C-025-21
Sentencia C-025/21
Referencia.: Expedientes acumulados
D-13.575 y D13.585.
Demandas de inconstitucionalidad contra los
artículos 6, 8, 19 y 53 (parciales) de la Ley 1996 de 2019 "Por medio
de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de
las personas con discapacidad mayores de edad".
Magistrada Sustanciadora
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en
cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos, en el Decreto 2067 de
1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
1.  En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad
establecida en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el
ciudadano Edier Esteban Manco Pineda demandó los artículos 6 (parcial) y 53 de
la Ley 1996 de 2019 "Por medio de la cual se establece el régimen para
el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de
edad". La demanda fue radicada con el número
D-13.575.
2.  Por su parte, estudiantes del Programa de Derecho de la Facultad
de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Manizales demandaron la totalidad de
la Ley 1996 de 2019, por ser contraria a lo dispuesto en los artículos 1, 2,
13, 42, 47 y 49 de la Constitución Política. La demanda fue radicada con el
número D-13.585.
3.  La Sala Plena en sesión del 20 de noviembre de 2019 acumuló los
expedientes mencionados y previo sorteo de rigor remitió el asunto al despacho
de la magistrada ponente.
4.  Mediante auto del 6 de diciembre de 2019 la magistrada, con
relación al expediente D-13.575, inadmitió el cargo formulado contra el
artículo 53 de la Ley 1996 de 2019 al no cumplir con argumentos pertinentes y
suficientes. Por otra parte, resolvió admitir el cargo contra los apartes del
artículo 6 de la Ley 1996 de 2019 por la presunta violación del derecho a la
igualdad dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política. En lo
referente al expediente D-13.385, la magistrada decidió inadmitir la
integralidad de la demanda por el incumplimiento de los requisitos de claridad,
suficiencia, especificidad y pertinencia.
En este mismo auto el despacho procedió a: (i) conceder el término
de tres días a los demandantes para presentar corrección de las demandas; (ii) disponer
su fijación en lista; (iii) comunicar sobre la iniciación del proceso a la
Presidencia de la República, al Congreso de la República, al Ministerio de
Justicia y del Derecho, al Ministerio de Salud y Protección Social; (iv)
invitar a la Defensoría del Pueblo – Delegadas para la Salud, la Seguridad
Social y la Discapacidad e Infancia, la Juventud y Adulto Mayor-, a PAIIS –
Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, a la Fundación
Saldarriaga Concha, a la Fundación para
la Investigación y el Desarrollo de la Educación Especial-FIDES, a la UNICEF
Colombia, al Director del Grupo de Investigación de Derechos Humanos de la
escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y experto en temas
relacionados con las garantías de las personas en condiciones de discapacidad,
al Doctor Carlos Parra Dussán, a Asdown Colombia,
al Instituto Nacional de Sordos - INSOR, al Instituto Nacional para Ciegos -
INCI, al Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt y a la Liga Colombiana de
Autismo -LICA, a las Facultades de Derecho de la Pontificia Universidad
Javeriana, Universidad Libre, la Universidad de Los Andes, la Universidad del
Rosario -Grupo de Acciones Públicas-, la Icesi de Cali -Grupo de Acciones
Públicas-, la Universidad del Norte, la Universidad de Antioquia, la
Universidad de Caldas y la Universidad del Cauca, para que rindieran concepto
en el término de fijación en lista; y (v) correr traslado de la demanda al
señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su cargo
en los términos que le concede la ley.
5.  Tras la presentación oportuna de los escritos de subsanación en
cada uno de los expedientes de la referencia, la magistrada sustanciadora
mediante auto del 21 de enero de 2020 resolvió: (i) dentro del expediente
D-13.575, admitir la demanda presentada contra el artículo 53 de la Ley 1996 de
2019 por la presunta violación del artículo 12 de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad; (ii) dentro del expediente D-13.585,
admitir la demanda contra los artículos 6, 8 y 19 (parciales) de la Ley 1996 de
2019, por la presunta violación de lo dispuesto en los artículos 13 y 47 de la
Constitución Política; (iii) rechazar los cargos contra los artículos 16 y 17
(parciales) de la Ley 1996 de 2019; (iv) invitar a los expertos en derecho
civil – familia, los profesores Juan Carlos Gallón Guerrero y Mauricio García
Herreros y a las Facultades de Medicina -programas de neurología- de la
Universidad del Rosario, de la Universidad de Los Andes, de la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá, de la Universidad de La Sabana, de la
Universidad Nacional y de la Universidad de Antioquia y a la Asociación
Colombiana de Neurología, para que intervinieran en el término de fijación en
lista y respondieran unas preguntas.[1]
6.  Una vez cumplido el término probatorio, mediante auto del 2 de
marzo de 2020 se ordenó dar trámite a los procesos de la referencia.
Adicionalmente se invitó a participar al “Programa de atención integral en
salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad” de Profamilia y al
Centro de Estudios de Derecho Privado de la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá.
7.  A continuación se transcribirán las normas cuyos cargos fueron
admitidos por el despacho sustanciador.
II.
NORMAS DEMANDADAS
Expediente D-13.575
LEY 1996 DE 2019
(agosto 26)
Diario Oficial No. 51.057 de 26 de agosto 2019
RAMA LEGISLATIVA – PODERPÚBLICO
Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de
la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 6o.
PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD. Todas las
personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen
capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e
independientemente de si usan o no apoyos para la realización de
actos jurídicos.
En ningún caso la existencia de una
discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio
de una persona.
La presunción aplicará también para
el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad,
protegiendo su vinculación e inclusión laboral.
PARÁGRAFO. El reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el
presente artículo aplicará, para las personas bajo medidas de interdicción o
inhabilitación anteriores a la promulgación de la presente ley, una vez se
hayan surtido los trámites señalados en el artículo 56 de la misma.
(…)
CAPÍTULO VIII.
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.
ARTÍCULO 53.
PROHIBICIÓN DE INTERDICCIÓN. Queda
prohibido iniciar procesos de interdicción o inhabilitación, o solicitar la
sentencia de interdicción o inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite
público o privado a partir de la promulgación de la presente ley.
Expediente D-13.585
LEY 1996 DE 2019
(agosto 26)
Diario Oficial No. 51.057 de 26 de agosto 2019
RAMA LEGISLATIVA – PODER PÚBLICO
Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de
la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 6o.
PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD. Todas las
personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y
tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e
independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos
jurídicos.
En ningún caso la
existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la
capacidad de ejercicio de una persona.
La presunción aplicará también para
el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad,
protegiendo su vinculación e inclusión laboral.
PARÁGRAFO. El reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el
presente artículo aplicará, para las personas bajo medidas de interdicción o
inhabilitación anteriores a la promulgación de la presente ley, una vez se
hayan surtido los trámites señalados en el artículo 56 de la misma.
(…)
CAPÍTULO II.
MECANISMOS PARA EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD LEGAL Y PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS.
ARTÍCULO 8o. AJUSTES
RAZONABLES EN EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD LEGAL. Todas las personas con discapacidad, mayores de edad,
tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente y a
contar con las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar los
mismos. La capacidad de realizar actos jurídicos de manera independiente se
presume.
La necesidad de ajustes razonables
para la comunicación y comprensión de la información, no desestima la
presunción de la capacidad para realizar actos jurídicos de manera
independiente.
CAPÍTULO III.
ACUERDOS DE APOYO PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS.
ARTÍCULO 19.
ACUERDOS DE APOYO COMO REQUISITO DE VALIDEZ PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS
JURÍDICOS. La persona titular del acto
jurídico que cuente con un acuerdo de apoyos vigente para la celebración de
determinados actos jurídicos, deberá utilizarlos, al momento de la celebración
de dichos actos jurídicos, como requisito de validez de los mismos.
En consecuencia, si la persona
titular del acto jurídico lleva a cabo los actos jurídicos especificados por el
acuerdo de apoyos, sin hacer uso de los apoyos allí estipulados, ello será
causal de nulidad relativa, conforme a las reglas generales del régimen civil.
PARÁGRAFO. Lo dispuesto en el presente artículo no puede interpretarse
como una obligación para la persona titular del acto jurídico, de actuar de
acuerdo al criterio de la persona o personas que prestan el apoyo. En
concordancia con lo establecido en el numeral 3 del artículo 4o de la presente ley, los apoyos deben respetar siempre la
voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, así como su
derecho a tomar riesgos y a cometer errores.
III.
DEMANDAS
Expediente D-13.575
El ciudadano Edier Esteban Manco Pineda afirmó que los apartes
subrayados de los artículos 6º y 53 de la Ley 1996 de 2019 desconocen lo
dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, con base en los
siguientes argumentos.
Manifestó que los dispuesto en el artículo 6º permite que personas
en situación de discapacidad absoluta realicen actos jurídicos
independientemente de los apoyos que tengan, situación que los deja en
vulnerabilidad toda vez que al “padecer deficiencias físicas, psíquicas,
sensoriales o comportamientos de prodigalidad social, en el caso de inhábiles,
le imposibilitan comprender la dimensión y consecuencias jurídicas de sus actos
(…)”.[2]
En el mismo sentido, señaló que el artículo 53 es violatorio de
los derechos de las personas en condiciones de discapacidad, toda vez que
deroga y prohíbe una salvaguarda e institución que protege los actos jurídicos
de estas personas. Para el actor la interdicción es en realidad una acción
afirmativa que tiene por objeto “proteger a esta clase de personas de
relevancia constitucional frente a la sociedad y respecto a la cual es adecuada
y efectiva para impedir abusos en contra las personas en situación de
discapacidad”.[3] Según el
demandante, la norma prohíbe y deroga la figura de la interdicción, pero no
establece una salvaguardia similar, situación que genera una desprotección
evidente para las personas con discapacidad.
Por otra parte, el actor expresó que las dos normas atacadas son
contrarias al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, pues si las personas en condiciones de discapacidad no
cuentan con ningún apoyo para tomar decisiones, se pueden vulnerar sus derechos
fundamentales. En palabras del actor: “al presumir la capacidad de obligarse
por sí mismo, sin apoyo alguno, a personas que no tienen la capacidad de
obligarse adecuadamente las consecuencias jurídicas que de sus actos se
desprenden y que en últimas pueden afectar su vida y aumentar los abusos contra
estas personas”.[4] Adujo que
la misma norma del tratado internacional prevé que las personas con
discapacidad pueden necesitar apoyos para tomar decisiones, mientras que las
normas demandadas lo que hacen es eliminar estos apoyos.
El demandante realizó un test de proporcionalidad y adujo que los
artículos atacados no cumplen con los requisitos, en razón a que presumen la
capacidad de personas que por razones de salud no la tienen y no comprenden las
consecuencias de sus actos. De esa forma, estableció que existen otros medios
diferentes, como por ejemplo, el régimen de guardas de la Ley 1306 de 2009,
para garantizar la capacidad legal de las personas en condiciones de
discapacidad. Expresó que en “el presente caso, es decir, aquella que versa
que todas las personas se presumen legalmente capaces aunque hayan actuado sin
apoyo alguno, aunque biológica y/o psicológicamente no lo sean, es una
agrupación que genera discriminación, por cuanto se parte de la base que
aquellas personas que por razones de salud o inmadurez, se comportan con el
mismo raciocinio y madurez que aquellas personas que no tienen afección
psíquica, física, sensorial y han actuado sin el acompañamiento de su apoyo”.[5]
Con base en lo anterior, el ciudadano distinguió entre la
discapacidad mental relativa y absoluta, y adujo que la necesidad de apoyo y la
salvaguarda de la interdicción son medidas que requieren las personas que
“padecen” de alguno de estos tipos de discapacidad. De tal modo, “si la
persona en situación de discapacidad requiere apoyo para poder obligarse en su
entorno, pero lo hace sin dicho apoyo, la presunción de capacidad legal establecida
en el artículo 6 de la Ley 1996 queda intacta aún en el evento en que dicho
acto sea contraproducente y abusivo para los intereses de dicha persona,
vulnerando así la obligación de los Estados en estructurar salvaguardias
adecuadas y efectivas para evitar el abuso (…)”.[6]
En el escrito de corrección de la demanda el actor adicionó que la
interdicción es una institución que pretende proteger a las personas en
condiciones de discapacidad, y en consecuencia, para el ciudadano, el artículo
53 de la Ley 1996 es contrario a esta salvaguardia y configura una situación de
indefensión. Sostuvo que en la Ley 1996 “no había realmente salvaguardias
adecuadas efectivas que impidieron el abuso de estas personas en situación de
discapacidad mayores de edad”.[7] Para
explicar este punto, citó el artículo 5 de la Ley 1996 el cual consagra los
“criterios para establecer salvaguardias” y resaltó la palabra “apoyos” de toda
la disposición. Al respecto, resaltó que la ley habla de salvaguardias y sus
criterios, pero en sentido amplio y general sin definir con certeza cuáles son
estas medidas concretamente. Argumentó que el artículo 5 de la Ley “es el
único que menciona superfluamente la institución de la salvaguardia, incurre en
un error manifiesto de pretender equiparar salvaguardia con apoyo. No, son dos
instituciones diversas con fines diferentes. Así se puede establecer del
análisis del artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad”.[8]
Con fundamento en lo anterior, el actor explicó que la interdicción
es una salvaguardia efectiva que la Ley elimina del ordenamiento jurídico,
afectando el ejercicio de los derechos de las personas en condiciones de
discapacidad. En sus palabras mencionó que “las personas interdictas o
inhábiles, en el evento de que el guardador vaya en contra vía de sus intereses
económicos y su voluntad real, se suspende el término de prescripción para
exigir el derecho transgredido, brindando una garantía jurídica que permite
salvaguardar de cualquier abuso, de persona extraña (tercero) o cercana
(guardados conforme a la Ley 1306) el cual pretenda ser avivato, ligero,
oscuro, ruin o malévolo con la persona en situación de discapacidad mayor de
edad”.[9] El
actor explicó este argumento citando el artículo 2530 del Código Civil que
dispone la “suspensión de la prescripción ordinaria”. Finalmente manifestó que
la interdicción es una medida que podría haber sido considerada como
complementaria a los “apoyos” y “salvaguardias” de la nueva ley, pero el
legislador la derogó por completo:
“En este sentido negociar con una persona en situación de
discapacidad mayor de edad con la garantía y salvaguardia de la interdicción
supone una protección y blindaje jurídico frente a los sujetos con los que
entable una relación jurídica o económica y tal garantía consistirá en la
suspensión del tiempo de prescripción a favor del interdicto y/o inhábil,
garantizando que en cualquier momento, en el evento de ser defraudado, podrá
perseguir a quien lo defraudó, sea su guardador, ahora apoyo, o un tercero con
el cual entable una relación jurídica. Por lo anterior, si se prohíbe la figura
de la interdicción e inhabilidad, las personas que juró la ley proteger
quedarán desprovistas de dicha salvaguardia aún más cuando la Ley 1996 no
establece realmente salvaguardia alguna”.[10]
El actor solicitó a la Corte declarar la inexequibilidad de “e independientemente de” y “o no apoyos”
del artículo 6 y todo el artículo 53 de la Ley 1996 de 2019 y subsidiariamente
solicitó que se condicione la interpretación del artículo 6 en el sentido de
que “no se presumirá la validez de los actos jurídicos realizados por
personas en situación de discapacidad mayor de edad si no es asistido por un
apoyo, previa designación del juez de familia”.[11]
Adición a la demanda
El demandante presentó un
escrito con el objetivo de hacer unas precisiones en relación con los
fundamentos de inconstitucionalidad presentados en contra de los artículos 6 y
53 de la Ley 1996 de 2019.
En primera medida, señaló
que al analizar el artículo 6 de la referida ley, es necesario comprender que
dentro del grupo de personas con discapacidad existen sujetos que, “siendo
tales, no es necesario que sobre ellos se extiendan los efectos de la
inexequibilidad que pretendo con la demanda de inconstitucionalidad. En otras
palabras, este tipo de personas en situación de discapacidad sí dimensionan las
repercusiones jurídicas y económicas de sus actos y por lo tanto pueden actuar
autónomamente sin apoyo alguno”[12].
Así, aseveró que no todas las personas con discapacidad, mayores de edad, necesitan
apoyos para actuar. Sin embargo, sí hay otras que requieren de apoyos, y es
precisamente en este grupo de personas con base en las cuales alega la
inconstitucionalidad plena y/o condicionada de las normas, de tal forma que no
se presuma su capacidad y, por ende, se establezca que para que puedan
obligarse deban contar con un apoyo para emitir su consentimiento.
Expuso que existe una
clasificación realizada por el médico Leonardo Palacios Sánchez, profesor de
neurología de la Universidad del Rosario, que permite definir cuáles personas
con discapacidad avizoran conscientemente los efectos de sus actos y cuáles no.
A saber:
“GDS1: Las personas en
situación de discapacidad mayores de edad ubicadas científicamente en este
escalafón no tienen alteración cognitiva, correspondiéndose, en palabras del
médico, en personas normales, donde no existen quejas subjetivas ni trastornos
evidentes de la memoria en la entrevista clínica.
GDS2: Las personas en
situación de discapacidad mayores de edad ubicadas científicamente en este
escalafón tienen un declive cognitivo muy leve, donde se corresponde con el
deterioro cognitivo subjetivo, como olvido de dónde se dejan objetos
familiares, nombres previamente bien conocidos, no hay trastornos en eventos
sociales y hay pleno conocimiento y valor de la sintomatología.
GDS3: Las personas en
situación de discapacidad mayores de edad ubicadas científicamente en este
escalafón tienen un deterioro cognitivo leve, como pérdida en un lugar no
familiar, rendimiento laboral pobre, defectos en la evocación de palabras, etc.
GDS4: Las personas en
situación de discapacidades mayores de edad ubicadas científicamente en este
escalafón tienen un deterioro cognitivo moderado o demencia en estadio leve,
como defectos claramente definidos en entrevista, conocimiento disminuido en
acontecimientos actuales, déficit del recuerdo de historia personal.
Según el concepto aportado
por el especialista, los anteriores tienen la capacidad de prever las
consecuencias jurídicas y económicas de sus actos, excepto el GDS4, el cual se
debe analizar detalladamente cada situación particular para determinar si su
capacidad intelectual es la adecuada para gobernar su voluntad y dimensionar
las consecuencias de sus actos.
No corren con igual suerte
las personas en situación de discapacidad mayores de edad que se encuentran en
los escalafones GDS5, GDS6 y GDS7, ya que según palabras del especialista “no
cuentan con un nivel de razonamiento suficiente para comprender los actos
jurídicos en que participan”[13].
En segundo lugar, se
pronunció respecto de la inconstitucionalidad del artículo 53, para explicar
que no todas las personas con discapacidad necesitan ser protegidas a través de
las figuras de la interdicción y la inhabilidad, puesto que para que aquellas
se activen es necesaria la existencia de una gravedad física y/o mental que
impida emitir su voluntad de manera consciente y libre. Teniendo en cuenta la
clasificación presentada anteriormente, las personas con discapacidad situadas
en los escalafones GDS5, GDS6, GDS 7 y algunas del GDS 4 no tienen la capacidad
para comprender sus actos, no pueden expresar su voluntad de manera consciente
y tampoco prevén los efectos de dichos actos. Con base en ello, adujo que no es
cierto que la interdicción e inhabilidad sustituya la voluntad de la persona
con discapacidad mayor de edad, habida consideración que las personas
pertenecientes a esas clasificaciones exteriorizan su voluntad sin consciencia,
es decir, sin el elemento cognitivo y, por ello, consideró que estas personas sí
necesitan de estas figuras.
Para finalizar, agregó que
las personas que hacen parte de los grupos GDS 1, 2, 3 y algunas del 4, no
requieren de ese tipo de protección, pero que tampoco pueden pretender que
frente a una persona con un “trauma craneoencefálico, infartos cerebrales,
demencias, alzhéimer, conductas delirantes, síntomas obsesivos o violentos o
aquellas personas incapaces de contar hasta 10, se les presuma capaces, incluso
sin apoyo alguno y además se les derogue y se le prohíba las instituciones de
la interdicción y la inhabilidad, las cuales, por ser tales, suspende los
términos de prescripción frente acciones fraudulentas realizadas por el
guardador y/o consejero o realizadas por terceros, protección jurídica que
generaba como consecuencia la nulidad absoluta y/o relativa de tales negocios y
permitían, una vez se rehabilite o sea tomado por otro guardador o consejero,
iniciar las acciones jurídicas para defender la persona en situación de
discapacidad mayor de edad, las cuales se constituían en verdaderas
salvaguardas adecuadas y efectivas para impedir el abuso a estos sujetos de
especial protección constitucional”.[14]
Expediente D-13.585
En el escrito inicial de la demanda, los ciudadanos atacaron la
integralidad de la Ley 1996 de 2019 por considerarla violatoria de lo
establecido en los artículos 1, 2, 13, 42, 47, 49 de la Constitución Política.
Posteriormente, en el escrito de corrección, los demandantes se concentraron en
los siguientes cargos.
Los
actores indicaron que su demanda de inconstitucionalidad se dirigía
concretamente contra algunos apartes de los artículos 6, 8 y 19 de la Ley 1996
de 2019. Estos son los que fueron subrayados en la anterior transcripción del
texto completo de la Ley y que fueron admitidos por el despacho sustanciador.
Al
respecto manifestaron que los artículos 6 y 8 de la Ley 1996[15]
vulneran el derecho a la igualdad reconocido en el artículo 13 de la
Constitución Política porque cobija de una manera amplia a “todas las
personas sin tener en cuenta las diferencias existentes entre cada una de las
personas con discapacidad, poniendo en riesgo a aquellos que no se pueden valer
por sus propios medios y los cuales el Estado deber a proteger en mayor medida
tal como lo estableció en el texto constitucional y no solo con una persona de
apoyo que realice acompañamiento ni unos ajustes razonables como se estipula en
la Ley violatoria, sino una protección real y efectiva de los derechos con los
que cuentan estas personas en condición de vulnerabilidad”.[16]
Por
otra parte, los actores alegaron que el aparte “los apoyos deben respetar
siempre la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, así
como su derecho a tomar riesgos y a cometer errores” del artículo 19 de la
Ley 1996, desconoce la protección especial prescrita en el artículo 47 de la
Constitución Política porque las personas con discapacidad severa requieren de
un “acompañamiento permanente representado”,[17]
lo que implica una protección especial acorde con sus necesidades.
Los
actores afirmaron que la Ley es contradictoria al establecer un sistema de
apoyos para los actos jurídicos que realizan las personas en condiciones de
discapacidad, pero a la vez, establecer que el criterio u opinión de los apoyos
respecto de determinado acto jurídico no es relevante ni vicia el
consentimiento. En sus palabras:
“Es preciso resaltar que no
se comprende la finalidad de contar con una persona de apoyo cuando la persona
titular del derecho no está obligado a actuar de acuerdo con el criterio que
presta el personal de apoyo, ni comprende la finalidad del acto, aun existiendo
un acto jurídico referente a la suscripción del acuerdo, lo anterior da lugar a
una incoherencia existente en la misma normativa, y a que el discapacitado
podrá celebrar actos que lo perjudiquen económicamente sin existir una norma
que lo proteja, para lo cual existirán individuos que siempre se van a querer
aprovechar de estos, al tener pleno conocimiento de que los actos que se
suscriben con los mismos cuentan con todos los requisitos establecidos por
tratarse de personas capaces, debiendo el titular del acto jurídico asumir sus
riesgos y estar sujeto a cometer errores”.[18]
Adujeron
que la Ley 1996 estableció un sistema de apoyos que en realidad solo sirve a
las discapacidades relativas pero no a las absolutas. Por ello, señalaron que
el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa al no tener en
cuenta los diferentes tipos de discapacidad y sus necesidades al momento de
perfeccionar actos jurídicos.
Los
demandantes manifestaron que la Ley 1996 es contraria no solo a los postulados
constitucionales antes mencionados, sino que es contradictoria con el régimen
de protección establecido en la Ley 1616 de 2013. Esta normativa protege a las
personas en condiciones de discapacidad absoluta y reconoce que requieren un tratamiento
especial. Con base en lo anterior, los actores reiteraron los argumentos del
escrito de la demanda y repiten las diferentes categorías de discapacidades
absolutas o profundas que han sido identificadas en Colombia y la OMS. Al
respecto señalaron:
“Con base en la anterior
clasificación de discapacidades, se puede evidenciar que cada una tiene
características propias y especiales que las hace diferentes entre sí, lo cual
amerita una protección diferencial entre las mismas y no una regulación unánime
como lo pretende la Ley 1996 de agosto 26 de 2019 con su entrada en vigencia;
clasificación que  se realizó hace varios años y que la Ley 1996 de agosto de
2019 está vulnerando de manera abrupta y que da a entender de manera clara que
la Ley no puede pretender regular por medio de un personal de apoyo las
diversas discapacidades existentes al cada una requerir una protección especial
de manera diferente, llevándonos a una ambigüedad e inseguridad jurídica.”[19]
Finalmente,
los actores solicitaron que su escrito también se entienda como una
coadyuvancia a la demanda admitida dentro del expediente D-13.575.
IV.
INTERVENCIONES
Intervenciones
Interviniente
Objeto
(Ley 1996 de 2019)
Solicitud
Ciudadana
Andrea Liliana Cortés
Ley 1996
de 2019
Exequible
Asdown Colombia
Ley 1996 de 2019
Exequible
Asociación Civil por la igualdad y la Justicia
Ley 1996 de 2019
Exequible
The Israel Human Rights Center for People
with disabilities
Ley 1996 de
2019
Exequible
Colectivo Cuerpos Diversos
Ley 1996
de 2019
Exequible
Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales DescLab
Ley 1996 de 2019
Exequible
Federación de Discapacidad del Valle
Ley 1996 de 2019
Exequible
Fundación Arcángeles
Ley 1996 de 2019
Inhibición
y subsidiariamente
Exequible
Fundación Tutelar Girona, España
Ley 1996 de 2019, artículos 6, 8, 19 y 53.
Exequible
Grupo de profesores y litigantes de
Estados Unidos
Ley 1996 de 2019
Exequible
Human Rights Watch
Ley 1996 de 2019
Exequible
Instituto Nacional para Ciegos INCI
Ley 1996 de 2019
Inexequible
parcialmente porque presume a toda PCD capaz y elimina el régimen de guardas
Instituto Jo Clemente
Ley 1996 de 2019
Exequible
Juanita Goebertus, Representante a
la Cámara por Bogotá
Ley 1996 de 2019
Exequible
Lucila López, (ciudadana con nacionalidad argentina amicus
curiae)
Ley 1996 de 2019
Exequible
Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad
Ninguno
Allegó
copia del informe sobre el derecho a la capacidad jurídica y la toma de
decisiones con apoyo (A/HRC/37/56) presentado en el 37° periodo de sesiones
del Consejo de Derechos Humanos.
Sociedad y Discapacidad
Ley 1996 de 2019
Exequible
Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la
Pontificia Universidad Católica del Perú
Ley 1996 de 2019
Exequible
Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad
Externado de Colombia
Ley 1996 de 2019
Exequible
Icesi – Grupo de Acciones Públicas
Ley 1996 de 2019
Exequible
INSOR
Ley 1996 de 2019
Exequible
Programa de Acción por
la Igualdad y la Inclusión Social – PAIIS
Artículos 6, 8, 19 y 53 de la Ley 1996 de
2019.
Exequible
Ministerio de Salud y Protección Social
Artículos 6, 8, 19 y 53 de la Ley 1996 de
2019.
Inhibición
por ausencia de certeza, suficiencia y pertinencia. Sin embargo, afirmó que
lo dispuesto en la Ley 1996 coincide con los estándares internacionales y que
los artículos demandados son constitucionales.
Departamento de Derecho Civil – Universidad Externado de
Colombia
Ley 1996 de 2019
Exequible
Centro de Derechos
Humanos de las Personas Usuarias y Sobrevivientes de la Psiquiatría de
Chestertown, Nueva York – Estados Unidos
Ley 1996 de 2019
Exequible
Universidad del Rosario
Artículos 6, 8, 19 y 53 de la Ley 1996 de
2019.
Inhibición por no cumplir los elementos
que configuran una presunta omisión legislativa relativa. Sin embargo, afirmó
que lo dispuesto en la Ley 1996 coincide con los estándares internacionales y
que los artículos demandados son constitucionales
Michael Bach y Lana
Kerzner
Ley 1996 de 2019
Exequible
Departamento de Derecho Procesal – Universidad Externado de
Colombia
Artículos 6 y 53 de la Ley 1996 de 2019.
Inexequible.
Crea
un trato desigual y un estado de desprotección absoluta para las personas con
discapacidad.
Liga
Colombiana de Autismo
Ley 1996 de 2019
Exequible
Colectiva
Polimorfas – Grupo de Apoyo a Mujeres en Diversidad Funcional 7 Discapacidad
Ley 1996 de 2019
Exequible
Asociación
Colombiana de Personas con Esquizofrenia
Ley 1996 de 2019
Exequible
Ministerio
de Justicia y del Derecho
Ley 1996 de 2019
Exequible
Defensoría del Pueblo
Ley 1996 de 2019
Exequible
Clínica Jurídica de Interés Público y
Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga
Ley 1996 de 2019
Exequible
Práctica de pruebas
El despacho solicitó a algunas las facultades de medicina y
profesores de derecho civil allegar concepto sobre la posición de los
demandantes, así como dar respuesta a unos interrogantes formulados. Las
respuestas allegadas pueden consultarse en el Anexo II de esta providencia.[20]
V.
CONCEPTO DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
El Ministerio Público solicitó a la Corte
Constitucional declarar la constitucionalidad de los artículos 6 y 8
(parciales) y 53 (total) de la Ley 1996 de 2019, “ya que no vulneran, y por
el contrario desarrollan, la garantía de protección establecida en los
artículos 13 de la Carta Política y 12 de la Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad”. En lo referente al cargo formulado contra
el artículo 19 de la Ley 1996, según el cual desconoce lo establecido en el
artículo 47 de la Constitución Política, el Procurador solicitó de forma
principal que la Corte se declare inhibida para fallar por ineptitud de la
demanda; y de manera subsidiaria, solicitó declararlo constitucional, por las
mismas razones expuestas sobre las otras disposiciones demandadas.
Luego de describir cada una de las demandas
y sus argumentos, el Ministerio Público explicó que el modelo social de la
discapacidad ha sido asumido por el ordenamiento interno a través de la Ley
1346 de 2009 y de la jurisprudencia constitucional (C-606 de 2012, C-329 de
2019 y T-232 de 2020). Resaltó que la posición actual comprende la discapacidad
como aquellas barreras u obstáculos sociales o del entorno que no permiten
ejercer los derechos en igualdad de condiciones.: “[l]a discapacidad es,
entonces, una realidad que se debe comprender socialmente desde la diversidad,
y que exige una intervención en las estructuras sociales que impiden la
realización y el pleno goce de los derechos de todas las personas”.[21] Del mismo modo, recordó que la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad hace parte del
bloque de constitucionalidad, y en ese orden, el Estado colombiano debe tomar
las medidas necesarias y adecuadas para dar cumplimiento a las obligaciones
establecidas en aquel tratado.
Como consecuencia de lo anterior, conforme
al artículo 12 de la Convención, los Estados deben reconocer a todas las
personas con discapacidad el ejercicio y goce de la capacidad jurídica y la
toma de decisiones con efectos jurídicos, desde la perspectiva de la autonomía
y la dignidad humana.
El Ministerio Público se refirió a los antecedentes
del trámite legislativo de la Ley 1996 de 2019. Al respecto precisó que fue el
esfuerzo de un diálogo colectivo para materializar los mandatos del artículo 12
de la Convención, así como las recomendaciones del Comité. Afirmó que la Ley “recogió
la obligación del Estado colombiano de implementar el nuevo paradigma sobre los
derechos de las personas con discapacidad (modelo social) y el mandato de
armonización del régimen de capacidad legal a los estándares del artículo 12 de
la CDPD, para incorporar una comprensión de la discapacidad que, a partir de la
diversidad, no restringiera la capacidad jurídica (dejando de lado la escisión
entre capacidad de ejercicio y de goce) y tuviera en cuenta los problemas
sociales estructurales”.[22]
La Ley pone en el centro de regulación la voluntad y preferencias de la persona
con discapacidad y el ejercicio efectivo de la toma de decisiones de forma
autónoma. Así, dice el Procurador, supera por completo los sistemas que le dan
prelación a la decisión de un tercero que realiza el acto acorde con el “mejor
interés” de la persona, pero anula su voluntad. De esa manera, “las figuras
de interdicción e inhabilitación (propias de los modelos de prescindencia y
médico-rehabilitador) son reemplazadas por sistemas de toma de decisiones con
apoyo, es decir, por tipos de asistencia que facilitan el ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad y que varían según se requiera
(apoyos leves o más intensos); la ley estableció, así, dos mecanismos de apoyo
(los acuerdos de apoyo y la adjudicación judicial de apoyo), acompañados de la
herramienta conocida como directivas anticipadas”.[23]
Con base en lo anterior, el Procurador
estimó que los cargos de las demandas partían de premisas de modelos de
discapacidad antiguos y que se alejaban de la concepción social que impera
actualmente. Señaló que contrario a lo que sostienen los actores, el sistema de
toma de decisiones con apoyo, pretende fortalecer la inclusión y la
participación plena de las personas en condiciones de discapacidad, remover las
barreras sociales y aprovechar al máximo sus capacidades. Sobre el cargo de
igualdad, el Ministerio Público señaló que “(…) aunque no es claro si el
examen propuesto pretende comparar las personas con y sin discapacidad, o si lo
hace respecto de las personas con discapacidad de acuerdo con cierto criterio
médico (evaluando el mayor o menor déficit funcional), lo cierto es que no hay
motivo para que, con respecto al derecho a la capacidad jurídica (patrón de
igualdad aplicable al caso), la ley incorpore una distinción de trato; existe,
en cambio, un mandato expreso para su reconocimiento y garantía bajo un marco de
igualdad”.[24]
En lo relacionado a la prohibición de la
interdicción, el Procurador consideró que se trata del cumplimiento de un
estándar internacional y la noción actual de la discapacidad. Por lo anterior,
solicitó declarar la constitucionalidad de los artículos 6, 8 y 53 de la Ley
1996 d 2019.
Por otra parte, advirtió que el artículo 19
de la Ley 1996 de 2019 también es constitucional, toda vez que no desconoce lo dispuesto
en el artículo 47 de la Constitución. Aclaró que esta disposición
constitucional debía interpretarse a la luz de los estándares internacionales,
y en esa medida, “(…) no existen motivos para sostener que el deber del
legislador fijado en el artículo 47 superior implique restringir la capacidad
jurídica de algunas personas con discapacidad (que se traduce en la posibilidad
de desconocer su voluntad, preferencias, el derecho a tomar riesgos y a cometer
errores), cuando el reconocimiento de este derecho es precisamente un
desarrollo de las exigencias y obligaciones que las normas superiores actuales
imponen en la materia. Como se mencionó, durante el trámite legislativo se
analizó la concordancia entre el reconocimiento de la capacidad jurídica universal
y el establecimiento de los acuerdos de apoyo como requisito de validez para la
realización de actos jurídicos”.[25]
No obstante lo anterior, el Procurador
llamó la atención que el cargo sobre la omisión legislativa del artículo 19 no
cumplía con los requisitos para ser admitido, y por ende, solicitó que la Corte
se declarara inhibida.
VI. COMPETENCIA
1.  La Corte Constitucional es competente
para conocer de la presente demanda en virtud del numeral 4º del artículo 241
de la Carta Política.
Cuestiones previas
2.       Dentro del expediente D-13.575 el
demandante presentó dos cargos concretos. En el primero señala que las
expresiones “e independientemente de” y “o no apoyos” del
artículo 6° de la Ley 1996 de 2019 vulneran el derecho a la igualdad reconocido
en el artículo 13 de la Constitución, así como el artículo 12 de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por cuanto, según el
demandante, presume la capacidad legal de toda la población con discapacidad
sin distinguir casos graves o severos en los que la persona no comprende el
acto jurídico o sus efectos. De manera que el sistema de apoyos que consagra la
Ley 1996 no es suficiente, y en cambio deja a estas personas en una situación
de indefensión y expuestas a abusos de terceros.
En el segundo cargo, afirma que el artículo
53 de la Ley 1996 de 2019 derogó la figura de la interdicción y con ello
vulnera el derecho a la igualdad (artículo 13) y el artículo 12 de la
Convención, toda vez que esta institución servía de verdadera salvaguardia para
los derechos de las personas con discapacidad. Asegura que la interdicción
tiene efectos procesales que protegen a la persona representada de abusos de
parte de sus tutores, que el nuevo sistema de apoyos no contempla.
Por su parte, los demandantes del
expediente D-13.585 sostienen que los artículos 6 y 8 de la Ley 1996 de 2019
desconocen el derecho a la igualdad de la Constitución porque no tienen en
cuenta que hay distintos tipos de discapacidad. Afirman que el legislador
incurrió en una omisión legislativa relativa al no contemplar un trato especial
para las discapacidades mentales severas o profundas.
Además, argumentaron que la parte final del
parágrafo del artículo 19 de la Ley 1996 de 2019 desconoce lo prescrito en el
artículo 47 de la Constitución Política puesto que consideran que las personas
con discapacidad “severa” requieren de un “acompañamiento permanente
representado”. Contrario a ello, la norma permite que personas que no
comprenden los actos jurídicos y su alcance, tomen decisiones que los
perjudiquen, porque siempre debe prevalecer su voluntad y preferencias y no la
asistencia del apoyo.
Con sustento en lo anterior, y a manera de
síntesis, el objeto de control constitucional se enmarcará en las siguientes
normas demandadas:
Expediente D-13.575
ARTÍCULO 6o. PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD. Todas las personas con
discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal
en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente
de si usan o no apoyos para la realización de actos
jurídicos.
En
ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la
restricción de la capacidad de ejercicio de una persona.
La
presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de
las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión
laboral.
PARÁGRAFO. El reconocimiento de la capacidad legal plena
previsto en el presente artículo aplicará, para las personas bajo medidas de
interdicción o inhabilitación anteriores a la promulgación de la presente
ley, una vez se hayan surtido los trámites señalados en el artículo 56 de la misma.
ARTÍCULO 53. PROHIBICIÓN DE
INTERDICCIÓN. Queda
prohibido iniciar procesos de interdicción o inhabilitación, o solicitar la
sentencia de interdicción o inhabilitación para dar inicio a cualquier
trámite público o privado a partir de la promulgación de la presente ley.
[Toda la disposición]
Expediente D-13.585
ARTÍCULO
6o. PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD. Todas las personas con discapacidad son
sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad
de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no
apoyos para la realización de actos jurídicos.
En ningún caso la existencia de una
discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de
ejercicio de una persona.
La presunción aplicará también para
el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo
su vinculación e inclusión laboral.
PARÁGRAFO. El reconocimiento de la
capacidad legal plena previsto en el presente artículo aplicará, para las
personas bajo medidas de interdicción o inhabilitación anteriores a la
promulgación de la presente ley, una vez se hayan surtido los trámites
señalados en el artículo 56 de la misma.
ARTÍCULO 8o. AJUSTES RAZONABLES EN
EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD LEGAL. Todas las personas con discapacidad, mayores de
edad, tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente
y a contar con las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar los
mismos. La capacidad de realizar actos jurídicos de manera independiente se
presume.
La necesidad de ajustes razonables
para la comunicación y comprensión de la información, no desestima la
presunción de la capacidad para realizar actos jurídicos de manera
independiente.
ARTÍCULO 19. ACUERDOS DE APOYO COMO
REQUISITO DE VALIDEZ PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS. La persona titular del acto
jurídico que cuente con un acuerdo de apoyos vigente para la celebración de
determinados actos jurídicos, deberá utilizarlos, al momento de la
celebración de dichos actos jurídicos, como requisito de validez de los
mismos.
En consecuencia, si la persona
titular del acto jurídico lleva a cabo los actos jurídicos especificados por
el acuerdo de apoyos, sin hacer uso de los apoyos allí estipulados, ello será
causal de nulidad relativa, conforme a las reglas generales del régimen
civil.
PARÁGRAFO. Lo dispuesto en el presente
artículo no puede interpretarse como una obligación para la persona titular
del acto jurídico, de actuar de acuerdo al criterio de la persona o personas
que prestan el apoyo. En concordancia con lo establecido en el numeral 3 del
artículo 4o de la presente ley, los
apoyos deben respetar siempre la voluntad y preferencias de la persona
titular del acto jurídico, así como su derecho a tomar riesgos y a cometer
errores.
3.  La mayoría de los intervinientes, contrario a lo
señalado por los demandantes, afirmaron que las normas demandadas son
constitucionales en virtud de los siguientes argumentos.
Sostuvieron que tanto el texto de la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad – en adelante la CDPD –, como las Observaciones
Generales hechas por su Comité, acogieron el modelo social de la discapacidad.
Este tratado fue ratificado por Colombia por medio de la Ley 1346 de 2009 y revisada mediante sentencia
C-293 de 2010. Por lo anterior, hace parte del bloque de constitucionalidad y
Colombia debe cumplir con las obligaciones establecidas en el tratado
internacional.
Al respecto, señalaron que concretamente el
artículo 12 de la CDPD reconoce la personalidad jurídica a todas las personas
con discapacidad y establece la obligación de los Estados de definir los apoyos
necesarios para garantizar el ejercicio de este derecho, así como las
salvaguardias para impedir abusos sobre sus derechos. La Observación General No.
1 del Comité de la Convención, desarrolla el contenido de estas obligaciones
internacionales y advierte que la interdicción judicial es un régimen basado en
la sustitución y despojo de la toma autónoma de decisiones.
Con sustento en lo anterior, la mayoría de
los intervinientes coincidieron en afirmar que la Ley 1996 de 2019 es el
cumplimiento de las obligaciones internacionales respecto del reconocimiento
real de la personalidad jurídica de las personas con condiciones de
discapacidad. Las intervenciones se concentraron en argumentar cómo el régimen
de interdicción judicial atiende a una concepción médica-rehabilitadora de la
discapacidad que es contraria los estándares de derechos humanos.
Varios afirmaron que la
figura de la interdicción por motivos de discapacidad es una medida
discriminatoria, habida cuenta que hace una diferenciación que no encuentra
sustento en causas objetivas, razonables ni proporcionales. Aquella afirmación
fue justificada bajo las siguientes razones: (i) la interdicción busca proteger
la vida, integridad, bienestar y administración de bienes de una persona, no
obstante “no resulta idónea para este fin, puesto a que la anulación de
derechos de una persona no es correspondiente con el intento de protección de
la misma o su entorno. No le otorga ninguna seguridad ni facilidad para su
autoprotección ni a terceros, sino por el contrario, termina con las
posibilidades de denunciar cualquier de (sic) tipo de maltrato o engaño que
pueda sufrir la persona con discapacidad”[26];
(ii) la interdicción no es una medida necesaria, toda vez que existen otras
opciones legales, como el modelo de apoyos combinado con mecanismos de
salvaguardias, que son más idóneas para proteger a las personas con
discapacidad; (iii) al hacer un test de proporcionalidad, se puede comprobar
que “retirar la capacidad jurídica de una persona para asignarla a otra en
su lugar no era una medida que realizara por sí misma un fin de protección al
bienestar de la persona en cuestión, por el contrario la exponía a abusos y la
discriminaba directamente”[27];
y (iv) “confundir «capacidad jurídica» con «la capacidad mental» y negarle a
una persona 'con menor capacidad mental' tomar decisiones o ejercer su
capacidad de obrar, es un acto discriminatorio fijado por una valoración
subjetiva de la capacidad mental de personas con discapacidad solo por tener
dicha discapacidad”[28].
Por lo anterior, lo
dispuesto en el
artículo 12 de la CDPD y el nuevo modelo de apoyos ofrecen una solución legal
que respeta los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, al
implementar medidas de accesibilidad y/o ajustes para obtener la voluntad de
estas personas. Indicaron que el modelo de apoyos no se encuentra dirigido a
limitar la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, sino a
potenciarla en función a sus necesidades
Aseveraron que, en
definitiva, el Estado colombiano ha cumplido los compromisos asumidos a través
del CDPD, apostando por el reconocimiento igualitario de la capacidad jurídica
de las personas con discapacidad, “eliminando el régimen de interdicción o
inhabilitación, y desarrollando diferentes e integrales formas de apoyo y
disponiendo una serie de salvaguardias”[29].
Estimaron que el modelo de
apoyo implementado mediante la ley demandada es armónico con el respeto a la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad, por tener como
características principales a las siguientes: (i) “[l]a voluntariedad del
apoyo: su nombramiento no puede efectuarse en contra de la voluntad de la
persona con discapacidad y esta última puede rechazarlos”; (ii) “[e]l ejercicio
de la capacidad Jurídica no puede subordinarse a una previa designación de
apoyos”; y (iii) “[l]a actuación de los apoyos debe obedecer la voluntad y
preferencias de la persona con discapacidad, no lo que a criterio de un tercero
puede ser el mejor interés de la persona”[30].
Resaltaron que dicho modelo es aplicable a una gran variedad de situaciones,
incluso en aquellas en las que sea difícil determinar la voluntad de las
personas asociadas a diagnósticos severos.
Al respecto, afirmaron que
el modelo de asistencia o apoyo busca garantizar el desarrollo de la autonomía
y procurar un trato igualitario entre este grupo de personas y el resto de la
población. A su parecer, este modelo es el idóneo para garantizar y respetar el
principio de autonomía y el derecho a la igualdad.
Los intervinientes
agregaron que los demandantes confundieron la capacidad legal con la capacidad cognitiva o mental
y erraron al asimilar la discapacidad con una enfermedad. Los intervinientes, explicaron
que la CDPD reconoce a la capacidad jurídica como un derecho universal que
tienen todas las personas por el simple hecho de ser personas. El concepto de
capacidad jurídica engloba: (i) la capacidad de goce o de ser sujeto de
derechos y obligaciones (elemento estático); y (ii) la capacidad de ejercicio o
de asumir obligaciones a través de sus propias decisiones (elemento dinámico).
El primer elemento responde a una protección plena sobre los derechos de la
persona en el ordenamiento jurídico, mientras que el segundo se refiere al
reconocimiento de la persona como actor facultado para realizar y transar
relaciones jurídicas, incluyendo la facultad de crear, modificar o extinguir
relaciones jurídicas.
Hicieron énfasis en que la
capacidad jurídica y la mental son conceptos distintos, y para ello citaron la Observación
General No. 1 de 2014, el Comité.
Señalaron que, en el
ordenamiento jurídico colombiano, la confusión entre capacidad jurídica y
mental era la premisa central de la Ley 1306 de 2009. De ahí que la figura de
la interdicción, entendida erróneamente como una medida de protección, se
justificara en esta normatividad, al considerar que las personas con
discapacidad mental eran incapaces en el ámbito jurídico. Indicaron que esta
perspectiva es contraria a la CDPD y que de ella se derivó un sistema jurídico
en el que prevaleció la sustitución de la voluntad de las personas con
discapacidad al impedirles ejercer su capacidad jurídica. A contrario sensu,
la Ley 1996 de 2019 fue expedida con el objetivo de aclarar que el ejercicio
del derecho a la capacidad jurídica no depende de la capacidad mental.
Ahora bien, los
intervinientes estimaron que la Convención adopta la inclusión hacia todas las
personas con discapacidad sin hacer diferenciación entre ellas, ni distinguir
entre discapacidad física, intelectual o cognitiva. Tampoco hace ninguna
diferenciación entre los tipos o grados de discapacidades (ej. discapacidades
mentales leves, graves o severas), habida cuenta que no es de recibo distinguir
a las personas para reconocer los derechos que la CDPD consagra, en tanto se
reconoce la igualdad ante la ley de todas las personas.
Pese a lo anterior,
aclararon que el no diferenciar los tipos o grados de discapacidad para el
reconocimiento de derechos no implica que no se tenga en cuenta que las personas
con discapacidad pueden requerir diferentes tipos e intensidades de apoyo para
ejercer sus derechos. De tal manera que la CDPD estableció que los apoyos deben
diseñarse exclusivamente para la persona de acuerdo con sus características y
necesidades personales. “De tal forma, que los apoyos son los que pueden
revestir diferentes grados e intensidades para facilitar el goce efectivo de
derechos”[31].
4.       Por su parte, una minoría de los
intervinientes coadyuvó a los argumentos de los demandantes.[32] Sostuvieron que al derogar la
figura de la interdicción el régimen de guardas también se ve afectado y esto
deja en indefensión a las personas en condiciones de discapacidad.
Adicionalmente, el profesor Jairo Rivera Sierra afirmó que el artículo 6 de la Ley 1996
es inconstitucional al no distinguir el tipo de discapacidades y otorgar igual
tratamiento para el ejercicio de la capacidad jurídica sin tener en cuenta los
apoyos. Según el interviniente, el artículo 53 extralimitó los lineamientos de
la CDPD “cuyo objetivo es la protección e inclusión de las personas con
discapacidad, pero cuyo texto en ningún momento las dota de plena capacidad de
ejercicio ni prohíbe la interdicción o la inhabilitación como mecanismos de
protección para las mismas”[33]. Resaltó que el numeral 2 del
artículo 12 de la CDPD se refirió  a la capacidad jurídica, mientras que el
artículo 6 de la Ley 1996 de 2019 involucró la capacidad legal.
Al respecto, aclaró que “la
capacidad jurídica o de derecho es aquella de la que goza todo ser humano desde
el momento de su nacimiento y hasta el momento de su muerte, reconocida en
Colombia por el artículo 14 de la Constitución Política y por la ley civil, que
se refiere a la potestad de ser titular de todos los derechos y libertades y de
gozar de ellos. Por su parte, la capacidad legal, negocial o de ejercicio se
refiere a la aptitud para obrar jurídicamente e introducir cambios en las
relaciones y asuntos jurídicos en los que se es sujeto”[34].
En su opinión, dicha extralimitación deja en una situación de debilidad
manifiesta y sin mecanismos de protección eficaces frente a los abusos que
puedan cometer en contra de las personas con discapacidad; situación a la que
también contribuye el artículo 53 al derogarse las figuras de la interdicción e
inhabilitación.
Sobre el último punto
mencionado, señaló que la CDPD no previó la prohibición de la interdicción
judicial como mecanismo de protección. Por ello, el interviniente estimó que el
artículo 53 de la Ley 1996 de 2019 también extralimitó el contenido de la CDPD,
bajo ningún argumento o razón suficiente.
El interviniente expresó
que, en su opinión, la Ley 1996 de 2019 rompió toda la tradición jurídica sobre
la materia, puesto que: (i) se separó completamente del paradigma existente en
relación con el tema de capacidad dentro del ordenamiento jurídico colombiano,
al dotar de capacidad plena a todas las personas con discapacidad sin
distinción alguna; (ii) desconoció la distinción existente entre la capacidad
de goce y la de ejercicio, así como también la incapacidad absoluta y la
relativa, como concepto legal; (iii) eliminó y prohibió las figuras de
interdicción e inhabilitación, dejando completamente desprotegidos los derechos
e intereses de las personas con discapacidad, además porque introdujo unos mecanismos
de apoyo que no desarrolló; y (iv) consagró un nuevo derecho desconocido en
Colombia, esto es, el derecho a equivocarse, sin medir las consecuencias que
esto puede acarrear en el campo legal, en el que además debe primar siempre la
voluntad del interesado, privando de toda efectividad y utilidad a los apoyos
contemplados.
5.       Con sustento en lo anterior, la Sala Plena
procederá primero a evaluar la aptitud de las demandas y los cargos formulados,
toda vez que algunos intervinientes presentaron preocupaciones sobre la
ausencia de razones claras, ciertas, suficientes y pertinentes. Además,
sugirieron que el cargo relativo a la existencia de una omisión legislativa
relativa no cumple con los requisitos jurisprudenciales. Una vez agotado este
análisis preliminar, la Sala desarrollará unas consideraciones generales
relacionadas con (i) la interdicción judicial y (ii) el reconocimiento a la
capacidad jurídica desde el modelo social de la discapacidad, para finalmente,
analizar cada uno de los cargos.
Aptitud de los
cargos formulados en las demandas. Reiteración jurisprudencial.
6.  El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991
establece los requisitos que deben observarse en la formulación de una demanda
de inconstitucionalidad.[35] Concretamente las acciones de
constitucionalidad requieren tres elementos fundamentales: “(1) debe referir
con precisión el objeto demandado, (2) el concepto de la violación y (3) la
razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto” (art. 2,
Decreto 2067 de 1991).[36]
El primero de estos elementos (el
objeto demandado) exige el deber del ciudadano de indicar inequívocamente
la norma o apartes de la norma que a su juicio considera son contrarios al
ordenamiento constitucional.[37] Este requisito incluye revisar, por
ejemplo, la vigencia de la norma que se ataca, la eventual presencia de una
cosa juzgada y la necesidad de identificar una proposición jurídica completa o
realizar la integración de la unidad normativa de ser procedente. Estos dos
últimos asuntos serán analizados por esta providencia más adelante.
El segundo de estos elementos (el
concepto de la violación), debe observar, a su vez, tres condiciones
mínimas: (i) “el señalamiento de las normas constitucionales que consideren
infringidas “(art. 2, num.2, Decreto 2067 de 1991); (ii) “la exposición
del contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las
normas demandadas”[38] y (iii) exponer las razones
por las cuales las disposiciones normativas demandadas violan la Constitución,
las cuales deberán ser, al menos, “claras, ciertas, específicas, pertinentes
y suficientes”.[39]
Dichas características, que debe reunir
el concepto de violación, formulado por quien demanda la norma, fueron
definidas por la Corte. En cuanto al requisito de la claridad, indicó
esta Corporación, que el mismo se refiere a la existencia de un hilo conductor
en la argumentación, que permita al lector la comprensión del contenido en su
demanda.[40] La
condición de certeza, por su lado, exige al actor presentar
cargos contra una proposición jurídica real, existente y que tenga conexión con
el texto de la norma acusada, y no una simple deducción del demandante.[41] La
exigencia de especificidad hace alusión a que el demandante debe
formular, al menos, un cargo constitucional concreto y directamente relacionado
con las disposiciones que se acusan, pues exponer motivos vagos o
indeterminados impediría un juicio de constitucionalidad.[42] En cuanto a la
pertinencia, la Corte ha establecido que la misma se relaciona con la
existencia de reproches basados en la confrontación del contenido de una norma
superior con aquel de la disposición demandada, por lo cual no puede tratarse
de argumentos de orden legal o doctrinario, o de puntos de vista subjetivos del
accionante.[43] Con respecto a la suficiencia, ésta
guarda relación con la exposición de los elementos de juicio necesarios para
llevar a cabo un juicio de constitucionalidad y con el empleo de argumentos que
despierten una duda mínima sobre la constitucionalidad de la disposición
atacada, logrando así que la demanda tenga un alcance persuasivo.[44]
Omisión legislativa
relativa. Reiteración jurisprudencial.
7.
La
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido la omisión legislativa absoluta
y relativa. La primera se presenta cuando “existe una falta de desarrollo
total de un determinado precepto constitucional”[45] Este tipo de omisión legislativa no puede
ser objeto de demanda de inconstitucionalidad porque “el juicio de
constitucionalidad esencialmente consiste en la comparación entre dos textos
normativos, uno de rango legal y otro constitucional, de manera que la
inexistencia del primero lógicamente impide adelantar tal proceso comparativo
propio del control abstracto de constitucionalidad de las leyes”.[46]
Por
su parte, la omisión legislativa relativa se presenta cuando el legislador
incumple una obligación derivada de la Constitución que le impone expedir una
norma legal. Este tipo de omisión “está ligado, cuando se configura, a una
"obligación de hacer", que supuestamente el Constituyente consagró a
cargo del legislador, el cual sin que medie motivo razonable se abstiene de
cumplirla, incurriendo con su actitud negativa en una violación a la Carta”.[47]
En este escenario, sí
puede presentarse una demanda de inconstitucionalidad por omisión legislativa
relativa contra una norma determinada. Sin embargo, la demanda debe cumplir con
unas condiciones concretas:
“ (i) que exista una norma
sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de
sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que
estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita
incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta
esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que
la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón
suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los
casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los
que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la
omisión sea el resultado del incumplimiento de un
deber específico impuesto por el constituyente al legislador”.[48]
Con base en lo anterior,
cuando se formula una omisión legislativa relativa, le corresponde al
demandante, además de cumplir con los requisitos ordinarios dispuestos en el
artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, asumir la carga de argumentar de forma
suficiente las condiciones transcritas. El juez constitucional deberá analizar
si el legislador omitió incluir un elemento, que de acuerdo a los mandatos de
la Constitución Política, necesariamente se debía haber tenido en cuenta en el
presupuesto normativo para que la norma sea constitucional.
Aptitud
de los cargos formulados contra el artículo 6 de la Ley 1996 de 2019
8.       Las dos demandas atacan
los mismos apartes del artículo 6 de la Ley 1996 de 2019, el cual consagra la
presunción de capacidad de todas las personas con discapacidad.[49] Para los demandantes, la
norma desconoce el derecho a la igualdad (artículo 13 CP) y lo dispuesto en el
artículo 12 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad,
toda vez que no tiene en cuenta que hay distintos tipos de discapacidad y asume
que todas pueden ejercer la capacidad legal sin apoyos para la toma de
decisiones, dejando en indefensión aquellas discapacidades que presentan un
diagnóstico grave o severo.
Cabe aclarar que en la
demanda D-13.575 solo se atacan las expresiones “e independientemente” y
“o no de apoyos”; mientras que en el expediente D-13.585 se demanda casi
todo el primer inciso (“Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y
obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin
distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la
realización de actos jurídicos”) y todo el segundo inciso (“En ningún caso la existencia de
una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de
ejercicio de una persona”).
Los argumentos expuestos son
aplicables a todos los apartes atacados en la demanda D-13.585 que subsume los
apartes de la D-13.575. De manera que se analizará la presunta
inconstitucionalidad de las expresiones demandadas en el expediente D-13.585.
9.  La Sala encuentra que los cargos
contra el artículo 6 de la Ley 1996 de 2019 cumplen con los requisitos de
claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia.
Se
evidencia que los demandantes desarrollan una argumentación clara, en la medida
en que tienen un hilo conductor que hace referencia a la cobertura sin
distinción del reconocimiento de la capacidad jurídica sin apoyos, lo que a su
parecer genera una desigualdad para quienes no comprenden los actos jurídicos
que los afectan. Explican que la presunción de capacidad jurídica
“independientemente de los apoyos” puede poner en una situación de indefensión
a una persona que presenta una condición de discapacidad mental severa o
profunda. Los cargos son ciertos, en razón a que demandan normas vigentes y
concretas que tienen una relación con las normas constitucionales invocadas.
Adicionalmente, los argumentos que exponen son específicos, toda vez que se
limitan a establecer cómo esta presunción en algunos casos puede afectar los
derechos de las personas en condiciones de discapacidad. Para ello, citan el
artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, el cual reconoce que las personas en condiciones de discapacidad
requieren de ciertos apoyos para ejercer su personalidad jurídica.
La
argumentación es pertinente y suficiente puesto que el reproche se sustenta en
el contenido de normas de carácter superior, como los son el artículo 13 de la
Constitución y el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (a través del bloque de constitucionalidad) y los
demandantes exponen argumentos que despiertan una duda mínima sobre la
constitucionalidad de la disposición atacada. Al respecto, de una lectura del
artículo 12 de la Convención, a diferencia del artículo 6 demandado, no se
encuentra el reconocimiento del ejercicio de la capacidad legal sin tener en
cuenta los apoyos y salvaguardias a favor de las personas con discapacidad. De
tal modo, la Sala encuentra que existe una mínima duda que amerita analizar la
presunta inconstitucionalidad de la disposición atacada.
10.       Ahora bien, la Sala Plena estima
necesario realizar una integración normativa de los primeros dos incisos del artículo
6° de la Ley 1996 de 2019, dado que las expresiones atacadas por los
demandantes en ambas demandas no forman un enunciado completo para los cargos
que presentan.
El
artículo 6º del Decreto 2067 de 1991 establece, por una parte, la carga del
ciudadano de incluir e identificar todas las normas y presupuestos jurídicos
que considera inconstitucionales acorde con el cargo que formula; y por otra
parte, la facultad del juez constitucional de integrar la unidad normativa.[50]
Esta regla le permite a la
Corte pronunciarse sobre aquellas normas que a su juicio conforman una unidad
normativa con el precepto acusado cuando el demandante no lo ha hecho en el
escrito de la demanda.[51]
La jurisprudencia ha
establecido que la integración normativa oficiosa, es decir, la potestad de la
Corte de adelantar la integración normativa procede de manera excepcional, en
razón de la naturaleza rogada de la acción de inconstitucionalidad y de su
carácter participativo y democrático, pues los intervinientes no tendrían la
posibilidad de pronunciarse sobre las normas o disposiciones integradas por el
tribunal constitucional.[52]
Al mismo tiempo, esta Corporación ha sostenido que la integración normativa “desarrolla
importantes mandatos constitucionales como la economía procesal y la seguridad
jurídica, a través de la eficacia del control abstracto de constitucionalidad,
y la efectividad de sus principios, derechos y deberes, al garantizar la
coherencia del ordenamiento”.[53]
Por lo anterior, la Corte
Constitucional ha realizado la integración de la unidad normativa cuando ha
encontrado que existe una relación inescindible entre las normas o
proposiciones demandadas y otros textos que no han sido atacados por el actor.
En efecto, la jurisprudencia ha recogido tres hipótesis en las que procede la
integración oficiosa: “(i) cuando un ciudadano demanda una disposición que,
individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que,
para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su
contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada; (ii) en
aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra
reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas, con el
propósito de evitar que un fallo de inexequibilidad resulte inocuo; (iii)
cuando la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra
disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad”.[54]
Específicamente, sobre la
primera hipótesis de procedencia de la integración de la unidad normativa, la
jurisprudencia ha sostenido que cuando se demanda un contenido que no tiene un
alcance regulador autónomo, como en el caso en el que se atacan palabras o
expresiones precisas de una norma, deben tenerse en cuenta dos situaciones:  “(i) que lo acusado sea un
contenido comprensible como regla de derecho que pueda contrastarse con las
normas constitucionales; y (ii) si los apartes que no han sido demandados
perderían la capacidad de producir efectos jurídicos en caso de declararse la
inexequibilidad del fragmento normativo demandado, evento en el cual es
procedente la integración de la unidad normativa.”[55]
11.  Con sustento en las reglas
jurisprudenciales antes mencionadas, la Sala Plena considera necesario hacer una
integración de la unidad normativa de los dos incisos del artículo 6° de la Ley
1996 de 2019, dado que ninguna de las demandas ataca este contenido de forma
completa, pero los cargos que plantean son preocupaciones constitucionales que
deben analizarse a la luz de la presunción de capacidad que se establece en
aquella disposición. Además, se observa que los apartes que ataca una y otra
demanda no tienen un contenido autónomo unívoco sin la lectura integral del
artículo. En efecto, la presunta violación del artículo 13 de la Constitución y
del artículo 12 de la CDPCD que alegan los demandantes se sustenta en que la
norma presume la capacidad legal incluso para aquellos tipos de discapacidad
cognitiva en las que la persona no tiene entendimiento del acto jurídico que va
a realizar, y por tanto, no puede expresar de forma univoca su voluntad y
preferencias.
La lectura completa del enunciado
normativo muestra que el legislador establece una presunción de la capacidad de
goce y ejercicio para todas las personas en condiciones de discapacidad para la
realización de actos jurídicos. Por ende, el cargo de los demandantes implica
el contenido dispuesto en los primeros incisos de la norma y no solo los apartes
que señalan. De ese modo, en virtud del principio de seguridad jurídica, la
Corte estima procedente analizar los dos incisos del artículo 6° puesto que las
expresiones demandadas tienen una relación inescindible con los demás
contenidos de la norma, y adicionalmente, se estima que se trata de una norma
general y transversal a toda la Ley 1996 de 2019 cuya importancia exige que su interpretación
constitucional sea integral.
Con sustento en lo anterior, la Sala
Plena analizará la presunta inconstitucionalidad de los dos primeros incisos
del artículo 6 de la Ley 1996 de 2019 por la violación de los artículos 13 de
la Constitución y 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad.[56]
Aptitud
de los cargos formulados contra el artículo 8 de la Ley 1996 de 2019
12.  En el expediente D-13.585 se
argumenta que la expresión “todas las personas con discapacidad, mayores de
edad, tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente (…)” del
artículo 8 de la Ley 1996 de 2019, es contrario al artículo 13 de la
Constitución por las mismas razones que exponen sobre el artículo 6°.[57] En el escrito los demandantes manifestaron: “todas las personas sin
tener en cuenta las diferencias existentes entre cada una de las personas con
discapacidad, poniendo en riesgo a aquellos que no se pueden valer por sus
propios medios y los cuales el Estado deber proteger en mayor medida tal como
lo estableció en el texto constitucional y no solo con una persona de apoyo que
realice acompañamiento ni unos ajustes razonables como se estipula en la Ley
violatoria, sino una protección real y efectiva de los derechos con los que
cuentan estas personas en condición de vulnerabilidad”.[58]
13.  Al respecto la Sala considera que no
se cumplen con los requisitos de claridad, suficiencia y certeza. Los
demandantes utilizan los mismos argumentos del artículo 6 para señalar que el
aparte del artículo 8 también es inconstitucional. Sin embargo, ambas
disposiciones regulan asuntos diferentes y esto no es tenido en cuenta por los
actores. El artículo 8 de la Ley 1996 de 2019 hace parte del Capítulo II el
cual establece los “mecanismos para el ejercicio de la capacidad legal y
para la realización de actos jurídicos” y consagra los “ajustes
razonables en el ejercicio de la capacidad legal”. De manera que no es muy
precisa la argumentación utilizada por los ciudadanos ya que la preocupación
que expresan se concentra en que hay discapacidades graves que requieren de
apoyos para ejercer su capacidad legal, y que por tanto, no pueden hacerlo de
forma independiente. El artículo 8 regula los ajustes razonables que se
requieren para que eso sea posible. Establece que todas las personas con
discapacidad, mayores de edad, tiene derecho a realizar actos jurídicos de
manera independiente, pero a renglón seguido, establece que tienen derecho a “contar
con las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar los mismos”.
De manera que, la misma disposición asume que se requiere de la realización de
ajustes razonables para el ejercicio de la capacidad jurídica.
Acorde con lo anterior, la
argumentación es subjetiva y abstracta en relación con la disposición que se
ataca, y por ello, no cumple con el requisito de certeza. Adicionalmente, es
insuficiente la argumentación porque no explica los elementos de juicio
necesarios para sembrar una mínima duda de inconstitucionalidad de la
disposición legal frente al texto constitucional.
Con base en lo anterior, la Sala
Plena se inhibirá para analizar el cargo formulado contra la expresión “todas
las personas con discapacidad, mayores de edad, tienen derecho a realizar actos
jurídicos de manera independiente (…)” del artículo 8 de la Ley 1996 de
2019, por la presunta violación del artículo 13 de la Constitución.
Aptitud
de los cargos formulados contra el artículo 19 de la Ley 1996 de 2019
14.  Alegan los actores que el aparte “los
apoyos deben respetar siempre la voluntad y preferencias de la persona titular
del acto jurídico, así como su derecho a tomar riesgos y a cometer errores”
del artículo 19 de la Ley 1996, desconoce la protección especial prescrita en
el artículo 47 de la Constitución Política porque las personas con discapacidad
severa o profunda requieren de un “acompañamiento permanente representado”,[59] lo que implica una
protección especial acorde con sus necesidades.[60] Añaden que no se entiende la
finalidad de contar con apoyos si no se van a tener en cuenta al momento de
tomar decisiones. Así, “el discapacitado podrá celebrar actos que lo
perjudiquen económicamente sin existir una norma que lo proteja, para lo cual
existirán individuos que siempre se van a querer aprovechar de estos, al tener
pleno conocimiento de que los actos que se suscriben con los mismos cuentan con
todos los requisitos establecidos por tratarse de personas capaces, debiendo el
titular del acto jurídico asumir sus riesgos y estar sujeto a cometer errores”.[61]
15.  La Sala Plena encuentra que los
argumentos desarrollados por los demandantes para sostener que el último aparte
del artículo 19 es inconstitucional no cumplen con los requisitos de claridad,
certeza, especificidad y suficiencia.
No
hay claridad en los argumentos por cuanto no tienen en cuenta el contexto
normativo donde se redacta el artículo y solo reiteran argumentos generales y
abstractos de todo el sistema de apoyo y salvaguardas de la Ley 1996 de 2019.
En efecto, los demandantes afirman que la Ley 1996 estableció un sistema de
apoyos que en realidad solo sirve a las discapacidades relativas, pero no a las
absolutas. Por ello, señalan que el legislador incurrió en una omisión
legislativa relativa al no tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad
y sus necesidades al momento de perfeccionar actos jurídicos. Así, la
argumentación no explica de forma inequívoca por qué el aparte del artículo 19
de la Ley 1996 de 2019 es el objeto de inconstitucionalidad, cuando existen
otras disposiciones que tienen una relación más coherente con su argumentación
sobre la presunta ineficacia del sistema de apoyos y las discapacidades
absolutas o severas.
El
cargo no es específico ni cierto, toda vez que el artículo 19 regula todo lo
concerniente a los “acuerdos de apoyo como requisito de validez para la
realización de actos jurídicos”, es decir, se exigen los apoyos para que
los actos jurídicos no sean declarados nulos. Al final del artículo se señala
que los apoyos deben tener en cuenta las preferencias de la persona titular del
acto jurídico, “así como su derecho a tomar riesgos y a cometer errores”.
Este aparte debe ser interpretado junto con el numeral 3° del artículo 4, el
cual dispone el principio de “primacía de la voluntad y preferencias de la
persona titular del acto jurídico”. Este principio contempla de forma
expresa los casos en los que “aun después de haber agotado todos los ajustes
razonables disponibles, no sea posible establecer la voluntad y preferencias
de la persona de forma inequívoca, se usará el criterio de la mejor
interpretación de la voluntad (…)”.
De
manera que, contrario a lo que afirman los demandantes, el legislador sí
contempló medidas para atender los casos más graves de discapacidad y cómo
proceder ante las personas que se encuentren imposibilitadas para manifestar su
voluntad y preferencias. Esto además se puede corroborar con otras
disposiciones de la misma ley que no fueron demandadas en esta ocasión, como
por ejemplo los artículos 5, 9, 38, 48 y 56.[62] Por lo
anterior, la Sala considera que los argumentos relacionados con la presunta
inconstitucionalidad de la parte final del artículo 19 no cumplen con los
requisitos de especificidad y certeza, pues no evidencian la existencia de una
oposición objetiva concreta entre la norma constitucional y la legal, y además,
parten de supuestos que no son ciertos.
Aunado a lo anterior,
tampoco se cumple con los requisitos establecidos por la jurisprudencia
relacionados con la omisión legislativa relativa y, con ello, se incumple el
requisito de suficiencia. Como ya se estableció no es cierto que el legislador
haya incurrido en una omisión, toda vez que sí tuvo en cuenta los casos en los
que las personas están imposibilitadas para manifestar su voluntad.
Adicionalmente, como se describió líneas arriba los demandantes no cumplieron
con la carga argumentativa suficiente para cumplir con los requisitos
jurisprudenciales de este tipo de cargos. A pesar de que identificaron una
norma legal según la cual consideran que el legislador omitió tener en cuenta a
un sector de la población en condiciones de discapacidad, lo cierto es que la
norma sí contemplo la hipótesis que alegan. De esa forma, la Sala no encuentra
que la norma excluya de sus consecuencias jurídicas a las discapacidades
severas o profundas, pues al reconocer que pueden existir casos en los que la
persona se encuentra “absolutamente imposibilitada para manifestar su
voluntad y preferencias por cualquier medio”, sí está teniendo en cuenta casos
en los que se necesitan mayores o más intensidad en los apoyos.
En todo caso, los
demandantes no explicaron por qué el precepto debía consagrar expresamente a
las discapacidades cognitivas profundas o severas, ni por qué esta omisión es
inconstitucional, cuando el mismo artículo demandado prevé aquellas situaciones
en las que la persona está imposibilitada para expresar su voluntad.
Con sustento en lo anterior, la Corte
se declarará inhibida para fallar el cargo formulado contra el inciso final del
artículo 19 por presuntamente vulnerar el artículo 47 constitucional, ante la
ausencia de argumentos claros, específicos y suficientes.
Aptitud
de los cargos formulados contra el artículo 53 de la Ley 1996 de 2019[63]
16.       El demandante del
expediente D-13.575 explicó que la interdicción es una salvaguardia efectiva
que la Ley acusada elimina del ordenamiento jurídico, afectando el ejercicio de
los derechos de las personas en condiciones de discapacidad. En sus palabras
mencionó que “las personas interdictas o inhábiles, en el evento de que el
guardador vaya en contra vía de sus intereses económicos y su voluntad real, se
suspende el término de prescripción para exigir el derecho transgredido,
brindando una garantía jurídica que permite salvaguardar de cualquier abuso, de
persona extraña (tercero) o cercana (guardados conforme a la Ley 1306) el cual
pretenda ser avivato, ligero, oscuro, ruin o malévolo con la persona en
situación de discapacidad mayor de edad”.[64] El actor explicó este argumento
citando el artículo 2.530 del Código Civil que dispone la “suspensión de la
prescripción ordinaria”. Finalmente manifestó que la interdicción es una medida
que podría haber sido considerada como complementaria a los “apoyos” y
“salvaguardias” de la nueva ley, pero el legislador la prohibió por completo:
“En este sentido
negociar con una persona en situación de discapacidad mayor de edad con la
garantía y salvaguardia de la interdicción supone una protección y blindaje
jurídico frente a los sujetos con los que entable una relación jurídica o
económica y tal garantía consistirá en la suspensión del tiempo de prescripción
a favor del interdicto y/o inhábil, garantizando que en cualquier momento, en
el evento de ser defraudado, podrá perseguir a quien lo defraudó, sea su
guardador, ahora apoyo, o un tercero con el cual entable una relación jurídica.
Por lo anterior, si se prohíbe la figura de la interdicción e inhabilidad, las
personas que juró la ley proteger quedarán desprovistas de dicha salvaguardia
aún más cuando la Ley 1996 no establece realmente salvaguardia alguna”.[65]
Adicionó el actor que la
interdicción sí es una “salvaguarda efectiva” porque “para las
personas interdictas e inhábiles, en el evento de que el guardador vaya en
contra vía de sus intereses económicos y su voluntad real, se suspende el
término de prescripción para exigir el derecho transgredido, brindando una
garantía jurídica”.[66]
17.       La Sala Plena considera
que el cargo formulado contra el artículo 53 de la Ley 1996 de 2019 cumple con
los requisitos para ser analizado de fondo por las siguientes razones. Los
argumentos son claros en la medida en que el actor explica que la prohibición
expresa de los procesos de interdicción puede generar una indefensión de las
personas en condiciones de discapacidad, ya que esta institución servía para
evitar abusos de terceros o de los mismos curadores contra los derechos de esta
población.
El cargo es cierto y
pertinente, pues identifica de manera inequívoca la norma legal y la
disposición constitucional y convencional que considera vulnerada. El actor
explica que se viola el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad
y el artículo 12 de la Convención, pues el sistema de apoyos no contempla
salvaguardias concretas contra los abusos de quienes sirvan de apoyos, como,
según plantea el actor, sí tenía la institución jurídica de la interdicción, la
cual generaba unas consecuencias no solo de responsabilidad, sino efectos
procesales que protegían el patrimonio de las personas involucradas. Además,
señala que el artículo del tratado internacional dispone la obligación del
Estado de proporcionar salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir abusos.
El cargo cumple con el
requisito de especificidad porque expone argumentos que evidencian una
oposición objetiva de la norma legal y las normas constitucionales y
convencionales. Al respecto, el demandante expone que la interdicción contaba
con unos efectos jurídicos en materia procesal que resguardaban los intereses
de la persona que se encontraba bajo una sentencia de interdicción. Afirma que
este tipo de salvaguardias no se reflejan en la nueva Ley y, en consecuencia,
se vulnera el derecho a la igualdad de las personas en condiciones de
discapacidad quienes quedan en una situación de indefensión al prohibirse de
plano la interdicción en algunos asuntos.
Finalmente, las razones
desarrolladas para sostener el cargo son suficientes toda vez que se argumenta que
si la Ley presume la capacidad legal de todas las personas con discapacidad,
incluso sin ningún apoyo, esta población está constantemente expuesta a abusos
de terceros que pueden afectar sus derechos fundamentales. Por ejemplo, el
demandante explica que la suspensión de la prescripción ordinaria a favor del
“incapaz” quedó sin sustento y, por otra parte, el régimen de guardas
establecido en la Ley 1306 de 2009 era una alternativa que constituía una
verdadera salvaguardia que la nueva Ley no contempla dentro de su regulación.
La Sala Plena estima que
las prohibiciones de (i) iniciar procesos de interdicción o inhabilitación o
(ii) solicitar la sentencia de interdicción o inhabilitación para dar inicio a
cualquier trámite público o privado a partir de la promulgación de la Ley 1996
de 2019, establecidas en el artículo 53, y los argumentos esbozados por el
demandante generan una mínima duda de inconstitucionalidad que merece ser
estudiada de fondo, concretamente, si el nuevo sistema de apoyos al prohibir de
plano la interdicción dejó sin efectos salvaguardias legales en materia
procesal que dejan en indefensión a las personas en condiciones de discapacidad
cognitiva severa o profunda.
18.  En síntesis, la Sala Plena se concentrará en analizar
los cargos presentados contra los artículos 6 (parcial) y 53 (integral) de la
Ley 1996 de 2019 por la presunta violación de los derechos consagrados en los
artículos 13 y 93 de la Constitución Política, en conjunto con el 12 de la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
VII.
Problemas
jurídicos y consideraciones de la Corte
19.  Una vez establecido el objeto de análisis de las
demandas, la Sala procederá a establecer si los artículos 6° y 53 de la Ley
1996 de 2019 son contrarios a lo establecido en los artículos 13 y 93 de la
Constitución Política, así como a lo consagrado en el artículo 12 de la
Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad. Concretamente,
la Corte analizará si se vulneran los derechos fundamentales a la igualdad y a
la personalidad jurídica de las personas en condiciones de discapacidad, al
reconocerles, sin distinción alguna sobre los grados de discapacidad, el
ejercicio de su capacidad jurídica aún sin contar con apoyos o asistencia; y
(ii) si prohibir la aplicación de la figura de la interdicción judicial genera
una indefensión mayor a la población en condiciones de discapacidad.
Para el efecto, como se anticipó líneas
arriba, la Sala abordará las siguientes temáticas desde una perspectiva
normativa y jurisprudencial: (A) la institución de la interdicción judicial y
(B) el reconocimiento a la capacidad jurídica desde el modelo social de la
discapacidad, para finalmente, analizar cada uno de los cargos.
La interdicción judicial
en el derecho civil
20.
Antes
de explicar la interdicción, es necesario hacer algunas precisiones sobre la
capacidad jurídica de las personas, pues solo quienes eran considerados
incapaces absolutos se les sometía a una guardia o tutela permanente. El
derecho a la personalidad jurídica se encuentra reconocido en el artículo 14 de
la Constitución Política. Según la jurisprudencia constitucional el contenido
de este derecho se concreta en el reconocimiento de los atributos de la
personalidad: nombre, nacionalidad, domicilio, estado civil, capacidad y patrimonio.
La Corte afirmó que la personalidad jurídica “no se reduce
únicamente a la capacidad de la persona humana a ingresar al tráfico jurídico y
ser titular de derechos y obligaciones sino que comprende, además, la
posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple hecho de existir e
independientemente de su condición, determinados atributos que constituyen la
esencia de su personalidad jurídica e individualidad como sujeto de derecho”.[67]
21.
En
cuanto a este último elemento, para la existencia y validez de un acto jurídico
se requiere de la capacidad legal de una persona, no solo la de goce, sino
también la de ejercicio.  El Código Civil establece que “para que una
persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario:
1) que sea legalmente capaz (…) la capacidad legal de una persona consiste en
poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra”
(art. 1502). Luego, se reconoce que toda persona es legalmente capaz, “excepto
aquellas que la ley declara incapaces” (art. 1503). Antes
de la Ley 1996 de 2019, el artículo 1504 del Código Civil establecía:
“Son
absolutamente incapaces las personas con discapacidad mental, los
impúberes y sordomudos que no pueden darse a entender. || Sus actos no
producen ni aún obligaciones naturales, y no admiten caución. || Son también
incapaces los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad y los
disipadores que se hallen bajo interdicción. Pero la incapacidad de estas
personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas
circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. || Además
de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibición
que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos”.
(Los apartes subrayados fueron derogados por el artículo 57 de la Ley 1996 de
2019.)
22.  Esta disposición consagra la “incapacidad
legal”, la cual “consiste fundamentalmente en la restricción de la
posibilidad de intervenir en el comercio jurídico (…) es de carácter
excepcional, porque la regla general en materia civil es la de que toda persona
es hábil para ejercer sus derechos y para realizar cualesquier actos jurídico
lícito”.[68] Para casos de incapacidad legal absoluta la Ley
prohibió la ejecución de todo acto jurídico y previó la necesidad de actuar
siempre a través de un representante legal, denominado “guardador”.
23.  La interdicción como institución
jurídica dentro del Código Civil en su texto original (Ley 57 de 1887) proviene
del derecho romano (tutela), pasando por el Código Napoleónico[69] y el Código Civil de Don
Andrés Bello. En el derecho romano si una
persona no era capaz de protegerse a sí misma se le asignaba un tutor o curador
el cual realizaba todos los actos jurídicos que afectaban positiva o
negativamente a la persona que representaba. En este régimen antiguo, se consideraba
que las mujeres, las personas menores de edad, quienes sufrían de alguna
enfermedad mental o quien no tenía dinero para vivir, eran incapaces y
requerían de un curador o tutor que hiciere los negocios por ellos.
En el Código Civil
de Napoleón se estableció la interdicción civil en el artículo 489, en el cual
se señalaba que “El mayor de edad que esté en un estado habitual de
imbecilidad, de demencia o de furor debe ser sujeto a interdicción, aun cuando
ese estado presente intervalos lúcidos”.[70]
Varios tratadistas de la época sostuvieron que la causa o la denominación de la
enfermedad no era importante, sino que debía tenerse en cuenta la “enajenación
mental” de la persona.[71]
Claro Solar, por ejemplo, sostenía
que la interdicción procedía cuando una persona, independientemente de tener
una “lesión cerebral”, “conserva o no una
inteligencia suficiente de los negocios de la vida civil y la aptitud
conveniente para la marcha ordinaria de la administración de un patrimonio”. De
ese modo, insistía en que la demencia no podía ser excepcional, sino habitual,
es decir, la falta de razón de la persona debía ser “el modo ordinario”. Según
Claro Solar, la habitualidad debía
alcanzar no sólo a la enfermedad mental, sino a la incapacidad para administrar
los bienes del demente.[72] La guarda o interdicción que se
asignaba tenía una finalidad general que era proteger el patrimonio y propiedad
de la persona declarada interdicta y, específicamente, (a) prevenir la pérdida
o malversación de los bienes y (b) protegerlo de terceros con intereses
dañinos.
Como puede verse, el régimen francés no establecía de manera
expresa qué era la discapacidad mental, sino que solo se refería a algunos
ejemplos traídos del lenguaje médico. Con esto, se determinaba si una persona
tenía o no la capacidad de realizar actos jurídicos bajo su entendimiento y
consentimiento. Al determinarse que una persona sufría de una discapacidad
metal “habitual”, se consideraba que no tenía cura y, por tanto, se le asignaba
un tutor (que generalmente era un familiar o persona de confianza), quien la
representaba en todos los actos jurídicos que le concernían. Por tanto, “se
sustituía la capacidad de ejercicio de estas personas por una nueva figura que
acompañaba la tutela que se denomina la interdicción. Esta consiste en ´una
sentencia por medio de la cual, un tribunal civil, después de haber comprobado
la enajenación mental de una persona, le retira la administración de sus
bienes´.[73] En consecuencia, esta
sentencia judicial encarna el sometimiento de la persona con discapacidad
mental a la tutela”.[74]
24.
El Código Civil acogió el régimen de tutela y curaduría de
aquellos regímenes antiguos. A partir del artículo 428 se regulaba su
definición, alcance y todo lo concerniente a la curaduría y la tutela de las
personas en condición de discapacidad mental (que denominaba “dementes” o con
“demencia”).[75] Definía
estas figuras como “cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos
que no pueden dirigirse a sí mismos, o administrar competentemente sus
negocios, y que no se hallen bajo potestad de padre o marido, que pueda darles
la protección debida”. En relación con las personas con discapacidad
mental, el Código establecía, “el adulto que se halle en estado habitual de
demencia será privado de la administración de sus bienes, aunque tenga
intervalos lúcidos. || La curaduría del demente puede ser testamentaria,
legítima o dativa” (art. 545). Señalaba que la interdicción podía ser
solicitada por los padres “cuando el hijo sufra de incapacidad mental grave
permanente” o las mismas personas que lo hicieren para el caso del
disipador. Para la prueba de la “demencia” se establecía que el juez debía
informarse “de la vida anterior y conducta habitual del supuesto demente y
[oír] el dictamen de facultativos de su confianza sobre la existencia y
naturaleza de la demencia”. Todas estas normas fueron derogadas por el
artículo 119 de la Ley 1306 de 2009.
25.
Así, bajo el texto del Código Civil, al establecer que las
personas con discapacidad mental eran incapaces absolutos, la declaración de
interdicción de una persona se hacía a través de un proceso de jurisdicción
voluntaria regulado por el Código General del Proceso (arts. 577 al 586) y la
Ley 1306 de 2009 “Por la cual se dictan normas para la protección de las
personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación
legal de incapaces emancipados”. Esta Ley estableció todo el régimen de
guardas a favor de las personas con discapacidad mental. En el momento en el
que fue expedida esta normativa, se consideró que era un avance relevante a
favor de los derechos humanos de esta población.[76] Este
nuevo régimen, a diferencia de lo que se establecía en el Código Civil, desde
una perspectiva de la dignidad humana y la igualdad, reconocía que las personas
con discapacidad eran sujetos de derechos y obligaciones. Del mismo
modo, el lenguaje peyorativo utilizado por el Código Civil fue eliminado
totalmente. La Corte Constitucional en la sentencia C-021 de 2015[77]
reconoció el progreso en materia de protección de derechos de la Ley 1306 de
2009:
“4.2. Así las cosas, la Ley 1306 de 2009 introduce varias
modificaciones al régimen del Código Civil incorporando principios modernos,
adaptando la legislación a la Constitución
y a las convenciones internacionales sobre personas con discapacidad adoptadas
por Colombia, dinamizando la administración de los bienes de los
incapaces, otorgándoles mayor libertad, permitiendo su inclusión social y
promoviendo el reconocimiento y el respeto de su dignidad. De este modo,
mediante la citada Ley se realizan los deberes en cabeza del Estado “que  sugieren una protección reforzada por
su parte, están orientados a: (i) adelantar políticas de previsión,
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos a quienes deberá prestarse la atención especializada que requieran
(Art. 47 C.P.); (ii) garantizarles un derecho al trabajo acorde con sus
condiciones de salud y (iii) erradicar el analfabetismo y procurar la educación
de personas con limitaciones físicas o mentales o con capacidades excepcionales
(Art. 68 C.P.)”.
4.3. En
particular, la Ley 1306 de 2009 supuso un cambio en las categorías jurídicas ya que las personas con discapacidad mental son
consideradas como una población sujeto de especial protección y se modifican
apelaciones como el término “demente” (parágrafo, art. 2).
4.4. De otro
lado, e íntimamente relacionado con la materia objeto de la demanda, la
discapacidad se convierte en un criterio amplio que abarca no solo a las
personas con profundas y severas limitaciones a nivel psíquico y de
comportamiento, sino también a quien padezca deficiencias de comportamiento
como los inmaduros negociales. Esto explica por qué las personas con
discapacidad mental absoluta son sujetas a procesos de interdicción, mientras
quienes padecen de discapacidad relativa, son sometidos a medidas de
inhabilitación.
4.5. Es por
lo anterior que, entre muchos otros cambios, la Ley prevé la rehabilitación del
interdicto (art. 30) de modo que el Juez podrá sustituir la interdicción
por la inhabilitación negocial (art. 31) dejando, en todo caso, abierta la
posibilidad para que el rehabilitado pueda ser declarado nuevamente interdicto
cuando sea necesario. Por su parte, el inhabilitado negocial puede manejar
libremente y bajo orden del juez hasta el 50% de sus ingresos reales netos y,
antes de que se dicte sentencia que lo inhabilita, se podrá dictar una
inhabilidad provisional (art. 36). Una novedad importante del nuevo régimen es
también la inhabilitación accesoria del fallido en los procesos de liquidación
patrimonial y en los de pago por cesión de bienes de personas naturales (art.
33).
4.6. De este
modo, la Ley 1306 de 2009 fue concebida por el Legislador como una herramienta
de protección, más actualizada y flexible, que otorga mayor libertad a los
sujetos que tengan cualquier tipo de discapacidad mental”
No
obstante lo anterior, hay posturas que señalan que la Ley 1306 de 2009 en
realidad no obedecía a los estándares internacionales, pues mantenía la
concepción médico – rehabilitadora de la discapacidad y restringía el actuar
libre y autónomo de las personas con discapacidad mental: “(…) la PcD sigue
siendo apenas sujeto de un trámite por vía judicial, pero no son parte en el
proceso, por la naturaleza del mismo, y la práctica judicial actual revela que
en ocasiones los funcionarios y funcionarias del despacho ni siquiera llegan a
conocer a las personas despojadas de su capacidad jurídica”.[78]
Este
régimen de guardas se concentró en proteger a las personas con discapacidad
mental absoluta y relativa.[79]
Para el ejercicio de los negocios jurídicos, las personas con discapacidad
mental absoluta no pueden manifestar su voluntad por sí mismos para obligarse.
En todo caso la misma Ley reconocía el ejercicio de ciertos actos jurídicos en
cabeza del titular. El artículo 13 reconocía el derecho al trabajo y conforme
el artículo 50 de la Ley 1306 se reconocía el ejercicio de todo acto
relacionado con el derecho de familia a favor de las personas con discapacidad
mental absoluta. Se debía tramitar ante un Juez de Familia todo lo concerniente
al matrimonio, adopción, reconocimiento o impugnación de filiación, entre
otros. El juez tenía el deber de escuchar a la persona en condiciones de
discapacidad “cuando, en opinión de los facultativos, se encuentre en un
intervalo lúcido y tenga conciencia del alcance de sus decisiones”.
La
Ley 1306 de 2009 establecía que cualquier acto jurídico realizado por un
tercero que beneficiara a una persona en condiciones de discapacidad mental
absoluta, se presumía válido. En caso de que la persona estuviera bajo interdicción,
cualquier negocio jurídico realizado por ella como titular se entendía nulo
absolutamente. La interdicción era comprendida como una medida de
restablecimiento de derechos a favor de la persona con discapacidad mental. La
demanda de interdicción podía ser presentada por cualquier persona ante un Juez
de Familia junto con el certificado médico de la persona que se solicitaba fuera
declarada como interdicta. El juez debía emplazar a quienes tuvieran interés
para ejercer la guarda y realizar un dictamen médico – legal sobre el estado de
la persona. Así, establecía la Ley, que todo proceso de interdicción debía
contar con un “dictamen completo y técnico sobre la persona con discapacidad
mental absoluta realizado por un equipo interdisciplinario”. La revisión de la
interdicción se hacía una vez al año por solicitud del guardador o de oficio
por el juez de familia competente. También se establecía la posibilidad de que
el mismo paciente le solicitara al juez su rehabilitación para revisar y
culminar la medida de interdicción.
Cabe mencionar también, que la misma Ley 1306 consagraba un
conjunto de disposiciones relativas a las obligaciones y responsabilidades de
los guardadores sobre los bienes y actos jurídicos que se realizaran a favor de
las personas con discapacidad mental absoluta. El artículo 91 de la Ley 1306,
que aún sigue vigente, establece que “(…) los guardadores personas
naturales deberán administrar los bienes patrimoniales a su cargo, con el
cuidado y calidad de gestión que se exige al buen padre de familia, buscando
siempre que presten la mayor utilidad al pupilo”.
26.  La Ley 1996 de 2019 derogó
expresamente los artículos 1° al 48, 50 al 52, 55, 64 y 90 de la Ley 1306 de
2009. Todo lo referente a la guarda e interdicción de las personas entendidas
como incapaces absolutos o relativos por presentar alguna discapacidad mental.
27.  En el mismo año de la Ley
1306, el Congreso aprobó la Convención de Naciones Unidas para los derechos de
las personas con discapacidad a través de la Ley 1346 de 2009, la cual
establece en su artículo 12 que las personas con discapacidad tienen derecho a
la capacidad jurídica en igualdad de condiciones.
28.  Posteriormente, la Ley
Estatutaria 1618 de 2013 “Por medio de la cual se establecen las
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad”, dispuso en su artículo 21: “El Ministerio de
Justicia y del Derecho, o quien haga sus veces, en alianza con el Ministerio
Público y las comisarías de familia y el ICBF, deberán proponer e implementar
ajustes y reformas al sistema de interdicción judicial de manera que se
desarrolle un sistema que favorezca el ejercicio de la capacidad jurídica y la
toma de decisiones con apoyo de las personas con discapacidad, conforme al
artículo 12 de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas”.
29.  El último avance normativo
en materia de capacidad jurídica, específicamente, fue la expedición de la Ley
1996 de 2019 “Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio
de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad”. Dentro
de esta nueva normativa, los cambios más relevantes son los siguientes: (i)
elimina del ordenamiento civil la incapacidad legal absoluta por discapacidad
mental, dejando solo a los impúberes como sujetos incapaces absolutos; (ii)
deroga el régimen de guardas e interdicción para las personas en condiciones de
discapacidad mental, cognitiva o intelectual; (iii) presume la capacidad de
goce y ejercicio para todas las personas con discapacidad; (iv) establece dos
mecanismos que facilitan a las personas con discapacidad manifestar su voluntad
y preferencias en el momento de tomar decisión con efectos jurídicos: (a)
acuerdos de apoyos y (b) adjudicación judicial de apoyos; y (v) regula las
directivas anticipadas, como una herramienta para las personas mayores de edad
en las que se manifiesta la voluntad de actos jurídicos con antelación a los
mismos.
Para
la mayoría de los intervinientes que participaron en el proceso de la
referencia, la Ley 1996 de 2019 es el cumplimiento de las obligaciones
internacionales asumidas por el Estado establecidas en el artículo 12 de la
Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la interpretación
realizada por el Comité del tratado a través de la Observación General No. 1
(2014) y la recomendación realizada concretamente a Colombia, mediante informe
del año 2016 del mismo organismo internacional.[80]
El
modelo social de la discapacidad y la capacidad jurídica de las personas en
condiciones de discapacidad
30.  La discapacidad ha sido
comprendida desde distintas perspectivas a lo largo de la historia.[81] Existe una primera etapa
en la que esta población era marginada de la sociedad en general por considerar
su impedimento como una imposibilidad para aportar a los intereses de la
comunidad. Este es el modelo de prescindencia, el cual asociaba la discapacidad
a creencias religiosas o espirituales y consideraba que esta población no era
“normal” y se decidía apartarla. Posteriormente, el modelo médico-rehabilitador
reconsideró la percepción de la discapacidad y aceptó que las personas con
discapacidad podían contribuir a la sociedad. Las causas de la discapacidad ya
no eran religiosas, sino científicas y podían ser tratadas a través de
procedimientos médicos. Este modelo reconoció derechos a las personas con
discapacidad, pero a través del lente del diagnóstico médico y su posible
rehabilitación.
31.  Finalmente, la perspectiva
actual y vigente, comprende la discapacidad desde el modelo social, el cual
sostiene que el origen de la discapacidad no atiende a factores religiosos o
médicos, sino sociales. En otras palabras, comprende que la discapacidad no es
del sujeto sino que surge de las barreras externas asociadas a la comunidad en
general. Parte del reconocimiento de goce y ejercicio de los derechos humanos a
favor de todas las personas con discapacidad. Los principios esenciales del
modelo social de discapacidad son la autonomía e independencia, la dignidad
humana, la igualdad, la inclusión, la accesibilidad universal, entre otros.
Sobre este nuevo paradigma la doctrina sostiene que parte de dos presupuestos:
(i) las personas con discapacidad tienen mucho que aportar a la sociedad. Esto
se fundamenta en el principio de la dignidad humana que comprende al ser humano
como un fin y no como un medio; y (ii) la discapacidad es generada por factores
sociales y estructurales que deben ser modificados para garantizar que esta
población goce de los derechos humanos en igualdad de condiciones. Sobre este
segundo presupuesto, se ha señalado que “no son las limitaciones
individuales las raíces del problema, sino las limitaciones de la propia
sociedad, para prestar servicios apropiados y para asegurar adecuadamente que
las necesidades de las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta dentro
de la organización social”.[82]
Igualmente,
el modelo social reconoce que las personas con discapacidad pueden tomar el
control de su vida, esto es, tener una vida independiente en la que pueden
tomar sus propias decisiones basadas en su voluntad y preferencias. Desde la
perspectiva del modelo anterior de la discapacidad (médico-rehabilitador), los
sistemas normativos contemplaban figuras como la curaduría o tutoría o la
interdicción, para que las personas con discapacidad tomaran decisiones a
través de terceros nombrados por un juez. Así, uno de los avances más
relevantes del modelo social es el reconocimiento de la capacidad legal de las
personas con igualdad de condiciones a las de toda la población.  Bajo este
modelo fue socializada y redactada en el marco de las Naciones Unidas la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
32.  El artículo 12 consagra el derecho a
la personalidad jurídica de las personas en condiciones de discapacidad. Esta
disposición contiene las siguientes obligaciones para los Estados Parte: (i)
proporcionar los apoyos necesarios a las personas con discapacidad para que
puedan ejercer su capacidad jurídica, (ii) garantizar las salvaguardias
adecuadas y efectivas para prevenir abusos contra las personas con discapacidad
en el ejercicio de su capacidad jurídica, (iii) garantizar que las
salvaguardias que se contemplen sean respetuosas de la voluntad y preferencias
de la persona con discapacidad, que no haya conflicto de intereses o influencias
indebidas y que estén sujetas a controles periódicos por parte de autoridad u
órgano judicial competente, entre otros, y (iv) garantizar el derecho a las
personas con discapacidad “en igualdad de condiciones con las demás, a ser
propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener
acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras
modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con
discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria”.[83]
Este
artículo fue interpretado por el Comité de la Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad mediante la Observación General No 1. En ese
documento se fijó el contenido del derecho a la capacidad legal de las personas
con discapacidad, así como el alcance de las obligaciones estatales para
garantizar el derecho. El Comité estableció los siguientes lineamientos:
·
Los Estados
deben revisar su legislación interna con el fin de asegurarse que el derecho a
la capacidad jurídica de las personas con discapacidad sea garantizado en
igualdad de condiciones a las demás personas. Sobre este punto advirtió que
históricamente las personas con discapacidad se les ha privado de ejercer su
capacidad a través de figuras jurídicas como la curaduría, la tutela o leyes
sobre salud mental, las cuales sustituyen su voluntad en la adopción de
decisiones. Al respecto, afirmó que “[e]sas prácticas deben ser abolidas, a fin
de que las personas con discapacidad recobren la plena capacidad jurídica en
igualdad de condiciones con las demás”.[84]
·
Los
regímenes basados en la “adopción de decisiones sustitutivas” y la negación de
la capacidad jurídica afectan de forma desproporcionada el goce y ejercicio de
los derechos humanos de las personas con discapacidad, no obstante, esta
afectación ha sido más gravosa para las personas con discapacidad cognitiva o
psicosocial. Con base en eso, los Estados deben garantizar que la discapacidad
no sea un motivo para negar la capacidad jurídica a ninguna persona.
·
La
capacidad jurídica incluye la capacidad de ser titular de derechos y la
capacidad de ejercer estos derechos. De ese modo, toda persona con discapacidad
se le debe garantizar su capacidad para realizar actos jurídicos, modificarlos
o ponerles fin, de acuerdo a sus voluntades y preferencias. Al respecto, el
Comité precisó que la capacidad jurídica es un concepto distinto al de la
capacidad mental, y la primera no puede condicionarse a la segunda: “La
capacidad jurídica es la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones
(capacidad legal) y de ejercer esos derechos y obligaciones (legitimación para
actuar). Es la clave para acceder a una participación verdadera en la sociedad.
La capacidad mental se refiere a la aptitud de una persona para adoptar decisiones,
que naturalmente varía de una persona a otra y puede ser diferente para una
persona determinada en función de muchos factores, entre ellos factores
ambientales y sociales”.[85]
·
No se
puede privar a una persona de su capacidad jurídica, por el solo hecho de que
se considera que no tiene una aptitud suficiente para tomar decisiones, bien
sea por un diagnóstico médico o por las consecuencias de la actuación o porque
se considera que su entendimiento es deficiente. En palabras del Comité:
“En la mayoría de los
informes de los Estados partes que el Comité ha examinado hasta la fecha se mezclan
los conceptos de capacidad mental y capacidad jurídica, de modo que, cuando se
considera que una persona tiene una aptitud deficiente para adoptar decisiones,
a menudo a causa de una discapacidad cognitiva o psicosocial, se le retira en
consecuencia su capacidad jurídica para adoptar una decisión concreta. Esto se
decide simplemente en función del diagnóstico de una deficiencia (criterio
basado en la condición), o cuando la persona adopta una decisión que tiene
consecuencias que se consideran negativas (criterio basado en los resultados),
o cuando se considera que la aptitud de la persona para adoptar decisiones es
deficiente (criterio funcional). El criterio funcional supone evaluar la
capacidad mental y denegar la capacidad jurídica si la evaluación lo justifica.
A menudo se basa en si la persona puede o no entender la naturaleza y las
consecuencias de una decisión y/o en si puede utilizar o sopesar la información
pertinente. Este criterio es incorrecto por dos motivos principales: a) porque
se aplica en forma discriminatoria a las personas con discapacidad; y b) porque
presupone que se pueda evaluar con exactitud el funcionamiento interno de la
mente humana y, cuando la persona no supera la evaluación, le niega un derecho
humano fundamental, el derecho al igual reconocimiento como persona ante la
ley.”[86]
·
Para
el ejercicio de la capacidad jurídica en el modelo social, se reconoce un
sistema de toma de decisiones con apoyos. El “apoyo” es un término amplio y
hace referencia a la asistencia que necesita la persona con discapacidad para
tomar decisiones. En algunas ocasiones los apoyos pueden consistir en personas de
plena confianza que puedan asesorar el acto jurídico; en otras ocasiones, de
medidas relacionadas con el diseño universal y la accesibilidad, así como de la
“elaboración y el reconocimiento de métodos de comunicación distintos y no
convencionales”.[87]
Los apoyos deben fomentar la confianza de la persona para actuar de acuerdo con
sus intereses.
·
Los
Estados deben garantizar la posibilidad de las personas con discapacidad y de
todas aquellas que tenga un riesgo de estarlo, de “planificar
anticipadamente, y se les debe dar la oportunidad de hacerlo en condiciones de
igualdad de los demás”.[88]
·
Los
apoyos que se elijan y su intensidad variarán “notablemente de una persona a
otra debido a la diversidad de las personas con discapacidad (…) en todo
momento, incluso en situación de crisis, deben respetarse la autonomía
individual y la capacidad de las personas con discapacidad de adoptar
decisiones”.[89]
·
En
relación con las salvaguardias, el Comité sostiene que su objetivo principal es
garantizar el respeto de la voluntad y preferencias de la persona con
discapacidad. Para el efecto, deben protegerlas de los abusos y de influencias
indebidas. En este punto se sostiene que cuando ya se han tomado todas las
medidas razonables y necesarias y no es posible determinar la voluntad de la
persona, el criterio que debe prevalecer no es el del “interés superior”,
pues este debe ser sustituido por la “mejor interpretación posible de la
voluntad y las preferencias”.
·
Los
Estados deben revisar sus legislaciones y “tomar medidas para elaborar leyes
y políticas por las que se remplacen los regímenes basados en la sustitución en
la adopción de decisiones por un apoyo para la adopción de decisiones que
respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona”.[90]
Estos regímenes de sustitución tienen varias modalidades, entre ellas la tutela
plena, la interdicción judicial y la tutela parcial. Según el Comité estos
regímenes tienen las siguientes características: “i) se despoja a la persona
de la capacidad jurídica, aunque sea con respecto a una única decisión; ii)
puede nombrar al sustituto que tomará las decisiones alguien que no sea la
persona concernida y ese nombramiento puede hacerse en contra de su voluntad; y
iii) toda decisión adoptada por el sustituto en la adopción de decisiones se
basa en lo que se considera el "interés superior" objetivo de la
persona concernida, en lugar de basarse en su propia voluntad y sus
preferencias”.[91]
·
Establece
que la “efectividad progresiva” dispuesta en el párrafo 2 del artículo 4 de la
Convención no es aplicable al reconocimiento de la capacidad jurídica, pues los
Estados deben tomar medidas de forma inmediata para hacer realidad el goce y
ejercicio de este derecho. Para el diseño e implementación de la legislación y
la política pública que garantice la capacidad jurídica de las personas con
discapacidad, debe garantizarse la participación real y efectiva de esta
población.
·
En la
Observación General el Comité también desarrolla la relación que tiene el
derecho a la capacidad jurídica con otros derechos reconocidos en la CDPCD,
tales como la igualdad y no discriminación (art. 5), mujeres con discapacidad
(art. 6), niños y niñas con discapacidad (art. 7), accesibilidad (art. 9),
acceso a la justicia (art. 13), libertad, seguridad y consentimiento (arts. 14
y 25), respeto de la integridad física personal y protección contra la tortura,
la violencia, la explotación y el abuso (arts. 15, 16 y 17), nacionalidad (art.
18), derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad),
privacidad (art. 22) y participación política (art. 29).
Como lo afirmaron la
mayoría de intervinientes, e incluso el Ministerio Público, el legislador a
través de la Ley 1996 de 2019 tomó estos lineamientos internacionales como
modelo para eliminar del todo el régimen de interdicción judicial y el de
guardas de la Ley 1309 de 2009.
33.       Los estándares descritos
han sido replicados por distintos organismos a nivel internacional en casos
concretos, en los que, a grandes rasgos, se vulneran derechos humanos de
personas con discapacidad al no tenerse en cuenta su voluntad sobre un hecho
que les concierne. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha
declarado la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a la
vida privada y familiar, así como a la libertad personal cuando se ha
determinado la internación de una persona en condiciones de discapacidad
cognitiva y no se ha tenido en cuenta su consentimiento,[92] y cuando no se ha reconocido su
voluntad para la realización de tratamientos médicos o su derecho a morir dignamente.[93] Igualmente, el Tribunal
ha señalado, respecto de la guarda que se impone a las personas con
discapacidad, que independientemente de que esté válidamente sustentada en
diagnósticos médicos, su procedencia debe estar determinada por el criterio de
necesidad y que estas medidas deben ser revisadas periódicamente, con el fin de
no anular la autonomía de la persona que se quiere proteger.[94]
Por su parte, aunque la
Corte IDH no se ha pronunciado aún sobre un caso concreto relacionado con el
ejercicio de la capacidad jurídica de personas con discapacidad, sí ha
desarrollado el reconocimiento de este derecho en otros asuntos a partir del
texto del artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[95] Del mismo modo, ha determinado algunas
reglas sobre el consentimiento en el acceso a servicios de salud y la aptitud
del paciente para manifestar la voluntad. Sobre la personalidad jurídica, ha
establecido que “(…) toda persona tiene derecho a que se le reconozca en
cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los
derechos civiles fundamentales. El derecho al reconocimiento de la personalidad
jurídica implica la capacidad de ser titular de derechos (capacidad y goce) y
de deberes; la violación de aquel reconocimiento supone desconocer en términos
absolutos la posibilidad de ser titular de esos derechos y deberes (…) [l]a
mayoría de edad conlleva la posibilidad de ejercicio pleno de los derechos,
también conocida como capacidad de actuar. Esto significa que la persona puede
ejercitar en forma personal y directa sus derechos subjetivos, así como asumir
plenamente obligaciones jurídicas y realizar otros actos de naturaleza personal
o patrimonial. No todos poseen esta capacidad: carecen de ésta, en gran medida,
los niños. Los incapaces se hallan sujetos a la autoridad parental, o en su defecto,
a la tutela o representación. Pero todos son sujetos de derechos, titulares de
derechos inalienables e inherentes a la persona humana.”[96]
Aunado a lo anterior, ha
reconocido el derecho al respeto, a la dignidad y autonomía de las personas con
discapacidad mental y a una atención médica eficaz. En palabras de la Corte
IDH:
“129. Debido a su
condición psíquica y emocional, las personas que padecen de discapacidad mental
son particularmente vulnerables a cualquier tratamiento de salud, y dicha
vulnerabilidad se ve incrementada cuando las personas con discapacidad mental
ingresan a instituciones de tratamiento psiquiátrico. Esa vulnerabilidad
aumentada, se da en razón del desequilibrio de poder existente entre los
pacientes y el personal médico responsable por su tratamiento, y por el alto
grado de intimidad que caracterizan los tratamientos de las enfermedades
psiquiátricas.
130. La Corte considera
que todo tratamiento de salud dirigido a personas con discapacidad mental debe
tener como finalidad principal el bienestar del paciente y el respeto a su dignidad
como ser humano, que se traduce en el deber de adoptar como principios
orientadores del tratamiento psiquiátrico, el respeto a la intimidad y a la
autonomía de las personas. El Tribunal reconoce que este último principio no es
absoluto, ya que la necesidad misma del paciente puede requerir algunas veces
la adopción de medidas sin contar con su consentimiento. No obstante, la
discapacidad mental no debe ser entendida como una incapacidad para
determinarse, y debe aplicarse la presunción de que las personas que padecen de
ese tipo de discapacidades son capaces de expresar su voluntad, la que debe ser
respetada por el personal médico y las autoridades. Cuando sea comprobada la
imposibilidad del enfermo para consentir, corresponderá a sus familiares, representantes
legales o a la autoridad competente, emitir el consentimiento en relación con
el tratamiento a ser empleado”.[97]
En la misma línea, en lo
relacionado con procedimientos médicos y la capacidad del paciente para
manifestar su consentimiento, la Corte IDH ha señalado que “el
consentimiento por representación o sustitución se actualiza cuando se ha
comprobado que el paciente, por su especial condición, no se encuentra en la
capacidad de tomar una decisión en relación a su salud, por lo cual esta
potestad le es otorgada a su representante, autoridad, persona, familiar o
institución designada por ley. Sin embargo, cualquier limitación en la toma de
decisiones tiene que tener en cuenta las capacidades evolutivas del paciente, y
su condición actual para brindar el consentimiento. Esta Corte considera que
entre los elementos necesarios para otorgar el consentimiento informado por
parte de sus familiares, este también debe de ser previo, libre, pleno e
informado, a menos que se trate de una situación de emergencia (…)”.[98]
Lo anterior lo ha interpretado con sustento en el derecho a la dignidad humana
como piedra angular de los demás derechos. Ha expresado que su reconocimiento
constituye “la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoger
libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia,
conforme a sus propias opciones y convicciones”.[99]
34.
En
suma, puede verse que la comprensión de la discapacidad ha sido evolutiva a lo
largo de los años, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Actualmente el estándar más alto de protección se sustenta en el modelo social
de la discapacidad que la concibe como las barreras sociales y del entorno que
impiden a las personas con discapacidad el ejercicio y goce de los derechos
humanos en igualdad de condiciones a las demás. Tratándose de la capacidad
jurídica, el Estado debe reconocer y garantizar su ejercicio real y efectivo, y
ante todo, asegurar que la voluntad y las preferencias de la persona con
discapacidad sean respetadas en todos los ámbitos. Por lo anterior, los
regímenes de interdicción o curaduría/tutela deben ser derogados por los
Estados, e implementar sistemas de toma de decisiones con apoyos. La intensidad
de los apoyos que se implementen, para asistir el ejercicio de la capacidad
jurídica, deben obedecer a criterios de necesidad y proporcionalidad.
La
interdicción en la jurisprudencia constitucional y su evolución hacía el modelo
social de la discapacidad
35.  El presente aparte se
concentrará en las reglas de derecho que ha desarrollado la jurisprudencia,
tanto en sentencias de tutela como de constitucionalidad, relacionadas con la
interdicción y sus efectos en el ejercicio de derechos fundamentales de las
personas con discapacidad. Puede afirmarse que la jurisprudencia constitucional
en materia de capacidad jurídica de personas en condiciones de discapacidad se
ha desarrollado de la mano de los avances legislativos y de los estándares
internacionales sobre la materia.
36.  Existe una primera época
de la jurisprudencia constitucional que podría situarse en los primeros 20 años
(1993-2009), en la que se analizan asuntos de personas en condiciones de
discapacidad intelectual o cognitiva en el marco de lo dispuesto en el Código
Civil. Este primer periodo jurisprudencial desarrolló la protección de las
personas en condiciones de discapacidad desde la interpretación de los
contenidos dispuestos en los artículos 1° (dignidad humana), 13 (igualdad) y 47
(protección especial) de la Constitución Política, principalmente.
La
Corte estableció que las personas con discapacidad son sujetos de especial
protección constitucional conforme al mandato expreso del artículo 47 de la
Constitución Política. Al respecto, precisó que en virtud del derecho a la
igualdad material, las autoridades estatales tienen la obligación de tomar las
medidas necesarias para que las personas con discapacidad ejerzan y gocen de
sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones a todas las demás.
En
la sentencia T-307 de 1993,[100]
ante la solicitud de una pensión de invalidez que fue denegada por no
demostrase una vinculación laboral dada la condición de salud de la persona
beneficiaria, la Corte afirmó que “[l]a interpretación de la ley, a partir
de los presupuestos de la normalidad, en consecuencia, no es apropiada cuando
se propone aplicarla a los disminuidos psíquicos, pues, en su caso se torna
imperativo con miras a su integración social extraer los elementos de la misma
que tiendan a su mayor beneficio y excluir los que a la luz de su particular
situación puedan resultar irrazonables”.[101]
Posteriormente,
mediante sentencia C-1109 de 2000[102]
la Corte analizó la constitucionalidad del inciso segundo del artículo 552 del
Código Civil, el cual disponía que “el cuidado personal del demente no se
encomendará a persona alguna llamada a sucederle, a no ser a sus padres o a su
cónyuge”. La Corte la declaró constitucional pues encontró que era una
medida de protección para las personas bajo interdicción siendo “incapaces”
para defenderse por sí mismas. Además, señaló que aparentemente podía ser una
medida “extrema” pero que se encontraba justificada en la especial condición de
debilidad física o mental de la persona y “porque extremas
tienen que ser las prevenciones cuando la situación de la persona así lo
demanda”.[103]
Igualmente,
la Corte reconoció el derecho a la personalidad jurídica de las personas en
condiciones de discapacidad y exigió la emisión de una cédula de ciudadanía que
le permitiera el ejercicio de los demás derechos fundamentales. En la sentencia
T-909 de 2001[104]
la Corte Constitucional afirmó que el derecho fundamental a la personalidad
jurídica es reconocido a toda persona por el solo hecho de su existencia e
independientemente de su condición. En esa medida la “omisión injustificada
para la expedición del documento de identidad impide el desarrollo del derecho
fundamental a la personalidad jurídica y de todos los derechos y obligaciones
que de allí se derivan, siempre y cuando se requiera para su ejercicio la
presentación de dicho documento”.[105]
En
la sentencia C-983 de 2002 la Corte, refiriéndose a la capacidad jurídica como
atributo de la personalidad señaló que la institución de las “incapacidades
legales” tiene por objeto “proteger los intereses de ciertas personas que
por una u otra razón no tienen el total discernimiento o carecen de la
experiencia necesaria para poder expresar su voluntad, adquirir derechos y
obligarse con la claridad suficiente y por tal motivo están inhabilitados para
celebrar actos jurídicos”.[106]
En esta providencia la Corte estudió si se desconocían los derechos a la
igualdad, a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, al
disponerse en el Código Civil que las personas sordas y mudas eran incapaces
absolutas cuando podían darse a entender por escrito. La Corte reconoció que la
población con discapacidad ha sido históricamente discriminada por considerarse
con limitaciones o deficiencias que no le permiten actuar en la sociedad. Sin
embargo, subrayó que un Estado Social de Derecho debe buscar siempre la
integración de las personas con discapacidad y el goce y garantía de los
derechos fundamentales en igualdad de condiciones.
La
Corte concluyó que era inconstitucional lo establecido en el Código Civil,
puesto que las personas sordas y/o mudas podían darse a entender por otros
medios idóneos para expresar su voluntad. En palabras de la Corte:
“La
voluntad de una persona debe trascender de su fuero interno. Pero, la
exteriorización de lo que se piensa, del consentimiento, del asentimiento
respecto de algo, no sólo es posible hacerlo por medio del lenguaje oral, o de
la escritura, sino a través de cualquier signo, seña o gesto que demuestre de
manera clara, inequívoca e inteligible lo que se expresa. (…)
El
lenguaje utilizado por esa comunidad es diferente al del resto de la población,
pero no por ello es ininteligible e indescifrable. Por el simple hecho de que
ese lenguaje no sea el oral, utilizado por el resto de las personas, no pueden
adoptarse medidas que los aparten, los segreguen del mundo jurídico y se les
considere, entonces, absolutamente incapaces.
Las
capacidades del individuo deben potencializarse de tal manera que las
discapacidades o limitaciones no pueden ser un factor determinante para
calificar a las personas ni para adoptar medidas que las excluyan del mundo
jurídico, sin hacer un análisis de cada caso en particular.
En
efecto, si tales personas pueden darse a entender a través de cualquier forma
de lenguaje, de manera clara, precisa e inequívoca, sus actos tienen plena
eficacia jurídica. Es claro que el funcionario, el juez u otra autoridad no
tienen por qué conocer el lenguaje utilizado por los sordos y mudos a la vez,
pero pueden acudir a un intérprete para facilitar la comunicación”.[107]
No
obstante lo anterior, la Sala Plena aclaró que “si el sordomudo no puede
darse a entender de manera clara e inequívoca, es decir no puede comunicarse de
manera inteligible, será sin lugar a dudas un incapaz absoluto. Resulta claro
que si una persona con tales limitaciones no puede exteriorizar sus
pensamientos de manera tal que pueda darse a entender en forma indiscutible, no
puede tener capacidad legal”.[108]
También declaró inconstitucional la expresión “y si tuviere suficiente
inteligencia”, porque consideró que era discriminatoria e implicaba someter
a la persona a una prueba determinada de inteligencia.
Del
mismo modo, existen un conjunto de sentencias en las que la Corte empezó por
eliminar de las normas jurídicas todo el lenguaje peyorativo y discriminatorio
utilizado por el legislador al referirse a las personas en condiciones de
discapacidad física, sensorial, intelectual o cognitiva.[109]
La Corte reconoció la evolución del concepto de discapacidad desde la
perspectiva de los tratados de protección de los derechos humanos, así como la
necesidad de modificar las leyes internas a ese nuevo paradigma:
“(…) con
el surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos, se produjo un
importante cambio en la concepción de la problemática de las personas con grave
discapacidad física o mental por cuanto se le dejó de percibir como un asunto
exclusivamente médico o patológico, objeto de regulación y estudio por el
derecho privado, para convertirse en un tema vinculado directamente con el
principio de dignidad humana y de la órbita de aplicación, en especial, del
derecho laboral y de la seguridad social. Desde entonces, mediante diversas
fuentes del derecho internacional público, e incluso en algunas disposiciones
de derecho interno, se ha intentado precisar el contenido y alcance de la
noción de discapacidad (…)”[110]
La
Corte resaltó que existen obligaciones de doble vía para los Estados; la de no
establecer tratos diferentes para las personas con discapacidad (deber
negativo), pero a la vez, realizar todas las medidas necesarias y adecuadas
para diseñar e implementar políticas públicas que garanticen el acceso en
igualdad de oportunidades “fomentando la inserción” de las personas con
discapacidad a todos los ámbitos de la sociedad (deber positivo). El lenguaje
utilizado por el legislador no puede ser peyorativo contra la población con
discapacidad, pues esto es contrario a la dignidad humana y a la igualdad.
37.
En
materia de capacidad jurídica de las personas en condiciones de discapacidad
mental o cognitiva, la Corte en su jurisprudencia respaldó la existencia de la
interdicción como institución que tenía como objetivo principal la protección
de los derechos fundamentales. Sin embargo, la Corte estableció reglas precisas
para garantizar que se respetara la voluntad y el interés superior de la
persona que fuera a declararse bajo interdicción o que ya lo estuviera.
38.
Por ejemplo, en asuntos en los que están de por medio los
derechos sexuales y reproductivos de las personas en condiciones de
discapacidad mental, con sustento en la autonomía y la dignidad humana, la
Corte protegió los derechos fundamentales de personas en condiciones de
discapacidad mental cuando la decisión de sus representantes legales era
realizar procedimientos médicos irreversibles sin su consentimiento. En la
sentencia T-850 de 2002[111] la Corte
evaluó si “¿Puede sustituirse el consentimiento de una persona adulta
con retraso mental leve para someterla a un tratamiento médico necesario, a
pesar de que manifiesta su deseo de tener hijos en un futuro, debido a que,
según los dictámenes médicos, no es ni será consciente de las responsabilidades
de la maternidad y a que un embarazo implicaría graves riesgos que para su
salud y para su vida?”.[112] La Corte señaló que el
Estado tiene la obligación de permitir el desarrollo pleno de la autonomía de
los individuos, y por lo tanto, “las medidas protectoras serán aceptables
constitucionalmente en tanto estén dirigidas a preservar o a promover el
desarrollo de las condiciones física, mentales y de salud, necesarias para el
ejercicio de la autonomía”.[113] Así, si una persona tiene un grado de
autonomía para tomar una decisión por sí misma, ni el Estado ni los terceros
protectores de aquella pueden impedírselo, salvo que existan verdaderas
circunstancias de riesgo a la salud y la vida. En palabras de la Corte:
“La
protección de estas personas resulta aceptable entonces, en la medida en que
ellas mismas, o terceros, pongan en peligro el ejercicio futuro de su
autonomía, con sus decisiones respecto de su salud.
Por su parte,
la directriz impuesta implica que el Estado debe proveer los medios necesarios
para promover que las personas adquieran las capacidades necesarias
para desarrollar autónomamente sus intereses y potencialidades, dentro de las
condiciones y limitaciones físicas en las cuales deben desenvolverse
diariamente. (…) La maximización de la autonomía de las personas hace
indispensable, entre otras cosas, que el Estado y la sociedad provean el
conocimiento necesario para que éstas adopten las decisiones que consideran más
adecuadas para sí mismas, según su propio juicio. (…) la formación de una voluntad autónoma capaz de adoptar decisiones es un
proceso gradual (…)”
La Corte advirtió que la autonomía de una persona no podía
subsumirse en la enfermedad mental que tenía, pues a pesar de su estrecha
relación “constitucionalmente
la autonomía no se reduce a un concepto descriptivo de un estado mental”. En este punto, la Corte
subrayó la relación entre la autonomía del individuo y el principio/derecho de
la dignidad humana:
“La autonomía
supone el reconocimiento de la dignidad humana por parte del Estado y de la
sociedad, la cual impone tratar al individuo como un sujeto moral, que tiene el
derecho de decidir entre diversos tratamientos médicos cuál le conviene más,
sin que ni el Estado, ni de la sociedad, puedan imponerle uno, independientemente
del estado mental en el que se encuentre.  En efecto, de la condición
mental del paciente no se puede concluir que no tenga derecho a elegir a cuál
de los tratamientos se somete.  Menos aun cuando la alternativa al
tratamiento sugerido no resulta tan lesiva de intereses subjetivos que gozan de
protección constitucional especial -como el interés en tener una familia-, así
el grado de protección no sea exactamente el mismo”.[114]
En aquel caso, la mujer con
discapacidad cognitiva leve no se encontraba bajo interdicción, y a pesar de
ello, su madre solicitaba la realización del procedimiento médico de
esterilización. La Corte protegió los derechos fundamentales de la mujer,
impidió la realización de la cirugía y ordenó a la EPS realizar un programa de
educación sexual y reproductiva para la mujer de acuerdo con sus intereses y
condiciones. Este precedente fue posteriormente reiterado por la Corte en la
sentencia T-492 de 2006,[115] en la cual
se estableció que para solicitar al juez constitucional que proteja los
derechos de una mujer con discapacidad mental ordenando una práctica quirúrgica
que conduzca a la esterilización definitiva es necesario:  “(i)
quien interponga la acción de tutela sea el o la representante legal de la
mujer, bien por ministerio de la ley, o bien por discernimiento judicial de una
guarda dentro de un proceso de interdicción judicial; y (ii), que el
procedimiento quirúrgico de esterilización definitiva haya sido autorizado
previamente por un juez, en un proceso distinto y anterior a la acción de
tutela.”[116]
Sobre este punto, la Corte afirmó que la capacidad jurídica
de una persona mayor de edad se presumía por expresa disposición legal, la cual
solo podía ser desvirtuada por decisión de un juez:
“Ahora
bien, dentro de las medidas de protección consagradas por el Código Civil a
favor de las personas con alteraciones psíquicas, se encuentra el régimen de la
incapacidad civil y de las guardas. Ciertamente, estas instituciones jurídicas
tradicionalmente se han considerado como medidas de protección a favor de
quienes padecen tales limitaciones, que en tal virtud desarrollan adecuadamente
los postulados constitucionales sobre protección a las personas en estado de
debilidad manifiesta. Empero, el poder actuar a nombre de una persona mayor de
edad, por considerarse que carece de capacidades intelectuales o volitivas para
auto determinarse, es una asunto que, también en protección del presunto
incapaz, exige una previa comprobación judicial dentro de un proceso en el cual
se establezca probatoriamente esta situación.
Nadie
puede abrogarse autónomamente la facultad de representar a otro alegando su
incapacidad mental. Pues en principio, la capacidad de las personas se presume
legalmente, de conformidad con lo que al respecto reza el artículo 1503 del
Código Civil. Por ello, el legislador ha diseñado procesos judiciales
específicos, distintos de la acción de tutela, dentro de los cuales debe
demostrarse plenamente la incapacidad de la persona mayor de edad a quien se
pretende representar”.
Igualmente, la Corte afirmó que era necesario estudiar cada
caso con sus particularidades porque se deben determinar los siguientes
asuntos: (a) el nivel de autonomía de la mujer con discapacidad y (ii) “las
medidas de protección alternas o complementarias que se acomodan a su
particular situación personal, familiar y social”.[117]
39.
En la
misma línea, en la sentencia T-397 de 2004,[118] la Corte reconoció el derecho a una
madre con discapacidad visual a tener una familia y a ejercer su maternidad,
cuando el ICBF había puesto en duda su idoneidad por su discapacidad y por sus
condiciones socioeconómicas: “(…) el Estado adopte todas las medidas
necesarias para permitirle a Luisa desarrollar con Teresa una relación materno-filial
digna, sin que la discapacidad de la madre sea un obstáculo para ello ni, de
otro lado, pueda llevar a poner en peligro a la menor o afectar negativamente
su desarrollo integral (artículo 44, C.P.). Este derecho de Luisa a estar con
su madre encuentra un correlato directo en el derecho que tiene Teresa, en
tanto madre en estado de extrema pobreza con discapacidad visual, a que el
Estado cumpla con una serie de prestaciones positivas en su favor, orientadas a
permitirle subsistir de la forma más autónoma, digna y decorosa posible a pesar
de su discapacidad, y como parte de dicho objetivo, a desarrollar relaciones
familiares dignas y satisfactorias, especialmente con su hija menor”.[119] En esta providencia la
Corte estableció que las autoridades estatales tenían la obligación de proveer
de servicios de apoyo a las personas con discapacidad con el fin de asegurar su
efectivo goce y ejercicio de los derechos fundamentales en igualdad de
condiciones a las demás personas.
40.
Ahora
bien, la protección del derecho fundamental a la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad intelectual también puede ilustrarse en casos en los
que se omitieron actos procesales con base en la discapacidad. En la sentencia
T-400 de 2004[120] la Corte revisó un caso
en el que dos personas con discapacidad cognitiva fueron demandadas en un
proceso ejecutivo hipotecario y el juez omitió actos procesales a su favor. La
Corte reconoció su derecho al debido proceso y estableció, que con el fin de
proteger sus intereses, debían actuar bajo su representante legal y el juez
civil tenía la obligación de declarar la nulidad de las actuaciones procesales
que fueron surtidas sin esta garantía. En palabras de la Corte:
“(…) las personas
discapacitadas mentales que resultan demandadas en un proceso civil son
titulares de un derecho a la igualdad formal, en el sentido de que
gozan de las mismas oportunidades procesales y recursos ordinarios que
cualquier ciudadano para defender sus derechos por medio de su representante
legal, es decir, no pueden ser víctimas de ninguna clase de discriminación por
parte de los funcionarios judiciales o de policía que colaboren en la ejecución
de las decisiones judiciales. De igual manera, en virtud del principio de igualdad
material, los discapacitados mentales tienen derecho a recibir un trato
especial por parte de los mencionados funcionarios, principio constitucional
que en materia de procesos civiles comprende los siguientes deberes de
protección: a. A lo largo de todo el proceso civil, el funcionario debe velar
porque los discapacitados mentales se encuentren debidamente representados; b.
El funcionario judicial se encuentra en la obligación de declarar, de oficio,
la nulidad cuando sea informado que en el curso del proceso el demandado era un
discapacitado mental, que no estuvo debidamente representado por su curador. En
otros términos, los discapacitados mentales tienen derecho a un debido proceso
civil, que conlleva, por su especial condición, no sólo a que le sea respetada
su igualdad procesal, como a cualquier ciudadano, sino además a que le sea
garantizada una igualdad material, la cual se traduce en unos especiales
deberes de protección a cargo de las autoridades judiciales que conozcan de los
respectivos procesos judiciales”.[121]
41.       Por su parte, la Corte
también ha establecido que en procesos de interdicción los jueces de familia no
pueden considerar que no se le debe notificar la demanda personalmente a la
persona que se quiere declarar como interdicta.[122] Al respecto, la Corte precisó que
las personas con discapacidad mental, al igual que todas, tienen derecho a un
debido proceso civil, lo que implica, que les sea garantizada la igualdad
material con el fin de que puedan ejercerlo contando con las mismas armas
procesales que la otra parte. Por lo anterior, el juez competente de decidir la
interdicción no podía a priori omitir la notificación a la persona con
discapacidad mental:
“Aunado a lo anterior se
podría argumentar que carecería de todo sentido notificar personalmente el auto
admisorio de la demanda de interdicción por demencia a una persona que no está
en capacidad de comprender el sentido de dicho acto procesal. || No obstante lo
anterior, dada la importancia que reviste la notificación personal para el
ejercicio del derecho de defensa, como en numerosas ocasiones lo  ha
sostenido esta Corte, y teniendo en cuenta que no todas las enfermedades
mentales le impiden permanentemente al paciente comprender la realidad, el juez
de familia debe interpretar el artículo 659 del C.P.C. de conformidad con el
artículo 13 constitucional, lo que significa que debe apoyarse en lo
establecido en el certificado médico para efectos de decidir si, en el caso
concreto, el demandado comprenderá o no el sentido de la notificación, y por
ende, si debe intentarse la misma o no”.[123]
Con
sustento en lo anterior, también señaló que al presentarse una demanda de
interdicción debía anexarse y valorarse un certificado médico o diagnóstico de
la persona que se presentaba para interdicción, so pena de incurrirse en un
defecto fáctico que tiene como consecuencia la nulidad de todo el proceso
ordinario. El certificado médico como soporte del estado de salud de la
persona, dijo la Corte, es una prueba técnica que requiere el juez para
establecer la necesidad y procedencia de la medida de interdicción.
42.  La Corte ha conocido
también otros casos en los que personas han sufrido accidentes que les han
generado estadios de inconciencia y  sus seres queridos se han visto impedidos
para solicitar, por ejemplo, las mesadas pensionales o acceder a otro tipo de
prestaciones dinerarias que pertenecen a la persona que está en una grave
situación de salud.[124] En estos asuntos la Corte
ha señalado que la presunción de la capacidad legal es la regla general, salvo
que exista una declaración judicial de interdicción, por tanto, “quien no
ha sido declarado interdicto por causa de demencia, así padezca un estado
transitorio de inconciencia, se encuentra en capacidad de cobrar sus mesadas
pensionales o de designar un apoderado o representante para el efecto”.[125] No
obstante lo anterior, precisó que a pesar de que las personas que “padecen
de estados temporales pero irreversibles de inconciencia” podrían no
cumplir con las condiciones para ser sujetos de guarda o curaduría, sí requieren de medidas que
velen por sus intereses, y en dado caso, personas que las representen
transitoriamente.
43.  Con base en lo anterior,
se establecieron las siguientes reglas de decisión en estos casos: (a) se
presume la capacidad legal de todas las personas, siempre y cuando no exista la
declaración judicial de interdicción; (b) el proceso de interdicción es un
mecanismo de protección de los derechos de las personas con discapacidad
cognitiva o para quienes transitoriamente “adopten conductas que las
inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad”; (c) “constituye el
mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de quienes no pueden
desempeñarse por sí mismos, lo que incluye a las personas que han sido
diagnosticadas con pérdida de conciencia por tiempo indeterminado”; (iii) “el
juez de tutela se encuentra facultado para intervenir en los casos en los que
se demuestre la amenaza u ocurrencia de un perjuicio irremediable a los
derechos fundamentales del agenciado y su familia”.[126]
44.  En las sentencias
descritas la Corte Constitucional no había incorporado a su análisis el modelo
social de la discapacidad. Por eso, a partir de este punto se puede identificar
una segunda etapa jurisprudencial, en la que se empieza a incorporar el modelo social
de la discapacidad, que se refleja, en su mayor parte, en los últimos nueve
años (2011-2019), luego de la entrada en vigencia de la Convención de Naciones
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, su ratificación a
través de la Ley 1346 de 2009[127] y la expedición de la Ley
Estatutaria 1618 de 2013.
Mediante
sentencia C-824 de 2011[128]
la Corte luego de citar el marco internacional sobre el reconocimiento de
derechos a las personas en condiciones de discapacidad, incluida la Convención
de Naciones Unidas sobre los derechos con Discapacidad, afirmó que el grado de
severidad de una discapacidad no puede implicar la negación de derechos, “sino
la aplicación de medidas especiales establecidas por la misma ley”.
En
la sentencia T-684 de 2014[129]
la Sala Séptima de Revisión estudió una acción de tutela dirigida contra la
decisión de interdicción de una mujer que presentaba, según el juez, un
diagnóstico de discapacidad mental absoluta. Se nombró como curador de la mujer
a su esposo, y como guardadora para cuidados personales, a la madre de la
mujer. Sin embargo, los jueces ordinarios definieron como guardador para todos
los efectos al esposo. La mujer manifestó su voluntad dirigida a que su madre
la cuidara ya que había antecedentes de maltratos contra ella por parte del
esposo. No obstante, los jueces no tuvieron en cuenta sus declaraciones. Por lo
anterior, la madre de la mujer interpuso acción de tutela contra la decisión de
interdicción que declaró como guardador al marido de su hija.
La
Corte, a la luz del modelo social de la discapacidad, reiteró la importancia de
garantizar el derecho al debido proceso de las personas en condiciones de
discapacidad, y con ello, asegurar que fueran escuchadas y sus opiniones tenidas
en cuenta dentro del proceso de interdicción que se adelanta contra ellas: “(…)
en los
procesos judiciales de interdicción cobra especial relevancia analizar el grado
de autonomía del presuntamente incapaz, pues en función de ello es que deben
adoptarse las medidas que se consideren más adecuadas por parte del juez para
lograr la garantía de sus derechos fundamentales. Así entonces, aunque se trate
de una persona mentalmente disminuida, su personalidad jurídica no debe ser
anulada por ese simple hecho, sino que cualquier opinión que pueda permitirse
emitir según el nivel de su enfermedad, debe ser valorada razonablemente por
las autoridades judiciales. Por tanto, la cuestión frente a los derechos de los
discapacitados mentales en los procesos de interdicción tiene un matiz que va
más allá de la mera vinculación formal a través de su notificación, centrándose
ahora en la forma en que deben ser valoradas sus manifestaciones de voluntad en
la medida que la respectiva enfermedad se lo permita”.[130]
Acorde
con lo anterior, la Corte resolvió amparar los derechos fundamentales de la
mujer al encontrar que el juez de familia había incurrido en un defecto fáctico
al no tener en cuenta la manifestación de la mujer a quien se le imponía la
interdicción, y ordenó dejar sin efectos la decisión judicial. En las
conclusiones de la providencia la Sala resaltó la obligación del poder judicial
en procesos de interdicción, de determinar “cuál es el grado de capacidad
jurídica que caracteriza a la persona con discapacidad mental y, de este modo,
adoptar las medidas necesarias para procurar su bienestar”.
Nuevamente,
a través de una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1412 de 2010, la
Corte analizó el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las
personas con discapacidades mentales o cognitivas. En la sentencia C-182 de
2016[131]
evaluó si tratándose de anticoncepción quirúrgica, se vulneraban los derechos
de las personas con discapacidad mental al establecerse que se requería siempre
de la solicitud y el consentimiento a través del representante, previa
autorización judicial. La Sala abordó los estándares internacionales sobre la
materia a la luz del modelo social de la discapacidad y la importancia del
consentimiento informado en procedimientos de salud. Con sustento en estas dos
temáticas, argumentó que el consentimiento informado es una expresión de la
autonomía de una persona que se va a someter a un procedimiento de salud. La
Corte explicó en esta providencia la evolución de la posición jurisprudencial
entorno al consentimiento sustituto en materia de salud en casos de menores de
edad y personas en condiciones de discapacidad mental.
En
lo relativo a las personas con discapacidad mental, la Sala recordó que“[e]n
cuanto a la posibilidad del consentimiento sustituto de las personas con
discapacidad a procedimientos de esterilización quirúrgica esta Corporación
ha dicho que esto sólo es posible de forma excepcional y que
además de las causales generales que permiten esta excepción, como el peligro
para la vida de la persona, se encuentra atada a: (i) un proceso de interdicción
para obtener la calidad de representante o curador; y (ii) un proceso especial
para obtener una autorización judicial que debe valorar la posibilidad
de otorgar el consentimiento futuro respecto de la intervención
quirúrgica y la condición médica del paciente” (resaltado del
texto original).[132]
Del
mismo modo advirtió que en cuanto al ejercicio de los derechos reproductivos,
la jurisprudencia ha diferenciado la capacidad jurídica de la autonomía de la
persona. Así, en un primer momento la jurisprudencia reconocía el
consentimiento sustituto y la necesidad de la autorización judicial para la
procedencia de los procedimientos médicos. Más tarde, la Corte matizó su
posición y advirtió que debía analizarse caso por caso y evaluarse el “nivel
tal de autonomía que le permita comprender y dar o no su consentimiento para
realizar una intervención quirúrgica” de la persona en condiciones de
discapacidad mental.[133]
Por lo anterior, se distinguió el proceso de interdicción judicial del proceso
judicial para establecer la autonomía de una persona para dar su consentimiento
para la realización de un procedimiento médico:
“La
jurisprudencia constitucional ha sido clara en determinar que el ejercicio de
la capacidad jurídica es diferente del ejercicio de los derechos reproductivos,
particularmente de la decisión de tener hijos de forma responsable. Por lo
tanto, siempre se presupone la capacidad para ejercer la autonomía
reproductiva de las personas que han sido declaradas en interdicción por
encontrarse en situación de discapacidad mental. (…)
El procedimiento judicial
que autoriza o niega la esterilización quirúrgica de una persona en situación
de discapacidad mental es un procedimiento autónomo de aquel de la interdicción
y debe cumplir con el objetivo de desvirtuar la presunción de capacidad para
ejercer la autonomía reproductiva. En este sentido, el juez en su análisis del
caso concreto debe: (i) presumir la capacidad de la persona para ejercer la
autonomía reproductiva; (ii) verificar si existe una alternativa menos invasiva
a la esterilización quirúrgica; (iii) cerciorarse que se le hayan prestado
todos los apoyos y se hayan hecho los ajustes razonables para que la persona
pueda expresar su preferencia; (iv) comprobar la imposibilidad del
consentimiento futuro; y (v) la necesidad médica de la intervención”[134]
La
Sala resolvió declarar la exequibilidad condicionada de la norma[135]
“bajo el entendido de que la autonomía reproductiva se garantiza a las
personas declaradas en interdicción por demencia profunda y severa y que el
consentimiento sustituto para realizar esterilizaciones quirúrgicas tiene un
carácter excepcional y sólo procede en casos en que la persona no pueda
manifestar su voluntad libre e informada una vez se hayan prestado todos los
apoyos para que lo haga”.[136]
Igualmente,
la Corte ha establecido que se vulneran los derechos fundamentales a la
seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y a la capacidad jurídica de
una persona con discapacidad cognitiva al condicionar su inclusión en nómina de
pensionados (bien fuera una pensión de invalidez o sobrevivientes o una
sustitución pensional), a la sentencia de interdicción judicial y la
designación de un curador que administrara su patrimonio.[137]
Ha sostenido que las personas con discapacidad mental tienen capacidad
jurídica para actuar y decidir. En este sentido, atendiendo el modelo social,
es deber del Estado asegurar a estas personas medidas de protección y/o apoyo
que respeten siempre la voluntad y las preferencias de estos sujetos,
atendiendo el grado de discapacidad. En palabras de la Corte: “(…) resulta
discriminatorio asumir prima facie que una persona diagnosticada con
alguna afección mental debe ser declarada interdicta y someterse a la
curaduría de un tercero. Sólo en aquellos casos en los cuales se acredite
claramente que el afectado padece una discapacidad mental absoluta y
no puede administrar sus propios recursos, resulta excepcionalmente posible
condicionar su inclusión en nómina de pensionados hasta que se inicie el
proceso de interdicción correspondiente, pues supeditar tal acto
hasta su culminación tiene el efecto práctico de agravar su estado de
vulnerabilidad y debilidad manifiesta”.[138]
Finalmente, en el año 2019 puede destacarse la siguiente
providencia relacionada con el ejercicio de la capacidad jurídica de las
personas en condiciones de discapacidad mental. En la sentencia T-525 de 2019[139], a diferencia de los
casos anteriores en los que se había resuelto el mismo problema jurídico, la
Corte tenía como nuevo parámetro legal la Ley 1996 de 2019. Por tanto, en este
asunto se reconoció que no podía exigírsele interdicción judicial al accionante
para acceder a la prestación social, y mucho menos, restringirle sus derechos
con base en un dictamen médico. En palabras de la Corte:
“La administradora de
pensiones forzó al peticionario a que renunciara al ejercicio de su
capacidad jurídica y se sometiera a la tutela de un tercero, ya que, como se ha
visto, no era necesario que el demandante se sometiera al proceso judicial de
interdicción para obtener el pago de la prestación al que tiene derecho.
Además, lo hizo incurrir de manera innecesaria en una serie de esfuerzos
económicos, temporales y morales que hicieron más gravosa su situación, lo que
implica vulnerar sus derechos fundamentales a la seguridad social y al
mínimo vital del accionante. (…) La introducción de esta nueva norma implica un cambio de
paradigma al momento de comprender la discapacidad en el ordenamiento jurídico
colombiano, ya que si bien antes era posible privar a una persona de su
capacidad jurídica en virtud de su situación de discapacidad, la introducción
de esta legislación prohíbe expresamente esta práctica. Por lo tanto, en la actualidad
ninguna entidad pública o privada puede restringir la capacidad legal de
una persona en situación de discapacidad bajo ningún argumento o circunstancia,
lo que incluye el supuesto respaldo en un dictamen de pérdida de capacidad
laboral”.
De
ese modo, bajo la Ley 1996 de 2019, la Corte estableció que era prohibido
exigir el proceso de interdicción en todos los casos, aun existiendo un
diagnóstico médico, y exigió presumir la capacidad legal de las personas con
discapacidad cognitiva o mental.
45.  En conclusión, la
jurisprudencia constitucional, al igual que los avances legislativos hacía un
modelo social de discapacidad, ha ido evolucionando en sus posiciones y ha dado
mayor prevalencia a la autonomía de las personas con discapacidad intelectual.
En lo relacionado con la capacidad jurídica, la jurisprudencia siempre
reconoció su titularidad y goce en igualdad de condiciones a las personas con
discapacidad. Sin embargo, en lo relacionado con el ejercicio de la capacidad
legal para la realización de actos jurídicos, la Corte, en virtud del estándar
legal vigente en la materia, restringió su ejercicio a la interdicción
judicial.
No
obstante lo anterior, en las sentencias referenciadas en este aparte, es
posible vislumbrar que la tendencia jurisprudencial ha sido siempre asegurar el
respeto por la voluntad y el consentimiento de las personas en condiciones de
discapacidad intelectual o mental. Por ello, la Corte en sus diferentes
decisiones amparó los derechos fundamentales al debido proceso, cuando se
omitía notificar a la persona sujeto de interdicción; al mínimo vital, al
establecer que no podía exigirse la interdicción para acceder a una prestación
económica; y en otras ocasiones, los derechos sexuales y reproductivos, al
garantizar que, a pesar de estar vigente la interdicción, se evaluara
judicialmente el grado de autonomía de la persona antes de someterla a
cualquier procedimiento médico.
ANALISIS
DE LOS CARGOS
La presunción de capacidad
dispuesta en el artículo 6 de la Ley 1996 de 2019 es constitucional
46.  Los demandantes de los dos
expedientes bajo revisión demandaron apartes del artículo 6 de la Ley 1996 de
2019. En la parte preliminar de esta sentencia, la Sala Plena realizó una
integración de la unidad normativa, toda vez que las expresiones atacadas no
tenían un contenido autónomo univoco.
Sobre esta disposición los
demandantes argumentaron que vulnera el derecho a la igualdad y el artículo 12
de la Convención, porque asume el ejercicio de la capacidad jurídica de todas
las personas con discapacidad, sin tener en cuenta que hay casos más graves y
severos en los que la persona no comprende el acto jurídico que va a realizar y,
por tanto, no puede manifestar su voluntad. Según los actores esta norma deja
en indefensión a las personas con discapacidad mental grave, toda vez que no
puede actuar en igualdad de condiciones a las demás, dado su déficit.
47.  El artículo 6 se encuentra en el
Capítulo I sobre “Disposiciones generales” de la Ley 1996 de 2019. En este
aparte de la ley se consagran todas las normas generales que sirven de
interpretación a las demás disposiciones de la ley (objeto, interpretación
normativa, definiciones, principios, criterios para establecer las
salvaguardas, niños, niñas y adolescentes). El artículo 6 establece la
presunción de capacidad en los siguientes términos:
“Todas las personas con
discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en
igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan
o no apoyos para la realización de actos jurídicos.
En ningún caso la
existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la
capacidad de ejercicio de una persona.
La presunción aplicará
también para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con
discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral.
PARÁGRAFO. El reconocimiento de
la capacidad legal plena previsto en el presente artículo aplicará, para las
personas bajo medidas de interdicción o inhabilitación anteriores a la
promulgación de la presente ley, una vez se hayan surtido los trámites
señalados en el artículo 56 de la misma”.
Como puede verse, la disposición
demandada reconoce la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio de los
derechos y obligaciones. Las normas prescritas en el Capítulo I de la Ley 1996
de 2019 son transversales a toda la ley. De manera que cuando se va a dar
aplicación algún artículo, debe leerse a la luz de lo dispuesto en aquel
capítulo.
48.  Cabe recordar que el
modelo social de la discapacidad se sustenta, principalmente, en los siguientes
ejes: (i) la dignidad humana, (ii) la autonomía e independencia individual,
(iii) libertad de tomar las propias decisiones, (iv) la no discriminación, (v)
la participación plena y efectiva en la sociedad, (v) la accesibilidad y (vi)
la igualdad de oportunidades. Estos ejes son esenciales para comprender el
reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
49.  La jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha establecido que la dignidad humana es un principio
esencial del Estado Social de Derecho reconocido en el artículo 1° de la
Constitución Política. Se trata de un mandato de optimización que exige a todas
las autoridades realizar sus funciones con el fin de lograr el efectivo goce y
ejercicio de una existencia digna de los ciudadanos en las diferentes esferas,
tales como su “autonomía individual, condiciones materiales de existencia, e
integridad física y moral”.[140] Conforme a lo anterior, la Corte ha
sostenido que“[el] principio de dignidad no sería comprensible si el
necesario proceso de socialización del individuo se entendiera como una forma
de masificación y homogenización integral de su conducta, reductora de toda traza
de originalidad y peculiaridad. Si la persona es en sí misma un fin, la
búsqueda y el logro incesantes de su destino conforman su razón de ser y a
ellas por fuerza acompaña, en cada instante, una inextirpable singularidad de
la que se nutre el yo social, la cual expresa un interés y una necesidad
radicales del sujeto que no pueden quedar desprotegidas por el derecho a riesgo
de convertirlo en cosa.”[141]
De este contenido se deriva
necesariamente la prohibición del uso o instrumentalización de las personas,
pues cada ser humano es un fin en sí mismo y no puede ser concebido como medio
para lograr intereses ajenos a su voluntad y propia autonomía.[142]
50.  Por su parte, el derecho a la
igualdad real y efectiva implica una doble dimensión: (i) “abstenerse de
incentivar o de realizar tratos discriminatorios” e (ii) “intervenir, sobre lo
cual el Estado debe tomar las medidas necesarias tendientes a superar las
condiciones de desigualdad material que enfrentan los grupos poblacionales
discriminados”.[143] En el mismo sentido, la
Corte ha precisado:
“(…) el
deber de igualdad material le impone la obligación al Estado de adoptar medidas
a favor de los grupos marginados o que se encuentren en una situación de
debilidad manifiesta, como las personas con discapacidad.
En este
orden de ideas, la jurisprudencia constitucional ha determinado que las
personas con discapacidad son sujetos plenos de derechos y de especial
protección constitucional y ha reiterado que la discapacidad debe ser afrontada
desde una perspectiva holística en donde se le deben brindar a estas personas
las herramientas y apoyos necesarios para enfrentar las barreras físicas o
sociales que limitan sus posibilidades para desenvolverse, y así superar dicha
condición. Lo anterior, implica abandonar la visión de la discapacidad como una
enfermedad.”[144]
De tal modo, el
Estado tiene la obligación de promover la igualdad material de la población con
discapacidad y, para ello, en algunas ocasiones debe otorgar un trato especial,
“consistente en la realización de actuaciones positivas por las autoridades
en su favor. Ello guarda coherencia, no sólo con los mandatos constitucionales
que se han señalado (arts. 1, 13, 47, 54 y 68, C.P.), sino también con varias
disposiciones internacionales sobre la materia”.[145]
51.
La dignidad humana y la igualdad, cuando se trata de
reconocer el derecho al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas en
condiciones de discapacidad desde la perspectiva del modelo social, son
trascendentales. Al concebir a las personas como sujetos dueños de sus planes
de vida y reconocerles una autonomía para su participación en igualdad de
condiciones en la sociedad a través de la realización de actos jurídicos, se
exige por parte del Estado y la comunidad en general, procurar apoyos o medidas
adecuadas para que, independientemente de la diversidad funcional que presente
una persona, pueda ejercer sus derechos de acuerdo con su voluntad y
preferencias y asumir obligaciones, acorde con sus intereses.
De tal forma, aún en
los casos en los que a la persona se le dificulta manifestar su voluntad o
preferencias respecto de una situación, en virtud de la dignidad humana y la
igualdad, se debe presumir su capacidad de ejercicio, y en ese sentido, para
alcanzar la toma de decisiones, se le deben asignar apoyos más intensos que le
permitan actuar. En algunas ocasiones, los apoyos deberán recurrir a interpretar
su entorno social y familiar, sus características de vida, información de su
historia conocida, las personas de confianza, entre otros medios, que permitan
“la mejor interpretación de la voluntad”.
52.  Para hacer realidad el ejercicio de
la capacidad legal de las personas con discapacidad, la Ley 1996 de 2019
contempla “los mecanismos para el ejercicio de la capacidad legal y para la
realización de los actos jurídicos”, dispuestos, específicamente, en los
capítulos II, III y V. Ahora, como el cargo de inconstitucionalidad se sustenta
en que el tratamiento igual del artículo 6° desprotege a las personas con
discapacidad intelectual severa o profunda, es preciso definir las normas del
cuerpo normativo que le son aplicables a esos casos específicos.
El artículo 4° que
consagra los principios que rigen toda la Ley, establece en su numeral 3° la “primacía
de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico”. En
él se reconoce que “en los casos en los que, aún después de haber agotado
todos los ajustes razonables disponibles, no sea posible establecer la voluntad
y preferencias de la persona de forma unívoca, se usará el criterio de la mejor
interpretación de la voluntad, el cual se establecerá con base en la
trayectoria de vida de la persona, previas manifestaciones de voluntad y
preferencias en otros contextos, información con la que cuenten personas de
confianza, la consideración de sus preferencias, gustos e historia conocida,
nuevas tecnologías disponibles en el tiempo, y cualquier otra consideración
pertinente para el caso concreto”.
El artículo 5° establece
los criterios para definir las salvaguardias que deben proceder en cada caso.
Uno de ellos es el criterio de “necesidad”. En él, se señala que “habrá
lugar a los apoyos solo en los casos en que la persona titular del acto
jurídico los solicite o, en los que, aun después de haber agotado todos los
ajustes razonables disponibles y medidas de apoyo, no sea posible establecer de
forma inequívoca la voluntad y preferencias de la persona titular del acto
jurídico”.
Es por lo anterior, que la
Ley establece dos tipos de mecanismos para el ejercicio de la capacidad legal (
de acuerdo con el contenido del artículo 9°, apoyos formales),[146] teniendo en cuenta las necesidades de cada
persona y asumiendo que en algunas ocasiones los apoyos deben ser más intensos:
(a)  “a través de la celebración de un acuerdo de apoyos entre la persona
titular del acto jurídico y las personas naturales mayores de edad o personas
jurídicas que prestarán el apoyo en la celebración del mismo”; y (b) “a
través de un proceso de jurisdicción voluntaria o verbal sumario, según sea el
caso, para la designación de apoyos, denominado proceso de adjudicación de
apoyos”.
53.       Para efectos de dar
respuesta al cargo propuesto en esta sentencia, es necesario solo referirse al
segundo de los mecanismos, en razón a que es el procedente cuando no es posible
conocer de forma unívoca la voluntad de la persona con discapacidad. El
artículo 38 de la Ley 1996 de 2019 regula todo lo concerniente a la
adjudicación judicial de apoyos para la toma de decisiones cuando es promovida
por una persona distinta al titular del acto jurídico.[147] Ésta debe ser tramitada a través de
un proceso verbal sumario. En el marco de este proceso, se realizará una
valoración de apoyos con el fin de acreditar el nivel y grado de apoyos que la
persona requiere para tomar decisiones. Al interponerse la demanda se debe
demostrar (a) “que la persona titular del acto jurídico se encuentra
absolutamente imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por
cualquier medio, modo y formato de comunicación posible”, y (b) “que la
persona con discapacidad se encuentre imposibilitada de ejercer su capacidad
legal y esto conlleve a la vulneración o amenaza de sus derechos por parte de
un tercero”.
La autoridad judicial en
estos casos debe realizar unas sugerencias sobre los mecanismos que permitan
desarrollar las capacidades de la persona en relación con la toma de decisiones
que la involucren. Del mismo modo, el juez podrá autorizar a la persona que
asume el rol de apoyo, la representación de la persona titular del acto
jurídico, cuando ésta “se encuentre absolutamente imposibilitada para
manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio, modo y formato de
comunicación”.
La Ley prevé que, si está
vigente una sentencia de adjudicación judicial de apoyos, la persona titular
del acto jurídico debe utilizar los apoyos al momento de la celebración de
dichos actos como requisito de validez. Como consecuencia de no hacerlo, se generará
una nulidad relativa del acto jurídico (art. 39).
Es preciso también tener
en cuenta que las personas que asuman el rol de apoyo tienen dentro de sus
funciones, “facilitar la manifestación de la voluntad y preferencias de la
persona titular del acto jurídico”; “facilitar la comprensión de un
determinado acto jurídico”; “representar a la persona”; “interpretar
de la mejor forma la voluntad y preferencias de la persona titular del acto
jurídico, en los casos en que esta se encuentre absolutamente imposibilitada
para interactuar con su entorno por cualquier medio” y “honrar la
voluntad y las preferencias” (art. 47).
54.  Con toda la anterior
descripción sobre los mecanismos para el ejercicio de la capacidad jurídica de
las personas con discapacidad que trae la nueva Ley, la Sala resalta, contrario
a los que estima el ciudadano demandante, que la adjudicación judicial de
apoyos es el mecanismo idóneo para permitir que, incluso cuando la persona está
imposibilitada para manifestar su voluntad, pueda ejercer su capacidad con
asistencia de personas o métodos que permitan conocer cuál es su determinación
de acuerdo con algún acto jurídico. Como puede verse los apoyos definidos a
través de este proceso judicial son mucho más intensos puesto que están determinados
ante la imposibilidad de la persona titular del acto de expresar su voluntad y
preferencias; incluso, puede asignarse un representante para algunos de los
actos jurídicos.
55.  Acorde con lo anterior, la
Sala Plena considera que la presunción de la capacidad legal de las personas
con discapacidad dispuesta en el artículo 6° de la Ley 1996 es constitucional,
toda vez que atiende a una perspectiva respetuosa con la dignidad humana y la
igualdad real y efectiva del ejercicio de los derechos fundamentales.
56.  Ahora bien, la Corte
observa que la preocupación que plantean los actores no es del todo
irrazonable, pues sostienen que hay personas con discapacidad intelectual que
no pueden comprender y dar su voluntad para realizar ciertos actos jurídicos, y
en esa medida, no se les puede presumir su capacidad de ejercicio independientemente
de los apoyos. De hecho, como se presentó antes, la misma Ley reconoce que
existen casos difíciles en los que la persona con discapacidad se encuentra “absolutamente
imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio,
modo y formato de comunicación posible”. La Ley dispone unos mecanismos
para garantizar el ejercicio de la capacidad legal en estos casos, y así lograr
que la toma de decisiones esté asistida y bajo la mejor interpretación de la
voluntad de la persona.
57.  De esa manera, la Sala
encuentra que la lectura de la norma acusada debe ser precisada a la luz del
modelo social de la discapacidad e interpretarse a la luz de las demás disposiciones
de la Ley 1996 de 2019. La misma normativa, por una parte, reconoce de plano el
ejercicio de la capacidad jurídica, incluso, “independientemente de los
apoyos”; pero a la vez, reconoce que existen casos en los que la persona
titular del acto jurídico se encuentra “absolutamente imposibilitada”
para manifestar su voluntad, de manera que es necesario conciliar estos
lineamientos legales para evitar la desprotección de la población con
discapacidad intelectual o mental.[148]
58.  Igualmente, para la Corte
no pueden pasar desapercibidos los conceptos allegados por especialidades de la
neurología que pusieron de presente que hay casos en los que, como lo reconoce
la Ley 1996, la persona no comprende el alcance de un acto jurídico y tampoco
puede manifestar su voluntad acorde con él. A partir de la escala de deterioro
cognitivo, “[l]os pacientes que se encuentran con valores GDS de 5, 6 y 7 en
la escala, no cuentan con un nivel de razonamiento suficiente para comprender
los actos jurídicos en que participan (…) Un individuo con secuelas graves
desde el punto de vista cognitivo de un trauma cráneo encefálico o de un evento
cerebro vascular isquémico o hemorrágico o una persona afectada por una
demencia tipo Alzheimer por ejemplo, en estado avanzado (GDS 6 y 7 de la escala
de Reisberg) no puede llevar a cabo ningún tipo de actividad laboral, ni tomar decisiones
correctas por el grave compromiso de sus funciones cognitivas”.[149]
A pesar de lo anterior, algunos
resaltaron que no es posible generalizar todos los casos que se encuentren en
un valor, pues el desarrollo de habilidades funcionales depende de innumerables
factores, tales como la educación, el contexto sociocultural, etc., de cada
persona. De manera que un sujeto que se encuentre en un valor GDS 6 puede ser
autónomo para comprender ciertos actos y otros no y esto varía de individuo a
individuo.[150]
59.       Es preciso recordar que,
con fundamento en la teoría del acto jurídico, unos de los elementos que deben
cumplirse para su existencia y validez son la voluntad del sujeto y su
capacidad legal, respectivamente. El agente debe tener consciencia (entendida
como la actitud que tiene todo ser humano de reconocer su entorno) de la
conducta que está realizando y los efectos que puede generar en la realidad.
Según Ospina Fernández, el acto o negocio jurídico, a diferencia del acto
humano,[151] “comprende toda
manifestación de voluntad directa y reflexivamente encaminada a la producción
de efectos jurídicos”.[152] De esta definición se
desprenden dos elementos: (a) la manifestación de la voluntad y (b) el objetivo
de producir efectos jurídicos. En cuanto al primer elemento, se resalta que la
manifestación de la voluntad debe ser “suficientemente clara e inteligible”.[153] Por su parte, precisa que
la capacidad se entiende desde dos acepciones: (i) como “la aptitud que
tienen todas las personas o sujetos de derecho para ser titulares de derechos y
obligaciones”;[154] y (ii) “el poder que
se les reconoce a la mayoría, ya que no a todos los sujetos de derecho, para
actuar directamente, por sí mismos, en el comercio jurídico, vale decir, para
realizar actos jurídicos”.[155] Con base en lo anterior, Ospina
Fernández concluye que “(…) toda persona necesariamente tiene capacidad para
adquirir derechos y contraer obligaciones, pero algunas no la tienen para
intervenir por sí mismas en el comercio jurídico”.[156]
En esta misma línea, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido que “la capacidad jurídica, o sea, la
capacidad para ser titular de derechos subjetivos patrimoniales, la
tiene toda persona sin necesidad de estar dotada de voluntad reflexiva; en
cambio, la capacidad de obrar está supeditada a la existencia de esa voluntad”.[157] Sin embargo, la Corte
también ha diferenciado la capacidad legal de una persona de su autonomía para
decidir ciertos asuntos, tales como los procedimientos médicos, por ejemplo. En
palabras de la Corte:
“68. En concordancia con
las anteriores reglas, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la
autonomía necesaria para tomar una decisión sobre procedimiento o
intervenciones en la salud no es una noción idéntica a la capacidad legal
propia del derecho civil o aquella necesaria para ejercer el voto. En efecto,
se distingue entre estos dos conceptos de capacidad dado que “una persona
puede no ser legalmente capaz, pero sin embargo ser suficientemente autónoma
para tomar una opción médica en relación con su salud” o viceversa.
Así mismo, cabe resaltar
que la evaluación de la capacidad del paciente se deriva de la decisión
concreta que éste debe tomar, “pues una persona puede ser considerada
competente para aceptar unas intervenciones médicas pero carecer de la
suficiente autonomía para decidir otros asuntos sanitarios”.  Por
consiguiente, la jurisprudencia constitucional ha determinado que en aquellos
supuestos en los que las personas carecen de la conciencia suficiente para
autorizar tratamientos médicos sobre su propia salud y para reconocer la
realidad que los rodea, como en el caso de “las personas con discapacidades
o limitaciones mentales profundas o de aquellos menores de edad, que por su
corta edad dependen totalmente de sus padres para sobrevivir”, terceras
personas, mediante el denominado consentimiento sustituto, pueden
avalar los procedimientos médicos requeridos por ellos, con el fin de velar por
su vida, salud e integridad física”.[158]
60.       De manera que, la
capacidad legal, para ciertos actos, puede diferenciarse de la autonomía de cada
persona para definir sus decisiones. Igualmente, todas las personas tienen
distintas habilidades, y acorde con ellas, pueden comprender y realizar actos
en el ejercicio de su capacidad legal. Cada una es más o menos autónoma
teniendo en cuenta la comprensión que tiene sobre determinada materia o asunto
relacionado con el acto jurídico que va a realizar. La presunción de la
capacidad legal de la Ley 1996 de 2019 asume esta línea de entendimiento, y a
la vez, reconoce que hay personas que se encuentran absolutamente
imposibilitadas para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio,
y por tanto, consagra un mecanismo más intenso o extenso para la toma de
decisiones con apoyo de esta población (adjudicación judicial de apoyos).[159] Este mecanismo, como vehículo de su
voluntad, otorga al sujeto los medios suficientes para expresar sus
preferencias, o más bien, para interpretar lo que es o sería su decisión
respecto a un escenario específico. Esto es lo que se denomina “la capacidad
para la toma de decisiones interdependiente”, la cual implica que, al igual
que cualquier persona, se necesita de otros para planear y ejecutar decisiones
sobre las que no se tiene suficiente experiencia:
“Algunas personas con
discapacidades intelectuales, cognitivas o psicosociales profundas pueden no
ser capaces de formular y llevar a cabo los planes y decisiones para dar
efectos legales a su voluntades y preferencias manifiestas. Pero la mayoría de
las personas tampoco pueden hacerlo. Todos dependemos de otros para ayudarnos a
planear, o a hacer planes en nuestro nombre. La toma de decisiones
interdependiente aplica cuando las capacidades de la persona para expresar su
voluntad y preferencias en relación con una decisión particular y realizar el
razonamiento para traducir su voluntad y preferencias en una decisión
legalmente válida, puede ser muy limitada o inexistente en el momento presente.
La provisión del ‘apoyo
interpretativo’ hace que la toma de decisiones sea posible en esas
circunstancias. El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad reconoce el principio de “la mejor interpretación de
la voluntad y las preferencias” para este tipo de situaciones. Se propone como
una salvaguarda para prevenir la exclusión y así proteger el ejercicio de la
capacidad legal en una base igualitaria. Está diseñada para aplicarse en
situaciones en las que, después de que “se han hecho esfuerzos significativos”,
la voluntad y las preferencias de una persona no pueden ser suficientemente
determinadas para conducir a una decisión particular.14 En términos prácticos,
el principio de “la mejor interpretación de la voluntad y las preferencias”
puede aplicarse al ejercicio de la capacidad legal en una manera que respete
los requerimientos de compresión y apreciación relacionados con las
decisiones”.[160]
61.
La
teoría de la incapacidad legal inspirada en el derecho napoleónico y ahora
reformada por el modelo social de la discapacidad genera muchos retos, tanto
para los operadores jurídicos como para la sociedad en general. A diferencia de
la interdicción, que sustituía y anulaba a una persona por considerarse incapaz
absoluta, ahora el sistema de apoyos exige reconocer que todo ser humano por su
dignidad, cuenta con una voluntad y unas preferencias para llevar una forma de
vida según la concibe de forma autónoma.  Así, el acto jurídico que realiza una
persona con el respaldo de apoyos y la asistencia de las personas de confianza
será válido conforme a la Ley 1996 de 2019, puesto que estos mecanismos sirven
de vehículos para exteriorizar la voluntad. Éste solo podrá ser declarado nulo,
si llevan a cabo actuaciones especificadas en la sentencia de adjudicación de
apoyo sin utilizar los apoyos allí estipulados, inclusive si se omite la
representación autorizada previamente por el juez, como lo estipula el artículo
39 del mismo cuerpo normativo.
62.
En
suma, la Sala Plena considera pertinente establecer una interpretación
sistemática del artículo 6° en conjunto con el artículo 38 de la Ley 1996 de
2019, con el objeto de proteger a aquellas personas en condiciones de discapacidad
intelectual o mental que se encuentran imposibilitadas para manifestar su
voluntad por cualquier medio. En consecuencia, el ejercicio de la capacidad
legal para estos casos deberá estar acompañado de una sentencia de adjudicación
judicial de apoyos, como un mecanismo necesario para la toma de decisiones. Esta
interpretación de la norma debe ir acompañada de las siguientes precisiones. El
rol del apoyo no es el de sustituir la voluntad de la persona con discapacidad,
validarla ni habilitar la celebración de actos jurídicos. El rol del apoyo, en
contraste, es ayudar a la persona con discapacidad a formular una voluntad
frente a la posibilidad de realizar un acto jurídico, y exteriorizarla, o en
dado caso, representarla al ejecutarlo. De tal forma, en los casos en los que
la persona se encuentre imposibilitada para manifestar su voluntad, es
necesario que los apoyos se dirijan a materializar la decisión más armónica a
la vida, contexto y /o entorno social y familiar de la persona en cuestión,
elementos que ayudarán a “interpretar la voluntad” del sujeto titular del acto
jurídico.
63.
Así,
el efecto de la presunción del ejercicio de la capacidad legal se materializa
en que, aún en un caso en el que la persona tiene una discapacidad intelectual
y que se encuentra imposibilitada para manifestar su voluntad, debe
garantizarse por todos los medios y los ajustes razonables que requiera, la
manifestación de su voluntad y preferencias. La intensidad de los apoyos que se
requiera en estos casos puede ser mucho mayor, pero el apoyo no puede nunca
sustituir la voluntad de la persona o forzarla a tomar una decisión de la que
no esté segura. De esa manera, a pesar de que se requerirá el apoyo para
exteriorizar la voluntad, a la persona se le garantiza su autonomía y su calidad
de sujeto social, el cual cuenta con un contexto y entorno que permiten
interpretar sus preferencias.
La prohibición de la interdicción establecida en el artículo
53 de la Ley 1996 de 2019 es constitucional toda vez que obedece al modelo
social de la discapacidad
64.  En el expediente
D-13.575 el demandante formuló un cargo contra el artículo 53 de la Ley 1996 de
2019, en el cual sostuvo que la interdicción era un mecanismo de protección
efectivo para las personas con discapacidad cognitiva grave o severa. Para
ello, acudió a la escala de Reisberg y señaló que las personas con discapacidad
situadas en los escalafones GDS5, GDS6, GDS 7 y algunas del GDS 4 no tienen la
capacidad para comprender sus actos, no pueden expresar su voluntad de manera
consciente y tampoco prevén los efectos de dichos actos. Con base en ello,
adujo que no es cierto que la interdicción e inhabilidad sustituya la voluntad
de la persona con discapacidad mayor de edad, habida consideración de que las
personas pertenecientes a esas clasificaciones exteriorizan su voluntad sin
consciencia. De tal forma, en la demanda argumentó que la eliminación de la
figura de la interdicción dejaba en indefensión a las personas con discapacidad
mental severa y en consecuencia desconocía lo dispuesto en el artículo 13 de la
Constitución Política y el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.
65.  Primero es preciso
determinar el contenido y alcance del artículo 53 de la Ley 1996 de 2019. Esta
disposición se encuentra en el Capítulo VIII relativo al “Régimen de
transición”. En esta parte de la Ley se consagran todas aquellas disposiciones
que permiten armonizar el régimen de interdicción y el de guardas (Ley 1309 de
2009), con el actual sistema de apoyos. El artículo 53 consagra la “prohibición
de interdicción”, de la cual se deriva específicamente que queda prohibido (i) “iniciar
procesos de interdicción o inhabilitación” o (ii) “solicitar la
sentencia de interdicción o inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite
público o privado a partir de la promulgación de la presente ley”.
66.  En segundo lugar, la
Sala recuerda que, según los estándares internacionales desarrollados en las
consideraciones de esta providencia, así como la jurisprudencia constitucional,
la figura de la interdicción judicial, en el marco del modelo social de
discapacidad, debe ser eliminada, toda vez que es un mecanismo que reemplaza y
sustituye de forma absoluta la voluntad de la persona que pretende proteger.
67.  El artículo 12 de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al consagrar el
“igual reconocimiento como persona ante la ley”, desarrolla el contenido del
derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y señala que
los Estados deben garantizar las medidas adecuadas y necesarias “para
proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan
necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica”. Igualmente, debe asegurarse
que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones a todas las
demás, puedan “ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios
asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos
bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero”. Esta
disposición debe leerse en conjunto con la interpretación que ha hecho el
Comité de ella en la Observación General No. 1.
En este documento el
Comité estableció de forma expresa que las figuras de la tutela, interdicción
judicial o la curaduría son “regímenes basados en la sustitución en la
adopción de decisiones” e hizo un llamado para que aquellas instituciones
sean abolidas con el fin de que las personas con discapacidad recobren su
capacidad legal. Para el Comité estos regímenes de sustitución de la voluntad
tienen en común que (i) “despoja[n] a la persona de la capacidad jurídica”,
(ii) puede nombrarse un sustituto que tomará las decisiones de alguien que no
sea la persona involucrada y ese nombramiento puede hacerse en contra de su
voluntad y (iii) “toda decisión adoptada por el sustituto en la adopción de
decisiones se basa en lo que se considera el “interés superior” objetivo de la
persona concernida, en lugar de basarse en su propia voluntad y preferencias”.[161]
De ese
modo, el Comité fue claro en señalar que no puede confundirse la capacidad de
ejercicio o legitimación para actuar, con la capacidad mental. Esta última hace
referencia a la aptitud de una persona para adoptar decisiones de distinta
índole y en distintos contextos; varía según la persona y diferentes factores,
tales como los conocimientos sobre determinada materia, factores sociales
ambientales, etc. Los “déficits” mentales, bien sean reales o supuestos, o
permanentes o temporales, no pueden utilizarse como justificación para denegar
el ejercicio de la capacidad jurídica de una persona.
68.  Con sustento en lo
anterior, con el fin de reemplazar las instituciones jurídicas que anulan la
voluntad de las personas con discapacidad intelectual o mental, se crea un
modelo de apoyos a favor de esta población con el objeto de lograr que puedan
ejercer directamente su derecho a la capacidad jurídica, y con ello, se
garantice su autonomía, independencia y dignidad humana. En el marco del modelo
social de la discapacidad se comprende que el ejercicio de la capacidad legal
debe estar acompañado con una asistencia que elimine las barreras sociales,
culturales y ambientales que no permiten manifestar la voluntad. De ese modo,
como lo dice el Comité de la Convención, los “apoyos” implican un conjunto de
“arreglos oficiales y oficiosos, de distintos tipos e intensidades”.[162]
69.  En otras palabras,
los apoyos se pueden traducir en distintas medidas encaminadas a lograr la
materialización de la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad.
Estos apoyos pueden ser el acompañamiento de una persona de confianza en la
realización de algún acto jurídico, métodos de comunicación distintos a los
convencionales, pueden ser medidas relacionadas con el diseño universal o la
accesibilidad, entre otros. Los tipos de apoyo y sus intensidades dependerán y
variarán notablemente de una persona a otra debido a la diversidad de las
personas con discapacidad y sus necesidades. Los objetivos principales de los
apoyos deben ser: “(i) obtener y entender información;
b) evaluar las posibles alternativas a una decisión y sus consecuencias; c) expresar
y comunicar una decisión; y/o d) ejecutar una decisión”.[163] Lo
realmente importante bajo este modelo de apoyos, es la voluntad y las
preferencias de la persona con discapacidad, elementos que serán ahora el
centro de la toma de sus decisiones.
70.  Por su parte, la
jurisprudencia constitucional, como fue extensamente descrito en las
consideraciones de esta sentencia, demuestra que la interdicción fue muchas
veces utilizada para privar a la persona con discapacidad del ejercicio de sus
derechos. La Corte revisó casos en los que la persona a quien iba a declararse
interdicta ni siquiera era notificada en el proceso de interdicción, e incluso,
la autoridad judicial no la conocía, y tan solo con un diagnóstico médico o
dictamen pericial, se declaraba en interdicción y se nombraba a un tercero que
manifestaría su voluntad en todos los actos que la afectaran.[164]
Curiosamente en algunos casos, la acción de tutela fue interpuesta por la misma
persona que había sido declarada interdicta en proceso civil, lo que demostraba
su capacidad para comprender y defender sus derechos fundamentales.[165]
En el
mismo sentido, la Corte amparó los derechos de las personas en condiciones de
discapacidad mental para manifestar su voluntad en el ejercicio de sus derechos
sexuales y reproductivos y su derecho a conformar una familia, al establecer
que la interdicción no era suficiente para no tener en cuenta la autonomía y
voluntad de la persona implicada.[166]
Igualmente, la interdicción muchas veces fue utilizada para obstaculizar el
acceso a prestaciones sociales vitales para las personas en condiciones de
discapacidad, tales como la sustitución pensional, la pensión de vejez, entre
otras.[167] De hecho, el artículo 53 de la Ley
1996 prohíbe que esta figura sea utilizada para dar trámite a cualquier
solicitud, bien sea en el ámbito privado o público. Esto es entonces una
cláusula que es constitucional, porque la misma jurisprudencia ya había
declarado la violación de derechos cuando autoridades de distinta naturaleza
exigían la declaración de interdicción para poder solicitar el acceso a servicios
o prestaciones sociales.[168]
71.       Por su
parte, algunas de las intervenciones presentadas en el marco de este proceso de
constitucionalidad mostraron evidencias de los impactos negativos que tiene la
interdicción para las personas con discapacidad cognitiva o mental, así como
los efectos positivos que tiene el sistema de apoyos.[169]
72.       En el
caso de la interdicción, muchos coincidieron en que esta figura tiene impactos
negativos desde dos perspectivas; (i) en el mismo proceso de interdicción y
(ii) en el desarrollo de la vida de la persona con discapacidad. En los
primeros se evidencia que (a) los procesos de interdicción se inician, avanzan
y culminan sin la participación de la persona, (b) el nombramiento del curador
es por prelación o cercanía de la persona, pero no se le informa ni pregunta su
opinión, (c) el curador toma decisiones en razón de lo que más le conviene a la
persona, pero no le consulta ni tienen en cuenta sus intereses y preferencias y
(d) la existencia de abusos, explotación y disminución de la capacidad
funcional de la persona que es declarada interdicta.
Sobre
los segundos, se encuentran evidencias de (a) estigmatización, pues la sociedad
en general asume que la persona interdicta no es independiente, es incapaz e
inútil, (b) menos autonomía, pues no se ejercitan habilidades de comprensión de
situaciones y toma de decisiones, (c) disminución de la autoestima, (d)
aislamiento social, (e) disminución de confianza y aumento de sentimientos de
desesperanza y decepción, entre otros. De esa manera, la interdicción no solo
tiene efectos jurídicos o legales, sino que impacta la salud y bienestar de las
personas con discapacidad.
73.  En contraste con lo
anterior, el sistema de apoyos permite a la persona con discapacidad ejercer su
autonomía, ejercitar su capacidad funcional de comprender situaciones
cotidianas y generar confianza para tomar decisiones que la afectan. Esto
también genera un aumento en la autoestima de la persona, así como, el
desarrollo de habilidades de independencia. Los impactos positivos del sistema
de apoyos son armónicos con el respeto a los derechos a la dignidad humana y la
igualdad, pues se parte de la base de que, independientemente la deficiencia
cognitiva que tenga una persona, ella es un fin en sí mismo, cuenta con un
proyecto de vida que se construye de forma autónoma, y en ese sentido, su
voluntad debe ser el centro de la toma de decisiones. Por su parte, el Estado
solo debe reconocer su capacidad legal y prestar los apoyos necesarios para que
lo haga en igualdad de condiciones a las demás.
74.  Con sustento en lo
anterior, la Sala observa que los planteamientos del actor no tienen un asidero
jurídico, pues aún en los casos que él denomina como “graves o severos”, el
sistema de apoyos cuenta con una adjudicación judicial que determinará, con la
participación y evaluación de las habilidades de la persona con discapacidad,
qué apoyos requiere y cuál debe ser su intensidad (tal como se explicó en el
apartado anterior). De tal forma que, ante la imposibilidad de una persona de
manifestar su voluntad, a diferencia de un proceso de interdicción, su entorno
familiar, así como la autoridad competente, deben analizar los ajustes
razonables más adecuados según el acto jurídico que se vaya a perfeccionar. En
otras palabras, no se anula la voluntad o preferencias de la persona, sino por
el contrario, se examina su contexto familiar, entorno social y se interpreta
su voluntad acorde con estos elementos contextuales.
75.  De manera que el
nuevo sistema de apoyos que trae la Ley 1996 de 2019 debe analizarse, y
particularmente la prohibición de interdicción dispuesta en su artículo 53,
bajo las salvaguardas dispuestas en el mismo modelo, así como las normas que
generaban algún efecto procesal bajo el sistema de interdicción a favor de la
persona con discapacidad. Estas deben entenderse en ese mismo orden, es decir,
a la luz del principio de la mejor interpretación de la voluntad de la persona
involucrada y a favor de sus derechos fundamentales. De tal forma, la Sala
Plena no comparte el argumento del actor que cuestiona que la interdicción
contaba con mayores y mejores salvaguardas en asuntos procesales, puesto que
los efectos procesales que beneficien a la persona con discapacidad, en la
medida en que sean más favorables a sus intereses, deben permanecer vigentes.
76.  Por lo demás, no
puede pasarse por alto, que el artículo 53 de la Ley 1996 de 2019, además de
estar acorde con los lineamientos constitucionales para acceder a prestaciones
sociales, es el cumplimiento expreso de una recomendación emitida por el mismo
Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a
Colombia: “El Comité recomienda al Estado parte que adopte un plan para
la revisión y modificación de toda la legislación, que incluya la derogación
inmediata de disposiciones que restrinjan el pleno reconocimiento de la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad, incluyendo la ley 1306
(2009), No. 1412 (2010) del Código Civil, el Código Penal y leyes adjetivas”.[170]
77.  En suma, la Sala
Plena encuentra que el artículo 53 de la Ley 1996 de 2019, además de
materializar un estándar internacional que fue acogido por el órgano
representativo del pueblo, como lo es el legislador, es constitucional.
Conclusiones
78.  El modelo social de
discapacidad, incorporado al ordenamiento constitucional interno a través de la
Ley 1346 de 2009 la cual aprobó la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, exige derogar todos aquellos mecanismos legales que
sustituyen la capacidad legal de las personas en condiciones de discapacidad.
En cumplimiento de este mandato, el Congreso de la República expidió la Ley
1996 de 2019, la cual regula un sistema de toma de decisiones con apoyos y
salvaguardias a favor de las personas con discapacidad. Entre otros, deroga la
discapacidad mental o intelectual como una incapacidad absoluta del Código
Civil. Ahora, a través de un sistema de apoyos y asistencia independiente e
interdependiente, las personas con discapacidad pueden ejercer su capacidad
legal en igualdad de condiciones. Dado que para la existencia y validez
de un acto jurídico se requiere de la capacidad legal y la voluntad de la
persona titular, aquellas personas que se encuentren absolutamente
imposibilitadas para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio,
modo y formato de comunicación posible, tendrán que actuar bajo una sentencia
de adjudicación judicial de apoyos, con las asistencias y respaldos que allí se
especifiquen (acorde con los artículos 38 y 39 de la Ley 1996 de 2019), incluso
la representación de una tercera persona asignada por el juez (conforme el
artículo 48 de la Ley 1996).
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO: INHIBIRSE de
emitir un pronunciamiento de fondo en relación con los artículos 8 y 19 de la
Ley 1996 de 2019 “Por medio de la cual se establece el régimen para el
ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de
edad”, por ineptitud de la demanda.
SEGUNDO: Declarar la EXEQUIBILIDAD
de los dos primeros incisos del artículo 6° de la Ley 1996 de 2019 “Por
medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad
legal de las personas con discapacidad mayores de edad”.
TERCERO: Declarar
la EXEQUIBILIDAD del artículo 53 de la Ley 1996 de 2019 “Por medio de
la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las
personas con discapacidad mayores de edad”.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Presidente
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con aclaración de voto
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA
ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
Con aclaración de voto
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ANEXO I –
INTERVENCIONES
Intervención ciudadana de Andrea Liliana Cortés
La interviniente afirmó que la Ley 1996 de 2019 representa un “avance
normativo esencial en el camino hacia la autonomía personal, la dignidad, la
participación y la vida independiente de las personas con discapacidad, de
acuerdo con el estándar internacional establecido en la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por el Estado colombiano a
través de la Ley 1346 de 2009”.
Resaltó que la Ley 1996 establece un régimen de apoyos y
salvaguardias que permiten respetar la toma libre de decisiones de las personas
con discapacidad. Al respecto, informó que Asdown Colombia cuenta con
procedimientos que son exitosos que permiten “gestionar el apoyo para la
toma de decisiones (…) de las personas con discapacidad cognitiva y
psicosocial”. Añadió que la Ley demandada se encuentra en línea con el
enfoque social de la discapacidad “al disponer de mecanismos que permitan a
las PcD alcanzar la autonomía e independencia que han reclamado para sus vidas
mediante el reconocimiento de su capacidad jurídica y los medios para expresar
y hacer valer su voluntad y preferencias en igualdad de condiciones,
permitiendo abrir nuevos horizontes para la participación efectiva de las PcD
en la gestión pública, aportando desde su experiencia directa. No debe
confundirse la provisión de apoyos con la sustitución de la voluntad.
Actualmente predominan planes y proyectos que se diseñan desde la perspectiva
médica y terapéutica, sin incluir a las PcD en su diseño ni permitirles
formular sus propios proyectos orientados hacia la vida independiente”.
Finalmente precisó que no es posible que los consejos de quien
presta el apoyo sean más valiosos que la voluntad misma de la persona con
discapacidad, porque si eso fuera así, se estaría regresando al régimen
anterior con un enfoque médico – rehabilitador. De tal manera, le corresponde
al Estado implementar procedimientos y desarrollar técnicas o tecnología para
facilitar la comunicación de las personas con discapacidad. Con base en los
anteriores argumentos solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de la Ley
1996 de 2019.
Asociación Colombiana de Síndrome de Down - Asdown Colombia
Esta organización solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de
la Ley 1996 de 2019. Al respecto hizo un recuento del trabajo realizado en el
marco del proyecto “Toma de decisiones con apoyo y vida en comunidad en
Colombia”, el cual fue adelantado por varias organizaciones de la sociedad
civil con varias familias de Bogotá y otras 22 ciudades de Colombia. Resaltó
que uno de los hallazgos más relevantes es que “una de las mayores barreras
que tiene que ver con el acceso al ejercicio de la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad es la falta de su reconocimiento como personas, con
los mismos derechos que cualquier otra que no presenta una discapacidad”.
Afirmó que existen creencias y estereotipos que sostienen que las personas con
discapacidad no pueden tomar sus propias decisiones y que su situación las hace
más vulnerables a engaños, y por estas razones, necesitan de una tercera
persona que asuma sus decisiones sin tener en cuenta su voluntad o
preferencias. Para sostener esta afirmación Asdown Colombia transcribe una
serie de testimonios de personas con discapacidad (de distinto tipo) que, según
el interviniente, demuestran cómo los sistemas de sustitución de la voluntad
-como lo es el de interdicción-, se convierten en herramientas que niegan el
derecho a decidir de las personas con discapacidad.
“Con frecuencia, observamos cómo se ignora a la persona con
discapacidad y cuando se expresan, son ignoradas sus opiniones y elecciones.
Los profesionales en los diferentes ámbitos consideran que no es fácil la
comunicación con las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, que
no entienden. Además, suelen manifestar que no saben cómo dar apoyos para la
toma de decisiones. Por tanto, consideramos fundamental, desde nuestra
experiencia, dar aportes de cómo es posible la toma de decisiones con apoyo
para lograr la transición de mecanismos de sustitución de la voluntad a la toma
de decisiones apoyadas, cuando la persona con discapacidad lo requiera”.
Subrayó que el proceso de interdicción es exigido por varias
entidades para conceder prestaciones económicas o cumplir con trámites
indispensables a favor de las personas con discapacidad. Por ejemplo, mencionó
que en algunas ocasiones se exige la sentencia de interdicción para acceder a
la pensión de sobrevivientes, o en otros momentos, hay entidades que para
adelantar la expedición de la cédula de una persona con discapacidad también
piden la interdicción, sin ni siquiera conocer la situación real del ciudadano.
Con base en esto, la organización interviniente resaltó que el régimen de la
interdicción se convierte en un obstáculo para el ejercicio de derechos.
Adicionó que el sistema de apoyos, en contraste, permite que la
voluntad, el consentimiento y las preferencias de la persona en condición de discapacidad
sea lo que prevalezca ante una decisión. Conforme a ello, mencionó que la Ley
1996 de 2019 es un desarrollo normativo que obedece a los estándares
internacionales establecidos, primordialmente, en el artículo 12 de la
Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones
Unidas. Al respecto señaló:
“Es vital conocer quién es la persona, cómo se comunica, cuáles
son sus preferencias, cómo toma decisiones, cuál es su red de apoyo. Con este
conocimiento se deben determinar los apoyos que necesita y quién o quiénes la
van a apoyar en la toma de decisiones. Los apoyos facilitan la toma de
decisiones de la persona con discapacidad, de acuerdo con sus preferencias y
respetando su voluntad”.
Explicó que “el sistema de apoyos consiste en un conjunto de
estrategias y acciones que facilitan la toma de decisiones, para el ejercicio
de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, de acuerdo con sus
preferencias y respetando su voluntad”. De esa manera, precisó que el apoyo
asume un rol distinto, pues se trata de una asistencia que respeta ante todo la
voluntad de la persona con discapacidad y no sustituye su actuación. Para
conocer las preferencias de una persona con discapacidad, adujo el
interviniente, basta con indagar a sus familiares o redes de apoyo, quienes
sabrán y conocerán las preferencias para la toma de decisiones conjunta.
Explicó que las creencias que estiman que las personas con discapacidad no se
saben expresar o no conocen sus preferencias, se sustentan en prejuicios y
actitudes discriminatorias que las instituciones públicas deben cambiar.
Finalmente, la organización interviniente formuló una serie de
acciones que deben realizarse para implementar de manera efectiva el sistema de
apoyos que trae la Ley 1996. Al respecto, consideró que existen cinco retos:
(i) “reconocer a la persona como individuo social”, (ii) “ubicar a la persona
en el centro de todo proceso”, (iii) “conocer a fondo a la persona con
discapacidad”, (iv) “identificar los apoyos disponibles y requeridos” y (v)
“registrar y formalizar la información en un documento de acuerdo”. Con base en
lo anterior afirmó que se parte del todo de los argumentos de las demandas
porque “nuestra experiencia vivencial ha sido que estas miradas hacia las
personas con discapacidad como seres necesitados, dependientes o enfermos han
generado precisamente su exclusión, rechazo, encierro, institucionalización.
Las personas con mayores necesidades de apoyo, no con mayor severidad de su
discapacidad, han sido mayormente maltratadas y excluidas, lo que va en contra
de cualquier normatividad de derechos humanos y atropella la dignidad de las
personas. La organización afirmó que por su trayectoria, todas las personas,
por más complicada que sea su situación de discapacidad, establecen algún
vínculo con sus familiares y precisamente son ellos quienes más conocen a la
persona. La Ley 1996 reconoce al círculo de la familia como apoyos para la toma
de decisiones, ya no como curadores que sustituyen la voluntad de la persona,
sin tenerla en cuenta, sino como garantes de que se tomen las decisiones de
acuerdo con sus preferencias y deseos”.
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia de Buenos Aires
Sostuvieron que las demandas bajo estudio incurren en errores
conceptuales y se sustentan en argumentos contrarios a lo establecido en la
Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones
Unidas. Señalaron que la Corte debe reconocer el avance que trajo la Ley 1996
de 2019, pues hacer lo contrario violaría el principio de no regresividad de
los derechos humanos. Para sostener esta premisa, los intervinientes
describieron el modelo social de la discapacidad y el derecho a la igualdad en
el ejercicio de la capacidad jurídica. Luego señalaron
que las demandas que se estudian formulan argumentos que son del enfoque médico
– rehabilitador sobre la discapacidad. Afirmaron que la pretensión de los
demandantes de recurrir a los grados de discapacidad solo muestra que se parte
de una concepción de la enfermedad que tiene como objeto restringir derechos en
vez de ampliar su ejercicio. En sus palabras;
“no es una determinada condición física, sensorial o mental la que
define a una persona con discapacidad, sino la rigidez y la falta de adaptación
del entorno en el cual está inmersa. Y como la discapacidad es generada por la
propia sociedad, los diagnósticos pierden toda importancia. De hecho, si se
examina la Convención en su integralidad, podrá observarse que esta no realiza
ninguna distinción según la "patología" que tenga la persona. (…)
Utilizar los diagnósticos para justificar restricciones en la capacidad legal
refleja una concepción extremadamente paternalista e implica un retroceso
inaceptable al modelo médico-rehabilitador, violatorio de los derechos humanos
y contrario a los estándares internacionales previamente mencionados”.
Del mismo modo, resaltaron que es un argumento falaz aquel que
invocan las demandas según el cual ciertas discapacidades no pueden comprender
sus actos y decisiones, toda vez que esto solo depende del entorno y no de la
persona. Adujeron que todas las personas necesitan de diferentes apoyos para
tomar decisiones cuya naturaleza no conocen o no comprenden, y esta situación
no es solo de las personas con discapacidad, sino de todas. De manera que las
personas con discapacidad “también tienen derecho a buscar y a elegir esa
asistencia, y a tomar riesgos y a equivocarse como cualquier otra persona”.
Según los intervinientes la interdicción se encuentra prohibida
por la Convención para los derechos de las personas con discapacidad, pues el
artículo 12 dispone el sistema de apoyos. Esto además ha sido ratificado por el
Comité de la Convención (Observación General No. 1), el cual ha insistido que
el régimen de curadores o guardas sustituye y anula la voluntad de las personas
con discapacidad. Además, este mismo organismo advirtió a Colombia en el año
2016 derogar toda disposición del Código Civil que restrinja parcial o
totalmente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Señalaron
que la interdicción, con el objeto de “proteger” a las personas con
discapacidad lo que hizo fue sustituir su voluntad y “obligarlas a vivir las
vidas de otros”.
Afirmaron que “la función del apoyo no es completar la
capacidad de la persona ni decidir por ella, sino solo proveerle las
herramientas para que pueda vivir y decidir de acuerdo a su voluntad, teniendo
siempre la posibilidad de rechazar o reemplazar el apoyo. Por tal motivo, es
acertado lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley 1996, en el sentido de que
las personas con discapacidad tienen capacidad legal en igualdad de
condiciones, independientemente de si usan o no apoyos. Los apoyos son un
derecho de la persona, no determinan si tiene capacidad jurídica plena o no”.
Con base en lo anterior, solicitaron a la Corte declarar la
exequibilidad de la Ley 1996 de 2019. Según la organización interviniente,
declarar inexequible alguna de las disposiciones del cuerpo normativo señalado
implicaría desconocer obligaciones internacionales ineludibles.
The Israel Human Rights Center for People with Disabilities
Luego de hacer una descripción sobre la labor que desarrolla la
organización, afirmó que el nuevo enfoque de la discapacidad exige repensar la
figura de la interdicción, la cual reemplaza la voluntad de la persona en
condiciones de discapacidad y le permite a un tercero tomar decisiones por
ella. Lo que se requiere, con miras a garantizar la autonomía e independencia
de las personas con discapacidad, es un sistema de apoyos y asistencias que
respete el goce y ejercicio de los derechos fundamentales de esta población.
Con base en lo anterior, la organización interviniente presentó las
consecuencias negativas de la interdicción en el ejercicio de los derechos de
las personas con discapacidad.
Precisó que (i) la interdicción es “inmoral” y desconoce los
derechos fundamentales de las personas con discapacidad, toda vez que la
capacidad legal es un atributo de toda persona, el cual no puede ser anulado
con base en un diagnóstico médico. Esta situación constituye un trato
discriminatorio que restringe sin fundamento el ejercicio de derechos
fundamentales. (ii) La interdicción tiene como consecuencia la exclusión y
marginalización de las personas en condiciones de discapacidad y de los adultos
mayores. Desde la experiencia de la organización interviniente, se ha
demostrado que siempre que se asigna un tutor o guardador, las expresiones y
voluntades de la persona que se pretende cuidar quedan al margen de cualquier
decisión y solo se escucha a su guardador. En los casos de los adultos mayores,
se busca el internamiento en asilos. (iii) La interdicción no es una
institución que proteja a las personas, sino que tiene como consecuencia la
explotación y abuso de los derechos de las personas vulnerables. Alrededor del
mundo se ha sabido de casos de fraude y abuso de los guardadores en razón a los
poderes ilimitados que tienen sobre la propiedad y las decisiones de las
personas que presuntamente cuidan; y (iv) la interdicción acentúa la discapacidad,
toda vez que al reemplazar la voluntad y el actuar de la persona que se
protege, no se permite a ésta desarrollar habilidades para la toma de
decisiones informadas y socializar sus opciones de vida. Al respecto, informó
que el Ministerio de Educación de Israel cuenta con un programa especial para
las personas con discapacidad que tiene por objeto explicarles herramientas
para la toma de decisiones en su vida diaria, permitiéndoles ampliar sus
habilidades cognitivas.
En contraste de lo anterior, el interviniente señala que el nuevo
modelo de “supported decision making”, busca ante todo respetar la voluntad y
preferencias de la persona en condiciones de discapacidad o adulta mayor. Para
ello, quien presta el apoyo debe explicarle a la persona la situación en la que
se encuentra y las opciones que puede tomar, para que sea ella misma quien tome
la decisión y no su apoyo. El “soporte” se limita a prestar una asistencia y no
toma la decisión.  Lo anterior está conforme con el artículo 12 de la Convención
para los derechos de las personas con discapacidad, el cual presume la
capacidad legal a todas las personas.
El interviniente informó que en los años 2014 y 2015, luego de que
Israel ratificara la Convención, se realizó una prueba piloto con varios casos
que estaban en régimen de interdicción. Se inició una asistencia a las personas
con apoyos e informándoles cada una de sus opciones, conociendo sus
preferencias y guiándolas a tomar decisiones. Se implementó en casos de
discapacidad sicosocial y muchos terminaron por dejar su guardador por la
interdicción. A raíz de este proyecto piloto, en el año 2016 se reformó la ley
en Israel y actualmente se cuenta con un sistema de apoyos a favor de las
personas con discapacidad y adultos mayores.
Colectivo Cuerpos Diversos en Rebeldía de Bogotá – Universidad
Nacional de Colombia
Afirmaron que rechazan “la idea de que una persona sea
declarada interdicta”, pues esto solo genera una sustitución de su voluntad
y, por ende, una violación permanente de sus derechos fundamentales. Para
sostener esta idea, afirmaron lo siguiente. Un integrante del colectivo,
persona con discapacidad cognitiva y que es líder en su localidad por la
defensa de los derechos de las personas con autismo, señaló que la Ley 1996 es
un avance para garantizar la toma de decisiones autónomas con apoyos, ajustes
razonables y facilitadores. Para el colectivo, la interdicción limita de manera
dañina la capacidad jurídica de una persona. Además, expresaron que el
diagnóstico médico no puede ser determinante para definir el alcance de la
capacidad jurídica de una persona, sino que deben existir muchos más factores
que representen ante todo su humanidad. Señalaron que en los “casos extremos”,
cuando una persona se le dificulta comunicarse, los cuidadores primarios
conocen las preferencias de ella y pueden conocer su voluntad en determinados
escenarios.
Advirtieron que la interdicción generalmente ha sido utilizada
para sacar provecho de intereses económicos de terceras personas. El nuevo
modelo de apoyo, al presumir la capacidad legal de las personas con
discapacidad, permite mayor autonomía en sus decisiones e impide que se cometan
fraudes sobre sus decisiones.
Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -
DescLab
El Director de Investigaciones de DescLab solicitó a la Corte
declarar la exequibilidad de la integralidad de la Ley 1996 de 2019 por los
siguientes motivos. Explicó que la tradición jurídica del derecho civil ha
abordado la capacidad legal de las personas con discapacidad desde el modelo de
la sustracción de la capacidad. Este modelo parte de las siguientes tres ideas:
(i) toda persona cuenta con capacidad jurídica como un derecho humano esencial,
(ii) las personas que tienen una discapacidad son inferiores a las demás, y con
base en un diagnóstico médico, pueden ser tratadas como incapaces y (iii) a
raíz de lo anterior, la ley impone la obligación de iniciar un proceso judicial
que declare interdicta a la persona con discapacidad para que un guardador o curador
proteja sus bienes y tome por ella decisiones.
El Comité de la Convención para los derechos de las personas con
discapacidad ha establecido que el reconocimiento de la capacidad jurídica es
el presupuesto para el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales.
La negación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad les
impide acceder a otros derechos, como el voto, la patria potestad, los
reproductivos y sexuales, entre otros.
El interviniente recordó que la entrada en vigencia de la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones
Unidas trajo consigo un nuevo paradigma de la capacidad legal de las personas
con discapacidad. El artículo 12 del tratado internacional se reconoce la
personalidad jurídica, se presume su capacidad para el ejercicio de sus
derechos y se parte de su autonomía para tomar las decisiones que les
conciernan.  Según el interviniente este estándar fue acogido por Colombia a
través de la Ley 1996:
“Este estándar de derechos humanos, y la Ley 1996, llevan a
argumentar que es una discriminación que una persona, por el hecho de su
discapacidad, vea su capacidad jurídica limitada o sustraída. Ser declarado
interdicto y tener un tercero representante para ejercer la capacidad legal es
una forma de discriminación y una violación el derecho al igual reconocimiento
ante la ley y a la capacidad legal. El reconocimiento de la capacidad legal en
igualdad de condiciones "incluye la capacidad de ser titular de derechos y
la de actuar en derecho. La capacidad jurídica de ser titular de derechos
concede a la persona la protección plena de sus derechos por el ordenamiento
jurídico. La capacidad jurídica de actuar en derecho reconoce a esa persona
como actor facultado para realizar transacciones y para crear relaciones
jurídicas, modificarlas o ponerles fin"
Resaltó que el Comité de la Convención ha establecido que no se
puede asimilar la “capacidad jurídica” de una persona con la “capacidad
mental”, pues se trata de dos conceptos diferentes. Invocar la ausencia de
capacidad mental como un diagnóstico médico para restringir o limitar la
capacidad jurídica de una persona es un acto discriminatorio. De esa manera
debe comprenderse que todas las personas con discapacidad tienen derecho al
reconocimiento de su personalidad jurídica, y con ello, deben tener los apoyos
necesarios y adecuados para poder ejercer su capacidad jurídica en cualquier
escenario. En palabras del interviniente:
“A diferencia de la sustracción de la capacidad, en donde usando la
discapacidad como un criterio prejuicioso y sospechoso, se niega la capacidad
legal a las personas con discapacidad para otorgársela a un tercero quien,
supuestamente, deberá representarlas y protegerlas; brindar apoyos en la toma
de decisiones lleva necesariamente a un grupo plural y diverso de mecanismos de
apoyo, con distintas manifestaciones e intensidades y eventualmente la
posibilidad a desistir de aquellos que pudieran estar disponibles”.
Ante situaciones límite en las que la persona no pueda manifestar
su voluntad, debe acudirse al principio de “la mejor interpretación de la
voluntad y las preferencias de la persona”. Para el efecto, el interviniente
citó la Observación General No. 1 del Comité y advirtió que este estándar
internacional había sido acogido por el Estado colombiano con la expedición de
la Ley 1996 de 2019.
La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad hace parte del bloque de constitucionalidad en
sentido estricto y constituye una fuente de derecho vinculante y obligatoria en
el proceso de adjudicación judicial. Citó jurisprudencia de la Corte
Constitucional (C-067 de 2003 y C-469 de 2016) en la que se ha establecido que
los cuerpos normativos que hacen parte del bloque tienen igual autoridad
normativa que la Carta Política y esto obliga que todos los contenidos de la
legislación interna deban obedecer a aquellos preceptos. Según lo anterior, el
interviniente afirmó que las observaciones generales del Comité de la
Convención son fuente de interpretación relevante para establecer el alcance de
los derechos y precisar las obligaciones estatales. Adujo que la Corte
Constitucional en la sentencia C-182 de 2016 utilizó como fuente principal para
desarrollar los contenidos de la capacidad legal de las personas con
discapacidad la Observación General No. 1. Al respectó, el interviniente
desarrolló cada uno de los argumentos de la Corte en la sentencia citada y
advirtió que el estándar acogido fue conforme con el tratado internacional y
las recomendaciones del Comité respectivo.
Señaló que “la reciente jurisprudencia de la Corte se ha
acercado de diferentes maneras, unas veces ordenando revocar decisiones en
donde se desconoció la voluntad manifestada por la persona con discapacidad a
quien se le presumió incapaz por el solo hecho de su discapacidad aparente
otras veces ordenando a las entidades concernidas "cerciorarse que se le
hayan prestado todos los apoyos y se hayan hecho los ajustes razonables para
que la persona pueda expresar su preferencia" particularmente en casos de
intervenciones quirúrgicas no consentidas por las personas con discapacidad”.
Finalmente concluyó que la interdicción no puede ser considerada
como una medida de protección para las personas con discapacidad, y en ese
sentido, subrayó que la Corte Constitucional no tiene otro camino que declarar
la exequibilidad de la Ley 1996 de 2019, pues esta normativa solo obedece a los
parámetros internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad y a
la jurisprudencia constitucional.
Federación de Discapacidad del Valle
Afirmó que la Ley 1996 de 2019 debe declararse exequible en su
integridad dado que atiende a los estándares internacionales que hacen parte
del bloque de constitucionalidad. Advirtieron que esta ley es el desarrollo
normativo interno del reconocimiento de la personalidad jurídica de las
personas con discapacidad dispuesto en el artículo 12 de la Convención sobre
los derechos de las personas con discapacidad, así como también, del
cumplimiento de las obligaciones estatales con relación a este derecho. Además,
adujeron que las disposiciones de la Ley 1996 son el desarrollo de imperativos
constitucionales como el artículo 13 y 47, los cuales exigen al Estado
implementar acciones afirmativas a favor de las personas en condiciones de
discapacidad y garantizar el pleno y efectivo cumplimiento de sus derechos
fundamentales.
Finalmente hicieron referencia a sentencias de la Corte
Constitucional y a las observaciones generales del Comité de la Convención y
subrayaron que “(…) los estados tienen un mandato para reemplazar los
regímenes basados en la adopción de decisiones sustitutivas por sistemas de
apoyo a la adopción de decisiones. Estos últimos se caracterizan por la
primacía de la voluntad de la persona con discapacidad, de su autonomía y sus
preferencias. Por tanto, los estados no deben negar a las personas con
discapacidad su capacidad jurídica,
sino que deben proporcionarles acceso al apoyo que necesiten para
tomar decisiones que tengan efectos jurídicos”.
Fundación Arcángeles
La interviniente afirmó que los argumentos presentados en las
demandas no son claros, precisos ni pertinentes, y en ese sentido, la Corte
Constitucional debe declararse inhibida para fallar de fondo. En palabras de la
fundación interviniente “(…) los argumentos de los Demandantes no revelan
ninguna contradicción entre la Constitución y la norma acusada, sino que
simplemente evidencian posiciones subjetivas sobre el entendimiento o
interpretación que puede hacerse de la Ley para cada caso en concreto. (…) Por
consiguiente, como el móvil que inspira este tipo de acciones no es otro que el
de conservar el orden jerárquico legal, limitándose a la simple confrontación
normativa, no puede la Corte ni el Accionante entrar a discutir sobre
cuestiones o pretensiones particulares, para la cuales la misma ley les ha
asignado un juez competente y un procedimiento especial”.
Señaló que el hecho de que la Ley 1996 establezca una presunción
de capacidad legal y un sistema de apoyos para las personas en condiciones de
discapacidad, no desconoce ningún precepto constitucional, sino por lo
contrario, desarrolla garantías que la jurisprudencia constitucional ha fijado
con sustento en instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de
constitucionalidad.
Al respecto, precisó que en la medida en que la Constitución no
establece una forma concreta para reconocer la personalidad jurídica de las
personas con discapacidad, el legislador no está obligado a mantener la figura
de la interdicción como alternativa única. Por el contrario, señaló que acorde
con el artículo 12 de la Convención para los Derechos de las Personas con
Discapacidad, la Ley 1996 reguló un sistema de apoyos más respetuoso de la
dignidad humana y la autonomía de las personas con discapacidad. Según la
interviniente, la interdicción anulaba absolutamente la capacidad jurídica de
esta población.
Fundación Tutelar de les Comarques Gironines (“Support Girona”)
Expresó que la Fundación ha realizado labores desde antes de la
entrada en vigor de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad. Sus labores se han concentrado en función de curadores, tutores,
defensores judiciales y administradores patrimoniales de muchísimos casos. Por
esa razón, tienen experiencia en el ejercicio de la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad y en situaciones concretas. Su intervención se
dividió en dos partes. La primera se concentró en evaluar los contenidos de la
Ley 1996 de 2019 y en establecer que se trata de un marco normativo que da
cumplimiento a las obligaciones estatales de la Convención para los derechos de
las personas con discapacidad de Naciones Unidas. La segunda parte de la
intervención desarrolló argumentos que explicaron cómo se puede superar el
“dilema de la diferencia”. A partir de la experiencia de la Fundación, se
precisó cómo ante casos de discapacidades psicosociales severas o profundas, el
sistema de apoyos puede ser también exitoso a través de medidas y ajustes
razonables con cada caso.
La interviniente hizo una extensa descripción de los antecedentes
y los contenidos de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad de Naciones Unidas. Sobre este instrumento resaltó su enfoque
social sobre la discapacidad. En cuanto a la capacidad jurídica, resaltó que se
reconoce una capacidad universal, y con ello se supera la separación
tradicional de la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Se parte de
una presunción de capacidad de todas las personas con discapacidad en virtud de
los principios de autonomía e independencia. Así, la persona se ubica en el
centro de la toma de decisiones que le conciernen
“El punto de partida, por lo tanto, es que cualquier persona
adulta tiene derecho a tomar decisiones por sí misma (haciendo uso de todos los
apoyos, ajustes razonables y medidas de accesibilidad que sean necesarias), lo
cual en la legislación civil ordinariamente se refleja como la presunción de
capacidad de cualquier persona mayor de edad. Sin embargo, la novedad de la
Convención es que tener capacidad jurídica (de goce y ejercicio) es una
condición jurídica que no presupone poseer ni carecer de aptitud para realizar
un acto jurídico, como por ejemplo para prestar consentimiento en un contrato.
La capacidad jurídica y la competencia o capacidad mental para tomar decisiones
son dos conceptos distintos como señala el Comité en OG-1 (para. 13) (…) A lo
largo de la historia, la capacidad jurídica se ha ido extendiendo a cada vez
más colectivos (a las mujeres, a los pueblos aborígenes, etc.), hasta que solo
la "capacidad mental" parece una barrera insuperable. La Convención
supera este obstáculo y une el binomio capacidad de goce y capacidad de
ejercicio (de ahora en adelante hablaremos únicamente de capacidad jurídica,
que incluiría a ambas), por considerar que la restricción de la capacidad de
ejercicio en base a la capacidad mental de la persona es discriminatoria para
las personas con discapacidad pues tiene el propósito o efecto (discriminación
directa o indirecta) de restringirles en el ejercicio de sus derechos”.
Conforme a lo anterior, se debe presumir la aptitud de la persona
para tomar decisiones. En el ejercicio de ello, garantizarle un sistema de
apoyos que implica de una asistencia o de unos ajustes razonables, según el
contexto, para hacer efectivas sus voluntades. Debe prevalecer la voluntad y
preferencias de la persona en condiciones de discapacidad. Afirmó que incluso
quienes tienen una discapacidad cognitiva profunda o severa (como lo mencionan
las demandas), tienen capacidad para tomar decisiones de acuerdo con su
voluntad, y según el contexto, deben implementarse los apoyos adecuados para
que se perfeccionen.
La Fundación interviniente realizó un análisis de los contenidos
de la Ley 1996 de 2019 y concluyó que es el cumplimiento de los estándares del
tratado internacional en materia de capacidad de las personas con discapacidad.
Posteriormente se refirió a los argumentos de inconstitucionalidad
expuestos en las demandas bajo estudio. Señaló que desarrollan argumentos con
un enfoque “biomédico” de la discapacidad que es obsoleto en el discurso de los
derechos humanos. Manifestó que las demandas se sustentan en estereotipos sobre
la discapacidad y confunden el diagnóstico médico con la discapacidad, términos
que no pueden ir de la mano en el marco del enfoque social. En palabras del
interviniente:
“Estamos de acuerdo con los demandantes que cada persona tiene
características propias y especiales que las hace diferentes entre sí, pero no
podemos estar menos de acuerdo en identificar un diagnostico con una
discapacidad. El diagnóstico es una etiqueta médico-clínica que sirve a los
profesionales de la medicina para abordar una situación clínica. En cambio, la
discapacidad es la situación y/o posición de desigualdad respecto a otras
personas en la que se encuentra una persona con un diagnóstico para su igual
desarrollo y participación en la sociedad. Desde el
modelo social comprendemos que dos personas con un mismo diagnóstico pueden
encontrarse en dos situaciones de discapacidad muy diversa dependiendo de los
apoyos que tengan en su entorno y de otros factores sociales, económicos,
contextuales o ambientales. Partiendo del susodicho enfoque, cabe rechazar
de un modo previo la terminología utilizada, particularmente en la demanda de
los estudiantes de Manizales, por ser imprecisa y por enmarcarse en un modelo
obsoleto y en una acreditada ausencia de conocimientos sobre las enfermedades y
diagnósticos a los que se tilda de plenamente incapacitantes”.
El interviniente advirtió que las demandas parten de premisas que
no tiene sustento en el contenido de la Ley 1996 y que le atribuyen efectos jurídicos
futuros que no resultan de su contenido y finalidad. Al respecto, precisó que
el artículo 12 de la Convención reconoce el derecho a la capacidad jurídica de
las personas con discapacidad. Según el interviniente, este atributo no
equivale a la capacidad mental, ni a la aptitud requerida para la realización
de un determinado acto jurídico, sino que se trata de dos conceptos distintos
que el mismo Comité ha definido. En ese orden de ideas, la presunción de la
capacidad jurídica del artículo 6 de la Ley 1996 pretende, en virtud de la
dignidad humana, reconocer que las personas con discapacidad tienen, al igual
que todas, la capacidad para tomar decisiones de acuerdo con sus preferencias.
Lo anterior, no implica que, según el caso, se requiera de un apoyo que les
ayude a llegar a su objetivo. Por tanto, este artículo legal está conforme a
los numerales 1 y 12 del artículo 12 de la Convención.
Por su parte, los artículos 8 y 9 de la Ley 1996 de 2019 son
armónicos con lo requerido por el artículo 12.3 de la Convención, puesto que,
según el interviniente, según sea el contexto en el que la persona con
discapacidad va a tomar una decisión, requerirá de apoyos o de ajustes
razonables adecuados. Lo anterior, implica reconocerle ante todo su capacidad
de actuar. Restringir el ejercicio de los derechos de una persona con base en
una discapacidad es discriminatorio.
“Cuando la situación de la persona con discapacidad implique una
gran intensidad en los apoyos, porque sufre dificultades cognitivas severas o
muy graves, o porque se encuentra en un estado de inconsciencia, de ahí no se
deriva como consecuencia necesaria e inexcusable excluir jurídicamente a esa
persona de la sociedad, tratándola de absolutamente incapaz. El enfoque de la
Convención y que la Ley 1996 de 2019 desarrolla es destinar a esas personas los
apoyos precisos para velar por sus derechos y permitir la efectividad de su
derecho a la capacidad jurídica. Pese a la dificultad de implementar este
mecanismo en situaciones de este género, tanto el Comité como otros muchos
Estados Partes han considerado que ni cabe despojar del derecho a la persona
con discapacidad, ni cabe concluir que no es posible cumplir con su derecho a
los apoyos”.
Añadieron que contrario a lo que dicen los demandantes, la Ley 1996
de 2019 sí contempla la protección de casos difíciles de discapacidad y
establece la necesidad de que los apoyos y salvaguardias sean mucho más
intensas. Señaló que las discapacidades cognitivas severas o profundas tienden
a recibir un tratamiento distinto y esta situación afecta el ejercicio de
derechos de las personas que tienen estas condiciones. De ese modo, el
interviniente consideró que “[l]a pretendida exclusión de este colectivo de
la Ley 1996 de 2019 por parte de los demandantes representa una nueva forma de
segregación de estas personas y un desafío a las oportunidades que el
perfeccionamiento del sistema de apoyos les puede aportar en relación a la
exploración de sus preferencias y deseos”.
La interdicción es una figura que sustituye el consentimiento y
voluntad de las personas con discapacidad en la toma de decisiones, por lo que
el sistema de apoyos es más respetuoso de la dignidad humana de esta población.
Estableció que el modo de entender la igualdad de los actores (establecida en
el artículo 13 de la Constitución Política) es el que provoca la
discriminación, toda vez que parte de la base de que las personas con
discapacidad cognitiva severa necesitan de un tercero que tome sus decisiones.
Contrario a esta posición, lo que pretende la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad es poner en el centro de las decisiones a la
persona interesada y asignarle apoyos que respetan sus preferencias.
Adujeron que el propósito del artículo 12 de la Convención es el
de “maximizar las capacidades de la persona con discapacidad”, y por ello, el
sistema de apoyos es compatible. Según el interviniente, las salvaguardas son
apoyos más intensos para aquellos casos que los requieran. Añadió que el
sistema internacional ha recomendado derogar los regímenes de interdicción ya
que sustituyen o reemplazan las decisiones de las personas con discapacidad, y
en ese sentido, generan situaciones de marginación o segregación. La Convención
no “relaja” la protección de los derechos de las personas con discapacidad,
sino que “deja de exigirles como precio la renuncia a sus derechos
inalienables”.
La organización interviniente terminó su escrito explicando sus
actividades en España y las razones por las cuales un sistema de apoyos y
asistencia a las personas en condiciones de discapacidad es más proteccionista
y efectivo para el goce efectivo de sus derechos. Frente a este punto, resaltó
la necesidad de contar con un sistema de servicios de apoyo estructurado desde
el Estado que evite la institucionalización de esta población.
Profesores Michael Ashley Stein,[171] Cathy Constanzo,[172] Leslie Salzman,[173] Rebekah Diller,[174] Natalie Chin[175] y Kristin Booth Glen[176]
La intervención se concentró en compartir la experiencia que se ha
tenido en distintos casos relacionados con la interdicción de personas en
condiciones de discapacidad y los sistemas de apoyo y asistencia implementados.
Afirmaron que (i) la figura de la interdicción perpetua la discriminación de
las personas con discapacidad; (ii) favorece las acciones abusivas en contra de
los intereses de esta población y (iii) es una figura contraria a la Convención
y a las observaciones generales del Comité. Adujeron que en Estados Unidos
existen fallos judiciales relevantes en los que se ha revocado sentencias de
interdicción, y a cambio, se han implementado programas piloto de apoyos y
asistencia que han sido exitosos. También 8 Estados Federales han emitido
decretos legislativos con el fin de difundir el uso de los sistemas de apoyo
para la toma de decisiones de las personas en condiciones de discapacidad.
Los intervinientes afirmaron que son mayores los resultados
positivos de los sistemas de apoyo que las medidas de interdicción, pues los
primeros permiten que las persona en condiciones de discapacidad ejerzan su
autonomía y prevalezcan sus preferencias. Al respecto, informaron que “en los
Estados Unidos las sentencias de interdicción han ocasionado abusos,
explotación y disminución de la capacidad funcional de las personas
interdictas”. Describieron que la experiencia en Estados Unidos desde los años
80 demostró que los tutores o curadores tomaban decisiones sin consultar a los
intereses de las personas que custodiaban. Esto llevó a reformar leyes para
limitar el alcance de las facultades de los tutores, pero no se derogó del todo
la figura de la interdicción. A pesar de ello, un informe de 2010 emitido por
la “Oficina de Fiscalización Federal” (GAO por sus siglas en inglés), evidenció
“cientos de casos de abuso físico, negligencia y explotación financiera por
tutores entre los años 1999 y 2010”. Se encontró que los sistemas judiciales no
monitoreaban a los tutores, pero también, que muchos de los tutores que tenían
alguna clase de parentesco con la persona que custodiaban, eran los que más
abusos financieros cometían. Igualmente, los intervinientes sostuvieron que “la
interdicción de por sí conlleva impactos psicosociales negativos en todas las
personas interdictas”. Concretamente, resaltaron los siguientes impactos
negativos: (a) limita la capacidad funcional, de salud y de bienestar de la
persona, (b) produce aislamiento social, (c) disminución de confianza y aumento
de sentimientos de desesperanza, (d) sentimientos de estigmatización social y
(e) preocupación sobre los presuntos abusos que puede cometer el tutor sobre
sus derechos.
Contrario a todos estos impactos negativos de la interdicción, los
intervinientes sostuvieron que “los sistemas de apoyos para la toma de
decisiones han sido correlacionados con resultados positivos en las vidas de
personas con discapacidad intelectual, provocando tendencias judiciales y
legislativas que favorecen esta alternativa”. Al respecto, subrayaron que
por las evidencias de dos proyectos piloto (con personas con discapacidad
intelectual) que se iniciaron por organizaciones de la sociedad civil en
Estados Unidos, se pudo establecer que los asuntos de salud y de finanzas son
en los que más se utilizan los apoyos. Como impactos positivos advirtieron: “(…)
los cambios que se evidenciaron en los participantes (…) incluyeron aumentos en
orgullo, auto estima, alegría, disponibilidad de probar cosas nuevas, mayor
protagonismo con respecto de su propia salud física y mental, mayor iniciativa
a ayudar a otros. Más importante, nadie experimentó abuso, negligencia o explotación
financiera como resultado de utilizar a apoyos, causando los participantes a
pensar que la estructura de los sistemas de apoyo para la toma de decisiones
disminuyen los riesgos que pueden afectar a las personas interdictas”.
En suma, lo que se encontró en la implementación de los sistemas
de apoyo es que “las personas con discapacidad intelectual se volvieron más
capaces de tomar decisiones (…)  los apoyadores mismos se beneficiaron como
resultado de su participación en el programa, ya que reportaron haber dado más
libertad a las personas con discapacidad de tomar sus propias decisiones, haber
observado más autoexpresión y protagonismo por parte de las personas con
discapacidad, haber tenido más oportunidades de conversar abiertamente de
asuntos importantes y haber sentido menos miedo acerca del futuro de las
personas con discapacidad”. Los intervinientes afirmaron que estos
hallazgos son consistentes con otros programas de sistemas de apoyos a nivel
comparado. Para ello citan los casos de Bulgaria, Israel y Australia, en los
que se encontró que las personas en condiciones de discapacidad bajo un régimen
de apoyos son más autónomas, desarrollan habilidades en la toma de decisiones y
aumentan su autoestima, entre otros factores.
Finalmente, los intervinientes se refirieron a la reticencia que
se ha generado en los jueces estadounidenses para imponer la interdicción.
Señalaron que a pesar de que Estados Unidos no ha ratificado la Convención de
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las
evidencias en estudios científicos y académicos ha generado un cambio en la
toma de decisiones judiciales. En los últimos años, los jueces han preferido
revocar interdicciones o realizar acuerdos de apoyos a favor de las personas en
condiciones de discapacidad intelectual. Para el efecto, adjuntaron una tabla
de decisiones judiciales de la ciudad de Nueva York en la que ha prevalecido el
sistema de toma de decisiones con apoyo.
Human Rights Watch
Luego de referirse al paradigma social de la discapacidad acogido
por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de
describir los contenidos de este tratado internacional, afirmó que la Ley 1996
“cumple con todos los estándares establecidos”. Resaltó que la
Convención no realiza distinciones entre las personas con discapacidad, pues
todas tienen los mismos derechos. Adicionó que diferenciarlas y establecer
grados para el acceso o goce de derechos implicaría retomar el modelo médico o
rehabilitador, el cual es contrario al principio de igualdad y no
discriminación. Por otra parte, resaltó que no es adecuado confundir la
capacidad jurídica con la capacidad mental o las aptitudes intelectuales de una
persona. Al respecto precisó que la primera implica ser titular de derechos y obligaciones
y tener la capacidad para ejercerlos (legitimación para actuar). Mientras que
la segunda, la capacidad mental está referida a la aptitud de una persona para
adoptar decisiones, la cual varía según las personas, los contextos y las
materias sujetas a decisión.
Señaló que la Ley 1996 atiende a los principios establecidos en el
tratado internacional y contempla los casos difíciles (por ejemplo, el artículo
38), en los que establece la identificación de apoyos más intensos - con la
intervención de un juez- para la toma de decisiones. Además, la misma ley
establece salvaguardias para proteger de abusos o fraudes a las personas en
condiciones de discapacidad. La organización interviniente informó que ha
documentado casos en Croacia, India y Brasil en los que las personas con
discapacidad intelectual o cognitiva fueron confinadas en lugares e
instituciones de cuidado por sus tutores. También se presentaron casos de
abusos en asuntos financieros y económicos. Resaltó que “El término
"discapacidades severas" es un concepto impreciso e intrínsecamente
arbitrario: no tiene un significado claro y constituye un intento subjetivo de
crear una categoría de personas a las que se puede privar de su autonomía y
derechos. La CDPD protege a todas las personas con discapacidad,
"incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso", con
independencia de su supuesto grado de impedimento".”
Finalmente, afirmó que a pesar de que existen defensores de la
figura de la interdicción por ser “más protectora” de los derechos de las
personas con discapacidad, la realidad y la experiencia demuestran que las pone
en grave riesgo de abuso. De tal forma, en el marco de un modelo social de
discapacidad debe prevalecer un sistema de toma de decisiones con apoyo.
Instituto Nacional para Ciegos – INCI
El Director General del INCI, el señor Carlos Parra Dussán, señaló
que la Ley 1996 derogó todo el régimen de interdicción de las personas en
condiciones de discapacidad, y con ello, afectó el régimen de guardas. El
interviniente precisó que el fin de la Ley es que las personas con discapacidad
mayores de edad expresen su voluntad de manera directa o a través de apoyos. A
pesar de ello, precisó lo siguiente:
“No obstante, lo anterior, al presumirse de una persona con
discapacidad la plena condición de obligarse por sí mismo, sin apoyo alguno,
también debe advertirse que, no todas las personas tienen la misma capacidad de
obligarse, por lo menos, de una manera coherente, por lo que,
independientemente de la lógica con la que se obligue el sujeto, de su actuar
se desprenderán consecuencias de tipo jurídico, que definitivamente afectarán
favorable o desfavorable su existir. Por ello, considera el Instituto Nacional
para Ciegos INCI, que se debe establecer con mayor claridad, el tipo de
discapacidad presente en el sujeto de derechos, lo anterior, a efectos de
determinar la capacidad de interactuar y tomar decisiones con o sin apoyos, con
el fin de asegurar que la persona con discapacidad realice actos jurídicos que
no lo perjudiquen.”
Al final, afirmó que la modificación que hizo la Ley 1996 de 2019
a la Ley 1306 de 2009, relativa a eliminar el régimen de guardas, pone en
situación de desventaja y desprotección a las personas con discapacidad.
Instituto Jo Clemente
Según la organización interviniente, desde su experiencia “la
interdicción no protege ni garantiza los derechos de las personas con
discapacidad, sino, por el contrario, sirve como herramienta para la práctica
de diversas violaciones de derechos”. En sus palabras explicó: “En este
monitoreo, el IJC encontró que en más del 90% de los casos, la persona con
discapacidad nunca utilizó la sentencia de interdicción para ningún propósito,
excepto para demandar a beneficios de naturaleza de bienestar y / o seguridad
social. Sus relatos apuntan, por el contrario, a casos de abuso financiero,
limitaciones al derecho de ir y venir; prohibición de acceso al trabajo;
imposición de tratamientos involuntarios; esterilizaciones no consentidas; así
como casos de violencia y abuso por parte de curadores”.
Adicionó que la organización cuenta con un programa de “autodefensoría”
para las personas en condiciones de discapacidad intelectual o cognitiva, a
través del cual las incentivan a conocer y expresar sus preferencias, así como,
a comprender sus de derechos y deberes. El interviniente hizo referencia a
varios testimonios y a un video en la plataforma de Youtube en el que se
muestra cuáles son los avances de estos programas dentro de la organización.
Además compartió la experiencia de casos de personas con discapacidad
intelectual.
Por otra parte, afirmó que el paradigma social de la discapacidad,
asumido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, presume
la capacidad legal de esta población. Esta capacidad debe ser entendida desde
la óptica de la titularidad de derechos y obligaciones, como desde el ejercicio
y goce pleno de los derechos. Para el efecto, citó las observaciones generales
del Comité de la Convención. Resaltó la obligación que tienen los Estados de
adoptar todas las medidas adecuadas y necesarias para garantizar apoyos y
salvaguardias para el efectivo ejercicio de la capacidad legal.
Adujo que la decisión de constitucionalidad de la Ley 1996 de 2019
debe tener en cuenta los principios de la norma más favorable a la persona y la
prohibición de retroceso. En ese orden de ideas, según la organización
interviniente, la normativa interna cumple con los estándares internacionales,
los cuales solo pueden ser fortalecidos y evitarse medidas regresivas. De modo
que solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de la Ley 1996 de 2019.
Juanita Goebertus, Representante a la Cámara por Bogotá
La Representante solicitó a la Corte Constitucional declarar la
exequibilidad de la integridad de la Ley 1996 de 2019. Para el efecto, afirmó
que la Ley demandada se encuentra en línea con lo dispuesto en el artículo 12
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las
Naciones Unidas, instrumento internacional que hace parte del bloque de
constitucionalidad.
En primer lugar, la Representante se refirió al cambio del
paradigma de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Describió
el régimen de interdicción originalmente dispuesto en el Código Civil y el
proceso de jurisdicción voluntaria que debía adelantarse para declarar a una
persona interdicta. Al respecto, subrayó el hecho de que ni siquiera se
requiriera la comprobación del interés del demandante -la persona en condición
de discapacidad- para iniciar el proceso. La persona no tenía si quiera una
garantía de participación efectiva en el procedimiento y el juez tenía amplias
potestades oficiosas para determinar la interdicción y las formas de curaduría
o tutoría.
En segundo lugar, la Representante señaló que en respuesta de
aquel paradigma, surgió un modelo de capacidad plena y apoyos para la toma de
decisiones de las personas en condiciones de discapacidad. Este nuevo paradigma
proviene del enfoque social de la discapacidad, que plantea que la discapacidad
es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las
características funcionales de una persona y las barreras que ésta encuentra en
su entorno. Este nuevo enfoque fue el recogido por la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad y ha sido reconocido también por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional. Según la interviniente, este modelo
presume la capacidad legal de las personas con discapacidad pues “contempla que
los ajustes razonables para esta situación se traducen en apoyos para que las
personas con discapacidad expresen su voluntad y tomen decisiones”. Al respecto
precisó:
“Los sistemas de apoyo deben ser individualizados y son (i)
centrados en las personas, (ii) basados en un diálogo entre el receptor y quien
da el apoyo; (iii) orientados a promover la inclusión y la igualdad de la
persona que los recibe; y (iv) basados en información, es decir conformes a la
valoración que se hace a cada persona. No es posible establecer categorías
amplias y fijas para definir grados de capacidad mental y derivar de ellas la
capacidad jurídica, pues como mostraré más adelante, son conceptos
independientes que requieren de valoraciones particulares. Los apoyos se
clasifican de acuerdo a la intensidad que se determina teniendo en cuenta las
necesidades de las personas (…)”.
Según la interviniente, hay sistemas de apoyo intermitentes,
limitados, extensos o generalizados según las necesidades de cada persona. La
Ley 1996 de 2019 recoge estos estándares dentro de su normativa y establece la
autonomía de las personas como un fundamento esencial. Con base en
jurisprudencia constitucional, la Representante advirtió que
“(…) una limitación a la autonomía personal que se fundamenta en
una aproximación paternalista y decimonónica no es coherente con los principios
constitucionales de dignidad humana, igualdad, y libre desarrollo de la
personalidad. Así, mantener un régimen que atenta contra la autonomía al negar
la personalidad jurídica a las personas con discapacidad, en lugar de ofrecer
medidas menos lesivas opta por la que anula el derecho (la interdicción) y, en
consecuencia, no supera bajo ninguna óptica el elemento de necesidad de un
juicio de proporcionalidad. En lugar de permitir la privación de la capacidad
jurídica de las personas, un Estado moderno debe ofrecer los mecanismos
necesarios de apoyo y ajustes para que todas las personas, sin distinción
alguna puedan desarrollar su proyecto de vida”.
Adujo que las personas con discapacidad son reconocidas como
sujetos de especial protección constitucional, lo que exige por parte del
Estado, tomar las acciones necesarias para evitar exclusiones o
discriminaciones y asegurarles su plena realización como individuos autónomos.
La capacidad jurídica es un derecho que debe ser reconocido a esta población,
con el fin de que puedan tomar sus decisiones sin ninguna limitación. Al
respecto, la interviniente hizo referencia al contenido del artículo 12 de la
Convención, así como a lo desarrollado por el Comité del mismo instrumento.
En tercer lugar, con base en lo anterior, la Representante afirmó
que la Ley 1996 de 2019 es el cumplimiento normativo de los estándares
internacionales. Este nuevo régimen “ofrece garantías para que las personas
con discapacidad
expresen y vivan según su voluntad mediante sistemas de apoyos
para la toma de decisiones. Los apoyos y las salvaguardas, precisa la ley,
deben estar acorde a las necesidades de cada persona y dependen exclusivamente
de las valoraciones que haga el personal experto sobre la intensidad de los
apoyos que requieren”. A
continuación, la Representante presentó un cuadro comparativo para demostrar
cómo la Ley 1996 de 2019 cumple con cada uno de los contenidos del artículo 12
convencional.
Finalmente, con relación a los artículos demandados, la
interviniente sostuvo que los argumentos de los demandantes parten de premisas
erróneas. Señaló que “Al mantener la distinción entre capacidad absoluta y
capacidad relativa omiten que, conforme a la CDPD, la capacidad jurídica es un
derecho que se predica de todas las personas pues no depende de la capacidad
mental; es decir, bajo ese modelo, la distinción entre capacidad absoluta y
capacidad relativa deja de tener vigencia porque lo que varía es la intensidad
de apoyos requeridos para ejercer la capacidad jurídica, que está dada por la
capacidad mental, pero que de ninguna manera altera el reconocimiento del
derecho. El derecho lo tenemos todos, pero las medidas para ejercerlo son
diferenciales”. Explicó que la capacidad mental y la capacidad jurídica son
términos diferentes, y la última se presume de todas las personas.
Los demandantes confunden los conceptos, interpretan de manera
aislada los contenidos de la Convención y presumen que las personas con
discapacidad son incapaces para tomar sus decisiones y que requieren siempre de
un tercero que las tome por ellos. Adujo que los actores también sostienen que
los sistemas de apoyo son insuficientes sin tener en cuenta que estos dependen
de su valor individualizado y su intensidad según el caso, de manera que
concluyó que “los argumentos de los demandantes parten de un supuesto
equivocado pues al considerar que la medida idónea para proteger a las personas
con discapacidad es la interdicción, desconocen el fundamento de la CDPD que es
el reconocimiento de los derechos de esa población en condición de igualdad a
las demás personas”.
Advirtió que el hecho de que las personas sean sujetos de especial
protección constitucional no implica que deban tomarse medidas paternalistas
sobre ellas, si no que esto exige tomar medidas en igualdad de condiciones y
garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. En ese sentido, la interdicción
no es un mecanismo viable, pues “le quita a la persona la facultad de
decidir sobre sus propios asuntos y la reduce a una situación donde sus
preferencias y deseos están supeditados a un tercero”.
Señaló que a diferencia de lo que afirman los demandantes, la Ley
1996 de 2019 prevé mecanismos para los casos más intensos como lo es la
adjudicación judicial de apoyos establecida en el artículo 38.
Finalmente, la interviniente adujo que los demandantes no aplican
bien el juicio de proporcionalidad. Al respecto, explicó que el análisis que
hacen del artículo 6° sobre la presunción de capacidad es errado pues desconoce
que conforme a los tratados internacionales y la Constitución Política, la
capacidad es un atributo que se reconoce de forma iguala todas las personas.
Además, los demandantes no comprenden que los apoyos son para asegurar el
ejercicio del derecho a la capacidad jurídica, no para ser titular del mismo.
Concluyó que la posición de los demandantes es contraria al modelo social de la
discapacidad y recordó que el Estado debe tomar medidas a favor de la
protección de los derechos de las personas con discapacidad, pero éstas no
pueden ser paternalistas ni invadir las esferas de acción y decisión de las
personas. Afirmó que “la existencia de casos en los que las personas no
pueden expresar de ninguna manera su voluntad y consentimiento no debe ser el
racero mediante el cual se regule la situación del resto de personas, pues
conduce a las medidas más restrictivas de derechos”.
Lucila López, (ciudadana con nacionalidad argentina amicus curiae)
Afirmó que la Ley 1996 de 2019 obedece a los estándares
internacionales de la discapacidad desde un modelo social. Para la
interviniente la figura de la interdicción es una sustitución de la voluntad y
una “violación de derechos”. Expresó que la interdicción responde a un “estigma”
social sobre las personas con discapacidad psicosocial que les impide ejercer
sus derechos de manera óptima. Se refirió a los derechos reproductivos de las
mujeres con discapacidad psicosocial y adujo que es una violación a la dignidad
humana y a la autonomía imponerles las decisiones de otros que se consideran
“tutores” bajo el régimen de la interdicción.
Con sustento en lo anterior, solicitó declarar la
constitucionalidad de la Ley 1996 de 2019.
Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad
La Relatora, con el fin de contribuir al debate constitucional,
allegó copia del informe sobre el derecho a la capacidad jurídica y la toma de
decisiones con apoyo (A/HRC/37/56) presentado en el 37° periodo de sesiones del
Consejo de Derechos Humanos. Según la Relatora “dicho informe tiene por
objeto prestar orientación a los Estados sobre cómo garantizar el derecho de
las personas con discapacidad al igual reconocimiento de su capacidad jurídica”.
Sociedad y Discapacidad
En representación de la
ONG peruana denominada Sociedad y Discapacidad – Estudios, Asesoría e
Integración de la Persona con Discapacidad, las señoras Pamela Solanch Smith
Castro, Directora Ejecutiva, y Mariana Lucía Burgos Jaeger, Asistente Legal de
la ONG, presentaron su intervención con el fin de solicitar que se declarara
exequible la Ley 1996 de 2019.
En primera medida,
señalaron que la ONG trabajó junto con otras organizaciones en la Comisión
Especial Revisora del Código Civil, en la que se debatió el tema relacionado
con el ejercicio de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad y se
elaboró la propuesta legislativa de reforma del Código Civil Peruano. Dicha
iniciativa sirvió como base para la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo
mediante el Decreto Legislativo 1284, en aras del reconocimiento de la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Con fundamento en ello,
consideraron necesario ofrecer a la Corte Constitucional unos elementos de
juicio e información que podían ser útiles al momento de emitir el fallo, los
cuales se expondrán a continuación.
Las intervinientes
propusieron cuatro preguntas a las que dieron respuesta, con base en su
conocimiento y experiencia. A saber: (i) ¿Por qué la ley se ajusta a las
obligaciones internacionales de Colombia bajo la CDPD (Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) ?; (ii) ¿Por qué debe
garantizarse la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad
independientemente de la gradualidad de la deficiencia?; (iii) ¿Cómo responde
el nuevo modelo de capacidad jurídica a los argumentos expuestos en las
demandas?; y (iv) ¿Qué trajo la reforma peruana? Implementando un modelo de
apoyos que desplazó la interdicción civil.
Respecto de la primera
pregunta, en relación con la capacidad jurídica de las personas con
discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos, indicaron que, gracias
a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – en adelante
la CDPD –, se ha generado un cambio en la conceptualización de la discapacidad
y el reconocimiento de los derechos de este grupo de personas.
En efecto, indicaron que el Alto
Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que el
referido tratado “constituye un cambio paradigmático de actitud que va de la
percepción de las personas con discapacidad como objetos de la caridad, del
tratamiento médico de la protección social, a la de sujetos de derechos capaces
de reclamar esos derechos como miembros activos de la sociedad”[177].
Por su parte, las intervinientes
sostuvieron qué la discapacidad es “una categoría social resultante de la
interacción entre una persona con deficiencias (físicas, sensoriales,
intelectuales y mentales) y barreras sociales que limitan su participación
(incluidas las barreras en el entorno y las barreras actitudinales); no una
característica inherente de las personas que implique únicamente un quehacer
médico-asistencial”[178].
A partir de dicha definición,
observaron que el abordaje de la capacidad jurídica no debe hacerse únicamente
desde el derecho privado, fundamentalmente el derecho civil, sino que también
debe hacerse desde una lectura contemporánea que tenga en cuenta los estándares
de derechos humanos. Así, a la luz de ese paradigma, señalaron que “se ha
derrotado la noción de que la titularidad de la capacidad jurídica pueda seguir
supeditada a rasgos vinculados a la racionalidad o 'capacidad mental'; pues
esta percepción afecta fundamentalmente a personas con discapacidad intelectual
y psicosocial. En ese sentido, el rol del derecho es delimitar un nuevo marco
de fundamentación de derechos cuyos postulados no desconozcan las
particularidades que entraña la diversidad humana”[179].
Ahora bien, resaltaron que
los Estados Parte de la CDPD se encuentran obligados, mediante su artículo 12,
a reconocer la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones que los demás, a tomar las medidas necesarias para
garantizarles los apoyos requeridos, así como también las garantías que lleguen
a necesitar al ejercer su capacidad jurídica y adoptar medidas legislativas y
administrativas para materializar sus derechos. En su opinión, el Estado
colombiano ha cumplido con aquellas obligaciones mediante la aprobación de la
Ley demandada.
Afirmaron que la
discapacidad de una persona no puede ser la razón para negar su capacidad
jurídica, así como tampoco para tratarla de manera diferente a comparación con
los demás. Señalaron que, en su criterio, la respuesta adecuada para este caso
desde un enfoque de derechos debe enfocarse en descubrir cuáles son los apoyos
requeridos por las personas con discapacidad para que puedan hacer efectivos
sus derechos.
De hecho, resaltaron que
el modelo de apoyos no se encuentra dirigido a limitar la capacidad jurídica de
la persona con discapacidad, sino a potenciarla en función a sus necesidades.
Al respecto, indicaron que este modelo fue incorporado al ordenamiento jurídico
colombiano mediante la Ley 1996 de 2019, pues se previó que una persona con
discapacidad puede recibir ayuda para la toma de decisiones sin renunciar por ello
al derecho a tomar sus propias decisiones, lo cual se denomina capacidad de
ejercicio. Agregaron que este modelo de ayudas se diferencia al tradicional
sistema de sustitución de la voluntad, materializado a través de figuras como
la de la tutela o la curatela, por cuanto este último busca limitar el
ejercicio de la capacidad jurídica de una persona con discapacidad, para
situarlo fuera de la propia persona, a través de un tutor o curador.
Aseveraron que, en
definitiva, el Estado colombiano ha cumplido los compromisos asumidos a través
del CDPD, apostando por el reconocimiento igualitario de la capacidad jurídica
de las personas con discapacidad, “eliminando el régimen de interdicción o
inhabilitación, y desarrollando diferentes e integrales formas de apoyo y
disponiendo una serie de salvaguardias”[180].
Estimaron que el modelo de
apoyo implementado mediante la ley demandada es armónico con el respeto a la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad, por tener como
características principales a las siguientes: (i) “[l]a voluntariedad del
apoyo: su nombramiento no puede efectuarse en contra de la voluntad de la
persona con discapacidad y esta última puede rechazarlos”; (ii) “[e]l ejercicio
de la capacidad Jurídica no puede subordinarse a una previa designación de
apoyos”; y (iii) “[l]a actuación de los apoyos debe obedecer la voluntad y
preferencias de la persona con discapacidad, no lo que a criterio de un tercero
puede ser el mejor interés de la persona”[181].
Resaltaron que dicho modelo es aplicable a una gran variedad de situaciones,
incluso en aquellas en las que sea difícil determinar la voluntad de las
personas asociadas a diagnósticos severos.
En suma, sostuvieron que
la Ley demandada ofrece mayores posibilidades y facilidades para el diálogo y
la deliberación de las personas con discapacidad con las respectivas
autoridades o funcionarios. Asimismo, consideraron que el reconocimiento
igualitario del derecho va acompañado de las medidas adecuadas para procurar
que: (i) las referidas personas puedan tomar decisiones sobre sus vidas; (ii)
se les garantice el respecto a su voluntad y preferencias; y (iii) no exista
ningún tipo de abuso o conflicto de interés.
En relación con la segunda
pregunta, las intervinientes aseguraron que la obligación del reconocimiento
igualitario se encuentra justificado en los principios de autonomía, de
igualdad de oportunidades y de no discriminación, consagrados en los artículos
3 de la CDPD y 4 de la Ley 1996 de 2019.
Sobre este punto en
particular, expusieron que la autonomía es un valor que se asocia a la dignidad
humana, que debe entenderse como “un espacio libre o sin restricciones para
la acción voluntaria basada en la conciencia y las elecciones libremente
adoptadas”[182]
y que cuenta “con dos dimensiones principales: i) como capacidad de
decisión: escoger por propia voluntad acerca de querer o no algo; y ii) como
oportunidad de ejercer la capacidad de decisión: esto es, externalizar la
elección interna contando con la posibilidad de llevar a cabo la voluntad”[183].
Al respecto, afirmaron que el modelo de asistencia o apoyo busca garantizar el
desarrollo de la autonomía y procurar un trato igualitario entre este grupo de
personas y el resto de la población. A su parecer, este modelo es el idóneo
para garantizar y respetar el principio de autonomía y el derecho a la
igualdad.
Ahora bien, estimaron que
las barreras en el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con
discapacidad, tales como requisitos, como los de probar una voluntad calificada
y existir poca probabilidad de errar, y las prohibiciones derivadas de la
figura de la interdicción, son producto de la discriminación estructural e
histórica. Partiendo de lo anterior, indicaron que la CDPD busca asegurar un
esquema de igualdad que elimine los supuestos de discriminación y que
transforme las estructuras y sistemas anteriores. Agregaron que ese es el
parámetro con base en el cual debe interpretarse el artículo 12 de la CDPD y
que esa fue la fórmula propuesta por la reforma colombiana, al contemplar
medidas de accesibilidad, apoyos y salvaguardas que permitieran construir un
esquema de igualdad transformativa. Como consecuencia de ello, gracias a la
ratificación de la CDPD y de la expedición de la Ley 1996 de 2019, todos los
colombianos con discapacidad se encuentran legalmente en igualdad de
condiciones frente a los demás para ejercer su capacidad jurídica, contando con
el acceso a los apoyos que necesiten y las salvaguardias correspondientes, garantizadas
por el Estado.
De otra parte,
respondiendo a la tercera pregunta planteada, las intervinientes afirmaron que “[l]os
derechos no pueden ser atribuibles a supuestas capacidades o condiciones
médicas estandarizadas (…) La capacidad no es una categoría dicotómica (se
tiene absolutamente o no se tiene nada); en realidad, pueden existir variables
en la capacidad de tomar distintos tipos de decisiones, en lugar de que la
menor capacidad signifique la remoción del derecho, se pueden pensar en apoyos
de diferentes intensidades que permitan viabilizar esa voluntad”[184].
Compararon las exigencias
impuestas a las personas con discapacidad frente a las de los demás, para
resaltar que “a cualquier ciudadano se le permite elegir entre diversas opciones
en cada momento de su vida, con altas posibilidades de error”[185]
y, por el contrario, a las personas con discapacidad se les obliga “a probar
que su voluntad es calificada que los riesgos de tomar una decisión errada
serán bajos para que se les permita elegir por sí mismos. De no lograrlo, se
les impone un sistema de representación o sustitución en la toma de decisiones
a través de instituciones como la interdicción o la curatela”[186].
Así, señalaron que de
conformidad con el artículo 12 de la CDPD no es admisible ningún tipo de
valoración que mida el funcionamiento mental a partir de las destrezas y
habilidades individuales, pues ello involucraría la existencia de un paradigma
biomédico que es rechazado por el referido tratado. En su opinión, el modelo de apoyos y el artículo 12 de la CDPD ofrecen una
solución legal que respeta los derechos fundamentales de las personas con
discapacidad, al implementar medidas de accesibilidad y/o ajustes para obtener
la voluntad de estas personas; contrario sensu, se descarta la
posibilidad de que la dificultad en entender la voluntad de este grupo de
personas sea entendida como un motivo razonable o suficiente para prescindir de
ella o invalidarla.
Lo anterior, por cuanto “[l]a
capacidad jurídica de todas las personas es -independientemente de las
deficiencias- una garantía a su autonomía y libertad, e implica a la vez, la
efectividad de otros derechos humanos y libertades fundamentales, que bajo el
principio de dignidad, como valor inherente a las personas, nos corresponden”[187].
Explicaron que, a pesar de
que las restricciones que se han hecho a la capacidad jurídica se han
justificado por la existencia de un interés de proteger a las personas, en la
práctica se ha puesto en evidencia que esa figura protectora ha legitimado
situaciones de abuso, conflictos de interés, internaciones forzosas y
privaciones a la libertad, así como también la consecuente restricción en el
acceso a la justicia. De ahí, concluyeron que la remoción de este derecho y la
delegación de la toma de decisiones respecto de todos los ámbitos de la vida de
una persona a otra, más allá de cumplir con el fin deseado (protección) ha
generado afectaciones graves.
De otra parte, aseveraron
que “[l]a interdicción no constituye una acción afirmativa ni garantiza la
protección de los derechos de las personas con discapacidad”[188].
Estimaron que la figura de la interdicción por motivos de discapacidad es una
medida discriminatoria, habida cuenta que hace una diferenciación que no
encuentra sustento en causas objetivas, razonables ni proporcionales. Aquella
afirmación fue justificada bajo las siguientes razones: (i) la interdicción
busca proteger la vida, integridad, bienestar y administración de bienes de una
persona, no obstante “no resulta idónea para este fin, puesto a que la
anulación de derechos de una persona no es correspondiente con el intento de
protección de la misma o su entorno. No le otorga ninguna seguridad ni
facilidad para su autoprotección ni a terceros, sino por el contrario, termina
con las posibilidades de denunciar cualquier de (sic) tipo de maltrato o engaño
que pueda sufrir la persona con discapacidad”[189];
(ii) la interdicción no es una medida necesaria, toda vez que existen otras
opciones legales, como el modelo de apoyos combinado con mecanismos de
salvaguardias, que son más idóneas para proteger a las personas con
discapacidad; (iii) al hacer un test de proporcionalidad, se puede comprobar
que “retirar la capacidad jurídica de una persona para asignarla a otra en
su lugar no era una medida que realizara por sí misma un fin de protección al
bienestar de la persona en cuestión, por el contrario la exponía a abusos y la
discriminaba directamente”[190];
y (iv) “confundir «capacidad jurídica» con «la capacidad mental» y negarle a
una persona 'con menor capacidad mental' tomar decisiones o ejercer su
capacidad de obrar, es un acto discriminatorio fijado por una valoración
subjetiva de la capacidad mental de personas con discapacidad solo por tener
dicha discapacidad”[191].
Finalmente, en respuesta
al cuarto interrogante, las intervinientes señalaron que, al haber implementado
el modelo de apoyos que desplazó la interdicción civil, la reforma peruana
trajo los siguientes cambios:
(i)
Se
reconoció la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad, esto
es, su derecho a tomar decisiones libres y voluntarias, de acuerdo con los
estándares de la CDPD. En este sentido, las figuras de la curatela e interdicción
fueron eliminadas y el acceso a la figura de apoyos y salvaguardas se están
regulando voluntariamente.
(ii)
Se
establecieron dos vías para designar apoyos y salvaguardas, a saber, la
notarial y la judicial. Cuando una persona con discapacidad, mayor de edad y
posibilitado a manifestar su voluntad, considere pertinente designarse apoyos
para facilitar el ejercicio de sus actos que producen efectos jurídicos, podrá
disponer de cualquiera de las dos vías. En esos casos tanto los notarios como
los jueces “se obligan a otorgar las medidas de accesibilidad y ajustes
razonables con la finalidad de conocer la voluntad durante el trámite o proceso
de designación de apoyos y salvaguardias”[192]. Cuando
se trate de una persona que no puede manifestar su voluntad o cuenta con
capacidad de ejercicio restringida (ej. Una persona en estado de coma), la
designación procede sólo por vía judicial. “En estos casos se debe actuar,
en función a obtener la mejor interpretación posible de la voluntad, las
preferencias y atender a la trayectoria de vida; recabando información de
familiares, amigos, terceros interesados; para designar al apoyo o apoyos
según; la relación de convivencia, confianza, amistar, cuidado, o parentesco
que exista entre ella o ellas, con la persona que requiere el apoyo y
atendiendo a los alances y/o facultades que sean necesarias para el caso en
concreto”[193].
(iii)
Se
creó un sistema flexible de salvaguardias, esto es, la persona mayor de edad
puede acceder de manera libre y voluntaria a los apoyos y salvaguardias.
Asimismo, la persona que designa el apoyo puede determinar las medidas de
salvaguardia que desee, de tal forma que se garantice un amplio margen de
participación y de mayores posibilidades de encontrar las salvaguardias oportunas
y adatadas a cada caso concreto.
(iv)
Se
expidieron unos reglamentos que establecen las pautas de implementación. En
otras palabras, si bien se inicio la reforma peruana con el Decreto Legislativo
1384 de 2018, ésta ha sido complementada con unos reglamentos los cuales
establecen: (i) “cómo será el proceder de los jueces en los casos que traten
la ejecución de sentencias de interdicción o vean estos procesos en trámite”[194];
y (ii) “las formas de designación de apoyo a nivel notarial y judicial, como
también la forma de determinación de la existencia de voluntad y de la mejor
determinación de la misma de las personas con discapacidad que no puedan
formularla”[195].
(v)
Se
implementó una estrategia de capacitación a los diversos actores en todos los
niveles, para asegurar una adecuada transición hacia el sistema de apoyos.
Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la
Pontificia Universidad Católica del Perú
Los señores Renata Anahí
Bregaglio Lazarte, Jefa de la Oficina de Responsabilidad Social, Docente del
Departamento de Derecho y Coordinadora de la Clínica Jurídica en Discapacidad y
Derechos Humanos, Renato Antonio Constantino Caycho, Docente del Departamento
de Derecho, y Paula Lucía Camino Morgado, egresada de la Facultad de Derecho y
representante de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos,
presentaron intervención en representación de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, para solicitar que se declarara exequible la Ley 1996 de
2019 y se instara a las entidades del Estado a asegurar su cabal cumplimiento.
Señalaron que su Clínica
Jurídica ha estado vinculada al proceso de reforma del Código Civil peruano,
acompañando el trabajo de la Comisión Especial Revisora del Código Civil y que
su coordinadora inclusive elaboró un Anteproyecto para la misma. Igualmente,
indicaron que han participado en reuniones convocadas por el consejo Nacional
para la Integración de la Persona con Discapacidad y el Poder Judicial, para
elaborar los reglamentos derivados de la reforma y capacitar a jueces, otros
servidores públicos y a la sociedad civil para su aplicación.
Partiendo de la
experiencia y conocimiento que tienen sobre el tema, los intervinientes
afirmaron que, en su opinión, la Ley 1996 de 2019 cumple con las obligaciones
emanadas del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (CDPD) y consideraron que los demandantes hicieron una lectura
errónea e incompleta del articulado de la Ley, con base en los siguientes
argumentos.
Luego de hacer una
síntesis de los cargos expuestos por los demandantes, los intervinientes
aseveraron que los demandantes confundieron las obligaciones derivadas del artículo 12 de la CDPD. A su parecer, este artículo
establece tres obligaciones distintas, a saber, la obligación de: (i) “reconocer
la plena capacidad jurídica de toda persona con discapacidad y otorgar validez
jurídica a su voluntad (inciso 2)”; (ii) “contar con un sistema de
apoyos que podrá o no ser utilizado por las personas con discapacidad, para
facilitar la comunicación de dicha voluntad (inciso 2)”; e (iii) “implementar
salvaguardias que eviten los abusos y conflictos de interés (inciso 4)”[196].
Al hacer un análisis de
dichas obligaciones, indicaron que el Comité de Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad – en adelante el Comité PCD – ha sido
enfático en afirmar que la prohibición de restringir la capacidad jurídica por
motivo de discapacidad es absoluta y, por ello, sostuvieron que es incorrecto
plantear, como lo hacen los demandantes, que las personas con discapacidades
mentales severas deban estar sujetas a un régimen de capacidad jurídica
diferenciado.
Opinaron que reformas como
la llevada a cabo e Perú, así como también la colombiana, obligan a
reconfigurar la forma en que se debe entender el concepto de “voluntad”
en el Derecho. Resaltaron que, en vez de asumir que ciertas personas con
discapacidad no pueden ejercer su capacidad jurídica, tal y como lo plantean
los demandantes, se debería desarrollar mecanismos para permitir a estas
personas manifestar su voluntad y actuar conforme a ella.
Agregaron que el Comité
PCD sostuvo que el artículo 12 de la CDPD “no permite negar la capacidad
jurídica de ese modo discriminatorio, sino que exige que se proporcione apoyo
en su ejercicio”[197].
Por consiguiente, los intervinientes concluyeron que la pretensión de los
demandantes de mantener un sistema de reconocimiento de la capacidad jurídica
ligado a la capacidad mental, que acepta distintos derechos en función del
grado de discapacidad, “no resulta compatible con las obligaciones
internacionales asumidas por el Estado colombiano”[198].
Por otro lado, consideraron
que los demandantes presentaron un argumento errado, por partir de una
comprensión equivocada de la función de los mecanismos de apoyo, al afirmar que
al permitir que las personas con discapacidad ejerzan su capacidad jurídica sin
la participación de un apoyo, se están afectando la igualdad material y el
mandato de protección, derivados de la Constitución Política y de la CDPD.
Sobre este punto en
particular, aclararon que “los apoyos se entienden como mecanismos
facultativos diseñados o designados para facilitar la formulación y
comunicación de la voluntad de una persona al momento de tomar una decisión que
genere efectos jurídicos. Estos apoyos para la toma de decisiones pueden tomar
diversas formas, como el apoyo de pares, apoyos naturales, o redes de apoyo
comunitario. En los términos del Comité de Personas con Discapacidad (Comité
PCD), la figura del apoyo ‘debe respetar los derechos, la voluntad y las
preferencias de las personas con discapacidad y nunca debe consistir en decidir
por ellas’. En el caso colombiano, en virtud de la Ley 1996 de 2019, los apoyos
pueden ser personas naturales o jurídicas, designadas mediante acuerdos de
apoyo (artículo 15), directivas anticipadas (artículo 21), procedimientos de
jurisdicción voluntaria o procesos sumarios (artículo 32)”[199].
Aclararon que el rol del
apoyo no es el de sustituir ni validar la voluntad de la persona con
discapacidad, ni tampoco habilitar la celebración de actos jurídicos, sino por
el contrario ayudar a la persona con discapacidad a formular una voluntad
frente a la posibilidad de realizar un acto jurídico. Con fundamento en ello,
sostuvieron que la capacidad de ejercicio no puede condicionarse al
nombramiento de apoyos, pues esta interpretación del artículo 6 de la Ley 1996
de 2019 seria contraria a la CDPD y viciaría el contenido de la reforma.
Indicaron que no estaban
de acuerdo con la postura de los demandantes consistente en entender que al
considerar como válidos los actos jurídicos celebrados por una persona con
discapacidad sin la participación de un apoyo implica la vulneración de su
derecho a la igualdad formal y al principio de no discriminación. Ello, puesto
que los demandantes sólo se fundamentan “en el perjuicio según el cual las
personas con discapacidad, sin la guía de un apoyo, necesariamente tomarán
decisiones perjudiciales para ellos/as. Como ya se ha explicado, adoptar una
reformar (sic) de capacidad jurídica supone reconocer que la capacidad jurídica
es inherente a toda persona, y es diferente de la capacidad mental; supone
aceptar que las personas con discapacidad pueden formular una voluntad
igualmente válida a la del resto de personas. Supeditar la validez de un acto
jurídico a la participación de una tercera persona a causa de la discapacidad
de quien celebra el acto supondría – precisamente – vulnerar el principio de no
discriminación”[200].
Por último, expresaron que
no estaban de acuerdo con los señalamientos realizados por los demandantes,
respecto de que la Ley 1996 de 2019 no establece salvaguardias adecuadas y
efectivas para el ejercicio de la capacidad jurídica y que, por el contrario,
al prohibir la interdicción, a través del artículo 53, la Ley habría eliminado
una salvaguardia adecuada y efectiva. Lo anterior, toda vez que, en su opinión,
los argumentos parecen partir de una comprensión errónea de la naturaleza y
función de las salvaguardias en el sistema de capacidad jurídica de la CDPD.
Al respecto, expusieron
que “[l]as salvaguardias son medidas diseñadas para evitar que los apoyos
incurran en conflictos de intereses o tengan una influencia indebida sobre las
personas con discapacidad. Son personas o mecanismos que deben evitar que se
cometan abusos contra la persona con discapacidad, prevenir conflictos de
intereses y garantizar el respeto de las preferencias de la persona con
discapacidad. Según la CDPD, deben ser proporcionales y adaptadas a las
circunstancias de cada persona, protegiéndola frente a posibles abusos; e
incluso en aquellos casos en que no sea posible determinar la voluntad y
preferencias de una persona, la noción de salvaguardia nos obliga a entender el
interés superior de aquella persona como la ‘mejor interpretación posible de la
voluntad y las preferencias’. Es decir que aún en aquellos casos más severos,
como aquellos previstos en los artículos 32 y 38 de la Ley 1996, se deberá
velar por la voluntad de la persona con discapacidad y no sustituirla”[201].
Con fundamento en lo
anterior y contrario a lo señalado por los demandantes, afirmaron que
justamente a través de las salvaguardias es que se podría lograr alcanzar el
objetivo de establecer mecanismos de protección de la toma de decisiones con
apoyos.
Puntualmente, en relación
con la figura de la “interdicción”, sostuvieron que esta no puede ser
considerada como el mecanismo de salvaguardia adecuado en ninguna
circunstancia, ya que el mandato del artículo 12 de la CDPD es incompatible con
la referida figura. De hecho, explicaron que “el reconocimiento de capacidad
jurídica supone necesariamente reconocer la validez de la voluntad de la
persona con discapacidad. La interdicción, por contraste, supone sustituir de
forma absoluta la voluntad de la persona con discapacidad. Bajo un régimen de
interdicción, es el curador quien toma todas las decisiones con efectos jurídicos
respecto de la persona bajo interdicción. La persona con discapacidad no solo
no puede cuestionar las decisiones del curador, sino que no participa del
proceso de toma de decisiones que afectan su vida cotidiana (…) A diferencia de
un sistema de toma de decisiones de apoyo, la interdicción niega la capacidad
jurídica de forma discriminatoria a las personas con discapacidad, pues
establece una forma distinta de ejercer las capacidades de goce y ejercicio en
respuesta a la discapacidad”[202].
Ahora bien, luego de
exponer los argumentos por los cuales afirmaron no estar de acuerdo con los
demandantes, procedieron a hablar de manera breve sobre el modelo peruano de
reconocimiento de capacidad jurídica. Relataron que en Perú se adoptó una
reforma de capacidad jurídica similar a la colombiana, mediante el Decreto
Legislativo 1384 de 2018. Expresaron que fue a través de este Decreto que se
eliminó de manera definitiva la figura de la interdicción para las personas con
discapacidad, pues buscaban acoplar sus normas al artículo 12 de la CDPD y al
reconocimiento de plena capacidad jurídica que había iniciado con el artículo 9
de la Ley General de la Persona con Discapacidad peruana de 2012.
Adicionalmente, expusieron
que esta reforma estableció apoyos, que son personas naturales o jurídicas sin
fines de lucro, quienes cumplen fundamentalmente tres funciones, a saber,
facilitar la comprensión de actos jurídicos, la comunicación y la manifestación
de la voluntad. El apoyo es libremente elegido por la persona con discapacidad.
Aclararon que los apoyos no tienen facultades de representación a menos que
estas sean expresamente delegadas por la persona con discapacidad o por el
juez, en el caso del apoyo obligatorio excepcional.
Respecto del apoyo
obligatorio, señalaron que el sistema peruano prevé situaciones excepcionales
en las que un juez puede determinar que una persona con discapacidad debe
contar con un apoyo en la toma de decisiones; decisión que no es tomada por la
propia persona con discapacidad. Esta figura se denominó como “apoyo
excepcional”, y se diseñó para aquellos casos que podrían denominarse como “difíciles”,
pues son aquellas circunstancias en las que la persona con discapacidad no
puede manifestar su voluntad. No obstante lo anterior, para garantizar el
adecuado uso de esta figura se determinó que el juez deberá realizar “(…)
‘esfuerzos reales, considerables y pertinentes para obtener una manifestación
de voluntad’, aplicando las medidas de accesibilidad y ajustes razonables necesarias
para obtenerla. Además, dispone que solo se podrán designar estos apoyos
excepcionales cuando sean necesarios para el ejercicio o protección de un
derecho de la persona con discapacidad – es decir, no podrán ser designados sin
que respondan a una necesidad concreta”[203].
Para finalizar, indicaron
que el legislador peruano definió las salvaguardias, las cuales son “medidas
que buscan ‘garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las
preferencias’ de las personas con discapacidad, así como evitar que las
personas que ejercen el rol de apoyo cometan abusos o ejerzan una influencia
indebida”[204].
Señalaron que, en el sistema peruano, las salvaguardias pueden ser establecidas
por la propia persona con discapacidad o por el juez, en el supuesto del apoyo
obligatorio excepcional.
En conclusión, los
intervinientes resaltaron que “[a] partir de lo expuesto, sostenemos que la
Ley 1996 de 2019 es plenamente exequible, al ser válida en términos
constitucionales y convencionales. La norma está alineada al espíritu del
artículo 12 de la CDPCD ~ el reconocimiento pleno y en igualdad de condiciones
de la capacidad jurídica de toda persona con discapacidad. De este artículo se
desprenden tres obligaciones para el Estado colombiano: reconocer la plena
capacidad jurídica de toda persona con discapacidad, crear un sistema de apoyos
y establecer un sistema de salvaguardias. La Ley 1996 satisface estas tres
obligaciones (…) La experiencia peruana ha demostrado que, sin duda,
implementar una reforma de capacidad jurídica es una tarea compleja. Sin
embargo, es una tarea necesaria en una sociedad democrática y comprometida con
el mandato de no discriminación. La modificación del Código Civil peruano ha
permitido a las personas con discapacidad la habilidad de actuar por sí solas
frente al derecho, facilitando el acceso a derechos sociales, políticos y de
propiedad. Ambas reformas comparten las mismas líneas de guía, alineadas a las
obligaciones que se desprenden del artículo 12 de la CDPCD”[205].
Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado
de Colombia
Afirmó que la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de
las personas con discapacidad materializó el modelo social de la discapacidad y
parte de un reconocimiento de derechos universal y sin distinciones basadas en
los tipos de discapacidad. Resaltó que este tratado internacional fue
ratificado debidamente por Colombia y hace parte del bloque de
constitucionalidad. Por ello, la Ley 1996 de 2019 acoge estos nuevos estándares
y asume que las personas en condiciones de discapacidad son sujetos de
derechos, autónomos y cuentan con una capacidad jurídica como cualquier otra
persona. Además, regla todo lo concerniente a los apoyos requeridos para la
adecuad toma de decisiones, derogando la figura de la interdicción. Al
respecto, el interviniente hace una referencia concreta a lo establecido en la
Observación General No. 1 y a la necesidad de no confundir entre la capacidad
legal y la capacidad mental de una persona, así como a la necesidad de
modificar los regímenes tradicionales del derecho privado sobre la
interdicción.
Finalmente resaltó que el mismo Comité mediante recomendaciones
emitidas en el año 2016 le sugirió a Colombia derogar "toda disposición en
el Código Civil y otras normas que restrinjan parcial o totalmente la capacidad
jurídica de personas con discapacidad”, al tiempo que instó al Estado a
“adoptar medidas legales y administrativas para proporcionar los apoyos que
requieran las personas con discapacidad para ejercer plenamente este derecho,
tomar decisiones en los ámbitos de salud, sexualidad, educación y oíros, sobre
la base del respeto pleno a su voluntad y preferencias, tal y como lo establece
la Observación general no. l (2014) del Comité, sobre el igual reconocimiento
como persona ante la ley".
Icesi – Grupo de Acciones Públicas
Los señores Paula Andrea
Cerón Arboleda, Manuel Alejandro Guevara Bocanegra, Dayana Holguín Lenis,
Katalina Arenas Otero, Juan Manuel Arbeláez Duque, Claudia Fernanda Henao
Henao, Claudia Moncayo, Anny Pejendino Ortega y Daniela Perdomo, docentes y
estudiantes del Grupo de Acciones Públicas –GAPI– de la Universidad Icesi,
presentaron un escrito con el objetivo de intervenir en el presente caso y
solicitar que la Corte Constitucional declarara exequibles los artículos
acusados. A continuación se expondran las principales ideas plasmadas en su
escrito.
En primera medieda,
destacaron que, pese a la gran importancia que tienen los derechos de las
personas con discapacidad, el desarrollo existente en el derecho interno
colombiano es aún incipiente, de manera que algunas de las disposiciones de la
Covención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – CDPC – pueden,
excepcionalmente, requerir para su total cumplimiento la excepdición de normas
(leyes o actos administrativos según el caso). Al respecto, indicaron que la
Corte Constitucional, despues de haber realizado un examen detallado de todos
los artículos de la CDPD, aprobada mediante la Ley 1346 de 2009, consideró que
aquellos eran adecuacuados y razonables dentro de un instrumento de esta
naturaleza y que eran conducentes a su adecuada ejecución y complimiento.
Manifestaron que, a través
de la CDPD, Colombia se comprometió a tomar todas las medidas, políticas o
decisiones públicas necesarias, “a través de las cuales se establezca un
trato ventajoso, y en cuanto tal formalmetne desigual, que favorece a
determinadas personas o grupos humanos tradicionalmente marginados o
discriminados, con el único propósito de avanzar hacia la igualdad sustancial
de todo el conglomerado social”[206].
Señalaron que “el
problema jurídico propuesto en las demandas que pretenden la inexequibilidad
es: la ley 1996 de 2019 vulnera el artículo 13 de la Carta Política, por cuanto
el artículo 6 de dicha ley establece que las personas en situación de
discapacidad mayores de edad, interdictos o potencialmente interdictos, e
inhábiles o potencialmente inhábiles se presumen legalmente capaces; el
artículo 53, por derogar y prohibir la interdicción y en general todo el
articulado puesto que dicha ley no realiza una separación entre las categorías
de discapacidad mental absoluta y relativa, y sólo se pensó para personas con
‘discapacidad mental relativa’, constituyendo una violación a los artículos 1,
2, 13, 42, 47, 49 de la Constitución y la ley 1616 de 2013, la cual regula la
salud mental en Colombia”[207].
Frente a esta premisa,
señalaron que estaban en desacuerdo, toda vez que, contrario a sus argumentos,
la Ley 1996 de 2019 garantiza el pleno reconocimiento de la capacidad jurídica
de las personas con discapacidad, en virtud del artículo 12 de la CDPD;
artículo por medio de la cual se estableció que los Estados Partes deberán
reafirmar que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de
su personalidad jurídica y reconocer que las personas con discapacidad tienen
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los
aspectos de la vida.
Afirmaron que, en su
opinión, con el proceso de interdicción se anula totalmente la voluntad y
capacidad jurídica de las personas con discapacidad, sin tener en cuenta sus
preferencias y convicciones personales, dejando su voluntariedad en manos de un
tercero, y suponiendo erróneamente que dicha figua brinda seguridad jurídica y
protección, “de tal manera que una persona bajo la figura de interdicción no
puede tomar decisiones relevantes para su vida en cuanto a su salud,
procedimientos médicos, salud reproductiva, casarse, educación, entre otros”[208].
Por otro lado, a su
parecer, las demandas sub examine no desarrollaron con claridad
las normas constitucionales que consdieraron vulneradas y supuso que la Ley
1996 de 2019 violó todos los principios y valores fundamentales de la
Constitución Política, pilares fundamentales de la construcción de una sociedad
que vela por el bienestar de sus ciudadanos. Consideraron que los demandantes
no tuvieron en cuenta que la Ley 1996 de 2019 sí respetó dichos principios y
dio cumplimiento a los Tratados Internacionales ratificados por Colombia, así
como también las recomendaciones del Comité de Personas con Discapacidad de la
Organización de las Naciones Unidas.
Señalaron que “no es la
persona – como se pretendía desde el modelo rehabiltiador – quien debe
normalizarse hasta llegar a parecerse al indiiduo estándar, sino al contrario,
es la socidad, el ambiente el que debe ser normalizado y adaptado a las
necesidades de todos, incluyendo las de las personas con discapacidad”[209].
Por consiguiente, aseveraron que el Estado Colombiano se vio en la obligación
de aplicar el modelo social de discapacidad, como consecuencia de haber acogido
y ratificado la CDPD; lo cual implica aceptar la premisa antes mencionada, de
tal forma que las soluciones no vayan dirigidas a las personas con
discapacidad, como se hacía con las leyes anteriores a la Ley 1996 de 2019,
sino a la sociedad, “entendiendo que es ésta, la que le corresponde eliminar
barreras que impidan el libre ejercicio de la voluntad de las personas con
discapacidad, en cabeza del Estado”[210].
Estimaron que “la
inclusión de nuevos mecanismos para el ejercicio de capacidad legal y para la
realización de actos jurídicos a nuestro Sistema jurídico por medio de la ley
1996 de 2019, como los son los acuerdos de apoyo, procesos de adjudicación
judicial de apoyos y la valoración de apoyos, son un claro progreso del
ordenamiento jurídico colombiano en pro de reconocer la capacidad jurídica en
igualdad de condiciones que deben tener las personas con discapacidad con el
resto de la sociedad, ya que se reconoce la posibilidad que estos tienen de
ejercer sus derechos libremente conforme a los principios de la CDPD, donde se
recalca la dignidad inherente al ser humano, que incluye la libertad de tomar
decisiones propias, con independencia y sin discriminaciones”[211].
INSOR
El señor Luis Hernán
Cuéllar Durán, en calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto
Nacional Para Sordos – en adelante el INSOR –, para presentar su intervención,
mediante la cual manifestó que en su opinión la norma demandada es exequible.
En síntesis, señaló que el
INSOR considera que las normas acusadas se ajustan al bloque de
constitucionalidad, “como quiera que garantizan la igualdad a las personas
en situación de discapacidad, reconociendo el derecho a la autodeterminación,
mediante la presunción de capacidad; es decir, que toda persona en situación de
discapacidad tiene la plena capacidad legal para obligarse por sí misma. Lo
cual implica la posibilidad de (sic) una persona en situación de discapacidad
pueda actuar dentro del marco de un sistema legal y de que sus actos tengan
efectos jurídicos. Con lo que se garantiza a todos, en igualdad de condiciones,
el atributo universal de la capacidad de forma inherente a todas las personas,
independiente de si presentan algún tipo de discapacidad, por la simple razón
de ser humano”[212].
Indicó que una
discapacidad no puede ser la justificación para restringir la capacidad
jurídica de una persona y que cualquier práctica que sea violatoria del
artículo 12 de la CDPD debería ser abolida, con el objetivo de que las personas
con discapacidad puedan llegar a tener plena capacidad jurídica en condiciones
de igualdad.
En su opinión, “la Ley
1996 contiene los mecanismos adecuados para garantizar la protección de las
personas en situación de discapacidad, reconociendo que pueden presentarse
casos en que la persona manifestar (sic) su voluntad y preferencias por
cualquier medio, modo y formato de comunicación posible. Con lo que no se haya
demostrado el cargo presentado por la parte demandante”[213].
Programa de Acción por la
Igualdad y la Inclusión Social – PAIIS
Juliana Reyes, en calidad
de Directora, Federico Isaza Piedrahita, en calidad de asesor jurídico, y María
Alejandra Herrera Castillo, Alejandro León Marín y Jaime Santiago Salgado
López, como estudiantes activos del Programa de Acción por la Igualdad y la
Inclusión Social – PAIIS del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Los Andes, presentaron una intervención con el fin de
solicitar que se declare exequible la Ley 1996 de 2019 y que la decisión tomada
por la Corte Constitucional sea emitida en un formato de lectura fácil, con el
propósito de que todas las personas con discapacidad pudieran conocer la
decisión que involucra su posibilidad de decidir sobre sus propias vidas.
Los intervinientes
comenzaron su intervención afirmando que tanto el texto de la CDPD como las
Observaciones Generales hechas por su Comité, debían ser tenidas en cuenta de
manera obligatoria para realizar el presente examen de constitucionalidad, como
derechos integrados a la Constitución Política. Por ser parte del bloque de
constitucionalidad, aseveraron que la CDPD no puede utilizarse como un criterio
auxiliar de interpretación.
Adujeron que, desde el
estándar de la CDPD al que Colombia se obligó a cumplir, todas las personas con
discapacidad tienen derecho a ser reconocidas como iguales ante y la ley, y por
ello, tienen el derecho a tomar decisiones sobre sus propias vidas, con los
apoyos y salvaguardias que puedan llegar a necesitar.
En este sentido, señalaron
que los Estados parte deben garantizar primero el derecho a la capacidad jurídica
para así evitar leyes y políticas discriminatorias sobre los demás derechos. En
otras palabras, sin la garantía a decidir los ordenamientos jurídicos no pueden
considerarse sistemas de derechos incluyentes y efectivos, en tanto no
consideran la participación autónoma e individual de cada persona con
discapacidad, en su diversidad y heterogeneidad, como ciudadanos iguales. Ahora
bien, en relación con la lectura holística de los cinco párrafos del artículo
12 de la CDPD, el Comité realizó interpretaciones valiosas que especifican los
deberes generales de los Estado parte y el alcance del derecho en sí mismo,
como se verá a continuación:
a. Sobre el reconocimiento
a la personalidad jurídica
“El Comité señala en el
párrafo 1 del artículo 12 que las personas con discapacidad tienen derecho al
reconocimiento de su personalidad jurídica. El reconocimiento de este derecho
garantiza que todo ser humano sea respetado como una persona titular de
derechos y obligaciones, lo que es un requisito indispensable para que se
reconozca la capacidad jurídica de la persona. El derecho a la personalidad
jurídica ha sido reconocido en múltiples ocasiones como la condición inherente
a la persona, que debe ser protegida en toda circunstancia. En esta misma
línea, la Corte IDH ha evidenciado el contenido de este derecho en los
siguientes términos: ‘es que, precisamente, se reconozca a la persona, en
cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los
derechos civiles fundamentales, lo cual implica la capacidad de ser titular de
derechos (capacidad y goce) y de deberes; la violación de aquel reconocimiento
supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular de los
derechos y deberes civiles y fundamentales’(…)”[214].
b. Sobre el reconocimiento
a la capacidad jurídica
La CDPD reafirma a la
capacidad jurídica como un derecho universal que tienen todas las personas por
el simple hecho de ser personas. El concepto de capacidad jurídica engloba: (i)
la capacidad de goce o de ser sujeto de derechos y obligaciones (elemento
estático); y (ii) la capacidad de ejercicio o de asumir obligaciones a través
de sus propias decisiones (elemento dinámico). El primer elemento responde a
una protección plena sobre los derechos de la persona en el ordenamiento
jurídico, mientras que el segundo se refiere al reconocimiento de la persona
como actor facultado para realizar y transar relaciones jurídicas, incluyendo
la facultad de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas.
“Del anterior
reconocimiento se deriva la obligación de eliminar aquellas figuras normativas
que restringen este derecho a las personas con discapacidad, como la
interdicción. Esto lo reafirma Naciones Unidas a través del ‘Estudio temático
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos para mejorar el conocimiento y la comprensión de la Convención’, de
2009. En este informe se señala, interpretando este párrafo, que ‘Toda ley que
prevea que la existencia de una discapacidad es motivo directo e indirecto para
declarar la incapacidad jurídica entra en colisión con el reconocimiento de la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad consagrado en el párrafo 2
del art.12’ (…)”[215].
c. Sobre el reconocimiento
y provisión de apoyos
Según el Comité de la
CDPD, el término de apoyo “(…) engloba arreglos oficiales y oficiosos, de
distintos tipos e intensidades”[216].
Ello implica que, teniendo en cuenta la voluntad de la persona con
discapacidad, ésta puede escoger una o más personas de apoyo para la acompañen
en el ejercicio de derechos que considere en los que necesita ayuda, incluyendo
la realización de diversos actos jurídicos. Se debe garantizar la diversidad de
apoyos, puesto que el no hacerlo no sólo violaría el literal d del artículo 3
de la CDPD, que reconoce el respeto por “la diferencia y la aceptación de
las personas con discapacidad como parte de la diversidad y condición humanas”[217],
sino que, a su vez, generaría una doble discriminación en tanto se desconoce un
rasero de igualdad donde cualquier ciudadano con discapacidad pueda ejercer su
capacidad jurídica de acuerdo con su situación específica. Es importante
aclarar que, de acuerdo con el mismo concepto de apoyo y a la interpretación
del Comité, “el tipo y la intensidad del apoyo que se ha de prestar variará
notablemente de una persona a otra debido a la diversidad de las personas con
discapacidad”[218].
En este punto, los intervinientes destacaron que los apoyos son y deben ser
voluntarios, puesto que la asistencia en la toma de decisiones de una persona
no puede convertirse en una invasión a la esfera privada de la persona; ello,
habida cuenta que podría configurar otra forma de capacitismo.
d. Sobre la provisión de
salvaguardias
Los intervinientes
afirmaron que, lo que el Comité de la CDPD quiere lograr con la obligación del
Estado de garantizar salvaguardias para el sistema de apoyos en el ejercicio de
la capacidad jurídica, es hacer prevalecer la voluntad de la persona, de tal
forma que se puedan evitar abusos en contra de sus intereses. Respecto de los
casos en los que se hace imposible determinar la voluntad y las preferencias de
una persona con discapacidad, el Comité indicó que debía aplicarse el criterio
de “la mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias”[219]
de la persona, poniendo en segundo plano el principio del interés superior en
adultos con discapacidad.
Adujeron que las
salvaguardias son un componente esencial de la provisión de apoyos, toda vez
que buscan hacer respetar los derechos, voluntad y preferencias de la persona
con discapacidad, sin que el tercero o terceros que asisten en la toma de
decisiones se conviertan, de facto, en representantes de la persona o decidan
por ella de alguna forma.
e. Sobre el reconocimiento
y ejercicio de derechos específicos
En cuanto a los derechos
de las personas con discapacidad, el parágrafo 5 del artículo 12 de la CDPD
hizo un especial énfasis en aquellos relacionados con cuestiones financieras y
económicas, en igualdad de condición que los demás, puesto que han sido los que
tradicionalmente han sido denegados a la población con discapacidad, y han
tenido como efecto la marginación social en razón a la discapacidad. Como
señaló el propio Comité, “de la misma manera que no se puede utilizar el
género como base para discriminar en las esferas de las finanzas y la
propiedad, tampoco se puede usar la discapacidad”[220].
f. ¿Qué obligaciones tiene
entonces el Estado colombiano?
De conformidad con las
disposiciones de la CDPD, especialmente su artículo 12, y la interpretación
oficial de la misma realizado por el Comité CDPD en su primera observación, los
intervinientes señalaron, a modo de conclusión, lo siguiente:
“a- Colombia debe
reconocer y garantizar la capacidad jurídica –ser titular de derechos y poder
ejercerlos- de todas las personas con discapacidad, sin excepción alguna.
b- El reconocimiento y
garantía del derecho a la igualdad ante la ley (cuyo contenido más importante
es la capacidad jurídica) implica que todas las personas con discapacidad
tienen el derecho a ejercer todos los derechos reconocidos por la Constitución
y las normas, en igualdad de condiciones. Limitar este derecho, en razón
exclusivamente a la existencia de una discapacidad, como sucedía anteriormente
con la interdicción, constituye discriminación por motivos de discapacidad que
viola los derechos humanos de las personas con discapacidad.
c- Los regímenes jurídicos
que permiten la sustitución en la adopción de decisiones deben ser reemplazados
por regímenes basados en el apoyo, que respeten y reconozcan los derechos,
voluntad y preferencias de todas las personas con discapacidad.
d- Teniendo en cuenta la
heterogeneidad de la propia población con discapacidad, los apoyos en la toma
de decisiones deben adecuarse a sus propias necesidades y no pueden ser
iguales; son “trajes a la medida”. Es así como:
(i)
los
apoyos no deben sustituir la voluntad de la persona;
(ii)
en
ningún caso se está promoviendo un cambio de nombre para quien ejercía la
representación de la persona con discapacidad.
(iii)
el
tercero no desaparece, pero sí cambia su rol y,
(iv)
el
apoyo implica asistencia, en este caso para la toma de decisiones, pero jamás
debe procurar reemplazar la voluntad de la persona, con base en sus propias
ideas de lo que está bien o mal.
e- Los apoyos son y deben
ser voluntarios, puesto que “la persona debe tener derecho a rechazar el apoyo
y a poner fin a la relación de apoyo o cambiarla en cualquier momento.”
f- En caso de que se hayan
realizado un esfuerzo considerable, pero no sea posible determinar la voluntad
y preferencias de la persona, “la determinación del "interés superior"
debe ser sustituida por la "mejor interpretación posible de la voluntad y
las preferencias".
g- Colombia debe
establecer, en sus sistemas jurídicos y en la operatividad de las normas y en
su posterior reglamentación, la forma de definir las salvaguardias adecuadas,
de acuerdo al nivel e intensidad de los apoyos, teniendo en cuenta los
criterios ofrecidos por la CDPD en su artículo 12. El objetivo de las
salvaguardias es garantizar el respeto a la voluntad y las preferencias de la
persona con discapacidad, no de terceros”.
Ahora bien, respecto de la
necesidad de la Ley 1996 de 2019, los intervinientes sostuvieron que su
promulgación y posterior sanción no obedecieron a un capricho legislativo o
desconocimiento del tema, sino que, por el contrario, su razón, contenido y
objeto se extrajo de tres fuentes principales, a saber:
“1- La ratificación sin
reservas de la CDPD y la obligación de cumplir con sus contenidos, incluyendo
el igual reconocimiento ante la ley y la obligación expresa de reconocer y
garantizar del derecho a tomar decisiones, expresado en el artículo 12.
2- La Ley Estatutaria 1618
de 2013 señala expresamente en su artículo 21 la obligación de modificar el
sistema de interdicción del ordenamiento jurídico colombiano, en atención al
requerimiento convencional.
3- El Comité CDPD, en sus
observaciones finales a Colombia, emitidas en agosto de 2016 (…)”[221].
Con base en lo anterior,
comentaron que Colombia estaba obligada a eliminar la figura de la interdicción
de su ordenamiento, para así cumplir con la normativa internacional, la
normativa interna, el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, y la
presión de las organizaciones de sociedad civil y el movimiento de discapacidad
en Colombia. Adicionaron que el proceso para la elaboración de la norma en
revisión no fue aleatorio, sino que fue discutido y responsablemente revisado
entre todos los actores que eventualmente iban a tener relación directa o
indirecta con el derecho a proteger y garantizar.
En su opinión, “el
contenido de los artículos demandados de la Ley 1996 de 2019 se deben entender
como declaraciones que ratifican el derecho humano a la capacidad jurídica de
las personas con discapacidad, y que, a su vez, las protegen de escenarios en
los que podrían llegar a ser discriminadas, segregadas o sustituidas, por el
simple hecho de la discapacidad”[222].
Específicamente, se
pronunciaron sobre los cargos contra el artículo 6 y 8 (parcial), para indicar
que partieron de varios errores de interpretación conceptual bastante
importantes. El primero de ellos consistió en considerar a la discapacidad como
una enfermedad que imposibilita entender los efectos de los actos, pero más
aún, el generalizar todas las experiencias de la discapacidad que hay,
llevándolo al absurdo de que las personas con discapacidad al “padecer
deficiencias (...) o comportamientos de prodigalidad social, le imposibilitan
comprender la dimensión y consecuencias jurídicas de sus actos”[223].
Los intervinientes
expresaron que dicha visión de la discapacidad constituye per se una falacia
argumentativa, ya que generaliza una posible situación que no representa a la
población con discapacidad en Colombia y el mundo, pues la referida perspectiva
propone que el tener una discapacidad hace que una persona tenga que ser
considerada como un sujeto de protección del Estado con un reconocimiento
limitado de sus derechos, bajo la justificación de estar siendo supuestamente
protegidos. El segundo error interpretativo parte de considerar que la
presunción de capacidad, sin apoyo, constituye una vulneración del artículo 12
de la CDPD. A su parecer, no existe la vulneración a un derecho, sino una
lectura equivocada de los contenidos convencionales.
Por otro lado, agregaron
que debe hacerse énfasis en que la capacidad jurídica y la mental son conceptos
distintos. En efecto, en la Observación General No. 1 de 2014, el Comité hizo
un análisis de ambos conceptos y concluyó que “[l]a capacidad jurídica y la
capacidad mental son conceptos distintos. La capacidad jurídica es la capacidad
de ser titular de derechos y obligaciones (capacidad legal) y de ejercer esos
derechos y obligaciones (legitimación para actuar). Es la clave para acceder a
una participación verdadera en la sociedad. La capacidad mental se refiere a la
aptitud de una persona para adoptar decisiones, que naturalmente varía de una
persona a otra y puede ser diferente para una persona determinada en función de
muchos factores, entre ellos factores ambientales y sociales”[224].
En este mismo sentido, en
la Observación General No. 1, el Comité expuso que “[e]n virtud del artículo
12 de la Convención, los déficits en la capacidad mental, ya sean supuestos o
reales, no deben utilizarse como justificación para negar la capacidad
jurídica”[225].
Al respecto, los intervinientes aseveraron que ello no significa que se ignore
o invisibilice la discapacidad ni las limitaciones contextuales de la capacidad
mental; por el contrario, implica que los Estados, reconociendo la existencia
de la discapacidad, deben proporcionar apoyos que garanticen el ejercicio de la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad, no limitar el derecho.
Señalaron que, en el
ordenamiento jurídico colombiano, la confusión entre capacidad jurídica y
mental era la premisa central de la Ley 1306 de 2009. De ahí que la figura de
la interdicción, entendida erróneamente como una medida de protección, se
justificara en esta normatividad, al considerar que las personas con
discapacidad mental eran incapaces en el ámbito jurídico. Indicaron que esta
perspectiva es contraria a la CDPD y que de ella se derivó un sistema jurídico
en el que prevaleció la sustitución de la voluntad de las personas con
discapacidad al impedirles ejercer su capacidad jurídica. A contrario sensu,
la Ley 1996 de 2019 fue expedida con el objetivo de aclarar que el ejercicio
del derecho a la capacidad jurídica no depende de la capacidad mental.
Por último, refirieron
que, contrario a lo señalado por los demandantes, no es dable realizar un test
integrado de igualdad para el artículo 6 de la Ley 1996 de 2019. Lo anterior,
debido a que “la medida que se está analizando no establece un trato
diferenciado y porque el hecho de que establezca una igualdad de trato con
respecto a la presunción de la capacidad jurídica no implica que se esté
vulnerando el derecho a la igualdad por el desconocimiento de su acepción material.
De hecho, la igualdad formal sigue siendo un punto de partida válido debido a
que es el presupuesto necesario para poder ejercer los derechos y obligaciones
en igualdad de condiciones”[226].
Los intervinientes
manifestaron que, a partir de una revisión general de la Ley 1996 de 2019, se
puede establecer que ésta: (i) prevé mecanismos que parten del reconocimiento
de derechos; (ii) presenta diversos mecanismos adecuados a las distintas necesidades
de las personas; (iii) procura la interacción permanente con la propia persona
con discapacidad, teniéndola en cuenta, así como su historia de vida, su
experiencia, sus habilidades, su entorno, garantizando un correcto acceso a la
justicia; y (iv) establece obligaciones precisas para los apoyos y mecanismos
que permitan garantizar la seguridad jurídica frente a terceros; todo ello sin
discriminar a las personas con discapacidad. Resaltaron que todas estas
características coinciden con los postulados de la CDPD y su interpretación
realizada por el Comité.
En relación con la figura
de la interdicción, la cual tiene como fundamento la presunta protección de las
personas con discapacidad, los intervinientes consideraron que, en la práctica,
esta es una medida discriminatoria debido a que funge como una barrera para que
las personas con discapacidad ejerzan su capacidad jurídica plenamente y,
además, sustituye completamente su voluntad y toma de decisiones por la de otra
persona. En otras palabras, afirmaron que la interdicción es una medida que
obstaculiza y deja sin efecto el reconocimiento y goce de múltiples derechos de
las personas con discapacidad.
Agregaron que “la
figura de la interdicción resulta discriminatoria porque sustrae la capacidad
jurídica de la persona con discapacidad al considerar que no es apta para tomar
decisiones sobre cualquier asunto de su vida con efectos jurídicos,
especialmente de carácter patrimonial, en razón de su discapacidad. Además, la
interdicción imposibilita por completo a la persona para exigir sus derechos y
para contraer obligaciones. Así, lo que genera la interdicción no es la
protección de la persona con discapacidad, sino la privación de la capacidad
para ejercitar derechos en igualdad de condiciones. En el estándar internacional
de derechos humanos actual: la interdicción se configura, en definitiva, como
una figura discriminatoria”[227].
Para concluir su
intervención, insistieron en que la Ley 1996 de 2019 es el mecanismo a través
del cual el Estado colombiano cumplió efectivamente con su obligación de
cumplir con los compromisos adquiridos al hacerse parte de las CDPD. Asimismo,
señalaron que esta reforma legislativa también se ajusta a las observaciones
del Comité CDPD, a los informes de la Relatora Especial sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad y, en general, a la posición de la comunidad
internacional en materia de reconocimiento de la capacidad jurídica universal.
Por último, los
intervinientes hicieron una síntesis de las ideas más importantes de su
intervención, las cuales son las siguientes:
“a) La CDPD hace parte
integral del bloque de constitucionalidad y es de obligatorio cumplimiento para
el Estado colombiano.
b) Que la discapacidad no
es una enfermedad ni un padecimiento y que por ello las personas con
discapacidad son titulares de todos los derechos que tienen cualquier otra
persona por el hecho de ser reconocida como ciudadano colombiano y que tienen
el mismo derecho a ejercerlos en igualdad de condiciones.
c) A través del artículo
12 de la Convención, Colombia se obligó a eliminar de su sistema jurídico la
figura de interdicción, a reconocer la capacidad jurídica plena de todas las
personas con discapacidad, a proveer apoyos cuando lo requieren para ejercitar
este derecho, y a generar salvaguardias para evitar la sustitución en la toma
de decisiones.
d) Que esta obligación no
solo se deriva de los contenidos de la CDPD, sino que se refuerza con lo
señalado por el propio Comité CDPD y la Ley 1618 de 2013, especialmente su
artículo 21.
e) Que la Ley 1996 de 2019
surge como resultado de estas obligaciones legales, pero también hace parte de
la lucha de las personas con discapacidad en Colombia, sus familias, la
academia, las organizaciones de la sociedad civil y las entidades del estado.
f) Que la presunción de
capacidad establecida por la CDPD y por la ley 1996 de 2019 es para todas las
personas con discapacidad y no solo para algunas.
g) Que el reconocimiento
de la capacidad jurídica implica hacer una separación tajante con la capacidad
mental, y que esta última no puede usarse como justificante para limitar el
derecho. Hacer lo contrario constituye discriminación por motivos de
discapacidad.
h) Que la Ley 1996 de 2019
se debe analizar de manera integral para realizar una correcta interpretación
de cada artículo.
i) Que los apoyos son solo
eso: apoyos. Estos, por su naturaleza, no pueden ser impuestos, salvo en casos
excepcionales. Y que estos solo asisten, no representan, salvo casos
específicos.
j) Que las salvaguardias
se deberán establecer de acuerdo a cada caso en concreto y son para la persona
con discapacidad, no para terceros.
k) Que la interdicción no
es ni fue ni una salvaguardia ni una medida de acción afirmativa. La
interdicción representó un momento de la historia jurídica en el que era
justificable restringir derechos por hacer parte de una población. No es viable
retroceder.
l) Que la interpretación
que se realice de los cargos presentados debe ser alineada con los estándares
del derecho internacional de los derechos humanos.
m) Que la Ley prevé tres
mecanismos distintos que se acomodan a las diversas necesidades de la población
con discapacidad, respetando su diversidad y no escondiéndola”[228].
Ministerio de Salud y Protección Social
La señora Edith Piedad
Rodríguez Orduz, en calidad de apoderada especial de la Nación – Ministerio de
Salud y Protección Social, presentó su escrito de intervención para solicitar
que no se accediera a las pretensiones de la acción y, en consecuencia, se
declarara la exequibilidad de la norma. Adicionalmente, de manera subsidiaria,
solicitó que la Corte Constitucional se abstuviera de emitir fallo de fondo en
el presente asunto, por falta de los presupuestos dispuestos en el Decreto 2067
de 1991 y demás disposiciones concordantes.
La interviniente comenzó
su escrito haciendo referencia a que la Constitución Política de 1991 fue el
hito que marcó “el inicio de la era de cambio y desarrollo del corpus
normativo cuya finalidad es la promoción y garantía de los derechos de las
personas con discapacidad”[229].
Agregó que la Carta Política estableció a Colombia como un Estado Social de
Derecho, fundado en el respeto por la dignidad humana y consagró la obligación
del Estado a garantizar a todos los ciudadanos sus derechos fundamentales en
condiciones de igualdad y justicia. Así, a través de sus principios y su
articulado, la Constitución protege los derechos de las personas con
discapacidad y propende por el respeto de su dignidad humana a través de: (i) “la
lucha contra la discriminación”; (ii) “el reconocimiento de derechos
específicos para esta población”; y (iii) “la comprensión de los
derechos y necesidades de forma integral y holística”[230].
De otra parte, destacó la
existencia de una nueva era en el desarrollo normativo en materia de
discapacidad en Colombia, la cual se da con la aprobación de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), adoptada en el país
a través de la Ley 1346 de 2009 y ratificada constitucionalmente mediante la
sentencia C-293 de 2010 por la Corte Constitucional. De la referida Convención,
resaltó su objetivo de establecer que las personas con discapacidad cuentan con
los mismos derechos que cualquier otra persona y que no existen derechos
especiales para las personas con discapacidad.
Posteriormente, el
Gobierno Nacional, con el apoyo y participación del Ministerio de Justicia y
del Derecho y de Salud y Protección Social, desarrolló el Proyecto de Ley 027
de 2017, cuya finalidad era la de “[e]establecer medidas específicas para la
garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con
discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse
para el ejercicio de la misma”[231].
Este proyecto buscaba lograr dicho objetivo mediante: (i) la presunción de
capacidad legal de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones,
considerándolos como sujetos de derechos y obligaciones; (ii) la eliminación de
la interdicción e inhabilitación; (iii) la garantía de ajustes razonables para
la comunicación y comprensión de la información; y (iv) la creación de
mecanismos de apoyo y directivas anticipadas para la realización de los actos
jurídicos.
El proyecto pretendía
reconocer la responsabilidad que tiene la sociedad de proveer los apoyos y
ajustes razonables que cada persona con discapacidad pueda llegar a requerir
para acceder a la garantía de la toma de decisiones libres e informadas. Por
ello, en el ejercicio de su capacidad jurídica se busca que el apoyo sea dado
por una persona cuidadora o el miembro de la familia, amigo o persona más
próxima que conozca de manera cerca a la persona con discapacidad y que le
genere confianza, pues es dicha cercanía la que va a contribuir y facilitar el
reconocimiento de la máxima voluntad posible de la persona con discapacidad. No
obstante, resaltó la importancia de aclarar y reconocer que hay ciertas
personas con discapacidad que no requieren apoyos para la toma de sus decisiones.
El resultado del proyecto
mencionado fue la expedición de la Ley 1996 de 2019, la cual estableció
salvaguardias, esto es, “(…) ‘medidas adecuadas y efectivas relativas al
ejercicio de la capacidad legal, usadas para impedir abusos y garantizar la primacía
de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, de
conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos’,
referidas a a) ajustes razonables en el ejercicio de la capacidad legal, b)
apoyos para la realización de actos jurídicos y c) directivas anticipadas”[232].
Sobre el particular, explicó que los apoyos pueden ser establecidos a través
de: (i) la celebración de un acuerdo de apoyos entre la persona titular del
acto jurídico y las personas naturales mayores de edad o personas jurídicas,
quienes prestarán el apoyo en la celebración del mismo; y (ii) un proceso de
adjudicación judicial de apoyos, es decir, un proceso de jurisdicción
voluntaria o verbal sumario, mediante el cual se haga la designación de apoyos.
Afirmó que, gracias a lo
anterior, se han generado unos avances técnicos y normativos en el sector de la
salud respecto del reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con
discapacidad; lo cual se evidencia a través de: (i) la Resolución 3202 de 2016,
“[p]or la cual se adopta el Manual Metodológico para la elaboración e
implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud – RIAS, se adopta
un grupo de Rutas Integrales de Atención en Salud desarrolladas por el
Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la Política de Atención
Integral en Salud – PAIS”; y (ii) la Resolución 1904 de 2017, “[p]or
medio de la cual se adopta el reglamento en cumplimiento de lo ordenado en la
orden décima primera de la sentencia T-572 de 2016 de
la Corte Constitucional”.
El interviniente puso de
ejemplo que el reconocimiento que se ha dado a las personas con discapacidad
como “sujeto de derechos, el goce pleno de sus derechos sexuales y derechos
reproductivos, la determinación de los apoyos y ajustes razonables necesarios
para la toma de decisiones libres e informadas se ha hecho en el marco del
proceso de implementación de las disposiciones contenidas en la Resolución 1904
de 2017”[233].
Adicionalmente, destacó
que Ministerio de Salud y Protección Social ha realizado asistencia técnica y
acompañamiento a las entidades territoriales, aseguradoras y prestadoras, para
lograr una adecuada implementación y apropiación de las directrices de la Resolución 1904 de 2017, “y en tal virtud, se han
realizado procesos de inducción reinducción y fortalecimiento del talento
humano, promoviendo el autoconocimiento y el reconocimiento de las PcD[234]
como sujetos de derechos y la toma de decisiones sobre su salud y sobre su
cuerpo”[235].
A propósito, informó que
el Ministerio de Salud y Protección Social construyó un documento denominado
“Orientaciones técnicas para la implementación del consentimiento informado
para personas con discapacidad, en el marco de los derechos sexuales y derechos
reproductivos”, el cual se formuló para orientar a los diferentes actores del
Sistema General de Seguridad Social y para establecer los mecanismos que permitirán
determinar los apoyos y ajustes razonables necesarios para que la persona con
discapacidad pueda tomar las decisiones de manera libre e informada sobre sus
derechos sexuales y reproductivos, mediante el uso de todos los medios, modos y
formatos disponibles para la fácil comprensión de la información.
Con fundamento en lo
anterior, expresó que, en opinión del Ministerio, los artículos 6 y 53 de la
Ley 1996 de 2019 respetan las disposiciones constitucionales y el bloque de
constitucionalidad. Así, afirmó que “las nuevas figuras jurídicas adoptadas
por la ley bajo estudio de constitucionalidad, son garantistas frente al pleno
ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, eliminando las
disposiciones obsoletas (interdicción e inhabilitación) establecidas como
medidas de rehabilitación y protección en el ámbito patrimonial en el Código
Civil inicialmente, y posteriormente en la Ley 1306 de 2009, que bajo estos
fines anulaban por completo su voluntad, frente a derechos personalísimos como
aquellos referidos a la sexualidad, como fue ampliamente expuesto en la
Sentencia T-573 de 2016”[236].
Por último, en relación
con los requisitos de la demanda de inconstitucionalidad establecidos en el
Decreto 2607 de 1991, el interviniente sostuvo que la acusación formulada
carecía de certeza, pertinencia y suficiencia, “por cuanto se expone que los
artículos demandados (…) violan el Artículo 13 de la Constitución Política el
cual hace referencia a la igualdad de las personas ante la ley, ante lo
anterior es claro que la ley de capacidad jurídica de personas con discapacidad
mayores de edad, es la respuesta del Estado colombiano a la obligación que
adquirió el país al ratificar en el 2011 la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.  Esta Convención fue uno de los primeros
tratados de derechos humanos adoptado en este siglo; por tanto, es de reconocer
que la ley 1996 de 2019 es el producto de un trabajo coordinado basado en el
principio de la igualdad de las personas ante la Ley, condensándose en ella las
preocupaciones reales y reclamos de las personas con discapacidad mayores de
edad, y cómo la sociedad debe abordar el tema de la discapacidad”[237].
Finalmente, aseveró que la
demanda no era clara en sus pretensiones, habida cuenta que “solo aduce que
el Congreso de la Republica vulneró la garantía de protección a las personas
con discapacidad absoluta y relativa mayores de edad, estigmatizando con sus
argumentaciones a las personas con discapacidad y no reconociéndolas como
sujetos de derechos e iguales ante la Ley; como fue el propósito de la Ley
1996/2020 tal y como quedó demostrado es precisamente en beneficio y bajo los
principios constitucionales que se promulgó esta Ley. Por tanto, se puede
concluir que el contenido de la norma acusada no tiene relación de conexidad
causal, temática, sistemática o teleológica de manera objetiva o razonable”[238].
Departamento de Derecho Civil – Universidad Externado de Colombia
En representación de la
Universidad Externado de Colombia, las señoras Ingrid
Duque Martínez, en calidad de docente de Derecho Civil y de Familia, y María
José Aranguren Acosta, en calidad de estudiante, ambas integrantes del Proyecto de Investigación en Derecho y Discapacidad, del
Departamento de Derecho Civil, presentaron su intervención para solicitar
que se declarara la exequibilidad de las normas demandas.
Comenzaron su escrito
haciendo referencia a que la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad – CDPD – genera un cambio de paradigma respecto del modo de
concebir la discapacidad, puesto que abandona los modelos tradicionales de la
prescindencia y médico rehabilitador, para adoptar el modelo social basado en
el reconocimiento pleno de los derechos humanos de todas las personas con
discapacidad, el cual se basa en la dignidad e igualdad del ser humano.
Asimismo, señalaron que el
objetivo central de la CDPD es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos de las personas con discapacidad,
así como también el de promover el respeto de su dignidad inherente. Por
consiguiente, con la finalidad de lograr lo anterior, la CDPD consagra que las
personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad
jurídica, igual reconocimiento ante la ley y goce efectivo de la capacidad
jurídica en igualdad de condiciones, en todos los aspectos de la vida. De
hecho, adujeron que este reconocimiento es el eje más importante de la CDPD.
Igualmente, indicaron que
la CDPD modifica la idea de que “la forma de ‘protección’ más efectiva es
privar de la capacidad jurídica a las personas con discapacidad, mediante la
figura de la interdicción que autoriza la representación por la sustitución del
tercero o curador que decide en nombre del interdicto”[239].
Por el contrario, explicaron que la idea anterior fue reemplazada por el
concepto de la “asistencia en la representación” o la “toma de
decisiones con apoyo”, el cual consiste en proveer los apoyos necesarios
para que la persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica.
Agregaron que, de
conformidad con lo anterior, la Ley 1996 de 2019 dispuso que todas las personas
tienen la posibilidad de ejercer su capacidad jurídica en igualdad de
condiciones, sin ninguna distinción. En efecto, este reconocimiento se hace
independientemente de si la persona requiere, utiliza o no apoyos para su
ejercicio. En este sentido, aseveraron que la capacidad se reconoce sin ningún
tipo de condicionamientos en desarrollo del principio de igualdad y no
discriminación.
Ahora bien, en relación
con los apoyos para la toma de decisiones, resaltaron que la Ley 1996 de 2019,
en correspondencia con la CDPD, establece lo siguiente:
“i. Los apoyos resultan
ser un tipo de ASISTENCIA que se presta a la persona con discapacidad para
facilitar el ejercicio de su capacidad Legal. Es decir, está diseñado conforme
lo dispone la Convención CDPD, no para anular la capacidad jurídica de la
persona, sino para por el contrario facilitar su ejercicio.
ii. Los apoyos utilizados
deberán responder siempre a la voluntad y preferencias de las personas titular
del mismo, tanto así, que en los casos en los cuales la persona no pueda hacer
manifiesta su voluntad y preferencias se acudirá al principio de la MEJOR
INTERPRETACIÓN DE LA VOLUNTAD, que responderá a lo que la vida y trayectoria de
la persona con discapacidad hayan indicado en su transcurso de vida.
iii. En el proceso de
adjudicación judicial de apoyos, se deberá tener en cuenta favorecer la
voluntad y preferencias de la persona titular del acto frente al tipo e
intensidad del apoyo. En este sentido, se aclara que los apoyos no deben
actuar, ni sus funciones deben ser como las de un curador, pues su función es
facilitar que se cumpla con la voluntad y preferencias de la persona.
iv. La ley permite que sea
la misma persona en situación de discapacidad quien decida qué y cuales apoyos
requiere según sus necesidades”.
Así,
explicaron que para hacer efectivos los derechos de las personas con
discapacidad, el Comité de la CDPD señaló que se debe tener en cuenta que, “bajo
el modelo de asistencia o apoyo, se deben respetar los derechos, la voluntad y
las preferencias de las personas y en consecuencia los Estados deben proveer
diferentes tipos e intensidades de apoyo de acuerdo a las circunstancias y
necesidades de las personas”.
En efecto, el Comité de la
CDPD aclaró, en la Observación General No. 1 de 2014, que la capacidad jurídica
es un atributo universal inherente a todas las personas y que la falta de
capacidad mental por “desequilibrio mental” y otras denominaciones
discriminatorias no son razones legítimas para denegar la capacidad jurídica”.
Ello, toda vez que la capacidad jurídica y la capacidad mental son conceptos
distintos. Por un lado, la capacidad jurídica abarca la capacidad para ser
titular de derechos y el ejercicio de estos y de obligaciones de las personas como
sujetos de derecho; por otor, la capacidad mental, es la aptitud de cada
persona, para adoptar decisiones, que varía de una persona a otra y puede estar
determinada por muchos factores. Por consiguiente, afirmaron que, según el
Comité de la CDPD, “denegar la capacidad en razón al déficit en la capacidad
mental, resulta incorrecto por: ‘…. a) porque se aplica en forma
discriminatoria a las personas con discapacidad; y b) porque presupone que se
pueda evaluar con exactitud el funcionamiento de la mente humana y, cuando la
persona no supera la evaluación, le niega un derecho humano fundamental, el
derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley’ (…)”[240].
En
consecuencia, las intervinientes estimaron que la Convención adopta la
inclusión hacia todas las personas con discapacidad sin hacer diferenciación
entre ellas, ni distinguir entre discapacidad física, intelectual o cognitiva.
Tampoco hace ninguna diferenciación entre los tipos o grados de discapacidades
(ej. discapacidades mentales leves, graves o severas), habida cuenta que no es
de recibo distinguir a las personas para reconocer los derechos que la CDPD
consagra, en tanto se reconoce la igualdad ante la ley de todas las personas.
Pese a lo anterior,
aclararon que el no diferenciar los tipos o grados de discapacidad para el
reconocimiento de derechos no implica que no se tenga en cuenta que la personas
con discapacidad pueden requerir diferentes tipos e intensidades de apoyo para
ejercer sus derechos. De tal manera que la CDPD estableció que los apoyos deben
diseñarse exclusivamente para la persona de acuerdo con sus características y
necesidades personales. “De tal forma, que los apoyos son los que pueden
revestir diferentes grados e intensidades para facilitar el goce efectivo de
derechos”[241].
De otra parte, respecto de
las salvaguardias establecidas en la CDPD, indicaron que estas buscan
garantizar los derechos y la voluntad de la persona con discapacidad para la
toma de sus decisiones en el ejercicio de su capacidad jurídica. Al respecto,
el Comité de la CDPD ha insistido que “el objetivo principal de las
salvaguardias es garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las
preferencias de la persona, por lo que deben proporcionar protección contra los
abusos e influencia indebida”[242].
Resaltaron que así también lo ha entendido la Corte Constitucional de Colombia,
tal y como fue expuesto en la sentencia T-573 de 2016.
Además, estimaron que lo
anterior se ve reflejado en los artículos 5º ,18,37, 38, 45, entre otros, de la
Ley 1996 de 2019, los cuales establecen: “los principios que regirán la
aplicación de salvaguardias, la duración de los apoyos, la posibilidad de
adjudicación de los apoyos por el titular del acto jurídico y por otra persona,
así como la protección que se le ofrece a las personas con discapacidad
estableciendo un régimen inhabilidades para ser apoyo”[243].
En armonía con lo expuesto
hasta el momento, las intervinientes sostuvieron que la interdicción, contrario
a lo que afirmaron los demandantes, “no constituye de ninguna forma una
salvaguardia efectiva para la protección de las personas con discapacidad, ni
tampoco una medida o acción afirmativa, puesto que, en vez de garantizar el
goce efectivo de los derechos, y especial de la capacidad jurídica, lo que hace
en realidad es restringirla o limitarla de forma desproporcionada. La
interdicción representa el modelo de sustitución en la toma de decisiones y no
apoyo o asistencia, por lo que no cumple con los estándares de la Convención
CDPD”[244].
Con fundamento en ello,
señalaron que, con el objetivo de cumplir con los estándares de la CDPD,
Colombia expidió la Ley 1996 de 2009, la cual deroga el sistema tradicional del
Código Civil y de ley 1306 de 2009, para establecer el nuevo régimen de la
capacidad legal de personas con discapacidad mayores de edad basado en los
apoyos.
En
particular, refirieron que el Comité de la CDPD recomendó al Estado colombiano “que
derogue toda disposición en el Código Civil y otras normas que restrinjan
parcial o totalmente la capacidad jurídica de personas con discapacidad, y
adopte medidas legales y administrativas para proporcionar los apoyos que
requieran las personas con discapacidad para ejercer plenamente este derecho,
tomar decisiones en los ámbitos de salud, sexualidad, educación y otros, sobre
la base del respeto pleno a su voluntad y preferencias, tal y como lo establece
la Observación general no. 1 (2014) del Comité”[245].
De ahí afirmaron que,
precisamente, en cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano al
ratificar la CDPD y las derivadas de las recomendaciones hechas por el Comité
sobre los derechos de las personas con discapacidad, fue que se expidió la Ley
1996 de 2019.
En lo concerniente a la
Ley 1996 de 2019, destacaron las siguientes características:
“i) La Ley 1996 de 2019 se
interpreta en concordancia a la Convención de Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y demás pactos o convenidos sobre
derechos humanos que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad.49
ii) La Ley 1996 de 2019
consagra dentro de sus principios el de NO DISCRIMINACIÓN, por lo que exige “un
trato igualitario a todas las personas sin discriminación por ningún motivo50”
incluyendo en la prohibición, la discapacidad como motivo51. De igual forma, se
consagra como principio la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, según el cual todas las
actuaciones deben estar encaminadas a la búsqueda de la remoción “…de obstáculos
o barreras que generen desigualdades de hecho que se oponga al pleno disfrute
de los derechos de las personas con discapacidad52”
iii) La ley 1996 de 2019,
consagra en el artículo 6º, la presunción de capacidad jurídica en igualdad de
condiciones, acorde con el artículo 12 de la Convención, sin hacer ninguna
clase de diferenciación, incluso en el caso de si la persona utiliza o no
apoyos para la realización de sus actos. Igualmente, al señalar en su párrafo
segundo que “en ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo
para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona”, por cuanto la
discapacidad según el modelo social tal como ya se ha explicado, no debe ser
motivo exclusivo para la restricción de derechos, de lo contrario, constituiría
un acto de discriminación.
iv) Pese a que la ley 1996
de 2019, establece el nuevo régimen de la capacidad legal para las personas con
discapacidad MAYORES DE EDAD, en cumplimiento del principio de “igual
reconocimiento ante la ley”; la misma otorga igualdad de acceso a los apoyos
consagrados para aquellas personas en situación de discapacidad que sean
menores de edad, para aquellos actos jurídicos que la ley les permita realizar
de forma autónoma.53
v) La prohibición de la
interdicción judicial se fundamenta precisamente en el reconocimiento y
ejercicio del derecho al igual reconocimiento ante la ley y de la capacidad
jurídica, por cuanto, el fin de la interdicción era precisamente la restricción
de la capacidad jurídica por razones de discapacidad, por lo que la
interdicción no cumple con los fines iniciales de ofrecer protección a esta
población en condición de vulnerabilidad, sino que por el contrario, se genera
un efecto negativo de discriminación y abusos para estos”.
Como consecuencia de lo
anterior, concluyeron que la Ley 1996 de 2019 cumple el mandato de protección
especial que dispone el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, el
cual fue estimado como transgredido por las disposiciones acusadas por parte de
los demandantes. Esto, ya que la Ley viabiliza el goce de muchos más derechos
fundamentales y busca garantizar una protección efectiva de la persona con
discapacidad, “pues no puede entenderse la anulación de los derechos como
una forma de protección”[246].
Asimismo, consideraron que al prohibir la interdicción judicial, la Ley 1996 de
2019 cumplió con los fines y disposiciones de la CDPD.
En relación con el test de
proporcionalidad, respecto del cual los demandantes expusieron que no era
superado por la Ley 1996 de 2019 y que, por ende, la misma viola el artículo 13
de la Constitución Política, las intervinientes pretendieron demostrar cómo,
por el contrario, la figura de la interdicción es la que no cumple con los
parámetros y requisitos establecidos para superar el test de igualdad,
resultando la Ley 1996 de 2019 ajustada a todos ellos. En otras palabras,
sostuvieron que la eliminación de la figura de la interdicción y el régimen
legal establecido en la Ley 1306 de 2009, se hizo acorde con las obligaciones
que adoptó el Estado colombiano con la ratificación de la Convención.
En primera medida,
indicaron que la figura de la interdicción no lo satisfacía, por cuanto
sostuvieron que esta figura resulta en la anulación o restricción total de la
capacidad jurídica, por motivos de discapacidad. No obstante, reconocieron que,
en principio, esta figura busca proveer una protección especial a las personas
con discapacidad, primordialmente de tipo patrimonial, respetando el principio
de igualdad material consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política,
esto es, la interdicción persigue lograr un fin constitucionalmente legítimo.
Por esta razón, concluyeron que era necesario valorar la proporcionalidad de la
medida, en relación con el fin constitucionalmente legítimo que persigue, para
lo cual analizaron su idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
En cuanto a la idoneidad,
destacaron que la figura de la interdicción, junto con las disposiciones que la
autoriza, limitan y restringen el goce de los derechos fundamentales; contrario
sensu, adujeron que la Ley 1996 de 2019 permite su realización plena y
efectiva, y resulta ser una medida mucho más idónea para la protección de los
derechos de las personas en situación de discapacidad.
En relación con el
criterio de necesidad, en el presente caso y conforme a lo sostenido frente al
requisito de idoneidad, argumentaron que la Ley 1996 de 2019 es un medio
alternativo mucho más idóneo que la interdicción para la consecución del fin
constitucionalmente legítimo, el cual es lograr la protección, igualdad e
inclusión de las personas con discapacidad. Lo anterior, por cuanto, la Ley
demandada permite el goce efectivo de los demás derechos fundamentales y,
adicionalmente, “al reconocer una presunción de capacidad para todas las
personas con discapacidad en igual condiciones de la que gozan el resto de
personas, pero ofreciendo medida alternativas como apoyos y ajustes razonables que
dichas personas puedan llegar a requerir en cada caso concreto, cumple con el
reconocimiento y materialización de la igualdad material, sin necesidad de
entrar a cercenar o limitar el goce de los derechos fundamentales, incluso de
la capacidad jurídica, como lo hace la figura de la interdicción (…)”[247].
Para finalizar, respecto
de la proporcionalidad, anunciaron que la Corte Constitucional ha sostenido que
este criterio consiste en “ponderar los beneficios de la medida frente a la
afectación que dicha medida genera, y, en el caso de que los beneficios
resulten mucho mayores a la afectación esperada, puede hablarse de que la
medida es PROPORCIONAL”[248].
En opinión de las intervinientes, este criterio no se cumple en el caso de la
interdicción, dado que “el sacrificio que comporta la medida es el máximo
posible, por cuanto se priva de forma total la capacidad jurídica de la persona
lo que puede conllevar en vez de la protección a la vulneración de sus
derechos, en ocasiones de forma ostensible tales como la libertad, la
autonomía, la integridad física y mental, su dignidad entre otros. De manera
que la afectación a los derechos es grave en la interdicción”[249].
A contrario sensu,
sostuvieron que la Ley 1996 de 2019 ofrece medidas alternativas al fin
constitucionalmente legítimo que se pretende alcanzar, a través de su modelo de
asistencia o apoyo en la toma de decisiones. Dicho modelo “permite
salvaguardar y proteger a la persona con discapacidad, sin suprimir o cercenar
su capacidad jurídica y para su ejercicio se le da la posibilidad de brindar
las medidas de apoyo necesarias que pueden revestir diferentes grados e
intensidades de acuerdo con la necesidad del sujeto para garantizar el goce
efectivo de los derechos, mediante la garantía de su libre ejercicio y
desarrollo de su autonomía de la voluntad”[250].
Para finalizar su
intervención se pronunciaron sobre la desprotección que alegaron los
demandantes, la cual se genera supuestamente por la pérdida de los beneficios;
específicamente en lo referente a la posibilidad de suspensión de la
prescripción para el caso de las personas con discapacidad, consagrada en el
artículo 2530 del Código Civil. Al respecto, aclararon que este efectivo y
pleno reconocimiento de igualdad ante la ley implica no solo el reconocimiento
de derechos sino también de obligaciones. De esta manera, si el fin primordial
tanto de la CDPD como de la Ley 1996 de 2019 es “equiparar el estatus de
estas personas con discapacidad al resto de los demás”[251],
sería un error el no reconocer que estas personas también tienen deberes,
obligaciones y deberán soportar determinadas cargas al igual que el resto de
las personas. No obstante, ello no constituye un factor de desprotección,
habida consideración que la ganancia en reconocimiento de derechos y protección
con la expedición de la Ley 1996 de 2019 hacia las personas con discapacidad es
considerablemente mayor.
Con base en lo anterior,
las intervinientes concluyeron que la Ley 1996 de 2019 se ajusta a las
disposiciones de la CDPD y a las obligaciones internacionales que el Estado
Colombiano adquirió al adoptar la CDPD. De ahí que se pueda afirmar que ya no
sería correcto hablar de “la distinción entre las distintas formas de
discapacidad, pero que lo mismo no significa que los apoyos y el reconocimiento
de la capacidad jurídica a todas aquellas personas en situación de
discapacidad, sean medidas que atenten contra la protección e integridad de
estas personas. Por el contrario, la INTERDICCIÓN no resulta ser una
salvaguardia adecuada y efectiva para la protección de estas personas, por
cuanto, en vez de garantizar su desarrollo pleno como ser humano, lo anula,
restringe y sustituye por la voluntad de otro, razón por la cual, no es posible
que sea considerada como una salvaguardia complementaria conforme el espíritu
de la Ley 1996 de 2018”[252].
Centro
de Derechos Humanos de las Personas Usuarias y Sobrevivientes de la Psiquiatría
de Chestertown, Nueva York – Estados Unidos
La señora Tina Minkowitz,
en calidad de presidenta de la organización denominada Centro de Derechos
Humanos de las Personas Usuarias y Sobrevivientes de la Psiquiatría de
Chestertown, de Nueva York - Estados Unidos, presentó un escrito de
intervención para solicitar que se declarara exequible la Ley 1996 de 2019.
Para comenzar, refirió que
la organización maneja temas de trabajo relacionados con la abolición de los
tratamientos y internamientos involuntarios en la salud mental de personas con
discapacidad, así como también con el reemplazo de este tipo de sistema “abusivo”
por apoyos que responden a la voluntad y las preferencias de dichas personas.
Adicionalmente, velan por el cumplimiento de los estándares de la CDPD en todo
el mundo, apoyándose en otras organizaciones de personas con discapacidad
psicosocial y otras organizaciones aliadas, para promover el liderazgo y el
protagonismo de las personas con discapacidad psicosocial en las políticas que
las afecten. En especial, recalcó que la organización promueve activamente el
cumplimiento del artículo 12 de la CDPD y manifestó que aportaron en el
desarrollo de las normas en la Observación General No. 1, la cual interpreta el
referido artículo. Puntualmente, refirió que ella participo directamente en la
redacción del artículo 12 de la CDPD y que ha escrito ampliamente sobre este
tema.
Luego de hacer una
introducción, procedió a exponer los argumentos con base en los cuales solicitó
la exequibilidad de la ley demandada.
Por un lado, señaló que la
CDPD estableció un régimen de capacidad jurídica unitario, el cual no admite
hacer distinciones entre las personas en razón a la existencia de una
discapacidad o a las características específicas de una persona, como sí lo
permitían los regímenes previos que realizaban distinciones entre las personas
con capacidad para actuar independientemente y aquellas cuya capacidad era
restringida o condicionada. Así, el régimen actual busca garantizar que las
personas con discapacidad, quienes requieren de apoyos de diversos tipos
niveles, sean tratadas en condiciones de igualdad frente a aquellas que no
requieren apoyos.
Estimó
que considerar a los adultos con discapacidad psicosocial, cognitiva o
intelectual como niños, infantilizarlos o reducirlos a meros sujetos de
protección, les provoca un gran daño al negársele oportunidades y suprimírsele
su potencial de crear una vida según sus propios talentos y deseos, los cuales
se manifiestan a través de su voluntad y preferencias. Aseveró que la madurez
de una persona no depende de la ausencia de discapacidad, puesto que el
desarrollo físico, mental y emocional en cada ser humano se da de una forma
diferente. Como consecuencia, afirmó que las distintas formas de ser de cada
persona no pueden ser usado como la razón para legitimar la supresión de: (i)
la voluntad, (ii) el potencial para desarrollar sus talentos para su propio
disfrute y para contribuir a la comunidad; (iii) el derecho a defenderse de
actos violentos que pretenden someterle a medidas coercitivas en nombre de su “interés
superior”. En
razón de ello, la CDPD ni su interpretación autorizada por el Comité contempla
la posibilidad de exigir condición previa alguna para el reconocimiento de la
plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad en condiciones de
igualdad con los demás.
De
otra parte, indicó que los principios de la dignidad inherente y la
independencia de las personas se respetan cuando se aceptan los límites de cada
subjetividad ante cada otra, es decir, cuando hay una abstención “de
pretender ‘evaluar… el funcionamiento interno de la mente’, y así, la autonomía
individual, incluida la libertad de tomar decisiones, se protegen al prohibirse
la sustitución del juicio de una persona con discapacidad por el juicio de otra
persona.  Tanto los criterios basados en la consecuencia supuestamente negativa
de una decisión, como los criterios funcionales basadas en la evaluación de la
capacidad mental y aquellos basados en el mero estatus de ser persona con discapacidad,
no pueden legitimar una denegación o restricción de la capacidad jurídica,
según la Observación General, apartado 15.  Además, en el apartado 22, se
reconoce que, a las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que
los demás, se les debe respetar ‘el derecho a asumir riesgos y cometer
errores’, es decir, debe abstenerse de pretender protegerlas de su propio
juicio”[253].
En este mismo sentido,
sostuvo que la provisión de apoyos no puede basarse en una evaluación de la
capacidad mental de la persona o su aptitud para adoptar decisiones, tal y como
lo señala la Observación General en el apartado 29. De esta manera, indicó que
deben desarrollarse nuevos criterios y procesos para determinar la naturaleza
de los apoyos requeridos, los cuales también deben garantizar el respeto a la
voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. “Por ello es
necesario concentrar la atención en lo que quiere hacer la persona y los
obstáculos que enfrenta, a través de una conversación (aprovechando los medios
y técnicas de comunicación accesible; en el caso de falta de comunicación
verbal o en Lengua de Señas, utilizando comunicación alternativa y facultativa)
y contando con la participación de sus personas de confianza si existen
(vigilando en contra de cualquier influencia indebida o conflicto de interés),
para averiguar sus necesidades”[254].
Aclaró que no debe
presumirse que todas las personas con discapacidad requieren siempre y
necesariamente apoyos y, por ello, a los Estados se les obliga a “proporcionar
el acceso al apoyo, a velar por la comunicación accesible, los ajustes
razonables y el uso de los principios del diseño universal en la elaboración de
protocolos y trámites relativos al ejercicio de la capacidad jurídica, para
facilitar la expresión de la voluntad de la persona si ella prefiere hacerlo
sin ningún tipo de apoyo personalizado”[255].
La interviniente aseguró
que la Ley 1996 de 2019 se encuentra encaminada a cumplir las normas del
derecho internacional obligatorias para el Estado colombiano, particularmente
el artículo 12 de la CDPD. Estimó que, además de obligarse a cumplir la norma
sustantiva del reconocimiento de la capacidad jurídica sin ninguna
discriminación, el Estado colombiano está obligado a crear el marco legislativo
nacional para alcanzar este objetivo, de conformidad con lo establecido el
artículo 4.1(a) y (b) de la CDPD. Por consiguiente, destacó que los principios
y criterios consagrados en los artículos 4 y 5 de la Ley 1996 de 2019 son los
adecuados para propiciar el cumplimiento de las obligaciones del Estado
colombiano.
Destacó que el elemento de
la voluntariedad de los apoyos es lo que distingue al régimen de apoyos de los
regímenes de sustitución de la voluntad. Resaltó que, precisamente, la
voluntariedad es el elemento esencial que debe respetarse completamente en
todas las etapas de identificación e implementación de apoyos. De hecho,
destacó que en la Ley 1996 de 2019 los principios y criterios pertinentes para
asegurar la voluntad de apoyos son la autonomía (artículo 4), la primacía de la
voluntad y las preferencias de la persona (artículo 4, inciso 2), la necesidad
de apoyos (artículo 5, inciso 1) y la imparcialidad de apoyos (artículo 5,
inciso 4).
De otra parte, aseguró que
la idoneidad de la Ley 1996 de 2019 se puede evaluar a la luz de la CDPD,
específicamente su artículo 2 y 12. Expuso que los elementos centrales del
artículo 12 son los siguientes: (i) “[r]econocer la capacidad jurídica de
las personas con discapacidad en condiciones de igualdad con las demás
personas, destacando la capacidad de realizar actos jurídicos por sí mismas, en
todos aspectos de la vida”; (ii) “[a]segurar el acceso a apoyos
requeridos en el ejercicio de la capacidad jurídica”; (iii) “[e]stabecer
salvaguardias con el objetivo principal de garantizar el respeto de los
derechos, la voluntad y las preferencias de la persona y que protejan a las
personas con discapacidad en los mismos términos que a las demás”[256].
Respecto del primer
elemento, la interviniente consideró que la Ley demandada cumple con el
artículo 12, por reconocer la capacidad jurídica en igualdad de condiciones,
incluyendo la capacidad de realizar actos jurídicos, sin admitir ningún tipo de
discriminación basada en la discapacidad e independientemente del uso de apoyos
para la realización de actos jurídicos. Además, la ley reconoce que el hecho de
ser una persona con discapacidad no implica de por sí necesitar de apoyos para
la realización de actos jurídicos y que es la voluntad de la persona la que
determina si prefiere o no usarlos. Por último, opinó que las derogatorias que
hace la Ley 1996 de 2019 sobre las disposiciones contrarias a la misma son
pertinentes, pues permiten abolir el antiguo régimen de la incapacidad legal.
Afirmó que la Ley 196 de
2019 cumple con dicho estándar, ya que tiene un alcance amplio e ilimitado.
Asimismo, cumple con el artículo mencionado al hacer las derogatorias en el
artículo 61, las cuales abordan, por ejemplo, las habilidades de testimoniar y
de testar y la esterilización quirúrgica.
Finalmente, concluyó que “[e]l
régimen de transición prohíbe la iniciación de nuevos procesos de interdicción
o inhabilitación (artículo 53), suspende dichos procesos cuando estén en curso
(artículo 55).  Exige la revisión de todas sentencias de interdicción o
inhabilitación, de oficio, dentro de un plazo equivalente a sesenta meses
después de la promulgación de la Ley, o por la solicitud de la persona bajo
tales sentencias (artículo 56).  Aunque se declara la intención de respetar la
voluntad de la persona a través de dicha revisión,12 y el criterio de la ‘mejor
interpretación’ si se aplica, no se justifica la continuación de estas personas
en un estatus discriminatoria hasta que sea posible revisarlo.  Se debe
asegurar el acceso a los apoyos requeridos a la vez que se garantiza el respeto
a la presunción de capacidad de actuar independientemente de todas las personas
mayores de edad, para cumplir su derecho humano a la capacidad jurídica,
garantizado por el artículo 12 de la CDPD que es vigente y obligatorio para
Colombia, y conforme además al principio de la autonomía y el criterio de la
necesidad de apoyos con base en la solicitud de la persona o en la aplicación
de una ‘mejor interpretación’ en los casos correspondientes (artículos 4.2 y
5.1) || La aplicación de medidas cautelares para proteger el patrimonio de la
persona, levantando la suspensión del proceso de interdicción o inhabilitación,
que dispone el artículo 55, igualmente debe ajustarse para respetar la voluntad
y las preferencias de la persona, conforme a los artículos citados y a la luz
de la Convención”[257].
En relación con el segundo
elemento, indicó que la Ley 1996 de 2019 cumple la obligación de asegurar el
acceso a los apoyos formales por garantizar tal acceso como derecho de la
persona con discapacidad y por establecer mecanismos pertinentes para conformar
dichos apoyos, tal y como se consagró en el artículo 9. De hecho, resaltó que
se pueden conformar apoyos formales a través de un acuerdo de apoyo celebrado
por la persona misma y las personas que la prestarán apoyo, ante un notario u
conciliador extrajudicial de derecho, o a través de una adjudicación judicial
de apoyos, por medio de jurisdicción voluntaria o proceso verbal sumario
(artículos 15 al 20).
Destacó que la ley
demandada establece la mayor flexibilidad posible para que sea la persona misma
quien idee los apoyos idóneos para sus necesidades, a la vez que consagra una
valoración de apoyos con el fin de ayudar a la persona a conocer el alcance de
sus necesidades y las opciones disponibles para cumplirlas. De igual manera,
resaltó que “dispone la posibilidad de designar apoyos para aquellas
personas respecto de quienes, después de agotarse todos los medios de
comunicación y ajustes razonables disponibles, no es posible establecer de
manera unívoca su voluntad y que, de no ejercer su capacidad jurídica, sus
derechos se verían amenazados o vulnerados por un tercero”[258].
Sostuvo que este régimen
en su conjunto es idóneo para garantizar el acceso a los apoyos formales para
las personas con una amplia gama de necesidades y preferencias y la manera de
accederlos. Como características principales del mismo señaló que: (i) no es
necesario que una persona se identifique como una persona con discapacidad para
celebrar un acuerdo de apoyos o para obtener una valoración de apoyos por lo
dispuesto en los artículos 15 y 10, respectivamente, aunque la definición de
apoyos es vinculada a la discapacidad (artículo 3.4); (ii) los apoyos se
caracterizan como derecho en el caso de las personas con discapacidad (artículo
9); y (iii) las adjudicaciones judiciales se dicen aplicarse a personas con
discapacidad en particular (artículo 32). Sobre este punto en particular, la
interviniente sugirió que, con el objetivo de asegurar la máxima disponibilidad
de apoyos sin estereotipos, sería pertinente que se presten sin referencia a si
la persona titular del acto tiene una discapacidad o no.
Ahora, respecto de las
directivas anticipadas, señaló que “[e]l artículo 28 posibilita la inclusión
de una cláusula perenne en la directiva, la cual se aplicará a pesar de la
posterior expresión de voluntad contraria, excepto por una revocación o
modificación con igual formalidad que la suscripción.  La cláusula perenne es
desaconsejable porque resulta paradójico denegar la voluntad de la persona por
razón de su propia voluntad, relativa solamente a sí misma (diferente a la promesa
por beneficio de tercera persona, la cual es el base del contrato).  Por eso la
persona se ve desamparada frente a la violación obligatoria de su autonomía
personal e incluso su integridad física y mental, cuando se trata de
procedimientos médicos. A la luz del conjunto de derechos y principios rectores
de la CDPD, que valoran altamente la autonomía y la integridad desde la mirada
del respeto por la diferencia y aceptación de la diversidad incluyendo la
diversidad en la adopción de decisiones,13 se debe ajustar este régimen como
corresponde”[259].
Sobre la voluntariedad de
la designación o asignación de apoyos, aconsejó lo siguiente: (i) “[p]ara la
persona que prefiera una adjudicación judicial o que necesite una valoración de
apoyos, se debería asegurar la participación interactiva en dicha valoración y
el derecho a decidir finalmente aceptar o no aceptar cualquier apoyo planteado,
y a modificarlas corresponde a su propia voluntad y preferencias, antes de la
finalización del informe o de la sentencia que le designa los apoyos (relativa
a los artículos 37 y 33, y la reglamentación de la valoración de apoyos
generalmente, artículos 11-13)”; (ii) “[e]n el proceso promovido por un
tercero, se debería asegurar la voluntariedad conforme al principio de la
primacía de la voluntad y preferencias de la persona titular”; (iii) “[s]e
debe asegurar además, que la modificación o revocación de una sentencia
judicial de apoyos debe respetar plenamente la voluntad de la persona, y en el
caso de ser promovido por tercero, adherir al criterio de la ‘mejor
interpretación’ y los estándares para aplicar este criterio”; (iv) “se
debe ajustar el proceso de revisión transicional de la misma manera para
asegurar el respeto por las decisiones de la persona relativa a todos aspectos
de la designación de apoyos, incluso el derecho a simplemente reclamar su
capacidad jurídica y rechazar la designación de apoyos completamente”[260].
En definitiva, afirmó que
los ajustes que recomendó, que conforman al criterio de la necesidad y el
principio de la autonomía anteriormente citados, se pueden realizar a través de
la reglamentación de la Ley 1996.
En relación con el
funcionamiento de los apoyos, señaló que la Ley 1996 de 2019 establece el
alcance de las acciones permitidas para las personas de apoyo, tanto como sus
obligaciones y la naturaleza de su responsabilidad personal, así como los
requisitos e inhabilidades para ser designado. “Este marco legislativo es
idóneo para gobernar y guiar los apoyos, junto con el principio de la primacía
de la voluntad y las preferencias de la persona, que exige el deber de los
apoyos a ‘siempre responder a la voluntad y preferencias de la persona titular’
(artículo 4, apartado 3), y los criterios de la correspondencia y la
imparcialidad (artículo 5, apartados 2 y 4), que exigen la prestación de apoyo
correspondiente a las necesidades específicas de la persona, y el respeto por
la autonomía de la persona y el deber de no ejercer influencia indebida,
respectivamente”[261].
La interviniente realizó
una sugerencia relacionada con en el listado de acciones permitidas a personas
de apoyo del artículo 47, consistente en que, a pesar de que la aplicación de
la “mejor interpretación de la voluntad y preferencias de la persona” si
tiene el sentido de interpretar la voluntad cuando la persona lo logra
manifestarla de ninguna manera, requiriendo la utilización de evidencia
externa, debe limitar esta función a los apoyos que tienen mandato expreso para
hacerlo, así como la representación. “La interpretación en el sentido de
intentar entender y aplicar lo que la persona expresa es diferente, porque
cuenta con la comunicación interactiva y no debe ser confundida con el criterio
de ‘mejor interpretación’ que se aplica cuando la persona no logra manifestar
su voluntad”[262].
Finalmente, en relación
con el tercer elemento del artículo 12, aseveró que la Ley 1996 de 2019, por
garantizar el derecho de las personas con discapacidad a adoptar decisiones y
realizar los actos jurídicos por su propia voluntad, contando con ajustes o
apoyos requeridos y con medios de comunicación accesible, implica como
corolario la aplicación igualitaria de las salvaguardias de carácter general,
por ejemplo, a través de la función notarial.
Agregó que los criterios
establecidos en el artículo 5 de la Ley 1996 de 2019 se fundamentan en el
objetivo de impedir abusos y garantizar la primacía de la voluntad de la
persona, y comprenden los siguientes: “la necesidad de apoyo (conforme a la
solicitud de la persona o la determinación que sea imposible determinar su
voluntad); la correspondencia a las circunstancias específicas de la persona;
la duración definida de los apoyos; y la imparcialidad de la persona de apoyo
con el deber de actuar ecuánimemente en su función como apoyo, respetando el
derecho a tomar riesgos y cometer errores y absteniéndose de la influencia
indebida, definida conforme a lo dispuesto en la Observación General No. 1”[263].
Consideró que los referidos criterios deben regir todos los acuerdos de apoyo,
ya sea por incluirlas en cada instrumento de designación o asignación, o por
reglamentación general difundida a todas las personas que cuentan con apoyos y
a todas las personas de apoyo. Además, afirmó que son pertinentes para
establecer salvaguardias adicionales si se requieren en un acuerdo de apoyo
determinado.
Universidad del Rosario
Angie Daniel Yepes García,
en calidad de Coordinadora del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del
Rosario, y los siguientes miembros activos del grupo, Andrés Rodríguez Morales,
Ingrid Liliana Palacios Ríos Simón Ospina Pieschacón, presentaron una
intervención para solicitar que la Corte Constitucional se declarara inhibida
por ineptitud sustantiva de la demanda, respecto del cargo de omisión
legislativa relativa. Ello, por considerar que los demandantes no cumplieron
con la carga de controvertir la inconstitucionalidad de la presunta exclusión,
utilizando los parámetros jurisprudenciales establecidos para el fin. De manera
subsidiaria, en caso de prosperar el examen de aptitud, solicitaron declarar
exequible la norma demandada, toda vez que consideraron que el cambio
legislativo no conlleva a la desprotección de ningún tipo de persona con discapacidad
ni configura una omisión legislativa relativa. A continuación, se hará una
breve síntesis de los argumentos que sustentaron su postura.
Por
un lado, se pronunciaron sobre el cargo de la omisión legislativa relativa,
para solicitar que la Sala Plena se declarar inhibida para fallar de fondo, por
ineptitud sustantiva de la demanda. Lo anterior, toda vez que indicaron que en
ninguna de las dos demandas de inconstitucionalidad o en sus respectivas
subsanaciones, se cumplieron los supuestos de hecho que permiten sostener que
exista un cargo de omisión legislativa relativa. Explicaron que, si bien la
demanda recayó sobre normas específicas (expresiones de los artículos 6, 8, 19
y 53 de la Ley 1996 de 2019), en los cargos de inconstitucionalidad se omitió:
(i) “[e]xplicar por qué las normas acusadas supuestamente excluyen de sus
consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tendrían que
estar contenidos en el texto normativo cuestionado”; (ii) “[e]xplicar
las razones por las que se concluyó que esa exclusión carece de razón
suficiente”; (iii) “[s]ustentar que se presenta desigualdad negativa
frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma”;
(iv) “[a]rgumentar que la omisión implica una violación de un deber del
legislador”; y (v) “[e]xponer si la supuesta omisión emerge a primera
vista de la norma propuesta, o si por el contrario las normas son completas,
coherentes y suficientes”[264].
No obstante lo anterior,
expresaron que, en caso de que la Corte decidiera pronunciarse de fondo, debía
declararse como exequible la ley demanda. Esto, puesto que la norma expone una
visión progresiva de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Expusieron
que el régimen anterior sobre discapacidad, contenido principalmente en la Ley
1306 de 2009, estableció un modelo de rehabilitación de discapacidad, el cual
entendía a la discapacidad como “un fenómeno médico-científico y busca, por
lo tanto, ‘normalizar’ y proteger a la persona con discapacidad a través de una
negación de su capacidad jurídica”[265]. Afirmaron que dicho
criterio es considerado obsoleto a la luz del derecho internacional de los
derechos humanos. Por consiguiente, puede resumirse que el referido sistema
responde al modelo de rehabilitación, en el que se restringe la capacidad de
ejercicio de las personas con discapacidad, reduciendo según el caso su
capacidad jurídica, por presumirse que no tienen los elementos de juicio
suficientes para ser autónomos y, por lo tanto, se asemeja su discapacidad a
una incapacidad.
Destacaron que, por el
contrario, la Ley 1996 de 2019 materializó el “modelo
social”, el cual entiende por discapacidad “una interacción entre
características funcionales del individuo y las barreras propias de su entorno,
por lo que busca su reconocimiento pleno de capacidad, promoción de la
autonomía y toma de decisiones con apoyo”[266].
Aseveraron que con este nuevo modelo se dejó de lado la interdicción para dar
paso a un modelo que garantizará los derechos de la población en discapacidad,
reconociendo su autonomía y capacidad de autodeterminación desde su diversidad.
Expusieron que la Ley 1996
de 2019 establece salvaguardias a los intereses y derechos de las personas en
situación de discapacidad. Manifestaron que uno de los mayores avances de la
Ley fue el de introducir la personalización del modelo de protección, el cual
reconoce a la persona con discapacidad como un sujeto pleno de derechos, “sin
que esto sea óbice para reconocer que en algún caso requerirán de un apoyo
formal para la garantía de sus derechos”[267].
Sin embargo, señalaron que
hasta el momento no es claro cómo será el funcionamiento del sistema de
valoración judicial de apoyos porque la misma Ley 1996 de 2019 contempla en su
artículo 13 que “el ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad en un
plazo no superior a dieciocho meses contados a partir de la promulgación de la
presente ley, y previo concepto del Consejo Nacional de Discapacidad,
reglamentará la prestación de servicios de apoyos (...)” y en este momento
aún está corriendo dicho término.
Opinaron
que la Ley 1996 de 2019, tal y como fue concebida, “no crea un sistema de
desprotección para las personas en condición de discapacidad, por el contrario,
busca reflejar el cambio sustancial que hubo en el paradigma social sobre las
personas con discapacidad y en consecuencia, reconocerlos como sujetos plenos
de derechos, sin desconocer que en razón de sus condiciones específicas
requerirán de apoyos que les permitan dar su consentimiento real. La ausencia
actual de la reglamentación que la regule no debe ser sinónimo de
inconstitucionalidad, sino que se debe procurar que la misma sea ajustada a la
Constitución”[268].
Michael
Bach y Lana Kerzner
Los señores Michael Bach,
experto en discapacidad intelectual signiticativa y el artículo 12 de la CDPD y
Director Ejecutivo del Instituto para la Investigación y el Desarrollo de la
Inclusión y la Sociedad (Iris – Institute For Research And Development On
Inclusion And Society), y Lana Kerzner, experta en derecho de la discapacidad y
el artículo12 de la CDPD, presentaron una intervención en calidad de “amicus
curiae”, mediante la cual solicitaron declarar exequible la Ley 1996 de
2019.
Para comenzar su
intervención indicaron que la misma tenía como intención enfocarse
exclusivamente en establecer si la Ley 1996 de 2019 cumple o no con el objetivo
establecido en su artículo 12. De la Convención.
En primera medida,
expusieron que la Ley 1996 de 2019 sí garantiza un régimen legal no
discriminatorio, al regular el ejercicio de la capacidad legal en concordancia
con la CDPD. Agregaron que dicha ley establece un régimen inclusivo para la
regulación de la capacidad legal, protege la validez de los actos legales y
salvaguarda a las personas que puedan ser vulnerables a abusos en los procesos
de toma de decisiones. En este sentido, consideraron que cumple con los mismos
objetivos que las figuras de la curatela y las sustitutivas para la toma de
decisiones. No obstante, no admite o requiere de medidas discriminatorias.
Los intervinientes
organizaron su escrito en seis secciones, las cuales se sintetizarán a
continuación.
(i)
Aproximaciones
biomédicas a la discapacidad y a la toma de decisiones: El fundamento de la
discriminación basada en la discapacidad en el ejercicio de la capacidad legal.
La doctrina ha clasificado
el ejercicio de la capacidad legal en tres enfoques principales, los cuales se
basan en factores biomédicos intrínsecos al individuo y que ven al ejercicio de
la capacidad legal como dependiente del cumplimiento de ciertas condiciones.
Estos enfoques comunes para la capacidad legal son:
a. Enfoque en el estatus:
Primer enfoque legal que regula y restringe la capacidad legal, la cual se
sujeta a un estatus (por ejemplo, la edad o el trastorno mental). Aquel estatus
se convierte en una condición que restringe la capacidad legal con la excusa de
proteger a la persona.
b. Enfoque en el
resultado: Este restringe la capacidad legal con base en el daño que puede
resultar, o está resultando, de las acciones o el comportamiento de la persona.
Normalmente, la restricción sólo se impone cuando el comportamiento se da como
consecuencia de un trastorno mental y se evidencia comúnmente en normas
relacionadas con la salud mental.
c. Enfoque
cognitivo/funcional: Permite el ejercicio de la capacidad legal si la persona
tiene ciertas habilidades cognitivas; en otras palabras, dicho ejercicio es
negado a quienes no pueden demostrar ciertas habilidades cognitivas. Las
referidas habilidades pueden involucrar una combinación entre la compresión de
información y la apreciación de las consecuencias de una decisión. La imposibilidad
de alcanzar independientemente esas habilidades, las cuales son consideradas
como necesarias para poder celebrar actos legales, es la razón que activa
figuras tales como la curatela y las sustitutivas.
Las tres clasificaciones
anteriores son enfoques biomédicos que equiparan las capacidades individuales
personales (habilidades cognitivas) con las condiciones para reconocer la
capacidad legal. Los intervinientes sostuvieron que los tests utilizados en
estos enfoques tienen el efecto de restringir desproporcionadamente la
capacidad legal de las personas con discapacidades intelectuales, del
desarrollo, cognitivas o con problemas de salud mental. Pese a que las
restricciones usualmente se justifican por el interés de proteger el patrimonio
o la salud de la persona y protegerla de daños sobre sí misma o sobre otros, el
impacto que generan estas medidas son la exclusión y discriminación hacia las
personas con discapacidad. Además, señalaron que este tipo de medidas
restrictivas interfieren con la libertad de tomar decisiones propias. Por lo
tanto, en su opinión, estos enfoques deben ser considerados como incompatibles
con la CDPD y su reconocimiento de los derechos a la libertad y a la igualdad
sin discriminación basada en la discapacidad.
(ii)
El modelo
social de la discapacidad y el enfoque inclusivo de la capacidad legal:
“capacidad para la toma de decisiones”.
Manifestaron que, a su
parecer, las leyes de capacidad legal que establecen condiciones para el
ejercicio de la misma no son inherentemente problemáticas; por el contrario, el
inconveniente se genera cuando esas condiciones son aplicadas de forma que
resultan discriminatorias por basarse en la existencia de una discapacidad, en
el género o en otras bases que infringen la libertad y violan las obligaciones
legales de proteger y promover los derechos a la igualdad y a la libertad.
Afirmaron que “[a]l
regular la capacidad legal de una manera en la que se garanticen los derechos a
la libertad y a la igualdad sin discriminación basada en la discapacidad,
incluso cuando las condiciones intelectuales, cognitivas o psicosociales son
consideradas severas o profundas, el reto es diseñar condiciones que tengan en
cuenta el punto de tensión del derecho de la capacidad legal que se refleja en
la CDPD, como se describe a continuación (…) La clave para una reformulación no
discriminatoria es permitir que esas funciones cognitivas sean compartidas
entre la persona y sus apoyos, en circunstancias apropiadas. Este enfoque no
desatiende el requisito cognitivo para las decisiones legales válidas, sino que
reconoce flexibilidad en las formas en que los requisitos pueden ser alcanzados
legítimamente”[269].
En este acápite
concluyeron que “[e]l hecho de que algunas personas puedan enfrentar
barreras porque carecen de los apoyos que necesitan, incluyendo la
comunicación, el razonamiento y otro tipo de asistencia para la toma de
decisiones, no es una razón en sí misma para negarle el ejercicio de la
capacidad legal. Un enfoque en la capacidad para la toma de decisiones para la
capacidad legal hace que el fundamento de la capacidad legal sea la expresión
de las verdaderas intenciones y la voluntad libre de la persona, no la
capacidad de razonamiento necesaria para transformar esto en acuerdos legales.
Este es un enfoque inclusivo porque aún personas que tienen discapacidades
intelectuales, cognitivas o psicosociales profundas tienen una voluntad y unas
preferencias que pueden guiar la toma de decisiones para que se representen en
decisiones legalmente válidas. La siguiente sección explora la forma en que las
leyes que regulan la capacidad legal, como como la Ley 1996, hacen esto
posible”[270].
(iii)
Transformando
la capacidad para la toma de decisiones en decisiones legalmente válidas.
Aseveraron que el enfoque
de la capacidad para la toma de decisiones reconoce que, para alcanzar la
igualdad en el ejercicio de la capacidad legal, el proceso de toma de
decisiones necesitará ser compartido para algunas personas. En otras palabras,
las funciones cognitivas que se precisan para una decisión particular, por
ejemplo aquellas de comprender información y apreciar las consecuencias, pueden
ser compartidas legítimamente y seguir constituyendo una decisión legalmente
válida y garantizando que la mejor interpretación de la voluntad y preferencias
de la persona con discapacidad sea lo que guíe la toma de decisiones, tal y
como pretende que ocurra el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.
Explicaron
que el enfoque en la capacidad para la toma de decisiones reconoce dos formas
de alcanzar funcionalmente los requisitos cognitivos para las decisiones
legales válidas, a saber:
a. La capacidad para la
toma de decisiones de manera independiente: Esta situación se da cuando la
persona demuestra que con los apoyos y los ajustes adecuados tiene la capacidad
de comprender la información y apreciar las consecuencias requeridas para una
decisión particular y, en consecuencia, decide por sí misma. El hecho de que la
decisión se tome de manera independiente no significa que la persona haya
decidido por sí misma sin ningún tipo de apoyos; por el contrario, esta
capacidad involucra la habilidad de la persona de tomar una decisión
independientemente después de haber recibido todos los insumos de información y
los apoyos para dicho propósito.
b. La capacidad para la
toma de decisiones de manera interdependiente: Este escenario se da cuando la
persona, en conjunto con un apoyo reconocido para la toma de decisiones, tiene
la capacidad de comprender la información y apreciar las consecuencias de una
decisión, guiada por la mejor interpretación de la voluntad y preferencias de
la persona en esas circunstancias.
(iv)
Capacidad
para la toma de decisiones interdependiente: Fundamentando la capacidad legal
en la voluntad y las preferencias, sus interpretaciones y el rol de los apoyos.
Explicaron que el
escenario de la toma de decisiones interdependiente aplica cuando las
capacidades de la persona para expresar su voluntad y preferencias en relación
con una decisión particular y realizar el razonamiento para traducir su
voluntad y preferencias en una decisión legalmente válida, puede ser muy
limitada o inexistente en el momento presente.
Indicaron que el apoyo
interpretativo es el que permite que la toma de decisiones sea posible en estas
circunstancias. Refirieron que el Comité de la CDPD reconoció el principio de “la
mejor interpretación de la voluntad y las preferencias” para este tipo de
situaciones. Resaltaron que este principio se estableció como una salvaguarda
para prevenir la exclusión y así proteger el ejercicio de la capacidad legal en
una base igualitaria. Adujeron que esta salvaguardia se creó para aplicarse en
situaciones en las que, después de haberse hecho esfuerzos significativos, la
voluntad y las preferencias de una persona no pueden ser suficientemente
determinadas para conducir a una decisión particular.
Aclararon
que “[l]os términos ‘voluntad’ y ‘preferencias’, que son fundamentales para
definir el ejercicio de la capacidad legal, se usan, pero no se definen en la
CDPD ni en el Comentario General No. 1. De acuerdo con una nutrida historia de
la filosofía y del Derecho, los términos se pueden definir de la siguiente
manera.15 Las ‘preferencias’ de una persona son esos valores o metas, las cosas
que le importan, las que buscan lograr a través de actos intencionales. La
‘voluntad’ de una persona es la acción intencional demostrada o teniente a
alcanzar esas preferencias o metas. De esta forma, pueden entenderse como
capacidades humanas universales, a saber, la valoración de ciertas cosas sobre
otras (preferencias), y el esfuerzo para alcanzar esas cosas (voluntad). El
ejercicio de la voluntad personal se demuestra a través de las formas de
comunicación como acciones corporales del discurso, gesticulación, movimiento
corporal hacia objetos que cuidan y por los cuales se preocupan, y la retirada
de objetos temidos o rechazados”[271].
Finalmente, plantearon que
el mecanismo de interpretar la voluntad y las preferencias de una persona con
discapacidad para viabilizar el ejercicio de su capacidad legal a través del
modelo de la capacidad interdependiente para la toma de decisiones implica la
necesidad de hacer uso de los siguientes mecanismos:
a. “Apoyos de otros en
ciertas instancias para ayudar a la persona en la formulación y expresión de su
voluntad y sus preferencias y en la formulación de planes intencionales, para
darles efectos legales”[272].
b. “El principio de ‘la
mejor interpretación de la voluntad y las preferencias’, como puede ser
necesario en algunas circunstancias para resolver expresiones inciertas o
conflictivas en las interpretaciones de la voluntad y preferencias de una persona
(bien sea en el presente o al considerar las expresiones de una persona a
través del tiempo), y la forma en que deben guiar planes y decisiones en un
contexto específico”[273].
c. “Salvaguardas, en
donde las acciones de la persona puedan resultar en daños injustificados para
ella misma y/o para otros, incluso con apoyos, carece de la habilidad de
comprender información y apreciar las consecuencias en esa instancia”[274].
(v)
Características
de las leyes para implementar el enfoque de capacidad para la toma de
decisiones.
Estimaron que en derecho
se requieren algunas características principales para implementar el enfoque de
la capacidad para la toma de decisiones. Afirmaron que dichas características
ya existen en los sistemas legales; no obstante, no es común verlas reunidas en
una misma ley. Las referidas características son:
a. La obligación de
ajustarse el proceso para la toma de decisiones: Fue definida en el Comentario
General del artículo 12 de la CDPD como “cualquier modificación o ajuste
necesario que le permita a la persona con discapacidad ejercer su capacidad
legal, a menos que sea desproporcionada o una carga indebida”. El ajuste
debe incluir información accesible en relación con las decisiones que tienen
efectos legales y asistencia personal.
b. Apoyos para la toma de
decisiones y la ‘toma de decisiones con apoyos’: El artículo 12 de la CDPD
estableció la obligación de los Estados parte de proveer acceso a los apoyos
que pueda llegar a necesitar una persona con discapacidad para el ejercicio de
su capacidad legal. Por otro lado, el Comentario General sobre el artículo 12
definió “apoyos” como “un término amplio que contiene arreglos de
apoyo tanto formales como informales, de distintos tipos e intensidades”. Agregaron
que la doctrina ha identificado como apoyos para este propósito a los
siguientes: activismo independiente representantes seleccionados por o en favor
de la persona, asistencia planeada con base en la persona, asistencia en la
comunicación, apoyos interpretativos, apoyo para oportunidades y construcción
de relaciones personales y apoyo administrativo.
c. Test inclusivo,
no-cognitivo de capacidad para designar a una persona como apoyo para la toma
de decisiones: Sobre este punto en particular, destacaron que el artículo 38 de
la Ley 1996 de 2019, en relación con la adjudicación de la persona de apoyo a través
de los jueces, llenó el vacío que de otra forma existiría en el ordenamiento
jurídico colombiano en el caso de que una persona con discapacidad sea incapaz
de realizar la designación de su apoyo de forma independiente. Resaltaron que,
en este escenario, las personas de apoyo actúan como representantes de la
persona y están obligados a proveerles la comunicación, la toma de decisiones y
apoyos interpretativos de acuerdo con la mejor interpretación de la voluntad y
las preferencias de la persona; es decir, no son sustitutos para la toma de
decisiones.
d. El papel de las
‘verdaderas intenciones’ y la ‘voluntad libre’ de una persona para demostrar la
capacidad legal: Refirieron que el Comité de la CDPD, en su Comentario General
sobre el Artículo 12, recalcó que el respeto por la voluntad y las preferencias
de una persona es la base para un enfoque no discriminatorio de la capacidad
legal. El Comité sostuvo que “es imperativo que la persona con discapacidad
tenga la oportunidad de desarrollar y expresar su voluntad y sus preferencias,
para así poder ejercer su capacidad legal en una base de igualdad con los
demás”. La cualificación realizada por el Comité sobre el concepto de la “voluntad
y las preferencias” expresadas por la persona con discapacidad, las cuales
deben ser libres de indebidas influencias en servicios del cuidado a la salud y
otros contextos de toma de decisiones, sugiere “una caracterización de esta
noción similar aquella de la ‘voluntad libre’ (free will) referenciada en la
jurisprudencia sobre indebida influencia y circunstancias sospechosas”[275].
e. Disposiciones para
interpretar válidamente las ‘verdaderas intenciones’ y la ‘voluntad libre’ como
la base de las decisiones: “A través del camino de la toma de decisiones en
estas circunstancias, un rol interpretativo será crucial para traducir las
‘verdaderas intenciones’ y ‘la voluntad libre’ de una persona en decisiones
concretas. Hay dos etapas en este proceso de interpretación. La primera, que la
interpretación puede ser requerida para comprobar cuáles son las verdaderas
intenciones y la voluntad libre de la persona en esas circunstancias, con base
en los registros de sus expresiones y planes previos; la segunda, es que la
interpretación puede requerirse sobre cuáles acciones específicas deberían
tomarse para establecer as verdaderas intenciones y la voluntad libre de la
persona en esas circunstancias. Estas acciones interpretativas, que al final
resultan en consecuencias legales, pueden involucrar pasos legales y
no-legales”[276].
f. Salvaguardas: “Hay
preocupaciones basadas en la evidencia sobre el potencial de abuso, negligencia
o explotación de los acuerdos para la toma de decisiones, incluyendo la
curatela y las figuras sustitutivas y el poder de los abogados sobre personas
que no son capaces de actuar legalmente de forma independiente. Estas
salvaguardias son, y siempre serán, un componente integral de la regulación
legal de dichos arreglos. Este es el caso de las leyes existentes que reconocen
que tanto la toma de decisiones con figuras sustitutivas y a la vez los apoyos
en la toma de decisiones son consideraciones importantes para cualquier régimen
de capacidad legal (incluyendo aquel basado en la capacidad de toma de
decisiones)”[277].
Afirmaron que, independientemente del enfoque de capacidad legal que adopte
cualquier régimen legal, las salvaguardias deben cumplir tres propósitos, a
saber:
a. Promover y proteger el
ejercicio de la capacidad legal y el derecho a la autonomía.
b. Proteger de daños
potenciales como resultado de influencias indebidas o abusos por parte de las
personas de apoyo o abusos de terceros.
c. Garantizar la
fiabilidad y la validez de las transacciones.
(vi)
Breve
conclusión sobre la Ley 1996: Evaluación de las protecciones ante la discriminación
y salvaguardas contra el daño.
Con base en lo anterior,
los intervinientes concluyeron que la Ley 1996 de 2019 incorpora las
características principales del enfoque en la capacidad de toma de decisiones
de manera directa y, en este sentido, incluye medidas para:
a. “Fundamentar actos
legales en las manifestaciones de la voluntad y las preferencias de la persona”[278].
b. “La presunción de
que todas las personas pueden actuar legalmente de forma independiente – para
evitar restricciones para las personas si se presume que sólo pueden actuar a
través de la capacidad de toma de decisiones constituida de forma
interdependiente”[279].
c. “Reconocer el
principio de la ‘mejor interpretación de la voluntad y las preferencias de una
persona’ para guiar los actos interpretativos de las personas de apoyo para la
toma de decisiones”[280].
d. “Designación de las
personas de apoyo, cuando la persona no tiene la capacidad de hacerlo por sí
misma”[281].
e. “Reconocimiento
legal de los apoyos para la toma de decisiones y la obligación de proveer
ajustes razonables”[282].
f. “Salvaguardas para
asegurar la integridad del proceso de la toma de decisiones, el cumplimiento de
las obligaciones legales de las personas de apoyo para la toma de decisiones, y
de protección a las personas de daños”[283].
Así, sostuvieron que la
Ley demandada estableció los pilares legales necesarios para lograr un cambio
de régimen jurídico en relación con la capacidad legal, para acabar con el uso
de figuras como la curatela o las sustitutivas, así como también la toma de
decisiones sustitutivas. En cambio, este nuevo régimen busca reconocer de
manera efectiva la capacidad para la toma de decisiones de forma independiente e
interdependiente de personas con discapacidad, asegurando que no sea un régimen
discriminatorio sino inclusivo. Adicionalmente, señalaron que es un modelo que
protege la validez de los actos legales y salvaguarda a las personas que puedan
llegar a estar en condición de vulnerabilidad por abusos en los procesos de
toma de decisiones. Por ello, consideraron que la Ley 1996 de 2019 defiende y
refleja alguna de las normas y derechos fundamentales reconocidos en la CDPD.
Departamento de Derecho Procesal – Universidad Externado de
Colombia
El
señor Jairo Rivera Sierra, en representación del Departamento de Derecho
Procesal de la
Universidad Externado de Colombia, presentó una intervención mediante la cual
solicitó que se declararan inexequibles las normas demandadas.
Su intervención giró en
torno a dar respuesta al siguiente problema jurídico planteado por el: “¿Es
inconstitucional dotar de capacidad jurídica y de capacidad de ejercicio a las
personas discapaces (sic), sin haber distinción entre ellas y permitiéndoles
celebrar actos jurídicos con o sin apoyos? ¿Con base en lo anterior, es
inconstitucional derogar y prohibir las instituciones de interdicción e
inhabilitación como mecanismos de protección de sus derechos?”.[284]
La respuesta del
interviniente frente a dichos interrogantes fue la siguiente: “SI, ES
INCONSTITUCIONAL, tanto los apartes subrayados como en general la totalidad del
artículo 6 de la ley 1996 de 2019 crea un trato desigual y un estado de
desprotección absoluta para las personas con discapacidad, al dotarlas de plena
capacidad de goce y de ejercicio incluso sin apoyos, sin tener en cuenta que,
por sus condiciones físicas o mentales pueden encontrarse en situación de
debilidad manifiesta al no contar con la posibilidad de comprender las
consecuencias de sus actos. En el mismo sentido, tanto el artículo 6 como el
artículo 53 demandados, extralimitan los lineamientos de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, cuyo objetivo es la
protección e inclusión de las personas con discapacidad, pero cuyo texto en
ningún momento las dota de plena capacidad de ejercicio ni prohíbe la
interdicción o la inhabilitación como mecanismos de protección para las
mismas”.[285]
Esa posición la sustentó bajo los argumentos que se expondrán a continuación.
Primero, en materia de
capacidad, indicó que el numeral primero del artículo 12 de la CDPD reafirmó
que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su
personalidad jurídica, en otras palabras, que son sujetos de derecho; tema que
en Colombia no está en discusión, puesto que dicho reconocimiento se hizo desde
la expedición del Código Civil, en el que se dispuso que toda persona es sujeto
de derecho desde su nacimiento y hasta el momento de su muerte (artículos 74,
90  94) así como también fue reconocido mediante el artículo 14 de la
Constitución Política.
Ahora bien, frente al
numeral segundo del mismo artículo 12, el cual consagró que los Estados parte
deben reconocer que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en
igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, el
interviniente consideró que el artículo 6 de la Ley bajo estudio extralimitó
ese contenido de la CDPD. Ello, por cuanto deja en desprotección y
vulnerabilidad a las personas con discapacidad y acaba con las distinciones,
generando que no se tenga en cuenta ni siquiera el grado de la discapacidad.
Resaltó que el numeral 2 del artículo 12 de la CDPD se refirió fue a la capacidad
jurídica, mientras que el artículo 6 de la Ley 1996 de 2019 involucró la
capacidad legal.
Al respecto, aclaró que “la
capacidad jurídica o de derecho es aquella de la que goza todo ser humano desde
el momento de su nacimiento y hasta el momento de su muerte, reconocida en
Colombia por el artículo 14 de la Constitución Política y por la ley civil, que
se refiere a la potestad de ser titular de todos los derechos y libertades y de
gozar de ellos. Por su parte, la capacidad legal, negocial o de ejercicio se
refiere a la aptitud para obrar jurídicamente e introducir cambios en las
relaciones y asuntos jurídicos en los que se es sujeto”.[286]
El interviniente explicó
estos dos conceptos para señalar que el numeral segundo del artículo 12 de la
CDPD se refirió sólo a la capacidad jurídica de todas las personas en situación
de discapacidad, pero no mencionó la capacidad de ejercicio. Por ello, afirmó
que el artículo 6 de la Ley 1996 de 2019 viola la CDPD, al haber extralimitado
su contenido alcance y haber establecido que todas las personas en situación de
discapacidad están dotadas de capacidad de ejercicio, sin distinción alguna
entre ellas y, más aún, sin importar si cuentan o no con los apoyos necesarios
para ejercerla. En su opinión, dicha extralimitación deja en una situación de
debilidad manifiesta y sin mecanismos de protección eficaces frente a los
abusos que puedan comerte en contra de las personas con discapacidad; situación
a la que también contribuye el artículo 53 al derogarse las figuras de la
interdicción e inhabilitación.
Sobre el último punto
mencionado, señaló que la CDPD no previó la prohibición de la interdicción
judicial como mecanismo de protección. Por ello, el interviniente estimó que el
artículo 53 de la Ley 1996 de 2019 también extralimitó el contenido de la CDPD,
bajo ningún argumento o razón suficiente.
De otra parte, refirió que
el artículo 13 de la Constitución Política, el cual consagró el derecho a la
igualdad, permitió la existencia de un trato desigual frente a quienes estén en
diferentes circunstancias o bajo diversas condiciones, especialmente cuando
aquellas ponen a una persona en situación de debilidad manifiesta. En
específico, el segundo parágrafo del artículo 13 estableció que las personas
que se encuentren situación de debilidad manifiesta, en razón a su condición
física o mental, serán protegidas de manera especial por el Estado colombiano.
Por consiguiente, en opinión del interviniente, los artículos demandados violan
la referida norma constitucional, puesto que en vez de hacer efectiva la
protección que establece, deja en situación de desprotección absoluta a las
personas con discapacidad, al dotarlos de una capacidad de ejercicio ilimitada
y sin distinciones,  al privarlos de las únicas herramientas jurídicas con las
que contaba el ordenamiento jurídico colombiano para salvaguardar sus
intereses, velar por sus derechos y evitar los abusos de los que pueden ser
víctimas en aquellos eventos en los cuales no cuentan con las facultades para
discernir y comprender los efectos y consecuencias de sus actos, especialmente
desde el punto de vista patrimonial.
A su parecer, el hecho de
haber eliminado del ordenamiento jurídico la distinción que existía entre la
capacidad absoluta y la relativa, según el grado de discapacidad de cada
persona, generó una violación del principio de la igualdad material y la
protección a que tienen derecho las personas con discapacidad.
El interviniente expresó
que, en su opinión, la Ley 1996 de 2019 rompió toda la tradición jurídica sobre
la materia, puesto que: (i) se separó completamente del paradigma existente en
relación con el tema de capacidad dentro del ordenamiento jurídico colombiano,
al dotar de capacidad plena a todas las personas con discapacidad sin
distinción alguna; (ii) desconoció la distinción existente entre la capacidad
de goce y la de ejercicio, así como también la incapacidad absoluta y la
relativa, como concepto legal; (iii) eliminó y prohibió las figuras de
interdicción e inhabilitación, dejando completamente desprotegidos los derechos
e intereses de las personas con discapacidad, además porque introdujo unos
mecanismos de apoyo que no desarrolló; y (iv) consagró un nuevo derecho
desconocido en Colombia, esto es, el derecho a equivocarse, sin medir las
consecuencias que esto puede acarrear en el campo legal, en el que además debe
primar siempre la voluntad del interesado, privando de toda efectividad y
utilidad a los apoyos contemplados.
Con base en lo anterior,
concluyó que “la Ley 1996 de 2019 derogó un sistema completo de protección
para las personas con discapacidad y creó un sistema desprovisto de lógica
jurídica e el que éstas quedan a merced del abuso y de la inseguridad de sus
propias decisiones tomadas sin necesidad de contar con ningún tipo de apoyo. La
Ley 1306 de 2009, se expidió en el marco de la implementación de los fines de
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
con el fin de armonizar dicha Convención con el ordenamiento jurídico
colombiano y cumplió a cabalidad su objetivo, mientras que la nueva ley se
extralimitó al dejar sin efectos todo el sistema de protección existente y fue
mucho más allá del marco planteado por la Convención”[287].
Para finalizar su escrito,
afirmó que al hacer un análisis de derecho comparado en materia de legislación
sobre capacidad en los distintos países de América Latina que han adoptado la
CDPD, “es posible evidenciar que en muchos de ellos e ha puesto en marcha la
misma línea seguida por Colombia, en el sentido de extralimitar los alcances de
la CDPD y dotar de plena capacidad de ejercicio a las personas con
discapacidad, sin hacer distinciones entre ellas u sin exigir que cuenten con
el apoyo necesario (…) se trata de una tendencia que pretende hacer creer que
los países se están acoplando a la Convención de 2006, cuando e realidad se
están desviando de su verdadera finalidad que es la protección e inclusión de
las personas con discapacidad sin desprotegerlas ni dejarlas a merced del
abuso. De una gran variedad de organizaciones internacionales a unas que han
hecho especial énfasis en esa plena inclusión de las personas discapacitadas en
la sociedad, como lo son la CEPAL, Open Society Foundation, la RADIS, Inclusión
Internacional, entre otras, la cuales argumentan estar inspiradas en el ‘Plan
estratégico para la implementación de la Convención de las Naciones Unidas
Sobre los Derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de la
Educación Inclusiva, Capacidad Legal, el Derecho a vivir en Comunidad y el
Papel de las Familias’, para de esta forma hacer ver la importancia de que los
países adopten dentro de su legislación normas que sean ‘más garantistas’ y se
les dé más capacidad para ejercer sus derechos, bajo una idea distorsionada de
inclusión. || Con esto, lo que en realidad se está generando es una exposición
injustificada de las personas con discapacidad, aumentando su desprotección y
vulnerabilidad, ya que finalmente lo que hace es medir su condición con
conceptos cuantitativos y no cualitativos que permitan reconocer la diversidad
y condición especial de cada una de ellas”[288].
Liga Colombiana de Autismo
La señora Edith Betty
Roncancio Morales, en calidad de Directora de la Liga Colombiana de Autismo –
LICA, presentó un escrito de intervención con el fin de solicitar que se
declarara exequible la Ley 1996 de 2019.
En primer lugar, manifestó
que LICA hizo el proyecto denominado “Apoyo a la toma de decisiones y la
vida en la comunidad en Colombia (según los artículos 12 y 19 de la CDPD)”,
el cual tuvo como resultado la redacción de la “Guía práctica para el
ejercicio de la capacidad jurídica”, la cual propone un cambio de paradigma
en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad, así como un
modelo de toma de decisiones con apoyo. Igualmente, indicó que, como miembro de
la alianza por la capacidad legal en Colombia, LICA participó en el proceso de
reglamentación de la Ley 1996 de 2019. Con base en su experiencia y
conocimiento, pidió a la Corte tener en cuenta la siguiente información.
Por un lado, señaló que la
figura de la interdicción “es la privación del ejercicio pleno de la
capacidad jurídica de una persona, quien es declarada incapaz. Esta figura está
encaminada a proteger los bienes de una persona, así las cosas, ésta, atenta
contra los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, quienes,
por décadas, han dependido totalmente de las decisiones que toma su curador,
independientemente que la favorezca, la haga feliz y le permita una vida diga,
disfrutando plenamente de sus gustos y preferencias”[289].
Expresó
que, apoyada en su experiencia profesional, se presume erróneamente que las
personas con discapacidad no pueden tomar decisiones de manera independiente y
consciente, negándoseles la oportunidad de vivir una vida plena y de manera
autónoma, situación que ha vulnerado por años los derechos fundamentales de
este grupo de personas.
Por consiguiente, sostuvo
que “la ley 1996 en todo su articulado, propende por la garantía del derecho
a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mayores de edad. Que
la reglamentación y aplicación de esta ley, cambiará la situación que viven las
personas con discapacidad, quienes por décadas han tenido que depender de las
decisiones de otras personas, sin ser tenidas en cuenta, impactando
negativamente su calidad de vida. Que así mismo, esta ley propone la toma de
decisiones con sistemas de apoyo y salvaguardias que les permitirá una vida en
la comunidad de manera autónoma y autodeterminada”[290].
Colectiva Polimorfas – Grupo de Apoyo a Mujeres en Diversidad
Funcional 7 Discapacidad
Las señoras Yolanda del Rocío Gil, María Jazmín Rueda, Sabrina
Pachón Torres, Leidy Natalia Moreno Rodríguez y Luz Velia Velandia Robayo,
miembros de la organización COLECTIVA POLIMORFA – GRUPO DE APOYO A MUJERES EN
DIVERESIDAD FUNCIONAL/DISCAPACIDAD, presentaron un escrito de intervención
mediante el cual solicitaron que se declararan exequibles las normas demandas
con base en los siguientes argumentos.
Para comenzar, explicaron que la organización trabaja por la
protección de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, promoviendo
su inclusión real y efectiva en la sociedad y luchando para la eliminación de
cualquier tipo de estereotipos. Agregaron que llevan a cabo talleres para
mujeres con discapacidad, mediante los cuales abordan el tema de la capacidad
jurídica, exponiendo qué es, para qué sirve y cuál es su alance, así como
también realizan actividades con el objetivo de brindarles la posibilidad de
comprender la importancia de la toma de decisiones en sus vidas.
Luego, manifestaron que, en su opinión, como mujeres con
discapacidad y con base en su propia experiencia, la capacidad jurídica no se
presupone, sino que se posee por el simple hecho de ser humano. De hecho,
adujeron que:
“Las personas con discapacidad llevamos años de lucha por nuestros
derechos. Por varias generaciones hemos entregado nuestros saberes y
conocimientos a la sociedad en torno a distintas áreas y disciplinas como: la
ciencia, el arte, la tecnología, la literatura, la filosofía, entre otras; sin
embargo, y pese a todos nuestros esfuerzos para que se nos reconozca como
sujetos de derechos, esto aún no se logra. El mundo sigue teniendo una deuda
histórica con el colectivo de personas con discapacidad. Cambiar el paradigma
sobre la visión histórica que han tenido la sociedad y los Estados sobre las
personas con discapacidad dejando de lado la mirada como sujetos de asistencia
e infuncionales, completamente dependientes de las familias o de las
instituciones, para pasar a verlas como sujetos autónomos que pueden ejercer la
toma de decisiones y, como cualquier otra persona, poder cometer errores o
necesitar de la ayuda de un tercero. Es este el cambio de paradigma hacia el
que Colombia ha venido avanzando desde la ratificación de la Convención de los
Derechos de las Personas con discapacidad y en el que la Ley 1996 de 2019
constituye un paso más”[291].
Afirmaron que la discapacidad no debe clasificarse por grados, por
cuanto ese es un criterio médico-funcional, y que éste se ha usado erróneamente
para determinar la utilidad y/o funcionalidad de una persona en la sociedad. De
ahí aseveraron que la Ley 1996 de 2019 representa un presente para nuestra
historia por reivindicar la lucha que por años han llevado las personas con
discapacidad. En efecto, expresaron que “ya no nos sentimos muertos en vida,
pues la Ley 1996 da cuenta de un Estado que nos reconoce jurídicamente e
irrestrictamente como personas”[292].
Así, “[p]ara la Colectiva Polimorfas esta ley es fundamental en
la vida de las mujeres con discapacidad ya que posibilita una real autonomía
sobre el cuerpo y la vida de ellas, donde la toma de decisiones se debe
respetar y acompañar y nunca limitarse. Cabe señalar que, como hay múltiples
evidencias y casos conocidos, la figura de la interdicción ha hecho que a
mujeres con discapacidad se les practique esterilizaciones y abortos sin su consentimiento,
que muchas de ellas sean separadas de sus hijos/as y estos dados en adopción
sin darles la oportunidad de asumir el cuidado con un sistema de apoyos para
poder aportar en su crianza, que han sido institucionalizadas de manera
forzosa; asimismo, ha propiciado que las denuncias sobre violencia sexual y
otras violencias no tengan ninguna validez por estar declaradas interdictas las
denunciantes, que las mujeres con discapacidad no puedan decidir si desean ser
madres o no con el argumento de que ‘no saben lo que hacen’ o ‘no pueden
cuidar’ cuando hay un importante número de casos donde mujeres con discapacidad
cuidan de sus hermanos/as, padres, sobrinos/as, primos/as o vecinos/as y hasta
llegan a ser el sostén de sus familias; la interdicción ha reforzado el estigma
sobre este colectivo y lo ha puesto en situación de vulnerabilidad”[293].
En conclusión, consideraron que la forma más adecuada para
proteger a las mujeres con discapacidad es: (i) brindándoles información sobre
cuáles son sus derechos y cómo pueden exigirlos; (ii) respetando su autonomía;
y (iii) acompañándolas en su toma de decisiones.
Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia
La señora Gloria Nieto de
Cano presentó un escrito de intervención como representante legal de la
Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y sus Familias – ACPEF, con
la finalidad de solicitar que se declarara exequible la Ley 1996 de 2019.
Para comenzar, indicó que
la asociación participo en el proyecto denominado “Apoyo a la toma de decisiones
y la vida en la comunidad en Colombia (según los artículos 12 y 19 de la
CDPD)”. Asimismo, expresó que con la redacción de la “Guía práctica para
el ejercicio de la capacidad jurídica”, la cual fue resultado del proyecto
en el que participaron, se logró poner en evidencia, desde la experiencia de
personas y familias con discapacidad cognitiva y psicosocial, la necesidad de
establecer un modelo de toma de decisiones con apoyo, por la permanente
violación de los derechos de las personas en nombre de una “protección”
mal entendida, por parte de las familias y del sistema de salud.
Por lo anterior, la
interviniente procedió a hacer un resumen de la información más relevante que,
en su opinión, debía ser tenida en cuenta por la Corte Constitucional al
momento de emitir el fallo. Dicha información se presentó de la siguiente
manera:
“1. La capacidad
jurídica constituye la puerta de acceso al ejercicio de todos los derechos como
lo expresa el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. En consecuencia, la realización de los derechos humanos, dignidad,
autonomía, y solidaridad- de las Personas con discapacidad pasa necesariamente
por el reconocimiento de su capacidad jurídica.
2. Consideremos que
tratándose especialmente de la discapacidad mental o psicosocial adquiere una
significación muy relevante venciendo la exclusión y el estigma que se genera
desde las mismas normas del estado que pretenden “protegerlos” y defender sus
derechos, negándoselos.
3. La Adopción de un
Sistema de apoyos que garantice la igualdad y la no discriminación en la
titularidad, disfrute y ejercicio de los derechos es la puerta de entrada a la
verdadera inclusión.
4. El estigma del “loco”
lo viven de manera destructiva las personas y se hace extensivo a sus familias,
frente a su valía como seres humanos, dentro de una sociedad que los excluye
tildándolos de “Incapaces”.
5. En 20 años de trabajo
solo he conocido a personas capaces y maravillosas que buscan un lugar en el
mundo, luchando contra su propio “autoestigma” cuando toda una sociedad los
señala como personas no merecedoras porque la ley así lo determinó.
6. La interdicción es la
privación del ejercicio pleno de la capacidad jurídica de una persona, quien es
declarada incapaz y seguidamente establece la “sustitución” por un tercero que
tome las decisiones en su nombre sin consultar siquiera con su voluntad,
gustos, deseos o preferencias; en un proceso al cual ni siquiera asiste, cuando
la decisión es tomada por un juez que nunca conoció a la persona.
7. Esta figura encaminada
a proteger los bienes de una persona, atenta contra los derechos fundamentales
de las personas con discapacidad.  La Interdiccion vulnera derechos en beneficio
de terceros quienes están potestados para solicitarla que pueden actuar en
perjuicio del beneficiario de manera inescrupulosa. Decidiendo sobre sus bienes
y su vida y le convencen de su incapacidad. Es una utilización del derecho muy
agresiva, una Inhabilitación total y de por vida.
8. La presunción de
discapacidad se basa en un diagnóstico definiendo clínicamente lo que puede o
no hacer la persona.  Prevalecen los mitos, el asistencialismo y la falta de
políticas públicas que garanticen los ajustes y apoyos que requieren para vivir
en la comunidad en igualdad de oportunidades; y de tomar sus propias de
decisiones.
9. La diferencia en las
capacidades y las dificultades para su desarrollo tienen su origen no tanto en
los rasgos de la persona como en la manera en que el    entorno físico y
actitudinal   facilita o no su realización en la sociedad”.
Ministerio de Justicia y del Derecho
La entidad solicitó a la Corte Constitucional declarar la
exequibilidad de la Ley 1996 de 2019. Las razones para sostener esta petición
fueron desarrolladas en cuatro secciones.
En primer lugar, señaló que Colombia hace parte de la Convención
de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y este
tratado hace parte del bloque de constitucionalidad. El modelo social de
discapacidad acogido por el tratado internacional, por la Constitución y la
jurisprudencia constitucional exige eliminar las barreras u obstáculos que
impiden el reconocimiento real de la personalidad jurídica de las personas en condiciones
de discapacidad. Para la entidad la interdicción judicial es un mecanismo que
suprime y/o sustituye la voluntad de las personas, pues “es una barrera
jurídica que segrega y excluye”. Los argumentos de los demandantes son erróneos
porque parten de premisas que ya no tienen lugar en un modelo social sobre la
discapacidad. Al respecto, afirmó que la Ley 1996 establece un sistema de
apoyos que pueden ser leves o intensos según el caso y sus particularidades y
que pretenden garantizar en mayor medida la autonomía personal de las personas
con discapacidad.
En segundo lugar, advirtió que el argumento de los demandantes que
sostiene que el sistema de apoyos y salvaguardas de la Ley 1996 es un sistema
que desprotege los derechos de las personas con discapacidad mental severa o
profunda, confunde dos conceptos que son distintos: la personalidad jurídica y
la capacidad mental. Sostuvo que el Comité de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad ha señalado que mientras la capacidad jurídica
es la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones (capacidad legal) y
de ejercer esos derechos y obligaciones (legitimación para actuar), la
capacidad mental se refiere a “la aptitud de una persona para adoptar
decisiones, que naturalmente varía de una persona a otra y puede ser diferente
para una persona determinada en función de muchos factores (…)”. Así, acorde
con el artículo 12 de la Convención, la capacidad mental de una persona no
puede servir de obstáculo para ejercer su capacidad jurídica, ni ser una razón
para denegarle el ejercicio de derechos y obligaciones. Por lo anterior,
defender un régimen de sustitución de la voluntad y la ausencia de
reconocimiento de capacidad jurídica, en los casos de las personas con
discapacidad psicosocial o intelectual, resulta ser discriminatorio y es
contrario a las obligaciones internacionales del Estado. Recordó también que el
Comité ha indicado que condicionar la capacidad legal de una persona a su
diagnóstico médico es un criterio equivocado por dos razones: (i) es un método
discriminatorio que “parte de una premisa que carece de certeza y precisión, la
posibilidad de comprender integralmente el funcionamiento de la mente de una
persona y calificar las opciones y opiniones de ésta” y (ii) el ejercicio de la
capacidad jurídica en igualdad de condiciones supone incluir nuevos indicadores
basados en las necesidades de apoyo y la intensidad de los mismos.
Resaltó que los apoyos dispuestos en la Ley 1996 de 2019 “son
concebidos como formas de asistencia que se presentan a la persona con
discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal, la comprensión
de los actos jurídicos y sus consecuencias (…) son en esencia, una asistencia
que se presta a una persona con discapacidad para que pueda cumplir su proyecto
de vida en igualdad de condiciones con las demás, participar activamente en la
sociedad y superar las barreras”.
En tercer lugar, precisó que el trámite y el debate legislativo
que surtió la Ley 1996 de 2019 atendió a los estándares establecidos por el
Comité de la Convención relacionados con el sistema de apoyos. De manera que
subrayó que esta ley “es un enorme avance en el reconocimiento del valor
jurídico de la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad al
propiciar mecanismos para que participen y decidan de las situaciones que los
afectan”. Señaló que en los casos en los que la persona no pueda manifestar de
forma clara su voluntad, el sistema de apoyo que contempla la ley establece un
procedimiento para determinar en estos casos qué apoyos son los más adecuados
para la situación particular. Se puede solicitar al juez apoyos más intensos
“que incluso de manera excepcional podrían estar facultados para actuar en
representación de la persona con discapacidad cuando esta se encuentra
imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio,
modo y formato de comunicación posible, a pesar de los ajustes razonables a los
que se recurra”.
Finalmente, el Ministerio se refirió a “inconsistencias en la formulación
de los cargos” de las demandas. Afirmó que los demandantes (i) presentan una
interpretación “errónea y fragmentada” de la Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad, (ii) mantienen una separación entre capacidad
relativa y absoluta que ya no es aplicable a un sistema jurídico que acogió el
modelo social de la discapacidad, (iii) formulan reparos sobre la presunta
ineficacia de la norma sin tener elementos de juicio suficientes para
demostrarla, (iv) afirman que la  Ley 1996 deja desprotegidas a las personas
con discapacidad “severa”, pero esto no es cierto, toda vez que la misma norma
prevé cómo identificar los niveles de los apoyos y también contempla
salvaguardias para proteger a la persona con discapacidad de posibles abusos y
(v) la figura de la interdicción es contraria a los estándares del derecho
internacional de los derechos humanos y la defensa que hacen de ella los
actores, desconoce la interpretación armónica y sistemática del tratado
internacional y las observaciones generales del Comité.
Universidad Autónoma de Bucaramanga
Las señoras Diana Carolina
Pinzón Mejía, en calidad de Coordinadora de la Clínica Jurídica de Interés
Público y Derechos Humanos, y Karol Julieth Colmeanres Abril, en calidad de
Judicante de la Clínica, presentaron una intervención con el objetivo de
solicitar la declaración de exeqibilidad de las normas demandadas.
En términos generales,
manifestaron que, a la luz del artículo 93 de la Constitución Política, la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – CDPD – hace
parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, de lo cual se ha
derivado una serie de obligaciones internacionales en cabeza del Estado
Colombiano, las cuales ha adquirido mediante la aprobación de la Convención
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de
2006. Que como consecuencia de ello, se promulgó la Ley Estatutaria 1618 de
2013, la cual tiene como proósito garantizar y asegurar el ejercicio efectivo
de los derechos de las personas con discapacidad, a través de la adopción de
medidas de inclusión, de acciones afirmativas, de ajustes razonables y de la
eliminación de toda forma de discriminación por razón de discapacidad.
Enfatizaron que gracias al
artículo 6 de la Ley 1996 de 2019 ya no se puede seguir entendiendo la
discapacidad como una enfermedad o padecimiento, así como tampoco tomar a las
personas con discapacidad como incapaces de ejercer sus propios actos; habida
cuenta que, las personas con discapacidad con mayoría de edad, son titulares de
derechos como todos los ciudadanos colombianos y así mismo tienen el derecho a
poder ejercerlos en igualdad de condiciones.
Estimaron que, mediante la
entrada en vigencia de esta ley, se pretendió cambiar la forma como las
personas con discapacidad podrían ejercer su capacidad legal y sus derechos,
reconociendo la importancia de su voluntad en la toma de sus decisiones y
ajustando su cuerpo normativo a la CDPD. Manifestaron que, at ravés de esta
ley, se reitera que la obligación de Colombia parte de la incorporación de la
discapacidad al medio social, cuyas diferencias deben ser reconocidas y
aceptadas por el Estado colombiano, eliminando barreras que impiden el pleno
ejercicio de los derechos de estas personas. En efecto, se reemplazan las
figuras de la interdicción y la inhabilitación por los sistemas que no vetan o
anulan a la persona con discapacidad y, por el contrario, le dan la posibilidad
de actuar con dignidad, autonomía, primando su voluntad y preferencias, sin discriminación
y en igualdad de oportunidades; lo que, en su opinión,  materializa una opción
real de la toma de decisiones con apoyo.
Afirmaron que, gracias a
lo anterior, se rompió directamente con el modelo ya previsto en el que se
categorizaba la posibilidad de ejercer derechos con base en niveles de la
discapacidad. A su parecer, la modificada Ley 1306 de 2009 establecía una
división entre personas con discapacidad mental absoluta y personas con
discapacidad mental relativa, aplicando una figura jurídica a cada una de
ellas, como lo era la interdicción y la inhabilidad respectivamente, resultando
ciertamente discriminatorias.
Por tal motivo,
consdieraron que no es correcto afirmar, como lo señalaron los demandantes, que
“la figura de la interdicción es la única garantía adecuada y efectiva para
la protección de los intereses y derechos de las personas en situación de
discapacidad, y que su prohibición implica dejar sin protección a dichas
personas, ya que la correcta interpretación de lo establecido en la Convención
CDPD es eliminar todas aquellas medidas sustitutivas en la toma de decisiones
de las personas en condición de discapacidad, reemplazandolas por sistemas de
apoyos”[294].
Destacaron que, de ahora
en adelante, “las personas con discapacidad ya no estarán en manos de un
tercero que decida por ellas, sino que serán ellas mismas, quienes podrán
participar en la toma de sus decisiones a través de esquemas de apoyo que
considerarán sus necesidades particulares y mediante una valoración individual,
la cual deberá ser reglamentada, lo que permitirá establecer las necesidades
reales de asistencia sin que se vulneren sus derechos”[295].
Con base en lo anterior,
concluyeron que hoy en día se debe entender que la discapacidad mental,
absoluta o relativa ya no es causal de limitación de la capacidad de ejercicio
y que, por lo tanto, la capacidad legal de estas personas se presume
expresamente por esta nueva ley, atendiendo a la nueva presunción de capacidad
legal citada en el artículo 1503 del Código Civil, en el cual se indica que
todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones y
tienen capacidad legal en igualdad de condiciones sin distinción alguna, lo
cual se reafirma en lo que predica el artículo 13 de la Constitución Política.
Ello es independeinte de si las personas con discpacisdad deciden hacer uso o
no de los apoyos para la realización de sus actos jurídicos, es decir, “la
capacidad jurídica es una presunción que se predica de todas las personas,
incluidas las personas con discapacidad, no existiendo personas con
discapacidad absoluta sino personas con discapacidad, a las que el Estado debe
garantizar su igualdad real y efectiva, proporcionando el mejor sistema de
apoyos”[296].
Agregaron que el artículo
12 de la CDPD, mediante el cual se desarrolla la Ley 1996 de 2019, reconoce la
igualdad de capacidad de todas las personas ante la ley, definiendo que las
personas con discapacidad tomarán sus decisiones mediante apoyos específicos,
bajo una serie de salvaguardias que las protejan de posibles abusos. Indicaron
que, con dicha disposición, se está procurando acabar con la arbitraria
acepción que existía entre la capacidad legal, la capacidad mental y la incapacidad
por motivo de discapacidad.
Aseveraron que las
salvaguardias pretenden impedir abusos y garantizar la primacía de la voluntad
y preferencias de la persona titular del acto jurídico, estableciéndose la
presunción de capacidad; lo cual implica la imposibilidada de que la existencia
de una discapacidad sea un motivo para restringir el ejercicio legal de una
persona.
Con fundamento en lo
expuesto, concluyeron que el contenido de los artículos demandados de la Ley
1996 de 2019 respetan los estándares internacionales de derechos humanos, no
constituyendo una violación a la Constitución Política.
Defensoría del Pueblo
Constitucionales y legales
de la Defensoría del Pueblo, presentó una intervención, con el fin de solicitar
que se decalraran exequibles los artículos 6, 8, 19 y 53 de la Ley 1996 de
2019. Para sustentar su petición expuso los siguientes arugmentos en términos
generales.
Aclaró que la Defensoría
del Pueblo considera que la capacidad jurídica es un derecho inherentes de
todos los seres humans y que, en ese sentido, debe ser entendida como la
facultad que, por su condición de ser humano, tienen todas las personas,
incluídas aquellas con discapacidad, de tener capacidad legal y legitimación
para actuar.
Manifestó que, contrario a
lo expuesto por los accionantes, las disposiciones demandadas no se
contraponene a lo consagrado en ela rtículo 12 de la Covención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad – CDPC –, sino que, contrario
sensu, materializan cada uno de los mandatods contenidos en dicha
disposicion, en la medida en que: “(i) reconocen y respetan el derecho a la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad en Colombia; (ii) eliminan
las disposiciones relacionadas con los regímenes basados en la sustitución en
la adopción de decisiones (guarda, tutela e interdicción judicial); (iii)
establecen sistemas de apoyo para la adopción de decisiones accesibles para
todas y todos que respetan la autonomía, voluntad y preferencias de las
personas con discapacidad, en atención a las necesidades específicas propias de
cada individuo”[297].
Ahora bien, respecto de la
supuesta omisión legislativa relativa, estimó que la misma no se había
configurado en este caso concreto, habida cuenta que, en su opinión, no se
satisfacen los criterios jurisprudenciales establecidos para el efecto y, por
consiguiente, de lo cual se deriva la ineptitud del cargo. Sin embargo,
solicitó a la Corte Constitucional a pronunciarse de fondo en relación con este
cargo, en virtud del principio pro actione.
Por último, se pronunció
sobre la supuesta violación de los artículos 13 y 47 de la Constitución
Política, aspecto en el que afirmó que las normas impugnadas, “lejos de
controvertir el principio de igualdad y la obligación estatal de crear y
promover las condicioens para que ésta sea real y efectiva, materializan tales
prerrogativas en la medida que la Ley 1996 de 2019 elimina los procesos
sustitutivos de toma de decisiones que menoscaban el ejercicio en igualdad de
condiciones de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y,
ademas, dispone para la toma de decisioens mecanismos de apoyo a cargo de
entidades como el Minsiterio Público tendientes a salvaguardar sus derechos
frente a los abusos y arbitrariedades de que puedan ser víctimas”[298].
ANEXO II – PRUEBAS
Práctica de pruebas
1.
La Asociación Colombiana de
Neurología
(i) Desde su experticia y/o
experiencia, informe a la Corte cuáles son los grados de discapacidad cognitiva
o mental que afectan la comprensión en la toma de decisiones de una persona.
Los grados de discapacidad cognitiva se pueden dividir en leve,
moderado y severo. Afirmó que en la práctica neurológica existen varias
enfermedades producidas por diferentes causas que generan lesiones en la
corteza cerebral y de las redes neuronales que tienen conexiones profundas con
el cerebro, lo que lleva a producir afectaciones en el lenguaje, memoria,
comprensión, planeación, entre otras. En palabras de la Asociación: “(…) en
relación con la capacidad para tomar decisiones, me permito describir las áreas
del cerebro involucradas en las funciones cognoscitivas que deben estar
intactas para poder tomar una decisión de forma adecuada: a) Funciones
Corticales cerebrales que le permitan mantener la comunicación con el exterior
mediante el procesamiento de información compleja. b) El sistema límbico (área
del cerebro que maneja las funciones de memoria) que le permitirá a la persona
añadir el proceso volitivo (voluntad) y emocional básico para la elaboración de
sus respuestas. En segundo lugar, el sujeto debe ser capaz de activar los
mecanismos neurosensoriales que le permitan procesar la información y emitir
respuestas. (…) Por último, debe ser capaz de llevar a la práctica la
resolución tomada, que puede ser externa (una acción o una decisión concreta) o
interna (reevaluación del proceso y reinicio del mismo). Teniendo esto en
cuenta, para poder llevar a cabo una toma de decisiones, el sujeto debe
preservar las siguientes áreas cognoscitivas: 1) Atención; 2) Memoria; 3)
Lenguaje; 4) Percepción espacial; 5) Cálculo; 6) Razonamiento y 7) Actividad
emotiva y afectiva”.
(ii) Desde su experticia y/o experiencia, informe a la Corte si es
razonable considerar que las personas que tienen estas discapacidades cuentan
con un nivel de razonamiento suficiente para comprender los actos jurídicos en
los que participan, y por tanto, no se hace necesario un representante para
expresar su consentimiento.
“Las personas que presentan discapacidad cognitiva especialmente
Trastorno neurocognitivo mayor (demencias) en los estadios leves pueden tener
el razonamiento suficiente para comprender un acto jurídico. En los estadios
moderados y severos tienen fallas en la comprensión para la toma de decisiones
lo que los hace vulnerables para tal fin y se recomienda por lo tanto un
representante para expresar su consentimiento”.
(iii) Desde su experticia y/o experiencia, informe a la Corte si
el sistema de apoyos y salvaguardias creado por la Ley 1996 de 2019 dispone
medidas adecuadas para proteger a las personas en condiciones de discapacidad
cognitiva severa o profunda en el ejercicio de sus derechos.
“Desde mi experiencia, no es razonable considerar que las personas
con discapacidad intelectual o trastorno neurocognoscitivo severo o profundo,
tienen un nivel de razonamiento suficiente para comprender los actos jurídicos
en los que participan, y considero que el sistema de apoyos y salvaguardias
creado en la Ley 1996 de 2019, no dispone las medidas suficientes para proteger
a las personas en condiciones de discapacidad cognoscitiva en el ejercicio de
sus derechos”.
2.
Universidad del Rosario – Dr.
Leonardo Palacios Sánchez, especialista en neurología
(i) Desde su experticia y/o experiencia, informe a la Corte cuáles
son los grados de discapacidad cognitiva o mental que afectan la comprensión en
la toma de decisiones de una persona.
Afirmó que para medir los grados de discapacidad utiliza la
“escala de Reisberg” que corresponde al GDS (“Global Deterioration Scale”).
Mencionó que esta escala tiene 7 estadios distintos y describió cada uno.
(ii) desde su experticia y/o experiencia, informe a la Corte si es
razonable considerar que las personas que tienen estas discapacidades cuentan
con un nivel de razonamiento suficiente para comprender los actos jurídicos en
los que participan, y por tanto, no se hace necesario un representante para
expresar su consentimiento.
Adujo que es muy difícil generalizar puesto que “existe un grado
de individualidad importante en los pacientes que presentan deterioro
cognitivo”. Señaló que los pacientes que se encuentran dentro de la escala de
Reisberg en los estadios GDS 5, 6 y 7 “no cuentan con un nivel de razonamiento
suficiente para comprender los actos jurídicos en que participan”. Los
pacientes en el nivel 4 hay que revisarlos caso a caso porque pueden conservar
su capacidad para discernir frente a situaciones jurídicas y no siempre
necesitan apoyos.
(iii) Desde su experticia y/o experiencia, informe a la Corte si
el sistema de apoyos y salvaguardias creado por la Ley 1996 de 2019 dispone
medidas adecuadas para proteger a las personas en condiciones de discapacidad
cognitiva severa o profunda en el ejercicio de sus derechos.
Manifestó que la Ley 1996 de 2019 “tiene unas falencias ya que
el artículo 6 adjudica a todas las personas en condición de discapacidad
cognitiva los mismos derechos sin tener en cuenta que existen diferentes grados
de compromiso tal y como ha sido señalado en la respuesta a la primera
pregunta”. Explicó que “[u]n individuo con secuelas graves desde el
punto de vista cognitivo de un trauma cráneo encefálico o de un evento cerebro
vascular isquémico o hemorrágico o una persona afectada por una demencia tipo
Alzheimer por ejemplo, en estado avanzado (GDS 6 y 7 de la escala de Reisberg)
no puede llevar a cabo ningún tipo de actividad laboral, ni tomar decisiones
correctas por el grave compromiso de sus funciones cognitivas”. Personas en
estos estadios no podrían incluso firmar los acuerdos de apoyos o las
directivas anticipadas que contempla la ley: “la situación que a mi juicio
no
queda clara es como proceder con aquellas personas que al momento
de la firma de la ley ya estaban en condición de discapacidad cognitiva grave y
no tienen como firmar ningún tipo de acuerdo, ya que en ese estado carece por
completo de la posibilidad de hacerlo”.
Facultad de Medicina – Universidad de La Sabana
Allegó respuesta solo al primer interrogante formulado por el
despacho.
(i) Desde su experticia y/o experiencia, informe a la Corte cuáles
son los grados de discapacidad cognitiva o mental que afectan la comprensión en
la toma de decisiones de una persona.
“La discapacidad cognitiva o mental puede ser consecuencia
diferentes condiciones médicas, como los son: (i) Un trastorno en el desarrollo
intelectual, el cual se desarrolla en las etapas iniciales de vida. (ii) Un
evento traumático o derivado de condiciones médicas sistémicas, por ejemplo un
accidente automovilístico o un infarto cerebral. (iii) Trastornos
neurocognitivos mayores, denominadas también demencias, como el tipo Alzheimer
o la de origen vascular.”
Facultad de Medicina – Universidad de Antioquia. Dra. María
Eugenia Toro Pérez, especialista en neurología clínica.
(i) Desde su experticia y/o experiencia, informe a la Corte cuáles
son los grados de discapacidad cognitiva o mental que afectan la comprensión en
la toma de decisiones de una persona.
Citó un concepto médico sobre la discapacidad y luego advirtió que
se trata de una definición que ha evolucionado y que actualmente depende de las
barreras del entorno que evitan el desarrollo pleno del sujeto. Explicó que “la
severidad de la discapacidad en la actualidad, no se clasifica de acuerdo al
déficit que presenta la persona sino con respecto a los apoyos que requiere
para solventar las dificultades o limitaciones a las que se enfrenta. Los
grados de discapacidad cognitiva se han clasificado de diferentes formas, las
más conocidas: Déficit cognitivo leve, Déficit cognitivo moderado, Déficit
cognitivo severo o grave y Déficit cognitivo profundo”. El Manual
Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales utiliza como sinónimos
“trastorno de desarrollo intelectual” y “discapacidad intelectual”. Las
limitaciones en las funciones intelectuales son “el razonamiento, solución
de problemas, pensamiento abstracto, juicio, aprendizaje académico” e
igualmente señala las limitaciones en las habilidades adaptativas es decir, “dificultades
importantes en las actividades de la vida diaria”. Acaró que actualmente el
Manual propone cambiar el foco “dejando el coeficiente intelectual en un
plano secundario y pasando a hacer énfasis en el funcionamiento adaptativo y el
nivel de apoyos que va a necesitar la persona para graduar el nivel de
afectación. La OMS orienta el enfoque en el mismo sentido. Así, por ejemplo, se
hablará de una persona con necesidad de apoyo intermitente para hacer
referencia a personas con una discapacidad leve. Una persona con necesidad de
apoyo limitado va a corresponder a una discapacidad intelectual moderada; se
utilizará el término de intensidad de apoyo extenso para aquellas personas que
presentan un déficit grave, y apoyo generalizado para personas con déficit
profundo”.
Advirtió que todos los grados de discapacidad pueden afectar la
comprensión en toma de decisiones de una persona, sin embargo, hay que realizar
una evaluación individualizada y pormenorizada en cada caso. Explicó cada uno
de los casos según el nivel leve, moderado y severo.
(ii) Desde su experticia y/o experiencia, informe a la Corte si es
razonable considerar que las personas que tienen estas discapacidades cuentan
con un nivel de razonamiento suficiente para comprender los actos jurídicos en
los que participan, y por tanto, no se hace necesario un representante para
expresar su consentimiento.
Afirmó que no se puede suponer que todas las personas con
discapacidad cognitiva general cuenten con el nivel de razonamiento suficiente
para comprender todos los actos jurídicos en los que participan, “por lo
tanto en cada caso debe evaluarse de forma individual y concienzudamente la
capacidad de razonamiento, autodeterminación, previsión de consecuencias,
pensamiento crítico, argumentación, interpretación, capacidad de comunicación,
razonamiento y empleo adecuado y flexible de los propios recursos cognitivos,
determinando la necesidad de apoyos y/o salvaguardias que protejan al individuo
de vulneración de sus derechos”.
(iii) Desde su experticia y/o experiencia, informe a la Corte si
el sistema de apoyos y salvaguardias creado por la Ley 1996 de 2019 dispone
medidas adecuadas para proteger a las personas en condiciones de discapacidad
cognitiva severa o profunda en el ejercicio de sus derechos.
Manifestó que no cuenta con la experticia necesaria para responder
de fondo a esta pregunta.
Mauricio García Herreros
Afirmó que conforme al artículo 57 de la Ley 1996 de 2019, se
modificó el artículo 1504 del Código Civil. La nueva Ley eliminó de la lista de
incapaces absolutos a las personas con discapacidad mental y a los sordomudos
que no pueden darse a entender. Así mismo lo dispuso el artículo 6 de la misma
Ley. Al respecto, adujo que esta definición de incapacidad absoluta es
contraria a lo que estableció en la propia jurisprudencia la cual ha reconocido
la existencia de la discapacidad mental absoluta en “quienes sufren una
afección o patología severa o profunda de aprendizaje, de comportamiento o de
deterioro mental” (C-134 de 2017). Señaló que cuando la ley regula la
discapacidad de personas mayores buscando una igualdad entre todas las
personas, “está desconociendo que una parte de miembros de la sociedad tiene
condiciones físicas especiales y por lo tanto deben tener un trato diferencial
en la vida jurídica (…)”. Así, advirtió que pretender que personas que no
pueden darse a entender puedan obligarse por sí mismo, sin el apoyo de otros,
es negarle la protección de sus derechos. Para protegerlos, los actos jurídicos
celebrados con ellos deben ser declarados nulos.
Subrayó que la “incapacidad que ahora el legislador les desconoce,
estaba fundada en que precisamente no tienen la posibilidad cierta de “expresar
su voluntad”, razón por la cual, la ley presumía en ellos de Derecho la falta
de consentimiento, o lo que es lo mismo, la incapacidad de consentir o de
expresar”. Lo reformado ahora con la Ley solo crea indefensión e inseguridad
jurídica. Manifestó que las medidas de salvaguarda no son herramientas
suficientes de protección de las personas con discapacidad mental absoluta, y
en cambio, desconocen el derecho a la igualdad.
Finalmente, se refirió a la función de los notarios al momento de
celebrarse los acuerdos de apoyos.  Adujo que las obligaciones que se le
imponen al notario en la Ley “rebasan sus competencias” pues debe determinar la
voluntad, preferencias y necesidades de la persona que suscribirá el acuerdo de
apoyos. Lo anterior es contrario a lo establecido por la jurisprudencia
constitucional que ha establecido que los notarios solo cumplen con registrar
hechos o actos jurídicos (“ajustar la inscripción a la realidad”) pero no
pueden emitir “juicios de valor”.
Con sustento en lo
anterior, concluyó que los artículos 6, 19 y 57 de la Ley 1996 de 2019 son
contrarios a la Constitución Política.
ACLARACION DE VOTO DE LA MAGISTRADA
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
A LA SENTENCIA C-025/21
Expedientes: D-13.575 y D-13.585
Magistrada
Ponente:
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Con
el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, presento Aclaración de
Voto a la sentencia proferida el 5 de febrero de 2021, que declaró la
exequibilidad de los dos primeros incisos del artículo 6º, así como del
artículo 53 de la Ley 1996 de 2019 "Por medio de la cual se establece
el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con
discapacidad mayores de edad", por los cargos estudiados en la
respectiva sentencia. Si bien comparto tales determinaciones, encuentro
necesario aclarar mi voto en relación con la fundamentación del fallo respecto
del análisis de aptitud de los cargos formulados en la demanda.
Al
respecto considero que el carácter público de la acción de inconstitucionalidad
y la consecuente aplicación del principio pro actione desarrollado por
la jurisprudencia constitucional, no relevan al accionante de cumplir con la
carga argumentativa necesaria en orden a presentar de manera clara, cierta,
específica y suficiente los argumentos por los cuales considera que la norma
demandada se opone a la Constitución.  En esa medida, pese a que la demanda
supere el estudio de admisibilidad, lo cierto es que los planteamientos
abstractos y genéricos de inconstitucionalidad formulados por el demandante
dificultan el análisis requerido por la Corte para determinar la aptitud de los
cargos que habilitan un pronunciamiento de fondo, análisis cuyo rigor resulta
insoslayable si se tienen en cuenta los efectos de cosa juzgada que el artículo
243 de la Constitución Política reconoce a los fallos proferidos en ejercicio
del control constitucional.
Fecha
ut supra
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
[1] “(i) Desde su experticia y/o experiencia, informe a la Corte
cuáles son los grados de discapacidad cognitiva o mental que afectan la
comprensión en la toma de decisiones de una persona: (ii) desde su experticia
y/o experiencia, informe a la Corte si es razonable considerar que las personas
que tienen estas discapacidades cuentan con un nivel de razonamiento suficiente
para comprender los actos jurídicos en los que participan, y por tanto, no se
hace necesario un representante para expresar su consentimiento; (iii) desde su
experticia y/o experiencia, informe a la Corte si el sistema de apoyos y
salvaguardias creado por la Ley 1996 de 2019 dispone medidas adecuadas para
proteger a las personas en condiciones de discapacidad cognitiva severa o
profunda en el ejercicio de sus derechos.”
[2]
Escrito de la demanda de inconstitucionalidad (D-13.575), folio 2.
[3]
Escrito de la demanda de inconstitucionalidad (D-13.575), folio 3.
[4]
Escrito de la demanda de inconstitucionalidad (D-13.575), folio 3.
[5]
Escrito de la demanda de inconstitucionalidad (D-13.575), folio 4.
[6]
Escrito de la demanda de inconstitucionalidad (D-13.575), folio 6.
[7]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 136.
[8]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 136 (reverso).
[9]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 137.
[10]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 137.
[11]
Escrito de la demanda de inconstitucionalidad (D-13.575), folio 1.
[12] Pg.
2.
[13]
Págs. 2 y 3.
[14] Pg.
4.
[15] Concretamente los actores subrayan los
siguientes apartes del artículo 6: “PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD. Todas
las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen
capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente
de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos.
En ningún caso la existencia de una
discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio
de una persona.
La presunción aplicará también para el
ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad,
protegiendo su vinculación e inclusión laboral.
PARÁGRAFO. El reconocimiento de la capacidad legal plena
previsto en el presente artículo aplicará, para las personas bajo medidas de
interdicción o inhabilitación anteriores a la promulgación de la presente ley,
una vez se hayan surtido los trámites señalados en el artículo 56 de la misma”.
Del artículo 8 subrayan los
siguientes apartes: “AJUSTES RAZONABLES EN EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD
LEGAL. Todas las personas con discapacidad, mayores de edad, tienen
derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente y a contar con
las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar los mismos. La
capacidad de realizar actos jurídicos de manera independiente se presume. La necesidad de ajustes razonables para la
comunicación y comprensión de la información, no desestima la presunción de la
capacidad para realizar actos jurídicos de manera independiente.”
[16]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 126.
[17]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 129.
[18]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 129.
[19]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 133.
[20] Asociación
Colombiana de Neurología, Universidad del Rosario – Dr. Leonardo Palacios
Sánchez, especialista en neurología, Facultad de Medicina – Universidad de La
Sabana, Facultad de Medicina – Universidad de Antioquia.
Dra. María Eugenia Toro Pérez, especialista en neurología clínica y el
profesor Mauricio García Herreros.
[21]
Concepto Procurador General de la Nación, folio 9.
[22]
Concepto Procurador General de la Nación, folio 12.
[23]
Concepto Procurador General de la Nación, folio 12.
[24]
Concepto Procurador General de la Nación, folio 15.
[25]
Concepto Procurador General de la Nación, folio 17.
[26]
Intervención de la ONG Sociedad y Discapacidad – SODIS, pg. 15.
[27]
Intervención de la ONG Sociedad y Discapacidad – SODIS, pg. 16.
[28]
Intervención de la ONG Sociedad y Discapacidad – SODIS, pg. 16.
[29]
Intervención de la ONG Sociedad y Discapacidad – SODIS, pg. 6.
[30]
Intervención de la ONG Sociedad y Discapacidad – SODIS, pg. 7.
[31]
Intervención de la Universidad Externado de Colombia, presentada por las
representantes del Proyecto de Investigación en Derecho y Discapacidad del
Departamento de Derecho Civil, pg.10.
[32]
Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia y el
Instituto Nacional para Ciegos – INCI. Este último advirtió que la derogatoria
del régimen de guardas afecta los derechos de las personas en condiciones de
discapacidad.
[33]
Intervención de la Universidad Externado de Colombia, presentada por el
representante del Departamento de Derecho Procesal, pg. 4.
[34]
Intervención de la Universidad Externado de Colombia, presentada por el
representante del Departamento de Derecho Procesal, pg. 6.
[35]
Decreto 2067 de 1991. “Artículo 2º. Las demandas en las acciones públicas de
inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1.
El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su
transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación
oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se
consideren infringidas; 3. Los razones por las cuales dichos textos se estiman
violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la
Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue
quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de
la demanda”.
[36]
Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa). Los criterios recogidos y fijados en esta sentencia han sido
reiterados en muchas decisiones posteriores de la Sala Plena. Entre otras, ver
por ejemplo: Sentencia C-874 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil), Sentencia C-371
de 2004 (MP Jaime Córdoba Triviño), Auto 033 de 2005 (MP Álvaro Tafur Galvis),
Auto 031 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Gutiérrez), Auto 267 de 2007 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra), Auto 091 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra Porto),
Auto 112 de 2009 (MP Clara Elena Reales Gutiérrez), Sentencia C-942 de 2010 (MP
Juan Carlos Henao Pérez), Auto 070 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), Sentencia C-243 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV Nilson
Elías Pinilla Pinilla y Humberto Antonio Sierra Porto), Auto 105 de 2013 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), Auto 243 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo),
Auto 145 de 2014 (MP Alberto Rojas Ríos), Auto 324 de 2014 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado), Auto 367 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), Auto 527 de
2015 (MP María Victoria Calle Correa), Sentencia C-088 de 2016 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio) y Sentencia C-246 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SPV
Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV Alejandro Linares Cantillo; AV Hernán Leandro
Correa Cardozo (e); AV Antonio José Lizarazo Ocampo; AV Gloria Stella Ortiz
Delgado; AV Aquiles Arrieta Gómez (e)). En todas estas providencias se citan y
emplean los criterios establecidos en la sentencia C-1052 de 2001 para resolver
los asuntos tratados en cada uno de aquellos procesos.
[37]
Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[38]
Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[39]
Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa). Al respecto, ver el apartado (3.4.2) de las consideraciones de la
sentencia.
[40]
Corte Constitucional, Sentencia C-382 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), en la cual la Corte puntualizó que no se cumple con el requisito de
claridad al no explicarse por qué el precepto acusado infringe la norma
superior, y Sentencia C- 227 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
providencia en la cual se explicó que se presenta falta de claridad al existir
en la demanda consideraciones que pueden ser contradictoras.
[41] Corte Constitucional, Sentencia C-913 de 2004 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa), en la que se aclaró que no se observó el
requisito de certeza, por cuanto la demanda no recae sobre una proposición
jurídica real y existente, sino en una deducida por quien plantea la demanda, o
que está contenida en una norma jurídica que no fue demandada; sentencia C-1154 de 2005, (MP
Manuel José Cepeda Espinosa), en la cual se señala que se presenta falta de
certeza cuando el cargo no se predica del texto acusado; y Sentencia C-619 de
2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), en la que se indica que la demanda
carece de tal requisito al fundarse en
una proposición normativa que no está contenida en la expresión demandada.
[42] Corte Constitucional, Sentencia C-555 de
2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández), en la cual se afirmó que no se cumplió
con el requisito de especificidad porque los fundamentos
fueron formulados a partir de apreciaciones subjetivas o propias del
pensamiento e ideología que el actor tiene sobre el alcance de la manipulación
genética y su incidencia en la humanidad y Sentencia C-614 de 2013 (MP Mauricio
González Cuervo), en la que se concluyó que no se trataba de razones
específicas porque la argumentación se limitó a citar algunas sentencias de la
Corte acompañadas de motivos de orden legal y de mera conveniencia.
[43] Corte Constitucional, Sentencia C-259 de 2008 (MP
Jaime Araújo Rentería), en la cual se señala que la demanda carece de pertinencia por cuanto se funda
simplemente en conjeturas
relacionadas con los provechos o las ventajas de la norma en cuestión y
Sentencia C-229 de 2015, (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la que se consideró que la acción
pública de inconstitucionalidad en razón de su objeto, no es un mecanismo
encaminado a resolver situaciones particulares, ni a revivir disposiciones que
resulten deseables para quien formula una demanda.
[44]
Corte Constitucional,  Sentencia C-048 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra),
en la que esta Corporación señaló que las razones expuestas en la demanda no
eran suficientes al no haberse estructurado una argumentación completa que
explicara con todos los elementos necesarios, por qué la norma acusada es
contraria al precepto constitucional supuestamente vulnerado, y  Sentencia
C-819 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la cual se afirmó que la
acusación carecía de suficiencia al no contener los elementos fácticos
necesarios para generar una sospecha o duda mínima sobre la constitucionalidad
del precepto impugnado.
[45]
Corte Constitucional, sentencia C-028 de 2020 (MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez).
[46]
Corte Constitucional, sentencias C-444 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), C-173 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), C-401 de 2016 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio), C-031 de 2018 (MP Diana Fajardo Rivera) y C-027 de
2020 (MP Alejandro Linares Cantillo).
[47]
Corte Constitucional, sentencias C-444 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), C-173 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), C-401 de 2016 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio), C-031 de 2018 (MP Diana Fajardo Rivera) y C-027 de
2020 (MP Alejandro Linares Cantillo).
[48]
Corte Constitucional, sentencias C-173 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub) y C-027 de 2020 (MP Alejandro Linares Cantillo).
[49] ARTÍCULO
6o. PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD. Todas
las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y
tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos. || En ningún
caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de
la capacidad de ejercicio de una persona. || La presunción aplicará también para el ejercicio de
los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su
vinculación e inclusión laboral. || PARÁGRAFO. El reconocimiento de
la capacidad legal plena previsto en el presente artículo aplicará, para las
personas bajo medidas de interdicción o inhabilitación anteriores a la
promulgación de la presente ley, una vez se hayan surtido los trámites
señalados en el artículo 56 de la misma.
[50] El texto de la norma es el siguiente: “El
magistrado sustanciador tampoco admitirá la demanda cuando considere que ésta
no incluye las normas que deberían ser demandadas para que el fallo en sí mismo
no sea inocuo, y ordenará cumplir el trámite previsto en el inciso segundo de
este artículo. La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas
demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman
unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales.”
[51] “La integración normativa posee estos tres
significados: a) la realización de un deber de quien participa en el debate
democrático, a través de la acción de inconstitucionalidad de que trata el art.
241 CP, consistente en la identificación completa del objeto demandado, que
incluye todos los elementos que hacen parte de una unidad indisoluble creada
por el Derecho. b) Es un mecanismo que hace más efectivo el control ciudadano a
las decisiones del legislador. c) Y es, finalmente, una garantía que opera a
favor de la coherencia del orden jurídico, pues su conformación determina que
el poder del juez constitucional para resolver un asunto en sus problemas
jurídicos sustanciales, pueda efectuarse sobre todos los elementos que
estructuran una determinada construcción jurídica.” Corte Constitucional,
Sentencias C-579 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Jorge Iván
Palacio Palacio; AV María Victoria Calle Correa; SPV Mauricio González Cuervo;
AV Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV Alberto Rojas Ríos; SPV Nilson Pinilla
Pinilla; AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y C-149 de 2018 (MP Cristina Pardo
Schlesinger; AV Alejandro Linares Cantillo; AV Diana Fajardo Rivera; AV Luis
Guillermo Guerrero Pérez; AV Antonio José Lizarazo Ocampo; SPV Alberto Rojas
Ríos; SPV Carlos Bernal Pulido).
[52]
Corte Constitucional, Sentencias C-246 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado;
SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV Alejandro Linares Cantillo; AV Hernán
Leandro Correa Cardozo (e); AV Antonio José Lizarazo Ocampo; AV Gloria Stella Ortiz
Delgado; AV Aquiles Arrieta Gómez (e)) y C-149 de 2018 (MP Cristina Pardo
Schlesinger; AV Alejandro Linares Cantillo; AV Diana Fajardo Rivera; AV Luis
Guillermo Guerrero Pérez; AV Antonio José Lizarazo Ocampo; SPV Alberto Rojas
Ríos; SPV Carlos Bernal Pulido).
[53]
Corte Constitucional, Sentencia C-579 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; AV Jorge Iván Palacio Palacio; AV María Victoria Calle Correa; SPV
Mauricio González Cuervo; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV Alberto Rojas
Ríos; SPV Nilson Pinilla Pinilla; AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
Sentencia C-246 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SPV Luis Guillermo Guerrero
Pérez; AV Alejandro Linares Cantillo; AV Hernán Leandro Correa Cardozo (e); AV
Antonio José Lizarazo Ocampo; AV Gloria Stella Ortiz Delgado; AV Aquiles
Arrieta Gómez (e)) y C-149 de 2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger; AV Alejandro
Linares Cantillo; AV Diana Fajardo Rivera; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV
Antonio José Lizarazo Ocampo; SPV Alberto Rojas Ríos; SPV Carlos Bernal
Pulido).
[54]
Corte Constitucional, Sentencia C-579 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub;
AV Jorge Iván Palacio Palacio; AV María Victoria Calle Correa; SPV Mauricio
González Cuervo; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV Alberto Rojas Ríos; SPV
Nilson Pinilla Pinilla; AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), Sentencia C-286 de
2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV María Victoria Calle Correa; AV Luis
Guillermo Guerrero Pérez; SPV Alberto Rojas Ríos; AV Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; SV Jorge Iván Palacio Palacio; AV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y
Sentencia C-246 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SPV Luis Guillermo
Guerrero Pérez; AV Alejandro Linares Cantillo; AV Hernán Leandro Correa Cardozo
(e); AV Antonio José Lizarazo Ocampo; AV Gloria Stella Ortiz Delgado; AV
Aquiles Arrieta Gómez (e)).
[55]
Corte Constitucional, Sentencia C-055 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez),
Sentencia C-544 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), Sentencia  C-579 de
2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Jorge Iván Palacio Palacio; AV María
Victoria Calle Correa; SPV Mauricio González Cuervo; AV Luis Guillermo Guerrero
Pérez; AV Alberto Rojas Ríos; SPV Nilson Pinilla Pinilla; AV Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo), Sentencia C-286 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV
María Victoria Calle Correa; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SPV Alberto
Rojas Ríos; AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Jorge Iván Palacio Palacio;
AV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y Sentencia C-246 de 2017 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado; SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV Alejandro Linares
Cantillo; AV Hernán Leandro Correa Cardozo (e); AV Antonio José Lizarazo
Ocampo; AV Gloria Stella Ortiz Delgado; AV Aquiles Arrieta Gómez (e)).
[56] El objeto de análisis se concentrará en
los siguientes apartes del artículo 6: “ARTÍCULO
6o. PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD. Todas las personas con discapacidad son
sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de
condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos
para la realización de actos jurídicos. || En ningún caso la existencia de una
discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio
de una persona. || La
presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las
personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral.”
[57] ARTÍCULO
8o. AJUSTES RAZONABLES EN EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD LEGAL. Todas las personas con discapacidad, mayores
de edad, tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente
y a contar con las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar los
mismos. La capacidad de realizar actos jurídicos de manera independiente se
presume. || La necesidad de ajustes razonables para la comunicación y
comprensión de la información, no desestima la presunción de la capacidad para
realizar actos jurídicos de manera independiente.
[58]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 126.
[59]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 129.
[60] ARTÍCULO
19. ACUERDOS DE APOYO COMO REQUISITO DE VALIDEZ PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS
JURÍDICOS. La persona titular
del acto jurídico que cuente con un acuerdo de apoyos vigente para la
celebración de determinados actos jurídicos, deberá utilizarlos, al momento de
la celebración de dichos actos jurídicos, como requisito de validez de los
mismos. || En consecuencia, si la persona titular del acto jurídico lleva a
cabo los actos jurídicos especificados por el acuerdo de apoyos, sin hacer uso
de los apoyos allí estipulados, ello será causal de nulidad relativa, conforme
a las reglas generales del régimen civil. || PARÁGRAFO. Lo
dispuesto en el presente artículo no puede interpretarse como una obligación
para la persona titular del acto jurídico, de actuar de acuerdo al criterio de
la persona o personas que prestan el apoyo. En concordancia con lo establecido
en el numeral 3 del artículo 4o de la presente ley, los apoyos deben
respetar siempre la voluntad y preferencias de la persona titular del acto
jurídico, así como su derecho a tomar riesgos y a cometer errores.
[61]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 129.
[62] El
legislador define aquellos casos más graves cuando “la persona titular del acto
jurídico se encuentra absolutamente imposibilitada para manifestar su voluntad
y preferencias por cualquier medio, modo y formato de comunicación posible”, en
los cuales se deben adjudicar apoyos judicialmente por persona distinta al
titular (art. 38 de la Ley 1996 de 2019).
[63] “ARTÍCULO
53. PROHIBICIÓN DE INTERDICCIÓN. Queda prohibido iniciar procesos de
interdicción o inhabilitación, o solicitar la sentencia de interdicción o
inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite público o privado a partir
de la promulgación de la presente ley.”
[64]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 137.
[65]
Expediente de inconstitucionalidad, folio 137.
[66]
Escrito de corrección de la demanda, folio 137.
[67]
Corte Constitucional, sentencias C-109 de 1995 (MP Alejandro Martínez
Caballero); T-240 de 2017 (MP José Antonio Cepeda Amarís), entre otras.
[68]
Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. “Teoría general del
contrato y del negocio jurídico”. Ed. Temis (2019). Pág. 87.
[69]
Mazeaud H y J. “Lecciones de Derecho Civil”. Parte Primera. Volumen IV. Buenos
Aires, 1959. Cita tomada de QUIROZ, Aroldo. Nuevo Régimen de Guardas –Ley 1306
de 2009–. Bogotá: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 2015, p. 30.
[70] Mazeaud
H y J. “Lecciones de Derecho Civil”. Parte Primera. Volumen IV. Buenos Aires,
1959. Cita tomada de QUIROZ, Aroldo. Nuevo Régimen de
Guardas –Ley 1306 de 2009–. Bogotá: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 2015, p.
30.
[71] Planiol Marcel y Ripert Jorge. “Tratado práctico de derecho
civil francés”. Tomo I, Las Personas. Cita tomada de QUIROZ, Aroldo. Nuevo
Régimen de Guardas –Ley 1306 de 2009–. Bogotá: CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, 2015, p. 32. La Corte Constitucional menciona estos análisis
doctrinales en la sentencia C-478 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández; AV
Jaime Araujo Rentería) y declaró inexequibles las expresiones “furiosos locos”,
“mentecatos”, “imbecilidad”, “idiotismo”, “locura furiosa” y “casa de locos”,
contenidas en varios artículos del Código Civil, por ser discriminatorias,
peyorativas y contrarias a la dignidad humana de la población con discapacidad
cognitiva o mental.
[72] Claro Solar, L., Explicaciones
de Derecho Civil chileno y comparado, reimp. Editorial Jurídica de Chile,
Bogotá, 1992, t. V, Nº 2420, p. 100.
[73]
“Planiol Marcel y Ripert Jorge. “Tratado práctico de derecho civil francés”.
Tomo I, Las Personas.”
[74] QUIROZ, Aroldo. Nuevo Régimen de Guardas –Ley 1306 de
2009–. Bogotá: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 2015, p. 33.
[75] En
la sentencia C-046A de 2019, la Sala Plena de la Corte Constitucional analizó
de dónde provenía este concepto de “demencia” en el Código Civil y concluyó que
“(…) específicamente en los datos históricos, puede afirmarse que la palabra
“demencia” en los tiempos del Código Civil  (1887), se asociaba a un
trastorno mental y de comportamiento irreversible con síntomas similares a los
derivados de la locura, idiotismo e imbecilidad. El Código Civil utiliza el
concepto de demencia en los artículos 127 (testigos inhábiles para presenciar y
autorizar un matrimonio), 251 (la obligación del hijo emancipado de cuidar a
sus padres en estado de demencia), 310 (suspensión de la patria potestad por
demencia), 1025 (indignidad sucesoral), 1061 (inhabilidades testamentarias),
1068 (inhabilidad para ser testigo de testamento solemne), 1266 (causales de
desheredamiento -por no haberlo socorrido en el estado demencia-) y 1644
(inhabilidad sobreviniente de la persona diputada para el pago). Como se
observa, las disposiciones que utilizan el concepto lo hacen con el objeto de
proteger a la persona, pero también, como causal para impedir que una persona
participe de ciertos actos jurídicos debido a “sufrir de demencia””.
[76]
QUIROZ, Aroldo. Nuevo Régimen de Guardas –Ley 1306 de 2009–. Bogotá: CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 2015, p. 33. En la sentencia T-195 de 2016 la Corte
afirmó: “(…) bajo ese nuevo orden legal, la incapacidad absoluta
del discapacitado mental interdicto no es en la actualidad una situación
jurídica que restrinja o limite totalmente su capacidad de obrar, a tal grado
de exigir siempre la intervención de un tercero que actúe en su nombre. Por el
contrario, se reconoce que los factores que generan limitaciones psíquicas o de
comportamiento son variables en cada persona y, en esa medida, les será
permitido realizar determinados actos, por sí mismos, siempre y cuando estos le
beneficien, partiendo de la presunción de que “su padecimiento no llega hasta
el punto de no reconocer lo que le es perjudicial”. En ese mismo sentido, puede
verse las sentencias C-182 de 2016 y C-296 de 2019, por ejemplo.
[77]
Corte Constitucional, sentencia C-021 de 2015 (MP Mauricio González Cuervo).
[78]
Ministerio de Justicia y del Derecho. “Esterilización forzosa de PCD a través
de los procesos de interdicción: una doble vulneración de derechos humanos y
fundamentales”. Disponible en: https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/RUNDIS/ESTERILIZACION%20FORZOSA%20DE%20PCD%20A%20TRAVES%20DE%20LOS%20PROCESOS%20DE%20INTERDICCION.pdf
[79] Se
entiende la “guarda” como “la prestación de un servicio de representación
excepcional a las personas con discapacidad mental, con el objeto de proteger a
la persona y para la administración de los bienes que posee, con el fin de
ayudar a aumentar su nivel de autonomía en la vida cotidiana y a ejercer sus
derechos personales y patrimoniales”. QUIROZ, Aroldo. Nuevo Régimen de Guardas
–Ley 1306 de 2009–. Bogotá: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 2015, p. 76.
[80] “El
Comité recomienda al Estado parte que adopte un plan para la revisión y
modificación de toda la legislación, que incluya la derogación inmediata de
disposiciones que restrinjan el pleno reconocimiento de la capacidad jurídica
de las personas con discapacidad, incluyendo la ley 1306 (2009), No. 1412
(2010) del Código Civil, el Código Penal y leyes adjetivas”. ONU. Comité sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observaciones finales sobre el
Informe Inicial a Colombia. 31 de agosto de 2016.
[81]
Palacios, Agustina. “El modelo social de discapacidad: orígenes,
caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad”. (2008).
[82] Palacios, Agustina. “El modelo
social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. (2008). Pp.
103 y 104.
[83] ONU.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 12,
numeral 5.
[84] ONU.
Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Observación General No. 1. 19 de mayo de 2014. Párr. 7.
[85] ONU. Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad. Observación General No. 1. 19 de mayo de 2014. Párr. 13.
[86] ONU.
Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Observación General No. 1. 19 de mayo de 2014. Párr. 15.
[87] ONU. Comité de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación General No. 1.
19 de mayo de 2014. Párr. 17.
[88] ONU.
Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Observación General No. 1. 19 de mayo de 2014. Párr. 17.
[89] ONU.
Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Observación General No. 1. 19 de mayo de 2014. Párr. 18.
[90] ONU.
Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Observación General No. 1. 19 de mayo de 2014. Párr. 26.
[91] ONU.
Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Observación General No. 1. 19 de mayo de 2014. Párr. 27.
[92]
TEDH. Ivinovic contra Croacia. Sentencia del 18 de septiembre de 2014; Stanev
contra Bulgaria. Sentencia del 17 de enero de 2012; Shtukaturov contra Russia.
Sentencia del 27 de marzo de 2008; Pretty contra Reino Unido. Sentencia del 29
de abril de 2002.
[93] TEDH.Glass contra Reino Unido.
Sentencia del 9 de marzo de 2004; Pretty contra Reino Unido. Sentencia del 29
de abril de 2002.
[94]
TEDH. A.N contra Lithuania. Sentencia del 31 de mayo de 2016.
[95]  OEA.
CADH. “Artículo 3.  Derecho al Reconocimiento de la Personalidad
Jurídica. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad
jurídica.”
[96]
Corte IDH. Caso de las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia
de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130. Párr. 176 y 177.
[97]
Corte IDH. Caso Ximénes Lópes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006.
Serie C No. 149. Párr. 129 y 130.
[98] Corte IDH. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 349.
Párr. 166.
[99] Corte IDH. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 349.
Párr. 168.
[100] Corte Constitucional, sentencia T-307 de 1993 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz). La Corte Consideró que “(…)
un tratamiento inflexible de la administración en punto de la afiliación al
seguro social, exigiendo para la validez del contrato de trabajo un
consentimiento puro y paradigmático, que sólo puede en estricto rigor
predicarse de sujetos que gozan de su plenitud psíquica, se comprende que lejos
de facilitar su integración social (CP art. 47) y actualizar en este contexto
el valor del trabajo y de la solidaridad social (CP art. 1), se erige desde el
estado una barrera a su promoción y al decidido apoyo y protección que
reclaman, profundizándose aún más la desigualdad que, paradójicamente, es el
título constitucional para el tratamiento especial que debe prodigárseles.
Quienes emplean disminuidos psíquicos no estarían obligados a afiliarlos al
Seguro Social. A la limitación psíquica se sumaría su desprotección laboral y
social”.
[101]
Corte Constitucional, sentencia T-307 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[102]
Corte Constitucional, sentencia C-1109 de 2000 (MP Álvaro Tafur Galvis).
[103]
Corte Constitucional, sentencia C-1109 de 2000 (MP Álvaro Tafur Galvis).
[104]
Corte Constitucional, sentencia T-909 de 2001 (MP Jaime Araujo Rentería). El
accionante narró que su hijo tenía 31 años de edad y no había podido obtener la
cédula de ciudadanía porque a raíz de una discapacidad física y mental
denominada “síndrome de parálisis cerebral con prematurez, cuadrapesía
espática, ciego e hipoacusia neurosensorial” no se podían tomar las fotografías
de acuerdo con los requisitos exigidos por la Registraduría Nación del Estado
Civil, específicamente en cuanto a la necesidad de tener los ojos abiertos. La
Corte amparó el derecho fundamental a la personalidad jurídica del hijo del
accionante y ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil tomar las
medidas pertinentes para tomar las fotografías y emitir la cédula.
[105]
Corte Constitucional, sentencia T-909 de 2001 (MP Jaime Araujo Rentería).
[106]
Corte Constitucional. Sentencia C-983 de 2002 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[107]
Corte Constitucional. Sentencia C-983 de 2002 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[108]
Corte Constitucional. Sentencia C-983 de 2002 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[109]
Corte Constitucional, sentencias C-478 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández;
AV Jaime Araujo Rentería); C-1088 de 2004 (MP
Jaime Córdoba Triviño); C-458 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SPV
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); C-147 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz
Delgado; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez); C-046 A de 2019 (MP Cristina Pardo
Schlesinger).
[110]
Corte Constitucional, sentencia C-478 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández; AV Jaime Araujo Rentería).
[111]
Corte Constitucional, sentencia T-850 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[112]
Corte Constitucional, sentencia T-850 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[113]
Corte Constitucional, sentencia T-850 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[114]
Corte Constitucional, sentencia T-850 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[115]
Corte Constitucional, sentencia T-492 de 2006 (MP Margo Gerardo Monroy Cabra).
En esta sentencia la Corte analizó la acción de tutela interpuesta por una
madre cuya hija tenía 26 años y tenía síndrome de down. La mujer estaba
embarazada al momento de interponer la acción de tutela. El médico sugirió
realizarle la ligadura de trompas de Falopio para evitar más embarazos, sin
embargo, requirió una orden judicial. La madre solicitó al juez de tutela
permitir la cirugía. La Corte declaró improcedente la acción constitucional,
pues debía agotarse previamente la declaración de interdicción y la
autorización judicial ordinaria del procedimiento médico.
[116] Corte Constitucional, sentencia T-492 de 2006 (MP Margo
Gerardo Monroy Cabra).
[117]
Corte Constitucional, sentencia T-492 de 2006 (MP Margo Gerardo Monroy Cabra).
[118]
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
La Corte revisó una acción de tutela interpuesta por una madre quien tenía una
discapacidad sensorial y a quien el ICBF le había quitado la custodia de su
hija. La Corte amparó el derecho fundamental a tener una familia de la
accionante y ordenó una serie de medidas para restablecer la relación
materno-filial.
[119]
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[120]
Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[121]
Corte Constitucional, sentencia C-400 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[122]
Corte Constitucional, sentencias T-1103 de 2004 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), T-848 de 2007 (MP Nilson Pinilla Pinilla) y T-026 de 2014 (MP
Nilson Pinilla Pinilla; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[123]
Corte Constitucional, sentencias T-1103 de 2004 (MP Clara Inés Vargas
Hernández).
[124]
Corte Constitucional, sentencias T-449 de 2007 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-201
de 2011 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-062 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio) y T-362 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[125]
Corte Constitucional, sentencia T-449 de 2007 (MP Álvaro Tafur Galvis).
[126]
Corte Constitucional, sentencia T-362 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[127]
Declarada constitucional mediante sentencia C-293 de 2010 (MP Nilson Pinilla
Pinilla).
[128]
Corte Constitucional, sentencia C-824 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[129]
Corte Constitucional, sentencia T-684 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; AV Luis Ernesto Vargas Silva).
[130]
Corte Constitucional, sentencia T-684 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; AV Luis Ernesto Vargas Silva).
[131] Corte Constitucional, sentencia C-182 de 2016 (MP Gloria
Stella Ortiz Delgado; AV María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo
Guerrero Pérez; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Luis Ernesto Vargas
Silva).
[132]
Corte Constitucional, sentencia C-182 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado;
AV María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SPV Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo; SV Luis Ernesto Vargas Silva).
[133] “En
síntesis, el consentimiento sustituto implica la posibilidad de que terceras
personas puedan autorizar intervenciones médicas sobre personas que, en
principio, carecen de la capacidad o de la autonomía suficiente para manifestar
su voluntad informada sobre el desarrollo de estos procedimientos. Aunque en su
primera etapa la Corte Constitucional le otorgó plena prevalencia al
consentimiento sustituto parental o del representante legal, no tardó en
matizar esta regla y establecer limitaciones al mismo. Además, definió unos
criterios y variables para que, en cada caso concreto, se pudiera determinar la
legitimidad del consentimiento sustituto”. Corte Constitucional, sentencia
C-182 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV María Victoria Calle Correa;
SV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Luis
Ernesto Vargas Silva).
[134]
Corte Constitucional, sentencia C-182 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado;
AV María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SPV Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo; SV Luis Ernesto Vargas Silva).
[135]
Artículo 6 de la Ley 1412 de 2010: “Discapacitados Mentales. Cuando se trate
de discapacitados mentales, la solicitud y el consentimiento
serán suscritos por el respectivo representante legal, previa autorización
judicial”.
[136] “Así pues, para que la disposición se encuentre acorde
con las protecciones constitucionales del derecho a la igualdad, y al libre
desarrollo de la personalidad, así como como del derecho a la autonomía
reproductiva y a fundar una familia de forma responsable, y en concordancia con
el principio de conservación del derecho la única lectura posible de la disposición
es la que indica que inclusive en los casos donde se haya declarado la
interdicción (con efectos patrimoniales) se debe presumir la capacidad
para ejercer la autonomía reproductiva, la cual debe ser desvirtuada en el
proceso de autorización judicial”. Corte Constitucional, sentencia C-182
de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV María Victoria Calle Correa; SV
Luis Guillermo Guerrero Pérez; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Luis
Ernesto Vargas Silva).
[137]
Corte Constitucional, sentencias T-1221 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra),
T-043 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-674 de 2010 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub; SV Humberto Antonio Sierra Porto), T-471 de 2014 (MP Luis
Guillermo Guerrero Pérez), T-509 de 2016 (MP Alberto Rojas Ríos), T-185 de 2018
(MP Alberto Rojas Ríos), T-352 de 2019 (MP Alejandro Linares Cantillo; AV
Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
[138]
Corte Constitucional, sentencia T-185 de 2018 (MP Alberto Rojas Ríos).
[139] Corte Constitucional, sentencia T-525 de
2019 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado). En esta sentencia la Corte revisó una
tutela contra Colpensiones por la vulneración de los derechos a la capacidad
jurídica, mínimo vital y seguridad social del accionante, quien al parecer
tenía una discapacidad mental por un trauma craneoencefálico. La entidad
suspendió el pago de la pensión de invalidez por considerar, según el dictamen
médico, que requería de terceras personas para decidir. La Sala resolvió el
siguiente problema jurídico: “¿Colpensiones vulneró los derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la capacidad
jurídica y a la vida digna del peticionario, al calificarlo como alguien
que “requiere de terceras personas para que decidan por él” y,
en consecuencia, condicionar su inclusión en nómina y el correspondiente
pago de su pensión de invalidez a la presentación de una sentencia de
interdicción judicial y a la designación y posesión de un curador?”. La Corte
amparó los derechos fundamentales a la capacidad jurídica, mínimo vital y
seguridad social y ordenó pagar la pensión de invalidez al actor. Ordenó a
Colpensiones no exigir la interdicción como requisito para acceder a la pensión
de invalidez y llevar a cabo una capacitación a sus funcionarios en la que se
instruyera sobre la Ley 1996 de 2019 y la jurisprudencia constitucional en
materia de discapacidad.
[140]
Corte Constitucional, sentencia T-881 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett).
Reglas reiteradas por la sentencia C-134 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos), entre
muchas otras.
[141]
Corte Constitucional, sentencia T-090 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[142] La
jurisprudencia constitucional asumió la concepción kantiana de la dignidad
humana: “Esta consagración se basa en la teoría
iusfilosófica de origen kantiano según la cual toda persona tiene un valor inherente a su propia condición humana que es su dignidad,
la cual la hace ser no un medio, un instrumento para la consecución de diversos
fines, sino un fin en sí mismo”. Corte Constitucional, sentencia C-143 de 2015
(MP Luis Ernesto Vargas Silva). Reiterado en la sentencia C-134 de 2017 (MP
Alberto Rojas Ríos).
[143]
Corte Constitucional, entre otras, sentencias T-248 de 2012 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub); C-727 de 2015 (MP Myriam Ávila Roldán); T-195 de 2016 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); C-182 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz
Delgado; AV María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero; SPV
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Luis Ernesto Vargas Silva); C-043 de 2018
(MP José Fernando Reyes Cuartas).
[144]
Corte Constitucional, sentencia C-182 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado;
AV María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero; SPV Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; SV Luis Ernesto Vargas Silva).
[145]
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[146] Las
directivas anticipadas, reguladas en los artículos 3, 21 y siguientes de la Ley
1996 de 2019, son una herramienta que sirve para que una persona mayor de edad
(sin tener algún tipo de discapacidad necesariamente) pueda establecer de forma
fidedigna su voluntad y preferencias en decisiones relativas a uno o varios
actos jurídicos, con antelación a los mismos. Este también es otro mecanismo
que contempla la Ley 1996 a través del cual se puede ejercer la capacidad
legal.
[147] Cabe
anotar que de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 1996 de 2019 los artículos
contenidos en el Capítulo V, entre los que se encuentra el proceso de
adjudicación judicial de apoyos cuando lo inicia una persona diferente al
titular del acto jurídico, entrarán en vigencia 24 meses después de la
promulgación de la Ley. Para el efecto, la misma normativa prevé un régimen de
transición en los artículos 54, 55 y 56.
[148] En
la misma línea lo manifestó el profesor Mauricio García Herreros en la
intervención allegada a la Corte Constitucional: “Pero al destruir la
presunción de derecho de incapacidad, abrió la puerta al absurdo, estableciendo
la eventualidad de que sus actos correspondieran a los de una “persona mayor
que se encuentra imposibilitada para expresar su voluntad y preferencias por
cualquier medio. Ello resulta contradictorio, porque la incapacidad que ahora
el legislador les desconoce, estaba fundada precisamente en que no tienen la posibilidad
cierta de “expresar su voluntad”, razón por la cual la ley presumía en ellos de
Derecho la falta de consentimiento, o lo que es lo mismo, la incapacidad de
consentir o de expresarlo. Al destruir la presunción de Derecho respecto a la
imposibilidad de expresar la voluntad y/o de la ausencia de consentimiento
implícita en los actos de los incapaces, la Ley 1996 introdujo un factor de
inseguridad jurídica cuando dichas personas defiendan, según les convenga, la
existencia y efectos de la necesidad del apoyo vigente (…)”.
[149]
Universidad del Rosario. Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Médico
especialista en Neurología, Dr. Leonardo Palacios Sánchez MD. En el mismo
sentido también lo conceptuó la Asociación Colombiana de Neurología.
[150] Universidad del Rosario. Escuela de
Medicina y Ciencias de la Salud. Médico especialista en Neurología, Dr.
Leonardo Palacios Sánchez MD. También lo advirtió el concepto de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Antioquia, que adujo que todos los grados de discapacidad pueden afectar la
comprensión en toma de decisiones de una persona, sin embargo, hay que realizar
una evaluación individualizada y pormenorizada en cada caso. Explicó cada uno
de los casos según el nivel leve, moderado y severo. Afirmó que no se puede
suponer que todas las personas con discapacidad cognitiva general cuenten con
el nivel de razonamiento suficiente para comprender todos los actos jurídicos
en los que participan, “por lo tanto en cada caso debe evaluarse de forma
individual y concienzudamente la capacidad de razonamiento, autodeterminación,
previsión de consecuencias, pensamiento crítico, argumentación, interpretación,
capacidad de comunicación, razonamiento y empleo adecuado y flexible de los
propios recursos cognitivos, determinando la necesidad de apoyos y/o
salvaguardias que protejan al individuo de vulneración de sus derechos”.
[151] “(a)
en cuanto a la naturaleza de los agentes, puesto que el acto jurídico lo es el
sujeto de derecho y en el acto humano lo es el hombre, (b) en cuanto a la
habilidad o capacidad de obrar de dichos agentes en uno y otros campos y (c) en
cuanto a los criterios y forma de apreciación del proceso de desarrollo del
acto mismo”. Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. “Teoría
general del contrato y del negocio jurídico”. Ed. Temis (2019). Pág. 18.
[152] Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo.
“Teoría general del contrato y del negocio jurídico”. Ed. Temis (2019). Pág.
17.
[153]
Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. “Teoría general del
contrato y del negocio jurídico”. Ed. Temis (2019). Pág. 29.
[154]
Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. “Teoría general del
contrato y del negocio jurídico”. Ed. Temis (2019). Pág. 21.
[155]
Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. “Teoría general del
contrato y del negocio jurídico”. Ed. Temis (2019). Pág. 21.
[156]
Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. “Teoría general del
contrato y del negocio jurídico”. Ed. Temis (2019). Pág. 21.
[157] Corte Constitucional, sentencia C-182 de 2016 (MP Gloria
Stella Ortiz Delgado; AV María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo
Guerrero Pérez; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Luis Ernesto Vargas
Silva).
[158]
Corte Constitucional, sentencia C-182 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado;
AV María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SPV Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo; SV Luis Ernesto Vargas Silva).
[159] La Facultad de Medicina de la Universidad
de Antioquia precisó que actualmente el
Manual propone cambiar el foco “dejando el coeficiente intelectual en un plano
secundario y pasando a hacer énfasis en el funcionamiento adaptativo y el nivel
de apoyos que va a necesitar la persona para graduar el nivel de afectación. La
OMS orienta el enfoque en el mismo sentido. Así, por ejemplo, se hablará de una
persona con necesidad de apoyo intermitente para hacer referencia a personas
con una discapacidad leve. Una persona con necesidad de apoyo limitado va a
corresponder a una discapacidad intelectual moderada; se utilizará el término
de intensidad de apoyo extenso para aquellas personas que presentan un déficit
grave, y apoyo generalizado para personas con déficit profundo”.
[160]
Amicus curiae, Michael Bach y Lana Kerzner, del Instituto IRIS de Canadá. 26 de
marzo de 2020.
[161] ONU.
Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Observación General No. 1. 19 de mayo de 2014. Párr. 27.
[162] ONU.
Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Observación General No. 1. 19 de mayo de 2014. Párr. 17.
[163] Informe de
la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad
(2017). 37 período de sesiones. 26 de febrero a 23 de marzo de 2018.
https://undoc.s.org/cs/A/HRCV37/56. párr. 41.
[164]
Corte Constitucional, sentencias T-1103 de 2004 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), T-848 de 2007 (MP Nilson Pinilla Pinilla) y T-026 de 2014 (MP
Nilson Pinilla Pinilla; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-684 de 2014 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Luis Ernesto Vargas Silva). En procesos
judiciales en los que se omite notificar a personas con discapacidad a pesar de
ser demandados, ver sentencia T-400 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[165] Corte
Constitucional, sentencia T-1103 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[166]
Corte Constitucional, sentencias T-850 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-397
de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-492 de 2006 (MP Margo Gerardo
Monroy Cabra).
[167]
Corte Constitucional, sentencias T-449 de 2007 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-201
de 2011 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-062 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio) y T-362 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[168] Esta
interpretación fue también advertida por la sentencia T-525 de 2019 (MP Gloria
Stella Ortiz Delgado), en la cual se afirmó que no podía forzarse a una persona
a “desprenderse” de su capacidad jurídica para poder acceder a la pensión de
invalidez.
[169] Para
este punto pueden consultarse las siguientes intervenciones y amicus curiae:
Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, Harvard Law School – Project on Diability
(describe estudios y casos resueltos judicialmente en los que se evidencia los
efectos negativos de la interdicción y los impactos positivos del modelo de
apoyos), Instituto Jo Clemente, Sociedad y Discapacidad, “The Israel Human
Rights Center for People with Disabilities”, PAIIS – Programa de Acción por la
Igualdad y la Inclusión Social,  Michael Bach y Lana Kerzner, del Instituto
IRIS de Canadá.
[170] ONU. Comité
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observaciones finales
sobre el Informe Inicial a Colombia. 31 de agosto de 2016.
[171]
Director Ejecutivo del Harvard Law School Project on Disability.
[172]
Directora Ejecutiva del Center for Public Representation de Northampton.
[173]
Profesora de la Clínica de Derecho del Colegio de Derecho Banjamin N. Cardozo y
Co-Directora del Cardozo Bet Tzedek Civil Litigation Clinic de Nueva York.
[174]
Profesora de la Clínica de Derecho del Colegio de Derecho Banjamin N. Cardozo y
Co-Directora del Cardozo Bet Tzedek Civil Litigation Clinic de Nueva York.
[175]
Profesora Asociada de Derecho y Co – Directora del Disability and Aging Justice
Clinic de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.
[176]
Profesora de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.
[177] Pg.
3 en la que se citó el Informe sobre los progresos alcanzados en la aplicación
de las recomendaciones contenidas en el estudio sobre los derechos humanos y la
discapacidad, 2007, párrafo 21, del Alto Comisionado De Las Naciones Unidas
Para Los Derechos Humanos.
[178] Pg.
3
[179] Pg.
4
[180] Pg.
6.
[181] Pg.
7.
[182] Pg.
8.
[183] Pg.
8.
[184]
Págs. 11 y 12.
[185] Pg.
12.
[186] Pg.
12.
[187] Pg.
13.
[188] Pg.
14.
[189] Pg.
15.
[190] Pg.
16.
[191] Pg.
16.
[192] Pg.
17.
[193] Pg.
17.
[194] Pg.
18.
[195] Pg.
18.
[196] Pg.
6.
[197] Pg.
9.
[198] Pg.
9.
[199] Pg.
10.
[200] Pg.
11.
[201] Pg.
12.
[202]
Págs. 12 y 13.
[203] Pg.
17.
[204] Pg.
18.
[205]
Págs. 19 y 20.
[206] Pg. 4.
[207] Pg. 5.
[208] Pg. 5.
[209] Pg. 8.
[210] Pg. 8.
[211] Pg. 10.
[212]
Págs. 4 y 5.
[213]
Pg.6.
[214]
Págs. 11 y 12.
[215]
Págs. 12 y 13.
[216] Pg.
13.
[217]
Ídem.
[218]
Ídem.
[219] Pg.
14.
[220] Pg.
15.
[221]
Págs. 16 y 17,
[222] Pg.
19.
[223] Pg.
20.
[224]
Págs. 22 y 23.
[225] Pg.
23.
[226] Pg.
24.
[227]
Págs. 32 y 33.
[228]
Págs. 33 y 34.
[229] Pg.
5.
[230]
Págs. 5 y 6.
[231] Pg.
7.
[232] Pg.
7.
[233] Pg.
8.
[234] PcD:
Personas con discapacidad.
[235] Pg.
8.
[236] Pg.
10.
[237] Pg.
12.
[238] Pg.
12.
[239] Pg.
6.
[240] Pg.
8.
[241]
Pg.10.
[242] Pg.
12.
[243] Pg.
12.
[244] Pg.
12.
[245]
Pg.17.
[246]
Pg.21.
[247] Pg.
25.
[248] Pg.
25.
[249] Pg.
25.
[250] Pg.
25.
[251] Pg.
27.
[252] Pg.
27.
[253] Pg.
6.
[254] Pg.
7.
[255] Pg.
7.
[256] Pg.
11.
[257]
Págs. 13 y 14.
[258] Pg.
14.
[259] Pg.
15.
[260] Pg.
16.
[261] Pg.
17.
[262] Pg.
18.
[263] Pg.
19.
[264] Pg.
6.
[265] Pg.
7.
[266] Pg.
7.
[267] Pg.
8.
[268] Pg.
9.
[269]
Págs. 41 y 42.
[270] Pg.
43.
[271] Pg.
46.
[272] Pg.
47.
[273]
Ídem.
[274]
Ídem.
[275] Pg.
50.
[276] Pg.
51.
[277] Pg.
52.
[278]
Págs. 52 y 53.
[279]
Ídem.
[280]
Ídem.
[281]
Ídem.
[282]
Ídem.
[283]
Ídem.
[284] Pg.
4.
[285] Pg.
4.
[286] Pg.
6.
[287]
Págs. 15 y 16.
[288] Pg.
15.
[289] Pg.
3.
[290] Pg.
4.
[291]
Págs. 3 y 4.
[292]
Págs. 4 y 5.
[293] Pg.
5.
[294] Pág. 13.
[295] Pág. 15.
[296] Pág. 14.
[297] Pág. 27.
[298] Pág. 28.