C-695-13
Sentencia C-695/13
Sentencia C-695/13
REQUISITOS DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Exequibilidad de la expresión “o que no cumplirá la
sentencia” contenida en la parte final del numeral 3° del artículo 308 de la
Ley 906 de 2004
Para la Corte, eliminar la posibilidad de adoptar una
medida preventiva como la analizada, exigiendo la previa culminación íntegra
del proceso, desnaturalizaría su carácter preventivo y podría tornar inoficiosa
la función judicial, impidiendo la efectividad de la pena, en aquellos eventos
en los cuales el procesado se aparte del cumplimiento de la misma, generando
con ello no solo impunidad, sino descontento social, que conllevaría el
horrendo riesgo de que, ante la inoperancia de la justicia estatal, alguien
pretendiese ejecutarla por sí mismo. De
otro lado, la Sala Plena no encuentra que el condicionamiento invocado por uno
de los intervinientes esté llamado a prosperar, como quiera que realizando una
lectura sistemática y completa de los artículos 306, 308 y 312 de la Ley 906 de
2004, es claro que la solicitud y decreto de una medida de aseguramiento, en
este caso invocando que el imputado o acusado no cumplirá la sentencia, debe
estar acompañada de (i) los elementos de conocimiento necesario para sustentar
la medida y su urgencia; (ii) el juez de control de garantías escuchará para
tal efecto los argumentos de la Fiscalía, el Ministerio Público, la víctima o
su apoderado y la defensa (art. 306); (iii) debiendo analizarse por parte de
dicho juez si de la evidencia física y los elementos materiales probatorios
recogidos y custodiados se pueda inferir razonablemente, no solo que el
imputado es autor o partícipe de la conducta, sino que se cumpla alguno o
algunos de los presupuestos del artículo 308, para lo cual, seriamente deberá
considerar los supuestos del artículo 312 para establecer atinadamente el
riesgo de su no comparecencia. Así, el juez de control de garantías, quien
siempre tendrá que desplegar un cuidadoso y certero análisis, bajo el criterio
de que la libertad es la regla general y la medida de aseguramiento tiene que
ser sometida a un riguroso examen de procedencia, como excepción que es, deberá
tener en cuenta, acorde con el artículo 312 de la Ley 906 de 2004 (modificado
por el artículo 25 de la Ley 1142 de 2007), que el imputado no cumpliría la
sentencia, atendiendo además de lo hasta aquí reseñado, la gravedad y modalidad
de la conducta, la pena imponible, la falta de arraigo, la gravedad del daño causado,
la actitud asumida ante lo perpetrado y su comportamiento durante el
procedimiento o en otro anterior, de donde pueda colegirse fundadamente su
falta de voluntad para someterse a la investigación, al procesamiento penal y
al cumplimiento de la pena, si fuere impuesta. Por todo lo expuesto, se declara
la exequibilidad de la expresión “o que no cumplirá la sentencia”, contenida en
la parte final del numeral 3º del artículo 308 de la Ley 906 de 2004, por el
cargo analizado frente al presunto desconocimiento de los artículos 28, 29 y
250 numeral 1º superiores.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Necesidad de un mínimo de argumentación
PRINCIPIO PRO ACTIONE-Aplicación
PRINCIPIO PRO ACTIONE-Jurisprudencia constitucional
DERECHO A LA LIBERTAD-Reserva
Judicial
PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA PENA-Ambito de
aplicación/PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN PRIVACION PREVENTIVA DE LA LIBERTAD-Aplicación
DETENCION PREVENTIVA-No tiene carácter punitivo/DETENCION PREVENTIVA-Naturaleza
cautelar
DETENCION PREVENTIVA-Carácter
excepcional
DETENCION PREVENTIVA-Excepción a
libertad personal según convenios internacionales
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN DETENCION
PREVENTIVA-Motivos previamente definidos en la ley
DETENCION PREVENTIVA-Naturaleza/MEDIDAS
DE ASEGURAMIENTO-Naturaleza
Las medidas de aseguramiento no requieren de juicio
previo. Ellas pueden aplicarse, a la luz de la Constitución, si se cumplen los
requisitos exigidos por el artículo 28 de la Carta. Así, si media orden escrita
del juez competente, se han cumplido las formalidades que la ley consagre al
respecto y el motivo de la detención, conminación, prohibición de salida del
país o caución está nítidamente consagrado en norma legal preexistente, tales
medidas se ajustan al mandato constitucional y no implican desconocimiento del
debido proceso, aplicable en el caso de las penas. Pretender que toda detención
o medida de aseguramiento deba estar forzosamente precedida de un proceso
íntegro llevaría a desvirtuar su carácter preventivo y haría en no pocas
ocasiones completamente inoficiosa la función judicial, pues la decisión
correspondiente podría tropezar -casi con certeza- con un resultado inútil en
lo referente a la efectividad de la pena que llegara a imponerse.
DETENCION PREVENTIVA-Requisitos
de los supuestos fácticos en que se sustenta
No es suficiente que los supuestos fácticos por los
cuales el legislador considera que una conducta delictiva da lugar a la
imposición de una medida de aseguramiento se encuentren establecidos en la ley,
pues es imperativo además que aquéllos sean claros, precisos y unívocos, esto
es, deben excluir cualquier ambigüedad previsible y deben abstenerse de hacer
generalizaciones y abstracciones que pudieran minar la seguridad jurídica de
los asociados.
PRESUPUESTOS Y FINES CONSTITUCIONALES
Y LEGALES PARA IMPOSICION DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN LEY 906 DE 2004-Jurisprudencia constitucional
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Criterio de necesidad en su aplicación y finalidades
El artículo 250 de la Constitución (modificado por el
artículo 2º del Acto Legislativo 3º de 20102) que consagra las funciones de la
Fiscalía General de la Nación, dentro del numeral 1° especifica que al ente
investigador le corresponde solicitar al juez de control de garantías la
adopción de las medidas necesarias (privativas de la libertad o de otros
derechos y libertades) que aseguren la comparecencia de los imputados al
proceso, la conservación de los elementos materiales y la evidencia física, al
igual que la protección de la comunidad y especialmente de las víctimas.
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Privativas de la libertad o restrictivas de otros
derechos y libertades
Dentro de las medidas de aseguramiento privativas de
la libertad se encuentran: (i) la detención preventiva en establecimiento de
reclusión y (ii) la detención preventiva en la residencia señalada por el
imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento. Las medidas
de aseguramiento que restringen otros derechos y libertades corresponden a la
obligación de someterse a (i) un mecanismo de vigilancia electrónica; (ii) la
vigilancia de una persona o institución determinada; (iii) presentarse
periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él
designe; (iv) observar buena conducta individual, familiar y social, con
especificación de la misma y su relación con el hecho. Igualmente, comprende
prohibiciones como: (v) salir del país, del lugar de residencia o del ámbito
territorial que fije el juez; (vi) concurrir a determinadas reuniones o lugares;
(vii) comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no
se afecte el derecho a la defensa; y/o (viii) salir del lugar de habitación
entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.. A su vez, el juez también puede ordenar
que el indiciado o acusado (ix) preste una caución real adecuada, por sí o por
otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o
hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas, salvo
que se trate de una persona de notoria insolvencia.
SOLICITUD DE IMPOSICION DE MEDIDA DE
ASEGURAMIENTO ELEVADA POR LA FISCALIA-Deber
de reseñar la persona y el delito a los que se haga referencia y los elementos
de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia
DETENCION PREVENTIVA-Presupuestos
DETENCION PREVENTIVA-Criterios
de modalidad y gravedad de la conducta punible no son suficientes para
determinar el peligro para la comunidad/DETENCION PREVENTIVA-Responde
a criterios de necesidad y proporcionalidad
TEST DE PROPORCIONALIDAD-Concepto
El test de proporcionalidad es un instrumento hermenéutico
que permite establecer si determinada medida resulta adecuada y necesaria para
la finalidad perseguida, sin que se sacrifiquen valores, principios o derechos
de mayor entidad constitucional para el caso concreto que se analiza.
TEST DE PROPORCIONALIDAD-Pasos
DETENCION PREVENTIVA Y CONSTITUCION POLITICA-Compatibilidad/DETENCION
PREVENTIVA Y PRESUNCION DE INOCENCIA-Compatibilidad/DETENCION
PREVENTIVA Y PENA-Distinción
PRESUNCION DE INOCENCIA-Jurisprudencia constitucional
IMPOSICION DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO CUANDO SE PUEDE
INFERIR QUE EL PRESUNTO RESPONSABLE NO CUMPLIRA LA SENTENCIA-Proporcional
La Corte encuentra
proporcional que el legislador haya establecido como uno de los parámetros para
garantizar el cumplimiento de las sentencias, en aras de materializar el
derecho a la justicia (de las víctimas y de la sociedad), permitir la
imposición de medidas de aseguramiento cuando razonablemente se pueda inferir
que el presunto responsable no cumplirá la sentencia, pues se trata de una
medida excepcional, de carácter eminentemente preventivo, más no sancionatorio.
Con todo, como quiera que las medidas de aseguramiento implican la restricción
de derechos o libertades fundamentales, resulta necesario reiterar que en un
Estado social de derecho, principalmente cuando de la libertad individual se
trate, no pueden convertirse en un mecanismo indiscriminado, general y
automático, sino estrictamente excepcional, habida cuenta que la Constitución
promueve la efectividad de los derechos y libertades de los personas, garantiza
la vigencia de los principios constitucionales y asegura el respeto a la
dignidad humana.
Referencia: expediente D-9570.
Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “o
que no cumplirá la sentencia”, contenida en el numeral 3° del artículo 308 de
la Ley 906 de 2004 (“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”)
Demandante: Fernando Antonio Chacón Lebrún
Magistrado ponente:
NILSON PINILLA PINILLA
Bogotá,
D.C., nueve (9) de octubre de dos mil trece (2013).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada
en los artículos 241 y 242 de la Constitución, el ciudadano Fernando Antonio Chacón Lebrún demandó la expresión “o
que no cumplirá la sentencia”, contenida en el numeral 3° del artículo 308
de la Ley 906 de 2004.
Mediante auto de marzo 22 de 2013, el
Magistrado sustanciador admitió la demanda y dispuso que se fijara en lista el
presente proceso y se diera traslado al Procurador General de la Nación para
que rindiese su concepto; también ordenó comunicar la iniciación del asunto a
los señores Presidentes de la República y del Congreso, y al Ministro de Justicia
y del Derecho.
Se invitó además a los Presidentes de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas Penales y
Únicas de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, al Fiscal General de
la Nación, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano
de Derecho Procesal, al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, a la
Federación Nacional de Colegios de Jueces y Fiscales, a los Colegios de Jueces
y Fiscales de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Bogotá, Bucaramanga, Cali, César,
Cundinamarca, Huila, Magdalena, Nariño y Putumayo, Quindío, San Gil y Tolima, y
a las facultades de derecho en Bogotá de las Universidades Nacional de
Colombia, Santo Tomás, Católica de Colombia, Javeriana, Libre, Sergio Arboleda,
Externado de Colombia, del Rosario, de los Andes, al igual que a las de
Antioquia, del Norte, de Ibagué, Gran Colombia de Armenia e Industrial de Santander,
con el objeto de que, si lo estimaban pertinente, conceptuaran sobre la
exequibilidad de la norma demandada.
Cumplidos los trámites constitucionales
y legales propios de esta clase de procesos, la Corte procede a decidir acerca
de la demanda en referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación se trascribe
el texto de la norma demandada, resaltando el segmento acusado:
“LEY 906 DE 2004
(agosto 31)
Diario Oficial No. 45.657, de 31 de agosto de 2004
Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Penal.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
CAPITULO III.
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO.
…   …   …
Artículo 308. Requisitos. El juez de control de
garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado,
decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales
probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información
obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser
autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando
se cumpla alguno de los siguientes requisitos:
1. Que la medida de aseguramiento se muestre como
necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la
justicia.
2. Que el imputado constituye un peligro para la
seguridad de la sociedad o de la víctima.
3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá
al proceso o que no cumplirá la sentencia.
…   …   …”
III. LA DEMANDA.
El actor afirma que la
expresión “o que no cumplirá la sentencia” desconoce la presunción de
inocencia, principio de raigambre constitucional contenido en el artículo 29
superior, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11) y en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8º), que hacen parte del
denominado bloque de constitucionalidad, al igual que el derecho fundamental a
la libertad (art. 28).
Asevera que acorde con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, dicho postulado cardinal adquiere el
carácter de derecho fundamental, por lo tanto es predicable de toda persona
hasta tanto no sea declarada judicialmente culpable, mediante sentencia
ejecutoriada.
Explica que el segmento
normativo demandado conlleva como presupuesto para la imposición de una medida
de aseguramiento, que resulte probable que el imputado no cumplirá la
sentencia, dando por sentado que será condenado, en una etapa inicial del
proceso, afectando no sólo la presunción de inocencia, sino también el
principio de libertad que permea la actuación penal.
Agrega que acorde con el
artículo 250 numeral 1º de la Constitución, los presupuestos para la imposición
de la medida de aseguramiento son garantizar la comparecencia del imputado al
proceso, conservar la prueba y proteger a la comunidad, en especial a las
víctimas; pero en modo alguno hace referencia al “cumplimiento de la
sentencia” (f. 3 cd. inicial).
Plantea entonces que el
segmento censurado no se aviene a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad que deben constatarse para restringir el derecho a la
libertad, cuyo carácter es excepcional.
IV. INTERVENCIONES.
4.1. Sala Penal del
Tribunal Superior de Barranquilla.
El Presidente de dicha Sala
indica que la expresión demandada no riñe con la Constitución y, en gracia de
discusión, podría predicarse su condicionamiento, “a que en efecto cuando se
vaya a esgrimir el argumento de la no comparecencia o probable incumplimiento
de la sentencia, por parte de la Fiscalía se acredite la misma, en razones
objetivas y subjetivas comprobadas, y comprobables, de toda suerte de
circunstancias que permitan inferir válidamente tal apreciación” (fs. 82 y
83 ib.).
Explica que la
inexequibilidad planteada resulta “exagerada…, por cuanto, el proceso penal
en sí mismo, implica un juego de probabilidades, en que si bien en principio la
presunción de inocencia aparece como premisa mayor inicial, el desarrollo
sistemático del proceso, responde a un diseño que implica que acorde con el
material probatorio, que ha de irse recaudando paulatina o progresivamente,
permite dar vida inicial, precisamente a la presunción contraria en detrimento
de la primera (es decir probabilidad de responsabilidad), por eso siempre se ha
sostenido que uno de los objetos del proceso es el vencimiento sano, objetivo,
paulatino y sistemático, de la presunción de inocencia, siempre y cuando se
realice con respeto de las reglas del debido proceso, y del derecho de defensa”
(f. 78 ib.).
Plantea que la imposición
de la medida de aseguramiento no implica presumir o considerar que el imputado
será condenado, “sino que, basados en la falta de arraigo en la comunidad
determinado por la carencia de domicilio, asiento de la familia, de sus
negocios o trabajos, y las facilidades que tenga para abandonar el país, o
permanecer oculto, del numeral 1º del artículo 313 [L. 906/04], o del
segundo en su orden, por la gravedad del daño causado, y la actitud que el
imputado asuma frente a este, a lo cual debe agregársele el monto probable de
la pena, acorde con la gravedad del hecho o delito, y finalmente, al tenor del
numeral 3º del mismo artículo, según el comportamiento que el imputado haya
demostrado en la etapa inicial del proceso, o en otro anterior, del que se
pudiera inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la
investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de una eventual
sentencia condenatoria”(fs. 78 y 79 ib.).
Considera entonces que la
imposición de la medida de aseguramiento, bajo la hipótesis analizada, no
conlleva anticipar el juicio o la sentencia que se proferirá; por el contrario,
se encamina a que la persona comparezca al proceso, ponderando entre la
restricción a la libertad y los fines de la pena, e incluso los derechos de las
víctimas en cada caso particular.
4.2. Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas de la Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia.
El Decano de dicha Facultad
solicita a la Corte Constitucional declarar exequible la expresión demandada, “pues
se haya amparada en unos fines constitucionales, que a su vez se encuentran
soportados en la potestad legislativa, la cual no desconoce la carta política” (f.
89 ib.).
Explica que el grado de
conocimiento requerido para imponer una medida de aseguramiento exige una
inferencia razonable, más no certeza, pues dichos estados varían en cada etapa
procesal. Así, para la restricción de la libertad se requiere como presupuesto
objetivo una inferencia razonable de autoría o participación en el delito
(probabilidad, como punto medio entre la certeza y la duda), sin que ello
implique un pronóstico anticipado de responsabilidad penal, como quiera que en
esa etapa procesal aún no existe certeza.
Agrega que la medida de
aseguramiento cumple unos fines constitucionales y debe responder a los
criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, que deben ser
analizados por el juez de control de garantías, siendo claro que no se trata de
una sanción definitiva, sino de una medida de naturaleza preventiva,
determinada por los lineamientos de la política criminal.
Luego de referir
jurisprudencia de esta corporación sobre las medidas de aseguramiento, su
naturaleza y los presupuestos y fines constitucionales exigidos para su
imposición, sostiene que el aparte demandado protege el fin constitucional de
asegurar la comparecencia del imputado al proceso, lo cual no desconoce la
presunción de inocencia, pues el juez de control de garantías debe analizar la
inferencia razonable de autoría o participación en el delito.
4.3. Ministerio de
Justicia y del Derecho.
El Ministerio intervino
mediante apoderado, quien solicita declarar exequible el segmento normativo impugnado.
Luego de referir
jurisprudencia acerca de la libertad de configuración que ostenta el legislador
en materia de restricciones de garantías fundamentales como la libertad y, en
particular, los fines y requisitos para tal limitación, plantea que la norma demandada
busca como fin constitucional asegurar la comparecencia del imputado que puede
ser el autor de una conducta delictiva.
4.4. Facultad de Derecho
de la Universidad Santo Tomás de Bogotá.
Un docente y el Coordinador
del Grupo de Acciones Constitucionales del Consultorio Jurídico de esa facultad
piden declarar inexequible la preceptiva demandada, porque excede los objetivos
constitucionales de la privación preventiva de la libertad contenidos en el artículo
250.1 de la carta política y el principio de presunción de inocencia del
artículo 29 ibídem.
Indicaron que la preceptiva
demandada no cumple los fines constitucionales de la medida de aseguramiento, pues
desbordando su naturaleza preventiva y procesal, pasa a la fase sancionatoria
del proceso, que solo puede ser el resultado del juicio, cumpliendo un fin
eminentemente legal, confundiendo dicha medida con los fines de la pena
(prevención general o especial).
4.5. Facultad de Derecho
de la Universidad Libre de Bogotá.
El Coordinador del
Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional y un docente del Área
Penal de esa Facultad solicitan declarar exequible la norma demandada, “en
el entendido de aplicar la medida de aseguramiento solo sí de los elementos
materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la
información obtenida legalmente, se puede inferir razonablemente que el
imputado pueda ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se le
investiga” (f. 115 ib.).
Los intervinientes
sostienen que si bien la presunción de inocencia es una garantía integrante del
derecho fundamental al debido proceso, que permea toda la actuación penal, la
medida de aseguramiento no constituye un fallo anticipado; por el contrario, debe
sustentarse en una actividad probatoria de la Fiscalía, que puede ser
controvertida por la defensa, tal como se establece de la lectura sistemática
de los artículos 306 y 308 de la Ley 906 de 2004.
Expresan que la “medida
preventiva deberá ponderarse con el derecho a la libertad para justificar su
aplicación, esta ponderación se hace en relación a la valoración de los
elementos materiales probatorios y evidencia física que haya recaudado la
Fiscalía General de la Nación, luego la medida tampoco puede ser artificiosa ni
tomada bajo presunciones que tengan como fuente única el carácter subjetivo de
quien la solicita” (f. 114 ib.).
4.6. Facultad de Derecho
de la Universidad Sergio Arboleda.
Un docente del Departamento
de Derecho Penal, delegado por el Decano de la Escuela de Derecho, solicita la inexequibilidad
del aparte impugnado. Indica que el juez de garantías “en el ámbito de la
imposición de una medida de aseguramiento, está imposibilitado –desde el punto
de vista probatorio y funcional- para emitir una valoración – cuyo pronóstico
será necesariamente condenatorio- acerca de la sentencia que se le impondrá al
imputado y su posible incumplimiento”; desconociendo la presunción de
inocencia al presumir la responsabilidad del imputado, quien no ha sido “vencido
en juicio”, que será condenado y no cumplirá el fallo (f. 133 y 134 ib.).
En primer lugar, el
interviniente plantea que la presunción de inocencia debe ser desvirtuada
dentro del proceso, con fundamento en hechos verificados acorde con el estándar
probatorio establecido por el legislador, y no en “pronósticos intuitivos”,
o presumiendo la culpabilidad.
Explica que el legislador
erró al permitir que el juez de control de garantías anticipe si el imputado
cumplirá o no la sentencia, excediendo las funciones que constitucionalmente le
han sido asignadas. El estándar probatorio establecido es el de inferencia
razonable de autoría o participación, que no desvirtúa por sí misma la
presunción de inocencia, habida cuenta que para condenar se requiere del
conocimiento más allá de toda duda.
Formula que resulta
contradictorio imponer medidas de aseguramiento “en una doble predicción
propia de los adivinos”, a saber, que la persona será condenada y
que no cumplirá la sentencia, con el mismo “umbral probatorio y en un
estadio de proceso lejano al juicio oral” (f. 131 ib.).
Agrega que la norma
demandada ubica en un mismo plano procesal dos instituciones jurídicas
distintas, que buscan finalidades diversas. La medida de aseguramiento tiene
una naturaleza eminentemente procesal, dirigida a preservar la prueba, proteger
a la víctima y asegurar la comparecencia del imputado. La pena y su
cumplimiento establecidos en la sentencia como consecuencias jurídicas del
delito, acorde con el artículo 4 del Código Penal, persiguen la prevención
general, la retribución justa, la prevención especial, la reinserción social y
la protección al condenado.
Como segundo argumento,
recuerda que acorde con el ordenamiento jurídico, el derecho penal es de acto,
establecido antagónicamente al derecho penal de autor, por lo que “vaticinar”
al momento de establecer la procedencia o no de la medida de
aseguramiento que la persona será condenada y que no cumplirá la sentencia,
equivale a evaluar al autor y no a la conducta cometida.
El interviniente
complemente refiriendo que “si el juez de control de garantías no cuenta con
las pruebas para condenar –no solo porque no las hay en el estadio de las
medidas de aseguramiento, sino porque no es de su competencia- y sin ellas pronostica
que la persona será condenada y no cumplirá la sentencia, es indiscutible
afirmar que su valoración se fundamenta en el autor y no en el acto. Pretender
valorar el acto cometido sin las pruebas que lleven al juez al conocimiento más
allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado,
es emitir un juicio sobre el autor. Podrá valorar el acto de cara a la
imposición de la medida de aseguramiento pero jamás en relación con la sentencia
y su cumplimiento, toda vez que ello es de otro estadio procesal” (f. 133
ib.).
4.7. Colegio de Jueces y
Fiscales de Antioquia.
El Coordinador del Comité
de Estudios Políticos y Legislativos de dicha entidad pide a la Corte
Constitucional inhibirse de emitir un fallo de fondo, por ineptitud sustantiva
de la demanda.
Sostiene que el actor realiza
una errada interpretación de la preceptiva impugnada, como quiera que ésta “no
anticipa o da por supuesto que el procesado va a ser condenado, lo cual resulta
ser una estrecha y descontextualizada interpretación del texto, sino que dada
la probabilidad de que resulte condenado, no cumplirá la sentencia” (f. 156
ib.).
Explica que constituye “una
obviedad que el requisito previsto en el numeral 3º del artículo 308 del Código
Procesal Penal –Ley 906 de 2004- para que el juez de control de garantías, a
pedido del Fiscal General o su Delegado, imponga al imputado la medida de
aseguramiento que corresponda, es que surja una inferencia razonable de autoría
o participación respecto de una conducta susceptible de encuadrar como delito,
deducida de los elementos materiales probatorios, evidencia física o medios de
información legalmente obtenidos, y que en grado de probabilidad pueda el juez
inferir que el imputado no comparecerá al proceso o no cumplirá la sentencia,
claro está, en caso de llegarse a tan avanzado estadio procesal y que tal
pronunciamiento resultarle adverso al procesado, por lo que resulta innecesario
y tautológico a los ojos de un buen entendedor, repetir la expresión
‘probable’(probable que no cumplirá la probable sentencia) u otra semejante,
pues el término ‘probable’ alude tanto a una eventual sentencia adversa al
procesado como frente a una futura acción elusiva” (f. 156 ib.).
V. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
En concepto 5572 de mayo 9 de
2012, el señor Procurador General de la Nación solicita a la Corte inhibirse de
emitir un pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda; subsidiariamente,
declarar exequible el numeral 3° del artículo 308 de la Ley 906 de 2004.
Expresa que la demanda no se
fundamenta en razones ciertas, específicas y pertinentes, habida cuenta que no se
parte de una confrontación directa y verificable entre la expresión demandada y
la Constitución, sino que se erige sobre apreciaciones subjetivas del actor.
Al respecto, afirma
(énfasis en el texto original): “En este sentido, del hecho de que el
artículo 29 constitucional establezca que ‘toda persona se presume inocente
mientras no se le haya declarado judicialmente culpable’ no puede directamente
inferirse, como lo hace el actor, que al legislador le esté prohibido
establecer que, cuando las autoridades competentes (primero la Fiscalía General
de la Nación y, posteriormente, el juez de control de garantías) establezcan
que se cumplen dos requisitos objetivos y concomitantes, como es (i) que ‘de
los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados
o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el
imputado pueda ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga’
y (ii) que ‘resulte probablemente que el imputado […] no cumplirá la
sentencia’; sea procedente que se decrete una medida de aseguramiento” (f.
140 ib.).
Con todo, luego de citar
varios pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre las medidas de
aseguramiento y cómo su naturaleza dista de la sentencia condenatoria,
subsidiariamente, solicita declarar exequible la norma demandada, siendo “claro
que el hecho de que el legislador haya incluido dentro de los requisitos o
causales en las que procede que se decrete una medida de aseguramiento, el que
resulte probable ‘que el imputado no comparecerá al proceso o no cumplirá la
sentencia’, no implica una vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, y más particularmente, del derecho a la presunción de inocencia, como
tampoco del derecho a la libertad” (f. 142 ib.).
VI. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL.
1.- Competencia.
En virtud de lo dispuesto
por el artículo 241.4 superior, la Corte es competente para decidir sobre las
demandas de inconstitucionalidad contra las leyes, tanto por vicios de
contenido material o de fondo, como por aquellos procedimentales suscitados en
su formación, siendo esta acción fruto de la acusación contra un segmento del
artículo 308 de la Ley 906 de 2004, por censuras correspondientes a la primera
clase de irregularidades referidas.
2.- Lo que se debate.
Corresponde a la Corte
Constitucional determinar si se desconoce la carta política al establecer como
uno de los presupuestos para la imposición de una medida de aseguramiento,
aquellos eventos en los cuales se pueda inferir razonablemente que el imputado
no cumplirá la sentencia.
Con todo, inicialmente esta
corporación debe analizar si la censura invocada en la demanda cumple con los
contenidos del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, ampliamente desarrollados
por la jurisprudencia constitucional, y constatado su cumplimiento, proceder al
respectivo análisis de fondo.
3. Aptitud sustantiva de
la demanda en el presente evento.
3.1.
El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991
establece los requisitos mínimos que razonablemente[1]
deben contener las demandas de constitucionalidad para su admisión y para que la
Corte pueda emitir así un fallo de fondo. Según lo allí indicado, es imperativo
señalar con claridad las normas que son censuradas como inconstitucionales, al
igual que la preceptiva superior que se tilda de infringida y explicar las
razones por las cuales se estima que presuntamente las primeras violan o
desconocen la segunda.
Otra
parte fundamental de los indicados requisitos es la formulación de cargos de
inconstitucionalidad contra las normas demandadas, esto es, la sustentación de
los distintos argumentos por los cuales el ciudadano demandante advierte que
aquéllas contrarían uno o más preceptos superiores. Al respecto, en atención a
lo cuestionado por uno de los intervinientes[2] y el Ministerio Público,
recuérdese que la jurisprudencia tiene establecido que las razones presentadas
para sustentar la inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas, deben ser
claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes[3].
La
adecuada presentación del concepto de violación permite a esta corporación
desarrollar su función de defensa de la carta política en debida forma, en
tanto delimita el campo en el cual se hará el respectivo análisis de
constitucionalidad, sin que ello implique una restricción de los derechos
políticos de los demandantes, pero sí el establecimiento de unos elementos que
informen adecuadamente a la Corte para poder proferir un pronunciamiento de
fondo, evitando un fallo inhibitorio[4].
Reitérese,
en cuanto al concepto de la violación, que la jurisprudencia ha sido constante[5]
en consignar que los argumentos de inconstitucionalidad que se prediquen de las
normas acusadas deben ser claros, esto es, que exista un hilo conductor
en la argumentación que permita comprender el contenido de la demanda y las
justificaciones que la sustentan; ciertos, en cuanto la demanda habrá de
recaer sobre una proposición jurídica real y existente; específicos, en
la medida que se precise la manera como la norma acusada vulnera un precepto o
preceptos de la Constitución, formulando al menos un cargo concreto; pertinentes,
ya que el reproche debe fundarse en la apreciación del contenido de una norma
superior que se explica y se enfrenta a la norma legal acusada, más no en su
aplicación práctica; y suficientes, por cuanto se debe exponer todos los
elementos de juicio necesarios para iniciar el estudio y que despierten duda
sobre la constitucionalidad de la disposición acusada.
Esta
carga mínima de argumentación que debe exponer el ciudadano, resulta
indispensable para adelantar el juicio de constitucionalidad, no obstante la
naturaleza pública e informal que caracteriza a la acción de inexequibilidad;
de no atenderse dicho presupuesto podría generarse un fallo inhibitorio por
ineptitud sustancial del escrito con el que se pretende incoar la acción, sin
que ello implique una restricción de los derechos políticos del demandante,
pero sí el establecimiento de unos elementos que informen adecuadamente a la
Corte, para poder proferir un pronunciamiento de fondo[6].
Sobre
este tema, ha expuesto la Corte que[7] “la suficiencia del
razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a
la presentación de argumentos que, aunque no logren prima facie convencer al
magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, sí despiertan una
duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera
que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de
constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un
pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”.
3.2. Con todo, la Corte ha
explicado que en aplicación del principio pro actione, la exigencia de los presupuestos para la presentación
de una demanda, (i) no debe tener tal rigorismo que haga nugatorio ese derecho
ciudadano, (ii) debiendo propender el tribunal constitucional hacia un fallo de
fondo y no uno inhibitorio; por ende, (iii) la duda debe resolverse a favor del
actor.
Al respecto, en el fallo
C-978 de diciembre 1° de 2010[8], M. P. Luis Ernesto
Vargas Silva, se indicó (no está en negrilla en el texto original): “No
obstante, también ha resaltado, con base en el principio de pro actione que el
examen de los requisitos adjetivos de la demanda de constitucionalidad no debe
ser sometido a un escrutinio excesivamente riguroso y que debe preferirse
una decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se
privilegie la efectividad de los derechos de participación ciudadana y de
acceso al recurso judicial efectivo ante la Corte[9]. Este principio tiene
en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es de carácter público, es
decir abierta a todos los ciudadanos, por lo que no exige acreditar la
condición de abogado[10];
en tal medida, ‘el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la
demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que
haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de
interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y
fallando de fondo.’[11]”
3.3. La demanda cumple los
requisitos formales y de fondo exigidos por el Decreto 2067 de 1991, y de
manera explícita, los presupuestos desarrollados por la jurisprudencia
constitucional, pues los planteamientos contra el segmento impugnado reúnen las
exigencias para provocar un estudio de constitucionalidad, al identificar el
texto acusado y esbozar los cargos, generando una duda razonable sobre su
exequibilidad, partiendo de la posible contradicción con el texto superior que
invoca.
El actor acusó
concretamente un segmento normativo y señaló en forma directa que desconoce la
Constitución, no sólo el artículo 29 (presunción de inocencia), sino también
con ello el 28 (derecho a la libertad) y el 250 numeral 1º (presupuestos para
las medidas de aseguramiento), al igual que algunos instrumentos
internacionales que garantizan esas garantías, pues en su sentir, el legislador
excedió los parámetros constitucionales para restringir un derecho como el de
la libertad, desconociendo con ello el principio y derecho fundamental a la
presunción de inocencia.
Por el contrario, hacer
mayores exigencias como se propone, implicaría incluso desconocer el principio
pro actione y los derechos de acceso a la administración de justicia y de
participación democrática.
Existiendo un cargo
debidamente formulado con relación al presunto desconocimiento de los artículos
28, 29 y 250.1 superiores, procede efectuar el análisis de fondo, sin que ello
implique que la solicitud de inexequibilidad invocada esté llamada a prosperar.
3.4. Corresponde a la Corte
establecer si el segmento demandado desborda los lineamientos fijados en la carta
política al ser modificado el artículo 250, mediante el Acto Legislativo 3 de 2002,
que señala los fines constitucionales para que sea procedente una medida de
aseguramiento, y con ello, desconocer derechos fundamentales como la libertad y
la presunción de inocencia o, por el contrario, si la medida impugnada se
ajusta a los parámetros superiores.
Aunque la demanda no fue
organizada en el orden metodológico expuesto, la Corte efectuará inicialmente
un recuento de la jurisprudencia relacionada con los presupuestos
constitucionales para que el legislador pueda establecer restricciones al
ejercicio de derechos fundamentales como la libertad. Una vez superada esa disertación,
confrontará tales exigencias con la normatividad impugnada para determinar si se
desconoce o no el texto superior.
4. El principio de
legalidad de la restricción de derechos fundamentales, en particular de la
libertad.
4.1. El cargo esgrimido en
la demanda contra la expresión “o que no cumplirá la sentencia”, contenida
en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, guarda inescindible relación con la restricción
de ciertos derechos con la imposición de medidas de aseguramiento,
principalmente de la libertad mediante detención preventiva (en establecimiento
de reclusión o en el lugar de residencia señalada por el imputado, art. 307
ib.), por ende, se analizarán genéricamente esos conceptos, para luego
adentrarse en la constitucionalidad o no de lo aquí demandando.
4.2. Esta corporación ha
tenido la oportunidad de analizar profusamente los presupuestos para que el
legislador pueda establecer restricciones a derechos fundamentales,
principalmente la libertad, como en el asunto ahora objeto de análisis, dentro
de la actuación penal. Por ello, resulta procedente referir in extenso,
entre otros fallos, el consignado en la sentencia C-1198 de diciembre 4 de 2008[12],
con ponencia de quien ahora cumple similar función[13].
En el referido fallo C-1198
de 2008 se explicó que el artículo 28 superior[14] consagra el derecho de
toda persona a la libertad[15], cuya excepción a ser
reducida a prisión, arresto o detención, se puede presentar sólo en ejercicio
de la reserva judicial[16] que allí se ha
establecido, para lo cual se requiere de un mandamiento escrito de autoridad
judicial competente, con las formalidades legales y por motivos previamente
definidos en la ley; por lo que no se trata entonces de una potestad absoluta[17].
Acorde con la doctrina, la
jurisprudencia de la Corte ha puntualizado que esa reserva judicial para la
referida limitación, guarda relación con el “principio de legalidad de la
privación preventiva de la libertad”, el cual deviene del “principio de
legalidad de la sanción penal”[18], de modo que las exigencias para la
aplicación de este último se hacen extensivas a aquéllas, aunque no se trate de
una definición por haber transgredido la normatividad penal, sino de una
prevención. Mientras se determina la responsabilidad, sin que ello constituya
la imposición de una sanción penal, habida cuenta que su naturaleza es
cautelar y con carácter meramente instrumental o procesal, mas no punitivo[19].
De ese modo, para que una
persona pueda ser preventivamente privada de la libertad se requiere que
existan motivos previamente establecidos en la ley, y que para la aplicación de
la misma medie el mandamiento de autoridad competente (judicial para el caso) y
el cumplimiento de los requisitos legales exigidos al efecto.
Así, se reconoce que la
detención preventiva de una persona tiene un carácter excepcional[20], como quiera que el numeral 3° del artículo
9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 consagra que
la “prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser
la regla general”, de modo que como se reiteró en la sentencia C-774 de
2001, ya referida, se hace necesario que el legislador colombiano señale los
motivos que lleven a esa clase de restricción, dentro del ordenamiento jurídico
interno.
Cabe recordar que en la
sentencia C-106 de 1994, a la cual se aludió con antelación, se indicó que la
privación de la libertad no puede estar siempre precedida de la culminación del
proceso, como quiera que comportaría la desnaturalización de su finalidad
preventiva. En aquella ocasión se estudio la constitucionalidad de la
detención preventiva y de las medidas de aseguramiento, principalmente de cara
al debido proceso y a la presunción de inocencia, donde se concluyó que dichas
figuras se avienen a la carta política “en cuanto tienen un carácter preventivo, no
sancionatorio”, máxime cuando uno de
sus fines es que la persona comparezca al proceso, o como allí fuera indicado “no
escape a la acción de la justicia”.
Al respecto, en la misma
providencia se expresó (no está en negrilla en el texto original):
“Las medidas de aseguramiento no requieren de
juicio previo. Ellas pueden aplicarse, a la luz de la Constitución, si se
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 28 de la Carta. Así, si media
orden escrita del juez competente, se han cumplido las formalidades que la ley
consagre al respecto y el motivo de la detención, conminación, prohibición de
salida del país o caución está nítidamente consagrado en norma legal
preexistente, tales medidas se ajustan al mandato constitucional y no
implican desconocimiento del debido proceso, aplicable en el caso de las penas.
Pretender que toda detención o medida de aseguramiento
deba estar forzosamente precedida de un proceso íntegro llevaría a desvirtuar
su carácter preventivo y haría en no pocas ocasiones completamente inoficiosa
la función judicial, pues la decisión correspondiente podría tropezar -casi con
certeza- con un resultado inútil en lo referente a la efectividad de la pena
que llegara a imponerse.”
Empero, como indicó esta
corporación en el fallo C-123 de 2004 citado y está fundamentado en la doctrina,
no es suficiente que los supuestos fácticos por los cuales el legislador
considera que una conducta delictiva da lugar a la imposición de una medida de
aseguramiento se encuentren establecidos en la ley, pues es imperativo además
que aquéllos sean claros, precisos y unívocos, esto es, “deben
excluir cualquier ambigüedad previsible y deben abstenerse de hacer
generalizaciones y abstracciones que pudieran minar la seguridad jurídica de
los asociados”. Pero, se aclara, la Corte además planteó que el poder
legislativo no puede abarcar la totalidad de los fenómenos o supuestos que son
regulados por el derecho penal, de modo que todo comportamiento quede subsumido
en la descripción contenida en la norma, evento en el cual, acorde con lo
expuesto, entre otros, por el tratadista alemán Claus Roxin, obtiene relevancia
el criterio judicial, donde el funcionario debe llevar a cabo y sustentar
apropiadamente la interpretación de la ley.
Así, vistos los
antecedentes jurisprudenciales y la forma como se han interpretado algunas de
las normas que regulan los presupuestos para restringir derechos y libertades
fundamentales mediante medidas de aseguramiento, en particular lo que respecta
a la privación preventiva de la libertad, se analizará la exequibilidad de la
expresión ahora demandada.
5. Análisis
jurisprudencial de los presupuestos y fines constitucionales y legales para la
imposición de medidas de aseguramiento en el proceso penal contenidas en la Ley
906 de 2004.
5.1. El artículo 250 de la
Constitución (modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 3º de 20102)[21]
que consagra las funciones de la Fiscalía General de la Nación, dentro del
numeral 1° especifica que al ente investigador[22] le corresponde solicitar
al juez de control de garantías la adopción de las medidas necesarias (privativas
de la libertad o de otros derechos y libertades) que aseguren la comparecencia
de los imputados al proceso, la conservación de los elementos materiales y
la evidencia física, al igual que la protección de la comunidad y especialmente
de las víctimas.
El artículo 307 de la Ley
906 de 2004 preceptúa cuáles son las medidas de aseguramiento, distinguiendo
entre las privativas de la libertad y las que restringen otros derechos y
libertades[23], siendo posible que el
juez imponga una o varias de esas medidas, conjunta o indistintamente, según el
caso, adoptando las precauciones necesarias para verificar  su cumplimiento.
Dentro de las medidas de
aseguramiento privativas de la libertad se encuentran: (i) la detención
preventiva en establecimiento de reclusión y (ii) la detención preventiva en la
residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice
el juzgamiento.
Las medidas de aseguramiento
que restringen otros derechos y libertades corresponden a la obligación de
someterse a (i) un mecanismo de vigilancia electrónica; (ii) la vigilancia de
una persona o institución determinada; (iii) presentarse periódicamente o
cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe; (iv)
observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de la
misma y su relación con el hecho. Igualmente, comprende prohibiciones como: (v)
salir del país, del lugar de residencia o del ámbito territorial que fije el
juez; (vi) concurrir a determinadas reuniones o lugares; (vii) comunicarse con
determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a
la defensa; y/o (viii) salir del lugar de habitación entre las 6:00 p.m. y las
6:00 a.m.. A su vez, el juez también puede ordenar que el indiciado o acusado
(ix) preste una caución real adecuada, por sí o por otra persona, mediante
depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de
bienes o la fianza de una o más personas idóneas, salvo que se trate de una “persona
de notoria insolvencia”.
5.2. En desarrollo del
mandato contenido en el artículo 250 superior, en el artículo 306 de la Ley 906
de 2004 (modificado por el artículo 57 de la Ley 1453 de 2011) se señala que la
solicitud de la imposición de una medida de aseguramiento elevada por la
Fiscalía debe reseñar la persona y el delito a los que se haga referencia y los
elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia.
Para el análisis de la
imposición o no de la medida, el juez respectivo deberá escuchar los argumentos
del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y la defensa.
Dicha norma puntualiza que la presencia del defensor constituye un requisito de
validez de la audiencia, garantizándose así plenamente el derecho de
contradicción del afectado.
5.3. Como se indicó con
antelación, en lo que atañe a las medidas de aseguramiento, específicamente
aquellas privativas de la libertad, se encuentra la detención preventiva, en
establecimiento de reclusión o en la residencia del imputado cuando no se
obstaculice el juzgamiento (art. 307 L. 906/04).
Para tal efecto, el
artículo 308 ibídem exige como presupuesto que de los elementos
materiales probatorios y de la evidencia física recogidos y asegurados o de la
información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado
puede ser autor o partícipe de la conducta, siempre y cuando se cumpla alguno
de los siguientes presupuestos: (i) que la medida se muestre como necesaria
para evitar la obstrucción al debido ejercicio de la justicia; (ii) que el
sujeto de la medida constituye peligro para la seguridad de la sociedad o de la
víctima; y, (iii) que resulte probable que el imputado no comparecerá al
proceso “o que no cumplirá la sentencia”.
Los presupuestos referidos
con antelación tienen su desarrollo en los artículos siguientes de la norma
procesal penal, para el caso que atrae el interés de la Corte, los
correspondientes al peligro para la comunidad (art. 310)[24],
para la víctima (art. 311) y la no comparecencia del imputado (art. 312)[25].
5.4. Para establecer si la
libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad,
el artículo 310 de la Ley 906 de 2004[26], inicialmente fue
modificado por el artículo 24 de la Ley 1142 de 2007, estableciendo que era “suficiente”
la gravedad y la modalidad de la conducta, dejando al arbitrio judicial, según
el caso, poder valorar adicionalmente las 4 circunstancias que originalmente contenía
la norma.
Al respecto, la Corte
Constitucional mediante el fallo C-1198 de 2008, ampliamente referido, entre
otras determinaciones resolvió declarar exequible la expresión “será
suficiente la gravedad y modalidad de la punible (sic). Sin embargo, de acuerdo
con el caso, el juez podrá valorar adicionalmente alguna de las siguientes
circunstancias”, contenida en el artículo 24 de la Ley 1142 de 2007, que modificó
el 310 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que para determinar el peligro
que el imputado representa para la comunidad, además de la gravedad y la
modalidad de la conducta punible, el juez debe valorar si se cumplen los fines
constitucionales de la detención preventiva señalados en los artículos 308 y
310 de la Ley 906 de 2004.
Empero, dicha norma fue
nuevamente modificada –claro resulta, conservándose la interpretación
consignada en el citado fallo C-1198 de 2008- ahora por el artículo 65 de la
Ley 1453 de 2011, cuyo texto actual preceptúa:
“Artículo 24.
Peligro para la comunidad. Para estimar si la libertad del imputado resulta
peligrosa para la seguridad de la comunidad será suficiente la gravedad y
modalidad de la conducta punible, además de los fines constitucionales de la
detención preventiva. Sin embargo, de acuerdo con el caso, el juez podrá
valorar adicionalmente alguna de las siguientes circunstancias:
1. La continuación
de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones
criminales.
2. El número de
delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.
3. [El hecho
de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento,]
o de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la
libertad, por delito doloso o preterintencional.
4. La existencia
de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional.
5. Cuando se
utilicen armas de fuego o armas blancas.
6. Cuando se
utilicen medios motorizados para la comisión de la conducta punible o para
perfeccionar su comisión, salvo en el caso de accidentes de tránsito.
7. Cuando el
punible sea por abuso sexual con menor de 14 años.
8. Cuando hagan
parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada.”
La expresión en corchetes [“El
hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento”]
del numeral 3º del artículo citado, fue declarada inexequible en el referido
fallo C-121 de 2012, ratificando que de “forma consistente, y como una
afirmación de la libertad y de la presunción de inocencia que ampara a la persona
sometida a proceso penal, la jurisprudencia de esta Corte[27]
ha destacado la importancia de que la decisión acerca de la imposición de una medida
de aseguramiento de detención preventiva tome en cuenta la necesidad e
idoneidad que ésta ofrezca para asegurar los fines constitucionales del
proceso, y que esté mediada por criterios de razonabilidad. Esta valoración
debe efectuarse en concreto, en relación con las características específicas
del proceso en el cual se examina la posibilidad de adoptar una medida de
aseguramiento, y no tomando en cuenta circunstancias que ya fueron objeto de
valoración a la luz de los fines específicos de otro proceso”.
5.5. A su vez, para
determinar el peligro para la víctima que eventualmente podría conllevar
la libertad del imputado, el artículo 311 de la Ley 906 de 2004 señala que tal
riesgo se presenta cuando existen motivos fundados que permitan inferir que
podrá atentar contra ella, su familia o sus bienes.
Efectuando un análisis
sistemático de las normas referidas, queda visto que para el legislador el
peligro está determinado en cuando se pueda atentar de nuevo contra otros
bienes jurídicos tutelados, de la víctima o de la comunidad.
5.6. Al modificarse el
artículo 312 de la Ley 906 de 2004 por el 25 de la Ley 1142 de 2007, se
remplazó la expresión “además”[28], por “en especial”[29],
estableciendo que al momento de determinarse la eventual no comparecencia del
imputado al proceso, se tendrá en cuenta la gravedad y modalidad de la conducta
y la pena a imponer, además de los factores originalmente contemplados: (i) falta
de arraigo, (ii) gravedad del daño causado y la actitud asumida por el agente
frente al mismo, y (iii) el comportamiento del imputado durante la actuación o
en otra anterior, de modo que se pueda inferir razonablemente su falta de
voluntad de sujetarse a la investigación, la persecución penal y el cumplimiento
de la pena.
La expresión “en
especial”, del artículo 312 de la Ley 906 de 2004 fue declarada inexequible
en el referido fallo C-1198 de 2008, pues la forma como se presentó la conducta punible o
su envergadura, no pueden ser los criterios especiales y únicos
para determinar si el imputado obstaculizará la acción estatal. Por el
contrario, en esa decisión se explicó que es necesario que se analicen “además” los criterios subsiguientes contenidos
en el artículo 312 ibídem, de modo que pueda determinarse la necesidad o
no de la medida de aseguramiento no sólo para garantizar su comparecencia, sino
el cumplimiento de la sentencia, todo bajo los criterios de necesidad y
razonabilidad que constituyen sus presupuestos, al igual que la interpretación
restrictiva que sobre las mismas se debe efectuar.
En dicho fallo se explicó
que en el proyecto presentado por el Gobierno y la Fiscalía, que se convertiría
en la Ley 1142 de 2007, se consignó que la detención preventiva, acorde con los
instrumentos internacionales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
debe ser excepcional, necesaria y racional, “no sólo sujeta a una base
probatoria mínima que indique la autoría o participación del imputado, sino
igualmente a la consecución de los fines del proceso, conforme con el artículo
308 de la Ley 906 de 2004”[30].
Con todo, a pesar de
la argumentación referida con precedencia, la Fiscalía, como promotora conjunta
con el Gobierno de las modificaciones a los criterios para determinar la
necesidad de la imposición de una medida de aseguramiento, expresó que resulta
correcto que la peligrosidad que representa el presunto responsable se fije con
un análisis conjunto de los presupuestos contenidos en el artículo 310 de la
Ley 906 de 2004, en aquel entonces aún no modificado por el artículo 65 de la
Ley 1453 de 2011, como se explicó.
Pese a lo anterior, la
Corte Constitucional en el fallo C-1198 de 2008 puntualizó que las
modificaciones allí censuradas de los artículos 24 y 25 de la Ley 1142 de 2007,
no se ajustaban a la jurisprudencia de esta corporación, aunque dentro del
trámite legislativo se asegurase lo contrario.
Al respecto, en la
sentencia C-1198 de 2008 se recordó que en fallo C-774 de 2001, aquí ya referido,
la Corte explicó que la facultad de configuración legislativa, en materia de la
aplicación de la detención preventiva, tiene como límites los criterios de
razonabilidad y proporcionalidad, además de los fines que aquélla persigue, no
sólo para evitar que se desoriente su carácter preventivo - no sancionatorio -,
de modo que esa medida no pueda convertirse en un mecanismo indiscriminado,
general y automático.
Bajo tales supuestos, en la
sentencia C-774 de 2001 se expresó que para la procedencia de tal medida “no
sólo es necesario que se cumplan los requisitos formales y sustanciales que el
ordenamiento impone, sino que requiere, además, y con ineludible alcance de
garantía, que quien haya de decretarla sustente su decisión en la consideración
de las finalidades constitucionalmente admisibles para la misma”.
Aunado a lo anterior, en el
referido pronunciamiento se puntualizó que para la completa determinación del
concepto de detención preventiva la carta política contiene elementos, que sin
excluir otros constitucionalmente admisibles, pueden configurar finalidades
válidas. Así, se indicó que al tenor del artículo 250 superior son admisibles
como propósitos, velar por la protección de las víctimas, los testigos e
intervinientes y de la comunidad en general, como quiera que el propio Estado
debe propender por la prevalencia del interés general y asegurar la convivencia
pacífica. En ese orden, se concretó que “no obstante, esta atribución debe
actuar en concordancia con el principio de la dignidad humana, y por lo tanto,
para no lesionar las garantías fundamentales del sindicado, el ejercicio de
esta atribución impone la necesidad de investigar lo favorable como
desfavorable al acusado”.
5.7. Acorde con todo lo
consignado, la Corte Constitucional reiteró en el fallo C-1198 de 2008 que toda
restricción de derechos o libertades fundamentales, dentro del marco normativo
que le es propio al legislador, debe atender siempre los criterios de necesidad
y proporcionalidad.
Así, en dicho fallo, la
Sala Plena señaló que la preceptiva del artículo 24 de la Ley 1142 de 2007,
según la cual para estimar si
la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad,
será suficiente la gravedad y modalidad de la conducta punible, pero que, de acuerdo
con el caso, el juez podrá valorar adicionalmente las demás circunstancias allí
contenidas, no atiende los criterios de necesidad y proporcionalidad de la
medida de aseguramiento.
Agregó que al establecer
como suficientes la gravedad y la modalidad de la conducta se desconocen esos
criterios y con ello el principio de libertad que cobija el proceso penal y el
de legalidad de la medida preventiva para su privación, pues se olvida que no
es suficiente ese criterio para determinar la procedencia o no del decreto de
la misma. Es imperativo que se consulte su necesidad, la cual no puede estar
determinada en esos dos criterios objetivos, máxime cuando en Colombia no
existe una política criminal clara que establezca cuáles son realmente las
conductas punibles graves.
En el mismo
fallo, se explicó que se desconoce que en ejercicio de la libertad de
configuración que posee el legislador para determinar los eventos en los cuales
es procedente privar de manera preventiva a una persona de su libertad, se ha
indicado que para la solicitud de la misma también se debe sustentar su
urgencia y que toda disposición contenida en el Código de Procedimiento Penal
que permita esa clase de privaciones deben ser interpretadas restrictivamente
(arts. 306 y 295 de la Ley 906 de 2004, respectivamente).
5.8. Efectuado el detallado
recuento, es notorio que acorde con el ordenamiento jurídico colombiano y la
jurisprudencia de la Corte, acompasados por diferentes instrumentos
internacionales que recalcan la dignidad humana y los derechos fundamentales
que son propios tanto para el imputado o acusado, como para las víctimas en el
proceso penal, es constitucionalmente válido que en esas actuaciones existan
restricciones a derechos y libertades fundamentales del procesado, en procura
de salvaguardar el interés general y la convivencia pacífica.
En ese orden, las medidas
de aseguramiento buscan una serie de fines de raigambre constitucional e
imperativo acatamiento, a saber, asegurar la comparecencia de los imputados al
proceso penal, conservar las pruebas y proteger tanto a la comunidad como a las
víctimas. Recuérdese que según la doctrina especializada, medidas preventivas
restrictivas de ciertos derechos y libertades fundamentales buscan garantizar
la coexistencia entre los asociados.
En síntesis, y acorde con
los múltiples pronunciamientos jurisprudenciales reseñados, las medidas de
aseguramiento tienen un carácter preventivo, mientras se determina la
responsabilidad del imputado o acusado. No constituyen por ende una sanción
como tal, como quiera que su naturaleza siempre será la de una actuación cautelar,
eminentemente excepcional, cuyo carácter es meramente instrumental o
procesal, más no punitivo, esto es, no debe estar precedida de la
culminación de un proceso, pues tal exigencia, como pretende hacer ver el aquí
demandante y algunos de los intervinientes desnaturalizaría su finalidad, se
insiste, preventiva.
6. La imposición de
medidas de aseguramiento con fundamento, entre otros aspectos, en el eventual
incumplimiento por parte del imputado o acusado de la sentencia condenatoria, atiende
parámetros de raigambre constitucional para restringir un derecho o una
libertad fundamental.
6.1. Para el demandante y
algunos de los intervinientes[31], establecer como
presupuesto para la imposición de una medida de aseguramiento, que el imputado
o acusado no “cumplirá la sentencia” (art. 308 L. 906 de 2004), desdibuja los fines constitucionales establecidos en el numeral 1º del artículo
250 de la carta política, y con ello los derechos fundamentales a la libertad
(art. 28) y a la presunción de inocencia (art. 29).
En contraposición con lo
anterior, superada la discusión sobre la idoneidad de la demanda, los demás
intervinientes[32] dentro de la presente
acción constitucional solicitan declarar la exequibilidad de esa disposición, argumentando
que se está cumpliendo un fin constitucional -asegurar la comparecencia del
imputado al proceso-; luego, la libertad no es derecho absoluto e ilimitado, pues
dentro de la libertad de configuración del legislador puede ser restringido
preventivamente, por excepción y bajo los rigurosos principios constitucionales
de necesidad, y razonabilidad.
De otro lado, dos de los
intervinientes plantean una exequibilidad condicionada, en el certero entendido
de que la medida de aseguramiento se imponga, en el supuesto objeto de
análisis, sólo si de los elementos materiales probatorios y de la evidencia
física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se puede
inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe de la conducta
delictiva que se investiga[33].
6.2. El debate entonces se centra en establecer si el legislador
excedió los parámetros establecidos en la Constitución (art. 250) para el
decreto de medidas de aseguramiento, permitiendo considerar como uno de los
supuestos un eventual incumplimiento del imputado de la condena a imponer,
desconociendo así dos derechos fundamentales, como son la presunción de
inocencia y la libertad, siendo necesario establecer si tal mecanismo resulta
legítimo y proporcionado al texto superior.
Para esto es procedente
realizar un test de proporcionalidad de las medidas cuestionadas, siguiendo
para ello los criterios y fases jurisprudencialmente establecidos en relación
con el tema.
6.3.
El test de proporcionalidad es un instrumento hermenéutico que permite
establecer si determinada medida resulta adecuada y necesaria para la finalidad
perseguida, sin que se sacrifiquen valores, principios o derechos de mayor
entidad constitucional para el caso concreto que se analiza.
El primer aspecto que debe
abordarse con ese propósito, es la finalidad de la medida, a efectos de
constatar si ella persigue un objetivo legítimo a la luz de la Constitución.
Como se ha señalado ampliamente,
uno de los presupuestos establecidos por la Constitución en el numeral 1º del
artículo 250 para determinar la necesidad de una medida de aseguramiento,
dentro del marco del sistema procesal penal adoptado por el Acto Legislativo 3
de 2002 y desarrollado por la Ley 906 de 2004, es procurar la comparecencia del
imputado al proceso, esto es, “que no escape a la acción de la justicia”,
como se indicó en fallo C-106 de 1994[34].
Acorde con la sentencia,
asegurar la comparecencia del imputado o acusado no hace referencia
exclusivamente a que esté presente durante las diferentes actuaciones
adelantadas durante la instrucción y el juzgamiento, sino también una vez se
haya proferido la respectiva sentencia, eventualmente condenatoria, para
garantizar que se cumpla la pena impuesta. En este sentido, el segmento acusado tiene una finalidad
constitucional legítima.
En efecto, en
la sentencia C-106 de 1994[35], acudiendo a
lo establecido en los artículos 28 y 29 superiores, al igual que frente a
diferentes instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad,
la Corte explicó que las medidas de aseguramiento, entre ellas las privativas
de la libertad, se ajustan a la Constitución, si son decretadas por el juez
competente, cumpliendo las formalidades contenidas en la ley y cuando los
motivos estén previamente establecidos en la misma.
Al respecto, resulta
pertinente consignar in extenso que en dicha providencia se explicó:
(está en negrilla y subrayado en el texto original):
“En cuanto se refiere a la detención, la Carta Política
distingue claramente entre ella y la pena. El artículo 28 alude a la primera y
exige, para que pueda llevarse a cabo, mandamiento escrito de autoridad
judicial competente, impartido y ejecutado con las formalidades legales y por
motivo previamente definido en la ley. A la segunda se refiere el artículo 29,
que plasma la presunción de inocencia a favor de toda persona, estatuyendo,
para que pueda imponerse una pena, el previo juzgamiento conforme a las leyes
preexistentes, ante juez o tribunal competente, con observancia de la plenitud
de las formas propias de cada juicio y con la integridad de las garantías que
configuran el debido proceso.
Así, una cosa es detener al individuo contra el cual existen
indicios graves acerca de que puede ser responsable penalmente, para que esté a
disposición de la administración de justicia mientras se adelanta el proceso en
su contra, y otra muy distinta que, cumplidos los trámites procesales y
celebrado el juicio con observancia de todas las garantías, reconocimiento y
práctica del derecho de defensa, se llegue por el juez a la convicción de que
en realidad existe esa
responsabilidad penal y de
que, por tanto, debe aplicarse
la sanción contemplada en la
ley. Es entonces cuando se desvirtúa la presunción de inocencia y se impone la
pena.
Es claro que tal presunción subsiste
respecto de quien apenas está detenido preventivamente o ha sido objeto de otra
medida de aseguramiento, ya que ninguna de ellas tiene por fin sancionar a la
persona por la comisión del delito. Mal podría ocurrir así pues en esa
hipótesis se estaría desconociendo de manera flagrante el debido proceso.
Las medidas de aseguramiento no requieren
de juicio previo. Ellas pueden aplicarse, a la luz de la Constitución, si se
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 28 de la Carta. Así, si media
orden escrita del juez competente, se han cumplido las formalidades que la ley
consagre al respecto y el motivo de la detención, conminación, prohibición de
salida del país o caución está nítidamente consagrado en norma legal
preexistente, tales medidas se ajustan al mandato constitucional y no implican
desconocimiento del debido proceso, aplicable en el caso de las penas.
Pretender que toda detención o medida de
aseguramiento deba estar forzosamente precedida de un proceso íntegro llevaría
a desvirtuar su carácter preventivo y haría en no pocas ocasiones completamente
inoficiosa la función judicial, pues la decisión correspondiente podría
tropezar -casi con certeza- con un resultado inútil en lo referente a la
efectividad de la pena que llegara a imponerse.
Debe resaltarse que la norma
constitucional del artículo 28 y las legales que desarrollan el instituto de
las medidas de aseguramiento no implican posibilidad de abuso de la autoridad
judicial competente, pues ésta, al tenor de la Carta, debe estar fundada en
motivos previamente definidos en la ley. Tales motivos, según las normas
acusadas, son los indicios graves de responsabilidad que existan en contra del
sindicado.
Claro está, tratándose del derecho
fundamental de la libertad, aplicando el artículo 94 de la Constitución
Política, el alcance de su garantía constitucional debe interpretarse a la luz
de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia, los cuales conciben la detención preventiva como una excepción, es
decir como un instrumento al cual únicamente puede apelarse en los casos
previstos por la ley y dentro de sus rigurosos límites, sin perjuicio de las
garantías que aseguren la comparecencia del sindicado al pertinente juicio y su
disponibilidad para la ejecución del fallo…”
Se acepta entonces que el
objetivo de esta prevención es contribuir no sólo al cumplimiento de la
sentencia condenatoria, como materialización del ejercicio del ius puniendi estatal,
sino también a garantizar la justicia, como derecho que le es propio tanto a
las víctimas de las conductas objeto de sanción penal, como a la sociedad en
general, interesada en conservar el orden y la convivencia, mediante la
materialización de los fines perseguidos por la pena.
6.4. El siguiente paso del
test de proporcionalidad indaga por la idoneidad de la medida para alcanzar
el objetivo propuesto. Este es uno de los pocos casos en que, por
excepción, le es permitido al juez constitucional adentrarse en el estudio de
los efectos previsibles de la aplicación de la norma acusada.
El legislador procura que la
imposición de una medida de aseguramiento garantice el cumplimiento efectivo de
la sentencia, cuando se pueda inferir razonablemente que el imputado, además de
ser autor o partícipe de la conducta investigada pueda, entre otros supuestos
(art. 308 L. 906/04), tratar de eludir su cumplimiento efectivo.
Se busca entonces prevenir
que el imputado evada no sólo la obligatoria comparecencia al proceso, sino que
una vez culminado, en caso de ser declarado culpable, impida materializar la
condena impuesta por el juez, de modo que no solo para el individuo que ha sido
procesado se cumplan los fines de la pena (prevención especial), sino que se proyecte
la prevención general, disuadiendo a futuros infractores en potencia.
Así, el medio común que
históricamente ha empleado el legislador preventivamente para garantizar el
cumplimiento de las sentencias, son las medidas de aseguramiento, consistentes
en restringir ciertos derechos del imputado o acusado, procurando evitar la
impunidad y la revictimización.
En efecto, la Corte ha
indicado que las medidas de aseguramiento, como cautelares que son, buscan
asegurar “el cumplimiento cabal de las decisiones adoptadas en el proceso,
garantizar la presencia de los sujetos procesales y afianzar la tranquilidad
jurídica y social en la comunidad, bajo la premisa por virtud de la cual, de no
proceder a su realización, su propósito puede resultar afectado por la demora
en la decisión judicial”[36].
6.5. Esta corporación constata también que la
medida impugnada resulta proporcional en stricto sensu, como
quiera que no tiene la entidad para anular por sí misma la presunción de
inocencia ni la libertad de locomoción reconocidas en la Constitución y en los
diferentes instrumentos internacionales ya reseñados, pues además de que se
trata de derechos que no tienen un carácter absoluto, su restricción atiende el
imperativo deseo de conservar las condiciones para garantizar la efectividad
del proceso penal, adoptando medidas de reacción rápidas y urgentes, para
precaver que los responsables de comportamientos desviados no cumplan la
sanción.
El argumento central de la
demanda y de los intervinientes que invocan la inexequibilidad de la expresión atacada,
apunta a que desconoce el derecho fundamental a la presunción de inocencia,
habida cuenta que permite al juez de control de garantías, sin el estado de
conocimiento idóneo y más allá de toda duda, considerar que el imputado o
acusado será condenado y no cumplirá la pena. Tal censura no está llamada a
prosperar, pues la medida de aseguramiento, al devenir indispensable, compensa
el detrimento contra la presunción de inocencia y no riñe con la presunción de
inocencia[37] y otros derechos,
siempre que esté rigurosamente motivada y sea inexorable prevención, ajena a cualquier
carácter legal sancionatorio[38].
Esta Corte ha explicado que tanto
la presunción de inocencia como el derecho a la libertad pueden ser muy
excepcionalmente restringidos, dentro de la actuación penal, bajo los estrictos
parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico y dentro de los principios
constitucionales de necesidad y razonabilidad, siempre y cuando haya justa
proporción entre lo que se sacrifica en el nivel de disfrute de derechos
fundamentales y lo que se obtiene en la preservación de los deberes sociales
del Estado (art. 2º Const.).
Tratándose de la presunción
de inocencia, en fallo C-121 de 2012 se recordó que puede ser restringida
siempre que resulte razonable. Al respecto, en esa decisión se consignó (no
está en negrilla en el texto original):
“Ha indicado la jurisprudencia
internacional que se presenta una presunción de culpabilidad cuando se
restringe el derecho a la libertad personal ‘más allá de los parámetros
establecidos por la ley y los márgenes de razonabilidad con la excusa de
preservar la presunta eficacia de la investigación’. Tal proceder implica un
favorecimiento ‘a la presunción de que las personas que se encuentran detenidas
como resultado de esa investigación, son culpables’.”
Similar restricción se
presenta frente a la libertad. En el fallo C-106 de 1994, referente a la medida
de aseguramiento de detención preventiva, se explicó que si bien restringe el
derecho a libertad personal, tal “limitación se justifica en aras de la
persecución y la prevención del delito confiadas a la autoridad y garantiza el
juzgamiento y penalización de las conductas tipificadas en la ley, entre otras
cosas para asegurar la comparecencia del acusado al proceso”.
6.6. En síntesis, la Corte
encuentra proporcional que el legislador haya establecido como uno de los parámetros
para garantizar el cumplimiento de las sentencias, en aras de materializar el
derecho a la justicia (de las víctimas y de la sociedad), permitir la
imposición de medidas de aseguramiento cuando razonablemente se pueda inferir
que el presunto responsable no cumplirá la sentencia, pues se trata de una
medida excepcional, de carácter eminentemente preventivo, más no sancionatorio.
Con todo, como quiera que las
medidas de aseguramiento implican la restricción de derechos o libertades
fundamentales, resulta necesario reiterar[39] que en un
Estado social de derecho, principalmente cuando de la libertad individual se
trate, no pueden convertirse en un mecanismo indiscriminado, general y
automático, sino estrictamente excepcional, habida cuenta que la Constitución promueve
la efectividad de los derechos y libertades de los personas, garantiza la
vigencia de los principios constitucionales y asegura el respeto a la dignidad
humana.
7. CONCLUSIÓN.
7.1. No le asiste razón al
demandante ni a los intervinientes que consideran que la preceptiva demandada
excede los fines constitucionales de la medida de aseguramiento, derivados del
artículo 250.1 superior, pues sin dificultad se constata que imponerla, cuando
se infiera razonablemente que el imputado o acusado no cumplirá la sentencia
(art. 308 L. 906/04), tiene como fin constitucional legítimo garantizar su comparecencia
al proceso y al cumplimiento de la eventual sentencia condenatoria que se
llegare a proferir.
Por el contrario, eliminar
la posibilidad de adoptar una medida preventiva como la analizada, exigiendo la
previa culminación íntegra del proceso, desnaturalizaría su carácter preventivo
y podría tornar inoficiosa la función judicial, impidiendo la efectividad de la
pena, en aquellos eventos en los cuales el procesado se aparte del cumplimiento
de la misma, generando con ello no solo impunidad, sino descontento social, que
conllevaría el horrendo riesgo de que, ante la inoperancia de la justicia
estatal, alguien pretendiese ejecutarla por sí mismo.
7.2.
De otro lado, la Sala Plena no encuentra que el condicionamiento invocado por
uno de los intervinientes esté llamado a prosperar, como quiera que realizando
una lectura sistemática y completa de los artículos 306, 308 y 312 de la Ley
906 de 2004, es claro que la solicitud y decreto de una medida de
aseguramiento, en este caso invocando que el imputado o acusado no cumplirá la
sentencia, debe estar acompañada de (i) los elementos de conocimiento necesario
para sustentar la medida y su urgencia; (ii) el juez de control de garantías
escuchará para tal efecto los argumentos de la Fiscalía, el Ministerio Público,
la víctima o su apoderado y la defensa (art. 306); (iii) debiendo analizarse
por parte de dicho juez si de la evidencia física y los elementos materiales
probatorios recogidos y custodiados se pueda inferir razonablemente, no solo
que el imputado es autor o partícipe de la conducta, sino que se cumpla alguno
o algunos de los presupuestos del artículo 308[40], para lo cual, seriamente
deberá considerar los supuestos del artículo 312 para establecer atinadamente
el riesgo de su no comparecencia.
Así,
el juez de control de garantías, quien siempre tendrá que desplegar un
cuidadoso y certero análisis, bajo el criterio de que la libertad es la regla
general y la medida de aseguramiento tiene que ser sometida a un riguroso
examen de procedencia, como excepción que es, deberá tener en cuenta, acorde
con el artículo 312 de la Ley 906 de 2004 (modificado por el artículo 25 de la
Ley 1142 de 2007), que el imputado no cumpliría la sentencia, atendiendo además
de lo hasta aquí reseñado, la gravedad y modalidad de la conducta, la pena
imponible, la falta de arraigo, la gravedad del daño causado, la actitud
asumida ante lo perpetrado y su comportamiento durante el procedimiento o en
otro anterior, de donde pueda colegirse fundadamente su falta de voluntad para someterse
a la investigación, al procesamiento penal y al cumplimiento de la pena, si
fuere impuesta.
Por todo lo expuesto, se
declarará la exequibilidad de la expresión “o que no cumplirá la sentencia”,
contenida en la parte final del numeral 3º del artículo 308 de la Ley 906 de
2004, por el cargo analizado frente al presunto desconocimiento de los
artículos 28, 29 y 250 numeral 1º superiores.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
DECLARAR EXEQUIBLE la expresión “o que no cumplirá la sentencia”, contenida
en la parte final del numeral 3º del artículo 308 de la Ley 906 de 2004, por el
cargo analizado frente al presunto desconocimiento de los artículos 28, 29 y
250 numeral 1º superiores.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese y archívese el expediente. Cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA     MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrada                                                    Magistrado
Impedimento aceptado
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ  GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA           JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado                                                  Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS                    LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado                                              Magistrado
Ausente con excusa
MARÍA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] C-131 de abril 1° de 1993, M. P. Alejandro Martínez Caballero, entre otros.
[2] Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia.
[3] Ver, entre otros, auto 288 y fallo C-1052 de 2001, ambos de octubre 4,
con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa.
[4] C-1052 de 2001, previamente citada.
[5] Ver, entre otros, auto 288 de octubre 4 de 2001 y sentencias C-1052 de
octubre 4 de 2001 y C-568 de junio 28 de 2004, todas esos fallos con ponencia
del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, y C-980 de septiembre 26 de 2005, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[6] Sentencias C-1052 de 2001 y C-980 de 2005, ya citadas.
[7] C-1052 de 2001 previamente citada.
[8] Reiterada en los fallos C-533 de julio 11 y C-589 de julio 25 de 2012,
y más recientemente en el C-511 de julio 31 de 2013, todos con ponencia del Magistrado
Nilson Pinilla Pinilla, entre otros.
[9] “Corte Constitucional, sentencia C-012 de 2010.”
[10] “Corte Constitucional, sentencia C-814 de 2009.”
[11] “Corte Constitucional, sentencia C-480 de 2003.”
[12] En el fallo C-1198 de 2008, la Corte Constitucional abordó, entre otros temas, algunos de los presupuestos y fines
constitucionales establecidos para determinar la necesidad de imponer medidas
de aseguramiento. En esa ocasión, el demandante censuró que el artículo 30 de la Ley 1142 de 2007 establece que no habrá lugar a levantar la medida de aseguramiento de
privación de la libertad, cuando la audiencia del juicio oral no se hubiere
podido iniciar por causa justa o razonable. La Sala Plena declaró inexequible el adjetivo “justa”, en el entendido de que dicha
expresión no permitía una compresión clara, precisa y unívoca, y al contrario
su indeterminación y ambigüedad, vulneraba la garantía de la libertad personal.
Igualmente, el referido fallo, entre otras determinaciones, condicionó la
exequibilidad de la expresión “causa razonable”, en el entendido de que:
“a) la justificación de la causa razonable debe fundarse en hechos externos
y objetivos constitutivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración
de justicia y b) en todo caso, la audiencia se iniciará cuando haya
desaparecido dicha causa y a más tardar en un plazo no superior a la mitad del
término establecido por el legislador en el numeral 5° del artículo 317 de la Ley 906 de 2004”.
[13] La sentencia C-1198 de 2008 a la que se hará referencia ampliamente, ha sido reseñada, entre muchos otros, en los fallos C-114 de marzo 3 de 2010, M. P. Juan Carlos Henao Pérez (donde se analizó la constitucionalidad de los artículos 17
parcial, 112, 357, 245, 362, 397, 415, 438, 450 y 454 de la Ley 906 de 2004); C-398 de mayo 18 de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y C-121 de
febrero 22 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, donde entre otras
determinaciones se declaró inexequible la expresión “estar acusado o de
encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento, o de”, contenida en el
numeral 3º del artículo 65 de la Ley 1453 de 2011, que modificó el artículo 310
de la Ley 906 de 2004.
[14] “Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su
persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su
domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad
judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente
definido en la ley.”
La persona
detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro
de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión
correspondiente en el término que establezca la ley.
En ningún
caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas
de seguridad imprescriptibles.”
[15] Norma que guarda concordancia con diferentes instrumentos
internacionales que no sólo lo contemplan, sino que avalan eventuales formas de
restringirla, entre otras, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (arts. 1°, 3°, 4°, 9° y 13), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 (arts. I y XXV), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de 1966, (arts. 8°, 9°, 10 y 11), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1978 (arts. 6° y 7°).
[16] Cfr. T-490 de agosto 13 de 1992, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[17] Cfr. C-327 de de julio 10 de 1997, M. P. Fabio Morón Díaz.
[18] Cfr. C-123 de febrero 17 de 2004, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[19] Cfr. C-318 de abril 9 de 2008, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[20] Ver, entre otras, las sentencias C-106 de marzo 10 de 1994, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, C-327 de 1997 ya citada, C-425 de septiembre 4 de 1997, M. P. Fabio Morón Díaz, C-774 de julio 25 de 2001, M. P. Rodrigo Escobar y C-318 de 2008,
previamente citada.
[21] Originalmente el artículo 250 de la Constitución de 1991 preceptuaba que correpondía “a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los
delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales
competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal efecto la Fiscalía General de la Nación deberá (no está en negrilla en el texto original):
1. Asegurar la
comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las
medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las necesarias
para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los
perjuicios ocasionados por el delito.
2. Calificar y declarar
precluidas las investigaciones realizadas.
3. Dirigir y coordinar
las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.
4. Velar por la
protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso.
5. Cumplir las demás
funciones que establezca la ley.
El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.
La Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable como lo
desfavorable al imputado, y a respetar sus derechos fundamentales y las
garantías procesales que le asisten.”
[22] Acorde con el actual artículo 306 de la Ley 906 de 2004 y la jurisprudencia (C-209 de marzo 21 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, donde se analizó la exequibilidad del texto original de
dicho artículo), la víctima o su apoderado también pueden acudir directamente
al juez de control de garantías para solicitar la imposición de una medida de
aseguramiento, cuando ésta no sea pedida por la Fiscalía General de la Nación.
[23] A diferencia de la Ley 906 de 2004, la Ley 600 de 2000 únicamente contempla la detención preventiva como medida de aseguramiento
para los imputables (art. 356), la cual procede para “garantizar la
comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de
la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o
las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos
probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad
probatoria” (art. 355, no está en negrilla en el texto original). Al
respecto, cabe recordar que la Corte Constitucional declaró exequible el citado artículo 355 de la Ley 600 de 2000, mediante fallo C-774 de Julio 25 de 2001, M. P. Rodrigo Escobar, puntualizando que la
detención preventiva tiene un carácter preventivo y excepcional, que no puede
convertirse en un mecanismo de privación de la libertad indiscriminado.
[24] Modificado por el artículo 65 de la Ley 1453 de 2011
[25] Modificado por el artículo 25 de la Ley 1142 de 2007.
[26] El artículo 310 original de la Ley 906 de 2004, consagraba que “además” de la gravedad del hecho y la pena imponible, debían
tenerse en cuenta: 1) la continuación de la actividad delictiva o su probable
vinculación con organizaciones criminales; 2) el número de delitos imputados y
su naturaleza; 3) el hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna
medida de aseguramiento, o de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la
pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional; y, 4) la
existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o culposo. El
texto señalaba:
“Peligro para la comunidad.
Para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de
la comunidad, será suficiente la gravedad y modalidad de la punible (sic). Sin
embargo, de acuerdo con el caso, el juez podrá valorar adicionalmente alguna de
las siguientes circunstancias:
1. La continuación de la
actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales.
2. El número de delitos
que se le imputan y la naturaleza de los mismos.
3. El hecho de estar
acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento, o de estar
disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por
delito doloso o preterintencional.
4. La existencia de
sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional.”
[27] “Sentencias C-1198 de 2008: C-774 de 2001; C-634 de 200 (sic)
y C-549 de 1997.”
[28] Inicialmente, el artículo 312 de la Ley 906 de 2004, preceptuaba: “No comparecencia. Para decidir acerca de la eventual no comparecencia
del imputado, se tundra en cuenta, [en especial] además de la modalidad
y gravedad del hecho y de la pena imponible se tendrá en cuenta:
1. La falta de arraigo
en la comunidad, determinado por el domicilio, asiento de la familia, de sus
negocios o trabajo y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente
el país o permanecer oculto.
2. La gravedad del daño
causado y la actitud que el imputado asuma frente a este.
3. El comportamiento del
imputado durante el procedimiento o en otro anterior, del que se pueda inferir
razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la
persecución penal y al cumplimiento de la pena.”
[29] El nuevo texto es el siguiente: El nuevo texto es el siguiente: “Para
decidir acerca de la eventual no comparecencia del imputado, se tendrá en
cuenta, [en especial], la gravedad y modalidad de la conducta y la pena
imponible, además de los siguientes factores:
1. La
falta de arraigo en la comunidad, determinado por el domicilio, asiento de la
familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga para abandonar
definitivamente el país o permanecer oculto.
2. La
gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a este.
3. El
comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, del
que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la
investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la pena.”
[30] Cfr., Gaceta del Congreso N° 250 de julio 26 de 2006, pág. 27.
[31] Así lo plantean las intervenciones de las Facultades de Derecho
en Bogotá de las Universidades Santo Tomás y Sergio Arboleda.
[32] Abogan por la constitucionalidad de la norma el Presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Seccional de Armenia de la Universidad La Gran Colombia, el Ministerio de Justiticia y del Derecho y el Procurador
General de la Nación, subsidiariamente en su concepto.
[33] Así lo plantean el Cordinador del Observatorio de Intervención
Ciudadana Constitucional y un docente del Área Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá.
[34] En aquella oportunidad, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 388 del Decreto 2700 de 1991 (“Por el
cual se expiden las normas de procedimiento Penal”, vigentes en aquella
época), que establecía los “requisitos sustanciales” para las medidas de
aseguramiento.
[35] Reiterada entre muchas otras, por la sentencia C-774 de 2001,
ya referida.
[36] C-774 de Julio 25 de 2001, ya reseñada.
[37] C-121 de 2012: “33. En conclusión, el principio de
presunción de inocencia está consagrado en el constitucionalismo colombiano
como un derecho fundamental con arraigo expreso en la Constitución y el derecho internacional, del que se derivan importantes garantías para la
persona sometida a proceso penal, como son: (i) Nadie puede considerarse
culpable, a menos que se haya demostrado la responsabilidad mediante proceso
legal, fuera de toda duda razonable, (ii) La carga de la prueba acerca de la
responsabilidad recae sobre la acusación;  (iii) El trato a las personas bajo
investigación por un delito, debe ser acorde con este principio. La formulación del artículo 248 de la Constitución, según la cual únicamente constituyen antecedentes penales las condenas
impuestas en sentencias judiciales, en forma definitiva, configura un
desarrollo de la garantía constitucional de presunción de inocencia.”
[38] C-106 de 1994, ya referida.
[39] Esta corporación ha puntualizado que una medida de aseguramiento,
principalmente cuando de restricción del derecho a la libertad se trate, no
puede convertirse en una regla general que se aplique indiscriminadamente. Ver
entre otros, los fallos C-106 de 1994, C-774 de 2001 y C-1198 de 2008, ya
referidos.
[40] 1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para
evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.
2. Que el
imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la
víctima.
3. Que
resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la
sentencia.