T-714-15
REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTA DE
RELATORIA: Mediante auto 089 de fecha 29 de febrero de 2016, el cual
se anexa en la parte final de la presente providencia,  se corrige el
numeral segundo de la parte resolutiva de la misma, en el sentido de indicar
que el fallo proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
dentro del proceso ordinario promovido por actor contra el extinto ISS y otros,
es del año 2007 y no del 2011, como erróneamente se indicó.
Sentencia T-714/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
excepcional
Esta Corporación ha sostenido que de manera
excepcional, procede la acción de tutela contra sentencias y providencias
proferidas por los jueces de la República, en virtud de lo establecido en el
artículo 86 Superior que consagró expresamente que se puede acceder a este
mecanismo para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
El defecto sustantivo se origina cuando la providencia cuestionada se basa en una disposición
inaplicable para el caso, bien porque perdió vigencia, porque es
inconstitucional, o porque no guarda conexidad material con los supuestos de
hecho que originaron la controversia. De acuerdo con ello, cuando los jueces
ignoran las normas especiales aplicables a los casos concretos, sus decisiones son
susceptibles de ser excepcionalmente atacadas en sede de tutela, pues
constituyen una violación al debido proceso.
DEFECTO
MATERIAL O SUSTANTIVO-Configuración
El defecto sustantivo
se presenta, entre otras hipótesis, (i) cuando la decisión cuestionada se funda
en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, (ii) cuando la
decisión se fundamenta en normasinexistentes o inconstitucionales, (iii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o
aplicación que se hace de la norma en el caso concreto desconoce sentencias con
efectos erga omnes que han definido su alcance, es contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), (iv) cuando la
interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones
aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación
sistemática, (v) cuando la norma aplicable al caso concreto es desatendida y
por ende inaplicada o (v) cuando a pesar de que la norma en cuestión está
vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se
aplicó.
DEFECTO SUSTANTIVO POR INTERPRETACION ERRONEA O
IRRAZONABLE DE LA NORMA-Hipótesis en las cuales puede incurrir la
autoridad judicial
La Sala Novena de Revisión en la sentencia
T-1093 de 2012 concluyó dos
hipótesis en las cuales se configura el defecto sustantivo por interpretación
irrazonable: “(i) cuando
le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que ésta no tiene
(contraevidente), es decir, deriva interpretativamente una norma jurídica que
no se desprende del marco normativo que ofrece la disposición aplicable al caso,
vulnerando de esta manera el principio de legalidad. En otras palabras, se
trata de una hipótesis en la cual se arriba a una norma jurídica cuya
adscripción a la disposición de la que se pretende su derivación no es posible por contrariar los principios básicos de la lógica y
las reglas de la experiencia o, (ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una
interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de las
varias opciones que ofrece, pero que en realidad (ii.1) contraviene postulados
de rango constitucional o (ii.2) conduce a resultados desproporcionados”.
DEFECTO SUSTANTIVO POR INTERPRETACION ERRONEA O IRRAZONABLE DE LA NORMA-Corresponde a la parte actora la carga de
explicar la existencia de tal arbitrariedad
Cuando se trata de una
tutela contra decisiones judiciales y salvo casos de evidente arbitrariedad, la
parte actora tiene la carga de demostrar que la interpretación del juez es
abiertamente irrazonable o arbitraria. En este sentido, se exige de quien presenta
la tutela contra una decisión judicial una mayor diligencia pues el acto que
impugna es nada menos que una decisión de un juez que ha estado sometida a
todas las garantías constitucionales y legales existentes.
POSIBILIDAD DE COMPUTAR TIEMPO DE SERVICIO PRESTADO CON
EMPLEADORES PARTICULARES QUE ANTES DE LA LEY 100 DE 1993 TENIAN A SU CARGO
RECONOCIMIENTO DE PENSION DE VEJEZ-Desarrollo normativo y jurisprudencial
AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES DE LOS TRABAJADORES
DEL SECTOR PRIVADO CON ANTERIORIDAD Y POSTERIORIDAD A LA LEY 100 DE 1993
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-Afiliación
de los trabajadores de la industria del petróleo con anterioridad y
posterioridad a la Ley 100 de 1993
COMPUTO DE SEMANAS COTIZADAS PARA EFECTOS DE
RECONOCIMIENTO DE PENSION DE VEJEZ RESPECTO DE TRABAJADORES QUE ESTUVIERON
VINCULADOS CON EMPLEADORES PRIVADOS ANTES DE LA LEY 100 DE 1993
PENSION DE VEJEZ-Aprovisionamientos
de capital para riesgos de vejez antes de Ley 100/93
DERECHOS ADQUIRIDOS EN MATERIA PENSIONAL-Protección constitucional de tiempo de servicio y semanas cotizadas para
acumulación de tiempo de servicios del sector privado y público
ACUMULACION DE TIEMPOS DE SERVICIOS PRESTADOS TANTO EN EL SECTOR PRIVADO
COMO EN EL SECTOR PUBLICO EN CONTRATO LABORAL VIGENTE Y COSA JUZGADA RELATIVA-Deber del juez de aplicar excepción de
inconstitucionalidad sobre requisito de vigencia del contrato laboral al entrar
en vigencia ley 100/93
DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL-Orden a Colpensiones efectuar cálculo actuarial
correspondiente a los aportes para efectos pensionales, que debe trasladar
Chevron Petroleum Company respecto del accionante
DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL-Orden a Colpensiones efectuar nuevo estudio de la
solicitud de reconocimiento de pensión de vejez del accionante
DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL-Orden a Chevron Petroleum Company efectuar
aportes a Colpensiones luego de que se haya notificado el cálculo actuarial
elaborado por dicha entidad
Referencia: expediente T-4994581
Acción de tutela instaurada por Omar Ceballos Cáceres contra
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quindío, el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Armenia, el Instituto de Seguros Sociales hoy
Colpensiones y la empresa Chevron Pretoleum Company.
Magistrado
Ponente:
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, DC., veintitrés (23) de noviembre de dos mil quince
(2015)
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por las magistradas María Victoria Calle Correa y Myriam Ávila Roldán
(E) y por el Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión del fallo proferido el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Armenia.
I.
ANTECEDENTES
1.
Hechos
1.1. Afirmó el demandante que trabajó en la
empresa Chevron Petroleum Company, entre el 20 de abril de 1964 y el 1 de
noviembre de 1970, sin que esta compañía efectuara cotizaciones para la pensión
de vejez respecto de dicho periodo.
1.2. El 15 de mayo de 2001, el señor Ceballos Cáceres solicitó
al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento de la pensión de vejez. Sin
embargo, mediante la resolución No.0974 del 21 de agosto de 2001, esta entidad
negó la prestación solicitada por el actor, al considerar que no cumplía con el
requisito de semanas cotizadas, establecido en el Acuerdo 049 de 1990.
1.3.
En desacuerdo con lo anterior, el accionante interpuso los recursos de reposición
y en subsidio de apelación. Estimó, que en el estudio del cumplimiento de los
requisitos pensionales, el ISS debe considerar las semanas laboradas y no
cotizadas por la empresa Chevron Pretoleum Company, en el marco de lo dispuesto
en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
1.4. Mediante las resoluciones No 1129 del 19
de septiembre de 2001 y No 114 del 15 de enero de 2002, el Instituto de Seguros
Sociales, confirmó lo decidido en la resolución No 0974 del 21 de agosto de
2001. Ello, en consideración a que no era posible computar los tiempos
laborados por el solicitante en la empresa Chevron Pretoleum Company con las semanas
cotizadas al ISS, porque que dicha relación laboral no estaba vigente para la
fecha en la que entró en vigor la Ley 100 de 1993 - 23 de diciembre de 1993-, requisito
necesario para la convalidación de ese tiempo, de conformidad con lo
establecido en el literal c del parágrafo 1º del artículo 33 de la misma disposición.
Trámite de la demanda ordinaria laboral
1.5. Por causa de lo anterior, el señor
Omar Ceballos Cáceres formuló demanda
ordinaria laboral contra el Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, con
el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez. Para tal
efecto, solicitó al juez laboral que ordenara a esa entidad incluir dentro del
cómputo de semanas cotizadas, el tiempo que laboró con la empresa Chevron Petroleum
Company entre el 20 de abril de 1964 y el 1 de noviembre de 1970.
1.6. La demanda correspondió por reparto al
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia. Este despacho judicial, mediante
auto del 11 de octubre de 2004, vinculó al trámite judicial a la empresa Chevron
Petroleum Company como litisconsorcio necesario, atendiendo una solicitud del mismo
demandante y del ISS.
1.7. Mediante sentencia proferida el 25 de
noviembre de 2005, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia negó el
reconocimiento del derecho pensional solicitado por el demandante, bajo el
argumento de que aquél no había cumplido con las semanas exigidas para acceder
a la pensión de vejez.
1.8. En esta oportunidad, el Juzgado aceptó
el argumento expuesto por las entidades demandadas en el sentido de que el caso
bajo estudio no cumplía con las exigencias establecidas en el literal c del artículo
33 de la Ley 100 de 1993 según el cual, para incluir en el cómputo de semanas
cotizadas el periodo laborado con empleadores que antes de entrar en vigencia
dicha norma tenían a su cargo el reconocimiento de la pensión de vejez, es
necesario acreditar que cuando comenzó a regir esta norma -23 de diciembre de
1993- la relación laboral estaba vigente. Situación, que para el juez laboral, no
cumplió el señor Ceballos Cáceres, ya que la desvinculación de la empresa demandada
se produjo el 1 de noviembre de 1970.
1.9. Inconforme con la decisión adoptada
por el Juzgado de primera instancia el actor la apeló. Adujo, que la obligación
por parte de las empresas del sector petrolero de efectuar la afiliación de sus
trabajadores al ISS, surgió a partir de la expedición del Acuerdo 257 de 1967
expedido por el Consejo Directivo del ISS que fue aprobado por el Decreto 1993 de 1967, en el que se ordenó a
todos los empleadores efectuar la inscripción de sus trabajadores al Seguro
Social Obligatorio, sin que se hubiera señalado un término. Esto, a su juicio implica
que dicha inscripción debió realizarse inmediatamente a la expedición del
Decreto 1993 de 1967[1].
1.10. Mediante sentencia del 22 de febrero
de 2006, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial del
Quindío confirmó la decisión adoptada por el juez de primera instancia. En esta
oportunidad, el juez ad quem consideró que el señor Ceballos Cáceres pertenece
al régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
porque al momento de entrar en vigencia esta disposición el actor tenía 40 años
de edad y por lo tanto, el señor Ceballos podía optar por el régimen anterior
al cual se encontraba afiliado. En armonía con ello y en atención a que en la
demanda se solicitó aplicar el régimen más favorable para el actor, el juez
analizó el cumplimiento de los requisitos pensionales exigidos en el Acuerdo
049 de 1990, en la Ley 71 de 1988 y en la Ley 100 de 1993.
1.11. Respecto del Acuerdo 049 de 1990, la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá consideró que el actor no cumplía con
las 500 semanas de cotización al momento de cumplir la edad -60 años- que exige
este precepto, pues el señor Ceballos acreditó solo 259.
Asimismo, advirtió que “este régimen
pensional no permite sumar tiempos cotizados a entidades distintas al ISS ni
tampoco el tiempo laborado para entidades del Estado, como si lo permite la Ley
100 de 1993 y antes la Ley 71 de 1988”.
1.12. En cuanto al régimen pensional
establecido en la Ley 71 de 1998, el juez ad quem sostuvo que el
accionante no cumplía con el periodo de cotización -20 años de servicio-
exigido para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, ya que el actor
acreditó 15 años, 3 meses y 21 días de servicio. Advirtió, que no es posible
incluir el tiempo que el señor Ceballos Cáceres laboró en la empresa Chevron Petroleum
Company porque aquél no efectuó cotizaciones durante ese período.
1.13. De la misma manera, sostuvo que no es
posible aplicar lo dispuesto en el literal c del artículo 33 de la Ley 100 de
1993[2] en el sentido de incluir
en el cómputo de semanas cotizadas, el periodo laborado en la empresa Chevron Petroleum
Company, en razón a que la relación laboral se extinguió antes de que entrara
en vigencia la Ley 100 de 1993.
1.14. Consideró el Tribunal, que si bien el
artículo 9º de la Ley 797 de 2003 modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993
permitiendo la acumulación de tiempo de servicios prestados a un empleador que
omitió su obligación de afiliar al trabajador al ISS, “su aplicación surte
efectos es hacia el futuro”. Asimismo, sostuvo que “en el presente caso
no se puede hablar de retrospectividad de la Ley para que pueda beneficiar al
demandante, toda vez que éste no ha tenido ni tiene la condición de afiliado
para la época en que ha regido la citada Ley 797”.
1.15. Adicional a lo anterior, consideró
que no es posible concluir que la empresa Chevron Pretoleum Company omitió la
afiliación del trabajador al Instituto de Seguros Sociales, toda vez que “es
bien sabido que la Ley 90 de 1946 que estableció el seguro obligatorio, tuvo
una cobertura gradual al sistema en lo que tiene que ver con el aspecto
territorial y la asunción de riesgos (…) que fue lo que ocurrió en el presente
caso y por lo tanto ni el empleador antes mencionado ni tampoco el ISS deben
responder por unas cotizaciones en el que no estaba el primero obligado a
afiliar”.
1.16. El señor Ceballos Cáceres interpuso
recurso extraordinario de casación con el objeto de que se casara la sentencia proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Caldas y de que se revocara
la expedida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia.
1.17. Los cargos presentados por el actor,
se pueden resumir de la siguiente manera: (i) aplicación indebida del literal f
del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y del literal c, parágrafo 1º, artículo
33 de la misma norma, (ii) errónea interpretación del artículo 7º de la Ley 71
de 1988 y 5º del Decreto reglamentario 2709 de 1994, (iii) infracción directa
por falta de aplicación del artículo 76 de la Ley 90 de 1946 y del numeral 2º, artículo
259 del Código Sustantivo del Trabajo.
1.18. En síntesis, el actor consideró que:
(i) de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 90 de 1946 su empleador debió
afiliarlo al ISS el 1 de enero de 1967 (ii) como esta obligación fue
inobservada por parte de la empresa Chevron Petroleum Company, el Tribunal
debió aplicar lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que permite
sumar el tiempo que laboró en dicha compañía con el resto de las semanas
cotizadas al ISS. De esta manera, alcanzaría a completar 1.144 semanas y así, (iii)
el señor Ceballos Cáceres cumpliría las 1000 semanas exigidas para acceder el
reconocimiento de la pensión de vejez teniendo en cuenta aquél se encuentra
dentro del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de
1993.
1.19. La Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia a través de la sentencia del 22 de noviembre de 2007 resolvió no
casar la sentencia censurada bajo el argumento de que no existió omisión por
parte de la empresa Chevron Petroleum Company en la afiliación del trabajador
al ISS durante el periodo en que estuvo vinculado a dicha compañía. Ello,
debido a que la inscripción al ISS fue obligatoria para los empleadores del
sector petrolero a partir del 1 de octubre de 1993 conforme lo establecido en la
resolución 4250 de 1993.
Por lo tanto, consideró que resulta
inaplicable lo dispuesto en el literal d del parágrafo 1º del artículo 33 de la
Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003[3]
en el sentido de incluir el tiempo laborado con un empleador que tenía a su
cargo el reconocimiento de la pensión de vejez antes de la entrada en vigor de esta
disposición.
Trámite de la acción de tutela
1.20. El 4 de febrero de 2011 el señor Omar
Ceballos Cáceres instauró la acción de tutela contra el Instituto de Seguro
Social y la empresa Chevron Petroleum Company con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida y a la dignidad
humana, los cuales consideró lesionados por la negativa del reconocimiento de
la pensión de vejez. En consecuencia, solicitó que: (i) se ordenara al ISS
efectuar el cálculo actuarial de los aportes correspondientes a las semanas
laboradas por el señor Ceballos Cáceres en la empresa Chevron Petroleum Company
(ii) se ordenara a la empresa Chevron Petroleum Company, pagar las sumas
establecidas por el ISS en el respectivo cálculo actuarial y (iii) disponer el
reconocimiento de la pensión de vejez por parte del ISS.
1.21. De esta acción de tutela conoció en
primera instancia el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Popayán. Mediante,
sentencia del 21 de febrero de 2011 concedió el amparo del derecho fundamental
de petición y en consecuencia, ordenó al ISS resolver la solicitud formulada
por el actor el 13 de agosto de 2010. Sin embargo, declaró improcedente la
acción de tutela para reclamar el reconocimiento de la pensión de jubilación en
consideración a que el actor disponía de otras herramientas de defensa judicial
en la jurisdicción ordinaria laboral.
1.22. Este fallo fue impugnado por el
accionante. De acuerdo con ello, la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán confirmó esta decisión, bajo los mismos argumentos
de la decisión inicial.
1.23. El 26 de abril de 2011, esta tutela
fue radicada en la Corte Constitucional bajo el número T-3053100 y el 20 de
mayo de 2011 fue seleccionada para revisión por la Sala de Selección Número
Cinco, correspondiéndole fallar a la Sala Tercera de Revisión de esta
Corporación, presidida por el Magistrado Juan Carlos Henao Pérez.
1.24. Mediante Auto 196 A del 8 de
septiembre de 2011[4],
la Sala Tercera de Revisión declaró la nulidad de lo actuado tras considerar
que no se había integrado el contradictorio en debida forma, toda vez el
Juzgado de primera instancia no vinculó a los jueces ordinarios que tramitaron la
demanda ordinaria laboral promovida por el señor Ceballos Cáceres.
1.25. Esta decisión fue comunicada el 15 de
septiembre de 2014, a través del oficio A-1269, por medio del cual la
Secretaría General de la Corte Constitucional remitió el expediente al juez
tercero laboral del circuito de Popayán para que impartiera cumplimiento a lo
decidido por esta Corporación, desde el 8 de septiembre de 2011.
1.26. En cumplimiento de lo anterior,
mediante providencia del 29 de septiembre de 2014 el Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Popayán admitió la acción de tutela formulada por el señor Omar
Ceballos Cáceres en contra de la empresa Chevron Petroleum Company y del
Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones. De la misma manera, dispuso la
vinculación al trámite de tutela del Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Armenia, de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Armenia y de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
1.27. Aunque se efectuó el trámite de
notificación de la demanda a las autoridades judiciales vinculadas, aquellas
guardaron silencio.
1.28. Mediante sentencia del 14 de octubre
de 2014, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Popayán declaró
improcedente la acción de tutela por considerar que en la demanda no se
cuestionó la decisión adoptada por los jueces ordinarios. Adicional a ello, se
evidenció que el accionante ya había formulado otra acción de tutela por los
mismos hechos, la cual fue declarada improcedente por el Consejo Seccional de
la Judicatura por no cumplir con el requisito de subsidiaridad.
1.29. El accionante impugnó esta decisión,
en consideración a que el juez de primera instancia desconocía que por su edad
-74 años- es un sujeto de especial protección constitucional que depende del
reconocimiento de la pensión de vejez para garantizar su subsistencia, pues de acuerdo
con su relato, no cuenta con ingresos económicos fijos y sobrevive gracias a la
ayuda económica de sus familiares.
1.30. Mediante auto del 23 de marzo de 2015
este recurso fue rechazado por extemporáneo en consideración a que la sentencia
de primera instancia fue notificada el 17 de octubre de 2014. Sin embargo, para
esa fecha el Juzgado se encontraba en cese de actividades y por ende el término
de ejecutoria comenzó a correr desde que se levantó el paro judicial, es decir
desde el día 11 de diciembre de 2014. No obstante, el demandante presentó la
impugnación el 18 de diciembre de 2014 esto es 6 días después de la
notificación del respectivo fallo.
Selección de la acción de tutela
1.31. Este expediente fue seleccionado por la Sala de
Selección Número Ocho el 27
de agosto de 2015. En esta oportunidad, la Corte aceptó una insistencia
presentada por el señor Defensor del Pueblo.
Actuaciones en sede de revisión
1.32. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
54A del Acuerdo 05 de 1992, el 30 de septiembre de 2015 el Magistrado
Sustanciador informó a la Sala Plena de esta Corporación la selección y reparto
de este expediente, teniendo en cuenta que una de las entidades vinculadas es
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el
pleno de la Corte Constitucional decidió que el expediente fuera fallado por la
Sala Novena de Revisión.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia.
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991 y, en cumplimiento del auto del 27 de agosto de 2015, expedido por
la Sala Número Ocho de Selección de esta Corporación.
2. Problema jurídico
2.1. En el presente asunto,
corresponde a la Sala Novena de Revisión establecer si los fallos proferidos
por las autoridades judiciales accionadas incurrieron en (i) defecto sustantivo
por interpretación irrazonable, al aplicar una norma que (a) desconoce mandatos
superiores y (b) produce efectos desproporcionados sobre sus destinatarios.
2.2. Para resolver el problema jurídico planteado, la
Corte reiterará su jurisprudencia sobre: (i) la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con énfasis en el defecto sustantivo por interpretación irrazonable;
(ii) desarrollo jurisprudencial relativo a la posibilidad de computar el tiempo
de servicio prestado con empleadores particulares que antes de la Ley 100 de
1993 tenían a su cargo el reconocimiento de la pensión de vejez (iii) el
alcance del requisito de vigencia del contrato de trabajo al momento de entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993 fijado por la Sentencia T-410 de 2014.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.
3.1. Esta Corporación[5]
ha sostenido que de manera excepcional, procede la acción de tutela contra
sentencias y providencias proferidas por los jueces de la República, en virtud
de lo establecido en el artículo 86 Superior que consagró expresamente que se
puede acceder a este mecanismo para obtener la protección inmediata de los
derechos fundamentales “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
3.2. No obstante, para salvaguardar los principios de
autonomía judicial y seguridad jurídica, que podrían verse afectados por la
revisión en sede de tutela de los fallos judiciales, esta Corporación ha
previsto que este mecanismo de protección constitucional, solo procede cuando
se reúnen estrictos requisitos que han sido consolidados por la jurisprudencia
de la Corte, en especial en la sentencia C-590 de 2005[6] que estableció las
causales de orden general y especial que debe examinar el juez constitucional
para determinar si la acción de tutela procede como mecanismo de protección
frente a la decisión adoptada por otro juez.
3.3. En la sentencia
C-590 de 2005 se efectuó la sistematización de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela promovida contra una sentencia o una
providencia judicial. A través de aquellos presupuestos, se determina la
viabilidad del examen constitucional de la providencia o sentencia que se
ataca. En concreto, señaló:
“24. Los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios-ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[13].  De allí que sea un deber del actor desplegar todos los
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar
en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.  De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después
de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.  No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles
de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos
se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.  Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción
de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa
a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé
cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela.  Esto por
cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas
son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso
en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión
de la sala respectiva, se tornan definitivas”.
3.4. Una vez establecido el cumplimiento de los
anteriores presupuestos, puede el juez constitucional entrar a analizar si en dicha decisión judicial se configura
al menos uno de los siguientes requisitos especiales de procedibilidad.
“a. Defecto orgánico, que se presenta
cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se
origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como
son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando
el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica
el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente,
hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución.”
3.5. De acuerdo con lo expuesto, la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales depende de la
verificación de la configuración de todos los requisitos generales y, al menos,
de una causal específica de procedibilidad, así como “el requisito sine que
non, consistente en la necesidad de intervención del juez de tutela, para
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental[7]”.
3.6. De acuerdo con la materia del caso que se revisa,
la Sala abordara el defecto sustantivo por interpretación irrazonable.
Caracterización del defecto sustantivo como causal de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
3.7. El defecto sustantivo se origina cuando la providencia cuestionada se basa en una
disposición inaplicable para el caso, bien porque perdió vigencia, porque es
inconstitucional, o porque no guarda conexidad material con los supuestos de
hecho que originaron la controversia. De acuerdo con ello, cuando los jueces
ignoran las normas especiales aplicables a los casos concretos, sus decisiones son
susceptibles de ser excepcionalmente atacadas en sede de tutela, pues
constituyen una violación al debido proceso.
3.8. Esta Corporación ha explicado, que pese a la
autonomía de los jueces para interpretar y aplicar las normas pertinentes para
resolver el caso concreto, no pueden apartarse de la Constitución o la Ley.
En este sentido, La Corte Constitucional en la
sentencia T-156 de 2009[8]
explicó que “la construcción dogmática del
defecto sustantivo como causal de procedibilidad de la acción de tutela, parte
del reconocimiento que la
competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar
las normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e independencia
judicial, no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución
reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se
encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por
los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado
Social de Derecho”.
3.9. En ese marco, la jurisprudencia de esta
Corporación[9]
ha establecido una serie de situaciones en las que una providencia judicial
presenta un defecto sustantivo. Estos eventos fueron establecidos en la
sentencia SU-817 de 2010[10]
de la siguiente manera:
“Por último, el defecto sustantivo se presenta, entre
otras hipótesis, (i) cuando la decisión cuestionada se funda en una norma
indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, (ii) cuando la decisión se
fundamenta en normas inexistentes
o inconstitucionales, (iii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se
hace de la norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga
omnes que han definido su alcance, es contraevidente (interpretación contra
legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes (irrazonable o desproporcionada)[11], (iv) cuando la
interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones
aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación
sistemática, (v) cuando la norma aplicable al caso concreto es desatendida y
por ende inaplicada o (v) cuando a pesar de que la norma en cuestión está
vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se
aplicó[12].
Defecto sustantivo por interpretación irrazonable[13].
Reiteración de jurisprudencia
3.10. La interpretación de la ley que es efectuada por
el juez al resolver el caso sometido a su análisis, constituye la expresión de
independencia y de autonomía judicial, postulados que garantizan que los jueces
de la República adopten decisiones judiciales sin que influyan aspectos que lo
lleven a apartarse del ordenamiento jurídico al cual se encuentran sometidas
sus decisiones (artículo 230 Superior). Al respecto, la sentencia T-1081 de
2001[14]
expresó:
“La actividad de dictar justicia, tarea
encomendada a la administración de justicia, no supone la mecánica e
irreflexiva aplicación de la norma al caso concreto. Por el contrario, exige
del juez una labor hermenéutica que de sentido a la norma y, a partir de ello,
considere la situación fáctica.  Para la realización de este ejercicio
hermenéutico, el juez ha de estar rodeado de algunas garantías, que
corresponden a su independencia (pretensión de neutralidad y ausencia de
inherencias horizontales –frente a las otras ramas del poder-) y autonomía
(ausencia de inherencias verticales –libertad frente al superior), que han
tenido consagración constitucional apropiada”.
3.11. La independencia y la autonomía de los jueces para
aplicar e interpretar la ley en la solución del caso sometido a su estudio, no
es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse dentro del parámetro
de la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, que pueden afectarse por la interpretación irrazonable de una
norma. Es decir, que dicha actividad debe ceñirse al carácter normativo de la
Constitución (artículo 4º C.P.), la obligación de dar eficacia a los derechos
fundamentales (artículo 2º C.P.), de la primacía de los derechos humanos
(artículo 5º C.P.), el principio de legalidad contenido en el derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.), y la garantía al acceso a la
administración de justicia (artículo 228 C.P.)[15].
3.12. En armonía con lo anterior, esta Corporación en la
sentencia T-1031 de 2001[16]
concluyó que la razonabilidad de la interpretación efectuada por un juez de la
República se determina a partir del respeto por la Constitución. En este
sentido expresó lo siguiente:
“Esta evolución de la jurisprudencia
implica que la Corte ha decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad
judicial. No sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera
grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos
casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente
(capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio
de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse
que esta corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando
existen amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede
asimilar la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo
razonable está condicionado, en primera medida, por el respeto a la
Constitución”.
3.13. La Corte Constitucional ha reconocido que la
interpretación irrazonable es una de las hipótesis más restrictivas en la que
se puede configurar un defecto sustantivo. Desde iniciales pronunciamientos[17] esta Corporación ha
reconocido que en principio, el juez de tutela no puede intervenir en las
competencias del juez ordinario para modificar la forma como interpretó y
aplicó una norma en la solución del caso concreto sometido a su estudio. En
este sentido, la sentencia T-001 de 1999 expresó:
“La vía de hecho -excepcional, como
se ha dicho- no puede configurarse sino a partir de una ruptura flagrante,
ostensible y grave de la normatividad constitucional o legal que rige en la
materia a la que se refiere el fallo. Por tanto, mientras se apliquen las
disposiciones pertinentes, independientemente de si otros jueces comparten o no
la interpretación acogida por el fallador, no existe la vía de hecho,
sino una vía de Derecho distinta, en sí misma respetable si no carece de
razonabilidad. Esta, así como el contenido y alcances de la sentencia proferida
con ese apoyo, deben ser escrutados por la misma jurisdicción y por los
procedimientos ordinarios, a través de los recursos que la ley establece y no,
por regla general, a través de la acción de tutela”.
3.14. Frente a esta regla general, la Corte
Constitucional en la Sentencia T- 1031 de 2001[18]
estableció que aunque la competencia del juez de tutela para controvertir la
interpretación hecha por un juez ordinario está limitada por la autonomía e
independencia judicial, “estos dos principios constitucionales, propios de
la administración de justicia, están condicionados, al igual que todo el
conjunto de las acciones del Estado, por el principio de razonabilidad. Una
interpretación legal que de manera manifiesta vaya en contra del ordenamiento
jurídico, en detrimento de los derechos fundamentales de las personas no
constituye un ejercicio de la autonomía, sino, una decisión ultra o extra
vires, es decir, desviación de su juridicidad”.
3.15. Esta Corporación en la sentencia C-1026 de 2001[19] precisó la existencia
de “algunos mandatos de índole hermenéutica para los funcionarios
judiciales”, que ineludiblemente guían y limitan la actividad
interpretativa de los jueces de la República. En este sentido señaló:
“7- En primer lugar, tal y como se ha reiterado en
varias oportunidades, está el principio de interpretación conforme, según el
cual todos los mandatos del ordenamiento jurídico se deben interpretar de forma
tal que su sentido guarde coherencia con las disposiciones constitucionales.
Ello implica varias cosas: primero, que toda interpretación que no sea conforme
a la Constitución, debe ser descartada; segundo, que ante dos interpretaciones
posibles de una norma, el juez se debe inclinar por aquella que, en forma
manifiesta, resulte más adecuada a los mandatos superiores; tercero, que en
caso de dos o más interpretaciones que sean, en principio, igualmente
constitucionales, el juez, en ejercicio de su autonomía funcional, deberá
escoger en forma razonada aquella que considere mejor satisface los dictados
del constituyente en el caso concreto.
8- También esta Corte ha señalado que la autonomía que
la Carta “reconoce a la interpretación legal o judicial tiene como límite la
arbitrariedad y la irrazonabilidad de sus respectivos resultados” (sentencia
C-301/93); esto es, los frutos del ejercicio hermenéutico deben ser razonables.
En este sentido, expresó la Corporación que “cuando el efecto de la
interpretación literal de una norma conduce al absurdo o a efectos contrarios a
la finalidad buscada por la propia disposición, es obvio que la norma, a pesar
de su aparente claridad, no es clara, porque las decisiones de los jueces deben
ser razonadas y razonables. El intérprete tiene entonces que buscar el sentido
razonable de la disposición dentro del contexto global del ordenamiento
jurídico-constitucional conforme a una interpretación sistemática-finalista”
(sentencia C-011/94)”.
3.16. Bajo los anteriores presupuestos, la Sala Novena
de Revisión en la sentencia T-1093 de 2012[20]
concluyó dos hipótesis en las cuales se configura el defecto sustantivo por
interpretación irrazonable: “(i) cuando le
otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que ésta no tiene
(contraevidente), es decir, deriva interpretativamente una norma jurídica que
no se desprende del marco normativo que ofrece la disposición aplicable al
caso, vulnerando de esta manera el principio de legalidad. En otras palabras,
se trata de una hipótesis en la cual se arriba a una norma jurídica cuya
adscripción a la disposición de la que se pretende su derivación no es posible por
contrariar los principios básicos de la lógica y las reglas de la experiencia
o, (ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una
interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de las
varias opciones que ofrece, pero que en realidad (ii.1) contraviene postulados
de rango constitucional o (ii.2) conduce a resultados desproporcionados”.
3.17. Frente al primer escenario, la Corte
ha dicho que para
que sea factible concluir que a la ley se le ha otorgado un sentido
contraevidente, las fallas en la interpretación de la ley aplicable al caso,
han de ser protuberantes[21].
“Es decir, no se trata de una simple discrepancia dogmática
respecto de la opción interpretativa acogida por la autoridad judicial, sino
que la misma ha de ser manifiestamente irrazonable, sin sentido, consecuencia
de una desviación protuberante del derecho[22]”
3.18. El segundo escenario, está caracterizado por una
mayor incidencia del desconocimiento de la Constitución, dado que la
interpretación de la ley se traduce en defecto sustantivo cuando en el proceso
interpretativo se dejan de tomar en cuenta contenidos superiores, que a la luz
del caso concreto han debido guiar ese proceso y condicionar su resultado.
Al respecto,
la sentencia T-773 de 2011[23]
a partir del análisis efectuado a la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
en particular a las sentencias C-1026
de 2001 y T-191 de 2009 manifestó que esta segunda hipótesis se encuentra
ligada con el “criterio hermenéutico de interpretación conforme”. En
concreto señaló:
“Como puede
apreciarse, esta causal se encuentra íntimamente ligada con el criterio
hermenéutico de interpretación conforme, según el cual, “la interpretación de
la totalidad de los preceptos jurídicos debe hacerse de tal manera que se
encuentre en armonía con las disposiciones constitucionales[24]”.
En esa dirección, la Sala Tercera de Revisión en sentencia T-191 de 2009
manifestó lo siguiente: “Así pues, el principio de interpretación conforme
encuentra su fundamento en la supremacía y jerarquía normativa máxima de la
Constitución Nacional, a partir de cuya premisa se deriva que toda
interpretación jurídica debe arrojar un resultado que no sólo no debe ser
contrario, ni solamente permitido, sino más allá debe estar ajustado a la Constitución
Nacional”.
3.19. De otra parte, la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado las medidas que debe adoptar el juez
constitucional cuando se configura el defecto sustantivo por causa de una
interpretación irrazonable en cualquiera de las dos hipótesis desarrolladas. En
este sentido, la citada sentencia T-1045 de 2008 expresó:
“Cuando la
tutela procede en razón del defecto sustantivo que, derivándose de la
interpretación de la ley aplicable al caso, tiene su origen en cualquiera de
los motivos genéricos hasta aquí reseñados, la reparación que se ordena para
restablecer los derechos conculcados varía de acuerdo con el motivo que se haya
configurado.
En efecto,
cuando el defecto sustantivo tiene su origen en una lectura errónea de la ley
que de ningún modo es susceptible de adscripción a su contenido normativo, se
impone la corrección del yerro protuberante a fin de restablecer los derechos
violados por la aplicación de un sentido carente de plausibilidad y, en cambio,
cuando desde la perspectiva estrictamente legal la lectura es posible, pero ha
fallado la conexión con los contenidos constitucionales, lo que se impone es
adecuar el proceso interpretativo y establecer el vínculo con los contenidos
superiores pertinentes para que se produzcan las consecuencias favorables a la
vigencia de los derechos conculcados por la ausencia de la indispensable
interpretación sistemática de la ley y de la Constitución”.
3.20. Con todo, de acuerdo con lo expuesto en la sentencia
T-230 de 2007[25] “cuando se trata de una tutela contra decisiones judiciales y salvo
casos de evidente arbitrariedad, la parte actora tiene la carga de demostrar
que la interpretación del juez es abiertamente irrazonable o arbitraria. En
este sentido, se exige de quien presenta la tutela contra una decisión judicial
una mayor diligencia pues el acto que impugna es nada menos que una decisión de
un juez que ha estado sometida a todas las garantías constitucionales y legales
existentes”.
4. Desarrollo normativo y jurisprudencial respecto de la
posibilidad de computar el tiempo de servicio prestado con empleadores
particulares que antes de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el
reconocimiento de la pensión de vejez
Afiliación de los trabajadores del sector privado al
régimen de seguridad social en pensiones antes y después de la Ley 100 de 1993.
4.1. Conforme con lo dispuesto en la Ley 6 de 1945[26]
la pensión de jubilación era una prestación que se
encontraban a cargo del empleador, en el sector privado. Al respecto, este
precepto en su artículo 14 establecía lo
siguiente:
“La empresa cuyo capital
exceda de un millón de pesos ($ 1.000.000) estará también obligada: (…) c) A
pagar al trabajador que haya llegado o llegue a los cincuenta (50) años de edad
después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, una pensión
vitalicia de jubilación equivalente a las dos terceras partes del promedio de
los salarlos devengados, sin bajar de treinta pesos ($30) ni exceder de
doscientos pesos ($200), en cada mes. La pensión de jubilación excluye el
auxilio de cesantía, menos en cuanto a los anticipos, liquidaciones parciales,
o préstamos que se le hayan hecho lícitamente al trabajador, cuya cuantía se
irá deduciendo de la pensión de jubilación en cuotas que no excedan del 20% de
cada pensión”.
4.2. Sin embargo, el artículo
12 de la mencionada Ley establecía que esta obligación existiría hasta la
creación de un Seguro Social que sustituiría al empleador en la asunción de las
aquellas prestaciones pensionales.
4.3. Así las cosas, se
expidió la Ley 90 de 1946 a través de la cual se instituyó el seguro social
obligatorio que ampararía los riesgos de vejez, invalidez y muerte; la
enfermedad general, la maternidad y los riesgos profesionales de todos los
trabajadores, nacionales y extranjeros, que desarrollaran una actividad laboral
en el sector privado, en virtud de un contrato expreso o presunto de trabajo o
de aprendizaje. De la misma manera, creó para su administración el Instituto
Colombiano de Seguros Sociales.
4.4. De acuerdo con lo
establecido en el artículo 72 de esta norma, la afiliación al Instituto
Colombiano de Seguros Sociales sería gradual y progresiva. En este sentido,
expresó: “Las prestaciones reglamentadas en esta ley, que
venían causándose en virtud de disposiciones anteriores a cargo de los
patronos, se seguirán rigiendo por tales disposiciones hasta la fecha en
que el seguro social las vaya asumiendo por haberse cumplido el aporte previo señalado para cada caso.  Desde
esa fecha empezarán a hacerse efectivos los servicios aquí establecidos, y
dejarán de aplicarse aquellas disposiciones anteriores”.
4.5. En el mismo sentido,
posteriormente el Código Sustantivo del trabajo[27] introdujo
una disposición similar a la contenida en el mencionado artículo 72 de la Ley
90 de 1946, en relación con el pago de las prestaciones sociales que tenía a su
cargo el empleador. Al respecto, el artículo 259 estableció lo siguiente:
“(…)2. Las
pensiones de jubilación, el auxilio de invalidez y el seguro de vida
colectivo obligatorio dejaran de estar a cargo de los empleadores cuando
el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto de los Seguros Sociales,
de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo Instituto.”
4.6. Aunque se estableció que el deber de efectuar la afiliación al
Instituto Colombiano de Seguros Sociales, de los trabajadores vinculados a
empresas del sector privado, se cumpliría en forma paulatina y progresiva, esta
Corporación en la sentencia T-784 de 2010[28]
entendió que la Ley 90 de 1946 creó una obligación en cabeza de los empleadores
que consistió en el aprovisionamiento de recursos correspondientes
en cada caso, para que ésta fuera entregada al Instituto de Seguros Sociales
cuando se asumiera por parte de éste el pago de la pensión de jubilación.
4.7. Es decir, las empresas
del sector privado que tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación estaban obligadas a afiliar a sus trabajadores al Instituto
Colombiano de Seguros Sociales una vez esta entidad efectuara el llamamiento
para tal efecto. Sin embargo, entre tanto, los empleadores tenían el deber de
efectuar el aprovisionamiento de los recursos necesarios para trasladar los
aportes al ISS o para reconocer la prestación pensional, lo que ocurriera
primero.
4.8. Nuevamente,
mediante el Decreto 1650 de 1977[29]
se estableció el deber de afiliarse al régimen de seguro social “a
los trabajadores nacionales y extranjeros que presten sus servicios a patronos
particulares mediante contrato de trabajo o de aprendizaje”.
4.9. En el mismo sentido, el Decreto 3063 de 1989[30]
determinó la afiliación forzosa de “los trabajadores nacionales y
extranjeros que presten sus servicios a patronos particulares mediante contrato
de trabajo o de aprendizaje”.
4.10. El 23 de diciembre de 1993 se expidió la Ley 100 de
1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones”. Este sistema integral se encuentra conformado por
los subsistemas de pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios
complementarios. El subsistema de pensiones tiene por objeto amparar a los
trabajadores y a su núcleo familiar de las contingencias de vejez, invalidez y
muerte.
4.11. En esta disposición, se determinó la afiliación
obligatoria de “Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de
trabajo o como servidores públicos. Así mismo, las personas naturales que
presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del
sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o
cualquier otra modalidad de servicios que adopten, los trabajadores
independientes y los grupos de población que por sus características o
condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a
través del Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con las disponibilidades
presupuestales[31]”.
Afiliación de los trabajadores del sector petrolero
4.12. De acuerdo con la materia del caso que se examina, la
Corte considera necesario abordar brevemente el desarrollo normativo y
jurisprudencial del deber de afiliación al Instituto de Seguros Sociales de los
trabajadores vinculados a empresas del sector petrolero.
4.13. El llamamiento a
efectuar la afiliación de los trabajadores del sector petrolero por parte del
Instituto Colombiano de Seguros Sociales fue tardío, pues a pesar de que a
través de los Decretos 1993 de
1967 y 064 de 1968[32]
se dispuso, por vez primera, la inscripción para los riesgos de invalidez,
vejez y muerte, al Instituto Colombiano de Seguros Sociales, en ambos preceptos
se dejó a criterio de la Dirección General del ISS la fijación de la fecha en
que iniciarían las cotizaciones para todos los riesgos.
4.14. Mediante
la resolución 3540 de 1982 el Instituto Colombiano de Seguros Sociales llamó a
inscripción al régimen de seguros sociales, a los empleadores y a los trabajadores
que desarrollaban actividades de la industria del petróleo, a partir del
primero de septiembre de ese mismo año. Sin embargo, mediante la resolución
5043 de 1982, el ISS dejó sin efecto el mencionado acto administrativo. Esta
decisión fue adoptada por causa de la recomendación efectuada por la Junta
administradora del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, en el sentido de
que para la puesta en marcha del sistema de seguro social era necesario un
período de concertación entre el gobierno, los patronos y los trabajadores del
sector petrolero.
4.15. Finalmente, el 28 de septiembre de 1993 mediante la
resolución 4250 de 1993 el Instituto Colombiano de Seguros Sociales efectuó el
llamamiento a las empresas del sector petrolero para que efectuaran la
afiliación de sus trabajadores. Esta obligación debía cumplirse a partir del 1
de octubre de 1993.
4.16. En suma, aunque distintos preceptos establecieron la
afiliación forzosa de todos los trabajadores nacionales y extranjeros del
sector privado sin distinguir al sector en el que ejercieran su labor, la
materialización de esta obligación estaba supeditada a que el ISS efectuara el
llamamiento correspondiente para tal efecto. Respecto de las empresas del
sector petrolero esta circunstancia se cumplió el 28 de septiembre de 1993 con
la expedición de la resolución 4250 de 1993.
En todo caso, mientras ese llamamiento se efectuaba los
empleadores tenían la obligación de realizar el aprovisionamiento de los
recursos respectivos.
Cómputo de las semanas cotizadas para efectos del
reconocimiento de la pensión de vejez respecto de trabajadores que estuvieron
vinculados con empleadores privados antes de la Ley 100 de 1993.
4.17. El artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo[33],
que señalaba los requisitos para acceder a la pensión de jubilación fue derogado
por la Ley 100 de 1993[34].
Esta misma norma, en su artículo 33 introdujo nuevos requisitos para acceder al
reconocimiento de dicha prestación y de la misma manera, estableció los
lineamentos para el cómputo de semanas de cotización. Al respecto, el parágrafo
primero de este artículo establece lo siguiente:
“(…) PARÁGRAFO 1o. Para efectos del
cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, se tendrá en
cuenta:
a) El número de semanas cotizadas en
cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones;
b) El tiempo de servicio como
servidores públicos remunerados, incluyendo los tiempos servidos en regímenes
exceptuados;
c) El tiempo de servicio como trabajadores
vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993
tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando la
vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad
a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
d) El tiempo de servicios como
trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren
afiliado al trabajador.
e) El número de semanas cotizadas a
cajas previsionales del sector privado que antes de la Ley 100 de 1993 tuviesen
a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión.
En los casos previstos en los
literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente siempre y cuando el
empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial,
la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la
entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título
pensional (…)”
4.18. En relación con lo anterior, interesa a la Sala destacar tres aspectos: (i) la posibilidad de acumular
los tiempos de servicio prestados en el sector privado para efectos pensionales,
surge con la Ley 100 de 1993, ya que con anterioridad a esa norma los
trabajadores privados solo podían exigir el pago de una pensión por los tiempos
laborados en empresas privadas que tuviesen a cargo el reconocimiento y pago de
prestaciones pensionales, previa acreditación del cumplimiento de los
requisitos para acceder a la pensión dentro de la empresa respectiva. Por lo
tanto, para aquella época no era posible la acumulación de tiempos laborados con
distintos empleadores privados. (ii) Para efecto del cómputo de las semanas
exigidas para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, se puede
acumular, entre otros: (a) el tiempo de servicio como trabajador vinculado con
empleadores que antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 tuvieran a su
cargo el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, siempre y cuando la
vinculación laboral existiera o se hubiere iniciado con posterioridad a la
vigencia de la citada ley y (b) el tiempo de servicios como trabajador
vinculado con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al
trabajador.
4.19. En relación con la
posibilidad de incluir en el cómputo de semanas cotizadas los tiempos laborados
con empleadores del sector privado que tenían a su cargo el reconocimiento de
la pensión de jubilación, la Corte Constitucional ha desarrollado dos tesis
opuestas: (i) la primera, impide acumular los periodos laborados con
empleadores que, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no
tenían la obligación de afiliar a sus trabajadores al Instituto Colombiano de
Seguros Sociales y también, cuando al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 la
vinculación laboral ya no se encontraba vigente. (ii) En contraste, la segunda expresa
la posibilidad de ordenar a los empleadores del sector privado el traslado de
la suma correspondiente al cálculo actuarial relativo al tiempo de servicio
prestado por el trabajador antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993 incluso si la relación laboral ya no estaba vigente.
4.20. La primera tesis deriva de las sentencias C-506 de
2001[35]
y C-1024 de 2004[36]
a través de las cuales la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad
del requisito, para efectos pensionales, de la vigencia de la vinculación
laboral con la empresa del sector privado al entrar en vigor la Ley 100 de
1993, establecido en el ya mencionado artículo 33 de esta disposición.
4.21. Mediante la sentencia C-506 de 2001 esta Corporación
declaró la exequibilidad de la expresión “siempre que la vinculación laboral
se encuentre vigente o se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente
ley” contenida en el literal c del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 que
fue demandando bajo el argumento de que aquel vulnera el principio de igualdad.
4.22. Para la Corte Constitucional este requisito resulta
acorde con la Constitución por las siguientes razones, que fueron resumidas por
la Sala Novena de Revisión en la sentencia T-410 de 2014[37]
de la siguiente manera:
“En suma, de acuerdo con la jurisprudencia contenida en
la sentencia C-506 de 2001, reiterada en la sentencia C-1024 de 2004, (i) antes
de la entrada en vigor del parágrafo 1 literal “c” del artículo 33 de la Ley
100 de 1993, no existía la posibilidad de acumular tiempos servidos en el
sector privado frente a distintos empleadores que tuvieran a su cargo el
reconocimiento de una pensión; (ii) solo con la consagración del sistema
general de pensiones se creó para los empleadores particulares la obligación de
aprovisionar hacia futuro el valor del cálculo actuarial en la suma
correspondiente al tiempo servido por el trabajador, con el fin de trasladarlo
al administrador del régimen de prima media con prestación definida, siempre y
cuando al momento de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 el trabajador
tuviere contrato laboral vigente o este iniciara con posterioridad a la misma;
(iii) para los trabajadores vinculados con empleadores particulares que tenían
a su cargo el reconocimiento de una pensión antes de la Ley 100 de 1993,
únicamente se plasmaba una simple expectativa de su derecho a pensión, el que
solo se concretaba con el cumplimiento de la totalidad de requisitos
pensionales ante un mismo empleador. Por las razones expuestas, (iv) no le era
posible al legislador, en el literal “c” del parágrafo 1 de la Ley 100 de 1993,
asignar a los empleadores privados la obligación de reconocer los tiempos
servidos por trabajadores cuyos contratos laborales ya se habían extinguido al
momento de entrada en vigor de la mencionada ley, pues ello habría implicado la
imposición de una obligación jurídica retroactiva que quebrantaría el artículo
53 de la Constitución”.
4.23. En contraste, la Sala Octava de Revisión mediante la
sentencia T-784 de 2010[38]
plasmó la segunda tesis, según la cual los trabajadores que antes de la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993 tuvieron una vinculación laboral con
empleadores del sector privado, tienen derecho al traslado de los aportes correspondientes
al tiempo laborado, incluso, si la relación laboral terminó antes de la entrada
en vigor de la Ley 100 de 1993.
4.24. En esta oportunidad, la Sala Octava de Revisión
resolvió el caso de un ex trabajador de la empresa Texas Petroleum Company
quien formuló una acción de tutela en contra de esta compañía, por considerar vulnerado su derecho fundamental a la seguridad social
con la negativa de esta empresa a efectuar los aportes al sistema de seguridad
social en pensiones respecto del período comprendido entre el 16 de julio de
1984 hasta el 15 de junio de 1992. El accionante, requería de estos aportes para
el cumplimiento del requisito de semanas exigidas para acceder al
reconocimiento de la pensión de vejez por parte del ISS.
4.25. Para abordar el
análisis del caso concreto, la Corte Constitucional determinó la existencia de
una problemática consistente en que “todos
aquellos trabajadores que laboraron antes de la expedición de la Resolución 4250 de 1993 que no alcanzaron a
cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez y fueron
desvinculados por algún motivo de  esta clase de empresas, no podrían
acumular el tiempo laborado al subsistema de pensiones y por tanto verían
frustrada su pensión de vejez, prestación que es concreción del derecho
fundamental a la seguridad social”.
4.26. Frente a ello, la Sala expresó lo
siguiente: “Esta visión pugna con el ordenamiento constitucional, pues el
tiempo que se debería cotizar al Sistema de Seguridad en Pensiones por parte de
estos trabajadores sería mayor al que una persona en similares condiciones
tendría que realizar. En el caso concreto, el actor estaría obligado para poder
acceder a la pensión de jubilación a cotizar nuevamente los 7 años y 11 meses,
pues el tiempo laborado desde el 16
de julio de 1984 hasta el 15 de junio de 1992, no contaría a estos efectos, lo
cual constituye una clara
vulneración del artículo 13 de la Constitución Nacional.
4.27. Bajo dicho argumento, y teniendo en cuenta
el desarrollo normativo abordado en esta providencia (supra 4.1. a 4.16) la Sala Octava estableció que la interpretación acorde
con la Constitución, respecto de la posibilidad de incluir en el cómputo de
semanas cotizadas, los tiempos laborados con empleadores que antes de la
entrada en vigencia no tenían la obligación de afiliar al ISS a sus
trabajadores, como es el caso de las empresas del sector petrolero, conlleva a
establecer el deber de que estos periodos sean incluidos porque estas compañías
tenían la obligación de efectuar el aprovisionamiento de capital
correspondiente conforme lo dispuesto en la Ley 90 de 1946. De esta manera, se
garantizan los derechos a la igualdad y a la seguridad social de estos
trabajadores. En este sentido, expresó:
“Tal y como quedo señalado en la parte
considerativa de esta sentencia, la interpretación que se encuentra acorde a la
Constitución, es que desde la entrada en vigencia del artículo 72 de la Ley 90 de 1946
se impuso la obligación a los empleadores de hacer los aprovisionamientos de
capital necesarios para la realizar el aporte previo al sistema de
seguro social en el momento en que el Instituto de Seguros Sociales asumiera la
obligación. Asunto diferente es la obligación de inscripción de los
trabajadores al Instituto, lo que en el caso de las empresas de petróleos sólo
se materializó con la entrada en vigencia de la resolución 4250 de 1993
expedida por el Instituto de Seguros Sociales”.
4.28. En aquella oportunidad, aclaró la Corte que
existen dos obligaciones en cabeza de los empleadores que surgieron con la
expedición de la Ley 90 de 1946 y que no pueden confundirse: (i) el deber de efectuar
los aprovisionamientos de capital
necesario para la realizar el aporte previo al sistema de seguro social en el
momento en que el Instituto de Seguros Sociales asumiera la obligación y (ii)
efectuar la afiliación al ISS cuando se realizara el llamado correspondiente.
4.29. En el marco de lo expuesto, la Sala Octava
de Revisión concedió el amparo de los derechos fundamentales del actor y en
consecuencia ordenó a la empresa Texas Petroleum Company transferir al Instituto de Seguros Sociales el valor
actualizado, de acuerdo con el salario que devengaba el actor para la época, de
los aportes para pensión, con el fin de que se incluyeran en el cómputo de
semanas cotizadas.
4.30. Esta posición fue reiterada
en la sentencia T-890 de 2011[39]
mediante la cual se ampararon los derechos constitucionales de tres
extrabajadores de la
empresa Chevron Petroleum Company entre el 22 de mayo de 1967 y el 31 de enero de 1995, entre el 1° de octubre de 1974 y el 30 de junio de 1979 y desde
el 14 de mayo de 1981 hasta el 25 de noviembre de 1993, respectivamente.  Durante la vigencia del vínculo
laboral, la empresa accionada no efectuó las cotizaciones al sistema de
seguridad social y posteriormente se negó a pagar los respectivos bonos
pensionales bajo el argumento de que la legislación especial respecto de las
empresas del sector petrolero la excluía de dicha obligación.
4.31. Bajo la
misma línea, la Sala Séptima de Revisión en la Sentencia T-549 de 2012[40] resolvió el caso de
un hombre de 70 años de edad que formuló
acción de tutela en contra de distintos empleadores, con el fin de que se
ampararan sus derechos a la seguridad social y  al mínimo vital y,
que en consecuencia se ordenara a las empresas privadas en las que estuvo
vinculado laboralmente entre los años 1971 y 1982, liquidar y transferir al ISS
el valor actualizado de los aportes a pensión  de acuerdo con el salario
que devengaba en el período durante el cual laboró. De la misma manera,
solicitó que se ordenara al ISS incorporar en su historia laboral las
semanas cotizadas acorde con los períodos durante los cuales trabajó para
las empresas demandadas.
4.32. En esta oportunidad,
la Corte Constitucional accedió a las pretensiones del demandante en el sentido
de ordenar al ISS lo siguiente: “liquide las sumas actualizadas de acuerdo
con el salario que devengaba el accionante en el período durante el cual
trabajó para los Bancos Popular y BBVA y una vez recibidas las sumas
liquidadas, realizar las diligencias para el reconocimiento de la pensión de
vejez del accionante, realizando los respectivos ajustes en relación con lo
recibido como pago de la pensión sustitutiva, sin que todos los trámites
superen el término de dos meses contados a partir de la notificación de esta
sentencia”.  Asimismo, ordenó a las empresas accionadas transferir la suma
liquidada por el Instituto de Seguro Social.
4.33. Dicha decisión se
fundamentó en la regla jurisprudencial plasmada en la sentencia T-784 de 2010
ya reseñada. Para tal efecto, expresó la siguiente conclusión:
“De la armonización de las normas anteriores se infiere lo
siguiente: (i) el legislador autorizó expresamente la acumulación del tiempo de
servicio de los trabajadores que laboraran para empresas que tenían a su cargo
el reconocimiento de una pensión, siempre que se cumpliera la condición de que
sus vínculos laborales se encontraran vigentes al momento de entrar a regir la
Ley 100 de 1993, y excluyó explícitamente a quienes ya habían finalizado su
vínculo laboral; (2) sin embargo, para este grupo de personas, como el ahora
accionante, que no tenían contrato laboral vigente al momento de entrar a regir
la Ley 100 de 1993,  pero que por igual trabajaron los años anteriores a
ese límite sin que sus patronos realizaran los aportes a la seguridad social,
les es aplicable el régimen jurídico instituido
por la Ley 90 de 1946,  que tal como se indicó, generó para las empresas
la obligación de realizar la provisión correspondiente en cada caso para que
ésta fuera entregada al Instituto de Seguros Sociales cuando se asumiera por
parte de éste el pago de la pensión de jubilación.
4.34. En suma, pese a que en sede de control abstracto de
constitucionalidad la Corte Constitucional establece la imposibilidad de
obligar a los empleadores privados, que antes de la Ley 100 de 1993 tenían a su
cargo el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, a trasladar los aportes correspondientes
a periodos laborados antes de la entrada en vigor de esta disposición, cuando
la relación laboral no estaba vigente o las empresas no tenían la obligación de
afiliar a sus trabajadores al ISS, en sede de revisión, las Salas Quinta y
Séptima mantuvieron una posición contraria, en el sentido de que si era posible
considerar los tiempos laborados por estos trabajadores. Esta última posición,
se encuentra fundamentada en lo dispuesto en la Ley 90 de 1946, que generó
para las empresas la obligación de realizar la provisión de recursos correspondiente
en cada caso, para que entregarlos al Instituto de Seguros Sociales cuando se
asumiera por parte de esta entidad el pago de la pensión de jubilación.
5. El alcance del requisito de vigencia del contrato de
trabajo al momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 fijado por la
Sentencia T-410 de 2014.
5.1. Asumiendo posiciones contrarias a las plasmadas
por esta Corporación en las Salas de Revisión Quinta y Séptima, la Corte Constitucional
en la sentencias T-719 de 2011[41],
T-890 de 2011[42]
y T-020 de 2011[43]
sostuvo que el precedente aplicable era el establecido en la sentencia C-506 de
2001. No obstante, la Sala Novena de Revisión mediante la sentencia T-410 de
2014[44]
efectuó un nuevo estudio de esta problemática, a partir del análisis de los
efectos de cosa juzgada de la sentencia C-506 de 2001.
5.2. De acuerdo con lo anterior, la Sala estima
pertinente seguir de cerca el análisis de la Sentencia T-410 de 2014. Para tal
efecto efectuara un breve resumen del patrón fáctico analizado y de las
consideraciones desarrolladas.
5.3. En aquella oportunidad la Corte resolvió el caso
de una persona que formuló demanda ordinaria laboral en contra de la Federación
Nacional de Cafeteros con el objeto de que se ordenara a esta empresa, efectuar
el traslado de los aportes para pensión correspondientes al periodo comprendido
entre el 22 de noviembre de 1973 y el 1 de octubre de 1986. Ello, en razón a
que la compañía demandada realizó las cotizaciones entre el 1 de octubre de
1986 y el 31 de enero de 1991 bajo el argumento de que durante el periodo
reclamado, la Federación Nacional de Cafeteros no tenía la obligación de
afiliar al trabajador al ISS.
5.4. En primera instancia, el Juzgado Veinticuatro
Laboral del Circuito de Bogotá accedió a las pretensiones del demandante y
condenó al empleador a pagar el bono pensional respectivo conforme al cálculo
actuarial realizado por el ISS. Sin embargo, en segunda instancia la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá revocó esta decisión y en su lugar,
negó las súplicas de la demanda bajo el argumento de que sobre la entidad accionada
no existía la obligación de efectuar aportes al ISS durante el periodo
reclamado por el actor. En esta oportunidad, el Tribunal sostuvo que “el
aprovisionamiento de capital para hacer las contribuciones al subsistema de
pensiones y la efectiva realización de estas son una misma obligación, la que
solo surgió cuando el ISS efectuó el llamado para afiliación”.
5.5.  Bajo este panorama fáctico, la Sala
Novena de Revisión se propuso establecer si la decisión de la Sala Laboral de
Tribunal Superior de Bogotá “incurrió
en desconocimiento del precedente constitucional y en defecto por falta de
motivación en tanto no expuso claramente las razones por las que no tomaba en
consideración la regla constitucional fijada en la sentencia T-784 de 2010
sobre acumulación de tiempos laborados ante empleadores privados que antes de
la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de una pensión”. Para resolver este problema jurídico, la
Corte analizó la jurisprudencia constitucional relativa a la posibilidad de computar
en el régimen de prima media el tiempo de servicio prestado a empleadores del
sector privado que tenían a su cargo el reconocimiento y pago de una pensión de
vejez antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y fijó el alcance
del requisito de vigencia del contrato de trabajo al instante de entrada en
vigor de aquella disposición conforme con lo dispuesto en el artículo 33.
5.6. La sentencia en comento, desarrolló el efecto de
cosa juzgada de la sentencia C-506 de 2001, pues el argumento principal que
fundamenta la posición que contradice lo dispuesto en la  sentencia T-784 de
2010, radica en la vinculatoriedad del precedente establecido por esta
Corporación en sede de control abstracto, en virtud del cual no es factible considerar
los aportes de tiempos laborados con empleadores privados antes de la entrada
en vigor de la Ley 100 de 1993 si el vínculo laboral no se encontraba vigente al
momento en que se expidió esta Ley -23 de diciembre de 1993-, o no existía la
obligación de efectuar la afiliación al ISS[45].
5.7. En esta oportunidad, la Sala comenzó por
desarrollar la vinculatoriedad del precedente fijado por la Corte
Constitucional respecto de las decisiones adoptadas por las Salas de Revisión
de esta Corporación y en general, por todos los jueces de la República en sede
de tutela. Sin embargo, expresó que además de la obligación de acatar las
decisiones de la Corte, los jueces “tiene el deber jurídico de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad sobre apartes normativos o reglas jurídicas
del nivel infraconstitucional que en un caso concreto contravengan la Carta”.
5.8. De la misma manera advirtió que en principio, los
jueces no pueden aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando la Corte
ha declarado la exequibilidad de los apartes normativos sobre los cuales se
pretende aplicar este mecanismo. Sin embargo, señaló que sí podrá excepcionarse
cuando existen cargos distintos a los analizados en sede de control abstracto
de constitucionalidad. Lo anterior, en consideración a la figura de cosa
juzgada relativa. Figura que explicó la Sala de la siguiente manera:
“En efecto, en el caso de los fallos en los que la
Corte Constitucional declara la exequibilidad de un precepto, a menos que
sea ella relativa y así lo haya expresado la propia sentencia- dejando a
salvo aspectos diferentes allí no contemplados, que pueden dar lugar a futuras
demandas-, se produce el fenómeno de la cosa juzgada constitucional,
prevista en el artículo 243 de la Constitución. Y, entonces, si ya por vía
general, obligatoria y erga omnes se ha dicho por quién tiene la autoridad para
hacerlo que la disposición no quebranta principio ni precepto alguno de la
Carta Política, carecería de todo fundamento jurídico la actitud del servidor
público que, sobre la base de una discrepancia con la Constitución –encontrada
por él pero no por el Juez de Constitucionalidad- pretendiera dejar de aplicar
la norma legal que lo obliga en un proceso, actuación o asunto concreto”[46] (Énfasis y subrayado dentro del texto
original)
5.9. En ese marco, la Sala Novena de Revisión
consideró que la sentencia C-506 de 2001 hizo tránsito a cosa juzgada relativa por
las siguientes razones:
“(i) materialmente solo estudió un cargo por la
presunta infracción del principio de igualdad entre los trabajadores que se les
exigía la pervivencia del vínculo laboral a la entrada en vigor de la Ley 100
de 1993 y a los que no se les hacía dicha exigencia para efecto de acumulación
de los tiempos laborados para un empleador que antes de la vigencia del sistema
general de pensiones tenía a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones;
(ii) si bien la sentencia aludió al artículo 48 superior y al derecho a la
seguridad social contenido en este, realmente no analizó cargo alguno relativo
a dicha disposición jurídica; (iii) incluso si en gracia de discusión se
sostuviera que la sentencia aplicó el artículo 48 superior para resolver el
problema jurídico allí formulado, dicha disposición fue modificada en aspectos
esenciales por el artículo 1 del A.L. 01 de 2005, al incorporar expresamente la
garantía a los derechos adquiridos en materia de seguridad social y de
efectividad de las cotizaciones y los tiempos servidos para efectos pensionales
y; (iv) la sentencia no estudió la probable infracción de los derechos
adquiridos de los trabajadores (Art. 48 y 58 C.P.) en que podría incurrir el
literal “c” parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 en lo relacionado
con la exigencia de pervivencia del vínculo laboral”.
5.10. De la lectura de la sentencia C-506 de 2001, la
Sala Novena de Revisión concluyó que en aquella oportunidad el pleno de esta
Corporación no efectuó un análisis de la presunta vulneración del derecho a la
seguridad social, al trabajo y a la cláusula general de Estado Social de
Derecho, por considerar que, teniendo en cuenta que la disposición demandada no
infringía el derecho a la igualdad “se descartaba por sí sola” la
vulneración de estos postulados. En contraste, esta Sala de Revisión de la
Corte expresó que “el artículo 48 de la Constitución Política es una
disposición con fuerza normativa independiente o autónoma, cuya violación no
está supeditada a la infracción o no del principio de igualdad”.
5.11. Asimismo, concluyó la Corte que también existe
cosa juzgada relativa frente a la presunta vulneración de los derechos
adquiridos establecidos en el artículo 48 y 58 de la Carta. Estimó, que en la
sentencia C-506 de 2001 no se efectuó un estudio respecto de la posible
infracción del derecho adquirido al cómputo de los periodos causados en
vigencia de una relación laboral, pues en aquella oportunidad, en aplicación al
derecho a la igualdad, se concluyó que los trabajadores vinculados antes de la
Ley 100 de 1993 solo tenían una expectativa legítima a una pensión.
5.12. La Sala Novena de Revisión mantuvo una posición opuesta
respecto de los siguientes aspectos, que en su criterio, constituyen obiter
dicta de la sentencia C-506 de 2001:
(i) Desde la expedición del artículo 33 de la Ley
100 de 1993 surgió para el empleador del sector privado el deber de
aprovisionamiento de capital para efectos del traslado pensional a la
administradora de pensiones que tiene a su cargo el reconocimiento y pago de la
pensión de vejez de un trabajador.
Frente a esta tesis, la Sala consideró que la misma
desconoce lo dispuesto en los artículos 72 de la Ley 90 de 1946, 259 y 260 del
Código Sustantivo del Trabajo, a través de las cuales se estableció la
obligación de las empresas del sector privado de aprovisionar el capital necesario
para efectuar el traslado de los aportes pensionales cuando el ISS efectuara el
llamamiento a afiliar a sus trabajadores.
(ii) Obligar a los empleadores a que trasladen aportes
pensionales respecto de trabajadores vinculados antes de la entrada en vigor de
la Ley 100 de 1993 sin haber sido llamados por parte del ISS a efectuar la
afiliación, conlleva a la imposición de obligaciones retroactivas lesionando el
principio de seguridad jurídica.
Sobre este punto, consideró la Sala de Revisión que el
deber de efectuar el aprovisionamiento de capital para efectos pensionales, es
una obligación de plazo que surgió antes de la expedición de la Ley 100 de 1993
con la expedición de la Ley 90 de 1946 y que se hizo exigible con el
llamamiento de afiliación al ISS. Por lo tanto, la carga de trasladar el valor
del cálculo actuarial no puede considerarse una obligación retroactiva, ya que
el deber de aprovisionamiento es previo a la vigencia del literal c del
artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
El llamamiento de afiliación por parte del ISS a las
empresas del sector privado, se efectuó en forma paulatina y progresiva desde
la expedición de Ley 90 de 1946 y culminó con la expedición de la Ley 100 de
1993 que realizó un llamado de manera general y abstracta a todos los
empleadores.
En ese sentido, consideró la Corte
que “el literal “c” del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 no
introdujo una obligación de aprovisionamiento nueva, pues esta ya existía desde
la vigencia de los artículos 72 de la Ley 90 de 1946, 259 y 260 del CST y del
artículo 14 de la Ley 6 de 1945. Lo único que hizo el referido literal “c” fue
establecer el instrumento de acumulación, realización o
cumplimiento de la prexistente obligación de aprovisionamiento de los aportes
correspondientes a los tiempos servidos por el trabajador que laboró para
empresas que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían la obligación de
reconocer y pagar una pensión”.
(iii)  los trabajadores que mantuvieron una
relación laboral antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían,
respecto del acceso al reconocimiento de la pensión de vejez, una expectativa
legítima y no un derecho adquirido.
La Sala Novena de Revisión no compartió esta premisa, por
cuanto en su criterio, la expectativa legítima sobre el reconocimiento de la
pensión de vejez no influye en el derecho adquirido a que se reconozcan los
tiempos causados durante la vinculación laboral. Al respecto, explicó:
“101. En otras palabras, se trata de hipótesis
jurídicas distintas, que aunque están relacionadas son autónomas entre sí (por
ello lo resuelto sobre la expectativa legítima de pensión no incide de modo
alguno en el juicio sobre el derecho adquirido a los tiempos causados para
efectos pensionales). La primera, referente a la expectativa legítima a una
pensión de jubilación, y la otra, al derecho adquirido al cómputo de los
periodos causados para efecto del reconocimiento de las prestaciones otorgadas
por el sistema de pensiones[47].
102. De este modo, una persona puede tener al mismo
tiempo una expectativa legítima a pensión por encontrarse cercana al
cumplimiento de los requisitos de reconocimiento de esta, y un derecho
adquirido al cómputo de los periodos causados en vigencia de una relación
laboral[48].
Para esta Sala de Revisión de la Corte, la necesidad de
tener en cuenta los tiempos laborados con empresas que antes de la entrada en
vigor de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento de la pensión
de jubilación, radica en la garantía de completitud de la historia laboral del
trabajador, necesaria, no solo para el reconocimiento de la pensión de
jubilación sino para el acceso a las demás prestaciones que integran el derecho
a la seguridad social (pensión de sobrevivientes, de invalidez,
reconocimiento de auxilio funerario, indemnización sustitutiva o devolución de
aportes[49])
5.13. De otra parte, la Sala abordó otra tesis
planteada en la Sentencia T-719 de 2011[50]
en relación con la imposibilidad de acumular, para efectos pensionales, tiempos
causados sin que se hayan efectuado deducciones por ese concepto, del salario
del trabajador. Sobre este aspecto, la Sala consideró que antes de la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993 el régimen pensional no era contributivo y
por lo tanto, la garantía de esta clase de prestaciones hacía parte de la
remuneración del trabajador[51].
5.14. De igual forma, la Sala considera que el
aprovisionamiento de capital y la afiliación obligatoria no comportan una misma
obligación. Al respecto explicó:
“En opinión de esta Sala de la Corte las aludidas
obligaciones constituyen cargas distintas. Así, la Sala reitera que la carga de
aprovisionamiento surgió a la vida jurídica con los artículos 72 de la Ley 90
de 1946 y los artículos 259.2 y 260 del CST con el objeto de garantizar la
financiación de la pensión del trabajador en el evento de cumplir en su
integridad los requisitos de acceso a la prestación, o de trasladar el valor
respectivo en caso de subrogación del riesgo pensiones por parte del seguro
social mediante el llamamiento a afiliación obligatoria. En opinión de la Sala,
el literal “c” del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 no creó
una novísima obligación de aprovisionamiento de capital, pues únicamente fijó
el instrumento de realización del mencionado traslado financiero con el fin de
materializar la preexistente obligación de aprovisionamiento establecida
en los mencionados artículos de la Ley 90 de 1946 y del CST”.
5.15. En suma, (i) la obligación de aprovisionamiento
de capital respecto de las empresas del sector privado que tenían a su cargo el
reconocimiento de la pensión de jubilación surgió con la Ley 90 de 1946 y su
exigibilidad se aplazó hasta que se efectuara el llamamiento de afiliación.
Este llamamiento se produjo de manera paulatina y progresiva (en el caso de las
empresas del sector petrolero a través de la resolución 4250 de 1993), sin
embargo, con la expedición de la Ley 100 de 1993 el deber de afiliación al
régimen pensional se estableció de manera general y abstracta. (ii) Además, en
el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 se estableció un instrumento para
la acumulación de aportes, con el objeto de que se incluyeran en el cómputo de
las semanas cotizadas los tiempos laborados con empleadores que antes de la
entrada en vigor de aquella disposición tenían a su cargo el reconocimiento de
la pensión. Para tal efecto, estos empleadores tenían el deber de trasladar los
aportes, según lo estableciera el cálculo actuarial que elaboraría el ISS. (iii)
No obstante, para la exigibilidad de este mecanismo, la Ley 100 de 1993
introdujo un requisito que consiste en la vigencia de la relación laboral al
momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. (iv) Este requisito fue
declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-506 de 2001, Sin
embargo, en criterio de la Sala Novena de Revisión, plasmado en la sentencia T-410
de 2014, este pronunciamiento hizo tránsito a cosa juzgada relativa toda vez
que analizó un cargo de igualdad y no el de vulneración del derecho a la
seguridad social que se materializa a través del derecho adquirido al
reconocimiento de los aportes y de la efectividad de las cotizaciones, por lo
tanto la Sala Novena de Revisión en la sentencia T-410 de 2014 estableció la
posibilidad de analizar la viabilidad de aplicar al caso concreto, la excepción
de inconstitucionalidad en relación con el requisito de vigencia del contrato
laboral por la lesión de los bienes constitucionales no estudiados en la
sentencia C-506 de 2001.
5.16. En la mencionada sentencia T-410 de 2014, esta
Sala de Revisión consideró que el literal c del parágrafo 1º del artículo 33 de
la Ley 100 de 1993, que establece el requisito de vigencia de la relación
laboral para la exigibilidad del traslado de los aportes por parte de las
empresa que antes de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento de
la pensión de vejez, contradice preceptos superiores: (i) el derecho adquirido
al reconocimiento de los aportes, que es diferente a la expectativa legitima a
pensionarse (inciso 7 y 10 del artículo 48 y artículo 58 C.P.) (ii) la
efectividad de las cotizaciones y los tiempos
trabajados (inciso 9 del artículo 48 CP) y en general (iii) la eficacia
del derecho a la seguridad social.
5.17. Sostuvo este Tribunal Constitucional, que los
trabajadores que tuvieron una relación laboral con empleadores que antes de la
Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento de la pensión de vejez y no
habían sido llamados por el ISS a efectuar la afiliación tiene un derecho
adquirido a los aportes a partir del deber de aprovisionamiento de capital
establecido en la Ley 90 de 1946. En concreto señaló:
“124. Precisado lo anterior, y descendiendo a la posición jurídica específica
de las personas que prestaron sus servicios para empleadores que antes de la
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 no habían sido llamados por el seguro
social a afiliación obligatoria pero que sí tenían la carga de reconocer una
pensión en la hipótesis en que el trabajador cumpliera en su integridad los
requisitos de tiempo de servicio y edad del artículo 260 del CST o similares,
la Sala Novena de Revisión estima que estos cuentan con un derecho adquirido a
los aportes correspondientes al tiempo de servicio prestado o causado durante
la pervivencia de la relación laboral, incluso si esta finalizó antes de la
entrada en vigencia del literal “c” del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley
100 de 1993.
125. Antes de la entrada en vigor del sistema general
de pensiones una persona que laboraba para un empleador particular podía
encontrarse ante dos situaciones jurídicas distintas. Si la empresa había sido
llamada a afiliación obligatoria de sus trabajadores, el empleador trasladaba
el riesgo pensiones al seguro social público consignando los respectivos
aportes mensuales, como se indicó en los fundamentos 119 y 120 de la parte
motiva de esta sentencia. Sin embargo, si la empresa aún no había sido llamada
a afiliar a sus trabajadores al seguro social público, debía pagar una pensión
de jubilación en el evento en que el trabajador cumpliera en su integridad los
requisitos de reconocimiento (Art. 260 CST), lo que a su vez aparejaba la carga
de realizar las reservas de capital necesario para sufragar la eventual prestación
o para trasladar los aportes cuando fuera llamada por el seguro social a
afiliar obligatoriamente a los trabajadores, como la Sala procede a explicar
(Art. 72 L.90/46 y 259.2 y 260 CST).
5.18. A partir de lo anterior, concluye la Corte que:
“en estos eventos el juez de la causa concreta debe aplicar la excepción de
inconstitucionalidad sobre el aparte normativo “siempre y cuando la vinculación
laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993” contenida en el literal “c”
parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y en la expresión similar
contenida en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003; y ordenar en su lugar el
traslado del valor del cálculo actuarial correspondiente al tiempo de servicio
prestado por el trabajador”.
III. CASO CONCRETO
1. En el
presente caso, por medio de apoderado judicial, el señor Omar Ceballos Cáceres de
75 años de edad, formuló acción de tutela en contra del Instituto de Seguros
Sociales (hoy Colpensiones) y de la empresa Chevron Petroleum Company con el
objeto de que se amparen sus derechos a la seguridad social y a la igualdad. En
consecuencia, solicitó que se ordene los siguiente: (i) al ISS, efectuar el
cálculo actuarial de los aportes correspondientes a los tiempos laborados para
la empresa accionada entre el 20 de abril de 1964 y el 1 de noviembre de 1970 y
que se incluyan estos periodos en la computo de semanas cotizadas para obtener
el reconocimiento de la pensión de vejez y (ii) a la compañía Chevron Petroleum
Company trasladar los aportes al ISS de conformidad con el cálculo actuarial
que esta entidad expida.
2. Estas
pretensiones fueron analizadas en una demanda ordinaria laboral formulada por el
actor. El trámite de este proceso laboral fue el siguiente:
(i) En
primera instancia, el Juzgado Primero Laboral del circuito de Armenia negó las
pretensiones, bajo el argumento de que el actor no cumplía con las condiciones
señaladas en el ordenamiento jurídico para que pudiera incluirse, en el cómputo
de semanas exigidas para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, los
tiempos laborados con la empresa Chevron Petroleum Company.
(ii) En
segunda instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Armenia confirmó lo
decidido por el juez a quo por las mismas razones.
(iii) Frente
a lo anterior, el actor formuló recurso extraordinario de casación. Mediante
sentencia del 22 de noviembre de 2007, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia acusada.
3. Las
razones expuestas por los jueces ordinarios laborales para despachar en forma
desfavorable las pretensiones del demandante, se pueden resumir de la siguiente
manera: (i) El señor Omar Ceballos Cáceres no cumple con el requisito de
semanas exigidas por la Ley para acceder a la pensión de vejez, (ii) los
tiempos laborados con la empresa Chevron Petroleum Company entre el 20 de abril
de 1964 y el 1 de noviembre de 1970 no pueden incluirse en el cómputo de las
semanas por cuanto para la época de la vinculación no existía la obligación,
por parte de esta empresa, de afiliar a su trabajadores al ISS, porque dicho
deber surgió desde el 1º  de octubre de 1993 cuando esta entidad a través de la
resolución 4250 de 1993, efectuó el llamamiento respectivo.
4. Aunque el
demandante dirigió la acción de tutela en contra del ISS y de la empresa
Chevron Petroleum Company, los jueces ordinarios fueron vinculados a este trámite
por parte del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Popayán mediante
providencia del 29 de septiembre de 2014, en cumplimiento del Auto 196 A del 8
de septiembre de 2011[52] proferido por la Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, que declaró la nulidad de lo actuado por
la falta de vinculación de aquellas autoridades judiciales.
5. Mediante
sentencia del 14 de octubre de 2014 el Juez Tercero Laboral del Circuito de
Popayán negó el amparo de los derechos fundamentales del accionante por las
siguientes razones: (i) la acción de tutela es temeraria por cuanto el actor
presentó una acción de tutela por los mismos hechos ante el Consejo Superior
de  la Judicatura que culminó con sentencia desfavorable a sus pretensiones (ii)
el actor agotó el proceso ordinario laboral que culminó con la sentencia
proferida por la Sala de Casación de Laboral de la Corte Suprema de Justicia el
22 de noviembre de 2007, decisión que a juicio del juez de instancia, ya hizo
tránsito a cosa juzgada y no existe razón para revisar nuevamente, en sede de
tutela la misma problemática planteada por el señor Ceballos Cáceres. Además, el
actor en la demanda de tutela, no cuestionó las decisiones de los jueces
ordinarios.
6. En
consideración a que el presente asunto consiste en la tutela contra las
sentencias judiciales proferidas por los jueces ordinarios laborales vinculados
al trámite de la demanda, la Sala analizará el cumplimiento de los requisitos
generales de la acción de tutela contra providencias judiciales conforme las
consideraciones de esta providencia. Superado este estudio, la Sala analizará
de fondo si la decisión adoptada por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia incurrió en defecto sustantivo por interpretación
irrazonable.
Verificación
del cumplimiento de las causales genéricas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales
7. Que la
cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional.
Observa la
Sala que la posible violación de los derechos fundamentales al debido proceso y
a la seguridad social configuran una circunstancia de relevancia constitucional,
teniendo en consideración que el afectado en razón de su edad, 75 años, es un
sujeto de especial protección constitucional.
8. Que se
hayan identificado plenamente los derechos vulnerados y los hechos
vulneratorios de los mismos.
El señor Omar
Ceballos ha sido claro en señalar que las entidades accionadas y vinculadas
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social.
Para tal efecto, identificó la manera como cada una de las entidades accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales: (i) respecto del ISS, se refirió a la
negativa a efectuar el cálculo actuarial correspondientes a los aportes que
debe trasladar la empresa Chevron Petroleum Company para efectos del
reconocimiento pensional, (ii) en relación con la empresa Chevron Petroleum
Company, hizo referencia a la negativa de efectuar el traslado de los aportes
de los tiempos laborados por el actor y (iii) aunque el demandante no formuló
la demanda contra los jueces ordinarios, en el texto de la demanda de tutela,
el accionante se refiere a lo decidido por ellos, al considerar que sus decisiones
desconocen los postulados constitucionales establecidos en los artículos 46,
48, 53 superiores.
9. Que la actuación haya respetado el principio
de inmediatez.
En este punto, es indispensable
analizar que la acción de tutela haya sido promovida dentro de un término
razonable, prudencial y cercano a la ocurrencia de los hechos que se consideran
vulneratorios de los derechos fundamentales, con el fin de evitar que el
transcurso del tiempo desvirtúe la transgresión o amenaza de tales derechos.
Al respecto, observa
la Sala que el señor Omar Ceballos Cáceres refirió que formuló la acción de
tutela, con ocasión a la expedición de la sentencia T-784 de 2010,
pronunciamiento que constituye un hecho nuevo para su caso y que legitima la
intervención del juez constitucional, teniendo en cuenta que según el relato
del actor, la afectación de sus derechos constitucionales, por la imposibilidad
de acceder al reconocimiento de la pensión por causa de que no se incluyen en
el cómputo de semanas cotizadas al ISS los tiempos laborados con Chevron, se
mantiene en el tiempo y cada día es más gravosa, ya que es una persona de 75
años de edad. Esta situación, para la Sala, flexibiliza el estudio de este
requisito de procedibilidad de la acción de tutela.
Entonces, la
Sala constató que el señor Ceballos Cáceres formuló la acción de tutela el 4 de
febrero de 2011[53] y la sentencia T-784 de 2010 fue
comunicada el 10 de noviembre de 2010, es decir que trascurrieron 3 meses entre
el nuevo hecho que motivó la presente acción de tutela y la formulación de la
demanda.
En relación con lo anterior, la
jurisprudencia constitucional ha señalado ciertas condiciones no taxativas, por
las cuales resulta admisible la demora en la interposición de la acción de
tutela, tales como: (i) que a pesar de que el hecho que originó la vulneración sea
lejano en el tiempo, la situación desfavorable del tutelante sea actual y (ii)
la especial situación de la persona a quien se le han vulnerado sus derechos
fundamentales[54].
10. Que no
se trate de una sentencia de tutela.
Este
requisito se cumple, pues la acción constitucional ataca las decisiones
adoptadas por los jueces ordinarios laborales durante trámite del proceso
ordinario laboral promovido por el señor Omar Ceballos en contra del ISS y de
la empresa Chevron Petroleum Company.
11. Que se
haya cumplido con el principio de subsidiariedad, y que la irregularidad
procesal que se alegue tenga un efecto directo sobre la decisión de fondo que
se impugna.
Encuentra la
Corte, que durante el trámite del proceso ordinario laboral se agotaron los
recursos ordinarios y extraordinarios para controvertir las decisiones
adoptadas por los jueces laborales.
12. De otra
parte, la entidad accionada alegó la temeridad de la acción de tutela ya que el
actor había formulado otra acción de tutela por los mismos hechos y con
idénticas pretensiones[55]. Al respecto, la Sala no comparte este
argumento, toda vez que la sentencia T-784 de 2010 constituye un hecho nuevo, con
base en el cuál se instauró la segunda acción de tutela.
Es preciso señalar, que el Decreto
Ley 2591 de 1991 en el artículo 38, consagra la actuación temeraria en la
acción de tutela, con el fin de evitar el abuso de este mecanismo. Al respecto,
señala que se configura la temeridad cuando “sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales” y que corresponde al
juez de tutela rechazarla o decidir desfavorablemente todas las solicitudes.
Sin embargo,
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, cuando se presentan estas
situaciones, es preciso que se desvirtúe la presunción de buena fe en la
actuación del accionante, de lo contrario no hay lugar a la configuración de
una actuación temeraria.
Respecto de lo anterior, la Corte
Constitucional en la sentencia T-008 de 2015 ilustró algunas situaciones en las
que no es factible declarar que existió una actuación temeraria: “(i) la condición del actor que lo
coloca en estado de ignorancia o
indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no por
mala fe; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho;
(iii) en la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a
la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o
cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s)
tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos
fundamentales del demandante; y por último (iv) se puede resaltar la
posibilidad de interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte
Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos hace
explícitamente extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad
de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron
acción de tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión. (Negrilla
fuera del texto original)”.
Estudio de fondo de la acción de tutela contra la sentencias
acusadas
13. Para abordar el análisis de este aspecto, la Corte analizará si
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia al despachar desfavorablemente
las pretensiones del demandante incurrió en defecto sustantivo por
interpretación irrazonable, al decidir con base en una regla jurisprudencial
que (i) desconoce mandatos superiores y (ii) produce efectos desproporcionados
sobre la integridad del ordenamiento jurídico y sus destinatarios.
14. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
desestimó las pretensiones del señor Omar Ceballos Cáceres a partir de lo
dispuesto en el literal c del parágrafo 1º del artículo 33 de la Ley 100 de
1993 en virtud del cual, para incluir en el cómputo de las semanas cotizadas
los periodos laborados con empleadores que antes de la entrada en vigor de la
Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento de la pensión de vejez, es
necesario que para la fecha en que comenzó a regir dicha disposición -23  de
diciembre de 1993- la relación laboral se encontrara vigente.
En efecto, la Sala de Casación Laboral constató que el señor Omar
Ceballos Cáceres no cumple con dicha exigencia pues la relación laboral con la
empresa Chevron Petroleum Company terminó el 1 de noviembre de 1970. Asimismo,
consideró que en el caso bajo análisis no es posible señalar que existió
omisión en la afiliación por parte de la compañía demandada, toda vez que, en
el caso de las empresas del sector petrolero, la obligación de afiliar a los
trabajadores al ISS surgió a partir del 1 de octubre de 1993 conforme con lo
dispuesto en la resolución 4250 de 1993.
15. De acuerdo con las consideraciones desarrolladas en esta
providencia (supra 4.16) esta interpretación desconoce el derecho
a la seguridad social (artículo 48 Superior) que se materializa a través del
derecho adquirido al reconocimiento de los aportes o de los tiempos laborados,
a la efectividad de las cotizaciones de aquellos trabajadores, como es el caso del
señor Omar Ceballos Cáceres, que estuvieron vinculados a empresas del sector
privado y que muchos años después encuentran frustrado el reconocimiento de la
pensión de vejez, por causa del desconocimiento de los tiempos laborados en el
sector privado antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, bajo el
argumento de que la relación laboral se extinguió con anterioridad a la norma.
De la misma manera, desconoce el deber de aprovisionamiento de
capital para efectos pensionales que tenía la empresa Chevron Petroleum Company
conforme a lo establecido en el artículo 72 de la Ley 90 de 1946.
16. La Sala considera que el hecho de que el señor Omar Ceballos
Cáceres no hubiera cumplido los requisitos pensionales antes del llamamiento de
afiliación y que se hubiera producido su desvinculación laboral antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no se puede traducir en la pérdida
de los recursos que la empresa ha debido aprovisionar o aprovisionaba en ese
momento para efectos pensionales, pues ello equivaldría a la vulneración del derecho
a la seguridad social del trabajador.
17. La posición
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido
de que no es posible incluir en el cómputo de las semanas que cotizó el señor
Omar Ceballos Cáceres al ISS, los tiempos laborados en la empresa Chevron
Petroleum Company, debido a que la relación laboral con dicha compañía se
extinguió antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, tiene un sustento
conforme lo establecido en el artículo 33 de la Ley100 de 1993.
18. No obstante, en criterio
de esta Sala de Revisión la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, al analizar el caso concreto tenía el deber de aplicar preceptos
superiores que expresan la protección constitucional del derecho a la seguridad
social los cuales se contradicen al aplicar el requisito de vigencia de la
relación laboral establecido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 para la
efectividad del instrumento de acumulación de aportes, que permite, en
este caso, que se consideren los tiempos laborados por el demandante en la
empresa Chevron Petroleum Company para efectos del cómputo de las semanas
cotizadas.
19. Una interpretación
razonable de la normatividad aplicable al caso que ocupó la atención de la
Corte Suprema de Justicia, a juicio de la Sala y atendiendo las consideraciones
desarrolladas en esta providencia (fundamento jurídico 4) debió incluir el
siguiente análisis: (i) el señor Ceballos Cáceres de 74 años de edad, requiere
del instrumento de acumulación de aportes para acceder al reconocimiento
de a pensión de vejez (ii) el demandante tiene derecho a que se consideren los
tiempos laborados para la empresa Chevron Petroleum Company en razón a que esta
compañía, desde que se expidió la Ley 90 de 1946, tenía la obligación de
aprovisionar el capital necesario para el traslado de los aportes cuando el ISS
efectuara el llamamiento respectivo a las empresas del sector petrolero y (iii)
por lo tanto no se puede confundir la obligación de afiliar a los trabajadores
la cual dependía del llamado por parte del ISS, con el deber de efectuar el
aprovisionamientos de los aportes.
20. Es importante precisar,
que si bien el requisito de vigencia de la vinculación laboral que exige el
literal c del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 no desconoce el derecho a la
igualdad entre los trabajadores del sector privado que prestaron sus servicios antes
de la entrada en vigor de esta disposición y respecto de los cuales su vínculo
se mantuvo o ingresaron con posterioridad a la expedición de dicha norma, como
lo ha entendido la Corte Constitucional en sede de control abstracto, sí
desconoce preceptos constitucionales como la protección de los derechos a la
seguridad social y al mínimo vital que se materializa a través del
reconocimiento de la pensión de vejez.
21. Ha considerado esta
Sala que “Las
autoridades judiciales deben tener en cuenta que en el Estado Constitucional
una norma infraconstitucional solo es admitida como derecho válidamente
aplicable cuando se encuentra ajustada a los contenidos materiales de la norma
suprema. Igualmente, que las normas jurídicas deben estar en relación de
coherencia, es decir, no ser incompatibles entre sí, pues el ordenamiento
jurídico se dirige a ser comprendido como un todo unitario y armonioso, en cuya
cúspide se encuentra la Constitución”[56].
22. En virtud de lo anterior, la Sala Novena de Revisión concluye
que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurrió en un
defecto por interpretación irrazonable al decidir el asunto con base en una
regla judicial que (i) desconoce mandatos superiores (artículo 48 Superior) y
(ii) produce efectos desproporcionados en tanto deja sin eficacia la protección
de un derecho constitucional como es el caso de la seguridad social.
23. A partir de las anteriores consideraciones la Corte
Constitucional concederá el amparo de los derechos fundamentales solicitado por
el señor Omar Ceballos Cáceres. En consecuencia, la Sala Novena de Revisión dejará
sin valor y efecto (i) la sentencia de casación dictada por la Corte Suprema de
Justicia Sala de Casación Laboral el 22 de noviembre de 2007 dentro del proceso
ordinario laboral promovido por el señor Omar Ceballos Cáceres contra la
compañía Chevron Pretoleum Company y el ISS, así como las sentencias adoptadas
por el Juez Primero Laboral del Circuito de Armenia el 25 de noviembre de 2005
y por la Sala laboral del Tribunal Superior de Armenia el 22 de febrero de
2006. Asimismo, dictará las órdenes que sean del caso para la protección
efectiva de los derechos fundamentales vulnerados.
24. Antes de establecer estas órdenes
de protección, es necesario señalar que cuando la vulneración deviene de la
decisión de una Alta Corte, el Tribunal Constitucional ha asumido las
siguientes modalidades de protección: (i) si en el proceso ordinario uno de los
fallos de instancia ha sido conforme a la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, el juez de tutela debe dejar sin efecto la sentencia contraria
al precedente y, en su lugar, confirmar el fallo de instancia que se ajusta a
la jurisprudencia constitucional y; (ii) si ninguno de los fallos de instancia
del proceso ordinario ha sido favorable a las pretensiones, esta Corporación ha
adoptado directamente las medidas necesarias de protección, dictando sentencia
sustitutiva o de remplazo (SU-917/10 MP Jorge Iván Palacio Palacio).
25. La sentencia de reemplazo se
justifica en este caso, por la situación de vulnerabilidad en la se encuentra
el señor Omar Ceballos Cáceres debido a que: (i) a su avanzada edad -74 años-
no percibe una pensión de vejez que le permite garantizar su sustento
económico; (ii) ha trascurrido diez años sin que la justicia haya sido efectiva
en la protección de su derecho a la seguridad social el cual se materializa con
la garantía del derecho adquirido a la efectividad de los tiempos laborados con
empresas que antes de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento de
la pensión de jubilación.
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que los jueces
ordinarios adoptaron una decisión uniforme al resolver desfavorablemente las
pretensiones del demandante, la Sala Novena de Revisión dictará una sentencia
de reemplazo.
25. La Sala
constató que: (i) el señor Omar Ceballos Cáceres de 74 años de edad, laboró en
la empresa Chevron Petroleum Company entre el 20 de abril de 1964 y el 1 de
noviembre de 1970[57], (ii) que la empresa accionada no
efectuó aportes al sistema de seguridad social en pensiones, (iii) que el ISS (hoy
Colpensiones) se negó a efectuar el cálculo actuarial respecto del valor de los
aportes que tiene que trasladar la empresa accionada respecto del accionante,
(iv) que el ISS (hoy Colpensiones) se negó a incluir en el cómputo de las
semanas cotizadas, los tiempos laborados en la empresa Chevron Petroleum
Company los cuales son necesarios para completar las semanas exigidas para
acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, (v) que conforme con las
consideraciones desarrolladas en esta providencia (supra fundamento jurídico
4) el señor Ceballos Cáceres tiene derecho a que se le reconozca los
tiempos laborados en la empresa demandada conforme al deber de
aprovisionamiento de capital que para efectos del reconocimiento de la pensión
de vejez tuvo que efectuar dicha compañía (Ley 90 de 1946 y artículo 260 del
CST).
26. En
consecuencia, el ISS y la empresa Chevron Petroleum Company desconocen el
derecho fundamental a la seguridad social del señor Omar Ceballos Cáceres al
desconocer su derecho adquirido a la efectividad de los tiempos laborados en
dicha empresa, entre el 20 de abril de 1964 y el 1 de noviembre de 1970.
27. En razón
de lo expuesto, la Sala establecerá las siguientes órdenes con el fin de que se
supere la vulneración de los derechos fundamentales del demandante: (i) dentro
de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, Colpensiones
deberá (a) efectuar el cálculo actuarial correspondiente a los aportes a
pensión que debe trasladar la empresa Chevron Petroleum Company de acuerdo con
el periodo laborado por el señor Omar Ceballos Cáceres entre el 20 de abril de
1964 y el 1 de noviembre de 1970 y (b) realizar un nuevo estudio de la
solicitud del reconocimiento de la pensión de vejez incluyendo en la historia
laboral, estos periodos de cotización. (ii) dentro de las 48 horas siguientes a
la notificación del cálculo actuarial elaborado por Colpensiones, la empresa
Chevron Petroleum Company, deberá trasladar los aportes respectivos a
Colpensiones. Si vencido este periodo no se ha cumplido con esta orden, dicha
entidad deberá iniciar el trámite de desacato de este fallo de tutela, sin
perjuicio del ejercicio de la acción de cobro coactivo establecida en el
artículo 24 de la Ley 100 de 1993, (iii) de la misma manera se advertirá a la
empresa Chevron Petroleum Company que en caso de presentarse un caso similar al
analizado en esta sentencia, aplique las directrices fijadas por esta
Corporación para garantizar los derechos constitucionales de aquellas personas
que se encuentran en las mismas circunstancias del accionante.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución
RESUELVE
Primero.- Revocar la
sentencia denegatoria de tutela proferida en
el asunto de la referencia, en única instancia, por el Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Popayán el 14 de octubre de 2014, y en su lugar, conceder la tutela de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social del señor Omar Ceballos
Cáceres.
Segundo.- Dejar
sin efecto la
sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia el 22 de noviembre de 2011, dentro del proceso ordinario laboral
promovido por Omar Ceballos Cáceres contra el ISS (hoy Colpensiones) y la
empresa Chevron Petroleum Company, así como las sentencias adoptadas por el
Juez Primero Laboral del Circuito de Armenia el 25 de noviembre de 2005 y por
la Sala laboral del Tribunal Superior de Armenia el 22 de febrero de 2006.
Tercero.- Ordenar a Colpensiones que dentro de
las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, efectué el
cálculo actuarial correspondiente a los aportes para efectos pensionales, que debe
trasladar la empresa Chevron Petroleum Company respecto del señor Omar Ceballos
Cáceres en consideración al periodo laborado para esta compañía entre
el 20 de abril de 1964 y el 1 de noviembre de 1970.
Cuarto.- Ordenar a Colpensiones que
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al vencimiento del término
contemplado en el numeral anterior, efectúe un nuevo estudio de la solicitud
del reconocimiento de la pensión de vejez del señor Omar Ceballos Cáceres
incluyendo en el cómputo de las semanas cotizadas, los tiempos laborados por el
actor en la empresa Chevron Petroleum Company entre el 20 de abril de
1964 y el 1 de noviembre de 1970.
Quinto.- Ordenar a la empresa Chevron
Petroleum Company que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del cálculo actuarial elaborado por Colpensiones, traslade los
respectivos aportes a dicha entidad. Advertir que si
vencido este periodo no se ha cumplido con esta orden, Colpensiones deberá
iniciar el trámite de desacato de este fallo de tutela, sin perjuicio de la
acción de cobro coactivo establecida en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.
Quinto.- Advertir a la empresa Chevron Petroleum
Company que en caso de presentarse un caso similar al analizado en esta
sentencia, aplique las directrices fijadas por esta Corporación para garantizar
los derechos constitucionales de aquellas personas que se encuentran en las
mismas circunstancias del accionante.
Sexto.-Ordenar que
se dé cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Magistrada (E)
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
Auto 089/16
Referencia: Corrección de la Sentencia T-714 de 2015
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil
dieciséis (2016)
La Sala Novena de Revisión de
la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle
Correa y los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Luis Ernesto Vargas
Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
CONSIDERANDO
1. Que mediante sentencia T-714
de 2015 la Sala Novena de Revisión amparó los derechos fundamentales al debido
proceso y a la seguridad social del señor Omar Ceballos Cáceres y en
consecuencia, profirió las siguientes órdenes:
“Segundo.- Dejar
sin efecto la sentencia proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 22 de noviembre de 2011,
dentro del proceso ordinario laboral promovido por Omar Ceballos Cáceres contra
el ISS (hoy Colpensiones) y la empresa Chevron Petroleum Company, así como las
sentencias adoptadas por el Juez Primero Laboral del Circuito de Armenia el 25
de noviembre de 2005 y por la Sala laboral del Tribunal Superior de Armenia el
22 de febrero de 2006.
Tercero.- Ordenar a
Colpensiones que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta
providencia, efectué el cálculo actuarial correspondiente a los aportes para
efectos pensionales, que debe trasladar la empresa Chevron Petroleum Company
respecto del señor Omar Ceballos Cáceres en consideración al periodo laborado
para esta compañía entre el 20 de abril de 1964 y el 1 de noviembre de
1970.
Cuarto.- Ordenar a Colpensiones
que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al vencimiento del término
contemplado en el numeral anterior, efectúe un nuevo estudio de la solicitud
del reconocimiento de la pensión de vejez del señor Omar Ceballos Cáceres
incluyendo en el cómputo de las semanas cotizadas, los tiempos laborados por el
actor en la empresa Chevron Petroleum Company entre el 20 de abril de 1964
y el 1 de noviembre de 1970.
Quinto.- Ordenar a la
empresa Chevron Petroleum Company que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del cálculo actuarial elaborado por Colpensiones,
traslade los respectivos aportes a dicha entidad. Advertir que si
vencido este periodo no se ha cumplido con esta orden, Colpensiones deberá
iniciar el trámite de desacato de este fallo de tutela, sin perjuicio de la
acción de cobro coactivo establecida en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993”.
2. Que el 8 de febrero de 2016 el señor Omar Ceballos Cáceres
solicitó a esta Corporación corregir el numeral segundo de la parte resolutiva
de la sentencia T-714 de 2015, en el sentido de que el fallo proferido por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso
ordinario laboral promovido por Omar Ceballos Cáceres contra el ISS (hoy
Colpensiones) y la empresa Chevron Petroleum Company es de 2007 y no 2011.
3. Que en efecto, la Sala
constató que la sentencia T-714 de 2015 presenta el error involuntario de
transcripción descrito en el numeral anterior. Por lo tanto, considera que el
mismo debe ser corregido.
RESUELVE
CORREGIR el numeral segundo de la parte
resolutiva de la sentencia T-714 de 2015 el cual quedará de la siguiente
manera:
“Segundo.- Dejar
sin efecto la sentencia proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 22 de noviembre de 2007,
dentro del proceso ordinario laboral promovido por Omar Ceballos Cáceres contra
el ISS (hoy Colpensiones) y la empresa Chevron Petroleum Company, así como las
sentencias adoptadas por el Juez Primero Laboral del Circuito de Armenia el 25
de noviembre de 2005 y por la Sala laboral del Tribunal Superior de Armenia el
22 de febrero de 2006”.
Comuníquese y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Los argumentos de este recurso fueron tomados de la
sentencia de segunda instancia ya que en el expediente no obra la apelación
presentada por el demandante.
[2] ARTICULO.   33.- Modificado por el art.
9, Ley 797 de 2003 Requisitos para obtener la pensión de vejez. Para tener
derecho a la pensión de vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes
condiciones: 1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer,
o sesenta (60) años de edad si es hombre. Haber cotizado un mínimo de mil
(1.000) semanas en cualquier tiempo. PARAGRAFO. 1º- Reglamentado parcialmente
por el Decreto Nacional 1887 de 1994. Para efectos del cómputo de las semanas a
que se refiere el presente artículo, y en concordancia con lo establecido en el
literal f) del artículo 13 se tendrá en cuenta: a)  El número de semanas
cotizadas en cualesquiera de los dos regímenes del sistema general de
pensiones; b)  El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados; c)
El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que tienen a
su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre que la vinculación
laboral se encuentre vigente o se inicie con posterioridad a la vigencia de la
presente ley; d)  El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del
sector privado que tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión,
(…) (negrilla fuera
del texto original)
[3] PARAGRAFO. 1º- Reglamentado parcialmente
por el Decreto Nacional 1887 de 1994. Para efectos del cómputo de las semanas a
que se refiere el presente artículo, y en concordancia con lo establecido en el
literal f) del artículo 13 se tendrá en cuenta: (…) d) El tiempo de servicios
como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no
hubieren afiliado al trabajador.
[4]La ponencia presentada por el Magistrado
Juan Carlos Henao Pérez no fue aprobada por la mayoría y por esta razón el
ponente de este Auto fue el Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza.
[5]Sentencias T-565
de 2006 MP Rodrigo Escobar Gil, T-363 de 2006 MP Jaime Araujo Renteria, T-661
de 2007 MP Jaime Araujo Renteria, T-249 de 2008 MP Jaime Cordoba Triviño, T-027
de 2008 MP Nilson Pinilla Pinilla, T-381 de 2004 MP Jaime Araujo Renteria.
[6] MP Jaime Córdoba Triviño
[7] Sentencia T-410 de 2014 MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[8] MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[9] Sentencias
T-158 de 1993 MSPS Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell, T-572 de
1994 MP
Alejandro Martinez Caballero, T-100 de 1998 MP José Gregorio Hernández Galindo, SU-159 2002 MP Manuel José Cepeda Espinosa, SU-174 de
2007
MP Manuel José Cepeda Espinosa, T-790 de 2010 MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, T-510 de 2011 MP Jorge Iván Palacio Palacio, T-790 de 2010 MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-343 de 2011, T-138 de 2011, T-792 de 2010, T-364 de 2009,
T-808 de 2007 y T-086 de 2007, entre otras. T-360 de 2011 MP Humberto Antonio
Sierra Porto, T-450 de 2012 MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-160 de 2013 MP
Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-267 de 2013 MP Jorge Iván Palacio Palacio,
T-465 de 2013 MP Luis Ernesto Vargas Silva, T-518 de 2013 MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, T-564 de 2013 MP Luis Ernesto Vargas Silva, SU.915 de 2013 MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SU.917 de 2013 MP Luis Ernesto Vargas Silva, T-116
de 2014 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-146 de 2014 MP Mauricio González
Cuervo, T-374/14 Luis Ernesto Vargas Silva, SU.770 de 2014 MP Mauricio González
Cuervo, T-869 de 2014 MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-073/15 MP Mauricio
González Cuervo.
[10] Humberto Antonio Sierra Porto. Esta sentencia fue
reiterada en la sentencia T-360 de 2011 MP Juan Carlos Henao Pérez.
[11] Ver sentencia T-462 de 2003.
[12] Ver sentencias T-765 de 1998, T-001 de
1999, SU-159 de 2002, T-244 de 2007, T-092 de febrero de 2008 y
T-310 de 2009.
[13] En este apartado se seguirá, en gran
parte, la argumentación expuesta en la sentencia T-1093 de 2012 MP Luis Ernesto
Vargas Silva.
[14] MP Eduardo
Montealegre Lynett.
[15] Sentencias T-773 de 2011 MP Luis Ernesto Vargas Silva, T-1093 de 2014 MP Luis Ernesto Vargas Silva, Sentencia T-1048 de 2008
MP Rodrigo Escobar Gil.
[16] MP Eduardo Montealegre Lynett.
[17] Sentencia T-001 de 1999 MP José Gregório
Hernández Galindo.
[18] MP Eduardo Montealegre Lynett.
[19] MP Eduardo Montealegre Lynett. Reiterada en el
sentencia T- Sentencia T-773 de 2011 MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[20] MP Luis Ernesto Vargas Silva. Reiterada en la
sentencia T-546 de 2014 MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[21] Sentencia T-1045 de 2008 MP Rodrigo Escobar Gil.
[22] Sentencia T-773 de 2011 MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[23] MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[24] Sentencia T-191 de 2009.
[25] M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en las
sentencias T-845 de 2013 MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-1093 de 2012 MP
Luis Ernesto Vargas Silva.
[26] Por medio de la cual se instituyó en
Colombia el primer Estatuto Orgánico del Trabajo.
[27] Decretos 2663 y 3743 de 1950, adoptados
por la Ley 141 de 1961.
[28] Reiterada en la sentencia T-410 de 2014 MP Luis
Ernesto Vargas Silva.
[29] “Por el cual se determinan el régimen
y la administración de los seguros sociales obligatorios, y se dictan otras
disposiciones”. El artículo 6 de esta disposición establece “DE LOS
AFILIADOS FORZOSOS. Deberán afiliarse forzosamente al régimen que se establece
en el presente Decreto, los trabajadores nacionales y extranjeros que presten
sus servicios a patronos particulares mediante contrato de trabajo o de
aprendizaje, los funcionarios de seguridad social a que se refiere el Decreto
1651 de 1977, y los pensionados por el régimen de los seguros sociales
obligatorios”.
[30] “Por el cual se aprueba el acuerdo
044 de 1989 emanado del consejo nacional de seguros sociales obligatorios”.
[31] Artículo 15 modificado por el artículo 3 de la Ley 797
de 2003.
[32]Aprobatorios de los
Acuerdos No. 267 de 1967 y No. 264 de 1967
[33] “ARTÍCULO 260. DERECHO A LA PENSIÓN. // 1.
Todo trabajador que preste servicios a una misma empresa de capital de
ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior, que llegue o haya llegado a los
cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años
si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos,
anteriores o posteriores a la vigencia de este Código, tiene derecho a una
pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión de vejez, equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el
último año de servicio. // 2. El trabajador que se retire o sea
retirado del servicio sin haber cumplido la edad expresada tiene derecho a la
pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de los
veinte (20) años de servicio.”
[34] “Artículo 289 -Vigencia y
derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación,
salvaguarda los derechos adquiridos y deroga todas las disposiciones que le
sean contrarias, en especial el artículo 2º de la Ley 4ª de 1966, el artículo
5º de la Ley 33 de 1985, el parágrafo del artículo 7º de la Ley 71 de 1988, los
artículos 260, 268, 269, 270, 271 y 272 del Código Sustantivo del Trabajo y
demás normas que los modifiquen o adicionen”.
[35] MP Álvaro Tafur Galvis.
[36] MP Rodrigo Escobar Gil.
[37] MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[38] MP Humberto Antonio Sierra Porto.
[39] MP Jorge Iván Palacio Palacio.
[40] MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Esta Sala de Revisión bajo la misma línea
argumentativa resolvió dos casos con un patrón fáctico similar en la sentencia
T398 de 2013.
[41] MP Nilson Pinilla Pinilla.
[42] MP Nilson Pinilla Pinilla.
[43] MP Nilson Pinilla Pinilla.
[44] MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[45] Bajo este argumento, el Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva
salvó voto respecto de la sentencia T-784 de 2010.
[46] Sentencia C-600 de 1998 MP José Gregorio
Hernández Galindo.
[47] En esta última hipótesis la persona
no se limita a reclamar el reconocimiento del derecho a pensión, sino la
completitud de la historia laboral mediante la integración de los periodos
causados para efectos pensionales; en este caso, los tiempos causados en
vigencia de una relación de trabajo con un empleador que antes de la Ley 100 de
1993 no había sido llamado a afiliar a sus trabajadores al seguro social de
manera obligatoria. Esto, para tener información o certeza sobre la cantidad de
semanas causadas para acceder eventualmente a una prestación del sistema de
seguridad social (pensión en cualquiera de sus modalidades, indemnización sustitutiva
de la pensión o devolución de aportes) y su probable monto, o para reclamar
directamente el reconocimiento de estas prestaciones (Infra 122). Igualmente, en la sentencia T-832A de 2013
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) la Sala Novena de Revisión se refirió
ampliamente a la protección de la expectativa legítima a pensión. En ese
contexto señaló que los aportes pensionales y los tiempos servidos se protegen
como expectativa legítima a pensión cuando su exclusión de la historia laboral
impide el acceso a esta. En la presente oportunidad la Sala analiza la
categorización de estos periodos en su condición de derecho adquirido
considerados en sí mismos, relacionados pero autónomos de la prestación
pensión.
[48] Para el perfeccionamiento del derecho a
una pensión de vejez en el régimen de prima se requiere la confluencia de
requisitos de edad y semanas cotizadas; por ello, mientras no se alcancen estos
presupuestos la persona tendrá una simple expectativa o una expectativa
legítima a pensión, según el caso. Por el contrario, el surgimiento de las
cargas patronales de (i) asumir el riesgo de reconocer una pensión en el evento
de cumplir el trabajador los presupuestos de acceso a esta, o de (ii)
afiliación obligatoria al sistema general de pensiones, genera el derecho
adquirido al cómputo de los periodos causados en virtud de la relación
jurídico-laboral. A esta última conclusión se arriba al analizar la legislación
nacional y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema
de Justicia, como se verá más adelante.
[49] En este sentido, señaló que “en la
sentencia T-832A de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) la Sala Novena de
Revisión se refirió ampliamente a la protección de la expectativa legítima a
pensión. En ese contexto señaló que los aportes pensionales y los tiempos
servidos se protegen como expectativa legítima a pensión cuando su exclusión de
la historia laboral impide el acceso a esta. En la presente oportunidad la Sala
analiza la categorización de estos periodos en su condición de derecho
adquirido considerados en sí mismos, relacionados pero autónomos de la
prestación pensión”.
[50] MP Nilson Pinilla Pinilla
[51] Sobre este particular se desarrolla lo establecido por
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el sentencia SL
4457-2014 MP Clara Cecilia Dueñas Quevedo.
[52] Este Auto fue comunicado el 15 de septiembre de 2014 a
través del oficio A-1269
[53] Es preciso advertir que la tutela no ha sido resuelta
en forma definitiva por causa de la nulidad que decretó la Sala Tercera de
Revisión mediante Auto 196 A del 8 de septiembre de 2011 y que fue notificado
por la Secretaría de esta Corporación el día 15 de septiembre de 2014.
[54] En este sentido se puede consultar las sentencias
T-590 de 2014 MP Martha Victoria Sáchica Méndez, T-942 de 2013 MP Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, T-072 de 2013 MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Entre
muchas otras.
[55] En efecto, el actor formuló la acción de
tutela que se revisa el 4 de febrero de 2011, sin embargo mediante sentencia
del 25 de noviembre de 2005, según lo aseveró el juez de instancia, el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Armenia ya había negado una demanda incoada por
los mismos hechos.
[56] Sentencia T-410 de 2014 MP Luis Ernesto
Vargas Silva.
[57] Folio 30 cuaderno de primera instancia.