C-121-10
Sentencia C-121/10
Sentencia C-121/10
PENSION DE SOBREVIVIENTES A COMPAÑEROS O COMPAÑERAS
PERMANENTES DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL-Reconocimiento
PRESTACIONES SOCIALES POR CAUSA DE
MUERTE DE OFICIAL O SUBOFICIAL DE LA POLICIA NACIONAL-Orden
de beneficiarios/PRESTACIONES
SOCIALES POR CAUSA DE MUERTE DE OFICIAL O SUBOFICIAL DE LA POLICIA NACIONAL-Condiciones
para su reconocimiento
PENSION DE SOBREVIVIENTES POR FALLECIMIENTO DE OFICIAL
Y SUBOFICIAL DE LA POLICIA NACIONAL-No
extinción por nuevas nupcias o vida marital
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ausencia de cargos
PENSION DE SOBREVIVIENTES EN PAREJAS DEL MISMO SEXO-Beneficiarios
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA DEROGADA-Procedencia por cuanto continúa produciendo efectos
jurídicos
En numerosas ocasiones esta Corporación ha expresado
que no tiene sentido pronunciarse sobre normas jurídicas que ya han sido
derogadas, dado que el fallo correspondiente sería inane. Sin embargo, la Corte
también  ha manifestado que sí cabe un pronunciamiento de fondo sobre normas
derogadas en aquellos casos en los que las normas respectivas continúan
produciendo efectos jurídicos en el tiempo.
INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA-Procedencia excepcional/UNIDAD NORMATIVA-Integración para evitar que el fallo sea inocuo
La Corte puede conocer excepcionalmente sobre la
constitucionalidad de leyes ordinarias que no son objeto de control previo u
oficioso, pese a que contra las mismas no se hubiere dirigido demanda alguna.
Se trata de aquellos eventos en los cuales procede la integración de la unidad
normativa. Sin embargo, para que, so pretexto de la figura enunciada, la Corte
no termine siendo juez oficioso de todo el ordenamiento jurídico, la
jurisprudencia ha señalado que la formación de la unidad normativa es
procedente, exclusivamente, en uno de los siguientes tres eventos. En primer
lugar, procede la integración de la unidad normativa cuando un ciudadano
demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico
claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta
absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra
disposición que no fue acusada. En estos casos es necesario completar la
proposición jurídica demandada para evitar proferir un fallo inhibitorio. En
segundo término, se justifica la configuración de la unidad normativa en
aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra
reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas. Esta
hipótesis pretende evitar que un fallo de inexequibilidad resulte inocuo. Por
último, la integración normativa procede cuando pese a no verificarse ninguna
de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente
relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de
constitucionalidad. En consecuencia, para que proceda la integración normativa
por esta ultima causal, se requiere la verificación de dos requisitos distintos
y concurrentes: (1) que la norma demandada tenga una estrecha relación con las
disposiciones no cuestionadas que formarían la unidad normativa; (2) que las
disposiciones no acusadas aparezcan, a primera vista, aparentemente
inconstitucionales.  A este respecto, la Corporación ha señalado que “es
legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma
parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa
constitucionalidad.
DERECHO A LA FAMILIA-Igualdad de derechos y obligaciones/FAMILIA-Constitución por
vínculos naturales o jurídicos/PROTECCION CONSTITUCIONAL DE LA FAMILIA POR
VINCULOS NATURALES O JURIDICOS-Implicaciones
La Corte ha analizado en varias oportunidades las
implicaciones de esta protección constitucional y ha concluido que, (i) las
familias constituidas tanto por vínculos naturales como jurídicos están en pie
de igualdad; (ii) el Estado y la sociedad garantizan la protección integral de
la familia, independientemente de su constitución por vínculos jurídicos o
naturales; (iii) La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son
inviolables, sin tener en cuenta el origen de la misma familia y (iv) la
igualdad de derechos y obligaciones que le reconoce la Carta a la familia,
independientemente de su origen, no implica identidad entre el matrimonio y
otras formas de constitución de vínculos familiares. De esta manera, tanto la
familia constituida por vínculos jurídicos como aquella constituida por
vínculos naturales, es igualmente digna de respeto y protección por parte del
Estado. Como consecuencia de lo anterior, y en consonancia con el
artículo 13 Superior, la Corte ha señalado que la igualdad que propugna la
Carta entre las uniones familiares surgidas de vínculos naturales y la
conformada por vínculos jurídicos, abarca no sólo al núcleo familiar como tal,
sino también a cada uno de los miembros que lo componen, puesto que estas
disposiciones guardan íntima relación con el artículo 13 Superior, que
prescribe: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua religión, opinión política o
filosófica
SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Efectos/ACTO ADMINISTRATIVO-Decaimiento por
haberse declarado inexequible una norma
PENSION DE SOBREVIVIENTES A PERSONAS QUE HAYAN
CONTRAIDO SEGUNDAS NUPCIAS ANTES DE LA CONSTITUCION DE 1991-Línea jurisprudencial
La
Corte ha generado una línea jurisprudencial que afirma que el derecho de las
personas al restablecimiento de los derechos pensionales que les han sido
extinguidos por causa de haber contraído nuevas nupcias se aplica también a los
casos en los que esas personas se casaron nuevamente antes de 1991. Con ello, la
Corte completa los contenidos normativos de las subreglas dispuestas en la
sentencia C-309 de 1996 – y en las demás sentencias que la reiteraron -, para
referirse a las personas que habían perdido su derecho a la pensión de
sobreviviente porque habían contraído nuevas nupcias antes de 1991.
Referencia: expediente
D-7815
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 54 (parcial), 113 (parcial), 134
(parcial) y 137 (parcial) del Decreto Ley 613 de 1977.
Demandante:
Luis Fernando Ávila Bautista
Magistrado Ponente:
Dr. JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Bogotá, D. C., diez y siete
(17) de febrero de dos mil diez (2010).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067
de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Luis
Fernando Ávila Bautista demandó los artículos 54 (parcial), 113 (parcial), 134
(parcial) y 137 (parcial) del Decreto Ley 613 de 1977, “por el cual se
reorganiza la carrera de Oficiales y suboficiales de la Policía Nacional”,
por considerarlos vulneratorios de los artículos 5, 13, 42  y 48 de la
Constitución Política.
La
demanda fue admitida por el despacho mediante auto del veintitrés (23)
de julio de dos mil nueve (2009). En consecuencia, se dispuso:
- correr traslado al Procurador General de la Nación
para que emitiera su concepto;
- fijar en lista la disposición acusada, en la
Secretaría General de esta Corporación, con el objeto de que cualquier
ciudadano la impugne o la defienda;
- comunicar sobre la iniciación del proceso al
Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Ministerio de
Defensa,  al Ministerio del Interior y de Justicia y a la Dirección Nacional de
la Policía Nacional, para  que, si lo consideraban conveniente, intervinieran
dentro del proceso ; e
- invitar a participar en el proceso a los Decanos de
las Facultades de Derecho de las Universidades Libre (seccional Bogotá), del
Atlántico, del Norte, Santo Tomás (Seccional Tunja), Sergio Arboleda y Católica
de Colombia, al igual que al presidente de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia.
Surtidos los trámites constitucionales y legales propios
de los procesos de la acción pública de inconstitucionalidad, esta Corte
procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.
II. NORMAS DEMANDADAS
A continuación se transcribe el texto de las
disposiciones normativas demandadas, de acuerdo con su publicación en el Diario
Oficial No. 34.672 del 12 de abril de 1977:
“Decreto Ley 613 de
1977
“(marzo 15)
“por el cual se
reorganiza la carrera de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional
“Artículo 54. Subsidio familiar. Los Oficiales
y Suboficiales de la Policía Nacional, en servicio activo, casados o viudos
con hijos legítimos, tendrán derecho al pago de una prima de subsidio
familiar que se liquidará mensualmente sobre su sueldo básico, así:
“a) Casados o viudos con hijos legítimos, el
treinta por ciento (30%)
“b) Por el primer hijo, el cinco por ciento (5%) y un
cuatro por ciento (4%) por cada uno de los demás, sin que sobrepase por este
concepto del diecisiete por ciento (17%).
“Parágrafo. El límite establecido en el literal b) de
este artículo no afecta a los Oficiales o Suboficiales que por razón de hijos
nacidos con anterioridad al 31 de octubre de 1969 estuvieren disfrutando o
tuviesen derecho a disfrutar de porcentajes superiores al 17%, ya que en esa
fecha tales porcentajes fueron congelados sin modificación.
“Artículo 113. Bases de liquidación. Al
personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sea retirado
del servicio activo bajo la vigencia del presente estatuto, se le liquidarán
las prestaciones sociales sobre las siguientes partidas, así:
a) Cesantía y demás prestaciones unitarias, sobre:
sueldo básico; prima de antigüedad; subsidio familiar; una prima de actividad
del quince por ciento (15%) del sueldo básico correspondiente al grado; doceava
(1/12) parte de la prima de Navidad; gastos de representación para Oficiales
Generales y prima de Oficial diplomado en la Academia Superior de Policía, en
las condiciones indicadas en este estatuto;
b) Asignaciones de retiro y pensiones sobre: sueldo
básico; prima de antigüedad; subsidio familiar de los Oficiales y Suboficiales,
casados o viudos con hijos legítimos, liquidada conforme a lo dispuesto
en el artículo 54 de este estatuto, sin que el total sobrepase del cuarenta y
siete por ciento (47%) del respectivo sueldo básico; una prima de actividad del
quince por ciento (15%) del sueldo básico, correspondiente al grado, doceava
(1/12) parte de la prima de Navidad; gastos de representación para Oficiales
Generales, y prima de oficial diplomado en la Academia Superior de Policía, en
las condiciones indicadas en este decreto.”
“Artículo 134. Orden de beneficiarios. Las
prestaciones sociales por causa de muerte de Oficiales y Suboficiales de la
Policía Nacional en servicio activo, se pagarán según el siguiente orden
preferencial:
“a) La mitad a la esposa y la otra mitad a los
hijos legítimos. Si hubiere también hijos naturales, éstos concurren teniéndose
en cuenta que cada uno lleva la mitad de lo que le correspondiere a cada uno de
los hijos legítimos. Si no hubiere hijos legítimos, la porción de éstos
corresponde a los naturales;
“b) Si no hubiere esposa ni hijos naturales, la
prestación corresponde íntegramente a los hijos legítimos;
“c) A falta de hijos legítimos o naturales, las
prestaciones corresponden a la esposa y a los padres legítimos o
naturales del Oficial o Suboficial, siempre que estos últimos carezcan de
medios de subsistencia; caso contrario, la esposa lleva toda la
prestación;
“d) Si no hubiere esposa ni hijos legítimos, el
monto de la prestación se divide entre los padres legítimos y los hijos
naturales del Oficial o Suboficial. A falta de los padres legítimos llevan la
prestación los hijos naturales y en defecto de éstos los padres naturales;
“e) Los hermanos menores del Oficial o Suboficial,
previa comprobación de que el extinto era su único sostén.”
“Artículo 137. Extinción de pensiones. A partir de la vigencia del presente Decreto, las
pensiones que se otorguen por fallecimiento de un Oficial o Suboficial de la
Policía Nacional en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión
policial, se extinguirán para la viuda si contrae nuevas nupcias y para
los hijos por muerte, emancipación,  matrimonio, profesión religiosa,
independencia económica, o por haber llegado a la edad de 21 años, salvo las
hijas célibes, los hijos inválidos absolutos y los estudiantes hasta la edad de
veinticuatro (24) años, cuando hayan dependido económicamente del Oficial o
Suboficial .
“La extinción se irá decretando a partir de la
fecha del hecho que la motivó y por la cuota parte correspondiente.
“La porción de la madre acrecerá con la de los hijos y
la de éstos con la de la madre. En los demás casos no habrá derecho a
acrecimiento.
“Parágrafo 1º. A partir de la vigencia de este
Decreto, las hijas célibes que al entrar a regir el Decreto número 3072 de 1968
se les extinguió o no consolidaron el derecho a disfrutar de pensión de
beneficiario por muerte de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional y se
encuentren actualmente en estado de celibato, tienen derecho a los beneficios
de transmisibilidad aquí consagrados, siempre y cuando no estén percibiendo la
sustitución pensional otros beneficiarios del causante.
“Parágrafo 2º. Las hijas célibes del personal de que
trata el presente artículo, a las cuales se les extinguió o no consolidaron el
derecho a disfrutar la pensión de beneficiarios durante el lapso comprendido
entre el 17 de diciembre de 1968 y el 1º de julio de 1975, podrán adquirirla
cuando se extinga el derecho de todos los actuales beneficiarios.”
(se subrayan las expresiones y vocablos demandados)
III. LA DEMANDA
El actor se refiere por separado a cada uno de los
artículos demandados parcialmente. Así, en relación con el artículo 54, que
establece como condición para poder acceder al subsidio familiar que el beneficiario
sea casado o viudo con hijos legítimos, manifiesta que vulnera los arts. 16, 23
y 42 de la Constitución. Dice al respecto que las expresiones acusadas de este
artículo desconocen el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la
disposición constitucional que establece que la familia se crea por vínculos
jurídicos o naturales.
También asevera que el art. 113 del mencionado Decreto
vulnera la Constitución, por cuanto – en armonía con lo dispuesto en el art. 54
mencionado atrás - contempla que el subsidio familiar solamente lo reciben los
oficiales y suboficiales de la Policía Nacional que sean casados o viudos con
hijos legítimos, y que, por consiguiente, a los mencionados servidores públicos
que no cumplan con esas condiciones no les será tenida en cuenta esa prestación
para efectos de la liquidación de las asignaciones de retiro y pensiones. Con
ello, manifiesta, el precepto acusado transgrede las mismas normas
constitucionales antes mencionadas.
El actor se extiende más en su exposición acerca de la
inconstitucionalidad de los apartes acusados del artículo 134 del Decreto 613
de 1977. Manifiesta que ellos violan directamente los artículos 5 y 42 de la
Constitución, e indirectamente los artículos 13 y 48 de la misma.
Expresa que los vocablos demandados del artículo 134
dejan “sin oportunidad de acceder al derecho ‘a la pensión de
sobrevivientes’ a los compañeros y compañeras permanentes que reclamaron el
derecho no obstante no contemplarse en forma taxativa en la misma, como también
a aquellos compañeros (as) permanentes que no lo solicitaron en su momento
porque la ley no se los permitía.”
Agrega que el artículo 42 de la Constitución de 1991
modificó sustancialmente el concepto de familia al establecer que “ésta se
constituye no sólo por vínculos jurídicos, sino también por vínculos naturales,
equiparando las dos clases de uniones de parejas y por ende imponiéndoles
iguales derechos y obligaciones.”
Por lo tanto, considera que “la discriminación
odiosa de la compañera (o) permanente para acceder a la pensión de
sobrevivientes” vulnera el principio de igualdad, contemplado en el art. 13
constitucional.
También considera que los apartes demandados del art.
134 son incompatibles con los arts. 5 y 42 de la Carta Política. Así, argumenta
que las expresiones acusadas establecen una discriminación en materia de
derechos inalienables, a pesar de que el mismo artículo 42 dispone que la
familia se constituye tanto por vínculos jurídicos como naturales y asigna
iguales derechos y obligaciones para ambas fórmulas familiares.
Igualmente, afirma que el artículo 48 de la
Constitución es vulnerado por las frases atacadas del art. 134 del Decreto 613
de 1977, por cuanto ellas impiden que las (os) compañeras (os) permanentes
accedan al derecho irrenunciable a la seguridad social.
Por otra parte, considera que la primera expresión
impugnada del artículo 137 del Decreto 613 de 1977 vulnera los arts. 16, 23, 42
y 48 de la Constitución, “por atentar contra el libre desarrollo de la
personalidad, la autonomía de la pareja, el derecho a la igualdad y la
protección del Estado a la seguridad social.” Asegura que la prohibición
que se impone a la viuda para contraer nuevas nupcias, so pena de perder su
pensión de sobreviviente, “atenta contra el libre desarrollo de la
personalidad, la autonomía del hombre o la mujer para contraer matrimonio o
establecer unión libre, el derecho a la igualdad frente a las personas que
ostentan calidad de beneficiarios de esta pensiones y no tienen en contra esta
condición y/o prohibición; así mismo atenta contra la obligación del Estado de
garantizar la seguridad social a personas que han cumplido los correspondientes
requisitos.” En este punto finaliza con la aseveración de que la expresión
“a partir de la fecha del hecho que la motivó” está atada
inescindiblemente a la que sanciona a las mujeres viudas por contraer nuevas
nupcias, razón por la cual debe ser declarada inexequible.
Para terminar, el actor hace la siguiente aclaración
en relación con el artículo 134, la cual es, sin embargo, aplicable a todos los
demás preceptos demandados:
“El artículo 134 y en general el Decreto 613 de 1977,
no obstante estar derogado por el Decreto 2062 de 1984, dicho artículo sigue
proyectando sus efectos en el tiempo como quiera que su efecto jurídico reside
en la permanencia de la afectación de derechos constitucionales en razón de
decisiones negativas u oportunidad para acceder al derecho a la pensión; pues
esta prestación de sobrevivientes es de carácter vitalicio, imprescriptible  e
irrenunciable y a la fecha aún sobreviven muchas compañeras (os) permanentes
que no han podido acceder a dicha pensión pese a haber cumplido para la época
de vigencia de la norma demandada los requisitos de convivencia y vínculos
naturales.”
Por otra parte, expresa que para el momento en que fue
dictado el Decreto 613 de 1977 ya existía el derecho de las compañeras
permanentes a la pensión de sobreviviente, contemplado en la Ley 12 de 1975.
También remite a las Sentencias C-1126 de 2004, C-182 de 1997, C-875 de 2005 y
C-482 de 1993, que trataron sobre la misma materia de esta demanda.
Con base en todo lo anterior, solicita que la Corte “declare
la inconstitucionalidad parcial de los apartes impugnados o la
constitucionalidad de dichos apartes en el entendido de que las expresiones ‘la
esposa, casados o viudos con hijos legítimos’ contempladas en dichos
artículos se deben entender en el sentido equivalente entre esposa (o) y
compañera (o) permanente, casados o compañeros permanentes, con hijos legítimos
o naturales; y la inexequibilidad de la condición o prohibición: ‘para la
viuda si contrae nuevas nupcias (…) a partir del hecho que la motivó.’”
IV. INTERVENCIONES
1. Policía Nacional
En nombre de la Policía Nacional intervinieron el Jefe
del Área Jurídica (e), CT. Jhon Santos Quintero Landínez, y el Secretario
General, Alfonso Quintero García.
En primer lugar, expresaron que el Decreto 613 de 1977
“fue derogado por el Decreto 2062 de 1984, el cual a su vez fue derogado por
el Decreto 096 de 1989 y éste por el Decreto 1212 de 1990, el cual se encuentra
modificado en estos momentos por el Decreto 443 de 2004, ‘por medio del cual se
fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública.’”
Por otra parte, expusieron que en la Sentencia C-182
de 1997 se declaró la inconstitucionalidad de una norma del Decreto 1211 de
1990 que establecía que el derecho de las viudas de Oficiales o Suboficiales de
las Fuerzas Militares a la pensión de sobreviviente se extinguía en el caso de
que ellas contrajeran nuevas nupcias o hicieran vida marital.
Además, expresaron que en la Sentencia C-1126 de 2004 la
Corte declaró que era constitucional que en distintos apartes del artículo 34
del Decreto Ley 611 de 1977 - “por el cual se fija el régimen de las
prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales de los
Establecimientos Públicos y de las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado, adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional” -, se
determinara que los cónyuges de esos servidores públicos podían acceder a la
pensión en caso de fallecimiento de los últimos, siempre y cuando se entendiera
que también tenían derecho a la pensión de sobreviviente las compañeras
permanentes de los mismos.
Finalizan con la manifestación de que “como
posiblemente existe personal que haya recibido su asignación de retiro bajo los
parámetros del Decreto 613 de 1977, este requerimiento será remitido a la Caja
de Sueldos de Retiro de las Policía Nacional, por ser el ente encargado del
reconocimiento y pago de estas asignaciones.”
2. Ministerio de Defensa Nacional
La apoderada judicial del Ministerio de Defensa
Nacional, Sandra Marcela Parada, intervino en el proceso para manifestar que
sobre las normas demandadas obra cosa juzgada constitucional.
En primer lugar, al referirse al Decreto 2062 de 1984
– que derogó el Decreto Ley 613 de 1977 – expone que él “a su vez fue
derogado por el Decreto 096 de 1989, y éste por el Decreto 1212 de 1990, el
cual se encuentra modificado en estos momentos por el Decreto 4433 de 2004,
‘por el cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública’.”
A continuación se refiere en extenso a la Ley 923 de
2004, “mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que
deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y
de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con
lo establecido en el artículo150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política.” Afirma que esta normatividad fue dictada luego de que la Corte
Constitucional, en su sentencia C-423 de 2004, hubiera declarado la
inconstitucionalidad del Decreto Ley 2070 de 2003, por cuanto “no le era
dable al Congreso de la República otorgar facultades para expedir el régimen
pensional de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.” Sobre la ley
agrega que la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que la creación
de regímenes pensionales especiales para los miembros de la Fuerza Pública es
constitucional. Remite para este efecto a las Sentencias C-461 de 1995, C-956
de 2001 y C-888 de 2002.
Ya en relación con las normas demandadas en este
proceso asegura que en las Sentencias C-182 de 1997 y C-1126 de 2004 la Corte
se pronunció sobre normas de igual contenido. Por lo tanto, afirma que dentro
del presente proceso ha operado “el fenómeno jurídico de la cosa juzgada
constitucional, por cuanto en las sentencias reseñadas esa Corporación ya se ha
pronunciado sobre las acepciones aquí acusadas.” Para más detalles sobre la
figura de la cosa juzgada remite a la sentencia C-598 de 2000 y al Auto 043-A
de 1995.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Mediante el concepto Nº 4844, el Procurador General de
la Nación solicitó que la Corte se inhibiera para fallar sobre la demanda, por
carencia actual de objeto.
En su concepto, el Jefe del Ministerio Público plantea
que “el Decreto Ley 613 de 1977 fue derogado en su integridad, de manera
expresa, por el Decreto Ley 2062 de 1984, publicado en el Diario Oficial Nº
36781 de 2 de noviembre de 1984, por el cual se reorganizó la carrera de
oficiales y suboficiales de la Policía Nacional.”
Por otra parte, manifiesta que “el régimen
relativo al subsidio familiar, prestaciones por muerte de los suboficiales de
Policía Nacional, prestaciones sociales en general, y beneficiarios, fue
recogido y regulado integralmente por el Decreto 1212 de 1990: ‘Por el cual se
reforma el Estatuto del personal y suboficiales de la Policía Nacional’,
publicado en el Diario Oficial No. 39406 de 8 de junio de 1990, normativa
complementada por el Decreto 1791 de 1990 ‘Por el cual se modifican las normas
de carrera del personal de oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes
de la Policía Nacional’; así mismo, los aspectos relacionados con el régimen
pensional de la Fuerza Pública fueron regulados por la Ley 923 de 2004 y el
Decreto No. 4433 de 2004, y demás disposiciones reglamentarias.”
Advierte que el actor no incluye en su argumentación
el hecho de que las normas demandadas han sido derogadas. También considera que
“desestima el alcance de lo decidido por la Corte Constitucional en las
sentencias C-182 de 1997 y C-1126 de 2004, pertinentes para la estructuración
de los cargos que equívocamente se formulan sobre una norma derogada a través
de la demanda presentada por el ciudadano AVILA BAUTISTA, y para las
reclamaciones que, en casos concretos, se deriven de los efectos producidos por
las decisiones administrativas adoptadas en vigencia del Decreto 613 de 1977.”
A continuación, expresa que la Corte ha sostenido en
forma reiterada que “cuando una norma jurídica no está produciendo efectos o
se encuentra derogada, lo procedente es proferir un fallo inhibitorio en
relación con las demandas que pretendan atacar la constitucionalidad de dicha
norma o de algunas de sus disposiciones, pues no existe el objeto material
sobre el cual deba recaer su decisión[1].”
En consecuencia, la Vista Fiscal le solicita a la
Corte Constitucional que “se inhiba para hacer un pronunciamiento de fondo
por encontrarse establecida la derogatoria del Decreto Ley 613 de 1977, dentro
del cual se encuentran insertos los artículos que se demandan, como quedó
demostrado.”
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Competencia
1. La Corte Constitucional es competente para conocer
de la presente demanda, conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo
241 de la Constitución, por estar dirigida contra disposiciones que forman
parte de un decreto con fuerza material de ley.
El  problema jurídico
2. El actor asegura que las normas demandadas de los
arts. 54 y 113 del Decreto Ley  613 de 1977 violan los arts. 16, 23 y 42 de la
Constitución, en razón de que imponen como condición para poder acceder al
subsidio familiar el que el solicitante sea “casado o viudo con hijos
legítimos”, lo cual conculca el derecho al libre desarrollo de la
personalidad y el precepto constitucional que establece que la familia se
constituye por vínculos jurídicos o naturales.
También asevera que los apartes demandados del art.
134 del Decreto Ley 613 de 1977 vulneran los artículos 5, 42, 13 y 48 de la
Constitución, por cuanto desconocen tanto el derecho de los (as) compañeros
(as) permanentes de acceder a la pensión de sobreviviente, como la norma
constitucional que establece que la familia se constituye por vínculos
jurídicos o naturales.
Finalmente, afirma que la expresión acusada del art.
137 del Decreto Ley 613 de 1977 vulnera los arts. 16, 23, 42 y 48 de la Carta,
comoquiera que dispone que la viuda que contraiga nuevas nupcias o establezca
una unión libre perderá el derecho a disfrutar de la pensión de sobreviviente,
lo cual constituye una trasgresión de los derechos al libre desarrollo de la
personalidad y a la seguridad social, y del principio de igualdad.
Los intervinientes en nombre de la Policía Nacional y
del Ministerio de Defensa Nacional expresan que el Decreto Ley 613 de 1977 fue
derogado en su integridad por el Decreto 2062 de 1984, y que en las sentencias
C-182 de 1977 y C-1126 de 2004 se declaró, según el caso, la
inconstitucionalidad absoluta y la constitucionalidad condicionada de normas de
contenido idéntico a las que se juzgan en el presente proceso. El Ministerio de
Defensa considera también que, en razón de lo anterior, en este caso existe
cosa juzgada, motivo por el cual la Corte debe estarse a lo resuelto en las
sentencias anunciadas.
Por su parte, en su concepto la Vista Fiscal
manifiesta que el Decreto Ley 613 de 1977 fue derogado en su integridad por el
Decreto Ley 2062 de 1984, razón por la cual la Corte debe inhibirse para fallar
sobre la demanda, por cuanto las normas demandadas ya no surten efecto alguno.
Por lo tanto, en esta ocasión, la Corte debe resolver
el siguiente problema jurídico: ¿vulneran las normas acusadas la Constitución,
por cuanto desconocen, según el caso, los derechos al libre desarrollo de la
personalidad y a la seguridad social, el principio de igualdad y el precepto
constitucional que dispone que la familia se conforma tanto a través de
vínculos jurídicos como naturales?
La existencia de cosa juzgada constitucional sobre los
artículos 54 y 113 del Decreto Ley 613 de 1977
3. En la sentencia C-613 de 1996 la Corte se
pronunció, entre otros, sobre los artículos 54 y 113 del Decreto Ley 613 de
1977. En la providencia, la Corte resolvió inhibirse para pronunciarse sobre el
artículo 54 y sobre otras normas que lo habían reformado, por cuanto ya habían
sido derogadas. También declaró la constitucionalidad del artículo 113 del
Decreto Ley 613 de 1977. Los numerales 2 y tres de la parte resolutiva de la
sentencia rezan:
“Segundo.- Declararse INHIBIDA
para conocer de los artículos 48 del Decreto Ley 3072 de 1968, 54 del
Decreto Ley 613 de 1977, 82 y 135 del Decreto Ley 2062 de 1984.
“Tercero.- Declarar EXEQUIBLES
los artículos 94 del Decreto Ley 3072 de 1968, 113 del Decreto 613 de
1977, 152 del Decreto Ley 2062 de 1984, 150 del Decreto Ley 1212 de 1990 y,
109 del Decreto Ley 1213 de 1990.” (subrayas no originales)
4. En su fallo, la Corte estableció que el art. 54 del Decreto Ley 613 de 1977 y el art. 82 del
Decreto Ley 2062 de 1984 – que había sustituido al anterior -  consagraban a
favor de los oficiales y suboficiales en servicio activo de la Policía
Nacional, casados o viudos, con hijos habidos dentro del matrimonio, una prima
de subsidio familiar, liquidada en proporción al número de personas a cargo.
Anotó que esos artículos fueron derogados por el
artículo 82 del Decreto Ley 1212 de 1990, el cual contempló la misma prestación
para los oficiales y suboficiales en servicio activo. Afirmó que la última
norma continuaba contemplando como requisito para acceder al subsidio el que se
hubiera “conformado una familia en virtud de un matrimonio o tener la
condición de viudo, siempre que al amparo del matrimonio disuelto se hubieren
procreado hijos”, pero había eliminado “la diferenciación contenida en
las normas demandadas omitiendo la clasificación entre hijos habidos fuera o
dentro del matrimonio.”
A continuación, la Corte expresó que el artículo 82
del Decreto Ley 1212 de 1990 había sido subrogado, a su vez, en lo que se
refiere a la exigencia a los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional de
haber contraído matrimonio para poder acceder al subsidio familiar. Al respecto
expresó: “En suma, el artículo 111 del Decreto 1029 de 1994, modificó el
artículo 82 del Decreto Ley 1212 de 1990, en el sentido de ampliar el universo
de los oficiales y suboficiales beneficiarios del subsidio familiar, del núcleo
inicial constituido por quienes estuvieren casados o fueren viudos, al grupo de
servidores que hubieren constituido una unión marital de hecho.”
Por lo tanto, en la providencia se resolvió que la
Corte se inhibiría para pronunciarse sobre la demanda contra el artículo 54 del
Decreto 613 de 1977, por cuanto la norma ya había sido derogada y las
clasificaciones discriminatorias que  contenía también habían sido eliminadas:
“En síntesis, las normas demandadas estudiadas en el
presente aparte (artículos 48 del Decreto Ley 3072 de 1968, 54 del Decreto Ley
613 de 1977 y 82 del Decreto Ley 2062 de 1984), fueron parcialmente modificadas
por el artículo 82 del Decreto 1212 de 1990. Esta última disposición, si bien
resolvió la discriminación entre hijos habidos dentro y fuera del matrimonio,
conservó la diferenciación relativa al tipo de familia que hubiere integrado el
oficial o suboficial, para efectos de determinar la liquidación del subsidio
familiar. Sin embargo, el artículo 82 estudiado, fue modificado por el artículo
111 del Decreto 1029 de 1994, en el sentido de remover las clasificaciones
discriminatorias en aquélla contenidas y adecuar su mandato a las
prescripciones constitucionales vigentes, en especial, a lo dispuesto en los
artículos 13 y 42 de la C.P.
“En consecuencia, al amparo de lo dispuesto por el
artículo 111 del Decreto 1029 de 1994, puede afirmarse, de una parte, que las
normas demandadas no se encuentran produciendo efectos jurídicos y, de otra,
que las discriminaciones aludidas han desaparecido.
“(...)
“En resumen, debe afirmarse que, actualmente, los
oficiales y suboficiales de la policía Nacional, en servicio activo, tienen
derecho a gozar, en los términos establecidos por la Ley, de una prima de
subsidio familiar, liquidada en proporción al numero de personas a cargo -
siempre que se trate del cónyuge, o compañero (a) permanente, y de los hijos
sin diferenciación ninguna -, de acuerdo a su asignación mensual, con el fin de
disminuir las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia.
“En consecuencia, carece de objeto actual la
definición acerca de la exequibilidad de los artículos 48 del Decreto Ley 3072
de 1968, 54 del Decreto Ley 613 de 1977, y 82 del Decreto Ley 2062 de 1984 y,
por lo tanto, la Corte deberá inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo
por sustracción de materia, como habrá de declararse en la parte resolutiva de
esta providencia.”
5. En la sentencia la Corte también declaró la
constitucionalidad del artículo 113 del Decreto 613 de 1977. El artículo había
sido demandado por cuanto vulneraba los derechos a la igualdad y a la no
discriminación, en la medida en que concedía el subsidio familiar solamente al personal casado o viudo con hijos habidos dentro
del matrimonio.
Al respecto reiteró la Corte que el Decreto 613 de
1977 había sido derogado por el Decreto 2062 de 1984, y que este, a su vez,
había sido sustituido por las disposiciones del Decreto 1212 de 1990, las
cuales también habían sido parcialmente modificadas por el artículo 111 del
Decreto 1029 de 1994.
Por eso, concluyó que con la entrada en vigencia del
artículo 111 del Decreto 1029 de 1994 la liquidación de la prima de subsidio
familiar de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional debía
realizarse “atendiendo a la circunstancia familiar del beneficiario, con
independencia de que se trate de una unión matrimonial o de una unión marital
de hecho, haciendo caso omiso de la condición de los hijos a cargo.” Por lo
tanto, aseguró: “En suma, la norma demandada fue derogada y el régimen
vigente, al menos en cuanto respecta a la liquidación de la partida de subsidio
familiar, se encuentra ajustado a las disposiciones constitucionales.”
Empero, la Corte afirmó que, dado que la norma
demandada generaba en ese momento un derecho prestacional en cabeza de las
personas beneficiadas se podía afirmar que continuaba temporalmente produciendo
efectos jurídicos. Por esa razón decidió estudiar si la norma transgredía el
principio de igualdad. En este sentido manifestó que si bien los tránsitos
normativos habían eliminado sucesivamente las condiciones referentes a la
calidad de los hijos y a haber contraído matrimonio para recibir el beneficio
prestacional, surgía la pregunta acerca de si con el transcurso de los años y
con las modificaciones normativas se había generado un tratamiento desigual en
el otorgamiento del subsidio.
Al respecto expresó:
“(...) el principio de igualdad en la ley no impone al
legislador una barrera que le impida, como es de su esencia, promover la
natural transformación del derecho legislado, ni obliga a aplicar
retroactivamente la nueva regulación. Sin embargo, lo anterior no implica que
en el proceso de cambio normativo el legislador carezca de limitaciones
constitucionales en materia de igualdad. En efecto, si bien nada obsta para que
tal transformación produzca un trato disímil entre situaciones que sólo se
diferencian en razón del momento en el cual se consolidaron, también es cierto
que para que dicho tratamiento resulte legítimo se requiere que no afecte el principio
de proporcionalidad, de no discriminación y, en suma, de interdicción de la
arbitrariedad. Lo anterior, desde luego, además de exigir el respeto a otros
principios y derechos constitucionales aplicables a procesos de cambio
normativo como, por ejemplo, el respeto a los derechos adquiridos por leyes
preexistentes (C.P. art. 58).
“Por las razones anotadas, la Corte considera que el
establecimiento de condiciones más favorables para acceder al derecho
prestacional, consagrado en las disposiciones derogadas, no constituye razón
suficiente para considerar que estas últimas deban ser excluidas del
ordenamiento jurídico por violación del principio de igualdad en la ley.”
A continuación, la Corte pasó a analizar si el hecho
de que la disposición  derogada continuara produciendo efectos en el tiempo,
dado que regulaba el pago de la asignación de retiro de los oficiales y
suboficiales de la policía nacional, retirados durante su vigencia, ameritaba
que se  declarara su inexequibilidad. Al respecto expresó que, en aras de la
seguridad jurídica y del principio democrático, cuando se juzgaban los efectos
de normas preconstitucionales derogadas, cuyas consecuencias se continuaban
manifestando más allá del tránsito constitucional, no se podía practicar un
test intenso de igualdad, sino que debía aplicarse un test débil, que tuviera
por fin evitar que persistieran en el  ordenamiento resultados evidentemente
inequitativos. De esta manera, concluyó que la norma no era inconstitucional:
“(...) el juicio de constitucionalidad respecto de los
efectos aún no consumados o agotados de disposiciones preconstitucionales
derogadas antes de la vigencia de la nueva Carta, que se aplican a
circunstancias ocurridas antes de la derogatoria y a las cuales se les
adscribió, en ese entonces, la correspondiente consecuencia jurídica, no puede
ser realizado con la misma intensidad que aquél que se aplica a normas
producidas o formalmente vigentes durante el imperio del nuevo régimen
constitucional. Lo contrario, podría comportar una restricción desproporcionada
y, por lo tanto, ilegítima, de principios constitucionales como el de la
seguridad jurídica y el principio democrático.
“En punto al juicio de igualdad, en los eventos descritos,
el juez constitucional debe aplicar lo que la jurisprudencia ha denominado un
‘test débil’[2], de manera tal que
sólo las diferenciaciones que impliquen una iniquidad manifiesta puedan ser
objeto de reproche constitucional.
“(...)
“13. Frente a un juicio flexible o a un “test débil”
de constitucionalidad, las normas demandadas resultan exequibles. En efecto,
como quedó dicho, en casos como éste, sólo circunstancias de iniquidad
manifiesta podrían generar el efecto de la inexequibilidad. Hay iniquidad
manifiesta cuando la diferenciación afecta el goce de derechos fundamentales,
cuando compromete el mínimo vital o, en suma, cuando apareja una violación de
la dignidad del grupo de personas diferenciado.
“En el caso presente, se niega a un grupo de personas
el goce de un beneficio prestacional. Con ello no se compromete el ejercicio de
los derechos fundamentales de las personas excluidas, ni se afecta el mínimo
vital, en tanto se trata simplemente de un beneficio adicional y subsidiario a
la asignación básica de retiro, a la que tienen pleno derecho las personas
excluidas de la prima de subsidio familiar. En consecuencia, tanto la ratio de las
disposiciones estudiadas - el mantenimiento del nivel de ingresos del personal
que venía gozando de la prima familiar mientras estaba en servicio activo -,
como la naturaleza y dimensión del beneficio otorgado - que no afecta el mínimo
vital, ni es condición de posibilidad para el goce efectivo de derechos
prestacionales básicos -, índica a la Corte que no se trata de una
circunstancia de iniquidad manifiesta. Por esta razón, las disposiciones
demandadas serán declaradas exequibles.”
Como se observa, en la Sentencia C-613 de 1996 la
Corte se inhibió para  pronunciarse de fondo sobre la demanda contra el
artículo 54 del Decreto Ley 613 de 1977, por cuanto normas posteriores lo
habían derogado y las clasificaciones discriminatorias que contenía ya habían
sido excluidas del ordenamiento jurídico.
En la misma sentencia la Corte concluyó que el
artículo 113 del referido decreto había sido también derogado y que,
igualmente, habían sido eliminadas las disposiciones que no se encontraban en
armonía con la Constitución de 1991. Sin embargo, la Corte decidió que era
necesario pronunciarse sobre estas últimas disposiciones, ya que continuaban
produciendo efectos para las personas que habían consolidado su derecho a la
asignación de retiro cuando estaba en vigencia el aludido artículo. Así, la
Corte estableció que si bien las clasificaciones contenidas en el art. 113 del
Dto. 613 de 1997 generaban tratamientos desiguales, el juicio de igualdad sobre
las normas preconstitucionales no debía ser estricto, sino débil, y que la
aplicación de este nivel de intensidad del juicio sobre la norma llevaba a la
conclusión de que era constitucional.
Por consiguiente, dado que existe cosa juzgada
constitucional sobre los artículos 54 y 113 del Decreto Ley 613 de 1977, ahora
parcialmente demandados, en la parte resolutiva de esta sentencia se ordenará
estarse a lo resuelto sobre ambas normas en la sentencia C-613 de 1996.
La Corte debe pronunciarse de fondo sobre la demanda
contra los artículos 134 y 137 del Decreto Ley 613 de 1977, parcialmente
demandados.
6. El actor, los intervinientes y el Procurador
General de la Nación coinciden en manifestar que el Decreto  Ley 613 de 1977
fue derogado en su integridad por el Decreto 2062 de 1984. En vista de lo
anterior, el Procurador General de la Nación le solicita a la Corte que se
inhiba para fallar de fondo.
Ciertamente, el artículo 227 del Decreto 2062 de 1984,
“por el cual se reorganiza la carrera de Oficiales y Suboficiales de la
Policía Nacional”, establece: “El presente decreto rige a partir de la
fecha de su expedición y deroga el Decreto 613 del 15 de marzo de 1977 y demás
disposiciones que le sean contrarias.”[3]
Ahora bien, lo cierto es que los artículos 175 y 176
del Decreto 2062 de 1984 reprodujeron el contenido normativo de las expresiones
y vocablos de los artículos 134 y 137 del Decreto Ley 613 de 1977 que son
demandados en este proceso, a pesar de que sustituyeron el término “esposa”
por el de “cónyuge sobreviviente” y el de “viuda” por el de “cónyuge”.
A continuación se transcriben los apartes pertinentes de esas disposiciones:
Decreto 2062 de 1984
“por el cual se reorganiza la carrera de Oficiales
y Suboficiales de la Policía Nacional
“Artículo 175. Orden de beneficiarios. Las
prestaciones sociales por causa de muerte de un Oficial o Suboficial de la
Policía Nacional en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión
se pagarán según el siguiente orden preferencial:
“a) La mitad al cónyuge sobreviviente y la otra
mitad a los hijos del causante, en concurrencia estos últimos en las
proporciones de ley;
“b) Si no hubiere cónyuge sobreviviente la
prestación se dividirá por partes iguales entre los hijos;
“c) A falta de hijos las prestaciones corresponden al cónyuge;
“d) Si no hubiere cónyuge sobreviviente  ni
hijos, las prestaciones se dividirán entre los padres, así: (…)”
“Artículo 176. Extinción de pensiones. A partir de la vigencia del presente Decreto, las
pensiones que se otorguen por fallecimiento de un Oficial o Suboficial de la Policía
Nacional en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión
policial, se extinguirán para el cónyuge  si contrae nuevas nupcias y
para los hijos por muerte, matrimonio,  independencia económica, o por haber
llegado a la edad de veintiún (21) años, salvo las hijas célibes, los hijos
inválidos absolutos y los estudiantes hasta la edad de veinticuatro (24) años,
cuando hayan dependido económicamente del Oficial o Suboficial .
“La extinción se irá decretando a partir de la
fecha del hecho que la motivó y por la cuota parte correspondiente. (…)”
(subrayas no originales)
7. A su vez, el Decreto Ley 2062 de 1984 fue derogado
por el Decreto 096 de 1989, “por el cual se reforma el estatuto de carrera
de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional.” Este establece en su
artículo 227:
“Artículo 227. El presente Decreto rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga el Decreto Ley 2062 de 1984 y demás
disposiciones que le sean contrarias y surte efectos fiscales a partir del 1°
de enero de 1989, con excepción de las vigencias específicas establecidas en
este Decreto.”
También el Decreto 0096 de 1989 incluye el contenido normativo
de los artículos del Decreto Ley 613 de 1977 que se analiza dentro de este
proceso. A continuación se reproducen los apartes correspondientes:
Decreto Ley 096 de 1989
“por el cual se reforma el estatuto de carrera de
Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional.
“Artículo 172. Orden de beneficiarios. Las
prestaciones sociales por causa de muerte de un Oficial o Suboficial de la
Policía Nacional en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión
se pagarán según el siguiente orden preferencial:
“a) La mitad al cónyuge sobreviviente y la otra
mitad a los hijos del causante, en concurrencia estos últimos en las
proporciones de ley;
“b) Si no hubiere cónyuge sobreviviente la
prestaciones corresponden íntegramente a los hijos en las proporciones de ley;
“c) Si no hubiere hijos, el cónyuge sobreviviente
lleva toda la prestación;
“d) Si no hubiere cónyuge sobreviviente,  ni
hijos, la prestacion se dividirá entre los padres, así: (…)”
“Artículo 173. Extinción de pensiones. A partir de la vigencia del presente Decreto, las
pensiones que se otorguen por fallecimiento de un Oficial o Suboficial de la
Policía Nacional en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión
policial, se extinguirán para el cónyuge si contrae nuevas nupcias y
para los hijos por muerte, matrimonio,  independencia económica, o por haber
llegado a la edad de veintiún (21) años, salvo las hijas célibes, los hijos
inválidos absolutos y los estudiantes hasta la edad de veinticuatro (24) años,
cuando hayan dependido económicamente del Oficial o Suboficial .
“La extinción se irá decretando a partir de la
fecha del hecho que la motivó y por la cuota parte correspondiente. (…)”
(subrayas no originales)
8. De la misma manera, el Decreto Ley 96 de 1989 fue
derogado por el Decreto Ley 1212 de 1990, “Por el cual se reforma el
Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional.”
Dice así el artículo 229 de este Decreto:
“Artículo 229. El presente Decreto rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga todo el Decreto Ley 96 de 1989 y demás
disposiciones que le sean contrarias.”
Como había ocurrido con los anteriores Decretos Leyes,
el Decreto 1212 de 1990 también incorporó las expresiones y términos del
Decreto Ley 613 de 1977 que se examinan dentro de este proceso. A continuación
se reproducen los apartes correspondientes:
Decreto Ley 1212 de 1990
“Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de
Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional
“Artículo 173. Orden de beneficiarios. Las
prestaciones sociales por causa de muerte de un Oficial o Suboficial de la Policía
Nacional en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión se
pagarán según el siguiente orden preferencial:
“a) La mitad al cónyuge sobreviviente y la otra
mitad a los hijos del causante, en concurrencia estos últimos en las
proporciones de ley;
“b) Si no hubiere cónyuge sobreviviente, la
prestaciones corresponden íntegramente a los hijos en las proporciones de ley;
“c) Si no hubiere hijos, la prestación se divide así:
-
Cincuenta por ciento (50%) para
el cónyuge.
-
Cincuenta por ciento (50%) para
los padres en partes iguales.
“d) Si no hubiere cónyuge sobreviviente, ni
hijos, la prestación se dividirá entre los padres, así: (…)”
“Artículo 174. Extinción de pensiones. A partir de la vigencia del presente Decreto, las
pensiones que se otorguen por fallecimiento de un Oficial o Suboficial de la
Policía Nacional en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión
policial, se extinguirán para el cónyuge  si contrae nuevas nupcias o hace
vida marital y para los hijos, por muerte, matrimonio,  independencia
económica, o por haber llegado a la edad de veintiún (21) años, salvo los hijos
inválidos absolutos y los estudiantes hasta la edad de veinticuatro (24) años,
cuando hayan dependido económicamente del Oficial o Suboficial .
“La extinción se irá decretando a partir de la
fecha del hecho que la motive  y por la cuota parte correspondiente. (…)”
(subrayas no originales)
9. En realidad, los apartes demandados del Decreto Ley
613 de 1977 relacionados con las pensiones solamente desaparecieron
definitivamente del ordenamiento jurídico con la Ley 923 de 2004, “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y
criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de
conformidad con lo establecido en el artículo 150,
numeral 19, literal e) de la Constitución Política”, y con el Decreto Ley 4433 de 2004, “por medio
del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros
de la Fuerza Pública.”[4]
En efecto, el numeral 3.7. de la Ley establece que
tanto el cónyuge como el compañero o compañera permanente supérstite tienen
derecho de acceder a la pensión de sobreviviente, y establece las condiciones
para ello:
“3.7. El orden de beneficiarios de las pensiones de
sobrevivencia y de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de
invalidez será establecido teniendo en cuenta los miembros del grupo familiar y
el parentesco con el titular.
“En todo caso tendrán la calidad de beneficiarios,
para la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez:
“3.7.1. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera
o compañero permanente o supérstite. En caso de que la sustitución de la
asignación de retiro o pensión de invalidez se cause por muerte del pensionado,
el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar
que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya (sic)
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos inmediatamente
anteriores a su muerte.
“3.7.2. En forma temporal, el cónyuge o la compañera
permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del
fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado
hijos con este. La sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de
invalidez temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una
duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al
sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha sustitución. Si tiene
hijos con el causante aplicará el numeral 3.7.1.
“Si respecto de un titular de asignación de retiro o
pensiona do por invalidez hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión
de que tratan los numerales 3.7.1 y 3.7.2. del presente numeral, dicha pensión
se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el
fallecido.
“En caso de convivencia simultánea en los últimos
cinco (5) años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una
compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la
sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez o de la
pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho,
la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al numeral 3.7.1 en un porcentaje proporcional al tiempo
convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos
cinco (5) años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le
corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente.”[5]
De
la misma manera, en el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 se establece:
“Artículo 11. Orden de beneficiarios de pensiones por
muerte en servicio activo. Las pensiones causadas por la muerte del personal de
Oficiales, Suboficiales y Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares,
Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía
Nacional, y Alumnos de las escuelas de formación, en servicio activo, serán
reconocidas y pagadas en el siguiente orden:
“11.1 La mitad al cónyuge o compañero (a) permanente
sobreviviente y la otra mitad a los hijos menores de 18 años e hijos
estudiantes mayores de 18 años y hasta los 25 años si dependían económicamente
del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su
condición de estudiantes y a los hijos inválidos si dependían económicamente
del causante.
“(...)11.2 Si no hubiere cónyuge o compañero (a)
permanente sobreviviente, la pensión corresponderá íntegramente a los hijos
menores de 18 años e hijos estudiantes mayores de 18 años y hasta los 25 años,
siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y a los
hijos inválidos, si dependían económicamente del causante.
“11.3 Si no hubiere hijos, la pensión corresponderá la
mitad al cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, y la otra mitad en
partes iguales, para los padres que dependían económicamente del causante.
“11.4 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente
sobreviviente, ni hijos, la prestación se dividirá entre los padres, siempre y
cuando dependieran económicamente del causante.
“11.5 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente
sobreviviente, ni hijos, ni padres, la pensión le corresponderá previa
comprobación de que el causante era su único sostén, a los hermanos menores de
dieciocho (18) años o inválidos.
“La porción del cónyuge acrecerá a la de los hijos y
la de estos entre sí y a la del cónyuge, y la de los padres entre sí y a la del
cónyuge. En los demás casos no habrá lugar a acrecimiento.
“Parágrafo 1°. Para efectos de este artículo el
vínculo entre padres, hijos y hermanos será el establecido en el Código Civil,
y la calificación de la invalidez de los beneficiarios, será acreditada con
fundamento en las normas del Sistema de Seguridad Social Integral que regulan
lo concerniente a la determinación de dicho estado.
“Parágrafo 2°. Para efectos de la sustitución de la
asignación de retiro o de la pensión de invalidez, cuando exista cónyuge y
compañero o compañera permanente, se aplicarán las siguientes reglas:
“a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente o supérstite. En caso de que la sustitución de la
asignación de retiro o pensión de invalidez se cause por muerte del pensionado,
el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar
que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos inmediatamente
anteriores a su muerte;
“b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera
permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del
fallecimiento del causante, tenga menos de treinta (30) años de edad, y no haya
procreado hijos con este. La sustitución de la asignación de retiro o de la
pensión de invalidez temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá
una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al
sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha sustitución. Si tiene
hijos con el causante se aplicará el literal anterior.
“Si respecto de un titular de asignación de retiro o
pensionado por invalidez hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión
de que tratan los literales a y b del presente parágrafo, dicha pensión se
dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el
fallecido.
“En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco
años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge o compañera o
compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la sustitución de la
asignación de retiro o de la pensión de invalidez o de la pensión de
sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y
se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la
compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido
con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años
antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la
cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente.”
Y
en el artículo 12 del mismo Decreto se eliminó como causal de extinción del
derecho a la pensión de sobreviviente el que el cónyuge o compañero supérstite
hubiera contraído nuevas nupcias o hiciera vida marital con otra persona:
“Artículo 12. Pérdida de la condición de beneficiario.
Se entiende que falta el cónyuge o compañero (a) permanente y por lo tanto se
pierde el derecho a la pensión de sobrevivientes o a la sustitución de la
asignación de retiro o de la pensión de invalidez, en cualquiera de las
siguientes circunstancias, según el caso:
“12.1 Muerte real o presunta.
“12.2 Nulidad del matrimonio.
“12.3 Divorcio o disolución de la sociedad de hecho.
“12.4 Separación legal de cuerpos.
“12.5 Cuando lleven cinco (5) o más años de separación
de hecho.”
10. Como se observa, los artículos 134 y 137 del
Decreto Ley 613 de 1977 fueron derogados desde el año 1984, si bien las
disposiciones  normativas que se demandan en este proceso fueron retomadas por
normativas posteriores que mantuvieron su vigencia hasta el año 2004. Por eso,
a continuación la Corte debe definir si le corresponde pronunciarse sobre la
demanda, a pesar de que los artículos ahora parcialmente demandados fueron
derogados en 1984 y, en caso de ser así, si cabe realizar unidad normativa con
las normas posteriores.
Al respecto cabe decir que en numerosas ocasiones esta
Corporación ha expresado que no tiene sentido pronunciarse sobre normas
jurídicas que ya han sido derogadas, dado que el fallo correspondiente sería inane.
Sin embargo, la Corte también  ha manifestado que sí cabe un pronunciamiento de
fondo sobre normas derogadas en aquellos casos en los que las normas
respectivas continúan produciendo efectos jurídicos en el tiempo.[6]
Recientemente, en la sentencia  C-714 de 2009 se expresó al respecto:
“La jurisprudencia Constitucional ha reconocido que
carece de justificación un pronunciamiento de mérito en sede judicial de
constitucionalidad, cuando recae sobre una norma que ha perdido vigencia. No
obstante, como la Corte tiene entre sus funciones la de guardar la integridad y
supremacía de la Constitución frente a los efectos emanados de las leyes que le
sean contrarios, no pierde competencia para emitir un pronunciamiento de fondo
sobre su conformidad con la Carta, aunque dichos efectos provengan de una
disposición derogada.[7]”
Por lo tanto, dado que en este caso es evidente que
los artículos demandados se encuentran derogados, debe analizarse si las
mencionadas disposiciones siguen surtiendo efectos, para determinar si la Corte
debe pronunciarse de fondo sobre ellas o, por el contrario, debe inhibirse.
11. Los apartes demandados de los artículos 134 y 137
del Decreto Ley 613 de 1977 – referidos, respectivamente, al orden de
beneficiarios para el goce de las prestaciones sociales por causa de muerte y a
las causales de extinción del derecho a la pensión de sobrevivientes- se
refieren al derecho a la pensión. Eso significa que las decisiones que se
tomaron con base en las normas demandadas  se prolongan en el tiempo, durante
el período de vida de las personas a las que se les negó o se les extinguió ese
derecho de acuerdo con lo que prescribían las normas indicadas.
Las compañeras permanentes de los Oficiales y
Suboficiales de la Policía Nacional que solicitaron el derecho a la pensión de
sobreviviente en la época de vigencia de las normas demandadas recibieron una
respuesta negativa a su petición. De la misma manera, las viudas de esos mismos
funcionarios que contrajeron nuevas nupcias o hicieron vida marital durante el
tiempo en que se aplicaba la normatividad perdieron su derecho a esa pensión.
Dado que el derecho a la pensión se extiende en el tiempo, se puede concluir
que la discriminación generada por esas normas continúa produciendo efectos
todavía. Por lo tanto, la Corte debe pronunciarse de fondo sobre ellas.
De esta manera, la Corte se pronunciará de fondo sobre
los apartes demandados de los artículos 134 y 137 del Decreto Ley 613 de 1977.
12. Finalmente, como ya se indicó, las normas
demandadas de los artículos 134 y 137 del Decreto Ley 613 de 1977 fueron
reproducidas en los Decretos 2062 de 1984, 096 de 1989 y 1212 de 1990. Esta
situación amerita que el examen de constitucionalidad de la Corte se extienda a
las normas respectivas de los Decretos señalados, mediante una integración
normativa.
En la sentencia C-539 de 1999 se estableció que la
Corte solamente podía acudir a la figura de la unidad normativa en casos
excepcionales y se estableció cuáles eran esas situaciones. Dijo la Corte en
esa sentencia:
“Ahora bien, excepcionalmente, la Corte puede conocer
sobre la constitucionalidad de leyes ordinarias que no son objeto de control
previo u oficioso, pese a que contra las mismas no se hubiere dirigido demanda
alguna. Se trata de aquellos eventos en los cuales procede la integración de la
unidad normativa. Sin embargo, para que, so pretexto de la figura enunciada, la
Corte no termine siendo juez oficioso de todo el ordenamiento jurídico, la
jurisprudencia ha señalado que la formación de la unidad normativa es procedente,
exclusivamente, en uno de los siguientes tres eventos.
“En primer lugar, procede la integración de la unidad
normativa cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no
tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y
aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo
con el de otra disposición que no fue acusada. En estos casos es necesario
completar la proposición jurídica demandada para evitar proferir un fallo
inhibitorio.
“En segundo término, se justifica la configuración de
la unidad normativa en aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada
se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron
demandadas. Esta hipótesis pretende evitar que un fallo de inexequibilidad
resulte inocuo.
“Por último, la integración normativa procede
cuando pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma
demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a
primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad. En consecuencia,
para que proceda la integración normativa por esta ultima causal, se requiere
la verificación de dos requisitos distintos y concurrentes: (1) que la norma
demandada tenga una estrecha relación con las disposiciones no cuestionadas que
formarían la unidad normativa; (2) que las disposiciones no acusadas aparezcan,
a primera vista, aparentemente inconstitucionales.  A este respecto, la
Corporación ha señalado que “es legítimo que la Corte entre a estudiar la
regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación
aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad’.[8]”
Como se puede observar con facilidad, en este caso se
configura la segunda causal que justifica el recurso a la figura de la unidad
normativa, es decir cuando unos contenidos normativos específicos han sido
derogados, pero son reproducidos en normativas posteriores. Por lo tanto, el
examen de la Corte se extenderá también a los artículos que reprodujeron las
disposiciones demandadas en este proceso.
Examen de constitucionalidad de los apartes analizados
del artículo  134 del Decreto Ley 613 de 1977, reproducidos en los artículos
175 del Decreto Ley 2062 de 1984; 172 del Decreto Ley 096 de 1989; y 173 del
Decreto Ley 1212 de 1990.
13. En este lugar debe estudiarse la
constitucionalidad del término “esposa”, contenido en el artículo  134 del
Decreto 613 de 1977, y del término “cónyuge” y la expresión “cónyuge
sobreviviente”, incluido el primero en los artículos 175 del Decreto Ley 2062
de 1984 y 173 del Decreto Ley 1212 de 1990, y la segunda en las dos normativas
citadas y en el artículo 172 del Decreto Ley 096 de 1989.
Los intervinientes en representación de la Policía
Nacional y el Ministerio de Defensa afirman que existen pronunciamientos de la
Corte Constitucional en relación con el vocablo “esposa” en normas de contenido
similar. Por eso, el representante del Ministerio solicita que se declare que
existe cosa juzgada constitucional.
La Corte no comparte esta postura. Si bien existen
sentencias de esta Corporación sobre normas de contenido similar, los artículos
que ahora se analizan no han sido juzgados. El fenómeno de la cosa juzgada
opera cuando los artículos que se estudian en un proceso determinado ya han
sido objeto de juicio en otra sentencia de constitucionalidad fundada en la
misma Constitución. En los otros casos, es decir, cuando existen sentencias
sobre normas de contenido similar – o cuando el juicio se hizo con base en la
Constitución de 1886 - esas providencias deben ser tratadas como precedentes
que deben ser tenidos en cuenta al momento de fallar, bien sea para
confirmarlos o para apartarse razonadamente de ellos.
Esta misma posición fue asumida en la Sentencia C-1126
de 2004. En aquella oportunidad, uno de los intervinientes manifestó que el
tema que se debatía en esa ocasión ya había sido tratado en distintos
pronunciamientos, razón por la cual había de  concluirse que sobre él existía
cosa juzgada constitucional. La Corte disintió  de esa posición. En la
sentencia manifestó que los artículos específicos que se analizaban en ese
proceso no habían sido nunca juzgados:
“Tampoco comparte [la Corte] la posición del representante
del Ministerio de Defensa Nacional, para quien ‘el asunto ya ha sido objeto de
amplios pronunciamientos proferidos por dicha Corporación, por lo que considero
que existe además cosa juzgada constitucional en torno al tema.’ La norma
acusada no ha sido juzgada. En cuanto a la supuesta existencia de cosa juzgada
constitucional, baste recordar que dicho efecto se produce respecto de normas y
contenidos normativos concretos frente a los cuales la Corte adopta un  fallo
de fondo, y no en relación con asuntos o problemas jurídicos que, como el
derecho a la igualdad de los compañeros y compañeras permanentes, han sido
examinados en diversas oportunidades por esta Corporación. Las sentencias
mencionadas por el Ministerio, así como otras, pueden ser antecedentes o
precedentes cuya relevancia será valorada por la Corte al decidir sobre los
cargos elevados en la demanda.”
14. Ahora bien, tal como lo afirman los intervinientes
en representación de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa, en la
sentencia C-1126 de 2004 la Corte se pronunció sobre una demanda instaurada
contra distintos apartes del artículo 34 de la Ley 611 de 1977, “por el cual se fija el régimen de prestaciones
sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales de los
Establecimientos Públicos y de las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado, adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional.” Todos los preceptos demandados en esa ocasión
contemplaban que, en caso de muerte de un servidor público de esas entidades,
pensionado o con derecho a la pensión de jubilación, su cónyuge e hijos
tendrían derecho a sucederlo en el goce de la pensión, en distintas
condiciones, según la situación concreta.[9] Precisamente, los
demandantes consideraban que las normas acusadas discriminaban a los (as)
compañeros (as) permanentes al no asignarles el derecho a la pensión de
sobrevivientes, con lo cual se vulneraban el principio de igualdad, la norma
constitucional que contempla que la familia se constituye a partir de vínculos
jurídicos o naturales y el derecho a la seguridad social (C.P., arts. 13, 42 y 48).
En su pronunciamiento, la Corte indicó que, de acuerdo
con el artículo 5 de la Constitución, el Estado “ampara la familia como unidad
básica de la sociedad”, y que el art. 42 establece que la familia, como “núcleo
fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos.”
Manifestó entonces sobre las consecuencias jurídicas de estas dos normas:
“La Corte ha analizado en varias
oportunidades las implicaciones de esta protección constitucional y ha
concluido que, (i) las familias constituidas tanto por vínculos naturales como
jurídicos están en pie de igualdad; (ii) el Estado y la sociedad garantizan la
protección integral de la familia, independientemente de su constitución por
vínculos jurídicos o naturales; (iii) La honra, la dignidad y la intimidad de
la familia son inviolables, sin tener en cuenta el origen de la misma familia y
(iv) la igualdad de derechos y obligaciones que le reconoce la Carta a la
familia, independientemente de su origen, no implica identidad entre el
matrimonio y otras formas de constitución de vínculos familiares.[10] De esta manera, tanto la
familia constituida por vínculos jurídicos como aquella constituida por
vínculos naturales, es igualmente digna de respeto y protección por parte del
Estado.
“Como consecuencia de lo anterior, y en consonancia
con el artículo 13 Superior, la Corte ha señalado que ‘la igualdad que
propugna la Carta entre las uniones familiares surgidas de vínculos naturales y
la conformada por vínculos jurídicos, abarca no sólo al núcleo familiar como
tal, sino también a cada uno de los miembros que lo componen, puesto que estas
disposiciones guardan íntima relación con el artículo 13 Superior, que
prescribe: ‘Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua religión, opinión
política o filosófica (..)’ (Subraya la Corte).”[11]
“Por ello ha señalado también esta Corporación que ‘no
puede el legislador expedir normas que consagren un trato diferenciado en
cuanto a los derechos y deberes de quienes ostentan la condición de cónyuge o
de compañero permanente, como tampoco entre los hijos habidos en matrimonio o
fuera de él.’[12]
Con base en lo anterior y en distintas sentencias que
menciona, la providencia estableció que las normas parcialmente demandadas eran
incompatibles con los arts. 5, 13 y 42 de la Constitución, por cuanto excluían
al compañero o compañera permanente del derecho a la pensión de sobreviviente.
También decidió que la sentencia tendría efectos retroactivos a partir del 7 de
julio de 1991, cuando entró a regir la Constitución, con el objeto de
restablecer los derechos conculcados a los compañeros y compañeras permanentes
de los servidores públicos de las entidades sobre las que trataba la Ley 611 de
1977 “a quienes se les negó el derecho a que se les reconociera la pensión de
sobrevivientes o no la solicitaron porque los decretos aquí examinados no
consagraban tal derecho a su favor.”
Sin embargo, en la sentencia se aclaró que, si bien se
declaraba que los compañeros (as) permanentes también tenían derecho a la
pensión de sobreviviente desde la entrada en vigencia de la Constitución de
1991, la sentencia solamente tendría efectos patrimoniales a partir del momento
de su notificación. De esta manera, en la sentencia se dispuso que los
compañeros (as) permanentes a los que la sentencia les reconocía el derecho a
gozar de una pensión de sobreviviente podían exigir a las autoridades
correspondientes el pago de las mesadas que se causaran a partir de la
notificación de la providencia.[13]
El numeral segundo de la parte resolutiva de la
sentencia:
“Segundo.- Los compañeros y
compañeras permanentes, al igual que los cónyuges, de los empleados públicos y
trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas, establecimientos
públicos o empresas industriales y comerciales del estado, adscritos o
vinculados al Ministerio de Defensa Nacional que con posterioridad al 7 de
julio de 1991 tuvieren derecho al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, a pesar de que el artículo 34 del Decreto 611 de 1977 o el
artículo 49 del Decreto 2701 de 1988 los excluyera, podrán, como consecuencia
de esta providencia, y a fin de que se vean restablecidos sus derechos
constitucionales vulnerados, solicitar que les sea reconocida dicha pensión y
reclamar de las autoridades competentes las mesadas que se causen a partir de
la notificación de esta sentencia.”
15. Los argumentos expuestos en la sentencia C-1126
de 2004 son claramente aplicables al presente proceso. No encuentra la Corte
ningún argumento que justifique apartarse de ellos y de lo decidido en esa
sentencia. Por eso, tal como se dispuso en esa providencia, se declarará la
constitucionalidad de los  términos “esposa” y “cónyuge” y de la expresión
“cónyuge sobreviviente”, contenidos, los unos o la otra en los literales a),
b), c) y d) del artículo 134 del Decreto 613 de 1977; en los literales a), b),
c) y d) del artículo 175 del Decreto 2062 de 1984; en los literales a), b), c)
y d) del artículo 172 del Decreto 096 de 1989; y en los literales a), b), c) y
d) del artículo 173 del Decreto 1212 de 1990. En todos los casos, la
declaración de exequibilidad se hace en el entendido de que las normas de las
que forman parte los vocablos indicados también se aplican a los compañeros
permanentes, a partir del día 7 de julio de 1991.
Igualmente, tal como se determinó en el numeral
segundo de la parte resolutiva de la sentencia C-1126 de 2004 antes reseñada se
determinará que los compañeros o compañeras permanentes que, con ocasión de
esta providencia, puedan solicitar el reconocimiento de la pensión ante las
autoridades correspondientes, podrán reclamar de esas autoridades las mesadas
pensionales que se causen a partir de la notificación de esta sentencia.
Examen de constitucionalidad de las expresiones
analizadas del artículo 137 del Decreto Ley 613 de 1977, reproducidas en los
artículos 176 del Decreto Ley 2062 de 1984, 173 del Decreto Ley 096 de 1989 y
174 del Decreto Ley 1212 de 1990.
16. El demandante solicita que se declare la
inconstitucionalidad de las expresiones “para la viuda si contrae nuevas
nupcias”, contenida en el inciso primero del artículo 137, y “a partir
de la fecha del hecho que la motivó”, incluida en el inciso segundo del
mismo artículo. Estas disposiciones normativas también forman parte de los
decretos que sustituyeron el Decreto 613 de 1977, aunque la primera expresión
se materializó con otras palabras (“para el cónyuge si contrae nuevas
nupcias”) o se amplió para sancionar también al que hace vida marital (“para
el cónyuge si contrae nuevas nupcias o hace vida marital”).
17. Los intervinientes en representación de la Policía
Nacional y del Ministerio de Defensa plantean que la Corte Constitucional ya
declaró la inconstitucionalidad de normas similares a las que se analizan. También
en este caso, el representante del Ministerio solicita que se declare que
existe cosa juzgada constitucional al respecto. Esta petición será denegada con
base en los mismos argumentos expuestos en el Fundamento Jurídico 12, en razón
de que los artículos 137 del Decreto Ley 613 de 1977, 176 del Decreto Ley 2062
de 1984 y 173 del Decreto Ley 096 de 1989 nunca han sido examinados en su
constitucionalidad. Diferente es la situación del artículo 174 del Decreto Ley
1212 de 1990, sobre el cual, como se verá a continuación, sí se ha pronunciado
esta Corporación, razón por la cual, en su caso, la Corte sí habrá de estarse a
lo resuelto en la sentencia respectiva.
Por otra parte, el actor demanda la
inconstitucionalidad de la expresión “a partir de la fecha del hecho que la
motivó”, incluida en el inciso segundo del artículo 137 del Decreto 613 de
1977, y reproducida en las normas con las que se ha decidido hacer integración
normativa para el juicio de constitucionalidad. Al respecto manifiesta el actor
que la mencionada expresión está relacionada inescindiblemente con la norma que
sanciona a las mujeres viudas con la pérdida de la pensión, en aquellos casos
en los que la mujer decide contraer nuevas nupcias, razón por la cual también
debe ser declarada inexequible. Su argumento es claro: la declaración de
inconstitucionalidad de la expresión “para la viuda si contrae nuevas
nupcias”, debe arrojar como consecuencia necesaria la misma declaración con
respecto a la expresión “a partir de la fecha del hecho que la motivó.”
La acusación del actor contra la expresión “a
partir de la fecha del hecho que la motivó” no se ajusta a la realidad. El
inciso primero del artículo 137 del Decreto 613 de 1977 – al igual que los
incisos primeros de los artículos 176 del Decreto Ley 2062 de 1984, 173 del
Decreto Ley 096 de 1989 y 174 del Decreto Ley 1212 de 1990 – contempla
distintas situaciones en la cuales se pierde el derecho a la pensión de
sobrevivientes. La expresión que acusa el actor - “a partir de la fecha del
hecho que la motivó” – tiene por fin determinar el momento a partir del
cual se extingue la pensión en todos los casos señalados. De esta manera, no es
cierto que esa expresión esté indisolublemente ligada a las frases “para la
viuda si contrae nuevas nupcias”, “para el cónyuge si contrae nuevas
nupcias” o “para el cónyuge si contrae nuevas nupcias o hace vida
marital”. Estas frases corresponden únicamente a uno de los eventos en los
que se pierde la citada pensión de sobreviviente. Por eso, no se puede afirmar
que si se declara la inconstitucionalidad de la frase “para la viuda si
contrae nuevas nupcias” - o de las demás normas que la sustituyeron con un
contenido normativo idéntico - debe declararse también la inexequibilidad de la
frase “a partir de la fecha del hecho que la motivó.” Es decir, en el
caso de que la Corte decidiera retirar del ordenamiento jurídico la expresión “para
la viuda si contrae nuevas nupcias” – o las que la sucedieron – la
frase “a partir de la fecha del hecho que la motivó” continuaría
produciendo efectos jurídicos en relación con los otros eventos que dan lugar a
la declaración de extinción de la pensión.
Por lo anterior, la Corte encuentra que el cargo del
actor contra la expresión   “a partir de la fecha del hecho que la motivó”
no cumple con las exigencias mínimas necesarias para poder proceder a realizar
el juicio de constitucionalidad sobre ella. Por consiguiente, la Corte se inhibirá
para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de la frase  “a
partir de la fecha del hecho que la motivó”, contenida en los incisos
segundos de los artículos 137 del Decreto Ley 613 de 1977, reproducidas en los
artículos 176 del Decreto Ley 2062 de 1984, 173 del Decreto Ley 096 de 1989 y
174 del Decreto Ley 1212 de 1990.
18. Ahora bien, en la sentencia C-309 de 1996, la
Corte se pronunció sobre una demanda instaurada contra el artículo 2 de la Ley
33 de 1973, “por la cual se transforman en vitalicias las pensiones de las
viudas”, en el cual se establecía que las viudas perderían su derecho a la
pensión cuando contrajeran nuevas nupcias
o hicieran vida marital con otra persona.[14]
En la mencionada sentencia se decidió, en primer
lugar, que la Corte se pronunciaría de fondo sobre la norma demandada, a pesar
de que ya había sido derogada por la Ley 100 de 1993 y que, además, leyes
posteriores (las Leyes 12 de 1975, 113 de
1985 y 71 de 1988) “universalizaron la anotada pensión extendiéndola tanto a la
viudas como a los viudos y aplicándola también a las relaciones derivadas de
las uniones maritales de hecho.” Al respecto se expresó que era necesario
manifestarse sobre la constitucionalidad de la expresión que contemplaba la
condición resolutoria del derecho a la pensión de sobreviviente, con el fin de
evitar que los efectos consolidados de la norma ya derogada siguieran
proyectándose sobre las personas, a pesar de que la extinción del derecho a la
pensión por las causas contempladas en la norma aparecían a primera vista como
contrarios a la Constitución.
A renglón seguido, la Corte decidió recurrir a la
figura de la unidad de materia para pronunciarse sobre normas de idéntico
contenido, incluidas en otras leyes.
En la sentencia se declaró la inconstitucionalidad de
la expresión demandada y de aquellas frases contenidas en otras leyes con las
cuales se había procedido a realizar unidad normativa. La decisión se
fundamentó con los siguientes argumentos:
“No duda la Corte que al entrar en vigencia la nueva
Constitución, la disposición legal acusada que hacía perder a la viuda el
derecho a la pensión sustituta por el hecho de contraer nuevas nupcias o
conformar una nueva familia, se tornó abiertamente incompatible con sus
dictados y, desde entonces, bien había podido ejercitarse la excepción de
inconstitucionalidad. En efecto, el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, a lo que se suma la facultad de conformar un nuevo núcleo
familiar, se vulneran de manera meridiana, de conformidad con lo expuesto, por
la anotada condición. El radio de la violación constitucional se amplía aún más
cuando en 1993 se expide la ley 100, que elimina la susodicha condición, pero
deja inalterada la situación que, por lo menos a partir de la vigencia del
nuevo ordenamiento constitucional, pugnaba con sus normas y principios. Ya se
ha señalado cómo el nuevo régimen legal, en virtud de esta omisión, permite
identificar nítidamente dos grupos de personas que, pese a encontrarse dentro
de un mismo predicado material, son objeto un trato distinto carente de
justificación objetiva y razonable.
“La causa de que al momento de promulgarse la
Constitución Política, pueda afirmarse la violación del derecho al libre
desarrollo de la personalidad y que, más adelante, al expedirse la ley 100 de
1993, se hubiere configurado un claro quebrantamiento del derecho a la igualdad
de trato, no puede dejar de asociarse a la norma demandada que, por lo tanto,
deberá declararse inexequible.”
Como se ha mencionado, en aquella ocasión la Corte
declaró inconstitucionales tanto la norma demandada como las frases de idéntico
contenido que constaban en otras leyes  con las cuales se había practicado
unidad normativa.[15] Además, en la sentencia
se aclaró que en lo concerniente a normas similares la Corte se pronunciaría en
otros procesos, que habrían de ser iniciados con base en demandas
independientes.[16]
Finalmente, con el objeto de proteger los derechos de
las viudas que hubieran perdido su derecho a la pensión porque habían contraído
nuevas nupcias o  conformado una unión marital de hecho con posterioridad a la
expedición de la nueva Constitución, en el numeral segundo de la parte
resolutiva se estableció que podían reclamar ante las autoridades competentes
el pago de las mesadas  que se causaran a partir de la notificación de la
providencia. Al respecto se dispuso en el numeral segundo de la parte
resolutiva de la sentencia:
“SEGUNDO.- Las viudas que con posterioridad al
siete de julio de 1991 hubieren contraido nupcias o hecho vida marital y, por
este motivo, perdido el derecho a la que en la actualidad se denomina pensión
de sobrevivientes, podrán, como consecuencia de este fallo y a fin de que se
vean restablecidos sus derechos constitucionales conculcados, reclamar de las
autoridades competentes las mesadas que se causen partir de la notificación de
esta sentencia.”
19. Posteriormente, en la Sentencia C-182 de 1997 la
Corte se pronunció sobre distintas expresiones de igual contenido normativo,
incluidas en distintos decretos referentes al Estatuto del Personal de
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, y dentro de las cuales se
encuentra el artículo 174 del Decreto 1212 de 1990, con el cual se realiza
integración normativa dentro de este proceso de constitucionalidad.[17]
De acuerdo con las frases demandadas, el derecho a la pensión de sobreviviente
se extinguiría para el cónyuge supérstite si contraía nuevas nupcias o hacía
vida marital.
En su sentencia, la Corte transcribió en extenso lo
manifestado en la Sentencia C-309 de 1996 y decidió reiterar lo allí expresado, “ya que la expresión
acusada tiene plena concordancia con la norma examinada en dicha oportunidad,
las cuales establecen una condición resolutoria de la pensión por fallecimiento
de los servidores mencionados en las normas demandadas, con pleno
desconocimiento de los derechos constitucionales fundamentales a la libertad, a
la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad.”
Por lo tanto, declaró la inconstitucionalidad de todas
las expresiones acusadas y dispuso que, “con el fin de restablecer los
derechos fundamentales quebrantados se impone reconocer a las viudas y viudos,
que a partir de la vigencia de la Carta Fundamental de 1991 hubieren perdido el
derecho a la pensión por fallecimiento, por haber contraído nuevas nupcias o
hecho vida marital, su derecho a recuperar las mesadas dejadas de pagar que se
hubieren causado luego de notificada la presente providencia.”
20. Los argumentos expuestos en las
dos sentencias mencionadas fueron reiterados después en distintos fallos que
trataron sobre condiciones resolutorias del derecho a la pensión de idéntico
contenido normativo a las analizadas en las providencias C-309 de 2006 y C-182
de 1997. Así ocurrió en los siguientes pronunciamientos de constitucionalidad de
esta Corporación:
-
Sentencia C-653 de 1997, en la que se declaró la inconstitucionalidad
parcial del parágrafo del artículo 6° del Decreto 1305 de 1975, “por el cual
se dictan algunas disposiciones sobre prestaciones sociales del personal de
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional,
Agentes, Soldados, Grumetes y personal civil del Ministerio de Defensa y
servidores de las entidades adscritas o vinculadas a éste.”[18]
-
Sentencia C-1050 de 2000, que declaró la inconstitucionalidad parcial
del parágrafo 1º del artículo 49 del Decreto 2701 de 1988, “por el cual se
reforma el Régimen Prestacional de los empleados públicos y trabajadores
oficiales de las entidades descentralizadas, establecimientos públicos o
empresas industriales y comerciales del Estado, adscritos o vinculados al
Ministerio de Defensa Nacional”[19] y
-
Sentencia C-464 de 2004, que declaró la inconstitucionalidad de
múltiples disposiciones de idéntico contenido normativo, contempladas en
preceptos referidos al régimen laboral de los miembros de las Fuerzas
Militares. Las disposiciones demandadas estaban contenidas en el art. 52 de la
Ley 2 de 1945, “Por la cual se reorganiza la carrera de oficiales del
Ejército, se señalan prestaciones sociales para los empleados civiles del ramo
de guerra y se dictan otras disposiciones sobre prestaciones a los individuos
de tropa”; en el art. 16 de la Ley 82 de 1947, “Por la cual se
adicionan y modifican las Leyes 2 de 1945, 100 y 101 de 1946, en relación con
ascensos y prestaciones sociales para el personal de las Fuerzas Militares, y
se dictan otras disposiciones; en el artículo 140 del Decreto 3220 de 1953,
“Por el cual se organiza la carrera de los oficiales de las Fuerzas
Militares”; en el artículo 109 de la Ley 126 de 1959, “Por la
cual se organiza la carrera de Oficiales de las Fuerzas Militares; en el
artículo 136  del Decreto 3071 de 1968, “Por el cual se reorganiza la
carrera de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares”; en el
artículo 140 del Decreto 2337 de 1971, “Por el cual se reorganiza la carrera
de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares”; en el artículo 156
del Decreto 612 de 1977, “Por el cual  se reorganiza la carrera de
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares; en el artículo 180 del Decreto
89 de 1984, “Por el cual se reorganiza la carrera de Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares”; y en el artículo 183 del Decreto 95
de 1989, “Por el cual se reforma el estatuto de carrera de Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares.”[20]
21. Los argumentos presentados en las sentencias
mencionadas conservan plena validez. Por lo tanto, la Corte, atendiendo a los precedentes, declarará la
inconstitucionalidad de las expresiones “para la viuda si contrae nuevas
nupcias”, contenida en el inciso primero del art. 137 del Decreto Ley 613
de 1977, y “para el cónyuge si contrae nuevas nupcias”, contenida en los
incisos primeros de los artículos 176 del Decreto 2062 de 1984 y 173 del
Decreto 096 de 1989. Además, ordenará estarse a lo resuelto en la sentencia
C-182 de 1997, que declaró la inconstitucionalidad de la expresión “para el
cónyuge si contrae nuevas nupcias o hace vida marital”, incluida en el
inciso primero del artículo 174 del Decreto 1212 de 1990.
22. Ahora bien, como se puede observar, el numeral
segundo de todas las sentencias de constitucionalidad atrás reseñadas tiene un
contenido normativo casi que idéntico. Allí se establece que las viudas o
viudos que a partir del 7 de julio de
1991 hubieran contraído nuevas nupcias o hecho vida marital y, por este motivo,
hubieran perdido el derecho a la pensión, de acuerdo con las normas analizadas
en las providencias, podrían reclamar de las autoridades competentes las
mesadas que se causaran a partir de la notificación de la sentencia de
constitucionalidad correspondiente.
De esta forma, en todas las providencias señaladas, la
Corte no se pronunció sobre la situación de las mujeres y hombres que, tras
haber obtenido el derecho a la pensión de sobreviviente, lo habían perdido al
contraer nuevas nupcias, como lo establecía la legislación entonces aplicable.
Lo anterior, aunque luego con la expedición de la Carta de 1991, al ser
acusadas ante la Corte las disposiciones que así ordenaban, se encontraron
contrarias al nuevo orden constitucional vigente.
Ciertamente, la sentencia que inició la línea
jurisprudencial descrita – la C-309 de 1996 – se ocupa de quienes perdieron el
derecho a la pensión de sobreviviente, porque adquirieron nuevas nupcias
después de la expedición de la Constitución de 1991 y antes de la notificación
de esta misma providencia. No se refiere a las que lo hicieron antes,
conclusión a la que se llega cuando la Corte modula los efectos temporales de
la sentencia y determina que las mujeres que habían contraído nuevas nupcias a
partir de la expedición de la Constitución podrían reclamar las mesadas
pensionales que se causaren a partir de la notificación de la providencia.
23. Ahora bien, a través de distintas decisiones de
tutela, la Corte ha tenido la oportunidad de atender situaciones subjetivas
como las que se mencionan, no contempladas en los juicios de constitucionalidad
de carácter objetivo.
Así en la sentencia T-702 de 2005, donde este Tribunal
decidió sobre una solicitud de tutela elevada en representación de una mujer
que había perdido el derecho a la pensión de sobreviviente que le había
reconocido inicialmente la Caja de Retiros de las Fuerzas Militares, en razón
de que había contraído segundas nupcias en el año de 1960. En la demanda se
manifestaba que no existía ningún argumento valedero para desconocer el derecho
de la agenciada a que se le reconociera nuevamente el derecho a la pensión, a
partir de la expedición de la Constitución.
En
su providencia, la Corte se refirió a las sentencias C-306 de 1996, C-182 de 1997 y C-464 de 2004. A
continuación señaló que era cierto que en el numeral segundo de sus partes resolutivas
se estableció que el derecho a reclamar nuevamente la pensión se predicaba de
las personas que hubieren contraído nuevas nupcias después del 7 de julio de
1991. Sin embargo, afirmó que  también era cierto que en las sentencias no se
hacía mención alguna de las viudas o viudos que habían contraído un nuevo
matrimonio antes de la Constitución, y que, además, en esos casos, con motivo
de las sentencias de inconstitucionalidad, debía entenderse que había operado
el fenómeno del decaimiento de los actos administrativos que habían declarado
extinto el derecho a la pensión por causa de las segundas nupcias. Se manifestó
pues la Sala de Revisión en la sentencia T-702 de 2005, diciendo:
“En
virtud de lo expuesto, en el numeral 2° de aquel fallo, la Corte decidió, ‘Las
viudas y viudos que con posterioridad al siete de julio de 1991 hubieren
contraído nuevas nupcias o hecho vida marital y, por este motivo, hayan perdido
el derecho a la pensión de que tratan las normas mencionadas, podrán, como
consecuencia de esta providencia, y a fin de que se vean restablecidos sus
derechos constitucionales vulnerados, reclamar de las autoridades competentes
las mesadas que se causen a partir de la notificación de esta sentencia’.
“Al respecto, la Sala advierte que como en la citada
providencia no se examinaron los casos de las viudas que, con anterioridad al
siete de julio de 1991 hubieren contraído matrimonio o hecho vida marital, y
por este motivo, hayan perdido el derecho a la pensión de sobrevivientes, se
deben seguir para estos casos las reglas jurisprudenciales existentes sobre el
decaimiento de los actos administrativos por declaratoria de inexequibilidad de
la norma legal que le servía de fundamento.”
Por lo tanto, en la sentencia se declaró que el acto
administrativo a través del cual se había declarado la extinción del derecho de
la agenciada a la pensión de sobreviviente había dejado de existir y de tener
fuerza ejecutoria, por cuanto la norma en la que se basaba había sido declarada
inconstitucional en la sentencia C-464 de 2004.
De esta manera, en la parte resolutiva se decidió
conceder el amparo impetrado, por violación de los derechos al debido proceso y
a la seguridad social  y en el numeral segundo de la parte resolutiva se ordenó
a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares que, “ dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, si aún no lo ha
hecho, pague la cuota parte correspondiente de la pensión de sobrevivientes que
fue reconocida por medio del Acuerdo No 153 de 1957 a favor de la señora (…), a
partir del 11 de mayo de 2004, es decir, desde la fecha en la que empezó a
surtir efectos jurídicos la sentencia C-464 de 2004.”
Posteriormente, en la Sentencia T-679 de 2006 la Corte
conoció el caso de  una mujer a la que se le había reconocido la pensión de
sobreviviente por parte de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación
Colombiana  de Aviadores Civiles –CAXDAC. Sin embargo, luego de que la mujer
contrajera nuevas nupcias, en el año 1986, CAXDAC determinó que su derecho a la
pensión se había extinguido.
La sentencia reiteró la jurisprudencia fijada en la
Sentencia T-702 de 2005. Al respecto se expresó que la norma en la cual se
había basado la decisión de CAXDAC, que contemplaba la extinción de la pensión
por causa del nuevo matrimonio, había sido declarada inconstitucional en la
Sentencia C-309 de 1996. Por lo tanto, aseguró que también en esta ocasión se
configuraba el fenómeno del decaimiento del acto administrativo. Por lo tanto,
la providencia ordena reanudar el pago de las mesadas pensionales a partir del
momento en que fue instaurada la acción de tutela.[21]
Dice así el numeral tercero de la parte resolutiva:
“Tercero.- ORDENAR a la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana
de Aviadores Civiles ACDAC -CAXDAC-, que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, si aún no lo
hubiere hecho, proceda a reanudar el pago de las mesadas pensionales por
concepto de sustitución pensional a la señora (…), en los términos que le fue
reconocida mediante la Resolución No. TPJ-008 del catorce (14) de septiembre de
1976, y que se causaron a partir del momento en que se interpuso la presente
acción de tutela.
“En igual sentido, se le ordenará que cancele en forma cumplida y
sin ningún tipo de excusa las mesadas pensionales que se causen hacia el
futuro.”
Finalmente, en la Sentencia T-529 de 2008 la Corte
resolvió una acción de tutela instaurada por una mujer a la que se le que había
reconocido la pensión de sobreviviente por parte de la Caja de Retiros de las
Fuerzas Militares. Sin embargo, comoquiera que ella había contraído nuevas
nupcias en el año 1964, la Caja decidió que había perdido su derecho a la
pensión, por cuanto se había configurado una condición resolutoria de la misma.
También en este caso la Corte declaró que había
decaído el acto administrativo que le retiró el beneficio pensional a la
actora, por cuanto la norma en la que se había basado había sido declarada
inconstitucional a través de la sentencia C-172 de 1997. Con base en lo
anterior, después de hacer referencia a la sentencia T-702 de 2005, concluyó
que se debía conceder el amparo constitucional solicitado  y ordenó incluir en
la nómina de pensionados a la actora.[22]
24. Las sentencias anteriores permiten asegurar que, a
través de las providencias de tutela, la Corte ha generado una línea
jurisprudencial que afirma que el derecho de las personas al restablecimiento
de los derechos pensionales que les han sido extinguidos por causa de haber
contraído nuevas nupcias se aplica también a los casos en los que esas personas
se casaron nuevamente antes de 1991. Con ello, la Corte completa los contenidos
normativos de las subreglas dispuestas en la sentencia C-309 de 1996 – y en las
demás sentencias que la reiteraron -, para referirse a las personas que habían
perdido su derecho a la pensión de sobreviviente porque habían contraído nuevas
nupcias antes de 1991.
25. La Corte es consciente de que en la Sentencia
T-996-A de 2006, esta Corporación negó una solicitud de protección
constitucional elevada por una persona, que, después de que le fuera reconocida
la pensión en el año de 1984, por parte de la Caja de Previsión Social de los Empleados y Obreros Departamentales del
Norte de Santander, se encontró con que
la entidad le declaró la extinción del derecho porque se había casado
nuevamente en 1986. El actor consideraba que en su caso también debía darse
aplicación a lo establecido en la sentencia T-702 de 2005, puesto que la norma
en la que se basó el acto administrativo que declaró la configuración de la
condición resolutoria había sido declarada inconstitucional en la sentencia
C-309 de 1996.
En esa ocasión la Corte decidió negar el amparo. Al
respecto expresó que el actor contaba con otras vías judiciales, que no había
atendido el principio de inmediatez para la interposición de la tutela y que,
además, la situación del actor no estaba cubierta por el texto de la sentencia
C-309 de 1996:
“De la
providencia que se reseña se desprende con total  claridad que los efectos
retroactivos fijados por esta Corporación en la parte resolutiva de la
decisión, conforme a lo enunciado en los artículos 241 y 243 de la Carta[23],
cobijan de manera inmediata e irrestricta a las “viudas que con
posterioridad al siete de julio de 1991 hubieren contraído nupcias o hecho vida
marital y, por este motivo, perdido el derecho a la que en la actualidad se
denomina pensión de sobrevivientes”. Por consiguiente si una persona se
encuentra amparada por el numeral segundo de la sentencia y su derecho no es
reconocido por las autoridades administrativas o judiciales correspondientes,
tal situación constituye claramente una afrenta a la Carta en la medida en que
ninguna autoridad está habilitada para quebrantar el principio de la cosa
juzgada constitucional[24]. Desde esta perspectiva,
oponerse a la providencia constitucional implicaría desconocer la norma
superior, lo que concedería  al juez de tutela la oportunidad de pronunciarse
decisivamente sobre la evidente vía de hecho administrativa o judicial del
caso, dado que no existiría medio judicial más idóneo y expedito para conjurar
la violación de la Carta y la vulneración manifiesta del derecho fundamental a
la igualdad en la aplicación de la sentencia, que la acción de tutela.
“Sin embargo, esta no es la situación que ocupa a la
Sala en el asunto que se estudia, dado que el actor no está cobijado por los
efectos retroactivos de la sentencia C-309 de 1996. Por ende, en su caso, no se
puede exigir una protección constitucional igual a la previamente enunciada.
“En la situación del actor, la inexequibilidad de la
norma legal correspondiente tiene efectos hacia el futuro. Ello implica
jurídicamente una diferencia significativa frente a quienes se encuentran
amparados por el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia C-309 de
1996, por lo que no se puede exigir un trato igual entre unos y otros sujetos.
Exigir un trato idéntico podría significar una infracción a la sentencia
constitucional enunciada, porque se estarían extendiendo indebidamente sus
efectos, a situaciones no examinadas por ella.
“Por ende, cuando se habla de efectos hacia el futuro,
la norma declarada inexequible no podrá ser utilizada en el ordenamiento
jurídico por ningún operador, a partir de la comunicación de la sentencia de
constitucionalidad. La vigencia de la norma jurídica inconstitucional, y sus
efectos, finalizan en ese preciso momento. Sin embargo, los hechos consolidados
bajo su égida, es decir aquellos que ocurrieron durante su vigencia, no pierden
automáticamente su juridicidad ni desaparecen ipso facto como si la
norma nunca hubiese existido, ya que ello significaría desconocer la existencia
de una ley en el tiempo y eventualmente la existencia de derechos adquiridos de
las personas. Por ende, los actos que se derivan de normas que son declaradas
inconstitucionales, pierden su fuerza ejecutoria pero no desaparecen, por lo
que deben ser atacados por la vía administrativa para desvirtuar su legalidad.”
Por lo tanto, la Corte consideró que si bien había
sido declarado inconstitucional el artículo en el que se había basado el acto
administrativo que declaró que la pensión del actor se había extinguido, éste
tendría que haber acudido a la jurisdicción contencioso administrativa para
desvirtuar la legalidad del acto administrativo o haber demostrado que la
tutela debía proceder para evitar un perjuicio irremediable. Además, consideró
que el precedente de la sentencia T-702 de 2005 no era aplicable en este caso,
puesto que en esa sentencia se concluyó que se habían violado ciertos
derechos,  distintos a los que argumentaba el actor dentro de ese proceso.
También mencionó que la actora dentro de la sentencia T-702 de 2005 había
agotado los recursos de la vía gubernativa ante la entidad y había interpuesto
la tutela de manera inmediata, situación muy distinta a la del demandante.
26.
Como se observa, en la sentencia T-996-A de 2006 se asegura que los efectos de
la providencia C-309 de 1996 son hacia el futuro y que, por ende, las personas
que habían perdido su derecho a la pensión de sobreviviente, por haber
contraído nuevas nupcias antes de 1991, no pueden fundarse en ella para
reclamar el restablecimiento del pago de las pensiones. Sin embargo, al mismo
tiempo, la providencia afirma que los actos administrativos en los que se basan
las declaraciones de extinción del derecho a la pensión deben ser demandados en
cada caso ante la jurisdicción ordinaria, para que allí se establezca si
devinieron en ilegales después de la declaración de inconstitucionalidad de las
normas en que se basaron.
27.
Ahora bien, es inobjetable que en la sentencia C-309 de 1996 y en todas las que
la reiteraron, se afirmó que las personas que habían perdido su derecho a la
pensión por haber contraído segundas nupcias después de la promulgación de la
Constitución de 1991, podían reclamar el reconocimiento de su pensión y las
mesadas pensionales que se causaran a partir de la notificación de las
distintas sentencias.
Las
sentencias de tutela T-702 de 2005, T-679 de 2006 y T-592 de 2008 no discuten
lo anterior. Sin embargo, resaltan que en la sentencia C-309 de 1996 y en las
demás que configuran esa línea jurisprudencial, no se tuvo en cuenta la
condición en la que se encontraban las viudas y viudos que habían perdido su
derecho a la pensión por haber contraído nuevas nupcias antes de la expedición
de la Constitución de 1991. Por eso, pasaron a ocuparse de su situación.
En
sede de constitucionalidad, la Corte establece que las sentencias de tutela
reseñadas no riñen con los precedentes de constitucionalidad. Y aunque la línea
construida a partir de la tantas veces aludida sentencia C-309 de 1996,  no se
pronunció sobre la situación de las viudas y viudos que habían contraído nuevas
nupcias antes de 1991 y, por lo tanto, habían sido despojadas de la  pensión
reconocida a su primer cónyuge, por las razones señaladas en esta providencia
es del caso afirmar que éstas no han perdido su derecho a la pensión de
sobreviviente y en ese orden pueden reclamar sus mesadas pensionales no
prescritas.
Por
consiguiente, en esta providencia se reiterará la línea jurisprudencial creada
a partir de la Sentencia C-309 de 1996. Pero, para armonizarla con la
jurisprudencia de tutela que se ha venido forjando a partir de la sentencia
T-702 de 2005, se eliminará cualquier referencia al momento en que se hayan
celebrado las segundas nupcias. Además, se precisará que las personas
beneficiadas con el fallo de constitucionalidad podrán reclamar el
restablecimiento de las aludidas mesadas, que se causarán a partir de la
notificación de esta sentencia.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. ESTARSE
A LO RESUELTO en la sentencia C-613 de 1996, en la cual la Corte se INHIBIÓ
para conocer de fondo sobre el artículo 54 del Decreto Ley 613 de 1977 y
declaró la EXEQUIBILIDAD del artículo 113 del mismo Decreto.
SEGUNDO.
Declarar la EXEQUIBILIDAD de los términos “esposa” y “cónyuge” y de la
expresión “cónyuge sobreviviente”, contenidos, los unos o la otra en los
literales a), b), c) y d) del artículo 134 del Decreto 613 de 1977; en los
literales a), b), c) y d) del artículo 175 del Decreto 2062 de 1984; en los
literales a), b), c) y d) del artículo 172 del Decreto 096 de 1989; y en los
literales a), b), c) y d) del artículo 173 del Decreto 1212 de 1990. En todos
los casos, la declaración de exequibilidad se hace en el entendido de que las
normas de las que forman parte los vocablos indicados también se aplican a los
compañeros  permanentes, a partir del día 7 de julio de 1991.
De esta manera, los compañeros  y compañeras
permanentes de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que, a partir
del mencionado 7 de julio de 1991 tuvieren derecho al reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes, a pesar de que los artículo 134 del Decreto  613 de
1977, 175 del Decreto 2062 de 1984, 172 del Decreto 096 de 1989 y 173 del
Decreto 1212 de 1990 los excluyeran de ese derecho, podrán, como consecuencia
de esta providencia, y a fin de que se restablezcan sus derechos conculcados,
solicitar ante las autoridades respectivas el reconocimiento de dicha pensión y
reclamar de las autoridades competentes las mesadas que se causen a partir de
la notificación de esta providencia.
TERCERO.
Declarar la INEXEQUIBILIDAD de las expresiones “para la viuda si
contrae nuevas nupcias”, contenida en el inciso primero del art. 137 del
Decreto Ley 613 de 1977, y “para el cónyuge si contrae nuevas nupcias”,
contenida en los incisos primeros de los artículos 176 del Decreto 2062 de 1984
y 173 del Decreto 096 de 1989.
En consecuencia, las
viudas y viudos de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que hubieren
contraído nuevas nupcias o hecho vida marital y, por este motivo, perdido el
derecho a la pensión de que tratan las normas mencionadas, podrán, como
consecuencia de esta providencia, y a fin de que se vean restablecidos sus
derechos constitucionales vulnerados, reclamar de las autoridades competentes
las mesadas pensionales que se causen a partir de la notificación de esta
sentencia.
CUARTO. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-182 de 1997, que declaró la inconstitucionalidad
de la expresión “para el cónyuge si contrae nuevas nupcias o hace vida
marital”, incluida en el inciso primero del artículo 174 del Decreto 1212
de 1990.
QUINTO. INHIBIRSE
para pronunciarse de fondo sobre la expresión “a partir de la fecha del
hecho que la motivó”, contenida en los incisos segundos de los artículos
137 del Decreto Ley 613 de 1977, 176 del Decreto 2062 de 1984, 173 del Decreto
096 de 1989 y 174 del Decreto 1212 de 1990.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese, cúmplase,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sentencias C-685 de 1196 y C-426 de 2009, entre otras.
[2] Corte Constitucional, Sentencia C-445 de 1995. M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[3] El Decreto se encuentra publicado en el Diario Oficial N° 36781 del 2
de noviembre de 1984.
[4] Anteriormente, el Decreto 2070 de 2003, “por
medio del cual se reforma el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional”, había modificado las normas que aquí se analizan,
pero el Decreto fue declarado inexequible mediante la reciente Sentencia C- 432
de 2004.
[5] Es
importante anotar que en la Sentencia C-029 de 2009 se declaró la exequibilidad
condicionada de las expresiones “compañero o  compañera permanente”, y
“compañera permanente”, por los cargos analizados, “en el entendido de que, en
igualdad de condiciones, las mismas también se aplican en relación con los
integrantes de parejas del mismo sexo.”
[6] Al respecto, ver, entre muchas otras, las sentencias C-1140 de 2008,
C-1155/05, C-1144/00, C-714 de 2002, C-037 de 2000 y C-634 de 1996.
[7] Cfr., Sentencia C-397 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo, la cual estableció que “la Corte no solamente debe velar por la
constitucionalidad de las disposiciones legales que están rigiendo sino que
igualmente le atañe, en virtud de su delicada responsabilidad como guardiana de
la prevalencia del Estatuto Fundamental, evitar que normas pretéritas ya no
vigentes, pero inconstitucionales, proyecten sus consecuencias jurídicas hacia
el futuro”. Además, véase la Sentencia C-1144 de 2000, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[8] Sentencia C-320/97 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[9] El artículo 34 de la Ley 611 de 1977 establecía:
“Artículo 34. Transmisibilidad
de pensión. Al fallecimiento
de un empleado público o trabajador oficial pensionado o con derecho a pensión
de jubilación, invalidez o vejez, su cónyuge en forma vitalicia y
sus hijos menores o incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o por
invalidez que dependieren económicamente del causante, tendrá derecho a
percibir la respectiva pensión en la siguiente proporción:
“a) La mitad al cónyuge sobreviviente y
la otra mitad para los hijos por partes iguales.
“b) A falta de cónyuge, la pensión se dividirá entre los hijos por partes
iguales.
“c) A falta de hijos menores, la pensión corresponderá
en su totalidad al cónyuge sobreviviente.
“Parágrafo 1° Este derecho lo pierde el cónyuge
sobreviviente cuando por su culpa no vive unido al otro en el momento de su
fallecimiento, o cuando contraiga nuevas nupcias o haga vida marital, y los
hijos por llegar a la mayoría de edad y cesar la incapacidad. “Parágrafo 2°
Habrá derecho a acrecer cuando falte uno de los dos órdenes o se extingan su
derecho. Lo mismo sucederá entre los hijos. “Parágrafo 3° A quienes tengan
derecho causado o hayan disfrutado de la sustitución pensional prevista en la
Ley 171 de 1961, Decreto – ley 3135 de 1968 y del Decreto-ley 434 de 1971,
tendrán derecho a disfrutar de la sustitución pensional conforme a lo previsto
en la Ley 33 de 1973 y en la Ley 12 de l975.”
[10] Corte Constitucional, Sentencia C-105 de 1994, MP: Jorge Arango Mejía.
[11] Corte Constitucional, Sentencia C-1033 de 2002, MP: Jaime Córdoba
Triviño.
[12] Corte Constitucional, Sentencia C-081 de 1999, MP: Fabio Morón Díaz
[13]
[14] El texto del artículo era el siguiente: “Artículo 2. El derecho consagrado en favor de las viudas en el artículo anterior
se pierde cuando, por culpa de la viuda, los cónyuges no viven unidos en la
época del fallecimiento del marido, o cuando la viuda contraiga nuevas
nupcias o haga vida marital.”  (el aparte subrayado era el demandado).
Por otra parte, el texto del artículo 1° de la
misma Ley, al que hace referencia el artículo 2°, prescribía:
“Artículo 1. Fallecido un trabajador
pensionado o con derecho a pensión de jubilación, invalidez o vejez , o un
empleado trabajador del sector público, sea éste oficial o semioficial con el
mismo derecho, su viuda podrá reclamar la respectiva pensión en forma
vitalicia.
“Parágrafo 1o. Los hijos menores del causante incapacitados
para trabajar por razón de sus estudios o por invalidez o vejez, tendrán
derecho a recibir en concurrencia con su cónyuge supérstite la respectiva
pensión hasta cumplir la mayoría de edad, o al terminar sus estudios, o al
cesar la invalidez. En éste último caso se aplicarán las reglas contempladas en
el artículo 275 del Código Sustantivo del Trabajo y en las disposiciones que lo
modificaron y aclararon.
“Si concurrieran cónyuges e hijos la mesada
pensional se pagará: el 50% al cónyuge y el resto para los hijos, por partes
iguales.
“Parágrafo 2o. A las viudas que se encuentren
en la actualidad disfrutando, o tengan derecho causado a disfrutar, de los
cinco años de sustitución de la pensión, les queda prorrogado su derecho dentro
los términos de la presente Ley.”
[15] El numeral primero de la parte resolutiva
establece: “PRIMERO.- Declarar inexequibles las expresiones "o
cuando la viuda contraiga nuevas nupcias o haga vida marital" del
artículo 2 de la Ley 33 de 1973; "o cuando contraiga nuevas nupcias o
haga vida marital" del artículo 2 de la Ley 12 de 1975; y "por
pasar a nuevas nupcias o por iniciar nueva vida marital" del artículo
2 de la Ley 126 de 1985.”
[16] La Corte señaló expresamente: “En relación con las normas legales que no se mencionan en la parte
resolutiva y que consagren una condición análoga a la que contienen aquéllas,
no se aplicarán los efectos de este fallo y, en consecuencia, deberán ser
objeto de demandas independientes y sobre su constitucionalidad la Corte se
pronunciará en cada caso.”
[17] Las expresiones estaban incluidos en los artículos 188 del Decreto 1211 de 1990, “Por el cual
se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares”; 174 del Decreto 1212 de 1990, “Por el cual se reforma el
Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional”; 131
del Decreto 1213 de 1990, “Por el cual se reforma el Estatuto del Personal
de Agentes de la Policía Nacional”;  y 125 del Decreto 1214 de 1990, “Por
el cual se reforma el Estatuto  y el Régimen Prestacional del Personal Civil
del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.”.
[18] En la parte resolutiva de la sentencia se dispuso:
“Primero.- Decláranse INEXEQUIBLES las expresiones
‘para la viuda si contrae nuevas nupcias y’, pertenecientes al parágrafo del
artículo 6 del Decreto 1305 de 1975.
“Segundo.-
Las viudas que con posterioridad al siete de julio de 1991 hubieren contraído
nupcias y, por este motivo, perdido el derecho a la pensión a la que se refiere
la norma, podrán, como consecuencia de este fallo, con miras al
restablecimiento de sus derechos constitucionales, reclamar de las autoridades
competentes las mesadas que se causen a partir de la notificación de esta
Sentencia.”
[19] En la parte resolutiva se dispuso:
“PRIMERO. Declarar INEXEQUIBLES
las expresiones “o cuando contraiga nuevas nupcias o haga vida marital” contenidas
en el parágrafo primero del artículo 49 del Decreto - Ley 2701 de 1988.
“SEGUNDO. Las
viudas y viudos que con posterioridad al siete de julio de 1991 hubieren
contraído nuevas nupcias o hecho vida marital y, por este motivo, hayan perdido
el derecho a la pensión de que tratan las normas mencionadas, podrán, como
consecuencia de esta providencia, y a fin de que se vean restablecidos sus
derechos constitucionales vulnerados, reclamar de las autoridades competentes
las mesadas que se causen a partir de la notificación de esta sentencia.”
[20] En la parte resolutiva se dispuso:
“Primero:
Declarar INEXEQUIBLES las siguientes expresiones:
a)     La expresión  “para
la viuda al contraer nuevas nupcias”, contenida en los artículos 52 de la Ley
2ª de 1945 y 16 de la Ley 82 de 1947.
b)    La expresión “para la viuda si
contrae nuevas nupcias” contenida en los artículos 140 del Decreto 3220 de
1953, 109 de la Ley 126 de 1959, 136 del Decreto 3071 de 1968, 140 del Decreto
2337 de 1971 y 156 del Decreto 612 de 1977.
c)     La expresión “para la
cónyuge si contrae nuevas nupcias”  contenida en el artículo 180 del
Decreto 89 de 1984; y,
d)    La expresión “para el cónyuge
si contrae nuevas nupcias”  contenida en el artículo 183 del Decreto 95 de
1989.
“SEGUNDO. Las viudas y viudos que con
posterioridad al siete de julio de 1991 hubieren contraído nuevas nupcias o
hecho vida marital y, por este motivo, hayan perdido el derecho a la pensión de
que tratan las normas mencionadas, podrán, como consecuencia de esta
providencia, y a fin de que se vean restablecidos sus derechos constitucionales
vulnerados, reclamar de las autoridades competentes las mesadas que se causen a
partir de la notificación de esta sentencia.”
[21] La
sentencia también dispone que “en relación con el
cobro de las mesadas pensionales que se causaron con anterioridad a la fecha de
expedición de la sentencia C-309 de 1996, esto es, el once (11) de julio de
1996, así como aquellas que se ocasionaron antes de interponer la primera
acción de tutela en el año 2000, cuenta con otros mecanismos de defensa
judicial ante la jurisdicción ordinaria laboral con el fin de hacer efectivo el
pago de tales dineros.”
[22] En la parte motiva de la sentencia se declaró que la
decisión de la Corte se tomaba, “sin perjuicio del derecho de la señora (…) de
promover el reconocimiento de las mesadas pensionales causadas desde el
decaimiento del acto administrativo que declaró extinguido su derecho pensional
y de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares de contradecir sus pretensiones
y excepcionar en su favor.”
[23] En la sentencia T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, se
dijo lo siguiente, frente a los efectos de las sentencias de
constitucionalidad, al citar la providencia C-113 de 1993 (M.P. Jorge Arango
Mejía):  “En ella la Corte se pronunció sobre la demanda dirigida en contra
del inciso 2º del artículo 21 del Decreto Ley 2067 de 1991, que consagraba para
las sentencias constitucionales efectos específicos a futuro y establecía
algunas excepciones puntuales. Esta Corporación declaró inconstitucionales el
inciso 2º acusado y otras disposiciones del Decreto[23] en mención, por
considerar que le compete exclusivamente a la Corte determinar válidamente los
efectos de sus propias sentencias sin limitaciones ilegítimas de otros órganos
u autoridades. Ello se desprende de su función de  guardiana de la
"integridad y supremacía de la Constitución"[23] y por consiguiente de su
libre facultad interpretativa en los términos del mandato contenido en el
artículo 241 de la Carta. Por ende, dentro de las diversas opciones posibles,
este tribunal puede establecer cuál es el efecto que mejor defiende los
derechos constitucionales y garantiza mejor la integridad y supremacía de la
Constitución, a fin de cumplir cabalmente con sus competencias
constitucionales”.
[24] La sentencia T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, al citar
la sentencia C- 131 de 1993 sobre el tema de la cosa juzgada constitucional,
resaltó lo siguiente: “En efecto, la sentencia
C-131 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) que estudió la
constitucionalidad del artículo 23 del Decreto Ley 2067 de 1991[24], concluyó en materia de
cosa juzgada constitucional, que los fallos de
control abstracto tienen fuerza obligatoria, en la medida en que: i) tienen
efectos erga omnes y no simplemente inter partes, conforme al artículo 243 de la
Carta; ii) tales efectos resultan obligatorios, en principio, hacia el futuro,
aunque no necesariamente, porque depende de la Corte, como se dijo, fijar
autónomamente tales efectos; iii) que frente a
las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada no se puede juzgar la misma
norma nuevamente por los mismos motivos, a fin de respetar la seguridad jurídica;
iv) que las sentencias de la Corte sobre temas de fondo o materiales, en
especial las de inexequibilidad, no pueden ser objeto nuevamente de
controversia por las mismas razones, y v) que todos los operadores jurídicos
están obligados a respetar el efecto de la cosa juzgada material de las
sentencias de la Corte Constitucional.”