T-102-20
Sentencia T-102/20
Referencia:
Expediente T-7.635.139
Acción de tutela instaurada por Argelino Izquierdo
Candelo contra Serviconcretos H.S. S.A.S. y Macpollo S.A.
Magistrado
ponente:
CARLOS
BERNAL PULIDO
Bogotá, D. C., diez (10) de marzo de dos mil veinte (2020).
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
1.
Hechos
1.
El señor Argelino Izquierdo Candelo suscribió un “contrato de
trabajo de duración por la obra o labor contratada”[1]
con Serviconcretos H.S. S.A.S. (en adelante, Serviconcretos), para desempeñarse
como ayudante de construcción en “Macpollo-Levapan”[2],
desde el 17 de abril de 2019 al 13 de mayo de 2019.
2.
El 27 de abril de 2019, el accionante sufrió un accidente de
trabajo. Al “encontra[rse] sosteniendo un ángulo de hierro para que
cortaran unos ángulos con la respectiva pulidora, el disc[o] de la
pulidora cortadora salió defectuoso y se desprendió de la cortadora golpeándo[le]
el ojo derecho”[3].
3.
El 29 de abril de 2019, Serviconcretos reportó dicho accidente de
trabajo a la ARL Sura[4].
4.
El 8 de mayo de 2019, el accionante acudió a consulta de
oftalmología en la Fundación Hospital San José de Buga (en adelante, el
Hospital San José)[5]. Fue diagnosticado con “queratouveitis
traumática en ojo derecho”, como consecuencia de “contusión del globo
ocular y del tejido orbitario”, y le fue concedida incapacidad médica del 8
al 10 de mayo de 2019[6].
5.
Según manifiesta el accionante, el 13 de mayo de 2019
Serviconcretos le indicó que “no [se] present[ara] a trabajar
y que se dio por terminado [su] contrato de trabajo, en razón a que la
labor contratada con el usuario había concluido”[7].
Sin embargo, afirma que el contrato fue “prorrogado” hasta el 13 de
junio de 2019, luego de informar a su empleador que “seguía en tratamiento
médico” y que su “estado de salud era delicado”[8].
6.
Entre el 15 y el 16 de mayo de 2019, el accionante estuvo
incapacitado por “otalgia” [9].
7.
El 28 de mayo de 2019, el accionante acudió a urgencias “por
necesidad de incapacidad”[10].
8.
Entre el 12 y el 26 de junio de 2019, el accionante estuvo
incapacitado por “sospecha de glaucoma” e “hipertensión ocular en
ambos ojos”[11].
9.
El 13 de junio de 2019, Serviconcretos dio por terminado el
contrato de trabajo del tutelante.
10.
El 27 de junio de 2019, el accionante fue diagnosticado con “presbicia”[12].
2.
Solicitud de tutela[13]
11.
El 17 de julio de 2019[14],
Argelino Izquierdo Candelo presentó acción de tutela contra Serviconcretos H.S.
S.A.S. y Macpollo S.A. Consideró que las accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social y al trabajo. Según
indicó, “a la fecha de[l] despido” estaba “en un tratamiento
médico” e “incapacitado”, y “el cargo por [él] desempeñado
sigue existiendo”[15]. Afirmó que “[se] encuentr[a]
desprotegido […] sin poder continuar [el] tratamiento médico”,
por cuanto carece de recursos para sufragar los aportes al Sistema de Seguridad
Social. Además, indicó que “se está viendo afectado [su] mínimo
vital, puesto que no [tiene] como cancelar [sus] obligaciones
mensuales”.
12.
Con fundamento en lo anterior, solicitó al juez de tutela que “declare ineficaz el despido”
y, en consecuencia, ordene a Serviconcretos a reintegrarlo a un cargo de igual
o superior jerarquía al desempeñado. Asimismo, pidió que se condene a la
accionada al pago de i) los salarios y prestaciones sociales dejadas de
percibir, desde el 13 de junio de 2019 hasta que se efectúe el reintegro, ii)
los aportes adeudados al Sistema de Seguridad Social y iii) la sanción prevista
por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997[16].
3.     Respuesta
de las entidades accionadas[17]
13.
El Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función
de Control de Garantías de Buga, Valle, admitió la acción de tutela contra
Serviconcretos y Macpollo. También vinculó al trámite constitucional a la ARL Sura,
a la Nueva EPS, al Hospital San José, a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Buga, a la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir
S.A.[18] y a Colpensiones[19].
14.
El 23 de julio de 2019[20], por una parte, Seguros de Vida
Suramericana S.A.[21] solicitó la desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva. Señaló que su objeto social se
circunscribe a la asesoría de riesgos laborales y que “no tiene ninguna
injerencia ni tampoco participa en los procesos de vinculación o desvinculación
de las empresas afiliadas”. De otra parte, pidió que se declarara la
improcedencia del amparo, porque “le ha brindado al afiliado todo aquello
que este ha requerido derivado del evento laboral sufrido y no existe a la
fecha negación alguna […] para que el señor Izquierdo
pueda acceder a las prestaciones económicas y asistenciales que est[e]
requiera”.
15.
El 23 de julio de 2019, Serviconcretos solicitó que se declarara
la improcedencia de la acción de tutela, “por existir otro mecanismo de
defensa judicial para resolver el presente conflicto como lo es la Justicia
Ordinaria Laboral”. Además, sostuvo que si bien el actor “sufrió un
pequeño accidente de trabajo, […] la empresa en el legal cumplimiento de su deber hizo atender al
trabajador en forma inmediata por el servicio médico y report[ó] el accidente laboral ante su A.R.L. SURA, la citada A.R.L.,
le concedió al trabajador seis (6) días de incapacidad, y una vez cumplidos
estos, el trabajador se reintegró a laborar nuevamente, sin ningún tipo de
inconvenientes de salud”. Agregó que las enfermedades referidas por el
accionante como fundamento de la estabilidad laboral están relacionadas con la
edad y, por tanto, “no tienen ningún tipo de relación con el
accidente de trabajo”. Por último, señaló que el contrato de trabajo terminó
por la culminación de la obra o labor contratada, pero no como consecuencia de
un despido injustificado[22].
16.
El 24 de julio de 2019, por una parte, el Hospital San José
solicitó al juez constitucional “desvincular y exonerar de toda
responsabilidad” a la entidad, dado que “en nada tiene que ver […] con la solicitud de reintegro presentada por el
accionante”. De otra parte, pidió que se declarara la improcedencia
de la solicitud de amparo[23].
17.
El 26 de julio de 2019, Avidesa de Occidente S.A. –Macpollo–
solicitó la desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva,
por cuanto “no ha existido ninguna relación de tipo laboral o de cualquier
otra índole” entre el accionante y esa sociedad[24].
18.
Por su parte, la Nueva EPS[25] y el fondo de pensiones y cesantías Porvenir
S.A.[26] pidieron ser desvinculados del
trámite constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva. Colpensiones
guardó silencio.
4.
Decisiones objeto de revisión
19.
Sentencia de primera instancia[27].
El 1 de agosto de 2019, el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes
con Función de Control de Garantías de Buga, Valle, concedió el amparo
solicitado.
20.
En su criterio, Serviconcretos vulneró los
derechos fundamentales del accionante, “por el hecho de haber dado por
terminado, el 13 de junio de 2019, el contrato de obra o labor, sin tener en
cuenta que se encontraba en tratamiento médico, asumido por Seguros de Vida
Sura, en razón del accidente de trabajo sufrido el 27 de abril de 2019, además
de haber iniciado el 12 de junio, exactamente el día anterior a esa decisión,
incapacidad médica, estando, por tanto, en circunstancias de debilidad
manifiesta”. Además, consideró que el accionante era titular de “estabilidad
ocupacional y/o laboral reforzada”, según las reglas fijadas por la
sentencia SU-049 de 2017, y, por tanto, “a efectos de terminar el contrato
de trabajo [Serviconcretos] requería autorización de la Inspección del
Trabajo, en cuya ausencia esa decisión [se] torna ineficaz”.
21.
En consecuencia, de una parte, ordenó a la accionada: i) reintegrar al señor
Izquierdo “al cargo que ocupaba, en la misma modalidad, atendiendo a sus
condiciones de salud”, ii) “reactivar la afiliación al sistema de
seguridad Social integral” y iii) “cancelar las cotizaciones dejadas de
pagar desde la iniciación del contrato”. Por otra parte, advirtió al
accionante que debería acudir, dentro de los 4 meses siguientes a la
notificación de la sentencia, ante la jurisdicción ordinaria laboral, con el
fin de reclamar el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de
percibir, desde el 13 de junio de 2019 hasta la fecha en que se hiciera efectivo
el reintegro, así como el pago de la sanción dispuesta por el artículo 26 de la
Ley 361 de 1997.
22.
Impugnación[28]. El 26 de agosto de 2019, Serviconcretos
impugnó la decisión. Insistió en que la terminación del contrato por obra o
labor del accionante “no obedeció a ningún tipo de discriminación por
razones de salud o enfermedad, por razones de discapacidad u otro evento
relacionado con su salud, simple y llanamente, se retiró de la empresa por una
justa causa contemplada en el estatuto laboral, que fue la culminación del
tiempo pactado en el contrato de trabajo por obra o labor contratada”[29].
23.
Sentencia de segunda instancia[30]. El 6 de septiembre de 2019, el Juzgado Primero Promiscuo de
Familia en Oralidad de Buga, Valle, revocó la decisión. Consideró que la
acción de tutela era improcedente, por dos razones. Primero, indicó que “los
derechos reclamados por el actor son inciertos, ya que no hay certeza ni sobre
los hechos que supuestamente les dan lugar y, especialmente, a que su despido
haya sido con ocasión del accidente de trabajo”. Segundo, afirmó que “el
diagnóstico médico de «presbicia y antecedentes de sospecha de glaucoma» […]
no implica que [el accionante] se encuentra en un estado de
vulnerabilidad manifiesta que le impida trabajar y en consecuencia haga
ineficaces o inadecuados los mecanismos ordinarios de defensa judicial”. En
tales términos, concluyó que “el juez de tutela no es el llamado a
intervenir en el asunto bajo examen, ya que la discusión recae sobre una serie
de derechos inciertos [que] deben ser discutidos ante el juez ordinario
laboral en la medida en que pertenecen a su ámbito de competencia”.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.     Competencia
24.
La Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de
tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 a 36
del Decreto 2591 de 1991.
2.
Análisis de los requisitos de procedencia
de la acción de tutela
25.
De conformidad con el artículo 86 de la
Constitución y la jurisprudencia constitucional son requisitos de procedencia
de la acción de tutela los de legitimación en la causa (por activa y por
pasiva), inmediatez y subsidiariedad.
2.1.
Legitimación
26.
En el presente asunto se satisface el requisito
de legitimación en la causa por activa[31]. La tutela fue interpuesta por el
señor Argelino Izquierdo Candelo, quien es el titular de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados como consecuencia de la terminación del
contrato de trabajo por obra o labor.
27.
La Sala también encuentra acreditada la legitimación
en la causa por pasiva[32] de Serviconcretos, sociedad
empleadora del accionante, a quien se le atribuye la violación de sus derechos
fundamentales. Por el contrario, advierte que Macpollo carece de legitimación
en la causa por pasiva, por las siguientes dos razones. Primero, Macpollo
contrató a Serviconcretos para la reparación y mantenimiento de una maquinaria
de producción; por tanto, es la beneficiaria del trabajo o dueña de la obra para
la que Serviconcretos vinculó al señor Izquierdo como ayudante de construcción,
pero no la empleadora del tutelante. Segundo, el accionante fue contratado para
realizar labores extrañas a las actividades normales y conexas al objeto social
de los negocios de Macpollo[33] y, en consecuencia, dicha sociedad
no tiene la obligación de responder solidariamente por el valor de los
salarios, prestaciones e indemnizaciones reclamadas, en los términos dispuestos
por el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo[34].
Por lo expuesto, la presunta vulneración de los derechos fundamentales del
tutelante es competencia exclusiva de Serviconcretos.
2.2.
Inmediatez[35]
28.
La acción de tutela satisface la exigencia de
inmediatez. La Sala constata que la solicitud de amparo se ejerció de manera
oportuna, toda vez que entre el presunto hecho generador de la vulneración de
los derechos fundamentales del tutelante -terminación del contrato de trabajo
ocurrida el 13 de junio de 2019- y la presentación de la tutela -17 de julio de
2019- transcurrió un término aproximado de 1 mes. Este periodo se considera
razonable, según la jurisprudencia constitucional[36].
2.3.
Subsidiariedad
29.
Según disponen los artículos 86 de la
Constitución y 6.1 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un
mecanismo residual y subsidiario, que solo procede cuando el solicitante no
dispone de otro mecanismo de defensa judicial para lograr la protección de sus
derechos fundamentales, salvo que se acredite un supuesto de perjuicio
irremediable de “naturaleza
ius fundamental”[37]. En tales términos, es deber del
juez constitucional verificar, de un lado, la existencia de un medio de defensa
judicial, idóneo y eficaz, para la resolución de la controversia (numeral 2.3.1.
infra), y, de otro, en caso de que exista, la
acreditación de un supuesto de perjuicio irremediable[38]
(numeral 2.3.2. infra).
2.3.1.
Existencia de un mecanismo judicial
principal idóneo y eficaz
30.
El proceso ordinario laboral previsto por el
numeral 1 del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social es el mecanismo prima facie idóneo y eficaz para tramitar las
pretensiones planteadas por el accionante en sede de tutela, por las siguientes
dos razones:
31.
Primero, este es el medio judicial principal e
idóneo para cuestionar la constitucionalidad y
legalidad de la terminación del vínculo laboral de una persona que alega
encontrarse en circunstancias de debilidad manifiesta e indefensión por deterioro del estado de salud[39]
o porque la obra para la cual fue contratado continuó ejecutándose. De una
parte, está diseñado para exigir el reintegro, el pago de los emolumentos
dejados de percibir, los aportes al Sistema de Seguridad Social y la
indemnización prevista por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. De otra,
corresponde al juez laboral asumir la dirección del proceso mediante la adopción
de “las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos
fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su
trámite”[40].
32.
Segundo, este mecanismo es, prima facie,
y de manera abstracta, eficaz, pues la normativa que lo regula contiene
un procedimiento expedito para su resolución. Además, en el marco de dicho
proceso, el demandante está facultado para solicitar el decreto de “cualquiera otra medida que el juez
encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir
su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños,
hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la
pretensión”[41].
2.3.2.
Acreditación de
un supuesto de perjuicio irremediable
33.  Por
regla general, la acción de tutela resulta
improcedente para la protección de los derechos fundamentales de una persona
que, por sus condiciones de salud, aduce ser beneficiaria de la estabilidad
laboral, o porque la obra para la cual fue contratado siguió ejecutándose, dada
la existencia de un mecanismo de defensa judicial idóneo y prima facie
eficaz[42].
34.
No obstante, la
jurisprudencia constitucional ha admitido la procedencia excepcional de la
tutela como mecanismo transitorio, cuando un sujeto de
especial protección o en circunstancias de debilidad manifiesta se encuentra en una situación de riesgo frente a la
posible configuración de un perjuicio irremediable, con ocasión de la
terminación de la relación laboral[43]. En estos eventos, el juez de tutela debe verificar si las
particulares circunstancias del tutelante constituyen
“una dificultad objetiva y constitucionalmente relevante para soportar las
cargas procesales que le imponen los medios ordinarios de defensa judicial”[44].
En suma, le corresponde valorar si, en concreto, le es exigible o no el deber de acudir al proceso ordinario laboral para reclamar la
protección de sus intereses[45].
35.  Si
bien la afectación de salud del accionante pudiera
ser una condición necesaria para acceder a
la estabilidad laboral que solicita –en uno de los argumentos de la tutela–, no es por sí misma suficiente para dar
por superado el requisito de subsidiariedad[46]. Para ello habría que determinar si el
mecanismo judicial de que dispone para la protección de sus derechos
fundamentales es ineficaz en concreto, dado el riesgo de configuración
de un perjuicio irremediable[47] “atendiendo las circunstancias en que
se encuentr[a]”[48].
36.
En el presente asunto se satisface el carácter
subsidiario de la acción de tutela, dado que las
circunstancias que a continuación se relacionan, asociadas al estado de salud,
edad y situación socioeconómica del accionante permiten concluir que no
se encuentra en la posibilidad de garantizar por sí mismo sus condiciones
básicas y dignas de existencia y, a la par, acudir ante la jurisdicción
ordinaria con el fin de que allí se resuelvan sus pretensiones, lo que supone
considerar que se acreditan las circunstancias de un perjuicio irremediable. Este conjunto de condiciones hace
compatibles, en el caso en concreto, la garantía de los principios y fines del
Estado, la igualdad real y material de que trata el artículo 13 de la
Constitución y la efectividad de los derechos fundamentales de las personas, al
tiempo que garantiza el carácter subsidiario de la acción de tutela, para
evitar el vaciamiento de las competencias de los jueces ordinarios laborales.
37.
Primero, el accionante es una persona que padece
distintas afectaciones de salud de origen laboral y común que le dificultan,
según indica, desarrollar una labor productiva[49]. El
tutelante presenta “dolor ocular […], visión borrosa,
fotosensibilidad”[50] y “queratouveitis
traumática en el ojo derecho”[51], “sospecha
de glaucoma”, presuntamente, producto del accidente de trabajo que sufrió el
27 de abril de 2019 y al que se hizo referencia en los antecedentes del caso.
Asimismo, fue diagnosticado con “hipertensión ocular en ambos ojos”[52],
“otros trastornos del tejido orbitario”[53] y “un cuadro de
larga data consistente en disminución visual [a]sociada a fosfenos”[54],
todas ellas enfermedades de origen común. Esta situación, según indica, le
exige acudir a “consulta de control o de seguimiento por especialista en
oftalmología”[55] y, también, según afirmó,
le impide desarrollar una labor productiva como la que realizaba a favor del
empleador demandado y de la cual pudiera garantizarse, por sí mismo, la
satisfacción de sus necesidades. Finalmente, en sede de revisión, el
tutelante manifestó que: “a la fecha no desempeñ[a] ninguna actividad
laboral o comercial que devengue un sustento económico, ya que por [su]
patología no [le ha sido] posible volver a ubicar[se]
laboralmente”.
38.
Segundo, el tutelante es un sujeto de especial
protección constitucional, dado que es un adulto mayor[56],
en condición de pobreza extrema[57] y que carece de una fuente de renta
(autónoma o dependiente) para garantizar su subsistencia[58].
39.
De una parte, la jurisprudencia constitucional,
de manera razonable, ha inferido que “Cuando quien interpone la tutela es
una persona de la tercera edad, ha de entenderse, que su capacidad laboral se
encuentra prácticamente agotada, no pudiendo [sic] por lo tanto,
generarse mediante su trabajo una fuente de ingresos”[59].
Esta inferencia debe matizarse a partir de dos variables: de un lado, debe
valorarse en el amplio espectro de edad de los adultos mayores; esto es, a
mayor edad, mayor fiabilidad de la tesis jurisprudencial y, de otro, tal como
lo ha resaltado la literatura especializada, dicha tesis es dependiente de
otros factores, dado que, “La tasa de ocupación durante la vejez puede estar
relacionada con factores como la educación, el nivel socioeconómico, el sexo y
la necesidad de seguir trabajando porque no se tiene una pensión, activos o
ayuda familiar”[60]. En la situación del accionante,
confluye una situación de salud de consideración y, como se indica a
continuación, una de vulnerabilidad socioeconómica de las que es posible
derivar, en los términos de la jurisprudencia constitucional, que su
pertenencia al grupo de personas de la tercera edad le hace menos posible
garantizarse una fuente de renta.
40.
De otra parte, el accionante se encuentra en una
situación de pobreza extrema, al acreditar un puntaje de 13.31 en el Sistema de
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales –Sisbén–,
versión III[61]. Como se señaló en la sentencia
SU-005 de 2018, un buen indicador para constatar la situación de pobreza
de las personas es el puntaje que reportan en el Sisbén. Si bien, este no tiene
un significado inherente, sí permite, por una parte, considerar unas
situaciones más gravosas que otras, en función de aquel. Por otra, es un buen
parámetro para determinar el mayor grado de vulnerabilidad de las personas, en
la medida en que puedan ser sujetos de los programas sociales para los que se
utiliza dicho puntaje. Con fundamento, entre otras, en las disposiciones de la
Ley 1785 de 2016[62], el artículo 6 de la Resolución
02717 de octubre 4 de 2016 de la Dirección del Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social[63] define, entre otros, el puntaje de
corte máximo del Sisbén para los hogares que pueden ser objeto de
acompañamiento por la “Estrategia para la Superación de la Pobreza Extrema -
Red Unidos”[64]. Allí se señala que, para las 14
ciudades principales del país dicho puntaje máximo es de 23.40 puntos, para el
resto urbano de 32.20 y para el sector rural de 26.12. Este criterio es
relevante para determinar el nivel de riesgo, en términos de la situación de
pobreza del tutelante: entre más cercano sea el puntaje del accionante a estos
valores –según su ubicación demográfica–, mayor debe considerarse su situación
de riesgo, en relación con este factor (pobreza). Dado que el accionante
acredita un puntaje de 13.31 es razonable inferir que se encuentra en una
situación de alto riesgo, como consecuencia de su situación de pobreza[65].
41.
Finalmente, según indicó el accionante, desde
que terminó su vinculación laboral con Serviconcretos, i) “no
desempeñ[a] ninguna actividad laboral o comercial que devengue un
sustento económico”[66], ii) ha suplido sus
necesidades básicas por medio de “préstamos con los mal llamados gota a
gota, además de la ayuda económica que [ha] recibido
de [su] compañera permanente y de algunos familiares que viven fuera de
la ciudad”[67] y iii) “no cuent[a]
con vivienda propia [y] actualmente pag[a] arriendo”[68].
42.
Este conjunto de circunstancias hace que sea
razonable que el juez constitucional estudie los argumentos que fundamentan la
pretensión de reintegro, como consecuencia de la presunta injusta causa que dio
lugar a la terminación de su relación laboral. Además, justifica la exclusión
del deber que se impone a las personas de acudir ante el juez ordinario laboral
para valorar estas pretensiones. Por tanto, en caso de que haya lugar a amparar
los derechos fundamentales del accionante, la orden consecuente debe tener un
carácter transitorio, en los términos del artículo 8 del Decreto 2591 de 1991.
De conformidad con esta disposición, de una parte, la orden de tutela
permanecerá vigente durante el término que la autoridad judicial competente –el
juez ordinario laboral– utilice para decidir de fondo sobre la acción
instaurada por el afectado y, de otro, a esta acción deberá acudir el tutelante
en el término que se le fije –que no puede ser superior a 4 meses–, so pena de
que decaiga la protección constitucional.
3.     Planteamiento del caso, problema jurídico y metodología de la
decisión
43.  A
partir de los antecedentes que sirven de fundamento a la presente solicitud de
amparo, la Sala constata que la alegada vulneración a los derechos
fundamentales al trabajo, a la seguridad social, a la salud y al mínimo vital se
circunscribe a que el contrato de trabajo por obra o labor contratada del
tutelante fue terminado, a pesar de que había sufrido un accidente de trabajo, se
encontraba “incapacitado” y “en tratamiento médico”, y el cargo desempeñado
“sigue existiendo”[69].
44.  En tales términos, le
corresponde a la Corte determinar si Serviconcretos habría vulnerado los derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad
social, a la salud y al mínimo vital del accionante, con la terminación del contrato de
trabajo por obra o labor contratada de que dan cuenta los hechos del caso.
45.  Para tal efecto, la Sala analizará i)
la estabilidad laboral de personas en circunstancias de debilidad
manifiesta e indefensión por deterioro de salud en contratos por duración de la
obra o labor (numeral 4 infra); a partir de las reglas que allí defina, ii)
resolverá el caso concreto (numeral 5 infra).
4.
La estabilidad laboral de personas en
circunstancias de debilidad manifiesta e indefensión por deterioro de salud en
contratos por duración de la obra o labor
46.  La estabilidad
laboral es una garantía a favor de las personas en circunstancias de debilidad
manifiesta e indefensión, para no ser desvinculadas del empleo por “tener una condición de salud
deteriorada”,
dado que son “merecedoras
de un trato especial y tienen derecho a no ser discriminadas en el ámbito
laboral con ocasión de sus condiciones particulares”[70].
47.  En cuanto a estos trabajadores, la estabilidad laboral
se deriva directamente de la Constitución y se
fundamenta en el respeto a la dignidad humana, la solidaridad y la igualdad[71]. De conformidad con estos principios constitucionales, el Estado
tiene el deber de promover “las condiciones para que
la igualdad sea real y efectiva”, adoptar medidas
en favor de grupos discriminados o marginados y proteger especialmente a
aquellos que por su condición física o mental se encuentren en circunstancias
de debilidad manifiesta. Asimismo, el empleador tiene el deber de evitar escenarios de discriminación en el empleo[72] y garantizar “el derecho a un trabajo acorde con [las] condiciones de salud”[73].
48.  La jurisprudencia constitucional ha señalado que la estabilidad
laboral se aplica tanto a los trabajadores en condición de discapacidad como a
aquellos que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta en razón
al deterioro de salud. En todo caso, la desvinculación de una persona en situación de debilidad manifiesta o
indefensión no da lugar, de manera automática, al pago de la sanción prevista
por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, sino solo al reintegro[74]. Esto se debe a
que la referida disposición impuso el deber del
empleador de solicitar la autorización de la oficina del trabajo para dar por
terminado el vínculo de las personas en situación de discapacidad[75], pero no previó tal obligación respecto
del trabajador en circunstancias de debilidad manifiesta o indefensión
–concepto no contenido en el de “discapacidad”–. En este último caso, solo de verificarse que la desvinculación
se fundamentó en la grave condición de salud del trabajador, que “le impide o dificulta sustancialmente el
desempeño de sus labores […] en condiciones regulares”[76], el empleador puede ser condenado al pago
de la sanción prevista por el artículo 26 de la Ley 361
de 1997. En caso contrario, la
terminación del contrato de trabajo no puede calificarse prima facie
injustificada y discriminatoria, pues es razonable considerar que el empleador
no debía solicitar la autorización ante el Ministerio del Trabajo para dar por
terminada la relación laboral.
49.  Asimismo,
la jurisprudencia constitucional ha resaltado que la estabilidad laboral se extiende a las diferentes modalidades de
vinculación[77], con independencia de la forma del
contrato[78] o su duración[79], por cuanto su objetivo es “proteger en
si la condición misma del ser humano, cuando se encuentre en condición de
debilidad manifiesta, ante los intempestivos cambios que sin justificación
legal se puedan realizar sobre él”[80]. También ha sido enfática en afirmar que esta
garantía no constituye un derecho subjetivo “a conservar y permanecer en el
mismo empleo por un periodo de tiempo indeterminado”[81], al dar lugar a que, de una
parte, se limite el derecho a la igualdad de otras
personas de acceder a un puesto de trabajo y, de otra, se imponga una carga
desproporcionada al empleador en la gestión de sus negocios[82].
50.  Precisamente,
con el objetivo de “lograr la justicia en las relaciones que surgen entre [empleadores]
y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio
social”[83], la jurisprudencia constitucional ha
señalado que la estabilidad laboral no constituye un mandato absoluto de “inmutabilidad […] de las
relaciones laborales”[84] y que tampoco “se traduce en que ningún trabajador protegido pueda ser apartado
de su cargo”[85], ni es una
prohibición para terminar una relación laboral o decidir no prorrogarla.
51.  De
acuerdo con lo anterior, en los contratos de trabajo celebrados por una duración cierta y limitada en el tiempo o por el plazo que dure la realización de una obra o labor determinada[86], el vencimiento del
término de duración no constituye, en principio, una razón suficiente para disolver el vínculo laboral. Por tanto, el
empleador que termine el contrato de trabajo de una persona en situación de
debilidad manifiesta e indefensión por deterioro de salud, sin la autorización
del inspector del trabajo, debe
acreditar que “la desvinculación no está relacionada
con las condiciones médicas del trabajador”[87], sino que obedeció a “la extinción
definitiva del objeto y/o la causa del contrato”[88],  al carácter transitorio de la labor
contratada[89] y a la desaparición de “la materia del trabajo”[90].
5.     Caso concreto
52.  De conformidad con las
consideraciones expuestas, y en los términos en que se encuentra planteado el
caso, la Sala determinará, de un lado, si es procedente la protección del
derecho al trabajo del tutelante en conjunción con la garantía
al mínimo vital (numeral 5.1. infra) y, de otro, si la parte
accionada habría desconocido los derechos a la seguridad social y salud del
accionante (numeral 5.2. infra).
5.1.
La protección del derecho al trabajo del tutelante en conjunción con la garantía al mínimo vital
53.  En
el sub iudice se encuentra acreditada la existencia de una relación laboral
entre el señor Izquierdo y Serviconcretos. En efecto, el accionante
suscribió un contrato de trabajo por duración de la obra o labor contratada con
la sociedad accionada, para desempeñarse como ayudante de construcción en las
instalaciones de Macpollo[91]. Las partes coinciden en que la
relación laboral inició el 17 de abril de 2019 y culminó el 13 de junio de
2019, a pesar de haber pactado como “fecha de inicio y finalización de las
labores: abril 17 al 13 de mayo de 2019”. Sin embargo, difieren acerca de la
causa de la terminación del contrato de trabajo.
54.  Según
el accionante, el contrato de trabajo fue “prorrogado”[92] hasta el 13 de junio de 2019, dado que su “estado
de salud era delicado”[93]; no obstante, fue desvinculado a
pesar de que se encontraba “en tratamiento médico” e “incapacitado”. De acuerdo con la accionada, el vínculo
no terminó en razón del estado de salud del accionante, sino que
“efectivamente se dio por terminado el día 13 de junio de 2019, fecha en que
se termin[aron] [l]as obras de mantenimiento que para tal efecto se
habían contratado con la empresa Macpollo”[94].
55.  A
pesar de que el tutelante no es titular de la estabilidad laboral reforzada en
favor de las personas en situación de debilidad manifiesta e indefensión por
deterioro de salud (numeral 5.1.1. infra), la accionada no demostró que
la terminación de la relación laboral hubiese sido consecuencia de la extinción
definitiva de la obra o labor contratada, de allí que deba ampararse de manera
transitoria la protección de los derechos fundamentales al trabajo en
conjunción con la garantía del mínimo vital del accionante (numeral 5.1.2. infra).
5.1.1. El
accionante no es titular de la estabilidad laboral reforzada en favor de las
personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta e
indefensión por deterioro de salud
56.  Para Sala, el
accionante no es titular de la garantía de estabilidad laboral reforzada y, por
tanto, a partir de los elementos probatorios que obran en el expediente, la
terminación del contrato de trabajo no
puede calificarse prima facie discriminatoria.
57.  En el sub iudice se encuentra
acreditado que, al momento de la finalización de la
relación laboral, el señor Izquierdo tenía afectaciones de salud, dado que había
sufrido un accidente de trabajo que le produjo una “contusión
del globo ocular y del tejido orbitario”[95], se encontraba “incapacitado” y “en tratamiento médico”.
Sin embargo, i) no se advierte que el actor tuviera serios problemas
de salud, ii) que le impidieran o dificultaran sustancialmente el
desempeño de sus labores en condiciones regulares. A continuación, se exponen
las razones que fundamentan esta inferencia:
58.  Primero,
el accionante no tenía serios o graves problemas de salud. El accionante
sufrió un accidente de trabajo el 27 de abril de 2019; sin embargo, solo hasta
el 8 de mayo de ese año acudió al servicio de oftalmología, por antecedentes de
“trauma contundente y caída de cuerpos extraños en ambos ojos”[96].
Luego, para la fecha en que inicialmente estaba prevista la terminación de
la relación laboral, esto es, el 13 de mayo de 2019, el señor Izquierdo no se
encontraba incapacitado como consecuencia del accidente de trabajo. Por el
contrario, al actor le fue expedida incapacidad médica del 15 al 16 de mayo de
2019 por un diagnóstico de “otalgia”[97], es decir, “dolor de oídos”[98].
Asimismo, el 28 de mayo del mismo año asistió a su EPS “por necesidad de
incapacidad”[99], relacionada con un “cuadro de
larga data consistente en la disminución de la agudeza visual [a]sociado
a fosfenos”[100].
59.  Ahora
bien, la incapacidad concedida al tutelante entre el 12 y el 26 de junio de
2019 fue expedida “en atención por oftalmología”[101],
debido a un diagnóstico “rutinario” de “sospecha
de glaucoma” y “otros trastornos de la refracción”[102], pero no a causa de un problema o
afectación de salud grave. Al respecto, el Hospital San José indicó que:
“El día 12 de junio de
2019, [el señor Izquierdo] acudió al servicio de
consulta externa de nuestra institución con especialista en oftalmología, quien
le ordenó unos exámenes diagnósticos […], lo anterior, teniendo en
cuenta que se trataba de un paciente con sospecha de glaucoma e hipertensión
ocular en ambos ojos; asimismo, le ordenó manejo médico ambulatorio con timolol
maleato solución oftalmológica 5 mg/ml (0.5%) y a su vez ordenó consulta de
primera vez por optometría y consulta de control o de seguimiento por
especialista en oftalmología”[103].
60.  Segundo,
la situación de salud del actor no le impedía o dificultaba sustancialmente
el desarrollo de sus labores en condiciones regulares. De una parte, para
el momento en que la accionada dio por terminado el contrato de trabajo, “ni
[la] EPS ni [la] ARL emitieron recomendaciones médicas dirigidas
a Serviconcretos H.S. S.A.S. con ocasión del mencionado accidente de trabajo”[104].
En efecto, solo hasta el 25 de noviembre de 2019 el área de reintegro laboral
de la ARL Sura emitió “recomendaciones laborales para 3 meses”[105].
Si en gracia de discusión se admitiera que tales recomendaciones daban cuenta
de la imposibilidad del actor para efectuar la labor contratada, es
desproporcionado suponer que la accionada hubiere debido considerarlas, toda
vez que fueron dadas aproximadamente 5 de meses después de que terminara la
relación laboral.
61.  Por otra parte, según
informó la ARL Sura, “es posible que la querato uveitis por trauma en el ojo
y sospecha de glaucoma pueda afectar la salud y dificultar el trabajo de una
persona con oficio de ayudante de construcción. Para tener certeza de ello, se
deben realizar los estudios pertinente[s] tanto al estado de salud del
accionante, como a las actividades realizadas en su lugar de trabajo”[106].
Lo anterior significa que del padecimiento de salud del actor no era posible
inferir prima facie una imposibilidad para ejercer el empleo para el que
había sido contratado. Para llegar a una conclusión contraria habría sido
necesaria la realización de estudios y exámenes que dieran a conocer las
limitaciones que dicha afectación de salud pudiera conllevar. Por tanto, es
razonable concluir que no era posible para el empleador, en las circunstancias
del caso, inferir que el accionante tuviere serios problemas de salud que le
impidieran y dificultaran sustancialmente el desarrollo de sus labores en
condiciones regulares.
62.  Por
último, si bien el accionante se encontraba incapacitado para el momento de
terminación del contrato, lo cierto es que tal circunstancia no es por sí misma
suficiente para considerar que gozaba de estabilidad laboral reforzada. Por un
lado, la accionada señaló que “los médicos tratantes le concedieron seis (6)
días de incapacidad al trabajador Argelino Izquierdo Candelo, y en vista de lo
anterior, la empresa Serviconcretos H.S. S.A.S. le canceló oportunamente los
días de incapacidad, reincorporándose nuevamente el trabajador a cumplir sus
funciones hasta la fecha de terminación del contrato de trabajo”. Dicha
afirmación no fue desvirtuada por el tutelante. Por tanto, es claro que el
actor sí conservó su capacidad para ejercer la labor contratada luego de los
periodos de incapacidad que le fueron concedidos. De otro lado, el trabajador
tenía conocimiento previo de que la expiración del contrato estaba prevista
para el 13 de junio de 2019. En consecuencia, el hecho de que el Hospital San
José le hubiese expedido una licencia por incapacidad al accionante no era una
circunstancia suficiente per se para inhibir la facultad del empleador para
dar por terminado el vínculo laboral.
5.1.2. La
accionada no demostró la configuración de la causa legal consistente en la
terminación de la obra o labor contratada
63.  Tras
constatar que el trabajador no se encontraba en circunstancias de debilidad
manifiesta e indefensión en razón al deterioro de salud y, por ello, que la finalización
del contrato de trabajo no obedeció a un motivo discriminatorio por su
particular condición, la Sala analizará si la terminación del contrato de
trabajo por obra o labor contratada se advierte injustificada y, en
consecuencia, merecedora de un amparo transitorio de los derechos fundamentales
al trabajo en conjunción con el mínimo vital.
64.  De
conformidad con las pruebas que obran en el expediente, Serviconcretos no acreditó
que la desvinculación del tutelante hubiese obedecido a la culminación de la
obra y, por tal razón, que la labor contratada tuviese vocación de permanencia
y la materia del trabajo se hubiese extinguido. Esto es así, por las siguientes
razones:
65.  De una parte, Serviconcretos insistió
en que el actor fue contratado para “la reparación y mantenimiento de una
maquinaria de producción”[107]. En ese sentido, afirmó que la
terminación de la relación laboral se dio como consecuencia de la realización
de la obra requerida por Macpollo. Sin embargo, de las siguientes órdenes de
compra aportadas al expediente no es posible establecer que la causa de
terminación del contrato de trabajo hubiese sido “la finalización de las
obras contratadas por Serviconcretos H.S. S.A.S. como contratista de la empresa
o empresas contratantes”[108], en los términos dispuestos por el
artículo 45 del C.S.T.[109]:
Orden de compra
Descripción del material o servicio
Fecha del servicio
4501683521[110]
“se solicita 5 auxiliares para apoyo en labores de mantenimiento”
19/04/2019-20/04/2019
4501747973[111]
“servicio reparación tanque lodos debido a ruptura de cono
inferior en proceso, causando fuga de material y pérdida de eficiencia de
tratamiento de lodos”
31/05/2019
4501737461[112]
“se solicita cambiar dos tramos de 1.0 metros en los extremos de
la canal casino”
21/07/2019
4501777852[113]
“servicio de instalar soportes para aislamiento en filtro mangas
calderas”
24/07/2019
4501800149[114]
“servicio cambio de vidrio puerta entrada a bandejería”
12/09/2019
4501819155[115]
“servicio traslape canal techo eviscerado. Labor de urgencia por
temporada de lluvia y techo expuesto que pone en riesgo el proceso debido a
que el agua está cayendo en el centro de control de motores del área”
03/10/2019
4501822848[116]
“servicio doblez de dos láminas en aluminio”
08/10/2019
4501806073[117]
“reparar pisos depósito químicos luctasal”
15/10/2019
4501845227[118]
“se solicita un auxiliar para apoyar en MTO de la extractora de
cloacas, cambio de rodamientos centrales para los días 3 [y] 4 de noviembre”
01/11/2019
66.  La
ausencia de claridad frente a la duración de la obra para la que fue contratado
el tutelante es evidente –por lo menos, a partir del material probatorio
allegado al expediente–, toda vez que ninguna de las
fechas de entrega o culminación de los servicios
contratados por Macpollo coinciden con el periodo de desvinculación del actor.
67.  La situación
descrita, a su vez, impide concluir que la labor para la cual fue vinculado el
tutelante, consistente en “la reparación y
mantenimiento de una maquinaria de producción”[119],  se hubiese extinguido y, por tal razón, “a la terminación del contrato de obra pactado con Macpollo, no se
requirió enviar más personal a la citada empresa”[120].
Esta tesis de la Sala se reafirma con lo indicado por Serviconcretos, en el
sentido de que, “la empresa Macpollo S.A. durante varios periodos en el año,
contrata los servicios de Serviconcretos H.S. S.A.S, durante cortos periodos de
tiempo para realizar labores de mantenimiento, pintura o reparaciones”[121].
68.  En
suma, Serviconcretos no demostró que la terminación del contrato por duración
de la obra o labor hubiese sido consecuencia de la extinción definitiva del
contrato pactado con Macpollo. Por tanto, para proteger el derecho al trabajo
del actor, en conjunción con la garantía a su mínimo vital, la Sala concederá
el amparo transitorio y ordenará que se reintegre al accionante, si este así lo
desea, a un cargo de igual o superior jerarquía al desempeñado al momento de la
finalización del vínculo laboral.
69.  Dado
que el proceso de tutela no es el escenario en el que
se pueda llevar a cabo el amplio debate probatorio que implica establecer el
motivo de la terminación del contrato de obra o labor, por cuanto este aspecto
exige acreditar, a su vez, la extinción definitiva del objeto del contrato
suscrito entre el contratista independiente y el beneficiario o dueño de la
obra, se advierte al accionante que deberá acudir, en
un término máximo de dos (2) meses contados a partir de la notificación de la
presente providencia, ante la jurisdicción ordinaria laboral, a efectos de que por esta vía -y mediante los medios de prueba que
pretenda hacer valer- se resuelvan las controversias relativas a la causa de
culminación de la relación laboral y solicite el reintegro definitivo, el pago
de los emolumentos, prestaciones sociales y demás asignaciones salariales
dejados de percibir. En caso de no hacerlo, cesará la protección otorgada
mediante esta sentencia[122]. Este
término es razonable, si se tienen en cuenta las especiales condiciones de
vulnerabilidad en las que se encuentra el señor Izquierdo, las cuales hacen
apremiante que se resuelvan, de manera definitiva y no ya transitoria, las
controversias relacionadas con su contrato laboral, del cual se derivan las
demás pretensiones solicitadas ante esta Sala. Esto, bajo el entendimiento de que
el accionante favorecido con la decisión judicial de efectos temporales asume
una carga procesal de cuyo cumplimiento depende la subsistencia del amparo, la
cual se extiende por término en el que el juez ordinario decida acerca del
fondo del asunto[123].
70.  Esta
garantía conjunta se fundamenta, de un lado, en la falta de evidencia en cuanto
a que la terminación del contrato por duración de la obra o labor hubiese sido
consecuencia de la extinción definitiva del contrato suscrito entre Serviconcretos
y Macpollo. De otro lado, en las condiciones de vulnerabilidad socio económicas
del accionante, descritas en el título 2.3.2 supra; en dicho apartado se
concluyó en atención a las circunstancias del
accionante, asociadas a su salud, edad y
situación de pobreza, no era posible inferir que se encontrara en la
posibilidad de garantizar por sí mismo sus condiciones básicas y dignas de
existencia y, a la par, acudir ante la jurisdicción ordinaria con el fin de que
allí se resolvieran sus pretensiones, lo que supuso considerar que se
acreditaban las circunstancias de un perjuicio irremediable.
5.2.
Ausencia de vulneración de los derechos a
la seguridad social y a la salud del accionante
71.  De acuerdo con la obligación de seguridad y protección dispuesta por
el artículo 56 del C.S.T., el empleador debe adoptar todas las medidas
orientadas a cubrir el riesgo y siniestralidad de las actividades que produce,
causa y organiza[124].
72.  Por
medio de la afiliación y el pago de la cotización[125] a una
Administradora de Riesgos Laborales[126] -ARL-, el empleador traslada el riesgo del trabajo a esta[127]
y, a su vez, la obligación de indemnizar al trabajador y asumir las
prestaciones médico-asistenciales y económicas a que hubiese lugar. Por tanto,
ante la ocurrencia de un accidente de trabajo, el empleador debe informar el
siniestro “a la entidad Administradora de
Riesgos Profesionales (ARP) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) en forma
simultánea dentro de los dos días hábiles siguientes”[128],
para que, de una parte, la ARL efectué las actuaciones tendientes a la
prevención, protección y atención del evento[129] y, de otra, la EPS brinde la atención inicial de
urgencias requerida por el trabajador[130].
73.  La
jurisprudencia constitucional ha señalado que la omisión de dichos deberes afecta
los derechos fundamentales a la seguridad social, a la salud y al mínimo vital del
trabajador, quien no podrá recibir atención médica ni reclamar las prestaciones
económicas que deban ser
reconocidas como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad
laboral[131]. En tales términos, además de
las sanciones legales previstas por el artículo 91 del
Decreto 1295 de 1994[132], el
empleador negligente debe asumir la cobertura de las
prestaciones asistenciales[133] y económicas previstas por el
Sistema de Riesgos Laborales[134], de la
misma forma como si lo hiciera una ARL[135]. En tal supuesto, el empleador debe: i) otorgar la atención
médica requerida por el trabajador, incluidas las prestaciones asistenciales y
la continuidad del servicio de salud[136], ii) pagar el subsidio por
incapacidad temporal, equivalente al 100% del salario base de cotización[137],
iii) remitir al trabajador ante la Junta Regional de Calificación de
Invalidez, para que evalúe la pérdida de capacidad laboral y dictamine el
porcentaje de invalidez, así como la correspondiente la fecha de estructuración[138],
y iv) reconocer la indemnización por pérdida de capacidad laboral
permanente parcial o la pensión de invalidez por origen laboral.
74.  En el presente asunto, la Sala advierte que Serviconcretos no vulneró
los derechos a la seguridad social y a la salud del actor, como consecuencia de
la terminación del contrato de trabajo por obra o labor, por las siguientes
razones:
75.  Primero,
ausencia de vulneración del derecho a la seguridad social. Desde el inicio de la relación laboral, el empleador
cumplió con sus obligaciones de seguridad y protección. Según dan cuenta los
certificados de afiliación a la Nueva EPS[139], a Colpensiones[140]
y a la ARL Sura[141], el accionante fue afiliado al
Sistema de Seguridad Social Integral y, en consecuencia, ha recibido la
cobertura integral de las contingencias que “menoscaban [su] salud y […]
capacidad económica”[142]. A partir de su afiliación, de una
parte, la ARL Sura le ha brindado al accionante la
atención médico-asistencial requerida con ocasión de i) el accidente de
trabajo sufrido el 27 de abril de 2019, así como ii) en relación con las
enfermedades generales vinculadas al diagnóstico de “contusión del globo
ocular y tejido orbitario”[143]. De otra parte, la ARL Sura le ha
reconocido al actor las prestaciones económicas causadas por cuenta del
referido siniestro. En efecto, según afirmó el
accionante, “al momento he recibido prestación económica por parte de ARL
SURA, consistente únicamente en el pago de las incapacidades otorgadas por mi
médico tratante debido a mi patología, derivada del accidente de trabajo
referido […]”[144].
76.  Segundo,
ausencia de vulneración del derecho a la salud. Dado que Serviconcretos
afilió al señor Izquierdo al Sistema de Seguridad Social y reportó el accidente
de trabajo ocurrido el 27 de abril de 2019, la ARL Sura le ha brindado la
atención médica requerida para el tratamiento del “trauma contundente y
caída de cuerpos extraños en ambos ojos”[145] –de origen laboral– y,
también, del “glaucoma”, la “hipertensión ocular”[146]
y el “cuadro de larga data consistente en disminución de la agudeza visual [a]sociado
a fosfenos” –origen común–. Esta cobertura ha perdurado, incluso, con
posterioridad a la desvinculación del señor Izquierdo[147].
Además, el accionante actualmente se encuentra vinculado a la Nueva EPS en el
régimen subsidiado de salud[148] y, por tanto, tiene garantizada la
atención que llegase a requerir para atender sus afectaciones de salud de
origen común.
6.     Síntesis de la decisión
77.  La
Sala revisó las decisiones judiciales proferidas dentro del proceso promovido
por el señor Argelino Izquierdo Candelo en contra de Serviconcretos H.S. S.A.S.
Tras encontrar acreditados los requisitos de procedencia de la acción de
tutela, debió resolver si la accionada habría vulnerado los derechos al
trabajo, a la seguridad social, a la salud y al mínimo vital del accionante, por
haber dado por terminado el contrato de obra o labor del tutelante, a pesar de
que había sufrido un accidente de trabajo, se encontraba incapacitado y en
tratamiento médico, y que el cargo desempeñado seguía existiendo.
78.  La Sala concluyó, de una parte, que si bien el accionante no era titular de la estabilidad laboral
reforzada en favor de las personas en circunstancias de debilidad manifiesta, por
no haber acreditado i) serios problemas de salud, ii) que le
impidieran o dificultaran sustancialmente el desempeño de sus labores en
condiciones regulares, consideró que la accionada no logró probar que la
terminación del contrato de trabajo por duración de la obra o labor hubiese obedecido
a la extinción definitiva del contrato suscrito con Macpollo.
79.  En consecuencia, concedió el amparo
transitorio al derecho al trabajo en conjunción con el mínimo vital y, por
tanto, ordenó a Serviconcretos reintegrar al accionante, si este así lo deseaba, a un cargo igual, similar o de superior
jerarquía al que desempeñaba al momento de la terminación de la relación
laboral. Con todo, advirtió al accionante que debía acudir dentro de los dos
(2) meses siguientes a la notificación de esta sentencia ante la jurisdicción
ordinaria laboral, a fin de que por esa vía se resolvieran las controversias
relativas a la finalización del contrato de obra o labor contratada, solicitara
el reintegro definitivo, el pago de los emolumentos, prestaciones sociales y
demás asignaciones salariales dejadas de percibir. Señaló que, en caso de no
hacerlo, cesaría la protección otorgada.
80.  Por
otra parte, la Sala encontró que Serviconcretos no desconoció los derechos a la
seguridad social y a la salud del accionante, por cuanto cumplió con las
obligaciones de seguridad y protección frente al trabajador y, por tanto, constató
que este había sido beneficiario de la atención médico-asistencial requerida
como consecuencia del accidente de trabajo y de las afectaciones de salud de
origen común, así como del pago de las prestaciones económicas reconocidas por
el Sistema de Seguridad Social.
7.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 6 de
septiembre de 2019 por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia en Oralidad de
Buga (Valle) que revocó la decisión proferida el 1 de agosto de 2019 por el
Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Buga, (Valle). En su lugar, CONCEDER el amparo al derecho
al trabajo en conjunción con el mínimo vital del señor Argelino Izquierdo
Candelo y NEGAR la protección de los derechos a la seguridad social y a
la salud del tutelante, por las razones expuestas en la parte motiva.
Segundo. En consecuencia, ORDENAR
a Serviconcretos H.S. S.A.S., que proceda, dentro de los cinco (5) días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente providencia, a reintegrar
al accionante, si este así lo desea, a un cargo igual, similar o de superior
jerarquía al que desempeñaba al momento de la terminación de la relación
laboral, de acuerdo con las razones expuestas en esta providencia.
Tercero. ADVERTIR al señor Argelino Izquierdo
Candelo que deberá acudir, dentro de los dos (2) meses siguientes a la
notificación de la presente providencia, ante la jurisdicción ordinaria laboral,
a efectos de que por esa vía se resuelvan las controversias relativas a
la finalización del contrato de obra o labor contratada, se solicite el
reintegro definitivo, el pago de los emolumentos, prestaciones sociales y demás
asignaciones salariales dejadas de percibir.
Cuarto. LIBRAR, por la Secretaría General de
la Corte Constitucional, la comunicación de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí señalados.
Comuníquese y cúmplase,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con salvamento parcial de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA MAGISTRADA
DIANA FAJARDO RIVERA
A LA SENTENCIA T-102/20
M.P. CARLOS BERNAL PULIDO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la
Sala Primera de Revisión de la Corte, me permito exponer las dos razones por
las cuales me aparto parcialmente de lo decidido en la Sentencia T-102 de 2020,
que están relacionadas con el estándar usado para calificar los problemas de
salud del accionante y el término que se le otorgó para acudir a la vía
ordinaria.
1.       La Sentencia T-102 resolvió el caso de Argelino Izquierdo Candelo,
el cual fue despedido sin justa causa de Serviconcretos, encontrándose
incapacitado. Al resolver el caso concreto, la mayoría de la Sala Primera
encontró que el accionante no
es titular de una estabilidad laboral reforzada, porque (i) no tenía serios o
graves problemas de salud en el momento en que fue despedido; (ii) su situación
de salud no le impedía o dificultaba sustancialmente el desarrollo de sus
labores en condiciones regulares; y (iii)  aunque el accionante se encontraba
incapacitado para el momento del despido, tal circunstancia no es, por sí
misma, suficiente para considerar que gozaba de estabilidad laboral reforzada.
Sin embargo, comoquiera que la accionada no demostró la configuración de una
causa legal para dar por terminado el contrato del señor Izquierdo Candelo,
vulneró sus derechos al trabajo y al mínimo vital. Así entonces, la Sala
concedió el amparo transitorio de los derechos fundamentales del actor y ordenó
su reintegro a un cargo de igual o superior jerarquía al desempeñado al momento
de la finalización del vínculo laboral. Además, le advirtió que contaba con dos
meses para acudir a la Jurisdicción Ordinaria Laboral para solicitar su
reintegro definitivo y el pago de los emolumentos, prestaciones sociales y
demás asignaciones salariales dejados de percibir, pues de lo contrario la
protección aquí otorgada cesaría.
2.       Aunque comparto, en líneas generales, la
decisión adoptada, encuentro necesario presentar mis objeciones frente a dos
asuntos. En primer lugar, considero importante destacar que la jurisprudencia
de esta Corte ha dispuesto que el derecho a la estabilidad laboral reforzada se
adquiere cuando (i) se
establece que el trabajador realmente se encuentra en una condición de salud
que le impida o dificulte significativamente el normal y adecuado desempeño de
sus actividades; (ii) que la condición de debilidad manifiesta sea conocida por
el empleador en un momento previo al despido; y (iii) que no exista una
justificación suficiente para la desvinculación, de manera que sea claro que la
misma tiene origen en una discriminación.[149] El primer
requisito no califica el estado de salud del trabajador, el enfoque son las
consecuencias de la afectación. Nuestra labor como jueces no es determinar si
existen problemas serios o graves de salud, lo que debemos valorar es si una
afectación médica, cualquiera que ésta sea, obstaculiza el desarrollo de las
labores de quien acude a la acción de tutela. Encuentro inadecuado imponer un
estándar distinto encaminado a establecer la gravedad de una enfermedad, pues
con ello se restringe el contenido de este derecho y se minimiza su ámbito de
protección. Por ejemplo, el síndrome del túnel carpiano no es, en principio,
una enfermedad grave o de alto riesgo; sin embargo, si quien lo padece trabaja
a diario con sus manos en una fábrica de textiles, los dolores y consecuentes
problemas de movilidad que suelen acompañar a dicho diagnóstico pueden
constituir un factor que incida negativamente en el desarrollo de sus
funciones. De ahí que encuentre importante dejar claro que el derecho a la
estabilidad laboral reforzada no excluye enfermedades en razón de su seriedad
o gravedad.
3.       De otra parte, disiento de las razones que
soportan la decisión de otorgar un plazo de dos meses al actor para acudir a la
Jurisdicción Ordinaria Laboral. La mayoría de la Sala afirmó que “este
término es razonable, si se tienen en cuenta las especiales condiciones de
vulnerabilidad en las que se encuentra el señor Izquierdo, las cuales hacen
apremiante que se resuelvan, de manera definitiva y no ya transitoria, las
controversias relacionadas con su contrato laboral, del cual se derivan las
demás pretensiones solicitadas ante esta Sala. Esto, bajo el entendimiento de
que el accionante favorecido con la decisión judicial de efectos temporales
asume una carga procesal de cuyo cumplimiento depende la subsistencia del
amparo, la cual se extiende por término en el que el juez ordinario decida
acerca del fondo del asunto.” Aunque loable, la intención de la decisión
adoptada puede tener un efecto contrario a los intereses del accionante.
4.
El artículo 8° del
Decreto 2591 de 1991 regula el amparo transitorio que puede otorgar el juez de
tutela y dispone que su subsistencia depende de que el accionante favorecido
asuma una carga procesal que consiste en hacer uso de la vía ordinaria en un
término de hasta cuatro meses. Aunque la norma señala un tiempo límite, no
mínimo, la Corte siempre ha optado por otorgar el máximo plazo posible cuando
tutela transitoriamente los derechos de los accionantes, esto es, cuatro meses.
Al reducirlo a dos meses, como ocurrió en esta oportunidad, bajo el argumento
de que el estado de debilidad manifiesta del accionante requiere de una rápida
definición de su asunto, pasa por alto aquello que busca proteger. El señor
Argelino Izquierdo es una persona de la tercera edad en condición de
vulnerabilidad económica que deberá encontrar un abogado que asuma su causa
para poder acudir a la jurisdicción ordinaria, reunir el material probatorio
que considere pertinente e interponer una demanda en tan solo dos meses. La
pronta interposición del mecanismo ordinario de defensa no incide positivamente
en el goce de sus derechos, por el contrario, podría convertirse en una carga
desproporcionada atendiendo, precisamente, a sus condiciones.
5.
En estos términos dejo
expuestas las razones por las que salvo parcialmente el voto frente a la
Sentencia T-102 de 2020.
Fecha ut supra
DIANA FAJARDO RIVERA
MAGISTRADA
[1] Fl. 7, Cdno. 1.
[2] Ibíd.
[3] Fl. 1, Cdno. 1.
[4] En el reporte del accidente de trabajo se registró la
siguiente información: i) tipo de lesión: “golpe contusión o
aplastamiento”, ii) parte del cuerpo aparentemente afectada: “ojo”,
iii) mecanismos o forma del accidente: “caída de objetos”. Fls.
12-13, Cdno. 1.
[5] Fl. 14, Cdno. 1.
[6] Fl. 25, Cdno. 1.
[7] Fl. 1, Cdno. 1.
[8] Ibíd.
[9] Fl. 26, Cdno. 1.
[10] Fl. 15, Cdno. 1.
[11] Fl. 27, Cdno. 1.
[12] Fl. 20, Cdno. 1.
[13] Fls 1-5, Cdno. 1.
[14] Fl. 44, Cdno. 1.
[15] Fl. 2, Cdno. 1.
[16] Fl. 3, Cdno. 1.
[17] Fl. 45, Cdno. 1.
[18] Entidades vinculadas por medio de auto del 17 de
julio de 2019. Fl. 45, Cdno. 1.
[19] Vinculada mediante auto del 1 de agosto de 2019. Fl. 121, Cdno.
1.
[20] Fls. 50-52, Cdno. 1.
[21] Según escritura No. 5116 del 17 de diciembre de 2018, la
sociedad Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. fue absorbida por la
sociedad Seguros de Vida Suramericana S.A. Fl. 53, Cdno. 1.
[22] Fls. 58-65, Cdno. 1.
[23] Fls. 86-88, Cdno. 1.
[24] Fls. 114-115, Cdno. 1.
[25] Mediante escrito del 24 de julio de 2019. Fls. 106-107,
Cdno. 1.
[26] Mediante escrito del 24 de julio de 2019. Fls.
83-84, Cdno. 1.
[27] Fls. 125-132, Cdno. 1.
[28] Fl. 135, Cdno. 1.
[29] Fls. 25-35, Cdno. 2.
[30] Fls. 39-48, Cdno. 2.
[31] Artículo 10 del Decreto
2591 de 1991.
[32] Artículos 5 y 13 del
Decreto 2591 de 1991.
[33] De conformidad con el
certificado de existencia y representación legal, Avidesa de Occidente S.A. –
Macpollo tiene como objeto “las actividades propias de la industria avícola,
incluida además de la cría y el levante de aves, el procesamiento de aves, el
comercio de las mismas y sus productos así como las investigaciones de todo
género relacionadas con la avicultura y sus afines”. Fls. 39-42, Cdno. 1.
[34] “ARTICULO 34. CONTRATISTAS INDEPENDIENTES.
[Artículo modificado por el artículo 3 del Decreto 2351 de 1965. El nuevo
texto es el siguiente:] 1o) Son contratistas independientes y, por tanto,
verdaderos [empleadores] y no representantes ni intermediarios, las personas
naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la
prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado,
asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con
libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o
dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las
actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable
con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e
indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta
para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o
para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores. 2o) El beneficiario
del trabajo o dueño de la obra, también será solidariamente responsable, en las
condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de los
subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso de que los contratistas
no estén autorizados para contratar los servicios de subcontratistas”.
[35] Artículo 1 del Decreto 2591 de 1991.
[36] Entre otras, ver las sentencias T-664 de 2017 y T-586 de
2019.
[37] Sentencias
T-225 de 1993, SU-544 de 2001 y SU-772 de 2014.
[38] Sentencia T-554 de 2019.
[39] Entre otras, ver la sentencia T-586 de 2019.
[40] Artículo 48 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social.
[41] Artículo 590 del Código General del Proceso.
[42] Sentencia T-048 de 2018.
[43] Sentencia SU-049 de 2017.
[44] Ver, entre otras, las sentencias T-719 de 2003, T-1042 de 2010, T-167 de 2011, T-352 de 2011,
T-206 de 2013, T-269 de 2013 y SU-049 de 2017.
[45] Sentencia T-586 de 2019.
[46] “Una conclusión contraria
daría lugar a que la jurisdicción constitucional sustituyera, siempre o casi
siempre, a la jurisdicción ordinaria en conflictos que involucren a este tipo
de sujetos y pretensiones, en cuanto al reconocimiento del fuero de estabilidad,
pues este supone que el trabajador que lo alega, acredite una condición
negativa de salud”. Sentencia T-586 de 2019.
[47] En relación con este tipo de asuntos, la jurisprudencia
constitucional ha señalado: “el ejercicio del
amparo constitucional como mecanismo transitorio implica que, aun existiendo
medios de protección judicial idóneos y eficaces, estos, ante la necesidad de
evitar la consolidación de un perjuicio irremediable, pueden ser desplazados
por la vía de tutela”. Sentencia
T-048 de 2018.
[48] De acuerdo con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.
[49] El accionante es beneficiario del régimen subsidiado de
salud.
[50] Fl. 18, Cdno. 1.
[51] Fl. 25, Cdno. 1.
[52] Fl. 27, Cdno. 1.
[53] Fl. 16, Cdno 1.
[54] Ibíd.
[55] Fls. 192-193, Cdno. Principal.
[56] De acuerdo con la cédula de ciudadanía aportada al
expediente, el señor Argelino Izquierdo Candelo nació el 23 de febrero de 1958,
esto es, tiene 61 años. Según se deriva de los artículos 7
de la Ley 1276 de 2009, 3 de la Ley 1251 de 2008 y 5 de la Ley 1850 de 2017 una
persona es de la “tercera edad” cuando cumple
60 años y según dispone el artículo 46 de la Constitución, el Estado, la
sociedad y la familia deben concurrir para su protección y asistencia, así como
para promover su integración a la vida activa y comunitaria.
[57] De conformidad con la jurisprudencia constitucional, la
condición de pobreza es una circunstancia relevante al momento de valorar la
subsidiariedad de la acción de tutela. Cfr., sentencia T-010 de 2017.
[58] Fls. 57-59, Cdno. Principal y fl. 5 Cdno. 2.
[59] Sentencia T-484 de 1997. En un
sentido análogo, cfr., las sentencias T-184 de 1994, T-484 de 1997, T-120A de
1998, T-169 de 1998, T-070 de 1998, T-072 de 1998, T-364 de 1998, T-242 de
1998, T-827 de 1999, T-264 de 2000, T-264 de 2000 y T-542 de 2000.
[60] FEDESARROLLO Y FUNDACIÓN SALDARRIAGA CONCHA. Misión Colombia
Envejece: cifras, retos y recomendaciones. Bogotá: editorial Fundación
Saldarriaga Concha, 2015. p. 169. Disponible en: https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/2724/LIB_2015_MCE_completo.pdf?sequence=5&isAllowed=y [último
acceso febrero 13 de 2020]. Esta inferencia la fundamenta en un estudio que
cita de Cotlear del año 2011. La jurisprudencia que se describe
encuentra un fundamento empírico plausible en el estudio en cita, en el que se
plantean, entre otras, las siguientes conjeturas, a partir de los datos de la
Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2013, del mercado laboral de las
personas mayores por sexo y por grupos etarios de personas de 40 años o más, y
que se complementa con datos cualitativos provenientes de grupos focales: (i)
“entre los 10 y los 49 años, aumenta
sistemáticamente la importancia de la actividad ‘trabajo’ o ‘buscando trabajo’,
y a partir de los 50 a los 59 años disminuye mientras aumenta la actividad
‘oficios del hogar’ y la discapacidad permanente para trabajar”  (p. 182); (ii)  “Los empleos en la etapa de la vejez para las personas de bajos ingresos suelen ser de menor calidad,
comparados con los de su juventud, y también más difíciles de conseguir en
jornadas completas, lo que se traduce en menos tiempo de dedicación al trabajo (pp. 185-186); (iii) en comparación con la tasa
de ocupación nacional que es del 54.9 %, “la de las personas mayores es del
33.1 % (ECV, 2013)” (p. 189); (iv) “La tasa de ocupación disminuye con
la edad [… ;] la tasa se reduce significativamente antes y más rápido en
las zonas urbanas y en ambos sexos: mientras que la tasa de ocupación entre los
50 y 59 años es del 85 % y del 93 % para los hombres en las zonas urbanas y
rurales respectivamente, a la edad de la jubilación se reduce al 57 % en el
primer grupo pero solo al 81 % en el segundo. Después de los 70 años, el 58 %
de los hombres en las zonas rurales aún trabaja, lo que contrasta con el 30 %
en las zonas urbanas” (p. 190); (v) “El 77.2 % de las personas de 60
años o más, esto es, tres de cada cuatro personas mayores, no recibe ingresos;
el 3.6 % recibe menos de un SMMLV, el 9.7 % entre uno y menos de dos SMMLV y el
9.5 % recibe dos o más SMMLV” (p. 213); finalmente, (vi) “Las
referencias a una mejor situación económica en la vejez disminuyen a cerca del
30 % en los grupos de bajos ingresos, en los que una mayor proporción de
declaraciones aluden a un empeoramiento. Las personas mayores que hacen parte
de estos grupos tienen que seguir trabajando para su sustento y el de sus
familias, y además se perciben en desventaja en el mercado laboral,
principalmente por el deterioro de sus condiciones físicas y la falta de
habilidades para las nuevas tecnologías” (pp. 220-221).
[61] Cfr., fl. 6, Cdno. 2 y fl. 261 Cdno. Principal.
[62] “Por medio de la cual se establece la red para la
superación de la pobreza extrema – red unidos y se dictan otras disposiciones”.
[63] “Por la cual se establecen los criterios de
identificación, selección, vinculación, permanencia y egreso de hogares en
condición de pobreza extrema a la Estrategia para la Superación de la Pobreza
Extrema – Red Unidos”,
[64] Esta estrategia es definida por artículo 2 de la resolución
en cita de la siguiente forma: “De
conformidad con la Ley 1785 de 2016, la Red Unidos es el conjunto de actores
que contribuyen en la Estrategia de Superación de la Pobreza Extrema. Está
conformada por las entidades del Estado que presten servicios sociales
dirigidos a la población en pobreza extrema, Alcaldías y Gobernaciones, el
Sector Privado y Organizaciones de la Sociedad Civil, y los hogares
beneficiarios del acompañamiento familiar y comunitario. La estrategia se
desarrolla a través del acompañamiento familiar y comunitario, la gestión de
oferta y la provisión de información que caracteriza las demandas de servicios
para la promoción social de los hogares”.
[65] Resalta la Sala que en el presente caso se toma como referente
el puntaje del Sisbén III del accionante, y no el puntaje del Sisbén IV, por
cuanto la metodología de este último solo entrará en vigencia cuando se realice
el barrido en todo territorio nacional, para lo cual se ha establecido como
fecha del doceavo corte el 20 de enero de 2021. Esto, en razón de lo consignado
en las resoluciones 2673 de 2018 y 3912 de 2019 del Departamento Nacional de
Planeación.
[66] Fl. 57, Cdno. Principal.
[67] Ibíd.
[68] Ibíd. Resalta la Sala que el accionante recibió la suma de $164.116 por
concepto de liquidación de prestaciones sociales y vacaciones del contrato de
trabajo suscrito con Serviconcretos (fl. 28, Cdno. 1).
[69] El tutelante orienta sus pretensiones al reintegro y al pago
de i) los emolumentos dejados de percibir, ii) los aportes al
Sistema de Seguridad Social presuntamente adeudados y iii) la sanción
por despido de persona en condición de discapacidad, prevista por la Ley 361 de
1997.
[70] Sentencia T-317 de 2017.
[71] Sentencia C-531 de 2000.
[72] Sentencias T-014 de 2019 y T-586 de 2019.
[73] Artículo 54 de la Constitución.
[74] Ver, al respecto,
la sentencia T-586 de 2019.
[75] En
relación con los trabajadores en situación de discapacidad, la estabilidad
laboral es reforzada y se deriva expresamente del artículo 26 de la Ley 361 de
1997. Según esta disposición, ninguna persona puede ser despedida o su contrato
terminado en razón de su discapacidad -previamente certificada por la autoridad
competente-, “salvo que medie autorización de la oficina del Trabajo”.
En caso de que la persona sea desvinculada sin el cumplimiento de dicho deber
legal, el despido se presume discriminatorio y, por tanto, el empleador debe
reintegrar al trabajador y pagar una indemnización equivalente a 180 días de
salario, “sin
perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de
acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen,
adicionen, complementen o aclaren”.
[76] Sentencia SU-040 de 2019.
[77] La jurisprudencia constitucional ha extendido la protección de la
estabilidad laboral para las vinculaciones laborales regidas por contratos de
prestación de servicios. En efecto, en la sentencia SU-049 de 2017 la Corte
reconoció la aplicación de la “estabilidad ocupacional reforzada” a
favor de trabajadores vinculados por medio de contratos de prestación de
servicios y en la sentencia SU-040 de 2018 hizo hincapié en su extensión a
aquellas con discapacidad vinculadas por medio contratos de prestación de
servicios en desarrollo de planes de desarrollo distritales o municipales para
garantizar su la inclusión social.
[78] El artículo 37 del Código Sustantivo del trabajo establece
que “el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito; para su validez no
requiere forma especial alguna, salvo disposición expresa en contrario”.
Según la forma en que se pacte, este puede ser verbal -art. 38 del C.S.T- o
escrito -art. 39 del C.S.T-.
[79] El artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que
“el contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el
tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por tiempo
indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio”.
En atención a la duración pactada, el contrato puede ser a término fijo -art.
46 del C.S.T.-, a término indefinido -art. 47 del C.S.T-, ocasional, accidental
o transitorio -art. 6 del C.S.T.- o por duración de la obra o labor contratada
-art. 45 del C.S.T-.
[80] Sentencia T-614 de 2017.
[81] Sentencias T-899 de 2014,
T-106 de 2015 y T-641 de 2017.
[82] Ibíd.
[83] Artículo 1 del Código Sustantivo del Trabajo.
[84] Sentencia T-434 de 2008 y
T-586 de 2019.
[85] Sentencia T-641 de 2017.
[86] Modalidad de contratación prevista por los
artículos 45 y
46 del Código Sustantivo del Trabajo.
[87] Sentencia T-641 de 2017.
[88] Sentencia T-392 de 2017.
[89] Sentencia T-614 de 2017.
[90] Sentencia T-641 de 2017.
[91] Según se indica en el contrato de trabajo en la cláusula
relativa al “lugar donde desempeñará las labores”.
[92] En particular, el señor Izquierdo manifestó: “el día 13 de
mayo de la misma anualidad, por parte de la empresa Serviconcretos H.S. S.A.S.
me llaman para informarme que no me presente a trabajar y que se dio por
terminado mi contrato de trabajo, en razón a que la labor contratada con el
usuario había concluido y que podía pasar por mi liquidación, le manifesté a la
persona que me dijo que mi contrato había terminado que yo seguía en
tratamiento médico y que mi estado de salud era delicado como podían ver en mi
historia clínica y se me manifestó que el contrato se me prorrogaba hasta el
día 13 de junio”. Fls. 1-2, Cdno. 1.
[93]
Fl. 2, Cdno. 1.
[94]
Ibíd.
[95] Fl. 25, Cdno. 1.
[96] Fl. 14, Cdno. 1.
[97]
Fl. 26, Cdno. 1.
[98] Definición consultada en el diccionario médico de la
Universidad de Salamanca. Disponible en: https://dicciomed.usal.es [último
acceso: 7 de febrero de 2020].
[99]
Fl. 15, Cdno. 1.
[100]
Ibíd.
[101]
Fl. 50 vto, Cdno. 1.
[102]
Fl. 17, Cdno. 1.
[103] Fl. 192, Cdno. Principal.
[104]
Fl. 58, Cdno. Principal.
[105] En el informe contentivo
de tales recomendaciones se lee: “1. Durante la ejecución de actividades
permitir el uso de protección ocular (gafas de protección) que cubran
completamente la fosa ocular. 2. Debe evitar ejecución de tareas que impliquen
la exposición directa y prolongada a la luz solar. 3. Permitir al trabajador
tomar una pausa de recuperación (descansos) cada hora durante 5 a 10 minutos,
para evitar la fatiga visual durante la ejecución de sus labores. 4. Evitar la
conducción de vehículos y/o maquinas que requieran de visión detallada o en las
cuales pueda haber riesgo de atrapamientos por presentar visión subnormal del
ojo afectado”. Fls. 217 y 258, Cdno. Principal.
[106] Fl. 213, Cdno. Principal.
[107] Fl. 30, Cdno. 1.
[108] Fl.
8, Cdno. 1.
[109] “Articulo 45. Duración. El
contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo
que dure la realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido
o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio”.
[110] Fl. 77, Cdno. Principal.
[111] Fl. 79, Cdno. Principal.
[112] Fl. 84, Cdno. Principal.
[113] Fl. 82, Cdno. Principal.
[114] Fl. 83, Cdno. Principal.
[115] Fl. 80, Cdno. Principal.
[116] Fl. 85, Cdno. Principal.
[117] Fl.
81, Cdno. Principal.
[118] Fl.
86, Cdno. Principal.
[119] Fl. 30, Cdno. 1.
[120] Fl. 69, Cdno. Principal.
[121] Ibíd.
[122] En relación con la protección
transitorio que garantiza la acción de tutela, el artículo 8 del Decreto 2591
de 1991 dispone: “Artículo
8. La tutela como mecanismo transitorio. Aun cuando el afectado disponga de otro medio de
defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En el caso del
inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden
permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial
competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el
afectado. En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término
máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela. Si no la instaura,
cesarán los efectos de éste”.
[123] Cfr., en este sentido, la sentencia T-098 del 1998.
[124] Esta se deriva de lo dispuesto por el artículo 56 del Código
Sustantivo del Trabajo.
[125] “Las entidades […]
bajo un esquema de aseguramiento,- en el que las cotizaciones o primas, que el
empleador entrega al sistema por cada uno de los trabajadores afiliados,
generan una mutualidad o fondo común, con el cual se financian las prestaciones
anotadas-, deben ocuparse de brindar a los trabajadores la prestación  de
los servicios de salud  que requieran, así como asumir  el
reconocimiento y pago oportuno  de las prestaciones económicas
establecidas en el Decreto Ley 1295 de 1994 –incapacidad temporal, incapacidad
permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes, auxilio
funerario-, al tiempo que  deben realizar actividades de prevención,
asesoría y evaluación de riesgos profesionales, y promover y divulgar
programas de medicina laboral, higiene industrial, salud ocupacional y
seguridad industrial (Art. 80 del D.L. 1295 de 1994)”. Sentencia T-582 de 2013.
[126] Esta es, además, una característica del Sistema de Riesgos
Laborales (sección h del artículo 4 del Decreto 1295 de 1994).
Precisamente, según la sección l) del artículo 4 del referido Decreto, “los
empleadores solo podrán contratar el cubrimiento de los riesgos profesionales
de todos sus trabajadores con una sola entidad administradora de riesgos
profesionales, sin perjuicio de las facultades que tendrá estas entidades
administradoras para subcontratar con otras entidades cuando ello sea
necesario”.
[127] Lo anterior, toda vez que
el artículo 1 del Decreto 1294 de 1994 prevé que las ARL son entidades
aseguradoras encargadas de asumir los riesgos derivados del accidente de
trabajo; es decir, tienen el “exclusivo objeto de otorgar dicha cobertura a
sus socios, personal naturales o jurídicas, mediante el cobro de una
contribución o prima”.
[128] Artículo 62 del Decreto 1295 de 1994.
[129] Artículo 1 del Decreto 1295 de 1994.
[130] Resolución 0156 de 2005.
[131] En ese sentido, ver las sentencias
T-295 de 1997, T-794 de 1999, T-799 de 1999, T-556 de 2003, T-1075 de 2005,
T-351 de 2006, T-520 de 2008, T-1235 de 2008, T-582 de 2013 y T-524 de 2016.
[132] “Le corresponde al
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a través del Director Técnico de
Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, imponer las
siguientes sanciones, frente a las cuales no opera el recurso de apelación. La
competencia aquí prevista puede asumirla el Ministro de Trabajo y Seguridad
Social. a) Para el
empleador. 1. El incumplimiento de la afiliación al Sistema General de Riesgos
Profesionales, le acarreará a los empleadores y responsables de la cotización,
además de las sanciones previstas por el Código Sustantivo del Trabajo, la
legislación laboral vigente y la ley 100 de 1993, o normas que la modifiquen,
incorporen o reglamenten, la obligación de reconocer y pagar al trabajador las
prestaciones consagradas en el presente Decreto. La no afiliación y el no pago
de dos o más períodos mensuales de cotizaciones, le acarreará al empleador
multas sucesivas mensuales de hasta quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes”.
[133] El artículo 5 del Decreto Ley 1295
de 1994 dispone que las
prestaciones asistenciales que se deben garantizar a todo trabajador que sufra
un accidente de trabajo o una enfermedad laboral son las siguientes: “a)
Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, b) Servicios de hospitalización,
c) Servicio odontológico, d) Suministro de medicamentos, e) Servicios
auxiliares de diagnóstico y tratamiento, f) Prótesis y órtesis, su reparación,
y su reposición solo en casos de deterioro o desadaptación, cuando a criterio
de rehabilitación se recomiende, g) Rehabilitaciones física y profesional, h)
Gastos de traslado, en condiciones normales, que sean necesarios para la
prestación de estos servicios”.
[134] Esto es, las prestaciones económicas por incapacidad
temporal a que haya lugar frente a las contingencias de accidente de trabajo -
sección b) del artículo 2 del Decreto 1295 de 1994- así como reconocer y pagar
a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad permanente parcial
o invalidez, que se deriven de las contingencias de accidente de trabajo o
enfermedad profesional y muerte de origen profesional -sección c)
del artículo 2 del Decreto 1295 de 1994-.
[135] Sección e) del artículo 4 del Decreto 1295 de 1994.
[136] Sentencia T-524 de 2016.
[137] De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 776 de 2002, “Todo afiliado a quien se le defina una incapacidad
temporal, recibirá un subsidio equivalente al cien (100%) de su salario base de
cotización, calculado desde el día siguiente el que ocurrió el accidente de
trabajo y hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o curación, o de
la declaración de su incapacidad permanente parcial, invalidez o su muerte. El
pago se efectuará en los períodos en que el trabajador reciba regularmente su
salario”.
[138] Sentencia T-1235 de 2008.
[139] Fl. 205, Cdno. Principal.
[140] Fl. 204 vto., Cdno. Principal y fl. 207. Cdno. Principal.
[141] Fl. 205 vto., Cdno. Principal.
[142] Objeto del Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo
con lo dispuesto por el preámbulo de la Ley 100 de 1993.
[143] Fls. 14, 16, 17, 18 y 20, Cdno. 1.
[144] Fls.
57-58, Cdno. Principal.
[145] Fl. 14, Cdno. 1.
[146] Fl. 99-103, Cdno. 1.
[147] Tal como consta en el fl.
50 del Cdno. 1 del expediente de tutela. Esto, además, es evidente si se tiene
en cuenta que al accionante “se le han autorizado atenciones en urgencias
del hospital de Buga, consulta con médico de seguimiento en IPS CES prevención
en Buga, valoración por optometría, cita con oftalmología en hospital de Buga,
examen de campimetría y TAC, su última cita fue el 20 de nov[iembre] [de]
2019 con oftalmología y tiene pendiente asignar fecha de otra cita con
oftalmología. Adicionalmente tiene cita con médico de seguimiento el día 18 de
diciembre de 2019 en la IPS Sura del Barrio La Flora en la ciudad de Cali”.
Fl. 258, Cdno. Principal.
[148] En efecto, el accionante
manifestó: “si [sic] he recibido atención médica por parte de la EPS
a la cual me encuentro afiliado, con ocasión del accidente de trabajo sufrido
el 27 de abril de 2019, consistente en diferentes citas médicas con el
especialista en oftalmología, controles médicos, exámenes médicos, diferentes
incapacidades médicas, etc. Tal y como consta en mi historia clínica […]
posteriormente al momento en que se interpuso la acción constitucional, he
seguido en los controles médicos con el especialista en oftalmología […],
diagnosticándome patología de visión subnormal en ambos ojos y posteriormente
otorgándome incapacidad médica por el término de treinta (30) días con fecha de
iniciación el 15 de noviembre de 2019 y fecha de terminación el 14 de diciembre
de este anuario; a la fecha me encuentro incapacitado […]”.
Fl.
123, Cdno. 1.
[149]  La jurisprudencia
sobre estabilidad laboral reforzada fue unificada mediante la Sentencia SU-049 de 2017. M.P.
María Victoria Calle Correa, reiterada en la Sentencia C-200 de 2019. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.