T-932-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-932/12
ACCION
DE TUTELA CONTRA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL
DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA-Reconocimiento de
prácticas jurídicas realizadas en personerías municipales para acreditar
cumplimiento del requisito de judicatura necesario para recibir título de
abogada
ACCION
DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS-Procedibilidad
ACCION
DE TUTELA FRENTE A MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Procedencia
excepcional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable
ACCION
DE TUTELA-Procedencia si
perjuicio irremediable está acreditado en el expediente así sea en forma
sumaria
DERECHO
AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Procedencia de la acción de tutela para
contrarrestar efectos inconstitucionales de acto administrativo
MECANISMOS
JUDICIALES ORDINARIOS-Idoneidad
DERECHO
A LA EDUCACION-Presupuesto
básico para la efectividad de otros derechos, principios y valores
constitucionales
DERECHO
A LA EDUCACION Y AL TRABAJO-Vulneración por no obtención del título
que acredita como abogadas a pesar de haber cumplido todos los requisitos para
ello
PRACTICA
JURIDICA PARA ACCEDER AL TITULO DE ABOGADO-Exigibilidad de
especiales requisitos de grado para obtener título de idoneidad y ejercer
profesiones que involucran un riesgo social
DERECHO
A LA EDUCACION DE LOS ADULTOS-Fundamental
DERECHO
A LA EDUCACION-Características
SERVICIO
PUBLICO DE EDUCACION SUPERIOR-Título como reconocimiento expreso de
carácter académico otorgado a la culminación de un programa
DERECHO
A RECIBIR UN TITULO-Parte del contenido protegido del
derecho fundamental a la educación
TITULO
DE IDONEIDAD-Exigencias
ACCESO
AL TITULO DE ABOGADO Y EJERCICIO DE LA ABOGACIA-Cumplimiento de
especiales requisitos de grado
PRACTICA
JURIDICA-Validez
constitucional
PRACTICA
JURIDICA-Ejercicio
PRACTICA
JURIDICA EN CALIDAD DE AD-HONOREM-Labor social inherente a la profesión de
abogado armonizada con el principio de solidaridad y los deberes de
colaboración en torno al buen funcionamiento de la administración de justicia
PERSONERIAS
MUNICIPALES-Naturaleza y
funciones
PERSONEROS
MUNICIPALES-Si bien no se
consideran agentes del Ministerio Público por no pertenecer a la Procuraduría
General de la Nación son funcionarios del orden municipal que ejercen funciones
propias del Ministerio
PROCURADOR
GENERAL DE LA NACION Y PERSONEROS MUNICIPALES-Funciones
similares y compartidas
JUDICATURA-Ejercicio de
cargo con funciones jurídicas para cumplir requisitos de grado de estudiantes
de derecho
ACCION
DE TUTELA CONTRA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL
DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA-Orden de expedir
acto administrativo que reconozca práctica jurídica para optar al título de
abogada
Referencia:
expedientes T-3431721 y T-3546204 (Acumulados)
Acciones de tutela instauradas por Diana
Carolina Fuentes Duran y Sindy Juliana Bedoya Patiño contra el Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia -.
Magistrada
ponente:
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil doce (2012)
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados, María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis
Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de los fallos proferidos en el expediente T-3431721, en primera
instancia, por el Tribunal Superior de Valledupar – Sala Penal - el treinta
(30) de enero de dos mil doce (2012) y, en segunda instancia por la Corte
Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal - el veintidós (22) de marzo de
dos mil doce (2012), y en el expediente T-3546204, en primera instancia, por el
Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia – Sala Jurisdiccional
Disciplinaria - el veinticuatro (24) de abril de dos mil doce (2012) y, en
segunda instancia, por el Consejo Superior de la Judicatura – Sala
Jurisdiccional Disciplinaria - el seis (6) de junio de dos mil doce (2012),
dentro de los procesos de tutela iniciados por Diana Carolina Fuentes Duran y
Sindy Juliana Bedoya Patiño contra el Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia -.[1]
La Sala de Selección No. Siete de la Corte, en Auto del veintiséis
(26) de julio de dos mil doce (2012) dispuso acumular el expediente T-3546204
al expediente T-3431721 por presentar unidad de materia, para que fueran
fallados en una sola sentencia si así lo consideraba la Sala de Revisión.
Para esta Sala
de Revisión procede la acumulación decretada
por la Sala de Selección, por existir identidad en los hechos que motivan las
dos acciones, y en razón a ello se pronunciará un
solo fallo para decidirlos. Considerando la similitud de los hechos y las
instancias judiciales, la Sala procederá a exponer de manera resumida los
antecedentes y las decisiones judiciales correspondientes a cada proceso.
I. Antecedentes del expediente T-3431721
1. Hechos
1.1.
La accionante, Diana Carolina Fuentes Durán, es estudiante de Derecho de la
Universidad Popular del Cesar y culminó su plan de estudios en el primer
semestre del año 2010.[2]
1.2.
El 6 de septiembre de 2010, como parte del cumplimiento de los requisitos para
obtener el grado como abogada, la peticionaria inició la práctica jurídica. Fue
posesionada para ese efecto mediante Resolución No. 272 de de 2010 emanada de la
Personería Municipal de Valledupar como asesora jurídica ad-honorem, desempeñando
dicho cargo por el término de 9 meses y con una intensidad horaria de 8 horas
diarias.[3]
1.3.
El 6 de junio de 2011 la actora culminó la práctica jurídica desarrollada en la
Personería Municipal de Valledupar, entidad que certificó dicho vínculo.[4]
1.4
El 12 de octubre de 2011 la accionante radicó ante el Consejo Seccional de la
Judicatura del Cesar una solicitud para obtener el reconocimiento de la
práctica jurídica y de esta manera optar por el título de abogada.
1.5.
El 28 de octubre de 2011, mediante Resolución No. 4536, la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la
Judicatura negó el reconocimiento de la práctica jurídica realizada por Diana
Carolina Fuentes, aduciendo que tales prácticas jurídicas ad-honorem sólo se
pueden realizar en las entidades previamente autorizadas por la ley, dentro de
las cuales no se encuentran las Personerías Municipales.
1.6. El 9 de
noviembre de 2011 la actora interpuso recurso de reposición contra la
Resolución No. 4536 del 28 de octubre de 2011 proferida por la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior
de la Judicatura, argumentando que la ley autorizaba la prestación del servicio
de auxiliar jurídico ad-honorem en la Procuraduría General de la Nación y en la
Defensoría del Pueblo, por lo que por analogía se podría aplicar esta
disposición a las Personerías Municipales, ya que estas entidades se encuentran
vinculadas a la Procuraduría General de la Nación y ejercían funciones del
Ministerio Público.
1.7. Mediante
Resolución No. 5760 del 23 de diciembre de 2011 la Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura
confirmó la Resolución No. 4536 del 28 de octubre de 2011 mediante la cual se
negó el reconocimiento de la práctica jurídica de la peticionaria, insistiendo
en que la ley no contempla cargos ad-honorem en las Personerías Municipales
para realizar la práctica jurídica.
1.8. El 16 de
enero de 2012 la accionante interpuso la acción objeto de estudio, mediante la
cual solicita se tutelen sus derechos fundamentales a la educación, igualdad y
libre desarrollo de la personalidad, y en consecuencia se ordene a la entidad accionada
realizar los trámites necesarios para aprobar la práctica jurídica realizada en
la Personería Municipal de Valledupar. La peticionaria aduce que la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior
de la Judicatura no tiene en cuenta que las Personerías Municipales ejercen
funciones del Ministerio Público y están bajo la dirección de la Procuraduría
General de la Nación, entidad que si avala la ley para realizar la práctica
jurídica ad-honorem.
2. Respuesta de la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo
Superior de la Judicatura
La Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior
de la Judicatura, a través de su director, se opuso a las pretensiones de la
accionante. Indicó que la señora Fuentes Duran desempeñó un cargo ad-honorem en
la Personería Municipal de Valledupar, entidad que no se encuentra incluida
dentro de aquellas en las que los estudiantes de derecho pueden realizar la
práctica jurídica. “Lo anterior teniendo en cuenta que la Ley 878 de 2004
reguló la Judicatura Ad Honores exclusivamente para la Procuraduría
General de la nación y el Congreso de la República y la Ley 1322 de 2009 autorizó
la Judicatura en la Rama Ejecutiva, significando lo anterior que la Personería
Municipal no hace parte de la estructura orgánica de la Procuraduría General de
la Nación ni de la Rama Ejecutiva razón por la cual no es aplicable esta
normatividad para el ejercicio de la judicatura bajo la modalidad de Ad-Honorem
en la Personería Municipal de Valledupar”.
3. Decisión del
juez de tutela de primera instancia
El treinta (30)
de enero de dos mil doce (2012), el Tribunal Superior de Valledupar – Sala
Penal - concedió el amparo al derecho fundamental a la educación de la
accionante, Diana Carolina Fuentes Duran. En el fallo se dijo que la
interpretación realizada por la entidad demandada sobre las normas que regulan
las prácticas jurídicas era restrictiva, toda vez que las Personerías
Municipales realizaban sus funciones bajo la dirección de la Procuraduría
General de la Nación, entidad que está avalada para recibir practicantes de
derecho ad-honorem. Agregó que las Personerías Municipales estaban habilitadas
para que en ellas efectúen las prácticas jurídicas los estudiantes de derecho,
sólo que de acuerdo a la ley éstas debían ser remuneradas, pero “a la luz de
la lógica nada impide que puedan ser ad honorem, pues sustancialmente en nada
deslegitima la labor del egresado”. En consecuencia, se ordenó a la
accionada expedir el correspondiente acto administrativo de reconocimiento de
la práctica jurídica de la actora.
4. Impugnación
La entidad
accionada impugnó la sentencia de tutela de primera instancia bajo los mismos
argumentos expuestos en la contestación de la acción de tutela.
5. Decisión del
juez de tutela de segunda instancia
El veintidós (22)
de marzo de dos mil doce (2012), la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia revocó la sentencia de primera instancia, y en consecuencia, negó
el amparo a los derechos fundamentales invocados por la peticionaria y resolvió
dejar sin efectos los actos administrativos adoptados en cumplimiento del fallo
revocado. Se sostuvo en tal revocatoria que la actora tiene otros medios de
defensa judicial, como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante
la jurisdicción contencioso administrativa, por lo que la acción de tutela
resulta improcedente y se indicó que no se aprecia la presencia de un perjuicio
irremediable.
II. Antecedentes
del expediente T-3546204
1.
Hechos
1.1.
La accionante, Sindy Juliana Bedoya Patiño, es estudiante de Derecho de la
Universidad Católica de Oriente y culminó su plan de estudios en el segundo
semestre del año 2010.[5]
1.2.
El 21 de enero de 2011 el Personero Municipal de La Ceja del Tambo, Antioquia,
remitió carta al Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica
del Oriente en la que solicitaba se autorizara a la joven Bedoya Patiño a
realizar la judicatura ad-honorem en dicha entidad.
1.3.
El 24 de enero de 2011, como parte del cumplimiento de los requisitos para
obtener el grado como abogada, la peticionaria inició la práctica jurídica en la
Personería Municipal de La Ceja del Tambo. Por lo tanto, fue posesionada
mediante Resolución del 24 de enero de 2011 emanada de dicha entidad,
desempeñando el cargo de asesora jurídica ad-honorem por el término de 9 meses
con una intensidad horaria de 8 horas diarias.
1.4.
El 24 de octubre de 2011 la actora culminó la práctica jurídica desarrollada en
la Personería Municipal de La Ceja del Tambo, Antioquia,  entidad que certificó
tal hecho.
1.5.
En noviembre de 2011 la accionante radicó ante el Consejo Superior de la
Judicatura –Sala Administrativa- una solicitud para obtener el reconocimiento
de la práctica jurídica y de esta manera optar por el título de abogada.
1.6.
El 30 de noviembre de 2011, mediante Resolución No. 5339, la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la
Judicatura negó el reconocimiento de la práctica jurídica realizada por Sindy
Juliana Bedoya Patiño, aduciendo que las prácticas jurídicas ad-honorem sólo se
pueden realizar en las entidades previamente autorizadas por la ley, dentro de
las cuales no se encuentran las Personerías Municipales.[6]
1.7.
El 6 de marzo de 2012 la actora interpuso acción de tutela mediante la cual
solicita se tutelen sus derechos fundamentales a la educación, a la igualdad,
al trabajo y al libre desarrollo de la personalidad, y en consecuencia se
ordene a la accionada reconocer la práctica jurídica realizada en la Personería
Municipal de La Ceja del Tambo. La peticionaria indica que la decisión acusada
entorpece su proyecto de vida al no poder obtener el título de abogada. Agrega
que la entidad accionada no tuvo en cuenta que la Ley 878 de 2004 y la Ley 24
de 1993 avalan la práctica jurídica ad-honorem de los estudiantes de derecho en
la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, por lo que al
cumplir las Personería Municipales funciones similares a las realizadas por las
anteriores entidades, se debería permitir realizar dichas prácticas jurídicas
en esta última.
2. Respuesta de la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo
Superior de la Judicatura
La Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior
de la Judicatura, a través de su director, se opuso a las pretensiones de la
accionante. Indicó que la señora Bedoya Patiño desempeñó un cargo ad-honorem en
la Personería Municipal de La Ceja del Tambo, Antioquia, entidad que no se
encuentra incluida dentro de aquellas en las que los estudiantes de derecho
pueden realizar la práctica jurídica. Sobre la afirmación de la actora en el
sentido de equiparar las prácticas jurídicas que se realizan en las Personerías
Municipales con las desarrolladas en la Procuraduría General de la Nación, señaló
que “debe tenerse en cuenta que si bien los personeros han sido concebidos
para que velen por el cumplimiento y respeto de las garantías y derechos
fundamentales y humanos de las personal (sic), al igual que la
Procuraduría General de la Nación, ello no indica que sean dependientes de
esta, ni orgánica, ni jerárquicamente, tal como lo señaló la Corte
Constitucional en Sentencia C-1067 de 2001”. Finalmente, indicó que si el Personero Municipal de La Ceja del Tambo ha realizado nombramientos en calidad
de ad-honorem sin estar autorizado por la ley, podría estar incurriendo en una
falta disciplinaria.
3. Decisión del
juez de tutela de primera instancia
El veinticuatro
(24) de abril de dos mil doce (2012), el Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia – Sala Jurisdiccional Disciplinaria - negó el amparo de los derechos
fundamentales de la accionante, Sindy Juliana Bedoya Patiño. El juez de primera
instancia señaló que la actora no interpuso recurso de reposición contra la
resolución acusada, ni tampoco ejerció la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa, por lo que la
acción de tutela resultaba improcedente al no haberse utilizado los mecanismos
ordinarios de defensa.
4. Impugnación
La peticionaria
impugnó la sentencia de tutela de primera instancia y reiteró los mismos
argumentos expuestos en la acción de tutela. Así mismo, precisó que el recurso
de reposición no está instituido para la protección de los derechos
fundamentales, razón por la cual no lo interpuso, ya que habría obtenido el
mismo resultado, esto es, la negación del aval a la práctica jurídica.
5. Decisión del
juez de tutela de segunda instancia
El seis (06) de junio
de dos mil doce (2012), el Consejo Superior de la Judicatura – Sala
Jurisdiccional Disciplinaria - confirmó la sentencia del juez de tutela de
primera instancia, y en consecuencia negó el amparo a los derechos fundamentales
invocados por la peticionaria. El juez de tutela de segunda instancia adujo que
dado que lo pretendido en la acción de tutela era dejar sin efectos un acto
administrativo, se debía acudir a la jurisdicción contencioso administrativa,
por lo que al existir otros mecanismos judiciales de defensa, la tutela
resultaba improcedente.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Sala es
competente para revisar los fallos de tutela referidos, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución, y 33 y 34
del Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento del caso y problema jurídico.
Las
peticionarias, en los trámites acumulados, solicitan el reconocimiento de las
prácticas jurídicas que realizaron en las personerías municipales de Valledupar
y La Ceja del Tambo (Antioquia) para acreditar el cumplimiento del requisito de
judicatura, necesario para recibir el título de abogadas. Explican que las
personerías municipales hacen parte del Ministerio Público, y recalcan que
durante el tiempo en el que se desempeñaron como ad honórem de las respectivas
personerías ejercieron funciones similares a las que se realizan en la
Procuraduría General de la Nación, entidad legalmente habilitada para la
realización de la judicatura por parte de los estudiantes de derecho, de manera
que solicitan la aplicación analógica de esa regla a la labor que llevaron a
cabo en las personerías correspondientes.
La
parte accionada señaló que los lugares en los que pueden válidamente realizarse
prácticas como la judicatura se encuentran definidos legalmente, razón por la
cual no pueden homologarse las actividades llevadas a cabo en otras
instituciones. Los jueces de instancia negaron el amparo, considerando que las
accionantes disponen de otros medios de defensa judicial, principalmente, ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para plantear la controversia
jurídica que pretenden abordar en sede constitucional.
En
ese marco, corresponde a la Sala Primera de Revisión resolver el siguiente
problema jurídico:
¿Vulneró la Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo
Superior de la Judicatura el derecho a la educación de las accionantes (Diana
Carolina Fuentes Duran y Sindy Juliana Bedoya Patiño) al negar el
reconocimiento de las prácticas jurídicas realizadas por ellas en las
Personerías Municipales de Valledupar y La Ceja del Tambo, bajo el argumento de
que la ley no autorizaba las prácticas jurídicas ad-honorem de los estudiantes
de derecho en dichas entidades, a pesar de que las Personerías Municipales hacen
parte del Ministerio Público y ejercen algunas funciones similares a las que
desempeña la Procuraduría General de la Nación, entidad que si se encuentran
avalada por la ley para que en ella se realicen prácticas jurídicas ad-honorem?
Para resolver el
problema planteado en este trámite, la Sala se pronunciará sobre: (i) la procedibilidad
de la acción de tutela contra actos administrativos; (ii) la exigibilidad
de especiales requisitos de grado para obtener un título de idoneidad y ejercer
profesiones que involucran un riesgo social y la exigencia de la práctica
jurídica como requisito para acceder al título de abogado, (iii)  la naturaleza y
funciones de las personerías municipales, y (iv) el análisis del caso concreto.
3. Procedibilidad de la
acción de tutela contra actos administrativos.
3.1. El artículo
86 de la Constitución Política consagra que la acción de tutela “sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”. En desarrollo de este precepto, la Corte ha
establecido reiteradamente que cuando se utiliza la acción de tutela como
mecanismo transitorio, su procedencia está condicionada a la amenaza de un
perjuicio irremediable, el cual ha sido caracterizado por la Corte en los
siguientes términos:
“[e]n
primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige
un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo
demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea
susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse
medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble
perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio,
y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último,
las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a
criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño
antijurídico irreparable”.[7]
3.2. Adicionalmente,
es importante indicar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
considerado como condición necesaria para establecer la procedencia de la
acción de tutela, que el perjuicio irremediable se encuentre acreditado en el
expediente, así sea en forma sumaria. No obstante, la Corporación ha aclarado
que el accionante puede cumplir con esta carga, mencionando al menos los hechos
que le permitan al juez deducir la existencia de un perjuicio irremediable, en
consideración a la jerarquía de los derechos cuyo amparo se solicita mediante
la acción de tutela y a la naturaleza informal de este mecanismo de defensa
judicial. Específicamente ha dicho la Corte:
“No obstante, aunque la prueba del perjuicio irremediable
es requisito de la procedencia de la tutela, la Corte ha sostenido que la misma
no está sometida a rigurosas formalidades. Atendiendo a la naturaleza informal
y pública de la acción de tutela, así como a la jerarquía de los derechos cuya
protección se solicita, la prueba del perjuicio irremediable puede ser inferida
de las piezas procesales. Así pues, al afectado no le basta con afirmar que su
derecho fundamental se enfrenta a un perjuicio irremediable, pero es
indispensable que, atendiendo a sus condiciones personales, explique en qué
consiste dicho perjuicio, señale las condiciones que lo enfrentan al mismo y
aporte mínimos elementos de juicio que le permitan al juez de tutela verificar
la existencia del elemento en cuestión”.[8]
3.3. Ahora bien, en el presente caso las acciones de tutela se dirigen
contra sendos actos administrativos, esto es, las resoluciones proferidas por la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo
Superior de la Judicatura mediante las cuales se negó el reconocimiento de las
prácticas jurídicas realizadas por las peticionarias. Por lo tanto, existen
otros medios judiciales de defensa para atacar dichos actos administrativos,
como lo sería la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la
jurisdicción contencioso administrativa. En consecuencia, es preciso analizar
la procedibilidad de las acciones de tutela que estudia la Corte en las cuales
se pretenden dejar sin efectos los actos administrativos mencionados.
3.4. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que cuando
se trata de objetar actos administrativos, en principio se debe acudir a la
jurisdicción contencioso administrativa y no a la acción de tutela, salvo que
el juez determine que tales mecanismos no proporcionan una eficaz y pronta
protección a los derechos que se pretenden salvaguardar o se esté ante la
posibilidad que se configure un perjuicio irremediable,[9] pero en
todo caso las acciones judiciales contencioso administrativas no pueden haber
caducado al momento de interponerse la acción de tutela.[10]
Así entonces, en aras de proteger el derecho al debido proceso
administrativo, esta Corporación ha precisado que en los eventos en que se
evidencie que (i) la actuación administrativa ha desconocido los derechos
fundamentales, en especial los postulados que integran el derecho al debido
proceso; y (ii) los mecanismos judiciales ordinarios, llamados a corregir tales
yerros, no resultan idóneos en el caso concreto o se está ante la
estructuración de la inminencia de un perjuicio irremediable; la acción de
tutela es procedente de manera definitiva en el primer caso, o como mecanismo
transitorio en el segundo, en aras de contrarrestar los efectos
inconstitucionales del acto administrativo.[11]
3.5. Para analizar la idoneidad de los mecanismos judiciales
ordinarios, la Corte ha estimado que es preciso tener en cuenta (i) el objeto
del proceso judicial que se considera desplaza a la acción de tutela, y (ii) el
resultado previsible de acudir al otro medio de defensa judicial respecto de la
protección eficaz y oportuna de los derechos fundamentales. Sobre el particular,
en sentencia T-892A de 2006,[12]
al analizar la procedencia de una acción de tutela que buscaba, al igual que en
el presente caso, dejar sin efectos una Resolución del Consejo Superior de la
Judicatura mediante la cual se había negado el reconocimiento de la práctica
jurídica realizada por el accionante, señaló la Sala Octava de Revisión de esta
Corporación que el objeto de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho no consiste en proteger oportuna y eficazmente los derechos
fundamentales, sino preservar la legalidad de los actos administrativos y
restablecer los derechos conculcados a los administrados, por lo que concluyó:
“En particular para el caso que se estudia, la
prolongación en el tiempo de un  obstáculo como el que se le ocasiona al
accionante para obtener el título de abogado, luego de haber cursado 5 años universitarios
y haber prestado un año de judicatura, puede tener repercusiones graves en
relación con el derecho a la educación, en tanto éste constituye presupuesto
básico para el efectivo ejercicio de otros derechos fundamentales  tales como
la igualdad en el ámbito educativo, la escogencia de profesión u oficio y el
libre desarrollo de la personalidad”.[13]
3.6. En los casos analizados, en primer lugar tenemos que las dos
acciones de tutela objeto de la presente sentencia se interpusieron antes de
que caducara el mecanismo ordinario de defensa judicial, esto es, la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, que de acuerdo al artículo 136 del
Decreto 1º de 1984, caducan al cabo de cuatro meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto.
En efecto, la Resolución que negó la práctica jurídica de la señora Bedoya
Patiño fue proferida el 30 de noviembre de 2011 y la acción de tutela fue
interpuesta el 6 de marzo de 2012, mientras que la Resolución que negó la
práctica jurídica de la señora Fuentes Duran se emitió el 23 de diciembre de
2011 y la acción de tutela se interpuso el 16 de enero de 2012.
Ahora bien, las peticionarias culminaron los estudios de los
respectivos programas de derecho que cursaron en la Universidad Popular del
Cesar y en la Universidad Católica de Oriente, restándoles sólo la aprobación
de la práctica jurídica para optar por el título de abogadas. Esta
circunstancia ha truncado los proyectos de vida de las accionantes, quienes al
no poder obtener el título que las acredita como profesionales del derecho no
han podido conseguir un empleo, situación que ha repercutido negativamente en
su derecho fundamental al trabajo. En efecto, esta Corporación ha señalado que el
derecho a la educación constituye un presupuesto básico para la efectividad de
otros derechos, principios y valores constitucionalmente reconocidos, tales
como la escogencia de una profesión u oficio, el libre desarrollo de la
personalidad o el trabajo.[14]
Así entonces, resulta imperioso que se proteja con prontitud los
derechos fundamentales de las accionantes, a fin de evitar la configuración de
un perjuicio irremediable, dado que la no obtención del título que las acredita
como abogadas, a pesar de haber cumplido todos los requisitos para ello, incide
negativamente no sólo en el derecho a la educación sino también en el derecho
al trabajo.
Con base en todo lo anterior, al evaluar el otro medio de defensa
judicial que tienen las peticionarias, esto es, la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, esta Sala estima que este mecanismo ante la
jurisdicción contencioso administrativa retarda la protección de los derechos
fundamentales, pues no es lo suficientemente rápido y efectivo para garantizar
la reparación de las supuestas vulneraciones a los derechos fundamentales que
alegan las actoras. Por lo tanto, en estos casos, la prolongación del
procedimiento contencioso administrativo afectaría desproporcionadamente el
goce efectivo de los derechos fundamentales a la educación y al trabajo,
presuntamente vulnerados por la entidad accionada, al prolongar en el tiempo una
traba que les impide a las peticionarias obtener el título de abogadas, después
de haber cumplido los demás requisitos exigidos para graduarse
profesionalmente.
Por ende, si bien la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
es el mecanismo ordinario de defensa que tienen al alcance las actoras, en este
caso no resulta idóneo y efectivo para proteger sus derechos fundamentales,
teniendo en cuenta que requieren de una medida oportuna que garantice su
derecho a la educación, para así evitar la configuración de un perjuicio
irremediable ante la prolongación indefinida en el tiempo de la obtención de su
título como abogadas, lo que, como se dijo, incide en el ejercicio de otros derechos
fundamentales como el trabajo.
3.7. Por otra
parte, esta Sala observa que contra la Resolución No. 4536 de 2011, la
peticionaria Diana Carolina Fuentes Duran interpuso recurso de reposición que
fue desestimado por la entidad accionada, mientras que contra la Resolución No.
5339 de 2011, la accionante Sindy Juliana Bedoya Patiño no interpuso el
mencionado recurso. Así entonces, debe determinarse también si la acción de
tutela interpuesta por la señora Bedoya Patiño resulta procedente a pesar de
haberse omitido la interposición del recurso de reposición que procedía contra
el acto administrativo acusado, pues fue éste uno de los argumentos expuestos
por los jueces de tutela de instancia para declarar la improcedencia de la
tutela.
Al respecto es
pertinente señalar que el Código Contencioso Administrativo en su artículo 51,[15]
al referirse a los recursos de la vía gubernativa, aclara que no es obligatorio
presentar el recurso de reposición contra el acto administrativo que se estima
violatorio de los derechos del administrado para agotar la vía gubernativa,
salvo que proceda el recurso de apelación en subsidio del de reposición, y el
artículo 63[16]
del mismo estatuto indica que se agota la vía gubernativa cuando el acto
administrativo quede en firme por no haber sido interpuestos los recursos de
reposición o de queja. Por lo tanto, teniendo en cuenta que contra las
Resoluciones acusadas sólo procedía el recurso de reposición, pues como se
estableció en la parte resolutiva de las mismas, contra los actos proferidos
por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura no procede el recurso de apelación, esta Sala
concluye que en el presente caso si se agotó la vía gubernativa, teniendo en
cuenta que el acto administrativo quedó en firme al no haber presentado la
accionante el único recurso que cabía contra la resolución, el de reposición.
3.8. A continuación, la Sala presentará algunas consideraciones sobre
la constitucionalidad de la exigencia de condiciones académicas especiales para
la obtención de un título de abogado, desde la jurisprudencia constitucional, y
efectuará una breve reseña sobre el sentido y naturaleza de la práctica
jurídica o judicatura que deben adelantar los estudiantes de derecho.
4. Jurisprudencia
constitucional sobre la exigibilidad de especiales requisitos de grado para
obtener un título de idoneidad y ejercer profesiones que involucran un riesgo
social. La exigencia de la práctica jurídica como requisito para acceder al
título de abogado.
4.1. La Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la educación
es un derecho fundamental, no sólo en lo que se refiere a los niños, según lo
expresa el artículo 44 de la carta Política, sino también en la formación de
los adultos, puesto que es inherente y esencial al ser humano, una actividad dignificadora
de la persona humana y un medio a través del cual se garantiza el acceso al
conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la
cultura.[17]
Esta
Corporación ha desarrollado una amplia jurisprudencia sobre el derecho a la
educación en la que ha establecido las siguientes características principales
del mismo: (i) es objeto de protección especial del Estado, por lo que la
acción de tutela es el mecanismo idóneo para obtener la protección del mismo; (ii)
es presupuesto básico de la efectividad de otros derechos fundamentales, como
el derecho a la libertad de escoger profesión u oficio; (iii) es uno de los
fines esenciales del Estado Social de Derecho; (iv) su núcleo esencial está
comprendido por la potestad de sus titulares de reclamar el acceso y la
permanencia en el sistema educativo o a uno que permita una adecuada formación;
(v) se trata de un derecho deber que genera obligaciones reciprocas entre todos
los actores del proceso educativo.[18]
4.2.
Ahora bien, de acuerdo al artículo 24 de la Ley 30 de 1992, “Por la cual se
organiza el servicio público de la Educación Superior”, el título es el
reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a
la culminación de un programa, por haber adquirido un saber determinado en una
Institución de Educación Superior, y se hace constar en un diploma.
4.3.
El derecho a recibir un título hace parte entonces del contenido protegido del
derecho fundamental a la educación[19]. Sin embargo,
ese derecho sólo es exigible si el estudiante acredita el cumplimiento de todos
los requisitos académicos para su obtención, dado el carácter de derecho y
deber que ostenta la educación. En ese escenario, la Corporación ha abordado en
un amplio conjunto de pronunciamientos, un análisis sobre la constitucionalidad
de determinadas exigencias para alcanzar un título de idoneidad[20].
Así,
en primer término, la Corporación ha señalado que el Legislador cuenta con la
potestad de determinar las carreras en las que resulta exigible la presentación
de un título de idoneidad para el ejercicio profesional. Esa decisión obedece a
un análisis sobre las implicaciones sociales y constitucionales que conlleva el
desempeño de determinadas actividades. En ese sentido, la exigencia del título
constituye, frente a determinadas profesiones, una restricción
constitucionalmente legítima o permitida al ejercicio del derecho a escoger
profesión u oficio, siempre que el Legislador identifique razonablemente, y en
discusión democrática, las carreras en las cuales esa condición resulta
necesaria.
De
igual manera, la Corte ha indicado que en relación con las profesiones cuyo
desempeño comporta serios riesgos sociales, tanto el Legislador como las
universidades en el marco de la autonomía que la Constitución les reconoce,
pueden imponer requisitos más estrictos para acceder al grado. Esos requisitos,
evidentemente, deben guiarse por los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, de manera que no pueden convertirse en obstáculos insalvables
y carentes de sentido constitucional para la culminación de un plan de
estudios, tomando en cuenta no sólo la importancia del derecho a la educación
individualmente considerado, sino también la incidencia que proyecta en el
grado de eficacia de otros derechos, como el trabajo y el mínimo vital.
4.4
En desarrollo de esos elementos normativos, tanto el Legislador como las
instituciones de educación superior han decidido condicionar el acceso al
título de abogado y el ulterior ejercicio de la abogacía al cumplimiento de
especiales requisitos de grado, asociados a la prestación de un servicio social
mediante la consulta jurídica orientada a la población más vulnerable
(consultorio jurídico), el desarrollo de prácticas jurídicas en determinadas
instituciones públicas (judicatura), y la presentación de exámenes con
pretensión de evaluar integralmente los conocimientos adquiridos en la carrera (exámenes
preparatorios).
4.4. En relación con la Judicatura, el artículo 2o de la Ley 552 de
1999,[21]
“Por la cual se deroga el Título I de la Parte Quinta de la Ley 446 de 1998”, estipula que los estudiantes que hayan terminado las materias del pensum académico pueden
elegir entre la elaboración de una monografía o la realización de la práctica
jurídica, conocida como judicatura, para obtener el título de abogado.
Esta Corte ha precisado que la validez constitucional de la práctica
jurídica radica en la “existencia de una relación inescindible entre el
desempeño idóneo del abogado y la posibilidad de acceder a prácticas jurídicas
que sirvan de escenario para la aplicación de los conocimientos adquiridos en
las distintas asignaturas que integran el pensum correspondiente, a través del
ejercicio de cargos o actividades que impliquen el desarrollo de tareas propias
de la disciplina del Derecho”.[22]
El
ordenamiento jurídico prevé varias alternativas para realizar la práctica
jurídica, ya sea de forma remunerada o ad-honorem. El artículo 23 del Decreto
3200 de 1979 establece los cargos para realizar la práctica remunerada en
distintas instituciones de la Rama Judicial, Ejecutiva, del sector privado
sometidas a la inspección y vigilancia de las Superintendencias, o como monitor
de los consultorios jurídicos de las universidades. A su turno, el artículo 31
del Decreto 196 de 1971 autoriza el litigio de los estudiantes de derecho
durante dos años para acreditar la práctica jurídica.
Igualmente,
existen diversas disposiciones que permiten ejercer la práctica jurídica sin
remuneración alguna, esto es, ad-honorem, como son (i) auxiliar judicial en
organismos de la Rama Judicial, las Fiscalías Delegadas y la justicia penal
militar, según lo regula el Decreto 1862 de 1989; (ii) auxiliar del
Defensor de Familia, adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
conforme lo dispuesto en los artículos 55 y siguientes de la Ley 23 de 1991; (iii)
defensor público de la Defensoría del Pueblo, práctica regulada en los
artículos 21 y 22 de la Ley 24 de 1992; (iv) auxiliar jurídico ad-honorem
en la Procuraduría General de la Nación y en el Congreso de la República,
cargos autorizados por la Ley 878 de 2004; (v) auxiliar ad-honorem en
las ligas y asociaciones de consumidores y usuarios; al igual que como abogado
o asesor jurídico de entidad sometida a inspección, vigilancia y control de
cualquiera de las Superintendencias establecidas en el país, según lo regula la
Ley 1086 de 2006;[23]
(vi) asistente jurídico del Director de Centros de Reclusión, de acuerdo al
artículo 11 del Decreto 2636 de 2004; y (vii) auxiliar ad-honorem para
desarrollar labores jurídico administrativas en la Dirección del Sistema
Nacional de Defensoría Pública y en las Defensorías del Pueblo Regionales y
Seccionales, según lo establece la Ley 941 de 2005.
De
lo expuesto se desprende que la Judicatura es un requisito de grado especial, exigido
a los estudiantes de derecho, en atención al riesgo social que indudablemente
se halla ligado al ejercicio de esta profesión, y que parte de considerar su
innegable incidencia en la satisfacción de la solidaridad social y en la
eficacia de los derechos constitucionales.[24]
En
esa dirección, esta Corporación ha sostenido, al observar los fines
constitucionales asociados a la Judicatura, que esta práctica permite al
estudiante adquirir experiencia laboral, además de conocimientos jurídicos que
lo ayudarán en el posterior ejercicio de su profesión. Así mismo, ha resaltado
que la práctica jurídica en la calidad de ad-honorem cumple una labor social
inherente a la profesión de abogado, que se armoniza con el principio de
solidaridad que establece la Constitución Política y con los deberes de
colaboración que se predican de la persona y del ciudadano en torno al buen
funcionamiento de la administración de justicia.[25]
4.6.
Dado que en el presente caso las accionantes realizaron su práctica jurídica en
las Personerías Municipales de Valledupar y La Ceja del Tambo, es preciso que
esta Sala analice la naturaleza y funciones de las personerías municipales para
constatar si en efecto, como argumentan, dichas entidades cumplen funciones
similares a las de la Procuraduría General de la Nación.
5. Naturaleza y
funciones de las personerías municipales
5.1. De acuerdo al artículo 118 de la Constitución Política,[26]
las Personerías Municipales hacen parte del Ministerio Público, el cual se
encuentra bajo la dirección del Procurador General de la Nación.[27]
Así mismo, de conformidad con la Ley 136 de 1994, “por la cual se dictan
normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios”,
los personeros municipales están encargados de la guarda y promoción de los derechos humanos, la
protección del interés público y la vigilancia de quienes desempeñan labores
públicas, entre otras funciones.[28] Igualmente, el artículo 178[29] del estatuto en mención que establece las
funciones de los personeros, precisa que éstas serán ejercidas bajo la
dirección suprema del Procurador General de la Nación.
5.2. La jurisprudencia constitucional ha considerado que, debido a las
diferentes entidades que conforman el Ministerio Público, esta no es una
institución única, orgánica y funcionalmente homogénea, pues la variedad de las
funciones que le han sido encomendadas están asignadas a los órganos
institucionales y personales que se determinan en el artículo 118
constitucional.[30] Ahora bien, en cuanto a los personeros municipales,
en sentencia C-223 de 1995[31]
se explicó que, si bien no puede considerárseles como agentes del Ministerio
Público en sentido estricto, ya que no pertenecen orgánicamente a la
Procuraduría General de la Nación, son funcionarios del orden municipal que “se
encuentra[n] sujeto[s] a la dirección suprema del Procurador
General de la Nación y, por lo tanto, sus funciones se desarrollan dentro de un
sistema de articulación funcional y técnica, en virtud del cual, de alguna
manera, se encuentra sujeto a la autoridad y al control de la Procuraduría y
del Defensor del Pueblo, como se deduce de las siguientes funciones que le
asigna el art. 178 de la ley 136 de 1994 (…)”.[32]
5.3. Puede colegirse entonces que los personeros municipales ejercen
funciones propias del Ministerio Público, cuya dirección corresponde al
Procurador General de la Nación, por lo que si bien no pertenecen a la planta
de personal de la Procuraduría, sus labores se desarrollan de manera articulada
tanto funcional como técnicamente con esta entidad.
6.
Caso concreto
6.1. Las
accionantes solicitan se dejen sin efectos las resoluciones proferidas por la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior
de la Judicatura mediante las cuales se negó el reconocimiento de las prácticas
jurídicas por ellas realizadas, esto es, la Resolución No. 4536 del 28 de
octubre de 2011, en el caso de Diana Carolina Fuentes, y la Resolución No. 5339
del 30 de noviembre de 2011, en el caso de Sindy Juliana Bedoya. La entidad
accionada adujo que, dado que las peticionarias habían realizado la práctica
jurídica en personerías municipales, no era posible validarla porque estas
entidades no estaban reconocidas por la ley para recibir practicantes de
derecho sin remuneración, es decir, en calidad de ad-honorem, y agregó que si
bien la ley autorizaba dicha práctica en la Procuraduría General de la Nación,
las Personerías Municipales no hacen parte de la estructura orgánica de esta
entidad.
6.2. Al respecto
la Ley 878 de 2004, “Por la cual se establece la prestación del servicio de
Auxiliar Jurídico ad honórem en la Procuraduría General de la Nación y en el
Congreso de la República para el desempeño de la judicatura voluntaria para los
egresados de la Carrera de Derecho”, autorizó en su artículo 1º la prestación
del servicio de auxiliar jurídico ad-honorem en la Procuraduría General de la
Nación para efectos de cumplir con la práctica jurídica que deben realizar los
estudiantes de las facultades de derecho para optar por el título profesional,
desempeñando funciones jurídicas durante nueve meses y cumpliendo una jornada
laboral de ocho horas diarias.[33]
Es claro entonces que la ley no autoriza expresamente a las personerías municipales
para que en dichas entidades los estudiantes de derecho realicen la práctica
jurídica ad-honorem, y tal como lo asevera la entidad accionada, las
personerías no hacen parte de la estructura orgánica de dicha entidad, por lo
que en principio la negativa de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura a reconocer la
práctica jurídica realizada por las accionantes en las Personerías Municipales
de Valledupar y La Ceja del Tambo estaría justificada.
6.3. No obstante
lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y las normas que
definen la naturaleza y funciones de las personerías municipales, citadas en
los acápites anteriores, estas entidades hacen parte del Ministerio Público y
ejercen tareas similares a algunas de las que desarrolla la Procuraduría, bajo
la dirección suprema del Procurador General de la Nación. En consecuencia, a
pesar de no hacer parte de su estructura orgánica, sí deben adelantar sus
funciones dentro de un sistema de articulación funcional y técnica con esta
institución.
6.4. A partir de
esas consideraciones se evidencia que resulta pertinente verificar si es
procedente la aplicación analógica de  la Ley que permite el ejercicio de la
práctica jurídica en la Procuraduría para aquellas personas que la llevan a
cabo en las personerías municipales.
Al respecto,
debe destacarse que, aunque la Sala considera que dada la trascendencia de la
profesión de abogado en el orden constitucional, tanto por su relación con los fines
sociales mencionados, como por su incidencia en la eficacia y goce efectivo de
los derechos fundamentales, el Consejo Superior de la Judicatura debe ser
cuidadoso al momento de efectuar aplicaciones extensivas o analógicas de las
normas que regulan el ejercicio de la judicatura, como presupuesto para la
formación de abogados plenamente involucrados en el cumplimiento de los
propósitos constitucionales, legales y éticos de la profesión.
Sin embargo,
según se ha afirmado, los requisitos de grado o de idoneidad para obtener un
título profesional inciden en la eficacia de distintos derechos
constitucionales, razón por la cual, en las decisiones que el legislador (y las
universidades de ser el caso) adopten para determinar las condiciones de
idoneidad en cada profesión, debe mantener presentes los principios de
razonabilidad y proporcionalidad lo que significa que no debe perder de vista
los fines constitucionales que persigue el desarrollo de una práctica, en este
caso la jurídica.
En ese marco, si
la exclusión de determinadas actividades que satisfacen plenamente esos fines y
que son desarrolladas en un ámbito institucional adecuado se traduce en una
barrera insuperable para la obtención del título, el juez constitucional se
halla facultado para constatar si la actividad objeto de análisis satisface las
expectativas de asegurar una adecuada formación de los futuros profesionales,
bien sea a través de la aplicación directa de las normas constitucionales o de
la aplicación analógica de ciertas disposiciones.
6.5. Así las
cosas, esta Sala estima que la negativa de la entidad accionada a avalar la
práctica jurídica realizada por las actoras resulta desproporcionada, pues
parte de una interpretación restrictiva de las normas legales que regulan las
prácticas jurídicas, que afecta el derecho fundamental a la educación de las
peticionarias, ya que no toma en cuenta que los personeros municipales y el
Procurador General de la Nación ejercen funciones similares y, más allá de
esto, que esas funciones se dirigen precisamente a la satisfacción de un
servicio social íntimamente ligado a la protección de los derechos
fundamentales.[34]
En efecto, del
cotejo del artículo 277 de la Constitución Política que consagra las funciones
del Procurador General de la Nación, y de los artículos 169 y 178 de la Ley 136
de 1994 que establecen las funciones que deben desempeñar los personeros
municipales, se evidencia que estos funcionarios comparten las siguientes tareas:
(i) vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las
decisiones judiciales y los actos administrativos; (ii) promover y proteger los
derechos humanos; (iii) defender los intereses de la sociedad; (iv) vigilar el
ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas; (v) ejercer
la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas,
(vi) ejercer la función disciplinaria respecto de los servidores públicos sobre
los que se tenga competencia para disciplinar, para lo cual adelantarán las
investigaciones correspondientes, (vii) defender los intereses colectivos, en
especial el ambiente, (viii) exigir
a los funcionarios públicos municipales la información necesaria. Así mismo,
por delegación del Procurador General de la Nación, los personeros municipales
pueden intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o
administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del
patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales, y pueden
desempeñar todas las demás funciones que le sean delegadas por dicho
funcionario.
Así entonces, aunque
las resoluciones acusadas se ajustan al tenor literal de las normas relativas
al desempeño de las prácticas jurídicas, no resultan razonables a la luz de los
principios constitucionales. En efecto, las decisiones de las autoridades
judiciales y administrativas deben ser racionales y responder, al menos, a una
lógica instrumental, pero además deben ser razonables, es decir, deben estar
justificadas no sólo desde un punto de vista lógico, sino también desde una
razón práctica, pues los funcionarios no pueden, arbitrariamente, sacrificar
valores constitucionales que sean significativos e importantes para proteger
con mayor empeño otros de menor valía.
En el presente
caso la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura no debió negar el reconocimiento de las
prácticas jurídicas realizadas por las actoras bajo el pretexto de que las
entidades para las cuales trabajaron las judicantes no estaban autorizadas
expresamente por una ley para que en estas se realizara la práctica
jurídica de los estudiantes de derecho en calidad de ad-honorem, sin antes
analizar la naturaleza y funciones de las personerías municipales que, como se
dijo, hacen parte del Ministerio Público, ejercen funciones similares a las
desarrolladas por la Procuraduría General de la Nación y se encuentran sujetas
en cierta medida a la autoridad y al control de dicha entidad, la cual tiene
aval expreso en la ley para que allí se realicen prácticas jurídicas no
remuneradas.
En conclusión,
teniendo presente que la judicatura es entendida como el ejercicio de un cargo
en el cual se desempeñan funciones jurídicas para efectos de cumplir los
requisitos de grado de los estudiantes de derecho, y que el título de una
carrera universitaria hace parte del derecho fundamental a la educación, la respuesta
de la entidad accionada a las solicitudes de reconocimiento de la práctica
jurídica elevadas por las peticionarias quebranta la Constitución al partir de
una interpretación restrictiva de la norma, en la medida en que  no toma en
cuenta que aunque las personerías no hacen parte de la estructura orgánica de la
Procuraduría General de la Nación, estas ejercen por mandato constitucional
funciones del Ministerio Público bajo la dirección del Procurador General de la
Nación.
6.6. El ente
accionado omitió así mismo considerar los principios que desarrolla el deber de
realizar la práctica jurídica por los estudiantes de derecho, entre los que se destacan,
entre otros, la solidaridad y la aplicación de los conocimientos adquiridos en
la profesión del derecho a una función social; principios que fueron colmados por
las tutelantes al desarrollar su práctica jurídica sin remuneración, cumpliendo
con el tiempo exigido, la intensidad horaria y las funciones asignadas dentro
de un marco laboral de naturaleza jurídica, para cumplir con el requisito
exigido para optar por el título profesional.
6.7. Aunado a lo
anterior, de acuerdo a la jurisprudencia reseñada en el acápite 4 sobre la
practica jurídica, esta Sala resalta que los fines de la Judicatura no son
otros que prestar un servicio cívico que coadyuve a la materialización de los
fines del Estado, con fundamento en el principio constitucional de solidaridad
y en beneficio de toda la comunidad, en el nivel local.
Teniendo en
cuenta que las Personerías Municipales hacen parte del Ministerio Público y que,
de acuerdo al artículo 118 de la Constitución Política, corresponde al
Ministerio Público entre otras funciones ejercer la guarda y promoción de los
derechos humanos y la protección del interés público, resulta claro que las
accionantes ejercieron su práctica jurídica en una institución cuyas funciones
cumplen plenamente los objetivos de garantizar que los estudiantes próximos a
obtener el título de abogacía cuenten con un ejercicio jurídico previo.
Por lo tanto, al
realizar la práctica jurídica en las respectivas Personerías Municipales, las
actoras cumplieron los fines constitucionales que orientan la práctica de la
judicatura, de manera que no resulta admisible negarles el reconocimiento de
ese requisito de grado, argumentando la ausencia de norma legal explícita.
Tanto desde el punto de vista de la analogía integradora (orientada a la
adecuación del orden legal a los principios legales del sistema), como a partir
de una aplicación directa de los fines constitucionales que circunscriben la
regulación legal de la judicatura, las accionantes satisficieron el requisito
objeto de controversia.
6.8. Por ende,
si las actoras, al realizar la judicatura cumplieron funciones jurídicas
durante nueve meses en jornada laboral de 8 horas diarias en las Personerías
Municipales de Valledupar y La Ceja del Tambo, entidades que autorizaron dichas
prácticas jurídicas y las posesionaron debidamente  para desempeñar los
respectivos cargos, se
imponía la acreditación de las mismas para garantizar el derecho a la educación
de las peticionarias pues -como se explicó ampliamente- aun cuando no existe
una norma que autorice expresamente a las personerías municipales para que en
estas entidades se realicen prácticas jurídicas no remuneradas, una
interpretación razonable de las normas que definen la naturaleza y funciones de
las Personerías Municipales y la Procuraduría General de la Nación, lleva a
concluir que, dado que ejercen funciones similares, y las primeras se
encuentran sujetas en cierta medida a la autoridad y control de la segunda, se debía
certificar la práctica jurídica realizada por Diana Carolina Fuentes Duran y
Sindy Juliana Bedoya Patiño.
6.9.
En consecuencia, con
el objeto de garantizar el derecho a la educación de las accionantes, en el
proceso de tutela T-3431721, esta Sala revocará la sentencia de segunda
instancia proferida el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012) por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y en su lugar,
confirmará la sentencia de primera instancia proferida el treinta (30) de enero
de dos mil doce (2012) por la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar
que tuteló el derecho fundamental a la educación de la señora Diana Carolina
Fuentes Duran y en la que se ordenó al Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia – expedir el correspondiente acto administrativo de
reconocimiento de la práctica jurídica a la accionante para optar al título de
abogada, como egresada de la Universidad Popular del Cesar.
Por
su parte, en el proceso de tutela T-3546204, esta Sala revocará la sentencia de
segunda instancia proferida el seis (6) de junio de dos mil doce (2012) por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que a su vez confirmó la sentencia proferida el veinticuatro
(24) de abril de dos mil doce (2012) por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela, y en su lugar, ordenará al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia – que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a partir
de la notificación de la presente sentencia, expida el correspondiente acto
administrativo en el que se reconozca la práctica jurídica a la señora Sindy
Juliana Bedoya Patiño para optar al título de abogada,
como egresada de la Universidad Católica de Oriente.
III. DECISIÓN
En
mérito de lo anterior, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR el fallo del
veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012) proferido en segunda instancia
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual
se negó el amparo de los derechos fundamentales de la accionante, y en su lugar,
CONFIRMAR el fallo del treinta (30) de enero de dos mil doce (2012)
proferido en primera instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Valledupar que amparó el derecho fundamental a la educación de la señora Diana
Carolina Fuentes Duran.
Segundo.-
REVOCAR el fallo del
seis (06) de junio de dos mil doce (2012) proferido por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
que a su vez confirmó la sentencia proferida el veinticuatro (24) de
abril de dos mil doce (2012) por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia, mediante el cual se negó el amparo de los derechos
fundamentales de la accionante, y en su lugar, CONCEDER el amparo del
derecho fundamental a la educación de la señora Sindy Juliana Bedoya Patiño.
Tercero.-
ORDENAR
al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia – que en el término
de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
partir de la notificación de la presente sentencia, expida el correspondiente
acto administrativo en el que se reconozca la práctica jurídica a la señora Sindy
Juliana Bedoya Patiño para optar al título de
abogada, como egresada de la Universidad Católica de Oriente.
Cuarto.-
Líbrese
por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] El expediente T-3431721 fue escogido para revisión por medio del Auto
de junio veintiocho (28) de dos mil doce (2012) proferido por la Sala de Selección Número Seis. El expediente T-3546204 fue escogido para revisión por medio
del Auto de julio veintiséis (26) de dos mil doce (2012) proferido por la Sala de Selección Número Siete.
[2] Folio 20 del expediente T-3431721. En adelante, siempre que se
mencione un folio se entenderá que hace parte del cuaderno principal, a menos
que se diga expresamente que hace referencia a otro cuaderno.
[3] Folios 21 y 22.
[4] Folios 23.
[5] Folio 14.
[6] Folios 11 a 13.
[7] Sentencia T-1316 de 2001 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes). En esta
sentencia se estudiaba si era procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio, teniendo en cuenta que el accionante había presentado una demanda
ante la jurisdicción contencioso administrativa, solicitando el incremento de
su mesada pensional. En este caso la Sala resolvió confirmar los fallos de
instancia, los cuales negaron la tutela por estimar que no se configuraba una
situación irremediable. Este fallo reitera los argumentos planteados en la
sentencia T-225 de 1993 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa).
[8] Sentencia T-290 de 2005 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra). En este
fallo la Corte Constitucional estudió una acción de tutela interpuesta por una
persona a quien se le había reconocido una pensión de invalidez convencional,
pero posteriormente se le practicó un nuevo dictamen de calificación de su
pérdida de capacidad laboral que dictaminó un porcentaje menor al requerido
convencionalmente para acceder al beneficio pensional, dictamen con fundamento
en el cual se revocó su pensión. La Corte Constitucional tuteló los derechos fundamentales del actor dejando sin efectos el acto
administrativo por medio del cual se revocó la pensión de invalidez y ordenó la
reincorporación del actor a la nómina de pensionados, en aplicación de los
principios de favorabilidad y condición más beneficiosa, así como en el
criterio de que las normas de inferior categoría a la legal, no pueden
establecer condiciones más gravosas para el reconocimiento de derechos
laborales. Respecto de la prueba del perjuicio irremediable, la Corte dio por cierta la afirmación del actor respecto a que la mesada pensional era su única
fuente de ingresos puesto que no fue controvertida. Adicionalmente, consideró
la edad del actor y el porcentaje de su pérdida de capacidad laboral como
elementos para deducir su dificultad para acceder a otra fuente de ingresos que
le permitiera suplir sus necesidades básicas. Finalmente, tuvo en cuenta el
valor de la mesada pensional para concluir que la revocatoria de la pensión de
sobrevivientes estaba afectando el derecho al mínimo vital del accionante.
[9] Ver las sentencias T-715 de 2009, T-502 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo) y SU-339 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), entre
otras.
[10] Ver, por ejemplo, sentencias T-169 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa), T-514 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-912 de 2006 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[11] Ver las sentencias T387 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y
T-076 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), entre otras.
[12] M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[13] En el mismo sentido, en sentencia en sentencia
T-494 de 2004, (M. P. Rodrigo Escobar Gil), en donde se demandaba igualmente
una resolución del Consejo Superior de la Judicatura que había negado a un estudiante las prácticas laborales para optar  por el título de abogado, dijo la Corte: “En lo que guarda relación con la sentencia de instancia en lo tocante a la
oportunidad que el ordenamiento jurídico ofrece al accionante para solicitar la
reparación del daño causado, es pertinente anotar que el accionante no cuenta
con un medio judicial de defensa  efectivo para acceder a sus pretensiones,
esto es  al reconocimiento de su práctica jurídica como presupuesto para
obtener el título  de abogado”. Así mismo, en sentencia T-807 de 2003, al
analizar la decisión de una institución de educación pública que se negaba a
otorgar el título de especialistas a los accionantes, precisó: “si se
cuestionara la procedencia de la acción de tutela en los casos objeto de
revisión invocando la oportunidad que el ordenamiento jurídico ofrece a los
accionantes para solicitar la reparación del daño causado por la Administración, es decir las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
se respondería…, que los accionantes no tienen a su alcance un medio judicial
de defensa a través del cual puedan acceder a sus pretensiones, esto es, el
otorgamiento del título de especialistas en los programas cursados. Por ende,
la tutela sí se erige como el instrumento legítimo a través del cual los
actores podían invocar la protección de sus derechos fundamentales”.
[14] Corte
Constitucional, sentencia  T-807 de 2003, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[15] El Decreto 1º de 1984 que estatuye el antiguo Código Contencioso
Administrativo fue derogado por la Ley 1437 de 2011 que comenzó a regir a
partir del 2 de julio de 2012, sin embargo, el Decreto 1º de 1984 era la norma
vigente para la fecha en que se profirieron las Resoluciones acusadas, y
establece que el recurso de reposición no es obligatorio:
Decreto 1º de
1984. Artículo 51: “De los recursos de reposición y apelación habrá de hacerse
uso, por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los
cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o a la
publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán
interponerse en cualquier tiempo.
(…)
Los
recursos de reposición y de queja no son obligatorios”.
(Subraya fuera del texto)
[16] El Decreto 1º
de 1984 que estatuye el antiguo Código Contencioso Administrativo fue derogado
por la Ley 1437 de 2011 que comenzó a regir a partir del 2 de julio de 2012,
sin embargo, el Decreto 1º de 1984 era la norma vigente para la fecha en que se
profirieron las Resoluciones acusadas, y establece en su artículo  63: “El
agotamiento de la vía gubernativa acontecerá en los casos previstos en los
numerales 1º y 2º del artículo anterior, y cuando el acto administrativo quede
en firme por no haber sido interpuestos los recursos de reposición o de queja”.
[17] Sentencias
T-807 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-642 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny
Yepes) y T-886 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez).
[18] Sentencias T-974/99 y T-925/02 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-041/09
(M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-465 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio),
entre otras. .
[19] En la sentencia T-237 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) se
dijo: “Es del núcleo esencial de este derecho el que se le otorguen los
títulos al estudiante que conforme a los reglamentos del centro docente
adelante su labor educativa, y no pueden servir para desconocer la
obligatoriedad de la expedición de ese título, conductas de los directivos, que
desconozcan los propios reglamentos de la institución, o contradictorias en sus
interpretaciones, o vagas y dilatorias o reflejos de conflictos entre
directivos o docentes”.
[20] Así,
en la sentencia C-964 de 1999 (Alejandro Martínez Caballero, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 1º de la Ley 14 de 1975 “por la cual se reglamenta la profesión de Técnico Constructor en el
territorio nacional”, pues consideró que la profesionalización del técnico
constructor es válida constitucionalmente. Sobre el concepto de riesgo social
señaló: “para esta Corporación el concepto de riesgo social sólo puede
interpretarse en un sentido más restrictivo, pues la profesionalización de una
actividad busca hacer efectiva la garantía de derechos de terceros frente a las
impericias profesionales. Por ende, el concepto de riesgo social no se refiere
a la protección constitucional contra contingencias individuales eventuales
sino al amparo del interés general, esto es, a la defensa y salvaguarda de
intereses colectivos que se materializan en la protección de los derechos
constitucionales de los posibles usuarios del servicio. En efecto, esta
Corporación ya había manifestado que la limitación al libre ejercicio de una
actividad sólo es posible "por razones irresistibles, como cuando su
ejercicio excesivo no se concilia con la necesidad de convivir"[20].
Por ende, en primer término, el riesgo social que genera la actividad social
debe ser claro y afectar, o poner en peligro, el interés general y derechos
fundamentales; pero eso no es suficiente; es además necesario que ese riesgo
pueda ser disminuido de manera sustantiva gracias a una formación académica
específica. En efecto, no tiene sentido que la ley profesionalice ciertos
oficios e imponga, como requisito para su ejercicio,  un título de idoneidad,
si los riesgos de esa actividad no pueden ser claramente reducidos gracias a
una formación, pues, de no ser así, la exigencia del título sería inadecuada e
innecesaria. Por ende, sólo puede limitarse el derecho a ejercer un oficio y
exigirse un título de idoneidad, cuando la actividad genera (i) un riesgo de
magnitud considerable, (ii) que es susceptible de control o de disminución a
través de una formación académica específica”. Pueden consultarse, en
similar sentido, las sentencias, C-1053 de 2001 (Álvaro Tafur Galvis),
Sentencia C-191 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), Sentencia C-193 de 2006 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto) y C-486 de 2009, entre
otras.
[21] Ley 552 de 1999. Artículo 2. “El estudiante que haya terminado las
materias del pensum académico elegirá entre la elaboración y sustentación de la
monografía jurídica o la realización de la judicatura”.
[22] Sentencia C-749 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[23] IDEM.
[24] En diversos
pronunciamientos, la Corte Constitucional ha analizado la exequibilidad de
normas legales que establecen los lugares y modos de ejercicio de la
judicatura, decantando de esa forma, los aspectos constitucionales de esta
práctica. Vale la pena tomar en cuenta los siguientes pronunciamientos: En la Sentencia C-588 de 1997 (M.P. Fabio Morón Díaz), la Corte declaró la exequibilidad de los
artículos 55 y 57 de la Ley 23 de 1991, “Por medio de la cual se crean
mecanismos para descongestionar los despachos judiciales, y se dictan otras
disposiciones”. Sobre el ejercicio de la judicatura en una defensoría de
familia ante el ICBF señaló: “Estima la Corporación, que quienes ejercen por voluntad propia las funciones  de auxiliar en una
defensoría de familia ante el ICBF, desempeñan un servicio social compatible
plenamente con una filosofía solidaria como la que comporta el ordenamiento
constitucional colombiano, pues es claro  que no siempre las  cargas que la
conducta altruista implica, deben ser asumidas por el Estado.  Exigir una
prestación que redunda en beneficio social y la cual no es excesivamente
onerosa  para quienes la ejercen, es un desarrollo objetivo y razonable de la
ley en plena armonía con los valores y principios que inspiran  nuestra Carta.
En consecuencia, el motivo de la remuneración o contraprestación está
determinado por la voluntad de la ley, que consagra la posibilidad de que por
autodeterminación de las personas, al momento de optar  por el título
profesional, puedan escoger cargos en una entidad pública, ocupando un destino,
sin remuneración expresamente definida por la ley, para obtener judicatura, o
de trabajar en cualquier otra entidad de naturaleza  pública  o privada, con lo
cual también desarrollan una tarea de solidaridad social”. En la sentencia C-621 de 2004 (M.P. Jaime
Araújo Rentería) La Corte declaró la exequibilidad de los artículos 1 y 4 del Decreto
ley 1862 de 1989, “Por el cual se crean cargos ad honórem para el desempeño de
la judicatura”. Sobre la judicatura indicó: “conforme a los principios y
valores constitucionales el ejercicio ad honórem de funciones públicas resulta
válido, siempre que el mismo sea voluntario, implique una tarea o servicio
cívico que coadyuve a la materialización de los fines del Estado y que no se
traduzca en una carga desproporcionada para quien se desempeña en tales
destinos públicos.  Al respecto, nótese cómo esa especial modalidad de servicio
a la comunidad encuentra cabal arraigo en la solidaridad en cuanto valor
fundante inscrito en el artículo 1º superior, al propio tiempo que en los
numerales 5 y 7 del artículo 95 ibídem, conforme a los cuales son deberes de la
persona y del ciudadano:  (i) la participación en la vida política, cívica y
comunitaria del país;  así como (ii) la colaboración para el buen funcionamiento
de la justicia.  Prestación ésa que, por otra parte, no lesiona el derecho al
trabajo ni el derecho a la igualdad, habida consideración de que la persona que
protagoniza la condición ad honórem se halla en una relación frente al Estado
sustancialmente diferente a la de los servidores públicos.  Sin embargo, de
acuerdo con el artículo 6 de la Constitución los particulares que presten servicios públicos responden como los servidores públicos en relación con la función
encomendada;  lo cual encuentra justificada explicación en la importancia y
trascendencia que la función pública representa para la realización de las
tareas estatales, que de suyo deben cualificarse progresivamente, y por tanto,
desempeñarse responsablemente por parte de los servidores públicos y los
particulares que autorice la ley.  Por lo demás, el derecho a ejercer profesión
u oficio le permite a las personas, tanto asumir libremente la prestación de un
servicio público sin contraprestación económica, como rechazar libremente dicha
modalidad de prestación”. De igual manera, en la sentencia C-749 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), La Corte declaró la exequibilidad de los artículos 1, 2 y 4 de la Ley 1086 de 2006 “por medio de la cual se permite la realización de la judicatura al servicio de las ligas y asociaciones de consumidores”. Sobre el ejercicio
de la judicatura señaló: “su validez constitucional radica, precisamente, en
la existencia de una relación inescindible entre el desempeño idóneo del
abogado y la posibilidad de acceder a prácticas jurídicas que sirvan de
escenario para la aplicación de los conocimientos adquiridos en las distintas
asignaturas que integran el pensum correspondiente, a través del ejercicio de
cargos o actividades que impliquen el desarrollo de tareas propias de la
disciplina del Derecho.  De conformidad con la jurisprudencia citada, la
exigencia de la judicatura es una expresión ajustada a la Constitución de la competencia del Congreso para establecer requisitos y condiciones para el
ejercicio de profesiones que impliquen riesgo social.  Ello debido a que
el otorgamiento de espacios para que los futuros abogados y abogadas
desarrollen habilidades que solo pueden adquirirse en la práctica profesional,
redunda necesariamente en la idoneidad de estos y, consecuencialmente, en la
satisfacción del interés general, representado en (i) los
ciudadanos usuarios de sus servicios, que ven intervenidos sus derechos y
libertades por la asesoría que brinden estos profesionales; (ii) el
adecuado cumplimiento de los fines estatales (Art. 2º C.P.), en los casos que
el profesional acceda al servicio público conforme las condiciones de mérito
previstas en la Constitución y la ley”.
[25] Sentencia C-621 de 2004 (M.P. Jaime Araújo Rentería).
[26] Constitución Política. Artículo 118. “El Ministerio Público será
ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del ministerio público, ante las
autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás
funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda
y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la
vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas”.
[27] Constitución Política. Artículo 275. “El Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público”.
[28] Ley 136 de 1994. Artículo  169. “Naturaleza del cargo. Corresponde al
personero municipal o distrital en cumplimiento de sus funciones de Ministerio
Público la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del
interés público y la vigilancia de la conducta de quienes desempeñan funciones
públicas”.
[29] Artículo  178. “Funciones. El Personero ejercerá en el municipio, bajo
la dirección suprema del Procurador General de la Nación, las funciones del Ministerio Público, además de las que determine la Constitución,
la Ley, los Acuerdos y las siguientes (…)”.
[30] Sentencia C-223
de 1995 (M.P. Alejandro Barrera Carbonell).
[31] Antonio Barrera Carbonell.
[32] Sentencia C-223 de 1995 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).
[33] Ley 878 de 2004. ARTÍCULO 3o. “La prestación del servicio de auxiliar
jurídico ad honórem en la Procuraduría General de la Nación es de dedicación exclusiva, se ejercerá tiempo completo, tendrá una duración de nueve meses, y servirá
como judicatura voluntaria para optar por el título de abogado”.
Ley 878 de
2004. ARTÍCULO 4o. “Quienes ingresen a la Procuraduría como auxiliares jurídicos ad honórem, desempeñarán funciones en las áreas de
Intervención Judicial, Actuaciones Disciplinarias, Actividades Preventivas y
demás de naturaleza jurídica que conforme a las actividades de cada
dependencia, les asignen los jefes de la respectiva oficina, que para todos los
efectos serán sus superiores inmediatos.
El Procurador
General de la Nación reglamentará lo referente a la materia de las obligaciones
de los auxiliares jurídicos ad honórem”.
[34] Sobre un caso similar al analizado en esta sentencia tuvo la
oportunidad de pronunciarse la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de tutela con radicado
No. 00049-01(AC) del 28 de abril de 2011. En aquella oportunidad, al igual que
en asunto examinado en la presente sentencia, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura negó el reconocimiento de la judicatura
realizado por la accionante en la Personería Municipal de Dosquebradas, fundamentado tal decisión en que las Personerías
Municipales no se encontraban enlistadas dentro de las normas que prevén el
tipo de Entidades en las cuales la práctica ad-honorem puede realizarse. El
Consejo de Estado concedió el amparo y ordenó al ente accionado reconocer la
respectiva práctica jurídica, sosteniendo: “[e]l Consejo Superior de la Judicatura sostuvo enfáticamente, que las Personerías Municipales no hacían parte de la Procuraduría, y que en tal virtud, no era posible reconocer la realización de la Práctica Jurídica en dichos Entes Municipales. || De conformidad con lo analizado en los
numerales anteriores, considera la Sala, que la conclusión de la Entidad demandada quebranta la Carta Política, al constituirse en una interpretación
restrictiva de la norma; en efecto, no tiene en cuenta, que independientemente
de que las Personerías Municipales no hagan parte de la estructura orgánica de la Procuraduría General de la Nación, éstas ejercen, por expreso mandato Constitucional, la
función de Ministerio Público bajo la dirección suprema del Procurador General
de la Nación. || En este orden, el Ente accionado pasa por alto que dentro de
los principios que encierran el deber de realizar la Práctica Jurídica por los estudiantes de Derecho, se encuentran, entre otros, los de
solidaridad y función social de los conocimientos, los cuales fueron
desplegados por la petente, al prestar sus servicios sin remuneración a la Personería Municipal de Dosquebradas, con la disposición de cumplir un horario de tiempo
completo (Desde las 8:00am hasta las 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm), y de
realizar funciones netamente jurídicas, dentro de las cuales se encuentran las
de asesorías en diferentes áreas, elaboración de tutelas, derechos de petición,
recursos, acompañamiento a jornadas electorales, entre otras, de cuya ejecución
obra constancia en el expediente.|| De manera que en casos como el analizado, la Sala observa que la negativa del Consejo Superior de la Judicatura de reconocer la realización de la Práctica Jurídica, vulnera el derecho fundamental de la educación de quien
lo solicita, y de paso transgrede los principios de buena fe y confianza
legítima, en la medida en que entorpece las aspiraciones de aquellas personas,
que con el fin de obtener su título profesional de Abogado, optan por realizar
su Práctica Jurídica en un Ente Público en el que son nombrados para tal fin
(Desarrollar funciones jurídicas), como es el caso de la Personería Municipal, que como se expresó, ejerce funciones de Ministerio Público”.