T-784-98
Sentencia T-784/98
Sentencia T-784/98
DERECHO A LA
SALUD DEL NIÑ0-Fundamental/PREVALENCIA
DE DERECHOS DEL NIÑO
INAPLICACION DE
NORMAS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-Suministro de audífonos excluídos del manual de
actividades, intervenciones y procedimientos
ESTADO SOCIAL DE
DERECHO-Protección del
menor/PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-Suministro a menores de elementos para
corrección de defectos físicos
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia:
Expediente T-187919
Demandante: Juan
Carlos Arnedo contra “Humana Vivir S. A.”.
Procedencia: Sala
Civil Tribunal Superior de Bogotá.
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRÁN
SIERRA
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá D.C.,
a los once (11) días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho
(1998).
I.  ANTECEDENTES
A. Hechos.
Juan Carlos Arnedo Arnedo, actuando en
representación de su menor hijo Roberto Carlos Arnedo Vargas, presenta los
siguientes hechos en su demanda:
1. Su hijo es un niño de dos años y tres meses de edad, quien nació de
manera prematura y al que después de algunos exámenes médicos le diagnosticaron
una otitis severa con problemas de audición que requieren el uso de audífonos
para su rehabilitación.
2. La entidad accionada no atendió a la petición de suministro de los
audífonos puesto que según el artículo 12 de la resolución 5261 de 1994 los
audífonos no está cubierto por el P.O.S.
B. Decisiones que se revisan.
Las sentencias de instancia niegan la
tutela con los mismos argumentos expuestos por la accionada, y además
considerando que la salud de los niños es tarea de todos, en especial de su
familia, y en el presente asunto no se evidencia que el niño se encuentre en
una situación irregular que amerite la intervención de personas diferentes a su
familia o al Estado.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
Primera: La Materia.
Se trata en esta oportunidad de reiterar la
jurisprudencia de la Corte en relación con los tratamientos excluidos del
Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de
Salud, contenido en la Resolución número 5261 del 5 de agosto de 1994, en
concordancia con el decreto 1938 del mismo año, dentro del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
Segunda. La exclusión de ciertos
tratamientos y medicamentos de la cobertura del Plan Obligatorio de Salud. La
jurisprudencia constitucional cuando está en juego la salud de los niños.
Aplicación del artículo 4º,de la Constitución Política.
Esta Corporación se ha ocupado de
innumerables casos en los cuales se ha aplicado la reglamentación del Plan
Obligatorio de Salud, sin tener en cuenta el perjuicio que con ello se causa a
quienes requieren de los procedimientos excluidos, a tal punto, que de ellos
dependen sus derechos constitucionales fundamentales a la vida y a la
integridad personal, como regla general. En tales eventos, la Corte ha
inaplicado la reglamentación que excluye el tratamiento o medicamento
requerido, para ordenar que sea suministrado y evitar, de ese modo, que una
reglamentación legal o administrativa impida el goce efectivo de garantías
constitucionales[1].
El niño Roberto Carlos Arnedo Vargas padece
de una otitis severa y el especialista en otorrinolaringología le recomendó el
uso de audífonos a la mayor brevedad posible en vista de los problemas de
audición que se advertían. La entidad demandada negó el suministro del
medicamento por que él no se encuentra dispuesto en la ley para ser cubierto
por el plan obligatorio de salud.
Es indudable que en el evento bajo estudio
están en juego derechos fundamentales de un niño, y al respecto no debe
perderse de vista que la propia Constitución ha consagrado un régimen de
protección especial a los menores y por ello proclama que los derechos de los niños
prevalecen sobre los derechos de los demás. De igual forma ha resaltado la
Corte,(Cfr. T-556 de 1998 y T-514 de 1998) que en tratándose de los niños, la
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social tienen reconocidos
el carácter de derechos fundamentales, por expresa disposición del artículo 44
de la Carta.
El menor a nombre del cual se instauró la
acción de tutela es beneficiario del Plan Obligatorio de Salud y además es
aportante a Salud por intermedio de la pensión de sobrevivencia de que goza por
parte de la madre. Recuérdese  a este respecto, que según el artículo 162 de la
Ley 100 de 1993, el Plan Obligatorio de Salud "permitirá la protección
integral de las familias a la maternidad y enfermedad general, fases de
promoción y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación para todas las patologías, según la intensidad de uso y los
niveles de atención y complejidad que se definan". Además, el artículo 153
del mismo estatuto consagra la protección integral como una de las reglas del
servicio público de salud, al establecer que "el Sistema General de
Seguridad Social en Salud brindará atención en salud integral a la población en
sus fases de educación, información y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico,
tratamiento, rehabilitación, en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia, de
conformidad con lo previsto en el artículo 162 respecto del Plan Obligatorio de
Salud".(Cfr. T-514 y T-556 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
Así pues, se reiteran los criterios fijados
en anteriores Sentencias relativas a la salud de los niños y en donde se hizo
uso de la figura de la excepción de inconstitucionalidad consagrada en el
artículo 4 de la Constitución, pues de igual manera consideró la Corte que la
disposición legal en la cual se basaba la negativa de entregar ciertos aparatos
que mejoran la salud de los niños, desconocía el postulado de prevalencia de
los derechos infantiles, contenido en el artículo 44 Ibídem, en
concordancia con tratados internacionales sobre los derechos de los menores.
(Convención de los Derechos del niño, artículos 3, 6, 23, 24, 26 y 27).[2]
Al respecto, dijo la Corte:
"La
circunstancia destacada, según la cual, los derechos a la salud y a la
seguridad social de los niños están reconocidos como derechos fundamentales de
aplicación inmediata, hace que prevalezca el ordenamiento constitucional sobre
el simplemente legal y, más aún, sobre las disposiciones de carácter
reglamentario, como es la que excluye del Plan Obligatorio de Salud el
suministro de algunos instrumentos que, como en el caso de las sillas de
ruedas, tienen por objeto contribuir a la rehabilitación de los niños
discapacitados.
Si bien, la
cobertura de la seguridad social del Estado, con la participación de los
particulares, constituye un proceso en continua expansión, según lo determinen
las políticas sociales y económicas de aquél, no puede ignorarse que cuando se
trata de derechos fundamentales, como es el caso de la salud y de la seguridad
social de los niños, el legislador tiene como límite de su acción la necesidad
de asegurar su respeto y efectiva vigencia. De ahí, que no sean válidas desde
la perspectiva constitucional las exclusiones o limitaciones a los servicios
que proporciona el Plan Obligatorio de Salud, cuando se afectan los referidos
derechos" (Cfr. Corte
Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-640 del 1 de diciembre de
1997. M.P.: Dr. Antonio Barrera Carbonell).
Igualmente, en sentencia más reciente,
T-514 de 1998, Magistrado Ponente , Dr. José Gregorio Hernández Galindo también
se señaló:
“Uno de los
sectores más débiles de la población está conformado por los niños, quienes a
pesar de ser la esperanza de la sociedad, son al mismo tiempo objeto de
maltrato y abandono. Una comunidad que no proteja especialmente a los menores
mata toda ilusión de avanzar en la convivencia pacífica y en el propósito de
lograr un orden justo (Preámbulo y artículo 2 C.P.). Es por ello que los niños
beneficiarios del Plan Obligatorio de Salud, que se rige por el principio de
integralidad, tienen derecho a que se les suministren aquellos elementos
indispensables para corregir un defecto físico, pues está en juego su derecho
fundamental a la salud (art. 44) y su desarrollo armónico, completo y adecuado.
El Estado, no puede poner barreras o hacer exclusiones en torno a este derecho
cuando se trata de los niños y, por tanto, se inaplicarán, en el presente caso,
las disposiciones que van dirigidas a imponer limitaciones“.(Negrillas fuera de texto ).
Estima esta Sala que las anteriores
afirmaciones son pertinentes para resolver el caso que se revisa, pues la disposiciones
legales y reglamentarias en las que se ampara la entidad demandada desconocen
los derechos fundamentales del menor Roberto Carlos Arnedo Vargas.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR el fallo proferido
por la Sala Civil Tribunal Superior de Bogotá del 22 de octubre de 1998.
Segundo. Con arreglo al artículo 4 de la
Constitución, INAPLICAR en el presente caso, por ser incompatibles con
ella, el parágrafo del 12 de la Resolución 5261 del 05 de agosto de 1994,
emanada del Ministerio de Salud, o las disposiciones que, con el mismo sentido,
los hayan sustituido.
Tercero. CONCEDER el amparo
solicitado y, en consecuencia, ordenar a la "Entidad Promotora de Salud
Humana S. A." que, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la presente providencia, suministre al niño
ROBERTO CARLOS ARNEDO VARGAS los audífonos que le fueron prescritos por el
médico tratante.
Cuarto. DAR cumplimiento a lo
previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Al
respecto, ver Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, sentencias 114 y
640 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[2]  (Cfr.
T-514 de 1998, T-556 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández Galindo).