T-437-20
Sentencia T-437/20
Referencia:
Expediente T-7.719.279
Acción de
tutela instaurada por Angie Katerine Tovar Rico contra la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Magistrada ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá D.C., 6 de octubre de 2020
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Luis Javier Moreno Ortiz y
Alejandro Linares Cantillo y la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión del fallo dictado el 24 de septiembre de 2019 por el Juzgado Veintiséis
Penal Municipal con Función de Control de Garantías
I.
ANTECEDENTES
1.1. Hechos y
solicitud de amparo
1. A finales de 2017, Angie Katerine Tovar Rico, de 19 años de edad y víctima de
desplazamiento forzado, obtuvo el grado de bachiller académico en la
Institución Educativa Distrital INEM Santiago Pérez, de Bogotá D.C.
Inmediatamente después, se inscribió y fue admitida para el periodo 2018-I a la
Tecnología en electrónica por ciclos propedéuticos de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas. Su proceso de admisión e ingreso se realizó al cupo
especial destinado a la población desplazada por la violencia, establecido por
la universidad.
2. Cuando comenzaba el primer periodo
académico, su madre sufrió un accidente cerebro vascular que le dejó como
secuela “paresia flácida derecha”,[1] la cual le
representa desde entonces una discapacidad física permanente. En consecuencia, la
estudiante tuvo que dedicarse al cuidado y asistencia de su ascendiente, debido
a que el médico tratante prescribió acompañamiento permanente. Mientras tanto,
su hermano mayor se vio obligado a alternar el proceso académico que adelantaba
en el SENA con la labor de ventas informales, para suplir los gastos del hogar,
del que hace parte también otro hermano, menor de edad para ese momento.
3. En razón de lo anterior, el 10 de mayo
de 2018, Angie Katerine se acercó al Centro de Bienestar Institucional de la
Facultad Tecnológica de la universidad e informó sobre su calamidad familiar y
la precaria situación económica en la que se encontraba. Así mismo, expresó su
intención de solicitar el aplazamiento del semestre 2018-I. En esa dependencia
fue atendida por un psicólogo adscrito al centro, quien le tramitó la petición
de retiro voluntario de ese periodo académico, posteriormente aprobada por el
Consejo de Facultad en sesión del 24 de mayo de 2018. Este órgano le hizo saber,
así mismo, que para mantener la calidad de estudiante debía solicitar su
reintegro en un tiempo no mayor a un (1) año.
4. En febrero de 2019, la estudiante acudió
de nuevo a la oficina de Bienestar Institucional en busca de asesoría y con el
fin de conocer oportunidades o alternativas frente a su situación. De igual
forma, contemplando la opción de promover el retiro definitivo del programa. En
esa ocasión, fue atendida por una psicóloga del centro, quien, sin ulterior
consideración, le facilitó el trámite para la petición de retiro definitivo del
proyecto curricular al que se había inscrito. La estudiante, en todo caso,
manifestó a la profesional su intención de volverse a presentar a la universidad
a un nuevo proyecto curricular.
5. El mismo día, la alumna se dirigió a las
oficinas del proyecto curricular de Tecnología en electrónica con el fin de
radicar los documentos para completar el proceso de retiro definitivo. Al
entregarlos, la secretaria del programa le manifestó que al cumplir con los
requerimientos del trámite de retiro no tendría dificultades para una futura
aspiración a la universidad, en la misma modalidad especial de admisión
destinada a población desplazada por la violencia. Finalizado el procedimiento,
la solicitud presentada por la estudiante le fue aprobada por el Consejo de
Facultad en su sesión del 14 de marzo de 2019.
6. En mayo del año 2019, Angie Katerine se
inscribió por segunda vez a la universidad, para ingresar en el periodo
2019-II. En esta oportunidad se presentó a la carrera de Licenciatura en
lenguas extranjeras con énfasis en inglés, una vez más bajo la modalidad de
cupo especial para población desplazada por la violencia. En julio de 2019, fue
preseleccionada y citada a entrevista, a la cual asistió. Sin embargo, al
publicar la lista de los admitidos, la universidad la excluyó pese haber
obtenido el mejor puntaje entre los aspirantes inscritos en la modalidad de
cupo especial, con el argumento de que se encontraba “inhabilitad[a]”.
7. La aspirante, entonces, pidió al centro educativo
una explicación sobre lo ocurrido, sin que luego de un mes hubiera recibido
respuesta. En consecuencia, interpuso acción de tutela en su contra, mediante
la cual solicitó respuesta de fondo a su petición y la
admisión en la plaza para víctimas de desplazamiento forzado, debido a su
condición y al hecho de haber obtenido el mejor puntaje dentro de los inscritos
a cupos especiales. Argumentó que si bien es cierto la universidad
es autónoma en la selección de sus estudiantes, existen
normas de carácter nacional e internacional que protegen a las víctimas del
conflicto armado.
8. Señaló,
también, que es independiente y se encuentra “en estado de necesidad por ser
desplazada de la violencia… en (sic) esos momentos mi señora
madre la cual posee una discapacidad física permanente. Y depende de mi…”
En este orden de ideas, solicitó la protección de sus “derechos
fundamentales a la educación, y al haber violado ese derecho, por conexión se
me afectan mis derechos a la subsistencia, a la salud y demás que resulten
afectados…”.
9. Por su parte, durante el trámite de la demanda de amparo, la universidad
contestó la petición de la accionante. Le indicó que desde el 2014 la institución implementó el sistema de cupos especiales, el cual
opera con base en los criterios de selección señalados en el Acuerdo 033 de
2014 del Consejo Académico. Así mismo, le puso de presente que en el 2018 le había asignado una de esas plazas, destinada a la población
desplazada por la violencia. En consecuencia, le informó que no podía dar curso favorable a su solicitud, por cuanto, según el citado Acuerdo, los estudiantes admitidos bajo la modalidad
especial pueden hacer uso del beneficio por una sola vez en un programa de
pregrado.
1.2.
Respuesta de la accionada
La universidad afirma que, respecto a la presunta
violación del derecho de petición, se configura la carencia actual de objeto
por hecho superado, en razón de que la respuesta a la solicitud había sido
contestada y enviada en días anteriores al correo electrónico de la accionante.
Y en relación con el supuesto desconocimiento del derecho a la educación, plantea
que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable y tampoco se demostró
la vulneración alegada. Argumenta que la institución garantizó la inscripción y
formación de la demandante bajo la modalidad de cupos especiales, durante el
2018. Sin embargo, sostiene que en el nuevo proceso de admisión pretende desconocer
los requisitos mínimos de inscripción y admisión bajo la modalidad de cupos
especiales, así como las inhabilidades establecidas en las normas de la universidad.
1.3.
Sentencia que se revisa
El Juzgado Veintiséis Penal Municipal con
Función de Control de Garantías, mediante sentencia del 24 de septiembre de
2019, decidió no amparar los derechos invocados. Esto con fundamento en que,
frente a la petición formulada, se configuró una carencia actual de objeto,
dada la constatación de la respuesta emitida por la universidad. Por otro lado,
respecto al derecho a la educación, consideró que la decisión de excluir del
proceso de admisión a la accionante por estar inhabilitada no fue arbitraria o
injustificada, sino que respondió al cumplimiento del reglamento establecido
por la universidad para la modalidad de los cupos especiales. La decisión no
fue impugnada por ninguna de las partes.
1.4. Actuaciones en sede de
revisión
En el trámite de revisión, la
Sala Segunda decretó un conjunto de pruebas, destinadas a ampliar la
información de la que se disponía en el expediente. En específico, solicitó
información a la Decanatura, a la Secretaría Académica y a la oficina de
Bienestar Institucional de la Facultad Tecnológica, así como a la Oficina
Asesora Jurídica y al Comité de Admisiones, de la Universidad Distrital. Esto,
con el fin de clarificar el trámite y reglas de admisión y situación académica
general de quienes aspiran e ingresan a la universidad, mediante el sistema de
cupos especiales para población desplazada por la violencia. De igual manera,
la Sala ordenó remitir documentos e informar a la Corte sobre la historia
académica y los antecedentes administrativos relacionados con la admisión,
ingreso, permanencia y retiro de la Universidad de la accionante. Por otro
lado, se le preguntó a la peticionaria sobre su situación académica y
socioeconómica actual, y las circunstancias que rodearon la elección de los
programas curriculares en cuyo proceso de admisión había participado y su
solicitud de retiro de la universidad.
En
respuesta, la Decanatura y la Secretaría Académica de la Facultad Tecnológica,
así como el Centro de Bienestar Institucional y la Vicerrectoría Académica de
la Universidad aportaron de manera oportuna, la totalidad de la información
requerida. Por su parte, la demandante allegó a la Corte un documento en el
cual relató una vez más los hechos y el contexto que dieron lugar a la demanda
de amparo. Así mismo, respondió de forma detallada las preguntas que se le
formularon y remitió a la Corte un conjunto de elementos de convicción en
sustento de sus afirmaciones. Debido a la amplitud de los documentos remitidos,
en documento anexo al presente fallo, se relaciona la información más relevante
para efectos de la presente decisión.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
3.1. Competencia
1.
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
3.2. La
acción de tutela es procedente
2.
Previa la formulación del eventual problema jurídico a
resolver, deberá analizarse el cumplimiento de los requisitos de procedencia de
la acción de tutela bajo estudio, como se expone a continuación.
3.       Legitimación
en la causa por activa[2]
y por pasiva[3].
En primer lugar, la accionante está legitimada por activa para reclamar
judicialmente la protección de sus derechos, pues la transgresión que alega se
habría originado ante: (i) la falta de respuesta de fondo al derecho de
petición presentado el 8 de agosto de 2019; y (ii) la decisión, que
considera injustificada, de excluirla del proceso de admisión para ingresar al
programa de Licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Por lo
tanto, la demandante está directamente legitimada para acudir a la acción de
tutela con el fin de obtener la protección de los derechos de petición y a la
educación que estima conculcados. En segundo lugar, es claro que la Universidad,
entidad de carácter público, se encuentra legitimada por pasiva, pues es la
institución sobre la cual se reclama una respuesta de fondo al derecho de
petición del 8 de agosto de 2019 y, en especial, adoptó la decisión que la
actora cuestiona en su escrito de tutela y con la cual, afirma, se
desconocieron sus derechos fundamentales.
4.
Inmediatez[4]. La
acción de tutela fue interpuesta con arreglo al presupuesto de inmediatez. Por
un lado, el derecho de petición fue radicado el 8 de agosto de 2019, el 29
del mismo mes y año venció el término de 15 días para ser contestado y, poco
después de una semana, el 11 de septiembre siguiente, se acudió a la demanda de
amparo. Por otro lado, aunque en el expediente no obra constancia de la fecha
exacta de publicación de la lista que excluyó a la aspirante de los admitidos,
está probado que este hecho sucedió con posterioridad al 17 de junio de 2019,
día en el que aquella presentó la entrevista como parte del proceso de admisión.
Enseguida, el 8 de agosto de 2019, es decir, en todo caso menos de dos meses
después, la actora acudió al derecho de petición para buscar una explicación a
la decisión de la universidad y solicitar su admisión especial. A los pocos
días, como se indicó, acudió a la solicitud de protección constitucional. De
este modo, es claro que, en relación con la petición de amparo del derecho a la
educación, la acción también se promovió en un plazo razonable y, por lo tanto,
se satisface el requisito de inmediatez.
5.       Subsidiariedad.
La acción de tutela
es procedente cuando no existen otros mecanismos de defensa judicial
disponibles, cuando los existentes no resultan idóneos o eficaces según las
circunstancias del caso concreto, o en aquellos supuestos en los cuales se
requiere evitar la consumación de un perjuicio irremediable[5].
6.       Así, la Sala considera procedente la
acción de tutela objeto de estudio, debido a que: (i) frente
al presunto desconocimiento del derecho de petición, el sistema jurídico no
consagra un mecanismo de defensa judicial distinto a la acción de tutela. Así ha sido aceptado por la
jurisprudencia constitucional, por ejemplo, en la Sentencia T-317 de 2019.[6] De igual forma, (ii) en
relación con la alegada vulneración del derecho a la educación, derivada de la
decisión contenida en la lista de resultados de admitidos, de excluir del
proceso de admisión a la actora, es claro que la acción de tutela
es también el único mecanismo judicial con el cual es posible controvertir tal
determinación.
7.       En efecto, en diversas salas de
revisión, siguiendo jurisprudencia del Consejo de Estado, esta Corporación ha
sostenido que los actos de carácter académico de las universidades, como la
lista de resultados que excluye del proceso de admisión a la peticionaria, no son
objeto de control por la vía contencioso administrativo. Por esta razón, ha
concluido que, al no existir otro medio de defensa judicial, la acción de
tutela es el mecanismo para promover su controversia[7].  Tienen dicha naturaleza, por
ejemplo, los exámenes, los actos que fijan el calendario académico, las actas
de comités académicos, las actas que contienen calificaciones o notas las decisiones o listas sobre
admisión o ingreso a la universidad, etc.[8]
8.       En la Sentencia T-612 de 2017,[9] la Corte analizó un caso de
similares características al que aquí se examina, en el que cierta universidad
negó la admisión a un aspirante que pretendía el ingreso a través del cupo
especial establecido para deportistas con reconocimientos oficiales. Al
analizar el requisito de subsidiariedad, la Corte estableció que la lista que
contenía los candidatos admitidos a la carrera de medicina y, mediante la cual,
no se había otorgado el cupo especial solicitado es un acto académico. En
consecuencia, concluyó que “la acción de tutela es el único mecanismo
judicial” con el cual se puede controvertir dicha determinación.[10]
9.       En igual sentido, en la Sentencia T-187
de 1993,[11]
se analizó una acción de tutela, mediante la cual un concursante cuestionaba
las calificaciones asignadas a la prueba de conocimientos y a la entrevista, a
partir de las cuales había sido inadmitido a la especialidad de cirugía de una
universidad. Sobre la procedencia se indicó: “los actos académicos de las
universidades oficiales no son objeto de otros medios de defensa judicial
distinto de la acción de tutela.” La postura expuesta sido reiterada en
diferentes oportunidades.[12]
10.  En los anteriores términos, la
conclusión a la que debe arribarse en el presente asunto ha de ser análoga. La
decisión de la Universidad Distrital, de excluir de la lista de admitidos a la
peticionaria a causa de una presunta inhabilidad, constituye
un acto derivado de la aplicación de unos criterios y condiciones de acceso a
los cupos, establecidos por la propia institución. En este sentido, conforme a
la jurisprudencia citada, se trata de un acto sustancialmente académico, no
susceptible de ser impugnado por la vía contencioso administrativa. Tampoco se
observa que exista otro mecanismo de defensa judicial previsto por el
Legislador, mediante el cual dicha determinación pueda ser atacada. En consecuencia, la
acción de tutela surge como el medio de protección principal, con lo cual se
cumple con el requisito de subsidiariedad de la demanda.
11.  En
este orden de ideas, la Sala concluye que la solicitud de protección
constitucional interpuesta, por violación a los derechos de petición y a la
educación, supera los requisitos de procedencia. Antes de precisar el eventual
problema jurídico a resolver, sin embargo, es necesario identificar la posible
configuración de una carencia actual de objeto, debido al tiempo transcurrido y
a las actuaciones que han tenido lugar luego de la formulación de la acción de
tutela. En consecuencia, se hará una breve mención a los supuestos que dan
lugar a esa figura y, enseguida, se evaluará su aplicación para el presente
caso.
3.3. Carencia actual de
objeto
12.  Requisitos generales para la carencia
actual de objeto. La Corte ha establecido que la carencia actual de objeto se
da cuando existen situaciones en las cuales, las circunstancias y supuestos de
hecho que daban lugar a la amenaza o vulneración de derechos fundamentales
cesan, desaparecen o se superan. Por lo tanto, la decisión y medidas que pueda
tomar el juez constitucional ya no tendrían ningún efecto.[13]
Esto puede ocurrir en
razón de tres supuestos denominados por la jurisprudencia: “hecho superado”,
“daño consumado” y “hecho sobreviniente”.
13.  Se configura un hecho superado cuando
aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha
acaecido, por una actuación voluntaria o espontánea del agente accionado. Por
su parte, ocurre el daño consumado si la afectación que se buscaba detener o
evitar se ha producido y el juez, mediante ninguna medida, se encuentra ya en
condiciones de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete. Y, por
último, el hecho
sobreviniente tiene lugar cuando la orden del juez resultaría inocua dado que
el accionante perdió el interés en sus pretensiones, un tercero, distinto al
accionado, las ha satisfecho en lo fundamental o es imposible proferir alguna
orden por razones no atribuibles a la demandada.[14]
14.  Examen de la carencia actual de
objeto para el caso en concreto. En el presente caso, la Sala constata la configuración de un
hecho superado respecto de la solicitud de protección del derecho de petición.
Esto, por cuanto durante el trámite de la acción de tutela, antes de que se
adoptara la correspondiente sentencia de instancia, la Universidad accionada
dio respuesta de fondo al escrito radicado por la accionante. En este, la
aspirante le había solicitado una explicación acerca de la razón por la cual la
había excluido del proceso de admisión para el semestre 2019-II en razón de una
presunta inhabilidad. Así mismo, le solicitó la admisión en
el cupo especial reservado para víctimas de desplazamiento forzado, debido a su
condición y a haber obtenido el mejor puntaje entre los inscritos a cupos
especiales.
15.  En
la respuesta, la universidad le informó que desde el 2014, mediante el Acuerdo
033 del Consejo Académico, la institución implementó el
sistema de cupos especiales, el cual opera con base en los criterios de
selección señalados en esa regulación. Le indicó que, precisamente, en el 2018
le había asignado una de esas plazas, destinada a la población desplazada por
la violencia. Y, en concreto, le explicó que, según
el citado acuerdo, los estudiantes admitidos bajo la modalidad especial pueden
hacer uso del beneficio por una sola vez en un programa de pregrado, razón por
la cual no podía dar curso favorable a su solicitud de admisión.
En estos términos, dado que se trata de una respuesta formalmente adecuada al
escrito de petición, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado y no emitirá pronunciamiento al respecto, por no considerarlo
necesario.[15]
16.  Ahora
bien, con ocasión de las pruebas decretadas en sede de revisión, la demandante
informó a la Corte que fue favorecida en el periodo académico 2020-I, por el
Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación
Superior, para la Población Victima del Conflicto Armado. Señaló que gracias a
este beneficio se encuentra estudiando una Licenciatura en Bilingüismo con énfasis
en español e inglés, en la Institución Universitaria Colombo Americana (UNICA).
A juicio de la Sala, este hecho, ocurrido con posterioridad incluso a la
sentencia de instancia, no conlleva sin embargo a una carencia de objeto bajo
ninguno de los supuestos señalados, en relación con la presunta violación del
derecho a la educación.
17.  Así,
no se configura un daño consumado, pues no acaeció un daño irreversible y, de
hecho, aún es posible que la accionante pueda ingresar a estudiar en la
institución accionada, bajo la modalidad de admisión especial reclamada.
Tampoco tiene lugar un hecho superado, por cuanto la circunstancia de que la
peticionaria se encuentre estudiando en otra universidad no implica que hayan
desaparecido las circunstancias que dieron lugar a la presunta vulneración. La
voluntad de la demandante fue ingresar a la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas y cursar allí la Licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis
en inglés. Esta elección, tanto de la universidad como del proyecto curricular,
son irreductibles a la alternativa de la que ahora dispone, con independencia
de la proximidad temática del citado programa curricular con el que estudia
actualmente.
18.  Por
último, no es posible predicar un hecho sobreviniente. En particular, no existe
certeza, a partir de las pruebas allegadas, de que la demandante haya perdido
el interés en el objeto de la acción de tutela, que es lograr su ingreso a la
Universidad Distrital y adelantar el proyecto curricular para cuya admisión fue
excluida. De hecho, para la aspirante también podría ser simbólicamente
significativo culminar su programa de educación superior en la plaza especial
destinada a víctimas de desplazamiento forzado. Además, podría llegar a
representarle un mayor interés, en comparación con la opción de continuar su
estudio en la Institución Universitaria Colombo Americana, pues, aunque no lo
precisó en su respuesta a las pruebas decretadas por la Corte, el beneficio con
el que cuenta es un crédito condonable administrado por el ICETEX, que opera
bajo unas condiciones precisas, tanto para conservarlo como para acceder a la
prerrogativa de la condonación.[16]
19.
En el mismo sentido,
tampoco es posible considerar que la propia accionante procedió a satisfacer
las pretensiones planteadas en la acción de tutela. En los términos indicados,
su intención y lo pretendido en la solicitud de protección constitucional fue
ser admitida a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en los cupos
especiales para población víctima de desplazamiento forzado, y estudiar allí la
Licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Del escrito de
tutela no es posible inferir que su objetivo era solamente ingresar en general a
la educación superior. Así, la elección de la universidad y del programa
académico, conforme se señaló, no son reductibles a la alternativa de la que la
estudiante ahora dispone, en otra Universidad y bajo otras condiciones
académicas y de financiación.
20.  En
este orden de ideas, la Sala concluye que, frente a la solicitud del amparo del
derecho a la educación, es necesario efectuar un pronunciamiento de fondo y,
por lo tanto, procede la Sala a precisar el problema jurídico que habrá de ser
resuelto.
3.4. Planteamiento del caso,
problema jurídico y estructura de la decisión
21.
Angie Katerine Tovar Rico, de 19 años de edad, fue admitida
para el periodo 2018-I en el programa de Tecnología en Electrónica de la
Universidad Distrital, en el cupo especial destinado a población desplazada por
la violencia. Al comenzar el primer periodo académico su madre sufrió un
accidente cerebrovascular que la dejó en condición de discapacidad física. En
estas circunstancias, la estudiante tuvo que dedicarse de tiempo completo a su
cuidado y asistencia, mientras uno de sus hermanos conseguía los medios de
subsistencia para la familia, a través de ventas informales. Por esta razón, la
estudiante se vio obligada a solicitar el retiro voluntario del primer semestre
académico.
22.
Debido a que la situación familiar y económica persistió y a
que finalizaba el plazo para solicitar el reingreso, en febrero de 2019, acudió
a la oficina de Bienestar Institucional de la Universidad, en busca de
orientación frente a su situación académica. No obstante, no recibió ninguna
asesoría ni le fueron ofrecidas alternativas frente a sus condiciones, de
manera que, a través de esa dependencia, terminó solicitando el retiro
definitivo del proyecto curricular. Con posterioridad, comenzó un segundo
proceso de admisión a la misma Institución, para ingreso en el periodo 2019-II,
a la Licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Sin embargo, la
Universidad la excluyó pese haber obtenido el mejor puntaje entre los
aspirantes inscritos a la modalidad de cupo especial, con el argumento de que
se encontraba “inhabilitad[a]”.
23.
La aspirante interpuso, entonces, acción de tutela contra el
centro educativo, mediante la cual solicita el amparo del derecho a la
educación y la admisión en la plaza para víctimas de desplazamiento
forzado. Sostiene que tiene derecho a ser admitida a la Universidad debido a su
condición de desplazada y al hecho de haber obtenido el mejor puntaje dentro de
los inscritos a cupos especiales. Por su parte, la
Universidad argumenta que, conforme al Acuerdo 033 de 2014 del Consejo Académico,
los estudiantes admitidos bajo la modalidad de cupos
especiales pueden hacer uso del beneficio por una sola vez en un programa de
pregrado. En consecuencia, sostiene que en tanto ya garantizó en 2018 a la
peticionaria uno de tales cupos, destinado a la población desplazada por la
violencia, no le asiste el derecho a ser admitida una vez más conforme a este
sistema especial.
24.
La demanda de amparo no cuestiona la regla anterior de
racionalización de los cupos especiales. De hecho, reconoce que la universidad
es autónoma al establecer los mecanismos de selección de sus estudiantes. Sin
embargo, los hechos y la demanda de tutela sí cuestionan la
manera en que se aplicó la de acción afirmativa del cupo especial para el caso
de la accionante. Así, la peticionaria explica en detalle las circunstancias
económicas y de índole familiar que le impidieron continuar con sus estudios en
la primera oportunidad. No obstante, para la universidad, independientemente
de la razón por la cual perdió su calidad de estudiante, la alumna no tiene
derecho a una nueva admisión en el cupo especial, pues se trata del reparto de
bienes públicos escasos.
25.
La universidad argumenta que protegió el derecho a la
educación de la accionante, puesto que garantizó su inscripción e ingreso bajo
la modalidad de cupos especiales, para el periodo 2018-I. Sin embargo, la
accionante, si bien reconoce que fue admitida en esa calidad, señala que no contó
con acompañamiento y apoyo institucional en atención a sus condiciones
socioeconómicas. En especial, expresa que no recibió asesoría ni orientación cuando
sobrevino su situación de calamidad familiar y precariedad económica y, como
consecuencia, adoptó la decisión de abandonar el programa.
26.
En este orden de ideas, la Sala debe resolver el problema jurídico
consistente en si una universidad pública desconoce los derechos a la educación
y a la igualdad de un estudiante, al impedirle acceder por segunda vez al cupo especial
para personas en condición de desplazamiento forzado, en aquellos casos en los cuales
el retiro del primer programa estuvo motivado en circunstancias
familiares asociadas a su condición y de carácter socioeconómico irresistibles
y sin previo acompañamiento ni orientación por parte de la institución.
27.
Con el propósito de ilustrar los fundamentos principales de
la decisión, la Sala reiterará su jurisprudencia sobre (i) el acceso a
la educación universitaria en condiciones de igualdad, (ii) los cupos
especiales en las universidades públicas y sus límites frente a terceros, y (iii)
los cupos especiales en las universidades públicas y sus límites respecto de
sus destinatarios. Por último, (iv) resolverá el caso concreto, a partir
de las consideraciones analizadas.
3.5. Fundamentos
i. El acceso
a la educación universitaria en condiciones de igualdad
28.
En el debate constitucional acerca de los componentes del
derecho a la educación, es posible distinguir cuatro aspectos diferenciados.
Puede discutirse acerca de las diversas inversiones en personal, recursos
físicos e infraestructura que el Estado debería realizar para cubrir la demanda
del servicio (disponibilidad). Así mismo, sobre las obligaciones de las
autoridades legislativas y administrativas para garantizar la calidad de la
educación que se proporciona en los centros educativos (aceptabilidad).
Adicionalmente, en relación con la adopción de medidas para que la enseñanza y
las metodologías se adapten a los requerimientos de los alumnos, en contextos
culturales, sociales y personales variados (adaptabilidad). Pero, en
primer lugar, un debate esencial es la igualdad de oportunidades en el acceso
al sistema educativo (accesibilidad).[17] Este aspecto encuentra estrechamente
relacionado con el caso que debe aquí resolverse, por lo cual, es necesario
identificar sus alcances.
29.
La accesibilidad del derecho a la educación implica,
en términos generales, que todos los ciudadanos tienen derecho a ingresar al
sistema educativo en condiciones de igualdad.[18] Este componente se
manifiesta en tres escenarios básicos, cada uno con distintas connotaciones.
Comporta la denominada accesibilidad material, según la cual, la
educación debe ser garantizada en sitios geográficos de acceso razonable o
mediante adecuadas herramientas de tecnología moderna.  De igual forma, supone
una dimensión económica, que se traduce en la obligación de que el
servicio esté al alcance de todos y, en consecuencia, que la educación pública
sea, en lo posible, gratuita en todos los niveles.[19]
30.
Y en tercer lugar, la accesibilidad lleva envuelto un mandato
de no discriminación. Este componente compromete al Estado en el acceso
de todas y todos a la educación y, en especial, de los más vulnerables según
sus circunstancias de hecho y de derecho. Correlativamente, conlleva la
prohibición de establecer distinciones para el ingreso al sistema educativo con
base en criterios sospechosos o constitucionalmente injustificados.
Específicamente en materia de educación superior, significa que solo es posible
asignar las oportunidades con base en el mérito y la capacidad de cada uno[20].
De esta manera, el Estado no está en la obligación de asignar un cupo
universitario a cada persona, pero sí de asegurar que quienes aspiren a obtener
uno participen en condiciones de igualdad y que la distribución final de las
plazas se lleve a cabo con estricta sujeción al procedimiento establecido.[21]
31.
En la medida en que el derecho debe garantizarse de forma
especial a los, fáctica y jurídicamente, más vulnerables, la accesibilidad
implica la igualdad sustantiva. Por consiguiente, son posibles acciones
afirmativas a favor de minorías y de sujetos históricamente discriminados y
que, en general, se encuentren en una condición material desigual de origen para
el ingreso a la educación. A este respecto, la jurisprudencia ha subrayado que
“sólo resulta razonable aducir un trato favorable si está dirigido a grupos
tradicionalmente marginados o discriminados, así como a personas que, por sus
condiciones económicas, físicas o mentales, se encuentren bajo circunstancias
de debilidad manifiesta.”[22]
32.  A
diferencia de lo que ocurre con la accesibilidad material y económica, cuya
exigibilidad judicial depende del nivel educativo y de la edad del titular y
siempre, según las circunstancias del caso concreto[23],
el equitativo acceso a la educación es generalmente justiciable,
en la medida en que compromete precisamente el derecho a la igualdad. Los
supuestos de protección y las obligaciones para el Estado o los particulares
dependerán de los distintos contextos en los cuales se configure una posición
jurídica a favor del individuo, jurídicamente merecedora de protección. A
menudo, en este marco, los debates son promovidos por sujetos de especial protección constitucional que reclaman la
aplicación igualitaria de acciones afirmativas[24], que
denuncian su desmonte injustificado[25] o solicitan ajustes
razonables[26], por ejemplo. También
por aspirantes que denuncian tratos desigualitarios en procesos de ingreso[27],
criterios normativos de distinción inconstitucionales[28]
o la aplicación irregular de reglas de discriminación inversa,[29]
etc.
33.
En síntesis, el derecho a la educación implica la paridad de
condiciones de todos los ciudadanos para el ingreso al sistema educativo. En
materia de educación superior, las universidades deben asegurar que los
procesos de selección se efectúen de acuerdo con las reglas establecidas para
el efecto, pues ello conserva las condiciones de equidad para el ingreso y la
distribución de los cupos educativos. Así mismo, en términos generales, solo es
posible establecer como criterio de ingreso, el mérito y la capacidad de cada
aspirante.[30]
34.
Con todo, dado que la obligación de igualdad de trato se
refuerza en relación con los más vulnerables de hecho y de derecho, esto se
traduce en la plausibilidad de mecanismos de admisión preferentes respecto de
ciertas poblaciones. En consecuencia, son posibles las denominadas acciones
afirmativas dirigidas a promover el ingreso al sistema educativo de personas en
circunstancias materiales de desigualdad. A ese respecto, un ejemplo
paradigmático son los cupos especiales para el ingreso a universidades públicas.
Estas medidas de discriminación inversa se encuentran sujetas a límites
constitucionales frente a terceros y respecto de sus propios destinatarios,
conforme se ilustra a continuación.
ii. Los cupos
especiales en las universidades públicas y sus límites frente a terceros
35.
El análisis sobre la compatibilidad con el principio de
igualdad de condiciones de ingreso preferentes a universidades públicas, a
favor de ciertas poblaciones, comenzó a plantearse en debates de constitucionalidad.
En la Sentencia C-022 de 1996,[31] fue declarada
inexequible una norma que confería a los bachilleres que hubieran prestado el
servicio militar el 10% adicional del puntaje obtenido en las pruebas del
ICFES. A juicio de la Corte, la norma introducía una diferenciación irrazonable
en las oportunidades de acceso a la educación superior. La Sala Plena señaló
que no guardaba relación de conexidad con el servicio militar, pues además las
pruebas del ICFES tenían como único objetivo evaluar la preparación y
competencia académica del bachiller.
36.
Una perspectiva análoga fue acogida en la Sentencia C-210 de
1997.[32] En este fallo, la Corte retiró
del sistema jurídico una norma, conforme a la cual, los
hijos de educadores y de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional fallecidos en servicio activo tenían prioridad en el ingreso a los
establecimientos educativos estatales, entre otros, de educación superior. La Corte
reiteró el precedente anterior y sostuvo que se trataba de un privilegio no
relacionado con los méritos académicos personales del aspirante que, por lo
tanto, violaba el derecho a la igualdad de los demás candidatos. Este
pronunciamiento puso pronto de manifiesto en la jurisprudencia constitucional
la pregunta de si siempre y en todos los casos el mérito debía ser el único
criterio de reparto de los cupos universitarios, problema que no tardó en ser
contestado.
37.
En efecto, en la Sentencia T-441 de 1997,[33]
la Corte amparó los derechos a la igualdad y a la educación de un aspirante de
escasos recursos a la carrera de Medicina de la Universidad de Cartagena, que
en varias ocasiones había intentado, sin éxito, ser admitido. En el caso
estudiado, pese a sus buenos resultados en el proceso de admisión, no se le
asignó ninguna plaza, mientras que a otros inscritos que obtuvieron puntajes
más bajos que el suyo, sí se les admitió, a través del procedimiento de cupos
especiales. La universidad sostenía que la autonomía que le asiste la
autorizaba a instituir mecanismos especiales de ingreso. La Corte comenzó por
señalar que, en las condiciones actuales del país, los cupos en las
universidades públicas constituyen bienes escasos, debido a que es superior la
demanda por el bien que sus existencias.
38.
En las circunstancias anteriores, indicó que, como regla
general, el criterio esencial de asignación de los cupos debía ser el mérito
académico. No obstante, señaló que era aceptable la utilización, por parte de
las universidades, de otros criterios que flanquearan el parámetro básico de
adjudicación de los cupos. Ello cuando, por ejemplo, se buscara contrarrestar
las condiciones desiguales de origen, con las que arriban a los exámenes de
admisión los distintos aspirantes a ingresar a la universidad, o se procurara
dar cumplimiento a los fines de la institución universitaria. Con todo, subrayó
que estos criterios especiales no pueden desvirtuar el criterio general del
merecimiento académico, de tal manera que el número de plazas de estudio por
asignar de acuerdo con estos criterios deberá ser reducido con respecto al
total de los cupos. Y, por otra parte, en el procedimiento de admisión de
alumnos a través de estos criterios, se debe tener en cuenta la capacidad
académica.
39.
Luego de fijar la regla anterior, la Corte analizó las
características de los cupos especiales contemplados por la universidad
accionada en el caso examinado. Así, consideró que era contrario a la Constitución
el cupo para familiares de trabajadores y extrabajadores de la institución,
pues la única razón que lo explicaba era su inclusión dentro de las
negociaciones entre los trabajadores y la entidad, en el marco de luchas
laborales que, aunque legítimas, no justificaban el privilegio creado. Indicó que
no era posible hacer tal tipo de concesiones laborales, debido que tenían por
objeto bienes de carácter público. Así mismo, consideró inconstitucionales los
cupos especiales para los bachilleres provenientes de Mompox y Magangué, dado
que se discriminaba sin razón alguna otros municipios de Bolívar y, además, el
solo hecho de ser natural de un lugar no justificaba la asignación de un bien
escaso como la educación.[34]
40.
Estimó también inconstitucional el cupo especial para el
estudiante deportista, en la medida en que constituía un sacrificio innecesario
del principio de igualdad, sin que además tuviera relación con los méritos
académicos. Señaló que el impulso de las actividades deportivas podía
realizarse a través de medidas distintas, que no implicaran un costo excesivo
de la aspiración de algunas personas de realizar estudios superiores.
Consideró, en cambio, que el cupo especial para alrededor de 20 municipios
pobres del Departamento de Bolívar, era una medida que contribuía a nivelar las
oportunidades de acceso a la universidad. Subrayó, en especial, el abandono
estatal y la violencia a la que han sido sometidos históricamente tales
territorios. Así mismo, destacó que este cupo especial no dejaba de lado el
criterio del merecimiento, puesto que los aspirantes deben haber obtenido el
puntaje mínimo establecido por la universidad.
41.
Por último, consideró que el cupo especial para un reinsertado
favorecía la reintegración a la sociedad de guerrilleros desmovilizados y
constituía un aporte de la universidad para el propósito de paz que prohíja la
Constitución. Como no se le exigía en la práctica el puntaje mínimo requerido
para todos los demás cupos especiales, señaló que la Institución había dejado
absolutamente de lado el criterio del merecimiento. Dado que esto situación
contrariaba la regla atrás mencionada, precisó que el aspirante debía cumplir
la obtención del puntaje mínimo requerido por la Universidad. En este orden de
ideas, la Corte ordenó autorizar el ingreso del demandante a la Universidad, al
considerar que, de no haber existido los cupos especiales inconstitucionales,
el actor habría podido ser admitido con anterioridad.
42.
La regla formulada y sistemáticamente explicada en la
decisión anterior ha sido reiterada con posterioridad y constituye el precedente
vigente. En varias sentencias, con ocasión del análisis de problemas vinculados
a programas de cupos especiales de admisión, la Corte la ha acogido de manera
pacífica e inalterada.
43.
Por ejemplo, en la Sentencia T-787 de 1999,[35]
se analizó el procedimiento de selección de los alumnos a los que se debían
entregar los formularios de inscripción a la Universidad Nacional, dentro del
Programa Especial de Admisión para los Bachilleres de los Municipios Pobres. En
ese caso, la Corte insistió en que, no obstante el mérito es el criterio
esencial para la asignación de los cupos en las universidades públicas, es
posible utilizar otros elementos de juicio para contrarrestar desigualdades de
origen, siempre que no se deje de lado por completo el merecimiento académico.
44.
Destacó que el programa estudiado en esa oportunidad respeta
el criterio esencial de acceso a las universidades, pues los formularios de
inscripción se deben distribuir entre los mejores bachilleres de los colegios
de los municipios pobres. Así mismo, exige que estos bachilleres presenten los
exámenes de admisión y obtengan un puntaje mínimo. Además, advirtió que el
porcentaje de plazas de estudio que se reserva para estos bachilleres es
reducido (el 2% del total de los cupos de cada carrera) y, finalmente, el trato
preferencial es otorgado a bachilleres de los municipios pobres, es decir, a
personas que provienen de localidades tradicionalmente desamparadas por el
Estado. En relación con ellas, afirmó, es aceptable, a la luz de la
Constitución, que se creen programas de favorecimiento para contrarrestar el
abandono secular al que han sido sometidos.[36]
45.
Acciones afirmativas, mediante la figura de los cupos
especiales, también se han establecido precisamente a favor de las personas
víctimas de desplazamiento forzado en varias universidades. En la Sentencia
T-142 de 2009,[37] la Corte puso de
presente que el Estado ha desarrollado todo un marco de protección alrededor de quienes
han sido desplazados por la violencia y ha destacado la responsabilidad que
frente a ellos tiene el Estado. La Corte resaltó que el fundamento de la garantía de igualdad contenida en el artículo 13 de la Carta,
impone al Estado colombiano la obligación de proteger de manera especial a
quienes, por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta.[38]
46.
La sentencia sostuvo que la violación
múltiple, masiva y continua de los derechos de las personas que se han visto
sometidas al desplazamiento forzado[39],
trae como efecto varias obligaciones para el Estado. De manera urgente, señaló,
es imperativo brindarles la atención necesaria para que recuperen el goce
efectivo de los derechos fundamentales, velar porque sean atendidos en
condiciones que respeten su dignidad[40]
y adoptar medidas para evitar nuevos desplazamientos. Pero, además, son
esenciales las acciones afirmativas entendidas como las “políticas o medidas
dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de
eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que
los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo subrepresentado,
usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor representación.”[41]
47.
En el caso estudiado, la Corte concluyó que la oferta de un
cupo especial para la población desplazada en la Universidad del Magdalena atendía
criterios de equidad social y representaba una acción afirmativa. A su vez,
señaló que esto contribuye a reducir las desigualdades de que han sido objeto como
consecuencia del conflicto interno. Determinó que es una acción afirmativa
normativamente bien concebida y acorde con la jurisprudencia de la Corte, pues
el reglamento de la Universidad funda en el mérito el ingreso del aspirante que
compite por el cupo existente para la población desplazada, al prever que “el
ganador será entre todos ellos, el que obtenga el puntaje más alto en el examen
de admisión, dentro del programa para el cual se inscribió el aspirante (…).”
48.
Recapitulando, conforme a jurisprudencia constitucional, (i)
como regla general, los cupos en las universidades públicas solo pueden ser
repartidos conforme al mérito y las capacidades de los aspirantes, que
garanticen imparcialidad, transparencia e igualdad en el acceso a un bien
público escaso. Sin embargo, (ii) es constitucionalmente adecuado que
las universidades establezcan cupos especiales, siempre que sean a
favor de determinadas minorías, poblaciones históricamente discriminadas,
sujetos vulnerables o que, por diversas razones, étnicas, sociales, económicas,
geográficas, etc., se encuentren en condición desigual, respecto de la
generalidad de aspirantes.
49.
Lo anterior, precisamente, porque su objetivo es nivelar,
compensar o contrarrestar la condición de desequilibrio material en la que se
encuentran tales poblaciones. (iii) Con todo, las acciones afirmativas de los cupos especiales
para ingreso a la educación superior no pueden descartar
totalmente el componente del merecimiento. En consecuencia, (iii.i) el
número de plazas por asignar de acuerdo con los criterios especiales deberá ser
reducido con respecto al total de los cupos ofertados para el mismo programa
curricular, y (iii.ii) en el procedimiento de admisión de alumnos a
través de estos criterios especiales se debe tener en cuenta su capacidad
académica.
50.
Ahora bien, la Corte ha sostenido que la circunstancia de que
sean constitucionalmente permitidas y, de hecho, plausibles, no significa que
las acciones afirmativas de los cupos especiales sean un deber para las
instituciones públicas de educación superior. Dado que la autonomía
universitaria es también una garantía constitucional, no existe una obligación
de crear cupos especiales. Las universidades
estatales pueden establecer qué clase de sistema o procedimiento de admisión
adoptan y, también en virtud de su autonomía, están facultadas para crear, o
no, cupos especiales.[42] Sin embargo, si toman la
decisión de introducirlas, tienen el deber de proceder sin afectar los derechos
fundamentales. Esto implica para las universidades dos clases de límites constitucionales
en el uso de medidas de dicha naturaleza.
51.
Por un lado, en la aplicación de acciones afirmativas pueden
ocasionarse intromisiones a la igualdad de terceros aspirantes, quienes solo
compiten con la preparación y el mérito. Por lo tanto, un primer límite viene
dado por la prohibición de eliminar en su totalidad el componente de la
capacidad académica, como se mostró a lo largo de la presente sección. Este
tiene la finalidad de impedir intromisiones desproporcionadas al principio de
igualdad para la generalidad de los candidatos a los cupos universitarios. En
otros términos, pretende hacer razonable la intensidad de la afectación que
comporta la acción afirmativa en el derecho a la igualdad de los terceros
candidatos. De ahí que se manifieste en el limitado número de plazas especiales
que es posible ofertar en comparación con los cupos regulares y en la
obligación de incorporar la capacidad académica en los procedimientos de
admisión especial. En tanto tiene que ver con los efectos negativos que para
otros puede tener la medida, estos pueden denominarse límites de las acciones
afirmativas de los cupos especiales frente a terceros.
52.
Pero, por otro lado, la jurisprudencia de la Corte ha
mostrado que en la creación o en la puesta en marcha de las acciones
afirmativas en mención también pueden llegar a desconocerse, paradójicamente, los
derechos de las personas a quienes se pretenden favorecer. Es posible
identificar, entonces, un segundo límite a las medidas de los cupos especiales.
Dado que la medida podría irradiar efectos en los derechos como la educación y
la igualdad de los propios sujetos a quienes se dirige, estos podrían
denominarse límites de las acciones afirmativas de los cupos especiales frente
a sus destinatarios. La ilustración de este segundo conjunto de límites se
lleva a cabo a continuación.
iii. Los
cupos especiales en las universidades públicas y sus límites frente a los destinatarios
53.
Dependiendo de la manera como se construya, se aplique o se
proceda con una acción afirmativa de los cupos especiales, las universidades
también pueden menoscabar los derechos de sus destinatarios.
54.
En la Sentencia T-703 de 2008,[43]
la Corte conoció el caso de un miembro de una comunidad étnicamente
diferenciada que concursó en la Universidad del Valle
por uno de los cupos especiales para miembros de comunidades indígenas. Para
acreditar su condición, aportó una constancia expedida por la dirección del Cabildo
al que pertenecía. No obstante, su aspiración fue rechazada. La universidad
sostuvo que el aspirante debió haber allegado, entre otros documentos, un acta
en la cual la comunidad certificara su inscripción en el censo que anualmente
se envía a la Dirección Nacional de Etnias del Ministerio del Interior y de
Justicia.
55.
La Corte indicó que el censo de la Dirección de Etnias del
Ministerio del Interior no es constitutivo de la condición indígena y que, por
lo tanto, el hecho de que una persona no se encuentre allí registrada, no
implica que no sea indígena. En ese sentido, consideró que darle prelación al
requisito de inscripción en el censo, frente al registro que lleva la propia
comunidad indígena y las certificaciones emitidas por las autoridades
tradicionales, contraría el respeto a la diversidad étnica y cultural y la
autonomía del Cabildo, así como los derechos a la identidad indígena y a la
educación del actor. En consecuencia, determinó que debía primar la condición
real del indígena, sobre condiciones formales como la inscripción en un censo
llevado por entidades ajenas a la respectiva comunidad.
56.
La Corte precisó que, en virtud de la garantía de la
autonomía universitaria, las universidades pueden definir sus cupos, establecer
mecanismos de selección y señalar requisitos de admisión, así como los medios
idóneos para acreditar su cumplimiento. Sin embargo, sostuvo que “cuando la
universidad pública reconoce los cupos a comunidades o grupos poblacionales con
condiciones especiales - como el caso de comunidades indígenas -, no puede a la
par establecer requisitos que hagan demasiado gravoso el acceso a los mismos o
terminen negándolos”. En el mismo sentido, determinó que “una vez
establecido ese número de plazas, su distribución deberá realizarse siguiendo
criterios válidos desde la perspectiva de los principios y derechos
fundamentales consagrados en la Constitución.”[44]
57.
Uno de los derechos que puede limitar el ejercicio de la
autonomía universitaria, indicó la Corte, “es el de educación,[45] respecto
del cual se ha concluido que constituye un derecho fundamental, esencial e
inherente a los seres humanos,[46]
que no puede quedar condicionado a la imposición de requisitos
desproporcionados, injustificados o arbitrarios que lo hagan nugatorio.[47]” De
esta forma, la Corporación resolvió amparar los derechos del demandante y
ordenó su admisión a la carrera seleccionada, para el siguiente periodo
académico programado por la Universidad.
58.
De lo indicado en el fallo anterior, se sigue que las
universidades públicas tienen la potestad, en virtud de su autonomía
constitucional, para establecer procedimientos y criterios de ingreso. Así
mismo, si deciden crear sistemas de cupos especiales para poblaciones en
condiciones diferenciadas, no les está permitido diseñarlos de tal manera que
hagan demasiado gravoso, o casi imposible, el acceso a la educación de
aquellas. En especial, no pueden fijar exigencias probatorias desproporcionadas
a los aspirantes que, en la modalidad de cupo especial, compiten con una
diferencia de origen, pues ello impediría virtualmente el ingreso al sistema
educativo. En tal caso, se desconocen los derechos a la educación y a la
igualdad de los candidatos en esa condición.[48]
59.
De otra parte, en la Sentencia T-110 de 2010,[49]
la Corte examinó la actuación de una Universidad pública que, habiendo creado
la acción afirmativa de los cupos especiales, luego procedió a eliminarla. Varias
autoridades tradicionales de un Resguardo ubicado en Bucaramanga solicitaban a
la Universidad Industrial de Santander (en adelante, UIS) plazas para
estudiantes indígenas en carreras de pregrado en los cupos especiales que, se
estimaba, tenía la UIS para esta población. Pese a que en el pasado la
institución educativa había tenido el sistema de cupos especiales para
indígenas, lo había derogado y ahora se negaba a acceder a la petición del
Resguardo. En sustento de su punto de vista, aducía tres razones fundamentales.
60.
Afirmaba que ni la Ley 115 de 1994[50]
ni la Ley 21 de 1991[51] le imponía la obligación
jurídica de establecer tales acciones afirmativas a favor de las minorías
étnicas en el acceso a la educación superior. En segundo lugar, sostenía que,
según su interpretación, la Corte Constitucional en la sentencia T-002 de 1994
había prohibido cualquier clase de discriminación por motivos raciales,
sexuales y religiosos - entre otros - en los criterios de acceso a la educación
superior. Y, en tercer lugar, consideraba que, si bien la institución en algún
momento tuvo una reglamentación sobre cupos especiales para miembros indígenas,
esta fue posteriormente derogada en 2001.
61.
Al resolver el caso, la Corte indicó que, en efecto, no
existía la obligación para ninguna universidad de introducir un sistema de
ingreso con cupos especiales para la población indígena. Señaló que esto
vulneraría la garantía de la autonomía universitaria, pues los centros
educativos ya no podrían reglamentar determinados asuntos de acuerdo con su
propia concepción acerca de lo que es correcto, en el contexto de una formación
educativa de nivel superior. Sin embargo, sostuvo que “[l]o que sí determina
una Constitución garante de la libertad, la igualdad y el pluralismo, es que
resulta inválida cualquier decisión relacionada con estos y otros puntos, si
incida desproporcionadamente en los derechos de los aspirantes porque, por
ejemplo, introduce una discriminación injustificada desde un punto de vista
constitucional.”
62.
En ese sentido, la Corte consideró que la eliminación de una
acción afirmativa encaminada a remediar desigualdades reales de los miembros
indígenas, si no es reemplazada por otra que cumpla una función equivalente,
incide en los derechos fundamentales de estos últimos. Señaló que afectaba su
derecho a la igualdad, en su faceta relativa a la “adop[ción de m]edidas a
favor de grupos discriminados o marginados” (Art. 13 de la CP). Pero, en
particular, sostuvo que ese menoscabo era desproporcionado y violatorio del
derecho a la igualdad de los miembros de comunidades indígenas debido a que la
IUS había suprimido la acción afirmativa, con la justificación de hacer
igualitario el acceso a la educación superior, pese a que en realidad su
actuación terminó por desconocer ese derecho.
63.
Advirtió que cuando se trata de poner a los miembros de
minorías étnicas a competir en estricta igualdad de condiciones formales con
los demás, se acaba por colocar a los primeros en una situación de desigualdad,
al no tomar en cuenta un hecho sumamente relevante como lo es la desigualdad en
el punto de partida (la realidad). En consecuencia, concluyó que la UIS había
desconocido el derecho a la igualdad de los demandantes, no por haber derogado
los cupos especiales, sino porque lo hizo con una justificación
constitucionalmente insuficiente. Esta justificación, contrario a lo que la
Universidad decía pretender, menoscabó el derecho a la igualdad y a la
educación de los aspirantes. Así, concedió el derecho y ordenó tener en cuenta
a los demandantes para el próximo ciclo de admisión a la institución educativa,
de acuerdo con la reglamentación que contemplaba los cupos especiales.
64.
De esta manera, en el fallo anterior, la Corte señaló que las
universidades públicas no están obligadas a crear una acción afirmativa
mediante el sistema de cupos especiales. La garantía de la autonomía
universitaria implica que están facultadas para regular el sistema de ingreso,
según su punto de vista sobre aquello que mejor garantiza la propia concepción
sobre la educación superior. Por lo tanto, se encuentran en libertad de acoger,
o no, un modelo de admisión de esas características. Sin embargo, si optan por
introducirlo, no pueden proceder con la acción afirmativa de tal forma que
incidan injustificadamente en los derechos a la igualdad y a la educación de
los destinatarios.
65.
En el asunto juzgado, la UIS decidió acoger un sistema de
cupos especiales, de manera que después no podía eliminarlo con la
justificación de garantizar el derecho a la igualdad formal de la generalidad de
los aspirantes. La acción afirmativa previa puso en pie de igualdad a quienes
se hallaban en desigualdad material de origen (en este caso, las minorías
indígenas), razón por la cual, la supresión del trato diferenciado los dejó en
condiciones inequitativas, de manera que tuvo en realidad un efecto
discriminatorio. De ahí que la actuación de la Universidad, aparentemente
dentro del margen de su autonomía, constituyó una violación a los derechos a la
igualdad y a la educación de las minorías étnicas.
66.
En resumen, las decisiones reseñadas muestran la existencia
de los mencionados límites de las acciones afirmativas de los cupos especiales
frente a sus destinatarios. En las sentencias mencionadas, la Corte
consideró que las universidades, una vez han puesto en marcha la acción
afirmativa, no pueden imponer requisitos desproporcionados o demasiado
gravosos, para hacer uso de ella, de tal modo que terminen negando el acceso al
beneficio de la minoría en condición de desigualdad real. Por ejemplo, en
cuanto a la demostración de la calidad requerida para ser destinatario del
cupo, señaló que es inconstitucional exigir una única o específica prueba,
cuando la condición personal puede ser demostrada de otra forma.
67.
De otra parte, también sostuvo que luego de haberse puesto
en marcha la medida de los cupos especiales para una población, es violatorio
de la igualdad suprimir esa acción afirmativa a partir de una justificación constitucionalmente
insuficiente. La Corte mostró, en particular, que una actuación de una universidad
que parece legítima como lo es la supresión de un sistema especial de admisión,
acaba por menoscabar la igualdad real, precisamente por el hecho antecedente de
haber puesto en paridad de condiciones sustantivas a una población y luego eliminar
el mecanismo que lo permitía, con el argumento de garantizar la igualdad de
todos los aspirantes. Esta justificación no era solamente inconducente sino que
generó el efecto contrario.
68.
A juicio de la Corte, de lo anterior se sigue la existencia
de un específico límite de la acción afirmativa frente a sus destinatarios. En
efecto, una vez acogido el sistema de admisión de los cupos especiales, las
universidades públicas no pueden aplicar o proceder con la acción afirmativa de
tal forma que afecten injustificadamente los derechos a la igualdad y a la
educación de los destinatarios. Es esto lo que
precisamente ocurrió en el asunto que ahora debe ser resuelto.
iv.
Resolución del caso
69.
La Corte encuentra que la Universidad Distrital desconoció
los derechos fundamentales a la igualdad y a la educación de Angie Katerine
Tovar Rico, en su condición de víctima de desplazamiento forzado. Si bien garantizó
su inscripción e ingreso en la modalidad de los cupos especiales destinados a
la población desplazada, la acción afirmativa implicaba otras obligaciones para
la universidad consagradas en sus propias normas, las cuales estructuraban
integralmente la medida. Estas normas fueron incumplidas por la institución, lo
cual frustró el propósito de la acción afirmativa y condujo al
retiro de la estudiante. Por lo tanto, al negarle a acceder en una segunda
oportunidad a los cupos especiales, a partir de una interpretación inflexible
de la regla sobre el uso de estas plazas por una sola vez, la universidad violó
los derechos fundamentales a la igualdad y a la educación de la estudiante.
70.
En el Acuerdo 018 de 2011, modificado por el Acuerdo 033 de
2014 del Consejo Académico, la Universidad Distrital creó el sistema de cupos
especiales, entre otras poblaciones, para las personas víctimas de
desplazamiento forzado. En el Acuerdo 033 de 2014, consideró que, de acuerdo
con la Ley 387 de 1997,[52] es responsabilidad del
Estado formular las políticas y adoptar las medidas para la atención,
protección y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la
violencia. Subrayó también que le corresponde promover acciones y medidas de
mediano y largo plazo con el propósito de generar condiciones de sostenibilidad
económica y social para la población desplazada, en el marco del retorno
voluntario o el reasentamiento en otras zonas rurales o urbanas.
71.
Las anteriores medidas, advirtió, deberán permitir el acceso
directo de la población desplazada a la oferta social del Gobierno, en
particular a los programas relacionados con la capacitación y organización
social. Sobre la base de lo anterior, el citado acuerdo señala que la universidad,
como parte del Estado, asume la responsabilidad de adoptar medidas que
faciliten el acceso a la educación superior a jóvenes y adultos victimas del
desplazamiento interno por la violencia, a sus programas de formación
universitaria en pregrado, para garantizar su rápido efecto en la
rehabilitación y articulación social, laboral y productiva.
72.
A partir de las anteriores justificaciones, la institución
crea el cupo especial para la población desplazada por la violencia. La acción
afirmativa se encuentra articulada en tres reglas. En primer lugar, en todo proceso
de admisiones, por cada cuarenta cupos nuevos o fracción que se asignen en los
programas de pregrado de la universidad, se otorga un cupo especial a las
personas desplazadas por la violencia, condición del aspirante que deberá ser
certificada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(Art. 2). Los candidatos deben cumplir con todos los requisitos que
exige la universidad para ingresar como estudiantes regulares, teniendo como
referente el procedimiento de inscripción fijado en el Instructivo Oficial de
Admisiones, para el proceso de selección y admisión de aspirantes que publica
la universidad y cumplir con el puntaje mínimo ICFES exigido para el Programa Académico
de su escogencia y demás pruebas establecidas en cada proyecto curricular (Art.
6).
73.
En segundo lugar, el acuerdo establece la obligación para la universidad
de promover los programas de acompañamiento necesarios a los estudiantes
admitidos en los cupos especiales, con el fin de generarles condiciones
adecuadas para su inclusión y buen desempeño en la institución, a través del
Centro de Bienestar Universitario y del respectivo programa curricular al que
ingresen (Art. 7). Y, en tercer lugar, se prevé que los admitidos bajo la
modalidad especial, solo podrán hacer uso del beneficio por una sola vez en un programa
de pregrado (Art. 9). La Sala observa que las anteriores reglas, que diseñan en
los aspectos básicos la acción afirmativa del cupo especial, a favor de las
víctimas de desplazamiento forzado, respetan los límites constitucionales de la
medida frente a terceros.
74.
En efecto, el cupo especial se concede a víctimas de
desplazamiento forzado, quienes se encuentran en condición de
desigualdad social, cultural o económica y, frecuentemente, son sometidas a
actos de discriminación[53]. Adicionalmente, la
acción afirmativa es diseñada con incorporación del criterio del merecimiento.
De un lado, solo se otorga una plaza especial a esta población por cada
cuarenta cupos regulares, lo cual es una proporción notablemente reducida
(2,5%). De otro lado, los candidatos deben haber obtenido en las pruebas de
estado el puntaje mínimo exigido para el programa académico al
que se inscriban, así como la calificación requerida en las pruebas que les corresponda
presentar según el proyecto curricular. Además, según indicó la universidad en
respuesta a las pruebas decretadas por la Sala, la plaza es otorgada a quien
haya obtenido la mejor calificación dentro de los concursantes por el cupo
especial.[54]
75.
De esta forma, el cupo especial para víctimas de
desplazamiento forzado de la Universidad Distrital comporta una intervención
constitucionalmente justificada en el derecho a la igualdad de terceros
(aspirantes regulares). En contraste, la Corte observa que la acción afirmativa
para Angie Katherine fue implementada solo parcialmente, a la luz de las reglas
establecidas por la propia universidad, lo cual frustró el propósito de la
medida. Como se reseñó, el artículo 7 del Acuerdo 003 de 2014 del Consejo de
Facultad prevé la obligación para la institución, de llevar a cabo un
acompañamiento a los estudiantes admitidos en los cupos especiales, con el fin
de generar condiciones adecuadas para su inclusión y buen desempeño en el
programa académico. Esto, a través del Centro de Bienestar Universitario y el
respectivo proyecto curricular al que ingresen.
76.
A juicio de la Corte, se trata de una norma que hace parte
integral de la acción afirmativa en mención y, por lo tanto, de obligatorio
cumplimiento, no una regla meramente aspiracional o que la universidad debe
apenas procurar cumplir. En la Sentencia C-371 de 2000,[55]
la Corte mostró que el Estado debe actuar no solo para garantizar la igualdad
en “el punto de partida” sino también en el “punto de llegada”.
Al examinar la denominada Ley de Cuotas, analizó la objeción, según la cual, si
se adoptan medidas positivas a favor de ciertos grupos, éstas
sólo podrán dirigirse a remover obstáculos en las condiciones de partida o
punto de salida, pero que luego, serán los méritos específicos de cada quien
los que determinen la composición cuantitativa en el “punto de llegada”.
La Sala Plena desestimó este punto de vista, en los siguientes términos:
“[s]e diría entonces, en relación con el asunto que se
debate, que si el legislador aspira a que la mujer ocupe cargos en los más
altos niveles decisorios, lo importante y, en principio lo único permitido, es
trazar e instrumentar políticas encaminadas a estimular el acceso de las
mujeres a la educación superior y remover los obstáculos que pugnan con ese
propósito. Que una vez alcanzada esa igualdad sustancial en el punto de
partida, serán los méritos específicos de cada quien los que determinen la
composición cuantitativa en el punto de llegada.
[…]
Si a pesar de existir hoy igualdad en el punto de partida la
situación en el punto de llegada sigue siendo inequitativa, es porque no son
los méritos o no son sólo ellos los que determinan que las más altas
responsabilidades del Estado estén mayoritariamente en manos de hombres.
Consciente de esa situación, el Constituyente de 1991
estableció en el último inciso del artículo 40: "Las autoridades
garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles
decisorios de la Administración Pública", en evidente armonía con el
inciso 2° del artículo 13, que al disponer que "El Estado promoverá las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en
favor de grupos discriminados o marginados" no prejuzga acerca de la fase
en que dicha discriminación tiene lugar y, en consecuencia, legitima y más aun,
hace obligatoria la acción de las autoridades públicas encaminada a corregir
cualquier inequidad derivada de factores discriminatorios expresamente
proscritos en la misma disposición.
Así pues, si lo que se busca es garantizar una igualdad de
oportunidades real y efectiva, es necesario, entonces, remover obstáculos tanto
en el punto de partida como en el de llegada.”
77.
Precisamente, la Universidad Distrital creó una acción
afirmativa que busca remover la desigualdad no solo en el punto de partida sino
también en el de llegada. En otros términos, parte de la base de que la
garantía de obtener cupos especiales en la universidad, aunque necesaria, no es
suficiente para garantizar la igualdad real, debido a las condiciones
materiales subyacentes, generalmente de vulnerabilidad, de los individuos que
se hacen a ellos. Por esta razón, estableció que la Oficina de bienestar
institucional debe velar para que estos estudiantes puedan contar con las
condiciones que faciliten su inclusión y su buen desempeño. En el presente
asunto, sin embargo, a partir de los elementos de prueba recaudados en sede de
revisión, la Sala constató que la Universidad omitió esta parte de la acción
afirmativa y ello contribuyó significativamente a que no cumpliera la finalidad
para la cual está diseñada.
78.
La accionante fue admitida e ingresó en el periodo 2018-I a
cursar la Tecnología en Electrónica, en el cupo especial destinado a población
desplazada por la violencia. No obstante, al comienzo del semestre su madre
sufrió un accidente cerebrovascular que la dejó en condición de discapacidad
física. En consecuencia, dado que era quien asumía el sostenimiento del hogar,
la estudiante enfrentó dificultades económicas, tuvo que dedicarse de tiempo
completo al cuidado de su ascendiente, mientras uno de sus hermanos conseguía
el sustento para el hogar. Esto la llevó a solicitar el retiro del periodo que
cursaba.
79.
Como sus condiciones persistieron y solo tenía un año para
promover el reingreso, a principios de 2019 acudió a la oficina de bienestar institucional
de la universidad, en busca de orientación y asesoría frente a su situación
académica. Esta dependencia, pese a las circunstancias de la estudiante, no
realizó ningún esfuerzo por analizar las posibilidades y facilitar las
condiciones para la permanencia e inclusión de la demandante en sus estudios. A
la postre, la alumna se vio avocada a solicitar el retiro definitivo de su
programa.
80.
En respuesta a las pruebas decretadas, el Centro de Bienestar
Institucional de la universidad informó que desde el grupo funcional de
Permanencia y Deserción:
“se realiza un acompañamiento dirigido a los estudiantes de primer
semestre y a grupos especiales, con el fin de brindar información pertinente
sobre el funcionamiento de la universidad y los servicios de Bienestar
Institucional (medicina, odontología, psicología, deportes…). De igual forma, a
estos estudiantes se les aclaran dudas e inquietudes con respecto a procesos
académicos como aplazamientos, cancelaciones, retiros, proceso de
reliquidación, proceso de inscripción a apoyo alimentario etc., y se despejan
dudas relacionadas con la normatividad de la Universidad especialmente con el
Estatuto estudiantil y el acuerdo 004 de 2011.”
81.
Frente a la pregunta de si la Oficina de bienestar de la
Universidad conoció el caso de la demandante, si se propició un diálogo con
ella sobre su contexto personal, académico y/o vocacional y si conoció las
razones que pudieron haberla conducido a solicitar el retiro definitivo del
programa, el Centro de Bienestar Institucional, contestó:
“[r]evisadas las bases de atenciones
realizadas desde el Centro de Bienestar Institucional la estudiante fue
atendida en el servicio de psicología por el Profesional Aldemar Ortega en mayo
de 2018, en el marco de una solicitud de aplazamiento de semestre…
[p]osteriormente, el día 26 de febrero de 2019 la estudiante fue atendida por la
profesional en psicología Martha Stella Guerrero con el fin de tratar el tema
del retiro definitivo, en dicha sesión se escuchó a la estudiante quién expuso
como motivos del retiro: calamidad doméstica y problemas económicos (se adjunta
copia de la carta dirigida al proyecto curricular elaborada por la estudiante y
la carta elaborada por la profesional que la atendió en consulta) (…).”
82.
Según las respuestas del Centro de Bienestar Institucional,
esta dependencia tiene la misión de informar a los estudiantes sobre el
funcionamiento los servicios de bienestar universitario (medicina, odontología,
psicología, deportes…) y acerca de procesos académicos como aplazamientos,
retiros, etc. En relación con la situación de la accionante, la Oficina de bienestar
expresó que se le atendió en dos ocasiones por el servicio de psicología, en el
marco de su solicitud de retiro del periodo 2018-I y, luego, de su petición de
retiro definitivo. No brindó, sin embargo, mayores detalles acerca de la
atención que se le proporcionó ni de posibles soluciones analizadas, a partir
de un análisis de sus condiciones personales, familiares y académicas. La
estudiante, por su parte, indicó que el seguimiento que recibió de la universidad
fue nulo o meramente formal y que tampoco fue asesorada ni orientada cuando
adoptó la decisión de pedir el retiro definitivo. En respuesta a las pruebas
decretadas, informó:
“[e]l 26 de febrero del año 2019 me
dirijo a la oficina de bienestar institucional de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, siendo recibida y atendida por la psicóloga Martha
Stella Guerrero Pinzón… con el fin de realizar el retiro definitivo al proyecto
curricular 573 - Tecnología en electrónica (ciclos propedéuticos), manifestando
que el motivo de mi retiro se debía a razones económicas y a la salud de mi
madre. Además, dejando salvedad de una pronta postulación a un nuevo proyecto
curricular de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Nota: Me acerque a esta oficina,
buscando un poco de ayuda profesional por parte de la psicóloga, ya que mi
condición física y mental no me permitía continuar con mis estudios, (sic)
espera que de parte ella la universidad me brindara oportunidades para poder
continuar con mis estudios, ya que este (sic) no era mi principal objetivo. Al
ver esta actitud por parte de esta funcionaria, decido tomar posteriormente el
retiro. Cabe precisar que ella nunca me dio una charla o un motivo para poder
continuar con mi formación, solo me firmó la hoja, para poder continuar con mi
proceso. // Además me gustaría dar a saber a su despacho, que no soy la única
persona que me encontraba en esta situación, muchos estudiantes poseían
problemas familiares y económicos para poder continuar su proceso de formación
y a igual que yo recurrían a este órgano universitario para buscar una
solución, pero este nunca se mostró atento hacia los requerimientos de los
estudiantes, hubo una omisión de funciones por parte de estos. // Por ende se
puede notar que esta universidad cuenta con altos niveles de deserción estudiantil.”
83.
Frente a la cuestión de si antes de adoptar la decisión de
retirarse definitivamente del programa, había analizado alternativas, como
aplazamientos, traslado de carrera, etc. y si en ese trámite había sido
asesorada por el servicio de bienestar universitario, afirmó:
“En primer lugar
al entrar con mi condición, nunca se me notificó ni expresó por parte de la
Universidad, un seguimiento por entrar con esta condición, y mucho menos cuando
sucedió esta calamidad familiar. Solo se sigue un conducto regular como es el
caso de que para mí retiro tuve que ir a Bienestar Institucional para hablar con
el psicólogo como lo mencioné inicialmente. Ellos solo firman, pero realmente
no brindan una ayuda profesional, solo lo hacen para cumplir requisitos.”
84.
De acuerdo con lo anterior, frente a la situación de la
demandante, el Centro de bienestar institucional de la universidad, contrario a lo
que prevé el Acuerdo 033 de 2014, no llevó a cabo el acompañamiento necesario
para que la estudiante pudiera contar con las condiciones que facilitaran su
inclusión y permanencia en la universidad. No entabló un diálogo con ella, en
el marco del cual pudieran ser evaluadas, conjuntamente, sus concretas condiciones
socioeconómicas y las facilidades académicas y de bienestar que la universidad
podía ofrecerle para continuar el programa. Tampoco se generó la posibilidad de
que la estudiante, con apoyo en el servicio de bienestar universitario, pudiera
identificar con claridad las posibilidades de continuar los estudios, según su
situación académico-administrativa.
85.
En relación con lo anterior, era relevante haber analizado,
por ejemplo, excepciones a la regla del reingreso máximo un año después de
solicitar el retiro voluntario de un periodo académico. Este plazo, se infiere,
condujo a la peticionaria a acudir a Bienestar institucional cuando ya se había
cumplido el referido término, luego del retiro del primer semestre de 2018-I, y
de que sus circunstancias continuaban.[56] Sin embargo, llama la
atención de la Sala que no se analizó con la estudiante las posibilidades de haber
solicitado, en sus circunstancias específicas, un segundo retiro voluntario, “por
segunda y última vez”, conforme al inciso 2º del artículo 27 del Estatuto
Estudiantil.[57] Esta norma prevé que el
estudiante puede retirarse por una sola vez durante la carrera, pero que, “en
caso de fuerza mayor, a juicio del decano, puede darse el retiro por segunda y
última vez”.
86.
Tampoco se generó el espacio para que, en el contexto
precisamente del servicio de psicología brindado por la oficina de bienestar
universitario, pudiera ser evaluada la incidencia de los componentes
emocionales, derivados de la compleja situación familiar y académica por la que
atravesaba la estudiante, en la decisión de continuar el programa. Las
anteriores y otras alternativas debieron ser propiciadas por el Centro de bienestar
institucional en atención a las circunstancias de la estudiante. Sin embargo,
las pruebas muestran que nada de lo anterior tuvo lugar. La demandante afirma,
sin que hubiera sido negado por la universidad en el término de traslado de las
pruebas, que solamente le firmaron los documentos para solicitar el retiro
definitivo, la alternativa más gravosa que solo debió ser considerada como
última opción.
87.
Además de lo anterior, la Corte constata que la demandante no
solo no recibió asesoría
alguna, sino que, al parecer, también le fue proporcionada información
equívoca.
Esto, en particular sobre la regla de que los estudiantes admitidos bajo la
modalidad especial, solo pueden hacer uso del beneficio del cupo por una sola
vez. En el relato que la accionante proporcionó a la Corte,
manifestó:
“El 26 de
febrero del año 2019 me dirigí a la oficina del proyecto curricular tecnología
en electrónica con el fin de entregar los documentos para completar el proceso
de retiro definitivo, por el cual la secretaria del proyecto este curricular,
Gloria Rodríguez me manifestó que al cumplir con los requerimientos para el
retiro definitivo no tendría problema para mi futura postulación con la modalidad
especial de desplazamiento forzado.”
88.
La estudiante al parecer conocía la prohibición
en mención. Sin embargo, era razonable contemplar la duda de si aplicaría, o
no, para su caso, teniendo en cuenta las circunstancias que estaban motivando
la solicitud de retiro que se disponía a presentar. En estas circunstancias, según
afirma la peticionaria y no fue negado por la Universidad, una autoridad
académica del centro educativo, como en este caso es la secretaria del programa
curricular que se encontraba cursando, le informó que, si finalizaba
correctamente el proceso de retiro definitivo, la inhabilidad no la afectaría y
podría hacer uso una vez más del cupo especial. Este elemento cuya
responsabilidad solo recae en la Universidad y que, al parecer, era contrario a
las prácticas de admisión, debió incidir significativamente en la decisión de
la accionante de solicitar el retiro.
89.
Ahora bien, podría argumentarse que la situación de calamidad
familiar y de precariedad económica sufrida por la accionante es un suceso que,
aunque fortuito, puede ocurrir a otros estudiantes que no están en condiciones
especiales. Así mismo, que el Centro de bienestar institucional de la universidad
tiene apenas el deber general de facilitarles a todos atención para mejorar su
calidad de vida y propiciarles las condiciones que les permitan un buen
rendimiento académico. No obstante, la Sala debe subrayar que la incidencia de
tales sucesos en casos como el de la peticionaria es por completo diferenciada.
Las personas que han sido desplazadas de su territorio a causa de la violencia,
como se señaló atrás, son sujetos de especial protección constitucional porque ven
vulnerados múltiples derechos fundamentales, como la vida, la paz, la libre
circulación por el territorio nacional, el trabajo, la integridad personal, la
dignidad humana, la educación -particularmente de los menores que se ven
obligados a huir-, la vivienda en condiciones dignas, etc.[58]
Las víctimas se trasladan principalmente a las ciudades, en las cuales tienen
pocas posibilidades de acceder a una vivienda digna y un trabajo estable.[59]
90.
Frecuentemente, el resultado de la migración forzosa a la que
se ven sometidos los desplazados es el agravamiento de las ya de por sí
precarias condiciones de vida que tenían en el campo o en pequeños poblados
urbanos[60]. Esto implica que
eventualidades de la vida que pueden sobrevenir a cualquier familia (como la
que sufrió la de la demandante) tienen un impacto diferenciado en los hogares
cuyos miembros ha sido víctimas de desplazamiento forzado. En aquellos hay
normalmente situaciones de inestabilidad económica, se ha producido la ruptura abrupta
y dramática de las redes de apoyo familiar y comunitario y, por lo tanto, la
ocurrencia de una discapacidad física de forma intempestiva a uno de sus
miembros, máxime si recae en el proveedor familiar, afectan dramáticamente las condiciones
de existencia de todos. El hogar, en general, es más vulnerable y no está
económicamente en condiciones de afrontar el problema sin que la situación de
todos cambie radicalmente.
91.
De la misma manera, el papel del Centro de bienestar institucional
de la universidad con un estudiante del cupo especial por ser víctima de
desplazamiento forzado es sustancialmente más relevante y trascendental. En
este sentido, frente a la pregunta de la Corte, sobre las causas más frecuentes
por las cuales estudiantes que ingresan al cupo especial para población víctima
de desplazamiento forzado, con posterioridad, solicitan su retiro, dicho Centro
contestó: “los motivos expuestos por los estudiantes que solicitan el retiro
son básicamente dificultades económicas porque no cuentan con una fuente de
ingresos estables o por bajo rendimiento académico.” Precisamente por esta
razón, el Acuerdo 033 de 2014 le confirió la responsabilidad a esa dependencia
de llevar a cabo un acompañamiento y la generación de las condiciones para su
inclusión y buen rendimiento académico.
92.
La Corte no afirma que el Centro de Bienestar Institucional
de la Universidad deba llevar a cabo toda clase de esfuerzos y remediar, bajo
cualquier costo, las condiciones materiales en las que ingresen las personas
víctimas de desplazamiento forzado. Sin embargo, la Sala encuentra que el papel
del Centro en este caso fue completamente pasivo frente a la difícil situación
por la que atravesaba accionante, no obstante que la orientación, asistencia y
acompañamiento de los estudiantes que ingresan mediante ese cupo especial hace
parte inescindible de la acción afirmativa. Aún más, la universidad procedió de
tal forma pese a que cualquier acción afirmativa, en general, tiene un carácter
reforzado cuando se instituye a favor víctimas de desplazamiento forzado, a
causa de su particular estado de vulnerabilidad. La referida pasividad, además,
tuvo un efecto negativo evidente, en la medida en que, de forma paralela, la
alumna recibió información de la secretaria académica de su proyecto curricular,
que la conducía a pensar que, pese a su retiro definitivo, conservaría el derecho
a la admisión especial.
93.
En este orden de ideas, la universidad accionada, si
bien garantizó a la demandante su inscripción e ingreso en la
modalidad de los cupos especiales destinados a la población desplazada, cumplió
solo de forma parcial sus propias reglas sobre la acción afirmativa. En los
términos explicados atrás, garantizó el punto de partida pero no el de llegada,
pese a que en el diseño de la medida ambos han sido previstos por la
institución, para que el cupo especial constituya realmente un esfuerzo
destinado a garantizar la igualdad real y efectiva de oportunidades de quienes
han sufrido el desplazamiento forzado. La accionada no encausó sus esfuerzos a
garantizar las condiciones para su verdadera inclusión en el contexto de su
realidad material.
94.
Pues bien, como consecuencia de lo anterior, en el primer
semestre de 2019, la accionante terminó por solicitar el retiro definitivo del
programa académico. Finalizado este proceso, con posterioridad, comenzó un
segundo proceso de admisión a la misma institución, para ingresar en el periodo
2019-II. Sin embargo, en este caso, la universidad le negó la oportunidad de
acceder en la modalidad del cupo especial para población desplazada, pese a que
incluso había obtenido el primer puesto, con el argumento de que se encontraba inhabilitada,
por haber hecho uso ya una vez del cupo especial. Para la Sala, con este
proceder, la Universidad desconoció los derechos a la igualdad y a la educación
de la accionante.
95.
De acuerdo con los fundamentos de este fallo, cuando las
universidades públicas acogen la acción afirmativa de los cupos especiales, no
pueden aplicar o proceder de tal forma que afecten injustificadamente los
derechos a la igualdad y a la educación de los destinatarios. En este sentido, adoptado
el sistema de cupos especiales, cabe sostener que el marco
del derecho a la igualdad de los beneficiarios son las reglas que conforman la
acción afirmativa y su cumplimiento. Puesto que es a partir de estas reglas que
las personas fácticamente desiguales son puestas en condiciones paritarias con otros
estudiantes, su observancia por parte del centro educativo implica la garantía
de su derecho a la igualdad. Viceversa, su incumplimiento supone la vulneración
del derecho al trato equitativo. Esto adquiere mayor relevancia, tratándose de
una acción afirmativa como la que se analiza en este caso.
96.
Mediante el sistema de cupos especiales, la Universidad
Distrital asume la responsabilidad estatal de poner en marcha medidas de
atención, protección y estabilización de las víctimas de desplazamiento
forzado, en el ámbito de la educación superior. En los términos
del Acuerdo 033 de 2014 del Consejo Académico, lo anterior se inscribe en la
obligación de las autoridades públicas de generar condiciones de sostenibilidad
económica y social para la referida población, en el contexto de su retorno
voluntario o el reasentamiento en otras zonas rurales o urbanas. En este
sentido, señala también el Acuerdo, constituye una forma de materializar el
precepto constitucional que establece la obligación para el Estado de promover
las condiciones a fin de que la igualdad sea real y efectiva y de adoptar
medidas a favor de grupos discriminados o marginados. Todo ello explica la
importancia constitucional del cumplimiento de las reglas dirigidas a asegurar
la eficacia de la igualdad sustancial.
97.
La medida afirmativa creada por la Universidad Distrital,
según se puso de presente, se encuentra regulada esencialmente por tres normas:
una que crea el cupo especial con inclusión del criterio del mérito, otra que
establece la obligación para la universidad de promover
el acompañamiento necesario a fin de generar las condiciones adecuadas para la
inclusión y buen desempeño de los admitidos bajo esta modalidad, y una última,
consistente en la prohibición para aquellos de hacer uso del beneficio por más
de una vez. Estas tres reglas se encuentran articuladas. La universidad se
compromete a llevar a cabo una acción afirmativa que asegura equidad sustantiva
tanto en el punto de partida como en el de llegada. No solo concede la plaza
preferencial, sino que también garantiza las condiciones para que en el uso de
ese cupo exista igualdad real.
98.
Asumida y cumplida adecuadamente las anteriores obligaciones,
impide de forma legítima y conforme a su autonomía, que quien ha hecho uso del
beneficio en plenitud de condiciones, pueda volverlo a hacer, dado que se trata
de un bien público escaso. Esto es razonable y ajustado en la jurisprudencia
constitucional, en los términos ilustrados en esta Sentencia. Pero, por el
contrario, en aquellos supuestos en los cuales la Universidad, como en este
caso, cumple solo parcialmente sus propias reglas sobre la acción afirmativa, coloca
al destinatario del cupo especial en circunstancias de desigualdad y privarlo
del beneficio constituye una prolongación de ese trato desigualitario. La referida
prohibición no puede desligarse de las dos partes en que está estructurada la
acción afirmativa.
99.
Como consecuencia gravosa que es, la regla que impide al
beneficiario emplear dos veces el cupo especial tiene sentido y justificación
constitucional porque la universidad asume un deber importante, de poner en
marcha una acción afirmativa compleja, que supone esfuerzos institucionales innegables.
No obstante, cuando lo anterior no ha tenido lugar, porque en la práctica la universidad
ha inobservado las propias reglas institucionales de la acción afirmativa, desconoce
el derecho a la igualdad de los beneficiados al colocarlos en una condición
fáctica desigual y, por ende, la aplicación de la inhabilidad constituye un
trato desigualitario por consecuencia. Por lo tanto, en este caso, al impedirle
acceder de nuevo al cupo especial para víctimas de desplazamiento forzado a la
demandante, pese a las circunstancias en las cuales había perdido la condición
de estudiante, la universidad desconoció sus derechos fundamentales a la
igualdad y a la educación.
100.
Adicionalmente, la Sala observa que la violación del derecho
a la educación provino también de la infracción del debido proceso
administrativo de la demandante. La demandada argumentó en el trámite de la acción
de tutela que había aplicado la inhabilidad a la que se ha hecho referencia,
establecida en virtud de su autonomía universitaria. Sin embargo,
la jurisprudencia de esta Corporación ha advertido de manera reiterada que tal prerrogativa
constitucional (Art. 69 de la C.P.) presenta diversos límites. En efecto, la autonomía
universitaria es una garantía institucional, que permite a los centros
de educación superior adoptar sus propios estatutos y definir libremente su
filosofía y organización interna, para el adecuado funcionamiento de la
institución[61].
En todo caso, en el uso de esta facultad, las universidades deben proceder con
sujeción, entre otros parámetros, al debido proceso administrativo (Art. 29 de
la CP).
101.
A su vez, en el ámbito universitario, el debido
proceso administrativo implica varias dimensiones, y de manera destacada, que
las instituciones de educación superior
deben señalar expresamente las conductas, supuestos de hecho o situaciones que
dan lugar a la aplicación de sanciones o consecuencias académicas o
administrativas para los estudiantes. El propósito principal de este contenido
consiste en evitar que la autonomía se convierta en arbitrariedad, en la
relación entre las universidades y los alumnos[62].
En ese sentido, el debido proceso también se halla vinculado al principio de
buena fe, en la medida en que se pretende que “las actuaciones del Estado y
los particulares se ciñan a un considerable nivel de certeza y previsibilidad,
en lugar de dirigirse por impulsos caprichosos, arbitrarios e intempestivos.[63]
102.      En el presente asunto, como se indicó párrafos atrás, la estudiante
presuntamente conocía la prohibición de hacer uso del cupo especial por más de
una oportunidad. No obstante, era razonable contemplar la duda de si la regla aplicaba,
o no, para su caso, teniendo en cuenta la situación en la que se hallaba. En
estas circunstancias, la Universidad no solo no le brindó la asesoría necesaria
en relación con el alcance de la referida prohibición, sino que, a través de la
secretaria académica del proyecto curricular que cursaba, le comunicó que, pese
a su retiro, conservaría el derecho a la admisión especial, siempre que
finalizara correctamente su desvinculación. Esta interpretación difería de
aquella de las autoridades de admisión de la Universidad, quienes luego determinaron
que la estudiante se hallaba inhabilitada para ingresar al centro educativo una
vez más por la vía del cupo especial.
103.      De esta manera, lo indicado por la secretaria académica, en conjunto
con la decisión en sentido contrario, de la oficina de admisiones, desconocieron
la buena fe y la confianza legítima de la accionante, a las cuales se asocia el
debido proceso administrativo, conforme se dejó señalado. Cabe inferir que la información
recibida por la peticionaria creó la expectativa y le generó la confianza de
que podría, dado el contexto que provocó su retiro, concursar una vez más por
el cupo especial. Esto, por lo tanto, constituyó un elemento que tuvo que incidir
significativamente en la decisión de aquella, de solicitar el retiro definitivo.
Pese a dicha información, con posterioridad la aspiración de la peticionaria fue
negada, a partir de una aplicación opuesta de la regla sobre la inhabilidad en
mención.
104.
Adicionalmente,
la Universidad llevó a cabo una interpretación completamente inflexible de la
norma que impide hacer uso del cupo especial por más de una vez. La Corte ha
considerado que las universidades desconocen el debido proceso administrativo a
los estudiantes cuando aplican de forma extremadamente rigurosa sus reglas
internas, sin tomar en cuenta las circunstancias particulares de aquellos ni
motivar por qué proceden de esta manera[64]. En este
caso, la institución estimó que en la medida en que la accionante había
ingresado en una primera oportunidad a través del cupo especial para víctimas
de desplazamiento forzado, no podía hacerlo en una segunda ocasión. No
contempló excepción alguna y, en especial, no tuvo en cuenta las circunstancias
familiares y personales que la habían conducido al retiro en la primera oportunidad
y tampoco explicó a la demandante, en la respuesta a su derecho de petición, por
qué se había abstenido de hacerlo.
105.
Además, la situación
excepcional que llevó a la peticionaria a dejar el primer programa al que
ingresó en su condición especial, evidentemente, escapó a su voluntad, a sus
méritos y sus capacidades académicas. En este sentido, la consideración como
inderrotable (no sujeta a excepciones) de la regla sobre la prohibición del uso
del cupo especial por más de una vez se torna irrazonable. Comportó un
ejercicio desproporcionado de la garantía de la autonomía universitaria y la interposición
de barreras injustificadas para el acceso a la educación superior de la actora.
En estos términos, la Sala observa que el quebranto del derecho a la educación
se produjo, así mismo, a partir del desconocimiento de elementos básicos del
debido proceso administrativo, conforme se ha dejado indicado.
106.
La Corte precisa que el razonamiento adoptado en este fallo,
sobre la acción afirmativa, se circunscribe al cupo especial de las personas víctimas
de desplazamiento forzado y no a otras plazas especiales, sobre las cuales no
emite juicio alguno. Esto, por cuanto, como se mostró párrafos atrás, dicha población
se encuentra en unas especiales circunstancias de vulnerabilidad y, por lo
tanto, la garantía del “punto de llegada” de la acción afirmativa contemplada
por la universidad es vital para asegurar que la igualdad de oportunidades sea
real y efectiva. Es también por estas razones que, a juicio de la Sala, precisamente
cuando se incumplen las reglas que enmarcan la medida del cupo especial, se
desconoce también su derecho a la igualdad material. Consecuencialmente, la
privación del derecho a acceder a la Universidad bajo esta modalidad, comporta
una actuación que menoscaba dicha garantía constitucional.
107.
Por último, la Sala valora positivamente que la Universidad
Distrital incorpore la medida afirmativa a la que se ha hecho referencia en
esta decisión. Su introducción en la admisión de los programas de pregrado se
encamina en la dirección acertada para reducir en alguna medida las hondas
desigualdades en las que se encuentra la población víctima del desplazamiento
forzado en el país. Sin embargo, le hace un llamado para que incremente sus
esfuerzos dirigidos a cumplir rigurosamente las acciones afirmativas previstas
en sus reglamentos, por cuanto desarrollan un papel trascendental para la
eficacia y la expansión del derecho fundamental a la educación e, incluso, para
la propia proyección de su comunidad educativa.
108.
Así mismo, la exhorta para que asesore eficazmente a los
estudiantes en relación con las reglas y procedimientos académicos internos. Esto,
en particular respecto de trámites que puedan conducir a la pérdida de cupo de
los alumnos y, más especialmente, respecto de quienes han ingresado bajo la
modalidad de cupos especiales, se encuentran en circunstancias de
vulnerabilidad o son sujetos de especial protección constitucional. Así mismo, le
recuerda que en la imposición de las consecuencias previstas en sus
reglamentos, ya sean sanciones u otra clase de medidas, debe proceder con
sujeción a los estándares constitucionales sobre debido proceso administrativo,
en los cuales encuentran límites sus potestades derivadas de la autonomía
universitaria.
109.
Así, la Corte concluye que la universidad accionada desconoció
los derechos fundamentales a la igualdad y a la educación de la demandante y
habrá de conceder el amparo solicitado. Según se indicó en los antecedentes, en
este momento la demandante se encuentra cursando una
Licenciatura en Bilingüismo con énfasis en español e inglés, en la Institución
Universitaria Colombo Americana. Esto, gracias al beneficio otorgado por el
Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación
Superior, para la Población Victima del Conflicto Armado.
110.
No obstante, como se indicó en el análisis de procedencia, de
las pruebas allegas al proceso no es posible tener certeza de que la demandante
haya perdido el interés en el objeto de la acción de tutela, que es lograr su
ingreso a la Universidad Distrital y adelantar el proyecto curricular para cuya
admisión fue excluida en el 2019 (supra. párr. 18). En consecuencia, como
en ese ese proceso de admisión había obtenido el puntaje más alto entre las
personas que concursaron por cupo especial de víctimas de desplazamiento
forzado, se ordenará a la Universidad Distrital que, si es del interés de la
peticionaria, la admita en el periodo siguiente a la notificación de esta sentencia,
en el programa al que aspiró en esa oportunidad. En tal caso, la accionante
deberá acercarse a la oficina de admisiones de la Universidad, con la finalidad
de ser informada acerca de la manera en que, de manera puntual y precisa, se
tramitará el cumplimiento de esta orden.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-   REVOCAR la Sentencia dictada por el
Juzgado Veintiséis Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá y, en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales
invocados por  Angie Katherine Tovar Rico.
Segundo.-
DECLARAR
la carencia actual de objeto por hecho superado, en relación con la solicitud
de protección del derecho de petición formulada por Angie Katherine Tovar Rico.
Tercero.- AMPARAR los derechos
fundamentales a la igualdad y a la educación de Angie Katherine Tovar Rico. En
consecuencia, ORDENAR a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
que, si es del interés de la peticionaria, la admita en el periodo
académico siguiente a la notificación de esta Sentencia, en el proyecto
curricular al que aspiró en el año 2019. En tal caso, la accionante deberá
acercarse a la oficina de admisiones de la Universidad, con la finalidad de ser
informada acerca de la manera en que, de manera puntual y precisa, se tramitará
el cumplimiento de la presente orden.
Cuarto.- Por
Secretaría General de la Corte, LÍBRAR las comunicaciones de que trata
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados.
Quinto.- Por
Secretaría General de la Corte, DEVOLVER al Juzgado Veintiséis Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá el expediente
digitalizado, para los efectos legales pertinentes. Una vez se retomen las
actividades presenciales en las instalaciones de la Corte bajo condiciones de
normalidad, por Secretaría General de la Corporación, REMITIR el
expediente físico al Juzgado de origen.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS
JAVIER MORENO ORTIZ
Magistrado (e)
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
Anexo
1
Información
relevante, aportada por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en
respuesta al Auto de pruebas emitido en revisión
A. Comunicación enviada a la Corte por
la Vicerrectoría Académica
Bogotá D.C. 24 de julio de 2020
EE 1100-2020
Doctora
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General Corte Constitucional
Mail secretaria1@corteconstitucional.gov.co
lilianaal@corteconstitucional.gov.com
Ciudad
Asunto:
Respuesta Oficio OPT-A-1135/2020
Expediente
T-7719279
Respetada Doctora
En respuesta a la solicitud de la
referencia, atentamente me permito dar respuesta en los siguientes
términos:

En el Anexo 1, se allega copia del histórico académico remitido por la
Coordinación del Proyecto Curricular de Tecnología en Electrónica por Ciclos
Propedéuticos.

En el Anexo 2, se remite las respuestas a las solicitudes de la
señorita ANGIE KATERINE TOVAR RICO, elevadas en su momento al Consejo de
Facultad de la Facultad Tecnológica.

En el Anexo 3, se remite copia del oficio 2018 FTSA-0371-2018 por
medio del cual se le atendió el retiro voluntario del programa académico
de Tecnología en Electrónica por Ciclos Propedéuticos a la señorita ANGIE
KATERINE TOVAR.

En el Anexo 4, se remite copia del oficio FTSA-0201-2019, por medio del
cual se le atendió el retiro definitivo del programa académico de
Tecnología en Electrónica por Ciclos Propedéuticos a la señorita ANGIE KATERINE
TOVAR.

En el Anexo 5, se remite los datos básicos registrados de la
estudiante en mención, en el Sistema de Gestión Académica.

En el Anexo 6, se remite los documentos digitales relacionados
con los procesos de admisión que ha adelantado ante la universidad ANGIE
KATERINE TOVAR RICO, inscripciones (inscripciones especiales) realizadas en su
momento en los programas académicos de Tecnología en Electrónica por Ciclos
Propedéuticos y Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Ingles.

En el Anexo 7, se remite copia del Acuerdo 033 de 2014 del Consejo
Académico, por medio del cual se asignan los cupos especiales en la Universidad
en un programa de pregrado, el cual es de conocimiento público y se hace
necesario conocer para poder realizar una inscripción.

Frente al numeral 4.1.1. “Si los aspirantes a
este cupo especial deben competir y obtener unos resultados mínimos en
comparación con los aspirantes regulares de la generalidad de los interesados
en ingresar a la universidad (o al programa escogido por el aspirante) o si se
trata de una plaza reservada para quienes se encuentran en la condición
especial y estos solo compiten por ella entre sí”.
Se precisa al respecto que los
aspirantes de inscripciones especiales deben acreditar el puntaje mínimo
exigido a los aspirantes regulares para poder realizar una inscripción en un
programa de pregrado, así mismo, los aspirantes de inscripciones especiales
compiten por los cupos entre ellos; es decir, los cupos son asignados a los
mejores puntajes dentro de cada condición.

Numeral 4.1.2. “Si, de no presentarse candidatos a esta modalidad de
admisión, el cupo especial se distribuye entre la generalidad de los
aspirantes, entre quienes aplican para otros cupos especiales distintos o la
universidad no redistribuye esta plaza”. Se precisa que los cupos
especiales asignados mediante el Acuerdo 033, serán adicionales a los que se
tienen previstos asignar a los aspirantes regulares. Los
beneficiarios de los cupos especiales deben cumplir como se
indicó anteriormente con todos los requisitos que exige la Universidad
para ingresar como estudiantes regulares teniendo como referente el
procedimiento de inscripción fijado en el Instructivo Oficial de Admisiones,
para el proceso de selección y admisión de aspirantes  que publica la
Universidad y a cumplir con el puntaje ICFES  mínimo exigido para el
programa Académico de su escogencia y demás pruebas establecidas.

Numeral 4.1.3. “Si los aspirantes a este cupo especial, para ser
admitidos, deben cumplir con un puntaje mínimo de ingreso en el proceso que
adelanta la universidad o en los resultados de otra prueba o examen
previo”.  Se precisa que se  debe  cumplir  con todos
los requisitos que exige la Universidad para ingresar como estudiantes
regulares teniendo como referente el procedimiento de inscripción fijado en el
Instructivo Oficial de Admisiones y a cumplir con el puntaje ICFES  mínimo
exigido para el programa Académico de su escogencia y demás pruebas establecidas.
Así mismo, la admisión de
estudiantes está condicionada a los resultados del examen de estado,
del examen de admisión, demás pruebas establecidas y a la disponibilidad
de cupos que para cada periodo y programa  académico  haya
determinado el Consejo Académico,  los aspirantes inscritos  en un
mismo programa académico y que tengan los puntajes más altos tendrán derecho a
la matrícula de acuerdo con el número de cupos disponibles.

Numeral  4.1.4. “Si los aspirantes a este cupo especial tienen la
posibilidad de elegir con total libertad el programa académico de su
preferencia o si esta elección está condicionada al puntaje obtenido en el
proceso de admisión, a los resultados de otra prueba o examen previo o a otro
criterio o circunstancia. Los aspirantes con inscripciones
especiales a los distintos programas académicos que oferta la Institución
eligen con total libertad el programa académico de su preferencia, siempre y
cuando cumplan con el puntaje mínimo de inscripción, la Institución no
interfiere en esta decisión.

Numeral  4.1.5. “Si, una vez admitidos, los estudiantes de este cupo
especial pueden solicitar cambio de programa curricular y, de ser el caso,
cuáles requisitos deben cumplir para obtenerlo”. Se precisa
que,  un estudiante admitido por inscripción especial una vez oficializa
su matrícula puede acceder en igualdad condiciones junto con los demás
estudiantes  a los beneficios institucionales, así como a la posibilidad
de realizar un cambio de programa y/o transferencia interna de un programa
académico a otro, procedimiento establecido mediante el Acuerdo 04 de octubre
16 de 2018 del Consejo Académico, por medio del cual se unifican los criterios
y procedimientos de las transferencias internas y externas en los programas de
pregrado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ver  Anexo
8.

Numeral 4.1.6. “Si, cuando un aspirante aplica por un cupo especial
específico como el destinado a personas desplazadas por la violencia, la
Universidad analiza oficiosamente la concurrencia de otras situaciones
particulares en el candidato, que le permitan competir por otros cupos también
especiales (minorías étnicas, indígenas, mejores bachilleres, beneficiarios de
la Ley 1084 de 2006), a partir de los documentos que allega al proceso de admisión”.
Los aspirantes con inscripciones especiales a los distintos programas
académicos que oferta la Institución,  eligen con total libertad la
modalidad de inscripción, siempre y cuando acrediten los documentos soportes de
cada condición.
Se debe tener en cuenta  que
hay aspirantes que pueden acreditar varias condiciones de inscripciones
especiales,  pero son los mismos, que deciden porque tipo de modalidad
realizará la inscripción a su programa de preferencia  y como tal será
contemplada junto con los demás aspirantes.

Numeral 4.1.7. “Si, en la interpretación de la regla de que los
estudiantes admitidos bajo la modalidad especial solo podrán hacer uso del
beneficio por una sola vez en un programa de pregrado, se toman en
consideración circunstancias particulares del estudiante, por las cuales no
haya podido hacer uso adecuado del cupo especial en una primera oportunidad
(por ejemplo, razones de fuerza mayor o caso fortuito, situaciones personales,
familiares, económicas o académicas imposibles de resistir), las cuales puedan
conducir a hacer excepciones a la mencionada regla de inhabilidad. O si, por el
contrario, la interpretación de esta regla en el proceso de admisión es
objetiva y nunca tiene en cuenta circunstancias como las indicadas”. Frente
a este numeral se debe tener en cuenta que,  la Institución en su momento
determino el disfrute de este beneficio a los aspirantes admitidos con
inscripciones especiales por una sola vez en su vida universitaria, teniendo
como referente lo estipulado en la sentencia  “…T-441 de 1997.
En este  fallo se estableció que, si bien la Constitución le reconoce a
las universidades públicas autonomía, ello no implica que estén autorizadas
constitucionalmente para disponer cualquier mecanismo de distribución de las
plazas de estudio, pues la distribución de los mismos "deberá realizarse
siguiendo criterios válidos desde la perspectiva de los principios y derechos
fundamentales consagrados en la Constitución." Ello, puesto que "[e]n
las condiciones actuales del país, los cupos en las universidades públicas
constituyen bienes escasos, es decir, pertenecen a la categoría de
recursos respecto de los cuales es superior la demanda por el bien que las
existencias de éste. (subrayado fuera de texto)
En
la sentencia, la Corte expresó que cuando se trata de la repartición de
bienes escasos no se puede partir de la base de que todos los interesados en
ellos tienen derecho a recibirlos, razón por la cual la aplicación del
principio de igualdad adquiere una modalidad específica en estas situaciones,
"consistente en que todas las personas interesadas en la adjudicación
del bien tienen derecho a estar en igualdad de condiciones para acceder al
proceso de selección de los beneficiarios y a que su distribución se realice
acatando los procedimientos establecidos." (el subrayado es nuestro) Ello significa que para la
distribución de esos bienes se requiere establecer criterios objetivos, los
cuales "han de ser determinados de acuerdo con las características propias
de los bienes o medios por repartir y de las necesidades o aspiraciones que
éstos satisfacen”.
Así mismo, se debe dejar en claro que un
estudiante que fue admitido por una inscripción especial y este pierda su
condición de estudiante indistintamente el motivo (bajo rendimiento, retiro),
éste podrá volver a postularse a un programa de pregrado en la
Universidad,  bajo los criterios de una inscripción regular y surtir un
nuevo proceso de admisión y selección; es decir, que,  una persona
puede ser admitida  hasta dos veces en un mismo programa  o en otro
de pregrado en la Institución.

Numeral 4.2. “Las condiciones y reglas relativas al proceso de admisión
en el cupo especial para Mejores Bachilleres de los Colegios Públicos del
Distrito Capital. En especial, la Oficina Asesora Jurídica y al Comité de
Admisiones de la Vicerrectoría Académica de la universidad deberán
explicar”.  La Universidad con el fin de atender a esta población,
creo un programa  de asignación de cupos especiales para los mejores
bachilleres de los colegios públicos del Distrito, admisión reglamentada mediante
el Acuerdo 033 de 2014 del Consejo Académico, del cual me permito
transcribir  lo pertinente  “…..OTORGAR en cada proceso de
admisiones un  (1) cupo especial para los Mejores Bachilleres de los
Colegios  Públicos  del Distrito Capital, por el periodo del año
siguiente a su fecha  de graduación, aspiración certificada  por la
Secretaria  de Educación  a través  de las Direcciones
Locales  de Educación o el que haga sus veces; por cada cuarenta
(40) nuevos  cupos o  fracción  que se asignen  en los
Programas de Pregrado  de la universidad”.
         Numeral
4.2.1. “Qué se entiende por “Mejores Bachilleres de los Colegios Públicos
del Distrito Capital” para los efectos de la aplicación del cupo especial bajo
esta modalidad? . Son los bachilleres de Colegios Distritales que son
destacados académicamente y que merecen un reconocimiento por sus particulares
condiciones académicas, certificación que es otorgada actualmente  por el
Rector del colegio de donde es egresado el aspirante, en conjunto con la
Secretaria  de Educación  a través  de las Direcciones
Locales  de Educación
         Numeral 4.2.2.
“Cuáles son las condiciones específicas para obtener la admisión a la
universidad por la vía anterior?”  En cada proceso de
admisiones se asigna  un  (1) cupo especial para los Mejores
Bachilleres de los Colegios  Públicos  del Distrito Capital, por el
periodo del año siguiente a su fecha  de graduación, aspiración
certificada  como se indicó anteriormente  por la Secretaria  de
Educación  a través  de las Direcciones  Locales  de
Educación o el que haga sus veces; por cada cuarenta  (40) nuevos
cupos o  fracción  que se asignen  en los Programas de
Pregrado  de la universidad.
Es decir,
en cada proceso de admisiones y por programa académico en donde se postulen
aspirantes  bajo esta modalidad “Mejores Bachilleres de los Colegios
Públicos  del Distrito Capital”,  la Universidad asignará  al
mejor puntaje dentro de esta condición,  un cupo adicional junto con los
demás aspirantes admitidos regularmente, según lo establecido en el mencionado
Acuerdo 033.

Numeral 4.2.3. “Por qué los aspirantes que compiten por esta plaza
especial solo pueden hacerlo por el periodo del año siguiente a su fecha de
graduación y cuánto tiempo cubre “un periodo académico” para los efectos de
esta regla?”. Dentro de las condiciones que fijo la Universidad  en
su  momento,  para el disfrute o la condición del periodo del año
inmediatamente a su graduación,  se debido a que existe un número
mayúsculo de Colegios Públicos en el Distrito, y que anualmente se cuenta
con  este mismo número de mejores bachilleres de cada Institución.
Es  decir que,  si se dejaba abierta la posibilidad de presentarse en
cualquier momento después de su graduación, podría darse una gran cantidad de
aspirantes  en un proceso de admisiones bajo esta condición especial,
siendo los cupos bienes escasos.
Frente a
“..Cuánto tiempo cubre “un periodo académico” para los efectos de esta
regla”  un aspirante que acredite la condición de Mejor Bachiller de
Colegios Públicos del Distrito, puede hacer uso de este beneficio  o
postularse por un cupo especial en la Institución posterior a la fecha de
graduación, hasta en tres procesos de admisiones .
·
Numeral 4.3. “Por último, deberán
indicarle a la Corte cuáles son las diferencias de toda índole entre los
proyectos curriculares de tecnologías por ciclos propedéuticos y los programas
profesionales que ofrece la Universidad y si estas diferencias tienen alguna
relevancia en la aplicación de la regla de inhabilidad, según la cual, los
estudiantes admitidos bajo la modalidad especial podrán hacer uso del beneficio
por una sola vez en un programa de pregrado”.
En el Anexo
9, se remite el Oficio de la Oficina de Acreditación Institucional, por
medio del cual se explica diferencias de toda índole entre los proyectos
curriculares de tecnologías por ciclos propedéuticos y los programas
profesionales que ofrece la Universidad
Vale la
pena comentar que las diferencias de estas modalidades de oferta de los
programas académicos por ciclos propedéuticos,  no tienen  relevancia
para la admisión de un aspirante; es decir, si un aspirante es admitido en un
programa de tecnología una vez se gradúa del mismo, él   puede
profesionalizar  su tecnología en la Institución, también lo pueden hacer
aspirantes egresados de tecnologías de otras Universidades,  previo proceso
de selección entre los demás postulantes, como a continuación se detalla en el
Acuerdo 01 de 2019  de la Facultad Tecnológica, ver Anexo  10.
La selección de los aspirantes a los programas de ingeniería de la
Facultad Tecnológica, se hará de mayor a menor puntaje con base en la sumatoria
de los siguientes puntajes:
• Por
examen de Estado Saber Pro (TyT): concede 200 puntos como máximo
• Por promedio
académico acumulado en el programa de nivel tecnológico: concede 200 puntos
como máximo.
• Por reconocimientos
académicos acreditados: concede 150 puntos como máximo.
• Por la
afinidad del plan de estudios culminado con la carrera a la que aspira: concede
300 puntos como máximo, y
• Por
experiencia laboral: concede 150 puntos como máximo (se tiene en cuenta solo la
experiencia laboral certificada, posterior a la obtención del título de
tecnólogo).
El máximo
puntaje posible será de 1.000 puntos.
Se
precisa que los estudiantes admitidos bajo la modalidad especial solo podrán
hacer uso del beneficio por una sola vez en un programa de pregrado,
(Tecnología o en Profesionalización de un programa tecnológico).
ARTICULO
QUINTO.- “ORDENAR a la Oficina de Bienestar Institucional y a la
Decanatura de la Facultad de Tecnología de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas que, en el término máximo de 3 días luego de la recepción de la
copia (electrónica o física) de este auto, informen a esta Corporación si
conocieron la situación particular y realizaron acompañamiento a la estudiante
ANGIE KATERINE TOVAR RICO, identificada con cédula de ciudadanía 1010061872,
quien cursó el programa de Tecnología en Electrónica en los dos periodos
académicos de 2018, había sido admitida en el cupo especial para población
víctima de desplazamiento forzado y pidió su retiro el primer semestre de 2019.
En este sentido, deberán indicar si se propició un diálogo con la alumna en
torno a su contexto personal, académico y/o vocacional, si conocieron las
razones que pudieron haberla conducido a solicitar el retiro del programa y si
se tenía certeza de que la estudiante sabía que la Universidad solo otorgaba
por una vez la oportunidad del cupo especial. Así mismo, deberán informar si
alguna dependencia de la facultad o de la universidad cuenta con programas
destinados a propiciar las condiciones para la inclusión y buen desempeño de
los admitidos en los cupos especiales que brinda la universidad, de conformidad
con el artículo 7º del Acuerdo 033 del Consejo Académico8. De igual forma, a
partir de su experiencia, se les solicita indicar cuáles son las causas más
frecuentes por las cuales estudiantes que ingresan al cupo especial para
población víctima de desplazamiento forzado, con posterioridad, solicitan su
retiro. Por  estos cupos, no habiendo la posibilidad de ser admitidos todos
estos aspirantes”.
En el Anexo 11, Oficio DBI
– 0340-20 de fecha 27 de julio, de la Oficina de Bienestar Universitario, se da
respuesta al requerimiento del asunto del Artículo quinto, mediante el cual su
despecho decide “ORDENAR a la Oficina de Bienestar Institucional (…) .
De ser necesaria cualquier
aclaración estaremos prestos a suministrarla.
Lo anterior
para los fines pertinentes.
Cordialmente
WILLIAM
FERNANDO CASTRILLON CARDONA
Vicerrector
Académico
B. Comunicación enviada a la Corte por
el Centro de Bienestar Institucional
Bogotá, D.
C., 27 de julio de 2020
Doctora
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
ponente Sala Segunda de Revisión H. CORTE CONSTITUCIONAL
Ciudad
Asunto:
Respuesta Oficio OPT-A-1139/2020  Ref.: Expediente T-7.719.279
Respetada
Dra. Diana Fajardo,
De manera
atenta y con el fin de dar respuesta al requerimiento del asunto, mediante el
cual su despecho decide “ORDENAR a la Oficina de Bienestar Institucional (…) de
la Facultad de Tecnología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
que, en el término máximo de 3 días luego de la recepción de la copia
(electrónica o física) de este auto, informen a esta Corporación si conocieron
la situación particular y realizaron acompañamiento a la estudiante ANGIE
KATERINE TOVAR RICO, identificada con cédula de ciudadanía 1010061872, quien
cursó el programa de Tecnología en Electrónica en los dos periodos académicos
de 2018, había sido admitida en el cupo especial para población víctima de
desplazamiento forzado y pidió su retiro el primer semestre de 2019, me permito
informar lo siguiente:
El Centro de
Bienestar Institucional tiene como misión fomentar el desarrollo integral y
mejoramiento permanente de la calidad de vida de la comunidad universitaria, a
través de la promoción de espacios de reflexión y esparcimiento, en ese
sentido, desde el grupo funcional de Permanencia y Deserción, el cual hace
parte de esta dependencia, se realiza un acompañamiento dirigido los
estudiantes de primer semestre y a grupos especiales, con el fin de brindar
información pertinente sobre el funcionamiento de la universidad y los
servicios de Bienestar Institucional (medicina, odontología, psicología,
deportes…). De igual forma, a estos estudiantes se les aclaran dudas e
inquietudes con respecto a procesos académicos como aplazamientos,
cancelaciones, retiros, proceso de reliquidación, proceso de inscripción a
apoyo alimentario etc., y se despejan dudas relacionadas con la normatividad de
la Universidad especialmente con el Estatuto estudiantil y el acuerdo 004 de
2011. En ese orden de ideas, es pertinente señalar que para el semestre 2018 –
I se realizó el taller informativo dirigido a todos los estudiantes de primer
semestre el día 28 de febrero 2018.
Así mismo,
el grupo de Permanencia y Deserción realiza un contacto y seguimiento
personalizado con estudiantes de diferentes facultades y proyectos que se
encuentran en riesgo académico (bajo rendimiento) en donde se indaga por la
situación puntual de cada uno y se apoya para que superen dicho estado a través
de tutorías. En el caso de la estudiante ANGIE TOVAR RICO se señala que para el
año 2018, consultado el sistema de registro académico se evidencia la ausencia
de registro de promedio académico por cuanto durante el tiempo que estuvo
matriculada en la Universidad no se registra que haya cursado asignatura
alguna. Por este motivo a la estudiante no se le realizó un seguimiento desde
el equipo de permanencia ya que al igual que no se registraban asignaturas o
notas tampoco se registraba bajo rendimiento académico siendo este ultimo la
condición para activar el seguimiento efectuado por Permanencia.
Respecto a
indicar si “se propició un diálogo con la alumna en torno a su contexto
personal, académico y/o vocacional, si conocieron las razones que pudieron
haberla conducido a solicitar el retiro del programa y si se tenía certeza de
que la estudiante sabía que la Universidad solo otorgaba por una vez la
oportunidad del cupo especial” me permito informar que:
1. Revisadas
las bases de atenciones realizadas desde el Centro de Bienestar Institucional
la estudiante fue atendida en el servicio de psicología por el Profesional
Aldemar Ortega en mayo de 2018, en el marco de una solicitud de aplazamiento de
semestre. 2. Posteriormente, el día 26 de febrero de 2019 la estudiante fue
atendida por la profesional en psicología Martha Stella Guerrero con el fin de
tratar el tema del retiro definitivo, en dicha sesión se escuchó a la
estudiante quién expuso como motivos del retiro: calamidad doméstica y
problemas económicos (se adjunta copia de la carta dirigida al proyecto
curricular elaborada por la estudiante y la carta elaborada por la profesional
que la atendió en consulta) 3. La estudiante, en los dos semestres que estuvo
matriculada no solicitó el beneficio de apoyo alimentario (entrega de almuerzo
diario sin costo a los beneficiarios) ofrecido por la Universidad a los
estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.
Sobre si “se
tenía certeza de que la estudiante sabía que la Universidad solo otorgaba por
una vez la oportunidad del cupo especial” es pertinente señalar que el Acuerdo
033 de 2014 por el cual se modifica el Acuerdo 018 de 2011 que crea los cupos
especiales en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en su Artículo
9 es claro en indicar que los estudiantes admitidos bajo la modalidad especial
definida en el presente acuerdo solo podrán hacer uso del presente Acuerdo por
una sola vez en un programa de pregrado. Así las cosas, teniendo en cuenta que
en primer semestre se realiza una inducción y que los estudiantes tienen el
deber de conocer las normas aplicables a su ingreso, permanencia y/o retiro de
la Universidad, la estudiante debió conocer la restricción contenida en el
Acuerdo 033 al momento de solicitar el retiro, no obstante, para esta dependencia
no es posible hablar de certeza en el conocimiento de la norma por parte de la
estudiante en los términos exigidos por su despacho, pese a que la
responsabilidad de conocer dicha restricción recae en la estudiante y el
desconocimiento de esta no exime su aplicación.
Respecto a
informar “si alguna dependencia de la facultad o de la universidad cuenta con
programas destinados a propiciar las condiciones para la inclusión y buen
desempeño de los admitidos en los cupos especiales que brinda la universidad,
de conformidad con el artículo 7º del Acuerdo 033 del Consejo Académico, se
señala que Bienestar Institucional es la dependencia encargada de realizar el
seguimiento a través del grupo de Permanencia y Deserción. Cuando los
estudiantes entran a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, durante
la inducción y a lo largo de su primer semestre, a través del programa de
permanencia se desarrollaron las acciones de acompañamiento estudiantil, que
consisten en:
a. Ciclo de
talleres de Adaptación a la vida universitaria el cual contempla los siguientes
temas: (i) Taller de Normatividad, (ii) Presentación de Bienestar Institucional
y los servicios que ofrece. (iii) Presentación y explicación del reglamento
sobre Bajo Rendimiento Académico. (iv) Movilidad e Incentivos.
b.
Herramientas psicopedagógicas para el manejo del tiempo libre, la vida
universitaria y creación de hábitos saludables:
1.
Orientación vocacional que tiene como objetivo Brindar herramientas a los
estudiantes, que les permitan identificar las razones por las cuales están
estudiando su carrera actual y los cambios que se experimentan al ingresar a la
universidad: (i) Académico, (ii) Relaciones Sociales. (iii) Manejo de la
libertad. 2. Manejo de estrés cuyo objetivo es Socializar estrategias de
identificación de signos de alarma, manejo y prevención de estrés, con miras a
mantener hábitos de vida saludable en la población estudiantil y su relación
con la permanencia en la universidad. (i) Síntomas de alarma, (ii) Estrategias
de afrontamiento, (iii) Prevención. 3. Hábitos de estudio que tienen por
objetivo socializar estrategias de hábitos de estudio, con miras a generar
calidad en procesos de aprendizaje de los estudiantes y su relación con la
permanencia estudiantil. 4. Autoestima, encaminado a brindar herramientas a los
estudiantes, que les permitan identificar factores de riesgo en cuanto a su
autoestima y establecimientos de relaciones personales. 5. Temor a hablar en
público que busca incentivar el desarrollo en los estudiantes habilidades
comunicacionales en contextos grupales de utilidad tanto en el ámbito
académico, como en su proyección profesional y en sus relaciones
interpersonales. 6. Orientación frente al uso de sustancias psicoactivas y
manejo de sexualidad
Las
anteriores actividades se realizan con los estudiantes que ingresan a primeros
semestres y durante su carrera cuentan con los servicios aquí descritos y a los
servicios de medicina y de psicología a los cuales pueden acceder
directamente.
Finalmente,
sobre “indicar cuáles son las causas más frecuentes por las cuales estudiantes
que ingresan al cupo especial para población víctima de desplazamiento forzado,
con posterioridad, solicitan su retiro” los motivos expuestos por los
estudiantes que solicitan el retiro son básicamente dificultades económicas
porque no cuentan con una fuente de ingresos estables o por bajo rendimiento
académico.
Sin ningún
otro particular quedamos atentos a dar respuesta a cualquier otra inquietud.
Atentamente,
TITO
ERNESTO GUTIERREZ DAZA
Director
Bienestar Institucional
Anexo
2
Respuesta
enviada a la Corte por la accionante, en respuesta al auto de pruebas emitido
en revisión
Bogotá 17 de Agosto del 2020
Señores:
Honorable Corte Constitucional
Magistrada:
Diana Fajardo Rivera
Yo Angie Katerine Tovar Rico, identificada con numero de
cedula 1010061872 de Bogotá, me permito rendir informe a su solicitud realizada
el día 12 de Agosto de 2020.
HECHOS
1.
El 15 de noviembre del año
2017, compre el PIN por el valor $73.750,  a la UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS.
2.
Me postule por primera vez
a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas el semestre 2018 - 1, en el
proyecto curricular 573 - Tecnología en electrónica (ciclos propedéuticos) bajo
la modalidad especial de desplazamiento forzado.
3.
Fui aceptada a este
proyecto curricular, luego de esto me dirijo al área de admisiones y registro
de la Universidad Francisco José de Caldas, llevando los documentos necesarios
para completar la inscripción, el 12 de diciembre del 2017. Dentro de los
documentos entregados a la Universidad, se presentó la declaración juramentada
en la cual se manifestó mi dependencia económica de un familiar (madre).
4.
El día 14 de enero del año
2018, mi representante económico (mamá) Blanca Inés Rico Duarte identificada
con cédula de ciudadanía 30385055 expedida en la Dorada Caldas, sufre un
accidente cerebro vascular causándole una discapacidad física permanente.
5.
El día 10 de mayo del año
2018 me acerque a la oficina de bienestar institucional para solicitar el
aplazamiento del semestre 2018 – 1, manifestando el motivo de mi decisión, el
cual constaba de una calamidad familiar, ese día fui atendida por el psicólogo
Aldemar Ortega Paternina.
6.
Yo continuo en la
universidad, pero debido a que mi madre se encontraba en esas condiciones, tuve
que asumir la responsabilidad de ella, y debido a esto se me incremento la
carga tanto en el hogar como académicamente, cabe señalar que en el tiempo que
pertenecí a la universidad, me destaque por un buen rendimiento y desempeño
tanto académicamente como disciplinariamente.
7.
El 26 de febrero del año
2019 me dirijo a la oficina de bienestar institucional de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, siendo recibida y atendida por la
psicóloga  Martha Stella Guerrero Pinzón, identificada con tarjeta profesional
41591463; con el fin de realizar el retiro definitivo al proyecto curricular
573 - Tecnología en electrónica (ciclos propedéuticos), manifestando que el
motivo de mi retiro se debía a razones económicas y a la salud de mi madre.
Además, dejando salvedad de una pronta postulación a un nuevo proyecto
curricular de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Nota: Me acerque a esta oficina, buscando un poco de ayuda
profesional por parte de la psicóloga, ya que mi condición física y mental no
me permitía continuar con mis estudios, espera que de parte ella la universidad
me brindara oportunidades para poder continuar con mis estudios, ya que este no
era mi principal objetivo. Al ver esta actitud por parte de esta funcionaria,
decido tomar posteriormente el retiro. Cabe precisar que ella nunca me dio una
charla o un motivo para poder continuar con mi formación, solo me firmo la
hoja, para poder continuar con mi proceso.
Además me gustaría
dar a saber a su despacho, que no soy la única persona que me encontraba en
esta situación, muchos estudiantes poseían problemas familiares y económicos
para poder continuar su proceso de formación y a igual que yo recurrían a este
órgano universitario para buscar una solución, pero este nunca se mostró atento
hacia los requerimientos de los estudiantes, hubo una omisión de funciones por
parte de estos.
Por ende se puede
notar que esta universidad cuenta con altos niveles de deserción estudiantil.
8.
El 26 de febrero del año
2019 me dirigí a la oficina del proyecto curricular tecnología en electrónica
con el fin de entregar los documentos para completar el proceso de retiro
definitivo, por el cual la secretaria del proyecto este curricular, Gloria
Rodríguez me manifestó que al cumplir con los requerimientos para el retiro
definitivo no tendría problema para mi futura postulación con la modalidad
especial de desplazamiento forzado.
9.
El 27 de mayo del año 2019,
compre el PIN por el valor de $82800,
10.
El 28 de mayo del año 2019,
me postulé por segunda vez a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
a la facultad de Ciencias y Educación para el proyecto curricular 265 –
Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en inglés, bajo la modalidad
especial de desplazamiento forzado, cabe destacar que en el comprobante de
inscripción manifiesta mi postulación a la universidad por segunda vez.
Decidí, cambiar de
proyecto curricular, ya que cuando me encontraba ayudándole a mi madre, en los
procesos de alimentación de aseo y demás, debido a la condición que ella
presenta, descubrí que mi verdadera vocación es enseñar, tanto a los niños,
como a los jóvenes adultos y ancianos, por ende decidí elegir esta gran
profesión.
11.
El 12 de julio de 2019, fue
emitido el listado de aspirantes pre - seleccionados del proyecto curricular
265 – Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en inglés, dentro de los
cuales me encontraba favorecida, siendo citada al proceso de entrevista el 17
de junio de 2019. Teniendo en cuenta que este es de carácter obligatorio para
la Universidad Francisco José de Caldas.
12.
Luego de presentar la
entrevista, fue emitido el listado de admitidos al proyecto curricular 265 –
Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en inglés, donde aparece mi
nombre con el estado “inhabilitado”, cabe destacar que mi puntaje total fue de
264, superando a todos los aspirantes inscritos mediante la modalidad cupo
especial, mencionando a lo anterior fui el mejor bachiller de la promoción 2017
de la Institución Educativa Distrital Inem Santiago Pérez.
13.
El día 08 de agosto del año
2019, a las 10:35am radiqué un derecho de petición a la decanatura de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, facultad tecnológica.
Solicitando la siguiente petición: “Solicito por parte de la Universidad se me
dé explicación de fondo de por qué me fue negado mi derecho a ingresar a la
universidad y como consecuencia de lo anterior ser admitida para el semestre
2020 – 1, por haber obtenido el mejor puntaje total en la lista de aspirantes
inscritos con cupos especiales”.
14.
El día 22 de agosto del año
2019, se dio traslado al derecho de petición a la facultad de ciencias y
educación, recibiendo una respuesta parcial.
15.
El 11 de septiembre del año
2019, radiqué una acción de tutela en contra de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, en la cual manifesté las siguientes peticiones:
1. Se de respuesta de fondo a mi petición.
2. Que se reconozca que me encuentro en condición especial prioritaria, por ser
víctima de conflicto armado.
3. Que por ser víctima de conflicto armado tengo derecho a un cupo especial, el
cual siempre se ha reconocido por la Universidad.
4. Que teniendo en cuenta que obtuve el mejor puntaje en la admisión para el
cupo especial, tengo derecho a ser admitida en la Universidad.
5. Ser admitida para el semestre 2020 – 1, en la facultad de Ciencias y
Educación en el proyecto curricular de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con
Énfasis en inglés, por haber obtenido el mejor puntaje total en la lista de
aspirantes inscritos con cupos especiales.
16.
El 26 de septiembre de 2019
recibí la respuesta del derecho de petición
(…)
17.
El 25 de septiembre del
2019, se me notificó el fallo de la tutela, el cual resuelve:
PRIMERO: NO TUTELAR los derechos invocados por la ciudadana ANGIE
KATERINE TOVAR RICO, conforme se determinó en la parte motiva de la presente
decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a la parte accionada y
accionante, de acuerdo con lo expresado en las consideraciones y de conformidad
con el articulo 16 y 30 del decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Contra la presente sentencia es procedente la impugnación de
que trata el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: En firme esta decisión, REMITIR las diligencias para su eventual
revisión a la Honorable Corte Constitucional y, en caso de ser excluida de
revisión, procédase de forma inmediata con su archivo una vez devuelta al
despacho de origen.
PROCESO
ACADEMICO ACTUAL
SÉXTO.- REQUERIR a ANGIE KATERINE TOVAR RICO, identificada con cédula de ciudadanía
1010061872, para que para que, en el término máximo de 3 días luego de la
recepción de la copia (electrónica o física) de este auto, brinde información a
esta Corporación, sobre lo siguiente:
6.1. Su situación académica actual:
6.1.1. Actuaciones de la demandada luego
de informarle a la peticionaria la razón por la cual la declaró inhabilitada en
el proceso de admisión para el periodo 2019-II.
Luego de habérseme negado la entrada a
la Universidad, Francisco José de Caldas, y de no habérseme tutelado  mi
derecho a la Educación, y de todo lo expuesto anteriormente, decido abandonar
mi proceso de formación con esta Universidad.
6.1.2. Vinculación actual de la
accionante a algún programa curricular en el mismo centro educativo o en otra
institución de educación superior y, en tal caso, condiciones en que fue
admitida.
Debido a los acontecimientos ocurridos con la UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS,  me postule al FONDO DE REPARACION
PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACION EN EDUCACION SUPERIOR PARA LA
POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO,   debido a que mi mayor anhelo era
acceder a  una Institución de  educación superior de alta calidad, por
consiguiente  fui beneficiada por este fondo, para estudiar LICENCIATURA EN
BILINGUISMO CON ENFASIS EN ESPAÑOL E INGLES,  semestre 2020-I en la INSTITUCION
UNIVERSITARIA COLOMBO AMERICANA, cabe resaltar que para acceder a el fondo
mencionado anteriormente, el postulado es sometido a criterios de validación,
selección, calificación y adjudicación, siendo beneficiados los puntajes más altos
en este proceso de aprobación., por tal motivo debo regirme al reglamento
operativo  el cual es anexado  posteriormente.
6.2. Contexto de elección de los
programas curriculares en cuyo proceso de admisión ha participado:
6.2.1. Condiciones de libertad o
restricción (de carácter institucional, personal, familiar, económico, etc.),
en la elección inicial del programa de Tecnología en electrónica por ciclos
propedéuticos.
Debido a la condición que presento mi
madre, tuve que abandonar este, en primera instancia, ya que no contaba con los
recursos económicos para suplir mis necesidades tanto personales como
académicas, además la universidad no me brindo un apoyo emocional, ni
oportunidades para poder continuar con mi proceso.
A nivel Familiar, mi hermano Jesús
Steven Tovar Rico, para aquel entonces era menor de edad y estudiante de
bachillerato del Colegio Inem Santiago Pérez, lo que impedía asumir la
responsabilidad de mi madre, mi hermano Juan David Tovar  para ese tiempo se
encontraba de tiempo completo terminando su proceso académico en el SENA y al
ver que mi madre no podía suplir las necesidades económicas tuvo que empezar a
trabajar de manera informal,  por lo cual yo era la más pertinente para el
cuidado de mi madre. Además el médico tratante me solicito acompañamiento de
tiempo permanente con mi madre, debido a sus enfermedades de base, ya que
complicaban más la situación de mi madre.
6.2.2. Razones por las cuales, entre la
Tecnología en electrónica por ciclos propedéuticos y la carrera de Ingeniería
electrónica, ambas ofertadas por la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, optó en su momento por el primer proyecto curricular.
Debido a mi situación económica, no
poseía dinero para  transporte a la facultad de ingeniería, así que  por la
cercanía de mi domicilio a la Facultad tecnológica, me era más fácil
desplazarme a este  lugar (Caminando), además realizando la tecnología en
electrónica, podría  adquirir  un empleo  y de esta manera pasar a estudiar la
Ingeniería en electrónica.
6.2.3. Razones por las cuales, en la
segunda oportunidad en la que se presentó a la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, decidió aplicar a la carrera de Licenciatura en lenguas
extranjeras con énfasis en inglés.
Por el accidente  que sufrió mi señora
madre Blanca Inés Rico Duarte, me vi obligada a  dictar ayudas en refuerzos
escolares en el área de inglés, para mitigar  económicamente los gastos del
hogar;  haciendo esta labor descubrí  un potencial en esta área de la docencia
y educación, así que  decidí postularme a la Facultad de Ciencias  y Educación
para aplicar a la carrera de Licenciatura en Lenguas  extranjeras con énfasis
en Ingles, con la finalidad de  acceder a una educación de alta calidad.
6.2.4. Motivos para no aplicar en
ninguno de los dos procesos de admisión ante la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, al cupo especial para “Mejores Bachilleres de los Colegios
Públicos del Distrito Capital”.
El día que me dirigí a entregar los
documentos para completar el proceso de admisión en la tecnología en
electrónica ciclos propedéuticos, presente  mi carpeta completa con los
documentos requeridos, incluyendo la constancia de mejor bachiller académico
del año 2017  del Colegio Inem Santiago Pérez, pero la persona encargada de
recibir los documentos, arranco la hoja y me dijo que eso no les servía a ellos
(Puedo dar evidencia de la forma como quedo dicho documento).
La segunda vez que me presente a la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas a la Licenciatura en lenguas
extranjeras con énfasis en Ingles  no hice uso del cupo especial para “Mejores
Bachilleres de los Colegios Públicos del Distrito Capital”, debido a la
información suministrada  por el personal de la  institución en mención.
Porque si ellos me hubieran dado la información
de manera correcta y precisa, yo hubiera hecho uso del cupo especial para
“Mejores Bachilleres de los Colegios Públicos de Distrito Capital”, por eso en
el segundo formulario coloque que me presentaba a la universidad por segunda
vez, considero que si ellos hubieran hecho el proceso de selección correcto, no
tendría que haber sido citada a entrevista.
6.3. Contexto que motivó su solicitud
del retiro del programa de Tecnología en electrónica por ciclos propedéuticos:
En primer lugar, antes de ingresar a la
universidad, no teníamos una economía muy estable pero mi madre hizo el
esfuerzo para que yo pudiera ingresar. Luego de este percance la economía del
hogar decayó mucho, por ende mi hermano asumió la economía por medio de las
ventas informales, en el poco tiempo que disponía debido a su formación en el
SENA, y esta al ser insuficiente me obliga a mí a dictar clases por horas.
Cabe destacar que en ocasiones hemos
solicitado a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas, para
que nos colaboren, para poder seguir con nuestro proceso de formación, como lo
he reiterado anteriormente, no quiero que me regalen las cosas sino que por el
contrario se me brinde la oportunidad de poder estudiar y salir adelante, ya
que considero que con esfuerzo propio y dedicación se puede alcanzar los
objetivos. Pero esta entidad se ha visto negligente frente a mis
requerimientos.
6.3.1. Circunstancias de todo orden que
la condujeron a solicitar el retiro del proyecto curricular.
En primer lugar la circunstancia
familiar y economía, y en segundo la negligencia de la Universidad, ya que en
ocasiones a algunos docentes, como fue el caso del docente Holman Montiel Ariza
solicite tutorías para que se me aclararan temas y hiciera más fácil mi proceso
académico, pero en múltiples ocasiones, me citaba pero nunca asistía a estas.
Además el seguimiento que hace la universidad a sus estudiantes, nunca se ve
reflejado, como lo mencione anteriormente, diferentes órganos de la universidad
nunca se preocuparon mi situación, y menos por muchas situaciones de mis
compañeros.
6.3.2. Análisis de alternativas, como
aplazamiento, traslado de carrera, etc., antes de adoptar la decisión de
retirarse del programa.
La primera alternativa que solicite fue
el aplazamiento del semestre 2018-I, pero al ver que el estado de mi madre no
mejoraba, me vi obligada a retirarme del programa académico de Tecnología en
Electrónica por ciclos propedéuticos; no solicite  traslado debido a que el
reglamento de la institución  manifiesta lo siguiente:
Las solicitudes por Transferencia Interna deben cumplir los
siguientes requisitos:
El aspirante debe haber cursado y aprobado como mínimo
veintiséis (26) créditos académicos de la malla curricular del
programa académico del cual se quiere transferir.
El aspirante debe contar con un promedio acumulado mínimo de
tres punto cinco (3.5) sobre cinco punto cero (5.0) en el momento de
realizar la solicitud.
El aspirante no debe estar incurso en situación de bajo
rendimiento académico.
Acreditar un puntaje total o ponderado en el examen de Estado
SABER 11, de acuerdo con lo aprobado en los procesos de admisiones por el
Consejo Académico, igual o superior al último admitido de inscripción
normal, en el programa académico donde se solicita la transferencia para el
periodo académico en el cual se hace la solicitud.
El aspirante que realice la solicitud debe acreditar un examen
de Estado ICFES o Saber 11°, no mayor a cinco (5) años de haber sido
presentado.
los aspirantes que realicen la solicitud para programas académicos
de la Facultad de Artes ASAB, deberán presentar la prueba específica de
admisión al programa que aspira y obtener un puntaje igual o superior al
último admitido en el periodo académico en el cual se hace la solicitud.
Según lo anterior me era imposible solicitar la
transferencia interna, por eso cuando me acerque a la oficina de Bienestar
institucional, yo esperaba otra alternativa para no retirarme del programa
académico, pero desafortunadamente no la obtuve.
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas  no hace
un seguimiento a sus estudiantes
6.3.3. Solicitud de ayuda o recepción de
acompañamiento por parte de la Oficina de Bienestar Institucional y/o de la
Decanatura de la Facultad de Tecnología de la Universidad, al ingresar en su
condición especial de víctima de desplazamiento forzado, así como asesoría o
seguimiento a su situación y en torno a la decisión de solicitar el retiro del
programa y sus consecuencias.
En primer lugar al entrar con mi
condición, nunca se me notifico ni expreso por parte de la Universidad, un
seguimiento por entrar con esta condición, y mucho menos cuando sucedió esta
calamidad familiar. Solo se sigue un conducto regular como es el caso de que
para mí retiro tuve que ir a Bienestar Institucional para hablar con el psicólogo
como lo mencione inicialmente. Ellos solo firman pero realmente no brindan una
ayuda profesional, solo lo hace para cumplir requisitos.
6.4. Su situación socioeconómica
actual:
Actualmente no poseo empleo debido a la
realización de mis estudios académicos, ya que ocupan gran parte de mi tiempo
por ende no encuentro uno que se me adapte a mi situación.
6.4.1. Conformación del grupo familiar
de la accionante y condiciones laborales, económicas y de salud, propias y de
los parientes con quienes convive.
Mi grupo familiar está conformado
actualmente por 4 personas:
Nombre
Parentesco
Situación económica, laboral y de
salud
Profesión
Blanca Inés Rico Duarte
Madre
Discapacidad física permanente
Juan David Tovar Rico
Hermano
Desempleado por motivo de pandemia, en
busca de empleo.
Tecnólogo en Mecánica Industrial
Jesús Steven Tovar
Hermano
Estudiante del Sena y de la
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Angie Katerine Tovar
No me encuentro afiliada al sistema de
salud y estoy desempleada.
Estudiante de la Institución
Universitaria Colombo Americana-UNICA
6.4.2. Personas que asumen el
sostenimiento económico del hogar y de los gastos básicos de la accionante, así
como su afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud.
Mi hermano Juan David Tovar Rico se
encontraba laborando, pero por motivo de la pandemia fue despedido hace dos
meses y medio. Actualmente poseemos muchas deudas, debido a que mi hermano no
ha conseguido empleo, por ende nos hemos visto en la obligación de sacar préstamos
para poder sostenernos, pero realmente estos ya se nos agotaron y por ende
estamos pidiéndole a Dios para una oportunidad de empleo para mi hermano, lo
más antes posible.
Mis gastos básicos:
Motivo
Costo
Vivienda (Arriendo)
$350.000
Costos por conexión a internet
$60.000
Alimentación
$300.000
Servicio públicos y saneamiento
básico
$150.000
Vestuario anual
$1.000.000
Aseo personal mensual
$80.000
Implementos Académicos semestral
$600.000
Debido a  la pandemia no genero  gastos
en transporte, pero  cuando era de manera presencial  el costo era de $4.400
diarios con un total al mes de $88.000 mensuales.
6.4.3. Estrato socioeconómico de quien
asume el sostenimiento del hogar y los gastos básicos de la accionante y, de
ser el caso, puntaje actual de Sisben.
El que asume los gastos es mi hermano
Juan David Tovar Rico, actualmente todos los integrantes contamos con un
puntaje en el sisben de  27,14. Cabe señalar que yo estoy en el trámite de
cambio de documento de Tarjeta de Identidad a Cedula junto con mi hermano Jesús
Steven Tovar Rico.
NOTA: De antemano les agradezco por el
seguimiento de mi caso, y su oportuna gestión. Me gustaría que mi proceso no
vuelva a suceder más en este tipo de instituciones, ya que como yo muchos
jóvenes tienen el anhelo y deseo de salir adelante, por eso recurren a las
universidades públicas, ya que como yo no cuentan con suficiente dinero para
pagar sus estudios, y menos en la actual situación que vivimos, muchos de ellos
llegan  a las aulas cargados de problemas y dificultades familiares, económicas
y de otra índole, en su gran mayoría acuden a estos órganos universitarios, con
el fin de que se les brinde ayuda, pero ante la imposibilidad de acceder a una
ayuda profesional deciden abandonar sus estudios, por eso vemos tasas de
deserción tan altas en estas universidades, que aunque académicamente son muy
buenas, pero fallan en esto.  No quiero que lo que me sucedió les ocurra a las
demás personas ya que es muy lamentable pasar por esta situación.
Les pido de todo corazón que me puedan ayudar con esto, y
de ante mano Dios me los Bendiga y los guarde, ya que la labor que ustedes
ofrecen es muy importante para nosotros como ciudadanos.
ANEXOS
-
Formulario de inscripción
primer periodo académico 2018
-
Resultados del primer periodo
académico de 2018
-
Declaración juramenta de
ingresos académicos.
-
Carta de aplazamiento del
semestre 2018-I
-
Certificado de discapacidad de
Blanca Inés Rico.
-
Carta de retiro definitivo
2018-I
-
Comprobante del pago del PiN
2019-II
-
Comprobante de Inscripción
2019-II.
-
Citación a entrevistas de
aspirantes inscriptos para el 2019-II
-
Listados de aspirantes
inscritos cupos especiales (Aparece el estado Inhabilitado)
-
Constancia de mejor bachiller
académico 2017 del colegio Inem Santiago Perez.
-
Derecho de petición
-
Traslado del derecho de
petición.
-
Respuesta parcial al derecho de
petición
-
Acción de tutela.
-
Notificación de fallo de tutela
2019-143
-
Reglamento
operativo del FONDO DE REPARACION
PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACION EN EDUCACION SUPERIOR PARA LA POBLACION
VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO.
-
Puntaje del Sisben de David
Tovar Rojas
[1] Esta información consta en el certificado
de salud allegado por la accionante en el trámite de revisión, en respuesta a
las pruebas decretada por la Sala.
[2] El artículo 86 de la Constitución Política
y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, prevén que este requisito se
satisface cuando la acción de tutela es ejercida: (i) directamente; (ii) por
medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad, las personas
jurídicas o las personas a favor de quienes han sido decretados apoyos formales
en razón de su condición de discapacidad (Ley 1996 de 2019); (iii) mediante
apoderado judicial; (iv) por medio de agente oficioso; o (v) por parte del
Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
[3] El artículo 5 del Decreto 2591 de 1991
establece que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las
autoridades públicas que hayan violado o amenacen violar algún derecho
fundamental.
[4] La tutela no cuenta con un término
preestablecido para su presentación. Esta Corte ha explicado que la tutela debe
presentarse en un término razonable, a partir del momento en que se presentó la
acción u omisión que amenaza o vulnera los derechos fundamentales. Al respecto,
entre otras, las sentencias T-143 y T-061 de 2019. M.P. Alejandro Linares
Cantillo.
[5] (Artículo
86 de la Constitución Política y 6 del Decreto 2591 de 1991). Se ha determinado que, tratándose de sujetos
de especial protección o de individuos que se encuentran en posiciones de
debilidad manifiesta (v.gr. por su edad, salud o condición económica), el
análisis de procedibilidad formal se flexibiliza. Ver sentencias SU-049 de
2017. M.P. María Victoria Calle Correa; T-317 de 2017. M.P. Antonio José
Lizarazo Ocampo; y T-443 de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo, entre
otras.
[6] M.P. Diana Fajardo Rivera. Al respecto se afirmó que “sobre el
requisito de subsidiariedad, la Sala advierte que el caso bajo estudio plantea
una controversia sobre el derecho de petición del accionante. Teniendo en
cuenta que el ordenamiento jurídico colombiano no consagra un mecanismo de
defensa judicial distinto a la acción de tutela para la protección del
mencionado derecho, la acción de tutela está procede como mecanismo principal.”
[7] Ver Consejo de Estado, Sección Primera. Radicación número:
76001-23-31-000-2000-02962-01, sentencia del 6 de marzo de 2008. CP. Rafael
Ostau de Lafont Pianeta; Radicación número: 25000-23-24-000-2010-00564-01,
sentencia del 16 de julio de 2015. CP. María Elizabeth García González (e) y
Radicación número: 25000-23-41-000-2013-02128-01, sentencia del 13 de octubre
de 2016. De acuerdo con el Consejo de Estado, los actos académicos de las universidades
no son de su competencia, en gran parte, debido a las consecuencias que ello
comportaría. Así, ha señado que: “1. …se desmoronarían los centros
educativos oficiales, pues todos sus actos (fijación de calendario estudiantil,
exámenes de admisión, horario de clases, llamamiento a lista, programas, cuestionario
de exámenes, calificaciones, grados, sanciones estudiantiles etc. etc.)
pasarían inmediatamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo;
esos planteles se verían cohibidos para el desarrollo de sus fines por temor a
los litigios, y tendrían que dedicar tiempo y esfuerzos requeridos por dichos
fines a la atención de los procesos; de institutos educativos se tornarían en
centro querellantes, cambio que en parte alguna  prevé la legislación. //
2… se implantaría una diferencia desprovista de todo fundamento entre los planteles
públicos, cuyas sanciones académicas estarían sujetas a la jurisdicción, y a
los privados, cuyas sanciones académicas escaparían a aquella, consecuencia de
lo cual sería mayor autoridad académica y mayor orden en estos, menor en
aquellos. En ninguna norma legal se ha querido establecer tal desventaja. // 3…
los centros educativos tanto públicos como privados, están sometidos a la
inspección y vigilancia de la Rama Ejecutiva del Estado, ante la cual pueden
ejercer los estudiantes cuando consideren injustas e ilegales las sanciones que
se les haya impuesto.” Consejo de Estado. Expediente 4665. Auto de 17 de marzo de 1.984.
Consejero Ponente Dr. Samuel Buitrago Hurtado.
[8] Ver Consejo de Estado, Sección Primera.
Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00355-01, Auto del 19 de diciembre de
2014. CP. Guillermo Vargas Ayala. Para ejemplos de actos de esta naturaleza,
ver Corte Constitucional, sentencias T-187 de 1993. M.P. Alejandro Martínez
Caballero; T-314 de 1994. M.P. Alejandro Martínez Caballero y T-052 de 1996.
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[9] M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[10] En el fallo, también explicó la Corte que el acuerdo académico con
el cual se fijaron los criterios con los que se negó la admisión del accionante
al programa académico, podía ser estudiado por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Sin embargo, se determinó que dicho mecanismo de
defensa era ineficaz para el caso en concreto, por lo cual también se
encontraba superado el requisito de subsidiariedad.
[11] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[12] De forma adicional a las sentencias que se resaltan, se encuentran,
entre otras, las siguientes en las cuales también se indicó que los actos
académicos no son demandables antes la jurisdicción contencioso
administrativo:  T-314
de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), en la que la controversia giraba
en torno al proceso de revisión de una calificación de la asignatura de
español; T-024 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), en la que se estudió
un caso en el que se le canceló el registro de matrícula a una estudiante;
T-341 de 2003 (M.P. Jaime Araújo Rentería) en la que se examinó el caso de una
calificación de insuficiente en “comportamiento social” impuesta a un niño sin
razones suficientes y desconociendo el debido proceso; y T-733 de 2016 (M.P.
María Victoria Calle Correa), en el que se analizó una tutela interpuesta
debido a la cancelación de la matrícula a la accionante por la inasistencia
injustificada durante 3 días consecutivos a sus estudios. A estas decisiones de
hizo referencia en la Sentencia T-612 de 2017. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
Ver nota 40. Ejemplo de la
postura expuesta se encuentra también en la Sentencia T-052 de 1996 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero). En esta sentencia se estudió una solicitud de
amparo frente a la inconformidad de un aspirante, a quien se le asignó el
tercer puesto dentro de una convocatoria que ofertaba dos cupos para un
programa de especialización. Sobre la procedencia se concluyó: “si no son susceptibles
de control contencioso-administrativo, el único medio de defensa que tiene la
persona frente a actos académicos será el de control constitucional ante los
casos de violación de derechos fundamentales.”
[13] Sentencias
T-388 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-199 de 2013. M.P. (e)
Alexei Julio Estrada; y, T-543 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera, entre otras.
[14] Ver sentencias SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo
Rivera; T-027 de 2014. M.P.
María Victoria Calle; y SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
[15] En la Sentencia SU-522 de 2019 (M.P. Diana Fajardo Rivera), la Sala Plena indicó
que cuando se trate de un hecho superado o de una situación sobreviniente, no
es necesario que el juez de tutela haga un pronunciamiento de fondo. Sin embargo,
se estimó que se podría llamar la atención sobre la falta de conformidad
constitucional de la situación que originó la tutela, tomar medidas para que
los hechos vulneradores no se repitan, advertir la posible imposición de
sanciones, corregir las decisiones judiciales de instancia, o avanzar en la
comprensión de un derecho fundamental.
[16] La información al respecto se encuentra
en
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion-Listado/poblacion-victima-del-conflicto-armado-en-colombia
[17] Estos componentes del derecho a la
educación fueron planteados por primera vez en el informe preliminar presentado
a la Comisión de Derechos Humanos por la Relatora Especial sobre el derecho a
la educación el 13 de enero de 1999 y fueron acogidos tanto por el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General No. 13
sobre el derecho a la educación, como por la jurisprudencia constitucional. Ver
Sentencia T-306 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[18] Sentencia T-743 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[19] Sentencia T-612 de 2017. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[20] El artículo 13 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece: “1. Los Estados
Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la
educación… 2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto
de lograr el pleno ejercicio de este derecho: c) La enseñanza superior
debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de
cada uno, por cuantos medios sean apropiados…”.
[21] GÓNGORA Manuel Eduardo, El derecho a
la educación en la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos
internacionales”, Bogotá Defensoría del Pueblo, Serie DESC, 2003, p.93,
citado en la Sentencia T-884 de
2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[22] Ibíd., p. p.93.
[23] Ver Sentencia T-805 de
2007. M.P. Humberto Sierra Porto.
[24] Sentencia T-612 de 2017. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[25] Ver Sentencia T-110 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa.
[26] Sentencia T-551 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[27] Sentencia T-531 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[28] Sentencia T-441 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[29] Ver Sentencia T-703 de 2008. Manuel José Cepeda Espinosa.
[30] El artículo 13 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece: “1. Los Estados
Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la
educación… 2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto
de lograr el pleno ejercicio de este derecho: c) La enseñanza superior
debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de
cada uno, por cuantos medios sean apropiados…”.
[31] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[32] M.P. Carmenza Isaza de Gómez.
[33] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[34] Se refirió a los municipios de Achí, San
Pablo, San Martín de Loba, Simití, Morales, Barranco de Loba, Margarita, San
Fernando, Pinillos, Tiquicio, Altos del Rosario, Cantagallo, Hatillo de Loba,
Santa Rosa del Sur, El Peñón, San Cristóbal, Regidor, San Jacinto del Cauca,
Río Viejo y Cicuco.
[35] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[36] En la Sentencia T-1340 de 2011 (M.P.
Álvaro Tafur Galvis), se analizó un caso relacionado con los cupos especiales a
favor de comunidades indígenas para la Universidad de Nariño. La Corte reiteró
explícitamente la regla en mención y sostuvo que la existencia de este cupo era
constitucionalmente justificada, por cuanto recoge el singular tratamiento
conferido por la Carta a la diversidad étnica cultural. Este tratamiento,
advirtió, lejos de ser violatorio del artículo 13 de la Constitución Política,
se ajusta a la misma, porque teleológicamente su búsqueda es la igualdad real
-en favor de regiones marginadas y discriminadas de la patria- y en pro del
enriquecimiento cultural de la Nación.
[37] M.P. Mauricio González Cuervo.
[38] Sentencia T-874 de 2007. M.P. Jaime
Araujo Rentería.
[39] Sentencia SU-1150 de 2000. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[40] Sentencia T-327 de 2001. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[41] Sentencia C-371 de 2000. M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[42] Sentencia T-110 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa.
[43] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[44] Sentencia T-441 de 1997. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[45] Sentencia T-425 de 1993. M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[46] T-002 de 1992. M.P. Alejandro Martínez
Caballero; T-612 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-974 de 1999.
M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-826 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-933
de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[47] Sentencias T-513 de 1997. M.P. Jorge
Arango Mejía y T-933 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[48] Un problema similar fue resuelto en la
Sentencia T-475 de 2014. M.P. Alberto Rojas Ríos. Un miembro de una comunidad
indígena solicitó su inscripción en la especialización en Gerencia Pública de
la Escuela Superior de Administración Pública, con base en su pertenencia a una
etnia. Como prueba de su condición, anexó el Acuerdo 039 de 2010 del Municipio
de Ibagué, certificación expedida por la Gobernadora de su Cabildo y constancia
emitida por la Secretaría de Gobierno de Ibagué, que confirmaba su pertenencia
a la etnia Pijao. El centro educativo señaló que el documento idóneo y
conducente para avalar la pertenencia a la comunidad era la certificación
expedida por el Ministerio del Interior y que, ante la ausencia de tal
documento, la matricula no podía hacerse efectiva. La Corte reiteró, entre
otras, la Sentencia T-703 de 2008, y sostuvo que la certificación requerida por
la ESAP no era el único medio apto para acreditar la condición y pertenencia
del aspirante a la comunidad indígena. Afirmó que la documentación por él
aportada probaba de forma clara la condición de miembro del grupo destinatario
de la acción afirmativa y que la autonomía universitaria no justificaba la
actuación de la accionada. Sostuvo que esta garantía no la faculta “para
restringir o condicionar el derechos que le asisten a los grupos vulnerables de
acceder a unos cupos educativos, al reconocimiento que se haga por parte de las
autoridades estatales acerca de la existencia o no de la comunidad a la cual
dicen pertenecer, menos aun cuando la jurisprudencia de esta Corte ha señalado
que pueden ser varios los criterios tanto subjetivos como objetivos que pueden
“contribuir” a identificar dichas comunidades, como sucedió en el presente caso”.
El fallo reiteró que la autonomía universitaria está sujeta al respecto por los
derechos y principios constitucionales y “no es por tanto patente de corso
para violar derechos de sujetos de especial protección.” En consecuencia,
concedió el amparo solicitado.
[49] M.P. María Victoria Calle Correa.
[50]  “Por la cual se expide la Ley General
de Educación”.
[51] “Por medio de la cual se aprueba el
Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la
O.I.T., Ginebra 1989”.
[52] “[P] por la cual se adoptan medidas para la
prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y
esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia
en la República de Colombia”.
[53] Sentencia T-142 de 2009. M.P. Mauricio González Cuervo.
[54] El
Vicerrector Académico de la Universidad informó: [s]e precisa al respecto
que los aspirantes de inscripciones especiales deben acreditar el puntaje
mínimo exigido a los aspirantes regulares para poder realizar una inscripción
en un programa de pregrado, así mismo, los aspirantes de inscripciones
especiales compiten por los cupos entre ellos; es decir, los cupos son
asignados a los mejores puntajes dentro de cada condición.”
[55] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[56] Acuerdo 004 de 2011 del Consejo Superior
Universitario. Artículo 3: “Del reingreso. El estudiante que suspenda sus
estudios conforme a lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo segundo
del presente Acuerdo, cuenta con un máximo de un (1) año para su reingreso; de
lo contrario, perderá la condición de estudiante. Lo anterior, salvo las
excepciones previstas en la ley”. Artículo 2, parágrafo 1: “En el caso
que un estudiante no renueve su matrícula o solicite el retiro voluntario
debido a situaciones de calamidad por enfermedad o accidente de calamidad
doméstica grave de orden familiar, personal o económica, este tiempo no se
contabilizará para el cálculo de la duración máxima de permanencia.”
[57] Acuerdo 027 de 1993 del Consejo Superior
Universitario.
[58] Sentencia C-349 de 2017. M.P. Carlos
Bernal Pulido.
[59] Sentencia SU-1155 de 2000. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[60] Ibíd.
[61] Ver sentencias T-513 de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía, y T-106 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[62] Ibíd.
[63] Sentencias T-845 de 2010 y T- 152 de 2015. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva, citadas en la Sentencia T-106 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[64] Sentencia T-106 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.