C-774-01
Sentencia C-774/01
Sentencia C-774/01
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Derogación de
norma
Según lo ha sostenido, en
principio, debería la Corte declararse inhibida para decidir sobre la materia,
puesto que “...cuando se demandan normas derogadas carece de objeto entrar a
resolver sobre su constitucionalidad, en cuanto ya han sido retiradas del
ordenamiento jurídico por el propio legislador, resultando inoficioso que se
defina si mientras estuvieron vigentes fueron válidas a la luz de la Carta...”.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA DEROGADA-Procedencia
determinada
Esta Corte ha
determinado que en ciertas circunstancias, es posible la valoración de
constitucionalidad de normas derogadas, cuando se estime que las mismas, pese a
la derogatoria, están produciendo o pueden llegar a producir efectos jurídicos.
Así ha sostenido que “...es menester que, a cambio de precipitar una inhibición
que podría hacer viable la efectiva aplicación de la norma contraria a la
Carta, la Corporación determine si, pese a la derogación del precepto acusado o
revisado, éste sigue produciendo efectos, pues, en caso de ser así, lo indicado
es decidir, mediante fallo de mérito, acerca de la inexequibilidad
planteada...”. Igualmente, la Corte ha señalado “....que en función de la
guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, ella [la Corte
Constitucional] debe conocer de disposiciones que hayan sido acusadas y se
encuentren derogadas, siempre y cuando tales normas continúen produciendo
efectos jurídicos.  En cambio, si la norma demandada excluida del ordenamiento
jurídico no sigue surtiendo efectos jurídicos o nunca los produjo, el
pronunciamiento de constitucionalidad resulta inocuo, por carencia de
objeto...”.
NORMA PROCEDIMENTAL-Aplicación ultractiva/CODIGO
DE PROCEDIMIENTO PENAL DEROGADO-Producción de efectos jurídicos
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DEROGADO-Aplicación de la
favorabilidad/PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL EN NORMA DEROGADA-Aplicación
COSA JUZGADA-Definición/COSA JUZGADA-Efectos
La cosa juzgada es una
institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones
plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de
inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por
disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación
definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica. De esta
definición se derivan dos consecuencias importantes. En primer lugar, los
efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal derivado
de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y en
segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor
definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento
jurídico. Es decir, se prohibe a los funcionarios judiciales, a las partes y
eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio.
COSA JUZGADA-Funciones negativa y positiva
La cosa juzgada tiene como
función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y
fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las
relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico.
COSA JUZGADA-Efectos interpartes o erga omnes
COSA JUZGADA-Efectos procesales y sustanciales
Al operar la cosa juzgada,
no solamente se predican los efectos procesales de la inmutabilidad y
definitividad de la decisión, sino que igualmente se producen efectos
sustanciales, consistentes en precisar con certeza la relación jurídica objeto
de litigio.
COSA JUZGADA-Elementos para existencia
Para que una decisión
alcance el valor de cosa juzgada se requiere: Identidad de objeto, es decir, la
demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la
cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe
un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre
una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente. Identidad
de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión que
hizo transito a cosa juzgada deben tener  los mismos fundamentos o hechos como
sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos
elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el
cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para
proceder a fallar sobre la nueva causa. Identidad de partes, es decir, al
proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron
vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada.
COSA JUZGADA-Categoría general y especialidades
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Definición/COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL-Restricción negativa
La cosa juzgada constitucional es una institución
jurídico procesal que tiene su fundamento en el artículo 243 de la Constitución
Política y mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una
sentencia de constitucionalidad, el carácter de inmutables, vinculantes y
definitivas. De ella surge una restricción negativa consistente en la
imposibilidad de que el juez constitucional vuelva a conocer y decidir sobre lo
resuelto.
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Diferencia significativa con la general
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Modulación de operancia
En el proceso
constitucional es necesario modular la operancia de la cosa juzgada conforme a
un análisis que tenga en cuenta la posibilidad de que se planteen nuevos
cargos, no tenidos en cuenta por el juez constitucional, o que el examen de las
normas demandadas se haya limitado al estudio de un solo asunto de
constitucionalidad, o que no se haya evaluado la disposición frente a la
totalidad de la Carta, o que exista una variación en la identidad del texto
normativo. En eventos como estos, no obstante existir ya un fallo de
constitucionalidad, podría abrirse la posibilidad de realizar una nueva
valoración de la norma acusada.
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Categorías conceptuales que delimitan el alcance
La Jurisprudencia de la Corte ha ido perfilando una
serie de categorías conceptuales que delimitan el alcance de la cosa juzgada
constitucional de manera tal que se garanticen tanto el objetivo de seguridad
jurídica que tiene la cosa juzgada, como las garantías ciudadanas propias del
proceso de constitucionalidad, y en particular el derecho que tiene quien
inicia un proceso constitucional a obtener decisiones de fondo sobre las
concretas pretensiones de inconstitucionalidad que presente.
COSA JUZGADA APARENTE-Alcance
Ha dicho la Corte que la cosa juzgada es apenas
aparente, cuando la declaratoria de constitucionalidad de una norma, carece de
toda motivación en el cuerpo de la providencia. En estos eventos “...la
absoluta falta de toda referencia, aun la más mínima, a las razones por las
cuales fue declarada la constitucionalidad de lo acusado...”, tiene como
consecuencia que la decisión pierda, “...la fuerza jurídica necesaria para
imponerse como obligatoria en casos ulteriores en los cuales se vuelva a plantear
el asunto tan sólo supuesta y no verdaderamente debatido...”. Es decir que en
este caso es posible concluir que en realidad no existe cosa juzgada y se
permite una nueva demanda frente a la disposición anteriormente declarada
exequible y frente a la cual la Corte debe proceder a “... a resolver de fondo
sobre los asuntos que en anterior proceso no fueron materia de su examen y en
torno de los cuales cabe indudablemente la acción ciudadana o la unidad
normativa, en guarda de la integridad y supremacía de la Constitución..”
COSA JUZGADA FORMAL-Alcance
La cosa juzgada formal se presenta “...cuando existe
una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que
es llevada posteriormente a su estudio...”, o, cuando se trata de una norma con
texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual. Esta evento
hace que “ ...no se pueda volver a revisar la decisión adoptada mediante fallo
ejecutoriado..”
COSA JUZGADA MATERIAL-Alcance
La cosa juzgada material, “...se [ presenta] cuando no
se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir,
formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son
idénticos. El fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de los contenidos
de una norma jurídica...”.
SENTENCIA DE
INEXEQUIBILIDAD-Efecto de la cosa juzgada material
Cuando una disposición es declarada inexequible, la
cosa juzgada material produce como efecto, una limitación de la competencia del
legislador (ordinario o extraordinario), que le impide reproducir el contenido
material de la norma que no se ajusta a la Carta Fundamental, y en el evento
que ello ocurra la Corte debe proferir un fallo de inexequibilidad por la
violación del mandato dispuesto en el artículo 243 de la Constitución Política.
SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD-Efectos
de la cosa juzgada material
Cuando es declarada exequible una disposición, el fenómeno
de la cosa juzgada material, produce como regla general la imposibilidad para
la Corte Constitucional de pronunciarse sobre la materia previamente resuelta,
ya que puede conducir a providencias contradictorias que afecten la seguridad
del ordenamiento jurídico, o alteren la confianza legítima de los administrados
en la aplicación de la Constitución, o vulneren el principio de la igualdad.
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Procedencia excepcional de pronunciamiento de fondo sobre
norma declarada exequible/JUEZ CONSTITUCIONAL-Modificación de
interpretación de principios jurídicos/CONSTITUCION POLITICA VIVIENTE-Cambio
de interpretación del juez/JUEZ CONSTITUCIONAL-Modificación de
interpretación para ajustarla a cambios sociales, económicos, culturales,
políticos e ideológicos
De manera excepcional, resulta posible que el juez
constitucional se pronuncie de fondo sobre normas que habían sido objeto de
decisión de exequibilidad previa. El carácter dinámico de la Constitución, que
resulta de su permanente tensión con la realidad, puede conducir a que en
determinados casos resulte imperativo que el juez constitucional deba modificar
su interpretación de los principios jurídicos para ajustarlos a las necesidades
concretas de la vida colectiva - aún cuando no haya habido cambios formales en
el texto fundamental -, lo que incide necesariamente en el juicio de
constitucionalidad de las normas jurídicas. El concepto de “Constitución
viviente” puede significar que en un momento dado, a la luz de los cambios
económicos, sociales, políticos, e incluso ideológicos y culturales de una
comunidad, no resulte sostenible, a la luz de la Constitución, - que es
expresión, precisamente, en sus contenidos normativos y valorativos, de esas
realidades -, un pronunciamiento que la Corte haya hecho en el pasado, con
fundamento en significaciones constitucionales materialmente diferentes a
aquellas que ahora deben regir el juicio de Constitucionalidad de una
determinada norma. En estos casos, no se puede considerar que el fallo vulnera
la cosa juzgada, ya que el nuevo análisis parte de un marco o perspectiva
distinta, que en lugar de ser contradictorio conduce a precisar los valores y
principios constitucionales y permiten aclarar o complementar el alcance y
sentido de una institución jurídica.
COSA JUZGADA ABSOLUTA-Alcance
Se presenta cosa juzgada absoluta cuando el
pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del control
abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia, es decir, se
entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a
todo el texto  Constitucional.
COSA JUZGADA RELATIVA-Formas/COSA
JUZGADA RELATIVA EXPLICITA-Alcance/COSA JUZGADA RELATIVA IMPLICITA-Alcance
La cosa juzgada relativa se presenta de dos maneras:
Explícita, cuando “...la disposición es declarada exequible pero, por diversas
razones, la Corte ha limitado su escrutinio a los cargos del actor, y autoriza
entonces que la constitucionalidad de esa misma norma puede ser nuevamente
reexaminada en el futuro..”, es decir, es la propia Corte quien en la parte
resolutiva de la sentencia limita el alcance de la cosa juzgada “...mientras la
Corte Constitucional no señale que los efectos de una determinada providencia
son de cosa juzgada relativa, se entenderá que las sentencias que profiera
hacen tránsito a cosa juzgada absoluta...”. Implícita, se presenta cuando la
Corte restringe en la parte motiva el alcance de la cosa juzgada, aunque en la
parte resolutiva no se indique dicha limitación, “...en tal evento, no existe en
realidad una contradicción entre la parte resolutiva y la argumentación sino
una cosa juzgada relativa implícita, pues la Corte declara exequible la norma,
pero bajo el entendido que sólo se ha analizado determinados cargos...”. Así
mismo, se configura esta modalidad de cosa juzgada relativa, cuando la corte al
examinar la norma constitucional se ha limitado a cotejarla frente a una o
algunas normas constitucionales, sin extender el examen a la totalidad de la
Constitución o de las normas que integran parámetros de constitucionalidad,
igualmente opera cuando la Corte evalúa un único aspecto de constitucionalidad;
así sostuvo  que se presenta cuando: “... el análisis de la Corte está
claramente referido sólo a una norma de la Constitución o a un solo aspecto de
constitucionalidad, sin ninguna referencia a otros que pueden ser relevantes
para definir si la Carta Política fue respetada o vulnerada..”.
COSA JUZGADA RELATIVA
IMPLICITA-Procedencia general de detención preventiva
DETENCION PREVENTIVA-Nuevo
análisis constitucional
PRESUNCION DE INOCENCIA-No
admite excepción
Este postulado cardinal de
nuestro ordenamiento jurídico, no admite excepción alguna e impone como
obligación la práctica de un debido proceso, de acuerdo con los procedimientos
que la Constitución y la ley consagran para desvirtuar su alcance.
PRESUNCION-Definición
La presunción consiste en un
juicio lógico del constituyente o del legislador, por virtud del cual,
considera como cierto un hecho con fundamento en las reglas o máximas de la
experiencia que indican el modo normal como el mismo sucede.
PRESUNCION DE INOCENCIA-Fundamental/PRESUNCION DE INOCENCIA-Alcance/PRINCIPIO
IN DUBIO PRO REO-Definición
La presunción de inocencia
en nuestro ordenamiento jurídico adquiere el rango de derecho fundamental, por
virtud del cual, el acusado no está obligado a presentar prueba alguna que
demuestre su inocencia y por el contrario ordena a las autoridades judiciales
competentes la demostración de la culpabilidad del agente. Este derecho
acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal (por denuncia, querella
o de oficio) hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y
exige para ser desvirtuada la convicción o certeza, mas allá de una duda razonable,
basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la
conexión del mismo con el acusado. Esto es así, porque ante la duda en la
realización del hecho y en la culpabilidad del agente, se debe aplicar el
principio del in dubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse en
favor del acusado.
PRESUNCION DE INOCENCIA-Reconocimiento en convenios internacionales
LIBERTAD PERSONAL-Alcance
La libertad personal,
principio y derecho fundante del Estado Social de Derecho, comprende "la
posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a
desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los
derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios, como la proscripción de
todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de
la persona sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola
indebidamente".
DERECHO A LA LIBERTAD
PERSONAL-No es absoluto e ilimitado
El derecho a la libertad
personal, no obstante ser reconocido como elemento básico y estructural del
Estado de Derecho, no alcanza dentro del mismo ordenamiento jurídico un
carácter absoluto e ilimitado. Ha precisado esta Corte: "… Los derechos
fundamentales, no obstante su consagración constitucional y su importancia, no
son absolutos y, por lo tanto, necesariamente deben armonizarse entre sí y con
los demás bienes y valores protegidos por la Carta, pues, de lo contrario,
ausente esa indispensable relativización, la convivencia social y la vida
institucional no serían posibles...".
DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Reconocimiento
en convenios internacionales
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD-Alcance/BLOQUE
DE CONSTITUCIONALIDAD STRICTO SENSU/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD LATU SENSU
La Corte Constitucional ha
establecido que la revisión de constitucionalidad de los asuntos sometidos a su
competencia, debe realizarse no sólo frente al texto formal de la Carta, sino
también a partir de su comparación con otras disposiciones, las cuales de acuerdo
con la Constitución tienen jerarquía constitucional (bloque de
constitucionalidad stricto sensu), o a partir de otras normas que aunque no
tienen rango constitucional, representan parámetros para analizar la validez
constitucional de las disposiciones sometidas a su control (bloque de constitucionalidad latu sensu).
El conjunto de normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad latu
sensu, forman parámetros para determinar el valor constitucional de las
disposiciones sometidas a control, “..conforme a esta acepción, el bloque de
constitucionalidad estaría conformado no sólo por el articulado de la
constitución sino, entre otros, por los tratados internacionales de que trata
el artículo 93 de la Carta, por las leyes orgánicas y, en algunas ocasiones,
por las leyes estatutarias...”
BLOQUE DE
CONSTITUCIONALIDAD-Integración
De acuerdo con el artículo
93 de la Constitución Política, no todos los tratados internacionales forman
parte del bloque de constitucionalidad, la Corte ha precisado que: “... sólo
constituyen parámetros de control constitucional aquellos tratados y convenios
internacionales que reconocen derechos humanos (i) y, que prohiben su
limitación en estados de excepción (ii). Es por ello, que integran el bloque de
constitucionalidad, entre otros, los tratados del derecho internacional
humanitario, tales como los Convenios de Ginebra, los Protocolos I y II y
ciertas normas del Pacto de San José de Costa Rica....".
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
LATU SENSU-Parámetros de validez
constitucional
Las normas que forman parte
del bloque de constitucionalidad latu sensu (algunos tratados sobre de derechos
humanos, leyes orgánicas y ciertas leyes estatutarias), forman parámetros de
validez constitucional, por virtud de los cuales, sí una ley u otra norma de
rango inferior es incompatible con lo dispuesto en cualquiera de dichas
disposiciones, la Corte Constitucional deberá retirarla del ordenamiento
jurídico, para cumplir con el mandato constitucional de velar por la guarda de
la integridad y supremacía de la Constitución.
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Requisitos para que tratado forme parte
Para que las disposiciones
de un tratado internacional ratificado por Colombia, formen parte del bloque de
constitucionalidad, es necesario el cumplimiento de dos requisitos, a saber:
deben  reconocer  un derecho humano y  dicho derecho no debe ser susceptible de
limitación en los estados de excepción.
DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL EN EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
DERECHO A LA LIBERTAD
PERSONAL EN EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-No integración e interpretación conforme a sus mandatos
Aunque las disposiciones
referentes al derecho a la libertad personal no hacen parte del bloque de
constitucionalidad, no por eso, debe desconocerse que su interpretación debe
realizarse de acuerdo con sus mandatos. La Corte ha sostenido: "...Claro
está, tratándose del derecho fundamental de la libertad, aplicando el artículo
93 de la constitución Política, el alcance de su garantía constitucional debe
interpretarse a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia...".
PRESUNCION DE INOCENCIA EN
EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Integración
Frente a la presunción de
inocencia, la Corte considera que los disposiciones de los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, sí forman
parte del bloque de constitucionalidad, toda vez que, la presunción de
inocencia es un derecho humano, el cual no es susceptible de limitación o
restricción en los estados de excepción, ya que sí derecho al debido proceso y
el principio de legalidad no admiten restricción alguna, según lo dispone el
artículo 27 de la ley 16 de 1972, que ratifica la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, menos aún la presunción de inocencia derecho fundamental a
partir del cual se edifican las garantías jurídicas citadas.
MEDIDA DE
ASEGURAMIENTO/MEDIDAS CAUTELARES-Alcance
Las medidas de aseguramiento
hacen parte de las denominadas medidas cautelares, es decir, de aquellas
disposiciones que por petición de parte o de oficio, dispone la autoridad
judicial sobre bienes o personas, cuyo objeto consiste en asegurar el
cumplimiento cabal de las decisiones adoptadas en el proceso, garantizar la
presencia de los sujetos procesales y afianzar la tranquilidad jurídica y
social en la comunidad,  bajo la premisa por virtud de la cual, de no proceder
a su realización, su propósito puede resultar afectado por la demora en la decisión
judicial.
MEDIDAS CAUTELARES-Decreto
Las medidas cautelares deben
ser decretadas por intermedio de una autoridad judicial, en el desarrollo de un
proceso al cual acceden o accederán, con un carácter eminentemente provisional
o temporal y bajo el cumplimiento de los estrictos requisitos que la
Constitución y la ley prevén.
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Conformación
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Reglas de sujeción
En desarrollo del artículo
29 de la Constitución Política, las medidas de aseguramiento deben someterse al
cumplimiento de estrictas exigencias fundamentales que estructuran su
legalidad. Estas reglas son de dos clases, a saber: los requisitos formales, es
decir, la obligación de su adopción mediante providencia interlocutoria, que
deberá contener la indicación de los hechos que se investigan, la calificación
jurídica y los elementos probatorios que sustentan la adopción de la medida; y
los requisitos sustanciales, mediante los cuales se exige para su adopción la
existencia de por lo menos un indicio grave de responsabilidad o de dos
indicios graves de responsabilidad, con base en las pruebas legalmente
producidas en el proceso.
DETENCION PREVENTIVA-Finalidad
La detención preventiva como
medida de aseguramiento, dada su naturaleza cautelar, “..se endereza a asegurar
a las personas acusadas de un delito para evitar su fuga y garantizar así los
fines de la instrucción y el cumplimiento de la pena que, mediante sentencia,
llegare a imponerse, una vez desvirtuada la presunción de inocencia y
establecida la responsabilidad penal del sindicado..”.
DETENCION PREVENTIVA Y
CONSTITUCION POLITICA-Compatibilidad/DETENCION
PREVENTIVA Y PRESUNCION DE INOCENCIA-Compatibilidad/DETENCION PREVENTIVA
Y PENA-Distinción
La institución de la
detención preventiva es compatible con la Constitución y no resulta contraria a
la presunción de inocencia, en cuanto que, precisamente, tiene un carácter
preventivo, no sancionatorio. Es por eso que la Corte Constitucional ha distinguido
entre ella y la pena.
DETENCION PREVENTIVA-Cómputo como parte de la pena
DETENCION PREVENTIVA Y
DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Concurrencia
DERECHO A LA LIBERTAD
PERSONAL-Interpretación conforme con
tratados de derechos humanos
DETENCION PREVENTIVA-Excepción a libertad personal según convenios
internacionales
DETENCION PREVENTIVA-Compatibilidad con la Constitución e instrumentos
internacionales
La detención preventiva es compatible con la
Constitución y con los instrumentos internacionales que determinan su alcance,
en cuanto tiene un carácter preventivo y excepcional. En esos términos se ha
pronunciado la Corte en anteriores fallos y por consiguiente, sobre el
particular ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional formal y
material, tal como, en cada caso, se establecerá en la parte resolutiva de esta
providencia.
LIBERTAD DE CONFIGURACION
LEGISLATIVA EN POLITICA PUNITIVA-Alcance/LIBERTAD
DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN DETENCION PREVENTIVA-Alcance
LIBERTAD DE CONFIGURACION
LEGISLATIVA EN DETENCION PREVENTIVA-Límites
LIBERTAD DE CONFIGURACION
LEGISLATIVA EN DETENCION PREVENTIVA-Motivos
previamente definidos en la ley
DETENCION PREVENTIVA EN EL
ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Condiciones
generales de procedencia/DETENCION PREVENTIVA-Condiciones generales de
procedencia sujetas a la Constitución/DETENCION PREVENTIVA-Finalidades
sujetas a la Constitución/DETENCION PREVENTIVA EN DERECHO A LA LIBERTAD
PERSONAL-Condiciones generales de procedencia/DETENCION PREVENTIVA EN LA
PRESUNCION DE INOCENCIA-Condiciones generales de procedencia
Para que proceda la
detención preventiva no sólo es necesario que se cumplan los requisitos
formales y sustanciales que el ordenamiento impone, sino que se requiere,
además, y con un ineludible alcance de garantía, que quien haya de decretarla
sustente su decisión en la consideración de las finalidades constitucionalmente
admisibles para la misma. los criterios legales de procedencia y de
señalamiento de los fines de la detención preventiva, deben concurrir con los
mandatos constitucionales, y podrían ser objeto de juicio de constitucionalidad
cuando no se ajusten a los postulados de la Carta fundamental. Si la detención
se ordena sin considerar los principios y valores que inspiran la Constitución,
y en particular, las finalidades constitucionalmente admisibles para la misma,
en su apreciación en el caso concreto, el presunto infractor de la ley penal,
su defensor o el Ministerio Público pueden solicitar el control de legalidad de
la medida adoptada, o hacer uso de los mecanismos constitucionalmente previstos
para la defensa de los derechos fundamentales, toda vez que de ello, resultaría
una violación de los derechos constitucionales a la libertad personal y a la
presunción de inocencia y se presentaría, además, una violación del debido
proceso, si se establece que la ley se ha aplicado en un sentido excluido como
inconstitucional por la Corte.
DETENCION PREVENTIVA-Indeterminación en principio
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Objeto preventivo
DETENCION PREVENTIVA-Finalidades admisibles/DETENCION PREVENTIVA-Preservación
de la prueba
DETENCION PREVENTIVA-Prevalencia del interés general
DETENCION PREVENTIVA-Límites en la procedencia
DETENCION PREVENTIVA-Requisitos
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN
EL DEBIDO PROCESO-Sujeción a la
legalidad/MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Requisitos formales y sustanciales
De conformidad con el
artículo 29 de la Constitución Política (debido proceso y presunción de
inocencia), las medidas de aseguramiento deben someterse al cumplimiento de las
estrictas exigencias que determinan su legalidad. Estas reglas son de dos
clases, a saber: los requisitos formales, es decir, la obligación de su
adopción mediante providencia interlocutoria que deberá contener: los hechos
que se investigan, la calificación jurídica y los elementos probatorios que
sustentan la adopción de la medida; y los requisitos sustanciales consistentes
en los indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente
producidas dentro del proceso.
DETENCION PREVENTIVA-Requisitos formales para decretarla
DETENCION PREVENTIVA-Condicionamiento de requisitos
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Procedencia
DETENCION PREVENTIVA-Condicionamiento de la procedencia general de la
detención preventiva
DETENCION DOMICILIARIA-No tiene finalidad sancionatoria
DETENCION DOMICILIARIA-Inconstitucionalidad de obligación de realizar
trabajo social
DETENCION PREVENTIVA-Duración
La
finalidad de la detención no es remplazar el término de la pena, y que la
posibilidad del  cómputo previsto en la ley,  no genera el poder para la
autoridad judicial de disponer de la libertad del sindicado hasta que se cumpla
el tiempo que dura la pena, ya que de admitirse esa circunstancia, se
vulneraría flagrantemente la presunción de inocencia y el debido proceso, ya
que se cumpliría anticipadamente una sanción sin haberse declarado
judicialmente la culpabilidad del sindicado.
LIBERTAD PROVISIONAL-Causales/LIBERTAD PROVISIONAL-Vencimiento de
término de privación de libertad sin calificación de instrucción/LIBERTAD
PROVISIONAL-Transcurso de término a partir de ejecutoria de resolución de
acusación
LIBERTAD PROVISIONAL-Restricción en el tiempo de duración de detención
preventiva
LIBERTAD PROVISIONAL-Límite temporal para obtención
LIBERTAD PROVISIONAL-Vacío legislativo en relación con la procedencia
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Revocatoria
Referencia: expediente D- 3271
Demanda
de inconstitucionalidad contra los artículos 388, 396, 397, 398, 399, 400, 403,
404 a 409, 417, 418 del Código de Procedimiento Penal y los artículos 354 a 367
de la Ley 600 de 2.000.
Actor: Diógenes Escobar.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Bogotá, D.C,  veinticinco (25)
de julio de dos mil uno (2001).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente Sentencia:
I.
ANTECEDENTES
El
ciudadano Diogenes Escobar, en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución
Política, demandó la inexequibilidad de los artículos 388, 396, 397, 398, 399,
400, 403, 404 a 409, 417, 418 del Código de Procedimiento Penal y los artículos
354 a 367 de la Ley 600 de 2.000.
Mediante
auto del 28 de noviembre de 2.000, el entonces magistrado sustanciador José
Gregorio Hernández Galindo admitió la demanda y dio traslado al señor
Procurador General de la Nación para lo de su competencia.
En
el citado auto se rechazó la demanda por encontrar cosa juzgada en cuanto a los
artículos 388 inciso 2º, 397 numerales 1, 2, 3 y 7, 399 último inciso, 409
numeral 3º inciso 2 y 417 del Código de Procedimiento Penal.
Una
vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en
el decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la
referencia.
I.
TEXTO DE LA NORMA ACUSADA
A continuación se transcribe el
texto de las disposiciones objeto de proceso, según aparecen publicadas en el
Diario Oficial N° 40.190 de noviembre 30 de 1991, junto con las modificaciones
realizadas por la ley 81 de 1993 publicadas en el Diario Oficial Nº 41.098 de
noviembre 2 de 1993, y en el Diario Oficial N° 44.097 de julio 24 de 2000.
Se incluyen, subrayados, los
apartes del Decreto 2700 de 1.991 y las modificaciones realizadas al citado
texto por la Ley 504 de 1999, normas sobre los cuales se rechazó la demanda por
existir cosa juzgada.
"Código
de Procedimiento Penal
Decreto
2700 de 1.991
(noviembre
30)
Por medio de los cuales se expiden y se reforman las
normas de procedimiento penal.
Artículo
388. Requisitos sustanciales. Son
medidas de aseguramiento para los imputables, la conminación, la caución, la
prohibición de salir del país, la detención domiciliaria y la detención
preventiva, las cuales se aplicarán cuando contra el sindicado, resultare por
lo menos un indicio grave de responsabilidad, con base en las pruebas
legalmente producidas en el proceso.
Inc.
2º  Modificado. L. 504/99, art. 35. En los delitos de competencia de los jueces penales de
circuito especializado sólo procede como medida de aseguramiento, la detención
preventiva.
Artículo
396. Modificado. L. 81/93, art. 53. Detención domiciliaria. Cuando se trate de hecho punible cuya pena mínima
prevista sea de cinco años de prisión, o menos, el funcionario judicial
sustituirá la detención preventiva por detención domiciliaria si establece que
el sindicado por sus características familiares, laborales y vínculos con la
comunidad, comparecerá al proceso y no coloca en peligro a la comunidad. En tal
caso le impondrá caución y ordenará que la detención preventiva se verifique en
el domicilio del sindicado. Adicionalmente, podrá imponer la obligación de
realizar trabajo social durante el término de la detención domiciliaria o los
fines de semana.
Artículo
397. De la detención. La
detención preventiva procede en los siguientes casos:
1. Modificado. L. 504/99, art. 25.  Para todos los delitos de competencia de los
jueces penales de circuito especializados.
2. Cuando el delito que se atribuya al imputado tenga
prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos años.
3. En los siguientes delitos:
·
Cohecho propio (art. 141).
·
Cohecho impropio (art. 142).
·
Enriquecimiento ilícito
(art. 148).
·
Prevaricato por acción (art.
149).
·
Receptación (art. 177).
·
Fuga de presos (art. 178).
·
Favorecimiento de la fuga
(art.179).
·
Fraude procesal (art.182).
·
Incendio (art.189).
·
Provocación de inundación o
derrumbe (art.191).
·
Siniestro o daño de nave
(art.193).
·
Pánico (art.194).
·
Falsificación de moneda
nacional o extranjera (art.207).
·
Tráfico de moneda
falsificada (art.208).
·
Emisiones ilegales
(art.209).
·
Acaparamiento (art.229).
·
Especulación (art.230).
·
Pánico económico (art.232).
·
Ilícita explotación
comercial (art.233).
·
Privación ilegal de libertad
(art.272).
·
Constreñimiento para
delinquir (art.277).
·
Fraudulenta internación en
asilo, clínica o establecimiento similar
·
Acceso carnal abusivo con
menor de catorce años (art.303).
·
Lesiones personales con
deformidad (art.333)
·
Lesiones personales con
perturbación funcional (art.334).
·
Lesiones personales con
perturbación síquica (art.335).
·
Lesiones personales con
pérdida anatómica (art.336).
·
Hurto agravado (art.351).
·
Los contemplados en el
decreto 1730 de 1991.
1. Cuando en contra del sindicado estuviere vigente
sentencia condenatoria ejecutoriada por delito doloso o preterintencional que
tenga pena de prisión.
2. Cuando se hubiere realizado la captura en flagrancia
por delito doloso o preterintencional que tenga prevista pena de prisión.
6. Cuando el sindicado, injustificadamente no otorgue la
caución prendaria o juratoria dentro de los tres días siguientes a la
notificación del auto que la imponga o del que resuelva el recurso de
reposición o cuando incumpla alguna de las obligaciones establecidas en el acta
de caución, caso en el cual perderá también la caución prendaria que hubiere
prestado.(…)
7.  En
los casos de lesiones culposas previstas en los artículos 333,334,335,336 del
Código Penal, cuando el sindicado en el momento de la realización del hecho se
encuentre en estado de embriaguez aguda o bajo el influjo de droga o sustancia
que produzca dependencia física o síquica demostrado por dictamen técnico o por
un método paraclínico, o abandone si justa causa el lugar de la comisión del
hecho.
Artículo
398. Formalización de la detención preventiva. Cuando hayan vencido los términos para recibir
indagatoria y resolver situación jurídica, el director del establecimiento
donde se encuentre privado de la libertad el imputado, reclamará inmediatamente
al fiscal la orden de libertad o de detención.
Si
dentro de las doce horas siguientes no llegare la orden de detención con la
indicación de la fecha de la providencia y del hecho punible que lo motivó, se
pondrá en libertad al encarcelado si no existe orden de captura o detención
proferida en otra actuación.
Dispuesta
la libertad, el director del establecimiento enviará informe inmediato al
superior jerárquico del fiscal, indicando claramente la circunstancia en que
ella se produjo.
Si
el director de la cárcel o quien haga sus veces no procediere así, incurrirá en
la responsabilidad penal a que haya lugar.
Artículo
399. Modificado. L. 504/99, art.35. Detención de los servidores públicos. Cuando se haya negado la excarcelación, en la misma
providencia se solicitará a la autoridad respectiva que se proceda a
suspenderlo en el ejercicio del cargo. Mientras se cumpla la suspensión, se
adoptarán las medidas necesarias para evitar que el imputado eluda la acción de
la justicia.
Si
pasados cinco días desde la fecha en que se solicite la suspensión, ésta no se
hubiere producido, se dispondrá la captura del sindicado.
Igualmente
se procederá para hacer efectiva la sentencia condenatoria.
No
es necesario solicitar la suspensión del cargo cuando a juicio del funcionario
judicial, la privación inmediata de la libertad no perturba la buena marcha de
la administración.
Si
se trata de delitos de competencia de los jueces penales del circuito
especializado, no es necesario solicitar la suspensión para hacer efectiva la
detención.
Artículo
400. Establecimiento para cumplir la detención.  La detención preventiva a que se refieren las
disposiciones anteriores, debe cumplirse en el establecimiento carcelario
destinado para este fin. Ninguna persona podrá ser recluida en el
establecimiento para cumplimiento de pena, mientras no exista sentencia
condenatoria ejecutoriada.
Cuando
se trate de hechos punibles culposos el imputado será recluido en la
casa-cárcel más próxima. De no existir casa-carcel será recluido en el pabellón
separado dentro del establecimiento carcelario.
Artículo
403. Lugar de detención para determinados servidores públicos. Los funcionarios y empleados de la Rama
Jurisdiccional, Ministerio Público, personal de prisiones y cuerpo de policía
judicial, serán detenidos en establecimientos especiales, distintos a los
ordinarios de reclusión.
Este
derecho se extiende a los exfuncionarios de los organismos mencionados y a los
funcionarios que gocen de fuero constitucional o legal.
Artículo
404. Lugar de detención para clérigos y religiosos. Los clérigos y religiosos a quienes se refiere el
artículo 20 de la Ley 20 de 1.974, y todos aquellos ministros de igual
categoría que pertenezcan a otra religión, cumplirán la medida de privación de
la libertad en sus respectivas casas parroquiales, en casa o convento de comunidades
religiosas.
Artículo
405. Traslado de la persona privada de la libertad. En cualquier estado de la actuación, la Dirección
General de Prisiones podrá ordenar el traslado de persona privada de libertad a
lugar diferente a aquel en que esté detenido, cuando su estado de salud así lo
requiera, previo dictamen de perito de medicina legal o, en su defecto, de
médico oficial. En igual forma, podrá proceder cuando corra peligro la
integridad física del sindicado. Cuando se trate de condenados resolverá el
juez de ejecución de penas.
Artículo
406. Cómputo de la detención preventiva. El término de detención preventiva se computará desde
el momento de la privación efectiva de la libertad.
Cuando
simultáneamente se sigan dos o más actuaciones penales contra una misma
persona, el tiempo de detención preventiva cumplido en uno de ellos y en el que
se le hubiere absuelto o decretado cesación de procedimiento o preclusión de la
investigación, se tendrá como parte de la pena cumplida en el que se le condene
a pena privativa de la libertad.
Artículo
407. Suspensión de la detención preventiva. La privación de la libertad se suspenderá en los
siguientes casos:
1. Cuando el sindicado fuere mayor de sesenta y cinco
años, siempre que su personalidad y la naturaleza o modalidad del hecho punible
hagan aconsejable la medida.
2. Cuando a la sindicada le falten menos de dos meses
para el parto o si no han transcurridos seis meses desde la fecha en que dio a
luz.
3. Cuando el sindicado sufriere grave enfermedad, previo
dictamen de los médicos oficiales o médico particular ratificado bajo
juramento.
En
estos casos, el funcionario determinará si el sindicado debe permanecer en su
domicilio, en clínica u hospital, en el lugar de trabajo o de estudio. El
beneficiado suscribirá un acta en la cual se compromete a permanecer en el
lugar o lugares indicados, a no cambiar sin previa autorización de domicilio y
a presentarse ante el mismo funcionario cuando fuere requerido.
Estas
obligaciones se garantizarán mediante caución.
Su
incumplimiento dará lugar a la revocatoria de la medida y a la pérdida de la
caución.
Artículo
408. Derechos de la persona privada de la libertad. Todo sindicado privado de su libertad tendrá derecho a
recibir en el lugar de la reclusión un tratamiento acorde con el respeto a los
derechos humanos, como los de no ser víctima de tratos crueles, degradantes o
inhumanos; a ser visitado por un médico oficial y en su defecto por uno
particular, cuando lo necesite; a tener una adecuada alimentación, a que se le
faciliten todos los medios y oportunidades de ocuparse en el trabajo y el
estudio; a tener un intérprete de su lengua si lo necesitare al momento de
recibir notificación personal de toda providencia, todo lo cual se compendia en
el respeto por su dignidad humana.
Artículo
409. Detención parcial en el lugar de trabajo o domicilio. El sindicado que deba proveer por disposición de la
ley a la subsistencia de una o más personas, podrá obtener que su detención se
cumpla parcialmente en el lugar de trabajo, o su domicilio siempre que se
reúnan las siguientes condiciones:
1. Que no tenga en su contra, sentencia condenatoria por
delito doloso o preterintencional.
2. Que esté sindicado por un delito cuya pena máxima no
exceda de seis años de prisión.
3. Que no haya eludido su comparecencia en la actuación
procesal.
Inc. 2º Modificado. L. 504/99, art.26. De este beneficio quedan excluidos en todo caso los
sindicados por los delitos a los que se refiere el artículo 71 de este código.
El
beneficiado firmará diligencia de compromiso y prestará caución, que garanticen
el cumplimiento de las obligaciones que se le impongan, entre las cuales estará
la de regresar al establecimiento carcelario inmediatamente después de que
terminen sus labores diurnas o nocturnas.
Esta
medida se revocará cuando el beneficiado incumpla cualquiera de las
obligaciones que se hubieren impuesto en la diligencia de compromiso.
Artículo 417. Modificado. L.360/97, art.17. Prohibición de libertad
provisional. No tendrán
derecho a la libertad provisional con fundamento en el numeral 1º del artículo
415, salvo que estén demostrados todos los requisitos para suspender
condicionalmente la pena:
1. Los sindicados contra quienes se hubiere dictado
detención preventiva conforme a lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 397
de este código.
2. Cuando aparezca demostrado que en contra del sindicado
existe más de una sentencia condenatoria por delito doloso o preterintencional.
3. Cuando se trate de homicidio o lesiones personales en
accidente de tránsito y se compruebe que el sindicado se encontraba en el
momento de la realización del hecho en estado de embriaguez aguda o
intoxicación, de acuerdo con experticio técnico, o que haya abandonado, sin
justa causa, el lugar de la comisión del hecho.
4. En los siguientes delitos:
·
Peculado por apropiación
(art.133).
·
Concusión (art.140).
·
Cohecho propio (art.141).
·
Enriquecimiento ilícito
(art.148)
·
Prevaricato por acción (art.149)
·
Receptación (art.177).
·
Fuga de presos (art.178).
·
Favorecimiento de fuga
(art.179).
·
Fraude procesal (art.182).
·
Incendio (art.189).
·
Daño en obra de defensa
común (art.190).
·
Provocación de inundación o
derrumbe (art.191).
·
Siniestro o daño de nave
(art.193).
·
Tenencia, fabricación y
tráfico de sustancias u objetos peligrosos
·
Fabricación y tráfico de
armas de fuego o municiones (art.201).
·
Fabricación y tráfico de
armas y municiones de uso privativo de
las fuerzas armadas (
art.202).
·
Falsificación de moneda
nacional o extranjera (art.207).
·
Tráfico de moneda
falsificada (art.208).
·
Emisiones ilegales
(art.209).
·
Acaparamiento (art.229).
·
Especulación (art.230).
·
Pánico económico (art.232).
·
Ilícita explotación
comercial (art.233).
·
Privación ilegal de la
libertad (art.272).
·
Constreñimiento para
delinquir (art.277).
·
Fraudulenta internación en
asilo, clínica o establecimiento similar
·
Tortura (art.279).
·
Acceso carnal abusivo con
incapaz de resistir (art.304).
·
Actos sexuales con menor de
catorce años (art.305).
·
Inducción a la prostitución
(art.308).
·
Trata de personas (art.311).
·
Estímulo a prostitución de
menores. (art.312).
·
Lesiones con deformidad
(art.333).
·
Lesiones con perturbación
funcional (art.334).
·
Lesiones con perturbación
síquica (art.335).
·
Hurto calificado (art.350).
·
Hurto agravado (art.351).
·
Extorsión (art.355).
·
Los delitos contemplados en
el decreto 1730 de 1991.
Artículo
418. Revocación de la libertad provisional. En cualquier momento se podrá revocar la libertad
provisional, de oficio, o a solicitud del Ministerio Público, o del fiscal,
cuando el imputado violare cualquiera de las obligaciones contraídas en la
diligencia que imponga la caución.
En
este caso, no podrá otorgársele nuevamente en el mismo asunto, salvo que
apareciere alguna de las situaciones previstas en los numerales 2º y 3º del
artículo 415 de este código.
LEY
600 DE 2000
(julio
24)
Por
la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.
El
Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 354. Definición. La situación
jurídica deberá ser definida en aquellos eventos en que sea procedente la
detención preventiva.
Cuando la persona se encuentre privada de la libertad,
rendida la indagatoria, el funcionario judicial deberá definir la situación
jurídica por resolución interlocutoria, a más tardar dentro de los cinco (5)
días siguientes, indicando si hay lugar o no a imponer medida de aseguramiento
si hubiere prueba que la justifique u ordenando su libertad inmediata. En este
último caso, el sindicado suscribirá un acta en la que se comprometa a
presentarse ante la autoridad competente cuando así se le solicite.
Si el sindicado no estuviere privado de la libertad, el
plazo para resolver situación jurídica será de diez (10) días contados a partir
de la indagatoria o de la declaratoria de persona ausente. El Fiscal General de
la Nación o su delegado dispondrán del mismo término cuando fueren cinco (5) o
más las personas aprehendidas, siempre que la captura de todas se hubiere
realizado en la misma fecha.
Artículo 355. Fines. La imposición de la
medida de aseguramiento procederá para garantizar la comparecencia del
sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o
impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que
emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes
para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria.
Artículo 356. Requisitos. Solamente se tendrá
como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva.
Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios
graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro
del proceso.
No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba
sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales
de ausencia de responsabilidad.
Artículo 357. Procedencia. La medida de
aseguramiento procede en los siguientes eventos:
1. Cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo
mínimo sea o exceda de cuatro (4) años.
2. Por los delitos de:
• Homicidio culposo agravado (C. P. artículo
110).
• Lesiones personales (C. P. artículo 112
inciso 3º, 113 inciso 2º, 114 inciso 2º y 115 inciso 2º).
• Parto o aborto preterintencional cuando la
base para calcular la pena sean los artículos 112 inciso 3º, 113 inciso 2º, 114
inciso 2º y 115 inciso 2º (C. P. artículo 118).
• Lesiones en persona protegida (C. P.
artículo 136).
• Obstaculización de tareas sanitarias y
humanitarias (C. P. artículo 153).
• Privación ilegal de libertad (C. P.
artículo 174).
• Acto sexual violento (C. P. artículo 206).
• Acceso carnal o acto sexual en persona
puesta en incapacidad de resistir (C. P. artículo 207, inciso 2º.)
• Actos sexuales con menor de catorce años
(C. P. artículo 208).
• Acto sexual abusivo con incapaz de resistir
(C. P. artículo 210, inciso 2º).
• Hurto calificado (C. P. artículo 240
numerales 2 y 3).
• Hurto agravado (C. P. artículo 241,
numerales 1, 5, 6, 8, 14 y 15).
• Estafa, cuando la cuantía exceda de
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes (C. P. artículo
246).
• Invasión de tierras cuando se trate del
promotor, organizador o director (C. P. artículo 263 inciso 2º).
• Tráfico de moneda falsificada (C. P.
artículo 274).
• Emisiones ilegales (C. P. artículo 276).
• Destrucción, supresión u ocultamiento de
documento público por servidor público (C. P. artículo 292 inciso 2º).
• Acaparamiento (C. P. artículo 297).
• Especulación (C. P. artículo 298).
• Pánico económico (C. P. artículo 302).
• Ejercicio ilícito de actividad monopolística
de arbitrio rentístico (C. P. artículo 312).
• Evasión fiscal (C. P. artículo 313).
• Invasión de áreas de especial importancia
ecológica cuando se trate del promotor, financiador o director (C. P. artículo
337 inciso 3º).
• Incendio (C. P. artículo 350).
• Tráfico, transporte y posesión de
materiales radioactivos o sustancias nucleares (C. P. artículo 363).
• Fabricación, tráfico y porte de armas y
municiones de uso privativo de las fuerzas armadas (C. P. artículo 366).
• Prevaricato por acción (C. P. artículo
413).
• Receptación (artículo 447).
• Sedición (C. P. artículo 468).
3. Cuando en contra del sindicado estuviere vigente
sentencia condenatoria ejecutoriada por delito doloso o preterintencional que
tenga pena de prisión.
Esta causal sólo procederá en los casos en que la conducta
punible tenga asignada pena privativa de la libertad.
Parágrafo. La detención preventiva podrá ser
sustituida por detención domiciliaria en los mismos eventos y bajo las mismas
condiciones consagradas para la pena sustitutiva de prisión domiciliaria.
Artículo 358. Formalización. Cuando hayan
vencido los términos para recibir indagatoria y para resolver la situación
jurídica, el director del establecimiento de reclusión donde se encuentre
privado de la libertad el imputado, reclamará inmediatamente al funcionario
judicial la orden de libertad o de detención.
Si dentro de las doce (12) horas siguientes no llegare la
orden de detención, se pondrá en libertad al encarcelado si no existe orden de
captura o detención proferida en otra actuación.
Dispuesta la libertad, el director del establecimiento
enviará informe inmediato al superior jerárquico del funcionario judicial,
indicando claramente la circunstancia en que ella se produjo.
Si el director de la cárcel o quien haga sus veces no
procediere así, incurrirá en la responsabilidad penal a que haya lugar.
Artículo 359. De los servidores públicos.
Cuando se imponga medida de aseguramiento en contra de un servidor público, en
la misma providencia se solicitará a la autoridad respectiva que proceda a
suspenderlo en el ejercicio del cargo. Mientras se cumple la suspensión, se
adoptarán las medidas necesarias para evitar que el sindicado eluda la acción
de la justicia.
Si pasados cinco (5) días desde la fecha en que se solicite
la suspensión, ésta no se hubiere producido, se dispondrá la captura del
sindicado.
Igualmente se procederá para hacer efectiva la sentencia
condenatoria.
No es necesario solicitar la suspensión del cargo cuando a
juicio del funcionario judicial, la privación inmediata de la libertad no
perturba la buena marcha de la administración.
Artículo 360. Establecimiento para cumplirla.
La detención preventiva a que se refieren las disposiciones anteriores debe
cumplirse en el establecimiento de reclusión destinado para este fin, de
acuerdo a lo dispuesto en el Código Penitenciario y Carcelario.
Artículo 361. Cómputo. El término de
detención preventiva se computará desde el momento de la privación efectiva de
la libertad.
Cuando simultáneamente se sigan dos (2) o más actuaciones
penales contra una misma persona, el tiempo de detención preventiva cumplido en
uno de ellos y en el que se le hubiere absuelto o decretado cesación de
procedimiento o preclusión de la investigación, se tendrá como parte de la pena
cumplida en el que se le condene a pena privativa de la libertad.
Artículo 362. Suspensión. La privación de la
libertad se suspenderá en los siguientes casos:
1. Cuando el sindicado fuere mayor de sesenta y cinco (65)
años, siempre que su personalidad y la naturaleza o la modalidad de la conducta
punible hagan aconsejable la medida.
2. Cuando a la sindicada le falten menos de dos (2) meses
para el parto o cuando no hayan transcurrido seis (6) meses desde la fecha en
que dio a luz.
3. Cuando el sindicado estuviere en estado grave por
enfermedad, previo dictamen de los médicos oficiales.
En estos casos, el funcionario determinará si el sindicado
debe permanecer en su domicilio, en clínica u hospital. El beneficiado
suscribirá un acta en la cual se compromete a permanecer en el lugar o lugares
indicados, a no cambiar sin previa autorización de domicilio y a presentarse
ante el mismo funcionario cuando fuere requerido.
Estas obligaciones se garantizarán mediante caución.
Su incumplimiento dará lugar a la revocatoria de la medida
y a la pérdida de la caución.
En los eventos anteriores el funcionario judicial exigirá
certificado del médico legista quien dictaminará periódicamente sobre la
necesidad de continuar con la suspensión de la detención en la forma prevista.
Artículo 363. Revocatoria de la medida de aseguramiento.
Durante la instrucción, de oficio o a solicitud de los sujetos procesales, el
funcionario judicial revocará la medida de aseguramiento cuando sobrevengan
pruebas que la desvirtúen.
Artículo 364. Informe sobre medidas de aseguramiento.
Las medidas de aseguramiento que profieran o revoquen el Fiscal General de la
Nación o su delegados, deberán ser informadas a las direcciones de fiscalía
pertinentes, por el servidor judicial a quien corresponda, a más tardar dentro
de los cinco (5) días siguientes. Tales datos serán registrados y almacenados
en el sistema de información de cada dirección de fiscalía. A su vez, éstas
darán aviso al sistema de información de la Fiscalía General de la Nación.
Artículo 365. Causales. Además de lo
establecido en otras disposiciones, el sindicado tendrá derecho a la libertad
provisional garantizada mediante caución prendaria en los siguientes casos:
1. Cuando en cualquier estado del proceso estén demostrados
todos los requisitos para suspender condicionalmente la ejecución de la pena.
2. Cuando en cualquier estado del proceso hubiere sufrido
el sindicado en detención preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena
privativa de la libertad por la conducta punible que se le imputa, habida
consideración de la calificación que debería dársele.
Se considerará que ha cumplido la pena, el que lleve en
detención preventiva el tiempo necesario para obtener libertad condicional,
siempre que se reúnan los demás requisitos para otorgarla.
La rebaja de la pena por trabajo o estudio se tendrá en
cuenta para el cómputo de la sanción.
La libertad provisional a que se refiere este numeral será
concedida por la autoridad que esté conociendo de la actuación procesal al
momento de presentarse la causal aquí prevista.
3. Cuando se dicte en primera instancia, preclusión de la
investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria.
4. Cuando vencido el término de ciento veinte (120) días de
privación efectiva de la libertad, no se hubiere calificado el mérito de la
instrucción.
Este término se ampliará a ciento ochenta (180) días,
cuando sean tres (3) o más los sindicados contra quienes estuviere vigente
detención preventiva. Proferida la resolución de acusación, se revocará la
libertad provisional, salvo que proceda causal diferente.
No habrá lugar a libertad provisional, cuando el mérito de
la instrucción no se hubiere podido calificar por causas atribuibles al
sindicado o a su defensor.
5. Cuando hayan transcurrido más de seis (6) meses contados
a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, sin que se hubiere
celebrado la correspondiente audiencia pública salvo que se hubieren decretado
pruebas en el exterior o se esté a la espera de su traslado, caso en el cual,
el término se entiende ampliado hasta en seis (6) meses.
No habrá lugar a la libertad provisional cuando la
audiencia se hubiere iniciado, y ésta se encuentre suspendida por causa justa o
razonable o cuando habiéndose fijado fecha para la celebración de la misma, no
se hubiere podido realizar por causa atribuible al sindicado o a su defensor.
6. Cuando la infracción se hubiere realizado con exceso en
cualquiera de las causales eximentes de responsabilidad.
7. En los delitos contra el patrimonio económico, cuando el
sindicado, antes de dictarse sentencia, restituya el objeto material del
delito, o su valor e indemnice integralmente los perjuicios ocasionados al
ofendido o perjudicado.
8. En los procesos que se adelanten por el delito de
peculado, siempre que la cesación del mal uso, la reparación del daño o el
reintegro de lo apropiado, perdido o extraviado, o su valor, y la indemnización
de los perjuicios causados, se haga antes de que se dicte sentencia de primera
instancia.
Cuando la libertad provisional prevista en los numerales
cuarto (4º) y quinto (5º) de este artículo se niegue por causas atribuibles al
defensor, el funcionario judicial compulsará copias para que se investigue
disciplinariamente al abogado que incurra en maniobras dilatorias.
Artículo 366. Momento de la libertad bajo caución.
Cuando exista detención preventiva, la libertad provisional se hará efectiva
después de otorgada la caución prendaria y una vez suscrita la diligencia de
compromiso.
Artículo 367. Revocatoria de la libertad provisional.
En cualquier momento se podrá revocar la libertad provisional, de oficio o a
solicitud del Ministerio Público o del Fiscal General de la Nación o su
delegado, cuando el sindicado violare cualquiera de las obligaciones contraídas
en la diligencia de compromiso.
En este caso, no podrá otorgársele nuevamente en el mismo
asunto, salvo que apareciere alguna de las situaciones previstas en los
numerales segundo (2º) y tercero (3º) del artículo 365 de este código.
III.    LA DEMANDA
1.
Normas constitucionales que
se consideran infringidas
Estima el actor que la
disposición acusada es violatoria del artículo 28 en concordancia con el
artículo 29 inciso 3º de la Constitución Política de Colombia.
2.
Fundamentos de la demanda
El actor demanda la
constitucionalidad de las normas penales que consagran la figura de la
detención preventiva, por considerar que vulneran el principio constitucional
de la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal; cargo que
sustenta en la definición del verbo PRESUMIR, realizado por la Real Academia de
la Lengua Española, vigésima primera edición de 1.992, que tiene esta primera
acepción: “sospechar, juzgar o conjeturar una cosa por tener indicios o señales
para ello”. Señala el actor que: “con arreglo a esta definición, mientras a una
persona no se le encuentre culpable se le puede considerar inocente”.
Sostiene el demandante que el
mandato constitucional consagrado en el artículo 29 inciso 3º debe ser
entendido bajo la definición dada, por carecer de un concepto jurídico autónomo
y no tener otro significado dentro del idioma castellano.
Considera el demandante que sí
es necesaria la determinación de culpabilidad por parte de una autoridad
judicial competente, a través de una sentencia condenatoria en firme, mientras
esto no suceda se presume su inocencia, y por lo mismo, no puede ser detenida
ni siquiera preventivamente, porque de hacerlo se estaría vulnerado la
consagración de su inocencia y su libertad personal.
Estima que si bien la Corte
Constitucional se pronunció acerca de la detención preventiva como medida de
aseguramiento, su interpretación o estudio no lo hizo acorde con el artículo 29
de la Constitución Política y por lo tanto su decisión no es vinculante, pues
los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley.
Afirma el actor, que las normas
demandadas vulneran el Derecho Internacional Humanitario como consecuencia del
hacinamiento carcelario y las condiciones infrahumanas en que se encuentran las
personas detenidas preventivamente, por lo cual, el Estado colombiano se
encuentra  incumpliendo los citados tratados y las normas carcelarias, evento
que produce un elevado costo tanto administrativo como financiero, derivado
principalmente de las demandas que debe soportar como consecuencia de las
detenciones injustificadas.
IV.    INTERVENCIONES
1.      El Fiscal
General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, en nombre de la Fiscalía General de
la Nación, presenta escrito mediante el cual sustenta las razones por las que
-a su juicio- el aparte normativo acusado debe ser declarado constitucional.
Considera inicialmente que
el artículo 28 de la Constitución Política consagra como regla general la
libertad, que admite como excepción constitucional, la limitación mediante
mandamiento escrito proferido por una autoridad judicial competente y por
motivos previamente definidos en la ley.
Sostiene el escrito que la
detención fue declarada exequible mediante las sentencias C-301/93 y C-106/94,
lo que bastaría para determinar la improcedencia de la acción, toda vez, que
conforme al artículo 28 de la Constitución es posible decretar la detención
preventiva siempre y cuando se cumplan las condiciones consagradas en la Carta.
Añade que en relación con la
presunción de inocencia, de ser correcta la interpretación del demandante, se
llegaría el absurdo de ser incongruente el artículo 28 con el artículo 29
inciso 3º de la Constitución, pues mientras uno admite posibilidad de la
detención preventiva sobre los justos y razonables límites allí señalados, el
otro la negaría.
Por lo tanto –afirma el
Fiscal- el artículo 29 inciso 3º no prohibe la detención preventiva, solamente
consagra una presunción a favor del procesado para ser considerado inocente
mientras no sea declarado culpable.
Acompaña pronunciamientos de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se consagra que la detención
preventiva es una medida cautelar, no punitiva, cuya función es asegurar la
eficiencia de las investigaciones penales, pero debe ser ejercida bajo ciertos
requisitos precisos tendientes a proteger el principio de inocencia.
Sostiene entonces que siendo
compatible la detención preventiva con la presunción de inocencia, toma sentido
la exigencia de un término para la primera dentro del desarrollo de un juicio o
de una instrucción, de tal manera que al sobrepasarse los plazos referidos en
la ley, se genera el derecho a solicitar la libertad provisional con la
finalidad de mantener incólume la inocencia del individuo.
2.      El ciudadano
José Camilo Guzmán Santos, en nombre y representación del Ministerio de
Justicia y del Derecho, presenta escrito mediante el cual sustenta las razones
por las que -a su juicio- el aparte normativo acusado debe ser declarado
constitucional.
Comienza el interviniente señalando
que la detención preventiva fue declarada exequible mediante sentencia
C-327/97, y como el cargo formulado no expresa nada diferente a lo evaluado por
la Corte, debe estarse a lo resuelto en dicha providencia.
Por otra parte aduce que frente
a algunas disposiciones, la Corte ya se pronunció directamente sobre su
constitucionalidad y por lo tanto, opera el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional que hace improcedente volver sobre el mismo asunto.
V.      CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador General de la
Nación considera que la norma debe ser declarada constitucional, para lo cual
afirma que la Carta prevé la compatibilidad de la presunción de inocencia con
la detención preventiva (artículos 28 y 29 de la Constitución Política).
Esta coexistencia se fundamenta
en que la detención preventiva responde a claros límites que hacen que sea
excepcional, racional y proporcional, permitiendo garantizar la presencia del
sindicado en el proceso y evitando  que continúe ejecutando la conducta
investigada, pero a la vez, protegiendo la inocencia del individuo.
Expresa el procurador que el
derecho penal internacional admite la detención preventiva con carácter
excepcional, para prevenir que las personas inocentes sean sometidas a
circunstancias no acordes con su condición. Evento que  consagra igualmente el
derecho interno de conformidad con el artículo 28 de la Constitución.
Por último afirma que la
detención preventiva no desconoce la presunción de inocencia, pues la detención
“no puede ser asimilada a una declaración de responsabilidad como sí lo es la
sentencia ejecutoriada”.
VI.    CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.      Competencia
a) Esta Corte es competente
para fallar de manera definitiva sobre la exequibilidad de las disposiciones
acusadas, que forman parte de una ley de la República, según lo prescribe el
artículo 241-4 de la Carta Fundamental, y que hacen parte de un decreto
expedido en uso de facultades extraordinarias, según el artículo 241-5 de la
Constitución.
b)  Dado que el Decreto 2700 de
1.991 quedó derogado, el día 24 de julio de 2.001, y la Corte debe pronunciarse
sobre su constitucionalidad el día 25 de julio del mismo año, según lo ha
sostenido de manera reiterada está Corporación[1], en principio, debería la
Corte declararse inhibida para decidir sobre la materia, puesto que “...cuando
se demandan normas derogadas carece de objeto entrar a resolver sobre su
constitucionalidad, en cuanto ya han sido retiradas del ordenamiento jurídico
por el propio legislador, resultando inoficioso que se defina si mientras
estuvieron vigentes fueron válidas a la luz de la Carta...”[2].
No obstante, esta Corte ha
determinado que en ciertas circunstancias, es posible la valoración de
constitucionalidad de normas derogadas, cuando se estime que las mismas, pese a
la derogatoria, están produciendo o pueden llegar a producir efectos jurídicos.
Así ha sostenido que “...es menester
que, a cambio de precipitar una inhibición que podría hacer viable la efectiva
aplicación de la norma contraria a la Carta, la Corporación determine si, pese
a la derogación del precepto acusado o revisado, éste sigue produciendo
efectos, pues, en caso de ser así, lo indicado es decidir, mediante fallo de
mérito, acerca de la inexequibilidad planteada...”[3]. Igualmente, la Corte ha
señalado “....que en función de la guarda de la integridad y supremacía de
la Constitución, ella [la Corte Constitucional] debe conocer de disposiciones
que hayan sido acusadas y se encuentren derogadas, siempre y cuando tales
normas continúen produciendo efectos jurídicos.  En cambio, si la norma
demandada excluida del ordenamiento jurídico no sigue surtiendo efectos
jurídicos o nunca los produjo, el pronunciamiento de constitucionalidad resulta
inocuo, por carencia de objeto...”[4].
Estima la Corte que las normas
acusadas del Decreto 2700 de 1991, producen o pueden llegar a producir efectos
jurídicos por dos razones:
1)    En virtud del artículo 40 de la Ley 153 de 1.887, es
posible que las normas que regulan un procedimiento, se apliquen de manera
ultractiva, es decir, la norma derogada continúa produciendo efectos en torno a
ciertas actuaciones y diligencias previamente iniciadas. Dispone la norma
que:      “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los
juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a
regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y
diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al
tiempo de su iniciación”[5]. Por lo
tanto, las figuras objeto de demanda de constitucionalidad, al ser actuaciones
dentro del proceso penal, pueden continuar produciendo efectos jurídicos.
2)    De acuerdo con el artículo 28 de la Constitución
Política, el inciso 2 del artículo 6 del nuevo Código Penal y el artículo 44 de
la Ley 153 de 1.887[6], existen normas en el
anterior Código de Procedimiento Penal más benignas o favorables que las
disposiciones del actual Código; por lo tanto, en aplicación del principio de
favorabilidad, las normas del Decreto 2700 de 1.991 pueden llegar a producir
efectos jurídicos, ya que tendrían una aplicación ultractiva, lo que habilita
al juez constitucional a asumir la competencia para proferir una decisión de
fondo.
De acuerdo a lo expuesto, la
Corte procederá a pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas
acusadas del Decreto 2700 de 1.991, teniendo en cuenta que no obstante están
derogadas desde el 24 de julio del presente año, es factible que produzcan o
lleguen a producir efectos jurídicos.
2.      La materia sujeta a
examen
El demandante solicita la
declaratoria de inexequibilidad de los artículos 388, 396, 397, 398, 399, 400,
403, 404 a 409, 417, 418 del Código de Procedimiento Penal y los artículos 354
a 367 de la ley 600 de 2.000.
Estima el actor que las
disposiciones acusadas vulneran la Constitución, por permitir la aplicación de
la figura de la detención preventiva, ya que para desvirtuar la presunción de
inocencia es necesaria la determinación de culpabilidad de un sindicado por
parte de una autoridad judicial competente, a través de una sentencia
condenatoria en firme, mientras esto no ocurra la presunción es vinculante, y
por lo tanto no puede ser detenido ni siquiera preventivamente, ya que de
hacerlo se estaría vulnerado la consagración de su inocencia y su libertad
personal.
Por otra parte, sostiene el
actor, que si bien la Corte Constitucional se pronunció acerca de la detención
preventiva como medida de aseguramiento, su estudio no lo hizo frente al
artículo 29 de la Constitución Política y por lo tanto su decisión no es
vinculante, pues los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley.
El Fiscal General de la Nación,
Alfonso Gómez Méndez, estima que la detención preventiva fue objeto de control
constitucional, a través de la sentencia C- 106 de 1994, siendo declarada
exequible, por lo cual considera que dicha decisión es suficiente para
determinar la improcedencia de la acción. Por otra parte, afirma que la
detención preventiva es una medida cautelar, no punitiva, cuya función es asegurar
la eficiencia de las investigaciones penales, la cual debe ser ejercida bajo
estrictos requisitos para proteger la presunción de inocencia, por tal motivo
estima compatible el artículo 29 con el artículo 28 de la Constitución, al
determinar que el derecho a la libertad personal es susceptible de ser limitado
cuando es necesario decretar la detención mediante mandamiento escrito de
autoridad judicial competente y de acuerdo a motivos previamente definidos en
la ley.
El ciudadano José Camilo Guzmán
Santos, en nombre y representación del Ministerio de Justicia y del Derecho,
estima que existe cosa juzgada, toda vez que el punto fue evaluado por la Corte
mediante sentencia C - 327 de 1997.
El Ministerio Publico, en su
intervención, estima que las normas deben ser declaradas exequibles ya que la
Constitución prevé la coexistencia de la detención preventiva con la presunción
de inocencia, toda vez que la detención  no puede ser asimilada a una
declaración de responsabilidad, por cuanto su objetivo es garantizar la
presencia del sindicado en el proceso y evitar que continúe ejecutando
conductas delictivas. Por eso la Carta limitó su desarrollo a una regla
excepcional, racional y proporcional para no vulnerar la inocencia.
3.
De
la cosa juzgada.
Como quiera que las disposiciones
objeto de este proceso han sido revisadas en su constitucionalidad por varias
sentencias de la Corte, se impone determinar si sobre ellas opera el fenómeno
de la  cosa juzgada constitucional.
Considera la Corte que dada
la complejidad que reviste tal examen, tanto por la cantidad de disposiciones
demandadas y el número de las sentencias que se han proferido sobre las mismas,
como por la necesidad de fijar, en cada caso, el alcance de la cosa juzgada, es
necesario realizar algunas consideraciones previas sobre la institución de la
cosa juzgada en general y sobre la cosa juzgada constitucional en particular.
3.1.
Generalidades
La cosa juzgada es una
institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones
plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de
inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por
disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación
definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica.
De esta definición se
derivan dos consecuencias importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa
juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la
voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y en segundo
lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e
inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir,
se prohibe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la
comunidad, volver a entablar el mismo litigio.
De esta manera se puede
sostener que la cosa juzgada tiene como función negativa, prohibir a los
funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como
función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al
ordenamiento jurídico.
La fuerza vinculante de la cosa
juzgada se encuentra limitada a quienes plasmaron la litis como parte o
intervinientes dentro del proceso, es decir, produce efecto Inter partes.
No obstante, el ordenamiento jurídico excepcionalmente le impone a ciertas
decisiones efecto erga omnes, es decir, el valor de cosa juzgada de una
providencia obliga en general a la comunidad, circunstancia que se establece en
materia penal y constitucional (Artículo 243 de la Constitución Política).
Al operar la cosa juzgada, no
solamente se predican los efectos procesales de la inmutabilidad y
definitividad de la decisión, sino que igualmente se producen efectos
sustanciales, consistentes en precisar con certeza la relación jurídica objeto
de litigio.
En principio, cuando un
funcionario judicial se percata de la operancia de una cosa juzgada debe
rechazar la demanda, decretar probada la excepción previa o de fondo que se
proponga, y en último caso, procede una sentencia inhibitoria.
Para que una decisión alcance
el valor de cosa juzgada se requiere:
-
Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma
pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se
presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o
modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente
se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que
no fueron declarados expresamente.
-
Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y
la decisión que hizo transito a cosa juzgada deben tener  los mismos
fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la
demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los
nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que
constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.
-
Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas
partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión
que constituye cosa juzgada.
3.2.    De la cosa juzgada
constitucional.
La cosa juzgada
constitucional, por virtud del cual, “los fallos que la Corte dicte en
ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional”. La cosa juzgada es una categoría general del derecho y por
consiguiente tiene una regulación unitaria y uniforme en todos sus campos, sin
perjuicio de una serie de especialidades que se predican de acuerdo a la
naturaleza del asunto debatido.
La cosa juzgada
constitucional es una institución jurídico procesal que tiene su fundamento en
el artículo 243 de la Constitución Política y mediante la cual se otorga a las
decisiones plasmadas en una sentencia de constitucionalidad, el carácter de
inmutables, vinculantes y definitivas. De ella surge una restricción negativa
consistente en la imposibilidad de que el juez constitucional vuelva a conocer
y decidir sobre lo resuelto.
No obstante que la cosa juzgada
constitucional tiene su fuente en la teoría general, la particular naturaleza
del juicio de constitucionalidad impone unas diferencias significativas, como,
por ejemplo, la relacionada con el efecto ínter partes, que tiene la
cosa juzgada en el proceso ordinario frente al efecto erga omnes, que
reviste en el proceso constitucional.
En el proceso constitucional es
necesario modular la operancia de la cosa juzgada conforme a un análisis que
tenga en cuenta la posibilidad de que se planteen nuevos cargos, no tenidos en
cuenta por el juez constitucional, o que el examen de las normas demandadas se
haya limitado al estudio de un solo asunto de constitucionalidad, o que no se
haya evaluado la disposición frente a la totalidad de la Carta, o que exista
una variación en la identidad del texto normativo. En eventos como estos, no
obstante existir ya un fallo de constitucionalidad, podría abrirse la
posibilidad de realizar una nueva valoración de la norma acusada.
En este sentido la
Jurisprudencia de la Corte ha ido perfilando una serie de categorías
conceptuales que delimitan el alcance de la cosa juzgada constitucional de
manera tal que se garanticen tanto el objetivo de seguridad jurídica que tiene
la cosa juzgada, como las garantías ciudadanas propias del proceso de
constitucionalidad, y en particular el derecho que tiene quien inicia un
proceso constitucional a obtener decisiones de fondo sobre las concretas
pretensiones de inconstitucionalidad que presente.
Las siguientes
consideraciones se constituyen en umbrales de cada categoría que no agotan su
desarrollo y alcance, pero que sirven de base para ilustrar el alcance de los
pronunciamientos que en el presente proceso de constitucionalidad habrá de
hacer la Corte en la parte Resolutiva de la Sentencia.
a)
De la cosa juzgada aparente.
Ha dicho la Corte que la
cosa juzgada es apenas aparente, cuando la declaratoria de constitucionalidad
de una norma, carece de toda motivación en el cuerpo de la providencia. En
estos eventos “...la absoluta falta de toda referencia, aun la más mínima, a
las razones por las cuales fue declarada la constitucionalidad de lo acusado...”[7],
tiene como consecuencia que la decisión pierda, “...la fuerza jurídica
necesaria para imponerse como obligatoria en casos ulteriores en los cuales se
vuelva a plantear el asunto tan sólo supuesta y no verdaderamente debatido...”[8].
Es decir que en este caso es posible concluir que en realidad no existe cosa
juzgada y se permite una nueva demanda frente a la disposición anteriormente
declarada exequible y frente a la cual la Corte debe proceder a “... a
resolver de fondo sobre los asuntos que en anterior proceso no fueron materia
de su examen y en torno de los cuales cabe indudablemente la acción ciudadana o
la unidad normativa, en guarda de la integridad y supremacía de la Constitución..”[9]
b)
De la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material.
La cosa juzgada formal se
presenta “...cuando existe una decisión previa del juez constitucional en
relación con la misma norma que es llevada posteriormente a su estudio...”[10],
o, cuando se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es
decir, formalmente igual[11]. Esta evento hace que “
...no se pueda volver a revisar la decisión adoptada mediante fallo
ejecutoriado..”[12]
Por su parte, la cosa
juzgada material, “...se [ presenta] cuando no se trata de una norma con
texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino de una
disposición cuyos contenidos normativos son idénticos. El fenómeno de la cosa
juzgada opera así respecto de los contenidos de una norma jurídica...” [13].
Esta restricción tiene
sustento en el artículo 243 de la Constitución Política, según el cual  “ninguna
autoridad podrá reproducir el contenido material del acto declarado inexequible
por razones de fondo...”. De este modo la reproducción integral de la
norma, e incluso, la simple variación del giro gramatical o la mera inclusión
de un elemento normativo accesorio por parte de legislador, no afecta el
sentido esencial de la disposición, y entonces se concluye que sobre la misma
opera el fenómeno de la cosa juzgada.
Cuando una disposición es
declarada inexequible, la cosa juzgada material produce como efecto, una
limitación de la competencia del legislador (ordinario o extraordinario), que
le impide reproducir el contenido material de la norma que no se ajusta a la Carta
Fundamental, y en el evento que ello ocurra la Corte debe proferir un fallo de
inexequibilidad por la violación del mandato dispuesto en el artículo 243 de la
Constitución Política.
Cuando es declarada
exequible una disposición, el fenómeno de la cosa juzgada material, produce
como regla general la imposibilidad para la Corte Constitucional de
pronunciarse sobre la materia previamente resuelta, ya que puede conducir a
providencias contradictorias que afecten la seguridad del ordenamiento
jurídico, o alteren la confianza legítima de los administrados en la aplicación
de la Constitución, o vulneren el principio de la igualdad.
No obstante lo anterior, y
teniendo en cuenta la especial naturaleza de la cosa juzgada constitucional, es
necesario advertir, que de manera excepcional, resulta posible que el juez
constitucional se pronuncie de fondo sobre normas que habían sido objeto de
decisión de exequibilidad previa. El carácter dinámico de la Constitución, que
resulta de su permanente tensión con la realidad, puede conducir a que en
determinados casos resulte imperativo que el juez constitucional deba modificar
su interpretación de los principios jurídicos para ajustarlos a las necesidades
concretas de la vida colectiva - aún cuando no haya habido cambios formales en
el texto fundamental -, lo que incide necesariamente en el juicio de
constitucionalidad de las normas jurídicas. El concepto de “Constitución
viviente” puede significar que en un momento dado, a la luz de los cambios
económicos, sociales, políticos, e incluso ideológicos y culturales de una
comunidad, no resulte sostenible, a la luz de la Constitución, - que es
expresión, precisamente, en sus contenidos normativos y valorativos, de esas
realidades -, un pronunciamiento que la Corte haya hecho en el pasado, con
fundamento en significaciones constitucionales materialmente diferentes a
aquellas que ahora deben regir el juicio de Constitucionalidad de una
determinada norma. En estos casos, no se puede considerar que el fallo vulnera
la cosa juzgada, ya que el nuevo análisis parte de un marco o perspectiva
distinta, que en lugar de ser contradictorio conduce a precisar los valores y
principios constitucionales y permiten aclarar o complementar el alcance y
sentido de una institución jurídica[14].
c)
De la cosa juzgada absoluta y de la cosa juzgada relativa:
Se presenta cosa juzgada
absoluta cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a
través del control abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia,
es decir, se entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y
frente a todo el texto  Constitucional.
La cosa juzgada relativa se
presenta de dos maneras:
-        Explícita,
cuando “...la disposición es declarada exequible pero, por diversas
razones, la Corte ha limitado su escrutinio a los cargos del actor, y autoriza
entonces que la constitucionalidad de esa misma norma puede ser nuevamente
reexaminada en el futuro..”[15], es decir, es la propia Corte
quien en la parte resolutiva de la sentencia limita el alcance de la cosa
juzgada “...mientras la Corte Constitucional no señale que los efectos de
una determinada providencia son de cosa juzgada relativa, se entenderá que las
sentencias que profiera hacen tránsito a cosa juzgada absoluta...”[16].
-        Implícita,
se presenta cuando la Corte restringe en la parte motiva el alcance
de la cosa juzgada, aunque en la parte resolutiva no se indique dicha
limitación, “...en tal evento, no existe en realidad una contradicción entre
la parte resolutiva y la argumentación sino una cosa juzgada relativa
implícita, pues la Corte declara exequible la norma, pero bajo el entendido que
sólo se ha analizado determinados cargos...” [17].
Así mismo, se configura esta modalidad de cosa juzgada relativa, cuando la
corte al examinar la norma constitucional se ha limitado a cotejarla frente a
una o algunas normas constitucionales, sin extender el examen a la totalidad de
la Constitución o de las normas que integran parámetros de constitucionalidad,
igualmente opera cuando la Corte evalúa un único aspecto de constitucionalidad;
así sostuvo  que se presenta cuando: “... el análisis de la Corte está
claramente referido sólo a una norma de la Constitución o a un solo aspecto de
constitucionalidad, sin ninguna referencia a otros que pueden ser relevantes
para definir si la Carta Política fue respetada o vulnerada..”[18].
En el análisis de cosa juzgada en
cada proceso concreto, le corresponde a la Corte desentrañar en cada caso y
frente a cada disposición, si efectivamente se puede predicar la existencia de
cosa juzgada,  absoluta o material, o si, por el contrario, se está presente
ante una cosa juzgada aparente o relativa que permita una valoración de la
norma frente al texto constitucional, en aras de garantizar tanto la integridad
y supremacía de la Carta como la de los fines y valores propios de la
institución de la cosa juzgada.
3.3.  De la cosa juzgada del
caso en concreto.
Los fallos que la Corte ha
expedido sobre Código de Procedimiento Penal expedido mediante decreto 2700 de
1991 objeto de proceso son: las sentencias C-150 de 1993, C-106 de 1994, C-327
de 1997, C-425 de 1997 y C-716 de 1998.
En Sentencia C-150 de 1993 (M.P.
Fabio Morón Díaz), se declaró la exequibilidad del último inciso del artículo
388, del último inciso del artículo 399, del numeral 1º del artículo 397 y el
inciso 2º del numeral 3º del artículo 409 del Código de Procedimiento Penal; la
Corte en Sentencia C-106 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo),
declaró la exequibilidad del artículo 388 del decreto 2700 de 1991 “en su
totalidad”.
En la sentencia C-327 de 1997
(M.P. Fabio Morón Díaz), se declaró la constitucionalidad de los numerales 2º y
3º del artículo 397 del Código de Procedimiento Penal. Mediante la sentencia
C-425 de 1997 (M.P. Fabio Morón Díaz) se  declaró que el numeral 7º del
artículo 397 del decreto 2700 de 1991, se encuentra ajustado a la Constitución
y es por tanto exequible; por sentencia C-716 de 1998 (M.P. Carlos Gaviria
Díaz) se declaró la exequibilidad del artículo 417 del citado decreto, pero
“únicamente por los cargos analizados”, es decir, vulneración del artículo 189
numeral 11, y por violar las disposiciones 7-5 y 8-2 de la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos aprobada por ley 16 de 1972.
Es preciso establecer que las
citadas sentencias, en principio, generarían un alcance de cosa juzgada que
haría improcedente el análisis de constitucionalidad de la detención
preventiva, mas aún, cuando en las sentencias C-106 de 1994 y C-327 de 1997, la
Corte estableció la compatibilidad, a la luz  de la Constitución, de la
detención preventiva con la presunción de inocencia y el derecho a la libertad
personal. No obstante, la Corte considera que los citados fallos tienen un
valor de cosa juzgada relativa implícita, toda vez que en ellos, no se han
examinado las condiciones generales de procedencia de la detención preventiva a
la luz de los derechos y principios constitucionales citados.
Por lo tanto, la Corte procederá
en esta sentencia a unificar lo dispuesto en distintas providencias en relación
con las instituciones en conflicto y analizará el valor constitucional de la
procedencia general de la detención preventiva, cargo que no ha sido examinado
directa y expresamente por ninguna de las citadas decisiones, lo que contribuye
a clarificar y perfilar los principios y fines constitucionales que sirven de
fundamento y  orientan la interpretación, integración y aplicación de esta
medida de aseguramiento.
Para la Corte Constitucional es
oportuno realizar un nuevo análisis constitucional de la figura de la detención
preventiva a la luz de los artículos 28, 29 y el numeral 1 del artículo 250 de
la Constitución Política, con la finalidad de impulsar y formular orientaciones
jurisprudenciales que permitan por la vía de la clarificación hermenéutica,
contribuir al perfeccionamiento de las garantías constitucionales que tienen
las partes en el proceso penal, lo que constituye una exigencia de carácter
social y política de trascendental importancia para la consolidación del Estado
Social del Derecho y la salvaguarda de los derechos fundamentales.
Frente a las disposiciones del
nuevo Código de Procedimiento Penal (ley 600 de 2000) demandadas, no existe
previo pronunciamiento expreso de constitucionalidad en relación con los cargos
formulados en la demanda. Sin embargo, a lo largo de la Sentencia la Corte
habrá de establecer si respecto de ellas puede predicarse la existencia de cosa
juzgada material.
4.
Presunción de inocencia, libertad personal, bloque de
constitucionalidad y detención preventiva.
Para proceder a fallar sobre
la Constitucionalidad de las normas demandadas, es necesario realizar un
análisis previo sobre la presunción de inocencia y la libertad personal
reconocidas en la Constitución Política.
4.1.
Presunción de inocencia.
La presunción de inocencia se
encuentra reconocida en el artículo 29 inciso 4º de la Constitución Política,
mandato por el cual: "Toda persona se presume inocente mientras no se
la haya declarado judicialmente culpable". Este postulado cardinal de
nuestro ordenamiento jurídico, no admite excepción alguna e impone como
obligación la práctica de un debido proceso, de acuerdo con los procedimientos
que la Constitución y la ley consagran para desvirtuar su alcance.
Etimológicamente se entiende
por presumir, suponer algo por indiscutible aunque no se encuentre probado. La
presunción consiste en un juicio lógico del constituyente o del legislador, por
virtud del cual, considera como cierto un hecho con fundamento en las reglas o
máximas de la experiencia que indican el modo normal como el mismo sucede. La
presunción se convierte en una guía para la valoración de las pruebas, de tal
manera que las mismas deben demostrar la incertidumbre en el hecho presunto o
en el hecho presumido.
La presunción de inocencia en
nuestro ordenamiento jurídico adquiere el rango de derecho fundamental, por
virtud del cual, el acusado no está obligado a presentar prueba alguna que
demuestre su inocencia y por el contrario ordena a las autoridades judiciales
competentes la demostración de la culpabilidad del agente. Este derecho
acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal (por denuncia, querella
o de oficio) hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y
exige para ser desvirtuada la convicción o certeza, mas allá de una duda
razonable, basada en el material probatorio que establezca los elementos del
delito y la conexión del mismo con el acusado. Esto es así, porque ante la duda
en la realización del hecho y en la culpabilidad del agente, se debe aplicar el
principio del in dubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse
en favor del acusado.
La Declaración Universal de los
Derechos Humanos en su artículo 11º, reafirma el carácter fundante de la
presunción, por virtud del cual: "Toda persona acusada de un delito
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan
asegurado todas las garantías necesarias para su defensa".[19]
Igualmente la Convención
Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, ratificado por Colombia a
través de la ley 16 de 1974, establece: "..Toda persona inculpada del
delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad..."(artículo 8º).
El Decreto 2700 de 1991 señala
en su artículo 2º: "En desarrollo de las actuaciones penales prevalece
el principio de la presunción de inocencia según el cual toda persona se
presume inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se produzca una
declaración definitiva sobre su responsabilidad"  Igualmente la ley
600 de 2000, en su artículo 7º expresa:   " Toda persona se presume
inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una sentencia
condenatoria definitiva sobre su responsabilidad penal. En las actuaciones
penales toda duda debe resolverse a favor del procesado...".
4.2.             El derecho
a la libertad personal.
La libertad personal, principio
y derecho fundante del Estado Social de Derecho, comprende "la
posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a
desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los
derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios, como la proscripción de
todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de
la persona sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola
indebidamente".[20]
El derecho a la libertad
personal, no obstante ser reconocido como elemento básico y estructural del
Estado de Derecho, no alcanza dentro del mismo ordenamiento jurídico un
carácter absoluto e ilimitado. Ha precisado esta Corte: ".. Los
derechos fundamentales, no obstante su consagración constitucional y su importancia,
no son absolutos y, por lo tanto, necesariamente deben armonizarse entre sí y
con los demás bienes y valores protegidos por la Carta, pues, de lo contrario,
ausente esa indispensable relativización, la convivencia social y la vida
institucional no serían posibles..."[21].
El artículo 28 de la Carta
Política, representa la cláusula general de tutela y reconocimiento del derecho
a la libertad personal, ya que consagra de manera precisa, clara y expresa que:
"Toda persona es libre", al mismo tiempo, establece los
fundamentos jurídicos mediante los cuales se admite su restricción, al disponer
que:" Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a
prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado..", salvo
que concurran tres requisitos, a saber: 1) mandamiento escrito de autoridad
judicial competente, 2) que se expida con la observancia de las formalidades
legales y 3) por la existencia de motivos previamente definidos en la ley.
La Corte ha sostenido:
"... Desde la
perspectiva de los requisitos reseñados, cabe anotar que la norma comentada
contempla el derecho de todos a no ser privados de la libertad sino en la forma
y en  los casos previstos en la ley, de donde surge que la definición previa de
los motivos que pueden dar lugar a la privación de la libertad es una expresión
del principio de legalidad, con arreglo al cual es el legislador, mediante la
ley, el llamado a señalar las hipótesis en que tal privación es jurídicamente
viable....
...Se deduce de lo expuesto
que el constituyente no concibió la libertad individual a la manera de un
derecho absoluto, inmune a cualquier forma de restricción; todo lo contrario,
fluye del propio texto superior que en determinados casos en que tal limitación
tenga lugar han de venir fijados por la ley, siendo claro, en consecuencia, que
tratándose de la libertad personal la Constitución Política establece una
estricta reserva legal...
...Sin embargo, esa libertad
del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su
límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual,
delimita el campo de su privación no sólo en el artículo 28, sino también por
virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los
bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que
en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la
efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la
Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del
artículo 29, que dispone que toda persona "se presume inocente mientras no
se la haya declarado judicialmente culpable" y que quien sea sindicado
tiene derecho "a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas"...
...Así pues, aún cuando el
derecho a la libertad no es absoluto es claro que su limitación tampoco ha de
tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al regular los
supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios
de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de
justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener
inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el
derecho y los limites del mismo.."[22].
La efectividad y alcance de
este derecho se armoniza con lo dispuesto en los tratados internacionales de
derechos humanos ratificados por Colombia, por medio de los cuales se
estructura su reconocimiento y protección, a la vez que se admite una precisa y
estricta limitación de acuerdo con el fin social del Estado.
El Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968 establece:
" Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie
podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con
arreglo al procedimiento establecido en ésta...", la Convención
Americana de Derechos Humanos, ratificada por la Ley 16 de 1972 precisa: "1.Toda
persona tiene derecho a la libertad y a las seguridad personal. 2. Nadie puede
ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones
fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las
leyes dictadas conforme a ellas".
El decreto 2700 de 1991 e
igualmente la ley 600 de 2000, ordenan que:           " toda persona
tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie puede ser molestado en su
persona o familia, ni privado de su libertad, ni su domicilio registrado, sino
en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con
las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley".
4.3.   El bloque de
constitucionalidad[23], la presunción de inocencia y el derecho a la
libertad personal.
La Corte Constitucional ha
establecido que la revisión de constitucionalidad de los asuntos sometidos a su
competencia, debe realizarse no sólo frente al texto formal de la Carta, sino
también a partir de su comparación con otras disposiciones, las cuales de
acuerdo con la Constitución tienen jerarquía constitucional (bloque de
constitucionalidad stricto sensu[24]), o a
partir de otras normas que aunque no tienen rango constitucional, representan
parámetros para analizar la validez constitucional de las disposiciones sometidas
a su control (bloque de
constitucionalidad latu sensu).
El conjunto de normas que hacen
parte del bloque de constitucionalidad latu sensu, forman parámetros
para determinar el valor constitucional de las disposiciones sometidas a
control, “..conforme a esta acepción, el bloque de constitucionalidad
estaría conformado no sólo por el articulado de la constitución sino, entre
otros, por los tratados internacionales de que trata el artículo 93 de la
Carta, por las leyes orgánicas y, en algunas ocasiones, por las leyes
estatutarias...”[25]
De acuerdo con el artículo 93
de la Constitución Política, no todos los tratados internacionales forman parte
del bloque de constitucionalidad, la Corte ha precisado que: “...sólo
constituyen parámetros de control constitucional aquellos tratados y convenios
internacionales que reconocen derechos humanos (i) y, que prohiben su
limitación en estados de excepción (ii). Es por ello, que integran el bloque de
constitucionalidad, entre otros, los tratados del derecho internacional
humanitario, tales como los Convenios de Ginebra, los Protocolos I y II y
ciertas normas del Pacto de San José de Costa Rica...."[26].
Las normas que forman parte del
bloque de constitucionalidad latu sensu (algunos tratados sobre de
derechos humanos, leyes orgánicas y ciertas leyes estatutarias), forman
parámetros de validez constitucional, por virtud de los cuales, sí una ley u
otra norma de rango inferior es incompatible con lo dispuesto en cualquiera de
dichas disposiciones, la Corte Constitucional deberá retirarla del ordenamiento
jurídico, para cumplir con el mandato constitucional de velar por la guarda de
la integridad y supremacía de la Constitución.
Corresponde a la Corte
precisar, si las normas de los tratados internacionales ratificados por
Colombia, referentes a la presunción de inocencia y el derecho a la libertad
personal forman parte del bloque de constitucionalidad. Esto es así porque “...si
bien es cierto que los tratados internacionales vigentes en Colombia encuentran
un incuestionable fundamento en normas constitucionales, ello no significa
que todas sus normas integran el bloque de constitucionalidad y sirven de
fundamento para realizar el control de constitucionalidad de las leyes que
lleva a cabo esta Corporación en los estrictos y precisos términos del artículo
241 del Estatuto Superior...”[27].
Para que las disposiciones de
un tratado internacional ratificado por Colombia, formen parte del bloque de
constitucionalidad, es necesario el cumplimiento de dos requisitos, a saber:
deben  reconocer  un derecho humano y  dicho derecho no debe ser susceptible de
limitación en los estados de excepción[28] (Artículo 93 de la
Constitución Política).
Frente al derecho a la libertad
personal, esta Corporación mediante sentencia C - 327 de 1997, señalo que:
"...al efectuar el análisis de constitucionalidad del proyecto de ley
estatutaria: por la cual se regulan los estados de excepción en Colombia, la
Corte declaró la exequibilidad del artículo 4º en el cual, el legislador, valiéndose
de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, enuncia una serie de derechos que califica de
intangibles, durante los estados de excepción, los cuales no pueden ser objeto
de suspensión o restricción alguna por el legislador extraordinario y dentro de
esa enunciación no aparece la libertad personal que es
susceptible de limitación como surge, por ejemplo del literal f) del artículo
38 [ de la ley 137 de 1994 ].....Así las cosas, los tratados internacionales
invocados por el demandante, en la parte relativa a la libertad personal
no forman parte del bloque de constitucionalidad..."[29],
en la medida, en que dicho derecho es susceptible de limitación en los
estados de excepción.
No obstante, la Constitución
ordena en el inciso segundo del artículo 93 que para la interpretación de los
derechos consagrados en la Carta, debe estarse a los tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por Colombia, evento por el cual, aunque las
disposiciones referentes al derecho a la libertad personal no hacen parte del
bloque de constitucionalidad, no por eso, debe desconocerse que su
interpretación debe realizarse de acuerdo con sus mandatos. La Corte ha
sostenido: "...Claro está, tratándose del derecho fundamental de la
libertad, aplicando el artículo 93 de la constitución Política, el alcance de
su garantía constitucional debe interpretarse a la luz de los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia..."[30].
Frente a la presunción de
inocencia, la Corte considera que los disposiciones de los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, sí forman
parte del bloque de constitucionalidad, toda vez que, la presunción de
inocencia es un derecho humano, el cual no es susceptible de limitación o
restricción en los estados de excepción, ya que sí derecho al debido proceso y
el principio de legalidad no admiten restricción alguna, según lo dispone el
artículo 27 de la ley 16 de 1972, que ratifica la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, menos aún la presunción de inocencia derecho fundamental a
partir del cual se edifican las garantías jurídicas citadas. Señala la
disposición citada: "2. La disposición precedente [suspensión de
garantías por estados de excepción] no autoriza la suspensión de los derechos
determinados en los siguientes artículos: 3º (derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica), 4º (derecho a la vida), 5º (derecho a la integridad
personal), 6º (prohibición de la esclavitud y servidumbre) , 9º  (principio
de legalidad y de retroactividad), 12 (libertad de consciencia y de
religión), 17 (protección de la familia), 18 (derecho al nombre), 19 (derechos
del niño), 20 (derecho a la nacionalidad) y 23 (derechos políticos), ni de
las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos".
4.4.
Las medidas de
aseguramiento y la detención preventiva.
Las medidas de aseguramiento
hacen parte de las denominadas medidas cautelares, es decir, de aquellas
disposiciones que por petición de parte o de oficio, dispone la autoridad
judicial sobre bienes o personas, cuyo objeto consiste en asegurar el
cumplimiento cabal de las decisiones adoptadas en el proceso, garantizar la
presencia de los sujetos procesales y afianzar la tranquilidad jurídica y
social en la comunidad,  bajo la premisa por virtud de la cual, de no proceder a
su realización, su propósito puede resultar afectado por la demora en la
decisión judicial.
La Corte ha señalado:
“…Las medidas cautelares
constituyen actos jurisdiccionales de naturaleza preventiva y provisional que,
de oficio o a solicitud de parte, se ejecutan sobre personas, bienes y medios
de prueba para mantener respecto de éstos un estado de cosas similar al que
existía al momento de iniciarse el trámite judicial, buscando la efectiva
ejecución de la providencia estimatoria e impidiendo que el perjuicio
ocasionado con vulneración de un derecho sustancial, se haga más gravoso como
consecuencia del tiempo que tarda el proceso en llegar a su fin…”[31].
Las medidas cautelares deben
ser decretadas por intermedio de una autoridad judicial, en el desarrollo de un
proceso al cual acceden o accederán, con un carácter eminentemente provisional
o temporal y bajo el cumplimiento de los estrictos requisitos que la
Constitución y la ley prevén.
Las medidas de aseguramiento
para imputables reconocidas en Colombia mediante el decreto número 2700 de
1991, son: la caución juratoria o prendaria, la conminación y la detención
preventiva o domiciliaria (artículo 388). De acuerdo con la ley 600 de 2.000,
nuevo Código de Procedimiento Penal: “ solamente se tendrá como medida de
aseguramiento para imputables la detención preventiva ”(artículo 356).
En desarrollo del artículo 29
de la Constitución Política, las medidas de aseguramiento deben someterse al
cumplimiento de estrictas exigencias fundamentales que estructuran su
legalidad. Estas reglas son de dos clases, a saber: los requisitos formales, es
decir, la obligación de su adopción mediante providencia interlocutoria, que
deberá contener la indicación de los hechos que se investigan, la calificación
jurídica y los elementos probatorios que sustentan la adopción de la medida; y
los requisitos sustanciales, mediante los cuales se exige para su adopción la
existencia de por lo menos un indicio grave de responsabilidad (artículo 388
del C.P.P) o de dos indicios graves de responsabilidad (artículo 356 del nuevo
C.P.P), con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso.
La Corte Suprema de Justicia ha
sostenido que: “…la connotación de levedad o gravedad del indicio no
corresponde a nada distinto al control de su seriedad y eficacia como medio de
convicción que en ejercicio de la discrecionalidad reglada en la valoración
probatoria realiza el juez, quien después de contemplar todas las hipótesis
confirmantes e infirmantes de la deducción establece jerarquías según el grado
de aproximación a la certeza que brinde el indicio, sin que ello pueda
confundirse con una tarifa de valoración preestablecida por el legislador…”[32].
La detención preventiva como
medida de aseguramiento, dada su naturaleza cautelar, “..se endereza a
asegurar a las personas acusadas de un delito para evitar su fuga y garantizar
así los fines de la instrucción y el cumplimiento de la pena que, mediante
sentencia, llegare a imponerse, una vez desvirtuada la presunción de inocencia
y establecida la responsabilidad penal del sindicado..”[33].
4.4.1.          En los anteriores términos, la institución
de la detención preventiva es compatible con la Constitución[34]
y no resulta contraria a la presunción de inocencia, en cuanto que,
precisamente, tiene un carácter preventivo, no sancionatorio. Es por eso que la
Corte Constitucional ha distinguido entre ella y la pena, en los siguientes
términos:
“…En cuanto se refiere a la
detención, la Carta Política distingue claramente entre ella y la pena. El
artículo 28 alude a la primera y exige, para que pueda llevarse a cabo,
mandamiento escrito de autoridad judicial competente, impartido y ejecutado con
las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. A la
segunda se refiere el artículo 29, que plasma la presunción de inocencia a
favor de toda persona, estatuyendo, para que pueda imponerse una pena, el
previo juzgamiento conforme a las leyes preexistentes, ante juez o tribunal
competente, con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio
y con la integridad de las garantías que configuran el debido proceso…
…Así, una cosa es detener
al individuo contra el cual existen indicios graves acerca de que puede ser
responsable penalmente, para que esté a disposición de la administración de
justicia mientras se adelanta el proceso en su contra, y otra muy distinta que,
cumplidos los trámites procesales y celebrado el juicio con observancia de
todas las garantías, reconocimiento y práctica del derecho de defensa, se
llegue por el juez a la convicción de que en realidad existe esa
responsabilidad penal y de que, por tanto, debe aplicarse la sanción contemplada
en la ley…”[35].
No obstante lo anterior, la
ley permite que el tiempo de detención sea computado como parte de la pena, lo
que se convierte en un dictado de justicia y de equidad (artículo 406 del
decreto 2700 de 1991 y artículo 261 de la ley 600 de 2000).
Igualmente la Corte ha
sostenido la compatibilidad de la detención preventiva con la presunción de
inocencia en los siguientes términos:
“..La presunción de
inocencia, en la cual descansa buena parte de las garantías mínimas que un
Estado democrático puede ofrecer a sus gobernados, no riñe, sin embargo, con la
previsión de normas constitucionales y legales que hagan posible la aplicación
de medidas preventivas, destinadas a la protección de la sociedad frente al
delito y a asegurar la comparecencia ante los jueces de aquellas personas en
relación con las cuales, según las normas legales preexistentes, existan
motivos válidos y fundados para dar curso a un proceso penal, según elementos
probatorios iniciales que hacen imperativa la actuación de las autoridades
competentes…
…La detención preventiva,
que implica la privación de la libertad de una persona en forma temporal con
los indicados fines, previo el cumplimiento de los requisitos contemplados en
el artículo 28, inciso 1, de la Constitución Política, no quebranta en sí misma
la presunción de inocencia, dado su carácter precario que no permite
confundirla con la pena, pues la adopción de tal medida no comporta definición
alguna acerca de la responsabilidad penal del sindicado y menos todavía sobre
su condena o absolución…
…La persona detenida sigue
gozando de la presunción de inocencia pero permanece a disposición de la
administración de justicia en cuanto existen razones, previamente contempladas
por la ley, para mantenerla privada de su libertad mientras se adelante el
proceso, siendo claro que precisamente la circunstancia de hallarse éste en
curso acredita que el juez competente todavía no ha llegado a concluir si
existe responsabilidad penal…”[36] .
4.4.2.          Por su parte, la Corte ha establecido la
concurrencia de la detención preventiva con el derecho a la libertad personal,
en los siguientes términos:
“...El postulado
constitucional y abstracto de la libertad individual encuentra una legítima
limitación en la figura de la detención preventiva cuya finalidad,
evidentemente, no esta en sancionar al procesado por la comisión de un delito,
pues está visto que tal responsabilidad sólo surge con la sentencia
condenatoria, sino en la necesidad primaria de asegurar su comparecencia al
proceso dándole vía libre a la efectiva actuación del Estado en su función de
garante de los derechos constitucionales…”[37].
Aunque las disposiciones
referentes al derecho a la libertad personal que se encuentran en los tratados
internacionales de derechos humanos, no hacen parte del bloque de
constitucionalidad, siguiendo las precisiones realizadas con anterioridad
(mirar 4.3), no por eso, debe desconocerse que su interpretación debe
realizarse acorde con sus mandatos. En tal sentido se pronuncio la Corte
Constitucional: “...claro está, tratándose del derecho fundamental de la
libertad, aplicando el artículo 93 de la Constitución Política, el alcance de
su garantía constitucional debe interpretarse a la luz de los tratados internacionales
sobre derechos humanos...”[38], por tal motivo se citan
los principales documentos internacionales ratificados por Colombia que
conciben a la detención preventiva como una excepción al derecho a la libertad
personal:
El artículo 9 del pacto
internacional de derechos civiles y políticos, aprobado por la ley 74 de 1968,
establece: “ Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias.
Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley
y con arreglo al procedimiento establecido en ésta…La prisión preventiva de las
personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su
libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del
acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias
procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”.
La convención americana sobre
derechos humanos en su artículo 7º, aprobada mediante la ley 74 de 1968,
señala: “ Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las
causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones
Políticas de los Estados partes y por las leyes dictadas conforme a ellas”.
Por todo lo anterior, se
puede concluir que la detención preventiva es compatible con la Constitución y
con los instrumentos internacionales que determinan su alcance, en cuanto tiene
un carácter preventivo y excepcional.  En esos términos se ha pronunciado la
Corte en anteriores fallos y por consiguiente, sobre el particular ha operado
el fenómeno de la cosa juzgada constitucional formal y material, tal como, en
cada caso, se establecerá en la parte resolutiva de esta providencia.
4.5.   De las condiciones generales de procedencia de la
detención preventiva en un Estado Social de Derecho y a la luz del derecho a la
libertad personal y la presunción de inocencia.
Procede la Corte ahora a
analizar las condiciones generales de procedencia de la detención preventiva a
la luz de la Constitución.
La procedencia de la detención
preventiva, tiene como sustento legal, el cumplimiento de los requisitos
formales y sustanciales que el ordenamiento impone, estructurados bajo un
criterio de graduación punitiva, situación de flagrancia, y en cierto casos
vinculado a delitos taxativamente reconocidos por el legislador (Artículo 397
C.P.P y Artículo 357 del nuevo C.P.P).
4.5.1.          La detención
preventiva procede de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución Política,
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: mandamiento escrito de
autoridad judicial competente, con la observancia de las formalidades legales y
por motivos previamente definidos en la ley.
La Corte, por su parte, ha
determinado la constitucionalidad de supuestos que permiten la aplicación de la
detención preventiva (incisos 1º, 2º, 3º y 7º del artículo 397 del C.P.P), bajo
el entendido de que, corresponde a la órbita de configuración legislativa,
determinar bajo los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, cual ha de
ser la política punitiva del Estado.
Al respecto la Corte ha
expresado:
“… La Corte ha hecho énfasis
en que tratándose de la libertad personal, la Constitución Política establece
una estricta reserva de ley, siendo entonces el legislador el llamado a
establecer los casos y a fijar las condiciones que tornen viable la privación
de la libertad, tarea que redunda en beneficio del derecho en la medida en que
los asociados cuentan con la definición de los eventos en los cuales resulta
posible afectarlo. En este sentido la Corporación ha puntualizado que “las
normas legales que fijan y precisan los supuestos en los que a una persona se
le puede privar de la libertad, constituyen garantía del derecho que de esa
forma desarrollan” ….
…Al definir las causales de
detención preventiva el legislador, actuando bajo el marco de la carta y en
atención a la política criminal que adopte, utiliza los criterios que estima
adecuados al logro de las finalidad de esa especifica medida de aseguramiento…”[39].
La Corte ha señalado, que la
potestad de configuración legislativa tiene como límite de aplicación los
criterios de razonabilidad y proporcionalidad, de manera que, las restricciones
a la libertad no pueden convertirse en una regla general:
“…Ahora bien, en ejercicio
de las competencia que le atañen tratándose de la regulación de la libertad y
en concreto del señalamiento de los casos en que sea procedente su privación,
el legislador se encuentra asistido por la denominada libertad de configuración
que se extiende hasta encontrar sus fronteras en la propia constitución y en
los criterios de razonabilidad y proporcionalidad “que al obrar como límites,
le imprimen a los supuestos de privación de la libertad la naturaleza
excepcional que deben tener, erigiéndose, entonces, en garantías de ese derecho
fundamental”…” [40].
En un idéntico sentido expresó:
“…No obstante, resulta
relevante aclarar que, en materia de restricciones a la libertad personal, la
facultad de configuración legislativa resulta válida en la medida en que, de un
lado, se mantenga un equilibrio con las demás garantías y derechos reconocidos
en la Constitución y en la ley y, del otro, se expidan medidas coercitivas
fundamentadas en un principio de razón suficiente que avale su operancia en el
orden jurídico interno. En efecto, tal como lo ha sostenido la Corte, “ aún
cuando el derecho a la libertad no es absoluto, es claro que su limitación
tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al regular los
supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios
de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de
justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener
inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el
derecho y los límites del mismo”..”[41].
Es importante determinar
cual es el ámbito constitucional dentro del cual debe desenvolverse la potestad
de configuración legislativa del Congreso en materia de detención preventiva.
La Corte Constitucional ha
precisado que de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución Política,
referente a los requisitos de la detención, y en especial a la necesidad de
existencia “de motivos previamente definidos en la ley”, se hace
necesario la intervención del legislador para señalar los motivos que permitan
decretar la detención en el régimen jurídico colombiano.
En tal sentido expresó:
“...Desde la perspectiva de
los requisitos reseñados, cabe anotar que la norma comentada contempla el
derecho de todos a no ser privados de la libertad de sino en la forma y en
los casos previstos en la ley, de donde surge que la definición previa de
los motivos que pueden dar lugar a la privación de la libertad es una expresión
del principio de legalidad, con arreglo al cual es el legislador, mediante la
ley, el llamado a señalar las hipótesis en que tal privación es jurídicamente
viable...
...Se deduce de lo expuesto
que el Constituyente no concibió la libertad individual a la manera de un
derecho absoluto, inmune a cualquier forma de restricción; todo lo contrario,
fluye del propio texto superior que en determinados supuestos, ese derecho
fundamental es susceptible de limitación, empero, los casos en que tal
limitación tenga lugar han de venir fijados por la ley, siendo claro, en
consecuencia, que tratándose de la libertad personal la Constitución Política
establece una estricta reserva legal...”[42].
4.5.2.          No
obstante lo anterior, la detención preventiva dentro de un Estado social de
derecho, no puede convertirse en un mecanismo de privación de la libertad
personal indiscriminado, general y automático, es decir que, su aplicación o
práctica ocurra siempre que una persona se encuentra dentro de los estrictos
límites que señala la ley, toda vez que la Constitución ordena a las
autoridades públicas velar por la efectividad de los derechos y libertades de
los personas, garantizar la vigencia de los principios constitucionales (la
presunción de inocencia), y promover el respeto de la dignidad humana
(preámbulo, artículos 1º y 2º).
Bajo esta consideración, para
que proceda la detención preventiva no sólo es necesario que se cumplan los
requisitos formales y sustanciales que el ordenamiento impone, sino que se
requiere, además, y con un ineludible alcance de garantía, que quien haya de
decretarla sustente su decisión en la consideración de las finalidades
constitucionalmente admisibles para la misma.
El concepto de detención
preventivo tiene en la Constitución, en principio, el carácter de indeterminado,
en la medida en que, ni en la norma que la permite (Artículo 28 de la C.P.) ni
en el resto de las disposiciones de la parte dogmática de la Carta, se definen
su alcance o sus limitaciones.
En el proceso de concretización
de ese contenido abierto, la propia Carta, en su parte orgánica suministra
algunos elementos, cuando en el artículo 250, al regular las acciones que debe
tomar la Fiscalía para el cumplimiento de sus cometidos constitucionales,
señala que, ésta debe asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de
la ley penal adoptando las medidas de aseguramiento.
Se tiene, entonces que la
propia Constitución, el artículo 250 citado, establece una de las finalidades
admisibles para la detención preventiva, cual es la de asegurar la comparencia
al proceso de los presuntos infractores de la ley penal. Sin embargo esta norma
no agota al ámbito de indeterminación del concepto, cuya alcance corresponderá
fijar, dentro de los límites constitucionales, al legislador y a la
jurisprudencia. Sobre este particular la Corte ha dicho que “....Dentro de
las funciones que se le atribuyen a la Fiscalía General de la Nación en el
artículo 250 de la Carta, aparece en primer lugar la de "Asegurar la
comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las
medidas de aseguramiento".... El propósito que orienta la adopción de este
tipo de medidas es de carácter preventivo y no sancionatorio. Por ello, no son
el resultado de sentencia condenatoria ni requieren de juicio previo; buscan
responder a los intereses de la investigación y de la justicia al procurar la
comparecencia del acusado al proceso y la efectividad de la eventual sanción
que llegare a imponerse. La detención persigue impedirle al imputado la
fuga, la continuación de su actividad delictual o las labores  que emprenda
para ocultar, destruir, deformar o desvirtuar elementos probatorios importantes
para la instrucción....”[43]
Como se ve, esta Corporación,
aún dentro del ámbito del propio artículo 250 ha encontrado para la detención
preventiva finalidades que desbordan el tenor literal previsto en esa
disposición.
Para la completa determinación
del concepto de detención preventiva, reitera la Corte, la Constitución ha
dejado un espacio a la potestad de configuración del legislador, la cual sin
embargo, no está exenta de límites, puesto que debe ejercerse de manera que
respete tanto la naturaleza cautelar de la figura como los principios y derechos
constitucionales.
La propia Carta contiene
elementos que sin excluir otros que puedan resultar constitucionalmente
admisibles, pueden configurar finalidades válidas para la detención preventiva.
Así, por ejemplo, puede considerarse que la Constitución prevé, de manera
implícita, como fin u objetivo de la detención preventiva, la necesidad de
afianzar la preservación de la prueba, tal como se deduce del numeral 4º del
artículo 250 de la Constitución, por virtud del cual, es función de la Fiscalía
“velar por la protección de las víctimas, testigos e
intervinientes en el proceso”[44]. Sí a dicha
entidad le corresponde velar por la seguridad de los testigos y de sus
testimonios, modalidad de prueba reconocida por los ordenamientos procesales,
es susceptible y admisible que para cumplir tal objetivo decrete las medidas de
aseguramiento que considere pertinentes, circunstancia que bajo una
interpretación sistemática no restringe su alcance a otras medios de prueba que
puedan resultar en un serio y fundado peligro (fumus boni juris), y que
requieran como única medida de protección la detención, ya que en ausencia de
estas circunstancias, y en aras de proteger la dignidad humana (art 1º de la
Constitución) y el derecho a la libertad personal (art 2º. y 28 de la
Constitución), es predicable la adopción de otro tipo de medidas menos lesivas
de estos derechos fundamentales como disponer la vigilancia de las personas, o
la incautación de documentos, entre otras (artículo 256 del decreto 2700 de
1991). Condicionamiento que hace efectivo el postulado constitucional de la
investigación integral, por el cual, es obligación de la Fiscalía General de la
Nación investigar no sólo lo desfavorable al acusado sino también lo favorable.
Igualmente, la protección de la
comunidad en aras de impedir la continuación de la actividad delictual, puede
concebirse como fin propio de la detención preventiva a partir de la
consideración del mandato del artículo 1º de la Constitución, según el cual, el
Estado colombiano se encuentra fundado en “la prevalencia del interés
general”, cuyo desarrollo explica el precepto consagrado en el artículo 2º
de la Constitución Política, por el cual, es fin esencial del Estado, “asegurar
la convivencia pacífica” de la comunidad, no obstante, esta atribución debe
actuar en concordancia con el principio de la dignidad humana, y por lo tanto,
para no lesionar las garantías fundamentales del sindicado, el ejercicio de
esta atribución impone la necesidad de investigar lo favorable como
desfavorable al acusado.
Por lo tanto, los criterios
legales de procedencia y de señalamiento de los fines de la detención
preventiva, deben concurrir con los mandatos constitucionales, y podrían ser
objeto de juicio de constitucionalidad cuando no se ajusten a los postulados de
la Carta fundamental.
La presente consideración fue
expuesta por la Corte de la siguiente manera:
“… Es importante precisar
que la resolución de detención preventiva no conlleva en todos los casos la
privación efectiva y material de la libertad individual. En realidad, bajo el
supuesto de que el procesado se encuentra amparado por la presunción de
inocencia incluso durante la etapa del juzgamiento, “la restricción de
su libertad sólo puede estar determinada por la necesidad de que se cumplan los
fines de la investigación penal” …”[45].
En igual sentido:
“…La medida de aseguramiento
consistente en detención preventiva no comporta siempre la privación efectiva
de la libertad, pues dada la presunción de inocencia que acompaña al procesado
durante toda la investigación penal, la restricción de su libertad sólo puede
estar determinada por la necesidad de que se cumplan los fines de
la investigación penal…”.[46]
La presente limitación en la
procedencia de la detención preventiva, de acuerdo con los mandatos
constitucionales, ha sido reconocida como norma rectora en el nuevo Código de
Procedimiento Penal, cuando en su artículo 3º inciso 2º, sostiene: “…La
detención preventiva, en los términos regulados en este código, estará sujeta a
la necesidad de asegurar la comparecencia al proceso del sindicado, la
preservación de la prueba y la protección de la comunidad...”, mandato
constitutivo del ordenamiento procesal penal, de acuerdo con el artículo 24 del
nuevo Código de Procedimiento Penal, quien otorga prevalencia a las normas
rectoras sobre las demás disposiciones del código, al señalar que: “Las
normas rectoras son obligatorias y prevalecen sobre cualquier otra disposición
de este código. Serán utilizadas como fundamento de interpretación”.
Por lo cual, se puede concluir
que la procedencia constitucional de la detención preventiva se encuentra
reglada en Carta Fundamental y reconocida por las normas rectoras del nuevo
Código de Procedimiento Penal, según las cuales, los criterios legales de
procedencia de la detención preventiva deben concurrir con los mandatos
constitucionales, de tal manera que si la detención se ordena sin considerar
los principios y valores que inspiran la Constitución, y en particular, las
finalidades constitucionalmente admisibles para la misma, en su apreciación en
el caso concreto, el presunto infractor de la ley penal, su defensor o el
Ministerio Público pueden solicitar el control de legalidad de la medida
adoptada, o hacer uso de los mecanismos constitucionalmente previstos para la
defensa de los derechos fundamentales, toda vez que de ello, tal como se ha
dejado sentado en esta providencia, resultaría una violación de los derechos
constitucionales a la libertad personal y a la presunción de inocencia y se
presentaría, además, una violación del debido proceso, si se establece que la
ley se ha aplicado en un sentido excluido como inconstitucional por la Corte.
5.  Análisis
de las disposiciones acusadas
5.1.   De
las medidas de aseguramiento y la detención preventiva en general:
Artículo 388 del Decreto
2700 de 1991 y Artículo 356 de la Ley 600 de 2000.
Consideraciones:
En relación con el
artículo 388 del Decreto 2700 de 1991 opera el fenómeno de la cosa juzgada,
toda vez que mediante providencias C - 150 de 1993, C-106 de 1994 y C- 327 de
1997, se determinó la constitucionalidad de las medidas de aseguramiento y en
concreto de la detención preventiva, se estableció la compatibilidad de la
misma con la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal,
circunstancia considerada y reafirmada en esta providencia.
En relación con el
artículo 356 de la Ley 600 de 2000, respecto de los cargos formulados por
el actor, existe cosa juzgada material,  ya que aunque el texto de la norma no
es igual al previsto en el artículo 388 del Decreto 2700 de 1991, sí es
predicable una identidad entre los contenidos normativos, toda vez que la nueva
disposición consagra la medida de aseguramiento restringida a la detención
preventiva, evento que se encuentra enmarcado dentro de  límites razonables y
proporcionales de configuración legislativa. Por lo tanto, las mismas
consideraciones que permitieron determinar la constitucionalidad de las medidas
de aseguramiento y la detención preventiva, y su compatibilidad con la
presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal son predicables
para esta disposición.
No obstante, estima la Corte
que, tal como se ha expresado en esta Providencia, de conformidad con el
artículo 29 de la Constitución Política (debido proceso y presunción de
inocencia), las medidas de aseguramiento deben someterse al cumplimiento de las
estrictas exigencias que determinan su legalidad. Estas reglas son de dos
clases, a saber: los requisitos formales, es decir, la obligación de su
adopción mediante providencia interlocutoria que deberá contener: los hechos
que se investigan, la calificación jurídica y los elementos probatorios que
sustentan la adopción de la medida; y los requisitos sustanciales consistentes
en los indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente
producidas dentro del proceso.
El texto del nuevo Código de
Procedimiento Penal, no hace referencia alguna a los requisitos formales que
debe cumplir la autoridad judicial para decretar la detención preventiva, pero
en aras de garantizar el debido proceso y en armonía con el artículo 28 de la
Constitución, esta Corte estima que cuando la norma constitucional impone la
necesidad de “.. mandamiento escrito de autoridad judicial competente...”, es
porque se  requiere, para la adopción de la detención preventiva de un providencia
interlocutoria, en la cual, para hacer efectiva la presunción de inocencia, el
derecho de defensa y el de contradicción del sindicado, se deben señalar al
menos los hechos que se investigan, su calificación jurídica y los elementos
probatorios que sirvieron de fundamento para adoptar la medida.
Por lo tanto, se
condicionará la constitucionalidad del inciso 2º del artículo 356 del nuevo
Código de Procedimiento Penal, bajo el entendido que, para la práctica de la
detención preventiva, es necesario, el cabal cumplimiento de los requisitos
formales señalados (los hechos que se investigan, su calificación jurídica y
los elementos probatorios que sirvieron de fundamento para adoptar la medida),
en armonía, con el requisito sustancial consiste en los indicios graves de
responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso.
5.2.   En cuanto a la
procedencia de la detención preventiva:
Artículo 397 del Decreto
2700 de 1991 y  Artículo 357 de la Ley 600 de 2000.
Consideraciones:
En relación con el Artículo
397 del Decreto 2700 de 1991, opera el fenómeno de la cosa juzgada
en torno a la compatibilidad de la detención preventiva con la presunción de
inocencia y el derecho a la libertad personal, e igualmente en lo referente a
la procedencia especifica de las causales 1, 2, 3 y 7 de la norma demandada
(sentencias C-150 de 1993, C-327 de 1997 y C-425 de 1997), evento por el cual
el Magistrado Sustanciador rechazó la demanda. No obstante, la cosa juzgada en
este caso, es relativa implícita, toda vez que la Corte no ha evaluado la
procedencia general de la detención preventiva y las causales 4, 5 y 6 del
texto demandado.
Frente al Artículo 357 de
la Ley 600 de 2000 existe  cosa juzgada material, en torno a la
compatibilidad de la detención preventiva con la presunción de inocencia y el
derecho a la libertad personal, e igualmente frente a las causales 1 y 2, ya
que aunque los textos no son iguales a los que fueron declarados exequibles por
la Corte, sí es predicable una identidad entre los contenidos normativos, toda
vez que, en la primera causal, se consagra la procedencia específica de la
detención preventiva cuando la pena de prisión prevista para el tipo sea o
exceda de cuatro (4) años, mientras la disposición anterior la establecía en
dos (2) años, y en la segunda causal, se establece la procedencia específica de
la detención cuando se trata de algunos de los delitos consagrados
expresamente, evento idéntico al precisado por el régimen anterior.
Como se señaló en esta
providencia, la constitucionalidad específica de este tipo de disposiciones se
encuentra en que corresponde a la configuración legislativa establecer dentro
de los límites razonables y proporcionales, los casos en los cuales es
procedente dictar medida de aseguramiento, por lo tanto, las mismas
consideraciones que permitieron determinar la constitucionalidad de las
causales reseñadas para la operancia de la detención preventiva son predicables
para estas disposiciones. En resumen: “...En la fijación de las condiciones
en las que resulte posible la privación de la libertad, el legislador goza de
un margen de apreciación inscrito dentro de la denominada libertad de
configuración que le permite, en cuanto representantes del pueblo, traducir en
normas legales sus decisiones, adoptadas como respuesta a problemas latentes de
la sociedad y que son el resultado de un proceso en el que normalmente se
involucran consideraciones y valoraciones de naturaleza política...”[47].
Sin embargo, dicha potestad de configuración debe enmarcarse dentro de los
cánones de la Constitución y los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, los cuales no se consideran vulnerados por la determinación
taxativa de los casos, en los cuales procede limitar la libertad.
No obstante, como se expresó
anteriormente, la procedencia de la detención no se sujeta únicamente al
cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales que el ordenamiento
impone, sino que además, para decretarla debe atenderse a los fines u objetivos
que, de acuerdo con la Constitución, se hayan establecido para la misma.
Por lo tanto, la Corte
deberá condicionar la constitucionalidad de los artículos 397 del
Decreto 2700 de 1991 y 357 de la Ley 600 de 2000, bajo el entendido de que, la
procedencia general de la detención preventiva, está sujeta a que en cada caso
concreto se valore la necesidad de la misma en atención a los fines que le son
propios, de acuerdo con la Constitución y con la ley, en los términos de esta
providencia.
En la medida en que el actor
no formula cargo separado en cuanto a las causales previstas en los numerales
4, 5 y 6 del artículo 397 del Decreto 2700 de 1991 y la causal prevista en el
numeral 3 del artículo 357 de la Ley 600 de 2000, dichas disposiciones quedan
cobijadas, en cuanto al cargo formulado por el actor, por el pronunciamiento
que habrá de hacer la Corte sobre todo el artículo, limitado al cargo
efectivamente planteado y estudiado.
5.3.   En cuanto a otras disposiciones relacionadas con
la detención preventiva:
5.3.1.                   Artículo
417 del Decreto 2700 de 1991. Por sentencia C-716 de 1998 (M.P. Carlos
Gaviria Díaz) se declaró la exequibilidad del artículo citado sobre
“Prohibición de libertad provisional”, pero “únicamente por los cargos
analizados”, es decir, por vulnerar la reserva de ley al establecer las
causales que prohiben decretar la libertad provisional por decreto, y por
violar las disposiciones 7-5 y 8-2 (presunción de inocencia y libertad
personal) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos aprobada por ley 16
de 1972. Estima la Corte que frente a esta disposición, opera el fenómeno de la
cosa juzgada, toda vez que el cargo fue decidido en la citada providencia.
5.3.2.          Los artículos 398,
399, 400, 403, 404, 405, 408 y 418 del Decreto 2700 de 1991 y los artículos
354, 355, 358, 359, 360, 364 y 367 de la Ley 600 de 2000, deben ser declarados
exequibles, en razón a que fueron demandados exclusivamente por regular la
institución de la detención preventiva, por lo tanto, al ser considerada
constitucional esta medida de aseguramiento y al limitar su procedencia con la
finalidad de no vulnerar la presunción de inocencia y el derecho a la libertad
personal, su suerte se encuentra vinculada a la decisión tomada frente a la
detención en esta providencia. No obstante, la Corte estima que la presente
decisión se limita al cargo y a las valoraciones realizadas.
5.4.             De
la detención domiciliaria.
La detención domiciliaria se
encuentra consagrada en el artículo 396 del Decreto 2700 de 1991, cuya
finalidad consiste en permitir que el sindicado de la realización de una
conducta punible, cuando cumpla con los estrictos requisitos que consagra la
ley, pueda solicitar la sustitución de la detención preventiva en el
establecimiento carcelario por el cumplimiento de la misma en su residencia o
casa de habitación.
La presente figura se ajusta a los
criterios expuestos para la detención preventiva, toda vez que es una modalidad
de la misma. Por lo tanto, no puede tener una finalidad sancionatoria ya que su
objetivo es asegurar la comparecencia del sindicado al proceso, impedir la
continuación de la actividad delictual y evitar que destruya, deforme u oculte
los elementos constitutivos del delito, por lo tanto, debe decretarse la
inconstitucionalidad del aparte del artículo 396 del decreto 2700 de 1991, que
impone una sanción al sindicado que goza de detención domiciliaria vulnerando
el artículo 250 numeral 1º de la Constitución Política.
El tenor literal del aparte normativo
declarado inexequible es el siguiente: “...Adicionalmente,
podrá imponer la obligación de realizar trabajo social durante el término de la
detención domiciliaria o los fines de semana...”, este tipo de
imposiciones constituyen verdaderas prestaciones a cargo del sindicado de
naturaleza sancionatoria que desconocen el objetivo de la detención preventiva
y el mandato constitucional que limita su procedencia, en aras de garantizar la
presunción de inocencia.
5.5.   En cuanto
a la duración de la detención preventiva:
Los artículos 406, 407 y 409
del Decreto 2700 de 1991 y los artículos 361 y 362 de la Ley 600 de 2000, se
establecen las figuras del cómputo de la detención preventiva, la suspensión de
la detención preventiva y la detención parcial en el lugar de trabajo o
domicilio fueron demandados por su conexidad con la detención preventiva sin
que el actor formule frente a ellos cargos específicos distintos. Por tal razón
la Corte declarará su constitucionalidad, en los términos en los que la misma se
declara para las demás disposiciones que configuran la institución de la
detención preventiva.
Estima la Corte, sin embargo, que
es necesario precisar que en relación con el cómputo de la detención preventiva
(artículo 406 del Decreto 2700 de 1991 y artículo 361 de la ley 600 de 2000),
es un deber ineludible de las autoridades judiciales en cada caso, evitar que
la medida se prolongue más allá de un lapso razonable.
Por ello, aunque la norma es
constitucional, se debe insistir en que la finalidad de la detención no es
remplazar el término de la pena, y que la posibilidad del  cómputo previsto en
la ley,  no genera el poder para la autoridad judicial de disponer de la
libertad del sindicado hasta que se cumpla el tiempo que dura la pena, ya que
de admitirse esa circunstancia, se vulneraría flagrantemente la presunción de
inocencia y el debido proceso, ya que se cumpliría anticipadamente una sanción
sin haberse declarado judicialmente la culpabilidad del sindicado.
Bajo estas consideraciones resulta
pertinente reconocer la procedencia de las causales de libertad provisional,
mediante las cuales se restringe en el tiempo la duración de la detención
preventiva (numerales 4 y 5 del artículo 415 del decreto 2700 de 1991, y
numerales 4 y 5 del artículo 365 de la ley 600 de 2000), cuyos parámetros de
aplicación se encuentran estrictamente delimitados por ley. Surge entonces el
derecho a obtener libertad provisional cuando: “vencido el término de ciento veinte días de
privación efectiva de la libertad, no se hubiere calificado el mérito de la
instrucción”, y “cuando
hayan transcurrido más de seis meses contados a partir de la ejecutoria de la
resolución de acusación, sin que se hubiere celebrado la correspondiente
audiencia pública o se hubiere vencido el término para presentar alegatos de
conclusión en el juicio”, estas normas permiten delimitar la duración de la
detención cumpliendo cabalmente el mandato constitucional de la presunción de
inocencia, de tal manera que la detención no se convierta en un anticipado de
la pena. No obstante, las citadas disposiciones encuentran un vacío legislativo
consistente en que no existe un límite temporal para obtener la libertad
provisional en dos eventos: el primero, en cuanto al término de detención que
existe entre la calificación del mérito de la instrucción y la ejecutoria de la
resolución de acusación, y el segundo, consistente en el tiempo de detención
que existe entre la celebración de la audiencia de juzgamiento y la sentencia
definitiva.
Ante el vacío legislativo que existe
en cuanto a la procedencia de la libertad provisional en los eventos citados,
es preciso condicionar la constitucionalidad de las disposiciones que
consagran la figura del cómputo de la detención, en el sentido de limitar, en
las circunstancias de vacío legal su término de duración a un plazo razonable,
justo y proporcional con el fin de evitar que la medida se convierta en un
anticipado cumplimiento de la pena.
Ahora bien, el término razonable,
proporcional y justo, debe ser valorado por las autoridades judiciales en cada
caso, siguiendo los siguientes parámetros: la efectividad de la duración
(amoldar la detención a sus objetivos), el tiempo actual de detención, su
duración en relación con la ofensa, los efectos de la conducta punible, los
efectos materiales y morales para con el sindicado, la conducta del inculpado,
las dificultades de la instrucción, la forma como se ha tramitado, la conducta
de las autoridades judiciales, entre otras. [48] Mediante esta
consagración no taxativa, la Corte pretende garantizar la presunción de
inocencia y el derecho a la libertad personal ante el vacío legal.
5.6.   De la
revocatoria de la medida de aseguramiento:
El artículo 363 de la Ley 600 de
2000, fue demandado en razón de su conexidad con la figura de la detención
preventiva, concepto por el cual, en consonancia con lo ya dicho, debe
declararse su exequibilidad. Sin embargo, encuentra la Corte necesario hacer un
pronunciamiento adicional, para fijar el alcance de la disposición en armonía
con los condicionamientos que se harán en esta providencia.
Establece la norma que la
detención preventiva se revocará cuando sobrevengan pruebas que la desvirtúen,
postulado que debe ser armonizado con las consideraciones establecidas en esta
providencia, por virtud de las cuales, la detención preventiva puede ser
revocada cuando surjan nuevos elementos de juicio que permitan establecer la
ausencia o carencia de eficacia para lograr sus objetivos, ya sea porque existe
certeza sobre la comparecencia del sindicado al proceso, por la imposibilidad
de afectación a la comunidad o al material probatorio, etc. Por lo tanto, la
norma es constitucional, pero siempre que la revocatoria de la detención preventiva
proceda no sólo cuando exista prueba que desvirtúe los requisitos legales para
su operancia, sino igualmente cuando se superen sus objetivos constitucionales
y sus fines rectores.
Por lo tanto, se declarará la exequibilidad
condicionada del artículo 363 de la Ley 600 de 2000, en el sentido de que
en la apreciación de las causales de revocatoria de la detención preventiva
debe tenerse en cuenta también la consideración sobre la subsistencia de su necesidad en atención a los
fines que llevaron a decretarla.
5.7.   De la
libertad provisional:
El actor demandó los artículos 365
y 366 de la Ley 600 de 2000, que consagran la figura de la libertad
provisional, por ser una medida consecuencial al establecimiento de la
detención preventiva.
Desde esa perspectiva, las normas
demandadas son constitucionales, de acuerdo a lo expuesto en esta providencia.
VII.            DECISION
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución, oído el concepto del Procurador General de la Nación y
surtidos los trámites que ordena el Decreto 2067 de 1991,
R E S U E L V E :
Primero:    ESTARSE A LO RESUELTO en las sentencias C-150 de
1993, C-106 de 1994 y C-327 de 1997, en relación con el artículo 388 del
Decreto 2700 de 1991 o Código de Procedimiento Penal.
Segundo:    ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-392 de 2000,
en relación con el artículo 35 (inciso 2º del artículo 388 del Código de
Procedimiento Penal anteriormente vigente), el artículo 25 (numeral 1º del
artículo 397 del Decreto 2700 de 1991), el artículo 35 (inciso 5º del artículo
399 del antiguo C.P.P) y el artículo 26 (inciso 2 del artículo 409 del C.P.P
anterior), normas todas de la Ley 504 de 1999.
Tercero:     Declárase EXEQUIBLE el artículo 356 de la Ley 600
de 2000, en relación con lo acusado y de acuerdo con lo expuesto en esta
providencia.
Cuarto:      ESTARSE A LO RESUELTO en las sentencias C-150 de
1993, C-327 de 1997 y C-425 de 1997, en relación con la coexistencia de la detención
preventiva con la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal,
e igualmente en lo referente a la procedencia específica de las causales 1, 2,
3 y 7 del artículo 397 del Decreto 2700 de 1991 o Código de Procedimiento
Penal.
Quinto:      Declárase EXEQUIBLE la procedencia específica de
las causales 1 y 2  del artículo 357 de la Ley 600 de 2000, en relación con lo
acusado y de acuerdo a lo expuesto en esta providencia, salvo las siguientes
expresiones contenidas en el numeral 2º del artículo 357: “Privación
ilegal de libertad (C. P. artículo 174)”, “Hurto agravado (C. P. artículo 241,
numerales 1, 5, 6, 8, 14 y 15)”, “...cuando la cuantía exceda de cincuenta (50)
salarios mínimos legales mensuales vigentes (C. P. artículo 246)”, “Tráfico de
moneda falsificada (C. P. artículo 274)”, “Emisiones ilegales (C. P. artículo
276)”, “Acaparamiento (C. P. artículo 297)”, “Especulación (C. P. artículo
298)”, “Pánico económico (C. P. artículo 302)”, “Incendio (C. P. artículo 350)”
y “Receptación (artículo 447)”, declaradas inexequibles por sentencia C-760
de 2001.
Sexto:         Declárase EXEQUIBLE la procedencia general de
la detención preventiva prevista en los artículos 397 del Decreto 2700 de 1991
y 357 de la Ley 600 de 2000, en relación con lo acusado y de acuerdo a las
consideraciones expuestas en de esta providencia.
Séptimo:  ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-716 de 1998,
en relación con el artículo 417 del Decreto 2700 de 1991.
Octavo:      Decláranse EXEQUIBLES los artículos 398, 399,
400, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 y 418 del Decreto 2700 de 1991, en
relación con lo acusado.
Noveno:     Decláranse EXEQUIBLES los artículos 354, 355,
358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366 y 367 de la Ley 600 de 2000, por los cargos formulados por el actor.
Décimo:     Declárase INEXEQUIBLE el
texto siguiente del artículo 396 del Decreto 2700 de 1991: “...Adicionalmente,
podrá imponer la obligación de realizar trabajo social durante el término de la
detención domiciliaria o los fines de semana”.
Décimo
primero: Declárase EXEQUIBLE el artículo 363 de la Ley 600 de
2000, en relación con lo acusado y de acuerdo con las consideraciones expuestas
en esta providencia.
De conformidad con lo dispuesto
en los artículos 16 y 18 del Decreto 2067 de 1991, notifíquese, comuníquese,
publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el
expediente.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Presidente
JAIME
ARAUJO RENTERIA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDOMONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
Aclaración de voto a la
Sentencia C-774/01
ACLARACION DE VOTO-Empleo y relación de conceptos (Aclaración de voto)
DEBIDO PROCESO Y PRESUNCION
DE INOCENCIA-Distinción (Aclaración
de voto)
PRESUNCION DE INOCENCIA-No inclusión en lista de derechos que no pueden
suspenderse/PRESUNCION DE INOCENCIA-Manifestación del debido proceso
(Aclaración de voto)
DEBIDO PROCESO Y GARANTIAS
JUDICIALES INSUSPENDIBLES-Distinción
(Aclaración de voto)
GARANTIAS JUDICIALES-Alcance (Aclaración de voto)
HABEAS CORPUS EN GARANTIAS
JUDICIALES INDISPENSABLES-No
suspensión de reglas procesales de efectividad (Aclaración de voto)
DEBIDO PROCESO Y GARANTIAS
JUDICIALES INDISPENSABLES-Relación de
necesidad específica (Aclaración de voto)
PRESUNCION DE INOCENCIA-Consagración en la Constitución (Aclaración de voto)
DETENCION PREVENTIVA FRENTE
A PRESUNCION DE INOCENCIA-Abuso puede
desconocerla (Aclaración de voto)
DERECHO-Suspensión (Aclaración de voto)
La suspensión de un derecho consiste en restarle
efectividad total de manera temporal, generalmente mediante una declaración
formal de suspensión.
DERECHO-Limitación (Aclaración de voto)
Se limita un derecho cada
vez que éste es regulado y la razonabilidad de la limitación se puede apreciar
tanto en abstracto como en concreto.  Los límites pueden resultar del conflicto
del derecho con otro derecho, con un deber, con un fin público, o con un
principio. Pero también pueden resultar de simples regulaciones dirigidas a
organizar su ejercicio.
DERECHO-Restricción (Aclaración de voto)
Las restricciones son
regulaciones muy gravosas a los derechos, que a mi juicio sólo son admisibles
durante los estados de excepción siempre que no lleguen al extremo de
convertirse en una suspensión. Se trata de una cuestión de grado, pero que
merece un análisis cuidadoso principalmente para responder a la pregunta de
cuáles son las limitaciones que sólo son admisibles en un estado de excepción
porque restringen el ejercicio de cierto derecho. No es una cuestión meramente
dogmática, ya que el goce efectivo de los derechos de todas las personas puede
depender de que esta línea sea trazada en el lugar que corresponde.
Referencia: expediente D-3271
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 388, 396, 397,
398, 399, 400, 403, 404 a 409, 417, 418 del Código de Procedimiento Penal y los
artículos 354 a 367 de la Ley 600 de 2000
Actor: Diógenes Escobar
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Con el debido respeto por la
mayoría de la Corte y por el magistrado ponente, aclaro mi voto respecto de un
par de asuntos puntuales porque en general comparto tanto los argumentos
plasmados en la sentencia como el espíritu garantista de la libertad personal
que la anima.
Mi aclaración nace del
empleo de algunos conceptos y la relación que se establece entre ellos. El
propósito de la ponencia es concluir que la presunción de inocencia ocupa un
lugar jurídico semejante al principio de legalidad y al principio de
irretroactividad, fin que refleja una gran sensibilidad por el respeto a la
dignidad humana y a la libertad personal. Comparto este objetivo pero disiento
de algunos elementos de la línea argumentativa para alcanzarlo.
1. En un párrafo de la
sentencia se aprecia el enfoque que no comparto. Es aquel en el cual se
concluye todo el análisis sobre el bloque de constitucionalidad, la presunción
de inocencia y el derecho a la libertad personal (apartado cuatro de la
ponencia). Dice así.
“Frente a la presunción de
inocencia, la Corte considera que las disposiciones de los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, sí forman
parte del bloque de constitucionalidad, toda vez que, la presunción de
inocencia es un derecho humano, el cual no es susceptible de limitación
o restricción en los estados de excepción, ya que sí el derecho al
debido proceso y el principio de legalidad no admiten restricción
alguna, según lo dispone el artículo 27 de la Ley 16 de 1972, que
ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, menos aún la presunción
de inocencia derecho fundamental a partir del cual se edifican las garantías
jurídicas citadas. Señala la disposición citada: “2. La disposición
precedente [suspensión de garantías por estados de excepción] no autoriza la suspensión
de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3° (derecho al
reconocimiento de la personalidad jurídica), 4° (derecho a la vida), 5°
(derecho a la integridad personal), 6° (prohibición de la esclavitud y
servidumbre), 9° (principio de legalidad y de retroactividad), 12
(libertad de conciencia y de religión), 17 (protección de la familia), 18
(derecho al nombre), 19 (derechos del niño), 20 (derecho a la nacionalidad) y
23 (derechos políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para
la protección de los derechos”.(Subrayas y negritas agregadas al
texto para efectos de la presente aclaración de voto, excepto las dos últimas)
2. Mi primera inquietud
tiene que ver con la relación que se establece entre distintos conceptos. Son
los que he resaltado en negrita: debido proceso, presunción de inocencia,
principios de legalidad y retroactividad, y garantías judiciales indispensables
para la protección de los derechos. Obviamente, estos conceptos son diferentes.
La relación que se establece en la ponencia diluye  las diferencias que los
separan. Esto se hace con el loable propósito de incluir la presunción de
inocencia dentro del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, en el
cual se ubican los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales
ratificados por Colombia y que prohíben su “limitación” en los estados de
excepción.
En la lista de derechos que
no pueden ser suspendidos no figura, de manera expresa,  la presunción de
inocencia. Sin duda, ello es sorprendente, pero es así. Para incluirla, la
sentencia recurre a dos argumentos. Primero, dice que la presunción de
inocencia es fundamento del debido proceso y del principio de legalidad.
Segundo, emplea un argumento a fortiori para sostener que si ambas “garantías
judiciales” no pueden ser suspendidas entonces mucho menos puede serlo la
presunción de inocencia, por ser fundamento de ambas.
No comparto estos
argumentos. En la Convención Americana citada se distingue claramente entre los
principios del artículo 9 (legalidad y retroactividad), y el debido proceso que
está consagrado en el artículo 8. La presunción de inocencia no es ubicada por
la Convención como fundamento de los principios mencionados, ni tampoco del
debido proceso, sino como una de las manifestaciones del debido proceso
prevista en el apartado segundo del artículo 8, como es la del derecho al juez
natural o el principio de imparcialidad, los cuales están previstos en el
apartado primero del artículo 8.
En cuanto a la expresión
“las garantías judiciales”, incluida al final del artículo 27, apartado 2, de
la Convención citada, la confusión consistente en no distinguir entre debido
proceso y garantías judiciales insuspendibles, puede deberse a un error de
transcripción. En efecto, el texto citado en la sentencia refiere esas
garantías a “los derechos”, es decir, a todos los derechos, mientras que el
texto oficial de la Convención los refiere a “tales derechos”, es decir, a los
expresamente enumerados como insuspendibles por la misma norma dentro de los
cuales, como se anotó, no se encuentran las garantías del debido proceso del
artículo 8 de la Convención. Las garantías judiciales indispensables para la
protección de tales derechos son los recursos judiciales efectivos, como, por
ejemplo, el habeas corpus y el amparo o tutela.
Las relaciones que se hacen
entre estos conceptos en la ponencia tienen un fin loable, pero no responden al
tenor de las normas de la Convención. Además, tampoco reflejan la
interpretación que les ha dado la Corte Interamericana, su intérprete
autorizado.
La Corte Intermericana ha
señalado que las “garantías judiciales” son las que permiten proteger los
derechos enumerados en el artículo 27(2) como no susceptibles de suspensión:
“27. Como ha quedado dicho, en condiciones de grave
emergencia es lícito suspender temporalmente ciertos derechos y libertades cuyo
ejercicio pleno, en condiciones de normalidad, debe ser respetado y garantizado
por el Estado pero, como no todos ellos admiten esa suspensión transitoria, es
necesario que también subsistan “las  garantías judiciales indispensables para
(su) protección”. El artículo 27.2 no vincula esas garantías judiciales a
ninguna disposición individualizada de la Convención, lo que indica que lo
fundamental es que dichos procedimientos judiciales sean indispensables para
garantizar esos derechos.
28. La determinación de qué
garantías judiciales son “indispensables” para la protección de los derechos
que no pueden ser suspendidos, será distinta según los derechos afectados.
Las garantías judiciales “indispensables” para asegurar los derechos relativos
a la integridad de la persona necesariamente difieren de aquéllas que protegen,
por ejemplo, el derecho al nombre, que tampoco se puede suspender.
29. A la luz de los
señalamientos anteriores deben considerarse como indispensables, a los efectos
del artículo 27.2, aquellos procedimientos judiciales que ordinariamente son
idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades a
que se refiere dicho artículo y cuya supresión o limitación pondría en
peligro esa plenitud.
30. Las garantías deben ser no sólo indispensables
sino judiciales. Esta expresión no puede referirse sino a medios judiciales
idóneos para la protección de tales derechos, lo cual implica la intervención
de un órgano judicial independiente e imparcial, apto para determinar la
legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del estado de excepción.
Corte I.D.H., El hábeas
corpus bajo suspensión de garantías (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención
Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero
de 1987, Serie A No. 8, párrs. 27-31.(Subrayado agregado al texto).
Ahora
bien, dentro de esas “garantías judiciales indispensables” se encuentra el
habeas corpus, al cual se refiere expresamente la Opinión Consultiva citada.
Este recurso judicial efectivo para proteger la libertad, la integridad física,
la vida y otros derechos de quien está privado ilegal o arbitrariamente de su
libertad, no sólo no puede suspenderse sino que las reglas procesales que
aseguran su efectividad, es decir, las que corresponden al debido proceso que
se debe aplicar al trámite y decisión judicial del habeas corpus, no en
cualquier proceso judicial, tampoco pueden ser suspendidas ya que constituyen
su marco de funcionamiento. Ha dicho la Corte Interamericana, en otra Opinión
Consultiva sobre el tema:
“20. La Corte examinará en
primer lugar qué son, de conformidad con la Convención, “las garantías
judiciales indispensables” a las que alude el artículo 27.2 de la misma. A este
respecto, en anterior ocasión, la Corte ha definido, en términos generales, que
por tales garantías  deben entenderse “aquellos procedimientos judiciales que
ordinariamente son idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los
derechos y libertades a que se refiere dicho artículo (27.2) y cuya
supresión o limitación pondría en peligro esa plenitud” (El hábeas corpus bajo
suspensión de garantías, supra 16, párr. 29). Asimismo ha subrayado que
el carácter judicial de tales medios “implica la intervención de un órgano
judicial independiente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las
actuaciones que se cumplan dentro del estado de excepción” (Ibid., párr.
30).
(...)
38. La Corte concluye que las
garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos humanos
no susceptibles de suspensión, según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la
Convención, son aquéllas a las que ésta se refiere expresamente en los
artículos 7.6 y 25.1, consideradas dentro del marco y según los
principios del artículo 8, y también las inherentes a la preservación del
Estado de Derecho, aun bajo la legalidad excepcional que resulta de la
suspensión de garantías.
39. Naturalmente, cuando en un
estado de emergencia el Gobierno no haya suspendido algunos derechos y
libertades de aquéllos susceptibles de suspensión, deberán conservarse
las garantías judiciales indispensables para la efectividad de tales derechos y
libertades.
40. Debe reconocerse que no es
posible ni sería aconsejable que la Corte, en la presente opinión consultiva,
trate de dar una enumeración exhaustiva de todas las posibles “garantías
judiciales indispensables” que no pueden ser suspendidas de conformidad con el
artículo 27.2, que dependerá en cada caso de un análisis del ordenamiento
jurídico y la práctica de cada Estado Parte, de cuáles son los derechos
involucrados y de los hechos concretos que motiven la indagación. Desde luego y
por las mismas razones, la Corte tampoco ha considerado en esta opinión las
implicaciones de otros instrumentos internacionales (art. 27.1) que pudieren
ser aplicables en casos concretos.
Corte I.D.H., Garantías judiciales en estados de
emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos),
Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No. 9, párrs.
38-40.(Subrayado agregado al texto)
En la misma Opinión Consultiva,
concluyó que la relación existente entre el debido proceso del artículo 8 y las
garantías judiciales indispensables es de necesidad específica, en la medida en
que respecto de éstas garantías es necesario que se preserve de manera integral
el debido proceso:
“8.1.1.2.        debido proceso legal en estado emergencia
29. El concepto de debido proceso legal recogido por el
artículo 8 de la Convención debe entenderse como aplicable, en lo esencial, a
todas las garantías judiciales referidas en la Convención Americana, aun bajo
el régimen de suspensión regulado por el artículo 27 de la misma.
30. Relacionado el artículo 8
con los artículos 7.6, 25 y 27.2 de la Convención, se concluye que los
principios del debido proceso legal no pueden suspenderse con motivo de las
situaciones de excepción en cuanto constituyen condiciones necesarias para que
los instrumentos procesales, regulados por la Convención, puedan considerarse
como garantías judiciales. Esta conclusión es aún más evidente respecto del
hábeas corpus y del amparo, a los que la Corte se referirá en seguida y que
tienen el carácter de indispensables para tutelar los derechos humanos que no
pueden ser objeto de suspensión.
Corte I.D.H., Garantías
judiciales en estados de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre
de 1987, Serie  A No. 9, párrs. 29-30.
El punto es importante
porque toca con la valorización del núcleo de derechos resistentes a los
estados de excepción, que dejará de ser núcleo duro si a él se le suman
derechos sin una conexión clara, necesaria y específica entre los que componen
dicho núcleo y los que se le agreguen.
Adicionalmente, me inquieta
que la presunción de inocencia adquiera más valor porque está en el bloque de
constitucionalidad en sentido estricto. Esa razón, por las vulnerabilidades del
argumento plasmado en la sentencia de la Corte Constitucional que he resaltado,
puede devolverse en contra. La presunción de inocencia es un derecho
fundamental sagrado porque así lo establece la Constitución. Con eso basta.
Además en la Constitución la
presunción de inocencia es una manifestación del debido proceso que ha sido
concebido desde una perspectiva sustancial, no formal. Por eso, la detención
preventiva no viola prima facie la presunción de inocencia pero un abuso en su utilización
sí puede conllevar un desconocimiento de éste derecho fundamental. Así lo ha
reconocido la propia Corte Interamericana, independientemente de si un país se
encuentra o no bajo un estado de excepción:
“77. Esta Corte estima que en
el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías
judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su
culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la
Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del
detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no
impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la
acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no
punitiva. Este concepto está expresado en múltiples instrumentos del derecho
internacional de los derechos humanos y, entre otros, en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión preventiva de las
personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general (art. 9.3). En
caso contrario se estaría cometiendo una injusticia al privar de libertad, por
un plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondería al delito
imputado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida.
Sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual está en contra de
principios generales del derecho universalmente reconocidos.
78. La Corte considera que con
la prolongada detención preventiva del señor Suárez Rosero, se violó el
principio de presunción de inocencia, por cuanto permaneció detenido del 23 de
junio de 1992 al 28 de abril de 1996 y la orden de libertad dictada en su favor
el 10 de julio de 1995 no pudo ser ejecutada sino hasta casi un año después.
Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.2 de
la Convención Americana.
Corte I.D.H., Caso Suárez
Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35, párrs. 76-78.
2. Esto conduce a mi segunda
inquietud. Ella toca con los conceptos siguientes: “limitar”, “restringir” y
“suspender” un derecho. En la sentencia, en especial en el párrafo citado, no
se distingue entre estos tres conceptos. Es cierto que en la Constitución no se
les dio un uso técnico. El artículo 93, en su inciso primero, habla de derechos
que no se pueden limitar en los estados de excepción, cuando el concepto
adecuado es el de suspensión empleado en la Convención citada y en otros
instrumentos internacionales [49]. Además, el artículo
214, apartado 2, de la Constitución dice que “no podrán suspenderse los derechos
humanos ni las libertades fundamentales” en los estados de excepción.
Sin embargo, estimo
importante hacer una diferencia entre estos tres conceptos. La suspensión de un
derecho consiste en restarle efectividad total de manera temporal, generalmente
mediante una declaración formal de suspensión. Esto está prohibido en Colombia
expresamente en nuestra Constitución en el artículo 214(2), no sólo respecto de
los derechos enunciados en el artículo 27 de la Convención citado, sino de
todos los derechos constitucionales fundamentales que son muchos más que los de
la mencionada lista.[50] Por eso, bajo el imperio
de la Constitución de 1991 no es posible que un decreto de excepción diga que
queda suspendido el derecho de reunión como se hizo mediante el Estado de
Sitio.
El concepto de limitación de
un derecho es distinto. Se limita un derecho cada vez que éste es regulado y la
razonabilidad de la limitación se puede apreciar tanto en abstracto como en
concreto.  Los límites pueden resultar del conflicto del derecho con otro
derecho, con un deber, con un fin público, o con un principio. Pero también
pueden resultar de simples regulaciones dirigidas a organizar su ejercicio.
Todos los derechos, incluido el derecho a la libertad personal o a la
presunción de inocencia, son limitables y generalmente han sido limitados en
virtud de leyes ordinarias de manera permanente. La Corte ha establecido
criterios para determinar si una limitación es constitucional o no lo es,
dentro de los cuales se destacan los de razonabilidad y proporcionalidad.
El concepto de restricción a
veces se usa como sinónimo de limitación. Creo que sería importante distinguir.
Las restricciones son regulaciones muy gravosas a los derechos, que a mi juicio
sólo son admisibles durante los estados de excepción siempre que no lleguen al
extremo de convertirse en una suspensión. Se trata de una cuestión de grado,
pero que merece un análisis cuidadoso principalmente para responder a la
pregunta de cuáles son las limitaciones que sólo son admisibles en un estado de
excepción porque restringen el ejercicio de cierto derecho. No es una cuestión
meramente dogmática, ya que el goce efectivo de los derechos de todas las
personas puede depender de que esta línea sea trazada en el lugar que
corresponde.
Como las distinciones
mencionadas – y otras en las que no viene al caso detenerse sobre los tipos de
cosa juzgada, clases de presunciones y su razón de ser, así como sobre certeza
(un concepto romano germánico relativo a la apreciación de las pruebas y la
presunción inocencia) y duda razonable (un concepto anglosajón relativo al
mismo tema)- no inciden en la decisión, respetuosamente aclaro mi voto.
Fecha ut supra,
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
[1] Ver entre otras las sentencias C-210/97, C-155/97, C-505/95,
C-537/95, C-467/93, C-397/95 y C-481/98.
[2] Sentencia C - 397 de 1995.
[3] Sentencia C - 392 de 1995.
[4] Sentencia C - 505 de 1995.
[5] Subrayado por fuera del texto original.
[6]
Dispone la citada norma: “En materia penal la ley favorable o permisiva
prefiere en los juicios a la odiosa o restrictiva, aun cuando aquélla sea
posterior al tiempo en que se cometió el delito”.
[7] Sentencia C - 700 de 1999. En el mismo sentido C - 492 de 2000.
[8] Sentencia C - 700 de 1999.
[9] Sentencia C - 700 de 1999.
[10] Sentencia C - 489 de 2000.
[11] Sentencia C - 565 de 2000.
[12] Sentencia C - 543 de 1992.
[13] Sentencia C - 427 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[14] En la sentencia C - 447 de 1997. M.P. Alejandro Martínez
Caballero la Corte expuso: “...Todo tribunal, y en especial la Corte
Constitucional, tiene la obligación de ser consistente con sus decisiones
previas. Ello deriva no sólo de elementales consideraciones de seguridad
jurídica – pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente
previsibles- sino también del respeto al principio de igualdad, puesto que no
es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo
juez....Por ello la Corte debe ser muy consistente y cuidadosa en el respeto de
los criterios jurisprudenciales que han servido de base (ratio decidendi) de
sus precedentes decisiones. Esto no significa obviamente que, en materia de
jurisprudencia constitucional, el respeto al precedente y a la cosa juzgada
constitucional deban ser sacralizados y ante deban prevalecer ante cualquier
otra consideración jurídica, puesto que ello no sólo puede petrificar el
ordenamiento jurídico sino que, además, podría provocar inaceptables
injusticias....Se debe entonces aceptar que todo sistema jurídico se estructura
en torno a una tensión permanente entre la búsqueda de la seguridad jurídica –
que implica unos jueces respetuosos de los precedentes – y la realización de la
justicia material del caso concreto – que implica que los jueces tengan
capacidad de actualizar las normas a las situaciones nuevas -....”.
[15] Sentencia C - 492 de 2000.
[16] Sentencia C - 478 de 1998.
[17] Sentencia C - 478 de 1998.
[18] Auto 131 de 2000.
[19] Subrayado por fuera del texto original.
[20] Sentencia C - 301 de 1993. En igual sentido C - 634 de 2000.
[21] Sentencia C - 578 de 1995.
[22] Sentencia C - 397 de 1997. Subrayado por fuera del texto
original.
[23] Ver sentencias: C-225 de 1995, C-575 de 1995, C - 358 de 1997,
C-191 de 1998,  C-256 de 1998, T-568 de 1999 y C- 010 de 2000.
[24] Hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto,
los tratados internacionales que reconocen derechos humanos y que prohiben su
limitación es los estados de excepción. (C-358 de 1997), los tratados limítrofes
(C –191 de 1998) y  los convenios  87 y 88 de la O.I.T ( T- 568 de 1999), entre
otros....
[25] Sentencia C - 358 de 1997. Sobre ley estatutaria y bloque de
constitucionalidad: C - 708 de 1999.
[26] Sentencia C - 582 de 1999.
[27] Sentencia C - 327 de 1997. M.P. Fabio Morón Díaz. Subrayado por
fuera del texto original.
[28] En algunos eventos la Corte ha determinado de manera excepcional,
la vinculación al bloque de constitucionalidad de ciertas disposiciones que no
consagran derechos humanos y/o que son susceptibles de suspensión en estados de
excepción. Ver: C- 225 de 1995, T-483 de 1999, entre otras...
[29] Subrayado por fuera del texto original.
[30] Sentencia C - 634 de 2000. Subrayado por fuera del texto
original.
[31] Sentencia C - 634 de 2000.
[32] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia mayo
8 de 1997. Radicación 9858.
[33] Sentencia C - 425 de 1997.
[34] Sentencias C - 301 de 1993, C - 106 de 1994, C - 689 de 1996, C -
327 de 1997 y C - 425 de 1997.
[35] Sentencia C - 106 de 1994.
[36] Sentencia C - 689 de 1996.
[37] Sentencia C - 634 de 2000.
[38] Sentencia C - 634 de 2000.
[39] Sentencia C - 425 de 1997. Referencia a la sentencia  C - 327 de
1997.
[40] Sentencia C - 425 de 1997. Referencia a la sentencia  C - 150 de
1993.
[41] Sentencia C - 634 de 2000. Referencia a la sentencia  C - 327 de
1997.
[42] Sentencia C - 327 de 1997. M.P. Fabio Morón Díaz. Subrayados por
fuera del texto original.
[43] Sentencia C - 395 de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz. Subrayado
por fuera del texto original.
[44] Subrayado por fuera del texto original.
[45] Sentencia C - 634 de 2000. Referencia a la sentencia C- 549 de
1997. Subrayado por fuera del texto original.
[46] Sentencia C - 549 de 1997. Subrayado por fuera del texto
original.
[47] Sentencia C - 327 de 1997.
[48] Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Neumeister y caso
Stogmuller.
[49] No se incluye en este breve análisis el concepto de “derogación”
empleado en la Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y
de las Libertades Fundamentales, artículo 15
[50] No es del caso detenerse en la distinción jurídica e histórica
entre los conceptos de derechos humanos, libertades fundamentales y derechos
fundamentales.