T-886-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-886/11
ACCION DE
TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO EXISTE UNA RELACION DE INDEFENSION O
SUBORDINACION-Jurisprudencia constitucional sobre procedencia excepcional
La Corte
Constitucional ha considerado que los supuestos para determinar las situaciones
de indefensión deben ser más amplias, pues no implican necesariamente la
existencia de un vínculo de carácter jurídico entre la persona que alega la
vulneración de sus derechos fundamentales y el particular demandado, lo cual
significa que se trata de un ámbito autónomo de procedibilidad de la acción de
tutela contra particulares que se presenta: “(i) cuando la persona está en
ausencia de medios de defensa judiciales eficaces e idóneos que permitan
conjurar la vulneración iusfundamental por parte de un particular; (ii)
personas que se hallan en situación de marginación social y económica; (iii)
personas de la tercera edad; (iv) discapacitados y (v) menores de edad.
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA Y DURANTE EL
PERIODO DE LACTANCIA-Reiteración de jurisprudencia
DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-Requisitos para que
proceda acción de tutela
ESTABILIDAD
LABORAL DE MUJER EMBARAZADA-El requisito relacionado con el conocimiento
que debía tener el empleador sobre el estado de embarazo resulta una carga
excesiva para la mujer gestante
Existiendo
la presunción de despido por razón del embarazo, para todos los tipos de
contratos laborales, la  prueba de que el empleador conocía o debía conocer el
estado de gravidez de la trabajadora no puede ser exigida a la mujer, y es el empleador
quien debe demostrar que el despido está objetivamente justificado en alguna de
las causales de despido con justa causa del Código Sustantivo del Trabajo. Esta
exigencia en ningún momento pretende omitir el requisito del conocimiento que
debe tener el empleador sobre la gravidez de la trabajadora, lo que aspira es a
ampliar la protección de la mujer gestante, y así evitar que, en casos en los
cuales no habiendo justa causa para el despido, el empleador alegue que nunca
conoció el hecho del embarazo, y ante la falta de pruebas que demuestren lo
contrario, se niegue el amparo a la trabajadora.
COOPERATIVAS
Y PRECOOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO-Casos en los cuales a trabajadores
vinculados se les aplica legislación laboral
Por expreso mandato legal, las
cooperativas y precooperativas no podrán actuar como intermediarios laborales o
empresas de servicios temporales. Así, es claro que la trasgresión de dicha
prohibición redunda en la desnaturalización del trabajo cooperativo y, en
consecuencia, el asociado que sea enviado por su organización solidaria a
prestar sus servicios bajo estas condiciones será considerado trabajador
dependiente. Es por eso que la Corte Constitucional ha concluido que en
aplicación de las normas indicadas, en caso que durante la ejecución del
contrato de trabajo asociado la cooperativa viole la prohibición referida, se
debe dar aplicación a la legislación laboral, y no a la legislación comercial o
civil, toda vez que bajo tales supuestos fácticos concurren los elementos
esenciales que dan lugar a la existencia de un contrato de trabajo.
ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA VINCULADA MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS
Esta Corporación ha señalado
que la estabilidad laboral se predica de todos los contratos, sin importar su
clase y sin importar que el patrono sea público o privado, pues lo que la
Constitución busca es asegurarle al trabajador que su vínculo no se romperá de
manera abrupta y por tanto su sustento y el de su familia no se verá
comprometido por una decisión arbitraria del empleador. Tal estabilidad se
predica también para los contratos de prestación de servicios, en los cuales a
pesar de conocerse que su naturaleza no genera una relación laboral de
subordinación, se debe aplicar el criterio establecido por la jurisprudencia
mediante el cual se ha dicho para los contratos a término fijo que el solo
vencimiento del plazo o del objeto pactado, no basta para no renovar un contrato
de una mujer embarazada. Lo anterior, teniendo en cuenta los principios de
estabilidad laboral y primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por las partes del contrato laboral; tal figura se aplica siempre
que (i) al momento de la finalización del plazo inicialmente pactado subsistan
la materia de trabajo y las causas que originaron el contrato (ii) y el
trabajador haya cumplido efectivamente sus obligaciones, por lo que se le
deberá garantizar su renovación. Si tal estabilidad opera para todos los
trabajadores, con mayor razón se presenta para la protección de las mujeres en
estado de embarazo sin importar la clase de contrato que hayan suscrito, ya que
durante este periodo se requiere del empleador una mayor asistencia y respeto a
su condición.
COOPERATIVAS
DE TRABAJO ASOCIADO Y DESPIDO DE MUJER EMBARAZADA
FUERO DE
MATERNIDAD-Opera
independientemente del tipo de relación laboral
COOPERATIVAS
DE TRABAJO ASOCIADO-Reintegro de trabajadora embarazada y pago de
indemnización por despido sin justa causa
ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-Orden de pago de indemnización por no
renovar contrato de prestación de servicios
Referencia:
expedientes T-3120486 y T-3175517
Acciones
de tutela presentadas por Laura Marcela Alvarado Ospino contra la Cooperativa
de Trabajo Asociado de Servicios Solidarios de Colombia (COASIC) y la Empresa
BAGUER S.A.; y Guislay Fernanda Rivas Sánchez contra el Instituto Municipal del
Deporte y la Recreación de Yumbo (Valle)
Reiteración
de Jurisprudencia
Magistrado Ponente:
LUÍS ERNESTO VARGAS
SILVA
Bogotá, D.C., veinticuatro (24)
de Noviembre de dos mil once (2011)
La Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luís Ernesto Vargas Silva,
María Victoria Calle Correa y Mauricio González Cuervo, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente,
SENTENCIA
Mediante la cual se pone fin al
trámite de revisión de los siguientes fallos de tutela dictados dentro de los
procesos de la referencia:
Expediente
Fallos de tutela
T-3120486
Primera Instancia:
Sentencia del 18 de marzo de 2011. Juzgado 11 Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga.
Segunda Instancia:
Sentencia del 5 de mayo de 2011. Juzgado 6 Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento de Bucaramanga.
T-3175517
Primera Instancia:
Sentencia del 24 de mayo de 2011. Juzgado 2 Penal Municipal de Yumbo.
Segunda Instancia:
Sentencia del 7 de julio de 2011. Juzgado 22 Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento de Santiago de Cali.
La Sala de selección de tutelas
número ocho, por auto del 30 de agosto de 2011, escogió para su revisión y
acumuló entre si los expedientes T-3120486 y T-3175517 para que fuesen fallados
en una sola sentencia, tras considerar que presentan unidad de materia. De la
misma manera, dispuso su reparto a este despacho.
I.
ANTECEDENTES
Los hechos relatados por las
accionantes en los citados expedientes de tutela se resumen así:
1.1. Expediente T-3120486
1.1.1. De
los hechos de la demanda
1.1.1.1. El 7 de marzo de 2011, Laura Marcela
Alvarado Ospino interpuso acción de tutela contra la Cooperativa de
Trabajo Asociado de Servicios Solidarios de Colombia (COASIC) y la Empresa
BAGUER S.A., al considerar que esas entidades vulneraron sus derechos
fundamentales a la vida digna, el trabajo y la estabilidad laboral.
1.1.1.2. La actora suscribió un
convenio de trabajo con la Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios
Solidarios de Colombia (COASIC), para desempeñar el cargo de Telemercaderista
en la Empresa BAGUER S.A. ubicada en la ciudad de Bucaramanga, a partir
del 10 de octubre de 2010, por una compensación equivalente a quinientos
setenta y seis mil quinientos pesos ($576.500)[1].
1.1.1.3. Manifiesta la
accionante que el 25 de noviembre de 2010, al realizarse una prueba de embarazo
se enteró que se encontraba en estado de gravidez.
1.1.1.4. Menciona la actora que
el 26 de noviembre de 2010 dio a conocer su estado de embarazo a la jefe de
telemercadeo de la Empresa BAGUER S.A.
1.1.1.5. De igual forma, indica
la accionante que debido a un fuerte dolor abdominal, compareció el 30 de
noviembre de 2010 a la Clínica SALUDCOOP EPS de Bucaramanga, lugar en donde le
diagnosticaron un embarazo de alto riesgo con amenaza de aborto por infección
de las vías urinarias.
1.1.1.6. Señala la actora que la
Clínica SALUDCOOP EPS de Bucaramanga, debido al alto riesgo de aborto, la
incapacitó durante los siguientes periodos[2]:
·
30 de noviembre al 2 de diciembre de 2010
·
4 al 7 de diciembre de 2010
·
28 al 30 de enero de 2011
·
31 de enero al 2 de febrero de 2011
·
3 al 9 de febrero de 2011
·
10 al 11 de febrero de 2011
·
12 al 16 de febrero de 2011
·
16 al 20 de febrero de 2011
1.1.1.7. Mencionó la accionante
que el 21 de febrero de 2011 se presentó nuevamente a la Empresa BAGUER S.A.,
después de cumplir la última incapacidad. La jefe de personal de
dicha empresa le comunicó de forma verbal, que no había vacantes en la ciudad
de Bucaramanga para el cargo que estaba desempeñando, sin embargo, le ofreció
un puesto de trabajo en la ciudad de Barrancabermeja.
1.1.1.8. Afirma la actora que al
negarse al traslado a la ciudad de Barrancabermeja, por el riesgo de su
embarazo, la jefe de personal de la Empresa BAGUER S.A. le indicó que debía
esperar a que se presentara una nueva vacante en la ciudad de
Bucaramanga.
1.1.1.9. Señala la accionante que
por esta razón, a partir del 22 de Febrero de 2011, no volvió a la Empresa
BAGUER ni a recibir ningún tipo de compensación o remuneración.
1.1.1.10. Informa la actora que
el 24 de marzo de 2011, recibió una llamada de la Gerente de la Cooperativa de
Trabajo Asociado de Servicios Solidarios de Colombia (COASIC), en la que le
comunicó que estaba despedida por abandono del cargo.
1.1.1.11. La señora Laura Marcela
Alvarado Ospino manifiesta que se encuentra en una situación de extrema
urgencia debido a su estado de embarazo de alto riesgo y a la falta de recursos
económicos para su sostenimiento.
1.1.2. Respuestas de las
entidades accionadas
1.1.2.1. Repuesta de BAGUER S.A.
Mediante escrito del 10 de marzo
de 2011, el señor Fabián Enrique Barrera Ruíz actuando como representante legal
de BAGUER S.A., dio contestación a la acción de tutela instaurada por la señora
Laura Marcela Alvarado Ospino.
Indicó que la accionante no
estuvo vinculada mediante contrato de trabajo con la empresa, ya que es una
empleada asociada a la cooperativa COASIC. De igual forma, informó que entre la
cooperativa y BAGUER
S.A., se suscribió un contrato de prestación de servicios, en el cual COASIC se
obligó a enviar a varios de sus asociados, para cumplir labores propias de la
razón social de la empresa, entre las que se encontraba la accionante.
Asimismo, señaló que desconoce si
se pagaron o no las incapacidades de la accionante, debido a que estas se
debieron tramitar ante COASIC. Menciona que la cooperativa envió un reemplazo
para cubrir las gestiones de la actora cuando esta no se presentaba. Establece
que a BAGUER S.A. no le interesa quién preste el servicio sino que el mismo se
suministre.
En cuanto al despido de la
accionante, afirma que BAGUER
S.A. no intervino en absoluto, por cuanto la cooperativa COASIC es la encargada
de administrar al personal asociado que envía a la empresa para cumplir con el
objeto del contrato.
1.1.2.2. Repuesta de la
Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios Solidarios de Colombia (COASIC).
Mediante escrito del 10 de marzo
de 2011, la señora Marisol Pérez Téllez actuando como representante legal de
COASIC, dio contestación a la acción de tutela instaurada por la señora Laura
Marcela Alvarado Ospino.
Manifestó que nunca existió
vinculo laboral con la accionante, toda vez que esta relación se basó en el Decreto
4588 de 2006, que  reglamenta la organización y funcionamiento de las
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado. Señaló que lo que la actora
celebró fue un acuerdo cooperativo con el fin de obtener y generar labores para
recibir compensaciones. En consideración a lo anterior, la demandante realizó
trabajos de telemercadeo en el proceso de comercialización de prendas de vestir
en la empresa BAGUER S.A.
Adicionalmente,
indicó que la señora Laura
Marcela Alvarado Ospino no les informó de su estado de embarazo, hasta que la
cooperativa requirió prueba de ello[3] y la actora
presentó el certificado correspondiente en el mes de diciembre de
2010.
Frente a las incapacidades
argumentó que estas debían ser llevadas a la cooperativa inmediatamente se
generaran, ya que en caso contrario se podría incurrir en un procedimiento
disciplinario prescrito en las normas de la cooperativa. Menciona que la
accionante no daba aviso alguno de sus ausencias y allegaba las excusas médicas
10 días después. Como resultado de ello, la actora recibió dos llamados de
atención y un memorando. Señala que debido a las anteriores circunstancias, la
cooperativa adelantó trámite ante el Ministerio de la Protección Social para
dar por terminado el contrato[4].
Por tanto, afirma que la asociada
no ha recibido compensación alguna desde el 22 de febrero de 2011, debido a que
no prestó sus servicios para la labor que fue contratada. Considera que la
situación podría haber sido distinta, si la accionante hubiera presentado sus
incapacidades médicas oportunamente.
Por último, informa que la
accionante sigue asociada a la cooperativa y que a la fecha se han hecho los
correspondientes aportes a seguridad social.
1.1.3.  Decisiones judiciales
objeto de revisión
1.1.3.1. Mediante sentencia del 18 de
marzo de 2011 el Juzgado 11 Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Bucaramanga, decidió declarar improcedente la acción de tutela
frente a la empresa BAGUER S.A., toda vez que no se evidenció vulneración por
parte de esta entidad a  los derechos fundamentales de la actora.
En relación con la Cooperativa de
Trabajo Asociado de Servicios Solidarios de Colombia (COASIC), el juez de
primera instancia consideró que procede la protección transitoria a la
estabilidad laboral reforzada, ya que la cooperativa conocía del estado de
embarazo de la actora y a pesar de ello se desprendió al despido de la
accionante. Asimismo, la terminación del contrato no cumplió con los requisitos
legales, puesto que no se contaba con la debida autorización del Ministerio de
Protección Social para tal fin. Además, la destitución de la señora Laura
Marcela Alvarado Ospino amenaza su derecho fundamental al mínimo vital.
En consecuencia, ordenó al
representante legal de COASIC, que en el término de 48 horas siguientes a la
notificación de la sentencia, reintegrara a la accionante Laura Marcela
Alvarado Ospino, a la labor que desempeñaba al momento del despido o a una
labor equivalente o superior, en la misma ciudad y en las mismas o mejores
condiciones. De igual forma, ordenó en el término de 5 días contados a partir
de la notificación de la providencia, cancelara a la actora los salarios y
prestaciones sociales dejadas de percibir hasta el momento del reintegro.
1.1.3.2. Por su parte, el Juzgado
6 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, mediante
sentencia del 5 de mayo de 2011 revocó lo decidido por el a quo en
relación con lo ordenado a COASIC, y en consecuencia declaró improcedente la
acción de tutela, debido a que la actora puede acudir a otros mecanismos de
defensa judicial, como la demanda ordinaria ante la jurisdicción laboral. Del
mismo modo, confirmó la improcedencia de la acción respecto a la empresa BAGUER
S.A.
1.2. Expediente T-3175517
1.2.1. De
los hechos de la demanda
1.2.1.1. El 9 de mayo de 2011, Guislay Fernanda
Rivas Sánchez interpuso acción de tutela contra el Instituto Municipal
del Deporte y la Recreación de Yumbo, al considerar que esa entidad vulneró sus
derechos fundamentales a la vida digna, salud, trabajo, estabilidad laboral y
mínimo vital.
1.2.1.2. La accionante suscribió
desde el 31 de enero de 2008, contratos de prestación de servicios con el Instituto
Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo, los cuales fueron renovados en
tres oportunidades para llevar a  cabo actividades de fisioterapia.
1.2.1.3. Señala la actora
que los mencionados contratos fueron prorrogados de la siguiente manera:
Contrato de
prestación de servicios No.
Duración
Valor total del
contrato
Pago mensual mes
vencido
094 de 2008
11 meses
Del 31 de enero al
31 de diciembre de 2008
$11.000.000
$1.000.000
081 de 2009
11 meses
Del 30 de enero al
30 de diciembre de 2009
$11.843.700
$1.076.700
077 de 2010
11 meses
Del 1 de febrero al
31 de diciembre de 2010
$11.843.700
$1.076.700
1.2.1.4. Manifiesta la accionante
que en el mes de junio de 2010, comunicó verbalmente de su estado de embarazo
al gerente del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo.
1.2.1.5. No obstante, el último
contrato de prestación de servicios finalizó el 31 de diciembre de 2010, sin
que fuera renovado a pesar de los 8 meses de embarazo que tenía para ese
momento. Indica la accionante que no fue informada ni de forma verbal ni por
escrito de la no renovación del contrato, lo cual a su juicio ha ocasionado que
haya dejado de percibir un salario que garantice su derecho al mínimo vital.
1.2.1.6. Afirma la actora que en
la actualidad en el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo,
sigue existiendo un contrato con el objeto que venía desempeñando, desarrollado
por otras personas.
1.2.1.7. Asimismo, informa la
accionante que para el momento de presentación de la acción de tutela, su hija
ya había nacido y tenía 4 meses de vida.
1.2.1.8. Establece la actora que
los dineros que recibía como contraprestación de sus servicios, constituían su
único sustento económico que le permitía satisfacer sus necesidades básicas.
1.2.1.9. En consideración a lo
anterior, la señora Guislay Fernanda Rivas Sánchez solicita el amparo de los
derechos invocados y que se ordene a la entidad accionada la renovación del
contrato de prestación de servicios que venía desempeñando.
1.2.2. Respuesta de la entidad
accionada
Mediante escrito del 13 de mayo
de 2011, el señor Luis Albeiro Gutiérrez Ayala actuando como apoderado del
Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo, dio contestación a la
acción de tutela instaurada por la señora Guislay Fernanda Rivas Sánchez.
Manifestó que la accionante no es titular del derecho a la estabilidad laboral
reforzada, debido a que no fue despedida por su estado de embarazo, sino por la
terminación del contrato por cumplimiento del plazo y agotamiento del rubro
presupuestal.
Asimismo, mencionó que la actora
nunca notificó de manera formal al ente accionado sobre su estado de embarazo,
es decir, por escrito y con el anexo del examen médico respectivo.
De igual forma, señaló que no era
necesario autorización del inspector del trabajo para terminar la relación
laboral con la accionante, ya que el contrato finalizó por vencimiento de
términos con aceptación del mismo mediante acta de liquidación.
Por último, indicó que la
accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para la protección de
sus derechos, ante la jurisdicción ordinaria laboral.
1.2.3.  Decisiones judiciales
objeto de revisión
1.2.3.1. Mediante sentencia del
24 de mayo de 2011, el Juzgado 2 Penal Municipal de Yumbo no amparó el derecho
a la estabilidad laboral reforzada de la accionante, al considerar que se
configura una carencia de objeto por daño consumado, debido a que ya había
nacido la hija de la actora y finalizado de la licencia de maternidad.
1.2.3.2. Por su parte, el Juzgado
22 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, mediante
sentencia del 7 de julio de 2011 confirmó lo decidido por el a quo, al
señalar que si bien es cierto se vulneraron los derechos fundamentales de la
señora Guislay Fernanda Rivas Sánchez, para el momento en que se profirió la
sentencia la amenaza ya había desaparecido, como consecuencia de la terminación
del plazo del contrato de prestación de servicios y el nacimiento de la hija de
la actora.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas dentro de
los procesos de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
De acuerdo con los hechos expuestos, en los presentes casos
corresponde a la Corte Constitucional determinar: i) si la Cooperativa de
Trabajo Asociado de Servicios Solidarios de Colombia (COASIC) y la Empresa
BAGUER S.A., vulneraron los derechos fundamentales de la señora Laura
Marcela Alvarado Ospino a la vida digna, trabajo y la estabilidad
laboral reforzada de mujer embarazada, como consecuencia de la terminación de
la relación basada en un acuerdo cooperativo, dentro del período de gravidez;
ii) si el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo vulneró los
derechos fundamentales de la señora Guislay Fernanda Rivas Sánchez a la
vida digna, trabajo y la estabilidad laboral reforzada de mujer embarazada,
como consecuencia de la no renovación del contrato de prestación de servicios
dentro del período de gravidez.
Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala Novena de
Revisión hará referencia a (i) la procedencia de la acción de tutela contra
particulares cuando el afectado se encuentra en estado de subordinación; (ii)
el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de la mujer durante
el embarazo y el período de lactancia; (iii) las Cooperativas y Precooperativas
de Trabajo Asociado; (iv) la estabilidad laboral reforzada de la mujer
embarazada vinculada mediante contrato de prestación de servicios; y (v) el
estudio y solución de los casos en concreto.
3. Procedencia de la acción de
tutela contra particulares cuando el afectado se encuentra en estado de
subordinación. Reiteración de jurisprudencia.
3.1.  Teniendo en cuenta que el
expediente T-3120486 está dirigido contra un particular, la Sala pasará a
reiterar la jurisprudencia que aborda este tema.
3.2. De conformidad con lo
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es
un mecanismo preferente, cautelar, residual y sumario de protección de los
derechos fundamentales que sean vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares.
3.3. En desarrollo de este
mandato constitucional, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, establece los
casos en los que procede la acción de tutela contra particulares, en los
siguientes términos:
“Procedencia. La acción de tutela procederá contra
acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos:
1. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud
esté encargado de la prestación del servicio público de educación.
2. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud
esté encargado de la prestación del servicio público de salud.
3. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud
esté encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios.
4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una
organización privada, contra quien la controla efectivamente o fuere el
beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el
solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización.
5. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud
viole o amenace violar el artículo 17 de la Constitución.
6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se
hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo
establecido en el artículo 15 de la Constitución.
7. Cuando se solicite rectificación de informaciones
inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la trascripción de la
información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que
no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.
8. Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de
funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las
autoridades públicas.
9. Cuando la solicitud sea para tutelar quien se
encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular
contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que
solicite la tutela.” (Subrayado y
negrillas por fuera del texto original).
3.4. Esta Corporación ha
entendido la subordinación, como “el acatamiento y sometimiento a órdenes
proferidas por quienes, en razón de sus calidades, tienen la competencia para
impartirlas”[5],
encontrándose entre otras, (i) las relaciones derivadas de un contrato de
trabajo; (ii) las relaciones entre estudiantes y directivas del plantel
educativo; (iii) las relaciones de patria de potestad originadas entre los
hijos menores y los incapaces respecto de los padres o (iv) las relaciones
entre los residentes de un conjunto residencial y las juntas administradoras de
los mismos[6].
3.5. Por su
parte, la indefensión alude a la persona que “ha sido puesta en una situación
que la hace incapaz de repeler física o jurídicamente las agresiones de las
cuales viene siendo objeto por parte de un particular, las cuales ponen en
peligro sus derechos fundamentales. En otras palabras, no tiene posibilidades
jurídicas ni fácticas para reaccionar defendiendo sus intereses. En cada caso,
el juez debe realizar un análisis relacional con la finalidad de determinar el
estado de indefensión en la que se encuentra la persona.”[7]
3.6. Ahora bien, la Corte
Constitucional ha considerado que los supuestos para determinar las situaciones
de indefensión deben ser más amplias, pues no implican necesariamente la
existencia de un vínculo de carácter jurídico entre la persona que alega la
vulneración de sus derechos fundamentales y el particular demandado, lo cual
significa que se trata de un ámbito autónomo de procedibilidad de la acción de
tutela contra particulares que se presenta: “(i) cuando la persona está en
ausencia de medios de defensa judiciales eficaces e idóneos que permitan
conjurar la vulneración iusfundamental por parte de un particular; (ii)
personas que se hallan en situación de marginación social y económica[8];
(iii) personas de la tercera edad[9];
(iv) discapacitados[10]
y (v) menores de edad[11]”[12].
3.7. Asimismo, “el
intérprete constitucional ha estimado que ante la existencia de una posición de
preeminencia social y económica que resquebraja el plano de igualdad en las
relaciones entre particulares, o también cuando se trata de poderes sociales y
económicos, los cuales disponen de instrumentos que pueden afectar la autonomía
privada del individuo, es procedente igualmente la acción de tutela. Tal es el
caso de los medios de comunicación[13],
clubes de fútbol[14],
empresas que gozan de una posición dominante en el mercado[15] o las
organizaciones privadas de carácter asociativo, como asociaciones profesionales[16],
cooperativas[17]
o sindicatos[18]”[19].
3.8. Por tanto, la diferencia
entre estas dos figuras, radica en “el origen de la dependencia entre los
sujetos. Si el sometimiento se presenta como consecuencia de un título jurídico
nos encontraremos frente a un caso de subordinación y (sic) contrario
sensu si la dominación proviene de una situación de hecho, podremos derivar la
existencia de una indefensión.”[20]
4. El derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada de la mujer durante el embarazo y el período de
lactancia. Reiteración de jurisprudencia
4.1. Uno de los principios
constitucionales que debe orientar las relaciones laborales es la estabilidad
en el empleo (Art. 53 C. P.), entendido como una garantía que debe gobernar en
el Estado Social de Derecho y que tiene como fin garantizar la primacía de los
derechos inalienables de la persona.
4.2. Este mandato adquiere una
mayor importancia cuando se trata de mujeres en estado de embarazo y en periodo
de lactancia, debido a que su protección garantiza el derecho a la vida digna y
el mínimo vital de la mujer y el nasciturus. La Corte Constitucional ha
denominado a este derecho estabilidad laboral reforzada, y permite
a la trabajadora “permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes
beneficios salariales y prestacionales, inclusive, en contra de la propia
voluntad de su empleador, en caso de no existir una causa que justifique el
despido, que de ninguna manera puede ser consecuencia de su estado de embarazo
o de lactancia” [21],
garantía que está presente en el bloque de constitucionalidad contemplado en
los artículos 93[22]
y 94[23]
de la carta superior. Al respecto, esta Corte ha indicado en la sentencia C-470
de 1997 que:
“Por no citar sino algunos ejemplos, la Corte destaca
que la Declaración Universal de derechos Humanos, en el artículo 25, señala que
la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.
Por su parte, el artículo 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y
Sociales, aprobado por Colombia por la Ley 74 de 1968, establece que se debe
conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo
razonable antes y después del parto. Igualmente, el artículo 11 de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, expedida en Nueva York, el 18 de diciembre de 1979, por la Asamblea
General de la ONU, y aprobada por la ley 51 de 1981, establece que es
obligación de los Estados adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurarle, en
condiciones de igualdad con los hombres, el derecho al trabajo como derecho
inalienable de todo ser humano. Por su parte, el Convenio 111 de la OIT prohíbe
la discriminación en  materia de empleo y ocupación, entre otros motivos por el
de sexo. Pero es más; desde principios de siglo, la OIT promulgó regulaciones
específicas para amparar a la mujer embarazada. Así, el Convenio No 3, que
entró en vigor el 13 de junio de 1921 y fue aprobado por Colombia por la Ley
129 de 1931”.
4.3. Ahora bien, dentro del marco
legal, el Código Sustantivo del Trabajo establece en el título VIII, capítulo
V, la regulación referente a (i) el descanso remunerado para la época del
parto, en caso de aborto y durante la lactancia (Arts. 236 a 238); (ii) la
prohibición de despedir trabajadoras por motivo de embarazo o lactancia (Art.
239) y (iii) la necesidad de contar con permiso del inspector del trabajo para
despedir a una trabajadora durante el período de embarazo o los tres meses
posteriores al parto (Art. 240), las cuales concretan los contenidos generales
previstos en la Constitución Política.
4.4. Por otra parte, de
conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Carta Fundamental, la
acción de tutela procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable, razón por la cual en principio la pretensión de
obtener el reintegro laboral por esta vía se torna improcedente por tratarse de
una discusión de naturaleza legal.
4.5. Sin embargo, cuando se está
en presencia de una mujer en estado de embarazo o durante el período de
lactancia, que para esta Corporación tiene el estatus de fundamental, la tutela
se torna idónea y eficaz para la protección de derechos fundamentales, máxime
cuando está involucrado el mínimo vital.
4.6. La Corte
Constitucional[24]
ha construido unos requisitos que deben cumplirse
para producirse el amparo constitucional, con el fin de que se torne
procedente la acción de tutela y se protejan los derechos fundamentales de la
mujer embazada o en período de lactancia. Estos requisitos
son: a) que el despido se ocasione durante el período amparado por el
"fuero de maternidad", esto es, que se produce en la época del
embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto;  b) que a la fecha del
despido el empleador conocía o debía conocer la existencia del estado de
gravidez, pues la trabajadora notificó su estado oportunamente y en las
condiciones que establece la ley; c) que el despido sea una consecuencia del
embarazo, por ende que el despido no está directamente relacionado con una
causal objetiva y relevante que lo justifique; d) que no medie autorización
expresa del inspector del trabajo si se trata de trabajadora oficial o privada,
o resolución motivada del jefe del respectivo organismo si se trata de empleada
pública; y e) Que el despido amenace el mínimo vital de la actora o del
niño que está por nacer”.[25]
No obstante sobre el requisito “que a la fecha del
despido el empleador conocía o debía conocer la existencia del estado de
gravidez, pues la trabajadora notificó su estado oportunamente y en las
condiciones que establece la ley”, esta Corporación señaló, en la sentencia
T-095 de 2008,[26]
que en orden de otorgar una protección más amplia a los derechos de la mujer
trabajadora, este requisito no puede interpretarse de manera rígida,
pues las interpretaciones restrictivas terminan por exigir que sea la
trabajadora quien pruebe si el embarazo fue o no conocido por el empleador, y
esto se presta para abusos y termina por colocar a las mujeres en una situación
grave de indefensión.
Al respecto,
la Sala señaló en dicha ocasión que:
“(…)
encuentra la Sala que conferir protección a la mujer únicamente cuando se ha
comprobado que el despido fue discriminatorio esto es, que se despidió a la
mujer en razón o por causa del embarazo, termina por restringir una protección
que la Constitución confiere de manera positiva, en términos muy amplios, y
cobija tanto a las mujeres gestantes como a los (as) recién nacidos (as)”.
Pues bien, en
este pronunciamiento se concluye que, existiendo la presunción de despido por
razón del embarazo, para todos los tipos de contratos laborales, la  prueba de
que el empleador conocía o debía conocer el estado de gravidez de la
trabajadora no puede ser exigida a la mujer, y es el empleador quien debe
demostrar que el despido está objetivamente justificado en alguna de las
causales de despido con justa causa del Código Sustantivo del Trabajo. Esta
exigencia en ningún momento pretende omitir el requisito del conocimiento que
debe tener el empleador sobre la gravidez de la trabajadora, lo que aspira es a
ampliar la protección de la mujer gestante, y así evitar que, en casos en los
cuales no habiendo justa causa para el despido, el empleador alegue que nunca
conoció el hecho del embarazo, y ante la falta de pruebas que demuestren lo
contrario, se niegue el amparo a la trabajadora[27].
5. La estabilidad laboral
reforzada de los asociados a Cooperativas y Precooperativas de Trabajo
Asociado. Reiteración de  jurisprudencia
5.1. La Sala pasará a analizar
brevemente la regulación de las cooperativas y precooperativas de trabajo
asociado, al igual que reiterará la jurisprudencia concordante con el tema,
debido a que en el expediente T-3175517 la accionante estaba vinculada con una
empresa de este tipo.
5.2. En  concordancia con el
Decreto 4588 de 2006 “Por el cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado”, las
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado son organizaciones
sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la economía[28], cuyo objeto
social “es el de generar y mantener trabajo para los asociados de manera
autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y autogobierno.[29]” De
este modo, esas organizaciones se caracterizan por asociar personas naturales
que de manera simultánea (i) son gestoras, (ii) contribuyen económicamente a la
organización y (iii) son aportantes directas de su capacidad de trabajo para el
desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales, con el fin
de producir bienes o prestar servicios.
5.3. Por
su parte, el artículo 6 del citado Decreto establece que las cooperativas y
precooperativas de trabajo asociado, “podrán contratar con terceros la
producción de bienes, la ejecución de obras y la prestación de servicios,
siempre que respondan a la ejecución de un proceso total en favor de otras
cooperativas o de terceros en general, cuyo propósito final sea un resultado
específico. Los procesos también podrán contratarse en forma parcial o por
subprocesos, correspondientes a las diferentes etapas de la cadena productiva,
siempre atados al resultado final.”
5.4. Sin embargo, es preciso
tener en cuenta que la facultad de las cooperativas para contratar con terceros
no es absoluta. En efecto, por expreso mandato legal, las cooperativas y
precooperativas no podrán actuar como intermediarios laborales o empresas de
servicios temporales. Al respecto, el artículo 17 del Decreto 4588 de 2006
dispone:
“Las
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar como
empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados
para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros beneficiarios, o
remitirlos como trabajadores en misión con el fin de que estos atiendan
labores o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del servicio o
permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o
dependencia con terceros contratantes.
Cuando se
configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias
de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la
Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán
solidariamente responsables por las obligaciones económicas que se causen a
favor del trabajador asociado.”  (Negrilla fuera del texto original).
5.5. Así, es claro que la
trasgresión de dicha prohibición redunda en la desnaturalización del trabajo
cooperativo y, en consecuencia, el asociado que sea enviado por su organización
solidaria a prestar sus servicios bajo estas condiciones será considerado
trabajador dependiente[30].
5.6. Es por eso que la Corte
Constitucional ha concluido que en aplicación de las normas indicadas, en caso
que durante la ejecución del contrato de trabajo asociado la cooperativa viole
la prohibición referida, se debe dar aplicación a la legislación laboral, y no
a la legislación comercial o civil, toda vez que bajo tales supuestos fácticos
concurren los elementos esenciales que dan lugar a la existencia de un contrato
de trabajo[31].
En la sentencia T-445 de 2006, la
Corte Constitucional definió algunos elementos que pueden identificar la
existencia de una relación laboral velada por un acuerdo cooperativo:
“En relación
con los elementos que pueden conducir a que la relación entre cooperado y
cooperativa pase de ser una relación horizontal, ausente de subordinación, a
una relación vertical en la cual una de la dos partes tenga mayor poder sobre
la otra y por ende se configure un estado de subordinación, se pueden destacar
diferentes elementos, como (i) el hecho de que para que se produzca el pago de
las compensaciones a que tiene derecho el cooperado éste haya cumplido con la
labor en las condiciones indicadas por la cooperativa o el tercero a favor del
cual la realizó; (ii) el poder disciplinario que la cooperativa ejerce sobre el
cooperado, de acuerdo con las reglas previstas en el régimen cooperativo; (iii)
la sujeción por parte del asociado a la designación de la Cooperativa del
tercero a favor del cual se va a ejecutar la labor contratada y las condiciones
en las cuales trabajará; entre otros.”
5.7. Ahora bien, frente al derecho a la estabilidad laboral reforzada
de la mujer en estado de embarazo en el marco de un acuerdo cooperativo, en la
sentencia T-1177 de 2003 la Corte consideró:
“La
existencia de una relación entre cooperativa y cooperado no excluye necesariamente
que se de una relación laboral[32]
entre cooperativa y cooperado y esto sucede cuando el cooperado no trabaja
directamente para la cooperativa, si no para un tercero, respecto del cual
recibe órdenes y cumple horarios y la relación con el tercero surge por mandato
de la cooperativa, que fue lo que sucedió en este caso.
Por ello,
visto lo acaecido en el presente proceso, es preciso reiterar que en tanto
exista una relación laboral, cualquiera que ella sea, es predicable de la mujer
embarazada el derecho a una estabilidad laboral reforzada, como una
consecuencia del principio de igualdad, y por ende, su relación laboral no
puede quedar ni suspendida ni anulada al punto de que se afecte su condición de
mujer en estado de embarazo. Así lo expuso esta misma Sala al considerar en una
oportunidad anterior, que al margen del tipo de relación laboral que esté
operando, durante el período de embarazo la mujer es acreedora de un derecho
especial de asistencia y estabilidad reforzada, que obliga, en el evento de ser
despedida, a apelar a una presunción de despido por discriminación en razón del
embarazo, siendo el empleador quien asuma la carga de la prueba que sustente el
factor objetivo que le permita su despido de manera legal.[33]” (Negrilla
fuera del texto original).
6.  La
estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada vinculada mediante
contrato de prestación de servicios. Reiteración de jurisprudencia
6.1. Debido a que el expediente
T-3175517 trata sobre la estabilidad laboral reforzada de mujer embarazada
vinculada mediante contrato de prestación de servicios, la Sala reiterara la
jurisprudencia que aborda este tema.
6.2. Esta Corporación ha señalado
que la estabilidad laboral se predica de todos los contratos, sin importar su
clase y sin importar que el patrono sea público o privado, pues lo que la
Constitución busca es asegurarle al trabajador que su vínculo no se romperá de
manera abrupta y por tanto su sustento y el de su familia no se verá
comprometido por una decisión arbitraria del empleador.[34]
6.3. Tal estabilidad se predica
también para los contratos de prestación de servicios, en los cuales a pesar de
conocerse que su naturaleza no genera una relación laboral de subordinación, se
debe aplicar el criterio establecido por la jurisprudencia mediante el cual se
ha dicho para los contratos a término fijo que el solo vencimiento del plazo o
del objeto pactado, no basta para no renovar un contrato de una mujer
embarazada. Lo anterior, teniendo en cuenta los principios de estabilidad
laboral y primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las
partes del contrato laboral; tal figura se aplica siempre que (i) al momento de
la finalización del plazo inicialmente pactado subsistan la materia de trabajo
y las causas que originaron el contrato (ii) y el trabajador haya cumplido
efectivamente sus obligaciones, por lo que se le deberá garantizar su
renovación.[35]
6.4. Si tal estabilidad opera
para todos los trabajadores, con mayor razón se presenta para la protección de
las mujeres en estado de embarazo sin importar la clase de contrato que hayan
suscrito, ya que durante este periodo se requiere del empleador una mayor
asistencia y respeto a su condición[36].
6.5.  La Corte en la Sentencia
T-1201 de 2001, revisó el caso de una mujer que venía trabajando como contadora
pública del Hospital San Martín de Sardinata, desde el mes de julio de 1998
hasta el 31 de enero de 2001, en forma continua e ininterrumpida a través de
ordenes de prestación de servicio. En este asunto las ordenes de prestación de
servicios se daban cada mes, en uno de ellos la accionante comunicó estar
embarazada, las autoridades del Hospital ante esta situación le manifestaron
verbalmente la terminación de su contrato de prestación de servicios, sin tener
en cuenta su condición de mujer embarazada.
En este caso, después de estudiar
las subreglas aplicables al caso la Corte resolvió tutelar transitoriamente: “(…)
los derechos constitucionales de la mujer embarazada de la señora Vianny Isabel
Sánchez Villamizar y, en consecuencia, ordenar, al Director del Hospital
San Martín de Sardinata, restablecer una relación con la peticionaria que le
permita a ella continuar trabajando en condiciones similares a aquellas en que
lo venía haciendo, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a
partir de la comunicación del presente fallo”.[37]
6.6. Posteriormente, en la
Sentencia T-529 de 2004 se estudió el caso en el que la entidad accionada
argumentaba que la actora nunca comunicó su estado de embarazo y que la razón
de la no continuación contractual se debió al cumplimiento del plazo para el
cual estaba pactado el contrato de prestación de servicios. En esa oportunidad,
la Corte indicó que el estado de embarazo de la accionante era notorio, por lo
que no era necesaria la notificación del estado de gravidez y por tanto, la no
renovación del contrato configuró  una conducta discriminatoria derivada del
embarazo.
6.7. En conclusión, la mujer
embarazada o en periodo de lactancia cuenta con una protección reforzada,
independientemente del tipo de contrato de trabajo que haya suscrito con su
empleador.
7.     Estudio
y solución de los casos en concreto
7.1.
Expediente T-3120486
Para el análisis del caso de la
referencia, la Sala verificará (i) los hechos más relevantes que fueron probados
en el proceso; (ii) la existencia de un verdadero contrato de trabajo, (iii) la
procedencia de la acción de tutela contra particulares cuando el afectado se
encuentra en estado de subordinación, y (iv) la procedencia de la acción de
tutela para garantizar el derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada de una trabajadora embarazada.
7.1.1. Hechos más relevantes probados en el
proceso
7.1.1.1. De conformidad con las pruebas allegadas
al proceso de tutela, se tiene que la señora Laura Marcela Alvarado Ospino
suscribió un convenio de trabajo con la Cooperativa de Trabajo Asociado de
Servicios Solidarios de Colombia (COASIC), para desempeñar el cargo de
Telemercaderista en la Empresa BAGER S.A., a partir del 10 de octubre de 2010[38], para lo
cual se acordó como compensación la suma de quinientos setenta y seis mil
quinientos pesos ($576.500)[39].
7.1.1.2. De igual forma, se probó
que la accionante tenía un embarazo de alto riesgo que le podría ocasionar un
aborto, debido a una infección en las vías urinarias. En consecuencia, le
otorgaron a la actora 8 incapacidades médicas casi continuas[40].
7.1.1.3. Asimismo, la Cooperativa de Trabajo Asociado
de Servicios Solidarios de Colombia (COASIC), reconoció en el escrito de
contestación de la acción de tutela[41],
que conocía del estado de gravidez de la actora al solicitar y recibir prueba
del embarazo.
7.1.1.4. La accionante recibió dos llamados
de atención y un memorando por parte de COASIC, por la inasistencia a su lugar
de trabajo y la presentación tardía de las incapacidades médicas[42]. Lo anterior
ocasionó que la accionante fuera retirada por parte de COASIC de sus funciones
de Telemercaderista en la Empresa BAGER S.A., y dejara de
percibir las compensaciones desde el 22 de febrero de 2011.
7.1.1.5. La Cooperativa de
Trabajo Asociado de Servicios Solidarios de Colombia (COASIC), afirma que la
señora Laura Marcela Alvarado Ospino sigue siendo asociada y que para la fecha
de la contestación de la acción de tutela, se ha cubierto el pago de la
seguridad social de la accionante[43].
A pesar de lo anterior, no obra prueba en el expediente referente al pago de
los aportes a seguridad social.
7.1.2. Existencia
de un verdadero contrato de trabajo.
7.1.2.1. Tal como se mencionó con
en el numeral 5, esta Corporación definió los elementos que pueden identificar
que la relación entre cooperado y cooperativa pase de ser una relación
horizontal (ausente de subordinación), a una relación vertical (en la que una
de la dos partes está subordinada a la otra).  Estos son: “(i) el hecho de
que para que se produzca el pago de las compensaciones a que tiene derecho el
cooperado éste haya cumplido con la labor en las condiciones indicadas por la
cooperativa o el tercero a favor del cual la realizó; (ii) el poder
disciplinario que la cooperativa ejerce sobre el cooperado, de acuerdo con las
reglas previstas en el régimen cooperativo; (iii) la sujeción por parte del
asociado a la designación de la Cooperativa del tercero a favor del cual se va
a ejecutar la labor contratada y las condiciones en las cuales trabajará”
[44].
7.1.2.2.
A continuación la Sala pasará a revisar si en el caso en estudio, la
relación entre Laura Marcela Alvarado Ospino y la Cooperativa de Trabajo
Asociado de Servicios Solidarios de Colombia (COASIC), se transformó de ser una
relación horizontal a una relación vertical. Para ello, revisará las reglas
antes mencionadas.
7.1.2.3.
“el hecho de que para que se produzca el pago de las compensaciones
a que tiene derecho el cooperado éste haya cumplido con la labor en las
condiciones indicadas por la cooperativa o el tercero a favor del cual la
realizó”
De acuerdo con el convenio de trabajo celebrado entre la señora Laura
Marcela Alvarado Ospino y la Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios
Solidarios de Colombia (COASIC)[45],
se acordó que la accionante desempeñaría el cargo de Telemercaderista para la
Empresa BAGUER S.A. a partir del 10 de octubre de 2010, en una jornada
de 8 horas diarias, recibiendo como contraprestación por su trabajo
(compensación) la suma de $576.500 mensuales.
Asimismo, del escrito de contestación de la acción de tutela de la
Empresa BAGUER S.A.[46],
se desprende que la accionante “prestó su labor en el proceso de
telemercaderista a partir del 19 de octubre de 2010”[47] y hasta el 9 de enero de
2011.
De igual forma, en la contestación de la acción de tutela de COASIC,
se establece que la accionante “no tuvo derecho a compensaciones desde la
fecha que ella indica (22 de Febrero de 2011), porque no prestó su
labor”.
En consecuencia, la señora Laura Marcela Alvarado Ospino recibió la
suma de $576.500 mensuales, por la prestación de sus servicios como
telemercaderista para la empresa BAGUER S.A. (tercero a favor del cual la
realizó), según las especificaciones del convenio de trabajo celebrado con la cooperativa
COASIC. Sin embargo, la suma antes mencionada sólo la recibió hasta el 22 de
febrero de 2011, fecha para la cual se interrumpió la relación laboral.
Lo anterior evidencia la presencia del primer elemento de
transformación de una relación horizontal a una relación vertical. En tal
sentido, la Sala considera que la “compensación” o contraprestación de los
servicios de la accionante, deriva de un contrato de trabajo y no de la
condición de asociada a la cooperativa COASIC, debido a que para las fechas en
que la actora no laboró, no recibió ningún tipo de dinero.
7.1.2.4.
“el poder disciplinario que la cooperativa ejerce sobre el
cooperado, de acuerdo con las reglas previstas en el régimen cooperativo”
De folios 92 a 136 del cuaderno 1, se observan los estatutos de la Cooperativa
de Trabajo Asociado de Servicios Solidarios de Colombia (COASIC), en cuyo
capítulo IV se señala el régimen sancionatorio para los trabajadores asociados.
En este instrumento se indica como sanciones disciplinarias la amonestación
privada y pública, multas y demás sanciones pecuniarias, remoción del cargo
administrativo que ocupe, suspensión parcial del puesto de trabajo y suspensión
total de derechos y servicios.
De igual forma, de folios 137 a 159 del cuaderno 1, consta el régimen
de trabajo asociado, en cuyo capítulo IX se reitera el régimen disciplinario de
la cooperativa.
En consideración a lo anterior,
la accionante recibió dos llamados de atención y un memorando, al no presentar
las incapacidades inmediatamente se generaron, sino días después de ello.
Por lo tanto, se observa que la accionante al dejar de trabajar por su
delicado estado de salud, recibió dos llamados de atención, un memorando y
posteriormente fue despedida; esta situación comprueba la presencia de un poder
sancionatorio de la cooperativa sobre el cooperado, propio de un superior
jerárquico, lo cual evidencia el segundo elemento de transformación de una
relación horizontal a una relación vertical.
7.1.2.5. “la sujeción por parte del asociado a la designación de la
Cooperativa del tercero a favor del cual se va a ejecutar la labor contratada y
las condiciones en las cuales trabajará”
Entre la Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios Solidarios de
Colombia (COASIC) y BAGUER S.A. celebraron un contrato de prestación de
servicios[48],
en el cual se obligaba el primero para con el segundo, a prestar  personal
calificado para los servicios de atención del cliente, fabricación y
comercialización de prendas de vestir.
Ahora bien, en el convenio de trabajo asociado entre la señora Laura
Marcela Alvarado Ospino y la Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios
Solidarios de Colombia (COASIC)[49],
se observa que la actora fue contratada para ser enviada a la empresa BAGUER
S.A. para el cargo de Telemercaderista en la Empresa BAGER S.A. a partir
del 10 de octubre de 2010, en una jornada de 8 horas diarias, recibiendo como
contraprestación por su trabajo (compensación) la suma de $576.500 mensuales.
Lo anterior demuestra que la señora Laura Marcela Alvarado Ospino
estaba sujeta a la designación por parte de la cooperativa del lugar en que
desarrollaría su trabajo, lo cual transgrede lo contemplado en el artículo 17[50] del Decreto
4588 de 2006[51],
que prohíbe a las cooperativas actuar como intermediarios laborales. Por ende,
esta situación ubica a la accionante como una trabajadora dependiente, en
relación laboral de tipo vertical.
7.1.2.6. En consecuencia, esta Sala considera que la relación entre la
accionante y la Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios Solidarios de
Colombia (COASIC), sí fue de naturaleza laboral. Esto porque, se le impartía
órdenes y se le exigía el cumplimiento de un horario, su trabajo era
remunerado,  estaba sujeta al procedimiento disciplinario establecido en la
normatividad de la cooperativa COASIC, y dependía de la designación por parte
de la cooperativa del lugar en que desarrollaría sus funciones.
7.1.3. Procedencia de la acción de
tutela contra particulares cuando el afectado se encuentra en estado de
subordinación
7.1.3.1. Tal como se mencionó en
el numeral 3, la acción de tutela procederá contra
acciones u omisiones de particulares, cuando el afectado se encuentra en
situación de subordinación respecto del particular contra el cual se interpuso
la acción.
7.1.3.2.   Esta Corporación ha
entendido la subordinación, como “el acatamiento y sometimiento a órdenes
proferidas por quienes, en razón de sus calidades, tienen la competencia para
impartirlas”[52],
encontrándose entre ellas las relaciones derivadas de un contrato de trabajo[53].
7.1.3.3. Teniendo en cuenta que
entre la señora Laura Marcela Alvarado Ospino y la Cooperativa de Trabajo
Asociado de Servicios Solidarios de Colombia (COASIC), sí existió un contrato
de trabajo (ver numeral 7.1.2.) con una
relación vertical (en la que una de la dos partes está subordinada a la otra),  la
Sala encuentra que la acción de tutela de la referencia resulta procedente, ya
que a pesar que se interpone contra un particular, la accionante se encuentra en situación de subordinación respecto a la
cooperativa, debido a que se le impartía órdenes, se le exigía el
cumplimiento de un horario, su trabajo era remunerado, estaba sujeta al
procedimiento disciplinario establecido en la normatividad de la cooperativa
COASIC, y dependía de la designación por parte de la cooperativa del lugar en
que desarrollaría sus funciones.
7.1.4. Procedencia
de la acción de tutela para garantizar el derecho fundamental a la estabilidad
laboral reforzada la trabajadora
7.1.4.1. La
terminación unilateral sin justa causa del contrato de trabajo de la mujer en
estado de embarazo, puede dar lugar a la protección de sus derechos
fundamentales a través de la acción de tutela, si se cumplen los supuestos
señalados por la jurisprudencia constitucional. Estos
requisitos son: a) que el despido se ocasione durante el período amparado
por el "fuero de maternidad", esto es, que se produce en la época del
embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto;  b) que a la fecha del
despido el empleador conocía o debía conocer la existencia del estado de
gravidez, pues la trabajadora notificó su estado oportunamente y en las
condiciones que establece la ley; c) que el despido sea una consecuencia del
embarazo, por ende que el despido no está directamente relacionado con una
causal objetiva y relevante que lo justifique; d) que no medie autorización
expresa del inspector del trabajo si se trata de trabajadora oficial o privada,
o resolución motivada del jefe del respectivo organismo si se trata de empleada
pública; y e) Que el despido amenace el mínimo vital de la actora o del
niño que está por nacer”.[54]
No obstante sobre el requisito “que a la fecha del
despido el empleador conocía o debía conocer la existencia del estado de
gravidez, pues la trabajadora notificó su estado oportunamente y en las
condiciones que establece la ley”, esta Corporación señaló, en la sentencia
T-095 de 2008,[55]
que en orden de otorgar una protección más amplia a los derechos de la mujer
trabajadora, este requisito no puede interpretarse de manera rígida,
pues las interpretaciones restrictivas terminan por exigir que sea la
trabajadora quien pruebe si el embarazo fue o no conocido por el empleador, y
esto se presta para abusos y termina por colocar a las mujeres en una situación
grave de indefensión.
Al respecto,
la Sala señaló en dicha ocasión que:
“(…)
encuentra la Sala que conferir protección a la mujer únicamente cuando se ha
comprobado que el despido fue discriminatorio esto es, que se despidió a la
mujer en razón o por causa del embarazo, termina por restringir una protección
que la Constitución confiere de manera positiva, en términos muy amplios, y
cobija tanto a las mujeres gestantes como a los (as) recién nacidos (as)”.
Pues bien, en
este pronunciamiento se concluye que, existiendo la presunción de despido por
razón del embarazo, para todos los tipos de contratos laborales, la  prueba de
que el empleador conocía o debía conocer el estado de gravidez de la
trabajadora no puede ser exigida a la mujer, y es el empleador quien debe
demostrar que el despido está objetivamente justificado en alguna de las
causales de despido con justa causa del Código Sustantivo del Trabajo. Esta
exigencia en ningún momento pretende omitir el requisito del conocimiento que
debe tener el empleador sobre la gravidez de la trabajadora, lo que aspira es a
ampliar la protección de la mujer gestante, y así evitar que, en casos en los
cuales no habiendo justa causa para el despido, el empleador alegue que nunca
conoció el hecho del embarazo, y ante la falta de pruebas que demuestren lo
contrario, se niegue el amparo a la trabajadora[56].
7.1.4.1.
En consideración a lo anterior, la Sala
observa que la acción de tutela de la referencia resulta procedente ya que, en
virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales (art. 53 C.P.), entre Laura
Marcela Alvarado Ospino y la Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios
Solidarios de Colombia (COASIC), se configuró un contrato de trabajo, debido a
que su actividad como Telemercaderista fue cumplida de manera personal en el
marco de una relación de  dependencia y subordinación, que le permitió percibir
una remuneración periódica.
De igual forma, la terminación de
la relación laboral tuvo lugar el 4 de marzo de 2011, fecha para la cual la
accionante tenía 4 meses de embarazo y la cooperativa COASIC tenía conocimiento
de su estado de gravidez, tal como lo manifestó en el escrito de contestación
de la acción de tutela.
Por su parte, dado que no existe
prueba que se haya solicitado autorización ante el Inspector de Trabajo, la
Corte entenderá que la terminación laboral no contó con el permiso expreso para
finalizar el contrato.
Todo lo anterior amenaza el
mínimo vital de la actora y el niño que está por nacer, ya que los $576.500
mensuales que recibía del contrato de trabajo celebrado con la Cooperativa de
Trabajo Asociado de Servicios Solidarios de Colombia (COASIC), que corresponden
a un salario mínimo mensual legal vigente, constituyen la única fuente de
ingresos económicos que le permite suplir las necesidades básicas que demanda
un embarazo de alto riesgo.
7.1.4.2.
Ahora bien, la Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios
Solidarios de Colombia (COASIC) manifestó en el escrito de contestación de la
acción de tutela, que la accionante seguía asociada a la cooperativa, razón por
la cual le han venido pagando los aportes a salud. Sin embargo, no obra en el
expediente prueba que respalde tal afirmación. Por tanto, al no hallarse dicha
prueba y al existir un verdadero contrato de trabajo entre la actora y la
cooperativa accionada, se parte del supuesto que al terminar la relación
laboral se interrumpió los aportes en salud. Además la actora afirma que no se
le continuaron pagando.
7.1.4.3.
En consecuencia, para la Sala la terminación laboral por parte de
la cooperativa accionada, vulneró el derecho a la estabilidad laboral reforzada
de la accionante, por lo que se debe conceder de forma definitiva la acción de
tutela interpuesta por Laura Marcela Alvarado Ospino contra la Cooperativa de
Trabajo Asociado de Servicios Solidarios de Colombia (COASIC).
La protección definitiva se concede en
razón al estado embarazo de alto riesgo de la actora y las necesidades
inminentes que ello representa, como alimentación y salud, que la catalogan
como un sujeto de especial protección constitucional.
7.1.4.4.
Por otra parte, la Sala considera que los  procedimientos
existentes ante la jurisdicción ordinaria no garantizan la oportuna protección
de los derechos fundamentales al mínimo vital, vida digna y salud de la
accionante, debido a que el tiempo que tardaría un proceso de esta naturaleza,
podría ser superior al estado de embarazo o el periodo de lactancia, de modo
tal que al momento de proferir la sentencia de la jurisdicción laboral, la
protección ya no resultaría oportuna.
7.1.4.5.
En esa medida, se revocará la sentencia del 5 de mayo de 2011
del Juzgado 6 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga,
que revocó la protección transitoria a la estabilidad laboral reforzada
dada por el Juzgado 11 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Bucaramanga en sentencia del 18 de marzo de 2011, en relación con lo ordenado a
COASIC de reintegrar a la accionante a la labor que desempeñaba al momento del
despido o a una labor equivalente o superior, en la misma ciudad y en similares
o mejores condiciones, así como el pago de los salarios y prestaciones sociales
dejadas de pagar hasta el momento del reintegro, por la vulneración al derecho
a la estabilidad laboral reforzada y el mínimo vital.
7.1.4.6.
Asimismo, se confirmará parcialmente la sentencia del 18 de marzo
de 2011 del Juzgado 11 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Bucaramanga, ya que la protección transitoria a la accionante dada por
dicho juzgado, no es suficiente para la protección a la estabilidad laboral y
el mínimo vital de la actora y el niño que está por nacer.
7.1.4.7.
Por tanto, la Sala ordenará la protección definitiva de los derechos
al mínimo vital, estabilidad laboral reforzada y seguridad social en salud
de la señora Laura Marcela Alvarado Ospino. De igual forma se ordenará a la  Cooperativa
de Trabajo Asociado de Servicios Solidarios de Colombia (COASIC), que dentro
los 10 días siguientes a la notificación de la presente sentencia, cancele a Laura
Marcela Alvarado Ospino la indemnización de que trata el artículo 239 del
Código Sustantivo del Trabajo. En el mismo sentido, deberá pagarle la
indemnización por despido injusto del artículo 64 del C.S.T y la licencia de
maternidad, así como los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir
desde la fecha de su desvinculación hasta la terminación del embarazo.
7.1.4.8.
Frente a la solicitud de reintegro, se ordenará a la Cooperativa de
Trabajo Asociado de Servicios Solidarios de Colombia (COASIC), que dentro de
las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo, proceda a
reincorporar a Laura Marcela Alvarado Ospino a la labor que desempeñaba al
momento del despido o a una labor equivalente o superior, en la misma ciudad
con similares o mejores condiciones.
7.1.4.9.
Por otro lado, confirmará lo decidido por los jueces de
instancia, en relación a la improcedencia de la acción de tutela frente a la
empresa BAGUER S.A, toda vez que no se evidencia vulneración de los derechos
fundamentales de la señora Laura Marcela Alvarado Ospino por parte de esa entidad,
ya que en el despido de la accionante, BARGUER S.A. no intervino en absoluto,
debido a que la cooperativa COASIC es la encargada de administrar al personal
asociado que envía a la empresa para cumplir con el objeto del contrato.
7.2. Expediente T-3175517
Para el análisis del caso de la
referencia, la Sala verificará (i) los hechos más relevantes que fueron
probados en el proceso; y (ii) la procedencia de la acción de tutela para
garantizar el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de una
trabajadora embarazada con independencia del vínculo que tenga con el
accionado.
7.2.1. Hechos más
relevantes probados en el proceso
7.2.1.1. De conformidad con las pruebas allegadas
al proceso de tutela, se tiene que la señora Guislay Fernanda Rivas Sánchez suscribió
tres contratos de prestación de servicios[57]
con el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo, para llevar a
cabo actividades de fisioterapia, de la siguiente manera:
Contrato de
prestación de servicios No.
Duración
Valor total del
contrato
Pago mensual mes
vencido
094 de 2008
11 meses
Del 31 de enero al
31 de diciembre de 2008
$11.000.000
$1.000.000
081 de 2009
11 meses
Del 30 de enero al
30 de diciembre de 2009
$11.843.700
$1.076.700
077 de 2010
11 meses
Del 1 de febrero al
31 de diciembre de 2010
$11.843.700
$1.076.700
7.2.1.2. El último contrato de
prestación de servicios finalizado el 31 de diciembre de 2010[58] no fue renovado, a pesar
que la accionante tenía 6 meses de embarazo[59].
7.2.1.3. Al momento de la
expiración del plazo pactado en el último contrato de prestación de servicios,
subsistía la materia de trabajo y las causas que lo originaron, tal como lo
afirma la accionante bajo la gravedad del juramento[60], al indicar que
actualmente el contrato que ella desempeñaba en la entidad accionada, está
siendo desarrollado por empleados con menor experiencia y preparación de la que
la actora tiene, hecho que al no ser desvirtuado por el Instituto Municipal del
Deporte y la Recreación de Yumbo, en el escrito de contestación de la acción de
tutela, se presume como cierto al tenor de lo dispuesto en el artículo 20 del
Decreto 2591 de 1991.
7.2.1.4. Para el momento de
presentación de la acción de tutela, la hija de la accionante ya había nacido y
tenía 4 meses de vida[61].
7.2.2. Procedencia de
la acción de tutela para garantizar el derecho fundamental a la estabilidad
laboral reforzada de la trabajadora
7.2.2.1. Tal
y como se mencionó anteriormente, la terminación unilateral sin justa causa del
contrato de trabajo de la mujer en estado de embarazo, puede dar lugar a la
protección de sus derechos fundamentales a través de la acción de tutela, si se
cumplen los supuestos señalados por la jurisprudencia constitucional. Dichas
exigencias se presentan cuando: (i) la terminación de la relación laboral tiene
lugar durante el embarazo o en los tres meses siguientes al parto; (ii) el
despido no cuenta con la autorización expresa de la autoridad de trabajo
correspondiente y (iii) el despido amenaza el mínimo vital de la actora o del
niño que está por nacer.
7.2.2.2. Además, esta Corporación
ha señalado que la estabilidad laboral se predica de todos los contratos, sin
importar su clase y sin importar que el patrono sea público o privado, pues lo
que la Constitución busca es asegurarle a la trabajadora que su vínculo no se
romperá de manera abrupta y por tanto su sustento y el de su familia no se verá
comprometido por una decisión arbitraria del empleador.[62]
7.2.2.3. Esta estabilidad se
predica también para los contratos de prestación de servicios, en los cuales a
pesar de conocerse que su naturaleza no genera una relación laboral de
subordinación, se debe aplicar el criterio establecido por la jurisprudencia,
mediante el cual se ha dicho que para los contratos a término fijo el solo
vencimiento del plazo o del objeto pactado, no basta para no renovar el
contrato de una mujer embarazada. Lo anterior, teniendo en cuenta los
principios de estabilidad laboral y primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por las partes del contrato laboral; tal figura se aplica siempre
que (i) al momento de la finalización del plazo inicialmente pactado subsistan
la materia de trabajo y las causas que los originaron (ii) y el trabajador haya
cumplido efectivamente sus obligaciones, por lo que se le deberá garantizar su
renovación.[63]
7.2.2.4. En
el caso en estudio, se aprecia que la terminación de la relación laboral de la
accionante ocurrió como consecuencia de la finalización del plazo del contrato
de prestación de servicios. En este sentido, la vulneratoria actuación del ente
accionado en relación con los derechos fundamentales de la accionante, se
configura con la no renovación del contrato de la señora Guislay Fernanda Rivas
Sánchez para la época en que tenía 7 meses de gestación, hecho notorio y
conocido por el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo.
Asimismo, para
el momento de la finalización del contrato de prestación de servicios, subsiste
la materia de trabajo y las causas que lo originaron, ya que dicho contrato está
siendo desarrollado por otros empleados. Además, si la entidad accionada no
adujo el incumplimiento de las obligaciones del contrato, aunado al estado de
gravidez de la actora, no entiende la Sala por qué no se garantizó la
renovación del contrato de prestación de servicios de fisioterapia.
Para la Sala las anteriores
circunstancias amenazan el mínimo vital de la señora Guislay Fernanda Rivas
Sánchez y su menor hija, ya que la remuneración mensual ($1.076.700) que
recibía del contrato de trabajo celebrado con el Instituto Municipal del
Deporte y la Recreación de Yumbo, constituyen la única fuente de ingresos
económicos para suplir las necesidades básicas de la accionante y las de su
menor hija.
En
consecuencia, dado que no existe prueba que se haya solicitado autorización
ante el Inspector de trabajo, la Corte entiende que la terminación laboral no
contó con el permiso expreso para finalizar el contrato. Por tanto, para esta
Corporación la terminación laboral desconoció el derecho fundamental de la
accionante a la estabilidad laboral reforzada.
A pesar de lo anterior, los
jueces de instancia consideran que si bien es cierto se vulneraron los derechos
fundamentales a la accionante, para el momento en que se profirió la sentencia
la amenaza ya había desaparecido, debido al nacimiento de la hija de la actora.
La Corte Constitucional ha
sostenido que existe daño consumado en aquellos eventos en los que ha cesado la
causa que generó la vulneración o éste se ha producido. En estos casos, en la parte resolutiva de la
sentencia el juez de
tutela deberá declarar
la carencia actual de objeto por daño consumado y ordenar aquello que
sea pertinente en el caso concreto: prevenir al demandado, informar al actor o
a su familia las vías de reparación, compulsar copias a la autoridades
competentes y, de considerarlo necesario, tomar las
medidas necesarias para proteger la dimensión objetiva de los derechos
fundamentales vulnerados[64].
No obstante, en el presente caso
la amenaza de los derechos fundamentales de la menor persiste, debido a que con
la no renovación del contrato de prestación de servicios, se afectó seriamente
el ingreso de recursos económicos de la accionante y por ende, el derecho de la
menor a gozar de una alimentación sana, una atención médica adecuada, pañales y
prendas de vestir acordes con su edad, aspectos todos que por la naturaleza del
contrato debía sufragar la accionante en su totalidad. En consecuencia, hay
todavía medidas que se pueden adoptar para evitar que continúe la vulneración.
Por tanto, como quedó plenamente
demostrado, se observó que existió una vulneración al derecho a la estabilidad
laboral reforzada, al no renovar el contrato de prestación de servicios sin
tener en cuenta el estado de embarazo de la accionante y no contar con la
autorización del Inspector del Trabajo para dar por terminado el contrato.
Además, se evidencia que las anteriores circunstancias amenazan el derecho
fundamental al mínimo vital, debido a que los dineros que recibía como
contraprestación de sus servicios, constituyen su única fuente de ingresos para
suplir las necesidades de la accionante y las de su menor hija. Ahora bien, es
necesario tomar medidas pertinentes tendientes a la protección de los derechos
de la menor, quien es considerada un sujeto de especial protección
constitucional.
En esta medida, esta Sala de
Revisión revocará la sentencia proferida por el Juzgado 2 Penal Municipal de
Yumbo, del 24 de mayo de 2011, que a su vez confirmó la dictada por el Juzgado
22 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, del 7 de
julio de 2011, mediante las cuales se negó por improcedente la presente acción
de tutela y en su lugar, concederá el amparo de los derechos fundamentales al
mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada de la señora Guislay Fernanda
Rivas Sánchez.
En consecuencia, ordenará al
Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo, que en el término de
cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, efectúe el
pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha de su
desvinculación y hasta la terminación del período de lactancia.
Con relación a la solicitud de
reintegro, la Sala acoge el criterio expuesto en las sentencias T-885 de 2003,
T-362 de 1999 y T-031 de 2011 sobre la inviabilidad de esa solicitud cuando el
embarazo ya ha concluido y han pasado más de tres meses después del parto, como
sucede en el caso bajo estudio.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la
sentencia del 5 de mayo de 2011 del Juzgado 6 Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento de Bucaramanga, que negó los derechos invocados por Laura
Marcela Alvarado Ospino y, CONFIRMAR parcialmente la sentencia del 18 de
marzo de 2011 del Juzgado 11 Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Bucaramanga, en cuanto concluyó que BAGUER S.A. no vulneró los
derecho fundamentales de la accionante y que por el contrario, COASIC si
desconoció el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la actora. En su
lugar, CONCEDER el amparo como mecanismo definitivo para proteger los
derechos a la estabilidad laboral reforzada y el mínimo vital de Laura Marcela
Alvarado Ospino dentro del proceso T-3120486.
Segundo.- En consecuencia,
ORDENAR a la Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios
Solidarios de Colombia (COASIC), que dentro del término de los diez (10) días
siguientes a la notificación de la presente sentencia, cancele a Laura Marcela
Alvarado Ospino la indemnización de que trata el artículo 239 y la
indemnización por despido injusto del artículo 64 del  del Código Sustantivo
del Trabajo; además debe pagar la licencia de maternidad, así como los salarios
y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación
hasta la terminación del embarazo.
Tercero.- ORDENAR a
la Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios Solidarios de Colombia
(COASIC), que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de este fallo, proceda a reincorporar a Laura Marcela Alvarado
Ospino a la labor que desempeñaba al momento del despido o a una labor
equivalente o superior, en la misma ciudad y con similares o mejores
condiciones.
Cuarto.- REVOCAR la
sentencia proferida por el Juzgado 2 Penal Municipal de Yumbo, el 24 de mayo de
2011, que a su vez confirmó la dictada por el Juzgado 22 Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, el 7 de julio de 2011, mediante las
cuales se negó por improcedente la presente acción de tutela y en su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la estabilidad
laboral reforzada de la señora Guislay Fernanda Rivas Sánchez, dentro del
proceso T-3175517.
Quinto.- ORDENAR al
Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo, que en el término de
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia,
efectúe el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha de su
desvinculación y hasta la terminación del período de lactancia. .
Sexto.- Por Secretaría
líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
MARIA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrado
Con aclaración de
voto
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
Con salvamento
parcial de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE
VOTO PARCIAL  DEL MAGISTRADO
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
A LA SENTENCIA
T-886/11
Referencia: Expedientes
T-3.120.486 y T-3.175.517
Accionantes: Laura Marcela
Alvarado; Guislay Fernanda Rivas
Accionados: Cooperativa de
Trabajo Asociado de Servicio
Solidarios de Colombia (COASIC)
y la Empresa BAGUER S.A; Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Yumbo
(Valle).
Magistrado
Ponente:
Luis
Ernesto Vargas Silva
Salvo parcialmente mi voto frente
a la sentencia de tutela aprobada por la Sala Novena de Revisión en sesión del
veinticuatro (24) de noviembre de dos mil once (2011), por las razones que a
continuación expongo:
La sentencia de la que me aparto,
decidió en el caso de la señora Guislay Fernanda Rivas contra el Instituto
Municipal del Deporte y Recreación de Yumbo (Valle), ordenar únicamente el pago
de la indemnización correspondiente al artículo 239 del C.S.T, sin que haya
decidido ordenar el reintegro al cargo que desempeñaba considerando que el
embarazo y los tres meses después del parto habían concluido y con ello el
fuero especial de maternidad.
Así las cosas, en este caso el
fallo plantea una inconsistencia, pues: (i) si bien podía optar por negar la
protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la accionante, al
no existir una relación laboral en la medida en que su vinculación se había
dado mediante un contrato de prestación de servicios cuyo plazo había
finalizado, o bien (ii) podía optar por conceder el amparo ante un eventual irrespeto a la
estabilidad laboral reforzada, aún cuando la vinculación se hubiese dado
mediante un contrato de prestación de servicios y, tal como lo ha reconocido la
jurisprudencia constitucional[65], proceder a ordenar la
renovación de la vinculación a través del contrato de prestación de servicios
de la señora Guislay Fernanda Rivas y
la indemnización correspondiente. Lo anterior, con mayor razón cuando se probó
que el objeto del contrato que ella desempeñaba, seguía existiendo.
Sin
embargo, el fallo optó por conceder el amparo del derecho al mínimo vital y la
estabilidad laboral reforzada y ordenar a la entidad accionada el pago de la
indemnización establecida en el artículo 239 del C.S.T y la del artículo 64 por
despido sin justa causa, acogiéndose al “criterio expuesto en las sentencias
T-885 de 2003, T-362 de 1999 y T-031 de 2011 sobre la inviabilidad de esa
solicitud de amparo cuando el embarazo ya ha concluido y han pasado más de tres
meses después del parto (…)”.
En virtud de las anteriores
consideraciones, me aparto parcialmente de la decisión adoptada por la Sala.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA T-886/11
Referencia:
Expedientes T-3120486 y T-3175517
Acciones de
tutela presentadas por Laura Marcela Alvarado Ospino contra la Cooperativa de
Trabajo Asociado de Servicios Solidarios de Colombia (COASIC) y la Empresa
BAGUER S.A.; y Guislay Fernanda Rivas Sánchez contra el Instituto Municipal del
Deporte y la Recreación de Yumbo (Valle)
Magistrado
Ponente:
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Con el acostumbrado respeto por
las decisiones de la Corte Constitucional, a continuación hago explícitas las
razones que me llevaron a aclarar el voto en la presente sentencia.
1. Los hechos analizados en la
sentencia.
En esta providencia la Sala
resolvió dos acciones de tutela. La primera de ellas fue promovida por una
mujer a quien le fue terminada una relación  basada en un acuerdo cooperativo
dentro del período del fuero de maternidad.[66]
El fallo protegió su derecho a la estabilidad laboral reforzada y ordenó a la
Cooperativa reincorporar a la accionante, pagar la indemnización y la licencia
de maternidad, los salarios y las prestaciones dejados de percibir desde la
fecha de la desvinculación hasta la terminación del contrato.
La segunda tutela, cuya decisión
es la que origina esta aclaración de voto,[67]
fue impetrada por la señora Fernanda Rivas Sánchez a quien el Instituto
Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo decidió no renovarle su contrato
de prestación de servicios. Éste fue terminado el 31 de diciembre de 2010
cuando la accionante se encontraba en el octavo mes de embarazo. En el proceso
pudo probarse que (i) los ingresos derivados del citado contrato garantizaban
el mínimo vital de la peticionaria, y que (ii) continuaron la materia y la
causa que originaron el contrato entre la accionante y la empresa, luego de que
finalizara el plazo.
Por las anteriores razones, la
Sala resolvió amparar los derechos fundamentales de la tutelante y en
consecuencia ordenó “el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde
la fecha de su desvinculación y hasta la terminación del período de lactancia”.
Sin embargo, en relación con la renovación del contrato, el fallo simplemente
señaló lo siguiente:
“la Sala
acoge el criterio expuesto en las sentencias T-885 de 2003, T-362 de 1999 y
T-031 de 2011 sobre la inviabilidad de esa solicitud cuando el embarazo ya ha
concluido y han pasado más de tres meses después del parto, como sucede en el
caso bajo estudio”.
Como puede observarse, la
sentencia resolvió que la protección de los derechos fundamentales de la
demandante no implicaba la renovación de su contrato. Y para justificar esta
decisión, cito tres sentencias de la Corte Constitucional. El objeto de esta
aclaración es precisamente sobre este punto, porque considero que esas
sentencias no son precedentes aplicables al presente caso. Veamos.
2. Sentencias T-362 de 1999,
T-885 de 2003 y T-031 de 2011.
De entrada debo señalar que
comparto plenamente el sentido del fallo.[68]
Sin embargo, considero necesario e imprescindible hacer algunas precisiones
acerca de la fundamentación de la decisión de no ordenar la renovación del
contrato de la accionante Guislay Fernanda Rivas Sánchez.[69] Considero que estas precisiones
y críticas serán centrales para asegurar en el futuro la aplicación de
criterios claros que materialicen de manera efectiva las garantías de la
estabilidad reforzada de la mujer en embarazo.
2.1. Como procederé a demostrar,
las sentencias citadas no son justificación suficiente para no ordenar la
renovación del contrato de la señora Rivas Sánchez. En efecto, en la Sentencia
T-362 de 1999, la Corte estudió el caso de una persona desvinculada cuando
tenía entre cinco y seis meses de embarazo, de un cargo para el que fue
nombrada en provisionalidad. La entidad demandada adujo que la desvinculación
de la accionante ocurrió en aplicación de lo dispuesto en los artículos 8 y 10
de la Ley 443 de 1998[70]
en donde se establecía que “el término de duración del encargo y del
nombramiento provisional, cuando se trate de vacancia definitiva no podrá
exceder de cuatro (4) meses”, cuestión que en el caso concreto ya había
ocurrido.
La Corte consideró por el
contrario que esa entidad no tuvo en cuenta el artículo 62 de la misma ley, en
donde establece expresamente que cuando una servidora pública nombrada en
provisionalidad está en estado de embarazo, “el término de duración [del
nombramiento provisional] se prorrogará automáticamente por tres meses más
después de la fecha del parto”. En ese orden de ideas, la entidad no podía
desvincularla sino que debió garantizar su estabilidad laboral como lo
establece la ley.
En consecuencia, la Corte amparo
los derechos fundamentales de la accionante y procedió a ordenar a la entidad
demandada el pago del valor correspondiente a la licencia de maternidad a que
tiene derecho y a dar aplicación al artículo 62 de la ley 443 de 1998,
relacionada con la prórroga automática por tres meses de su nombramiento
provisional. Sin embargo, en relación con el reintegro de la accionante, la
Corte señaló que esa decisión es competencia de la jurisdicción ordinaria. En
este orden, la Corte expresó lo siguiente:
“habrá que
distinguir sobre lo que es objeto de protección por tutela y lo que es
competencia de la jurisdicción ordinaria. A ésta última corresponderán los
asuntos meramente laborales, que involucren derechos patrimoniales (declaración
de la nulidad de la desvinculación; reintegro al cargo; salarios dejados de
pagar, razones de la desvinculación)”.[71]
Como puede observarse, contrario
a lo que afirma la decisión sobre la cual aclaro mi voto, la sentencia T-362 de
1999 no fijó un criterio objetivo relacionado con el reintegro de una persona
en estado de embarazo. No estableció que esa solicitud era inviable en todos
los casos, cuando el embarazo concluye y han pasado tres meses después del
parto.
Pero adicionalmente, en
decisiones posteriores la Corte Constitucional desarrolló una jurisprudencia
más garantista de protección de la estabilidad laboral reforzada no solo de
personas en estado de embarazo o cobijadas por el reten social, sino en general
de las personas que estén en cargos en provisionalidad. Por ejemplo, en los
casos de reestructuración de entidades públicas, la Corte señaló en las
sentencias T-700 de 2006 y en la T-876 de 2004 lo siguiente:
“Cabe
aclarar que la estabilidad laboral de un funcionario que ocupa un cargo de
carrera administrativa no se reduce por el hecho de que se encuentre en
provisionalidad. La Administración sólo podría desvincularlo por motivos
disciplinarios o porque se convoque a concurso para llenar la plaza de manera
definitiva, con quien obtuvo el primer lugar.[72]La
Administración sólo podría desvincularlo por motivos disciplinarios o porque se
convoque a concurso para llenar la plaza de manera definitiva, con quien obtuvo
el primer lugar”.[73]
Incluso en desvinculaciones de
personas en provisionalidad que no tienen relación con procesos de
reestructuración, la Corte Constitucional ha ordenado el reintegro cuando éste
no tuvo origen en una sanción disciplinaria o en la provisión de la vacante. En
la sentencia las reglas jurisprudenciales: (i) sanciones disciplinarias o (ii)
provisión de la vacante. En la sentencia T-289 de 2011 la Corte lo señaló de la
siguiente manera:
“La
jurisprudencia constitucional ha reconocido que si bien los funcionarios
nombrados en provisionalidad en cargos de carrera no gozan del fuero de
estabilidad que ampara a quienes han ingresado al servicio mediante concurso de
méritos, sí tienen cierto grado de estabilidad laboral, en la medida en que no
pueden ser removidos de sus empleos mientras i) no sean sujetos de una
sanción disciplinaria o ii) se provea el cargo respectivo a través de
concurso y iii) la desvinculación se produzca mediante un acto motivado”.
En síntesis, la sentencia T-362
de 1999 no es aplicable al presente caso porque allí no se ha fijado un
criterio objetivo para ordenar la reincorporación o la renovación de una
persona en estado de embarazo que ha sido desvinculada o a quien le ha sido
terminado su contrato. Adicionalmente, han variado los criterios establecidos
en la sentencia T-362 de 1999 para el reintegro de personas que ocupan cargos
en provisionalidad –con independencia de si están en estado de embarazo-. Las
sub reglas jurisprudenciales actuales ordenan el reintegro de cualquier persona
que haya sido desvinculada de un cargo en el cual se encuentre en
provisionalidad, cuando ésta no obedezca a sanciones disciplinarias, a la
provisión por concurso de ese cargo, o la desvinculación se produzca mediante
acto motivado.
2.2. Por su parte, en la
sentencia T-885 de 2003, la Corte estudio el caso de una accionante que también
fue desvinculada de un cargo para el que había sido nombrada en
provisionalidad, cuando estaba en el quinto mes de embarazo.[74] Su retiro ocurrió luego
de que el titular del cargo, quien ejercía momentáneamente como sustanciador en
el mismo Juzgado, regresó a su cargo en propiedad como consecuencia de la
supresión del cargo de sustanciador en ese despacho.[75]
La Corte ordenó la cancelación a
la demandante  del valor correspondiente a los meses dejados de trabajar, desde
cuando fue retirada y hasta cuando el parto se produjo y tres meses más.
También ordenó el pago de la seguridad social de la trabajadora desde el
momento del retiro y hasta la fecha en que su hija o hijo cumpliera un año.
En relación con el reintegro de
la peticionaria, en este caso la Corte adujo la finalización del período de
protección foral como criterio para negarlo. En este sentido expresó lo
siguiente:
“Se
afectaron los derechos a la maternidad de la demandante, al ser retirada del
cargo estando embarazada. Sin embargo, la tutelante no puede obtener el
reintegro al cargo porque ya transcurrió el período de protección foral (tiempo
del embarazo y tres meses posteriores al parto)”.
Como se observa, la sentencia
T-885 de 2003 adoptó la finalización del período de protección foral como
criterio para no ordenar el reintegro de la accionante. Sin embargo, el caso
estudiado en esa decisión presentaba particularidades fácticas que no pueden
ser asimiladas automáticamente en una sub regla jurisprudencial, que sirva para
decidir sobre el reintegro de todos los asuntos de mujeres en estado de
embarazo que ha sido retiradas de un cargo en el que se encontraban en
provisionalidad. Por esta razón, considero que la Corte Constitucional debe
discutir este criterio, por lo menos por dos razones:
En primer lugar, el periodo del
fuero de maternidad designa el tiempo en que el empleador no puede despedir,
desvincular o negar la renovación del contrato de prestación de servicios a una
mujer en embarazo y durante su licencia de maternidad durante el parto.[76] En este
orden de ideas, el periodo del fuero de maternidad constituye un elemento
fundamental para determinar uno de los requisitos de procedencia de la acción
de tutela por desconocimiento de la estabilidad laboral reforzada de las
mujeres embarazadas o en licencia de maternidad, a saber: que la
desvinculación, despido o negativa de renovación del contrato de prestación de
servicios se produjo durante el embarazo o dentro de los tres meses siguientes
al parto.
Sin embargo, de lo anterior no se
sigue necesariamente que ese mismo estándar deba utilizarse para establecer la
procedencia del reintegro. Por el contrario, la adopción de este criterio
conducirá a dar una menor protección y a convertir en excepción un mecanismo
principal de amparo de los derechos fundamentales de las mujeres en estado de
embarazo.
Lo que he señalado está
íntimamente vinculado con la segunda razón: la Corte ha establecido de manera
reiterada, por casi una década, que el reintegro o la renovación del contrato
de la mujer que ha sido desvinculada o despedida durante el fuero de
maternidad, constituye una medida de protección principal de la tutela.
Pero adicionalmente, el análisis
de casos concretos posteriores a la sentencia T-885 de 2003, evidencia que la
Corte Constitucional ha ordenado el reintegro de mujeres que fueron
desvinculadas durante su periodo de embarazo o durante los tres meses
posteriores al parto y en donde esa orden de reintegro no estuvo condicionada a
que la sentencia se profiriera durante el termino de protección foral.
Por citar algunos ejemplos, en la
sentencia T-987 de 2008 la Corte amparo los derechos fundamentales de una mujer
que fue despedida en estado de embarazo. En el proceso la Corte constató que la
hija de la accionante nació el 18 de febrero de 2008. Aún así, en la decisión
la Corte optó por ordenar el restablecimiento de la relación contractual. La
decisión fue tomada el 10 de octubre de 2008, es decir, casi 8 meses después
del parto. En otra oportunidad, la Corte decidió en la sentencia T-484 de 2010
un caso de una mujer que fue despedida cuando tenía aproximadamente un mes de
embarazo, el 24 de marzo de 2009. La decisión de la Corte se adoptó el 16 de
junio de 2010 (16 meses después del embarazo) y consistió en ordenar que fuera
restablecida la relación contractual con la peticionaria.
Como se observa, la Corte en
precedentes posteriores a los citados en la sentencia de la cual aclaro el
voto, no ha tenido como criterio para negar el reintegro el que ya haya
transcurrido el periodo de protección foral. Este es un requisito adecuado de
procedibilidad de la acción de tutela, pero no es el idóneo para establecer si
procede o no el reintegro o la orden de renovación de un contrato de
prestación.
2.3. Finalmente en la Sentencia
T-031 de 2011[77]
la Corte estudió el caso de una mujer que suscribió un contrato de prestación
de servicios para desempeñar el cargo de enfermera auxiliar, en el Área de
Sanidad del Departamento de Policía del Tolima hasta el 30 de junio de 2010. El
8 de julio de 2010, el Área de Sanidad del Departamento de Policía del Tolima
le informó de la finalización del contrato y agregó que el contrato suscrito ya
había cumplido su objetivo.
La Corte concedió la tutela
porque la relación entre la accionante y el Área de Sanidad del Departamento de
Policía del Tolima presentaba los elementos esenciales que configuran un
contrato de trabajo, razón por la cual no era posible afirmar que su duración fuese
de carácter temporal. Por consiguiente, la Corte ordenó a la entidad demandada afiliar
a la accionante al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, pagarle la
licencia de maternidad, y los salarios y prestaciones sociales dejadas de
percibir desde la fecha de su desvinculación hasta la fecha en que terminó su
embarazo, entre otros.
En cuanto al
reintegro, la Corte adujo el criterio contenido en las dos sentencias arriba
reseñadas de forma similar a la decisión objeto de esta aclaración:
“Con relación
a la solicitud de reintegro, la Sala acoge el criterio expuesto en las
sentencias T-885 de 2003  y T-362 de 1999  sobre la inviabilidad de esa
solicitud cuando el embarazo ya ha concluido y han pasado más de tres meses
después del parto, como sucede en el caso bajo estudio”.
Teniendo en cuenta las
precisiones realizadas en relación con las decisiones T-885 de 2003[78] y T-362 de
1999,[79]
resulta necesario señalar que las circunstancias fácticas de la sentencia T-031
de 2011,[80]
de forma análoga al presente fallo, son diferentes a las de las citadas
providencias. Y frente a las decisiones citadas, también son directamente
aplicables los razonamientos que hemos expuesto en cuanto a que la
jurisprudencia reiterada de la Corte ha señalado que el reintegro constituye
una de las respuestas mínimas tutelables ante el desconocimiento del derecho a
la estabilidad laboral reforzada.
Todo lo anterior me conduce a
concluir que existen criterios dispares en las salas de revisión sobre el
asunto que fue materia de decisión en esta tutela. En virtud de esta
problemática que motiva mi aclaración de voto, estimo fundamental que se
unifique el criterio en torno al punto, para evitar decisiones contradictorias
que eventualmente pueden afectar el derecho a la igualdad, con relación al
reintegro.
Es necesario que en adelante se
clarifique que la finalización del periodo del fuero de maternidad no es una
razón para limitar una de las garantías mínimas que deben protegerse en sede de
tutela en el marco de la jurisprudencia consolidada de la Corte sobre
protección reforzada de la mujer embarazada. Los análisis para establecer la
procedencia o no del reintegro no pueden depender de un criterio aplicable de
forma indiscriminada a todos los casos (el transcurso de 3 meses después del
parto), sino que es necesario el análisis de las circunstancias fácticas
concretas y de un juicio de razonabilidad, como por ejemplo, que no sea un imposible
el cumplimiento de la orden de reintegro.
Sobre la base de los estándares
constitucionales de protección especial a la mujer embarazada y en periodo de
lactancia así como al recién nacido, resulta imperioso discutir si el reintegro
o la renovación del contrato solo puede ordenarse excepcionalmente por existir
otros mecanismos de defensa judicial (tal y como lo han considerado la
sentencia T-362 de 1999) o si por el contrario, como es mi opinión y ha sido
desarrollada en otras decisiones de la Corte (T-228 de 2005[81] y T-484 de 2010[82]) éste sea
ordenado como la medida de protección por excelencia en los casos de despido,
desvinculación o no renovación del contrato de prestación de servicios de
mujeres gestantes.
Esta es una forma de protección
principal por medio de la acción de tutela toda vez que se cumplen los
requisitos de procedencia de la misma en casos de estabilidad laboral
reforzada. En todos los casos en los cuales el empleador conoce el embarazo de
la trabajadora y pese a ello decide desvincularla sin autorización del
inspector del trabajo y sin justa causa, debe ordenarse: (i) el reintegro de la
mujer, (ii) el pago de los salarios y prestaciones debidas y (iii) el pago de
la indemnización por discriminación cuando así lo disponga la ley.
Es importante resaltar que la
protección a las mujeres en estado de embarazo, tiene origen en el derecho a la
dignidad humana. Como lo señaló la sentencia T-412 de 2010,[83] la estabilidad laboral
reforzada tiene fundamento en diversas cláusulas constitucionales:
“El derecho
a la estabilidad laboral reforzada es resultado de una interpretación conjunta
de, al menos, cuatro preceptos constitucionales: en primer lugar, del artículo
53 de la Constitución, que consagra el derecho a “la estabilidad en el empleo”;
en segundo lugar, del deber que tiene el Estado de adelantar una política de
“integración social” a favor de aquellos que pueden considerarse “disminuidos
físicos, sensoriales y síquicos” (art. 47, C.P.); en tercer lugar, del derecho
que tienen todas las personas que “se encuentren en circunstancias de debilidad
manifiesta” a ser protegidas “especialmente”, con miras a promover  las
condiciones que hagan posible una igualdad “real y efectiva” (art. 13, C.P); en
último lugar, del deber de todos de “obrar conforme al principio de solidaridad
social”, ante eventos que supongan peligro para la salud física o mental de las
personas”.
De igual forma, tal y como lo
destacó la sentencia C-470 de 1997,[84]
la protección a la mujer embarazada también tiene fundamento en el derecho
internacional de los derechos humanos:
“La Corte
destaca que la Declaración Universal de derechos Humanos, en el artículo
25, señala que “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y
asistencia especiales”. Por su parte, el artículo 10.2 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos y Sociales, aprobado por Colombia por
la Ley 74 de 1968, establece que “se debe conceder especial protección a las
madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto.”
Igualmente, el artículo 11 de la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer, expedida en Nueva York, el 18
de diciembre de 1979, por la Asamblea General de la ONU, y aprobada por la ley
51 de 1981, establece que es obligación de los Estados adoptar “todas las
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera
del empleo” a fin de asegurarle, en condiciones de igualdad con los hombres,
“el derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano”. Por su
parte, el Convenio 111 de la OIT prohíbe la discriminación en materia de
empleo y ocupación, entre otros motivos por el de sexo. Pero es más; desde
principios de siglo, la OIT promulgó regulaciones específicas para amparar a la
mujer embarazada. Así, el Convenio No 3 de la OIT, que entró en
vigor el 13 de junio de 1921 y fue aprobado por Colombia por la Ley 129 de
1931”.
Su objeto es garantizar múltiples
derechos fundamentales, las órdenes de reintegro o renovación del contrato
constituyen un desarrollo del principio constitucional a la estabilidad laboral
del artículo 53 y son un medio  para asegurarle un salario que le garantice un
mínimo vital, una vida en condiciones dignas,  una continuidad en la afiliación
a la seguridad social en salud, y el pago de la licencia de maternidad y la
protección constitucional al recién nacido y a la familia.
Dejo en estos términos expresadas
las razones, que dieron lugar a mi aclaración de voto en esta sentencia.
Fecha ut supra,
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
[1] Folio 13, cuaderno 1.
[2] Folios 22-33, cuaderno 1.
[3] No se especifica la fecha en que se solicitó la prueba de embarazo
[4] Sin embargo, en el expediente no obra prueba en
la que conste que se adelantó proceso ante el Inspector de Trabajo, para dar
por terminado el contrato.
[5] T-233 de 1994.
[6] Sentencia T-371 de 2009
[7] T-1040 de 2006. En sentencia T-277 de 1999, la Corte
dijo “El estado de indefensión,  para efectos de la procedencia de la acción
de tutela, debe ser analizado por el juez constitucional atendiendo las
circunstancias propias del caso sometido a estudio. No existe definición ni
circunstancia única que permita delimitar el contenido de este concepto, pues,
como lo ha reconocido la jurisprudencia, éste puede consistir, entre otros en:
i) la falta, ausencia o ineficacia de medios de defensa de carácter legal,
material o físico, que le permitan al particular que instaura la acción,
contrarrestar los ataques o agravios que, contra sus derechos constitucionales
fundamentales, sean inferidos por el particular contra el cual se impetra la
acción -sentencias T-573 de 1992; 190 de 1994 y 498 de 1994, entre otras-. ii)
la imposibilidad del particular de  satisfacer una necesidad básica o vital,
por la forma irracional, irrazonable y desproporcionada como otro particular
activa o pasivamente ejerce una posición o un derecho del que es titular
-sentencias T-605 de 1992; T-036; T-379 de 1995; T-375 de 1996 y T-801 de 1998,
entre otras- iii) la existencia de un vínculo afectivo, moral, social o
contractual, que facilite la ejecución de acciones u omisiones que resulten
lesivas de derechos fundamentales de una de las partes  v.gr. la relación entre
padres e hijos, entre cónyuges, entre coopropietarios, entre socios, etc. -
sentencias 174 de 1994; T-529 de 1992; T-; T-233 de 1994, T-351 de 1997. iv) El
uso de medios o recursos que buscan, a través de la presión social que puede
causar su utilización, el que un particular haga o deje de hacer algo en favor
de otro. v.gr. la publicación de la condición de deudor de una persona por
parte de su acreedor en un diario de amplia circulación -sentencia 411 de 1995-
la utilización de personas con determinadas características -chepitos-, para
efectuar el cobro de acreencias -sentencia 412 de 1992-; etc.”.
[8] Sentencia T-605 de 1992.
[9] Sentencias T-1087 de 2007, T-046 de 2005, T-302
de 2005, T-561 de 2003, T-1330 de 2001, T-125 de 1994, T-036 de 1995, T-351 de
1997, T-1008 de 1999.
[10] Sentencias T-1118 de 2002, T-174 de 1994 y T-288
de 1995.
[11] Según lo previsto en el numeral 9° del artículo 42 del Decreto 2591 de
1991, “se presume la indefensión del menor que solicite la tutela.”
Al respecto, pueden consultarse las sentencias T-356 de 2002, T-900 de 2006 y
T-433 de 2008.
[12] Sentencia T-371 de 2009
[13] Sentencia T-066 de 1998.
[14] Sentencias T-498 de 1994,
T-368 de 1998, T-796 de 1999.
[15] Sentencias T-584 de 2006, T-152 de 2006, T-579 de
1995 y T-375 de 1997, T-602 de 1998.
[16] Sentencia T-697 de 1996.
[17] Sentencia T-394 de 1999.
[18] Sentencias T-329 de 2005 y T-331 de 2005.
[19] Sentencia T-371 de 2009
[20] Sentencia T-769 de 2005.
[21] Sentencia T-1202 de 2005.
[22] Constitución Política de Colombia. Artículo 93. “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en
los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán
de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia.
El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte
Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado
el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones
Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el
procedimiento establecido en esta Constitución.
La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales
por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la
Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia
regulada en él”.
[23] Política de Colombia. Artículo 94. “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la
Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse
como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren
expresamente en ellos”.
[24] Ver entre otras las sentencias T-687 de 2008, T-546 de 2007, T-354 de
2007, T-1040 de 2006, T-1003 de 2006, entre otras.
[25] Requisitos señalados en las sentencias T-373 de 1998, T-426 de
1998 y  T-778 de 2000, T-550 de 2004, T-185 de 2005  y T-291 de 2005, entre
otras.
[26] Precedente reiterado en las sentencias T-181 de 2009 y T-371 de
2009
[27] Sentencias T-405 de 2010, T-420 de 2010, entre otras.
[28]Al respecto, se puede consultar el artículo 2 de la
Ley 454 de 1998: “denomínase Economía Solidaria al sistema socioeconómico,
cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas
en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias,
democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del
ser humano como sujeto, actor y fin de la economía.”
[29] Decreto 4588 de 2006, Artículos 3 y 5. En el mismo sentido, ver el
artículo 4 de la Ley 79 de 1988 y 1° del Decreto 468 de 1990.
[30] Artículo 16 del Decreto 4588 de 2006.
[31] Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-504 de 2008, T-531
de 2007, T-195 de 2007, T-063 de 2006 y T-873 de 2005.
[32] Sentencia T-286 de 2003 M.P Jaime Araújo Rentería.
[33] Sentencia T-862 de 2003
[34] Sentencia T-1003 de 2006.
[35] Sentencias T-040 de 2001 y T-1003 de 2006.
[36] Sentencias T-862 de 2003, T-176 de 2005 y T-1003 de 2006.
[37] Sentencia T-1201/01.
[38] Folio 34, cuaderno 1.
[39] Folio 13, cuaderno 1.
[40] Folios 15 a 36, cuaderno 1.
[41] Folio 57, Cuaderno 1.
[42] Folio 72 a 74, cuaderno 1.
[43] Folio 59, cuaderno 1.
[44] Sentencia T-445 de 2006
[45] Folio13 cuaderno 1.
[46] Folios 41 a 45, cuaderno 1.
[47] Folio 42 cuaderno 1.
[48] Folio 75 cuaderno 1
[49] Folio 13 cuaderno 1
[50] “Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán
actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los
asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros
beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión con el fin de que estos
atiendan labores o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del
servicio o permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de
subordinación o dependencia con terceros contratantes.
Cuando se
configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las
empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la Cooperativa y
Precooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán solidariamente
responsables por las obligaciones económicas que se causen a favor del
trabajador asociado.”
[51] “Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las
Cooperativas y Precooperativas  de Trabajo Asociado”
[52] T-233 de 1994.
[53] Sentencia T-371/09
[54] Requisitos señalados en las sentencias T-373 de 1998, T-426 de
1998 y  T-778 de 2000, T-550 de 2004, T-185 de 2005  y T-291 de 2005, entre
otras.
[55] Precedente reiterado en las sentencias T-181 de 2009 y T-371 de
2009
[56] Sentencias T-405 de 2010, T-420 de 2010, entre otras.
[57] Folios 6-13, cuaderno 1.
[58] Folio 13 cuaderno 1.
[59] Folio 17, cuaderno 1.
[60] Folio 46 y 47, cuaderno 1.
[61] Folio 2 y 47 del cuaderno 1.
[62] Sentencia T-1003 de 2006.
[63] Sentencias T-040ª de 2001 y T-1003 de 2006.
[64] Sentencia T083 de 2010
[65] Sentencias T-484 de 2010, T-204 de 2010, T-987 de 2008 y T-529 de 2004.
[66] Expediente T-3120486.
[67] Expediente T-3175517.
[68] La sentencia amparó los derechos
fundamentales de la señora Laura Alvarado Ospino, y la
decisión del Municipio del Deporte y la Recreación de Yumbo de no renovar el
contrato de prestación de servicios con Guislay Fernanda Rivas Sánchez
vulneraron el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las accionantes.
[69] Proceso T-3175517.
[70] Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan
otras disposiciones. Gran parte de esta ley, incluidos los artículos 8, 9 y 10
fueron derogados por el artículo 58
de la Ley 909 de 2004.
[71] En este último aspecto es preciso aclarar que con posterioridad al
fallo citado la Corte de manera reiterada ha señalado que el reintegro al cargo
de la mujer embarazada o la renovación del contrato según sea el caso
constituye la medida de protección principal del derecho a la estabilidad
reforzada de la mujer embarazada. En consecuencia, es preciso entender que se
trata de un cambio de jurisprudencia de la Corte con el fin de garantizar
efectivamente los derechos de la mujer embarazada así como los del recién
nacido.
[72] Sentencia SU-250de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[73] Sentencia SU-250de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[74] Citadora Grado 3 del Juzgado 5° de Menores de Cali.
[75] El Acuerdo 1528 del 28 de agosto de 2002 de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura realizó esa supresión.
[76] De conformidad con el artículo 236 del CST La
licencia de maternidad en la época del parto es de 12 semanas.
[78] MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[79] MP. Alfredo Beltrán Sierra.
[80] MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[81] MP. Jaime Córdoba Triviño. Al respecto la
Corte dijo: “en el ordenamiento jurídico colombiano, la
mujer trabajadora que se encuentra en estado de embarazo tiene derecho a
permanecer en su empleo hasta tanto el empleador –público o privado – demuestre
la existencia de una justa causa para proceder a la respectiva desvinculación.
Tratándose de trabajadoras oficiales o de empleadas del sector privado, la
justa causa debe constar en el permiso de la autoridad laboral competente. En
materia de servidoras públicas sometidas al régimen de carrera o de libre
nombramiento y remoción y cualquiera sea el régimen y la institución a la cual
estén vinculadas, la justa causa debe aparecer claramente expuesta en el acto
administrativo a través del cual se ordena la desvinculación. En el caso en el
cual la trabajadora sea desvinculada sin el cumplimiento de las formalidades
mencionadas, el juez competente deberá ordenar el reintegro laboral así como el
pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir.”
[82] MP. Juan Carlos Henao Pérez. En esa oportunidad dijo la Corte: “En abundante jurisprudencia, la Corte Constitucional
ha considerado que, en principio, la acción de tutela no es el mecanismo
adecuado para solicitar el reintegro laboral. En efecto, la naturaleza
subsidiaria de la acción de tutela y la naturaleza legal de las relaciones
laborales, imponen su improcedencia debido a que los trabajadores tienen a su
disposición acciones judiciales específicas cuya competencia ha sido atribuida
a la jurisdicción laboral o a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
dependiendo de la naturaleza del vínculo que se presente. 5. Sin embargo, la
jurisprudencia constitucional ha establecido que, en los casos de despido de
mujeres embarazadas o en período de lactancia, la acción de tutela es
procedente, a pesar de la existencia de mecanismos ordinarios de defensa, si
confluyen los siguientes requisitos: a) que el despido haya tenido lugar
durante el embarazo o dentro de los 3 meses siguientes al parto; b) que el
motivo del despido haya sido el estado de embarazo; c) que no exista permiso
del inspector de trabajo si se trata de trabajadora oficial o privada y, d) que
el despido afecte el mínimo vital de la actora y/o del que está por nacer.
[83] MP. María Victoria Calle Correa.
[84] MP. Alejandro Martínez Caballero.