T-671-16
Sentencia T-671/16
DERECHO
A LA PENSION DE INVALIDEZ A ENFERMO DE VIH/SIDA-Vulneración por no tener en
cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración de
la invalidez
ENFERMO
DE SIDA COMO SUJETO DE ESPECIAL PROTECCION
Las personas portadoras del VIH/SIDA son sujetos de
especial protección, como ya se indicó, por ser ésta una enfermedad
catastrófica, que causa el deterioro progresivo de la salud, situaciones que
hacen exigible un trato igualitario, solidario y digno. La sola enfermedad
puede implicar una situación de debilidad manifiesta. la Corte Constitucional
ha manifestado (i) que el portador de VIH requiere una atención reforzada por
parte del Estado, (ii) que no solo tiene los mismos derechos de las demás
personas, sino que las autoridades están en la obligación de ofrecerle una
protección especial con el propósito de defender su dignidad y evitar que sean
objeto de discriminación, y (iii) que su situación particular representa unas
condiciones de debilidad manifiesta que lo hace merecedora de una protección
constitucional reforzada. Por lo anterior, la jurisprudencia de esta
Corporación ha reconocido el especial tratamiento que se debe tener con estas
personas, en ámbitos como la salud, el trabajo y la seguridad social, entre
otros.
ACCION
DE TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ A ENFERMO DE VIH/SIDA-Procedencia
por ser el mecanismo idóneo para la defensa de los derechos fundamentales del
accionante y para lograr el reconocimiento de la prestación pensional
PENSION
DE INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA, DEGENERATIVA O CONGENITA-Fecha
de estructuración de la invalidez desde el momento de la pérdida permanente y
definitiva de la capacidad laboral
La jurisprudencia ha indicado que en aquellos casos en los que se
deba establecer la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad
laboral de una persona que sufra una enfermedad crónica, degenerativa o
congénita, que no le impida ejercer actividades laborales remuneradas durante
ciertos períodos de tiempo, la entidad encargada de realizar el dictamen de
pérdida de capacidad laboral deberá tener en cuenta que la fecha de
estructuración corresponde a aquella en que el afiliado ve disminuidas sus
destrezas físicas y mentales, en tal grado, que le impide desarrollar cualquier
actividad económicamente productiva.
PENSION
DE INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA, DEGENERATIVA O CONGENITA-Se
deberán tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de
estructuración del estado de invalidez
Referencia: Expediente T-5.668.739
Acción de tutela instaurada por Marco
contra el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A.
Magistrado Ponente:
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Bogotá D.C., primero (1°) de diciembre
de dos mil dieciséis (2016)
La
Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados
Aquiles Arrieta Gómez -quien la preside-, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto
Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la
Constitución Política, profiere la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los
fallos de primera y segunda instancia[1]
que negaron por improcedente, la acción de tutela incoada por Marco
contra el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A.
I.
ANTECEDENTES
De acuerdo
con lo dispuesto en la Constitución Política,[2]
el Decreto 2591 de 1991[3]
y el Acuerdo 02 de 2015,[4]
la Sala de Selección Número Ocho de la Corte Constitucional escogió, para
efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. De conformidad
con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a
dictar la sentencia correspondiente.[5]
1. Hechos y
solicitud
El señor Marco,[6] a través de agente
oficioso, instauró el 16 de febrero de 2016, acción de tutela contra el Fondo
de Pensiones y Cesantías Protección S.A. por considerar que éste vulneró sus
derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida, a la seguridad social, a la
igualdad y a la dignidad humana, al negarle el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez, con base en un argumento inaceptable constitucionalmente,
a saber: el incumplimiento del requisito de ley[7]
de haber cotizado al menos cincuenta (50) semanas en los tres años anteriores a
la fecha de la estructuración de la pérdida de capacidad, sin tener en cuenta (i)
que el accionante tiene una calificación de pérdida de capacidad de 71.95% y
(ii) que hizo aportes después a la fecha de la estructuración. Funda su
solicitud en los siguientes hechos:
1.1. El actor
manifiesta que tiene 38[8]
años de edad y es paciente con diagnóstico de VIH Positivo C3, por lo que el 15
de mayo de 2009 fue calificado con un porcentaje de 71.95%[9] de pérdida de la
capacidad laboral. De tal modo, que solicitó ante el Fondo de Pensiones y
Cesantías Protección el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la
que considera tiene derecho. La entidad se negó por cuanto sólo cotizó 0.34[10] semanas
durante los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de
su invalidez.
1.2. Considera
que fueron vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida, a
la seguridad social, a la igualdad y a la dignidad humana, por cuanto la Corte
Constitucional en su jurisprudencia ha determinado que cuando una persona
padece una enfermedad degenerativa, es posible fijar la fecha de la
estructuración de la invalidez a partir del momento en que ve mermadas sus
capacidades laborales, fecha que a veces coincide con la imposibilidad de
seguir generando ingresos y, en consecuencia, de seguir cotizando al sistema.
De tal manera que, a pesar de que se haya determinado una fecha de
estructuración, se continuó realizando aportes al sistema y se puede verificar
el cumplimiento de los requisitos desde la última fecha en que se dejó de
cotizar.
1.3. Teniendo en
cuenta lo anterior solicita “que se me tenga en cuenta las semanas cotizadas
después de la fecha de estructuración para el reconocimiento de mi pensión de
invalidez, pues me encuentro muy enfermo y no he podido seguir cotizando, no
tengo ningún medio de subsistencia.”
2.
Contestación del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A.[11]
El Representante
Legal Judicial de Protección S.A. respondió la acción de tutela indicando que
no se han vulnerado derechos fundamentales del actor, en tanto no cumple el
requisito de haber cotizado 50 semanas en los 3 años inmediatamente anteriores
a la fecha de estructuración de invalidez para el reconocimiento de la pensión.
Además, resaltó que la inmediatez y subsidiariedad no se cumplen en este caso,
teniendo en cuenta que la discusión fue definida en el año 2013 y existe la vía
ordinaria laboral para ventilar sus pretensiones.
3. Decisiones
judiciales
El juzgado Veinte
Civil Municipal de Oralidad de Medellín[12]
resolvió negar por improcedente la acción de tutela al considerar que el
accionante puede acudir a la jurisdicción ordinaria laboral ya que se trata de
una prestación económica y no se presenta un perjuicio irremediable. En segunda
instancia, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín[13] confirmó la
anterior decisión teniendo en cuenta los mismos argumentos.
II. CONSIDERACIONES
1.
Competencia y procedibilidad
1.1. La Sala
Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las
facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el
proceso de esta referencia.
1.2. Esta Corporación ha producido abundante jurisprudencia
en relación con la protección de las garantías constitucionales de quienes
padecen VIH.[14]
Debido a las características específicas de esta enfermedad y a sus nefastas
consecuencias, la Corte Constitucional ha manifestado (i) que el portador de
VIH requiere una atención reforzada por parte del Estado, (ii) que no solo
tiene los mismos derechos de las demás personas, sino que las autoridades están
en la obligación de ofrecerle una protección especial con el propósito de
defender su dignidad[15]
y evitar que sean objeto de discriminación, y (iii) que su situación particular
representa unas condiciones de debilidad manifiesta que lo hace merecedora de
una protección constitucional reforzada.[16]
Por lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el
especial tratamiento que se debe tener con estas personas, en ámbitos como la
salud,[17]
el trabajo[18]
y la seguridad social,[19]
entre otros.
1.3. Por otra parte, esta Corte
también ha señalado que por regla general, la acción de tutela no procede para
ordenar el reconocimiento de pensiones ya que existen medios ordinarios idóneos
para resolver dichas pretensiones, dado su carácter excepcional y su
imposibilidad de desplazar o sustituir los mecanismos ordinarios establecidos
en el ordenamiento jurídico.[20]
Sin embargo, de manera excepcional, cuando la pensión adquiere la suficiente
relevancia constitucional al estar relacionada directamente con la protección
de derechos fundamentales como la vida, la integridad física, el mínimo vital,
el trabajo y la igualdad, su reconocimiento y pago pueden ser reclamados
mediante el ejercicio de esta acción, por lo general, para evitar un perjuicio
irremediable.
1.4. Las personas portadoras del
VIH/SIDA son sujetos de especial protección, como ya se indicó, por ser ésta
una enfermedad catastrófica, que causa el deterioro progresivo de la salud, situaciones
que hacen exigible un trato igualitario, solidario y digno. La sola enfermedad
puede implicar una situación de debilidad manifiesta. Ahora bien, la pensión de
invalidez, como manifestación del derecho a la seguridad social, persigue “compensar
la situación de infortunio derivada de la pérdida de la capacidad laboral,
mediante el otorgamiento de unas prestaciones económicas y de salud”.[21] Por eso,
esta Corporación ha considerado que dicha prestación puede ser exigida por vía
de tutela, estimando incluso que su no reconocimiento y pago pueden poner en
riesgo la vida digna de quien sufre dicho padecimiento. Al respecto ha señalado
que “dadas las características de esta enfermedad, no resulta coherente con
un esquema de solidaridad en materia de seguridad social y, por el contrario,
resulta desproporcionado exigir a los peticionarios en estas condiciones que
acudan a la justicia ordinaria o contenciosa, motivo por el cual en estos casos
no puede admitirse que la protección de sus derechos fundamentales quede
supeditada y postergada a la definición de este tipo de litigios”.[22]
1.5. Los
artículos 86 Constitucional y 10 del Decreto 2591 de 1991 indican que es
titular de la acción de tutela cualquier persona a la que sus derechos
fundamentales le resulten vulnerados o amenazados, para reclamarlos con
inmediatez, en tanto no exista otro medio de defensa que permita proteger el
derecho con la urgencia que se requiera. El señor Marco, a través de su
mamá que funge como agente oficioso, está legitimado para procurar el amparo de
sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida, a la seguridad social, a
la igualdad y a la dignidad humana, siendo éstas prerrogativas fundamentales
que, según lo alegado, están siendo vulneradas por el Fondo de Pensiones y
Cesantías Protección S.A. De otro lado, se observa que la última actuación en
el proceso, se surtió el 24 de noviembre de 2015 y la interposición de la
acción de tutela se llevó a cabo el 16 de febrero de 2016, así que, en efecto,
entre la fecha de la contestación al recurso de apelación contra la fecha de
estructuración del dictamen de la Junta Regional de Calificación y la fecha de
la tutela que hoy se revisa, trascurrieron poco más de dos meses. Un tiempo que
muestra que los derechos fueron agenciados con prontitud. En cuanto al
requisito de subsidiariedad (que no haya otro medio judicial efectivo), la
Corporación, al respecto ha enfatizado como ya se dijo, en que la acción de
tutela, a pesar de ser un mecanismo residual y subsidiario, se torna procedente
en aquellos casos en los cuales se demuestra que no hay otro medio judicial al
cual acudir para la defensa de los derechos fundamentales involucrados, o que
pese a existir, éstos no resultan idóneos, efectivos o es necesaria la
intervención del juez constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable. Es por lo anterior, que se ha concluido que no es proporcional ni
concordante con los postulados de un Estado Social de Derecho, la exigencia a
la población que goza de una especial protección constitucional del agotamiento
de acciones y recursos previos para que proceda la tutela, de tal manera que
las personas en situación de discapacidad, desplazamiento, adultos mayores o
niños, pueden iniciar el amparo constitucional cuando se ven vulneradas sus
garantías constitucionales máxime si se quiere prevenir el acaecimiento de un perjuicio
irremediable. En este caso se tiene que el actor es un hombre de 38 años de
edad, que fue diagnosticado con VIH y calificado con una pérdida de capacidad
laboral de 71.95%. De tal manera que, a pesar de existir otros mecanismos
judiciales para lograr sus pretensiones, la presente acción de tutela se hace
procedente al ser un sujeto de especial protección y ser la vía más rápida y
eficaz de protección de sus garantías fundamentales entre ellas la vida, un
mínimo vital en dignidad y la seguridad social.
2. Problema
jurídico
En
consideración a los antecedentes planteados, corresponde a la Sala de
Revisión responder el siguiente problema: ¿un fondo administrador de pensiones
vulnera los derechos fundamentales a un mínimo vital en dignidad, a la vida y a
la seguridad social de una persona con diagnóstico VIH Positivo – estadio C3, al
negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, teniendo como
argumento que no cumple el requisito de ley de tiempo cotizado [haber cotizado
al menos cincuenta (50) semanas en los tres años anteriores a la fecha de la
estructuración de la pérdida de capacidad laboral], a pesar de que realizó
amplias cotizaciones al sistema posteriores a dicha fecha [62 semanas en total]?
Para resolver la
cuestión planteada, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas analizará: primero,
la fecha de estructuración del estado de invalidez de personas que padecen
enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas; y segundo, el estudio
del caso concreto.
3. Fecha de
estructuración del estado de invalidez de personas que padecen enfermedades
crónicas, degenerativas o congénitas. Reiteración de jurisprudencia
3.1. En relación con
las contingencias derivadas de la invalidez por riesgo común,[23] el Sistema de Seguridad
Social Integral (Ley 100 de 1993) consagró el reconocimiento de una pensión de
invalidez para quienes cumplieran los requisitos legales (artículo 39, Ley 100
de 1993). Para aquellos afiliados que al momento de la estructuración de su
invalidez no hubiesen alcanzado los requisitos para adquirir dicha prestación, se
estableció el reconocimiento de una indemnización sustitutiva, como prestación
social.
3.2. Para acceder a una pensión
de invalidez es necesario, y común a todos los regímenes,[24] contar con una pérdida
de capacidad laboral permanente y definitiva[25] superior al 50%,[26] la cual
puede ser producto de una enfermedad o un accidente de origen común, que afecte
la capacidad productiva del afiliado. Esa afectación puede ser de manera
inmediata, caso en el cual coincidiría con la fecha de estructuración de la
invalidez, sin problema de relevancia constitucional alguno. No obstante, dicha
afectación puede darse de manera progresiva y paulatina, lo que implica una diferencia
de tiempo entre el momento de una total incapacidad para laborar y la fecha en
que comenzaron los síntomas o en el que se inició el padecimiento o en el que
ocurrió el accidente. Esto suele presentarse cuando se trata de enfermedades crónicas;
de larga duración; enfermedades que su cura no se ha podido determinar;
congénitas o degenerativas, con manifestaciones que pueden estar presentes
desde el nacimiento. En tales casos la pérdida de capacidad se hace permanente
en el tiempo.
3.3. La pérdida de
capacidad laboral se establece a través de una calificación que realizan las
juntas de calificación de invalidez,[27]
y es a partir de tal dictamen que se determina la condición de la persona, el
porcentaje de afectación producido por la enfermedad en cuanto a deficiencia,
discapacidad, y minusvalía,[28]
asignándosele un valor a cada uno de estos conceptos. De esta forma se obtiene
como resultado un porcentaje general de pérdida de la capacidad laboral, su
origen y la fecha en la que se estructuró la invalidez.[29] Así, es posible que esta
última (la fecha de la estructuración de la invalidez) sea fijada en un momento
anterior a la fecha del dictamen,[30]
teniendo en cuenta el tipo de enfermedad que se esté tratando y a pesar de que
la persona (i) haya conservado su capacidad funcional y (ii) haya continuado
cotizando al sistema de seguridad social con posterioridad a la fecha de
estructuración.[31]
Para evitar violaciones a derechos constitucionales la Corte ha sostenido que “cuando
una entidad estudia la solicitud de reconocimiento de una pensión de invalidez
de una persona que padece una enfermedad crónica, degenerativa o congénita
deberá establecer como fecha de estructuración de la invalidez el momento en
que la persona haya perdido de forma definitiva y permanente su capacidad
laboral igual o superior al 50% y a partir de ésta verificar si la persona que
ha solicitado la pensión de invalidez cumple con los requisitos establecidos
por la normatividad aplicable para el caso concreto.”[32] En caso de no
hacerlo, se estarían poniendo en riesgo derechos fundamentales como el mínimo
vital y la seguridad social de personas que se encuentran en debilidad
manifiesta.[33]
3.4. Por esto, la jurisprudencia
ha indicado que en aquellos casos en los que se deba establecer la fecha de
estructuración de la pérdida de la capacidad laboral de una persona que sufra
una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, que no le impida ejercer
actividades laborales remuneradas durante ciertos períodos de tiempo, la
entidad encargada de realizar el dictamen de pérdida de capacidad laboral
deberá tener en cuenta que la fecha de estructuración corresponde a aquella en
que el afiliado ve disminuidas sus destrezas físicas y mentales, en tal grado,
que le impide desarrollar cualquier actividad económicamente productiva.[34]
Lo anterior, en consonancia con
lo señalado por la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, la cual reconoce en su artículo 27, que
las personas en situación de discapacidad tienen derecho a trabajar en igualdad
de condiciones con las demás personas, a procurarse un nivel adecuado de vida y
al acceso en igualdad de condiciones que los demás, a programas y beneficios de
jubilación.[35]
Lo cual es una muestra más de que la discapacidad, en sí misma, no implica una
invalidez permanente y definitiva, ya que quién está en esta condición muchas
veces están habilitadas para trabajar, por lo tanto, se les debe garantizar ese
derecho, para así, en condiciones de igualdad acceder a las prestaciones que el
Sistema General de Pensiones les garantiza a los demás.
4.
Al señor Marco se le vulneraron sus derechos fundamentales a un mínimo
vital en dignidad, a la vida y a la seguridad social al negarle el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez argumentando que no cumple el
requisito de haber cotizado 50 semanas en los tres años inmediatamente
anteriores a la fecha de estructuración, a pesar de que realizó cotizaciones al
sistema posteriores a esa fecha
4.1. Abordando el problema jurídico planteado y teniendo en cuenta
los criterios expuestos en las consideraciones de la presente providencia, es
claro que en el caso bajo estudio se deben tener en cuenta las cotizaciones
realizadas con posterioridad a la fecha en que se estableció la estructuración
de la invalidez (15 de mayo de 2009), por cuanto ésta, en razón al carácter
degenerativo y paulatino del Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH/SIDA que
padece el actor, no corresponde al día en que él realmente perdió su capacidad
laboral de forma permanente y definitiva. No hay duda en que pudo seguir
cotizando hasta febrero de 2012, pues fue el último reporte oficial de aporte
al sistema de pensiones. De tal suerte que para los efectos de esta sentencia,
se tomará esta última cotización (28 de febrero de 2012) como la fecha hasta la
cual el afiliado pudo desarrollar cualquier actividad económicamente productiva
y vio disminuidas sus destrezas físicas y mentales al punto de no poder seguir
aportando. Es decir, es respecto de esta fecha que se verificarán los
requisitos para reconocer o no la pensión de invalidez solicitada.
4.2. Con base en la relación histórica de movimientos emitida por Protección
S.A., se tiene que el actor cotizó de febrero de 2009 a febrero de 2012, a
través de diferentes empleadores, de la siguiente manera:
PERÍODO
DÍAS
05/2010
11
06/2010
30
07/2010
30
08/2010
28
03/2011
08
04/2011
30
05/2011
30
06/2011
30
07/2011
30
08/2011
30
09/2011
30
10/2011
30
11/2011
30
12/2011
30
01/2012
30
02/2012
30
TOTAL DÍAS
437
TOTAL SEMANAS
62
4.3. Así, es claro que el demandante cumple a cabalidad los
requisitos para acceder a la pensión de invalidez por enfermedad común, toda
vez que: (i) perdió más del 50% de su capacidad laboral por una causa de origen
no profesional y no provocada intencionalmente. (ii) Fue declarado persona en
situación de discapacidad. (iii) Acredita más de cincuenta (50) semanas
cotizadas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al último
aporte que registra al Sistema de Seguridad Social. Y (iv) la pérdida de
capacidad laboral, el estado de invalidez y el origen de la contingencia fueron
determinados por una compañía de seguros, razón por la cual la falta de
reconocimiento de la pensión solicitada resulta injustificada y constituye una
violación a su derecho fundamental a la seguridad social por parte del Fondo de
Pensiones y Cesantías Protección S.A. Aunado lo anterior, en este caso se
demuestra la inminencia de un perjuicio irremediable en un sujeto de especial
protección en los términos del inciso 3° del artículo 13 de la Constitución
Política. Por esto, teniendo en cuenta que el mínimo vital en dignidad del
accionante depende del reconocimiento de la pensión de invalidez, la Sala amparará
el derecho a la pensión, revocando la sentencia de segunda instancia que a su
vez confirmó la providencia de primera instancia.
4.4. Con base en lo anterior,
esta Sala concluye que el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. violó
los derechos fundamentales a un mínimo vital en dignidad, a la vida, y a la
seguridad social del señor Marco, por lo que se concederá el amparo
solicitado y se ordenará a dicho fondo de pensiones que en el término de 48
horas reconozca al actor la pensión de invalidez a que tiene derecho y pague
las mesadas causadas y no prescritas desde entonces.
III. DECISIÓN
Se reitera: un fondo de
pensiones viola los derechos a un mínimo vital en dignidad, a la vida y a la
seguridad social de una persona cuando debe establecer la fecha de
estructuración de pérdida de su capacidad laboral por sufrir una enfermedad
crónica, degenerativa o congénita, que no le impida ejercer actividades
laborales remuneradas durante ciertos períodos de tiempo, con el fin de
adjudicar una pensión de invalidez y no tiene en cuenta que dicha fecha
corresponde a aquella en que el afiliado ve disminuidas sus destrezas físicas y
mentales, en tal grado, que le impide desarrollar cualquier actividad
económicamente productiva, y no a la fecha en que tal proceso inició. Negar la
pensión en tales casos, en especial para personas con enfermedades graves y que
suelen ser objeto de discriminaciones (como a pacientes de VIH/SIDA) es una
violación especialmente grave.
En mérito de lo expuesto, la
Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR las sentencias del veintinueve (29)
de febrero de dos mil dieciséis (2016) y veintidós (22) de abril de dos mil
dieciséis (2016) proferidas por el Juzgado Veinte Civil Municipal de Oralidad
de Medellín y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, respectivamente,
dentro del proceso de la referencia y, en su lugar, TUTELAR los derechos
fundamentales a un mínimo vital en dignidad, a la vida y a la seguridad social
del señor Marco.
SEGUNDO.- ORDENAR a Protección S.A. que en el término
de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta
providencia reconozca al señor Marco la pensión de invalidez, conforme a
las consideraciones señaladas en esta sentencia, a partir del 1 de marzo de
2012, y pague las mesadas causadas y no prescritas desde entonces.
TERCERO.- ORDENAR a la Secretaría General de la Corte
Constitucional, así como a los Juzgados Veinte Civil Municipal de Oralidad de
Medellín y Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, autoridades que
conocieron del proceso en primera y segunda instancia respectivamente, que
tomen las medidas necesarias para guardar estricta reserva y confidencialidad
en relación con la identidad e intimidad del accionante, con base en la
decisión de la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de ésta Corporación de no
hacer mención al nombre del actor como medida que garantice su intimidad, buen
nombre y honra.
CUARTO.- Por Secretaría, líbrese la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese
y cúmplase.
AQUILES
ARRIETA GÓMEZ
Magistrado
(e)
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]
Sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de
Medellín, el veintidós (22) de abril de dos mil dieciséis (2016), que confirmó
la decisión proferida por el Juzgado Veinte Civil Municipal de Oralidad de
Medellín, el veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciséis (2016).
[2]
Artículos 86 y 241-9.
[3]
Artículo 33.
[4]
Artículo 55.
[5]
Sala de Selección Número Ocho conformada por las Magistradas María Victoria
Calle Correa y Gloria Stella Ortíz Delgado. Auto de selección del once (11) de
agosto del dos mil dieciséis (2016), notificado el treinta y uno (31) de agosto
de dos mil dieciséis (2016).
[6]
Teniendo en consideración que el accionante es una persona portadora del VIH,
con el fin de garantizar la intimidad y confidencialidad, y atendiendo la
jurisprudencia constitucional, la Sala no divulgará su nombre.
[7]
Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 860 de 2003. “Artículo 39. Requisitos
para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez
el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea
declarado inválido y acredite las siguientes condiciones: 1. Invalidez causada
por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos
tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración”.
[8]
Copia del documento de identidad donde consta su fecha de nacimiento. Folio 8,
cuaderno principal.
[9]
Copia del oficio de fecha 7 de marzo de 2012, suscrito por la Jefe del
Departamento de Beneficios y Pensiones de Protección SA y dirigido al actor,
donde se le informa el porcentaje de pérdida de capacidad laboral en 71.95% con
fecha de estructuración 15 de mayo de 2009 y de origen enfermedad común. Folios
13 al 16, cuaderno principal. El accionante no estuvo de acuerdo con dicha
calificación y acudió ante la Junta Regional y la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez, pero dichas instancias confirmaron el porcentaje
inicial, Folios 16 al 25, cuaderno principal.
[10]
Copia de la historia laboral del actor, impresa por Protección SA el 13 de
marzo de 2012. Folios 10 al 12, cuaderno Principal.
[11]
El Juzgado Veinte Civil Municipal de Oralidad de Medellín, en Auto del
diecisiete (17) de febrero de dos mil dieciséis (2016), admitió la acción de
tutela.
[12]
Sentencia del veintinueve (29) de febrero de dos mil dieciséis (2016).
[13]
Sentencia del veintidós (22) de abril de dos mil dieciséis (2016).
[14] Respecto de la protección especial de garantías
constitucionales de personas que padecen VIH se pueden consultar, entre otras,
las sentencias de la Corte Constitucional T-482 de 1992 (MP Fabio Morón Díaz),
T-505 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-502 de 1994 (MP Antonio Barrera
Carbonell), T-271 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero), C-079 de 1996 (MP
Hernando Herrera Vergara), SU-256 de 1996 (MP Vladimiro Naranjo Mesa; SV Jorge
Arango Mejía, AV Hernando Herrera Vergara), T-417 de 1997 (MP Antonio Barrera
Carbonell), T-171 de 1999 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-523 de 2001 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa), T-026 de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-259
de 2003 (MP Jaime Araújo Rentería), T-1282 de 2005 (MP Alfredo Beltrán Sierra),
T-1064 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-699A de 2007 (Rodrigo
Escobar Gil), T-550 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-710 de 2009 (MP
Juan Carlos Henao Pérez), T-021 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto),
T-885 de 2011 (María Victoria Calle Correa), T-1042 de 2012 (MP Nilson Elías
Pinilla Pinilla; AV Alexei Egor Julio Estrada), T-146 de 2013 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub), T-428 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa), T-229 de 2014
(MP Alberto Rojas Ríos), T-520 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
T-412 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), entre otras.
[15] Corte Constitucional, sentencia T-505 de 1992 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[16]
Por ejemplo, en la sentencia T-262 de 2005 (MP Jaime Araújo Rentería), se
señaló que “se ha considerado que el V.I.H. –SIDA, constituye una enfermedad
catastrófica que produce un acelerado deterioro en el estado de salud de las
personas que la padecen y, consecuentemente, el riesgo de muerte de los
pacientes se incrementa cuando estos no reciben el tratamiento adecuado de
forma oportuna. Por consiguiente, es deber del Estado brindar protección
integral a las personas afectadas.” De igual manera, en la sentencia T-843 de
2004 (MP Jaime Córdoba Triviño), se hizo referencia a las consecuencias de
dicha enfermedad y a las medidas especiales que debe adoptar el Estado para
garantizar los derechos fundamentales de dichas personas: “…la persona que se
encuentra infectada por el VIH, dadas las incalculables proporciones de ese
mal, ve amenazada su existencia misma, y frente a ello no puede el Estado
adoptar una posición indiferente sino activa para garantizar que no se le
condene a vivir en condiciones inferiores. (...) La Corte ha tenido la
oportunidad de pronunciarse en casos de personas que padecen dicha enfermedad y
ha manifestado que esa patología coloca a quien lo padece en un estado de
deterioro permanente con grave repercusión sobre la vida misma, puesto que ese
virus ataca el sistema de defensas del organismo y lo deja totalmente
desprotegido frente a cualquier afección que finalmente termina con la muerte”.
[17]
Por ejemplo, concediendo medicamentos y tratamientos respecto los cuales no se
cuenta con la capacidad económica para asumir, ver las sentencias de la Corte
Constitucional T-271 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero), SU480 de 1997
(MP Alejandro Martínez Caballero), T-488 de 1998 (MP Alfredo Beltrán Sierra),
T-036 de 2001 (MP Fabio Morón Díaz), T-925 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis),
T-546 de 2004 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-919 de 2004 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra), T-343 de 2005 (MP Jaime Araújo Rentería), T-586 de 2005 (MP Jaime
Córdoba Triviño), T-190 de 2007 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-230 de 2009 (MP
Cristina Pardo Schlesinger), T- 744 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto),
entre otras.
[18]
Por ejemplo, para que no se les discrimine en razón de la enfermedad y se les
dé un trato especial en su lugar de trabajo, ver las sentencias de la Corte
Constitucional T-136 de 2000 (MP Carlos Gaviria Díaz), T-469 de 2004 (MP
Rodrigo Escobar Gil), T-295 de 2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-490
de2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SPV Humberto Antonio Sierra Porto y
Luis Ernesto Vargas Silva), T-025 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-461
de 2015 (MP Myriam Ávila Roldán), entre otras.
[19]
Por ejemplo, en cuanto a pensiones de sobrevivientes se pueden ver las
sentencias T-1283 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-021 de 2010 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-860 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), T-327 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa), T-546 de 2015 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza martelo). En la Sentencia T-026 de 2003 (MP Jaime
Córdoba Triviño) se reconoció la pensión de invalidez que se había negado por
problemas administrativos entre los fondos de pensiones. En muchas ocasiones se
estudió el reconocimiento de pensiones bajo regímenes anteriores, teniendo en
cuenta la progresividad de la ley y el principio de favorabilidad, ver entre
otras, las sentencias T- 1064 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-628
de 2007 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-699A de 2007 (MP Rodrigo Escobar
Gil), T-077 de 2008 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-550 de 2008 (MP Marco Gerardo
Monroy Cabra), T-1040 de 2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández; AV Jaime Araújo
Rentería), T-509 de 2010 (MP Mauricio González Cuervo), T-885 de 2011 (MP María
Victoria Calle Correa), T-576 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-1042 de
2012 (MP Nilson Elías Pinilla Pinilla; AV Alexei Egor Julio Estrada), entre
otras.
[20] Corte Constitucional, sentencia T-106 de 1993 (MP
Antonio Barrera Carbonell). La Corte afirmó que la posibilidad de acudir a la
acción de tutela “(...) sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios
que aquel ofrece para la realización de los derechos, no exista alguno que
resulte idóneo para proteger instantánea y objetivamente el que aparece
vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o negativa
de una autoridad pública o de particulares en los casos señalados por la ley, a
través de una valoración que siempre se hace en concreto, tomando en
consideración las circunstancias del caso y la situación de la persona,
eventualmente afectada con la acción u omisión.” Ver también, la sentencia
T-480 de 1993 (MP José Gregorio Hernández Galindo).
[21] Corte Constitucional, sentencia T-292 de 1995 (MP
Fabio Morón Díaz).
[22]
Corte Constitucional, sentencia T-452 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez), en
esta oportunidad se reiteró la regla fijada en las sentencias T-225 de 1993 (MP
Vladimiro Naranjo Meza) y T-553 de 1998 (MP Antonio Barrera Carbonell) que,
entre otras, ya había sido reiterada en las sentencias T-026 de 2003 (MP Jaime
Córdoba Triviño), T-469 de 2004 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-1282 de 2005 (MP
Alfredo Beltrán Sierra), T-1064 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-077
de 2008 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[23]
Ley 100 de 1993, artículo 38: “Estado de invalidez. Para los efectos
del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa
de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50%
o más de su capacidad laboral”.
[24]
Dependiendo de la fecha de estructuración de la invalidez se deben cumplir los
requisitos de alguna de estas normativas: (i) Decreto 758 de 1990 “Por el cual
se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1 de 1990 emanado del Consejo
Nacional de Seguros Sociales Obligatorios”. El artículo 6. del Decreto 758 de
1990 señalaba: “ARTÍCULO 6o. REQUISITOS DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. Tendrán
derecho a la pensión de invalidez de origen común, las personas que reúnan las
siguientes condiciones: || a) Ser inválido permanente total o inválido
permanente absoluto o gran inválido y, b) Haber cotizado para el Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis
(6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300)
semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez.”  || (ii)
Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y
se dictan otras disposiciones” El artículo 39 original de la Ley 100 de 1993
establecía que: “ARTICULO 39. Requisitos para obtener la Pensión de Invalidez.
Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan alguno de
los siguientes requisitos: || a) Que el afiliado se encuentre cotizando al
régimen y hubiere cotizado por lo menos 26 semanas, al momento de producirse el
estado de invalidez; b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere
efectuado aportes durante por lo menos  26 semanas del año inmediatamente
anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez. PARÁGRAFO. Para
efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se
tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente
Ley.” || (iii) Ley 860 de 2003 “Por la cual se reforman algunas disposiciones
del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan
otras disposiciones”. El artículo 39 de la Ley 860 de 2003, modificó el
artículo 39 de la Ley 100 de 1993, y teniendo en cuenta lo establecido en la
Sentencia C-428 de 2009, indica: “ARTÍCULO 39. REQUISITOS PARA OBTENER LA
PENSIÓN DE INVALIDEZ.  Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al
sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado
inválido y acredite las siguientes condiciones: 1. Invalidez causada por
enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres
(3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.(…) PARÁGRAFO
2o. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas
requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya
cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años”.
[25] Artículo 2 del Decreto 917 de 1999 “Para efecto de la
aplicación y cumplimiento del presente decreto, adóptense las siguientes
definiciones: || a) Invalidez: Se considera con invalidez la persona que por
cualquier causa, de cualquier origen, no provocada intencionalmente, hubiese
perdido el 50% o más de su capacidad laboral. || b) Incapacidad permanente
parcial: Se considera con incapacidad permanente parcial a la persona que por
cualquier causa, de cualquier origen, presente una pérdida de la capacidad
laboral igual o superior al 5% e inferior al 50%. || c) Capacidad Laboral: Se
entiende por capacidad laboral del individuo el conjunto de las habilidades,
destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que
le permiten desempeñarse en un trabajo habitual. || d) Trabajo Habitual: Se
entiende como trabajo habitual aquel oficio, labor u ocupación que desempeña el
individuo con su capacidad laboral, entrenamiento y/o formación técnica o
profesional, recibiendo una remuneración equivalente a un salario o renta, y
por el cual cotiza al Sistema Integral de Seguridad Social”.
[26]
Artículo 3 del Decreto 917 de 1999:“la fecha en que se genera en el individuo
una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para
cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica,
los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o
corresponder a la fecha de calificación. En todo caso, mientras dicha persona
reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las
prestaciones derivadas de la invalidez”.
[27] El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, establece: “Corresponde
al Instituto de Seguros Sociales, a las Administradoras de Riesgos
Profesionales, ARP, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de
invalidez y muerte y a las Entidades Promotoras de Salud, EPS, determinar en
primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de
invalidez y el origen de las contingencias. En caso de que el interesado no
esté de acuerdo con la calificación, dentro de los cinco (5) días siguientes a
la manifestación que hiciere sobre su inconformidad, se acudirá a las Juntas de
Calificación de Invalidez del orden regional, cuya decisión será apelable ante
la Junta Nacional. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales”.
[28]
El Decreto 917 de 1999, “por el cual se modifica el Decreto 692 de 1995”, en su artículo 7°, definió estos conceptos así: “[…] DEFICIENCIA: Se entiende por deficiencia,
toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica
o anatómica, que pueden ser temporales o permanentes, entre las que se incluyen
la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida producida en un
miembro, órgano, tejido u otra estructura del cuerpo humano, así como también
los sistemas propios de la función mental. Representa la exteriorización de un
estado patológico y en principio refleja perturbaciones a nivel del órgano. ||
DISCAPACIDAD: Se entiende por Discapacidad toda restricción o ausencia de la
capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se
considera normal para un ser humano, producida por una deficiencia, y se
caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño y comportamiento en
una actividad normal o rutinaria, los cuales pueden ser temporales o
permanentes, reversibles o irreversibles, y progresivos o regresivos.
Representa la objetivación de la deficiencia y por tanto, refleja alteraciones
al nivel de la persona. || MINUSVALÍA: Se entiende por Minusvalía toda
situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una
deficiencia o una discapacidad que lo limita o impide para el desempeño de un
rol, que es normal en su caso en función de la edad, sexo, factores sociales,
culturales y ocupacionales. Se caracteriza por la diferencia entre el
rendimiento y las expectativas del individuo mismo o del grupo al que
pertenece. Representa la socialización de la deficiencia y su discapacidad por
cuanto refleja las consecuencias culturales, sociales, económicas, ambientales
y ocupacionales, que para el individuo se derivan de la presencia de las mismas
y alteran su entorno.”
[29]Artículo
31 del Decreto 2463 de 2001, “por el cual se reglamenta la integración, financiación
y funcionamiento de la Juntas de Calificación de Invalidez.”|| El Decreto 917
de 1999, define la fecha de estructuración de la invalidez como aquella “[…] en
que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma
permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe
documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda
diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación”.
[30]
El artículo 3 de Decreto 917 de 1999 al definir la fecha de estructuración
señala: “Es la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su
capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier
contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los
exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a
la fecha de calificación. En todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio
por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas
de la invalidez”.
[31]
La Convención reconoce los derechos de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con las demás personas,  a procurarse un nivel
adecuado de vida y al acceso en igualdad de condiciones a programas y
beneficios de jubilación.  Estos derechos también son una muestra de que la
discapacidad, por sí sola, no implica que las personas que las padecen sean
inválidas, ya que si estas personas voluntariamente son habilitadas
laboralmente, debe dárseles la oportunidad de trabajar, garantizarse en forma
independiente un nivel de vida digno, y, en condiciones especiales, acceder a
las prestaciones que el Sistema General de Pensiones les garantiza a los demás.
[32]
Sentencia T-671 de 2011 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto), antes citada. Esta
sentencia reiteró lo señalado anteriormente, entre otras, en las sentencias
T-420 de 2011 (MP. Juan Carlos Henao Pérez) y T-432 de 2011 (MP. Mauricio
González Cuervo).
[33]
Esta posición fue asumida por la Corte en la sentencia T-561 de 2010 (MP.
Nilson Pinilla Pinilla), en la cual se estudió una acción de tutela interpuesta
por una persona que padecía una enfermedad mental de muy larga evolución, que
se afilió al Sistema General de Pensiones desde julio de 1983 y había cotizado
de manera ininterrumpida por más de 21 años. Su enfermedad fue calificada con
un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 51.10%, con fecha de
estructuración de su invalidez el 17 de noviembre de 1983, razón por la cual,
la entidad accionada le negó el reconocimiento de la pensión de invalidez, por
no cumplir el requisito de cotización de 50 semanas en los 3 años anteriores a
la fecha de estructuración de su invalidez. En esa sentencia, la Corte
consideró que la fecha de estructuración de la invalidez se había establecido
teniendo en cuenta que en ese tiempo la tutelante había sufrido un episodio
clínicamente difícil, sin embargo, debido a que la actora había continuado
aportando por más de 21 años al Sistema, se consideró poco verosímil asumir que
esa hubiera sido la fecha en la que la actora perdió definitivamente su
capacidad laboral, razón por la cual, la Corte tomó como fecha de estructuración
el momento en que la accionante solicitó el reconocimiento y pago de su pensión
de invalidez. En el mismo sentido ver las sentencias T-699A de 2007 (MP Rodrigo
Escobar Gil), T-710 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-561 de 2010 (MP
Nilson Pinilla Pinilla), T-420 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez), entre
otras.
[34]
La Corte Constitucional ha reiterado que el tratamiento jurídico que se debe
tener frente a este tipo de padecimientos, es diferente a la generalidad. Por
ejemplo, en la Sentencia T-710 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez), se estudió
el caso de una persona con VIH-SIDA, con pérdida de capacidad laboral del
65.75% y fecha de estructuración de la invalidez del 23 de junio de 2002, a
quien le fue negada la pensión de invalidez, la Sala estimó que a pesar de su
enfermedad, el actor pudo seguir cotizando al Sistema de Seguridad Social hasta
completar las semanas mínimas de cotización requeridas, exigidas por la Ley 860
de 2003, en consecuencia, ordenó el reconocimiento de la pensión teniendo en
cuenta todas las semanas cotizadas por el accionante, hasta el momento en que
hizo su solicitud pensional, advirtiendo que “(…) a pesar del carácter
progresivo y degenerativo de la enfermedad que padece el señor (…), se advierte
que éste pudo conservar sus capacidades funcionales y continuó trabajando y
aportando al sistema de seguridad social por dos años y cuatro meses después de
la fecha señalada como de estructuración de la invalidez, bajo la vigencia de
la Ley 860 de 2003.” En la Sentencia T-163 de 2011 (MP María Victoria Calle
Correa), al estudiarse el caso de una señora que padecía diabetes mellitus e
insuficiencia renal crónica terminal, quien fue calificada el 30 de diciembre
de 2009 con pérdida de capacidad laboral del 71.91%, de origen común y fecha de
estructuración el 22 de noviembre de 2008, la Corte Constitucional señaló:
“existen casos en los que la fecha en que efectivamente una persona está en
incapacidad para trabajar, es diferente a la fecha que indica el dictamen de
calificación de pérdida de capacidad laboral. Lo anterior se presenta,
generalmente, cuando se padecen enfermedades crónicas, degenerativas o
congénitas, en donde la pérdida de capacidad laboral es paulatina. Las Juntas
de Calificación de Invalidez establecen como fecha de estructuración de la
invalidez aquella en que aparece el primer síntoma de la enfermedad, o la que
se señala en la historia clínica como el momento en que se diagnosticó la
enfermedad, a pesar de que en ese momento, no se haya presentado una pérdida de
capacidad laboral permanente y definitiva. En estos eventos, por tratarse de
enfermedades cuyas manifestaciones empeoran con el tiempo, la persona puede
continuar su vida laboral con relativa normalidad, hasta el momento en que por
su condición de salud le es imposible continuar cotizando al Sistema. Así,
aunque legalmente una persona adquiere el derecho a la pensión de invalidez
cuando pierde la capacidad para continuar trabajando, las Juntas de
Calificación de Invalidez crean la ficción de situar el momento a partir del
cual se considera que una persona no podrá seguir trabajando, en una etapa de
la enfermedad en la que la persona sigue siendo un trabajador productivo y
funcional, y puede aportar al sistema.” Igualmente, en la Sentencia T-420 de
2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez), se estudió el caso de una señora que se
afilió al Instituto de los Seguros Sociales el 1 de noviembre de 2001 y cotizó
hasta el 4 de julio de 2007, lo cual sumó un total de 286 semanas cotizadas,
pero, el 30 de junio de 2005, la Junta Regional de Calificación de Invalidez
valoró su capacidad laboral donde se llegó a la conclusión de que la señora
padecía de “falla renal crónica secundaria a glomerulonefritis rápidamente
progresiva”, cuyo origen era una enfermedad común, estableciéndose una pérdida
de la capacidad laboral del 67.5% con fecha de estructuración de la invalidez a
partir del 10 de abril de 1987, e indicó que “requiere de otra persona para el
desarrollo de sus actividades cotidianas”. En esta oportunidad, el Alto
Tribunal Constitucional reiteró que: “Con relación a la regla aplicable a
quienes sufren una enfermedad degenerativa, crónica o congénita acerca del
reconocimiento de la pensión de invalidez, es oportuno señalar que la fecha de
estructuración de invalidez, en este tipo de casos, ha de indicar el momento en
el cual la pérdida de la capacidad laboral es definitiva y permanente. Dos
circunstancias permiten inferir que la fecha de estructuración de la invalidez
indicada por la Junta Regional de Calificación de invalidez de Bogotá no
acredita tales características. En primer lugar, el hecho de que hubieran
transcurrido 18 años desde la presunta fecha de estructuración de la invalidez
y la solicitud de la pensión, aunado a que la señora (…) cotizó 286 semanas
desde el 1 de noviembre de 2001 hasta el 4 de julio de 2007, lo cual denota que
siguió trabajando y desarrollando su actividad profesional, que fue de auxiliar
de odontología, hasta que tuvo las condiciones de salud que se lo permitían.” En
esa ocasión se decidió que, “la fecha que esta Sala ha de acoger para
determinar la estructuración definitiva y permanente es cuando ha cesado de
cotizar al sistema de seguridad social, específicamente, al subsistema de
pensiones pues de ahí se colige su capacidad de trabajar. En efecto, esta es la
fecha correcta en razón de que en dicho instante ha dejado de tener un trabajo
estable y remunerado, pues las condiciones de salud le imposibilitaron seguir
desarrollándolo a plenitud.” Por lo que se determinó que la accionante cumplía
los requisitos suficientemente para acceder a la pensión de invalidez. ||
Respecto de casos puntuales de personas que padecen VIH, la Corte
Constitucional ha analizado varios casos en los que se ha reconocido que la
fecha de estructuración se decretó anterior a la real incapacidad total
laboral, ver las sentencias T-710 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-509
de 2010 (MP Mauricio González Cuervo), T-885 de 2011 (MP María Victoria Calle
Correa), T-998 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa), T-428 de 2013 (MP
María Victoria Calle Correa), T-481 de 2013 (MP Alberto Rojas Ríos; AV Luis
Ernesto Vargas Silva), T-551 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa; AV Luis
Guillermo Guerrero Pérez), T-627 de 2013 (MP Alberto Rojas Ríos), T-690 de 2013
(MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-697 de 2013 (MP Nilson Elías Pinilla Pinilla;
AV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-886 de 2013 (MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-893 de 2013 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio), T-158 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-229 de
2014 (MP Alberto Rojas Ríos), T-479 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa),
T-819 de 2014 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez), T-040 de 2015 (MP María
Victoria Calle Correa), T-348 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-520
de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-712 de 2015 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; SPV Gloria Stella Ortíz Delgado), T- 716 de 2015 (MP Gloria
Stella Ortíz Delgado) y T-356 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; AV Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub y Alberto Rojas Ríos).
[35]
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 27. “Trabajo
y empleo. || 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con
discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo
libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean
abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados
Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso
para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando
medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:
[…].” || Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
artículo 28. “Nivel de vida adecuado y protección social. || 1. Los Estados
Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida
adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y
adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de
este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad. || 2. Los Estados
Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección
social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad,
y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de
ese derecho, entre ellas: || […] e) Asegurar el acceso en igualdad de
condiciones de las personas con discapacidad a programas y beneficios de
jubilación. ”