T-344-18
NOTA DE RELATORIA: Mediante auto
636 de fecha 3 de octubre de 2018, el cual se anexa al final,  la Sala
Sexta de Revisión dispuso corregir de oficio el ordinal segundo de la parte
resolutiva de la presente providencia, en el sentido de precisar la fecha a
partir de la cual el ICETEX adeuda los subsidios de manutención al accionante
Sentencia T-344/18
MINIMO VITAL DE SUBSISTENCIA-Concepto no es meramente cuantitativo sino también cualitativo
El mínimo vital no está constituido, necesariamente, por el salario
mínimo mensual legalmente establecido y se requiere una labor valorativa del
juez constitucional en la cual tome en consideración las condiciones personales
y familiares del peticionario, así como sus necesidades básicas y los ingresos
mensuales que obtiene. De igual manera, es indispensable llevar a cabo una
valoración material del trabajo que desempeña el actor, en aras de la
protección a la dignidad humana como valor primordial del ordenamiento
constitucional.
DERECHO A LA EDUCACION-Tratamiento constitucional con doble connotación como derecho y
como servicio
La Carta Política
consagra la educación con una doble connotación, a saber, como derecho de las
personas y como un servicio público con una marcada función social. La
jurisprudencia constitucional ha establecido que la educación (i) es necesaria
para la efectividad de la cláusula general de igualdad; (ii) permite la
formación integral de las personas y la realización de sus demás derechos;
(iii) guarda íntima conexión con la dignidad humana; y (iv) resulta
indispensable para la equidad y la cohesión social.
SUBSIDIO DE SOSTENIMIENTO PARA
BENEFICIARIOS DE CREDITOS EDUCATIVOS OTORGADO POR ICETEX-Requisitos establecidos en el Acuerdo
013 de 2015
De conformidad con los artículo segundo y tercero del
referido Acuerdo, se adjudicarían los subsidios a quienes se (i) les hubiera
concedido un crédito de pregrado; (ii) se encontraran registrados en la base de
datos del SISBEN versión III y (iii) cumplieran con los puntos de corte
establecidos en ese acto administrativo.
PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA-Reiteración de Jurisprudencia
El principio de confianza legítima rige la relación entre la
administración pública y las personas naturales o jurídicas. Su fundamento se
encuentra en el principio de seguridad jurídica, establecido en los artículos
1º y 4º de la Constitución, en el respeto del acto propio y el principio de la
buena fe, contenido el artículo 83 Superior, según el cual “las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten
ante estas”. Bajo el principio de confianza legítima, la administración
debe actuar con lealtad respecto de la relación jurídica vigente entre la administración
y el administrado.
PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA EN MATERIA DE CREDITOS
EDUCATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL ICETEX
DERECHO A LA EDUCACION Y MINIMO VITAL-Vulneración por ICETEX al suspender subsidio de sostenimiento
a beneficiarios de créditos educativos
Referencia: Expedientes T-6675510 y T-6712386 (acumulados).
Acciones
de tutela instauradas por Diego Fernando Ló
pez Baquero y Marlinyer Velasco
Superlano contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior – ICETEX.
Asunto: Acción
de tutela para solicitar el pago del subsidio de sostenimiento.
Magistrada sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá,
D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
La
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada
Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, y los
magistrados José Fernando Reyes Cuartas y Cristina Pardo Schlesinger, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de las sentencias dictadas en segunda
instancia por la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja (T-6675510),
y en única instancia por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Bucaramanga (T-6712386) que resolvieron las acciones de tutela promovidas en
forma independiente, por Diego Fernando López Baquero y Marlinyer
Velasco Superlano contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX.
Los
asuntos llegaron a la Corte Constitucional por remisión que efectuaron los
mencionados despachos, según lo ordenado por los artículos 31 y 32 del Decreto
2591 de 1991. El 17 de abril de 2018, la Sala de
Selección de Tutelas número cuatro[1] de esta Corporación escogió el expediente
T-6675510 para
su revisión. Mediante auto del 27 abril de 2018 proferido
por esa misma sala de selección, se escogió el expediente T-6712386 y
se dispuso su acumulación para ser fallados conjuntamente en una sola sentencia,
por presentar unidad de materia.
I. ANTECEDENTES
Expediente T-6675510
A. Hechos y pretensiones
1. El señor Diego Fernando
López Baquero refirió que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior (en adelante “ICETEX”) le otorgó un crédito de
sostenimiento en la modalidad “Líneas tradicionales tú eliges 0%” para que
cursara el programa de Economía en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Tunja. Sostuvo que la obtención de dicho crédito se dio gracias a que cumplió
los requisitos previstos para su postulación en el Acuerdo 13 de 2015 proferido
por la Junta Directiva de dicha institución, en particular, tener un puntaje
inferior a 54 puntos en la base de datos de la encuesta SISBEN para el momento
de la adjudicación.
2. El tutelante explicó que
esta línea de crédito que le aprobó el ICETEX implica la concesión de dos
subsidios. De un lado, un subsidio equivalente al 25% sobre el valor del giro,
y de otro, un subsidio sobre la tasa de interés.
3. Adujo que la liquidación del
crédito se hizo efectiva para los periodos académicos del año 2016, pero que en
2017 no se le aplicaron los subsidios concedidos. Por este motivo, el actor
presentó varios requerimientos ante el ICETEX con el fin de que se realizara la
correspondiente liquidación del crédito.
4. Por medio de los oficios
número CAS-1996285-Z4Z6V6 y CAS-2018298-R2H4K0 del 30 de agosto y 1º de
septiembre de 2017[2], el ICETEX le informó que no era
posible acceder a su solicitud, en razón a que, en su base de datos, no figuraba
como beneficiario de los dos subsidios y que si estos se aplicaron en
anteriores ocasiones, se debió a una inconsistencia. Con posteridad, el 5 de
septiembre de ese mismo año, la entidad demandada reiteró la decisión plasmada
en los oficios anteriores y agregó que los créditos de sostenimiento
adjudicados en el periodo 2016-I estaban destinados a la población cuyo puntaje
en la encuesta SISBEN fuera igual o inferior al 30 puntos. En esa medida, el
accionante no podía ser destinatario de esos beneficios, como quiera que su
puntaje era de 32,63[3].
5. Con base en estos hechos, el
31 de octubre de 2017, el actor interpuso acción de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y a la
educación. En consecuencia, solicitó que se ordenara al ICETEX liquidar (i) el
subsidio correspondiente para los periodos académicos 2017-I y 2017-II y para
los periodos restantes y (ii) los intereses correspondientes con base en el
monto mínimo del giro.
B. Actuación
procesal y respuesta de la entidad accionada
Mediante auto del 1° de noviembre de 2018[4],
el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja avocó el conocimiento de la acción y ordenó notificar al ICETEX,
para que se pronunciara sobre los hechos narrados.
Respuesta del ICETEX[5]
La entidad accionada solicitó que se negara el amparo, como quiera
que, a su juicio, no se vulneraron los derechos fundamentales del actor. Adujo
que la acción de tutela era improcedente, toda vez que con ella se buscaba el
reconocimiento de un derecho cuyo contenido es netamente económico.
También afirmó que las entidades que manejan programas sociales
focalizan los beneficiarios teniendo en cuenta la población registrada en el SISBEN,
cuya información es suministrada por el Departamento Nacional de Planeación.
Por este motivo, el subsidio de sostenimiento otorgado a los estudiantes con
crédito del ICETEX se asigna previa valoración del cumplimiento de los
requisitos en el proceso de adjudicación del crédito educativo y no en etapas
posteriores. En esa medida, debido a que el accionante tenía un puntaje de
32.63 para el periodo 2016-I, no era posible concederle el beneficio porque el
puntaje establecido para ese periodo era de máximo 30 puntos.
Adicionalmente, sostuvo que la Junta
Directiva del ICETEX, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, puede
modificar la política de otorgamiento del subsidio mediante la realización de
los ajustes necesarios de acuerdo a cada vigencia, toda vez que los recursos
para la asignación de subsidios dependen del Gobierno Nacional, y por ende son
limitados. Así, puede establecer condiciones de otorgamiento aplicables al
momento de adjudicación del crédito que no se puedan cambiar durante su
ejecución.
C. Decisión
de primera instancia[6]
Por medio de sentencia del 16 de noviembre de 2017, el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Tunja negó el amparo, al considerar que no se
vulneraron los derechos fundamentales del actor. El a quo adujo que la
Junta Directiva del ICETEX tiene la facultad legal y estatutaria para modificar
la política de otorgamiento del subsidio mediante la realización de los ajustes
necesarios de acuerdo a cada vigencia, pues los recursos para la asignación de
subsidios dependen del Gobierno Nacional, y en esa medida son limitados. En este
orden de ideas, si bien el requisito de puntaje en el SISBEN previsto en el
Acuerdo 013 de 2015 estuvo vigente por un tiempo, este fue modificado para el
año 2016 (periodo en el que fue adjudicado).
D. Impugnación
del accionante[7]
Inconforme con la decisión proferida por el juez de primera
instancia, el demandante reiteró los argumentos expuestos en el escrito de
tutela y agregó los siguientes:
1. Refirió que el proceso interno realizado por la Junta
Directiva del ICETEX para modificar el puntaje para acceder al subsidio no se
plasmó en ningún acto administrativo, y que ello contraviene los principios de
confianza legítima y buena fe, pues él tomó la decisión de aceptar el crédito
con base en las condiciones previstas en Acuerdo 013 de 2015.
2. Expuso que la razón invocada por el ICETEX para
negar el subsidio no es coherente, pues los cambios en los puntajes comienzan a
regir a partir de la vigencia del acto administrativo que los establezca y no
pueden extenderse sus efectos a situaciones anteriores.
3. La entidad demandada también vulneró su derecho a
la educación, pues el saldo del crédito incrementó aproximadamente en un 50%
desde que se le dejó de aplicar el subsidio.
E. Decisión
de segunda instancia[8]
Mediante providencia del 15 de diciembre de 2017, la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja confirmó la decisión del a
quo. Sin embargo, afirmó que su decisión obedecía a que la acción de tutela
era improcedente, toda vez que se trata de una discrepancia respecto de los
criterios utilizados por el ICETEX para la asignación de los subsidios, y que
debe ser resuelta por la jurisdicción contenciosa administrativa.
Expediente T-6712386
A. Hechos y pretensiones
1. La accionante afirmó que
obtuvo un crédito educativo del ICETEX desde 2013 con el que adelantó sus
estudios de pregrado en Microbiología y Bioanálisis en la Universidad
Industrial de Santander.
2. El 23 de enero de 2017, la
actora presentó una solicitud ante la entidad demandada dirigida a que se le
reconociera el subsidio para beneficiarios de crédito para pregrado establecido
en el Acuerdo 003 de 2013, expedido por la Junta Directiva de la entidad
accionada, toda vez que su puntaje en la encuesta SISBEN era de 27.93[9].
3. El 3 de marzo de 2017, la
entidad demandada negó la solicitud, en razón a que no era posible conceder el
beneficio debido a que no cumplía los requisitos establecidos en la norma
vigente para el momento en que radicó la solicitud del subsidio, esto es,  el
Acuerdo 013 de 2015, y porque en el formulario de solicitud del crédito no
había indicado que pertenecía al régimen subsidiado[10].
4. Con
base en estos hechos, el 16 de junio de 2017, la actora interpuso acción de
tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad,
debido proceso y a la educación. En consecuencia, solicitó que se ordenara al ICETEX
desembolsar el referido beneficio, toda vez que cumple con los requisitos
establecidos en el Acuerdo 003 de 2013 para acceder a ello[11].
B. Trámite de la acción de tutela y
respuesta de la entidad demandada
Mediante auto del 20 de junio de 2017[12],
el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bucaramanga avocó conocimiento, ordenó notificar a la entidad accionada
para que se pronunciara sobre los hechos narrados y vinculó
a la Universidad Industrial de Santander, a la Secretaría de Educación del
Departamento de Santander y al Sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios para programas sociales SISBEN.
Respuesta del ICETEX[13]
El ICETEX indicó que la acción de tutela era improcedente en razón
a que no se cumplió con el requisito de inmediatez, pues la actora presentó el
recurso de amparo cuatro años después de que tuviera conocimiento de los hechos
que motivaron su ejercicio. Así mismo, sostuvo que su derecho a la educación no
se afectó, pues ha podido continuar con su proceso educativo gracias al crédito
concedido y sin necesidad del subsidio que reclama.
Respuesta de la Alcaldía de Bucaramanga[14]
La Coordinadora de la Oficina de SISBEN de Bucaramanga solicitó la
desvinculación de la Alcaldía, como quiera que dentro de las funciones de la
entidad no se encuentra la de asignación de subsidios de sostenimiento.
Respuesta de la Universidad Industrial de Santander[15]
El asesor jurídico de la Universidad Industrial de Santander
aseveró que la accionante es estudiante regular de ese centro de estudios y que
en la actualidad se encuentra matriculada en VII semestre de la carrera de
Microbiología y Análisis. Afirmó que la Universidad no podía pronunciarse sobre
las pretensiones de la demandante, toda vez que ninguna de ellas se relaciona
con acciones u omisiones de la institución educativa.
C. Decisión de única instancia[16]
En sentencia del cinco (5) de julio de
2017, el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bucaramanga negó el amparo solicitado por las siguientes razones: (i) La
decisión de negar el subsidio se ajustó a las normas que regulan su
otorgamiento, pues las condiciones con base en las cuales se evalúa el crédito
educativo a nivel de SISBEN o de población vulnerable no podían modificarse con
posterioridad; (ii) no se afectó el derecho a la educación de la accionante
pues en ningún momento se interrumpió el proceso educativo, ya que ella
continuó estudiando; (iii) existió un periodo amplio de inactividad por parte
de la actora en el que nunca solicitó el reconocimiento del subsidio, que
evidencia que no se encuentra ante una situación apremiante.
El fallo no fue impugnado por ninguna de
las partes.
II. ACTUACIONES EN SEDE REVISIÓN
Por medio de auto del 8 de junio de 2018, la Magistrada
sustanciadora ofició al demandante en el expediente
T-6675510,
para que informara a esta Corporación cuál es su situación socio
económica actual, cómo está compuesto su grupo familiar y si continúa con sus estudios,
a pesar de no contar con el subsidio de sostenimiento. Así mismo, ofició a la
entidad accionada para que suministrara información
adicional que permitiera dilucidar cuáles son las condiciones para conceder el
subsidio de sostenimiento, así como el procedimiento para modificar
la política de otorgamiento de este beneficio.
Respuesta
de Diego
Fernando López Baquero
El
accionante presentó un balance en el que refiere que sus ingresos semestrales
provienen del crédito de sostenimiento del ICETEX (en cuantía de $3.906.210) y
de las labores que desempeña como ayudante de mecánica, cuya vinculación es de
carácter informal (por valor de $1.200.000). Sostiene que sus ingresos los
invierte en su totalidad en el arriendo de una habitación, alimentación, transportes,
matrícula, insumos para sus estudios e indumentaria. Agrega que en la
actualidad tiene deudas que ascienden a los 21 millones de pesos con COOMEVA
EPS y con el ICETEX.
Respecto
de la composición de su grupo familiar, informó que su padre es el único que
percibe ingresos en su hogar, pero que estos se destinan exclusivamente al
sostenimiento personal del progenitor, y por ello no le puede brindar ninguna
ayuda económica. Agregó que ha hecho todo lo posible para evitar la
interrupción de sus estudios, pero en caso de que se le conceda la razón al
ICETEX se verá en la obligación de abandonarlos, toda vez que desde el momento
en que le retiraron los subsidios, la deuda se triplicó.
Agregó
que las condiciones para el acceso a los subsidios fueron modificadas mediante
el Acuerdo 025 de 2017 y que en ese acto administrativo se estableció que los
créditos otorgados con anterioridad a la vigencia de dicho acuerdo seguirían
con las mismas condiciones en las que fueron entregados.
Respuesta
del ICETEX
La
entidad accionada respondió las preguntas realizadas por la Magistrada
sustanciadora en los siguientes términos:
-
Refirió
que las condiciones para acceder al subsidio de sostenimiento son las
establecidas en cada vigencia en el reglamento de crédito del ICETEX. En esa
medida, para acceder al subsidio de sostenimiento, el beneficiario debe cumplir
las condiciones establecidas en el reglamento vigente para el momento en que se
adjudique el crédito.
-
Informó
que antes de cada vigencia, la Oficina de Planeación del ICETEX realiza un
estudio presupuestal del rubro otorgado por la Nación a esa entidad para la
concesión del subsidio, y que las modificaciones sugeridas por esta dependencia
son sometidas a estudio por parte de la Junta Directiva de la entidad, quien decide
si se adoptan o no.
-
Resaltó
que la entidad realiza un análisis de la cantidad de estudiantes susceptibles
de ser beneficiarios del subsidio de sostenimiento con base en el alcance
presupuestal del rubro asignado por la Nación.
-
Adujo
que cuando se realizan cambios en la política de otorgamiento de subsidios de
sostenimiento, estos se aplican a la vigencia correspondiente, motivo por el
cual las modificaciones no tienen efecto retroactivo. Sobre este punto destacó
que el subsidio de sostenimiento se otorga al momento de la adjudicación del
crédito y se mantiene hasta la finalización de los estudios para los cuales se
solicitó el crédito, siempre que el solicitante cumpla los requisitos y
condiciones establecidas.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. Corresponde a la Corte analizar, en Sala de Revisión, las
sentencias proferidas dentro de las acciones de tutela en referencia, con
fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
Asunto objeto de revisión
2. Como se mencionó en los antecedentes de esta providencia, los
demandantes promovieron por separado acción de tutela contra el ICETEX,
tras considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, mínimo
vital y a la educación, como consecuencia de la negativa de la entidad
accionada en conceder el subsidio de sostenimiento para beneficiarios de
crédito para estudios de pregrado.
3. Los jueces de instancia consideraron que
no se transgredieron los derechos fundamentales de los actores, pues el ICETEX tiene la facultad legal y estatutaria para modificar la política
de otorgamiento de los subsidios mediante la realización de los ajustes necesarios
de acuerdo a cada vigencia presupuestal.
Adicionalmente, en el expediente T-6712386,
el juez consideró que no se vulneró el derecho a la educación, toda vez que (i)
la accionante nunca suspendió sus estudios debido a la falta del subsidio y
(ii) no se evidenció la violación actual de sus derechos, toda vez que
transcurrió un prolongado periodo de tiempo desde que se le aprobó el crédito
en 2013 hasta que solicitó el subsidio por primera vez en 2017.
Problemas jurídicos
4. Las situaciones fácticas planteadas exigen a la Sala determinar,
en primer lugar, si procede la tutela para controvertir
la decisión del ICETEX de negar el subsidio de sostenimiento para beneficiarios
de créditos de pregrado. En caso de ser procedentes las acciones de tutela de la
referencia, como segundo problema jurídico, la Sala deberá
resolver el siguiente interrogante:
¿El ICETEX vulneró los derechos fundamentales de los
demandantes al mínimo vital y a la educación al negarles el pago del subsidio
de sostenimiento, con fundamento en que no tenían el puntaje SISBEN requerido para acceder a ese beneficio al momento de la
adjudicación del crédito?
5. Para resolver
estos cuestionamientos, la Corte
iniciará sus consideraciones con el examen de procedencia de la acción de
tutela en los casos objeto de análisis. En caso de ser procedentes, la Sala
abordará los siguientes asuntos: (i) alcance y contenido del derecho al
mínimo vital como concepto cualitativo o multidimensional; (ii) el derecho
fundamental a la educación; (iii) el principio de confianza legítima; (iii) el
subsidio de sostenimiento establecido en el Acuerdo 013 de 2015 del ICETEX. Posteriormente, con
base en dichos presupuestos, se resolverán los casos concretos.
Examen de procedencia de las acciones de
tutela
-
Legitimación por activa
6. Según el artículo 86 de la Constitución, toda persona puede
presentar acción de tutela para la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados.
Respecto de la legitimidad para el ejercicio de la acción de
tutela, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, esta puede
ser ejercida (i) a nombre propio; (ii) a través de un representante legal;
(iii) por medio de apoderado judicial, o (iv) mediante un agente oficioso. El
inciso final de esta norma, también establece que el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales pueden ejercerla directamente.
7. En los casos objeto de revisión, se acredita que Diego
Fernando López Baquero -expediente T-6675510- y Marlinyer Velasco
Superlano -expediente T-6712386-,
interpusieron la acción a nombre propio por ser ellos las personas directamente
afectadas con la presunta violación de los derechos fundamentales alegados. Por
lo anterior, se concluye que el requisito de legitimación por activa se satisface
en ambos casos.
-
Legitimación por pasiva
8. La
legitimación pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene
la persona contra la que se dirige la acción y quien está llamada
a responder por la amenaza o vulneración del derecho fundamental, cuando esta
resulte demostrada.[17] Según
el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto 2591 de
1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública y contra
particulares.
En los casos objeto de estudio se
advierte que el ICETEX es una entidad financiera de naturaleza especial, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio
de Educación Nacional[18], que tiene por objeto “(…) el
fomento social de la educación superior, priorizando la población de bajos
recursos económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos a
través de mecanismos financieros que hagan posible el acceso y la permanencia
de las personas a la educación superior, la canalización y administración de
recursos, becas y otros apoyos de carácter nacional e internacional, con
recursos propios o de terceros.”[19]. Por lo tanto, se considera
que tiene legitimación por pasiva para actuar en este proceso, según los
artículos 86 superior y 42 del Decreto 2591 de 1991.
-
Subsidiariedad e inmediatez[20]
Reiteración de jurisprudencia sobre el presupuesto
de inmediatez
9. El requisito de inmediatez hace
referencia a que la acción de tutela se debe interponer dentro de un plazo
razonable y proporcional al hecho o acto que generó la violación de los
derechos fundamentales invocados, con el objetivo de evitar que se desvirtúe la
naturaleza célere y urgente de la acción de tutela, o se promueva la
negligencia de los actores y que la misma se convierta en un factor de
inseguridad jurídica[21].
10. Esta Corporación
reitera que de conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de
tutela no tiene término de caducidad[22].
Sin embargo, como se mencionó, la solicitud de amparo debe formularse en un periodo
razonable desde el momento en el que se produjo el hecho presuntamente
vulnerador de los derechos fundamentales. Esta exigencia se deriva de la
finalidad de la acción constitucional, que pretende conjurar situaciones
urgentes que requieren de la actuación rápida de los jueces. Por ende, cuando
el mecanismo se utiliza mucho tiempo después de la acción u omisión que se
alega como violatoria de derechos, se desvirtúa su carácter apremiante y
urgente de la protección inmediata.
11. En atención a
esas consideraciones, la jurisprudencia de la Corte estableció que, de acuerdo
con los hechos del caso, corresponde al juez verficar si la tutela se interpuso
dentro de un tiempo prudencial, de tal modo que no se vulneren derechos de
terceros.
En efecto, bajo ciertas circunstancias y situaciones
de excepcionalidad, el juez constitucional puede concluir que una acción de
tutela interpuesta después de un tiempo considerable desde la amenaza o
vulneración del derecho fundamental, resulta procedente. En este sentido, la
jurisprudencia ha identificado tres eventos en los que esto ocurre:
“(i) [Ante] La existencia de razones válidas para la
inactividad, como podría ser, por ejemplo[23], la
ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o
imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la
ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado
drásticamente las circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente
que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante
permanece, es decir, su situación desfavorable como consecuencia de la
afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se
recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un
término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de
que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera,
en realidad, una protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la
acción de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada dada la
situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que
constituye un trato preferente autorizado por el artículo 13 de la Constitución
que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por
su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan’.”[24]
12. En síntesis, la
jurisprudencia de este Tribunal precisa que el presupuesto de inmediatez (i)
tiene fundamento en la finalidad de la acción, la cual supone la protección
urgente e inmediata de un derecho fundamental[25];
(ii) persigue la protección de la seguridad jurídica y los intereses de
terceros; e (iii) implica que la tutela se haya interpuesto dentro de un plazo
razonable, el cual dependerá de las circunstancias particulares de cada caso.
El carácter
subsidiario de la acción de tutela y su procedencia para evitar un perjuicio
irremediable. Reiteración de jurisprudencia
13. Según
el inciso 4º del artículo 86 de la Constitución Política, el requisito de subsidiariedad se
refiere a que la acción de tutela procede cuando el afectado (i) no cuenta con
otros medios de defensa judicial, (ii) o dichos medios no son idóneos ni
eficaces, o (iii) a pesar de que dispone de otros medios judiciales que
resultan idóneos y eficaces para la protección de sus derechos, el recurso de
amparo se utiliza para evitar un perjuicio irremediable[26].
En efecto, en aquellos asuntos en que
existan otros medios de defensa judicial, la jurisprudencia de este Tribunal ha
determinado que caben dos excepciones que justifican su procedencia, siempre y
cuando también se verifique la inmediatez:
(i)
Si
bien existe otro medio de defensa judicial, este no es idóneo o eficaz para
proteger los derechos fundamentales invocados, caso en el cual las órdenes
impartidas en el fallo de tutela tendrán carácter definitivo.
(ii)
A
pesar de existir otro medio de defensa judicial idóneo, este no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable[27],
caso en el cual la acción de tutela procede, en principio, como mecanismo
transitorio. No obstante, la Corte ha reconocido que en ciertos casos, si el
peticionario está en situación de debilidad manifiesta, el juez constitucional
puede realizar el examen de la transitoriedad de la medida, en atención a las
especificidades del caso, en particular a la posibilidad de exigir al
accionante que acuda después a los medios y recursos judiciales ordinarios y
concluir que resulta desproporcionado imponerle la carga de acudir al mecanismo
judicial principal[28].
Examen de los requisitos de inmediatez y
subsidiariedad en los casos concretos
14. La Sala encuentra que ambos
casos se cumple el requisito de inmediatez, en la medida en que las acciones de tutela se interpusieron en un
periodo inferior a los seis meses contados desde que el ICETEX negó el subsidio,
lo cual se considera un plazo razonable a la luz de la jurisprudencia
constitucional sobre esta materia[29].
15.  Así
mismo, esta Corporación estima que se cumple
el requisito de subsidiariedad que hace procedente la acción de
tutela en los términos del artículo 86 de la Carta Política, por las siguientes
razones:
(i)
Aunque en este caso los actores podrían valerse del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir las
decisiones del ICETEX y con ello procurar ser tenidos como beneficiarios del
subsidio de sostenimiento, para la Sala este no es idóneo ni eficaz.
Respecto de la idoneidad del medio, con
base en las pruebas allegadas al proceso y las obtenidas en sede de revisión,
es posible establecer que la situación socio económica de los actores no les
permite contratar un abogado que los represente en ese proceso para acceder a
la administración de justicia por esa vía. En este orden de ideas, se considera
que sería desproporcionado exigirles que acudan a ese medio de control.
De otro lado, debido a las condiciones
socioeconómicas de los demandantes, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho resulta ser un mecanismo ineficaz para obtener de
forma expedita el reconocimiento del subsidio, pues es un proceso que tiene
términos más prolongados, que no permitirían proteger materialmente el derecho
presuntamente conculcado. En efecto, si se tiene en cuenta que a los accionantes
les faltan tres años o menos para terminar sus respectivas carreras, la
duración del proceso administrativo podría sobrepasar el tiempo de estudios. Además,
ante la falta de continuidad en el pago de los subsidios y la demora en el
desarrollo de ese proceso, se pondría en riesgo grave su derecho constitucional
a la educación y otros fundamentales como el trabajo.
(ii)
En este sentido, obligar a los accionantes a que acuda a la
jurisdicción contenciosa administrativa para satisfacer su pretensión, sería
imponerles una carga desproporcionada que los llevaría a una situación más
gravosa, pues podrían enfrentarse ante la decisión de dejar sus estudios con el
fin de poder subsistir.
16. Por lo tanto, la Sala concluye que en
ambos casos, habida cuenta de la desproporción que contraería exigirle a los
actores que tramiten su pretensión a través de los mecanismos judiciales
ordinarios, se entienden cumplidas las condiciones de inmediatez y
subsidiariedad. En consecuencia, en caso de que se amparen los derechos del
accionante, las órdenes que se adopten tendrán un carácter definitivo.
17. En consideración a lo anterior, como
quiera que la Corte considera satisfecho el examen de procedencia en los expedientes T-6675510
y T-6712386, se procederá a efectuar el análisis de fondo sobre
los derechos fundamentales presuntamente conculcados.
Alcance
y contenido del derecho al mínimo vital como concepto cualitativo o
multidimensional. Reiteración de jurisprudencia.
18.
Como
lo ha indicado la dogmática constitucional[30],
el sentido inicial que la Corte Constitucional le dio al concepto del mínimo
vital fue el derecho fundamental innominado como parte de una interpretación
sistemática de la Constitución. Así, por ejemplo, en la sentencia T-426
de 1992[31] la
Corte conoció el caso de un ciudadano de 69 años de edad que llevaba un año sin
devengar su pensión. Al ordenar el pago de la misma, el Tribunal señaló que
aunque la Constitución no contemplaba un derecho a la subsistencia, este se
deducía del derecho a la salud, a la vida, al trabajo y a la seguridad social.
Sin
embargo, posteriormente la Corte definió el concepto de mínimo vital, ya no
como un derecho, sino como un elemento del núcleo esencial de los derechos
sociales prestacionales. Así, por ejemplo en la sentencia T-081 de 1997[32]
la Corte relacionó el mínimo vital con el salario mínimo vital y móvil, en la
medida en que el primero está relacionado con la remuneración proporcional a la
que tiene derecho la persona por el trabajo realizado.
19.
Posterior
a este periodo la Corte señaló que el mínimo vital es un derecho fundamental
autónomo ligado a la dignidad humana. Por ejemplo, en la sentencia
SU-995 de 1999[33],
al resolver varias tutelas que interpusieron diferentes maestros a los que se
les adeudaba su salario, la Corte señaló que este derecho constituye la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación
de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido,
el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación y la
atención en salud. Es decir, prerrogativas cuya titularidad es
indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor
fundante del ordenamiento jurídico constitucional.
No
obstante, la misma sentencia señaló que el análisis respecto del mínimo vital
no se puede reducir a un examen meramente cuantitativo sino que, por el
contrario, se deben introducir calificaciones materiales y cualitativas que
dependen de cada caso concreto. En otras palabras, cada persona tiene un mínimo
vital diferente, que depende en últimas del estatus socioeconómico alcanzado a
lo largo de su vida. Por esta razón, este derecho se debe entender como una
garantía de movilidad social de los ciudadanos quienes, de manera natural,
aspiran a disfrutar a lo largo de su existencia de una mayor calidad de vida.
De esa forma, la jurisprudencia de la Corte acepta que al existir diferentes
montos y contenidos del mínimo vital, es consecuente que haya distintas cargas
soportables para cada persona[34].
Esto
implica que el mínimo vital no está constituido, necesariamente, por el salario
mínimo mensual legalmente establecido y se requiere una labor valorativa del
juez constitucional en la cual tome en consideración las condiciones personales
y familiares del peticionario, así como sus necesidades básicas y los ingresos
mensuales que obtiene. De igual manera, es indispensable llevar a cabo una
valoración material del trabajo que desempeña el actor, en aras de la
protección a la dignidad humana como valor primordial del ordenamiento
constitucional.
El derecho a la educación. Reiteración
de jurisprudencia.
20. El artículo 67 de la Carta Política consagra la educación con una
doble connotación, a saber, como un derecho de las personas y como un servicio
público con una marcada función social. También establece algunos contenidos
mínimos de la educación (el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la
democracia, y la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento
cultural, científico, tecnológico y la protección del ambiente), los cuales
atienden a su carácter instrumental, como un elemento necesario para el
desarrollo individual de las personas y a su influjo relacional para el
desarrollo de la vida en sociedad[35].
21. La jurisprudencia constitucional ha establecido que la educación
(i) es necesaria para la efectividad de la cláusula general de igualdad; (ii)
permite la formación integral de las personas y la realización de sus demás
derechos; (iii) guarda íntima conexión con la dignidad humana; y (iv) resulta
indispensable para la equidad y la cohesión social[36].
22. La Corte Constitucional, de manera enfática, defiende el carácter
fundamental del derecho a la educación. Por ejemplo, en la sentencia T-202
de 2000[37] evaluó el caso de una persona que
perdió un subsidio que le permitía acceder al servicio educativo. En dicha
oportunidad, la Corte consideró que el núcleo esencial de ese derecho implica
el respeto absoluto por el desarrollo social e individual del ciudadano. Así,
la educación es un medio para que el sujeto se integre de manera efectiva a la
sociedad y se forme en valores democráticos que impongan como regla de
conducta, el respeto y la tolerancia. Además, la educación es un medio para
consolidar el carácter material de la igualdad, pues en la medida en que una
persona tenga las mismas posibilidades educativas, podrá gozar la igualdad de
oportunidades en la vida para realizarse como persona.
23. Por esta razón, y dada la importancia que tiene este derecho para
el desarrollo de los ciudadanos, la educación goza de una especial protección
por parte del Estado. Así, la Corte entiende que este es un servicio público
que debe cumplir, al menos, con las garantías de asequibilidad, accesibilidad,
adaptabilidad y aceptabilidad.
24. Cabe resaltar que esta Corporación reconoce como parámetros de
definición de estas garantías, aquellas contenidas en la Observación General
Número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones
Unidas, que si bien no es una norma vinculante, permite establecer el alcance
de estas. En este sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías se
materializan mediante el cumplimiento de ciertas obligaciones estatales[38]. En vista que el asunto que se debate
en los casos objeto de estudio se relaciona con la entrega de subsidios para
estudiantes de pregrado, la Sala resalta que guarda especial importancia la
garantía de accesibilidad en su modalidad de accesibilidad económica. Esto
implica que el Estado debe procurar por la eliminación gradual de las barreras
que impidan el acceso a educación superior por motivos netamente patrimoniales
o pecuniarios.
Requisitos para el otorgamiento del subsidio a beneficiarios de
crédito de pregrado regulados por el Acuerdo 003 de 2013 del ICETEX
25. Por medio del Acuerdo 003 de 2013, la junta directiva del ICETEX
estableció los puntos de corte para la adjudicación de subsidios a
beneficiarios de crédito de pregrado para quienes lo solicitaran la
convocatoria correspondiente al segundo semestre de 2013.
26. De conformidad con los artículo segundo y tercero del referido
Acuerdo, se adjudicarían los subsidios a quienes se (i) les hubiera concedido
un crédito de pregrado; (ii) se encontraran registrados en la base de datos del
SISBEN versión III y (iii) cumplieran con los puntos de corte establecidos en
ese acto administrativo.
El subsidio de sostenimiento establecido en el Acuerdo 013 de 2015
del ICETEX
27. Con el fin de garantizar la
permanencia de los beneficiarios de créditos educativos a los distintos
programas de educación superior, la Junta Directiva del ICETEX expidió el
Acuerdo 013 de 2015, por medio del cual reguló la política de
otorgamiento de subsidios de sostenimiento. Dicho beneficio corresponde a una
suma de dinero cuyo destino es solventar los gastos en que debe incurrir el
estudiante para llevar a cabo sus estudios de pregrado. De conformidad con el
artículo 4 del Acuerdo 013 de 2015, se trata de un subsidio que se otorga
mediante un desembolso semestral, el cual equivale a $707.409 y que aumenta
cada año de acuerdo con el índice de precios al consumidor.
28. El Acuerdo 013 de 2015 estableció que
los beneficiarios del subsidio serían aquellas personas a las que el ICETEX les
concedió un crédito educativo y que a partir del segundo semestre de 2015,
cumplieran con los puntos de corte establecidos en la Base Certificada Nacional
del SISBEN Versión III en sus tres categorías territoriales:
“–
Beneficiarios de crédito educativo en la línea de pregrado, cualquiera sea la
modalidad a partir del primer semestre de 2011 registrados en la base de datos
del Sisbén (sic) III y que cumplan con los puntos de corte establecidos así:
No.
Área
Puntaje
mínimo
Puntaje
máximo
1
14
ciudades, son las 14 principales ciudades sin sus áreas metropolitanas,
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué,
Pereira, Villavicencio, Pasto, Montería, Manizales y Santa Marta.
0
54.00
2
Resto
Urbano: es la zona urbana diferente a las 14 principales ciudades, los
centros poblados y la zona rural dispersa de las 14 principales ciudades
0
52.72
3
Rural
0
34.79
– Beneficiarios de crédito educativo en la línea de pregrado,
modalidad ACCES y CERES, identificados mediante un instrumento diferente al
Sisbén (sic)
para las poblaciones víctimas del conflicto armado en Colombia,
indígenas, Red Unidos y Reintegradas.”[39]
29. Respecto del
reconocimiento del subsidio de sostenimiento, el Acuerdo 013 de 2015 dispone
que el auxilio económico se otorgaría “previa validación del
cumplimiento de requisitos en el proceso de adjudicación del crédito educativo”[40]. Así mismo,
estableció que el beneficiario del crédito no podía modificar (con
posterioridad a su adjudicación) las condiciones con base en las cuales se
evalúa el mismo. Lo anterior implica que“(…) según el Acuerdo del Icetex que
regula el subsidio de sostenimiento, este beneficio solo aplica a quienes cumplan
con el requisito del Sisben (sic) o tengan la condición de vulnerabilidad al
momento de evaluarse el crédito educativo y no a quienes después de adjudicado
el crédito se ajusten a tales exigencias”[41].
30. Este acto administrativo también prevé que quienes accedan a un
crédito de sostenimiento, pueden obtener un subsidio consistente en la
reducción del valor del préstamo:
Artículo 5o. SUBSIDIO SOBRE EL VALOR DEL
CRÉDITO DESTINADO A SOSTENIMIENTO. Podrán acceder a este subsidio:
a) Los estudiantes que accedan al
crédito de sostenimiento y se encuentren registrados en la versión III del
Sisbén y que cumplan con los puntos de corte establecidos por el Icetex, podrán
obtener el subsidio de1 25% del valor del crédito;
b) Los estudiantes que accedan al
crédito de sostenimiento y se encuentren identificados mediante un instrumento
diferente al Sisbén para las poblaciones desplazadas o reintegradas, podrán
obtener el subsidio del 25% del valor del crédito;
c) Los estudiantes identificados
mediante un instrumento diferente al Sisbén correspondientes a poblaciones
indígenas que accedan al crédito de sostenimiento, podrán obtener el subsidio
del 50% del valor del crédito sobre el valor del crédito destinado a
sostenimiento.”
En relación con la vigencia del Acuerdo,
la Sala encuentra que estuvo vigente desde la fecha de publicación -30 de abril
de 2015- hasta que fue derogado por el Acuerdo 25 de 2017 -proferido el 28 de
junio de 2017-. Se resalta que este último acto administrativo dispuso en su
artículo 86 que los créditos educativos otorgados bajo condiciones
diferentes a las descritas en este reglamento de crédito, se mantendrían de
acuerdo al reglamento vigente al momento de su adjudicación[42].
El principio de confianza
legítima. Reiteración de jurisprudencia.
31. El principio de confianza legítima rige la relación entre la
administración pública y las personas naturales o jurídicas. Su fundamento se
encuentra en el principio de seguridad jurídica, establecido en los artículos
1º y 4º de la Constitución, en el respeto del acto propio y el principio de la
buena fe, contenido el artículo 83 Superior, según el cual “las actuaciones
de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante estas”.
Lo anterior implica que se debe actuar con lealtad respecto de la
relación jurídica vigente entre la administración y el administrado, lo que a
su vez comporta la expectativa de la misma lealtad y respeto de la otra parte.
En este sentido, una faceta de la buena fe es el respeto por el acto propio que
se traduce en el deber de comportarse de forma coherente con las actuaciones
anteriores, por lo que le está prohibido al sujeto que ha despertado en otro
confianza con su actuación, sorprender a la otra parte con un cambio
intempestivo que defrauda lo que legítimamente se esperaba.
Entonces, bajo el principio de confianza legítima, la
administración está obligada a respetar las expectativas legítimas de las
personas sobre una situación que modifica su posición de forma intempestiva. No
obstante, las expectativas deben ser serias, fundadas y provenir de un periodo
de estabilidad que permita concluir razonablemente que efectivamente se
esperaba un determinado comportamiento por parte de la administración.
32. A través del principio de confianza legítima se ha logrado un
balance entre los intereses públicos y privados, al permitir que la
administración avance en el desarrollo de su gestión, pero al mismo tiempo
proteja la buena fe que el administrado había depositado en la administración
pública, de la que espera estabilidad con respecto a las condiciones vigentes.
En la relación entre la administración y el administrado, se entiende que la
primera tiene la facultad de cambiar condiciones mediante la adopción de
medidas como políticas públicas, programas y actuaciones, cuando lo hace bajo
los parámetros legales y constitucionales, siempre que proteja las expectativas
del administrado, esto es, cuando se cumplen requisitos de estabilidad y buena
fe[43].
De
acuerdo con lo anterior, el principio de confianza legítima exige que ante la
verificación de una expectativa legítima del administrado y de un cambio
intempestivo de la administración, siempre que sea legal y constitucional, esta
adopte medidas transitorias para enfrentar el cambio que impone. La adopción de
estas medidas responde al respeto por los compromisos, la seguridad jurídica y
la protección a la estabilidad social, que requiere que se mitigue el daño
generado con la nueva situación.
33. En conclusión, la
jurisprudencia de esta Corporación refiere que es procedente la protección de
los derechos amparados en el principio de confianza legítima cuando: (i)
la medida, política o actuación administrativa tiene el objetivo de preservar
un interés público superior; (ii) se verifica que las conductas realizadas por
los particulares se ajustaron al principio de buena fe; y (iii) hay una
desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la
administración y los administrados, lo que hace necesaria la adopción de
medidas transitorias que adecuen la actual situación de los particulares a la
nueva realidad[44].
34. En materia de créditos y subsidios otorgados por el ICETEX, cuyo
objetivo es garantizar la educación superior, esta Corporación ha dicho que “el
principio de la confianza legítima se ha aplicado cuando al administrado se le
ha generado una expectativa seria y fundada de que las actuaciones
posteriores de la administración, y en casos excepcionales de los particulares,
serán consecuentes con sus actos precedentes, lo cual generan una convicción de
estabilidad en sus acciones”[45]. En esa medida, por ejemplo,
se establece que se defrauda la confianza depositada
por el administrado y, en consecuencia, se vulnera el principio de la buena fe
cuando:
(i) Se revocan créditos concedidos por
el ICETEX una vez se ha iniciado la carrera, con fundamento en el
incumplimiento de requisitos que la entidad no verificó al momento de la
adjudicación[46];
(ii) Se niegan solicitudes de crédito
educativo por no cumplir con requisitos que no aparecían publicados en la
página web de la entidad[47];
(iii) Se suspenden los desembolsos del
crédito bajo el argumento de que la fuente de donde provienen esos recursos se
agotó, a pesar de que la oferta de este producto contempla el cubrimiento de la
matrícula para toda la carrera[48].
(iv) Una vez aprobado el subsidio de
sostenimiento, este se deja de pagar al estudiante con fundamento en que no se
cumplen los requisitos actuales para ser beneficiario del subsidio y que los
pagos realizados hasta el momento se hicieron por fallas en el sistema de la
entidad[49].
35. En sentencia T-508 de 2016[50], por ejemplo, esta Corporación abordó
el análisis del  principio de la confianza legítima en varios casos
relacionados con el otorgamiento del subsidio de sostenimiento. En esta
providencia, la Corte se ocupó de analizar la situación de distintos estudiantes
a los que se les negó este beneficio, bajo el argumento de que no se
encontraban registrados en la base de datos del SISBEN, y por ello no cumplían
con la totalidad de requisitos exigidos para obtener este beneficio.
Este Tribunal concluyó “(…) que
detrás de la negativa de dicho beneficio, se ve afectado el mínimo vital de las
familias de los accionantes, pues este auxilio es una prestación que brinda el
Gobierno con el fin de proteger el derecho a la educación de las personas más
vulnerables, que no cuentan con los recursos económicos necesarios para
sufragar los gastos que genera la asistencia a clase y de esta manera garantizar
su permanencia”. Así, consideró que la entidad accionada impuso una barrera
que les impidió a los actores el acceso al  subsidio cuya finalidad consiste en
asistir a quienes se encuentran en proceso de formación universitaria, y que no
pueden soportar la carga económica para su sostenimiento y permanencia en el
sistema educativo.
Así mismo, la Sala Octava de Revisión concluyó
en esa oportunidad que el ICETEX generó una expectativa en los accionantes de
recibir el referido subsidio, que se concretó en el hecho de que la entidad
accionada les informó que cumplían con los requisitos para acceder al subsidio
y les entregó tarjetas débito para que pudieran retirar el dinero. Resaltó que
si bien esta situación pudo ocurrir como consecuencia de fallas en el proceso
de adjudicación, esta circunstancia creó una expectativa legitima en los
actores y que no puede ser tenida como una justificación razonable para
rehusarse a pagar el subsidio.
Análisis de los casos concretos
Expediente
T-6675510
36. Como se mencionó
en los antecedentes de esta providencia, Diego Fernando López Baquero interpuso
acción de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales a la
igualdad, mínimo vital y a la educación, debido a que el ICETEX dejó de pagar el
subsidio de sostenimiento que le había sido inicialmente concedido. En
consecuencia, solicitó que se ordenara al ICETEX liquidar el subsidio
correspondiente para los periodos académicos 2017-I y 2017-II y para los
periodos restantes, así como el pago de los intereses correspondientes con base
en el monto mínimo del giro.
37. De las pruebas allegadas al proceso de
la referencia, la Sala evidencia que están demostrados los siguientes hechos:
(i)  El 22
de enero de 2016, el ICETEX le aprobó el crédito de sostenimiento a Diego
Fernando López Baquero, en la modalidad “Líneas tradicionales tú eliges 0%” y el subsidio
de sostenimiento para que cursara el programa de Economía en la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Tunja (Boyacá). El accionante obtuvo el crédito y
el subsidio, entre otras razones, porque tenía un puntaje inferior a 54 puntos
en la base de datos de la encuesta SISBEN para el momento de la adjudicación.
En efecto, el actor fue calificado con 32,63 puntos en la categoría “14
ciudades”, toda vez que la encuesta se realizó en su ciudad de origen, es
decir, Villavicencio (Meta).
(ii)  El
subsidio de sostenimiento fue desembolsado para los dos periodos académicos del
año 2016, pero el ICETEX suspendió su pago para el siguiente año. Lo mismo
ocurrió con el subsidio sobre el valor del crédito destinado al
sostenimiento. La entidad adujo que el actor no cumplió con los requisitos
para acceder a ellos al momento de la adjudicación del crédito, y que en caso
de que se hubieren realizado pagos del beneficio en anteriores ocasiones, ello
se debía a una inconsistencia general en el proceso de giro.
(iii)
El accionante refirió que su situación socio económica actual es
compleja, pues sus ingresos equivalen a poco más de un salario mínimo mensual
vigente, provenientes precisamente del crédito de sostenimiento del ICETEX y de
las labores que desempeña como ayudante de mecánica, cuya vinculación es de
carácter informal, los cuales invierte en su totalidad para el arriendo de una
habitación, alimentación, transportes, matrícula, insumos para sus estudios e
indumentaria. Agregó que en la actualidad tiene deudas que ascienden a los 21
millones de pesos con COOMEVA EPS y con el ICETEX y que su núcleo familiar no
está en condiciones de solvencia económica suficientes para brindarle apoyo.
(iv)
Las
condiciones para acceder a los subsidios son las establecidas en cada vigencia
en el reglamento de crédito del ICETEX. En esa medida, para acceder a estos, el
beneficiario debe cumplir con las condiciones establecidas en el reglamento en
vigor para el momento en que se adjudique el crédito. Por lo tanto, cuando se
realizan cambios en la política de otorgamiento de subsidios de sostenimiento,
estos se aplican a la vigencia correspondiente, motivo por el cual las
modificaciones no tienen efecto retroactivo, tal y como lo reconoció el mismo
ICETEX.
38. Analizadas las circunstancias
fácticas de este caso, la Sala no comparte las razones por las cuales el ICETEX
dejó de girar el subsidio de sostenimiento al actor. De una parte, la entidad
demandada sostuvo que la suspensión en el giro ocurrió porque el accionante no
había cumplido con los requisitos establecidos en el Acuerdo 013 de 2015, pero
de las pruebas aportadas se demostró que para el momento en que le fue
adjudicado el crédito y los beneficios, el demandante cumplía con los
requisitos vigentes para acceder a estos, a saber, que se le hubiera concedido
un crédito de sostenimiento -se le adjudicó el 22 de enero de 2016- y que su
puntaje en el SISBEN fuera inferior a 54,00 puntos en la categoría “14
ciudades” -fue calificado con un 32,63 puntos-.
Adicionalmente, el ICETEX también fundó su decisión
en que no es posible solicitar la modificación de las condiciones en que el
subsidio fue otorgado con posterioridad a su adjudicación. Esta Corporación
considera que no es de recibo este argumento, como quiera que el accionante no
solicitó la modificación de las condiciones sino precisamente que se le
aplicaran aquellas que se encontraban vigentes para el momento de la
adjudicación del crédito y que, como se dijo con anterioridad, cumplía a
cabalidad. En efecto, de las pruebas obrantes en el expediente es posible
establecer que el crédito fue aprobado el 22 de enero de 2016 y el Acuerdo 013
de 2015 entro en vigencia el 30 de abril de 2015 y se mantuvo vigente hasta el 28 de junio de 2017, fecha en la que fue derogado por el Acuerdo
25 de ese mismo año.
39. La Sala no
desconoce la facultad que tiene la entidad demandada de realizar cambios en las
políticas de otorgamiento de subsidios, siempre que estos tengan un fundamento
legal y constitucional. Sin embargo, en este caso particular, la decisión del
ICETEX de dejar de aplicar los subsidios no se realizó en desarrollo de un
cambio en las políticas de otorgamiento de subsidios, sino que ello ocurrió
como consecuencia de una incorrecta apreciación de las normas que regulan esta
materia y por lo que la entidad denomina “errores en el proceso de giro”.
En efecto, la incongruencia en las actuaciones de la
entidad accionada evidencia un irrespeto al acto propio, pues la demandada
reconoce que los subsidios se conceden con base en las condiciones vigentes
para el momento de la adjudicación del crédito, y aun así, en el caso
particular del tutelante, se le dejaron de aplicar los subsidios porque
supuestamente no cumplía con las condiciones previstas en el acto
administrativo que los establecía para el momento de la adjudicación. En
efecto, como se dijo con anterioridad, el actor cumplía con los requisitos
establecidos en el Acuerdo 013 de 2015, esto es, que se le hubiera concedido un
crédito de sostenimiento y tener un puntaje SISBEN inferior a los 54,00 puntos
en la categoría “14 ciudades”.
40. Estas
actuaciones desplegadas por el ICETEX derivaron en la decisión de suspender el
pago del subsidio sin ningún fundamento, y en esa medida se considera que fue
desproporcionada e irrazonable. Lo anterior se tradujo, por una parte, en la
trasgresión del derecho al mínimo vital del accionante, y por otra, en la
defraudación de la confianza que el actor legítimamente depositó en el ICETEX,
pues (i) los subsidios se le aplicaron y pagaron para los periodos académicos
2016-I y 2016-II; (ii) el actor contaba con un presupuesto que fue determinante
para decidir si iniciaba o no la carrera de Economía en la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Tunja y (iii) el valor de la deuda se triplicó
desde que el ICETEX dejó de aplicarle los subsidios.
En
este orden de ideas, se concederá el amparo del derecho fundamental al mínimo
vital del actor en razón a que la Sala evidenció la afectación real y actual
del mínimo vital causada por la decisión desproporcionada e irrazonable del
ICETEX de suspender el pago del subsidio de sostenimiento que la entidad le
concedió y que fue desembolsado en dos ocasiones.
41. Ahora bien,
respecto de la presunta vulneración del derecho a la educación, el actor
reconoce que si bien no ha abandonado la carrera, existen circunstancias
apremiantes que evidencian que la continuidad en el desarrollo de sus estudios
se encuentra en vilo. Ello permite a la Sala concluir que sí se vulneró su
derecho fundamental a la educación, como quiera que esta prerrogativa fundamental
se encuentra bajo amenaza. Por lo tanto, se concederá el amparo de esta
garantía fundamental.
Expediente
T-6712386
42. Marlinyer
Velasco Superlano interpuso acción de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y a la educación. En
consecuencia, solicitó que se ordenara al ICETEX desembolsar el referido
beneficio, toda vez que, a su juicio, cumple con los requisitos establecidos en
el Acuerdo 003 de 2013 para acceder a ello.
43. En este caso la
Corte encuentra probados los siguientes hechos:
(i)  La accionante
obtuvo un crédito educativo del ICETEX desde 2013 con el que adelantó sus
estudios de pregrado en Microbiología en la Universidad Industrial de
Santander. El 15 de octubre de 2014 (un año y tres meses después de que se
adjudicó el crédito), la actora ingresó por primera vez a la base de datos
certificada nacional del SISBEN con un puntaje de 27.93.
(ii)  El 23 de enero
de 2017 presentó una solicitud ante la entidad demandada dirigida a que se le
reconociera el subsidio para beneficiarios de crédito para pregrado establecido
en el Acuerdo 003 de 2013, expedido por la Junta Directiva de la entidad
accionada.
(iii)
El
3 de marzo de 2017, la entidad demandada negó la solicitud, en razón a que no
era posible conceder el beneficio debido a que no cumplía los requisitos
establecidos en el Acuerdo.
44. Del análisis de
estos hechos, la Sala encuentra que no se generó un daño en los derechos
fundamentales de la actora. Lo anterior en razón a que la accionante nunca
requirió el subsidio para beneficiarios de crédito de pregrado previsto en el
Acuerdo 003 de 2013 para el desarrollo del programa académico que cursa en la
actualidad. En este orden ideas, en vista de que no hay evidencia de que su
proceso educativo se haya visto truncado por la falta del subsidio, la Sala
concluye que no se transgredieron sus derechos fundamentales al mínimo vital y
a la educación.
En
adición a lo anterior, cuando la actora solicitó el subsidio para beneficiarios
de crédito de pregrado previsto en el Acuerdo 003 de 2013, la administración lo
negó porque no cumplía con los requisitos establecidos para el momento de la
adjudicación del crédito, toda vez que fue calificada (de acuerdo a la escala
SISBEN) por primera vez con posterioridad a la concesión del crédito, lo cual
permite la Sala concluir que no cumplía con la totalidad de los requisitos
establecidos en el Acuerdo 003 de 2013 para acceder al beneficio.
En
esa medida, para la Corte no hay evidencias que demuestren que el ICETEX
realizó un cambio intempestivo y sin fundamento legal o constitucional en
la política de otorgamiento de los subsidios, motivo por el cual se considera
que en este caso no se defraudó la confianza legítima de la actora. En
consecuencia, esta Corporación confirmará la sentencia proferida por el juez de
instancia.
Conclusiones
y decisión a adoptar
45. Del análisis de los casos planteados, se
derivan las siguientes conclusiones:
43.1.
La
existencia de un prolongado periodo de inactividad en el ejercicio de los
medios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico sin justificación
alguna, constituye una circunstancia que descarta la urgencia de la protección
solicitada, y en consecuencia, desvirtúa la naturaleza célere y eficaz del
recurso de amparo.
43.2.
La
acción de tutela procede cuando el afectado no cuenta con otros medios de
defensa judicial, o en aquellos casos en los que a pesar de que dispone de otro
medio de defensa judicial idóneo, este no impide la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede, en principio, como
mecanismo transitorio. Sin embargo, existen ciertos casos en los que el juez
constitucional puede realizar el examen de la transitoriedad de la medida, en atención
a la posibilidad de exigir al accionante que acuda después a los medios y
recursos judiciales ordinarios y concluir que resulta desproporcionado
imponerle la carga de acudir al mecanismo judicial principal.
43.3.
El derecho al mínimo vital está compuesto por la porción de los ingresos de
cada sujeto que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas y
que son indispensables para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana. En
esa medida, para determinar su alcance, el juez constitucional debe realizar su
análisis a partir de calificaciones materiales y cualitativas
que dependen de cada caso concreto.
43.4.
La jurisprudencia constitucional establece que la educación, en tanto derecho
fundamental, (i) es necesaria para la efectividad de la cláusula general de
igualdad; (ii) permite el desarrollo integral de las personas y la realización
de sus demás derechos; (iii) guarda íntima conexión con la dignidad humana; y
(vi) resulta indispensable para la equidad y la cohesión social.
43.5.
La aprobación de los subsidios de sostenimiento (reducción del 25% en el valor
del crédito y entrega de ayuda en dinero destinada a la manutención del
estudiante), su aplicación en el valor total de la deuda y su desembolso son actuaciones
del ICETEX que (i) generan una expectativa legítima en el beneficiario, que se
defrauda cuando se dejan de aplicar con fundamento en que no se cumplieron
requisitos que no se verificaron al momento de la adjudicación y/o los pagos se
realizaron por errores atribuibles a la entidad; (ii) amenazan el derecho a la
educación, en su componente de accesibilidad, como quiera que el estudiante
puede enfrentarse a la posibilidad de abandonar sus estudios ante la carencia
de recursos económicos suficientes para mantenerse en el sistema educativo.
46. Con fundamento en estas consideraciones,
en el expediente T-6675510, la Sala revocará
la sentencia 15 de diciembre de 2017, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja que,
a su vez, confirmó la providencia del 16 de noviembre
de 2017 adoptada
en primera instancia por el Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Tunja mediante la cual negó el amparo de los derechos fundamentales del actor. En
su lugar, la Sala ordenará al ICETEX (i) reliquidar el valor de la deuda
aplicando la reducción del 25% en el valor del crédito y (ii) desembolsar las
ayudas en dinero con destino a la manutención del actor dejados de pagar desde
el año 2016 a la fecha. Así mismo, advertirá
a la entidad que se abstenga de suspender el desembolso del subsidio de
sostenimiento sin fundamento legal o constitucional que se lo permita y
conforme a las reglas fijadas en la presente decisión.
47. En el expediente T-6712386 se confirmará
la sentencia del cinco (5) de julio de 2017, proferida por el Juzgado
Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, que negó el
amparo solicitado por la demandante.
IV.- DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de Tutelas de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR
la sentencia 15 de diciembre de 2017, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja que,
a su vez, confirmó la providencia del 16 de noviembre
de 2017 adoptada
en primera instancia por el Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Tunja,  dentro
del expediente T-6675510, mediante
la cual negó el amparo de los derechos fundamentales de Diego
Fernando López Baquero. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo
vital y la educación del accionante.
SEGUNDO.-
ORDENAR al
Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX-
que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas desde la notificación de
esta providencia, (i) reliquide el valor de la deuda
contraída por Diego
Fernando López Baquero, identificado con
cédula de ciudadanía número 1.121.877.183 de Villavicencio (Meta), aplicándole la reducción
del 25% en el valor del crédito y (ii) desembolse las ayudas en dinero con
destino a la manutención del actor dejados de pagar desde el año 2016 a la
fecha.
TERCERO.- ADVERTIR
al Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX que
se abstenga de  suspender el desembolso del subsidio de sostenimiento a Diego
Fernando López Baquero sin fundamento legal o constitucional
que se lo permita y de conformidad con las consideraciones de esta sentencia.
CUARTO.- CONFIRMAR integralmente
el fallo de tutela del cinco (5) de julio de
2017, proferido por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bucaramanga, dentro del expediente
T-6712386, que negó el amparo
solicitado por Marlinyer Velasco Superlano.
QUINTO.-
Por
Secretaría General líbrese las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Magistrado
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
Auto
636/18
Referencia: solicitud de aclaración de la sentencia
T-344 de 2018, proferida
por la Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional.
Expedientes:
T-6675510 y T-6712386 (acumulados).
Peticionario:
Sandra Gricel Zuleta Hurtado, Jefe Encargada de la Oficina Asesora Jurídica del
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior –
ICETEX.
Magistrada
Sustanciadora:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá
D.C., tres (3) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de
la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Cristina Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas, y la
Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, profiere el
presente Auto con
fundamento en los siguientes:
I.
ANTECEDENTES
1.
En
la Sentencia T – 344 de 2018[51],
la Sala de Revisión examinó las tutelas instauradas por (i) el señor Diego
Fernando López Baquero, presentada el 31 de octubre de 2017 y por (ii) la
señora Marlinyer Velasco Superlano, formulada el 16 de junio de 2017, en contra
del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos (en adelante,
“ICETEX”). Los accionantes argumentaron que dicha entidad desconoció sus derechos
fundamentales al mínimo vital y a la educación, en la medida en que (i)
retiró el otorgamiento del subsidio de sostenimiento que se le había concedido
como parte de la línea de crédito educativo, en el caso de Diego Fernando López
Baquero, y (ii) no le reconoció el subsidio que se le concede a los
beneficiarios del crédito educativo, en el caso de Marlinyer Velasco Superlano.
2.
En
relación con el expediente T-6675510[52], el señor
Diego Fernando López Baquero instauró acción de tutela en contra del ICETEX
por considerar que, con la decisión de esta institución de suprimir el pago del
subsidio de sostenimiento que le había reconocido en el momento en el que se
concedió el préstamo, la entidad demandada desconoció las condiciones bajo las
cuales le habría otorgado los dos subsidios que se conceden con su línea de
crédito, que consisten en (i) el giro de un desembolso semestral, por un valor
determinado, a la tarjeta débito recargable que le es entregada por la entidad,
correspondiente al subsidio de sostenimiento, y (ii) el descuento del 25% sobre
el valor del crédito, correspondiente al subsidio sobre el crédito.
3.
Con
respecto a lo anterior, la Corte consideró que el mínimo vital debe entenderse
como una garantía de la movilidad social de los ciudadanos, por lo que su
ponderación no se puede reducir a un examen meramente cuantitativo, sino que
debe tener en cuenta las consideraciones respecto al estatus socioeconómico que
ha alcanzado el individuo a lo largo de su vida. En esa medida, teniendo en
cuenta que la Corte ha aceptado que existen diferentes montos y contenidos
del mínimo vital, esta Corporación estableció que, en cada caso concreto,
el juez constitucional deberá analizar las calificaciones materiales y
cualitativas que ayuden a determinarlo.
4.
Por
su parte, frente al concepto del derecho a la educación, la Corte consideró que
éste guarda estrecha relación con la materialización de la cláusula general de
igualdad y el derecho a la dignidad humana, en el sentido en que el acceso de
una persona a una educación en condiciones de igualdad permite la realización
de sus derechos y su desarrollo como persona. Es por ello que goza de especial
protección del Estado, con lo cual la Corte ha considerado que la educación,
como servicio público, debe cumplir con las garantías de asequibilidad,
accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad.
5.
A
partir de las consideraciones anteriores, la Corte estableció que el ICETEX (i)
vulneró el derecho al mínimo vital del accionante, al imponerle una
carga desproporcionada e irrazonable de asumir un costo excesivo frente al
crédito de educación que contrató con esta entidad y cuyas condiciones se
habían pactado de manera diferente en el momento en el que el crédito había sido
otorgado, y (ii) amenazó el derecho a la educación del accionante, en su
componente de accesibilidad, por cuanto a pesar de que el actor goza del
crédito para financiar la carrera, si no recibe las ayudas necesarias para su
sostenimiento, podrá verse en la situación de tener que abandonar sus estudios
por la insuficiencia de los recursos económicos sufragar los gastos que implica
mantenerse en el programa educativo.
Adicionalmente, esta Corporación
reconoció que las actuaciones del ICETEX, en este caso particular, contradicen
el principio del respeto de los actos propios y de esta forma defraudaron la
confianza legítima del accionante, por cuanto la entidad dejó de aplicar las
condiciones y beneficios bajo los cuales se había otorgado el crédito inicialmente.
6.
Por
lo anterior, la Sala de Revisión tuteló los derechos del accionante
Diego Fernando López Baquero y accedió a las pretensiones de la acción
de tutela, al encontrar que las conductas demandadas y que fueron desplegadas
por el ICETEX, vulneraron los derechos del actor al mínimo vital y a la
educación.
7.
En
consecuencia, la Sala Sexta de Revisión decidió:
“PRIMERO.-
REVOCAR la sentencia 15 de diciembre de
2017, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Tunja que, a su vez, confirmó la providencia del
16 de noviembre de 2017 adoptada en primera instancia por el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, dentro del expediente T-6675510,
mediante la cual negó el amparo de los derechos
fundamentales de Diego Fernando López Baquero. En su lugar, TUTELAR los
derechos fundamentales al mínimo vital y la educación del accionante.
SEGUNDO.-
ORDENAR al Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX-
que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas desde la notificación de
esta providencia, (i) reliquide el valor de la deuda contraída por Diego
Fernando López Baquero, identificado con cédula de ciudadanía
número 1.121.877.183 de Villavicencio (Meta), aplicándole la reducción del 25%
en el valor del crédito y (ii) desembolse las ayudas en dinero con destino a
la manutención del actor dejados de pagar desde el año 2016 a la fecha.
TERCERO.- ADVERTIR
al Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX que
se abstenga de suspender el desembolso del subsidio de sostenimiento a Diego
Fernando López Baquero sin fundamento legal o constitucional
que se lo permita y de conformidad con las consideraciones de esta sentencia.
(…)”
(Subrayas fuera del texto original)
8.
El
12 de septiembre de 2018, se radicó ante la Secretaría General de la Corte
Constitucional, una solicitud de aclaración por parte de la Jefe
Encargada de la Oficina Asesora Jurídica del ICETEX, Sandra Gricel Zuleta
Hurtado. En este escrito, la peticionaria requirió la aclaración de un aparte
contenido en el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia T–344 de
2018, que se refiere al desembolso de las “ayudas en dinero con destino a la
manutención del actor” y que fueron dejadas de pagar desde el 2016 hasta la
fecha. La solicitud mencionada fue remitida al Despacho de la suscrita
Magistrada, quien presidía la Sala que profirió la sentencia cuya aclaración se
solicita.
9.
En
el mencionado documento, la peticionaria fundamenta su argumentación en la
distinción entre dos tipos de créditos educativos que son otorgados por la
entidad: (i) los créditos en modalidad de matrícula, los cuales son
directamente girados a la institución educativa, y (ii) los créditos en modalidad
de sostenimiento, los cuales son girados de manera directa al estudiante.
10.
Según
la peticionaria, el accionante accedió al crédito educativo en la modalidad
de sostenimiento, el cual corresponde a un subsidio del 25% del valor del
crédito. Por lo anterior, la solicitud afirma que, teniendo en cuenta que el
accionante se beneficia del crédito educativo en la modalidad de sostenimiento,
en virtud del cual se le aplica un descuento del 25% del valor del crédito, no
podrá acceder al subsidio de sostenimiento, por cuanto tiene la misma
naturaleza que el crédito al cual accedió el accionante.
En los términos
de la peticionaria, el ICETEX solicita que se aclare el segundo ítem del
ordinal segundo de la parte resolutiva “teniendo en cuenta que el único
subsidio a que el señor DIEGO FERNANDO LOPEZ BAQUERO puede acceder es a
la aplicación del 25% del valor girado (primer ítem del punto dos de la parte
resolutiva Segundo (i) ) (sic) más no al subsidio de sostenimiento,
reiterando que el crédito con el que cuenta el accionante es para su SOSTENIMIENTO
siendo excluyente con el subsidio de sostenimiento dado que tienen la misma
naturaleza.”[53]
II.
CONSIDERACIONES
Competencia
La Corte Constitucional es competente
para conocer de la presente solicitud de aclaración, de conformidad con el
artículo 285 del Código General del Proceso.
La aclaración de las sentencias
proferidas por la Corte Constitucional
1.
Esta Corporación ha reiterado en diversos pronunciamientos[54] que, por regla general, las
sentencias proferidas por la Sala de Revisión de la Corte no son susceptibles
de aclaración, toda vez que dicha facultad excedería el ámbito de competencias
asignado a la Corte Constitucional en el artículo 241 de la Carta Política[55].
2.
No
obstante lo anterior, de manera excepcional, la Corte ha determinado la procedencia
de este tipo de solicitudes, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 285
del Código General del Proceso, el cual reemplazó, en términos similares, el
artículo 309 del antiguo Código de Procedimiento Civil[56],
siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la norma:
“Art.
285 ACLARACIÓN. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la
pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de
parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de
duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o
influyan en ella.
En
las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración
procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria
de la providencia.
La
providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de
su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto
de aclaración.[57]”
(Subrayas fuera del texto original)
3.
En
desarrollo del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, el cual fue
reemplazado por el precitado artículo 285 del Código General del Proceso, la
Corte ha sostenido que es admisible la aclaración de las sentencias de tutela
dictadas por la Sala de Revisión de esta Corporación, cuando se verifique el
cumplimiento de los siguientes requisitos: “a) que sea
presentada dentro del término de su ejecutoria, esto es, dentro de los tres
días siguientes a su notificación y b) por una parte legitimada para tal fin, esto
es, que haya sido parte en el proceso. Y debe ser aclarada cuando c) existen
frases que objetivamente ofrezcan duda, al ser ambiguas o susceptibles de
ocasionar perplejidad en su intelección, ya sea porque provienen de una
redacción ininteligible o de la falta de claridad acerca del alcance de un
concepto o frase; d) siempre que esté ubicada en la parte resolutiva o, en la
motiva si influye en aquella.[58]”
A su vez, esta
postura de la Corte se sustenta en la remisión expresa del artículo 4 del
Decreto 306 de 1992, que establece “[p]ara la interpretación de las
disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto
2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de
Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto”.
Por lo anterior, se puede establecer que la figura de la aclaración prevista en
el Código General del Proceso, norma que reemplazó el Código de Procedimiento
Civil, es aplicable a los fallos de tutela de la Corte Constitucional por remisión
expresa del Decreto 306 de 1992.
4.
En
este orden de ideas, la aclaración de las sentencias o autos de la
Corte Constitucional procede respecto de aquellos conceptos o frases que
generen duda en el alcance del fallo, siempre que estén contenidas en la parte
resolutiva de la sentencia o que influyan en ella. Conforme a esta regla, “se
aclara lo que ofrece duda, lo que es ambiguo, lo que es susceptible de
ocasionar perplejidad en su intelección y, solamente respecto de la parte
resolutiva de los fallos o cuando lo expuesto en la parte motiva influye en
aquélla”. [59]
Con fundamento
en los anteriores presupuestos, esta Corporación analizará la solicitud de
aclaración de la referencia.
5.
En
primer lugar, la Sala observa que la solicitud de aclaración se presentó
dentro del término de ejecutoria de la sentencia. En efecto, al consultar las
pruebas que obran en el expediente[60],
se evidencia que la sentencia de tutela T–344 de 2018 fue radicada en la
Oficina Asesora Jurídica del ICETEX el 7 de septiembre de 2018, fecha en la
cual empezó a correr el término de tres (3) días hábiles para la interposición
de la solicitud de aclaración de la providencia. Dicho término fue interrumpido
el 12 de septiembre de 2018, fecha en la cual la entidad radicó la solicitud de
aclaración en la Secretaría General de esta Corporación, dentro del término de
tres (3) días establecido para este propósito.
6.
En
segundo lugar, se verifica la legitimación activa para presentar la
solicitud, por cuanto la señora Sandra Gricel Zuleta Hurtado, en su calidad de
Jefe Encargada de la Oficina Asesora Jurídica del ICETEX, está facultada para
representar a la entidad en este proceso. Esta entidad fungió como parte
demandada en los procesos de tutela que dieron origen a la sentencia T–344 de
2018.
7.
En
tercer lugar, en lo que respecta al análisis de fondo frente a si existe un
verdadero motivo de duda en la parte resolutiva de la providencia, la Sala
considera que en este caso no hay lugar a conceder la aclaración de la
sentencia objeto de la solicitud. Lo anterior por cuanto, de conformidad con lo
establecido en los antecedentes de esta providencia, la peticionaria, en
realidad, está buscando modificar el sentido del fallo proferido por esta
Corporación, en el sentido de excluir por completo la concesión del
subsidio de sostenimiento que fue reconocido por la Corte en la sentencia. Así,
es claro que cuando la peticionaria afirma en su argumentación que el único
subsidio al que puede acceder el accionante es a la aplicación del descuento
del 25% sobre el valor del crédito y no al subsidio de sostenimiento, es
evidente la intención de la peticionaria de que se modifique el sentido de la
sentencia proferida por esta Corporación.
8.
Por
lo tanto, es claro que esta Corporación no puede acceder a la solicitud de
aclaración, pues de acuerdo con pronunciamientos de la Corte frente a la
procedencia de la misma, se ha establecido que las sentencias proferidas por la
Corte en sede de revisión de tutelas no son modificables ni alterables,
por cuanto la competencia funcional del juzgador se agota
una vez dictada la sentencia con la cual se termina su actividad
jurisdiccional.[61]
9.
Así
las cosas, del ítem (ii) del ordinal segundo de la parte resolutiva, referente
al desembolso de las “ayudas en dinero con destino a la manutención del
actor dejados de pagar desde el año 2016 a la fecha”, se advierte que la
Corte fue clara en establecer que la entidad accionada debe efectuar el pago
del subsidio de sostenimiento consagrado en el artículo 4º del Acuerdo 013 de
2015 expedido por la Junta Directiva del ICETEX, de manera adicional a la
aplicación del descuento del 25% sobre el valor del crédito.
De acuerdo con
lo establecido por la Corte en el fundamento jurídico 27 de la Sentencia T–344
de 2018[62],
dicho subsidio corresponde a “una suma de dinero cuyo destino es solventar
los gastos en que debe incurrir el estudiante para llevar a cabo sus estudios
de pregrado. De conformidad con el artículo 4 del Acuerdo 013 de 2015, se trata
de un subsidio que se otorga mediante un desembolso semestral, el cual equivale
a $707.409 y que aumenta cada año de acuerdo con el índice de precios al
consumidor.”
10.
No
obstante lo anterior, la Sala observa que, si bien el ICETEX no hizo referencia
alguna al respecto, existe un error mecanográfico en la parte resolutiva de la
sentencia T-344 de 2016, en el sentido en que el ordinal tercero se refiere al
“desembolso de las ayudas en dinero con destino a la manutención del actor
dejados de pagar desde el año 2016 a la fecha” (subrayas fuera del
texto original); mientras que a partir de los antecedentes 3 y 5 de dicha
providencia, es claro que el actor pretendía la reliquidación de los subsidios
dejados de pagar en los periodos académicos 2017-I y 2017-II y para
los periodos restantes, por lo que la entidad no le adeuda aquellos que fueron
efectivamente liquidados en el año 2016.
Ahora, al
ordenar el desembolso de las ayudas en dinero con destino a la manutención del
actor que fueron adeudadas desde el 2016, se entiende que la Corte no está
obligando a la entidad a pagar aquellas sumas que ya fueron reconocidas al
accionante en los periodos académicos correspondientes del año 2016. Sin
embargo, y en aras de mantener completa claridad en las sentencias de tutela
proferidas por esta Corporación, la Sala considera necesario hacer la
corrección del ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia T-344
de 2018, en lo que respecta a la fecha a partir de la cual el ICETEX adeuda los
subsidios de manutención al accionante.
Frente a lo
anterior, es importante tener en cuenta que el artículo 286 del Código General
del Proceso dispone que la sentencia puede ser corregida de oficio por parte
del juez que la profirió, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 286. CORRECCIÓN DE ERRORES
ARITMÉTICOS Y OTROS. Toda providencia en que se haya incurrido en error
puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier
tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto.
Si la corrección se hiciere luego de
terminado el proceso, el auto se notificará por aviso.
Lo dispuesto en los incisos anteriores
se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de
estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en
ella.” (Subrayas fuera del texto original)
Por lo anterior,
es claro que, en caso de que se trate de un error puramente aritmético, por
omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, el juez puede proceder de
oficio con la corrección de la providencia, siempre que dicho error esté
contenido en la parte resolutiva o influya en ella.
En consecuencia,
la Corte negará la petición de aclaración presentada por la Jefe Encargada de
la Oficina Asesora Jurídica del ICETEX con respecto a la pretensión esbozada
por la peticionaria en dicha solicitud. Sin embargo, la Sala realizará la
corrección de oficio del ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia
T-344 de 2018, en el sentido de aclarar que las ayudas en dinero que están
siendo adeudadas y que deben ser reconocidas por la entidad al accionante,
fueron dejadas de pagar desde el 2017 en adelante.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
RESUELVE
PRIMERO.- NEGAR la
solicitud de aclaración de la Sentencia T–344 de 2018,
presentada por la
señora Sandra Gricel Zuleta Hurtado, Jefe Encargada
de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX, el 12 de
septiembre de 2018.
SEGUNDO.- CORREGIR de
oficio el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia T-344
de 2018, así:
“SEGUNDO.- ORDENAR al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX- que dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas contadas desde la notificación de esta providencia, (i) reliquide el
valor de la deuda contraída por Diego Fernando López Baquero, identificado con
cédula de ciudadanía número 1.121.877.183 de Villavicencio (Meta), aplicándole
la reducción del 25% en el valor del crédito y (ii) desembolse las ayudas en
dinero con destino a la manutención del actor dejados de pagar desde el
año 2017 a la fecha.” (Subrayas y negrillas fuera del texto original)
Comuníquese y
cúmplase,
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Integrada por los Magistrados
Antonio José Lizarazo Ocampo y José Fernando Reyes Cuartas.
[2] Cuaderno I. Folios 1-2.
[3] Cuaderno I. Folio 3.
[4] Cuaderno I, folios
17-18.
[5] Cuaderno I, folios
24-39.
[6] Fallo de primera instancia
proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja. Cuaderno I,
folios 40-45.
[7] Escrito de impugnación presentado
por Diego Fernando López Baquero. Cuaderno I, folios 57-66.
[8] Sentencia de segunda instancia.
Cuaderno II, Folios 9-13.
[9] Cuaderno I. Folio 5.
[10] Cuaderno I. Folios 8-9.
[11] Cuaderno I. Folios 1-4.
[12] Cuaderno I. Folio 12.
[13] Contestación del ICETEX.
Cuaderno I, folios 21-36.
[14] Contestación de la Alcaldía de
Bucaramanga. Cuaderno I, folios 18-19.
[15] Contestación de la Universidad
Industrial de Santander. Cuaderno
I, folios 37-44.
[16] Sentencia de única instancia
proferida por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bucaramanga. Cuaderno
I, folios 45-51.
[17] Ver sentencias T-1015 de 2006,
M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-780 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub;
T-373 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[18] Ley 1002 de 2005. Artículo 1º.
[19] Ley 1002 de 2005. Artículo 2.
[20] Con el objetivo de respetar el
precedente constitucional, promover una mayor eficiencia en la administración
de justicia y teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ya ha decantado un
estándar para resumir de manera detallada las reglas jurisprudenciales sobre la
procedencia de la acción de tutela como mecanismo subsidiario ante la
existencia de otro mecanismo judicial y el perjuicio irremediable se tomará
como modelos de reiteración los fijados por la Magistrada sustanciadora en las
sentencias T -704 de 2015, T-736 de 2015, T-593 de 2015, T-185 de 2016, T-102
de 2017, T-488 de 2017, T-223 de 2018 y en el Auto 132 de 2015.
[21] Ver Sentencias T-730 de 2003,
M.P. Jaime Córdoba Triviño; T- 678 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández;
T-610 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo; T-899 de 2014, M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado, entre muchas otras.
[22] Sentencia
SU-961 de 1999; M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[23] Sentencias T-1009 de 2006, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández y T-299 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
[24] Sentencia T-1028 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[25]
Sentencia T-246 de 2015; M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[26] Ver Sentencias T-948 de 2013,
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-325 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva;
T-899 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, entre otras.
[27] Para determinar la existencia de
un perjuicio irremediable que pueda superar el requisito de subsidiariedad, la
Corte Constitucional ha establecido las siguientes características: (i) Que el
perjuicio sea inminente, es decir que no basta con que exista una mera
posibilidad de que se produzca el daño; (ii) Que las medidas que se requieren
para evitar la configuración del perjuicio, sean urgentes; (iii) Que el
perjuicio que se cause sea grave, lo que implica un daño de gran intensidad
sobre la persona afectada; (iv) Que la acción de tutela sea impostergable, es
decir que de aplazarse, se corra el riesgo de que esta sea ineficaz por
inoportuna. Ver sentencias T-1316 de 2001, M.P.
Rodrigo Uprimny Yepes; T-702 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-494
de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-232 de 2013, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez y T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, entre muchas
otras.
[28] Sentencia T-373 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[29] En ambos casos, los accionantes
presentaron las acciones de tutela un término inferior a los tres meses
contados desde que el ICETEX les negó los subsidios solicitados.
[30]
ARANGO, Rodolfo y LEMAITRE, Julieta. Jurisprudencia constitucional
sobre el derecho al mínimo vital. Universidad de los Andes. Bogotá.
2002.
[31]
Corte Constitucional. Sentencia T-426 de 1992. Magistrado Ponente: Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[32]
Corte Constitucional. Sentencia T-081 de 1997. Magistrado Ponente: José
Gregorio Hernández Galindo.
[33]
Corte Constitucional. Sentencia SU-995 de 1999. Magistrado Ponente: Carlos
Gaviria Díaz.
[34] Ver, entre otras, sentencia
T-053 de 2014. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos; y T-157 de 2014.
Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
[35] Sentencia T-002 de 1992, M.P.
Alejandro Martínez Caballero, Sentencia T-534 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía,
Sentencia T-672 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara., Sentencia C-170 de
2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[36] Sentencia T-102 de 2017. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[37] M.P. Fabio Morón Díaz.
[38] Al respecto, se resalta lo dicho
en
Sentencia T-428 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa): “(…) a cada faceta
del derecho [a la educación] corresponden obligaciones estatales correlativas,
así: al componente de disponibilidad corresponden obligaciones de
asequibilidad; al de acceso, obligaciones de accesibilidad; a la permanencia,
deberes de adaptabilidad; y al derecho a recibir educación de calidad,
obligaciones de aceptabilidad.”
[39] Artículo 2.
[40] Artículo 7.
[41] Sentencia T-089 de 2017, M.P.
María Victoria Calle Correa.
[42] “Artículo 86. Vigencia y
derogatorias. (…) Parágrafo. Los créditos educativos otorgados bajo condiciones
diferentes a las descritas en el presente reglamento de crédito, se mantendrán
de acuerdo al reglamento vigente al momento de su adjudicación.”
[43] Ver sentencias T-617 de 1995, M.P.
Alejandro Martínez Caballero; T-398 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero;
C-478 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero; SU-360 de 1999, M.P. Alejandro
Martínez Caballero;
y  SU-498 de 2016, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[44]Sentencia SU-360 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero: “En
primer lugar, la necesidad de preservar de manera perentoria el interés
público; en segundo lugar, una desestabilización cierta, razonable y evidente
en la relación entre la administración y los administrados; por último, la
necesidad de adoptar medidas por un período transitorio que adecuen la actual
situación a la nueva realidad. Por lo tanto, el principio de la buena fe exige
a las autoridades y a los particulares mantener una coherencia en sus
actuaciones, un respeto por los compromisos a los que se han obligado y una
garantía de estabilidad y durabilidad de la situación que objetivamente permita
esperar el cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico, como quiera
que ´así como la administración pública no puede  ejercer sus potestades
defraudando la confianza debida a quienes con ella se relacionan, tampoco el
administrado puede actuar en contra de aquellas  exigencias éticas´ ”.
Reiterado en Sentencia T -729 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Triviño; Sentencia
T-908 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla; Sentencia T-204 de 2014: M.P.
Alberto Rojas Ríos.
[45]
Sentencia T-715 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[46] Sentencia T-689 de 2005. M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[47] Sentencia T-845 de 2010. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[48] Sentencia T-321 de 2007. M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[49]
Sentencias T-508 de 2016, M.P. Alberto Rojas Ríos y
T-089 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.
[50]
M.P. Alberto Rojas Ríos.
[51] Magistrada Ponente: Gloria
Stella Ortiz Delgado. El señor Diego Fernando López Baquero es accionante en el
expediente T-6675510 y la señora Marlinyer Velasco Superlano fungió como
accionante en el proceso T-6712386.
[52] Se hará
referencia al caso específico del señor Diego Fernando López Baquero,
correspondiente al Expediente T-6675510, en la medida en la que (i) la Corte
desestimó las pretensiones contenidas en la acción de tutela de la señora
Marlinyer Velasco Superlano y (ii) la solicitud de aclaración recae sobre una
orden de esta Corporación frente al caso del accionante Diego Fernando López
Baquero.
[53]
Solicitud de aclaración del fallo T–344 de 2018, radicado por la Jefe Encargada
de la Oficina Asesora Jurídica del ICETEX el 12 de septiembre de 2018. Folio 4.
[54] Ver Autos A-055 de 2012, A-197 de 2015, A-387A de 2016 y A-187 de
2018, entre otros.
[55] Por medio de la sentencia C – 113 de 1993, esta Corporación declaró la
inexequibilidad del inciso 4° del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, norma
que consagraba la posibilidad de solicitar la aclaración de las sentencias de
tutela proferidas por la Corte Constitucional.
[56] El Artículo
309 del Código de Procedimiento Civil establecía lo siguiente:
“ARTÍCULO
309. ACLARACIÓN. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la
pronunció. Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a
solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o
frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en
la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella.
La
aclaración de auto procederá de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a
petición de parte presentada dentro del mismo término.
El auto
que resuelva sobre la aclaración no tiene recursos.”
[57]
Artículo 285 del Código General del Proceso.
[58]
Auto 339 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[59] Auto 004 de
enero 26 de 2000, M. P. Alfredo Beltrán Sierra, citado en el Auto 082 de 2013, M.P.
Nilson Pinilla Pinilla, y en el Auto 283 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[60]
Copia del correo electrónico de fecha 7 de septiembre de 2018, en virtud del
cual el ICETEX fue notificado del Oficio No. 1068 de 2017. Folio 5.
[61]
Auto A-197 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[62]
Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado.