T-096-14
Sentencia T-457/10
Sentencia T-096/14
PROCESO POLICIVO DE LANZAMIENTO POR
OCUPACION DE HECHO DE PREDIO URBANO-Caso en que se controvierte una decisión dictada
dentro de un proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho cuya
decisión judicial es inapelable
PODER DE POLICIA, FUNCION DE POLICIA Y
ACTIVIDAD DE POLICIA-Distinción
El poder de policía corresponde al conjunto de normas
de carácter general, impersonal y abstracto que el Estado expide para regular
los procesos policivos civiles, se orientan a crear condiciones  sociales
para asegurar el orden público, procurando a través de dichos procesos
preservar igualmente la salubridad pública, la tranquilidad, y por supuesto, la
seguridad. En cuanto a la función de policía, ésta se ejerce de manera
rutinaria y como parte de una función administrativa, por el Presidente de la
República a nivel nacional, y a nivel territorial corresponde a una
responsabilidad de los gobernadores y alcaldes. Ahora bien, los actos que se
expidan en el ejercicio de dicha función policial, son por regla general
controvertibles ante la jurisdicción contenciosa administrativa, pues estos
actos son de carácter administrativos. La referida actividad de policía,
es aquella que corresponde a la ejecución del poder y la función de policía en
un marco estrictamente material y no jurídico, que corresponde a la competencia
del uso reglado de la fuerza, y que se encuentra necesariamente subordinado al
poder y a la función de policía.
PROCESO POLICIVO DE LANZAMIENTO POR
OCUPACION DE HECHO DE PREDIO URBANO-Supuestos fácticos, finalidad y normatividad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL
ABSOLUTO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia
Se produce un defecto procedimental
absoluto cuando el funcionario judicial se aparta por completo del
procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto específico,
ya sea porque: i) se ciñe a un trámite completamente ajeno al pertinente
-desvía el cauce del asunto, o ii) omite etapas sustanciales del procedimiento
establecido legalmente afectando el derecho de defensa y contradicción de
una de las partes del proceso. Adicionalmente,
la jurisprudencia constitucional ha establecido que para que este defecto se
estructure es necesario que concurran dos requisitos concomitantes: (i) que se trate de un error de procedimiento grave, cuya incidencia cierta
y directa en la decisión adoptada de fondo por el funcionario judicial sea de
tal magnitud, que de no haberse incurrido en dicho error, el sentido del fallo
hubiera sido distinto, rasgo que el yerro procedimental absoluto comparte con
el defecto fáctico; y,
(ii) que tal deficiencia o error no sea
atribuible a quien alega la vulneración del derecho al debido proceso.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO
CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES
En lo que respecta al defecto fáctico como causal
específica de procedibilidad de la acción de tutela, la Corte ha sido clara en
considerar que la verificación de la configuración de este defecto, se
limitará exclusivamente a analizar la manifiesta actuación arbitraria o abusiva
del funcionario judicial. Por ello, no resulta aceptable extender dicho
análisis a procesos interpretativos que se hubiesen dado al interior del debate
jurídico y probatorio, como tampoco a convalidar la existencia de la causal por
simples discrepancias de criterio jurídico o interpretativo de normas, pues
ello pondría en entredicho los principios constitucionales de autonomía e
independencia judicial, más aún cuando es función del juez fijar el alcance y
sentido de la normas aplicables a los casos puestos a su consideración.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES POR DEFECTO PROCEDIMENTAL-Procedencia por defecto procedimental absoluto por
cuanto la actuación policiva cuestionada se ciñó a los requisitos contemplados
en una norma subrogada
DEFECTO FACTICO-Procedencia por defecto fáctico ya que las
pruebas aportadas por el actor fueron analizadas a la luz de una ley
inaplicable al caso concreto
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTUACIONES DE AUTORIDADES DE POLICIA EN EL
CURSO DE UN PROCESO POLICIVO-Procedencia por vulneración del debido proceso
Referencia: expediente T-4.086.453
Acción de tutela promovida por Argenis Antonio Sánchez Andrade contra
la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta y la Inspección Primera Urbana de
Policía de la misma ciudad.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., veinte
(20) de febrero de dos mil catorce (2014).
La Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Ernesto
Vargas Silva, María Victoria Calle Correa y Mauricio González Cuervo, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
Dentro del
presente proceso de revisión, en el que el señor Argenis Antonio Sánchez
Andrade interpuso acción de tutela en contra de la Alcaldía Municipal de San
José de Cúcuta y la Inspección Primera Urbana de Policía de la misma ciudad,
con el fin que le sea protegido su derecho fundamental al debido proceso. El
expediente fue enviado a la Corte Constitucional por remisión que se hiciera en
virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
La Sala de
Selección Número Diez, mediante Auto del 17 de octubre de 2013, seleccionó para
su revisión el expediente de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1   Hechos
1.1.1
El señor Argenis Antonio Sánchez Andrade, quien
actúa a través de apoderado judicial manifiesta, que desde el mes de marzo del
año 2010 se asentó junto con otras personas en un predio rural ubicado en el
municipio de Cúcuta, corregimiento El Salado.
1.1.2
El asentamiento humano que inició con su
familia, cuenta en la actualidad con aproximadamente 400 familias más, que
corresponden a cerca de 2000 personas, entre las que se encuentran mujeres
cabeza de hogar, menores de edad, personas discapacitadas, mujeres embarazadas
y adultos mayores, hecho que el accionante afirma, fue advertido por la
Inspectora Primera Urbana de Policía de Cúcuta al realizar una inspección
ocular el día 27 de enero de 2012.
1.1.3
El señor Eduardo Martínez Chipagra, actuando
como apoderado judicial de la Sociedad CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES CLARITA S.
en CS, interpuso una querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho
contra personas indeterminadas, por la presunta ocupación irregular ocurrida el
28 de abril de 2011, del lote de terreno identificado con la matricula
inmobiliaria No. 260-6202, y con la numeración KDX – 164-4[1], predio
que se encuentra inscrito e identificado ante el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi -IGAC-.[2]
La fecha que se señala como el inicio en la perturbación de la posesión (abril
28 de 2011) se sustenta en las declaraciones rendidas por Ana Servita Rincón
Quintero y Jairo Ortíz León, este último quien fungía como administrador del
inmueble y encargado de su vigilancia. La parte querellante fundamenta su
solicitud en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 57 de 1905[3], y su
Decreto Reglamentario 992 de 1930 (arts. 1,6, 12 y 15)[4]; en concordancia con los
artículos 55 del Decreto 59 de 1938[5],
así como de conformidad con los artículos 125 a 128 y 131 del Decreto 1355 de
1970[6].
1.1.4
Anota el accionante, que el apoderado de la
parte querellante, manifestó en la demanda, que su representada había adquirido
la propiedad, posesión y tenencia física del predio cuyo desalojo pretende, mediante
compra que hiciera a la sociedad CALINCON LTDA, acto que fue formalizado por
escritura pública No. 2076 del 2 de diciembre de 1988, de la Notaria Primera
del Círculo de Cúcuta, registrada el 13 de diciembre de ese mismo año.
1.1.5
El 16 de septiembre de 2011, la Alcaldía
Municipal de Cúcuta tras verificar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 15 de la Ley 57 de 1905[7], admitió
la querella de policía, y comisionó a la Inspección Primera Urbana de Policía
de esa misma ciudad, a fin de que fijara hora y fecha para llevar a cabo la
diligencia de lanzamiento.
1.1.6
Explica el tutelante, que en la diligencia del
27 de enero de 2012, la Inspectora Primera Urbana de Policía de Cúcuta hace
presencia en el lugar del desalojo, y luego de realizar una inspección ocular,
constató la existencia de cuatrocientas construcciones que ocupan un área aproximada
de 20 hectáreas.
1.1.7
En el trámite de dicha diligencia, la delegada
del Ministerio Público, tras  advertir la falta de claridad sobre la exacta
identificación del predio objeto del  lanzamiento, manifestó la imposibilidad
de seguir con tal diligencia, consideración que fue igualmente compartida por
un funcionario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC- quien se
encontraba presente en la actuación policiva.
1.1.8
Ante lo sucedido, el apoderado de la sociedad
querellante, manifestó que la inspección ocular convocada para ese día -27 de
enero de 2012-, había sido solicitada por la parte demandante con el único fin
de confirmar la violación del derecho a la propiedad de su representada, pues
el predio había sido debidamente identificado de conformidad con los documentos
que la ley exige para tal efecto, documentos cuyo análisis o confrontación escapan
a la competencia de los inspectores de policía. A pesar de ello, el referido apoderado,
junto con el ingeniero Guillermo Bolívar Bernal, quien hizo el levantamiento
del plano que se adjuntó a la querella y que hace parte de la misma, manifestaron
no compartir la apreciación hecha por los anotados funcionarios, por lo que en
ese mismo momento, propusieron realizar un recorrido por el predio objeto de
esa diligencia.
1.1.9
Si bien la inspectora de policía confirmó
parcialmente lo dicho por el apoderado de la parte querellante, en cuanto a que
no le corresponde a los inspectores de policía estudiar los títulos y
escrituras públicas de los inmuebles objeto de alguna diligencia policiva, tal
y como lo señalan las normas que regulan el trámite de lanzamiento por
ocupación de hecho, sí consideró que no era viable continuar con la diligencia
hasta no tener absoluta certeza sobre la clara identificación del predio. Por ello,
procedió a la suspensión de la misma.
1.1.10
Afirma el accionante, que llegado el 27 de
agosto de 2012, fecha para la cual se había programado la continuación de la
actuación policiva suspendida meses atrás, la inspectora de policía procedió a
dar trámite a la diligencia sin contar con prueba alguna que le permitiese
aclarar las dudas existentes sobre la identificación exacta del predio objeto
de la diligencia policiva y que la habían llevado a suspenderla meses atrás.
1.1.11
Durante el trámite del lanzamiento, en el cual hicieron
presencia numerosos funcionarios y delegados de entidades municipales,[8] se oyeron
dos oposiciones por parte de los querellados.
1.1.12
La primera, presentada por el señor Gary Walter
Santander Caballero, apoderado del representante de los ocupantes –Argenis
Antonio Sánchez-, quien insistió en el hecho de que persistía la duda acerca de
la clara y exacta  identificación del predio cuyo desalojo se pretende. De
igual manera, solicitó que se tomaran las declaraciones de los señores Antonio
Pérez Rojas, José Antonio Vega y Ciro Emiliano Ibarra.
1.1.13
Si bien las versiones rendidas por las citadas
personas fueron coincidentes en afirmar que en el predio que ellos habitan
desde el año 2010, nunca han visto algún tipo de actividad comercial,
industrial o agrícola, y que por lo mismo, la Sociedad Construcciones y
Promociones Clarita S en CS no ha tenido la posesión del referido inmueble
desde ese año, tales declaraciones no fueron valoradas adecuadamente por la
inspectora de policía, en el sentir del accionante.
1.1.14
En efecto, la referida funcionaria no aceptó esta
oposición, argumentando para ello, que los testimonios fueron confusos y dubitativos,
más aún cuando dos de los tres declarantes no residen en el sector, lo cual no
daba certeza sobre lo dicho, Ante lo resuelto, se interpuso el recurso de
apelación, el cual fue negado, por cuanto el artículo 7 del Decreto 992 de 1930,
concerniente a éste recurso, había sido declarado nulo por sentencia del
Consejo de Estado del 22 de septiembre de 1975. El anterior argumento fue
puesto de presente por parte del apoderado judicial de la parte querellante y
aceptado por la señora inspectora de policía.
1.1.15
La segunda oposición fue promovida por el señor
Deibi Uriel Ibáñez Cáceres, quien actuando como apoderado de Rosa Angelina
Romero Ortega, Yorlet Cárdenas Amador, Jorge Eliécer Gaitán, Isaías Mahecha
Rueda y Jorge Cárdenas Monsalve, ocupantes del predio objeto de la diligencia
policiva, afirmó que existen varias causales para haber negado la querella en
cuestión: (i) inicialmente, alega la excepción de falta de causa por activa. Indicó,
que si bien existe un señalamiento de los linderos que definen el predio objeto
de lanzamiento, las escrituras públicas aportadas por la sociedad querellante
hacen referencia a que ésta sociedad adquirió tan solo las mejoras existentes
en dicho predio y no la propiedad: (ii) alegó igualmente, falta de requisitos
formales para aceptar la querella policiva, en la medida en que tenía pruebas
documentales correspondientes a recibos de pago de impuesto predial del año
2012 aportados por sus poderdantes, y un recibo de pago del servicio público de
energía eléctrica correspondientes al mes de mayo de 2010. Por esta razón, la
Sociedad Construcciones y Promociones Clarita S en CS, no podía alegar que
tenía la posesión del predio objeto de reclamación, cuando se demostraba con
las pruebas aportadas, que los querellados habitan allí desde el año 2010[9]. Como
anota el accionante, los opositores aportaron las pruebas que confirman que
ocupan el anotado predio desde antes del 28 de abril de 2011, fecha señalada en
la demanda policiva presentada por la sociedad querellante, como el momento a
partir del cual, su propiedad había sido ocupada de manera abusiva por personas
indeterminadas y su posesión alterada irregularmente.
1.1.16
Con todo, ante la replica presentada por el
apoderado de la sociedad querellante, la inspectora de policía resolvió aceptar
la oposición respecto de Rosa Angelina Romero Ortega y Yorlet Cárdenas Amador,
por considerar, que la acción administrativa había prescrito en los términos
del artículo 15 del Decreto 992 de 1930. Respecto de los señores Jorge Eliécer
Gaitán, Isaías Mahecha Rueda y Jorge Cárdenas Monsalve, negó su oposición al considerar
que las pruebas aportadas por estos eran posteriores a la querella.
1.1.17
Frente a la anterior decisión, el apoderado de
los segundos opositores interpuso el recurso de reposición el cual no fue
resuelto en su momento, pues en ese instante de la diligencia de lanzamiento policivo,
se recibió un oficio del Juzgado Segundo Civil Municipal de Cúcuta, que ordenaba
la suspensión de dicha actuación policiva, mientras se resolvía una acción de
tutela relacionada con dicho proceso.
1.1.18
Visto los anteriores hechos, el accionante
explica que la Inspectora Primera Urbana de Policía de Cúcuta incurrió en una
causal de procedibilidad de la acción de tutela por una indebida aplicación de
las normas correspondientes al proceso policivo de lanzamiento por ocupación de
hecho, y por la inadecuada valoración de las pruebas aportadas por los
opositores a tal diligencia.
1.1.19
Señaló que al negarse el recurso de apelación
propuesto en una de las oposiciones, se desconoció el hecho que las decisiones
que asume el inspector de policía en el trámite de un lanzamiento por ocupación
de hecho, tienen los mismos efectos de una decisión judicial, razón por la cual,
frente a las cuales caben los recursos que la ley otorga a las decisiones
judiciales. Sin embargo, por una indebida interpretación normativa, la
inspectora negó el trámite de dicho recurso, violando su derecho al debido proceso.
1.1.20
De igual manera, el accionante alega, que la
Inspectora aquí accionada, hizo una indebida valoración de las pruebas
testimoniales y documentales aportadas a la diligencia, con las cuales se demostraba
que los querellados tenían la posesión del predio objeto de desalojo, desde
mucho tiempo antes de la fecha a partir de la cual, el querellante afirma se
inició la ocupación del predio cuya posesión pretende recuperar. Por ello,
considera el accionante, que la funcionaria policiva no atendió lo dicho por
los declarantes quienes afirmaron estar ocupando dicho inmueble desde el año
2010, además de desconocer que el predio objeto de litigio tuviese algún dueño.
1.2   Solicitud de tutela
1.2.1
El señor Argenis Antonio Sánchez Andrade considera
que las actuaciones surtidas por la Alcaldía Municipal de Cúcuta y la Inspectora
Primera Urbana de Policía de esa misma ciudad, vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso y de defensa.
1.2.2
Por las razones atrás expuestas, el accionante presentó
el 13 de junio de 2013 la presente acción de tutela[10], en
la que solicita que, en las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación
de lo resuelto en sede de tutela, la Inspectora Primera Urbana de Policía de
Cúcuta expida un nuevo pronunciamiento respecto de  las oposiciones presentadas
en el trámite de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho que motivó
la interposición de esta acción de tutela. Señala, que ese nuevo
pronunciamiento debe atenerse a las disposiciones legales aplicables al caso,
así como a las pruebas, criterios jurídicos y jurisprudenciales pertinentes.
1.3   Intervención de las partes demandadas
1.3.1
Inspección Primera Urbana de Policía de Cúcuta
1.3.1.1   En escrito allegado al juez de primera instancia el 10 de junio de
2013, la Inspectora Primera Urbana de Policía de San José de Cúcuta dio
respuesta a la presente tutela, señalando para ello lo siguiente:
1.3.1.2   Explicó que comparte en su mayoría los hechos expuestas en la
demanda de tutela. Sin embargo, aclaró que en la diligencia surtida el 27 de
enero de 2013, la Inspectora de Policía de la época, no manifestó en ningún
momento haber encontrado 400 construcciones, ni que las mismas ocupaban un área
aproximada de 20 hectáreas. Lo que sí confirma, es que el ingeniero Guillermo
Bolívar Bernal, quien levantó el plano que se anexó a la querella, le sugirió
que en todo proceso de lanzamiento por ocupación de hecho se debía identificar
el área del predio, razón por la cual, luego de recorrer el terreno, la
diligencia debió suspenderse ante la incertidumbre acerca de la identificación
del mismo.
1.3.1.3   Explicó así mismo, que el proceso policivo de lanzamiento por
ocupación de hecho corresponde a una actuación administrativa a través de la
cual se cumple una función judicial de naturaleza civil, la cual debe
igualmente garantizar el respeto del derecho al debido proceso de las partes
involucradas. Así, la diligencia de lanzamiento ha de adelantarse de acuerdo a
los lineamientos normativos que regulan dicha actuación, permitiendo que en el
trámite de la misma, la parte querellante esgrima la pretensión de lanzamiento,
y los opositores a la misma, aduzcan las pruebas que legitiman su estadía en el
inmueble. Así, el inspector de policía debe resolver la tensión que se genera
entre las partes, valorando los elementos del juicio, infiriendo si se
encuentran satisfechas las exigencias sustanciales legalmente establecidas, para
concluir finalmente con una decisión apegada al ordenamiento jurídico.
1.3.1.4   Tras citar algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional en
torno a la función que cumple el inspector de policía en los procesos de
lanzamiento por ocupación de hecho, la Inspectora señaló que en el trámite de
la diligencia policiva por ella adelantada, el accionante intervino a través de
su apoderado judicial, quien presentó a su nombre la oposición a tal
diligencia.
1.3.1.5   De otra parte, la inspectora relacionó las normas que deben ser
cumplidas para que la querella de lanzamiento fuese tramitada, concluyendo, que
la Alcaldesa Municipal actuó de manera correcta al aceptar la querella tras
verificar el cumplimiento de los requisitos contemplados en el Decreto 992 de
1930.
1.3.1.6   Finalmente, la interviniente hizo mención a una comunicación que
dirigiera la Policía Nacional al Secretario Privado del Alcalde, en la que pone
de presente la irrupción de numerosas personas con ánimo de permanencia en los
terrenos aledaños al perímetro de seguridad y aislamiento que rodea la Cárcel
Modelo de esa ciudad. La misiva policial hace relación a la comunicación que el
director del anotado centro penitenciario les dirigiera, con el fin de que se
tomaran las medidas del caso para preservar tal perímetro de seguridad, alterado
por la ocupación ya referida.
1.3.2
Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta
1.3.2.1   Mediante escrito fechado el 10 de junio de 2013, la apoderada
judicial de la Alcaldesa Municipal de San José de Cúcuta, dio respuesta a la
presente acción de tutela a través de un documento cuyo contenido es igual al
remitido por la Inspectora Primera Urbana de Policía de Cúcuta.
2.
Pruebas relevantes
2.1
Querella policiva de lanzamiento por ocupación
de hecho. Este documento, que fue aportado al proceso de manera incompleta,
corresponde a la demanda que promoviera el apoderado de la sociedad
Construcciones y Promociones Clarita S. en CS. en la que manifiesta que dicha empresa
adquirió, de la sociedad CALINCON LTDA, la propiedad, posesión y tenencia
física del predio identificado con matricula inmobiliaria No. 260-6202 de
Cúcuta, acto que se cumplió mediante escritura pública No. 2076 del 2 de
diciembre de 1988 de la Notaria Primera del Círculo de Cúcuta, y registrada el
13 de diciembre de ese mismo año. Señala igualmente, que en el predio existían
algunas mejoras que habían sido levantadas por el propietario hace más de
veinte años, consistentes en un chircal y algunas otras obras civiles. A pesar
de ello, personas indeterminadas procedieron a ingresar de forma abusa y sin
previa autorización, a una parte del lote de la sociedad querellante, construyendo
algunos “cambuches” y casetas para pernoctar allí, a pesar de las advertencias
que les hiciera el administrador y vigilante del predio, en el sentido de que ese
terreno no se encontraba en venta ni en estado de abandono.
Como peticiones de la querella se solicitó, que en un término de 48
horas se decretase la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho contra
los ocupantes de parte del predio cuya posesión se reclama, el cual fue ocupado
en un área aproximada de 20 hectáreas, relacionando sus linderos. Para cumplir
con la diligencia de lanzamiento, se solicitó apoyo a la fuerza pública, así
como la presencia de la Personería Municipal de Cúcuta, ante el riesgo de una
reacción violenta por parte de los anotados ocupantes, buscando con ello, que
la actuación policiva se cumpliese de la mejor manera y sin dilaciones de
ningún tipo. Se pidió igualmente el acompañamiento de la Cruz Roja para prestar
apoyo frente a cualquier suceso que se pudiese presentar (folios 23 y 24).
2.2
Documento de ocho folios anexado de manera
incompleta, faltándole los tres primeros, que corresponde a la admisión de la
querella de lanzamiento, suscrita por la Alcaldesa Municipal de San José de Cúcuta
(folios 25 a 23).
2.3
Oficio de la Inspección Primera Urbana de
Policía de Cúcuta de fecha 13 de enero de 2012, por medio del cual da respuesta
a una petición radicada por el señor Fabio Rengifo ante la Secretaría de
Gobierno Municipal. Explica la señora inspectora, que revisados los títulos
anexados a la petición, realizó inspección ocular al predio objeto de
discusión, observándose que tras la cancelación de la diligencia de lanzamiento
originalmente programada, observa que el lote que se encuentra ocupado en una
extensión de aproximadamente 20 hectáreas, está subdividido en tres
asentamientos bien definidos: uno cerca de la vía que lleva a San Faustino; el
segundo se ubica en la parte inclinada o en la cuesta; y el tercero, en la
parte alta.
Reconoce igualmente, que existen vestigios de lo que pudo ser un
chircal, en el que se observa una edificación en ladrillo y teja de zinc, que
por su grado de deterioro demuestra estar abandonado, sin tenerse certeza desde
se dio dicho abandono. Si bien los ocupantes de la parte alta, hoy barrio San
Genaro, están distantes de dichas mejoras, estas deberán ser demarcadas. Se indica,
que una vez se haya pronunciado el juez de una tutela interpuesta en razón al
inminente desalojo, se programará una inspección ocular, en la que se requerirá
la intervención de la oficina de Planeación Municipal de Cúcuta y del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, así como de CORPONOR, a efectos de que evalúen
el impacto geológico causado por los movimientos de tierra que hicieron los
actuales ocupantes, en la parte alta del terreno ocupado.
Finalmente, manifiesta que en efecto, no es competencia de dicha
inspección de policía, estudiar los títulos que determinen la tradición del
mencionado inmueble, por ser esta una responsabilidad de la Oficina Jurídica de
la Alcaldía Municipal, análisis pues a partir del cual, se admite o no la
querella de policía, que amparará la posesión de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley 57 de 1905 y Decreto 992 de 1930 (folios 31 y 32).
2.4
Acta de diligencia de inspección ocular
practicada el 27 de enero de 2012, por la Inspectora Primera Urbana de Policía
de Cúcuta (folios 33 a 36).
2.5
Acta de diligencia de lanzamiento por ocupación
de hecho, realizada el 27 de agosto de 2012, como continuación de la diligencia
que fuera aplazada el día 27 de enero del mismo año. En esta actuación que fuera
suspendida a las 5:00 p.m., se alcanzaron a presentar las dos oposiciones que finalmente
fueron negadas por la Inspectora de Policía (folios 37 a 46).
2.6
Fotocopia de la sentencia de primera instancia
dictada por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta en el trámite de
la acción de tutela promovida por Daniel Rodríguez Pérez, contra la Inspección
Primera Urbana de Policía de Cúcuta, Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta,
Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, Oficina de Planeación Municipal de
San José de Cúcuta, Departamento para la Prosperidad Social –Unidad
Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas-, Acción
Social-, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sociedad Construcciones y
Promociones Clarita S en CS. Dicha tutela amparó los derechos al debido proceso
y vida digna, ordenando que la Inspección Primera Urbana de Policía de Cúcuta
suspendiera el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, en razón a la
controversia sobre la identificación del predio objeto de reclamación. Así
mismo, se ordenó a la Sociedad Construcciones y Promociones Clarita S en CS
iniciar el respectivo proceso ordinario que permitiera identificar el predio
objeto de discusión, y definir igualmente, en cabeza de quien se encuentra la
posesión del mismo. Finalmente, el juez de tutela resolvió excluir de cualquier
responsabilidad a los demás accionados en esta tutela (folios 55 a 61).
2.7
Fotocopia de la sentencia de segunda instancia
de la tutela referida en el inciso anterior, en la cual la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Cúcuta revocó la decisión de primera instancia, y en su
lugar, declaró la improcedencia de la misma  al considerar que al tutelante no
se le había violado su derecho al debido proceso, además de señalar que cuenta con
otros mecanismos de defensa judicial, como es acudir a los procesos judiciales
dispuestos por la vía ordinaria (folios 62 a 79).
2.8
Fotocopia de la Solicitud de Revocatoria
Directa interpuesta por la señora Aura Rita Navas Hernández en contra del Acto
Administrativo de la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta que admitió la
querella anotada (folios 80 a 103).
2.9
Fotocopia de la adición de pruebas aportadas
por la señora Aura Rita Navas Hernández al trámite de revocatoria directa ya referida
en el inciso anterior (folios 104 a 140).
2.10 Fotocopia completa del acto administrativo del 16 de septiembre de
2011, por el cual la Alcaldesa del Municipio de San José de Cúcuta admitió la
querella de lanzamiento por ocupación de hecho, promovida por la Sociedad
Construcciones y Promociones Clarita S en CS contra personas indeterminadas
(folios 157 a 163).
2.11 Fotocopia de la inspección ocular llevada a cabo el 27 de enero de
2012 por la Inspectora Primera Urbana de Policía de Cúcuta, (folios 164 a 167).
2.12 Respuesta entregada por la Inspectora Primera Urbana el 13 de enero
de 2012 de Policía, al derecho de petición presentado por el señor Fabio
Rengifo (folios 168 y 169).
2.13 Fotocopia de diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho,
adelantada el 27 de agosto de 2012 por la Inspectora Primera Urbana de Policía
de Cúcuta, (folios 170 a 179).
2.14 Oficio suscrito el 19 de junio de 2013 por la Inspectora Primera
Urbana de Policía de Cúcuta y dirigido a la Secretaria del Juzgado Séptimo
Penal Municipal con Función de Conocimiento en el que manifiesta que “por
medio del presente me dirijo a usted con el fin de poner en su conocimiento que
este despacho ha suspendido la diligencia programada para el día 24 de junio de
2013 a las 8 am, en orden a lo decretado por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO (Anexo copia del oficio y sus anexos del juzgado primero
administrativo del circuito).” (folio 199).
2.15 Fotocopia del oficio de fecha 14 de junio de 2013, suscrito por la
Secretaria del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cúcuta y dirigido
a la Inspección Primera de Urbana de Policía de esa misma ciudad, manifestando
que “me permito informar lo ordenado en auto de fecha 12 de junio de 2013,
que DECRETO LA MEDIDA DE CARÁCTER PROVISIONAL, DE SUSPENSIÓN DE LA
DILIGENCIA DE LANZAMIENTO”. Junto con este oficio se anexo copia
incompleta del referido auto (folios 200 a 203).
3.
Sentencia objeto de revisión
En sentencia del
26 de junio de 2013, el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de
Conocimiento de San José de Cúcuta negó el amparo constitucional solicitado.
Consideró el a
quo que de acuerdo a los hechos expuesto y a las normas legales aplicables
al caso concreto (art. 15 Ley 57 de 1905 y arts. 13 y 15 Decreto 992 de 1930), la
parte querellada tuvo la facultad de ejercer los derechos que le asisten. Indicó
además, que ante la ausencia de derechos fundamentales vulnerados y atendiendo
lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia T-075 de 2011, que señala que
para la prosperidad de la acción de tutela se requiere cumplir con tres
requisitos genéricos de procedibilidad: (i) que no exista otro mecanismo
procesal de defensa; (ii) que se requiera una protección inmediata, y, (iii)
que la protección reclamada recaiga sobre un derecho de raigambre
constitucional, no existe fundamento alguno para la concesión del amparo
solicitado..
Insiste el juez
de instancia, que visto el marco normativo aplicable al caso concreto (artículo
15 de la Ley 57 de 1905, y artículos 13 y 15 del Decreto 992 de 1930), la
Alcaldía Municipal de Cúcuta aceptó la querella de lanzamiento por ocupación de
hecho, por haber cumplido con lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto 992 de
1930. Advierte igualmente, que el tutelante cuenta con otro mecanismo judicial
de defensa, pudiendo acudir a la jurisdicción ordinaria ante la cual podrá
reclamar los derechos que tenga o crea tener sobre el inmueble objeto de
discusión.
Finalmente,
consideró, que el accionante tampoco cumple con el requisito de inmediatez para
la interposición de la acción de tutela. Explica, que desde el año 2011 el
actor tenía conocimiento de la actuación policiva, cuando la Alcaldía aceptó la
correspondiente querella, así como también sabía que desde enero de 2012, la
Inspección de Policía aquí accionada, venía adelantado la correspondiente
diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, actuación frente a la cual
tampoco hubo un pronunciamiento por parte del tutelante. Así, se observa que ha
pasado cerca de un año y medio desde el inicio de las respectivas actuaciones
policivas, sin que el accionante hubiese acudido a algún mecanismo judicial
para refutar las mismas. Finalmente, el accionante tampoco justificó ante este
juez de tutela su inacción, tras casi dos años desde el pronunciamiento hecho
por la alcaldesa de aceptar la querella.
Por todo lo
anterior, se declaró la improcedencia de la acción de tutela por la falta de
requisito de procedibilidad.
II. ACTUACIONES
SURTIDAS EN SEDE DE REVISIÓN
1.
Auto del 6 de diciembre de 2013
1.1
Advertido por el Magistrado Sustanciador que la
presente acción de tutela fue promovida por el señor Argenis Antonio Sánchez
Andrade contra la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta y contra la
Inspección Primera Urbana de Policía de esa misma ciudad, en razón a las
actuaciones adelantadas por estas autoridades dentro de un proceso policivo de
lanzamiento por ocupación de hecho que iniciara la Sociedad Construcciones y
Promociones Clarita S en CS contra indeterminados, esta sociedad no fue
vinculada al trámite de dicha actuación judicial.
1.2
En consideración a ello, y observado igualmente
que en el trámite de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho se
encuentran en riesgo los derechos de personas en condiciones de pobreza y
vulnerabilidad por su condición de personas de la tercera edad, mujeres cabeza
de hogar y embarazadas, así como de menores de edad, la Corte consideró
pertinente que por razones de celeridad y economía procesal se ordenara la
vinculación de la Sociedad Construcciones y Promociones Clarita S en CS en sede
de revisión, por ser un tercero con interés legítimo en las resultas de esta
actuación judicial. Por esta razón, se ordenó a la Secretaría General de la
Corte, notificar el auto admisorio y el texto de la demanda para que dicha
sociedad se pronunciase acerca de las pretensiones allí contenidas, y ejerciera
su derecho de defensa dentro de los tres días siguientes a la notificación de
ese auto.
1.3
Sin embargo, mediante oficio del 16 de enero de
2014, la Secretaria General de esta Corporación, informó que vencido el término
señalado en el auto del 6 de diciembre de 2013, no se recibió comunicación
alguna.[11]
2.
Auto de pruebas del 18 de diciembre de
2013
2.1   Mediante auto del 18 de diciembre de 2013, el Magistrado
Sustanciador tras advertir que lo pretendido por el
accionante en esta tutela, era controvertir la decisión policiva asumida por la
Inspectora Primera Urbana de Policía de Cúcuta en el trámite de un proceso
policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, promovido por la Sociedad
Promociones y Construcciones Clarita S en CS,  pudo establecer, que si bien al
plenario del proceso se había adjuntado una gran variedad de documentos relacionados
con la criticada actuación policiva, muchos de ellos fueron aportados de manera
incompleta, lo que afectaba el análisis que debía hacerse a la situación motivo
de esta acción de tutela.
2.2   Por esta razón, a través de la Secretaría General de esta Corporación
se ofició a la Inspección Primera Urbana de Policía de Cúcuta para que, en el
término de tres (3) días, contados a partir de la comunicación del presente
Auto, remitiera a esta Corporación (i) copia completa de la querella
policiva de lanzamiento por ocupación de hecho presentada el 22 de abril de
2011, por el señor Eduardo Martínez Chipagra como apoderado judicial de la
Sociedad CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES CLARITA S. en CS. contra personas indeterminadas,
por la ocupación irregular del lote de terreno identificado con la matricula
inmobiliaria No. 260-6202, con nomenclatura KDX – 164-4; (ii) copia
completa de la diligencia identificada con el Código GJOOF-03 por medio de la
cual la Alcaldesa del Municipio de San José de Cúcuta admitió la querella de
lanzamiento por ocupación de hecho referida en el inciso anterior; (iii)
copia completa del auto proferido el 12 de junio de
2013 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Norte de Santander
dictado en el trámite de una acción popular promovida por Aura Rita Navas
Hernández contra el municipio de San José de Cúcuta, en el que ordenó, como
medida de carácter provisional, la suspensión de la diligencia de lanzamiento,
auto al que hizo mención dicha Inspección de Policiva en el expediente de esta
acción de tutela, y, (iv) se solicitó finalmente,
que informase  a esta Corte, en qué estado del proceso se encuentra el trámite
de la querella de lanzamiento por ocupación de hecho motivo de esta tutela.
2.3   Mediante oficio del 3 de febrero de 2014, la Secretaría General de
la Corte  remitió al despacho del Magistrado Sustanciador escrito de fecha 28
de enero de 2014, suscrito por la señora Inspectora Primera Urbana de Policía
de Cúcuta, al cual adjunto tres cuadernos de 123, 212, y 207 folios,
concernientes a la documentación que le fuera solicitada en los tres primeros numerales
del auto de pruebas.
2.4   En el primer cuaderno de 123 folios, obran los siguientes
documentos:
·
Escrito de fecha 9 de noviembre de 2012, en el
que la señora Aura Navas, actuando como vicepresidenta de Colinas del Tunal y
vocera de los vecinos de dicho barrio, informa a la Inspección Primera Urbana
de Policía que están negociando con los reales dueños del predio identificado
con el número  KDX 164 (folio 1).
·
Promesa de compraventa de unas cuotas partes de
la Sociedad La Red Ltda. entre el vendedor Luis Eduardo Aldana Soto y los
compradores Carlos Alberto Diago Triana, Carlos Alberto Molina Duque y Jorge
Alex Chacón Aldana, En documento adjunto se anexó un certificado de tradición y
matrícula inmobiliaria con número 260-5783 de un predio en el que la referida
sociedad es la propietaria. El mencionado registro de tradición expedido el 2
de noviembre de 2012, contiene 83 anotaciones, apareciendo la Sociedad la Red
Ltda., a partir de la anotación 78 como propietaria. Posterior a esta anotación,
existen embargos sobre el predio por separación de bienes y posteriormente una
demanda de pertenencia. Se anexaron otras escrituras públicas que hacen
referencia a compra y venta de algunos predios o derechos sobre estos por
subdivisión de un inmueble de mayor tamaño (folios 2 a 71).
·
Numerosos oficios en los que el Inspector
Primero Urbano de Policía de la época (diciembre 2012) convocó inicialmente, a
múltiples autoridades municipales para que lo acompañaran en la diligencia de
lanzamiento por ocupación de hecho a llevarse a cabo entre los días 17 y 21 de
diciembre de 2012. Igualmente, se anexa copia del aviso por el cual el
inspector de policía, informa a los querellados indeterminados, acerca de la
diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, que se llevaría a cabo el día
17 de diciembre de 2012. (folios 79 a 95).
·
Oficios en los que el mismo Inspector de Policía
informa a todos los convocados sobre la suspensión de la diligencia (folios 96
a 108).
·
Fotocopia del auto proferido el 12 de junio de
2013 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cúcuta, en el que,
en el trámite de una acción popular promovida por la señora Aura Rita Navas
Hernández contra el municipio de San José de Cúcuta, se ordenó la suspensión de
la diligencia de lanzamiento, como medida provisional, mientras se produce un
fallo de fondo dentro de la presente acción de tutela (folios 120 a 122).
·
Oficio de la Inspección Primera Urbana de
Policía de San José de Cúcuta de fecha 14 de junio de 2013, en el que da
cumplimiento a lo ordenado por dicha autoridad judicial (folio 123).,
2.5
El segundo cuaderno de 212 folios,
contienen los siguientes documentos:
·
Numerosos oficios en los cuales la Inspección
Primera Urbana de Policía de San José de Cúcuta comunicaba a múltiples autoridades
municipales, la necesidad de hacerse presente en la diligencia de lanzamiento
por ocupación de hecho dentro del trámite policivo anotado. Estos oficios hacen
relación a la diligencia de lanzamiento convocada para el mes de mayo de 2012
(folios 14 a 15, 20 a 39 y 40 a 66).
·
Informe de fecha 4 de mayo de 2012, en el que la
Inspección Primera de Policía comunica a la Oficina de Proceso de Derechos
Humanos de la Alcaldía de Cúcuta, que la diligencia de lanzamiento se encuentra
suspendida en razón a varias acciones de tutela instauradas por los ocupantes
del predio objeto de desalojo. Aclara igualmente, que esta suspensión viene
desde el 2 de diciembre de 2011, fecha de la primera convocatoria al desalojo
(folio 16).
·
Copias de la diligencia policiva cumplida el 22
de mayo de 2012 que concluye con la suspensión de la actuación por no contarse
con apoyo del SMAD de la Policía (folio 40).
·
Acta de diligencia de lanzamiento por ocupación
de hecho, realizada el 27 de agosto de 2012, como continuación de la diligencia
del 27 de enero del mismo año, la cual fuera aplazada. En esta diligencia que
fue suspendida a las 5:00 p.m., se alcanzaron a presentar las dos oposiciones
que fueron negadas por la Inspectora de Policía (folios 67 a 76)
·
Fotocopias de recibidos de impuesto predial del
año 2012, correspondientes a diferentes predios que aparecen a nombre de varios
de los ocupantes del inmueble objeto de desalojo, así como copia de un recibo
de pago del servicio público de energía a nombre de uno de los ocupantes ya
referidos  (folios 77 a 82).
·
Informe de la empresa Centrales Eléctricas del
Norte de Santander S.A. E.S.P. correspondiente a una orden de revisión para
legalización de instalaciones nuevas, con fecha de solicitud del 14 de mayo de
2010 a nombre de la señora Rosa Angelina Romero Ortega. Este informe hace
referencia a un predio residencial identificado con el número KDX 164-2-1. El
mismo documento aclara que en la medida en que el predio no cuenta con
nomenclatura se solicita verificar la identificación del mismo (folios 84 y 85).
·
Nuevos oficios en los cuales la Inspección
Primera Urbana de Policía de San José de Cúcuta comunica a múltiples
autoridades municipales, la necesidad de que se hagan presentes en la
diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho dentro del trámite policivo
anotado. Estos oficios hacen relación a dos fechas distintas en el mes de
agosto de 2012. Así para los días 27 a 31 de agosto (folios 40 a 66), y para
los días 21 a 24 del mismo mes (folios 86 a 110).
·
Múltiples copias redactadas a mano y a máquina
de escribir, relativas a diferentes escrituras públicas que pretenden
establecer una cronología de compras y ventas sucesivas de un predio o
fracciones del mismo, que se localiza en el corregimiento de El Salado, del
municipio de San José de Cúcuta. En las mismas se observa las primeras
anotaciones o correcciones a dichas escrituras, en las que aparece que la
Sociedad Construcciones y Promociones Clarita S en CS como compradora de un
predio en dicha zona del municipio de Cúcuta (folios 116 a 136 y 144 a 160).
·
Derecho de petición de fecha 24 de agosto de
2012, dirigido a la Personería Municipal, y suscrito por varios de los
residentes de que se dicen llamar “habitantes del barrio Colinas del Tunal”, ubicado
en el predio objeto del desalojo, en el que ponen en entredicho la
identificación exacta del predio cuya posesión reclama la sociedad querellante
(folios 138 a 141).
·
Escritos de algunos de los afectados con el
desalojo, en los que habían dado poder a un abogado para controvertir la
diligencia policiva en razón a la falta total de claridad acerca de la
identificación del inmueble objeto de discusión. En los escritos siempre se
hace referencia a la identificación del predio mediante la numeración interna
que manejan la empresa Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A. E.S.P.
En este caso se identificaron como propietarios de las mejoras hechas a los
predios KDX-164-2-1-B a Otoniel Aunta Paz;  KDX-164-8 a José Orlando Galvis
Villan; KDX-164-2-A a Bernardo Vargas Rincón; y KDX-164-2 a Carmelo Becerra
Gualdrón. Estos individuos anexaron a su vez algunas copias de recibidos de
pago del servicio público de energía (folios 170 a 183).
·
Cuatro solicitudes de nulidad, suscritas por
varios de los ocupantes del inmueble objeto de lanzamiento, entre las que se identifican
las presentadas por el señor Argenis Antonio Sánchez Andrade y Román Moroz
Gutiérrez,  En ellas se señala que en la diligencia cumplida el 27 de agosto de
2012, quien abrió a pruebas fue una funcionaria de la alcaldía identificada
como Adelaida Ontiveros Soto, que no solo no tenía competencia para ello, sino
que además no quedó constancia que hubiese recibido autorización de la misma
inspectora para adelantar tal etapa del proceso. De igual manera, esa misma
funcionaria de la alcaldía solo permitió la intervención de dos opositores,
negando la participación e intervención de todos los demás. Todas estas
actuaciones son contrarias al debido proceso, desconociendo por demás, varias
normas del Código de Procedimiento Civil. Señalan igualmente, que los avisos
que informaban del lanzamiento no fueron firmados por el Alcalde y su
secretario, tal y como lo dispone el artículo 6 del Decreto 992 de 1930.
Finalmente, las referidas peticiones de nulidad coinciden en afirmar que la
gran mayoría de los ocupantes se encuentran en el inmueble en discusión desde
mucho antes de la fecha que el querellante señala como el momento en que su
propiedad fue invadida (folios 190 a 208).
2.6
De este segundo cuaderno debe hacerse una especial
anotación respecto al contenido de dos documentos que obran a folios 2, 3 y 10.
2.6.1
El primer documento fechado 26 de abril de 2012,
fue suscrito por el Director del Departamento Administrativo del Área de
Planeación Corporativa de la ciudad de Cúcuta y por los profesionales
Especializados y Universitario del Área de Desarrollo Físico y Ambiental del
mismo municipio, dirigido a la señora Aura Rita Navas Hernández quien hace
parte de la comunidad asentada en el predio objeto de lanzamiento. En este
documento los referidos funcionarios, niegan a la peticionaria la entrega o
expedición de un “CERTIFICADO DE ASENTAMIENTO” en el anotado predio, por las
siguientes razones:
(i) explican que su presencia en dicho
inmueble es consecuencia de una ocupación de propiedad privada, conducta que
esta contemplada en la Ley 810 de 2003. (Plan de Desarrollo Nacional, Plan de
Ordenamiento Territorial);
(ii) de conformidad con lo señalado en
los acuerdos 083 de 2001 y 089 de 2011, se había señalado que la zona en que se
encuentra dicho asentamiento es “susceptible de amenaza geológica,
presenta pendientes pronunciadas y hace parte del área de protección especial.”.
(Énfasis agregado)
2.6.2
El segundo documento fechado el 30 de mayo de
2012, fue suscrito por una Tecnóloga de Servicios Especiales de la empresa
Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A. E.S.P.,  dirigido a la
Inspectora Segunda Urbana de Policía de San José de Cúcuta en el que manifiesta
lo siguiente:
“El día 22 de Mayo del presente año se levantó acta con motivo de la
diligencia de Lanzamiento por Ocupación de Hecho que se llevaría a cabo en el
predio ubicado en el Corregimiento El Salado KDX-164-4, la cual por existir
acción de tutela y no contar con el apoyo de la policía (SMAD) suspende la
diligencia hasta nueva orden e informa que se oficiará oportunamente hasta la
próxima programación.
No obstante lo anterior, el Proceso de Control y Reducción de
Pérdidas de Energía en coordinación con el Área de Distribución Eléctrica, hizo
presencia en el sitio determinando desmantelar la red de un sector bastante
vulnerable, donde se venía tomando el servicio de energía de manera ilegal”. (Énfasis agregado).
2.7   Finalmente, el tercer cuaderno, contiene los siguientes
documentos:
·
Demanda de querella policiva de lanzamiento por
ocupación de hecho promovida por la Sociedad Construcciones y Promociones
Clarita S en CS. a la cual se adjuntaron los anexos de dicha demanda (escritura
pública, planos, registrado de cámara de comercio de Cúcuta y copia del
Registro de Matricula Inmobiliaria No 260-6202 correspondiente al inmueble
propiedad de la sociedad querellante (folios 3 a 20 y 25 a 40).
·
Copia integra de la decisión asumida por la
Alcaldesa de San José de Cúcuta de fecha 16 de septiembre de 2011 por la cual
admitió la querella por ocupación de hecho, y que decreta la diligencia de
lanzamiento por  encontrar reunidos las exigencias contempladas en el artículo
15 de la Ley 57 de 1905 (folios 44 a 50).
·
Escrito de fecha 21 de noviembre de 2011,
suscrito por varios de los ocupantes del predio objeto de discusión, dirigido a
la Secretaria de Gobierno Municipal de Cúcuta, a la Alcaldía, y a la
Procuraduría General de la Nación en el que ponen de presente la crítica
situación a la que se verían abocados de ser desalojados, poniendo en grave
riesgo su derecho a la vivienda digna, más aún cuando afirman estar ocupando un
predio cuyo estado de abandono supera los 25 años (folios 53 y 54).
·
Nuevamente se anexaron numerosos oficios
suscritos por la Inspectora Primera Urbana de Policía de Cúcuta relacionados
con la convocatoria de varias autoridades municipales para acompañar la
diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho programada para varias fechas:
en diciembre 2 de 2011 (folios 59 a 71), en diciembre 13 de 2011 (folios 71 a
76).
·
Escritos varios concernientes a peticiones de
suspensión de la diligencia, suscritos en algunos casos por los mismos
querellados y en otros por su apoderado judicial. Igualmente, obran nuevas
copias de escrituras públicas que dan fe de la compra y venta de un lote de
terreno ubicado en el corregimiento El Salado del municipio de Cúcuta (folios
93 a 118).
·
Escrito del 16 de diciembre de 2011 en el que la
Inspectora Primera Urbana de Policía de San José de Cúcuta de respuesta a
acción de tutela promovida por Doris Delgado Becerra e hijos en su contra y de
la Alcaldía municipal de la misma ciudad. Se anexa igualmente, contestación de
la misma funcionaria policial a requerimientos hechos por el Procurador 16
Judicial II Ambiental y Agrario de Norte de Santander de fecha 28 de diciembre
de 2011  y por la Procuraduría Provincial de Cúcuta (folios 119 a 124),
·
Respuesta a derecho de petición del 13 de enero
de 2012 que suscribiera la Inspectora Primera Urbana de Policía y dirigido al
señor Fabio Rengifo (folios 129 y 130).
·
Fotocopia de la sentencia de tutela, dictada por
el Juzgado Octavo Civil Municipal de Cúcuta de fecha 16 de enero de 2012, que
fuera promovida por Doris Delgado Becerra contra el Alcalde Municipal de San
José de Cúcuta. Esta tutela negó el amparo solicitado (folios 132 a 134).
·
Múltiples comunicaciones en las que la
Inspección Primera Urbana de Policía convoca a diferentes entidades municipales
para que la acompañen en la diligencia de lanzamiento programada para las fechas
8 de marzo de 2012 (folios 151 a 164), y abril 12 y 13 de 2012 (folios 171 a
190)
·
Varios documentos en los que la señora Aura Rita
Navas Hernández, como vocera de la Junta de Acción Comunal del Sector Colinas
del Tunal, informan acerca de los trámites que viene adelantando para obtener
la resolución de legalización urbanística de asentamiento humano, definida en
la Ley 810 de 2003 y el Decreto 564 de 2006 (folios 1905 a 207).
2.8   Finalmente, en relación con el cuarto numeral del auto de pruebas
dictado por esta Corporación, la Inspección Primera Urbana de Policía de San
José de Cúcuta, al referirse al estado actual del proceso policivo que motivó
la interposición de la presente tutela, informó lo siguiente:
“En lo atinente al numeral 4° del oficio de la referencia, comunico
a usted, que la diligencia de lanzamiento realizada el día 27 de agosto de
2012, fue suspendida a las 5:00 p.m., por la Acción de Tutela con medida
cautelar radicada bajo el No. 2012-00-593-00 proveniente del Juzgado Segundo
Civil Municipal de Cúcuta, accionante Miguel Ángel Guerrero contra el Municipio
de San José de Cúcuta y la Inspección Primera Urbana de Policía de Cúcuta.
Así mismo, el señor Daniel Rodríguez Pérez instauró acción de tutela
con medida cautelar radicada bajo el número 2012-00-403-00 del Juzgado Cuarto
Laboral del Circuito, contra el Municipio de San José de Cúcuta y la Inspección
Primera Urbana de Policía de Cúcuta.
De igual forma, la señora Luxi Victoria Fuentes instauró acción de
tutela con medida cautelar radicada bajo el número 2012-00-100-00 del Juzgado
Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías, contra el Municipio
de San José de Cúcuta y de la Inspección Primera Urbana de Policía de Cúcuta.
Las anteriores tutelas por los mismos hechos que hoy nos ocupan.
Por último, en cumplimiento a lo ordenado en el auto calendado 12 de
junio de 2013, proferido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Cúcuta el cual decretó como medida de carácter provisional la suspensión de la
diligencia de lanzamiento, ordenada por el Municipio de San José de Cúcuta,
mediante auto del 16 de septiembre de 2011; Esta inspección a través de
auto de fecha junio 14 de 2013 ordenó la suspensión de la diligencia de
lanzamiento hasta hoy.” (Énfasis agregado)
3. Auto de
pruebas del 31 de enero de 2014
3.1 Tras revisar
el contenido de los documentos obrantes en el expediente de tutela, el
Magistrado Sustanciador advirtió que a folios 199 a 203 del cuaderno principal se
encuentra un oficio que hace referencia a la suspensión de la diligencia de
lanzamiento por ocupación de hecho que motiva la presente acción de tutela. En
efecto, el referido oficio fechado el 19 de junio de 2013, suscrito por la
Inspectora Primera Urbana de Policía de Cúcuta y dirigido al Juzgado Séptimo
Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cúcuta, pone en conocimiento de este
último, la suspensión la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho
programada para el 24 de junio de ese mismo año. Explica que ello obedece al
auto dictado el 12 de junio de 2013 por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Cúcuta, que ordena la suspensión de dicha diligencia, como medida
provisional asumida en el trámite de una acción popular promovida por Aura Rita
Navas Hernández contra el Municipio de San José de Cúcuta.
Ante esta
circunstancia, se consideró pertinente solicitar al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Cúcuta que informara en el término de (3) tres
días contados a partir de la notificación de dicho auto, acerca de (i) cuál es el estado actual del proceso a su cargo; (ii) qué
etapas del mismo se han surtido hasta el momento, y (iii) que ha
sucedido respecto de la medida provisional de
suspensión de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho que
profiriera el pasado 12 de junio de 2013.
Así mismo se le
solicitó la remisión de una copia completa del mencionado auto del 12 de junio
de 2013 pues éste fue aportado al proceso de tutela de manera incompleta.
3.2 Mediante
oficio del 12 de febrero de 2014, la Secretaria General de esta Corporación, remitió
al despacho del Magistrado Sustanciador escrito de
fecha 10 de febrero de 2014, suscrito por el Juez Primero Administrativo del
Circuito de Cúcuta, al cual adjunto 33 folios concernientes a la documentación
que le fuera solicitada mediante auto de pruebas.
En el oficio
principal el referido juez informa acerca de cual ha sido el trámite surtido
por la acción popular promovida por la señora Aura Rita Navas Hernández contra
la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta, demanda que tiene directa relación
con el contenido de la acción de tutela que se revisa en esta acción de tutela.
En su escrito, el juez indicó lo siguiente:
·
“[l]a señora Aura Rita Navas Hernández en
ejercicio de la acción popular, instauró demanda contra el Municipio de San
José de Cúcuta, con el fin de garantizar la protección de los derechos
colectivos que considera vulnerados con ocasión de la orden de desalojo al
asentamiento humano ubicado en el corregimiento El Salado de esta ciudad y
distinguido con la nomenclatura No. KDX 164-4.
·
En el libelo introductorio se solicitó como
medida previa, suspender el trámite de la diligencia de desalojo proferido
dentro del proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, mientras se
emite decisión de fondo en el caso de marras.
·
Con auto del 6 de mayo de 2013, se admitió la
demanda y se dispuso correr traslado por el término de cinco (5) días al ente
territorial demandado, de la solicitud de medida cautelar para que se
pronunciara al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2° del
artículo 233 de la Ley 1437 de 2011.
·
Con proveído del 12 de junio de 2013, el
Despacho decretó como medios de carácter provisional la suspensión de la
diligencia de lanzamiento ordenada por el Municipio de San José de Cúcuta,
mediante acto público expedido el 18 de septiembre de 2011.
·
Posteriormente, con auto del 25 de agosto de
2013, se dispuso vincular al proceso a la Sociedad Construcciones y Promociones
Clarita S en C.S. por considerar que la misma podría verse comprometida con las
resultas del proceso.
·
Al contestar la demanda, el apoderado de la
mencionada sociedad interpuso recurso de apelación contra la providencia que
decretó la medida previa, razón por la que con auto del 16 de octubre del año
2013, se concedió el mismo en el efecto devolutivo ante el Honorable Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.
·
El 16 de octubre de 2013, se fijó como fecha
para llevar a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento, el día 8 de noviembre
del mismo año a las nueve de la mañana, diligencia que fue suspendida en razón
a que el apoderado de la Sociedad Construcciones y Promociones Clarita S en
C.S. solicitó la vinculación del Ministerio de Vivienda.
·
El 12 de noviembre del año inmediatamente
anterior, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, con ponencia del
Doctor Edgar Enrique Bernal Jáuregui, confirmó el auto de fecha 12 de junio de
2013, a través del cual se decretó la medida cautelar dentro del proceso en
mención.
·
Con providencia del 22 de enero próximo
pasado, se negó la solicitud de nulidad deprecada por la sociedad vinculada y
se fijó el día 19 de febrero de 2014 a las nueve de la mañana, como fecha y
hora para reanudar la diligencia de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de
1998.
·
Finalmente, el proceso se encuentra al
Despacho para decidir sobre la concesión del recurso de apelación interpuesto
por el apoderado de la sociedad vinculada, contra el proveído antes
mencionado.”
Como parte de la
respuesta atrás trascrita, se anexaron los siguientes escritos:
·
Auto del 6 de junio de 2013 por el cual el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Cúcuta admitió la acción popular
formulada por al señora Aura Rita Navas Hernández contra el Municipio de San
José de Cúcuta  Se adjunta igualmente el oficio que corre traslado a la entidad
demandada por el término de cinco días. (folios 29 a 31).
·
Auto del 12 de junio de 2013 por el cual el
mismo juzgado decreta la medida provisional de suspender la diligencia de
lanzamiento ordenada por el Municipio de San José de Cúcuta, que ordenó por
acto policivo del 18 de septiembre de 2011, siendo delegada para su
cumplimiento la Inspección Primera Urbana de Policía de esa misma ciudad
(folios 33 a 37).
·
Por auto del 28 de agosto de 2013, el referido
juzgado se abstiene de pronunciarse sobre el memorial aportado el 26 de julio
de 2013 por el Municipio de San José de Cúcuta, en razón a su extemporaneidad.
Simultáneamente ordenó la vinculación al proceso a la Sociedad Construcciones y
Promociones Clarita S en CS (folios 39 a 43)
·
Auto del 25 de septiembre del 2013 por el cual
la misma autoridad judicial da trámite a los recursos instaurados por el
apoderado de la sociedad vinculada (folios 44 y 45).
·
Oficio del 16 de octubre de 2013 por el cual el
juzgado administrativo referido, ordena citar a las partes, al Ministerio
Público y al Director del Departamento Administrativo del Área de Planeación
Corporativa de la ciudad, para llevar a cabo la audiencia especial de pacto de
cumplimiento, programada para cumplirse el 8 de noviembre de ese mismo año, a
las 9 de la mañana (folio 46).
·
Auto del 16 octubre de 2013 por el cual el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cúcuta rechaza el recurso de
reposición interpuesto por el apoderado de la sociedad Construcciones y
Promociones Clarita S en CS contra el auto que decretó la medida cautelar de
suspensión del lanzamiento por ocupación de hecho. En el mismo auto se concedió
el recurso de apelación (folios 47 a 49).
·
Auto del 8 de noviembre del 2013 por el cual el
Juzgado Administrativo concluye que no es posible llevar a cabo la audiencia de
pacto de cumplimiento ante la inasistencia del apoderado de la sociedad
Construcciones y Promociones Clarita S en CS y el Ministerio Público, además de
que el apoderado de la referida sociedad constructora solicitó la vinculación
del Ministerio de Vivienda. Por esta razón se suspendió dicha audiencia hasta
cumplirse con la vinculación anotada (folios 50 a 52).
·
Auto de fecha 12 de noviembre de 2013, por el
cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander resolvió el recurso de
apelación interpuesto en contra del auto dictado el 12 de junio de ese mismo
año por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de San José de Cúcuta.
El Tribunal resolvió confirmar la decisión apelada (folios 53 a 58).
·
Auto de fecha 22 de enero de 2014 por el cual el
Juzgado administrativo ya anotado, acepta la renuncia del apoderado de la
sociedad Constructora ya referida y reconoce personería los nuevos apoderados.
A su vez el juzgado negó la petición de nulidad que dicha constructora había
planteado respecto de toda la actuación judicial aquí seguida (folios 59 a 61).
III. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
Esta Corte es
competente para conocer del fallo objeto de revisión, de conformidad con lo
estipulado en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, además, en cumplimiento del auto de
octubre 17 de de 2013, proferido por la Sala de Selección Número Diez de esta
Corporación, que seleccionó este asunto para su revisión.
2. Problema jurídico y esquema de resolución
En esta
oportunidad, la Corte deberá determinar si en el trámite del proceso policivo
de lanzamiento por ocupación de hecho promovido por la sociedad Construcciones
y Promociones Clarita S en SC en contra de personas indeterminadas, se
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y  defensa del señor
Argenis Antonio Sánchez Andrade en su condición de uno de los querellados. Lo
anterior, en consideración a que la Inspectora Primera Urbana de Policía de San
José de Cúcuta no dio trámite al recurso de apelación que el accionante interpusiera
como opositor en la diligencia de lanzamiento que se adelantó el 27 de agosto de
2012, bajo el argumento que el artículo 7° del Decreto 992 de 1930, que
reglamentaba dicho recurso, había sido declarado nulo por sentencia del Consejo
de Estado del 22 de septiembre de 1975. De igual forma, el accionante alega que
la referida inspectora de policía, hizo una indebida valoración de las pruebas
que fueron aportadas como parte de su oposición a la diligencia de lanzamiento,
lo que condujo a su vez, a la vulneración de su derecho al debido proceso del
accionante, por cuanto se desconoció de esta manera que él se encontraba en
posesión del predio objeto de litigio desde muchos meses antes de la fecha
indicada por el querellante como momento a partir del cual la posesión de éste
fue alterada.
De lo anterior,
el accionante considera que la actuación cumplida por la Inspectora de Policía
durante la diligencia de lanzamiento del 27 de agosto de 2012, estructuró
varias causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en razón a la configuración de (i) un defecto procedimental
absoluto al negar el recurso de apelación interpuesto por su apoderado en la
diligencia de lanzamiento, y (ii) un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria.
Para resolver el
referido problema jurídico, deberá la Corporación exponer inicialmente (i)
el régimen jurídico vigente para regular los procesos policivos civiles, en
particular en lo que corresponde al lanzamiento por ocupación y hecho;
seguidamente (ii) se señalarán los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, tras lo cual, de superarse
el cumplimiento de los mismos, (iii) se expondrán las causales específicas
de procedibilidad de esta acción contra decisiones judiciales, explicándose en
particular los defectos procedimental absoluto y fáctico por indebida
valoración probatoria. Finalmente, (iv) atendiendo las anteriores
consideraciones se resolverá el caso concreto.
3.
Régimen jurídico de los procesos policivos
civiles: de lanzamiento por ocupación y hecho.
3.1   Debe señalarse inicialmente que el poder de policía que corresponde
al conjunto de normas de carácter general, impersonal y abstracto que el Estado
expide para regular los procesos policivos civiles, se orientan a crear
condiciones  sociales para asegurar el orden público, procurando a través de
dichos procesos preservar igualmente la salubridad pública, la tranquilidad, y
por supuesto, la seguridad.[12]
3.2   Jurisprudencialmente esta Corporación ha distinguido tres aspectos
del poder de policía que la Carta señala en varias de sus normas: Uno es el poder
de policía propiamente dicho, el cual por regla general, se ejerce por el
Congreso de la República mediante la expedición de las leyes[13]. Excepcionalmente,
este poder lo ejerce el Presidente de la República, en los estados de guerra
exterior, conmoción interior y emergencia (art. 189 C.P.).
3.3   En cuanto a la función de policía, como segundo aspecto, ésta
se ejerce de manera rutinaria y como parte de una función administrativa, por
el Presidente de la República a nivel nacional, y a nivel territorial corresponde
a una responsabilidad de los gobernadores (art. 303 C.P) y alcaldes (art. 315-2
C.P.). Ahora bien, los actos que se expidan en el ejercicio de dicha función
policial, son por regla general controvertibles ante la jurisdicción
contenciosa administrativa, pues estos actos son de carácter administrativos.[14]
3.4   Sin embargo, algunas de las decisiones que se adoptan en ejercicio
de esa función de policía se revisten de una naturaleza judicial, por lo que el
juez administrativo queda totalmente excluido de su control. Este tipo de decisiones
administrativas con rango “jurisdiccional”, son las que se toman dentro de los
procesos o juicios de policía civiles, como ocurre en los procesos posesorios
entre los que se encuentra el trámite del lanzamiento por ocupación de hecho. En
efecto, en los procesos policivos en los que se busca proteger la posesión,
tenencia o una servidumbre, la jurisprudencia ha sido enfática en señalar que
las autoridades de policía ejercen funciones jurisdiccionales, y sus decisiones
no son apelables ante la jurisdicción contenciosa, pues así lo dispone de manera
expresa el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. En igual sentido
la misma Ley 1437 de 2011 o nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso administrativo lo reitera en su artículo 105-3.[15]
Sobre el
particular vale la pena señalar lo dicho por esta Corporación en sentencia
C-241 de 2010:
“[e]n tanto las decisiones
adoptadas en desarrollo de juicios de policía de naturaleza civil, como cuando
se interviene en asuntos destinados a amparar provisionalmente la posesión, la
tenencia o una servidumbre o los asuntos de carácter penal, se encuentran
expresamente excluidos de dicho control en virtud de lo dispuesto en el
artículo 82 del Código Contencioso Administrativo[16], según el cual tal Jurisdicción carece de competencia para juzgar
las decisiones proferidas en juicios civiles o penales de policía regulados por
la ley[17]. Lo anterior se justifica si se tiene en cuenta que, en estos
casos, las medidas de policía son de efecto inmediato en punto a evitar que se
perturbe el orden y la tranquilidad pública. Se trata de medidas de carácter precario y provisional, cuya única finalidad es devolver el
statu quo mientras el juez ordinario competente para decidir sobre la
titularidad de los derechos reales en controversia, decide definitivamente
sobre ellos. Por esta razón, la doctrina ha afirmado que estas decisiones hacen
tránsito a cosa juzgada ‘formal’.”[18]
3.5   Por último, la referida actividad de policía, es aquella que
corresponde a “la ejecución del poder y la función de policía en un marco
estrictamente material y no jurídico, que corresponde a la competencia del uso
reglado de la fuerza, y que se encuentra necesariamente subordinado al poder y
a la función de policía.”[19]
3.6   Establecido así el contexto en que se ejerce el poder y la función de
policía, y entendido cual es el alcance de la actividad de policía, resulta
pertinente revisar ahora, cuál es el marco legal que rige el trámite o
procedimiento de los procesos policivos civiles.
3.7   Debe iniciarse por señalar que fue la Ley 57 de 1905, expedida por
la Asamblea Nacional Constituyente de 1905, la que estableció los primeros
lineamientos para regular aquellos procesos policivos que implicaran la
reclamación de la posesión, básicamente restringiendo su enfoque a los casos de
arrendamiento. Posteriormente, esta ley fue reglamentada por el Decreto 992 de
1930. Poco tiempo después, el artículo 15 de la anotada ley fue modificado
parcialmente por el artículo 16 y 17 de la Ley 200 de 1936, también llamada
“ley de tierras”, afectando esencialmente los proceso policivos respecto de predios
rurales.
3.8   La referida sentencia C-241 de 2010, en cuyo proceso de control
abstracto, se revisó la evolución normativa de los procesos policivos civiles y
su trámite, observó que la citada Ley 200 de 1936 “subrogó y modificó el artículo 15 de la Ley 57 de 1905, en lo que a
predios rurales se refiere.”
3.9   Ya en lo que respecta a los procesos policivos sobre inmuebles
urbanos, fue el Decreto Legislativo 1355 de 1970, más conocido como Código
Nacional de Policía, el que hizo algunos cambios sobre el particular. Sin
embargo, lo que hizo el Código Nacional de Policía fue compilar las acciones
policivas de naturaleza civil, destinadas a la protección transitoria de la
posesión y tenencia tanto de los bienes urbanos como rurales, mientras que la
justicia ordinaria se pronunciaba de fondo sobre los derechos en conflicto.
3.10 De esta manera,
la referida sentencia C-241 de 2010, analizó los aportes hechos por el Decreto
1355 de 1970 en los procesos policivos civiles respecto de predios rurales como
urbanos. 3.11 Así, en lo que respecta a los predios rurales, señaló que  “[e]l
artículo 32 de la Ley 200 de 1936 consagraba una acción policiva destinada a
impedir las vías de hecho sobre predios rurales hasta tanto el Juez Agrario
tomará medidas de fondo; por su parte el artículo 125 del Decreto 1355 de 1970,
también introdujo una acción policiva destinada a impedir vías de hecho que
afectaran los derechos reales a la posesión y la tenencia, al punto que con
fundamento en los dos artículos se expidió el Decreto reglamentario 747 de
1992, por el cual se regula el procedimiento dirigido a activar la acción
policiva de lanzamiento por ocupación de hecho en predio rural, con el fin de
proteger a las personas que explotan económicamente un predio agrario y que son
privadas de hecho, total o parcialmente de la posesión o tenencia material del
mismo, sin que medie su consentimiento expreso o tácito, orden de autoridad
competente o causa que lo justifique.
En
consideración a que el artículo 125 del Código
Nacional de Policía reitero el propósito del artículo 32 de la Ley 200 de 1936,
la Corte advierte que operó la subrogación de este último artículo, sin
perjuicio del reglamento policivo especial contenido en el Decreto 747 de 1992,
que mantiene su fuerza ejecutoria en materia agraria, con fundamento en el
artículo 125 del Decreto ley 1355 de 1970 tal como se expondrá en párrafos
posteriores de esta providencia.”
3.11
En lo que respecta a los predios o inmuebles
urbanos, el análisis normativo sobre qué norma rige la materia, si es la Ley 57
de 1905 o el Decreto 1355 de 1970, no resultó tan claro. Realmente, la
discusión se centró en determinar si el artículo 15 de la Ley de 1905 fue
subrogado total o parcialmente por el artículo 125 del Decreto 1355 de 1970, o
solo fue modificado.
3.12
Tras hacer un análisis comparativo entre las dos
normas citadas, esta Corporación pudo concluir lo siguiente:
(i)
Si bien las dos normas tienen como fin
último restablecer el statu quo, el concepto de “perturbación”
referido por el artículo 125 del decreto es comprehensivo del término “ocupación
de hecho” contemplado por el artículo 15 de la ley en cuestión, por lo que
incluye todas aquellas conductas que supongan diferentes formas de alterar la
posesión del bien.
(ii)
La legitimación por activa en ambas normas
hace expresa relación a quien tenga la posibilidad de activar la acción
policiva de lanzamiento por ocupación de hecho ya sea que se trate directamente
del propietario del bien, el poseedor de éste y aún por
el mismo tenedor, así la tenencia del inmueble sea a nombre del dueño o a
nombre del poseedor. La sentencia C-241 de 2010 concluye que “el
artículo 15 de la Ley 57 de 1905, como el artículo 125 del Código Nacional de
Policía amparan los derechos reales de dominio, posesión y tenencia. Sólo que
el artículo 125 citado ampara el dominio vía posesión, sin que sea del caso
demostrar o controvertir el derecho de dominio.”
(iii)
En lo que respecta al medio de defensa de
que dispone el ocupante para defenderse en el proceso de lanzamiento o desalojo
del que es objeto, el artículo 15 de la ley solo permite su defensa por vía de
la demostración de la tenencia. En su lugar, el artículo 125 del Decreto es
mucho más amplio en este aspecto, y permite que el ocupante acredite una causa justificable de ocupación derivada de la condición
de tenedor o poseedor o de una orden de autoridad competente. De esta  manera,
las garantías ofrecidas al ocupante en el marco del Código Nacional de Policía
no solo integra o incluye la señalada en el artículo 15 de la Ley 57 de 1905,
sino que la amplía de manera sustancial.
3.13
Tras el anterior análisis, la Corte
Constitucional pudo concluir en la referida sentencia C-241 de 2010 que “el Código Nacional de Policía subrogó la acción de lanzamiento por
ocupación de hecho, tanto para predios rurales como urbanos, prescrita en
artículo 15 demandado y, además, amplió
su contenido al autorizar, como se ha dicho, al ocupante no sólo demostrar el
consentimiento expreso o tácito del “arrendador” sino cualquier otro justo
título, derivado de la posesión ó de una orden de autoridad competente.”[20](Énfasis agregado).
3.14
Debe aclararse, que si bien en la referida
sentencia C-241 de 2010, la Corte se declaró inhibida por ausencia actual de
objeto, ello obedeció al hecho de que según, la perspectiva
eminentemente formal y en observancia del artículo 3° de la Ley 153 de 1887, se
estima “insubsistente una disposición legal por declaración expresa del
legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o
por existir una ley nueva que regule íntegramente la materia a que la anterior
disposición se refiera”, por ello, como ocurrió en el presente caso, la
norma debió considerarse como insubsistente, pues si bien fue subrogada, como
así lo concluyó el análisis hecho por la propia Corte, también fue modificada,
imposibilitando a esta Corporación pronunciarse de fondo.
3.15
Ahora bien, en la medida en que “el Código
Nacional de Policía no contempla un
procedimiento especial para la acción policiva de perturbación, en el sentido
genérico de cobijar tanto las hipótesis del artículo demandado como las del
Código Nacional de Policía que, como ya se vio, subsume al primero, en su
defecto, es posible aplicar el procedimiento establecido para tales efectos, en
los Códigos Departamentales de Policía, proferidos en desarrollo de la
atribución otorgada bien por el artículo 187 de la Constitución Nacional de
1886, bien a partir de la facultad prevista por la Constitución Política de
1991, mediante el artículo 300 numeral 8, según la cual: ‘Corresponde a las
asambleas departamentales, por medio de ordenanzas…8. Dictar normas de policía
en todo aquello que no sea materia de disposición legal’ o mediante los
reglamentos especiales previstos en los Códigos Distritales de Policía, de
manera que la acción policiva nacional por perturbación se desarrolle conforme
a tales procedimientos de manera concurrente, competencia que en todo caso no
excluye la facultad reglamentaria en cabeza del Presidente de la República.”[21]
3.16
La anterior consideración encuentra su
desarrollo jurisprudencial en varios pronunciamientos de tutela dictados por
esta Corporación en sede de revisión, los cuales coinciden en señalar, que a
pesar de invocarse la Ley 57 de 1905 como norma de referencia para los procesos
policivos civiles, la protección del derecho reclamado se ha impartido de
acuerdo a lo establecido por el Código Nacional de Policía y por los Códigos de
Policía Departamentales o Distritales.[22]
3.17
Ahora bien, a pesar de que este proceso policivo
se adelanta por cuenta de autoridades administrativas, las decisiones que ellos
asuman, tienen la naturaleza propia de una providencia judicial de carácter
civil. Por ello, es importante insistir en que las referidas “decisiones
judiciales”, además de hacer tránsito a cosa juzgada, no pueden ser
controvertidas por vía de la jurisdicción de lo contencioso. Recuérdese por
demás, que el recurso de apelación inicialmente contemplado por la Ley 57 de
1905 en su artículo 7°, fue efectivamente declarado nulo en sentencia del Consejo de Estado del 22 de septiembre de 1975[23].
3.18
De otra debe señalarse ya en el marco del
proceso policivo como tal, que si bien dicha actuación se orienta a restituir
la tenencia de un inmueble a manos de su verdadero o legítimo tenedor, de no
probarse por este condición, o de haberse presentado por su actual tenedor pruebas
pertinentes que justifiquen su actual condición, el funcionario de policía
deberá negar el desalojo, dejando en libertad a los querellantes para que
acudan ante la jurisdicción ordinaria, para que por las vías judiciales allí
dispuestas, resuelvan la controversia existente entre ellos.
3.19
Como se anotó, el proceso policivo adelantado
por una autoridad administrativa se encuentra igualmente sometido al pleno
respeto del derecho al debido proceso como en cualquier actuación judicial,
razón por la cual, de apartarse el funcionario administrativo, de los
lineamientos procesales dispuestos para adelantar dicha actuación, podrá
incurrir en una conducta que justifique la interposición de una acción de
tutela contra la providencia que irregularmente profiera. Como se advierte, en
este caso tiene plena cabida la posición jurisprudencial que al respecto ha
decantado esta Corporación a lo largo de su existencia, respecto de la
procedibilidad de la acción de tutela contra una providencia judicial. Además, ha
considerado la Corte que el único medio judicial para impugnar las decisiones y
actuaciones expedidas en el marco de procesos policivos civiles es la acción de
tutela, en razón a la inimpugnabilidad de dichos fallos ante otros jueces.[24]
3.20
Finalmente, en vista de que la presente acción
de tutela se orienta a confrontar una decisión dictada dentro de un proceso
policivo de lanzamiento por ocupación de hecho cuyo decisión judicial es
inapelable, se pasará a continuación a exponer los fundamentos que esta
Corporación ha depurado en relación con la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, exponiendo para tal efecto sus causales
genéricas de procedencia y sus requisitos especiales de procedibilidad.
Antes de
realizar el análisis señalado, debe la Sala de Revisión señalar que la
extensión que hace de los criterios por los cuales la acción de tutela es
procedente frente a decisiones judiciales respecto de las actuaciones policivas
que tienen efectos jurisdiccionales, se sustenta en precedentes
jurisprudenciales asumidos en casos similares. Al respecto vale la pena
recordar las sentencias T-672 de 1996[25],
en los que la Corte encontró estructurada la causal de falta de competencia
para actuar, en un caso en el que el Secretario de Gobierno de un municipio se
abrogó las competencias policiales propias del Alcalde. En esa oportuna, la
Corte revocó la decisión de tutela de segunda instancia que había negado el
amparo y al confirmar parcialmente el fallo de primera instancia declaró la
nulidad de todo lo actuado a partir del auto que admitió la querella. En igual
sentido se pronunció esta Corporación en la sentencia T-878 de 1999[26] en
la que en el trámite de un proceso policivo se había concedido el recurso de
apelación, recurso que como ya se explicó en esta decisión, no es viable en
razón a que la norma que lo sustentaba fue declarada nula por el Consejo de
Estado en 1975. En esta oportunidad la Corte considera que se estaba
efectivamente ante una vía de hecho, por cuanto el inspector había actuado por
fuera de los límites de su competencia y con desconocimiento del principio de
legalidad. Más recientemente, en sentencia      SU-805 de 2003[27], la
Corte fue mucho más explicita en su posición de hacer extensivos los alcances
de la configuración de la vía de hecho o causales de procedencia de la acción
de tutela contra una providencia judicial al señalar lo siguiente:
“Si el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho es uno de
aquellos supuestos en los que las autoridades administrativas cumplen funciones
judiciales, a ellos les es aplicable la doctrina que esta Corporación ha
elaborado en torno a las vías de hecho.  Es decir, aquellas
actuaciones de las autoridades, en este caso de policía, que se sustraen a
cualquier fundamento normativo, que conculcan derechos fundamentales y que no
se pueden superar con el recurso a otros mecanismos de protección, pueden
generar el amparo constitucional de los derechos vulnerados.  Ello explica
por qué esta Corporación ha tutelado el derecho fundamental al debido proceso
de querellados que fueron lanzados del inmueble que ocupaban en virtud de
decisiones que de manera arbitraria desconocieron la existencia de pruebas que
justificaban la ocupación y que imponían la suspensión del lanzamiento.” (Énfasis agregado).
Esta posición se dio en el marco de un proceso de lanzamiento por
ocupación de hecho en el que el querellante era una
persona natural que obró como representante legal de una persona jurídica
inexistente, circunstancia que fue obviada a lo largo de tal proceso policivo y
que justificó que la actuación policiva, por erigirse en una vía de hecho,
fuese anulada.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias
4.1 Requisitos genéricos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
4.1.1
La Constitución Política dispone en su artículo
86 que la acción de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para
alcanzar la protección inmediata y efectiva de los derechos
fundamentales. Sin embargo, se aclara que éste es un mecanismo judicial de
carácter subsidiario[28]
al que se acude en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o cuando
existiendo estos, dicha acción de tutela se tramite como mecanismo transitorio
de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable[29].
4.1.2
Estos planteamientos confirman el supuesto de
que la acción de tutela no es una vía judicial adicional o paralela[30] a
los mecanismos judiciales previstos por el Legislador,
como tampoco puede ser tenido por las partes como un recurso de último minuto
al que se acude para corregir sus propios errores, o para revivir términos ya
fenecidos a consecuencia de su propia incuria procesal[31].
4.1.3
De otra parte, debe anotarse que si bien en
sentencia C-543 de 1992[32]
la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de los artículos 11 y 40 del
Decreto 2591 de 1991 que señalaban en su momento, la procedencia de la acción
de tutela contra sentencias ejecutoriadas, en otro aparte de la misma
providencia, se indicó que la acción de tutela procedería, solo de manera
excepcional, contra decisiones judiciales que en apariencia estuvieran
revestidas de la forma jurídica de una sentencia.
4.1.4
En consideración a lo anterior, queda claro que
la justificación para interponer una acción de tutela en contra de una decisión
judicial está dada en la protección constitucional que ofrece a los derechos
fundamentales (Art. 86 C.P.)[33].
Así mismo, la acción de tutela da garantía de pleno respeto al principio a la
seguridad jurídica el cual debe estar presente en las decisiones que profieren
las autoridades del Estado, incluidas las judiciales (Art. 2 C.P.),
particularmente cuando éstas desconocen preceptos constitucionales y legales.[34]
4.1.5
Por lo anterior, a pesar de que las actuaciones
de las autoridades judiciales están soportadas en los principios
de autonomía, independencia, acceso a la justicia y legalidad, y que las mismas
se ajustan a las disposiciones que protegen los derechos constitucionales y
legales de todos, la Corte Constitucional ha advertido,
que en algunos casos, tales decisiones desconocen los derechos fundamentales,
por lo que estos pronunciamientos, que en principio son tenidos como verdaderas
vías de derecho, dejan de serlo una decisión en derecho para pasar a
convertirse en una auténtica vías de hecho.
4.1.6
Es así como, a partir de las sentencias T-079[35] y
T-158 de 1993[36],
la Corte Constitucional desarrolló el concepto de vía de hecho, entendido éste
en un principio, como la decisión “arbitraria y caprichosa” del juez que
resuelve un asunto sometido a su consideración, por lo que la providencia
resulta manifiesta y evidentemente contraria a las normas que rigen el caso
concreto, o a las pruebas que se hallan en el expediente.
4.1.7
Posteriormente, en sentencia T-231 de 1994[37] esta
Corporación identificó los defectos que permitirían estimar cuando una
providencia judicial es realmente una vía de hecho. Dichos defectos son los
siguientes:
(i) defecto sustantivo, es el que se
presenta cuando la decisión se adopta en consideración con una norma
indiscutiblemente inaplicable;
(ii) defecto fáctico, el que ocurre
cuando el juez falla sin el sustento probatorio suficiente para aplicar las
normas en que se funda la decisión;
(iii) defecto orgánico, se presenta
cuando el juez profiere su decisión sin tener competencia para hacerlo; y,
(iv) defecto procedimental cuando el
juez actúa desconociendo el procedimiento o el proceso debido para cada
actuación.
4.1.8
Transcurridos varios años, el concepto de vía de
hecho evolucionó hacia una noción más amplia denominada “causales genéricas de
procedibilidad de la acción”. Así, en sentencia C-590 de 2005[38], la
Sala Plena de esta Corporación dejó en claro que la tutela procedería contra
providencias judiciales ejecutoriadas, siempre y cuando se cumpliese con unas
causales generales de procedencia y se comprobase de otra parte, la
configuración de alguna de las causales específicas de procedibilidad de esta
acción constitucional.
4.1.9
Así, los requisitos generales de procedencia de
la tutela fueron sintetizados en la sentencia C-590 de 2005, en los siguientes
términos:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar
a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y
extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable.  De allí que sea un deber del actor desplegar todos los
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar
en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración.  De lo contrario, esto es, de
permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida
la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de
resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.  No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela.  Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas
son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso
en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión
de la sala respectiva, se tornan definitivas.”
4.2
Requisitos especiales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias.
4.2.1 En cuanto
a las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
sentencias, el mismo fallo C-590 de 2005, las resumió así:
“Para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i.  Violación directa de la Constitución.
Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones
judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión
de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones
ilegítimas que afectan derechos fundamentales”
4.2.2 Conforme a
lo expuesto, la acción de tutela procede contra decisiones judiciales, como la
que ahora se acusa, siempre y cuando ésta viole derechos fundamentales y con
ello se demuestre que se ha configurado alguna de las causales especiales de
procedibilidad de la acción constitucional.
4.2.3 Por esas
razones, en el análisis del caso concreto, la Sala procederá a estudiar si las
providencias dictadas tanto por la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta
como por la Inspección Primera Urbana de Policía de esa misma ciudad, vulneraron
los derechos fundamentales del accionante, en los términos señalados en la
sentencia C-590 de 2005, y ello permita advertir que esta situación pueda
superarse mediante la presente acción de tutela.
4.3
Determinación de los defectos alegados
por el accionante.
4.3.1
La causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
denominada defecto procedimental absoluto, encuentra su fundamento los
artículos 29 y 228 Superiores, que hacen referencia tanto al derecho al debido
proceso, como al acceso a la administración de justicia y a la prevalencia del
derecho sustancial en las actuaciones judiciales.
4.3.2
Por ello, el defecto
procedimental se configura ante el desconocimiento absoluto de las formas del
juicio. Sin embargo, la Corte ha considerado de manera excepcional, que tal
defecto se puede configurar también por un exceso ritual manifiesto, a consecuencia
que el mismo juzgador privilegia las formas procesales frente a la efectiva
garantía de los derechos constitucionales cuyo amparo se reclama[39].
Así, puede hablarse de defecto procedimental de carácter absoluto y de por
exceso ritual manifiesto, de los cuales solo, en consideración al caso que se
analiza en el presente fallo, explicaremos de mejor manera el defecto
procedimental absoluto.
4.3.3
Se produce un defecto
procedimental absoluto cuando el funcionario judicial se aparta por
completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto
específico, ya sea porque: i) se ciñe a un trámite completamente ajeno al
pertinente -desvía el cauce del asunto[40]-, o ii) omite etapas
sustanciales del procedimiento establecido legalmente[41]
afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del
proceso[42].
4.3.4
Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional
ha establecido que para que este defecto se estructure es necesario que
concurran dos requisitos concomitantes:
(i)
que se trate de un error de procedimiento
grave, cuya incidencia cierta y directa en la decisión adoptada de fondo por el
funcionario judicial sea de tal magnitud, que de no haberse incurrido en dicho error,
el sentido del fallo hubiera sido distinto, rasgo que el yerro procedimental
absoluto comparte con el defecto fáctico; y,
(ii)
que tal deficiencia o error no sea
atribuible a quien alega la vulneración del derecho al debido proceso.[43]
4.3.5
Es importante precisar que
esta causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, presenta una estrecha relación con problemas de hecho y de derecho
en la apreciación de las pruebas, es decir, con el denominado defecto fáctico[44]
el cual se pasará a caracterizar a continuación.
4.3.6
En lo que respecta al defecto fáctico[45] como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela, la
Corte ha sido clara en considerar que la verificación de la configuración de este defecto, se limitará exclusivamente a analizar
la manifiesta actuación arbitraria o abusiva del funcionario judicial. Por
ello, no resulta aceptable extender dicho análisis a procesos interpretativos
que se hubiesen dado al interior del debate jurídico y probatorio, como tampoco
a convalidar la existencia de la causal por simples discrepancias de criterio
jurídico o interpretativo de normas, pues ello pondría en entredicho los
principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, más aún
cuando es función del juez fijar el alcance y sentido de la normas aplicables a
los casos puestos a su consideración.
4.3.7
De esta manera, partiendo de su autonomía e
independencia, y teniendo plena capacidad interpretativa, el juez analiza los
hechos, valora las pruebas allegadas al proceso según la sana crítica y la
lógica, y aplica según su experiencia, las normas a cada caso. Esta capacidad
de obrar de manera autónoma e independiente no puede ser confundida con un
proceder arbitrario en la interpretación tanto del derecho como en el análisis
de los hechos, pues la valoración probatoria que haga, siempre estará sometida
a la Constitución y a la ley.
4.3.8
En efecto, la doctrina constitucional sobre la
procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales cuando se ha
configurado un defecto fáctico es sumamente clara, pues exige que “se hayan
dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en la
valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido
manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la
prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea
capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible
la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas
exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones
que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”[46].
4.3.9
Vista la anterior consideración, es pertinente
recordar que la Corte Constitucional desde sus inicios consideró que una
decisión judicial puede estar viciada por un defecto fáctico cuando “el apoyo
probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es
absolutamente inadecuado”.[47]
Esta afirmación, ratifica el hecho de que la valoración probatoria que un juez
haga al interior de cualquier proceso bajo su estudio, jamás podrá hacerse de
manera arbitraria.[48]
4.3.10
En consecuencia, el proceso de valoración
probatoria se regirá siempre por criterios objetivos[49], que
no impliquen suposiciones subjetivas del juez; racionales[50], que
ponderen la magnitud y el impacto que cada prueba tiene en el proceso; y, rigurosos[51], que
su función de administración de justicia, se materialice a partir de pruebas
debidamente recaudadas.[52]
4.3.11
De esta manera, y tal y como se enumeraran en un
acápite anterior, el defecto fáctico es una de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Al respecto ha dicho la Corte:
"En otras palabras, se presenta defecto fáctico por
omisión cuando el juzgador se abstiene de decretar pruebas. Lo anterior
trae como consecuencia 'impedir la debida conducción al proceso de ciertos
hechos que resultan indispensables para la solución del asunto jurídico
debatido'. Existe defecto fáctico por no valoración del acervo probatorio,
cuando el juzgador omite considerar pruebas que obran en el expediente bien sea
porque 'no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de
fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que
de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico
debatido variaría sustancialmente.' Hay lugar al defecto fáctico por valoración
defectuosa del material probatorio cuando o bien 'el funcionario judicial,
en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los
hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico
debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva' dando paso a
un defecto fáctico por no excluir o valorar una prueba obtenida de manera
ilícita"[53].
4.3.12 Como se
observa, jurisprudencialmente se han identificado dos dimensiones en las que se
presentan los defectos fácticos:
(i) Una dimensión negativa,
cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y
caprichosa[54]
u omite su valoración,[55]
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente.[56]
Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el
juez[57].
(ii) Una dimensión positiva,
cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por
ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el
juez desconoce la Constitución.[58]
4.3.13 Vistos
los anteriores planteamientos, pasará la Sala a analizar el caso concreto a
efectos de verificar si la presente acción de tutela cumplió con los requisitos
generales de procedibilidad y si en efecto la actuación judicial controvertida
estructuró alguno de los defectos anotados.
5. Caso
concreto
5.1 Recuerda
brevemente la Sala, que en el presente caso, el accionante Argenis Antonio
Sánchez Andrade, reclama la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y defensa, los cuales considera fueron desconocidos por la Alcaldía
Municipal de San José de Cúcuta y la Inspección Primera Urbana de Policía de
ese mismo municipio, al haber aceptado y tramitado una querella policiva de
lanzamiento por ocupación de hecho, que promoviera la Sociedad Construcciones y
Promociones Clarita S en SC contra personas indeterminadas. El accionante,
quien hace parte del grupo de personas querelladas, manifestó que en el trámite
de dicha diligencia de lanzamiento, surtida el día 27 de agosto de 2012, la
inspectora de policía de marras, adelantó varias actuaciones arbitrarias, que
en su sentir desconocieron sus derechos fundamentales ya anotados.
En primer lugar,
señaló que dicha funcionaria negó el recurso de apelación propuesto por su apoderado
judicial, contra la decisión que desestimó las pruebas testimoniales con las que
se pretendía demostrar que los accionados en dicha actuación policiva tenían la
posesión del inmueble objeto de litigio desde el mes de marzo de 2010, es
decir, mucho tiempo antes del 28 de abril de 2011, fecha que el querellante
señala como el momento en que su posesión fue arbitrariamente alterada.
5.2 Frente a estos
hechos, la Sala deberá verificar inicialmente, el cumplimiento de las causales
genéricas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
5.3 Que la
cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional.
Para la Sala de
Revisión es claro, que la alegada violación del derecho fundamental al debido
proceso corresponde a una cuestión de relevancia constitucional. Ciertamente,
el accionante fundamenta su petición en el hecho de que las actuaciones
cumplidas por las autoridades judiciales en desarrollo de esta actuación
policiva, comprometieron su derecho al debido proceso porque se apartaron del
procedimiento legalmente establecido para este tipo de actuación.
Observa la Sala
que el desconocimiento del derecho al debido proceso del accionante inicia
mucho tiempo atrás, y perdura en el tiempo, pues desde el mismo momento en que
la Alcaldía Municipal admitió la querella, y luego durante la diligencia de
lanzamiento que tramitó la inspección de policía delegada para tal fin, estas
autoridades reafirmaron que sus actuaciones se ciñeron en todo momento al
procedimiento establecido en la Ley 57 de 1905, cuando quiera que la norma
aplicable al caso concreto correspondía de manera clara a lo contemplado por el
Decreto 1355 de 1970 o Código Nacional de Policía, de acuerdo a las
consideraciones atrás expuestas:
5.4 Que se
hayan identificado plenamente los derechos vulnerados y los hechos vulneratorios
de los mismos.
El señor Sánchez
Andrade ha sido claro en señalar como violados sus derechos fundamentales al
debido proceso y defensa, así como las actuaciones policivas cumplidas tanto
por la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta como por la Inspectora Primera
Urbana de Policía de esta ciudad, como los hechos desconocedores de sus
derechos fundamental.
5.5 Que la
actuación haya respetado el principio de inmediatez.
5.5.1 Advierte
la Sala que esta causal de procedencia se cumplió igualmente, pues la
interposición de la presente acción de tutela se hizo algunos meses después del
27 de agosto de 2012, fecha en que se cumpliera la diligencia de lanzamiento,
en cuyo momento el accionante presentó su oposición al mismo y aportó las
pruebas que la respaldaban.
5.5.2 En este
sentido, no comparte la Sala, la apreciación hecha por el juez de única
instancia en esta tutela, quien para verificar el incumplimiento del requisito
de inmediatez señaló que el tiempo transcurrido entre la presunta actuación u
omisión violaría de los derechos del accionante debía contabilizarse a partir
del día en que la querella fue admitida por la Alcaldía Municipal Septiembre de
2011, o desde el momento mismo en que se convocó a la primera diligencia de
lanzamiento a principios del año 2012.
5.5.3 Por el
contrario, la Sala considera que el accionante actuó dentro de un término
razonable, pues el efecto de las actuaciones judiciales que vulneraron sus
derechos fundamentales inició con el auto de aprobación de la querella dictado
el 18 de septiembre de 2011, prosiguió con la actuación policiva cumplida el 27
de agosto de 2012 a lo largo de la diligencia de lanzamiento programada para
esa fecha, y ha perdurado en el tiempo pues, ellas han materializado el
desconocimiento de los derechos del accionante.
5.5.4 Recuerda
la Sala, que si bien no existe una definición o aproximación única al concepto
de interposición de la acción de tutela, la misma debe promoverse en un término
razonable y objetivo, el cual debe mirarse en el contexto de los
hechos propios de cada caso en particular, por lo que en el presente proceso,
la Sala de Revisión encuentra que el lapso de tiempo transcurrido hasta la
interposición de la acción de tutela no desborda los mencionados criterios de
razonabilidad y objetividad.
5.6 Que no se
trate de una sentencia de tutela.
Este requisito
se cumple sin discusión alguna, pues la acción constitucional se encamina a
atacar la actuación judiciales surtidas por las autoridades administrativas en
el trámite de una acción policiva de carácter judicial en la que se pretendía
dar cumplimiento a una orden de lanzamiento por ocupación de hecho.
5.7 Que se
haya cumplido con el principio de subsidiariedad, y que la irregularidad
procesal que se alegue tenga un efecto directo sobre la decisión de fondo que
se impugna.
5.7.1 En
relación con estos dos requisitos, encuentra la Sala de Revisión, que las
decisiones judiciales impartidas en sede de un proceso policivo de carácter
civil, como lo es el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, son de única
instancia y sus efectos si bien son transitorios, no pueden ser impugnados en
forma alguna.
5.7.2 De igual
forma, en tanto el accionante considera que las accionadas, incurrieron con sus
conductas en la configuración de alguna de las causales especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra sentencia (defectos, procedimental
absoluto y fáctico), por haberse seguido una actuación a través de un
procedimiento totalmente ajeno al legalmente establecido.
5.7.3 En el
presente caso, por haberse configurado un defecto procedimental absoluto, el
mismo será explicado en detalle cuando se analicen las causales específicas de
procedibilidad alegadas por el accionante.
5.8
Configuración del defecto procedimental absoluto.
5.8.1 Cumplida la
primera etapa de verificación de las causales genéricas de procedencia, la Sala
considera probada la configuración del defecto procedimental absoluto, en tanto
se observa que la actuación policiva cuestionada se ciñó a los requisitos
contemplados en una norma que ya había sido subrogada. Además, no resulta
viable restringir el análisis de procedibilidad de esta acción de tutela a la
verificación de la efectiva improcedencia de un recurso de apelación, pues tal
y como se explicara ampliamente en consideraciones previas, es claro que el
referido recurso, contenido originalmente en el artículo 7 del Decreto 992 de
1930, había sido declarado nulo por sentencia del Consejo de Estado del 22 de
septiembre de 1975. Ciertamente, el vicio advertido por la Sala, es de mayor
entidad y compromete la integralidad del proceso policivo cuestionado
5.8.2 Ahora
bien, entrando de fondo en la causal que en efecto se estructuró plenamente en
este caso, la Sala encuentra que el alegado defecto procedimental absoluto, es
un error grave, cuya incidencia en el trámite del proceso y en el efectivo
respeto de los derechos al debido proceso, defensa y acceso a la administración
de justicia, tiene una evidente y directa implicación.
5.8.3 En efecto,
en tanto la Inspectora Primera Urbana de Policía al dar trámite a la oposición
del actor, no le dio validez a las pruebas testimoniales aportadas por el
accionante en esta acción de tutela, con las cuales pretendía demostrar la
posesión por parte de él, y de las demás personas afectadas con dicha
diligencia, esta funcionaria concluyó “que a la luz del artículo 15 de la Ley
57 de 1905” no había quedado demostrada la posesión por parte de los
querellados en los términos que se pretendía, razón pro la cual se procedió a
continuar con dicho lanzamiento
5.8.4 Es claro entonces,
que la norma que debió ser aplicada al presente caso, es el Código Nacional de
Policía (Decreto 1355 de 1970), que le otorgaba la posibilidad al señor Sánchez
Andrade de acreditar una causa justificable de la ocupación, derivada de su
condición de tenedor o poseedor desde el mes de marzo de 2010, circunstancias
que desvirtuarían por completo la procedencia de esta querella, pues estaría
demostrado que la misma se tramitó entonces, de manera extemporánea o por fuera
de los términos que para tales efectos dispone el Código Nacional de Policía.
5.9
Configuración del defecto fáctico.
5.9.1 Ahora, como
se señaló en anteriores consideraciones, la configuración del defecto
procedimental absoluto presenta una estrecha relación
con problemas de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, es decir,
con el denominado defecto fáctico[59], lo que como se acaba de
señalar afectó la valoración de las pruebas aportadas. Además, recuérdese que
en tanto el proceso policivo cuestionado se ciñó a lo dispuesto por la Ley 57
de 1905, en especial a lo señalado por el artículo 15, la garantía procesal
contemplada en dicha norma es sustancialmente más reducida que la que debió
aplicarse a lo largo de este trámite policivo.
5.9.2 Ahora bien, el alegado defecto procedimental absoluto
también cumplió con dos requisitos concomitantes: (i) que efectivamente el error de procedimiento es de tal gravedad que
de no haberse presentado, el sentido de la decisión adoptada habría sido
distinta, y ello se corroboró con la no aceptación de las pruebas aportadas al
proceso; y, (ii) porque este error no es atribuible al señor Sánchez Andrade,
accionante en esta acción de tutela.
5.9.3 En lo que
respecta a la configuración del defecto fáctico, debe anotarse que el mismo se
encuentra igualmente estructurado, en la medida que las pruebas aportadas por
el señor Argenis Antonio Sánchez Andrade para demostrar su posesión del predio
ahora reclamado por la Sociedad Construcciones y Promociones Clarita S en CS,
fueron analizadas a la luz de lo dispuesto en la Ley 57 de 1905, y no como
debió ser de conformidad con los lineamientos establecidos en el Código
Nacional de Policía. Por ello, la valoración que de dichas pruebas se pudo
hacer por la Inspectora de Policía, resultaba restrictiva, afectando con su
actuar los derechos del accionante y de los demás opositores al lanzamiento por
ocupación de hecho.
5.9.4 De igual
forma, observa la Sala, que de la lectura detallada del acta de la diligencia
de lanzamiento tramitada el día 27 de agosto de 2012, se observa que si bien el
inmueble fue nuevamente recorrido por la funcionaria y todos los interesados en
esta diligencia, no se observa que la duda que se había presentado en el mes de
enero de ese mismo año, cuando la diligencia se suspendió, se hubiese desatado.
En efecto, en  el mes de enero de 2012, la razón sustancial para suspender la
diligencia de lanzamiento fue la ausencia de la identificación exacta del
predio cuya posesión se reclamaba. Así, en la diligencia llevada a cabo en el
mes de agosto de 2012, si bien nuevamente se hizo un reconocimiento del
terreno, no es claro que el concepto del perito que debió acompañar a la
funcionaria de policía se hubiese dado y a partir del mismo se hubiese demostrado
con absoluta claridad que el predio cuya posesión se reclama es en el que se
encontraban en ese momento.
5.9.5 En la
referida acta, se aprecia que el apoderado de la sociedad querellante  hace una
relación de hechos, pero de manera alguna queda claro que la Inspectora de Policía
haya pedido o soportado su decisión en el concepto técnico de algún funcionario
del IGAC o de la misma oficina de planeación municipal. Más aún, en la mayoría
de las veces en que se hizo referencia al predio en cuestión, éste se
identificó con un número interno que emplea la empresa Centrales Eléctricas del
Norte de Santander S.A. E.S.P., como registro de sus usuarios, por lo que la
duda sobre la identificación exacta del predio persiste aún.
5.9.6 De otra
parte, no olvida la Sala, que en el plenario de esta acción de tutela obra
prueba de que ante el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cúcuta, se
encuentran en trámite un proceso de una acción popular promovida por la señora
Aura Rita Navas Hernández, persona que hace igualmente parte del grupo de
personas indeterminadas que fueran demandadas en la querella de policía,
proceso en cuyo trámite dicha autoridad judicial, procedió a ordenar como
medida provisional, la suspensión de la diligencia de lanzamiento.
5.9.7 En este
punto, ha de indicarse que esta Corporación en sentencia SU-913 de 2009[60],
unificó la posición ya reiterada en el sentido de afirmar que cuando unos
determinados hechos puedan dar lugar a una acción de tutela o a una acción
popular, la tutela será de todas formas procedente. Así, por ejemplo, en el
campo de los servicios públicos domiciliarios se ha afirmado que “la acción
de tutela dirigida a obtener obras de alcantarillado no es improcedente por la
existencia de otros medios de defensa judicial como las acciones populares,
cuando se demuestra que existe una violación o amenaza directa al derecho
fundamental de la persona que interpone la tutela y que esta situación tenga
una relación de causalidad directa con la omisión de la administración que
afecte el interés de la comunidad, dado que en estos casos se genera una unidad
de defensa, que obedece al principio de economía procesal y al de prevalencia
de la acción de tutela sobre las acciones populares” [61].
Como se observa, esta posición jurisprudencial resulta acertada en la medida en
que resuelve un problema sistémico del contencioso constitucional, esto es,
aquel que se presenta cuando teóricamente caben acciones diversas para la
protección de una misma situación jurídica. Sin querer llegar al extremo de
afirmar que la acción de tutela excluye en estas hipótesis la acción popular,
lo claro es que la jurisprudencia ha establecido que por unidad de defensa,
economía procesal y prevalencia de la acción de tutela, ésta prima sobre aquella.
5.9.8 Como se
observa en el presente caso, si bien los dos mecanismos judiciales resulten
viables para garantizar la protección de los derechos del accionante (en sede
de tutela) y de todos los demandados en la querella de policía (acción
popular), es de resaltar que el camino más expedito por economía procesal y por
consideraciones de justicia, que identificados los derechos fundamentales del
accionante, sea por vía de la acción de tutela que se procure su protección.
5.9.9 En lo que
respecta al estado actual del trámite de la acción popular, se puede observar
inicialmente, que el mismo se encuentra en una fase inicial, y la finalidad de
la misma la ha orientado el juez administrativo a garantizar no solo los
derechos colectivos vulnerados, sino también asegurar la moralidad
administrativa y la seguridad. Además, en el eventual caso que esta decisión se
aparte de los lineamientos jurídicos que deben acompañar toda decisión de esta
naturaleza, la misma podrá ser controvertida por vía de la acción de tutela, de
cumplirse obviamente, con los requisitos de procedibilidad contra decisiones
judiciales.
5.9.10 Finalmente,
debe señalarse que de los numerosos documentos aportados al plenario, se pudo
advertir que el asentamiento humano del cual hace parte el señor Argenis
Antonio Sánchez Andrade, plantea múltiples problemas, todos de gran
complejidad, los cuales suponen la afectación de sus derechos fundamentales en
varias dimensiones.
5.9.11 En
efecto, el predio en que se ubican estas personas, se encuentra claramente afectado
por fallas geológicas, situación que es de conocimiento de la misma alcaldía
municipal, quien a través de la dependencia respectiva, lo calificó como zona
de riesgo, por sus pendientes inclinadas y por las fallas geológicas que lo
atraviesan. De otra parte, se observa que el predio aludido hace parte del
perímetro de seguridad o aislamiento que debe mantenerse alrededor de los
centros carcelarios como lo es la Cárcel Modelo de esa ciudad. Igual manera, se
observa que no se cuenta tampoco con el servicio público de energía de manera
legal, tal y como se señalara por una funcionaria de la empresa prestadora del
mismo.
5.9.12 Todas
estas circunstancias, ameritan hacer un especial llamado a la Alcaldía
Municipal, así como a las demás autoridades municipales y los entes de control
a efectos de que se tomen medidas estructurales en relación con la comunidad
asentada en el predio objeto de reclamación.
6. Conclusión
Vistas las
anteriores consideraciones, esta Sala de Revisión revocará la sentencia
proferida el 26 de junio de 2013 por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Cúcuta, en la que resolvió declarar la improcedencia
de la acción de tutela promovida por el señor Argenis Antonio Sánchez Andrade.
En su lugar,
concederá la acción de tutela por encontrarse violados los derechos al debido
proceso y de defensa del señor Sánchez Andrade, dentro del proceso policivo de
lanzamiento por ocupación de hecho iniciado por la Sociedad Construcciones y
Promociones Clarita S. en CS por las consideraciones expuestas en esta
providencia.
En consecuencia,
ordenar la nulidad de todo lo actuado en el proceso policivo aquí referido, a
partir del auto admisorio de la correspondiente querella, proferido por la
Alcaldesa Municipal de San José de Cúcuta el día 18 de septiembre de 2001.
Finalmente,
ordenar a la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta, así como a la Inspección
Primera Urbana de Policía de esa misma ciudad, rehacer la actuación de
conformidad con los lineamientos jurídicos contemplados por el Código Nacional
de Policía y por las normas del Código de policía departamental Norte de
Santander o municipal de San José de Cúcuta, si fuere el caso.
IV. DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 26 de junio de 2013 por el Juzgado
Séptimo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cúcuta, en la que
resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el
señor Argenis Antonio Sánchez Andrade.
Segundo. En su lugar CONCEDER la acción de tutela por encontrarse
violados los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia del señor Sánchez Andrade, dentro del proceso policivo de lanzamiento
por ocupación de hecho iniciado por la Sociedad Construcciones y Promociones
Clarita S.CS por las consideraciones expuestas en esta providencia.
Tercero. ORDENAR la nulidad de todo lo actuado en el proceso policivo a partir del
auto admisorio de la correspondiente querella, proferido por la Alcaldesa
Municipal de San José de Cúcuta el día 18 de septiembre de 2011.
Cuarto. ORDENAR a la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta, así
como a la Inspección Primera Urbana de Policía de esa misma ciudad, rehacer la
actuación de conformidad con los lineamientos jurídicos contemplados por el
Código Nacional de Policía y por las normas del Código de policía departamental
Norte de Santander o municipal de San José de Cúcuta, si fuere el caso.
Quinto. Por Secretaría General líbrense las comunicaciones previstas en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ponente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] De lo dicho en las diligencias policivas surtidas en el trámite
de la querella policiva en cuestión, se indica que la referida numeración,
corresponde a una identificación que impone la entidad prestadora del servicio
de energía como constancia de la disponibilidad del servicio en el referido
predio.
[2] En el texto de la demanda de tutela se
señala que los linderos del referido predio, son los siguientes: “por el
NORTE: Cerro y sabana de la comunidad Almeida; por el ORIENTE: con terrenos de
la Hacienda Lalita; por el SUR: Quebrada El Salado;  por medio con terrenos que
fueron propiedad del señor JOSÉ ROSARIO ARCINIEGAS; por el OCCIDENTE: con la
zona del antiguo ferrocarril de Cúcuta.”
[3] Ley dictada el 29 de abril de 1905 por la Asamblea Nacional
Constituyente "Sobre reformas judiciales".
[4] Decreto dictado el 21 de junio de 1930, “por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 57 de 1905 y se deroga el Decreto 515 de
1923"
[5] Decreto dictado el 11 de enero de 1938 “por el cual se
reglamenta la Ley 200 de 1936”.
[6] Decreto dictado el 4 de agosto de 1970 “por el cual se dictan
normas de Policía”.
[7] Al respecto ver folio 29 del cuaderno principal del expediente,
en el que a folio 7 del acto por el cual la Alcaldía Municipal de San José de
Cúcuta admite la querella en cuestión manifiesta “Que están dadas las
exigencias del artículo 15 de la Ley 57 de 1905, para prodigar el amparo
solicitado.”
[8] Las firmas relacionadas al final de la
diligencia policiva cumplida por la Inspectora Primera Urbana de Policía de
Cúcuta, incluye los nombre de el Subsecretario de Gobierno municipal, delegado
de la Personería, asesor jurídico de la Alcaldía Municipal de San José de
Cúcuta, Comisario de Familia, delegado de Planeación Municipal, delegado de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, delegado de la entidad descentralizada de
Metrovivienda, representante del IGAC y Comandante de Policía de Atalaya,
además de seis inspectores de policía..
[9] Los declarantes quienes se ubican
igualmente en el terreno respecto del cual se adelanta la diligencia de
lanzamiento por ocupación de hecho, afirmaron vivir en dicho terreno desde hace
más de 5 años. Además, aportan pruebas documentales tales como recibos de cobro
de servicio de energía eléctrica, solicitudes de instalación de estar ocupando
dichos terrenos desde antes de la radicación de la querella
[10] A folio 147 del cuaderno principal, ver auto de fecha 13 de junio
de 2013, por el cual el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de
Conocimiento de San José de Cúcuta, admite la presente acción de tutela.
[11] Debe señalarse que si bien en el
expediente no obraba la dirección exacta a la cual notificar a la sociedad
Construcciones y Promociones Clarita S en CS, se logró averiguar la dirección
de su apoderado judicial localizado en la Avenida 1° No. 10-62 Barrio Centro.
Posteriormente, con la practica de una nueva prueba solicitada por el
Magistrado Sustanciador s, se obtuvo el texto completo de la querella de
lanzamiento por ocupación de hecho, en la que se confirmó que la dirección del
apoderado era aquella a la cual se había dirigido por parte de esta
Corporación, el auto de la vinculación de la sociedad querellante al trámite de
esta acción de tutela.
[12]  Sentencias T-024 de 1994. M. P.
Alejandro Martínez Caballero.
[13] Este poder de policía se encuentra
igualmente en cabeza de las asambleas departamentales y consejos municipales en
todos aquellos temas que no sea de reserva legal, tal y como lo dispone el
artículo 300-8 de la C. P.
[14] Sentencia T-241 de 2010. M. P. Juan
Carlos Henao Pérez.
[15] Ley 1437 de 2011, artículo 105. “Excepciones. La
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes
asuntos: // 3. Las decisiones proferidas en juicios de policía regulados
especialmente por la ley.”
[16] El artículo 82 del Decreto 01 de 1984,
modificado por el artículo 30 de la Ley 446/98, a su vez recientemente
modificado por el artículo 1° de la Ley 1107/2006, estipula lo siguiente: “Objeto
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo
contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y
litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las
sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las
personas privadas que desempeñen funciones propias de la distintos órganos del Estado.
Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los
juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley. // Esta
jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en
actos políticos o de gobierno. // La jurisdicción de lo contencioso
administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía
regulados especialmente por la ley. // Las decisiones jurisdiccionales
adoptadas por las salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Superior de
la Judicatura y de los consejos seccionales de la judicatura, no tendrán
control jurisdiccional.” (subrayado fuera del texto original).
[17] Sentencia T-443 de 1993, M. P. Antonio Barrera Carbonell.
[18] Magistrado Ponente Juan Carlos Henao
Pérez
[19] Ibídem.
[20] Ibídem.
[21] Ibídem
[22] Sobre el particular vale la pena revisar
las sentencias T-878 de 1999 M. P. Antonio
Barrera Carbonell; T-093 de 2006 M. P. Jaime Córdoba Triviño; T-1104 de 2008,
M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-560 de 2009, M. P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo y más recientemente, la sentencia T-053 de 2012 M. P. Luis Ernesto
Vargas Silva. entre otras.
[23] Consejero
ponente: Álvaro
Pérez Vives
[24] Sentencia T-053 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[25] Magistrado Ponente Alejandro Martínez
Caballero.
[26] Magistrado Ponente Antonio Barrera
Carbonell.
[27] Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño.
[28] Ver entre otras las sentencias T-827 de 2003, T-648,
T-691, T-1089 de 2005, T-015 de 2006 y SU-913 de 2009.
[29] Sobre la procedencia de la acción de tutela
como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, resultan
relevantes las sentencias T–225 de 1993, T–1670 de 2000, SU–544 de 2001,
SU-1070 de 2003, y C-1225 de 2004 en las cuales se sentaron las primeras
directrices sobre la materia, las que han sido desarrolladas por la
jurisprudencia posterior. También puede consultarse la sentencia T-698 de 2004.
y la sentencia T-827 de 2003.
[30] Sentencia C-543 de 1992, M. P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[31] Sentencias C-543 de 1992, T-567 de 1998,
T-511 de 2001, SU-622 de 2001 y  T-108 de 2003 entre otras.
[32] Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo.
[33] El artículo 86 de la C. P. reza lo
siguiente: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública (…)”.
(Negrillas fuera del texto original).
[34] Entre otras ver la sentencia T-1223 de
2001.
[35] Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.
[36] Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa.
[37] Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.
[38] Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa. En esta sentencia la
Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la expresión “ni acción”,
que hacía parte del artículo 185 de la Ley 906 de 2004. Esta decisión se asumió
bajo el criterio de que dicha expresión restringía el ejercicio de la acción de
tutela contra sentencias de la Corte Suprema de Justicia en ejercicio del
recurso extraordinario de casación en materia penal.
[39] Sentencia T-264 del 03 de abril de 2009. MP. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[40] Sentencia T-996 del 24 de octubre de 2003. MP. Clara Inés Vargas
Hernández.
[41] Ídem.
[42] Ibídem. Sentencia T-264 del 03 de abril de 2009. MP. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[43] Sentencia T-565A de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[44] Ibídem. Sentencia T-264 del 03 de abril de 2009. MP. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[45] Ver entre otras la sentencia T-1068 de 2006 y Sentencia T-266 del
3 de abril de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[46] Sentencia T-266 del 3 de abril de 2009 M. P. Humberto Antonio
Sierra Porto
[47] Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de
una sentencia judicial que la convierte en una vía de hecho, pueden
consultarse, entre otras, las sentencias T-231 del 13 de mayo de 1994 M. P.
Eduardo Cifuentes Muñoz y T-567 del 7 de octubre de 1998 M. P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[48]  Sentencia T-329 de 1996, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[49] Cfr. sentencia SU-1300 del 6 de diciembre
de 2001 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte encontró perfectamente
razonable la valoración de las pruebas que hizo el Juez Regional en la
sentencia anticipada. El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio por
probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento
patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades delictivas
se probó a través de la confesión de {varios testigos}, y de un conjunto
concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que las cuentas
en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos por el
peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las fotocopias
de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las empresas
constructoras de la familia”.
[50] Cfr. sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 M. P. Antonio
Barrera Carbonell.
[51] Cfr. sentencia T-538 del 29 de noviembre
1994 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa oportunidad se le concedió la tutela
al peticionario por la indebida apreciación que hace el juez de la conducta
asumida por una de las partes, que se atuvo a la interpretación que de unos
términos hizo el secretario del juzgado, que le lleva a negarle la
interposición de un recurso del que depende la suerte del proceso penal.
[52] Sentencia SU-159 del 5 de marzo de 2002,
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[53] Sentencia T- 1065 del 7 de diciembre de
2006 M. P. Humberto Sierra Porto
[54] Ibíd. sentencia T-442 del 11 de octubre de  1994 M. P. Antonio
Barrera Carbonell. Se dijo en esa oportunidad: “Se aprecia más la arbitrariedad
judicial en el juicio de evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la
presencia de una situación de hecho que permite la actuación y la efectividad
de los preceptos constitucionales consagratorios de derechos fundamentales,
porque de esta manera se atenta contra la justicia que materialmente debe
realizar y efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios,
derechos y valores constitucionales”.
[55] Cfr. sentencia T-239 del 30 de mayo de
1996 M. P. José Gregorio Hernández Galindo. Para la Corte es claro que, “cuando
un juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en
su decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en
vía de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada procede la acción de
tutela.  La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del
equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en
los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta
indefensión frente a las determinaciones que haya de adoptar el juez, en
cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales
para su causa, son excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora,
fortaleciendo injustificadamente la posición contraria”.
[56] Cfr. sentencia T-576 del 10 de diciembre de 1993 M. P. Jorge
Arango Mejía.
[57] Cfr., por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994.
[58] Cfr. la ya citada sentencia T-538 de 1994.
[59] Ibídem. Ver a su vez,  la sentencia T-264 del 03 de abril de
2009. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[60] Magistrado Ponente Juan Carlos Henao
Pérez.
[61] Sentencia T-022 de 2008, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.