C-402-07
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-402/07
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR
VULNERACION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD-Requisitos
Para que un demandante estructure
cabalmente un cargo en contra de una norma por violar la cláusula de igualdad
(artículo 13 de la Carta Política), salvo que se trate de alguno de los
criterios sospechosos señalados expresamente por la norma, como lo es el caso
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, etc., es necesario
que por lo menos cumpla con los siguientes dos requisitos: (i) constatar que se
está dando un trato diferente a dos o más grupos de personas, bien sea porque
la ley acusada está dando un trato diferente a situaciones que deben recibir el
mismo trato o porque la ley acusada está dando el mismo trato a situaciones que
deben recibir un trato distinto; e (ii) indicar las razones por las que se
considera discriminatorio que eso sea así.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR
VULNERACION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD-Incumplimiento de carga argumentativa
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Argumentos que no son específicos,
pertinentes ni suficientes
Referencia: expediente D-6595
Actor: Luis Hernando Suárez Pineda
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 137 (parcial) del Decreto 960 de 1970
Magistrado Ponente:
Dr.
Manuel José Cepeda Espinosa
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil siete (2007).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y de los
trámites establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la
Constitución, el ciudadano Luís Hernando Suárez Pineda demandó la expresión “y
quienes estén devengando pensión de jubilación” contenida en el artículo
137 del Decreto 960 de 1970.
Mediante Auto del 135 de diciembre de
2006, la Corte admitió la demanda contra el artículo 137 (parcial) del Decreto
960 de 1970.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales
propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede
a decidir acerca de la demanda en referencia.
II.     NORMA DEMANDADA
A continuación se trascribe la norma acusada, con el
aparte cuestionado subrayado:
Decreto Ley 960 de 1970
(20 junio)
Por el cual se expide el
Estatuto del Notariado
El  Presidente  de la República, en
ejercicio de  las  facultades extraordinarias  que le confirió la Ley 8 de
1969, y atendido  el concepto de la comisión asesora en ella prevenida,
DECRETA:
ESTATUTO DEL NOTARIADO
(…)
Artículo 137.- No podrán ser
designados Notarios en propiedad quienes se hallen en condiciones de retiro
forzoso, sea en el Notariado, sea en la Administración Pública, y quienes
estén devengando pensión de jubilación.
III.  LA
DEMANDA
El demandante acusa la
inconstitucionalidad de la expresión “y quienes
estén devengando pensión de jubilación” contenida en el artículo 137
del Decreto 960 de 1970, que establece como inhabilidad para el ejercicio de la
función notarial el que la persona esté devengando pensión de jubilación, por
considerar que dicha prohibición vulnera los derechos a la igualdad y al
trabajo consagrados en los artículos 13 y 25 Superiores, así como de los
artículos 125 y 131 de la Carta. Los argumentos de la demanda se resumen a
continuación.
En primer lugar, el ciudadano señala que si bien el
legislador estableció una prohibición para que quienes se encontraran en la
edad de retiro forzoso pudieran acceder a cargos públicos, mientras tal momento
no llegue la persona tiene el derecho a acceder a los cargos públicos,
especialmente si se trata de cargos de carrera a los que se accede mediante
concurso de méritos.
A continuación recuerda varias disposiciones legales y
reglamentarias anteriores a la Constitución de 1991 que determinaron una
inhabilidad para acceder a cargos públicos para quienes hubieran obtenido la
pensión de jubilación, y que establecieron como excepción ciertos cargos que
podrían ser ejercidos mientras no se alcanzara la edad del retiro forzoso. El
accionante también cita varios conceptos y sentencias del Consejo de Estado que
a su parecer muestran que la prohibición consagrada en el artículo 137 del
Decreto 960 de 1970 no es compatible con el ordenamiento constitucional de
1991.
En segundo lugar, el demandante indica que “la
prohibición contenida en el artículo 137 del Decreto-ley 960 de 1970 tampoco
puede aplicarse a las personas hábiles para el ejercicio de la función pública
mediante el concurso de méritos, porque viola flagrantemente el derecho a la
igualdad estatuido en la Constitución de 1991.”
En tercer lugar, destaca el accionante que “la
norma referida al notariado viola el derecho fundamental al trabajo en
condiciones iguales y justas para quienes están todavía en edad de ingresar,
mediante concurso, al sector público o a ejercer funciones públicas en su
calidad de particular.”
“Es más protuberante la violación de la norma
demandada teniendo en cuenta que los notarios no perciben salario del erario,
sino emolumentos pagados por los usuarios de la fe pública y sus diferentes
funciones, lo que obviamente permitiría que el notario no solo continúe con sus
mesadas provenientes de su pensión de jubilación o de vejez, sino que pude
cobrar, sin restricción, los emolumentos por sus servicios como notario, pues
esta denominación y origen de los recursos no corresponden a lo previsto en el
artículo 128 de la Constitución (…). Si los notarios no devengan salario
proveniente del Estado colombiano en el ejercicio propio del notariado, la
prohibición es contraria al ordenamiento constitucional actual y muy
seguramente fuera válida la exclusión del ordenamiento legal anterior.”
IV.  INTERVENCIONES
1.
Ministerio del Interior y de Justicia
Dentro del término legal previsto en el
artículo 11 del Decreto 2067 de 1991, Fernando Gómez Mejía, actuando en su
calidad de Director del Ordenamiento Jurídico del Ministerio del Interior y de
Justicia, intervino para solicitar que la Corte declare la constitucionalidad
de la norma cuestionada. Los argumentos de su escrito se resumen a
continuación.
En primer lugar, sostiene el
interviniente que es necesario distinguir entre el retiro de una persona que
cumpla los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, el reintegro al
servicio de empleados públicos retirados para disfrutar de la pensión de
jubilación y la prohibición de que quienes estén devengando pensión de
jubilación puedan ser designados como notarios en propiedad.
En segundo lugar, en cuanto al cargo de
violación del derecho a la igualdad, indica el interviniente que no se puede
afirmar que tal violación exista pues “el actor hace referencia únicamente a
servidores públicos y si se considera que los notarios no son servidores
públicos, sino (…) un particular a quien el Estado ha confiado la importante
labor de brindar seguridad jurídica a los actos, contratos, negocios jurídicos
y situaciones o relaciones jurídicas de los individuos, (…) no existe la supuesta
violación al derecho a la igualdad puesto que se trata de situaciones
diferentes que merecen trato diferente. (…) En el caso objeto de examen,
tanto los sujetos (servidores públicos, notarios, no servidores públicos,
pensionados por jubilación) como los bienes (retiro o reintegro a un cargo de
la administración pública, ser designado Notario en propiedad) son
diferenciados claramente por el Legislador de acuerdo a la libertad de
configuración legislativa que atiende a una decisión política (permitir la
renovación generacional) ajustada al texto superior ya que de acuerdo con el
artículo 131 superior, compete al legislador la reglamentación del servicio
público que prestan los notarios y registradores.
Señala adicionalmente, que según el
artículo 131, “el nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante
concurso. Así pues, es el legislador el llamado a la reglamentación de la
materia, reglamentación que ha sido surtida principalmente por la Ley 588 de
2000 y el Decreto 960 de 1970, parcialmente demandada en esta oportunidad y ha
ejercido su labor de acuerdo a la libertad de configuración normativa de que
goza. De otra parte, este Despacho no encuentra en la demanda argumentos
sólidos que sostengan la supuesta inconstitucionalidad de la norma acusada, por
cuanto el actor compara esta disposición con normas de rango reglamentario y
legal, no con el ordenamiento superior.”
Resalta finalmente que “no encuentra
en la demanda argumentos sólidos que sostengan la supuesta inconstitucionalidad
de la norma acusada, por cuanto el actor compara esta disposición con normas de
rango reglamentario y legal, no con el ordenamiento superior.(…) [En] la
acusación no se hace un examen juicioso entre la norma objeto de revisión y el
texto constitucional que se supone infringido que señale claramente a la H.
Corte la supuesta violación.”
2.
Superintendencia de Notariado y Registro
Dentro del término legal previsto en el
artículo 11 del Decreto 2067 de 1991, Lida Beatriz Salazar Moreno, actuando
como representante legal de la Superintendencia de Notariado y Registro,
intervino para solicitar que la Corte declare que la norma cuestionada es
constitucional. Los argumentos de su escrito se resumen a continuación.
Para la interviniente, el cargo de
notario no se encuentra dentro de la lista de excepciones taxativas que
consagra el artículo 29 del Decreto 2400 de 1968. Indica que la regla general
establecida por el legislador es que el disfrute de la pensión de vejez es
incompatible con la realización de trabajos por cuenta ajena o propia o con la
realización de actividades para las Administraciones Públicas.
Afirma la representante legal de la
Superintendencia que “la prohibición de ocupar el cargo de Notario por parte
de los jubilados tiene como fundamento en que los depositarios de la fe pública
tienen un régimen especial en la (sic) cual se determinan, entre otros
aspectos, las inhabilidades, incompatibilidades, causas de destitución y formas
de proveer el cargo.”
Recuerda además que uno de los efectos
del reconocimiento de la pensión de vejez es que es justa causa para dar por
terminado el contrato de trabajo, según lo estableció el numeral 14 del
artículo 7 del Decreto 2351 de 1965, y lo ratificó el parágrafo 3 del artículo
9 de la Ley 797 de 2003.
Finalmente,
cita el concepto No. 1480 de 8 de mayo de 2003 de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, según el cual no es posible que se de una
relación laboral con un pensionado.
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
Mediante escrito del 20 de febrero de 2007, el
Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, intervino en el proceso
de la referencia y solicitó a la Corte inhibirse en el proceso de la referencia
por considerar que existe inepta demanda. Las razones de su solicitud se
resumen a continuación.
Para el Procurador, “el actor no demuestra de qué
manera la disposición acusada desconoce el ordenamiento constitucional pues sus
argumentos no son de naturaleza constitucional, sino legales y doctrinarios. A
saber: el actor manifiesta que `la prohibición a los pensionados para
ingresar a la carrera notarial carece de fundamento legal ante el nuevo
ordenamiento constitucional. En efecto por vía de doctrina, el máximo organismo
de asuntos estatales, el Consejo de Estado, Sala de Consulta, radicación No.
786, Consejero Ponente: César Hoyos Salazar definió que tal prohibición no es
de recibo porque las normas referidas se encuentran tácitamente derogadas.´
”
Señala igualmente que en relación con la presunta
violación al derecho a la igualdad de los pensionados que no han llegado a la
edad de retiro forzoso, el cargo presentado por el demandante no permite
realizar una comparación entre éstos y otras personas o situaciones, pues el
actor solo se limita a señalar que la disposición acusada “hace unas
distinciones contrarias al principio de igualdad, al derecho de concursar e
ingresar al servicio del Estado.”
A pesar de lo anterior, el Procurador presenta también
argumentos de fondo para el evento en que la Corte Constitucional decida
examinar materialmente los cargos presentados por el accionante. En ese evento,
la Vista Fiscal solicita que la Corte declare la inexequibilidad de la
expresión demandada, por considerar que “no existe razón constitucionalmente
válida que impida que una persona pensionada que no ha llegado a la edad de
retiro forzoso pueda reintegrarse al servicio, fundamentalmente en aquellos
cargos que, como el de notario, son de carrera, esto es, su nombramiento debe
hacerse por concurso público (artículo 131 de la Carta Política). Lo contrario,
riñe con el artículo 40 superior que garantiza el derecho de todo ciudadano a
participar en el ejercicio de poder político y para hacer efectivo ese derecho
puede acceder al desempeño de funciones y cargos públicos.”
“Es cierto que el legislador es libre para establecer
limitaciones al régimen de inhabilidades de los notarios, entendidas éstas como
impedimentos para acceder a la función pública, pues los artículos 131 y 150,
numeral 23 Superiores, le otorgan amplias facultades al respecto, y como
consecuencia de ello, el Congreso puede determinar las circunstancias de hecho
o de derecho que impiden que una persona pueda ser designado notario. Sin
embargo, en ejercicio de esa competencia el legislador debe guardar una
relación de equilibrio entre los fines estatales, los fines de la
administración pública y el ámbito funcional del notariado y, simultáneamente,
salvaguardar los derechos de las personas que aspiran a ocupar cargos que se
encuentran vacantes, derechos que en el caso en estudio se verían afectados al
impedirles a quienes estén devengando pensión de jubilación y no han llegado a
la edad de retiro forzoso participar en el concurso público para acceder al
cargo de notario (…) El derecho a acceder al desempeño de funciones y cargos
públicos (…) solo puede ser restringido por el legislador por razones objetivas
que sean legítimas desde el punto de vista constitucional, esto es, para asegurar
la vigencia de los principios y valores de la Constitución, en lo que atañe con
el buen servicio administrativo y la protección de los derechos de las
personas.”
VI.  CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 la
Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de
inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como la que se acusa en la
demanda bajo estudio.
2.
Inhibición de la Corte Constitucional por ineptitud
sustancial de la demanda
Antes de pasar a la formulación de los problemas
jurídicos, es preciso analizar si se reúnen los presupuestos para proferir
sentencia de mérito, como quiera que el Procurador General de la Nación
solicita un fallo inhibitorio.
2.1. Requisitos mínimos que han de llenar los cargos
de inconstitucionalidad.
La jurisprudencia constitucional ha establecido
claramente los requisitos mínimos que deben llenar las demandas de
inconstitucionalidad. Entre estos requisitos, que se desarrollan en el artículo
2º del Decreto 2067 de 1991, se encuentran los de claridad, certeza,
especificidad, pertinencia y suficiencia de las razones por las cuales se
estima que un determinado texto legal viola la Constitución Política.[1]
La jurisprudencia de esta Corporación también ha
precisado cuál es la carga mínima de argumentación que pesa sobre los
ciudadanos que impugnan la constitucionalidad de normas legales. Así, en la
sentencia C-1260 de 2005 se señaló que “conforme al artículo 241 de la
Constitución, no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente
las leyes sino examinar las que efectivamente hallan sido demandadas por los
ciudadanos, lo que implica que esta Corporación sólo puede adentrarse en el
estudio y resolución del asunto una vez se presente una acusación en debida
forma”. En el mismo pronunciamiento se explicó que esta carga mínima de
argumentación no equivale a un formalismo técnico o procesal que desnaturalice
la acción pública de inconstitucionalidad, sino que “permite hacer un uso
adecuado y responsable de los mecanismos de participación ciudadana y hace
viable que se profiera un fallo de fondo”.
2.1.2. En relación con la carga
argumentativa que tiene un demandante cuando alega la existencia de una
inconstitucionalidad por violación del principio de igualdad, la Corte
Constitucional ha señalado que no basta con que el actor manifieste que las
disposiciones acusadas establecen un trato diferenciado para ciertas personas y
que ello es contrario al artículo 13 de la Constitución, sino que debe
expresar, además, las razones por las cuales considera que tal diferencia de
trato resulta arbitraria.[2] Al respecto ha dicho la Corte,
“La
equiparación del principio de igualdad con la interdicción de la arbitrariedad
supone necesariamente un problema procesal respecto de quién tiene la carga de
la prueba sobre la razonabilidad o no de una diferenciación. Si la desigualdad
aducida resulta de una distinción hecha por el legislador y cuya validez se
niega, la carga de probar la razonabilidad de la diferencia incumbe a quien
defiende la ley; por su parte, quién impugna una ley por considerar que
desatiende diferencias significativas, debe aportar las razones por las que
debió atribuirse relevancia jurídica a tales diferencias.”[3]
En el mismo sentido en la sentencia C-1115
de 2004, MP: Rodrigo Escobar Gil, la Corte Constitucional precisó lo siguiente:
Conforme lo ha expresado la jurisprudencia
de esta Corporación, para efectos de configurar un verdadero cargo de
inconstitucionalidad por violación del principio de igualdad, no es suficiente
con sostener que las disposiciones objeto de controversia establecen un trato
diferente frente a cierto grupo de personas y que ello es contrario al artículo
13 -tal y como lo pretenden las demandantes-. También es imprescindible que se
expresen las razones por las cuales considera el acusador que la supuesta
diferencia de trato resulta discriminatoria, sustentando tal discriminación con
argumentos de constitucionalidad dirigidos a cuestionar el fundamento de la
medida.
Esta última exigencia es necesaria si se
tiene en cuenta que, de acuerdo con el criterio de interpretación fijado por
este Tribunal, la realización de la igualdad no le impone al legislador la
obligación de otorgar a todos los sujetos el mismo tratamiento jurídico, ya que
no todos se encuentran bajo situaciones fácticas similares ni gozan de las
mismas condiciones o prerrogativas personales e institucionales. Según lo ha
dicho la jurisprudencia, aun cuando la igualdad se manifiesta como un derecho
relacional que propugna por reconocer a las personas un mismo trato frente a
las autoridades y unos mismos derechos y libertades, su garantía de efectividad
no se materializa en la constatación mecánica o matemática de las disposiciones
que se aplican a unos y otros sujetos, sino en la adecuada correspondencia
entre las diversas situaciones jurídicas objeto de regulación.
En ese sentido, el juicio de igualdad
desborda la mera verificación referente a si se ha otorgado o no idéntico
tratamiento normativo a todos los destinatarios de la ley, pues es claro que
cuando los supuestos de hecho que definen la aplicación de ciertas
consecuencias normativas cambian o varían en relación con algunos de tales
destinatarios, es constitucionalmente admisible que el tratamiento reconocido a
estos últimos sea sustancialmente distinto, sin que esa sola circunstancia haga
presumir el quebrantamiento del precitado principio.
Entonces, en relación con los destinatarios
de la ley, es de resaltarse que la máxima de la igualdad se entiende
quebrantada, no por el hecho de que el legislador haya previsto un trato
desigual entre unos y otros sujetos, sino como consecuencia de que tal
diferencia normativa resulte arbitraria y desprovista de una justificación
objetiva y razonable, generando una verdadera discriminación. Desde este punto
de vista, puede afirmarse que el legislador goza de un cierto margen de
libertad de configuración normativa para regular de manera diferente una
determinada situación jurídica, diferencia que sólo resulta discriminatoria si
no se encuentra razonablemente justificada.
Por ello, en principio, las disposiciones
que regulan aspectos relacionales o consagran diferencias de trato están
amparadas por la presunción de constitucionalidad, de manera que su
cuestionamiento por vía del control abstracto de constitucionalidad, cuando
éste se origina en una presunta violación del principio de igualdad, le impone
al demandante no solo la obligación de señalar el término de comparación, sino
también, y de manera especial, la de exponer las razones por las cuales
considera que esa diferencia de trato es arbitraria e injustificada y genera un
trato discriminatorio. Dicho en otras palabras, cuando una norma es acusada por
vulnerar el principio de igualdad, el actor debe precisar cuales son los grupos
o sujetos que se comparan y cuales los criterios para llevar a cabo tal
comparación y que conducen a concluir que se desconoció el citado  principio.
Por lo tanto, para que un demandante
estructure cabalmente un cargo en contra de una norma por violar la cláusula de
igualdad (artículo 13 de la Carta Política), salvo que se trate de alguno de
los criterios sospechosos señalados expresamente por la norma, como lo es el
caso de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, etc., es
necesario que por lo menos cumpla con los siguientes dos requisitos:  (i)
constatar que se está dando un trato diferente a dos o más grupos de personas, bien
sea porque la ley acusada está dando un trato diferente a situaciones que deben
recibir el mismo trato o porque la ley acusada está dando el mismo trato a
situaciones que deben recibir un trato distinto; e (ii) indicar las razones por
las que se considera discriminatorio que eso sea así.
2.2. Incumplimiento de tales requisitos en la demanda
bajo revisión.
Aplicadas las anteriores reglas a los cargos
formulados contra el artículo 137 (parcial) del Decreto 960 de 1970, concluye
la Corte que las acusaciones formuladas no cumplen con los requisitos mínimos
de especificidad, pertinencia y suficiencia.
En efecto, los cargos presentados por el actor no son
específicos, como quiera que el demandante no muestra en forma diáfana la
manera como la norma vulnera la Carta Política, sino que se limita a hacer
afirmaciones como las siguientes:
“es evidente y las normas lo han previsto
que, quienes estén en edad de retiro forzoso carecen de derechos a ser
nombrados en cargos públicos, pero mientras las personas no estén en dicho
momento histórico de sus vidas, tienen todos los derechos a ser nombrados en
los cargos públicos sin restricción y en especial cuando los cargos son de
carrera y mediante concurso de méritos.”
(…)
“Es más protuberante la violación de la
norma demandada teniendo en cuenta que los notarios no perciben salario del
erario, sino emolumentos pagados por los usuarios de la fe pública y sus
diferentes funciones, lo que obviamente permitiría que el notario no solo
continúe con sus mesadas provenientes de su pensión de jubilación o de vejez,
sino que puede cobrar, sin restricción, los emolumentos por sus servicios como
notario, pues esta denominación y origen de los recursos no corresponden a lo
previsto en el artículo 128 de la Constitución.”
Los cargos tampoco son pertinentes, pues aun cuando el
demandante afirma que la expresión demandada desconoce los derechos de aquellas
personas que no han llegado a la edad de retiro forzoso y son beneficiarios de
una pensión de vejez, al no poder concursar ni ejercer el cargo de notario por
la prohibición legal que establece el artículo 137 del Decreto 960 de 1970, la
sustentación de tal cargo la hace comparando el artículo 137 demandado con el
Decreto Reglamentario 1950 de 1973, y con los conceptos de legalidad de dicha
norma expedidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil, pero no con las
normas superiores. Así, por ejemplo, señala lo siguiente:
“El legislador por medio del decreto
reglamentario 1950 de 1973, artículo 121, determinó que las personas con
derecho a pensión de jubilación no podrán ser reintegradas al servicio salvo
que se trate de ocupar posiciones de: Presidente, Ministro de despacho, jefe de
departamento, superintendente, viceministro o secretario general de ministerio
o departamento, presidente, gerente o director de establecimiento público,
miembro de misión diplomática, secretario privado de los funcionarios
anteriores, consejero o asesor y los demás que por necesidades del servicio
determine el gobierno, siempre que no se sobrepase la edad de retiro forzoso.
De igual manera estableció la prohibición
del artículo 137 del Decreto 960 de 1970, hecho que atenta contra el
ordenamiento constitucional, pues pese a que todas las personas son iguales
ante la ley, hace unas distinciones contrarias al principio de igualdad, al
derecho de concursar e ingresar al servicio del Estado.
La prohibición a los pensionados para
ingresar a la carrera notarial carece de fundamento legal ante el nuevo
ordenamiento constitucional. En efecto, y por vía de doctrina, el máximo
organismo de asuntos estatales, el Consejo de Estado, (…) en juicio análisis de
las normas referidas al sector público definió que tal prohibición no es de
recibo porque las normas referidas se encuentran tácitamente derogadas.”
Adicionalmente, si bien el actor cita como violados
los artículos 13 (derecho a la igualdad) y 40 (derecho a la participación),
tampoco plantea el demandante cargos suficientes para demostrar la supuesta
violación a tales disposiciones.
En cuanto a la supuesta violación del derecho a la
igualdad el demandante se limita a señalar que la ley hace distinciones
contrarias a dicho principio, pero no muestra en qué consiste el trato
diferente ni las razones por las cuales considera que éste sea discriminatorio
lo cual hace que no se despierte “una duda mínima” que desvirtúe la
presunción de constitucionalidad que ampara a las disposiciones consagran
diferencias de trato. En relación con el derecho a la participación, el
demandante sólo señala que la disposición cuestionada desconoce el numeral 7
del artículo 40 de la Carta, pero no expone las razones que lo llevan a dicha
conclusión. Se limita a afirmar que “la prohibición contenida en el artículo
137 del Decreto Ley 960 de 1970 tampoco puede aplicarse a las personas hábiles
para el ejercicio de la función pública mediante el concurso de méritos, porque
viola flagrantemente el derecho a la igualdad estatuido en la Constitución
Política de 1991.”
Finalmente, también señala que la expresión
cuestionada vulnera el derecho al trabajo, pero no expone las razones por las
cuales considera que la disposición legal desconoce dicho derecho. Solo dice
que “también se destaca que la norma referida al notariado viola el derecho
fundamental al trabajo en condiciones iguales y justas para quienes están
todavía en edad de ingresar, mediante concurso, al sector público o a ejercer
funciones públicas en su calidad de particular.”
Por las anteriores razones, la Corte se declarará
inhibida para resolver sobre la demanda de la referencia, dado que ésta no
cumple con los requisitos mínimos que han de llenar las demandas de
inconstitucionalidad.
VII.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de
la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
INHIBIRSE de proferir decisión de fondo sobre la expresión “y
quienes estén devengando pensión de jubilación” contenida en el artículo
137 del Decreto 960 de 1970, por ineptitud sustancial de la demanda
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] En la sentencia
C-1052 de 2001, MP: Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte Constitucional
explicó en detalle el alcance de estas condiciones mínimas a satisfacer por los
ciudadanos demandantes, en los términos siguientes: “De otra parte, las razones
son específicas si definen con claridad la manera como la disposición
acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la
formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma
demandada”. (…) El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad
de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el
contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando
inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de
argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales”
(…) que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se
acusan.  Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se
desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad. (…) ║ La
pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se
exponen en la demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el
reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional,
es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se
expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son
inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones
puramente legales y doctrinarias (…), o aquellos otros que se limitan a
expresar puntos de vista subjetivos en los que “el demandante en realidad no
está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción
pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida
aplicación de la disposición en un caso específico” (…); tampoco prosperarán
las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis
de conveniencia(…), calificándola “de inocua, innecesaria, o reiterativa” (…) a
partir de una valoración parcial de sus efectos. ║  Finalmente, la suficiencia
que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda
relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio
(argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de
constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo,
cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición
del acto demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué
procedimiento se trata y en qué consistió su vulneración (artículo 2 numeral 4
del Decreto 2067 de 1991), circunstancia que supone una referencia mínima a los
hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no
se aporten todas las pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante.
Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance
persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque
no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es
contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la
constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un
proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a
toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte
Constitucional.”
[2]
Corte Constitucional, sentencia C-1031 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa)
[3] Esta cita proviene de la sentencia T-422/92 (MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz), uno de los fallos más citados en materia de igualdad.