T-198-19
NOTA DE
RELATORIA.  Mediante Auto 105 de fecha once de marzo de dos
mil veinte,  el cual se anexa en la parte final de esta providencia, se declara
la NULIDAD PARCIAL  del ordinal tercero de su parte resolutiva, por
violación del derecho al debido proceso del Ministerio de Educación y por
desconocimiento de las reglas de procedibilidad de la acción de tutela contra
actos de carácter general, personal y abstracto.
Sentencia T-198/19
ACCESIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD COMO COMPONENTES ESENCIALES DEL
DERECHO A LA EDUCACION-Vulneración por parte de la UPTC al liquidar valor excesivo de matrícula y
no adecuarse a necesidades sociales y económicas de accionante
DERECHO A LA EDUCACION Y PRINCIPIO DE AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Reiteración de jurisprudencia sobre
los límites
ACCESIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD COMO COMPONENTES ESENCIALES DEL
DERECHO A LA EDUCACION
DERECHO A LA EDUCACION FRENTE A DERECHOS ECONOMICOS DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS-Requisitos
de prevalencia
La Corte Constitucional ha fijado que, ante un eventual
conflicto entre el derecho del plantel educativo a obtener el pago por el
servicio de enseñanza y los derechos fundamentales del educando-principalmente
la educación-, es necesario otorgar a estos últimos una condición prevalente,
sin que ello implique desconocer la posibilidad de las instituciones educativas
de hacer efectivas las deudas a través de los medios jurídicos existentes. En
este sentido, para resolver los conflictos económicos entre el plantel
educativo y los educandos, las instituciones educativas no deben utilizar
aquellas medidas que tienden a hacer nugatorio el ejercicio de los derechos
fundamentales, sino las vías judiciales que han sido estatuidas para el efecto
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Mandatos que comprende
AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Criterio de comparación
El criterio de comparación, para la protección prima facie del
principio de autonomía universitaria se enmarca en un mandato de trato
diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte
similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes
que las similitudes
ACCESIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD COMO COMPONENTES ESENCIALES DEL
DERECHO A LA EDUCACION-Orden a la UPTC en ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad,
inaplicar el artículo segundo del Acuerdo 067/17 y recalcular valor de
matrícula de accionante
ACCESIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD COMO COMPONENTES ESENCIALES DEL
DERECHO A LA EDUCACION-Orden al Consejo Superior de la UPTC, adecuar el artículo segundo del
Acuerdo 067/17, a lo establecido en el artículo 83 del Acuerdo 066/15
Referencia:
Expediente N° T-7.083.214
Acción
de tutela promovida por Carlos Manuel Bayona Hernández contra
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC-.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos
mil diecinueve (2019).
La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera, y
los Magistrados Carlos Bernal Pulido, y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas
en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los
artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo
proferido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Tunja -Sala Civil y
Familia-, que revoca el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Tunja surtido en el
trámite de la acción de tutela instaurada por Carlos Manuel
Bayona Hernández, contra la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
-UPTC-.
Mediante auto de 26 de noviembre de 2018,
la Sala de Selección de Tutelas Número Once[1]
escogió el expediente de la referencia y lo asignó, previo reparto, al
Magistrado Alberto Rojas Ríos, para realizar la ponencia de revisión, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 241 de la
Constitución Política y en los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991,
indicando como criterio de selección objetivo: posible violación o
desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional[2].
I.
ANTECEDENTES
Carlos
Manuel Bayona Hernández formuló acción de tutela contra la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC-, para obtener la protección de los
derechos fundamentales a la educación, a la igualdad, al mínimo vital y al
debido proceso administrativo. A continuación, se reseñan los aspectos
centrales de la solicitud de amparo y las actuaciones surtidas dentro del
trámite constitucional.
1.
Hechos
relevantes
1.1.
Carlos
Manuel Bayona Hernández es estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia desde el año 2016. Además, sostuvo que es una persona
de escasos recursos económicos[3] y
que gracias a su condición de estudiante puede acceder a beneficios de salud,
alimentación y recreación, los cuales son fundamentales para su desarrollo
personal y profesional. [4]
1.2.
Aduce
que al ingresar a la Universidad en dicho año, la institución educativa le
calculó los valores de su matrícula con base en el Acuerdo 049 de 1994 -vigente
para la época-. De acuerdo con esta norma, existen dos modelos para calcular el
valor de la matrícula. El primero, a través de la declaración de renta de los
representantes legales del estudiante o de este si es independiente[5]. El
segundo, a través de la fijación de la matrícula mediante valores de salarios
mínimos mensuales legales vigentes -SMMLV- de acuerdo con la carrera[6].
1.3.
Señaló
que en el año 2005, la universidad accionada expidió el Acuerdo 066 de 2005, cuyo artículo 83 consagró que
el cálculo del valor de la matrícula de los estudiantes de la institución
universitaria se debe cuantificar, primordialmente, con base en la situación
socioeconómica. Sin embargo, la universidad continuaba computando el valor de
la matrícula con base en el Acuerdo 049 de 1994.
1.4.
Para
el cumplimiento del artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005, se instauró acción de
cumplimiento[7]
pues, el Acuerdo 049 de 1994 no cumple con los mandatos del artículo 83 del
Acuerdo 066 de 2005 -cálculo de la matrícula a partir de las condiciones
socioeconómicas del estudiante- y, por tanto, la norma del 2005 no había sido cumplida[8].
1.5.
Mediante
sentencia del 30 de junio de 2016, el Tribunal Administrativo de Boyacá[9]
accedió a las peticiones de la acción de cumplimiento. Para ello, sostuvo que a)
por la fecha de vigencia, no se puede entender que el Acuerdo 049 de 1994 sea
un desarrollo normativo del Acuerdo 066 de 2005[10]; b)
el Acuerdo 049 de 1994 no responde primordialmente a las condiciones
socioeconómicas de los estudiantes[11]; y c)
se está ante un decaimiento de acto administrativo, pues, el Acuerdo 066 de
2005 deroga el Acuerdo 120 de 1993 el cual era el “soporte jurídico” del
Acuerdo 049 de 1994. Por tal razón, ordenó reglamentar en un término de 6 meses
el valor de la matrícula conforme al artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005 y, a
su vez, aplicar la nueva reglamentación al semestre lectivo siguiente a su
expedición[12].
1.6.
Dicha
sentencia fue impugnada por la accionada, la cual fue resuelta por el Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta mediante
sentencia del 15 de septiembre de 2016[13],
quien modificó el ordinal segundo, revocó el ordinal tercero y confirmó lo
demás de la sentencia de primera instancia[14]. Por
tal motivo, ordenó a la UPTC que en un término no mayor a seis meses cumpla con
lo establecido en el artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005[15].
1.7.
La
sentencia fue objeto de solicitud de aclaración por parte de la UPTC, con el
objeto de precisar si la reglamentación del artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005
debe ser aplicada indistintamente a los estudiantes antiguos y a los nuevos, o
únicamente a estos últimos[16]. Sin
embargo, mediante el auto del 13 de septiembre del 2016, el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta denegó la petición de
aclaración del fallo, pues: i) no se trataba de aspectos contenidos en
la parte resolutiva del fallo[17] y; ii)
el estudio se limitó a establecer si la norma contenía un mandato claro,
expreso y exigible en cabeza del accionado y no interpretar o establecer el
alcance de su contenido normativo[18].
1.8.
Por
lo anterior, la UPTC expidió el Acuerdo 067 de 2017[19], en
el que reglamentó el
método para identificar el valor de la matrícula de los estudiantes admitidos a
partir del primer semestre académico del año 2018 de las carreras de pregrado
conforme a su situación socioeconómica, conforme con el artículo 2 de dicho
Acuerdo.[20]
1.9.
Como
consecuencia de lo anterior, al encontrarse excluido del ámbito de aplicación
establecido en el artículo 2 del Acuerdo 067 de 2017, la Universidad calculó el
valor de la matrícula por $2.109.353.00, sin tener en cuenta su situación
socioeconómica lo que le impide su acceso a la educación con ocasión del costo
elevado de la matrícula.
2.
Solicitud
de tutela
2.1.
Con
base en los anteriores hechos, Carlos Manuel Bayona Hernández presentó acción
de tutela con la finalidad de proteger los derechos fundamentales al mínimo
vital, a la educación, a la igualdad, y al debido proceso administrativo y,
adicionalmente, extender con efectos inter comunis[21] el
amparo a todos los estudiantes matriculados antes del primer semestre de 2018
en la UPTC. Igualmente, solicitó que se le ordenara a la UPTC que reliquide el
recibo de pago de la matrícula correspondiente al semestre 2018-2 en
cumplimiento del artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005[22].
2.2.
El
accionante señaló ser una persona con capacidades económicas limitadas. Además,
al no poder pagar la matrícula en la UPTC, no puede gozar de las garantías que,
como estudiante, tiene derecho en dicha institución tales como atención en
salud, espacios de recreación y deporte, beneficios de alimentación -almuerzo y
cena en la universidad-, los cuales, sostiene, son necesarios para su subsistencia
y desarrollo personal[23].
Además de lo anterior, solicitó que,
como medidas cautelares, se ordenara a la UPTC i) la ampliación de la
fecha de pago del valor de la matrícula hasta cuando se resuelva la acción de
tutela; y b) la posibilidad del pago a cuotas del valor de la matrícula ajustadas
a la situación económica del accionante[24].
3.   Traslado
y contestación de la acción
El 18 de julio de 2018,
el Juzgado Segundo del Circuito de Oralidad de Tunja admitió la acción de
tutela[25].
Con respecto a las medidas cautelares solicitadas, decretó únicamente la
relacionada con la ampliación del plazo de pago de la matrícula ordinaria; y,
frente a la segunda medida cautelar, el Juzgado se abstuvo de decretarla pues,
“sería dictar una sentencia anticipada sin elementos de juicio, aunado a que
con la primera se detendría la presunta vulneración de derechos fundamentales.”[26]
Surtidas las
notificaciones correspondientes[27], se presentaron las siguientes intervenciones:
3.1. Posición
de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC-
La UPTC solicitó negar
las pretensiones de la demanda. Para ello sostuvo que, de manera preliminar, la
liquidación del valor de la matrícula del accionante se realizó con base en el
Acuerdo 067 de 2017[28];
además, no existía alguna violación a los derechos fundamentales del accionante
por cuanto la universidad está actuando bajo los parámetros de la autonomía
universitaria[29].
Posteriormente, resumió
el trámite de la acción de cumplimiento, de las actuaciones del Comité
Verificador del cumplimiento de la sentencia y de la decisión del Tribunal
Administrativo de Boyacá donde sostuvo que el proyecto de Acuerdo (Acuerdo 067
de 2017) cumplía con las exigencias del artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005[30].
Asimismo, la UPTC dispone
de políticas de ayuda a las personas que pertenecen a los sectores económicos menos
favorecidos[31].
Estas políticas se reflejan a través de becas y el apoyo “de extrema
incapacidad económica”, la cual consiste en eximir al estudiante de la
totalidad del pago de la matrícula previo el cumplimiento de algunos requisitos
y, a su vez, la realización de una actividad institucional[32].
Además, después de citar el Acuerdo 067 de 2017 y la Resolución 3188 de 2018[33],
señaló que, para el presente caso, “le corresponde al Comité de Matrículas”,
entre otras funciones, examinar las peticiones para modificar los valores de la
matrícula[34].
Seguidamente, la UPTC
explicó la irretroactividad de las leyes, la cual es aplicable a los actos
administrativos. En ese sentido, de conformidad con la accionada, el Acuerdo
067 de 2017 rige hacia el futuro y, por tanto, no cobija la situación del
accionante. Igualmente, aseguró que es inconveniente aplicar el Acuerdo 067 de
2017 a los alumnos inscritos con anterioridad al primer semestre del 2018 pues,
“ya se han creado situaciones consolidadas que presuntamente beneficiarían a
unos estudiantes, pero ocasionaría un perjuicio a otros, verbi gracia (sic)
los que actualmente pagan un valor determinado por concepto de matrícula pero
que con la nueva metodología les subiría el valor”[35].
Finalmente, frente a
los efectos inter comunis, la UPTC nuevamente argumentó la
inconveniencia de aplicar el Acuerdo 067 de 2017 a los estudiantes inscritos
con anterioridad al primer semestre del año 2018.[36]
Por las anteriores
razones, la Universidad solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela[37].
4.      Decisiones judiciales objeto de
revisión
4.1.   Sentencia de primera
instancia
Mediante
sentencia del 31 de julio de 2018, el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Tunja amparó los derechos fundamentales
del accionante, aun cuando, consideró que la UPTC no vulneró el derecho al
debido proceso por cuanto la aplicación de la liquidación de la matrícula del
accionante se realizó a través de la ultractividad de las normas que regían
la materia con anterioridad a la expedición del Acuerdo 067 de 2017 (Acuerdo
049 de 1994)[38]. Sin
embargo, el juez de instancia consideró que la liquidación de la matrícula
realizada al accionante por parte de la universidad no correspondía a los
estándares establecidos por el Acuerdo 067 de 2017[39],
para la liquidación de matrículas académicas con base en la situación
socioeconómica de los estudiantes.
En ese sentido, constató que el
accionante es una persona con deficiencias económicas y, por tanto, los
argumentos de la UPTC con respecto a la autonomía universitaria y la irretroactividad
de los actos administrativos desconocen los derechos fundamentales del
accionante y, además, el contenido normativo del artículo 83 del Acuerdo 066
del 2005[40],
pues el valor de la matrícula no refleja la condición socioeconómica del
peticionario[41].
Como consecuencia de lo anterior, el
juez ordenó la inaplicación del Acuerdo 049 de 1994 por ser inconstitucional y,
por tanto, que se aplicara, para el caso concreto, el Acuerdo 067 de 2017[42].
En cumplimiento de la orden de
reliquidación del valor de la matrícula con base en el Acuerdo 067 de 2017, la
Universidad accionada expidió el recibo de matrícula por el valor de $251.860.
4.2. Impugnación
Mediante escrito radicado el 8 de agosto
del 2018, la UPTC impugnó la sentencia de primera instancia del trámite de
tutela. La institución universitaria argumentó nuevamente que a) al
accionante se le había aplicado el Acuerdo 067 de 2017[43]; b)
todas las actuaciones realizadas por universidad para la expedición del Acuerdo
067 del 2017 han sido avaladas por el comité verificador del cumplimiento de la
sentencia que resolvió la acción de cumplimiento[44]; c)
la universidad no ha vulnerado derechos fundamentales, pues ha actuado bajo los
márgenes del principio de autonomía universitaria[45]; d)
no es posible aplicar al Acuerdo 067 del 2017 a los estudiantes matriculados
con anterioridad al primer semestre del año 2018, pues ya había situaciones
jurídicas consolidadas y, además, su aplicación a dichos estudiantes puede
resultar en algunos casos perjudicial para estos[46]; y e)
a partir del principio de irretroactividad, no es posible aplicar dicho
estatuto a este grupo estudiantil[47].
Asimismo, la UPTC argumentó que la
acción de tutela no era procedente por cuanto no cumplía con el requisito de
subsidiariedad. En efecto, de acuerdo con la impugnación, el accionante i)
no demostró los requisitos para la procedencia excepcional de la tutela contra
actos administrativos, esto es, la configuración de un perjuicio irremediable[48]; y,
a su vez, ii) no agotó los mecanismos ordinarios y contenciosos
administrativos procedentes para discutir sobre la legalidad del Acuerdo 067 de
2017[49].
4.3. Sentencia de segunda
instancia
Mediante
sentencia del 11 de septiembre del 2018El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja -Sala Civil-Familia- revocó la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Oralidad de Tunja el 31 de julio de 2018[50].
Para el efecto, el Tribunal consideró
que el accionante no alegó la ilegalidad del Acuerdo 067 de 2017. Y, en ese
sentido, no le correspondería al juez constitucional, en principio, evaluar su validez.
Asimismo, consideró que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta la
aplicación del test de ponderación o juicio de razonabilidad entre el
Acuerdo 067 de 2017, el derecho a la educación, la igualdad, la estabilidad
financiera y la autonomía de la institución universitaria, por dicha razón,
revocó la decisión de tutela de primera instancia[51].
5.      Pruebas que obran como
elementos de juicio
Dentro
del proceso de tutela se mencionan las siguientes pruebas aportadas en medio
magnético[52]:
·
Copia
del Acuerdo 067 de 2017 “Por el cual se establece la metodología para el
Cálculo del Valor de la Matrícula en los programas académicos de pregrado de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.”[53]
·
Copia
del Acuerdo 066 de 2005 “Por el cual se expide el Estatuto General de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.”[54]
·
Copia
del Acuerdo 049 de 1994 “Por el cual se establece el valor y sistema de
liquidación de los derechos de la matrícula pecuniaria de los estudiantes de
pregrado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.”[55]
·
Copia
del Acuerdo 120 de 1993 “Por el cual se expide el Estatuto General de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.”[56]
·
Copia
de la sentencia de primera instancia expedida por la Sala de Decisión N°1 del
Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del proceso de acción de cumplimiento instaurado
por Francisco Cipagauta contra la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia.[57]
·
Copia
de la sentencia de segunda instancia expedida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado dentro del proceso de acción de cumplimiento instaurado por Francisco
Cipagauta contra la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.[58]
·
Copia
del Auto que resuelve la solicitud de aclaración requerida por el apoderado
judicial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de la sentencia
de segunda instancia expedida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
dentro del proceso de acción de cumplimiento.[59]
·
Copia
del comprobante de pago de matrícula para el periodo II del año 2018 de Carlos
Manuel Bayona Hernández.[60]
·
Copia
de la ficha del SISBEN N°909 de Carlos Manuel Bayona Hernández.[61]
·
Copia
de la solicitud de pago del valor restante de matrícula por revocatoria de
sentencia de tutela de primera instancia dirigida al señor Carlos Manuel Bayona
Hernández por el valor de Un millón Novecientos Doce Mil Cuatrocientos Ochenta
y Tres pesos  ($1.912.483.00).
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
La Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de los fallos de
tutela proferidos dentro de la acción de tutela de la referencia, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 86,
inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Planteamiento del caso, problema jurídico y estructura de la
decisión
Carlos Manuel Bayona Hernández es estudiante de
ingeniería civil, desde segundo semestre de 2016 hasta l0a fecha, de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC-. Dicha Universidad, de conformidad con
sus estatutos -artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005-, tiene la obligación de
calcular el valor de la matrícula primordialmente con base en la situación
socioeconómica de sus estudiantes, deber que fue reiterado y corroborado en un
proceso de acción de cumplimiento en el que se ordenó a la institución
educativa ajustar su normatividad para aplicar el mencionado criterio de
liquidación de matrícula, y que finalizó con la expedición del Acuerdo 067 de
2017.
Sin embargo, la Universidad calculó el
valor de la matrícula del actor sin tener en cuenta su situación
socioeconómica, argumentando que había iniciado sus estudios antes de la
reforma ordenada por vía de acción de cumplimiento. Por lo anterior, el demandante
presentó tutela pues afirma que se vulnera el derecho al mínimo vital, a la
igualdad, al debido proceso y a la educación. En contraste, la Universidad accionada
sostiene que actuó bajo los parámetros del principio de autonomía
universitaria; obedeción la sentencia – proferida por el
juez de cumplimiento-
sobre el tema; cuenta con políticas de ayuda a personas económicamente desfavorecidas;
no es aplicable una normatividad posterior por el principio de irretroactividad,
es decir, no es posible la aplicación del Acuerdo 067 de 2017; y es
inconveniente porque la aplicación del criterio socioeconómico afectaría
económicamente a personas que tendrían que cancelar una suma más alta al
momento del cálculo de la matrícula.
Con base en los anteriores
antecedentes le corresponde a esta Sala Novena de
Revisión responder si ¿la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC-
vulneró los derechos fundamentales a la educación, a la igualdad, al debido
proceso administrativo y al mínimo vital, de Carlos Manuel Bayona Hernández, al
calcular el valor de la matrícula sin tener en cuenta condición socioeconómica?
Para resolver el problema jurídico
planteado, esta Sala se referirá a los siguientes temas: (a) el
principio constitucional de la autonomía
universitaria; (b) el derecho fundamental a la educación,
con énfasis en las facetas de accesibilidad y adaptabilidad; (c) el derecho
a la igualdad ante la imposición de cargas y asignación de beneficios en el ámbito
académico; y, finalmente, (d)
se estudiará el caso concreto.
2.1.
El principio constitucional de la
autonomía universitaria. Reiteración de jurisprudencia
El artículo 69 de la Constitución
establece expresamente el principio de autonomía universitaria. Dicho principio
permite que la educación se ejerza en un ambiente de independencia, libertad de
pensamiento, libertad de cátedra, investigación científica y tecnológica, entre
otras características, con capacidad de decisión frente a las entidades
políticas que hacen parte del poder político del Estado[62].
Este principio contiene una doble
expresión. La primera, una libertad de enseñanza a través de sus contenidos
académicos. Ello implica un ejercicio concreto de la filosofía de enseñanza y aprendizaje[63]. La segunda, una autonomía
universitaria de tipo administrativa. En esta se encuentran[64] a) la facultad de darse y modificar
sus estatutos; b) designar sus autoridades académicas y administrativas; c)
crear y desarrollar sus programas académicos; d) expedir los correspondientes
títulos; e) definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes,
científicas, culturales y de extensión; f) vincular a sus docentes y admitir a
sus estudiantes; g) adoptar el régimen de alumnos y docentes y; h) manejar sus
recursos “para el cumplimiento su misión social y de su función
institucional”.
La Corte Constitucional no ha sido
pacífica sobre el valor abstracto del principio de la autonomía universitaria.
En ese sentido, ha considerado que la autonomía universitaria es la regla
general y, por tanto, el régimen de limitaciones es excepcional y debe estar
previsto en la ley[65]. Sin embargo, en otras oportunidades, ha sostenido que cuando no
sea posible la armonización entre el derecho a la educación y la autonomía
universitaria, se debe privilegiar el derecho a la educación, aunque ello lleve
a no aplicar el reglamento interno de la universidad[66].
En este sentido, la jurisprudencia
constitucional ha encontrado algunas limitaciones de la autonomía universitaria,
a saber: i) la facultad de inspección y vigilancia por parte del Estado[67]; ii) el contenido normativo de la
educación diseñado por el Legislador[68]; iii) la configuración de la
educación como un servicio público de acuerdo con los parámetros de la
Constitución y la Ley[69]; iv) el respeto por los derechos fundamentales[70]; y v) el concepto de orden público,
el interés general y el bien común, entre otros[71].
Dentro del estudio de casos
concretos, las diferentes Salas de Revisión han resuelto los conflictos que
nacen a partir de la ponderación entre el derecho a la educación y la autonomía
universitaria, de manera concreta al momento de aplicar el reglamento interno
en materia de conflictos económicos.
Mediante la Sentencia T-933 de
2005[72], la Sala Quinta de Revisión de la Corte resolvió un caso en donde
la Universidad de Manizales negó la expedición del título de abogado a una
persona por no encontrarse a paz y salvo con la Universidad. Como consecuencia
de esa negativa, el accionante promovió acción de tutela para la protección de
sus derechos fundamentales a la educación, al trabajo y al mínimo vital.
En sede de revisión, la Corte
Constitucional amparó los derechos fundamentales al considerar que en una
colisión entre los derechos económicos de una institución educativa y el núcleo
esencial de los derechos fundamentales del educando, el juez constitucional debe
brindar protección a estos últimos con el fin de impedir su violación o
afectación indefinida. Sin embargo, ello no implica un desconocimiento de los
derechos de la universidad, pues, esta cuenta con mecanismos ordinarios para
asegurar el pago de la deuda[73].
Dicha regla fue nuevamente aplicada
por la Sala Tercera de Revisión mediante la sentencia T-531 de 2014[74]. En esta oportunidad, se presentó
acción de tutela contra la Universidad Metropolitana de Barranquilla, pues se
negó a realizar el reintegro de un estudiante como consecuencia de no estar a
paz y salvo con los semestres cursados anteriormente. En sede de revisión, la
Corte Constitucional sostuvo “que una medida que comporte el sacrificio de
los propósitos que el proceso educativo persigue en aras de un interés
económico, resulta desproporcionado”[75].
Como consecuencia de dicha regla, la
Corte Constitucional identificó en qué casos procede la protección del derecho fundamental
a la educación frente a los derechos económicos de las universidades, a saber: i)
cuando se está ante la imposibilidad de los padres o del estudiante de cumplir
con las obligaciones pecuniarias adeudadas al plantel educativo[76]; ii) que dichas circunstancia
encuentren fundamento en una justa causa[77]; y iii) que el deudor haya
adelantado gestiones dirigidas a lograr un acuerdo de pago[78]. Una vez el juez examine que están
acreditados los citados requisitos, deberá dar primacía al derecho a la
educación y ordenar las medidas que correspondan para asegurar su debida
protección[79]. De igual manera señaló que si estos requisitos no se
encuentran cumplidos, la Universidad debe tomar todas las medidas necesarias
para garantizar el cumplimiento de la obligación del estudiante sin afectarle
la continuidad de la educación, por tanto, el juez constitucional debe advertir
qué medidas ordinarias tiene la Universidad para garantizar sus derechos
económicos.
2.2.
El derecho
fundamental a la educación. Énfasis en las facetas de accesibilidad y
adaptabilidad. Reiteración de jurisprudencia
El derecho
fundamental a la educación está previsto en el artículo 67 de la Constitución
Política. Dicho derecho se relaciona con varios postulados normativos previstos
en la Carta. Así por ejemplo, la Constitución prevé: i) la libertad de
enseñanza (C.P. art. 27); ii) la libertad de fundar establecimientos
educativos (C.P. art. 68 inc.1); iii) la autonomía universitaria (C.P.
art.69 inc.1); iv) la prestación mixta del servicio público con función
social (C.P. art.67 inc.1); v) las funciones de inspección, vigilancia y
control del Estado sobre las instituciones educativas (C.P. art.67 inc.5); vi)
las finalidades de la educación superior (C.P. art. 67 incs.1 y 2); vii)
la libertad de las artes y la ciencia (C.P. arts. 70 y 71); y viii)  un
mandato expreso de protección de la juventud (C.P. art. 45).
A partir de estas disposiciones,
la jurisprudencia constitucional[80] y el bloque de
constitucionalidad han desarrollado las facetas del derecho fundamental a la
educación.
A.   El núcleo esencial
del derecho a la educación. Énfasis en el componente fundamental de
accesibilidad y adaptabilidad
El Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, mediante la Observación General Nº13, estableció, a
partir de la interpretación del artículo 13 párrafo 1 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos Sociales y Culturales –PIDESC–, tres obligaciones
generales para la garantía del derecho a la educación: a saber: a) obligación
de respeto; b) obligación de protección; y c) obligación de cumplimiento[81].
La primera -obligación de respeto-,
consiste en que los Estados partes eviten las medidas que obstaculicen o
impidan el disfrute del derecho a la educación[82]. La segunda -obligación de
protección-, impone a los Estados partes adoptar medidas que eviten que el
derecho a la educación sea obstaculizado por terceros[83]. La tercera -obligación de
cumplimiento-, exige que los Estados partes adopten medidas positivas que
permitan a individuos y comunidades disfrutar del derecho a la educación y les
presten asistencia[84].
Asimismo, la Observación General Nº13
estableció los contenidos esenciales del derecho fundamental a la educación,
los cuales son: disponibilidad[85], accesibilidad[86], aceptabilidad[87] y adaptabilidad[88]. Estas facetas y sus expresiones constituyen el núcleo
irreductible del derecho a la educación[89].
En particular, el componente de accesibilidad,
de acuerdo con la Observación General Nº 13, se compone de tres mandatos para
su garantía: a) no discriminación[90]; b) accesibilidad material[91]; y c) accesibilidad económica[92].
- El mandato de no discriminación consiste, de acuerdo con
la Observación General Nº13, en que la educación debe ser accesible a todos,
especialmente a los grupos más vulnerables de hecho y de derecho[93].
- La accesibilidad material consiste en que ésta debe ser
asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso
razonable o por medio de una tecnología moderna[94].
- La accesibilidad económica establece que la educación
debe estar al alcance de todos. Este mandato se interpreta a partir del
artículo 13 párrafo 2 del PIDESC, por tanto, la enseñanza primaria debe ser
gratuita para todos, mientras que la educación secundaria y superior debe ser
gratuita, y si no lo es se debe alcanzar de manera gradual[95].
Por su parte, el componente de adaptabilidad
se refiere a la necesidad de que la educación se adapte a las necesidades y
demandas de los educandos y que garantice la continuidad en la prestación del
servicio[96]. La jurisprudencia constitucional, ha determinado que esta faceta
consiste en que la educación debe tener la flexibilidad necesaria para
adaptarse a las necesidades de las sociedades y comunidades en transformación y
reconocer las circunstancias de los alumnos en contextos culturales y sociales
variados[97].
Asimismo, de la faceta de adaptabilidad
se desprende otra característica, la cual consiste en su capacidad para generar
las estrategias, métodos y acciones necesarias hacia la garantía de la
permanencia y no deserción en la escuela[98]. Como consecuencia de ello, una
educación adaptable reconoce las particularidades de las personas y trabaja en
función de garantizar los derechos humanos de toda la población, por lo que
busca potenciar el respeto y la expresión de la diversidad cultural,
generacional, étnica, sexual, de género, y de las subjetividades plurales que convergen
en un territorio mismo de aprendizaje[99].
En suma, a partir de dicho estándar
internacional, la jurisprudencia constitucional ha establecido los contenidos esenciales
que deben ser garantizados, protegidos y cumplidos por el Estado colombiano como
núcleo esencial del derecho fundamental a la educación[100].
2.3.
El derecho a la
igualdad ante la imposición de cargas públicas y la asignación de beneficios en
el ámbito académico
La jurisprudencia constitucional ha
entendido que las matrículas académicas son una expresión de la dimensión civil
del derecho fundamental a la educación[101]. Con base en el artículo 67, inciso 4,
de la Constitución, la Corte ha considerado que el pago de la matrícula es un
deber académico del estudiante[102] y, a su vez, implica un derecho de
las instituciones educativas a exigir el pago por los servicios que prestan[103]. En ese sentido, “no es cierto
que esté prohibido constitucionalmente a las universidades el cobro de derechos
académicos, ni que estos deban ser gratuitos, pues la Carta permite que aun en
el sector público se pueda exigir el pago, pero solamente a quienes tengan la
capacidad económica (…)”[104].
La jurisprudencia ha condicionado
dicho deber a partir de dos escenarios constitucionales. El primero, el
incumplimiento del pago de la matrícula o cualquier obligación pecuniaria no conllevan
a la suspensión del derecho a la educación. El segundo, el acceso a
prerrogativas y la fijación de los costos de matrícula deben respetar el
principio de igualdad en la distribución de cargas públicas y en la asignación
de beneficios.
Frente al primer escenario, mediante
la Sentencia T-019 de 1999[105], la Corte Constitucional decidió una
acción de tutela promovida por un estudiante contra una institución educativa,
por considerar que dicha institución vulneró, entre otros, su derecho a la
educación, al no autorizarle la presentación de los exámenes finales como
consecuencia de no cancelar la matrícula académica[106]. En virtud de ello, el actor
solicitó un crédito a la Universidad, la cual se lo otorgó, pero como finalizó
el año sin cancelar lo adeudado, le impidió presentar los exámenes finales. El
estudiante solicitó autorización para realizar los exámenes supletorios, los
cuales fueron permitidos por la universidad bajo la condición de cancelar
previamente las sumas adeudadas[107].
En dicha oportunidad, la Corte
sostuvo que ante un conflicto entre el derecho del plantel a obtener el pago y
el derecho que le asiste al educando de recibir una educación adecuada,
integral y completa, se impone otorgarle a la educación una condición
prevalente, ya que una medida que comporte el sacrificio de los propósitos que
el proceso educativo persigue en aras de un interés económico, resulta
desproporcionada[108]. La Corte amparó el derecho fundamental a la educación y ordenó
que se le diera plena validez a los exámenes y procediera a conceder la
habilitación de la materia, si a ello había lugar[109].
Igualmente, en la Sentencia T-310
de 1999[110], la Corte revisó una acción de tutela interpuesta por un
estudiante quien, para matricularse a la universidad, consignó una parte del
valor de la matrícula y firmó un pagaré por la suma restante. En virtud de
ello, el estudiante asistió a clase y cumplió con sus obligaciones como
estudiante. Sin embargo, por problemas económicos, el estudiante no pudo
cancelar el pagaré firmado y, cuando fue a formalizar matrícula, ésta no fue
autorizada pues era extemporánea[111].
En revisión, la Sala Séptima reiteró
la regla de prevalencia del derecho a la educación frente al derecho de la
institución educativa a obtener el pago derivado de la prestación del servicio[112]. En dicha sentencia, consideró que
el mecanismo idóneo para el cobro de la deuda adquirida a favor de la
universidad es un proceso judicial, ajeno y diferente a las sanciones
académicas que la universidad impone. Por tal motivo, amparó el derecho
fundamental del accionante a la educación y ordenó legalizar la matrícula[113].
En la Sentencia T-933 de 2005[114], este Tribunal Constitucional
resolvió una acción de tutela en donde el accionante alegaba que la universidad
no le permitió que se graduara como profesional al no encontrarse a paz y salvo
económicamente con la institución educativa. En sede de Revisión, la Corte
sostuvo que los planteles educativos pueden exigir requerimientos al educando
pero no pueden condicionar el derecho a la educación al cumplimiento de ciertas
obligaciones[115].
Asimismo, la Corte evidenció i)
la efectiva imposibilidad del estudiante o de sus padres de cumplir con las
obligaciones financieras pendientes con el establecimiento educativo; ii)
que tales circunstancias encuentran fundamento en una justa causa y; iii)
que el deudor adelantó gestiones dirigidas a lograr un acuerdo de pago o el
cumplimiento de la obligación, dentro del ámbito de sus posibilidades y, por
tanto, la actuación de la universidad de exigir el paz y salvo como requisito
de grado a una persona en situación económica desfavorable vulnera el derecho a
la educación[116]. En esa medida, la Corte amparó, entre otros, el derecho
fundamental a la educación y ordenó al rector de la institución disponer lo
necesario para otorgarle al accionante el título de abogado[117].
En la Sentencia T-531 de 2014[118], la Corte Constitucional conoció una tutela de un estudiante de
odontología que, a causa de su condición socioeconómica, incumplió con el pago
completo de las sumas adeudadas por concepto de matrícula y, por tanto, la
institución educativa le negó la posibilidad de reintegro hasta tanto estuviera
a paz y salvo con la institución educativa.[119].
En Revisión, la Sala Tercera encontró
que i) el estudiante y su padre no podían pagar la deuda contraída; ii)
eran personas que en ese momento contaban con recursos limitados, incluso para
su subsistencia; y iii) le propusieron a la universidad celebrar un
acuerdo de pago con base en su capacidad económica el cual no se pudo concretar[120]. Con base en lo anterior, la Corte
amparó el derecho a la educación y ordenó su reintegro a la institución educativa;
asimismo, ordenó a la institución realizar un acuerdo de pago teniendo en
cuenta la capacidad económica del estudiante[121].
La Corte Constitucional, en la
sentencia T-102 de 2017[122], revisó una acción de tutela de una
estudiante de medicina a quien, al no cancelar la matrícula, la institución
educativa le recomendó aplazar el semestre y, posteriormente, ante el continuo
incumplimiento del pago, ordenó no emitir orden de matrícula[123].
En sede de revisión, la Sala Quinta
de la Corte sostuvo que la autonomía universitaria se encuentra limitada por
las disposiciones constitucionales y legales, especialmente en lo que se
refiere a la salvaguarda del derecho a la educación[124]. Por tal motivo, de acuerdo con la
Corte, el reglamento estudiantil no puede interferir con los mandatos del
núcleo esencial del derecho a la educación, dentro de los cuales se encuentra
incluida la permanencia en el sistema educativo. Por tal motivo, ordenó el
reintegro de la accionante y, a su vez, realizar acuerdos de pago con la accionante
que se ajusten a su capacidad económica actual[125].
A partir de las anteriores
decisiones, la Corte Constitucional ha fijado que, ante un eventual conflicto
entre el derecho del plantel educativo a obtener el pago por el servicio de
enseñanza y los derechos fundamentales del educando -principalmente la
educación-, es necesario otorgar a estos últimos una condición prevalente, sin
que ello implique desconocer la posibilidad de las instituciones educativas de
hacer efectivas las deudas a través de los medios jurídicos existentes. En ese
sentido, para resolver los conflictos económicos entre el plantel educativo y
los educandos, las instituciones educativas no deben utilizar aquellas medidas
que tienden a hacer nugatorio el ejercicio de los derechos fundamentales, sino
las vías judiciales que han sido estatuidas para el efecto.
Ahora bien, específicamente respecto al
principio de igualdad frente a las cargas públicas y la asignación de
beneficios, la Corte Constitucional ha sostenido que la relación igualdad y
cargas públicas nace a partir de la doble naturaleza del derecho a la educación
como derecho y como deber[126]. De acuerdo con la Corte, la continuidad y permanencia en
la prestación del servicio no sólo depende de la institución educativa, sino
también del beneficiario del derecho, el estudiante, quien debe cumplir con
unas cargas mínimas para su garantía[127]. Ello implica que, para la
exigibilidad del derecho a la educación, es necesario el cumplimiento de las obligaciones
necesarias para la prestación del servicio educativo, siempre y cuando ellas
sean compatibles con la Constitución[128].
Con respecto a la igualdad frente
a la asignación de beneficios, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia
C-520 de 2016, al estudiar el requisito de “ser colombiano de
nacimiento” como exigencia para acceder a los programas de beca
establecidos en la Ley 1678 de 2013, consideró que se vulneraba el principio de
igualdad con respecto a los colombianos por adopción que, de acuerdo con la
norma, se entienden excluidos de dicho programa[129].
En dicha oportunidad, la Corte sostuvo
que la nacionalidad como criterio de diferencia para el acceso al beneficio de
la beca es inconstitucional, pues, de la regulación de los extranjeros por
parte del Constituyente, se evidencia que atiende más a su similitud que a sus
diferencias, aun cuando ello no sea óbice para que el Legislador cree
tratamientos justificados, los cuales únicamente son admisibles constitucionalmente
a partir de una justificación reforzada de las diferencias[130].
En esa decisión, la Corte no sólo ahondó
en el tratamiento injustificado entre nacionales por nacimiento y por adopción,
sino que recabó en su inconstitucionalidad por vulnerar el derecho a la
educación en su faceta de accesibilidad y la violación al principio de
progresividad[131]. Por tal motivo, declaró la inexequibilidad de la expresión “nacimiento”
contenida en el numeral 1 del artículo 4 de la Ley 1678 de 2013[132].
Posteriormente, este Tribunal Constitucional,
mediante la Sentencia T-277 de 2016[133], se refirió a la vulneración del
derecho a la educación, en su faceta de accesibilidad, como consecuencia
de la imposibilidad de revisar el valor de la matrícula académica conforme a la
situación socioeconómica de los estudiantes.
La Corte estableció que la norma de
la universidad accionada que impedía la revisión de la situación socioeconómica
de los estudiantes para efectos de reliquidar la matrícula, afectaba la
garantía de accesibilidad, entendida como acceso económico a la educación, y de
adaptabilidad, que exige que el sistema se adapte a las condiciones de los
alumnos a través de su valoración de su contexto social y cultural con el
propósito de evitar su deserción[134]. Así, a partir de la teoría de la
imprevisibilidad y la interpretación del contrato a través del principio de
solidaridad social[135], se extrae la regla sobre la inconstitucionalidad de todas
aquellas normas que expidan las universidades, en virtud de su autonomía
universitaria, sobre la inmodificabilidad de las matrículas de los estudiantes[136].
Por lo anterior, del precedente analizado
se deriva que la educación como derecho-deber impone obligaciones a los
estudiantes, entre las cuales están el pago de las matrículas y otras
erogaciones que en virtud del contrato de educación, la institución
universitaria les impone. Sin embargo, los deberes asignados deben responder a
los principios de proporcionalidad y razonabilidad y, de manera más precisa, se
deben garantizar las facetas del derecho a la educación, entre las cuales están
la adaptabilidad y la accesibilidad. En ese sentido, se desprende que la
imposición de cargas y el otorgamiento de beneficios deben cumplir con el
principio de igualdad.
III.
CASO
CONCRETO
3.
Análisis
de procedibilidad formal de la presente acción de tutela
El artículo 86 -inciso 1°- de la
Constitución Política establece la legitimación por activa y por pasiva de la
acción de tutela. Esta relación implica un estudio sobre la persona a la que se
le vulnera el derecho fundamental y quien es el responsable de dicha
vulneración.
Así, la legitimación por activa,
en el caso concreto, se cumple, pues, quien instauró la acción de tutela es el
señor Carlos Manuel Bayona Hernández, quien es el directamente afectado por la
actuación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC-.
Igualmente, la legitimación por
pasiva se satisface pues, la solicitud de amparo se presentó contra la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC-, quien, a través de la
expedición del recibo de pago de la matrícula, presuntamente vulneró los
derechos alegados por el accionante.
En cuanto a la inmediatez, la
Corte Constitucional ha sostenido que la acción de tutela debe ser promovida
dentro de un plazo razonable, prudencial y cercano a la ocurrencia de los
hechos que se consideraron vulneratorios de los derechos fundamentales, con el
fin de evitar que el transcurso del tiempo desvirtúe la transgresión o amenaza
de los derechos[137].
En el caso concreto, de acuerdo con el
material probatorio recaudado en el proceso, se cumple con dicho requisito. En
efecto, aun cuando el Acuerdo 067 de 2017 tiene vigencia desde el 7 de
diciembre del 2017, la vulneración se cometió con la expedición del recibo para
el pago de la matrícula académica, el cual tiene fecha del 11 de julio del 2018
y la acción de tutela fue presentada el 16 de julio del 2018.
Con respecto a la subsidiariedad,
el artículo 86 de la Constitución reconoce la eficacia de los medios ordinarios
de protección judicial como mecanismos legítimos para la salvaguarda de los
derechos. Al existir tales mecanismos, a ellos se debe acudir preferentemente,
siempre que sean conducentes para conferir una eficaz protección constitucional
a los derechos fundamentales de los individuos[138].
En un caso similar, la sentencia T-277 de
2016, la Corte Constitucional estudió la subsidiariedad de la acción de tutela
y la existencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Sin embargo, en dicha oportunidad se estudió la procedencia de dicho medio de
control contra la respuesta de la vicerrectoría de una Institución educativa
accionada; en otras palabras, en dicha oportunidad existía un acto
administrativo expedido por parte de dicha institución que denegaba la
reliquidación de la matrícula del accionante, pues no existía dicho mecanismo
en sus estatutos.
En el presente caso, dicho requisito se
cumple, pues, a diferencia del caso anterior, lo que se pretende controlar es
el recibo de matrícula, el cual fue calculado sin consideración de las
condiciones socioeconómicas del accionante. Asimismo, no
existe un recurso judicial que permita discutir la legalidad o ilegalidad del
recibo de matrícula académica expedido por la Universidad accionada, tal y como
lo establece el artículo 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991.
Por tal motivo, la Sala encuentra que el
requisito de subsidiariedad se encuentra superado en el caso concreto.
4.
Análisis
de la procedibilidad material de la acción de tutela
Carlos Manuel Bayona Hernández es estudiante de
ingeniería civil de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC-,
institución a la cual ingresó en el segundo semestre de 2016. Dicha
universidad, de conformidad con sus estatutos -artículo 83 del Acuerdo 065 de
2005-, tiene la obligación de calcular el valor de la matrícula primordialmente
con base en la situación socioeconómica de sus estudiantes. El procedimiento
para el cálculo del valor del semestre se reguló, hasta el año 2018, con el
Acuerdo 049 de 1994, el cual establecía dos modelos de cálculo del valor de la
matrícula. El primero consistente en valores medibles en SMMLV. El segundo
mediante la presentación de la declaración de renta por parte de los
estudiantes.
Mediante acción de cumplimiento[139], se le ordenó a la
UPTC reglamentar, con base en el artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005, el valor
de las matrículas para todos los programas de la Universidad. Como consecuencia
de ello, la Universidad expidió el Acuerdo 067 de 2017, el cual, fijó en su
artículo segundo que su ámbito de aplicación estaba dirigido a aquellos
estudiantes que se hubieren matriculado desde el primer semestre del año
2018-I, en cualquier carrera. En ese sentido, el reglamento excluyó a aquellos
estudiantes que se matricularon con anterioridad a su vigencia.
A partir de dicha exclusión, la Universidad no le calculó
al accionante el valor de su matrícula conforme a los criterios establecidos en
el Acuerdo 067 de 2017, sino, por el contrario, bajo los parámetros de la Resolución
049 de 1994, los cuales, conforme con las sentencias expedidas por la Sección
Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y el
Tribunal Administrativo de Boyacá, no responden a las condiciones
socioeconómicas de los estudiantes de dicha institución y, por tanto, están en
contravía del artículo 83 del Acuerdo 066 del 2005, que establece que la
Universidad debe computar la matrícula conforme a la situación socioeconómica
de los estudiantes.
Por lo anterior, al ciudadano Carlos Manuel Bayona
Hernández no le fue liquidada su matrícula conforme a la situación
socioeconómica, en los términos del artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005,
desarrollados en el Acuerdo 067 de 2017, lo que consideró una vulneración de
sus derechos fundamentales al mínimo
vital, a la igualdad, a la educación y al debido proceso administrativo.
El juez de primera instancia amparó los derechos
fundamentales alegados, y como consecuencia, la institución educativa expidió un nuevo
recibo de matricula por valor de $251.860.00 conforme a la aplicación de los criterios
establecidos en el Acuerdo 067 de 2017.
Impugnada la decisión, el juez de segunda instancia
revocó la sentencia, pues, en su criterio: i) el Acuerdo 067 de 2017 goza de presunción de
legalidad y, por tanto, le corresponde al accionante una carga argumentativa
para demostrar la invalidez de dicho acto; ii) asimismo, si el
accionante  pretende cuestionar la validez del Acuerdo 067 de 2017, ésta se
debe realizar mediante los mecanismos establecidos en “los artículos 84 y 85
del C.C.A”; y, iii)  no se realizó en debida forma la ponderación entre
los derechos del estudiante, la autonomía universitaria ni la estabilidad
financiera de la institución de educación superior accionada. Como consecuencia
de la revocatoria de la sentencia de primera instancia, la Universidad
nuevamente calculó la matrícula al accionante con base en el Acuerdo 049 de
1994, la cual fue por el valor de $2.109.353.00.
Con base en lo anterior, la Sala Novena de Revisión de
esta Corte encuentra que se vulneró el derecho fundamental a la educación en
sus facetas de accesibilidad y adaptabilidad debido a que al no cuantificar la
matrícula con base en sus condiciones socioeconómicas al accionante i) le
impide el acceso a la educación, la cual debe estar al alcance de todos; y, a
su vez, ii) omite tomar las medidas necesarias para adaptarse a las
condiciones del estudiante, lo que conlleva a impedir el goce continuo del
derecho fundamental a la educación.
Además, contrario a lo concluido por los jueces de tutela
de instancia, (i) no existe una vulneración al principio de autonomía
universitaria y a la estabilidad presupuestal de la universidad; (ii) existe
un tratamiento injustificado entre los estudiantes inscritos a primer semestre
del año 2018 lectivo y aquellos que estuvieron inscritos con anterioridad a
esta fecha; y (iii) se vulneró el derecho al debido proceso del señor
Carlos Manuel Bayona Hernández al otorgar efectos ultractivos al Acuerdo 049 de
1994.
a.     Violación
al derecho a la igualdad y a las facetas de accesibilidad y adaptabilidad del
derecho a la educación
La Sala se referirá al alcance del
Acuerdo 067 de 2017 y, posteriormente, evaluará si el ámbito de aplicación es
acorde con la Constitución con base en los lineamientos del principio de
igualdad expuestos en la parte considerativa de esta decisión.
El objeto del Acuerdo 067 de 2017
consistió en adoptar una metodología para el cálculo de la matrícula en los
programas académicos de pregrado de la Universidad accionada. El artículo segundo
de la norma establece que el Índice Socio-Económico -ISE-, el cual contiene
tres componentes para el cálculo de la matrícula[140], los
cuales son: i) variables de condición socioeconómica; ii)
las excepciones y; iii) los atenuantes. Asimismo, establece que
el Acuerdo 067 de 2017 será aplicado a los estudiantes admitidos a partir del
primer semestre académico del año 2018.
El artículo tercero define las variables
económicas, las excepciones y los atenuantes que se tendrán en cuenta para el
cálculo del valor de la matrícula[141]. Desde
el artículo cuarto hasta el octavo se establece el procedimiento para liquidar
el valor de la matrícula[142]. Los
artículos noveno, décimo y decimoprimero establecen la creación del Comité de
Matrículas, su composición, funcionamiento y sus funciones[143]. A
partir del artículo decimosegundo hasta el decimonoveno se enuncian los
documentos soporte, las sanciones, el formulario de condición socioeconómica,
la revisión de la liquidación, programas de admisión especial, los estudiantes
reintegrados, las transferencias internas y las derogatorias[144].
Por su parte, las consideraciones del
Acuerdo 067 de 2017 hacen referencia i) al principio de autonomía
universitaria como fundamento del Acuerdo[145]; ii)
al cumplimiento de las sentencias de cumplimiento expedidas por el Tribunal
Administrativo de Boyacá y el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta[146]; y iii)
al procedimiento que se llevó a cabo para el cumplimiento de las providencias
judiciales producto de la acción de cumplimiento[147].
Del análisis del ámbito de aplicación
de la norma, se puede evidenciar dos sujetos de comparación. Por
un lado, los estudiantes inscritos con anterioridad al primer semestre lectivo
del año 2018 y, por otro, aquellos estudiantes que se inscribieron a las
carreras universitarias ofrecidas por la universidad desde el primer semestre
del año 2018.
A la luz del principio de igualdad, los sujetos
que componen la relación de comparación son los estudiantes que
estuvieron inscritos con anterioridad al primer semestre lectivo del año 2018 y
aquellos que se inscribieron al primer semestre de las carreras ofrecidas por
la Universidad en el primer semestre del año 2018. Una vez identificada la
relación de comparación, es necesario establecer el criterio de comparación
que exige el principio de igualdad.
La jurisprudencia constitucional[148] ha
sostenido que estos se componen de cuatro hipotéticos de relación, a saber: a)
un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en situaciones
idénticas[149]; b)
un mandato de trato estrictamente diferenciado a destinatarios cuyas
situaciones no comparten ningún elemento en común[150]; c)
un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten
similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de
las diferencias[151]; y d)
un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en
una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las
diferencias sean más relevantes que las similitudes[152].
Conforme al artículo segundo del Acuerdo
067 de 2017, la diferencia que existe entre los sujetos de comparación para la
aplicación del cálculo de las matrículas con base en la situación
socioeconómica se basa en la temporalidad de la medida, en otras
palabras, el criterio de comparación es el tiempo. En ese sentido, la
Sala deberá precisar si el tiempo constituye una medida efectiva para crear
tratos diferenciados entre los miembros de la comunidad académica.
Considera la Sala que el tiempo es un
factor constitucionalmente admisible para crear tratos diferenciados entre la
comunidad académica. En efecto, el funcionamiento de las instituciones
universitarias es dinámico. En virtud de dicho carácter, las instituciones
universitarias pueden adecuar contenidos curriculares, reconfigurar decisiones
administrativas u otras actividades que, en el marco de la autonomía
universitaria, consideren necesarias para cumplir con su objeto social. En ese
sentido, la temporalidad de las matrículas faculta a las instituciones
educativas para tratar a la comunidad académica de manera desigual, siempre y
cuando se respeten ciertos marcos y motivos establecidos en la Constitución y
la Ley.
Con base en dicha consideración, la Sala
Novena encuentra que el criterio de comparación, para la protección prima
facie del principio de autonomía universitaria se enmarca en un mandato de
trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en
parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más
relevantes que las similitudes.
A partir de la adecuación de la relación
fáctica, para el desarrollo del criterio de comparación (tertium comparationis),
se debe evidenciar el carácter estatal de la diferenciación y su justificación,
en otras palabras, se debe describir cómo la universidad accionada justificó el
trato diferenciado.
En ese orden, la justificación hizo
referencia a la potestad de configuración de la Universidad producto del
principio de autonomía universitaria, el cumplimiento de las providencias
judiciales, el proceso de cumplimiento de la sentencia y el contenido del
estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia con
el cual se basó la institución accionada para calcular el valor de las
matrículas conforme a las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, lo
que originó el Acuerdo 067 de 2017. Así, dentro de la parte considerativa de
este Acuerdo, no existe una alusión específica a la razón por la cual la
metodología del cálculo del valor de las matrículas con base en las condiciones
socioeconómicas no le es aplicable a los estudiantes inscritos con anterioridad
al primer periodo del año 2018.
En ese sentido, el tratamiento diferenciado
establecido en el artículo segundo del Acuerdo 067 de 2017 carece de razonabilidad[153],
básicamente porque la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia no
asumió carga argumentativa alguna que soportara la necesidad de distinguir, en
su aplicación, entre los estudiantes matriculados en primer semestre en el
primer periodo del año 2018 y aquellos que, como el actor, fueron inscritos con
anterioridad a esta fecha.
Por otra parte, la Sala considera que el principio de igualdad
no se encuentra satisfecho en el presente caso, debido a que no se estableció
un tratamiento diferenciado acorde con las distintas situaciones que pudieran
afectar los derechos de los estudiantes que ya habían sido matriculados, a
través de medidas como, por ejemplo, un régimen de transición.
Si el objeto de la medida aplicaba únicamente a los
estudiantes inscritos al primer semestre de las carreras universitarias
ofrecidas por la institución educativa del primer periodo del año 2018, la
universidad accionada debió incluir en el Acuerdo 067 de 2017 un régimen de
transición que cobijara a los estudiantes inscritos y admitidos en la
universidad hasta el segundo periodo lectivo del año 2017, lo cual no fue
realizado por la universidad. Por el contrario, además de no configurar el
régimen de transición, el Acuerdo 067 de 2017, en su artículo 18, previó que “Para
los estudiantes matriculados, admitidos e inscritos en programas académicos de
pregrado de la UPTC hasta el segundo semestre de 2017, que soliciten
transferencias internas, conservarán los valores de liquidación de los sistemas
vigentes antes de la presente reglamentación y dependerá del programa académico
que aplique.”
Por tal motivo, al no preverse un régimen de transición
que permitiera la adecuación del valor de las matrículas conforme a la
situación socioeconómica de los estudiantes inscritos a las carreras ofrecidas
por la institución educativa hasta el segundo periodo del año 2017 y, a su vez,
establecer que los estudiantes de dicho periodo conservarán los valores de
liquidación vigentes con anterioridad al Acuerdo 067 de 2017, la Sala Novena de
la Corte Constitucional considera que dicha exclusión constituye un tratamiento
injustificado, pues no evalúa otras alternativas que permitan a los estudiantes
excluidos acceder a los beneficios de liquidación de la matrícula conforme a su
situación socioeconómica.
Asimismo, la remisión normativa del artículo 18 del
Acuerdo 067 de 2017 a los sistemas vigentes de cálculo de matrículas con
anterioridad a su expedición -Acuerdo 049 de 1994-, de acuerdo con las
sentencias expedidas por el Tribunal Administrativo de Boyacá y la Sección
Quinta del Consejo de Estado, están en contravía del artículo 83 del Acuerdo
066 de 2005, por tanto, su remisión no cumple con lo ordenado por las corporaciones
judiciales que resolvieron el trámite de acción de cumplimiento.
Finalmente, la Sala considera que dicha
diferenciación vulnera las facetas de accesibilidad y adaptabilidad del
núcleo irreductible del derecho a la Educación. En efecto, aun cuando, en
virtud del principio de autonomía universitaria, la institución educativa
accionada pueda configurar sus estatutos y diferenciar su aplicación a la comunidad
académica bajo criterios de temporalidad, dicho criterio no puede ser
utilizado para desconocer los contenidos mínimos de los derechos fundamentales
garantizados por la Constitución, entre ellos, los derechos fundamentales a la
igualdad y principalmente a la educación.
Así, por una parte, los contenidos de la
accesibilidad implican que la educación deba estar al alcance de todos y
todas
y, por otra parte, los contenidos de la adaptabilidad conllevan que la
educación se adapte a las necesidades y demandas de los educandos y, además, a
garantizar la continuidad del servicio.
Estas facetas obligan a la institución
educativa accionada a que calcule el valor de las matrículas conforme a las
condiciones socioeconómicas de la totalidad de sus estudiantes en virtud del
artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005. En ese sentido, aun cuando, de manera
preliminar, el tiempo sea una condición de diferenciación que permita, en
virtud de la autonomía universitaria administrativa, diferenciar la aplicación
de sus normas, en el presente caso, la temporalidad no es un argumento
constitucionalmente válido que permita calcular el valor de la matrícula a un
sector de los estudiantes con base en sus condiciones socioeconómicas, pues
ello implicaría sostener que, en virtud del carácter temporal de las normas, se
puede limitar la vigencia de los derechos fundamentales.
Por lo anterior, al no establecer una
justificación sobre la diferencia entre los estudiantes inscritos en la UPTC
hasta el segundo periodo del año 2017 y los estudiantes inscritos al primer
semestre lectivo del año 2018 y, asimismo, al omitirse la inaplicación de la
excepción de inconstitucionalidad, la Sala Novena de la Corte Constitucional
considera que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, mediante el
Acuerdo 067 de 2017, vulneró los derechos fundamentales a la educación e
igualdad del señor Carlos Manuel Bayona Hernández, por cuanto dicho acto
administrativo debió aplicarse al accionante sin diferenciación de tiempo
alguna.
Esta diferenciación injustificada, y
por tanto, la omisión de inaplicar por inconstitucionalidad el artículo segundo
del Acuerdo 067 de 2017, vulnera, además, el derecho fundamental al mínimo
vital del demandante, por cuanto el costo de la matricula fue calculado por
un valor que no corresponde a su realidad socioeconómica. En este punto, la
Sala constató que sus ingresos mensuales son de $280.000, razón por la que le
resultaría prácticamente imposible cancelar el valor de su matrícula semestral
($2.109.353.00). Además, al perder su calidad de estudiante, se vería privado del sistema de bienestar universitario
de la Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia,  tales como alimentación y recreación, que resultan indispensables
para su desarrollo personal.
b.
Sobre la vulneración al principio de autonomía universitaria y a la estabilidad
económica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Considera la Sala que no se vulnera el
principio de autonomía universitaria, así como, no existe una afectación a la
estabilidad económica. Lo anterior, por dos razones. La primera, debido a que
la Universidad expidió el Acuerdo 066 del 2005, el cual expresamente establece
la obligación de calcular el valor de las matrículas académicas de los
programas de pregrado, primordialmente, con base en las condiciones
socioeconómicas de los estudiantes. En ese sentido, la universidad accionada,
desconoció sus propios estatutos, lo cual no hace parte del principio de
autonomía universitaria, como afirma la accionada, pues este mandato no
conlleva a que las instituciones educativas vulneren o desconozcan sus propias
normas o directrices internas.
La segunda, respecto a la estabilidad
económica,
la
Universidad accionada alegó que la aplicación del Acuerdo 067 de 2017 puede
generar, eventualmente, inconvenientes a los estudiantes, pues su aplicación
incrementaría el valor de las matrículas a una parte de los estudiantes. La
Sala considera que este argumento no es de recibo, pues el incremento de las
matrículas con base en la reliquidación bajo el modelo adoptado en el Acuerdo
067 de 2017 implica una expresión del principio de igualdad donde cada
estudiante cancelará el valor de su matrícula conforme a su situación
socioeconómica real y actual. Por tanto, además de ser una expresión del
principio de igualdad, lo alegado por la Universidad es uno de los efectos de
la aplicación del modelo de cálculo del valor de la matrícula establecido en el
Acuerdo 067 de 2017.
b.    Violación del
derecho al debido proceso administrativo
Por último, la Sala considera que se vulneró el derecho
al debido proceso administrativo -contrario a lo afirmado por el juez de
primera instancia-. De acuerdo con este, el derecho al debido proceso
administrativo no se vulneró pues se aplicó el Acuerdo 049 de 1994 en virtud de
los efectos ultractivos de la norma. Sin embargo, dicho efecto era
inaplicable en el presente caso, pues, como se sostuvo en el procedimiento de
la acción de cumplimiento, el Acuerdo 049 de 1994 no establecía el criterio
de liquidación del valor de la matrícula conforme a la situación socioeconómica
de los estudiantes.[154] En otras palabras, no le era aplicable de manera ultractiva dicha norma (Acuerdo 049
de 1994) al accionante, por cuanto su sistema de cálculo del valor de las
matrículas no respondía primordialmente a las condiciones socioeconómicas de
los estudiantes, pues tal sistema fue previsto en el artículo 83 del Acuerdo
066 de 2005 y posteriormente desarrollado en el Acuerdo 067 de 2017.
Además de lo anterior, la Sala considera que la
Universidad accionada desconoció las órdenes de la sentencia de cumplimiento
expedida por el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. En efecto, el Tribunal
Administrativo de Boyacá consideró que, frente a la regulación del cálculo del
valor de las matriculas establecida en el Acuerdo 049 de 1994, operó la figura
del decaimiento de acto administrativo, y que el Acuerdo 066 de 2005 ordenó calcular
el valor de las matrículas con base en la situación socioeconómica de los estudiantes.
De manera que, al diferenciar temporalmente entre quienes
fueron matriculados en las diferentes carreras con anterioridad al primer semestre
lectivo del año 2018, y los que se inscribieron con posterioridad a dicha
fecha, la Universidad incumple injustificadamente el artículo 83 del Acuerdo
066 de 2005, pues ni las sentencias de la acción de cumplimiento, ni el acuerdo
066 mismo, establecieron ningún criterio de diferenciación en la orden de
cálculo del valor de las matrículas con base en el criterio de la situación
socioeconómica de los estudiantes.
Por las anteriores razones, la Sala amparará los derechos fundamentales al mínimo vital, a la
igualdad, a la educación y al debido proceso administrativo de Carlos Manuel
Bayona Hernández y, por tanto; a) revocará la sentencia proferida el 11
de septiembre de 2018 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Tunja
Sala Civil-Familia, por medio de la cual negó las pretensiones de la acción de
tutela; en su lugar; b) amparará los derechos fundamentales al mínimo
vital, a la igualdad, a la educación y al debido proceso administrativo del
ciudadano Carlos Manuel Bayona Hernández; c) ordenará a la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia a que, en lo sucesivo, inaplique el
artículo 2° del Acuerdo 067 de 2017 para efectos de reliquidar la matrícula
académica de Carlos Manuel Bayona Hernández a partir del Periodo I del año 2019,
conforme su situación socioeconómica; y d) ordenará a la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia que ajuste el artículo 2° del Acuerdo 067
de 2017, con base en el artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005, de conformidad con
la parte motiva de la presente providencia.
IV.
SÍNTESIS
En el presente caso, le correspondió
a la Sala Novena de Revisión resolver la acción de tutela promovida por Carlos
Manuel Bayona Hernández, quien inició sus estudios de pregrado en Ingeniería
Civil en el año 2016. Lo anterior, debido a que la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia liquidó la matrícula académica del periodo académico
2018-2, sin considerar su situación socioeconómica, como dispone el Acuerdo 067
de 2017, en desarrollo del artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005.
Por su parte, la institución
educativa accionada señaló que el citado Acuerdo solo rige para los estudiantes
inscritos con posterioridad al primer semestre del año 2018. Explicó que
estableció la forma de cálculo de las matrículas en el marco de su autonomía
universitaria y que expidió el Acuerdo 067 de 2017 en cumplimiento de la sentencia
de 15 de septiembre de 2016 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que confirmó el fallo de 30
de junio de 2016, proferida por la Sala de Decisión Nº1 del Tribunal
Administrativo de Boyacá, que ordenó actualizar la forma de liquidación de las
matrículas de la Universidad. Esto, porque la Universidad accionada aplicó el
Acuerdo 049 de 1994, a pesar de que el mismo no estaba vigente, desconociendo
así lo establecido en el artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005.
Como problema jurídico, la Corte
estudió si la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –de carácter
oficial–, vulneró los derechos fundamentales del actor a la igualdad, a la
educación, al mínimo vital y al debido proceso al no liquidar el valor de la
matrícula con base en su situación socioeconómica.
De manera preliminar, la Sala constató
que la acción de tutela cumple con la totalidad de los requisitos de
procedencia formal contra la institución educativa accionada. Por ello, decidió
que es procedente asumir el análisis de fondo respecto de la vulneración a los
derechos fundamentales alegados por el accionante al derecho a la igualdad, a
la educación, al mínimo vital y al debido proceso administrativo.
Frente a la vulneración al derecho a
la igualdad, la Sala consideró que, si bien es constitucionalmente admisible
crear diferencias entre los miembros de la comunidad académica, estos aplican
siempre y cuando se encuentren acordes con la Constitución y la Ley. No
obstante, en el caso concreto se evidenció que la institución educativa
accionada: i) no motivó debidamente el criterio de diferenciación establecido
en el Acuerdo 067 de 2017, entre los estudiantes inscritos con anterioridad al
segundo periodo académico del año 2017 y aquellos estudiantes inscritos a
primer semestre en las carreras ofrecidas en el año 2018; y, además, ii)
la universidad no creó un régimen de transición para que las garantías
establecidas en el marco del Acuerdo 067 de 2017 fueran aplicadas a los
estudiantes inscritos con anterioridad al segundo periodo académico del año
2017.
Además de lo anterior, la Sala Novena
considera que la institución educativa accionada vulneró el derecho fundamental
a la educación en sus facetas de accesibilidad y adaptabilidad. Ello
debido a que, por un lado, el cálculo y la liquidación del valor excesivo de la
matrícula del accionante impiden que éste curse el semestre lectivo, al no
tener los recursos suficientes para sufragar dicho gasto -vulneración de la
faceta de accesibilidad-; y, por otro lado, la institución educativa no se
adecuó a las necesidades sociales y económicas de sus estudiantes, violando así
la faceta de adaptabilidad.
Esta diferenciación injustificada
vulnera, además, el derecho fundamental al mínimo vital del demandante,
por cuanto el costo de la matricula fue calculado por un valor que no
corresponde a su realidad socioeconómica. En este punto, la Sala constató que sus
ingresos mensuales son de $280.000, razón por la que le resultaría
prácticamente imposible cancelar el valor de su matrícula semestral ($2.109.353.00). Además, al perder su calidad de estudiante, se vería privado de
las ayudas asistenciales de bienestar universitario, tales como alimentación y
recreación, que resultan indispensables para su desarrollo personal.
En criterio de la Sala, la
Universidad accionada no debió crear (artículo 2º del Acuerdo 067 de 2017) una
diferenciación injustificada entre los estudiantes inscritos en la
UPTC hasta el segundo periodo del año 2017 y los estudiantes inscritos a partir
del primer semestre lectivo del año 2018, pues el artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005 y las sentencias de la
acción de cumplimiento no establecieron ningún criterio de distinción para el
cálculo de la liquidación de las matrículas, diferente a la situación
socioeconómica de aquellos.
Frente a la protección del principio
de autonomía universitaria y la estabilidad económica esgrimidos por la Universidad,
la Sala considera que el primero no tiene un valor superior frente al derecho a
la educación, al menos por dos razones. La primera, consiste en que el
principio de la autonomía universitaria no protege las actuaciones de las
universidades que se dirijan a desconocer sus propios estatutos. La segunda,
indica que el
incremento de las matrículas con base en la reliquidación bajo el modelo adoptado
en el Acuerdo 067 de 2017 implica una expresión del principio de igualdad donde
cada estudiante cancelará el valor de su matrícula conforme a su situación
socioeconómica real y actual.
Finalmente, sobre la vulneración al
derecho fundamental al debido proceso administrativo, la Sala consideró que
éste se vulneró por parte de la Universidad al aplicarle al accionante el
Acuerdo 049 de 1994, al menos por dos razones. La primera, consiste en que dicho
Acuerdo fue objeto de decaimiento del Acto Administrativo por el Acuerdo 066 de
2005, según lo explicó la sentencia del 30 de junio de 2016, expedida en el
proceso de acción de cumplimiento adelantado ante la Sala de Decisión N°1 del
Tribunal Administrativo de Boyacá.
La segunda, porque no era aplicable de
manera ultractiva dicha norma (Acuerdo 049 de 1994) por cuanto su sistema de
cálculo del valor de las matrículas no respondía primordialmente a las
condiciones socioeconómicas de los estudiantes, pues tal sistema fue previsto
en el artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005 y posteriormente desarrollado en el
Acuerdo 067 de 2017.
Por las anteriores razones, la Sala
Novena de Revisión de la Corte Constitucional revocará la sentencia proferida
el 11 de septiembre de 2018 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Tunja, Sala de Decisión Civil-Familia, por medio de la cual negó la solicitud de
amparo de la referencia. En su lugar, amparará los derechos fundamentales a la
igualdad, a la educación, al mínimo vital y al debido proceso administrativo de
Carlos Manuel Bayona Hernández.
Como consecuencia de lo anterior,
ordenará a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que, dentro del
término de setenta y dos horas (72) siguientes a la notificación del presente
fallo, recalcule el valor de la matricula solicitada por el actor para el
periodo académico 2019-1 y aplique, en lo sucesivo, el criterio de
situación socioeconómica previsto en el Acuerdo 067 de 2017, para efectos de
liquidar en los periodos subsiguientes, la matrícula académica de Carlos Manuel
Bayona Hernández.
Finalmente, la Corte ordenará ajustar
el artículo 2° del Acuerdo 067 de 2017 conforme al artículo 83 del Acuerdo 066
de 2005 en el entendido que este se debe aplicar a todos los estudiantes de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de conformidad con la parte
motiva de la presente providencia.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución.
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR la
sentencia proferida el 11 de septiembre de 2018 por el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Tunja, Sala de Decisión Civil-Familia, por medio de la
cual negó las pretensiones de la acción de tutela de la referencia. En su
lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, a la educación,
al mínimo vital y al debido proceso administrativo de Carlos Manuel Bayona Hernández
en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- ORDENAR a la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que, dentro del término de
setenta y dos horas (72) siguientes a la notificación de la presente
providencia, en ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad, inaplique el
artículo segundo del Acuerdo 067 de 2017, recalcule el valor de la matricula
solicitada por el accionante para el periodo académico 2019-1 y aplique, en lo
sucesivo, el criterio de situación socioeconómica previsto en el Acuerdo
066 de 2005 y desarrollado en el Acuerdo 067 de 2017, para efectos de liquidar en
los periodos subsiguientes la matrícula académica de Carlos Manuel Bayona
Hernández.
TERCERO.- ORDENAR al Consejo
Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para que, de
acuerdo con los procedimientos fijados en sus estatutos, en el término de seis (6)
meses contados a partir de la notificación de la presente providencia, ADECÚE
el artículo 2° del Acuerdo 067 de 2017 a lo establecido en el artículo 83
del Acuerdo 066 de 2005, de conformidad con la parte motiva de la presente
providencia.
CUARTO.- LÍBRESE por la Secretaría General de la
Corte Constitucional las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE
VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL
PULIDO
A LA SENTENCIA
T-198/19
ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION
DEL DERECHO A LA EDUCACION-Se debió declarar improcedente por incumplir requisito de
subsidiariedad (salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION
DEL DERECHO A LA EDUCACION-Asunto exigía evaluar idoneidad de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho por cuanto omisión conlleva incongruencia de la sentencia
(salvamento de voto)
Expediente:
T-7.083.214
Acción
de tutela promovida por Carlos Manuel Bayona Hernández contra la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia –UPTC–.
Magistrado
ponente:
Alberto
Rojas Ríos
Con
mi acostumbrado respeto por las decisiones de esta Corte, suscribo este salvamento
de voto en relación con la providencia de la referencia. Considero que la
acción de tutela debió ser declarada improcedente, por cuanto no satisface el
requisito de subsidiariedad. Al respecto, la sentencia contiene un análisis
equivocado e  incongruente acerca de la subsidiariedad. De un lado, equivocado,
por cuanto esta concluye que el accionante cuestiona el recibo de matrícula
expedido por la UPTC, el cual no constituye un acto administrativo que pudiese
ser controlado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Sin
embargo, esta es una lectura contraevidente del asunto, toda vez que (i)
dicha matrícula se calculó de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo 067
de 2017, el cual (ii) expresamente previó que su ámbito de aplicación
solo estaba referido a los estudiantes que ingresaran a la universidad en el
periodo académico 2018-I, que no es el caso del accionante. En tales términos,
es claro que, en caso de existir una vulneración de los derechos fundamentales
del accionante, esta es consecuencia de dicho acto administrativo, y no, como
se afirma erróneamente en la sentencia, del recibo de matrícula.
1.
De
otro lado, incongruente, en la medida que, a pesar de haber fijado como
presunto acto vulnerador de los derechos fundamentales el recibo de matrícula,
al analizar el caso concreto, lo cierto es que la sentencia se limita a
cuestionar el Acuerdo 067 de 2017, específicamente en relación con su presunta
ausencia de razonabilidad al “no prever un régimen de transición que
cobijara a los estudiantes inscritos y admitidos en la universidad hasta el
segundo periodo lectivo del año 2017”. Por lo tanto, la cuestión exigía
evaluar la idoneidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en
el caso concreto. Esta omisión no solo conlleva una incongruencia interna de la
sentencia, sino, además, una omisión de análisis de asuntos de relevancia
constitucional.
Fecha ut supra,
CARLOS BERNAL
PULIDO
Magistrado
Auto 105/20
Referencia:
Expediente T-7.083.214
Asunto:
Solicitud de nulidad contra la sentencia T-198 de 2019 promovida por el
Ministerio de Educación Nacional
Magistrado
Ponente:
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Bogotá D.C., once (11) de marzo de dos
mil veinte (2020).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional integrada por las Magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado, Diana
Fajardo Rivera y Cristina Pardo Schlesinger, y los Magistrados Carlos
Bernal Pulido, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo,
Antonio José Lizarazo Ocampo, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos,
quien la preside, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales,
profiere el siguiente
AUTO
I.
ANTECEDENTES
1.
Antecedentes del proceso que originó la expedición de la Sentencia
T-198 de 2019
1.1.
Carlos Manuel Bayona Hernández, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia -UPTC- desde el año 2016, es una persona de escasos recursos económicos[155] que
debido a su condición de estudiante puede acceder a beneficios de salud,
alimentación y recreación, los cuales son fundamentales para su desarrollo
personal y profesional.[156]
1.2.
Adujo que, al ingresar a la Universidad en dicho año, la
institución educativa calculó el valor de su matrícula con base en el Acuerdo
049 de 1994 -vigente para la época-. Esta norma establece dos modelos para
determinar la mencionada suma de dinero. El primero, a través de la declaración
de renta de los representantes legales del estudiante o de este si es
independiente[157]. El segundo, a través de la fijación
de la matrícula mediante valores de salarios mínimos mensuales legales vigentes
-SMMLV- teniendo en cuenta la carrera[158].
1.3.
Señaló que, en el año 2005, la universidad accionada expidió el
Acuerdo 066 de 2005, cuyo artículo
83 consagró que el cálculo del valor de la matrícula de los estudiantes de la
institución universitaria se debe cuantificar, primordialmente, con base en su
situación socioeconómica. Sin embargo, la universidad continuaba computando el
valor de la matrícula con base en el Acuerdo 049 de 1994.
1.4.
Para el cumplimiento del artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005, se
instauró acción de cumplimiento[159] pues, el Acuerdo 049 de 1994 no
cumple con los mandatos del artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005 -cálculo de la
matrícula a partir de las condiciones socioeconómicas del estudiante- y, por
tanto, la norma del 2005 no había sido cumplida[160].
1.5.
Mediante sentencia del 30 de junio de 2016, el Tribunal
Administrativo de Boyacá[161] accedió a las peticiones de la acción
de cumplimiento. Para ello, sostuvo que a) por la fecha de vigencia, no
se puede entender que el Acuerdo 049 de 1994 sea un desarrollo normativo del
Acuerdo 066 de 2005[162]; b) el Acuerdo 049 de 1994 no
responde primordialmente a las condiciones socioeconómicas de los estudiantes[163]; y c) se está ante un
decaimiento de acto administrativo, pues, el Acuerdo 066 de 2005 deroga el
Acuerdo 120 de 1993 el cual era el “soporte jurídico” del Acuerdo 049 de
1994. Por tal razón, ordenó reglamentar en un término de 6 meses el valor de la
matrícula conforme al artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005 y, a su vez, aplicar
la nueva reglamentación al semestre lectivo siguiente a su expedición[164].
1.6.
Dicha providencia fue impugnada por la accionada, la cual fue
resuelta por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 15
de septiembre de 2016[165], quien modificó el ordinal segundo,
revocó el ordinal tercero y confirmó lo demás de la providencia de primera
instancia[166]. Por tal motivo, ordenó a la UPTC que
en un término no mayor a seis meses cumpliera con lo establecido en el artículo
83 del Acuerdo 066 de 2005[167].
1.7.
La decisión fue objeto de solicitud de aclaración por parte de la
UPTC, con el fin de precisar si la reglamentación del artículo 83 del Acuerdo
066 de 2005 debe ser aplicada indistintamente a los estudiantes antiguos y a
los nuevos, o únicamente a estos últimos[168].
Sin embargo, mediante el auto del 13 de septiembre del 2016, el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta denegó la
petición de aclaración del fallo, pues: i) no se trataba de aspectos
contenidos en la parte resolutiva del fallo[169]
y; ii) el estudio se limitó a establecer si la norma contenía un mandato
claro, expreso y exigible en cabeza del accionado y no a interpretar o
establecer el alcance de su contenido normativo[170].
1.8.
Por lo anterior, la UPTC expidió el Acuerdo 067 de 2017[171], en el que reglamentó el método para
identificar el valor de la matrícula de los estudiantes admitidos a partir del
primer semestre académico del año 2018 de las carreras de pregrado conforme a
su situación socioeconómica, de acuerdo con el artículo 2 de dicho Acuerdo.[172]
1.9.
Como consecuencia de lo anterior, al encontrarse excluido del
ámbito de aplicación establecido en el artículo 2 del Acuerdo 067 de 2017, la
Universidad calculó el valor de la matrícula por $2.109.353.00, sin tener en
cuenta su situación socioeconómica lo que le impide su acceso a la educación
con ocasión del costo elevado de la matrícula. Contra esta determinación,
Carlos Manuel Bayona presentó acción de tutela, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la educación, a la igualdad, al debido proceso
administrativo y al mínimo vital.
2.
Decisiones de los jueces de tutela
a.
Sentencia de primera instancia
En sentencia del 31 de julio de 2018, el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Tunja amparó los derechos
fundamentales del accionante. Aun cuando consideró que la UPTC no vulneró el
derecho al debido proceso por cuanto la aplicación de la liquidación de la
matrícula del accionante se realizó a través de la ultractividad de las
normas que regían la materia con anterioridad a la expedición del Acuerdo 067
de 2017 (Acuerdo 049 de 1994)[173].
Consideró que la liquidación de la matrícula realizada al accionante por
parte de la universidad no correspondía a los estándares establecidos por el
Acuerdo 067 de 2017[174],
para la liquidación de matrículas académicas con base en la situación
socioeconómica de los estudiantes.
En ese sentido, constató que el accionante
es una persona en situación de vulnerabilidad económica y, por tanto, los
argumentos de la UPTC con respecto a la autonomía universitaria y la
irretroactividad de los actos administrativos desconocen los derechos
fundamentales del accionante y, además, el contenido normativo del artículo 83
del Acuerdo 066 del 2005[175],
pues el valor de la matrícula no refleja la condición socioeconómica del
peticionario[176].
Como consecuencia de lo anterior, el
juez ordenó la inaplicación del Acuerdo 049 de 1994 por ser inconstitucional y,
por tanto, que debía aplicarse, para el caso concreto, el Acuerdo 067 de 2017[177].
En cumplimiento de la orden de
reliquidación del valor de la matrícula con base en el Acuerdo 067 de 2017, la
Universidad accionada expidió el recibo de matrícula por el valor de $251.860.
b.
Sentencia de segunda instancia
El 11 de septiembre del 2018, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja -Sala Civil-Familia- revocó la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Oralidad de Tunja el 31 de julio de 2018[178].
Consideró que el accionante no alegó la
ilegalidad del Acuerdo 067 de 2017. En ese sentido, no le corresponde al juez
constitucional, en principio, evaluar su validez. Asimismo, aseveró que el juez
de primera instancia no tuvo en cuenta la aplicación del test de ponderación
o juicio de razonabilidad entre el Acuerdo 067 de 2017, el derecho a la
educación, la igualdad, la estabilidad financiera y la autonomía de la
institución universitaria, por dicha razón, revocó la decisión de tutela de
primera instancia[179].
3.
La sentencia T-198 de 2019
La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional amparó los derechos fundamentales a la educación, al debido
proceso administrativo, a la igualdad y al mínimo vital de Carlos Manuel Bayona
Hernández[180].
Frente a la vulneración a los derechos
fundamentales a la educación -en su faceta de accesibilidad y adaptabilidad- y
a la igualdad, la Corte consideró que, en primer lugar, del ámbito de
aplicación normativa del Acuerdo 067 de 2017 se evidencian dos sujetos de
comparación[181].
El primero, los estudiantes inscritos con anterioridad al primer semestre
lectivo del año 2018; el segundo, aquellos estudiantes que se inscribieron a
las carreras universitarias ofrecidas por la universidad accionada desde el
primer semestre del año 2018[182].
Conforme al artículo segundo del Acuerdo
067 de 2017, la diferencia que existe entre los sujetos de comparación para la
aplicación del cálculo de las matrículas con base en la situación socioeconómica
se basa en la temporalidad de la medida, en otras palabras, el criterio
de comparación es el tiempo. En ese sentido, la Corte precisó que el tiempo
constituye una medida efectiva para crear tratos diferenciados entre los
miembros de la comunidad académica.
En efecto, la sentencia consideró que
las instituciones universitarias pueden adecuar contenidos curriculares,
reconfigurar decisiones administrativas u otras actividades que, en el marco de
la autonomía universitaria, consideren necesarias para cumplir con su objeto
social. Asimismo, la temporalidad de las matrículas faculta a las instituciones
educativas para tratar a la comunidad académica de manera diferenciada, siempre
y cuando exista una razón suficiente que justifique la diferenciación, y se
respeten ciertos marcos y motivos establecidos en la Constitución y la Ley.
Por lo anterior, la Sala Novena encontró
que el criterio de comparación, para la protección prima facie del
principio de autonomía universitaria se enmarca en un mandato de trato
diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte
similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más
relevantes que las similitudes.
A partir de la adecuación de la relación
fáctica, verificó si la diferenciación estuvo argumentada. En ese orden,
encontró que la justificación hizo referencia a la potestad de configuración de
la Universidad producto del principio de autonomía universitaria, el
cumplimiento de las providencias judiciales, el proceso de cumplimiento de la
sentencia y el contenido del estudio realizado por la Universidad Nacional de
Colombia con el cual se basó la institución accionada para calcular el valor de
las matrículas conforme a las condiciones socioeconómicas de los estudiantes,
lo que originó el Acuerdo 067 de 2017. Así, describió que no existe una alusión
específica a la razón por la cual la metodología del cálculo del valor de las
matrículas con base en las condiciones socioeconómicas no le es aplicable a los
estudiantes inscritos con anterioridad al primer periodo del año 2018.
De esta manera, el tratamiento
establecido en el artículo segundo del Acuerdo 067 de 2017 en torno a la
diferenciación de la temporalidad carecía de razonabilidad[183],
básicamente porque la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia no
asumió carga argumentativa alguna que soportara la necesidad de distinguir, en
su aplicación, entre los estudiantes matriculados en primer semestre en el
primer periodo del año 2018 y aquellos que, como el actor, fueron inscritos con
anterioridad a esta fecha.
Por otra parte, la Sala
consideró que se vulneró el principio de igualdad. Ello en atención a que no se
justificó el tratamiento diferenciado entre los estudiantes matriculados con
anterioridad al segundo semestre del año 2017 y aquellos que fueron
matriculados a partir del primer semestre del año 2018; y, a su vez, estas
cargas desiguales no fueron atendidas a través de medidas tales como la
creación de un régimen de transición que alivianara las cargas
desproporcionadas que generan el desigual tratamiento injustificado.
Si el objeto de la
medida aplicaba únicamente a los estudiantes inscritos al primer semestre de
las carreras universitarias ofrecidas por la institución educativa del primer
periodo del año 2018, la universidad accionada debió incluir en el Acuerdo 067
de 2017 un régimen de transición que cobijara a los estudiantes inscritos y
admitidos en la universidad hasta el segundo periodo lectivo del año 2017, lo
cual no hizo. Por el contrario, además de no configurar el régimen de
transición, el Acuerdo 067 de 2017, en su artículo 18, previó que “Para los
estudiantes matriculados, admitidos e inscritos en programas académicos de
pregrado de la UPTC hasta el segundo semestre de 2017, que soliciten
transferencias internas, conservarán los valores de liquidación de los sistemas
vigentes antes de la presente reglamentación y dependerá del programa académico
que aplique.”
Por tal motivo, al no
preverse un régimen de transición que permitiera la adecuación del valor de las
matrículas conforme a la situación socioeconómica de los estudiantes inscritos
a las carreras ofrecidas por la institución educativa hasta el segundo periodo
del año 2017 y, a su vez, establecer que los estudiantes de dicho periodo
conservarían los valores de liquidación vigentes con anterioridad al Acuerdo
067 de 2017, la Sala Novena de la Corte Constitucional observó que dicha
exclusión constituye un tratamiento injustificado, pues no evalúa otras
alternativas que permitan a los estudiantes excluidos acceder a los beneficios
de liquidación de la matrícula conforme a su situación socioeconómica.
Asimismo, la remisión
normativa del artículo 18 del Acuerdo 067 de 2017 a los sistemas vigentes de
cálculo de matrículas con anterioridad a su expedición -Acuerdo 049 de 1994-,
de acuerdo con las sentencias expedidas por el Tribunal Administrativo de
Boyacá y la Sección Quinta del Consejo de Estado, estaba en contra
del artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005, por
tanto, su remisión no cumplía con lo ordenado por las corporaciones judiciales
que habían resuelto el trámite de acción de cumplimiento.
Finalmente, la
Sala estableció que dicha diferenciación vulnera las facetas de accesibilidad
y adaptabilidad del núcleo irreductible del derecho a la Educación. En
efecto, aun cuando, en virtud del principio de autonomía universitaria, la
institución educativa accionada puede configurar sus estatutos y diferenciar su
aplicación a la comunidad académica bajo criterios de temporalidad,
dicho criterio no podía ser utilizado para desconocer los contenidos mínimos de
los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, entre ellos, los
derechos a la igualdad y principalmente a la educación.
Así, por una parte, los contenidos de la
accesibilidad implican que la educación deba estar al alcance de todos y todas
y, por otra parte, los contenidos de la adaptabilidad conllevan que la
educación se adapte a las necesidades y demandas de los educandos y, además, a
garantizar la continuidad del servicio.
Estas facetas obligaban a la institución
educativa accionada a que calculara el valor de las matrículas conforme a las
condiciones socioeconómicas de la totalidad de sus estudiantes en virtud del
artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005. En ese sentido, aun cuando, de manera
preliminar, el tiempo sea una condición de diferenciación que permitiera en
virtud de la autonomía universitaria administrativa, diferenciar la aplicación
de sus normas, en el presente caso, la temporalidad no era un argumento
constitucionalmente válido que le hubiera permitido calcular el valor de la
matrícula a un sector de los estudiantes con base en sus condiciones
socioeconómicas, pues ello implicaría sostener que, en virtud del carácter
temporal de las normas, se puede limitar la vigencia de los derechos
fundamentales.
Por lo anterior, al haberse establecido
una justificación sobre la diferencia entre los estudiantes inscritos en la
UPTC hasta el segundo periodo del año 2017 y los estudiantes inscritos al
primer semestre lectivo del año 2018 y, asimismo, al haberse omitido la
aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, la Sala Novena de la Corte
Constitucional consideró que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, mediante el Acuerdo 067 de 2017, vulneró los derechos fundamentales a
la educación e igualdad del señor Carlos Manuel Bayona Hernández, por cuanto
dicho acto administrativo debió aplicarse al accionante sin diferenciación de
tiempo alguna.
Esta diferenciación injustificada y, por
tanto, la omisión de acudir a la excepción de inconstitucionalidad para
inaplicar el artículo segundo del Acuerdo 067 de 2017 y, en su lugar, calcular
el recibo de pago con base en lo previsto en el artículo 83 del Acuerdo 065 de
2005, vulneró, además, el derecho fundamental al mínimo vital del
demandante, por cuanto el costo de la matrícula fue calculado por un valor que
no corresponde a su realidad socioeconómica. En este punto, la Sala constató
que sus ingresos mensuales son de $280.000, razón por la que le resultaría
prácticamente imposible cancelar el valor de su matrícula semestral ($2.109.353.00). Incluso, al perder su calidad
de estudiante, se vería privado del sistema de bienestar universitario de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, tales como alimentación y recreación,
que resultan indispensables para su desarrollo personal.
Sobre la violación al debido proceso
administrativo, la Sala concluyó que la misma se
había presentado en atención a que, extender en el tiempo  los efectos del la
Acuerdo 049 de 1994 resultaba improcedente en el presente caso, pues, como se
sostuvo en el procedimiento de la acción de cumplimiento, el Acuerdo 049
de 1994 no establecía el criterio de liquidación del valor de la matrícula
conforme a la situación socioeconómica de los estudiantes;[184] en otras palabras, no
le era aplicable de manera ultractiva dicha norma (Acuerdo 049 de 1994) al
accionante, por cuanto su sistema de cálculo del valor de las matrículas no
respondía primordialmente a las condiciones socioeconómicas de los estudiantes,
pues tal sistema fue previsto en el artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005 y
posteriormente desarrollado en el Acuerdo 067 de 2017.
Además de lo anterior,
la Sala afirmó que la UPTC desconoció las órdenes de la sentencia de
cumplimiento expedida por el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. En efecto, el
Tribunal Administrativo de Boyacá había considerado que, frente a la regulación
del cálculo del valor de las matrículas establecida en el Acuerdo 049 de 1994,
había operado la figura del decaimiento de acto administrativo, y que el
Acuerdo 066 de 2005 ordenó calcular el valor de las matrículas con base en la
situación socioeconómica de los estudiantes.
De manera que, al
diferenciar temporalmente entre quienes fueron matriculados en las diferentes
carreras con anterioridad al primer semestre lectivo del año 2018, y los que se
inscribieron con posterioridad a dicha fecha, la Universidad incumplió
injustificadamente el artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005, pues ni las
sentencias de la acción de cumplimiento, ni el acuerdo 066 mismo, establecieron
ningún criterio de diferenciación en la orden de cálculo del valor de las
matrículas con base en el criterio de la situación socioeconómica de los
estudiantes.
Finalmente, sobre la
vulneración al principio de autonomía universitaria, la Sala estimó
que el mismo no se veía afectado al igual que el principio de  a la estabilidad
económica. Lo anterior, por dos razones. La primera, debido a que la
Universidad expidió el Acuerdo 066 del 2005, el cual expresamente establece la
obligación de calcular el valor de las matrículas académicas de los programas
de pregrado, primordialmente, con base en las condiciones socioeconómicas de
los estudiantes. En ese sentido, la universidad, desconoció sus propios
estatutos, lo cual no hace parte del principio de autonomía universitaria, como
afirma la accionada, pues este mandato no conlleva a que las instituciones
educativas vulneren o desconozcan sus propias normas o directrices internas.
La segunda, respecto a la estabilidad
económica, la Universidad accionada alegó que la aplicación del Acuerdo 067 de
2017 puede generar, eventualmente, inconvenientes a los estudiantes, pues su
aplicación incrementaría el valor de las matrículas a una parte de los
estudiantes. La Sala consideró que este argumento no es de recibo, pues el
incremento de las matrículas con base en la reliquidación bajo el modelo
adoptado en el Acuerdo 067 de 2017 implica una expresión del principio de
igualdad donde cada estudiante cancelará el valor de su matrícula conforme a su
situación socioeconómica real y actual. Por tanto, además de ser una expresión
del principio de igualdad, lo alegado por la Universidad es uno de los efectos
de la aplicación del modelo de cálculo del valor de la matrícula establecido en
el Acuerdo 067 de 2017.
Por
tal motivo, la Sala Novena de la Corte Constitucional resolvió:
“PRIMERO.- REVOCAR la
sentencia proferida el 11 de septiembre de 2018 por el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Tunja, Sala de Decisión Civil-Familia, por medio de la
cual negó las pretensiones de la acción de tutela de la referencia. En su
lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, a la
educación, al mínimo vital y al debido proceso administrativo de Carlos Manuel
Bayona Hernández en los términos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO.- ORDENAR a
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que, dentro del término de
setenta y dos horas (72) siguientes a la notificación de la presente
providencia, en ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad, inaplique el
artículo segundo del Acuerdo 067 de 2017, recalcule el valor de la matrícula
solicitada por el accionante para el periodo académico 2019-1 y aplique, en lo
sucesivo, el criterio de situación socioeconómica previsto en el
Acuerdo 066 de 2005 y desarrollado en el Acuerdo 067 de 2017, para efectos de
liquidar en los períodos subsiguientes la matrícula académica de Carlos Manuel
Bayona Hernández.
TERCERO.- ORDENAR al
Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para
que, de acuerdo con los procedimientos fijados en sus estatutos, en el término
de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la presente
providencia, ADECÚE el artículo 2° del Acuerdo 067 de 2017 a
lo establecido en el artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005, de conformidad con la
parte motiva de la presente providencia.
CUARTO.- LÍBRESE por
la Secretaría General de la Corte Constitucional las comunicaciones de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Cópiese, notifíquese, publíquese y
cúmplase”.
4.
Solicitud de nulidad promovida por el Ministerio de Educación
Nacional contra la sentencia T-198 de 2019
El 7 de noviembre de 2019, el Ministerio
de Educación Nacional solicitó la nulidad contra la sentencia T-198 de 2019. En
ella, presentó el cumplimiento de los requisitos procesales y, a su vez, como
causal de nulidad describió que la sentencia T-198 de 2019 incurrió en un
cambio de precedente.
4.1.
Requisitos formales de la solicitud de nulidad
El Ministerio de Educación Nacional, en
primer lugar, aseveró que la solicitud de nulidad fue instaurada dentro del
término correspondiente. En efecto, afirmó que la solicitud de nulidad debe
interponerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación
de la sentencia a las partes y a los terceros interesados. Sin embargo, en el
caso concreto, la sentencia T-198 de 2019 no fue notificada al Ministerio de
Educación Nacional y, por tanto, “aún no ha comenzado a correr [el
término] para la Nación-Ministerio de Educación Nacional”[185].
En segundo lugar, aseveró que en la
adopción de la sentencia T-198 de 2019 existió una irregularidad procesal por
ausencia de notificación al Ministerio de Educación Nacional. La misma no sólo
se cometió en sede de revisión, sino que también tuvo lugar en las instancias
correspondientes, pues, sin importar el resultado de la decisión adoptada,
nunca se vinculó la Ministerio de Educación Nacional en el trámite de tutela[186].
En tercer lugar, sostuvo la existencia
de la legitimación en la causa para interponer la solicitud de nulidad. Para
ello, afirmó que “anualmente realiza aportes al presupuesto de la referida
institución educativa en desarrollo de los artículos 86 y 87 de la Constitución
y de la Ley 30 de 1992, y dado que la orden contenida en el numeral segundo de
la providencia cuestionada crea un desbalance financiero en el presupuesto de
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – Sede Central Tunja (…)
esta cartera ministerial se ve directamente afectada por el fallo en cuestión”[187].
4.2.
Requisitos materiales de la solicitud de nulidad
El Ministerio de Educación Nacional
argumentó que la sentencia T-198 de 2019 incurrió en un desconocimiento del
precedente en torno a la línea jurisprudencial sobre la irretroactividad de los
reglamentos de las instituciones de educación superior.
En efecto, sostuvo que la jurisprudencia
constitucional ha establecido que, al igual que las leyes, los actos
administrativos gozan, en virtud del Estado de derecho, de irretroactividad. A
partir de ello, aseveró que, pese al decaimiento del Acuerdo 049 de 1994, no
pueden desconocerse los principios y derechos adquiridos en virtud de la
reglamentación anterior.
De tal forma, el Acuerdo 067 de 2017 es
un acto administrativo constitutivo, “pues modificó las situaciones
jurídicas preexistentes con la implementación de un régimen diferenciado para
el cálculo de la matrícula de los estudiantes de pregrado de la referenciada
Universidad (…)” En esta medida, de acuerdo con el Ministerio de Educación
Nacional, “es claro que la UPTC no podría supeditar la vigencia del Acuerdo
067 de 2017 para un periodo anterior al de la expedición y publicación de éste,
máxime cuando efectivamente se consolidaron con anterioridad una serie de
situaciones que ocasionarían perjuicios a unos y beneficios a otros como por
ejemplo el incremento en el valor de la matrícula”[188].
Aseguró que la irretroactividad de los
reglamentos educativos ha sido objeto de reiterada jurisprudencia (sentencias
T-1288 de 2000, T-810 de 2010 y T-098 de 1999, T-674 de 2000, T-870 de 2000, y
T-886 de 2009). En ella, la Corte, de acuerdo con el escrito de nulidad -y de
manera concreta en reglamentos educativos de las instituciones universitarias-,
estableció que “las instituciones universitarias no pueden dictar
reglamentos con efectos retroactivos o aplicar normas contenidas en nuevos
reglamentos a situaciones que han quedado definidas o consolidadas bajo un
régimen normativo anterior. Si de hecho lo hacen, violan los arts.58 y 83 de la
Constitución que consagran el respeto por los derechos adquiridos, el principio
de la buena fe, y la confianza legítima o debida, íntimamente vinculada a éste
(…)”[189].
Finalmente, el Ministerio de Educación
Nacional afirmó que la sentencia T-198 de 2019 incurrió en una causal de
nulidad por violación al debido proceso, pues profirió órdenes a entidades
públicas que no fueron vinculados al proceso y, por tanto, no tuvieron
oportunidad procesal para intervenir en su defensa.  En efecto, según el
escrito de nulidad, “si bien el contenido de la orden del fallo de revisión
no emite un mandato dirigido a la Nación – Ministerio de Educación Nacional,
esa orden produce tal afectación a las finanzas de la universidad ésta se ve en
la obligación de recurrir a los recursos de la Nación para equilibrar el
déficit fiscal producto de la aplicación retroactiva del acuerdo 067 de 2017,
por medio del cual se ordena recalcular el valor de la matrícula con base en la
situación socioeconómica del estudiante.”[190](…)
“Lo anterior en consideración al deber que le asiste al Estado de garantizar
el acceso a la de (sic) la (sic) Educación Superior y la necesidad de los
aportes de la Nación para la materialización de este derecho”[191].
5.
Trámite de la Solicitud de Nulidad
Mediante Auto del 13 de enero del 2020,
el magistrado sustanciador notificó a la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia y al señor Carlos Manuel Bayona Hernández como partes accionada y
accionante respectivamente dentro del trámite de tutela que culminó con la
expedición de la sentencia T-198 de 2019. Dentro del término otorgado, las
partes se pronunciaron de la siguiente manera:
5.1.
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC-
En escrito radicado el 28 de enero de
2020, la UPTC, a través de apoderado judicial, coadyuvó la solicitud de nulidad
presentada por el Ministerio de Educación Nacional. Consideró que la Sala
Novena de Revisión de la Corte Constitucional vulneró el derecho fundamental al
debido proceso -contradicción e indebida notificación-, al no vincular a dicho
Ministerio en el trámite de tutela que culminó con la expedición de la
sentencia T-198 de 2019.
Sobre la legitimación en la causa del
Ministerio, sostuvo que, si bien la Constitución garantiza el principio de
autonomía universitaria, ésta debe respetar las limitaciones establecidas en la
Ley 30 de 1992. Asimismo, el derecho fundamental a la educación se garantiza a
través de la relación Estado, sociedad y familia. En lo que respecta al Estado,
la educación se torna en un derecho y, a su vez, en su servicio público. Ello
implica que, para el adecuado cubrimiento y aseguramiento de las condiciones
necesarias de su prestación, existe un adecuado reparto entre las competencias
de dirección, financiación y administración entre la nación y las restantes
entidades territoriales.
Aseveró que, conforme los artículos 84,
85 y 86 de la Ley 30 de 1992, el servicio y derecho a la educación no es “literalmente
autónomo”, sino que el mismo “depende y se condiciona a las asignaciones
efectuadas en el Presupuesto Nacional, máxime cuando el acceso a la educación
es progresivo.”
Anotó que la acción de tutela presentada
por Carlos Manuel Bayona Hernández, aun cuando solicita la protección de los
derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad y al debido proceso
administrativo y a la educación, la vulneración nace directamente de
directrices presupuestales -costos de matrícula-. En ese sentido, era necesario
vincular al Ministerio de Educación Nacional, pues, según los artículos 84, 85
y 86 de la Ley 30 de 1992, la autonomía universitaria en materia presupuestal
no es discrecional, sino que, por el contrario, está condicionada a las
asignaciones que efectúe la nación.
Además de lo anterior, la decisión
tomada mediante la sentencia T-198 de 2019 desconoció el análisis de la razonabilidad
económica. En efecto, la liquidación de matrículas conforme al sistema
vigente de fecha de ingreso del estudiante se soporta en estudios técnicos de
sostenibilidad, los cuales fueron revisados por el Ministerio de Educación
Nacional. Finalmente, argumentó que la decisión adoptada “pone en peligro el
orden público, el interés general y el bien común”, pues, por una parte, la
educación no sólo se garantiza con el acceso a ella, sino con la estabilidad de
condiciones mínimas de calidad; y, por la otra, la reevaluación del calcula de
matrícula conlleva a desplegar actividades administrativas de clasificación,
estratificación, calificación y expedición de recibos de matrícula, lo cual
conlleva un costo adicional.
5.2.
Carlos Manuel Bayona Hernández
El 29 de enero de 2020, Carlos Manuel
Bayona Hernández solicitó desestimar las pretensiones del escrito de nulidad
presentado por el Ministerio de Educación Nacional. Para ello, presentó cuatro
argumentos, a saber: (i) extemporaneidad de la solicitud de
nulidad; (ii) el vicio ocurrió dentro del trámite de tutela; (iii)
el Ministerio no tiene calidad de tercero o parte en la decisión adoptada; y, (iv)
no cumple con la carga argumentativa para declarar la nulidad de la sentencia
T-198 de 2019.
a.
Extemporaneidad de la solicitud de nulidad
Sostuvo que la solicitud de nulidad fue
presentada de manera extemporánea por dos razones. En primer lugar, “la
misma solicitud presentada expone en su último anexo, comunicación enviada desde
la UPTC al Doctor Jhonatan Tibocha Restrepo, Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Educación Nacional donde UPTC entrega el estudio de impacto
financiero del cumplimiento del Fallo, (sic) solicitado en nulidad y ese oficio
viene fechado del 13 de agosto de 2019, tiempo desde el cual resulta probada de
forma efectiva el conocimiento de la Sentencia por el solicitante, quien deberá
haber elevado su petición en término y no tres meses después.” En segundo
lugar, argumentó que el Ministerio de Educación Nacional, no solo hace parte
del Consejo Superior Universitario, sino que, además es el máximo órgano de
dirección y gobierno de la Universidad. Por estas razones, considera que el
ministerio no puede argüir que no conocía de la sentencia.
b.
El vicio ocurrió dentro del trámite de tutela
En el escrito, evidenció que el
Ministerio de Educación Nacional estuvo enterado de la existencia del litigio
constitucional propuesto en la acción de tutela desde la primera instancia del
mismo. De acuerdo con el escrito, “el Ministerio de Educación Nacional
conocía de la existencia de la acción de tutela desde que le fuera notificado a
la UPTC el auto que avocó conocimiento en primera instancia, pue (sic)
el mismo Ministro de Educación preside el Consejo Superior Universitario,
máximo órgano de dirección y gobierno de la UPTC, sin embargo, al pasar del
tiempo y más de seis meses después de la expedición de la Sentencia de revisión
presentaron la solicitud de nulidad”.
En ese sentido, el Ministerio debió
proponer la solicitud de nulidad con anterioridad a la expedición de la
sentencia T-198 de 2019.
c.
El Ministerio no tiene calidad de tercero o parte en la decisión
adoptada
Aseveró que el Ministerio no tiene la
calidad de parte dentro del proceso y, asimismo, no se ve afectado como
consecuencia de las órdenes proferidas por la Corte Constitucional. En primer
lugar, el principio de autonomía universitaria se concreta en que la UPTC es un
órgano universitario autónomo, de carácter nacional, estatal y público,
democrático y de régimen especial vinculado al Ministerio de Educación Nacional
en lo referente a las políticas y planeación del sector educativo.
Igualmente, se refirió de manera
particular al contenido de las órdenes proferidas en la sentencia T-198 de
2019, para demostrar que el Ministerio de Educación Nacional no se ve afectado
en ninguna de las órdenes proferidas por la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional.
Frente a la orden primera, manifestó que
hace referencia a la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, a
la educación, al mínimo vital y al debido proceso administrativo. En torno a la
orden segunda, ésta consiste en la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad del artículo 2 del Acuerdo 067 de 2017 y, por tal motivo,
calcular el valor de su matrícula académica con base en los criterios
establecidos en el artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005 desarrollados en el
Acuerdo 067 de 2017. Por tal motivo, estas órdenes no afectan de manera
directa, mediata o inmediata la posición jurídica del Ministerio de Educación
Nacional.
En cuanto al ordinal tercero de la parte
resolutiva de la sentencia, Carlos Manuel Bayona expresó que lo realizado por
la Corte Constitucional “fue que el artículo 2° del Acuerdo 067 de 2017 que
establece que el cobro de la matrícula de programas de pregrado de acuerdo al
Índice Socio – Económico ISE, debe estar en armonía con el Artículo 83 del
Acuerdo 066 de 2015 (sic), que estableció que los valores de matrícula
de TODOS los estudiantes deben estar fijados atendiendo las condiciones socio
económicas pues el Acuerdo 067 solo aplica para estudiantes que ingresaron a
partir del primer semestre académico de 2018”.
De lo anterior, el ciudadano evidenció
que la Corte nunca ordenó a la UPTC que aplicara la modalidad de cobro de
matrículas por ISE a todos los estudiantes de pregrado con la finalidad de
afectar la sostenibilidad financiera. Por el contrario, le ordenó que, en
virtud de sus propios estatutos, adecuara el artículo 2° del Acuerdo 067 de
2017 “para que todos los estudiantes de pregrado de la UPTC, se les cobrara
la matrícula observando su situación socio económica, pero usando criterios
menos lesivos como un régimen de transición.”
Como consecuencia de lo anterior,
expresó que la solicitud de nulidad no debe prosperar, pues el Ministerio de
Educación Nacional no es parte, no es interviniente y, como tercero, no se ve
afectado por las órdenes proferidas en la sentencia T-198 de 2019. Por tal
motivo, la Sala Plena de la Corte Constitucional debe rechazar la solicitud de
nulidad presentada por el Ministerio de Educación Nacional.
d.
No cumple con la carga argumentativa para declarar la nulidad de
la sentencia T-198 de 2019
Finalmente, manifestó que la Corte
Constitucional no dispuso efectos retroactivos del Acuerdo 067 de 2017. Todo lo
contrario, la Corte, según el accionante, la norma que ampara a estudiantes que
ingresaron antes y después del primer semestre académico de 2018 para el cobro
de su matrícula es el artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005.
Asimismo, la norma anterior al Acuerdo
066 de 2005 -Acuerdo 049 de 1994- que establecía dos modelos de cálculo del
valor de la matrícula (por SMMLV o según la carrera cursada) fue objeto de
declaratoria de decaimiento del Acto Administrativo, de acuerdo con el trámite
de acción de cumplimiento surtido ante el Tribunal Administrativo de Boyacá y,
posteriormente, ante el Consejo de Estado.
Como consecuencia de lo anterior, Carlos
Manuel Bayona sostuvo que la parte resolutiva de la sentencia T-198 de 2019 no
dispone que se aplique el Acuerdo 067 de 2017 a todos los estudiantes, sino,
por el contrario, que su artículo segundo se adecúe a la norma vigente, esto
es, el Acuerdo 066 de 2005 y su artículo 83.
II.
CONSIDERACIONES
En el presente caso, le corresponde a la
Sala Plena de la Corte Constitucional definir si la Sentencia T-198 de 2019
incurrió en desconocimiento de precedente con respecto a la jurisprudencia
vigente en relación con principio de irretroactividad de la aplicación de los
reglamentos universitarios. En el mismo sentido, debido a la especificidad de
las órdenes proferidas en el Sentencia T-198 de 2019, la Sala Plena deberá
determinar si en el caso concreto se presentó un yerro de aquellos que se puede
declarar de oficio y que afecta la validez de alguno de los ordinales de la
parte resolutiva de la Sentencia.
Para ello, la Sala estudiará (i)
la procedencia de la solicitud de nulidad contra las sentencias proferidas por
la Corte Constitucional; (ii) los presupuestos para la
procedencia de la solicitud de nulidad de las sentencias proferidas por la
Corte Constitucional; (iii) estudiará la jurisprudencia
constitucional sobre la procedencia de la declaratoria de nulidad de oficio; y,
finalmente, (iv) procederá a resolver el caso concreto.
1.
Procedencia de la solicitud de nulidad contra las sentencias
proferidas por la Corte Constitucional
El inciso 1º del artículo 49
del Decreto 2067 de 1991 establece que no procede recurso alguno contra las
sentencias de la Corte Constitucional. En seguida, el inciso 2º del mismo
artículo prevé que la solicitud de nulidad contra las sentencias de la Corte
deberá ser alegada con anterioridad a la adopción del fallo y, a su vez,
establece que únicamente las violaciones al derecho fundamental del debido
proceso podrán servir como base para que la Corte Constitucional anule la
sentencia.
A partir de la
interpretación de la mencionada norma, en concordancia con el artículo 243 de
la Constitución Política, la Corte Constitucional ha establecido que la
procedencia de la solicitud de nulidad de las sentencias proferidas por una
Sala de Revisión de este Tribunal es de carácter excepcional. Ello como
consecuencia del principio de cosa juzgada constitucional, el cual se encuentra
resguardado en el principio de seguridad jurídica.
Al
respecto, la jurisprudencia ha explicado la excepcionalidad de la    solicitud
de nulidad contra las sentencias proferidas por la Corte Constitucional a
partir de cuatro argumentos, a saber:
(i)
El principio de seguridad jurídica y el
carácter de órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, los cuales
exigen la protección y defensa de la cosa juzgada constitucional contenida en
las sentencias proferidas por esta Corporación;[192]
(ii)
La solicitud de nulidad de una sentencia
de tutela no es un recurso contra ella, por prohibición expresa de la ley; es
una petición que genera un trámite especial y particular porque no se rige por
las reglas de procedimiento ordinario, ni contencioso administrativo, sino que
es una figura propia del procedimiento constitucional que busca subsanar
irregularidades contenidas en la sentencia proferida por una sala de revisión
de la Corte Constitucional y no reabrir el debate resuelto en la providencia;[193]
(iii)
La nulidad resulta excepcional y procedente
únicamente, cuando en la sentencia atacada se presentan irregularidades de tal
magnitud que desconocen el derecho fundamental al debido proceso[194]; y,
(iv)
La Corte sólo puede examinar la
solicitud de nulidad cuando se da cumplimiento a una exigente carga
argumentativa en el sentido de explicar clara y expresamente los preceptos
constitucionales transgredidos y su incidencia en la decisión tomada[195].
2.
Presupuestos para la procedencia de la solicitud de nulidad de las
sentencias proferidas por la Corte Constitucional
En reiterada
jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que las solicitudes de
nulidad deben acreditar unos presupuestos formales de procedencia y unos
presupuestos materiales.
2.1. Presupuestos
formales de procedencia de la solicitud de nulidad
La jurisprudencia
de la Corte Constitucional ha explicado que deben satisfacerse tres requisitos
formales para la procedencia de la solicitud de nulidad:
a.
Legitimación: La petición de nulidad debe ser promovida por quienes hayan sido
parte en el trámite de la acción de tutela, o por un tercero que resulte
afectado por las órdenes proferidas en sede de revisión[196].
La jurisprudencia constitucional ha dividido la participación en el proceso en partes
y terceros.
Los primeros son
los legitimados en la causa para instaurar la solicitud de nulidad. Por ello,
es indispensable que hayan sido vinculados durante el trámite de tutela o de
revisión[197]. Por su parte, los terceros,
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, deben demostrar la certeza
de la afectación de sus intereses jurídicos para que sea procedente la
solicitud de nulidad[198].
Sobre
la interposición de la solicitud de nulidad por parte de terceros, la
jurisprudencia[199]
ha sostenido que el interés debe ser actual y directo o inmediato. En
ese sentido, “de lo contrario, no concurre el deber de integración del
contradictorio y, por lo mismo, se carecería de legitimidad por activa para
formular incidente de nulidad contra la sentencia que profiere la sala de
revisión.”[200]
El
carácter actual consiste en la afectación cierta de un derecho o una
situación jurídica preexistente a la expedición de la sentencia. Por ello la
afectación actual se contrapone a afectaciones hipotéticas en las cuales la no
solo depende de la sentencia, sino de la comprobación de otros hechos o
decisiones diferentes al fallo cuestionado.
Por
su parte, el carácter directo o inmediato se refiere al “vínculo
cierto entre la afectación de un derecho o posición jurídica de la que el
tercero es titular y lo decidido en la sentencia cuestionada. En estos casos la
vinculación es necesaria con el fin de permitir que el tercero participe en el
proceso para que ejerza sus derechos de contradicción y defensa, a efecto de
solicitar a la autoridad judicial respectiva que profiera una decisión con un
sentido diferente y, con ello, evitar o modificar el grado o modalidad de
afectación al derecho fundamental o posición jurídica respectiva”[201].
b.
Oportunidad: de la interpretación del artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 se
evidencia dos reglas sobre la oportunidad para interponer la solicitud de
nulidad. Si la supuesta vulneración al debido proceso ocurrió con
anterioridad a la expedición del fallo, la nulidad debe ser promovida con
anterioridad a la expedición de la sentencia[202].
Por el contrario, si la vulneración al debido proceso se constató en la
adopción de la providencia, el trámite de nulidad deberá ser propuesto a más
tardar dentro de los tres (3) días siguientes al día en que se notificó la
sentencia en cuestión[203].
c.
Carga argumentativa: Según la Corte, quien alega la nulidad de una sentencia de
revisión debe argumentar de forma clara y precisa las garantías
constitucionales transgredidas y su incidencia en la decisión proferida. Ello
con la finalidad de demostrar que la providencia atacada contiene
irregularidades que vulneran el derecho al debido proceso, más allá de exponer
razones o interpretaciones diferentes a las de la Sala mediante las cuales se
manifieste el inconformismo del solicitante con la decisión tomada[204].
Estos requisitos
fueron concretados por la jurisprudencia constitucional[205].
En efecto, el solicitante debe exponer de manera seria, coherente,
suficiente y clara la causal de nulidad invocada y los hechos que
la configuran[206]; dé cuenta de los preceptos constitucionales
transgredidos[207] y demuestre la incidencia de dicha
trasgresión en la decisión adoptada[208].
En ese sentido, la
Sala Plena de la Corte Constitucional reitera que “el inconformismo o
discrepancia frente a la decisión no es razón suficiente para la declaratoria
del fallo, pues son apreciaciones frente al desacuerdo del solicitante con la
sentencia”. Por tal motivo, insiste, la afectación al debido proceso debe
ser ostensible, probada, significativa y trascendental. En
otras palabras, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión
o en sus efectos, sin afectar la autonomía de juicio garantizada a todos los
jueces de la República[209].
2.2. Presupuestos materiales de procedencia de la solicitud de
nulidad. Cualificación del presupuesto de carga argumentativa
Por su parte, los
requisitos sustanciales son “situaciones jurídicas especialísimas y
excepcionales en las que las reglas procesales aplicables a los procesos
constitucionales, que no son otras que las previstas en los Decretos 2067 y
2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del
debido proceso”[210].
Estas causales
deben explicar de manera clara, expresa, estructurada y suficiente
las razones por las cuales considera que la sentencia transgredió el derecho
fundamental al debido proceso[211].
Las causales
referidas son: (i) cambio de jurisprudencia o desconocimiento de
jurisprudencia en vigor; (ii) violación a las mayorías en la toma de
decisión; (iii) incongruencia entre la parte motiva y la parte
resolutiva de la sentencia; (iv) proferir órdenes concretas a sujetos
que no fueron vinculados al trámite de tutela y que no tuvieron oportunidad de
defenderse dentro del mismo; (v) desconocimiento de la cosa juzgada
constitucional; (vi) cuando la providencia objeto de nulidad deja de
analizar asuntos de relevancia constitucional que tengan efectos
trascendentales en el sentido de la decisión[212].
En este escenario,
la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en revisar la incidencia
de la irregularidad alegada[213]. De manera precisa, la Corte ha
indicado que la nulidad de una sentencia procederá cuando las irregularidades
presentadas en la sentencia son de tal magnitud que tienen repercusiones
sustanciales y directas en la parte resolutiva o en los efectos de la
decisión[214]. En otras palabras, la afectación al
derecho fundamental del debido proceso debe ser ostensible, probada, significativa
y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en
la decisión o en sus efectos[215], pues, en caso contrario, se entiende
subsanada[216].
En los eventos en
que se demuestre la comisión de una irregularidad procesal, pero esta no tiene
la entidad suficiente para modificar el sentido del fallo, la ratio
decidendi o el alcance de las órdenes impartidas en la parte resolutiva de
la providencia objeto de nulidad, no invalidan la decisión tomada por la Corte
Constitucional y, por el contrario, se entenderán subsanados los yerros con la
ejecutoria del fallo en cuestión[217].
3.
Sobre la declaratoria de oficio de las providencias dictadas por
la Corte Constitucional. Reiteración de jurisprudencia[218]
Este
Tribunal, en excepcionales ocasiones, ha declarado de oficio la nulidad sus
propias providencias. En estos escenarios, la Corte Constitucional ha
constatado errores de tal magnitud que vulneran el derecho fundamental al
debido proceso de alguna de las partes en el trámite de revisión o en el
trámite de constitucionalidad, entre los cuales están (i) la
constatación de incongruencia entre la parte motiva y la parte resolutiva[219];
(ii) la toma de la decisión sin las mayorías previstas en el
reglamento[220];
o (iii) por el indebido conteo de términos que repercute en las
oportunidades procesales para la efectiva defensa de los intereses de los
ciudadanos ante la Corporación[221].
Mediante
el Auto 050 de 2000[222],
la Corte Constitucional declaró de oficio la nulidad de la sentencia T-157 de
2000[223].
En dicha ocasión, encontró que la providencia adolecía de incongruencia entre
la parte motiva y la parte resolutiva[224]. La Sala
precisó que el cambio del sentido de la ponencia sumando a un inadvertido error
del Despacho sustanciador había generado el error de concordancia entre las
consideraciones y la parte resolutiva de la sentencia[225].
Por
su parte, en el Auto 015 de 2007[226],
la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró la nulidad de la sentencia
T-974 de 2006[227].
Allí constató incongruencia entre la parte motiva y la parte resolutiva[228].
La Sala destacó que, mientras las consideraciones del fallo se referían a la
improcedencia de la acción de tutela en el caso concreto sobre la solicitud de
reintegro, la parte resolutiva ordenaba el mismo hasta tanto no se hayan
resuelto las acciones contra el acto de desvinculación en sede contencioso
administrativa[229].
Con
respecto a la adopción de las decisiones sin respecto a las mayorías previstas
en el reglamento, la Sala Plena, mediante el Auto 062 de 2000[230],
declaró la nulidad de la sentencia C-642 de 2000[231].
En dicha providencia fue aprobada por cuatro magistrados de la Corporación,
olvidando que normativamente se exigía la votación afirmativa de más de la
mitad del Pleno de la Corte, es decir, de cinco (5) magistrados[232].
En el
Auto 070 de 2015[233],
la Sala Plena de la Corte declaró la nulidad de la sentencia T-759 de 2014,
luego de constatar que se profirió sin la mayoría exigida para su expedición,
toda vez que uno de los magistrados presentó salvamento de voto contra dicha
decisión y una magistrada no participó en el debate al encontrarse ausente con
excusa justificada[234].
Por
su parte, a través del Auto 071 de 2015[235],
el Tribunal Constitucional declaró la nulidad de la sentencia C-825 de 2013, al
ser proferida sin la mayoría requerida para su aprobación[236].
En efecto, cuatro (4) magistrados aprobaron afirmativamente; tres (3)
manifestaron su salvamento de voto contra la providencia y (2) se declararon
impedidos para conocer del asunto. Por tal motivo, al no haber sido aprobada
por la mayoría exigida por el reglamento, se declaró la nulidad de dicha
providencia[237].
Finalmente,
en torno al indebido conteo de términos que repercute en las oportunidades
procesales para la defensa de los intereses de los ciudadanos ante la
Corporación, mediante el Auto 082 de 2010[238],
la Sala Plena declaró la nulidad del Auto 333 de 2009[239],
en el cual se rechazó por extemporáneo el recurso de súplica presentado contra
una providencia que rechazó una demanda de inconstitucionalidad, porque se
presentó un error en el conteo de los términos que tiene el ciudadano para
promover el referido recurso extraordinario[240].
En
ese sentido, la jurisprudencia de la Corte ha previsto el evento excepcional
del decreto oficioso de nulidades de providencias proferidas por salas de
revisión, cuando se verifica una trasgresión clara y evidente al derecho al
debido proceso. Estas transgresiones han sido construidas de manera enunciativa
y bajo el entendido de que las mismas deben constatarse, de manera evidente y
grosera.
III.
RESOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO
La
Sala Plena de la Corte Constitucional procede a verificar si la solicitud de
nulidad presentada por el Ministerio de Educación Nacional reúne los requisitos
formales explicados con anterioridad, es decir, legitimación en la causa,
oportunidad y carga argumentativa. Si la Sala Plena encuentra que el Ministerio
de Educación Nacional tiene legitimación por activa para interponer la
solicitud de nulidad y, por tanto, la oportunidad, se estudiará si el ordinal
tercero de la sentencia T-198 de 2019 incurre en una violación al debido
proceso que amerite la declaratoria de nulidad de oficio por parte de la Sala
Plena este Tribunal.
1.
Legitimación en la causa
La
Sala Plena de la Corte Constitucional revisará, a partir de las órdenes
proferidas en la sentencia T-198 de 2019, si el Ministerio de Educación
Nacional se encuentra legitimado para interponer la solicitud de nulidad contra
dicha providencia. Para ello, realizará dos análisis. El primero consistirá en
estudiar, de manera detallada, las órdenes proferidas por en la sentencia T-198
de 2019 y, por su parte, el segundo evaluará el carácter actual y directo
o inmediato de la posición del Ministerio de Educación Nacional con
respecto a las órdenes proferidas por la sentencia objeto de nulidad.
El
ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia establece lo siguiente:
“PRIMERO.-
REVOCAR la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2018 por el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Tunja, Sala de Decisión
Civil-Familia, por medio de la cual negó las pretensiones de la acción de
tutela de la referencia. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales
a la igualdad, a la educación, al mínimo vital y al debido proceso
administrativo de Carlos Manuel Bayona Hernández en los términos expuestos en
la parte motiva de esta providencia.”
Dicha
orden fue producto del estudio realizado por la Corte Constitucional frente a
los principios en tensión: por una parte, autonomía universitaria; y, por la
otra, el derecho a la educación en su faceta de accesibilidad y adaptabilidad.
La Sala encontró que, si bien la UPTC gozaba de autonomía universitaria, las
condiciones económicas del accionante obligaban a la universidad a adaptarse a
las necesidades económicas del señor Carlos Manuel Bayona Hernández para así
garantizar el derecho fundamental a la educación.
Como
consecuencia la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional ordenó lo
siguiente:
“SEGUNDO.-
ORDENAR a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia que, dentro del término de setenta y dos horas (72) siguientes a la
notificación de la presente providencia, en ejercicio de la excepción de
inconstitucionalidad, inaplique el artículo segundo del Acuerdo 067 de 2017,
recalcule el valor de la matrícula solicitada por el accionante para el periodo
académico 2019-1 y aplique, en lo sucesivo, el criterio de situación
socioeconómica previsto en el Acuerdo 066 de 2005 y desarrollado en
el Acuerdo 067 de 2017, para efectos de liquidar en los períodos subsiguientes
la matrícula académica de Carlos Manuel Bayona Hernández.”
Como
se evidencia, las dos primeras órdenes no afectan de manera directa ni actual
al Ministerio de Educación Nacional. Por el contrario, se trata de una
protección del derecho fundamental a la educación y, la manera de concretarla
es a través de la reliquidación de la matrícula académica, lo cual son acciones
que exclusivamente le corresponde a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia en el ejercicio de su autonomía universitaria administrativa.
Por
su parte, el ordinal tercero establece lo siguiente:
“TERCERO.-
ORDENAR al Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia para que, de acuerdo con los procedimientos fijados en sus
estatutos, en el término de seis (6) meses contados a partir de la notificación
de la presente providencia, ADECÚE el artículo 2° del Acuerdo 067 de
2017 a lo establecido en el artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005, de conformidad
con la parte motiva de la presente providencia.”
La
orden tercera fue sustentada por la Corte Constitucional a partir del derecho a
la igualdad y el principio de autonomía universitaria. En cuanto a la
vulneración del principio de igualdad, evidenció que, en principio, las
universidades pueden crear situaciones jurídicas diferenciadas a partir del
tiempo. Por tanto, la temporalidad se convierte en un criterio diferenciador
válido al momento de configurar reglamentos y realizar diferentes actuaciones
administrativas. Sin embargo, la sentencia T-198 de 2019 consideró que existe
una vulneración al derecho a la igualdad por tres razones.
En
primer lugar, no existió un criterio de razonabilidad expuesto por la
universidad accionada que permitiera identificar cuál es la razón fundamental
para diferenciar a los estudiantes inscritos con posterioridad al primer
semestre del año 2018 y los inscritos con anterioridad al segundo semestre del
año 2017. Así, la falta de racionalidad permite prever un vicio de inconstitucionalidad.
En
segundo lugar, además de no justificar la diferencia, optó por negar un
régimen de transición que permitiera a los estudiantes inscritos con
anterioridad al segundo semestre del año 2017 liquidar la matrícula académica
conforme con el índice socioeconómico establecido en el artículo 83 del Acuerdo
065 de 2005 de manera progresiva conforme las facetas de accesibilidad y
adaptabilidad del derecho fundamental a la educación.
En
tercer lugar, al diferenciar temporalmente entre quienes fueron matriculados en
las diferentes carreras con anterioridad al primer semestre lectivo del año
2018, y los que se inscribieron con posterioridad a dicha fecha, la
Universidad incumplió injustificadamente el mandato establecido en el artículo
83 del Acuerdo 066 de 2005. En efecto, no establece ningún criterio de
diferenciación en la orden de cálculo del valor de las matrículas con base en
el criterio de la situación socioeconómica de los estudiantes. Así, la Sala
Novena de Revisión de la Corte Constitucional ordenó modificar el artículo 2
del Acuerdo 067 de 2017 a sus propios estatutos, es decir, al artículo 83 del
Acuerdo 065 de 2005. En ese sentido, contrario a lo alegado en su momento por
la universidad accionada, y en el caso concreto por el nulicitante, la sentencia
T-198 de 2017 efectivizó el principio de autonomía universitaria, pues su orden
fue adecuar a sus estatutos internos la fórmula de cálculo de las matrículas.
Asimismo,
la orden se fundamenta en el principio de autonomía universitaria por
dos razones. La primera consiste en que, en su momento, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, como se sostuvo anteriormente, analizó el
artículo 2º del Acuerdo 067 de 2017 a la luz del artículo 83 del Acuerdo 065 de
2005. Allí se constató que sus estatutos no preveían una desigualdad fáctica
para el cálculo de las matrículas estudiantiles; en otras palabras, por medio
del Estatuto General de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
-UPTC- se dispuso que el valor de las matrículas de sus estudiantes fuese
calculado conforme con las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. Por
tal motivo, tal y como lo afirmó la sentencia T-198 de 2019, el principio de
autonomía universitaria no conlleva a la posibilidad de que las universidades desconozcan
sus propios estatutos[241].
A
partir de lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional procederá a
revisar si el ordinal tercero de la parte resolutiva afecta la posición
jurídica del Ministerio de Educación Nacional para determinar la legitimación
por activa en el trámite de nulidad.
Se
recuerda que el carácter actual consiste en la afectación cierta de un
derecho o una situación jurídica preexistente a la expedición de la sentencia.
Por ello la exigencia de actualidad se contrapone a circunstancias hipotéticas
en las cuales la alteración de la posición jurídica no solo depende de la
sentencia, sino de la comprobación de otros hechos o decisiones diferentes al
fallo cuestionado. Por su parte, el carácter directo o inmediato se
refiere al “vínculo cierto entre la afectación de un derecho o posición
jurídica de la que el tercero es titular y lo decidido en la sentencia
cuestionada. En estos casos la vinculación es necesaria con el fin de permitir
que el tercero participe en el proceso para que ejerza sus derechos de
contradicción y defensa, a efecto de solicitar a la autoridad judicial
respectiva que profiera una decisión con un sentido diferente y, con ello,
evitar o modificar el grado o modalidad de afectación al derecho fundamental o
posición jurídica respectiva”[242].
En el
caso concreto, la Sala Plena de la Corte Constitucional evidencia que el
ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia T-198 de 2019 afecta de
manera actual y directa -e inmediata- al Ministerio de Educación Nacional.
Sobre
la afectación actual, la Sala constata que existe una alteración a la
situación jurídica preexistente del Ministerio de Educación Nacional. En
efecto, la entidad solicitante aseveró que, si bien el fallo objeto de nulidad
no emite un mandato dirigido a la Nación, la orden produce una afectación en
las finanzas, pues exige que la Nación, a través de la Cartera Ministerial
invierta mayores recursos en la Universidad Pública, lo cual, a la postre
obliga al Ministerio a equilibrar el déficit fiscal en el que se ve inmersa la
universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC-.
En
ese sentido, se evidencia que la posición sostenida por el Ministerio de
Educación Nacional es una consecuencia directa del cumplimiento del ordinal
tercero de la parte resolutiva de la sentencia T-198 de 2019. En efecto, en
dicha providencia, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional ordenó
a la UPTC modificar el artículo 2 del Acuerdo 067 de 2017 a lo
establecido en el artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005. Para ello, la sentencia
le otorgó un plazo de seis (6) meses. Esta modificación implicó que, aun cuando
no se supiera con exactitud los costos económicos, la orden pretendía que se
nivelaran, conforme el principio de
accesibilidad y adaptabilidad del derecho fundamental a la educación.
Sin
embargo, tal y como lo demostró el Ministerio de Educación Nacional, a través
de los estudios de impacto fiscal realizados por la UPTC, el cumplimiento de la
orden conlleva que, por una parte, se reduzcan drásticamente los ingresos de la
Universidad y, por otra parte, en garantía de la educación como derecho y
servicio público, le impone al Ministerio de Educación Nacional realizar
actividades concretas dirigidas a financiar la Universidad,  derivadas del
cumplimiento del fallo con la finalidad de seguir garantizando la prestación
del servicio público educativo a través de destinación de recursos a dicha
entidad educativa en concreto.
Además
de lo anterior, también se verifica que existe una afectación directa o inmediata,
pues existe un vínculo cierto entre la posición jurídica del Ministerio de
Educación Nacional y lo decidido en la sentencia cuestionada. En efecto, si
bien es cierto que el Ministerio de Educación Nacional es el ente rector de la
política pública del sector de educación a nivel nacional, las acciones que
dicha entidad debe realizar con respecto a la UPTC no corresponden a su función
constitucional y legal. Por el contrario, responden a actuaciones concretas y
determinables a partir del cumplimiento de la orden tercera del fallo objeto de
nulidad, pues debe participar en erogaciones presupuestales no previstas para
dicha universidad y que se derivan del estudio del impacto de la providencia
objeto de nulidad en las finanzas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia.
2.
Oportunidad
Como
consecuencia de lo anterior, al no habérsele notificado la sentencia T-198 de
2019, el Ministerio de Educación Nacional se encuentra en término para
presentar la solicitud de nulidad. Por tal motivo, la Sala Plena de la Corte
Constitucional estudiará si la adopción de la sentencia objeto de tutela
incurrió en una irregularidad que implique la nulidad de la sentencia T-198 de
2019.
3.
Carga argumentativa
La
Sala Plena considera que el escrito presentado por el Ministerio de Educación
Nacional no presenta argumentos concretos para el estudio de la nulidad. Por el
contrario, se encarga de reabrir el debate finalizado con la expedición de la
sentencia T-198 de 2019, al estudiar el derecho a la igualdad como principio de
condicional el entendimiento del principio de autonomía universitaria
administrativa.
Sin
embargo, procederá a verificar si existió alguna irregularidad que implica la
nulidad de la sentencia T-198 de 2019. Sin embargo, antes de analizar el
desconocimiento del precedente sobre la aplicación irretroactiva de los
reglamentos universitarios, la Sala deberá estudiar, de manera oficiosa, si
hubo una violación a las reglas de procedencia de la acción de tutela contra
actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto. Para ello,
la Sala estudiará si la sentencia T-198 de 2019 incurrió en una violación al
debido proceso al desconocer las reglas de procedibilidad de la acción de
tutela contra actos de carácter general, impersonal y abstracto.
El
num.5 del art.6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela será
improcedente cuando se dirija contra actos de carácter general, impersonal y
abstracto. A partir de dicha disposición, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir
dichos actos, pues el ordenamiento jurídico ya contempla mecanismos para
cuestionar la constitucionalidad y legalidad de dichos actos[243].
No
obstante, la jurisprudencia ha explicado que, excepcionalmente, es posible
acudir a la acción de tutela cuando se compruebe que de la aplicación o
ejecución de un acto de esa naturaleza se origina la vulneración o amenaza a
algún derecho fundamental de una persona determinada o determinable, y siempre
que se trate de conjurar la posible configuración de un perjuicio irremediable.
En estos casos, la orden del juez debe estar dirigida a ordenar la inaplicación
del acto cuestionado únicamente en relación con la situación que dio origen a
la demanda, “sin que ello signifique que se desconozca la competencia
atribuida a los órganos judiciales para decidir definitivamente y con efectos
erga omnes sobre su constitucionalidad o legalidad”[244].
En
efecto, en un ejercicio de recopilación jurisprudencial, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, mediante la sentencia C-132 de 2018[245],
estudió la constitucionalidad del numeral 5° del artículo 6° del Decreto 2591
de 1991. Allí recordó, por una parte, la procedencia residual de la acción de
tutela y, por la otra, la precisión realizada sobre la procedencia de la misma
contra alguna acción u omisión de “cualquier autoridad pública” prevista
en el inciso 1° del artículo 86 de la Constitución.
En
primer lugar, manifestó que la estructura normativa del enunciado demandado
goza de lógica[246].
En efecto, en la medida en que la acción de tutela está destinada a proteger
derechos subjetivos fundamentales, resulta improcedente su ejercicio contra
actos de carácter general, impersonal y abstracto[247].
En
segundo lugar, precisó que, sin embargo, la regla de improcedencia tiene
excepciones, las cuales vinculadas todas con la supremacía de los derechos
fundamentales y la necesidad de protegerlos de manera eficaz siempre que estén
sometidos a amenaza o hayan sido vulnerados por las autoridades. Así, el juez
de tutela, en cada caso particular, deberá mesurar las circunstancias para
determinar cuándo resulta procedente el amparo bien sea a título transitorio o
definitivo[248].
En ese sentido, la Corte Constitucional sostuvo que una lectura literal de la
norma demandada conllevaría a la inconstitucionalidad de la norma, pues, aun
cuando exista una vulneración de derechos fundamentales, el juez constitucional
no podría tomar remedio alguno para su protección y, por tanto, tendría que
permitir la “afrenta a los derechos fundamentales, contrariando así lo
dispuesto en el artículo 86 superior”[249].
Por
lo anterior, dicha sentencia propuso una lectura sistemática[250]
para la interpretación de la norma demandada. En concreto, a partir de una
lectura del artículo 86 Superior y el 8° del Decreto 2591 de 1991, se puede
constatar la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos de
carácter general, impersonal y abstracto, “cuando estos amenacen o vulneren
derechos individuales y exista una amenaza de consumación de un perjuicio
irremediable”[251].
Así, de conformidad con lo expuesto, “la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo y apropiado para controvertir actos cuya naturaleza sea general,
impersonal y abstracta, resultando en estos casos improcedente, y en segundo
lugar admite que, excepcionalmente, es posible acudir al mecanismo de
amparo constitucional,  cuando se compruebe que de la aplicación o ejecución de
un acto de esta naturaleza se origina la vulneración o amenaza a algún derecho
fundamental de una persona determinada o determinable, y siempre que se trate
de conjurar la posible configuración de un perjuicio o daño irremediable en los
términos definidos por la jurisprudencia constitucional”[252].
En el
caso concreto, la Sala Plena de la Corte Constitucional evidencia que la
sentencia T-198 de 2019 desconoció las reglas legales y jurisprudenciales sobre
la procedencia de la acción de tutela contra actos de carácter general,
impersonal y abstracto, por las siguientes tres razones, a saber:
En
primer lugar, la sentencia T-198 de 2019 amparó los derechos fundamentales a la
igualdad, a la educación, al debido proceso administrativo y al mínimo vital
del ciudadano Carlos Manuel Bayona Hernández. Para ello, por una parte,
evidenció que la acción de tutela era procedente, pues consideró que no existía
un mecanismo judicial idóneo y eficaz para el control del valor de la matrícula
realizado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; y, por la
otra, al verificar la vulneración a los derechos fundamentales a la educación
-en su faceta de accesibilidad y adaptabilidad-, al mínimo vital y a la
igualdad, la Corte Constitucional, como remedio judicial, ordenó, en lo
sucesivo, la reliquidación de la matrícula del entonces accionante conforme con
los criterios de cálculo previstos en el Acuerdo 067 de 2017.
Se
evidencia así que la Corte Constitucional moldeó el debate constitucional en
torno al valor de la matrícula del estudiante y la posible vulneración de sus
derechos fundamentales al acceso a la educación, al mínimo vital, al debido
proceso administrativo y a la igualdad; y, conforme con las reglas
interpretativas y el núcleo irreductible de estos derechos fundamentales, la
Sala Novena de Revisión, en primer lugar, amparó los derechos fundamentales y,
en segundo lugar, ordenó el cálculo del valor de la matrícula conforme el
Acuerdo 067 de 2017 para el accionante.
Sin
embargo, con respecto a la identificación del tratamiento inconstitucional
realizado por la UPTC mediante la exclusión prevista en el artículo 2° del
Acuerdo 067 de 2017, la Sala Novena de Revisión no estudió las reglas de
procedencia de la acción de tutela contra actos de carácter general, impersonal
y abstracto, conforme la jurisprudencia constitucional.
En
efecto, la procedencia únicamente se basó en el estudio de mecanismos idóneos y
eficaces que le permitieran al accionante cuestionar el valor de la matrícula
calculada por la Universidad accionada; es decir, la subsidiariedad se estudió
con respecto los mecanismos existentes para controlar el recibo de matrícula
expedido por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -Sede de
Tunja-. Así, no examinó los diferentes mecanismos que tenía el accionante para
controlar la legalidad y constitucionalidad del Acuerdo 067 de 2017 y, por
tanto, desconoció las reglas jurisprudenciales sobre la procedencia de la
acción de tutela contra este tipo de actos administrativos.
En
segundo lugar, aun cuando, en el caso concreto del accionante, la Sala Novena
verificó que el Acuerdo 067 de 2017 producía efectos inconstitucionales, la
vulneración de los derechos fundamentales del tutelante se limitó al cálculo
del valor de la matrícula a través del recibo de pago de la matrícula expedido
por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En ese sentido, por
una parte, el estudio de la vulneración de los derechos fundamentales se
realizó a partir del valor de la matrícula académica y las condiciones
socioeconómicas del accionante que el impedía acceder a la Universidad; y, por
la otra, no existe una relación directa entre la vulneración de los derechos
fundamentales del accionante y las disposiciones previstas en el Acuerdo 067 de
2017. Se debe afirmar, entonces, que la Sala Novena no debía pronunciarse sobre
la constitucionalidad del Acuerdo, pues ello escapaba a la competencia en sede
de tutela.
En
tercer lugar, una de las reglas de procedibilidad de la acción de tutela contra
actos de carácter general, impersonal y abstracto es la verificación de la
existencia de un perjuicio irremediable que puede sufrir el accionante con
respecto a las disposiciones descritas en el acto general, impersonal y
abstracto.
Al
respecto, en la sentencia objeto de nulidad, la Sala Novena de Revisión estudió
las condiciones socioeconómicas del Carlos Manuel Bayona Hernández para
determinar que, a partir de estas, no puede cancelar el valor de la matrícula
prescrita por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En ese
sentido, la demostración fáctica realizada en la sentencia T-198 de 2019
corroboró la imposibilidad del pago del valor de la matrícula por el accionante
impidiéndole así el acceso a la educación.
Sin
embargo, dicha situación de vulnerabilidad no se confrontó con las
disposiciones establecidas en el Acuerdo 067 de 2017. En efecto, no se
evidenció la relación directa entre la existencia de un perjuicio irremediable
que potencialmente deba soportar el accionante y las disposiciones previstas en
el Acuerdo 067 de 2017. En ese orden de ideas, no se debe confundir entre la
condición socioeconómica concreta del accionante y su imposibilidad para
cancelar el valor de la matrícula con la existencia de un perjuicio
irremediable que se deriva directamente de las disposiciones previstas en el
Acuerdo 067 de 2017.
A
manera de conclusión, la Sala Plena de la Corte considera que la sentencia
T-198 de 2019 desconoció el precedente constitucional sobre la procedibilidad
excepcional de la acción de tutela para cuestionar actos administrativos de
carácter general, bajo específicos criterios que la providencia cuestionada no
examinó. En esa medida, la orden tercera de la parte resolutiva dirigida a
ordenar la modificación del Acuerdo 067 de 2017 vulnera dicho precedente
constitucional.
Por
las anteriores razones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en protección
a los derechos fundamentales al debido proceso de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, declarará la nulidad parcial, puntualmente, del
ordinal tercero de la parte resolutiva de la Sentencia T-198 del catorce (14)
de mayo de dos mil diecinueve (2019), proferida por la Sala Novena de Revisión
de la Corte Constitucional.
IV.
SÍNTESIS
Le corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional estudiar
la solicitud de nulidad presentada por el Ministerio de Educación Nacional
contra la sentencia T-198 de 2019, mediante la cual, la Sala Novena de Revisión
de la Corte Constitucional decidió una acción de tutela promovida por Carlos
Manuel Bayona Hernández contra la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia -UPTC- y en la que amparó los derechos fundamentales a la educación, a
la igualdad, al mínimo vital y al debido proceso administrativo del accionante
como consecuencia de la decisión de la entidad demandada de negar la
reliquidación de la matrícula académica con base en criterios socioeconómicos
del estudiante.
De acuerdo con el escrito de nulidad, la sentencia T-198 de 2019
debe ser anulada por dos razones. La primera, por haberse presentado una
supuesta   violación al debido proceso al no vincular ni notificar del trámite
de tutela y de la sentencia objeto de nulidad al Ministerio de Educación
Nacional. La segunda, pues la sentencia T-198 de 2019 incurrió en un
desconocimiento del precedente sobre la irretroactividad de la aplicación de
los actos administrativos proferidos por las instituciones de educación
superior.
Sobre el primer apartado, el Ministerio de Educación Nacional adujo
que debió haber sido notificado, pues las consecuencias de las órdenes
proferidas en la sentencia objeto de nulidad afectan a dicha cartera
ministerial. Así, sostiene que, al afectar de manera grave las finanzas de la
universidad accionada, le corresponde al Ministerio de Educación Nacional
realizar actividades con la finalidad de financiar la educación pública
superior y superar el posible déficit económico causado por la orden de la
Corte Constitucional de ajustar el reglamento relacionado con el cálculo de las
matrículas de los estudiantes de pregrado. En ese sentido, al no haber sido
notificado dicho Ministerio, existió una falta de integración del
contradictorio y, por tanto, una violación al derecho fundamental del debido
proceso en sede de tutela.
En segundo lugar, esgrimió que la sentencia T-198 de 2019
desconoció el precedente constitucional en torno a la irretroactividad de la
aplicación de reglamentos educativos. Argumentó que, al igual que la Ley, los
las normas internas de las universidades, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, no pueden ser aplicados a situaciones y posiciones jurídicas
consolidadas con anterioridad. A partir de dicha regla jurisprudencial, el
Ministerio de Educación Nacional sostuvo que la sentencia T-198 de 2019 aplicó
de manera retroactiva el Acuerdo 067 de 2017 a situaciones que fueron
consolidadas en el régimen de cálculo de matrículas anterior.
En la resolución del caso concreto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional verifica, en primer lugar, si la solicitud de nulidad cumple con
los requisitos de legitimación en la causa por activa y temporalidad. Si estas
condiciones se cumplen, en segundo lugar, constata si el peticionario cumple
con la exigencia de carga argumentativa en torno al desconocimiento del precedente.
Sobre la legitimación por activa, la Sala Plena de
la Corte Constitucional recuerda que, en la solicitud de nulidad por parte de
terceros, el interés debe ser actual y directo o inmediato. De lo
contrario, los jueces constitucionales de instancia ni en sede de revisión
incumplieron el deber de integración del contradictorio y, por lo mismo, se
carecería de legitimidad por activa para formular incidente de nulidad contra
la sentencia que proferida.
La Sala Plena de la Corte Constitucional constata que, respecto a
los ordinales primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia objeto
de nulidad, éstas son producto de la protección de los derechos fundamentales
del accionante. En efecto, el ordinal primero ordena, por un lado, revocar la
sentencia de segunda instancia proferida en el trámite de tutela donde decide
no proteger los derechos fundamentales del accionante. En su lugar, ordena
amparar el derecho a la educación, a la igualdad, al mínimo vital y al debido
proceso administrativo de Carlos Manuel Bayona Hernández. Como consecuencia de
lo anterior, el ordinal segundo dispuso reliquidar la matrícula académica del
accionante en los términos del artículo 83 del Acuerdo 065 de 2005 y bajo el
procedimiento establecido en el Acuerdo 067 de 2017, es decir, teniendo en
cuenta las condiciones socioeconómicas del accionante.
Sin embargo, frente al ordinal tercero de la parte resolutiva de
la Sentencia T-198 de 2019 -aquella que dispuso modificar el artículo 2° del
Acuerdo 067 de 2017 a lo establecido en el artículo 85 del Acuerdo 065 de 2005-
la Sala asevera que sí existe una relación actual y directa entre la orden dada
y la posición jurídica concreta del Ministerio de Educación Nacional.
En efecto, en torno a la relación actual, considera que existe
una alteración, pues la orden produce una afectación en las finanzas que obliga
al Ministerio a recurrir a los recursos de la Nación para financiar la
Universidad Pública y equilibrar el presupuesto de la entidad. Por ello, las
acciones realizadas por el Ministerio de Educación Nacional son una
consecuencia directa del cumplimiento de dicha orden.
Además
de lo anterior, también se verifica que existe una afectación directa o
inmediata, pues, si bien es cierto que el Ministerio de Educación Nacional es
el rector de la política pública del sector de educación a nivel nacional, las
acciones a realizar con respecto a la UPTC responden a actuaciones concretas y
determinables a partir del cumplimiento del fallo objeto de nulidad, pues debe
participar en erogaciones presupuestales no previstas para dicha universidad y
que se derivan del estudio del impacto de la providencia objeto de nulidad en
las finanzas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia producto de
la orden dada por la Sala Novena de Revisión. Por tal motivo, la Sala Plena
considera que existe legitimación por activa por parte del Ministerio de
Educación Nacional para presentar la solicitud de nulidad parcial, pero sólo en
relación con el ordinal tercero de la sentencia T-198 de 2019.
Con
base en lo anterior, la Sala Plena evidencia que el Ministerio de Educación
Nacional está en la oportunidad procesal prevista para interponer la
solicitud de nulidad parcial. Por tal motivo, verifica si existe alguna causal
de nulidad en la sentencia T-198 de 2019.
En la
verificación de la carga argumentativa, la Corte verificó que el estudio
de la nulidad implica reabrir el debate cerrado en la sentencia T-198 de 2019.
Sin embargo, la Sala Plena de la Corte, de manera oficiosa, constata que la
sentencia T-198 de 2019 incurrió en un yerro que afecta la validez del ordinal
tercero de la parte resolutiva de la sentencia al desconocer las reglas de
procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra actos de carácter
general, impersonal y abstracto.
En
efecto, el numeral 5° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la
acción de tutela será improcedente cuando la misma se dirija contra actos de
carácter general, impersonal y abstracto. Esta regla ha sido estudiada por la
Corte Constitucional, la cual, mediante la sentencia C-132 de 2018,
sostuvo su procedencia excepcional cuando de la aplicación o ejecución de un
acto de esta naturaleza se origina la vulneración o amenaza a algún derecho
fundamental de una persona determinada o determinable, y siempre que se trate
de conjurar una posible configuración de un perjuicio irremediable en los
términos de la jurisprudencia constitucional.
En el
caso concreto, la Sala Plena de la Corte Constitucional evidencia que la
sentencia objeto de nulidad parcial desconoció las reglas atrás descritas, por
tres razones.
En
primer lugar, la sentencia T-198 de 2019 estudió la procedencia de la acción de
tutela presentada por Carlos Bayona únicamente estudiando la idoneidad y
eficacia de los mecanismos ordinarios que tiene el accionante para controvertir
el valor descrito en el recibo de la matrícula académica y no con respecto a
los medios ordinarios que tenía para cuestionar la constitucionalidad o
legalidad del Acuerdo 067 de 2017.
En
segundo lugar, la vulneración de los derechos fundamentales a la educación, a
la igualdad, al debido proceso administrativo y al mínimo vital no tienen una
relación directa con la vigencia del Acuerdo 067 de 2017. Por el contrario,
ésta, conforme lo establecido por la sentencia objeto de nulidad, proviene del
valor calculado por parte de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia y no de la aplicación directa del Acuerdo 067 de 2017.
Finalmente,
en tercer lugar, en la adopción de la sentencia T-198 de 2019, aun cuando se realizó
un estudio sobre la condición socioeconómica del accionante, no se demostró un
perjuicio irremediable, en los términos de la jurisprudencia constitucional,
para estudiar la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos de
carácter general, impersonal y abstracto.
Por
dichas razones, y en garantía del derecho fundamental al debido proceso que
rigen el trámite de la acción de tutela, la Sala Plena de la Corte
Constitucional declara la nulidad parcial de la sentencia T-198 del catorce (14)
de mayo de dos mil diecinueve (2019), específicamente el ordinal tercero de
dicha providencia.
V.
DECISIÓN
Con base en las anteriores
consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
PRIMERO. – declarar la
NULIDAD PARCIAL de la sentencia T-198 del catorce (14) de mayo de dos
mil diecinueve (2019), específicamente del ordinal tercero de dicha
providencia, conforme con las consideraciones expuestas en la parte motiva de
la presente providencia.
SEGUNDO. – INFORMAR que
contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Presidente
Con Salvamento parcial de voto
CARLOS BERNAL
PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Ausente con excusa
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con Salvamento de voto
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Conformada por la
Magistrada Cristina Pardo Schlesinger y el Magistrado Alejandro Linares
Cantillo.
[2] Folio 40 del Cuaderno
de Revisión.
[3] Ingreso mensual de
$280.000, folio 2 del cuaderno de primera instancia, escrito de tutela.
[4] Folios 1 y ss del
cuaderno de primera instancia.
[5] Folio 2 del cuaderno
de primera instancia del trámite de tutela.
[6] Ídem.
[7] Tribunal Administrativo de
Boyacá. Acción de cumplimiento. Rad. 150012333000201600249-00. Demandante:
Helder Francisco Cipagauta. Demandado: Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia.
[8] Página 2 de la
sentencia de primera instancia del proceso de acción de cumplimiento expedida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 30 de junio de 2016. Dicha
sentencia se encuentra en el CD que obra a folio 10 del cuaderno de primera
instancia del trámite de tutela.
[9] Folio 10 del cuaderno
de primera instancia del trámite de tutela.
[10] Ídem.
[11] Ídem.
[12] Ídem.
[13] Ídem.
[14] La parte resolutiva de la
sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo – Sección Quinta es la siguiente: “PRIMERO:
MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia dictada el 30 de junio de 2016
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el cual quedará así: ORDENAR a
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia “UPTC” que, en un
término no mayor a seis meses, contados a partir de la ejecutoria de la
presente decisión, dé cumplimiento al contenido del artículo 83 del Acuerdo 066
de 2005 para lo cual deberá establecer los valores de cobro de matrícula de
todos los programas académicos atendiendo, prioritariamente, las condiciones
socioeconómicas de los estudiantes.
SEGUNDO: REVOCAR el numeral tercero del fallo recurrido, por las
razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
CUARTO:
En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.
[15] Páginas 13 y 14 de la
sentencia de segunda instancia del proceso de acción de cumplimiento expedida
por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta
el 15 de septiembre de 2016. Dicha sentencia se encuentra en el CD del folio 10
del cuaderno de primera instancia del trámite de tutela.
[16] Página 4 del auto que
resuelve la aclaración de la sentencia expedido por el Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta el 13 de septiembre de 2016.
Dicho auto se encuentra en el CD del folio 10 del cuaderno de primera instancia
del trámite de tutela.
[17] Folio 10 del cuaderno
de primera instancia del trámite de tutela.
[18] Ídem.
[19] Acuerdo 067 de 2017 “Por
el cual se establece la metodología para el Cálculo del Valor de la Matrícula
en los programas académicos de pregrado de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia.” Expedido el 7 de diciembre de 2017.
[20] Acuerdo 067 de 2017.
Artículo 2.- “COMPONENTES. El valor de pago de la matrícula de
los programas académicos de pregrado de los admitidos a partir del Primer
Semestre Académico del año dos mil dieciocho (2018), será liquidado de acuerdo
con el Índice Socio-Económico (ISE), que contiene tres componentes: variables
de condición socioeconómica, excepciones y atenuantes, de acuerdo con lo
ordenado por la Sala de Decisión N° 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá en
audiencia de fecha 7 de diciembre de 2017.”
[21] Folio 1 del cuaderno
de primera instancia del trámite de tutela.
[22] Ídem.
[23] Folio 5 del cuaderno
de primera instancia del trámite de tutela.
[24] Folio 8 del cuaderno
de primera instancia del trámite de tutela.
[25] Folio 12 del cuaderno de primera
instancia del
trámite de tutela.
[26] Ídem.
[27] Folio 13 y 14 del
cuaderno de primera instancia del trámite de tutela.
[28] Folio 16 del cuaderno
de primera instancia del trámite de tutela.
[29] Ídem.
[30] Folios 17 a 22 del
cuaderno de primera instancia del trámite de tutela.
[31] Folio 22 del cuaderno
de primera instancia del trámite de tutela.
[32] Ídem.
[33] Resolución 3188, por
medio de la cual se adopta el reglamento del Comité de Matrículas.
[34] Folios 25 y 26 del
cuaderno de primera instancia del trámite de tutela.
[35] Folios 27 y 28 del
cuaderno de primera instancia del trámite de tutela.
[36] Folio 28 del cuaderno
de primera instancia del trámite de tutela.
[37] Folio 29 del cuaderno
de primera instancia del trámite de tutela.
[38] Folio 84 del cuaderno
de primera instancia del trámite de tutela.
[39] Ídem.
[40] Folio 84 del cuaderno
de primera instancia del trámite de tutela.
[41] Ídem.
[42] Folios 84 y 85 del
cuaderno de primera instancia del trámite de tutela.
[43] Folio 90 del cuaderno
de primera instancia del trámite de tutela.
[44] Folios 92 y 93 del
cuaderno de primera instancia del trámite de tutela.
[45] Folio 94 del cuaderno
de primera instancia del trámite de tutela.
[46] Folio 95 del cuaderno
de primera instancia del trámite de tutela.
[47] Ídem.
[48] Folio 96 del cuaderno
de primera instancia del trámite de tutela.
[49] Folios 97 a 101 del
cuaderno de primera instancia del trámite de tutela.
[50] Folio 10 del cuaderno
de segunda instancia del trámite de tutela.
[51] Folios 9 y 10 del
cuaderno de segunda instancia del trámite de tutela.
[52] Folio 10 del cuaderno
de primera instancia del trámite de tutela.
[53] Ídem.
[54] Ídem.
[55] Ídem.
[56] Ídem.
[57] Ídem.
[58] Ídem.
[59] Ídem.
[60] Ídem.
[61] Ídem.
[62] Corte Constitucional.
Sentencia T-551 de 2011.
[63] Corte Constitucional.
Sentencia T-239 de 2018.
[64] Corte Constitucional.
Sentencia T-476 de 2015.
[65] Corte Constitucional.
Sentencia T-1010 de 2010. De acuerdo con la Corte, el concepto de autonomía
universitaria implica la consagración de una regla general que consiste en la
libertad de acción de los centros educativos superiores, de tal modo que las
restricciones son excepcionales y deben estar previstas en la Ley. Así mismo,
dentro de la autonomía universitaria debe existir la posibilidad de estipular
con carácter obligatorio para quienes hacen parte de la comunidad universitaria
un régimen interno que normalmente adopta el nombre de reglamento y/o estatutos
internos, en el cual deben estar previstas las disposiciones que dentro del
respectivo establecimiento serán aplicables a las distintas situaciones que
surjan por causa o con ocasión de su activad, tanto en el campo administrativo
como en el campo disciplinario.
[66] Corte Constitucional.
Sentencia T-277 de 2016.
[67] Corte Constitucional.
Sentencia T-027 de 2018.
[68] Ídem.
[69] Ídem.
[70] Corte Constitucional.
Sentencia T-027 de 2018 y ST-239 de 2018. En esta última, la Corte
Constitucional sostuvo que bajo ninguna de las dimensiones de la autonomía
universitaria -filosófica y administrativa- se admiten actuaciones que afectan
injustificadamente los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad
universitaria y que, al ser arbitrarias, no se ajustan a parámetros de
razonabilidad y proporcionalidad. De este modo, la autonomía universitaria no
implica una potestad absoluta y su ejercicio encuentra límites en la
imposibilidad de desconocer los derechos de sus trabajadores y estudiantes.
[71] Corte Constitucional.
Sentencia T-237 de 1995 y T-184 de 1996. A partir de la interpretación de los
derechos fundamentales y la jurisprudencia constitucional, se pueden evidenciar
otros tipos de limitaciones a la autonomía universitaria: i) el debido proceso
de actuaciones sancionatorias; ii) la prohibición de tratamientos discriminatorios
al momento de realizar admisiones de sus estudiantes; iii) especial protección
de la mujer embarazada que se traduce en reserva de cupo por maternidad, así
como la protección de los principios de legalidad, irretroactividad y
razonabilidad de los actos emanados por parte de las autoridades
universitarias.
[72] Corte Constitucional.
Sentencia T-933 de 2005.
[73] Corte Constitucional.
Sentencia T-933 del 2005. “Cabe precisar, que el amparo concedido no conlleva
el desconocimiento o sacrificio de los derechos económicos de la institución
demandada ni tampoco se encamina a afectar su estabilidad financiera, toda vez
que la orden de entrega del título de abogado no tiene el efecto de liberar al
deudor incumplido del pago efectivo de la obligación. Acorde con los criterios
jurisprudenciales a los que se ha hecho expresa referencia, en situaciones como
la examinada en esta causa, la protección constitucional busca priorizar la
vigencia y efectividad de los derechos fundamentales del educando, bajo la
consideración de que la obligación contraída con la institución universitaria
puede ser garantizada mediante el ejercicio de las acciones judiciales que
prevé el ordenamiento civil; es decir, por vías alternas que, en contraposición
a las medidas administrativas de tipo coercitivo como la aplicada, no suelen
afectar los derechos fundamentales del estudiante, en particular los de
educación y sus conexos, en cuanto tales acciones persiguen el cobro jurídico
de la obligación, sin incidir en la relación académica que surge entre
educadores y educandos en virtud del contrato de educación”.
[74] Corte Constitucional.
Sentencia T-531 de 2014.
[75] Ídem.
[76] Ídem.
[77] Ídem.
[78] Ídem.
[79] Ídem.
[80] Véase entre otras: Corte
Constitucional. Sentencia T-497 de 2018 y T-122 de 2018.
[81] Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. E/C.12/1999/10 del 8 de diciembre de 1999.
[82] Ídem.
[83] Ídem.
[84] Ídem.
[85] Ídem. De acuerdo con la
Observación, la disponibilidad consiste en que el Estado debe garantizar
instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del
Estado Parte. Ello implica, de acuerdo con la Observación, planta física de
calidad, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos,
materiales de enseñanza, bibliotecas, salas de informática y tecnología de la
información, entre otros.
[86]Ídem. De acuerdo con la Observación,
las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos,
sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte.
[87]Ídem. Según la Observación, la forma
y el fondo de la educación, comprendidos por los programas de estudio y métodos
pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados
culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los
padres. De acuerdo con la Observación, este punto está supeditado al artículo
13, párrafo 1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
[88]Ídem. De acuerdo con la Observación,
la educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las
necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las
necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados.
[89] Corte Constitucional. Sentencia
T-122 de 2018.
[90] Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. E/C.12/1999/10 del 8 de diciembre de 1999.
[91] Ídem.
[92] Ídem.
[93] Ídem.
[94] Ídem.
[95] Ídem.
[96] Corte Constitucional. Sentencia
T-207 de 2018.
[97] Ídem.
[98] Ídem.
[99] Ídem.
[100] Corte Constitucional. Sentencia
T-122 de 2018. Reiterada en la sentencia T-497 de 2018.
[101] Corte Constitucional.
Sentencia C-654 del 2007 y SC-560 del 1997.
[102] Corte Constitucional.
Sentencia C-654 del 2007 y ST-544 del 2006. De acuerdo con la Corte, al lado
del derecho de la persona a un servicio educativo en condiciones de calidad,
sujeto a la ley y vigilado por el Estado, coexiste la facultad de exigir de los
estudiantes el sometimiento a las normas internas que regulan las relaciones
académicas y administrativas de la institución, las cuales pueden llegar
incluso a ser indispensables para garantizar el ingreso y permanencia en el
sistema educativo”.
[103] Corte Constitucional. Sentencia
T-037 de 2013 y T-544 de 2006.
[104] Corte Constitucional.
Sentencia C-654 del 2007.
[105] Corte Constitucional. Sentencia
T-019 de 1999.
[106] Ibíd.
[107] Ibíd.
[108] Ibíd.
[109] Ibíd.
[110] Corte Constitucional. Sentencia T-310
de 1999.
[111] Ibíd.
[112] Ibíd.
[113] Ibíd.
[114] Corte Constitucional. Sentencia
T-933 de 2005
[115] Ibíd. La Corte Constitucional
sostuvo que esta medida para defender sus intereses económicos resultaba
gravosa y desproporcionada frente al derecho fundamental a la Educación del
demandante. Igualmente, la Corte Constitucional destacó que la posición asumida
por la jurisprudencia no tiene como propósito fomentar una especial de “cultura
de no pago” en favor de los estudiantes o sus representantes y en
contra de las instituciones educativas, pues para la Corte es claro que el
sostenimiento de tales instituciones, en especial las de naturaleza particular
o privada, depende en gran medida de los pagos de matrícula y demás emolumentos
derivados del contrato educativo. En relación con esto último, no sobra
recordar que es la propia Constitución Política la que autoriza expresamente a
los particulares para fundar establecimientos educativos y para proceder al “cobro
de derechos académicos”; atribuciones que a su vez encuentran un claro
fundamento en los principios de solidaridad y autonomía universitaria, y en los
derechos a la libre iniciativa privada y libertad de empresa, también amparados
por el Estatuto Fundamental.
[116] Ibíd.
[117] Ibíd.
[118] Corte Constitucional. Sentencia
T-531 de 2014.
[119] Ibíd.
[120] Ibíd.
[121] Ibíd.
[122] Corte Constitucional. Sentencia
T-102 de 2017.
[123] Ibíd.
[124] Ibíd.
[125] Ibíd.
[126] Corte Constitucional. Sentencia
T-039 de 2016.
[127] Ibid.
[128] Ibid.
[129] Corte Constitucional. Sentencia
C-520 de 2016.
[130] Ibíd.
[131] Ibíd.
[132] Ibíd.
[133] Corte Constitucional.
Sentencia T-277 de 2016.
[134] Ibid.
[135] Ibid.
[136] Ibid. En dicha
ocasión, la Corte Constitucional declaró que si el principio de solidaridad es
estructural al Estado Social de Derecho colombiano las universidades públicas
deben considerar, en las relaciones que establecen con sus estudiantes, la
posibilidad de contemplar un cambio de circunstancias que justifican la
revisión de las condiciones económicas que se establecen para la prestación de
sus servicios (…) Por consiguiente, la situación de debilidad manifiesta de una
de las partes por causas económicas en un contrato de educación, no le es
indiferente al Estado como contraparte contratante, sino que por el contrario,
puede quedar comprendida por los supuestos de la denominada teoría de la
imprevisión y, adicionalmente, resultar relevante desde la perspectiva del
mandato de solidaridad.
[137] Corte Constitucional.
Sentencia T-546 de 2013.
[138] Corte Constitucional.
Sentencia T-564 de 2013.
[139] Tribunal Administrativo de
Boyacá. Sala de Decisión Nº 1. Demandante: Helder Francisco Cipagauta.
Demandado: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Rad.
150012333000201600249-00. Sentencia del 30 de junio de 2016. MP. Fabio Iván
Afanador García.
[140] Acuerdo 067 de 2017 “Por el cual
se establece la metodología para el Cálculo del Valor de la Matrícula en los
programas Académicos de pregrado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia”. Artículo 2.
[141] Ibídem. Artículo 3.
[142] Ibídem. Artículos 4 a
8.
[143] Ibídem. Artículos 9 a 11.
[144] Ibídem. Artículos 12 a 19.
[145] Acuerdo 067 de 2017.
Consideraciones 1 a 4.
[146] Acuerdo 067 de 2017.
Consideraciones 5 a 7.
[147] Acuerdo 067 de 2017.
Consideraciones 8 a 15.
[148] Corte Constitucional.
Sentencia C-250 de 2012.
[149] Ibíd.
[150] Ibíd.
[151] Ibíd.
[152] Ibíd.
[153] Como ha explicado la
jurisprudencia constitucional, “la
razonabilidad es una garantía o una defensa de los derechos de las personas y
los ciudadanos frente al poder público”, que tiene al menos tres acepciones: “a. La razonabilidad como un modo
especial de razonar en el derecho Desde
esta perspectiva, la razonabilidad tiene que ver con la motivación de las
decisiones de las autoridades, como fundamento de su legitimidad; una
motivación razonable debe incorporar, entre otros, los siguientes criterios:
(i) el respeto por aspectos básicos del entendimiento humano, como los
principios de identidad y no-contradicción; (ii) la coherencia, es
decir, el ajuste de la decisión a principios básicos del ordenamiento jurídico;
(iii) el deber de encontrar fundamento en normas –reglas y principios– del
derecho vigente; (iv) la consideración de las consecuencias normativas de
la decisión; y (v) la exigencia de que el operador jurídico considere que su
decisión es universabilizable (es decir, que esté dispuesto a
aplicarla siempre que se den supuestos iguales). Todo lo anterior, (vi) con el
fin de que la decisión sea aceptable dentro de un sistema jurídico
determinado y, aspirar al acuerdo de un auditorio universal. // b. La
razonabilidad como herramienta de protección del principio de igualdad. Desde
el punto de vista del principio y derecho a la igualdad, la razonabilidad responde
a la regla básica de justicia consistente en dar un trato igual a las
situaciones iguales, y a la de fundar todo trato diferenciado en razones
que expliquen, desde un punto de vista relevante, las distinciones que una
decisión pública impone entre distintos ciudadanos. // En este marco, es
importante recordar que, en la medida en que las personas se entienden
jurídicamente iguales –en consideración, dignidad y derechos– la carga de
explicar el trato diferenciado se encuentra en cabeza de la autoridad que lo
impone. // c. La razonabilidad como interdicción de la arbitrariedad Desde
este punto de vista, la razonabilidad se refiere a la existencia de un
principio de razón suficiente (constitucionalmente válida) para la adopción de
una decisión. Asimismo, recuerda que un Estado Constitucional de Derecho se
caracteriza porque su estructura y las funciones de las autoridades persiguen,
siempre, la garantía de los derechos fundamentales y los demás principios
constitucionales; y no en la arbitrariedad y el capricho.” Al respecto, Cfr. S.V.
Diana Fajardo Rivera, Sentencia T-091 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
[154] Tribunal Administrativo de
Boyacá. Sala de Decisión Nº 1. Rad. 150012333000201600249-00. Sentencia del 30
de junio de 2016. CP. Fabio Iván Afanador García. En dicha sentencia, el
Tribunal Administrativo sostuvo que “El Acuerdo Nº 049 de 1994 y el Acuerdo Nº
066 de 2005, son diferentes en su contenido y parámetros, de tal suerte que no
se puede decir que el primero sea consecuencia del segundo, puesto que mientras
el Acuerdo 066 establece una condición imperante o prevaleciente para el cobro
de la matrícula como lo es la condición socioeconómica de la población
estudiantil, el Acuerdo 049 prevé 2 métodos o sistemas de liquidación de los
derechos de matrícula sin que atienda tal circunstancia de manera prioritaria.
En otras palabras, no existió reproducción de normas entre los dos acuerdos, y
se presenta la llamada incompatibilidad de normas, además de que el estatuto
general de la UPTC es expedido con posterioridad al Acuerdo 049.”
[155] Ingreso
mensual de $280.000, folio 2 del cuaderno de primera instancia, escrito de
tutela.
[156] Folios 1 y ss
del cuaderno de primera instancia.
[157] Folio 2 del
cuaderno de primera instancia del trámite de tutela.
[158] Ídem.
[159] Tribunal
Administrativo de Boyacá. Acción de cumplimiento. Rad.
150012333000201600249-00. Demandante: Helder Francisco Cipagauta. Demandado:
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
[160] Página 2 de
la sentencia de primera instancia del proceso de acción de cumplimiento
expedida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 30 de junio de 2016. Dicha
sentencia se encuentra en el CD que obra a folio 10 del cuaderno de primera
instancia del trámite de tutela.
[161] Folio 10 del
cuaderno de primera instancia del trámite de tutela.
[162] Ídem.
[163] Ídem.
[164] Ídem.
[165] Ídem.
[166] La parte
resolutiva de la sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo – Sección Quinta es la siguiente: “PRIMERO:
MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia dictada el 30 de junio de 2016
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el cual quedará así: ORDENAR a
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia “UPTC” que, en un
término no mayor a seis meses, contados a partir de la ejecutoria de la
presente decisión, dé cumplimiento al contenido del artículo 83 del Acuerdo 066
de 2005 para lo cual deberá establecer los valores de cobro de matrícula de
todos los programas académicos atendiendo, prioritariamente, las condiciones
socioeconómicas de los estudiantes.
SEGUNDO: REVOCAR el numeral
tercero del fallo recurrido, por las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente providencia
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás
la sentencia apelada.
CUARTO: En firme esta
providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.
[167] Páginas 13 y
14 de la sentencia de segunda instancia del proceso de acción de cumplimiento
expedida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta el 15 de septiembre de 2016. Dicha sentencia se encuentra en el
CD del folio 10 del cuaderno de primera instancia del trámite de tutela.
[168] Página 4 del
auto que resuelve la aclaración de la sentencia expedido por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta el 13 de
septiembre de 2016. Dicho auto se encuentra en el CD del folio 10 del cuaderno
de primera instancia del trámite de tutela.
[169] Folio 10 del
cuaderno de primera instancia del trámite de tutela.
[170] Ídem.
[171] Acuerdo 067
de 2017 “Por el cual se establece la metodología para el Cálculo del Valor de
la Matrícula en los programas académicos de pregrado de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia.” Expedido el 7 de diciembre de 2017.
[172] Acuerdo 067
de 2017. Artículo 2.- “COMPONENTES. El valor de pago de la
matrícula de los programas académicos de pregrado de los admitidos a partir del
Primer Semestre Académico del año dos mil dieciocho (2018), será liquidado de
acuerdo con el Índice Socio-Económico (ISE), que contiene tres componentes:
variables de condición socioeconómica, excepciones y atenuantes, de acuerdo con
lo ordenado por la Sala de Decisión N° 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá
en audiencia de fecha 7 de diciembre de 2017.”
[173] Folio 84 del
cuaderno de primera instancia del trámite de tutela.
[174] Ídem.
[175] Folio 84 del
cuaderno de primera instancia del trámite de tutela.
[176] Ídem.
[177] Folios 84 y
85 del cuaderno de primera instancia del trámite de tutela.
[178] Folio 10 del
cuaderno de segunda instancia del trámite de tutela.
[179] Folios 9 y 10
del cuaderno de segunda instancia del trámite de tutela.
[180] Corte
Constitucional. Sentencia T-198 de 2019.
[181] Corte
Constitucional. Sentencia T-198 de 2019.
[182] Corte
Constitucional. Sentencia T-198 de 2019.
[183] Como ha
explicado la jurisprudencia constitucional, “la razonabilidad es una
garantía o una defensa de los derechos de las personas y los ciudadanos frente
al poder público”, que tiene al menos tres acepciones: “a. La
razonabilidad como un modo especial de razonar en el derecho Desde
esta perspectiva, la razonabilidad tiene que ver con la motivación de las
decisiones de las autoridades, como fundamento de su legitimidad; una
motivación razonable debe incorporar, entre otros, los siguientes criterios:
(i) el respeto por aspectos básicos del entendimiento humano, como los
principios de identidad y no-contradicción; (ii)
la coherencia, es decir, el ajuste de la decisión a principios
básicos del ordenamiento jurídico; (iii) el deber de encontrar fundamento
en normas –reglas y principios– del derecho vigente; (iv) la
consideración de las consecuencias normativas de la decisión; y (v)
la exigencia de que el operador jurídico considere que su decisión
es universabilizable (es decir, que esté dispuesto a aplicarla
siempre que se den supuestos iguales). Todo lo anterior, (vi) con el fin de que
la decisión sea aceptable dentro de un sistema jurídico
determinado y, aspirar al acuerdo de un auditorio universal. // b. La
razonabilidad como herramienta de protección del principio de igualdad.
Desde el punto de vista del principio y derecho a la igualdad,
la razonabilidad responde a la regla básica de justicia consistente
en dar un trato igual a las situaciones iguales, y a la de fundar
todo trato diferenciado en razones que expliquen, desde un punto de vista relevante,
las distinciones que una decisión pública impone entre distintos ciudadanos. //
En este marco, es importante recordar que, en la medida en que las personas se
entienden jurídicamente iguales –en consideración, dignidad y derechos– la
carga de explicar el trato diferenciado se encuentra en cabeza de la autoridad
que lo impone. // c. La razonabilidad como interdicción de la arbitrariedad Desde
este punto de vista, la razonabilidad se refiere a la existencia de un
principio de razón suficiente (constitucionalmente válida) para la adopción de
una decisión. Asimismo, recuerda que un Estado Constitucional de Derecho se
caracteriza porque su estructura y las funciones de las autoridades persiguen,
siempre, la garantía de los derechos fundamentales y los demás principios
constitucionales; y no en la arbitrariedad y el capricho.” Al respecto, Cfr.
S.V. Diana Fajardo Rivera, Sentencia T-091 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
[184] Tribunal
Administrativo de Boyacá. Sala de Decisión Nº 1. Rad. 150012333000201600249-00.
Sentencia del 30 de junio de 2016. CP. Fabio Iván Afanador García. En dicha
sentencia, el Tribunal Administrativo sostuvo que “El Acuerdo Nº 049 de 1994 y
el Acuerdo Nº 066 de 2005, son diferentes en su contenido y parámetros, de tal
suerte que no se puede decir que el primero sea consecuencia del segundo,
puesto que mientras el Acuerdo 066 establece una condición imperante o
prevaleciente para el cobro de la matrícula como lo es la condición
socioeconómica de la población estudiantil, el Acuerdo 049 prevé 2 métodos o
sistemas de liquidación de los derechos de matrícula sin que atienda tal
circunstancia de manera prioritaria. En otras palabras, no existió reproducción
de normas entre los dos acuerdos, y se presenta la llamada incompatibilidad de
normas, además de que el estatuto general de la UPTC es expedido con
posterioridad al Acuerdo 049.”
[185] Folio 2 del
cuaderno de nulidad.
[186] Folio 2
reverso del cuaderno de nulidad.
[187] Folio 3 del
cuaderno de nulidad. Asimismo afirmó que “frente al particular, debe señalarse
que la estructura de financiación de los gastos en las universidades públicas
de carácter nacional prevé que la nación sufraga el 80% de los gastos totales,
mientras que las instituciones financian con recursos propios el 20%, razón por
la que cualquier decisión que implique una modificación de los parámetros para
el cálculo del valor de las matrículas, aportes que constituyen una de las
fuentes de ingreso de las IES, afecta sustancialmente el ingreso de recursos
por este concepto, y por ende, toca inevitablemente, la estabilidad
presupuestal de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; situación
que toca directamente los intereses de la Nación y por lo tanto es competencia
directa del Ministerio de Educación Nacional, en su calidad de gestor en la
asignación de recursos de funcionamiento de la misma, en consideración a que
esta institución de educación superior, es de orden nacional tal y como lo
prevé, el artículo 1° del mencionado Acuerdo 066 de 2005: (…)”.
[188] Folio 5
reverso y 6 del cuaderno de nulidad.
[189] Folio 6
reverso del cuaderno de nulidad.
[190] Folio 8 del
cuaderno de revisión.
[191] Folio 8 del
cuaderno de revisión.
[192] Corte
Constitucional. Auto 031A de 2002.
[193] Corte
Constitucional. Auto 057 de 2006 y Auto 033 de 1995.
[194] Corte
Constitucional. Auto 060 de 2006, Auto 063 de 2004, Auto 216 de 2017 y Auto 362
de 2017.
[195] Corte
Constitucional. Auto 216 de 2007.
[196] Corte
Constitucional. Auto A234 de 2009, entre otros.
[197] Corte
Constitucional. Auto 283 de 2010, Auto 344 de 2010, Auto 049 de 2013, Auto 053A
de 2013 y Auto 220 de 2015.
[198] Corte
Constitucional. Auto 195 de 2017.
[199] Corte
Constitucional. Auto A563 de 2016.
[200] Corte
Constitucional. Auto A563 de 2016.
[201] Corte
Constitucional. Auto A563 de 2016.
[202] Corte
Constitucional. Auto 054 de 2006 y Auto A236 de 2012.
[203] Corte
Constitucional. Auto 232 de 2001 y Auto A236 de 2012.
[204] Corte
Constitucional. Autos 616 de 2018, A098 de 2011 y 228A de 2016, entre otros.
[205] Corte
Constitucional. Auto A542 de 2018.
[206] Corte
Constitucional. Auto A542 de 2018, Auto 188 de 2014 y Auto 051 de 2012.
[207] Corte
Constitucional. Auto A542 de 2018.
[208] Corte
Constitucional. Auto A542 de 2018.
[209] Corte
Constitucional. Auto A542 de 2018.
[210] Corte Constitucional.
Autos 616 de 2018 y A523 de 2016.
[211] Corte
Constitucional. Auto 616 de 2018.
[212] Corte
Constitucional. Autos 616 de 2018, A048 de 2013 y A132 de 2015, entre otros.
[213] Corte
Constitucional. Autos 060 de 2006, A217 de 2006 y 170 de 2009 y 607 de 2019.
[214] Corte
Constitucional. Auto A110 de 2012. En dicho Auto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional estudió la nulidad de la Sentencia T-313 de 2010. Allí, la Sala
de Revisión estudió una acción de tutela contra una providencia judicial que
declaró desierto el recurso de apelación en un proceso ordinario al no cancelar
las costas monetarias para el traslado del recurso con sus anexos. En sede de
revisión, la Corte constató que, aun cuando no había un defecto fáctico,
existía un defecto orgánico por dos razones. La primera, al tratarse de una
entidad pública -INVIAS- debió conocer el asunto la jurisdicción contencioso
administrativa. La segunda, al sobrepasar la cuantía de 900 SMMLV, el proceso
no lo debió conocer el juzgado Promiscuo de Circuito, sino por el contrario, un
Tribunal Administrativo. Por tal razón, amparó los Derechos fundamentales de
INVIAS y declaró la nulidad de todo lo actuado en sede ordinaria. Contra dicha
decisión, los terceros afectados promovieron incidente de nulidad por indebida notificación
de los fallos de tutela de instancia y de la Sentencia T-313 de 2010. La Sala
Plena de la Corte Constitucional constató que se realizaron todas las
notificaciones en debida forma y, por tal razón denegó la solicitud de nulidad.
Sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional sostuvo que del análisis
efectuado se puede inferir que, si en gracia de discusión se admitiera la
existencia de un error en la sentencia T-313 de 2010, de todas maneras,
sería claro que éste no tendría repercusiones sustanciales sobre la decisión,
pues evidentemente no modificaría el sentido del fallo, ni alteraría su
contenido, ni confundiría al lector en relación con cuál fue la decisión que se
adoptó.
[215] Corte
Constitucional. Auto 031 de 2002, A110 de 2012 y 607 de 2019.
[216] Corte
Constitucional. Auto 175 de 2009, A110 de 2012 y 607 de 2019.
[217] Corte
Constitucional. Auto A110 de 2012.
[218] Corte
Constitucional. Auto A114 de 2013, entre otras.
[219] Corte
Constitucional. Auto A114 de 2013.
[220] Corte
Constitucional. Auto A114 de 2013
[221] Corte
Constitucional. Auto A114 de 2013.
[222] Corte
Constitucional. Auto 050 de 2000.
[223] Corte
Constitucional. Auto 050 de 2000
[224] Corte
Constitucional. Auto 050 de 2000
[225] Corte
Constitucional. Auto 050 de 2000
[226] Corte
Constitucional. Auto 015 de 2007.
[227] Corte
Constitucional. Auto 015 de 2007
[228] Corte
Constitucional. Auto 015 de 2007
[229] Corte
Constitucional. Auto 015 de 2007.
[230] Corte
Constitucional. Auto 062 de 2000.
[231] Corte
Constitucional. Auto 062 de 2000.
[232] Corte
Constitucional. Auto 062 de 2000.
[233] Corte
Constitucional. Auto 070 de 2015.
[234] Corte
Constitucional. Auto 070 de 2015.
[235] Corte
Constitucional. Auto 071 de 2015.
[236] Corte
Constitucional. Auto 071 de 2015.
[237] Corte
Constitucional. Auto 071 de 2015.
[238] Corte
Constitucional. Auto 082 de 2010.
[239] Corte Constitucional.
Auto 082 de 2010
[240] Corte
Constitucional. Auto 082 de 2010
[241] En la
sentencia T-198 de 2019, la Corte Constitucional, al respecto, dispuso lo
siguiente: “(…) la Universidad expidió el Acuerdo 066 de 2005, el cual
expresamente establece la obligación de calcular el valor de las matrículas
académicas de los programas de pregrado, primordialmente, con base en las
condiciones socioeconómicas de los estudiantes. En ese sentido, la universidad
accionada, desconoció sus propios estatutos, lo cual no hace parte del
principio de autonomía universitaria, como afirma la accionada, pues este
mandato no conlleva a que las instituciones educativas vulneren o desconozcan
sus propias normas o directrices internas.”
[242] Corte
Constitucional. Auto A563 de 2016.
[243] Corte
Constitucional. Sentencia SU-1052 de 2000.
[244] Corte
Constitucional. Sentencia T-964 de 2004.
[245] Cfr. Corte
Constitucional. Sentencias T-097 fr 2014, T-494 de 2014, SU-355 de 2015, T-315
de 1998, T-1073 de 2017, T-766 de 2015, T-576 de 2014. Estas reglas fueron
recopiladas por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia C-132
de 2018.
[246] Corte
Constitucional en la sentencia C-132 de 2018.
[247] Corte
Constitucional en la sentencia C-132 de 2018.
[248] Corte
Constitucional en la sentencia C-132 de 2018
[249] Corte
Constitucional. Sentencia C-132 de 2018.
[250] Corte
Constitucional. Sentencia C-132 de 2018. Al respecto, este alto Tribunal
aseveró lo siguiente: “Considera la Sala que en el presente caso la solución
no está dada en la posibilidad de proferir una sentencia modulativa o
condicionada en los términos requeridos por el demandante; la Corte encuentra
que el medio para precisar el contenido y el alcance del texto objeto de
censura está dado en su interpretación sistemática, de esta manera se podrá
demostrar su vínculo directo con el inciso tercero del artículo 86 de la
Constitución Política, en virtud del cual quedó inscrito el principio de
subsidiariedad que permite ejercer la acción de tutela aun cuando existan otros
medios judiciales de defensa, siempre y cuando éstos no resulten idóneos ni
eficaces para la debida y oportuna protección deprecada. Asumir la tesis del
demandante, es decir, proferir una sentencia condicionada, llevaría a la Corte
a un escenario en el que cada disposición que haya inaplicado al menos una vez
en asuntos de tutela causaría por lo menos dos consecuencias: (i) generaría un
problema técnico porque se convertirían las excepciones en reglas; y (ii)
causaría un problema práctico, porque implicaría un cúmulo indeterminado de
normas y de situaciones que deberían seguir ese camino procesal.
6.5. La supuesta
contradicción del texto acusado con el artículo 86 superior parte de una
interpretación literal que de ser aceptada impediría toda reglamentación de la
acción de tutela ajena a la literalidad, como sería, a título de ejemplo, “en
todo momento y lugar” causaría controversia frente a los criterios de reparto;
o respecto de la agencia oficiosa, pues dice “toda persona …”, o “por quien
actúe a su nombre…”, si se toma el texto literalmente no podría haber límites a
la agencia oficiosa, con lo cual quedaría excluida la posibilidad de hacer
interpretaciones razonables.
6.6. La interpretación
conforme con la Constitución llevada a cabo en el presente caso a partir del
método sistemático está vinculada con la denominada cláusula tácita que
habilita al juez de constitucionalidad para formular excepciones ante lo
constitucionalmente intolerable, esta cláusula surge de la aplicación de los
diferentes métodos de interpretación y de la competencia asignada al Tribunal
como guardián de la supremacía e integridad de la Carta (art. 241 C.Po.), se trata
de estándares propios de un sistema jurídico interpretado desde la perspectiva
propia de la Constitución.
6.7. Para el caso de los
actos administrativos de carácter general o abstracto, como lo ha explicado la
Corte, la acción de tutela resulta procedente como mecanismo subsidiario
siempre y cuando se demuestre la amenaza o vulneración a un derecho
fundamental, en cuanto, a pesar del contenido impersonal de la actuación,
resulte posible determinar quién es el titular del derecho conculcado.”
[251] Corte Constitucional.
Sentencia C-132 de 2018.
[252] Corte
Constitucional. Sentencia C-132 de 2018.