C-916-02
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-916/02
NORMA
ACUSADA-Interpretación diversa
NORMA
ACUSADA-Origen
INDEMNIZACION
POR DAÑOS EN PROCESO PENAL
INDEMNIZACION
DE PERJUICIOS EN PROCESO PENAL-Elementos relevantes
para determinación
METODOS DE
INTERPRETACION EN NORMA ACUSADA/INTERPRETACION FINALISTA EN NORMA ACUSADA
PARTE CIVIL
EN INDEMNIZACION POR DAÑOS EN PROCESO PENAL
DERECHOS DE
VICTIMAS A INDEMNIZACION POR DAÑOS EN PROCESO PENAL
DERECHO A LA
REPARACION INTEGRAL EN PROCESO PENAL-Daños
materiales y morales
DERECHO A LA
REPARACION INTEGRAL EN EL DERECHO INTERNACIONAL Y EN EL COMPARADO
DERECHO A LA
REPARACION INTEGRAL-Criterios para determinar
ámbito y monto de indemnización
DERECHOS DE
VICTIMAS A LA REPARACION INTEGRAL POR CONDUCTA PUNIBLE-Mecanismos de asunción social del riesgo de sufrir un daño
DERECHOS DE
VICTIMAS A LA REPARACION INTEGRAL POR CONDUCTA PUNIBLE-Constitución de fondos para reparación de daños materiales y
morales/DERECHOS DE VICTIMAS A LA REPARACION INTEGRAL POR CONDUCTA PUNIBLE-Falta
de capacidad de pago del condenado
REPARACION
INTEGRAL DE PERJUICIOS POR HECHO PUNIBLE-Mecanismos
alternativos ante no capacidad de pago del condenado
DERECHO A LA
REPARACION INTEGRAL DE PERJUICIOS POR CONDUCTA PUNIBLE-No es absoluto/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
REPARACION INTEGRAL DE PERJUICIOS POR CONDUCTA PUNIBLE-Indemnización justa
PERJUICIOS
POR UN DELITO-Reparación plena y justa
REPARACION
INTEGRAL DE DAÑOS POR CONDUCTA PUNIBLE
DERECHOS
ABSOLUTOS-Inexistencia
DERECHOS-Límites a ejercicio
El ejercicio de todo derecho encuentra
límites en el respeto a los derechos de los demás, en la razonable protección
de intereses públicos definidos por el legislador y en el cumplimiento de
deberes cuyo alcance preciso también debe ser establecido por el legislador.
DERECHOS
CONSTITUCIONALES-Limitaciones
deben respetar límites
Las limitaciones a los derechos
constitucionales también deben respetar límites, que esta Corporación ha
identificado y desarrollado en su jurisprudencia para asegurar que se respete
el núcleo esencial del derecho limitado, esto es, que la regulación sea razonable
y que su justificación sea compatible con el principio democrático.
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN DERECHOS CONSTITUCIONALES-Alcance de las limitaciones
La potestad de
configuración del legislador para fijar limitaciones a los derechos
constitucionales tiene alcances diversos, es más amplia o más restringida, en
atención a la materia regulada, a los valores constitucionales relevantes en
cada caso, al instrumento mediante el cual se adoptó la limitación y al
contexto jurídico y empírico en el cual se inscribe, entre otros criterios
analizados por esta Corte.
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Alcance
En materia penal, esta Corporación ha
señalado que la facultad del legislador penal para limitar los derechos de las
personas, si bien es amplia en razón de la configuración de la política
criminal, está restringida por normas constitucionales que está obligado a
respetar. Dentro de tales límites se destacan no sólo el respeto al núcleo
esencial de los derechos sino de los principios de necesidad, no
discriminación, racionalidad mínima y proporcionalidad.
INDEMNIZACION
DE PERJUICIOS EN PROCESO PENAL-Características
DERECHO A LA
REPARACION INTEGRAL DE PERJUICIOS POR HECHO PUNIBLE-Regulación
legislativa
DERECHO A LA
REPARACION INTEGRAL DE DAÑOS POR DELITO-Finalidades
de la limitación mediante regulación legislativa
La posibilidad de limitar mediante una
regulación legislativa el derecho a la reparación de los daños ocasionados por
el delito, cumple varias finalidades legítimas. En primer lugar, permite un
ejercicio efectivo del derecho al debido proceso y del derecho de defensa por
parte del procesado, quien podrá controvertir pretensiones de reparación de
perjuicios, con base en criterios objetivos, sin quedar absolutamente librado a
la discrecionalidad del juez para la fijación del valor del daño ocasionado por
la conducta punible. En segundo lugar, impide que una indemnización de
perjuicios excesivamente onerosa transforme la justicia penal en una justicia
esencialmente vindicativa o retaliatoria. En tercer lugar, facilita el
restablecimiento de los derechos de las víctimas y perjudicados dentro de
parámetros razonables, sin que puedan llegar a enriquecerse de manera
injustificada, al recibir una indemnización que supere el valor de los daños
efectivamente causados.
DERECHOS DE
VICTIMAS Y PERJUDICADOS A LA REPARACION INTEGRAL POR DELITO
INDEMNIZACION
DE PERJUICIOS EN PROCESO PENAL-Proporcionalidad del
límite
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTOS Y POLITICA CRIMINAL
PROPORCIONALIDAD-Finalidad/PROPORCIONALIDAD-Significado
En la jurisprudencia constitucional el postulado de la
proporcionalidad constituye una directiva no explícitamente positivizada en la
Carta Política. Desde un punto de vista abstracto, la proporcionalidad es un
concepto relacional cuya aplicación busca colocar dos magnitudes en relación de
equilibrio. El concepto de la proporcionalidad remite a la relación de
equilibrio entre distintos pares de conceptos, como supuesto de hecho y
consecuencia jurídica, afectación y defensa, ataque y reacción. Históricamente
la proporcionalidad se ha asociado a conceptos e imágenes como la balanza, la
regla o el equilibrio.
PROPORCIONALIDAD
EN EL DERECHO-Alcance/PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD-Sentido constitucional
La
proporcionalidad en el derecho refiere a una máxima general y parámetro de
acción para la totalidad de la actividad estatal, aunque no exclusivamente, ya
que el principio de proporcionalidad puede llegar a aplicarse también en el
ámbito de las relaciones particulares regidas por el derecho privado. En
sentido constitucional, la proporcionalidad es un principio de corrección
funcional de toda la actividad estatal que, junto con otros principios de
interpretación constitucional –unidad de la Constitución, fuerza normativa,
fuerza integradora, concordancia práctica, armonización concreta, inmunidad de
los derechos constitucionales e interpretación conforme a la Constitución–,
busca asegurar que el poder público, actúe dentro del marco del estado de
derecho, sin excederse en el ejercicio de sus funciones. Su fundamento
normativo último está dado por los principios fundamentales de Estado de
Derecho, fuerza normativa de la Constitución y carácter inalienable de los
derechos de la persona humana.
PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD EN DERECHO PENAL-Alcance de la
regulación
PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD EN CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Funciones
PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD-Método de aplicación
PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD-Mandatos que adopta/PROHIBICION
DE EXCESO EN PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD-Significado/PROHIBICION DE
DEFECTO EN PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD-Significado
La
proporcionalidad concebida como principio de interpretación constitucional
puede adoptar la forma de dos mandatos: la prohibición de exceso y la
prohibición de defecto. El primero tiene que ver principalmente con la
limitación del uso del poder público de cara a las libertades fundamentales. El
segundo se aplica por lo general respecto de los deberes positivos del Estado y
la protección de los derechos que comprometen la actuación de las autoridades
para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
METODO DE
PONDERACION EN PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD-Objeto
INDEMNIZACION
POR DAÑOS DE CONDUCTA PUNIBLE-Límite de mil
salarios mínimos legales mensuales
PERJUICIO
MORAL
SENTENCIA DE
CONSTITUCIONALIDAD REDUCTORA-Alcance
Dentro de la técnica de las sentencias
interpretativas existe un tipo de sentencia que permite a la Corte resolver el
problema anteriormente planteado. Se trata de las sentencias llamadas
“restrictivas”, “reductoras” o “sustractivas”, mediante las cuales la Corte
excluye del ordenamiento jurídico un contenido normativo comprendido por el
texto acusado con el efecto de reducir sus alcances. Mediante este tipo de
sentencias la extensión de la norma se restringe de tal manera que su ámbito de
aplicación deja de abarcar el supuesto inconstitucional. De esta manera la
disposición acusada no surte las consecuencias jurídicas previstas en el propio
precepto puesto que algunos de sus efectos, por ser incompatibles con la
Constitución, deben sustraerse de las implicaciones de la disposición acusada.
INDEMNIZACION POR
DAÑOS DE CONDUCTA PUNIBLE-Límite
de salarios aplicable a daños morales cuyo valor no fue objetivamente
determinado
Referencia:
expediente D-4020
Demanda de
inconstitucionalidad contra el  artículo 97 de la Ley 599 de 2000, “(p)or la
cual se expide el Código Penal”.
Actor: Camilo Andrés
Baracaldo Cárdenas
Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ
CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C.,
veintinueve (29) de octubre de dos mil dos (2002).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos de
trámite establecidos en el  Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.      ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad el ciudadano Camilo Andrés Baracaldo Cárdenas, demandó el
artículo 97 de la Ley 599 de 2000.
Cumplidos los
trámites constitucionales y legales propios de los procesos de
constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la
demanda en referencia.
II.    NORMA DEMANDADA
El artículo 97
de la Ley 599 de 2000 demandado dice lo siguiente:
Ley 599 de 2000
(Julio 24)
Por la cual se expide el Código Penal
(...)
Artículo 97. Indemnización
por daños. En relación con el daño derivado de la conducta punible el juez
podrá señalar como indemnización, una suma equivalente, en moneda nacional,
hasta mil (1000) salarios mínimos legales mensuales.
Esta tasación
se hará teniendo en cuenta factores como la naturaleza de la conducta y la
magnitud del daño causado.
Los daños
materiales deben probarse en el proceso.
III.    LA DEMANDA
Afirma el
demandante que la norma cuestionada vulnera los artículos 13 y 58
constitucionales porque, a su juicio al fijar un tope de 1000 salarios mínimos
para la indemnización de daños, dentro del proceso penal establece “una
protección desigual, no razonable, de los derechos de las personas que sufren
perjuicios valorados por encima del límite establecido en la norma demandada:
dicha protección desigual conlleva a que los jueces, al no poder contrariar la
ley mediante sus providencias, desconozcan y cercenen el derecho a la
propiedad, el cual también es de rango constitucional y cuyo atropellamiento
implica un desequilibrio económico injusto que impide el orden social que la
Constitución busca materializar”.
Afirma el actor
que este límite irrazonable al monto de perjuicios que puede reconocer el juez
penal, desconoce la protección de bienes jurídicos tutelados por el derecho
penal y no permite que se “acceda a la reparación de los perjuicios que implica
la violación a dichos bienes jurídicos.”
Señala también
el actor que la norma no distingue entre perjuicios materiales y morales, por
referirse de manera general al “daño derivado de la conducta punible”, por lo
cual, no podría interpretarse en el sentido de que dicho límite sólo se refiere
a los perjuicios morales y no cobija a los perjuicios materiales. Para el
demandante “la solución al problema jurídico que representa la limitación en la
indemnización por los daños causados con la conducta punible (...) no se
encuentra en la distinción que se ha hecho en el ámbito universitario, donde se
afirma que la limitación fijada aplica para los perjuicios morales y que al
establecer el inciso tercero del mismo artículo 97 que los perjuicios
materiales deberán ser probados dentro del proceso, existe la posibilidad de
que el juez por este concepto condene en una cuantía superior a la fijada como
límite; pues dicha operación hermenéutica es prohibida por el principio de
interpretación imperante en nuestro ordenamiento, según el cual: cuando el
legislador no distingue no le es dado al intérprete distinguir”.
Afirma también,
que “la aceptación de tal solución interpretativa representa un grave peligro
para los derechos de los particulares, pues queda en la discrecionalidad
judicial la aplicación o no del límite fijado por la norma demandada; esto
conllevaría al desconocimiento de los derechos constitucionales a la igualdad y
a la propiedad (...)”.
IV.    INTERVENCIÓN DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Myriam Herlinda Roncancio Téllez, actuando
como apoderada especial de la Auditoría General de la República, solicita a la
Corte Constitucional que la norma demandada sea declarada inexequible por
vulnerar el Preámbulo y los artículos 13, 58, 228 y 250, numeral primero de la
Carta, por las razones que se exponen a continuación.
En primer lugar, afirma la apoderada de la
Auditoría que la norma cuestionada desconoce la finalidad constitucional de
“asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia,
la igualdad, (...) que garantice un orden político, económico y social justo”,
pues al establecer un límite a la indemnización de perjuicios que se ocasionen
con un hecho punible, “impide que el resarcimiento sea total o integral, en los
eventos en que el monto de perjuicios es mayor a la mencionada suma”.
Señala también la interviniente que la
norma tiene una serie de problemas hermenéuticos que “no pueden ser soslayados,
so pena de estar desvirtuando la voluntad del legislador y poniendo en serios
aprietos a los jueces”, pues de las expresiones empleadas en el inciso primero,
donde se establece el límite de 1000 salarios mínimos mensuales legales y la
referencia que se hace a los perjuicios materiales en el inciso tercero se
llega a conclusiones contradictorias con otras disposiciones del Código Penal,
como son los artículos 94 y 96.
“De su lectura se colige que respecto de
las consecuencias de todo daño el juez podrá señalar como indemnización hasta
1000 salarios. Tal texto no resiste una interpretación sistemática con las
otras normas aludidas (artículos 94 y 96 de la Ley 599 de 2000), pues lo que
existe en ellas es, en cierta medida, un enfrentamiento. De este modo, la
proposición jurídica que debe ser absuelta es si el legislador cuenta con la
potestad de limitar la indemnización producto de una actuación dañosa, sin
estar desvirtuando nuestro ordenamiento jurídico.”
Igualmente considera que la disposición
resulta contradictoria con otras disposiciones en materia de indemnización de
perjuicios. “Tanto a nivel civil como en la esfera administrativa y fiscal, el
proceso penal ha sido visto como una fórmula supletiva para lograr la
reparación integral (...). Si dicho proceso, a diferencia del fiscal, por
ejemplo, no puede reparar en toda su dimensión el daño ocurrido, produce una
sincera afectación del mismo. La víctima no encontrará en él (el proceso penal)
un referente claro indemnizatorio y procurará acudir a procedimientos y
jurisdicciones en que ello sí sea efectivamente declarado, cuando lo probó
dentro del proceso”.
Luego de citar las definiciones
doctrinarias sobre los conceptos indemnización, resarcimiento y compensación,
concluye la interviniente que “para que se pueda hablar de indemnización o
resarcimiento, éste tiene que ser integral, es decir, que repare totalmente el
perjuicio ocasionado. Por lo tanto, si se establece un límite a la
indemnización, en el evento de que el perjuicio supere dicho límite, no se
daría el resarcimiento pleno del daño causado, que es precisamente lo que se
busca cuando se establece la indemnización, con el fin de mantener un orden
justo y equitativo.”
Resalta la interviniente que cuando una
persona sufre un perjuicio como consecuencia de un hecho punible, “éste debe
ser indemnizado integralmente, de tal forma que se restablezca, en lo posible,
el equilibrio económico que ha sido alterado, independientemente de quién sea
el sujeto activo (causante del daño) o quien el sujeto pasivo (perjudicado) o
cual sea el monto o valoración del perjuicio ocasionado.” Por lo tanto, con el
límite establecido en la norma acusada, se impide que se presente el
resarcimiento integral y se quebrantan los principios de justicia y equidad y
la vigencia del orden social justo.
En segundo lugar, señala la apoderada de
la Auditoría que se vulnera “el principio de igualdad en razón a que no se
protegen de la misma forma los derechos de las personas que son víctimas de un
delito, pues a unas se les garantiza la reparación integral –cuando el daño es
menor a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales– y a otras sólo permite
que se les repare parcialmente el perjuicio –cuando el daño es superior a mil
(1000) salarios mínimos legales mensuales–, sin que exista ninguna
justificación para el trato diferencial que en la norma cuestionada se prevé”.
En tercer lugar, señala la representante
de la Auditoría que la norma cuestionada desconoce también el artículo 250,
numeral 1, que señala como una de las funciones de la Fiscalía General de la
Nación “tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento
del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito”,
pues en dicha disposición no se establece ningún límite.
En cuarto lugar, agrega que dicha norma
también es contraria al artículo 229 constitucional, pues “si la administración
de justicia es una función pública en donde prevalece lo sustancial, tal
limitante desvirtúa ese carácter y deja la insatisfacción para el ciudadano (o
el Estado cuando es la víctima) de no haber obtenido a través de ésta (la
administración de justicia) el pleno reconocimiento de los derechos
patrimoniales conculcados.”
V.    CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador
General de la Nación solicita a la Corte declarar exequible el inciso 1º del
artículo acusado, “bajo el entendido que el límite fijado se aplica
exclusivamente a la determinación de la indemnización por los perjuicios
morales”, pues al revisar los antecedentes legislativos de la norma
cuestionada, encontró que la voluntad del legislador al discutir el contenido
del artículo 97, era la de establecer límites a los perjuicios morales, por lo
que, a pesar de la “desafortunada redacción final” del artículo 97, éste debía
entenderse como referido exclusivamente a este tipo de perjuicios. Según el
representante del Ministerio Público, esta interpretación deja a salvo los
derechos de las personas que pudieran verse perjudicadas por un hecho ilícito.
Según la Vista Fiscal, “el proyecto de ley
presentado por el Fiscal General de la Nación condensaba en el artículo 96 los daños
no valorables pecuniariamente, dejando de lado los perjuicios morales
demostrables, limitando la estimación de aquellos a diez mil gramos oro ante la
posibilidad de indemnizar en las acciones populares, término de referencia que
fue modificado por los ponentes de la Comisión Primera del Senado por salarios
mínimos legales mensuales, quedando el texto sometido y aprobado en la
Comisión Primera y la plenaria del Senado de la República, del siguiente tenor:
“Artículo 96. Indemnización por daño no valorable pecuniariamente. Si el
daño derivado de la conducta punible, no pudiere avaluarse pecuniariamente, por
razón no imputable al titular de la acción, el juez podrá señalar
prudencialmente, como indemnización, una suma equivalente, en moneda nacional,
hasta diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales. Esta tasación se hará
teniendo en cuenta factores como la naturaleza de la conducta, la magnitud del
daño causado y los gastos ocasionados por razón de la conducta punible” (Gacetas
No. 280 del 20 de noviembre de 1998, página 25, No. 10 del 3 de marzo de 1999,
página 9 y No. 126 del 27 de mayo de 1999, página 9).
“De esta forma el Senado de la República
deseaba establecer un monto máximo para la estimación de los perjuicios
(materiales y morales) únicamente cuando éstos no pudieran avaluarse
pecuniariamente, por razón no imputable al titular de la acción, dejando de
lado y sin límite la determinación de la indemnización cuando éstos pudieren
estimarse conforme a las pruebas allegadas al proceso, lo cual resultaba
inconveniente en los eventos que sólo una parte de los mismos pudiera
determinarse dentro de la actuación pues la restante –los morales–, ante la
inaplicabilidad de la norma, podría pensarse que ya no tendría un techo para su
determinación o incluso que resultarían excluidos de pago.”
“Pero este artículo fue modificado por la
Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes que,
en sesión del 16 de noviembre de 1999, aprobó el artículo en mención (Gaceta
No. 464 de 24 de noviembre de 1999, página 9), especificando que el quantum
indicado en el inciso primero se refería exclusivamente a los daños morales. El
artículo aprobado por la Comisión señalaba:
“Artículo
96.- Indemnización por daños. Si el daño moral derivado de la conducta
no pudiere avaluarse pecuniariamente, por razón no imputable al titular de la
acción, el juez podrá señalar prudencialmente, como indemnización, una suma
equivalente, en moneda nacional, hasta un mil (1.000) gramos oro.
“Esta
tasación se hará teniendo en cuenta factores como la naturaleza de la conducta
y la magnitud del daño causado.
“En
tratándose de daños materiales deberá probarse su cuantía.”
Posteriormente, este artículo fue
modificado por la plenaria de la Cámara de Representantes que en segundo debate
realizado el 14 de diciembre de 1999, aprobó el artículo 96 (que finalmente se
convertiría en el artículo 97 ahora acusado) en los siguientes términos:
“Artículo
96.- Indemnización por daños. En punto al daño moral derivado de la
conducta, el juez podrá señalar, como indemnización, una suma equivalente, en
moneda nacional, hasta un mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
“Esta
tasación se hará teniendo en cuenta factores como la naturaleza de la conducta
y la magnitud del daño causado.
“Los daños materiales
deben probarse en el proceso” (Gaceta No. 569 de 22 de diciembre de 1999, página 9).
Según el representante del Ministerio
Público dada “la divergencia entre los textos aprobados por la plenaria del
Senado de la República y la Cámara de Representantes, éste artículo fue objeto
de estudio por la Comisión Accidental de Conciliación, la cual adoptó el texto
del artículo 97 como actualmente se encuentra redactado en la Ley 599 de 2000,
esto es, excluyendo la palabra “morales” en el inciso primero donde se limita
el quantum de los perjuicios a mil (1000) salarios mínimos mensuales legales,
lo cual generó la confusión advertida por el demandante.”
Por las razones expuestas, para el
Ministerio Público resulta claro que la exclusión de la referencia a los
perjuicios morales no obedece a una intención del legislador de restringir el
pago de indemnización tanto por los daños materiales como por los perjuicios
morales ocasionados a un monto máximo de mil salarios mínimos mensuales legales.
Señala también el Procurador que una
lectura sistemática del artículo 97 permite llegar a la misma conclusión, “pues
obsérvese que el inciso 2 del artículo 97 acusado determina que esta tasación
que tiene por límite el equivalente a mil salarios legales mensuales debe
hacerse “teniendo en cuenta la naturaleza de la conducta y la magnitud del daño
causado”, y el inciso 3 determina que los perjuicios materiales deberán
probarse en el proceso, indicando con ello que los perjuicios morales se
establecerán conforme a los dos factores indicados en el inciso 2 y los
materiales conforme a lo que se haya demostrado dentro del expediente.”
Añade que si el legislador hubiera querido
limitar la indemnización de perjuicios materiales, así lo hubiera expresado en
el inciso 3 del artículo 97, “cuando indicó que éstos se fijan conforme a lo
probado en el proceso. De este modo, si en la actuación se demuestra que con
ocasión de la conducta punible se generaron gastos en cuantía superior al
equivalente a mil salarios mínimos, no hay razón ni fundamento legal para negar
su pago como indemnización, pues eso ha sido probado en el proceso, ni podría
argumentarse para la reducción de su cuantía la naturaleza de la conducta o
magnitud del daño, que son factores, se repite, a considerar para la fijación
de la indemnización por perjuicios morales únicamente.”
Ello explica, según el representante del
Ministerio Público, “que el artículo 56 de la Ley 600 de 2000 –Código de
Procedimiento Penal– ordena al juez determinar el monto de los perjuicios
provenientes de la conducta punible de acuerdo a lo acreditado en la
actuación, y en el inciso cuarto puntualiza que en los casos de perjuicios
no valorables pecuniariamente, como son los morales, “la indemnización se
fijará en la forma prevista en el Código Penal”, indicando con ello que en
estos casos se aplica el límite de los mil salarios mensuales a que se refiere
el inciso primero del artículo 97 ahora demandado.”
VI.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.     Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 241 numeral 4 de la Constitución Política, la Corte es competente para
conocer de la presente demanda.
2.     Los problemas por resolver
Señala el actor que
la norma cuestionada desconoce los artículos 13 y 58 de la Carta, por cuanto no
garantiza el derecho a la reparación integral de quienes han sido perjudicados
por la conducta punible en cuantía superior a la máxima reconocida en la norma,
lo cual supone un detrimento patrimonial injustificado y discriminatorio.
Por su parte la
interviniente de la Auditoría General de la República, afirma que la norma
cuestionada resulta contraria a los principios de justicia, equidad y orden
social justo que consagra el Preámbulo de la Carta, porque impide que a través
del proceso penal se restablezca “el equilibrio económico” alterado por la
conducta punible. Observa que la norma cuestionada desconoce el artículo 250,
numeral 1 de la Carta, porque impide al Fiscal General de la Nación cumplir con
su obligación constitucional de adoptar las medidas necesarias para hacer
efectivo el restablecimiento del derecho y la indemnización de daños
ocasionados por el delito a favor de las víctimas al establecer un límite no
fijado directamente por la norma constitucional. Finalmente, señala que la
disposición cuestionada desconoce el artículo 228 Superior, pues al impedir que
haya una reparación integral de los daños ocasionados por el delito no
satisface el anhelo del perjudicado de lograr a través de la justicia el pleno
restablecimiento de los derechos patrimoniales conculcados, e impide que
prevalezca el derecho sustancial.
Para determinar si
el artículo 97 de la Ley 599 de 2000 resulta conforme a la Carta, pasa la Corte
a resolver el siguiente problema jurídico:
¿Es el límite de
mil (1000) salarios mínimos legales mensuales a la indemnización de daños que
establece el artículo 97 acusado, contrario a la Constitución, en especial a
los derechos constitucionales que tienen las víctimas y perjudicados por un
hecho punible a la igualdad (artículo 13 CP) y a una reparación integral que
compense efectiva y justamente el daño sufrido (artículo 250, numeral 1, 228 y
Preámbulo, CP)?
Con el fin de
resolver este problema, la Corte primero recordará el alcance de los derechos
de la parte civil dentro del proceso penal. Posteriormente, examinará el
contenido del derecho a la reparación integral y la libertad de configuración
del legislador al respecto. Posteriormente, analizará si fijar un límite a la
indemnización es razonable a la luz de los principios y derechos que protege la
Constitución Política y si el límite fijado en el artículo 97, tal como fue
diseñado por el legislador, es desproporcionado.
Sin embargo, antes de proceder a ese
análisis, dadas las interpretaciones del artículo 97 de la Ley 600 propuestas
por el demandante, los intervinientes y el Procurador General de la Nación,
procede la Corte a examinar este punto específico.
3.     Interpretación legal del límite a la indemnización de daños
establecido en el artículo 97 de la Ley 599 de 2000
Según el actor y la interviniente de la
Auditoría General de la República, el límite al valor de la indemnización que
se puede reconocer dentro del proceso penal se aplica tanto a los daños morales
como a los materiales, como quiera que el legislador no distinguió entre unos y
otros. La interpretación que propone el Procurador sugiere que los incisos
primero y segundo del artículo 97 se refieren exclusivamente a los daños
morales, mientras que el tercero hace alusión a los daños materiales.
Dada la divergencia de interpretaciones
que parecen surgir del texto del artículo 97, procede la Corte a aplicar
distintos métodos de interpretación, con el fin de clarificar el sentido de la
norma demandada y, posteriormente, determinar su conformidad con la Constitución
Política. Para ello recurrirá a examinar el tenor literal del texto
cuestionado, su sentido dentro del conjunto de normas que regulan la
indemnización de daños dentro del proceso penal, su génesis en el Congreso y
las finalidades que cumple dicha norma en nuestro ordenamiento.
3.1. En el inciso primero, el artículo 97
hace referencia al “daño derivado de la conducta punible” sin distinguir
entre daños materiales o morales, ni entre daños valorables y no valorables
desde el punto de vista pecuniario. En su inciso segundo, establece que ésta “tasación
se hará teniendo en cuenta factores como la naturaleza de la conducta y la
magnitud del daño causado”, sin que de ese texto pueda deducirse si se
refiere a daños morales, materiales o a ambos tipos de daños. Sólo en su inciso
tercero hace mención expresa a los daños materiales, los cuales “deben
probarse en el proceso”.
Del texto del artículo surgen dos
contradicciones, en caso de que no se distinga entre daños materiales y
morales: (i) si el tope que establece el inciso primero se refiere tanto a los
daños materiales como a los morales, la demostración de los daños materiales
dentro del proceso penal se vuelve superflua, porque su cuantificación
dependería no sólo de lo que se pruebe en el proceso, sino de la consideración
discrecional del juez de factores tales como la magnitud del daño y la
naturaleza de la conducta; y (ii) si el valor de los daños materiales realmente
causados supera la cifra límite establecida en el inciso primero, sería
imposible hacer una reparación integral de los daños a través del proceso
penal, cuando el daño ocasionado a las víctimas y probado dentro del proceso,
exceda de los mil (1000) salarios mínimos legales mensuales.
En conclusión, del texto del artículo 97
es posible deducir que el límite de los mil salarios mínimos legales mensuales
no se puede aplicar a todo tipo de daños, pero no resulta claro a cuál tipo de
daños es aplicable dicho límite.
3.2. Señala el
Procurador que durante la formación del artículo cuestionado en el Congreso, la
intención del legislador fue la de limitar el valor de la indemnización de los
daños morales. De conformidad con los antecedentes legislativos que obran en el
expediente, el texto del artículo sobre indemnización de daños incluido en el proyecto
de ley presentado por el Fiscal General de la Nación establecía una serie de
reglas para determinar el valor de la indemnización de los daños no valorables
pecuniariamente, y señalaba un límite máximo de diez mil gramos oro, siguiendo
la filosofía del anterior Código Penal.[1]
El texto inicialmente presentado decía lo siguiente respecto de los daños tanto
materiales como morales no valorables pecuniariamente:
“Artículo 96. Indemnización
por daño no valorable pecuniariamente. Si el daño derivado de la conducta
punible, no pudiere avaluarse pecuniariamente, por razón no imputable al
titular de la acción, el juez podrá señalar prudencialmente, como
indemnización, una suma equivalente, en moneda nacional, hasta diez mil (10.000)
gramos oro.
“Esta tasación
se hará teniendo en cuenta factores como la naturaleza de la conducta, la
magnitud del daño causado y los gastos ocasionados por razón de la conducta
punible” (Gaceta No. 139 de 6 de agosto de 1998, página 26)
El texto presentado por los ponentes en la
Comisión Primera del Senado sustituyó la expresión “gramos oro” por “salarios
mínimos legales mensuales”.[2]
El texto sometido y aprobado por la Comisión Primera y por la plenaria del
Senado de la República, fue el siguiente:
“Artículo 96. Indemnización
por daño no valorable pecuniariamente. Si el daño derivado de la conducta
punible, no pudiere avaluarse pecuniariamente, por razón no imputable al
titular de la acción, el juez podrá señalar prudencialmente, como
indemnización, una suma equivalente, en moneda nacional, hasta diez mil
(10.000) salarios mínimos mensuales.
“Esta tasación
se hará teniendo en cuenta factores como la naturaleza de la conducta, la
magnitud del daño causado y los gastos ocasionados por razón de la conducta
punible” (Gacetas No. 280 del 20 de noviembre de 1998, página 25, No. 10 del 3
de marzo de 1999, página 9 y No. 126 del 27 de mayo de 1999, página 9)
Posteriormente, el artículo fue modificado
en la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes,[3]
especificando que el quantum indicado en el inciso primero se refería
exclusivamente a los daños morales. Se agregó entonces un inciso final sobre
los daños materiales. El artículo aprobado por la Comisión señalaba:
“Artículo 96.- Indemnización
por daños. Si el daño moral derivado de la conducta no pudiere avaluarse
pecuniariamente, por razón no imputable al titular de la acción, el juez podrá
señalar prudencialmente, como indemnización, una suma equivalente, en moneda
nacional, hasta un mil (1.000) gramos oro.
“Esta tasación
se hará teniendo en cuenta factores como la naturaleza de la conducta y la
magnitud del daño causado.
“En tratándose
de daños materiales deberá probarse su cuantía.”
Este texto que fue aprobado por la
Comisión Primera de la Cámara de Representantes en la sesión del 16 de
noviembre de 1999. (Gaceta No. 464 de 24 de noviembre de 1999, página 9)
El artículo fue nuevamente modificado por
la Plenaria de la Cámara de Representantes, el 14 de diciembre de 1999. El
texto aprobado decía lo siguiente:
“Artículo 96.-
Indemnización por daños. En punto al daño moral derivado de la conducta, el
juez podrá señalar, como indemnización, una suma equivalente, en moneda
nacional, hasta un mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“Esta tasación
se hará teniendo en cuenta factores como la naturaleza de la conducta y la
magnitud del daño causado.
“Los daños
materiales deben probarse en el proceso.” (Gaceta No. 569 de 22 de diciembre de
1999, página 9)
Dadas las diferencias entre los textos
aprobados por la plenaria del Senado de la República y la Cámara de
Representantes, el artículo fue objeto de estudio por la Comisión Accidental de
Conciliación, la cual propuso a ambas plenarias el texto del artículo 97 como
actualmente se encuentra redactado en la Ley 599 de 2000.
De lo anterior surge que tanto en el
proyecto como en la ponencia para primer debate, el origen de la norma fue
establecer un monto máximo para la estimación de los perjuicios, únicamente
cuando éstos no pudieran avaluarse pecuniariamente, sin distinguir entre daños
materiales y morales, siguiendo el criterio establecido en el Código Penal
anterior. Dentro de ese límite no estaba comprendido el valor de la
indemnización cuando ésta pudiera estimarse conforme a las pruebas allegadas al
proceso. Posteriormente, durante los debates en la Cámara de Representantes se
optó por establecer este límite específicamente para los daños morales, debido
a que se creyó que este tipo de daños, por su misma naturaleza, escapaban de la
posibilidad de valoración objetiva.[4]
Sin embargo, el texto propuesto por la Comisión de Conciliación, que
corresponde al finalmente adoptado, suprimió del primer inciso la referencia a
los daños morales.[5]
En conclusión, del trámite seguido por la
norma en el Congreso es claro que ninguna de las Cámaras quiso establecer un
límite a la indemnización para todos los daños que pudieran ocasionarse con la
conducta punible. Sin embargo, como quiera que los criterios considerados por
cada una de las Cámaras fueron distintos –en el Senado de la República se hizo
referencia a los daños no valorables pecuniariamente, mientras que en la Cámara
de Representantes el criterio fue el de los daños morales–, no es posible
deducir con claridad a qué tipo de daños se aplica el límite establecido en la
norma acusada.
Por lo anterior, pasa la Corte a examinar
el artículo 97 dentro del contexto normativo legal que regula la indemnización
de daños reconocidos en el proceso penal, para determinar su alcance.
3.3. De las características de la
regulación de la indemnización de perjuicios que establecen las leyes 599 de
2000 y 600 de 2000, sobresalen tres elementos relevantes para efectos de la
determinación de la indemnización de perjuicios dentro del proceso penal:
(i) la indemnización integral de los daños
ocasionados por la conducta punible incluye tanto los daños materiales como los
morales, como quiera que el objetivo de la reparación es que, cuando no es
posible que las cosas vuelvan al estado anterior a la ocurrencia del delito,[6] se compense a las
víctimas y perjudicados por los daños sufridos;
(ii) la liquidación de los perjuicios
ocasionados por el delito se debe hacer de acuerdo con lo acreditado en el
proceso penal, como quiera que la acción civil dentro del proceso penal depende
de que la parte civil muestre la existencia de los daños cuya reparación
reclama y el monto al que ascienden;[7]
(iii) cuando no es posible la valoración
de los perjuicios, se acude a criterios, tales como la magnitud del daño y la
naturaleza de la conducta, puesto que el legislador orientó la discrecionalidad
del juez penal frente a este tipo de daños, cuyo quantum sólo puede ser fijado
con base en factores subjetivos;[8]
De estos tres elementos, surge que el artículo 97 cuestionado no
armonizaría con las disposiciones que regulan la indemnización de daños en el
proceso penal, si se entiende que el límite establecido en el inciso primero,
así como los criterios fijados en su inciso segundo, se aplican tanto a daños
materiales como morales, ya sea que éstos puedan ser valorados pecuniariamente
o no.
En efecto, si en el proceso penal se demuestra que los daños materiales
y morales causados por el hecho punible son iguales al monto máximo que
reconoce la norma, el juez penal, al interpretar el texto del artículo 97,
podría considerar que la disposición lo autoriza a dejar de lado lo probado en
el proceso y darle mayor peso a su apreciación de la magnitud del daño y la
naturaleza de la conducta y, en consecuencia, reconocer una indemnización menor
a la probada.
También podría ocurrir que los daños materiales probados en el proceso
penal sean muy inferiores al límite que establece el inciso primero del
artículo 97 y el juez, al aplicar los criterios del inciso segundo, otorgue el
máximo que la norma permite, evento en el cual, si bien habría indemnización
integral de los daños, la decisión del juez no correspondería a los daños
acreditados.
De lo anterior, se concluye que el límite fijado en la norma acusada no
podría ser aplicado a los daños causados por el delito cuyo quantum haya sido
establecido por medios objetivos, porque en esos eventos el desconocimiento de
lo probado llevaría al juez a adoptar una decisión arbitraria.
3.4. Si se examina el artículo 97 cuestionado a la luz de los fines que
tuvo en cuenta el legislador al limitar la discrecionalidad del juez para
evitar decisiones arbitrarias y evitar que la justicia penal se transforme en
vindicativa, surgen también varias contradicciones.
Si el límite fijado en el inciso primero
del artículo 97 se aplica tanto a los daños valorables pecuniariamente como a
los no valorables, el juez penal tendría que desconocer las pruebas presentadas
por la parte civil dentro del proceso penal, a pesar de que éstas señalen un
valor superior al límite consagrado la norma. Por ejemplo, si el tope se
aplicara a aquellos daños morales que según la jurisprudencia en algunos casos
pueden ser cuantificados a través de factores tales el perjuicio estético
causado[9]
o el daño a la reputación,[10]
y de dicha valoración resultara que el perjuicio causado es superior al límite
que establece la norma, el juez penal tendría que desconocer el derecho a la
reparación integral que tienen las víctimas y otorgar una indemnización sólo
hasta por mil salarios mínimos legales mensuales.
En el caso de ciertos daños ambientales y
colectivos cuya valoración implica un cierto grado de incertidumbre, como
ocurre con la valoración del daño ocasionado por la destrucción de una especie,
o de contaminación de recursos hídricos como las cuencas, cuya apreciación
económica todavía es objeto de intensos debates, el juez tendría que apartarse
de lo probado en el juicio - en este caso, probablemente a través de un perito ‑
y por esta vía desconocer la obligación constitucional de reparar integralmente
a las víctimas.
Por otra parte, si el límite se aplica a
aquellos daños cuyo quantum lo determina el juez con base en
consideraciones subjetivas, como ocurre con ciertos perjuicios morales, el
límite estaría dirigido a restringir la discrecionalidad del juez para su
valoración. En este evento, adquiere sentido que la determinación del valor a
indemnizar dependa de la magnitud del daño y la naturaleza de la conducta
punible que lo causó y que se establezca un valor máximo que pueda ser
reconocido por este concepto. Este tipo de daños ha sido jurisprudencialmente
restringido a un valor simbólico.[11]
Por lo anterior, de la aplicación del método finalista de
interpretación es posible concluir que el límite a la indemnización de daños
que establece el artículo 97 cuestionado, no es aplicable a todo tipo de daños,
especialmente cuando éstos han sido valorados pecuniariamente con base en
criterios objetivos, pues en esos eventos no se justifica limitar la
discrecionalidad del juez, pues esta es mínima, ya que la determinación del
valor del daño puede hacerse con base en parámetros ajenos a la subjetividad
del juez.
De los métodos de interpretación de la ley aplicados en esta sección es
posible concluir lo siguiente:
(i) El límite que estableció el legislador en el artículo 97 no es
aplicable a todos los daños que puede ocasionar el hecho punible.
(ii) El límite tampoco puede aplicarse a perjuicios materiales
susceptibles de valoración pecuniaria, porque en ese evento, la decisión del
juez debe basarse en lo probado en el juicio.
(iii) El límite sólo sería aplicable a aquellos daños frente a los
cuales el juez tiene mayor discrecionalidad, pues la finalidad del legislador
fue evitar la arbitrariedad del juez al momento de estimar su cuantía.
iv) En todo caso, de la combinación de los métodos de interpretación de
la ley no se puede deducir un sentido unívoco, claro y preciso respecto del
criterio para determinar los perjuicios cuya indemnización no puede exceder el
tope fijado. Caben varias opciones interpretativas.
Como quiera que de
la aplicación de los distintos métodos de interpretación de la ley no surge de
manera concluyente cuál es el sentido de la norma que resulta conforme a la
Constitución, procede la Corte al análisis de la constitucionalidad del
artículo acusado para determinar si entre las diversas opciones
interpretativas, hay alguna contraria a la Constitución y si hay otra
compatible con ella. Con ese fin, pasa la Corte a recordar su jurisprudencia
sobre los derechos de la parte civil.
4.     Los derechos de la parte civil a la luz de la Constitución de 1991 y
la reparación integral de los daños ocasionados por la conducta punible
Tal como lo ha
reconocido esta Corporación, en un Estado social de derecho y en una democracia
participativa (artículo 1, CP), los derechos de las víctimas de un delito
resultan constitucionalmente relevantes y, por ello, el constituyente elevó a
rango constitucional el concepto de víctima, como quiera que el numeral 4 del
artículo 250 Superior, señala que el Fiscal General de la Nación debe “velar
por la protección de las víctimas.” Además, el numeral 1 de este artículo dice
que deberá “tomar las necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del
derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito”.
En desarrollo del
artículo 2 de la Carta, al adelantar las investigaciones y procedimientos
necesarios para esclarecer los hechos punibles, las autoridades judiciales
deben propender el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en
Colombia y la protección de bienes jurídicos de particular importancia para la
vida en sociedad. Esta Corporación ha reconocido que dicha protección no se
refiere exclusivamente a la reparación de los daños que le ocasione el delito,
sino también a la protección integral de sus derechos a la verdad y a la
justicia. Así lo señaló esta Corporación en la sentencia C-228 de 2002,[12] entre otras razones,
para garantizar el principio de la dignidad humana:
“El derecho de
las víctimas a participar en el proceso penal, se encuentra ligado al respeto
de la dignidad humana. Al tenor de lo dispuesto en el artículo primero de la
Constitución, que dice que “Colombia es un Estado social de derecho fundado en
el respeto de la dignidad humana”, las víctimas y los perjudicados por un hecho
punible pueden exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. Se
vulneraría gravemente la dignidad de víctimas y perjudicados por hechos
punibles, si la única protección que se les brinda es la posibilidad de obtener
una reparación de tipo económico. El principio de dignidad impide que el ser
humano, y los derechos y bienes jurídicos protegidos por el derecho penal para
promover la convivencia pacífica de personas igualmente libres y responsables,
sean reducidos a una tasación económica de su valor. El reconocimiento de una
indemnización por los perjuicios derivados de un delito es una de las
soluciones por las cuales ha optado el legislador ante la dificultad en materia
penal de lograr el pleno restablecimiento de los derechos y bienes jurídicos
violentados en razón de la comisión de un delito. Pero no es la única
alternativa ni mucho menos la que protege plenamente el valor intrínseco de
cada ser humano. Por el contrario, el principio de dignidad impide que la
protección a las víctimas y perjudicados por un delito sea exclusivamente de
naturaleza económica.”
Si bien la Carta
refleja una concepción amplia de la protección de los derechos de las víctimas
de un hecho punible, ésta no disminuye la importancia del derecho de la parte
civil a la indemnización de los daños que se le hayan ocasionado. Por ello
señala la Constitución que tal derecho se debe garantizar aun en caso de
amnistías o indultos generales por delitos políticos (artículo 250, numeral 1,
CP). Así lo establece el artículo 150, numeral 17 de la Carta,[13] que señala que cuando
el legislador decide eximir de responsabilidad civil a los favorecidos con
tales beneficios, el Estado deberá asumir las indemnizaciones a que hubiere
lugar.
De ello resulta que si bien la
indemnización de daños es sólo uno de los elementos de la reparación a la
víctima y que el restablecimiento de sus derechos supone más que la mera
indemnización, en todo caso la Carta protege especialmente el derecho de las
víctimas a la reparación de los daños ocasionados por la conducta punible.
Así lo ha reconocido esta Corporación en
varias oportunidades. Por ejemplo, en la sentencia C-277 de 1998,[14] la Corte examinó el
alcance de la responsabilidad civil derivada de un hecho punible y dijo lo
siguiente:
El delito, como
hecho típico, antijurídico y culpable, genera un daño público que se
materializa en el desconocimiento de aquellas normas que han sido impuestas por
el legislador para mantener las condiciones de existencia, conservación y
desarrollo de la sociedad, y un daño privado en cuanto afecta el patrimonio de
una o varias personas.
Del daño
público se deriva la acción penal que otorga al Estado, como titular del poder
punitivo, la facultad para investigar y juzgar la conducta ilícita que ha
atropellado bienes jurídicamente tutelados, relevantes para la vida en
comunidad. Del daño privado nace la acción civil que se interpreta como el
derecho que tiene la víctima o el perjudicado para reclamar el pago de los
perjuicios que se hayan ocasionado con el delito.
(...)
Al margen del
derecho que le asiste a la víctima del delito para constituirse en parte civil
dentro del proceso penal y con el propósito de garantizar la reparación de los
daños causados con el delito, la ley le impone al juez la obligación de
liquidar los perjuicios en todos los casos en que se profiera sentencia
condenatoria y se encuentre demostrada la existencia de los mismos.  Sólo
cuando el ofendido haya promovido en forma independiente la acción civil, el
juez penal debe o abstenerse de imponer condena al pago de perjuicios, o
dejarla sin efectos cuando la misma se haya producido. (…)
(…)
Este derecho de
las víctimas para constituirse en parte civil y la obligación del juez para
pronunciarse sobre los perjuicios ocasionados por el delito, no son el
resultado de una simple acumulación de acciones ni una mera consecuencia de la
atribución legal para fijar las formas propias del juicio. Se trata realmente
de la aplicación de algunos principios rectores que gobiernan el proceso penal,
en particular, aquellos que ordenan a las autoridades penales la protección de
las víctimas y testigos y el restablecimiento pleno de los derechos que hayan
resultado quebrantados por la actividad delictiva; los cuales, a su vez, tienen
asiento en los principios generales de economía procesal y eficacia jurídica.
(...)
Estos
principios, a su vez, constituyen un conjunto normativo que tiene fundamento en
valores constitucionales de singular importancia y que encuentra su norte en la
obligación que le asiste a las autoridades estatales de hacer efectivos los
derechos y deberes de las personas, protegerlas en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades, y asegurar la convivencia pacifica y
la vigencia de un orden justo (art. 2° de la C. P.). En efecto, a las
autoridades judiciales, como representantes del Estado social de derecho, les
asiste el compromiso de investigar y juzgar los delitos, no sólo con el ánimo
de reivindicar aquellos bienes jurídicamente tutelados de singular importancia
para la comunidad, sino también para administrar justicia en favor del
perjudicado quien es concretamente el titular del bien jurídico afectado.
En este orden
de ideas, ha de entenderse que los principios citados son una consecuencia
del derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia, el
cual no puede ser interpretado como una simple atribución formal de acudir a
las autoridades judiciales, sino como una garantía que obliga al juez de la
causa a resolver integralmente sobre el fondo del asunto planteado. Así,
las víctimas y perjudicados con el delito, como manifestación del derecho a
acceder a la administración de justicia, tienen también un derecho
constitucional a participar en el proceso penal que el Estado está en la
obligación de adelantar, derecho que no debe limitarse a la declaratoria de
responsabilidad penal, sino que, además, ha de extenderse a la obtención de
la reparación del daño cuando este se encuentre probado.
(...)
Pero los
derechos de las víctimas al proceso penal y, en particular a la indemnización
de perjuicios, no son sólo una manifestación de los derechos de justicia e
igualdad sino que se constituyen también en una expresión de los deberes
constitucionales del Estado. De allí que la Carta Política le haya impuesto a
la Fiscalía General de la Nación, en desarrollo de su misión de investigar los
delitos y acusar a los presuntos infractores, la obligación de “... tomar las
medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la
indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito.” (art. 250-1). (...).”
(subrayado fuera de texto)
En cuanto a los daños morales, en la
sentencia C-163 de 2000,[15]
la Corte reiteró el deber de las autoridades judiciales de garantizar el
derecho de las víctimas y perjudicados por un hecho punible a obtener una
reparación integral que comprende la indemnización de tales daños, además de
los perjuicios materiales. Dijo entonces:
“(...)
independientemente de la jurisdicción encargada de establecer el quantum
de una indemnización de perjuicios, el operador jurídico deberá propender
porque la reparación sea integral, es decir que cubra los daños materiales y
morales causados, ya que a las autoridades judiciales les asiste el compromiso
de investigar y juzgar los delitos, no sólo con el ánimo de protección de
aquellos bienes jurídicamente tutelados de singular importancia  para la
comunidad, sino también para administrar justicia en forma que mejor proteja
los intereses del perjudicado, quien es concretamente, el titular del bien
jurídico afectado.  En consecuencia, si en un caso particular la víctima o sus
causahabientes estiman que el juez civil no incluyó en la liquidación de los
perjuicios otros factores como los daños morales, obviamente pueden procurar
que la indemnización sea efectivamente integral acudiendo a los medios que el
ordenamiento jurídico establezca para el efecto.” (subrayado fuera de
texto)
Como se verá en la siguiente sección, la trascendencia de este derecho
de las víctimas y perjudicados ha llevado a que en el derecho internacional y
en el derecho comparado se hayan presentado reformas institucionales
significativas, dirigidas a garantizar la efectividad de este derecho las
cuales van desde el reconocimiento de la posibilidad de buscar la reparación de
los daños a través del mismo proceso penal en países donde ello no estaba
permitido, hasta la creación de fondos públicos[16] y sistemas de
aseguramiento del riesgo del daño resultante del delito, especialmente para
víctimas de delitos violentos,[17]
para evitar que en el evento en que el procesado no esté en capacidad de
reparar la totalidad de los daños la indemnización a las víctimas no sea
integral.
5.     El derecho a la reparación integral en el derecho internacional y en
el derecho comparado
5.1. Tanto la Declaración Americana de
Derechos del Hombre[18]
como la Declaración Universal de Derechos Humanos[19] marcan, en 1948, el
inicio de una tendencia en el derecho internacional por desarrollar
instrumentos que garanticen el derecho de todas las personas a una tutela
judicial efectiva de sus derechos lo cual comprende una indemnización justa y
adecuada.[20]
Dentro de esta
tendencia, en el sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, el 29 de noviembre de
1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por consenso la
"Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las
víctimas de delitos y del abuso de poder"[21],
según la cual las víctimas "tendrán derecho al acceso a los mecanismos de
la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido" y para
ello es necesario que se permita "que las opiniones y preocupaciones de
las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las
actuaciones, siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del
acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal
correspondiente".
En 1996, la
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías de
la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentó el Informe
Final sobre la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos,
adoptado mediante Resolución 1996/119, donde se señaló que el derecho de las
víctimas a obtener la reparación de los daños ocasionados por el delito
entrañaba tanto medidas individuales como colectivas. Dentro de las medidas
individuales se incluyeron medidas de restitución ‑cuyo objetivo debe ser
lograr que la víctima recupere la situación en la que se encontraba antes‑,
medidas de indemnización ‑que cubran los daños y perjuicios físicos y
morales, así como la pérdida de oportunidades, los daños materiales, los
ataques a la reputación y los gastos de asistencia jurídica‑ y medidas de
rehabilitación ‑atención médica y psicológica o psiquiátrica‑. Como
parte de las medidas de carácter colectivo, se señalaron las reparaciones
simbólicas.[22]
Aun cuando los Estatutos de los Tribunales
Internacionales para Yugoslavia[23]
y para Ruanda[24],
no consagraron la posibilidad de compensar directamente los daños ocasionados a
las víctimas, en todo caso adoptaron algunas medidas para garantizar tal
reparación en los Estados de los que fueran nacionales quienes resultaran
responsables penalmente por los crímenes juzgados por dichos Tribunales.[25] Esta deficiencia fue
corregida en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de la Corte Penal
Internacional, en el que se consagraron medidas para garantizar el derecho de
las víctimas a ser reparadas materialmente, y se previó, incluso, la creación
de un fondo fiduciario para que este derecho sea garantizado de manera
efectiva.[26]
En el sistema interamericano, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la violación de los
derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos genera la
obligación de reparar a las víctimas, en los siguientes términos:[27]
“27. La
indemnización que se debe a las víctimas o a sus familiares en los términos del
artículo 63.1 de la Convención, debe estar orientada a procurar la restitutio
in integrum de los daños causados por el hecho violatorio de los derechos
humanos. El desiderátum es la restitución total de la situación lesionada, lo
cual, lamentablemente, es a menudo imposible, dada la naturaleza irreversible
de los perjuicios ocasionados, tal como ocurre en el caso presente. En esos
supuestos, es procedente acordar el pago de una “justa indemnización” en términos
lo suficientemente amplios para compensar, en la medida de lo posible, la
pérdida sufrida.”[28]
El reconocimiento del derecho a la reparación integral no se opone a la
posibilidad de establecer criterios para determinar el ámbito y el monto de la
indemnización. Así, cuando no es posible la restitutio in integrum, como
ocurre en el caso de violaciones al derecho a la vida, la Corte Interamericana
ha admitido buscar formas sustitutivas de reparación a favor de los familiares
y dependientes de las víctimas, como la indemnización pecuniaria, para
compensar los daños materiales y los daños morales. Sin embargo, hasta ahora no
ha aceptado que dicha reparación incluya los daños punitivos, es decir,
aquellos otorgados a la víctima, no para reparar un daño material o moral
directamente causado, sino para sancionar la conducta del condenado, cuando
éste ha actuado con excesiva maldad, temeridad, o violencia, a pesar de que
varias legislaciones internas los reconocen como parte de la reparación
integral de los daños ocasionados por el delito.[29]
En cuanto a la posibilidad de reconocer reparaciones por daños
punitivos, la Corte Interamericana ha enfatizado que el carácter de la “justa
indemnización” a que se refiere el artículo 63.1 es compensatorio y no
sancionatorio, por lo cual, “aunque algunos tribunales internos, en particular
los angloamericanos, fijan indemnizaciones cuyos valores tienen propósitos
ejemplarizantes o disuasivos, este principio no es aplicable en el estado
actual de derecho internacional.”[30]
Según la Corte Interamericana, esta indemnización se refiere
esencialmente a los perjuicios sufridos y éstos comprenden tanto los daños
materiales como los morales.[31]
En relación con la reparación de los perjuicios materiales, la Corte ha
reconocido que incluye tanto el daño emergente como el lucro cesante.[32]
Para la Corte Interamericana, la “justa indemnización” de que habla el
artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, también debe
tener en cuenta el daño moral sufrido por las víctimas que según la
jurisprudencia de la Corte “resulta principalmente de los efectos psíquicos que
han sufrido los familiares”.[33]
También ha determinado la Corte Interamericana que la reparación del perjuicio
moral debe ajustarse a los principios de equidad.[34]
En el contexto
europeo la protección del derecho de las víctimas a la reparación integral
también se ha entendido de una manera amplia. Así, en 1977 el comité de ministros del consejo
de Europa expidió la Resolución (77) 27, con recomendaciones para la
indemnización de las víctimas del delito,[35]
dentro de las que se incluye la creación de fondos para indemnizar los
perjuicios causados, aún en los eventos en que no sea posible perseguir al
autor, así como el establecimiento de límites mínimos y máximos a las
indemnizaciones que puedan ser reconocidas dentro del proceso penal. En 1983 se
redactó la Convención Europea para la compensación de las víctimas de los
crímenes violentos, con el fin de ocuparse de la situación de las víctimas que
hubieran sufrido daños corporales o menoscabo de salud y de las personas
dependientes de quienes mueran como resultado de estos delitos.[36] Posteriormente, en
1985, el comité de ministros del consejo de Europa adoptó la recomendación R (85) 11 sobre la
posición de la víctima en el procedimiento y en el derecho penal donde se dispuso
la supresión de las restricciones para que este derecho a la reparación sea una
realidad;[37]
y, en 1987 como complemento, se formuló la recomendación R (87) 21, sobre la
asistencia a las víctimas y la prevención de los procesos de victimización en
la cual se subrayó la importancia de la asistencia jurídica para que éstas
obtengan reparación efectiva del perjudicado, del Estado o de una aseguradora,
según las circunstancias del caso.[38]
Además, recientemente, como parte de los derechos fundamentales reconocidos por
la Unión Europea, consagró en su Carta de Derechos Fundamentales, el derecho a
un recurso judicial efectivo.[39]
5.2. La importancia se asegurar el pago de
una justa indemnización a las víctimas ha llevado a que se establezcan
mecanismos que suplan la incapacidad económica del condenado para abrir el
monto total de la indemnización correspondiente. Se trata de mecanismos de asunción
social del riesgo de sufrir un daño como resultado de una conducta punible, los
cuales pueden sustituir o complementar los criterios clásicos de la
responsabilidad civil individual.
Dentro de éstos mecanismos se destaca la
constitución de fondos que garanticen el derecho de las víctimas a la
reparación de los daños materiales y morales, en casos en los que el procesado
no tiene la capacidad económica para asumir el pago de tales perjuicios. Dichos
fondos han sido tradicionalmente creados para compensar a las víctimas de
delitos violentos. Por ejemplo, en Francia, las víctimas de terrorismo,
agresión sexual, homicidio culposo, así como las víctimas de estafa o abuso de
confianza pueden ser indemnizadas con dineros de un fondo de garantía, el cual
se subroga en los derechos de la víctima para obtener del condenado, el
reembolso de la indemnización pagada.[40]
En Canadá también se ha creado un fondo para la reparación de las víctimas de
crímenes violentos.[41]
En los Estados Unidos, la condena a la
indemnización de perjuicios se hace por fuera del proceso penal en un proceso
civil diferente. La mayoría de las constituciones estatales reconocen como
parte del derecho a la reparación de las víctimas el pago de daños
compensatorios y el pago de daños punitivos, que pueden superar en mucho los
perjuicios materiales y morales efectivamente causados y respecto de los cuales
hasta ahora, por regla general, no existe un límite máximo.[42] Para garantizar el
pago de los perjuicios también se ha acudido a la creación de fondos para el
pago a las víctimas de los daños compensatorios y, por lo general, de dicho
fondo se excluye el pago de daños punitivos.
De lo anterior, se
aprecia la tendencia del derecho internacional y del derecho comparado hacia
reconocer la importancia de la reparación integral de los perjuicios causados
con el hecho punible. Ello ha llevado a que en algunos países se prevean
mecanismos alternativos que aseguran a las víctimas una reparación integral de
los daños sufridos, en especial en el evento en el que el condenado no esté en
capacidad de reparar los daños, y cuando se trata de delitos violentos y de
graves violaciones a los derechos humanos.
Pasa la Corte a
examinar si la potestad de configuración del legislador para diseñar los
procedimientos y trazar la política criminal, permite limitar el monto de la
indemnización de perjuicios que puede ser ordenada en la sentencia.
6.     El derecho a la reparación integral de los perjuicios ocasionados
por la conducta punible no es un derecho absoluto. La potestad de configuración
del legislador para regular la reparación de perjuicios sin desconocer que ésta
debe ser una indemnización justa.
Ahora bien, si frente a los perjuicios
ocasionados por un delito, la víctima  tiene el derecho a una reparación plena
y justa, dentro del proceso penal tanto la Fiscalía, como el juez al momento de
dictar sentencia, deben velar por la reparación integral de los daños
ocasionados con la conducta punible.
¿Significa lo anterior que el derecho a la
reparación integral de perjuicios es un derecho absoluto que no admite
limitaciones? La Corte considera que ello no es así y pasa a examinar este
asunto a continuación.
6.1 Advierte la Corte, de manera previa,
que las limitaciones admisibles no pueden desnaturalizar el derecho a la
indemnización justa y plena. En efecto, cuando se dice que la reparación ha de
ser integral se esta garantizando que es equivalente a la medida del daño de
tal manera que se cumpla la función reparatoria de la indemnización a plenitud
para que el perjudicado quede, si ello fuere posible, indemne. Probablemente
este objetivo no se logre respecto de los daños  morales, caso en el cual la indemnización
de tales daños adquiere una función compensatoria.[43]
6.2. De conformidad con la reiterada
jurisprudencia de esta Corporación, en nuestro ordenamiento no existen derechos
absolutos.[44]
La regulación legislativa de los derechos y garantías representa
inevitablemente una delimitación de sus ámbitos y sus alcances, la cual debe
enmarcase dentro de la Constitución.
El ejercicio de todo derecho encuentra
límites en el respeto a los derechos de los demás, en la razonable protección
de intereses públicos definidos por el legislador y en el cumplimiento de
deberes cuyo alcance preciso también debe ser establecido por el legislador.
No obstante, las limitaciones a los
derechos constitucionales también deben respetar límites, que esta Corporación
ha identificado y desarrollado en su jurisprudencia para asegurar que se
respete el núcleo esencial del derecho limitado, esto es, que la regulación sea
razonable y que su justificación sea compatible con el principio democrático.[45]
Por eso, la potestad de configuración del
legislador para fijar limitaciones a los derechos constitucionales tiene
alcances diversos, es más amplia o más restringida, en atención a la materia
regulada, a los valores constitucionales relevantes en cada caso, al
instrumento mediante el cual se adoptó la limitación y al contexto jurídico y
empírico en el cual se inscribe, entre otros criterios analizados por esta
Corte.
Así lo explicó esta Corporación, por
ejemplo, en la sentencia C-475 de 1997:[46]
En efecto, en
los términos de la demanda, considerar que un determinado derecho fundamental
tiene carácter ilimitado, implica, necesariamente, aceptar que se trata de un
derecho que no puede ser restringido y que, por lo tanto, prevalece sobre
cualquiera otro en los eventuales conflictos que pudieren presentarse. Pero su
supremacía no se manifestaría sólo frente a los restantes derechos
fundamentales. Un derecho absoluto o ilimitado no admite restricción alguna en
nombre de objetivos colectivos o generales o de intereses constitucionalmente
protegidos
Si el sistema
constitucional estuviese compuesto por derechos ilimitados sería necesario
admitir (1) que se trata de derechos que no se oponen entre sí, pues de otra
manera sería imposible predicar que todos ellos gozan de jerarquía superior o
de supremacía en relación con los otros; (2) que todos los poderes del Estado,
deben garantizar el alcance pleno de cada uno de los derechos, en cuyo caso, lo
único que podría hacer el poder legislativo, sería reproducir en una norma
legal la disposición constitucional que consagra el derecho fundamental, para
insertarlo de manera explícita en el sistema de derecho legislado. En efecto,
de ser los derechos “absolutos”, el legislador no estaría autorizado para
restringirlos o regularlos en nombre de otros bienes, derechos o intereses
constitucionalmente protegidos. Para que esta última consecuencia pueda
cumplirse se requeriría, necesariamente, que las disposiciones normativas que
consagran los “derechos absolutos” tuviesen un alcance y significado claro y
unívoco, de manera tal que constituyeran la premisa mayor del silogismo lógico
deductivo que habría de formular el operador del derecho. Como la concepción
“absolutista” de los derechos en conflicto puede conducir a resultados lógica y
conceptualmente inaceptables, la Carta opta por preferir que los derechos sean
garantizados en la mayor medida posible, para lo cual deben sujetarse a
restricciones adecuadas, necesarias y proporcionales que aseguren su
coexistencia armónica.
6.3. En materia penal, esta Corporación ha
señalado que la facultad del legislador penal para limitar los derechos de las
personas, si bien es amplia en razón de la configuración de la política
criminal, está restringida por normas constitucionales que está obligado a
respetar. Dentro de tales límites se destacan no sólo el respeto al núcleo
esencial de los derechos sino de los principios de necesidad,[47] no discriminación,[48] racionalidad mínima[49] y proporcionalidad.[50]
6.4. En ejercicio de esta potestad de configuración, el legislador
penal puede describir los comportamientos que considera nocivos para la vida en
sociedad y precisar las sanciones que se impondrán a quienes incurran en dichas
conductas, pero también puede establecer otras consecuencias jurídicas
derivadas de la ocurrencia del delito, como lo es el establecimiento de la
responsabilidad civil derivada de un hecho punible.
El ejercicio de tal potestad está también limitada por la Constitución[51] y, por ello, la Carta
ha trazado como fin orientador de la actividad de la Fiscalía General el
“restablecimiento del derecho”, lo cual representa una protección plena de los
derechos de las víctimas y perjudicados por el delito, lo cual comprende, entre
otros, la indemnización integral de los daños materiales y morales causados por
el ilícito.
En desarrollo de dicha potestad, el
legislador penal consagró en el artículo 21 de la Ley 600 de 2000 que “el
funcionario deberá adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos
creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan al estado
anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible”.[52]
Por esa misma razón,  tanto en la Ley 599
de 2000, como en la Ley 600 de 2000, se reguló el tema de la indemnización de
perjuicios dentro del proceso penal con las siguientes características, entre
otras:
(i) la reparación de la conducta punible
incluye los daños materiales y morales[53]
y se refiere tanto a daños individuales como colectivos[54];
(ii) la liquidación de los perjuicios
ocasionados por el delito se hará de acuerdo con lo acreditado en el proceso
penal;[55]
(iii) la indemnización integral de los
perjuicios ocasionados para ciertos delitos, trae como consecuencia la
extinción de la acción penal;[56]
(iv) la regulación de medidas para
garantizar la indemnización integral, de tal manera que el juez penal podrá no
sólo disponer en la sentencia condenatoria el remate de bienes decomisados,[57] sino en el curso del
proceso adoptar medidas sobre los bienes del procesado;[58]
(v) la determinación de los obligados, de
tal forma que el juez penal podrá llamar a quienes, según la ley sustancial,
estén obligados a responder solidariamente;[59]
(vi) cuando no es posible la determinación
objetiva de los perjuicios, se acude a los criterios que establece el Código
Penal;[60]
(vii) la solicitud de la reparación ante
la jurisdicción civil, excluye la posibilidad de acudir a la jurisdicción penal
para reclamar la reparación de los perjuicios;[61]
(viii) la obtención del beneficio de
suspensión condicional de la ejecución de la pena, puede ser supeditada a que
se efectúe la reparación integral de los perjuicios;[62] y,
(ix) en la sentencia condenatoria deberá
incluirse la condena en perjuicios cuya existencia haya sido demostrada en
juicio, a menos que exista prueba de que se promovió de manera independiente la
acción civil de indemnización.[63]
6.5. De otra parte, tal como se señaló en
la sección 5 de esta sentencia, la tendencia ha sido a reconocer el derecho de
las víctimas a ser reparadas íntegramente, con el fin de restablecer las cosas
a su estado inicial (restitutio in integrum), y cuando ello no es
posible, a ser compensadas por los daños sufridos. Esta reparación incluye
tanto daños materiales como morales. Comprende tradicionalmente el damnum
emergens, el lucrum cesens y el precium doloris, incluye la
posibilidad de exigir intereses y se calcula en el momento de la expedición de
la sentencia judicial.
La reparación del daño ocasionado por el
delito tiene como finalidad dejar a la víctima y a los perjudicados por el
hecho punible en la situación más próxima a la que existía antes de la
ocurrencia del mismo. De ahí que se haya establecido, como se anotó
anteriormente, que la indemnización ha de ser justa.
Siendo el derecho a la reparación integral,
con la advertencia hecha en el apartado 6.1 un derecho regulable y objeto de
configuración legislativa, pasa a examinar la Corte si la limitación que
establece el artículo 97 de la Ley 599 de 2000, es inconstitucional como lo
aduce el actor. Para ello, la Corte determinará los fines que persigue dicha
limitación y luego analizará si el tope representa una afectación
desproporcionada de los derechos de la parte civil, ya que la norma supone que
las víctimas o perjudicados concurrieron al proceso penal en lugar de optar por
exigir la indemnización del daño ante la jurisdicción civil y, además, que lo
hicieron, no para que se decretara una indemnización en abstracto, sino para
que en la misma sentencia, en caso de ser condenatoria, se fijara el monto de
la indemnización.
7.     Fines constitucionales perseguidos por el legislador y formas
alternativas de regulación dentro del margen de configuración legislativa.
7.1. La posibilidad de limitar mediante una
regulación legislativa el derecho a la reparación de los daños ocasionados por
el delito, cumple varias finalidades legítimas.
En primer lugar, permite un ejercicio
efectivo del derecho al debido proceso y del derecho de defensa por parte del
procesado, quien podrá controvertir pretensiones de reparación de perjuicios,
con base en criterios objetivos, sin quedar absolutamente librado a la
discrecionalidad del juez para la fijación del valor del daño ocasionado por la
conducta punible.
En segundo lugar, impide que una
indemnización de perjuicios excesivamente onerosa transforme la justicia penal
en una justicia esencialmente vindicativa o retaliatoria.
En tercer lugar, facilita el restablecimiento
de los derechos de las víctimas y perjudicados dentro de parámetros razonables,
sin que puedan llegar a enriquecerse de manera injustificada, al recibir una
indemnización que supere el valor de los daños efectivamente causados.
7.2. La Carta Política no precisa cuáles
daños deben ser reparados, ni la forma en que deben ser cuantificados, para que
se entienda que ha habido una indemnización integral. Tampoco prohíbe que se
indemnice cierto tipo de daños. Se limita a reconocer que las víctimas y perjudicados
por un hecho punible tienen derecho a la reparación, mediante “la indemnización
de los prejuicios ocasionados por el delito” (artículo 250, numeral 1, CP).
Por lo anterior, el legislador, al definir
el alcance de la “reparación integral” puede determinar cuáles daños deben ser
tenidos en cuenta, y en esa medida incluir como parte de la reparación integral
los daños materiales directos, el lucro cesante, las oportunidades perdidas,
así como los perjuicios morales, tales como el dolor o el miedo sufridos por
las víctimas, los perjuicios estéticos o los daños a la reputación de las
personas, o también los llamados daños punitivos, dentro de límites razonables.
Puede también el legislador fijar reglas especiales para su cuantificación y
criterios para reducir los riesgos de arbitrariedad del juez. Estos criterios
pueden ser de diverso tipo. Por ejemplo, pueden consistir en parámetros que
orienten al juez, en límites variables para ciertos perjuicios en razón a lo
probado dentro del proceso para otra clase de perjuicios, o en topes fijos
razonables y proporcionados.
En el artículo 97 de la Ley 599 de 2000,
el legislador penal colombiano optó por fijar un límite máximo y fijo para los
perjuicios ocasionados por la conducta punible, y por restringir la discrecionalidad
del juez al fijar unos criterios que le ayudarán a determinar el monto de la
indemnización que se reconocerá a las víctimas o perjudicados por el delito. No
se trata de un medio prohibido constitucionalmente. Sin embargo, su
constitucionalidad depende de que el límite establecido no afecte
desproporcionadamente los derechos del procesado y de las víctimas y
perjudicados que intervienen en el proceso penal, como se verá posteriormente.
8.     El análisis de proporcionalidad del límite a la indemnización de
perjuicios dentro del proceso penal.
Dada la potestad de configuración que tiene el legislador para diseñar
los procedimientos que deben ser aplicados por los jueces, así como para
adoptar la política criminal, el análisis de proporcionalidad del límite que
establece el artículo 97 bajo estudio a la discrecionalidad del juez penal para
fijar el valor de los perjuicios causados a las víctimas de un delito, no puede
llevar a que el juez constitucional suplante al legislador en la apreciación de
los intereses en juego y en el diseño normativo. A este respecto es importante
referirse escuetamente al concepto y a los métodos de aplicación de la
proporcionalidad, ya que el postulado de la proporcionalidad juega una papel
central en el derecho moderno, tanto a nivel nacional e internacional como
comparado, en diferentes ámbitos y materias. 8.1. En la jurisprudencia
constitucional el postulado de la proporcionalidad constituye una directiva no
explícitamente positivizada en la Carta Política. Desde un punto de vista
abstracto, la proporcionalidad es un concepto relacional cuya aplicación busca
colocar dos magnitudes en relación de equilibrio. El concepto de la
proporcionalidad remite a la relación de equilibrio entre distintos pares de
conceptos, como supuesto de hecho y consecuencia jurídica, afectación y
defensa, ataque y reacción. Históricamente la proporcionalidad se ha asociado a
conceptos e imágenes como la balanza, la regla o el equilibrio.
La proporcionalidad en el derecho refiere a
una máxima general y parámetro de acción para la totalidad de la actividad
estatal, aunque no exclusivamente, ya que el principio de proporcionalidad
puede llegar a aplicarse también en el ámbito de las relaciones particulares
regidas por el derecho privado. En sentido constitucional, la proporcionalidad
es un principio de corrección funcional de toda la actividad estatal que, junto
con otros principios de interpretación constitucional –unidad de la
Constitución, fuerza normativa, fuerza integradora, concordancia práctica,
armonización concreta, inmunidad de los derechos constitucionales e
interpretación conforme a la Constitución–, busca asegurar que el poder
público, actúe dentro del marco del estado de derecho, sin excederse en el
ejercicio de sus funciones. Su fundamento normativo último está dado por los
principios fundamentales de Estado de Derecho (artículo 1 C.P.), fuerza
normativa de la Constitución (artículo 4 C.P.) y carácter inalienable de los
derechos de la persona humana (artículo 5 C.P.).
En el derecho penal, la proporcionalidad
regula las relaciones entre diversas instituciones, como entre la gravedad de
la conducta punible y la sanción penal a imponer por su comisión, entre las
causales de justificación y la posible eximente de punibilidad, entre las
causales de agravación o atenuación y la graduación de la pena, o entre la
magnitud del daño antijurídico causado y la sanción pecuniaria correspondiente
a fijar por el juez, como se analiza en la presente providencia.
De las funciones que cumple el principio de
proporcionalidad en el control constitucional de la legislación y en la tutela
de los derechos fundamentales depende en gran parte la efectividad del Estado
Social de Derecho, el respeto de la dignidad humana y la inalienabilidad de los
derechos de la persona. Es por ello que se hace necesario un manejo adecuado
del principio de proporcionalidad, diferenciando su sentido general -como
máxima de interpretación que evita el desequilibrio, la desmesura o el exceso
en el ejercicio del poder público- de su sentido específico como parte
constitutiva del juicio de igualdad.[64]
Tal distinción entre un sentido genérico y uno específico con que se usa el
concepto de proporcionalidad conduce al problema de los métodos para su
aplicación.8.2. Un uso general, no técnico, del concepto de proporcionalidad en
el control de constitucionalidad, prescinde de un método para su aplicación. La
relación de equilibrio entre dos magnitudes, instituciones, conductas, etc., se
establece en forma intuitiva, conectada muchas veces a un juicio de grado. Se
afirma, por ejemplo, que un acto es proporcionado, desproporcionado, leve o
manifiestamente desproporcionado. La inexistencia de método para establecer el
grado a partir del cual dicho acto pierde la proporción hasta el punto de verse
afectada su constitucionalidad, conlleva la concentración en el juez de la
facultad de decidir discrecionalmente sobre la juridicidad de las actuaciones
de otros órganos del poder público. Tal consecuencia no es compatible en un
estado democrático de derecho donde los órganos del Estado cumplen funciones
separadas. Es por ello que el uso coloquial de la proporcionalidad o
desproporcionalidad, en el sentido de exceso o desmesura, requiere ser
sustituido por métodos objetivos y controlables que permitan al juez
constitucional ejercer su misión de salvaguarda de la Constitución y de los
derechos constitucionales, dentro de un marco jurídico respetuoso de las
competencias de las demás autoridades públicas, en especial del legislador
democrático. La proporcionalidad concebida como principio de interpretación
constitucional puede adoptar la forma de dos mandatos: la prohibición de exceso
y la prohibición de defecto. El primero tiene que ver principalmente con la
limitación del uso del poder público de cara a las libertades fundamentales. El
segundo se aplica por lo general respecto de los deberes positivos del Estado y
la protección de los derechos que comprometen la actuación de las autoridades
para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. El método de
aplicación del principio de proporcionalidad es la ponderación. Generalmente,
el objeto de la ponderación son intereses enfrentados que han recibido alguna
protección constitucional, la cual es mayor en el caso de intereses cobijados
por derechos fundamentales. Los intereses ponderados también se concretan en
medidas y fines estatales. Se pondera, por una parte, las medidas y los fines
estatales y, por otra parte, la afectación de parámetros formales o materiales
consagrados en la Constitución. Existe, por lo tanto, una clara relación
conceptual entre la proporcionalidad y la ponderación. La primera es
establecida mediante la segunda, puesto que siendo la primera un concepto
relacional, los extremos de dicha relación han de ser comparados y sopesados,
esto es, ponderados con el fin de establecer si ellos mantienen el equilibrio,
el balance o la medida debida o, por el contrario, se desconocen las
prohibiciones de exceso o defecto.
No existe un solo método de ponderación. Se
pueden aplicar diferentes formas de ponderar según la materia de que se trate.
Por ejemplo, cuando se analiza si una medida policiva es desproporcionada, la
comparación se efectúa, generalmente, entre la gravedad de las circunstancias,
de un lado, y la magnitud con la cual la medida afecta intereses constitucionalmente
protegidos En el juicio de razonabilidad, cuando éste incluye un análisis de
proporcionalidad en sentido estricto, la comparación se realiza, usualmente,
entre los fines y las medidas estatales, de un lado, y la afectación de
intereses protegidos por derechos constitucionales. Los métodos de ponderación
se distinguen no solo según qué es lo que se sopesa, sino también por los
criterios para decidir cuando la desproporción es de tal grado que procede una
declaración de inexequibilidad. No se exige una proporcionalidad perfecta
puesto que el legislador no tiene que adecuarse a parámetros ideales de lo que
es correcto por no ser excesivo.
Por lo anterior, el análisis de
proporcionalidad del límite de mil salarios mínimos legales, se hará de
conformidad con el siguiente método: (i) identificar y clarificar cuáles son
los intereses enfrentados regulados por la norma; (ii) sopesar el grado de
afectación que sufre cada uno de esos intereses por la aplicación del límite
fijado en la norma; (iii) comparar dichas afectaciones; (iv) apreciar si la
medida grava de manera manifiestamente desproporcionada[65] uno de los intereses
sopesados protegidos por la Constitución, y, en caso afirmativo, (v) concluir
que resulta contraria a la Constitución.
8.3. En relación con los intereses
enfrentados, de un lado se encuentra el interés de las víctimas y perjudicados
por un hecho punible a obtener de la justicia el restablecimiento de sus
derechos y la reparación integral de los daños causados por el delito. De otro
lado, se encuentra el interés del legislador de limitar la discrecionalidad del
juez penal al reconocer la reparación de los perjuicios dentro del proceso
penal y de impedir que los derechos del procesado al debido proceso y a la
libertad se vean afectados por un ánimo retaliatorio o una sanción civil
desproporcionada.
Con el fin de determinar frente a cuál tipo
de perjuicios resulta proporcional la aplicación del límite de mil salarios
mínimos legales mensuales que establece el artículo 97, la Corte aplicará dicho
límite a las diferentes interpretaciones legales plausibles identificadas en el
apartado 3, así: primero, a los perjuicios materiales; luego, a los perjuicios
morales y, tercero dentro de éstos, a los perjuicios morales no valorables
pecuniariamente. Entonces, examinará si dicho límite, en cada caso, es
proporcional para garantizar los derechos del procesado y de la víctima, así
como para el logro de los fines que la norma busca alcanzar.
8.3.1 De aplicarse el límite de los mil
salarios mínimos legales mensuales a los perjuicios materiales, la disposición
resultaría claramente desproporcionada frente a los derechos constitucionales
de las víctimas de delitos a la reparación en los eventos en que los daños
causados por la conducta punible superen dicho monto, como lo aduce la actora y
la interviniente.
Dicho límite aparece como manifiestamente
desproporcionado y contrario a la Constitución Política, por cuanto puede
llegar a afectar de manera grave el derecho a la reparación que tienen las
víctimas. Como la norma establece un límite fijo máximo, el interés de la
víctima en ser reparada integralmente dentro del proceso penal se vería
truncado, si dicho tope excluyera la posibilidad de indemnizar daños cuya
existencia y quantum fue probada en el proceso.
Aun en el evento de daños materiales cuya
valoración supone una apreciación de elementos de difícil cuantificación ‑dada
la existencia de incertidumbre científica-, la disposición acusada impondría
una carga manifiestamente desproporcionada sobre los derechos de las víctimas y
perjudicados que impediría su reparación integral y podría llegar a convertir
en irrisoria la compensación que se obtenga en el proceso penal. Esto
ocurriría, por ejemplo, con los daños ambientales cuyo impacto futuro es de
difícil, pero no imposible, valoración aun para los peritos ‑como ocurre
con la cuantificación económica del daño a especies,[66] o a los recursos de un
río,[67]
o a la pureza del aire,[68]
cuya determinación por medios objetivos todavía es objeto de amplio debate.[69]
Dada la enorme magnitud que puede llegar a
tener un daño ambiental y su impacto sobre un grupo significativo de personas,
si se entendiera que el límite del artículo 97 se aplica a este tipo de
perjuicios, el daño ocasionado a la sociedad y a la comunidad directamente
perjudicada no podría ser reparado a través del proceso penal. En este evento,
la limitación de la discrecionalidad del juez generaría una carga excesivamente
onerosa que vulnera los derechos de quienes sean afectados con este tipo de
daños. El interés en una compensación plena y justa sería gravemente
restringido al dar mayor peso al límite que establece el artículo, que al
derecho sustancial que debe ser protegido, lo cual resulta contrario a la
Carta.
Esto es aun más gravoso en el contexto
jurídico actual si se tiene en cuenta que cuando la víctima y los perjudicados
por la conducta penal optan por constituirse en parte civil dentro del proceso
penal, la decisión del juez penal en materia de reparación de perjuicios les
impide acudir a la jurisdicción civil, según la ley, o a la contencioso
administrativa, según jurisprudencia reciente, a buscar la indemnización
efectiva de los daños causados por el delito.
En efecto, según la jurisprudencia del
Consejo de Estado –respecto de la responsabilidad del Estado en virtud del
artículo 90‑[70]
y de la Corte Suprema de Justicia –respecto de la responsabilidad civil
individual‑[71]
resuelta la acción civil dentro del proceso penal queda excluida la posibilidad
de que la parte civil acuda a dichas jurisdicciones para buscar la reparación
de lo no reconocido en la jurisdicción penal. En ese orden de ideas, la norma
cuestionada se convierte en un desestímulo para que la parte civil acuda al
proceso penal para lograr la indemnización de los perjuicios. Además, dado que
la condena en perjuicios en el proceso penal depende de que se haya declarado
la responsabilidad penal,[72]
una sentencia absolutoria, dejaría a quien ha sido dañado con la conducta sin
posibilidad de reparación ante otra jurisdicción. Algo similar sucede cuando la
víctima ha acudido al proceso penal para obtener la reparación de los daños, y
luego de que el juez penal condena al responsable al pago de perjuicios, éste,
con el fin de gozar del beneficio de suspensión condicional de la condena,
solicita que se le exima de esta obligación dada su situación económica.[73]
Si se examina la disposición cuestionada en
relación con un contexto normativo más amplio y se consideran las disposiciones
civiles y contencioso administrativas que regulan la responsabilidad derivada
del delito, se presentarían situaciones en las que las víctimas y perjudicados
por un delito lograrían la reparación integral en el proceso civil[74] o en el contencioso
administrativo,[75]
pero no en el proceso penal. Una limitación de esta magnitud, impediría la
tutela efectiva de los derechos e intereses jurídicos protegidos por el derecho
penal, cuando el valor del daño causado fuera superior al monto máximo fijado
por el artículo 97 y comprometería, además, el derecho a acceder a la justicia
de quienes hayan sido dañados materialmente en una magnitud superior a la
fijada por el artículo 97.
Por lo anterior, si se entendiera que el
límite fijado por el inciso primero del artículo 97 cobija los perjuicios
materiales, ello resultaría contrario a nuestro ordenamiento constitucional por
ser manifiestamente desproporcionado.
Por otra parte, que se entienda que el
límite no es aplicable a los perjuicios materiales no afecta de manera
manifiestamente desproporcionada los derechos del condenado, pues la reparación
que reconocerá el juez penal corresponderá al daño efectivamente causado cuya
existencia y cuantía han sido probados a lo largo del proceso. Aun en el caso
de los daños materiales de difícil valoración, la decisión del juez penal
estará basada en las pruebas solicitadas y practicadas dentro del proceso
penal, dentro de las cuales está la posibilidad de acudir a peritos para
determinar su valor, pruebas contra las cuales el procesado puede ejercer su
derecho de defensa. En ese evento, la decisión del juez no dependerá de un
criterio subjetivo al considerar la magnitud del daño y la naturaleza de la
conducta, sino de las pruebas aportadas al proceso, incluida la valoración que
haga el perito al apreciar todos los elementos que puedan constituir el daño
material de difícil cuantificación. Además, frente a este tipo de daños, las
normas penales permiten llamar en garantía a terceros civilmente responsables,[76] en particular,
aseguradoras, personas jurídicas o el mismo Estado, que según la ley deben
responder patrimonialmente, por lo cual no habría una vulneración de los
derechos del procesado.
8.3.2 Si el límite de los mil salarios
mínimos legales se aplica a todos los perjuicios morales, el límite también
resultaría desproporcionado. Respecto de este tipo de perjuicios la doctrina ha
distinguido entre perjuicios morales objetivables y perjuicios morales
subjetivos, con base en la menor o mayor posibilidad de valorar su quantum por
criterios objetivos.
Frente a los llamados perjuicios morales
objetivables, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo
de Estado, ha estimado que en algunos casos pueden ser valorados
pecuniariamente,[77]
con base en criterios como el dolor infligido a las víctimas,[78] el perjuicio estético
causado[79]
o el daño a la reputación.[80]
Si de la aplicación de tales criterios surge que dichos perjuicios superan el
límite fijado por el legislador, habría una afectación grave del interés de las
víctimas por lograr una indemnización integral de los perjuicios que se le han
ocasionado y cuyo quantum ha sido probado. Al igual que con los perjuicios
materiales, el límite resultaría manifiestamente desproporcionado frente al
derecho de las víctimas a la reparación integral, como quiera que el riesgo de
arbitrariedad del juez es menor cuando el valor de los perjuicios ha sido
acreditado en el juicio por factores que no dependen de su apreciación
subjetiva.
Esta desproporción resulta más evidente si
se tiene en cuenta que ni en la jurisdicción civil ni en la jurisdicción
contencioso administrativa existe una disposición legal que restrinja la
discrecionalidad del juez para decidir la reparación de perjuicios morales. En
dichas jurisdicciones se ha fijado una cifra para la valoración de ciertos
perjuicios que depende de consideraciones puramente subjetivas y cuyo quantum
ha sido reconocido tradicionalmente hasta por 1000 gramos oro, o más
recientemente hasta por 2000 y 4000 gramos oro.[81] Por lo tanto, de interpretarse
que el límite cuestionado se aplica tanto a los daños morales objetivables como
a los puramente subjetivos, la reparación integral de los perjuicios sólo se
lograría por fuera del proceso penal en los eventos en los que éstos puedan ser
valorados en una cuantía superior a los 1.000 salarios mínimos legales
mensuales. Así, las razones expuestas en la subsección 8.4. son igualmente
aplicables a los llamados perjuicios morales objetivables.
8.3.3 La tercera categoría de daños a la
que se podría aplicar el monto máximo que establece el artículo 97 es a la de
los daños cuya valoración por medios objetivos no sea posible, como ocurre con
el llamado daño moral subjetivo.[82]
Si el monto máximo que establece el
artículo 97 se aplica exclusivamente a los perjuicios morales subjetivos, la
norma cuestionada no afecta de manera manifiestamente desproporcionada el
derecho a la reparación integral de este tipo de perjuicios, pues la valoración
pecuniaria de éstos depende de consideraciones puramente subjetivas y el riesgo
de excesos en el ejercicio de la discrecionalidad judicial es demasiado alto.
Frente a este tipo de perjuicios, un límite
fijo que responde tanto al interés de evitar la arbitrariedad y de proteger los
derechos del procesado a la libertad y al debido proceso, como al interés de
garantizar la reparación integral a las víctimas no parece inconstitucional. Al
no existir un parámetro para la tasación de este tipo de perjuicios que pueda
ser tenido en cuenta por el juez o por las partes en el proceso para cuestionar
la decisión del juez, no se observa que haya una afectación manifiestamente
desproporcionada de los derechos de las víctimas o los derechos del procesado.
Por lo anterior, sólo cuando el límite
establecido en el inciso primero del artículo 97 de la Ley 599 de 2000 se
aplica a los daños morales que no pueden ser objetivamente estimados, la norma
resulta conforme a la Constitución, pues no afecta de manera manifiestamente
desproporcionada el derecho de la parte civil a la reparación integral de los
daños causados, ni impone cargas claramente irrazonables o desproporcionadas a
los derechos al debido proceso y a la libertad personal del procesado.
Así entendido el sentido normativo de la
norma acusada, el tope acusado no impide condenar al pago integral de los
perjuicios cuya existencia y quantum hayan sido demostrados en el proceso
penal. Por el contrario, todos ellos deberán ser objeto de reparación plena.
Una vez que el monto de la indemnización ha sido de esta forma objetivamente
establecido, subsiste la posibilidad de que los perjuicios morales subjetivos
sean tasados y su indemnización sumada a la de los daños probados en su
existencia y quantum. Sólo respecto del tipo de perjuicios morales cuyo valor
no puede ser objetivamente estimado cabe, sin desconocer el principio de
proporcionalidad, señalar un límite fijo de tal manera que la cuantía final de
la indemnización sea aumentada, a partir de los criterios de tasación que
enuncia el inciso segundo de la norma acusada, tan solo hasta en mil salarios
mínimos legales mensuales. Por ejemplo, si los daños probados  en un proceso
equivalen a dos mil salarios mínimos legales mensuales, para cubrir los
perjuicios morales cuyo valor pecuniario no pudo ser objetivamente determinado
el juez podrá aumentar la indemnización hasta en mil salarios mínimos legales
mensuales, aplicando los criterios de tasación relativos a la magnitud del daño
y a la naturaleza de la conducta. De esta forma, en el ejemplo, la
indemnización total podría oscilar entre dos mil y tres mil salarios mínimos
legales mensuales.
9. Breve referencia a la técnica de las
sentencias reductoras.
Del análisis anterior se concluye que la
norma acusada sólo es compatible con la Constitución si sus alcances se reducen
a cobijar el llamado daño moral subjetivo. Cabe preguntarse de qué forma ha
efectuarse dicha reducción, habida cuenta de que declarar inconstitucional el
inciso primero acusado no sólo le resta sentido a la disposición demandada sino
que contradice el principio de conservación del derecho invocado en varias
oportunidades por esta Corte para respetar la voluntad democrática expresada
por el Congreso.
Desde sus inicios, la Corte ha precisado
que dentro de su órbita de competencia se encuentra proferir sentencias
interpretativas de diferente tipo. Por lo tanto, no es necesario en esta
oportunidad volver sobre dicho punto ampliamente analizado en el pasado.[83] Dentro de la técnica
de las sentencias interpretativas existe un tipo de sentencia que permite a la
Corte resolver el problema anteriormente planteado. Se trata de las sentencias
llamadas “restrictivas”, “reductoras” o “sustractivas”, mediante las cuales la
Corte excluye del ordenamiento jurídico un contenido normativo comprendido por
el texto acusado con el efecto de reducir sus alcances. Mediante este tipo de
sentencias la extensión de la norma se restringe de tal manera que su ámbito de
aplicación deja de abarcar el supuesto inconstitucional. De esta manera la
disposición acusada no surte las consecuencias jurídicas previstas en el propio
precepto puesto que algunos de sus efectos, por ser incompatibles con la
Constitución, deben sustraerse de las implicaciones de la disposición acusada.[84]
Si bien generalmente las sentencias
reductoras se traducen en una forma de fallo condicionado en el cual se
manifiesta cuál es el sentido normativo que debe excluirse del ordenamiento
jurídico, en este caso no se está ante un único sentido incompatible con la
Constitución sino ante varios tal como se mostró en el análisis del principio
de proporcionalidad en el apartado 8 de esta sentencia. Por esta razón, estima
la Corte que la restricción de los alcances de los incisos primero y segundo
del artículo acusado debe hacerse, no excluyendo expresamente cada contenido
normativo inconstitucional, sino precisando cuál es la parte de la
indemnización comprendida por el límite de los mil salarios mínimos legales
mensuales, con el fin de señalar que éste se aplica exclusivamente a la parte
de la indemnización de daños morales cuyo valor pecuniario no fue objetivamente
determinado en el proceso penal. Así se hará en la parte resolutiva.
10. Análisis de los demás cargos, en especial
el relativo al principio de igualdad
Resta, a partir de la reducción de los
alcances y efectos de la disposición acusada, analizar los demás cargos
planteados por el actor, en especial el relativo al principio de igualdad.
Si bien el argumento del actor al respecto
no está llamado a prosperar por las razones que luego se indican, es necesario
definir si el tope, en sus alcances restringidos, se aplica también en otros
procesos mediante los cuales se reclame la indemnización de daños morales
subjetivos o si es constitucionalmente admisible que éste opere cuando la
indemnización es decretada por un juez penal.
En primer lugar, no se vislumbra una
violación del principio de igualdad como lo alega el actor. En efecto, la
interpretación restrictiva de la norma acusada garantiza por igual, que todas
las personas que sean perjudicadas por el delito sean reparadas de manera
integral por los daños derivados de la conducta punible cuyo valor pecuniario
sea determinado por medios objetivos. Así mismo, garantiza por igual a quienes
sean afectados por la conducta punible, el reconocimiento de un valor adicional
por concepto de daños morales subjetivos hasta por 1000 salarios mínimos
legales mensuales, que el juez penal tasará teniendo en cuenta la magnitud del
daño y la naturaleza de la conducta.
En segundo lugar, la Corte constata que el
artículo 16 de la Ley 446 de 1998 señala que “dentro de cualquier
proceso que se surta ante la administración de justicia la valoración de daños
irrogados a las personas y a las cosas atenderá los principios de reparación
integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”. De tal
manera que el legislador ha buscado unificar los criterios para orientar la
fijación del monto de los perjuicios con el fin de lograr que se materialice el
derecho a la reparación integral dentro de cualquier proceso.
Adicionalmente, la Corte subraya que el
derecho sanciona múltiples modalidades de ilicitud. El derecho penal regula tan
solo una de las especies cobijadas por el género de lo lícito. El ordenamiento
jurídico provee diferentes vías procesales para obtener la indemnización de los
daños causados por un hecho o una conducta ilícita. La constitución de parte
civil dentro del proceso penal es uno de esos mecanismos procesales. Las
víctimas o perjudicados por el delito no están obligados a hacerse parte dentro
del proceso penal. Además su derecho a la reparación integral no está
condicionado a que se constituyan en parte civil.
Se pregunta la Corte si sería compatible
con el principio de igualdad que las víctimas o perjudicados por la conducta
punible que se constituyeran en parte civil dentro del proceso penal
encontraran que el tope a los daños morales subjetivos sólo opera en el ámbito
de dicho proceso, puesto que en cualquiera otro no sería aplicable. La Corte
estima que la misma razón que justifica el establecimiento de dicho límite en
el ámbito del proceso penal para éste tipo de perjuicios tiene validez en el
ámbito de los demás procesos en los cuales la fuente de la obligación de
indemnizar los daños sea únicamente la conducta punible. Ello guarda
consonancia con el artículo 16 de la Ley 446 anteriormente citada. Sin embargo,
cuando la fuente de la obligación de indemnizar no sea únicamente la conducta
punible, en virtud de las normas que regulan otras formas de ilicitud o de
antijuridicidad diferentes a la penal, no existe razón para aplicar el tope a
los daños morales cuyo valor pecuniario no fue objetivamente determinado en el
proceso. La unificación de criterios solamente es ordenada constitucionalmente
cuando los hechos son iguales debido a que no existe un factor adicional que
permita establecer una diferencia entre dos o más grupos de personas afectados
por una conducta ilícita, como podría claramente ser el factor de que la
antijuridicidad sancionada no es únicamente la derivada de un delito sino de
otras fuentes y modalidades de responsabilidad reguladas por el ordenamiento
jurídico. Corresponde a la jurisprudencia precisar en qué casos la fuente de la
obligación de indemnizar es únicamente la conducta punible.
Por ello, la Corte agregará al
condicionamiento anteriormente enunciado la previsión de que este límite se
aplicará a la indemnización de dichos daños cuando la fuente de la obligación
sea únicamente la conducta punible. Así se dispondrá en la parte resolutiva.
Tampoco se aprecia un desconocimiento de la
prevalencia del derecho sustancial puesto que todo lo probado será indemnizado
sin que límites legislativos impidan compensar justamente los perjuicios cuya
existencia real y cuyo quantum fueron demostrados.
El daño patrimonial, que la actora y uno de
los intervinientes consideran tendría que soportar la parte civil, no
subsistiría sin ser reparado, lo cual deja a salvo el respeto por los derechos
de propiedad y los principios de justicia protegidos en la Constitución.
Por lo tanto, el derecho a acceder a la
administración de justicia y la garantía de la tutela judicial efectiva no se
vulneran cuando el tope se entiende aplicable solamente a los perjuicios
morales que no fueron objetivamente cuantificados puesto que, respecto de
ellos, la parte civil tan solo ha probado su existencia más no su quantum y es
precisamente esa circunstancia la que justifica que el juez tase el monto que
no pudo ser objetivamente valorado en el proceso.
En conclusión, para excluir del
ordenamiento jurídico los sentidos normativos de la norma acusada contrarios a
la Carta no es necesario declarar inexequible el artículo 97 de la Ley 599 de
2000. Es suficiente condicionar su exequibilidad a que el límite de mil
salarios mínimos legales mensuales se aplique exclusivamente a la parte de la
indemnización de daños morales cuyo valor pecuniario no fue objetivamente
determinado en el proceso penal.
VII.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLES los incisos primero y
segundo del artículo 97, de la Ley 599 de 2000, en el entendido de que el
límite de mil salarios mínimos legales mensuales se aplica exclusivamente a la
parte de la indemnización de daños morales cuyo valor pecuniario no fue
objetivamente determinado en el proceso penal. Este límite se aplicará a la
indemnización de dichos daños cuando la fuente de la obligación sea únicamente
la conducta punible.
SEGUNDO.- Declarar Exequible
el inciso 3 del artículo 97, de la Ley 599 de 2000.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Presidente
ALFREDO BELTRÁN SIERRA                         JAIME
ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
Magistrado
Impedido
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA               JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL    EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado                                                 Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS  CLARA INÉS VARGAS
HERNÁNDEZ
Magistrado                                                 Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
Que el H. Magistrado
doctor Jaime Córdoba Triviño, no firma la presente sentencia por cuanto le fue
aceptado impedimento para intervenir en la presente decisión.
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] En el Código Penal anterior, Decreto Ley 100 de 1980, los artículos
106 y 107 regulaban la forma de indemnizar los daños morales y materiales no
valorables pecuniariamente, en los siguientes términos: “Artículo 106.
Indemnización por daño moral no valorable pecuniariamente. Si el daño moral
ocasionado por el hecho punible no fuere susceptible de valoración pecuniaria,
podrá fijar el juez prudencialmente la indemnización que corresponda al
ofendido o perjudicado hasta el equivalente, en moneda nacional, de un mil
gramos oro.   Esta tasación se hará teniendo en cuenta las modalidades de la
infracción, las condiciones de la persona ofendida y la naturaleza y
consecuencia del agravio sufrido.” “Artículo 107. Indemnización por daño material
no valorable pecuniariamente. Si el daño material derivado del hecho punible no
pudiere avaluarse pecuniariamente, debido a que no existe dentro del proceso
base suficiente para fijarlo por medio de perito, el juez podrá señalar
prudencialmente, como indemnización, una suma equivalente, en moneda nacional,
hasta de cuatro mil gramos oro. Esta tasación se hará teniendo en cuenta
factores como la naturaleza del hecho, la ocupación habitual del ofendido, la
supresión o merma de su capacidad productiva y los gastos ocasionados por razón
del hecho punible.”
[2] Gaceta del Congreso No. 180, página 25. Según la ponencia
presentada ante la Comisión Primera del Senado, “se sustituye la expresión
gramos oro por la de salarios mínimos legales mensuales vigentes, término este
último que presenta menores dificultades para efectuar la equivalencia y que
resulta más acorde con la sistemática mantenida en toda la propuesta.”
[3] La ponencia presentada para primer debate ante la Comisión Primera
de la Cámara, mantuvo el texto aprobado en la plenaria del Senado. Gaceta del
Congreso No. 510, 3 de diciembre de 1999, página 7.
[4] Ver Gaceta del Congreso No. 605 de 1999.
[5] Como quiera que el actor ni ninguno de los intervinientes ha
cuestionado el artículo 97 por vicios de forma, y teniendo en cuenta que la
caducidad de la acción de inconstitucionalidad por vicios de forma, opera un
año después de publicado el acto respectivo (artículo 242.3, CP), no puede la
Corte entrar a examinar si el trámite seguido por el Congreso en relación con
este artículo se ajustó o no a la Constitución.
[6] Ley 599 de 2000, Artículo 94. y Ley 600 de 2000, artículo 21.
[7] Ley 600 de 2000, Artículos 48 y 56.
[8] Ley 600 de 2000, Artículo 56. inciso 4.
[9] Sobre es tipo de daño ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección
Tercera, 31 de julio de 1989, CP: Antonio José de Irisarri Restrepo, Expediente
2852. Consejo de Estado, Sección Tercera, 6 de mayo de 1993, CP: Julio César
Uribe Acosta, Expediente 7428.
[10] Sobre es tipo de daño ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección
Tercera, 30 de marzo de 1990, CP: Antonio José de Irisarri Restrepo, Expediente
3510.
[11] Aun cuando no existe una disposición legal que fije un límite a
este tipo de daños, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado asignaron un valor máximo simbólico a la indemnización del
daño moral en 1000 gramos oro. Este límite fue superado en 1998 en el Consejo
de Estado. En efecto, en sentencia de  25 de septiembre de 1997, Sección
Tercera, Expediente 10.421, CP: Ricardo Hoyos Duque, el Consejo de Estado
reconoció una indemnización por daños morales equivalente a 2.000 gramos oro, a
un joven lesionado a los 16 años que había perdido su capacidad de locomoción y
de reproducción sexual. En el mismo sentido en la sentencia del 19 de julio de
2000, Expediente 11.842, CP: Alier Eduardo Hernández Enríquez, el Consejo
reconoció como reparación al daño moral equivalente a 4.000 gramos oro, para
compensar el perjuicio sufrido por un hombre que como consecuencia de las
lesiones sufridas en un accidente de tránsito, había quedado inválido y perdido
la capacidad de relacionarse íntimamente con su esposa. Dijo entonces el
Consejo de Estado: “En efecto, las consecuencias de la lesión, que
perfectamente podrían presumirse, con base en la prueba de ésta, son claramente
descritas por los peritos.  Se deja constancia, en los dictámenes citados, de
las graves afectaciones que la víctima sufre, por su condición de paraplejia,
tanto a nivel estético, como en su autonomía, su intimidad, sus relaciones
interpersonales y, en general, en su posibilidad de desarrollar, en el futuro,
actividades que antes resultaban fáciles o posibles. Así las cosas, está demostrada
la existencia del perjuicio extrapatrimonial en la vida exterior sufrido por la
víctima, y está probado, además, que el mismo es de suma gravedad. Como en
todos los casos de daño extrapatrimonial, conforme a lo dicho antes, el valor
de la indemnización debe ser tasado por el juez, conforme a su prudente
juicio.  En éste, con fundamento en lo expresado anteriormente, la Sala
considera que debe condenarse a la entidad demandada a pagar a José Manuel
Gutiérrez Sepúlveda, por este concepto, la suma de dinero equivalente, a cuatro
mil (4.000) gramos de oro.”
[12] Corte Constitucional, Sentencia C-228 de 2002, MP: Manuel José
Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett, donde la Corte señaló que a la
luz de la Constitución en el proceso penal ordinario los derechos de las
víctimas y perjudicados por un hecho punible comprendían tanto el derecho a una
reparación económica como los derechos a la verdad y a la justicia y, por lo
tanto, declaró exequible el inciso primero del artículo 137 de la Ley 600 de
2000, en el entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a
la verdad y a la justicia en los términos de la presente sentencia; Así mismo,
declaró exequibles los incisos segundo y tercero del artículo 137 de la
Ley 600 de 2000, salvo la expresión “en forma prevalente y desplazar la
constituida por las entidades mencionadas”, contenida en el inciso segundo que
fue declarada inexequible. Igualmente
declaró exequible el artículo 30 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que
una vez la víctima o los perjudicados se hayan constituido en parte civil,
pueden acceder directamente al expediente; y el artículo 47 de la Ley 600 de
2000, salvo la expresión que limitaba la oportunidad para la constitución de la
parte civil exclusivamente “a partir de la resolución de apertura de
instrucción” que fue declarada inexequible. Esta sentencia recogió la
concepción amplia de los derechos de la parte civil en la justicia penal
militar reconocida en las sentencias C-740 de 2001, MP: Álvaro Tafur Galvis,
donde la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del inciso final del
artículo 579 de la Ley 522 de 1999, que establecía a quien se debía dar
traslado para alegar una vez vencido el término probatorio establecido para el procedimiento
especial regulado por dicho artículo en los siguientes términos: “Declarar
EXEQUIBLE el inciso final del artículo 579 de la Ley 522 de 1999, en el
entendido que deberá darse traslado para alegar a la parte civil, en caso de
que ésta se hubiere constituido en el respectivo proceso.”; C-1149 de 2001, MP:
Jaime Araujo Rentería, donde la Corte examinó los derechos de la parte civil
dentro del proceso penal militar y resolvió: “TERCERO.- Declarar EXEQUIBLE el
artículo 305 de la Ley 522 de 1999 bajo el entendido de que puede buscar otros
fines como la justicia, el efectivo acceso a ella y la reparación del daño,
salvo la expresión “exclusivo el impulso procesal
para”, que se declara INEXEQUIBLE”;
y la sentencia SU-1184 de 2001, MP: Eduardo Montealegre Lynett donde la
Corte reiteró, en un proceso relativo al juzgamiento de un general por los
hechos ocurridos en Mapiripán, que las víctimas de los hechos punibles tienen
no sólo un interés patrimonial, sino el derecho a que se reconozcan el derecho
a saber la verdad y a que se haga justicia. Igualmente, para proteger los
derechos tanto del procesado como de la parte civil en el proceso penal militar
la Corte declaró inexequibles los artículos 578 y 579 de la Ley 522 de 1999,
mediante los cuales se reguló el procedimiento especial abreviado, sentencia
C-178 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[13] Constitución Política, “Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer
las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (...) 17.
Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y
otra cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos
generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos
de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará
obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar.”
[14] Corte Constitucional, Sentencia C-277 de 1998, MP: Vladimiro
Naranjo Mesa, donde la Corte analizó el alcance de la responsabilidad civil
derivada del delito y declaró la inexequibilidad de una disposición que excluía
la posibilidad de vincular al tercero civilmente responsable dentro de la
acción civil del proceso penal por considerar que desconocía los derechos de
las víctimas y perjudicados por el hecho punible a la reparación integral que
les reconoce la Carta.
[15] Corte Constitucional, Sentencia C-163 de 2000, MP: Fabio Morón
Díaz, en donde la Corte acoge la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
en materia de reparación de los daños causados por le hecho punible y señala la
importancia de que los funcionarios judiciales se aseguren de que la reparación
de perjuicios sea integral.
[16] Por ejemplo, en los Estados Unidos el Victims
of Crime Act of 1984 creó el Fondo de Compensación de Víctimas al que se
destinan todas las multas, sanciones pecuniarias e incautaciones de dinero que
hagan las autoridades. El primer estado en adoptar una reforma
constitucional para reconocer ciertos derechos a las víctimas fue California,
en 1982, aún cuando tenía un alcance limitado al derecho a una restitución
económica del condenado. Hoy más de 21 estados han enmendado sus constituciones
a fin de proteger los derechos de las victimas. Ver Chief
Justice Richard Barajas and Scott Alexander Nelson, The Proposed Crime Victims'
Federal Constitutional Amendment: Working Toward a Proper Balance, 49 Baylor
Law Review, Winter, 1, 1997. Algo similar ha sido creado en Canadá Ver.
Pradel, Jean. Op. Cit. páginas 532 y ss.
[17] Varios sistemas prevén la indemnización estatal de daños que
resulten de crímenes violentos. Así sucede en Nueva Zelanda que desde 1963 creo
un fondo para compensar a las víctimas de crímenes violentos. Otro ejemplo lo
consagra la  Ley de California de 1965. Ver Pradel, Jean. Droit Pénal
Comparé.Editorial Dalloz, 1995, página 532.
[18] Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
OAS Res. XXX, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana (1948),
reimpreso en Documentos Básicos Concernientes a los Derechos Humanos en el Sistema
Interamericano, OEA/Ser.L.V/IL82 doc.6 rev.1 p. 17 (1992). Artículo XVIII.
Derecho de justicia. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer
valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve
por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en
perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados
constitucionalmente.
[19] Declaración Universal de Derechos Humanos, AG. res. 217 A (III),
ONU Doc. A/810 p. 71 (1948). Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un
recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
constitución o por la ley.
[20] Ciertas convenciones, como la Convención
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, (Adoptada y abierta a la firma, ratificación y
adhesión por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 39/46, de
10 de diciembre de 1984), prevén la reparación de los daños causados a las
víctimas. En el artículo 14, esta convención prevé la obligación de los Estados
de velar porque “1. (...) su legislación garantice a la víctima de un acto de
tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada,
incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de
muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su
cargo tendrán derecho a indemnización. 2. Nada en lo dispuesto en el presente
artículo afectará a cualquier derecho de la víctima o de otra persona a la
indemnización que pueda existir con arreglo a las leyes nacionales.
[21] Declaración sobre los principios
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder,
Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de
1985. Resarcimiento. 8. Los delincuentes o los terceros responsables de
su conducta resarcirán equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus
familiares o las personas a su cargo. Ese resarcimiento comprenderá la
devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridas, el
reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, la
prestación de servicios y la restitución de derechos. 9. Los gobiernos
revisarán sus prácticas, reglamentaciones y leyes de modo que se considere el
resarcimiento como una sentencia posible en los casos penales, además de otras
sanciones penales. 10. En los casos en que se causen daños considerables al
medio ambiente, el resarcimiento que se exija comprenderá, en la medida de lo
posible, la rehabilitación del medio ambiente, la reconstrucción de la
infraestructura, la reposición de las instalaciones comunitarias y el reembolso
de los gastos de reubicación cuando esos daños causen la disgregación de una
comunidad. 11. Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título
oficial o cuasioficial hayan violado la legislación penal nacional, las
víctimas serán resarcidas por el Estado cuyos funcionarios o agentes hayan sido
responsables de los daños causados. En los casos en que ya no exista el
gobierno bajo cuya autoridad se produjo la acción u omisión victimizadora, el
Estado o gobierno sucesor deberá proveer al resarcimiento de las víctimas. Indemnización
12. Cuando no sea suficiente la indemnización procedente del delincuente o
de otras fuentes, los Estados procurarán indemnizar financieramente: a) A las
víctimas de delitos que hayan sufrido importantes lesiones corporales o menoscabo
de su salud física o mental como consecuencia de delitos graves; b) A la
familia, en particular a las personas a cargo, de las víctimas que hayan muerto
o hayan quedado física o mentalmente incapacitadas como consecuencia de la
victimización (subrayado fuera de texto).
[22] Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las
Minorías de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentó el
Informe Final sobre la impunidad de los autores de violaciones de los derechos
humanos (derechos civiles y políticos), adoptado mediante Resolución 1996/119:
“41. A escala individual, las víctimas, ya se trate de víctimas directas o de
familiares o personas a cargo, deberán disponer de un recurso efectivo. Los
procedimientos aplicables serán objeto de la más amplia publicidad posible.
El derecho a obtener reparación deberá abarcar todos los daños y perjuicios
sufridos por la víctima. De conformidad con el conjunto de principios y
directrices sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves a los
derechos humanos y al derecho humanitario a obtener reparación (...) este
derecho comprende los tres tipos de medidas siguientes: a) medidas de
restitución (cuyo objetivo debe ser lograr que la víctima recupere la situación
en la que se encontraba antes);  b) medidas de indemnización (que cubran los
daños y perjuicios físicos y morales, así como la pérdida de oportunidades, los
daños materiales, los ataques a la reputación y los gastos de asistencia
jurídica); y  c) medidas de rehabilitación (atención médica y psicológica o
psiquiátrica). 42. A nivel colectivo, las medidas de carácter simbólico, en
concepto de reparación moral, como el reconocimiento público y solemne por el
Estado de su responsabilidad, las declaraciones oficiales de restablecimiento
de la dignidad de las víctimas, los actos conmemorativos, los bautizos de vías
públicas, y las erecciones de monumentos facilitan el deber de recordar.”
[23] Estatuto para el Tribunal Internacional para el Juzgamiento de
personas responsables de graves violaciones del derecho internacional
humanitario cometidas en el territorio de la antigua Yugoslavia desde 1991,
(traducción no oficial) Artículo 22. Protección de las víctimas y de los
testigos. El Tribunal Internacional prevé en sus reglas de procedimiento y de
prueba medidas de protección para las víctimas y los testigos. Las
medidas de protección comprenden, como mínimo, las audiencias a puerta cerrada
y la protección de su identidad. En desarrollo de esto, en la Regla No. 106
de las Reglas de procedimiento y prueba para el Tribunal para Yugoslavia, la
obligación de reparar a las víctimas se tramita ante las autoridades nacionales
del Estado del cual sea nacional el condenado y se establece lo siguiente: “(b)
Teniendo en cuenta la legislación nacional relevante, la víctima o quienes
actúen en su nombre, podrán reclamar ante los tribunales nacionales o las
autoridades competentes la compensación a que haya lugar; c) Para efectos de la
reclamación de perjuicios, la decisión del Tribunal en la que se establezca la
responsabilidad criminal de la persona juzgada será definitiva y vinculante.”
(subrayado fuera de texto).
[24] Estatuto del Tribunal Internacional de Ruanda. Artículo 14. Reglas
de procedimiento y de pruebas. A los efectos de las actuaciones ante el
Tribunal Internacional para Ruanda, los magistrados del Tribunal Internacional
adoptarán las reglas de procedimiento y de pruebas aplicables a la etapa
preliminar del proceso, al juicio propiamente dicho, a las apelaciones, a la
admisión de pruebas, a la protección de las víctimas y testigos y a otros
asuntos pertinentes del Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia, con las
modificaciones que estimen necesarias. Artículo 19. Iniciación y tramitación
del juicio. 1. La Sala de Primera Instancia deberá velar porque el
procedimiento sea justo, expedito y que se tramite de conformidad con las
normas de procedimiento y de pruebas, con pleno respeto de los derechos del
acusado y con la consideración debida a la protección de las víctimas y
los testigos. Artículo 21. Protección de las víctimas y de los testigos. El
Tribunal Internacional para Ruanda, adoptará disposiciones, en sus reglas de
procedimiento y de prueba medidas de protección para las víctimas y
los testigos. Las medidas de protección comprenden, como mínimo, las audiencias
a puerta cerrada y la protección de su identidad. (subrayado fuera de
texto). En 1996, el gobierno de Ruanda adoptó la Ley Orgánica sobre la
Organización de Acusaciones de Ofensas que constituyan Crímenes de Genocidio o
Crímenes contra la Humanidad (Ley Orgánica No. 08 de 1996), en la cual se
establecen instrumentos para compensar a las víctimas de tales crímenes Ver.
Corrin Melanie K. Compensation of Victims Unnamed in an Indictment, en www.nesl.edu/center/wcmemos/2001/corrin.pdf . Ver
también Bassiouni, Chrif, The Right to Restitution Compensation and
Rehabilitation for Victims of Gross Violations os Human Rights and Fundamental
Freedoms, Final Report of the Special Rapporteur, presentado ante la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, U.N. Doc.E/CN.4/2000/62 (2000).
[25] Organización de Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, la
Resolución 827 estableció lo siguiente: “el Tribunal adelantará sus funciones,
sin perjuicio del derecho de las víctimas a buscar, a través de medios
apropiados, la compensación por los daños causados como resultado de
violaciones al derecho internacional humanitario”.
[26] Ley 742 de 2002, por la cual se aprueba el
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de
1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas
sobre el establecimiento de una corte penal internacional. (A/CONF.183/9, 17 de
julio de 1998.) Artículo 75. Reparación a las víctimas. 1. La
Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la
restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las
víctimas o a sus causahabientes. Sobre esta base, la Corte, previa solicitud o
de oficio en circunstancias excepcionales, podrá determinar en su decisión el
alcance y la magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios causados a las
víctimas o a sus causahabientes, indicando los principios en que se funda.  2.
La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la que
indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas,
incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación. Cuando proceda,
la Corte podrá ordenar que la indemnización otorgada a título de reparación se
pague por conducto del Fondo Fiduciario previsto en el artículo 79. 3. La
Corte, antes de tomar una decisión con arreglo a este artículo, tendrá en
cuenta las observaciones formuladas por el condenado, las víctimas, otras
personas o Estados que tengan un interés, o las que se formulen en su nombre.
4. Al ejercer sus atribuciones de conformidad con el presente artículo, la
Corte, una vez que una persona sea declarada culpable de un crimen de su competencia,
podrá determinar si, a fin de dar efecto a una decisión que dicte de
conformidad con este artículo, es necesario solicitar medidas de conformidad
con el párrafo 1 del artículo 93. 5. Los Estados Partes darán efecto a la
decisión dictada con arreglo a este artículo como si las disposiciones del
artículo 109 se aplicaran al presente artículo. 6. Nada de lo dispuesto en el
presente artículo podrá interpretarse en perjuicio de los derechos de las
víctimas con arreglo al derecho interno o el derecho internacional.   Artículo
79. Fondo fiduciario. 1. Por decisión de la Asamblea de los Estados
Partes se establecerá un fondo fiduciario en beneficio de las víctimas de
crímenes de la competencia de la Corte y de sus familias. 2. La Corte podrá
ordenar que las sumas y los bienes que reciba a título de multa o decomiso sean
transferidos al Fondo Fiduciario. 3. El Fondo Fiduciario será administrado
según los criterios que fije la Asamblea de los Estados Partes.
[27] De conformidad con el artículo 63.1 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, Artículo 63.1. “Cuando decida que hubo violación de un
derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se
garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.
Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias
de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el
pago de una justa indemnización a la parte lesionada.”
[28] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez.
Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67
Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de
1990, Serie C, No. 9, párr. 27.
[29] Los daños punitivos o ejemplarizantes han sido reconocidos en los
sistemas de common law, y tienen como finalidad sancionar a quien sea
encontrado responsable a pagar, además del daño causado directamente a las
víctimas, una indemnización por el daño causado a la sociedad al haber actuado
con excesiva violencia, maldad, temeridad, o con la intención expresa de causar
daño. Este tipo de daños se reconocen, por ejemplo, en los Estados Unidos, en
Canadá, en Australia, en Filipinas, en Nueva Zelandia, en Suráfrica y en
Inglaterra. En los Estados Unidos, solo cuatro estados prohíben expresamente el
reconocimiento de daños punitivos: Louisiana, Massachusetts, Nebraska, y
Washington. Ver McCoy v. Arkansas Natural Gas Co., 175 Louisiana 487,
498, 143 So. 383, 385-86 (que prohíbe el reconocimiento de daños punitivos que
no hayan sido expresamente autorizados por el legislador), cert. denied,
287 U.S. 661 (1932); City of Lowell v. Massachusetts Bonding & Ins. Co.,
313 Mass. 257, 269, 47 N.E.2d 265, 272 (1943) (que prohíbe el reconocimiento de
daños punitivos no establecidos por ley); Abel v. Conover, 170 Neb. 926, 104
N.W.2d 684 (1960) (que señala que la Constitución estatal prohíbe el
reconocimiento de daños punitivos); Spokane Truck & Dray
Co. v. Hoefer, 2 Wash. 45, 25 P. 1072 (1891) (que rechaza el reconocimiento de
daños punitivos por considerar que constituían una doble reparación y eran
opresivos). Ver Pace, Kimberly. Recalibrating the Scales of Justice through
national punitive damage reform. En 46 American University Law Review, Junio,
1997, p. 1573 –1637. Ver también BMW of North America., Inc. v Gore, 116 S. Ct.
1589 (1996),  TXO Prod. Corp. v. Alliance Resources Corp., 509 U.S. 443 y ss
(1993); Engle R.J. v Reynolds Tobacco Co, No. 94-08273 (Florida, Circuit Court,
Julio 14, 2000).
[30] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez,
Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9, párrs. 37 –38. Caso Godinez
Cruz, Sentencia de 21 e julio de 1989, Serie C, No. 8, párrs. 35-36.
[31] Ver entre otros, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso El
Amparo, Reparaciones, Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28,
párr. 16; Caso Neira Alegría y otros, Reparaciones, Sentencia de 19 de
septiembre de 1996, Serie C No. 29, párr. 38; Caso Caballero Delgado y Santana,
Reparaciones, Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párr. 17.
[32] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Aloeboetoe y otros,
Reparaciones, Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 15.
Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9,
párrs. 27 –28. Caso Godinez Cruz, Sentencia de 21 e julio de 1989, Serie C, No.
8, párrs. 36-37. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana
para el cálculo de la indemnización del lucro cesante se debe tener en cuenta
la expectativa probable de vida, si el destinatario de la indemnización es la
misma víctima, y si ésta fue afectada con incapacidad total y absoluta.
[33] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez,
Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9, párrs. 50-51. Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones,
Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 74-77.
[34] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Aloeboetoe y otros,
Reparaciones, Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 86.
Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9,
párrs. 27 –28. Caso Godinez Cruz, Sentencia de 21 e julio de 1989, Serie C, No.
8, párr. 86. Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia de 29 de enero de
1997, Serie C No. 31, párrs. 48-51.
[35] Resolución (77) 27, adoptada por el comité de ministros
del consejo de europa el 28 de septiembre de 1977.
sobre indemnización a las Víctimas del Delito. En esta resolución, se recomendó
a los gobiernos de los Estados miembros adoptar las siguientes medidas para
garantizar la reparación a las víctimas: “1. Cuando la reparación no pueda
efectuarse de otra forma, el Estado deberá contribuir a la indemnización de:
a) Toda persona que haya sufrido graves lesiones físicas como consecuencia de
una infracción,  b) Todos aquellos que estuvieran a cargo de la persona que hubiere
resultado muerta como consecuencia de una infracción;   2.  Por lo que respecta
a la infracción penal que haya provocado el perjuicio físico, todos los actos
de violencia intencionados deberán al menos estar cubiertos, aun en el caso de
que no sea posible perseguir al autor; 3. El resarcimiento podrá efectuarse ya
sea en el marco de la seguridad social, ya sea mediante el establecimiento de
un régimen específico de indemnización, ya sea recurriendo al seguro; 4. El
resarcimiento deberá tener en cuenta la naturaleza y las consecuencias del
perjuicio; 5. Por razones prácticas o económicas, el resarcimiento deberá
cubrir, según los casos, como mínimo la pérdida de la renta anterior y futura,
el aumento de las cargas, los gastos médicos, los gastos de rehabilitación
médica y profesional, así como los gastos funerarios; 6.Por razones prácticas o
económicas, el resarcimiento podrá tener un mínimo o un máximo. Podrá asimismo
fijarse un valor en función del grado de incapacidad y de baremos. La concesión
de una indemnización podrá limitarse a las víctimas que se hallen en una
situación económica grave; 7. El resarcimiento podrá consistir en un capital o
una renta; 8. En casos urgentes, el resarcimiento deberá incluir la posibilidad
de conceder una provisión, cuando se prevea que la terminación de la
indemnización puede demorarse; 9. Para evitar un doble resarcimiento, toda
cantidad percibida o susceptible de ser recibida de otras fuentes, por ejemplo
del delincuente, de la seguridad social o de un seguro privado, podrá deducirse
o podrá exigirse el reembolso de la misma; 10. El estado podrá subrogarse a la
víctima para el ejercicio de sus derechos, en la medida de lo posible, sin
obstaculizar la reinserción social del delincuente; 11. Podrá reducirse o
suprimirse el resarcimiento teniendo en cuenta la actitud de la víctima y sus
relaciones con el autor y su entorno; 12. Salvo convenio especial, el
resarcimiento corresponderá al Estado en cuyo territorio - incluidos barcos y
aviones- se hubiere cometido la infracción; (...).”
[36] Convención Europea de 24 de noviembre de
1983, sobre la compensación a las víctimas de delitos violentos. El Consejo de
Europa también ha expedido normas y recomendaciones relativas a los derechos de
las víctimas de estos delitos.
[37] Recomendación (85) 11, adoptada por el Comité de Ministros del
Consejo de Europa, el 28 de junio de 1985, sobre la posición de la víctima en
el marco del derecho penal y del proceso penal, donde se recomendó, entre otras
cosas, lo siguiente: “9. La víctima debería ser informada: de la fecha y
del lugar del juicio relativo a las infracciones que le han perjudicado; de
las posibilidades de obtener la restitución y la reparación en el seno del
proceso penal y de lograr el beneficio de asistencia o de asesoramiento
jurídico; de las condiciones en las que podrá conocer las resoluciones que se
pronuncien. 10. El Tribunal penal debería poder ordenar la reparación por parte
del delincuente a favor de la víctima. A este efecto deberían suprimirse los
actuales límites de jurisdicción y las demás restricciones e impedimentos de
orden técnico que obstaculizan que esta posibilidad sea realidad de modo
general.   11. La reparación, en la legislación, debería poder constituir
bien una pena, bien un sustitutivo de la pena o bien ser objeto de resolución
al mismo tiempo que la pena. 12. Todas las informaciones útiles sobre las
lesiones y los daños sufridos por la víctima deberían ser sometidas a la
jurisdicción para que pudiera, en el momento de fijar la naturaleza y el
quantum de la sanción, tomar en consideración: la necesidad de reparación del
perjuicio sufrido por la víctima; cualquier acto de reparación o de restitución
efectuado por el delincuente o cualquier esfuerzo sincero del mismo en este
sentido. 13. Debería darse una gran importancia a la reparación por el
delincuente del perjuicio sufrido por la víctima cuando la jurisdicción pueda,
entre otras modalidades, añadir condiciones de orden pecuniario a la resolución
que acuerda un aplazamiento o una suspensión de la pena o una puesta a prueba o
cualquier otra medida similar.” (subrayado fuera de texto).
[38] recomendación (87)
21, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 17 de
septiembre de 1987, sobre la asistencia a las víctimas y la prevención de la
victimización, se recomendó a los Estados tomar las siguientes acciones a favor
de las víctimas de hechos punibles: (...) 4. “Velar por que las víctimas y sus
familias, en especial las más vulnerables, reciban en particular: - Una ayuda
urgente para afrontar las necesidades inmediatas, incluida la protección contra
la venganza del delincuente; - Una ayuda continuada, médica, psicológica,
social y material; - Consejos para evitar una nueva victimización; -Información
sobre los derechos de la víctima; -Asistencia a lo largo del proceso penal en
el respeto de la defensa; - Asistencia a fin de obtener la reparación
efectiva del perjuicio por parte del propio delincuente y los pagos de los
aseguradores o de cualquier otro organismo, y cuando sea posible, la
indemnización del Estado” (subrayado fuera de texto).
[39] Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2000 O.J. (C 364) 1, en vigor
desde Dic. 7,
2000. Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Artículo 47.
“Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la
Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando
las condiciones establecidas en el presente artículo. Toda persona tiene
derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo
razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la
ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar.   Se
prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos
suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la
efectividad del acceso a la justicia.”
[40] Ver Pradel, Op. Cit. página 532.
[41] El Crime Victims Compensation Act the Québec y el Crimes Act de
Canadá prevén la compensación a las víctimas de crímenes violentos que no
puedan ser reparadas por el condenado y Ver. Pradel, Jean. Op. Cit. páginas 532
y ss.
[42] A fin de corregir el carácter ilimitado que tradicionalmente han
tenido este tipo de daños, varios estados han introducido criterios para su
valoración. Así por ejemplo, en Colorado, en principio, los daños
punitivos deben ser iguales a los daños
reales; en Connecticut pueden representar dos veces los compensatorios en casos
de responsabilidad por productos defectuosos; en Delaware los daños punitivos pueden ser
equivalentes a tres veces los compensatorios, con un límite máximo de U$S.
250.000; en Florida, Illinois e Indiana, en general, los daños
punitivos pueden representar hasta tres veces
los daños compensatorios; en Minnesota se requiere
una relación razonable entre ambos; en New Jersey se admiten daños punitivos hasta cinco veces
más que los daños compensatorios hasta una suma de
U$S.250.000. Ver Bittle, Lyndon F. Punitive
Damages and the Eighth Amendment: An Analytical Framework for
Determining Excessiveness. En 75 California Law Review 1433, Julio 1987,
páginas 1433 y ss; Steiker, Carol S. 26th Annual Review of Criminal Procedure:
Foreword: Punishment and Procedure: Punishment Theory and the Criminal-Civil
Procedural Divide. En 85 Georgetown Law Journal 775, Abril, 1997, Páginas 775 y
ss; Koenig, Thomas y Rustad, Michael. Crimtorts" As Corporate Just
Deserts. En  31 University of Michigan Journal of Law Reform 289, Winter, 1998,
páginas 289 y ss.
[43] Se reitera que la función punitiva de la indemnización ha sido
admitida en otros países, como los Estados Unidos, y en esa medida se busca
superar las limitaciones de la función compensatoria de la indemnización de los
daños morales.
[44] Ver entre otras las sentencias Corte Constitucional, Sentencia
C-150 de 1993, MP: Fabio Morón Díaz, al examinar la constitucionalidad de
varias disposiciones del Código de Procedimiento Penal, Decreto 2700 de 1991
que regulaban el debido proceso en el proceso penal, la Corte reiteró que no
existen derechos absolutos; C-355 de 1994, MP: Antonio Barrera Carbonell, al
examinar la constitucionalidad de las limitaciones para el ejercicio
profesional de la odontología, la Corte reiteró que no existían derechos
absolutos; C-189 de 1994, MP: Carlos Gaviria Díaz, donde la Corte al examinar
la libertad de fundar medios masivos de comunicación, reiteró que en un Estado
Social de Derecho no existen derechos absolutos, pues “el absolutismo, así se
predique de un derecho, es la negación de la juridicidad”; C-454 de 1993, MP:
Hernando Herrera Vergara, en donde la Corte señaló que el derecho a participar
en política no era un derecho absoluto, pues la Constitución no autoriza a
nadie alegar en su favor la existencia de un derecho para sacrificar el bien de
todos; C-448 de 1998, MP: Hernando Herrera Vergara, donde la Corte examina la
constitucionalidad de una disposición que según el demandante afectaba el
derecho político a elegir y a ser elegido, y de acceder al desempeño de
funciones y cargos públicos de los aspirantes a concejal del Distrito Capital y
reitera la inexistencia de derechos absolutos; C-531 de 2000, MP: Álvaro Tafur
Galvis, donde la Corte examina los derechos de personas discapacitadas y
señala: “Es de reiterar, según lo señalado por esta Corte con anterioridad, que
la legislación que favorezca a los discapacitados “no consagra derechos
absolutos o a perpetuidad que puedan ser oponibles en toda circunstancia a los
intereses generales del Estado y de la sociedad, o a los legítimos derechos de
otros” (Sentencia T-427 de 1992, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz); C-1172 de
2001, MP: Alfredo Beltrán Sierra, donde la Corte examinó la constitucionalidad
de una disposición que permitía la utilización por parte del Presidente de la
República del servicio de televisión “en cualquier momento y sin ninguna
limitación”, y luego de reiterar que la Constitución no reconocía derechos
absolutos,  declaró que la expresión “y sin ninguna limitación” era contraria a
la Carta Política, y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
[45] Ver, por ejemplo, la sentencia T-982 de 2001, MP: Manuel José
Cepeda Espinosa, donde la Corte tuteló el derecho fundamental a la libertad
religiosa y señaló que las limitaciones a los derechos y libertades que puede
imponer el legislador deben ser compatibles con el concepto de sociedad
democrática.
[46] Corte Constitucional, Sentencia C-475 de 1997, MP: Eduardo
Cifuentes Muñoz, donde la Corte declaró la constitucionalidad de tres normas
que se ocupaban de regular el momento a partir del cual una persona, cuya
conducta está siendo penalmente investigada, tenía derecho de conocer las
respectivas diligencias y asumir plenamente su defensa. La Corte declara la
exequibilidad de dicha limitación al derecho de defensa por considerar que era
una restricción razonable y proporcionada a los fines constitucionales que
persigue, y no afectaba las garantías constitucionales de la defensa del
imputado.
[47] Por ejemplo, en la sentencia C-647 de 2001, MP Alfredo Beltrán
Sierra, la Corte estimó que la potestad de configuración del legislador penal
estaba limitada por el principio de necesidad y señaló que “el derecho penal en
un Estado democrático sólo tiene justificación como la última ratio que se
ponga en actividad para garantizar la pacífica convivencia de los asociados.”
[48] Por ejemplo, en la sentencia C-287 de 1997, MP. Carlos Gaviria, la
Corte afirmó que la potestad del legislador penal estaba limitada por el
principio de no discriminación y en consecuencia declaró la
inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley 294 de 1996, que establecía una
sanción considerablemente menor para los delitos de acceso y acto carnal
violentos, si el acto era ejecutado contra el cónyuge o la persona con quien se
cohabita. Este principio también fue tenido en cuenta en las sentencias C-358
de 1997, MP Eduardo Cifuentes Muñoz, para declarar la inconstitucionalidad
parcial del artículo 259 del Código Penal Militar, que consagraba, sin ninguna
justificación aparente, una pena menor para el homicidio, cuando éste era
cometido por militares, y C-445 de 1998, MP Antonio Barrera Carbonell, en la
que la Corte declaró la inexequibilidad parcial del artículo 189 del Código
Penal Militar, por cuanto establecía penas menores para el delito de peculado
cometido por militares que para ese mismo comportamiento cometido por otros
servidores públicos.
[49] Por ejemplo, en la sentencia C-173 de 2001, MP Álvaro Tafur Galvis, la Corte declaró la inexequibilidad de la
expresión “en el término de un (1) año”, contenida en la definición del tipo
penal de usura pro considerar que “la restricción temporal
deja sin punición  conductas idénticas  a las  consideradas punibles, pero que
no lo son, únicamente por  no cumplir este elemento temporal señalado en la
ley,  sin que se encuentre justificación razonable”, y así “termina
sacrificándose en consecuencia el bien jurídico que la norma  está llamado a
proteger, lo que  sin lugar a dudas hace que este elemento de temporalidad  sea
inconstitucional.” En la sentencia C-177 de 2001, MP Fabio Morón Díaz, la Corte declaró la inexequibilidad de la
frase “que actúe dentro del marco de la Ley,” contenida en el tipo penal de
genocidio, que establecía que incurría en esa conducta quien “con el propósito
de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, religioso
o político que actúe dentro del margen de la Ley, por razón de su pertenencia
al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros”. Con criterios semejantes, en
la sentencia C-177 de 2001, MP Fabio Morón Díaz, la Corte declaró la
inexequibilidad de la frase “que actúe dentro del marco de la Ley,” contenida
en el tipo penal de genocidio, que establecía que incurría en esa conducta
quien “con el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional,
étnico, racial, religioso o político que actúe dentro del margen de la Ley, por
razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros”. La
Corte concluyó que la distinción introducida por esa expresión era irrazonable
“toda vez que desconoce en forma flagrante las garantías de respeto irrestricto
de los derechos a la vida y a la integridad personal que deben reconocerse por
igual a todas las personas, ya que respecto de todos los seres humanos,  tienen
el mismo valor donde la Corte concluyó que la distinción introducida por el
legislador era irrazonable “toda vez que desconoce en forma flagrante las
garantías de respeto irrestricto de los derechos a la vida y a la integridad
personal que deben reconocerse por igual a todas las personas, ya que respecto
de todos los seres humanos,  tienen el mismo valor.”
[50] Por ejemplo, en la Sentencia C-070 de 1996, MP Eduardo Cifuentes
Muñoz, la Corte reafirmó que el principio de proporcionalidad limita la
libertad de configuración del Legislador en materia punitiva y concluyó que el
Legislador no tiene “la facultad de fijar cualquier pena con independencia
de la gravedad del hecho punible y su incidencia sobre los bienes jurídicos
tutelados” pues “sólo el uso proporcionado del poder punitivo del Estado, esto
es acorde con el marco de derechos y libertades constitucionales, garantiza la
vigencia de un orden social justo, fundado en la dignidad y la solidaridad
humanas.”. En la sentencia
C-1404/2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alvaro Tafur Galvis, la Corte reiteró
que el Legislador goza de discrecionalidad para establecer penas diversas a
distintos hechos punibles, pero siempre y cuando “se fundamenten en
criterios de razonabilidad y proporcionalidad que atiendan una valoración
objetiva de elementos tales como, la mayor o menor gravedad de la conducta
ilícita, la mayor o menor repercusión que la afectación del bien jurídico
lesionado tenga en el interés general y en el orden social, así como el grado
de culpabilidad, entre otros.”  En la sentencia C-364 de 1996, MP Carlos
Gaviria Díaz, la Corte consideró que la definición legislativa era
desproporcionada e irrazonable, por cuanto el legislador sancionaba como
contravención y como delito una misma conducta, estableciendo un tratamiento
distinto y más gravoso para el caso de la contravención a partir de la cuantía
afectada por la conducta. Según la mencionada sentencia, si el legislador “consideraba
que la conducta de hurto calificado, cuando el valor de lo apropiado es
inferior a diez salarios mínimos legales mensuales, es un hecho de menor
transcendencia sociojurídica, y lo calificó como contravención, debió ser
consecuente con su valoración y, por tanto, debió otorgarle un trato punitivo
menos gravoso que el fijado para el delito”. Ver también la sentencia C-746
de 1998. MP Antonio Barrera Carbonell, declaró la inexequibilidad parcial de
los incisos primero y tercero del artículo 28 de la ley 228 de 1995, pues
consideró que esos apartes eran desproporcionados, al consagrar un trato más
severo a las personas que cometieran la contravención especial de hurto simple agravado,
en relación con las personas que son vinculadas a un proceso penal por el
delito de hurto simple agravado, pues “mientras a las primeras no se les
permite la extinción de la acción penal por la reparación integral del daño
causado a la víctima, sino simplemente la disminución de la pena, a las
segundas si se les admite que puedan acudir al referido mecanismo procesal”.
[51] Ver entre otras las siguientes sentencias de la Corte
Constitucional: C-504 de 1993, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria
Díaz; C-609 de 1996, MP: Fabio Morón Díaz; y la Aclaración de Voto de los
Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett a la
Sentencia C-226 de 2002.
[52] En igual sentido, el artículo 116 de la Ley 446 de 1998 dispone que
“dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia,
la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los
principios de reparación integral y equidad, y observarán los criterios
técnicos actuariales”.
[53] Ley 599 de 2000, Artículo 94. Reparación del daño. La
conducta punible origina obligación de reparar los daños materiales y morales
causados con ocasión de aquella.
[54] Ley 599 de 2000, Artículo 95. Titulares
de la acción civil. Las personas naturales, o sus sucesores, las jurídicas
perjudicadas directamente por la conducta punible tienen derecho a la acción
indemnizatoria correspondiente, la cual se ejercerá en la forma señalada por el
Código de Procedimiento Penal. El actor popular tendrá la titularidad de la
acción civil cuando se trate de lesión directa de bienes jurídicos colectivos.
Ley 600 de 2000, Artículo 45. Titulares. La acción civil individual o
popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales y
colectivos causados por la conducta punible, podrá ejercerse ante la
jurisdicción civil o dentro del proceso penal, a elección de las personas
naturales o jurídicas perjudicadas, por los herederos o sucesores de aquellas,
por el Ministerio Público o por el actor popular cuando se trate de lesión
directa a bienes jurídicos colectivos. En este último evento, sólo podrá actuar
un ciudadano y será reconocido quien primero se constituya. El actor popular
gozará del beneficio de amparo de pobreza de que trata el Código de
Procedimiento Civil. (...)”
[55] Ley 600 de 2000, Artículo 56. Sentencia condenatoria y
pronunciamiento sobre los perjuicios. En todo proceso penal en que se haya
demostrado la existencia de perjuicios provenientes del hecho investigado, el
juez procederá a liquidarlos de acuerdo a lo acreditado en la actuación y en la
sentencia condenará al responsable de los daños causados con la conducta
punible. Además, se pronunciará sobre las expensas, las costas judiciales y las
agencias en derecho si a ello hubiere lugar. Cuando se haya intentado la acción
popular y ésta prospere, el juez en la sentencia condenatoria deberá señalar el
monto de los perjuicios colectivos ocasionados por la conducta punible. Cuando
en la sentencia se condene al pago de indemnización colectiva se ordenará la
constitución de un fondo conformado por el importe de la misma, administrado
por el Defensor del Pueblo y destinado al restablecimiento de los daños
causados con la infracción. (...) Cuando obre prueba de que el ofendido ha
promovido independientemente la acción civil, el funcionario se abstendrá
condenar al pago de perjuicios. En caso de hacerlo, será ineficaz la condena
impuesta.
[56] Ley 600 de 2000, Artículo 42. Indemnización integral. En los
delitos que admiten desistimiento, en los de homicidio culposo y lesiones
personales culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de
agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal, en
los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos
contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el
patrimonio económico cuando la cuantía no exceda de doscientos (200) salarios
mínimos mensuales legales vigentes, la acción penal se extinguirá para todos
los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado.
Se exceptúan los delitos de hurto calificado, extorsión, violación a los
derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y
violación a sus mecanismos de protección. (...) La reparación integral se
efectuará con base en el avalúo que de los perjuicios haga un perito, a menos
que exista acuerdo sobre el mismo o el perjudicado manifieste expresamente
haber sido indemnizado.
[57] Ley 600 de 2000, Artículo 67. Comiso.
(…)Los bienes incautados, destinados directa o indirectamente para la
producción, reproducción, distribución, transporte o comercialización de los
ejemplares o productos ilícitos, podrán ser embargados y secuestrados o
decomisados de oficio y, previo avalúo, los que no deban ser destruidos se
adjudicarán en la sentencia condenatoria a los perjudicados con la conducta
punible a título de indemnización de perjuicios o se dispondrá su remate para
tal fin.
[58] Ley 600 de 2000, Artículo 50. Admisión de la demanda y
facultades de la parte civil. Admitida la demanda de parte civil, ésta
quedará facultada para solicitar la práctica de pruebas orientadas a demostrar
la existencia de la conducta investigada, la identidad de los autores o
partícipes, su responsabilidad, y la naturaleza y cuantía de los perjuicios
ocasionados. Podrá igualmente denunciar bienes del procesado y solicitar su
embargo y secuestro, e interponer recursos contra las providencias que
resuelvan sobre las materias de que trata este artículo. Artículo 62. Prohibición
de enajenar. El sindicado dentro del proceso penal no podrá enajenar bienes
sujetos a registro durante el año siguiente a su vinculación, a menos que
esté garantizada la indemnización de perjuicios o se hubiere producido
pronunciamiento de fondo sobre su inocencia. Esta obligación deberá ser
impuesta expresamente en la diligencia de indagatoria. Cualquier negociación
que se haga sobre los bienes sin autorización del funcionario judicial, será
nula y así se lo deberá decretar en la sentencia. No obstante, en el curso del
proceso, se podrá cancelar provisionalmente el registro del negocio jurídico.
(...)  Artículo 63. Autorizaciones especiales. El funcionario
judicial podrá autorizar que se realicen operaciones mercantiles sobre los bienes
descritos en el artículo anterior, cuando aquellas sean necesarias para el pago
de los perjuicios. Igual autorización procederá para los bienes entregados
en forma provisional. El negocio jurídico deberá ser autorizado por el
funcionario, y el importe deberá consignarse directamente a órdenes del
despacho judicial.    Cuando la venta sea necesaria en desarrollo del giro
ordinario de los negocios del sindicado o esté acreditada la existencia de
bienes suficientes para atender una eventual indemnización, se podrá autorizar
aquella. (subrayado fuera de texto).
[59] Ley 599 de 2000, Artículo 96. Obligados
a indemnizar. Los daños causados con la infracción deben ser reparados por
los penalmente responsables, en forma solidaria, y por los que, conforme a la
ley sustancial, están obligados a responder. Ley 600 de 2000, Artículo 46. Quiénes
deben indemnizar. Están solidariamente obligados a reparar el daño y a
resarcir los perjuicios causados por la conducta punible las personas que
resulten responsables penalmente y quienes, de acuerdo con la ley sustancial,
deban reparar el daño.
[60] Ley 600 de 2000, Artículo 56. Sentencia condenatoria y
pronunciamiento sobre los perjuicios. (...) En los casos de perjuicios
no valorables pecuniariamente, la indemnización se fijará en la forma prevista
en el Código Penal. (subrayado fuera de texto).
[61] Ley 600 de 2000, Artículo 48. Requisitos.
(…) La manifestación, bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado
con la presentación de la demanda, de no haber promovido proceso ante la
jurisdicción civil, encaminado a obtener la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados con la conducta punible.  (…) Artículo 52. Rechazo de
la demanda. La demanda será rechazada cuando esté acreditado que se ha
promovido independientemente la acción civil por el mismo demandante, que se ha
hecho efectivo el pago de los perjuicios, que se ha producido la reparación del
daño o que quien la promueve no es el perjudicado directo.   También procede el
rechazo cuando la demanda se dirija contra el tercero civilmente responsable y
la acción civil se encuentre prescrita. En cualquier momento del proceso, en
que se acredite cualquiera de las situaciones descritas, mediante providencia
interlocutoria se dará por terminada la actuación civil dentro del proceso
penal.
[62] Ley 600 de 2000, Artículo 483. Procedencia.
Para conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se dará
cumplimiento a lo dispuesto en el Código Penal y se fijará el término dentro
del cual el beneficiado debe reparar los daños ocasionados con la conducta
punible. Cuando existan bienes secuestrados, decomisados o embargados, que
garanticen íntegramente la indemnización, no se fijará término para la
reparación de los daños. Artículo 484. Ejecución de la pena por no
reparación de los daños. Si el beneficiado con la suspensión condicional de
la ejecución de la pena, sin justa causa, no reparare los daños dentro del
término que le ha fijado el juez, se ordenará inmediatamente el cumplimiento de
la pena respectiva y se procederá como si la sentencia no se hubiere
suspendido. Artículo 489. Exigibilidad del pago de perjuicios. La
obligación de pagar los perjuicios provenientes de la conducta punible para
gozar de la suspensión condicional de la ejecución de la pena será exigida a
menos que se demuestre que el condenado se encuentra en imposibilidad económica
de hacerlo.
[63] Ley 600 de 2000, Artículo 56. Sentencia condenatoria y
pronunciamiento sobre los perjuicios. En todo proceso penal en que se haya
demostrado la existencia de perjuicios provenientes del hecho investigado, el
juez procederá a liquidarlos de acuerdo a lo acreditado en la actuación y en la
sentencia condenará al responsable de los daños causados con la conducta
punible. Además, se pronunciará sobre las expensas, las costas judiciales y las
agencias en derecho si a ello hubiere lugar. Cuando se haya intentado la acción
popular y ésta prospere, el juez en la sentencia condenatoria deberá señalar el
monto de los perjuicios colectivos ocasionados por la conducta punible. Cuando
en la sentencia se condene al pago de indemnización colectiva se ordenará la
constitución de un fondo conformado por el importe de la misma, administrado
por el Defensor del Pueblo y destinado al restablecimiento de los daños
causados con la infracción. En los casos de perjuicios no valorables
pecuniariamente, la indemnización se fijará en la forma prevista en el Código Penal.
Cuando obre prueba de que el ofendido ha promovido independientemente la acción
civil, el funcionario se abstendrá condenar al pago de perjuicios. En caso de
hacerlo, será ineficaz la condena impuesta.
[64] Sobre la proporcionalidad como elemento del juicio de igualdad
únicamente cuando el test es estricto, ver la sentencia C-673 de 2001 M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa; aclaración de voto de Jaime Araujo Rentería.
[65] Ver entre otras la sentencia C-758 de 2002, MP: Álvaro Tafur
Galvis. Allí la Corte justifica que en materia de sanciones el límite entre lo
constitucionalmente inadmisible y lo permitido se traza con el criterio de la
desproporción manifiesta.
[66] Caso Patman (Italia vs Grecia), en el que el tribunal
de arbitramento reconoció a favor de Italia una indemnización de $2.3 millones
de libras esterlinas, por los daños causados a la fauna y flora marina y para
cubrir los costos de conservación de los recursos marinos afectados en las
costas de Calabria por el derrame de petróleo del barco griego Patman.  Caso
Exxon Valdez. La Corte del Distrito Federal de Alaska condenó a la Compañía
Exxon Mobil a pagar los daños derivados del derrame de petróleo causado por el
hundimiento de la embarcación Exxon Valdez en marzo de 1989, en Alaska, al
considerar que tanto el capitán de la embarcación como la compañía habían
actuado negligentemente. Los daños fueron estimados de la siguiente manera: $
125 millones de dólares por concepto de multas impuestas como sanción penal; $
900 millones de dólares por los daños causados a los recursos naturales; $2.1.
billones de dólares para limpiar los residuos de petróleo; $ 287 millones de
dólares para compensar los daños a los pescadores; $ 304 millones por daños
causados a empresas que explotaban recursos en la zona del derrame, $ 46
millones por los daños a la embarcación con la que colisionó el Exxon Valdez y
$ 5 billones de dólares por daños punitivos. (citado en Sands, Philippe. Op. Cit) (Citados en
Sands, Philippe, Principles of International Environmental Law: Frameworks,
standards and implementation. Vol I,  Manchester University Press, 1995,
Capítulo 17, página 638).
[67] Caso Gabcíkovo-Nagymaros, Corte
Internacional de Justicia, 1994, (Hungría vs Slovakia), donde la Corte condenó
tanto a Hungría como a Slovakia indemnizar los daños causados al río Danubio y
su rivera a lo largo de 5 Estados europeos, por la construcción de dos
exclusas. Debido a  la complejidad de la valoración de los perjuicios, la
condena de la Corte Internacional de Justicia se hizo en abstracto y se delegó
su determinación a un tribunal de arbitramento. Caso
Rainbow Warrior (Nueva Zelandia vs. Francia) 1990, en el que el tribunal de
arbitramento ordenó a Francia pagar una indemnización por el hundimiento de una
embarcación perteneciente a Greenpeace, organización ambientalista que estaba
participando en una protesta y que fue representada en el proceso por Nueva
Zelandia. El tribunal consideró que los daños al medio ambiente también pueden
ser de orden moral y, por lo tanto, a título de “disculpa” condenó a Francia a
pagar una indemnización de $7 millones de dólares. (82
International Law Reports,1990).
[68] Caso de la Fundición Trial (1941), donde el tribunal de
arbitramento condenó al gobierno de Canadá a pagar los daños causados a las
tierras en los Estados Unidos por la contaminación atmosférica originada por
residuos de dióxido de sulfuro producidos en la Fundición Trial, ubicada en
territorio canadiense. Para el cálculo de la indemnización de $350.000 dólares
americanos otorgada a los Estados Unidos, el tribunal tuvo en cuenta, entre
otros factores, el valor de la tierra arada afectada, un valor simbólico por la
tierra no arada ni explotada, los daños a los recursos vivos, pero no reconoció
los daños causados al río Columbia, por considerar que no existía conexidad ni
evidencia del daño causado. (Estados Unidos vs Canadá 3 Reports of
International Arbitral Awards, 11 de marzo de 1941, citado en Sands, Philippe. Principles of International Law, Op. Cit,
páginas 634 y 635).
[69] Sobre el debate de los elementos que deben ser tenidos en cuenta
para la valoración del daño ambiental, Ver Wetterstein,
Peter (ed.). Harm to the Environment: The Right to
Compensation and the Assessment of Damages. Oxford:
Clarendon Press, 1997;  Rajaram Krishnan, Jonathan M. Harris y Neva R. Goodwin
Eds. A survey of Ecological Economics. Island Press, 1995; Gretcheen C. Daily
Editor. Natures Services. Societal dependence on Natural Ecosystems. Island
Press, 1997. Bosselman, Klause, “When Two Worlds
Collide; Society and Ecology”, RSVP Publishing Company, New Zealand, Pg.
75-94; Bennagen, Ma. Eugenia C. Estimation of Environmental
Damages from Mining Pollution: The Marinduque Island Mining Accident . 1997,
International Development Research Centre, Ottawa, Canada. www.idrc.org.sg
[70] Sobre la posibilidad de acumular la
indemnización de perjuicios que pueden reconocerse en el proceso penal y las
que proceden en la jurisdicción contencioso administrativa, ha habido gran
debate. Una primera posición afirma que es posible acumularlas debido a que
obedecen a causas distintas (Ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, julio 26 de 1997, CP: Ricardo Hoyos Duque,
Expediente No. 9751 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, CP: Ricardo Hoyos Duque, junio 22 de 2000, Radicación No.
12.314). La segunda posición señala que la condena en perjuicios en el proceso
penal hace improcedente la reclamación de perjuicios ante la jurisdicción
contencioso administrativa (Consejo de Estado. - Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Tercera. - abril 12 de 1984. Expediente 2586. CP:
Eduardo Roncón Rincón; Sala de lo Contencioso Administrativo.  - Sección
Tercera. 24 de septiembre de 1993, CP: Daniel Suárez Hernández. Expediente N°
8201; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, noviembre 19 de 1998, CP: Daniel Suárez Hernández, Expediente No.
12.124 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, octubre 25 de 2001, Expediente No. 12953, Actor: Gustavo Rincón Vega y
otros, Demandado: empresa de energía Eléctrica de bogotá,
entre otras).
[71] Ver, entre otras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Penal, del 27 de agosto de 1997, MP: Juan Manuel Torres Fresneda,
Expediente No. 10189.
[72] Ley 599 de 2000, Artículo 57.
[73] Ley 600 de 2000, Artículo 489.
[74] Código Civil, Artículos 1613, 1614, 2341 a 2360.
[75] Código Contencioso Administrativo, Artículos 77, 78, 86, 172 y 178.
[76] Ley 600 de 2000, Artículos 140 y 141.
[77] Ver entre otras las sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera del 13 de abril de 2000, CP:
Ricardo Hoyos Duque, Radicación No. 11892; 19 de julio de 2001, CP: Alier
Eduardo Hernández Enríquez, Radicación No. 13086; 10 de mayo de 2001, CP:
Ricardo Hoyos Duque, Radicación No.13.475 y del 6 de abril de 2000, CP: Alier
Eduardo Hernández Enríquez, Radicación No. 11.874. Ver también, por ejemplo, la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal del 29 de mayo
de 1997, MP: Juan Manuel Torres Fresneda, Radicación 9536.
[78] Consejo de Estado, Sección Tercera, 6 de agosto de 1982, CP: Carlos
Betancur Jaramillo, Expediente 3139, donde se reconoció como perjuicio moral el
“malestar psíquico” sufrido a raíz del accidente. Consejo de Estado, Sección
Tercera, 4 de abril de 1997, CP: Jesús María Carrillo Ballesteros, Expediente
12007, que reconoció como perjuicio moral por el hecho de que la víctima “estuvo
sometida al miedo, la desolación, a la zozobra, a la tristeza, mientras se
produjo su liberación.”
[79] Consejo de Estado, Sección Tercera, 31 de julio de 1989, CP:
Antonio José de Irisarri Restrepo, Expediente 2852. Consejo de Estado, Sección
Tercera, 6 de mayo de 1993, CP: Julio César Uribe Acosta, Expediente 7428.
[80] Consejo de Estado, Sección Tercera, 30 de marzo de 1990, CP:
Antonio José de Irisarri Restrepo, Expediente 3510.
[81] Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencias de  25 de septiembre
de 1997, Sección Tercera, Expediente 10.421, CP: Ricardo Hoyos Duque, que fijó
una indemnización por perjuicios morales de 2.000 gramos oro. Sentencia del 19
de julio de 2000, Expediente 11.842, CP: Alier Eduardo Hernández Enríquez, que
fijó una indemnización por perjuicios morales de 4.000 gramos oro.
[82] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de
agosto 26 de 1982.
[83] Ver entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional,
C-113/93, MP: Jorge Arango Mejía (sobre efectos de la parte resolutiva de las
sentencias). C-109/95, MP: Alejandro Martínez Caballero (modulación de los
efectos de las sentencias de control abstracto); Auto 071 de 2001, MP: Manuel
José Cepeda Espinosa (sobre efectos inter pares).
[84] Sobre este tipo de sentencias ver F. Javier Díaz Revorio. Las
sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional: significado, tipología,
efectos y legitimidad. Editorial Lex Nova, Valladolid, 2001, pág. 136 y ss. y
Thierry  DI MANNO. Le Juge Constitutionnel et la Technique
des Décisions “Interprétatives” en France et en Italie. Editorial Económica, París, 1997, pág. 131.  Sobre la tendencia
marcada en Europa a la consolidación de la técnica de las sentencias
interpretativas para respetar la voluntad del Congreso o Parlamento ver Eliseo
Aja. Las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Legislador en la
Europa actual. Editorial Ariel S.A. Barcelona. 1998.