T-131-15
Sentencia
T-131/15
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Presupuestos
AGENCIA
OFICIOSA EN TUTELA-Se
pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa
DERECHO
A LA SALUD-Doble
connotación al ser un derecho fundamental y al mismo tiempo un servicio público
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SALUD-Naturaleza y alcance
DERECHO
A LA SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL-Protección constitucional
Todas
las personas pueden acudir a la acción de tutela para lograr la protección de
su derecho fundamental a la salud, pues no solamente se trata de un derecho
autónomo sino que también se constituye en uno que se encuentra en íntima
relación con el goce de distintos derechos, en especial la vida y la dignidad
humana, derechos que deben ser garantizados por el Estado colombiano de acuerdo
a los mandatos internacionales, Constitucionales y jurisprudenciales que al respecto se han establecido.
PRINCIPIO
DE INTEGRALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD-La prestación del
servicio de salud debe ser oportuna, eficiente y de calidad
SUMINISTRO
DE MEDICAMENTOS, TRATAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS DEL POS-Requisitos
MEDICAMENTOS
EXCLUIDOS DEL POS Y QUE NO TIENEN REGISTRO SANITARIO DEL INVIMA-Jurisprudencia
constitucional
Se
ha señalado que los servicios médicos que aún no cuentan con el registro del
INVIMA deben ser suministrados por las E.P.S.’s cuando quiera que sean
requeridos con necesidad por el paciente y se verifique el cumplimiento de los
siguientes requisitos: (i) que se evidencie el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la jurisprudencia para otorgar la autorización de servicios
médicos no incluidos en el P.O.S.; (ii) que la negativa del suministro o
tratamiento ordenado ponga en riesgo grave la vida del paciente; (iii) que el
médico tratante indique que el servicio ordenado, que no cuenta con el aval del
INVIMA, es el único que tiene la virtualidad de producir efectos favorables en
el paciente; (iv) que no se trate de un medicamento o tratamiento en etapa
experimental. Lo anterior, consultando la mejor evidencia científica
disponible, de forma que sea posible evitar que el hecho de que aún no se ha
surtido el proceso de aprobación y autorización de un determinado medicamento o
servicio médico en el país, pueda constituirse en una barrera infranqueable de
carácter administrativo que le impida al paciente obtener la posibilidad de
superar las patologías que lo afectan.
DERECHO
A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA-Suministro de medicamentos y elementos
esenciales para sobrellevar un padecimiento o enfermedad que afecte la calidad
y la dignidad de la vida
Esta
Corporación ha indicado que en aras de garantizar la efectiva protección de los
derechos de las personas a la salud, integridad personal, vida y dignidad
humana, resulta necesario que cuando estos sean requeridos con necesidad, se
autorice el suministro de elementos, que aunque no ostenten el carácter de
medicamentos, sean necesarios o esenciales para permitir la existencia en
condiciones dignas de  un individuo. Ha sido reconocido en forma
insistente por parte de esta Corporación, que el suministro de pañales, sillas
de ruedas, cremas o colchones anti-escaras, si bien no pueden ser
concebidos stricto sensu como servicios médicos o que tienen una
relación directa con la recuperación del estado de salud de los pacientes, se constituyen
en elementos indispensables para preservar el goce de una vida en condiciones
dignas y justas de quien los requiere con urgencia y, en este sentido, permiten
el efectivo ejercicio de los demás derechos fundamentales.
DERECHO
DE ACCESO AL SERVICIO DE SALUD QUE SE REQUIERE CON NECESIDAD-Reiteración de jurisprudencia
En
materia del reconocimiento de suministros de aseo como los pañales desechables
se destaca que esta Corporación ha ordenado en reiteradas ocasiones su
autorización a varios pacientes que carecían de la correspondiente prescripción
médica que determinara científicamente su necesidad y, para ello, ha estimado
necesario que se valore por parte del juez constitucional la necesidad del
paciente de obtener su suministro a través de un examen que determine si éste
en efecto: (i) padece de una patología que afecta o deteriora el funcionamiento
de sus esfínteres, (ii) depende de un tercero para realizar sus actividades
básicas, y (iii) no cuenta con la capacidad económica para asumir, por sí
mismo, o con la colaboración de su núcleo familiar, el pago del costo que estos
representan.
TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE SALUD Y SU NEXO CON
EL PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD
OBLIGACIONES
EXIGIBLES A LAS EPS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS POS-S
Y NO POS-S Y ENTES TERRITORIALES RESPONSABLES-Alcance
Se
ha reconocido por parte del ordenamiento jurídico que las E.P.S-S., en los
casos en que se evidencie que el suministro o procedimiento excluido del P.O.S.
es requerido con urgencia, o por parte de un sujeto de especial protección a
quien se estima desproporcionado obligarle a ejercer el dispendioso trámite
administrativo ordinario, deben asumir la garantía de la prestación del
servicio que se necesita, sin perjuicio de que puedan solicitar el rembolso de
los gastos en que incurran ante la autoridad de salud departamental
correspondiente. La jurisprudencia también ha indicado que aun cuando la
obligación de las E.P.S-S. es excepcional y solo aplica ante la materialización
de circunstancias especiales, es posible que el juez constitucional, en aras de
garantizar la efectiva prestación de los servicios médicos requeridos con
necesidad, ordene que, a través de la E.P.S-S., se presten directamente los
servicios excluidos del P.O.S. y que han sido previamente ordenados al
paciente, los cuales podrán ser recobrados ante la Secretaría Departamental de
Salud correspondiente. De forma que dicho servicio sea otorgado con la mayor
diligencia y celeridad posible y, así, se asegure la efectiva garantía de los
derechos fundamentales de las personas.
CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS-Naturaleza jurídica
El
ordenamiento jurídico vigente ha establecido dentro del S.G.S.S.S. la figura de
los copagos, cuotas moderadoras y de recuperación como desembolsos que deben
realizar los usuarios del sistema con el fin de contribuir con su financiación
y controlar los posibles abusos en que pueda llegarse a incurrir, así como
racionalizar el uso de los servicios del sistema. También se ha indicado por esta Corte que los copagos, las
cuotas moderadoras y cuotas de recuperación, no pueden constituirse en un
obstáculo o en una barrera infranqueable que impidan la efectiva prestación de
los servicios de salud que un determinado paciente requiere, pues si en virtud
de las precarias condiciones económicas en que se encuentra le es imposible
sufragar el valor que estas representan, resulta inadmisible que por ese solo
hecho se dejen de prestar las atenciones requeridas.
EXONERACION DE CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS-Reglas jurisprudenciales
PAGOS MODERADORES, COPAGOS, CUOTAS MODERADORAS Y CUOTAS DE
RECUPERACION-Exoneración
Los
afiliados al régimen subsidiado, esto es, las personas que por pertenecer a los
grupos poblacionales más vulnerables y no contar con la capacidad económica
para sufragar el valor de la afiliación, son subsidiados parcial o totalmente
por el Estado, tienen la carga de contribuir a la financiación del sistema a
través de los copagos y las
cuotas de recuperación, pero para ellos se ha contemplado la posibilidad de que
ante la materialización de unos determinados supuestos, se les exima de esta
responsabilidad.        El Acuerdo 365 de 2007 excluyó de esta contraprestación
(copagos) a las personas que además de estar en el régimen subsidiado de salud,
hacen parte de los siguientes grupos poblacionales: i) que pertenezcan al SISBEN I; ii)  infantil
abandonada; iii) indigente; iv) en condiciones de desplazamiento forzado; v) indígena; vi) desmovilizada;
vii) de la tercera edad en protección de ancianatos en instituciones de
asistencia social; viii) rural migratoria; y ix) ROM.
ACCION
DE TUTELA PARA EL SUMINISTRO DE PRESTACIONES EXCLUIDAS DEL POS-Orden a EPS-S
suministrar Silla de ruedas, pañales desechables y demás utensilios de aseo
ordenados por el médico tratante y suministrar transporte con acompañante
DERECHO
A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Orden a EPS autorice entrega de medicamentos, pañales desechables
y garantice servicio de enfermería 24 horas
Referencia: Expedientes T-4.575.591,
T-4.576.906, T-4.577.367, T-4.578.486, T-4.579.686, T-4.579.727, T-4.579.808,
T-4.582.829, T-4.583.134, T-4.585.625, T-4.587.077, T-4.587.203, T-4.588.076,
T-4.592.778, T-4.596.074, T-4.599.016 (Acumulados)
Acciones de tutela
instauradas por: 1) Ángel María Bustos Gutiérrez contra Cafam E.P.S-S y la
Secretaría de Salud de Cundinamarca; 2) Mariela Alonso de Sánchez contra Salud
Total E.P.S.; 3) Nathaly
Andrea Palma Fajardo contra Salud Total E.P.S; 4) Oveida Vélez
Buitrago en representación de Diego Alejandro Gutiérrez Vélez, Jonathan Stiven
Gutiérrez Vélez y Angie Marcela Gutiérrez Vélez contra la Dirección de Sanidad
de la Policía Nacional y otros; 5) Yuli Alejandra Díaz Chinome contra de Salud
Total E.P.S.; 6) Irma Chica González contra Saludcoop E.P.S; 7) Sandra Patricia
Páez Villalba contra Salud Total E.P.S.; 8) Mayerly Johana Ramírez Sánchez contra
Comparta E.P.S-S.; 9) Humberto Reyes Méndez contra Compensar E.P.S.; 10) Ana
Milena Jaramillo Gómez contra Cafesalud E.P.S.; 11) Alfredo Alfonso Pardo
Ureche contra el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles de Antioquia; 12) Gloria
Mary Gómez contra  Confenalco Valle E.P.S.; 13) Cristian Fabián Aguirre Camayo contra
Confamiliar del Huila E.P.S.; 14) Luis Alfonso Contreras Vargas contra la Nueva
E.P.S.; 15) Gloria Elena Castañeda Arévalo contra Salud Total E.P.S.; y 16)
Cristobal José Laguna Ortega contra Coosalud E.P.S.
Magistrada
(e) Ponente:
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá,
D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil quince (2015).
La
Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle Correa y Martha
Victoria Sáchica Méndez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9º de la Constitución Política, así como en los artículos 33 y
siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de los fallos proferidos dentro de los expedientes: T-4.575.591,
en única instancia, por el
Juzgado Penal del Circuito de la Mesa, Cundinamarca, en la acción de
tutela interpuesta por el
ciudadano Ángel María Bustos Gutiérrez en contra de Cafam E.P.S-S.; T-4.576.906, en única
instancia, por el
Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquirá, Cundinamarca, en la acción de
tutela interpuesta por la
ciudadana Sonia Sánchez Alonso en calidad de agente oficiosa de su madre Mariela Alonso de
Sánchez
en contra de Salud Total E.P.S.; T-4.577.367, en primera
instancia, por el
Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Valledupar y en segunda instancia, por el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Valledupar,
en la acción de tutela interpuesta por la ciudadana Yoheynis Paola Fajardo Vargas en representación
de los intereses de su menor hija Nathaly Andrea Palma en contra de
Salud Total E.P.S.; T-4.578.486, en primera
instancia, por la
Sala Cuarta Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y en segunda
instancia, por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la acción de
tutela interpuesta por la
ciudadana Oveida Vélez Buitrago en representación de sus intereses propios y
los de su núcleo familiar en contra de Policía Nacional, Seccional de Sanidad de
Risaralda; T-4.579.686, en primera instancia, por el Juzgado Quince
Civil Municipal de Bogotá y en segunda instancia, por el Juzgado Tercero Civil
del Circuito de Bogotá,
en la acción de tutela interpuesta por la ciudadana Bibiana Esperanza Chinome
Nocua en representación legal de los intereses de su menor hija, Yuli Alejandra
Día Chinome,
en contra de Salud
Total E.P.S.
y otros; T-4.579.727, en única instancia, por el Juzgado Doce
Civil Municipal de Menor Cuantía de Bogotá, en la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Raúl
Chica González en calidad de agente oficioso de su madre Irma Chica González en contra de
Saludcoop E.P.S. y otros; T-4.579.808, en única instancia, por el Juzgado
Cincuenta y Dos Civil Municipal de Bogotá, en la acción de tutela interpuesta por el ciudadano
Javier Escobar Chilito en calidad de agente oficioso de su compañera permanente
Sandra Patricia Páez Villalba en contra de Salud Total E.P.S. y otros; T-4.582.829,
en primera y única instancia por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de
Oralidad de Tunja,
en la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Raúl Chica González en
calidad de agente oficioso de su madre Irma Chica González en contra de
Saludcoop E.P.S. y otros; T-4.583.134, en primera instancia por el Juzgado
Cuarenta y Siete Municipal de Bogotá y en segunda instancia , en la acción de
tutela interpuesta por la
ciudadana Alba Mireya Sánchez quien actúa en representación de los intereses de
su menor hija, Mayerly Yohana Ramírez Sánchez, en contra de Comparta E.P.S-S. y
otros; T-4.585.625, en primera y única instancia por el Juzgado Séptimo
Civil Municipal en Oralidad de Manizales, en la acción de tutela interpuesta por la ciudadana Ana
Milena Jaramillo Gómez en
contra de Cafesalud E.P.S. y otros; T-4.587.077, en única
instancia, por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cereté, Córdoba, en la acción de
tutela interpuesta por el
ciudadano Jhon Alex Pardo Galarga en calidad de agente oficioso de sus padres
Alfredo Alfonso Pardo Ureche e Inés Concepción Galaraga contra del Fondo
de Pasivo Social de Ferrorcarriles de Colombia E.P.S.; T-4.587.203,
en primera instancia, por el Juzgado Noveno Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Cali – Valle del Cauca, y en segunda instancia, por el Juzgado
Quince Penal del Circuito de Santiago de Cali – Valle del Cauca, en la acción de
tutela interpuesta por el
ciudadano Lisandro Montenegro en calidad de agente oficioso de su madre Gloria
Mary Gómez
en contra de Confenalco E.P.S. y otros; T-4.588.076, en primera
instancia, por el
Juzgado Primero Civil Municipal de Mínima Cuantía de Neiva y en segunda
instancia por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, en la acción de
tutela interpuesta por la
ciudadana Yorlady Camayo Quintero en representación de los intereses de su hijo
Cristian Fabián Aguirre Camayo en contra de Comfamiliar Huila E.P.S-s. y otros; T-4.592.778,
en única instancia, por el
Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogotá, en la acción de
tutela interpuesta por el
ciudadano Luis Alfonso Contreras Vargas contra la Nueva E.P.S. y otros; T-4.599.016,
en única instancia, por Juzgado
Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena de
Indias, en
la acción de tutela interpuesta por la ciudadana Beatriz Eugenia Ortega Molina
en su calidad de agente oficiosa de su hijo, Cristóbal José Laguna Ortega, contra Coosalud
E.P.S-s. y otros; T-4.596.074, en única instancia, por el Juzgado Setenta
y Cinco Penal Municipal con Función de Control de Garantías, en la acción de
tutela interpuesta por la
ciudadana Gloria Elena Castañeda, contra Salud Total E.P.S. y otros.
Los
expedientes de referencia fueron escogidos para revisión mediante Auto del diez
(10) de noviembre de 2014, proferido por la Sala de Selección Número Once de la
Corte Constitucional.
I.
ANTECEDENTES
Los accionantes mencionados en la referencia acuden a la
acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales
a la salud, la vida en condiciones dignas y la seguridad social, que consideran
desconocidos por las Entidades Promotoras de Salud a las cuales están
afiliados, con base en los hechos que a continuación se describen:
1.
Expediente
T-4.575.591
1.1
Hechos
·
El
ciudadano Ángel María Bustos Gutiérrez es una persona de 47 años de edad quien
ha sido diagnosticado con un trauma raquimedular y hemiplejia parcial. Como
consecuencia, le fue ordenada por su médico tratante una silla de ruedas para
permitirle su movilización, al igual que implementos de aseo como pañales
desechables de adulto, crema humectante y toallas húmedas.
·
El
actor manifiesta ser una persona de escasos recursos y tener a su cargo tres
hijos, razones por las cuales no puede costear el valor de los elementos
ordenados.
·
Llama
la atención el peticionario en que previa solicitud verbal que él hizo ante
Cafam E.P.S-S. a efectos de obtener el suministro de los elementos ordenados,
la accionada le respondió denegando su pretensión en razón a que consideró que
los suplementos en cuestión se encuentran excluidos del P.O.S., razón por la
cual no pueden ser cubiertos con los dineros del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (S.G.S.S.S).
1.2.
Material
probatorio obrante en el expediente
·
Cédula
de ciudadanía del señor Ángel María Bustos Gutiérrez (folio 6)
·
Carnet
de afiliación al S.G.S.S.S. en el régimen subsidiado a la E.P.S-S. Cafam.
(folio 6)
·
Prescripción
médica de silla de ruedas, pañales desechables, crema humectante y toallas
húmedas, otorgada por el médico Jhon Alejandro Reyes el 1 de mayo de 2014.
(folios 7 y 8)
·
Acta
de la diligencia de declaración rendida el 24 de junio de 2014 ante el juzgado
de primera instancia por la señora María Zenith Tovar, quien ostenta la calidad
de esposa del accionante, en la que profundiza en los hechos en que se basa la
acción de tutela. (folio 29)
·
Copia
de la epicrisis del ciudadano Ángel María Bustos Gutiérrez que se desarrolló
con posterioridad al infarto agudo del miocardio que padeció y que registra las
atenciones y controles realizados entre el 14 y el 27 de junio de 2013. (folio
33)
1.3.
Fundamentos
jurídicos de la solicitud de tutela
El
ciudadano Ángel María Bustos Gutiérrez considera vulnerados sus derechos
fundamentales en cuanto como producto de la patología que padece, le fue
ordenado por su médico tratante el suministro de pañales, crema humectante,
toallas húmedas y silla de ruedas, los cuales no han sido suministrados por las
accionadas por encontrarse estos por fuera de los servicios incluidos en el
P.O.S.
Considera
que la conducta de las accionadas desconoce sus garantías fundamentales a la
salud, vida en condiciones dignas y seguridad social, pues a la luz de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional existen eventos en los que es posible
entregar el suministro de elementos que se encuentran expresamente excluidos
del P.O.S. y en el presente caso se cumplen a cabalidad los requisitos
establecidos para ello.
En
particular, destaca, que no cuenta con los recursos económicos para sufragar
por sí mismo el valor que estos suplementos le demandan y añade que en virtud
de su complicada situación monetaria, también se le ha dificultado en exceso la
asistencia a los controles que le realizan periódicamente en la ciudad de
Bogotá, razón por la cual también solicita que le otorguen el servicio del
transporte desde el municipio de la Mesa, Cundinamarca en donde reside, toda
vez que necesita para poder acudir en compañía de su esposa, a recibir la
atención que requiere, de manera que pueda mejorar así sus condiciones actuales
de salud.
1.4.
Respuesta
de las entidades accionadas
·
Cafam
E.P.S-S.
En
su contestación a la presente acción de tutela, solicitó que se denegaran por
improcedentes las pretensiones incoadas por la parte actora, pues consideró que
los suplementos solicitados, al estar excluidos del P.O.S., no deben ser
cubiertos por las E.P.S-S del régimen subsidiado, sino que, por el contrario,
se constituye en una obligación que queda en cabeza del ente territorial
competente, en este caso, la Secretaría Departamental de Salud de Cundinamarca.
Adicionalmente,
observa que si el señor Bustos Gutiérrez no tiene los recursos necesarios para
efectuar los traslados a la ciudad de Bogotá que requiere para los controles que
su patología demanda, los cuales, por su especialidad y por la imposibilidad
que existe de que sean realizados en alguna IPS local del municipio de la Mesa,
Cundinamarca, el servicio de transporte debe ser prestado por la entidad
territorial donde habita el actor, toda vez que Cafam E.P.S.-S no recibe una
prima adicional del municipio de residencia para cubrir el costo de dicho
servicio.
·
Secretaría
de Salud de Cundinamarca.
Por
su parte, la Secretaría de Salud accionada indicó que no ha vulnerado derecho
fundamental alguno, porque si bien el actor se encuentra incluido en su base de
datos como afiliado al S.G.S.S.S en el régimen subsidiado, este no registra
petición alguna a efectos de obtener el reconocimiento de los suplementos que
en esta sede solicita. Adicionalmente, destaca que en relación con los
suplementos excluidos del P.O.S. que son solicitados, es posible que la
E.P.S-S. los otorgue realizando el correspondiente recobro al ente territorial.
1.5.
Sentencia
de única instancia objeto de revisión
Mediante
sentencia del 3 de julio de 2014, el Juzgado Penal del Circuito de la Mesa, Cundinamarca
resolvió denegar el amparo de los derechos fundamentales invocado por el actor,
en razón a que consideró que tal y como lo indicó él mismo en su demanda, aún
no ha presentado petición formal por escrito ante ninguna de las accionadas,
para obtener el suministro de los suplementos que en esta sede solicita, de
forma que al no haber realizado dicha solicitud, el amparo se torna
improcedente por existir otros mecanismos mediante los cuales puede obtener la
materialización de su pretensión.
2.
Expediente
T-4.576.906
2.1.
Hechos
·
La
señora María Alonso de Sánchez, quien tiene 77 años de edad, padece de
numerosas patologías, entre las que puede destacarse una trombosis cerebral y
dos embolias cerebrales. La acción de tutela fue instaurada por su hija Sonia
Sánchez Alonso, en calidad de agente oficioso.
·
La
agenciada tiene problemas severos de movilidad, habla y no puede caminar ni
ingerir alimentos en condiciones normales, razón por la cual requiere de la
atención de una enfermera 24 horas al día, el transporte en ambulancia para los
controles que le realizan en la ciudad de Bogotá, así como el suministro del
complemento nutricional NUTREN 1.5, pañales desechables, una barrera flexible
de colostomía de 57 milímetros y bolsas de colostomía de igual medida.
·
La
accionante advierte que ninguno de los hijos de la señora Mariela Alonso tiene
la capacidad o posibilidad de prestarle la atención y cuidado especial que
requiere ni tampoco cuentan con los medios económicos para sufragar el valor de
los suplementos y atenciones requeridas, razones por las cuales solicitan que
sea Salud Total E.P.S., a la cual se encuentra afiliada, sea quien asuma dichos
gastos y suministre la atención de un profesional que le brinde el cuidado que
demanda.
2.2. Material
probatorio obrante en el expediente
·
Cédula
de ciudadanía de la señora Mariela Alonso de Sánchez. (folio 1)
·
Cédula
de ciudadanía de la señora Sonia Sánchez Alonso. (folio 2)
·
Copia
de la Epicrisis de la ciudadana Mariela Alonso de Sánchez en la que se describe
la atención en salud que recibió entre el 7 de julio de 2013 y el 21 de mayo de
2014. (folios 3 a 57)
·
Cuadro
con un recuento de todos los servicios solicitados por la accionante y que han
sido efectivamente autorizados por la E.P.S. accionada. (folios 66 a 72)
·
Historia
clínica de la señora Mariela Alonso Sánchez en la que se describen las
atenciones otorgadas el 01 de julio de 2014.
·
Constancia
de comunicación telefónica del Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquirá,
Cundinamarca con una hija de la agenciada y hermana de la accionante, en la que
informa que no contaban con orden médica para la autorización de los pañales,
la cama terapéutica y transporte para asistir a las citas ordenadas.
2.3. Fundamentos jurídicos
de la solicitud de tutela
La
ciudadana Sonia Sánchez Alonso, en su calidad de agente oficiosa de su madre
Mariela Alonso de Sánchez, considera vulnerados los derechos fundamentales de
su madre pues la E.P.S. accionada se ha negado a suministrarle la asistencia de
enfermería 24 horas, los pañales desechables, así como otros suplementos
médicos que requiere en atención a las graves patologías que la afectan.
2.4. Respuesta de las
entidades accionadas
·
Salud
Total E.P.S.
En
su escrito de contestación a la presente acción de tutela, solicita se declaren
improcedentes las pretensiones de la accionante, pues en su criterio, con el
accionar de su representada no se ha desconocido derecho fundamental alguno. Al
respecto, llama la atención en que los suplementos solicitados no cuentan con
orden del médico tratante, quien es el único autorizado para establecer la
necesidad de un determinado elemento o tratamiento, de forma que al estarse
prestando la totalidad de los servicios y procedimientos efectivamente
ordenados, considera que su representada ha obrado conforme a derecho y en
concordancia con las obligaciones y responsabilidades que le son exigibles.
2.5. Sentencia de
única instancia objeto de revisión
Mediante
sentencia del 11 de julio de 2014, el Juzgado Segundo Civil Municipal de
Zipaquirá, Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones y ordenó se le
prestara a la señora  Mariela Alonso el servicio de enfermera 24 horas, las
bolsas y barreras de colostomía, así como el suplemento nutricional NUTREN 1.5,
en las condiciones que determinen los médicos tratantes de la E.P.S. accionada.
Y por otro lado, decidió denegar el amparo en lo relativo al suministro de
pañales, cama terapéutica y transporte en ambulancia, pues consideró que en
efecto no habían sido ordenados por el médico tratante y por tanto, no era viable
que el juez constitucional determinara su necesidad. Lo anterior, sin perjuicio
de que en caso de que el médico tratante determine su necesidad, la accionada
tenga la obligación de suministrarlos en las condiciones que establezca el
profesional de la salud competente.
3.
Expediente
T-4.577.367
3.1.
Hechos
·
La
menor Nathaly Andrea Palma Fajardo, de 5 años de edad, ha sido diagnosticada
con una patología denominada Encefalopatía Hipóxica y como consecuencia de
ésta, ha desarrollado: (i) un retraso severo en su neurodesarrollo, (ii)
dificultades severas para la alimentación y movilización, y (iii) no control de
sus esfínteres.
·
Por
lo anterior, los médicos tratantes le han recetado dos sillas de ruedas personalizadas
que se ajusten a su estado actual de crecimiento y que le permitan tanto mejorar
sus condiciones actuales de movilidad, como que le otorguen cierto margen de
autonomía en su accionar. Una de estas sillas está ideada para su normal
movilidad y, la otra, se concibió a base de plástico de forma que le sea
posible bañarse y asearse en ella.
·
La
señora Yoheynis Paola Fajardo, accionante en el presente trámite y madre de la
menor Nathaly Palma Fajardo, considera que en virtud de las especiales
condiciones en que se encuentra su hija debido al estado actual de postración
que la afecta y la imposibilidad que tiene para controlar sus esfínteres, hacen
indispensable un suministro de pañales y cremas anti pañalitis que le permitan
una mejor calidad de vida, suministro que por ausencia de recursos económicos,
no ha podido proveerle ella misma.
·
Observa,
que se le están programando numerosos controles y tratamientos en la ciudad de
Bogotá, razón por la cual requiere que le cubran los gastos que ello implica,
pues no tiene los medios para sufragar esos gastos por sí misma.
·
Por
otro lado, indica la accionante que ya presentó ante Salud Total E.P.S. las órdenes
médicas de las sillas de ruedas que fueron ordenadas por los médicos tratantes,
las cuales fueron denegadas en razón a que se estimó que se trataba de
suplementos excluidos del P.O.S.
3.2.
Material
probatorio obrante en el expediente
·
Registro
Civil de Nacimiento de la menor Nathaly Andrea Palma. (folio 5)
·
Cédula
de ciudadanía de la señora Yoheynis Paola Fajardo Vargas, madre de la
agenciada. (folio 6)
·
Órdenes
médicas de las sillas de ruedas determinadas como necesarias para la menor por
los médicos tratantes. (folios 7 a 10)
·
Historia
Clínica de la menor Nathaly Andrea Palma. (folios 12 a 13 y 18 a 20)
·
Formatos
de la negativa por parte de la E.P.S. a los suplementos médicos ordenados por
encontrarse fuera del P.O.S. (folios 14 a 17)
3.3.
Fundamentos
jurídicos de la solicitud de tutela
La
ciudadana Yoheynis Paola Fajardo Vargas acude a la presente acción en representación
de los intereses de su menor hija Nathaly Andrea Palma Fajardo, pues considera
vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, vida digna y seguridad social
en virtud de la negativa de la E.P.S. accionada de suministrar las sillas de
ruedas que fueron determinadas como necesarias por los médicos tratantes, para mejorar
las condiciones de vida de su hija. Así mismo, considera que por los escasos
recursos económicos con los que cuenta, el hecho de que no le suministren los
pañales ni los gastos de transporte a Bogotá y le estén cobrando grandes sumas
de dinero por concepto de copagos y cuotas moderadoras, se constituye en una
barrera infranqueable para la efectiva atención en salud de su hija.
3.4.
Respuesta
de las entidades accionadas
·
Salud
Total E.P.S.
En
su escrito de contestación a la presente acción de tutela, el accionado indicó
que en efecto había denegado el suministro de las sillas de ruedas ordenadas,
pues consideró que esa pretensión era improcedente por tratarse de suplementos
excluidos expresamente del P.O.S. Adicionalmente, destacó que los demás insumos
como los pañales y la crema anti pañalitis, además de estar excluidos del
P.O.S., ni siquiera han sido ordenados por un médico, tratante razón por la
cual su suministro resulta a todas luces improcedente.
3.5.
Sentencias
objeto de revisión
·
Sentencia
de primera instancia
Mediante
sentencia del 21 de mayo de 2014, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Valledupar decidió conceder en su totalidad el
amparo deprecado por la accionante, por considerar que, en relación con las
sillas de ruedas, en efecto se contaba con la prescripción del médico tratante
y, en relación con las demás pretensiones, esto es, los pañales, paños húmedos,
crema anti pañalitis, viáticos de transporte y exención de copagos y cuotas
moderadoras, estimó que resultaban indispensables para mejorar la calidad de
vida de la menor, así como para permitir el efectivo tratamiento de las
patologías que le aquejan.
·
Sentencia
de segunda instancia
Por
su lado, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar, mediante
sentencia del 30 de julio de 2014, decidió revocar parcialmente la providencia
del a quo únicamente en lo relacionado con el suministro de los pañales,
toallas húmedas y crema anti pañalitis por considerar que estos no cuentan con
la orden expresa de un médico tratante, razón por la cual no resulta posible
evidenciar su necesidad.
4.
Expediente
T-4.578.486
4.1.
Hechos
·
La
señora Oveida Vélez Buitrago manifiesta que ella y su núcleo familiar se
encuentran en condiciones deplorables pues su única fuente de ingresos, esto
es, la pensión de su compañero permanente, se encuentra embargada injustamente
en una suma superior al 50% de su mesada pensional, por los alimentos que se
están pagando a unos hijos de él que ya son mayores de edad y que en virtud de
ello, no cuentan con los recursos para subsistir, sufragar la habitación y los
alimentos que necesitan. Adicionalmente, destaca que no han podido atender a
las diversas citas médicas que tienen en municipios diferentes al de su
residencia, por no contar con los medios económicos suficientes para poder
asumir el transporte.
·
Alega
que por la imposibilidad anteriormente descrita para transportarse no han
podido asistir a las diversas citas médicas que les han sido ordenadas razón
por la cual el valor del transporte y los gastos que les implica movilizarse se
han constituido en una barrera que les ha imposibilitado ejercer efectivamente
su derecho a la salud y vida en condiciones dignas.
·
Llama
la atención en que (i) uno de sus hijos, esto es, Jonathan Stiven Gutiérrez
sufre de unos problemas en su desarrollo físico, razón por la cual requiere de
constantes controles que determinen su evolución; (ii) su esposo padece de diversos
trastornos de ansiedad y de personalidad; y (iii) ella sufre de los efectos del
síndrome de Guillian Barré que desde hace un buen tiempo ataca su sistema
nervioso.
·
Adicionalmente,
indica que cuenta con tres hijos menores de edad que también padecen de
numerosas patologías que tampoco están pudiendo ser atendidas por la misma
razón.
4.2.
Material
probatorio obrante en el expediente
·
Copia
de las atenciones que se han otorgado al menor Jonathan Stiven Gutierrez como
producto de las afectaciones en el desarrollo físico que padece.(folios 26 a
34)
·
Copia
de la constancia mediante la cual se entregó a la señora Oveida Vélez una
ortesis como producto del síndrome de guillain barré que la afecta. (folio 41)
·
Copia
de la atención por psicología recibida por el señor Jairo de Jesús Gutiérrez,
esposo de la accionante, en la que se determina que padece de un trastorno de
ansiedad y de personalidad no especificado. (folio 43)
·
Copia
del comprobante de pago de la mesada pensional del señor Jairo de Jesús
Gutierrez Montoya, esposo de la accionante, en el cual aparecen deducciones por
más del 50% del total devengado. (folio 48)
·
Acta
de la audiencia de ampliación de hechos realizada por el Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Cartago – Valle del Cauca-. (folio 50)
·
Comunicación
allegada el 28 de julio 2014 por la accionante en la que informa que las
deducciones a la mesada pensional de su esposo han sido efectivamente
retiradas, pero que a pesar de ello, considera que los ingresos de su núcleo
familiar siguen siendo insuficientes, razón por la cual insiste en las
pretensiones de la presente acción de tutela. (folio 224)
4.3.
Fundamentos
jurídicos de la solicitud de tutela
La
ciudadana Oveida Vélez Buitrago considera vulnerados sus derechos fundamentales
a la salud, vida digna y seguridad social y los de su núcleo familiar
conformado por ella, su compañero permanente y sus tres hijos, pues la E.P.S. accionada
se ha negado a suministrarles el transporte que necesitan a efectos de asistir
a las citas médicas que les han sido ordenadas y, por esa razón, se han visto
imposibilitados para asistir y recibir la asistencia en salud que requieren.
Llama la atención la actora en que por su precaria situación económica les es
imposible asumir esos costos, razón por la cual requieren que estos sean
suministrados por la accionada.
4.4.
Respuesta
de las entidades accionadas
·
Policía
Nacional, Seccional de Sanidad de Risaralda
En
su escrito de contestación a la presente acción de tutela indicó que al núcleo
familiar de la peticionaria tiene acceso a todos los servicios médicos que
requiere, pero ellos deben llevarse a cabo en otras localidades, pues en
Cartago, esto es, en la ciudad donde habitan, solo es posible prestarles la
atención básica de primer nivel. Afirma que al núcleo familiar de la accionante
se le han autorizado todos los tratamientos y servicios que ha requerido de
forma que considera que no ha vulnerado derecho fundamental alguno.
4.5.
Sentencias
objeto de revisión
·
Sentencia
de primera instancia
La
Sala Cuarta Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga,
mediante sentencia del 6 de agosto de 2014, determinó denegar el amparo deprecado,
pues consideró que en virtud del material probatorio allegado al proceso y, en específico,
de la declaración de allegada por la accionante a folio 224 del cuaderno de
primera instancia, la pensión de su esposo ha sido desembargada, razón por la
cual actualmente la situación económica de su núcleo familiar no es tan gravosa
y tras considerar los ingresos con los que cuentan y los gastos que en la
actualidad tienen que hacer, estimó que no resultaba desproporcionado dejar que
sean ellos quienes cubran el valor del transporte para acceder a las citas
médicas que les son ordenadas.
·
Sentencia
de segunda instancia
La
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del
29 de septiembre de 2014 decidió confirmar la decisión de primera instancia
pues consideró que en efecto no resulta desproporcionado hacer que el núcleo
familiar de la accionante, el cual cuenta con ingresos superiores a 1’200.000,
asuma los gastos que implica el transporte a los lugares en los que se presta
la atención en salud que necesitan.
5.
Expediente
T-4.579.686
5.1.
Hechos
·
La
menor Yuli Alejandra Díaz Chinome, hija de la señora Bibiana Esperanza Chinome
Nocua (accionante), cuenta actualmente con 11 años de edad y ha padecido desde
su nacimiento de diversas patologías como artogriposis múltiple congénita,
retardo psicomotor, epilepsia focal y desnutrición proteicocalorica severa.
·
Destaca
la accionante que en el 2007, cuando se encontraban afiliadas a la E.P.S.
Humana Vivir le fue recetado a su hija el suministro de suplementos
alimenticios Pediasure Polvo por 400 Gr, pero este le fue denegado y, por ello
debió acudir a una acción de tutela en la que se accedió a sus pretensiones y,
en adición a ello, se le reconoció el tratamiento integral a las patologías de
su hija.
·
Indica
que como producto de la sentencia anteriormente referenciada, Humana Vivir
E.P.S. le autorizaba todos los tratamientos y suplementos médicos que
necesitaba, entre ellos, los pañales, pañitos húmedos, crema anti-escaras,
suplemento alimenticio y demás.
·
En
la actualidad, en virtud del proceso de liquidación del que fue objeto Humana
Vivir E.P.S., ella y su hija se encuentran afiliadas a la E.P.S. Salud Total.
·
Una
vez afiliadas a Salud Total E.P.S. las afectaciones de su hija fueron valoradas
por un nuevo médico adscrito a dicha E.P.S. pero él determinó que los
suministros que le venían dando no serían nuevamente formulados pues, en
palabras de la accionante, el profesional de la salud les indicó que “no los
prescribía porque tenía orden expresa de no hacerlo”.
·
A
pesar de lo anterior, la actora decidió acudir a la E.P.S. accionada a efectos
de solicitar que le autorizaran los suministros que con anterioridad le
otorgaban, pero, mediante oficio del 13 de noviembre de 2013, le indicaron que
su petición resultaba improcedente en cuanto “no es del resorte de la EPS Salud
Total autorizar y entregar insumos que se encuentran excluidos del POS y no
cuentan con orden médica”.
·
Llama
la atención en que el elevado valor económico que le representa asumir tanto el
suministro de los suplementos negados como el transporte de su hija a las citas
y controles que le son programados, le ha impedido garantizárselos a su hija,
razón por la cual, desde que cambió de E.P.S. ha tenido que vivir sin ellos,
pues cuenta con dos hijas a las que debe sostener y la única fuente de ingresos
de núcleo familiar es su compañero permanente quien tan solo recibe unos
ingresos equivalentes a un salario mínimo y, por tanto, resultan insuficientes
para satisfacer sus necesidades básicas y los elevados gastos de salud de su
hija.
5.2.
Material
probatorio obrante en el expediente
·
Historia
Clínica de la menor Yuli Alejandra Díaz. (folios 1 a 5 y 15 a 19)
·
Derecho
de Petición presentado por la accionante, el 25 de octubre de 2013, ante Salud
Total E.P.S. en el cual se solicita la autorización de los pañales e
implementos de aseo que le eran brindados por su E.P.S. anterior. (folio 6)
·
Respuesta
de Salud Total E.P.S. al derecho de petición anteriormente enunciado, en el
cual le informan a la accionante que estos suministros no le serán autorizados
pues estos se encuentran expresamente excluidos del POS y no cuentan con orden
médica que demuestre su necesidad.
·
Cédula
de ciudadanía de la accionante Bibiana Esperanza Chinome Nocua.(folio 20)
·
Tarjeta
de identidad de la menor Yuli Alejandra Día Chinome. (folio 21)
·
Copia
de la sentencia de tutela que en el 2007 le reconoció, en contra de Humana
Vivir E.P.S. el suministro de los suplementos médicos ordenados y el
tratamiento integral de su patología. (folios 22 a 31)
5.3.
Fundamentos
jurídicos de la solicitud de tutela
La
actora considera vulnerados sus derechos fundamentales en virtud de la negativa
de la E.P.S. accionada a autorizarle el suministro de los pañales y las toallas
húmedas que le eran reconocidas por su anterior E.P.S. y que en la actualidad
sigue necesitando. Destaca que por las especiales condiciones en que se
encuentra su hija, así como en razón a los escasos recursos económicos con los
que cuenta su núcleo familiar para adquirir los suplementos requeridos, es
necesario que sea la E.P.S. quien se los suministre.
Adicionalmente,
llama la atención en que hubo un pronunciamiento anterior, también en sede de
tutela, que amparó los derechos fundamentales de su hija, pero que, por motivos
de fuerza mayor, esto es, la liquidación de su anterior E.P.S., actualmente no
es aplicable en razón a que se encuentra afiliada a una nueva E.P.S., razón por
la cual no se configura la identidad de partes necesaria para que el fallo le
sea exigible.
Destaca
que le resulta desconcertante cómo su médico tratante con Humana Vivir E.P.S.
siempre consideró necesario este suministro, pero que la primera vez que el
médico de Salud Total E.P.S. la atendió, éste desestimó por completo su
reconocimiento, muy a pesar de que las patologías que padece su hija siguen
siendo las mismas.
Para
finalizar, resalta que por sus precarias condiciones económicas, ha tenido
serias dificultades para realizar el transporte de su hija a las diversas
citas, controles y terapias que le son programadas, y que si bien se realizan
dentro de la ciudad de Bogotá, le implican altos gastos pues por las especiales
condiciones de su hija no puede acceder al servicio de transporte público y,
por tanto, requiere de estar contratando constantemente servicios privados.
5.4.
Respuesta
de las entidades accionadas
·
Salud
Total E.P.S.
En
su escrito de contestación de a la presente acción de tutela, el representante
de la accionada solicitó que las pretensiones fueran desestimadas pues, en su
entender, no han vulnerado derecho fundamental alguno. Al respecto, destacó que
los insumos solicitados se encuentran expresamente excluidos del P.O.S. y no
han sido estimados como necesarios por parte del médico tratante, de forma que
al no generar incidencia alguna en el tratamiento de la menor, su suministro no
debe encontrarse a cargo de su representada.
En
relación con la pretensión de que se sufraguen los gastos de transporte para
asistir a las citas médicas que sean programadas, destaca que esta resulta
improcedente en cuanto las citas que se le están otorgando a la menor, tienen
desarrollo en el mismo municipio en el que habita y en ningún momento se le ha
negado el acceso a ellas.
Con
todo, llamó la atención en que en caso de estimarse procedentes las
pretensiones, es necesario que se autorice el reembolso ante el FOSYGA de los
dineros que no le compete sufragar.
·
Ministerio
de Salud y Protección Social
Por
su parte, el representante del Ministerio de Salud manifestó en su contestación
a la acción de tutela en comento, que en efecto las E.P.S.’s se encuentran tan
solo compelidas a suministrar a sus afiliados los implementos o tratamientos
incluidos dentro del P.O.S..
A
pesar de ello, hizo un fuerte llamado a que en caso concederse el suministro de
implementos no incluidos en él, no se reconociera directamente el derecho a
recobrar ante el FOSYGA, pues existen trámites administrativos que tienen por
fin precisamente ello, de forma que al ordenarse directamente el recobro se
desnaturalizan los procedimientos y se permiten tanto fraudes, como pagos
indebidos.
5.5.
Sentencias
objeto de revisión
·
Sentencia
de primera instancia
El
Juzgado Quince Civil Municipal de Bogotá, mediante sentencia del 24 de julio de
2014, resolvió acceder al amparo invocado por la accionante pues, consideró que
en el presente caso, en virtud de las especiales condiciones de la menor y de
su núcleo familiar, era necesario entender que, tal y como lo ha resaltado en
reiteradas ocasiones la jurisprudencia constitucional en materia de transporte
y suministros de aseo tales como pañales y toallas húmedas, estos deben ser
suministrados por la E.P.S. a efectos de garantizar un apropiado nivel de vida
de la paciente y que la falta de recursos económicos no se constituya en una
barrera que impida el acceso a los servicios de salud requeridos.
En
adición a lo anterior, el juez constitucional también determinó como necesario
el que se otorgara a la menor Yuli Alejandra el tratamiento integral de las
patologías que la afectan, de forma que ante cualquiera tratamiento que pueda
requerir en un futuro, sea necesario que la E.P.S. accionada lo suministre y
garantice.
·
Sentencia
de segunda instancia
El
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 28 de
agosto de 2014, resolvió revocar lo dispuesto por el a-quo en su providencia,
pues estimó que en el presente caso no solo no existe prescripción médica
actual que dictamine la necesidad de los suministros de aseo solicitados, sino
que incluso hay un dictamen de un médico adscrito a la E.P.S. en el que se
determinó omitirlos.
Asimismo,
estableció que el transporte tampoco era procedente en cuanto la pretensión de
la accionante estaba encaminada a que le otorgaran el valor que le implican los
transportes a las citas médicas que tiene en el mismo municipio en el que
habita.
Por
lo anterior, y como consecuencia de que a la hija de la accionante no le han
vulnerado derecho fundamental alguno, también decide revocar el tratamiento integral
otorgado, pues consideró que la E.P.S. accionada ha estado cumpliendo a
cabalidad con sus obligaciones legales y constitucionales.
6.
Expediente
T-4.579.727
6.1.
Hechos
·
El
accionante manifiesta que su hermana, por quien interpone la presente acción de
tutela, es una mujer de 72 años que padece de numerosas patologías, entre
ellas: esquizofrenia paranoide, alzhéimer, osteoporosis y esofagitis grado II,
así como de una fractura de cadera.
·
Destaca
que su hermana actualmente se encuentra pensionada por invalidez y recibe unas
mesadas por poco más de 1,3 millones de pesos.
·
Aduce
que desde hace más de 7 años la agenciada ha estado internada en un hogar
geriátrico en el cual cancelan por los servicios prestados una suma superior a
las 2,1 millones de pesos, por lo que él y su otra hermana deben sufragar el
valor restante y que con las mesadas pensionales que recibe no es posible
sufragar.
·
Informa
que su hermana ha sido diagnosticada adicionalmente con imposibilidad para
controlar sus esfínteres, razón por la cual requiere de 4 pañales diarios a
efectos de poder llevar su existencia en condiciones dignas.
·
Para
finalizar, resalta que por la situación económica actual de su familia no
cuenta con los recursos para seguir pagando la atención que su hermana recibe,
al igual que los pañales desechables que requiere, por lo que solicitó se le
suministraran dichos suplementos y estos le fueron negados por la E.P.S.
accionada.
6.2.
Material
probatorio obrante en el expediente
·
Historia
clínica de la señora Irma Chica González, actual agenciada y hermana del
accionante. (folios 1 a 57)
·
Informes
Institucionales del hogar geriátrico en el que se encuentra internada la
agenciada en el que se resalta la necesidad que existe de que se suministren
los pañales desechables, pues la señora Irma Chica González presenta
incontinencia urinaria y fecal. (folios 58 a 62)
·
Recibos
de pago en los que se cancelan los servicios prestados a la agenciada por un
valor de 2’132.000 pesos. (folios 64 y 66)
·
Cédula
de ciudadanía de la señora Irma Chica González. (folio 65)
·
Cédula
de ciudadanía del señor Raúl Chica González, hermano de la señora Irma Chica
González y actual accionante. (folio 65)
6.3.
Fundamentos
jurídicos de la solicitud de tutela
El
actor considera vulnerados los derechos fundamentales a la vida en condiciones
dignas y a la seguridad social de su hermana Irma Chica González, pues por su
avanzada edad, así como en razón a las diversas y numerosas patologías que la
afectan, que en la actualidad le generan una incontinencia urinaria y fecal
absoluta, requiere de un suministro elevado y constante de pañales desechables
a efectos de que pueda vivir el resto de su vida en unas condiciones dignas.
Llama
la atención en que con sus ingresos y los de su hermana apenas es posible que
sufraguen sus necesidades más básicas, por lo que no cuentan con la posibilidad
de costear el valor de los pañales que ahora también requiere.
Por
lo expuesto en precedencia, solicita que se ordene a la accionada autorizar el
suministro de los suplementos en comento.
6.4.
Respuesta
de las entidades accionadas
·
Ministerio
de Salud y Protección Social
Por
su parte, el representante del Ministerio de Salud manifestó en su contestación
a la acción de tutela en comento, indicando que en efecto las E.P.S.’s se
encuentran tan solo compelidas a suministrar a sus afiliados los implementos o
tratamientos incluidos dentro del P.O.S. por lo que los pañales, al igual que
todos los demás utensilios de aseo, por encontrarse expresamente excluidos, no
deben ser asumidos por las E.P.S.’s. A pesar de ello, hizo un fuerte llamado a
que en caso concederse el suministro de implementos no incluidos en el plan de
beneficios, no se reconozca directamente el derecho a recobrar ante el FOSYGA,
pues existen trámites administrativos que tienen por finalidad precisamente
ello, de forma que al ordenarse directamente el recobro se desnaturalizan los
procedimientos y se permiten tanto fraudes, como pagos indebidos.
·
Saludcoop
E.P.S.
A
pesar de haber sido notificado del contenido y pretensiones de la presente controversia,
la accionada omitió realizar un pronunciamiento de fondo en relación con la litis
entablada y, por tanto, no expuso argumento, ni prueba alguna que desvirtuara
las afirmaciones de la actora.
6.5.
Sentencias
objeto de revisión
·
Sentencia
de primera y única instancia
El
Juzgado Doce Civil Municipal de Menor Cuantía de Bogotá, mediante sentencia del
21 de agosto de 2014, decidió denegar el amparo invocado, pues en su criterio,
al no existir ninguna orden expresa por parte de un médico adscrito a la E.P.S.
que determine la necesidad de los pañales solicitados, se hace completamente
improcedente la solicitud incoada.
7.
Expediente
T-4.579.808
7.1.
Hechos
·
La
señora Sandra Patricia Páez Villalba actualmente se encuentra hospitalizada y
en estado de mínima conciencia, razón por la cual no tiene control alguno sobre
sus esfínteres y, en consecuencia, requiere 6 pañales diarios.
·
Indica
el actor, compañero permanente de la señora Sandra Patricia, que solicitó a la
E.P.S. accionada el suministro de los pañales que la agenciada evidentemente
requiere y que él no tiene la capacidad económica para asumir, pero que éstos
le fueron denegados en cuanto se consideró que no había orden médica que
determinara si en realidad son necesarios.
·
Llama
la atención en que su compañera permanente, por encontrarse en estado mínimo de
conciencia, depende absolutamente del cuidado que, 24 horas al día, le dan las
enfermeras en el lugar en el que se encuentra hospitalizada.
·
Para
finalizar, destaca que como producto de la unión que tuvieron durante varios
años, actualmente tienen 3 hijos que dependen económicamente de él, razón por
la cual, con sus ingresos le es imposible sufragar el cuidado y manutención de
su núcleo familiar, al igual que el suministro de los pañales que su compañera
requiere.
7.2.
Material
probatorio obrante en el expediente
·
Resumen
de la historia clínica de la señora Sandra Patricia Páez Villalba. (folios 6 a
10)
·
Copia
de la cédula de ciudadanía de la ciudadana Sandra Patricia Páez Villalba.
(folio 11)
·
Historia
Clínica de la señora Sandra Patricia Páez Villalba. (folios 43 a 57)
7.3.
Fundamentos
jurídicos de la solicitud de tutela
El
ciudadano Javier Escobar Chilito, en calidad de agente oficioso de su compañera
permanente Sandra Patricia Páez Villalba, acude a la acción de tutela a efectos
de lograr que se ordene a la E.P.S. accionada que autorice el suministro de los
pañales que ella necesita en virtud de su complicado estado de salud y, los
cuales, no pueden ser sufragados por él en razón a el elevado costo que ello le
representa y por la complicada situación económica en la que se encuentra.
7.4.
Respuesta
de las entidades accionadas
·
Salud
Total E.P.S.
En
su contestación a la presente acción de tutela, el representante de la E.P.S.
accionada solicitó se declararán improcedentes las pretensiones de la presente
acción, pues considera que (i) la accionante no cuenta con la orden médica de
un galeno adscrito a la E.P.S. que certifique la necesidad de suministrar los
pañales requeridos y (ii) ordenar tal suministro sería desconocer las
obligaciones de solidaridad de la familia de la agenciada, quienes deben
prestarle todos los cuidados y atenciones que esté en su posibilidad otorgar,
de forma que considera que no resulta desproporcionado el que sean ellos
quienes asuman esa labor.
7.5.
Sentencias
objeto de revisión
·
Sentencia
de primera y única instancia
El
Juzgado Cincuenta y Dos Civil Municipal de Bogotá, mediante sentencia del 11 de
septiembre de 2014, decidió denegar el amparo invocado, pues consideró que en
efecto los suministros solicitados en esta sede no encuentran sustento en una
orden médica debidamente expedida que permita al juzgador determinar su
necesidad. Llama la atención en que, en su criterio, el juez constitucional no
puede suplantar al médico tratante y ordenar cosas cuya necesidad no está
determinada científicamente.
8.
Expediente
T-4.582.829
8.1.
Hechos
·
La
menor Mayerly Yohana Ramírez Sánchez, de 13 años de edad, padece de las secuelas
de una parálisis cerebral infantil por hipoxia perinatal y, como consecuencia
de ello, sufre de epilepsia y otras patologías que afectan su desarrollo.
·
Actualmente,
la menor se encuentra recibiendo sus alimentos a través de una sonda ya que
como producto de esas patologías no puede valerse por sí misma. Por lo
anterior, su madre considera que necesita el suministro de: pañales, pañitos
húmedos, crema anti pañalitis, cinta micropore para sonda, gasa, bolsas para
alimentar por sonda, crema corporal, aceite corporal, guantes de cirugía, suero
fisiológico, algodón, jeringas, tapabocas, gel anti-bacterial, jabón
anti-bacterial, leche de magnesia, crema dental, cepillos de dientes, cama
hospitalaria, suplementos alimenticios ENSURE, silla especial a la medida de la
menor y ajustable dependiendo de su crecimiento, férulas de manos y pies, así
como un cuidador “sombra” que pueda atender a su hijo mientras ella trabaja; de
forma que a su hija se le otorgue una atención adecuada que permita su
recuperación.
·
La
señora Alba Mireya Sánchez Camargo, madre de la menor, indica haber realizado
una petición a la E.P.S. accionada a efectos de obtener el suministro de los
anteriores elementos, pero esta le fue denegada en cuanto todos ellos se
encuentran excluidos del P.O.S., al igual que por el hecho de que no cuentan
con orden expresa del médico tratante.
·
Para
finalizar, llama la atención en que en adición a la menor Mayerly, agenciada en
esta acción, tiene dos hijos más por los cuales velar, razón por la cual, con
los ingresos que obtiene como producto del trabajo de medio tiempo que
desarrolla actualmente, le es imposible sufragar todos esos elementos.
8.2.
Material
probatorio obrante en el expediente
·
Derecho
de petición radicado el 25 de febrero de 2014 ante Comparta E.P.S. a efectos de
solicitar los suplementos que la señora Alba Mireya Sánchez considera
necesarios para la vida en condiciones dignas de su hija. (folio 8)
·
Contestación
al anterior derecho de petición, fechada del 9 de abril de 2014, en la que le
manifiestan a la accionante la negativa a sus solicitudes en razón a que los
suministros solicitados se encuentran por fuera del P.O.S. y porque no cuenta
con una orden médica que los justifique. (folios 5 a 7)
·
Epicirisis
de la atención prestada a la menor en julio de 2013, en virtud de un incidente
en el que se encontraba sin la sonda que requería. (folios 9 a16)
·
Carnet
de afiliación al régimen subsidiado de salud de la menor Mayerly Yohana Ramírez
Sánchez.
·
Tarjeta
de Identidad de la menor Mayerly Yohana Ramírez Sánchez.
·
Copia
del registro de todos los tratamientos que se han autorizado a la menor Mayerly
Yohana Ramírez por parte de Comparta E.P.S desde febrero de 2012 a mayo de
2014. (folios 35 a 45)
8.3.
Fundamentos
jurídicos de la solicitud de tutela
La
ciudadana Alba Mireya Sánchez, actuando en representación de los intereses de
su menor hija, solicita el amparo de sus derechos fundamentales a la salud,
vida en condiciones dignas y seguridad social, en virtud de la negativa de la
E.P.S-S. accionada de suministrarle unos implementos que considera que requiere
su hija para tener una mejor calidad de vida y que por sus precarias
condiciones económicas no puede garantizarle por sí misma.
8.4.
Respuesta
de las entidades accionadas
·
Secretaría
de Salud de Boyacá
Manifestó
que todas las pretensiones realizadas por la accionante competen única y
exclusivamente a Comparta E.P.S-S. razón por la cual solicita ser desvinculado
de la presente acción de tutela, pues considera que no cuenta con la
legitimación por pasiva requerida para ser parte de ella.
·
Comparta
E.P.S-S.
Por
su parte, indicó que en ningún momento ha negado la prestación o suministro de
algún elemento que haya sido efectivamente prescrito por un médico tratante y
que se encuentre dentro del P.O.S. razón por la cual considera no haber
vulnerado derecho fundamental alguno, destaca que al tratarse de implementos de
aseo personal la E.P.S. no tiene responsabilidad alguna sobre su suministro.
8.5.
Sentencias
objeto de revisión
·
Sentencia
de primera y única instancia
El
Juzgado Séptimo Civil Municipal de Oralidad de Tunja, mediante sentencia del 18
de junio de 2014, decidió denegar el amparo invocado por la accionante, en
cuanto consideró que los suplementos solicitados en esta sede en efecto no
cuentan con la orden de un galeno adscrito a la E.P.S., ni se encuentran
incluidos en el P.O.S.. De forma que al ser implementos de aseo que, si bien no
tienen relación alguna con la salud de la menor, sí son necesarios para
otorgarle calidad de vida, ordenó remitir el fallo de tutela a numerosas
entidades a efectos de que “de acuerdo con su función y objeto social, presten
colaboración voluntaria y gratuita en la obtención de elementos de aseo y
cuidado personal pretendidos”.
9.
Expediente
T-4.583.134
9.1.
Hechos
·
El
13 de enero de 2013, el ciudadano Humberto Reyes Méndez, de 60 años de edad, sufrió
de la ruptura de un aneurisma que tenía en su cerebro y, como producto de ello,
actualmente padece de una pérdida sustancial en sus capacidades motoras, cuestión
que lo tiene actualmente postrado en cama y limitado tanto en materia del
habla, como en el control de sus esfínteres.
·
El
27 de mayo de 2014, el señor Humberto Reyes fue dado de alta y fue remitido a
su casa a efectos de que recibiera la atención que necesita, en forma
domiciliaria.
·
La
señora Ana Isabel Méndez de Reyes, de 81 años de edad, en su calidad de accionante
y madre del ciudadano Humberto Reyes Méndez, indica que por su avanzada edad y
por la escasez de recursos económicos en la que se encuentra, le es imposible
asumir el cuidado de su hijo, razón por la cual ha requerido que sus otras
hijas y su nieto le asistan en esas labores, pero destaca que incluso de esa
forma le ha sido imposible asumir el cuidado completo de su hijo durante las 24
horas del día.
·
A
raíz de lo anterior, el médico tratante del agenciado expidió una orden a
efectos de que se le otorgara por parte de la E.P.S. la asistencia de una
enfermera por 12 horas al día.
·
Al
momento de hacer el reconocimiento del servicio ordenado, mediante comunicación
del 19 de junio de 2014, se indicó que si bien se otorgaría el servicio de
enfermería, se enviaría un correo al “médico tratante para re-evaluar el
servicio ordenado dado que NO es pertinente” y destacó que las atenciones que
están encaminadas al auto cuidado y movilidad del paciente, deben ser prestadas
por un cuidador familiar entrenado y no por una enfermera que debe enfocarse en
el manejo de atenciones específicamente en materia de salud.
·
Mediante
concepto del 19 de julio de 2014, el médico tratante del ciudadano Humberto
Reyes determinó revocar la orden proferida, pues consideró que en efecto no era
necesaria para la atención de las necesidades de cuidado personal del paciente
y que estas atenciones podían ser otorgadas por su familia.
·
La
actora llama la atención en que ni ella, ni ninguno de sus familiares se
encuentran en la posibilidad física o cuentan con la capacitación o tiempo
requerido para brindar las atenciones necesarias.
·
Finaliza
por indicar que gracias a la colaboración familiar han podido reunir recursos
para recibir la atención de una enfermera pero solo por algunos días, pues les
es imposible sufragar absolutamente todos los gastos que la atención del señor
Humberto Reyes implica, esto es, pañales, cama terapéutica, silla de ruedas y
demás suplementos para su cuidado, y en adición a ello la atención de
enfermería.
9.2.
Material
probatorio obrante en el expediente
·
Cédula
de ciudadanía del ciudadano Humberto Reyes Méndez (folio 8)
·
Historia
Clínica del ciudadano Humberto Reyes Méndez, en la que se ordena su atención
domiciliaria por parte de una auxiliar de enfermería. (folios 9 y 10)
·
Comunicaciones
entre la familia del señor Humberto Reyes Méndez y la E.P.S. accionada a
efectos de obtener la autorización de la atención de enfermería domiciliaria
ordenada.
·
Concepto
médico de la profesional de la salud Jenny Maritza Rodríguez Sáenz en el que
indica que la atención domiciliaria por enfermería no es necesaria pues esa
atención puede ser brindada por la familia del paciente. (folios 53 y 54)
9.3.
Fundamentos
jurídicos de la solicitud de tutela
Considera
vulnerados los derechos fundamentales de su hijo a la salud, vida en
condiciones dignas y seguridad social, pues la E.P.S. accionada no le está
prestando el servicio de enfermería que necesita y que ella, por su edad, no se
encuentra en la capacidad de prestar y el cual, sus familiares no pueden asumir
en su totalidad pues todos ellos tienen responsabilidades y ninguno de ellos
cuenta con la capacitación requerida para el efecto.
Aduce
que el cuidado de su hijo es una labor permanente y que si bien ella y su
familia pueden garantizar el cuidado diurno, el cuidado nocturno se ha tornado
imposible, incrementando de esa forma los factores de riesgo que pueden llegar
a afectarlo.
9.4.
Respuesta
de las entidades accionadas
·
Compensar
E.P.S.
En
su contestación a la presente acción de tutela, señaló que en el caso objeto de
estudio no existe vulneración ius-fundamental alguna que sea necesario
remediar, pues en la actualidad, tal y como lo determinó el médico tratante del
ciudadano Humberto Reyes Méndez, no existe ninguna orden médica que determine
la necesidad de atención médica alguna que no se esté prestando por parte de la
E.P.S..
·
Ministerio
de Protección Social y Superintendencia Nacional de Salud
A
pesar de haber sido notificados del contenido y pretensiones de la presente controversia,
las accionadas omitieron realizar un pronunciamiento de fondo en relación con
la litis entablada y, por tanto, no expusieron argumento, ni prueba
alguna que desvirtuara las afirmaciones de la actora.
9.5.
Sentencias
objeto de revisión
·
Sentencia
de primera instancia
El
Juzgado Cuarenta y Siete Municipal de Bogotá, mediante sentencia del 4 de
agosto de 2014, decidió denegar el amparo invocado por la accionante, pues
consideró que, tal y como lo indicó la E.P.S. accionada en su escrito de
contestación, en efecto no se evidencia la existencia de una orden médica que
determine la necesidad del servicio de enfermería que es solicitado en esta
sede.
·
Sentencia
de segunda instancia
Por
su parte, el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá, mediante
sentencia del 11 de septiembre de 2014, decidió revocar parcialmente lo
dispuesto en el sentido de ordenar a la E.P.S. accionada que ponga a
consideración del comité técnico científico, el estado de salud del accionante
y de esa forma determine la necesidad de prestar los cuidados domiciliarios
solicitados. Lo anterior, en razón a que consideró que en efecto existió una
orden médica que determinó la necesidad de otorgar la atención solicitada por
12 horas, de forma que es necesario que sea el comité técnico científico quien
determine su viabilidad.
10.
Expediente
T-4.585.625
10.1.
Hechos
·
La
señora Ana Milena Jaramillo Gómez, de 35 años de edad, padecía de obesidad
mórbida. Razón por la cual, en el 2011, fue sujeta a una cirugía bariátrica a
efectos de que le fuera posible disminuir su peso a un estado saludable y, como
producto de ella, pasó de pesar más de 140 kilogramos, a tan solo 70 de ellos.
·
En
enero de 2013 y luego en el 2014, a la accionante se le recomendó por parte de
su médico tratante el procedimiento médico denominado “Abdominoplastia post
bariatrica” con el objetivo de que se le eliminaran los excesos de piel que
como producto del cambio abrupto de peso le quedaron.
·
Indica
que a pesar de que su médico ya llenó el formato para autorización de servicio
no P.O.S., la E.P.S. accionada se ha negado a prestarle el servicio requerido.
·
Destaca
que no cuenta con los recursos económicos para asumir el alto valor del
procedimiento ordenado, de forma que requiere que éste le sea otorgado por el
sistema, so pena de que su salud se siga viendo afectada.
·
Adicionalmente,
indica que como producto de la larga espera de la que ha sido sujeta, ha
desarrollado constantes irritaciones y alergias, las cuales pueden derivar en
mayores inconvenientes y afectaciones.
10.2.
Material
probatorio obrante en el expediente
·
Dictamen
de enero de 2014, en el que se determinó la necesidad del procedimiento
denominado “abdominoplastia post-bariatrica”. (folios 6 a 11)
·
Acta
de la diligencia de complementación de los hechos, realizada por el Juzgado
Séptimo Civil Municipal en Oralidad de Manizales, en la que se indagó en
relación con las condiciones particulares de la accionante. (folio 17)
·
Ordenes
médicas otorgadas a la accionante en febrero de 2013, de “abdominoplastia
post-bariatrica” de remodelación de abdomen. (folios 18 a 20)
10.3.
Fundamentos
jurídicos de la solicitud de tutela
La
señora Ana Milena Jaramillo Gómez considera desconocidas sus garantías
fundamentales en virtud de la negativa en que se ha mostrado la E.P.S. accionada
de autorizarle el procedimiento denominado “abdominoplastia post-bariatrica”
que ya le fue ordenado por su médico tratante, bajo el argumento de que se
trata de un procedimiento de carácter estético.
Llama
la atención en que si bien el procedimiento ordenado se encuentra excluido del
P.O.S., ella no tiene los medios para costearlo y, contrario a lo indicado por
la E.P.S., no se trata de un procedimiento estético, sino que tiene serias
implicaciones en su salud, pues la existencia de ese exceso de piel puede
generarle graves complicaciones funcionales.
10.4.
Respuesta
de las entidades accionadas
·
Cafesalud
E.P.S.
La
accionada, en su contestación a la presente acción de tutela indica que el
procedimiento solicitado en esta sede se constituye en un servicio de carácter
estético o cosmético, razón por la cual no se encuentra dentro del P.O.S. y, en
consecuencia, no está obligada a prestarlo, sino que es el núcleo familiar de
la accionante quien debe asumir los gastos que su prestación representa.
10.5.
Sentencias
objeto de revisión
·
Sentencia
de primera y única instancia
El
Juzgado Séptimo Civil Municipal en Oralidad de Manizales, mediante sentencia
del tres de julio de 2014, decidió denegar el amparo invocado en razón a que
consideró que en efecto el procedimiento ordenado a la accionante se constituye
en uno de carácter estético o cosmético y, por tanto, en uno que debe ser
asumido por su propio peculio en cuanto “no se encuentra en riesgo inminente
su vida”.
11.
Expediente
T-4.587.077
11.1.
Hechos
·
El
señor Alfredo Alfonso Pardo Ureche y la señora Inés Concepción Galaraga se
encuentran afiliados en el régimen contributivo a la E.P.S. Ferrocarriles
Nacionales que se constituye en una E.P.S. adaptada que presta sus servicios
únicamente a los pensionados de las extintas “Puertos de Colombia”,
“Ferrocarriles Nacionales de Colombia” y al grupo familiar de sus afiliados.
·
Las
personas anteriormente enunciadas se encuentran residiendo en la ciudad de Cereté
en Córdoba y allí, la E.P.S. en cuestión no tiene cobertura. Por lo anterior,
deben trasladarse hasta la ciudad de barranquilla a efectos de recibir
cualquier tratamiento o procedimiento médico que les sea prescrito, asumiendo
los gastos de transporte y viáticos que ello represente, e implicando que en
muchas ocasiones no pueden acudir a las citas programadas en cuanto no tienen
los medios económicos para hacerlo.
·
Llama
la atención en que como producto de la omisión de prestar el servicio de salud
en su lugar de residencia, se está viendo afectada su salud, pues en reiteradas
ocasiones han tenido que ser atendidos de urgencias y luego remitidos, después
de varios días, al centro médico de barranquilla en donde les prestan el resto
de la atención.
11.2.
Material
probatorio obrante en el expediente
·
Copia
de las prescripciones médicas y demás atenciones otorgadas a los ciudadanos
Alfredo Alfonso Pardo Ureche e Inés Concepción Galaraga como producto de las
diversas patologías que los afectan. (folios7 a 27 y del 30 a 48)
·
Cédula
de ciudadanía del señor Alfredo Alfonso Pardo Ureche. (folio 28)
11.3.
Fundamentos
jurídicos de la solicitud de tutela
El
ciudadano Jhon Alex Pardo Galarga, en su condición de hijo de los señores
Alfredo Alfonso Pardo Ureche e Inés Concepción Galaraga y en calidad de agente
oficioso de los mismos, interpone la presente acción de tutela por considerar
desconocidos los derechos fundamentales de sus padres como producto de la
omisión de la E.P.S. accionada de otorgarles la atención en salud que necesitan
en el municipio en el que actualmente se encuentran residiendo.
Llama
la atención en que el servicio que presta la E.P.S. accionada es insuficiente y
no garantiza la efectividad del derecho a la salud de sus padres, pues
considera que estos, en numerosas ocasiones, se han visto en peligro como
producto de la falta de atención  en su lugar de residencia, así como por las
frecuentes remisiones a la ciudad de Barranquilla de las que han sido sujetos.
Por
otro lado, destaca que el hecho de tener que estarse trasladando constantemente
a efectos de recibir la atención en salud que requieren se está constituyendo
en una barrera que les impide materializar efectivamente sus derechos, pues,
ante la escases de recursos económicos, en muchas ocasiones no han podido hacer
los viajes requeridos y, por ello, como pretensión subsidiaria solicitan que
les cubran el valor de los viajes y los viáticos.
11.4.
Respuesta
de las entidades accionadas
·
Fondo
de Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia
En
su contestación a la presente acción de tutela indicó que el Fondo de Pasivo
Social de Ferrocarriles de Colombia actúa como una E.P.S. adaptada que presta
sus servicios única y exclusivamente a los pensionados de las extintas “Puertos
de Colombia”, “Ferrocarriles Nacionales de Colombia” y al grupo familiar de sus
afiliados, en la forma y condiciones en que estos servicios eran prestados por
dichas entidades, lo cual, en su criterio, incluye los puntos de atención que
convencional o reglamentariamente se habían fijado.
Por
lo anterior, y en virtud de que la ciudad de Cereté – Córdoba nunca fue un
punto de atención para la prestación de servicios de salud a los trabajadores o
pensionados de dichas entidades, entiende que no tiene la obligación de
prestarlo. En consecuencia, estima que no ha vulnerado derecho fundamental
alguno pues le ha garantizado la atención en salud a los agenciados en los
puntos acordados en las convenciones y reglamentos, así como la atención de
emergencia en cualquier lugar del país, tal y como lo dispone la Ley.
Por
otro lado, destacó que en el caso en el que los agenciados se encuentren
inconformes con la atención prestada siempre es posible que ejerciten su
derecho a la libertad de escogencia de E.P.S. por una que satisfaga en mayor
medida sus necesidades. Ello, pues los agenciados son los únicos afiliados a la
E.P.S. en ese municipio, de forma que suscribir contratos de prestación del
servicio allí sería contraproducente para el manejo de los escasos recursos de
la entidad.
En
este orden de ideas, indicó que las EPS y ADAPTADAS no se encuentran obligadas
a garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados en la
localidad de su elección y con pretermisión de parámetros técnicos, como serían
entre otros el del volumen de la población a atender.
11.5.
Sentencias
objeto de revisión
·
Sentencia
de primera y única instancia
El
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cereté – Córdoba, mediante sentencia del
veintiséis de junio de 2014, decidió denegar el amparo invocado por el
ciudadano Jhon Alex Pardo en calidad de agente oficioso de sus padres, pues
consideró que la E.P.S. accionada cuenta con contrato para la prestación del
servicio de salud con la I.P.S. Organización Clínica General del Norte S.A. (a
través del Contrato 100 de 2012) de forma que es a esa I.P.S. a quien el
accionante debe demandar, pues es ella la encargada de prestarle el servicio de
salud solicitado.
12.
Expediente
T-4.587.203
12.1.
Hechos
·
La
señora Gloria Mary Montenegro Gómez es una mujer de 70 años de edad quien en la
actualidad padece de numerosas patologías entre las que se destacan
Hiperlipidemia mixta, poliartrosis no especificada, trastorno esquizoafectivo,
radiculopatía y obesidad; todo lo cual, en la actualidad, ha limitado en gran
medida sus facultades para el control de sus esfínteres, desplazamiento,
alimentación y más.
·
Como
producto de la imposibilidad en que se encuentra la señora Gloria Mary de
controlar efectivamente sus esfínteres, es necesario que estén colocando y
cambiando constantemente los pañales desechables.
·
Llama
la atención en que si bien desde hace cerca de 2 años su núcleo familiar ha
venido suministrándole los pañales y la atención que requiere, en la actualidad,
como producto de la complicada situación económica en que se encuentran, les es
imposible seguir asumiendo dichos costos y, por ello, han optado por solicitar
a la E.P.S. accionada que asuma el suministro de los pañales, de una auxiliar
de enfermería que atienda sus necesidades de salud, medicación y aseo, así como
el transporte a los lugares en los que se desarrollarán las citas y controles
que deban hacerse de su patología; pero estos le han sido negados por no
encontrarse dentro del P.O.S., al igual que en razón a que no existe orden
médica alguna que los justifique.
12.2.
Material
probatorio obrante en el expediente
·
Cédula
de ciudadanía de la señora Gloria Mary Montenegro Gómez. (folio14)
·
Historia
Clínica de la señora Gloria Mary Montenegro Gómez. (folios16 a 36)
12.3.
Fundamentos
jurídicos de la solicitud de tutela
El
ciudadano Lisandro Montenegro interpone acción de tutela en calidad de agente
oficioso de su madre Gloria Mary Gómez, con el objetivo de obtener el
suministro inmediato, por parte de la E.P.S. accionada, de los pañales
desechables que requiere como producto de las diversas patologías que la
afectan, así como la autorización de atención por parte de una auxiliar de enfermería
para que le colabore con su cuidado en salud y aseo.
Llama
la atención en el hecho de que si bien él se encargó durante un tiempo del
suministro de dichos suplementos y de las atenciones que su madre requiere, en
la actualidad le es imposible seguirlo haciendo, pues ha entrado en una
situación económica complicada y debe procurarle el sustento tanto a sí mismo, como
a su núcleo familiar.
Para
finalizar, destaca que en razón a que habita lejos de los lugares en los que se
desarrollan las citas y controles médicos que le realizan a su madre, también
requiere que se autorice el servicio de transporte, o en su defecto la
valoración médica en casa.
12.4.
Respuesta
de las entidades accionadas
·
Confenalco
E.P.S.
En
su contestación a la presente acción de tutela, la E.P.S. accionada solicitó se
declarara la improcedencia del amparo invocado en razón a que no observa que la
agenciada se encuentre postrada en cama, ni que requiera el servicio de
enfermería a la luz de un dictamen de alguno de los médicos que tratan sus
patologías. Por otro lado, consideró que los pañales se constituyen en útiles
de aseo personal, de forma que al no contribuir a la mejora en la salud del
paciente, estar expresamente excluidos del P.O.S. y no contar con orden médica,
no son responsabilidad de la E.P.S.
Para
finalizar, destaca que la familia pretende deshacerse de la parte de la
responsabilidad que ostentan en relación con el cuidado de la paciente, pues,
en casos como el presente, en el que la atención requerida se concreta en
cuestiones de aseo y cuidado personal, es menester que sea un cuidador de la
familia quien preste dichas atenciones. De forma que considera que la accionada
ha suministrado la totalidad de los tratamientos ordenados y, por tanto, no ha vulnerado
derecho fundamental alguno.
12.5.
Sentencias
objeto de revisión
·
Sentencia
de primera instancia
El
Juzgado Noveno Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali –
Valle del Cauca, mediante sentencia del 22 de mayo de 2014, decidió denegar el
amparo invocado en cuanto consideró que no existe una orden médica que
determine la necesidad de los suministros solicitados en esta sede, razón por
la cual, al no estar prescritos y encontrarse por fuera de las prestaciones del
P.O.S. resulta mandatorio concluir que no es obligación de la E.P.S. accionada
asumir su reconocimiento.
·
Sentencia
de segunda instancia
El
Juzgado Quince Penal del Circuito de Santiago de Cali – Valle del Cauca,
mediante sentencia del cuatro de julio de 2014, decidió confirmar lo dispuesto
por el juez de primera instancia, pues consideró que en efecto la E.P.S.
acccionada no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la señora Gloria Mary
Montenegro, pues ha autorizado la totalidad de los servicios médicos que ha
requerido, así como porque los suministros y atenciones solicitadas en esta
sede no cuentan con un soporte técnico científico que determine su necesidad.
13.
Expediente
T-4.588.076
13.1.
Hechos
·
El
menor Cristian Fabián Aguirre Camacho, de siete años de edad, ha sido
diagnosticado desde su nacimiento con una “taquicardia supraventricular”, razón
por la cual ha recibido una gran variedad de tratamientos cardiovasculares y,
en la actualidad, está recibiendo la atención que requiere en la Fundación Cardioinfantil
de la ciudad de Bogotá, con controles que su madre aduce se realizan cada 3 o 4
meses.
·
La
ciudadana Yorlady Camayo Quintero, madre del menor Cristian Fabián, afirma que
después de haber asistido a las primeros controles programados y, en razón a
los escasos recursos económicos de los que dispone, se vio en la necesidad de
solicitar a la E.P.S-S. accionada que le otorgara los medios de transporte, de
la ciudad de Neiva a Bogotá, a efectos de poder asistir a las citas realizadas.
·
Aduce
la señora Yorlady Camayo que su núcleo familiar es uno de escasos recursos
económicos, al punto de que se encuentran afiliados al régimen subsidiado de
salud, en el nivel 1 del SISBEN, pues la única fuente de ingresos que tienen es
la que genera el padre del menor Cristian Fabián y la cual está supeditada a
los eventuales recursos que pueda conseguir como producto de los oficios varios
que adelanta en el campo.
13.2.
Material
probatorio obrante en el expediente
·
Copia
del derecho de petición realizado por la señora Yorlady Camayo Quintero ante
Confamiliar del Huila E.P.S-S., en el que solicitó le otorgaran los medios para
poder asistir con su hijo a las citas programadas. (folio 2)
·
Registro
civil de nacimiento del menor Cristian Fabián Aguirre Camayo. (folio 3)
·
Cédula
de ciudadanía de la señora Yorlady Camayo Quintero. (folio 4)
·
Epircrisis
de la atención suministrada al menor Cristian Fabián en la Fundación
Cardioinfantil de Bogotá. (folios 5 a 7)
·
Autorización
de la Consulta de control o seguimiento por medicina especializada en la
Fundación Cardioinfantil de Bogotá para el día 4 de agosto de 2014. (folio 13)
13.3.
Fundamentos
jurídicos de la solicitud de tutela
La
ciudadana Yorlady Camayo Quintero acude al excepcional mecanismo de la acción
de tutela a efectos de obtener la protección de las garantías ius-fundamentales
de su hijo Cristian Fabián Aguirre Camayo a la salud, seguridad social y vida
en condiciones dignas, pues considera que la E.P.S-S. accionada al omitir
pronunciarse con respecto a su solicitud de reconocimiento de los gastos que
tenga que hacer a efectos de asistir a los controles médicos programados a su
hijo en la ciudad de Bogotá, le impone una barrera que le impide materializar
efectivamente sus derechos y los de su hijo, pues al carecer de los recursos
económicos para asistir, terminarán por quedarse sin la atención necesitada.
13.4.
Respuesta
de las entidades accionadas
·
Caja
de Compensación Familiar del Huila – Comfamiliar Huila E.P.S-S.
En
su escrito de contestación a la presente acción de tutela, la E.P.S-S.
accionada solicitó se negaran las pretensiones invocadas por la actora en
cuanto considera que a quien le corresponde asumir el pago de los suministros y
atenciones no P.O.S. es a la entidad territorial correspondiente, en este caso,
al Departamento del Huila a través de su Dirección de Salud Departamental, de
forma que al no tener responsabilidad alguna en el suministro del servicio
solicitado en esta sede, estima no haber vulnerado derecho fundamental alguno.
·
Secretaría
de Salud del Departamento del Huila
Por
su lado, el representante de la secretaría de salud accionada solicitó ser
desvinculada de la presente acción de tutela en cuanto consideró que el
servicio de transporte solicitado en esta ocasión por la accionante se
encuentra efectivamente incluido en el P.O.S., pues la Resolución 5521 de 2013,
en su artículo 125 dispuso que: “el servicio de transporte en un medio
diferente a la ambulancia, para acceder a un servicio atención incluido en el
Plan Obligatorio de Salud, no disponible en el municipio de residencia del
afiliado, será cubierto con cargo a la prima adicional para zona especial por
dispersión geográfica” y, por tanto se trata de un servicio que debe ser
suministrado por la E.P.S-S. accionada.
13.5.
Sentencias
objeto de revisión
·
Sentencia
de primera instancia
El
Juzgado Primero Civil Municipal de Mínima Cuantía de Neiva, mediante sentencia
del 26 de junio de 2014, decidió conceder el amparo ius-fundamental invocado y
ordenar a la E.P.S-S. accionada el suministro del transporte solicitado, en
cuanto consideró que en efecto la falta en el suministro de los medios de
transporte para atender a las citas y controles médicos programados, se está
constituyendo en un impedimento para el efectivo acceso a los servicios de
salud requeridos por el menor. Destacó que la escasez de recursos económicos no
puede ser entendida como una razón que justifica la imposibilidad para acceder
a los servicios de salud que una persona requiera.
·
Sentencia
de segunda instancia
El
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, mediante sentencia del 13 de
agosto de 2014, decidió revocar lo dispuesto por el juzgador de primera
instancia en cuanto consideró que la accionante, dentro del material probatorio
allegado, no demostró que en efecto los controles que le implican viajar desde
Neiva a la ciudad de Bogotá deben efectuarse en forma periódica y que no se
trata de viajes excepcionales que no sea desproporcionado exigirle que asuma.
14.
Expediente
T-4.592.778
14.1.
Hechos
·
El
señor Luis Alfonso Contreras Vargas, de 76 años de edad, padece de Parkinson
desde hace más de 2 años por lo que ha sido objeto de numerosos exámenes,
terapias y tratamientos a efectos de impedir o desacelerar el avance progresivo
de su enfermedad.
·
Como
producto de los diversos procedimientos que han debido ser efectuados, llama la
atención en que ha tenido numerosos problemas a la hora de obtener la
autorización de los procedimientos, exámenes y controles médicos que le han
programado, pues se le han demorado demasiado en el proceso y en ocasiones ni siquiera
ha conseguido que se realicen en el tiempo estipulado por el médico tratante,
haciendo que estos sean inservibles con posterioridad a esa fecha.
·
En
adición a lo expuesto, llama la atención en que en junio de 2014, se le
expidieron órdenes para el desarrollo de diversos exámenes y controles de “otorrinolaringología”,
“audiología”, “terapia de rehabilitación vestibular”, “imitancia acústica
[impedanciometría]”, “logoaudiometría”, “audiometría de tonos puros aéreos y óseos
con enmascaramiento", “hemograma III (hemoglobina, hematocrito, recuento
de eritrocitos, índice eritro)”, “serología (prueba no treponemica) VDRL en
suero o LCR &”, “hormona estimulante de tiroides (TSH) ultrasensible”, “colesterol
de alta densidad (HDL)”, “colesterol total”, “triglicéridos”, “glucosa en suero
LCR u otro fluido diferente a orina”, pero que ellos no le fueron autorizados
por la E.P.S. accionada, sino que, por el contrario, le informaron que debían
volver a ser ordenados, a lo cual el médico tratante se negó en cuanto
presuntamente ya habían sido practicados, lo cual en criterio del actor es
falso.
·
Para
finalizar, destaca que ante las numerosas omisiones y negligencias de la
accionada, decidió interponer un derecho de petición solicitando que le
autorizaran en forma urgente los diversos procedimientos y controles ordenados,
pero hasta el momento de la presentación de la acción de tutela en estudio, no
se le había dado respuesta a su solicitud.
14.2.
Material
probatorio obrante en el expediente
·
Cédula
de ciudadanía del ciudadano Luis Alfonso Contreras Vargas. (folio 1)
·
Orden
médica del 09 de junio de 2014 de “hemograma III (hemoglobina, hematocrito,
recuento de eritrocitos, índice eritro), serología (prueba no treponemica) VDRL
en suero o LCR &, hormona estimulante de tiroides (TSH) ultrasensible,
colesterol de alta densidad (HDL), colesterol total, triglicéridos, glucosa en
suero LCR u otro fluido diferente a orina”. (folio 39)
·
Orden
médica del 09 de junio de 2014 de otorrinolaringología. (folio 40)
·
Orden
médica del 09 de junio de 2014 de “imitancia acústica [impedanciometría],
logoaudiometría, audiometría de tonos puros aéreos y óseos con
enmascaramiento". (folio 41)
·
Orden
médica del 09 de junio de 2014 de “terapia de rehabilitación vestibular” (folio
42)
·
Orden
médica del 09 de junio de 2014 de cita para control por audiología en 3 semanas
desde la expedición. (folio 44)
14.3.
Fundamentos
jurídicos de la solicitud de tutela
El
ciudadano Luis Alfonso Contreras Vargas considera desconocidos sus derechos
fundamentales a la salud, vida en condiciones dignas y seguridad social, en
razón al actuar irregular de la E.P.S. accionada al negarse a autorizar los
procedimientos médicos ordenados por los médicos tratantes y poner así en
entredicho el acceso a los servicios de salud que requiere para lidiar con las
patologías que lo afectan.
Adicionalmente,
considera que la E.P.S. accionada le está colocando trabas innecesarias a la
efectiva materialización de su derecho a la salud, pues no solo le exige
obtener las ordenes médicas, sino que estas deben ser “reiteradas” por otro
médico, sin ninguna justificación, y luego se niega a prestar los servicios
pues estos presuntamente ya fueron realizados, sin que dicha afirmación sea
verdad, ni se allegue prueba alguna que lo determine.
14.4.
Respuesta
de las entidades accionadas
·
Corporación
Hospitalaria Juan Ciudad – Hospital Universitario Mayor
En
su contestación a la presente acción de tutela, indicó que en su calidad de
I.P.S., la única función que le es atribuible es la mera prestación de los
servicios médicos que ya han sido autorizados, razón por la cual es la E.P.S.
accionada la responsable de responder por las acusaciones que son discutidas en
esta sede. En consecuencia solicita su desvinculación de la presente acción.
·
Nueva
E.P.S.
A
pesar de haber sido notificado del contenido y pretensiones de la presente
acción, la accionada omitió realizar un pronunciamiento de fondo en relación
con la litis entablada y, por tanto, no expuso argumento, ni prueba
alguna que desvirtuara las afirmaciones de la actora.
14.5.
Sentencias
objeto de revisión
·
Sentencia
de primera y única instancia
El
Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 13
de agosto de 2014, decidió denegar el amparo invocado por el ciudadano Luis
Alfonso Contreras, pues, en su criterio, del material probatorio allegado al
expediente era necesario concluir que el mismo accionante indica en su escrito
que los controles y exámenes ordenados no fueron confirmados por el médico
tratante en cuanto supuestamente ya se habían realizado, razón que estimó más
que suficiente para denegar el amparo, pues “ante el silencio de la
accionante, frente a la negación de la práctica de los citados exámenes
médicos, por el médico general, se entiende que tal situación es cierta”.
15.
Expediente
T-4.599.016
15.1.
Hechos
·
La
señora Beatriz Eugenia Ortega Molina indica ser una mujer que encabeza un
núcleo familiar que ha sido objeto del desplazamiento forzado y que actualmente
cuenta con 3 hijos por los cuales responder.
·
Destaca
que uno de sus hijos, esto es, el joven Cristóbal José Laguna Ortega, de 25
años de edad, ha padecido desde su nacimiento de una parálisis cerebral y
actualmente como consecuencia de ello tiene secuelas de cuadriparesia y no
controla esfínteres, por lo que requiere de un suministro constante de pañales
desechables.
·
Llama
la atención en que en virtud de su condición de desplazada del conflicto armado
y de usuaria del sistema general de salud en el régimen subsidiado, no cuenta
con los recursos económicos para sufragar el suministro de los pañales que su
hijo requiere, ni las cremas para  dermatitis que terminan siendo necesarias
para evitar que los pañales terminen constituyéndose en un factor de afectación
a la salud de su hijo.
·
En
agosto de 2013, la señora Beatriz Eugenia Ortega Molina radicó ante la
accionada un derecho de petición en el que solicitó el suministro de los
suplementos que su hijo requiere.
·
Con
respecto a la anterior solicitud, Coosalud E.P.S-S. indicó que ésta era
improcedente en cuanto los suministros peticionados se constituyen en útiles de
aseo personal que se encuentran expresamente excluidos del P.O.S.
15.2.
Material
probatorio obrante en el expediente
·
Cédula
de ciudadanía del joven Cristóbal José Laguna Ortega. (folio 19)
·
Cédula
de ciudadanía de la señora Beatriz Eugenia Ortega Molina. (folio 20)
·
Copia
del derecho de petición presentado por la señora Beatriz Eugenia Ortega Molina
en el que solicita el suministro de pañales para su hijo Cristóbal José Laguna
Ortega. (folio 12)
·
Contestación
al derecho de petición anteriormente referenciado, en el que le indicaron a la
accionante que su solicitud no sería atendida en cuanto los pañales desechables
se encuentran expresamente excluidos del P.O.S. (folio 8 a 10)
·
Acta
de la consulta médica realizada al joven Cristóbal José Laguna Ortega por parte
del Hospital Local de Cartagena de Indias en el que se determinó que el
paciente padece de parálisis cerebral y, como consecuencia de ello no controla
esfínteres. (folios 23 y 24)
15.3.
Fundamentos
jurídicos de la solicitud de tutela
La
ciudadana Beatriz Eugenia Ortega Molina en su calidad de agente oficiosa de su
hijo, mayor de edad, Cristóbal José Laguna Ortega, considera vulnerados sus
derechos a la salud, vida en condiciones dignas y seguridad social en virtud de
la negativa de la E.P.S. accionada de acceder al suministro de los pañales
desechables, así como los demás útiles de aseo que son efectivamente
necesitados por su hijo como consecuencia de las patologías que lo afectan.
Al
respecto, recalca en el hecho de que actualmente ni siquiera cuenta con los
recursos económicos necesarios a efectos de velar por el sostenimiento de su
núcleo familiar, mucho menos puede garantizarle a su hijo un suministro
constante de los pañales desechables que necesita.
15.4.
Respuesta
de las entidades accionadas
·
Coosalud
E.P.S-S.
En
su escrito de contestación a la presente acción de tutela, solicitan que se
declaren improcedentes las pretensiones invocadas, pues los suministros
solicitados en esta sede no han sido ordenados por el médico tratante del
agenciado, motivo suficiente para que, a la luz de la jurisprudencia
constitucional en materia de autorización de suministros no P.O.S., sea
necesario entender que la E.P.S-S. ha actuado conforme al ordenamiento
jurídico.
15.5.
Sentencias
objeto de revisión
·
Sentencia
de primera y única instancia
El
Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Cartagena de Indias, mediante sentencia del 2 de septiembre de 2014, decidió
denegar el amparo invocado, pues consideró que en efecto, tal y como lo indicó
la accionada, no existe un dictamen u orden medica por parte de un profesional
de la salud que determine la necesidad de los suministros solicitados en esta
sede.
16.
Expediente
T-4.596.074
16.1.
Hechos
·
La
ciudadana Gloria Elena Castañeda Arevalo ha sido diagnosticada con “neuropatía
motora multifocal” y, en la actualidad, su médico tratante le expidió una orden
de “inmunoglobulina G humana frasco de 6 gr a dosis de 400 mg/kg al día, por 5
días” esto es, 5 frascos al día y 25 en total. Lo anterior, pues determinó que se
trata del único procedimiento o tratamiento que puede llegar a tener la
virtualidad de mejorar sus condiciones de salud y, en consecuencia, no existe
ninguno otro en el P.O.S., o por fuera de él, que pueda remplazarlo.
·
Mediante
el comunicación del 26 de abril de 2014, Salud Total E.P.S. decidió no
autorizarle los medicamentos efectivamente ordenados por el médico tratante,
pues consideró que el diagnostico por el cual se prescribió el medicamento en
comento no coincide con los usos para los que éste fue aprobado por el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).
·
Llama
la atención en que se trata de un medicamento de alto costo por lo que a ella,
por los escasos recursos económicos con los que cuenta, le es imposible asumir
su suministro.
16.2.
Material
probatorio obrante en el expediente
·
Cédula
de ciudadanía de la señora Gloria Elena Castañeda Arévalo. (folio 6)
·
Orden
médica de “inmunoglobulina G humana frasco de 6 gr a dosis de 400 mg/kg al día,
por 5 días”. (folio 7)
·
Formato
de justificación de tratamiento no P.O.S. realizada por el médico tratante de
la señora Gloria Elena Castañeda. (folios 8, 9)
·
Comunicación
del 26 de abril de 2014, en la que se negaron los servicios ordenados por el
médico tratante. (folio 10)
·
Resumen
de la historia Clínica de la ciudadana Gloria Elena Castañeda. (folios 11 a 13)
16.3.
Fundamentos
jurídicos de la solicitud de tutela
La
ciudadana Gloria Elena Castañeda acude a la acción de tutela a efectos de
obtener la protección ius-fundamental de sus derechos a la salud, vida digna y
seguridad social, los cuales estima desconocidos con la conducta de la
accionada de negarse a autorizar los medicamentos ordenados por el médico
tratante y que se constituyen en la única opción para dar tratamiento a la
patología que la afecta. Llama la atención en que si bien el medicamento en
cuestión no se encuentra efectivamente autorizado por el INVIMA para esa
patología en concreto, su médico considero indispensable su suministro; razón
por la cual negárselo le impide el efectivo goce de su derecho a la salud y más
concretamente, recuperar un estado de salud que le permita desarrollar su vida
en forma digna.
Considera
que el único encargado de velar por el cuidado y tratamiento de un paciente es
el médico tratante, de forma que al existir una autorización expresa por parte
del galeno tratante, no puede la E.P.S. accionada interponerse e imponer trabas
de índole administrativo.
Adicionalmente,
solicitó al juez constitucional que conceda el tratamiento integral a la
patología que la afecta, pues con la negativa a prestar determinados
tratamientos se está poniendo una traba muy grande a su proceso de recuperación
y, por tanto, es necesario que la E.P.S. accionada se encuentre compelida a
otorgar cualquier tratamiento que se estime esencial para su salud.
16.4.
Respuesta
de las entidades accionadas
·
Ministerio
de Salud y Protección Social
En
su contestación a la presente acción de tutela, expresó que el medicamento
solicitado por el actor no solo se encuentra excluido del plan de beneficios
contemplado en el P.O.S. sino que además de ello, no cuenta con el aval del
INVIMA y, por tanto, al no estar certificada la idoneidad y seguridad del
medicamento ordenado, consideró necesario abstenerse de prestarlo en cuanto de
hacer lo contrario, desconocería los principios de seguridad, efectividad,
eficacia y racionalidad que deben permear la prestación de los servicios de
salud en Colombia.
Por
otro lado, estimó que la pretensión de tratamiento integral es en extremo
indeterminada y es importante que en cada caso en concreto y en relación con
cada tipo de medicamento o tratamiento ordenado, la E.P.S. verifique si este se
encuentra dentro del plan de beneficios, o si como en este caso, no cuenta con
registro de sanidad por parte del INVIMA.
·
Salud
Total E.P.S.
Por
su parte, solicita que se denieguen las pretensiones de la accionante en cuanto
considera que su accionar se ha fundamentado siempre en el respeto y obediencia
al ordenamiento jurídico vigente; pues si bien rechazó la solicitud de
autorización del medicamento solicitado por la actora, esto se debió a que
dicho suplemento se encuentra excluido del P.O.S. y porque ni siquiera cuenta
con la aprobación del INVIMA para el uso terapéutico pretendido. De forma que
al haber autorizado todos los procedimientos efectivamente ordenados e
incluidos en el plan de beneficios, considera no haber desconocido derecho
fundamental alguno.
·
I.P.S.
Virrey Solis
Solicita
que ser desvinculada de la presente acción, pues la autorización pretendida por
la accionante se sale del marco de sus competencias como Institución Prestadora
de Servicios. Llama la atención en que es la E.P.S. accionada la encargada de
resolver sobre la autorización solicitada, razón por la cual esa carga no puede
serles trasladada.
16.5.
Sentencias
objeto de revisión
·
Sentencia
de primera y única instancia
El
Juzgado Setenta y Cinco Penal Municipal con Función de Control de Garantías,
mediante sentencia del 22 de agosto de 2014, decidió denegar el amparo invocado
por la solicitante en cuanto consideró que la E.P.S. accionada no había
vulnerado derecho fundamental alguno al denegar el suministro del medicamento
solicitado, pues del material probatorio allegado al expediente, concluyó que
éste en efecto no cuenta con la autorización del INVIMA para ese tipo de uso
terapéutico y, en consecuencia, se excedería en sus competencias al pretender
determinar, por encima de los conceptos médicos y científicos, cual habría de
ser el procedimiento a seguir y cual el tratamiento a otorgar.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
La
Corte Constitucional es competente para pronunciarse en sede de revisión en
relación con los presentes fallos de tutela, de conformidad con lo previsto en
los artículos 86 y 241 de la Constitución Política Colombiana, así como en los
artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones
pertinentes.
2.
Problemas jurídicos y planteamiento de los casos
Mediante
los procesos de tutela objeto de revisión, los distintos actores, en su condición
de usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, solicitan la
protección de sus derechos fundamentales a la salud, vida en condiciones dignas
y seguridad social presuntamente vulnerados por las entidades demandadas, en
razón a que no les están brindando las atenciones o suministros que consideran
resultan absolutamente indispensables para el efectivo ejercicio de sus
derechos.
A
efectos de resolver los diversos casos planteados esta Corporación deberá dar
respuesta a los siguientes problemas jurídicos y determinar si en cada caso se
desconocen los derechos fundamentales de los accionantes: (i) al
exigírseles asumir el pago de los transportes y viáticos en los que se hace
necesario incurrir en virtud de la remisión médica de atención en un municipio
diferente al de su residencia?; (ii) por la negativa de las E.P.S.’s
accionadas de autorizar los medicamentos, exámenes de diagnóstico, atenciones
domiciliarias por enfermería, suplementos de aseo y cuidado personal, así como
alimentos especiales que no pueden ser sufragados por los beneficiarios de la
atención, ni  por su núcleo familiar?; (iii) cuando la E.P.S. a la que
se encuentran afiliados indica no poder prestarles la atención requerida en el
departamento en el que habitan y, por ello, deben trasladarse constantemente a
efectos de recibir los servicios ordenados?; (iv) al permitirse que el
efectivo cobro de los copagos y cuotas moderadoras se constituya en una barrera
infranqueable a la efectividad de los derechos fundamentales a la salud y
seguridad social que con su existencia se pretende salvaguardar?; (v) cuando
a pesar de que se han ordenado unos tratamientos médicos por motivos
funcionales, éstos son negados por la E.P.S. accionada por considerar que ostentan
un carácter eminentemente estético?; y (vi) como producto de la negativa
de una E.P.S. a suministrar un tratamiento o medicamento que ha sido
efectivamente ordenado por el médico tratante, pero cuyo uso para una
determinada patología no se encuentra expresamente autorizado por el INVIMA?
Para
dar solución a estas interrogantes, la Sala procederá a realizar un análisis de
la jurisprudencia constitucional sobre: (i)
legitimación para incoar una acción de tutela en nombre de terceros; (ii)
el derecho a la salud, su naturaleza y protección constitucional; (iii) el
suministro de medicamentos, servicios y procedimientos excluidos del Plan
Obligatorio de Salud; (iv) el suministro de elementos o
servicios que, a pesar de no ostentar la calidad de medicamentos o atenciones
en salud, se estiman esenciales para el desarrollo digno de la existencia del
paciente; (v) la responsabilidad compartida entre el Estado y las E.P.S-S. en
la prestación de servicios excluidos del plan de beneficios establecido en el régimen
subsidiado; (vi) el excepcional uso y autorización de medicamentos
o tratamientos que no cuentan con el registro sanitario otorgado por el INVIMA;
(vii) la naturaleza jurídica de los copagos, cuotas moderadoras y de
recuperación, así como las condiciones que permiten su exoneración; de
forma que con posterioridad sea posible entrar a resolver los casos en
concreto.
3.
Legitimación para incoar una acción de tutela en nombre de terceros.
Reiteración de jurisprudencia.
A
pesar de la informalidad que caracteriza la acción de tutela, la jurisprudencia
de esta Corporación ha reconocido la existencia de unos requisitos mínimos de
procedibilidad que deben encontrarse satisfechos a efectos de que el juez
constitucional pueda entrar a resolver el caso que ante él fue planteado.
En
este orden de ideas, la efectiva acreditación de la legitimación para actuar de
las partes, ya sea del accionante (legitimación por activa) o del accionado
(legitimación por pasiva) es uno de los requerimientos que en este sentido se
han establecido y que deben ser siempre verificados por el juez de tutela
frente a cada solicitud que le sea planteada.
En
relación con la legitimación por activa, esta Corporación ha sido enfática en
resaltar que se trata de un requisito que solo puede verse satisfecho a partir
de la materialización de dos supuestos de hecho en concreto, estos son: (i)
cuando la persona acude directamente a la jurisdicción a efectos de lograr la
protección de sus garantías ius-fundamentales; o (ii) cuando de acuerdo con el
ordenamiento jurídico vigente una persona se encuentra facultada para actuar en
nombre de un tercero.
Ahora
bien, en lo que respecta a las actuaciones directas del interesado, resulta
evidente que se trata de un fenómeno que no genera mayores inconvenientes en su
comprensión, siempre y cuando se tengan en cuenta los presupuestos generales
para actuar en los distintos procedimientos jurisdiccionales.
En
lo relacionado con la habilitación legal o jurisdiccional para actuar en nombre
de otros, el derecho ha desarrollado tres figuras generales que la permiten,
estas son: (i) la agencia oficiosa, un cuasicontrato que se configura, en sede
de tutela, cuando una persona se arroga, a “motu proprio”, la protección
de los intereses de otra que se encuentra en la imposibilidad para hacerlo por
sí misma; (ii) el mandato, definido en el código civil como un contrato
en virtud del cual, una persona confía la gestión de uno o más negocios -o, en
el caso de la tutela, intereses jurídicos de rango ius-fundamental- a otra, que
se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera; y (iii) la
representación legal, que es la potestad otorgada a una persona, ya sea por la
ley, en el caso de los padres que ostentan la patria potestad con respecto a
sus hijos menores de edad, o a través de una orden judicial, en el caso de los
guardadores sobre las personas que han sido declaradas como interdictas y
encargadas a su custodia, para ejecutar acciones en nombre de otra[1].
Adicionalmente, resulta necesario destacar que en virtud de los especiales
intereses que se encuentran en juego durante el desarrollo de este especial
tipo de acción, en el decreto 2591 de 1991 se contempló la posibilidad de que
tanto el defensor del pueblo, como el personero municipal puedan interponer
acciones de tutela en representación de los intereses de rango fundamental que
estimen vulnerados o desconocidos.
Con
respecto a la agencia oficiosa como mecanismo a través del cual se ha
legitimado la injerencia de terceros en los intereses de otros, esta
Corporación en su jurisprudencia, ha fundamentado su validez a partir de tres
principios constitucionales en concreto: (i) el principio de la eficacia de los
derechos fundamentales, que impone a la administración la flexibilización de
los mecanismos institucionales, con el fin de permitir la efectiva
materialización de este tipo de derechos; (ii) el principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre las formalidades, que impide que por circunstancias
meramente procedimentales, se vulneren o desconozcan los derechos
fundamentales; y finalmente, (iii) el principio de solidaridad, que obliga a la
sociedad colombiana a velar por la defensa de los derechos ajenos, cuando su
titular se encuentre imposibilitado para promover, por sí mismo, su defensa.[2]
No
obstante lo anterior, esta figura requiere que el agente oficioso afirme que
actúa como tal y, además, que demuestre que el agenciado no se encuentra en la
posibilidad de promover, por sí mismo, la defensa de sus intereses.
4. El derecho fundamental a la salud, su naturaleza y
protección constitucional. Reiteración de jurisprudencia.
4.1. El artículo 49 de la Constitución
Política de Colombia establece en cabeza del Estado la obligación de garantizar
a todas las personas, la atención en salud que requieran y, para ello, lo ha
encargado tanto del desarrollo de políticas públicas que permitan su efectiva
materialización, como del ejercicio de la correspondiente vigilancia y control
sobre las mismas. De ahí que el derecho a la salud tenga una doble connotación:
por un lado se constituye en un derecho subjetivo fundamental del que son
titulares todas las personas y, por otro, en un servicio público de carácter
esencial cuya prestación es responsabilidad el Estado.
En
virtud de la dicotomía anteriormente enunciada, resulta pertinente entrar a
conceptualizar lo que se ha entendido por “salud” en cada una de sus facetas,
de forma que sea posible esclarecer y delimitar su alcance, así como facilitar
su comprensión.
En
este orden de ideas, la salud, entendida como un derecho fundamental, fue
inicialmente concebida por la Organización Mundial de la Salud como “un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades”[3], pero,
a partir de la evolución que ha tenido este concepto, se ha reconocido por esta
Corporación que la anterior definición debe ser más bien asociada con el
concepto de “calidad de vida”[4],
pues, en razón a la subjetividad intrínseca del concepto de
“bienestar” (que depende completamente de los factores sociales de una
determinada población), se estimó que ésta generaba tantos conceptos de salud
como personas en el planeta.
Ahora
bien, en pronunciamientos más recientes, esta Corporación ha expresado que la
salud debe ser concebida como “la facultad que tiene todo ser humano
de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de
la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación
en la estabilidad orgánica y funcional de su ser”[5], de forma
que la protección en salud no se limite únicamente a las afectaciones que
tengan implicaciones en el cuerpo físico del individuo, sino que, además, se
reconozca que las perturbaciones en la psiquis, esto es, aquellas que  se
materializan en la mente del afectado, también tienen la virtualidad de
constituirse en restricciones que impiden la eficacia de los demás derechos
subjetivoshttp://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/t-201-14.htm
- _ftn29.
De
ahí que, la protección constitucional del derecho a la salud tome su principal
fundamento en su inescindible relación con la vida, entendida ésta no desde una
perspectiva biológica u orgánica, sino como “la posibilidad de ejecutar
acciones inherentes al ser humano y de ejercer plenamente los derechos
fundamentales, de donde se concluye que si una persona sufre alguna enfermedad
que afecta su integridad física o mental impidiéndole continuar con sus
proyectos personales y laborales en condiciones dignas, su derecho a la vida se
encuentra afectado, aun (SIC) cuando biológicamente su existencia sea
viable”[6]
En
atención a lo expuesto, el goce del derecho a la salud no debe entenderse como
un conjunto de prestaciones exigibles de manera segmentada y parcializada, sino
como una pluralidad de servicios, tratamientos y procedimientos que, en forma
concurrente y de manera armónica e integral, propenden por la mejora, hasta el
mayor nivel posible, de las condiciones de salud de sus destinatarios.[7]
En
síntesis, todas las personas pueden acudir a la acción de tutela para lograr la
protección de su derecho fundamental a la salud, pues no solamente se trata de
un derecho autónomo sino que también se constituye en uno que se encuentra en
íntima relación con el goce de distintos derechos, en especial la vida y la
dignidad humana, derechos que deben ser garantizados por el Estado colombiano
de acuerdo a los mandatos internacionales, Constitucionales y jurisprudenciales que al respecto se han establecido.[8]
4.2. El principio de integralidad en
material de salud procura porque las personas que se encuentran afiliadas al
S.G.S.S.S. reciban los servicios y atenciones requeridas a efectos de que
puedan conservar o recuperar su salud, esto es, su normalidad orgánica y
funcional, de las diversas circunstancias que puedan llegar a afectarla o
disminuirla.
Ahora bien, esta Corporación, mediante sentencia T-619 de 2014,
recordó que la integralidad del derecho a la salud debe ser entendida desde una
doble connotación, esto es:
-
Como la satisfacción integral de sus distintas facetas: “i)
preventiva, la cual evita la producción de la enfermedad interviniendo las
causas de ella; ii) curativa que se concreta en suministrar las atenciones
necesarias para que el paciente logre la cura de la patología que padece; y
iii) mitigadora que se dirige a paliar las dolencias físicas o psicológicas que
ocurren por los efectos negativos de la enfermedad[9]”.
-
Y como la atención o suministro de todas las prestaciones
requeridas para que una persona se recupere de las afectaciones que padece,
esto es, todos los componentes que el médico tratante considera como necesarios
para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las
dolencias que le impiden llevar su vida en condiciones de dignidad.
En este orden de
ideas, en relación con la segunda de las acepciones enunciadas, se destaca que
si bien esta Corporación ha reconocido que la atención en salud otorgada por
las entidades encargadas de prestar dichos servicios debe ser siempre, en
principio, integral; ello no impide que el juez constitucional, en aras de
velar por la efectiva salvaguardia de los derechos fundamentales de las
personas, pueda determinar en un caso en concreto el “tratamiento integral” de
una determinada patología, de forma que el paciente se vea exento de la necesidad
de acudir recurrentemente al ejercicio de las acciones legales pertinentes y,
así, se le evita la interposición de una acción de tutela por cada servicio médico
que le sea prescrito para la atención de dicha patología.[10]
A lo anterior
cabe añadir que si bien la prerrogativa normalmente englobada bajo el concepto
de “tratamiento integral”, por lo general es entendida únicamente en lo
relacionado con el suministro de servicios y atenciones de carácter médico que
han sido efectivamente ordenados por el profesional de la salud encargado del
tratamiento de un determinado paciente, resulta necesario hacer la aclaración
de que la integralidad también debe ser concebida como la cabal satisfacción
del derecho a la salud en sus distintas facetas y dimensiones, razón por la
cual es menester que se entienda que el derecho a la salud en su dimensión de
accesibilidad económica o asequibilidad,[11] también
implica el que se garantice, por parte del Estado, y más concretamente por la
E.P.S. a la que el paciente se encuentra afiliado, que la ausencia de recursos
económicos no tenga la virtualidad de constituirse en una barrera infranqueable
que le imposibilite para recibir las atenciones que le han sido efectivamente
ordenadas y que implican su desplazamiento al lugar en el que serán prestadas.
En
otras palabras, la figura del “tratamiento integral” no solo cobija los
servicios de salud que requiera un paciente, sino que, en adición a ello,
también cubre los medios que le permiten a éste acceder a dichas atenciones.
En todo caso, debe
precisarse que esta Corporación ha establecido unos criterios determinadores
que permiten evidenciar la necesidad de hacer este tipo de reconocimientos, de
forma que el juez constitucional evalué si se trata de: (i) de sujetos de
especial protección constitucional, o de (ii) personas que padecen enfermedades
catastróficas.
Conforme a lo
expuesto, también resulta relevante llamar la atención en que la integralidad
que se ordena con respecto a la atención otorgada debe ser claramente
delimitada por el juez constitucional ya sea al tratamiento de una determinada
patología, a su determinación o diagnostico o cualquier otro parámetro que el
juez determine razonable y de igual forma, debe encontrarse supeditado a las
atenciones o servicios emitidos por el personal médico calificado y no por los
que el paciente subjetivamente considere.
5.
El suministro de medicamentos y procedimientos excluidos del Plan Obligatorio
de Salud (P.O.S.). Reiteración de jurisprudencia.
En
principio, el derecho fundamental a la salud es exigible por vía de tutela
solamente respecto de los contenidos consagrados en el P.O.S.[12] De forma
que por regla general, en virtud de la asistencia en salud que se deriva del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (S.G.S.S.S.), todo ciudadano puede
acceder a cualquier tratamiento o medicamento, siempre y cuando se cumplan los
siguientes requisitos: “(i) se encuentre contemplado en el POS, (ii) sea
ordenado por el médico tratante, generalmente adscrito a la entidad promotora
del servicio,[13]
(iii) sea indispensable para garantizar el derecho a la salud del paciente, y
(iv) sea solicitado previamente a la entidad encargada de la prestación del servicio de salud”.[14]
A
pesar de lo expuesto en el primero de los numerales anteriormente enunciados, se
tiene que si bien esta Corporación ha admitido como constitucionalmente
admisible el que, con el objetivo de salvaguardar el equilibrio financiero del
S.G.S.S.S., se establezca un régimen de limitaciones y exclusiones en la
cobertura del P.O.S., de forma que los contenidos en él no contemplados deban
ser sufragados, en principio, por los particulares y, solo en ocasiones
excepcionales, por el Estado, se destaca que éste, en virtud del principio de
solidaridad,
puede quedar obligado a garantizar la efectiva concreción del
derecho a la salud ante la materialización de determinados supuestos de hecho,
proporcionando de esta forma los servicios no cubiertos por el POS con cargo a
recursos públicos.[15]
En
otras palabras, como ya se indicó, la regla en comento no es absoluta, pues
jurisprudencialmente la Corte Constitucional ha sido enfática y reiterativa en
señalar que, con el fin de atender a mandatos de orden constitucional de mayor
jerarquía, en ciertos eventos es posible amparar prestaciones no incluidas en
el plan de beneficios, siempre y cuando se materialicen los siguientes
supuestos de hecho:
“a)
la falta del medicamento o tratamiento excluido por la reglamentación legal o
administrativa, debe amenazar los derechos constitucionales fundamentales a la
vida o a la integridad personal del interesado; b) debe tratarse de un
medicamento o tratamiento que no pueda ser sustituido por uno de los
contemplados en el Plan Obligatorio de Salud o que, pudiendo sustituirse, el
sustituto no obtenga el mismo nivel de efectividad que el excluido del plan,
siempre y cuando ese nivel de efectividad sea el necesario para proteger el
mínimo vital del paciente; c) que el paciente realmente no pueda sufragar el
costo del medicamento o tratamiento requerido, y que no pueda acceder a él por
ningún otro sistema o plan de salud (el prestado a sus trabajadores por ciertas
empresas, planes complementarios prepagados, etc.); y finalmente, d) que el
medicamento o tratamiento haya sido prescrito por un médico adscrito a la
Empresa Promotora de Salud a la cual se halle afiliado el demandante.”[16]
A
partir de lo anterior, resulta mandatorio concluir que todas las personas en
Colombia tienen derecho a recibir el tratamiento médico que requieran siempre y
cuando éste se encuentre contenido en el plan de beneficios establecido y, en
el caso en que no sea así, podrán acceder a él ante la materialización de unos
supuestos de hecho que permitan inferir lo indispensable que resulta el que el
Estado se involucre más allá de sus responsabilidades básicas y autorice el
procedimiento requerido con necesidad; permitiendo de esta forma que la E.P.S.
obtenga, por parte del F.O.S.Y.G.A. o de las autoridades territoriales de
salud, el reembolso de los servicios prestados que no estuvieran cubiertos por
el P.O.S.[17]
6.- El excepcional uso y autorización de medicamentos o
tratamientos que no cuentan con el registro sanitario otorgado por el INVIMA.
Ahora bien, en conjunción con lo
expresado en el acápite anterior, resulta necesario destacar que la
jurisprudencia de esta Corporación también ha reconocido que existen eventos en
los que el suministro de un determinado medicamento o procedimiento de carácter
médico es negado por parte de una E.P.S. en razón a que éste no solo se
encuentra excluido del Plan Obligatorio de Salud, sino que, en adición a ello,
tampoco cuenta con el registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), esto es, el registro mediante el cual se
certifica, a partir de criterios eminentemente técnicos y científicos, la calidad,
eficacia, seguridad, utilidad e idoneidad de un medicamento o tratamiento
sugerido.
Al respecto, se ha indicado que si
bien el juez constitucional no es competente para entrar a controvertir la
idoneidad de los servicios médicos que han sido efectivamente prescritos por un
profesional de la salud, pues esta decisión corresponde exclusivamente a quienes,
desde una perspectiva médico-científica, pueden establecer efectivamente la
necesidad de un determinado servicio médico, ello no ha sido óbice para que,
ante la confrontación de los criterios técnicos-científicos del médico tratante
de un paciente y de la autoridad sanitaria correspondiente, en este caso el
INVIMA, quien no ha otorgado su aval al servicio médico ordenado, sea posible
que se ordene por parte del juez de tutela la autorización de dicho medicamento
o tratamiento muy a pesar de que éste no aparezca en el listado oficial del
INVIMA.
En este sentido, la jurisprudencia
constitucional ha expresado que a efectos de que sea dable que el juez constitucional
se inmiscuya en este tipo de asuntos, de índole eminentemente científica, es
necesario que se verifiquen los siguientes requisitos: (i) que se evidencie el
cumplimiento de los requisitos establecidos por la jurisprudencia para otorgar
la autorización de servicios médicos no incluidos en el P.O.S.; (ii) que la
negativa del suministro o tratamiento ordenado ponga en riesgo grave la vida
del paciente; (iii) que el médico tratante indique que el servicio ordenado,
que no cuenta con el aval del INVIMA, es el único que tiene la virtualidad de
producir efectos favorables en el paciente; (iv) que no se trate de un
medicamento o tratamiento en etapa experimental.[18]
En consecuencia, se ha señalado que
los servicios médicos que aún no cuentan con el registro del INVIMA deben ser
suministrados por las E.P.S.’s cuando quiera que sean requeridos con necesidad
por el paciente y se verifique el cumplimiento de los requisitos anteriormente
enunciados. Lo anterior, consultando la mejor evidencia científica disponible,
de forma que sea posible evitar que el hecho de que aún no se ha surtido el
proceso de aprobación y autorización de un determinado medicamento o servicio
médico en el país, pueda constituirse en una barrera infranqueable de carácter
administrativo que le impida al paciente obtener la posibilidad de superar las
patologías que lo afectan.
7.-
El
suministro de elementos o servicios que, a pesar de no ostentar la calidad de
medicamentos o atenciones en salud, se estiman esenciales para el desarrollo
digno de la existencia del paciente.
7.1. Esta Corporación
ha indicado que en aras de garantizar la efectiva protección de los derechos de
las personas a la salud, integridad personal, vida y dignidad humana, resulta
necesario que cuando estos sean requeridos con necesidad, se autorice el
suministro de elementos, que aunque no ostenten el carácter de medicamentos,
sean necesarios o esenciales para permitir la existencia en condiciones dignas
de  un individuo.
En
este sentido, la sentencia T-595 de 1999 señaló que:
“La
Corte, en numerosa jurisprudencia, ha establecido que la exclusión de ciertos
tratamientos y medicamentos de la cobertura del Plan Obligatorio de Salud, no
puede ser examinada por el juez de tutela, simplemente desde la perspectiva de
lo que dice la normatividad, y, en virtud de ello, aceptar la negativa, por no
violar las disposiciones respectivas. Se ha reiterado, una y otra vez, que
corresponde al juez constitucional examinar el caso concreto, y, de acuerdo con
el examen al que llegue, estimará si la negativa de la entidad pone o no en
peligro el derecho fundamental a la salud o a la vida del interesado, o
algún otro derecho fundamental, que tenga relación con ellos. (negrilla por
fuera del texto original.)
De
esta manera, ha sido reconocido en forma insistente por parte de esta
Corporación, que el suministro de pañales, sillas de ruedas, cremas o colchones
anti-escaras, si bien no pueden ser concebidos stricto sensu como
servicios médicos o que tienen una relación directa con la recuperación del
estado de salud de los pacientes, se constituyen en elementos indispensables
para preservar el goce de una vida en condiciones dignas y justas de quien los
requiere con urgencia y, en este sentido, permiten el efectivo ejercicio de los
demás derechos fundamentales.
En
conclusión, se ha reconocido por esta Corporación que si bien estas
prestaciones no tienen por objeto remediar la afectación a la salud que una
persona esté padeciendo, si permiten que el paciente pueda gozar de unas
condiciones más dignas de existencia.
7.2. En materia del
reconocimiento de suministros de aseo como los pañales desechables se destaca
que esta Corporación ha ordenado en reiteradas ocasiones su autorización a
varios pacientes que carecían de la correspondiente prescripción médica que
determinara científicamente su necesidad y, para ello, ha estimado necesario
que se valore por parte del juez constitucional la necesidad del paciente de
obtener su suministro a través de un examen que determine si éste en efecto:
(i) padece de una patología que afecta o deteriora el funcionamiento de sus
esfínteres, (ii) depende de un tercero para realizar sus actividades básicas, y
(iii) no cuenta con la capacidad económica para asumir, por sí mismo, o con la
colaboración de su núcleo familiar, el pago del costo que estos representan.[19]
7.3. Ahora bien, en lo relacionado con el transporte que
se otorga a un paciente a efectos de que le sea posible acudir a recibir los
servicios de salud que le han sido previamente ordenados,[20] se tiene que
si bien esta Corporación ha indicado que la prestación en comento no se
constituye en un servicio médico en stricto sensu y, por ende, no
requiere de orden médica alguna que determine expresamente su necesidad,
resulta procedente que el juez constitucional, en aras de salvaguardar el
derecho fundamental a la salud de un individuo y garantizar que la atención en
salud sea efectivamente prestada, ordene su autorización con cargo a dineros
públicos ante la materialización de los siguientes supuestos: “(i) ni
el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos
suficientes para pagar el valor del traslado; y (ii) de no
efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o el
estado de salud del usuario.”[21]
Adicionalmente, se ha determinado por esta Corte que también
resulta plausible que ante la configuración de determinados supuestos, se
extienda el alcance del amparo otorgado con el objetivo de que el transporte
autorizado no solo se reconozca en cabeza del paciente, sino que también se le
permita asistir con un acompañante, siempre y cuando el juez constitucional
determine que: “(i) el paciente sea totalmente
dependiente de un tercero para su desplazamiento, (ii) requiera atención
permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus
labores cotidianas y (iii) ni él ni su núcleo familiar cuenten con los recursos
suficientes para financiar el traslado”.[22]
No obstante lo expuesto en precedencia, se recuerda que la
remisión de un paciente, a pesar de no requerir la orden de un médico tratante,
en razón a que como se indicó, éste no se constituye propiamente en un servicio
médico, sí deberá estar supeditada a la previa prescripción que haga un
profesional de la salud de una atención en salud que implique necesariamente la
movilización del paciente.
7.3.1. Se destaca asimismo que dichas reglas fueron objeto de
modificación, al menos en forma parcial, a partir de la expedición del nuevo
Plan Obligatorio de Salud en la Resolución 5521 del 27 de diciembre de 2013[23],
pues allí se incluyeron dentro del P.O.S. algunas de las situaciones que pueden
dar origen a la necesidad de suministrar el transporte que habían sido
reconocidas por la jurisprudencia de esta Corporación.[24]
Por lo
anterior, en esta ocasión se hará memoria a lo expuesto por esta Corte mediante
sentencia T-105 de 2014, en la que se indicó que como producto de las
modificaciones realizadas en la Resolución 5521 de 2013 al P.O.S., es necesario
entender que ahora, el servicio de transporte se encuentra incluido en las
siguientes condiciones: “traslado acuático, aéreo y
terrestre, a través de ambulancia básica o medicalizada, cuando se necesite
para movilizar a los pacientes que requieran (i) servicios de urgencia; (ii)
desplazarse entre instituciones prestadoras de salud dentro del territorio
nacional para recibir la atención de un servicio no disponible en la
institución remisora, lo que igual sucederá en los casos de contrarreferencia;
(iii) atención domiciliaria y su médico así lo prescriba; y (iv) trasladarse a
un municipio distinto a su residencia para recibir los servicios mencionados en
el artículo 10 de la Resolución 5521 de 2013, cuando existiendo estos en el
municipio de su residencia la EPS no los hubiere tenido en cuenta para la
conformación de su red de servicios. A su vez, se contempla la posibilidad de
acceder a medio de transporte diferente a la ambulancia, cuando sea necesario
para acceder a un servicio incluido en el POS no disponible en el municipio de
residencia del paciente”.
En este orden de ideas, se evidencia que,
tal y como se expuso en sentencia T-619 de 2014, el actual P.O.S. sigue dejando
sin cobertura algunas circunstancias que la jurisprudencia de esta Corporación
se ha esforzado por proteger, las cuales pueden ser sintetizadas en: “i) el traslado del usuario en
ambulancia u otro medio de transporte intra-urbano; y ii) el desembolso del
dinero de los costos de la remisión y de la estadía del paciente con un
acompañante al lugar de la prestación del servicio de salud, ya sea dentro o
fuera del municipio de residencia del afiliado o beneficiario”; razón por la cual se estima
necesario destacar que los contenidos que en la actualidad se encuentran
incluidos en el P.O.S. deben ser reconocidos por la E.P.S. correspondiente,
mientras los que siguen sin aparecer en su cuerpo, deben ser asumidos, al menos
en principio, por el paciente o su núcleo familiar, a no ser que se
materialicen las circunstancias de hecho reconocidas inicialmente por la
jurisprudencia y que permiten que dicho servicio sea reconocido con cargo al
patrimonio público.
8.-
Responsabilidad compartida entre el Estado y las E.P.S-S. en la prestación de
servicios excluidos del plan de beneficios establecido para el régimen
subsidiado. Reiteración de jurisprudencia.
En
relación con el suministro de servicios no incluidos en el P.O.S. que sean
necesitados por un determinado paciente que se encuentre adscrito al régimen
subsidiado de salud, tanto la jurisprudencia de esta Corporación[25],
como el ordenamiento jurídico vigente[26],
han sido enfáticos en resaltar que, en estos casos, la responsabilidad de
asumir su cubrimiento radica principalmente en el Estado, pues es éste quien
tiene el deber de garantizar el goce efectivo del derecho a la salud a través
de las entidades o instituciones prestadoras de salud de naturaleza pública o
privada con las que tenga convenio y, en todo caso, asumir el costo que estos
servicios puedan generar en caso de no ser él quien los sufrague.
Ahora
bien, lo anterior no quiere decir que las E.P.S-S., con respecto a la
prestación de los servicios excluidos del P.O.S. se encuentren completamente
carentes de responsabilidades, pues se ha indicado en forma reiterativa que si
bien éstas, en principio, no tienen el deber de suministrar los servicios
ordenados, sí cuentan con la obligación de orientar y acompañar al afiliado en
el proceso de reclamación del suplemento o procedimiento requerido, hasta el
momento en que se verifique la efectiva y oportuna atención médica, pues,
después de todo, el paciente sigue siendo su afiliado y, por tanto, su
recuperación se encuentra bajo su responsabilidad.
En
adición a lo expuesto, resulta pertinente destacar que se ha reconocido por
parte del ordenamiento jurídico que las E.P.S-S., en los casos en que se
evidencie que el suministro o procedimiento excluido del P.O.S. es requerido
con urgencia, o por parte de un sujeto de especial protección a quien se estima
desproporcionado obligarle a ejercer el dispendioso trámite administrativo
ordinario, deben asumir la garantía de la prestación del servicio que se
necesita, sin perjuicio de que puedan solicitar el rembolso de los gastos en
que incurran ante la autoridad de salud departamental correspondiente.[27]
A
pesar de lo anterior, la jurisprudencia también ha indicado que aun cuando la
obligación de las E.P.S-S. es excepcional y solo aplica ante la materialización
de circunstancias especiales, es posible que el juez constitucional, en aras de
garantizar la efectiva prestación de los servicios médicos requeridos con
necesidad, ordene que, a través de la E.P.S-S., se presten directamente los
servicios excluidos del P.O.S. y que han sido previamente ordenados al paciente,
los cuales podrán ser recobrados ante la Secretaría Departamental de Salud
correspondiente. De forma que dicho servicio sea otorgado con la mayor
diligencia y celeridad posible y, así, se asegure la efectiva garantía de los
derechos fundamentales de las personas.[28]
9.- Naturaleza jurídica de los
copagos, cuotas moderadoras y de recuperación, así como las condiciones que
permiten su exoneración. Reiteración de jurisprudencia.
El
ordenamiento jurídico vigente ha establecido dentro del S.G.S.S.S. la figura de
los copagos, cuotas moderadoras y de recuperación como desembolsos que deben
realizar los usuarios del sistema con el fin de contribuir con su financiación
y controlar los posibles abusos en que pueda llegarse a incurrir, así como
racionalizar el uso de los servicios del sistema. Se llama la atención en que
las contraprestaciones anteriormente referidas han sido admitidas como
constitucionalmente admisibles por parte de esta Corporación, solo mientras éstas
no se constituyan en una barrera al acceso a los servicios de salud que pueda
llegar a necesitar una persona, razón por la cual en un evento en contrario, se
ha aceptado la posibilidad de eximir al usuario de la responsabilidad económica
que le compete.
Al
respecto, se tiene que los usuarios del régimen contributivo tienen a su cargo
la obligación de cancelar los copagos[29]
y las cuotas moderadoras[30]
como producto de las atenciones que reciban; las cuales, a la luz de la
normatividad vigente, no pueden aplicarse en forma simultanea para un mismo
servicio.
Por
su parte, los afiliados al régimen subsidiado, esto es, las personas que por
pertenecer a los grupos poblacionales más vulnerables y no contar con la
capacidad económica para sufragar el valor de la afiliación, son subsidiados
parcial o totalmente por el Estado, tienen la carga de contribuir a la
financiación del sistema a través de los copagos[31] y las cuotas
de recuperación[32],
pero para ellos se ha contemplado la posibilidad de que ante la materialización
de unos determinados supuestos, se les exima de esta responsabilidad.
Al
respecto, el Acuerdo 365 de 2007 excluyó de esta contraprestación (copagos) a
las personas que además de estar en el régimen subsidiado de salud, hacen parte
de los siguientes grupos poblacionales: i) que pertenezcan al SISBEN I; ii)  infantil abandonada; iii) indigente; iv) en condiciones de
desplazamiento forzado;
v) indígena; vi) desmovilizada;
vii) de la tercera edad en protección de ancianatos en instituciones de
asistencia social; viii) rural migratoria; y ix) ROM.
Adicionalmente, se llama la atención
en que a la luz de lo memorado por esta Corporación en sentencia T-619 de 2014,
se encuentran exonerados, pero esta vez de pago de las cuotas de recuperación:
“i) la
población indígena e indigente (artículo 18 del Decreto 2357 de 1995); ii) las
madres gestantes y el niño menor de un año (artículos 43 y 50 de la
Constitución Política); y iii) las personas vinculadas o no aseguradas al
sistema de salud que padecen una enfermedad de interés público.”
Ahora bien,
también se ha indicado por esta Corte que los copagos, las cuotas moderadoras y
cuotas de recuperación, no pueden constituirse en un obstáculo o en una barrera
infranqueable que impidan la efectiva prestación de los servicios de salud que
un determinado paciente requiere, pues si en virtud de las precarias
condiciones económicas en que se encuentra le es imposible sufragar el valor
que estas representan, resulta inadmisible que por ese solo hecho se dejen de
prestar las atenciones requeridas.
En este orden
de ideas se ha considerado que, en aras de garantizar la efectividad del
derecho a la salud de un individuo, existen dos casos en los que a pesar de que
no se materializa ninguna de las causales legales de exención, es posible relevar
al afiliado del pago de las contraprestaciones que le son exigibles, estos son: “[1] Cuando la persona que necesita
con urgencia un servicio médico carece de la capacidad económica para asumir el
valor de la cuota moderadora, la entidad encargada de garantizar la prestación
del servicio de salud deberá asegurar el acceso del paciente a éste, asumiendo
el 100% del valor.  [2] Cuando una persona requiere un servicio médico y
tiene la capacidad económica para asumirlo, pero tiene problemas para hacer la
erogación correspondiente antes de que éste sea prestado, la entidad encargada
de la prestación, exigiendo garantías adecuadas, deberá brindar oportunidades y
formas de pago de la cuota moderadora sin que su falta de pago pueda
convertirse de forma alguna en obstáculo para acceder a la prestación del
servicio.”[33]
III. CASOS EN CONCRETO
Análisis de la vulneración ius-fundamental
1.
Expediente T-4.575.591
1.1. Para comenzar, la Sala considera relevante llamar la atención en
que en esta ocasión el juez constitucional de instancia determinó negar el
amparo invocado por el actor en razón a que éste no había acudido en forma
previa y escrita a las accionadas a efectos de obtener el reconocimiento de los
derechos que en esta sede reclama y, por ello, estimó que el accionante omitió
agotar los mecanismos ordinarios a través de los cuales puede obtener la
satisfacción de sus pretensiones.
Sobre el particular, la Sala destaca
dos factores que se consideran de suma importancia y que el juez constitucional
de instancia no tuvo en cuenta al momento de valorar los elementos de juicio
que llevaron a su determinación; los cuales pueden ser sintetizados en: (i) que
si bien el actor en efecto omitió presentar una solicitud formal ante las
accionadas, él sí alega haber realizado solicitudes verbales ante la E.P.S-S. accionada
e informa que ésta se negó a suministrar los servicios solicitados; y (ii) que,
en su escrito de contestación a la presente acción de tutela, la accionada
respondió indicando las razones por las que consideraba que el actor no tenía
derecho a recibir los suministros solicitados, en otras palabras, tras tener
conocimiento formal de las pretensiones del actor decidió eximirse de
responsabilidad y negar la autorización de los servicios solicitados.
De lo anterior, resulta necesario
concluir que, contrario a lo indicado por el juez constitucional de instancia,
en efecto existe una situación de hecho que puede estar vulnerando los derechos
fundamentales del accionante y que hace procedente el estudio de las demás
particularidades del caso a efectos de determinar si el desconocimiento aludido
en efecto se configuró en el caso en concreto.
1.2. En el caso sub-examine se estudia la situación jurídica del ciudadano
Ángel
María Bustos Gutiérrez,
de 47 años de edad, quien ha sido diagnosticado con un trauma
raquimedular y hemiplejia parcial, producto de lo cual le ha sido recetado por
su médico tratante, el
suministro de una silla de ruedas y de implementos de aseo como pañales
desechables, crema humectante y toallas húmedas. Adicionalmente, destaca el
accionante que como consecuencia de la complicada situación económica en la que
se encuentra, no cuenta con los recursos para sufragar los gastos que estos
suministros le demandan, ni el transporte a los controles médicos y terapias a
las que debe acudir con frecuencia, razón por la cual estima que estos deben
ser suministrados por la E.P.S-S. accionada.
El actor llama la atención en que
solicitó la autorización de dichos servicios, pero estos le fueron denegados
por parte de la E.P.S-S. accionada en razón a que, en su criterio, no pueden
ser suministrados por encontrarse expresamente excluidos del Plan Obligatorio
de Salud.
En el presente caso la Sala evidencia
que los suministros solicitados por el actor en esta ocasión, esto es, los
pañales, crema humectante, toallas húmedas y silla de ruedas, tal y como lo
indica la accionada en su escrito de contestación, no se encuentran incluidos
dentro del plan de beneficios contemplado en el P.O.S. razón por la cual habrá
de verificarse el efectivo cumplimiento de los requisitos jurisprudenciales
establecidos por esta Corporación para efectuar el reconocimiento de
suministros de él excluidos.
Para comenzar con el análisis
anteriormente referenciado, la sala encuentra que los suplementos solicitados
mediante este excepcional y preferente mecanismo jurisdiccional han sido
efectivamente prescritos por el médico tratante del actor y su necesidad se
encuentra plenamente justificada en la posibilidad de permitirle al paciente
asumir con mayor entereza y dignidad las diversas patologías que lo afectan y,
así, mitigar los efectos negativos del estado de postración en el que se
encuentra.
Por otro lado, se tiene que si bien los
elementos ordenados en esta ocasión se encuentran específicamente excluidos del
plan obligatorio de salud[34],
resulta evidente también que ellos no cuentan con alguna clase de sustituto que
sí se encuentre cubierto por el sistema y que permita satisfacer, en igual
medida, las necesidades que con ellos se pretende atender, razones por las
cuales la necesidad del suministro ordenado resulta comprobada.
Asimismo, se destaca que a la luz de
lo expuesto por el peticionario en su escrito de tutela[35],
esto es, que en virtud de su condición de víctima del conflicto armado interno
y de la complicada situación económica en que actualmente se encuentra
viviendo, no cuenta con los medios económicos para asumir por sí mismo el
suministro de los implementos solicitados, resulta necesario concluir que se
cumplen a cabalidad la totalidad de los requisitos que al respecto ha
reconocido la jurisprudencia como indispensables para que el juez
constitucional pueda entrar a ordenar la autorización de elementos que sin
encontrarse dentro del plan de beneficios establecido para el sistema de
seguridad social en salud se estiman indispensables para mejorar las
condiciones de salud y de vida del paciente.
1.3.  Continuando con el estudio de la
situación fáctica planteada, se tiene que el actor indica igualmente no tener
la capacidad para asumir por sí mismo o con la ayuda de su núcleo familiar los
gastos que le implican el transporte a la ciudad de Bogotá a efectos de que le
realicen los controles que el tratamiento de su patología exige.
Al respecto, se evidencia que, tal y
como lo reconoce la E.P.S-S. accionada en su escrito de contestación a la
presente acción de tutela, no existe ninguna I.P.S. en el municipio del
accionante que pueda ofrecerle los servicios de salud que el tratamiento de sus
patologías requiere, razón por la cual la E.P.S-S., en aras de garantizarle la
efectividad de sus derechos, ha contratado su atención en la ciudad de Bogotá.
Ahora bien, en el presente caso
resulta claro que por la precaria condición económica en que se encuentra el
actor, la cual se infiere por el hecho de que el actor ostenta la condición de
víctima del conflicto armado y actualmente se encuentra en el régimen
subsidiado de salud, le es imposible asumir el valor que le implican los constantes
traslados a la ciudad de Bogotá a efectos de dar efectivo tratamiento a las
patologías que lo afectan. De forma que el reconocimiento de dicho servicio
termina constituyéndose en la única manera en que es posible garantizar el
efectivo goce de sus derechos fundamentales, pues de no efectuarse la remisión
en estudio se pondría en riesgo su proceso de recuperación.
Adicional a lo anterior, se evidencia
que el transporte solicitado habrá de ser reconocido en conjunto con el
transporte de un acompañante, pues, de sus especiales condiciones de salud,
resulta diáfano que el actor es absolutamente dependiente de un tercero para su
desplazamiento y el normal desarrollo de sus actividades cotidianas y, como se
indicó en forma precedente, ni él, ni su núcleo familiar cuentan con los
recursos para financiar el traslado de ninguno de los dos.
1.4. En consecuencia, al evidenciarse que la pretensión del actor se
encuentra respaldada por el pleno cumplimiento de los requisitos
jurisprudencialmente establecidos para que sea posible ordenar en sede de
tutela el reconocimiento, por parte de una E.P.S., de suministros que se
encuentran excluidos del P.O.S., se procederá, por parte de la Sala, a revocar
la sentencia de instancia, para, en su lugar, conceder el amparo invocado por
el actor en el sentido de ordenar a Cafam E.P.S-S. [36],
que suministre al señor Ángel María Bustos Gutiérrez tanto la silla de ruedas,
como los pañales desechables y los demás útiles de aseo ordenados por el médico
tratante a efectos de que sea posible aliviar los efectos de las patologías que
lo acosan, así como el suministro de los medios a través de los cuales sea
posible efectuar el transporte del actor y un acompañante, a los controles y
servicios médicos que le son prestados en la ciudad de Bogotá.
Lo anterior, sin perjuicio de que
Cafam E.P.S-S. pueda acudir ante entidad territorial correspondiente a
solicitar, a través de los mecanismos pertinentes, el recobro de los gastos en
los que, como producto de la orden proferida en esta sentencia, deba incurrir y
no tenga la obligación legal de asumir.
2.
Expediente T-4.576.906
2.1. En el presente caso se estudia la situación de la ciudadana Mariela Alonso de
Sánchez quien, a sus 77
años de edad, padece de numerosas patologías entre las que cabe destacar una
“trombosis cerebral” “hemiparecia derecha”, “hipercalemia" y padeció de dos “embolias
cerebrales”, razón por la cual ha sido objeto de diversas atenciones
médicas y, en la actualidad, requiere de atención por enfermería 24 horas al
día, complejo nutricional NUTREN 1,5, pañales desechables, cama hospitalaria, una
barrera de colostomía de 57 milímetros y bolsas de colostomía de igual medida,
así como el transporte en ambulancia a los controles que le realizan en la
ciudad de Bogotá. Servicios que no puede sufragarse por sí misma, ni con la
ayuda de su núcleo familiar, pues no cuentan con las capacidades físicas, ni
económicas para sufragar el valor que obtener la prestación de dichos servicios
les significa.
Se llama la atención en que si bien
el juez constitucional de instancia determinó conceder el amparo en lo
relacionado con el servicio de enfermería 24 horas, el complemento nutricional
NUTREN 1,5, al igual que con respecto a las barreras y bolsas de colostomía, la
protección fue denegada sobre las pretensiones de transporte, pañales y la cama
terapéutica en razón a que se estimó que del material probatorio obrante en el
expediente no era posible verificar la existencia de ordenes médicas que
determinaran su necesidad. Por lo anterior, la Sala habrá de determinar si con
la decisión objeto de revisión se protegieron efectivamente los derechos
fundamentales de la agenciada o, si por el contrario, con ella se acolitó su
sistemático y continuado desconocimiento.
Ahora bien, a efectos de resolver la
situación jurídica planteada resulta necesario comenzar por destacar que los
servicios amparados por el juez de instancia, esto es, la atención por
enfermería 24 horas, las bolsas y barreras de colostomía de 57 milímetros y el
complemento nutricional NUTREN 1,5 habrán de ser confirmados en esta ocasión en
cuanto del estudio del expediente y de los argumentos esbozado se evidencia el
cumplimiento de los requisitos jurisprudencialmente establecidos para el
reconocimiento de los servicios en discusión, por lo que los argumentos usados
por el a-quo se estiman ajustados al ordenamiento legal y constitucional
vigente.
Entrando ahora en el estudio del
resto de las pretensiones esbozadas por la actora y que fueron negadas por el
juez constitucional de instancia en cuanto su necesidad no se estimó
científicamente certificada por la existencia de una orden médica expedida por
un médico competente, resulta necesario llamar la atención en que habrá que
verificarse si para cada una de las prestaciones solicitadas se cumplen los
requisitos que la jurisprudencia ha establecido para su reconocimiento o si,
por el contrario, la decisión objeto de revisión habrá de ser confirmada.
2.2. Como primera medida se estudiará la procedencia del
reconocimiento de los pañales solicitados en esta sede y que como ha sido
indicado tanto por el juez de instancia, como por la accionada, se trata de un
elemento expresamente excluido del plan de beneficios y que técnicamente no se
constituye en un implemento de carácter médico, sino más bien en uno eminentemente
de aseo y cuidado personal. Al respecto, se tiene que la jurisprudencia de esta
Corporación ha aceptado que los pañales, por este mismo motivo, esto es, por
tratarse de un suministro de aseo, no cuentan con ninguna clase de sustituto
que se encuentre cubierto por el sistema de salud y que contribuya al efectivo
goce de una vida en condiciones dignas del paciente, de forma que los primeros
dos requisitos memorados en el acápite 5 de la parte considerativa de esta
providencia se estiman satisfechos.[37]
Adicionalmente, se evidencia que la
actora indica, sin que la E.P.S. accionada haya desplegado esfuerzo alguno para
desvirtuar dicha afirmación, que no cuenta con los recursos económicos
requeridos para garantizarle a su madre, la señora Mariela Alonso de Sánchez,
los suministros de aseo solicitados; razón por la cual se han visto en la
imposibilidad de acceder a ellos, poniéndose en entredicho los derechos de la
agenciada.
Prosiguiendo con el estudio de los
requisitos jurisprudencialmente establecidos para optar por el reconocimiento
del suministro de este especial tipo de insumos, se evidencia que en esta
ocasión los pañales solicitados no cuentan con la orden expresa de un médico
tratante, razón por la cual el último de los supuestos a verificar se encuentra
incumplido. No obstante ello, se destaca que en numerosas ocasiones esta
Corporación ha ordenado que, cuando se trata del suministro de elementos de
aseo como los pañales o las cremas y toallas que por lo general también son
requeridas por las personas que padecen de problemas de incontinencia o
imposibilidad para controlar sus esfínteres, es posible que el juez
constitucional, en razón a que no se trata se elementos de carácter médico,
determine lo necesario que estos resultan sin que sea indispensable acudir a
criterios médicos o científicos, pues para ello basta que se estime diáfana la
necesidad de este suministro para la paciente, quien en este caso se encuentra
en un estado de postración y de dependencia absoluta como producto de las
diversas patologías que la afectan.
En este orden de ideas, resulta claro
que en el presente caso el suministro solicitado habrá de ser concedido a la
agenciada a efectos de que le sea posible asumir con mayor entereza la
condición en que se encuentra como producto de las diversas patologías que
padece, de forma que se le garantice la posibilidad de gozar de una vida en
condiciones más acordes con la dignidad que es predicable de todos los seres
humanos. Lo anterior, a pesar de que dicho suministro no se encuentra incluido
dentro del plan de beneficios establecido en el P.O.S., ni cuenta con la
prescripción de un profesional de la salud.
2.3. En lo relacionado con la cama hospitalaria que se solicita para
mitigar el impacto que le genera a la agenciada el estado de postración en el
que se encuentra, se estima necesario destacar que dicha prestación se
encuentra efectivamente incluida dentro de las prestaciones del P.O.S.,[38]
más específicamente, dentro de los servicios que las E.P.S.’s deben garantizar
a sus afiliados en los eventos en los que se les otorga la atención médica en
su modalidad de domiciliaria. En este orden de ideas, se evidencia que a la luz
de lo dispuesto en el artículo 29 de la Resolución 5521 de 2013, las E.P.S.’s
será responsables de garantizar que las condiciones para la prestación del servicio
de salud en el domicilio del paciente, sean las adecuadas y, asimismo, son
responsables de suministrar, de conformidad con las recomendaciones que al
respecto hagan los médico tratantes, los “enseres, camas especiales,
o adecuaciones del domicilio” que se estimen indispensables.
Ahora bien,
en el presente caso, se evidencia que si bien el servicio solicitado se
encuentra incluido dentro del P.O.S., éste no cuenta con la prescripción del
médico tratante de la agenciada a efectos de que se determine su necesidad y,
por ello, no resulta admisible que el juez constitucional se arrogue una
potestad que corresponde única y exclusivamente al profesional de la salud,
quien a partir de sus conocimientos técnico-científicos y del conocimiento de
la situación particular de la señora Mariela Alonso de Sánchez puede establecer
la necesidad de la cama solicitada en esta sede.
No obstante
lo anteriormente reseñado, se considera que la agenciada en este caso se
constituye en sujeto de especial protección constitucional, no solo por su
avanzada edad de 77 años, sino también por la condición de debilidad manifiesta
en la que sus patologías la han dejado y, por ello, esta Sala estima adecuado
que a pesar de que en su historia clínica no obre evidencia que permita inferir
la necesidad del suministro solicitado, se re-evalúe por parte del personal
médico que le atiende si su situación ha variado de alguna manera y, en la
actualidad, como producto de la evolución de las diversas patologías que le
aquejan, es necesario que se otorgue el suministro de la cama hospitalaria
pretendida.
2.4. Para finalizar con el estudio de las
pretensiones planteadas por la actora, urge entonces determinar si el servicio
de transporte solicitado para todos los controles y terapias que se ordenen a
la agenciada resulta procedente a la luz de los requisitos que al respecto ha
establecido la jurisprudencia de esta Corporación.
Sobre el
particular, es indispensable destacar que como se indicó en la parte
considerativa de esta providencia, cualquier orden de autorización del servicio
de transporte a nombre de un paciente que necesite su traslado al lugar en el
que habrán de prestarle la atención médica que requiere, debe partir del
presupuesto de que exista previamente un tratamiento ordenado que implique la
necesidad de que el paciente deba movilizarse, esto es, supone la existencia de
unos servicios médicos que han sido efectivamente ordenados y que para su
efectiva materialización requieren de la movilización del paciente al lugar en
el que serán realizado. Lo anterior, sin que éste cuente con los recursos para
sufragar el valor que esto significa y que sea posible verificar el que de no
efectuarse la remisión, se pone en riesgo la vida, integridad o el estado de
salud de la usuaria.
En este orden
de ideas, se advierte que en el presente caso, del material probatorio obrante
en el expediente, no resulta posible verificar la existencia de órdenes médicas
futuras, esto es, que aún no se hayan materializado y que impliquen la
necesidad de efectuar el transporte de la agenciada a un centro médico en el
que se le practicaque un determinado servicio en salud. Motivo por el cual, la
solicitud de la accionante, relacionada con el suministro del servicio de
transporte que requiere para recibir las atenciones médicas, controles y
terapias que se le determinen, habrá de ser, al menos en principio, denegada.
No obstante
lo expuesto en forma precedente, se evidencia que en el caso de la señora
Mariela Alonso de Sánchez, en virtud de las especiales condiciones de salud en
las que se encuentra y del especial cuidado del que debe ser sujeta como
producto de las graves patologías que la afectan, es necesario que la Sala
determine el reconocimiento del tratamiento integral[39] a las enfermedades que en este
momento le aquejan, de forma que, en aras de velar por la efectividad de sus
derechos fundamentales, ésta se vea exenta de la necesidad de acudir en forma
recurrente al ejercicio de las acciones legales y constitucionales pertinentes
por cada uno de los servicios médicos que le sean ordenados.
En
conclusión, se observa que si bien no hay lugar al reconocimiento del servicio
de transporte con respecto a las ordenes médicas que implican la remisión del
paciente y que se encuentran efectivamente practicadas, pues estas se
materializaron con anterioridad a la resolución de la presente acción de tutela
y no existe evidencia de que estas hayan tenido vocación de repetición; en el
presente caso resulta indispensable que la agenciada reciba todas las
atenciones que necesite para superar o hacer más soportables las condiciones en
las que se encuentra; razón por la cual se ordenará el tratamiento integral de
las patologías que la afectan, en el entendido de que todos los servicios
médicos que requiera con necesidad le sean suministrados por la E.P.S. a la que
se encuentra afiliada y que los medios para acceder a dichos servicios, incluso
en el caso en el que estos se encuentren excluidos del P.O.S., le sean
garantizados en el evento de que se encuentre imposibilitada para suministrárselos
por sí misma.
2.5. Como producto de todo lo expuesto
hasta ahora, la Sala procederá a revocar parcialmente la sentencia del juez de
instancia en el sentido de confirmar el amparo otorgado a los derechos a la
salud, vida en condiciones dignas y seguridad social en lo relacionado con el
suministro de la atención por enfermería 24 horas, el complemento nutricional
NUTREN 1,5 y tanto las bolsas, como las barreras de colostomía de 57
milímetros, y revocar lo relacionado con la negativa a las demás pretensiones
planteadas en el escrito de tutela, tal y como procederá a indicarse a
continuación:
(i)
Con respecto a la autorización de los
pañales solicitados se concederá el amparo incoado y se ordenará a la E.P.S.
accionada que asuma la responsabilidad de garantizarle a la agenciada su
suministro en las cantidades y especificaciones requeridas, mientras permanezca
la necesidad.
(ii)
En lo relacionado con la cama
hospitalaria solicitada, se ordenará a Salud Total E.P.S. que, por tratarse de
un servicio P.O.S. con respecto al cual no hay claridad sobre su necesidad,
determine a través de una evaluación de carácter médico científica si dicho
elemento resulta indispensable o no para la atención domiciliaria de la
agenciada.
(iii)
Para finalizar se concederá el
tratamiento integral a las patologías que aquejan a la señora Mariela Alonso de
Sánchez, no sin antes dejar claro que dicha prerrogativa no se limita únicamente
a los servicios efectivamente prescritos por los médicos tratantes, sino también
a los medios necesarios para acceder a dichos servicios, como el transporte en
el caso en el que este no pueda ser asumido por la agenciada ni su núcleo
familiar.
Todo lo
anterior, sin perjuicio de que Salud Total E.P.S. pueda reclamar ante el
FOSYGA, a través de los procedimientos administrativos que se han creado para
el efecto, los gastos en que incurra en cumplimiento de estas órdenes y con
respecto a los cuales no tenga la obligación legal de asumir su suministro.
3.
Expediente
T-4.577.367
En lo correspondiente al caso de la
menor Nathaly Palma Fajardo, se tiene que ésta fue diagnosticada con
“encefalopatía hipoxica” y que, como producto de dicha condición ha
desarrollado un retraso severo en su neurodesarrollo, complicaciones severas en
su movilidad y en el control de sus esfínteres, razón por la cual se le
prescribió una orden médica de 2 sillas de ruedas especializadas, una graduable
que se ajuste a su proceso de crecimiento y que facilite tanto su movilidad,
como su transporte, y otra construida a base de un material plástico e
inoxidable que le permita cierto nivel de autonomía a la hora de realizar su
aseo personal.
La actora manifiesta no poder asumir
el costo que suministrarle estos implementos a su hija representa, así como
haber solicitado su abastecimiento ante la E.P.S. accionada, pero informa que
estos le fueron negados en razón a que, en criterio de la E.P.S., estos se
encuentran excluidos del P.O.S..
Por lo anterior, la señora Yoheynis
Paola Fajardo, actuando en representación de su menor hija, acudió a la acción
de tutela a efectos de que no solo le fuera autorizado el suministro de las
sillas de ruedas ordenadas, sino para que, en adición a ello, se le reconociera
una dotación de pañales, crema anti pañalitis y pañitos húmedos que permitan
mejorar la calidad de vida de la menor, así como que se le: (i) otorgue el
transporte para su hija y una acompañante a los controles que constantemente le
realizan en la ciudad de Bogotá, pues afirma no contar con los recursos para
estar sufragando el valor que los constantes viajes le implican; y (ii) exonere
del pago de copagos y cuotas moderadoras en cuanto éstas les están imponiendo
cargas muy elevadas que con sus escasos recursos económicos no pueden asumir.
Al respecto, los jueces de instancia
determinaron:
(i)
Conceder el amparo invocado a los
derechos fundamentales de la hija de la accionante en lo relacionado con el
suministro de las sillas de ruedas, el transporte y la exoneración de copagos y
cuotas moderadoras, pues consideró que con respecto a las primeras se encuentra
probada su necesidad con el respaldo técnico y científico de las prescripciones
médicas. En lo relacionado con el transporte y la exoneración de copagos y
cuotas moderadoras, estimó que también se encuentra certificada, y no
desvirtuada, la escasez de recursos económicos en que se encuentra la actora y
que le impide asumir por sí misma los costos que estos representan e,
igualmente, le obstaculizan el normal ejercicio de sus derechos a la tutelada.
(ii)
Negar las demás pretensiones, esto
es, las encaminadas a obtener el suministro de los pañales, crema anti
pañalitis y pañitos húmedos, en razón a que consideró que estos no cuentan con
una orden médica que permita evidenciar su necesidad.
Para comenzar el análisis del
presente caso, es menester que la Sala destaque  que los argumentos en virtud
de los cuales los servicios médicos efectivamente reconocidos por los jueces de
tutela fueron autorizados, se encuentran en concordancia con la reiterada y
uniforme línea jurisprudencial que al respecto ha establecido esta Corporación
a efectos de que sea posible al juez constitucional injerir en dichos asuntos.
Razón por la cual en esta ocasión simplemente se confirmarán dichos
pronunciamientos y se procederá con el estudio de las demás pretensiones
incoadas.
Ahora bien, de lo anterior se
evidencia que la única de las pretensiones plasmadas por la accionante que aún
se encuentra en discusión es la relacionada con el suministro de los pañales,
cremas anti pañalitis y toallas húmedas que fueron solicitadas por la actora,
en cuanto considera que su hija las necesita como producto de las patologías
que la aquejan; suministro que estima le es imposible asumir por sí misma en
razón a los escasos recursos económicos con los que cuenta para satisfacer las
necesidades de la totalidad de su núcleo familiar.
En este orden de ideas, la Sala estima
diáfano que a efectos de determinar la viabilidad del reconocimiento solicitado
es necesario que se verifique el efectivo cumplimiento de los requisitos
establecidos por la jurisprudencia de esta Corporación no solo para el
suministro de servicios no contemplados en el plan de beneficios del P.O.S.,
sino además para el reconocimiento de servicios con respecto a los cuales no
existe orden médica que certifique científicamente la necesidad del implemento
solicitado.
Conforme a lo expuesto, se tiene que,
tal y como ha sido aceptado en forma reiterativa por la jurisprudencia de esta
Corporación, los pañales, como suministros de aseo y cuidado personal, si bien
no encuentran relación directa con el tratamiento y recuperación de las
patologías que afectan al paciente y, por tanto, no cuentan con sustituto
alguno dentro del P.O.S., sí resultan indispensables para permitirle a éste
materializar su existencia en condiciones dignas y, de igual forma,
garantizarle la posibilidad de ejercer efectivamente el resto de sus derechos
que no han sido limitados por sus enfermedades.
Entrando el estudio del cumplimiento
de los demás requisitos, es claro que la actora no cuenta con fuente de
ingresos estable de la cual pueda derivar el sustento de su núcleo familiar y
así garantizar el suministro de los elementos requeridos por su hija; razón por
la cual, como producto de su complicada situación económica ha decidido
solicitar a la E.P.S. accionada que asuma dicho abastecimiento.
Para finalizar, se destaca que si
bien en el expediente no obra una orden médica que determine la necesidad del
suministro solicitado, resulta evidente que en el presente caso que la menor
Nathaly Andrea Palma efectivamente requiere dicho servicio, pues, tal y como
aparece expresado en la historia clínica de la paciente[40],
ésta no cuenta con la posibilidad de ejercer el control de sus esfínteres y,
por ello, al verse desprovista de este fundamental elemento se le somete a
vivir en condiciones insalubres e impropias para cualquier ser humano, así como
a tener limitado en gran medida el ejercicio normal de sus demás derechos.
Es por ello que en el presente caso,
acatando lo numerosas veces reiterado por esta Corporación en relación con el
suministro de elementos como pañales que no se constituyen en servicios
propiamente médicos, se procederá a conceder el amparo invocado y a ordenar
que, por parte de Salud Total E.P.S., se autorice y otorgue una provisión de
pañales desechables, crema anti pañalitis y toallas húmedas, según las
cantidades y especificaciones que requiera la menor.
Sin perjuicio de que Salud Total E.P.S. pueda reclamar
ante el FOSYGA, por medio del ejercicio de los procedimientos administrativos
que se han creado para el efecto, los gastos en que incurra en cumplimiento de
estas órdenes y con respecto a los cuales no tenga la obligación legal de
asumir su suministro.
4.
Expediente
T-4.578.486
A
continuación se estudiará la situación jurídica planteada por la señora Oveida
Vélez Buitrago y su compañero permanente Jairo de Jesús Gutiérrez en
representación de sus derechos fundamentales y los de sus hijos, en específico,
de Jonathan Stiven Gutiérrez, los cuales estima desconocidos en razón a que la
E.P.S. accionada se ha negado a suministrarles los medios de transporte que
requieren para poder acceder a las citas y controles médicos que les son
programados con atención a las patologías que padecen, y los cuales les son
imposibles de sufragar por sí mismos, pues su única fuente de ingresos, esto
es, la pensión del señor Jairo de Jesús Gutiérrez, se encuentra injustamente
embargada en una suma superior al 50% de lo que legalmente le corresponde.
Para
comenzar, es necesario destacar que del expediente no se infiere en forma
diáfana la necesidad de los constantes traslados que los accionantes afirman
deben realizar a efectos de recibir la atención médica que necesitan, pues si
bien se encuentra certificado que en efecto padecen de diversas patologías, no
existe constancia alguna de que tengan tratamientos o exámenes periódicos en
otra ciudad, o, al menos, que exista la prescripción de un procedimiento que
implique el desplazamiento de algún miembro de su núcleo familiar y éste no se
haya podido realizar aún como producto de la escasez de recursos económicos en
la que se encontraban.
Adicionalmente,
se evidencia que, tal y como lo consideraron los jueces de instancia, del
material probatorio obrante en el expediente resulta claro que al haberse desembargado
la mesada pensional del señor Jairo de Jesús Gutiérrez y retirado los
descuentos que de ella se hacían, la especial situación de emergencia económica
en la que se encontraba el núcleo familiar de los accionantes se encuentra
superada al menos en forma parcial, pues ahora cuentan con una fuente de
ingresos considerablemente mayor a la que los forzó a acudir a este especial
mecanismo de protección.
En este orden
de ideas, considera la Sala que al no evidenciarse la necesidad de asumir unos
constantes y numerosos traslados que impliquen una carga económica
desproporcionada en cabeza del núcleo familiar de los accionantes y, como en
igual manera se percibe que la situación económica de carácter crítico en la
que se encontraban inmersos ha sido superada[41], resulta
apropiada la conclusión a la que arribaron los jueces de instancia, pues no se
estima desatinado aceptar que sea el núcleo familiar de los accionantes quien,
recibiendo unos ingresos básicos relativamente considerables, deba sufragar los
gastos de transporte que eventualmente puedan llegar a tener que asumir como
producto de la remisión que de ellos se haga a efectos de que puedan recibir
atención especializada, pues se destaca que la atención básica les es
efectivamente prestada en el municipio en el que residen.
Por todo lo
anterior, la sala procederá a confirmar las decisiones de instancia que
determinaron denegar el amparo ius-fundamental invocado en razón a que
no se vislumbra que de la situación planteada por los accionantes se derive el
desconocimiento de sus garantías constitucionales.
5. Expediente T-4.579.686
5.1. En lo relacionado con el caso
planteado por la señora Bibiana Esperanza Chinome Nocua, quien actúa en
representación de su hija Yuli Alejandra Díaz Chinome, de 11 años de edad, se
tiene que la accionante solicita la protección de las garantías fundamentales
de su menor hija, quien padece de artogriposis múltiple congénita, retardo
psicomotor, epilepsia focal y desnutrición proteicocalorica severa, en cuanto la E.P.S. accionada se ha
reusado a reconocerle el suministro de los pañales desechables y toallas
húmedas que requiere para garantizarle unas condiciones de salubridad básicas,
así como el servicio de transporte que le permita acceder a los controles
médicos que le deben ser practicados. Llama la atención en que su anterior
E.P.S. le garantizaba la prestación de dichos servicios, pero que, como
producto de su liquidación se vio forzada a afiliarse a Salud Total E.P.S. y ésta
se niega a continuar con dichos suministros pues considera que se trata de servicios
excluidos del P.O.S.
En lo relacionado con el caso
anteriormente planteado, el juez de segunda instancia determinó negar el amparo
invocado en cuanto consideró que, con respecto a los suministros de aseo
solicitados, no existe orden médica alguna que determine su necesidad y, en lo
relacionado con el transporte, éste es improcedente por tratarse un transporte
intra-urbano, esto es, dentro del mismo municipio en el que habita la paciente.
Sobre el particular, se evidencia que
parte de las pretensiones de la accionante se encuentran encaminadas al
reconocimiento del suministro de los pañales desechables y demás insumos de
aseo que considera indispensables para garantizarle a su hija una vida en
condiciones dignas. Razón por la cual, la Sala estima necesario recalcar que
como se ha indicado con anterioridad en la presente providencia, los
suministros de aseo objeto de discusión como los pañales y las toallas húmedas,
si bien no son propiamente servicios médicos y no cuentan con sustituto alguno
dentro de las prestaciones contempladas en el P.O.S., sí resultan
indispensables para permitirle al paciente materializar su existencia en
condiciones dignas y, de igual forma, garantizarle la posibilidad de ejercer
efectivamente el resto de sus derechos que no han sido limitados por sus
enfermedades.
Por lo anterior, la Sala, a la hora
de hacer el estudio de los requisitos para entrar a autorizar suministros
excluidos del P.O.S., tendrá como satisfechos los primeros dos requisitos
establecidos por la jurisprudencia de esta Corporación.
Adicionalmente, es posible vislumbrar
que, conforme a las afirmaciones realizadas por la actora, las cuales no fueron
objeto de contradicción por parte de la accionada, ésta no cuenta con los
recursos económicos suficientes que le permitan sufragar los gastos que los
servicios solicitados le implican, razón por la cual no ha podido
suministrárselos a su hija, pues se ha visto forzada a ponderar entre la
satisfacción de las necesidades básicas de su núcleo familiar, compuesto por su
compañero permanente y sus tres hijos, y el suministro de dichos elementos.
Para finalizar, se tiene que si bien
en el expediente no obra una orden médica que determine, con actualidad, la
necesidad del suministro solicitado, resulta evidente que en el presente caso
la menor Yuli Alejandra Díaz Chinome efectivamente requiere de dicho servicio,
pues, tal y como aparece expresado en material probatorio allegado por la
actora[42], ésta no
cuenta con la posibilidad de ejercer el control de sus esfínteres, sin que
dicho dictamen haya sido revaluado por alguno de los médicos que la atienden en
estos momentos, pues éste únicamente determinó no renovar la orden de pañales,
sin que para ello hubiera revaluado el dictamen en el cual se indicó que la
agenciada no contaba con la posibilidad de ejercer el control de sus
esfínteres. Por ello, la Sala estima que al verse desprovista de este fundamental
elemento se le somete a vivir en condiciones insalubres e impropias para
cualquier ser humano, así como a tener limitado en gran medida el ejercicio
normal de sus demás derechos.
Por los motivos expuestos, acatando
lo numerosas veces reiterado por esta Corporación en relación con el suministro
de elementos como pañales que no se constituyen en servicios propiamente
médicos, se procederá a conceder el amparo invocado y a ordenar que, por parte
de Salud Total E.P.S., se autorice y otorgue una provisión de pañales
desechables, crema anti pañalitis y toallas húmedas, según las cantidades y
especificaciones que requiera la menor.
5.2. Con respecto al transporte solicitado, se recuerda que tal y como
se indicó en forma previa en la presente providencia, toda orden que implique
la autorización del servicio de transporte a un paciente, a efectos de que se
materialice su traslado al lugar en el que se le prestará una determinada
atención médica, parte de la base de que existe una orden de remisión del
paciente a un centro médico en concreto o al menos prueba de que periódicamente
se materializa dicha remisión[43], sin
que éste cuente con los medios económicos para sufragar los gastos que dicha
remisión representa y que dicha escases de recursos le impide acceder a la
atención prescrita, poniéndose  así en riesgo la vida e integridad del usuario
del sistema.
Ahora bien, prosiguiendo con el
estudio de la situación de la menor Yuli Alejandra Díaz Chinome, se evidencia, como
primera medida, que del material probatorio obrante en el expediente no es
posible inferir que la paciente cuente con órdenes médicas vigentes que
impliquen la necesidad de su traslado en forma periódica y que como producto de
las precarias condiciones económicas de su núcleo familiar, resulte
desproporcionado exigirles que asuman la carga de sufragar los gastos que ello
implica, razón por la cual su solicitud habrá de ser desestimada. No obstante
lo anterior, la Sala considera que dadas las graves patologías que afectan a la
menor y, en general, las especiales condiciones en las que se encuentra, resulta
necesario determinar el reconocimiento del tratamiento integral[44] a las enfermedades que le aquejan, de
forma que, no se le someta a la necesidad de acudir constantemente al ejercicio
de las acciones jurisdiccionales existentes cada vez que le sea prescrito un
servicio médico que se estime fundamental para su tratamiento.
Se recuerda
que, de la manera en que se ha expresado durante el transcurso de la presente
providencia, el tratamiento integral que se reconoce en cabeza de una
determinada persona y en este caso, de la menor Yuli Alejandra Díaz Chinome, incluye no solamente el suministro de
todos los servicios médicos debidamente ordenados por el galeno tratante, sino
que también implica el reconocimiento de todos los medios que resulten
indispensables para garantizar que esas atenciones puedan ser efectivamente materializadas,
esto es, que se respete el derecho a la salud en su dimensión de accesibilidad
económica (asequibilidad) y, en el caso de que se requiera con necesidad por el
paciente, se le reconozca el servicio de transporte al lugar en el que habrá de
prestarse la atención ordenada.
5.3. En conclusión, la Sala estima indispensable que se reconozca el
amparo a los derechos fundamentales incoados en esta ocasión por la accionante
en el sentido de conceder tanto el suministro de los utensilios de aseo solicitados,
esto es, los pañales y pañitos húmedos en las cantidades y especificaciones
requeridas por la menor, como el tratamiento integral a las patologías que le
aquejan, de forma que le suministren la totalidad de los servicios médicos que
le sean efectivamente prescritos, así como los medios para acceder a dichas
atenciones, en el evento en el que estos resulten indispensables.
Lo anterior, sin perjuicio de que Salud Total E.P.S. pueda reclamar
ante el FOSYGA, por medio del ejercicio de los procedimientos administrativos
que se han creado para el efecto, los gastos en que incurra en cumplimiento de
estas órdenes y con respecto a los cuales no tenga la obligación legal de
asumir su suministro.
6.
Expediente T-4.579.727
La señora Irma Chica González, de 72
años de edad, es agenciada dentro de la acción de tutela que presentó su
hermano Raúl Chica González en contra de Saludcoop E.P.S., en defensa de sus
derechos fundamentales a la salud, vida en condiciones dignas y seguridad
social, que se vieron desconocidos como producto de la negativa que ésta
expresó de suministrarle 4 pañales desechables diarios en razón a que se trata
de un elemento expresamente excluido del P.O.S., pues ella y su núcleo familiar
no cuentan con la capacidad económica para suministrárselos por sí mismos.
En el presente caso se evidencia que
la agenciada padece de numerosas patologías como esquizofrenia paranoide, alzhéimer,
osteoporosis y esofagitis grado II, así como de una fractura de cadera y, adicionalmente,
fue diagnosticada con incontinencia urinaria y fecal, razón por la que en la
actualidad, considera el actor, requiere del suministro solicitado, pues es la
única forma en la que puede llegar a asumir con entereza las enfermedades que
le aquejan.
Ahora
bien, a efectos de determinar la viabilidad de reconocer el suministro de los
pañales desechables solicitados, considera la Sala indispensable verificar el
efectivo cumplimiento de los requisitos que al respecto ha establecido la
jurisprudencia para ordenar la autorización de suplementos que no solo están
excluidos del P.O.S. sino que en adición a ello no cuentan con la prescripción
del galeno tratante.
En
este orden, se tiene que, tal y como ha sido reconocido en reiteradas ocasiones
durante el transcurso de esta providencia, los pañales, por constituirse en
implementos de aseó y cuidado personal, no cuentan con ninguna clase de
sustituto dentro del plan de beneficios contemplado en el P.O.S. y, por tanto,
se constituyen en elementos indispensables para procurarle al paciente las
condiciones de posibilidad para desarrollar su vida con dignidad, así como para
materializar el efectivo ejercicio de sus demás derechos fundamentales; los
cuales a pesar de que no se han visto cercenados por las patologías que le
quejan al paciente, terminan en últimas también limitados.
Por
otro lado, se evidencia que si bien la accionante cuenta con una fuente de
ingresos considerable, y es apoyada económicamente por sus hermanos y
familiares, es claro que una vez contrastados dichos ingresos, con los gastos
que debe asumir mensualmente, esto es, con la contraprestación que debe cubrir
como producto de las atenciones que le brindan en el hogar geriátrico en el que
se encuentra internada, resulta evidente que, tal y como lo hace ver el
accionante, dichos recursos resultan insuficientes para permitirle sufragar el
valor que los pañales desechables discutidos en esta sede significa. De forma
que resulta necesario concluir que en efecto la actora no cuenta con los medios
económicos para garantizarse por sí misma el acceso a los implementos que
requiere.
En
relación con lo anteriormente indicado, considera la Sala relevante recordar
que el concepto de mínimo vital supone una “valoración
cualitativa de las condiciones especiales de cada persona, siendo inaceptable
un criterio que enumere y encuentre satisfechas sus necesidades fisiológicas y
desconozca así, las particularidades que circunscriben su individualidad”[45]
de forma que al evidenciarse que los ingresos con los que cuenta la accionante
resultan insuficientes, resulta necesario concluir que este requisito se
encuentra satisfecho.
Para
finalizar, se destaca que en el presente caso, si bien no obra orden médica que
permita determinar con base a criterios médicos/científicos la necesidad del
suministro solicitado, se tiene que en el expediente sí obra un dictamen que
determinó que la agenciada padece de incontinencia urinaria y fecal[46], razón por
la cual deviene lógico concluir que el suministro solicitado en realidad
resulta indispensable, pues en el evento en el que llegase a verse desprovista
de él se encontraría sometida a vivir en condiciones insalubres y que resultan
indignas para cualquier ser humano.
Como
consecuencia de lo expuesto, y al verse satisfechos la totalidad de los
requisitos que la jurisprudencia ha establecido para proceder con el
reconocimiento de servicios excluidos del P.O.S., tal y como lo son los pañales
desechables, y que no cuentan con orden médica, la Sala concederá el amparo
invocado por el accionante y a ordenar a Saludcoop E.P.S. que autorice y
suministre a la agenciada, señora Irma
Chica González, los pañales desechables que requiere según las cantidades y
especificaciones que resulten necesarias.
Lo anterior, sin perjuicio de que Saludcoop E.P.S. pueda reclamar ante el
FOSYGA, por medio del ejercicio de los procedimientos administrativos que se
han creado para el efecto, los gastos en que incurra en cumplimiento de estas órdenes
y con respecto a los cuales no tenga la obligación legal de asumir su
suministro.
7.
Expediente T-4.579.808
La ciudadana Sandra Patricia Páez, de
32 años de edad, se encuentra actualmente hospitalizada, postrada en cama y en
estado de mínima conciencia como producto de las diversas patologías que la
afectan. Adicional a lo anterior, ha sido diagnosticada con un esfínter anal
hipotónico, esto es, que se encuentra con una masa muscular considerablemente
reducida y, por tanto, sin la fuerza necesaria para desarrollar con normalidad
sus funciones, así como con “deposición por rebosamiento”, razón por la cual su
médico tratante aduce que utiliza 5 pañales talla “L” diarios a efectos de
mantener unas condiciones de aseo e higiene básicas.
El actor, compañero permanente de la
señora Sandra Patricia Páez, acude a la acción de tutela, en calidad de agente
oficioso, a efectos de solicitar el suministro, por parte de la E.P.S.
accionada, de los pañales desechables que requiere y que, por sus precarias
condiciones económicas, pues debe velar por el sostenimiento de su núcleo
familiar compuesto por él, su compañera permanente y sus tres hijos, no puede
suministrarle por sí mismo. Al respecto, se destaca que dicha pretensión fue
denegada tanto por la E.P.S. accionada, como por el juzgado de instancia, en
razón a que se trata de un suministro excluido del P.O.S. y que no cuenta con
la prescripción de un médico tratante que determine su necesidad.
Como primera medida, la Sala
evidencia que si bien la pretensión del actor se centra en el reconocimiento de
un servicio expresamente excluido del plan de beneficios contemplado en el
P.O.S., esto no implica indefectiblemente que la pretensión realizada debe ser
considerada como improcedente, pues, tal y como se ha indicado en reiteradas
ocasiones ya por la jurisprudencia de esta Corporación, así como al interior de
la presente providencia, resulta necesario verificar si en el presente caso se
configuran los requisitos que al respecto se han establecido para determinar la
viabilidad de este tipo de pretensiones.
En este orden de ideas, se recuerda
que los pañales desechables, por no constituirse en suministros de carácter
eminentemente médico, no cuentan con un sustituto que permita, en igual medida,
garantizarle al paciente el goce de unas condiciones básicas de higiene a
partir de las cuales pueda desarrollarse en forma digna, y dentro de la medida
de sus posibilidades, dentro del conglomerado social, así como ejercer
efectivamente la totalidad de los derechos que no encuentran limitación alguna
en las patologías que lo afectan.
En adición a lo hasta ahora
expresado, se evidencia que en el sub-examine el actor aduce no contar
con los medios económicos para garantizarle a su núcleo familiar, compuesto por
él, sus tres hijos y su compañera permanente, los medios mínimos de
subsistencia, al igual que para sufragar el costo que representa el suministro
constante de la alta cantidad de pañales desechables que su compañera
permanente requiere para mantener unas condiciones básicas de higiene y
dignidad; razón por la cual si bien había estado suministrando él dichos
implementos, en la actualidad se ve imposibilitado para seguir haciéndolo. Lo anterior,
sin que la E.P.S. accionada hubiera desplegado argumento alguno que permita
desvirtuar dicha afirmación.
Ahora bien, del material probatorio
que reposa en el expediente objeto de estudio, se percibe que con respecto al
suministro de pañales solicitado no existe ninguna orden o prescripción médica
que permita inferir, con atención a criterios de carácter médico, la necesidad
del suministro solicitado en esta sede. A pesar de lo anterior, igualmente se
evidencia que si bien no hay orden médica alguna, sí se encuentra un dictamen
médico en el cual se determina que la agenciada no solo padece de “esfínter
anal hipotónico”, esto es, que cuenta con una masa muscular considerablemente
reducida y, por tanto, sin la fuerza necesaria para prevenir el escape involuntario
de la materia fecal, sino que en adición a ello expresó que, en el momento del
dictamen, la paciente manejaba un uso constante de 5 pañales diarios, los
cuales para ese momento no estaban siendo allegados en forma oportuna y
suficiente.
En este orden de ideas, se evidencia
que si bien no hay orden médica alguna, sí resulta posible evidenciar que el
suministro en comento resulta indispensable para garantizarle a una persona el
que, a pesar de las numerosas patologías que en este caso afectan a la
agenciada y que la tienen en un estado de postración y de mínima conciencia, el
efectivo goce unas condiciones de higiene que le permitan desarrollar con
dignidad su existencia.
En conclusión, al encontrarse probada
la necesidad del suministro solicitado, la Sala procederá a revocar la
sentencia de instancia para, en su lugar, conceder el amparo ius-fundamental
reclamado en el sentido de ordenar a Salud Total E.P.S. que autorice y
suministre una provisión de pañales desechables según las cantidades y
especificaciones que requiera la agenciada.
Lo anterior, sin perjuicio de que Salud Total E.P.S. pueda reclamar
ante el FOSYGA, por medio del ejercicio de los procedimientos administrativos
que se han creado para el efecto, los gastos en que incurra en cumplimiento de
estas órdenes y con respecto a los cuales no tenga la obligación legal de
asumir su suministro.
8. Expediente T-4.582.829
8.1. La menor Mayerly Yohana Ramírez
Sánchez, de 13 años de edad, padece de las secuelas de una parálisis cerebral
que desarrolló como producto de la hipoxia perinatal de la que fue objeto en el
momento de su nacimiento.
En la actualidad, se encuentra postrada en
cama y recibiendo sus alimentos a través de una sonda. Como producto de lo
anterior, su madre, la señora Alba Mireya Sánchez Camargo, acudió a este
especial mecanismo a efectos de obtener el reconocimiento de numerosos
suministros que considera indispensables para el buen cuidado de su hija, como
lo son: (i) pañales, (ii) pañitos húmedos, (iii) crema anti pañalitis, (iv)
cinta micropore para sonda, (v) gasa, (vi)bolsas para alimentar por sonda,
(vii) crema corporal, (viii) aceite corporal, (ix) guantes de cirugía, (x)
suero fisiológico, (xi) algodón, (xii) jeringas, (xiii) tapabocas, (xiv) gel
anti-bacterial, (xv) jabón anti-bacterial, (xvi) leche de magnesia, (xvii)
crema dental, (xviii) cepillos de dientes, (xix) cama hospitalaria, (xx)
suplementos alimenticios ENSURE, (xxi) silla especial a la medida de la menor y
ajustable dependiendo de su crecimiento, (xxii) férulas de manos y pies, así
como (xxiii) un cuidador “sombra” que pueda atender a su hijo mientras ella
trabaja.
Los anteriores suministros le fueron
denegados tanto por la E.P.S-S. accionada, como por el juez de instancia en
cuanto consideraron que se trata de elementos que además de encontrarse
excluidos el plan de beneficios establecido en el P.O.S., tampoco cuentan con
la orden de un médico tratante que permita determinar su necesidad.
Con respecto a la situación planteada en
esta ocasión, se evidencia que las pretensiones de la actora se encuentran
encaminadas al reconocimiento del suministro de servicios y elementos que
efectivamente se encuentran excluidos del P.O.S. pero que son considerados por
la accionante como indispensables para garantizar la recuperación de la salud
de su hija, así como su desarrollo y crecimiento en condiciones dignas.
Ahora bien, por cuestiones metodológicas,
en esta ocasión se dividirá en dos grupos el estudio de los requisitos
jurisprudencialmente establecidos para proceder al reconocimiento de las
pretensiones realizadas en esta ocasión por la accionante, el primero
conformado por los pañales, pañitos húmedos y crema anti pañalitis que aduce
requerir, y el segundo por los demás suministros solicitados.
8.2. A efectos de comenzar con el
análisis del primer grupo de pretensiones planteadas, se tiene que los pañales
desechables, entendidos no como implementos de carácter médico que tienden por
la superación de una determinada patología, sino como suministros de aseo y
cuidado personal que permiten al paciente obtener unas condiciones básicas de
higiene, así como desarrollar con dignidad su existencia dentro de un
conglomerado social, no cuentan con un sustituto que permita alcanzar, en igual
medida, la finalidad anteriormente descrita, pues, al no tratarse de un
elemento de carácter médico, se encuentran instantáneamente por fueron de los
beneficios contemplados.
En este orden de ideas, los pañales,
pañitos húmedos y crema anti pañalitis se constituyen en implementos
indispensables que permiten a un paciente no solo desarrollar su vida con
dignidad, sino que, en adición a ello, lo facultan para ejercer sus demás
derechos que no se encuentran limitados como producto de las patologías que lo
afectan.
Asimismo, se evidencia que la accionante
aduce contar con la responsabilidad de garantizarle a su núcleo familiar,
compuesto por ella y sus tres hijas, los medios básicos de subsistencia, esto
es, alimentos, techo, educación, recreación, etc.; razón por la cual exigirle
que con sus restringidos ingresos asuma la carga de no solo velar por el normal
sostenimiento de su familia, sino que en adición a ello deba sufragar, con el
salario que deriva del trabajo de medio tiempo que ejecuta, el costo de un
suministro constante de pañales y utensilios de aseo, resulta desproporcionado,
pues necesariamente se verá en la obligación de priorizar y omitir el
suministro de algún elemento que en la realidad resulta indispensable para la
atención de su menor hija, afectándose así en forma ostensible su dignidad como
ser humano. En otras palabras, la accionante afirma no contar con los medios
para asumir el suministro de los suplementos en estudio, sin que dicha
afirmación haya sido controvertida por alguna de las accionadas.
A efectos de proseguir con el estudio
propuesto, se llama la atención en que si bien los suministros solicitados no
cuentan con la orden expresa de un médico tratante que permita determinar su
necesidad conforme a criterios científicos, en el presente caso resulta
necesario concluir que los suministros en discusión, tal y como se ha indicado
en numerosas ocasiones a lo largo de la presente providencia, pueden llegar a ser
reconocidos por el juez constitucional en el evento en el que éste considere
diáfana su necesidad; razón por la cual, en el presente caso, al tratarse de
una menor de edad que se encuentra en estado de postración como producto de una
parálisis cerebral por hipoxia perinatal que padeció desde su nacimiento y que
en la actualidad ha hecho que ella dependa completamente de las atenciones de
un tercero, resulta necesario concluir que los suministros en mención son
completamente indispensables para que la menor pueda asumir con mayor entereza
y dignidad el estado de salud en el que se encuentra y se impide la continua
degradación de su estado de salud como consecuencia de las condiciones
anti-higiénicas que la ausencia de este suministro implica.
8.3. En lo relacionado con el resto de
las pretensiones de la accionante, la Sala considera pertinente destacar como
primera medida que en el presente caso se trata de suministros de aseo,
asepsia, antisepsia, suplementos alimenticios, silla de ruedas, férulas y
atención domiciliaria que no cuentan con la orden médica de un profesional de
la salud que determine su necesidad, asimismo resulta necesario destacar que
los argumentos anteriormente esbozados para el reconocimiento de los pañales y
demás suministros de aseo desarrollados en el numeral anterior, en el presente
caso no resultan aplicables, pues las pretensiones en discusión no son de
aquellos elementos que por no tratarse de elementos médicos puedan ser
reconocidos por el juez constitucional sin la existencia de una prescripción
que determine científicamente su necesidad y, por tanto, resulta inadmisible
que el juez de tutela se inmiscuya en las funciones que competen única y
exclusivamente al galeno tratante y autorice su suministro.
No obstante lo anterior, la Sala estima
que, en virtud de las especiales condiciones en que se encuentra la menor y
como producto de la especial protección constitucional de la que es acreedora,
es necesario que, a pesar de que no existe evidencia que permita inferir la
necesidad de los suministros solicitados, se evalúe por parte del personal
médico que la atiende si como producto de su situación actual de salud, los
suministros que solicita en esta sede resultan necesarios para la efectiva
recuperación de la hija de la accionante.
8.4. A manera de conclusión, se
procederá a revocar la sentencia de instancia y a conceder, en su lugar, el
amparo a los derechos fundamentales solicitado. Lo anterior, en el sentido de
ordenar a Comparta E.P.S-S.[47]
que: (i) reconozca y suministre los pañales desechables, pañitos húmedos y
crema anti pañalitis, en las cantidades y especificaciones requeridas por la
menor Mayerly Johana Ramírez; (ii) a través de una evaluación de carácter
técnico y científico determine la necesidad que existe para la menor del
suministro de los demás suministros solicitados en esta ocasión y que, de ser
considerados como necesarios, los autorice y entregue para que permitan la
mejora de las condiciones de salud de la menor.
Todo lo
anterior, sin perjuicio de que Comparta E.P.S-S. pueda acudir ante entidad territorial correspondiente a solicitar,
a través de los mecanismos pertinentes, el recobro de los gastos en los que,
como producto de la orden proferida en esta sentencia, deba incurrir y no tenga
la obligación legal de asumir.
9.
Expediente
T-4.583.134
En
lo relacionado con la situación jurídica planteada por el ciudadano Humberto
Reyes Méndez, de 60 años de edad, se evidencia que éste sufrió de un aneurisma
cerebral y, como producto de su ocurrencia, actualmente se encuentra postrado
en cama y con una seria limitación en sus capacidades motoras, de habla y en el
control de sus esfínteres. Se destaca que en la actualidad el señor Reyes
Méndez se encuentra recibiendo la atención en salud en forma domiciliaria y el
médico tratante determinó que no tiene las capacidades para procurar por su
auto-cuidado y, por ello, depende de las atenciones de un cuidador que le
colabore con sus labores de aseo e higiene.
Al
respecto, su madre, la señora Ana Isabel Méndez de Reyes (de 81 años de edad),
indica que ella es quien habita con el señor Reyes Méndez y quien se encuentra
encargada de su cuidado, sin que sus capacidades físicas le permitan otorgarle las
atenciones que requiere, pues no se encuentra en las condiciones para ayudarlo
a movilizarse, a asearse y a hacer sus necesidades. Adicionalmente, hace énfasis
en que si bien sus hijos han procurado colaborarle con los cuidados requeridos,
ellos no pueden hacerlo con la dedicación  frecuencia requerida, pues no tienen
la posibilidad de acudir todos los días, ni todo el día.
Por
lo anterior, y al no contar con la capacidad económica para costear la
contratación de una persona que se encargue de realizar los cuidados
requeridos, la señora Ana Isabel Méndez, en calidad de agente oficioso, acude a
la acción de tutela con el objeto de obtener la protección de los derechos
fundamentales de su hijo, los cuales estima vulnerados como producto de la
decisión de la E.P.S. accionada de no otorgar la atención requerida bajo el
pretexto de que lo que se necesita es la atención de un cuidador familiar que
colabore con la movilización y aseo del paciente, y no de enfermería, esto es,
de un profesional de la salud que le otorgue las atenciones médicas en el lugar
de su residencia.
De
lo expuesto, se evidencia que el quid del asunto radica en determinar si
el agenciado tiene derecho a recibir las atenciones de un cuidador que
proporcione la E.P.S. accionada en razón a que su núcleo familiar se encuentra
en la imposibilidad de prestarle las atenciones que necesita y tampoco cuentan
con la capacidad económica para contratar a alguien para que se las otorgue.
Sobre
el particular, se recuerda que la jurisprudencia de esta Corporación ha
reconocido en reiteradas ocasiones, y más recientemente en la sentencia T-154
de 2014, que si bien la atención de un cuidador permanente se encuentra
excluida del plan de beneficios contemplado en el P.O.S. y, por tanto, se
constituye, al menos en principio, en una responsabilidad del núcleo familiar
del paciente, ello no impone impedimento alguno para que, dada la configuración
de ciertas circunstancias extraordinarias, sea el Estado quien, a través de las
E.P.S., otorgue la atención requerida.
En
este orden de ideas, se ha aceptado por la jurisprudencia constitucional que la
responsabilidad de asumir el cuidado de un pariente que se encuentra padeciendo
de los efectos de una determinada patología, se encuentra radicada de la
familia siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: “(i) que
efectivamente se tenga certeza médica de que el sujeto dependiente solamente
requiere que una persona familiar o cercana se ocupe de brindarle de forma
prioritaria y comprometida un apoyo físico y emocional en el desenvolvimiento
de sus actividades básicas cotidianas, (ii) que sea una carga soportable para
los familiares próximos de aquella persona proporcionar tal cuidado, y (iii)
que a la familia se le brinde un entrenamiento o una preparación previa que
sirva de apoyo para el manejo de la persona dependiente, así como también un
apoyo y seguimiento continuo a la labor que el cuidador realizará, con el fin
de verificar constantemente la calidad y aptitud del cuidado. Prestación esta
que si debe ser asumida por la EPS a la que se encuentre afiliada la persona en
situación de dependencia.” [48]
De
forma que en el evento en el que no se materialicen dichos supuestos, es
necesario que sea la E.P.S. quien otorgue la atención requerida, de forma que
el paciente tenga la posibilidad de materializar efectivamente su derecho
fundamental a la salud y no vea desvanecerse sus prerrogativas
ius-fundamentales como producto de la imposibilidad en que se encuentra su
núcleo familiar para procurar las atenciones requeridas tanto en forma directa,
como a través de la contratación de un tercero que las preste.
Ahora
bien, en el presente caso se evidencia que el médico tratante del señor
Humberto Reyes Méndez determinó a través de concepto médico del 29 de julio de
2014, que “si bien es cierto que el estado del paciente si (sic)
amerita un cuidador, no se requiere que tenga un  entrenamiento técnico o
profesional especializado, ya que el señor no tiene prescripción de ningún
equipo médico especializado” y solo requiere colaboración tanto con las
actividades básicas, como con las avanzadas de aseo e higiene personal,
preparación y suministro de alimentos, la administración de medicamentos y los
cambios de posición.
No
obstante lo anterior, se llama la atención en que dadas las especiales
particularidades del caso en concreto, esto es, que el agenciado es un hombre
de 60 años de edad que habita en una casa con su madre de 81 años y ésta es
quien en teoría debe prestarle las atenciones que requiere, es necesario
concluir que: (i) ella se encuentra imposibilitada para otorgarle, por sí
misma, los cuidados que el médico tratante determinó como necesarios, y (ii)
que si bien el señor Reyes Méndez cuenta con hermanos, estos no tienen la
posibilidad de asistirlo con la dedicación y frecuencia requerida.
Adicionalmente
se destaca que la accionante aduce que ni ella, ni sus hijos tienen las
capacidades económicas para contratar a alguien para que le otorgue a su hijo
las atenciones que requiere, pues no solo deben sufragar las necesidades
básicas de cada uno, sino que en adición a ello han estado buscando procurarle
al agenciado las mejores condiciones de vida que les son posibles y, en
consecuencia, tienen gastos mensuales por concepto de pañales, cama
terapéutica, silla de ruedas y demás suplementos que resultan indispensables
para su cuidado.
Como
consecuencia de las consideraciones anteriormente esbozadas, y ante la
evidencia de que el núcleo familiar del agenciado en efecto se encuentra
imposibilitado para prestar directamente y a través de un tercero las
atenciones que éste necesita, resulta necesario concluir que en el presente
caso debe ser el Estado quien entre a suplir dicha falencia y otorgue un
cuidador al señor Humberto Reyes Méndez, de forma que reciba efectivamente los
cuidados que requiere y, así, pueda gozar de su derecho fundamental a la salud
sin ninguna clase de limitación de tipo económico que le obstaculice su
ejercicio.
De
esta forma, la Sala procederá a revocar las sentencias de instancia y en su
lugar, concederá el amparo ius-fundamental deprecado, de forma que
Compensar E.P.S. quede obligada a autorizar los servicios de un cuidador
principal y permanente que le otorgue al señor Humberto Reyes Méndez, las 24
horas del día, las atenciones que fueron determinadas por el médico tratante.
Lo anterior, sin perjuicio de que Compensar E.P.S. pueda reclamar ante el
FOSYGA, por medio del ejercicio de los procedimientos administrativos que se
han creado para el efecto, los gastos en que incurra en cumplimiento de estas
órdenes y con respecto a los cuales no tenga la obligación legal de asumir su
suministro.
10.
Expediente
T-4.585.625
La
ciudadana Ana Milena Jaramillo Gómez, de 35 años de edad, fue sujeta a una
cirugía bariátrica en razón a la obesidad mórbida que padecía. Como producto de
dicha intervención quirúrgica, la accionante redujo su peso a la mitad (de 140
a 70 kilogramos) y, en la actualidad, le fue recomendado por su médico tratante,
en dos ocasiones, la realización de un procedimiento médico denominado “adbominoplastia
post-bariatrica” que tiene por objeto la eliminación de los excesos de piel que
le quedaron como producto del cambio abrupto de peso del que fue sujeta, de
forma que estos no le sigan generando irritaciones,  alergias y, en algunos
casos, llagas.
La
accionante solicitó la autorización de dicho procedimiento médico, pero éste le
fue negado tanto por la E.P.S., como por el juez de tutela, en razón a que se
consideró que se trataba de una intervención de carácter eminentemente estético
o cosmético y que, por tanto, no se encuentra en riesgo alguno su vida e
integridad personal; razón por la cual es ella quien debe asumir la carga de
sufragarla.
En
el presente caso, se tiene que la pretensión esbozada por la accionante radica
en que le autoricen la práctica de un procedimiento que se encuentra por fuera
del plan de beneficios contemplado en el P.O.S., razón por la cual la Sala
procederá a revisar la configuración de los requisitos jurisprudencialmente
establecidos para el reconocimiento de servicios excluidos de P.O.S. a través
de la acción de tutela.
Para
comenzar, se destaca que la accionante aduce en efecto no contar con los
recursos económicos suficientes para asumir, por sí misma, los costos que la
intervención quirúrgica implica, pues indica que como producto de su trabajo
tiene ingresos equivalentes a un salario mínimo y, con ellos, debe colaborar al
sostenimiento de su núcleo familiar, compuesto por ella, sus padres y cinco
hermanos. Adicionalmente, para la Sala resulta diáfana la incapacidad económica
de la accionante para procurarse por sí misma la operación en comento, pues a
pesar de que ésta le fue medicamente recomendada inicialmente en febrero de
2013 y luego ordenada en enero de 2014, no ha podido materializar hasta el
momento su realización.
Ahora
bien, la ciudadana Ana Milena Jaramillo Gómez solicita en esta sede que se le
practique un procedimiento médico denominado “abdominoplastia post-bariatrica”
el cual, como se indicó con anterioridad, le fue recomendado por su médico
tratante en el 2013, por considerarse en ese momento que se trataba de un
procedimiento de carácter estético que no comprometía su salud, pero, con
posterioridad, en el 2014[49],
esta recomendación fue cambiada por una orden médica en cuanto específicamente
se determinó que ahora se trataba de un procedimiento de carácter funcional que
debía ser practicado en razón a las grandes cantidades de piel que le sobran y
que son producto de la pérdida masiva de peso de la que fue objeto.
En
este orden de ideas, se evidencia que, contrario a lo indicado tanto por la
E.P.S. como por el juez de tutela, el procedimiento ordenado en esta ocasión, a
pesar de constituirse en uno de aquellos que normalmente es efectuado con fines
eminentemente estéticos[50],
no busca únicamente armonizar cosméticamente el cuerpo de la paciente, sino
que, en adición a ello, pretende permitirle superar las constantes irritaciones
que el exceso de piel le genera, así como impedir que su situación actual siga
degradándose.
Por
lo anterior, resulta necesario concluir que al estar satisfechos todos y cada
uno de los requisitos establecidos por la jurisprudencia para proceder con el
reconocimiento y autorización de un procedimiento excluido del plan de
beneficios establecido en el P.O.S., la Corte Constitucional procederá a
revocar la sentencia de instancia y, en su lugar, concederá el amparo
ius-fundamental deprecado en el sentido de ordenar a Cafesalud E.P.S. que
autorice y practique a la ciudadana Ana Milena Jaramillo Gómez el procedimiento
denominado “abdominoplastia post-bariatrica” y que le fue efectivamente
ordenado por su médico tratante.
Lo anterior, sin perjuicio de que Cafesalud E.P.S. pueda reclamar ante el
FOSYGA, por medio del ejercicio de los procedimientos administrativos que se
han creado para el efecto, los gastos en que incurra en cumplimiento de estas
órdenes y con respecto a los cuales no tenga la obligación legal de asumir su suministro.
11.
Expediente
T-4.587.077
El
ciudadano Jhon Alex Pardo acude a la acción de tutela con el objeto de obtener
la protección del derecho fundamental a la seguridad social de sus padres, los
señores Alfredo Alfonso Pardo Ureche e Inés Concepción Galaraga, pues considera
que la atención en salud que les está otorgando la E.P.S. accionada es en
extremo deficiente en cuanto no tienen cobertura de ningún servicio, fuera de
la atención de emergencia, en el lugar en el que habitan, esto es, la ciudad de
Cereté – Cordoba.
Por
lo anterior, llama la atención en que sus padres han tenido que estarse
desplazando constantemente a efectos de recibir las atenciones en salud que les
son ordenadas y que, por los escasos recursos económicos con los que cuentan,
en muchas ocasiones se han visto imposibilitados para asistir a las citas que
les son programadas; razón por la cual solicita que se ordene a la E.P.S.
accionada que realice los contratos pertinentes para garantizarles la
prestación de los servicios que requieren en la ciudad en la que habitan o que,
en su defecto, asuma el valor que les implican los constantes transportes que
deben realizar, pues no cuentan con la capacidad económica requerida para
asumirlos por sí mismos.
Al
respecto, la Sala estima pertinente destacar que el Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles de Colombia E.P.S. efectivamente se constituye en una E.P.S.
adaptada, esto es, una que lo que pretende es garantizarle a los pensionados de
las extintas “Puertos de Colombia”, “Ferrocarriles Nacionales de Colombia” y a
sus familiares, el acceso a los servicios de salud que les otorgaban sus
anteriores empleadores, en las mismas condiciones en que éstos eran otorgados
mientras dichas entidades se encontraban funcionando, esto es, con respeto a
las convenciones y reglamentos pactados para el efecto; los cuales, en el
presente caso limitaban la cobertura otorgada a unos determinados municipios
dentro del territorio nacional en los que las empresas en comento tenían sus
márgenes de injerencia.
Adicionalmente,
es necesario tener en cuenta que si bien el marco legal establecido en la Ley
100 de 1993 instituye al derecho a la libertad de escogencia de E.P.S. como
principio fundamental de la estructura del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, esta libertad tiene una doble connotación “pues en primer lugar, es una facultad de los usuarios para escoger
tanto las EPS a las que se afiliarán para la prestación del servicio de salud,
como las IPS en las que se suministrará la atención en salud y en segundo
lugar, es una potestad de las EPS de elegir las IPS con las que celebrarán
convenios y el tipo de servicios que serán objeto de cada uno”[51]. De
forma que las E.P.S.’s tienen la posibilidad de determinar a través de que
I.P.S.’s prestarán sus servicios, así como que cobertura quieren otorgar a sus
afiliados, siempre y cuando respeten las condiciones básicas establecidas en
dicho ordenamiento legal.
En
este orden de ideas, resulta mandatorio concluir que no es admisible la
pretensión del accionante relativa a que se obligue a la E.P.S. accionada a
contratar con I.P.S.’s del sector, pues ésta tiene la libertad para escoger las
condiciones en que prestará sus servicios, sin perjuicio de los agenciados, en
ejercicio de su libertad para escoger la E.P.S. que consideren que más les
conviene, tramiten su traslado.
Ahora
bien, en lo relacionado con la pretensión subsidiaria planteada por el
accionante, esto es, la relativa al suministro del transporte requerido por sus
padres para acudir a las citas y controles que les son programados por fuera de
la ciudad en la que habitan, la Sala considera que en el presente caso, el
servicio de transporte solicitado se encuentra efectivamente contemplado dentro
del plan de beneficios establecido en el P.O.S.[52], pues se
configura el supuesto en virtud del cual, tratándose de pacientes ambulatorios
y existiendo la posibilidad de otorgar las atenciones de salud que los
afiliados necesitan en el municipio en el que residen, la E.P.S. no tuvo en
cuenta a dichas I.P.S.’s en la conformación de su red de servicios, razón por
la cual, se considera que la negativa de la E.P.S. en relación con dicho
servicio resulta infundada y desconoce los servicios que le compete garantizar
como producto de lo dispuesto en el actual P.O.S., esto es, la Resolución 5521
de 2013.
Como
consecuencia de lo anterior, la Sala considera necesario revocar parcialmente
la sentencia de instancia para, en su lugar, conceder el amparo ius-fundamental
invocado únicamente en lo relacionado con el servicio de transporte solicitado,
pues se evidencia que si la E.P.S. accionada no les otorga la atención que
requieren en el municipio en el que residen, es indispensable que ésta al menos
suministre el servicio de transporte que los agenciados no se pueden procurar
por sí mismos, a los diversos controles y citas que les sean programadas.
12.
Expediente T-4.587.203
12.1. El señor Lisandro Montenegro acude a la acción de tutela con el
objetivo de obtener la protección ius-fundamental de los derechos de su
madre, la señora Gloria Mary Montenegro Gómez de 70 años de edad, quien padece
de numerosas patologías[53] y, como
producto de ellas, requiere tanto la atención domiciliaria de enfermería, el
transporte al lugar de sus citas y controles médicos, así como un suministro
diario de pañales desechables.
Al respecto, se evidencia que los
servicios anteriormente referidos han sido negados tanto por la E.P.S.
accionada, como por los jueces de instancia, en consideración de que éstos no
solo se encuentran por fuera del P.O.S. sino que, en adición a ello, no cuentan
con una orden médica que determine su necesidad.
A continuación se procederá a
realizar el estudio de viabilidad de las pretensiones realizadas por el
accionante, de forma que sea posible observar si con respecto a cada una de
estas se cumplen o no los requisitos jurisprudencialmente establecidos para su
reconocimiento.
12.2. Como primera medida, se estima que los pañales desechables
solicitados, de la manera en que se ha expresado a lo largo de este documento,
se constituyen en implementos de aseo y cuidado personal que contribuyen tanto
al efectivo goce de una vida en condiciones dignas del paciente, como a la
garantía de las condiciones de posibilidad que permiten el normal ejercicio de
los demás derechos fundamentales. De forma que por tratarse de suministros que
no se encuentran directa e íntimamente relacionados con la superación de una
determinada patología, ni están incluidos dentro del plan de beneficios del
P.O.S., no tienen ningún sustituto que permita obtener la satisfacción de la finalidad
por la que estos propenden.
Adicionalmente, el actor indica, sin
que su afirmación sea controvertida en forma alguna por la accionada, no contar
en la actualidad con los recursos económicos necesarios para sufragar, por sí
mismo, los pañales que necesita su madre; los cuales, si bien hasta el momento
había estado suministrando, como producto de un cambio repentino en su
situación económica, ya no puede seguir asumiendo, so pena de limitarse a sí
mismo y a su núcleo familiar, los elementos básicos de subsistencia.
Prosiguiendo con el análisis iniciado,
se observa que del material probatorio allegado en el expediente no es posible
evidenciar que la agenciada cuente con una orden médica que determine, con base
en criterios técnicos y científicos, la necesidad del suministro solicitado. No
obstante, se recuerda que esta Corporación en reiteradas ocasiones ha indicado
que el suministro de elementos de aseo e higiene personal como los pañales, por
esa misma condición no requieren de una justificación de carácter médico que
determine su necesidad, sino que, por el contrario, basta con que el juez
constitucional infiera que el paciente depende de un tercero para el desarrollo
de sus actividades cotidianas y cuenta con una patología que afecta el normal
funcionamiento de sus esfínteres.
Por lo anterior, y al evidenciarse
que la agenciada es una persona de la tercera edad que padece de distintas
afectaciones psiquiátricas y físicas que restringen sus capacidades cognitivas,
de movilidad y que también limitan el funcionamiento de sus esfínteres, la Sala
estima necesario que se le garantice el suministro constante y permanente de
pañales desechables, mientras persistan las condiciones que dieron origen a su
necesidad, de forma que le sea posible asumir las patologías que la afectan con
mayor entereza y dignidad.
12.3. Ahora bien, en lo relacionado con la pretensión de atención
domiciliaria a través de enfermería, se llama la atención en que en el presente
caso, si bien se trata de solicitar la autorización de un servicio que se
encuentra incluido dentro del P.O.S., la agenciada en efecto no cuenta con una
orden médica que ponga de presente la necesidad de la atención domiciliaria solicitada,
ya sea que ésta deba ser prestada por parte de un auxiliar de enfermería que le
practique determinados servicios de salud o, en su defecto, por un cuidador que
se encargue de sus necesidades de movilidad, aseo y alimentación, razón por la
cual dichas pretensiones resultan, en principio, improcedentes pues no es
admisible que el juez constitucional se inmiscuya en labores que no le son
propias y determine, sin el conocimiento médico y científico correspondiente,
la necesidad de un determinado servicio o tratamiento de índole eminentemente médica.
A pesar de lo indicado, la Sala
considera indispensable que, en virtud de las especiales condiciones que
afectan a la agenciada[54] y que
le otorgan la doble condición de sujeta de especial protección constitucional,
se ordene a Comfenalco Valle E.P.S., que realice una evaluación de carácter
médico y científico que determine la necesidad del servicio objeto de estudio y
que permita evidenciar si la situación actual en que se encuentra la agenciada
amerita que se le otorgue la atención domiciliaria por enfermería o si, por el
contrario, esta resulta improcedente.
12.4. Para finalizar, se insiste en que, tal y como se indicó en la
parte considerativa de esta providencia, el reconocimiento por parte del Estado
del servicio de transporte requerido por un paciente para asistir al lugar en
el que le habrán de ser prestados unos determinados servicios de salud, supone
la existencia de una prescripción médica previamente ordenada que implique o
que permita inferir la necesidad de que el paciente se movilice de su lugar de
residencia y que dicho traslado no solo se constituya en una carga
desproporcionada para él, sino que además, en la práctica, represente un límite
al efectivo acceso a las prestaciones de salud reconocidas por el SGSSS.
En consonancia con lo expuesto,
resulta necesario resaltar que, en el presente caso, no es posible verificar,
del material probatorio obrante en el expediente, que exista alguna orden
médica que implique el traslado del paciente a efectos de que éste pueda
recibir la atención en salud que requiere, ni que como producto de la
imposibilidad de realizar dichos traslados se haya visto limitado en el acceso
a dichos servicios, razón por la cual la solicitud del actor habrá de ser
desestimada.
No obstante lo expuesto en forma
precedente, la Sala evidencia que como producto de las especiales condiciones
de salud de la agenciada, así como en razón a su avanzada edad, es necesario
que se reconozca en cabeza de la señora Gloria Mary Montenegro Gómez el
tratamiento integral a sus patologías, de forma que se le exima de la necesidad
de acudir de manera reiterativa al ejercicio de las acciones legales y
constitucionales que puedan llegar a resultar necesarias como producto del
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que le aquejan. Y, así, se le
garantice el acceso tanto a la totalidad de los servicios médicos que le sean
efectivamente ordenados por su médico tratante, como a los medios que requiera
para acceder a ellos.
12.5. Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Sala
dispondrá revocar las sentencias de instancia y, en su lugar, conceder el
amparo a los derechos fundamentales invocado por el accionante. Razón por la
cual se ordenará a Confenalco E.P.S. que: (i) asuma, en las cantidades y
especificaciones requeridas, el suministro de los pañales desechables
solicitados para la agenciada; y que (ii) realice las gestiones pertinentes
para que se evalúe por parte del personal médico que atiende a la señora Gloria
Mary Montenegro la necesidad que tiene ésta de recibir el servicio de enfermería
en su lugar de domicilio. En adición a lo anterior, concederá el tratamiento
integral a las patologías que afectan a la agenciada, de forma que se le
garantice tanto la efectiva prestación de la totalidad de los servicios que le
sean ordenados, como los medios para acceder a dichos servicios.
Lo anterior, sin perjuicio de que Confenalco E.P.S. pueda reclamar ante el FOSYGA, por
medio del ejercicio de los procedimientos administrativos que existen para el
efecto, los gastos en que incurra en cumplimiento de estas órdenes y con
respecto a los cuales no tenga la obligación legal de asumir su suministro.
13. Expediente T-4.588.076
A continuación, se procederá con el
análisis de la situación jurídica planteada por la señora Yorlady Camayo
Quintero, quien acude a la acción de tutela con el objetivo de obtener la
protección de los derechos fundamentales de su menor hijo, Cristian Fabián
Aguirre Camacho, de siete años de edad, quien desde el momento de su nacimiento
padece de una “taquicardia supraventricular” que le ha generado numerosas
complicaciones de carácter cardiovascular. Al respecto, en criterio de la
accionante, el tratamiento de las afectaciones en comento requiere del reiterado
desplazamiento de su hijo a la ciudad de Bogotá de forma que, en la Fundación
Cardioinfantil, le realicen los controles y exámenes médicos que permitan su
efectivo diagnóstico y tratamiento.
La actora llama la atención en que en
virtud de los escasos recursos con los que cuenta para suplir las necesidades
de su núcleo familiar, no tiene la capacidad de sufragar, por sí misma, los
gastos que dicho transporte representa, razón por la cual acude ante el SGSSS a
efectos de que éste le otorgue dicho servicio y, así, le sea posible a su hijo
acudir a las citas y controles que le son programados.
Sobre el particular, el juez
constitucional de segunda instancia determinó denegar el amparo invocado, en
cuanto consideró que no estaba probada la periodicidad de los desplazamientos
que como producto de la atención de las patologías de su hijo, debe realizar
constantemente.
Entrando en el estudio de la
situación propuesta, estima la Sala que si bien en el presente caso existe
certeza de que en efecto se han realizado varios controles al menor Cristian
Fabián Aguirre en la ciudad de Bogotá, no hay claridad de si estos habrán de
continuar en el tiempo o si, por el contrario la atención que requiere a
continuación le será prestada en la ciudad de su residencia.
En este orden de ideas, se evidencia
que en el sub-examine no existe una orden médica vigente, esto es, que
aún no se haya realizado, que permita inferir que el menor habrá de ser
remitido nuevamente a una ciudad diferente a aquella en la que habita y que,
por tanto, dicho traslado, como producto de los escasos recursos económicos con
los que cuenta su núcleo familiar, tiene la virtualidad de limitar su acceso a
los servicios de salud que requiere.
Por lo anterior, la pretensión en
comento habrá de ser denegada, sin perjuicio de que, en razón a que a la luz
del artículo 125 de la Resolución 5521 de 2013, .el servicio de transporte en
esta sede solicitado se encuentra incluido dentro del plan de beneficios del
P.O.S., en el caso en el que el menor Cristian Fabián requiera de su traslado a
efectos de que se le otorguen las atenciones en salud ordenadas, éste le sea
otorgado por la E.P.S-S. accionada sin que le impongan ningún tipo de traba u
obstáculo de índole administrativa.
Ahora bien, la Sala considera que en
el presente caso no solo se trata de la situación de un menor de edad que
padece de una enfermedad congénita que si no es adecuadamente vigilada tiene la
posibilidad de poner en riesgo inminente su vida, sino que además de ello, el
afectado hace parte de un grupo poblacional especialmente vulnerable, esto es,
el compuesto por aquellas personas que se encuentran dentro del régimen
subsidiado de salud en el nivel 1 del SISBEN, motivo por el cual, ante esta
triple condición de sujeto de especial protección constitucional, resulta
mandatorio que la Corte otorgue el tratamiento integral a su patología, esto
es, a la “taquicardia supraventricular” que padece desde su nacimiento, de
forma que con el objetivo de garantizar la efectividad de sus derechos
fundamentales, se le otorguen todos los servicios de salud que su médico
tratante considere como indispensables para mejorar sus condiciones de salud,
sin necesidad de que deba acudir en forma recurrente a las acciones legales y
constitucionales pertinentes.
Como conclusión de lo expuesto, la
Sala revocará las sentencias de instancia y, en su lugar, procederá a otorgar
el amparo a los derechos fundamentales del menor Cristian Fabián Aguirre,
únicamente en lo relacionado con el tratamiento integral de su patología, de
forma que se le garantice la prestación de todos los servicios de salud que
sean efectivamente ordenados por su médico tratante, al igual que los medios
requeridos para acceder a dichos servicios.
Todo lo
anterior, sin perjuicio de que Comfamiliar Huila E.P.S-S. pueda acudir ante entidad territorial correspondiente a solicitar,
a través de los mecanismos pertinentes, el recobro de los gastos en los que,
como producto de la orden proferida en esta sentencia, deba incurrir y no tenga
la obligación legal de asumir.
14. Expediente T-4.592.778
El ciudadano Luis Alfonso Contreras
Vargas, de 76 años de edad, padece de parkinson desde hace más de 2 años y,
como producto de dicha afectación, se le han ordenado los siguientes exámenes:
“otorrinolaringología”, “audiología”, “terapia de rehabilitación vestibular”,
“imitancia acústica [impedanciometría]”, “logoaudiometría”, “audiometría de
tonos puros aéreos y óseos con enmascaramiento", “hemograma III
(hemoglobina, hematocrito, recuento de eritrocitos, índice eritro)”, “serología
(prueba no treponemica) VDRL en suero o LCR &”, “hormona estimulante de
tiroides (TSH) ultrasensible”, “colesterol de alta densidad (HDL)”, “colesterol
total”, “triglicéridos”, “glucosa en suero LCR u otro fluido diferente a
orina”, de forma que sea posible continuar con el diagnostico de su patología.
Al
respecto, el actor aduce que los exámenes anteriormente referenciados no han
sido practicados en razón a que la E.P.S. accionada le exigió una re-evaluación
del dictamen que determinó su necesidad y, porque, en dicha re-valoración se
estimó que los exámenes médicos ya habían sido efectivamente desarrollados, sin
que el actor se encuentre de acuerdo con dicha afirmación y sin que se allegue
prueba alguna que determine su veracidad.
Ahora
bien, como primera medida se evidencia que el amparo solicitado por el actor
radica en que no solo se le otorgue efectiva atención a sus patologías, sino
que en adición a ello se le preste un buen servicio por parte de la E.P.S.
accionada quien, en su criterio, se ha esmerado por imponerle trabas
innecesarias al efectivo goce de su derecho a la salud. De igual manera, se
evidencia que, en concreto, sus pretensiones están encaminadas principalmente a
la autorización de unos exámenes que le fueron efectivamente ordenados y,
contrario a lo expuesto, nunca practicados, los cuales se encuentran dentro de
las atenciones y servicios de salud que se encuentran incluidos en el P.O.S..
En
el presente caso se llama la atención en que el juez constitucional de
instancia determinó denegar el amparo invocado, pues consideró que en efecto
los exámenes solicitados habían sido realizados, sin que en el expediente obre
prueba alguna que permita arribar a dicha conclusión, pues la E.P.S. accionada
no solo no remitió escrito alguno oponiéndose a las pretensiones realizadas,
razón por la cual a la luz del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 el juez
debió haber presumido la veracidad de las afirmaciones realizadas, sino que
además del expediente no es posible inferir que en efecto los servicios
solicitados hayan sido practicados.
De
lo anterior, resulta necesario concluir que en el expediente obra prueba de la
necesidad de la realización de unos servicios que se encuentran efectivamente
incluidos dentro del plan de beneficios contemplado en el P.O.S., razón por la
cual es obligación de la E.P.S. asumir su prestación y de esa forma garantizar
la efectividad del derecho a la salud del accionante.
En
consecuencia, la Sala revocará la sentencia de tutela objeto de revisión y, en
su lugar, concederá el amparo ius-fundamental invocado en el sentido de
ordenar a la Nueva E.P.S. que, de aún no haberlo hecho, autorice y practique
los exámenes requeridos por el actor y que son reclamados en esta ocasión.
Igualmente, se instará a la accionada a abstenerse de imponer trabas al
efectivo ejercicio de los derechos que le ha sido encargado garantizar.
Lo anterior, sin perjuicio de que la Nueva E.P.S. pueda reclamar ante el FOSYGA, por
medio del ejercicio de los procedimientos administrativos que existen para el
efecto, los gastos en que incurra en cumplimiento de estas órdenes y con
respecto a los cuales no tenga la obligación legal de asumir su suministro.
15. Expediente T-4.599.016
La señora Beatriz Eugenia Ortega
Molina acude a la acción de tutela con el objetivo de obtener la protección de
las garantías fundamentales de su hijo, Cristóbal José Laguna Ortega, las
cuales estima desconocidas pues éste ha sido diagnosticado con una parálisis
cerebral, de la que ha derivado la pérdida total del control de sus esfínteres
y, la E.P.S. accionada se ha negado a suministrar los pañales desechables que
requiere, muy a pesar de que ella indica no contar con la capacidad económica
para sufragarlos por sí misma.
Para comenzar, se recuerda que el
suministro solicitado se encuentra expresamente excluido del P.O.S. por
constituirse en un servicio que no ostenta un carácter médico, esto es, que no
contribuye a la efectiva superación de las patologías que afectan a una
determinada persona, razón por la cual no solo se encuentra efectivamente
excluido del P.O.S., sino que, en adición a ello, no cuenta con sustituto
alguno que permita otorgar al paciente, en la misma medida, la posibilidad de
asumir con entereza la enfermedad que le aqueja, así como enfrentar en
condiciones más dignas su vida y sus relaciones con la sociedad.
Adicionalmente, el núcleo familiar
del agenciado no cuenta con los medios económicos para asumir el valor que el
suministro constante de pañales desechables supone, pues, como se evidencia del
material probatorio obrante en el expediente, la actora no solo se encuentra en
el régimen subsidiado de salud en el nivel 1 del SISBEN y es víctima del
desplazamiento forzado, sino que, en adición a ello, debe velar por la
manutención de sus tres hijos, sin contar con una fuente formal de ingresos de
la que pueda garantizar la satisfacción de dichas necesidades.
Finalmente, se considera que si bien
el agenciado no cuenta con una orden médica que permita determinar, desde un
punto de vista médico y profesional, la necesidad del suministro solicitado, en
el presente caso, resulta necesario concluir que el joven Cristóbal José
Laguna Ortega, en efecto requiere de dicho suplemento, pues, tal y como lo
indica su médico tratante[55],
éste no cuenta con el normal control de sus esfínteres, razón por la cual
negarle el abastecimiento de los pañales solicitados, cuando se evidencia que
su núcleo familiar se encuentra efectivamente imposibilitado para
procurárselos, lo somete a vivir en condiciones indignas de existencia y le
limita la posibilidad de gozar de los demás derechos que no se han visto
limitados como producto de la enfermedad que le aqueja.
En
conclusión, la Sala revocará la decisión de instancia y concederá el amparo
solicitado en el sentido de ordenar a Coosalud E.P.S-S. que autorice y
suministre los pañales desechables requeridos por el agenciado, en las
cantidades y especificaciones que se acomoden a sus necesidades.
16. Expediente T-4.596.074
Para
finalizar con el estudio de los casos propuestos, se procederá a verificar la
situación planteada por la ciudadana Gloria Elena Castañeda, quien ha sido
diagnosticada con una patología poco común denominada “neuropatía motora
multifocal”.
En la actualidad,
su médico tratante determinó que darían tratamiento a su enfermedad con un
medicamento llamado “inmunoglobulina G humana de 6 gr” a dosis de 400 mg/kg al
día, durante 5 días, el cual consideró que se constituía en la única opción
terapéutica existente para su patología, ya sea dentro o por fuera del Plan
Obligatorio de Salud.
Una vez
expedida la orden recién referenciada, la E.P.S. accionada decidió denegar su
autorización, pues consideró que si bien la inmunoglobulina G humana se
encuentra avalada por el registro que el INVIMA realiza de los diferentes
medicamentos que pueden ser usados en el país, su implementación para la
patología de la accionante no se encuentra expresamente permitida y, por tanto,
al no estar certificada su idoneidad y seguridad, sugiere la re-valoración de
la formulación realizada.
Al respecto,
la Sala considera que en el presente caso el servicio médico solicitado no solo
no se encuentra incluido dentro de las prestaciones establecidas en el plan de
beneficios del P.O.S., sino que, adicionalmente, tampoco cuenta con el registro
sanitario del INVIMA que determine su calidad, eficiencia, seguridad, utilidad
e idoneidad para el tratamiento de la patología que afecta a la accionante. Por
lo anterior, se destaca que, en principio, sería necesario concluir, como lo
hizo el juez constitucional de instancia, que la autorización del procedimiento
solicitado en esta sede resulta improcedente, pues no es labor del juez
constitucional inmiscuirse en labores que superan sus competencias y
conocimientos, esto es, en la realización de juicios de valor que den
predilección a un concepto médico-científico, sobre otro de iguales características.
A pesar de lo
anterior, se recuerda que esta Corporación, en diversos casos, ha reconocido
que, siempre que se cumplan ciertos requisitos[56], es
posible que un tratamiento médico sea otorgado a un paciente sin necesidad de
que éste cuente con el registro sanitario del INVIMA. Por lo anterior, la Sala
procederá a verificar si en el presente caso configuran a cabalidad dichos
requerimientos y, en consecuencia, el amparo solicitado en esta ocasión
resultaba procedente, o si, por el contrario, la decisión del juez de instancia
resultó adecuada a la situación planteada.
Como primera
medida, se evidencia que los requisitos establecidos para el reconocimiento y
autorización de servicios excluidos del P.O.S. se encuentran plenamente configurados
en el caso en concreto, pues el médico tratante en el concepto en el cual
prescribió la necesidad de suministrar al paciente unas dosis de
inmunoglobulina G humana de 6 gr, determinó claramente que este procedimiento
se constituye en el único que tiene la virtualidad de mejorar las condiciones
de vida de la accionante y, por tanto, no cuenta con sustituto alguno ya sea
dentro o fuera de las prestaciones consagradas en el P.O.S.
Adicionalmente,
se tiene que, tal y como lo indicó la accionante, ésta no cuenta con los
recursos económicos para sufragar el valor que el medicamento en comento le
implica, razón por la cual, ante la incapacidad en que se encuentra para
sufragarlos por sí misma, indica haberse visto imposibilitada para recibir el
tratamiento en comento y, en consecuencia, su estado de salud sigue
degradándose.
Por otro
lado, se estima relevante destacar que en el presente caso el médico tratante
de la accionante, en su concepto del 17 de febrero de 2014, expresó claramente
que el medicamento ordenado se constituye en el único tratamiento a través del
cual es posible que se retrase el proceso de degradación de la patología que
afecta a la señora Gloria Elena Castañeda y que incluso permite una mejoría
sustancial en sus actuales condiciones de salud. Adicionalmente, el galeno
tratante, resaltó que se trata de un procedimiento seguro y eficaz que permite
mejorar la salud de la accionante, razón por la cual, de omitirse su suministro
se pone en grave riesgo su salud, pues no existe otro procedimiento a través
del cual sea posible tratar efectivamente su patología. Asimismo, el galeno
tratante destaca que si bien se trata de un medicamento cuya eficacia no se
encuentra comprobada para la enfermedad que afecta a la accionante, esto no
significa que su suministro pueda llegar a comprometer la vida o salud de la
paciente.
Ahora bien,
se evidencia de igual manera que la E.P.S. accionada fundamenta su negativa
únicamente en el hecho de que el medicamento en cuestión carece del registro
del INVIMA, sin que haya analizado las particularidades del caso en concreto y
sin que haya valorado las afirmaciones del médico tratante relativas a que si
no se otorga el tratamiento prescrito, la actora se queda sin ningún medio a través
del cual pueda procurar superar su condición actual de salud, condenándola no
solo a no poder recuperar su normalidad funcional, sino que, en adición a ello,
ésta, por las características de la enfermedad que le aqueja, seguirá
agravándose.
Por lo expuesto en precedencia, la
Sala estima indispensable que en el presente caso se revoque lo dispuesto por
el juez de instancia y se conceda el amparo solicitado en el sentido de ordenar
a Salud Total E.P.S. que suministre a la señora Gloria Elena Castañeda el medicamento denominado “inmunoglobulina
G humana de 6 gr” en las cantidades determinadas por el galeno tratante, esto
es, en dosis de 400 mg/kg al día, durante 5 días.
Lo anterior, sin perjuicio de que Salud Total E.P.S. pueda reclamar ante el FOSYGA, por
medio del ejercicio de los procedimientos administrativos que existen para el
efecto, los gastos en que incurra en cumplimiento de estas órdenes y con
respecto a los cuales no tenga la obligación legal de asumir su suministro.
IV.      DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones
expuestas, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.-
REVOCAR el fallo proferido en única instancia
por el Juzgado Penal del Circuito de la Mesa, Cundinamarca, dentro del
expediente T-4.575.591 y,
en su lugar ORDENAR a Cafam E.P.S.-S que suministre al
señor Ángel María Bustos Gutiérrez lo siguiente: Silla de ruedas, pañales
desechables y demás utensilios de aseo ordenados por el médico tratante, así
como suministrar el transporte del actor y un acompañante a los controles y
servicios médicos que le son prestados en la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO.- REVOCAR PARCIALMENTE el
fallo proferido en única instancia por el Juzgado Segundo Civil Municipal de
Zipaquirá, Cundinamarca, dentro del expediente T-4.576.906, en el
sentido de CONFIRMAR el amparo otorgado a los derechos a la salud, vida
en condiciones dignas y seguridad social, en lo relacionado con el suministro
de la atención de enfermería 24 horas, el complemento nutricional NUTREN 1,5
las bolsas y las barreras de 57 milímetros, y REVOCAR  lo relacionado
con la negativa a las demás pretensiones.
TERCERO.- ORDENAR a Salud Total
E.P.S. que garantice a la señora Mariela Alonso de Sánchez el suministro de
pañales desechables en las cantidades y especificaciones por ella requeridas.
CUARTO.- ORDENAR a Salud Total E.P.S. que determine a través de una evaluación de
carácter médico científico, si la cama hospitalaria solicitada por la señora
Mariela Alonso de Sánchez resulta indispensable o no, para la atención
domiciliaria de la agenciada.
QUINTO.- ORDENAR a Salud Total E.P.S. que brinde tratamiento integral a las
patologías que aquejan a la señora Mariela Alonso de Sánchez, aclarando que
dicho tratamiento no se circunscribe únicamente a los servicios efectivamente
prescritos por los médicos tratantes, sino también a los medios necesarios para
acceder a dichos servicios, como el transporte en el caso en que éste no pueda
ser asumido por la agenciada ni por su núcleo familiar.
SEXTO.- REVOCAR el fallo proferido en segunda instancia por el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Valledupar, que revocó parcialmente la providencia del
Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Valledupar, dentro del expediente T-4.577.367 y, en su lugar, CONFIRMAR
el fallo dictado por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías de Valledupar, que decidió conceder en su totalidad el amparo
deprecado por la accionante.
SÉPTIMO.- ORDENAR a Salud Total E.P.S. que autorice y otorgue una provisión de
pañales desechables, crema anti pañalitis y toallas húmedas, según las
cantidades y especificaciones que requiera la menor Nathaly Andrea Palma, al igual que la silla de ruedas, viáticos de
transporte y exención de copagos y cuotas moderadoras.
OCTAVO.- CONFIRMAR el fallo proferido en segunda instancia por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la decisión de primera
instancia, dentro del expediente T-4.578.486.
NOVENO.- REVOCAR el fallo proferido en segunda instancia por el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Bogotá, que revocó la providencia del Juzgado Quince
Civil Municipal de Bogotá, dentro del expediente T-4.579.686 y, en su
lugar, CONCEDER el amparo invocado por la accionante, en relación con el
suministro de pañales, toallas húmedas y, en adición a ello, otorgar el
tratamiento integral a las patologías que aquejan a la menor Yuli Alejandra
Díaz Chinome.
DÉCIMO.- REVOCAR el fallo proferido en única instancia por el Juzgado Doce Civil
Municipal de Menor Cuantía de Bogotá, dentro del expediente T-4.579.727 y,
en su lugar, ORDENAR a Saludcoop E.P.S. que autorice y suministre a la
agenciada, señora Irma Chica López, los pañales desechables que requiere según
las cantidades y especificaciones que resulten necesarias.
UNDÉCIMO.- REVOCAR el fallo proferido en única instancia por el Juzgado Cincuenta y
Dos Civil Municipal de Bogotá, dentro del expediente T-4.579.808 y, en
su lugar ORDENAR a Salud Total E.P.S. que autorice y suministre una
provisión de pañales desechables según las cantidades y especificaciones que
requiera la agenciada, Sandra Patricia Páez.
DUODÉCIMO.- REVOCAR el fallo proferido en única instancia por el Juzgado Séptimo Civil
Municipal de Oralidad de Tunja, dentro del expediente T-4.582.829, y, en
su lugar ORDENAR a Comparta E.P.S.-S que reconozca y suministre los
pañales desechables, pañitos húmedos y crema anti pañalitis, en las cantidades
y especificaciones requeridas por la menor Mayerly Johana Ramírez. Además, ORDENAR
a Comparta E.P.S.-S que a través de una evaluación de carácter técnico y
científico determine la necesidad que existe para la menor, del suministro de
la cinta micropore para sonda, gasa, bolsas para alimentar por sonda, crema
corporal, aceite corporal, guantes de cirugía, suero fisiológico, algodón,
jeringas, tapabocas, gel anti-bacterial, jabón anti-bacterial, leche de
magnesia, crema dental, cepillos de dientes, cama hospitalaria, suplementos
alimenticios –ENSURE, silla especial a la medida de la menor y ajustable
dependiendo de su crecimiento, férulas de manos y pies, así como un cuidador,
de forma que en el evento en el que halle comprobada su necesidad, suministre
dichos servicios.
DÉCIMO TERCERO. REVOCAR el fallo de segunda instancia proferido por el juzgado Veintinueve
Civil del Circuito de Bogotá que revocó parcialmente la sentencia del juzgado Cuarenta
y Siete Municipal de Bogotá, dentro del expediente T-4.583.134, y en su
lugar, ORDENAR a Compensar E.P.S. que autorice los servicios de un
cuidador principal y permanente que le otorgue al señor Humberto Reyes Méndez,
las 24 horas del día, las atenciones que fueron determinadas por el médico
tratante.
DÉCIMO CUARTO.- REVOCAR el fallo proferido en única instancia por el Juzgado Séptimo Civil
Municipal en Oralidad de Manizales, dentro del expediente T-4.585.625,
y, en su lugar, ORDENAR a Cafesalud E.P.S. que autorice y practique a la
ciudadana Ana Milena Jaramillo Gómez el procedimiento denominado “abdominoplastia
post-bariatrica”.
DÉCIMO QUINTO.- REVOCAR el fallo proferido en única instancia por el Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Cereté - Córdoba, dentro del expediente T-4.587.077, y,
en su lugar, ORDENAR al Fondo de pasivo Social de Ferrocarriles de
Colombia, en su calidad de E.P.S. adaptada, que preste el servicio de trasporte
solicitado por el accionante, en favor de los señores Alfredo Alfonso Pardo
Ureche e Inés Concepción Galaraga.
DÉCIMO SEXTO.- REVOCAR el fallo de segunda instancia proferido por el Juzgado Quince
Penal del Circuito de Santiago de Cali, Valle del Cauca, que confirmó el fallo
proferido por el Juzgado Noveno Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Cali, Valle del Cauca, dentro del expediente T-4.587.203, y
en su lugar, ORDENAR  a Confenalco E.P.S. que asuma en las cantidades y
especificaciones requeridas el suministro de los pañales desechables solicitados
para la agenciada; y además, ORDENAR a Confenalco E.P.S. que realice las
gestiones pertinentes para que se evalúe por parte del personal médico que
atiende a la Señora Gloria Mary Montenegro la necesidad que tiene ésta de
recibir el servicio de enfermería en su lugar de domicilio. Finalmente, ORDENAR
a Confenalco E.P.S. que brinde tratamiento integral a las patologías que
afectan a la agenciada, de forma que se le garantice la efectiva prestación de
la totalidad de los servicios que le sean ordenados, así como los medios para
acceder a dichos servicios.
DÉCIMO SÉPTIMO.- REVOCAR el fallo proferido en segunda instancia por el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Neiva, que revocó el fallo del Juzgado Primero Civil
Municipal de Mínima Cuantía de Neiva, dentro del expediente T-4.588.076, y,
su lugar, ORDENAR a Comfamiliar Huila E.P.S.-S, que brinde el
tratamiento integral de la patología que el accionante, Cristian Fabián Aguirre
requiere, así como los medios requeridos para acceder a todos los servicios
médicos que le sean ordenados.
DÉCIMO OCTAVO.- REVOCAR el fallo proferido en única instancia por el Juzgado Treinta y
Tres Civil del Circuito de Bogotá, dentro del expediente T-4.592.778, y,
en su lugar, ORDENAR a la Nueva E.P.S. que de no haberlo hecho, autorice
y practique los exámenes requeridos por el actor, el señor Luis Alfonso
Contreras Vargas.
DÉCIMO NOVENO.- REVOCAR el fallo proferido en única instancia por el Juzgado Segundo
Municipal con Funciones de Control de garantías de Cartagena de Indias, dentro
del expediente T-4.599.016, y, en su lugar, ORDENAR a Coosalud
E.P.S.-S que autorice y suministre los pañales desechables requeridos por el
agenciado, Cristóbal José Laguna Ortega, en las cantidades y especificaciones
que se acomoden a sus necesidades.
VIGÉSIMO.- REVOCAR el fallo proferido en única instancia por el Juzgado Setenta y
Cinco Penal Municipal con Función de Control de garantía, dentro del expediente
T-4.596.074, y, en su lugar, ORDENAR a Salud Total E.P.S. que
suministre a la señora Gloria Elena Castañeda, el medicamento denominado “inmunoglobulina G humana de 6 gr” en las cantidades determinadas por el
médico tratante, esto es, en dosis de 400 mg/kg al día, durante 5 días.
VIGÉSIMO PRIMERO.- ADVERTIR a las entidades accionadas que pueden
reclamar ante el FOSYGA, por medio del ejercicio de los procedimientos
administrativos que existen para tal efecto, los gastos en los que incurran en
cumplimiento de estas órdenes y con respecto a los cuales no tengan la
obligación legal de asumir su prestación.
VIGÉSIMO
SEGUNDO.- LÍBRENSE las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, Notifíquese, insértese en la
gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase,
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada
(e)
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
ANDRES
MUTIS VANEGAS
Secretario
General (e)
[1] En esta
materia se ha destacado por parte de la jurisprudencia de esta Corporación que
al respecto el juez constitucional debe ser especialmente estricto, pues de
aceptar la actuación de un tercero que no se encuentra efectivamente legitimado
para actuar, como lo sería el caso de un padre actuando en representación de su
hijo mayor de edad, implicaría negar la personalidad jurídica de la persona y
su libre albedrío, pues “podría llegar el padre a obtener por parte del
juez de tutela órdenes contrarias a los derechos del  hijo, y,
específicamente su voluntad, desconociendo, principalmente,  su autonomía”.
Sentencias: T-294 de 2000,
T-623 de 2005 y
T-619-14.
[2] Corte Constitucional, Sentencia T-531 de
2002. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett.
[3] Preámbulo de la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud, tal y como fue adoptada en la Conferencia
Internacional de la Salud que se llevó a cabo entre el 19 y 22 de junio de 1946
en Nueva York; firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de los 61
Estados (Registros Oficiales de la Organización Mundial de la Salud, no.2, Pág.
100.) y con entrada en vigencia el 07 de abril de 1948.
[4] Corte Constitucional. Sentencia T-201 de 2014. Magistrado Ponente:
Alberto Rojas Ríos.
[5] Ver sentencias T-355 de 2012 y T-201 de 2014.
[6] Corte
Constitucional. Sentencia
T-814 de 2008. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
[7] Corte Constitucional. Sentencia T-201 de 2014. Magistrado Ponente:
Alberto Rojas Ríos.
[8] Corte Constitucional. Sentencia T-144 de 2008. Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
[9] “Sobre el particular se puede consultar las
sentencias T-926 de 1999, T-307 de 2007 y T-016 de 2007, entre otras.”
[10] Ver
sentencias: T-970 de 2008, T-388 de
2012 y T-619 de 2014.
[11] Tal y como fue identificada en la Observación General No. 14 del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Esto es: “los establecimientos, bienes y servicios
de salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos por servicios de atención
de la salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de
la salud deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que
esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos
los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares
más pobres no recaiga una carga desproporcionada, en lo que se refiere a los
gastos de salud, en comparación con los hogares más ricos.”
[12] Entendido como el conjunto de prestaciones expresamente delimitadas
que deben satisfacerse y garantizarse por parte de las Entidades Promotoras de
Salud (E.P.S.). Sentencia T-613 de 2012.
[13] “Sentencia
T-760 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.”
[14] Corte
Constitucional. Sentencia T-613 de 2012. Magistrado Ponente:
Jorge Ignacio Pretelt.
[15] Corte Constitucional. Sentencia T-662 de 2006. Magistrado Ponente:
Rodrigo Escobar Gil.
[16] Corte
Constitucional. Sentencia T-1083 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar
Gil. Igualmente, se sugiere ver las sentencias: T-1204 de 2000, T-760 de 2008 y
T-613 de 2012 entre otras.
[17] Corte Constitucional. Sentencia T-613 de 2012. Magistrado Ponente:
Jorge Ignacio Pretelt.
[18] Ver sentencias: T-173 de 2003, T-884 de 2004, T-1328 de 2005,
T-1214 de 2008, T-310-13 y T-539-13.
[19] Ver sentencias T-023, T-039, T-243, T-383, T-594  de 2013 y T-025 de 2014 y T-619 de
2014.
[20] Entendido
como el mecanismo a través del cual se garantiza el derecho fundamental a la
salud en su faceta de accesibilidad económica o asequibilidad.
[21] Ver sentencias: T-365 de 2009; T-745 de 2009; T-437 de 2010; T-587 de 2010,  T-022 de
2011, T-481 de 2011, T-173 de 2012, T-073 de 2013 y T-619 de 2014.
[22] Ver
sentencias: T-246 de 2010,  T-481 de 2011 y T-619 de
2014.
[23] Expedida por
el Ministerio de Salud y Protección Social.
[24] Artículos
124 y 125 de la resolución en mención.
[25] Ver
entre otras sentencias las T-864 de 2010 y T-020
de 2013.
[26] Resolución
005334 del 26 de diciembre de 2008, artículo 2 y Decreto 806 del 30 de abril de
1998, artículo 31.
[27] Ver
sentencias: T-864 de 2010, T-020 de 2013 y T-054
de 2014.
[28] Corte Constitucional. Sentencia T-020 de 2013. Magistrado Ponente:
Luis Ernesto Vargas Silva.
[29] Entendidos como los aportes que deben cancelarse por recibir los
servicios contemplados en el artículo 7 del Acuerdo 260 de 2004; tienen el
propósito de financiar el sistema de salud y únicamente deben ser sufragados
por los beneficiarios del sistema.
[30] Por su parte, pretenden regular el uso del servicio de salud y
estimular su buen uso, valores que deben ser cancelados por cotizantes y
beneficiarios en forma indistinta como producto de recibir los servicios
establecidos en el artículo 6 del Acuerdo 260 de 2004.
[31] Que en relación con el régimen subsidiado funciona en igual forma
que con respecto al contributivo.
[32] Que propenden por la financiación del S.G.S.S.S. por la prestación
de servicios o atenciones en salud que se encuentran por fuera de la red de
servicios de la E.P.S. o que se encuentran excluidos del P.O.S.
[33] Corte Constitucional. Sentencia T-296 de 2006. Reiterado en las
sentencias: T-725 de 2010,
T-924 de 2011, T-388 de 2012, T-500 de 2013, T-105 de 2014 y T-619 de
2014.
[34] En virtud de lo dispuesto en
los numerales 6, 18 y 26 del artículo 130 de la Resolución 5521 de 2013.
[35] Afirmaciones
que en ningún momento fueron desvirtuadas por parte de la entidad accionada.
[36] De forma que
sea posible garantizar que la prestación de los servicios en comento se efectúe
con la mayor diligencia y eficiencia posible.
[37] Los
relativos a que la falta del servicio médico amenace los derechos fundamentales
a la vida o a la integridad persona del paciente y que éste no cuente con un
sustituto dentro del P.O.S..
[38] Artículo 29 de la Resolución 5521 de 2013
[39] Entendido tal y como fue descrito en numeral 4.2. de la parte
considerativa de esta providencia.
[40] Folio 18 del cuaderno principal.
[41] Se constató que la fuente de ingresos del núcleo familiar, esto es,
la pensión del señor Jairo de Jesús Gutiérrez, ha sido desembargada y, por
tanto, ahora goza de ingresos superiores a los 2 salarios mínimos (lo que
representa incremento del 200% de lo que recibían al momento de la
interposición de la presente acción); recursos que les permiten asumir con
mayor holgura la satisfacción de sus necesidades básicas y no permiten inferir
que la carga de asumir el costo de eventuales transportes resulte
desproporcionada a sus capacidades económicas y termine constituyéndose en una
barrera que imposibilite el efectivo ejercicio de sus derechos fundamentales.
[42] Folio 3 del cuaderno principal.
[43] Por ejemplo
en los casos en los que el paciente requiere del servicio de diálisis que se
realiza varias veces por semana.
[44] Entendido tal y como fue descrito en numeral 4.2. de la parte
considerativa de esta providencia.
[45] Corte
Constitucional. Sentencia T-317 de 2014.
[46] Folio 62 del
cuaderno principal
[47] De forma que
sea posible garantizar que la prestación de los servicios en comento se efectúe
con la mayor diligencia y eficiencia posible.
[48]
Corte Constitucional. Sentencia T-154 de 2014.
[49] Folios 8 a 10.
[50] Razón por la cual se encuentra excluido del P.O.S. y no cuenta con
sustituto alguno que permita la obtención de la finalidad por la que éste
pretende.
[51]
Corte Constitucional. Sentencia T-745 de 2013.
[52]
Artículo 125 de la Resolución 5521 de 2013.
[53] Entre las que es posible
destacar la demencia senil, trastorno esquizo-afectivo, hiperlipidemia mixta,
poliartrosis y más, las cuales en la actualidad limitan sus capacidades de
movilidad, aseo, alimentación y control de esfínteres.
[54] Como
producto de las diversas y graves patologías que la afectan, así como a la edad
que de momento ostenta,
[55]
Folios 23 y 24.
[56]
Los memorados en el acápite sexto de la parte considerativa de
la presente providencia.