T-553-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-553/12
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO
SUSTANTIVO-Caracterización
EL
PAPEL CONSTITUCIONAL DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LOS PROCESOS
SOMETIDOS A SU CONOCIMIENTO Y SU RELACION CON LA
JUSTICIA ROGADA
JUSTICIA ROGADA-Concepto
DEBER INEXCUSABLE DE MOTIVAR ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE DECLARAN LA INSUBSISTENCIA DE TRABAJADOR NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD EN CARGOS DE CARRERA-Reiteración de
jurisprudencia
REGIMEN
ESPECIAL DE CARRERA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA
NACION-Deber de motivar actos de insubsistencia de nombramientos en provisionalidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE DESCONOCEN EL
DEBER DE MOTIVACION DE ACTOS DE RETIRO DE SERVIDORES PUBLICOS NOMBRADOS EN
PROVISIONALIDAD EN CARGOS DE CARRERA-Reiteración de jurisprudencia
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE NEGARON NULIDAD DE ACTOS DE
DESVINCULACION-Procedencia para
proteger derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la
administración de justicia
SUCESION PROCESAL-Finalidad
Referencia: expediente
T-3402652.
Acción de tutela
instaurada por Carmen Cecilia Álvarez Priolo y José Antonio Arnedo Álvarez
contra el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio
de dos mil doce (2012).
La Sala Novena de Revisión
de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle
Correa, Mauricio González Cuervo y Luis Ernesto Vargas Silva en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo emitido por
el Consejo de Estado Sección 2ª  Subsección A, en el trámite de la acción de
tutela incoada por  Carmen Álvarez Priolo y José Antonio Arnedo Álvarez a
través de apoderado judicial contra el Tribunal Contencioso Administrativo de
Bolívar.
I. ANTECEDENTES
La solicitud de amparo se fundamentó en los
siguientes:
1.
Hechos.
1.1
El
Director Seccional de Instrucción Criminal y de Policía Judicial de Cartagena
de Indias, nombró en propiedad a José Arnedo Pájaro en el cargo de Conductor
Grado 6 de la Unidad Móvil de Criminalística del Cuerpo Técnico de Policía
Judicial por medio de la resolución No 002014 del 6 enero de 1989[1]. Al día
siguiente de la expedición del mencionado acto administrativo el señor Arnedo
se posicionó en propiedad para el cargo en el que fue nombrado[2].
1.2
Posteriormente,
mientras el señor José Arnedo Pájaro desempeñaba las funciones de su cargo, a
través de la resolución No. 000001 de 1992 se ordenó su incorporación a la
planta de personal de la
Fiscalía General de la Nación en el cargo de conductor grado 4, conforme lo
dispuso el inciso 5 del artículo transitorio 27 de la
Constitución Política de Colombia[3].
1.3
La
posesión del cargo se produjo el 30 de julio de 1992[4], sin que se inscribiera
en carrera al peticionario o presentara el examen para acceder al empleo por
medio de concurso. Por ende nunca fue inscrito en carrera administrativa y
ocupó el empleo en provisionalidad.
1.4
Más
adelante, mediante la resolución No- 0-0050 la
Fiscalía General de la Nación homologó el cargo de conductor grado 4 que venía
desempeñando el señor Arnedo, al de conductor grado 1, el cual continuó
ejerciendo.
1.5
El
señor Fiscal General de la Nación por medio de la resolución No. 0-0103 del 25
de enero de 2002 declaró insubsistente a José Arnedo Pájaro, sin que el acto
administrativo contara con motivación alguna[5].
1.6
Como
resultado de lo anterior, el otrora servidor público presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa[6], solicitando
que se anulara el acto administrativo de insubsistencia por desviación de poder
porque ocupaba el cargo de conductor grado 1 en propiedad, en carrera
administrativa, de modo que su retiro del servicio debía producirse por
destitución a través de sanción disciplinaria, y no como ocurrió, mediante un
acto jurídico inmotivado.
1.7
Por
medio de la sentencia del 23 de mayo de 2005, el juez Séptimo Administrativo
del Circuito de Cartagena declaró la nulidad de la resolución que ordenó la
insubsistencia del señor José Arnedo Pájaro, fundamentado en que la falta de motivación
del acto administrativo vulneró el derecho al debido proceso, por lo que conforme
a la jurisprudencia de la
Corte Constitucional la administración extralimitó sus facultades
discrecionales al expedir dicho acto jurídico. En consecuencia dispuso el
reintegro del señor Arnedo al cargo que ocupaba con las correspondientes sumas
dejadas de percibir por concepto de salario y prestaciones sociales[7].
1.8
Apelada
la decisión por la Fiscalía General de la Nación[8],
el 19 de Mayo de 2011 el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar revocó
el fallo emitido por el a-quo[9]
señalando que éste sustentó la nulidad del acto administrativo en la
inmotivación del mismo, pese a que esta razón no se presentó en la demanda, con
lo que se quebrantó el principio de justicia rogada que rige el actuar de la
jurisdicción contencioso administrativa[10].
1.9
El
demandante del trámite ordinario falleció el 7 de diciembre de 2010[11], es decir, 4
meses antes de que se adoptara la sentencia de segunda instancia, cuando el
expediente se encontraba en el despacho para la elaboración de la providencia
de fondo.  Por ello, el 2 y 11 de marzo de 2011 Carmen Cecilia Álvarez
Priolo y José Antonio Arnedo Álvarez, compañera permanente e hijo de José
Arnedo Pájaro, solicitaron por medio de apoderado la sucesión procesal,
amparados en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil y allegando
documentos que demostraban el estado civil respectivo, como son las
declaraciones extrajuicio y el registro civil de nacimiento[12]. Sin embargo, el
Tribunal accionado no se pronunció respecto de esa petición.
2
Solicitud
de Tutela.
2.1
El
17 de noviembre de 2011, los señores Carmen Álvarez Priolo y José Antonio
Arnedo Álvarez, a través de  apoderado, instauraron acción de tutela contra la
sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar, por
considerar que esta autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, la administración de justicia e igualdad, al incurrir en
defectos por desconocimiento del precedente constitucional y exceso ritual
manifiesto.
2.1.1    En primer lugar el
abogado afirmó que en el presente asunto se configuran los requisitos generales
de procedencia de tutela contra providencia judicial.
2.1.2    Respecto de los
defectos específicos señaló el apoderado judicial que en el caso concreto se
configura:
2.1.2.1
Un
exceso ritual manifestó que infringió los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia de los tutelantes, en la medida que el
Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar sacrificó el derecho sustancial
por una norma procedimental. A juicio del apoderado este yerro se produjo al
revocar la sentencia del a-quo del proceso contencioso porque ésta se
basó en argumentos que no fueron expuestos en la demanda, lo que para el juez
accionado implicó sobrepasar el principio de justicia rogada. Con ello, recalcó
el representante de los petentes que “se renunció a buscar y obtener de las
pruebas vertidas en el expediente, la verdad real y jurídica de lo acontecido,
hechos demandados y probados, por extremo rigor de las normas procesales”.
2.1.2.2
Defecto
por desconocimiento del precedente constitucional en razón a que el Tribunal
Administrativo del Bolívar no atendió la sana y tranquila jurisprudencia de la
Corte Constitucional, la cual señala que los actos que declaran insubsistentes
a los funcionarios que ocupen un cargo de carrera en provisionalidad deben ser
motivados.  Esta omisión vulneró el derecho a la igualdad del señor José Arnedo
Pájaro debido a que la sentencia impugnada no se dirimió como en otras
ocasiones teniendo en cuenta la jurisprudencia  de esta Corporación.
2.1.3    Por lo anterior,
el apoderado de los accionantes solicitó que se ordene la revocatoria de la
sentencia de segunda instancia del proceso contencioso administrativo, expedida
por el Tribunal Administrativo de Bolívar. Igualmente, pidió que se reconociera
la sucesión procesal a Cecilia Álvarez Priolo y José Antonio Arnedo Álvarez,
elemento sobre el cual no se pronunció el juez demandado.
3
Intervención
de la parte demandada
3.1
Marcela López Álvarez, Magistrada
del Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar, se opuso a la tutela argumentando que la
conducta del Tribunal no constituyó ningún defecto que viciara la sentencia expedida
por éste. Estimó que el juez colegiado actúo conforme al ordenamiento jurídico,
incluyendo la jurisprudencia del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo
de Bolívar.
Especialmente, señaló que la decisión del Tribunal se
fundó en la jurisprudencia que el Consejo de Estado ha utilizado para resolver
casos similares. Así mismo, aseveró que las sentencias de tutela de la
Corte Constitucional no son precedente obligatorio, toda vez que de los
artículos 230 y 243 de la
Constitución, el 48 de la 270 de 1996 y la providencia C-037 de 1996 de esta
Corporación se concluye que los proveídos de amparo solo tienen efectos
inter-partes, de modo que son criterio auxiliar para los jueces contenciosos.
4
Intervención
de tercero con interés.
4.1
Myriam Stella
Ortiz Quintero, Jefe de la
Oficina Jurídica de la
Fiscalía General de la Nación, solicitó negar la acción de amparo advirtiendo
que la jurisprudencia de esta Corte en pronunciamientos reiterados ha precisado
que las diferentes interpretaciones jurídicas sobre un tema específico no
vulneran derechos fundamentales, pues hacen parte de la autonomía que tiene el
juez al resolver los casos sometidos a su competencia. En este punto, cita in-extenso
la jurisprudencia de ésta Corporación[13].
Por tanto, pidió
que se respete el precedente sentado por el Consejo de Estado[14] el cual expresa que las
personas que ocupan un cargo de carrera en provisionalidad no tienen
estabilidad laboral alguna, de modo que su retiro del servicio puede hacerse de
forma inmotivada.
5
Sentencia
de tutela de primera instancia.
5.1
En
sentencia proferida el 26 de enero de 2012, la
Subsección A de la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, decidió negar el
amparo apoyándose en los siguientes argumentos:
5.1.1    En primer lugar,
precisó que no se encuentra demostrada la calidad de sucesores procesales de los
actuales demandantes en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, a
pesar de que su apoderado solicitó el reconocimiento de tal calidad, puesto que
la petición que no fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Bolívar. Sin
embargo, el juez de tutela de primera instancia tuvo por válidas las peticiones
de la demanda de amparo, sin conceder la calidad de sucesores procesales a los
peticionarios, al reconocerlos como agentes oficiosos de los derechos
patrimoniales que se reclaman.
5.2
En
segundo lugar respecto
de la imposibilidad de realizar el análisis de un cargo que no fue incluido en
el libelo demandatorio,
el juez constitucional indicó que esta una posición formalista “pues
se evidencia del anexo contentivo del proceso ordinario que tanto el libelista
como la entidad demandada se refirieron a lo largo de sus alegaciones al tema
de la falta de motivación del acto de insubsistencia del fallecido José Arnedo
Pájaro”.
Bajo esta
óptica, consideró que si bien es cierto que la jurisdicción de lo contencioso administrativo
es rogada, ello no impide que en aquellos casos en los que se vean
comprometidos derechos fundamentales que obliguen al juez a desplegar medidas
para su protección, deba guardar silencio, puesto que es deber del operador
jurídico hacer uso de las facultades oficiosas para garantizar el acceso efectivo
a la administración de justicia, siempre que se respete el derecho de defensa
de la contraparte.
5.3
Pese
a lo antepuesto, el a-quo del proceso constitucional manifestó que la
decisión del Tribunal demandado no constituye una decisión arbitraria y es un
desarrollo de la autonomía e independencia judicial, toda vez que no le era
exigible el acatamiento del precedente constitucional que establece la
obligación de motivar los actos administrativos de insubsistencia de los
empleados nombrados en provisionalidad en un cargo de carrera de la
Fiscalía General de la Nación.
El mencionado
deber de motivación solo es obligatorio a partir de la sentencia C-279 de 2007
y no de los fallos previos de tutela expedidos por la
Corte Constitucional, porque los funcionarios del ente acusador pertenecen a
un régimen especial al que no se les aplican las disposiciones de la carrera
administrativa general. En este sentido, fue en la referida sentencia de
constitucionalidad que la Corte atribuyó tal obligación a la entidad. Por
tanto,  en el caso concreto al ente acusador no le era exigible el deber de
motivación de los actos de insubsistencia, en la medida en que la resolución
que retiro del servicio al señor Arnedo Pájaro se expidió el 25 de enero de
2012.
5.4
El
fallo de tutela no fue impugnado por ninguna de las partes.
II. FUNDAMENTOS DE LA
DECISIÓN.
Competencia.
1.     Esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional es competente para proferir sentencia
dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos
86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Problemas jurídicos.
2.
En
el presente asunto le corresponde a la Sala establecer si el Tribunal Contencioso
Administrativo de Bolívar vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia de Carmen Cecilia Álvarez Priolo y
José Antonio Arnedo Álvarez al revocar la sentencia de primera instancia,
aduciendo una afectación al principio de justicia rogada porque no se alegó la
falta de motivación del acto administrativo de insubsistencia como un cargo de
nulidad en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por
José Arnedo Pájaro.
Ahora
bien, los peticionarios argumentaron en la demanda que el Tribunal accionado incurrió
en un defecto por desconocimiento del precedente al no atender la
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el deber de motivar los actos
administrativos de insubsistencia de los empleados nombrados en provisionalidad
para un cargo de carrera.  No obstante, para la
Sala es evidente que el Tribunal Contencioso de Bolívar no adoptó una decisión
sobre este punto, pues omitió de analizar el fondo el asunto sometido a su
competencia, comoquiera que con sustento en la violación de la rogatividad de
la jurisdicción contenciosa no entró a establecer si el precedente de esta
Corporación en materia de la motivación de los actos de retiro del servicio de
los funcionarios públicos era o no vinculante, y sí éste seria acatado o
desconocido.
Por
tanto, la Sala estudiará en el caso sub-judice la facultad del juez
contencioso de alzada de revocar una sentencia con base en la conculcación del
principio de justicia rogada, al anular un acto administrativo por un cargo que
no se formuló en la demanda. Aun así, se referirá al desconocimiento de los
fallos de la Corte que tratan sobre la motivación de los actos de
insubsistencia de provisionales, solo para efectos de pedagogía constitucional.
Sin
embargo, antes de examinar el anterior problema jurídico se deberá determinar
si los accionantes están legitimados para presentar una acción de tutela contra
una sentencia expedida en el marco de un proceso en el cual murió el demandante
original, y en el que no se les reconoció formalmente como sucesores procesales.
3.     Para abordar los
problemas descritos, la Sala comenzará por reiterar la jurisprudencia en
materia de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En
especial se referirá al error sustantivo. A continuación, hará referencia al
papel constitucional del juez contencioso administrativo en los procesos
sometidos a su conocimiento y su relación con la justicia rogada. Más adelante,
recordará el precedente constitucional que ordena a la administración motivar
los actos que declaren insubsistentes a los servidores públicos que ocupan un
cargo de carrera en provisionalidad, haciendo énfasis en los empleados de la
Fiscalía General de la
Nación. Finalmente, llevará a cabo el análisis del caso concreto.
Procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de
jurisprudencia.
4.
Esta
Corporación ha señalado de forma reiterada[15]
que la acción de tutela es una herramienta procesal constitucional que tiene la
finalidad de proteger los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la
acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular en determinados
casos.  Los jueces y toda corporación de justicia son autoridades públicas, de
manera que sus decisiones son susceptibles de ser impugnadas por vía de amparo.
4.1.
Precisamente,
en desarrollo del principio de supremacía de la
Constitución, todos los servidores públicos que ejercen funciones
jurisdiccionales deben garantizar y proteger los derechos fundamentales de los
sujetos procesales que intervienen en los diferentes procesos ordinarios. No se
puede olvidar que la legitimidad del Estado Social de Derecho se concreta en el
respeto de los derechos fundamentales de las personas. Por consiguiente, las
normas de la Carta Política y, en especial, aquellas que prevén tales derechos,
constituyen parámetros ineludibles para la decisión judicial.
4.2.
La jurisprudencia de esta Corte ha
establecido dos presupuestos básicos para determinar si una actuación judicial
goza de compatibilidad constitucional, que consisten en: “(i) que
el procedimiento surtido para adoptar una decisión haya preservado las
garantías propias del debido proceso, de las que son titulares los sujetos
procesales; y, (ii) que la decisión judicial sea compatible con el
conjunto de valores, principios y derechos previstos por la Constitución”
[16]. Si la
decisión judicial cuestionada acredita con suficiencia estos presupuestos de
legitimidad, el juez constitucional se encuentra impedido para modificar la
decisión. Si sucede lo opuesto el juez de tutela tiene la obligación de
restituir y de preservar la eficacia de los preceptos constitucionales en el
caso concreto.
De acuerdo con el estado actual
de la jurisprudencia, la acción de tutela contra sentencias judiciales al ser
excepcional, está dirigida a enfrentar aquellas situaciones en que la decisión
del juez incurre en graves falencias -de relevancia constitucional- las cuales
tornan la decisión incompatible con la
Constitución. De ahí que, la tutela contra providencias judiciales se concibe
como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” del fallo cuestionado. Esta premisa se opone a que se use
indebidamente el amparo como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado que
dieron origen a la controversia, puesto que las partes cuentan con los recursos
judiciales, tanto ordinarios como extraordinarios, para combatir las decisiones
que estiman arbitrarias o que son incompatibles con la
Carta Política. Sin embargo, no se desconoce que pueden subsistir casos en los
que agotados dichos medidos de defensa, persiste la arbitrariedad judicial; en
esos especiales eventos se habilita el amparo constitucional.
Así las cosas, la tutela contra
providencia judicial procede siempre que se constate la observancia de ciertos
requisitos generales de procedencia y se evidencie al menos un defecto
específico en los fallos objeto de amparo.
4.3.
Los requisitos
generales de procedibilidad son:
“a. Que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional;
b. Que se hayan agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable.
c. Que se cumpla el requisito de
la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias
de tutela.”[17]
4.4.
Una vez la
acción de tutela promovida contra un fallo judicial ha superado este examen de
forma completa, el juez constitucional tiene la facultad para analizar si en la decisión
judicial se configura uno o varios de los requisitos especiales de
procedibilidad, que no
son otra cosa que los defectos en que puede incurrir la sentencia que se
impugna, y que constituyen el centro de los cargos elevados contra la
sentencia. Estos han sido sintetizados así:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina
cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece
del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos
en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.”[18]
La Sala
precisa que la obligación de los accionantes en una acción de tutela contra
providencias judiciales se materializa en señalar con precisión cuales son los
hechos vulneradores de sus derechos fundamentes, y no en etiquetar o establecer
qué defecto constituye. Esto último, es competencia de la
Corte Constitucional quien a partir del supuesto fáctico planteado en la
demanda, tiene la competencia para determinar con precisión de qué
irregularidad adolece el fallo impugnado.
Breve caracterización del defecto
sustantivo.
4.5.
La Corte ha definido el defecto
sustantivo como la existencia de una falencia en una providencia judicial,
originada en el proceso de interpretación o aplicación de las normas jurídicas
por parte del juez natural. Sin embargo, para que se configure esta causal de
procedencia, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que
signifique que el fallo emitido obstaculiza o lesiona la efectividad de los
derechos fundamentales del accionante. [19] A partir de esta
denotación, la jurisprudencia ha precisado los supuestos en los que una
decisión judicial incurre en el yerro señalado, los cuales ocurren:
“(i) cuando la
decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, porque
a) no es pertinente , b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada , c) es
inexistente  d) ha sido declarada contraria a la
Constitución , e) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque
a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los
expresamente señalados por el legislador.
(ii) cuando pese a
la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso
concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación
razonable  o la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes  o cuando en una
decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente
errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica
aceptable tal decisión judicial.
(iii) cuando no toma
en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes.
(iv) la disposición
aplicada se muestra, injustificadamente regresiva  o contraria a la
Constitución.
(v) cuando un poder
concedido al juez por el ordenamiento se utiliza “para un fin no previsto en la
disposición”.
(vi) cuando la
decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma, omitiendo
el análisis de otras disposiciones aplicables al caso.
(vii) cuando se
desconoce la norma del ordenamiento jurídico constitucional o
infraconstitucional aplicable al caso concreto.
(vii) cuando la
actuación no está justificada en forma suficiente  de manera que se vulneran
derechos fundamentales.
(viii) cuando sin un
mínimo de argumentación se desconoce el precedente judicial.
(ix) cuando el juez
no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una violación
manifiesta de la Constitución”[20].
El papel constitucional del juez
contencioso administrativo en los procesos sometidos a su conocimiento y su
relación con la justicia rogada[21].
5.
El
papel del juez[22]
en un Estado
democrático de derecho ha cambiado la forma de entender el principio de
justicia rogada, debido a que el funcionario judicial se convierte en un sujeto
privilegiado o, en el canal autorizado para garantizar la efectividad de los
derechos consagrados constitucionalmente.
De esta manera, la
Constitución de 1991 encargó al juez ordinario la tarea de salvaguardar las
garantías esenciales y de promover la primacía de la
Carta Política. Así, en virtud del principio de justicia material la
competencia del juez en un proceso no puede limitarse a lo alegado en la
demanda. Éste cuenta con un rol activo dentro del trámite que lo identifica
como el director del proceso, deber que se concreta en que el funcionario
judicial actúe de forma diligente y eficiente. Por tal razón, su labor no puede
ser paquidérmica, mecánica o concentrarse solo en la ley, sino que debe
obedecer a una valoración integral y racional de los diferentes elementos que
estén presentes al decidir un caso concreto, de modo que la decisión dictada
goce de coherencia interna y externa[23].
5.1.
Ahora
bien, tradicionalmente se ha dicho que el principio de la justicia rogada rige
el actuar de la jurisdicción Contencioso Administrativa y ha sido entendido en
dos ámbitos que se encuentran conexos, que consisten en que: i) el juez no
puede iniciar de oficio un juicio pues es el libelista quien debe identificar e
individualizar el acto impugnado; y ii) el funcionario judicial se encuentra vinculado
a lo solicitado en la demanda, de modo que en principio el fallador está
impedido para estudiar temas y pronunciarse sobre puntos que no han sido
planteados o sustentados por el actor. No obstante, la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la
Corte Constitucional flexibilizó dicha concepción, en aras de garantizar la
supremacía constitucional, y con ello principios como la prevalencia del derecho
sustancial y la eficacia de los derechos fundamentales.
Vale resaltar que, la
justicia rogada se aplica cuando un ciudadano solicita la nulidad de un acto
administrativo y no cuando el objeto de la demanda es la declaratoria de
responsabilidad del Estado o salvaguardar derechos colectivos o fundamentales
en las acciones constitucionales, pues en ellas el juez contencioso aplicará el
principio iura novit curia, que significa el juez conoce el derecho. Con este principio“el juzgador posee la facultad e
inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una
causa, aún cuando las partes no las invoquen expresamente”[24].
5.2.
La
rogatividad de la jurisdicción se positivizó en el numeral 4 del artículo 137 y
en el 138 del Código Contencioso Administrativo que expresan respectivamente
que cuando se demanda
la nulidad de un acto el escrito debe incorporar la indicación  de  la  norma
infringida  y  el concepto de la violación de la misma, así como la
determinación del acto jurídico objeto de dicha petición. Así, la pretensión
fija el rumbo y el marco de actuación del proceso, sin que el juez
administrativo pueda rebasarlo. A su vez, éste no  controla la legalidad del
acto demandado frente a la totalidad del ordenamiento jurídico positivo, sino
respecto de los precisos cargos formulados por el demandante[25].
5.3.
Este
principio tiene justificación en las formas de expresión de la voluntad de la
administración, con los cuales la administración pretende garantizar el interés
general, que no puede entenderse por fuera del respeto de los derechos
fundamentales de los asociados. De ahí que los actos jurídicos una vez
expedidos conforme a las formalidades jurídicas y puestos en conocimiento de
los ciudadanos, se presumen legales y cuentan con los atributos de ejecutividad
y ejecutoriedad, es decir, son obligatorios para sus destinatarios y pueden ser
realizados materialmente aun contra la voluntad de éstos.
De lo expuesto, se
concluye que es razonable exigir a los accionantes señalar la norma y el motivo
de la violación cuando impugnen la legalidad de un acto administrativo. En
efecto, si el acto jurídico es una expresión de voluntad de la administración
que produce efectos jurídicos, que se presume legal y es ejecutivo y
ejecutorio, le corresponde a quien alega su carencia de legitimidad precisar la
razón de su nulidad. En contraste, como lo estableció esta Corte en la
sentencia C-197 de 1999 carece de razonabilidad que el juez contencioso tenga
la obligación de buscar oficiosamente las causales de ilegalidad del acto
administrativo, toda vez que ello es en extremo difícil y en ocasiones
imposible por las innumerables normas que regulan la actuación de la
administración.
5.4.
Ahora
bien, el Consejo de Estado en su jurisprudencia ha revaluado el concepto de justicia
rogada de los argumentos formulados en la demanda por el actor a los planteados
por el accionado en la contestación. Efectivamente, el máximo tribunal
contencioso ha comprendido dentro de la órbita de decisión del juez
administrativo lo debatido a lo largo del proceso por las partes e
intervinientes.
5.4.1.
Tal
flexibilización de la rogatividad de la jurisdicción sucede porque la demanda y su
contestación fijan el marco de la relación jurídico procesal. De esta manera, “el
principio de justicia rogada, derivado del artículo 137, numeral 4, del Código
Contencioso Administrativo, según el cual en toda demanda ante la jurisdicción
administrativa relativa a la impugnación de un acto administrativo deberán
indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de violación, implica
una carga correlativa para el accionado, realizar en la contestación una
exposición detallada y precisa sobre los hechos de la demanda y las razones de
la defensa, conforme al artículo 144, numeral 2, del C.C.A”[26].
Conjuntamente en otras decisiones,
el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha encontrado decisiones de
los jueces acordes al principio de la justicia rogada que sustentan la nulidad
de los actos administrativos demandados, en los argumentos desarrollados a lo
largo del proceso, y que además se encuentran presentes en las pruebas, sin que
se hayan formulado de forma expresa en la demanda[27]. Lo antepuesto faculta al
funcionario judicial competente para declarar ilegal un acto jurídico por hechos
y argumentos presentes en todo el expediente así no se hallen en el escrito
contentivo de la demanda, pues es una obligación de insoslayable cumplimiento
por virtud de lo dispuesto en los artículos 107 del C. C. A y 305 del C. de P.
C., y en el inciso 1° del artículo 55 de la
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que dispone textualmente lo
siguiente: “Artículo 55. Elaboración de las providencias judiciales.
Las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos
planteados en el proceso por los sujetos procesales”.
5.5.
Por
su parte, esta
Corporación en la sentencia C-197 de 1999 determinó que “bajo la condición de que cuando
el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental
constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun
cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar
las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez
advierte incompatibilidad entre la
Constitución y una norma jurídica tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la
Constitución”.
La
Corte
advirtió dos supuestos en los que se flexibiliza el principio de justicia
rogada, que consisten en: i) la violación de derechos fundamentales de
aplicación inmediata del demandante; y ii) cuando el juez evidencia la
incompatibilidad de una norma que deba aplicar con la
Constitución.
En las dos hipótesis enunciadas se
aplica directamente la
Constitución Política, a través de la efectividad de los derechos
fundamentales. Ello es una actitud concordante con el papel del juez
contencioso en el Estado Social Derecho, en la medida que debe realizar un
análisis de legalidad y de constitucional del acto administrativo demandado.
En tal virtud,
defectos como la cita errónea de una disposición legal que por su contenido es
fácilmente identificable por el juez, o el concepto de la violación
insuficiente pero comprensible, no pueden conducir a desestimar un cargo de
nulidad.
Posiciones como
estas descartan que en los juicios contenciosos prime un rigorismo procesal sobre
el derecho sustancial.
En suma, el juez
administrativo con la finalidad de amparar y asegurar la defensa de los
derechos fundamentales podría, aplicando directamente la
Constitución Política, como es su deber, decretar la nulidad de los actos
administrativos por razones no formuladas en la demanda, con sustento en la
primacía de los derechos fundamentales, la aplicación preferente de la
Constitución y la prevalencia del derecho sustancial.
5.5.1. La anterior regla ha sido acogida por el
Consejo de Estado, quien ha criticado el tratamiento rigorista de los jueces respecto
de los argumentos y de las pruebas, propio de la justicia rogada. Así, ha
indicado que el mencionado principio encuentra una excepción en los casos en
que se hallan de por medio derechos constitucionales fundamentales, evento en
el cual se requiere un tratamiento judicial apropiado a la naturaleza especial
de tales derechos,
en el que es “deber del juez decidir por fuera de lo pedido, con el fin de
garantizarle al demandante sus derechos sustanciales, los cuales deben
prevalecer cuando los hechos expuestos en el libelo así lo determinen, de
acuerdo con el viejo aforismo latino “Da mihi Facttum, dabo tibi ius” (Dame los
hechos y yo te daré el derecho)”[28].
Del mismo modo, ha
aseverado que “el
principio de la justicia rogada obedece a un criterio netamente positivista
apoyado en la prevalencia de las fuentes del derecho radicadas principal y
esencialmente en la Ley. No obstante, el artículo 228 de la
Constitución, modificó esa concepción para apostar por el derecho sustancial
como valor supremo en la aplicación del derecho, circunstancia fundante de
nuestro orden jurídico que le obliga al Juez a tener que adoptar un examen de
contenido en los casos bajo su cuidado, de tal manera que logre armonizar con
coherencia el poder regulador de la regla jurídica positiva y la vigencia
sustantiva de los derechos, supuesto que evidencia una restricción al mentado
principio de la justicia rogada restándole al Juez la facultad de advertir la
vigencia del derecho pero al mismo tiempo negarlo por una circunstancia
adjetiva imputable al apoderado de la actora; en otras palabras, las
vicisitudes de la mera técnica procesal en la introducción de las demandas no
pueden convertirse en un factor determinante para la suerte de los derechos, de
no ser ello así, los ciudadanos están sometidos a un azar extraño a la razón y
absolutamente distante de la justicia”[29].
5.6.
En
conclusión, el concepto de justicia rogada pasó de estar restringida a los
cargos de violación presentados en la demanda por el accionante, a la relación
jurídica procesal trabada entre las partes procesales, así como al material probatorio
y los argumentos que se formularon en el proceso que se encuentra en el
expediente. Igualmente, la rogatividad de la jurisdicción contenciosa se
flexibiliza cuando: i)
se vulneren los derechos fundamentales de aplicación inmediata del demandante;
o ii) el juez evidencia la incompatibilidad de una norma que deba aplicar con la
Constitución. En estos eventos en los que
el juez contencioso tiene la competencia para declarar la nulidad de un acto
administrativo por motivos diferentes a los planteados por el accionante
aplicando directamente la
Constitución.
La obligación de la administración de motivar
los actos que declaran insubsistentes a los servidores públicos que ocupan
cargos de carrera en provisionalidad. Régimen especial de la
Fiscalía General de la Nación
6.
La jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha recalcado la necesidad de motivación de los actos
administrativos, a través de una línea jurisprudencial tranquila y reiterada en
la que se ha expresado la obligación de la administración de sustentar los
actos jurídicos que declaran insubsistente a los empleados que ocupan cargos de
carrera en provisionalidad. Al mismo tiempo, ha expresado que la omisión a este
deber vulnera
el derecho de los administrados al debido proceso, pues debilita las
posibilidades reales de cuestionar adecuadamente dichos actos administrativos.
El Tribunal Constitucional ha llegado a esta conclusión con base
en el estudio que se enclava desde la fórmula política o cláusula del Estado
Social de Derecho, la cual se define como la “expresión ideológica
jurídicamente organizada en una estructura social”[30],
que individualiza un Estado le otorga una esencia y una labor a sus
instituciones respecto de la sociedad. Sobre el particular, la
Corte ha entendido que el lente a través del cual se examina la función
pública  “desde la perspectiva constitucional, [es] en clave de derechos
fundamentales, [lo que] impone una interpretación sistemática de la cláusula
del Estado Social de Derecho (art.1); el derecho a la igualdad (art.13); los
derechos políticos de los colombianos (art.40.7); el establecimiento de
funciones públicas mediante ley o reglamento y las limitantes para acceder a
cargos públicos (art. 122 con su reforma mediante el A.L. 01 de 2009); la regla
del ingreso a la carrera por concurso de méritos y el principio de igualdad de
oportunidades (art.125); al igual que la creación de la
Comisión Nacional del Servicio Civil (art.130)”[31].
6.1.
La motivación
de los actos de insubsistencia tiene sustento en el artículo 125 de la
Constitución de 1991, que expresa que el retiro de los empleados públicos del
servicio Estatal se encuentra reglamentado en la
Carta Política y en la ley, facultad que en principio no puede ejercerse sin
sustento alguno. En el caso de los servidores públicos vinculados en
provisionalidad, la Corte Constitucional ha establecido en numerosas
oportunidades el inexcusable deber de motivación de dichos actos. “Así lo ha
señalado desde hace más de una década de manera uniforme y reiterada en los
numerosos fallos en los que ha examinado esta problemática, a tal punto que a
la fecha se registra casi un centenar de sentencias en la misma dirección
aunque con algunas variables respecto de las medidas de protección adoptadas”[32].
La posición defendida por este
Tribunal frente a la motivación de los actos administrativos de insubsistencia
de los servidores públicos vinculados en provisionalidad, se fundamenta en:
i) El respeto de principios
constitucionales como son el Estado
de derecho, la garantía del derecho fundamental al debido proceso, los mandatos
de optimización democrático y de publicidad en el ejercicio de la función
pública; ii) la inexistencia de una norma de rango legal que faculte a la
administración a inmotivar esta clase de actos, por eso, al no existir una ley
especifica debe remitirse al deber genérico de motivación emanado de la
constitución; iii) como se dijo en el párrafo precedente las causales de retiro
de los servidores públicos se encuentran reglados en la constitución y la ley,
de modo que el
administrado debe tener la posibilidad de conocer cuáles son las razones que se
invocan para su retiro cuando ejerce un cargo en provisionalidad. Cabe acotar que, “las excepciones a este principio
general únicamente pueden ser consignadas por vía legal o constitucional”[33], de manera que ni los decretos
reglamentarios ni los demás actos administrativos pueden servir como sustento
normativo para incumplir este mandato; y iv) ocupar un cargo en provisionalidad
no significa convertir al servidor publico en un empleado de libre nombramiento
y remisión, por lo que no es aplicable la excepción a la motivación de la
insubsistencia que utilizara para está clase de cargos.
En síntesis, los empleados
públicos que ocupan un cargo de carrera en provisionalidad cuentan con el
derecho de motivación de sus actos de retiro del servicio, comoquiera que ello constituye
una garantía mínima derivada del derecho fundamental al debido proceso, del
respeto al estado de derecho y del control a la arbitrariedad de la
administración, y no de la circunstancia de pertenecer o no a un cargo de
carrera.
La Corte también ha precisado que el contenido de la
motivación de los actos de insubsistencia de provisionales no es idéntico al
utilizado por las autoridades en el caso de los empleados de carrera, para
quienes la Constitución expresamente señala una causales de retiro ligadas a la
estabilidad en el empleo, de la que no goza el funcionario vinculado en
provisionalidad. “Estos motivos pueden ser, por ejemplo, aquellos que se
fundan en la realización de los principios que orientan la función
administrativa[34]
o derivados del incumplimiento de las funciones propias del cargo, los cuales,
en todo caso, deben ser constatables empíricamente, es decir, con soporte
fáctico, porque de lo contrario se incurrirá en causal de nulidad por falsa
motivación. En este sentido, como bien señala la doctrina, ‘la Administración es libre de elegir, pero ha de dar cuenta de los motivos de su elección y
estos motivos no pueden ser cualesquiera, deben ser motivos consistentes con la
realidad, objetivamente fundados’”[35].
De hecho, “lo jurídicamente relevante son las razones que se hacen
‘explícitas’ en el acto de retiro y su correspondencia con la realidad, en la
medida en que son éstas las que constituyen la base objetiva para ejercer el
control a la actividad de la administración[36],
siendo completamente inadmisible la teoría de la motivación ‘implícita’  de los
actos administrativos”[37].
6.2.
Conforme a la
jurisprudencia de la Corte en
los regímenes especiales de carrera[38]
no se autoriza per se la desvinculación del servicio sin motivación de
los actos. Resulta pertinente para el asunto que ahora ocupa la atención de la
Corte referenciar el régimen especial de carrera de la
Fiscalía General de la Nación, institución en la que el nominador tiene el
deber de motivar los actos de insubsistencia. Este precedente constitucional se fundamenta en el
marco jurídico que rige la carrera administrativa especial de la
Fiscalía, y se evidencia tanto en el control abstracto como el concreto de
constitucionalidad.
6.2.1. La Constitución de 1991 en su artículo 253, le
concedió al legislador la competencia de reglamentar la carrera administrativa especial
de la Fiscalía General de la
Nación. Empero, la misma Carta Política en su artículo transitorio 5 le otorgó
la potestad al presidente de la
República para expedir las normas que organizaran la referida institución,
facultad que se materializó en el Decreto Ley 2691, El Estatuto Orgánico de la
Fiscalía General de la Nación. Este consagró un régimen  de ingreso, manejo y
retiro del empleo al interior del ente acusador, dentro del cual se resalta la autorización del
artículo 73 de vincular excepcionalmente en provisionalidad[39] y el
artículo 100-5 señaló que el retiro por “insubsistencia discrecional, procedía
en los cargos de libre nombramiento y remoción”.
6.2.2.  La Ley
270 de 1996 reiteró la naturaleza de carrera administrativa especial de la
Fiscalía General de la Nación al establecer y señaló que este régimen se
encuentra sujeto
a los principios del concurso de méritos y calificación de servicios, “orientado
a garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso, permanencia y
ascenso en el servicio de los funcionarios y empleados que la conforman” (art.
159), norma ésta declarada exequible por la Corte Constitucional[40].
Del mismo modo, el Decreto Ley 261 de 2000 modificó el sistema de carrera al
interior de esta institución y mantuvo en su artículo 117[41] la posibilidad de vincular en
provisionalidad.
6.2.3. Más adelante el legislador, a
través de la Ley 938 de 2004, reguló la administración de personal y el régimen
especial de carrera al expedir el Estatuto Orgánico de la
Fiscalía General de la Nación. El artículo 70 autorizó el nombramiento
excepcional en provisionalidad[42],
mientras que el artículo 73 estipuló el retiro de la carrera mediante acto
motivado y, en los demás casos, en ejercicio de la facultad discrecional[43].
Estas normas fueron objeto de control de constitucionalidad en la sentencia
C-279 de 2007, oportunidad en la que la
Corte las declaró acordes a la
Carta Política bajo “el entendido de que en el caso de los funcionarios designados en
provisionalidad en cargos de carrera, el acto de desvinculación deberá ser
motivado por razones del servicio específicas, en los términos del apartado 4
de esta sentencia”.
Al mismo tiempo, esta
Corporación reiteró en el fallo de constitucionalidad las múltiples
providencias de tutela que indicaron el deber de motivación de los actos de
retiro de servidores vinculados en provisionalidad en cargos de carrera de la
Fiscalía General de la Nación y sobre esa base condicionó la validez de las
normas objeto de control. Por ello, tal obligación de motivación se extiende
más allá de la sentencia C-279 de 2007, pues ha sido una posición uniforme en
el precedente constitucional, lo que implica su acatamiento por las autoridades
administrativas y judiciales.
6.3.
Así
las cosas, la línea jurisprudencial trazada en relación con el deber de
motivación de los actos de retiro de servidores de la
Fiscalía General de la Nación vinculados en provisionalidad, ha sido reiterada
en pronunciamientos posteriores y recientes de esta Corporación, entre los
cuales se resalta los fallos de Sala Plena SU-917 de 2010 y SU-691 de 2011[44].
En las mencionadas providencias las Corte dejó sin efectos diversas sentencias
de Tribunales Contenciosos y del Consejo de Estado que avalaron actos
administrativos que de forma inmotivada declararon insubsistentes a
funcionarios del ente acusador que, se encontraban nombrados en provisionalidad
en cargos de carrera[45].
6.4.
Conjuntamente,
en el mencionado precedente la
Corte
ha enfatizado que  la “falta de motivación de la declaratoria de
insubsistencia de quien ejerce un cargo en provisionalidad conduce
inexorablemente a la nulidad del acto por violación de normas superiores, en
este caso de jerarquía constitucional, lo que de ordinario deberá ser reclamado
mediante el uso de las acciones que para tal fin ha previsto el ordenamiento
jurídico, particularmente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
ante la jurisdicción contenciosa”[46].
6.5.
En suma, la
jurisprudencia constitucional tanto en control abstracto como concreto ha
reiterado la obligación de la administración –incluida la
Fiscalía General de la Nación- de motivar los actos administrativos que
declaren insubsistentes a los empleados nombrados en provisionalidad en un
cargo de carrera, en la medida que hace efectiva la cláusula de Estado de Derecho, el
principio democrático, el principio de publicidad en las actuaciones de la
administración, al tiempo que permite a los asociados contar con elementos de
juicio suficientes para ejercer su derecho de contradicción y defensa a fin de
acudir ante las instancias gubernativas y autoridades judiciales para controlar
los abusos en el ejercicio del poder. El  incumplimiento de este deber acarrea
la nulidad del acto administrativo, en razón a que vulnera directamente normas
constitucionales.
Caso Concreto.
7.     La demanda de
los accionantes se fundamenta en que la providencia del Tribunal Contencioso
Administrativo de Bolívar conculcó sus derechos fundamentales, por cuanto: ii)
revocó la sentencia del a-quo del proceso ordinario aduciendo que éste quebrantó
el principio de justicia rogada, al declarar la nulidad del acto jurídico por
inmotivación, una razón que no fue alegada expresamente en la demanda. Subrayan
los petentes que el juez colegiado renunció a la justicia material por normas
adjetivas y el rigorismo procesal; y ii) no atendió la jurisprudencia de la
Corte que expresa la obligación de motivar los actos de retiro de los
empleados provisionales en cargos de carrera.
7.1.
En
el asunto que ahora ocupa la atención de la
Sala, se discute si el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia de Carmen Cecilia Álvarez Priolo y José Antonio
Arnedo Álvarez al revocar la sentencia de primera instancia aduciendo una
afectación al principio de justicia rogada porque no se alegó la falta de
motivación del acto administrativo de insubsistencia como un cargo de nulidad
en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por José
Arnedo Pájaro.
7.2.
Ahora
bien, como se mencionó los peticionarios argumentaron en la demanda que el
Tribunal accionado incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente.
Sin embargo, para la Sala es evidente que el estudio de esta última
irregularidad depende de la omisión del accionado de analizar el fondo el
asunto sometido a su competencia.  Por tanto, la
Sala en el caso concreto estudiará el alcance que le dio el juez contencioso
de alzada al principio de justicia rogada, fundamento con el cual revocó la
sentencia de primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, y se referirá al desconocimiento de los fallos de la
Corte que tratan sobre la motivación de los actos de insubsistencia de
provisionales, solo para efectos de pedagogía constitucional.
7.3.
Sin
embargo, antes de analizar el anterior problema jurídico se deberá determinar
si los accionantes están legitimados para presentar una acción de tutela contra
una sentencia expedida en el marco de un proceso en el cual murió el demandante
original, y en el que no se les reconoció formalmente como sucesores procesales.
7.4.
Como se
anunció desde el planteamiento del problema jurídico, la
Sala abordará estos puntos de manera sucesiva, empezando por examinar la
legitimad por activa de los tutelantes en el presente caso. Para continuar con
un estudio de los diferentes requisitos generales y específicos de la tutela
contra providencias judiciales expuestas en los numerales precedentes,
partiendo del análisis sobre el defecto alegado respecto de la aplicación del
principio de justicia rogada, comoquiera que éste cuestiona la validez misma de
la sentencia. De donde se sigue que, de configurarse éste se haría innecesario
examinar los demás cargos.
Legitimación para instaurar la
acción de tutela.
8.
El
señor José Arnedo Pájaro falleció meses antes del fallo impugnado emitido por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, cuando el expediente se encontraba en el
despacho para la elaboración de la sentencia. Incluso los peticionarios a
través de su apoderado solicitaron el reconocimiento de la sucesión procesal
allegando declaraciones extrajuicio y una copia del registro civil de
nacimiento, postulación que no fue atendida ni resuelta por el juez colegiado
accionado. Teniendo en cuenta los anteriores hechos, la
Sala en este acápite determinará si los peticionarios están legitimados para
instaurar una acción de tutela contra una sentencia expedida en el marco de un
proceso en el cual murió el demandante original, y no se les reconoció
formalmente como sucesores procesales dentro del mismo.
8.1.
Para
solucionar dichos cuestionamientos la Sala debe abordar la institución de la
sucesión procesal, la cual se halla prevista en el artículo 60 del C. de P.C.[47] y consiste
en que fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso
continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o
el curador. Así, conforme a la doctrina[48],
esta figura procesal no constituye una intervención de terceros, sino un medio
encaminado a permitir la alteración de las personas que integran la parte o quienes
actúan en calidad de intervinientes. En estos eventos, en principio el
fallecimiento de la parte actora no produce la suspensión o interrupción del
proceso, ya que sus intereses los sigue defendiendo el apoderado o el curador,
porque de conformidad con el inciso 5º del artículo 69 del C. de P.C. la muerte
del mandante o la extinción de las personas jurídicas no pone fin al mandato
judicial. En cambio, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo
168 del C. de P.C. la muerte o enfermedad grave del apoderado judicial de
alguna de las partes sí constituye causal de interrupción, lo cual no ocurrió
en este caso.
Adicionalmente, se advierte que
esta institución por ser un fenómeno de índole netamente procesal, tampoco
modifica la relación jurídica material, por tanto, continúa igual,
correspondiéndole al funcionario jurisdiccional pronunciarse sobre ella como si
la sucesión procesal no se hubiese presentado. Por eso, la sucesión procesal no
entraña ninguna alteración en los restantes elementos del proceso. Además, el
sucesor queda con los mismos derechos, cargas y obligaciones procesales que su
antecesor. Aunque, el sucesor tiene el deber adicional de presentarse al
proceso para que el juez le reconozca su calidad.
8.2.
En atención
al caso concreto, la Sala verificó que el proceso contencioso con la muerte del
señor José Arnedo Pajaro nunca se interrumpió o suspendió, pues se dictó la
respectiva sentencia. Empero el Tribunal no permitió la alteración de la parte
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pese a la petición
elevada por los hoy petentes.
Así las cosas, es claro que la
muerte del señor José Arnedo Pájaro no modificó el estado de vulneración de su
derecho fundamental el debido proceso al ser declarado insubsistente sin
motivación alguna. Del mismo modo, tampoco mutó la relación jurídica sustancial
en la que éste solicitaba la nulidad del acto jurídico que lo retiró del
servicio y el restablecimiento de sus derechos como funcionario público. Es
más, dicho deceso no exoneraba a que la sentencia se expidiera con el respeto a
todas las garantías fundamentales y conforme al ordenamiento jurídico, que no
es otra cosa que la salvaguarda del principio de legalidad, elemento integrante
del núcleo esencial del derecho al debido proceso.
Por tanto, para la
Corte es innegable que los peticionarios al tener la aptitud para ser
reconocidos como sucesores procesales son titulares del derecho al debido
proceso en el trámite contencioso adelantado por el señor José Arnedo Pájaro,
pues la Corporación accionada independientemente de la muerte de éste debe
expedir un fallo conforme a la constitución y la ley. Igual sucede con el
derecho al acceso a la administración de justicia, toda vez que no se les
permitió ni siquiera impugnar la decisión que les negara el reconocimiento de
sucesores procesales conforme al inciso tercero del artículo 60 del C.P.C, en
la medida que la decisión a impugnar no existió.
Sin embargo, no ocurre lo mismo
con los demás derechos fundamentales que tenía el señor José Arnedo Pájaro como
son la estabilidad laboral o el mínimo vital, en razón a que ellos se
extinguieron con su fallecimiento. Estas garantías no serán objeto de la
revisión, gracias a que estas no serían trasladadas por la sucesión procesal de
haberse reconocido. Al mismo tiempo, los petentes no podrían denunciar la
violación de estos derechos como propia.
Por consiguiente, no puede la
Sala negar la legitimidad por activa de la presente acción de tutela cuando la
omisión para que se sustituyera al señor Arnedo Pájaro por su compañera
permanente e hijo como parte procesal no fue causa de estos últimos sino de la
Corporación demandada. De hecho, cumplieron con la carga de solicitar su
reconocimiento de sucesores procesales anexando los respectivos medios
probatorios. Entonces, no puede imputársele una omisión de la que no son
responsables, pues ello implicaría reconocer y auspiciar la posible vulneración
a derechos fundamentales.
8.3.
En suma, Carmen Cecilia Álvarez
Priolo y José Antonio Arnedo Álvarez están legitimados en la presente acción de
tutela para solicitar el amparo de sus derechos al debido proceso y la
administración de justicia respecto de la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar. El estudio de la acción solo procederá respecto de
los derechos al debido proceso y administración de justicia, porque son los
únicos de los que pudieron ser titulares los petentes de haberse concedido la
sucesión procesal, ya que el juez debió respetarlos con independencia de la
alteración de personas que constituyen la parte.
Verificación de los requisitos
generales de procedencia  de la acción de tutela contra la providencia judicial
impugnada.
9.
En primer lugar,
con base en las circunstancias fácticas obrantes en el plenario, la
Sala considera que la cuestión que se discute indudablemente es de relevancia
constitucional, comoquiera que se encuentran en discusión los derechos fundamentales
de Carmen Cecilia Álvarez Priolo y José Arnedo Álvarez como son el debido
proceso y el acceso a la administración de justicia, en el marco del proceso contencioso
de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se negaron las pretensiones
del señor José Arnedo Pájaro.
9.1.
En segundo
orden, con relación al agotamiento de los recursos  la
Corte ha establecido que no es suficiente que exista otro mecanismo de defensa
judicial para descartar la procedencia de la acción de tutela. Es preciso que
el medio ordinario o extraordinario existente sea idóneo y eficaz, de modo que
a través de él sea posible alcanzar la protección integral del derecho
fundamental conculcado.
Frente a los medios de defensa
judicial ordinarios, concluye la Sala que es evidente que los accionantes
agotaron los que tenían a su alcance, pues para el momento de la instauración
del recurso de tutela el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho había
culminado con su fallo de segunda instancia emitido por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Bolívar, providencia que no puede ser impugnada por recursos
ordinarios (Folios 576- 601 Cuaderno 3).
Ahora bien, respecto de los
recursos extraordinarios el único de éstos que finalmente procedería para
atacar la sentencia del Tribunal demandado y salvaguardar los derechos
fundamentales de los tutelantes, es el de revisión. No obstante, la
Corte ha establecido reglas jurisprudenciales que permiten analizar si este
medio de defensa judicial es idóneo y eficaz, al punto que desplace el recurso
de amparo, lo cual ocurre cuando: “a) la única violación
alegada sea el derecho al debido proceso y, eventualmente, la de otros derechos
que no tienen carácter fundamental, o b) cuando el derecho
fundamental cuya protección se solicita sea susceptible de ser protegido de
manera integral dentro del trámite del recurso, porque concurren en él (i) causales
de revisión evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho derecho, y (ii) en
caso de prosperar el recurso, decisiones que restauran de forma suficiente y
oportuna el derecho”[49].
Vale acotar que esta valoración debe
realizarse tanto frente al Código Contencioso Administrativo el Decreto 01 de
1984 como al Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo la Ley 1437 de 2011, debido a que el término para la
presentación del recurso extraordinario se inicio con la vigencia del anterior
estatuto y continuó con el nuevo. Aunque la herramienta procesal extraordinaria
cuenta con una regulación idéntica en los estatutos mencionados con relación a
su finalidad y las causales para su procedencia[50].
De esta manera, la finalidad del
recurso responde a que se enmiende los errores o ilicitudes cometidas en la
expedición de las sentencias ejecutoriadas, y se restituya el derecho al
afectado a través de una nueva providencia fundada en razones de justicia
material, que resulte acorde con el ordenamiento jurídico[51]. Respecto de las
causales, esta Corporación en sentencia C-590 de 2009 precisó su contenido de
la siguiente forma:
i) los numerales que se
basan en ilegalidad, estos son los 1, 2 (parcial), 5 y 7 del C.C.A reproducidos
en el 2, 1 (parcial), 4 y 3 del artículo 250 del CPACA respectivamente se
fundan en la necesidad de obtener una sentencia conforme a derecho frente a la
ocurrencia de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes para la
adopción de la decisión; ii) las causales consagradas en los numerales 2
(parcial), 3 y 4 del C.C.A son idénticas a las contenidas en las enumeraciones
1 (parcial), 6 y 7 del CPACA, la cuales tienen como fin la corrección de
errores generados por circunstancias no conocidas al momento de proferir la
sentencia cuestionada, que de haberlo sido, hubiesen originado una sentencia
distinta. Por último frente a las causales restantes, las establecidas en los
numerales 6 y 8 del C.C.A que se hallan contenidas en los 5 y 8 del CPACA
respectivamente afirmó: “la causal del numeral 6 busca restablecer el debido
proceso, al permitir corregir una nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso que no era susceptible del recurso de apelación (…)”. Mientras
que “la causal del numeral 8 protege tanto el debido proceso como la
intangibilidad de la cosa juzgada, desconocida con la sentencia que es objeto
de revisión”.
De lo expuesto en
atención al caso sub-judice, no procede ningún grupo de causales del
recurso de revisión de la que se aprecie su idoneidad para salvaguardar los
derechos de los accionantes, comoquiera que no se ha alegado ni un elemento
fraudulento, ni ilegal en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que requiera la revisión de la sentencia. Sucede mismo con los supuestos que basan
la procedencia del medio judicial extraordinario en la corrección de errores
ocasionados por circunstancias no conocidas al momento de la expedición del
fallo.
El último grupo de
causales no tienen la virtualidad de salvaguardar el derecho al debido proceso,
toda vez que revocar una sentencia por una incorrecta apreciación en una
vulneración al principio de justicia rogada o no resolver una sucesión procesal
no implican una nulidad en la sentencia o desconocer la intangibilidad de la
cosa juzgada producida en una providencia anterior que vincule al señor José
Arnedo Pájaro y la Fiscalía General de la
Nación respecto de un acto de insubsistencia del cargo de carrera que
desempeñaba en provisionalidad.
Por lo tanto, para la
Sala es evidente que exclusivamente con la intervención del juez de tutela en
el presente caso se evitaría la configuración de un perjuicio a los derechos de
los solicitantes, dado que no cuentan con ningún medio judicial para ampararlos.
9.2.
En el caso
sub-examine la tutela se presentó el 17 de noviembre de 2011, esto es, 4
meses contados a partir de la expedición de la sentencia de segunda instancia
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por José Arnedo
Pájaro, el 21 de junio de 2011 (Folio 603 Cuaderno 3). Por ende, se entiende cumplido
el requisito de inmediatez.
9.3.
Frente al
cuarto requisito, debe precisarse que en el caso concreto no se comprobó la
existencia de una irregularidad procesal,  por lo que este requisito no se
estudiará en esta oportunidad.
9.4.
Así mismo, el
peticionario identificó claramente la violación a sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la acceso a la administración de justicia en que el tribunal demandado revocó la
sentencia del a-quo aduciendo que la inmotivación de la insubsistencia
no había sido alegada en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
cuando ello fue objeto de discusión durante todo el proceso. Para finalizar, la
Sala confirma que la presente acción no se eleva para enervar una sentencia de
tutela.
9.5.
Verificadas
las reglas generales de tutela contra sentencias, se procede a estudiar  las causales
en sentido estricto, esto es,  los defectos de relevancia constitucional que
permiten dejar sin efecto una decisión judicial, en razón a que vulneran
derechos fundamentales (Supra 4.1.2).
Configuración del defecto
sustantivo.
10.
Conforme a lo
verificado en el expediente, la Sala encuentra que el argumento central para
que el Tribunal Administrativo de Bolívar revocara la sentencia expedida por el
Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena responde a que éste declaró la nulidad
del acto administrativo con fundamento en un cargo que no fue formulado en la
demanda, como es la falta de motivación del acto de retiro de José Arnedo
Pájaro del cargo de carrera que desempeñaba en provisionalidad dentro de la
Fiscalía General de la Nación.
El juez colegiado accionado afirmó:
“[de] lo argumentado por A quo se tiene que no se limito (sic)  a los
cargos de violación planteados en la demanda, toda vez que el actor no propuso
el cargo de motivación del acto acusado por lo que yerra la prima (sic)
instancia al con conceder las pretensiones con base en este fundamento.
Resultando imperioso recordar que la jurisdicción de los contencioso
administrativo es rogada por lo que el análisis debe circunscribirse a los
hechos, normas y concepto de violación expuestos en la demanda que se
constituyen el marco de la litis, no siendo jurídicamente posible para el
juzgador salirse de tales parámetros para analizar de manera oficiosa aspectos
que no se plantearon en la demanda (…) En consecuencia, al estudiar el A quo
un cargo que no fue planteado en la demanda y del cual se derivo la
declaratoria de nulidad del acto acusado, vulneró el principio de justicia
rogada, eje fundamental de la jurisdicción contenciosa”[52].  (Subrayado por fuera del
original)
10.1.
Como concluyó
la Corte en la parte motiva de esta providencia, (zupra 5.6) el concepto de justicia rogada se
amplió de los cargos de violación presentados en la demanda por el accionante,
a la relación jurídica procesal trabada entre las partes procesales, así como
al material probatorio y los argumentos que se formularon en el proceso que se
encuentran en el expediente. Igualmente, la jurisprudencia constitucional
precisó que la rogatividad de la jurisdicción contenciosa se flexibiliza
cuando: i)
se vulneran los derechos fundamentes de aplicación inmediata del demandante; o
ii) el juez evidencia la incompatibilidad de una norma que deba aplicar con la
Constitución. En estos eventos el juez
contencioso tiene la competencia para declarar la nulidad de un acto
administrativo por motivos diferentes a los planteados por el accionante
aplicando directamente la
Constitución.
10.2.
Para la
Sala la sentencia impugnada incurrió en un defecto sustantivo porque adolece
de una falencia originada en el proceso de aplicación de las normas jurídicas
que le dan contenido al principio de justicia rogada. Esta irregularidad es de
tal trascendencia, que el fallo significó un obstáculo para la efectividad de
los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de
justicia de los accionantes, en razón a que su asunto no fue estudiado de
fondo.
Del mismo modo, dicho yerro no
constituye un defecto procedimental como lo alegaron los peticionarios en la
demanda de tutela, dado que el Tribunal Administrativo del Bolívar no se apartó
del procedimiento establecido para emitir sentencia, ni colocó un ritualismo
procesal para decidir el asunto puesto a su conocimiento. Lo que en realidad
ocurrió, es que dejó de aplicar el marco jurídico que flexibiliza el contenido
del principio de justicia rogada como son: i) las normas y principios
constitucionales que obligan al juez a propender por la efectividad de los
derechos fundamentales y la prevalencia del derecho sustancial; ii) los
artículos 144 numeral 2 y 170 del Código Contencioso Administrativo, el 305 del
Código de Procedimiento Civil, además del inciso 1º del artículo 55 de la
Ley Estatutaria de Administración de Justicia; ii) la jurisprudencia del
Consejo de Estado sobre justicia rogada; y iii) la sentencia de
constitucionalidad C-197 de 1999 proferida por la
Corte Constitucional.
10.3.
Siendo así,
para la Sala el Tribunal Administrativo de Bolívar al expedir la sentencia
impugnada incurrió en un defecto sustantivo al restringir el principio de
justicia rogada a los cargos formulados en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, cuando desde la propia Constitución ello ha sido
reconsiderado. Esta irregularidad se materializa en tres de los eventos
establecidos por la jurisprudencia de la
Corte como defecto sustantivo, tal como se mostrará a continuación (supra 4.4).
10.3.1.1.
En
primer lugar no interpretó de forma sistemática el principio de justicia rogada
ya que solo lo entendió a partir de una norma, en perjuicio de las
disposiciones constitucionales y legales que le ordenaban examinar la totalidad
de los argumentos planteados en el expediente y la vulneración a los derechos
fundamentales del señor Arnedo Pájaro. De esta manera, cuando la
Corporación accionada limitó la rogatividad a los cargos presentados en la
demanda fundó su decisión en una interpretación no sistemática de la norma,
reduciéndose solamente al numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso
Administrativo, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso.
De ahí que no tuvo
en cuenta que las disposiciones constitucionales que obligan al juez contencioso
a buscar la justicia materia y la supremacía de la
Carta Política (supra 5). Así mismo, desechó la premisa que afirma que
la demanda y su contestación fijan el marco de la relación jurídico procesal
(supra 5.4). De igual modo, pasó por alto que si bien el principio de justicia
rogada obliga al demandante a señalar la norma violada y a explicar el concepto
de la violación, también implica una carga correlativa para el accionado, que
se concreta en realizar en la contestación una exposición detallada y precisa
sobre los hechos de la demanda y las razones de la defensa, conforme al
artículo 144, numeral 2, del C.C.A. (Supra 5.4.1).
Esta Corporación resalta
que la entidad accionada en el proceso contencioso tuvo la oportunidad de
pronunciarse sobre la inmotivación del acto de insubsistencia, en la medida que
señaló en la contestación de la demanda que “en cuanto a la no motivación
del acto, la declaratoria de insubsistencia de el demandante no necesitaba
motivación, de acuerdo con lo establecido en artículo 26 del decreto 2400 de 1968”[53].
Más adelante adujo que “la insubsistencia va acompañada de la presunción
de que ella se produjo para mejorar el servicio. La discrecionalidad es una
facultad que acompaña al nominador, cuando se trata de libre nombramiento y
remoción, como en el caso del nombramiento en provisionalidad”[54]. Así
mismo manifestó que “destáquese en el presente, que el fin perseguido por el
actor no es controvertir la Legalidad del Acto impugnado, sino la acusación
gira alrededor de una presunta “DESVIACIÓN DE PODER, toda vez, que según
su sentir éste, no fue producido en ejercicio de la
Facultas legal Discrecional por razones del buen servicio, sino con fundamento
en la arbitrariedad, desconociéndose por completo su buen desempeño dentro de
la institución y omitiéndose Motivar la Resolución”[55].
Incluso, en varios apartes de la contestación citó jurisprudencia del
Consejo de Estado referente a la facultad de la administración para inmotivar
los actos que declaren insubsistentes a los empleados que ocupan en
provisionalidad un cargo de carrera[56].
De igual forma, para la
Corte el Tribunal accionado no valoró el principio de justicia rogada frente a
otras normas que le ordenaban examinar para expedir sentencia definitiva los argumentos
y los hechos alegados a lo largo del proceso (Supra 5.4.1). Este estudio
completo del expediente es una obligación de insoslayable cumplimiento para el
juez contencioso por virtud de lo dispuesto en los artículos 170 del C. C. A[57], el 305 del
C. de P. C[58].,
y en el inciso 1° del artículo 55 de la
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia[59], normas que expresan que
las sentencias deben ser motivadas con los hechos, pruebas y argumentos
presentados en el desarrollo del trámite.
Todas estas referencias permiten
afirmar a la Sala que era una obligación constitucional del juez contencioso
expedir la sentencia teniendo como contenido relevante de la misma, la
motivación de los actos de retiro de los empleados que ocupan un cargo carrera
en provisionalidad, según lo establece el marco jurídico aplicable, que no solo
se agotaba en numeral 4 del artículo 137 como lo pretendió el Tribunal
accionado. Lo que es más importante, la
Fiscalía General de la Nación tuvo la oportunidad de proponer sus argumentos
frente al referido cargo de inmotivación del acto jurídico, por consiguiente en
ningún momento se vulneró su derecho de defensa dentro de este proceso.
10.3.1.2.
De
similar forma, para la
Sala es evidente que el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en
el fallo emitido en mayo de 2011 no tomó en cuenta la sentencia C-197 de 1999, la
cual definió el alcance del numeral 4 del artículo 137 del C.C.A, con efectos erga
omnes (supra 5.5).  Este proveído indicó que el carácter de rogada de la
jurisdicción contenciosa se flexibiliza cuando se vulneran los derechos
fundamentes del demandante o exista una incompatibilidad de una norma que debe
aplicar el juez contencioso con la
Constitución. Eventos en los que la nulidad
del acto administrativo surge por aplicación directa de la
Constitución, con independencia de los motivos planteados en la demanda (supra
5.5 y 5.6). De allí que, la
Corporación hoy demanda no aplicó una disposición normativa relevante al
asunto sometido a su conocimiento, que reconsidera el concepto de justicia
rogada que utilizó.
De hecho esta Corporación precisa
que no aplicar el mencionado proveído de constitucionalidad implica vulnerar
derechos fundamentales de los demandantes de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, tal como aconteció en el caso sub-judice, en
razón a que el Tribunal accionado avaló una decisión de insubsistencia de la
administración que conculcó el derecho de defensa de José Arnedo Pájaro.
10.3.1.3.
Conjuntamente,
la Corte considera que el Tribunal Administrativo de Bolívar desconoció sin un
mínimo de argumentación el precedente judicial del Consejo de Estado que
reconsidera el concepto de justicia rogada, al manifestar que éste se fundamenta
en el legislador y en el derecho de defensa de los demandados. En efecto la
corporación accionada no atendió que la rogatividad debe comprenderse no solo
la demanda, sino también su contestación y las premisas, pruebas además de los hechos
puestos a disposición del juez a lo largo del proceso (supra 5.4). Este yerro implica
que la sentencia incurrió en un defecto sustantivo por desconocer la jurisprudencia
del máximo tribunal de lo contencioso administrativo.
Finalmente, para la
Sala es innegable que el Tribunal accionado desconoció a tal punto el marco jurídico
que le da contenido al principio de justicia rogada que como consecuencia de su
restringida comprensión soslayó que en varios momentos procesales, las partes
del procedimiento de nulidad y restablecimiento del derecho hicieron reiteradas
referencias a la motivación
del acto de insubsistencia de José Arnedo Pájaro.
Así, basta con
revisar las alusiones que sobre el particular aparecen consignadas a folios 55
y 60 del cuaderno 2 del expediente de tutela, correspondientes al texto de la
demanda ordinaria; los folios 133, 134 y 138 del mismo cuaderno y que corresponden
al escrito de contestación de la demanda; las disquisiciones presentadas en los
alegatos de conclusión del accionante que se encuentran en los folios 140, 142,
149, 150 y 154 del cuaderno 2 del expediente de amparo; las acotaciones que
hace la entidad demandada en su alegato de conclusión y que aparecen a folios
160, 161 y 165 del mencionado cuaderno 2; memorial presentado por el apoderado
del accionante del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho cuando el
Juez Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena avocó conocimiento luego
de la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos en el que se
alega la inmotivación del acto cuestionado en los folios 174
a 181 del cuaderno 2 del expediente de tutela; y las referencias contenidas en
el escrito de apelación por la
Fiscalía General de la Nación  que concentra su estudio en demostrar que
conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado no es necesario motivar los
actos de retiro de los provisionales que obran a folios 485
a 495 del Cuaderno 3 del expediente de amparo.
10.4.
La falta de
motivación del acto jurídico que declaró insubsistente al señor José Arnedo
Pájaro significó una vulneración al derecho al debido proceso conforme lo ha
expresado la Corte Constitucional, puesto que no contó con los elementos de
juicio suficientes para ejercer su derecho de contradicción y defensa a fin de
acudir ante las instancias gubernativas y autoridades judiciales para controlar
los abusos en el ejercicio del poder (supra 5.5). Simultáneamente, con dicha
ausencia se desconocieron normas constitucionales como son la cláusula de
Estado de Derecho, los principios democrático y de publicidad en las actuaciones
de la administración.
De allí que para la
Corte, el juez contencioso de primera instancia actuó conforme a la
Carta Política y a la ley, sin violentar el principio de justicia rogada, ya
que tenía la competencia para decretar la nulidad del acto administrativo
impugnado en virtud de la garantía de los derechos fundamentales, incluso sí
ese cargo no se hubiese sido formulado a lo largo del proceso.
En contraste la
Sala concluye, que el Tribunal accionado al revocar la providencia emitida por
el a-quo omitió aplicar las normas constitucionales y legales, así como
la ratio decidendi de la sentencia C-197 de 1999, con lo que vulneró la
propia Constitución, al igual que pretermitió garantizar los derechos
fundamentales del demandado. Sobre todo, soslayó que el incumplimiento del
deber de motivación de los actos de retiró de los provisionales acarrea la
nulidad del acto administrativo, en razón a que vulnera directamente normas
constitucionales (supra 5.6). En efecto, el Tribunal Administrativo incurrió en
un defecto sustantivo al no aplicar los alcances que le otorgaron el
ordenamiento jurídico y esta Corte al numeral 4 del artículo 137, norma que
contiene la institución de la jurisdicción rogada.
Esta Corporación reitera que no
motivar los actos de retiro de los funcionarios que ocupan un cargo de carrera
en provisionalidad conlleva a desconocer la
Carta Política y a vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos, por
consiguiente dichos actos jurídicos están viciados de nulidad. Contrario a lo
mencionado por las entidades demandadas y el juez de tutela de primera
instancia, esta regla jurisprudencial es obligatoria para la administración y
autoridades judiciales, comoquiera que el referido precedente se ha contenido
en fallos de control abstracto y de tutela, siendo estos últimos igual de
vinculantes que los primeros. De donde se sigue que, de desconocerse el
precedente señalado en sentencias judiciales, éstas podrán ser atacadas a
través de la tutela y dejadas sin efecto.
11.
Como
resultado de las consideraciones precedentes, esta Sala revocará la decisión del
Consejo de Estado, que
denegó el amparo constitucional, y en su lugar, concederá la protección de los derechos
fundamentales invocados.
Para tutelar el derecho al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de los señores Carmen
Cecilia Álvarez Priolo y José Antonio Arnedo Álvarez, se dejará sin efecto la sentencia
proferida por el Tribunal
Contencioso Administrativo del Bolívar del 19 de mayo de 2011, y se le ordenará
emitir un nuevo fallo en el que se tenga en cuenta las consideraciones de esta
providencia.
III.
DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones expuestas en
precedencia, la Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
REVOCAR la sentencia proferida el 26
de enero de 2012, de la Subsección A, de la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, y en su lugar CONCEDER la tutela de los derechos al debido
proceso y el acceso a la administración de justicia, de los señores Carmen
Cecilia Álvarez Priolo y José Antonio Arnedo Álvarez.
Segundo.-  DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo
del Bolívar del 19 de mayo de 2011 en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido por José Arnedo Pájaro contra la
Nación, Fiscalía General de la
Nación. En consecuencia, el Tribunal accionado deberá emitir un nuevo fallo en
el que se tenga en cuenta las consideraciones de esta providencia, cuyo término no
podrá exceder 40 días contados a partir de la notificación del presente
proveído conforme lo dispone el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil.
Tercero.-
LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
Notifíquese, insértese en la gaceta de la
Corte Constitucional y Cúmplase,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente con excusa
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
[1] Folio
65 Cuaderno 2 del expediente de tutela.
[2]Folio
66 Cuaderno 2 del expediente de tutela.
[3]Folios
68-69 Cuaderno 2 del expediente de tutela.
[4]Folio
71 Cuaderno 2 del expediente de tutela.
[5]Folio
79 Cuaderno 2. del expediente de tutela.
[6]Folios
51-64 Cuaderno 2 del expediente de tutela.
[7]Folios
406 – 433 Cuaderno 3 del expediente de tutela.
[8] Folios
485 – 433 Cuaderno 3 del expediente de tutela.
[9]
Folios 46-66 Cuaderno 4 del expediente de tutela.
[10]
Folios  576 - 601 Cuaderno 3 del expediente de tutela
[11] Folio
572 Cuaderno 3 del expediente de tutela.
[12]
Folios 559-572 Cuaderno 3 del expediente de tutela.
[13]
Sentencias T-254 de 2006, T-085 de 2001, T-751ª de 1999 y SU-429 de 1998
[14] Al
respecto menciono las sentencia del Consejo de Estado Sala Plena de la
Sección Segunda, Sentencia 13 de marzo de 2003 Radicación No.
76001-23-31-000-1998-1834-01, No. Interno 4972-01.C.P.
Tarsicio Cáceres Toro; Sección Segunda Subsección B, sentencia del 21 de junio
de 2007 C.P Jesús María Lemos Bustamante; Sección  Segunda, Subsección A
sentencia del 12 de marzo de 2009, radicación número:
76001-23-31-000-2000-05374-01 (5374-05)
[15]
Sentencias T-179 del 28 de febrero de 2003, MP: Clara Inés Vargas Hernández;
T-620 del 8 de agosto de 2002, MP: Álvaro Tafur Galvis; T-999 del 18 de
septiembre de 2001, MP: Rodrigo Escobar Gil; T-037 del 30 de enero de 1997, MP:
Hernando Herrera; entre otras.
[16]
Sentencia T-213 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[17]
Sentencias T-808 de 2007 MP: Catalina Botero Marino,
T-821 de 2010  M.P Nilson Pinilla Pinilla y T-513 de 2011
M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio.
[18]Ibídem.
[19]Sentencia
T-717 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[20]
Sentencia SU-448 de 2011 M.P. Mauricio González Cuervo.
[21] La
argumentación presentada en este acápite de la sentencia respecto de la
justicia rogada se realiza tendiendo como fuente normativa de estudio el Código
Contencioso Administrativo el Decreto 01 de 1984, pues si bien el estatuto no
se encuentra vigente, fue bajo esta norma que el Tribunal Administrativo del
Bolívar revocó la sentencia que  hoy se acusa de vulnerar derechos
fundamentales en mayo de 2011.
[22] Este
puede ser entendido como el
conjunto de expectativas, valores y actitudes sobre las modalidades, cómo se
comportan los jueces o se deben comportar. Marradi Alberto.
Voz Sistema Judicial, en Norberto Bobbio, Nino Matteucci y Gianfranco Pasquino.
Diccionario de política. Madrid. Edit. Siglo XXI 10ª ed. 1997. Pp. 1459.
[23] Sentencia
T-382 de 2010 .M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio
[24] Sentencia
T-146 de 2010 y T-047 de 2011 M.P. M.P. María Victoria Calle Correa
[25] Consejo De
Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, Consejero
ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de
dos mil cuatro (2004), Radicación número: 11001-03-15-000-2001-0110-01(AI); Sección
Primera. Consejero Ponente: Doctor Yesid Rojas Serrano. Expediente No. 2262.
Actor: Carlos Fernando Ossa Giraldo
[26] Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección  Segunda Subsección “B”
Consejero ponente: Jesús María Lemos Bustamante Bogotá D.C., treinta
(30) de junio de dos mil cinco (2005).-Radicación número: 25000-23-25-000-2000-05514-01(2909-04).
En el mismo sentido se pronunció la
Sección Segunda Subsección "B"
Consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila Bogotá, D.C., dieciocho (18)
de noviembre de dos mil diez (2010). Radicación número: 25000-23-25-000-2007-00006-01(2292-08).
En forma reciente, Sección Segunda Subsección "B"
Consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila Bogotá, D.C., veintisiete
(27) de enero de dos mil once (2011). Radicación número:
19001-23-31-000-2003-02124-01(1039-10)
[27] Consejo
De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Primera, Consejero
ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, Bogotá, D.C.,
veintiséis (26) de noviembre de dos mil ocho (2008) Radicación número:
13001-23-31-000-2001-00816-01.
[28]Consejo
De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda  Subsección
"A" Consejero ponente: LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO Bogotá, D.C.,
veinticinco (25) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación número: 25000-23-25-000-2000-07769-03(2066-06)
[29]Consejo de
Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección
"A" Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren Bogotá, D.C.,
diez (10) de febrero de dos mil once (2011). Radicación número: 76001-23-31-000-2006-02053-01(0448-10)
[30]Canosa
Usera; Interpretación Constitucional y Fórmula Política; Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid 1988. Pp. 249.
[31] Corte
Constitucional, Sentencia C-319 de 2010, MP: Huberto Sierra Porto.
[32] Sentencia
SU-917 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[33]
Corte Constitucional, Sentencia T-356 de 2008. Cfr., Sentencia
C-371 de 1999.
[34]
CP., Artículo 209.- “La función administrativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones. // Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los
términos que señale la ley”.
[35]
Tomás Ramón Fernández, “De la arbitrariedad de la administración”.
Madrid, Civitas, p.1994, p.162
[36] En
el campo de la investigación científica, en general, y en el de la teoría de la
argumentación jurídica, en particular, la doctrina ha diferenciado el “contexto
de descubrimiento” y el “contexto de justificación”, al destacar que lo
relevante no es la forma como se llega a una decisión sino las razones en que
ella se apoya, pues son ellas las que resultan jurídicamente controlables.
Cfr.,  Manuel Atienza, “Las razones del Derecho”. Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1991, capítulo primero; Marina Gascón Abellan y
Alfonso García Figueroa, “La
Argumentación en el Derecho”. Lima, Palestra Editores, 2003, p.149; Mario
Alberto Portela, “Argumentación y sentencia”. En: Revista DOXA 21, 1998.
[37]
Sentencia SU-917 de 2010
[38]
Junto con la carrera administrativa general existen otras carreras especiales.
Sobre el punto, en la sentencia C-517 de 2002 se explicó lo siguiente: “La
Corte también ha señalado (C-746/99) que de conformidad con el artículo 130 de
la Carta Política existen varias carreras administrativas, unas administradas
por la Comisión Nacional del Servicio Civil y otras que se separan de dicha
competencia por tener carácter especial en los términos previstos en la ley.
Regímenes especiales que pueden tener origen constitucional o legal y que
también deben ser configurados por el legislador bien directamente o mediante
el otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo.  // “La
Corte mediante Sentencias C-391 de 1993 y C-356 de 1994
ha determinado que los regímenes especiales creados por la
Constitución son: el de las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional (artículos 217 y 218); Fiscalía General de la
Nación (artículo 253) Rama Judicial del poder público (artículo 256, numeral
1°); Contraloría General de la
República (artículo 268 numeral 10°), y Procuraduría General de la
Nación (artículo 279). Lista a la que hay que agregar la carrera de las
universidades del Estado (artículo 69), de acuerdo con lo expresado en la
sentencia C-746 de 1999. // Además de los regímenes especiales de rango
constitucional, pueden existir regímenes especiales de origen legal. Al efecto,
el artículo 4° de la Ley 443 de 1998, por la cual se expidieron normas sobre
carrera administrativa, dispone que los regímenes especiales de carrera creados
por la ley son aquellos que “en razón de la naturaleza de las entidades en las
cuales se aplican, contienen regulaciones específicas para el desarrollo y
aplicación de la carrera y se encuentran consagradas en leyes diferentes a las
que regulan el sistema general”. El mismo artículo 4º determinaba que estos son
los que rigen para el personal que presta sus servicios en el Departamento
Administrativo de Seguridad -DAS-; en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
INPEC; en la Registraduría Nacional del Estado Civil; en la
Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales; los que
regulan la carrera diplomática y consular y la docente. Así mismo el parágrafo
2º de dicha disposición establece que ‘...el personal científico y tecnológico
de las entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología, en razón de que su misión, objeto y funciones básicas consisten en
la investigación y/o el desarrollo tecnológico, tendrán un régimen específico
de carrera y de administración de su personal, de conformidad con el reglamento
que para el efecto adopte el Gobierno Nacional (...)”.
[39] “Artículo 73. Al iniciar el Período de prueba, la
Fiscalía General deberá adelantar programas de inducción que garanticen al
nuevo funcionario el adecuado conocimiento de la
Institución y de la Rama del Poder Público a la cual ingresa y los derechos,
deberes y garantías que adquiere. // Por excepción, de acuerdo con el
reglamento, los nombramientos tendrán carácter provisional cuando se trate de
proveer transitoriamente cargos vacantes temporal o definitivamente, con
personal no seleccionado mediante concurso.
[40]
Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996.
[41]
“Artículo 117. La provisión de un empleo de carrera se efectuará mediante
proceso de selección no obstante, en caso de vacancia definitiva de éste y
hasta tanto se efectúe la provisión definitiva mediante proceso de selección,
podrá efectuarse nombramiento provisional, el cual no podrá exceder el término
de ciento ochenta (180) días, en cada caso a partir del momento de la
convocatoria. // Igualmente procede la provisionalidad en caso de vacancia
temporal, cuando no se haga la designación en encargo o la misma sea superior a
un (1) mes”.
[42]
“Artículo 70. Nombramientos. La provisión de un cargo de carrera se efectuará
mediante nombramiento en propiedad, una vez superado el período de prueba.
Cuando ello no fuere posible, se procederá al nombramiento mediante la figura
de encargo, atendiendo al lleno de los requisitos y al perfil del cargo respectivo.
Excepcionalmente, cuando no fuere posible proveer dicho cargo en la forma
anteriormente descrita, se procederá al nombramiento en provisionalidad, el
cual en ningún caso generará derechos de carrera.
[43] “Artículo 76. Retiro. Es una situación de carácter
administrativo, que pone fin a la inscripción en el régimen de carrera y
desvincula al servidor de la entidad en los eventos previstos como causales
para tal efecto. // Los demás servidores serán objeto de la facultad
discrecional del nominador. // El retiro de la carrera tendrá lugar mediante
acto motivado, contra el cual procederán los recursos de la vía gubernativa”.
[44]Sentencias
T-410 de 2007, T-464 de 2007, T-793 de 2007, T-157 de 2008, T-1112 de 2008,
T-109 de 2009, T-186 de 2009 y T-736 de 2009.
[45] Sentencia
SU-917 de 2010: i) en el expediente T-2123824 se dejó sin efectos la providencia
emitida por la Sección Segunda, subsección “A”, de la
Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado que avaló un acto
administrativo de insubsistencia que sin motivación retiro del servicio a una
Fiscal Delegada ante los Jueces Penal de Circuito, quien ocupaba el cargo de
carrera en provisionalidad. En su lugar, la
Sala confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle que
decretó la nulidad del acto de insubsistencia y ordenó el reintegro de la
actora en las condiciones allí dispuestas; ii) En el
expediente T-2139736
se
consideró que la sentencia de la
Sección Segunda, Subsección “A”, de la
Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado vulneró los derecho
fundamentales del accionante. Lo expuesto porque la
Fiscal General de la Nación declaró insubsistente del cargo de Fiscal Delegado
ante el Tribunal del Distrito de la
Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, al peticionario de ese entonces por
medido resolución número 0-1221 del 10 de agosto de 2001, la cual no contenía motivación
alguna por parte del nominador; iii) casos similares ocurrieron en los
expedientes T-2155221 y T-2180526.
En la sentencia SU 961 de 2011 la Corte analizó los expedientes T- 2.727.673 y T-
2.719.943
en los que varios funcionarios de la
Fiscalía General de la Nación fueron desvinculados de la entidad mediante actos
administrativos carentes de motivación. Acudieron igualmente ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo con la pretensión de que los
mencionados actos fueran anulados, y consecuentemente, se obtuviera el
respectivo restablecimiento del derecho. En todos los casos los jueces negaron
las pretensiones, motivo por el cual decidieron instaurar acción de tutela
contra tales decisiones judiciales. Por consiguiente, la
Sala Plena dejó sin efectos los fallos de los demandados Tribunales
Administrativos de Cundinamarca y Huila.
[46]Sentencia
SU-917 de 2010
[47] ARTÍCULO 60.
SUCESION PROCESAL. <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 22
del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Fallecido un
litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso continuará con el
cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos, o el correspondiente
curador. Si en el curso del proceso sobrevienen la extinción de personas
jurídicas o la fusión de una sociedad que figure como parte, los sucesores en
el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter.
En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no
concurran. El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso,
podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá
sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte
expresamente. El auto que admite o rechace a un sucesor procesal es
apelable. Las controversias que se susciten con ocasión del ejercicio del
derecho consagrado en el artículo 1971 del Código Civil, se decidirán
como incidentes.
[48]
LOPEZ BLANCO Hernán Fabio, Procedimiento Civil Parte General, t. I, 8ª
Ed., Bogotá, Edt. DUPRE Editores, 2002, pág. 359.
[49] Sentencia
T-649 de 2011, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
[50] El
artículo 188 del Código Contencioso Administrativo: “1. Haberse
dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. 2.
Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los
cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente
no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la
parte contraria.  3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una
persona, otra con mejor derecho para reclamar. 4. No
reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con
posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para
su pérdida.  5. Haberse dictado sentencia penal que
declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.  6.
Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación.  7.
Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.  8.
Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre
las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar
a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y
fue rechazada. El artículo
250 CPACA mestablece las siguientes causales: 1. Haberse encontrado o recobrado
después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos
al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 2.
Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. 4. Haberse dictado
sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento
de la sentencia. 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación. 6. Aparecer, después
de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para
reclamar. 7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación
periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder
esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales
legales para su pérdida. 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que
constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue
dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se
propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
[51]
Sentencia C-590 de 2009
[52]
Folio 601 Cuaderno 3 del expediente de tutela.
[53]
Folio 133 Cuaderno 2 del expediente de tutela.
[54] Folio 134
Cuaderno 2 del expediente de tutela.
[55]
Ibídem.
[56] Folio
138 Cuaderno 2 del expediente de tutela.
[57] Artículo 170. Contenido
de la sentencia. La sentencia
tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la
controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de
las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones.
Para restablecer el derecho particular, los organismos de lo contencioso
administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las
acusadas, y modificar o reformar éstas.
[58]Artículo
305.
Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia
con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse
al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta. Si lo pedido por el
demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.
[59] Artículo 55. Elaboración
de las providencias judiciales. Las sentencias judiciales deberán
referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos
procesales.