T-206-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-206/13
DERECHO A LA
SALUD-Flexibilización del juicio de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional
Este tribunal ha advertido que
el juicio de procedibilidad del amparo debe ser menos estricto cuando se trata
de sujetos de especial protección constitucional. Precisamente, ha señalado que
“existen situaciones especiales en las que el análisis de procedencia de la
acción debe desatarse de manera más amplia y permisiva, en atención a la
especial naturaleza de las personas que solicitan la protección de sus derechos
constitucionales fundamentales”. Así las cosas, el fallador debe valorar las
condiciones específicas del beneficiario del amparo, por cuanto la presencia de
sujetos de especial protección constitucional como los niños y niñas, las
personas que padecen alguna discapacidad, las mujeres embarazadas y los adultos
mayores, entre otros, flexibiliza el examen general de procedibilidad de la
acción, como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional:
PRINCIPIO DE SUBSDIDIARIEDAD EN MATERIA
DE SALUD-Mecanismo
jurisdiccional que se ejerce ante la Superintendencia de Salud no ha sido
reglamentado y por tanto, no es idóneo y eficaz para la defensa de los derechos
de los usuarios
FUNDAMENTALIDAD
DEL DERECHO A LA SALUD-Principios rectores como eficiencia, universalidad y
solidaridad
La fundamentalidad del derecho
a la salud se hace efectiva a partir del cumplimiento de los principios de
continuidad, integralidad y la garantía de acceso a los servicios, entre otros.
Con base en ello, está constitucionalmente prohibido, salvo las excepciones
previstas en la sentencia C-800 de 2003, que una entidad abandone el
tratamiento al que se somete a una persona, su evolución diagnóstica y la
búsqueda de alternativas para confrontar la enfermedad.
PRINCIPIO DE
CONTINUIDAD E INTEGRALIDAD EN EL SERVICIO PUBLICO DE SALUD-Reiteración de
jurisprudencia
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS
El artículo 44 constitucional consagra la prevalencia de los derechos
de los niños y las niñas sobre los de los demás. Esta norma establece de forma
expresa los derechos a la vida, la integridad física, la salud y la seguridad
social de los menores de edad son fundamentales. Asimismo, dispone que la
familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al
niño o niña para asegurar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio
pleno de sus garantías. La
Corte Constitucional ha establecido que los niños y las niñas, por encontrarse
en condición de debilidad, merecen mayor protección, de forma tal que se
promueva su dignidad. También ha afirmado que sus derechos, entre ellos la
salud, tienen un carácter prevalente en caso de que se presenten conflictos con
otros intereses. Adicionalmente, atendiendo al carácter de fundamental del
derecho, la acción de tutela procede directamente para salvaguardarlo sin tener
que demostrar su conexidad con otra garantía, incluso en los casos en los que
los servicios requeridos no estén incluidos en el Plan Obligatorio de Salud.
Igualmente, ha sostenido que cuando se vislumbre su vulneración o amenaza, el
juez constitucional debe exigir su protección inmediata y prioritaria.
TRANSPORTE Y
ALOJAMIENTO EN EL SISTEMA DE SALUD Y SU NEXO CON EL PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD-Subreglas
jurisprudenciales
El servicio
de transporte se encuentra dentro del POS y en consecuencia debía ser asumido
por la EPS en aquellos eventos en los que (i) Un paciente sea remitido
en ambulancia por una IPS a otra, cuando la primera no cuente con el servicio
requerido; (ii) Se necesite el traslado del paciente en ambulancia para recibir
atención domiciliaria bajo la responsabilidad de la
EPS y según el criterio del médico tratante. (iii) Un paciente ambulatorio
deba acceder a un servicio que no esté disponible en el municipio de su
residencia y necesite ser transportado en un medio diferente a la ambulancia. A partir de esta última situación, las subreglas jurisprudenciales en materia de gastos de transporte intermunicipal se circunscriben a los
siguientes eventos: (i) El servicio fue
autorizado directamente por la EPS, remitiendo a un prestador de un municipio
distinto de la residencia del paciente; (ii) Ni el paciente ni sus
familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el
valor del traslado. (iii) De no efectuarse la remisión se pone en riesgo la
vida, la integridad física o el estado de salud del usuario; (iv) Si la atención médica en el lugar de remisión exigiere más de un
día  de duración se cubrirán los gastos de alojamiento.
CUBRIMIENTO
DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTE Y ACOMPAÑANTE POR EPS-Reglas
jurisprudenciales/CUBRIMIENTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTE Y ACOMPAÑANTE
POR EPS-Serán cubiertos por recursos de la prima adicional en lugares de
dispersión geográfica y en los demás serán cubiertos por la
UPC
Las zonas que no son objeto de prima por dispersión, cuentan
con la totalidad de infraestructura y personal humano para la atención en salud
integral que requiera todo usuario, por consiguiente no se debería necesitar
trasladarlo a otro lugar donde le sean suministradas las prestaciones
pertinentes. En tal contexto, de ocurrir la remisión del paciente otro
municipio, esta deberá afectar el rubro de la
UPC general, como quiera que se presume que en el domicilio del usuario existe
la capacidad para atender a la persona, y en caso contrario es responsabilidad
directa de la EPS velar por que se garantice la asistencia médica. Ello no
puede afectar el acceso y goce efectivo del derecho a la salud, so pena de
constituirse en una barrera de acceso, que ha sido proscrita por la
jurisprudencia constitucional.  En conclusión, por una parte, en las áreas a
donde se destine la prima adicional, esto es, por dispersión geográfica, los
gastos de transporte serán cubiertos con cargo a ese rubro. Por otra, en los
lugares en los que no se reconozca este concepto se pagarán por la unidad de
pago por capitación básica. Las mismas reglas deberán aplicarse al alojamiento
debido a que su  necesidad se configura en las mismas condiciones que el
traslado.
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO-Interpretación y alcance constitucional sobre el hecho
superado y el daño consumado
DERECHO
A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA DE MENOR-Orden a EPSS sufrague gastos de
transporte y alojamiento de menor y acompañante para tratamiento en otra ciudad
DERECHO
A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA DE PERSONA DE LA
TERCERA EDAD-Orden a EPS asuma gastos de transporte y alojamiento del
afiliado y acompañante para tratamiento de diálisis en otra ciudad
DERECHO
A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA-Orden a EPS autorizar cirugía plástica de pared abdominal
con cargo a la UPC y deberá cubrir gastos de transporte y alojamiento del
afiliado y acompañante
Referencia: T-3699975, T-3700935,
T-3705404 y T-3707429 (Expedientes acumulados).
Acciones de tutela interpuestas por Kerly Medina Gutiérrez contra Comfamiliar
Huila EPS-S, Hernán Motta Quintero contra Saludcoop EPS, Audiela Tumay Chavita
contra Capresoca EPS-S, y María Mercedes Echavarría Echavarría contra Coosalud
EPS y otro.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá D.C., quince (15) de abril de dos
mil trece (2013)
La Sala Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio
Palacio, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
trámite de revisión de los fallos dictados por el Juzgado Segundo Penal Municipal
para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Neiva (T-3699975),
el Juzgado Primero Penal Municipal de Pitalito – Huila – (T-3700935), el
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal (T-3705404) y el Juzgado
Promiscuo Municipal de Zaragoza –Antioquia – (T-3707429), dentro de los
respectivos procesos de acción de tutela de la referencia.
Mediante auto
del 29 de noviembre de 2012, la Sala de Selección número 11 de esta corporación
decidió seleccionar los procesos de tutela de la referencia para su revisión
ante la Corte, resolviendo acumularlos atendiendo a la igualdad de materia que
los identifica para ser fallados en la misma sentencia.
I.
ANTECEDENTES
1.
Expediente
T-3699975. Caso: Kerly Medina Gutiérrez contra Comfamiliar Huila EPS-S.
1.1.
Hechos
La señora Kerly Medina Gutiérrez promovió acción de tutela verbalmente el 26
de septiembre de 2012, donde relató que su hija Sarit Valentina Rojas Medina de
26 meses de edad padece la enfermedad denominada esclerodermia, cuyo
tratamiento y control debe hacerse por los médicos especialistas de
reumatología y dermatología pediátrica en el Hospital de la
Misericordia en Bogotá. En tal medida, debe desplazarse con la menor 2 o 3
veces por mes, desde Neiva hasta el Distrito Capital, lo cual genera altos
costos que no están en condiciones de sufragar ni ella ni su esposo, que
trabaja como taxista.
Manifestó que ha
solicitado a la EPS y a la Secretaría de Salud Departamental que le colaboren
con los costos del traslado y hospedaje en Bogotá.
Sin embargo, la
EPS le respondió que el transporte no está incluido en el plan de beneficios
del régimen subsidiado y, por ende, no le corresponde asumirlo a ella, sino a
la entidad territorial.
A su turno, la
Secretaría de Salud del Huila le indicó que los recursos asignados están
destinados a servicios de salud, entonces no puede costear los viáticos, el
transporte y el hospedaje, al no estar consagrados en aquella categoría.
También, le aclaró que la atención integral de la menor es responsabilidad de la
EPS.
En ese sentido,
solicitó la protección de los derechos fundamentales a la salud e igualdad de
su menor hija, ordenando a la
EPS-S Comfamiliar Huila que le suministre los medicamentos No POS y los
viáticos que se requieran para la atención de la niña.
1.2.
Contestación de
la entidad demandada
Comfamiliar
Huila EPS-S se opuso a las pretensiones de la demanda de tutela instaurada en
su contra, con base en que los gastos de transporte y hospedaje están
explícitamente excluidos del plan obligatorio de salud, por tanto, no está
legal ni reglamentariamente obligada a asumir dicha prestación.
Además, señaló
que el Acuerdo 029 de 2012 incluyó el transporte solo para pacientes remitidos
entre IPS y que el traslado en ambulancia es exclusivo para personas con
urgencia manifiesta. Además, que al departamento del Huila no se le entrega
prima adicional de la UPC, entonces se entiende taxativamente excluido el
servicio solicitado. Finalmente, solicitó la vinculación de la
Secretaría de Salud del Huila, por ser la entidad competente para costear los
requerimientos de la actora.
1.3.
Decisión
judicial objeto de revisión
El Juzgado
Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías
de Neiva, mediante sentencia única de instancia del 8 de octubre de 2012,
decidió declarar la improcedencia de la acción, en razón a que la accionante
contaba con la función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud, orientada a resolver las controversias entre afiliados y
EPS. Afirmó que ese medio de defensa judicial era idóneo y eficaz.
Sobre el
particular, el fallador concluyó:
“En estas condiciones, y como quiera que nuestro ordenamiento
jurídico contempla un instrumento de defensa judicial, idóneo y eficaz,
distinto a la acción de tutela, para dirimir de manera expedita y efectiva,
conflictos como el planteado por la señora Kerly Medina Gutiérrez y relacionado
con la negativa de la EPS para suministrar los viáticos que corresponda por el
desplazamiento junto con su hija a la ciudad de Bogotá D.C. para asistir a
valoraciones con médicos especialistas en reumatología y dermatología
pediátrica, así como el suministro de los medicamentos NO POS, bien puede
afirmarse que la tutelante debe acudir al mencionado mecanismo legal previsto
en la Ley 1438 de 2011 y no a la solicitud de amparo constitucional, pues como
ya se ha dicho, el instrumento judicial legalmente contemplado, es preferente y
sumario, y lo suficientemente expedito en el tiempo como para atender de manera
efectiva el asunto sub-examine, máxime cuando se tiene facilidad para acceder y
utilizar el mismo, pues se cuenta con página web y línea gratuita, por lo que
en ese orden de ideas, este Despacho advierte la improcedencia de la acción de
tutela incoada, dado su carácter residual y subsidiario.”
1.4.
Actuación en
sede de revisión
1.4.1.  Mediante providencia del 26 de febrero de 2013, esta Sala de
Revisión ordenó la vinculación de la
Secretaría de Salud Departamental del Huila, puesto que podría verse afectada
con lo que finalmente se decida en este proceso. Adicionalmente, se libró
despacho comisorio para que el juez de instancia recibiera la ampliación de la
versión de la accionante.
De igual forma,
se decretó como medida provisional, que la
EPS accionada adelantara los trámites tendientes para asegurar que la niña
Sarit Valentina Rojas Medina pueda comparecer a sus controles médicos en la
ciudad de Bogotá, asumiendo los costos de transporte y hospedaje.
1.4.2.  El 7 de marzo de 2013, el Juzgado Segundo Penal Municipal para
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Neiva, remitió ampliación
de la versión de la accionante Kerly Medina Gutiérrez, actuando en representación
de su hija Sarit Valentina. Esta manifestó que la única solicitud que le fue
negada por parte de la EPS fue la relacionada con el cubrimiento del transporte,
cuyos soportes fueron anexados al escrito de tutela. En cuanto a autorizaciones
de medicamentos, procedimientos y/o tratamientos expresó que no ha tenido
inconvenientes debido a que han sido aprobados y suministrados.
1.4.3.  En la misma fecha, la Secretaría de Salud Departamental del Huila
indicó que la niña se encuentra afiliada al régimen subsidiado de salud, cuyo
plan de beneficios fue unificado con el régimen contributivo en el Acuerdo 11
de 2011.
En ese orden de
ideas, el Plan Obligatorio de Salud cubre el traslado en un medio diferente a
ambulancias, exclusivamente, a pacientes no hospitalizados cuando requieren
servicios incluidos en el POS que no se preste en el municipio de su residencia,
siempre y cuando corresponda a una zona geográfica para la cual se fije una UPC
adicional.
Finalmente,
solicitó que se condene a la EPS a cumplir con las obligaciones de
acompañamiento y prestación de los servicios de salud que requiere la usuaria,
estén incluidos o no incluidos en el catálogo de beneficios, bajo el entendido
que en este último caso deberán ser recobrados ante el Fosyga. En relación con
la medida provisional dispuesta por esta corporación no se realizó ningún
pronunciamiento.
1.5.
Pruebas
-
Folios 5
a 7 del cuaderno de instancia, copia del derecho de petición radicado el 27 de
agosto de 2012 en Comfamiliar del Huila, donde se solicita el suministro de los
medicamentos y los viáticos correspondientes.
-
Folios 8
a 11 del cuaderno de instancia, copia de la respuesta de Comfamiliar del Huila
de 11 de septiembre de 2012 al derecho de petición donde niega el suministro
del servicio de transporte solicitado.
-
Folio 12 del cuaderno
de instancia, respuesta de la Secretaría de Salud de la
Gobernación del Huila a la solicitud de viáticos y transporte, del 12 de junio
de 2012.
-
Folio 13 del cuaderno
de instancia, copia del certificado de afiliación a la
EPS de 21 de septiembre de 2012.
-
Folios 14 y 15 del
cuaderno de instancia, copia de la autorización de servicios médicos y/o
suministros del 27 de agosto de 2012 y 13 de septiembre del mismo año,
respectivamente.
-
Folios 16 y 17 del
cuaderno de instancia, copia de la orden de servicio del Hospital de la
Misericordia del 3 de septiembre de 2012 donde se diagnostica colitis y
gastroenteritis no infecciosas, no especificadas.
-
Folios 18
a 23 del cuaderno de instancia, copia de la historia clínica de Sarit
Valentina Rojas Medina expedida por el Hospital de La
Misericordia el 26 de julio de 2012.
-
Folios 24 y 25 del
cuaderno de instancia, copia de la consulta de afiliados de la base de datos
única del Fosyga de 20 de septiembre de 2012.
-
Folio 26 del cuaderno
de instancia, orden de consulta del Hospital de La
Misericordia de 3 de septiembre de 2012.
-
Folios 27
a 29 del cuaderno de instancia, copia de la historia clínica de Sarit
Valentina Rojas Medina expedida por el Hospital de La
Misericordia el 3 de septiembre de 2012.
-
Folio 30 del cuaderno
de instancia, copia de la orden de servicio del Hospital de la
Misericordia del 3 de septiembre de 2012.
-
Folio 31 del cuaderno
de instancia, copia del consentimiento informado para intervenciones
quirúrgicas y procedimientos especiales del Hospital de La
Misericordia, con fecha 3 de septiembre de 2012.
-
Folio 32 del cuaderno
de instancia, orden de servicio del Hospital de La
Misericordia del 26 de julio de 2012.
-
Folio 33 del cuaderno
de instancia, orden de consulta del Hospital de La
Misericordia del 26 de julio de 2012.
-
Folio 34 del cuaderno
de instancia, copia del informe anatomo-patológico suscrito por el Dr. Joaquín
Carrera Mejía del 20 de febrero de 2012.
-
Folio 35 del cuaderno
de instancia, copia del carné de afiliación de Sarit Valentina Rojas Medina a la
EPS Comfamiliar del Huila.
-
Folio 36 del cuaderno
de instancia, copia del registro civil de nacimiento de Sarit Valentina Rojas
Medina.
-
Folio 37 del cuaderno
de instancia, copia de la cédula de ciudadanía de Kerly Medina Gutiérrez.
2.
Expediente
T-3700935. Caso: Hernán Motta Quintero contra Saludcoop EPS.
2.1.
Hechos
El señor Hernán Motta Quintero presentó
acción de tutela contra Saludcoop EPS el 6 de septiembre de 2012, como quiera
que padece de enfermedad renal crónica e hipertensión, cuyo tratamiento
requiere su desplazamiento desde Pitalito a Neiva, 2 veces por semana para que
le adelanten el procedimiento de diálisis.
Afirma que no cuenta con los recursos
suficientes para costear esos viajes. Por tal razón, ha solicitado a la
EPS que le practique dicha terapia en una IPS del lugar de su domicilio. La entidad
accionada le ha manifestado que no tiene convenio con la
IPS referida en Pitalito, y que en todo caso, si está inconforme puede hacer
uso del derecho de libre escogencia de EPS.
De conformidad con lo anterior, el actor
solicitó se tutelen sus derechos a la vida, a la salud, a la vida en
condiciones dignas y justas, ordenando a Saludcoop que autorice la realización
del procedimiento en la IPS de Pitalito, o en su defecto, se cubran los
viáticos y hospedaje para él y su acompañante.
2.2.
Contestación de
la entidad demandada:
Saludcoop EPS expresó que todos los
servicios requeridos por el accionante le han sido suministrados.
Adicionalmente, expuso que existen razones científicas para no autorizar la prestación
en el municipio de Pitalito, puesto que la
IPS indicada por el actor, no cuenta con servicios básicos que éste necesita
al momento de la realización de la diálisis, es decir, atención en una IPS de I
nivel. Por consiguiente, se pondría en riesgo su vida e incluso, podría morir.
2.3.
Decisión
judicial objeto de revisión
El Juzgado 1º Penal Municipal de Pitalito,
mediante sentencia única de instancia del 20 de septiembre de 2012, decidió
negar el amparo de los derechos invocados, con fundamento en que no existió
vulneración alguna por parte de la EPS demandada, que ha velado porque los
servicios prestados al actor sean de calidad y en las IPS capacitadas para
ello. Al respecto, en la sentencia de tutela se consideró:
“Que respecto a la solicitud formulada por el accionante, respecto a
que se ordene prestarle los SERVICIOS médicos en la
Clínica NEFROUROS de Pitalito, ello no es posible, porque la misma no está dentro
de su red de servicios, por cuanto dicha clínica no cuenta con los medios
técnicos para que puedan prestarle los servicios médico (sic) de NEFROLOGÍA Y DIÁLISIS
RENAL requeridos por el accionante MOTTA QUINTERO, como por ejemplo SALAS DE
PROCEDIMIENTO Y RECUPERACIÓN, BANCO DE SANGRE, y que de ordenarse dicho
tratamiento en la citada Clínica NEFROUROS en Pitalito, se pondría en riesgo su
vida, pues podría fallecer, lo cual respalda con certificación del médico
internista Doctor LUIS HERNESTO BARRAGÁN, quien afirma que por todas (sic) las
problemas de salud que presenta el accionante, debe continuar recibiendo su
terapia dialítica en la ciudad de Neiva, cerca de centros hospitalarios de alto
nivel, que permitan atender sus múltiples complicaciones.
Así las cosas, teniendo en cuenta los argumentos y pruebas
presentadas por la accionada, no siendo posible que en la
Clínica NEFROUROS de esta ciudad, se le continúe (sic) realizando el
tratamiento para sus problemas de salud, que requiere el accionante, y que la
accionada SALUDCOOP E.P.S., no ha vulnerado ningún derecho fundamental al
accionante, toda vez que en la
CLÍNICA MEDILASER de la ciudad de Neiva, se le viene practicando normalmente
el tratamiento requerido por el señor MOTTA QUINTERO, esta acción le será
despachada desfavorablemente, por su improcedencia.”
2.4.
Actuación en
sede de revisión
En auto del 26
de febrero de 2013, esta Sala de Revisión ordenó como medida provisional, que la
EPS accionada adelantara los trámites tendientes para asegurar que el señor
Hernán Motta Quintero pueda comparecer a los procedimientos médicos de diálisis
en la ciudad de Neiva, asumiendo los costos de transporte y hospedaje. Hasta el
momento no se ha recibido en este tribunal respuesta alguna en relación con
esta determinación.
2.5.
Pruebas
-
Folio 4 del cuaderno de
instancia, copia de la cédula de ciudadanía de Hernán Motta Quintero.
-
Folio 5 y 6 del
cuaderno de instancia, copia de la epicrisis de  Hernán Motta Quintero de 30 de
abril de 2010.
-
Folio 7 del cuaderno de
instancia, copia de certificado médico de Hernán Motta Quintero, expedido el 8
de mayo de 2012.
-
Folio 8 al 12 del
cuaderno de instancia, copia de la historia de urgencias de las clínicas Pitalito
y Neiva del 10 de diciembre de 2007.
-
Folio 13 del cuaderno
de instancia, copia de la historia de urgencias de la clínica Pitalito del 2 de
marzo de 2010.
-
Folios 14 y 15 del
cuaderno de instancia, copia de la historia de urgencias de la clínica Neiva
del 5 de marzo de 2010.
-
Folios 16 y 17 del
cuaderno de instancia, copia de la historia de urgencias de la clínica Pitalito
del 21 de marzo de 2010.
-
Folios 18 y 19 del
cuaderno de instancia, copia de la historia de urgencias de la clínica Neiva
del 30 de abril de 2010.
-
Folios 20 y 21 del
cuaderno de instancia, copia de la historia de urgencias de la clínica Pitalito
del 4 de marzo de 2011.
-
Folios 22 y 23 del
cuaderno de instancia, copia de la historia de urgencias de la clínica Pitalito
del 19 de junio de 2011.
-
Folios 24 y 25 del
cuaderno de instancia, copia de evolución histórica consulta externa de la
IPS Pitalito del 4 de diciembre de 2007.
-
Folios 26 y 27 del
cuaderno de instancia, copia de evolución histórica consulta externa de la
IPS Pitalito del 6 de diciembre de 2007.
-
Folio 28 del cuaderno
de instancia, copia de evolución histórica consulta externa de la
IPS Pitalito del 10 de marzo de 2008.
-
Folio 29 del cuaderno
de instancia, copia de evolución histórica consulta externa de la
IPS Pitalito del 18 de julio de 2009.
-
Folio 30 del cuaderno
de instancia, copia de evolución histórica consulta externa de la
IPS Pitalito del 26 de febrero de 2010.
-
Folio 31
a 33 del cuaderno de instancia, copia de evolución histórica consulta externa
de la IPS Pitalito del 8 de febrero de 2012.
-
Folio 34 del cuaderno
de instancia, copia de evolución histórica consulta externa de la
IPS Los Robles del 19 de junio de 2012.
-
Folios 35 y 36 del
cuaderno de instancia, copia derecho de petición de Hernán Motta Quintero a
Saludcoop EPS con fecha de radicación 1 de noviembre de 2011.
-
Folio 37 del cuaderno
de instancia, copia respuesta derecho de petición del 14 de marzo de 2012 donde
Saludcoop EPS manifiesta que no es posible prestar los servicios solicitados.
3.
Expediente
T-3705404. Caso: Audiela Tumay Chavita contra Capresoca EPS-S.
3.1.
Hechos
La señora Audiela Tumay Chavita interpuso
demanda de tutela contra Capresoca EPS-S el 13 de septiembre de 2012, al
estimar trasgredidos sus derechos fundamentales a la vida, al debido proceso y
a la seguridad social.
Adujo que es víctima del desplazamiento
forzado del departamento de Casanare. Indicó que en el año 2010 fue operada de
un quiste en los ovarios, apendicitis aguda y peritonitis. Por tal razón, fue
remitida a Villavicencio al tener el abdomen abierto y le han practicado 8
intervenciones quirúrgicas.
Comentó que fue enviada a Villavicencio por
la médico cirujana del Hospital de Yopal, debido a que su situación era muy
delicada y debía atendérsele en una IPS de mayor nivel de complejidad, para que
le realicen cirugía de cierre de colostomía y cirugía plástica de pared
abdominal. Señaló que las ha solicitado varias veces a la
EPS, sin recibir respuesta positiva.
Solicitó la aplicación de la medida
provisional y requirió la garantía de sus derechos, ordenando a la
EPS autorizar las intervenciones en la ciudad de Villavicencio, así como el
transporte y hospedaje para ella y su acompañante.
3.2.
Actuación en el
juzgado único de instancia
El Juzgado 3º Penal del Circuito de Yopal,
mediante auto del 13 de septiembre accedió a la medida provisional invocada y
en efecto, ordenó a la EPS adelantar las gestiones para practicar los
procedimientos en la ciudad de Villavicencio.
Ese despacho judicial recepcionó
declaración de la accionante el 19 de septiembre de 2012[1], quien expresó que el
día anterior se habían comunicado con ella para informarle de la cita en Bogotá
y que debía viajar inmediatamente. Asimismo, indicó que no tiene familiares en
el Distrito Capital, ni hospedaje para su acompañante y que es demasiado
distante de Yopal.
3.3.
Contestación de
la entidad demandada
La EPS-S Capresoca solicitó se declare la improcedencia de las peticiones
de la accionante, teniendo en cuenta que no tiene contrato con ninguna IPS en
el departamento del Meta, aunado a que la remisión de la paciente es
ambulatoria y no hospitalaria. Expuso que la cirugía de pared abdominal es
estética y en esa medida, está excluida del catálogo de beneficios.
En relación con el transporte, indicó que
no recibe prima adicional de la UPC, razón por la que no puede costear ese
servicio, debiéndose aplicar el principio de la solidaridad familiar.
Se opuso a la medida provisional, toda vez
que se le garantizó la atención a la accionante mediante autorización del 14 de
septiembre de 2012, con una consulta por cirugía general para el caso de la
colostomía, el 20 de septiembre del mismo año en el Hospital Santa Clara de
Bogotá.
3.4.
Decisión
judicial objeto de revisión
El Juzgado 3º Penal del Circuito de Yopal,
en sentencia de única instancia del 27 de septiembre de 2012, negó la solicitud
de amparo de la actora, como consecuencia de la inexistencia de vulneración
alguna por parte de la EPS.  Resaltó que la autorización de la cita médica para
la valoración de la colostomía en Bogotá y no en Villavicencio, no constituye
ninguna transgresión, como se lee:
“Basándonos en la historia clínica aportada requiere de
intervenciones quirúrgicas de colostomía y plastia de pared abdominal, ante lo
cual la EPS le autorizó la colostomía consiguiéndole la cita médica con el
especialista en la ciudad de Bogotá, en la clínica Santa Clara, razón por la
cual es claro para este togado que la accionada entidad no trasgredió derechos
fundamentales.”
En torno a la cirugía de pared abdominal,
adujo que no está en el POS, por tanto la entidad accionada no está obligada a
asumir su cobertura. Específicamente el fallador adujo:
“Ahora bien, en cuanto a la autorización de la cirugía plástica en
pared abdominal, está claro para este togado que no se encuentra dentro del
POS, razón por la cual, la EPS no está obligada a asumir su cobertura, no
obstante, una vez practicada la colostomía se deberá realizar un análisis por
parte de medicina especializada con el objeto de determinar si la realización
de esta cirugía plástica corresponde a cirugía estética o funcional.”
Por último, advirtió que no accedería a
ordenar los gastos de transporte, con base en la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y en que la accionante no demostró ni expresó la carencia
de recursos económicos para sufragar esos costos, en los siguientes términos:
“Finalmente, encuentra este despacho que no es posible ordenar a la
entidad accionada el pago de la logística necesaria (transporte, alimentación y
hospedaje) para el acompañamiento de un acudiente a la cuidad donde la entidad
tenga convenio para la realización de la cirugía.
En suma la accionante no demostró y ni siquiera manifestó no contar
con los recursos económicos suficientes para cubrir sus gastos de transporte y
los demás gastos que se ocasionen para el posible acudiente, razón por la cual
tampoco se puede acceder a esta petición.”
3.5.
Actuación en
sede de revisión
3.5.1. En proveído del 26 de febrero de 2013, esta Sala de Revisión ordenó
la vinculación de la Secretaría de Salud Departamental de Casanare, puesto que
podría verse afectada con lo que finalmente se decida en este proceso. Además,
se libró despacho comisorio para que el juez de instancia recibiera la
ampliación de la versión de la accionante.
En igual
sentido, se decretó como medida provisional, que la
EPS accionada adelantara los trámites tendientes para asegurar que la señora
Audiela Tumay Chavita le sean autorizadas las intervenciones quirúrgicas de
cierre de colostomía y plastia de pared abdominal, y puedan realizarse en el
menor tiempo posible en la ciudad que determine la
EPS, asumiendo los costos de transporte y hospedaje.
3.5.2. El 8 de marzo de 2013, Capresoca EPS adujo que según la epicrisis
del servicio de cirugía general y tórax del Hospital de Santa Clara E.S.E., la
señora Audiela Tumay, ingresó a dicha institución prestadora de servicios de
salud para la práctica del procedimiento quirúrgico de cierre de colostomía, el
día 5 de diciembre de 2012 y egresó de la
IPS el día 9 de diciembre de 2012. Adicionalmente, se le entregaron las
órdenes médicas para control por consulta externa por la especialidad de
cirugía general en 6 meses.
En ese orden de
ideas, la EPS manifestó que ha garantizado la atención que ha requerido la
accionante; respecto de la orden de asumir provisionalmente los costos de
transporte, señaló estar cumpliendo bajo la figura administrativa de reembolso;
en relación con el alojamiento, cuenta con un convenio con un albergue para el
momento en que se requiera.
3.5.3.
La Secretaría de Salud Departamental de Casanare el 12
de marzo de 2013, afirmó que la
EPS Capresoca como entidad responsable respecto de la cirugía de cierre de
colostomía, no ha querido autorizarla bajo el argumento de que está excluida
expresamente del POS según el artículo 49 del Acuerdo 029 de 2011.
Además refirió
que la jurisprudencia constitucional ha señalado las implicaciones en la salud
mental y dignidad de los pacientes que requieren una cirugía plástica, no como
un proceso de embellecimiento, sino como un proceso reconstructivo de salud.
En virtud de lo anterior, la entidad territorial indicó que la responsabilidad
de los servicios y procedimientos requeridos por la señora Audiela Tumay
Chavita deben ser asumidos por Capresoca EPS, puesto que no existe la exclusión
del servicio requerido.
3.6.
Pruebas
-
Folios 4 y 5 del cuaderno de instancia, copia de
formulación de consulta externa expedida por la clínica del Casanare.
-
Folio 6 del cuaderno de instancia,  copia de la
cédula de ciudadanía y copia de carné de afiliación de la accionante.
-
Folio 7 del cuaderno de instancia, copia de
historia clínica de la accionante.
-
Folio 8 del cuaderno de instancia, copia de
solicitud de remisión de pacientes.
-
Folio 9 del cuaderno de instancia, copia de
fórmula médica expedida por el Hospital de Yopal.
-
Folio 10 del cuaderno de instancia, copia de
respuesta a derecho de petición de división del núcleo familiar de la actora en
el registro único de población desplazada.
-
Folio 11 del cuaderno de instancia, fotografías
de la accionante.
-
Folio 25 del cuaderno de instancia, copia de
autorización de servicios médicos asistenciales, colostomía, para la señora
Audiela Tumay.
-
Folio 9 del cuaderno de revisión, copia de
comunicación interna de Capresoca EPS-S que informa sobre el cumplimiento del
fallo de tutela.
-
Folio 10 del cuaderno de revisión, copia de la
epicrisis de cirugía general y tórax expedido por el Hospital Santa Clara.
-
Folio 10 del cuaderno de revisión, copia de la
orden médica el 14 de diciembre de 2012
a la usuaria, para control en 6 meses por cirugía general.
-
Folios 12
a 15 del cuaderno de revisión, copia de las órdenes médicas posoperatorias.
4.
Expediente
T-3707429. Caso: María Mercedes Echavarría Echavarría contra Coosalud EPS-S y la
Dirección Seccional de Salud de Antioquia.
4.1.
Hechos
La señora María
Mercedes Echavarría Echavarría inició acción de tutela contra Coosalud EPS-S y la
Dirección Seccional de Salud de Antioquia, el 30 de agosto de 2012.
Señaló que sufre
insuficiencia renal crónica, hipertensión y que una de sus piernas fue amputada
por diabetes. Manifestó que la EPS le ha cumplido con los medicamentos
requeridos y con la autorización del procedimiento de hemodiálisis que debe
practicarse día de por medio durante 4 horas, en la ciudad de Montería.
Afirmó que el
desplazamiento desde el lugar donde reside –Zaragoza Antioquia– hasta Montería,
tiene costos que no puede pagar, puesto que no puede trabajar por sus
enfermedades y la interrupción de ese tratamiento puede poner en riesgo su
vida.
En esa medida,
solicitó el amparo constitucional de sus derechos a la salud, vida digna y
libertad de locomoción, ordenando a las entidades accionadas que asuman todos
los gastos de transporte, debido a que es su responsabilidad dentro de la
atención en salud.
4.2.
Contestación de las entidades demandadas
4.2.1.
Coosalud EPS-S indicó que si una persona no
puede acceder a un servicio expresamente excluido, se activa el principio de
solidaridad familiar, para que sus parientes cercanos cancelen los valores
correspondientes.
Aseveró que la
accionante nunca informó sobre la falta de recursos para trasladarse, ni que
haya dejado de asistir a las citas.
Arguyó que la
Dirección Seccional de Salud es la competente para garantizar los servicios
excluidos del POS-S.
4.2.2.
La Dirección Seccional
de Salud de Antioquia afirmó que la competencia de las prestaciones requeridas
por la actora, radica en la EPS, luego que el ente territorial solo funge como
administrador de los recursos asignados en virtud de la
Ley 715 de 2001. En tal medida, no puede malgastar los rubros en asignaciones
diferentes como viáticos, transporte y demás erogaciones que impliquen el desplazamiento,
en tanto se le estaría restando oportunidades para otro afiliado que sí
requiera un servicio de salud.
4.3.
Actuación en el
juzgado único de instancia
El Juzgado
Promiscuo Municipal de Zaragoza, Antioquia, recepcionó declaración a la hija de
la accionante el 3 de septiembre de 2012, quien manifestó que su mamá se
encontraba en la ciudad de Montería practicándose la hemodiálisis. De igual
forma, adujo que la señora Echavarría requiere la ayuda de alguien para poderse
desplazar en todo momento, y que está dedicada exclusivamente al tratamiento
médico que debe hacerse día de por medio.
Expresó que su
progenitora no tiene pensión, ni ningún ingreso adicional, recibe colaboración
económica de sus hijos esporádicamente, cuando tienen “un pesito de mas (sic)”.
Informó que han adquirido muchas deudas para poder cubrir los costos del
traslado, el hospedaje, a veces el hogar de paso donde se queda y la comida.
4.4.
Decisión objeto de revisión
El Juzgado
Promiscuo Municipal de Zaragoza, Antioquia, profirió sentencia única de
instancia el 7 de septiembre de 2012, en la que negó la protección
constitucional invocada por la actora, puesto que está probado que la
EPS ha suministrado todos los servicios que aquella ha requerido, incluso se
le practica la hemodiálisis desde 2008. Adicionalmente, bajo el fundamento que
no se acreditó que se hubiere solicitado a la
EPS la prestación del servicio de transporte o su equivalente en dinero con
anterioridad al escrito de tutela, como se lee:
“Así las cosas, era preciso que la accionante acreditara con la
presentación de la acción de tutela que había elevado la solicitud de gastos
de transporte para ella y su acompañante, de manera tal que se hubiere
obtenido una respuesta de la E.P.S. COOSALUD que necesariamente constituiría el
fundamento de la acción, en caso de haber sido negativa, pues es claro, que NO
SE PUEDE PRESUMIR LA NEGACIÓN DE UN SERVICIO CUANDO NO SE HA RECURRIDO A ELLA
PREVIAMENTE CON LA SOLICITUD PERTINENTE.
Es propicio señalar, que el hecho de que en ésta sentencia se
despache desfavorablemente las pretensiones de la accionante, no es óbice para
que una vez saneado el requisito de procedibilidad señalado, la
E.P.S. estudie la petición, que si ella considera puede evaluar, y de acuerdo
a su respuesta en caso de ser negativa u omisiva pueda nuevamente la citada
señora intentar por la vía Constitucional la protección de sus derechos
fundamentales amenazados o vulnerados sin desconocer la Jurisprudencia Nacional.” (Subrayas originales)
4.5.
Actuación en sede de revisión
A través de auto
del 26 de febrero de 2013, esta Sala de Revisión ordenó la medida provisional
pertinente para que Coosalud EPS-S adelantara los trámites tendientes para
asegurar que la señora María Mercedes Echavarría Echavarría pueda comparecer a
los procedimientos médicos de hemodiálisis en la ciudad de Montería, asumiendo
los costos derivados del transporte y alojamiento para ella y su acompañante.
Hasta el momento no se ha recibido informe de cumplimiento de la providencia en
mención.
4.6.
Pruebas
-
Folio 6 del cuaderno de
instancia, copia constancia expedida por la
Flota Nordeste S.A. Sede Zaragoza Antioquia el 30 de agosto de 2012.
-
Folio 7 del cuaderno de
instancia, copia cédula de ciudadanía de María Mercedes Echavarría Echavarría.
-
Folio 8 del cuaderno de
instancia, copia fórmula médica Fresenius Medical Care del 23 de agosto de
2012, firmada por el Dr. Efraín Puche Martínez.
-
Folio 9 del cuaderno de
instancia, copia carta de Fresenius Medical Care a la señora María Mercedes
Echavarría Echavarría, manifestándole su preocupación por la no asistencia a
las sesiones de diálisis, con fecha 1º de febrero de 2012.
-
Folio 10 del cuaderno
de instancia, copia del carné de afiliación de María Mercedes Echavarría
Echavarría, a la EPS Coosalud.
-
Folios 11
a 15 del cuaderno de instancia, acción de tutela promovida por María Mercedes
Echavarría Echavarría, contra EPS Coosalud, con fecha de recibido 30 de agosto
de 2012.
-
Folios 25
a 28 del cuaderno de instancia, respuesta de Coosalud E.P.S. a la acción de
tutela interpuesta, del 31 de agosto de 2012.
-
Folios 33
a 35 del cuaderno de instancia, declaración juramentada de Yadira Yorley
Restrepo Echavarría, hija mayor de la señora María Mercedes Echavarría
Echavarría,  del 3 de septiembre de 2012.
-
Folios 36 y 37 del
cuaderno de instancia, respuesta de la
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de la
Gobernación de Antioquia a la acción de tutela, con fecha de recibido 5 de
septiembre de 2012.
-
Folios 38
a 41 del cuaderno de instancia, certificado catastral de la
Secretaría de Hacienda y Tesorería del municipio de Zaragoza, Antioquia, a
nombre de la señora María Mercedes Echavarría Echavarría, con fecha de radicado
4 de septiembre de 2012.
-
Folio 42 del cuaderno
de instancia, certificado del Banco Agrario de Colombia, oficina Zaragoza,
Antioquia, donde consta la existencia de una cuenta de ahorros a nombre de la
señora María Mercedes Echavarría Echavarría, del 6 de septiembre de 2012.
II. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
Esta Sala es
competente para revisar las presentes decisiones de tutela, de conformidad con
lo previsto en los artículos 86 y 241 de la
Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones
pertinentes.
2. Problema Jurídico
Conforme lo
expuesto, la Sala encuentra necesario abordar los siguientes problemas jurídicos:
¿Una entidad
promotora de salud que autoriza las prestaciones requeridas para atender el
diagnóstico de un paciente, en un municipio distinto a su domicilio, vulnera
los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud de esa persona – menor
o mayor de edad –, al no suministrarle los gastos de transporte y alojamiento
necesarios para que pueda desplazarse hasta allí y así acceder a los servicios
que requiere?
¿Una entidad
promotora de salud vulnera los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud
de una persona, al no autorizar ni suministrar una prestación incluida en el
plan de beneficios, que fue formulada por su médico tratante y requiere con
necesidad?
Para resolver los
anteriores interrogantes, la Sala abordará los siguientes temas: i.
flexibilización del juicio de procedibilidad de la acción en materia de derecho
a la salud; ii. la fundamentalidad del derecho a la salud y los principios que
la inspiran; iii. el derecho a la salud de los niños y las niñas; iv. la
cobertura de transporte y alojamiento en virtud del principio de integralidad
en salud; v. el financiamiento de los gastos de traslados y hospedaje para el
paciente y su acompañante; vi. carencia actual de objeto por hecho superado; y
vii. se resolverán las solicitudes de protección de derechos planteadas en los casos
concretos.
3.
Flexibilización
del juicio de procedibilidad de la acción en materia de derecho a la salud.
3.1. La acción
de tutela fue consagrada en la Constitución con el objetivo de garantizar los
derechos fundamentales de las personas cuando éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o por
particulares para los casos que ha establecido la ley[2]. No obstante,
la solicitud de amparo no sustituye los medios ordinarios de defensa ante los
jueces o autoridades administrativas por lo que goza de un carácter subsidiario
y residual.
De este modo, la
Corte ha señalado que dos de las características esenciales de dicha figura
son la inmediatez y la subsidiariedad. La primera de ellas en tanto “que
la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que
se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del
derecho objeto de violación o amenaza”[3].
La segunda
debido a  que “sólo resulta procedente instaurar la acción en subsidio
o a falta de instrumento constitucional o legal diferente, susceptible de ser
alegado ante los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio
judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable”[4].
3.2. En cuanto a
la inmediatez, esta corporación ha indicado que la petición de amparo “debe
ejercerse dentro de un término oportuno, justo y razonable, circunstancia que
deberá ser calificada por el juez constitucional de acuerdo con los elementos
que configuran cada caso”[5]. En
este sentido, ha explicado que con tal exigencia “se pretende evitar
que este mecanismo de defensa judicial se emplee como herramienta que premia la
desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor
de inseguridad jurídica”.
La Corte ha considerado que la oportunidad en la
presentación de la acción de tutela tiene una relación directa con el objetivo
que la Constitución le atribuye de brindar una protección célere. De este modo,
cuando ella no sea posible debido a la inactividad injustificada del interesado,
se cierra la vía excepcional del amparo constitucional y el accionante debe
acudir a las instancias ordinarias, con
algunas salvedades[6].
3.3. En lo que
se refiere a la subsidiariedad, este tribunal ha señalado que “la acción de
tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la trasgresión o la amenaza
de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de
lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro del
ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna a
circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas específicas, el
afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión frente
a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho fundamental. De allí que,
como lo señala el artículo 86 de la
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un medio judicial
apto para la defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”[7].
Así las cosas,
es necesario resaltar que la existencia de otro medio judicial no hace de por
sí improcedente la intervención del juez de tutela ya que se deben observar dos
condiciones especiales[8]:
i. los mecanismos alternos con que cuenta el interesado deben ser idóneos,
esto es, aptos para obtener la protección requerida, con la urgencia que sea
del caso; y ii. a pesar de la existencia de otras vías de defensa
resultará procedente el amparo constitucional cuando se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable[9].
3.4. En este
punto, se destaca que este tribunal ha advertido que el juicio de
procedibilidad del amparo debe ser menos estricto cuando se trata de sujetos de
especial protección constitucional. Precisamente, ha señalado que “existen
situaciones especiales en las que el análisis de procedencia de la acción debe
desatarse de manera más amplia y permisiva, en atención a la especial
naturaleza de las personas que solicitan la protección de sus derechos
constitucionales fundamentales[10]”[11].
Así las cosas,
el fallador debe valorar las condiciones específicas del beneficiario del
amparo, por cuanto la presencia de sujetos de especial protección
constitucional como los niños y niñas, las personas que padecen alguna
discapacidad, las mujeres embarazadas y los adultos mayores, entre otros,
flexibiliza el examen general de procedibilidad de la acción, como lo ha
sostenido la jurisprudencia constitucional:
“Esta Corte ha manifestado que si bien los jueces de
tutela deben ser estrictos en la aplicación de estos requisitos, para efectos
de hacer valer el carácter subsidiario de la acción de tutela, existen
situaciones en las que el análisis de procedibilidad de la tutela se debe
efectuar en forma más amplia -esto es, menos estricta-, dada la naturaleza de
las personas que solicitan amparo para sus derechos fundamentales: se trata de
los casos en que estén de por medio los derechos de cualquiera de los sujetos de
especial protección constitucional, tales como niños, mujeres cabeza de
familia, ancianos, miembros de minorías o personas en condiciones de extrema
pobreza. En tales situaciones, los jueces deben estudiar las características
del perjuicio irremediable arriba explicadas con un criterio de admisibilidad
más amplio, para así materializar, en el campo de la acción de tutela, la
particular atención y protección que el Constituyente otorgó a estas personas,
dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad.[12] ” [13]
De esta forma,
se reitera que el juez debe determinar, a partir de un análisis detallado de
las circunstancias específicas del accionante, si la acción debe ser utilizada
como mecanismo definitivo o transitorio. Además, deberá verificar si el medio
ordinario de defensa resulta eficaz e idóneo o si se requiere una decisión para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
4.
La fundamentalidad del derecho a la salud
y los principios que la inspiran. Reiteración de jurisprudencia.
4.1.
La Constitución Política consagra el derecho a la
seguridad social[14]
y determina que la salud es un servicio público esencial a cargo del Estado[15]. Este tribunal ha
desarrollado paulatinamente el derecho a la salud y a través de la
jurisprudencia se ha dedicado a determinar las pautas de su aplicación, alcance
y defensa, tal como se explicará sucintamente a continuación.
En un primer
momento, se justificó la procedibilidad de la tutela en virtud de la conexidad
con los derechos fundamentales contemplados en el texto constitucional[16]. Al mismo tiempo, la
protección autónoma de la salud se concedía solamente cuando el accionante era
menor de edad, en concordancia con lo prescrito en el artículo 44 superior y,
en general, cuando el titular del derecho era un sujeto de especial protección[17].
4.2.    Sin embargo, la Corte modificó su jurisprudencia al postular que el
derecho a la salud, por su relación y conexión directa con la dignidad humana,
es instrumento para la materialización del Estado social de derecho y por
tanto, ostenta la categoría de fundamental. Dicha posición fue adoptada a
partir de la Sentencia T-859 de 2003[18],
en la cual esta corporación consideró:
“Así las cosas, puede sostenerse que tiene naturaleza
de derecho fundamental, de manera autónoma, el derecho a recibir la atención de
salud definidas en el Plan Básico de Salud, el Plan Obligatorio de Salud y el
Plan Obligatorio de Salud Subsidiado –Ley 100 de 1993 y sus normas
complementarias -, así como respecto de los elementos derivados de las
obligaciones básicas definidas en la
Observación General N°14. Lo anterior por cuanto se han definido los
contenidos precisos del derecho, de manera que existe un derecho subjetivo
claro a favor de quienes pertenecen a cada uno de los subsistemas
–contributivo, subsidiado, etc.-. La Corte ya se había pronunciado sobre ello
al considerar el fenómeno de la transmutación de los derechos prestacionales en
derechos subjetivos.
La naturaleza de derecho fundamental que tiene el
derecho a la salud en los términos del fundamento anterior, implica que
tratándose de la negación de un servicio, medicamento o procedimiento
establecido en el P.O.S., se estaría frente a la violación de un derecho
fundamental. No es necesario, en este escenario, que exista amenaza a la vida u
otro derecho fundamental, para satisfacer el primer elemento de procedibilidad
de tutela: violación o amenaza de un derecho fundamental.”
Adicionalmente
este tribunal ha precisado que la protección del derecho mediante la acción de
tutela se limita “argumentando la fundamentalidad del derecho a la salud en
lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los servicios
contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley, la
jurisprudencia y los planes obligatorios de salud, con la necesidad de proteger
una vida en condiciones dignas, sin importar cuál sea la persona que lo
requiera.”[19]
En tal sentido,
la jurisprudencia constitucional ha manifestado que si se cumplen los
requisitos establecidos en la regulación legal y reglamentaria que determinan
las prestaciones obligatorias en salud, así como los criterios de acceso al
sistema, todas las personas pueden hacer uso de la acción de tutela para
obtener la protección efectiva de su derecho fundamental a la salud ante cualquier
amenaza o violación[20].
De esta forma,
actualmente la Corte reconoce que el derecho a la salud tiene el carácter de
fundamental, posición asumida claramente en la
Sentencia T-760 de 2008, en los siguientes términos:
“El reconocimiento de la salud como un derecho
fundamental en el contexto constitucional colombiano, coincide con la evolución
de su protección en el ámbito internacional. En efecto, la génesis y desenvolvi­miento
del derecho a la salud, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito
regional, evidencia la fundamentalidad de esta garantía. (…) El Comité [de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales] advierte que ‘todo ser humano tiene
derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir
dignamente’,[21]
y resalta que se trata de un derecho ampliamente reconocido por los tratados y
declaraciones internacionales y regionales, sobre derechos humanos.[22]
Observa el Comité que el concepto del ‘más alto nivel posible de salud’
contemplado por el PIDESC (1966), tiene en cuenta tanto las condiciones
biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con que
cuenta el Estado, en tal sentido es claro que éste no está obligado a
garantizar que toda persona goce, en efecto, de ‘buena salud’, sino a
garantizar ‘toda una gama de facilidades, bienes y servicios’ que aseguren el
más alto nivel posible de salud.[23]”
4.3.    Cabe señalar que para esta corporación la salvaguardia del derecho
fundamental a la salud se debe conceder, conforme los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad del sistema general de seguridad social,
expresamente consagrados en el artículo 49 superior. Además, ha indicado que
las garantías de acceso a los servicios de salud están estrechamente
relacionadas con algunos de los principios de la seguridad social,
específicamente la integralidad y la continuidad. En la
Sentencia T-760 de 2008 se consideró:
“Cuando el servicio incluido en el POS sí ha sido
reconocido por la entidad en cuestión, pero su prestación no ha sido
garantizada oportunamente, generando efectos tales en la salud, como someter a
una persona a intenso dolor, también se viola el derecho a la salud y debe ser
objeto de tutela por parte del juez constitucional.[24] Cuando
el acceso a un servicio de salud no es prestado oportunamente a una persona,
puede conllevar además de un irrespeto a la salud por cuanto se le impide
acceder en el momento que correspondía a un servicio de salud para poder
recuperarse, una amenaza grave a la salud por cuanto la salud puede
deteriorarse considerablemente.
(…)De forma similar, los servicios de salud que se
presten a las personas deben ser de calidad. Para las entidades obligadas a
garantizar la prestación del servicio, respetar ese derecho, supone, por
ejemplo, que a la persona no se le debe entregar un medicamento u otro tipo de
servicio médico de mala calidad, que desmejore la salud de la persona.[25]
Si bien los conceptos de oportunidad, eficiencia y
calidad de los servicios de salud comprenden muchos aspectos, la jurisprudencia
constitucional se ha ocupado frecuentemente de problemas recurrentes a los
cuales ha respondido aludiendo al principio de integralidad y al principio de
continuidad, entre otros.”
De esta forma,
los principios de integralidad y continuidad, inmersos en las garantías de
acceso, influyen claramente en la construcción de la fundamentalidad del
derecho. Esto implica que el servicio sea prestado de forma ininterrumpida,
completa, diligente, oportuna y de calidad.
4.4.    Dando alcance a lo referido anteriormente, esta Sala abordará el
análisis del principio de continuidad en las prestaciones de salud[26],
que conlleva la ejecución de los procedimientos de forma ininterrumpida,
constante y permanente, sin que sea aceptable su suspensión sin una
justificación constitucional pertinente. En desarrollo de este, puntualmente la
Sentencia T-760 de 2008 expuso:
“Se garantiza pues, que el servicio de salud no sea
interrumpido, súbitamente, antes de la recuperación o estabilización del
paciente.[27]
Para la jurisprudencia “(…) puede hacerse la distinción entre la relación jurídica-
material, esto es la prestación del servicio que se materializa en una
obligación de medio o de resultado según el caso, y la relación
jurídica-formal, que se establece entre la institución y los usuarios.”[28]
Una institución encargada de prestar el servicio de salud, puede terminar la
relación jurídico–formal con el paciente de acuerdo con las normas
correspondientes, pero ello no implica que pueda dar por terminada
inmediatamente la relación jurídica–material, en especial si a la persona se le
está garantizando el acceso a un servicio de salud.”
En cuanto a este
principio la Corte, en Sentencia C-800 de 2003, estableció cuáles son los
eventos constitucionalmente aceptables en relación a la determinación de
interrumpir inesperadamente el servicio por parte de las EPS:
“Por otra parte, también se ha ido precisando en cada
caso, si los motivos en los que la EPS ha fundado su decisión de interrumpir el
servicio son constitucionalmente aceptables. Así, la jurisprudencia, al fallar
casos concretos, ha decidido que una EPS no puede suspender un tratamiento o un
medicamento necesario para salvaguardar la vida y la integridad de un paciente,
invocando, entre otras, las siguientes razones: (i) porque la persona encargada
de hacer los aportes dejó de pagarlos;[29] (ii) porque el
paciente ya no está inscrito en la EPS correspondiente, en razón a que fue
desvinculado de su lugar de trabajo;[30]
(iii) porque la persona perdió la calidad que lo hacía beneficiario[31];
(iv) porque la EPS considera que la persona nunca reunió los requisitos para
haber sido inscrita, a pesar de ya haberla afiliado;[32] (v)
porque el afiliado se acaba de trasladar de otra EPS y su empleador no ha hecho
aún aportes a la nueva entidad;[33]
o (vi) porque se trata de un servicio específico que no se había prestado antes
al paciente, pero que hace parte integral de un tratamiento que se le viene
prestando.[34]”
La
jurisprudencia ha reconocido cuatro eventos constitucionalmente admisibles para
la suspensión del servicio, pero al mismo tiempo ha conferido especial
trascendencia al principio de continuidad en salud y a la obligación que tienen
las entidades encargadas de materializarlo.
De esta forma,
les ha vedado la posibilidad de suspender súbitamente la atención habiéndose
iniciado los tratamientos o administrado los medicamentos, si como efecto de
esta interrupción se vulneran o amenazan derechos fundamentales. Por tal motivo
se ha exigido a la institución continuar con la prestación médica hasta tanto
se supere la enfermedad o hasta que otra similar asuma la asistencia a que haya
lugar[35].
4.5.
En el mismo sentido, se encuentra el principio
de integralidad[36],
entendido como el deber que tienen las EPS de otorgar los servicios,
procedimientos, tratamientos, medicamentos y seguimiento necesarios para
mejorar el estado de salud de los usuarios del sistema, respetando los límites
que regulan las prestaciones de salud[37].
Al respecto,
esta corporación en sentencia T-760 de 2008 manifestó:
“El principio de integralidad ha sido postulado por la
Corte Constitucional ante situaciones en las cuales los servicios de salud
requeridos son fraccionados o separados, de tal forma que al interesado la
entidad responsable solo le autoriza una parte de lo que debería recibir para
recuperar su salud y lo obliga a costearse por sí mismo la otra parte del
servicio médico requerido. Esta situación de fraccionamiento del servicio tiene
diversas manifestaciones en razón al interés que tiene la entidad responsable
en eludir un costo que a su juicio no le corresponde asumir.
Este principio ha sido desarrollado en la jurisprudencia de la
Corte Constitucional con base en diferentes normas legales[38] y se
refiere a la atención y el tratamiento completo a que tienen derecho los
usuarios del sistema de seguridad social en salud, según lo prescrito por el
médico tratante.
Al respecto ha dicho la Corte que ‘(…) la atención y el tratamiento
a que tienen derecho los pertenecientes al sistema de seguridad social en salud
cuyo estado de enfermedad esté afectando su integridad personal o su vida en
condiciones dignas, son integrales; es decir, deben contener todo cuidado,
suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de
rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo
otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno
restablecimiento de la salud del paciente[39] o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en
mejores condiciones; y en tal dimensión,
debe ser proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas de prestar
el servicio público de la seguridad social en salud’ [40].” (Negrilla fuera de texto original)
Cabe resaltar
que este principio no implica que el paciente pueda solicitar que se le presten
todos los servicios de salud que desee. Quien tiene la capacidad de definir
cuáles procedimientos o medicamentos son requeridos por el usuario es el médico
tratante adscrito a la EPS. Tampoco se da por cumplido con la aplicación de un
tratamiento médico meramente paliativo, sino  solamente con la suma de todos
los servicios requeridos para que el diagnóstico evolucione favorablemente.
Así las cosas,
colige la Corte que el principio de integralidad funge como complemento a la
normatividad vigente para que la persona reciba una atención de calidad y
completa, confinada a mejorar su condición y su estado de salud[41]. Los afiliados tienen derecho a que la prestación del servicio sea
óptima, en el sentido de que los actores del sistema cumplan con la finalidad
primordial de éste, es decir, brindar una atención oportuna, eficiente y de
calidad, en conclusión “el derecho a la salud debe entenderse como un
derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y
condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud”[42].
Como
consecuencia de lo expuesto, la Sala concluye que la fundamentalidad del
derecho a la salud se hace efectiva a partir del cumplimiento de los principios
de continuidad, integralidad y la garantía de acceso a los servicios, entre
otros. Con base en ello, está constitucionalmente prohibido, salvo las
excepciones previstas en la sentencia C-800 de 2003, que una entidad abandone
el tratamiento al que se somete a una persona, su evolución diagnóstica y la
búsqueda de alternativas para confrontar la enfermedad.
5.
El derecho a la
salud de los niños y las niñas.
5.1.    El artículo 44 constitucional consagra la prevalencia de los
derechos de los niños y las niñas sobre los de los demás. Esta norma establece
de forma expresa los derechos a la vida, la integridad física, la salud y la
seguridad social de los menores de edad son fundamentales. Asimismo, dispone
que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y
proteger al niño o niña para asegurar su desarrollo armónico e integral y el
ejercicio pleno de sus garantías.
Esta decisión del constituyente se fundamentó en las condiciones de
debilidad inherentes a todos los seres humanos durante esa etapa de la vida y
en la obligación del Estado de “promover las condiciones para que el
principio de igualdad se aplique en forma real y efectiva, así como a la
necesidad de adoptar medidas en favor de quienes, en razón de su edad, se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta”[43].
Ahora bien, la protección especial de los niños y las niñas en
materia de salud, también ha sido reconocida en diversos tratados
internacionales ratificados por Colombia y que hacen parte del bloque de
constitucionalidad al tenor del artículo 93 de la
Carta de 1991[44].
5.2.    En virtud de estas normas, la
Corte Constitucional ha establecido que los niños y las niñas, por encontrarse
en condición de debilidad, merecen mayor protección, de forma tal que se
promueva su dignidad[45].
También ha afirmado que sus derechos, entre ellos la salud, tienen un carácter
prevalente en caso de que se presenten conflictos con otros intereses[46].
Adicionalmente, atendiendo al carácter de fundamental del derecho,
la acción de tutela procede directamente para salvaguardarlo sin tener que
demostrar su conexidad con otra garantía[47], incluso en los casos
en los que los servicios requeridos no estén incluidos en el Plan Obligatorio
de Salud. Igualmente, ha sostenido que cuando se vislumbre su vulneración o
amenaza, el juez constitucional debe exigir su protección inmediata y
prioritaria[48].
5.3.    De todo lo anterior se colige que los menores de edad gozan de un
régimen de protección especial en el que prevalecen sus derechos sobre los de
los demás y que cualquier vulneración a su salud exige una actuación inmediata
y prioritaria por parte de todas las autoridades públicas, incluyendo al juez
constitucional. Por ende, cuando la falta de suministro del servicio médico
afecta los derechos a la salud, a la integridad física y a la vida de los niños
y las niñas, se deberán modular o inaplicar las disposiciones que restrinjan el
acceso a los servicios que requieren, teniendo en cuenta que tales normas de
rango inferior impiden el goce efectivo de sus garantías superiores.
En síntesis, los
infantes requieren de una atención en salud idónea, oportuna y prevalente,
respecto de la cual toda entidad pública o privada tiene la obligación de
garantizar su acceso efectivo a los servicios como lo ordena el artículo 50 superior[49],
en concordancia con los principios legales de protección integral[50] e interés superior de
los niños y niñas[51].
6.
Cobertura de transporte y alojamiento en virtud del principio de
integralidad en salud.
6.1.    Como se mencionó
anteriormente[52],
el artículo 48 constitucional le atribuye a la seguridad social una doble
naturaleza; la primera, como servicio público de obligatoria prestación por el
Estado y los particulares autorizados y, la segunda, como un derecho
garantizado a todos los ciudadanos. Con fundamento en dicho mandato, el
legislador desarrolló el Sistema General de Seguridad Social con la
Ley 100 de 1993[53].
Esta norma consagró, entre otros
temas, la obligación de garantizar a los afiliados al
Sistema General de Seguridad Social en Salud la atención de los servicios del
Plan Obligatorio de Salud[54],
que comprende un modelo integral de protección “con atención preventiva, médico-quirúrgica y medicamentos
esenciales”[55]. Con base en tal normativa, el Gobierno Nacional se ha
encargado de definir el conjunto de prestaciones concretas a cargo de las
entidades que conforman el Sistema y de las cuales es posible exigir su
efectivo cumplimiento.
6.1.1. De forma específica, el Acuerdo
029 de 2011 proferido por la Comisión de regulación en Salud -CRES-, señala en
su artículo 42[56]
que el Plan Obligatorio de Salud incluye el transporte en ambulancia para el
traslado entre instituciones prestadoras de servicios de salud, dentro del
territorio nacional, para aquellos usuarios que requieran un servicio no
disponible en la institución remisora.
Igualmente, dispone que se
garantiza el servicio de transporte para el paciente que requiere cualquier
evento o tratamiento previsto por el acuerdo atendiendo: i. el estado de salud
del paciente, ii. el concepto del médico tratante y iii. el lugar de remisión.
En consecuencia, aunque el transporte debe ofrecerse en ambulancia, este no es
el único modo de garantizarlo, ya que se permite la utilización de los medios
disponibles.
6.1.2. Adicionalmente, el artículo 43 del
acuerdo mencionado[57]
se ocupa del transporte del paciente ambulatorio y dispone que tal servicio
debe ser cubierto con cargo a la prima adicional de las unidades de pago por
capitación respectivas, en las zonas geográficas en las que se reconozca por
dispersión.
De ahí que si un usuario del
Sistema de Salud requiere ser remitido a un municipio diferente al de residencia
con el fin de acceder a un servicio médico y al lugar de remisión se le
reconoce una UPC adicional, el transporte está incluido en el POS y deberá ser
cubierto por la EPS a la cual se encuentra afiliado.
Ahora bien, de lo anterior se
podría concluir que cuando el municipio remisor no cuenta con una UPC
diferencial mayor, el transporte debe ser asumido por el afiliado o su familia.
Sin embargo, la Resolución 5261 de 1994 consagró dos excepciones: por un lado, los
casos de urgencia debidamente certificada y, por otro, los
pacientes internados que requieran atención complementaria[58].
6.2.    Sobre este tema,
la Corte Constitucional ha sostenido que, aunque el transporte y el hospedaje
del paciente y su acompañante no constituyen servicios médicos, hay ciertos
casos en los cuales el acceso efectivo y real al servicio de salud depende de
la ayuda para garantizar el desplazamiento al lugar donde será prestada la
atención[59].
Este tribunal ha considerado, a
partir del principio de solidaridad sobre el que descansa el derecho a la
seguridad social, que cuando un usuario del Sistema de Salud es remitido a un
lugar diferente al de su residencia para recibir la atención médica prescrita
por su galeno tratante, debido a que su EPS no cuenta con disponibilidad de
servicios en el lugar de afiliación, los gastos que se originen por el
transporte y la estadía deben ser asumidos por el paciente o su familia[60].
No obstante, se ha establecido
como excepción a la anterior regla el caso de los usuarios que son remitidos a
un municipio diferente al de su residencia, pero ni ellos ni su familia cuentan
con la capacidad económica para asumir el costo del transporte. En tal sentido,
se adoptaron los conceptos de accesibilidad económica y física para analizar la
protección constitucional en términos de gastos de traslado, como se cita a
renglón seguido:
“Este
conflicto, que contraría la garantía de accesibilidad económica del derecho a
la salud, es recurrente y no en pocas ocasiones ha sido resuelto por esta Corte
en sede de tutela. Para ello, la corporación ha hecho referencia a múltiples
fuentes, como son los elementos derecho internacional público, a propósito del
contenido mínimo del derecho fundamental a la salud, y su relación con las
disposiciones legales y reglamentarias sobre el derecho al transporte, como
medio para acceder a los servicios de salud que se requieren con necesidad.
3.2.1.1. Pues bien,
esta corporación integró al desarrollo constitucional del derecho fundamental a
la salud, el elemento de accesibilidad y sus cuatro dimensiones. Por tratarse
de criterios generales sobre las condiciones mínimas en que los usuarios deben
acceder a los servicios que brinda el Sistema de Salud, tales dimensiones son
protegidas por vía de tutela.[61]
Específicamente,
cuando una persona requiere un servicio de salud en un municipio diferente al
de residencia, el cual supone gastos de transporte, para todos los casos, y
gasto de estadía, en algunos de ellos, estamos frente a dos elementos
esenciales del derecho a la salud: la accesibilidad física y la accesibilidad
económica.
3.2.1.2. La Corte ha adoptado
la accesibilidad física para significar que no en todos los casos de acceso a
los servicios de salud, los usuarios van a poder acceder a ellos en su lugar de
afiliación. Por lo tanto, la entidad de salud responsable, deberá remitir al
usuario a una zona geográfica distinta en donde haya disponibilidad de
especialistas, equipos médicos, medicamentos, etc.”[62]
6.3.    En consecuencia,
la Corte ha establecido que procede su protección a través de la acción de
tutela cuando la falta de autorización del transporte afecte gravemente el goce
efectivo del derecho a la salud. Sobre el particular, la
sentencia T-760 de 2008 conceptuó:
“La jurisprudencia constitucional, fundándose en la regulación,[63]
ha señalado en varias ocasiones que toda persona tiene derecho a acceder a los
servicios de salud que requiera, lo cual puede implicar tener derecho a los
medios de transporte y gastos de estadía para poder recibir la atención
requerida.
(…) Pero no sólo se ha garantizado el derecho al transporte y a
otros costos que supone el desplazamiento a otro lugar distinto a aquel de
residencia, para acceder a un servicio de salud requerido. También se ha
garantizado la posibilidad de que se brinden los medios de transporte y
traslado a un acompañante cuando este es necesario.” (Negrillas fuera de texto original)
Con
posterioridad, en sentencia T-149 de 2011 se coligió:
“ (…) queda establecido que es obligación de todas las E.P.S.
suministrar el costo del servicio de transporte, cuando ellas mismas
autorizan la práctica de un determinado procedimiento médico en un lugar
distinto al de la residencia del paciente, por tratarse de una prestación
que se encuentra comprendida en los contenidos del POS. Esto dentro de la
finalidad constitucional de que se remuevan las barreras y obstáculos que les
impiden a los afiliados acceder oportuna y eficazmente a los servicios de salud
que requieren con necesidad.” (Negrilla fuera de
texto original)
Así las cosas,
se advirtió que el servicio de transporte se encuentra dentro del POS y en
consecuencia debía ser asumido por la EPS en aquellos eventos en los que[64]:
i.
Un paciente sea remitido en ambulancia por una
IPS a otra, cuando la primera no cuente con el servicio requerido.
ii.
Se necesite el traslado del paciente en
ambulancia para recibir atención domiciliaria bajo la responsabilidad de la
EPS y según el criterio del médico tratante.
iii.
Un paciente ambulatorio deba acceder a un
servicio que no esté disponible en el municipio de su residencia y necesite ser
transportado en un medio diferente a la ambulancia[65].
6.4.    A partir de esta última situación, las
subreglas jurisprudenciales en materia de gastos de transporte
intermunicipal se circunscriben a los siguientes eventos[66]:
i.
El servicio fue autorizado directamente
por la EPS, remitiendo a un prestador de un municipio distinto de la residencia
del paciente[67].
ii.
Ni el paciente
ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para
pagar el valor del traslado.
iii.
De no efectuarse la remisión se pone en
riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario.
iv.
Si la atención médica en el lugar de
remisión exigiere más de un día  de duración se cubrirán los gastos de
alojamiento.
6.5.    En el mismo sentido, fueron establecidas 3 situaciones en las que
procede el amparo constitucional en relación con la financiación de un acompañante
del paciente[68], como se lee:
i.
el paciente sea totalmente dependiente de
un tercero para su desplazamiento,
ii.
requiera atención permanente para
garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores
cotidianas y
iii.
ni él ni su núcleo familiar cuenten con
los recursos suficientes para financiar el traslado.
De forma
puntual, en torno a la capacidad económica del paciente y su familia, este tribunal
ha concluido:
Sumado a lo anterior, esta Corte ha reconocido que:
“(…)… la identificación de los eventos en los cuales es viable
autorizar el servicio de transporte o suministrar ayuda económica depende del
análisis fáctico en cada caso concreto, donde el juez debe evaluar la
pertinencia, necesidad y urgencia de la medida, así como las condiciones económicas
del actor y su núcleo familiar. Así entonces, cuando deban prestarse
servicios médicos en lugares diferentes al de la sede del paciente, si éste ni
su familia disponen de los recursos suficientes para tal fin y se comprometen
sus derechos fundamentales, procede la acción de tutela para ordenar a la
EPS que pague los costos pertinentes y, posteriormente, recobre a la entidad
estatal correspondiente, por los valores que no esté obligada a sufragar”.[69]
De allí, se genera la obligación
del actor y su núcleo familiar de poner en conocimiento de juez su precaria
situación económica, invirtiéndose la carga de la prueba hacia la
EPS quien deberá probar que el afiliado cuenta con la capacidad financiera
requerida[70].
En caso de guardar silencio, se tendrá por probada la afirmación del accionante[71].
6.6.
Ahora bien, en caso de
existir dudas sobre la cobertura en el POS, debe prestarse el servicio normalmente, mientras se surten las
consultas del caso ante las autoridades reguladoras en la materia, sin que en
ningún evento ello sirva de excusa para rehusarse a la prestación. Al respecto,
este tribunal ha destacado que
ese tipo de situaciones constituyen barreras administrativas y burocráticas,
que deben ser removidas y sorteadas de tal forma que no afecten al usuario, a
saber:
“Así pues, toda persona
tiene derecho a que se remuevan las barreras y obstáculos que impidan a una
persona acceder a los servicios de salud que requiere
con necesidad, cuando éstas implican el desplazamiento a un lugar distinto al
de residencia, debido a que en su territorio no existen instituciones en
capacidad de prestarlo, y la persona no puede asumir los costos de dicho
traslado[72]. También, como se indicó, tiene derecho
a que se costee el traslado de un acompañante, si su presencia y soporte se
requiere para poder acceder al servicio de salud.”[73]
Como lo ha reiterado esta Sala, lo anterior se
fundamenta en que toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras y
obstáculos que le impidan acceder a los servicios de salud que requiere con
urgencia, cuando éstas implican el desplazamiento a un lugar distinto al de
su residencia, debido a que en su territorio no existen instituciones en
capacidad de prestarlo y la persona no puede asumir los costos de dicho
traslado[74].
7.
Financiamiento de los gastos de traslados
y hospedaje para el paciente y su acompañante.
7.1.
El traslado de pacientes ambulatorios desde el
lugar de residencia del paciente hasta el sitio donde se le va a atender está
incluido en el plan obligatorio de salud, con cargo a la prima adicional por
dispersión establecida sobre la unidad de pago por capitación para algunas
zonas geográficas.
De conformidad con lo expuesto en este acápite no
ofrece ninguna duda que es un servicio cubierto por el POS que, pese a no
contar con una naturaleza médica, constituye un medio para garantizar el acceso
al tratamiento que requiera la persona.
7.1.1.
En esos términos, ni siquiera cuando no se
advierta la inexistencia de la fuente para su financiación se les podrá
categorizar como excluidos del plan, en cuanto para adquirir dicho status debe
encontrarse inscrito en el listado  taxativo del artículo 49 del acuerdo 29 de
2011.
Entonces, al no haber sido consagrado en esa norma, ni
el intérprete, ni el ejecutante, que para el caso serían EPS e IPS, puede
invocar su exclusión explícita, máxime cuando el órgano regulador competente no
lo estipuló como tal.
7.1.2.
Aunado a ello, tampoco se puede catalogar como
no incluido, toda vez que no existe incertidumbre sobre su cobertura, en esa
medida, no hace parte de la denominada “zona gris”. Así las cosas, los
prestadores y entidades promotoras, están sujetos  al irrestricto cumplimiento
de la normativa vigente.
7.2.
En la actualidad, el Acuerdo 029 establece que
se costeará con cargo a  la prima adicional de la
UPC que se reconoce en algunas zonas geográficas, por ende, es clara la fuente
del recurso contemplado para tal efecto.
La Resolución 4480 de 2012, por
medio de la cual se fijó el valor de la UPC para el año 2013, la destinó para
los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Caquetá, Chocó, Guajira, Guainía,
Guaviare, Meta, Putumayo, Sucre, Vaupés, Vichada y la región del Urabá, excepto
los municipios de Arauca, Florencia, Yopal, Riohacha, Sincelejo y Villavicencio.
En tal contexto, se concluye que la prima adicional es
un valor destinado a los departamentos y regiones en los cuales por haber menor
densidad poblacional se generan sobrecostos en la atención, entre otras
razones, por el traslado de pacientes. De tal forma, en esas áreas geográficas
no se prevé con la totalidad de red prestadora especializada ni de alto nivel
de complejidad, por tanto la necesidad de traslado a otro centro urbano donde
se cubran estos servicios motiva la asignación de un pago adicional por parte
del estado.
7.3.
De lo anterior se infiere, que las zonas que no
son objeto de prima por dispersión, cuentan con la totalidad de infraestructura
y personal humano para la atención en salud integral que requiera todo usuario,
por consiguiente no se debería necesitar trasladarlo a otro lugar donde le sean
suministradas las prestaciones pertinentes. En tal contexto, de ocurrir la
remisión del paciente otro municipio, esta deberá afectar el rubro de la
UPC general, como quiera que se presume que en el domicilio del usuario existe
la capacidad para atender a la persona, y en caso contrario es responsabilidad
directa de la EPS velar por que se garantice la asistencia médica. Ello no
puede afectar el acceso y goce efectivo del derecho a la salud, so pena de
constituirse en una barrera de acceso, que ha sido proscrita por la
jurisprudencia constitucional.
De hecho, en un pronunciamiento reciente esta Sala
afirmó que la negación de un servicio porque la
EPS no cuenta con la infraestructura y cobertura no es una justificación
válida para no suministrar la atención en salud. Puntualmente, en la
Sentencia T-073 de 2012 se consideró:
“… la territorialidad del aseguramiento no
constituye excusa constitucionalmente admitida para impedir el acceso de una
persona a los servicios de salud que requiere.
La afiliación a una EPS diferente a las que operan
en el lugar actual de residencia no puede constituir un obstáculo para el
acceso a los servicios de salud, ya que una postura de este tipo, además de
constituir una afrenta a los principios de universalidad (garantizado a partir
de enero de 2010[75])
y continuidad, profundiza la desigualdad entre los regímenes de aseguramiento,
anteponiendo trámites administrativos al logro efectivo del derecho fundamental
que en definitiva no son admisibles.
En consecuencia, corresponde a la
EPS prestar los servicios de salud de manera integral (es decir, todo lo
concerniente a terapias, citas médicas especializadas, medicamentos, medicina
domiciliaria, cirugías, etc.) ... , máxime cuando han sido ordenados por la
misma EPS y han sido solicitados en debida forma.”
7.4.
La Sala aclara que en ningún caso se debe recurrir a la entidad territorial
para que costee estos servicios, atendiendo la destinación específica de los
recursos entregados para su administración en el sector salud. De conformidad
con la Ley 715 de 2001, financiará la atención de la población pobre en lo no
cubierto con subsidios a la demanda, es decir, los servicios No POS-S; en
consecuencia, no les corresponde asumir gastos propios del catálogo de
beneficios como es el caso del transporte. Sobre el particular, la
Corte manifestó en la Sentencia T-371 de 2010:
“Ahora bien, la
Ley 715 de 2001 determina las competencias de las entidades territoriales para
la prestación de servicios de salud de los participantes vinculados. En efecto,
corresponde a los departamentos[76],
gestionar la prestación de los servicios de salud, de manera oportuna,
eficiente y con calidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a
la demanda, que resida en su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras
de servicios de salud públicas o privadas. Por su parte, se determina como
competencia del municipio[77]
la de identificar a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y
seleccionar a los beneficiarios del Régimen Subsidiado, así como celebrar
contratos para el aseguramiento en el Régimen Subsidiado de la población pobre
y vulnerable.”
En conclusión, por una parte, en las áreas a donde se
destine la prima adicional, esto es, por dispersión geográfica, los gastos de
transporte serán cubiertos con cargo a ese rubro. Por otra, en los lugares en
los que no se reconozca este concepto se pagarán por la unidad de pago por
capitación básica. Las mismas reglas deberán aplicarse al alojamiento debido a
que su  necesidad se configura en las mismas condiciones que el traslado.
8.     Carencia actual de objeto por hecho superado.
8.1.
La acción de tutela fue
concebida en el artículo 86 Superior, como la herramienta idónea para el amparo
de los derechos fundamentales ante su transgresión o amenaza  por parte de
entes públicos o privados; de tal forma, que el ciudadano pueda recurrir a la
administración de justicia en busca de la protección efectiva de sus derechos,
frente a lo cual el juez constitucional deberá impartir una orden conminada a
conjurar la vulneración o que cese la prolongación de sus efectos en el tiempo.[78]
No obstante, si al momento de decidir el
juzgador de instancia advierte que los fundamentos fácticos que dieron origen a
la acción han desaparecido, se configura el fenómeno denominado carencia actual
de objeto, el cual puede presentarse de dos maneras, bien sea por hecho
superado, o por daño consumado.
8.2.
En el primero de estos
eventos – hecho superado – las situaciones que originaron la transgresión y por
tanto los perjuicios ocasionados, desaparecen; razón por la cual se hace inocuo
el pronunciamiento del juez constitucional. En esa medida “la solicitud
presentada en la acción de tutela antes que exista pronunciamiento por parte
del juez ha sido resuelta”[79].
Puntualmente, este tribunal consideró en sentencia SU-540 de 2007:
“El hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión
(según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se
supera la afectación de tal manera que 'carece' de objeto el pronunciamiento
del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho
superado[80] en
el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro
del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela.”
“De lo anterior se concluye que la carencia actual de objeto por
hecho superado se presenta cuando la vulneración de los derechos
fundamentales cesa o desaparece por cualquier causa, lo cual no implica
que el juez de segunda instancia o en sede de revisión deje de analizar la
juricidad del fallo, pero sin impartir ninguna orden de amparo del
derecho, por haber desaparecido en ese momento el supuesto de hecho que generó
la acción.”[81]
En conclusión la jurisprudencia constitucional ha destacado
que a pesar de estar frente a una carencia actual de objeto, el juez no se
encuentra eximido de realizar el análisis de fondo del caso bajo estudio.
8.3.
Por su parte, la segunda
faceta – daño consumado – ocurre cuando los perjuicios ocasionados al conculcar
los derechos del actor no son reversibles, por ende la cesación de efectos
perseguida con la tutela carece de sentido. Sobre el particular, la
Corte adujo que su acaecimiento se produce cuando “no se reparó la
vulneración del derecho, sino por el contrario, a raíz de su falta de garantía
se ha ocasionado el daño que se buscaba evitar con la orden del juez de tutela”.[82]
Sin embargo, “se
hace necesario un pronunciamiento por parte del juez constitucional, con el fin
de terminar el alcance del derecho fundamental del cual se había solicitado el
amparo, así como de informar sobre las acciones idóneas para buscar la
reparación del daño a quienes tengan interés en ello, de igual forma le asiste
la obligación al juez de compulsar copias para su investigación”.[83]
8.4.
En suma, este tribunal constitucional
ha reiterado que a pesar de estar frente a una carencia actual de objeto en
cualquiera de las dos formas descritas anteriormente, el juez  de instancia
debe pronunciarse sobre el asunto.
9.
Análisis de los casos concretos
Los casos bajo examen
presentan similitud de hechos y pretensiones. En efecto, los accionantes
solicitaron el amparo constitucional, al considerar vulnerados sus derechos a
la salud y vida digna ante la renuencia de las EPS a las que se encuentran
afiliados, de suministrar los gastos de transporte y hospedaje para sus acompañantes,
como quiera que las enfermedades que padecen exigen atención y tratamientos
delicados y urgentes que no pueden realizarse en el lugar de su residencia,
cuyos costos no están en condiciones de sufragar.
A continuación se procederá a estudiar los asuntos. Para realizarlo,
la Sala se pronunciará sobre cada una de las pretensiones y las estudiará a la
luz de la jurisprudencia constitucional vigente.
9.1.
Expediente
T-3699975. Caso: Kerly Medina Gutiérrez contra Comfamiliar Huila EPS-S.
9.1.1. La accionante actúa en representación de su hija de 26 meses de
edad, quien padece esclerodermia. Ambas residen en Neiva. La atención de esa
condición de salud de la niña exige consultas especializadas de reumatología y
dermatología pediátrica, las cuales le fueron autorizadas en el Hospital de la
Misericordia en Bogotá.
Pese a las
solicitudes que ha elevado a la
EPS-S Comfamiliar Huila y a la Secretaría de Salud Departamental no le han
aprobado los costos de transporte y alojamiento. La
EPS le indicó que el transporte no está incluido en el POS y por tanto, le
corresponde asumir su prestación a la entidad territorial; a su turno, la
entidad territorial le respondió que ese no es un servicio de salud, por
consiguiente no puede destinar recursos para su pago.
En la ampliación
del escrito de tutela decretada por esta Sala, la progenitora afirmó que no se
le ha negado ningún medicamento ni tratamiento a su hija.
Por su parte, la
EPS se opuso a la solicitud de amparo porque tanto el transporte como el
hospedaje están explícitamente excluidos del catálogo de beneficios, como
quiera que su prestación se hace con cargo a la
UPC adicional y el departamento del Huila no recibe tal prima.
A su turno, la
Secretaría de Salud del Huila en respuesta a la vinculación oficiosa ordenada
por la Sala, manifestó que el transporte debe ser costeado con la
UPC adicional. A partir de esa afirmación, señaló que la responsable es la
EPS y no la entidad territorial.
9.1.2. Primae facie, la
Sala se pronunciará acerca de la improcedencia de la protección constitucional
decretada por el a quo, al considerar que la actora contaba con un
mecanismo judicial idóneo y eficaz distinto a la acción de tutela, en la
función jurisdiccional de la
Superintendencia de Salud.
En este aspecto,
se observa que el juicio de procedibilidad de la acción debe ser menos riguroso
cuando el amparo sea deprecado a favor de un sujeto de especial protección,
como en el caso sub examine una menor de edad que además, se encuentra en situación de debilidad manifiesta como
consecuencia de sus afecciones de salud.
En este caso
concreto, se tiene que la improcedencia de la acción fue declarada en atención
a la existencia del mecanismo jurisdiccional surtido ante la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la
Ley 1122 de 2007, a su vez modificado por los artículos 126 y 127 de la
Ley  1438 de 2011, a saber:
“ARTÍCULO 41. FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Con el fin de garantizar la efectiva prestación del derecho a la
salud de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en
ejercicio del artículo 116 de la
Constitución Política, la
Superintendencia Nacional de Salud podrá conocer y fallar en derecho, con
carácter definitivo y con las facultades propias de un juez, en los
siguientes asuntos:
a) Cobertura de los procedimientos, actividades e
intervenciones del plan obligatorio de salud cuando su negativa por parte de las
entidades promotoras de salud o entidades que se les asimilen, ponga en riesgo
o amenace la salud del usuario;
b) Reconocimiento económico de los gastos en que haya incurrido el
afiliado por concepto de atención de urgencias en caso de ser atendido en una
IPS que no tenga contrato con la respectiva EPS cuando haya sido autorizado
expresamente por la EPS para una atención específica y en caso de incapacidad,
imposibilidad, negativa injustificada o negligencia demostrada de la
Entidad Promotora de Salud para cubrir las obligaciones para con sus usuarios;
c) Conflictos que se susciten en materia de multiafiliación dentro
del Sistema General de Seguridad Social en Salud;
d) Conflictos relacionados con la libre elección que se susciten
entre los usuarios y las aseguradoras y entre estos y las prestadoras de
servicios de salud y conflictos relacionados con la movilidad dentro del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
e) <Literal adicionado por el artículo 126 de la
Ley 1438 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Sobre las prestaciones
excluidas del Plan de Beneficios que no sean pertinentes para atender las
condiciones particulares del individuo;
f) <Literal adicionado por el artículo 126 de la
Ley 1438 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Conflictos derivados de
las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de
Seguridad Social en Salud;
g) <Literal adicionado por el artículo 126 de la
Ley 1438 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Conocer y decidir sobre
el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas por parte de las EPS o
del empleador.
PARÁGRAFO 1o. La Superintendencia Nacional de Salud sólo podrá conocer y fallar estos asuntos a petición de
parte. No podrá conocer de ningún asunto que por virtud de las disposiciones
legales vigentes deba ser sometido al proceso de carácter ejecutivo o acciones
de carácter penal.
PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo modificado por el artículo 126 de la
Ley 1438 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> La función
jurisdiccional de la
Superintendencia Nacional de Salud se desarrollará mediante un procedimiento
preferente y sumario, con arreglo a los principios de publicidad,
prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia,
garantizando debidamente los derechos al debido proceso, defensa y
contradicción.
La solicitud dirigida a la Superintendencia Nacional de Salud, debe expresar con la mayor claridad, la causal que la
motiva, el derecho que se considere violado, las circunstancias de tiempo, modo
y lugar, así como el nombre y residencia del solicitante. La acción podrá ser
ejercida, sin ninguna formalidad o autenticación, por memorial, telegrama u
otro medio de comunicación que se manifieste por escrito, para lo cual se
gozará de franquicia. No será necesario actuar por medio de apoderado. Dentro
de los diez días siguientes a la solicitud se dictará fallo, el cual se
notificará por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento.
Dentro de los tres días siguientes a la notificación, el fallo podrá ser
impugnado. En el trámite del procedimiento jurisdiccional prevalecerá la
informalidad.
PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo adicionado por el artículo 127 de la
Ley 1438 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> La Superintendencia Nacional de Salud, deberá:
1. Ordenar, dentro del proceso judicial, las medidas provisionales
para la protección del usuario del Sistema.
2. Definir en forma provisional la
Entidad a la cual se entiende que continúa afiliado o atendido el demandante
mientras se resuelve el conflicto que se suscite en materia de afiliación
múltiple y movilidad dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Para tal efecto, el funcionario competente en ejercicio de las
funciones jurisdiccionales consultará, antes de emitir su fallo definitivo o la
medida cautelar, la doctrina médica, las guías, los protocolos o las
recomendaciones del Comité Técnico-Científico, según sea el caso.”
A partir de lo
expuesto, se concluye que la
Superintendencia de Salud cuenta con un procedimiento preferente y sumario
ante el cual se pueden ventilar las controversias suscitadas entre el usuario y
la EPS, por la negativa de esta última en la autorización de servicios que se
requieran con necesidad.
Queda claro que
el plazo para decidir es de 10 días hábiles[84]
en primera medida, bajo el entendido que esta determinación puede no ser
definitiva, si se hiciere uso del recurso de impugnación dentro de los 3 días
hábiles siguientes a su notificación.  Empero, no se reguló el término otorgado
para resolver en segunda instancia, lo cual genera una incertidumbre acerca de
la duración total del trámite, pudiéndose afirmar tan solo, que su duración se
extiende por más de 13 días hábiles.
Lo anterior reviste
especial trascendencia, por cuanto al tratarse de derechos fundamentales como
la salud, integridad personal o la vida, la indefinición del tiempo que se
demore una decisión puede tener consecuencias mortales.
Por consiguiente,
tanto la flexibilización del juicio de procedibilidad de la acción de tutela
ante sujetos de protección constitucional reforzada, como la inseguridad
causada por el vacío normativo, conllevan a que la acción de tutela se valoré
materialmente pese a la existencia de un mecanismo ordinario, para que se
dirima la controversia surgida en torno al derecho a la salud de una persona.
Es inaceptable
que cualquier juez de tutela se abstenga de estudiar un asunto de esta
naturaleza, bajo el argumento de que existe otro medio judicial para atender
los requerimientos del accionante, habida cuenta que éste debe iniciar
nuevamente otro procedimiento que exigirá el cumplimiento de los términos
legales para su decisión, los cuales por perentorios que sean suponen un doble
gasto de tiempo para la definición de la situación del peticionario, lo que
claramente puede agravar su condición médica e incluso comprometer su vida o su
integridad personal.
Entonces, en el
asunto bajo revisión el fallador debió estudiar de fondo los fundamentos
esgrimidos por la señora Medina Gutiérrez y tomar la determinación correspondiente,
aclarando la posibilidad de acudir a la función jurisdiccional de la Superintendencia de Salud cuando lo considerare la parte actora.
9.1.3. Ahora bien, en atención al material probatorio que obra en el
expediente, la Sala procede analizar el cumplimiento de las subreglas
jurisprudenciales para conceder el servicio de transporte y alojamiento a Sarit
Valentina y su mamá, para que puedan acudir a las consultas médicas
especializadas autorizadas en el Hospital de La
Misericordia de Bogotá, aunque el municipio de su residencia Neiva no es
beneficiario de la prima adicional por dispersión geográfica de la
UPC, con cargo a la cual se cobran esas prestaciones.
i.
Comfamiliar Huila EPS-S autorizó las consultas de reumatología y dermatología pediátrica de acuerdo con su diagnóstico de esclerodermia[85], en el Hospital la Misericordia de Bogotá, lugar distinto de
domicilio de la paciente, por la complejidad de su diagnóstico.
ii.
Corresponde a la
EPS asumir los gastos necesarios para garantizar el
servicio de transporte, hospedaje y el acceso a las atenciones en salud
requeridas, entendiéndose que dichos traslados están incluidos en el POS. En razón a que su familia no cuenta con los recursos suficientes para
pagar su viaje a fin de recibir los correspondientes tratamientos médicos. Ello
con fundamento en que: (i) se encuentra afiliada junto con su núcleo familiar
al régimen subsidiado de salud en nivel 1[86],
(ii) es beneficiaria y (iii) en ningún momento la
EPS desvirtuó su incapacidad económica.
iii.
La niña Sarit Valentina Rojas Medina requiere la
atención especializada de la enfermedad esclerodermia, para el restablecimiento
de su estado de salud.
iv.
Por tanto se debe trasladar desde Neiva a la
ciudad de Bogotá para recibir ese tipo de atención especializada, por el tiempo
que supongan los traslados intermunicipales, así como las consultas y
procedimientos que le han sido prescritos por su médico tratante.
En relación con
la autorización de un acompañante, en este caso se presume que la niña tiene
total dependencia de su madre o algún miembro de su familia, como quiera que la
infante tiene escasos 3 años de edad[87] .
9.1.4. De conformidad con estos argumentos, la
Corte revocará el fallo de única instancia y en su lugar concederá la
protección de los derechos a la salud y vida digna de la hija de la accionante.
En consecuencia, se ordenará a Confamiliar Huila EPS-S que en
adelante sufrague los costos de transporte y alojamiento de la menor de edad y
su acompañante, de esta manera garantizarle su acceso al servicio de salud en
condiciones dignas[88].
9.2.
Expediente
T-3700935. Caso: Hernán Motta Quintero contra Saludcoop EPS.
9.2.1. El accionante de 62 años que reside en Pitalito –Huila–, está
diagnosticado con enfermedad renal crónica, diabetes mellitus e hipertensión, razón
por la cual requiere practicarse una diálisis 2 veces a la semana en Neiva, so
pena de sufrir consecuencias mortales, como se reseña en el certificado médico
anexado:
“certifico
que el paciente en referencia sufre de insuficiencia renal crónica terminal
secundaria a nefropatía diabética e hipertensiva y se encuentra en
terapia dialítica tipo hemodiálisis en forma indefinida del día 1 de
mayo /2010, con dos sesiones semanales” [89]. (Negrilla fuera de texto original).
Le solicitó a Saludcoop EPS que le autorizara los servicios en el
lugar de su domicilio, ya que no cuenta con la capacidad económica para
trasladarse a Neiva con su acompañante. Al respecto, la
EPS le comunicó que no tiene convenio en ese municipio con ningún prestador,
pero si se encuentra muy inconforme puede cambiarse de EPS.
A su vez, la entidad demandada indicó en la
contestación de la tutela, que por razones científicas y niveles de complejidad
en la atención que el paciente requiere, se deben realizar los procedimientos
en Neiva. En esos términos, indicó que nunca ha negado las prestaciones que
necesita el accionante.
9.2.2. El juez de instancia denegó el amparo invocado toda vez que no
encontró vulneración alguna por parte de Saludcoop, debido a que la
EPS ha autorizado todos los servicios requeridos por el actor. No obstante, el
fallador no analizó la solicitud subsidiaria de cubrimiento de gastos de
transporte y alojamiento para el paciente y su cónyuge.
En sede de revisión se ordenó como medida
provisional que la EPS asumiera los costos de traslado para que el actor y su
acompañante pudieran asistir al procedimiento médico en la ciudad de Neiva, sin
que hasta el momento se haya recibido prueba de su cumplimiento.
9.2.3. Inicialmente, en lo que respecta a la solicitud de atención en una
institución del lugar de su residencia, la
Corte encuentra de recibo el argumento según el cual, no podría prestarse el
servicio en su lugar de residencia, esto es, Pitalito – Huila –, debido a que
las IPS que allí se ubican, no cuentan con la infraestructura y el nivel de
complejidad requeridos para la atención de un paciente renal crónico asociado a
hipertensión y diabetes[90].
En esos
términos, la Sala avala que Saludcoop continúe autorizando los servicios de
hemodiálisis requeridos por el señor Motta, con la condición que se suministren
los gastos de transporte para él y su acompañante de conformidad a lo expuesto
en este acápite.
9.2.4. Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al proceso, este tribunal
evaluará las reglas jurisprudenciales para conceder el servicio de transporte y
alojamiento al señor Motta Quintero y su acompañante, para que pueda asistir a
las 3 sesiones de diálisis semanales autorizadas en la ciudad de Neiva. Aclara la
Sala, que el municipio de residencia del actor, Pitalito – Huila – no  es
beneficiario de la prima adicional por dispersión geográfica de la
UPC, con cargo a la cual se cobran esas prestaciones.
i.
Saludcoop EPS ha autorizado la terapia de hemodiálisis
para el accionante desde abril de 2010 en la ciudad de Neiva, como consta en el
registro de aprobaciones de servicios anexado por la entidad promotora de salud
en sede de tutela[91].
Los procedimientos se han suministrado en la
Clínica Medilaser de Bogotá, por su delicado diagnóstico, la tecnología y el
nivel de complejidad en la atención que requiere[92]. Así se aseveró en la contestación de la tutela en cita del concepto del
médico tratante:
“Durante el transcurso de este tiempo ha tenido múltiples
hospitalizaciones y complicaciones inherentes a sus coomorbilidades
(herniorrafias fallidas) y a los accesos de diálisis como peritonitis
recurrente asociada a catéter, disfunción de catéteres y bateremias por catéter
de hemodiálisis. Además cursa con cardiopatica hipertensiva con compromiso moderado
de la función ventricular izquierda, hipertensión pulmonar y fibrilación
auricular crónica que lo han llevado a un síndrome de falla cardiaca con
descompensación frecuente. En los últimos meses ha desarrollado ascitis
manejada con paracentesis periódica. Recientemente se le realizó corrección de
un aneurisma en el área de la fistula arteriovenosa.”[93]
ii.
Según afirmó el señor Motta en la demanda de tutela no
cuenta con los recursos suficientes para sufragar sus traslados en compañía de
su esposa.
Al respecto, la
EPS tenía la carga de la prueba para desvirtuar la incapacidad económica de
los accionantes como lo ha reiterado esta corporación:
“La carga probatoria de la incapacidad económica se invierte en
cabeza de la EPS o ARS demandada, cuando en el proceso solamente obre como
prueba al respecto, la afirmación que en este sentido haya formulado el
accionante en el texto de demanda o en la ampliación de los hechos.[94]
No obstante, la
entidad accionada guardó silencio respecto a este punto en el término de
traslado, por ende se presumen ciertos y probados al tenor de la presunción de
veracidad consagrada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991[95].
iii.
El peticionario requiere la atención urgente y especializada
de la enfermedad renal crónica en hemodiálisis, por cuanto está expuesto
múltiples a riesgos y complicaciones que demandan atención en centros
hospitalarios de alto nivel[96].
Por consiguiente se debe trasladar desde Pitalito hasta Neiva para
recibir ese tipo de atención especializada, por el tiempo que supongan los
traslados intermunicipales, así como los procedimientos que le han sido
prescritos por su médico tratante.
En relación con
la financiación de los costos de su acompañante, en este caso se advierte que
por la gravedad del diagnóstico y la complejidad del procedimiento, el paciente
requiere atención permanente para garantizar su integridad física.
9.2.5. De conformidad con estos argumentos, la
Corte revocará el fallo único de instancia y en su lugar concederá la
protección de los derechos a la salud y vida digna del actor.
En consecuencia, ordenará a Saludcoop EPS que en adelante asuma los
costos de transporte y alojamiento del afiliado y su acompañante, para de esta
manera garantizarle su acceso al servicio de salud en condiciones dignas[97].
9.3.
Expediente
T-3705404. Caso: Audiela Tumay Chavita contra Capresoca EPS-S.
La situación médica de la actora es
apremiante, debe practicársele 2 intervenciones quirúrgicas (cierre de
colostomía y plastia de pared abdominal), para atender las patologías que la
han venido aquejando desde hace 3 años. El juez de instancia ordenó la medida
provisional, empero, la entidad accionada consideró que con conseguir una cita
en Bogotá se daba por cumplida. Según el concepto de su médico tratante,
requiere de atención en un centro hospitalario de mayor complejidad,
recomendación que debe ser acatada por la
EPS, que además debe costear su traslado y el de una persona que le acompañe, debido
a que puede sufrir serias complicaciones.
9.3.1.  Atendiendo a que los servicios de transporte y alojamiento
solicitados por la actora estaban intrínsecamente ligados con dos
procedimientos que tampoco le habían sido adelantados, el análisis se dividirá
temáticamente en las 2 intervenciones, como se lee a renglón seguido.
9.3.2.  El procedimiento de CIERRE DE COLOSTOMÍA fue practicado el 5
de diciembre de 2012, con posterior manejo hospitalario hasta el 9 de
diciembre, según consta en la copia del perfil de epicrisis expedido por el
Hospital Santa Clara y remitido por la EPS demandada durante el trámite de
revisión. De igual forma, Capresoca manifestó haber asumido directamente los
costos de alojamiento con la
Fundación Albergue Jesús Misericordioso, e indirectamente el valor de los traslados
mediante la figura del reembolso.
En relación con
esta intervención y el transporte solicitado por la actora para acudir a la
ciudad donde se le efectuaría, se deduce que si bien existió una trasgresión al
derecho constitucional invocado, esta situación se superó durante el trámite de
revisión eventual, debido a que la operación tuvo lugar en Bogotá el 5 de
diciembre de 2012, fecha en la cual se encontraba en proceso de remisión a la
Corte Constitucional el asunto sub examine.
Por ende, como la
eventual orden a impartir resultaría inocua y la acción de tutela deja de ser
el instrumento idóneo ante la inexistencia de un objeto jurídico sobre el cual
proveer, la
Sala declarará la ocurrencia del fenómeno jurídico de la carencia actual de
objeto por configurarse un hecho superado en torno a la solicitud de amparo de
los derechos fundamentales de la accionante, puntualmente, en lo que concierne
al procedimiento de CIERRE DE COLOSTOMÍA.
9.3.3.  En relación con la cirugía PLASTIA DE PARED ABDOMINAL, la
entidad accionada adujo que correspondía a una intervención estética explícitamente
excluida del plan de beneficios, por tal motivo no se autorizaría. Acorde a lo
manifestado, se considera preciso citar el Acuerdo 29 de 2011 en lo pertinente:
“Artículo 49. Se encuentran excluidas del Plan Obligatorio de Salud
las siguientes tecnologías en salud:
1. Cirugía estética con fines de embellecimiento y
procedimientos de cirugía plástica cosmética….” (Negrilla fuera de texto original)
Evaluada dicha
afirmación, la Corte encuentra que si bien las cirugías plásticas con fines de
embellecimiento hacen parte de ese listado[98],
el procedimiento que le fue ordenado a la actora no se encuadra dentro esta
clasificación, en atención que su médico tratante pone de presente en la
remisión que ésta tiene una finalidad reconstructiva, en relación con el
restablecimiento de condiciones funcionales afectadas por las operaciones de
quistes en los ovarios, apendicitis aguda y peritonitis.
Entonces, la
Sala procederá determinar si ese servicio está incluido en el plan obligatorio
de salud vigente para los regímenes contributivo y subsidiado en la actualidad[99], según la misma norma.
En efecto, al estudiar el anexo técnico núm. 2 del precitado acuerdo, que
contiene el listado de procedimientos y servicios del plan obligatorio de
salud, la Sala advierte la inclusión explícita del siguiente servicio:
CUPS
DESCRIPCIÓN
547500
Plastia
de pared abdominal SOD
Por tanto, en
momento alguno este podría ser negado por la entidad prestadora de salud,
puesto que ya fue financiado por la unidad de pago por capitación del régimen
subsidiado (UPC-S) entregada por el Estado para la atención de la población
asegurada de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 100 de 1993[100].
Por ende, la parte accionada debió autorizar y adelantar la intervención en
cuestión, desde la confirmación del diagnóstico, o incluso de la solicitud del
accionante ante la EPS.
Así las cosas, no
existe argumento jurídico válido para que una entidad que presta un servicio
público como la salud, se rehúse a suministrar las prestaciones incluidas en el
POS, cuyo costo ya fue pagado en la prima de aseguramiento. Ello constituye una
barrera administrativa en el acceso al sistema, que repercute negativamente en
el goce efectivo del derecho de los usuarios.
Habida cuenta
que la unidad de pago por capitación es un recurso parafiscal[101], cuando la
EPS niega alguno de los servicios para los cuales fue destinada, se configura
una práctica perversa y defraudatoria del sistema que debe ser investigada por
los organismos competentes, en este caso, la Superintendencia Nacional de Salud.
En virtud de
estas consideraciones, se ordenará a la entidad accionada autorizar, programar
y practicar la intervención PLASTIA DE PARED ABDOMINAL, con cargo a la
UPC, en el término dispuesto en esta providencia. Además, deberá cubrir los
gastos de traslado y hospedaje para la accionante y un acompañante.
9.3.4. De conformidad con lo expuesto, la
EPS Capresoca conculcó los derechos fundamentales de la señora Tumay Chavita,
en esa medida, esta corporación revocará la decisión única de instancia que
negó el amparo invocado y en su lugar se tutelarán sus derechos a la salud y a
la vida en condiciones dignas. Aunado a ello, se darán las órdenes específicas
contenidas en los dos numerales anteriores.
9.4.
Expediente
T-3707429. Caso: María Mercedes Echavarría Echavarría contra Coosalud EPS-S y la
Dirección Seccional de Salud de Antioquia.
9.4.1.
La peticionaria de 49
años también sufre de enfermedad renal crónica, hipertensión, diabetes y
amputación de una de sus piernas. Reside en el municipio de Zaragoza
–Antioquia– y debe desplazarse hacia Montería para que le efectúen el
procedimiento de hemodiálisis día de por medio, lo cual indica que sus
condiciones de salud son precarias y se está poniendo en riesgo su vida al no poder
asistir a su tratamiento por falta de recursos de ella y su núcleo familiar.
Al respecto, Coosalud EPS-S señaló que para
acceder a un servicio expresamente excluido el paciente debe acudir a la
colaboración de sus parientes en virtud del principio de solidaridad familiar.
Aclaró que la entidad competente para garantizar ese tipo de servicios es la
Dirección de Salud e Antioquia, quien a su turno, indicó que no puede hacer
uso de los recursos provenientes del sistema general de participaciones para
costear los gastos de traslado y alojamiento, ni ninguna otra erogación que
implique el desplazamiento.
9.4.2.
El juez único de
instancia negó la protección por cuanto la
EPS ha autorizado, prestado y entregado todos los servicios de salud requeridos
por el accionante. Además porque no probó que hubiere solicitado esos conceptos
con antelación  la presentación de la acción de tutela.
9.4.3.
La Sala encuentra que de los hechos narrados por la accionante,
así como de los medios probatorios aportados al expediente, no se evidencia que
la actora haya acudido a la entidad accionada a adelantar el procedimiento
necesario para solicitar que le cancelaran los gastos de traslado y hospedaje.
En efecto, a partir de las situaciones fácticas narradas en el escrito de
tutela, se puede deducir que solo se cuenta con la recomendación remitida por la
IPS donde se le practica el procedimiento, ante las repetitivas inasistencias
a las citas programadas.
Por consiguiente, no se puede
concluir que se ha constituido una vulneración de los derechos de la señora
Echavarría por omisión o acción de parte de la
EPS-S Coosalud en el asunto bajo revisión, como quiera que no actuó de manera
omisiva y negligente en relación con los padecimientos de salud de la paciente[102]. De ahí,
que no se cumple con uno de
los presupuestos de procedencia de la acción de tutela, cual es, que la parte
accionada haya incurrido en una acción u omisión con la cual se conculquen los
derechos objeto de protección constitucional.
Así las cosas, la decisión de instancia erró en
la conclusión de que no se constituyó violación alguna, porque según se
demostró en el expediente, los gastos de transporte y alojamiento no fueron
solicitados a la EPS y por ende no hubo respuesta, entonces no existió una
acción u omisión por parte de la entidad accionada y, en consecuencia, debía
haberse declarado su improcedencia y no la negación de la petición de amparo en
el caso sub examine.
Esta corporación ha manifestado que para negar
las pretensiones de la acción debe hacerse un análisis de fondo del caso
concreto, y que cuando no concurran los requisitos generales de procedibilidad
determinados en el Decreto 2591 de 1991, lo adecuado es declarar la
improcedencia de la acción[103].
En estos términos, la decisión de instancia
debió estar dirigida en ese sentido y no hacia la denegación de las pretensiones,
lo cual implica que agotado el análisis de fondo, se advirtió que la accionante
no tenía derecho al amparo invocado.
De conformidad con lo expuesto, se revocará el fallo objeto
de revisión y en su lugar se declarará la improcedencia de la acción estudiada.
9.5.    No obstante, por tratarse de un sujeto de
protección especial constitucional por hallarse en situación de discapacidad
física, además de la debilidad manifiesta en la que se encuentra atendiendo su
delicada condición de salud, resulta
impostergable la intervención del juez constitucional, porque de lo contrario se
correría el riesgo de presenciar un desenlace fatal con efectos antijurídicos,
imposible de ser restituido integralmente.
De tal forma,
ante un perjuicio inminente, urgente y grave,
por cuanto no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad sino del menoscabo
del derecho más elemental -la vida-
la Corte ordenará de manera preventiva que la
EPS-S garantice el acceso a los servicios de salud requeridos para atender las
patología de la actora y específicamente, suministre los costos de transporte y
alojamiento para la señora Echavarría y un acompañante.
Lo anterior con
fundamento en la situación económica de la accionante, puesto que la
Sala encuentra que está afiliada al régimen subsidiado SISBEN I; por tanto, se
presume que ella y su núcleo familiar carecen de la capacidad económica para
costear todos los gastos derivados del traslado y estadía en la ciudad de
Yopal.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución
RESUELVE
Primero.- En el expediente T-3699975,  REVOCAR el fallo de única
instancia proferido el 8 de octubre de 2012 por el Juzgado Segundo Penal
Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Neiva, que
declaró la improcedencia de la acción. En su lugar, CONCEDER EL AMPARO invocado
por la señora Kerly Medina Gutiérrez en representación de su hija Sarit
Valentina Rojas Medina.
Segundo.- ORDENAR a Confamiliar Huila EPS-S, que dentro del término de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia,
adelante las acciones tendientes a garantizar el pago y asuma el transporte de
la accionante y su hija hasta la ciudad de Bogotá, así como su alojamiento
durante el tiempo que requiera la atención médica de la menor de edad fuera de
su lugar de residencia.
Tercero.- En el expediente T-3700935,  REVOCAR  el fallo de
única instancia proferido el 20 de septiembre de 2012 por el Juzgado 1º Penal
Municipal de Pitalito, mediante el cual decidió negar la protección de los
derechos invocados. En su lugar, CONCEDER la acción impetrada por Hernán
Motta Quintero.
Cuarto.- ORDENAR a Saludcoop EPS, que dentro del término de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia,
adelante las acciones tendientes a garantizar el pago y asuma el transporte del
accionante y su acompañante hasta la ciudad de Neiva, así como su alojamiento
durante el tiempo que requiera la atención médica fuera de su lugar de
residencia.
Quinto.- En el expediente T-3705404,  REVOCAR  la sentencia de
única instancia proferida el 27 de septiembre de 2012, por el Juzgado 3º Penal
del Circuito de Yopal, a través de la cual se negó la solicitud de amparo de la
actora. En su lugar, TUTELAR los derechos a la salud, vida en
condiciones dignas e integridad personal a la señora Audiela Tumay Chavita.
Sexto.- DECLARAR la
carencia actual de objeto, en relación con la cirugía CIERRE DE COLOSTOMÍA, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Séptimo.- ORDENAR a la
EPS-S Capresoca que dentro del término de las diez (10) días siguientes
a la notificación de esta sentencia autorice, programe y
adelante las gestiones requeridas para practicar la intervención PLASTIA DE
PARED ABDOMINAL a la accionante, con cargo a la
UPC. El plazo máximo para la realización de la cirugía será de treinta (30)
días siguientes a notificación de esta sentencia. Además, deberá cubrir los
gastos de traslado y hospedaje para la accionante y un acompañante, surgidos
con ocasión del servicio quirúrgico de que trata este numeral.
Octavo.-
En el expediente T-3707429,  REVOCAR  la sentencia de única instancia proferida el 7 de septiembre de 2012,
por el Juzgado Promiscuo Municipal de Zaragoza, Antioquia, que negó la
solicitud de amparo de la actora. En su lugar, DECLARAR LA
IMPROCEDENCIA de la acción presentada por la señora María Mercedes
Echavarría Echavarría, en los términos referidos en el respectivo acápite.
Noveno.-
ORDENAR a Coosalud EPS-S que, dentro del término de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia,
de manera preventiva, adelante las acciones tendientes a garantizar el pago y
asuma el transporte del accionante y su acompañante hasta la ciudad de
Montería, así como su alojamiento durante el tiempo que requiera la atención médica
fuera de su lugar de residencia.
Décimo.- REMITIR copia del expediente T-3705404 a la Superintendencia Nacional de Salud, para lo de su competencia.
Décimo.- LÍBRENSE
por Secretaría las comunicaciones de las que trata
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, y cúmplase.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Ponente
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] A folio 31, se indicó que fue el 19 de octubre de
2012, fecha equivoca en razón a que a folio 17 obra el auto del 18 de
septiembre de 2012, por medio del cual se citó a la accionante a rendir
declaración el día 19 de septiembre de 2012
a las 9.00 a.m.
[2] Artículo 86 de la
Constitución Política: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente
y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública.
La
protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita
la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato
cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo
remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esta
acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable.
En
ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y
su resolución.
La
ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.”
[3] Ibídem.
[4] Sentencia C-543 de 1992.
[5] Sentencia T-016 de 2006.
[6] Sentencias SU-961 de 1999, T-158 de 2006, T-883 de
2009, entre otras.
[7] Sentencia T-753 de 2006.
[8] En
similar sentido se pronuncio la Corte en la
Sentencia T-515A de 2006: “El
ejercicio de la acción de tutela, no obstante ser un derecho subjetivo de todas
las personas, se encuentra limitado teleológicamente en la medida en que debe
perseguir los fines para los cuales fue instituido tal mecanismo de amparo. De
tal suerte, la acción es procedente en los casos concretos en que presentándose
la vulneración o amenaza de un derecho fundamental no existe otro mecanismo
judicial[8]
para su protección y reestablecimiento[8], o en los
casos en que, aún cuando exista un medio judicial dispuesto para tal fin, éste
no resulte inmediato y eficaz, de manera que no sea oportuno para salvaguardar
los derechos cuya vulneración o amenaza representa un perjuicio irremediable[8].”
[9] Sentencia T-865 de 2010.
[10] Ver,
entre otras, Sentencias T-719 de 2003 y T-789 de 2003.
[11] Sentencia T-515A de 2006.
[12] Ver, a este respecto, las sentencias T-719 de 2003 y
T-789 de 2003.
[13] Sentencia T-015 de 2006.
[14] Constitución Política, artículo 48.
[15] Constitución Política, artículo 49.
[16] Sentencias T-200 de 2007, T-654 de 2010, entre otras.
[17] Al respecto, es oportuno referir lo expuesto en la sentencia T-581
de 2007 donde esta corporación señala: “A su
turno, la urgencia de la protección del derecho a la salud se puede dar en
razón a … que se trate de un sujeto de especial protección constitucional
(menores, población carcelaria, tercera edad, pacientes que padecen
enfermedades catastróficas, entre otros).”
[18] Esta decisión ha sido reiterada, entre otras, en las
sentencias T-060 de 2007, T-148 de 2007, T-760 de 2008, entre otras.
[19] Sentencias T-201 de 2009, T-654 de 2010, entre otras.
[20] Corte Constitucional, Sentencia T-016 de
2007.
[21] El PIDESC, artículo 12, contempla “el derecho de
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental”.
[22] Observación General N° 14 (2000) “El dere­cho del más
alto nivel posible de salud” (2).
[23] Observación General N° 14 (2000) “El dere­cho del más
alto nivel posible de salud” (9). “(…) un Estado no puede garantizar la
buena salud ni puede brindar protección contra todas las causas posibles de la
mala salud del ser humano. Así, los factores genéticos, la propensión
individual a una afección y la adopción de estilos de vida malsanos o
arriesgados suelen desempeñar un papel importante en lo que respecta a la salud
de la persona […].”
[24] Corte Constitucional, Sentencia T-085 de 2007, en
este caso se decidió que “(…) la prestación del servicio de salud a los
usuarios del SGSSS debe ser oportuna y eficiente, pues ello garantiza que las
condiciones de salud del paciente tiendan -como es su esencia- hacia la
recuperación o control de la enfermedad que lo aqueja y no hacia una mayor
perturbación funcional de su organismo que pueda afectar su derecho a la vida
en condiciones dignas.”
[25] En la sentencia T-597 de 1993, por ejemplo, la
Corte tuteló el derecho a la salud de un niño al que se le habían generado
afecciones de salud, producto de un servicio médico mal practicado, y la
posterior omisión para enmendar el yerro.
[26] Véanse: T-059 de 1997, T-515 de 2000, T-746 de 2002, C-800 de 2003, T-685 de 2004, T-858 de 2004, T-875 de 2004, T-143 de 2005, T-305 de 2005, T-306 de 2005, T-464 de 2005, T-508 de 2005, T-568 de 2005, T-802 de 2005, T-842 de 2005, T-1027 de 2005, T-1105 de 2005, T-1301 de 2005, T-764 de 2006, T-662 de 2007, T-690
A de 2007, T-807 de 2007, T-970 de 2007 y T-1083 de 2007.
[27] Corte Constitucional, Sentencia T-059 de 2007 , en
este caso se tuteló el derecho de un joven de 23 años a que no se interrumpiera
el tratamiento que recibía por un problema de adicción que lo llevó a perder su
cupo como estudiante, a pesar de que se le atendía en condición de beneficiario
de su padre, por ser estudiante.
[28] Corte Constitucional, Sentencia T-597 de
1993.
[29] Son varios los casos en donde se ha tomado esta
decisión. En ellos se ha señalado que una relación jurídica es la que supone la
prestación del servicio de salud, el cual debe mantenerse en virtud del
principio de continuidad, y otra la relación contractual entre la
EPS y el empleador, de carácter dinerario, que en caso de incumplimiento da
lugar a las diferentes medidas jurídicas orientadas al cobro. Entre otras,
pueden verse las sentencias: T-406 de 1993, T-057 y T-669 de 1997; T-154
A de 1995 y T-158 de 1997; T-072 de 1997 y T-202 de 1997. Recientemente se
dijo al respecto en la Sentencia T-360 de 2001: “De la jurisprudencia citada
se observa, que si bien existe una obligación directa a cargo del patrono que
incumple con su obligación legal de pagar en forma oportuna los aportes de sus
empleados por concepto de salud, también lo es, que dicha obligación no exonera
en forma total a la EPS de atender a los afiliados o a sus beneficiarios, en el
evento de que requieran atención en salud, con fundamento en los principios de
continuidad de los servicios públicos y del derecho irrenunciable a la
seguridad social (CP. Arts. 48 y 49). Adicionalmente, como se vio, las EPS
disponen por ministerio de la ley, de mecanismos para repetir en contra de los
patronos incumplidos por los costos en que incurran en la prestación de
servicios médicos o suministro de medicamentos.”
[30] En la
Sentencia T-281 de 1996 se ordenó al I.S.S. practicar una operación a una
persona, a pesar de que ya no estaba afiliado, pues mientras se terminaban los
trámites administrativos para llevar a cabo la intervención quirúrgica, había
sido desvinculado unilateralmente de su trabajo.
[31] En la
Sentencia T-396 de 1999 se ordenó al I.S.S. culminar un tratamiento quirúrgico
en el sistema óseo, a pesar de que la persona había alcanzado su mayoría de
edad y en consecuencia había perdido el derecho a la pensión de sobreviviente
por la muerte de su padre, razón por la que era atendida por el I.S.S.
[32] En la
Sentencia T-730 de 1999 se ordenó a una EPS continuar prestándole el servicio
médico que se le venía dando a una mujer embarazada, a quien se le había
suspendido el servicio en razón a que una norma reglamentaria (D.824 de 1988)
disponía que por su condición laboral y su relación familiar con su patrón,
ella no podía haber sido afiliada por él.
[33] En la
Sentencia T-1029 de 2000 se decidió que en virtud del principio de continuidad
que rige el servicio de salud, una EPS está obligada a atender a un afiliado
nuevo desde el primer día del traslado, incluso cuando el empleador no ha
cancelado aún los aportes a la nueva entidad.
[34] En la
Sentencia T-636 de 2001 se decidió que era necesario suministrar bolsas de
colostomía a una persona (bolsas externas al cuerpo para recoger materias
fecales), en el interregno entre dos operaciones, por considerar que hacían
parte del tratamiento y en esa medida, no darlas implicaba suspender la
continuidad del mismo.
[35] Sentencia T-111 de 2004.
[36] Cabe aclarar que este tiene origen legal, debido a
que el artículo 2° de la ley 100 de 1993, indica que el servicio público
esencial de seguridad social debe prestarse con sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación.
Específicamente, en el literal d se dispuso: “INTEGRALIDAD. Es la cobertura
de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en
general las condiciones de vida de toda la población. Para este efecto cada
quien contribuirá según su capacidad y recibirá lo necesario para atender sus
contingencias amparadas por esta Ley.”
[37] Véanse T-179 de
2000, T-122 de
2001, T-133 de
2001, T-111 de
2003, T-319 de
2003, T-136 de
2004, T-719 de
2005, T-062 de
2006, T-421 de
2007, T-535 de
2007, T-536 de
2007, T-730 de
2007, T-846 de
2007, T-050 de
2008, T-576 de
2008, T-589 de
2008, T-604 de 2008, T-1271
de 2008, T-053 de
2009.
[38] En la
sentencia T-179 de 2000 se indicó sobre el “El plan obligatorio de salud es
para todos los habitantes del territorio nacional para la protección integral
de las familias a la maternidad y enfermedad general, en las fases de promoción
y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación para todas las patologías (artículo 162 ley 100 de 1993).  ||
Además, hay guía de atención integral, definida por el artículo 4° numeral 4
del decreto 1938 de 1994: “Es el conjunto de actividades y procedimientos mas
indicados en el abordaje de la promoción y fomento de la salud, la prevención,
el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad; en la que
se definen los pasos mínimos a seguir y el orden secuencial de éstos, el nivel
de complejidad y el personal de salud calificado que debe atenderlos, teniendo
en cuenta las condiciones de elegibilidad del paciente de acuerdo a variables
de género, edad, condiciones de salud, expectativas laborales y de vida, como
también de los resultados en términos de calidad y cantidad de vida ganada y
con la mejor utilización de los recursos y tecnologías a un costo financiable
por el sistema de seguridad social y por los afiliados al mismo”.  ||  Por otro
aspecto, el sistema esta diseñado, según el Preámbulo de la ley 100 de 1993,
para asegurar a la calidad de vida para la cobertura integral, de ahí que
dentro de los principios que infunden el sistema de seguridad social integral, está,
valga la redundancia, el de la integralidad, definido así: “Es la cobertura de
todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en
general las condiciones de vida de toda la población. Para este efecto cada
quien contribuirá según su capacidad y recibirá lo necesario para atender sus
contingencias amparadas por la ley” (artículo 2° de la ley 100 de 1993).  ||
Es más: el numeral 3° del artículo 153 ibídem habla de protección integral: “El
sistema general de seguridad social en salud brindará atención en salud
integral a la población en sus fases de educación, información y fomento de la
salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad,
oportunidad, calidad y eficiencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 162 respecto del plan obligatorio de salud”.  ||  A su vez, el literal
c- del artículo 156 ibídem expresa que “Todos los afiliados al sistema general
de seguridad social en salud recibirán un plan integral de protección de la
salud, con atención preventiva, médico quirúrgica y medicamentos esenciales,
que será denominada el plan obligatorio de salud” (resaltado fuera de texto).
||  Hay pues, en la ley 100 de 1993 y en los decretos que la reglamentan,
mención expresa a la cobertura integral, a la atención básica, a la
integralidad, a la protección integral, a la guía de atención integral y al
plan integral. Atención integral, que se refiere a la rehabilitación y
tratamiento, como las normas lo indican.”
[39] En este sentido se ha pronunciado la corporación,
entre otras, en la sentencia T-136 de 2004.
[40] Sentencia T-1059 de 2006. Ver también: Sentencia
T-062 de 2006. Otras sentencias: T-730 de 2007, T-536 de 2007 y T-421 de 2007.
[41] Sentencia T-073 de 2012: “En síntesis, el principio de integralidad, tal y como ha sido
expuesto, comprende dos elementos: ‘(i) garantizar la continuidad en la
prestación del servicio y (ii) evitar a los accionantes la interposición de
nuevas acciones de tutela por cada nuevo servicio que sea prescrito por los
médicos adscritos a la entidad, con ocasión de la misma patología’. De igual
modo, se dice que la prestación del servicio en salud debe ser:
-Oportuna: indica que
el usuario debe gozar de la prestación del servicio en el momento que
corresponde para recuperar su salud, sin sufrir mayores dolores y deterioros.
Esta característica incluye el derecho al diagnóstico del paciente, el cual es
necesario para establecer un dictamen exacto de la enfermedad que padece el
usuario, de manera que permita que se brinde el tratamiento adecuado.
-Eficiente: implica
que los trámites administrativos a los que está sujeto el paciente sean
razonables, no demoren excesivamente el acceso y no impongan al interesado una
carga que no le corresponde asumir.
-De calidad: esto
quiere decir que los tratamientos, medicamentos, cirugías, procedimientos y
demás prestaciones en salud requeridas contribuya, a la mejora de las
condiciones de vida de los pacientes.”
[42] Observación General N° 14 (2000) ‘El dere­cho del más
alto nivel posible de salud’.
[43] Artículo 13 Constitucional.
[44] Sentencia T-037 de 2006: Convención sobre los
Derechos del Niño, Declaración de los Derechos del Niño,  Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos, Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948, entre otros.
[45] Sentencia C-507 de 2004.
[46] Sentencias C-041 de 1994 y T-391 de 2009.
[47] Sentencias T-170 y 663 de 2010.
[48] Sentencias T-964 de 2007 y T-170 de 2010.
[49]Constitución Política, artículo 50: “Todo niño
menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de
seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las
instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la
materia.”
[50] Ley 1098 de 2006, art. 7.
[51] Ibídem, art. 8.
[52]
Acápite 3.1. de esta providencia.
[53]
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones”.
[54]Ley
100 de 1993, artículos 159 y 162.
[55]Ley
100 de 1993, artículo 156.
[56] ARTÍCULO 42. TRANSPORTE O TRASLADO DE PACIENTES.
El Plan Obligatorio de Salud incluye el transporte en ambulancia para el
traslado entre instituciones prestadoras de servicios de salud dentro del
territorio nacional de los pacientes remitidos, teniendo en cuenta las
limitaciones en la oferta de servicios de la institución en donde están siendo
atendidos, que requieran de atención en un servicio no disponible en la
institución remisora.
El
servicio de traslado cubrirá el medio de transporte disponible en el medio geográfico
donde se encuentre el paciente, con base en su estado de salud, el concepto del
médico tratante y el destino de la remisión, de conformidad con la normatividad
vigente.
PARÁGRAFO.
Si a criterio del médico tratante el paciente puede ser atendido por otro
prestador, el traslado en ambulancia, en caso necesario, también hace parte del
Plan Obligatorio de Salud. Igual ocurre en caso de ser remitido a atención
domiciliaria.
[57]
“ARTÍCULO 43. TRANSPORTE DEL PACIENTE AMBULATORIO.
El servicio de transporte en un medio diferente a la ambulancia, para acceder a
un servicio o atención incluida en el Plan Obligatorio de Salud, no disponible
en el municipio de residencia del afiliado, será cubierto con cargo a la prima
adicional de las Unidades de Pago por Capitación respectivas, en las zonas
geográficas en las que se reconozca por dispersión.”
[58]
Artículo 2°.
[59]
Sentencia T-760 de 2008.
[60]
Sentencia T-741 de 2007.
[61]
Ver al respecto las sentencias T-884
de 2003, T-739 de 2004, T-223 de 2005, T-905 de 2005, T-1228 de 2005, T-1087 de
2007, T-542 de 2009, T-550 de 2009 y T-736 de 2010.
[62]
Sentencia T-838 de 2012.
[63]En la sentencia T-350 de 2003, una de las principales
decisiones dentro de esta línea jurisprudencial, se fundó en el artículo 2º de la
Resolución No. 5261 de 1994 del Ministerio de Salud (Manual de actividades,
intervenciones y procedimientos del Plan Obligatorio del Sistema de Salud en el
Sistema General de Seguridad Social en Salud), en tanto señala que ‘cuando
en el municipio de residencia del paciente no se cuente con algún servicio
requerido, éste podrá ser remitido al municipio más cercano que cuente con el
(sic). Los gastos de desplazamiento generados en las remisiones serán de
responsabilidad del paciente, salvo en los casos de urgencia debidamente
certificada o en los pacientes internados que requieran atención
complementaria. (…)’.
[64]
Estas reglas que a continuación se transcriben se establecieron en sentencias
anteriores a la T-760 de 2008 y en esta última se ordenó su inclusión en la
correspondiente regulación, razón por la cual fueron plasmadas en los acuerdos
008 de 2009 y 029 de 2011, aún cuando su desarrollo ha sido esencialmente por
vía jurisprudencial.
[65]Es de anotar que la clase de transporte a
utilizar deberá ser acorde al estado de salud del paciente y al concepto del
médico tratante.
[66] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencia T-900/02. En esta decisión, se analizaron algunos
casos, donde los usuarios, al ser remitidos a lugares distintos al de su
residencia para la práctica de distintos procedimientos médicos, pretendían que
las respectivas EPS asumieran el valor de su transporte, solicitud que fue
desestimada por la Corte ante la falta de concurrencia de los requisitos de
incapacidad económica del paciente y su familia y conexidad entre el
tratamiento y la vida e integridad física del mismo. Esta regla jurisprudencial
también fue utilizada en casos similares en las sentencias T-1079/01¸ T-197/03
y T-760/08, entre otras.
[67]
Sentencia T-769 de 2012.
[68]Corte Constitucional, sentencia T-350 de 2003. Esta
decisión ha sido reiterada por la Corte en varias ocasiones; entre otras, en
las sentencias T-962 de 2005 y T-459 de 2007.
[69] Sentencias T-550 de 2009 y T-352 de 2010, entre otras.
[70] Sentencia T-022 de 2011: “(i) sin perjuicio de las
demás reglas, es aplicable la regla general en materia probatoria, según la
cual, incumbe al actor probar el supuesto de hecho que permite obtener la
consecuencia jurídica que persigue; (ii) ante la afirmación de ausencia de recursos
económicos por parte del actor (negación indefinida), se invierte la carga de
la prueba correspondiendo en ese caso a la entidad demandada demostrar lo
contrario; (iii) no existe tarifa legal para demostrar la ausencia de recursos
económicos, la misma se puede intentar mediante negaciones indefinidas,
certificados de ingresos, formularios de afiliación al sistema, extractos
bancarios, declaración de renta, balances contables, testimonios, indicios o
cualquier otro medio de prueba; (iv) corresponde al juez de tutela ejercer
activamente sus poderes inquisitivos en materia probatoria, con el fin de
establecer la verdad real en cada caso, proteger los derechos fundamentales de
las personas y garantizar la corrección del manejo de los recursos del sistema
de seguridad social en salud, haciendo prevalecer el principio de solidaridad
cuando el peticionario cuenta con recursos económicos que le permitan sufragar
el costo de las intervenciones, procedimientos o medicamentos; (v) en el caso
de la afirmación indefinida del solicitante respecto de la ausencia de recursos
económicos, o de afirmaciones semejantes, se presume su buena fe en los
términos del artículo 83 de la Constitución, sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal que le quepa, si se llega a establecer que tal
afirmación es falsa o contraria a la realidad (vi) hay presunción de
incapacidad económica frente a los afiliados al SISBEN teniendo en cuenta que
hacen parte de los sectores más pobres de la población”.
[71] Sentencia
T-073 de 2012: “Esto quiere decir que al presentarse una acción de amparo
para reclamar el cubrimiento de un servicio como el de transporte, corresponde
en principio al accionante y su familia poner en conocimiento su situación
económica. Sin embargo, ante la negación indefinida de no poder asumir los
costos del servicio, se invierte la carga probatoria en cabeza de la
EPS a la cual se reclama el servicio.
Ello debido a que las EPS tienen en
sus archivos información referente a la situación socioeconómica de sus
afiliados y por tanto están en la capacidad de controvertir o ratificar las
afirmaciones formuladas por los accionantes referentes a su incapacidad
económica. En esa medida, su inactividad al respecto hace que las afirmaciones
presentadas por el accionante se tengan como prueba suficiente.”. En el mismo sentido ver sentencias: T-1019 de 2002,
T-906 de 2002, T-861 de 2002, T-022 de 2011, T-091 de 2011, T-233 de 2011,
T-481 de 2011 y T-523 de 2011, entre muchas otras.
[72]
Recientemente, siguiendo la línea jurisprudencial
citada, en la sentencia T-814 de 2006 la
Corte resolvió ordenar a la EPS demandada (Seccional Cauca del Seguro Social,
ARP) que garantizara la estadía y lo necesario para que el accionante [persona
en clara situación de vulnerabilidad] fuera trasladado, junto con un
acompañante, a la ciudad de Bogotá, a fin de que le practicaran los controles
médicos y exámenes que requería.
[73]
Sentencia T-760 de 2008.
[74]
Cfr. Sentencia T-073 de 2012.
[75]
Ley 1122 de 2007 y orden número 29 de la sentencia T-760 de 2008.
[76] Ley 715 de 2001. ARTÍCULO
43. COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS EN SALUD.
(…)43.2. De prestación de servicios de salud
43.2.1.
Gestionar la prestación de los servicios de salud, de manera oportuna,
eficiente y con calidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a
la demanda, que resida en su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras
de servicios de salud públicas o privadas.
43.2.2.
Financiar con los recursos propios, si lo considera pertinente, con los
recursos asignados por concepto de participaciones y demás recursos cedidos, la
prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con
subsidios a la demanda y los servicios de salud mental.
43.2.3.
Adoptar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar la
Política de Prestación de Servicios de Salud, formulada por la
Nación.
43.2.4.
Organizar, dirigir, coordinar y administrar la red de Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud públicas en el departamento.
43.2.5.
Concurrir en la financiación de las inversiones necesarias para la organización
funcional y administrativa de la red de instituciones prestadoras de servicios
de salud a su cargo.
43.2.6.
Efectuar en su jurisdicción el registro de los prestadores públicos y privados
de servicios de salud, recibir la declaración de requisitos esenciales para la
prestación de los servicios y adelantar la vigilancia y el control
correspondiente.
43.2.7.
Preparar el plan bienal de inversiones públicas en salud, en el cual se
incluirán las destinadas a infraestructura, dotación y equipos, de acuerdo con la
Política de Prestación de Servicios de Salud.
43.2.8.
Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas dictadas por la
Nación para la construcción de obras civiles, dotaciones básicas y
mantenimiento integral de las instituciones prestadoras de servicios de salud y
de los centros de bienestar de anciano.
[77] Ley 715 de 2001.  ARTÍCULO
44. COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS.  (…) 44.2.
De aseguramiento de la población al Sistema General de Seguridad Social en
Salud
44.2.1.
Financiar y cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado de la población
pobre y vulnerable y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal fin.
44.2.2.
Identificar a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y seleccionar
a los beneficiarios del Régimen Subsidiado, atendiendo las disposiciones que
regulan la materia.
44.2.3.
Celebrar contratos para el aseguramiento en el Régimen Subsidiado de la
población pobre y vulnerable y realizar el seguimiento y control directamente o
por medio de interventorías.
44.2.4.
Promover en su jurisdicción la afiliación al Régimen Contributivo del Sistema
General de Seguridad Social en Salud de las personas con capacidad de pago y
evitar la evasión y elusión de aportes.
[78] Ver sentencias T-957
de 2009, T-901 de 2009 y T-052 de 2011, entre otras.
[79] Sentencias T-663 de
2010 y T-052 de 2011.
[80] Así, por ejemplo, en la sentencia T-082 de 2006[80],
en la que una señora solicitaba la entrega de unos medicamentos, los cuales,
según pudo verificar la Sala Octava de Revisión, le estaban siendo entregados
al momento de la revisión del fallo, la
Corte consideró que al desaparecer los hechos que generaron la vulneración, la acción de tutela perdía su eficacia e
inmediatez y, por ende su justificación constitucional, al haberse configurado
un hecho superado que conducía entonces a la carencia actual de objeto, la cual
fue declarada por esa razón en la parte resolutiva de la sentencia. Así mismo, en
la sentencia T-630 de 2005[80],
en un caso en el cual se pretendía que se ordenara a una entidad la prestación
de ciertos servicios médicos que fueron efectivamente proporcionados, la
Corte sostuvo que “si durante el trámite de la acción de tutela, la
vulneración o amenaza a los derechos fundamentales desaparece, la tutela pierde
su razón de ser, pues bajo esas condiciones no existiría una orden que impartir
ni un perjuicio que evitar.” Igual posición se adoptó en la
sentencia SU-975 de 2003[80],
en uno de los casos allí estudiados, pues se profirió el acto administrativo
que dejó sin fundamento la tutela del actor, por lo que la
Corte estimó, sin juzgar el mérito de dicho acto, que se encontraba ante un hecho
superado.
[81] Ver
sentencia T-663 de 2010.
[82] Sentencia
T-612 de 2009.
[83] Sentencia T-469 de 2010.
[84] Entendidos
como hábiles según lo dispuesto en el Código de Régimen Político y Municipal.
[85] Como consta a
folios 14, 18 al 20, 32, 33 y 34 del cuaderno de instancia.
[86] Sentencia C-130 de 2002: “El régimen subsidiado, lo define el artículo 211 ib., en éstos
términos: ‘es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos
al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando tal vinculación se hace
a través del pago de una cotización subsidiada, total o parcialmente, con
recursos fiscales o de solidaridad de que trata la presente ley.’ Mediante este
régimen se financia la atención en salud de las personas más pobres y
vulnerables y sus grupos familiares que no tienen capacidad de cotizar.
Así las cosas son beneficiarios del régimen subsidiado
la población más pobre y vulnerable del país en las áreas rural y urbana, es
decir, sin capacidad de pago, teniendo especial importancia dentro
de este grupo, las madres durante el embarazo, parto y post parto y período de
lactancia, las madres comunitarias, las mujeres cabeza de familia, los niños
menores de un año, los menores en situación irregular, los enfermos de Hansen,
las personas mayores de 65 años, los discapacitados, los campesinos, las
comunidades indígenas, los trabajadores y profesionales independientes,
artistas y deportistas, toreros y sus subalternos, periodista independientes,
maestros de obra de construcción, albañiles, taxistas, electricistas,
desempleados y demás personas sin capacidad de pago (arts.
257, 212 y 213 ley 100/93).” (negrillas
originales).
[87] Véase copia de
su registro civil de nacimiento a folio 36 del cuaderno de instancia.
[88] El transporte debe ser el adecuado al estado de salud
del paciente.
[89]
Léase a folio 7 del cuaderno de instancia, el certificado médico del
profesional tratante internista nefrólogo de la
Unidad Renal de la Clínica Medilaser.
[90]
Léase a folio 56 del cuaderno de instancia: “… en la
necesidad de prestar los servicios médicos en instituciones que cuentan con los
recursos tecnológicos necesarios e idóneos hemos decidido seguir autorizando
los servicios al accionante en la
CLÍNICA MEDILASER de Neiva, entidad que nos ha garantizado en auditoria que
hemos realizado, cumple con los estándares necesarios para prestar los
servicios de Nefrología, razones estas que en protección de los derechos
fundamentales del accionante, solicitamos no nos obliguen a prestar estos
servicios en la institución pretendida por el accionante, toda vez que si en
virtud de dicho tratamiento el usuario tiene una recaída y/o fallece por la
falta de salas de procedimientos, banco de sangre y salas de recuperación,
en esa institución, a pesar de nuestros ruegos en ese sentido, queremos en este
documento, deslindar cualquier tipo de culpabilidad o responsabilidad en una
posible , investigación, reclamación o demanda por responsabilidad medica, toda
vez que debo seguir redundando que en la actualidad la institución NEFROUROS en
la ciudad de Pitalito no cuenta con los recursos necesarios para la práctica de
la nefrología en esa ciudad.”.
[91]
Folios 62 y 63 del cuaderno de instancia.
[92]
Consúltese a información a folio 56 y 61 del cuaderno de instancia.
[93]
Obra a folio 56 del cuaderno de instancia.
[94]
Ver entre otras las siguientes sentencias: T-1019 de 2002, T-906 de 2002,
T-861 de 2002, T-699 de 2002, T-447 de 2002, T-279 de 2002, T-113 de 2002.
[95]
“Artículo 20. PRESUNCIÓN DE VERACIDAD. Si el informe
no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los
hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria
otra averiguación previa”.
[96]
Acorde con el certificado del médico tratante que obra a folio 56 del cuaderno
de instancia.
[97] El transporte debe ser el adecuado al estado de salud
del paciente.
[98] Acuerdo 29 de 2011, art. 49.
[99]Teniendo en cuenta que los servicios de salud se
encuentran unificados para toda población colombiana entre 18 y 59 años, desde
el 1º de julio de 2012, fecha de entrada en vigencia del Acuerdo 032 de 2012.
[100] Artículo 156: “f)  Por cada persona
afiliada y beneficiaria, la entidad promotora de salud recibirá una unidad de
pago por capitación, UPC, que será establecida periódicamente por el consejo
nacional de seguridad social en salud;”
Artículo 182:
“De los ingresos de las entidades promotoras de salud. Las cotizaciones que
recauden las entidades promotoras de salud pertenecen al sistema general de
seguridad social en salud.
Por
la organización y garantía de la prestación de los servicios incluidos en el
plan de salud obligatorio para cada afiliado, el sistema general de seguridad
social en salud reconocerá a cada entidad promotora de salud un valor per
cápita, que se denominará unidad de pago por capitación, UPC. Esta unidad
se establecerá en función del perfil epidemiológico de la población relevante,
de los riesgos cubiertos y de los costos de prestación del servicio en
condiciones medias de calidad, tecnología y hotelería, y será definida por el
consejo nacional de seguridad social en salud, de acuerdo con los estudios
técnicos del Ministerio de Salud.” (negrilla
fuera de texto original).
[101]
[102] En la
Sentencia T-655 de 2006, la Corte consideró: “Observando las pruebas
halladas en el expediente, se tiene que no existe acción u omisión por parte de
las entidades demandadas que pongan en peligro los derechos fundamentales de
los demandantes. Por un lado, no existe acto alguno que desvirtúe los derechos
invocados por los actores, toda vez que estos ni siquiera han hecho la
solicitud de refinanciación y reliquidación de los respectivos créditos
directamente a las entidades accionadas, de tal forma que no es posible que se
haya dado una respuesta a dicha pretensión contra la cual pueda alegarse
efectos violatorios de derecho fundamental alguno.
En efecto, considera este tribunal que, antes de
intentar por vía de tutela la reclamación que aquí se expone, lo que debieron
hacer los accionantes fue hacer la solicitud respectiva a las entidades
competentes. Dentro del expediente del caso sub judice el escrito de
petición no se evidencia, además de que tampoco se enuncia en la demanda que se
hubiera intentado según los parámetros dados en el artículo 23 de la
Carta Política. Si el acto de la autoridad pública es inexistente sería
ilógico pretender, por vía de tutela, controvertir lo que no existe en el mundo
jurídico.
[103] Sentencia T-883 de 2008: “Como fue indicado con
anterioridad, en materia constitucional - para el caso del estudio concreto de
constitucionalidad vía de amparo o tutela - existen unas causales legales
específicas de procedencia e improcedencia contempladas en los artículos 5º y
6° del Decreto 2591 de 1991. Denegar la acción implica un análisis de fondo,
mientras que la improcedencia supone la ausencia de los requisitos procesales
indispensables para que se constituya regularmente la relación procesal o
proceso y el juez pueda tomar una decisión de fondo sobre el asunto sometido a
su consideración.
En este orden de ideas, ante la ausencia de un requisito
lógico-jurídico esencial para que la relación procesal pudiera constituirse, el
juez de instancia debió haber declarado improcedente la acción, mas resolvió
denegar el amparo solicitado, lo que equivale a decir que, tras un análisis de
fondo, la accionante no tenía derecho al amparo. De esta forma, la
Sala revocará la sentencia de instancia y en su lugar declarará improcedente
la acción interpuesta.”