T-324-16
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-324/16
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Cualquier persona puede exigir el
cumplimiento de los derechos de los niños/LEGITIMACION POR ACTIVA DE
PROCURADOR JUDICIAL PARA INTERPONER ACCION DE TUTELA A NOMBRE DE MENORES DE
EDAD
Cualquier persona tiene la posibilidad de
interponer la acción de tutela ‘por sí misma o por quien actúe a su nombre’
para invocar la protección de sus derechos fundamentales. De igual forma, el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela podrá
ser interpuesta “por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
(…) También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. (…) También podrá
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”. Al Ministerio Público le corresponde,
entre otras, la guarda y promoción de los derechos humanos. Asimismo, los
numerales 1, 2 y 7 del artículo 277 de la Constitución Política consagran como
funciones del Procurador General de la Nación, para ser ejercidas de manera directa
o por intermedio de sus delegados o agentes, vigilar el cumplimiento de la
Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos;
proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad; y la intervención en
los procesos ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea
necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los
derechos y garantías fundamentales. En igual sentido, el inciso final del
citado artículo 277 dispone que el Procurador General podrá interponer las
acciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
CONCEPTO DE PROVIDENCIA JUDICIAL-También comprende autos interlocutorios
El concepto de providencia judicial en el marco de la
doctrina de la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, comprende tanto las sentencias como los autos que son proferidos
por las autoridades judiciales. No obstante, esta Corporación ha señalado que
en los casos en que se ataquen decisiones adoptadas en autos, éstas, por regla
general, deben ser discutidas por medio de los recursos ordinarios que el
legislador ha dispuesto para el efecto.
ACCION DE TUTELA CONTRA AUTOS
INTERLOCUTORIOS-Requisitos
para procedencia excepcional
Cuando se evidencie una vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales de las partes que no puede ser reprochada
mediante otros medios de defensa judicial. Por tanto, la acción constitucional no
será procedente cuando han vencido los términos para interponer los recursos
ordinarios y la parte afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron
utilizados, pero en forma indebida; 2. Cuando a pesar de que existen otros
medios, éstos no resultan idóneos para proteger los derechos afectados o
amenazados; o 3. Cuando la protección constitucional es urgente para evitar un
perjuicio irremediable. En el primer caso, para que proceda la tutela, deberán
reunirse los requisitos generales de procedencia y presentarse al menos una de
las causales específicas de procedibilidad de la acción tutela contra
providencias judiciales que han sido fijados por esta Corporación.
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE COMO
CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia
DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Concepto
Por precedente se ha entendido, por regla general,
aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un
caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas
jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para
resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.
PRECEDENTE VERTICAL-Concepto
Se relaciona con los lineamientos sentados por las
instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la
respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de
asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales lo
determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, como órganos de
cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos en los que no son
susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los
tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los
operadores judiciales inferiores.
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL COMO CAUSAL AUTONOMA-Se predica exclusivamente de los precedentes fijados
por la Corte Constitucional en su jurisprudencia
Se presenta generalmente cuando la Corte
establece el alcance de un derecho fundamental o señala la interpretación de un
precepto que más se ajusta a la Carta, y el juez ordinario al resolver un caso
limita sustancialmente dicho alcance o se aparta de la interpretación fijada
por esta Corporación. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental vulnerado u otros mandatos de orden superior. La supremacía del precedente
constitucional se deriva del artículo 241 de la Constitución Política, el cual
asigna a la Corte Constitucional la función de salvaguardar la Carta como norma
de normas – principio de supremacía constitucional.
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-En el caso de sentencias de control
abstracto de constitucionalidad y de unificación de tutela proferidas por la
Corte Constitucional, es suficiente una providencia para que exista precedente
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE-Requisitos que se deben demostrar
El precedente
constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones
legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de
constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de
control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto
que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o
(iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales
fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus
sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela.
DERECHO DE ALIMENTOS-Concepto
La Corte Constitucional ha entendido por derecho de
alimentos a “aquél que le asiste a una persona para reclamar de quien está
obligado legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia cuando no está
en capacidad de procurársela por sus propios medios”.
DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS NIÑOS A RECIBIR
ALIMENTOS-Protección
constitucional
DEBER DE SUMINISTRAR ALIMENTOS A LOS
HERMANOS-Entre los
hermanos de simple conjunción legítimos o medios hermanos
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Improcedencia
por existir otro medio de defensa judicial para reclamar cuota alimentaria a
favor de hijos menores dentro de proceso de sucesión
Referencia: expediente T-4.280.684
Acción de Tutela interpuesta por la
Procuradora Veintiocho Judicial para la defensa de los derechos de la
infancia y adolescencia contra el Juzgado Segundo de Familia de Tunja.
Derechos invocados:
La vida, la integridad física, la salud,
la seguridad social, la alimentación equilibrada, la educación, la cultura y la
recreación de los niños.
Temas:
Procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales; el
defecto sustantivo por desconocimiento de precedente y el derecho fundamental
de los niños a recibir alimentos.
Problema jurídico:
Desconocimiento del precedente
constitucional por parte del Juzgado Segundo de Familia de Tunja, al dar por
terminado el proceso de fijación de cuota alimentaria por considerar que los
demandantes no son hermanos legítimos de las demandadas.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., veintiuno
(21) de junio de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub -quien la preside- Luis Ernesto Vargas Silva y Martin Gonzalo Bermúdez
Muñoz, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y
específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la decisión
de tutela adoptada por la Sala de Casación civil de la
Corte Suprema de Justicia, el 24 de enero de 2014, que confirmó el fallo proferido por la
Sala Civil Familia del Tribunal
Superior de Tunja el 15 de enero de 2014, mediante el cual se negó el amparo de los derechos
fundamentales invocados en
la acción de tutela de la referencia.
1.
ANTECEDENTES
1.1.
SOLICITUD
La Procuradora Veintiocho Judicial para la defensa de los derechos
de la infancia y adolescencia, actuando en representación de la señora Eve
Tomkins Fonseca Ariza, madre de los niños Marco Fidel, Elena María y Valentina
Cano Fonseca, instauró acción de tutela contra el Juzgado Segundo de Familia de
Tunja por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, la
integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada,
la educación, la cultura y la recreación de los niños.
Sustenta su solicitud en los
siguientes:
1.2.
HECHOS Y
ARGUMENTOS DE LA DEMANDA
1.2.1.
Manifiesta
la accionante, que el señor Marco
Fidel Cano Puerto contrajo matrimonio católico con la señora Nohora Edith Fonseca Niño,
unión de la que nacieron las señoritas Nohora Milena y Ángela Patricia Cano Fonseca, quienes en la
actualidad son mayores de edad.
1.2.2.
Señala que posteriormente, durante los últimos diez años de su
existencia, convivió maritalmente con la señora Eve Tomkins Fonseca Ariza. De esta
relación procrearon a Marco Fidel, Elena María y Valentina Cano Fonseca, todos
menores de edad.
1.2.3.
Indica
que mientras el señor Marco Fidel Cano estuvo vivo, sus cinco hijos
compartieron armoniosamente como, dice, era su deseo, sin importar que las
madres fueran diferentes. Igualmente, expone que el señor Cano Puerto se
dedicaba al comercio y la señora Fonseca Ariza a ser ama de casa.
1.2.4.
Manifiesta que cuando a Marco Fidel Cano le diagnosticaron
cáncer, Eve Tomkins se encontraba en estado de embarazo de su último hijo. Por
este motivo, acordó con las hijas mayores para que su compañero Marco Fidel
vivera durante su enfermedad en casa de su esposa e hijas, para no poner en
riesgo al bebé en gestación.
1.2.5.
Durante ese tiempo, dice, la administración de los bienes y valores del
señor Marco Fidel Cano estuvo en manos de sus hijas mayores, razón por la que
la señora Eve Tomkis no disponía de recursos económicos y eran las hijas de su
compañero quienes suministraban lo necesario para el sostenimiento de sus
hermanos extramatrimoniales, por orden de Marco Fidel Cano. Sin embargo, una
vez falleció su padre el 10 de noviembre de 2011, los menores quedaron
totalmente desprotegidos puesto que era su progenitor quien se encargaba de su
manutención.
1.2.6.
Para
la fecha del fallecimiento de su compañero, la señora Eve Tomkis Fonseca residía
con sus hijos en el municipio de Barbosa, Santander, donde el señor Cano
Fonseca también ejercía su actividad comercial y residían en un apartamento que
estaba a nombre de su hija Ángela Patricia Cano Fonseca, inmueble del cual la
señora Eve Tomkis fue despojada arbitrariamente mediante acción policiva en el
mes de marzo de 2013.
1.2.7.
Señala
que todos los bienes de su compañero y su administración están a nombre de sus
hijas mayores. Ante esta situación y las circunstancias de adversidad
sobrevivientes, la señora Eve Tomkis Fonseca demandó por alimentos a las
hermanas mayores de sus hijos. Esta demanda correspondió por reparto al Juzgado
Segundo de Familia de Tunja y admitida mediante auto del 27 de febrero de 2013.
En dicho proveído, se fijó una cuota provisional de alimentos a favor de los
menores Marco Fidel, Elena María y Valentina Cano Fonseca y a cargo de las
demandadas.
1.2.8.
Al
dar respuesta a la demanda, las señoras Nohora Milena y Ángela Patricia Cano
Fonseca, presentan recurso de reposición a título de excepciones previas
considerando improcedente la solicitud y falta de legitimación por pasiva. En
auto del 28 de agosto de 2013, el Juzgado accionado decreta falta de
legitimación por pasiva, argumentando que los menores demandantes no son
hermanos legítimos de las demandadas, de conformidad con el artículo 411 del
Código Civil.
1.2.9.
Considera
que la anterior decisión desconoce las garantías que el ordenamiento jurídico
otorga a los menores de edad, quienes son considerados sujetos de especial
protección y por tanto, es obligación del Estado promover las acciones
necesarias con el fin de suplir las necesidades básicas de este grupo.  Igualmente,
señala que se desconoce la jurisprudencia constitucional (sentencia C-156 de
2003) al no tener en cuenta que en este caso se trata de hermanos de simple
conjunción legítimos o medios hermanos, toda vez que son hijos del mismo padre.
1.2.10.   Expone que los niños
están en una situación de indefensión, pues su madre no está en capacidad de
asegurar su subsistencia ya que padece de cáncer. Por esta razón acude a las
hermanas mayores, quienes son su familia más cercana y cuentan con una
capacidad económica suficiente para asegurar los derechos que actualmente se
están vulnerando. Además, son quienes están en posesión y administración de los
bienes del padre común.
1.2.11.   Señala que
de conformidad con el artículo 6 del Código de la
Infancia y la Adolescencia, el juez debía aplicar la norma más favorable a los
intereses de los menores, deber que cobija la disposición discriminatoria
contenida en el Código Civil.
1.2.12.   Como
consecuencia de lo anterior solicita que se deje sin efectos la decisión del
Juzgado Segundo de Familia de Tunja y se disponga la continuación del proceso
de alimentos iniciado por la madre de los menores.
1.3.
ACTUACIÓN DEL
JUEZ DE INSTANCIA
1.3.1.  El 15 de octubre de 2013, la
Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja admitió la demanda y ordenó
correr traslado al Juzgado Segundo de Familia de Tunja accionado.  En el mismo
auto, solicitó en calidad de préstamo el expediente del proceso verbal sumario
de fijación de alimentos y ordenó la vinculación de las partes intervinientes
en el mismo.
1.3.2. Posteriormente, en proveído del 16 de octubre de 2013,
citó para rendir interrogatorio a las señoras Nohora Milena y Ángela Patricia
Cano Fonseca y Eve Tomkins Fonseca Ariza, con el fin de ampliar los hechos de
la acción de tutela.
El magistrado, al abrir la diligencia, dejó
constancia la animadversión entre las partes y procedió a escuchar la
declaración de la señora Eve Tomkins Fonseca Ariza, quien manifestó, entre
otras cosas lo siguiente:
“(…) tengo cuatro hijos, los tres últimos
de Marco Fidel Cano Puerto. La mayor tiene 17 años, vive conmigo, los otros
tienen ocho, cuatro y tres años. Estudian los dos primeros en el colegio María
Montesoury de Barbosa. La chiquita no estudia, mi hija la mayor me ayuda a
cuidarla, es que ella estudia pero valida los sábados. PREGUNTADO: Coméntele de
quién es la finca donde ustedes viven? CONTESTO: de Marco Fidel Cano, llevamos
viviendo dos años, por temporadas hemos vivido allá. Antes vivíamos en Tunja en
el barrio La Florida, urbanización la
Florida, apartamento 202, edificio k1. Sé que se llama La
Florida. Allá viví cinco años con Marco Fidel Cano y mis hijos. El estaba ahí
todos los días. (…) Trabajo en oficios varios, aseo, lavadas, aseo en
apartamentos. El papá de mi hija mayor no me ayuda. Ellos en la actualidad
viven lo normal, antes vivían mejor porque el papá les daba todo lo que los
niños necesitaban, yo no tenía que trabajar, a partir de la muerte de él tuve
que trabajar. Después que el falleció todo cambió, no hay la misma comida de lo
que él les daba. Toca dejárselos a veces al cuidado de otras personas para yo
poder ir a trabajar. La finca es de trabajo, ahorita no tenemos nada, antes se
criaba pollos cuando Fidel estaba vivo. Es que yo quedé embarazada de los niños
y me trajo para Tunja, el criaba pollos en galpones, yo antes trabajaba ahí,
recogiendo por los (sic) y matando. Pero yo lo conocía el (sic) cuando puso una
venta, una distribuidora de pollos y huevo. Yo era la vendedora, eso fue en el
2002. En la finca tiene una casa con tres habitaciones, sala comedor, cocina y
baño. Es en el campo, en una vereda que se llama Santa Rosa. Eso queda como a
cinco kilómetros de Barbosa, en carro nos gastamos como diez minutos es que es
según las paradas que hagan.  Yo los traigo todos los días al colegio en carro
muchilero. El colegio tiene ruta pero no tengo para pagar. Es que ellos
estudian en colegio privado porque el papá los tenía estudiando en un colegio
privado. PREGUNTADO. Dígale al Tribunal cuáles son sus ingresos mensuales.
CONTESTO: Doscientos mensuales. Nosotros vivimos con ayuda de los vecinos,
ellos me llaman para que les ayude y ellos me dan la comida para los niños. Me
ayuda una tía, hermana de mi mamá, medio hermana de mi mamá. Ella le da el
estudio a los niños, ella se llama YANETH BRIGITH JIMÉNEZ BOHORQUEZ. Mi mamá no
sé donde está. Lo último que se es que mi mamá estaba en Estados Unidos, que se
fue a trabajar. Mis hermanos están en Canadá con el papá, pero no me ayudan, le
mandan dinero a mi hija la grande. Yo no me podía ir con los niños, mis
hermanos están allá hace seis años. Yo no pude irme porque Fidel no les dio
permiso de salir del país. PREGUNTADO: Coméntele al Tribunal por qué colocó
usted a través de la señora Procuradora la acción de tutela. CONTESTO: porque
el juez de familia falló en contra de que las hermanas mayores no tenían la
obligación de pagarle alimentos a los niños. Yo les reclamaba alimentos a las
hermanas mayores porque desde antes que murió y Fidel y después que mutuó (sic)
el se hicieron cargo de pagar los servicios, del mercado, de todo, y de pronto
ellas dejaron de ayudarles, de mandar el mercado. Yo no tenía la capacidad para
darles a los niños lo que les dio el papá. Es que en vida Fidel me dijo que las
había delegado para  hacerse cargo de los niños. Pero cuando murió no se, creo
que porque inicié el proceso de la sucesión. Al iniciar la sucesión ellas
dejaron de estar pendientes de los niños, ya no les mandaban, ya no pagaban.
Ellas pagaban no con lo de ellas, sino con los arriendos de los locales. Esos
arriendos no han entrada a la sucesión porque la señora Nora Edith, la hija de
Marco estaba cobrándolos personalmente. Entonces los niños no tienen con que y
como ellas son las que reciben los ingresos de la sucesión, por eso las demandé
por alimentos. Ellas ya son grandes, son profesionales, tienen con qué y mis
hijos no, puesto ellas no daban con lo de ellas sino con lo de la sucesión. (…)
Hasta el momento no se ha liquidado nada, se ha ido prolongado, porque el
juzgado se ha abstenido porque ellas han puesto recursos, incluso demandaron la
paternidad, impugnaron el apellido, con testigos falsos, llevaron a la novia o
compañera de Luis Alberto Cano y dice que es que yo tengo relación con Luis
Cano, pero es falso. PREGUNTADO: Cómo es el trato de sus hijos con las hermanas
hijas matrimoniales del señor Marco Fidel Cano. CONTESTO: Hasta enero 13 de
este año ellas dejaron de llevarles y visitarlos, fueron Nora Milena, Ángela
Patricia que son las hermanas y la señora  Nora Edith Fonseca Niño, que es la
mamá de las hermanas de los niños. No se por qué fue ella. Yo no estaba, estaba
mi hija mayor con una psicoorientadora que está de visita y había salido con mi
hermano y mi hija de ocho años. Ellas llegaron a visitar los niños ya dejarles
unos detalles. Mi hija mayor los recibió y dejaron los regalos. Yo llegué a la
finca, las encontré a la salida, hablé con ellas, teníamos un proceso de cuota
alimentaria en la comisaría de familia de Barbosa y ellas no podían ingresar
sin orden a la finca. Yo les dije que no tenía problema que visitaran pero
después de todo lo que me habían hecho no entendía. Ellas colocaron una demanda
en contra de patria potestad diciendo que yo tenía los niños abandonados en la
finca. (…) PREGUNTADO: Coméntele al Tribunal si la familia matrimonial de don
Marco Fidel sabía de la existencia de sus hijos. CONTESTO: sí señora, porque
ellas compartían con nosotros, ellas iban a visitar a los niños, nos íbamos
todos para la finca. Es decir, Marco Fidel y las niñas de él, yo y los niños.
(…)”
También estuvo presente la señora Nora
Milena Cano Fonseca, quien manifestó, con relación al trato con sus hermanos
menores y a su condición económica, lo siguiente:
“No tengo ninguna relación, no tengo trato,
nunca nos hemos tratado, porque existe un dolor interno respecto a la aflicción
que vivió mi madre Nora Edith Fonseca por las relaciones clandestinas y
sexuales que tuvo mi papá con la señora Eve. Yo no los conocí, ni he ido a
donde ellos. Yo no he tenido relación. (…) Se que están viviendo en Barborsa
por la demanda de reconvención que presentaron en el juzgado Primero Civil del
Circuito de Velez, en un proceso reivindicatorio de la finca denominada La
Isla, en donde la señora Eve manifiesta vivir en Barbosa. Esa finca es de mi
hermana Ángela Patricia Cano. Ella está en Estados Unidos, ella se fue hace
cinco años, ella trabaja para una empresa llamada Mediqueit, ella es financista
de la Universidad Sergio Arboleda, ella tiene esa finca hace cinco años, ella
ya era graduada, ella trabajó en la bolsa nacional agropecuaria, ella al igual
que yo hemos tenido éxito profesional. (…) Después de la muerte de mi papá el
10 de noviembre de 2011 me acerqué a los menores, a la finca en Barbosa para
conciliar sobre los bienes de mi padre, sobre los derechos que le corresponden,
pero la madre no lo permitió y nos caucionó en la inspección de policía de Barbosa,
del corregimiento de Cite, porque non os podíamos volver a acercar a los niños,
dice que solo nos acercamos con violencia y porque queríamos tomar posesión de
la finca, pero nosotros le llevábamos era unos regalos con mi hermana. No hemos
vuelto. La sucesión de mi papá la inició Eve Tomkins Fonseca el 16 de marzo del
año 2012.”
Con relación a los bienes y las rentas
generadas por éstos, la señora Cano Fonseca señaló:
“Sí se genera renta y las rentas las
percibe el juzgado Tercero de Familia las percibe, pero no se desde cuándo. Yo
no he percibido renta. Después de la muerte yo percibí la renta pero después de
la sucesión no. Producto de esos bienes se le hizo mercado, se le colaboró con
dineros en documentos que pongo de presente, pero luego de que ella inició la
sucesión y el juzgado ordenó a los arrendatarios consignar esos dineros a la sucesión,
no volvimos a recibir dineros de esos bienes y no volvimos a colaborarles
porque no teníamos nada de la sucesión, incluso yo estaba sin las
posibilidades, mis hermanas tampoco, no tenemos el deber legal ni
jurisprudencial. Tenemos con que pero no tenemos el deber legal. Nosotros no
tenemos que darles alimentos para eso mi señor padre dejó unos bienes con los
cuales se puede responder por alimentos de los niños, situación diferente es
que ella no ha querido conciliar ni arreglar por las buenas, sino que ha
preferido el pleito judicial. Nosotros le hemos colocado pleito, pero después
de la sucesión. Ella es la que inicia el pleito de la sucesión, luego se toma
la posesión de una finca que es de mi hermana, seguido arrienda un bien del
cual no era propietaria, ella vivía ahí porque mi hermana le permitió a mi papá
que ella fuera a vivir allá con los niños, mientras que estudiaban en el
colegio Lev Bidosku del barrio la Florida, eso fue durante tres años, antes de
morir mi papá. No sé por qué ella permitió eso. Yo no sabía que vivían allá. Yo
conocía los niños solo cuando mi papá se enfermó el 16 de marzo de 2011. El no
vivía con ellos. Mi papá vivía con mi mamá, incluso era el administrador del
edificio donde vivían. Mi papá era abogado pero el se dedicó al litigio en los
últimos años. Antes del 2009 fue comerciante de ropa, avícola y finalmente se
dedicó al litigio.”
1.3.3. En escrito del 29 de octubre de 2013,[1] la
Procuradora de Familia hizo algunas precisiones con relación a los hechos de
la tutela y manifestó:
“(…) 2. Del estudio de los
documentos que obran al proceso de alimentos y que conjuntamente en otra copia
se allegan a su despacho se puede establecer que efectivamente el señor MARCO
FIDEL CANO PUERTO y la señora NOHORA EDITH FONSECA NIÑO contrajeron matrimonio
el diez de enero 1988 matrimonio que fue registrado por la señora NOHORA EDITH
el día veintiséis de septiembre del año 2003; de igual manera NOHORA MILENA
CANO FONSECA es nacida el 11 de septiembre de 1983 y ANGELA PATRICIA CANO
FONSECA el día 4 de noviembre de 1984; lo anterior evidencia que las demandas
NOHORA MILENA y ANGELA PATRICIA CANO FONSECA no son hijas legítimas del señor MARCO
FIDEL CANO PUERTO, es decir, tienen la misma condición de los menores
demandantes.
3. Prueba de lo anterior es que los
registros civiles de nacimiento NOHORA MILENA Y ANGELA PATRICIA CANO FONSECA no
aparecen suscritos por su señor padre, lo que una vez más permite afirmar que
tampoco fueron legitimadas por el hecho del matrimonio posterior de sus padres,
acto que en derecho corresponde al acto solemne de la legitimación de los hijos
nacidos antes del matrimonio conforme lo señala el artículo 44 numeral 4 del
decreto 1260 de 1970 y en concordancia con el artículo 236 y siguientes del
código civil.
4. Con lo anterior queda desvirtuada la
calidad de legítimas de las demandadas lo que a su vez representa una igualdad
ante la Ley frente a sus hermanos menores demandantes, más aun cuando quedó
demostrado que son las demandadas quienes ostentan la administración de los
bienes de la sucesión.
5. En audiencia de interrogatorio de parte
oficiosamente decretada por su señoría fue la misma la
NOHORA MILENA CANO quien aportó evidencias de las ‘ayudas o colaboración con
el suministro de mercados para sus tres hermanos’, ratificando lo afirmado en
la demanda que efectivamente dieron cumplimiento así fuera en mínima parte al
deseo de su padre de procurar por el bienestar de los tres menores.”
1.3.4. En sentencia del 31 de octubre de 2013, la
Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja negó la tutela de los
derechos fundamentales invocados. Sin embargo, la
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en auto del 18 de noviembre de 2013
declaró la nulidad de todo lo actuado, a partir del auto que admitió a trámite
la presente acción, por no vincular al Defensor de Familia adscrito al Juzgado
Segundo de Familia que hace parte del proceso objeto de acusación.
1.4.
TRASLADO Y
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Al descorrer el traslado, las partes
manifestaron lo siguiente:
1.4.1.  Juzgado Segundo de Familia de Tunja
Este despacho se limitó a
remitir el proceso de alimentos en calidad de préstamo, sin realizar
pronunciamiento alguno frente a los hechos de la tutela.
1.4.2.  Contestación de las señoras Nohora Milena y
Ángela Patricia Cano Fonseca
Las vinculadas, empiezan por
señalar las inconsistencias que consideran, se observan en la acción de tutela,
tales como la dirección suministrada para notificaciones de la accionante y de
los menores, la identificación del señor Marco Fidel Cano y la afirmación de
hechos que, como servidora pública, no le constan a la procuradora de familia.
En segundo lugar, alegan que
no existe vulneración alguna a los derechos de los menores.  Consideran que la
madre de los niños no se encuentra en una situación económica precaria, tal
como se observó en la declaración por ella rendida, ya que los niños se
encuentran bien y están estudiando en Barbosa.
Por último, señalan que
existe un pronunciamiento de la misma Sala dentro de una acción de tutela por
los mismos hechos, en la cual se discutió la procedencia de la acción contra el
auto del 28 de agosto de 2013 proferido por el Juzgado Segundo de Familia de
Tunja. Tutela instaurada por las ahora intervinientes.
En ese entendido, solicitan
que se declare improcedente la acción de tutela.
2.
DECISIONES
JUDICIALES
2.1.  PRIMERA INSTANCIA: SALA CIVIL FAMILIA DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE TUNJA
En sentencia del 15 de enero de 2014, la
Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja negó la tutela de los
derechos fundamentales invocados.
2.1.1.  En primer lugar, consideró que en el presente caso, “la
discriminación de hermanos legítimos e ilegítimos que hace hoy en día un Juez
de Familia, no es una interpretación suya, no es arbitraria ni caprichosa sino
que está contenida en un precedente judicial que a su vez remite a un
precedente de exequibilidad que constituye cosa juzgada constitucional; por lo
que la Sala se ve forzada a acatarlo, pese a que de alguna forma, podría entrar
en contradicción con el derecho a la igualdad y a la dignidad, por la que en
razones del origen familiar o el origen de la concepción y el nacimiento, no se
podría establecer trato discriminatorio, dado que de una parte se reconoce y
protege la unidad familiar sea a partir del matrimonio o la unión constitutita
al margen de esta, y a que de otra parte, la ley 29 de 1982 superó para
eliminar la diferencia de derechos entre los hijos, e igualmente el art. 42 de la
C.N. reconoce la igualdad de los hijos en relación a los padres y de estos con
aquellos”.
En esa medida, señaló que el precedente
constitucional se impone y resta posibilidad de interpretación de la norma al
juez de conocimiento, sin perjuicio de que en un futuro se pueda replantear el
tema para que en una dinámica de ponderación judicial y ajuste del derecho a la
realidad social, sea la Corte la que realice su interpretación.
2.1.2.  En segundo lugar, consideró válido “plantear la
reflexión respecto a la existencia de sentencias posteriores  que han
establecido como un axioma la igualdad de los hijos en derechos, por lo que con
apoyo en esas sentencias podrían armonizar los fallos para deducir las
consecuencias. El tema de legítimo o ilegítimo es una calidad que da la
filiación. Es un estado civil que viene de la relación paterno-filial. No es
una situación que se pueda predicar de un hermano respecto de otro hermano,
sino que es la consecuencia de la filiación. Se puede hablar de hermanos de
doble conjunción carnal, aspecto sobre el que no hay pronunciamiento expreso.
Hay muchos pronunciamientos de la igualdad de los hijos. No obstante, la
sentencia invocada por el juez se encuentra en conflicto con otras sentencias
de la Corte donde se habla de igualdad, pero al ser materia de cosa juzgada
constitucional debe aplicarse”.
2.1.3.  Finalmente, expuso que “pese a la contradicción en
los pronunciamientos constitucionales contenidos en la sentencia 105 de 1994 y
156 de 2003 en relación a otras sentencias sobre el mismo tema, que ameritan
una revisión y eventualmente podrían dar origen a otra demanda, no se le dará
la razón a la señora PROCURADORA DE FAMILIA, que como ya se explicó acude
carente de cualquier interés de contenido patrimonial o económico de parte, no
en auxilio de la progenitora de los niños, sino en un deber legal y
constitucional de exigibilidad de los derechos y garantías a favor de los
menores de edad, por lo cual está convocada a incoar las acciones judiciales
para exigir frente a cualquier autoridad competente el cumplimiento y el
restablecimiento de los derechos de los niños. Papel proactivo y de
cumplimiento y de cumplimiento que se le abona a la señora procuradora”.
Además, señaló que con independencia de si
la cuota alimentaría debe trasladarse a la sucesión o a sus hermanas mayores
por ser las administradoras de los bienes de la sucesión, hechos sobre los que
no hace pronunciamiento alguno, “lo cierto es que al finiquitarse el trámite
declarando la falta de legitimación en la causa por pasiva, conforme a los
argumentos antes expuestos, no resulta contrario a la previsión normativa, el
análisis constitucional y en conclusión, no constituye defecto sustantivo por
el que se estructure una vía de hecho con la que se vulneran derechos
fundamentales. Mas allá que el tema resulta polémico y que debe ser revisado, o
que el señor juez hubiera podido hacer un análisis de ponderación más
exhaustivo frente a la contradicción de intereses; el accionado se apoyó en el
precedente constitucional de exequibilidad”.
2.2.
IMPUGNACIÓN
Inconforme con la anterior decisión, la
Procuradora accionante, dentro del término legal, la impugnó bajo los
siguientes argumentos:
2.2.1. En primer lugar, consideró al momento de decidir el
juez ha debido tener en cuenta el artículo 9 del Código de la
Infancia, la Adolescencia y la Familia que dispone “en caso de conflicto
entre dos o más disposiciones
legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable
al interés superior del niño, niña o adolescente” y la posición de la
Corte Constitucional, inclinada a la prevalencia de los derechos del menor.
2.2.2. En segundo lugar, resaltó la precaria condición de los
niños y el mal estado de salud de la madre de éstos, lo que imposibilita que
trabaje de manera permanecen y pueda darles el nivel de vida que sus hijos
tenían cuando el padre vivía.
Por último, consideró que la posición del
Tribunal es contradictoria frente a la aplicación del precedente “puesto que
habla de su aplicación como fuente vinculante pero niega la existencia de la
inexequibilidad de las expresiones legítimos e ilegítimos, lo que en
consecuencia vulnera los derechos fundamentales de los menores”.
Por esa razón, consideró que la tutela es
el mecanismo idóneo para proteger sus derechos fundamentales y obtener la
prestación solicitada.
2.3.
SEGUNDA
INSTANCIA: SALA CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
2.3.1.  Mediante sentencia del 24 de enero de 2014, la
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión impugnada al
considerar que, en principio, “el fallador constitucional no está llamado a
revisar las determinaciones proferidas por las autoridades naturales, premisa
bajo la cual sólo se permite su intervención para corregir pronunciamientos que
sean antojadizos y caprichosos”. En ese entendido, consideró que los
argumentos del juez accionado no son producto del capricho o de una
interpretación amañada que contradice su tenor literal, lo que hace
improcedente la tutela.
Adicionalmente, señaló que el juez
ordinario ya había indicado cuál era el escenario para solventar las
necesidades de los niños, es decir, la liquidación de la herencia del padre,
razón por la que ordenó su notificación al Ministerio Público para que
interviniera a favor de los niños.
2.3.2.  Finalmente, luego de citar providencias de esta
Corporación[2]
concluyó que la obligación de ayuda entre hermanos sólo aplica entre los
denominados “legítimos”, hecho que no riñe con las conclusiones a las que llegó
el juzgado accionado. En consecuencia, estimó que el funcionario acusado obró
de conformidad con la jurisprudencia constitucional sin que pueda atribuírsele
una conducta arbitraria.
3.
PRUEBAS
DOCUMENTALES
Se encuentran en el expediente
las siguientes pruebas documentales relevantes:
3.1.
Fotocopia de
recibo de fecha 7 de marzo de 2012, que certifica la entrega de la suma de
$2.195.000 a la señora Eve Thomkins Fonseca por concepto de arriendos de bienes
y a favor de los niños (folio 41
C. 1).
3.2.
Fotocopia de la
Resolución 075 de 2013 mediante la cual la
Alcaldía de Tunja da por terminado un proceso policivo de lanzamiento por
ocupación de hecho contra las señoras Nohora Fonseca Niño y Nohora Cano Fonseca
(folios 43-44 C.1).
3.3.
Fotocopia de la
historia clínica de la señora Eve Thomkins Fonseca (folios 45-72
C.1).
3.4.
Fotocopia del auto
admisorio del proceso de impugnación de paternidad, proferido por el Juzgado
Tercero de Familia de Tunja (folios 87
C.1).
3.5.
Fotocopia de la
audiencia de conciliación, fijación del litigio, saneamiento, decreto y práctica
de pruebas, alegatos y sentencia, del 3 de julio de 2013, proferida por el
Juzgado Segundo de Familia de Tunja (folios 89-96
C. 1).
3.6.
Fotocopia de la
apertura del proceso de sucesión del causante Marco Fidel Cano Puerto, de fecha
26 de marzo de 2012 proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Tunja (folios
97-99 C. 1).
3.7.
Fotocopia de la
sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Tunja, dentro de
la acción de tutela instaurada por la señora Nohora Milena Cano Fonseca (folios
100-112 C.1).
4.
ACTUACIÓN EN
SEDE DE REVISIÓN
4.1.
Mediante auto de
fecha 6 de junio de 2014 el Magistrado Sustanciador, teniendo en cuenta los
hechos narrados en la tutela, solicitó al Juzgado Tercero de Familia de Tunja
que informara, por un lado, “el estado del proceso de sucesión radicado bajo el número
2012-0099 iniciado por la señora Eve Tomkins Fonseca Ariza” y por otro, “el estado del proceso de
impugnación de paternidad radicado bajo el número 2013-0369 iniciado por la
señora Nohora Milena Cano Fonseca”. En caso de haber culminado o proferido
sentencia de primera instancia, el citado juzgado debía remitir copia de los respectivos
procesos.
4.2.
El Juzgado Primero
de Familia de Tunja, dio respuesta al requerimiento de la
Corte, indicando que, desde el 30 de abril de 2014, le correspondió asumir el
sistema escritural, motivo por el cual, es quien actualmente conoce de los
procesos relacionados en el auto.
Con relación al estado del proceso de
sucesión, radicado bajo el número 2012-0099, manifestó:
“*Mediante auto de fecha 26 de marzo de
2012 se ordenó la apertura del proceso sucesorio, por parte del Juzgado Tercero
de Tunja y se decretaron las medidas cautelares ordenando con posterioridad
diligencia de secuestro.
*Se ha fijado varias veces diligencia de
inventarios y avalúos pero ha sido aplazada dicha diligencia.
*Mediante auto de fecha 25 de abril de 2014
el Juzgado Tercero de Familia de Tunja resolvió: ‘PRIMERO: Reponer parcialmente
el auto de 11 de marzo de 2014, en el numeral quinto de la parte resolutiva,
únicamente respecto de la medida cautelar de secuestro sobre el bien inmueble
con matrícula inmobiliaria No. 070-0060165, en su lugar se ordena que el
secuestro sea solamente sobre el derecho del causante MARCO FIDEL CANO PUERTO.
SEGUNDO: Conceder el recurso de apelación presentado por la apoderada de la
cónyuge supérstite y otras, ante el Tribunal Superior de Tunja, Sala Civil
Familia, en el defecto devolutivo (…)
*A folio 475 y siguientes, obra memorial de
la abogada Nohora Milena Cano Fonseca, de fecha 30 de abril de 2014, donde
allega copia auténtica del registro civil de matrimonio de Marco Fidel Cano
Puerto y Nohora Edith Fonseca Niño, celebrado el 10 de enero de 1988, de la
Notaria Tercera de Tunja.
*A folio 479 este Juzgado mediante auto de
fecha 30 de mayo de 2014 AVOCA conocimiento del presente proceso, donde además
se ordenó mantener el mismo número de radicación del Juzgado Tercero de Familia
de Tunja y se dispuso que oportunamente regresara el proceso al despacho para
resolver la petición que antecede.
*Actualmente se encuentra el proceso al
despacho con fecha 10 de junio de 2014.
*En el presente proceso no se ha proferido
sentencia pues hasta ahora se encuentra para fijar fecha para presentar
inventarios y avalúos.”
Respecto del proceso de impugnación de
paternidad, radicado bajo el número 2013-00369, informó:
“*Mediante auto de fecha 4 de octubre de
2013, el Juzgado Tercero de Familia de Tunja admitió la demanda de impugnación
de paternidad, se ordenó correr traslado a la parte demandada por el término de
8 días (…).
*El día 14 de marzo del año en curso, se
llevó a cabo diligencia de exhumación del cadáver del señor Marco Fidel Cano
Puerto, por parte del Laboratorio de Genética de Oriente Colombiano, quien fue
el encargado de tomar las muestras óseas y muestras sanguíneas para el ADN y
posteriormente remitirlas al Instituto de Genética Servicios Médicos Yunis
Turbay y Cía S en C, de Bogotá.
*A folio 79, obra el resultado de la prueba
ADN con marcadores genéticos del Laboratorio Yunis Turbay y Cía S en C,
Instituto de Genética, donde da como RESULTADO: ‘La paternidad del señor Marco
Fidel Cano Puerto con relación a Marco Fidel Cano Fonseca no se excluye
(compatible) con base en los sistemas genéticos analizados; índice de
paternidad acumulado; 2728470716536, probabilidad acumulada de paternidad
99.999999999 %, restos óseos exhumados el 14 de marzo de 2014…’
*A folio 82, obra el resultado de la prueba
ADN con marcadores genéticos del Laboratorio Yunis Turbay y Cía S en C,
Instituto de Genética, donde da como RESULTADO: ‘La paternidad del señor Marco
Fidel Cano Puerto con relación a Elena María Cano Fonseca no se excluye
(compatible) con base en los sistemas genéticos analizados; índice de
paternidad acumulado; 54788549971, probabilidad acumulada de paternidad
99.999999999 %, restos óseos exhumados el 14 de marzo de 2014…’
*A folio 85, obra el resultado de la prueba
ADN con marcadores genéticos del Laboratorio Yunis Turbay y Cía S en C,
Instituto de Genética, donde da como RESULTADO: ‘La paternidad del señor Marco
Fidel Cano Puerto con relación a valentona Cano Fonseca no se excluye
(compatible) con base en los sistemas genéticos analizados; índice de
paternidad acumulado; 141488397693710, probabilidad acumulada de paternidad
99.999999999 %, restos óseos exhumados el 14 de marzo de 2014…’
*Mediante auto de fecha 30 de mayo del año
en curso, se avocó conocimiento del presente proceso, se ordenó mantener la
misma radicación del Juzgado Tercero de Familia de Tunja y se corrió en
traslado los resultados de AND, sin que se hubiera presentado alguna oposición.
*Actualmente el proceso se encuentra para
fallo desde el 10 de junio de 2004.”
4.3.
El 31 de octubre
de 2014, la señora Nohora Milena Cano allegó a este despacho copia de acta de
transacción de fecha 31 de julio de 2014[3],
suscrita por ella, Eve Tomkins Fonseca Ariza, su apoderada judicial dentro del
proceso de sucesión. En dicho documento, se transa un bien de la sucesión a
favor de los niños Cano Fonseca, representados por su madre Eve Tomkins
Fonseca, sobre el cual recibió el valor de $200.000.000. Lo anterior, dice,
para conocimiento del despacho.
4.4.
En auto del 26 de
mayo de 2015, la Sala Séptima de Revisión solicitó la siguiente información:
PRIMERO.- Por
Secretaría General de la Corte Constitucional, ORDENAR al Juzgado
Tercero de Familia de Tunja que, en el término de cinco (5) días contados a
partir de la notificación de la presente providencia, REMITA a esta
Corporación una copia auténtica del expediente del proceso de sucesión con
Radicado No. 2013-369.
SEGUNDO.- Por
Secretaría General de la Corte Constitucional, ORDENAR a la Notaría 72
del Círculo de Bogotá que, en el término de cinco (5) días contados a partir de
la notificación de la presente providencia, REMITA a esta Corporación
una copia auténtica del acta de transacción extrajudicial celebrada en esa
notaría el 1º de agosto de 2014, cuyas partes eran Nohora Milena Cano Fonseca,
Laura Alexandra Cano Fonseca, Ángela Patricia Cano Fonseca, Marco Fidel Cano
Fonseca, Elena María Cano Fonseca y Valentina Cano Fonseca, por una lado y, por
el otro, Progresan S.A. y Guillermo Ramírez Cabales.
TERCERO.- Por
Secretaría General de la Corte Constitucional, NOTIFICAR este auto a las
partes involucradas en el proceso de la referencia, para que dentro del término
de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente
providencia, manifiesten lo que estimen conveniente.
4.5.
Al respecto, la
Notaria 72 del Círculo de Bogotá manifestó que “no existe registro alguno de
la protocolización del acta de transacción extrajudicial celebrada el día
primero (01) de agosto del año dos mil catorce (2014), de las personas citadas
en el correspondiente oficio”.
Igualmente, señaló que “verificado el
archivo de autenticaciones se encontró que la señora Nohora Milena Cano Fonseca
(…) el día primero (01) de agosto de dos mil catorce (2014) entre la 1:20 y
1:30 de la tarde realizó varias presentaciones personales con huella en
documento privado. Por ser este un documento privado no queda copia en los
archivos de la Notaria, solo reposa en la base de datos del área de
autenticaciones el registro con los datos de la señora y la captura fotográfica
(…)”.
4.6.
La Procuradora
Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la
Familia, radicó concepto favorable a los derechos de los menores. Indicó lo
siguiente:
En primer lugar, señala que de acuerdo
con el artículo 9 del Código de la Infancia y la Adolescencia y la Familia, “en
caso de conflicto entre dos o más disposiciones legarles, administrativas o
disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del
niño, niña o adolescente”. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional
ha precisado que “el interés superior y prevaleciente del menor es un
concepto relacional, es decir, que se predica de situaciones en las cuales
deban armonizarse los derechos e intereses de un determinado niño con los de
otra u otras personas con los cuales han entrado en conflicto”.
En segundo lugar, manifiesta que como
garante de los derechos fundamentales de los hermanos Cano Fonseca, no comparte
la decisión del Tribunal Superior de Tunja, ya que la situación de los niños es
precaria debido a que su padre falleció y era quien suministraba lo necesario
para su desarrollo. Que en la actualidad su madre está en grave estado de salud
y ello la imposibilita para trabajar permanentemente, lo que n quiere decir que
no se esfuerce para suministrar lo indispensable para su desarrollo. Por lo
tanto, requieren de los alimentos por parte de sus hermanas de padre, quienes
ostentan la calidad de propietarias de varios bienes de la masa sucesoral.
En tercer lugar, considera que la
decisión del Juzgado Segundo de Familia de Tunja vulnera los derechos de los
niños y desconoce que las señoras Nohora y Ángela Cano Fonseca, demandadas en
el proceso de alimentos, se encuentran en la misma situación que los menores de
edad que se pretenden señalar como ilegítimos.
Por último, considera que el juez debe
velar por la defensa y garantía de los derechos fundamentales de los niños como
señala la sentencia C-836 de 2001, razón por la cual, es inaceptable no tutelar
sus derechos.
4.7.
El 17 de
septiembre de 2015, se recibió por parte del Juzgado Primero de Familia de
Tunja[4]
copia del expediente que contiene el proceso de sucesión del causante Marco
Fidel Cano Puerto, el cual registra como última actuación un auto de fecha 22
de julio de 2015, mediante el cual se aplaza la audiencia de inventario y
avalúos.[5]
Luego de revisado el expediente, se
observan las siguientes actuaciones pertinentes al caso que nos ocupa:
4.7.1.  Que en auto de fecha 29 enero de 2014,
mediante el cual el juzgado Tercero de Familia, a través de auto de control de
legalidad deja sin efectos el numeral tercero que reconoció como herederas a
las señoras Nohora Milena y Ángela Patricia Cano Fonseca.
4.7.2.  Contra este auto, se presentó recurso de
apelación el cual fue concedido el 29 de abril de 2014 y sustentado por la
señora Nohora Milena Cano, quien en el punto 1 del escrito manifestó:
“(…) me permito informa a su despacho,
que el recurso de apelación sobre los numerales 4 y 5 del auto del 29 de abril
de 2014 se refería a la apelación de las medidas cautelares ordenadas por el
juzgado 3 de Familia sobre un bien inmueble.
El pago de las expensas sobre los
numerales 4 y 5 del auto de fecha 29 de enero de 2014 no fueron canceladas,
toda vez que durante el tiempo que se demoró el expediente en los despachos de
Familia, se llevó a cabo conciliación entre todos los herederos sobre el bien
identificado (finca ubicada en Lebrija – Santander); bien sobre el cual recaía
la medida cautelar ordenada en los numerales 4 y 5 del auto de fecha 29 de
enero de 2014, por lo tanto desaparecieron los motivos de hecho y derecho del
recurso.
Esta transacción fue adelantada en
procura del bienestar de los menores herederos reconocidos en este proceso, los
cuales recibieron la suma de $200.000.000 por intermedio de su progenitora.
(folio 498).”[6]
4.7.3.  El Tribunal Superior de Tunja, al
resolver el recurso de apelación contra el auto del 29 de enero de 2014 indica:
“(…) Hay una situación de indefensión
frente a los hijos habidos con EVE TOMKINS dada su edad, lo cual impone una
protección reforzada en los términos del art. 44 de la CN. En realidad y como
se informa a folio 125, los hijos habidos entre el causante y EVE TOMKINS
fueron 4, solo que 1 falleció a los 8 meses de nacido. Bajo tales dificultades
de entendimiento y en razón a la disputa que hay por los bienes, dado el
traspaso que de varios de ellos se hicieron en el último año de vida, es decir
en el periodo de enfermedad, las diferencias de los herederos hermanos todos se
profundizaron. (…) Estas diferencias y disputas por los bienes incluso llevó
una prolija actuación respecto al decreto y practica de medidas cautelares.
Igualmente, en el numeral segundo de la
parte resolutiva ordenó al Juzgado de conocimiento tomar “todas las medidas
necesarias tendientes a salvaguardar la masa de bienes del causante, el
producido de la masa de bienes del causante y además para que se tomen las
medidas necesarias para salvaguardar los derechos alimentarios con miras a procurar
la educación, formación y crianza integral de los hijos menores de edad del
causante, reconocidos herederos en el proceso. Labor que es oficiosa conforme
al art. 12 del Código de la Infancia y la Adolescencia”.[7]
4.7.4.  Dentro del proceso, se advierte memorial
suscrito por la señora Eve Tomkins Fonseca Ariza, su apoderada y Nohora Milena
Cano Fonseca, de fecha 5 de agosto de 2014, en el que se solicita “el
levantamiento de la medida cautelar de embargo que pesa sobre el inmueble
identificado con el número de matrícula inmobiliaria  300-92239 de la Oficina
de Instrumentos Públicos de la ciudad de Bucaramanga, con fundamento en que el
causante MARCO FIDEL CANO PUERTO (Q.E.P.D.) en vida con fecha 3 de diciembre de
2010 dispuso del inmueble con el señor GUILLERMO RAMÍREZ CABRALES y POLLOSAN
S.A. hoy PROGRESAN. // como quiera que dentro del proceso no se ha surtido la
audiencia de inventario de bienes y avalúos es procedente esta solicitud.”[8]
4.8.
Finalmente, tanto
Eve Tomkins Fonseca Ariza como Nohora Milena Cano Fonseca, guardaron silencio
sobre los asuntos puestos a consideración en el auto del 26 de mayo de 2015.
4.9.
Al consultar la
página web de la Rama judicial[9],
a efectos de conocer el estado actual del proceso de sucesión iniciado por la
señora Eve Tomkins Fonseca Ariza, se advierten las siguientes actuaciones
posteriores a la fecha de remisión de la copia del expediente (24 de julio de
2015):
1.
Datos del
Proceso
2.
Información
Radicación del Proceso
Despacho
Ponente
001 Juzgado del Circuito - Familia
BERNARDO ARTURO RODRIGUEZ SANCHEZ
3.
Clasificación
del Proceso
Tipo
Clase
Recurso
Ubicación del Expediente
De Liquidación
Liquidación Sucesoral y Procesos Preparatorios
Sin Tipo de Recurso
Secretaria - ESTADO
4.
Contenido
de Radicación
Demandante(s)
Demandado(s)
27984227 - EVE TOMKINS FONSECA ARIZA
6757626 - MARCO FIDEL CANO PUERTO
Contenido
TRAMITAR LA SUCESIÓN DE MARCO FIDEL CANO PUERTO.
5.
Actuaciones del
Proceso
Fecha de Actuación
Actuación
Anotación
Fecha Inicia Término
Fecha Finaliza Término
Fecha de Registro
02 May 2016
TERMINO SUSPENSION
SUSPENDIDO POR 3 MESES VENCE EL 25 DE JULIO DE 2016
02 May 2016
02 May 2016
CORRE TÉRMINOS
02 May 2016
25 Apr 2016
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 25/04/2016 A LAS 11:21:32.
26 Apr 2016
26 Apr 2016
25 Apr 2016
25 Apr 2016
AUTO DECRETA SUSPENSIÓN PROCESO
25 Apr 2016
20 Apr 2016
AL DESPACHO
20 Apr 2016
15 Feb 2016
AL PUESTO PARA AUDIENCIA
AUDIENCIA DE INVENTARIOS 21 DE ABRIL DE 2016 A LAS 9
A.M
15 Feb 2016
08 Feb 2016
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 08/02/2016 A LAS 15:47:21.
09 Feb 2016
09 Feb 2016
08 Feb 2016
08 Feb 2016
AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA INVENTARIOS Y AVALÚOS
08 Feb 2016
25 Jan 2016
AL DESPACHO
25 Jan 2016
15 Dec 2015
AL PUESTO PARA AUDIENCIA
AUDIENCIA 3 FEBRERO 2016 A LAS 9 A.M
15 Dec 2015
15 Dec 2015
CUMPLIDO
15 Dec 2015
04 Dec 2015
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 04/12/2015 A LAS 08:34:37.
09 Dec 2015
09 Dec 2015
04 Dec 2015
04 Dec 2015
AUTO ORDENA OFICIAR
04 Dec 2015
03 Dec 2015
AL DESPACHO
03 Dec 2015
30 Nov 2015
AL PUESTO PARA AUDIENCIA
AUDIENCIA 3 FEBRERO DE 2016 A LAS 9 A.M
30 Nov 2015
20 Nov 2015
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 20/11/2015 A LAS 15:22:52.
24 Nov 2015
24 Nov 2015
20 Nov 2015
20 Nov 2015
AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA INVENTARIOS Y AVALÚOS
20 Nov 2015
17 Nov 2015
AL DESPACHO
17 Nov 2015
06 Nov 2015
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 06/11/2015 A LAS 14:14:39.
10 Nov 2015
10 Nov 2015
06 Nov 2015
06 Nov 2015
AUTO REQUIERE PARTES POR ESTADO
06 Nov 2015
27 Oct 2015
AL DESPACHO
27 Oct 2015
14 Sep 2015
AL PUESTO
14 Sep 2015
04 Sep 2015
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 04/09/2015 A LAS 11:59:17.
08 Sep 2015
08 Sep 2015
04 Sep 2015
04 Sep 2015
AUTO REQUIERE APODERADOS
04 Sep 2015
01 Sep 2015
AL DESPACHO
01 Sep 2015
20 Aug 2015
CORRE TÉRMINOS
20 Aug 2015
20 Aug 2015
CUMPLIDO
20 Aug 2015
20 Aug 2015
CUMPLIDO (PARA REV. SECRE)
20 Aug 2015
10 Aug 2015
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 10/08/2015 A LAS 17:30:31.
12 Aug 2015
12 Aug 2015
10 Aug 2015
10 Aug 2015
AUTO RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN
10 Aug 2015
04 Aug 2015
AL DESPACHO
04 Aug 2015
29 Jul 2015
TRASLADO REPOSICIÓN - ART. 349
30 Jul 2015
31 Jul 2015
29 Jul 2015
17 Jul 2015
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 17/07/2015 A LAS 13:29:39.
22 Jul 2015
22 Jul 2015
17 Jul 2015
17 Jul 2015
AUTO DECRETA EMBARGO
17 Jul 2015
13 Jul 2015
AL DESPACHO
13 Jul 2015
13 Jul 2015
AL PUESTO PARA AUDIENCIA
AUDIENCIA INVENTARIOS Y AVALUOS 22 DE JULIO DE 2015
A LAS 3 P.M
13 Jul 2015
03 Jul 2015
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 03/07/2015 A LAS 08:33:48.
07 Jul 2015
07 Jul 2015
03 Jul 2015
03 Jul 2015
AUTO OBEDEZCASE Y CÚMPLASE
03 Jul 2015
30 Jun 2015
AL DESPACHO
30 Jun 2015
01 Jun 2015
AL PUESTO
01 Jun 2015
22 May 2015
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 22/05/2015 A LAS 17:09:12.
26 May 2015
26 May 2015
22 May 2015
22 May 2015
ORDENA PERMANECER EN SECRETARIA
22 May 2015
21 May 2015
CONSTANCIA SECRETARIAL
TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROCESO FUE DEVUELTO POR
LA DRA MARIA JULIA FIGUEREDO VIVAS MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TUNJA,
CON FECHA 20 DE MAYO DE 2015 SIGUE REPORTANDO AL DESPACHO PARA DECIDIR.
21 May 2015
15 May 2015
ENVÍO EXPEDIENTE
CON OFICIO 1279 DEL 15 DE MAYO DE 2015 SE ENVIO EN
CALIDAD DE PRESTAMO AL DESPACHO DE LA MAGISTRADA MARIA JULIA FIGUEREDO VIVAS,
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TUNJA, SALA CIVIL FAMILIA, CONSTA DE 4 CUADERNOS
ORIGINALES CON 534,15,25 Y 18 RESPECTIVAMENTE.
15 May 2015
13 May 2015
AL DESPACHO
13 May 2015
12 May 2015
CUMPLIDO
12 May 2015
05 May 2015
PARA CUMPLIR
05 May 2015
24 Apr 2015
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 24/04/2015 A LAS 14:48:20.
28 Apr 2015
28 Apr 2015
24 Apr 2015
24 Apr 2015
AUTO ORDENA OFICIAR
24 Apr 2015
16 Apr 2015
AL DESPACHO
16 Apr 2015
15 Apr 2015
CUMPLIDO
15 Apr 2015
15 Apr 2015
PARA REV. CUMPLIDO
15 Apr 2015
14 Apr 2015
AUTO ORDENA OFICIAR
15 Apr 2015
07 Apr 2015
AL DESPACHO
07 Apr 2015
20 Mar 2015
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 20/03/2015 A LAS 16:29:22.
25 Mar 2015
25 Mar 2015
20 Mar 2015
20 Mar 2015
AUTO DECLARA DESIERTO RECURSO
20 Mar 2015
09 Mar 2015
AL DESPACHO
09 Mar 2015
03 Mar 2015
CUMPLIDO
03 Mar 2015
03 Mar 2015
CUMPLIDO (PARA REV. SECRE)
03 Mar 2015
02 Mar 2015
PARA CUMPLIR
02 Mar 2015
20 Feb 2015
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 20/02/2015 A LAS 08:57:42.
24 Feb 2015
24 Feb 2015
20 Feb 2015
20 Feb 2015
AUTO AVOCA NUEVAMTE. CONOCIMIENTO - SIN FALLO
20 Feb 2015
11 Feb 2015
AL DESPACHO
11 Feb 2015
18 Dec 2014
RECEPCIÓN MEMORIAL
ALLEGA ESCRITO
19 Dec 2014
01 Dec 2014
CONSTANCIA SECRETARIAL
CONSTANCIA .- POR RAZON DEL CESE DE ACTIVIDADES DE
ASONAL JUDICIAL, LA OFICINA DE REPARTO SE NEGÓ A RECIBIR EL EXPEDIENTE PARA
SURTIR LOS RECURSOS DE APELACION.
01 Dec 2014
01 Dec 2014
ELABORACIÓN DE OFICIOS
OFICIO NO. 339 REMITIENDO PROCESO AL HONORABLE
TRIBUNAL DE TUNJA (REPARTO) PARA SUSRTIR RECURSO.
01 Dec 2014
08 Oct 2014
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 08/10/2014 A LAS 18:31:06.
10 Oct 2014
10 Oct 2014
08 Oct 2014
08 Oct 2014
AUTO ORDENA TRAMITE O IMPULSO PROCESO
REMITASE PROCESO AL TRIBUNAL.
08 Oct 2014
07 Oct 2014
AL DESPACHO
DESPACHO
07 Oct 2014
06 Oct 2014
CONSTANCIA SECRETARIAL
CONSTANCIA. HECHAS LAS AVERIGUACIONES EN SECRETARIA
DEL JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE TUNJA NO HAY EVIDENCIA DEL TRAMITE IMPARTIDO
AL RECURSO DE APELACION. IGUALMENTE, SE OBSERVA QUE NO HAY CONSYANCIA
SECRETARIAL ALGUNA QUE INDIQUE QUE LA IMPUGNANTE SUFRAGÓ LAS EXPENSAS
NECESARIAS PARA COMPULSAR COPIA DE LAS PIEZAS PROCESALES COMO LO DISPUSO EL
AUTO VISTO A FOLIO 388. PASA AL DESPACHO PARA LO QUE CONSIDERE PERTINENTE.
07 Oct 2014
29 Sep 2014
ELABORACIÓN DE OFICIOS
ELABORACION DE OFICIO N°275,BOLETA DE CITACION
N°20,TELEGRAMA N°409
29 Sep 2014
18 Sep 2014
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 18/09/2014 A LAS 18:27:14.
22 Sep 2014
22 Sep 2014
18 Sep 2014
18 Sep 2014
AUTO RESUELVE SOLICITUD
POR SECRETARIA VERIFICAR TRAMITES DE APELACION.
POSTERIORMENTE CUMPLASE LO ORDENADO EN AUTO DEL 4 DE JULIO DE 2014. SE FIJA
FECHA DEL 13 DE OCTUBRE DE 2014 PARA AUDIENCIA DE INVENTARIOS Y AVALUOS.
18 Sep 2014
19 Aug 2014
AL DESPACHO
DESPACHO
20 Aug 2014
05 Aug 2014
RECEPCIÓN MEMORIAL
ALLEGA MEMORIAL
06 Aug 2014
04 Aug 2014
RECEPCIÓN MEMORIAL
ALLEGA MEMORIAL
05 Aug 2014
29 Jul 2014
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 29/07/2014 A LAS 18:08:05.
31 Jul 2014
31 Jul 2014
29 Jul 2014
29 Jul 2014
AUTO AVOCA CONOCIMIENTO
AVOCA CONOCIMIENTO FECHA REAL DEL AUTO ES DEL 24 DE
JULIO/14
29 Jul 2014
22 Jul 2014
AL DESPACHO
DESPACHO
22 Jul 2014
14 Jul 2014
ENVIADO JUZ. FLIA. DESGONGESTION
14 Jul 2014
04 Jul 2014
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 04/07/2014 A LAS 15:14:04.
08 Jul 2014
08 Jul 2014
04 Jul 2014
04 Jul 2014
AUTO DEJA PETICIÓN PENDIENTE
04 Jul 2014
10 Jun 2014
AL DESPACHO
10 Jun 2014
30 May 2014
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 30/05/2014 A LAS 16:03:21.
04 Jun 2014
04 Jun 2014
30 May 2014
30 May 2014
AUTO AVOCA CONOCIMIENTO
30 May 2014
21 May 2014
AL DESPACHO
21 May 2014
07 May 2014
ENVÍO EXPEDIENTE
POR ENTRAR EN ORALIDAD ENVIA EXPEDIENHTE A JUZGADO
PRIMERO DE FAMILIA
07 May 2014
25 Apr 2014
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 25/04/2014 A LAS 17:04:49.
29 Apr 2014
29 Apr 2014
25 Apr 2014
25 Apr 2014
AUTO DECIDE RECURSO
REPONE PARCIALMENTE PROVIDENCIA, SEÑALA FECHA PARA
INVENTARIO, CONCEDE APELACION ANTE TRIBUNAL SUPERIOR DE TUNJA, NIEGA OTRAS
PETICIONES
25 Apr 2014
09 Apr 2014
AL DESPACHO
09 Apr 2014
27 Mar 2014
TRASLADO REPOSICIÓN - ART. 349
TRASLADO RECURSO DE REPOSICION
27 Mar 2014
28 Mar 2014
27 Mar 2014
11 Mar 2014
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 11/03/2014 A LAS 16:03:41.
13 Mar 2014
13 Mar 2014
11 Mar 2014
11 Mar 2014
AUTO DECIDE RECURSO
NO REPONE PROVIDENCIA, CONCEDE APELACION, NIEGA
SUSPENSIÒN DEL PROCESO, ORDENA COMPULSAR COPIAS A FISCALIA, DECRETA SECUESTRO
DE BIENES
11 Mar 2014
13 Feb 2014
AL DESPACHO
AL DESPACHO
13 Feb 2014
10 Feb 2014
TRASLADO REPOSICIÓN - ART. 349
TRASLADO RECURSO REPOSICION
10 Feb 2014
11 Feb 2014
10 Feb 2014
29 Jan 2014
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 29/01/2014 A LAS 17:00:06.
31 Jan 2014
31 Jan 2014
29 Jan 2014
29 Jan 2014
AUTO DECIDE RECURSO
REPONE PARCIALMENTE PROVIDENCIA IMPUGNADA Y DEJA SIN
EFECTO RECONOCIMIENTO DE HEREDERAS MEDIANTE CONTROL DE LEGALIDAD.
29 Jan 2014
21 Jan 2014
AL DESPACHO
AL DESPACHO
21 Jan 2014
17 Jan 2014
TRASLADO REPOSICIÓN - ART. 349
TRASLADO RECURSO DE REPOSICION
17 Jan 2014
20 Jan 2014
17 Jan 2014
05 Dec 2013
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 05/12/2013 A LAS 15:06:11.
09 Dec 2013
09 Dec 2013
06 Dec 2013
05 Dec 2013
AUTO DE TRÁMITE
INFORMA A APODERADA QUE DEBE PRESNETAR REGISTRO
CIVIL DE MATRIMONIO CON ANOTACION DE LEGITIMACION DE HIJAS
06 Dec 2013
04 Dec 2013
RECEPCIÓN EXPEDIENTE
REGRESA EL EXPEDIENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR SALA
CIVIL FAMILIA CON DOS CUADERNOS COPIAS 322 FOLIOS Y CUADERNO SEGUNDA
INSTANCIA 25 FOLIOS
04 Dec 2013
02 Dec 2013
AL DESPACHO
AL DESPACHO
02 Dec 2013
20 Nov 2013
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 20/11/2013 A LAS 16:41:48.
22 Nov 2013
22 Nov 2013
20 Nov 2013
20 Nov 2013
AUTO DENIEGA SOLICITUD
DENIEGA SOLICITUD DE RECONOCER A CESIONARIOS Y
SOLICITA A NOHORA MILENA Y ANGELA PATRICIA APORTAR DOCUMENTOS SOBRE SU
FILIACION
20 Nov 2013
18 Nov 2013
AL DESPACHO
AL DESPACHO
18 Nov 2013
13 Nov 2013
ACTA AUDIENCIA
POR SOLICITUD DE LOS APODERADOS SE SUSPENDE LA
AUDIENCIA.
13 Nov 2013
07 Nov 2013
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 07/11/2013 A LAS 16:48:43.
12 Nov 2013
12 Nov 2013
07 Nov 2013
07 Nov 2013
AUTO DENIEGA SOLICITUD
NIEGA SOLICITUD DE MIDIFICAR FECHA
07 Nov 2013
07 Nov 2013
AL DESPACHO
AL DESPACHO
07 Nov 2013
06 Nov 2013
ELABORACIÓN DE OFICIOS
CON OFICIOS NOS. 1303 A 1306 A LOS REPRESENTANTES
LEGALES DE CASINO PARADISE, ESTABLECIMIENTO FORROMOTOS, ESTABLECIMIENTO BINGO
DE TUNJA SE REQUIEREN PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MEDIANTE
OFICIOS NOS. 1451 A 1454 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2012, PARA QUE INFORMEN A QUÉ
PERSONA ESTÁN CONSIGNANDO LOS DINEROS DE ARRENDAMIENTOS DESDE EL 10 DE
NOVIEMBRE DE 2011 Y EN QUÉ CANTIDAD MENSUAL DISCRIMINANDO MES A MES DESDE ESA
FECHA. EN FORMA INMEDIATA DEBEN REALIZAR LAS CONSIGNACIONES POR CONCEPTO DE
CANON DE ARRENDAMIENTO A ORDEN DE ÉSTE JUZGADO Y PROCESO.
06 Nov 2013
21 Oct 2013
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 21/10/2013 A LAS 16:51:51.
23 Oct 2013
23 Oct 2013
21 Oct 2013
21 Oct 2013
AUTO CONCEDE PETICIÓN
ORDENA REQUERIR A REPRESNETANTES LEGALES DE
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y SEÑALA FECHA PARA INVENTARIO Y AVALUOS EL DIA
13 DE NOVIEMBRE A LAS 2:30 P.M.
21 Oct 2013
21 Oct 2013
AL DESPACHO
AL DESPACHO
21 Oct 2013
02 Oct 2013
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 02/10/2013 A LAS 16:29:11.
04 Oct 2013
04 Oct 2013
02 Oct 2013
02 Oct 2013
AUTO ORDENA DESGLOSE
ORDENA DESGLOSE DE LETRA DE CAMBIO
02 Oct 2013
01 Oct 2013
AL DESPACHO
AL DESPACHO
01 Oct 2013
27 Sep 2013
ELABORACIÓN DE OFICIOS
SE ELABORO NUEVAMENTE EL EDICTO EMPLAZATORIO.
27 Sep 2013
16 Sep 2013
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 16/09/2013 A LAS 10:50:22.
18 Sep 2013
18 Sep 2013
16 Sep 2013
16 Sep 2013
AUTO DECIDE RECURSO
NO REPONE PROVIDENCIA, ORDENA EXPEDIR COPIAS PARA
RECURRIR EN QUEJA
16 Sep 2013
23 Aug 2013
AL DESPACHO
AL DESPACHO
23 Aug 2013
13 Aug 2013
RECEPCIÓN EXPEDIENTE
SE ALLEGA CUADERNO DE SEGUNDA INSTANCIA PROVENIENTE
DEL TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA, CONSTA DE 57 FOLIOS RADIACION
INTERNA 2013-0333
13 Aug 2013
12 Aug 2013
TRASLADO REPOSICIÓN - ART. 349
TRASLADO RECURSO REPOSICION CONTRA AUTO DEL 26 DE
JULIO DEL 2013
12 Aug 2013
13 Aug 2013
12 Aug 2013
06 Aug 2013
EXPIDE CERTIFICACIÓN
SE EXPIDE CERTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL
PROCESO.
06 Aug 2013
26 Jul 2013
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 26/07/2013 A LAS 16:37:22.
30 Jul 2013
30 Jul 2013
26 Jul 2013
26 Jul 2013
AUTO RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN
NO REPONE PROVIDENCIA NO CONCEDE APELACION
26 Jul 2013
24 Jul 2013
AL DESPACHO
AL DESPACHO
24 Jul 2013
15 Jul 2013
TRASLADO REPOSICIÓN - ART. 349
TRASLADO RECURSO REPOSICION
15 Jul 2013
16 Jul 2013
15 Jul 2013
03 Jul 2013
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 03/07/2013 A LAS 16:40:08.
05 Jul 2013
05 Jul 2013
03 Jul 2013
03 Jul 2013
AUTO CONCEDE PETICIÓN
ORDENA EXPEDIR NUEVO EDICTO EMPLAZATORIO
03 Jul 2013
03 Jul 2013
AL DESPACHO
AL DESPACHO
03 Jul 2013
05 Jun 2013
RECEPCIÓN EXPEDIENTE
REGRESA EL PROCESO DEL TRIBUNAL ENVIADO EN CALIDAD
DE PRESTAMO PARA QUE HICIERA PARTE EN LA TUTELA NO 2013-317
05 Jun 2013
28 May 2013
OFICIO ELABORADO
CON OFICIO 625 SE ENVIA INDICE AL TRIBUNAL PARA
RESOLVER EL RECURSO DE APELACION EN EFECTO SUSPENSIVO
28 May 2013
11 Apr 2013
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 10/04/2013 A LAS 13:29:59.
12 Apr 2013
12 Apr 2013
11 Apr 2013
11 Apr 2013
AUTO REQUIERE
REQUIERE A PARTES PARA QUE REALICEN PUBLICACION DE
EDICTO EMPLAZATORIO
11 Apr 2013
09 Apr 2013
AL DESPACHO
AL DESPACHO
09 Apr 2013
15 Mar 2013
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 15/03/2013 A LAS 16:45:04.
19 Mar 2013
19 Mar 2013
15 Mar 2013
15 Mar 2013
AUTO DECIDE RECURSO
REPONE PROVIDENCIA, CONCEDE RECURSDO DE APELACION
ANTE TRIBUNAL SUPERIOR DE TUNJA SALA CIVIL FAMILIA EN EFECTO DEVOLUTIVIO
15 Mar 2013
06 Mar 2013
AL DESPACHO
AL DESPACHO
06 Mar 2013
25 Feb 2013
TRASLADO REPOSICIÓN - ART. 349
TRASLADO REPOSICION CONTRA PROVIDENCIA DEL 11 DE
FEBRERO DE 2013
25 Feb 2013
26 Feb 2013
25 Feb 2013
11 Feb 2013
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 11/02/2013 A LAS 16:51:03.
13 Feb 2013
13 Feb 2013
11 Feb 2013
11 Feb 2013
AUTO RESUELVE CONCESIÓN RECURSO APELACIÓN
NO CONCEDE APELACION ; INFORMA A ACREEDOR QUE DEBE
PORESNETARSE A AUDENCI DE INVENTARIO Y AVALUOS EN DONDE SE RESOLVERA SOBRE SU
INCLUSION
11 Feb 2013
08 Feb 2013
AL DESPACHO
AL DESPACHO
08 Feb 2013
30 Jan 2013
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 30/01/2013 A LAS 16:43:29.
01 Feb 2013
01 Feb 2013
30 Jan 2013
30 Jan 2013
AUTO DECIDE RECURSO
REPONE PARCIALMENTE PROVIDENCIA, CONCEDE RECURSO DE
APELACION ANTE TRIBUNAL DE TUNJA SALA CIVIL-FAMILIA
30 Jan 2013
18 Jan 2013
AL DESPACHO
AL DESPACHO
18 Jan 2013
13 Dec 2012
FIJACION LISTA REC. REPOSICION ART. 108
TRASLADO REPOSICION CONTRA PROVIDENCIA DEL 4 DE
OCTUBRE DE 2011
13 Dec 2012
13 Dec 2012
13 Dec 2012
17 Oct 2012
ELABORACIÓN DE OFICIOS
CON OFICIOS NOS. 1447, 1451 A 1455 SE COMUNICA EL
DECRETO DE EMBARGO Y RETENCIÓN DE LOS DINEROS EMANADOS DE CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA QUE SE CONSIGNEN AL
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA AL ALMACEN MOTO SERVICIOS, AL REPRESENTANTE LEGAL
DEL ESTABLECIMIENTO CASINO PARADISE (2), PROPIETARIA ESTABLECIMIENTO
FORROMOTOS, ESTABLECIMIENTO BINGO, ALMACÉN DE POLLOS DE TUNJA.
17 Oct 2012
04 Oct 2012
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 04/10/2012 A LAS 16:47:14.
08 Oct 2012
08 Oct 2012
04 Oct 2012
04 Oct 2012
AUTO DECRETA MEDIDA CAUTELAR
DECRETA MEDIDAS CAUTELARES SOBRE BIENES DE LA
SUCESION
04 Oct 2012
03 Oct 2012
AL DESPACHO
AL DESPACHO
03 Oct 2012
26 Sep 2012
AUTO ACCEDE RETIRO DEMANDA
ACEPTA RETIRO DE DEMANDA Y SUS ANEXOS
26 Sep 2012
19 Sep 2012
AL DESPACHO
AL DESPACHO
19 Sep 2012
04 Sep 2012
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 04/09/2012 A LAS 16:44:55.
06 Sep 2012
06 Sep 2012
04 Sep 2012
04 Sep 2012
AUTO RESUELVE SOLICITUD
CORRIGE AUTO ANTERIOR Y NIEGA OTRAS SOLICITUDES
04 Sep 2012
31 Aug 2012
AL DESPACHO
AL DESPACHO
31 Aug 2012
30 Aug 2012
ELABORACIÓN DE OFICIOS
SE ELABORO EDICTO EMPLAZATORIO.
30 Aug 2012
28 Aug 2012
AL DESPACHO
AL DESPACHO
28 Aug 2012
23 Aug 2012
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 23/08/2012 A LAS 16:33:28.
27 Aug 2012
27 Aug 2012
23 Aug 2012
23 Aug 2012
AUTO RESUELVE INTERVENCIÓN SUCESOR PROCESAL
RECONOCE A HEREDERA Y RECONOCE PERSONERIA A
APODERADA
23 Aug 2012
22 Aug 2012
AL DESPACHO
AL DESPACHO
22 Aug 2012
10 Aug 2012
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 10/08/2012 A LAS 16:32:18.
14 Aug 2012
14 Aug 2012
10 Aug 2012
10 Aug 2012
AUTO RESUELVE INTERVENCIÓN SUCESOR PROCESAL
RECONOCE A INTERESADOS, RECONOCE A APODERADA
10 Aug 2012
08 Aug 2012
AL DESPACHO
AL DESPACHO
08 Aug 2012
16 Jul 2012
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 16/07/2012 A LAS 15:53:51.
18 Jul 2012
18 Jul 2012
16 Jul 2012
16 Jul 2012
AUTO RESUELVE SOLICITUD
SE ABSTIENE DE DECRETAR MEDIDA CAUTEKLAR HASTA TANTO
ACLARE SOLICITUD.
16 Jul 2012
16 Jul 2012
AL DESPACHO
16 Jul 2012
29 Jun 2012
ELABORACIÓN DE OFICIOS
CON EL OFICIO NO. 813 AL JUEZ PRIMERO CIVIL DEL
CIRCUITO DE TUNJA SE SOLICITA ANOTACIÓN DE EMBARGO Y SECUESTRO DE REMANENTE
DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES, DINEROS Y DEMÁS BIENES DE VALOR QUE ESTÁN
EMBARGADOS DENTRO DEL PROCESO CONCORDATORIO FASE LIQUIDATORIA NO. 2000-207
ADELANTADO EN ESE JUZGADO.
29 Jun 2012
25 Jun 2012
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 25/06/2012 A LAS 16:44:00.
27 Jun 2012
27 Jun 2012
25 Jun 2012
25 Jun 2012
AUTO DECRETA MEDIDA CAUTELAR
DECRETA MEDIDA CAUTELAR
25 Jun 2012
20 Jun 2012
AL DESPACHO
AL DESPACHO
20 Jun 2012
14 May 2012
ELABORACIÓN DE OFICIOS
CON EL OFICIO NO. 621 AL REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE TUNJA SE COMUNICA EMBARGO DEL BIEN INMUEBLE CON FOLIO DE
MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 070-60171.
14 May 2012
07 May 2012
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 07/05/2012 A LAS 10:18:54.
09 May 2012
09 May 2012
07 May 2012
07 May 2012
AUTO DECRETA MEDIDA CAUTELAR
DECRETA MEDIDAS CAUTELARES
07 May 2012
30 Apr 2012
AL DESPACHO
AL DESPACHO
30 Apr 2012
28 Mar 2012
ELABORACIÓN DE OFICIOS
CON LOS OFICIOS NOS. 423 A 425 A LOS REGISTRADORES
DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE TUNJA, VÉLEZ, BUCARAMANGA, SE COMUNICÓ EMBARGO DE
BIENES INMUEBLES, CON EL OFICIO NO. 426 AL INSTITUTO DE TRANSITO Y
TRANSPORTES DE TUNJA SE COMUNICÓ EMBARGO DE VEHÍCULO, CON OFICIOS NOS. 427 A
436 A LOS BANCOS DAVIVIENDA, BBVA, BANCOLOMBIA, COLPATRIA, SANTANDER, POPULAR,
LAS VILLAS, PICHINCHA, COLMENA, Y BOGOTÁ CON SEDE EN TUNJA SE COMUNICA
EMBARGO DE CUENTAS DE AHORROS, CORRIENTES Y CDTS QUE FIGUREN A NOMBRE DEL
CAUSANTE MARCO FIDEL CANO PUERTO.
28 Mar 2012
26 Mar 2012
FIJACION ESTADO
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 26/03/2012 A LAS 13:57:40.
28 Mar 2012
28 Mar 2012
27 Mar 2012
26 Mar 2012
AUTO ADMITE DEMANDA
ADMITE DEMANDA.
27 Mar 2012
22 Mar 2012
AL DESPACHO
22 Mar 2012
21 Mar 2012
RADICACIÓN DE PROCESO
ACTUACIÓN DE RADICACIÓN DE PROCESO REALIZADA EL
21/03/2012 A LAS 16:13:43
21 Mar 2012
21 Mar 2012
21 Mar 2012
De conformidad con lo anterior, es
posible establecer que en la actualidad, el proceso se encuentra suspendido por
el término de 3 meses desde el 25 de abril de 2016.
5.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
5.1.      COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional,
en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral
9, de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela
adoptados en el proceso de esta referencia. Además, procede la revisión en virtud de la selección
realizada por la Sala Tercera y del reparto verificado en la forma establecida
por el reglamento de la Corporación.
5.2.
PROBLEMA
JURÍDICO
En la presente ocasión,
corresponde a esta Sala de Revisión determinar si el Juzgado Segundo de Familia
de Tunja vulneró los
derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud, la seguridad
social, la alimentación equilibrada, la educación, la cultura y la recreación
de los niños Marco Fidel, Elena María y Valentina Cano Fonseca, al decretar que
existe falta de legitimación por pasiva, bajo el argumento que los demandantes
no son hermanos legítimos de las demandadas, dentro del proceso de fijación de
cuota de alimentos, desconociendo la jurisprudencia de la
Corte Constitucional.
Como cuestión previa y
teniendo en cuenta que en el presente caso, la acción es presentada por la
Procuradora 28 Judicial
para la Defensa de los Derechos de la
Infancia, la Adolescencia y la Familia, la
Sala de Revisión estudiará la legitimación en la causa por activa.
Una vez establecida la
legitimación en la causa por activa, se reiterará la jurisprudencia sobre la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales;
el defecto sustantivo por desconocimiento
de precedente y el derecho fundamental de los niños a recibir alimentos.
Posteriormente, analizará si en el presente caso se
cumplen los requisitos señalados por la jurisprudencia de esta Corte para que
proceda la acción de tutela contra la decisión proferida por el Juzgado Segundo
de Familia de Tunja. En caso afirmativo, la
Sala determinará si en el presente caso se advierte un desconocimiento del
precedente de la jurisprudencia de la
Corte Constitucional.
5.3.
Legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela QUE
BUSCAN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.
5.3.1.  En el caso objeto de examen, quien
instaura la tutela a favor de los niños Cano Fonseca es la
Procuradora 28 Judicial para la Defensa de los Derechos de la
Infancia, la Adolescencia y la Familia, por lo tanto, es necesario establecer
si dicha funcionaria está legitimada en la causa por activa.
5.3.2.
De conformidad
con el artículo 86 de la
Carta Política, cualquier persona tiene la posibilidad de interponer la acción
de tutela ‘por sí misma o por quien actúe a su nombre’ para
invocar la protección de sus derechos fundamentales. De igual forma, el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela podrá ser interpuesta “por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. (…) También se pueden
agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa. (…) También podrá ejercerla el Defensor del
Pueblo y los personeros municipales”.
5.3.3.  De otra parte, cuando se trata la
afectación de los derechos de los niños, cabe resaltar que la inclusión de sus
derechos en la Constitución, contribuye a proteger su infancia en condiciones
dignas. En esa medida, teniendo el Estado, la sociedad y la familia la
obligación de protegerlos y asegurar su desarrollo armónico y feliz, “cualquier
persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de
los infractores”.[10]
Bajo este entendido, esta
Corporación ha indicado que la “corresponsabilidad de todos en la
protección de este grupo, permite que cualquier persona pueda exigir de la
autoridad competente, el cumplimiento y garantía de sus derechos, como
expresamente lo consagra el precepto constitucional en cita.  Por tanto, es
deber de todo individuo en nuestra sociedad actuar como agente oficioso de los
derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes ante la vulneración o
amenaza de sus derechos.”[11]
Sobre este punto, en la
sentencia T-462 de 1993 se explicó que: “…A diferencia de lo afirmado por el Tribunal de tutela,
esta Corte considera que cualquier persona puede interponer acción de tutela
ante la eventualidad de una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
del niño. La interpretación literal del último inciso del artículo 44 de la
Carta, que permite a cualquier persona exigirle a la autoridad competente el
cumplimiento de su obligación de asistir y proteger al niño, no puede dar lugar
a restringir la intervención de terceros solamente a un mecanismo específico de
protección de los derechos…Este entendimiento de la norma limitaría los medios
jurídicos instituidos para la defensa de los derechos del menor, quien por su
frágil condición debe recibir una protección especial...”[12]
5.3.4.  Siguiendo esta línea argumentativa, el artículo 118 de la
Carta expresa que al Ministerio Público le corresponde, entre otras, la guarda
y promoción de los derechos humanos. Asimismo, los numerales 1, 2 y 7 del
artículo 277 de la
Constitución Política consagran como funciones del Procurador General de la
Nación, para ser ejercidas de manera directa o por intermedio de sus delegados
o agentes, vigilar el cumplimiento de la
Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos
administrativos; proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad; y la
intervención en los procesos ante las autoridades judiciales o administrativas,
cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o
de los derechos y garantías fundamentales. En igual sentido, el inciso final
del citado artículo 277 dispone que el Procurador General podrá interponer las
acciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
Para la
Corte, la mencionada atribución se hace extensiva a la acción de tutela. Es
así como en la sentencia T-049 de 1995,[13] al analizar un caso en el que varios
niños desamparados y discapacitados que estaban siendo atendidos en forma
infrahumana por diversos hospicios, esta Corporación estableció que la
Procuraduría Delegada para el Menor y la
Familia tenía legitimación para presentar una demanda de tutela en defensa de
los niños, en virtud de los artículos 277 de la
Constitución y 10 del Decreto 2591 de 1991.
Además, existe un deber reforzado de velar
por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en cabeza
de quienes conforman el Ministerio Público, el cual, sin perjuicio de las
funciones asignadas en la
Constitución y en la ley, debe “…Promover, divulgar, proteger y defender
los Derechos Humanos de la infancia en las instituciones públicas y privadas con énfasis en el carácter
prevalente de sus derechos, de su interés superior y sus mecanismos de
protección frente a amenazas y vulneraciones…” y las demás asignadas en el artículo 95 del Código de la
Infancia y la Adolescencia.
5.3.5. Así las cosas, la
Procuradora 28 Judicial
para la Defensa de los Derechos de la
Infancia, la Adolescencia y la Familia, quien presentó la tutela en ejercicio
de sus funciones constitucionales y legales, se encuentra legitimada para
actuar a favor de los derechos de los niños Marco Fidel, Elena María y
Valentina Cano Fonseca.
5.4.
ANÁLISIS DE LOS
REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES.
5.4.1. Después de varios años de decantar el concepto de vía
de hecho[14],
la Corte Constitucional consideró necesario replantearlo y ampliarlo a las “causales
genéricas de procedibilidad de la acción”.  Con el paso de los años y en virtud de la evolución
jurisprudencial, esta Corporación reconoció que la tutela contra providencias
judiciales solo resultaba posible cuando “la actuación de la autoridad
judicial se ha dado en abierta contravía de los valores, principios y demás
garantías constitucionales y con el objetivo básico de recobrar la plena
vigencia del orden jurídico quebrantado y la restitución a los titulares en el
ejercicio pleno de sus derechos fundamentales afectados.”[15]
Partiendo de lo anterior, la jurisprudencia
reemplazó el concepto de vía de hecho por la doctrina de las “causales
genéricas y específicas de procedibilidad de la acción”, como consecuencia
de la depuración del primer término que se refería al capricho y la
arbitrariedad judicial, entendiendo ahora que “(…) no sólo se trata de los
casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el
ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los
precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad
interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los
asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que
toda actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales
(a lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del
juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera
medida, por el respeto a la Constitución.”[16]
En definitiva, dicho avance jurisprudencial
trajo como consecuencia el reemplazo del uso conceptual de la expresión vía
de hecho por la doctrina de los de requisitos generales y causales
específicas de procedibilidad.
5.4.2. Así, en la
Sentencia C-590 de 2005[17],
la Sala Plena de esta Corporación declaró inexequible la expresión “ni
acción”, que hacía parte del artículo 185 de la
Ley 906 de 2004 porque restringía el ejercicio de la acción de tutela contra
sentencias de la Corte Suprema de Justicia en ejercicio del recurso extraordinario
de casación en materia penal. En esa oportunidad, se dejó claro que la tutela
procede contra todas las providencias judiciales ejecutoriadas cuando se
cumplen con los requisitos generales de la tutela y se prueba alguna de las
causales específicas de procedibilidad de esta acción constitucional contra
sentencias.
5.4.3. Esta sentencia, sistematizó los requisitos
generales de procedencia de la tutela, de la siguiente manera:
“a. Que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra
a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable.  De allí que sea un deber del actor desplegar todos los
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar
en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.
c. Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.  De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún
años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.  No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión
de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de
tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el
litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible.  Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de
tutela.  Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante
esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la Sala respectiva, se tornan definitivas.”
5.4.4. En cuanto a las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
ese mismo fallo los resumió así:
“Para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos
que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta
cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se
origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión. [18]
d. Defecto material o sustantivo, como
son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando
el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica
el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h.  Desconocimiento del precedente,
hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i.  Violación directa de la
Constitución.
Estos eventos en que procede la acción de
tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de
vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la
Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”
5.4.5. De manera que la acción de tutela procede contra
decisiones judiciales, como la que ahora se acusa, siempre y cuando ésta cumpla
los requisitos generales de procedencia, vulneren derechos fundamentales y con
ello se demuestre al menos una de las causales especiales de procedibilidad de
la acción constitucional.
5.5.
EL CONCEPTO DE
PROVIDENCIA JUDICIAL COMPRENDE TAMBIÉN LOS AUTOS INTERLOCUTORIOS
5.5.1. El concepto de providencia judicial en el marco de la
doctrina de la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, comprende tanto las sentencias como los autos que son proferidos
por las autoridades judiciales. No obstante, esta Corporación ha señalado que
en los casos en que se ataquen decisiones adoptadas en autos, éstas, por regla
general, deben ser
discutidas por medio de los recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto
para el efecto.
5.5.2. De manera que la acción de tutela procederá solamente:
(i)
cuando se evidencie
una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de las partes que no
puede ser reprochada mediante otros medios de defensa judicial. Por tanto, la
acción constitucional no será procedente cuando han vencido los términos para
interponer los recursos ordinarios y la parte afectada no hizo uso de ellos, o
cuando fueron utilizados, pero en forma indebida;
(ii)
cuando a pesar de que
existen otros medios, éstos no resultan idóneos para proteger los derechos
afectados o amenazados; o
(iii)     cuando la protección constitucional es
urgente para evitar un perjuicio irremediable.[19]
En el primer caso, para que proceda la tutela, deberán reunirse los requisitos
generales de procedencia y presentarse al menos una de las causales específicas
de procedibilidad de la acción tutela contra providencias judiciales que han
sido fijados por esta Corporación.
5.5.3. La Corte
se pronunció por primera vez sobre un caso en que se demandó un auto en la
sentencia T-224 de 1992[20].
En esta oportunidad, este Tribunal consideró que el contenido y alcance de un auto interlocutorio
pueden vulnerar o poner en peligro derechos fundamentales de las partes. En
estos casos, los afectados deben acudir a los recursos ordinarios previstos en
el ordenamiento contra al respectiva providencia; sin embargo, si la lesión de
los derechos persiste, la Corporación indicó que es posible acudir a la acción
de tutela.
Posteriormente, en las sentencias T-025
de 1997[21],
T-1047 de 2003[22],
T-489 de 2006[23]
y T-554 de 2011,[24]
aunque la Corte no concedió el amparo en sede de revisión, admitió la
procedencia de la tutela contra autos interlocutorios. En el primer caso,
contra un auto del Consejo de Estado que denegó una solicitud de nulidad del
tutelante en un proceso de reparación directa; en el segundo, contra un auto
que negó la libertad provisional solicitada por un recluso; en el tercero,
contra un auto que en sede de apelación revocó otro que había decretado la
nulidad de todo lo actuado por indebida notificación dentro de un proceso
ejecutivo y, en el cuarto, contra un auto proferido por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá que negó la nulidad alegada y
dispuso la remisión del expediente a los demás miembros de la
Sala para que resolvieran el recurso de súplica.
5.6.
EL DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE COMO CAUSAL ESPECÍFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
Para efectos del presente
capítulo, se hará referencia primero al desconocimiento del precedente como
modalidad de defecto sustantivo y luego se procederá analizar concretamente el
desconocimiento del precedente constitucional como defecto autónomo.
5.6.1.
Desconocimiento del precedente como
modalidad de defecto sustantivo
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, una
providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando la
autoridad jurisdiccional “(i) aplica una disposición en el caso que
perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por
ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente
inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa
no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una
interpretación contraevidente -interpretación contra legem- o claramente
irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente
judicial –horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se
abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada
por alguna de las partes en el proceso[25]”.[26]
Por precedente[27] se ha
entendido, por regla general, aquella sentencia o conjunto de sentencias que
presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i)
patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio
decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso.[28]
La anterior noción, se ha adoptado en sentencias como la T-794 de 2011[29], en la que la
Corte indicó los siguientes criterios a tener en cuenta para identificar el
precedente:
“(i) la ratio decidendi de la sentencia que
se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso
a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a
una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas
juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho
semejante al que se debe resolver posteriormente.”[30]
Ahora, la
Corte ha diferenciado dos clases de precedentes teniendo en cuenta la
autoridad que profiere la providencia previa: el horizontal y el vertical.[31]
El primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades
de la misma jerarquía o el mismo operador judicial. El segundo, se
relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores
encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a
nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical
que deben seguir los funcionarios judiciales lo determina la
Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, como órganos de cierre
dentro de su respectiva jurisdicción[32].
En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las
autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer
criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.[33]
De otra parte, el precedente además
de ser criterio orientador resulta obligatorio para los funcionarios
judiciales, por las razones que se indicaron de manera clara en la sentencia T-830
de 2012 y que a continuación se transcriben:
“La primera razón de la obligatoriedad del precedente se
relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de la
Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e
independencia para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les
presenta la ley. Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por
la jurisprudencia de la Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es
sólo aquella emitida por el legislador, sino además comprende todas las fuentes
del derecho incluidas las sentencias que interpretan la
Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
de los órganos de cierre de cada jurisdicción[34].
La segunda
razón se
desprende de los principios de igualdad, debido proceso y buena fe[35].
El
precedente es una figura que tiene como objetivo principal garantizar la confianza en las decisiones
de los jueces a la luz de los principios de seguridad jurídica[36],
igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un
principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad[37]
en la aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales[38].
En palabras de la Corte Constitucional:
“La fuerza vinculante del precedente en el
ordenamiento jurídico colombiano, se explica entonces, al menos, por cuatro
razones principales: (i) en virtud del principio de igualdad en la aplicación
de la ley (artículo 13 C.P.), que exige tratar de manera igual situaciones
sustancialmente iguales; (ii) por razones de seguridad jurídica, ya que las
decisiones judiciales debe ser “razonablemente previsibles”; (iii) en atención
a los principios de buena fe y de confianza legítima (artículo 84
C.P.), que demandan respetar las expectativas generadas por las reglas
judiciales en la comunidad; y finalmente, (iv) por razones de rigor judicial,
en la medida en que es necesario un mínimo de coherencia en el sistema
jurídico”[39].
La tercera razón es que la respuesta del precedente es la
solución más razonable que existe hasta ese momento al problema jurídico que se
presenta, y en esa medida, si un juez, ante circunstancias similares, decide
apartarse debe tener unas mejores y más razonables razones que las que hasta
ahora han formado la solución para el mismo problema jurídico o similares. En
ese orden la doctrina ha establecido como precedente:“tratar las decisiones previas como enunciados
autoritativos del derecho que funcionan como buenas razones para
decisiones subsecuentes” y “exigir de tribunales específicos que consideren
ciertas decisiones previas, sobre todo las de las altas cortes, como una
razón vinculante”[40]
(énfasis de la Sala).”
De conformidad con las razones
expuestas, para la jurisprudencia de esta Corporación el desconocimiento, sin
debida justificación, del precedente judicial configura un defecto
sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligación de todas las
autoridades judiciales –sea éste precedente horizontal o vertical-, en virtud
de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe[41].
En efecto, en las sentencias como la
T-934 de 2009[42],
T-351 de 2011[43],
T-464 de 2011[44] y T-212 de 2012[45], la
Corte consideró que jueces de la jurisdicción contencioso administrativa
desconocieron el precedente del Consejo de Estado, y en consecuencia, concedió
los amparos solicitados por existencia de un defecto sustantivo, ya que en
dichos casos, existía un precedente consolidado sobre la tasación de las
indemnizaciones por daño moral, que había sido desconocida sin razones por las
autoridades demandadas[46].
No obstante, la anterior regla no es
absoluta ya que no puede ignorarse que el derecho es dinámico y que cada caso
puede presentar elementos que no fueron concebidos con anterioridad en otros
fallos judiciales; en esa medida, siempre que exista una justificación
razonable y proporcional, las autoridades judiciales pueden apartarse de los
precedentes judiciales en atención a su autonomía y a su independencia. Al respecto,
la Corte Constitucional ha establecido que:
“(…) vale aclarar que la regla de
vinculación del precedente no puede ser adoptada de manera absoluta (…) Por
ello, siempre que se sustenten de manera expresa, amplia y suficiente, las
razones por las cuales va a desconocer o cambiar una posición anterior, el
operador judicial puede apartarse de ella.
(…)  el juez (singular o colegiado) sólo
puede apartarse de la regla de decisión contenida en un caso anterior cuando
demuestre y cumpla los siguientes requisitos:
(i) Debe hacer referencia al precedente
que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo
inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia). (ii)
En segundo lugar, debe ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual
explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera
que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un
juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)”[47].
Así las cosas, los jueces tienen como deber
de obligatorio cumplimiento el de acoger las decisiones proferidas por los órganos
de cierre en cada una de las jurisdicciones (ordinaria, contencioso
administrativa o constitucional) cuando éstas constituyan precedentes, y/o sus
propias decisiones en casos idénticos, por el respeto del trato igual al
acceder a la justicia. Sin embargo, pueden apartarse de dicho precedente, siempre
que cumplan la carga argumentativa antes descrita y construyendo una mejor
respuesta al problema jurídico, so pena de incurrir en la causal de
procedibilidad de la tutela por defecto sustantivo o material, que tiene como
consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al
debido proceso de las personas partícipes del proceso respectivo, entre otros.
5.6.2. Desconocimiento del precedente constitucional como
causal autónoma
Este defecto se predica exclusivamente de
los precedentes fijados por la
Corte Constitucional en su jurisprudencia.[48] Se presenta generalmente cuando la
Corte establece el alcance de un derecho fundamental o señala la
interpretación de un precepto que más se ajusta a la
Carta, y el juez ordinario al resolver un caso limita sustancialmente dicho
alcance o se aparta de la interpretación fijada por esta Corporación. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[49]
u otros mandatos de orden superior.
La supremacía del precedente
constitucional se deriva del artículo 241 de la
Constitución Política, el cual asigna a la
Corte Constitucional la función de salvaguardar la
Carta como norma de normas – principio de supremacía constitucional[50].
En efecto, esta Corporación ha establecido que, como intérprete de la
Constitución, sus decisiones son obligatorias tanto en su parte resolutiva
como en su ratio decidendi, es decir, la regla que sirve para resolver
la controversia.[51]
Por esta razón, si se desconoce el alcance de los fallos constitucionales
vinculantes, se “genera en el ordenamiento jurídico colombiano una evidente
falta de coherencia  y de conexión concreta con la
Constitución, que finalmente se traduce en contradicciones ilógicas entre la
normatividad y la Carta,  que  dificultan  la unidad intrínseca
del sistema, y afectan la seguridad jurídica. Con ello se perturba además la
eficiencia y eficacia institucional en su conjunto, en la medida en que se
multiplica innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales, más aún
cuando en definitiva, la Constitución tiene una fuerza constitucional
preeminente que no puede ser negada en nuestra actual organización jurídica.”[52]
En este sentido, la
Corte Constitucional en la sentencia T-656 de 2011 sostuvo lo siguiente[53]:
“(…) el
deber de acatamiento del precedente judicial se hace más estricto cuando se
trata de jurisprudencia constitucional, en la medida en que la normas de la
Carta Política tienen el máximo nivel de jerarquía dentro del sistema de
fuentes del derecho, de modo que las decisiones que determinan su alcance y
contenido se tornan ineludibles para la administración. No entenderlo así,
resulta contrario a la vigencia del principio de supremacía constitucional”.
De acuerdo con lo expresado por esta
Corte en la sentencia T-351 de 2011[54]
el sentido, alcance y fundamento normativo de obligatoriedad de los
pronunciamientos de la Corte Constitucional varía según se trate de fallos de
constitucionalidad o de revisión de tutelas. No obstante, ambos tienen en
común, que se deben acatar (i) para garantizar el carácter normativo de la
Constitución como norma de normas, en tanto la
Corte Constitucional es el intérprete autorizado de la Carta[55], y (ii)
para unificar la interpretación de los preceptos constitucionales por razones
de igualdad.
Respecto de las sentencias de control
abstracto de constitucionalidad, la obligatoriedad de la jurisprudencia se
desprende de los efectos erga omnes y de la cosa juzgada constitucional.
Así, cualquier norma que se declare inconstitucional por la
Corte por ser contraria a la Carta, debe salir del ordenamiento jurídico y no
puede ser aplicada por ninguna autoridad. Igualmente, la ratio decidendi
de todas las sentencias de control abstracto de constitucional –bien declaren o
no inexequible una disposición-, debe ser atendida por todas las autoridades
para que la aplicación de la ley sea conforme a la
Constitución.
En cuanto a los fallos proferidos en sede
de control concreto de constitucionalidad, el respeto de su ratio decidendi
es necesario no solo para lograr la concreción de los principios de igualdad en
la aplicación de la ley y de confianza legítima -que prohíbe al Estado
sorprender a los ciudadanos con decisiones o actuaciones imprevistas- sino para
garantizar los mandatos constitucionales y la realización de los contenidos
desarrollados por su intérprete autorizado. Por esta razón, la interpretación y
alcance que se le dé a los derechos fundamentales en los fallos de revisión de
tutela deben prevalecer sobre aquella que se realiza por otras autoridades
judiciales, incluyendo altos tribunales de cierre de las demás jurisdicciones.[56]
En este punto es importante aclarar que
en el caso de las sentencias de control abstracto de constitucionalidad y de
unificación de tutela proferidas por la
Corte Constitucional, es suficiente una providencia para que exista un
precedente, “debido a que las primeras unifican el alcance e interpretación
de un derecho fundamental para casos que tengan un marco fáctico similar y compartan
problemas jurídicos, y las segundas, determinan la coherencia de una norma con
la Constitución Política[57]”.[58]
En este
orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse
cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas
inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se
contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la
Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii)
se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos
fundamentales fijado por la
Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias
de control de constitucionalidad o de revisión de tutela[59].
De conformidad con lo expuesto, y con
independencia del tipo de defecto en el que se clasifique –como defecto
autónomo o como modalidad de defecto sustantivo-, el desconocimiento del
precedente constitucional, además de violar los derechos de las partes a la
igualdad y al debido proceso, entre otros, vulnera el principio de supremacía
constitucional, lo que constituye una razón de más que hace procedente la
acción de tutela contra la providencia atacada.
5.7.
EL DERECHO
FUNDAMENTAL DE LOS NIÑOS A RECIBIR ALIMENTOS
5.7.1. La Corte Constitucional ha entendido por derecho de alimentos a “aquél que
le asiste a una persona para reclamar de quien está obligado legalmente a
darlos, lo necesario para su subsistencia cuando no está en capacidad de
procurársela por sus propios medios”[60].
Igualmente, ha precisado que el fundamento de esta obligación es constitucional
toda vez que “se vincula con la necesaria protección que el Estado debe
dispensar a la familia como institución básica o núcleo fundamental de la
sociedad, y con la efectividad y vigencia de derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución”, ya que el cumplimiento de dichas obligaciones aparece
“necesario para asegurar en ciertos casos la vigencia de los derechos
fundamentales de las personas al mínimo vital o los derechos de la misma
estirpe en favor de los niños, o de las personas de la tercera edad, o de
quienes se encuentren en condiciones de marginación o de debilidad manifiesta
(art. 2º, 5, 11, 13, 42, 44 y 46 C.P.)”[61]
5.7.2. En cuanto a niños y adolescentes, este derecho se
torna fundamental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 Superior
que dispone: “[s]on ‘derechos fundamentales’ de los niños la vida, la
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada,
su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el
cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión
de su opinión.”
En ese entendido, el artículo 24 de la Ley 1098 de 2006,[62] “Por la cual se expide el Código de
la Infancia y la Adolescencia”, contempla la siguiente definición de los
alimentos:
“Artículo 24. Derecho a los alimentos.
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás
medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y
social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por
alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido,
asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo
que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los
adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre
los gastos de embarazo y parto.”
5.7.3. De las normas en cita, se advierten los elementos
constitutivos de este derecho y que se hace extensivo a la recepción de las
cuotas alimentarias, las cuales se presumen indispensables para garantizar el
desarrollo pleno e integral de los niños[63].
Igualmente, se observa que el derecho a recibir alimentos se relaciona
estrechamente con otros consagrados en el artículo 44 Superior, como
fundamentales de los niños.
5.7.4.
De otra parte,
este derecho se encuentra protegido por procedimientos especiales,[64] previstos en la legislación de familia los cuales deben
guiarse por el principio desarrollado tanto en la
Constitución como en la Ley 1098 de 2006[65]
y que hace referencia al interés superior de los niños, en los siguientes
términos:
“Artículo 44: (…) Los derechos de los niños
prevalecen sobre los derechos de los demás.”[66]
“Artículo 8o. INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS
Y LOS ADOLESCENTES. Se entiende por interés superior del niño, niña y
adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la
satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son
universales, prevalentes e interdependientes.”[67]
A la luz de este principio, la
Corte ha indicado que al momento de tomar decisiones que incidan sobre tales
derechos, las autoridades, incluidas las judiciales, deben promover el interés
superior del niño. Sobre las implicaciones de valorar este interés superior,
este Tribunal dijo en la Sentencia T-510 de 2003:[68]
“¿Qué significa que los niños sean
titulares de derechos prevalecientes e intereses superiores? La respuesta
únicamente se puede dar desde las circunstancias de cada caso y de cada niño en
particular. Esta Corte ha sido enfática al aclarar que el interés superior del
menor no constituye un ente abstracto, desprovisto de vínculos con la realidad
concreta, sobre el cual se puedan formular reglas generales de aplicación
mecánica. Al contrario: el contenido de dicho interés, que es de naturaleza real
y relacional,[69]
sólo se puede establecer prestando la debida consideración a las circunstancias
individuales, únicas e irrepetibles de cada menor de edad, que en tanto sujeto
digno, debe ser atendido por la familia, la sociedad y el Estado con todo el
cuidado que requiere su situación personal.
“Esta regla no excluye, sin embargo, la
existencia de parámetros generales que pueden tomarse en cuenta como criterios
orientadores del análisis de casos individuales. En efecto, existen ciertos
lineamientos establecidos por el ordenamiento jurídico para promover el
bienestar de los niños, tanto a nivel general (en la
Constitución, la ley y los tratados e instrumentos internacionales que regulan
la situación de los menores de edad) como derivados de la resolución de casos
particulares (es decir, de la jurisprudencia nacional e internacional
aplicable), que sirven para guiar el estudio del interés superior de menores,
en atención a las circunstancias de cada caso.
“Por lo tanto, para establecer cuáles son
las condiciones que mejor satisfacen el interés superior de los niños en situaciones
concretas, debe atenderse tanto a consideraciones  (i) fácticas –las
circunstancias específicas del caso, visto en su totalidad y no atendiendo a
aspectos aislados–, como  (ii) jurídicas –los parámetros y criterios
establecidos por el ordenamiento jurídico para promover el bienestar infantil–.
En ese mismo sentido, es necesario tener
en cuenta que, según lo estableció esta Corporación en la sentencia T-408 de
1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), el interés del menor “debe ser
independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia
y protección no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los
funcionarios públicos encargados de protegerlo”; no obstante, ello no implica
que al momento de determinar cuál es la opción más favorable para un menor en
particular, no se puedan tener en cuenta los derechos e intereses de las
personas vinculadas con tal menor, en especial los de sus padres. Por el
contrario: el interés superior del menor prevalece sobre los intereses de los demás,
pero no es de ninguna manera excluyente ni absoluto frente a ellos. El sentido
mismo del verbo “prevalecer”[70]
implica, necesariamente, el establecimiento de una relación entre dos o más
intereses contrapuestos en casos concretos, entre los cuales uno (el del menor)
tiene prioridad en caso de no encontrarse una forma de armonización; por lo
mismo, los derechos e intereses conexos de los padres y demás personas
relevantes se deben tomar en cuenta en función del interés superior del menor.
De hecho, sólo así se logra satisfacer plenamente el mandato de prioridad de
los intereses de los niños, ya que éstos son titulares del derecho fundamental
a formar parte de una familia, por lo cual su situación no debe ser estudiada
en forma aislada, sino en el contexto real de sus relaciones con padres,
acudientes y demás familiares e interesados. Esta es la regla que establece el
artículo 3-2 de la Convención sobre Derechos del Niño, según el cual ‘los
estados se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus
padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley’[71].”
5.7.5.
Así las cosas, al momento de
tomar una decisión, las autoridades públicas deben analizar las circunstancias
que rodean la situación particular del menor comprometido para determinar en
qué consiste el interés superior de cada niño y qué medidas deben adoptarse
para protegerlo.  Lo anterior en aras de rodearlo de garantías y beneficios que
protejan su proceso de formación y desarrollo hacia la adultez, dentro del cual
los alimentos juegan un papel primordial. [72]
5.8.
DEBER DE
SUMINISTRAR ALIMENTOS A LOS HERMANOS. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
5.8.1.  El artículo 411 del Código Civil consagra
las personas a las que por ley, se deben alimentos, en los siguientes términos:
ARTICULO 411. <TITULARES
DEL DERECHO DE ALIMENTOS>. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Se deben
alimentos:
1o)  <Numeral
CONDICIONALMENTE exequible> Al cónyuge.
2o) A los descendientes
legítimos.
3o) A los ascendientes
legítimos.
4o) <Numeral modificado
por el artículo 23 de la Ley 1a. de 1976. El nuevo texto es el siguiente:> A
cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin su culpa.
5o) <Numeral modificado
por el artículo 31 de la Ley 75 de 1968. El nuevo texto es el siguiente:> A
los hijos naturales, su posteridad legítima y a los nietos naturales.
6o) <Numeral modificado
por el artículo 31 de la Ley 75 de 1968. El nuevo texto es el siguiente:> A
los Ascendientes Naturales.
7o) A los hijos adoptivos.
8o) A los padres adoptantes.
9o)  A los hermanos
legítimos.
10) Al que hizo una donación
cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada.
La acción del donante se
dirigirá contra el donatario.
No se deben alimentos a las
personas aquí designadas en los casos en que una ley se los niegue.
5.8.2.  Actualmente, de conformidad con la jurisprudencia
de esta Corporación,[73]
las distinciones entre legítimo, natural y adoptivo hecha en los ordinales 2,
3, 5, para efectos de alimentos se encuentran derogadas, en la medida que todos
los ascendientes o descendientes se encuentran en condiciones de igualdad.
No obstante, en cuanto a los
hermanos, el mencionado código establece la obligación de dar alimentos únicamente
en favor de los hermanos legítimos, la cual fue avalada por esta Corte en
sentencia C-105 de 1994[74]
al considerar que:
“(…) sería opuesto a la
equidad extender el derecho a todos los hermanos eliminando la calidad de legítimos
exigida por el numeral 9 del artículo 411.  Téngase en cuenta que los hermanos
extramatrimoniales que únicamente son hijos del mismo padre, es posible que ni
siquiera se conozcan entre sí, y no serían parte de la misma familia.  Además,
hay que tener presente que el inciso sexto del artículo 42 de la
Constitución consagra la igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos,
no entre los hermanos.
El demandante no demandó
el ordinal 9o., posiblemente teniendo en cuenta estos motivos.
En esta materia solamente
la ley, si se considera conveniente, podrá establecer los alimentos legales a
favor y a cargo de los hermanos extramatrimoniales.”
Posteriormente, en sentencia C-156
de 2003[75]
la Corte ratificó la anterior posición por considerar que sobre este
numeral (9) existía cosa juzgada al ser declarado exequible en pronunciamiento
anterior, permitiendo únicamente la obligación entre hermanos de simple
conjunción legítimos (medios hermanos).
5.8.3.  Bajo las anteriores consideraciones, no existe
obligación alimentaria entre hermanos extramatrimoniales, ni entre hermanos
legítimos a favor de su hermano extramatrimonial o viceversa. Pero entre
hermanos de simple conjunción legítimos (medios hermanos) sí existe la
obligación.
5.9.
EXAMEN DE LOS
REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA
ACCIÓN DE TUTELA EN EL CASO CONCRETO
5.9.1. En el presente caso, la
Sala procede a analizar si se cumplen los requisitos generales antes
enunciados:
5.9.1.1.
El asunto en estudio tiene una evidente
relevancia constitucional, toda vez que comporta,
entre otros, la presunta vulneración de los derechos fundamentales de los
niños, los cuales, predominan sobre los de los demás. Igualmente, de
conformidad con los hechos de la demanda, se señala vulnerado el derecho
fundamental al debido proceso (Art. 29
C.P.), relacionado íntimamente con el principio de prevalencia del derecho
sustancial en las actividades judiciales, aspecto de relevancia constitucional
por el respeto y la correcta aplicación de los preceptos superiores que así lo
consagran y, consecuentemente, por la trascendencia de la tarea del juez en el
Estado Social de Derecho.[76]
5.9.1.2.En este caso, el accionante discute
presuntas irregularidades relacionadas con el desconocimiento del precedente en
que incurrió el Tribunal Superior, al no tener en cuenta que en este caso se
trata de hermanos de simple conjunción legítimos o medios hermanos, toda vez
que son hijos del mismo padre, circunstancia sobre la que la
Corte Constitucional ha señalado que sí existe obligación de suministrar
alimentos. De seguirse, tendría un efecto decisivo en la sentencia, toda
vez que tendría la orden debía ser que se reconociera y pagara la pensión solicitada.
5.9.1.3.La simple lectura de los antecedentes de
esta sentencia muestra que la solicitud de tutela identifica plenamente
tanto los hechos que generaron la supuesta vulneración, como los derechos
fundamentales que se consideran violados. De esta forma, también se cumple
este requisito de procedencia de la acción de tutela.
5.9.1.4.Es evidente que el presente asunto no
pretende discutir una sentencia de tutela.
5.9.1.5.Respecto del requisito de inmediatez,
se observa que el mismo sí se cumplió. En efecto, entre la fecha de la adopción
de la última decisión que se acusa y la fecha de interposición de la tutela,
transcurrieron menos de dos
meses, término a todas luces razonable teniendo en cuenta el auto atacado es
del 28 de agosto de 2013, y la acción de tutela fue recibida en la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, Oficina Judicial de
Tunja el 11 de octubre de 2013.
5.9.1.6.Finalmente, frente al requisito de inexistencia
de otro mecanismo de defensa judicial, la
Sala advierte que en el presente evento la accionante cuenta con otros medios
de defensa, como pasará a explicarse.
De acuerdo con el artículo 411 del Código
Civil, son titulares del derecho de alimentos los siguientes:
ARTICULO 411. <TITULARES
DEL DERECHO DE ALIMENTOS>. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Se deben
alimentos:
1o)  <Numeral
CONDICIONALMENTE exequible> Al cónyuge.
2o) A los descendientes
legítimos.
3o) A los ascendientes legítimos.
4o) <Numeral modificado
por el artículo 23 de la Ley 1a. de 1976. El nuevo texto es el siguiente:> A
cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin su
culpa.
5o) <Numeral modificado
por el artículo 31 de la Ley 75 de 1968. El nuevo texto es el siguiente:> A
los hijos naturales, su posteridad legítima y a los nietos naturales.
6o) <Numeral modificado
por el artículo 31 de la Ley 75 de 1968. El nuevo texto es el siguiente:> A
los Ascendientes Naturales.
7o) A los hijos adoptivos.
8o) A los padres adoptantes.
9o)  A los hermanos
legítimos.
10) Al que hizo una donación
cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada.
La acción del donante se
dirigirá contra el donatario.
No se deben alimentos a las
personas aquí designadas en los casos en que una ley se los niegue.” (Negrilla fuera del texto original)[77]
De acuerdo con lo anterior, los padres
están obligados a suministrar a sus hijos lo necesario para su subsistencia
mientras no estén en capacidad de procurársela por sí mismos.[78]
Ahora bien, el fallecimiento del
alimentante, o lo que es lo mismo, del deudor de los alimentos, no implica la
extinción de la obligación, toda vez que si subsisten el alimentario y su
necesidad, éste último podrá requerir a los herederos del deudor, “aunque
concretando su pretensión sobre los bienes dejados por el alimentante, siempre
y cuando no opere la confusión, como modo de extinguir las obligaciones”.[79]
En efecto, de acuerdo con el artículo 1016
del Código Civil los alimentos se deben deducir de los bienes de la sucesión.
Al respecto el citado artículo prescribe:
“En toda sucesión por causa de muerte,
para llevar a efecto las disposiciones del difunto o de la ley, se deducirán
del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado, incluso los créditos
hereditarios:
1o.) Las costas de la publicación del
testamento, si lo hubiere, y las demás anexas a la apertura de la sucesión.
2o.) Las deudas hereditarias.
3o.) Los impuestos fiscales que gravaren
toda la masa hereditaria.
4o.) Las asignaciones alimenticias
forzosas.
5o.) La porción conyugal a que hubiere
lugar, en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes. El
resto es el acervo líquido de que dispone el testador o la ley”.
Así mismo, en capítulo I del Libro V del
Código Civil, en lo referente a las asignaciones forzosas dispone en el
artículo 1227 lo siguiente:
“Los alimentos que el difunto ha
debido por ley a ciertas personas, gravan la masa hereditaria, menos cuando
el testador haya impuesto esa obligación a uno o más partícipes de la
sucesión.” (Negrilla
fuera de texto original).
Bajo este entendido, al hacer parte del
pasivo sucesoral, la solicitud de alimentos, en caso de muerte del alimentante,
debe hacerse dentro del proceso de sucesión. En esta oportunidad, como el padre
de los menores, sobre quien recaía la obligación de sostenimiento, falleció, la
accionante cuenta con la posibilidad de reclamar dentro del proceso de sucesión
por ella iniciado, una cuota alimentaria que le permita a sus hijos mantener el
nivel de vida que recibían mientras estuvo con vida su progenitor.
No obstante, se advierte que dentro del
proceso de sucesión iniciado por la madre de los menores de edad, Eve Tomkins,
el juez competente ha avisado la posible situación de indefensión de los niños
y ha ordenado adoptar las previsiones del caso para “salvaguardar la masa de
bienes del causante, el producido de la masa de bienes del causante y además
para que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar los derechos
alimentarios con miras a procurar la educación, formación y crianza integral de
los hijos menores de edad del causante, reconocidos herederos en el proceso.
Labor que es oficiosa conforme al art. 12 del Código de la Infancia y la
Adolescencia”, por tanto, en cumplimiento del anterior mandato, corresponde
al juez de familia velar por la efectiva protección de los derechos de los
menores y adoptar las medidas pertinentes para garantizar la alimentación de
los niños.
Así las cosas, para la
Sala de Revisión, teniendo en cuenta que la madre de los niños Cano Fonseca
cuenta con la posibilidad de reclamar dentro del proceso de sucesión vigente
una cuota alimentaria que le permita mantener el nivel de vida que recibían sus
hijos mientras su padre estuvo con vida, el requisito consistente en el
agotamiento por la demandante de todos los medios de defensa judicial que
dispone el ordenamiento jurídico para la defensa de los derechos de las partes,
no se cumple.
Sin perjuicio de lo anterior, la
decisión adoptada en la presente providencia no impide que el juez de familia competente
dentro del proceso de sucesión, funcionario encargado de velar por la efectiva
protección de los derechos de los menores de edad involucrados en el mismo,
adopte de acuerdo con la ley, las medidas pertinentes para garantizar la
alimentación de los niños Cano Fonseca.
A partir de estas consideraciones, la acción de tutela de la
referencia se torna improcedente.
5.10.
CONCLUSIONES
De conformidad con lo expuesto en los
acápites anteriores, aunque el actual régimen jurídico mantiene la obligación
de alimentos entre hermanos legítimos, deber que fue extendido por esta
Corporación entre los hermanos de simple conjunción legítimos o medios hermanos,
en esta oportunidad,
teniendo en cuenta que el padre de los menores, sobre quien recaía la
obligación de sostenimiento, falleció, la accionante cuenta con la posibilidad
de reclamar dentro del proceso de sucesión iniciado por ella, una cuota
alimentaria que le permita a sus hijos mantener el nivel de vida reclamado.
Lo anterior, aunado a las medidas de
protección tomadas dentro del proceso de sucesión ya advertidas, hace
improcedente la acción de tutela instaurada por la Procuradora Veintiocho
Judicial para la Defensa de los derechos de la Infancia y Adolescencia, en
representación de los niños Marco Fidel,
Elena María y Valentina Cano Fonseca.
Sin embargo, se advertirá al Juez de Familia que
dirige el proceso de sucesión iniciado por la señora Eve Tomkins, madre de los
menores de edad, que adopte las medidas correspondientes para garantizar los
alimentos de los niños antes indicados.
Con base en lo
expuesto, esta Sala de Revisión confirmará la decisión de tutela adoptada por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, el 24 de enero de 2014, que confirmó el fallo proferido por la
Sala Civil Familia del Tribunal
Superior de Tunja, el 15 de enero de 2014, mediante el cual se negó el amparo de los derechos
fundamentales invocados en
la acción de tutela de la referencia.
6.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Séptima de Revisión de tutelas de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo, y por
mandato de la
Constitución Nacional.
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR la decisión
de tutela adoptada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, el 24 de enero de 2014, que confirmó el fallo proferido por la Sala
Civil Familia del Tribunal Superior de la Tunja, el 15 de enero de 2014, por
las razones expuestas en esta providencia.
Segundo.- ADVERTIR
al Juez Primero de Familia de Tunja, que dentro del proceso de sucesión
iniciado por la señora Eve Tomkins, madre de los menores de edad, adopte las
medidas correspondientes para garantizar los alimentos de los niños antes
indicados.
Tercero: LÍBRESE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTIN GONZALO BERMÚDEZ MUÑOZ
Conjuez
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA T-324/16.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Se debió
declarar procedente para la protección de menores de edad, como sujetos de
especial protección constitucional en proceso de fijación de cuota alimentaria,
por cuanto mecanismo de defensa judicial no es idóneo y eficaz, y para evitar
perjuicio irremediable (Salvamento de voto)
Expediente T-4.280.684
M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Acción de tutela presentada por
Procuradora Veintiocho Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia
y Adolescencia en contra del Juzgado Segundo de Familia de Tunja.
Con el respeto que guardo por las providencias de la
Corte, me permito exponer los motivos que me llevan a apartarme de la decisión
que adoptó la Sala Séptima de Revisión en este caso. En concreto, (i) considero
que se cometieron astutos errores procesales que no pudieron ser subsanados en
el trámite de Revisión y que a la postre, sorpresivamente, sirvieron como
fundamento de la decisión. Igualmente, (ii) las razones que utilizó la Sala
para negar el amparo de los derechos fundamentales de tres menores de edad no
son lo suficientemente convincentes y se fundamentan en una lectura equivocada
del precedente constitucional. Comienzo con las razones de fondo para, luego,
presentar las de forma.
I.
La Sala
Séptima de Revisión Constitucional desconoció las reglas de procedibilidad de
la acción de tutela cuando se trata de sujetos de especial protección.
Lo primero que debo señalar es que la Sala aplicó
indebidamente las reglas fijadas por la Corte sobre el principio o requisito de
subsidiariedad. Concluyó que la tutela era improcedente en ese preciso caso
efectuando un análisis de subsidiariedad bastante precario respecto de los
medios de defensa con los que cuentan los accionantes. Mucho más teniendo en
cuenta que se trata de menores de edad (sujetos de especial protección constitucional)
quienes se hallan en una situación extrema de vulnerabilidad. Paso a explicar
las razones.
Lo primero que se debe
decir es que la jurisprudencia constitucional[80]
ha establecido que cuando se trate de verificar el requisito de subsidiariedad
de la acción de tutela, el juez debe (i) confirmar que no existe un mecanismo
de defensa en el ordenamiento jurídico; (ii) en caso de existir, que este
mecanismo no sea idóneo y/o eficaz;  (iii) si se está en presencia de un
sujeto de especial protección, se presume inidóneo salvo que, (iv) del análisis
del caso concreto se concluya que las condiciones personales del actor no le
impiden acudir a las vías regulares en condiciones de igualdad. En todo caso,
(v) cuando se percate la existencia de un perjuicio irremediable, el Juez debe
otorgar la protección constitucional transitoriamente.
A partir de lo expuesto,
la acción de tutela, en los términos referidos, puede ser el mecanismo judicial
adecuado para la protección de derechos fundamentales cuando no se cuenta con
mecanismos alternos, o existiendo, son ineficaces y/o inidóneos. Cuando la
acción de tutela se concede por estos supuestos, la protección es definitiva.
Por el contrario, cuando el amparo se otorgue para evitar un perjuicio
irremediable, la protección será transitoria, mientras en sede ordinaria o por
conductos regulares se resuelve el asunto. En ese caso, el actor se encuentra en
la obligación de acudir dentro de los cuatro (4) meses siguientes al juez
natural para que sea este quien decida definitivamente la controversial.
Dependiendo de las posibilidades de cada persona, el juez de
tutela debe ser más o menos flexible. En efecto, el artículo 86 Superior debe
interpretarse en concordancia con los artículos 13 y 47 constitucionales, pues
no debe olvidarse que existen personas que por sus condiciones requieren una
especial protección por parte del Estado. Frente a esas personas, ¿es posible
hacer el examen de subsidiariedad con la misma rigurosidad que para los demás?
Y de no ser así, ¿cómo debe hacerse este análisis?
Siguiendo los mismos argumentos, el requisito de subsidiariedad no
puede dejar sin contenido al trato preferencial que reciben los sujetos de
especial protección constitucional. Un análisis riguroso de este principio
frente a estos sujetos acentuaría su condición de debilidad, pues el juez de
tutela aplicaría los mismos criterios que al común de la sociedad. Es por eso
que su valoración no debe ser exclusivamente normativa. La evaluación del juez
debe prever los aspectos subjetivos del caso.
No puede olvidarse que las reglas que para la sociedad son
razonables, para sujetos de especial protección “pueden tener repercusiones de mayor trascendencia que
justifican un “tratamiento diferencial positivo”, y que amplía a su vez el ámbito de los derechos
fundamentales susceptibles de protección por vía de tutela. Así, en el caso de
los niños, la recreación o la alimentación balanceada, por ejemplo, cobran una
particular importancia que generalmente no es la misma para el caso de los
adultos (C.P. artículo 44).  De igual forma, la protección a la maternidad
en sus primeros meses adquiere una gran relevancia, que justifica un
tratamiento preferencial en favor de la mujer (C.P. artículo 43)” (Sentencia T-662 de 2013)
Pues bien,
todo este análisis del principio o requisito de subsidiariedad no se hizo. De
haberse realizado el resultado necesariamente debía ser diferente. Y ello por
varias razones; la principal: porque en el análisis se obvia el hecho de que el
caso presenta tres menores de edad que solo cuentan con su madre quien, a la
postre, padece un cáncer que no solo puede hacerle perder su vida, sino que le
impide trabajar para obtener recursos económicos. El proyecto concluye que la
peticionaria y los menores son solventes pues a la Corte se allegó una prueba
remitida por la señora Nohora Milena Cano en la que se demuestra que la señora
Tomkins recibió un inmueble por 200 millones de pesos. No obstante, esa prueba,
por una parte, es nula y por otra, no es cierta tal y como fue respaldado por
la notaría 72 de Bogotá. Sobre el punto volveré más adelante.
En este orden
de ideas, en mi concepto y en el del precedente constitucional, es claro que la
tutela sí cumple con el requisito de subsidiariedad pues si bien actualmente
cursa un proceso de sucesión que se mostraría adecuado para discutir esta
controversia, ese procedimiento es inidóneo e ineficaz. Es inidóneo porque lo
que se está solicitando en la acción de tutela[81] no es la
concesión de alimentos, sino el reconocimiento provisional de los
mismos. Aunque la diferencia parezca sutil, no por eso es irrelevante. En
efecto, los alimentos se conceden una vez sea resuelta la partición y la deuda
radicará en cabeza de los herederos. Antes no. Con la solución propuesta por el
proyecto los menores tendrán que esperar hasta finalizar el trámite de sucesión
para que ahí sí, a cargo de los herederos, se sepa con certeza cuál es la cuota
y deuda de alimentos que se deberían en favor de los menores. En términos más
concretos: la solicitud de alimentos en el proceso de sucesión no es idónea
para proteger a los menores pues solo serán concedidos una vez se finalice con
ese trámite. En consecuencia, tampoco es eficaz pues hasta ahora se va en la
audiencia de inventarios y avalúos. Esto es: más de dos años después de haberse
interpuesto la demanda. Así como va ese proceso, aproximadamente en 3 años más,
en total 5 años, cuando los menores ya no sean menores de edad, podrán recibir
alimentos.
Pero en ese
evento también sucedería algo paradójico: se sabe que los alimentos se deben
cuando (i) exista necesidad y cuando (ii) exista capacidad por parte del
alimentante. No obstante, con la solución que propone la sentencia, esos
alimentos también serían negados pues se trata de una sucesión donde
inevitablemente los menores recibirían recursos para poder sobrevivir.
Entonces, el componente de necesidad sería burlado en los términos que propone
el proyecto dando lugar a ser negados.
Por estas
razones, considero que no se explica con suficiencia por qué sería improcedente
el amparo. No basta con mencionar otro proceso en abstracto para superar el
test de subsidiariedad. Se requiere un análisis riguroso y concreto que dé
cuenta por qué en ese preciso caso, la tutela no es el último mecanismo con el
que cuenta el o la peticionaria. Mucho más teniendo en cuenta que se trata de
tres sujetos de especial protección constitucional.
Ahora bien,
en todo caso, así se admitiera que el proceso de sucesión es el escenario
adecuado para ventilar estas inconformidades y que, en consecuencia, es un
recurso idóneo y eficaz, se pasa por alto que en el caso en cuestión se causa
un perjuicio irremediable. El perjuicio consiste en que tres menores de edad,
hijos del causante, durante todo el tiempo que dure el proceso de sucesión, no
tendrán con qué vivir pues su mamá, enferma de cáncer, ni tiene rentas
adicionales ni mucho menos puede trabajar para mantener a sus pequeños.
Ahora, en el
fallo discutido la Sala sostuvo que no es cierto que la mamá de los menores no
tenga recursos para sobrevivir y por consiguiente mantener a sus hijos. Según
la posición mayoritaria de la Sala, la comunicación recibida de parte de Nohora
Cano Fonseca, hija mayor del causante, la madre de los menores recibió por
concepto de transacción un bien por 200 millones de pesos, recursos suficientes
para mantener a los menores mientras finaliza el trámite de sucesión. No
obstante, esa comunicación no puede ser admitida, cuando menos, por dos
razones: (i) porque es ilegal y; (ii) porque la notaría donde presuntamente se
celebró dicha transacción, niega la existencia de la misma[82].
II.
La prueba que se utilizó para tomar la decisión es ilegal y no
comprueba lo que la Sala estima demostrado.
Lo primero y más importante que debo señalar es que
este es un caso que ha sido discutido por casi dos años y hasta ahora, luego de
transcurrido todo ese tiempo, por fin, el 21 de junio de 2016, se tiene
sentencia. Esa situación se debe, entre otras, a una serie de irregularidades
que se han presentado en el trámite de este expediente. En concreto se
utilizaron documentos para resolver el caso, allegadas al expediente después de
haberse celebrado la Sala de Revisión. En concreto, la Sala en la que se tomó
la decisión se celebró el 24 de julio de 2014 y las pruebas llegaron el 31 de
octubre de ese mismo año.
Sin embargo, con astucias procesales, el magistrado
ponente decidió cambiar el sentido de la decisión y en su lugar negar el amparo
de estos tres menores de edad. Todo ello, con base en una extraña comunicación
que se recibió (31 de octubre de 2014) después de haberse tomado la decisión, remitida por la señora Nohora
Cano Fonseca. Esto es, luego de celebrarse la Sala de Revisión (24
de julio de 2014).
Ese simple hecho hace nula la prueba y la sentencia que se aprobó el 21 de
junio de 2016.
En otros
términos: la primera Sala de Revisión fue citada para el 24 de julio de 2014,
ocasión en la que estuve de acuerdo con la ponencia, pues allí se decidió
conceder el amparo transitorio de los menores involucrados. Aunque hice algunos
comentarios menores, no estaba en desacuerdo con la posición del proyecto.
Tiempo después, con gran asombro, recibí una nueva ponencia en la que se negaba
el amparo de los menores de edad pues, de acuerdo con esa nueva versión, la
señora Nohora Cano Fonseca aportó unas pruebas que constataban que la madre de
los menores había recibido 200 millones de pesos a propósito de una transacción
que habían celebrado. De inmediato puse de presente la situación al despacho
del ponente, pero mis comentarios no fueron acogidos.
“Con asombro
nos encontramos con una nueva versión del proyecto T-4.280.684 en el que se
modifica radicalmente el sentido de la ponencia inicialmente presentada, y se
declara improcedente la acción de tutela, por considerar que existe otro
mecanismo de defensa judicial. Y ello, con base en una comunicación según la
cual la accionante habría recibido una suma de dinero suficiente para estimar
que no existe un perjuicio irremediable. Si bien eso puede ser cierto,
consideramos que se está violando el reglamento de la Corte pues se están
utilizando pruebas después de haberse celebrado la Sala (…) No logramos
entender cuál fue el mecanismo procesal adecuado para utilizar pruebas que, por
un lado, no fueron decretadas, practicadas y controvertidas y, por otro,
allegadas al expediente luego de haberse celebrado la Sala. De igual forma, no
compartimos el fondo de la decisión de acuerdo con los comentarios realizados
en nuestro primer escrito. Sea esta la oportunidad para manifestar nuestra
inconformidad con el proyecto. Por esos motivos, anunciamos nuestro salvamento
de voto”
Como si esto
fuera poco, el 26 de mayo de 2015, la Sala emitió un auto de pruebas (también
después de haberse celebrado la Sala) en la que se solicita a la notaría 72 de
Bogotá que remita copia auténtica del acta de transacción extrajudicial
celebrada por Nohora Milena Cano, Laura Cano, Ángela Cano, Marco Fidel Cano,
Elena María Cano y Valentina Cano, donde, como se anotó, supuestamente se
recibió por parte de la mamá la suma de 200 millones de pesos representados por
un inmueble. Pese a ello, la notaría respondió lo siguiente:
1.
“No existe registro alguno de la protocolización del acta de
transacción extrajudicial celebrada el día primero de agosto del año dos mil
catorce, de las personas citadas en el correspondiente oficio.
2.
Verificando el archivo de autenticaciones se encontró que la
señora Nohora Milena Cano Fonseca identificada con la cédula de ciudadanía No.
33369931 de Tunja, el día primero de agosto del año dos mil catorce entre la
1:20 y 1:30 de la tarde, realizó varias presentaciones personales con huella en
documento privado”[83]
Como se puede apreciar, la mencionada transacción,
hecho que da lugar a la improcedencia de la tutela, o bien nunca existió o, al
menos, no cumple con los requisitos legales para su validez pues como se sabe,
toda transferencia del derecho de dominio sobre bienes inmuebles debe ser
protocolarizada en escritura pública y registrada en la oficina de instrumentos
públicos. Por eso, es falso que la mamá haya recibido esos bienes y la única
prueba que existe es no la de una autoridad competente (Notaría 72 de Bogotá),
sino un documento ilegal dentro del proceso de tutela por cuanto fue recibido
después de haberse celebrado la sala.
A pesar de ello, la Sala decidió utilizar esas pruebas
como fundamento de su decisión y hacer caso omiso al derecho probatorio
procesal que rigen los procedimientos judiciales y, en todo caso, desprotegió a
los menores de edad involucrados en este proceso.
Por estas razones me aparto de la decisión adoptada
dejando en claro los problemas que ocurrieron en este trámite,
Luis Ernesto Vargas Silva
Magistrado
[1] Ver folio 147 del cuaderno principal.
[2] Sentencias C-105 de 1994 y C-156 de 2003.
[3] Ver folios 44 a 54 del cuaderno 4 de
tutela.
[4] Este despacho asumió el conocimiento del
proceso de sucesión el 20 de febrero de 2015, luego de la supresión del Juzgado
de Familia de Descongestión, quien tenía el conocimiento del mismo desde el 14
de julio de 2014.
[5] Es preciso anotar que el oficio remisorio
tiene fecha del 24 de julio de 2015.
[6] Ver folios 21 y 22 del cuaderno 4 del
expediente de sucesión allegado al despacho.
[7] Ver folios 42 a 44 ibídem.
[8] Ver folio 498 del cuaderno 3 del expediente
de sucesión allegado al despacho.
[9] http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/.
Página consultada el día 07 de junio de 2016.
[10] Artículo 44 de la
Constitución.
[11] Sentencia T-094 de 2013.
M.P. Jorge Pretelt Chaljub.
[12] Esta posición ha sido reiterada por la
Corte Constitucional en varios fallos. Al respecto, pueden consultarse las
sentencias T-120 de 2009, T-084 y T-197 de 2011.
[13] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[14] Aunque la sentencia C-543 de 1992[14]
declaró inexequibles los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991 que
disponían la procedencia de la tutela contra sentencias ejecutoriadas, expresó
que, de forma excepcional, esta acción constitucional procedía contra decisiones
judiciales que, aunque en apariencia están revestidas de la forma jurídica de
una sentencia, en realidad implican una vía de hecho. El concepto de vía de
hecho fue desarrollado a partir de las sentencias T-079 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz) y T-158 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
[15] Sentencia T-104 de 2007 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[16] Sentencia T-774 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[17] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[18] Sobre la caracterización de este defecto, ver entre otras las
sentencias T-1068 de 2006 y T-266 de 2009
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[19] Ver al respecto la sentencia T-489 de 2006,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[20] En la sentencia T-224 del 17 de junio de 1992,
M.P. Ciro Angarita Barón, la Corte revisó una acción de tutela promovida por
un ciudadano colombiana residente en los Estados Unidos, quien alegaba que un
auto interlocutorio dictado en el marco de un proceso de alimentos que le
impedía abandonar el país, vulneraba su derecho fundamental al debido proceso.
El tutelante alegaba que el auto era arbitrario, pues había puesto a
disposición del juzgado demandado un automóvil y un inmueble para respaldar sus
obligaciones. Además, alegaba que su trabajo en los Estados Unidos era su
fuente de ingresos y el que le permitía pagar las cuotas de alimentos de las
que era responsable. La Corte concedió la tutela, ya que consideró que los
hechos ponían de presente una manifiesta y palmaria violación de los derechos
fundamentales del petente. En consecuencia, la
Corte ordenó a la juez demandada celebrar una audiencia especial con el objeto
de examinar la situación planteada y tomar la decisión que de conformidad con la
Constitución y la ley, asegurara el respeto a los derechos fundamentales de
las partes.
[21] M.P. Jorge Arango Mejía.
[22] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[23] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[24] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[25] Ver Sentencia T-087 de 2007
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003
M.P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, y SU-448 de 2011
M.P. Mauricio González Cuervo.
[26] Sentencia T-830 de 2012.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[27] Según el doctrinante Pierluigi Chiassoni
en su libro “Desencanto para abogados realistas”, el precedente judicial puede
ser entendido en cuatro acepciones; (i) precedente-sentencia, (ii)
precedente-ratio, (iii) precedente-ratio autoritativo y (iv) precedente-
ratio decidendi consolidada o precedente orientación. Este último hace
referencia a “es la ratio decidenci por hipótesis común  a –y repetida en-
una serie (considerada) significativa de sentencias pronunciadas en un arco de
tiempo anterior  (…) cuya ratio tienen que ver con la decisión sobre hechos y
cuestiones del mismo, o similar tipo , con hechos y cuestiones sobre las cuales
se trata decidir  ahora,(…)”. Esta acepción es el precedente entendido en
el sentido más restringido según el autor. Las demás acepciones hacen
referencia similar al concepto propuesto por la
Corte Constitucional en el sentido en que debe ser una sentencia anterior que
trata de hechos cuestiones y elemento muy similares al caso que se pretende
resolver.
[28]
El precedente, se diferencia del antecedente en que este último se refiere a
una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener
o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos,
interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el
caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter
orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el
juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las
razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e
igualdad. (Sentencia T-830 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[29] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[30] Cfr. sentencia T-794 de 2011
M.P. Jorge Iván Palacio. Ver también las sentencias T-1317
de 2001. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y T-292 de 2006.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[31] Ver entre otras, sentencias T-794 de 2011
M.P. Jorge Iván Palacio, T-082 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-209 de 2011
M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[32] Ver entre otras, T-123 de 1995,
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-766 de 2008
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio.
[33] Ver, entre otras, las sentencias T-211 de
2008 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-161 de 2010
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-082 de 2011
M.P, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[34] En palabras de la
Corte Constitucional: “La misma Corte Suprema de Justicia también ha
señalado que la adopción de la
Constitución de 1991 produjo un cambio en la percepción del derecho y
particularmente del sentido de la expresión “ley”, pues la
Constitución se convierte en una verdadera norma jurídica que debe servir como
parámetro de control de validez de las decisiones judiciales y como guía de
interpretación de las normas de inferior jerarquía”. Cfr. Sentencia C-372
de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[35]En este sentido, entre muchas otras, pueden verse las sentencias
SU-049 de 1999 M.P José Gregorio Hernández Galindo, SU-1720 de 2000
M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-468 de 2003
M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
C-820 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-162 de 2009
M.P. Mauricio González Cuervo.
[36] Sobre este principio, es posible
afirmar que el respeto del precedente se funda, principalmente, en el deber de
un juez de fallar casos que presenten elementos fácticos y puntos en derecho
similares, de manera igual, y no sorprender a los ciudadanos que acuden a la
justicia, en virtud del respeto del principio de igualdad y la coherencia y
estabilidad en el ordenamiento jurídico. Por ello, un juez, en el caso en que
lo encuentre necesario, si se aparta de una decisión anterior aplicable al caso
que tiene bajo conocimiento, debe justificar la nueva postura y descalificar
las otras consideraciones que han sido base de anteriores decisiones.
[37] La sentencia C-104 de 1993 con ponencia
del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, estableció el punto de partida
jurisprudencial en relación con el derecho a la igualdad y las decisiones
judiciales en los siguientes términos: “El artículo 229 de la
Carta debe ser considerado con el artículo 13 idem, de tal manera que el
derecho a “acceder” igualitariamente ante los jueces implica no sólo la
idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales sino también el
idéntico tratamiento que tiene derecho a recibirse por parte de los jueces y
tribunales en situaciones similares”.
[38] Ver sentencia T-683 de 2006
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. “La
actividad judicial supone la interpretación permanente de las disposiciones
jurídicas, aspecto que implica que el funcionario determine en cada proceso la
norma que se aplicará al caso concreto. En ese sentido los diversos jueces
pueden tener comprensiones diferentes del contenido de una misma prescripción
jurídica y derivar de ella, por esta razón, efectos distintos”.
[39] Cfr. Sentencia T-049 de 2007
M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Entre otras, sentencias T-086 de 2007
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-161 de 2010
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[40] Ver J. Bell. “Sources of Law”, en P. Birks (ed.) English Private
Law, 1, Oxford University Press, pp. 1-29 (2000). Citado
por Bernal Pulido, Carlos. “El precedente en Colombia”. Revista de derecho del
Estado. Universidad Externado de Colombia, páginas 81-94 (2008).  Ver en el
mismo sentido, “American Law In a Global Context. The
Basics”. Sheppard, Steve. Fletcher, George P. Pg. 80-83. (2005) “Casos que establecen una regla en la interpretación de
una norma o situación concreta. Esto se identifica con los hechos, el problema
jurídico, las consideraciones que sustentan y son relevantes para la decisión,
y la solución que se declara para el caso. Para identificar un caso como precedente:
stare decisis (casos previos que vinculan como precedente), ratio decidendi (la
razón de ser de la decisión), obiter dicta (argumentos por decir que no son la
razón de ser de la decisión ni son vinculantes para decisiones posteriores)” (traducción
libre).“American Law In a Global Context. The
Basics”. Sheppard, Steve. Fletcher, George P. Pg. 80-83. (2005)
[41] Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007
M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-288 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-464 de 2011
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-794 de 2011
M.P. Jorge Iván Palacio, C-634 de 2011
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[42] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
[43] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[44] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[45] M.P. María Victoria Calle Correa.
[46] Lo mismo puede verse en sentencias T-156
de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-161 de 2010
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[47] Cfr. Sentencia T-794 de 2011
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-082 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[48] Ver sentencias C-590 de 2005
M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-292 de 2006
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-230 de 2011
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[49] Ver sentencia T-123 de 2010
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[50] Ver sentencia C-539 de 2011
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[51] Sentencia SU-168 de 1999.
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[52] Sentencia T-292 de 2006.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[53] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[54] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En este caso el ICFES interpuso acción de tutela en contra del
Juzgado Quinto Administrativo de Popayán y del Tribunal Administrativo del
Cauca, por considerar que dichas autoridades judiciales desconocieron los
derechos de la entidad, al emitir sentencias dentro de un proceso de reparación
directa en las cuales declararon su responsabilidad, condenándolos al pago de
perjuicios morales a favor del demandante. A juicio del actor, las providencias
controvertidas adolecen de defectos de carácter fáctico y sustantivo, además de
desconocer el precedente del Consejo de Estado en materia de determinación y
tasación de perjuicios morales. La Sala concede el amparo al debido proceso de
la demandante, por considerar que las sentencias controvertidas adolecen de una
motivación en materia de tasación de perjuicios morales, lo que impide el
control legal y constitucional del fallo, amenaza el principio de igualdad de
trato por parte de las autoridades judiciales para todos los ciudadanos y puede
llegar a un grave detrimento del erario público. La
Corte concede el amparo invocado y deja sin efecto la sentencia de segunda
instancia en lo referente a la tasación de perjuicios morales, ordenando a la
respectiva autoridad judicial dictar sentencia de reemplazo.
[55] Ver además sentencias T-468 de 2003
M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-292 de 2006
M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
[56] En palabras de la
Corte: “En síntesis, la
Corte ha considerado que la obligatoriedad de la ratio decidendi de los fallos
de tutela se desprende del principio de igualdad y del acceso a la
administración de justicia pues (de no ser así) la aplicación de la ley y la
Constitución dependería del capricho de cada juez - y se habla de capricho
precisamente para referirse a los casos en los que los jueces no justifican por
qué se apartan de la jurisprudencia de unificación -, de manera tal que casos
idénticos o similares podrían ser fallados en forma absolutamente diferente por
distintos jueces e incluso por el mismo juez” y al acceso a la administración
de justicia porque “…las decisiones de la
Corte y su interpretación de la
Constitución serían ignoradas por los jueces, en contra del derecho de los
asociados a que exista una cierta seguridad jurídica acerca de la
interpretación de las normas.” Cfr. Sentencia
T-566 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, reiterado en la sentencia T-292 de 2006
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras posteriores.
[57] De la misma forma las sentencias de
unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado pueden constituir precedente
según el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 estudiado por la
Corte Constitucional en sentencia C-634 de 2011
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[58] Sentencia T-830 de 2012.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[59] Ver sentencia
T-1092 de 2007 M.P. Humberto Sierra Porto y T-656 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[60] Sentencia C-156 de 2003.
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[61] Sentencia C-184/99. M.P. Antonio Barrera Carbonell
[62] Norma que derogó el artículo 133 del Código del Menor – el
Decreto 2737 de 1989 – el cual, a su vez, definía los alimentos de la siguiente
manera: “Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el
sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación
integral y educación o instrucción del menor. Los alimentos comprenden la
obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto.”
[63] Cfr. Sentencias T-1027 de 2007.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-872 de 2010.
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[64] Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-524 de 2008.
M.P. Clara Inés Vargas; T-1275 de 2008.
M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-872 de 2010.
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[65] “Por la cual se expide el Código de la
Infancia y la Adolescencia”.
[66] Constitución Política.
[67] Ley 1098 de 2006.
[68] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[69]  Sentencia T-408 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) En esta
sentencia se decidió conceder el amparo de tutela solicitado por una abuela
materna en nombre de su nieta, para que se le garantizara a ésta el derecho a
visitar a su madre recluida en prisión, puesto el padre de la menor le impedía
hacerlo.
[70] De conformidad con el Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española, “prevalecer” significa, en su primera
acepción, “sobresalir una persona o cosa; tener alguna superioridad o ventaja
entre otras”.
[71]  En igual sentido, el artículo 5 de la
Convención sobre Derechos del Niño dispone que “los estados partes respetarán
las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso,
de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la
costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del
niño, de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades,
dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos
reconocidos en la presente convención”.
[72] Cfr. Sentencia T-510 de 2003.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[73] Esta Corporación, mediante sentencia C-105 de 1994.
M.P. Jorge Arango Mejía, declaró la inexequibilidad de la palabra legítimos
que se utilizaba en los ordinales 2, 3 y 5 de tal disposición, por considerar
que "es contrario al principio de igualdad el limitar el derecho a los
alimentos legales a los descendientes legítimos, a los ascendientes legítimos,
y la posteridad legítima de los hijos naturales. Lo que está de acuerdo con la
Constitución, es reconocer el derecho a los ascendientes y descendientes de
cualquier clase que sean."
[74] M.P. Jorge Arango Mejía.
[75] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[76] Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y artículo 23 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[77] En este punto se reitera que, de conformidad con la jurisprudencia
de esta Corporación, las distinciones entre legítimo, natural y adoptivo hecha
en los ordinales 2, 3, 5, para efectos de alimentos se encuentran derogadas, en
la medida que todos los ascendientes o descendientes se encuentran en
condiciones de igualdad.
[78] En la sentencia C-029 de 2009 M.P.
Rodrigo Escobar Gil, esta Corporación indicó que la obligación alimentaría se
fundamenta en: “i) la necesidad del beneficiario; ii) la capacidad del
obligado para brindar la asistencia prevista en la ley, sin que ello implique
el sacrificio de su propia existencia y, iii) el especial deber de solidaridad
que existe entre uno y otro en atención a sus circunstancias recíprocas.”
[79] Sentencia T-506 de 2011. M.P. Humberto
Sierra Porto.
[80] Un resumen reciente lo presenta la sentencia T-662 de 2013 M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[81] Se solicitó el expediente y fue exhaustivamente revisado.
[82] El expediente fue revisado. Cuaderno de la Corte Constitucional,
Folio 70.
[83] Cuaderno principal de la Corte, Folio 70.