SU055-15
Sentencia SU055/15
FALTA DE LEGITIMACION POR
ACTIVA EN TUTELA-Abogado sin poder para actuar
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Requisitos
Para que se configure la agencia oficiosa, la
concurrencia de dos elementos: (i) que el titular de los derechos no esté en
condiciones de defenderlos y, (ii) que en la tutela se manifieste esa
circunstancia. En cuanto a esta última exigencia, su cumplimiento sólo se puede
verificar en presencia de personas en estado de vulnerabilidad extrema, en
circunstancias de debilidad manifiesta o de especial sujeción constitucional.
La agencia oficiosa en tutela  se ha admitido entonces en casos en los cuales
los titulares de los derechos son menores de edad; personas de la tercera edad;
personas amenazadas ilegítimamente en su vida o integridad personal; individuos
en condiciones relevantes de discapacidad física, psíquica o sensorial;
personas pertenecientes a determinadas minorías étnicas y culturales.
ACCION DE TUTELA CONTRA
SENTENCIA DE TUTELA-Prohibición
UNIFICACION EN MATERIA DE
IMPROCEDENCIA DE ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA
La Corte ha consolidado su jurisprudencia sobre la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, pero ha
reiterado de forma sistemática que no cabe interponer acciones de tutela contra
providencias judiciales de tutela. Esta posición se ha reiterado desde la
sentencia SU-1219 de 2001. En esa ocasión, la Corte indicó en síntesis que no
procede la tutela contra un fallo de tutela porque (i) admitirlo implicaría
instituir un recurso adicional para insistir en la revisión de tutelas que con
anterioridad no fueron seleccionadas, (ii) supondría crear una cadena
interminable de demandas, con lo cual resultaría afectado el principio de
seguridad jurídica, (iii) se afectaría el mecanismo de cierre hermenéutico de
la Constitución, confiado a la Corte Constitucional, y (iv) el amparo perdería
además como tal su efectividad jurídica, ya que entonces la misma “quedaría
indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela
decidiera no insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue
adverso para buscar que su posición coincida con la opinión de algún juez. En
este evento, seguramente el anteriormente triunfador iniciará la misma cadena
de intentos hasta volver a vencer”. Si un juez de tutela incurre en una
arbitrariedad o afecta el debido proceso mediante una vía de hecho, el remedio
para estos problemas es el mecanismo de eventual revisión ante la Corte
Constitucional, consagrado en el artículo 241 Superior.
ACCION DE TUTELA CONTRA
SENTENCIA DE TUTELA-Improcedencia por haber operado el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional
ACTUACION TEMERARIA Y COSA
JUZGADA EN MATERIA DE TUTELA-Buscan evitar la presentación sucesiva, además
de múltiple de las acciones de tutela
El fundamento de la temeridad está cifrado en los
mandatos de moralización del proceso y colaboración con la administración de
justicia. La temeridad es el resultado de un ejercicio abusivo del derecho, y
de un comportamiento opuesto a la lealtad procesal, tendiente a satisfacer
intereses individuales sin fundamento legal o constitucional, y en desmedro de
los derechos de los demás ciudadanos, en relación con el acceso efectivo de la
jurisdicción. La temeridad se configura entonces únicamente si el actor ha
obrado con mala fe, deslealtad procesal, o si su actuación infringe el deber de
moralidad procesal. Por tanto, las sanciones sólo podrían imponerse una vez se
desvirtúe la buena fe del accionante, pues ésta en principio se presume por
mandato de la Constitución (CP art 83). En el evento de que se compruebe la
temeridad del peticionario, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 le confiere
al juez la facultad de rechazar o decidir desfavorablemente “todas las
solicitudes” del actor temerario.
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Causales
ACTUACION TEMERARIA EN TUTELA-Presentación
de varias tutelas conlleva al rechazo o decisión desfavorable conforme al art.
38 del Decreto 2591/91
ABUSO DEL DERECHO POR ACCION
TEMERARIA/ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Para que se configure temeridad debe
evidenciarse la mala fe en el actuar del peticionario
FALTA DE LEGITIMACION POR
ACTIVA EN TUTELA-Improcedencia por cuanto no está acreditado poder para
actuar
Referencia: Expediente T-4149825
Acción de tutela instaurada por
el señor Pablo Elías González Monguí, invocando la calidad de apoderado del
señor Jorge Andrés Montoya Moreno, contra el Juzgado Octavo Penal del Circuito
de Medellín con Funciones de Conocimiento, la Sala Penal del Tribunal Superior
de Medellín, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca y el Consejo Superior de la Judicatura.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil quince (2015)
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA[1]
En el proceso de revisión de los fallos proferidos, en
primera instancia, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca el 24 de julio de 2013 y, en segunda
instancia, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura el 3 de septiembre de 2013, dentro de la acción de tutela promovida
por el señor Pablo Elías González Monguí, quien dice actuar en calidad de
apoderado del señor Jorge Andrés Montoya Moreno, contra el Juzgado Octavo Penal
del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento, la Sala Penal del
Tribunal Superior de Medellín, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el Consejo Superior de la
Judicatura.
I. ANTECEDENTES
1. El 13 de septiembre de 2012, invocando
la calidad de apoderado del señor Jorge Andrés Montoya Moreno, el abogado Pablo
Elías González Monguí instauró acción de tutela contra las autoridades antes
mencionadas, con el fin de que se protejan los derechos fundamentales al
debido proceso y a acceder a la justicia de quien señala como su representado.
Estos derechos se le habrían vulnerado, desde su óptica, del
modo como se enuncia a continuación: (i) el Juzgado Octavo Penal del Circuito
de Medellín con Funciones de Conocimiento y la Sala Penal del Tribunal
Superior de Medellín al haberle impuesto y ratificado, respectivamente,
mediante sentencias del 31 de julio y el 8 de noviembre de
2007 una condena penal con base en un “testimonio de referencia” que a
su juicio no fue incorporado legalmente al proceso, y sin tener en cuenta
testimonios presentados por él, ni tampoco una prueba sobreviniente al juicio
oral que lo beneficiaba y no fue descubierta oportunamente; (ii) la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca y el Consejo Superior de la Judicatura, al haberse abstenido de
fallar de fondo otra acción de tutela presentada con anterioridad, también
dirigida contra el Juzgado Octavo Penal del Circuito de
Medellín con Funciones de Conocimiento y la Sala Penal del Tribunal Superior
de Medellín, y basada en hechos y fundamentos iguales a los referidos en el
numeral (i). Los hechos narrados en la tutela, conforme a las pruebas obrantes,
son los siguientes:
Hechos procesales anteriores a la
presente acción de tutela
2. Mediante sentencia del 31 de julio de
2007, expedida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín con
Funciones de conocimiento, el señor Jorge Andrés Montoya Moreno fue condenado a
pena de prisión por 293 meses, a la pena accesoria de inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y a la
privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego por 10 años. El
Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento lo
encontró responsable del concurso de
delitos de homicidio agravado, en grado de tentativa, hurto calificado y
agravado y porte ilegal de armas de fuego. La defensa del señor Jorge Andrés
Montoya Moreno y el representante de la víctima apelaron la sentencia
condenatoria. En segunda instancia, por medio de sentencia del 8 de noviembre
de 2007, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín resolvió revocarla
parcialmente en lo referido al delito de porte ilegal de armas y a la pena
accesoria de privación del derecho de tenencia y porte de arma de fuego, pero
confirmarla en lo demás, con lo cual dosificó nuevamente la pena de prisión en
285 meses. La defensa del señor Montoya Moreno instauró recurso de casación,
pero la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por medio de
auto del 17 de julio de 2008, decidió “INADMITIR
la demanda de casación interpuesta por el defensor del acusado JORGE ANDRÉS
MONTOYA MORENO”. La Corte Suprema sintetizó su decisión de del
siguiente modo, y le informó que contaba además con la posibilidad de presentar
una insistencia, según la Ley 906 de 2004:
“se advierte que las
anotadas exigencias básicas para que la demanda supere el juicio de
admisibilidad, no resultan satisfechas, y antes por el contrario, ayuna se
halla de los requerimientos de claridad, concreción y debida fundamentación de
los ataques.
[…]
En
mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN
PENAL,
RESUELVE:
INADMITIR la demanda de casación
interpuesta por el defensor del acusado JORGE ANDRÉS MONTOYA MORENO, por
las razones expuestas en la motivación de este proveído.
Contra esta determinación procede
la insistencia en los términos del artículo 184 de la Ley 906 de 2004.”[2]
3. La defensa no agotó
el “recurso de insistencia” contra el auto del 17 de julio de 2008 que
declaró inadmisible el recurso de casación, conforme lo prevé el artículo 184
de la Ley 906 de 2004.[3] Optó por impetrar diversas acciones de
tutela ante la propia Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
para cuestionar a las autoridades judiciales que le impusieron en primera y
segunda instancia la condena penal antes referida. La Corte Suprema de Justicia
expidió entonces un total de cinco (5) providencias, referidas a acciones de
tutela instauradas a nombre del señor Jorge Andrés Montoya Moreno contra el
Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento y
la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín. Las
providencias fueron las siguientes:
3.1. Auto del 25 de septiembre de 2008. La Sala de Casación
Penal, Sala Segunda de Decisión de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia,
rechazó la acción de tutela instaurada por un abogado a nombre de Jorge Andrés
Montoya Moreno, en un contexto en el cual el poder para actuar no se lo había
concedido este último, sino su padre el señor Jorge León Montoya Negrete. La
Corte Suprema de Justicia sostuvo entonces lo siguiente:
“El señor JORGE LEON MONTOYA NEGRETE
presenta a través de apoderado, escrito en el que manifiesta que en su
condición de padre de JORGE ANDRÉS MONTOYA MORENO interpone demanda de tutela
contra el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín y la Sala Penal del
Tribunal Superior de la misma ciudad, por razón de las irregularidades que se
gestaron dentro del proceso seguido contra el prenombrado por los delitos de
homicidio agravado en el grado de tentativa, hurto calificado y porte ilegal de
armas de fuego de defensa personal.
[…]
En el caso que concita la atención de
la Sala, pronto se evidencia, que el derecho fundamental cuya protección invoca
JORGE LEÓN MONTOYA NEGRETE es de titularidad de su hijo JORGE ANDRÉS MONTOYA
MORENO, por lo tanto es claro que su padre debe cumplir con los requisitos
previstos en la norma reseñada para interponer legítimamente una acción de
tutela a nombre de aquel, sin que al respecto se haya aportado elemento de
juicio alguno que permita acreditar los presupuestos ya descritos, siendo que
el hecho de desconocer su paradero no se traduce necesariamente en la
incapacidad de poner en marcha los mecanismos para la defensa de sus propios
intereses.
Para la Sala, entonces, el rechazo de
la solicitud de amparo por falta de legitimación de JORGE LEÓN MONTOYA NEGRETE
es la decisión que se impone adoptar, habida cuenta que éste actúa en
representación de otro sin documentar que se encuentra legalmente habilitado
para ello, de manera que se procederá a su devolución al memorialista,
advirtiéndole que contra esta determinación, por no tratarse de una sentencia,
no procede recurso alguno”.[4]
3.2. Auto del 9 de octubre de 2008. La Sala de Casación
Penal, Sala Segunda de Decisión de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia,
rechazó una nueva acción de tutela interpuesta a nombre y en representación del
señor Jorge Andrés Montoya Moreno por un abogado que invocó la condición de “defensor
convencional” de este último. El rechazo se fundó en la falta de
legitimación en la causa por activa del abogado, y esta a su vez en que el
actor no aportó poder que lo facultara para actuar judicialmente a nombre y en
representación del titular de los derechos invocados. Dijo entonces la Corte
Suprema:
“El abogado EDGAR SOLER LAVERDE
presenta escrito en el que manifiesta que en su condición de defensor convencional
del procesado JORGE ANDRÉS MONTOYA MORENO interpone demanda de tutela contra el
Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín y la Sala Penal del Tribunal
Superior de la misma ciudad, por razón de las irregularidades que se gestaron
dentro del proceso seguido contra el prenombrado por los delitos de homicidio
agravado en el grado de tentativa, hurto calificado y porte ilegal de armas de
fuego de defensa personal. Por ello, espera la protección que le brinda la
acción pública constitucional.
[…]
En el presente caso, del contenido de
la demanda de tutela se desprende que el doctor EDGAR SOLER LAVERDE quien actúa
como apoderado del procesado JORGE ANDRÉS MONTOYA MORENO en las diligencias
penales cuestionadas, invoca el amparo constitucional a nombre de aquél, por
manera que, la acción de tutela presentada por el mencionado profesional tras
considerar que se han desconocido los derechos fundamentales del ciudadano a
quien representa en otra actuación. […] De lo documentado en el presente
asunto, se evidencia que las garantías constitucionales que en esta oportunidad
se estiman violadas y para las cuales la profesional solicita el amparo
constitucional se encuentran en cabeza de otro, es decir, resultan ajenas a
quien interpone esta acción siendo que, para ello se requiere que actúe con
mandato expreso conferido por el titular de tales derechos, a fin de tener
legitimación para presentar la solicitud de protección excepcional.
[…]
En tales condiciones, la Sala
rechazará el escrito y, en consecuencia, se procederá a su devolución,
advirtiéndole al memorialista que contra esta determinación, por no tratarse de
una sentencia, no procede recurso alguno”.[5]
3.3. Auto del 6 de noviembre de 2008. La
Sala de Casación Penal, Sala de Decisión Penal de Tutelas, declaró la nulidad
de lo actuado desde un auto proferido el 31 de octubre de 2008, por medio del
cual dicha Sala había avocado conocimiento de una tutela que tenía relación con
actuaciones que había adelantado la propia Sala de Casación Penal. Manifestó en
ese caso que, por estar comprometidas decisiones de la Sala Penal de la Corte
Suprema, no podía esta cumplir la función de juez de tutela, conforme a las
normas vigentes:
“Jorge Andrés
Montoya Moreno a través de apoderado acude al juez de tutela, quien con
similares argumentos a los expuestos al momento de sustentar el recurso
extraordinario de casación pretende se le ampare su derecho fundamental al
debido proceso pues considera las decisiones [del Juzgado Octavo Penal del
Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento y de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Medellín, expedidas el 31 de julio y el 8 de noviembre de
2007] como típicas vías de hecho porque no permitieron la aportación oportuna
de pruebas, desestimaron algunos elementos de juicio y realizaron una indebida
valoración al acervo probatorio, motivo por el cual solicita se invalide lo
actuado a partir de la audiencia del juicio oral para que se realice uno nuevo
en el que se respeten las garantías fundamentales y legales propias de un
Estado de Derecho.
[…]
[C]omo quiera que
la acción de tutela incluye también actuaciones de esta Sala de Casación, según
viene de precisarse, lo procedente es […] decretar la nulidad del auto del 31
de octubre de 2008 a través del cual se había avocado conocimiento de la
solicitud de amparo incoada por el apoderado del ciudadano JORGE ANDRÉS MONTOYA
MORENO”.[6]
3.4. Auto del 5 de febrero de 2009. Una
nueva acción de tutela fue interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia, por
quien fungía como apoderado del señor Jorge Andrés Montoya Moreno, y nuevamente
ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La tutela se
dirigía nuevamente contra el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín con
Funciones de Conocimiento y la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín. La
Sala Segunda de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia decidió entonces que la competencia para conocer de esta
solicitud de amparo residía en la Sala de Casación Civil de la misma Corte, y
resolvió remitirle las diligencias. Los motivos en los que se fundó para el
efecto los expresó así:
“Sería del caso que
la Sala se pronunciara sobre la demanda de tutela que promueve el ciudadano
JORGE ANDRÉS MONTOYA MORENO, en procura de amparo para el derecho fundamental
al debido proceso presuntamente vulnerado por el Juzgado Octavo Penal del
Circuito de Medellín y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad,
de no ser porque se evidencia que la competencia para conocer del libelo
corresponde a la Sala de Casación Civil, por las siguientes razones:
[…]
[P]revio avocar el
conocimiento de esta acción constitucional, se procedió a verificar los
antecedentes procesales señalados en el libelo tutelar, de cuyo contenido se
extrae que esta Corporación en providencia del 7 de julio de 2008 con
radicación 29.424 se pronunció sobre la demanda de casación que interpusiera el
defensor del procesado JORGE ANDRÉS MONTOYA MORENO, presentada precisamente con
ocasión de la sentencia condenatoria de segundo grado proferida por el Tribunal
Superior de Medellín en el proceso que viene de reseñarse […]
En estas
condiciones, dada la naturaleza y alcance que se ha conferido a la casación al
consagrarla como un extraordinario medio de control constitucional y legal de
las sentencias de segunda instancia proferidas por los Tribunales Superiores,
cuando afectan derechos o garantías fundamentales, cuya admisibilidad de la
demanda está supeditada entre otras, a la acreditación del agravio de dichas
prerrogativas, es claro que esta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se
pronunció sobre el asunto al estudiar el líbelo presentado a nombre del actor,
luego perfectamente entendible es que la competente para conocer de esta
actuación es la Sala de Casación Civil de esta misma Corporación siguiendo las
reglas señaladas en el Decreto 1382 de 2000, en armonía con el artículo 44 del
reglamento general de esta Corporación”.[7]
3.5. Auto del 19 de febrero de 2009. En
virtud de la remisión indicada en el párrafo anterior, la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la tutela instaurada a nombre y
en representación del señor Jorge Andrés Montoya Moreno. Sostuvo que la acción
de tutela cuestionaba un proceso penal en el cual participó la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema, y que la jurisdicción ordinaria se había cerrado
para el actor con la decisión de esta última de no admitir a trámite el recurso
de casación. Luego de una actuación de la máxima autoridad judicial ordinaria,
a juicio de la Sala Civil de la Corte, no tiene sentido plantear una violación
del derecho al debido proceso, por lo cual la acción de tutela fundada en un
desconocimiento de este último debía ser entonces inadmitida. Dijo al respecto:
“Reclama el señor
Montoya Moreno la protección del derecho fundamental al debido proceso,
vulnerado presuntamente por los accionados [Juzgado Octavo Penal del Circuito
de Medellín y Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial] al dictar
sentencia en el juicio penal adelantado en su contra, por los delitos de
homicidio agravado en el grado de tentativa, hurto calificado y agravado y
porte ilegal de armas de fuego, pues las pruebas aportadas ofrecen muchas dudas
respecto de su responsabilidad, sin embargo, gracias a su indebida valoración,
terminó condenado.
[…]
[S]e anticipa que
la protección invocada no puede admitirse a trámite […]. [D]ebe entenderse que
con sus sentencias [la Corte] desarrolla el postulado de defensa de los
derechos fundamentales, pues no es concebible la colisión que representaría que
una resolución final, según la propia Constitución, pudiera ser variada bajo el
supuesto de su oposición a un derecho fundamental. [D]entro de ese contexto
resulta claro, que al ser esta Corporación el órgano límite de la jurisdicción
ordinaria, ninguna autoridad está facultada para alterar la condición inmutable
de que están revestidas sus decisiones, luego mal pueden quedar sujetas a un
nuevo examen por vía de tutela así sea éste efectuado por ella misma”.[8]
4. Luego de esas decisiones, a través de
abogado se instauró una nueva acción de tutela ante el Juzgado Promiscuo
Municipal de Bajo Baudó-Pizarro No. 004, ubicado en el Departamento de Chocó.
Esta autoridad negó en primera instancia el amparo, pero su decisión fue
impugnada. En segunda instancia, el Juzgado Penal del Circuito de Ístmina Chocó
afirmó su competencia territorial para conocer de la solicitud de amparo,
además concedió la tutela y revocó la decisión de primera instancia. Como
consecuencia, dispuso anular lo actuado en el proceso penal desde la
realización de la audiencia de juicio oral. Ordenó entonces asimismo programar
una nueva audiencia. Estas decisiones de tutela fueron seleccionadas para
revisión por la Corte Constitucional, y su conocimiento se le asignó a la Sala
Tercera de Revisión.[9]
5. Durante el trámite ante la Corte, la
Sala Tercera de Revisión resolvió el 1º de diciembre de 2009 suspender como
medida provisional las actuaciones penales que, en virtud de la sentencia de
tutela de segunda instancia, se estuvieran llevando a cabo para responder a las
órdenes de volver a efectuar la audiencia de juicio oral en el proceso contra
el señor Jorge Andrés Montoya Moreno. Luego, en el auto 344 de 2009, la misma
Sala de Revisión de la Corte Constitucional decidió anular todo el proceso por
falta de competencia territorial de las autoridades judiciales que decidieron
la acción de tutela, y ordenó devolver “al accionante o a su apoderado la demanda
de tutela con todos sus anexos”. La conclusión fue entonces la siguiente:
“los jueces del Chocó asumieron la
competencia con argumentos que no se sustentan en ningún factor o
criterio objetivo de competencia derivado de la ley, la jurisprudencia o
el reglamento. Aunque invocan un soporte jurisprudencial, este es adoptado de
manera fragmentaria, descontextualizada, y por ende con desconocimiento de la
regulación -vinculante– prevista en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, al
cual remite, de manera explícita, el auto 100 de 2008. De tal modo que no
concurre ningún título legal, jurisprudencial o reglamentario que legitime la
atribución de competencia en los jueces que decidieron la [t]utela”.[10]
6. Tras la decisión de anular el proceso,
la defensa del señor Jorge Andrés Montoya Moreno consistió en instaurar otra
nueva acción de tutela el 15 de marzo de 2010 (la sexta tutela), esta vez ante la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca. Mediante fallo de abril 15 de 2010, tal autoridad declaró
improcedente la acción porque no señalaba un defecto en la providencia o el
proceso, ni una vulneración de derechos constitucionales. Impugnada esa
decisión, le correspondió en segunda instancia resolverla a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, autoridad
que por medio de sentencia del 12 de mayo de 2010 declaró improcedente la
solicitud de amparo, por cuanto constató que para proteger los derechos
fundamentales invocados existía otro mecanismo de defensa judicial, la acción
de revisión, instrumento que no se había agotado para entonces. Estos fallos no
fueron seleccionados para revisión por la Corte Constitucional, e hicieron
tránsito a cosa juzgada. Luego de estos acontecimientos procesales, se promovió
la tutela que origina este proceso.
La acción de tutela que origina este
proceso
7.  La tutela que da origen a esta
revisión, fue promovida el 13 de septiembre de 2012 por el señor Pablo Elías
González Monguí invocando la calidad de apoderado del señor Jorge Andrés
Montoya Moreno. La tutela se dirige por una parte contra el Juzgado Octavo
Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento y la Sala Penal
del Tribunal Superior de Medellín, en cuanto a sus actuaciones como jueces
penales en el proceso que condujo a la condena del señor Jorge Andrés Montoya
Moreno por los delitos de homicidio
agravado, en grado de tentativa, y de hurto calificado y agravado. También se instaura contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en lo que atañe a las
decisiones que tomaron como jueces de tutela mediante las sentencias 15 de
abril y el 10 de mayo de 2012, por las cuales declararon improcedente el amparo
que antes se había formulado el 15 de marzo de 2010, por parte de la defensa
del señor Jorge Andrés Montoya Moreno, contra el Juzgado Octavo Penal del
Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento y la Sala Penal del Tribunal
Superior de Medellín.
8. La nueva tutela, que motiva el
presente proceso, sostiene que al señor Jorge Andrés Montoya Moreno se le
violaron en ambos procesos (en el penal primero, y luego en el de tutela) sus
derechos fundamentales “al debido proceso, a la defensa y al acceso a la
justicia”, razón por la cual solicita que se protejan dichas garantías y
por consiguiente “se decrete la nulidad del juicio oral celebrado ante el
Juzgado 8 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín y en
consecuencia se ordene su realización con observancia de todas las garantías
legales y constitucionales”. En la acción de tutela se plantea que en cada
uno de los procesos indicados (en el penal y en el constitucional), se pueden
advertir defectos que justifican la procedencia específica del amparo contra
actuaciones judiciales. En lo que sigue, lo     s defectos se exponen así:
8.1. Los supuestos defectos,
endilgados al proceso penal. En síntesis, el actor aduce que tanto el
Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento
como la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín incurrieron en un defecto
fáctico dentro del proceso penal que se siguió contra el señor Jorge Andrés
Montoya Moreno. Los hechos por los cuales fue condenado este último los expuso
del siguiente modo la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín en sentencia
del 8 de noviembre de 2007, mediante la cual resolvió la apelación contra la
sentencia penal condenatoria de primera instancia –versión que luego retomó la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en auto del 7 de julio
de 2008, al inadmitir a trámite el recurso de casación instaurado por la
defensa del señor Montoya Moreno-:
“[e]l
6 de enero de 2006, en hora cercana a las 3:00 p.m., el señor Jorge Andrés
Montoya Moreno (Alias Negrete o Tato) se presentó a la oficina del señor Jhon
Fredy Cañas Villa y con el supuesto fin de pagarle una deuda le entregó e[l]
dinero a éste, quien, cuando se disponía a contarlo, recibió varios impactos de
bala de arma de fuego sin que le produjeran la muerte. El hoy procesado [señor
Jorge Andrés Montoya Moreno] le[s] decía a sus compañeros que lo remataran y
les daba instrucciones con el fin de sustraer los documentos de un vehículo que
estaba en prenda afianzando el préstamo, así como el dinero acabado de
entregar, más otro millón de pesos que se encontraba en la caja menor del afectado
y su pistola, avaluada en ocho (8) millones de pesos”.
Dice la acción de tutela que provoca este
proceso, que la condena fundada en estos hechos presenta un defecto fáctico por
cuanto las sentencias de primera y segunda instancia en el proceso penal (i) le
dieron relevancia a un medio de prueba que no fue incorporado al proceso
conforme a la ley; (ii) no tuvieron en cuenta una prueba sobreviniente en la
audiencia del juicio oral, descubierta por la Fiscalía y que favorecía al
acusado; y (iii) desestimaron “íntegramente, las pruebas testimoniales
aportadas por la defensa”. De la siguiente forma se desarrollan estos
cuestionamientos:
(i) Las sentencias penales se basaron a
su juicio en la versión de la víctima, señor Jhon Fredy Cañas Villa, y en una declaración
rendida por un tercero, el señor Edwin Rolando Pérez Rojas, Patrullero de la
Policía Nacional. A esta última se le dio el carácter de prueba de referencia,
sin que –en opinión del tutelante- tal caracterización fuera aceptable. Dice el
actor que el señor Edwin Rolando Pérez Rojas sólo fue un testigo de oídas, y su
declaración no puede tenerse como una prueba de referencia, pues su versión
sobre los hechos la derivó de su presencia en el momento en el cual la víctima
- señor Jhon Fredy Cañas Villa- y un tercero –señor Rubiel Durango Yepes- le dieron a la Policía
una declaración sobre lo sucedido, el mismo día 6 de enero. La declaración rendida
en el proceso penal por el Patrullero Edwin Rolando Pérez se sustenta entonces
en que presenció la declaración que ofrecieron sobre los hechos tanto la
víctima, mientras se encontraba en “policlínica” el día en que sufrió
las lesiones en el rostro, y la que suministró un tercero presencial de parte
de los hechos, quien fue luego de estas declaraciones víctima de un homicidio y
por tanto no podía ofrecer en juicio su testimonio acerca de lo ocurrido. El
tutelante aduce en este contexto, sin negar que el Patrullero Pérez Rojas
hubiera presenciado tales declaraciones, que no fue quien directamente las tomó,
y que en el proceso no se hizo constar el documento físico en el cual aquellas
se plasmaron, por lo cual no podía dársele credibilidad a su versión, ni
tampoco la connotación de prueba de referencia, sino la de testimonio de oídas:
“[…] valoraron el
testimonio de EDWIN ROLANDO PÉREZ ROJAS, presentado por la Fiscalía, al que se
le pretendió dar el carácter de prueba de referencia, sin que dicho ente
investigador, lo hubiese solicitado con ese propósito, porque además el testigo
sobre el cual el Juez de instancia realiza valoración probatoria es un testigo
de oídas […]. [S]e observa que no hubo principio de inmediación en el caso bajo
examen, porque como se indicó, muy a pesar de la valoración que hubiere podido
efectuar el Juez Penal de Circuito de Conocimiento, éste no tuvo la posibilidad
de conocer la entrevista que rindiere RUBIEL DURANGO y que fue plasmada
físicamente en un documento, pues nunca se introdujo en juicio por la Fiscalía,
por no contar con el testigo de acreditación para tales efectos, toda vez que
la persona que rindió testimonio en juicio (EDWIN ROLANDO PÉREZ ROJAS), no fue
quien la recibió, sino que sólo fue un testigo de oídas durante el momento en
que tal entrevista estaba siendo tomada”.
(ii) La condena en primera y segunda
instancia se adoptó además, en criterio del peticionario, a consecuencia de
pasar por alto un elemento probatorio de especial relevancia, expuesto durante
el juicio oral, y susceptible de incorporarse al proceso en virtud del artículo
344 inciso 4 de la Ley 906 de 2004.[11]
El elemento de juicio que a su modo de ver tenía un efecto determinante sobre
el desenlace del proceso, era una certificación de la hora en la cual la
víctima, el señor Jhon Fredy Cañas Villa, ingresó para atención de urgencias a
la Clínica SOMA, de la ciudad de Medellín. Ese certificado indicaba que el señor
Cañas Villa ingresó a atención de urgencias el 6 de enero de 2006 a las 3:20 de
la tarde. Tal prueba indica –según el parecer del tutelante- que los hechos no
pudieron haber ocurrido hacia las 4:00 p.m., como lo dio por probado el Juzgado
en primera instancia. El Juez Octavo Penal del Circuito se abstuvo de
incorporar dicho elemento al juicio, aunque advirtió que habría de tomarlo “como
información”. Esta decisión de no incluir el certificado de ingreso de la
víctima a la clínica SOMA, pese a contener la hora en que este fue atendido en
urgencias, tuvo una consecuencia palpable en la resolución del asunto:
“[…] Es evidente
que el material probatorio de prueba que se dio a conocer por la Fiscalía
durante el juicio, incidía significativamente en la decisión a adoptar por el
Juez 8 Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento, teniendo
en cuenta que se percepción una vez se agotó casi completamente el estadio
probatorio fue la de que JORGE ANDRÉS MONTOYA MORENO no estuvo en lugar de los
durante las 3:00 y las 3:30 p.m. […]. Si esto es así, […] la no presencia de
JORGE ANDRÉS MONTOYA MORENO en el lugar de ocurrencia de los hechos entre las
3:00 y las 3:30 p.m., pero a su vez, de un elemento material probatorio que no
fue descubierto –pero que a pesar de ello era conocido por el ente fiscal quien
lo conservaba en su poder-, se tiene como hora ciertas de ingreso de JHON FREDY
CAÑAS VILLA a la clínica SOMA, las 3:20 p.m. del 6 de enero de 2006, entonces
los hechos no ocurrieron a las 4:00 o 4:30 p.m., sino hacia las 3:00 p.m. o
quizás un poco antes”.
En el mismo defecto habría incurrido a su
juicio la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, por cuanto confirmó
parcialmente la sentencia penal de primera instancia, a pesar de la
discrepancia entre la cronología del fallo y lo que aparecía probado en el
elemento no incorporado al proceso. La Sala Penal del Tribunal, dice el
tutelante, confirma el error del Juzgado Octavo Penal.
(iii) Por último, indica el tutelante que
el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento
y la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín efectuaron una valoración
parcializada de los elementos obrantes en el proceso, toda vez que “desestim[aron]
íntegramente los testimonios aportados por la defensa”. Únicamente le otorgaron
credibilidad a la declaración rendida por la víctima, el señor Jhon Fredy Cañas
Villa, aunque lo dicho por este haya estado soportado en un testimonio de
referencia que no fue aportado al juicio en debida forma. Sostiene que el
Juzgado y el Tribunal sólo orientaron su razonamiento probatorio hacia los
medios que apuntaban a verificar la comisión de una tentativa de homicidio,
pero nada hay en sus sentencias que demuestre la realización del hurto
calificado y agravado y el porte ilegal de armas de fuego y municiones de
defensa personal. Al señor Montoya Moreno se lo habría condenado por estos
delitos –a su modo de ver- tomándolos “casi como una consecuencia directa de
la declaratoria de responsabilidad frente al delito de homicidio en la
modalidad de tentativa”.
8.2. Los supuestos defectos,
endilgados al proceso de tutela anterior. El tutelante sostiene que en el
proceso de tutela anterior, instaurado para cuestionar las condenas penales
contra el señor Montoya Moreno, las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y del Consejo Superior de la
Judicatura le violaron sus derechos a acceder a una justicia de fondo y a la
igualdad de trato, al haber declarado improcedente su solicitud de amparo
mediante fallos del 15 de abril y el 12 de mayo de 2010. Considera que las
razones por las cuales declararon improcedente la acción de tutela no se
ajustaban a las definidas en los precedentes de la Corte Constitucional. En su
criterio, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca fundó su
decisión en que el actor no había caracterizado el defecto que les endilgaba a
las providencias penales atacadas, cuando en realidad sí lo había hecho, y el
Consejo Superior de la Judicatura declaró improcedente el amparo sobre la base
de que procedía el recurso de revisión, aun cuando en estricto sentido no era
aplicable ninguna causal de revisión. En esa medida señala que tampoco había
desistimiento, ni temeridad, que son otros motivos para juzgar improcedente una
tutela, de modo que las decisiones adoptadas en ese otro proceso dejaron de
pronunciarse injustificadamente sobre el fondo del asunto. Dice como
conclusión:
“[…] En el caso
bajo examen, las entidades accionadas no tuvieron razones fundadas para
apartarse del precedente jurisprudencial, porque en términos de favorabilidad,
aún desde el punto de vista de la interpretación constitucional, la denegación
de justicia al no fallar de fondo la acción de tutela incoada, pese a
encontrarse reunidos los requisitos legales y jurisprudenciales sobre el
particular, pero más aún, pese a ser visible y evidente la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa de mi representado, constituye
un claro desconocimiento del derecho al acceso a la administración de justicia,
toda vez que a pesar de ser éste un mecanismo especialmente estatuido para la
protección de los derechos fundamentales, se ha obviado su trámite bajo
consideraciones sin fundamento, que se ciñen a lo procedimental con
desconocimiento del derecho sustancial”.
Respuesta de las autoridades judiciales
accionadas
9. El conocimiento de la acción de tutela
instaurada el 13 de diciembre de 2012 le correspondió a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, autoridad
que les comunicó la existencia del proceso a los demandados, y vinculó a la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Las contestaciones
aportadas al proceso dicen lo siguiente:
10. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca solicitó desestimar las
pretensiones del amparo. Dice que no es procedente acudir a la tutela para
cuestionar una providencia de tutela ya ejecutoriada, pues eso pondría en
entredicho la seguridad jurídica. Máxime si quien usa el instrumento lo hace
después de tanto tiempo, ya que la sentencia de tutela cuestionada es del 15 de
abril de 2010, y la segunda instancia en ese proceso concluyó el 12 de mayo de
ese mismo año, razón por la cual han trascurrido más de dos años entre el
momento en el que se expidieron esas sentencias y la presentación de esta
tutela. Esto evidencia que el amparo es también improcedente por falta de
inmediatez. Dice que incluso si se resuelve efectuar un pronunciamiento de
fondo, debe concluirse que en el otro proceso de tutela el Consejo Seccional de
la Judicatura de Cundinamarca falló conforme a derecho al declarar improcedente
el amparo en tanto el actor no indicó las normas que se habían violado, ni el
concepto de violación, ni identificó cuáles defectos le endilgaba a las
providencias cuestionadas. Estas razones eran suficientes para no juzgar
superados los requisitos de procedencia del amparo.
11. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura sostiene en este proceso que se deben “despachar
de manera adversa las pretensiones del accionante”, porque hay ante todo un
problema de inmediatez. Igualmente señala la posible existencia de “temeridad
en la acción”, toda vez que la tutela se dirige contra las mismas
autoridades demandadas en la acción constitucional anterior, y nuevamente pide
que se revoquen las decisiones de instancia en lo penal, sin que se encuentren
nuevos elementos de juicio o circunstancias objetivas que justifiquen una nueva
demanda. Finalmente, manifiesta que las decisiones de tutela cuestionadas en
esta solicitud de amparo fueron “producto de un razonamiento ponderado y
juicioso, además –la misma- se soporta en una debida integración jurídica y
fáctica, argumentos que condujeron a la Sala a la decisión reprochada y
que hoy reitera con el presente recurso de amparo”.
12. El Juzgado Octavo Penal del Circuito
de Medellín con Funciones de Conocimiento se opone a la prosperidad de la
tutela. Señala que la defensa del señor Jorge Andrés Montoya Moreno instauró
recurso de casación contra la sentencia penal de segunda instancia, pero que
este recurso fue inadmitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia mediante auto 29424 de 2008. Resalta que contra esta decisión
procedía el recurso de insistencia, ante la misma Corte Suprema de Justicia, y
sin embargo no fue presentado por el actor ni sus defensores. En su criterio,
incluso si se considera que lo anterior no es suficiente para resolver la
tutela, debe tenerse en cuenta que esta solicitud de amparo plantea bajo otra
apariencia los mismos argumentos de fondo que se propusieron en el recurso de
casación debidamente inadmitido por la Corte Suprema de Justicia. Esta acción
de tutela busca entonces que el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín y
la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín “valoren la prueba vertida
en juicio bajo su particular forma de ver las cosas”. No obstante, destaca
que ya la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre la insuficiencia de
estos argumentos. Por ende, sostiene que no hay lugar a protección de los
derechos invocados.
13. El Magistrado Ponente de la sentencia
penal proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín se opone a
la tutela. Dice que el tema planteado en esta solicitud de amparo no fue
planteado en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
en el proceso penal, razón por la cual en el fallo de segunda instancia no fue
abordado ese punto. Indica que “como la justicia que se depara en segunda
instancia del sistema acusatorio es rogada, la ausencia de su invocación revela
que se están procurando recuperar oportunidades procesales perdidas, tanto en
las instancias como en la casación”. En cuanto al fondo, sostiene que las
condenas penales se fundaron en pruebas suficientes, y esencialmente en la “atestación
del mismo afectado que sobrevivió al atentado”, por lo cual no hubo
entonces violación los derechos fundamentales del señor Jorge Andrés Montoya
Moreno.
14. La Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia contesta que la decisión adoptada por esa Corporación, en
respuesta al recurso de casación instaurado por la defensa del señor Jorge
Andrés Montoya Moreno, se ajusta a la ley y la Constitución, y no desconoce los
derechos fundamentales de este último. Dice que los cargos que propuestos por
el entonces recurrente “fueron objeto de ponderado estudio por la Corte, en
orden a establecer la posibilidad de darle curso al trámite casacional,
generando como resultad su inadmisión, sin que se observara, además, la
necesidad de superar los defectos de la demanda para cumplir con los fines de
la casación mediante la emisión de un fallo de fondo, pues como resulta apenas
obvio, la Corte tuvo en cuenta que la casación es un recurso constitucional
para restablecer las garantías y derechos fundamentales cuando han sido
conculcados por la sentencia de segunda instancia, situación que no se
advirtió”. La acción de tutela carece entonces de fundamento, y no puede
concederse. En caso de ocurrir esto último sería esa providencia la que
violaría el derecho al debido proceso y a la igualdad, en tanto se desconocería
el carácter de máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria que ostenta la
Corte Suprema de Justicia cuando actúa a través de sus salas de casación. Una
vez la Corte Suprema de Justicia inadmitió el recurso de casación, las sentencias
penales condenatorias quedaron ejecutoriadas e hicieron tránsito a cosa
juzgada, la cual debe entonces respetarse.
Decisiones de tutela sujetas a
revisión
15. La Sala Jurisdiccional del Consejo
Seccional de la Judicatura, por medio de sentencia del 22 de enero de 2013,
resolvió “declarar improcedente” la acción de tutela. La decisión se
fundó esencialmente en la falta de inmediatez de la acción pues se instauró el
13 de septiembre de 2012, mientras las sentencias penales condenatorias
cuestionadas se profirieron en 2007. Por otra parte, las providencias de tutela
también atacadas en esta solicitud de amparo datan del año 2010, de modo que la
tutela se presenta más de dos años después de haberse expedido dichos fallos.
Lo cual, en suma, debía conducir a declarar improcedente la acción de tutela en
esta ocasión.
16. El accionante impugnó la decisión
anterior. En segunda instancia, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura resolvió anular lo actuado, por medio de
providencia del 15 de mayo de 2013, sobre la base de que no se habían
incorporado al trámite las actuaciones y las copias de los fallos de primera y
segunda instancia proferidos en el proceso penal por el Juzgado Octavo Penal
del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento y la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, ni tampoco las actas y
registros audiovisuales de las audiencias en las cuales se efectuó el
descubrimiento de pruebas y el juicio oral.
17. Allegados al proceso de tutela los
anteriores elementos, la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, mediante fallo del 24 de julio de 2013, resolvió “negar”
la acción de tutela. Esta vez, el Consejo Seccional sostuvo que la tutela
cumplía con todos los requisitos de procedencia, teniendo en cuenta de que si
bien las cuestionadas providencias fueron expedidas en los años 2007 y 2010,
por medio de una acción de tutela promovida en el año 2012, lo cierto es que en
su criterio durante todo el tiempo el accionante ejerció con diligencia
distintos instrumentos de defensa para solicitar la protección de sus derechos,
lo cual descarta la existencia de una tardanza injustificada. Por otra parte,
señala que “es claro que el actor no dispone de mecanismos ordinarios para
atacar las decisiones cuestionadas, amen que en el sub-lite se evidencia que el
accionante agotó todos los mecanismos ordinarios y extraordinarios que tenía a
su alcance”. En consecuencia, resolvió pronunciarse sobre el fondo del
asunto. No obstante, consideró que en los fallos cuestionados no hubo vía de
hecho alguna, pues por el contrario se fundaron en derecho y en los hechos
debidamente probados.
18. Luego de impugnarse este fallo,
conoció de la tutela en segunda instancia la Sala Jurisdiccional del Consejo
Superior de la Judicatura, autoridad que mediante fallo del 26 de septiembre de
2013 concedió el amparo.
En el trámite de segunda instancia, seis
de los Magistrados titulares de esa Sala se declararon impedidos para participar
en la decisión,[12]
y una Sala de Conjueces, de la cual formó parte una de las Magistradas titulares,[13]
aceptó los impedimentos.[14]
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria, adoptó
la siguiente decisión:
“PRIMERO.
REVOCAR la providencia impugnada conforme se expuso en la parte motiva de
esta providencia y, en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al
debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia del señor
JORGE ANDRÉS MONTOYA MORENO.
SEGUNDO. DEJAR sin efectos los fallos proferidos el 15 de abril y el 12 de mayo
de 2010, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca y Superior de la Judicatura, respectivamente, de acuerdo
a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. NULITAR la diligencia de juicio oral llevada a cabo el 8 y 9 de mayo de
2007, dentro del proceso penal adelantado en contra del señor MONTOYA MORENO y,
en consecuencia, dejar sin efecto las sentencias condenatorias de primer y
segundo grado proferidas el 31 de julio y 8 de noviembre de 2007, por el
Juzgado 8º Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento, y la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
CUARTO. ORDENAR al Juez 8º Penal del Circuito de Medellín con Funciones de
Conocimiento, que dentro del término de quince (15) días siguientes a la
notificación del presente pronunciamiento, realice la audiencia de juicio oral
correspondiente, con sujeción a lo señalado en la parte considerativa de la
presente decisión”.
19. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura examinó directamente el fondo del asunto,
sin detenerse de forma previa en los asuntos de procedencia de la tutela
planteados por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín, la Sala Penal
del Tribunal Superior de Medellín, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y la Presidencia de la
propia Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La segunda
instancia señaló que “ante la inexistencia de un medio alterno de defensa
judicial –en sentido material-, no corresponde otra cosa que estudiar de fondo
el amparo extraordinario deprecado por el accionante”. Por lo anterior, en
relación con los cuestionamientos de fondo formulados por el actor, sostuvo lo
siguiente:
19.1. En primer término, afirmó que las
sentencias penales cuestionadas se fundaron en una prueba de referencia indebidamente
practicada, toda vez que se tomó como testimonio de referencia la declaración
efectuada por el Patrullero de la Policía Edwin Pérez Rojas quien, si bien fue
testigo directo de lo que declaró el señor Rubiel Durango (ya fallecido), no
fue en sentido estricto el encargado de realizar la entrevista a este último.
En un caso así, dijo en su calidad de juez de tutela de segunda instancia, “el
procedimiento correcto consistía, como lo advierte el accionante, en convocar
como testigo al Cabo Alzate, para que de primera mano referenciara lo que a él
–y no al policía Pérez- le dijo Durango, antes que fuera muerto violentamente”.
19.2. En segundo lugar, la decisión se
fundó en que durante el juicio oral la Fiscalía introdujo un medio de prueba
que no había descubierto en la audiencia de acusación. Se trata del certificado
de ingreso de la víctima a la clínica SOMA, de la ciudad de Medellín. Considera
la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura que la
introducción de este nuevo elemento dentro del juicio oral fue indebida, toda
vez que la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia ha señalado para
incorporar medios probatorios dentro del juicio oral se requiere un testigo de
acreditación, encargado de determinar en la audiencia pública si la evidencia,
elemento, objeto o documento es lo que, quien lo aporta, dice que es. No
obstante, en el proceso penal seguido contra el señor Montoya Moreno –dice el
Consejo Superior de la Judicatura- no se respetó ese trámite, pues no hubo un
testigo de acreditación. Con lo cual, dice la providencia de segunda instancia
en el proceso de tutela, se desconocieron diversas normas del Código de
Procedimiento Penal. Sin especificar el contenido de las disposiciones que
cita, manifiesta: “[…] la Fiscalía […] desconoció lo que de
manera sistemática establecen los artículos 425, 426, 429, 433 y 434 de la Ley
906 de 2004”.
19.3. En tercer lugar, en cuanto al
cuestionamiento que hizo el demandante, en el sentido de que fueron
desestimadas las pruebas aportadas por la defensa al proceso penal, dice el
Consejo Superior que “[n]o cree que sea de su resorte invadir la
órbita competencial de los jueces ordinarios, reformulando en sede constitucional
los juicios de valor que ellos estructuraron en las instancias respectivas”.
No obstante, indica que si bien no puede decir que las instancias del proceso
penal fueron arbitrarias, “la verdad es que el accionante demostró que
regulares no lo fueron, pues finalmente, pese a la retórica, el rito y la
forma, en la parte de la sustancialidad resultaron capitalizando en disfavor
del acusado una omisión de la Fiscalía que terminó reflejándose en el trabajo
de valoración probatoria”. Agrega entonces los siguientes comentarios sobre
la valoración probatoria dentro del proceso penal:
“[l]a Sala no
podría pasar inadvertido que una vez inyectados en la inteligencia del juez los
efectos suasorios del elemento probatorio anómalo, su percepción está viciada y
forma no habrá de evitar –por aquella connatural mecánica de la mente humana-
que ejerza influjo directo o indirecto, implícito o explícito en el ánimo del
decisor y en sus juicios de valor, y de eso es de lo que justamente se queja el
accionante.
Y tanto más
adquiere relevancia el señalamiento planteado por el actor, cuando la Sala
observa que –y quizá en esto estribe una de las más graves transgresiones – al
defensor, dada una confusión conceptual y operacional de las categorías o
institutos ‘prueba de refutación’ e ‘impugnación de credibilidad’,
adicionalmente a la incomprensión del nuevo concepto de pertinencia
probatoria, todo ello sumado al exceso ritual manifiesto, terminaron
vedándosele todas las posibilidades de que objetara la veracidad del testimonio
de la víctima Cañas Villa, aunque no –por supuesto- con el alcance pretendido
por el defensor, quien apoyándose en la ya arcaica teoría de la indivisibilidad
del testimonio pretendía derrumbarlo en su totalidad.
No tuvieron en
cuenta los intervinientes en el juicio oral que doctrinariamente existe la impugnación
por convicción del delito, fenómeno relacionado con la deshonestidad o
falso testimonio. En esos casos suele preguntársele al testigo si fue
condenado. En caso que lo niegue, se presentará el certificado de antecedentes
penales, cosa que mutatis mutandis pretendía el abogado defensor y lo
cual habrías podido hacer a través de cualquier medio probatorio si es que a
los artículos 362, 403, 441, 347, 393 de la Ley 906 de 2004, se les imprime una
lectura sistemática y en relación con el concepto actual de pertinencia”.
19.4. Finalmente, en lo que respecta a
las providencias de tutela adoptadas en otro proceso semejante, por las Salas
Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca y el Consejo Superior de la Judicatura, afirma el fallo bajo
revisión que se justifica cuestionar dichas providencias mediante amparo “por
cuanto no se ve que concurra ninguna de las causales de improcedibilidad de la
acción”. Dice que contra las sentencias penales no era procedente una
acción o recurso de revisión, y que la inmediatez no es predicable cuando hay
un enjuiciamiento “atravesado por irregularidades de tal magnitud que
redundaron en lesiones ostensibles al debido proceso y al derecho de defensa”.
Por lo mismo, y sin agregar ningún argumento, resuelve que las sentencias
proferidas por dichas autoridades en el proceso de tutela anterior, el 15 de abril
y el 12 de mayo de 2010, deben ser dejadas sin efecto. Sintetiza entonces los
defectos que le atribuye a las sentencias penales del siguiente modo:
“[…] varios son los
defectos que erigen en vías de hecho las sentencias atacadas por el accionante:
(i) Defecto procedimental absoluto, originado cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido en materia del manejo de
la prueba documental (historia clínica del centro asistencia SOMA), (ii)
Defecto fáctico, porque el juez, al operar erráticamente la prueba de
referencia, terminó careciendo del apoyo probatorio indispensable para
fundamentar el juicio de responsabilidad criminal, (iii) Error inducido, cuando
el Fiscal se reservó la historia clínica ya referenciada e hizo que el Juez se
basara en ella sin haberle dispensado el manejo legal correspondiente, (iv)
Exceso ritual manifiesto porque el funcionario utilizó el procedimiento como un
obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, (v) Defecto sustantivo por
cuanto fundó decisiones dentro del juicio oral (no permitir refutaciones ni
objetar credibilidad), con base en una interpretación no sistemática de los
artículos 347, 362, 403, 441 de la Ley 906 de 2004, es decir, omitiendo el
análisis de todas las disposiciones aplicables al caso”.
Medios probatorios adjuntos al
expediente
20. La Corte Constitucional decretó como
prueba el envío del expediente penal, mediante auto del 24 de enero de 2014.
Igualmente, en autos del 3 y el 15 de diciembre de 2014, la Corporación ofició
y requirió respectivamente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca para que informara si –en su
condición de primera instancia en el proceso de tutela- tenía conocimiento de
la presentación de un poder por parte del abogado Pablo Elías González Monguí,
para representar judicialmente al señor Jorge Andrés Montoya Moreno. Mediante
oficio del 5 de diciembre de 2014, radicado ante la Secretaría General de la
Corte Constitucional el 9 del mismo mes y año, la Sala Jurisdiccional del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca manifestó:[15]
“[…] es del caso precisar que revisado
el expediente contentivo de tutela se tiene que milita cuaderno de copias de
segunda instancia, original y copia del incidente de desacato promovido y copia
de la decisión de nulidad adoptada por nuestra superioridad; sin embargo,
revisados los mismos en efecto no obra copia del poder; no obstante habida
consideración que no contamos con los anexos y el caso a colación deviene de
años anteriores, el suscrito no tiene remembranza de los documentos contentivos
en los anexos allegados [o] los hechos allí evidenciados; por lo que presumo
que el hecho de tener como apoderado al abogado Pablo Elías [González] Monguí,
debió estar soportado en un documento con tales características o siquiera de
la lectura integral del dossier, aunado a la manifestación juramentada de los
hechos que plasma en el libelo tutelar”.[16]
Solicitudes a la Corte para la
selección del expediente, con el fin de revisar los fallos de tutela
21. El 3 de octubre de 2013, se recibió memorial de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual solicitó
la revisión del fallo de tutela en segunda instancia proferido por la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al considerar que pone en
riesgo la estabilidad del ordenamiento jurídico pues desconoce la seguridad,
definitividad e inmutabilidad que la cosa juzgada otorga a las decisiones
judiciales. El 9 de octubre de 2013, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de
Medellín solicitó la revisión del fallo de segunda instancia en mención al estimar
que: (i) trasgrede el principio constitucional de cosa juzgada, (ii) no se
agotaron los recursos ordinarios y (iii) el asunto sometido análisis ya había
sido objeto de revisión en sede de tutela. El 24 de octubre de 2013, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura solicita
la revisión del fallo de tutela, al considerar que el fallo adoptado en segunda
instancia no se encuentra ajustado a derecho. Asevera que el cuerpo colegiado
omitió examinar el principio de inmediatez (5 años transcurrieron entre el
último pronunciamiento dentro del proceso penal y la presentación de la acción
de tutela) y la posible temeridad que podría configurarse. El 25 de octubre 25
de 2013 el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, por intermedio de
su Presidenta, solicitó la revisión del expediente de la referencia al
considerar que el fallo de tutela no cumple con los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241
numeral 9° de la Constitución Política, 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y 54A
del Reglamento Interno (Acuerdo N° 05 de 1992), la Sala Plena de la Corte
Constitucional es competente para estudiar el asunto objeto de revisión.
La acción de tutela es manifiestamente improcedente en
este caso, por falta de legitimación en la causa por activa
2. Tras examinar la acción de tutela, las decisiones de
instancia, la totalidad de los medios de prueba obrantes en el expediente, y
después de evaluar estos elementos a la luz de la Constitución y la
jurisprudencia constitucional, la Sala Plena de esta Corte encuentra que la
presente solicitud de amparo es manifiestamente improcedente, por cuanto el
señor Pablo Elías González Monguí carece de legitimación en la causa por activa
para interponerla a nombre y en representación del señor Jorge Andrés Montoya,
como se mostrará.
3. El señor Pablo Elías González Monguí interpone esta
tutela invocando la “calidad de apoderado judicial del señor Jorge Andrés
Montoya Moreno”. En un acápite de la acción afirma que adjuntará como anexo
el “Poder conferido por el accionante al suscrito como abogado”.[17] Pero la
Corte, tras revisar integralmente el expediente, no observa ningún anexo con
poder para actuar. Ahora bien, por reparto, el amparo le correspondió
inicialmente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, autoridad que mediante auto del 18 de diciembre de
2012,[18]
resolvió avocar su conocimiento y “[r]econocer personería para actuar
como apoderado del accionante al Doctor PABLO ELÍAS GONZÁLEZ MONGUÍ […] en
los términos y para los efectos del poder visible a folio 1 del expediente”
(énfasis añadido). Igualmente, tras revisar el folio 1 del cuaderno de
primera instancia del expediente, la Corte pudo observar que corresponde sólo a
la primera página de la tutela, y no a un poder que se le hubiese extendido al
señor Pablo Elías González Monguí.[19]
El Magistrado ponente de la sentencia de primera instancia en la Sala
Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca,
manifestó en este proceso que dicho poder tampoco reposa en los cuadernos de segunda
instancia, que tiene en su despacho debido a que tramitaba el incidente de desacato
promovido por el actor. Además, en las sentencias de instancia no se hizo
ningún análisis en torno a la legitimación por activa del señor González Monguí
para promover esta tutela.
La Corte debe entonces establecer en primer término el punto
referente a la legitimación en la causa por activa del señor González Monguí.
4. La tutela es un medio de defensa judicial de derechos
fundamentales, que toda persona puede instaurar “por sí misma o por quien
actúe a su nombre” (CP art. 86).  No es necesario que el titular de los derechos
interponga directamente el amparo, pues un tercero puede hacerlo a su nombre.
El tercero debe sin embargo tener una de las siguientes calidades: (i)
representante del titular de los derechos, (ii) agente oficioso o (iii)
Defensor del Pueblo o personero municipal.[20]
Representante puede ser, por una parte, el representante legal (cuando el
titular de los derechos sea menor de edad,
incapaz absoluto, interdicto o persona jurídica), y por otra el apoderado
judicial (en los demás casos). Ahora bien, para ser apoderado judicial, la
persona debe ser abogado titulado y a la acción debe anexar poder especial para
el caso o en su defecto el poder general respectivo.[21]
(ii) Como agente oficioso puede obrar un tercero “cuando el titular
de los [derechos] no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra deberá manifestarse en la solicitud” (Dcto
2591 de 1991 art. 10). (iii) El Defensor del Pueblo y los personeros
municipales pueden instaurar la tutela conforme a la ley y la jurisprudencia a
nombre de quien se los solicite o esté indefenso.[22]
5. La Corte advierte, en concordancia con lo anterior, que
el señor Pablo Elías González Monguí no puede considerarse apoderado judicial
del señor Jorge Andrés Montoya Moreno. Si bien el señor González Monguí invoca
tal condición, lo cierto es que no aporta ninguna clase de poder para actuar a
nombre del titular de los derechos invocados. Esta es una causal para negarle
legitimación en la causa por activa a un abogado que dice obrar a nombre y en
representación de un tercero. Lo ha señalado así no sólo la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, sino que además lo había indicado la Corte Suprema de
Justicia en distintas oportunidades al rechazar sendas acciones de tutela
instauradas por abogados que decían promoverlas a nombre y en representación del
señor Jorge Andrés Montoya Moreno, a pesar de no contar con poderes otorgados
directa y debidamente por este último. En la providencia del 25 de septiembre
de 2008, la Sala de Casación Penal, Sala Segunda de Decisión de Tutelas de la
Corte Suprema de Justicia, rechazó la tutela instaurada por un abogado a nombre
de Jorge Andrés Montoya Moreno, en un contexto en el cual el poder para actuar
no se lo había concedido este último, sino su padre el señor Jorge León Montoya
Negrete.[23]
Luego, mediante auto del 9 de octubre de 2008, otra tutela a nombre y en
representación del señor Jorge Andrés Montoya Moreno la interpuso un abogado
invocando la condición de “defensor convencional” de este último. La Sala
de Casación Penal, Sala Segunda de Decisión de Tutelas de la Corte Suprema de
Justicia, rechazó nuevamente la acción de tutela por falta de legitimación en
la causa por activa, pues el tutelante no aportó un poder que lo facultara para
actuar judicialmente a nombre y en representación del titular de los derechos
fundamentales invocados.[24]
6. Además de que carece entonces de legitimación para actuar
como apoderado a nombre y en representación del señor Jorge Andrés Montoya
Moreno, el tutelante señor Pablo Elías González Monguí no puede considerarse
como agente oficioso del primero.  En efecto, la tutela puede instaurarse a
nombre de otra persona, en los casos en que concurran las condiciones
necesarias y suficientes de la agencia oficiosa. Según el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991, pueden agenciarse derechos ajenos “cuando el titular
de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”. Como se ve el
Decreto exige, como condiciones para que se configure la agencia oficiosa, la
concurrencia de dos elementos: (i) que el titular de los derechos no esté en
condiciones de defenderlos y, (ii) que en la tutela se manifieste esa
circunstancia. En cuanto a esta última exigencia, su cumplimiento sólo se puede
verificar en presencia de personas en estado de vulnerabilidad extrema, en
circunstancias de debilidad manifiesta o de especial sujeción constitucional.
La agencia oficiosa en tutela  se ha admitido entonces en casos en los cuales
los titulares de los derechos son menores de edad;[25] personas de la tercera
edad;[26]
personas amenazadas ilegítimamente en su vida o integridad personal;[27] individuos
en condiciones relevantes de discapacidad física, psíquica o sensorial;[28] personas
pertenecientes a determinadas minorías étnicas y culturales.[29] En este caso, sin
embargo, aparte de que el señor González Monguí no invoca ni expresa ni
tácitamente la calidad de agente oficioso del señor Jorge Andrés Montoya
Moreno, pues de forma explícita se presenta como “apoderado judicial del
señor Jorge Andrés Montoya Moreno” y dice adjuntar poder para actuar pero
en realidad no lo hace, la Corte observa que tampoco se cumplen a cabalidad los
requisitos sustanciales de la agencia oficiosa.
7. En efecto, para empezar en la tutela no se dice ni
expresa ni tácitamente que el señor Jorge Andrés Montoya Moreno carezca de las
condiciones para promover de forma directa la defensa de sus derechos
fundamentales, o para extender debidamente un poder judicial. Tampoco está
acreditado –más allá de lo que formalmente se haya alegado- que el titular de
los derechos se encuentre imposibilitado o ante una dificultad sustancial para
activar su propia defensa o conferir un poder para actuar, pues no está en
circunstancias de vulnerabilidad o debilidad manifiesta. No es, por una parte,
ni menor ni pertenece a la tercera edad –tiene 32 años a la fecha de expedirse
esta sentencia -.[30]
Tampoco se ha señalado que esté en condiciones relevantes de discapacidad
física, psíquica o sensorial, ni pertenece a una minoría étnica y cultural. El
hecho de que esté en una situación de contumacia no justifica, por sí mismo, el
empleo de una figura como la agencia oficiosa. Esta busca garantizar el acceso
a la justicia a quien por razones ajenas a su voluntad no puede hacerlo de
forma autónoma. Quien se encuentra en circunstancias de contumacia o rebeldía
frente a la justicia penal, por voluntad propia, no puede entonces obtener por
ese solo hecho los beneficios que trae la institución del agenciamiento de
derechos ajenos.
8. Debido a que no ostenta entonces poder para representar
judicialmente al señor Jorge Andrés Montoya Moreno, ni invoca tampoco –ni tiene
en el fondo- la calidad de agente oficioso del titular de los derechos
fundamentales en que se sustenta, la tutela instaurada por el señor Pablo Elías
González Monguí debe declararse improcedente debido a su manifiesta falta de
legitimación en la causa por activa. En esa medida, este solo hecho indica que no
hay por lo tanto razones que legitimen al juez para estudiar el fondo del
asunto. Por este motivo, la Corte Constitucional revocará la providencia de
segunda instancia, que a su vez revocó la de primera, y en su lugar declarará
improcedente el amparo.
Unificación de jurisprudencia y guarda objetiva de la
Constitución. Improcedencia de la tutela contra sentencias de tutela, cosa
juzgada constitucional y problemas generales de subsidiariedad
9. Si bien la tutela es entonces improcedente por falta de
legitimación por activa, la función de la Corte Constitucional –especialmente en
las sentencias SU - no es sólo resolver el asunto subjetivo planteado por la
tutela. Como ha sostenido desde sus inicios la jurisprudencia, “la competencia de revisión eventual y
autónoma (CP art. 241.9) depositada en la Corte Constitucional -como cabeza de
la jurisdicción constitucional, supremo guardián y máximo intérprete de la
Carta-, hace que el interés principal de las sentencias de revisión no sea
resolver el caso específico sino sentar una doctrina cuyo destinatario es el
país entero, de forma que la sujeción a ésta por parte de las autoridades y los
particulares vaya forjando una cultura de respeto de los derechos
fundamentales”. En el
caso se las sentencias de unificación (SU), que expide la Sala Plena de la
Corporación, su función no es entonces sólo resolver el caso concreto
sino que va más allá, y se orienta también hacia “clarificar y precisar su doctrina
constitucional”,[31]
con lo cual unifica la interpretación constitucional  hacia el futuro, con el
fin de consolidar criterios para solucionar controversias similares en lo
relevante, y asegurar así el mayor nivel posible de certeza y predictibilidad
en torno a la aplicación de la Constitución.[32]
10. En vista de lo anterior, la Sala Plena de la Corte no
puede pasar por alto que en este caso, además de lo expuesto, la acción de
tutela (i) está dirigida en parte contra sentencias de tutela y además (ii) plantea
una controversia que ya fue resuelta mediante providencias que hicieron tránsito
a cosa juzgada constitucional. La Corporación juzga entonces preciso detenerse
a exponer la doctrina aplicable a asuntos de esta naturaleza, con el fin de
unificar criterios.
(i) La tutela es como regla improcedente contra
sentencias de tutela
11. La tutela que origina este proceso se dirige en parte
contra las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca y del Consejo Superior de la Judicatura, por cuanto
–en opinión del actor- estas autoridades en su calidad de jueces de tutela
se abstuvieron de fallar de fondo otra solicitud de amparo presentada con
anterioridad a nombre del señor Jorge Andrés Montoya Moreno, y también
impetrada –como lo está parcialmente la que es objeto de examen en la presente
sentencia- contra el Juzgado Octavo Penal del Circuito de
Medellín con Funciones de Conocimiento y la Sala Penal del Tribunal
Superior de Medellín, y además basada en hechos y fundamentos iguales a los que
motivan la que está bajo examen. La Sala Plena advierte por tanto que la
solicitud de amparo se dirige contra sentencias de tutela, y considera entonces
preciso reiterar su jurisprudencia en torno a la regla de improcedencia de la
acción de tutela contra sentencias de tutela.
12. La Corte ha consolidado su jurisprudencia sobre la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,[33] pero ha reiterado
de forma sistemática que no cabe interponer acciones de tutela contra
providencias judiciales de tutela. Esta posición se ha reiterado desde la
sentencia SU-1219 de 2001.[34]
En esa ocasión, la Corte indicó en síntesis que no procede la tutela contra un
fallo de tutela porque (i) admitirlo implicaría instituir un recurso adicional
para insistir en la revisión de tutelas que con anterioridad no fueron
seleccionadas, (ii) supondría crear una cadena interminable de demandas, con lo
cual resultaría afectado el principio de seguridad jurídica, (iii) se afectaría
el mecanismo de cierre hermenéutico de la Constitución, confiado a la Corte
Constitucional, y (iv) el amparo perdería además como tal su efectividad
jurídica, ya que entonces la misma “quedaría indefinidamente postergada
hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no insistir en presentar
otra tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar que su posición
coincida con la opinión de algún juez. En este evento, seguramente el
anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de intentos hasta volver a
vencer”. Si un juez de tutela incurre en una arbitrariedad o afecta el
debido proceso mediante una vía de hecho, el remedio para estos problemas es el
mecanismo de eventual revisión ante la Corte Constitucional, consagrado en el
artículo 241 Superior.
13. En la citada sentencia SU-1219 de 2001, este Tribunal
Constitucional desarrolló además de manera detallada el alcance y significado
de la revisión. Sostuvo que la revisión de los fallos de tutela dictados supone
“[…] un proceso especial contra cualquier falta de protección de los
derechos fundamentales”. Asimismo, señaló que la decisión de no seleccionar
para revisión una decisión de instancia en tutela “tiene como efecto
principal la ejecutoria formal y material de esta sentencia, con lo que opera
el fenómeno de la cosa juzgada constitucional”. Por lo anterior, incluso en
la eventualidad de que el juez de tutela, en contravía de sus obligaciones
constitucionales y legales, decida un caso mediante una argumentación que pueda
encontrarse contraria al ordenamiento jurídico, la solución existente, además
del necesario contradictorio entre las partes y la impugnación existente en
sede del proceso de tutela, es aquella contemplada expresamente en la
Constitución: la eventual revisión por parte de la Corte Constitucional, que “[…]
no sólo busca unificar la interpretación constitucional en materia de
derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como máximo
tribunal de derechos constitucionales y como órgano de cierre de las
controversias sobre el alcance de los mismos” . Por estas razones, una vez
ha culminado la revisión por parte de la Corte, “no hay lugar para reabrir
el debate” y, por tanto, la decisión se torna inmutable, definitiva, vinculante,
y hace tránsito a cosa juzgada:
“[d]ecidido un caso por la Corte
Constitucional o terminado el proceso de selección para revisión y precluido el
lapso establecido para insistir en la selección de un proceso de tutela para
revisión […], opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional (art. 243
numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de
tutela por decisión judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir
el debate sobre lo decidido”.
14. Por lo anterior, la Corte considera que a la luz de la
Constitución es inaceptable que se plantee, luego de más de trece años de
jurisprudencia reiterada en torno a la improcedencia de la tutela contra
sentencias de tutela en casos que no se diferencian de este, una solicitud de
amparo dirigida contra jueces de tutela por el contenido de sus decisiones, y
con argumentos que además no evidencian ningún error ostensible. Los fallos
cuestionados en esta ocasión, expedidos por las Salas
Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca y del Consejo Superior de la Judicatura el 15 de abril y el 12 de
mayo de 2010, no fueron seleccionados para revisión por la Corte
Constitucional, y debido a ello hicieron tránsito a cosa juzgada
constitucional, son inmutables y resolvieron el problema definitivamente, y no
pueden volver a controvertirse mediante tutela. No había entonces lugar a
cuestionarlos por medio de otra solicitud de amparo adicional, y mucho menos
por los motivos que expone el demandante, de modo que incluso si hubiese
existido legitimación en la causa por activa para interponerla, la acción
constitucional habría sido manifiestamente improcedente.
(ii) La controversia ya fue resuelta en parte mediante
fallos que hicieron tránsito a cosa juzgada constitucional
15. Lo anterior debe complementarse, también, con que la
tutela no sólo se promueve contra sentencias de tutela, sino que además propone
nuevamente el problema ya resuelto por estas últimas, en términos que hicieron
tránsito a cosa juzgada constitucional. En efecto, como se mostró en los
antecedentes, en las sentencias de tutela que cuestiona el accionante,
proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y del Consejo Superior de la
Judicatura el 15 de abril y el 12 de mayo de 2010, se resolvía asimismo –como
se pretende que ocurra de nuevo en esta ocasión- una solicitud de amparo contra
el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín con Funciones de
Conocimiento, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, y asimismo
contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. En el
expediente reposa copia de la sentencia dictada en la segunda instancia de ese
proceso el día 12 de mayo de 2010, y en cuya síntesis de los fundamentos y
pretensiones se lee lo siguiente:
“[e]l actor [Jorge Andrés Montoya
Moreno] fue objeto de una investigación penal, en la cual el 31 de julio de
2007 el Juzgado 8 Penal del Circuito de Medellín lo condenó por los delitos de
homicidio agravado –en la modalidad de tentativa. Hurto calificado y agravado y
porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. Dicho fallo fue confirmado
por el Tribunal de Medellín mediante sentencia del 8 de noviembre de 2007,
excepto en lo relativo al porte ilegal de armas de fuego de defensa personal,
delito por el que revocó y absolvió. […]
El actor [señor Jorge Andrés Montoya
Moreno] estima que se le han violado los derechos fundamentales al debido
proceso y a la presunción de inocencia, toda vez que se profirió una sentencia
condenatoria con una prueba que no fue propuesta ni decretada en el momento
procesal oportuno para hacerlo, específicamente tratándose de una prueba de
referencia inadmisible. […]
Solicitó por medio de la acción
tutelar el amparo a sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
presunción de inocencia, entonces, [que] se declar[e] la nulidad de todo lo
actuado desde la audiencia preparatoria y en consecuencia se ordene [q]ue el
caso examinado pase por reparto a otro juez penal del Circuito de Medellín
distinto al que adelantó el juzgamiento que se anula y se excluya el testimonio
del agente Edwin Rolando Pérez Rojas”.
16. Como se ve, los fundamentos de hecho y de derecho, y la
petición con la cual concluía esa acción de tutela, son exactamente iguales a
los fundamentos y la petición que en lo relevante origina este proceso. En esta
ocasión la tutela se dirige también contra el Juzgado Octavo
Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento, y contra
la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, y de nuevo se plantea que las sentencias penales expedidas por estas autoridades en contra
del señor Jorge Andrés Montoya Moreno se basaron en la versión de la víctima,
señor Jhon Fredy Cañas Villa, y en una declaración rendida por un tercero, el señor Edwin Rolando
Pérez Rojas, Patrullero de la Policía Nacional, dándole a esta última el
carácter de prueba de referencia, sin que –en opinión del tutelante- tal
caracterización sea aceptable. La petición, por lo demás, es que “se decrete
la nulidad del juicio oral celebrado ante el Juzgado 8 Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Medellín y en consecuencia se ordene su
realización con observancia de todas las garantías legales y constitucionales”.
Esta notoria semejanza entre la presente acción de tutela y la que fue resuelta
por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca y del Consejo Superior de la Judicatura en
providencias del 15 de abril y el 12 de mayo de 2010, no advertida por los
jueces de instancia, hace necesario un pronunciamiento de la Corte sobre la
doctrina en materia de cosa juzgada constitucional y temeridad.
17. Lo primero que debe decirse al respecto es que la
Constitución estatuye como deberes de toda persona y del ciudadano los de no
abusar de los propios derechos y de “[c]olaborar para el buen
funcionamiento de la administración de justicia” (CP art.95 nums. 1 y 7).
Estos deberes implican, de acuerdo con la regulación legal de la acción de
tutela y la jurisprudencia de esta Corte, el deber de no presentar acciones de
tutela sucesivas originadas en los mismos hechos, con fundamentos materialmente
iguales, entre las mismas partes y con pretensiones equivalentes. Desconocer
este deber fundamental tiene como consecuencia congestionar injustificadamente
los despachos judiciales, y se traduce en un obstáculo para asegurar el
cumplimiento de los términos procesales (CP art 228), en una dificultad para
respetar el derecho a una justicia oportuna (CP art 228) y en obstáculo para
que esta Corte ejerza de un mejor modo su competencia de guardar la integridad
y supremacía de la Constitución, por la vía de la revisión eventual de los
fallos de tutela (CP art 241 num. 9). Para contribuir a que no se produzcan
estos efectos, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991[35] establece que la
presentación de acciones de tutela sucesivas idénticas sin justificación y de
mala fe constituye una conducta temeraria, y que quien incurra en temeridad
está sujeto a las sanciones previstas en los artículos 79 a 81 del Código
General del Proceso o, según el caso, a sanciones disciplinarias por faltas
previstas en el Código Disciplinario del Abogado.
18.  Estos aspectos fueron ampliamente desarrollados por la
Corte en la sentencia SU-713 de 2006,[36]
en la cual se especificó el sentido de la temeridad en materia de tutela, sin
que a la fecha esta jurisprudencia se haya modificado o tenga por qué variarse
en lo relevante. El fundamento de la temeridad está cifrado en los mandatos de
moralización del proceso y colaboración con la administración de justicia (CP
arts 83 y 95 nums 1 y 7). La temeridad es el resultado de un ejercicio abusivo
del derecho, y de un comportamiento opuesto a la lealtad procesal, tendiente a
satisfacer intereses individuales sin fundamento legal o constitucional, y en
desmedro de los derechos de los demás ciudadanos, en relación con el acceso
efectivo de la jurisdicción.[37]
La temeridad se configura entonces únicamente si el actor ha obrado con mala
fe, deslealtad procesal, o si su actuación infringe el deber de moralidad
procesal. Por tanto, las sanciones sólo podrían imponerse una vez se desvirtúe
la buena fe del accionante, pues ésta en principio se presume por mandato de la
Constitución (CP art 83). En el evento de que se compruebe la temeridad del
peticionario, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 le confiere al juez la
facultad de rechazar o decidir desfavorablemente “todas las solicitudes”
del actor temerario.  Lo cual puede ocurrir cuando se compruebe debidamente
alguna de las siguientes causales:
“[…] que la presentación de más de
una acción de amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos
hechos y con el mismo objeto (i) envuelva una actuación amañada, reservando
para cada acción aquellos argumentos o pruebas que convaliden sus pretensiones[38]; (ii) denote
el propósito desleal de “obtener la satisfacción del interés individual a
toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que,
entre varias, pudiera resultar favorable”[39];
(iii) deje al descubierto el "abuso del derecho porque deliberadamente
y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción”[40]; o finalmente (iv) se
pretenda a través de personas inescrupulosas asaltar la “buena fe de los
administradores de justicia”[41].
Es precisamente en la realización de estos comportamientos, en que -a juicio de
este Tribunal- se está en presencia de un actuar temerario”.[42]
19. En sentido negativo, puede decirse que la duplicidad de
acciones de tutela semejantes no debe entonces dar lugar a la imposición de
sanciones por temeridad, cuando no ha logrado demostrarse que al actor lo
hubiese movido mala fe o la deslealtad procesal.  La actuación del demandante
no es por consiguiente temeraria, según doctrina de esta Corte, por ejemplo
cuando “el ejercicio simultáneo de la acción de tutela se funda (i) en la
ignorancia del accionante; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales
del derecho; o (iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensión,
propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo
insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho”.[43]   En
el mismo sentido, precisó la Corporación, el juez constitucional tiene la
obligación de no declarar la temeridad mientras exista un argumento válido que
justifique la duplicidad de acciones. Tomando en cuenta la importancia de
evitar la coexistencia de acciones de tutela idénticas, el Legislador consideró
que, pese al carácter informal de la tutela, debía imponer un requisito formal
consistente en la extensión de un juramento, por parte del peticionario, en el
sentido de no haber presentado previamente una tutela igual para resolver un
problema idéntico.[44]
20. En su jurisprudencia, la Corte ha identificado en
ciertas ocasiones la concurrencia de condiciones necesarias y suficientes para
concluir que una tutela es temeraria. En la sentencia SU-377 de 2014, por
ejemplo, la Sala Plena de Corporación declaró improcedente y consideró que
había temeridad en un caso en el cual una persona, casi simultáneamente, promovió dos peticiones de amparo contra el mismo
ente, por hechos y con fundamentos jurídico análogos, y solicitando las mismas
prestaciones.[45]
La Corte constató que el mismo día de expedición de la sentencia de primera
instancia en uno de los procesos, el mismo peticionario “estaba interponiendo
una tutela igual”, para originar un proceso paralelo. La Sala advirtió que “[e]l
actor no esperó entonces una solución definitiva, sino que se adelantó a
interponer una nueva solicitud para perseguir, por varias vías, una decisión
favorable”.  En la misma sentencia SU-377 de 2014, esta Corporación
juzgó que había temeridad en las solicitudes de amparo instauradas por seis
personas, pues planteaban los mismos fundamentos de hecho y de derecho, y las
mismas pretensiones entre las mismas partes, a pesar de que en una sentencia
anterior a esa nueva acción, la Corte Constitucional les había declarado
improcedentes sus tutelas. Dijo, al respecto:
“Estos
[accionantes] interpusieron una nueva tutela después de conocer una sentencia
de tutela de la Corte Constitucional (la T-538 de 2009), que es el órgano de cierre de la
justicia constitucional (CP arts. 86 y 241), en la cual se resolvió que los
mismos casos ahora planteados no procedía resolverlos a través de la tutela,
porque la acción fue interpuesta en forma extemporánea, no se había acreditado
que se hubiera intentado para evitar un perjuicio irremediable, y los actores
no demostraron que el medio de defensa judicial fuera ineficiente. Estos
elementos, en concepto de la Sala Plena de la Corte Constitucional, indican
mala fe, al menos en cabeza de quien se supone tenía el conocimiento del
derecho. Por lo mismo, en la parte resolutiva no sólo decidirá desfavorablemente
estas solicitudes de amparo sino que aparte compulsará copias a las autoridades
disciplinarias para lo de su competencia.”[46]
21. De otra parte, incluso si no hay temeridad, las acciones
de tutela sucesivas conllevan la improcedencia del segundo amparo. Con lo cual
se persigue garantizar la efectividad de las decisiones judiciales, pero además
seguridad a quienes se someten a esta y coherencia en la respuesta de las
instituciones a los conflictos. Los tutelantes y entes demandados pueden
plantear los desacuerdos en el marco del proceso, y a ese derecho se debe que
en el trámite de tutela esté contemplada la posibilidad de impugnar las
decisiones de instancia, y además de ello la eventual revisión por parte de la
Corte Constitucional de las decisiones que en esta materia adopten los jueces
de la República.  Si la acción de tutela es resuelta en sentido desfavorable al
peticionario, y los fallos que decidan la solicitud no son seleccionados para
revisión por esta Corte, debe considerarse que la providencia de última
instancia adoptada en ese proceso queda ejecutoriada y que hace tránsito a cosa
juzgada.  Lo decidido en ella no puede entonces volverse a juzgar en el
contexto de otra acción de tutela.[47]
22. Por todo lo cual, retomando las
similitudes destacadas entre la tutela que origina este proceso y la que desató
el proceso de igual naturaleza finalizado en el año 2010, debe concluirse que incluso
si no se presentara, como antes se mencionó, un problema por falta de
legitimación habría en todo caso una improcedencia manifiesta por la existencia
de cosa juzgada constitucional. La nueva tutela, según lo expuesto, en lo que
atañe a los cuestionamientos contra las sentencias penales y las autoridades
que las dictaron, se dirige contra las mismas autoridades, con base en los
mismos fundamentos de hecho y de derecho, y plantea
materialmente la misma petición. El hecho de que la tutela se dirija en esta
ocasión además contra sentencias dictadas por jueces de tutela –específicamente
por las Salas Jurisdiccional Disciplinarias del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca y del Consejo Superior de la Judicatura- y de que descubra
sólo ahora algunos datos y argumentos que ya estaban previamente disponibles en
el proceso de tutela anterior, no desvirtúa que esta solicitud de amparo propone
en términos jurídicos estrictos el mismo caso, relativo al respeto del debido
proceso penal en la causa que se le siguió al señor Jorge Andrés Montoya Moreno
ante el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín con Funciones de
Conocimiento y la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, y que concluyó
con una condena criminal en su contra impuesta en primera y segunda instancia,
respectivamente, mediante fallos del 31 de julio y el 8 de noviembre de 2007. Esta tutela es, de nuevo, un cuestionamiento por supuesta
infracción de las garantías en el juicio oral y en la valoración normativa y
probatoria, asunto ya resuelto en fallos de tutela que hicieron tránsito a cosa
juzgada constitucional. Por este motivo, una tutela como la que está
bajo examen, incluso si hubiera sido instaurada por un legítimo representante
del titular de los derechos, debía declararse improcedente.
23. La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene la máxima
responsabilidad de guardar la integridad y supremacía de la Constitución (CP
art 241), pero en cuanto juez de tutela todos los demás jueces de la República
tienen también una responsabilidad equivalente. La Corporación observa que en
este proceso la acción de tutela que le da origen fue resuelta por las Salas
Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca y del Consejo Superior de la Judicatura. Igualmente advierte que
esas mismas autoridades –con integración distinta-[48] habían expedido justamente las sentencias de tutela del 15 de abril y el 12 de mayo de 2010, mediantes las cuales se
había resuelto la otra acción de tutela que, según se evidenció, claramente se
edificaba sobre los mismos fundamentos de hecho y de derecho, y formulaba una
pretensión equivalente. No obstante, se percata esta Corte de que ninguna de
las instancias hizo siquiera un análisis de cosa juzgada, temeridad, o de
procedencia de tutela contra sentencias de tutela, a pesar de que dentro del
texto de la propia acción había elementos que indicaban de forma inocultable
que ese era un problema constitucional, pues el propio accionante dice:
“[…] viendo que sus
derechos fundamentales al debido proceso y la defensa habían sido conculcados
en el trámite del proceso penal, por el Juez 8 Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento de Medellín y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, Jorge Andrés Montoya Moreno, interpuso a través de
apoderado, acción de tutela, en contra de dichas entidades judiciales […] ante
el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. Sin embargo la demanda
fue [declarada] improcedente mediante fallo de 15 de abril de 2010, al
considerar que el demandante no señaló cuál de los defectos que reiteradamente
ha indicado la Corte Constitucional, se configuraba en el caso en concreto, y
cómo dicho defecto afectaba los derechos fundamentales del procesado. […] Esta
decisión fue apelada ante el Consejo Superior de la Judicatura, ente que
mediante fallo de 12 de mayo de 2010, confirmó lo decidido por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca el 15 de abril de 2010, argumentando
que el accionante tenía otro medio de defensa judicial”.[49]
Además, el juramento que realizó el accionante decía que
previamente sí se había presentado una acción de tutela igual a la que tenían
bajo examen, sólo que volvía a presentarla sólo por cuanto fue declarada
improcedente:
“Manifiesto, bajo la gravedad de
juramente, que el señor JORGE ANDRÉS MONTOYA MORENO no ha presentado otra
acción de tutela en relación con los mismos hechos y derechos contra las
entidades accionadas, distinta de las aludidas en el acápite correspondiente
a los hechos, donde aquélla que fue fallada favorablemente, fue declarada
nula por la Corte Constitucional en sede de revisión y las subsiguientes no
fueron falladas de fondo por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el Consejo Superior de la
Judicatura” (énfasis añadido).
24. Aparte de lo anterior, no puede pasarse por alto que la
tutela en la cual se origina este proceso es en total la sexta del mismo género
que se interpone para proponer los mismos hechos. Dos de ellas fueron además
declaradas improcedentes por la Corte Suprema de Justicia, mediante los autos
del 25 de septiembre y del 9 de octubre de 2008, por razones similares a las
que presenta la Corte Constitucional en esta ocasión, pues fueron promovidas
sin legitimación en la causa para actuar, al ser instauradas por abogados sin
poder.
En vista de estos elementos de juicio, ya integrados o
existentes desde el inicio del presente proceso de tutela, los jueces de
instancia, específicamente las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y del Consejo Superior de la
Judicatura, no sólo debían verificar si el asunto sometido a su consideración
en esta oportunidad se ajustaba a las reglas de procedencia de tutela contra
fallos judiciales sino también, especialmente, si se encontraba protegido por
la cosa juzgada constitucional a la cual hicieron tránsito las sentencias del 15 de abril y el 12 de mayo de 2010.
Órdenes a impartir. Incidente
de desacato, originado en la sentencia del Consejo Superior de la Judicatura
que concedió una tutela manifiestamente improcedente
25. En concordancia con lo antes expuesto, la Corte Constitucional revocará la sentencia expedida en segunda
instancia por la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura,
autoridad que mediante fallo del 26 de septiembre de 2013 revocó la de primera
instancia y concedió la tutela. En su lugar, declarará improcedente la acción
de tutela instaurada. Esta decisión tendrá además un efecto colateral, sobre el
incidente de desacato que se inició a propósito de la sentencia del 26 de
septiembre de 2013, adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura. Durante el trámite de revisión ante
la Corte Constitucional, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca le informó a esta Corporación que
adelantaba un incidente de desacato. Se anexó al citado oficio una providencia
de la misma autoridad judicial, expedida el 14 de mayo de 2014, en la cual se
deja claro que el incidente de desacato tuvo su origen en una solicitud
promovida por quien dijo ser apoderado del señor Jorge Andrés Montoya Moreno, “por
presunto incumplimiento del fallo de tutela proferido por nuestra Superioridad [Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura] el 3 de
septiembre de 2013”.[50]
26. Con fundamento en lo antes señalado, la sentencia que
motivó el incidente de desacato concedió una tutela que, sin embargo, resultaba
manifiestamente improcedente. No es sólo que hubiera un problema de legitimidad
en la causa por activa, sino que además y como antes se evidenció, existía una
causal de improcedencia inocultable por dirigirse la acción contra otras
sentencias de tutela, y –supuesto que hubiera legitimación- además una
flagrante contravención de la cosa juzgada constitucional. Si bien las sentencias
de los jueces de tutela son de inmediato cumplimiento (CP art 86), no puede
entonces pretenderse que las vías de hecho tengan el mismo efecto. Una
decisión tomada por una autoridad judicial, en la cual se desconozca de forma
ostensible el ordenamiento constitucional, no puede desencadenar un proceso
sancionatorio por desacato. Por lo mismo, y en vista de que el fallo que
desencadenó el incidente de desacato en esta ocasión (i) se apartó
ostensiblemente del ordenamiento constitucional, (ii) sin justificación alguna
que pueda considerarse suficiente, (iii) y concedió una tutela que resultaba
manifiestamente improcedente, (iv) en específico por tener un problema de
legitimación en la causa por activa, (v) además de plantear una improcedente
tutela contra sentencias de tutela, (vi) y en cualquier caso, incluso si
hubiera legitimación, desconociendo la cosa juzgada constitucional, la Corte
dejará sin efecto la totalidad del incidente de desacato, y ordenará archivar
cualquier actuación similar que se inicie fundándose en los mismos hechos, ante
las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca o del Consejo Superior de la Judicatura.
27. Finalmente, la Sala Plena de la Corte Constitucional
ordenará compulsar copias de las diligencias a los siguientes organismos: (i) a
la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para lo
de su competencia, en lo que a bien tenga, en relación con las actuaciones de
las autoridades judiciales que tomaron la decisión contenida en la sentencia
del 26 de septiembre de 2013; (ii) a la Fiscalía General de la Nación y a la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para
lo de su competencia.
III.
DECISION
En mérito
de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
Levantar la suspensión de términos.
Segundo.- REVOCAR la
sentencia expedida el 26 de septiembre de 2013 por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la cual a su vez había
revocado la proferida el 24 de julio de 2013 por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. En su
lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el señor
Pablo Elías González Monguí invocando –sin tenerla- la calidad de apoderado del
señor Jorge Andrés Montoya Moreno.
Tercero.-
DEJAR SIN EFECTO todas las actuaciones del
incidente de desacato con radicación 25000110200020120125900, que se surte ante
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, o quien haga sus veces. En concordancia, ORDENAR a las
Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca –o quien haga sus veces- y del Consejo Superior de la Judicatura,
que archiven y rechacen ipso iure cualquier eventual solicitud futura de
iniciar o continuar el desacato de lo dispuesto en la sentencia del 26 de
septiembre de 2013, expedida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura en el proceso de tutela de la referencia.
Cuarto.-
COMPULSAR COPIAS de este proceso, a los siguientes organismos
para los efectos que se mencionan a continuación: (i) a la Comisión de
Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para lo de su
competencia, en lo que a bien tenga, en relación con las actuaciones de las
autoridades judiciales que tomaron la decisión contenida en la sentencia del 26
de septiembre de 2013; (ii) a la Fiscalía General de la Nación y a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para lo de
su competencia.
Quinto.- Por Secretaría General, devolver el expediente penal
a la autoridad correspondiente, y librar las comunicaciones previstas en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
ANDRES MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
[1] El
expediente de la referencia fue escogido para revisión por medio de auto del 28
de noviembre de 2013, proferido por la Sala de Selección Número Once.
[2] Auto
[3] El artículo 184 del Código de Procedimiento Penal
dice: “Admisión. Vencido el término para interponer el
recurso, la demanda se remitirá junto con los antecedentes necesarios a la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que decida dentro de los
treinta (30) días siguientes sobre la admisión de la demanda.
No será seleccionada, por auto debidamente
motivado que admite recurso de insistencia presentado por alguno
de los magistrados de la Sala o por el Ministerio Público, la demanda que se
encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos: Si el demandante carece de
interés, prescinde de señalar la causal, no desarrolla los cargos de
sustentación o cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa
del fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso. || En principio,
la Corte no podrá tener en cuenta causales diferentes de las alegadas por el
demandante. Sin embargo, atendiendo a los fines de la casación, fundamentación
de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la
controversia planteada, deberá superar los defectos de la demanda para decidir
de fondo. || Para el efecto, se fijará fecha para la audiencia de sustentación
que se celebrará dentro de los treinta (30) días siguientes, a la que podrán
concurrir los no recurrentes para ejercer su derecho de contradicción dentro de
los límites de la demanda.”
[4] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación
Penal. Sala Segunda de Decisión de Tutelas. Auto del 25 de septiembre de 2008.
(MP Jorge Luis Quintero Milanés).
[5] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación
Penal. Sala Segunda de Decisión de Tutelas. Auto del 9 de octubre de 2008. (MP
Jorge Luis Quintero Milanés).
[6] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación
Penal. Sala de Decisión Penal de Tutelas. Auto del 6 de noviembre de 2008. (MP. Yesid
Ramírez Bastidas).
[7] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación
Penal. Sala Segunda de Decisión de Tutelas. Auto del 5 de febrero de 2009. (MP. Jorge
Luis Quintero Milanés).
[8] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación
Civil. Auto del 19 de febrero de 2009. (Magistrado Jaime Alberto Arrubla
Paucar).
[9] Integrada entonces por los Magistrados Luis
Ernesto Vargas Silva, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Mauricio González
Cuervo.
[10] Corte
Constitucional. Auto 344 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). Debe
mencionarse en este punto que quien
adoptó en segunda instancia la decisión de conceder la tutela, obrando en su
calidad de juez Penal del Circuito de Ístmina Chocó, fue por este fallo
condenado penalmente, tras ser encontrado responsable del delito de prevaricato
por acción. La condena fue impuesta por el Tribunal Superior de Quibdó, y
posteriormente fue objeto de un recurso de casación que la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró impróspero. Ver Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.
Sentencia del 24 de septiembre de 2014 (MP Patricia Salazar Cuéllar).
Radicación Nº 40737 La decisión
de la Corte Suprema fue confirmar la condena por prevaricato.
[11] Este inciso dice: “[a]rtículo 344. Inicio del
descubrimiento. […] Sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes
encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy significativa
que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez quien, oídas
las partes y considerado el perjuicio que podría producirse al derecho de
defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o
si debe excluirse esa prueba”.
[12] Ello
debido a que se habían pronunciado en una de las tutelas que el actor había
presentado con base en los mismos hechos. Tal impedimento los presentaron los
Magistrados Wilson Ruiz
Orejuela, Julia Emma Garzón de Gómez, Pedro Alonso Sanabria Buitrago, José
Ovidio Claros Polanco, Angelino Lizcano Rivera y Henry Villarraga Oliveros.
[13] La
Magistrada María Mercedes López Mora.
[14] La
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura quedó
integrada entonces por la Magistrada María Mercedes López Mora (ponente), y los
Conjueces Martha Lucía Bautista Cely, Edilberto Carrero López (quien no
asistió), Pedro Nel Escorcia Castillo, Gerardo Enrique Rivera Lelion (quien
aclaró el voto), José Yesid Barbosa Suárez y Jorge Humberto Valero Rodríguez
(quienes salvaron su voto).
[15] Por
intermedio del magistrado Jesús
Antonio Silva Urriago, quien había obrado
como ponente del fallo.
[16] Folios
403 y ss del cuaderno de revisión.
[17] Folio 46, cuaderno correspondiente a primera
instancia.
[18] Con ponencia del Magistrado Jesús Antonio
Silva Urriago.
[19] Folio 1 del expediente,
cuaderno correspondiente a primera instancia
[20] Artículo 10, Decreto 2591 de 1991: “[l]a
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí mismo o a través de representantes. Los poderes se presumirán
auténticos. || También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. […] También
podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.
[21] Sentencia T-531 de 2002 (MP Eduardo
Montealegre Lynett). En esa ocasión, la Corte negó la acción de tutela
interpuesta por una persona, entre otras razones porque no tenía la condición
de apoderado judicial. Para sostener ese punto, señaló que el apoderamiento
judicial sólo existía allí donde se daban las siguientes condiciones: “[…] Dentro de los elementos del apoderamiento en materia
de tutela la Sala señala que el mismo es (i) un acto jurídico formal por lo
cual debe realizarse por escrito. (ii) se concreta en un escrito, llamado poder
que se presume auténtico. (iii) El referido poder para promover acciones de
tutela debe ser especial. En este sentido (iv) El poder conferido para la
promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se
entiende conferido para la promoción de procesos diferentes, así los
hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial.
(iv) El destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional
del derecho habilitado con tarjeta profesional”.
[22] Auto 030 de 1996 (MP Jorge Arango Mejía).
Según la Carta el Ministerio Público debe ser ejercido, entre otros, “por los
personeros municipales” (CP art 118). A los personeros les corresponde,
como parte del Ministerio Público, la “guarda y promoción de los derechos
humanos” (ídem). Para cumplir esos fines, el Decreto 2591 de 1991 les confirió
legitimidad para instaurar acciones de tutela a nombre de otras personas, si
estas se lo solicitan. Además, dejó abierta la posibilidad de que el Defensor
del Pueblo ratificara esa posibilidad, mediante la delegación en los personeros
de la facultad que la Constitución directamente le asigna, y tal es la razón por
la cual el artículo 49 autorizó a cada personero municipal para interponer
acciones de tutela, “por delegación expresa del Defensor del Pueblo”. Esa
delegación expresa –ha dicho la Corte- se surtió mediante la Resolución 001 de
1992, expedida por el Defensor del Pueblo, mediante la cual ésta última
autoridad delegó en los Personeros Municipales de todo el país “la facultad
para  interponer acción de tutela en nombre de cualquier persona que se lo
solicite o se encuentre en situación de indefensión”.
[23] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.
Sala Segunda de Decisión de Tutelas. Auto del 25 de septiembre de 2008. (MP
Jorge Luis Quintero Milanés). Sostuvo entonces lo siguiente, sobre la
legitimación: “El señor JORGE LEON MONTOYA NEGRETE presenta a través de
apoderado, escrito en el que manifiesta que en su condición de padre de JORGE
ANDRÉS MONTOYA MORENO interpone demanda de tutela contra el Juzgado Octavo
Penal del Circuito de Medellín y la Sala Penal del Tribunal Superior de la
misma ciudad, por razón de las irregularidades que se gestaron dentro del
proceso seguido contra el prenombrado por los delitos de homicidio agravado en
el grado de tentativa, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego de
defensa personal. […] En el caso que concita la atención de la Sala, pronto se
evidencia, que el derecho fundamental cuya protección invoca JORGE LEÓN MONTOYA
NEGRETE es de titularidad de su hijo JORGE ANDRÉS MONTOYA MORENO, por lo tanto
es claro que su padre debe cumplir con los requisitos previstos en la norma
reseñada para interponer legítimamente una acción de tutela a nombre de aquel,
sin que al respecto se haya aportado elemento de juicio alguno que permita
acreditar los presupuestos ya descritos, siendo que el hecho de desconocer su
paradero no se traduce necesariamente en la incapacidad de poner en marcha los
mecanismos para la defensa de sus propios intereses.   Para la Sala, entonces,
el rechazo de la solicitud de amparo por falta de legitimación de JORGE LEÓN
MONTOYA NEGRETE es la decisión que se impone adoptar, habida cuenta que éste
actúa en representación de otro sin documentar que se encuentra legalmente
habilitado para ello, de manera que se procederá a su devolución al
memorialista, advirtiéndole que contra esta determinación, por no tratarse de
una sentencia, no procede recurso alguno”.
[24] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.
Sala Segunda de Decisión de Tutelas. Auto del 9 de octubre de 2008. (MP Jorge
Luis Quintero Milanés). Dijo entonces la Corte Suprema: “El abogado EDGAR SOLER
LAVERDE presenta escrito en el que manifiesta que en su condición de defensor
convencional del procesado JORGE ANDRÉS MONTOYA MORENO interpone demanda de
tutela contra el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín y la Sala Penal
del Tribunal Superior de la misma ciudad, por razón de las irregularidades que
se gestaron dentro del proceso seguido contra el prenombrado por los delitos de
homicidio agravado en el grado de tentativa, hurto calificado y porte ilegal de
armas de fuego de defensa personal. Por ello, espera la protección que le
brinda la acción pública constitucional. […] En el presente caso, del contenido
de la demanda de tutela se desprende que el doctor EDGAR SOLER LAVERDE quien
actúa como apoderado del procesado JORGE ANDRÉS MONTOYA MORENO en las
diligencias penales cuestionadas, invoca el amparo constitucional a nombre de
aquél, por manera que, la acción de tutela presentada por el mencionado
profesional tras considerar que se han desconocido los derechos fundamentales
del ciudadano a quien representa en otra actuación. […] De lo documentado en el
presente asunto, se evidencia que las garantías constitucionales que en esta
oportunidad se estiman violadas y para las cuales la profesional solicita el
amparo constitucional se encuentran en cabeza de otro, es decir, resultan
ajenas a quien interpone esta acción siendo que, para ello se requiere que
actúe con mandato expreso conferido por el titular de tales derechos, a fin de
tener legitimación para presentar la solicitud de protección excepcional. […]
En tales condiciones, la Sala rechazará el escrito y, en consecuencia, se
procederá a su devolución, advirtiéndole al memorialista que contra esta
determinación, por no tratarse de una sentencia, no procede recurso alguno”.
[25] En la sentencia T-439 de 2007 (MP Clara Inés
Vargas Hernández), la Corte consideró que un padre estaba legitimado para
actuar a nombre de su hijo, por ser éste menor de edad.
[26] En la sentencia T-095 de 2005 (MP Clara Inés
Vargas Hernández), la Corte estimó que una mujer estaba legitimada para
agenciar los derechos de su madre con 69 años de edad, que requería un
tratamiento urgente, por ser ésta de la tercera edad y, además, tener
padecimientos de salud.
[27] En la Sentencia T-786 de 2003 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra), la Corte consideró que una persona estaba legitimada
para agenciar derechos de otras personas que fueron beneficiarias de una medida
cautelar decretada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por
tener en riesgo serio su vida y su integridad personal.
[28] En la sentencia T-443 de 2007 (MP Clara Inés
Vargas Hernández), la Corte consideró que una persona estaba legitimada para
interponer acción de tutela a nombre de su cónyuge, por sufrir esta última
cáncer en estado terminal. Asimismo, en la sentencia T-223 de 2005 (MP Clara
Inés Vargas Hernández), la Corte consideró que una persona estaba legitimada
para agenciar los derechos de su hermana, en vista de que padecía diabetes,
insuficiencia renal y trombosis.
[29] En la sentencia T-113 de 2009 (MP Clara Elena
Reales Gutiérrez), la Corte consideró que una mujer perteneciente a las
comunidades indígenas estaba legitimada para agenciar los derechos de su hijo
mayor de edad, por pertenecer éste a una minoría étnica y cultural,
especialmente protegida. La Corte dijo que “[l]a jurisprudencia
constitucional ha reconocido especialmente la posibilidad de que los derechos
fundamentales de las personas indígenas o las comunidades indígenas sean
defendidos por terceros, sin relación de familiaridad alguna, cuando las
situaciones y los casos así lo demanden”.
[30] Certificado
de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Dice que nació en el mes de octubre
del año 1982.  Folio 78 del cuaderno último de la actuación penal.
[31] SU-047 de 1999 (MMPP Carlos Gaviria Díaz y
Alejandro Martínez Caballero. SV Eduardo Cifuentes Muñoz y Hernando Herrera
Vergara). En esa ocasión, la Corte consideró que la sentencia SU dictada
entonces tenía la función de aclarar y precisar la doctrina constitucional
sobre la inviolabilidad parlamentaria. Dijo: “El
análisis precedente ha mostrado entonces, de manera concluyente, que era no sólo legítimo
sino necesario que la Corte precisara y corrigiera los criterios que había
adelantado, en anteriores ocasiones, sobre la inviolabilidad parlamentaria en
los juicios adelantados por las cámaras. En efecto, las opiniones incidentales
de las sentencias C-222 de 1996 y C-245 de 1996 habían puesto en peligro
valores esenciales de nuestro ordenamiento constitucional, como la propia
inviolabilidad parlamentaria, el libre debate democrático y el debido proceso
de algunos congresistas investigados por la Corte Suprema. Era pues necesario
aclarar esos criterios, y esa rectificación era legítima, ya que en realidad se
trataba, como se ha mostrado,  de unos obiter
dicta, que bien puede corregir la propia Corte Constitucional, cuando busca
clarificar y precisar su doctrina constitucional, por medio de las sentencias
de unificación de la Sala Plena de la Corporación”.
[32] SU-377 de 2014 (MP María Victoria Calle
Correa. SPV Luis Guillermo Guerrero
Pérez). En esa decisión, la Corte revisaba diversos fallos de tutela. Dijo,
sobre el propósito de la sentencia de unificación: “El objeto de esta sentencia no es
solamente decidir cada uno de los mismos, sino también y sobre todo unificar
criterios que permitan solucionar controversias similares en el futuro, y
asegurar el mayor nivel posible de certeza y predictibilidad en torno a la
aplicación de la Constitución”.
[33] Sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño.
Unánime).
[34] (MP Manuel José Cepeda Espinosa). La posición
unificada que contiene esta sentencia, ha sido reiterada por las diferentes
Salas que han integrado esta Corporación: T-174 de 2002 (MP Rodrigo Escobar
Gil), T-192 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynnet), T-217 de 2002 (MP Jaime
Córdoba Triviño), T-354 de 2002 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-444 de 2002
(MP Jaime Araujo Rentería), T-200 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-536 de
2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-059 de 2006 (MP Álvaro Tafur Galvis),
T-104 de 2007 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-210 de 2008 (MP Jaime Araujo
Rentería), T-282 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-137 de 2010
(MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-151 de 2010 (MP Nilson Pinilla
Pinilla), y T-813 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa).
[35] Decreto 2591 de 1991 “por el cual se reglamenta la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
Artículo 38. Actuación temeraria. “Cuando sin motivo expresamente
justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas la solicitudes.|| El abogado que promoviere la
presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y
derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesionales, sin
perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar”.
[36] (MP Rodrigo Escobar Gil. SV Jaime Araujo
Rentería). En ese caso la Corte revisó las sentencias proferidas por
los jueces de instancia, en el proceso promovido por una empresa en contra de
una entidad pública por la presunta vulneración de, entre otros, el derecho
fundamental al debido proceso dentro de un proceso licitatorio. La sociedad
accionante había interpuesto dos procesos de tutela anteriores contra la misma
entidad, en los que solicitó la protección de su derecho al debido proceso. La
Corte, luego de hacer algunas consideraciones sobre la temeridad en la
interposición de la acción de tutela, concluyó que en ese caso no se presentaba
uno de los presupuestos para declarar la temeridad, ya que los hechos en que se
fundamentaron las otras acciones de tutela eran distintos. Luego de hacer
algunas consideraciones sobre la procedencia de la acción de tutela para
resolver el problema jurídico que el caso planteaba, la Corte declaró la carencia
de objeto por haberse proferido un acto administrativo que ordenó dar por
terminado el contrato que se adjudicó dentro del proceso licitatorio que dio
origen a la interposición de la acción, y que convocó a un nuevo proceso
licitatorio.
[37] Esto último ya se había sostenido en la
sentencia C-054 de 1993 (MP. Alejandro Martínez Caballero. Unánime): “[…] Se
estudia ahora por parte de esta Corporación la denominada ‘actuación temeraria’
por la presentación de varias tutelas por un mismo hecho. || Al cotejar las
normas constitucionales con la norma acusada se advierte ésta se adecua
a aquellas. || [...] En efecto, esta Corporación reitera aquí lo que ya ha
establecido en Sala de Revisión de Tutela, a propósito de la actuación
temeraria, cuando sostuvo que con base en los artículos 83, 95 y 209 de la
Constitución, la actuación temeraria debe ser controlada en aras de lograr la
efectividad y agilidad en el funcionamiento del Estado. En aquella oportunidad
esta Corporación sostuvo que el abuso desmedido e irracional del recurso
judicial, para efectos de obtener múltiples pronunciamientos a partir de un
mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad civil, porque de un
100% de la capacidad total de la administración de justicia, un incremento en
cualquier porcentaje, derivado de la repetición de casos idénticos,
necesariamente implica una pérdida directamente proporcional en la capacidad
judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad
civil”.
[38] Sentencia T-149 de 1995 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[39] Sentencia T-308 de 1995 (MP José Gregorio
Hernández Galindo).
[40] Sentencia T-443 de 1995 (MP Alejandro
Martínez Caballero).
[41] Sentencia T-001 de 1997 (MP José Gregorio
Hernández Galindo).
[42] Sentencia SU–713 de 2006 (MP Rodrigo Escobar
Gil. SV Jaime Araujo Rentería).
[43] Sentencia
T-184 de 2005 (MP Rodrigo Escobar Gil). En esa oportunidad se estudió una acción
de tutela interpuesta por una persona que solicitó la protección de su derecho
a la vivienda digna, el cual consideró que estaba siendo vulnerado por una
entidad financiera con quien había adquirido un crédito hipotecario, porque esa
entidad adelantó un proceso ejecutivo para el cobro del pagaré suscrito por la
actora, proceso que llevó al remate del inmueble y al desalojo de la actora.
Dentro del trámite de la acción la Corte constató que la actora había
adelantado una acción previa, la cual tenía identidad de partes, hechos y
pretensiones de la acción objeto de estudio. Sin embargo, concluyó que la
acción no era temeraria porque la actora actuó bajo un estado de necesidad que
desvirtuaba la mala fe de la actora en el ejercicio sucesivo de la tutela.
[44] Sentencia SU-713 de 2006 (MP. Rodrigo Escobar
Gil. SV. Jaime Araujo Rentería). Antes citada.
[45] Sentencia
SU-377 de 2014. Sala Plena de la Corte Constitucional.
[46] Sentencia
SU-377 de 2014. Sala Plena de la Corte Constitucional.
[47] Sentencia
SU-1219 de 2001 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa. SV Clara Inés Vargas Hernández). Dijo al respecto: “[…] 5.1
Admitir que los fallos de tutela definitivamente decididos o excluidos para
revisión sean luego objeto de una nueva acción de tutela, sería como instituir
un recurso adicional ante la Corte Constitucional para la insistencia en la
revisión de un proceso de tutela ya concluido, lo cual es contrario a la
Constitución (art. 86 C.P.), a la ley (art. 33 del Decreto 2591 de 1991) y a
las normas reglamentarias en la materia (arts. 49 a 52 del Reglamento Interno
de la Corte Constitucional). Las Salas de Selección de la Corte Constitucional,
salvo sus facultades legales y reglamentarias, no tienen la facultad de
seleccionar lo que ya ha sido excluido de selección para revisión ni una acción
de tutela contra uno de sus fallos de tutela. Esto por una poderosa razón.
Decidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selección
para revisión y precluido el lapso establecido para insistir en la selección de
un proceso de tutela para revisión (art. 33 del Decreto 2591 de 1991 y art. 49
a 52 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional), opera el fenómeno de
la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha
quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisión judicial
de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo
decidido”.
[48] En el
caso del Consejo Superior de la Judicatura, en la sentencia del 12 de mayo de
2010, participaron 6 magistrados titulares que luego se declararon impedidos
para resolver la acción de tutela que origina el presente proceso, pues la
misma iba dirigida entre otras contra la Corporación que integraban.
[49] Folios
4 y 5 del cuaderno principal, correspondiente a la primera instancia.
[50] Mediante oficio N°.
RCD-210-TUT.250001102000201201259. Folio
314 y ss del cuaderno de revisión.