T-434-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-434/11
(23 mayo)
PROTECCION POR VIA DE TUTELA DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LOS SINDICATOS Y DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS-Reiteración de jurisprudencia
En el caso que se analiza, la Corte considera procedente la tutela para solicitar el
reconocimiento de los derechos de asociación
sindical, la negociación colectiva y libertad de expresión de la organización
sindical y de sus miembros, en cuanto se trata de derechos de rango
constitucional que según la jurisprudencia de esta Corporación pueden ser
reivindicados a través de este mecanismo cuando está de por medio una relación
de subordinación como la de los trabajadores con respecto al empleador.
LIBERTAD DE EMPRESA, SUBORDINACION LABORAL Y DEBER DE
RESPETAR REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
Si
bien el legislador ha contemplado en las normas laborales la existencia de la
subordinación por parte del trabajador, su alcance está definido por la
Constitución. Asimismo el reglamento de trabajo como elemento de subordinación,
debe respetar los principios constitucionales y no atentar contra los derechos
fundamentales de los trabajadores.
LIBERTAD DE ASOCIACION SINDICAL-Tipos de libertades que comprende
Se trata de un derecho subjetivo de
carácter voluntario, relacional e instrumental, supone, según lo ha establecido
la jurisprudencia de esta Corporación, tres tipos de libertades: (i) libertad individual de organizar sindicatos; (ii)
libertad de sindicalización, ya que nadie puede ser obligado a afiliarse o a
desafiliarse a un sindicato; y, (iii) la autonomía sindical, que es la facultad
que tiene la organización sindical para crear su propio derecho interno
LIBERTAD DE ASOCIACION SINDICAL-Conductas que se protegen según la jurisprudencia
constitucional
Para
garantizar dicho derecho, las conductas protegidas por la libertad de
asociación sindical comprenden según la jurisprudencia constitucional: (i) el
derecho a vincularse a organizaciones permanentes que los identifican como
grupos con intereses comunes y que tienen por objeto la defensa de tales
intereses comunes, sin que resulte obligatoria la vinculación ni la permanencia
en tales grupos; (ii) El  derecho  a constituir y  a estructurar tales
organizaciones como personas jurídicas, sin que para tal efecto se presente
injerencia, intervención o restricción por parte del Estado; (iii) La libertad
de determinar su propio objeto, las condiciones de admisión, permanencia,
retiro y exclusión de sus miembros, el régimen disciplinario aplicable, las
instancias internas de poder y de representación, la forma en que han de ser
manejados sus propios recursos económicos, la manera como se puede poner fin a
la existencia de tales organizaciones, y en general, la determinación de todos
aquellos aspectos que los miembros de dichos grupos consideren oportunos, con
la debida sujeción tanto al orden legal como a los principios democráticos;
(iv) La imposibilidad de cancelación o suspensión de su personería jurídica por
vía diferente a la judicial; y (v) La facultad de que disponen tanto los
sindicatos como las asociaciones de empleadores de constituir y de vincularse a federaciones y confederaciones de
orden nacional e internacional
LIBERTAD DE ASOCIACION SINDICAL-La Corte la ha interpretado desde su faceta positiva
La Corte ha interpretado este derecho
desde su faceta positiva, en el sentido de que la libertad de asociación
sindical faculta a los
trabajadores para que estructuren organizaciones de diferente orden con el
objeto de asumir su defensa frente a los conflictos obrero patronales, para lo
cual la misma Constitución establece un conjunto de garantías, tales como el
reconocimiento jurídico por la sola inscripción del acta de constitución,
reserva judicial para los casos de cancelación o suspensión, fuero sindical y
el sometimiento de su estructura interna y funcionamiento al orden legal y al
principio democrático. Conforme con la jurisprudencia constitucional en la
materia, la libertad de asociación sindical abarca todas las garantías y
derechos que hagan posible el ejercicio efectivo de la actividad sindical
DERECHO A LA NEGOCIACION COLECTIVA-Alcance y finalidad
El
derecho a la negociación colectiva debe leerse en concordancia con el preámbulo
de la Constitución Política y el artículo 2º de la misma, en el sentido de que
es deber del Estado promover y facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan, y en el caso particular de los conflictos
laborales, garantizar la amplia participación de los sujetos de la relación
laboral en la solución de sus controversias, siendo precisamente este el
sentido del artículo 55 de la Carta Política. Con este argumento, la sentencia
C-161 de 2000 señala cómo la solución de los conflictos laborales en el marco
de la negociación colectiva, representa un asunto de interés público. En otras
palabras, de acuerdo con la Carta y con la jurisprudencia constitucional, el
fin de la negociación colectiva es el de lograr una concertación voluntaria y
libre de condiciones de trabajo, el afianzamiento del clima de tranquilidad
social en un contexto de diálogo, la defensa de los intereses comunes entre las
partes del conflicto económico laboral, la participación de todas las partes en
el proceso y, el consolidación de la justicia social en las relaciones
laborales.
LIBERTAD DE EXPRESION Y ACTIVIDAD SINDICAL-Titularidad de los sindicatos
En
Colombia, se ha reconocido expresamente por la jurisprudencia constitucional,
que las personas jurídicas en general pueden buscar el amparo de sus derechos
fundamentales a través de la acción de tutela.  Se ha
señalado que las personas jurídicas, en cuanto proyección del ser humano,
tienen sus propios derechos fundamentales como la propiedad, el debido proceso,
el derecho de petición, el derecho de acceso a la información. Por consiguiente
en nuestro ordenamiento jurídico se reconoce que, al igual que las personas
naturales, las personas jurídicas se encuentran habilitadas para ejercer
derechos y contraer obligaciones. En la medida en que la titularidad de
la libertad de expresión ha sido reconocida por la Corte en cabeza de personas
tanto naturales como jurídicas, se entiende que ésta se extiende también a otras
organizaciones como los sindicatos y sus miembros. Es importante anotar en este
punto que, si bien la libertad de expresión es un derecho inherente a los
sindicatos porque por medio del mismo se garantizan otros derechos de este tipo
de organizaciones, su reconocimiento explícito en la jurisprudencia
internacional es relativamente reciente
LIBERTAD DE EXPRESION DE LOS SINDICATOS-Se refiere a la posibilidad de informar, difundir
ideas y opiniones en el ámbito laboral
En
el caso de los sindicatos, la libertad de expresión se refiere a la posibilidad
de informar, difundir ideas y opiniones en el ámbito laboral. En el marco de
procesos de negociación colectiva, los sindicatos pueden expresar a través de
cualquier medio escrito, simbólico, convencional o no convencional sus
intereses promoviendo la libertad de asociación sindical y la negociación
colectiva. En este sentido se trata de un derecho de doble dimensión: de un
lado, el sindicato tiene el derecho a expresarse y a transmitir opiniones; de
otro lado los trabajadores tienen el derecho a recibir la información.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROLECHE-Caso en que la empresa demandada retiró los afiches,
volantes, pancartas y petos e inició procesos disciplinarios/DERECHO A LA
LIBERTAD DE EXPRESION SINDICAL-Caso en que se lesionó este derecho
Frente al problema jurídico planteado inicialmente, se
concluye entonces que, en un contexto de negociación colectiva, habiendo
estrategias de confrontación de parte y parte, el hecho de conferirle al
empleador la posibilidad
de restringir la libertad de expresión, herramienta fundamental del sindicato,
es darle una ventaja inconstitucional y desproporcionada,  que además vulnera
los derechos de asociación sindical y negociación colectiva. Por lo anterior la
Corte considera que: (i) la aplicación de las normas del reglamento interno de
trabajo referentes a la prohibición de distribuir panfletos, volantes y similar
material publicitario dentro de la empresa, lesiona el derecho de libertad de
expresión sindical; (ii) la fijación de afiches, pancartas y material gráfico
debe hacerse en las carteleras o espacios preestablecidos por la empresa,
cuidando que sean suficientes y eficaces para asegurar el derecho de
información de sindicato y trabajadores; (iii) la utilización de petos
o afiches encima de los uniformes de trabajo por los empleados, pueden afectar
las condiciones de aseo y las normas de salubridad implícitas en este tipo de
actividad productiva de alimentos. De otro lado, la Corte no se pronunciará
sobre las sanciones impuestas a los miembros del sindicato que participaron en estas acciones. Esto
en razón de que dichas sanciones no fueron recurridas o impugnadas por sus
destinatarios, a pesar de que tuvieron la oportunidad de hacerlo en los
términos establecidos tanto en la convención colectiva como en el
propio reglamento interno de trabajo vigente. Lo anterior, sin perjuicio de que, en ejercicio de los
derechos de libertad económica y negociación colectiva, empresa y sindicato
lleguen a acordar su modificación o revocatoria.
Referencia: expediente T
-2.914.433
Fallo de tutela objeto de revisión: Sentencia del Juzgado Catorce Civil del Circuito de Medellín, del 3
de noviembre de 2010
Accionante: Jaider Alberto Barrientos Correa en representación
de SINTRAINDULECHE.
Accionado: PROLECHE S.A. Procesadora
de leche.
Demanda del accionante –elementos-:
Derechos fundamentales
invocados: el accionante consideró vulnerados los derechos a la libertad de expresión, la libertad sindical y la
negociación colectiva.
Conductas
que causan la vulneración: la
vulneración de los derechos anteriormente enunciados, resulta a juicio de
SINTRAINDULECHE de dos tipos de acciones por parte de PROLECHE. La primera,
por la orden impartida por la accionada para que se retiraran los afiches,
volantes, pancartas y petos utilizados por el Sindicato para defender el
Pliego de peticiones que no había podido ser negociado en la etapa de arreglo
directo con los representantes de PROLECHE. En segundo lugar, el accionante
considera vulneradores de sus derechos, los procesos disciplinarios iniciados
por PROLECHE contra aproximadamente veinte de los miembros del sindicato que
se negaron a retirar dichos afiches, volantes, pancartas y petos.
Pretensión: (i) Tutelar los derechos fundamentales del
accionante a la libertad de expresión, la libertad sindical y la
negociación colectiva; (ii) ordenar a la accionada que de manera inmediata
cese toda actividad tendiente a menoscabar los derechos fundamentales
conculcados al Sindicato y a sus miembros y permita el ejercicio de la
libertad de expresión de la organización y de sus miembros para la defensa
del pliego de condiciones; (iii) ordenar a la accionada que deje sin efecto
cualquier acción ejercida en contra de la organización o sus miembros, con
ocasión de la publicación de las pancartas, afiches, volantes o petos
alusivos al pliego de peticiones o al proceso de negociación colectiva, o que
se hayan dado en razón de este; (iv) prevenir a la accionada para que en lo
sucesivo permita el libre ejercicio de los derechos fundamentales tutelados a
la organización sindical y sus miembros; (v) oficiar al Ministerio de
Protección Social, Dirección Territorial de Antioquia, para que inicie la
respectiva investigación administrativa
y ejerza las funciones de su competencia de acuerdo con la ley en relación
con la accionada; (vi) realizar seguimiento al cumplimiento del fallo por
parte de la accionada, dando inicio al trámite del incidente de desacato en
caso de constatar su incumplimiento.
Magistrados
de la Sala Segunda de Revisión:
Mauricio González Cuervo, Juan Carlos Henao Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
Magistrado Ponente: Mauricio GonzAlez Cuervo.
I.
ANTECEDENTES
1. Fundamento de la demanda de tutela[1]
La accionante fundamenta su pretensión con las
siguientes afirmaciones y medios de prueba:
1.1. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Industria Lechera SINTRAINDULECHE, es una organización sindical de Industria,
con personería jurídica reconocida mediante Resolución Número 1583 de 1955 del
Ministerio del Trabajo.
1.2. El 23 de julio de 2010, SINTRAINDULECHE presentó
pliego de peticiones a PROLECHE iniciándose el conflicto colectivo de trabajo.
1.3. El 4 de agosto de 2010 se inició la etapa de
arreglo directo[2]
entre los representantes de SINTRAINDULECHE y PROLECHE que culminó el 23 de
agosto de 2010 sin que se haya llegado a ningún acuerdo en relación al pliego
de peticiones[3].
No obstante lo anterior, en el acta de terminación de la etapa de arreglo
directo, las partes manifestaron su disposición para superar el conflicto.
1.4. Algunos miembros del sindicato, realizaron
manifestaciones públicas que según afirmaron, no atentaban contra el orden
público ni contenían calumnias o agresiones, con el fin de defender el pliego
de peticiones mediante afiches, volantes, pancartas y petos. El sindicato
indicó que realizaron estas manifestaciones luego de recibir la autorización de
la bacterióloga Margarita Toro del Departamento de Control de Calidad de la
empresa.
1.5. La Gerencia de PROLECHE ordenó el retiro de
afiches, volantes, pancartas y petos de la empresa; sin embargo los miembros
del sindicato hicieron caso omiso de la orden por considerarla carente de
fundamento legal.
1.6. El 2 de septiembre de 2010, la empresa retiró en
horas de la noche todo el material publicitario que hiciera referencia al
pliego de peticiones.
1.7. Sumado a lo anterior, la empresa inició procesos
disciplinarios contra aproximadamente 20 miembros del sindicato por haber
violado el reglamento interno de trabajo que prohíbe realizar este tipo de
acciones dentro de la empresa[4].
2.  Respuesta de PROLECHE S.A.
2.1. El 15 de septiembre de 2010, PROLECHE, a través
de apoderado, presenta escrito oponiéndose a la acción de tutela interpuesta
por SINTRAINDULECHE.
2.2. En primer lugar alega que la doctora Margarita
Toro de la cual supuestamente los miembros del sindicato recibieron la
autorización para colgar los afiches y pancartas, no tiene dentro de sus
competencias autorizar este tipo de acciones. Además ella no autorizó colgar
dichos medios publicitarios sino que simplemente les advirtió a algunos
directivos sindicales que era mejor colgarlos sobre el vidrio y no sobre las
paredes para no dañarlas.
2.3. Adicionalmente, el apoderado aclara que el
artículo 57 numeral 60 del Reglamento Interno de la empresa, establece que no
se pueden distribuir periódicos, hojas volantes, circulares o portar afiches y
carteleras no ordenadas o autorizadas por la empresa dentro de las
instalaciones; por su parte, el numeral 61 del mismo artículo prohíbe fijar
carteles, pintar avisos de cualquier clase en cualquier sitio de las
instalaciones, fuera de las carteleras asignadas para tal fin, sin la
correspondiente autorización. Sumado a lo anterior, el artículo 55 numeral 15
del reglamento prohíbe modificar o alterar el uniforme, y colocarse petos o
afiches encima del mismo ya que, al tratarse de una empresa dedicada a la
producción de alimentos lácteos, debe guardar todas las normas de aseo
requeridas por las autoridades de salud.
2.4. Considera que la empresa no tiene la obligación
de tolerar que sus instalaciones se llenen de afiches, pancartas, volantes
letreros, pasacalles o cualquier elemento ajeno al objeto propio de dichas
dependencias.
2.5. La empresa tampoco reconoce haber vulnerado algún
derecho fundamental del sindicato puesto que se ha demostrado disponible a
negociar desde hace años las convenciones colectivas y respetar las
obligaciones que de ellas se derivan.
2.6. Finalmente, la parte accionada argumenta que la
acción de tutela no procede en este caso porque existe otro medio de defensa
judicial ante la jurisdicción laboral.
3.
Decisión de tutela objeto de revisión
3.1.
Primera instancia[5]
El Juzgado Decimosexto Civil
Municipal de Medellín en sentencia del 21 de septiembre de 2010, niega el
amparo al accionante considerando que el conflicto ya se encuentra en
conocimiento de un Tribunal de Arbitramento, y si bien se han presentado
algunos problemas en la dinámica del conflicto colectivo, las medidas tomadas
por la empresa para retirar el material publicitario e imponer sanciones
disciplinarias a algunos miembros del sindicato, no configuran un perjuicio
irremediable, ni vulneran o ponen en inminente peligro el núcleo vital de los
derechos fundamentales invocados para su amparo constitucional que amerite por
esta razón utilizar el mecanismo excepcional de la tutela. Este conflicto
deberá pues dirimirse ante la jurisdicción laboral ya que se trata de un
control especial del patrono con fundamento en el reglamento interno de trabajo,
que se encuentra enmarcado en el artículo 45 del Decreto 2591 de 1991 como
conducta legítima de un particular, sobre la cual no procede tutela.
3.2.
Impugnación[6]
Mediante su apoderado,
SINTRAINDULECHE impugna la sentencia de primera instancia alegando en primer
lugar, que todavía no se ha solicitado ante el Ministerio de la Protección
Social, someter el conflicto al Tribunal de Arbitramento. Agrega que en todo
caso la situación que se discuta ante dicho Tribunal, solo tendrá incidencia
frente al pliego de peticiones mientras que la tutela que interpone
SINTRAINDULECHE, versa sobre la vulneración de los derechos de libertad de
expresión, libertad sindical, negociación colectiva por parte de la empresa al
obstaculizar la defensa que el sindicato hizo del pliego de peticiones mediante
la irregular coacción disciplinaria ejercida por PROLECHE.
La defensa del pliego de
peticiones es una actuación válida y legítima que solo puede tener sentido en
el ámbito temporal y contextual de la negociación colectiva por lo que impedir
u obstaculizar su ejercicio durante este término le resta toda potencial
efectividad a la misma.
Si bien existen otros
mecanismos, estos no son efectivos ni idóneos en el presente caso porque se
trata de resolver una controversia que tiene interés en el momento presente.
3.3.
Segunda instancia[7]
El Juzgado Catorce Civil del
Circuito de Medellín, en sentencia del 3 de noviembre de 2010, confirma la
decisión del a quo,  considerando que el sindicato cuenta con otros
mecanismos de defensa. Con relación a los procesos disciplinarios iniciados
contra algunos de los miembros del sindicato, éstos encuentran fundamento en el
reglamento interno de trabajo y en una conducta prevista en el mismo. Tampoco
se encuentra probado que la medida adoptada por la empresa, se constituya en un
medio de persecución a la libertad sindical. Sumado a lo anterior, el juez
advierte que el reglamento de trabajo vigente desde 1992, sobre el cual no hay
controversia, fue debidamente autorizado en su momento por el Ministerio de
Trabajo y de la Seguridad Social. El juez determina entonces la improcedencia
de la tutela considerando que existen otros mecanismos de defensa judicial, que
no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable y que no se constata
la vulneración de derechos alegada.
4.
Pruebas allegadas al proceso
En
el marco del proceso de referencia, la Corte Constitucional solicitó a la
accionada mediante Auto del 25 de marzo de 2011, notificado por medio de estado
número 096 del 29 de marzo de 2011, para que remitiera la siguiente información
al despacho: 1) Sobre el proceso de negociación colectiva entre SINTRAINDULECHE
Y PROLECHE S.A. indicando el estado actual del mismo; 2) Sobre el proceso
disciplinario iniciado contra los trabajadores Margarita Bedoya, Francisco
Carvajal, Jaime Botero, Jorge Marín, Francisco Acevedo, Roberto Zamora, Carlos
Marín, Fernando Zapata, Hernán García, Arlet López, Hernando Oquendo, Diego
Carmona, Fabiola López, Carlos Mario Gómez, Fredy Rodríguez, William Arango,
Alberto Carvajal, Maximiliano Otalvaro, Alba Palacio, Giovanni Castañeda.
El 5 de abril de 2010, durante
el término probatorio, la Secretaría de la Corte Constitucional recibió un
documento remitido por la Directora de Recursos Humanos de Proleche S.A.. En
dicho documento, se manifestó lo siguiente:
-. Que el proceso de
negociación colectiva iniciado a raíz de la presentación del pliego de
peticiones por parte de los sindicatos existentes en la empresa, es decir
Sintrainduleche y Sintraimagra, se adelantó en la etapa de arreglo directo sin
que se lograra un pleno acuerdo entre las partes en ese momento, razón por la
cual ambos sindicatos solicitaron al Ministerio de la Protección Social la
convocatoria de un Tribunal de Arbitramento Obligatorio, el cual fue
efectivamente convocado mediante la resolución 00398 del 15 de febrero de 2011,
por lo que este se encuentra adelantando el trámite legal correspondiente, y
próximamente se posesionarán los árbitros quienes deberán proferir el laudo
arbitral.
-. Que en forma paralela la
empresa y las dos organizaciones sindicales anteriormente mencionadas, se han
seguido reuniendo a instancias de la mediación propiciada por el Ministerio de la
Protección Social, lográndose un gran avance en los puntos pendientes de
acuerdo, de modo que en el transcurso de esa semana o en las semanas
siguientes, se espera lograr el acuerdo definitivo y firmar la nueva convención
colectiva de trabajo.
-. En relación con las
sanciones disciplinarias a los trabajadores, se señala que éstos presentaron
sus descargos, se les comunicó la respectiva sanción disciplinaria, la cual no
fue objeto de apelación o solicitud de revisión como lo establecen tanto la
convención colectiva como el propio reglamento interno de trabajo vigente. Sin
embargo indica que en la mesa de negociación a la que asisten las partes, los
sindicatos han solicitado que se revisen las mencionadas sanciones
disciplinarias.
II.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
Esta
Sala es competente para revisar la providencia de tutela antes reseñada, con
base en lo prescrito en la Constitución Política, artículos 86 y 241 numeral 9;
desarrollados en el Decreto 2591 de 1991, artículos 33 a 36; y en cumplimiento del auto del treinta y uno de enero de dos mil once (2011) de la Sala de
Selección de Tutela Número Uno de la Corte Constitucional.
2.
Problema jurídico
En
la presente ocasión, corresponde a la Sala de Revisión determinar si los derechos a la libertad de expresión, y por esta misma vía,
a la asociación sindical y a la negociación colectiva del Sindicato,
fueron vulnerados por la
empresa -mediante el reglamento de trabajo o las órdenes y actuaciones
correspondientes-,al sujetar a su expresa autorización la distribución de
panfletos y volantes, la fijación de afiches y pancartas y la utilización de
petos en sus instalaciones por parte del sindicato en defensa del pliego de
peticiones, en el marco de las negociaciones colectivas. En otras palabras,
¿Puede la empresa legítimamente prohibir la circulación de dicho material
publicitario e imponer sanciones a quienes hayan participado en esta actividad
sin violar la libertad de expresión del sindicato y de sus miembros y por esta
vía el ejercicio del derecho a la libre asociación sindical y a la negociación
colectiva?
Con
el fin de responder al problema jurídico planteado, en esta sentencia se
abordarán los siguientes temas: (i) Protección por vía de tutela de los
derechos fundamentales de los sindicatos y de los trabajadores sindicalizados;
(ii) La libertad de empresa, la subordinación
laboral y el deber de respetar el reglamento interno de trabajo; (iii) La libertad de asociación sindical, el
derecho a la negociación colectiva y la libertad de expresión de los
sindicatos; iv) Caso
concreto.
3.
Protección por vía de tutela de los derechos fundamentales de los
sindicatos y de los trabajadores sindicalizados. Reiteración de la
jurisprudencia
3.1. El tema de la titularidad de derechos fundamentales en cabeza de las
personas jurídicas se ha venido desarrollando a través de la jurisprudencia y
la doctrina nacional e internacional[8].
Si
bien la noción de derecho fundamental se ha construido a partir del concepto de
la dignidad humana, no es contradictorio con esta idea, el hecho de que las
personas jurídicas, que son entidades que carecen de esta cualidad, puedan ser
titulares de derechos de esta naturaleza.  En efecto el “sustrato
ético-jurídico” de las personas jurídicas son las personas físicas que se
organizan para cumplir con fines que en muchos casos están incluidos en el
ámbito de protección de los derechos fundamentales[9].
En Colombia, la Corte ha reconocido el
carácter fundamental de los derechos de las personas jurídicas, y de la
posibilidad de que éstas interpongan acciones de tutela para buscar su amparo
frente a una amenaza o vulneración[10]. Desde sus
primeras sentencias, la jurisprudencia constitucional reconoció la titularidad
de las personas jurídicas frente a derechos fundamentales,
“Debe insistir la Corte en que la forma de
protección que a los derechos constitucionales fundamentales brinda el artículo
86 de la Carta Política no comprende únicamente a las personas naturales, como
en criterio que esta Corporación no comparte, lo ha entendido el Consejo de
Estado en el fallo materia de revisión, sino que se extiende a las personas
jurídicas.
En efecto, el precepto superior no
distingue y, por el contrario, los fines que él persigue quedarían frustrados
o, cuando menos, realizados de modo incompleto si el alcance de la protección
se restringiese por razón del sujeto que lo invoca, dejando inermes y
desamparadas a las personas jurídicas. Estas también son titulares de derechos
reconocidos por el ordenamiento constitucional y no existe razón alguna para
impedirles que se acojan al mecanismo preferente y sumario diseñado por el
Constituyente para lograr su efectividad”[11].
Asimismo señaló que la acción de tutela
era el mecanismo idóneo para que las personas jurídicas reclamaran el amparo de
sus derechos fundamentales, tal y como lo señala la sentencia T-411 de 1992:
“Sobre la
titularidad de las personas jurídicas respecto de la acción de tutela, esta
Sala considera que ellas son ciertamente titulares de la acción. Las personas
jurídicas poseen derechos constitucionales fundamentales por dos vías: a)
indirectamente: cuando la esencialidad de la protección gira alrededor de la
tutela de los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales
asociadas y b) directamente: cuando las personas jurídicas son titulares de
derechos fundamentales no porque actúan en sustitución de sus miembros, sino
que lo son por sí mismas, siempre, claro está, que esos derechos por su
naturaleza sean ejercitables por ellas mismas”.
3.2. En este orden de ideas, en varias
sentencias esta Corporación ha analizado casos en los que se solicita el amparo
de los derechos de sindicatos precisando
que éstos se encuentran legitimados para asumir tanto su propia defensa, como
la de los trabajadores que los integran.[12]
De
conformidad con la jurisprudencia constitucional, la legitimación de los
sindicatos para instaurar la acción de tutela no sólo proviene de su propia
naturaleza que lo erige en personero de dichos intereses, sino de las normas de
los artículos 86 de la Constitución y 10 del Decreto 2591 de 1991, según los
cuales la tutela puede ser instaurada por el afectado o por quien actúe en su
nombre o lo represente.[13]
De esta manera, la Corte ha establecido
que el juez de tutela es competente para conocer y decidir con respecto
a las relaciones entre trabajadores o sindicatos y empleadores en casos en los
que se presenten hechos que impliquen un atentado o vulneración a los derechos
fundamentales, en los términos del artículo 86 de la Constitución Política. Por
lo anterior, se ha considerado la acción de tutela como mecanismo válido de protección de los
derechos fundamentales, entre ellos el de asociación sindical y el derecho a la
negociación colectiva, para obtener por parte del juez constitucional, una
orden tendiente a que cesen conductas que impidan u obstaculicen su ejercicio[14].
En otras palabras, se ha reconocido que es legítima la
intervención del juez constitucional para establecer la posible conducta
abusiva e inconstitucional violatoria de las libertades sindicales por parte
del empleador, tal y como lo indica la sentencia T-077 de 2003 en los
siguientes términos:
“A través de
la intervención del juez constitucional se busca determinar si el
comportamiento del empleador se enmarca dentro de un uso desproporcionado,
abusivo e inconstitucional de sus atribuciones, desplegando una actitud
vulneratoria de las libertades sindicales de los trabajadores y de la
organización sindical. De esta forma, la acción de tutela procede de manera
excepcional y con efectos definitivos, como única acción judicial eficaz para
reparar la vulneración de los derechos del accionante, cuando la utilización de
las atribuciones del empleador tiene por objeto impedir el libre ejercicio del
derecho de asociación sindical”.
Con relación a la procedibilidad de la
acción de tutela, en la sentencia SU-342
de 1995 la Corte estableció que en materia de derechos colectivos, las conductas
que se consideran violatorias de los derechos de los trabajadores y de las
organizaciones sindicales, y que hacen posible la solicitud de su amparo por
este medio son las siguientes:
“…a)
Cuando el patrono desconoce el derecho de los trabajadores a constituir
sindicatos, o afiliarse a estos, o promueve su desafiliación, o entorpece o
impide el cumplimiento de las gestiones propias de los representantes
sindicales, o de las actividades que competen al sindicato, adopta medidas
represivas contra los trabajadores sindicalizados o que pretendan afiliarse al
sindicato. Igualmente, cuando el patrono, obstaculiza o  desconoce, el
ejercicio del derecho de huelga, en los casos en que ésta es permitida; b)
Cuando el patrono obstaculiza o impide el ejercicio del derecho a la
negociación colectiva. Aun cuando, tal derecho (art. 55 C.P.), no figura entre los derechos  fundamentales, puede ser protegido a través de la
tutela, porque su desconocimiento puede implicar, la violación o amenaza de
vulneración de derecho al trabajo, como también el derecho de asociación
sindical, si se tiene en cuenta que una de las funciones de los sindicatos es
la de presentar pliegos de peticiones, que luego del trámite correspondiente
conduce a la celebración de la respectiva convención colectiva de trabajo; c)
Cuando las autoridades administrativas del trabajo incurren en acciones y
omisiones que impiden la organización o el funcionamiento de los tribunales de
arbitramento, sean obligatorios o voluntarios, encargados de dirimir los
conflictos colectivos de trabajo, que no se hubieren podido resolver mediante
arreglo directo o conciliación, o el ejercicio del derecho de huelga, o cuando
incumplan las funciones que le corresponden, según el art. 448 del C.S.T.,
durante el desarrollo de la huelga…”
La misma providencia, realiza un análisis de los casos
en los que podría proceder la acción de tutela para estudiar eventuales
violaciones de los derechos fundamentales del trabajador por parte del
empleador en los conflictos que se derivan del contrato de trabajo. En estos
casos, cuando está de por medio una posible amenaza o vulneración de un derecho
constitucional fundamental, su solución corresponde al juez de tutela, mientras
que si la controversia se origina directa o indirectamente en el contrato de
trabajo y vulnera derechos de rango legal, consagrados en la legislación
laboral, su solución corresponde al juez laboral. En este orden de ideas,
enuncia la sentencia algunos casos en los que es viable utilizar la acción de
tutela para buscar amparar los derechos fundamentales de los trabajadores en el
marco de la ejecución de un contrato de trabajo:
“a) Cuando el patrono hace uso abusivo del llamado ius
variandi, de modo que modifica sustancialmente las condiciones de trabajo hasta
el punto que se afectan los intereses y derechos del trabajador, en lo que
concierne al goce de sus derechos fundamentales, y particularmente su derecho
al trabajo en condiciones dignas.
b) Cuando el patrono al imponer sanciones, en uso del
poder disciplinario de que es titular desconoce el derecho de defensa u otro
derecho fundamental.
c) Cuando se presenta el incumplimiento de las
obligaciones que de modo general incumben al patrono o de alguna de las
obligaciones especiales a que aluden los artículos 56 y 57 del C.S.T. y se
violan o amenazan algunos de los derechos fundamentales del trabajador, v.gr.
(1) la violación de la obligación de protección y seguridad a los trabajadores,
al no procurar "locales apropiados y elementos adecuados, de protección
contra los accidentes y enfermedades profesionales", o de "prestar
los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad", lo cual atenta
contra los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la salud;
(2) el irrespeto "a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y
sentimientos", lo cual puede comportar la violación de los derechos
fundamentales, relativos a la prohibición de someter a las personas a tortura y
a tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la intimidad personal y familiar,
a la honra y al buen nombre, al libre desarrollo de la personalidad, a la
libertad de conciencia y de cultos y a la libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones; (3) la negativa del patrono a conceder licencia
"para el ejercicio de sufragio", o "para el desempeño de cargos
oficiales transitorios de forzosa aceptación" o "para desempeñar
comisiones sindicales inherentes a la organización", constituye, según el
caso, violación de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la
personalidad, de participar en la conformación, ejercicio y control del poder
político (art. 40, numerales 1 y 7) y de asociación sindical. (art. 39); (4) la
omisión de patrono de expedir al trabajador, a la terminación del contrato la
certificación sobre tiempo de servicios, labor desarrollada y salario
devengado, que puede resultar violatoria del derecho al trabajo y de la
libertad para escoger profesión u oficio; (5) la negativa a la práctica del
"examen sanitario" y a expedir la correspondiente certificación,
habiendo mediado petición del trabajador, lo cual viola su derecho fundamental
a la salud.
d) Cuando el patrono -caso muy frecuente- consigna por
escrito o suministra, por cualquier otro medio a otros empleadores
informaciones negativas sobre el comportamiento laboral del trabajador, y viola
por consiguiente los derechos fundamentales a la intimidad y al buen nombre.
(art. 15).
3.3. En el presente caso, se trata de establecer si la actuación
de PROLECHE de retirar los medios publicitarios del sindicato, y de sancionar a
algunos de los trabajadores que participaron en la distribución de los mismos,
limita el derecho a la libertad de expresión, y por esta misma vía, a la
asociación sindical y a la negociación colectiva, enmarcándose la conducta del
accionado en una violación de los derechos fundamentales reconocidos a los
sindicatos por la Constitución y la jurisprudencia.
Encuentra la Corte que el accionante reivindica la afectación de
sus derechos fundamentales aparentemente vulnerados por la empresa a través de
la acción de tutela como único medio eficaz de protección. Ni el Tribunal de
Arbitramento dirimirá este asunto, ni podrá la jurisdicción ordinaria
resolverlo en el término del proceso de negociación colectiva en el que
precisamente cobra sentido la acción de tutela, la cual es procedente en este
caso para evitar un eventual perjuicio irremediable.
De otro lado y a diferencia de lo que consideró el juez de primera
instancia, encuentra la Corte que la conducta del patrono fundamentada en el
reglamento de trabajo, no se enmarca, como señaló el a quo, en el tipo
de conductas legítimas de un particular. Se trata por lo contrario del típico
caso de subordinación frente a un
particular[15]
que configura el presupuesto descrito en el numeral 4º del artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991[16].
Como lo ha señalado la jurisprudencia en esta materia,
“ […] La subordinación alude a la existencia de
una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los
trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a sus
profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen, en
tanto que la indefensión, si bien hace referencia a una relación que
también implica la dependencia de una persona respecto de otra, ella no tiene
su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social
determinado sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona
afectada en su derecho carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de
respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate”[17].
Teniendo
en cuenta la naturaleza privada de la empresa accionada y la decisión tomada
por la Gerencia de la misma que llevó al retiro de todo el material
publicitario del sindicato y a la sanción de aproximadamente 20 trabajadores
del sindicato, es evidente el estado de indefensión de los trabajadores y del
sindicato frente a la misma.
No hay que olvidar que, no obstante las autoridades públicas en principio no pueden introducirse
en algunos espacios de las relaciones privadas, en materia laboral, la
injerencia estatal es mayor y se justifica en la medida en que el trabajo es
uno de los valores esenciales del Estado Social de Derecho. Como lo establece
la sentencia T-579 de 1995,
“En consecuencia, no todas las determinaciones que se
adopten en el seno de una empresa son constitucionalmente admisibles. Deberá,
en su caso, evaluarse si un determinado mecanismo de defensa de los derechos
patrimoniales utilizado por el empleador es compatible con los principios
básicos del trabajo o afecta legítimamente los derechos fundamentales del
trabajador”.
Acorde con lo anterior, en el caso que se analiza, la Corte considera procedente la tutela para solicitar
el reconocimiento de los derechos de asociación
sindical, la negociación colectiva y libertad de expresión de la organización
sindical y de sus miembros, en cuanto se trata de derechos de rango
constitucional que según la jurisprudencia de esta Corporación pueden ser
reivindicados a través de este mecanismo cuando está de por medio una relación
de subordinación como la de los trabajadores con respecto al empleador.
4.
La libertad de empresa, la subordinación laboral y el deber de respetar el
reglamento interno de trabajo
4.1. La Constitución garantiza el derecho a la
libertad económica y de empresa (C.P., art. 333), entendida como “la
facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico,
según sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar
un patrimonio”, siempre que las conductas y acciones que se desprenden de
esa libertad, encuentran su límite en la Constitución y las leyes.[18]
4.2. Dentro de la actividad empresarial se inscribe la
figura de la subordinación laboral, para la realización del proyecto productivo
que la empresa se proponga. Al capital comprometido y la actividad gerencial
necesarios para estructurar una empresa, se ha de sumar la fuerza de trabajo
necesaria para el ejercicio de las actividades propias del objeto social. Tal
factor económico suele procurarse a través del contrato de trabajo, el cual
incorpora el elemento “subordinación” como esencial en la estructuración de la
relación laboral. Como lo ha expresado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional[19],
la subordinación es un componente fundamental del contrato de trabajo ya que en
los términos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, faculta al empleador para exigirle
al trabajador el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto a modo, tiempo y cantidad
de trabajo, e imponerle reglamentos internos, sin que afecte el honor, la
dignidad y los derechos del trabajador.
Con relación a las diferentes teorías sobre
subordinación, como la técnica, la económica y la jurídica, la jurisprudencia
se ha inclinado por ésta última que define la subordinación como “la aptitud
que tiene el empleador para impartirle órdenes al trabajador y exigirle su
cumplimiento, para dirigir su actividad laboral e imponerle los reglamentos
internos de trabajo a los cuales debe someterse, todo dirigido a lograr que la
empresa marche según los fines y objetivos que se ha trazado.”[20]
Sobre el concepto de subordinación la Corporación ha
manifestado:
“La subordinación del trabajador al empleador como
elemento distintivo y definidor del contrato de trabajo ha sido entendida,
según la concepción mas aceptable por la doctrina y la jurisprudencia, como un
poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir la
actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e
instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como
éste debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son
propias, con miras al cumplimiento de los objetivos de la empresa, los cuales
son  generalmente económicos[21].
La subordinación consiste básicamente en el poder de
dirección en la actividad laboral y en la potestad disciplinaria del empleador
sobre sus trabajadores para mantener el orden y la disciplina en su empresa,
siempre y cuando no se afecte el honor, la dignidad ni los derechos de los trabajadores,
así como los tratados o convenios internacionales en la materia.
4.3. Una de las expresiones de la subordinación, es
precisamente la posibilidad de que el empleador imponga un reglamento interno
que regule el comportamiento dentro de la empresa y las relaciones laborales
entre trabajadores y empleadores. Dicho reglamento, que debe someterse a los
requisitos que impone el Código Sustantivo del Trabajo para ser válido, regirá
las políticas de la empresa, las relaciones laborales y regulará las condiciones
en que debe desarrollarse el trabajo. Este ha sido definido como “el
conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse el
patrono y sus trabajadores en la prestación del servicio”[22].
En síntesis, el reglamento interno de trabajo como
expresión de la libertad de empresa, emana de poderes normativos privados y de
la voluntad unilateral del empleador y se caracteriza por ser parte del
contrato de trabajo y fijar las condiciones de subordinación.
4.4. Sin embargo, la imposición del reglamento de
trabajo, no puede ir en detrimento de los derechos constitucionales de los
trabajadores. Cuando esto ocurre, es preciso acudir a la acción de tutela para
ampararlos.
En reiteradas sentencias, la Corte ha señalado que el
hecho de que en el marco de su actividad económica, las empresas tengan derecho
a fijar su propio reglamento, en ningún momento pueden desbordarse los límites
fijados por la Constitución,
“Es preciso anotar, que en el campo de esa
actividad económica es necesario el señalamiento por los empresarios de sus
propios estatutos sociales y reglamentos internos para gobernarse en el seno de
su empresa, los cuales por ser de obligatorio cumplimiento, en virtud del pacto
que se celebra para su expedición, no excluyen el acatamiento a los principios,
derechos y valores constitucionales. Recuérdese que, según el mandato
constitucional del artículo 4o. de la Carta Fundamental: “ es deber de los
nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las
leyes”; por lo tanto, es vital que el señalamiento de las condiciones y normas
empresariales internas reguladoras de la actividad social empresarial, si bien
en desarrollo de la libertad de asociación están regidas en principio por una
amplia autonomía configurativa de los asociados, no están excluidas de  una
adecuada razonabilidad constitucional, en los distintos aspectos que las mismas
involucran, como ocurre frente a la posible afectación de los derechos
fundamentales de las personas vinculadas a dicha actividad de empresa, como
consecuencia del alcance de sus estipulaciones.
De esta manera, las limitaciones de orden legal a
las cuales puede verse sometida la libertad económica y de empresa, pueden
tener como causa la garantía de los derechos fundamentales de las personas y la
prevalencia del interés general. Por ello, es viable señalar que la defensa
del propósito legítimo particular de explotación de los derechos patrimoniales
en ejercicio de esa libertad, debe presentar la suficiente compatibilidad con
la protección especial estatal otorgada a derechos que, como el trabajo y demás
ligados a éste, son determinantes para alcanzar los fines económicos para los
cuales fue creada la empresa, garantizando su realización efectiva, pero dentro
del entorno que asegure la vigencia de un orden justo, protegido por las
distintas autoridades públicas”[23].
(subrayado fuera del texto)
De esta manera, el reglamento de una empresa no escapa
al imperativo de adecuarse a la Constitución. En efecto, la Corte ha reiterado
que tanto las autoridades públicas como los particulares están sujetos a la
Constitución y a la ley (C.P. arts. 4 y 6).
“Los principios fundantes del Estado Social de Derecho, como son la dignidad humana, el trabajo y la
solidaridad social, iluminan las relaciones laborales. Esta axiología
básica se traduce en los principios mínimos del Estatuto del Trabajo que
representan verdaderos derechos fundamentales de los trabajadores, entre ellos,
la igualdad de oportunidades y la garantía contra el menoscabo de su libertad y
dignidad (C.P. art. 53)”[24].
(Negrilla fuera del texto)
En efecto, en el Estado Constitucional de Derecho que
establece la Carta Política, todo el ordenamiento jurídico, las reglas y demás
disposiciones deben entenderse, interpretarse y aplicarse a partir de la
Constitución. Las diferentes ramas del derecho progresivamente se han ido
ajustando a los principios y valores descritos en la Carta que se impone como
la norma primaria en nuestro sistema jurídico de fuentes. De esta manera, los
preceptos y valores que emanan de la Constitución, irradian el ordenamiento
jurídico y fijan el alcance del derecho laboral, especialmente en lo
relacionado con los derechos fundamentales.
La subordinación del legislador a la Constitución en
temas laborales, se extiende igualmente a la relación laboral como tal que debe
enmarcarse en los límites establecidos por la Carta Política. Como lo establece
la sentencia C-531 de 1993,
“La interpretación que realiza el Legislador de los
textos constitucionales la hace en el contexto del ejercicio de su función
legislativa y sólo puede obedecer a ese propósito. Las definiciones y
precisiones que efectúa no trascienden lo que siempre será norma legal y se
funden  en ésta. La Corte Constitucional como guardiana de la integridad de la
Constitución tiene la misión de confrontar las leyes con sus preceptos y
excluir aquéllas que los quebranten, lo que garantiza que la Carta siempre se
mantenga como parámetro objetivo de la validez de las restantes normas del
ordenamiento y que en todo momento pueda distinguirse lo que es obra del poder
constituyente y lo que entra en el campo de los poderes constituidos. De lo
dicho se desprende la existencia de un límite cierto a la función
interpretativa de los poderes constituidos: sus actos no pueden fungir como
interpretación auténtica de la Constitución y elevarse al rango de parámetro
constitucional. La Corte en ejercicio de sus atribuciones de defensa del orden
constitucional no podría cumplirlas si da cabida a interpretaciones auténticas
distintas del fiel entendimiento y lectura que ella misma debe en cada caso
hacer de su texto”.
En síntesis, si bien el legislador ha contemplado en
las normas laborales la existencia de la subordinación por parte del
trabajador, su alcance está definido por la Constitución. Asimismo el
reglamento de trabajo como elemento de subordinación, debe respetar los
principios constitucionales y no atentar contra los derechos fundamentales de
los trabajadores.
5.  La libertad de asociación sindical, el
derecho a la negociación colectiva y la libertad de expresión de los sindicatos
5.1. En
reiterada jurisprudencia, la Corte ha señalado que, desde una perspectiva
constitucional, el derecho colectivo al trabajo comprende diferentes tipos de
libertades y garantías entre las cuales se cuentan la libertad de asociación
sindical, la institución de la asociación profesional para la defensa de
intereses comunes, el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga[25].
5.2.  El derecho a la libre
asociación sindical está consagrado en el artículo 39 de la Constitución
Política[26].
Se trata de un derecho subjetivo de
carácter voluntario, relacional e instrumental[27], supone,
según lo ha establecido la jurisprudencia de esta Corporación[28], tres tipos de libertades: (i) libertad individual de organizar sindicatos; (ii)
libertad de sindicalización, ya que nadie puede ser obligado a afiliarse o a
desafiliarse a un sindicato; y, (iii) la autonomía sindical, que es la facultad
que tiene la organización sindical para crear su propio derecho interno[29].
Para garantizar
dicho derecho, las conductas protegidas por la libertad de asociación sindical
comprenden según la jurisprudencia constitucional: (i) el derecho a vincularse
a organizaciones permanentes que los identifican como grupos con intereses
comunes y que tienen por objeto la defensa de tales intereses comunes, sin que
resulte obligatoria la vinculación ni la permanencia en tales grupos; (ii) El
derecho  a constituir y  a estructurar tales organizaciones como personas
jurídicas, sin que para tal efecto se presente injerencia, intervención o
restricción por parte del Estado; (iii) La libertad de determinar su propio
objeto, las condiciones de admisión, permanencia, retiro y exclusión de sus miembros,
el régimen disciplinario aplicable, las instancias internas de poder y de
representación, la forma en que han de ser manejados sus propios recursos
económicos, la manera como se puede poner fin a la existencia de tales
organizaciones, y en general, la determinación de todos aquellos aspectos que
los miembros de dichos grupos consideren oportunos, con la debida sujeción
tanto al orden legal como a los principios democráticos; (iv) La imposibilidad
de cancelación o suspensión de su personería jurídica por vía diferente a la
judicial; y (v) La facultad de que disponen tanto los sindicatos como las
asociaciones de empleadores de constituir y de vincularse a federaciones y
confederaciones de orden nacional e internacional[30].
En síntesis, la Corte[31] ha interpretado este derecho desde su
faceta positiva, en el sentido de que la libertad de asociación sindical faculta a los trabajadores para que estructuren
organizaciones de diferente orden con el objeto de asumir su defensa frente a
los conflictos obrero patronales, para lo cual la misma Constitución establece
un conjunto de garantías, tales como el reconocimiento jurídico por la sola
inscripción del acta de constitución, reserva judicial para los casos de
cancelación o suspensión, fuero sindical y el sometimiento de su estructura
interna y funcionamiento al orden legal y al principio democrático[32]. Conforme
con la jurisprudencia constitucional en la materia, la libertad de asociación
sindical abarca todas las garantías y derechos que hagan posible el ejercicio
efectivo de la actividad sindical.
5.3. De otro lado, el derecho a la
negociación colectiva está descrito en el artículo 55 de la Carta Política[33] cuyo alcance ha sido definido por la jurisprudencia de la Corte aplicando el artículo 2º del
Convenio 154 de la OIT, aprobado mediante la Ley 524 de 1999 y estudiado en la
sentencia C-161 de 2000, que determina que la negociación colectiva es “un
concepto genérico que alude a las negociaciones que tengan lugar entre un
empleador, grupo de empleadores u organización de empleadores con una o varias
organizaciones de trabajadores, con el propósito de fijar las condiciones que
habrán de regir el trabajo y el empleo, o con el fin de regular las relaciones
entre empleadores y trabajadores a través de las diferentes organizaciones de
unos y otros”.
Asimismo
la Corte ha interpretado que los sujetos de la relación laboral en la
negociación colectiva, gozan de recíprocos derechos y obligaciones aunque su
intervención en el proceso no es igual, en la medida en que los empleadores
pueden actuar individualmente mientras que los trabajadores sólo pueden
adelantar conversaciones cuando se presentan a través de una organización.
La Corte[34] ha precisado
que el derecho de negociación colectiva no se limita a la presentación de los
pliegos de peticiones y a las convenciones colectivas, sino que incluye todas
las formas de negociación que se den entre trabajadores y empleadores y que
tengan el fin de regular las condiciones del trabajo mediante la concertación
voluntaria, la defensa de los intereses comunes entre las partes involucradas
en el conflicto económico laboral, la garantía de que los representantes de
unos y otros sean oídos y atendidos, así como la consolidación de la justicia
social en las relaciones que se den entre los empleadores y los trabajadores.[35]
Tal y como lo
señala la sentencia C-161 de 2000, reiterando la jurisprudencia en la materia,
la negociación colectiva libre y voluntaria “se presenta en el ámbito
constitucional como el derecho regulador de una esfera de libertad en cabeza de
patronos y los trabajadores”[36],
que goza de amplio sustento y garantía constitucional.
En
este orden de ideas, el derecho a la negociación colectiva debe leerse en
concordancia con el preámbulo de la Constitución Política y el artículo 2º de
la misma, en el sentido de que es deber del Estado promover y facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan, y en el caso
particular de los conflictos laborales, garantizar la amplia participación de
los sujetos de la relación laboral en la solución de sus controversias, siendo
precisamente este el sentido del artículo 55 de la Carta Política. Con este
argumento, la sentencia C-161 de 2000 señala cómo la solución de los conflictos
laborales en el marco de la negociación colectiva, representa un asunto de
interés público,
(…) Por consiguiente, es indudable que la posibilidad
de buscar la solución pacífica, concertada y libre a los conflictos en las
ramas de la actividad económica, no sólo beneficia e interesa a las partes de
la relación laboral sino que se convierte en un asunto que involucra el interés
público.
En otras palabras, de acuerdo con la Carta y con la
jurisprudencia constitucional[37],
el fin de la negociación colectiva es el de lograr una concertación voluntaria
y libre de condiciones de trabajo, el afianzamiento del clima de tranquilidad
social en un contexto de diálogo, la defensa de los intereses comunes entre las
partes del conflicto económico laboral, la participación de todas las partes en
el proceso y, el consolidación de la justicia social en las relaciones
laborales.
5.4. El derecho
de asociación sindical y el derecho a la negociación colectiva están
íntimamente relacionados[38]
porque como lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte[39], el derecho de
negociación colectiva es consustancial al derecho de asociación sindical, en
cuanto le permite a la organización sindical cumplir la misión que le es propia
de representar y defender los intereses económicos comunes de sus afiliados y
hacer posible, real y efectivo el derecho de igualdad, si se tiene  en cuenta
que dicha organización, por su peso específico, queda colocada en un plano de
igualdad frente al patrono.
No obstante lo
anterior, la Corte ha reconocido que se trata de derechos de diferente
naturaleza en cuanto el derecho a la libre asociación busca garantizar la
libertad sindical y tiene naturaleza fundamental, mientras que el derecho a la
negociación colectiva, tiene como fin regular las relaciones laborales y en
principio no tiene naturaleza fundamental aunque puede adquirirlo cuando se
presenta una amenaza o vulneración del derecho al trabajo o de asociación
sindical.[40]
Como lo señaló en su momento la sentencia C-161 de 2000,
“(…) de acuerdo con el artículo 55 superior la
negociación colectiva es un derecho destinado a “regular las relaciones
laborales”, el cual está ligado con otros derechos como el de asociación
sindical, pues la primera es una consecuencia de la existencia de sindicatos
cuyo “ejercicio potencializa y vivifica la actividad de la organización
sindical, en cuanto le permite a ésta cumplir la misión que le es propia de
representar y defender los intereses económicos comunes de sus afiliados”[41]. Por esta
razón, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la negociación
colectiva puede adquirir la categoría de derecho fundamental cuando su
desconocimiento implica la vulneración o amenaza de los derechos al trabajo o
de asociación sindical”[42].
Se trata en todo
caso de derechos que no tienen carácter absoluto por lo que pueden ser
limitados para proteger otros bienes jurídicos constitucionalmente relevantes
como la prevalencia del interés general, el cumplimiento de los objetivos
trazados por la política económica y social del Estado, la estabilidad
macroeconómica y la función social de las empresas, entre otros.[43]
5.5. La libertad de expresión está descrita en el
artículo 20 de la Constitución Política[44]
y por el artículo 13 de la Convención Interamericana
de Derechos Humanos.[45]
Se
trata de un derecho fundamental ampliamente reconocido por la Constitución
Política, los tratados y convenciones ratificados por Colombia[46] como la Convención Interamericana de Derechos
Humanos, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, y que goza de amplio
desarrollo jurisprudencial y doctrinario a nivel nacional e internacional.
La
Corte Constitucional posee una abundante jurisprudencia en esta materia acorde
con los estándares internacionales. Se destaca en particular la sentencia T-391
de 2007 que, a la luz de las disposiciones constitucionales y de los
instrumentos internacionales relativos a la libertad de expresión e información,
sintetiza la línea jurisprudencial que esta Corporación fijó desde sus primeras
sentencias y sistematiza los principales temas en relación con este derecho.
En
este orden de ideas, la Corte[47] ha reconocido que la libertad de expresión strictu
sensu, consiste en el derecho de las personas a expresar y difundir
libremente el propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin
limitación, a través del medio y la forma escogidos por quien se expresa.
Apareja el derecho de su titular a no ser molestado por expresar su
pensamiento, opiniones, informaciones o ideas personales, y cuenta con una
dimensión individual y una colectiva. La dimensión individual comprende el derecho
a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el propio pensamiento,
mientras que la dimensión colectiva consiste en el derecho de todas las
personas a recibir tales pensamientos, ideas, opiniones e informaciones de
parte de quien las expresa[48].
En
cuanto al alcance y contenido de este derecho, se han descrito  por lo menos
ocho rasgos del ámbito constitucionalmente protegido que se resumen a
continuación: (1) su titularidad es universal sin discriminación, compleja
(quien se expresa y del receptor), y puede involucrar intereses públicos y
colectivos, además de los intereses privados del emisor de la expresión;  (2)
sin perjuicio de la presunción de cobertura de toda forma de expresión por la
libertad constitucional, existen ciertos tipos específicos de expresión
respecto de los cuales la presunción de defensa del derecho es derrotada, por
consenso prácticamente universal plasmado en tratados internacionales que
obligan al Estado colombiano; (3) existen diferentes grados de protección
constitucional en los variados ámbitos de la expresión humana amparados por la
libertad de expresión stricto senso, por lo cual hay tipos de discurso
que reciben una protección más reforzada que otros – lo cual tiene efectos
directos sobre la regulación estatal admisible y el estándar de control
constitucional al que se han de sujetar las limitaciones. Por ejemplo hay que
tener en cuenta el emisor, de si es persona natural o jurídica, de la calidad
del mensaje que transmite (discusión política, intereses propios), etc; (4) la
expresión protegida por esta libertad puede ser tanto la del lenguaje
convencional, como la manifestada a través de conducta simbólica o expresiva
convencional o no convencional; (5) la expresión puede efectuarse a través de
cualquier medio elegido por quien se expresa, teniendo en cuenta que cada medio
en particular plantea sus propios problemas y especificidades jurídicamente
relevantes;  (6) la libertad constitucional protege tanto las expresiones
socialmente aceptadas como las que son inusuales, alternativas o diversas, lo
cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes,
escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas
mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de
la expresión como su tono; (7) su ejercicio conlleva, en todo caso, deberes y
responsabilidades para quien se expresa; y (8) impone claras obligaciones
constitucionales a todas las autoridades del Estado, así como a los
particulares.
Íntimamente
relacionado con la libertad de expresión, la libertad de información, se
caracteriza según lo ha establecido a Corte[49] por (1) su objeto jurídico específico, es decir la
libertad de información que protege la comunicación de todo tipo de situaciones
para que el receptor se entere de lo que está pasando (importancia interés del
receptor para que gracias a la información pueda ejercer el derecho a la
información), la libertad de información supone, además, que exista una
infraestructura material apta para captar y difundir la información; (2) al
igual que la libertad de expresión stricto senso, la libertad de
información es un derecho de titularidad universal y compleja pero el énfasis
jurisprudencial se pone en el receptor de la información; (3) su importancia
central para la democracia, (4) los deberes y responsabilidades específicos
implícitos en su ejercicio, con derechos correlativos para el receptor de la
información. Las principales obligaciones, así como los derechos correlativos
de los receptores de la información, se refieren a las características de la
información que se transmite – dicha información ha de ser “veraz e imparcial”,
y respetuosa de los derechos fundamentales de terceros, particularmente a la
intimidad y al buen nombre. La información sobre hechos, en tanto ejercicio de
la libertad de información, ha de ser veraz e imparcial, mientras que la expresión
de opiniones sobre dichos hechos, cubierta por la libertad de expresión stricto
senso, no está sujeta a estos parámetros. Las opiniones
equivocadas y parcializadas gozan de la misma protección constitucional que las
acertadas y ecuánimes; (5) la necesidad de aplicar el método de ponderación y
armonización concreta en caso de conflicto con otros derechos o valores
constitucionales, y (6) la existencia de obligaciones específicas de respeto,
protección y promoción para el Estado.
La jurisprudencia[50]
de la Corte ha señalado la importancia de la libertad de expresión en nuestro
ordenamiento constitucional, por cumplir un rol fundamental en el desarrollo de la autonomía y libertad de las personas y en
el desarrollo del conocimiento y la cultura, sino también por constituirse en
la base de la verdadera democracia participativa. Sobre esta base, se ha
señalado la relevancia de esta libertad[51], que protege no sólo la facultad de difundir y expresar
opiniones e ideas, o libertad de expresión en sentido estricto, sino también la
posibilidad de buscar, recibir y difundir  informaciones de toda índole, o
derecho y libertad de informar y ser informado[52].
Ahora bien, es importante anotar que si
bien la libertad de expresión no se constituye en un derecho absoluto, las
limitaciones de las cuales sea objeto deben ser necesarias, legítimas y estar
justificadas. Como bien lo establece la Opinión Consultiva No 05 del 13 de
noviembre de 1985, citada por la sentencia C-010 de 2000, la Corte
Interamericana analizó el alcance de este derecho concluyendo que su
restricción es conforme a la Convención Interamericana si consiste en una forma
de responsabilidad posterior, pues la censura previa se encuentra prohibida.
Por la importancia de la libertad de
expresión en el ordenamiento jurídico colombiano, las limitaciones a la
libertad de expresión se encuentran, en general, sometidas a un examen constitucional
muy estricto.
Finalmente,
es particularmente importante para efectos del presente caso, resaltar que la
jurisprudencia de la Corte ha reconocido la titularidad de este derecho en
cabeza tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas. La
sentencia T-391 de 2007 determinó la posibilidad de que las personas jurídicas
ejerzan el derecho a la libertad de expresión.
“Este punto es relevante tanto en el caso de partidos
políticos y otras colectividades y agremiaciones sociales con intereses
públicos o políticos, así como en el caso de empresas y organizaciones privadas
con ánimo de lucro; y cobra una dimensión especialmente significativa en el
caso de medios de comunicación o empresas editoriales, que además de ser
personas jurídicas en sí mismas y ejercer, por lo tanto, su propia libertad,
obran como canales para la expresión de terceros.  La Corte
Constitucional ha reconocido la existencia de un derecho a la libertad de
expresión en cabeza de los medios de comunicación, y ha aceptado en numerosas
oportunidades que las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos
fundamentales según su naturaleza particular; en consecuencia, es claro
que la libertad de expresión sí cobija a los medios de comunicación en tanto
personas jurídicas, así como a quienes se expresan a través de ellos (…) En el
derecho comparado también existen numerosas disposiciones jurisprudenciales que
reconocen a las personas jurídicas la titularidad de este derecho
constitucional, sea porque lo consideran inherente a la personalidad jurídica,
o porque consideran digno de protección el valor de sus expresiones,
independientemente de su fuente.[53]
Por su parte, la Corte Europea de Derechos Humanos ha reconocido que las
personas jurídicas – medios de comunicación (tales como las editoriales),
independientemente de si se asocian o no con el contenido de lo que publican,
juegan un rol central en el ejercicio de la libertad de expresión al proveer a
los autores de un medio para tal ejercicio; por ello, las afectaciones de la
libertad de expresión que se manifiesta a través de tales medios, afectan a su
vez sus propios derechos fundamentales como personas jurídicas[54]” (Subrayado y negrilla
fuera del texto).
La
libertad de asociación o de afiliación para constituir una persona jurídica,
requiere también que los derechos de esas entidades sean amparados y se les
garantice el ejercicio de las actividades que le son propias. Lo anterior es
espacialmente ilustrativo en el caso de los sindicatos a los que, en algunos
países, se les ha reconocido la titularidad de derechos fundamentales y se les
han conferido derechos no consagrados en la Constitución gracias a una
interpretación expansiva de la libertad sindical. Por ejemplo en España, se ha
considerado que la libertad sindical implica “la libertad de los sindicatos de
actuar libremente en la defensa y promoción de los intereses económicos y
sociales que le son propios, permitiendo así que la propia actividad del
sindicato, como elemento teleológico que forma parte del contenido esencial de
la libertad sindical, se integre en el artículo 28.1 de la Constitución y goce
de la protección que el artículo 53.2 atribuye a los derechos y libertades
reconocidos en la sección primera del capítulo segundo”[55].
En
Colombia, se ha reconocido expresamente por la jurisprudencia constitucional,
que las personas jurídicas en general pueden buscar el amparo de sus derechos
fundamentales a través de la acción de tutela[56].  Se ha señalado que las
personas jurídicas, en cuanto proyección del ser humano, tienen sus propios
derechos fundamentales como la propiedad, el debido proceso, el derecho de
petición, el derecho de acceso a la información. Por consiguiente en nuestro
ordenamiento jurídico se reconoce que, al igual que las personas naturales, las
personas jurídicas se encuentran habilitadas para ejercer derechos y contraer
obligaciones.
En
la medida en que la titularidad de la libertad de expresión ha sido reconocida
por la Corte en cabeza de personas tanto naturales como jurídicas, se entiende
que ésta se extiende también a otras organizaciones como los sindicatos y sus
miembros. Es importante anotar en este punto que, si bien la libertad de
expresión es un derecho inherente a los sindicatos porque por medio del mismo
se garantizan otros derechos de este tipo de organizaciones, su reconocimiento
explícito en la jurisprudencia internacional es relativamente reciente[57]. La OIT ha
recopilado las decisiones de varias Cortes del mundo que han reconocido la
libertad de opinión y de expresión de los sindicatos considerando entre otras
cosas que “el
ejercicio pleno de los derechos sindicales requiere la existencia de una
corriente libre de informaciones, opiniones e ideas y, con este fin, tanto los
trabajadores y los empleadores como sus organizaciones deberían disfrutar de
libertad de opinión y de expresión en sus reuniones, publicaciones y otras
actividades sindicales”[58]. También se
reconoce que no obstante el establecimiento de una censura general
se relaciona en principio con el ejercicio de los derechos civiles, puede
afectar los derechos sindicales si la censura se presenta en el marco de un
conflicto profesional porque esto puede repercutir en la evolución del
conflicto y perjudicar a las partes al impedir la difusión de los hechos
exactos[59].
Dicho
lo anterior, se concluye que en el caso de los sindicatos, la libertad de
expresión se refiere a la posibilidad de informar, difundir ideas y opiniones
en el ámbito laboral. En el marco de procesos de negociación colectiva, los
sindicatos pueden expresar a través de cualquier medio escrito, simbólico,
convencional o no convencional sus intereses promoviendo la libertad de
asociación sindical y la negociación colectiva. En este sentido se trata de un
derecho de doble dimensión: de un lado, el sindicato tiene el derecho a
expresarse y a transmitir opiniones; de otro lado los trabajadores tienen el
derecho a recibir la información.
6. Caso Concreto
6.1. En el
presente caso se encuentra que el sindicato SINTRAINDULECHE de la empresa
PROLECHE ha sido legalmente constituido y se encuentra reconocido por la
Resolución 1583 de 1955 del Ministerio del Trabajo.
Se ha
constatado que SINTRAINDULECHE y PROLECHE, empezaron un proceso de negociación
colectiva el 23 de julio de 2010, cuando SINTRAINDULECHE presentó pliego de
peticiones a PROLECHE.
La etapa
de arreglo directo iniciada por las partes el 4 de agosto de 2010[60] terminó el
23 de agosto del mismo año[61]
sin que se llegara a ningún acuerdo aunque tanto el sindicato como la empresa
expresaron su disposición de superar el conflicto.
Luego de
la etapa de arreglo directo y mientras se establecía la constitución de un
Tribunal de Arbitramento, algunos miembros del sindicato, realizaron
manifestaciones públicas para defender el pliego de peticiones mediante
afiches, volantes, pancartas y petos. El sindicato afirma que había recibido la
autorización de la bacterióloga Margarita Toro del Departamento de Control de
Calidad de la empresa, pero en realidad la señora Toro no tenía la competencia
para autorizar la fijación de las pancartas tal y como lo aclara la empresa en
el escrito de impugnación.
Luego de solicitar infructuosamente al sindicato el
retiro de los medios publicitarios en defensa del pliego de peticiones, la
Gerencia de PROLECHE retiró los afiches, volantes, pancartas y petos de la
empresa e inició procesos disciplinarios contra aproximadamente 20 miembros del
sindicato por haber violado el reglamento interno de trabajo que prohíbe
realizar este tipo de acciones dentro de la empresa[62].
De las pruebas solicitadas a PROLECHE se desprende que
el Tribunal de Arbitramento Obligatorio, fue efectivamente convocado mediante
la resolución 00398 del 15 de febrero de 2011 y que éste se encuentra
adelantando el trámite legal correspondiente para que próximamente se
posesionen los árbitros.
Asimismo se señala que las partes
se han seguido reuniendo a instancias de la mediación propiciada por el
Ministerio de la Protección Social, y que se espera que en las próximas semanas
se logre el acuerdo definitivo para firmar la nueva convención colectiva de
trabajo.
Con relación a las sanciones
disciplinarias a los trabajadores, PROLECHE manifestó que los trabajadores
presentaron sus descargos, se les comunicó la respectiva sanción disciplinaria,
la cual no fue objeto de apelación o solicitud de revisión como lo establecen
tanto la convención colectiva como el propio reglamento interno de trabajo
vigente. Sin embargo la empresa indicó que en la mesa de negociación a la que
asisten las partes, los sindicatos han solicitado que se revisen las
mencionadas sanciones disciplinarias.
6.2. En relación con los hechos anteriormente enunciados,
SINTRAINDULECHE afirma que PROLECHE vulneró sus derechos a la libertad
de expresión, la libertad sindical y la negociación colectiva de SINTRAINDULECHE
por haber retirado los medios publicitarios a través de los cuales el sindicato
manifestó su defensa al pliego de peticiones y por haber impuesto las sanciones
disciplinarias previstas en el reglamento de trabajo a quienes participaron de
esta actividad. El asunto que se discute entonces no es el de la negociación
colectiva como tal, sino de la eventual violación de los derechos fundamentales
del sindicato en el marco de la misma.
6.3. Por
su parte PROLECHE considera que no se han vulnerado los derechos del sindicato
porque el Reglamento de la empresa expresamente establece la prohibición de
distribuir esta clase de material publicitario, y consagra las sanciones
disciplinarias para quienes desobedezcan dicha prohibición. En efecto, el artículo
57 numeral 60 del Reglamento Interno de la empresa, establece que no se pueden
distribuir periódicos, hojas volantes, circulares o portar afiches y carteleras
no ordenadas o autorizadas por la empresa dentro de las instalaciones. De otro
lado, el numeral 61 del mismo artículo prohíbe fijar carteles, pintar avisos de
cualquier clase en cualquier sitio de las instalaciones, fuera de las
carteleras asignadas para tal fin, sin la correspondiente autorización. Sumado
a lo anterior, el artículo 55 numeral 15 del reglamento prohíbe modificar o
alterar el uniforme, y colocarse petos o afiches encima del mismo ya que, al
tratarse de una empresa dedicada a la producción de alimentos lácteos, debe
guardar todas las normas de aseo requeridas por las autoridades de salud.
6.4. En este caso se constata un conflicto entre el
ejercicio de la libertad de empresa que comprende el derecho de imponer el
reglamento de trabajo y las sanciones correspondientes a los empleados que lo
desacaten, y la efectividad de los derechos a la asociación sindical, la
negociación colectiva y la libertad de expresión. En otras palabras, el
presente caso involucra la delimitación del ejercicio y defensa de intereses
legítimos de los patronos que condicionan el goce de derechos fundamentales de trabajadores
mediante la adopción de medidas cuya constitucionalidad se cuestiona. El fondo
del asunto es entonces determinar si en el marco de las relaciones laborales,
los principios fundantes del Estado Social de Derecho restringen
constitucionalmente el uso de medios de control social y de defensa de
intereses legítimos.
En la
práctica habrá que hacer un ejercicio de armonización para resolver la colisión
entre derechos fundamentales, analizando si  las disposiciones que prohíben
distribuir y fijar materiales publicitarios dentro de la empresa, y la norma
que impone sanciones disciplinarias a quienes desobedezcan dicha prohibición,
son proporcionales.
En este orden de ideas habrá
que realizar en primer lugar un juicio de idoneidad de las medidas orientado a
establecer si la restricción a los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados, permite realizar un fin legítimo o un interés de naturaleza
constitucional. En segundo lugar, será necesario realizar un juicio de necesidad
que permita determinar si las restricciones realizadas por la empresa son
indispensables para lograr el fin legítimo, o si existen medidas menos lesivas
de los derechos de los trabajadores y del Sindicato. Finalmente, y siempre que
sean superados los juicios de idoneidad y de necesidad, se realizará el juicio
de proporcionalidad en sentido estricto basado en la ley de la ponderación que
permite asignar peso a los derechos en colisión y establecer una comparación
entre los mismos.
6.5. Encuentra la Corte que el
medio utilizado para lograr el fin que se propone la empresa, consiste en tres
tipos de prohibiciones que logran el fin buscado: 1) la no distribución de
volantes, circulares, afiches, carteleras no ordenadas o autorizadas por la
empresa; 2) la no fijación de carteles ni avisos de cualquier clase en
cualquier sitio de las instalaciones fuera de las carteleras asignadas para tal
fin; 3) la no modificación del uniforme de trabajo ni la utilización de petos o
afiches encima del mismo.
Con respecto a las dos
primeras medidas, el artículo 57 numeral 60 y 61 del reglamento interno de
trabajo de PROLECHE, dispone respectivamente la prohibición de distribuir
periódicos, hojas volantes, circulares o portar afiches y carteleras no
ordenadas o autorizadas por la empresa dentro de las instalaciones y prohíbe
fijar carteles, pintar avisos de cualquier clase en cualquier sitio de las
instalaciones, fuera de las carteleras asignadas para tal fin, sin la correspondiente
autorización.
El fin buscado por el empresario consiste entonces en
la regulación del proceso comunicativo al interior de la empresa a través de la
prohibición de distribución de material publicitario y de fijación del mismo
sin la autorización de la empresa en los lugares que ésta disponga. Se trata de
un fin lícito del empleador que se relaciona directamente con la libertad
económica y la facultad de dirección y gerencia que entraña reglas de subordinación.
En cuanto a la necesidad de las medidas adoptadas para
el logro de este fin legítimo, se considera que la facultad de limitar proceso
de comunicación al interior de la empresa a través de mecanismos relacionados
con la prohibición de fijar y distribuir material publicitario y las
consiguientes sanciones disciplinarias a los trabajadores, puede llegar a ser
lesiva de la libertad de expresión del sindicato, y por esta misma vía, del
derecho de asociación sindical y de negociación colectiva, en particular cuando
las partes se encuentran en medio del proceso de negociación del pliego de
peticiones. En efecto, en el marco de este tipo de procesos de negociación, el
sindicato tiene el derecho a defender sus intereses y a comunicarlos a los
miembros del sindicato que laboran en la empresa. La libertad de expresión y de
opinión como se describió anteriormente, se encuentra ampliamente garantizada
por la Constitución Política y su restricción solo puede obedecer a razones
relacionadas con el interés general. La empresa puede regular, mas no anular el
derecho de libre expresión sindical: puede, por ejemplo,  establecer reglas de
ubicación de afiches y similares en carteleras prefijadas por ella misma o
autorizadas al sindicato, mas no ignorar su derecho de  información sobre el
curso y contenido de la negociación. Cabe anotar en este punto que, tal y como
ha quedado probado en el expediente, los mensajes contenidos en las pancartas
no son irrespetuosos con respecto al empleador y se limitan a solicitar el
apoyo del pliego de peticiones a los trabajadores y distribuidores de la
empresa y a informar sobre el proceso de negociación colectiva[63]. En este caso se
constatan entonces algunos márgenes de limitación innecesaria de la libertad de
expresión del sindicato,  que incide directamente en el ejercicio de la
libertad sindical de los trabajadores y en su derecho a la negociación
colectiva.
En
efecto, teniendo en cuenta la titularidad de derechos fundamentales en cabeza
de los sindicatos, la Corte considera que, en el ejercicio de dichos derechos,
como lo son la libertad sindical y la negociación colectiva, el sindicato debe
poder expresar y defender sus intereses, difundiendo sus opiniones sobre el
proceso, para que también los trabajadores conozcan la posición del sindicato y
participen informadamente.
Especialmente
en el marco de los procesos de negociación colectiva, las estrategias
comunicativas empleadas por el sindicato, representan formas de persuasión y se
constituyen en un modo de presión legítimo característico del giro ordinario de
las organizaciones sindicales.
Cabe
decir que a diferencia del empleador, las organizaciones sindicales se
constituyen por una pluralidad de personas por lo que requieren que se les
garantice su libertad de expresarse de manera que puedan divulgar información y
promover concertaciones internas. En otras palabras, la libertad de expresión
es un derecho propio no solo de los trabajadores, sino de los sindicatos como
tal, que requieren una base social informada y cohesionada, y que tienen
derechos y obligaciones de información con relación a los trabajadores.
Por
todo lo anterior, se considera que es válido que no solo los trabajadores, sino
también el sindicato reclame la titularidad del derecho a la libre expresión, y
que solicite por vía de tutela su amparo frente a eventuales violaciones por
parte del Estado o de particulares. En la modalidad de fijación de afiches y
carteles, debe la Empresa establecer carteles o espacios aptos para el
ejercicio eficaz de este derecho, para así armonizar su ejercicio con las
regulaciones propias de un reglamento de trabajo.
6.6. Con respecto a la medida
relacionada con la no modificación del uniforme de trabajo ni la utilización de
petos o afiches encima del mismo, ésta se encuentra descrita en el artículo 55,
numeral 15 del reglamento prohíbe modificar o alterar el uniforme, colocarse
petos o afiches encima del uniforme. En este caso, se considera que el fin
buscado por el empresario es legítimo porque consiste no solo en el control del
proceso comunicativo al interior de la empresa sino a mantener las condiciones
de higiene que se requieren al interior de la empresa para la producción de los
alimentos. Con respecto a esta última medida, encuentra la Corte razonable, que
tratándose de una empresa de alimentos, se prohíba utilizar petos o afiches
encima de los uniformes de trabajo porque los empleados deben cumplir con las
normas de aseo para este tipo de producción. En este caso el fin y el medio
utilizados son legítimos y adecuados. Se considera entonces que la medida
representa una limitación razonable a la libertad de expresión de los
trabajadores y del sindicato, y por esta vía, de la asociación sindical y la
negociación colectiva, que los trabajadores no utilicen ni afiches encima de
sus uniformes ni petos porque lo anterior podría incidir en las condiciones de
salubridad exigidas para la producción de alimentos.
6.7.  Como lo ha señalado la Corte en casos similares al que
se analiza en la presente sentencia[64],
es natural que los particulares ejerzan control social sobre otros particulares
y desde la perspectiva jurídica, es legítima la utilización de diversos
mecanismos para regular distintos actos de las personas en la vida en sociedad.
En el marco de las actividades económicas y empresariales, también los patronos
tienen derecho a la defensa de sus intereses legítimos mediante la adopción de
medidas de control de la conducta de los trabajadores y en este orden de ideas
es viable que tomen decisiones para regular las relaciones dentro de su
empresa. Los contratos y reglamentos internos de trabajo regulan las obligaciones
de los empleados y se constituyen en mecanismos válidos y lícitos para ello.
Sin embargo, la Corte[65]
ha indicado que debido a la relevante posición económica y social que ocupan
las empresas en el mercado, la Constitución ordena que “ante la posibilidad de
la utilización de mecanismos, para la defensa de intereses legítimos, no
conciliables con otros principios, derechos y valores constitucionales, debe
brindarse protección a los derechos fundamentales frente a los posibles abusos
o excesos cometidos en las relaciones privadas laborales”[66].
Las decisiones del empresario
no serán restringidas por el Estado siempre que no invaliden injustificadamente
la libertad de los trabajadores por lo que al patrono se le exige una
“razonabilidad constitucional” en sus acciones. La libertad de regulación de
las empresas no es absoluta como lo ha dicho la Corte en reiterados
pronunciamientos, en la medida en que no puede limitar o desconocer los derechos de trabajadores
infringiendo la Constitución y las leyes.
Teniendo en cuenta lo
anterior, la Corte considera que en este caso las regulaciones internas de la
actividad empresarial son legítimas pero no pueden llegar al punto de limitar o
restringir los derechos de los trabajadores y del sindicato en particular en el
marco del proceso de negociación colectiva, cuando se hace indispensable
defender los intereses de la asociación sindical y dar a conocer a los trabajadores
información importante para su causa.
Frente al problema jurídico planteado inicialmente, se
concluye entonces que, en un contexto de negociación colectiva, habiendo
estrategias de confrontación de parte y parte, el hecho de conferirle al
empleador la posibilidad
de restringir la libertad de expresión, herramienta fundamental del sindicato,
es darle una ventaja inconstitucional y desproporcionada,  que además vulnera
los derechos de asociación sindical y negociación colectiva.
Por lo anterior la Corte considera que: (i) la aplicación
de las normas del reglamento interno de trabajo referentes a la prohibición de
distribuir panfletos, volantes y similar material publicitario dentro de la
empresa, lesiona el derecho de libertad de expresión sindical; (ii) la fijación
de afiches, pancartas y material gráfico debe hacerse en las carteleras o
espacios prestablecidos por la empresa, cuidando que sean suficientes y
eficaces para asegurar el derecho de información de sindicato y trabajadores;
(iii) la utilización de petos o afiches encima de los uniformes
de trabajo por los empleados, pueden afectar las condiciones de aseo y las
normas de salubridad implícitas en este tipo de actividad productiva de
alimentos.
De otro lado, la Corte no
se pronunciará sobre las sanciones impuestas a los miembros del sindicato que
participaron en estas acciones. Esto en razón de que dichas sanciones no fueron
recurridas o impugnadas por sus destinatarios, a pesar de que tuvieron la
oportunidad de hacerlo en los términos establecidos tanto en la
convención colectiva como en el propio reglamento interno de trabajo vigente[67]. Lo anterior, sin perjuicio de
que, en ejercicio de los derechos de libertad económica y negociación
colectiva, empresa y sindicato lleguen a acordar su modificación o revocatoria.
Por todo lo expuesto, se
revocarán los fallos de instancia, por las razones expresadas en esta
sentencia, y se tutelará parcialmente el derecho a la libre expresión e
información del sindicato.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.-
Revocar parcialmente la sentencia del Juzgado
Catorce Civil del Circuito de Medellín del 3 de noviembre de 2010 que confirmó
la decisión del Juzgado Decimosexto Civil Municipal de Medellín del 21 de
septiembre de 2010. En su lugar, amparar la libertad de expresión y la
actividad sindical de SINTRAINDULECHE respecto de la posibilidad de fijar
afiches, pancartas y distribuir material gráfico y panfletos en las carteleras
y espacios preestablecidos en el interior de la empresa.
Por ende ORDENAR a PROLECHE disponer de espacios suficientes y
eficaces para  la fijación de los afiches y pancartas de manera que se asegure
la libertad de expresión y el derecho a la información del sindicato y de los
trabajadores.
Conforme a lo
anterior ORDENAR a PROLECHE abstenerse de restringir en adelante los derechos
sindicales y de expresión de los trabajadores de la empresa en los términos
establecidos en esta sentencia.
SEGUNDO.-ORDENAR a PROLECHE que modifique el reglamento interno
de trabajo acorde a lo expuesto en la presente sentencia.
TERCERO.- Confirmar
parcialmente la sentencia del Juzgado
Catorce Civil del Circuito de Medellín del 3 de noviembre de 2010 que confirmó
la decisión del Juzgado Decimosexto Civil Municipal de Medellín del 21 de
septiembre de 2010 respecto de la posibilidad de que los trabajadores de
SINTRAINDULECHE utilicen petos o afiches encima de los uniformes de trabajo por
las razones expuestas en esta providencia.
CUARTO.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
Con aclaración de voto
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
A LA SENTENCIA T- 434/11
Referencia:
expediente T -2.914.433
Fallo
de tutela objeto de revisión:
Sentencia del Juzgado Catorce Civil del Circuito de Medellín, del 3 de
noviembre de 2010
Accionante:
Jaider Alberto Barrientos Correa en
representación de SINTRAINDULECHE.
Accionado: PROLECHE
S.A. Procesadora de leche.
Magistrados
de la Sala Segunda de Revisión: Mauricio González Cuervo, Juan Carlos
Henao Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Magistrado
Ponente: Mauricio GonzAlez Cuervo.
Con
el acostumbrado respeto por las decisiones que adopta la mayoría, me permito
presentar la siguiente aclaración de voto, por cuanto considero que debió
exponerse en la parte motiva de la providencia, de manera más clara y
contundente, el por qué el derecho fundamental del sindicato SINTRAINDULECHE a
la libertad de expresión y a la actividad sindical se vulneró con la conducta
de la empresa.
Hago
referencia a lo señalado en materia de restricción de la posibilidad de
publicitar la actividad desarrollada por el sindicato (repartición de volantes
y fijación de afiches y carteles, etc.) y a la argumentación que sirvió para
ordenar la modificación del reglamento de trabajo de la empresa accionada, en
los términos señalados en la sentencia.
1.
La primera es la prohibición de repartir volantes y la restricción de fijar
afiches y pancartas en las carteleras y espacios preestablecidos en el interior
de la empresa y que dieron lugar a la orden primera de la sentencia  T-434 de
2011. En ella se declara una situación jurídica y se adoptan dos fórmulas para
su corrección. La declaración se da cuando ampara los derechos a “la
libertad de expresión y la actividad sindical de SINTRAINDULECHE respecto de la
posibilidad de fijar afiches, pancartas y distribuir material gráfico y
panfletos en las carteleras y espacios preestablecidos en el interior de la
empresa”. En cuanto a las órdenes a PROLECHE, se encuentran la de “disponer
de espacios suficientes y eficaces para  la
fijación de los afiches y pancartas de manera que se asegure la libertad de
expresión y el derecho a la información del sindicato y de los trabajadores”.Y también la de “abstenerse de restringir en
adelante los derechos sindicales y de expresión de los trabajadores
de la empresa en los términos establecidos en esta sentencia”.
Comparto
enteramente la decisión en lo que hace referencia a la prohibición de
distribuir panfletos, volantes, etc., y el efectivo acto de recolección de los
mismos por parte de la empresa, como hechos demostrados y que suscitaron la
tutela. Pues en este caso, la vulneración de los derechos sindicales quedó
acreditada en el proceso, tanto por existir la norma del reglamento que prohíbe
esa distribución, como porque PROLECHE procedió en consecuencia, recogiendo los
volantes repartidos.
Sin
embargo, estimo que la misma claridad no se presentó con respecto a la
definición de la insuficiencia de los espacios dispuestos por la empresa para
la fijación de afiches, pancartas y otros similares. Es decir, que no hubo ni
pruebas ni argumentación suficiente para determinar el exceso con que obró la
empresa al momento de retirarlos, porque no hay evidencia de que los espacios
que se reconoce PROLECHE disponía para la fijación de dicho material
informativo y publicitario fuese escaso o reducido y ni se determina por qué el
ofrecido no garantizaba las condiciones mínimas para que el sindicato pudiera
comunicar sus actividades, propósitos, reclamos y el curso del proceso de
negociación colectiva. Tampoco se determinó si el retiro por parte de la
empresa del material fijado por el sindicato, operó incluso sobre los afiches y
pancartas ubicados en los espacios habilitados por PROLECHE.
Es
decir que en la sentencia T-434 de 2011 no se muestra el razonamiento
probatorio de que se sirvió el juez constitucional para adoptar la decisión de
ordenarle a la accionada el disponer de espacios suficientes y eficaces para la
fijación de los afiches y pancartas, así como de abstenerse de restringir de
esta manera los derechos sindicales y de expresión de los trabajadores.
Y
esta valoración, a mi juicio, resultaba indispensable para arropar de plena
legitimidad la medida señalada, pues no se debe olvidar que en este, como en
tantos procesos de tutela entre particulares, ambas partes defienden posiciones
jurídicas protegidas por la propia Constitución, como en este caso serían los
derechos sindicales por una parte, pero también la libertad de empresa por
otra.
Las
pruebas en el procedimiento de tutela, deben ser analizadas a la luz de la
regulación existente. Así, en el Decreto 2591 de 1991 se prevé al respecto:
-
En el artículo 17, contempla ya una primera oportunidad en cabeza del juez,
como quiera que desde la recepción de la solicitud, puede aquél, ante la falta
de determinación de los hechos o la razón que motiva la solicitud de tutela, prevenir al solicitante para que la
corrija y aclare.
-A
su vez en el artículo 18 se señala que recibida la solicitud podrá ordenarse el
restablecimiento inmediato del derecho, “siempre
y cuando el fallo se funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir una
grave e inminente violación o amenaza del derecho”.
- Pero también en el artículo 19 contempla la
posibilidad de que el juez requiera informes al accionado, que se consideran “rendidos
bajo juramento”. Y en el artículo 20 se dispone que habrá
“presunción de veracidad”, ante la no rendición del informe requerido,
es decir, que “se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de
plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa”.
- También se contempla en el artículo 21, la posibilidad
de requerir información adicional para la veracidad de los hechos denunciados,
“que deberá rendirse dentro de tres días con las pruebas que sean
indispensables”. Y además, si fuere necesario, “se oirá en forma verbal
al solicitante y a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud, de todo lo
cual se levantará el acta correspondiente de manera sumaria”.
-
Se establece, sin embargo, en este mismo precepto que “En todo caso, el juez
podrá fundar su decisión en cualquier medio probatorio para conceder o negar la
tutela”.
- Y finalmente, se determina que “El juez, tan
pronto llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá
proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas”.
Por
lo demás, con referencia a la práctica de pruebas en sede de revisión, dispone
el Acuerdo no. 5 de 1992:
-
En el artículo 57 se determina que “con miras a la protección inmediata y
efectiva del derecho fundamental vulnerado y para allegar al proceso de
revisión de tutela elementos de juicio relevantes, el Magistrado sustanciador,
si lo considera conveniente, decretará pruebas”. E incluso, como refuerzo a
dicha facultad, el artículo 58 prevé que “Bajo los apremios legales, si
fuere el caso, en todos los procesos el Magistrado sustanciador podrá insistir
en la práctica de las pruebas decretadas y no recaudadas”, y en caso de “dilaciones
injustificadas” en el aporte de las mismas, puede acudir a la Sala de Revisión
o a la Sala Plena para que “se adopten las medidas pertinentes”.
No es el procedimiento de
tutela entonces un régimen desprovisto de reglas específicas en materia
probatoria. Por esto, tanto los jueces de instancia como en su caso la Corte en
sede de revisión, debe servirse de las mismas para determinar si los derechos
fundamentales alegados en cada caso se verifican vulnerados y en qué grado, de
modo que el fallo por adoptar se ajuste del modo más acertado posible al tipo
de protección requerida del derecho por tutelar.
Como resultado de la
interpretación de tales reglas, la jurisprudencia constitucional ha decantando
los siguientes criterios de aplicación:
-
Se aplica, prima facie, el principio del derecho común sobre la
carga de la prueba. Así, en sentencia T-130 de 2010, se dijo al respecto: “En
este tópico, la Sala debe señalar que el principio de informalidad que orienta
el ejercicio de la acción de tutela no puede convertirse en un elemento
procesal que permita acceder de manera superficial a las solicitudes de amparo,
a partir de documentos incipientes como el aportado por el demandante. Es
necesario entonces por regla general, que quien solicita la protección
constitucional demuestre su dicho (onus probandi incumbit actori) de tal
forma que el juez pueda llegar al convencimiento y en esa medida disponga el
restablecimiento de los derechos fundamentales que se encuentran comprometidos”(decisión
que reitera las sentencias T-335 de 2007, T-131 de 2007, T-087 de 2006).
Sin embargo, conforme a los
preceptos del Decreto 2591 de 1991 que se han citado, también la doctrina
constitucional de la Corte ha decantado excepciones y precisiones a esta regla,
a saber:
-
En
primer lugar lo establecido en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, que
prevé la presunción de veracidad de lo afirmado por el actor, cuando el informe
solicitado por el juez de tutela a la entidad accionada no se hubiere rendido.
-
En
la excepción configurada por la jurisprudencia conforme al artículo 13
constitucional, respecto de las solicitudes de tutela formuladas por los grupos
de especial protección, por las condiciones de vulnerabilidad en que se
encuentran (vrg. sentencias  T- 582 de 2011 y T-605 de 2008, para el caso de
los desplazados).
-
Y
como manifestación del anterior razonamiento, también la jurisprudencia de esta
Corte la ha aplicado con referencia a quienes se encuentran protegidos por la
garantía de la estabilidad laboral reforzada, toda vez que el proceso de tutela
es de naturaleza sumaria y la demostración de la conducta discriminatoria del
empleador es de difícil demostración por parte del trabajador. Por ello se ha
sido enfática en trasladar a aquél la carga de la prueba sobre la legalidad del
despido, consagrando una presunción de despido discriminatorio cuando el mismo
se ha efectuado sin la autorización del Inspector de Trabajo (p.e. sentencias
T-132 de 2011, T-1083 de 2007).
-
Y
en línea con lo anterior, en el caso de los reclamos de trabajadores a quienes
no les pagan su sueldo,
la Corte ha determinado que de ser esta su única posibilidad de ingresos, se
presume la afectación del mínimo vital propio y de su familia (sentencia T-074
de 2000).
Mas
aparte de las anteriores presunciones, bajo el entendido de que la tutela es
una acción que puede ser ejercida directamente por la persona que reclama
protección de sus derechos fundamentales, sin que deba cumplir con la
representación especializada con el ius postulandi, pero también, como
quiera que los reclamos en sede de tutela por su naturaleza misma suelen
apuntar hacia la protección de ámbitos iusfundamentales de los derechos,
de elementos directamente relacionados con la dignidad humana y en su caso,
destinados a evitar la configuración de un perjuicio irremediable, la
jurisprudencia de la Corte también ha recalcado que las funciones del juez de
la causa en materia probatoria están llamadas a reforzarse.
No
se trata de suplir en general la necesaria iniciativa del actor, pero sí de
reunir la información que el asunto reclame, a efectos de llegar al
convencimiento que le permita proferir una decisión justa. Así se aprecia en
sentencia T-864 de 1999[68],
en donde se afirmó, conforme la jurisprudencia[69], sobre “la necesidad de acreditar la
vulneración o amenaza de un derecho fundamental, pues es indispensable ‘un
mínimo de evidencia fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la
realización del daño o en el menoscabo material o moral’[70]del
derecho cuya efectividad se solicita a través de la acción de tutela”. Esta
carga, en principio corresponde asumirla a “quien padece el daño o la
amenaza de afectación”. Con todo, el juez de tutela “puede solicitar
pruebas de oficio, como quiera que está a su cargo un mínimo de actuación
conducente a reunir los elementos de juicio indispensables para resolver el
asunto que se somete a su consideración”.
De este modo se precisó que, no es ésta sólo una potestad
ordinaria del juez (art. 179 del Código de Procedimiento Civil y artículos 19,
21 y 32 del Decreto 2591 de 1991) “sino que es un deber inherente a la
función judicial, pues la decisión con fuerza de cosa juzgada, exige una
definición jurídicamente cierta, justa y sensata del asunto planteado”. No
existe allí el propósito, reitera la sentencia, de “liberar al accionante, en procesos de tutela, de la
carga de probar los hechos en que fundamenta su petición, como es su deber,
sino de recordar al juez que sus decisiones deben basarse en hechos plenamente
demostrados, para lograr así decisiones acertadas y justas que consulten la
realidad procesal’[71]”[72].
Incluso la
oficiosidad que se señala puede estar dirigida a que el juez reclame al propio
actor, la información necesaria con la cual se complete la incertidumbre
existente en torno de los hechos expuestos y de la necesidad de una protección
como la que se deriva de la tutela. Así se formuló en el caso de la T- 699 de
2002, en donde el juez de instancia denegó la tutela al derecho a la salud, por
cuanto el actor no demostró que carecía de recursos para efectuar el copago
necesario para una prestación que reclamaba. En estas circunstancias dijo la
Corte que, “no es justo concluir que no se reúne uno de los requisitos
indispensables para acceder a la tutela por la ausencia de pruebas para
demostrarlo, atribuyendo esa falencia al actor, quien en la mayoría de los
casos no sabe qué ni cómo puede probar un hecho determinado, dejando de lado
que el juez constitucional de tutela como director del proceso debe hacer uso
de la facultad oficiosa que la ley le confiere para decretar la práctica de
pruebas que estime necesarias para dictar fallo de fondo ajustado a derecho resolviendo
el asunto sometido a su conocimiento”[73].
Pero,
como se advertía ya, las exigencias para el juez en la tutela dependen
intensamente del caso y de las circunstancias específicas en que se halle quien
reclama la protección de sus derechos fundamentales. En la sentencia T-498 de
2000, por ejemplo, donde se demandaba un examen de diagnóstico de cáncer para
un niño, que fue denegado por la EPS y no se había ordenado por el juez de
instancia bajo el argumento de que los accionantes no habían aportado las
pruebas para confirmar la necesidad del mismo, en cuanto a la protección efectiva de los derechos fundamentales y
deber del juez de practicar pruebas, dijo la Corte que: “Una Constitución
humanista como la de 1991, no se preocupa solamente por declarar la existencia
de derechos fundamentales sino también por consagrar mecanismos tendientes a
hacerlos efectivos”. Es el caso de la hermenéutica de la iusfundamentalidad
que exige una actuación particular del juez que estudia acciones de tutela,
entre otras para “desligar criterios eminentemente formalistas y otorgar
prevalencia al derecho sustancial que involucra la situación fáctica concreta (C.P.
art. 228)” y además,  “le reclama al juez una mayor participación en la
búsqueda de la máxima efectividad de la Constitución”, con las actuaciones
“mínimas y razonables para la
verificación objetiva de los hechos sometidos a su consideración”, para alcanzar una “‘definición jurídicamente
cierta, justa y sensata del asunto planteado’[74]”[75].
De
lo que se trata es entonces, de que el juez de tutela ejerza cuando así lo
reclamen las circunstancias, las “amplias facultades con miras a establecer
la verdad de los acontecimientos que se llevan a su análisis y las verdaderas
circunstancias del caso controvertido, (…)[de] utilizar esas posibilidades para
asegurar así la inmediación que requiere con el objeto de acertar en su fallo.
Si no lo hace, corre el riesgo de dejar desprotegidos derechos fundamentales
que merecen protección o de obrar, por el contrario, con tal precipitud que
ampare situaciones que no requieren la intervención judicial o respecto de las
cuales ella no cabe.”[76]
Este
panorama sobre el régimen probatorio en sede de tutela, es el que me ha llevado
a formular la presente aclaración de voto, porque a mi juicio en la sentencia
no se desarrolló el análisis que la situación imponía, para dejar plasmado con
toda nitidez por qué la Sala estimaba que el derecho a la libertad sindical
debía protegerse en ese caso y con la medida señalada.
A
este respecto, es del caso tener en cuenta que el magistrado sustanciador
ejerció las competencias señaladas en el Acuerdo 05 de 1992, artículo 57. En
esa medida ordenó la práctica de pruebas, que en efecto, procuraron suplir
parte de las deficiencias que mostraba el proceso para esclarecer la vulneración
o no de los derechos alegados y que simplemente los jueces de instancia ni
siquiera contemplaron al declarar improcedente la acción, al verificar la
existencia de otros mecanismos judiciales de protección. Mas la
información recaudada con tales pruebas, en la forma como quedó descrita por la
providencia, no trajo al proceso los elementos fácticos que esclarecieran cómo
se llegó a la convicción de que no hubo en efecto “espacios suficientes y eficaces para la
fijación de los afiches y pancartas”, para asegurar las libertades
afectadas y que la desfijación de estos últimos se produjo de manera
arbitraria.
Esto
es, recapitulando, estimo que en la providencia debieron exponerse las piezas o
razonamientos de carácter probatorio que permitieron a la Sala llegar a
concluir la violación de las libertades sindicales, de suerte que no hubiere
precipitud en el amparo de situaciones que no fueren violatorias de los
derechos sindicales por responder simplemente al ejercicio adecuado y razonable
de los poderes de organización de la libertad de empresa (art. 333 C.P.),  de modo que se definiera con certeza, justicia y sensatez la situación de facto relevante
del caso y su valoración de cara al imperativo de protección iusfundamental
de los derechos, llamada a ser garantizada por los jueces de tutela. Más aún
cuando, al menos para la situación concreta aducida, no aparecen razones para
concebir una presunción sine lege basada en la debilidad o
vulnerabilidad de los sindicatos para probar este tipo de conductas por parte
de los empleadores. Y también, cuando las pruebas del proceso fueron recaudadas
precisamente por el Magistrado sustanciador y su consistente valoración habría
podido esclarecer con plenitud las falencias que respetuosamente formulo.
2.
De otro lado, se encuentra la orden segunda de la sentencia para que PROLECHE
“modifique el reglamento interno de trabajo acorde a lo expuesto en la presente
sentencia”.
Comparto y suscribo esta
solución judicial, porque sus efectos son los que la situación observada en el
caso, reclamaban. Pero en su fundamentación no sólo faltó precisión sobre las
disposiciones del reglamento que debían modificarse, sino que además no se
empleó la técnica jurídico-constitucional específica en la cual dicha orden se
soporta, a saber, la excepción de inconstitucionalidad del artículo 4º
constitucional, desde la cual se impone a la empresa inaplicar una disposición
de su reglamento interno. Es esta valiosa habilitación la que permite, en el
Estado de derecho, como Estado de derecho constitucional, una injerencia tal
sobre las reglas jurídicas que el titular de la libertad de empresa puede
disponer para regular el proceso productivo de bienes y/o servicios que realiza,
entre otras, a través del reglamento interno de trabajo.
Es decir, estimo que la
sentencia debió haber declarado la inaplicación de las cláusulas del reglamento
concretas y específicas que imponían limitaciones, por resultar contrarias a la
Constitución en tanto ser una limitación excesiva de los derechos de libertad
sindical (T-764 de 2005, T-1328 de 2001, T-764 de 2005), y en esa medida,
determinar su modificación por parte de PROLECHE.
Fecha
et supra,
JUAN CARLOS HENAO
Magistrado
[1] La
acción de tutela fue presentada el 7 de septiembre de 2010
[2] Ver Folios 8 a 11 del Cuaderno # 1
[3] Ver Folios 12 a 14 del Cuaderno # 1
[4] Ver folios 15 a 35 del cuaderno # 1
[5] Ver
folios 96 a 100 del cuaderno # 1.
[6] Ver folios 4 y 5 del Cuaderno # 2
[7] Ver folios 5 a 7 del cuaderno # 2
[8] Si bien el tema no ha sido ampliamente tratado, para
dar solo algunos ejemplos, constituciones como la Alemana consagran de manera expresa que los derechos fundamentales rigen también para las
personas jurídicas en la medida en que según su naturaleza le sean aplicables (Ley Fundamental de Bonn, art. 19.3). Por su parte la Constitución de Portugal establece que las personas jurídicas colectivas gozan de los
derechos y están sujetas a los deberes compatibles con su naturaleza (Constitución de Portugal art. 12). En España, si bien no se reconoce de manera expresa
la titularidad de los derechos fundamentales en cabeza de las personas
jurídicas, sí se contempla la posibilidad de que éstas acudan al Tribunal
Constitucional para buscar el amparo de sus derechos (Constitución española
art. 162.1. b)).
[9] Gómez montoso, Ángel J. “La titularidad de derechos
fundamentales por personas jurídicas: un intento de fundamentación (1). En:
Revista Española de Derecho Constitucional. Año 22. Núm. 65. Mayo-Agosto 2002.
[10] T-740 de 2009
[11] T-201-93
[12] Ver
Sentencias T-322/98, T-324/98, T-502/98, T-677/98, T- 697/98, T-755ª/00, T-
1658/00 y T-367/03, entre otras.
[13] Ver SU-342 de 1995.
[14] T-322 de 1998
[15] T-579 de 1995. “En relación con la protección de los
derechos fundamentales, el Constituyente extendió, por vía de reglamentación
legal, la procedencia de la acción de tutela contra particulares respecto de
los cuales el afectado se encontrare en una situación de subordinación o de
indefensión (C.P. art. 86; D. 2591 de 1991, art. 42). Particularmente, la
acción de tutela procede contra organizaciones privadas que, por su importancia
e influencia, ejercen un poder social funcionalmente análogo o equivalente al
estatal dentro del ámbito de sus actividades”.
[16] T-1082 de 2001, T-290 de 1993, T-412 de 1992. “Una de las hipótesis en la cual procede la tutela ante
particulares es la existencia de subordinación del accionante frente al
accionado. La Corte Constitucional  en su desarrollo jurisprudencial ha
entendido por subordinación "la existencia de una relación jurídica de
dependencia" o "la condición de una persona sujeta a otra o
dependiente  de ella".
[17] T-290 de 1993
[18] T-425 de 1992, T-394 de 1999
[19] C-934
de 2004
[20] Ibidem
[21] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-386 del
5 de abril de 2000 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).
[22] Artículo 104 del Código Sustantivo del Trabajo.
[23] T-394 de 1999
[24] T-579
de 1999
[25] C-009
de 1994, SU-342 de 1995 y T-656 de 2004
[26] ARTICULO 39. Los
trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o
asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se
producirá con la simple inscripción del acta de constitución.
La estructura interna y el
funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se
sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.
La cancelación o la suspensión de
la personería jurídica sólo procede por vía judicial.
Se reconoce a los representantes
sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su
gestión.
No gozan del derecho de asociación
sindical los miembros de la Fuerza Pública.
[27] T-656
de 2004
[28] T-411 de 1992, C-063 de 2008, entre otras
[29] Sentencia T-656 de 2004
[30] Sentencia C-797 de 2000, reiterada en sentencias
C-1491 de 2000 y C-280 de 2007.
[31] T-740 de 2009
[32] El derecho de libre asociación sindical también tiene
consagración en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art.23), el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Art.8), el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (Art.22), entre otros.
[33] ARTICULO 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para
regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley.
Es deber del Estado promover la concertación y los
demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.
[34] C-063 de 2008
[35] Sentencia C-161 de 2000, reiterada en las sentencias
C-1234 de 2005 y C-280 de 2007.
[36] Sentencia SU-342 de 1995
[37] C-161 de 2000
[38] La sentencia C-280 de 2007 señala: “Así, por ejemplo,
en la sentencia C-112 de 1993 se sostuvo que la negociación sindical es “inherente
al derecho de sindicalización”, en la misma dirección la sentencia C-009 de
1994 afirma “El derecho de negociación colectiva es consustancial con el
derecho de asociación sindical; su ejercicio potencializa y vivifica la
actividad de la organización sindical, en cuanto le permite a ésta cumplir la
misión que le es propia de representar y defender los intereses económicos
comunes de sus afiliados, y hacer posible, real y efectivo el principio de
igualdad (art. 13 C.P.), si se tiene en cuenta, que dicha organización, por su
peso específico, queda colocada en un plano de igualdad frente al patrono”.
En el mismo sentido en la sentencia C-161 de 2000 se sostuvo que «… de
acuerdo con el artículo 55 superior la negociación colectiva es un derecho
destinado a “regular las relaciones laborales”, el cual está ligado con otros
derechos como el de asociación sindical, pues la primera es una consecuencia de
la existencia de sindicatos cuyo “ejercicio potencializa y vivifica la
actividad de la organización sindical, en cuanto le permite a ésta cumplir la
misión que le es propia de representar y defender los intereses económicos
comunes de sus afiliados”».
[39] Sentencias C-112 de 1993, C-009 de 1994 y C-161 de
2000.
[40] Ver entre otras sentencias la T-418 de 1992, SU-342 de 1995, C-161 de 2000 y C-1050 de 2001.
[41] Sentencia C-009 de 1994. Al respecto también, véase
la sentencia C-013 de 1993
SU-342 de 1995
[43] Sentencia C-280 de 2007.
[44] ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la
libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y
recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se
garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá
censura.
[45] Artículo
13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto
en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la
ley y ser necesarias para asegurar:
a)  el respeto a los derechos o
a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad
nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho
de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles
oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o
por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la
circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden
ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el
acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin
perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda
propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o
religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción
ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo,
inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
[46] La SU- 667 de 1998 indicó: “Según lo declara el
artículo 20 de la Carta Política y lo estipulan varios tratados internacionales
obligatorios para Colombia (Cfr., por ejemplo, el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, y el 19 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos), el derecho a expresar con
libertad el propio pensamiento, las opiniones, las ideas, los conceptos y las
creencias tiene el carácter de fundamental en
cuanto de él es titular toda persona, sin ningún tipo de discriminaciones
(arts. 5 y 13 C.P.), a partir del reconocimiento que hace el orden jurídico
sobre su íntima vinculación a la esencia misma del ser humano, la naturaleza
racional de éste y su inserción, también natural, en la sociedad”.
[47] T-391 de 2007
[48] La sentencia SU- 667 de 1998 establece: “Según
lo declara el artículo 20 de la Carta Política y lo estipulan varios tratados internacionales obligatorios para Colombia, el derecho a expresar con libertad el
propio pensamiento, las opiniones, las ideas, los conceptos y las creencias
tiene el carácter de fundamental en cuanto de él es titular toda persona, sin
ningún tipo de discriminaciones, a partir del reconocimiento que hace el orden
jurídico sobre su íntima vinculación a la esencia misma del ser humano, la
naturaleza racional de éste y su inserción, también natural, en la sociedad”.
[49] T-391
de 2007
[50] C-010 de 2000
[51] Ver entre otras las sentencias T-609 de 1992, T-066
de 1998 y C-087 de 1998.
[52] C-010
de 2000
[53]  Es el caso de algunos sistemas como el de Alemania y
el de los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso First
National Bank of Boston v. Bellotti, [435 US 765, 777 (1978)],
invalidó una ley de Massachussets que prohibía a los bancos y corporaciones
hacer, en general, contribuciones para influenciar campañas de referendo, por
considerar que se lesionaba la libertad de expresión; precisó la Corte que los intereses de los receptores eran decisivos en la determinación de extender la
protección de la primera enmienda: “El valor inherente a la expresión en
términos de su capacidad para informar al público no depende de la identidad de
su fuente, sea una sociedad, una asociación, un sindicato o un individuo”
(Traducción informal: “The inherent worth of the speech in terms of its
capacity for informing the public does not depend upon the identity of its
source, whether corporation, association, union or individual”.)
[54] Caso de Éditions Plon V. Francia - (Aplicación
no. 58148/00) – Sentencia mayo 18 2004, version final agosto 18 2004): “…la Corte considera necesario señalar que las editoriales, independientemente de que se asocien o
no con el contenido de sus publicaciones, juegan un rol integral en el
ejercicio de la libertad de expresión al proveer a los autores con un medio…” [Traducción informal: “In this
connection, the Court considers it necessary to point out that publishers,
irrespective of whether they associate themselves with the content of their
publications, play a full part in the exercise of freedom of expression by
providing authors with a medium (see, among other authorities, mutatis
mutandis, Sürek v. Turkey (no. 1) [GC], no. 26682/95, ECHR 1999-IV; see also
C.S.Y. v. Turkey, no. 27214/95, § 27, 4 March 2003)”.]
[55] Gómez montoso, Ángel J. “La titularidad de derechos
fundamentales por personas jurídicas: un intento de fundamentación (1). En:
Revista Española de Derecho Constitucional. Año 22. Núm. 65. Mayo-Agosto 2002.
[56] T-201-93
[57] Ver
entre otros España, Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que anuló la
sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca la cual condenó al
secretario provincial en Baleares de la Unión Sindical Obrera (USO) en 2000, Marino de la Rocha, a indemnizar con un millón de
pesetas a cada una de las cuatro inspectoras de trabajo a las que tildó en
sendas entrevistas en los periódicos Diario de Baleares y Diario 16 de
"amiguetas" de los sindicatos CC.OO y UGT, de esta manera el Tribunal
amparó la libertad de expresión fundamental en el ámbito laboral que reviste el
procedimiento de elecciones sindicales. También ver Sentencia de La Corte Suprema de los Estados Unidos (2010) Citizens United Vs Federal Election Commission
[58] (Véanse
Recopilación de 1985, párrafo 175; 244.o informe, caso núm. 1309 (Chile),
párrafo 336, f); 254.o informe, caso núm. 1400, párrafo 198, y 295.o
informe, caso núm. 1729 (Ecuador), párrafo 34.). http://training.itcilo.it/ils/foa/library/digestdecisions_es/23068.htm
[59] Ibidem
[60] Ver folios 8 a 11 del cuaderno # 1
[61] Ver folios 12 a 14 del cuaderno # 1
[62] Ver folios 15 a 35 del cuaderno # 1
[63] Folio
46, Cuaderno # 1
[64] T-579 de 1995
[65] T-579 de 1995. “No obstante, las relaciones
laborales no pertenecen al campo de la pura autonomía particular. La Constitución prohíbe el menoscabo de la libertad, de la dignidad humana y de los derechos de
los trabajadores por vía legal, contractual o convencional, y garantiza como
principio mínimo fundamental del estatuto del trabajo "la igualdad de
oportunidades de los trabajadores" (CP art. 53).
[66] Ibidem
[67] El 5 de abril de 2010, durante el término probatorio, la Secretaría de
la Corte Constitucional recibió un documento remitido por la Directora de Recursos Humanos de Proleche S.A., en dicho documento argumentan que en relación
con las sanciones disciplinarias a los trabajadores, éstos presentaron sus
descargos, se les comunicó la respectiva sanción disciplinaria, la cual no
fue objeto de apelación o solicitud de revisión como lo establecen tanto la
convención colectiva como el propio reglamento interno de trabajo vigente.
[68] En ella la Corte verificó que el reclamo vulneración
del derecho a la salud de los hijos de maestros, presuntamente afectados con un
acuerdo de prestación firmado por las autoridades encargadas de fijar el
régimen de seguridad social especial correspondiente y que restringía una
prestación integral para mayores de 12 años en adelante, no había sido
acreditado en el proceso. Sin embargo, no cabía desechar el asunto por falta de
pruebas, pues se cuestionaba el cumplimiento de derechos fundamentales
prevalentes como es el caso de los derechos de los niños.
[69] Entre muchas otras, pueden consultarse las sentencias
T-082 de 1998, T-578 de 1998, T-739 de 1998 y T-321 de 1993.
[70]  Sentencia T-082 de 1998.
[71] Sentencia T-321 de 1.993.
[72] Por ello en ese caso, ante la evidente ausencia de
pruebas que permitieran inferir la situación actual de los niños cuya
protección se solicita, la Sala de Revisión observó que el juez de instancia “debió
decretar la práctica de varias de ellas, pues si bien, en principio, la carga
probatoria corresponde a quien alega la vulneración o amenaza del derecho, el
juez constitucional tiene la facultad y el deber de constatar la real situación
de los menores de edad”. Al no haberlo hecho el juez, lo ordenó la Sala y sólo en atención a las pruebas allegadas al expediente, pudo determinar que la
afectación de derechos fundamentales alegada, sólo se predicaba respecto del
hijo de uno de los maestros que al padecer una seria discapacidad, las
condiciones de prestación señaladas representaban para él, efectivamente, una
vulneración de su derecho a una protección integral en salud.
[73]Sentencia T-018 de 2001.
Vid. también sentencia T-1207 de 2001.
[74] Sentencia T-864 de 1999.
[75] Por ello en ese caso previno al Aquo de ese
proceso, de no desatender el deber constitucional de practicar pruebas en
función de la protección de los derechos fundamentales, como pilar básico del
Estado Social de Derecho, más aún cuando entonces se referían a los derechos de
los niños que prevalecen y a la gravedad de la situación que evidenciaban los
hechos.
[76] Sentencia T-074 de 2000, atrás citada.