T-323-15
Sentencia
T-323/15
DERECHO A LA VISITA INTIMA DEL INTERNO-Caso de reclusas a quienes les fue restringida la visita íntima a una frecuencia
de una (1) vez al mes, mientras que a los hombres se les mantuvo con una
periodicidad de cuatro (4) veces al mes
RELACIONES DE ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Respeto por la dignidad humana de
personas privadas de la libertad
En diversas ocasiones esta Corporación ha señalado que la posición
dominante del Estado frente a las personas que se encuentran privadas de la
libertad en establecimientos carcelarios configura una relación de especial
sujeción que impone al primero la necesidad de verificar el cumplimiento de
ciertos preceptos normativos inherentes a esa específica situación y, al mismo
tiempo, de proveerle el goce efectivo de aquellos derechos que no le fueron
suspendidos en razón de su condición. Por lo anterior, es de su entera
responsabilidad procurar por el cuidado de la vida, la salud, la integridad
física y moral, y las condiciones mínimas de existencia digna del individuo
privado de la libertad.
DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Clasificación en tres grupos:
derechos suspendidos, derechos intocables y derechos restringidos o limitados
DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Pueden ser limitados razonable y
proporcionalmente
Este Tribunal Constitucional ha
indicado que el Estado puede someter al recluso a un conjunto de condiciones y
reglas encaminadas a mantener el orden y la seguridad de los establecimientos
carcelarios, siempre y cuando estas medidas se ajusten a los principios de
proporcionalidad y razonabilidad. El criterio razonabilidad, este Tribunal
Constitucional ha indicado que el mismo alude a que, en tratándose de
decisiones, estas “encuentren justificación no solamente racionales, desde
un punto de vista lógico o técnico, sino también desde un punto de vista
ético”. Es decir, no solamente se ha de justificar la decisión a la luz de
una razón instrumental, sino, también, de cara a la razón práctica. Por ende,
los funcionarios no pueden, arbitrariamente, sacrificar valores
constitucionales que sean significativos e importantes, por proteger, con mayor
empeño, otros de menor valía. En lo relacionado con la proporcionalidad de la
restricción a los derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertad, esta Corporación ha sostenido que implica “[P]onderar intereses
enfrentados que han recibido alguna protección constitucional”, a fin de
verificar si la restricción en comento no es excesiva.
REGIMEN DE VISITAS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Marco jurídico
El régimen de visitas de las personas
privadas de la libertad se encuentra contenido en el siguiente marco jurídico:
i) la Constitución Política; ii) el Código Penitenciario y Carcelario; iii) el
Acuerdo 011 de 1995 “por el cual se expide el Reglamento General al cual
se sujetarán los reglamentos internos de los Establecimientos Penitenciarios y
Carcelarios” y; iv) los diversos reglamentos internos de cada centro de
reclusión.
DERECHO A LA VISITA CONYUGAL DEL INTERNO-Visita íntima debe darse en
condiciones dignas
El Estado debe facilitar el contacto entre los reclusos y sus
parejas y procurar garantizar las condiciones mínimas en la práctica de la
visita íntima, con el fin de que no se menoscabe el derecho a la dignidad
humana del recluso y su pareja visitante. Así, se deben garantizar las
siguientes condiciones materiales concretas de existencia o mínimos de dignidad
para el ejercicio de una visita íntima, a saber: i) privacidad; ii)
seguridad; iii) higiene; iv) espacio; v) mobiliario; vi) acceso a agua potable;
vii) uso de preservativos e, viii) instalaciones sanitarias.
JUICIO DE PROPORCIONALIDAD Y TEST DE IGUALDAD-Reiteración de jurisprudencia
RESTRICCION DE LOS DERECHOS SEXUALES COMO UNA FORMA DE SANCION-Una medida que limite el disfrute y
desarrollo de los derechos sexuales de una persona es, a todas luces, contraria
a los postulados constitucionales
Una disposición
o medida que, a modo de sanción, limite el disfrute y desarrollo de los
derechos sexuales de una persona es, a todas luces, contraria a los postulados
constitucionales, principalmente, del libre desarrollo de la personalidad y de
dignidad humana.
FUENTE FORMAL INTERNACIONAL DE LA PROTECCION A LA MUJER CONTRA LA
VIOLENCIA-Instrumentos internacionales
ratificados por Colombia
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA E
IGUALDAD DEL INTERNO-Orden a establecimiento penitenciario materializar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres
recluidos, de manera que los dos géneros disfruten de una (1) visita íntima al
mes y que su duración sea la misma
Referencia:
expediente
T-4.741.255
Demandante: Cristal Solennia Córdoba
y María
del Rosario Rodríguez Mosquera, Zoraida Romaña, Doris Emerita Asprilla, Clara
Inés Ibargüen Mosquera, Tatiana
Perea Mena, Doris Esther Carrascal, Betty Palacios, Karen Johana Salazar
Moreno, Carolina Díaz Arboleda, Carolina Asprilla Mosquera, Aidee Rentería
Triana, Emeteria Córdoba Ramírez, Ermenia Córdoba Rubio, Hilda Yurani Caicedo
Maquillo y Dosty Alexandra Ibargüen
Porras.
Demandado: Cárcel
Anayancy de Quibdó –EPMSC Quibdó
Magistrado
Ponente:
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de
dos mil quince (2015)
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
Gloria Stella Ortiz Delgado y Jorge Iván Palacio Palacio, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En la revisión del fallo proferido por
el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Quibdó, Chocó, dentro del expediente
T-4.741.255 en el que se negaron las pretensiones del amparo iusfundamental
promovido por la señora Cristal
Solennia Córdoba Taborda y 15 reclusas[1]
más de la Cárcel Anayancy de Quibdó.
De acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 86 y 241 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991,
la Sala Segunda de Selección de la Corte Constitucional, mediante Auto del 12
de febrero de 2015, decidió seleccionar para revisión el expediente de tutela
de la referencia, correspondiendo su estudio a la Sala Cuarta de Revisión.
I.
ANTECEDENTES
El 8 de agosto de 2014, la señora
Cristal Solennia Córdoba Taborda y quince (15) reclusas más presentaron acción
de tutela, al considerar que el Director del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Mediana Seguridad de Quibdó – Cárcel Anayancy – les había
vulnerado su derecho fundamental a la igualdad, al haber modificado la
frecuencia de la visita íntima a una vez al mes, mientras que a los hombres se
les mantuvo con una periodicidad semanal.
1.1.
Hechos
Las
demandantes, privadas de la libertad, los narran en síntesis así:
1.
Desde 1997, el reglamento interno del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Mediana Seguridad de Quibdó – Cárcel Anayancy –, en el cual se
encuentran recluidas, dispuso que el régimen de visitas íntimas para hombres y
mujeres, sería cada domingo en un horario de 8:00 am a 3:45 pm.
2.
En el pabellón de mujeres no existe un lugar habilitado para las respectivas
visitas, razón por la cual deben trasladarse al patio de los hombres.
3.
El 25 de abril de 2014 el Director del Establecimiento Penitenciario decidió
cambiar la regulación de las mencionadas visitas para las mujeres,
restringiéndolas a una vez al mes, por un tiempo de 60 minutos.
4.
Por tanto, existe un trato desigual y discriminatorio respecto de las visitas
íntimas de los hombres recluidos, pues estas se efectúan con una periodicidad
de cuatro (4) veces al mes.
1.2.
Pretensiones de la demanda
La
acción de tutela va dirigida a que se ampare el derecho fundamental a la
igualdad de las demandantes, quienes solicitan que se ordene al Director
del Centro Carcelario de la EPMSC Quibdó restablecer las
visitas conyugales con la misma frecuencia asignada a los hombres reclusos, es
decir, cada ocho (8) días.
1.3.
Pruebas documentales
En el trámite de la acción de amparo se
aportaron las siguientes pruebas relevantes:
·
Informe
de la visita de inspección al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad
de Quibdó por parte de la Dirección Regional Noroeste, fechada el 30 de enero
de 2015, en la que se ordena el mantenimiento de la infraestructura del penal
(folio 52, cuaderno 1).
·
Contrato
de obra No. 076, del 23 de julio de 2013, de la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios, elaborado con el objeto de mejorar la
infraestructura física y baterías sanitarias en la Cárcel Anayancy de Quibdó
(folios 53 a 70, cuaderno 1).
·
Contrato
de obra No. 173, del 27 de agosto de 2014, de la USPEC, mediante el cual se
ordena el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura
física, que incluye sistema de iluminación perimetral (folios 71 a 84, cuaderno
1).
·
Contrato
de suministro No. 373, del 23 de diciembre de 2014, a través del cual se obliga
a prestar servicio de alimentación para la atención de los internos (folios 85
a 99, cuaderno 1).
·
Acta
de liquidación de contrato de obra No. 148 de 2013 en el que se había pactado
mantenimiento y adecuaciones para sistemas que componen las plantas de
tratamiento de agua (folios 100 a 102, cuaderno 1).
·
Resolución
No. 6041, de 7 de octubre de 2005, proferida por el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, mediante la cual se aprobó la modificación del
reglamento interno (Resolución No. 155 del 30 de marzo de 2005), para el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Quibdó (folios 131 y 132,
cuaderno 1).
·
Reglamento
de régimen interno de la Cárcel Anayancy de Quibdó (folios 133 a 142, cuaderno
1).
·
Acuerdo
011 de 1995, por el cual se expidió el régimen general al que se sujetarán los
reglamentos internos de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios
(folios 144 a 150, cuaderno 1).
·
Resolución
No. 9219, de 10 de septiembre de 2007, proferida por el INPEC, por medio de la
cual se modifica el artículo primero de la Resolución No. 6041 de 2005, que
aprobó el reglamento del régimen interno de la Cárcel de Quibdó (folios 151 a 154,
cuaderno 1).
·
Informe
de auditoría interna realizada por la Directora Regional Noroeste, el 12 de
marzo de 2014, en el que se señala que las visitas íntimas son realizadas sin
el lleno de los requisitos formales exigidos en la ley (folios 155 a 162,
cuaderno 1).
·
Resolución
No. 171, del 18 de marzo de 2015, por la cual se expidió el reglamento de
régimen interno del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Quibdó
(folios 166 a 170, cuaderno 1).
·
Declaración
del señor Lucio Asprilla Palacios, Director del EPMSC de Quibdó, Chocó (folio
15 y 16, cuaderno 2).
1.4. Actuación
procesal y respuesta de la entidad demandada
Mediante auto interlocutorio
del 11 de agosto de 2014, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Quibdó,
admitió la acción de tutela y corrió traslado a la entidad accionada para que
se pronunciara sobre los hechos y pretensiones expuestos en la demanda.
Del mismo modo, a través de
auto del 19 de agosto de 2014, el juez ordenó al Director del Centro Carcelario
que se presentara el 21 de agosto de 2014 a las 8:30 am, con el fin de acopiar
más elementos de juicio dentro del trámite constitucional.
En la fecha indicada, el
señor Lucio Asprilla Palacios, en su condición de Director del reclusorio,
compareció ante el juzgado para rendir declaración sobre el petitum de la
tutela.
Al respecto, señaló que
llegó al penal como subdirector y, por ende, conoce todas las anomalías que se
presentaron en el establecimiento cuando se permitía que las reclusas pasaran
cada 8 días a la parte interna en donde se realizaban las visitas íntimas, como
quiera que consumían bebidas alcohólicas (chicha que hacían artesanalmente) y
sustancias psicoactivas.
Adicionalmente, adujo que
llegó al conocimiento del personero que las internas estaban ejerciendo trabajo
sexual dentro del establecimiento, lo que causaba riñas entre los reclusos debido
a que no solo compartían el mismo hombre sino que irrespetaban a las unidades
de guardias, irregularidades que tal funcionario puso en conocimiento de los
medios de comunicación.
Una vez asumió su cargo como
director, recibió la visita de la Directora Regional Noroeste quien le indicó
que tenía que aplicar el artículo 29 de la Ley 65 de 1993[2]
y el Acuerdo 011 de 1995[3], que indica que los internos o internas
deberán solicitar al director del centro de reclusión la realización de la
visita íntima, la cual será concedida una (1) vez al mes, siempre que se cumpla
con el requisito por parte de la interna de incluir a su pareja en la cartilla
biográfica y no tener varios esposos o compañeros a la vez. Por lo que, una vez
tomaron tales correctivos, el centro carcelario presentó “una tensa calma.”.
En relación con el presunto
trato desigualitario entre las reclusas y los reclusos en la realización de la
visita íntima afirmó que: “El establecimiento penitenciario cuenta con una
capacidad para 277 internos y en la actualidad tenemos 746 internos, motivo por
el cual debido a la infraestructura se tomó (sic) los correctivos y como era de
pleno conocimiento del Personero Municipal que las internas se estaban
convirtiendo en mercancía dentro del penal, se tomó estos correctivos; cabe
anotar que las internas, es cierto que ingresan una vez al mes, pero en
ocasiones se toman toda la tarde, además hay establecimientos que [sic] las
visitas es [sic] una vez al mes y 45 minutos, por eso dejo constancia que con
la medida que se ha tomado le genera tranquilidad al interior del
establecimiento y que estas internas que aducen que les estoy vulnerando sus
derechos, estoy implementando la disciplina y el orden en el establecimiento
donde no estoy haciendo nada contrario al Código Penitenciario en su Art. 29.”[4].
De otra parte, sobre cómo se
encuentran reglamentadas las visitas conyugales para los hombres, manifestó que
“para los hombres es más difícil hacer control porque el establecimiento no
cuenta con todas las condiciones de infraestructura y el hacinamiento que se
presenta allá, el espacio es muy reducido, mientras que las mujeres tienen un
mejor espacio y son menos que los hombres; son 30 mujeres, mientras que los
hombres son 716”[5]. Así mismo, reseñó que
presentaba escasez de unidades de guardia que les permitan ejercer el control al
momento de presentarse alguna dificultad.
Agregó que la visita
conyugal de los hombres no está reglamentada en espera de que tengan más
unidades de guardia para ejercer el control y aplicar el artículo 29 de las
visitas íntimas y que ellos en las visitas que reciben los domingos, que están
estipuladas para el ingreso de mujeres al centro carcelario, la utilizan como
visita conyugal.
Al preguntarle el juez sobre
el régimen mensual de visitas conyugales de las internas, reiteró lo descrito
en el artículo 29 de la Ley 65 de 1993 en tanto que regula tal materia y,
frente al particular, señaló que las internas que tienen reglamentada su
documentación exigida para tal fin, disponen de una visita al mes durante una
hora, pero ellas, de manera arbitraria, se toman más tiempo de lo estipulado y
pasan donde sus maridos cuando ellos también son internos.
Adicionó que en estos
momentos no están habilitadas las visitas para las internas debido al control
que se tomó porque ellas las utilizaban para tener varias parejas.
Por consiguiente, le fue
preguntado por el operador judicial lo siguiente: “Según su dicho, la
regulación existente a la fecha es para mujeres que tienen pareja al interior
del mismo penal, por favor sírvase decirle al despacho cómo funciona dicha
reglamentación para quienes sus parejas no son internos?, a lo que contestó
que “Deben hacer todos los trámites pertinentes, una vez lo hagan si cumplen
con los requisitos el director le aprueba su [visita] conyugal, también sería
mensual.”
Finalmente, agregó “que
de verdad no les otorgue ese tipo de beneficios a las mujeres porque eso al
interior del establecimiento se nos [sic] puede presentar inconvenientes hacia
futuro desde hace 5 meses he venido ejerciendo ese control y me ha dado muy
buenos resultados para la tranquilidad y paz en el establecimiento.”
1.4.1. Director E.P.M.S.C.
de Quibdó
Oportunamente,
el señor Lucio Asprilla Palacios, Director de la Cárcel Anayancy
de Quibdó, se opuso a las pretensiones del mecanismo de amparo y solicitó que
se negara la acción de tutela, al considerar que no ha vulnerado el derecho
fundamental a la igualdad de las accionantes, dado que el artículo 29 del
Acuerdo 011 de 1995 dispone que se concederá la visita íntima, previa solicitud
del interno al director del centro de reclusión.
En relación con la supuesta restricción
de la visita íntima para las mujeres del centro penitenciario, refirió que anteriormente
las reclusas gozaban de esta cada ocho (8) días, no obstante les fue suspendida
por la indisciplina que se presentaba cada vez que estas eran realizadas. Al
respecto, afirmó que “cada vez que se terminaba la visita, regresaban
embriagadas, habían consumido sustancias psicoactivas, llegando al extremo de
convertirse en mercancía al interior del penal”[6],
situación que conocía el Personero Municipal de Quibdó quien recibió una queja
al respecto y la envió a la Dirección Regional Noroeste.
1.5.
Actuaciones en sede de revisión
1.5.1. Mediante Auto del
7 de abril de 2015, la Sala Cuarta de Revisión decidió vincular al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC –, a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios – USPEC –, al Ministerio de Justicia y del Derecho,
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Defensoría del Pueblo
Regional Chocó y a la Personería Municipal de Quibdó, terceros que podrían tener
un interés legítimo en las resultas del proceso.
1.5.2. De igual
manera, comisionó al Defensor del Pueblo Regional Quibdó para que realizara una
inspección en las instalaciones del Establecimiento Penitenciario y Carcelario
de Quibdó – Cárcel Anayancy –, a fin de emitir un informe detallado sobre el
régimen de las visitas conyugales dentro del centro de reclusión. Justamente,
con ese propósito, le fue ordenado describir, de manera completa:
1.
Cuántas
personas se encuentran recluidas en el centro carcelario y cómo se encuentran
localizadas.
2.
Cuántos
locutorios acondicionados para la visita íntima existen dentro del centro
carcelario y en qué lugar se encuentran ubicados.
3.
Las
condiciones generales y específicas de los locutorios en los cuales se
practican las visitas íntimas, tomando como factores de evaluación, la
salubridad, higiene, espacio adecuado, instalaciones sanitarias y de aseo, drenaje,
suministro de preservativos, mobiliario, privacidad, luminosidad, acceso al
agua potable, entre otros.
4.
Indique
si el lugar donde se practican las visitas íntimas para las mujeres
accionantes, es diferente de aquel al que tienen derecho los hombres.
5.
Cuántos
dragoneantes ejercen control para el desarrollo de la visita conyugal y cómo se
distribuyen.
6.
Cuál
es el horario y frecuencia de las visitas íntimas para los reclusos y reclusas.
1.5.3. Con el fin de
ilustrar el tema, la Sala de Revisión solicitó a las Facultades o Grupos de
Investigación o Relatoría de Prisiones en Bogotá de las Universidades de los
Andes, Nacional de Colombia, Universidad Central, Pontificia Javeriana,
Universidad EAFIT, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y Universidad
Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, para que emitieran un concepto
técnico, sobre cómo se encuentra regulado el régimen de visitas conyugales o
íntimas dentro de los ordenamientos jurídicos que tienen incorporada esta
práctica, a fin de establecer su naturaleza, cómo operan y las condiciones
mínimas que deben existir para cuando esta se realiza.
1.5.3.1. Universidad del Rosario
La Universidad del Rosario, por
intermedio de la Clínica de Violencia Intrafamiliar y de Género (VIG) del
Consultorio Jurídico de la Facultad de Jurisprudencia respondió al anterior
requerimiento indicando (i) la naturaleza jurídica de las visitas conyugales,
(ii) las limitaciones existentes alrededor del tema y lo concerniente a las
condiciones mínimas, (iii) la normatividad interna y las disposiciones de
derecho internacional aplicables a la materia y, para finalizar, (iv) el
problema específico surgido en la Cárcel Anayancy.
En torno a la naturaleza de las visitas reiteró
lo que la Corte Constitucional ha señalado, en diversas oportunidades y,
concretamente, en la Sentencia T-222 de 1993[7] en el sentido
de que el régimen de visitas conyugales constituye “un derecho fundamental
limitado”.
Agregó que de la lectura de la Sentencia
T-474 de 2012[8]
se desprende que para el máximo órgano de la jurisdicción constitucional se
trata de un derecho fundamental por conexidad derivado de los derechos a la
intimidad personal y de la familia y al libre desarrollo de la personalidad,
definiéndolo como un factor esencial en el proceso de resocialización y del
bien físico y psíquico de la persona que se encuentra privada de la libertad
pues, relacionarse en el ámbito sexual resulta ser tan importante, que
trasciende al aspecto psicológico y repercute en el bienestar integral, tanto
individual, como de la pareja.
Respecto de la limitación afirmó que la
Corte Constitucional ha sostenido que la misma obedece a dos razones, la
primera, relacionada con los recursos de toda índole para realizar las visitas
conyugales, entiéndase con ello la necesidad de contar con instalaciones físicas
adecuadas y en condiciones de higiene, entre otras, y, la segunda, por las
restricciones propias que implica el régimen carcelario y disciplinario que
rige en el interior del establecimiento que indefectiblemente cortapisa su
libertad, siempre y cuando, tales medidas se ajusten a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad.
En efecto, reiteran la Sentencia T-474
de 2012, en lo relativo a razonabilidad y proporcionalidad, concluyendo que la
primera implica la ausencia de arbitrariedad y, frente a la segunda, ha
señalado que se hace necesario, en los casos en que se restrinjan los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad, “ponderar intereses
enfrentados que han recibido alguna protección constitucional” con la
finalidad de verificar si la medida es excesiva.
Frente a las condiciones mínimas que
deben implementarse para otorgar la visita conyugal en establecimiento
carcelario, resaltó lo que la providencia T-815 de 2013[9]
estudió, en el sentido que, a su juicio, en la misma se sintetiza que el
desarrollo de tal derecho no puede lesionar o menoscabar la dignidad humana,
esto es, que le corresponde al Estado garantizar las condiciones mínimas
orientadas a que las prerrogativas del recluso y de su pareja visitante no sean
vulneradas.
En ese sentido, la Corte, en su momento,
fijó unos parámetros para que se asegure ese mínimo de dignidad o
circunstancias materiales concretas para el ejercicio de la visita, en
cumplimiento de la mencionada garantía constitucional, cuales son: (i)
privacidad, (ii) seguridad, (iii) higiene, (iv) espacio, (v) mobiliario, (vi)
acceso a agua potable, (vii) uso de preservativos y, (viii) instalaciones
sanitarias.
Más adelante, el concepto aborda los
derechos vulnerados en el caso concreto, destacando, en la legislación interna,
los artículos 13, 42 y 43 de la Carta Política y el artículo 4 y 7 de la Ley
1257 de 2008.
Frente al régimen carcelario añadió que
por el carácter de derecho fundamental limitado, según la Corte Constitucional,
es válido, de cara al Texto Superior, lo preceptuado en el artículo 112 de la
Ley 65 de 1993, en el que se estipula que “la visita íntima será regulada
por el reglamento general, según los principios de higiene, seguridad y moral”
por lo que, en desarrollo de esta norma, el Consejo Directivo del INPEC,
expidió el Acuerdo 011 de 1995, por medio del cual se adopta el Reglamento
General al que se sujetarán todos los reglamentos internos de los
establecimientos penitenciarios y carcelarios.
Con relación a la normativa
internacional, el documento destaca que se hace necesario traer a colación la
Declaración de Beijing de 1995, IV Conferencia Mundial Sobre la Mujer, en cuyo
articulado se estableció que los derechos humanos de la mujer “incluyen su
derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad,
incluida su salud mental y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas
cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y
la violencia. Las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre
respecto de las relaciones sexuales y la reproducción, incluido el
pleno respeto de la integridad de la persona, exigen el respeto y el
consentimiento recíprocos y la voluntad de asumir conjuntamente la
responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual”. (Negrillas
y subrayado no hacen parte del texto original).
Asimismo, destacan la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) de
1979, que impone a los estados parte el imperativo de trazar sus políticas
públicas y estructurar su diseño institucional bajo la orientación de
materializar la igualdad real entre hombres y mujeres, suprimiendo toda norma
que discrimine a la mujer en razón de su condición de género y modificando los
patrones culturales que generan dicha discriminación en la sociedad.
Luego, consideraron perentorio resaltar,
los literales del artículo 2º de la Convención, a cuyo tenor:
“Artículo
2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus
formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones,
una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer
y, con tal objeto, se comprometen a:
a)
Consagrar,
si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación
apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por
ley u otros medios apropiados para la realización practica de ese principio;
b)
Adoptar
medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes,
que prohíban toda discriminación contra la mujer;
c)
Establecer
la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad
con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o
competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la
mujer contra todo acto de discriminación;
d)
Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de
discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones
públicas actúen de conformidad con esta obligación;
e)
Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas,
organizaciones o empresas;
f)
Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de
carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y
prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;
g)
Derogar todas la disposiciones penales nacionales
que constituyan discriminación contra la mujer.” (Subrayado
y negrillas del interventor)
Por tanto, teniendo en cuenta dicha
normativa y, las situaciones fácticas del caso concreto, consideraron que
limitar en forma desigual y prejuiciosa los tiempos de las visitas conyugales
para las mujeres, supone un trato discriminatorio con respecto al otorgado a
los hombres, el cual vulnera el derecho a la igualdad ya que, por razón del
género, no están siendo objeto de la misma protección por parte de las
autoridades locales, ni reciben similares garantías, aun cuando están en un escenario
común, como lo es su estatus de reclusión.
Sumado a lo anterior, indicaron que al
restringir de esa manera la regulación de las visitas íntimas para las mujeres,
se está desviando el fin de la función resocializadora en igualdad de
condiciones, que se presume debe cumplir la pena privativa de la libertad y,
del mismo modo, se incumple el deber en cabeza del Estado y de la sociedad, de garantizar
la protección integral de la familia.
Además, que la violación directa a la
Constitución se evidencia respecto del artículo 43 en el que se afirma que “la
mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá
ser sometida a ninguna clase de discriminación” y las disposiciones de la
Ley 1257 de 2008. En el caso en cuestión no se está respetando la paridad de
derechos ni de oportunidades y se adoptan abiertamente medidas discriminatorias
con base en una decisión arbitraria que no da cuenta de la consideración de la
mujer como sujeto pleno de protección.
Para finalizar, con respecto al hecho
segundo del caso en concreto, en el que se hace referencia a que en el pabellón
de las mujeres no existe un lugar habilitado, dispuesto para las respectivas
visitas, se está contradiciendo lo regulado normativamente con relación a los
derechos amparados por la Constitución, tales como la dignidad, moralidad e
igualdad, por lo que es menester que el establecimiento carcelario fije e
implemente, de manera perentoria, las medidas requeridas para habilitar un
sitio en el que puedan realizar dichas visitas en el pabellón de mujeres y
regular, de forma igualitaria, las condiciones y términos fijados en relación
con el régimen de visitas conyugales de que disfrutan los hombres.
1.5.4. Finalmente, a
fin de verificar los supuestos de hecho que originaron el recurso de amparo, se
ofició a varias autoridades involucradas para que aportaran elementos
probatorios y fueran resueltas algunas inquietudes en torno al problema
jurídico a resolver, así:
“SEGUNDO.-
Por Secretaría General, OFÍCIESE a la Dirección Regional Noroeste del
Instituto Nacional Penitenciario – INPEC –, para que en el término de tres (3)
días contados a partir de la notificación del presente auto, informe a esta
Sala:
1.
Si
tiene conocimiento sobre las presuntas conductas de indisciplina de las mujeres
recluidas en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad
de Quibdó cuando se realizan las visitas íntimas.
2.
Indique
si ha ordenado al Director del Centro Carcelario establecer alguna medida
regulatoria para el régimen de visitas íntimas para las mujeres y los hombres
y, en caso afirmativo, explique su fundamento.
TERCERO.-
Por
Secretaría General, OFÍCIESE al Director del Establecimiento Penitenciario
y Carcelario de Mediana Seguridad de Quibdó, para que en el término de tres (3)
días contados a partir de la notificación del presente auto, informe a esta
Sala:
1.
Cuántas
personas se encuentran recluidas en el centro carcelario y cómo se encuentran localizadas.
2.
Cuántos
locutorios acondicionados para la visita íntima existen dentro del centro
carcelario y en qué lugar se encuentran ubicados.
3.
Indique
si existen diferentes locutorios acondicionados para la visita íntima de los
hombres y las mujeres recluidos.
4.
Cuántos
dragoneantes ejercen control para el desarrollo de la visita íntima y cómo se
distribuyen.
5.
Cuál
es el horario y frecuencia de las visitas íntimas para los reclusos y reclusas.
6.
Describa
detalladamente las conductas de indisciplina perpetradas por las mujeres
reclusas que obligaron a cambiar la frecuencia de sus visitas íntimas.
CUARTO.- Por
Secretaría General, OFÍCIESE al Director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Quibdó, para que, en el
término de tres (3) días contados a partir de la notificación del presente
auto, remita:
1.
El
reglamento interno del centro de reclusión.
2.
Los
actos administrativos y demás documentos relevantes que motivaron el cambio del
régimen de visita íntima para las mujeres dentro del centro de reclusión.
QUINTO.-
Por
Secretaría General, OFICESE al Personero Municipal de Quibdó, para que
en el término de tres (3) días contados a partir de la notificación del presente
auto, indique a esta Sala si tiene conocimiento sobre presuntas conductas
inapropiadas por parte de las reclusas dentro del Establecimiento Penitenciario
y Carcelario de Mediana Seguridad de Quibdó y, en caso de ser afirmativo,
relacione qué gestiones y medidas ha tomado la entidad que representa”.
1.5.4.1. Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC –
Mediante escrito del 20 de abril de
2015, la coordinadora del grupo de tutelas del INPEC solicitó que se declare la
improcedencia de las pretensiones aducidas por las peticionarias en su demanda.
Al respecto, señaló que la Dirección General de tal instituto no está
vulnerando derecho fundamental alguno “al no conceder la visita
conyugal sin restricciones.”.
Al efecto explicó son los Directores de
establecimiento en coordinación con el Director Regional quienes deben responder
y tramitar las solicitudes de visita conyugal que requieran las personas
privadas de la libertad luego, en este caso, le corresponde a tal funcionario,
como jefe de gobierno interno, atender las consultas y solicitudes respecto de
los asuntos de su competencia y no la Dirección General.
Conclusión a la que arribó al tener en
cuenta lo dispuesto, entre otros, en los artículos 36, 52 y 53 de la Ley 65 de
1993 y los artículos 25 y 29 del Acuerdo 011 de 1995, disposiciones que,
además, permiten inferir que es el reglamento interno de cada centro
penitenciario el documento que establece las pautas, formas y horarios para las
visitas íntimas.
Por tanto, en el asunto sub examine,
los encargados de responder y tramitar las solicitudes de visita conyugal a las
personas privadas de la libertad son el Director del Establecimiento Carcelario
Anayancy, en coordinación con su homólogo de la Regional Noroeste.
Agregó, que una vez que haya adelantado
el trámite anterior, se concederá una visita íntima al mes, siempre y cuando se
cumplan los siguientes requisitos:
“1.
Solicitud escrita del interno al director del establecimiento con los datos
personales del cónyuge o compañera permanente.
2.
Las personas sindicadas deben tener autorización del Juez o fiscal en caso que
se requiera el traslado entre establecimientos.
3.
Para personas condenadas, autorización del director regional. En caso de que se
requiera traslado de un interno a otro centro de reclusión.
4. El
director de cada establecimiento verificará el estado civil de casado (a) o la
condición de compañero (a) permanente del visitante.”[10]
Asimismo, puso de presente que para la
Dirección General del INPEC las internas del Centro Carcelario de Quibdó habían
incurrido en conductas constitutivas de faltas graves, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 65 de 1993, el Acuerdo 0011 de 1995 y el Reglamento
Interno[11],
razón por la cual el Director del establecimiento tuvo que tomar medidas
restrictivas para subsanar las falencias y los brotes de indisciplina de las
privadas de la libertad, “donde se evidencia una violación a la norma, [por
parte de] quien[es] aun sabiendo la existencia de las mismas, fueron
quebrantadas.”[12]
Finalmente, indicó que se debían atender
las deficiencias en la infraestructura del penal para que se puedan llevar a
cabo las visitas íntimas, fallas que se han presentado con ocasión de la alta
población reclusa que se encuentra confinada en tal centro, las cuales
desbordan las competencias institucionales del INPEC y que requieren de la
intervención del Estado como quiera que se necesitan recursos presupuestales
para superarlas.
1.5.4.2. Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios – USPEC –
El 15 de abril de 2015, el
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la USPEC, manifestó que, en su labor de
entidad especializada en la gestión y operación para el suministro de los
bienes y la prestación de los servicios requeridos para garantizar el bienestar
de la población privada de la libertad[13], había gestionado
diferentes acciones en la Cárcel de Quibdó para dar cumplimiento a la Resolución
Defensorial No. 064 de 2014[14] y la Directiva Conjunta No. 005 de
2014 expedida por el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo.
Así, mediante Contrato No.
076 de 2013 se adelantaron obras de adecuación y mejoramiento de la infraestructura
física y red sanitaria, el cual tuvo un valor total de $418.376.453, y fue ejecutado
en dos frentes de trabajo, en el municipio de Itsmina y en Quibdó, siendo
finalizado y liquidado el 20 de mayo de 2014.
De igual manera, a través
del Contrato No. 173 de 2014 se han ejecutado acciones para el mantenimiento, adecuación
y conservación de la planta física general, lo que incluye las celdas y patios
de mujeres, por un valor total de $430.441.305, el cual se encuentra en
ejecución a la fecha y tiene un avance aproximado del 75%.
Para concluir, señaló que
han celebrado contratos para el suministro de agua y alimentos y que la USPEC
posee un presupuesto de $140.000.000 en el año 2015, para el mencionado Centro Carcelario[15].
1.5.4.3. Ministerio de
Justicia y del Derecho
La Directora de la Política
Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó que se
le desvinculara del trámite tutelar, por cuanto esa cartera no tiene injerencia
alguna en el tema del manejo autónomo administrativo y del régimen
disciplinario interno de los establecimientos penitenciarios.
Igualmente, manifestó que no
es procedente, que por vía de la acción de tutela, se conceda lo que pretenden
las internas, como quiera que no allegaron una prueba o elemento fáctico que
permita tener siquiera un indicio de que han recurrido al INPEC para solicitar
el cambio o regulación de las visitas conyugales y, mucho menos, se evidencia
que la facultad discrecional de tal instituto haya superado los límites
establecidos para su ejercicio.
Para concluir, afirmó que la
autoridad que representa se encuentra adelantando la implementación de la
Resolución Defensorial No. 064 de 2014[16] y la
Directiva Conjunta No. 005 de 2014. En efecto, el 20 de marzo de 2015 llevaron
a cabo una reunión en la sede de la Defensoría Regional de Quibdó con el fin de
implementar el Plan de Mejoramiento Integral con las entidades llamadas a
cumplir la orden y, del mismo modo, el 21 y 22 de abril de 2015, se efectuó una
visita a los establecimientos carcelarios de Istmina, con el fin de realizar
encuentros con los líderes de derechos humanos.
1.5.4.4. Directora Regional
Noroeste del INPEC
En cumplimiento del
requerimiento realizado por este Tribunal Constitucional la Directora Regional
Noroeste del INPEC, afirmó que en auditoría llevada a cabo en el EPMSC de
Quibdó encontró que se estaba incumpliendo el Acuerdo 011 de 1995, el
reglamento interno del establecimiento y a los procedimientos para la
realización de la visita íntima o conyugal.
Debido a lo anterior, impartieron
una medida u orden al director del EPMSC de Quibdó para que diera estricto
cumplimiento al reglamento interno y al acuerdo aludido y, por ende, que
adecuara el sistema que tenía de visita íntima a lo que establece la norma.
Mandato que quedó consagrado en el numeral 4.14.7 del informe proferido como
consecuencia de la auditoría.
Como soporte de lo anterior,
la funcionaria aludió al artículo 112 de la Ley 65 de 1993, el artículo 29 del
Acuerdo 011 de 1995 y el ordenamiento interno del establecimiento carcelario de
Quibdó, el cual establece que las visitas se realizarán conforme lo indica el
artículo 79 del Reglamento Interno, por tanto, son cada 30 días, previo el
lleno de los requisitos para acceder a la misma.
Agregó, que la visita
familiar es cada ocho días, pero establecimientos carcelarios como el de Chocó,
que tienen unas condiciones particulares de hacinamiento que no permiten tener
la infraestructura adecuada para el régimen de visitas, pueden, de manera
irregular, aprovecharse de tales falencias para convertirlas en íntimas. Por
eso, resulta importante que el director de ese establecimiento cumpla el
reglamento interno.
Finalmente, señaló que en
reunión con el Comité de Seguimiento Penitenciario del EPMSC de Quibdó se le
informó que debía respetar el reglamento interno de tal penal y, por ende, las mujeres
detenidas no podían ser desplazadas a tener relaciones íntimas sino en
cumplimiento de la norma, los días establecidos.
1.5.4.5.
Director de la Cárcel de Quibdó
En cumplimiento del requerimiento
efectuado por la Sala Cuarta de Revisión, el Director de la Cárcel de Anayancy
de Quibdó respondió lo siguiente:
1.
¿Cuántas personas se encuentran recluidas en el Centro Carcelario
y cómo se encuentran localizadas?:
- En la actualidad el establecimiento que dirige cuenta con 764
internos ubicados de la siguiente manera:
Patio No. 1 con 140 internos;
Patio No. 2 con 233;
Patio No. 3 con 230;
Pasillo interno con 92;
UTE con 7;
Reclusión de mujeres con 27;
Celda de beneficio con 29;
Recepción con 8 y
Rancho con 8 internos.
2.
¿Cuántos locutorios acondicionados para la visita íntima existen
dentro del Centro Carcelario y en qué lugar se encuentran ubicados?:
- El establecimiento no cuenta con locutorios acondicionados para
recibir la visita íntima. Está establecido en el reglamento interno que se
dispondrá de los dormitorios para llevarla a cabo cada mes y, agregó, que lo
que persiguen las actoras por medio de la tutela es que se homologue esta a la
visita semanal la cual tiene derecho todos los internos y son recibidas en
áreas comunes y en los patios del penal.
3.
Indique si existen diferentes locutorios acondicionados para la
visita íntima para los hombres y mujeres recluidos:
- En dicho establecimiento no cuentan con locutorios de ninguna
clase para realizar la visita íntima.
4.
Cuántos dragoneantes ejercen control para el desarrollo de la
visita íntima y cómo se distribuyen:
- Son siete dragoneantes los asignados para el control mensual de
vigilancia de la visita íntima de los hombres, los cuales se distribuyen dos
(2) por cada patio de internos.
- En el caso de las mujeres, solo se cuenta con una dragoneante
para controlar la seguridad de la visita íntima.
5.
Cuál es el horario y frecuencia de las visitas íntimas para los
reclusos y reclusas:
- El horario de la visita íntima es el segundo domingo de cada
mes.
6.
Describa detalladamente las conductas de indisciplina perpetradas
por las mujeres reclusas, que obligaron a cambiar la frecuencia de sus visitas
íntimas:
-
Las conductas de indisciplina son el incumplimiento al régimen
interno, empero no ha existido variación en las disposiciones de visita íntima,
toda vez que al reglamento interno del establecimiento se le efectuó control de
legalidad con relación al Acuerdo 011 de 1995.
1.5.4.6.
Defensoría del Pueblo- Regional Chocó[17]
El 22 de abril de
2015 el Defensor del Pueblo Regional Chocó realizó la diligencia de inspección
a las instalaciones del Establecimiento Penitenciario y Carcelario Anayancy de
Quibdó, en aras de verificar las condiciones en las que se llevan a cabo las
visitas conyugales.
Constatando que la Cárcel
Anayancy de la ciudad de Quibdó, tiene capacidad para 277 internos y alberga
762, entre hombres y mujeres, los cuales se encuentran distribuidos en dos (2)
pabellones. En el pabellón de los hombres existen tres (3) patios y un (1)
pasillo central y, en el de mujeres, solo existe un (1) patio en el que
conviven 28 internas.
No cuentan con locutorios
acondicionados para la realización de la visita íntima o conyugal dentro del
Centro de Reclusión, por cuanto estas, según el reglamento interno, se adelantan
en la celda dormitorio de cada interno, bajo precarias condiciones de
salubridad, higiene y aseo, ante la crítica situación de hacinamiento que se
registra en el penal.
Adicional a lo
anterior, los internos no cuentan con mobiliarios, no hay privacidad, no hay un
drenaje adecuado y hay baja luminosidad, no tienen suministro de agua potable
en las celdas, ni mucho menos el abastecimiento de preservativos.
Por lo que, ante la
gravedad de la situación, en aras de contrarrestar esta grave situación, se autorizó,
por parte de las directivas del penal, el ingreso de dos (2) preservativos por
visita, la cual se realiza una vez al mes, por el término de una (1) hora,
destinado los días sábados para las mujeres y, los domingos, para los hombres,
según expresó el director del establecimiento.
Precisamente, por el hacinamiento
padecido, se han definido unos turnos, llamados pico y placa en las celdas
dormitorios.
Resaltó que la
seguridad en el interior del penal para el desarrollo de las visitas íntimas
resulta insuficiente para poder atender la gran demanda de visitantes que
arriban a la instalación carcelaria los fines de semana puesto que solo tienen
dispuestos entre 4 y 7 dragoneantes para cumplir con ese servicio, por lo que
no se puede hacer un efectivo control del personal interno y de los visitantes.
Para finalizar indicó
que la precariedad de seguridad y control, sobre todo en el pabellón de
varones, por la cantidad de reclusos que soporta el penal, es lo que permite
que lo que en la realidad deberían ser visitas familiares, se conviertan en
íntimas, no resultando una mensual para los varones sino cuatro en la práctica,
lo que no ocurre con las internas que tienen sus parejas dentro del penal en el
citado pabellón, pues solamente se les permite pasar una vez al mes como indica
el reglamento interno del establecimiento, por lo que, a su juicio, resultan
materialmente tratadas de manera desigual, siendo ese precisamente el motivo de
la inconformidad que propició la acción de tutela.
1.5.4.7.
Personería Municipal de Quibdó
Mediante oficio del 13 de
mayo de 2015, el Personero Municipal de Quibdó señaló que dentro del plan de
acción de esa agencia ministerial se contempla el acompañamiento y la
orientación en procura de la defensa y protección de los derechos humanos de
los internos(as) recluidos en el centro penitenciario y Carcelario de Anayancy,
por lo que, para materializar dicho objetivo, realizan jornadas lúdicas
didácticas en los diferentes patios de ese penal.
En el desarrollo de una de
esas jornadas, les fue manifestado, de forma verbal, por parte de algunas
internas “que le estaban prohibiendo las visitas conyugales con los internos
recluidos en este mismo”, hecho que socializó con quien fungía como
director para esa fecha, quien le manifestó que, “algunas internas al pasar
a los patios de los reclusos están portando en sus partes íntimas sustancias
alucinógenas; se están embriagando; asumiendo comportamientos inadecuados y
faltando el reglamento interno”.
Por lo anterior, le solicitaron al
director socializar en los diferentes patios, de manera reiterada, el
reglamento interno de ese establecimiento, y han hecho jornadas en las que se
resalta la importancia de los derechos y deberes que tienen cada uno de las
internas, con lo cual se logra un sano esparcimiento, además se realiza la
entrega de kits de aseo en el patio de las mujeres, entre otras actividades, en
procura de mejorar la situación en que se hallan.
1.5.4.8. Ministerio de Hacienda
Por medio de oficio recibido en la
Secretaría General de esta Corporación el 14 de abril de 2015[18],
la cartera ministerial de Hacienda dio alcance a los requerimientos de las
peticionarias y, en torno a sus pretensiones, solicitó que se le eximiera de
responsabilidad, como quiera que carece de legitimación en causa por pasiva
pues legalmente no puede satisfacer los requerimientos de demanda en tanto que
no transgredió derecho fundamental alguno y lo que se persigue no tiene
relación con las funciones de esa entidad.
Adicionalmente, se indicó que desde ese
ministerio los recursos se asignan de forma global y la ejecución de estos corresponde
a las entidades de acuerdo con la priorización del gasto que ellas establezcan.
Además, señaló las partidas financieras destinadas a los gastos de
funcionamiento y de inversión del INPEC y de la USPEC, aclarando, que debido a
la caída del precio del petróleo el gobierno nacional se vio obligado, en
aplicación del principio de responsabilidad fiscal y coherencia macroeconómica,
a aplazar unas apropiaciones del Presupuesto General de la Nación[19]
y, por ello, le congelaron $33.476 millones a la USPEC para la construcción y
ampliación de infraestructura en los establecimientos de reclusión nacional.
II. DECISIÓN JUDICIAL QUE SE REVISA
2.1. Decisión única de instancia
Mediante
providencia del 25 de agosto de 2014, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito
de Quibdó, Chocó, negó el amparo invocado, por considerar que los internos
pueden ver restringidos algunos de sus derechos, como consecuencia de normas y
condiciones que se establecen dentro del Centro Carcelario para el
mantenimiento del respeto, la convivencia pacífica y la disciplina. En línea
con lo anterior, argumentó que las medidas implementadas por el Director de la
Cárcel Anayancy, aunque pudiesen no resultar benéficas para algunos, sí traen el
bienestar para la mayoría de los internos que viven en condición de
hacinamiento.
Así
mismo, señaló que las reclusas podían hacer la solicitud de visita conyugal
ante el Director del Centro Carcelario, en atención a lo contemplado en el
artículo 29 del Acuerdo 011 de 1995[20].
III.  CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Corte Constitucional es competente, a
través de esta Sala Cuarta, para revisar la decisión proferida en este proceso
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto
Ley 2591 de 1991.
3.2. Legitimación por activa
En virtud de lo establecido en el
artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela es un instrumento de
defensa judicial al cual puede acudir cualquier persona para reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados como consecuencia de las acciones u omisiones
de las autoridades públicas y, excepcionalmente, de los particulares.
En concordancia con lo anterior, el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 estableció que esta acción constitucional
podrá ser ejercida en todo momento y lugar, por cualquier persona, quien podrá
actuar por sí misma o a través de apoderado judicial.
En esta oportunidad, la acción de tutela
fue presentada por la señora Cristal Solennia Córdoba Taborda y quince (15)
reclusas más del Centro Carcelario Anayancy de Quibdó, por considerar que sus
derechos iusfundamentales están siendo vulnerados, razón por la que se
encuentran legitimadas.
3.3. Legitimación por pasiva
El
INPEC, a través de sus directores regionales y de los establecimientos
penitenciarios, la USPEC, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el
Ministerio de Hacienda, son entidades de naturaleza pública, por tanto, de
acuerdo con el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, están legitimados como
parte pasiva, en la medida en que de ellas se predica presunta la vulneración
de los derechos fundamentales en discusión.
3.4. Problema jurídico
En el presente asunto la acción de tutela
se presenta con el fin de que sea amparado el derecho fundamental a la igualdad
de dieciséis (16) reclusas del Centro Carcelario Anayancy, a quienes les fue
restringida la visita íntima a una frecuencia de una (1) vez al mes, mientras
que a los hombres se les mantuvo con una periodicidad de cuatro (4) veces al
mes.
Por
otro lado, el Director del Establecimiento Penitenciario afirma que limitó el
horario de las visitas íntimas para las mujeres, al presentarse situaciones
graves de indisciplina que afectaban la seguridad y paz del penal.
Conforme
con tales antecedentes, esta Corporación debe resolver el siguiente problema
jurídico: ¿Constituye una vulneración del derecho fundamental a la igualdad, la
decisión del Director del Centro Carcelario Anayancy de restringir la visita
íntima de las mujeres reclusas a una (1) vez al mes, aun cuando se mantuvo una
regularidad de cuatro (4) veces al mes para los hombres reclusos?
Así
delimitada la cuestión a dilucidar, la Sala Cuarta de Revisión deberá analizar
si las medidas tomadas por el Director del penal, tendientes a controlar los
niveles de indisciplina en tratándose de la visita íntima, resultan ser
racionales, razonables y proporcionadas con el fin propuesto.
Finalmente,
se deberá determinar si la visita íntima en la Cárcel de Quibdó, se realiza con
el cumplimiento de las reglas constitucionales fijadas por la Corte
Constitucional relativas a la dignidad humana, salubridad e integridad.
A efectos de resolver el presente
asunto, resulta necesario hacer un análisis jurisprudencial de los siguientes
temas: (i) relación de especial sujeción existente entre el Estado y las
personas recluidas en establecimientos carcelarios, (ii) los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad y la razonabilidad y
proporcionalidad de las limitaciones a las que están sometidas, (iii)
el régimen de las visitas íntimas y su desarrollo en condiciones de
dignidad, luego de lo cual se examinará el (iv) caso concreto.
3.5. Relación de especial sujeción
existente entre el Estado y las personas recluidas en establecimientos
carcelarios. Reiteración de jurisprudencia
En diversas ocasiones esta Corporación ha
señalado que la posición dominante del Estado frente a las personas que se
encuentran privadas de la libertad en establecimientos carcelarios configura
una relación de especial sujeción que impone al primero la necesidad de
verificar el cumplimiento de ciertos preceptos normativos inherentes a esa
específica situación y, al mismo tiempo, de proveerle el goce efectivo de
aquellos derechos que no le fueron suspendidos en razón de su condición[21].
Por lo anterior, es de su entera
responsabilidad procurar por el cuidado de la vida, la salud, la integridad
física y moral, y las condiciones mínimas de existencia digna del individuo
privado de la libertad[22].
Dentro de un importante desarrollo
jurisprudencial, este Tribunal ha manifestado que:
“Las
relaciones de especial sujeción implican la subordinación de una parte (el
recluso), a la otra (el Estado) la cual se concreta en el sometimiento del
interno a un régimen jurídico especial (controles disciplinarios y
administrativos especiales y posibilidad de limitar el ejercicio de derechos,
incluso los fundamentales). A su turno, esta relación de especial sujeción
genera la carga de proteger a los internos expuestos a los riesgos y
consecuencias de  su condición derivada del poder punitivo del Estado.
Esta carga se manifiesta en varios deberes positivos y prestaciones que el
Estado ha de cumplir y prestar. Uno de esos deberes es garantizar la seguridad
de los reclusos, aún durante los traslados, y facilitar las condiciones para el
ejercicio de ciertos derechos, como el derecho a la visita conyugal”[23].
Sobre el mismo particular, también ha
dicho:
“El
ingreso de una persona a la cárcel, en condición de detenido o condenado,
significa el nacimiento a la vida jurídica de una relación de especial sujeción
entre la administración y el interno, en cuya virtud ésta queda enteramente
cobijada por la organización administrativa carcelaria o penitenciaria. En esta
relación, la administración adquiere una serie de poderes excepcionales que le
permiten modular y restringir el ejercicio de algunos de los derechos
fundamentales de los internos. Sin embargo, las limitaciones a los derechos
deben orientarse, en todos y cada uno de los casos, al cumplimiento de la
finalidad específica para la cual fue establecida por el ordenamiento legal esa
relación de especial sujeción, vale decir, la resocialización del delincuente y
el mantenimiento del orden y la seguridad en la prisión”[24].
No cabe duda que tal posición genera
para el Estado una serie de consecuencias jurídicas, que se traducen en su
obligación de regular el curso de determinados acontecimientos dentro de los
establecimientos carcelarios. Y es apenas natural que eso ocurra, pues, le
asiste el deber de velar por los protocolos de seguridad y preservar la
eficacia de su poder punitivo; pero, ello no lo exime de asegurarle a los
internos el goce eficaz de los derechos fundamentales –y no fundamentales–,
dentro de los límites que a su condición le imponen la Constitución, las leyes
y los reglamentos.
La reclusión a la que se ha hecho
mención, no supone la pérdida total de derechos para quienes son objeto de esa
medida. Este Tribunal ha establecido[25]
que las prerrogativas fundamentales de los internos se dividen en tres grupos:
“(…) (i) aquellos
derechos suspendidos como consecuencia lógica y directa de la pena
impuesta, lo cual se justifica constitucional y legalmente por los fines de la
sanción penal. Dentro de este grupo encontramos derechos como la libre
locomoción, y los derechos políticos como el derecho al voto, (ii) los
derechos intocables conformados por los derechos fundamentales de la
persona privada de la libertad que se encuentran intactos, pues aquellos
derivan directamente de la dignidad del ser humano, son ejemplo de éstos: los
derechos a la vida y el derecho al debido proceso, y por último, (iii) se encuentran
los derechos restringidos o limitados por la especial sujeción del interno
al Estado y tienen sentido porque con ello se pretende contribuir al proceso de
resocialización del condenado y garantizar la disciplina, seguridad y
salubridad en las cárceles. Encontramos limitados los derechos a la intimidad
personal y familiar, de reunión, de asociación, libre desarrollo de la
personalidad, libertad de expresión, al trabajo y a la educación”[26].
Con ese
criterio, esta Corporación[27],
ha deducido un contenido mínimo de las obligaciones que surgen para el Estado
de conformidad con las Reglas para el Tratamiento de los Reclusos[28],
que establecen que los internos tendrán derecho a:
·
Ser
ubicados en locales higiénicos y dignos;
·
Contar
con instalaciones sanitarias adecuadas a sus necesidades y al decoro mínimo
propio de su dignidad humana;
·
Recibir
ropa digna para su vestido personal;
·
Tener
una cama individual con su ropa de cama correspondiente en condiciones
higiénicas;
·
Contar
con alimentación y agua potable suficientes y adecuadas;
·
La
adecuada iluminación y ventilación del sitio de reclusión;
·
La
provisión de los implementos necesarios para su debido aseo personal;
·
Practicar,
cuando ello sea posible, un ejercicio diariamente al aire libre;
·
Ser
examinados por médicos a su ingreso al establecimiento y cuando así se
requiera;
·
Recibir
atención médica constante y diligente;
·
No
ser sujetos de penas corporales y demás penas crueles, inhumanas o degradantes;
·
Acceder
a material de lectura; y
·
Que
se respete su libertad religiosa.
En ese orden de ideas, al ser el Estado
el principal responsable de proporcionar las condiciones básicas para la vida
digna de un recluso dentro del establecimiento penitenciario, les corresponde a
las entidades estatales, entiéndase Gobierno Nacional – Ministerio de Justicia
y del Derecho, Ministerio de Hacienda, Departamento de Planeación Nacional,
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC – e Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC –, entre otras, garantizar a los reclusos el
goce de los derechos fundamentales que no les han sido suspendidos y,
parcialmente, los que han sido limitados[29].
3.6. Los derechos fundamentales de las
personas privadas de la libertad y la razonabilidad y proporcionalidad de sus
limitaciones
Este Tribunal Constitucional ha indicado
que el Estado puede someter al recluso a un conjunto de condiciones y reglas
encaminadas a mantener el orden y la seguridad de los establecimientos
carcelarios, siempre y cuando estas medidas se ajusten a los principios de
proporcionalidad y razonabilidad. De igual manera, como se señaló previamente,
este tiene el deber de garantizarles el pleno ejercicio de los derechos
fundamentales que no han sido suspendidos y, parcialmente, el disfrute de
aquellos que les han sido restringidos.
En concordancia con lo señalado en el
artículo 36 de la Ley 65 de 1993[30],
el director del centro de reclusión, como jefe de gobierno interno, es quien tiene
la potestad de regular el funcionamiento y el control de los reclusos que tenga
a su cargo.
Justamente, esta Corporación ha
indicado que la restricción de algunas prerrogativas para quienes se encuentran
recluidos, está amparada constitucionalmente, si cumple con los criterios de racionalidad,
razonabilidad y proporcionalidad[31].
El criterio de racionalidad se refiere a
que las acciones restrictivas de las autoridades deben estar fundadas en
razones que por medio de la lógica se pueden constatar o ser controvertidas.
Con ese criterio, cuando las decisiones de carácter legal, judicial o ejecutivo
sean irracionales, esto es, que racionalmente no conduzcan al fin que se dice
estar buscando, se entiende que son contrarias al orden constitucional vigente.
Por su parte, en lo concerniente al
criterio de razonabilidad, este Tribunal Constitucional ha indicado que el
mismo alude a que, en tratándose de decisiones, estas “encuentren
justificación no solamente racionales, desde un punto de vista lógico o
técnico, sino también desde un punto de vista ético”[32]. Es
decir, no solamente se ha de justificar la decisión a la luz de una razón
instrumental, sino, también, de cara a la razón práctica. Por ende, los
funcionarios no pueden, arbitrariamente, sacrificar valores constitucionales
que sean significativos e importantes, por proteger, con mayor empeño, otros de
menor valía.
En lo relacionado con la
proporcionalidad de la restricción a los derechos fundamentales de las personas
privadas de la libertad, esta Corporación ha sostenido que implica “[P]onderar
intereses enfrentados que han recibido alguna protección constitucional”, a
fin de verificar si la restricción en comento no es excesiva[33]. En
suma, se deberá analizar si la decisión cumple con los criterios de
racionalidad y razonabilidad.
Para evitar que ese juicio de
proporcionalidad y razonabilidad pueda descontextualizarse y desembocar en una
intelección subjetivista, contraria al estatuto superior, mediante sentencia
T-269 de 2002[34],
la Corte Constitucional fijó una serie de pautas a seguir, a saber:
“(i)
determinar si la medida limitativa busca una finalidad constitucional,
(ii)
si es adecuada respecto del fin,
(iii)
si es necesaria para la realización de éste –lo cual implica la no existencia
de una alternativa que garantice el cumplimiento del fin limitando en menor
medida el derecho que se ve restringido y
(iv)
si es estrictamente proporcional en relación con el fin que busca ser realizado
–esto implica un no sacrificio de valores y principios que tengan un mayor peso
que el principio que se pretende satisfacer”.
La intensidad del juicio de
proporcionalidad dependerá del derecho fundamental que se encuentre en juego. Además,
cuando se desarrolla de manera leve basta con establecer que el fin perseguido se
ajusta a la Constitución y la medida es apta para lograrlo. En el test
intermedio debe comprobarse que la disposición, además de ser legítima y apta,
es efectivamente conducente para lograr el resultado propuesto. Finalmente,
cuando el juicio es estricto porque involucra un criterio sospechoso de
discriminación, también se debe estudiar si la norma es necesaria y
estrictamente proporcional.
Conforme con tales antecedentes, se ha
considerado que no es constitucionalmente razonable, entre otras medidas, (i)
no autorizar a una persona recluida el ingreso de una máquina de escribir[35];
(ii) impedir el traslado de una persona gravemente enferma mediante el
uso de esposas; (iii) usar esposas durante las entrevistas con
familiares, amigos o abogados[36];
(iv) practicar requisas degradantes a las personas que van a los
establecimientos penitenciarios y carcelarios, cuando las mismas pueden
realizarse con igual o mayor efectividad, por medios menos invasivos[37];
(v) prohibir el ingreso el día de visitas a las mujeres en período de
menstruación[38];
(vi) apagar el televisor cuando alguno de los reclusos se ríe, como
medida disciplinaria; (vii) prohibir a las personas recluidas hablar en
los talleres o en las filas para recibir alimentos; y (viii) prohibir,
sancionar o no respetar la opción sexual de toda persona, y el legítimo
ejercicio de sus derechos sexuales.
De igual manera, en el ámbito de los
tribunales internacionales americanos, se ha encontrado en los criterios de
razonabilidad y proporcionalidad parámetros para establecer cuándo, en
ejercicio de sus legítimos poderes punitivos, algún Estado incurre en una
violación de los derechos reconocidos a todas las personas privadas de la
libertad en la región[39].
En otros continentes, como es el caso de Europa, también se han establecido
estos criterios, con el mismo propósito. Concretamente han indicado que ‘las
restricciones impuestas sobre personas privadas de libertad deberían ser las mínimas
necesarias y proporcionadas al objetivo legítimo por el cual son impuestas’[40].
Los anteriores estándares han sido reclamados ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos por individuos, como consecuencia del trato recibido en las
instituciones de reclusión.
Con ese criterio, la respectiva
autoridad pública penal debe ceñirse a los límites fijados por esta Corporación
para la restricción de derechos iusfundamentales, los cuales, según se
desprende de la anterior cita, deben ser al mismo tiempo razonables y
proporcionales de acuerdo con las circunstancias concretas de cada caso. Esto
es, que dicha restricción no sea absoluta, sino que haya modulación a través de
una serie de protocolos y máximas, que obedezcan a parámetros de seguridad,
higiene y moral, entre otros.
3.7. El régimen de las visitas.
Reiteración de jurisprudencia
El régimen de visitas de las personas
privadas de la libertad se encuentra contenido en el siguiente marco jurídico:
i) la Constitución Política; ii) el Código Penitenciario y Carcelario; iii) el
Acuerdo 011 de 1995 “por el cual se expide el Reglamento General al cual se
sujetarán los reglamentos internos de los Establecimientos Penitenciarios y
Carcelarios” y; iv) los diversos reglamentos internos de cada centro de
reclusión.
La visita que contempla tal régimen
constituye uno de los beneficios otorgados a los reclusos en armonía con sus
derechos fundamentales a la intimidad, a la igualdad, al libre desarrollo de la
personalidad y a la dignidad humana, entre otros. Es una figura que cobra
vigencia en virtud de la mencionada relación de especial sujeción a la que se
encuentran sometidos.
El artículo 112 de la Ley 65 de 1993[41],
modificado por el artículo 73 de la Ley 1709 de 2014[42],
establece lo siguiente respecto al régimen de visitas:
“Las personas
privadas de la libertad podrán recibir una visita cada siete (7) días
calendario, sin perjuicio de lo que dispongan los beneficios judiciales y
administrativos aplicables.
Para
personas privados de la libertad que estén recluidas en un establecimiento
carcelario distinto al arraigo familiar, el Inpec podrá programar un día
diferente al del inciso anterior para recibir las visitas.
El
ingreso de los visitantes se realizará de conformidad con las exigencias de
seguridad del respectivo establecimiento penitenciario, sin que ello implique
la vulneración de sus derechos fundamentales. Las requisas y demás medidas de
seguridad que se adopten deben darse dentro de un marco de respeto a la dignidad
humana y a la integridad física.
Las
requisas se realizarán en condiciones de higiene y seguridad. El personal de
guardia estará debidamente capacitado para la correcta y razonable ejecución de
registros y requisas. Para practicarlos se designará a una persona del mismo
sexo del de aquella que es objeto de registro, se prohibirán las requisas al
desnudo y las inspecciones intrusivas; únicamente se permite el uso de medios
electrónicos para este fin.
El
horario, las condiciones, la frecuencia y las modalidades en que se lleven a
cabo las visitas serán reguladas por la Dirección General del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Se
concederá permiso de visita a todo abogado que lo solicite, previa exhibición
de su Tarjeta Profesional y si mediare aceptación del interno.
Los
condenados podrán igualmente recibir visitas de los abogados autorizados por
ellos. Las visitas de sus familiares y amigos serán reguladas en el reglamento
general, de acuerdo a lo previsto en el presente artículo.
Los
visitantes que observen conductas indebidas en el interior del establecimiento
o que contravengan las normas del régimen interno serán expulsados del
establecimiento y se les prohibirán nuevas visitas, de acuerdo con la gravedad
de la falta, teniendo en cuenta la reglamentación expedida por la Dirección
General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Los
visitantes sorprendidos tratando de ingresar al establecimiento penitenciario
cualquier artículo expresamente prohibido por los reglamentos tales como armas
de cualquier índole, sustancias psicoactivas ilícitas, medicamentos de control
especial, bebidas alcohólicas, o sumas de dinero, no serán autorizados para
realizar la visita respectiva y deberá ser prohibido su ingreso al
establecimiento de reclusión por un periodo de hasta un (1) año, dependiendo de
la gravedad de la conducta. Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones
legales pertinentes.
En
casos excepcionales, el Director del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (Inpec) podrá autorizar visita a un interno, por fuera del
reglamento, dejando constancia escrita del hecho y de las razones que la
motivaron y la concederá por el tiempo estrictamente necesario para su
cometido. Una vez realizada la visita, el Director del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec) informará de la misma al Ministro de
Justicia y del Derecho, indicando las razones para su concesión.
La
visita íntima será regulada por el reglamento general según principios de
higiene y seguridad.
De
toda visita realizada a un establecimiento penitenciario o carcelario, sea a
los internos o a los funcionarios que allí laboran debe quedar registro
escrito. El incumplimiento de este precepto constituirá falta disciplinaria
grave.”
De igual manera, por disposición expresa
del artículo 52 de la citada ley, “el INPEC expedirá el reglamento general,
al cual se sujetarán los respectivos reglamentos internos de los diferentes
establecimientos de reclusión”.
En obediencia a ese precepto, el INPEC
expidió el Acuerdo 011 de 1995, al cual deben ajustarse todos los reglamentos
internos de las diferentes cárceles y establecimientos de similar naturaleza en
el país.
Ahora, el
artículo 26 del citado mandato señala que los directores de los
establecimientos determinarán en el reglamento de régimen interno, los horarios
en que los reclusos pueden recibir visitas, así́ como las modalidades y
formas de comunicación, de conformidad con los siguientes parámetros:
1. Los días sábados
se recibirán las visitas masculinas, y los domingos las femeninas.
2. Cada interno tendrá́
derecho a recibir dos grupos de visitas a la semana; un grupo el día sábado y
un grupo el día domingo, sin perjuicio de las regulaciones sobre visitas
programadas.
3. Cada
interno podrá́ recibir un número de personas no superior a tres (3) en
cada uno de esos días.
4. La visita se producirá́
en locutorios acondicionados para tal efecto. En los lugares donde no existan
los mismos, y mientras se acondicionan, las visitas podrán recibirse en los
pabellones. En ningún caso las visitas ingresarán a los lugares destinados al
alojamiento de los internos, salvo los casos de visita íntima.
5. En el
reglamento de régimen interno se establecerá un horario de visitas por
pabellones, de manera que en las horas de la mañana se evacuen las visitas de
la mitad de la población reclusa, y en las horas de la tarde las de la otra
mitad. La administración penitenciaria informará a los internos y a los
visitantes, el horario de visita de cada pabellón. A la entrada del
establecimiento se controlará el número de visitantes por interno.
Por su parte, el artículo 29 de la precitada
norma señala que: “previa solicitud del interno o interna al director del
centro de reclusión se concederá a aquel una visita íntima al mes, siempre que
se den los requisitos señalados en el artículo siguiente”.
A su vez, el artículo 30, exige para tal
efecto:
“1.
Solicitud escrita del interno al director del establecimiento en el cual
indique el nombre, número de cédula de ciudadanía y domicilio del cónyuge o
compañero(a) permanente visitante
2.
Para personas sindicadas, autorización del juez o fiscal. En caso de que la
visita íntima requiera de traslado de un interno a otro centro de reclusión
donde se encuentre su cónyuge o compañero(a), se hará constar este permiso que
concede la autoridad judicial. E1 director del establecimiento y el comandante
de vigilancia dispondrán lo necesario para garantizar la seguridad en el
traslado, siempre y cuando  ello sea posible.
3.
Para personas condenadas, autorización del director regional. En caso de que se
requiera traslado de un interno a otro centro de reclusión, el director
regional podrá conceder este permiso, previo estudio de las circunstancias. El
director del establecimiento y el comandante de vigilancia dispondrán lo
necesario para garantizar la seguridad en el traslado.
4.
El director de cada establecimiento verificará el estado civil de casado(a) o
la condición de compañero(a) permanente del visitante.
Cada
establecimiento penitenciario y carcelario deberá establecer un registro con la
información suministrada por el interno acerca de la identidad del visitante, a
efectos de controlar que la visita se efectúe en todo caso por la persona
autorizada” (negrillas
propias).
Resulta
importante aclarar, en relación con este punto, que el numeral 4º del artículo
30 del mencionado acuerdo que hace referencia a la facultad que recae en cabeza
del director del establecimiento carcelario de verificar el estado civil de
casado del recluso o la condición de compañero permanente de este con la
persona con la que pretendía tener la visita íntima, fue declarado nulo por el
Consejo de Estado, Sección Primera, mediante Sentencia del 5 de marzo de 1998,
dentro del expediente No. 4386, por encontrarlo contrario a la norma
reglamentada y a la Constitución Política.
Para
llegar a dicha conclusión, el máximo órgano de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo manifestó:
“La Sala
declarará probado el cargo en estudio, pues la norma reglamentaria circunscribe
la ‘visita íntima’ al cónyuge o compañero (a) permanente, en tanto que la norma
reglamentada se refiere en términos generales a la ‘visita íntima’, sin hacer
la distinción que hace el artículo 30 acusado.
Así las cosas,
estima la Sala que le asiste razón al actor cuando afirma que se viola el
artículo 112 de la Ley 65 de 1993 y los artículos 13 y 15 de la Constitución
Política que consagran los principios a la igualdad y a la intimidad, dado que
en efecto, de la visita íntima quedarían excluidos aquellos internos que a
pesar de tener novio (a) o amigo (a) íntimo (a) no estén casados o no tengan un
cónyuge o compañero (a) permanente”.
Del
mismo modo, esta Corporación, mediante Sentencia T-709 de 2013[43], al
estudiar un caso en el que se alegaba una afectación por dicha exigencia
consideró lo siguiente:
“Resulta inadmisible
cualquier decisión que niegue la autorización de la visita íntima a un recluso,
cimentándose en la falta de prueba de la calidad de cónyuge o compañero
permanente, pues estaría exigiendo requisitos que desaparecieron del mundo jurídico
en razón de una decisión emitida por el juez natural del asunto, en este caso,
el Consejo de Estado. En ese mismo orden, se tiene que para acceder al
mencionado beneficio basta la solicitud en la que se identifique plenamente al
visitante, de acuerdo al numeral 1° del artículo 30 del citado acuerdo, pues,
al no existir distinción alguna frente a la calidad de las partes, esta se
puede dar entre cualquier pareja de individuos, indistintamente del tipo de
relación que entre ellos exista; (…)”
Por
tanto, queda claro que resulta indispensable que el recluso acredite, para
poder mantener una visita íntima con una persona, la calidad de cónyuge o
compañero permanente con esta, pues ello implica necesariamente el
cercenamiento de los derechos sexuales de todos aquellos internos que al
momento de ser recluidos no contaban con una pareja que cumpliera tales
calidades.
Adicionalmente,
un requisito encaminado a exigir tales condiciones se torna, a todas luces
desproporcionado, arbitrario e irrazonable, pues claramente implica el
desconocimiento de postulados superiores, entre otros, el del libre desarrollo
de la personalidad, habida cuenta que impone a los internos la necesidad de
adaptar su vida a un tipo de relación sentimental que demanda de un periodo más
amplio de duración y el cambio de su estatus civil para poder practicar el
libre ejercicio de sus derechos sexuales, lo cual no ocurre dentro del resto de
la sociedad como quiera que para el desarrollo de tales prerrogativas no hace
falta la existencia de las aludidas uniones.
Así,
por ejemplo, lo indicó esta Corte en la Sentencia T-424 de 1992[44], en la
que abiertamente determinó que: “no se requiere
la preexistencia de un nexo afectivo plenamente consolidado y verificado por una
autoridad competente, habida cuenta que la persona recluída [sic] conserva la
libertad de escoger su pareja y de mantener relaciones sexuales, siempre y
cuando cumpla con las exigencias de salubridad, orden y seguridad propias de
los establecimientos carcelarios.”
Aunado
a ello, ilógico sería desconocer la existencia de relaciones más allá de las
que se generan a partir de la unión matrimonial o marital de hecho, puesto que,
además, es natural que se den otros vínculos fisiológicos o emocionales que merecen
igual respeto y protección por parte del Estado quien debe garantizarse los
espacios mínimos para la realización de las prácticas íntimas en pareja lo
cual, a no dudarlo, ayudan a la resocialización del recluso.
En línea con la citada disposición, el
artículo 37 del Acuerdo 011 de 1995 establece las causales de suspensión del
derecho. Allí se incluyen como criterios que justifican su restricción la mala
conducta del visitante o el visitado y la protección de la salud y la vida de
la comunidad carcelaria. El texto respectivo señala:
“ARTÍCULO 37. Suspensión de Visitas
Íntimas. La visita íntima se suspenderá en los siguientes eventos:
1. Por incumplimiento en los requisitos
de salubridad e higiene, previo concepto del médico oficial o del médico del
establecimiento.
2. Cuando a juicio del cuerpo médico del
centro de reclusión o en su defecto del médico oficial, sobreviniere enfermedad
que haga prever contagio.
3. Cuando el interno cometa falta grave
que dé lugar a sanción de supresión de visita o aislamiento.
4. Cuando para obtener este beneficio se
utilicen engaños comprobados, sin perjuicio de la acción disciplinaria o penal
a que haya lugar.
Una vez desaparecida la causa de la
suspensión, se restablecerá la visita.” (Subrayas propias)
A la luz de lo expuesto, para dilucidar
la regulación de las visitas íntimas en un asunto en concreto, el juez constitucional
deberá determinar el régimen constitucional y el régimen interno de cada
establecimiento penitenciario y carcelario en particular, con el propósito de
establecer una posible vulneración de los derechos fundamentales de los
reclusos.
3.8. El derecho a la visita íntima en
condiciones dignas. Reiteración de jurisprudencia
La Corte ha dado un lugar preferente a
la visita íntima dentro del catálogo de derechos de que gozan los reclusos, “señalándola
como aquel espacio que, como su nombre lo indica, brinda a la pareja un espacio
de cercanía, privacidad personal y exclusiva que no puede ser reemplazado por
ningún otro”[45].
En línea con lo anterior, este Tribunal
Constitucional ha referido que el soporte de este derecho fundamental limitado,
se deriva de la interpretación armónica de los derechos a la vida en condiciones
dignas. Así, en la Sentencia T-134 de 2005[46], se expresó que:
“
(…) el desarrollo de la sexualidad hace parte del derecho a la vida en
condiciones dignas, es así como al tratarse de personas privadas de la
libertad, se hace esencial para los reclusos y su pareja el poder relacionarse
con su pareja, pues se afecta no solo el aspecto físico sino el psicológico”.
Bajo el mismo criterio, mediante Sentencia
T-815 de 2013[47]
la Corte Constitucional afirmó: “es claro que una visita íntima en la cual
se respete la dignidad humana de un recluso(a) y de su pareja favorece a la
preservación de los lazos afectivos, sentimentales y sexuales, toda vez que una
de las formas de resocializar al recluso para su posterior integración en la
comunidad es con el apoyo y el mantenimiento de los lazos familiares mientras
dure su permanencia en un centro carcelario.”.
De esta manera, el Estado debe facilitar
el contacto entre los reclusos y sus parejas y procurar garantizar las
condiciones mínimas en la práctica de la visita íntima, con el fin de que no se
menoscabe el derecho a la dignidad humana del recluso y su pareja visitante.
Así, se deben garantizar las siguientes condiciones materiales concretas de
existencia o mínimos de dignidad para el ejercicio de una visita íntima, a
saber: i) privacidad; ii) seguridad; iii) higiene; iv) espacio; v)
mobiliario; vi) acceso a agua potable; vii) uso de preservativos e, viii)
instalaciones sanitarias. Al respecto esta Corte ha señalado:
“Así,
i) la privacidad se refiere a que no exista ningún tipo de intromisión por
parte de personas ajenas a la visita íntima. La visita íntima debe contener
aislamiento sonoro; ii) la seguridad que la autoridad carcelaria garantice el
orden, la vigilancia y el respeto por el desarrollo de la visita; iii) la higiene
indica el permanente aseo y limpieza de todos los elementos disponibles en la
visita íntima; iv) el espacio se circunscribe a una visita íntima sin
condiciones de hacinamiento, en la cual se puedan acomodar dignamente dos
personas sin importar su orientación sexual; v) mobiliario significa que la
autoridad carcelaria deberá proveer por cada visita íntima una cama y ropa de
cama que deberá ser mantenida y mudada con regularidad a fin de asegurar su
limpieza, en su defecto, se deberá permitir que cada recluso ingrese su propia
ropa de cama; vi) el acceso a agua potable conlleva el derecho que le asiste a
la pareja al suministro permanente de agua potable durante la visita íntima;
vii) uso de preservativos comprende el suministro de mínimo dos (2) preservativos
por interno/a los días en que tenga lugar la misma y; viii) instalaciones
sanitarias implica el acceso a un sanitario y a un lavatorio con agua para que
tanto las personas privadas de la libertad como sus visitantes puedan
satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y
decente.”[48]
A la luz de lo expuesto, se concluye que
las visitas íntimas deben llevarse a cabo en un ambiente seguro, limpio,
acondicionado, reservado y diferenciado de aquel en el cual se encuentran los
internos habitualmente, que ofrezca los mínimos de humanidad descritos
anteriormente. En ese sentido, no resulta aceptable constitucionalmente que las
parejas sean obligadas a que en el desarrollo de su visita queden expuestas al
público o reunirse en los pasillos, pabellones, instalaciones internas o
espacios reducidos, por cuanto ello restaría dignidad al ejercicio de ese
derecho y un inaceptable detrimento de las condiciones mínimas para su normal
disfrute.
3.9.
El derecho a la igualdad. Test integrado y juicio de proporcionalidad
De la lectura del artículo 13 Superior
se desprenden la garantía de igualdad ante la ley, así como también de
derechos, de protección, de libertades y de trato por parte de las autoridades
para todos los ciudadanos[49].
En ese sentido, se impide la aceptación
en nuestra sociedad de conductas, mandatos, posturas o disposiciones
discriminatorias con independencia de su motivación, pues en muchas ocasiones
atienden a diversos factores, dentro de los que con mayor frecuencia se
avizoran los que se sustentan en razones de sexo, raza, religión, origen,
lengua, opinión política y filosófica, etc.
Por ende, el citado mandato
constitucional prevé, con claridad, que todas las personas “nacen libres e
iguales ante la ley” y es precisamente tal premisa la que permite que, a partir
de la aludida libertad y con soporte en gustos, sensaciones, percepciones o
situaciones propias de la naturaleza, se adopten, desarrollen o nazcan personas
con características, pensamientos y cosmovisiones distintas al de la mayoría o
al del grupo más fuerte, por lo que es imperioso en nuestro sistema asegurar
que, a pesar de tales diferencias, se procure por el disfrute y la materialización
de sus derechos en total libertad y se impidan posturas que los restrinjan,
califiquen, degraden, cercenen o vulneren como quiera que ello evita su
desarrollo personal y social y la satisfacción de sus expectativas frente a la
vida.
Desacertado resulta entonces imponer
barreras sociales invisibles que contravengan la satisfacción y el desarrollo
personal, emocional o físico de quienes difieren de las apreciaciones
mayoritarias o que por razones propias de la naturaleza humana fungen
“aparentemente” con menor capacidad física respecto de otro sector poblacional,
pues tales divergencias no comportan riesgo alguno o daño para la sociedad, el
cual sí se generaría a partir de la promoción o aceptación del irrespeto, la
sumisión y el aislamiento de las posturas minoritarias y la segregación social
como se ha visto con palmaria claridad en la evolución mundial.
Desde esta perspectiva, un Estado
constitucional y democrático debe perseguir la inclusión y un trato equitativo
para sus habitantes tanto en las cargas impuestas como en las prerrogativas, y
promover no solamente una igualdad ante la ley sino que también le corresponde
procurar que la ley busque una igualdad real, que no admita ni privilegios para
unos, ni incapacidades para otros[50].
Por otro lado, el artículo estudiado
también procura garantizar la igualdad a quienes por sus condiciones
económicas, físicas o mentales se encuentren en circunstancias de debilidad
manifiesta luego, “(…) a primera vista, el único trato diferenciado que
resulta constitucionalmente admisible es aquél dirigido a eliminar las
desigualdades materiales existentes, para procurar iguales condiciones de
partida para todos. Esto es lo que la filosofía política contemporánea ha
denominado medidas de “discriminación inversa” o “acción afirmativa”[51].[52]
Así las cosas, nuestro postulado
constitucional persigue un mandato de trato paritario y otro de trato
diferenciado que atiende al precedido sector. Sin embargo, para dilucidar el
meollo del asunto que se esboza en el contenido de la tutela, esta sala se
limitará a desarrollar el estudio del test de igualdad y proporcionalidad
atendiendo, exclusivamente, al primer mandato de trato, entiéndase entre pares,
como quiera que la transgresión que se alega, supuestamente se materializa, en
razón al género.
En efecto, resulta importante tener en
cuenta que esta Corte en diversos casos ha adelantado el denominado “test de
igualdad” el cual ha tenido un proceso de evolución jurisprudencial como
quiera que desde su concepción primigenia ha adoptado diversos criterios
sostenidos dentro del juicio de igualdad europeo (que sigue el modelo del
principio de proporcionalidad) y del modelo americano (que se fundamenta en la
distinción entre tres niveles de escrutinios de igualdad) para, con
posterioridad, arribar al que ha denominado “juicio integrado de igualdad” por
medio del cual se ha armonizado y articulado los dos esquemas para adecuar el
que mejor puede dirimir las realidades sociales de los colombianos.
Para analizar a mayor profundidad la
adopción inicial de estos dos sistemas en la jurisprudencia de esta Corporación
pueden observarse las Sentencias C-022 de 1996[53] y C-673 de
2011[54],
en las que acudiendo a tales métodos esta Corte estudió demandas impetradas
contra disposiciones legales en tanto que de ellas se aducía la transgresión
del derecho a la igualdad. No obstante, con el propósito de brindar una mayor
claridad sobre el juicio integrado de igualdad, esta Sala realizará un estudio
somero de ellos para luego adentrarse en el pertinente.
El sistema Europeo se fundamenta en el
principio de proporcionalidad y para la Corte debía analizarse si existía una
justificación objetiva de la norma o del trato desigual, esto es, que ella
persiga un fin legítimo y que exista proporcionalidad entre los medios
empleados y el fin buscado[55].
Tal análisis debía efectuarse mediante
un “test de razonabilidad” el cual está compuesto por tres etapas, la
primera, la existencia de un objetivo perseguido a través de un trato desigual,
la segunda, la validez de ese objetivo a la luz de la Constitución y, la
tercera, la razonabilidad del trato desigual, es decir, la relación de
proporcionalidad entre ese trato y el fin perseguido, por lo que para
considerar esto se debía acudir a unos subprincipios de la proporcionalidad,
cuales son la idoneidad o adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido
estricto.
Por su lado, el sistema norteamericano
realiza la distinción, como se indicó, de tres niveles de escrutinio que son:
estricto, intermedio y leve. Con relación al primero debe decirse que aborda
todos aquellos casos en los que la diferenciación realizada puede ser
potencialmente discriminatoria, es decir, que su justificación sea por motivos
de raza, sexo o condiciones de grupos o minorías que, a su vez, están en
desventaja con el resto de la sociedad.
Para ello es necesario desvirtuar la
presunción de trato inequitativo, para lo cual se deben cumplir dos exigencias:
(i) que la medida persiga un objetivo no prohibido o fundamental para la
sociedad y el Estado y (ii) que la medida sea indispensable para
lograrlo. En esta oportunidad se deben analizar las llamadas “categorías
sospechosas”, las cuales fueron definidas en la Sentencia C-093 de 2001 de
la siguiente manera:
“(i)
se fundan en rasgos permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden
prescindir por voluntad propia, a riesgo de perder su identidad; (ii) esas
características han estado sometidas, históricamente, a patrones de valoración
cultural que tienden a menospreciarlas; (iii) no constituyen, per se, criterios
con base en los cuales sea posible efectuar una distribución o reparto
racionales y equitativos de bienes, derechos o cargas sociales. (iv) Los
criterios indicados en el artículo 13 deben ser considerados sospechosos, no
sólo por cuanto se encuentran explícitamente señalados por el texto
constitucional, sino también porque han estado históricamente asociados a
prácticas discriminatorias”
Respecto del escrutinio intermedio se
afirma que este busca no desfavorecer a los grupos tradicionalmente vulnerados
sino intentar fortalecerlos y así alcanzar una igualdad real. Y, finalmente,
frente al escrutinio débil puede decirse que este se aplica generalmente en
tanto que por medio de él se puede declarar una norma como constitucional si la
medida que contiene el trato diferencial es la adecuada para conseguir el
objetivo previsto y que este no se encuentre prohibido por el ordenamiento
legal.
Ahora, a partir del juicio integrado de
igualdad lo que procuró esta Corte fue acoplar el juicio de proporcionalidad y
el test de igualdad, en otros términos, “[l]o que en este modelo se hace, básicamente, es retomar y armonizar
los elementos del test o juicio de proporcionalidad europeo con los aportes de
la tendencia estadounidense.”[56]
En ese sentido con dicha integración esta Corte lo que analiza, según los
parámetros europeos, es: “(i) (…) si la medida es o no adecuada, es decir,
si constituye o no un medio idóneo para alcanzar un fin constitucionalmente
válido; (ii) se analiza si el trato diferente es o no necesario o
indispensable; y (iii) se realiza un análisis de proporcionalidad en estricto
sentido, para determinar si el trato desigual no sacrifica valores y principios
constitucionales que tengan mayor relevancia que los alcanzados con la medida
diferencial.”[57].
Y, al mismo tiempo, integra el modelo norteamericano en la medida en que
tiene en cuenta los distintos niveles de intensidad en la aplicación de los
escrutinios, los cuales varían, como se observó previamente, en estricto,
intermedio y flexible. Estudio en el que se observa, atendiendo al tipo, lo
siguiente: en el “(i) estricto, [que] el trato diferente deba constituir una
medida necesaria para alcanzar un objetivo constitucionalmente imperioso;” en
el “(ii) intermedio, [que] (…) el fin [sea] importante constitucionalmente y
el medio [sea] (…) altamente conducente para lograr el fin propuesto; y (iii)
flexible o de mera razonabilidad, es decir que [sea] suficiente con que la
medida sea potencialmente adecuada para alcanzar un propósito que no esté
prohibido por el ordenamiento.”[58].
4. La restricción de los derechos sexuales
como una forma de sanción
Han sido varios los pronunciamientos de este
Tribunal en torno al tema de los derechos sexuales pero en todos se ha
destacado que constituyen un elemento cardinal de la persona. Así, por ejemplo,
la Sentencia T-440 de 1992[59]
reconoció la sexualidad como “un componente esencial de la vida síquica y
cimiento de la personalidad” el cual es independiente de la reproducción
aunque se encuentran interrelacionados.
Por ende, se puede concluir que una
forma de imponer violencia y transgredir los derechos de las mujeres es aquella
que hace de su sexualidad un aspecto usado para infringir dolor, sumisión,
humillación y sanción.
Respecto del dolor, la sumisión y la
humillación ya se conocen distintas prácticas que son medianamente rechazadas y
penalizadas de diversas maneras en algunos sistemas judiciales internos y
claramente reprochadas por los sistemas internacionales y las organizaciones
defensoras de derechos humanos, las cuales son desarrolladas mediante el uso de
la fuerza o bajo el temor causado por violencia psicológica ejercida y
soportada, en varias ocasiones, en la presión social y familiar.
No obstante, esta Corte no puede ser
ajena a la posibilidad de que se humille a la mujer imponiéndosele una sanción
o reproche a causa de alguna conducta por ella realizada, a partir de su
sexualidad, bien sea limitándola o imponiéndole cosas o prácticas que no se
avienen a sus gustos o preferencias ante lo cual correspondería adoptar medidas
tendientes a evitar este tipo de situaciones.
Luego, es inadmisible que se pretenda
cercenar los derechos sexuales de una mujer como mecanismo de contravención o
para imponerle una sanción o reproche con independencia del tipo de conducta
que motive tal discurrir pues tal postura lo que representa es la
implementación de una forma de violencia contra la mujer, impidiéndole tener el
control y disfrute sobre su sexualidad, siendo este un elemento definitorio de
las personas.
Por ende, una disposición o medida que,
a modo de sanción, limite el disfrute y desarrollo de los derechos sexuales de
una persona es, a todas luces, contraria a los postulados constitucionales,
principalmente, del libre desarrollo de la personalidad y de dignidad humana.
Permitir una actitud restrictiva con las
características indicadas, en lugar de avanzar en la superación de las
dificultades y circunstancias que históricamente han marcado un camino de
violencia y discriminación hacia el género femenino, presupone el reforzamiento
de estereotipos desalentadores y retrógrados que exigen una reflexión detenida
y profunda por parte del aparato estatal, encaminada a redoblar esfuerzos para
atacar tales afectaciones y evitar futuras consolidaciones.
Ante lo cual, para la Corte se torna
necesario hacer un proceso de investigación que permita identificar las causas
de las situaciones de desigualdad y actuar en su erradicación, así como también
acabar con los estereotipos de género y los roles.
Propósito que debe ser, además, una
tarea de todos los seres humanos, para que, de manera unida, se realice una
oposición radical a esta situación vergonzosa, reforzada, con mayor ahínco, por
el papel del juez en la sanción de todas aquellas conductas que contravengan la
igualdad de género o que promuevan la violencia contra la mujer.
No se puede perder de vista que los
delitos de índole sexual contra la mujer, o las conductas que impliquen
violencia a partir de su sexualidad, imponen un daño psicológico irreparable
que marca su vida y truncan su desarrollo personal, social y físico.
Además denota una condición constante de
tortura y de desprecio personal, pues por el impacto que genera el padecer una
situación así, un gran número de mujeres se reservan tales hechos y evitan
denunciar y hasta hacer pública su molestia, la agresión, el daño, causando
trastornos emocionales y mentales que perduran todos los días de su vida si no
se cuenta con un apoyo familiar, social y, desde luego, estatal para perseguir
y juzgar a quien causó la afrenta y para acompañar y tratar el impacto
psicológico sobreviniente a la víctima.
Por tanto, permitir sanciones,
limitaciones o cualquier otro mecanismo que anule el disfrute de los derechos
sexuales puede implicar una tortura constante para la mujer, pues, se le
restringe de un componente importante en su vida, por lo que usar tal situación
para forzar en ellas determinadas conductas es un método inconstitucional y
claramente transgresor de sus derechos y de su dignidad. No se puede obligar a
alguien a adoptar un comportamiento a partir de la amenaza de restricción del
disfrute de sus garantías mínimas.
4.1. La protección a la mujer en
instrumentos internacionales
La mujer colombiana goza de una
protección constitucional puntual expuesta en los artículos 13 y 43 de la Carta
Política, en los que se consagran la igualdad entre hombres y mujeres y la
prohibición de que esta sea discriminada en razón al género.
Además, en virtud del bloque de
constitucionalidad, artículo 93 Superior, Colombia ha adquirido unos
compromisos internacionales que amplían su protección y que imponen la adopción
de diversas medidas jurídicas y legales para la materialización de sus derechos
en condiciones de igualdad real frente al hombre, los cuales no pueden
desconocerse por nuestro Estado.
En lo que viene al caso, seguidamente, esta
Sala hará mención de los apartes de las disposiciones que tratan la temática de
igualdad entre hombres y mujeres y de medidas contra cualquier forma de
violencia, así:
La Declaración Universal de los Derechos
Humanos en su preámbulo señaló que: “(…) Considerando que los pueblos de las
Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del
hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de
derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el
progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de
la libertad (…)”. (Subrayas por fuera del texto original).
Más adelante se expidió el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos que, en su artículo 3º, consagró
lo siguiente: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los
derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.” (Subrayas
por fuera del texto original).
Después se profirió la Declaración sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer la cual,
considerando que la Declaración de Derechos Humanos establece que: “(…) el
principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene todos los
derechos y libertades proclamados en dicha Declaración, sin distinción alguna,
incluida la distinción por razón de sexo” proclamó, de manera textual, lo
siguiente: “la expresión "discriminación contra la mujer" denotará
toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por
objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en
cualquier otra esfera.” (Subrayas propias).
Documento que además impone para los Estados
firmantes la obligación de condenar la discriminación contra la mujer por todos
los medios apropiados, sin dilaciones y promocionar políticas públicas
direccionadas a eliminar cualquier práctica o medida que pueda generarla, por
lo que, textualmente se indicó en el artículo 2º, entre otros, los siguientes
compromisos:
“(…)
h)
Consagrar,
si aún no lo han hecho, en sus constitucionales nacionales y en cualquier otra
legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y
asegurar por ley otros medios apropiados la realización practica de ese
principio;
i)
Adoptar
medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones
correspondientes, que prohíban todo discriminación contra la mujer;
j)
Establecer
la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad
con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o
competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la
mujer contra todo acto de discriminación;
k)
Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de
discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones
públicas actúen de conformidad con esta obligación;
l)
Tomar
todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer
practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
m)  Adaptar
todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o
derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación
contra la mujer;
n)
Derogar
todas la disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra
la mujer.” (Subrayas propias).
Del mismo modo, se debe tener en cuenta
lo indicado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la violencia contra la Mujer “Convención De Belém Do Pará” la
cual fue aprobada por Colombia y ratificada por el Congreso de la República,
mediante la Ley 248 de 1995, cuyo artículo 1º refiere que debe entenderse por
violencia contra la mujer “cualquier acción o conducta, basada en su género,
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer,
tanto en el ámbito público como en el privado.” (Subrayas propias).
En la Declaración de Beijing de 1995, IV
Conferencia Mundial Sobre la Mujer, se estableció en relación con los derechos
humanos de la mujer en su numeral 24, que le corresponde a los Estados: “Adoptar
las medidas que sean necesarias para eliminar todas las formas de
discriminación contra las mujeres y las niñas, y suprimir todos los
obstáculos a la igualdad de género y al adelanto y potenciación del papel
de la mujer; (…)” y, del mismo modo, en el numeral siguiente, indica que se
debe: “Alentar a los hombres a que participen plenamente en todas las
acciones encaminadas a garantizar la igualdad; (…)” (Subrayas
propias).
Adicionalmente, en el aludido documento
se estableció que los derechos humanos de la mujer “incluyen su derecho a
tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud
mental y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin
verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia. Las
relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre respecto de las relaciones
sexuales y la reproducción, incluido el pleno respecto de la integridad de
la persona, exigen el respeto y el consentimiento recíprocos y la voluntad de
asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento
sexual”. (Subrayas propias).
Atendiendo a las consideraciones
anteriores, esta Sala analizará el caso concreto.
5. Caso concreto
Como quedó visto, las demandantes
invocan el amparo del derecho a la igualdad solicitando que se ordene al
Director del Centro Carcelario Anayancy de Quibdó –Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad, restablecer las visitas íntimas con la
misma frecuencia permitida para los hombres reclusos, es decir, cada ocho (8)
días.
Como sustento de su requerimiento,
señalan que dicho funcionario público cambió intempestivamente el horario de la
visita íntima pues pasó de permitir su práctica cada semana de 8:00 am a 3:45 pm,
a una (1) hora cada mes.
En ese sentido, le corresponde a esta
Corte determinar si, en el presente asunto, se transgredieron los derechos
fundamentales de las demandantes, principalmente, a la igualdad y a la dignidad
humana, con la medida asumida por el director del penal frente al desarrollo de
las visitas íntimas y con las condiciones locativas en que estas se realizan.
Para ello, debe tenerse en cuenta que
según la respuesta dada por dicho funcionario al juez de instancia, la orden cuestionada
no impone la vulneración de derecho fundamental alguno en tanto que, aunque si
bien con anterioridad las reclusas gozaban de tal beneficio
cada ocho (8) días, lo cierto es que se suspendió por la indisciplina que se
presentaba cada vez que se realizaban las visitas.
En efecto, adujo
que las internas “cada vez que se terminaba la visita, regresaban
embriagadas, habían consumido sustancias psicoactivas, llegando al extremo de
convertirse en mercancía al interior del penal”[60],
situación que alegó conocía el Personero Municipal de Quibdó y que alteraban la
tranquilidad del establecimiento.
Sin embargo, esta Corte, en aras de esclarecer
la cuestión planteada, requirió a distintas entidades y las vinculó en cuanto
consideró que podría asistirles un interés legítimo en las resultas del
proceso, lo cual permitió conocer la problemática desde distintas esferas.
Surtido el trámite anterior, el director
del establecimiento dentro de la respuesta a los requerimientos realizados por
esta Sala adujo que, contrario a lo señalado por las demandantes, no ha existido variación en las disposiciones de visita íntima,
toda vez que el reglamento interno prevé una sola visita cada 30 días, la cual
es adelantada el segundo domingo de cada mes, por lo que tal medida se ajusta
al marco legal aplicable en torno al régimen de visitas previsto en la Ley 65
de 1993 y en el Acuerdo 011 de 1995.
Así
las cosas, dicho funcionario consideró que con su actuar está cumpliendo tales
disposiciones y, además, las órdenes proferidas por la directora regional
noroeste del INPEC, quien luego de una auditoría que adelantó al
establecimiento que dirige, arribó a la conclusión de que es necesario que
solamente se lleve a cabo una visita íntima por mes pues, por la ausencia del
personal vigilante, fácilmente pueden alterar los controles al punto de
permitir el ingreso de elementos prohibidos lo que fomentaría las faltas de
disciplina entre los reclusos.
Adicionalmente,
indicó que las conductas de indisciplina que realizaban las mujeres reclusas lo
obligaron a disponer el cambio de la frecuencia de las mencionadas prácticas,
faltas que consisten, concretamente, en el incumplimiento al régimen interno.
Con base en dicha respuesta esta Sala requirió
a la directora regional para que se pronunciara sobre las pretensiones de la
tutela quien con relación al caso, indicó que efectivamente adelantó una
auditoría en el interior del penal demandando y, fruto de la misma pudo
evidenciar el incumplimiento del reglamento en lo relativo al régimen de
visitas, por lo que le ordenó al director tal centro carcelario que adecuara su
sistema a lo que el reglamento indica y las demás disposiciones legales
aplicables, entiéndase, artículo 112 de la Ley 65 de 1993 y artículo 29 del
Acuerdo 011 de 1995.
Además, adujo que por el hacinamiento
que se presenta en esa cárcel, fácilmente, se pueden aprovechar los internos de
la periodicidad de las visitas familiares para convertirlas en íntimas.
Teniendo en cuenta esa información se
requirió al INPEC para que se pronunciara en torno al tema y dicho instituto
solicitó a esta Corporación declarar la improcedencia de la tutela como quiera
que no es posible conceder “la visita conyugal sin restricciones”[61].
Dentro de su respuesta, tal institución
señaló que los trámites relacionados con la visita conyugal corresponden a los
directores de los establecimientos carcelarios y a los directores regionales y
no a ella. Afirmación que soportó en las previsiones de la Ley 65 de 1993 y el
Acuerdo 011 de 1995.
Continuó su contestación aduciendo que dicha
prerrogativa se puede aprobar por las comentadas autoridades, y que una vez los
internos hayan acreditado la serie de requisitos que prevé el reglamento del
INPEC le corresponde al director revisar la documentación aportada y el estado
civil del interno a efectos de tener certeza sobre la condición de casado o de
compañero permanente del visitante.
Finalmente, dentro de su réplica señaló
que era normal que el director tomara “medidas restrictivas” para
subsanar las falencias y los brotes de indisciplina como quiera que las
internas habían incurrido en conductas constitutivas de faltas graves, de
conformidad con la Ley 65 de 1993 y el Acuerdo 011 de 1995.
Sin duda alguna el presente asunto
reviste significativa importancia para este Tribunal pues supone la vulneración
del derecho fundamental a la igualdad causado por una medida proferida por un
servidor público, la cual, a juicio de las demandantes, se adoptó en razón a su
género.
A la anterior situación se suman, las
quejas que dentro del plenario se exponen, encaminadas a cuestionar las
condiciones inhumanas a las que son sometidas las reclusas por las fallas en la
infraestructura del penal demandado y por el hacinamiento que, al parecer de
las internas, conculca su derecho fundamental a la dignidad humana.
Entrando en el meollo del asunto, debe
observarse que la respuesta dada por el director del establecimiento carcelario
dentro del estudio adelantado, por el juez de instancia, dista,
considerablemente, de la que ofreció a los requerimientos efectuados por esta
Corte.
En
efecto, como se mencionó, dicho funcionario indicó al juez Segundo Laboral
del Circuito de Quibdó, que no era viable acceder a lo pretendido por las
demandantes, pues aunque gozaban de una visita íntima cada 8 días, lo cierto es
que ello se les varió debido a sus faltas disciplinarias.
Para la Sala tal medida
claramente denota múltiples afectaciones constitucionales e implica una afrenta
al derecho a la igualdad de las reclusas demandantes, el cual es transgredido
materialmente como quiera que la visita conyugal de los hombres, a diferencia
de la de las mujeres, no está reglamentada a la espera de que tengan más
unidades de guardia para ejercer el control y dar cumplimiento al artículo 29
del Acuerdo 011 de 1995, tal y como lo manifestó el director del centro
carcelario al afirmar que: “para los hombres es más difícil hacer control
porque el establecimiento no cuenta con todas las condiciones de
infraestructura y el hacinamiento que se presenta allá, el espacio es muy
reducido, mientras que las mujeres tienen un mejor espacio y son menos que los
hombres; son 30 mujeres, mientras que los hombres son 716”.
Ahora, se dijo que se
presenta una desigualdad material, en tanto que formalmente, se advirtió por el
funcionario demandado que los dos géneros gozan de la misma cantidad de visitas
íntimas (1 cada 30 días), pero que en la práctica, por falencias propias del
sistema penitenciario, se altera dicho orden y, lo que se concede a los hombres
como visita familiar, se convierte en íntima, lo cual permite tener como cierta
la interpretación dada por las internas a la situación desigualitaria que por
vía de tutela cuestionan.
Así las cosas, como el mismo
funcionario señaló, la problemática de disciplina en el interior del penal se
presenta de mucho tiempo atrás, desde cuando fungía como subdirector de tal
establecimiento, luego aunque es clara la orden que profirió la directora
regional Noroeste en el sentido de dar cumplimiento a las directrices
superiores que, a su parecer, prevén una sola visita íntima al mes para los
reclusos, al indicar el director, que la medida se adopta por cuanto las
mujeres son las causantes exclusivas de los desórdenes que se presentan, al
provocar problemas de indisciplina durante el ejercicio de sus derechos
sexuales, indefectiblemente aquel impone un criterio de discriminación en razón
al género, pues, como se evidenció en el expediente, tales desmanes se comenten
con la participación conjunta del personal masculino.
En ese sentido, imponer como
forma de sanción de una falta, la restricción o limitación del ejercicio de los
derechos sexuales de la mujer, a no dudarlo, contraviene los postulados
constitucionales, pues constituye una forma de ejercer violencia sobre ella,
habida cuenta que no se puede acudir al cercenamiento de sus derechos ni a la
estigmatización del género femenino como un medio para ejercer disciplina, ni responsabilizarlas
en este caso como las únicas causantes de los desórdenes que, durante la visita
conyugal, en el disfrute de tal derecho, se presenten dentro del
establecimiento.
Inadmisible también resulta
que un servidor público adopte una medida así, pues, como se expuso en la parte
motiva, Colombia se encuentra comprometida internacionalmente con la
eliminación de cualquier barrera que se presente para obtener una igualdad material
y formal en razón del género.
Por ende, no es de recibo,
que por una falencia en el sistema penitenciario, como la comentada, se opte
por controlar a la mujer y no al hombre, con el pretexto de que el personal de
seguridad resulta insuficiente bajo la consideración de que ellas son las
únicas responsables de lo que viene sucediendo.
Tampoco es admisible disciplinar
a las internas por medio de la presión moral que les supone la imposición de
una sanción por la comisión de una falta deducida sin agotar previamente un
debido proceso mínimo consistente en permitirles justificar o dar explicación
de las actuaciones que se les atribuyen en el ámbito del ejercicio de sus
derechos sexuales limitados.
Importante resulta resaltar, que ningún
proceso efectivo de resocialización de reclusos puede partir de criterios
claramente discriminadores, ni de la admisión de la restricción de los derechos
sexuales sin sólido fundamento, pues aunque en este caso se trata de garantías
limitadas, no es posible corregir a alguien a partir de la violencia y de la
transgresión de sus prerrogativas mínimas, por más que la medida,
aparentemente, demuestre resultados como la preservación del orden y la
tranquilidad dentro del penal, según lo que en este caso se adujo.
Además, la comentada decisión, como no
se materializó para los hombres, funge como un castigo para las mujeres, como
quiera que éstas no la perciben como dirigida al acatamiento debido de una
disposición legal sino como una expresión de discriminación.
En ese sentido, esta Sala discrepa de la
postura adoptada por el funcionario público encargado de dirigir el
establecimiento demandado, como quiera que, como ya se explicó, con ella se
generó una discriminación inadmisible, desde una perspectiva material. Por tanto,
se proferirá una serie de órdenes encaminadas a que a las reclusas se les
brinde las mismas condiciones para los dos géneros, en tratándose del
desarrollo de la visita íntima.
Ahora, cosa distinta ocurre respecto del
concepto de igualdad en sentido formal, como quiera que las disposiciones
normativas que regulan a los internos de un establecimiento carcelario son las
mismas para los dos géneros, por ende, las mismas, por sí solas, no concretizan
la transgresión aludida en la demanda de tutela.
Si bien el artículo 29 del Acuerdo 011
de 1995, corresponde a la facultad que el legislador le encomendó al INPEC en
el inciso final del artículo 112 de la Ley 65 de 1993, de regular la vista
íntima por medio del reglamento general, según los principios de seguridad,
higiene y moral y que, adicionalmente se delegó la posibilidad de que los
regímenes internos de los establecimientos regulen el horario, las
condiciones, la frecuencia y las modalidades en que estas se lleven a cabo, lo
cierto es que el aludido precepto legal fue modificado por la Ley 1709 de 2014.
Ahora, aunque el Reglamento General del
INPEC prevé que la visita íntima se realizará una vez al mes, lo cierto es que
para esta Corte dicho reglamento no ha acogido completamente las modificaciones
introducidas por medio de la Ley 1709 de 2014 y los pronunciamientos que, en
torno a distintas temáticas han sido proferidos por la Corte Constitucional y
el Consejo de Estado.
Una muestra clara de ellos es, por
ejemplo, la manifestación del INPEC según la cual le corresponde al director
del establecimiento carcelario verificar la calidad de cónyuge o de compañero
permanente que tiene quien ingresa a efectos de autorizar la visita íntima al
interno.
Pues, como se señaló en apartes
anteriores de esta providencia, dicha prescripción que estaba prevista en el
numeral 4º del artículo 30 del aludido acuerdo fue declarada nula
por el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante Sentencia del 5 de marzo de
1998, dentro del expediente No. 4386, por encontrarla contraria a la norma
reglamentada y a la Constitución Política.
En efecto, para el máximo órgano de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, el referido aparte violaba el
artículo 112 de la Ley 65 de 1993 y los artículos 13 y 15 de la Constitución
Política, como quiera que la norma reglamentada solo hacía referencia a la
visita íntima sin realizar la distinción que preveía el artículo 30 acusado.
Del
mismo modo, dicho reglamento contraviene los pronunciamientos jurisprudenciales
efectuados por esta Corte, entre otros, los contenidos en las Sentencias T-709
de 2013[62]
y T-424 de 1992[63]
pues, en la primera, se indicó que no es posible negar la autorización de una
visita íntima cimentándose en la falta de prueba de alguna de esas dos
calidades [cónyuge o compañero (a) permanente] habida cuenta que “se estaría exigiendo
requisitos que desaparecieron del mundo jurídico en razón de una decisión
emitida por el juez natural del asunto, en este caso, el Consejo de Estado. (…)
al no existir distinción alguna frente a la calidad de las partes, esta se
puede dar entre cualquier pareja de individuos, indistintamente del tipo de
relación que entre ellos exista; (…)”
Y,
en la segunda, se puso en claro que no se hace necesaria la existencia de un
lazo afectivo consolidado [entre visitante y visitado], pues el interno cuenta
con la posibilidad de escoger libremente su pareja y ejercer sus derechos
sexuales con ella, siempre y cuando, cumpla con las exigencias de salubridad,
seguridad y orden, propias del penal.
Luego,
no es posible que una institución pública prevea beneficios exclusivos para
ciertos tipos de uniones, discriminando cualquier otra que permita el efectivo
ejercicio de los derechos sexuales de los internos y que atienda a lo que la
persona libremente eligió siempre que cumpla con parámetros exigidos para
asegurar la seguridad dentro del establecimiento.
Lo
anterior, por cuanto puede tornarse desproporcionada una medida en ese sentido,
pues desconoce la existencia de otras relaciones más allá del matrimonio o la
unión marital de hecho, habida cuenta que es natural que se
den otros vínculos fisiológicos o emocionales que merecen igual respeto y
protección por parte del Estado.
Otra inquietud que surge a partir del estudio
del reglamento del INPEC, es la modificación introducida al Sistema
Penitenciario por la Ley 1709 de 2014, en lo relativo al régimen de visitas, pues
el artículo 73 permite inferir, con total claridad, que el interno tiene
derecho a recibir una visita cada 7 días sin que el texto legal prevea alguna
modalidad o tipo exclusivo. Aunque también cabe entender que el tema de la
visita conyugal tiene una regulación particular.
El aparte modificado permite su
regulación en cabeza del INPEC, en tratándose de la frecuencia, el horario, las
condiciones y las modalidades, lo que implica que de cierto modo se restrinja
el derecho pero, lógicamente sin hacerlo nugatorio.
No cabe duda entonces que, de acuerdo
con estas nuevas directrices legales se justifica la actualización de la
reglamentación relacionada con las visitas a los centros carcelarios y, en
particular, de las visitas conyugales, con plena observancia de los parámetros
de seguridad, higiene y demás, acorde con las especiales condiciones de
sujeción, a las que están sometidos los reclusos dentro de una adecuada órbita
de racionalidad y proporcionalidad que no desborde los límites de la atribución
otorgada a los funcionarios respectivos, ni desconozca la realidad de cada una
de las cárceles en particular, teniendo en cuenta que los derechos involucrados
en un Estado de Derecho como el nuestro bien pueden ser implementados
ampliamente (sin desconocer las restricciones inevitables que en este caso se
ameritan)  en aras de hacer efectivo el disfrute.
Ahora, al realizar el estudio estricto
del derecho a la igualdad, puede decirse que, si bien la medida de regulación
de visitas, es necesaria de cara a las particulares condiciones que afronta
nuestro sistema penitenciario y, en especial, el de la cárcel demandada, para
mantener el orden interno, lo cual beneficiará a las familias de los reclusos
incluido a los niños, lo cierto es que en nada se justifica el trato
diferencial dado por el director, pues ni siquiera el género femenino
constituye la mayoría de internos, ni son las mujeres las causantes exclusivas
de las faltas disciplinarias advertidas.
Por lo anterior,
con el fin de proteger los derechos constitucionales fundamentales que se
derivan de la visita íntima, se ordenará al INPEC, que dentro de las (72) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, presente un plan de contingencia
o de choque con fechas y plazos precisos al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Quibdó, Chocó,
que asegure el goce efectivo e inmediato de los derechos tutelados y, en ese
sentido, que materialice unas condiciones de igualdad entre las mujeres y
hombres recluidos en el establecimiento carcelario relacionado con este proceso
de manera que los dos géneros disfruten de una (1) visita íntima al mes.
Para ello, se
debe disponer de la movilización del andamiaje estatal necesario o la
participación conjunta de la fuerza pública, bien sea por medio de los miembros
de la Policía Nacional, de manera transitoria, mientras se dota del personal de
seguridad requerido para controlar la cantidad de reclusos que se encuentran en
dicho establecimiento penitenciario. Lo anterior, con la intención de asegurar
el cometido aludido y restablecer el orden interno, mientras se construyen las
obras requeridas.
Con dicho
propósito, podrán adoptarse medidas que no impongan cargas, limitaciones o
restricciones adicionales sobre estos u otros derechos fundamentales, como por
ejemplo, el establecimiento de campamentos higiénicos los días de las visitas
íntimas, o la división del grupo de hombres para tomar su visita los días
sábados y domingos teniendo en cuenta, para los dos, el límite temporal
concedido a las mujeres, o sea, 45 minutos, entre otras medidas, procurando
siempre, que los dos géneros puedan recibir las mismas visitas en condiciones y
espacios iguales.
Adicionalmente, esta Corte ordenará al
Instituto Nacional Penitenciario que, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la notificación de esta providencia inicie un estudio de su
reglamento interno de cara a los postulados que incorporó la Ley 1709 de 2014 y
acompase sus directrices a las disposiciones legales en ella previstas en un
lapso no mayor a tres meses y, para su verificación, se comisionará a la
Defensoría del Pueblo a que haga seguimiento de la adopción y materialización
de los cambios a que haya lugar.
Por otro lado, como quedó expuesto en
las consideraciones de esta providencia, por la especial sujeción del interno
al Estado, algunos derechos de rango iusfundamental pueden ser
restringidos por parte de la organización penitenciaria, en caso de encontrarse
en colisión con el ejercicio de otros derechos fundamentales o la garantía de
otros fines constitucionales.
Muestra clara de ello es lo relacionado
con la visita íntima, como quiera que, como se dijo, se trata de un derecho
fundamental limitado pues se requiere de diferentes requisitos para su
realización, como de condiciones de seguridad, permisos, fechas y horarios para
ingresar, no obstante, tal restricción no puede servir de pretexto para
permitir situaciones discriminatorias, menos aún relacionadas con el género.
De otra parte, esta Corte no puede ser
ajena a las claras pruebas que se aportaron al expediente y al informe que
presentó el Defensor del Pueblo Regional Chocó, en el que expone, con
preocupación, la grave situación que presenta tal establecimiento como quiera
que por el hacinamiento y la falta de dragoneantes se homologan con facilidad
las visitas íntimas a familiares.
Adicionalmente tal informe advierte sobre
las precarias condiciones físicas, de privacidad, salubridad e higiene en que
se realizan dichas visitas por lo que le corresponde al Estado, a través de sus
funcionarios, facilitar el contacto entre los internos y sus parejas en un
marco en el que no se menoscaben sus derechos.
Luego, como la
naturaleza del derecho a la visita íntima implica, además, que esta se adelante
en un lugar adecuado, seguro, limpio, acondicionado para el efecto, reservado y
diferenciado de aquel en el cual se encuentran los internos habitualmente, no
es posible que el Estado, como sujeto ubicado en posición jerárquica superior, se
sustraiga del deber de proporcionar las instalaciones adecuadas para que las
visitas se desarrollen en condiciones de dignidad.
En efecto, la Sala reitera lo que este
Tribunal ha indicado con relación a los parámetros mínimos que se deben cumplir
para que el ejercicio de una visita íntima, a saber: i) privacidad; ii)
seguridad; iii) higiene; iv) espacio; v) mobiliario; vi) acceso a agua potable;
vii) uso de preservativos e, viii) instalaciones sanitarias.
Elementos que en el presente caso, con
certeza no se garantizan, pues así lo relacionó el Defensor del Pueblo Regional
Quibdó, en la visita que adelantó el 12 de abril de 2015, y, en la que concluyó,
respecto de las condiciones en las que se dan las visitas conyugales dentro de
la Cárcel Anayancy, lo siguiente:
“Estas
instalaciones no cuentan con locutorios acondicionados para la visita íntima o
conyugal. Por cuanto estas, según el reglamento interno, se realizan en la
celda dormitorio de cada interno, bajo precarias condiciones de salubridad,
higiene y aseo, ante la crítica situación de hacinamiento que se registra en el
penal.
Además
de carecer de un espacio adecuado para realizar las visitas íntimas al interior
del penal, no existen mobiliarios, no hay privacidad, no hay drenaje adecuado,
baja luminosidad, no existe suministro de agua potable en las celdas, ni mucho
menos suministro de preservativos.
(…)
Es
importante señalar que la seguridad al interior (sic) del penal para el
desarrollo de las visitas íntimas, resulta insuficiente ante la gran demanda de
visitantes que arriban a estas instalaciones los fines de semana, por cuanto se
tienen habilitados entre 4 y 7 dragoneantes para cumplir con ese servicio”[64].
Por tanto, a
juicio de esta Sala de Revisión, las condiciones en que se realizan las visitas
en el mencionado Centro Carcelario, según lo que quedó evidenciado, contradicen
los más elementales postulados de dignidad en relación con el ejercicio de un
derecho que, como se ha visto, el Estado tiene el deber de garantizar, demostrado,
como se halla, en la medida que no existe un lugar adecuado, privado e
higiénico para su realización y que no se ofrecen los mínimos de
seguridad durante la ejecución de la misma, debido a que hay pocos dragoneantes,
razón por la cual se está desarrollando en un ambiente de indisciplina e
irrespeto.
De otro lado, de las fotografías
allegadas se evidencia que el lugar donde se realiza la visita presenta
condiciones infrahumanas. Los reclusos las practican en sus dormitorios, sin
ningún tipo de aseo y privacidad. No cuentan con un acceso a una fuente de agua
potable, instalaciones sanitarias y preservativos. Tal situación resulta
inaceptable en la medida en que compromete abiertamente el derecho en discusión.
Frente a lo
cual, si bien se está atendiendo parcialmente el derecho en cumplimiento a las
directrices dadas por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del
Pueblo, lo cierto es que las medidas aún no materializan completamente unos
espacios dignos para el fin respectivo, por tanto, se ordenará al Ministerio de
Hacienda, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Departamento Nacional de
Planeación y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC que en la
vigencia presupuestal subsiguiente a la notificación de la presente providencia
se realicen las gestiones administrativas y apropiaciones presupuestales
necesarias para continuar con las adecuaciones de infraestructura que sean requeridas
dentro del establecimiento penitenciario, Cárcel Anayancy, con el fin de que
las visitas conyugales o íntimas se practiquen dentro de un contexto digno y en
un adecuado entorno de i) privacidad; ii) seguridad; iii) higiene; iv) espacio;
v) mobiliario; vi) acceso a agua potable; vii) uso de preservativos e viii)
instalaciones sanitarias.
Finalmente, la
Sala prevendrá al Defensor de Pueblo Regional Chocó, para que realice un
seguimiento especial al cumplimiento de las órdenes aquí impartidas.
IV. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR el
fallo proferido, el 25 de agosto de 2014, por el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Quibdó, Choco, en el trámite del proceso de tutela T-4.741.255
presentado por las señoras Cristal Solennia Córdoba, María del Rosario Rodríguez
Mosquera, Zoraida Romaña, Doris Emerita Asprilla, Clara Inés Ibargüen Mosquera,
Tatiana Perea Mena, Doris Esther Carrascal, Betty Palacios, Karen Johana
Salazar Moreno, Carolina Díaz Arboleda, Carolina Asprilla Mosquera, Aidee
Rentería Triana, Emeteria Córdoba Ramírez, Ermenia Córdoba Rubio, Hilda Yurani
Caicedo Maquillo y Dosty Alexandra Ibargüen Porras. En su lugar, amparar sus
derechos fundamentales a la igualdad y a la dignidad humana.
SEGUNDO.- ORDENAR
a
la Cárcel
Anayancy de Quibdó –EPMSC Quibdó, que dentro de las (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, presente un plan de
contingencia o de choque con fechas y plazos precisos al Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Quibdó, Chocó, que asegure el goce efectivo e
inmediato de los derechos tutelados y, en ese sentido, que materialice unas
condiciones de igualdad entre las mujeres y hombres recluidos en tal
establecimiento carcelario, de manera que los dos géneros disfruten de una (1)
visita íntima al mes y que su duración sea la misma. Acudiendo a diversas
medidas como se indicó en la parte considerativa de este fallo sin que se
impongan cargas, limitaciones o restricciones adicionales sobre sus derechos
fundamentales, en un entorno de i) privacidad; ii) seguridad; iii) higiene; iv)
espacio; v) mobiliario; vi) acceso a agua potable; vii) uso de preservativos e
viii) instalaciones sanitarias.
TERCERO.- ORDENAR al Instituto
Nacional Penitenciario –INPEC que, dentro de los treinta (30) días siguientes a
la notificación de esta providencia inicie un estudio de su reglamento interno
de cara a los postulados que incorporó la Ley 1709 de 2014 y a que, en un
término no inferior de tres (3) meses acompase sus directrices a las
disposiciones legales en ella previstas y a los distintos pronunciamientos
jurisprudenciales que en torno al tema han sido proferidos por la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado.
CUARTO.- ORDENAR al Ministerio
de Hacienda, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Departamento Nacional
de Planeación y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC que en
la vigencia presupuestal subsiguiente a la notificación de la presente
providencia se realicen las gestiones administrativas y apropiaciones
presupuestales necesarias para continuar con las adecuaciones de
infraestructura que son requeridas dentro del establecimiento penitenciario,
Cárcel Anayancy, con el fin de que las visitas conyugales o íntimas se
practiquen dentro de un contexto digno y en un adecuado entorno de i)
privacidad; ii) seguridad; iii) higiene; iv) espacio; v) mobiliario; vi) acceso
a agua potable; vii) uso de preservativos e viii) instalaciones sanitarias.
QUINTO.- ORDENAR al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, que presente
perentoriamente un plan de contingencia para que haya suficientes vigilantes o
dragoneantes en la realización de la visita íntima en la cárcel mencionada.
Dicho programa deberá ser implementado dentro de las 72 horas siguientes a la
notificación de esta providencia y remitirse copia a la Sala Cuarta de Revisión
de la Corte Constitucional.
SEXTO.-
CONMINAR al
Defensor del Pueblo Regional Chocó, para que realice un seguimiento especial al
cumplimiento de las órdenes aquí impartidas e informar lo pertinente a esta
Corte y al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Quibdó.
SÉPTIMO.-
COMUNICAR el
presente fallo a la Defensoría del Pueblo para que realice el acompañamiento y
el seguimiento del cumplimiento de las órdenes proferidas en esta providencia.
OCTAVO.-
Por
Secretaría General líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con aclaración de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ANEXOS
Establecimiento Penitenciario y
Carcelario Anayancy de Quibdó – Pabellón Mujeres
-
Las
celdas dormitorios son utilizadas para realizar la visita íntima, sin ningún
tipo de privacidad y medidas de higiene.
-
Existen
internas que carecen de plancha, por lo que deben dormir en el piso.
Establecimiento
Penitenciario y Carcelario Anayancy de Quibdó – Pabellón Mujeres
Establecimiento
Penitenciario y Carcelario Anayancy de Quibdó – Pabellón Mujeres
Establecimiento Penitenciario y
Carcelario Anayancy de Quibdó – Pabellón Hombres
Establecimiento Penitenciario y
Carcelario Anayancy de Quibdó – Pabellón Hombres
Establecimiento Penitenciario y
Carcelario Anayancy de Quibdó – Pabellón Hombres
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-323/15
DISCRIMINACION A MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Caso en que la vulneración está dada por la distinción entre hombres y
mujeres al momento de hacer efectiva la restricción de los derechos sexuales
(Aclaración de voto)
En este caso la vulneración está dada por la distinción entre
hombres y mujeres al momento de hacer efectiva la restricción de los derechos
sexuales y por lo tanto no es claro que se trate de un caso de violencia contra
la mujer sino, como se afirma al resolver el caso concreto, se está ante la
discriminación basada en estructuras de poder sobre las mujeres, que además tiene
su fundamento en estereotipos de género.
Referencia:
expediente T-4.741.255
Acción
de tutela presentada por Cristal Solennia Córdoba y otras contra Cárcel
Anayancy de Quibdó.
Asunto:
discriminación a mujeres privadas de la libertad en establecimiento
penitenciario y carcelario.
Magistrado
Ponente:
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Corte Constitucional, a continuación presento las razones que
me conducen a aclarar el voto en la decisión adoptada por la mayoría de
la Sala Cuarta de Decisión de tutelas, en sesión del 25 de mayo de 2015.
Comparto la decisión de la Sala
consistente en conceder el amparo, pues considero que en este caso la
accionada violó los derechos a la igualdad, al debido proceso, a la intimidad y
a la dignidad de las accionantes.
En efecto: (i) se vulneró el derecho a
la igualdad al restringir las visitas íntimas de las mujeres privadas de la
libertad a una vez al mes, en contraste con las de los hombres que se llevan a
cabo cuatro veces al mes, pues no es admisible que ante las
falencias que presenta el establecimiento, se opte por controlar a la mujer y
no al hombre, con fundamento en que el personal de seguridad resulta insuficiente;
(ii) se desconoció el derecho al debido proceso de las accionantes, pues
tampoco es aceptable disciplinar a las mujeres privadas de la libertad por
medio de la presión moral que les supone la imposición de una sanción por la
comisión de una falta deducida, sin haber agotado previamente un debido
proceso; y (iii) se transgredieron los derechos a la intimidad y a
la dignidad de las accionantes al no existir lugares adecuados para recibir la
visita íntima, personal de seguridad, acceso a agua, ni acceso a preservativos.
Sin embargo, debo puntualizar mi
posición en relación con tres asuntos contenidos en la sentencia de la
referencia.
Primero, en el capítulo
referente al derecho a la igualdad, antes de introducir el contenido del test
de igualdad se afirma: “Así las cosas, nuestro postulado constitucional
persigue un mandato de trato paritario y otro de trato diferenciado que atiende
al precedido sector. Sin embargo, para dilucidar el meollo del asunto que se
esboza en el contenido de la tutela, esta sala se limitará a desarrollar el
estudio del test de igualdad y proporcionalidad atendiendo, exclusivamente, al
primer mandato de trato, entiéndase entre pares, comoquiera que la
transgresión que se alega, supuestamente se materializa en razón del género.”
(Negrillas fuera del texto original)[65]
No estoy de acuerdo con el aparte
resaltado, pues considero que las mujeres son un grupo históricamente
discriminado, y como tal se debe garantizar el derecho a la igualdad desde los
puntos de vista material y formal. Así pues, no veo alguna razón para que se
diga que la discriminación en razón del género implica solamente un análisis
desde el punto de vista formal, otra cosa es que este caso en particular pueda
tener un enfoque de igualdad desde el punto de vista formal y no material, pero
no se puede ignorar que en ocasiones el trato exclusivamente igual a las
mujeres puede dejarlas en una condición de desventaja frente a los hombres, por
lo que la afirmación antes descrita no es precisa.
Así pues, aunque esto no tiene
trascendencia directa en la solución de este caso, esta sentencia sienta un
precedente y una afirmación como la antes señalada puede dar lugar, por
ejemplo, a que se piense que se puede omitir la obligación de implementar
acciones afirmativas por pensar que la discriminación por razón del género solo
puede dar lugar a un análisis desde el punto de vista formal.
Segundo, en relación con
el capítulo sobre los derechos sexuales como sanción, la sentencia sostiene lo
siguiente: “(…) es inadmisible que se pretenda cercenar los derechos
sexuales de una mujer como mecanismo de contravención o para imponerle una
sanción o reproche con independencia del tipo de conducta que motive tal
discurrir pues tal postura lo que representa es la implementación de una forma
de violencia contra la mujer, impidiéndole el [sic] tener el control y disfrute
sobre su sexualidad siendo esta [sic] un elemento definitorio de las personas”.[66]
Sobre el particular, considero que es
claro que la restricción adoptada por la Cárcel Anayancy constituye una forma
de discriminación y de control desmedido sobre las mujeres, pero en este caso
particular la restricción del ejercicio de tales derechos no constituye en sí
misma una forma de violencia contra la mujer. Incluso, si se lee la definición
de violencia contra la mujer contenida en la Convención De Belém Do Pará[67], se evidencia que en
esta oportunidad la restricción de los derechos sexuales de las accionantes no
constituye una forma de violencia.
Así pues, cabe aclarar que no en
todos los casos la limitación a los derechos sexuales de las mujeres
implica violencia, y en concreto es preciso señalar que la restricción del
ejercicio los derechos sexuales de todas las personas privadas de la libertad
está permitida (por supuesto dentro de los límites de la proporcionalidad y
razonabilidad). Así pues, estimo que en este caso la vulneración está dada por
la distinción entre hombres y mujeres al momento de hacer efectiva la
restricción de los derechos sexuales y por lo tanto no es claro que se trate de
un caso de violencia contra la mujer sino, como se afirma al resolver el caso
concreto, se está ante la discriminación basada en estructuras de poder sobre
las mujeres, que además tiene su fundamento en estereotipos de género.
Tercero, considero que a pesar de que la
violación del derecho a la igualdad fue comprobada en este caso, en la
sentencia se debió aplicar el test de igualdad con rigurosidad, con el fin de
establecer (i) si la medida que restringe los derechos persigue un fin
legítimo, y en ese sentido se debió evaluar si la sanción impuesta a las
accionantes con ocasión de la ingesta de alcohol, sustancias psicoactivas, y
ejercicio de la prostitución, constituye un fin legítimo; (ii) si es idónea,
(iii) si es necesaria, y (iv) si supera el juicio de proporcionalidad en sentido
estricto.
De esta manera, expongo las razones que me llevan a
aclarar el voto con respecto a las consideraciones expuestas en la sentencia de
la referencia.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Cristal Solennia
Córdoba, María del Rosario Rodríguez Mosquera, Zoraida Romaña, Doris Emerita
Asprilla, Clara Inés Ibargüen Mosquera, Tatiana Perea Mena, Doris
Esther Carrascal, Betty Palacios, Karen Johana Salazar Moreno, Carolina Díaz
Arboleda, Carolina Asprilla Mosquera, Aidee Rentería Triana, Emeteria Córdoba
Ramírez, Ermenia Córdoba Rubio, Hilda Yurani Caicedo Maquillo y Dosty Alexandra
Ibargüen Porras.
[2] Por
medio de la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario.
[3] Por el cual se
expide el Reglamento General al cual se sujetarán los reglamentos internos de
los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios.
[4] Folio 15 del cuaderno 2.
[5] Ibídem.
[6] Folio
6, cuaderno 2.
[7] M.P. Jorge Arango Mejía.
[8] M.P. María Victoria Calle Correa.
[9]
M.P. Alberto
Rojas Ríos.
[10] Folio 33 del cuaderno 1.
[11] El Reglamento Interno del EPMSC
QUIBDÓ, que se rige bajo los parámetros de la Resolución No. 6041 de 2005, en
el que se reglamenta la visita íntima, en el artículo 79, el cual establece que
se realizará cada treinta (30) días.
[12] Folio 33 del cuaderno 1.
[13] Artículo 4. Decreto 4150 de 2011.
[14] Por la cual se formulan unas
recomendaciones con ocasión de la crisis humanitaria en el departamento del
Chocó, a saber: “Apropiar los recursos necesarios para el mantenimiento
correctivo de la estructura física de los establecimientos penitenciarios y
carcelarios de Quibdó e Istmina adelantando obras tendientes a reparar
especialmente las instalaciones eléctricas, la Red Hidrosanitaria y
alcantarillado”.
[15] Folio 48, cuaderno 1.
[16] Por la cual se formulan unas
recomendaciones con ocasión de la crisis humanitaria en el departamento del
Chocó, a saber: “Apropiar los recursos necesarios para el mantenimiento
correctivo de la estructura física de los establecimientos penitenciarios y carcelarios
de Quibdó e Istmina adelantando obras tendientes a reparar especialmente las
instalaciones eléctricas, la Red Hidrosanitaria y alcantarillado.
[17] En
los anexos de esta providencia, se ilustran las fotografías tomadas en la
inspección judicial.
[18] Visible a folios 122 a 126 del
cuaderno 1.
[19] Decreto 0377 del 4 de marzo de
2015. “Por medio del cual se aplazan apropiaciones en el Presupuesto General
de la Nación para la vigencia fiscal de 2015 y se dictan otras disposiciones.”
[20] Artículo 29 de
Acuerdo 011 de 1995: “Visitas Íntimas. Previa solicitud del
interno o interna al director del centro de reclusión se concederá a aquel una
visita íntima al mes, siempre que se den los requisitos señalados en el
artículo siguiente:
Los visitantes y los visitados se
someterán a las condiciones de seguridad que establezca el establecimiento.
El reglamento de régimen interno
determinará el horario de tales visitas.
Cada establecimiento procurará
habilitar un lugar especial para efectos de la visita íntima. Mientras se
adecuan tales lugares, ellas se podrán realizar en las celdas o dormitorios de
los internos.
Antes y después de practicarse la
visita, tanto el interno como el visitante serán objeto de una requisa que se
practicará de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 65 de
1993. De conformidad con el artículo 22 del presente reglamento, los visitantes
no podrán ingresar elemento alguno a la visita.”
[21] Sentencias
T-714 de 1996, T-153 de 1998, T-881 y T-1108 de 2002, T-1030 de 2003, T-490,
T-639 y T-1096 de 2004, T-578, T-792, T-1084, T-1145 y T-1180 de 2005, T-317 de
2006, T-793 de 2008, T-175 de 2012, T-035 de 2013 y T-422 de 2014.
[22] Sentencias
T-020 de 2008, T-324 de 2011 y T-266 de 2013.
[23] Sentencia
T-588 A de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[24] Sentencia T-317
de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[25] Ver sentencias
T-424 de 1992, T-023 de 2003, T-274 de 2008 y T-511 de 2009.
[26] Sentencia
T-511 de 2009. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljb; Sentencia T-815 de 2013. M.P.
Alberto Rojas Ríos.
[27] Sentencia T-851
de 2004.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[28] Adoptadas en Ginebra
en 1955 y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C
(XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. En sentencia
T-846 de 2013, la Corte estableció que se trataba de un documento que, sin
pretender llegar a describir un modelo penitenciario, sí contempló varios
principios orientados a lograr que los Estados adopten una buena organización
en el sistema carcelario y velen por el adecuado tratamiento de los reclusos.
[29] Sentencias
T-535 de 1998. M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-893A de 2006.
M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-266 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[30]“ARTÍCULO 36. JEFES DE
GOBIERNO PENITENCIARIO Y CARCELARIO. El director de cada centro de reclusión es
el jefe de gobierno interno. Responderá ante el Director del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario del funcionamiento y control del establecimiento a
su cargo.
Los empleados,
los detenidos y condenados deben respeto y obediencia al director, y estarán
sometidos a las normas de este Código y a las reglamentaciones que se dicten”.
[31] Sentencia T-412
de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa. En este caso se decidió que el
Establecimiento de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (i) había violado los
derechos a la dignidad, a la libertad, a la salud, a la integridad personal y a
la vida, de la accionante al haberla sometido a un aislamiento irrazonable, por
innecesario y desproporcionado y, (ii) había violado los derechos a la
dignidad, a la salud y a la unidad familiar de la accionante al haber dilatado
arbitrariamente su solicitud de traslado, obstaculizando así, el goce efectivo
de tales derechos.
[32] Sentencia T-388
de 2013. M.P. María
Victoria Calle Correa.
[33] Sentencia T-274
de 2008.
M.P.
Jaime Araújo Rentería.
[34] M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[35] Sentencia T-705 de 1996. M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz. En este caso se decidió que los motivos alegados por
las autoridades carecen de fundamento objetivo y razonable y, por ello, se
tornan ilegítimos. (i) “la exigencia de un documento que acredite la
propiedad de la máquina de escribir por parte del señor […] es un
requisito que no se encuentra establecido en ninguna norma del régimen
penitenciario y carcelario y que, en principio, atenta contra el principio de
la buena fe”;  (ii) “resulta absurdo exigir que la propiedad de un
bien mueble, como una máquina de escribir, deba ser acreditada mediante un
documento público (tarjeta de propiedad). […]”;  (iii) “no parece
razonable [aceptar que] el interno […] nunca solicitó permiso
para ingresar la máquina de escribir a las instalaciones del centro carcelario [y]
nunca negó la posesión de la máquina. […]”;  (iv) “el argumento
según el cual la máquina de escribir constituía un elemento peligroso que
podría ser utilizado por algunos internos para agredirse entre sí, […] carece
de fundamento suficiente como para erigirse en motivo que autorice la
limitación del derecho fundamental a la libertad de expresión del actor […]
se hace necesaria una motivación razonable a través de la cual se
demuestre que, en razón de unas específicas circunstancias de tiempo, modo y
lugar, lo que en principio es inofensivo se transforma en elemento causante de
peligro”.
[36] Sentencia T-1030 de 2003. M.P.
Clara Inés Vargas Hernández; se reiteró que es razonable el uso de esposas como
medida de seguridad durante los trayectos de un lugar a otro al interior de la
prisión como lo había decidido la Corte (T-702 de 2001), pero no indiscriminadamente;
se dijo: “[…] mientras que el empleo excepcional de esposas durante los largos
trayectos por las instalaciones carcelarias es una medida razonable,
debido al comportamiento agresivo y peligroso que ofrezca un determinado interno,
y por ende, se pretende evitar graves lesiones al personal de guardia,
administrativo, así como a los demás internos, la misma se torna desproporcionada
si se aplica de manera indiscriminada y en especial en presencia de apoderados
y familiares, tanto más y en cuanto estos últimos sean menores de edad. […] Sin
duda, el objetivo de la seguridad se puede alcanzar en tales momentos por otros
medios menos lesivos para la dignidad del interno, como son, entre otros,
mejorando los controles de ingreso de visitas al penal”.
[37] Ver, por ejemplo: Sentencias
T-690 de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-743 de 2005. M.P. Alfredo Beltrán
Sierra, T-848 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-1062 de 2006. M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[38] Sentencia T-848 de 2005. M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa. En la que se indicó que “las requisas degradantes
y la prohibición de ingreso el día de visita a mujeres en período de
menstruación son prácticas inconstitucionales”.
[39] Al respecto ver, por ejemplo:
Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Mendoza y otros vs. Argentina,
Sentencia de 14 de mayo de 2013. Y, adicionalmente, téngase en cuenta, los
Principios y buenas prácticas sobre la protección de personas privadas de la
libertad en las Américas, declaración de la Comisión Interamericana en marzo de
2008.
[40] En 1973, el Consejo de Europa
aprobó el Estándar Europeo de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de
Prisioneros, fundándose en las reglas aprobadas internacionalmente en 1957 por
Naciones Unidas. Las Reglas Mínimas Europeas para el Tratamiento de Prisioneros
fueron modificadas por primera vez en 1987 y, recientemente, en 2006. Se
fijaron nueve principios básicos que rigen en todos los países miembros de la
Unión Europea: “1. Todas las personas que se encuentran privadas de la libertad
deberían ser tomadas con respeto, en razón de sus derechos humanos. || 2. Las
personas privadas de la libertad conservan todos los derechos, que no les son
revocados legalmente por la decisión de sentenciarlos o remitirlos a custodia.
|| 3. Las restricciones impuestas sobre personas privadas de libertad deberían
ser las mínimas necesarias y proporcionadas al objetivo legítimo por el cual
son impuestas.  ||  4. La falta de recursos no justifica las
condiciones penitenciarias que infringen los derechos humanos de los
prisioneros.  ||  5. La vida en la cárcel debería aproximarse lo más
posible a los aspectos positivos de la vida en comunidad.  ||  6.
Toda detención debería manejarse para facilitar el reintegro de las personas
que han sido privadas de libertad a la sociedad libre. || 7. Debería alentarse
la cooperación con los servicios sociales externos y la participación de la
sociedad civil en la vida en la las cárceles los más posible. || 8. El personal
de la cárcel lleva a cabo un servicio público importante y su reclutamiento,
entrenamiento y condiciones de trabajo debería permitirles mantener estándares
altos de cuidado de los prisioneros. || 9. Todas las cárceles deberían estar
sujetas a inspecciones regulares del gobierno y a monitoreo independiente.”
Reglas penitenciarias Europeas, Consejo de Europa, Estrasburgo, 2006. Al
respecto ver el comentario: Manejo de la sobrepoblación penitenciaria: una
perspectiva europea, del profesor Andrew Coyle, en Dammert, Lucía &
Zúñiga, Liza (2008) La cárcel: problemas y desafíos para las Américas.
OEA & FLACSO-Chile. 2008.
[41] Por medio de la cual se expide el
Código Penitenciario y Carcelario.
[42] Por medio de la cual se reforman algunos
artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985.
[43] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[44] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[45] Sentencia
T- 894 de 2007. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[46] M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[47] M.P.
Alberto Rojas Ríos.
[48] Sentencia T- 815 de 2013. M.P.
Alberto Rojas Ríos.
[49] Constitución Política de
Colombia. “ARTICULO   13.  Todas las personas nacen
libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan.”
[50] Tal y como Jhon Stuart Mill lo
indicó “perfecta igualdad que no admitiera ni privilegio para un sexo, ni
incapacidades para el otro.”. El sometimiento de la mujer. Sociología
Alianza Editorial. 1989. Página 26.
[51] Entre muchos otros ejemplos,
encontramos la ley de cuotas o la asignación de cupos especiales para
aspirantes a ingresar a universidades públicas, provenientes de comunidades
indígenas.
[52] Corte Constitucional de Colombia.
Sentencia T-577 de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[53] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[54] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[55] Al respecto, obsérvese lo
explicado y decantado con mayor precisión en la Sentencia C-673 de 2001. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[56] Corte Constitucional de Colombia.
Sentencia T-577 de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[57] Ibídem.
[58] Ibídem.
[59] M. P. Carlos Gaviria Díaz.
[60] Folio
6, cuaderno 2.
[61] Folio 32 del cuaderno 1.
[62] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[63] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[64] Folio
[65]Folio 34.
[66]Folio 37.
[67]Artículo 2º: “Se
entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y
psicológica:
a)    Que tenga lugar dentro de la familia o
unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el
agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende,
entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
b)    Que tenga lugar en la comunidad y sea
perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso
sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual
en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos
de salud o cualquier otro lugar, y
c)    Que sea perpetrada o tolerada por el
Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.”