T-184-17
Sentencia
T-184/17
PROTECCION DE LA MUJER FRENTE A TODO TIPO DE VIOLENCIA-Caso en que víctima de violencia doméstica
solicita asistir a audiencia de fijación de cuota alimentaria, sin la presencia
del agresor
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Se pueden agenciar derechos ajenos cuando el
titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Requisitos
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Evolución jurisprudencial respecto al reemplazo de la expresión
"vía de hecho" por la de "causales genéricas de
procedibilidad"
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Reiteración de jurisprudencia
La jurisprudencia constitucional ha señalado que el funcionario
judicial incurre en defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto
cuando: “(…) i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la
realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, ii) renuncia
conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el
caso concreto, iii) por la aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal, iv) pese a
que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales
(…)”. En síntesis, este exceso se presenta cuando el juez no acata el mandato
de dar prevalencia al derecho sustancial, situación que lo lleva a denegar o vulnerar,
entre otros, derechos que puedan verse involucrados, el derecho al acceso a la
administración de justicia. Es por ello que no es posible sacrificar derechos
subjetivos por aplicar taxativamente normas procesales, pues si ello ocurre, el
juez constitucional está en la obligación de hacer prevalecer los derechos
individuales fundamentales.
PROTECCION DE LA MUJER FRENTE A TODO TIPO DE VIOLENCIA-Mandatos constitucionales y legales
FUENTE FORMAL INTERNACIONAL DE LA PROTECCION A LA MUJER
CONTRA LA VIOLENCIA-Instrumentos
internacionales ratificados por Colombia
DERECHO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Desarrollo en el Sistema Interamericano
DERECHO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Alcance constitucional
PROTECCION ESPECIAL DE LA MUJER-Jurisprudencia constitucional
VIOLENCIA ESTRUCTURAL CONTRA LA MUJER-Protección judicial
Las autoridades judiciales deben: “(i) desplegar toda actividad
investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de
las mujeres; (ii) analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en
interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio
hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente
discriminado y como tal, se justifica un trato diferencial; (iii) no tomar
decisiones con base en estereotipos de género; (iv) evitar la revictimización
de la mujer a la hora de cumplir con sus funciones; reconocer las diferencias
entre hombres y mujeres; (v) flexibilizar la carga probatoria en casos de
violencia o discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas
directas, cuando estas últimas resulten insuficientes; (vi) considerar el rol
transformador o perpetuador de las decisiones judiciales; (vii) efectuar un
análisis rígido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la
violencia; (viii) evaluar las posibilidades y recursos reales de acceso a
trámites judiciales; (ix) analizar las relaciones de poder que afectan la
dignidad y autonomía de las mujeres”.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
por defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por cuanto no se tuvo
en cuenta derecho, como víctima de violencia doméstica, a no ser confrontada
con el agresor en audiencia
Referencia:
Expediente T-5853839
Acción de tutela instaurada por
el Defensor del Pueblo Regional Magdalena Medio José Luis Ortíz Pérez, como
agente oficioso de la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez contra el Juzgado
Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de
marzo de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa,
y los Magistrados Alejandro Linares Cantillo y Luis Guillermo Guerrero Pérez,
en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de las
sentencias proferidas en primera instancia por la Sala Civil – Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el veinticuatro (24) de
agosto de dos mil dieciséis (2016), y en segunda instancia por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el siete (7) de octubre de dos
mil dieciséis (2016), dentro de la acción de tutela iniciada por el Defensor
del Pueblo Regional Magdalena Medio señor Jorge Luis Ortiz Pérez, como agente
oficioso de la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez representante legal de la
niña Connie Valentina y el adolescente Andrés Felipe Borja Ramírez, contra el
Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, y los vinculados señor
Luis Carlos Borja Ordúz, Fiscalía Especializada de Violencia Intrafamiliar,
Procuraduría Provincial de Barrancabermeja, Personero Delegado de Derechos
Humanos el Menor y la Familia de Barrancabermeja, Defensor de Familia adscrito
al Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, por presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, y el derecho a no
ser confrontada con su agresor.
El expediente de la referencia fue
seleccionado para revisión mediante auto del veintisiete (27) de enero de dos
mil diecisiete (2017), proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número
Uno.[1]
I. ANTECEDENTES
1. Demanda y solicitud
El Defensor del Pueblo Regional
Magdalena Medio obrando como agente oficioso de la señora Nasly Patricia
Ramírez Flórez representante legal de los niños Connie Valentina y Felipe Borja
Ramírez, solicita la protección de los derechos fundamentales al debido proceso
y a una vida libre de violencia y a no ser enfrentada con su agresor, que
considera le fueron vulnerados por el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia, al
resolverle de manera desfavorable la petición de práctica de su interrogatorio
de parte sin la presencia de su ofensor.
Como consecuencia de lo anterior
solicita se ordene a la Juez Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja,
dejar sin efecto las actuaciones realizadas en la audiencia celebrada el 18 de
julio de 2016, dentro del proceso de alimentos presentado por la accionante en favor
de sus hijos, y se disponga lo pertinente para que sea escuchada en
interrogatorio de parte sin la presencia de su agresor, permitiéndole de esta
manera demostrar los reales gastos que demanda la crianza de sus dos hijos.
A continuación, se presentan los
hechos en que se fundamenta la acción, la respuesta de las entidades accionadas
y las decisiones objeto de revisión:
2.
Hechos Relevantes
2.1 Informa el actor que la
señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, demandó la fijación de cuota alimentaria
en favor de sus hijos Conni Valentina Borja Ramírez y Felipe Borja Ramírez, y a
cargo del señor Luis Carlos Borja Ordúz.
2.2. El conocimiento de la demanda
le fue asignado al Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja,
quien fijó como alimentos provisionales, en favor de los menores, el 30% del
salario devengado por el obligado a cubrir la prestación alimentaria, y señaló como
fecha para la audiencia inicial, el 13 de julio de 2016.
2.3 Un día antes de la
realización de la audiencia, la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, solicita
a la juez de familia, que se le fije una fecha, una hora y un lugar, diferente
para que se reciba su interrogatorio de parte, pues, siendo víctima de violencia
intrafamiliar, no está en condiciones de enfrentarse con su agresor.
2.4. Como respuesta a la anterior
petición el juzgado destaca en la audiencia del 13 de julio de 2016, que la
petición resulta improcedente dada la naturaleza de concentrada que tiene la
audiencia inicial regulada en el artículo 372 del Código General del Proceso, y
procede a suspender la diligencia, señalando nueva fecha con el fin de que la
demandante comparezca garantizándole que no se le confrontará con el demandado,
y que se entenderá que no tiene ánimo conciliatorio.
2.5. Ante la negativa del
funcionario judicial la accionante, días antes de la diligencia de audiencia,
invocando el contenido del artículo 4º del Decreto 4799 de 2011, insistió en su
derecho a no ser confrontada con su agresor, anexando dos certificaciones sobre
su estado de vulnerabilidad mental en las que se certifica que padece “síndrome
de mujer maltratada” de alta complejidad por la duración y gravedad de la
violencia generalizada a la que ha sido sometida, y certificación sobre la
existencia de trastorno de personalidad dependiente con rasgos ansiosos,
acompañado con crisis de angustia.
2.6 Llegado el día y la hora de
la diligencia, la funcionaria judicial decidió no aceptar la petición y continuar
con la audiencia inicial, en la que luego de recepcionada la prueba, de oír a
las partes en sus alegaciones finales y de valorar el recaudo probatorio,
decidió fijar como cuota alimentaria un porcentaje equivalente al 12% para cada
uno de los hijos del demandado. Este fallo fue notificado en estrados,
aclarando que contra el mismo no procede recurso alguno por tratarse de un
proceso verbal sumario.
2.7. En virtud de lo anterior, y
como para la demandante este porcentaje de alimentos no consulta la realidad de
los gastos que la crianza de sus hijos demanda, en especial por la condición de
su hija Connie Valentina Ramírez quien presenta “un déficit cognitivo
especial”, lo cual genera gastos y cuidados adicionales, se acudió al juez
constitucional para que se revisara la decisión y la garantía del debido
proceso que no le fue respetado a la demandante al no permitírsele rendir
interrogatorio de parte sin la presencia de su agresor.
II. PRUEBAS
1.
Con
la acción de tutela, el actor aportó los siguientes documentos:
1.1.
Escrito
suscrito por la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, dirigido al Juzgado
Tercero de Familia de Barrancabermeja, a través del cual solicitaba se diera
aplicación a lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto 4799 de 2011 y se le
respetara y aplicara su derecho a no ser confrontada con su agresor (fls. 11-12
del cuaderno principal).
1.2.
Escrito
dirigido por la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez a la Procuraduría
Provincial de Barrancabermeja solicitando de manera urgente acompañamiento
dentro del proceso que por alimentos adelanta a su agresor (fls. 15-16 del
cuaderno principal).
1.3.
Escrito
dirigido por la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez a la Defensoría del Pueblo
informándole de su situación personal y familiar, y solicitándole la
intervención en el proceso de alimentos debido a que sus peticiones de no
confrontación y de acompañamiento no fueron atendidas por el juzgado de
conocimiento ni por la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja (fls. 9-10
del cuaderno principal).
1.4.
Certificación
suscrita por la psicóloga Claudia Liliana Martínez González, sobre el trastorno
de personalidad dependiente que sufre la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez,
desde el 11 de marzo de 2016 y en el que concluye: “(…) no es recomendable
que la paciente se vea confrontada a situaciones relacionadas con los posibles
hechos de violencia, porque eso altera la salud mental de la paciente, lo que
podría conllevar a una recaída y desestabilizarla” (Fol. 17 del cuaderno
principal).
1.5.
Certificación
expedida por el psicólogo Leonardo Rueda Rueda quien atendió a la paciente
Nasly Patricia Ramírez Flórez en proceso de reconocimiento psico-jurídico que
le permitió concluir que la paciente presenta: “(…) síndrome de mujer
maltratada de alta complejidad por la duración (22 años) y gravedad de la
violencia generalizada a la que ha sido sometida (…)” Fls. 18-19 del
cuaderno principal.
2.
Respuesta de las entidades
demandadas
2.1.
El
Fiscal Primero Local CAPIV, dio respuesta[2]
informando que a su despacho le correspondió conocer de la denuncia formulada
el 7 de enero de 2016 por la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, contra su
esposo, el señor Luis Carlos Borja Ordúz, y contra el sobrino de su esposo,
señor Cristian Mauricio Angarita Borja, por la presunta comisión del delito de
violencia intrafamiliar.
Señala que, recibida la queja,
procedió a librar las comunicaciones al comandante de la estación de policía
del centro, a la comisaria de familia, y a la defensoría del pueblo, en procura
de que, dentro de sus competencias, tomaran las medidas de atención y
protección a la víctima de violencia. Agrega que recopilado el material
probatorio se solicitó, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286,
287 y 288, audiencia preliminar de formulación de imputación de cargos que le
correspondió al Juzgado Cuarto Penal Municipal, quien fijó como fecha y hora
para adelantar la audiencia, el dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciséis
(2016) a las ocho (8.00 a.m.) de la mañana, pero que dicha diligencia no se
pudo llevar a cabo por solicitud de aplazamiento elevada por el defensor.
2.2.
La
Juez Tercero Promiscuo de Familia refiere en su respuesta que, el proceso de
alimentos se adelantó respetando los derechos de las partes intervinientes, y
en especial los derechos de los menores involucrados para quienes se pedía la
fijación de cuota alimentaria. En cuanto a la petición de la demandante de ser
oída sin la presencia del demandando, destaca que le aclaro a su apoderado, que
no sería sometida a careo alguno, razón por la que debía comparecer a la
diligencia, pues el artículo 392 del C. G. del P., dispone que los procesos
verbales se agotarán en una sola audiencia[3].
2.3.
La
Procuraduría Provincial de Barrancabermeja dice que como respuesta a la
solicitud de acompañamiento elevada por la hoy actora señora Nasly Patricia
Ramírez Flórez, en su nombre y en representación de sus hijos, Conni Valentina
y Andrés Felipe Borja Ramírez, se practicó visita, el 27 de julio de 2016, al
expediente radicado al número 2016-00042 en el Juzgado Tercero Promiscuo de
Barrancabermeja, constatando que las etapas procesales pertinentes se
practicaron sin haberse vulnerado el debido proceso ni ningún otro derecho
fundamental[4].
2.4.
La
Personería de Barrancabermeja, considera que el Juzgado Tercero Promiscuo de
Familia realizó la audiencia única de trámite siguiendo la directriz señalada
en los artículo 5º y 392 del Código General del Proceso, sin desconocimiento
del derecho de la víctima de no ser confrontada con su agresor, dado que la
misma, a pesar de estar debidamente notificada, no asistió a la audiencia, y
estuvo representada por su apoderado, lo cual evitó el desconocimiento del
debido proceso y del derecho de defensa[5].
2.5.
Luis
Carlos Borja Ordúz, solicita declarar improcedente la acción, al considerar que
no existe vulneración de ningún derecho fundamental en cuanto la decisión de no
asistir a la audiencia fue autónoma y propia de la demandante, y porque el
proceso se desarrolló siguiendo el trámite previsto en el artículo 390 del
Código General del Proceso[6].
2.6.
La
Defensora de Familia de Barrancabermeja –Centro Zonal la Floresta- afirma que
revisado el expediente que contiene el proceso de alimentos adelantado al señor
Luis Carlos Borja Cruz, se observa que el proceso se adelantó conforme a las
etapas propias del proceso verbal sumario, y respetando las garantías mínimas
de todos los sujetos procesales[7].
3.
Sentencias judiciales que se revisan e impugnación
3.1.
Sentencia de primera instancia
En fallo de primera instancia del
24 de agosto de 2016, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga
Sala de Decisión Civil-Familia, negó el amparo constitucional, argumentando que
no se evidencia vulneración ni desconocimiento de los derechos fundamentales
que se enlistan en la demanda. Se afirma en la sentencia que el trámite dado a
la demanda de fijación de cuota alimentaria, se surtió acorde con la naturaleza
de verbal sumario que la ley le asignó a este tipo de proceso, y la decisión
que fijó el valor de la cuota alimentaria, estuvo sustentada en un análisis
serio y razonado del material probatorio aportado. Análisis que incluyó una
valoración en conjunto no sólo la prueba traída por el demandado, sino también
la que aportó la parte demandante, y la recepcionada en la diligencia de
audiencia.
3.2.
Impugnación.
Oportunamente el accionante impugna la sentencia insistiendo
en que la ausencia de la denunciante en la audiencia que fijó la cuota
alimentaria a cargo del cónyuge Luis Carlos Borja Orduz, desconoció su derecho
a ser oída. Considera el impugnante que el juez de conocimiento debió
garantizar la presencia de la víctima de violencia de género en la audiencia,
pero sin la presencia del agresor, y no basarse en un tecnicismo legal y
dejarla sin la posibilidad de ser escuchada.
A juicio del agente oficioso, es un grave precedente
jurisprudencial que se obligue a la víctima a comparecer a una audiencia en la
que se encuentra el agresor, y no se asegure un tiempo y un espacio diferente
para evitar ser re victimizada y agredida con su presencia.
3.3.
Sentencia de segunda instancia
Mediante sentencia del 5 de
octubre de 2016, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
confirmó la sentencia impugnada al considerar que el juez que tramitó el
proceso de alimentos, dio estricta aplicación a las normas procesales que lo
rigen, y además porque valoró todo el material probatorio existente, que le
permitió concluir la fijación de la cuota alimentaria atendiendo a la real
situación de las partes.
Además, porque la Corte Suprema
de Justicia, como juez de segunda instancia, encontró que, respecto a la
garantía de la víctima de no ser enfrentada con su agresor, la juez de familia respeto
este derecho dentro del marco de las normas procesales reguladoras del proceso
verbal. Al respecto afirma la sentencia que el juez del proceso de alimentos le
indicó al apoderado judicial de la demandante que podía recibirle el
interrogatorio de parte en horario diferente al de su contraparte
garantizándole que no sería sometida a careo, pero que en virtud de lo previsto
en el inciso 1º del artículo 392 del Código General del Proceso, no podía
evacuar la misma en otro momento y lugar.
Finalmente, para la Corte, la cuota
alimentaria se fijó valorando en su integridad el material probatorio recaudado
integrado por la declaración del demandado, la prueba documental aportada con
la demanda y con el escrito de contestación, por lo cual no evidenció
vulneración de algún derecho fundamental que haga imperiosa la intervención del
juez de tutela.
Insiste el juez constitucional de segunda
instancia que, como lo decidido en el proceso de alimentos hace tránsito a cosa
juzgada formal, la agenciada puede presentar otra demanda ante el Juez de
Familia, en procura de que se reajuste la cuota alimentaria fijada en favor de
sus hijos.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
La
Sala es competente para revisar el fallo de tutela referido, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política,
y 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Planteamiento
del problema jurídico
Deberá
la Corte establecer si el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de
Barrancabermeja, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso,
contradicción, y el derecho de no ser confrontada con su agresor, de la señora
Nasly Patricia Ramírez Flórez, al negarse a practicar interrogatorio de parte
sin la presencia de su agresor señor Luis Carlos Borja Ordúz, dentro del
proceso de fijación de cuota alimentaria adelantado en favor de sus hijos Conni
Valentina y Felipe Borja Ramírez.
3.
Legitimación por activa del agente
oficioso – Reiteración de jurisprudencia
En los términos
del artículo 86 superior, toda persona tiene derecho a ejercer acción tutela
ante los jueces, en todo momento y lugar, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, para la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando
quieran que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública, o de un particular, en los casos señalados en la
ley. A su turno el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 estableció que esta
acción puede ser ejercida por cualquier persona, ya sea de manera directa, o a
través de representante legal o por medio de agente oficioso.
En relación con esta última figura
procesal, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la agencia oficiosa
es consecuencia directa de la imposibilidad del titular de los derechos
fundamentales supuestamente vulnerados o amenazados de ejercer su propia
defensa, situación que legitima a un tercero indeterminado para actuar a su
favor sin mediación de poder alguno. Esta potestad está sujeta al cumplimiento
de cuatro requisitos: (i) que el agente manifieste expresamente que actúa en
nombre de otro; (ii) que se indique en el escrito de tutela o que se pueda
inferir de él que el titular del derecho fundamental no está en condiciones
físicas o mentales de promover su propia defensa (sin que esto implique una
relación formal entre el agente y el titular); (iii) que el sujeto o los
sujetos agenciados se encuentren plenamente identificados, y (iv) que haya una ratificación
oportuna mediante actos positivos e inequívocos del agenciado en
relación con los hechos y las pretensiones consignados en la tutela. Las
reglas anteriores, cuando se trata de agenciar derechos fundamentales de niños,
niñas o adolescentes, deben aplicarse de manera aún más flexible por tratarse
de sujetos de especial protección constitucional, frente a los cuales el Estado,
la sociedad y la familia tienen la obligación de garantizar su prevalencia en
los amplios términos del artículo 44 constitucional.
En lo que tiene
que ver con el segundo requisito (que el titular no está en condiciones de
promover su propia defensa), la Corte ha sido enfática en señalar que el juez
de tutela, en su calidad de garante de los derechos fundamentales, tiene el
deber de identificar, en la medida de lo posible, las razones y los motivos que
condujeron al actor a interponer la acción en nombre de otro, incluso cuando el
agente no ha explicado por qué el titular no actuó directamente. Sobre el
particular, en la sentencia T-1012 de 1999 esta Corporación precisó lo siguiente al ocuparse del caso
de una tutela interpuesta por un familiar de una persona secuestrada que se
oponía a los cobros que le hacía una entidad bancaria como resultado de un
crédito contraído entre el banco y el secuestrado:
“[…] son dos los requisitos exigidos
para la prosperidad de la agencia oficiosa: la manifestación de que se actúa
como agente oficioso de otra persona y, la imposibilidad de ésta de promover
directamente la acción constitucional. ¿Pero que, sucede si en el escrito de
tutela no se manifiesta en forma expresa que se están agenciando derechos de
personas que se encuentran imposibilitadas para acudir a un proceso que afecta
sus derechos, circunstancia ésta que se encuentra debidamente acreditada en el
caso sub examine, pero, del contenido mismo de la demanda de tutela, se
concluye que se actúa en nombre de otro? Considera la Corte que al juez
constitucional le compete dentro del ámbito de sus funciones realizar una
interpretación del escrito de tutela, en aras de brindar una protección
efectiva de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados. Precisamente,
uno de los avances más relevantes de la Constitución Política, consiste en
hacer prevalecer la realidad sobre las formas, con el fin de evitar que los
derechos fundamentales y las garantías sociales, se conviertan en enunciados
abstractos, como expresamente lo ordena la Carta Política en su artículo 228
[…].”
En concordancia con lo anterior, la
Corte Constitucional ha señalado que, además de tener en cuenta los requisitos
de la agencia oficiosa, el análisis en sede de tutela siempre debe ir guiado
bajo tres principios fundamentales: (i) la eficacia de los derechos
fundamentales; (ii) la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, y
(iii) la solidaridad en la defensa de los derechos fundamentales de quienes no
están en condiciones de defenderse por sí mismos[8].
Para el presente evento, quien interpuso
la demanda en nombre y representación de la señora Nasly Patricia Ramírez
Flórez, fue el Defensor del Pueblo Regional Magdalena Medio, quien recibió
escrito de la accionante solicitándole su intervención para que sus derechos y
los de sus hijos, no fueran vulnerados[9].
Se afirma en la demanda de tutela expresamente, que obra como agente oficioso,
en procura de lograr que a la demandante en el proceso de alimentos se le
garanticen sus derechos fundamentales como víctima de violencia doméstica, que
sea oída y que finalmente se atiendan los distintos requerimientos que efectúo
ante la Procuraduría Regional y al juzgado de conocimiento. En consecuencia, la
Sala de Revisión concluye que el defensor del Pueblo Regional Magdalena Medio,
está legitimado para obrar en nombre y representación de la señora Nasly
Patricia Ramírez Flórez.
4.
Procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales: requisitos
generales y específicos de procedibilidad. Reiteración de jurisprudencia[10].
El
artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela como
mecanismo de protección de derechos fundamentales, cuando quiera que resulten
amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública,
incluidas las autoridades judiciales.
En
desarrollo de este precepto, los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991
previeron la posibilidad de demandar por vía de tutela aquellas decisiones
judiciales emitidas por autoridades que vulneraran garantías fundamentales, con
el fin de salvaguardar, por una parte, los principios de cosa juzgada,
autonomía e independencia judicial, y, por la otra, la supremacía de la
Constitución y efectividad de los derechos de los ciudadanos[11].  Esta
regla se deriva del texto de la Constitución, en concordancia con la Convención
Americana sobre los Derechos Humanos[12] aprobada
mediante la Ley 16 de 1972 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos[13] aprobado
mediante la Ley 74 de 1968, que reconocen que toda persona podrá hacer uso de
mecanismos judiciales ágiles y efectivos que los amparen contra la violación de
sus derechos, así fueren causados por quienes actúan “en ejercicio de sus
funciones oficiales”.
Sin
embargo, la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992[14] declaró
la inexequibilidad de los precitados artículos del Decreto 2591 de 1991. En esa
decisión, esta Corporación aclaró que permitir el ejercicio de la acción de
tutela contra providencias judiciales, como regla general, violaba la autonomía
y la independencia judicial y transgredía los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica.  Además, señaló que las decisiones de las autoridades
judiciales:
(i) son el escenario habitual de reconocimiento y realización de los derechos
fundamentales; (ii) de ellas se predica el efecto de cosa juzgada, el cual es
garantía de la seguridad jurídica que debe imperar en un Estado democrático; y
(iii) están amparadas por el principio de respeto a la autonomía e
independencia de los jueces[15].
En este sentido, aclaró la Corte en la
sentencia de constitucionalidad citada que, en principio, el amparo no procede
contra providencias judiciales, pero excepcionalmente es posible interponerlo
como mecanismo subsidiario y preferente de defensa judicial, cuando se
vislumbra la violación o amenaza de un derecho fundamental. Esta excepción, se
presentaba en aquellos casos en los cuales las decisiones de la administración
de justicia incurren en una desviación tan ostensible que el acto proferido no
merecía la denominación de providencia judicial, pues había sido despojada de
dicha calidad al comportar una grave violación a la Carta Política y, en
especial, a los bienes jurídicos más preciados del ser humano (derechos
fundamentales)[16].
Estas circunstancias fueron denominadas por la jurisprudencia como “vías de
hecho”.
En esa medida, a partir de 1992 la Corte
Constitucional permitió la procedencia de la acción de tutela para atacar, por
ejemplo, sentencias que se hubieran basado en normas inaplicables, proferidas
con carencia absoluta de competencia o bajo un procedimiento ajeno al fijado
por la legislación vigente. Tales vías de hecho fueron identificándose caso
a caso[17].
Posteriormente,
la Corte delimitó una
serie de requisitos de procedibilidad de carácter general y unas causales
específicas para examinar las acciones de tutela instauradas contra
providencias judiciales[18],
al advertir que tanto las causales citadas como el concepto de “vía de
hecho” resultaban insuficientes e inadecuados para abarcar todos los
supuestos en que un fallo judicial resulta incompatible con la eficacia de los
derechos fundamentales[19].
Así, la sentencia SU-014 de 2001[20]
concluyó que un fallo judicial puede violar tales derechos por la incidencia de
órganos estatales que impiden una clara determinación de los hechos del caso.
Posteriormente,
en la sentencia C-590 de 2005,[21]
la Sala Plena sistematizó la jurisprudencia desarrollada desde el año 1992 en
la materia, precisando el fundamento normativo de la tutela contra providencia
judicial, así como los requisitos formales y los supuestos sustanciales o
causales de procedencia de la tutela dirigida a controvertir providencias
judiciales, indicando además que estas decisiones contribuyen a la unificación
de la jurisprudencia nacional en materia de derechos fundamentales[22], dada la
indeterminación característica de las cláusulas de derecho fundamental[23] y la
obligación de las autoridades judiciales de aplicarlos directamente en todo
tipo de procesos, en virtud del carácter normativo de la Constitución
Política.  En este sentido, la tutela contra providencias judiciales permite
que el órgano de cierre de la jurisdicción reduzca la dispersión interpretativa
y contribuya de esa forma a la realización del principio de igualdad en la
aplicación de los derechos constitucionales.[24]
Así,
en esta última decisión la Corte determinó que el funcionario judicial que
conoce del amparo debe constatar las siguientes condiciones genéricas de
procedibilidad:[25]
(i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional, esto es, que afecte los derechos fundamentales
de las partes;[26] (ii) que
el actor haya agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance del afectado. Esto
guarda relación con la excepcionalidad y subsidiariedad de la acción de tutela,
pues de lo contrario ella se convertiría en una nueva instancia para las partes
en el proceso. Esta exigencia trae consigo la excepción consagrada en el
artículo 86 Superior, que permite la flexibilización de ésta cuando se trata de
evitar la consumación de un perjuicio irremediable. (iii) que la
petición cumpla con el requisito de inmediatez: el juez debe
verificar que la acción de tutela se invoque en un término razonable y
proporcionado, contado a partir del hecho vulnerador. De no ser así, se pondrían
en juego la seguridad jurídica y la institución de la cosa juzgada, pues las
decisiones judiciales estarían siempre pendientes de una eventual evaluación
constitucional;
(iv) que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, sea
decisiva o determinante en la sentencia que se impugna y afecte los derechos
fundamentales del peticionario. Este requisito busca que sólo las
irregularidades verdaderamente violatorias de garantías fundamentales tengan
corrección por vía de acción de tutela, de manera que se excluyan todas
aquellas que pudieron subsanarse durante el trámite, o que no se alegaron en el
proceso;
(v) que el actor identifique razonablemente los hechos que generaron
la vulneración de derechos fundamentales y la haya alegado en el proceso judicial
respectivo, si ello era posible. Este requisito pretende que el actor
ofrezca plena claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
se imputa a la decisión judicial; y, (vi) que el fallo impugnado no
sea de tutela.[27]
Así
se buscó evitar la prolongación indefinida del debate constitucional, más aún
cuando todas las sentencias de tutela son sometidas a un proceso de selección
ante esta Corporación, trámite después del cual se tornan definitivas. (Negrillas
fuera del texto)
Igualmente,
en dicha sentencia de constitucionalidad se precisó que si en un caso concreto
se encuentran cumplidos los anteriores requisitos genéricos, será necesario
entonces acreditar, además, que se ha configurado alguno de los siguientes
defectos específicos[28]:
·
Defecto
orgánico[29] que
ocurre cuando el funcionario judicial que profirió la sentencia impugnada
carece, en forma absoluta, de competencia.
·
Defecto
procedimental: absoluto[30] que
surge cuando el juez actuó totalmente al margen del procedimiento previsto por
la ley o por exceso ritual manifiesto que se produce cuando prevalece el
derecho al debido proceso sobre el derecho sustancial vulnerando el derecho al
acceso a la administración de justicia[31].
·
Defecto
fáctico[32] que se
presenta cuando la decisión impugnada carece del apoyo probatorio que permita
aplicar la norma en que se sustenta la decisión.
·
Defecto
material o sustantivo[33] que
tiene lugar cuando la decisión se toma con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, o cuando existe una contradicción evidente y grosera entre
los fundamentos y la decisión.
·
El
error inducido[34] que
acontece cuando la autoridad judicial fue objeto de engaños por parte de
terceros, que la condujeron a adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales.
·
Decisión
sin motivación[35] que se
presenta cuando en la sentencia atacada el servidor judicial incumplió su obligación
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que soportan la decisión.
·
Desconocimiento
del precedente[36] que se
configura cuando por vía judicial se ha fijado un alcance sobre determinado
tema y el funcionario judicial desconoce la regla jurisprudencial establecida o
“aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance”[37]. En
estos eventos, la acción de tutela busca garantizar la eficacia jurídica del
derecho fundamental a la igualdad.
·
Violación
directa de la Constitución[38]  que se
deriva del principio de supremacía de la Constitución, el cual reconoce a la
Carta Política como documento plenamente vinculante y con fuerza normativa.
Con
todo, debe advertirse que estas causales no suponen fundamentos para iniciar
una controversia sobre la corrección de los fallos judiciales desde el punto de
vista legal, sino un mecanismo para controvertir la validez constitucional de
una providencia, pues la tutela sólo prospera en caso de que se acredite la
violación o amenaza a los derechos fundamentales. Por ello, es requisito sine
qua non de procedencia de la acción que se demuestre la necesidad de una
intervención del juez constitucional para proteger esos derechos. Las causales
de procedencia son únicamente los cauces argumentativos para sustentar esa
violación.
En
síntesis, por regla general, debido a la necesidad de salvaguardar el valor de
la cosa juzgada, la garantía de la seguridad jurídica y los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial, la acción de tutela no
procede contra providencias judiciales. No obstante, excepcionalmente se ha
admite esa posibilidad cuando se acredita que concurren tres condiciones: (i)
el cumplimiento de los requisitos formales o generales de procedibilidad, (ii)
la existencia de alguna o algunas de las causales genéricas establecidas por la
Corporación para hacer procedente el amparo material y, (iii) la necesidad de
intervención del juez de tutela para la protección de los derechos
fundamentales.[39]
4.1.
Cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
En
el presente asunto y bajo los criterios que se acaban de exponer, la Sala
observa que concurren los requisitos generales de procedibilidad mencionados,
por lo que la acción de tutela presentada por el Defensor del Pueblo Regional
Magdalena Medio como agente oficioso de la señora Nasly Patricia Ramírez
Flórez, es apta para controvertir la sentencia proferida por el Juzgado Tercero
Promiscuo de Familia de Barrancabermeja.
En efecto, (i) la
cuestión debatida resulta de evidente relevancia constitucional, toda
vez que se discute si la autoridad judicial demandada vulneró el debido proceso
de la accionante, al no darle aplicación al derecho que tiene de no ser
enfrentada con su victimario, el cual se encuentra previsto en el literal k
del  artículo 8º de la Ley 1257 de 2008[40].
Igualmente,
(ii) la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, agotó todos los recursos
eficaces para la protección de sus derechos fundamentales. Fue así como
solicitó al juez de familia le recepcionara su interrogatorio de parte en una
fecha y hora distinta a la fijada para recibir esta misma prueba a su cónyuge,
debido a la presión psicológica que su presencia le generaba[41]. De igual
manera, radicó petición ante la Defensoría del Pueblo[42] y en la
Procuraduría Provincial de Barrancabermeja[43],
a quien además le solicitó ejercer vigilancia del proceso de alimentos, que
además debía tramitarse en única instancia y por ende la sentencia en él
proferida, no era susceptible de recurso alguno.
En consecuencia, puede
afirmarse que la actora utilizó todos los medios de defensa judiciales eficaces
para la protección de sus derechos fundamentales, por lo que debe
entenderse cumplido el requisito de subsidiariedad de la tutela.
En lo
referente al principio de inmediatez, (iii) encuentra la Sala que este
requisito también se cumple pues la sentencia objeto de tutela fue proferida el
18 de julio de 2016[44] y la demanda de tutela se
presentó el 9 de agosto de 2016[45].
De igual manera, la
tutela se dirige contra la autoridad judicial que profirió el fallo que se
considera vulnerador de los derechos fundamentales de la señora Nasly Patricia
Ramírez Flórez, esto es, el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de
Barrancabermeja, por lo tanto, se cumple con el presupuesto de la legitimación
por pasiva.
De esta forma, verificados
los presupuestos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales,
y de conformidad con la metodología propuesta, la Sala procederá a examinar el
problema jurídico planteado.
4.2. La vulneración del derecho fundamental al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, por exceso ritual manifiesto. Reiteración
El fundamento normativo de esta casual de procedibilidad
de la acción de tutela, se encuentra en los artículos 29 y 228 de la
Constitución Política, que establecen la obligación de respetar el debido
proceso y de garantizar el acceso a la administración de justicia dando prevalencia
al derecho sustancial sobre el formal.
Sobre el punto, fue en la sentencia T-1306 de 2001[46], que la Corte
Constitucional fija las bases y los criterios que deben tenerse en cuenta por
el juez de tutela para entender configurado, cuando se trate de tutela contra
providencia judicial, el defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto.
En dicha sentencia, la Corte Constitucional resolvió una tutela interpuesta
contra una decisión de la Corte Suprema de Justicia en la que se resolvió no
casar una sentencia por falta de técnica, aunque, se evidencio que el
reclamante de un derecho pensional, tenía derecho al mismo. En esta sentencia
la Corte precisó lo siguiente:
“(…) El
procedimiento no es, en principio, ni debe llegar a ser impedimento para la
efectividad del derecho sustancial, sino que debe tender a la realización de
los derechos sustanciales al suministrar una vía para la solución de
controversias sobre los mismos. Cuando surge un conflicto respecto de un
derecho subjetivo, es el derecho procesal el que entra a servir como pauta
válida y necesaria de solución de la diferencia entre las partes. Se debe tener
siempre presente que la norma procesal se debe a la búsqueda de la garantía del
derecho sustancial. Teniendo en claro la prevalencia que en la administración
de justicia debía tener el derecho sustancial, el constituyente de 1991 lo
estableció como principio de la administración de justicia en el artículo 228
al consagrar que en las actuaciones de la administración de justicia
“prevalecerá el derecho sustancial”. La Constitución consagra el respeto de los
derechos fundamentales, lo cual implica que esta protección debe prevalecer
sobre normas procesales que de ser aplicadas conducirían la negación de
los mismos (…).
(…)
Si
bien la actuación judicial se presume legítima, se torna en vía de hecho cuando
el actuar del juez se distancia abiertamente del ordenamiento normativo,
principalmente de la normatividad constitucional, ignorando los principios por
los cuales se debe regir la administración de justicia.
El juez que haga prevalecer el derecho procesal sobre el sustancial,
especialmente cuando este último llega a tener la connotación de fundamental,
ignora claramente el artículo 228 de la Carta Política que traza como parámetro
de la administración de justicia la prevalencia del derecho sustancial sobre
las formas.
(…) Si en el desarrollo de su labor como
Tribunal de Casación, la Corte Suprema evidencia, de los cargos formulados por
el recurrente –así estos carezcan de la técnica respectiva- o derivado del
análisis de los mismos, una vulneración de derechos fundamentales, es su deber,
en virtud de la reconocida eficacia de la casación para la protección de
derechos fundamentales, hacer efectivo el amparo de tales derechos en la
sentencia de casación. Al actuar, la Corte Suprema así no contraría la
naturaleza dispositiva de la casación en virtud de que se ciñe a lo pedido por
el casacionista, a pesar de los eventuales errores de técnica. Se garantiza
igualmente el derecho de defensa de las partes en cuanto el pronunciamiento
sigue ligado a los cargos formulados en la demanda de casación, frente a los
cuales existe una oportunidad procesal de pronunciamiento por parte de la
contraparte.
No obstante, si observa una vulneración del núcleo esencial de los
derechos fundamentales o se encuentra frente a un derecho que por mandato
constitucional sea irrenunciable, deberá proveer la protección a los mismos así
no haya existido un cargo del cual se derive tal vulneración. La naturaleza
irrenunciable de tales derechos prima sobre el carácter dispositivo que en
términos generales tiene la casación (…)”.
De igual manera la jurisprudencia constitucional ha señalado que
el funcionario judicial incurre en defecto procedimental por exceso de ritual
manifiesto cuando: “(…) i) no tiene presente que el derecho procesal es un
medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, ii)
renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos
probados en el caso concreto, iii) por la aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal,
iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos
fundamentales (…)”[47].
En síntesis, este exceso se presenta cuando el juez no
acata el mandato de dar prevalencia al derecho sustancial, situación que lo
lleva a denegar o vulnerar, entre otros, derechos que puedan verse
involucrados, el derecho al acceso a la administración de justicia. Es por ello
que no es posible sacrificar derechos subjetivos por aplicar taxativamente
normas procesales, pues si ello ocurre, el juez constitucional está en la
obligación de hacer prevalecer los derechos individuales fundamentales.
5.
Marco
normativo y jurisprudencial sobre la protección a la mujer contra cualquier
tipo de violencia
5.1.     Normas constitucionales y legales
El artículo 1º de la Constitución Política define
a Colombia como un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran
y en la prevalencia del interés general. El respeto por la dignidad humana consagrado
en esta norma, en palabras de la Corte Constitucional “exige reconocer en
las mujeres igual dignidad a la que durante mucho tiempo solo se reconoció en
los hombres. Requiere que las mujeres sean tratadas con el mismo respeto y
consideración, no como resultado de un acto de liberalidad o condescendencia
sino porque las mujeres por sí mismas son reconocidas como personas y
ciudadanas titulares de derechos cuya garantía está amparada en forma reforzada
por lo ordenamientos jurídico interno e internacional.”[48].
A su turno, el artículo
2º establece como uno de los fines esenciales del Estado garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución, y exige de las autoridades
estatales proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, así como asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Esta
misma norma consagra el deber de protección de la vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades de las personas residentes en Colombia,
y junto con los artículos 11, 12 y 13 de la Constitución Política, son
fundamento del derecho de las mujeres a estar libres de violencia, entendida
como una forma de discriminación[49]
A su vez el artículo 40 constitucional, prevé una
garantía para la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles
decisorios de la Administración Pública; el artículo 42, establece una
protección especial a la familia, y proscribe y sanciona cualquier forma de
violencia en su interior; el artículo 43 eleva a rango constitucional la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres; y el 53 señala
una protección especial a la mujer y a la maternidad en el trabajo[50].
La Ley 294 de 1996 “Por la cual se desarrolla el
artículo 42 de la Constitución
Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia
intrafamiliar”, consagró la posibilidad de acudir al (la) Comisario(a) de
Familia del lugar donde ocurrieron los hechos para obtener la protección
inmediata requerida para resguardar los derechos de las personas víctimas de
violencia intrafamiliar, entre ellas, las mujeres quienes son en gran número
las víctimas de este flagelo[51].
La
Ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención
y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se
reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294  de 1996 y se dictan otras
disposiciones",
incorporó al ordenamiento jurídico colombiano los instrumentos internacionales
más importantes de protección del Sistema Interamericano y del Sistema
Universal de Derechos Humanos a favor de las mujeres,  consagró mecanismos de
gran relevancia para su protección, con la finalidad de sensibilizar, prevenir
y sancionar las formas de violencia y discriminación contra las mismas. En el
primer capítulo de la ley se delimitan aspectos conceptuales: la violencia
contra la mujer[52],
las modalidades de daño contra la mujer[53], los
principios de igualdad efectiva, derechos humanos, corresponsabilidad,
integralidad, autonomía, coordinación, no discriminación y atención
diferenciada[54]
y los derechos de las mujeres víctimas de violencia[55].
En su segundo capítulo desarrolla medidas de sensibilización y prevención en el
ámbito público, educativo, laboral, de la salud, de la familia y de la sociedad
y, finalmente, el tercero consagra una serie de medidas de protección en casos
de violencia intrafamiliar y en el ámbito familiar.
Esta
ley fue reglamentada parcialmente por el Decreto 4799 de 2011 expedido por el
Presidente de la República en ejercicio de la facultad conferida en el numeral
11 del artículo 189 de la C.P., en relación con las competencias de las
comisarías de familia, la Fiscalía, los Juzgados Civiles, los Jueces de control
de garantías de manera que se garantice el efectivo acceso de las mujeres a los
mecanismos y recursos que establece la ley para su protección, como
instrumentos para erradicar todas las formas de violencia entre ellas,
consagrando en el artículo 4º como un derecho de la mujer el derecho de no ser
confrontadas con su agresor[56].
En
la Ley 1542 de 2012 “Por
la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de
Procedimiento Penal”, se eliminó
el carácter de querellables, conciliables y desistibles de los delitos de
inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar, y adicionó con un parágrafo
el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal,
para disponer que en todos los casos en que se tenga conocimiento de la
comisión de conductas relacionadas con presuntos delitos de violencia contra la
mujer, las autoridades judiciales investigaran de oficio, en cumplimiento de la
obligación consagrada en el artículo 7º literal b) de la Convención de Belém do
Pará ratificada por Colombia mediante la Ley 248 de 1995.
5.1.
Instrumentos
internacionales para combatir la violencia contra la mujer.
En
el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos existen numerosas
disposiciones contenidas en instrumentos internacionales, algunos de los cuales
han sido ratificados por Colombia, que buscan proteger los derechos de la mujer
y prohibir todo tipo o acto de violencia y discriminación en su contra, y
dentro de los que se pueden mencionar los siguientes:
-
La
Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 217 A (III), de
10 de diciembre de 1948 protege contra toda forma de discriminación[57].
-
El Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos Adoptado y abierto a la firma,
ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI),
de 16 de diciembre de 1966, consagró en sus artículos 3 y 20 la obligación del
Estado parte de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres para el goce de
los derechos civiles y políticos que dicho pacto reconoce, proscribiendo
cualquier forma de discriminación.
-
El
artículo 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[58]
estipula que “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre
y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”[59].
En el mismo sentido, prevé que “Todas las personas son iguales ante la
ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual
protección de la ley”[60].
-
La
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer fue aprobada mediante
Resolución No. 48/104 del 20 de diciembre de 1993, consagra que las mujeres en condiciones
de igualdad tienen derecho a la protección y goce de las libertades
fundamentales y derechos humanos en los ámbitos política, económica, social,
cultural, civil, entre otros.[61]
Este instrumento estableció que los Estados tienen la obligación de utilizar
una política que tenga como objetivo erradicar la violencia contra las mujeres,
para lo cual deberán, entre otros de: “(i) abstenerse de practicar cualquier
acto de violencia contra la mujer; (ii) prevenir, investigar y castigar todo
acto de violencia contra la mujer; (iii) establecer sanciones penales, civiles,
laborales y administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a
las mujeres que sean objeto de violencia; (iv) elaborar planes de acción
nacionales para promover la protección de la mujer contra toda forma de
violencia; (v) elaborar enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de
índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la
protección de la mujer contra toda forma de violencia; (vi) garantizar que las
mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de
asistencia especializada; (vii) contar con los recursos adecuados para sus
actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer;
(viii) sensibilizar a autoridades y funcionarios sobre el fenómeno; (ix)
modificar las pautas sociales y culturales de comportamiento del hombre y de la
mujer y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias o de otra
índole; (x) promover la realización de investigaciones, informes y directrices
sobre el tema; (xi) y apoyar las organizaciones y movimientos que se dediquen a
promover los derechos de la mujer, entre otros”[62].
-
La
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas reunida en
Beijing entre el 4 y el 15 de septiembre de 1995 se enfocó en el análisis de
temas como la mujer y la pobreza, la educación y la capacitación, la salud, la
violencia contra la mujer, los conflictos armados, los mecanismos
institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos de la mujer,
los medios de difusión. En dicho documento se resalta la presencia de
situaciones graves de discriminación en diversos ámbitos como la educación,
salud, trabajo, economía y sociedad[63]
por lo que indicó que la comunidad internacional tiene como prioridad que las
mujeres tengan plena participación igualitaria en la vida civil, social,
política, económica y cultural a nivel regional, nacional e internacional,
eliminando cualquier forma de discriminación originada a partir del sexo[64].
Igualmente,
se reconocieron los efectos que tienen la desigualdad y la discriminación en el
trabajo, la familia, la comunidad y la sociedad generando que se propicien
actos violentos contra las mujeres[65],
por lo que se exige la adopción de medidas para prevenir tales conductas[66].
-
La
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer de las Naciones Unidas dispone en su artículo 2º que los Estados partes
condenan toda forma de discriminación contra la mujer y se obligan a adoptar
mecanismos aún de tipo legislativo y a desarrollar políticas públicas que
conduzcan a la eliminación de cualquier forma discriminatoria que exista. Dicha
Convención fue ratificada por Colombia mediante la Ley 51 del 2 de junio de
1981.
En
el artículo 17 de la Convención, se dispone la creación de un Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra Mujer (CEDAW), que se encargará de revisar
los progresos en la aplicación de la Convención, y hacer recomendaciones y
sugerencias generales de acuerdo con el análisis que haga de los informes que
se le presenten por los Estados partes.
En
ejercicio de esta actividad, dicho comité ha proferido diversas recomendaciones
referentes a la protección de los derechos de las mujeres:
La Recomendación
General No. 12 referente a la Violencia contra la mujer, exige a los Estados
que en sus informes incluyan datos relacionados con la legislación aplicable
para proteger a la mujer de cualquier acto de violencia; los mecanismos
utilizados para evitar y eliminar este tipo de violencia; los servicios para
apoyar a las mujeres víctimas de violencia, agresiones o malos tratos; y
facilitar datos respecto a la frecuencia de conductas violentas que atentan
contra las mujeres y las víctimas de la misma. La Recomendación No. 19 trató la
violencia contra la mujer como un método de discriminación mediante el cual no
se les permite a las mujeres que gocen de sus derechos y libertades en igualdad
con los hombres[67].
La Recomendación General No. 21 se pronunció sobre la igualdad en el matrimonio
y en las relaciones familiares, y aconseja a los Estados Partes que incluyan
mecanismos para erradicar la discriminación contra las mujeres en los ámbitos
del matrimonio y de relaciones familiares asegurando su igualdad respecto a los
hombres.
-
La
Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer también denominada Convención de Belém do Pará, realizada el 9
de junio de 1994, define la violencia contra las mujeres como “cualquier
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el
privado”[68],
y señala que se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia
física, sexual y psicológica:
a)
Que
tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra
relación interpersonal, ya sea que el agresor comporta o haya compartido el
mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato
y abuso sexual;
b)
Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona
y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de
personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de
trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o
cualquier otro lugar, y
c)
Que
sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra
[69].
5.2.
El sistema interamericano
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos
establece como premisa esencial para la defensa de los derechos de las mujeres
víctimas de violencia, el acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos,
siendo así el principio de igualdad y no discriminación el eje central de los
instrumentos vinculantes y aplicables a la problemática que nos ocupa.
Los artículos XVIII de la Declaración Americana y
8 y 25 de la Convención Americana consagran que todas las personas tienen el
derecho a acceder a recursos judiciales y a ser oídas, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente,
independiente e imparcial cuando creen que sus derechos han sido violados. La
protección de estos derechos se ve reforzada por la obligación general de
respetar, impuesta por el artículo 1.1 de la Convención Americana.[70]
La tutela judicial efectiva de los derechos de
las mujeres víctimas de violencia debe ser amparado en atención a políticas
criminales no discriminatorias, en concordancia con el artículo 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece el derecho a la
igualdad ante la ley que les asiste y, el artículo 1.1 que como ya se dijo le
impone una obligación general de respeto al Estado sobre la Convención.
De esa manera, se ha identificado que, en los
casos concernientes a violencia contra mujeres, la investigación es la etapa de
mayor importancia procesal, pues es allí donde pueden obtenerse los elementos
probatorios necesarios para brindar una tutela efectiva de los derechos que les
asisten[71].
El derecho a un
recurso judicial efectivo, entendido como una manifestación de la protección
judicial, se encuentra consagrado en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH) con una doble connotación: (i) como un derecho que tiene
toda persona “a un recurso sencillo y rápido o a cualquier recurso efectivo
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la
presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales[72]”, (ii)
como un deber de los Estados Partes quienes se comprometen “(…) a) a garantizar que la autoridad competente prevista
por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso; b)
a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el
cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya
estimado procedente el recurso[73]”.
En
este sentido, la obligación de los Estados Partes no se limita a implementar en
sus ordenamientos jurídicos el recurso judicial, sino que éste debe tener
efectividad, lo que significa que debe ser capaz “(…) de producir resultados
o respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la Convención.[74]”.
Al
respecto reiteró la Corte que la obligación de los Estados Partes contenida en
el artículo 25 de la CADH tiene como finalidad garantizar a todas las personas
un recurso judicial efectivo contra aquellos actos violatorios de sus derechos
fundamentales. En este sentido, señaló que para que el Estado cumpla con la
finalidad del artículo 25 ibídem, no basta con que los recursos existan
formalmente, sino que también es necesario que sean efectivos, es decir, que
sean idóneos para combatir la violación y que sea efectiva su aplicación por la
autoridad competente.
Sobre las obligaciones del Estado referentes a la
concreción de un recurso judicial efectivo la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha dicho:
“En los términos del artículo 25 de la
Convención, es posible identificar dos obligaciones específicas del Estado. La
primera, consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de recursos
efectivos ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas
bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que
conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas. La
segunda, garantizar los medios para ejecutar las respectivas decisiones y
sentencias definitivas emitidas por tales autoridades competentes, de manera
que se protejan efectivamente los derechos declarados o reconocidos. El derecho
establecido en el artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación
general del artículo 1.1 de la Convención, al atribuir funciones de protección
al derecho interno de los Estados Partes”[75].
Igualmente,
se ha establecido que las obligaciones que consagra el artículo 8° de la Convención
de Belem do Pará se deben interpretar junto con aquellas que establece el
artículo 7° de dicha Convención en donde se estipulan obligaciones inmediatas
en cabeza del Estado dentro de las que se encuentra actuar con la debida
diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las
mujeres.[76]
En
este sentido, la CIDH ha indicado que el deber de debida diligencia impone a
los Estados el deber de vigilar la situación social a través de la producción
de información estadística que permita el diseño y evaluación de políticas
públicas, así como del control de las mismas que sean implementadas por la
sociedad civil, con el fin de prevenir situaciones de violencia, en especial
frente a prácticas que sean extendidas o estructurales.[77]
Así
mismo, señaló que la obligación del inciso B del artículo 7° de dicha
Convención se debe interpretar junto con el inciso H del artículo 8° referente
a garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y otra información
pertinente relacionada con las causas, consecuencias y frecuencia de la
violencia contra las mujeres.[78]
Lo anterior con el fin de evaluar la eficacia de las medidas utilizadas para
prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres y de formular e
introducir los cambios necesarios[79].
Por
su parte la Relatoría Especial sobre la violencia contra la mujer ha sostenido
que los Estados para cumplir con las obligaciones internacionales de debida
diligencia en cuanto a prevención se deben implementar medidas como la “sensibilización
del sistema de justicia penal y la policía en cuanto a cuestiones de género,
accesibilidad y disponibilidad de servicios de apoyo; existencia de medidas
para aumentar la sensibilización y modificar las políticas discriminatorias en
la esfera de la educación y en los medios de información, y reunión de datos y
elaboración de estadísticas sobre la violencia contra la mujer[80]”[81]
5.3.
Desarrollo en nuestra jurisprudencia
constitucional
Desde sus inicios la Corte Constitucional ha procurado
la protección efectiva de los derechos de la mujer, y en especial de aquellas
mujeres que sufren maltrato por parte de su pareja, quien asumiendo una
posición abusiva y arbitraria atenta contra uno de los derechos fundamentales
de mayor relevancia, como lo es el de la dignidad humana.
Es así como en la sentencia T-382 de 1994[82] amparo
transitoriamente los derechos a la vida, la integridad física, y el derecho de
los niños de tener una familia, de una mujer que venía siendo agredida en el
seno de su hogar por su cónyuge. Puntualmente y frente a la intolerancia de
conductas agresoras por parte de la pareja, señaló la sentencia:
“(…) No cabe duda que los tratos
crueles, degradantes o que ocasionen dolor y angustia a nivel corporal o
espiritual atentan de manera directa contra la dignidad humana, lo cual impide
necesariamente su cabal realización como persona. Y ello es más grave cuando
están de por medio los hijos (menores de edad), quienes se verán gravemente
afectados en su formación moral e intelectual al observar la conducta inmoral,
arbitraria y abusiva de su padre contra su madre. Es pues, en situaciones como
la descrita donde tiene real significado y efectividad la tutela como
instrumento idóneo, de carácter perentorio e inmediato para que cesen las
conductas abusivas y los atropellos del cónyuge, sin que ello signifique, de
otro lado, que la actora no pueda ni deba recurrir ante la jurisdicción
ordinaria para obtener una solución definitiva al conflicto familiar que ha
venido soportando, como resultado de las conductas arbitrarias e inhumanas del
accionado (…)”.
Posteriormente mediante las sentencias T-487 de
1994[83], T-552 de 1994[84], T-181 de 1995[85], la Corte conoció en
revisión las acciones de tutela instauradas por mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar o de género contra sus cónyuges o compañeros permanentes que las
agredían, en las que precisó que las relaciones familiares se basan en la
igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco de sus
miembros, por lo que cualquier forma de violencia se considera destructiva de
la unidad familiar y debe ser objeto de sanción conforme a la ley.
En las sentencias C-285 de 1997[86], C-652 de 1997[87] y C-059 de 2005[88] la Corte examinó la constitucionalidad
de varias disposiciones de las leyes 575 de 2000 y 294 de 1996, sobre violencia
intrafamiliar, declarando su conformidad con la Constitución.
De otra parte, al estudiar la Corte de manera
oficiosa la Ley 984 de 2005 la cual se aprueba el protocolo facultativo de la
Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas., decidió
mediante sentencia C-322 de 2006 declararla exequible[89], y en uno de sus partes refiere sobre
la necesidad de superar la discriminación de la mujer, lo siguiente:
“(… )En lo que tiene que ver con Colombia, esta realidad
social de marginación fue expresamente reconocida por la Asamblea Nacional
Constituyente que, como un mecanismo para superarla, decidió elevar a canon
constitucional el principio de la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, consagrado precisamente en la “Convención sobre
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)”. Las
palabras de la exposición de motivos, dichas para justificar la consagración de
las normas superiores relativas a la igualdad entre hombres y mujeres,
particularmente recogidas en el artículo 43 de la Constitución, revelan
que lo que quiso la Asamblea Nacional Constituyente fue incorporar a la Carta
los mismos principios recogidos en esa Convención (...)”.
En la C-335 de 2013[90], al resolver
la demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5º del artículo 9º de la
Ley 1257 de 2008 “ Por la cual se dictan normas de
sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación
contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se  dictan otras disposiciones”, la Corporación decidió declarar exequible la expresión demandada,
al considerar que este tipo de sanciones no desconoce el principio de legalidad,
en primer lugar, porque, estas sanciones no requieren de consagración
normativa,  sino que surgen como formas de control social informal, y en segundo
lugar, porque, no son penas estatales sino mecanismos de condicionamiento que
impone la familia, la cultura, las relaciones sociales, para que una conducta
con consecuencias negativas no se repita.
Para la Corte, la violencia de género es un fenómeno fundado en factores
sociales como la desigualdad y la discriminación de las mujeres y por ello una
estrategia eficaz para erradicarla requiere de una respuesta integral del
Estado, que comprenda no solo el ámbito penal, sino que incluya otras medidas jurídicas
y sociales complementarias.
Concluye la Corte en la sentencia C-335 de 2013 que estas medidas son: “(…)
mecanismos de condicionamiento
social que buscan que el sujeto imite o repita las formas de conducta que
conllevan consecuencias positivas y evite cometer las que tengan consecuencias
negativas al interior de la propia sociedad, a través de mecanismos que son
impuestos en la familia, la educación, el trabajo o las interacciones sociales,
pero que no dependen del Estado, pues son informales. En este sentido, los
mecanismos de control social informal son plenamente válidos en un Estado
social de Derecho, pues no implican la privación de derechos fundamentales,
sino que simplemente tienen por objeto aplicar estímulos o desestímulos a
conductas socialmente relevantes (…)”.
Siguiendo
la directriz normativa y jurisprudencial que se acaba de mencionar, es evidente
que una vez se ha realizado una conducta violenta vulneradora de derechos
fundamentales, es obligación del Estado garantizar que esta conducta no se
repita y que el sujeto víctima de violencia no sea revictimizado, para lo cual
deberán adoptarse medidas concretas y oportunas, que protejan realmente los
derechos de las víctimas.
Sobre el punto la Corte Constitucional ha
indicado que la garantía de no repetición está conformada por las acciones
orientadas a impedir que se vuelvan a realizar las conductas que afectaron los
derechos de las víctimas, las cuales se deben adecuar a la magnitud y
naturaleza de la ofensa.[91] Igualmente, se ha
establecido que tal garantía está relacionada con la obligación del Estado de
prevenir las graves violaciones de los DDHH a través de medidas jurídicas,
políticas, administrativas y culturales que permitan la protección de los
derechos, adoptándose estrategias de prevención integral, pero también medidas
específicas destinadas a erradicar factores de riesgo.
La sentencia T-878 de 2014[92], en la
que se analizó por la Corte el caso de una mujer víctima de discriminación y de
violencia, precisó que el Estado tiene obligaciones ineludibles en torno a la
eliminación de cualquier tipo de discriminación o violencia ejercida contra una
persona por razón de su sexo, para lo cual debe: a) garantizar a todos y
todas, una vida libre de violencia y discriminación por razón del
sexo; b) prevenir y proteger a las mujeres y las niñas de cualquier
tipo de discriminación o violencia ejercida en su contra; c) investigar,
sancionar y reparar la violencia estructural contra la mujer, entre muchas
otras.
Así
mismo, la jurisprudencia ha señalado que el operador judicial desempeña un
papel esencial en el cumplimiento del mandato de erradicar todo tipo de
violencia contra la mujer, pues deben investigar, sancionar y reparar los
hechos de violencia denunciados[93].
Para ello, es relevante que tenga en cuenta que “una de las mayores
limitaciones que las mujeres encuentran para denunciar la violencia, en
especial la doméstica y la psicológica, es la tolerancia social a estos
fenómenos, que implica a su vez la ineficacia de estos procesos y las
dificultades probatorias a las que se enfrenta la administración de justicia
frente a estos casos”[94].
La violencia doméstica o intrafamiliar en
palabras de la Corte[95], es aquella que “(…)
se propicia por el daño físico, emocional, sexual, psicológico o económico que
se causa entre los miembros de la familia y al interior de la unidad doméstica.
Esta se puede dar por acción y omisión de cualquier miembro de la familia (…). Y
la violencia sicológica es la que se ocasiona con acciones u omisiones
dirigidas intencionalmente a producir en una persona sentimientos de
desvalorización e inferioridad sobre sí misma, que le generan baja de autoestima.
Esta tipología no ataca la integridad física del individuo sino su
integridad moral y psicológica, su autonomía y su desarrollo personal y se
materializa a través de constantes y sistemáticas conductas de intimidación,
desprecio, chantaje, humillación, insultos y/o amenazas de todo tipo (…)”.
En
reciente jurisprudencia, la Corte al decidir sobre el derecho de protección
invocado por una mujer agredida y a quien la Comisaria de Familia y la
autoridad judicial le negaron medidas de protección bajo el argumento de la
existencia de agresiones mutuas, puntualmente señaló:
“(…)
la violencia contra la mujer, en el marco de la violencia intrafamiliar, se
nutre de una discriminación histórica que asigna unos roles específicos a cada
género, en la que predomina una posición dominante del género masculino a
través de criterios de apropiación y dominio de la mujer. Esta violencia, que
se ejerce tanto desde el ámbito físico como psicológico, pretende resquebrajar
la autonomía e independencia de la mujer, y en el marco de los paradigmas y
estereotipos, se tolera sin que haya una reacción social o estatal eficaz.
Valga aclarar que este fenómeno, no ha sido ajeno a la administración de
justicia, pues las decisiones judiciales también han sido fuente de
discriminación contra la mujer al confirmar patrones de desigualdad.
Al respecto, en
sentencia T-012 de 2016, se precisó que las autoridades judiciales deben:
“(i) desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar
los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres; (ii) analizar los hechos,
las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la
realidad, de manera que en ese ejercicio hermenéutico se reconozca que las
mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal, se
justifica un trato diferencial; (iii) no tomar decisiones con base en
estereotipos de género; (iv) evitar la revictimización de la mujer a la hora de
cumplir con sus funciones; reconocer las diferencias entre hombres y mujeres;
(v) flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminación,
privilegiando los indicios sobre las pruebas directas, cuando estas últimas
resulten insuficientes; (vi) considerar el rol transformador o perpetuador de
las decisiones judiciales; (vii) efectuar un análisis rígido sobre las
actuaciones de quien presuntamente comete la violencia; (viii) evaluar las
posibilidades y recursos reales de acceso a trámites judiciales; (ix) analizar
las relaciones de poder que afectan la dignidad y autonomía de las mujeres (…)[96]”.
6.
Solución
al caso concreto
El Defensor del Pueblo Regional
Magdalena Medio solicitó a la Corte Constitucional la selección para revisión, de
los fallos de tutela proferidos por el Tribunal Superior de Bucaramanga –Sala
Civil-, y por la Corte Suprema de Justicia – Sala Civil-, en cuanto negaron el
amparo de los derechos fundamentales de la señora Nasly Patricia Ramírez
Flórez, pues en su criterio, la tutela debía prosperar, porque el Juzgado Tercero
Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, desconoció y vulneró dentro del
trámite dado a la demanda de fijación de cuota alimentaria, los derechos de defensa,
de contradicción, y en especial el derecho de la víctima –señora Nasly Patricia
Ramírez Flórez-, a no ser confrontada con su agresor.
En efecto, tal y como se consignó en el
acápite de los hechos, la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez demandó la
fijación de cuota alimentaria para sus hijos Conni Valentina Borja Ramírez y
Felipe Borja Ramírez, a cargo de su padre, señor Luis Carlos Borja Ordúz, por
el incumplimiento reiterado de sus obligaciones, quien a su vez estaba siendo
investigado por el delito de violencia intrafamiliar según denuncia interpuesta
ante la Fiscalía General de la Nación, cuya radicación fue confirmada por el
Fiscal del caso al descorrer el traslado de la demanda de tutela[97].
Sobre el curso que se le ha dado a la
investigación adelantada al señor Luis Carlos Borja Ordúz por el presunto
delito de violencia intrafamiliar, la Fiscalía de manera explícita señala que dicha
investigación se adelanta no sólo contra el señor Luis Carlos Borja Ordúz, sino
también contra el sobrino de éste de nombre Cristian Mauricio Angarita Borja[98], quien a
su vez fue testigo de la parte demandante dentro del proceso de alimentos, tal
y como se constató por este despacho al revisar la grabación de la audiencia
inicial llevada a cabo dentro del citado proceso[99].
De igual manera se infiere de la
grabación, que la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, insistentemente
peticionó al juzgado de familia, la aplicación de su derecho a no ser
confrontada con su agresor, y que tal petición le fue resuelta de manera desfavorable
bajo el argumento del carácter concentrado de la audiencia inicial, que impedía
realizar otra audiencia para recibir el interrogatorio de parte a la
demandante.
Para la Corte esta justificación, la de
ser una audiencia concentrada, en principio y en circunstancias normales puede
ser válida, pero cuando se está frente a un sujeto que amerita una especial
protección por parte de las autoridades judiciales y estando de por medio
derechos de menores de edad, es necesario que el funcionario judicial valore
estas circunstancias de manera tal que se le garantice el ejercicio pleno de
sus derechos al interior del proceso y se logre una efectiva protección de los
sujetos involucrados.
Bajo este criterio, es claro que la juez
de familia[100]
no hizo uso de sus facultades, para, como director del proceso que es, permitir
que la demandante en ejercicio del derecho legal que le asiste de decidir no
ser confrontada con su agresor[101],
rindiera su interrogatorio de parte en una fecha o al menos en una hora
distinta a la fijada para el demandado, logrando así el cumplimiento de lo dispuesto
en convenciones internacionales ratificadas por Colombia, como la Convención
de Belem dó Pará aprobada por la Ley Nº 248 del 29 de
diciembre de 1995,
la cual en eventos como el presente, resulta fundamental en cuanto su objeto no
es otro que la protección real de la mujer víctima de violencia doméstica por
parte del Estado parte de dicha convención.
Al respecto cabe anotar que los
funcionarios judiciales están obligados a aplicar el contenido de estos
mecanismos internacionales y nacionales, y para ello, deben ejercer las
facultades que la ley les otorga en su condición de conductores del proceso, concretamente
y para el caso, uno de los instrumentos internacionales que más relevancia
tiene en cuanto a la necesidad y la obligación que les asiste a los estados parte
de proteger a la mujer contra cualquier tipo de discriminación, es la Convención
de Belem dó Pará, ya citada. Esta convención reitera que cualquier tipo de
violencia que se ejerza contra la mujer, sea en el ámbito público como en el
privado[102],
haciendo especial énfasis en la violencia doméstica, debe ser sancionado, en
cuanto, constituye una afrenta a la dignidad humana.
De igual manera, en dicha convención
también se dispuso, a través de los artículos 4 y 7 que se citan de manera
textual, lo siguiente:
“Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a
las libertades consagradas por los instrumentos nacionales e internacionales
sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:
a.- el derecho a que se respete su vida
b.- el derecho a que se respete su
integridad física, psíquica y moral
(…)”.
“Artículo 7. Deberes de los Estados
Parte
Los Estados partes condenas todas las
formas de violencia contra la mujer y convienen en dotar por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y
erradicar dicha violencia (…)”.
Colombia como Estado Parte de la
Convención[103],
con el fin de cumplir con las obligaciones adquiridas, ha venido adoptando una
serie de medidas, entre las que vale volver a citar por su relevancia para el
caso que se estudia por la Sala, la Ley 1257 de 2008 en cuanto dispuso en su
artículo 8, el derecho que tiene la víctima de decidir voluntariamente si puede
ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de atención y en
los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo. Derecho que
igualmente fue reiterado en el artículo 4 del Decreto 4799 de 2011 que
reglamentó parcialmente la ley 1257, al disponer que las autoridades
competentes están obligadas a informar a las mujeres víctimas de violencia, el
derecho que tienen a no ser confrontadas con el agresor.
Este derecho fue el que invocó la señora
Nasly Patricia Ramírez Flórez, víctima de violencia doméstica, ante el Juez
Tercero Promiscuo de Familia, al considerar que no estaba en condiciones de
enfrentar a su ofensor. Sin embargo, el Juez Tercero de Familia, con el argumento
de ser un proceso verbal sumario en el que la audiencia inicial es concentrada[104], negó a
la demandante la posibilidad de acudir al proceso de fijación de cuota
alimentaria, sin la presión psicológica que le significaba la presencia del
demandado señor Luis Carlos Borja Ordúz, en la audiencia.
Las anteriores precisiones, para entrar
la Sala a revisar si la actuación del juez de familia que conoció de la demanda
de fijación de cuota alimentaria interpuesta por Nasly Patricia Ramírez Flórez,
estuvo acorde con estos principios procesales, y si se ajustó a los estándares
internacionales y nacionales que propenden por el respeto y la protección de
los derechos de la mujer víctima de violencia doméstica.
Las pretensiones del amparo de tutela
solicitado por el Defensor del Pueblo como agente oficioso, se encaminaron a la
protección de los derechos fundamentales de la señora Nasly Patricia Ramírez
Flórez, a una vida libre de violencia, al debido proceso y a no se confrontada
con el agresor, para lo cual solicitó que se ordenara al Juzgado Tercero
Promiscuo de Familia: i)  dejar sin efecto las actuaciones realizadas en la
diligencia de audiencia del 18 de julio de 2016 dentro del proceso de alimentos
presentado por la señora Ramírez Flórez en favor de sus hijos, ii) citar para la
recepción del interrogatorio de parte a la demandante, en una fecha y hora
distinta a la fijada para recepcionar el interrogatorio a su agresor.
Para el juez del proceso de alimentos no
fue suficiente con la prueba que se aportó sobre la condición sicológica de la
señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, quien por espacio de 22 años soportó la
agresión proveniente de su cónyuge[105],
quien valga decirlo, no controvirtió la veracidad de estos documentos, ni negó
que en su contra se estuviera adelantando una investigación penal por el delito
de violencia intrafamiliar, razón por demás suficiente para que se valorara
esta especial circunstancia, para decidir la modificación de la fecha de la
audiencia sin la presencia del demandado. Esta prueba, resulta de vital
importancia para la fijación de la cuota alimentaria en la medida en que la
madre de los menores puede exponer todas las situaciones que se le presenten en
crianza de sus hijos, dándole al juez mayores elementos de convicción para que
el valor de la cuota alimentaria consulte la realidad.
Ahora bien, cierto es que la audiencia
inicial es una audiencia concentrada, es decir, en ella se debe concluir el litigio,
pero ello no impide que, bajo circunstancias relevantes, el juez en ejercicio
de sus facultades y poderes legales que le asisten, decida trasladar la fecha o
la hora para llevar a cabo el interrogatorio de la parte que no quiere o no
puede confrontar, o simplemente estar en el mismo sitio y lugar de su agresor y
contraparte.
Esta situación fue la que expuso la
victima de la agresión señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, de manera directa
y a través de su apoderado, a la juez de familia que adelantaba el proceso de
fijación de cuota alimentaria, y que, se repite no fue atendida bajo los
lineamientos del artículo 8º literal K de la Ley 1257 de 2008, y los
instrumentos internacionales ratificados por Colombia que han previsto para la
protección de la mujer víctima de violencia doméstica, concretamente los
artículos 4 y 7, de la Convención de Belen Dó Pará. Por el contrario, la
funcionaria judicial decidió continuar con la diligencia de audiencia inicial y
decidir el proceso en el que fijó el valor de la cuota alimentaria en un
porcentaje equivalente al 12% del salario que devenga el demandado[106], para
cada uno de los menores.
Para establecer el porcentaje de cuota
alimentaria el juez valoró además de los documentos aportados por las partes en
la demanda y en su contestación, las manifestaciones que hizo el demandante al
momento de rendir su interrogatorio de parte, y el testimonio del sobrino del
demandado quien a su vez y según la respuesta de la Fiscalía a la juez de
tutela de primera instancia, también es sujeto de investigación por el presunto
delito de violencia intrafamiliar, según denuncia hecha por la señora Nasly
Patricia Ramírez Flórez, hecho este que a juicio de la Sala, no puede ser ajeno
en un proceso de fijación de cuota alimentaria, y que a pesar de ello, no tuvo
en cuenta la juez de familia para establecer con un criterio de razonabilidad
el derecho de la víctima de no ser enfrentada o confrontada con su agresor, pues
la demandante había manifestado que la sola presencia del agresor en el mismo
sitio de la víctima implica para ella miedo e intimidación.
En este orden de ideas, para esta
Corporación, el funcionario judicial que adelantó el proceso de fijación de
cuota alimentaria, al dejar de aplicar el contenido del artículo 8º de la Ley
1257 de 2008, tantas veces citado, alegando la naturaleza concentrada de la audiencia
prevista en el artículo 392 del C. G. del P., incurrió en un defecto procedimental
por exceso de ritual manifiesto, porque, sacrificó el derecho que legalmente le
asiste a la señora Nasly Patricia Ramírez, de no ser confrontada con su
agresor, por aplicar la norma procedimental, siguiendo el riguroso esquema
procesal, aunque sin tener en cuenta la prevalencia de los derechos
fundamentales de la mujer víctima de la violencia, que fueron expuestos y sustentados
fáctica y jurídicamente al interior del trámite del proceso de alimentos.
Como se expuso en párrafos anteriores,
el Estado colombiano como garante de los derechos de la mujer, debe a través de
sus agentes, dar cumplimiento a las obligaciones internaciones que ha
ratificado[107]
y que ha desarrollado en normas internas tales como, la Ley 1257 de 2008, reglamentada
parcialmente por el Decreto 4799 de 2011, en la que se consagra en su artículo
8º literal k, como un derecho de la víctima de cualquier tipo de violencia, su
no confrontación con el agresor. Este derecho no puede entenderse de aplicación
exclusiva en la legislación penal, pues existen otros escenarios en los que la
víctima debe concurrir con la presencia de su agresor, y en ellos también es esencial
que se le garantice a la víctima la seguridad de que sus manifestaciones serán
libres de intimidación y miedo.
Es importante destacar que la víctima de
la violencia intrafamiliar que buscó ejercer su derecho a rendir interrogatorio
de manera libre y sin presión alguna, solicitó la vigilancia de su proceso a la
Procuraduría Provincial de Barrancabermeja y que está entidad se limitó a
revisar que el trámite del proceso se hubiera regido por las normas procesales
aplicables, pero olvidó que en tratándose de víctimas de violencia, como
representante del Estado, debía también garantizar que este debido proceso se
desarrollara respetando la condición de víctima de violencia doméstica, de
manera tal que su comparecencia al mismo se efectuara libre de presión alguna y
alejada de cualquier tipo de agresión, que no necesariamente tiene que ser
física, sino que también comprende la violencia psicológica.
Así las cosas, se revocará la sentencia
de segunda instancia proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia el 7 de octubre de 2016, para en su lugar conceder la tutela de los
derechos de la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, al debido proceso y a no
ser confrontada con su agresor, dentro del proceso de alimentos que adelantó en
representación de sus hijos Connie Valentina y Felipe Borja Ramírez, contra el
señor Luis Carlos Borja Ordúz, radicado en el Juzgado Tercero Promiscuo de
Familia de Barrancabermeja.
Como consecuencia del amparo, se dejarán
sin efecto las actuaciones realizadas por el Juez Tercero Promiscuo de Familia
de Barrancabermeja, en la audiencia inicial llevada a cabo el 18 de julio de
2016 salvo las pruebas legalmente decretadas y practicadas, y se ordenará a
este funcionario que fije nueva fecha para la realización de la diligencia de
audiencia en la que disponga lo necesario para que dentro de la misma se reciba
interrogatorio de parte a la demandante señora Nasly Patricia Ramírez Flórez,
sin la presencia del demandado Luis Carlos Borja Ordúz, garantizándole así su
derecho a no ser confrontada con su ofensor.
7.
Conclusiones
7.1.
Deben protegerse los derechos fundamentales al debido proceso, a una vida
libre de violencia, y a que la víctima no sea enfrentada con su agresor. Cuando
en un proceso de alimentos deben celebrarse audiencias con la presencia del
ofensor, el juez debe interpretar la disposición que así lo establece[108],
partiendo de una lectura constitucional de la norma en armonía con la
legislación nacional vigente y los tratados internacionales ratificados por
Colombia.
7.2.
El derecho de la víctima de no ser confrontada con su agresor, fue
consagrado de manera expresa en el artículo 8º de la Ley 1257 de 2008[109], así: Toda
víctima de alguna de las formas de violencia además de las medidas de
protección contempladas en el artículo 11 de la Ley 906 de 2004 y el artículo
15 de la Ley 360 de 1997, tiene derecho a: “(…) k) decidir voluntariamente si
puede ser confrontada con el agresor en cualquiera delos espacios de atención y
en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo.”
La
Ley 1257 de 2008 fue reglamentada parcialmente por el Decreto 4799 de 2011,
consagrando en el artículo 4º la obligación de las autoridades competentes de
informar a las mujeres víctimas, el derecho que tienen a no ser confrontadas
con el agresor.
7.3.
Esta legislación nacional se emite por el Estado colombiano, en
cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas al suscribir la Convención
de Belén dó Pará[110].
7.4.
Para la Sala, es claro que, existiendo legislación interna e internacional ratificada
por Colombia, a través de la cual se ordena a los Estados Parte desplegar toda
la actividad necesaria, ya sea en los ámbitos administrativo, judicial, o aún
con medidas de tipo educativo, para garantizar los derechos de las víctimas de
la violencia, dentro de las cuales, de una manera explícita se incluye a las
mujeres, esta garantía debe incluir el acceso efectivo a la administración de
justicia, lo cual se traduce en la oportunidad que tiene la víctima de maltrato,
de utilizar todos los mecanismos que tiene a su alcance para hacer prevalecer
sus derechos y para hacer cesar cualquier tipo de agresión que se ejerza en su
contra.
7.5.
Revisado el expediente que contiene el trámite dado por el Juez Tercero
Promiscuo de Familia, a la demanda de fijación de cuota alimentaria interpuesta
por Nasly Patricia Ramírez Flórez, y confrontadas las decisiones que se tomaron
por el funcionario judicial, con el contenido de las normas nacionales e internacionales,
es evidente que a la víctima de violencia doméstica, señora Nasly Patricia
Ramírez Flórez, no se le garantizó de manera efectiva su derecho fundamental,
de acceso a la administración de justicia, debido a que la autoridad judicial,
bajo un criterio netamente procesal, desconoció su condición de víctima de
violencia doméstica y no le permitió comparecer al proceso a rendir su
interrogatorio, de manera libre y serena sin la presencia de su agresor. La
accionante fue víctima de obstáculos que impidieron acceder a una
administración de justicia eficaz, a un recurso judicial efectivo y a la
protección especial frente a los hechos de violencia sufridos.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia de
segunda instancia proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia
el 7 de octubre de 2016, para en su lugar CONCEDER la tutela de los
derechos de la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, y a no ser confrontada con su agresor, dentro
del proceso de alimentos que adelantó en representación de sus hijos Connie
Valentina y Felipe Borja Ramírez, contra el señor Luis Carlos Borja Ordúz,
radicado en el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja.
Segundo.- DEJAR sin efecto las
actuaciones realizadas por el Juez Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja,
en la audiencia inicial llevada a cabo el 18 de julio de 2016, salvo las
pruebas legalmente decretadas y practicadas, y se ordenará a este funcionario
que fije nueva fecha para la realización de la diligencia de audiencia en la
que disponga lo necesario para que dentro de la misma se reciba interrogatorio
de parte a la demandante señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, sin la presencia
del demandado Luis Carlos Borja Ordúz, garantizándole así su derecho a no ser
confrontada con su agresor.
Tercero.- ORDENAR a la
Procuraduría Provincial de Barrancabermeja que intervenga de una manera
efectiva en el proceso de fijación de cuota alimentaria que adelanta la señora
Nasly Patricia Ramírez Flórez, de manera tal que se le garantice un debido
proceso acorde con su condición de víctima de violencia intrafamiliar.
Cuarto.- LIBRAR por la
Secretaría General, las comunicaciones a que alude el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] La Sala de
Selección Número Uno estuvo integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio
[2] Fol.
35-35vto del cuaderno principal.
[3] Folio
37-38 del cuaderno principal.
[4] Folio
40 – 44 del cuaderno principal.
[5] Folio
47-49 del cuaderno principal.
[6] Folio
51-54 del cuaderno principal.
[7] Folio
71-72 del cuaderno principal.
[8]
Sentencia T-214 del 1º de abril de 2014 M.P. María Victoria Calle Correa.
[9] Folio 9
a 10 del cuaderno principal.
[10] La base
argumentativa y jurisprudencial expuesta en este capítulo hace parte de las
sentencias SU-917 de 2010; SU-195 de 2012 y SU-515 de 2013, y mantiene la
postura reciente y uniforme de esta corporación en la materia.
[11] La Sala
efectuará una breve exposición sobre esta materia, a partir del recorrido que
va desde la sentencia de la Sala Plena C-543 de 1992 (MP. José Gregorio
Hernández Galindo, SV. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro
Martínez Caballero) hasta la sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño).
[12] También
llamada Pacto de San José de Costa Rica.  “Artículo 25. Protección Judicial. 1.
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la
ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados
Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por
el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial,
y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda
decisión en que se haya estimado procedente el recurso”. (Subrayado fuera
de texto).
[13] Artículo
2. (…)  3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se
compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades
reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un
recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por
personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La
autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre
los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las
posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.(Subrayado
fuera de texto).
[14] M. P.
José Gregorio Hernández Galindo.
[15] Ver,
entre otras, las sentencias T-381 de 2004 (M.P. Jaime Araújo Rentería), T-565
de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T-1112 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño).
[16]
Sentencia T-265 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[17] Al
respecto ver, entre otras, las sentencias SU-159 de 2002 y T-522 de 2001, en
ambas M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-462 de 2003 y T-1031 de 2001, en
ambas M. P. Eduardo Montealegre Lynett y T-1625 de 2000, M. P. Martha Victoria
Sáchica Méndez.
[18] Es de
anotar que la jurisprudencia en torno a las vías de hecho evolucionó para
comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de
tal, pero que aún llevaban a un desconocimiento de derechos fundamentales, por
lo cual se cambió el vocablo “vía de hecho” por el de “causal específica de
procedibilidad”. (Sentencias T-774 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y
T-453 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), entre otras).
[19] El
abandono del concepto “vía de hecho” por el de “causales de procedencia de la
acción de tutela” se comenzó a proponer en las sentencias T-441 de 2003, T-462
de 2003, T-771 de 2003, T-949 de 2003 (Todas con ponencia del Magistrado
Eduardo Montealegre Lynett, y T-701 de 2004 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes).
[20] Sobre
ese fallo se efectuarán consideraciones adicionales en el siguiente acápite de
esta providencia.
[21] MP.
Jaime Córdoba Triviño.
[22] Sobre
la función de la Corte en el ejercicio de la revisión de fallos de tutela, ver
la sentencia C-018 de 1993. y los autos A-034 de 1996 y A-220 de 2001.
[23] Sobre
la estructura de los derechos fundamentales, resultan especialmente
ilustrativas las sentencias T-576 de 2008 y T-760 de 2008, relativas al
carácter fundamental del derecho a la salud.
[24] Sobre
la importancia de la unificación de la jurisprudencia constitucional y su
relación con el principio de igualdad, ver sentencias T-292 de 2006, C-836 de
2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil. SV. Alfredo Beltrán Sierra, Álvaro Tafur Galvis
y Jaime Araujo Rentería, SPV. Clara Inés Vargas Hernández, AV. Manuel José
Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra) y  T-566 de 1998.
[25]
Siempre, siguiendo la exposición de la Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño).
[26] Ver
sentencias T-173 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-590 de 2005 (M.P.
Jaime Córdoba Triviño).
[27] Esta
regla se desprende de la función unificadora de la Corte Constitucional,
ejercida a través de sus Salas de Selección. Así, debe entenderse que si un
proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión, se encuentra acorde
con los derechos fundamentales.
[28] La Sala
continúa la exposición en torno a lo dispuesto en sentencia C-590 de 2005 (M.P.
Jaime Córdoba Triviño).
[29] Hace
referencia a la carencia absoluta de competencia por parte del funcionario que
dicta la sentencia.
[30] El
defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial se
aparta por completo del procedimiento legalmente establecido. Al respecto, ver
sentencias T-008 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-937 de 2001 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa), SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa),
T-196 de 2006 (MP. Álvaro Tafur Galvis) y T-264 de 2009 (MP. Luis Ernesto
Vargas Silva).
[31] Cfr.
sentencias T-104 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-747 de 2013, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt y T-591 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[32]
Referido a la producción, validez o apreciación del material probatorio. En
razón a la independencia judicial, el campo de intervención del juez de tutela
por defecto fáctico es supremamente restringido.
[33] Cuando
se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o en los fallos
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión. (Ver, Sentencia C-590 de 2005 MP. Jaime Córdoba Triviño); igualmente,
los fallos T-008 de 1998 y T-079 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[34] También
conocido como “vía de hecho por consecuencia”, hace referencia al evento en el
cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte del
funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos
fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas
estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración
entre los órganos del poder público. Ver, principalmente, sentencias SU-014 de
2001 (MP. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano), T-1180 de 2001 (MP. Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-590 de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[35] En
tanto la motivación es un deber de los funcionarios judiciales, así como su
fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático. Ver sentencia T-114 de
2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
[36] “Se
presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance”. Ver sentencias SU-640 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-168
de 1999 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[37]
Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[38] Cuando
el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario a la
Constitución, sentencias SU-1184 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett),
T-1625 de 2000 (MP. Martha Victoria Sáchica Méndez) y T-1031 de 2001 (MP.
Eduardo Montealegre Lynett), o cuando no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por
alguna de las partes en el proceso. Ver sentencia T-522 de 2001 (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa).
[39]
Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño) y T-701 de 2004 (MP.
Rodrigo Uprimny Yepes).
[40] “Por la
cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de
violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos penal de
procedimiento penal y la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.
Artículo 8º literal k) Toda víctima de alguna de las formas de violencia
previstas en la presente ley, además de los contemplados en el artículo 11 de
la Ley 906 de 2004 y el artículo 15 de la Ley 360 de 1997, tiene derecho a: K)
decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera
de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales
o de otro tipo”.
[41] Folio
11-12 cuaderno principal.
[42] Folio
9-10.
[43] Folios
15-16.
[44] Cd
anexo.
[45] Folio 1.
[46] MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra AV Rodrigo Uprimny Yepes. Pueden consultarse también
las sentencias T-264 de 2009 MP Luis Ernesto Vargas Silva; T-747 de 2013 MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-104 de 2014 MP Jorge Iván Palacio AV Nilson
Pinilla Pinilla.
[47] T-429
de 2016 MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[48]
Sentencia C-804 de 2006 a través de la cual se declaró la inexequibilidad
parcial del artículo 33 del Código Civil Colombiano. MP. Humberto Sierra Porto.
[49] Así lo
señaló el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su
Recomendación General No. 19 sobre “La violencia contra la mujer” (Documento
ONU A/47/38. 1992), en la cual señaló como primera medida que “la violencia
contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce
de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre.
[50]Como una
reivindicación de las luchas sociales y políticas que buscaban la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres, y que fueron emprendidas por líderes sociales
como María Cano, quien fue la primera activista política que luchó por los
derechos de los trabajadores, el legislador ha expedido una serie de normas que
concretan la garantía de estos derechos, pudiendo citarse como ejemplo, entre
otros: i) la Ley 83 de 1931 “sobre sindicatos” que le permitió a la
mujer que trabajaba, obtener de manera directa su salario y no que el mismo
fuera percibido por su esposo o sus padres; ii) la Ley 28 de 1932 “Sobre
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio)” a través de la
cual se introdujeron reformas en la organización de la familia, dado que hasta
antes de su expedición, la administración y el mando eran ejercidos por el
padre, la mujer era una incapaz representada por su esposo; iii) el Decreto
227 de 1933 por medio del cual se extendió el alcance de la reforma de la
enseñanza primaria y secundaria consagrada en el Decreto 1487 de 1932 a las
mujeres, lo que permitió a éstas el logro del bachillerato y por lo tanto el
acceso a la universidad. Cabe citar aquí que la primera mujer que fue admitida
en aplicación de las normas que se acaban de describir, fue Gerda Westendrop,
el 1º de febrero de 1935 en la Universidad Nacional, pero fue Gabriela Peláez
quien ingreso a esa misma universidad, en 1936, siendo la primera mujer en
obtener un título universitario y la primera abogada del país; iv) la Ley 53 de
1938 que en aplicación de las reglas que había recomendado la OIT en 1919 para
la protección de la maternidad, hizo efectiva tal protección y reconoció a las
mujeres una licencia remunerada con posterioridad al nacimiento de su(s)
hijo(as). v) el
Acto Legislativo No. 3 de 1954 reconoció a la mujer el derecho al voto, el cual
fue ejercido en 1957 por primera vez; vi) el Decreto 502 de 1954 extendió la
cedulación a todos los ciudadanos colombianos que contaran con más de 21 años,
por lo tanto, las mujeres tendrían acceso a la identidad portando la cédula de
ciudadanía; vii) el Decreto 2351 de 1965 implementó la prohibición de
despedir a una mujer que estuviera en estado de embarazo; viii)., el Decreto
2820 de 1974 “por el cual se otorgan iguales de­re­­­chos y
obligaciones a las mujeres y a los varones” modificó varios artículos del
Código Civil tendientes a erradicar la desigualdad para las mujeres,
verbigracia, se derogó la obligación de obediencia de la mujer a su esposo, la
de vivir con él y la de seguirlo a cualquier lugar donde este trasladara su
residencia, también se le concedió la patria potestad de los hijos en igualdad
de condiciones a las mujeres y a los hombres; xix) la Ley 82 de 1993
“Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer
cabeza de familia”, brindó protección especial a la mujer, en aspectos como
la “seguridad social, la educación, la capacitación, la cultura, la
adquisición y venta de bienes estatales y de contratación de servicios, la
vivienda, la política y la administración”.
[51] En el
ordenamiento penal colombiano, Ley 599 de 2000, se establecieron circunstancias
de agravación punitiva del delito que recaiga en mujer embarazada, en hechos
delictivos como el secuestro, el desplazamiento forzado, la tortura y la
desaparición forzada. Así mismo, reprochó penalmente distintas conductas en las
que la mujer puede llegar a ser víctima, como el parto o aborto
preterintencional; el aborto sin consentimiento y la inseminación o
transferencia de óvulo no consentidas.
Por otro
lado, la pena por el delito de violencia intrafamiliar consagrado en el
artículo 229 del Código Penal fue agravada por la Ley 882 de 2004 “Por medio
de la cual se modifica el artículo 299 de la Ley 599 de 2000”[51],
lo que responde a una política criminal enfocada en proteger cada vez más y
mejor los derechos de la mujer víctima de violencia.
[52] Art. 2
de la Ley 1257 de 2008.
[53] Art. 3
de la Ley 1257 de 2008.
[54] Art. 6
de la Ley 1257 de 2008.
[55] Art. 8
de la Ley 1257 de 2008. “Toda  víctima de
alguna de las formas de violencia previstas en la presente ley, además de los
contemplados en el artículo 11 de la Ley 906 de 2004 y el artículo
15 de la Ley 360 de 1997, tiene derecho a: K) decidir
voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los
espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de
otro tipo”.
[56] “(…) Las autoridades
competentes están obligadas a informar a las mujeres víctimas el derecho que
tienen a no ser confrontadas con el agresor. Este derecho, consagrado en
literal k) del artículo 8° de la Ley 1257 de 2008, incluye el derecho a
manifestar ante la Fiscalía General de la Nación directamente, por escrito o a
través de representante judicial, su intención de no conciliar. De igual
manera, incluye el derecho a participar o no, en cualquier procedimiento o
diligencia administrativa, civil o penal, ante cualquiera de las autoridades
competentes, en las cuales esté presente el agresor. Con la manifestación de la
mujer víctima de no conciliar quedará agotada la etapa de conciliación y se
dará continuidad al proceso. En el trámite de las medidas de protección, este
derecho se garantizará en relación con la etapa de conciliación ante cualquiera
de las autoridades competentes (…)”.
[57]Art. 7
de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
[58]Aprobado
mediante Ley 16 de 1972.
[59] Art.
1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[60]Art. 24
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[61] Art. 3
de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer.
“a) El derecho a la vida 6/; b) El derecho a la igualdad 7/; c) El derecho a la
libertad y la seguridad de la persona 8/; d) El derecho a igual protección ante
la ley 7/; e) El derecho a verse libre de todas las formas de discriminación
7/; f) El derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar
9/; g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables 10/; h) El
derecho a no ser sometida a tortura, ni a otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes 11/”.
[62] Art. 4 de la
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer.
[63]
Numerales 71, 90, 161 y 220 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[64] Numeral
10 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[65] Numeral 118 de la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[66]
Numeral. 124 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[67] Esta
recomendación reconoce que la violencia contra la mujer, menoscaba o anula el
goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del
derecho internacional o de los diversos convenios de derechos humanos,
constituye discriminación y afecta los derechos a la vida; a no ser sometido a
torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; a protección en
condiciones de igualdad con arreglo a normas humanitarias en tiempo de conflicto
armado internacional o interno; a la libertad y a la seguridad personales; a
igualdad ante la ley; a igualdad en la familia; al más alto nivel posible de
salud física y mental; a condiciones de empleo justas y favorables.
[68] Art. 1. de la Convención
Interamericana para Prevenir, Castigar  y Erradicar la Violencia Contra la
Mujer.
[69] Art. 2 de la
Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia
Contra la Mujer.
[70] Informe
de la Relatoría sobre los derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia
en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Punto B. Doc. 68. Enero, 20 de 2007, véase en
https://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/cap1.htm.
[71] CIDH,
Informe de Fondo, No. 5/96, Raquel Martón Mejía (Perú), 1 de marzo de 1996,
pág.22.
[72] Artículo
25 numeral 1º de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
[73]
Artículo 25 numeral 2º de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
[74]
Sentencia del 04 de julio de 2006, Caso López vs. Brasil. Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
[75] Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Corte Suprema de Justicia
(QUINTANA COELLO Y OTROS) VS. ECUADOR. Sentencia de 23 de agosto de 2013
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
[76]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acceso a la información, violencia
contra las mujeres y administración de justicia en las Américas, 27 de marzo de
2015. Pág. 33.
[77] Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Acceso a la información, violencia contra
las mujeres y administración de justicia en las Américas, 27 de marzo de 2015.
Pág. 33.
[78] Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Acceso a la información, violencia contra
las mujeres y administración de justicia en las Américas, 27 de marzo de 2015.
Pág. 33
[79] CIDH,
Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas, 20 de
enero de 2007, párr. 42.
[80]
Naciones Unidas, La violencia contra la mujer en la familia: Informe de la Sra.
RadhikaCoomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con
inclusión de sus causas y consecuencias, presentado de conformidad con la
resolución 1995/85 de la Comisión de Derechos Humanos, UN Doc. E/CN.4/1999/68,
10 de marzo de 1999, párr. 25
[81]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acceso a la información, violencia
contra las mujeres y administración de justicia en las Américas, 27 de marzo de
2015. Pág. 40
[82] MP.
Hernando Herrera Vergara. Sentencia del 31 de agosto de 1994.
[83] M.P.
José Gregorio Hernández.
[84] M.P.
José Gregorio Hernández.
[85] M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[86] M.P.
Carlos Gaviria Díaz.
[87] M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[88] M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[89] M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[90]
Sentencia del 13 de junio de 2013 MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[91]
Sentencia de la Corte Constitucional C-579 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[92] MP.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[93] La
Recomendación General No. 33 de 15 de agosto de 2015 afirmó que existen
diversas problemáticas que dificultan el acceso a la justicia de las mujeres
que han sido víctimas de algún tipo de violencia dentro de los cuales destacó “la
centralización de los tribunales y órganos cuasi-judiciales en las principales
ciudades, la falta de disponibilidad en las regiones rurales y remotas, el
tiempo y el dinero que se necesita para acceder a ellos, la complejidad de los
procedimientos, las barreras físicas para las mujeres con discapacidad, la
falta de acceso a asesoramiento legal con visión de género, incluida la
asistencia jurídica, así como las deficiencias a menudo señaladas en la calidad
de los sistemas de justicia (como resoluciones insensibles al género debidas a
la falta de formación, retrasos y excesiva duración de los procedimientos, la
corrupción, etc.) dificultan que las mujeres tengan acceso a la justicia.”
[94]
Sentencia T-967 de 2014 MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[95]
Sentencia T-145 de 20017 MP. María Victoria Calle Correa.
[96] T-027
de 2017 MP. Aquiles Arrieta Gómez.
[97] Folio
35 a 35vto del cuaderno principal.
[98] Folios
35-36 del cuaderno de primera instancia.
[99] Cd
anexo al folio 8 del cuaderno de primera instancia.
[100] María
Eugenia Calderón Espejo Juez Tercero Promiscuo de Familia.
[101] “Por la cual
se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de
violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento
Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan
otras disposiciones" (…) Artículo  8°. “Derechos de las víctimas de
Violencia. Reglamentado por el Decreto Nacional 4796 de 2011. Toda  víctima de alguna de las
formas de violencia previstas en la presente ley, además de los contemplados en
el artículo 11 de la Ley 906 de 2004 y el artículo 15 de la Ley 360 de
1997, tiene derecho a: (…) K) A decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en
cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos,
judiciales o de otro tipo (…)”.
[102] Artículo 3 “Toda
mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público
como en el privado”.
[103]
Aprobada mediante la Ley 248 del 29 de diciembre de 1995.
[104] Código General
del Proceso. “TITULO II PROCESO VERBAL SUMARIO. ARTICULO 390. ASUNTOS QUE
COMPRENDE. CORREGIDO DEC. 1736 DE 2012, ART. 7. Se tramitarán por el
procedimiento verbal sumario los asuntos contenciosos de mínima cuantía, y los
siguientes asuntos en consideración a su naturaleza:
(…)  2. Fijación, aumento,
disminución, exoneración de alimentos (…). (…) ARTICULO 392. TRAMITE. En firme
el auto admisorio de la demanda y vencido el término de traslado de la demanda,
el juez en una sola audiencia practicará las actividades previstas en los
artículos 372 y 373 de este código, en lo pertinente (…)”
[105]
Certificaciones suscritas por la sicóloga Claudia Lilian Martínez González,
folio 17, y por el sicológico Mg. Leonardo Rueda Rueda, folios 18 y 19 del
cuaderno principal.
[106]
Revisado el audio que contiene la grabación de la audiencia (fol. 8), el
demandante en el proceso de alimentos, señor Luis Carlos Borja Ordúz, percibe
un salario integral de $9.776.000.oo de los cual efectuados los descuentos por
retención en la fuente, salud, pensión y solidaridad, recibe un valor neto
equivalente a $8.622.000.oo
[107] Convención sobre la
eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer de las Naciones
Unidas, ratificada por Colombia mediante la Ley 51 del 2 de junio de 1981.
Convención de Belén dó Pará ratificada por Colombia mediante la Ley 248 de 1995
[108]
Artículo 392 del C. G. del P. “(…) En firme el auto admisorio de la demanda y
vencido el término de traslado de la demanda, el juez en una sola audiencia
practicará las actividades previstas en los artículos 372 y 373 de este código
en lo pertinente. En el mismo auto en el que el juez cite a la audiencia
decretara las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio considere.
(…)”.
[109] “Por la
cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de
violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal,
de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.
[110] La Convención de Belén Do Pará,
ratificada por
Colombia mediante la Ley 248 del 29 de diciembre de 1995 en sus artículos 4º y
7º estableció: “Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce,
ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades
consagradas por los instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos
humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: a. el derecho a que se respete
su vida. b. El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
Artículo 7. Deberes de los Estados Parte. Los Estados partes condenan todas las
formas de violencia contra la mujer y convienen en dotar por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y
erradicar dicha violencia (…)”.