T-109-04
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-109/04
CUMPLIMIENTO DE PROVIDENCIAS JUDICIALES-Observancia
ACCION DE TUTELA-Cumplimiento de fallos judiciales para
hacer efectivas obligaciones de hacer/ACCION DE TUTELA-Improcedencia
general para cumplimiento de fallos que generan obligaciones de dar
EMPRESA EN LIQUIDACION-Falta de recursos no es excusa para no pago
de pensiones
PENSION DE JUBILACION-Inclusión en nómina para el pago por la
empresa Alcalis de Colombia en liquidación
Referencia: expediente
T-806731
Acción de tutela instaurada por Romel
Virgilio Angulo Gracia contra Álcalis de Colombia Ltda., en Liquidación; el
Instituto de Fomento Industrial; y, la Nación – Ministerio de Comercio
Industria y Turismo y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Magistrado ponente :
Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil cuatro
(2004).
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión del fallo
adoptado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, de fecha
25 de septiembre de 2003, en la acción de tutela presentada por por Romel
Virgilio Angulo Gracia contra Álcalis de Colombia Ltda., en Liquidación; el
Instituto de Fomento Industrial; y, la Nación – Ministerio de Comercio
Industria y Turismo y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El expediente llegó a la Corte Constitucional, por
remisión que hizo la Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo ordenado por el
artículo 31 del decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección de Tutelas Número
Diez de la Corte, en auto de fecha 30 de octubre de 2003, eligió, para efectos
de su revisión, el expediente de la referencia.
I. ANTECEDENTES.
El actor presentó acción de tutela, ante el Tribunal
Superior de Bogotá, Sala Laboral, contra las entidades demandadas para
solicitar el amparo constitucional de los derechos a la vida, familia,
pensiones e igualdad, por los hechos que se resumen así :
1. Hechos.
Señala el actor que trabajó con Álcalis de Colombia
Limitada por 19 años y medio. En tal condición, inició un proceso laboral
encaminado a obtener el reconocimiento de la pensión sanción. Este proceso fue
fallado a su favor, en primera instancia, por el Juzgado Laboral del Circuito
de Bogotá, posteriormente, fue apelado por la demandada ante el Tribunal
Superior de Bogotá, Sala Laboral, que confirmó la decisión. La demandada
recurrió en casación. La Corte Suprema de Justicia negó el recurso y dejó en
firme la sentencia proferida.
Con base en las decisiones judiciales laborales a su
favor, el actor solicitó el 25 de junio de 2003 a Álcalis de Colombia Ltda., en
liquidación, y al IFI, se diera cumplimiento a lo ordenado por la Corte, en
casación laboral.
El 17 de julio de 2003, la representante de la empresa
en liquidación le contestó explicándole que según los Decretos 805 de 2000 y
1578 de 2001, las obligaciones de Álcalis las asume, pero circunscritas así :
1- A las obligaciones pensionales.
2- A los pensionados y extrabajadores incluidos en el
cálculo actuarial aprobado en octubre de 1999 y diciembre de 2000, por la
Superintendencia de Sociedades, para la vigencia de 1998 y 1999.
3- A los aportes del ISS para estas personas en orden
de la compartibilidad de pensiones.
4- Explícitamente excluye cualesquiera otras
obligaciones de Álcalis que estén determinadas o puedan determinarse.
Es decir, la pensión sanción decretada a favor del
actor no figura en estos eventos, pues no está incluida en el cálculo
actuarial. Además, Álcalis en liquidación es absolutamente insolvente y no
tiene recursos para asumir el pago.
De otro lado, el actor solicitó al ISS la pensión,
pero le fue negada, según Resolución 020910 de 2 de septiembre de 2002,
documento que adjunta.
Sobre su situación personal, afirma que se encuentra
muy enfermo, sin recursos económicos para atender a su familia, ha sido
atendido por el sistema de seguridad social en salud, como beneficiario de su
esposa. Acompañó  fotocopia de la historia clínica.
Pone de presente que dada la composición del capital,
de propiedad de la nación a través del IFI, la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado, en concepto del 15 de octubre de 1998, se
pronunció sobre la responsabilidad subsidiaria del Estado. Esta responsabilidad
se produce con la insolvencia comprobada de la sociedad en liquidación,
Álcalis. Concepto reiterado el 5 de mayo de 1999.
Considera que existe violación del derecho a la
igualdad en relación con el trato dado a los trabajadores de otras empresas del
Estado en proceso de liquidación, como es el caso de la Caja de Crédito Agrario
y Minero, pues el Estado asumió la totalidad del pago de las obligaciones
laborales, sin distinguir entre pensiones o indemnizaciones, o registro en
cálculos actuariales o no.
Afirma que la única forma de amparar los derechos
fundamentales consiste en que el juez de tutela ordene el pago inmediato y de
forma solidaria de la pensión sanción reconocida judicialmente.
Anexó los documentos que estimó pertinentes. Además de
la copia de cobro coactivo a favor del municipio de Cajicá, por concepto de
pago del impuesto predial pendiente desde 1996.
2. Trámite procesal.
El Tribunal Superior de Bogotá, Sala de decisión
laboral, admitió el 30 de julio de 2003 esta acción; ordenó ponerla en
conocimiento de las entidades demandadas.
3. Respuestas de las entidades demandadas.
Las entidades demandadas, a través de
apoderados o representantes, se opusieron a la procedencia de esta acción de
tutela. Los argumentos se resumen así :
3.1 Respuesta de Alcalis de Colombia Ltda., en
liquidación.
Señala que el actor, mediante sentencia del Juzgado
Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, de fecha 18 de septiembre de 2001,
modificada por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, el 19 de noviembre
de 2001 y no casada en fallo de la Corte Suprema de Justicia, el 5 de febrero
de 2003, Álcalis fue condenada a reconocerle al actor “una pensión restringida
de jubilación en cuantía de $243.262 a partir de la fecha del despido si para
entonces tenía 50 años de edad con la correspondiente cotización y pago ante el
Instituto de Seguros Sociales por los riesgos de invalidez, vejez y muerte,
hasta cuando el beneficiario cumpla los requisitos que le permitan accede a la
pensión de vejez.” (fl. 73)
En cuanto a la respuesta que le suministró al actor,
respecto de las obligaciones pensionales que asume, en forma restringida, esta
limitación se encuentra en la Ley 573 de 2000, en el Decreto ley 254 de 2000, y
en los Decretos 805 de 2000 y 1578 de 2001. Estas disposiciones limitaron el
alcance a las personas que figuran en los cálculos actuariales aprobados por la
Superintendencia de Sociedades en los meses de octubre de 1999 y diciembre de
2000, correspondientes a las vigencias de 1998 y 1999, así como los aportes
futuros al ISS.
Manifiesta que al demandante se le informó que por no
estar incluido en los mencionados cálculos y no contar con recursos para el
reconocimiento y pago de la pensión, Álcalis estaba haciendo las gestiones
tendientes a obtener los recursos indispensables para estos efectos.
Pone de presente que es de público conocimiento que Álcalis
por encontrarse en trámite liquidatorio desde 1993, depende económicamente de
otras entidades para el pago de sus obligaciones.
Señala que no desconoce el derecho del actor, pero su
cumplimiento está determinado por la expedición de una norma legal que
contemple el pago de obligaciones para quienes quedaron por fuera de los
cálculos actuariales de los decretos expedidos en el 2000 y 2001.
Considera que si la acción de tutela sólo procede
cuando no existe otro medio de defensa judicial, en el presente caso, se está
desconociendo que el demandante tiene a su alcance el proceso ejecutivo
laboral, en razón de la sentencia ejecutoriada de un proceso ordinario laboral.
La situación de total iliquidez de Álcalis para
atender las acreencias laborales, ha hecho que existan varios procesos
ejecutivos ante los juzgados de Bogotá y Cartagena dentro de los que se
encuentran embargados los activos con los que todavía cuenta la empresa para
responder por los pasivos existentes, lo que refuerza la circunstancia de que
es el proceso ejecutivo laboral el adecuado para cubrir los derechos que la
jurisdicción laboral le reconoce al demandante y no la acción de tutela.
Acompañó los decretos mencionados.
3.2 Respuesta del Instituto de Fomento
Industrial.
Señala que el IFI no se encuentra obligado ni legal ni
convencionalmente a pagar las mesadas pensionales que solicita, porque nunca
existió relación laboral alguna entre los trabajadores de Álcalis y el IFI, por
tratarse de dos personas jurídicas completamente distintas. Cita los conceptos
de la Sala de Consulta y del Servicio Civil del Consejo de Estado, de fecha 15
de octubre de 1998, que dicen que el IFI y Minercol deben responder por sus
obligaciones únicamente hasta el monto de sus aportes, y en caso de que Álcalis
llegare a incurrir en cesación de pagos de las mesadas pensionales y demás
obligaciones laborales, por agotamiento de sus activos, corresponderá a la
Nación representada por los Ministerios de Desarrollo Económico y de Minas y
Energía, asumir tales pagos en virtud del principio de la responsabilidad
subsidiaria del Estado.
3.3 Respuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
Hace un recuento de las disposiciones legales que se
han proferido con ocasión de la liquidación de Álcalis y los derechos de los
pensionados. Señala que la Nación no responde de manera directa por los pasivos
laborales, salvo que exista un acto específico de asunción de este pasivo.
Agrega que “Esta diferencia, en materia de responsabilidad entre entidades
descentralizadas societarias y aquellas que no lo son, obedece al hecho de que
en el caso de las societarias existen otros socios distintos a la Nación, y,
por ello, debe tomarse en cuenta la responsabilidad de los mismos. Además las
sociedades tienen un régimen especial que regula la responsabilidad de sus
socios.” (fl. 95)
Explica que el Gobierno Nacional determinó asumir el
costo que implica el pago de las pensiones de las personas incluidas en el
cálculo y hasta el monto actuarial aprobado por la Superintendencia de Sociedades,
según lo señalado en el Decreto 2498 de 1988 y los Decretos 805 de 2000 y 1578
de 2001. En consecuencia, cualquier otra obligación, como la que pretende el
actor, existe a cargo de Álcalis o de sus socios, pero no a cargo de la Nación,
porque el pasivo correspondiente al actor no se encuentra incluido en el
cálculo actuarial de la entidad en liquidación.
Señala que Álcalis Ltda. es una sociedad de
responsabilidad limitada y en cuyo capital participan en un 99% el IFI y en el
0.1% restante Minercol, por ello, debe observarse el artículo 36 del Código
Sustantivo del Trabajo, sobre la responsabilidad de cada socio. Además, el
Ministerio no podría autorizar la realización de un gasto que no se encuentra
en su presupuesto, si bien es cierto que es la entidad encargada de programar
el presupuesto, en este caso, el papel que cumplió consistió en solicitar la
apropiación para la Sección presupuestal del anterior denominado Ministerio de
Desarrollo.
3.4 Respuesta del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.
Señala que de acuerdo con el Decreto 805 de 8 de mayo
de 2000 y el Decreto ley 254 de 2000, en virtud del cual la Nación asume las
obligaciones pensionales a cargo de Álcalis en liquidación, a partir del año
2000 “las obligaciones legales a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico,
hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en le presente caso, como en
todos aquellos relacionados con el pago de las mesadas a los pensionados de
Álcalis de Colombia Ltda., se traducen en efectuar las correspondientes
transferencias a la citada Álcalis de Colombia Ltda. en liquidación, para que
dicha entidad, sin que requiera autorización o visto bueno alguno por parte de
este Ministerio, efectúe independientemente del pago de las citadas mesadas
pensionales, como las alegadas por el accionante, lo cual como se demostró fue
cumplido a cabalidad por mi representado.” (fl. 105)
4. Sentencia de primera instancia.
En providencia del 12 de agosto de 2003, el
Tribunal Superior de Bogotá tuteló el derecho a la seguridad social, por el
incumplimiento en el pago de la pensión sanción decretada en proceso ordinario
laboral. Por lo que ordenó a Álcalis de Colombia Ltda., en liquidación y al
IFI, que en el término de 15 días, a partir de la ejecutoria de este fallo, el
pago de las mesadas que en adelante se causen a favor del actor. Absolvió de
esta obligación a los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y al de
Hacienda y Crédito Público.
Considera que si bien el pago de la pensión
sanción es distinta a la pensión de vejez o de jubilación, en este caso, de los
documentos, se concluye que el actor tiene 60 años, es una persona de la
tercera edad, que tiene derecho a una protección especial. Además, se presume
que padece una grave enfermedad, que no obstante no se encuentra plenamente
demostrado con la historia clínica, porque su interpretación requiere de
conocimientos especiales, está siendo beneficiario de su esposa, ya que no
tiene el servicio en forma directa. Es decir, no corre por cuenta de las
entidades que fueron condenadas al pago de la pensión sanción, lo que implica
un costo adicional en servicios médicos, viéndose afectadas sus condiciones de
vida digna protegidas por la Constitución. Agravada esta situación con la orden
de pago contra el actor a favor del municipio de Cajicá, por encontrarse en
mora del pago del impuesto predial, con la advertencia del embargo y secuestro
de sus bienes si no procede al pago inmediato.
Todo ello lleva al Tribunal a concluir que
se está ante un perjuicio irremediable.
Sobre la responsabilidad de la Nación,
estima la obligación recae en Álcalis, en liquidación y en el IFI, sin que
pueda extenderse a los Ministerios por las explicaciones que suministró el
Ministro de Hacienda y Crédito Público. Además, Álcalis no demostró insolvencia
alguna frente a la obligación que se pretende a través de esta tutela, y de ser
así, ella es quien debe tramitar ante el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, al cual se encuentra adscrito el IFI, para que expida los actos
administrativos correspondientes.
Pone de presente que los conceptos de la Sala de Consulta
y Servicio Civil del Consejo de Estado que el actor y el IFI traen a colación
en sus escritos, no son de carácter obligatorio, en principio para tenerse en
cuenta en esta providencia.
5. Impugnación.
Álcalis en liquidación y el IFI
impugnaron esta decisión.
Álcalis consideró que esta tutela es improcedente
porque el actor pretermitió el proceso ejecutivo laboral que es el medio
adecuado de defensa para hacer valer sus derechos. Señala que la entidad se
verá avocada a afrontar condenas de similar naturaleza a ésta, y dada la
iliquidez que presenta, no podrá atender el pago. Los acreedores laborales
deben acudir el procedimiento previsto en la ley y respetar el orden de
prelación de créditos. Pone de presente las contradicciones que, en su
concepto, contiene la sentencia impugnada, porque si el mismo actor reconoce la
insolvencia de Álcalis, resulta paradójico que se condene a pagar, y se
desvincule a los Ministerios. Señala que es imposible dar cumplimiento al fallo
recurrido. Finalmente, solicita que si la sentencia no fuere revocada, en
subsidio, se extienda el  término fijado a 6 meses, por los trámites que ante
diferentes instancias debe adelantar para tal efecto.
El IFI reitera lo dicho en cuanto que no ha existido
relación laboral con el actor y la obligación de la Nación en esta materia, en
caso de insolvencia, como lo dijo el Consejo de Estado.
6. Sentencia de segunda instancia.
En sentencia del 25 de septiembre de 2003, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, revocó la sentencia
impugnada, porque consideró que el reconocimiento y pago de acreencias
laborales escapa al ámbito propio de la acción de tutela, salvo su procedencia
excepcional, cuando de manera directa y específica, las circunstancias
apremiantes probadas en las que se encuentra el actor, hacen procedente la
acción. Esta circunstancia no se halla demostrada en este caso, ya que
corresponden a la esfera de los derechos de estirpe legal, que tienen otro
medio de defensa judicial, como lo es el proceso ejecutivo laboral.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia.
La Corte es competente para conocer de
esta demanda, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9,
de la Constitución Política y en los artículos 33 a 35 del decreto 2591 de
1991.
2. Lo que se discute.
2.1 Se examinará la procedencia de esta
acción de tutela, dirigida a que el juez constitucional ordene el cumplimiento
de una sentencia proferida por la justicia ordinaria laboral, en todas las
instancias, incluida la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en
la que se condenó a Álcalis de Colombia Ltda., en liquidación, y solidariamente
al IFI, a pagar al demandante de esta tutela, una pensión restringida de
jubilación, a partir de la fecha del despido. Además, dispuso la justicia, que
las condenadas deben asumir las cotizaciones correspondientes ante el ISS, y
hasta que se cumplan los requisitos para acceder a la pensión de vejez.
2.2 Antes de interponer esta acción de
tutela, el actor acudió a Álcalis con el fin de que se diera cumplimiento a lo
decidido por la justicia ordinaria, pero la representante legal de la entidad
en liquidación le contestó que, de acuerdo con las disposiciones legales : Ley
573 de 2000, el Decreto ley 254 de 2000 y los Decretos 805 de 2000 y 1578 de
2001, el Gobierno Nacional asume las obligaciones pensionales de Álcalis, bajo
ciertas restricciones, que son :
1. Unicamente a
las obligaciones pensionales.
2. A las
personas (pensionados y ex trabajadores) incluidos en el cálculo actuarial
aprobado en octubre de 1999 y diciembre del 2000 por la Superintendencia de
Sociedades, para la vigencia de 1998 y 1999.
3. A los
aportes futuros al Instituto de Seguros Sociales ISS para estas personas, en
orden a la compartibilidad de pensiones.
4.
Explícitamente excluye cualesquiera otras obligaciones de Álcalis que estén
determinadas o puedan determinarse. (fl. 47)
De acuerdo con lo anterior, Álcalis le
explicó al actor que la pensión sanción decretada a su favor no figura en los
cálculos actuariales transcritos “razón por la cual no se cuenta a la fecha con
los recursos necesarios para la cancelación de la obligación, pues Álcalis de
Colombia en Liquidación, es absolutamente insolvente y definitivamente no tiene
recursos propios para asumir el pago solicitado, razón que le impide cumplir en
este momento” (fl. 47). Aclara, más adelante, en el mismo escrito, que se están
realizando las gestiones tendientes ante los Ministerios, la Junta de Socios
del IFI, para obtener recursos para atender las obligaciones de origen laboral
que no se incluyeron en los Decretos mencionados. Concluye que una vez se
obtengan los recursos y la aprobación del nuevo cálculo actuarial, se procederá
en lo pertinente.
2.3 Con base en esta respuesta, el actor
interpuso acción de tutela. Considera que con esta negativa, está ante un
perjuicio irremediable, porque se le están afectado sus derechos fundamentales
al mínimo vital, a la familia. Tiene 60 años. Señala que está muy enfermo, y es
atendido en el sistema de salud, en calidad de beneficiario de su esposa.
Además, está en riesgo de que le sean embargados sus bienes por encontrarse en
mora en el pago del impuesto predial. Acompañó a esta tutela copia de la
historia clínica, el registro civil y el cobro del impuesto predial.
En consecuencia, solicita que se ordene
al IFI y a la Nación – Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y al de
Hacienda y Crédito Público que le paguen la pensión sanción reconocida por la
justicia laboral, dado que Álcalis en liquidación se halla insolvente.
2.4 Los demandados se opusieron a la
procedencia de esta acción. Entre los  argumentos que expusieron están : el
demandante tiene otro medio de defensa judicial, como es el proceso ejecutivo
laboral, en virtud de la sentencia laboral que tiene a su favor, esta
circunstancia hace improcedente la tutela; la pensión del actor no está dentro
de los cálculos actuariales; Álcalis se encuentra en liquidación y no tiene
recursos para pagar la pensión.
2.5 El Tribunal Superior de Bogotá, Sala
de decisión laboral, concedió esta acción, y ordenó a Álcalis y al IFI que en
el término de 15 días se proceda al pago de las mesadas pensionales que se
causen a favor del actor. En esta misma decisión, se desvinculó a los
Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, y al de Hacienda y Crédito
Público, en razón de las explicaciones jurídicas que suminsitraron, aunado al
hecho de que Álcalis no demostró la situación de iliquidez que alega.
2.6 La Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, revocó esta decisión, porque la acción de tutela no procede
para proteger derechos económicos, de estirpe legal, que tiene otros medios de
defensa judicial, como es el ejecutivo laboral.
2.7 Planteado así el presente asunto,
esta Sala de Revisión debe reiterar la jurisprudencia de la Corte
Constitucional expuesta en la sentencia T-882 de 2003.
3. Reiteración del contenido de la
sentencia T-882 de 2003, por corresponder a un caso semejante al examinado.
3.1 La Corte profirió la sentencia T-882
de 2003, en la que tuteló el derecho a inclusión en nómina de un ex trabajador
de Álcalis, a quien la justicia laboral también le había reconocido una pensión
sanción y la entidad alegó no poder cumplir con esta obligación por no estar
ese ex trabajador incluido en el cálculo actuarial. En dicha sentencia, la
Corte resolvió el objeto de esta tutela a través de los siguientes temas :
- El cumplimiento de los fallos
judiciales como un imperativo del Estado social de derecho.
- Los criterios jurisprudenciales que han
permitido a la Corte resolver  el interrogante de si el juez constitucional
puede ordenar el cumplimiento de un fallo que contiene la obligación de pagar
una pensión de jubilación estando la obligada en un proceso de liquidación y
habiendo afirmando que no tiene recursos para hacerlo.
- La distinción entre una obligación de
hacer y una de dar para efectos de la procedencia de la acción de tutela.
Recordó la providencia que la Corte ha fijado el criterio de que cuando se está
ante la obligación de hacer, la acción de tutela puede ser procedente, pero no
es admisible en las obligaciones de dar, pues, en estos casos el instrumento
idóneo de carácter ordinario es el proceso ejecutivo.
- Señaló que cuando se afectan derechos
fundamentales como el mínimo vital, la dignidad humana, la integridad física y
moral, es procedente que mediante la acción de tutela se ordene que el derecho
reconocido judicialmente se ejecute, es decir que “se incluya en nómina a
quien adquirió debidamente el estatus de pensionado.”
- Sobre el caso concreto de la situación de la empresa
Álcalis, que se encuentra en liquidación, y el hecho de que esta circunstancia
pueda convertirse en razón suficiente para negarse al pago judicialmente
reconocido, en la mencionada sentencia T-882 de 2003, atendiendo lo que la
empresa le contestó a quien en esa oportunidad pidió acción de tutela, dijo :
“- El accionante solicita a la Empresa
Álcalis, el cumplimiento de esa sentencia condenatoria y obtiene la siguiente
respuesta: El Gobierno Nacional mediante los decretos 805 y 1578 de 2001 asumió
las obligaciones pensionales de Álcalis, limitándola a lo siguiente 1. se
pagarían las pensiones de aquellas personas que estaban incluidas en el cálculo
actuarial aprobado en octubre de 1999 y diciembre de 2000 por la
Superintendencia de Sociedades. 2. A los aportes futuros al Instituto de
Seguros Sociales  para estas personas, en orden a la compartibilidad de
pensiones. 3. Explícitamente excluye cualquier otra obligación de ÁLCALIS que
esté determinada o puede determinarse.
- De lo anterior se colige, que el
accionante no se encuentra dentro de los supuestos mencionados, y por ende no
es beneficiario de las pensiones de Álcalis que el Gobierno asumió; sin
embargo, observa la Corte que el Decreto 1578 de 2001 señaló: “Este cálculo
deberá ser actualizado y entregado como lo dispone el artículo 2º. Del presente
decreto. Esta asunción excluye cualquier otra obligación de Álcalis de
Colombia  Ltda. en liquidación que esté determinada o pueda determinarse en el
futuro, así como las obligaciones pensionales que no hubieren sido incluidas en
el cálculo actuarial aprobado en la fecha indicada en el inciso anterior, las
cuales serán de cargo de la empresa en liquidación y de sus socios de acuerdo
con la Ley”[1].
- Quiere decir
lo anterior, que es la empresa Álcalis quien debe responder por la obligación
pensional del accionante, no siendo excusa la carencia de recursos para ello.
Así lo ha dispuesto la ya amplia jurisprudencia de esta Corporación cuyos
lineamientos expuestos, entre otros, en la sentencia T-636 de 1998, se
recuerdan así:
“En casos similares al que es objeto de
estudio, la Corte ha señalado que la difícil situación económica del patrono,
como es la concordataria, no es justificación para sustraerse a las
obligaciones laborales previamente contraídas con sus trabajadores activos, ex
trabajadores y pensionados. Al respecto la sentencia T-323 del 24 de julio de
1996, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, señaló que el proceso
concursal no es óbice para que el empleador pueda sufragar los gastos de
administración, dentro de los cuales se encuentra el pago de las mesadas
pensiónales causadas durante su trámite, las que deberán ser pagadas de
preferencia, no sólo porque se trata de créditos laborales - destinados a
atender las necesidades básicas inmediatas -, sino por el imperativo constitucional
que vincula, tanto a los particulares como al Estado, a proteger, en forma
prevalente, a las personas de la tercera edad (C.P. art. 13 y 46).[2]
“ En el presente caso se trata de una
persona de la tercera edad, que ve afectado su mínimo vital  ante la
negligencia y mora de la accionada en pagarle sus mesadas pensiónales. La
situación se le agrava, cuando la entidad constantemente le dice que no hay plata
y además existe un proceso liquidatorio en curso. Por lo anterior, se
confirmará la sentencia de segunda instancia, en tanto dispuso que el
liquidador de la empresa, deberá, de acuerdo con las normas especiales que al
respecto existen, proceder a pagar las acreencias pensiónales, con prevalencia
frente a los demás créditos, incluso a las obligaciones tributarias. Se reitera
así la jurisprudencia de esta Corporación que ha sostenido lo siguiente:
“26. Las disposiciones legales que
establecen la prelación de créditos dentro de un trámite concursal o
liquidatorio (Código Civil, artículo 2493 y ss; Código Sustantivo del Trabajo,
artículo 157 y 345; Ley 50 de 1990, artículo 36; Ley 222 de 1995, artículo 161)
parten del presupuesto natural de que se ha dado aplicación a las normas,
también de rango legal, que garantizan prioritariamente, el pago de las mesadas
pensiónales. Por consiguiente, si ya existe una conmutación pensional o si se
ha constituido la garantía pensional que asegura el pago de pensiones, nada
obsta para que se siga el orden de preferencia que ha definido el legislador en
las normas que regulan el trámite de liquidación.
“Empero, si ante la incuria de las
entidades encargadas de ejercer la vigilancia y control, la empresa se abstiene
de cumplir sus obligaciones legales en materia pensional y, adicionalmente,
entra en un tramite concursal o liquidatorio, se configura una hipótesis
fáctica no prevista por el legislador. En efecto, ninguna de las disposiciones
que reglamentan estos tramites se refiere a una tal circunstancia. Por el
contrario, pese a la importancia prioritaria que la Constitución y las normas
sobre conmutación y garantía pensional otorgan a las pensiones, las
disposiciones sobre prelación de créditos que rigen el concordato y la
liquidación de una empresa, no hacen referencia expresa a estas acreencias,
pues es razonable suponer que parten del supuesto de que la empresa ha
asegurado el pago de las mismas a través del cumplimiento de las obligaciones
legales.
“En el caso en el que el mencionado
supuesto no se cumpla, la sujeción estricta al orden de prelación establecido
por los artículos 161 de la Ley 222 de 1995 - gastos de administración - y 36
de la ley 50 de 1990 - deudas laborales -, podría significar dejar
absolutamente desamparados al grupo de pensionados y, en consecuencia,
desconocería la prelación constitucional de las acreencias pensiónales.
Ciertamente, una interpretación aislada de las normas legales mencionadas
terminaría por someter el pago de las pensiones - causadas y futuras - a la
cancelación previa de otros créditos que si bien resultan importantes, no
alcanzan a adquirir la relevancia constitucional de aquellas, en cuanto que no
tienden a la satisfacción del mínimo vital de quienes, por expresa disposición
constitucional, deben ser objeto de una especial protección.
“En estas condiciones, el juez
constitucional, que tiene la obligación de proteger el derecho fundamental a la
pensión de las personas de la tercera edad, no puede asistir impasible a la
aplicación asistemática y literal de las leyes civiles y comerciales antes
mencionadas. Sólo una aplicación sistemática de tales disposiciones, a la luz
de la Constitución Política y de las normas legales que pretenden dar prelación
definitiva al pago de pensiones, puede, efectivamente, conceder a los créditos
pensionales la consideración “especial” que ordena el mismo constituyente.
(sentencia T-458 de 1997, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, reiterada
en  307 de 1998)”
Con posterioridad, en la Sentencia SU-1023
de 2001, Magistrado Ponente  Jaime Córdoba Triviño, analizó:
“ Por lo tanto, con el fin de evitar la
vulneración de derechos fundamentales de los pensionados, encuentra la Corte
que en casos excepcionales como el que aquí se revisa, en aplicación de los
preceptos consagrados en los artículos 4º y 5º de la Constitución Política
referentes a la supremacía de la Constitución y a la primacía de los derechos
inalienables de la persona, es exigible la realización de pagos de mesadas
pensiónales a cargo de la empresa en liquidación, en consideración a los
dineros disponibles que se vayan recaudando, sin que para el efecto sea
necesario esperar la terminación del proceso de liquidación obligatoria.
“ Esta apreciación se complementa con la
obligación que tiene la sociedad en liquidación obligatoria de asumir la
responsabilidad principal de reconocer, liquidar y pagar, con carácter
preferente y oportuno, las mesadas de todos los pensionados a su cargo.
“ En consecuencia, el liquidador de la CIFM
deberá adelantar diligentemente las operaciones que sean necesarias para
obtener la liquidez que permita la atención oportuna de sus obligaciones con
los pensionados, en los términos de esta sentencia.”
En suma, según lo tiene establecido la
jurisprudencia, el hecho de que una empresa se encuentre incursa en el trámite
de un proceso concursal o liquidatorio, no es excusa suficiente que le permita
negarse a pagar las pensiones de sus ex – empleados, máxime cuando dichas
obligaciones son prioritarias frente a cualquier otra acreencia y constituye
gastos de administración en los mencionados procesos.
Ahora bien, esta demostrado en el
expediente que el accionante atraviesa una crítica situación económica que
compromete el mínimo vital y el de su familia, ante la carencia de otro ingreso
diferente al de la pensión, que le ayude a sobrevivir. Por tanto, considera la
Sala que es pertinente reiterar la jurisprudencia contenida en las sentencias
T-720 de 2002 y T-498 de 2002, pues la tutela en este caso resulta ser el medio
idóneo para ordenar que la empresa ÁLCALIS incluya al accionante en la nómina
de pensionados, por ser beneficiario de una pensión restringida de jubilación
reconocida en sendos fallos judiciales.
A efecto de materializar la orden anterior,
se ordena a la señora liquidadora de Álcalis que adelante las operaciones que
sean necesarias para obtener la liquidez que permita atender la obligación que
tiene con el pensionado   Manuel Enrique Torres Castro, todo lo cual no podrá
sobrepasar del término de tres meses.” (sentencia T-882 de 2003, MP, doctor
Rodrigo Escobar Gil)
3.2 Salta, entonces, a la vista que en el
caso bajo estudio, los supuestos de hecho y de derecho son similares, lo que
conduce a esta Sala a resolver en igual sentido, es decir, tutelando el derecho
del actor de ser incluido en la nómina de pensionados.
3.3 Para tal efecto, se revocará la
sentencia que se revisa, y se ordenará a Álcalis de Colombia Ltda., en
liquidación, que incluya al actor en la nómina de pensionados, por ser
beneficiario de una pensión restringida de jubilación, reconocida en fallos
judiciales. Se ordenará que la empresa liquidadora adelante las operaciones que
sean necesarias para obtener la liquidez que permita atender esta obligación,
todo lo cual no podrá sobrepasar del término de tres (3) meses. Todas las
entidades aquí demandadas : el Instituto de Fomento Industrial y, la Nación –
Ministerio de Comercio Industria y Turismo y Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, en los ámbitos de sus competencias, colaborarán eficazmente con
Álcalis de Colombia Ltda., en liquidación, para el cumplimiento real de lo que
aquí se ordena, es decir, se hacen responsables también de las consecuencias
legales que esta orden de tutela implica.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE :
Revocar la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, de fecha
25 de septiembre de 2003, en la acción de tutela presentada por Romel Virgilio
Angulo Gracia contra Álcalis de Colombia Ltda., en liquidación; el Instituto de
Fomento Industrial; y, la Nación – Ministerio de Comercio Industria y Turismo y
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En consecuencia, se concede el
derecho al mínimo vital del actor.
Para tal efecto, se ordena a la empresa
Álcalis de Colombia Ltda., en liquidación, que incluya al señor Romel Virgilio
Angulo Gracia en la nómina de pensionados, por ser beneficiario de una pensión
restringida de jubilación, reconocida en fallos judiciales. La empresa Álcalis
de Colombia Ltda. en liquidación, adelantará las operaciones que sean
necesarias para obtener la liquidez que permita atender esta obligación, todo
lo cual no podrá sobrepasar del término de tres (3) meses. Todas las entidades
aquí demandadas : el Instituto de Fomento Industrial y, la Nación – Ministerio
de Comercio Industria y Turismo y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en
los ámbitos de sus competencias, colaborarán eficazmente con Álcalis de
Colombia Ltda., en liquidación, para el real cumplimiento de lo que aquí se
ordena.
Por Secretaría General líbrense las comunicaciones
previstas en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
al Corte Constitucional y cúmplase.
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
[1] Folio 53 del expediente.
[2] Cfr. Sentencias T-124, T-171 y
T-299 de 1997, entre otras.