T-320-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-320/12
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia en caso de pensión de jubilación de persona de
79 años
Para que proceda la acción de
tutela contra providencias judiciales es necesario que se evidencie (i) el
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, (ii) la presencia
de alguna de las causales específicas de prosperidad y (iii) la existencia de
una lesión a derechos fundamentales del actor
CONCILIACION COMO MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE
CONTROVERSIAS-Inspiración, alcance,
límites y función del conciliador
DERECHOS CIERTOS E INDISCUTIBLES EN EL DERECHO LABORAL Y LA
SEGURIDAD SOCIAL COMO LIMITE A LA
AUTONOMIA PRIVADA
INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL-Concepto,
fundamento y procedencia de la acción de tutela para solicitarla
REGLAS JURISPRUDENCIALES EN MATERIA DE SUBSIDIARIEDAD
DE LA ACCION DE TUTELA
Para determinar la procedencia
de la acción de tutela, cuando quiera que se trate de conflictos relativos a la
indexación de la primera mesada pensional, es necesario distinguir dos
supuestos, que dependen de si se acude a la mencionada acción como mecanismo
definitivo o si se recurre a ella como un instrumento subsidiario para evitar
el acaecimiento de un perjuicio irremediable. En el primer caso, la
Corte ha indicado en múltiples fallos, como reglas de procedibilidad de la
acción de tutela, las siguientes: Que el interesado hubiera adquirido la
calidad de pensionado; Que hubiera agotado la actuación en sede gubernativa
mediante el uso de los recursos y medios de impugnación propios de esa
instancia, en procura de satisfacer su pretensión de indexación. Ahora, si se
trata de aquellas pensiones que han de ser canceladas por las empresas, este
requisito se entiende agotado con la petición presentada ante estas últimas;
Que hubiera acudido oportunamente a la jurisdicción ordinaria con el fin de
obtener el reconocimiento de la indexación de la primera mesada; Que acreditara
las condiciones materiales que justifican la protección por vía de tutela, esto
es, la condición de persona de la tercera edad y la afectación de sus derechos
fundamentales, como el mínimo vital y la igualdad
INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL-Criterio
reiterado y dominante de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia/INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL-Caso en que recurso de casación no gozaría de
ninguna eficacia
Determinado así el criterio
reiterado y dominante de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia a propósito de la indexación de la primera mesada
pensional, esta Sala observa que en el caso concreto el recurso de casación no
gozaría de ninguna eficacia, contrario a la tesis expuesta en las sentencias de
tutela objeto de revisión, toda vez que el actor causó su pensión de jubilación
antes de 1991 porque tanto la fecha en la cual terminó su contrato de trabajo
con Bancolombia, como la fecha en que cumplió 55 años de edad (ver supra 2.1.4.
y 2.3.1 del acápite de pruebas), son anteriores
a 1991.  De forma tal que es previsible que el recurso de casación no sea
eficaz a efectos de que se ordene la indexación de la primera mesada pensional
del demandante. Por este motivo, la Sala estima que la interposición del
recurso extraordinario de casación no le es exigible al accionante para efectos
de la procedencia de la acción de tutela, máxime si se toma en consideración su
avanzada edad, hecho que disminuye considerablemente el tiempo en que podría
disfrutar de su pensión debidamente indexada si se le somete a los términos de
resolución de un recurso de casación
RENUNCIA A LA
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL Y ACUERDO CONCILIATORIO
El derecho a la pensión del accionante
es, y era en la fecha de la conciliación, un derecho cierto e indiscutible,
sobre el cual está prohibida la transacción. Sin embargo, el actor no renunció
al derecho a la pensión sino que renunció al valor de la primera mesada
pensional. Pues bien, el derecho a la pensión que se causó incluye también la
causación del derecho a que la primera mesada sea debidamente cuantificada,
esto es, que el ingreso base de liquidación sea el equivalente
al propuesto en el artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, salario que,
según la sentencia C-891A de 2006, es exequible “bajo el entendimiento de que el salario base para la liquidación de la
primera mesada pensional de que trata este precepto, deberá ser actualizado con
base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, IPC certificado por
el DANE”. Igualmente, el valor de la primera mesada pensional es
un derecho indiscutible, dado que existe certeza sobre los extremos del derecho
y sobre su quantum, debido a que al momento de celebrar la conciliación se
podía constatar cuáles habían sido los salarios devengados por el actor. En estos términos, el valor de la primera mesada
pensional, en el caso concreto, comprende un derecho cierto e indiscutible y,
en virtud de tal característica, es intransigible e irrenunciable por su
titular
PENSION DE JUBILACION PREVISTA EN EL ARTICULO 267 DEL CST Y
PACTOS CONTRA LEGEM-Se entienden como no
escritos/CLAUSULAS DE RENUNCIA A DERECHOS CIERTOS E INDISCUTIBLES-Se
tienen por no escritas
El juez ante el cual se
celebró el proceso conciliatorio debió improbar el arreglo acordado por las
partes en conflicto, ya que su función es velar por que las partes no renuncien
a derechos ciertos e indiscutibles que vicien de nulidad el negocio jurídico
(ver supra 2.2, 2.6, 2.7 y 2.9 de las consideraciones). Dado que el juez aprobó
un acuerdo que versaba sobre derechos ciertos e indiscutibles (ver supra 2.1.3
del acápite de pruebas), las partes están facultadas para demandar en un
proceso jurisdiccional la nulidad del negocio jurídico por objeto ilícito.  En este orden de ideas, no ignora la Sala que la
providencia contra la cual debió haberse intentado el amparo constitucional, en
principio, es el auto del 8 de noviembre de 1994 emitido por el Juzgado Quinto
Laboral del Circuito de Bogotá (ver supra 2.1.3 del acápite de pruebas), por
medio del cual se aprobó el acuerdo conciliatorio alcanzado por el actor y por
Bancolombia, arreglo que atañe a la pensión de jubilación del primero. En este
caso, la acción de tutela estaría llamada a ser improcedente por cuanto
rompería abiertamente con el principio de inmediatez, principio que la
Corte no puede admitir que se burle, así como tampoco puede estimular la
práctica perversa, cuya finalidad es evitar la aplicación de este principio, y
que consiste en que, cuando ha transcurrido un largo tiempo desde la expedición
de una providencia y se pretenda instaurar una tutela en su contra, se inicie
antes otro proceso ante el juez natural de la causa, proceso que muy
probablemente no prosperará como consecuencia de la configuración de la cosa
juzgada, y contra esa última providencia se formule una acción de tutela que
respetará la inmediatez y que indirectamente estará dirigida en contra de la
primera providencia proferida mucho tiempo atrás. No obstante ello, el artículo 13 del
Código Sustantivo del Trabajo dispone que no produce efecto alguno cualquier
estipulación que afecte o desconozca el mínimo de derechos y garantías
consagradas en la normatividad laboral a favor de los trabajadores, es decir
que los pactos contra legem se entienden como no escritos. En el caso concreto,
esta norma es perfectamente aplicable, pues no se trata de la pensión de vejez
regulada en la Ley 100 de 1993, sino que se trata de la pensión de jubilación
recogida en el artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo. En efecto, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha asumido que las cláusulas mediante
las cuales se renuncia a derechos ciertos e indiscutibles se entienden como no
escritas
PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA-Aplicación en este caso, ya que los jueces debieron
entender la cláusula atinente al monto de la pensión como no escrita
En contra de esta afirmación podría aducirse que la referida
disposición no fue citada por ninguna de las partes procesales y que, en ese
sentido, el juez no tenía la obligación de hacer uso de ella para la resolución
del caso concreto. Sin embargo, la existencia de la jurisdicción parte de la
premisa de que los jueces conocen el derecho objetivo (este principio también
se conoce con el aforismo latino iura novit curia), a partir de lo cual se
deduce “el antiguo adagio ‘narra mihi factum, dabo tibi ius’, que indica que
las normas y argumentos jurídicos sostenidos en la demanda no son vinculantes
para el fallador”. Este último principio se representa con la máxima ‘dame los
hechos, yo te daré el derecho’. Desde esta óptica, los jueces debieron entender
la cláusula atinente al monto de la pensión, incluida en el acuerdo
conciliatorio suscrito entre el accionante y Bancolombia el 8 de noviembre de
1994, como no escrita. Así pues, de una cláusula que se entiende como no
escrita no puede derivarse los efectos de la cosa juzgada, de tal suerte que
los jueces acá accionados debieron evaluar de fondo el asunto puesto a su
consideración, a la par que la excepción de cosa juzgada debió haber sido
negada. Siguiendo esta lógica, las autoridades judiciales demandadas tenían la
obligación constitucional de acceder a la pretensión de la indexación de la
primera mesada pensional, pues así lo ordena la
Constitución y la jurisprudencia de la
Corte Constitucional
INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL Y JURISPRUDENCIA DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-No admite este
derecho a las personas que causaron su pensión antes de 1991
Este cauce argumentativo emprendido por la
Sala, podría refutarse con el argumento de que el petente dispone de otro
mecanismo de defensa judicial, cual es demandar en la jurisdicción laboral la
nulidad del acuerdo conciliatorio por objeto ilícito y que, una vez declarado
nulo, inicie un nuevo proceso ordinario con el fin de que su primera mesada
pensional sea indexada, proceso en el que no habrá cosa juzgada pues la nulidad
hace desaparecer de la vida jurídica al arreglo conciliatorio.  Con todo, una
postura de esta índole perfora la protección especial de la que gozan las
personas de la tercera edad de conformidad con la doctrina constitucional, con
el agravante que la indexación podría ser negada en atención a la
jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia que no admite este derecho a las personas que
causaron su pensión antes de 1991. Encuentra claro la
Sala, entonces, que someter al actor del caso concreto a dos procesos
ordinarios laborales adicionales resulta desproporcionado, dado que la
protección de sus derechos fundamentales llegaría de manera tardía como
consecuencia de su avanzada edad.
INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL-Orden a
Bancolombia con base en la variación del IPC por cuanto la edad lo exime de
acudir ante un Juez para que declare nulo acuerdo conciliatorio
En congruencia, esta Sala concederá el amparo y dejará sin
efectos la sentencia del 24 de noviembre de 2010 proferida por el
Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá y la sentencia del 13 de mayo de 2011 emitida por la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
providencias laborales que
estimularon la presentación de esta acción de tutela. Asimismo, ordenará a Bancolombia S.A. indexar la
primera mesada de la pensión de jubilación del demandante con base en la
variación del IPC, como sea que su edad lo exime de acudir ante un juez para
que declare nulo el acuerdo conciliatorio
INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL-No se ordenará
proferir una nueva sentencia sino que se ordena de manera definitiva la
indexación
La parte resolutiva de esta providencia no ordenará a las
autoridades judiciales accionadas proferir una nueva sentencia ajustada a las
consideraciones acá exhibidas, tal como lo suele hacer esta Corporación cuando
conoce de tutelas contra providencias judiciales. Por el contrario, la
Sala ordenará de manera definitiva la indexación de la primera mesada
pensional, con sustento en la reiterada e inflexible posición de la
jurisdicción ordinaria que no concede el derecho a la indexación sobre las
pensiones causadas antes de 1991 y con sustento en la pertenencia del actor al
grupo especialmente protegido de personas de la tercera edad.
Referencia:
expediente T-3.302.162
Acción de
tutela instaurada por Armando Luna Perdomo contra Bancolombia S.A., Juzgado
Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá y Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá -Sala Laboral-.
Magistrada
Ponente (E):
ADRIANA MARÍA
GUILLÉN ARANGO
Colaboró:
Sebastián Lalinde Ordóñez
Bogotá D.C., mayo dos (2) de dos
mil doce (2012).
La Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO, JORGE IVÁN PALACIO PALACIO y ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de
los fallos dictados, en primera instancia, por la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia el seis (06) de septiembre de dos mil once (2011) y,
en segunda instancia, por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia el quince (15) de noviembre de dos mil once (2011),
dentro de la tutela presentada por Armando Luna Perdomo contra Bancolombia
S.A., el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-.
I. ANTECEDENTES.
El ciudadano Armando Luna, obrando
a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela el veintiséis (26)
de agosto de dos mil once (2011) contra Bancolombia S.A., el Juzgado Segundo
Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá -Sala Laboral-, con el objetivo de obtener la protección de
sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, que habrían
sido vulnerados como consecuencia de los siguientes:
1.1. Hechos.
1.1.1. El demandante aseguró
haber laborado para Bancolombia entre el 4 de octubre de 1951 y el 30 de
septiembre de 1971.
1.1.2. Señaló que durante ese
tiempo “percibía prestaciones sociales legales y primas extralegales
consagradas en la
Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre BANCOLOMBIA S.A. y el
Sindicato Nacional de Trabajadores de Bancolombia S.A.”[1] (resaltados tomados del
texto original).
1.1.3. El actor manifestó en su
demanda de tutela que la pensión de jubilación le fue reconocida por
Bancolombia el 8 de noviembre de 1994 en acta de conciliación suscrita ante el
Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, y recalcó que la “conciliación
se efectuó en vigencia de la
Carta Política de 1991”[2].
1.1.4. El petente advirtió que el
asunto conciliado versó sobre derechos ciertos e indiscutibles.
1.1.5. Relató, asimismo, que la
pensión “se le reconoció a partir del 20 de noviembre de 1994, en cuantía
inicial de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente”[3], cuando él en realidad
devengaba “dentro del año inmediatamente anterior al retiro, es decir, entre
el 1° de octubre de 1970 al 30 de septiembre de 1971, un promedio de 11.04
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, como salario básico”[4].
1.1.6. Igualmente, en la
conciliación Bancolombia se obligó a pagar a favor del demandante la suma de
cuatro millones de pesos ($4.000.000.oo) a título de retroactivo de la pensión
sanción reclamada.
1.1.7. En dicha conciliación “no
se estableció ni fue susceptible de pronunciamiento el Ingreso Base de
Liquidación de la Pensión de Jubilación”[5].
1.1.8. El 23 de septiembre de
2008, el actor elevó una petición ante Bancolombia a fin de que se indexara el
ingreso base de liquidación de su pensión y se tuvieran en cuenta todos los
factores salariales para efectos de la reliquidación de la pensión.
1.1.9. Bancolombia dio respuesta
a esta petición en sentido negativo con el argumento de que la pensión se causó
antes de la vigencia de la
Constitución de 1991 y que la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia ha rechazado la indexación de aquellas pensiones
causadas con anterioridad a la vigencia de la
Constitución.
1.1.10. En consecuencia, el
petente promovió un proceso ordinario laboral con el propósito de que su
pensión fuese reliquidada “con base en todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio incluyendo las primas extralegales y la
actualización con base en el índice de precios al consumidor”[6].
1.1.11. En sentencia del 24 de
noviembre de 2010, el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá negó
las pretensiones de la demanda del proceso laboral y declaró probada la
excepción de cosa juzgada en la medida en que el monto de la pensión sanción
fue objeto de un acuerdo conciliatorio que, además, fue aprobado por un juez.
1.1.12. Esta providencia fue
apelada por la parte demandante, por cuanto que “en el numeral [del acuerdo
conciliatorio] donde se consagra el reconocimiento de la
Pensión Sanción no se establecen los factores que se tienen en cuenta para el
reconocimiento de la misma, siendo el reconocimiento de la pensión, la
pretensión incoada”[7]
en el proceso que terminó en virtud del acuerdo conciliatorio alcanzado por las
partes procesales.
1.1.13. El 13 de mayo de 2011, la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó,
con los mismos argumentos del a quo, la sentencia recurrida.
1.2. Solicitud de tutela.
Con fundamento en estos hechos, el
actor solicitó al juez de tutela que amparara sus derechos “a la seguridad
social, el (sic) minimo (sic) vital, [y] los derechos de los trabajadores”[8] y que, en
consecuencia, se revocaran las sentencias proferidas por el Juzgado Segundo
Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá y por la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá; y se
condenara a Bancolombia a “reliquidar la pensión de jubilación con base en
todos los factores salariales devengados en el último año de servicio
incluyendo las primas extralegales”[9]
y a actualizar la pensión “con base en el índice de precios al consumidor
(I.P.C), de conformidad con la ley 100 de 1993”[10].
1.3. Intervención de la parte
demandada.
En el auto admisorio de la acción
de tutela, el juez de primera instancia requirió a las partes demandadas para
que rindieran un informe sobre los hechos y las pretensiones de la demanda.
De las tres entidades accionadas,
únicamente Bancolombia contestó la demanda, en tanto que las demás guardaron
silencio.
1.3.1. En primer lugar,
Bancolombia hizo un recuento del proceso ordinario laboral que estimuló la
acción de tutela que acá se revisa y observó que en todas las etapas de dicho
proceso el accionante “tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa
y contradicción, solicitando pruebas, presentando alegatos y finalmente recurriendo
las providencias desfavorables a sus intereses”[11]. Sin embargo, advirtió
que contra la sentencia de segunda instancia, el demandante “no interpuso
recurso extraordinario de casación, quedando así incólumne (sic) la decisión de
segundo grado”[12].
1.3.2. Igualmente, expuso que “la
sentencia contra la cual se dirige la presente acción de tutela y que resultó
favorable a los intereses del Banco, está claramente fundamentada del porque
(sic) no procede la reliquidación de la pensión reconocida al actor por parte
de Bancolombia con base en factores salariales, como quiera que dicha
pretensión fue objeto de un acuerdo conciliatorio suscrito entre las partes
ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá el 8 de noviembre de
1994, el cual hizo tránsito a cosa juzgada y fue aprobada (sic) por un Juez de
la República”[13].
1.3.3. Por otro lado, Bancolombia
anotó que había operado el fenómeno de la cosa juzgada por dos vías: la
primera, por la existencia de decisión judicial en firme que hace que la
sentencia sea definitiva e inmodificable, “por lo cual no es posible iniciar
un litigio posterior entre las mismas partes a fin de obtener la reliquidación
de la pensión de jubilación, cuando tal tópico fue desatado mediante sentencia
judicial favorable al banco”[14];
y segundo, porque “la cuantía de la pensión, las diferencias pensionales y
los factores base de su liquidación fueron objeto de un acuerdo conciliatorio
celebrado entre las partes ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de
Bogotá”[15].
1.3.4. Después de hacer un
recorrido por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional referente a los requisitos generales y específicos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la parte
accionada constató que, en este caso concreto, la cuestión que se discute no
tiene relevancia constitucional, dado que “lo que se pretende es la
reliquidación de [la] pensión con fundamento en factores salariales, tema
respecto del cual operó el fenómeno de cosa juzgada y que se refiere a un
interés simplemente económico y, sin verdadera relevancia constitucional”[16].
Asimismo, Bancolombia arguyó que
no se cumple con el requisito general de la inmediatez, puesto que “la
providencia judicial que resolvió lo pretendido con la presente acción de
tutela fue proferida el 13 de Mayo de 2011, es decir hace casi 4 meses […], lo
que deja en evidencia que la acción de tutela no fue interpuesta dentro de un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que supuestamente originó
la vulneración de los derechos del accionante”[17].
En este mismo sentido, la entidad
demandada precisó que “la parte actora tampoco acredita que se este (sic) en
presencia de alguna de las causales específicas para que proceda el amparo. En
efecto, a juicio de esta entidad la decisión de la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá no evidencia un defecto orgánico,
procedimental, fáctico, material o sustantivo, como tampoco un error inducido,
una decisión sin motivación, desconocimiento del precedente, ni mucho menos una
violación directa de la Constitución”[18].
1.3.5. Adicionalmente,
Bancolombia subrayó que nunca vulneró ningún derecho fundamental del
accionante, debido a que “su actuar se encuentra ajustado a derecho y a las
sentencias judiciales que definieron las pretensiones del actor”[19].
II. PRUEBAS RELEVANTES QUE
OBRAN EN EL EXPEDIENTE.
2.1. Pruebas aportadas por la
parte demandante.
2.1.1. Convención Colectiva de
Trabajo celebrada entre el Banco de Colombia y el Sindicato Nacional de
Trabajadores el 14 de diciembre de 1971, norma que es aplicable “a todos los
trabajadores afiliados al Sindicato y a quienes, sin pertenecer a él, se les
aplique según las disposiciones legales”[20],
de acuerdo con su artículo 1°. En el artículo 15 de esta Convención se estipuló
una prima equivalente a dos sueldos y medio por año y en el artículo 29 se
previó una vigencia de la Convención por el tiempo comprendido entre el 16 de
noviembre de 1971 y el 15 de noviembre de 1973. En ninguna disposición de la
Convención Colectiva se desalarizó o se indicó que las primas extralegales no
hacían parte del salario (cuaderno 1, folios 15-26).
2.1.2. Contrato de trabajo
suscrito entre Armando Luna y el Banco de Colombia el 1° de mayo de 1952, en el
cual se destaca que “no se considerarán como salario las sumas que
ocasionalmente reciba el trabajador por mera liberalidad, tales como las
primas, bonificaciones y gratificaciones ocasionales”[21] (cuaderno 1, folios 27-30).
2.1.3. Acta de audiencia pública
de conciliación judicial llevada a cabo en el Juzgado Quinto Laboral del
Circuito de Bogotá el 8 de noviembre de 1994. Esta audiencia se adelantó en el
marco del proceso ordinario laboral promovido por Armando Luna en contra del
Banco de Colombia[22]
y dio lugar a un acuerdo mediante el cual el segundo se obligó a pagarle al
primero una pensión de jubilación mes a mes equivalente al valor del salario mínimo
legal mensual vigente. Dicho acuerdo fue aprobado por la juez del caso mediante
auto del 8 de noviembre de 1994, en consideración a que “con el anterior
arreglo conciliatorio no se vulneran derecho (sic) ciertos e indiscutibles del
demandante”[23]
(cuaderno 1, folios 43-44).
2.1.4. Certificación expedida por
el Gerente de Gestión Humana de Bancolombia el 16 de julio de 2008, en la cual
consta que el demandante “laboró al servicio de esta Entidad desde el día 04
de Octubre de 1951 hasta el 01 de Octubre de 1971”[24]. En este
mismo documento se informa cuáles fueron los sueldos básicos mensuales
devengados por el actor durante dicho lapso de tiempo (cuaderno 1, folios 45-46).
2.1.5. Petición elevada ante
Bancolombia por parte del petente, a través de apoderado, el 23 de septiembre
de 2008, en la cual solicitó “[q]ue se indexe el Ingreso Base de Cotización
(I.B.C.), de la pensión reconocida por su entidad […] el día ocho (05) de
noviembre de 1994, y que en consecuencia se tengan en cuenta todos los factores
salariales para la reliquidación de su pensión de jubilación. Que como
consecuencia de lo anterior se le cancele el retroactivo dejado de percibir por
efectos de tal indexación”[25].
Como fundamentos de la petición, adujo que la pensión fue liquidada en cuantía
de un salario mínimo vigente, cuando en realidad Armando Luna Perdomo “devengaba
dentro del año inmediatamente anterior al retiro, es decir entre el 1° de
octubre de 1970 al 30 de septiembre de 1971 un promedio de 11,04 Salarios
Mínimos Legales Mensuales Vigentes. En consecuencia, no se podían desconocer
derechos ciertos e indiscutibles, ni por parte del Juez Laboral, ni por el
empleador, que le acrrearan (sic) un detrimento patrimonial a mi poderdante, a
sabiendas que se le reconoció una PENSIÓN con un (1) salario mínimo, porque no
le fue indexado el Ingreso Base de Cotización”[26] (mayúsculas
tomadas del texto original) (cuaderno 1, folios 47-48).
2.1.6. Respuesta de Bancolombia a
la petición formulada por el accionante de fecha 18 de octubre de 2008,
mediante la cual negó su solicitud de reliquidación y de indexación de la
pensión. En esta respuesta, Bancolombia señaló que el contrato de trabajo del
señor Luna Perdomo había sido “cancelado […] unilateralmente y por justa
causa”[27].
Con respecto al acta de conciliación suscrita por el demandante y por
Bancolombia, advirtió que “al haber sido suscrita […] por la parte
demandante y demandada y aprobada por la autoridad judicial, ésta hizo tránsito
a cosa juzgada, no siendo posible que los asuntos allí conciliados sean
susceptibles de reclamación posterior, entre ellos el monto de la pensión por
indexación del ingreso base de la primera mesada pensional, ya que el monto de
la mesada pensional fue expresamente definido en la conciliación”[28].
Más adelante, citó una sentencia
de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que indica que el
cumplimiento de la edad no es un requisito de causación del derecho a la
pensión sanción sino un requisito de exigibilidad. Así que “[c]omo la
pensión otorgada al extrabajador se causó el 1 de octubre de 1971, fecha de
terminación del contrato de trabajo y no en 1994 cuando cumplió la edad
(requisito de exigibilidad), no es viable predicar la indexación del ingreso
base de la primera mesada pensional ya que su derecho se causó antes de la
vigencia de la
Constitución Política de 1991 habiéndose liquidado de la manera prevista en el
artículo 260 del C.S.T.”[29].
Sobre el particular, Bancolombia aludió a una sentencia de la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que fijó “la improcedencia de
la indexación de aquellas pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la
Constitución de 1991”[30]
(cuaderno 1, folios 49-55).
2.1.7. Sentencia de primera
instancia del 24 de noviembre de 2010, dictada por el Juzgado Segundo Laboral
Adjunto del Circuito de Bogotá dentro del proceso ordinario laboral iniciado
por Armando Luna Perdomo en contra de Bancolombia, cuyas peticiones eran que se
ordenara a la entidad demandada “reliquidar la pensión de jubilación con
base en todos los factores salariales, actualizada con base en el I.P.C.; [y
pagar] el retroactivo por diferencias de las mesadas pensionales con sus
intereses moratorios”[31].
En esta providencia se declaró probada la excepción de cosa juzgada por el
hecho de que las partes enfrentadas habían logrado un acuerdo conciliatorio y,
por tanto, se absolvió a Bancolombia (cuaderno 1, folios 57-62).
2.1.8. Recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante en sede de tutela en contra de la sentencia
de primera instancia del 24 de noviembre de 2010, dictada por el Juzgado
Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá dentro del proceso ordinario
laboral, en el cual se arguyó que “en el numeral [del acuerdo conciliatorio]
donde se consagra el reconocimiento de la
Pensión sanción no se establecen los factores que se tienen en cuenta para el
reconocimiento de la misma, siendo el reconocimiento de la pensión la
pretensión incoada en la demanda adelantada [en] el Juzgado 5° Laboral del
Circuito”[32].
A renglón seguido, se anotó que en el “caso en cuestión los factores
salariales que se deben tener en cuenta son los del último año de servicio
incluyendo las primas extralegales y la actualización con base en el Índice de
Precios al Consumidor, tomándose este punto como derechos ciertos e
indiscutibles, los cuales se desconocieron en el acta de conciliación celebrada
en el Juzgado Quinto (5°) Laboral del Circuito”[33]. Como consecuencia de lo
anterior, la parte recurrente solicitó revocar la sentencia de primera
instancia (cuaderno 1, folios 63-68).
2.1.9. Sentencia del 13 de mayo
de 2011, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá dentro del proceso ordinario laboral iniciado por Armando
Luna Perdomo en contra de Bancolombia. Con esta decisión judicial se confirmó
la providencia del a quo, bajo el sustento de que el señor Luna Perdomo
acordó unas condiciones pensionales sin ningún vicio en su consentimiento y sin
renunciar a derechos ciertos e indiscutibles, lo que llevó a la
Juez Quinta Laboral del Circuito de Bogotá a aprobar el acuerdo conciliatorio
alcanzado por las partes procesales, el cual tiene efectos de cosa juzgada
(cuaderno 1, folios 75-86).
2.2. Pruebas aportadas por las
partes demandadas.
Bancolombia no arrimó ninguna
prueba adicional al proceso que no hubiese sido ya aportada por el petente. Las
autoridades judiciales accionadas, por su parte, no esgrimieron ninguna prueba.
2.3. Pruebas recaudadas por la
Corte Constitucional.
Mediante Auto del 15 de marzo de
2012, el magistrado sustanciador ordenó que por Secretaría General se oficiase
al Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá con el fin de que
remitiese a esta Corte el expediente radicado con el número 2009-00863,
correspondiente al proceso ordinario laboral instaurado por Armando Luna
Perdomo en contra de Bancolombia S.A.
En cumplimiento de este Auto, el
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá remitió a la
Corte el expediente solicitado, del cual llaman la atención los siguientes
documentos que no habían sido aportados antes al proceso de tutela:
2.3.1. Cédula de ciudadanía del
señor Armando Luna Perdomo, la cual evidencia que su fecha de nacimiento fue el
día 15 de agosto de 1932, es decir que a la fecha tiene la edad de 79 años
(cuaderno 4, folio 64).
2.3.2. En este expediente obra
copia del proceso ordinario laboral seguido ante el Juzgado Quinto Laboral del
Circuito de Bogotá y que terminó el 8 de noviembre de 1994 con el acuerdo
conciliatorio celebrado por Armando Luna Perdomo y el Banco de Colombia. De la
copia de este último expediente se resalta que el señor Luna Perdomo adujo en
los hechos de aquella demanda haber sido despedido sin justa causa por el Banco
de Colombia el 30 de septiembre de 1971 (cuaderno 4, folio 186), en tanto que
el Banco de Colombia puntualizó en la contestación de la demanda que no era
cierto que el despido hubiese sido sin justa causa (cuaderno 4, folio 195).
III. DECISIONES JUDICIALES
OBJETO DE REVISIÓN.
3.1. Mediante sentencia del seis
(06) de septiembre de dos mil once (2011), la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, actuando como autoridad judicial de primera
instancia, resolvió negar la protección de los derechos fundamentales del
demandante con sustento en que éste disponía de otro mecanismo de defensa
judicial: “el accionante, demandante dentro del proceso ordinario laboral,
debió utilizar las herramientas que el ordenamiento jurídico le concede para
proteger sus derechos, es decir, presentar el recurso extraordinario de
casación contra la sentencia de segunda instancia; en efecto aquel no empleó el
mecanismo idóneo y eficaz establecido en la
Ley para salvaguardar sus derechos y garantías, pues aparece claro que dejó
fenecer su oportunidad”[34].
3.2. La parte demandante
interpuso recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia, dado
que estimó que no debía agotar el recurso extraordinario de casación por ser
una persona de la tercera edad y debido a que “existe una desproporción
manifiesta y discriminatoria de la pensión liquidada en cuanto al salario que
devengaba […] con la entidad cuando estaba activo, para lo cual estaríamos
hablando de una diferencia entre un salario mínimo legal mensual vigente de
mesada pensional y de 11.04 salarios mínimos legales mensuales vigentes que
devengaba en la época en que se encontraba activo con la entidad”[35]. Los
anteriores argumentos se apoyaron en la sentencia T-362 de 2010 que fue citada in
extenso en el recurso de apelación.
3.3. La
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través de sentencia
del quince (15) de noviembre de dos mil once (2011), confirmó el fallo de
primera instancia que negó el amparo constitucional.
El ad quem encontró que “las
providencias que se pretenden dejar sin efectos en virtud del mecanismo de
amparo no son el resultado de la arbitrariedad ni el (sic) capricho de los
funcionarios judiciales que las expidieron; por el contrario, fueron emitidas
en el decurso de un procedimiento laboral, con plenas garantías para las
partes, y obedecen a la aplicación de la normatividad vigente”[36].
Sumado a lo anterior, la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia halló que “el actor
no hizo uso del medio idóneo de defensa judicial contemplado al interior del
proceso como lo era acudir al recurso extraordinario de casación a fin de
debatir las inconformidades que ahora plantea, omisión que, independientemente
de las razones o situaciones que la motivaron, no puede ser reemplazada por vía
de la acción de tutela”[37].
IV. REVISIÓN POR LA
CORTE CONSTITUCIONAL.
Remitido el expediente a esta
Corporación, la Sala de Selección de Tutelas Número Doce, mediante auto del
catorce (14) de diciembre de dos mil once (2011), dispuso su revisión por la
Corte Constitucional.
4.1. Competencia.
Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de
revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política, en los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes, así como por
la escogencia del caso que hizo la Sala de Selección.
4.2. Consideraciones.
4.2.1. Problema jurídico y esquema de resolución.
4.2.1.1. El problema jurídico que
se propone la Sala busca definir si Bancolombia S.A., el Juzgado Segundo
Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá -Sala Laboral- quebrantaron los derechos a la seguridad
social, al mínimo vital y al debido proceso del accionante por el hecho de no
haber tomado en consideración las primas extralegales que éste percibía en la
cuantificación de su pensión de jubilación y por el hecho de no indexar su primera
mesada pensional, so pretexto de que el actor y Bancolombia habían llegado a un
acuerdo conciliatorio con respecto al valor de la pensión.
4.2.1.2.
Con el propósito de resolver este problema jurídico, (i) la
Sala reiterará, en primer lugar, su jurisprudencia acerca de la procedibilidad
y prosperidad de la acción de tutela cuando se utiliza como mecanismo para
controvertir providencias judiciales. En segundo término, (ii) estudiará el
alcance, la naturaleza y los límites de la conciliación. En lo sucesivo, (iii) la
Sala analizará la irrenunciabilidad de derechos ciertos e indiscutibles en
materia de derecho laboral y de la seguridad social como una restricción a la
autonomía privada. Posteriormente, (iv) la
Sala recordará su jurisprudencia atinente a la indexación de la primera mesada
pensional. Finalmente, (v) utilizará todos estos elementos como premisas
normativas para resolver el caso concreto.
i) Procedibilidad
y prosperidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales.
1.1. La jurisprudencia de esta
Corporación ha sostenido que la regla general es que la acción de tutela no
procede contra providencias judiciales. Esta regla se justifica en la medida en
que, de ordinario, las providencias judiciales (i) son el escenario habitual de
reconocimiento y realización de derechos fundamentales; (ii) de ellas se
predica el efecto de cosa juzgada, el cual es garantía de la seguridad jurídica
que debe imperar en un Estado democrático; y (iii) están amparadas por el
principio de respeto a la autonomía e independencia de los jueces[38] y al
principio de la división de las jurisdicciones por especialidad.
1.2. Sin embargo, esta Corte ha
permitido la posibilidad excepcional de admitir la tutela en contra de las decisiones
de los jueces, toda vez que las autoridades judiciales eventualmente en sus
decisiones pueden “desbordar el estricto marco de aplicación de la ley y
afectar derechos fundamentales”[39].
En consecuencia, procederá la
acción de tutela contra providencias judiciales, sólo en aquellos casos en que
éstas vulneren o pongan en peligro derechos fundamentales. Para ello, este
Tribunal, a través de su jurisprudencia, ha establecido una serie de requisitos
de procedibilidad de la misma, unos de carácter general que habilitan la
interposición de la tutela[40]
y otros específicos, que más que ser requisitos de procedibilidad, se refieren
a la prosperidad de la acción una vez interpuesta[41].
Estos requisitos, por lo demás, no
corresponden a un listado arbitrario y caprichoso, sino que constituyen una adaptación
de las reglas y principios previstos en el artículo 86 superior, en el Decreto
2591 de 1991 y en la doctrina constitucional al escenario específico de la
tutela contra providencias. Es decir, aunque en algunos casos se produce un
cambio nominal, lo que subyace detrás son las mismas normas de subsidiariedad, de
informalidad, de oficiosidad, de inmediatez, de protección de derechos
constitucionales fundamentales y demás.
1.3. Respecto de los requisitos
generales, ha establecido la Corte que el juez de tutela debe constatar (i) que
el asunto sometido a su estudio tenga relevancia constitucional; (ii) que el
actor haya agotado todos los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios
de defensa que estén a su alcance, antes de acudir al juez de tutela; (iii) que
la acción constitucional cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que, en
caso de tratarse de una irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa
en la decisión que resulta lesiva de los derechos fundamentales; (v) que el
actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y
que ésta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido
posible; y (vi) que el fallo impugnado no sea una sentencia de tutela.
1.4. Específicamente, los
requisitos de inmediatez y de agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios de defensa no son absolutos y, por ende, admiten excepciones,
como sucede con cualquier acción de tutela.
Frente a la inmediatez, ha
aceptado la Corte la procedibilidad de tutelas, aun cuando el tiempo entre la
acción vulneradora del derecho fundamental y la fecha de interposición de la
tutela ha excedido la razonabilidad, “(i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes;
(ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el
ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales
del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición”[42].
En
lo que atañe al agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa, que no es más que un requisito que hace valer el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela, el artículo 6°
del Decreto 2591 de 1991 prevé que la tutela no procederá “[c]uando existan
otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante” (subrayas
añadidas)[43]. Pues bien, si los recursos ordinarios
y extraordinarios dispuestos en un proceso jurisdiccional  resultan
ineficaces para la protección de los derechos fundamentales, la tutela se torna
procedente[44], aun
si estos recursos no son agotados.
1.5. Adicional a los requisitos
generales exhibidos más arriba, debe demostrarse la existencia de alguna de las
que la Corte ha denominado causales específicas de procedibilidad, pero que más
técnicamente deben llamarse causales de prosperidad de la acción. Estos
requisitos o causales han sido definidos por la
Corte como defecto orgánico[45],
sustantivo[46],
procedimental[47]
o fáctico[48];
error inducido[49];
decisión sin motivación[50];
desconocimiento del precedente constitucional[51];
y violación directa de la
Constitución.
1.6. Por supuesto que del hecho
de que la tutela entablada sea en contra de una providencia judicial, no se
sigue que el amparo constitucional se desnaturalice y que no se rija por las
proposiciones jurídicas del artículo 86 de la
Constitución y del Decreto 2591 de 1991. Lo anterior se traduce en que una
tutela contra providencia es idéntica a cualquier otra tutela, por lo tanto, no
le es exigible ningún tipo de formalidad o de ritualidad[52], máxime cuando su
interposición no requiere del ius postulandi, de conformidad con el
artículo 86 superior y con el artículo 10° y 14 del Decreto 2591 de 1991.
La consecuencia de lo anterior es
que la parte demandante no debe alegar expresamente una de las causales
específicas y que incluso, si cita alguna causal, puede errar sin que se siga
necesariamente la improsperidad de la acción[53].
1.7. En conclusión, para que
proceda la acción de tutela contra providencias judiciales es necesario que se
evidencie (i) el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad,
(ii) la presencia de alguna de las causales específicas de prosperidad y (iii)
la existencia de una lesión a derechos fundamentales del actor.
ii) La conciliación como mecanismo alternativo de
solución de controversias. Su inspiración, sus alcances, sus límites y la
función del conciliador.
En esta sección la
Sala hará un recuento legal, jurisprudencial y doctrinario de la institución
de la conciliación, advirtiendo desde ya que, pese a las evidentes diferencias
entre la conciliación en los distintos campos del derecho (estas diferencias
conciernen a asuntos como quién puede fungir como conciliador, qué asuntos se
pueden conciliar, si el acuerdo conciliatorio debe o no ser aprobado por un
juez, si la conciliación es o no requisito de procedibilidad, etc.), la figura
descansa sobre la misma filosofía: autocomposición de litigios, democracia y ejercicio
de la autonomía privada.
2.1. La idea
liberal de Estado de derecho se traduce en que todas las personas, tanto
gobernantes como gobernados, están sometidas al imperio del derecho, por tanto
sus actuaciones deben respetar el ordenamiento jurídico. Por supuesto que lo
anterior no implica que en un Estado de derecho el ordenamiento jurídico invada
de manera ilimitada todos los espacios vitales, dado que una de las más grandes
conquistas de las revoluciones liberales del siglo XVII y XVIII fue precisamente
suprimir el excesivo y agobiante intervencionismo estatal del absolutismo en
todas las esferas de la vida. En este orden de ideas, se forjó un discurso de
los derechos en el sentido de libertades negativas que funge como escudo ante
la exuberante invasión del Estado en órbitas que son propias y exclusivas de la
sociedad civil y de cada individuo[54].
Pues bien, la
jurisdicción en un Estado de derecho es la garantía última o la ultima ratio
que controla la conformidad de la vida humana con el derecho. Significa lo
anterior que antes de que los asuntos y conflictos intersubjetivos de intereses
escalen a la jurisdicción, deben intentarse otras herramientas menos lesivas
para resolverlos, como lo son, por ejemplo, la educación y la satisfacción de
las necesidades categóricas del ser humano. Es decir, primero razones y, por
último, fuerza y coerción.
En este contexto
surgió la conciliación como mecanismo de eliminación de litigios sin necesidad
de tener que surtir en su integridad un proceso jurisdiccional[55]. No implica
esto, por supuesto, que la función jurisdiccional sea lesiva per se,
sino que un mecanismo como la conciliación se muestra mucho más respetuoso del
principio democrático que un proceso jurisdiccional, en el cual prima el
principio de autoridad, sin que de acá se pueda desprender que una providencia
judicial sea antidemocrática, puesto que si bien ella es por definición un acto
jurídico unilateral, el respeto al debido proceso de las partes procesales le
otorga un aliento democrático, al igual que la aplicación por parte del juez de
normas preestablecidas por los representantes elegidos democráticamente.
2.2. De allí que
la conciliación haya sido concebida desde su origen como un mecanismo
autocompositivo de solución de controversias, en el cual son las mismas partes
en disputa quienes resuelven su conflicto de manera pacífica, al contrario de
lo que sucede con los mecanismos de heterocomposición, en los cuales un tercero
dirime la controversia. Ejemplos de heterocomposición son el proceso
jurisdiccional (acá el tercero es un juez) y los equivalentes jurisdiccionales
(acá el tercero no es un juez sino que es, por ejemplo, un árbitro).
Si bien es
cierto que en la conciliación aparece la figura de un tercero -el conciliador-,
este simple hecho no la convierte de por sí en un mecanismo heterocompositivo
por la siguiente razón: a pesar de que el tercero no está en un plano de
igualdad con respecto a las partes sino que está por encima de ellas dado que
está investido de tres poderes, a saber: el poder de convocatoria (sancionar a
quien no asista a la conciliación), el poder de orden o de disciplina (dirigir
la audiencia de conciliación) y el poder de homologación (otorgar validez al
acuerdo logrado por las partes tras realizar un control de legalidad[56]);
no está investido del poder de resolver en derecho el litigio que se le
plantea, suprimiendo con ello las voluntades privadas. En conclusión, el
conciliador desempeña un papel activo a fin de que las partes solucionen ellas
mismas el litigio, pero, se insiste, el tercero no impone una solución[57].
2.3. Desde esta
perspectiva autocompositiva, la conciliación tiene un talante que se muestra
muy afín con los elementos de la democracia participativa implementada por la
Constitución de 1991. De manera que el sustrato constitucional de la
conciliación se encuentra en las disposiciones referentes a la democracia participativa
y al autogobierno y no en el artículo 116 superior relativo a la función
jurisdiccional, debido a que los conciliadores no desempeñan funciones
jurisdiccionales, entre otras razones porque no deciden en qué sentido se
resolverá un conflicto ni tampoco valoran pruebas[58], sino que su
función se circunscribe, por lo menos desde el punto de vista laboral, a
verificar que la manera en que las partes enfrentadas deciden resolver su
litigio no desborda el ordenamiento jurídico, de manera tal que no se
desconozcan derechos ciertos e indiscutibles.
Así pues, la
conciliación es una herramienta que no sólo es útil para resolver conflictos y,
cuya consecuencia casual, que no finalidad perseguida, es la descongestión de
la jurisdicción[59],
sino que también constituye una educación para la democracia y un instrumento
que la afianza, en tanto propicia el diálogo y la deliberación entre personas
con posturas disímiles, situación que a la postre reafirma la tolerancia, el
pluralismo ideológico y facilita el debate en una democracia constitucional[60],
en tanto favorece la búsqueda y la exposición de argumentos que pretenden
convencer al otro de una tesis, argumentos que, por lo general, son de razón
pública, según la conocida tipología planteada por John Rawls[61].
2.4. Asimismo,
la conciliación encuentra un respaldo constitucional en la autonomía privada de
la voluntad respecto de la cual, “aunque no existe una norma
en la Constitución que la contemple en forma específica, ella se deduce de los
artículos 13 y 16, que consagran la libertad y el libre desarrollo de la
personalidad, respectivamente, los que sirven de sustento para afirmar que se
ha de reconocer a las personas la posibilidad de que obren según su voluntad,
siempre y cuando no atenten contra el orden jurídico y los derechos de los
demás. Adicionalmente, se encuentra una serie de normas constitucionales
garantes de ciertos derechos, cuyo ejercicio supone la autonomía de la
voluntad; tal es el caso del derecho a la personalidad jurídica (art. 14), el
derecho a asociarse (art. 38), a celebrar el contrato de matrimonio (art. 42) y
los lineamientos de tipo económico que traza el artículo 333”[62].
Así pues, la facultad que otorga
el Estado a los asociados para conciliar sus diferencias, en ejercicio de un poder
de autorregulación, se aleja de una postura paternalista que apunta a que el
Estado debe tratar a sus gobernados como menores de edad, quienes no pueden
tomar decisiones por sí mismos y, por el contrario, abraza un optimismo hacia
el individuo y su razón, propio de la filosofía liberal[63]. En esta proporción, el
Estado le reconoce al individuo la posibilidad de elegir y tomar decisiones sin
verse determinado por una voluntad ajena[64],
en este caso por la voluntad de un juez en el marco de un proceso
jurisdiccional, bajo la premisa de que cada quien está en mejores condiciones
de conocer sus propios intereses. Pero, se insiste, la autonomía privada y la
libertad no son absolutas, de modo que deben atenerse a las normas imperativas.
2.5. Ahora bien,
es preciso que la Sala aclare la naturaleza del concepto conciliación, ya que la
Corte en sentencia C-204 de 2003 señaló que el “término conciliación  admite dos
acepciones: una jurídico procesal, que lo identifica como trámite procedimental
que persigue un fin específico; y otra jurídico sustancial que se refiere al
acuerdo en sí, a la resolución del conflicto que pretendía componerse”.
La noción de conciliación permite la acepción que la
Corte ha denominado jurídico procesal en el sentido de que la conciliación es
una fuente del derecho[65], ya que como consecuencia de la
conciliación nace a la vida jurídica una norma de carácter particular y
concreto que elimina el conflicto trabado entre las partes[66].
De suerte que si el litigio es eliminado, significa que el acuerdo
conciliatorio tiene fuerza de cosa juzgada[67], salvo invalidez del
acuerdo, lo cual es cierto para la conciliación en cualquier materia. En el
caso especial del derecho laboral y de la seguridad social, el artículo 78 del
Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social dispone expresamente que el acuerdo conciliatorio hace
tránsito a cosa juzgada.
2.6. Surge entonces la pregunta de cuál es la consecuencia de
una conciliación, a lo cual se responde que una conciliación exitosa trae los
mismos efectos de un contrato de transacción[68], de un allanamiento o
de un desistimiento[69], vertido en el acta de
conciliación.
Esto, por lo demás, es un argumento adicional del cual se
infiere que la conciliación le presta un gran servicio a la democracia y, de
paso, a la libertad entendida en su fórmula rousseauniana, de acuerdo con la
cual se es libre cuando se obedece a las leyes que uno mismo se ha dado. En
palabras de Kelsen, “[s]er libres social o políticamente significa,
ciertamente, estar sujetos a un ordenamiento normativo, significa libertad
subordinada a la ley social. Pero significa estar sujetos no a una voluntad
ajena, sino a la propia, a un ordenamiento normativo y a una ley en cuyo
establecimiento el sujeto participa. Es precisamente a través de esta
metamorfosis como la idea de libertad puede llegar a ser el criterio decisivo
en el antagonismo entre democracia y autocracia y, por tanto, el hilo conductor
para la sistematización de las formas de organización social”[70].
2.7. Una conciliación exitosa con efectos idénticos a los de
una transacción, un allanamiento o un desistimiento implica que la
manifestación de voluntad debe ser libre, consciente y espontánea, lo que exige
que esté libre de error, fuerza o dolo; el objeto debe ser lícito; la causa
debe ser lícita[71]; la manifestación de voluntad
debe provenir de una persona capaz o de su representante; y, en los casos que
se requiera, se debe verificar que esté presente la formalidad habilitante[72].
2.8. En el área laboral y de la seguridad social, en
particular, la conciliación debe intentarse de manera obligatoria en el curso
de los procesos ordinarios, según lo ordenado en los artículos 72, 77 y 78 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social.
Igualmente, la conciliación extrajudicial es aceptada por el artículo 19 ibídem.
Ambas clases de conciliación -judicial y extrajudicial- se
rigen, en lo pertinente, por la Ley 640 de 2001 y producen efectos de cosa
juzgada, de acuerdo con el artículo 78 del Código
Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, el artículo 66 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 14 de la
Ley 640 de 2001.
Además, los requisitos de validez contenidos en al artículo
1502 del Código Civil son aplicables a la conciliación laboral y de seguridad
social, lo cual ha sido ratificado por la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, Corporación que ha indicado que “la
conciliación es un acto de declaración de voluntad, cuya validez y eficacia
están sujetas a que se cumplan los requisitos generales del artículo 1502 del
Código Civil”[73].
Por último, uno de los requisitos de validez del acuerdo
conciliatorio es que su objeto sea lícito, elemento que en derecho laboral y de
la seguridad social está acotado por los derechos ciertos e indiscutibles[74]
(ver infra numeral iii de las consideraciones).
2.9. En síntesis, el producto de la conciliación tiene los
mismos efectos de un contrato de transacción, de un allanamiento o de un
desistimiento; y deben participar en él personas capaces o sus representantes,
cuyo consentimiento esté libre de fuerza, error y dolo, que tanto la cusa como
el objeto sean lícitos, esto es, cumplir con lo previsto en el artículo 1502
del Código Civil, así como observar la formalidad habilitante que en cada caso
que se requiera.
iii) La
noción de derechos ciertos e indiscutibles en el derecho laboral y de la
seguridad social como límite a la autonomía privada.
3.1. En
el área del derecho laboral y de la seguridad social, es preciso señalar que
los derechos son, en principio, renunciables
en un eventual acuerdo conciliatorio, en razón a que se trata de derechos
individuales que sólo miran el interés particular del renunciante. No obstante,
tratándose de derechos ciertos e indiscutibles, la libertad dispositiva está
cercenada por mandato directo de la
Constitución y de la ley.
Así pues, el artículo 53 de la
Carta ordenó al Congreso expedir un estatuto del trabajo que reconociera “facultades para transigir y conciliar sobre derechos
inciertos y discutibles”, entre otros
principios fundamentales. A pesar de este claro mandato constitucional,
el Congreso no ha proferido un nuevo código que regule las relaciones laborales[75].
Sin embargo, el Código Sustantivo del Trabajo anterior a la
Constitución de 1991, al igual que otras normas concordantes, hacen eco de varios
de estos principios fundamentales, en especial de aquel que prohíbe la
conciliación sobre derechos ciertos e indiscutibles.
Siguiendo esta
lógica y tratándose del derecho a la seguridad social y de los demás derechos
que de allí se derivan, su irrenunciabilidad está contemplada en los artículos
1° y 3° de la Ley 100 de 1993, al igual que en el artículo 272 ibídem
que amplía explícitamente la aplicación de los principios fundamentales
recogidos en el artículo 53 superior al Sistema Integral de Seguridad Social
establecido en la Ley 100.
Con respecto a
los derechos pensionales no regulados por la
Ley 100 sino por el Código Sustantivo del Trabajo, su irrenunciabilidad está
consignada en el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo, al prescribir
que “[l]as disposiciones legales que
regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los
derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos
expresamente exceptuados por la ley”.
Adicionalmente, el artículo 15 del mismo estatuto establece que “[e]s válida
la transacción en los asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos
ciertos e indiscutibles”.
3.2. Esta evidente
intromisión estatal, cuyo propósito es impedir que las personas renuncien a
derechos laborales y de seguridad social ciertos e indiscutibles, aun si
consienten voluntariamente en ello, encuentra respaldo en la creencia fundada
de que los trabajadores y los afiliados al sistema de seguridad social pueden
verse forzados a realizar renuncias como respuesta a un estado de necesidad y
en la convicción de que, de facto, las relaciones laborales no se
desenvuelven en un plano de igualdad entre empleador y trabajador, cuestionando así la vetusta idea de que
las relaciones entre privados siempre se desarrollan en un plano de
horizontalidad e igualdad y conduciendo a la necesidad de entregarle a los
trabajadores una tutela reforzada[76].
En virtud de esta misma concepción existen, por ejemplo, en el derecho laboral
el principio protector[77]
y en el derecho civil, ámbito en el que tradicionalmente ha prevalecido con
mayor acento la creencia de que los vínculos están permeados por el principio
de la igualdad, normas que amparan a los incapaces[78] y normas que protegen al arrendatario[79],
parte que se considera la más débil en el contrato de arrendamiento.
En la sentencia C-660 de
1996, esta Corporación describió la desigualdad que subyace a ciertos vínculos
jurídicos, desigualdad que explica la existencia de normas que pretenden
igualar a las partes contractuales:
“Para algunos de los
filósofos del siglo XVIII como Kant, Hobbes y Rousseau, autores de teorías
políticas que fundan gran parte del derecho occidental contemporáneo, la
voluntad es la principal fuente de las obligaciones ya sea que se manifieste
directamente, a través de acuerdos suscritos por los particulares, o
indirectamente, a través de la ley en forma de voluntad general. El
razonamiento presupone que los hombres son iguales, de tal forma que si dos
personas consienten en algo sin presión alguna, lo único que los determina
es el libre ejercicio de su voluntad; la única causa de prometer algo es que
así se quiere. A su vez, estos argumentos sirven para trazar los lineamientos
básicos de la actividad estatal; por un lado queda claro que es necesario
garantizar las condiciones ideales para posibilitar los acuerdos entre
particulares, esto es, impedir que alguien sea sometido mediante la fuerza a
contratar, a consentir; pero, por otro lado, también se deduce que dentro de
las funciones estatales no está la de intervenir en la órbita de los particulares,
pues si garantizando la libertad de las partes se mantiene la equidad, mal
haría el Estado en alterarla al entrometerse.
“Esta tesis fue posteriormente
replanteada por teorías socialistas que objetan la supuesta igualdad entre
los ciudadanos, para así llegar a concluir que el hecho de que ambas partes
suscriban el pacto libremente, no es garantía de justicia. Afirman que no hay
razón para pensar que la intromisión del Estado sea lesiva, pues no existe en
realidad equidad alguna qué proteger; es más, la voluntad no es capaz de
obligar por sí sola, es necesaria la intervención de la sociedad. En
consecuencia, se ha aceptado el establecimiento de límites a la autonomía de la
voluntad. Esta tendencia orientada a reducir el voluntarismo que inspiraba al derecho,
pese a que logró varios de sus objetivos, no llegó nunca a suprimir el papel
preponderante que ocupa la voluntad en el ámbito jurídico, en
especial en el área del derecho privado”.
3.3. En
definitiva, no es admisible la conciliación acerca de derechos ciertos e
indiscutibles[80],
comoquiera que ellos están comprendidos dentro del derecho imperativo y no
dentro del derecho dispositivo. Así que, dado el caso que las partes en
conflicto alcancen un acuerdo conciliatorio en el que se perciba la renuncia o
disposición de un derecho que presente estas características, el negocio
jurídico adolecerá de un vicio de nulidad por objeto ilícito[81].
3.4. De forma
tal que los derechos ciertos e indiscutibles comprenden una categoría especial
de derechos cuya renuncia o disposición, como ya se precisó más arriba, está
prohibida. Pero, ¿qué hace en el ámbito laboral que un derecho sea cierto e
indiscutible?
3.5. La
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 08 de junio de 2011, puntualizó
que “el carácter de cierto e indiscutible de un derecho laboral, que
impide que sea materia de una transacción o de una conciliación, surge del
cumplimiento de los supuestos de hecho o de las condiciones establecidas en la
norma jurídica que lo consagra. Por lo tanto, un derecho será cierto, real,
innegable, cuando no haya duda sobre la existencia de los hechos que le dan
origen y exista certeza de que no hay ningún elemento que impida su
configuración o su exigibilidad. Lo que hace, entonces, que un derecho sea
indiscutible es la certeza sobre la realización de las condiciones para su
causación y no el hecho de que entre empleador y trabajador existan discusiones,
diferencias o posiciones enfrentadas en torno a su nacimiento, pues, de no ser
así, bastaría que el empleador, o a quien se le atribuya esa calidad, niegue o
debata la existencia de un derecho para que éste se entienda discutible, lo que
desde luego no se correspondería con el objetivo de la restricción, impuesta
tanto por el constituyente de 1991 como por el legislador, a la facultad del
trabajador de disponer de los derechos causados en su favor; limitación que
tiene fundamento en la irrenunciabilidad de los derechos laborales consagrados
en las leyes sociales”[82].
En otras
palabras, un derecho es cierto en la medida en que esté incorporado en el
patrimonio de un sujeto, es decir, cuando operaron los supuestos de hecho de la
norma que consagra el derecho, así no se haya configurado aún la consecuencia
jurídica de la misma. Este concepto de derecho cierto está ligado con la
concepción de derecho adquirido que está Corte ha construido[83] y excluye,
por lo tanto, las simples expectativas o los derechos en formación.
3.6. Por otro
lado, la indiscutibilidad de un derecho alude a la certidumbre alrededor de la caracterización
del mismo, esto es, a los extremos del derecho y a su quantum, elementos
que brillan por su claridad y evidencia, lo cual les entrega el estatus de
suficientemente probados. Gracias a esta huella de indiscutibilidad, el
reconocimiento de estos derechos, en el plano teórico, no haría necesaria una
decisión judicial.
En esta
proporción, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 02 de julio de 2008, sugirió que
el recurrente en aquella oportunidad “parte de una posición
conceptual equivocada, porque asume que todo derecho laboral, llámese salario,
prestación o indemnización, es un derecho cierto e indiscutible, cuando lo
cierto es que ese especial carácter surge de las circunstancias que contribuyen
a configurarlo como, por ejemplo, la certeza sobre el tiempo, la cuantía, la
contraprestación efectiva de un servicio, etc.”[84].
3.7. En suma, la certeza de un
derecho corresponde a su efectiva incorporación en el patrimonio del trabajador
y la indiscutibilidad hace relación a la seguridad sobre los extremos del
derecho. Por ejemplo, cuando se sabe que entre dos personas hubo un contrato
laboral de carácter verbal, a raíz del cual se le deben las cesantías al
empleado, su derecho a las cesantías es cierto, pues siempre que hay contrato
laboral el empleador debe consignarle al trabajador una suma de dinero a título
de cesantías, en tanto que su monto es discutible, puesto que no se sabe desde
cuándo hubo contrato, luego no es posible determinar el monto debido por
concepto de cesantías.
iv. Indexación de la primera
mesada pensional: concepto, fundamento y procedencia de la acción de tutela
para solicitarla.
4.1. La jurisprudencia de esta
Corporación ha reconocido el derecho de las personas pensionadas a que les sea
indexada la primera mesada pensional, acto que hace referencia a la
actualización del valor real del ingreso base de liquidación que se adoptó para
fijar dicha prestación. Esta garantía tiene sustento en los artículos 48 y 53
de la Carta que disponen que “la
Ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan
su poder adquisitivo constante”, al igual que la garantía del “derecho
al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”,
respectivamente.
4.2. Sobre el particular, en
sentencia C-862 de 2006[85]
esta Corporación indicó que “tal reconocimiento legal no se trata de un mero
acto de liberalidad del Legislador, pues la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que se trata de la materialización de diversos preceptos de rango
constitucional, los cuales configuran realmente un derecho constitucional de
los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional”.
4.3. Más adelante en la referida
sentencia se expresó, además, que tal derecho “no puede ser reconocido
exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, porque un trato
diferenciado de esta naturaleza carecería de justificación constitucional, y se
torna por tanto en un trato discriminatorio. En efecto, desde la perspectiva
constitucional resulta insostenible la tesis que la actualización de las
pensiones es un derecho constitucional del cual sólo son titulares aquellos
pensionados que el Legislador determine, precisamente porque tal postura
acarrearía la vulneración de los restantes principios a los que se ha hecho
mención y de los derechos fundamentales de aquellas personas excluidas del goce
de la actualización periódica de sus pensiones. Si bien el derecho a la
actualización de la mesada pensional surge en virtud de lo que la doctrina ha
denominado el proceso de especificación en el reconocimiento de los derechos,
de manera tal que su titularidad se reserva a una determinada categoría de
sujetos -los pensionados- dentro de tal categoría su titularidad ha de ser
universal, y por lo tanto exclusiones derivadas del tránsito legislativo
carecen de justificación”.
4.4. Y es que la indexación,
según la sentencia que se comenta, debe ser entendida como el mecanismo
mediante el cual se adecuan sumas dinerarias a las variaciones de los precios,
que entre otras, se deben a la inflación. En efecto, en la mentada providencia
se señaló que la indexación es un “sistema que consiste en la adecuación
automática de las magnitudes monetarias a las variaciones del nivel de precios,
con el fin de mantener constante, el valor real de éstos, para lo cual se
utilizan diversos parámetros que solos o combinados entre si (sic), suelen ser:
el aumento del costo de la vida, el nivel de aumento de precios mayoristas, los
salarios de los trabajadores, los precios de productos alimenticios de primera
necesidad, etc.”. En otras palabras, se trata de una herramienta para mantener
el valor originario de una prestación en dinero a que se tiene derecho y para
que la pérdida del valor adquisitivo de una suma nominal no afecte al acreedor
del derecho.
4.5. Con base en lo anterior,
esta Corporación ha establecido de forma reiterada que todos los pensionados
-sin distinción- tienen derecho a que su mesada pensional sea actualizada, al
igual que el salario base que sirvió de parámetro para liquidarla. En efecto,
ese fue precisamente el problema jurídico que se analizó en las sentencias
C-862 de 2006 y C-891A de 2006, pues de una de las posibles interpretaciones de
las disposiciones acusadas surgía el problema de que a determinados
trabajadores, los cuales habían cumplido con el requisito de tiempo de
servicios mas no con el de edad mínima, se les liquidaba la pensión a partir
del salario histórico, perdiendo con ello la capacidad adquisitiva que habían
alcanzado mediante el último salario devengado. Así las cosas, en estas
providencias se declaró la exequibilidad del artículo 260 del Código Sustantivo
del Trabajo y del artículo 8° de la
Ley 171 de 1961 -norma recogida en el artículo 267 del C.S.T.-, en el
entendido de que el salario base para la liquidación de la primera mesada
pensional de que trata estos preceptos, deberá ser actualizado con base en la
variación del Índice de Precios al Consumidor, IPC, certificado por el DANE.
En este orden de ideas, es claro
que todo pensionado tiene el “derecho a mantener el poder adquisitivo de las
pensiones, [que] no se limita a la actualización de las mesadas
pensionales una vez han sido reconocidas por la entidad competente, sino que
también incluye la actualización del salario base para la liquidación de la
primera mesada”[86].
4.6. En suma, cuando la pensión
se haya reconocido conforme al salario histórico, según las sentencias C-862 de
2006 y C-891A de 2006, se debe indexar el salario base que sirvió para liquidar
la mesada pensional, además que las siguientes mesadas pensionales deben ser
actualizadas conforme a la variación del IPC.
4.7. Por otra parte, para
determinar la procedencia de la acción de tutela, cuando quiera que se trate de
conflictos relativos a la indexación de la primera mesada pensional, es
necesario distinguir dos supuestos, que dependen de si se acude a la mencionada
acción como mecanismo definitivo o si se recurre a ella como un instrumento
subsidiario para evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. En el
primer caso, la Corte ha indicado en múltiples fallos[87], como reglas de
procedibilidad de la acción de tutela, las siguientes:
·
Que el interesado hubiera adquirido la calidad de pensionado;
·
Que hubiera agotado la actuación en sede gubernativa mediante el
uso de los recursos y medios de impugnación propios de esa instancia, en
procura de satisfacer su pretensión de indexación. Ahora, si se trata de
aquellas pensiones que han de ser canceladas por las empresas, este requisito
se entiende agotado con la petición presentada ante estas últimas;
·
Que hubiera acudido oportunamente a la jurisdicción ordinaria con
el fin de obtener el reconocimiento de la indexación de la primera mesada;
·
Que acreditara las condiciones materiales que justifican la
protección por vía de tutela, esto es, la condición de persona de la tercera
edad y la afectación de sus derechos fundamentales, como el mínimo vital y la
igualdad.
v. Caso concreto.
Corresponde
ahora a la Sala examinar el caso concreto para determinar si Bancolombia
S.A., el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-
lesionaron o no los derechos a la seguridad social, al mínimo vital y al
debido proceso del accionante, por el hecho de no haber tomado en consideración
las primas extralegales que éste percibía en la cuantificación de su pensión de
jubilación y por el hecho de no indexar su primera mesada pensional, so
pretexto de que el actor y Bancolombia habían llegado a un acuerdo
conciliatorio con respecto al valor de la pensión.
Antes de proceder a este estudio, recuerda la
Sala que el caso que la convoca en esta oportunidad es el de
un exempleado de Bancolombia que laboró allí   entre el 4 de
octubre de 1951 hasta el 30 de septiembre de 1971, causa que lo llevó a
entablar una demanda laboral con el objeto de que Bancolombia le reconociera su
pensión de jubilación. Dentro de dicho proceso ordinario se celebró una
audiencia de conciliación judicial el 8 de noviembre de 1994, en la cual
Armando Luna y Bancolombia convinieron en que el segundo le pagaría al primero
una pensión de jubilación mes a mes en valor equivalente a un salario mínimo
mensual vigente, acuerdo al que la juez del caso le impartió aprobación, “como
quiera que con el anterior arreglo conciliatorio no se vulneraron derecho (sic)
ciertos e indiscutibles del demandante”[88].
Pese
a que se había logrado un acuerdo conciliatorio, el accionante en esta tutela
promovió en el 2009 un nuevo proceso laboral en contra de Bancolombia, con el
propósito de que su pensión fuera reliquidada con base en todos los factores
salariales devengados en el último año de servicios, incluyendo las primas
extralegales que percibía, y que su pensión fuera actualizada con base en el
IPC. En las dos instancias del mencionado proceso laboral se declaró probada la
excepción de cosa juzgada alegada por el Banco, dado que el acuerdo conciliatorio
logrado por las partes procesales surte efectos de cosa juzgada, de acuerdo con
la normatividad vigente.
Pues
bien, el actor censura la constitucionalidad de estas dos últimas sentencias
laborales en sede de tutela.
5.1.
Sea lo primero revisar la procedibilidad del amparo constitucional en el caso
concreto, es decir, verificar si efectivamente están presentes los requisitos
generales de procedibilidad que la jurisprudencia exige tratándose de tutelas
contra providencias (ver supra 1.3 de las consideraciones).
En
tal orden de ideas, la cuestión que se discute es de relevancia constitucional,
como sea que lo que se pretende con esta acción es el amparo de derechos de
raigambre y de contenido constitucional, como lo son el derecho al debido
proceso, el derecho a la seguridad social y el derecho al mínimo vital.
En
segundo lugar, el actor agotó el recurso ordinario de apelación, aunque no
desató el recurso extraordinario de casación, como lo puso de presente
Bancolombia en la contestación de la demanda y como lo resaltaron los jueces de
primera y de segunda instancia al negar la tutela. A pesar de que el
incumplimiento de este requisito bastaría para declarar improcedente la acción
constitucional por desconocimiento del principio de subsidiariedad que informa
al amparo, debe la Sala sopesar la eficacia del recurso de casación en materia
de indexación de la primera mesada pensional, a fin de contar con suficientes
elementos de juicio que le permitan decidir concluyentemente sobre la
procedencia o improcedencia de la acción de tutela que es objeto de revisión.
Así
pues, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia ha sido constante en negar la indexación de la
primera mesada pensional de las pensiones causadas antes de la entrada en
vigencia de la Constitución Política de 1991, puesto que “antes de la fecha indicada en que entró a regir la nueva
Constitución, no existía el mencionado sustento supralegal para aplicar la
indexación del ingreso de liquidación pensional, ni la fuente para elaborar un
comparativo que cubriera el vacío legal, vale decir, con la
Ley 100 de 1993”[89]. Aunado a lo anterior, la
Corte Suprema de Justicia reconoció que las sentencias C-865 y C-891A de 2006
de la Corte Constitucional admitieron que no indexar la primera mesada
pensional es contrario a los artículos 48 y 53 de la
Constitución, de manera que la actualización del salario base de liquidación
sólo procede, a juicio de la
Corte Suprema de Justicia, para “las
pensiones legales causadas a partir de 1991, cuando se expidió la
Constitución Política, porque este fue el fundamento jurídico que le sirvió a
la[s] sentencia[s] de exequibilidad”[90].
Determinado así el criterio reiterado y dominante
de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia a propósito de la indexación de la primera mesada
pensional, esta Sala observa que en el caso concreto el recurso de casación no
gozaría de ninguna eficacia, contrario a la tesis expuesta en las sentencias de
tutela objeto de revisión, toda vez que el actor causó su pensión de jubilación
antes de 1991 porque tanto la fecha en la cual terminó su contrato de trabajo
con Bancolombia, como la fecha en que cumplió 55 años de edad (ver supra
2.1.4.
y 2.3.1 del acápite de pruebas), son
anteriores a 1991[91].
De forma tal que es previsible que el recurso de
casación no sea eficaz a efectos de que se ordene la indexación de la primera
mesada pensional del demandante. Por este motivo, la
Sala estima que la interposición del recurso extraordinario de casación no le
es exigible al señor Luna Perdomo para efectos de la procedencia de la acción
de tutela, máxime si se toma en consideración su avanzada edad, hecho que
disminuye considerablemente el tiempo en que podría disfrutar de su pensión
debidamente indexada si se le somete a los términos de resolución de un recurso
de casación.
En tercer orden, la acción de tutela fue
entablada en un tiempo razonable (26 de agosto de 2011) desde el proferimiento
de la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario laboral (13 de mayo
de 2011) que, a juicio del actor, vulneró sus derechos fundamentales.
Igualmente, los argumentos y las pruebas que se
invocan en esta solicitud de amparo fueron mencionados por el accionante en el
proceso laboral que se reprocha[92].
Por último, las providencias que
son objeto de censura en esta acción constitucional no corresponden a
sentencias de tutela.
Así las cosas, la
Sala estima que esta acción de tutela es procedente y, por lo tanto, la
estudiará de fondo.
5.2. La
Sala observa que el actor renunció a la indexación de su primera mesada
pensional, al igual que renunció a la tasación del monto de su pensión acorde
con el promedio de los salarios devengados durante el último año de servicios,
por el hecho de haber suscrito un acuerdo conciliatorio en el que aceptaba
recibir una pensión equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente que,
a su parecer, debía ser mayor porque debió incluir las primas extralegales y
porque debió indexarse la primera mesada pensional.
Pero, ¿es válida la disposición
de estos derechos o, por el contrario, padece de un objeto ilícito por tratarse
de derechos ciertos e indiscutibles? (ver supra 3.1, 3.5 y 3.6 de las
consideraciones).
Con
miras a
resolver este interrogante, debe primero la
Sala precisar cuál es la pensión de
jubilación a la que aspiraba el actor, debido a que en las pruebas que reposan
en el expediente no hay claridad si la pensión pretendida es aquella gobernada
por el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo o si es la pensión
sanción contemplada en el artículo 267 del mismo estatuto.
En la medida en que el accionante trabajó para
Bancolombia 19 años, 11 meses y 26 días (ver supra 2.1.4 del acápite de
pruebas), su pensión no se corresponde con aquella regulada en el artículo 260
del C.S.T, puesto que el reconocimiento de dicha prestación exige 20 años de
servicio. En cambio, su pensión sí se compadece con aquella compilada en el
artículo 267 ibídem, para la cual se requieren más de 15 años de
servicio.
Así pues, el derecho a la pensión
se causó a favor del actor cuando cumplió el tiempo de servicios, la edad y
cuando se terminó su contrato de trabajo sin justa causa, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo.
A contrario sensu, podría
argüirse que el hecho de que el despido haya sido o no con justa causa es una
situación que no es clara[93]
y, por lo tanto, el derecho a la pensión no entró efectivamente al patrimonio
del petente, adquiriendo así la connotación de derecho incierto y, en
congruencia, su transacción estaría constitucionalmente autorizada.
No obstante ello, el dicho del
accionante en el sentido de que su despido fue sin justa causa configura una
negación indefinida que invierte la carga de la prueba, de forma tal que
Bancolombia estaba llamado en ese proceso a probar que el despido respondió a
una justa causa. Es decir que detrás del artículo 267 del Código Sustantivo del
Trabajo se encuentra una presunción de que el despido fue sin justa causa, porque
es lógicamente imposible probar que para el despido no medió una causal
objetiva, de suerte que la presunción obliga a que el empleador la destruya
demostrando que el despido efectivamente obedeció a una justa causa.
Ahora bien, dado que el proceso
terminó de manera anticipada debido a que las partes conciliaron sus diferencias,
Bancolombia no tuvo la oportunidad procesal de desvirtuar la presunción y
probar que el despido fue justificado. En este sentido, al momento de celebrar
la conciliación el señor Luna Perdomo estaba amparado por la presunción de
despido sin justa causa, presunción que tiene la virtualidad de entender
cumplido este requisito de la pensión de jubilación[94], luego el derecho a la
pensión era un derecho cierto que al momento de suscribir el acuerdo
conciliatorio ya había entrado al patrimonio del petente.
Así las cosas, esta certeza del
derecho se explica en que los requisitos de la pensión (edad, tiempo de
servicio y despido sin justa causa) ya habían operado, tornando así la pensión
en un derecho adquirido.
Asimismo, el derecho a la pensión
es indiscutible, dado que existe certidumbre acerca de los extremos del derecho
y sobre su quantum, debido a que al momento de celebrar la conciliación
se podía constatar cuáles habían sido los salarios devengados por el actor, al
igual que los extremos temporales de la relación laboral eran conocidos.
Recuerda la
Sala que, hasta acá, el derecho a la pensión del señor Luna Perdomo es, y era
en la fecha de la conciliación, un derecho cierto e indiscutible, sobre el cual
está prohibida la transacción. Sin embargo, el actor no renunció al derecho a
la pensión sino que renunció al valor de la primera mesada pensional.
Pues bien, el derecho a la
pensión que se causó incluye también la causación del derecho a que la primera
mesada sea debidamente cuantificada, esto es, que el ingreso base de
liquidación sea el equivalente al propuesto en el
artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, salario que, según la sentencia
C-891A de 2006, es exequible “bajo el entendimiento de que el salario base para la liquidación de la primera mesada
pensional de que trata este precepto, deberá ser actualizado con base en la
variación del Índice de Precios al Consumidor, IPC certificado por el DANE”.
Igualmente, el valor de la
primera mesada pensional es un derecho indiscutible, dado que existe certeza
sobre los extremos del derecho y sobre su quantum, debido a que al
momento de celebrar la conciliación se podía constatar cuáles habían sido los
salarios devengados por el actor.
En
estos términos, el valor de la primera mesada pensional, en el caso
concreto, comprende un derecho cierto e indiscutible y, en virtud de tal
característica, es intransigible e irrenunciable por su titular.
5.3. Si esto es así, el juez ante
el cual se celebró el proceso conciliatorio debió improbar el arreglo acordado
por las partes en conflicto, ya que su función es velar por que las partes no
renuncien a derechos ciertos e indiscutibles que vicien de nulidad el negocio
jurídico (ver supra 2.2, 2.6, 2.7 y 2.9 de las consideraciones). Dado
que el juez aprobó un acuerdo que versaba sobre derechos ciertos e
indiscutibles (ver supra 2.1.3 del acápite de pruebas), las partes están
facultadas para demandar en un proceso jurisdiccional la nulidad del negocio
jurídico por objeto ilícito.
5.4.
En este orden de ideas, no ignora la
Sala que la providencia contra la cual debió haberse intentado el amparo
constitucional, en principio, es el auto del 8 de noviembre de 1994 emitido por
el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá (ver supra 2.1.3 del
acápite de pruebas), por medio del cual se aprobó el acuerdo conciliatorio
alcanzado por Armando Luna Perdomo y por Bancolombia, arreglo que atañe a la
pensión de jubilación del primero. En este caso, la acción de tutela estaría
llamada a ser improcedente por cuanto rompería abiertamente con el principio de
inmediatez, principio que la
Corte no puede admitir que se burle, así como tampoco puede estimular la
práctica perversa, cuya finalidad es evitar la aplicación de este principio, y
que consiste en que, cuando ha transcurrido un largo tiempo desde la expedición
de una providencia y se pretenda instaurar una tutela en su contra, se inicie
antes otro proceso ante el juez natural de la causa, proceso que muy
probablemente no prosperará como consecuencia de la configuración de la cosa
juzgada, y contra esa última providencia se formule una acción de tutela que
respetará la inmediatez y que indirectamente estará dirigida en contra de la
primera providencia proferida mucho tiempo atrás.
5.5. No obstante ello, el artículo 13 del Código Sustantivo
del Trabajo dispone que no produce efecto alguno cualquier estipulación que
afecte o desconozca el mínimo de derechos y garantías consagradas en la
normatividad laboral a favor de los trabajadores, es decir que los pactos contra
legem se entienden como no escritos. En el caso concreto, esta norma es
perfectamente aplicable, pues no se trata de la pensión de vejez regulada en la
Ley 100 de 1993, sino que se trata de la pensión de jubilación recogida en el
artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo.
En efecto, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha asumido que las cláusulas mediante las cuales se
renuncia a derechos ciertos e indiscutibles se entienden como no escritas[95].
Así las cosas, las sentencias puestas en tela de juicio en
esta acción de tutela configuran un defecto sustantivo, en tanto omitieron la
aplicación del artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo, disposición que
materializa el mandato contenido en el artículo 53 de la
Constitución.
5.6. En contra de esta afirmación podría aducirse que la
referida disposición no fue citada por ninguna de las partes procesales y que,
en ese sentido, el juez no tenía la obligación de hacer uso de ella para la
resolución del caso concreto. Sin embargo, la existencia de la jurisdicción
parte de la premisa de que los jueces conocen el derecho objetivo (este
principio también se conoce con el aforismo latino iura novit curia), a
partir de lo cual se deduce “el antiguo adagio ‘narra mihi factum, dabo tibi
ius’, que indica que las normas y argumentos jurídicos sostenidos en la demanda
no son vinculantes para el fallador”[96]. Este último principio
se representa con la máxima ‘dame los hechos, yo te daré el derecho’.
5.7. Desde esta óptica, los jueces debieron entender la
cláusula atinente al monto de la pensión, incluida en el acuerdo conciliatorio
suscrito entre Armando Luna Perdomo y Bancolombia el 8 de noviembre de 1994,
como no escrita. Así pues, de una cláusula que se entiende como no escrita no
puede derivarse los efectos de la cosa juzgada, de tal suerte que los jueces
acá accionados debieron evaluar de fondo el asunto puesto a su consideración, a
la par que la excepción de cosa juzgada debió haber sido negada.
Siguiendo esta lógica, las autoridades judiciales demandadas tenían
la obligación constitucional de acceder a la pretensión de la indexación de la
primera mesada pensional, pues así lo ordena la
Constitución y la jurisprudencia de la
Corte Constitucional (ver supra 4.6 de las consideraciones).
5.8. Este cauce argumentativo emprendido por la
Sala, podría refutarse con el argumento de que el petente dispone de otro
mecanismo de defensa judicial, cual es demandar en la jurisdicción laboral la
nulidad del acuerdo conciliatorio por objeto ilícito y que, una vez declarado
nulo, inicie un nuevo proceso ordinario con el fin de que su primera mesada
pensional sea indexada, proceso en el que no habrá cosa juzgada pues la nulidad
hace desaparecer de la vida jurídica al arreglo conciliatorio.
Con todo, una postura de esta índole perfora la protección
especial de la que gozan las personas de la tercera edad de conformidad con la
doctrina constitucional, con el agravante que la indexación podría ser negada
en atención a la jurisprudencia de la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia que no admite este derecho a las personas que
causaron su pensión antes de 1991.
Encuentra claro la
Sala, entonces, que someter al actor del caso concreto a dos procesos
ordinarios laborales adicionales resulta desproporcionado, dado que la
protección de sus derechos fundamentales llegaría de manera tardía como
consecuencia de su avanzada edad.
5.9. En congruencia, esta Sala concederá el amparo y dejará
sin efectos la sentencia del 24 de noviembre de 2010 proferida por el
Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá y la sentencia del 13 de mayo de 2011 emitida por la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
providencias laborales que
estimularon la presentación de esta acción de tutela. Asimismo, ordenará a Bancolombia S.A. indexar la
primera mesada de la pensión de jubilación del señor Armando Luna Perdomo con
base en la variación del IPC, como sea que su edad lo exime de acudir ante un
juez para que declare nulo el acuerdo conciliatorio.
Igualmente, la parte resolutiva de esta providencia no
ordenará a las autoridades judiciales accionadas proferir una nueva sentencia
ajustada a las consideraciones acá exhibidas, tal como lo suele hacer esta
Corporación cuando conoce de tutelas contra providencias judiciales. Por el
contrario, la Sala ordenará de manera definitiva la indexación de la primera
mesada pensional, con sustento en la reiterada e inflexible posición de la
jurisdicción ordinaria que no concede el derecho a la indexación sobre las
pensiones causadas antes de 1991 y con sustento en la pertenencia del actor al
grupo especialmente protegido de personas de la tercera edad.
5.10.
En cuanto a la solicitud del accionante de que su pensión se reliquide con base
en todos los factores salariales devengados, incluyendo las primas
extralegales, la Sala ordenará a Bancolombia S.A. que, para el recálculo de la
pensión de jubilación del petente, tenga en cuenta todos los ingresos
percibidos por el accionante que constituyen salario, con arreglo al título V,
capítulo I del Código Sustantivo del Trabajo, y en especial al artículo 128 ibidem[97]. Con todo, debe notar la
Sala que la Convención Colectiva de Trabajo mencionada y aportada por el actor
(ver supra 2.1.1 del acápite de pruebas) para soportar el pago de primas
extralegales no le es aplicable, comoquiera que la vigencia de dicha Convención
inició con posterioridad a la fecha de terminación del contrato de trabajo suscrito
entre Armando Luna Perdomo y Bancolombia S.A.
5.11.
Habida consideración de que la
Sala está asumiendo de manera definitiva las órdenes sobre la reliquidación
pensional y la indexación de la primera mesada, le corresponde ordenar a
Bancolombia S.A. pagar al petente el monto de las mesadas pensionales ya
canceladas que, después de indexada y reliquidada la pensión, supere el valor inicialmente
reconocido a esta prestación. Para estos efectos, se ajustará el monto de las
mesadas pensionales ya pagadas, siempre y cuando éstas no hayan prescrito, de
acuerdo con el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y con el artículo
151 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Tercera de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.-
REVOCAR la sentencia proferida el quince (15) de noviembre de dos
mil once (2011) por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia y la sentencia proferida el seis (06) de septiembre
de dos mil once (2011) por la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso de tutela iniciado por Armando
Luna Perdomo contra Bancolombia S.A., el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del
Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala
Laboral-, y, en su lugar, CONCEDER el amparo definitivo de los derechos a
la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso del accionante.
Segundo.-
DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 24 de noviembre de 2010 proferida
por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá y la sentencia del 13 de mayo de
2011 emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, providencias de primera y
segunda instancia correspondientes al proceso ordinario laboral promovido por
Armando Luna Perdomo en contra de Bancolombia S.A.
Tercero.-
ORDENAR a Bancolombia S.A. reliquidar, dentro del término de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
providencia, la pensión de jubilación del ciudadano Armando Luna Perdomo,
tomando en consideración todos los ingresos percibidos por el accionante que
constituyen salario, con arreglo al título V, capítulo I del Código Sustantivo
del Trabajo, y en especial al artículo 128 ibidem.
Cuarto.- ORDENAR a
Bancolombia S.A. indexar, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la presente providencia, la primera mesada de
la pensión de jubilación del ciudadano Armando Luna Perdomo y empezar a hacer
el pago de las próximas mesadas en correspondencia con esta indexación.
Quinto.- ORDENAR a
Bancolombia S.A. pagar a favor de Armando Luna Perdomo, inmediatamente después
de realizada la reliquidación y la indexación ordenada en los numerales tercero
y cuarto de esta providencia, el monto que supere el valor de las mesadas
pensionales ya canceladas y no prescritas.
Sexto.- Por la
Secretaría General de esta Corporación, REMITIR al Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Bogotá el expediente
contentivo del proceso ordinario laboral número 2009-00863 instaurado por
Armando Luna Perdomo contra Bancolombia S.A.
Séptimo.- Por Secretaría, líbrese la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ADRIANA
MARÍA GUILLÉN ARANGO
Magistrada Ponente
(E)
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con
salvamento de voto
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO
DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA
T-320/12
Referencia: Expediente T-3302162
Acción de
tutela instaurada por Armando Luna Perdomo contra Bancolombia S.A., Juzgado
Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá y Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá –Sala Laboral-.
Magistrado Ponente:
ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
Mi discrepancia con la decisión
de mayoría la explico, sucintamente, así:
Se deja sin efecto la sentencia
emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá que, a su vez, confirmó la proferida por el Juzgado Segundo Laboral
Adjunto del Circuito de Bogotá, mediante la cual se declaró probada la cosa
juzgada en el proceso promovido por el demandante contra Bancolombia S.A., por
cuanto se consideró que lo relacionado con la pensión del Trabajador, incluido
su monto, y demás factores que la inciden, había sido resuelto en un proceso
anterior adelantado ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá,
Despacho Judicial que, el 8 de noviembre de 1994, aprobó la conciliación que
las partes celebraron en relación con dicha pensión, la cual se reconoció a
partir del 20 de noviembre de 1994, en cuantía inicial de un salario mínimo
mensual vigente, entregando además la entidad empleadora la suma de cuatro
millones de pesos ($4.000.000,00) M/CTE a título de retroactivo de la pensión.
Dicho acuerdo fue aprobado por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito en
consideración a que “con el anterior arreglo conciliatorio no se vulneran
derechos (sic) ciertos  e indiscutibles del demandante.”
En el año 2008, esto es, 14 años
después, el trabajador reclamó a la entidad empleadora el reconocimiento de la
indexación de la primera mesada, petición que le fue negada, razón por la cual
acudió en demanda laboral y tanto en primera como en segunda instancia se
negaron las pretensiones y se declaró la excepción de cosa juzgada, en la
medida en que el monto de la pensión fue objeto de un acuerdo conciliatorio
aprobado por un juez en el marco de un proceso ordinario.
A mi parecer, las providencias
judiciales que declararon la cosa juzgada están puestas en razón, pues, no cabe
duda que el asunto litigioso fue previamente conciliado y el acuerdo respectivo
fue avalado por un juez de la República a través de una decisión que causó
estado. Así las cosas no encuentro suficientemente justificada la consideración
según la cual los pronunciamientos impugnados incurrieron en un defecto
sustantivo por desconocimiento del artículo 13 del Código Sustantivo del
Trabajo al avalar unas cláusulas “contra legem” mediante las cuales el
trabajador renunció a derechos ciertos e indiscutibles, pues, si tal anomalía
llegó a ocurrir, lo cual no me resulta claro, ante la ausencia de una
argumentación certera que así lo evidencie no la cometieron los jueces
tutelados sino, eventualmente, ello sería predicable del Juez Quinto Laboral
del Circuito que aprobó la conciliación en el año 1994, esto es, mucho antes de
que se emitieran las sentencias C-862 de 2006 y C-891 A de 2006 sobre los
alcances de la indexación y su aplicación a pensiones causadas antes de la
expedición de la Constitución de 1991, con las que esta Corte inauguró y
posteriormente consolidó una nueva línea jurisprudencial sobre el punto. Las
providencias atacadas se limitaron a reconocer los efectos de la cosa juzgada
frente a una situación jurídica que no daba margen para proceder de manera
distinta. De donde cabe concluir que los jueces falladores, indefectiblemente,
actuaron como correspondía.
La anterior perspectiva de
análisis es asumida por la mayoría al expresar en las motivaciones del fallo:
“5.3. Si
esto es así, el juez ante el cual se celebró el proceso conciliatorio debió
improbar el arreglo acordado por las partes en conflicto, ya que su función es
velar porque las partes no renuncien a derechos ciertos e indiscutibles que
vicien de nulidad el negocio jurídico (ver supra 2.2, 2.6, 2.7 y 2.9 de las
consideraciones. Dado que el juez aprobó un acuerdo que versaba sobre derechos
ciertos e indiscutibles (ver supra 2.1.3 del acápite de pruebas, las partes
están facultadas para demandar en un proceso jurisdiccional la nulidad del
negocio jurídico por objeto ílicito.
5.4. En
este orden de ideas, no ignora la Sala que la providencia contra la cual debió
haberse intentado el amparo constitucional, en principio, es el auto del 8 de
noviembre de 1994 emitido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá
(ver supra 2.1.3 del acápite de pruebas), por medio del cual se aprobó el
acuerdo conciliatorio alcanzado por Armando Luna Perdomo y por Bancolombia,
arreglo que atañe a la pensión de jubilación del primero. En este caso, la
acción de tutela estaría llamada a ser improcedente por cuanto rompería
abiertamente con el principio de inmediatez, principio que la Corte no puede
admitir que se burle, así como tampoco puede estimular la práctica perversa,
cuya finalidad es evitar la aplicación de este principio, y que consiste en
que, cuando ha transcurrido, un largo tiempo desde la expedición de una
providencia y se pretenda instaurar una tutela en su contra, se inicié antes
otro proceso ante el juez natural de la causa, proceso que muy probablemente no
prosperará como consecuencia de la configuración de la cosa juzgada, y contra
esa última providencia se formule una acción de tutela que respetará la
inmediatez y que indirectamente estará dirigida en contra de la primera providencia
proferida mucho tiempo atrás.”
No obstante que la decisión que,
a juicio de la mayoría, ameritaba reproche no fue cuestionada a efectos de
darle prosperidad a la tutela, se le endilgó un vicio de procedibilidad de la
acción a unos pronunciamientos que se limitaron a reconocer los efectos de la
cosa juzgada a una actuación procesal que, por disposición legal expresa,
claramente estaba incursa en esa situación jurídica, omitiéndose el debido
análisis y escrutinio del proveído que, según  expresamente se reconoce, debió
impugnarse y que definitivamente no se desmandó, lo cual seguidamente se pasa
por alto con el argumento de que ello no era necesario porque el trabajador
había alcanzado una edad avanzada.
A mi juicio en este caso ha
debido dirigirse la tutela contra la decisión que supuestamente incorpora el
defecto orgánico que se pretende enmendar y no contra los proveídos aquí
cuestionados que, según lo antes expresado, no incorporan vicio alguno. Los
jueces tutelados no validaron clausulas o acuerdos desconocedores de derechos
ciertos e indiscutibles. Fue otra la decisión en la que, ello, según se afirma,
ello pudo ocurrir la cual, sin embargo, no se desmandó, ni se citó a quien la
profirió para que ejerciera su defensa.
No dudo que, bajo un enfoque que
propugne por la realización de la justicia material, las conclusiones a las que
llega la mayoría podrían tener algún sustento en el entendido de que, en casos
análogos, esta Corte ha reconocido el derecho a la indexación de las primera
mesada respecto de pensiones de jubilación causadas antes de la Constitución de
1991, solo que, en este caso, tal reconocimiento exigiría salvar previamente
claros obstáculos jurídicos, como los ya observados, que en esta oportunidad no
aparecen probatoriamente dilucidados  ni argumentativamente superados.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
[1]
Cuaderno 1, folio 2.
[2]
Cuaderno 1, folio 2.
[3]
Cuaderno 1, folio 2.
[4]
Cuaderno 1, folio 2.
[5]
Cuaderno 1, folio 2.
[6]
Cuaderno 1, folio 3.
[7]
Cuaderno 1, folio 3.
[8]
Cuaderno 1, folio 1.
[9]
Cuaderno 1, folio 4.
[10] Cuaderno
1, folio 4.
[11] Cuaderno 2, folio 14.
[12] Cuaderno
2, folio 14.
[13] Cuaderno 2, folio 14.
[14] Cuaderno
2, folio 15.
[15] Cuaderno 2, folio 15.
[16] Cuaderno
2, folio 20.
[17] Cuaderno 2, folio 20.
[18] Cuaderno
2, folio 21.
[19] Cuaderno 2, folio 26.
[20] Cuaderno 1, folio 16.
[21] Cuaderno 1, folio 27.
[22] En esta audiencia las
partes procesales expresaron: “[h]emos acordado conciliar todas y cada una
de las peticiones contenidas en el libelo demandatorio, las cuales se refieren
a derechos inciertos y discutibles, así como cualquier otro derecho derivado
directa o indirectamente de la relación laboral a que se refiere la misma
demanda, mediante reconocimiento y pago de […]:
“1.- La cantidad de
CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4.000.000.00), por concepto de retroactivos
de la pensión sanción reclamada, mesadas de la misma que quedan cubiertas hasta
octubre de 1994 […].
“2.- El valor de la
pensión sanción jubilatoria a favor del demandante, a partir del 20 de
noviembre de 1994, mes este [que] tendrá el valor mensual equivalente al
salario mínimo vigente en la presente fecha […]” (mayúsculas tomadas del
texto original).
En esta misma audiencia, la
juez del despacho impartió la aprobación del acuerdo conciliatorio, bajo el
entendido que con dicho acuerdo “no se vulneran derecho (sic) ciertos e
indiscutibles del demandante Señor ARMANDO LUNA” (mayúsculas tomadas del
texto original). En este sentido, advierte a las partes que el arreglo
conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y da por terminado el proceso
ordinario.
[23] Cuaderno
1, folio 44.
[24] Cuaderno
1, folio 45.
[25] Cuaderno
1, folio 48.
[26] Cuaderno 1, folio 47.
[27] Cuaderno
1, folio 49.
[28] Cuaderno 1, folio 49.
[29] Cuaderno
1, folio 51.
[30] Cuaderno 1, folio 51.
[31] Cuaderno
1, folio 57.
[32] Cuaderno 1, folio 63.
[33] Cuaderno
1, folio 64.
[34] Cuaderno
2, folio 4.
[35] Cuaderno
2, folio 77.
[36] Cuaderno
3, folio 8.
[37] Cuaderno
3, folio 10.
[38] Al respecto, ver las sentencias T-381 de 2004, C-590 de 2005, T-363 de
2006, T-565 de 2006, T-661 de 2007, T-213 de 2008, T-210 de 2008, T-249 de 2008
y T-1112 de 2008, entre otras.
[39] Sentencia
C-590 de 2005.
[40] Ibíd.
[41] Ibíd.
[42] Sentencia T-743 de 2008.
[43] Apoyada en este
precepto, la Corte Constitucional definió en sentencia T-723 de 2010 que la acción de tutela “procede de manera excepcional para el
amparo de los derechos fundamentales vulnerados, por cuanto se parte del
supuesto de que en un Estado Social de Derecho existen mecanismos judiciales
ordinarios para la satisfacción de tal pretensión. De este modo, sólo en el
evento en el que los derechos fundamentales resulten afectados o amenazados y
los mecanismos ordinarios sean a) ineficaces, b) inexistentes, o c) se
configure un perjuicio irremediable -condiciones que se analizan bajo las
circunstancias particulares del caso concreto- la acción de tutela es
procedente”.
[44] Siguiendo esta misma lógica, la
Corte aseveró en sentencia C-162 de 1998 que “la efectividad del medio
alternativo de defensa frente a la acción de tutela debe ser examinada en
concreto. En otras palabras, no basta que el otro medio de defensa se encuentre
plasmado, en forma abstracta, en el ordenamiento jurídico, sino que debe,
además, ofrecer la posibilidad de que, por su conducto, sea posible el
restablecimiento cierto y actual de los derechos fundamentales que el
demandante considera han sido amenazados o vulnerados”.
[45] Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. (Ver
sentencia C-590 de 2005).
[46] Aquellos casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión. (Ver sentencia C-590 de 2005).
[47] Se origina cuando el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido. (Ver sentencia C-590 de 2005).
[48] Surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. (Ver sentencia
C-590 de 2005).
[49] Se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta
derechos fundamentales. (Ver sentencia C-590 de 2005).
[50] Implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales
de su deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (Ver sentencia C-590 de 2005).
[51] Se presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
natural de la causa aplica una norma limitando sustancialmente dicho alcance. (Ver sentencia C-590 de 2005).
[52] “De acuerdo con el principio de informalidad, la acción de tutela no
se encuentra sujeta a formulas (sic) sacramentales ni a requisitos especiales,
que puedan desnaturalizar el sentido material de protección que la propia
Constitución quiere brindar a los derechos fundamentales de las personas por
conducto de los jueces. Con la implementación de la acción de tutela quiso el
constituyente del 91 satisfacer las necesidades de justicia material mediante
el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales,
motivo éste que explica por qué en el caso del amparo constitucional prevalece
la informalidad. En aplicación de este principio, la presentación de la acción
sólo requiere de una narración de los hechos que la originan, el
señalamiento del derecho que se considera amenazado o violado, sin que sea
necesario citar de manera expresa la norma constitucional infringida, y la
identificación de ser posible de la persona autora de la amenaza o agravio.
Adicionalmente, la presentación de la acción no requiere de apoderado
judicial,  y en caso de urgencia, o cuando el solicitante no sepa
escribir, o sea menor de edad, podrá ser ejercida de manera verbal”. C-483 de 2008.
[53] “El principio de oficiosidad, el cual se encuentra
íntimamente relacionado con el principio de informalidad,
se traduce en el papel activo que debe asumir el juez de tutela en la
conducción del proceso, no sólo en lo que tiene que ver con la interpretación
de la solicitud de amparo, sino también, en la búsqueda de los elementos que le
permitan comprender a cabalidad cuál es la situación que se somete a su
conocimiento, para con ello tomar una decisión de fondo que consulte la
justicia, que abarque íntegramente la problemática planteada, y de esta forma
provea una solución efectiva y adecuada, de tal manera que se protejan de
manera inmediata los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita si hay
lugar a ello”. C-483 de
2008.
“En efecto, en virtud de la oficiosidad e informalidad que
orientan el proceso de tutela, esta no puede ser denegada con base en
argumentos de tipo formalista o en factores que pueden ser fácilmente superados
por decisiones del juez constitucional”. T-1223 de 2005.
[54] Nótese
que, paradójicamente, estos espacios de libertad expresados en clave de
derechos, supuestamente intangibles por el Estado, están subordinados al derecho
y, por ende, “no se trata propiamente de derechos, pues una esfera libre
substraída al Derecho, no puede ser calificada como derecho. […] En este tema
[la garantía constitucional de los derechos de libertad] la
Teoría general del Estado enlaza una práctica por cierto muy discutible de las
modernas constituciones. Éstas contienen generalmente un catálogo de los
llamados derechos de libertad, los cuales históricamente tienen su origen en la
concepción iusnaturalista de unas normas absolutas que limitan al Estado. Estas
normas, procedentes primero de una fuente extraña al Estado, fueron después
incorporadas al contenido del Derecho positivo y, consiguientemente, se
convirtieron en normas del propio Estado. Ahora bien, en cuanto se presentan
como limitaciones que el Estado se impone a sí mismo, como normas que le
prohíben ciertas intromisiones en la esfera de libertad de los súbditos, son,
por lo menos, superfluas. […] El Estado sólo puede hacer –esto es, el hombre
como órgano del Estado, sólo puede hacer- lo que de un modo expreso le está
permitido por el orden jurídico.”. Cfr. KELSEN, Hans. Compendio
de Teoría General del Estado (1926). Estudio preliminar de Luis Recaséns
Siches. México: Colofón, 2000, p. 164-165.
[55] Con
todo, los derechos que se derivan de un acuerdo conciliatorio son, en última
instancia, exigibles ante un juez, dado que dichos acuerdos prestan mérito
ejecutivo (artículo 66 de la Ley 446 de 1998 y parágrafo 1° del artículo 1° de la
Ley 640 de 2001). De no ser así, no se podría hablar de derechos sino de
simples deseos, toda vez que la diferencia entre estas dos nociones radica en
que para los primeros, no para los segundos, existen jueces que pueden hacerlos
efectivos.
Por otro
lado, no todas las conciliaciones son prejudiciales o extrajudiciales sino que
también hay conciliaciones judiciales, pero en estos casos el proceso termina
anticipadamente cuando se logra un acuerdo conciliatorio ante el juez de la
causa.
[56] El
hecho de que un conciliador, así sea un juez fungiendo como conciliador,
homologue un acuerdo conciliatorio, no significa que éste se sanee de cualquier
vicio de inexistencia o de nulidad.
[57] “La nota
característica de este mecanismo de resolución de conflictos es la
voluntariedad de las partes para llegar a la solución de su controversia,
pues son ellas, ayudadas por el conciliador que no tiene una facultad
decisoria, quienes presentan las fórmulas de acuerdo con las que se espera
poner fin a sus divergencias. Es, entonces, un mecanismo de autocomposición
porque son las partes en conflicto y no un tercero, llámese juez o árbitro, quienes
acuerdan o componen sus diferencias” (resaltados tomados del texto
original). C-598 de 2011.
[58] En la sentencia C-598 de 2011, la
Corte declaró la inconstitucionalidad del parágrafo 2° del artículo 35 de la
Ley 640 de 2001, modificado por el artículo 52 de la
Ley 1395 de 2010, norma que disponía que no se admitirían en el proceso
jurisdiccional, en los asuntos civiles y de familia, las pruebas que las partes
hubiesen omitido aportar en el trámite de la conciliación prejudicial. En
aquella providencia, la Corte indicó que en la conciliación “son las partes y no el
conciliador, las que tienen la capacidad, la potencialidad de presentar las
fórmulas de acuerdo, conocedoras como nadie de los fundamentos de sus
pretensiones, sin necesidad de pruebas, como sí sucede en el proceso formal, en
donde precisamente el juez, como tercero ajeno a aquellas y dotado de
jurisdicción por la Constitución, es quien debe tomar la decisión, razón por la
que requiere que éstas le suministren los elementos de prueba que le den
sustento a las distintas pretensiones y que le permitan de forma razonada
llegar a un convencimiento sobre el aspecto que debe resolver, es decir,
mientras la conciliación se fundamenta en el carácter dispositivo y voluntario
de quienes acuden a ese mecanismo, el proceso judicial tiene en la decisión del
juez, como un tercero ajeno a las partes, una de sus características
esenciales, en donde éstas tienen la carga de afirmar y probar para que
el tercero pueda resolver la litis puesta a su conocimiento” (resaltados tomados del texto original). Asimismo, en las demás materias del derecho
susceptibles de ser conciliables y en las que se aportan pruebas al proceso
conciliatorio, el conciliador las observa para efectos del ejercicio de su
poder de homologación, pero no las valora como lo hace un juez en
cumplimiento de función jurisdiccional, es decir, no las sopesa en orden a
decidir cuál parte tiene la razón. Tan es así que el artículo 22 del Decreto
2511 de 1998, refiriéndose a la conciliación laboral específicamente, observa
que “[e]l juez directa y
personalmente actuará como conciliador y propondrá fórmulas de arreglo a las
partes, que no constituirán prejuzgamiento” (subrayas añadidas por la
Sala). Los artículo 25 y 26 de la Ley 640 de 2001, atinentes a la conciliación
extrajudicial y judicial en derecho administrativo respectivamente, aportan más
elementos para el entendimiento del papel que desempeñan las pruebas en la
conciliación, pues estos preceptos facultan a los conciliadores para solicitar
o decretar pruebas no aportadas por las partes “con el fin de establecer los
presupuestos de hecho y de derecho para la conformación del acuerdo
conciliatorio” (art. 25).
[59] Como bien lo manifestó esta Corte en la precitada
sentencia C-598 de 2011, la conciliación no es “un
dispositivo que tenga como fin principal la descongestión judicial, pues si
bien ésta se convierte en una excelente alternativa para evitarla,  no se le
puede tener ni tratar como si ésta fuera su única razón de ser” (resaltados tomados del texto original).
En esta misma línea argumentativa, la
Corte Constitucional en sentencia C-1195 de 2001 expresó que “[l]os
mecanismos alternativos de resolución de conflictos no representan una
desconfianza hacia la justicia estatal formal, sino un reconocimiento de que
procedimientos menos formales y alternativas de justicia autocompositiva
complementan las opciones a las cuales pueden acudir las personas para resolver
sus disputas. Por ello, mecanismos como la mediación y la conciliación, más que
medios para la descongestión judicial, son instrumentos para garantizar el
acceso efectivo a la justicia y promover la resolución pacífica de los
conflictos”.
[60] La
Corte en sentencia C-668 de 2004
subrayó que “en los últimos
años han adquirido gran relevancia las llamadas concepciones deliberativas
acerca de la democracia, que son defendidas por autores muy destacados y
diversos, como Habermas, Elster o Rawls, y en el ámbito latinoamericano, por
notables teóricos como Nino o Gargarella. A pesar de las obvias diferencias
entre estos autores, esta visión considera que la democracia no consiste
únicamente en la conversión de las preferencias privadas en decisiones
mayoritarias, por un simple proceso de agregación de las preferencias
personales, por cuanto la deliberación y justificación pública de las
decisiones legislativas es un elemento esencial de la legitimidad democrática.
Esto significa que para esta concepción, la validez de una decisión mayoritaria
no reside únicamente en que ésta haya sido adoptada por una mayoría sino además
en que ésta haya sido públicamente deliberada y discutida, de tal manera que
las distintas razones para justificar dicha decisión hayan sido debatidas,
sopesadas y conocidas por la ciudadanía. Por consiguiente, para esta
concepción, el proceso legislativo no debe ser únicamente un sistema de
agregación de preferencias sino que debe constituirse en una deliberación
pública, en la cual los representantes de los ciudadanos, sin olvidar los
intereses de los votantes que los eligieron, sin embargo discuten públicamente
y ofrecen razones sobre cuál es la mejor decisión que puede adoptarse en un
determinado punto”.
[61] Para Rawls, la razón
pública, a diferencia de las razones no públicas, supone que los individuos,
“[c]omo seres razonables y racionales, y sabiendo que profesan una diversidad
de doctrinas razonables, religiosas y filosóficas, deberían ser capaces de
explicarse unos a otros los fundamentos de sus actos en términos que cada cual
espere razonablemente que los demás puedan suscribir, por ser congruentes con
su libertad y su igualdad ante la ley. Tratar de satisfacer esta condición es
una de las tareas que nos pide cumplir este ideal de la política democrática.
Entender cómo debemos conducirnos como ciudadanos democráticos incluye la cabal
comprensión de un ideal de razón pública”. Cfr. RAWLS, John. Liberalismo
político (1993). Traducción de Sergio René Madero Báez. Bogotá: Fondo de
Cultura Económica, 1996, p. 208. Por lo tanto, las razones no públicas son aquellas
que no todos los ciudadanos podrían suscribir, así que “[e]ntre las razones
no públicas están las de asociaciones de toda clase: Iglesias y universidades,
sociedades científicas y grupos de profesionales”, grupos que perfectamente
pueden tener una manera de razonar pública pero sólo “respecto a sus
integrantes, pero no pública respecto a la sociedad política y a los ciudadanos
en general”. Cfr. Ibíd., p. 210.
[62] Sentencia C-660 de 1996.
[63] “[U]n gobierno basado
en el principio de la benevolencia hacia el pueblo, como el gobierno de un
padre sobre los hijos, es decir, un gobierno paternalista (imperium paternale),
en el que los súbditos, como hijos menores de edad que no pueden distinguir lo
que les es útil o dañoso, son constreñidos a comportarse tan sólo pasivamente,
para esperar que el jefe de Estado juzgue la manera en que ellos deben ser
felices, y a esperar que por su bondad él lo quiera, es el peor despotismo que
pueda imaginarse”. KANT, Immanuel. Citado por BOBBIO, Norberto. Liberalismo
y democracia (1985). México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1989, p. 24.
[64] Ciertamente la libertad
y la voluntad de las partes en una conciliación no es absoluta en un Estado de
derecho, pues esas partes deben estar guiadas por una causa lícita, ser
capaces, conciliar sobre un objeto lícito, etc. Es decir que la libertad a la
que se hace referencia acá es una libertad concedida por el ordenamiento
jurídico, diferente a la libertad que se tendría al margen de un sistema de
normas.
Con mucha razón Sigmund Freud, el padre del
psicoanálisis, creía que antes de la génesis del derecho las personas gozaban
de una libertad ilimitada, la cual el derecho redujo considerablemente. En
palabras de Costas Douzinas, “[l]a libertad no es una gracia de la civilización
y era mucho más grande, aunque irrealizable y poco práctica, antes de que
interviniera el derecho”. Cfr. DOUZINAS, Costas. El fin de los derechos
humanos (2000). Traducción de Ricardo Sanín Restrepo, Óscar
Guardiola-Rivera y Ómar Alonso Medina. Bogotá: Legis, 2008, p. 361. O sea que
la libertad que se ufana el derecho de conceder a los sujetos se reduce a la
misma libertad de la que gozaba Mr. Bones, el perro protagonista de la novela Timbuktu
de Paul Auster, cuando estaba atado a un cable que le permitía moverse con
‘libertad’ dentro de una zona determinada.
[65] Resulta
oportuno recordar que la expresión fuentes del derecho alude a la matriz a
partir de la cual surge una norma jurídica, razón por la cual es equívoco
indicar, como tradicionalmente lo ha hecho una parte de la doctrina y de la
jurisprudencia, que las fuentes del derecho son la
Constitución, la ley, el decreto, la sentencia, la ordenanza departamental, el
acuerdo municipal, etc., pues estos términos se refieren a la norma jurídica en
sí y no a su origen. De suerte que si se sostiene que éstas son las fuentes de
las normas jurídicas, en estricta lógica se estarían equiparando las fuentes
con las normas. Así pues, la fuente de la ley es el proceso legislativo, la
fuente de la Constitución es el proceso constituyente, la fuente de la
sentencia es el proceso jurisdiccional, etc. Por el contrario, carece de
sentido afirmar que la fuente de la ley es la ley, que la fuente del decreto es
el decreto, que la fuente del acuerdo municipal es el acuerdo municipal, etc.
En este mismo sentido, García Maynes entiende por fuentes formales del derecho “los
procesos de creación de las normas jurídicas”. Cfr. GARCÍA MAYNEZ, Eduardo.
Introducción al estudio del derecho. Trigésima cuarta edición. Buenos
Aires: Porrúa, 1982, p. 51. Por su parte, la sentencia C-083 de 1995 asumió
esta misma concepción de fuentes formales del derecho de García Maynez, “distinguiendo
con acierto la fase generadora, del producto que de ella resulta. Así, el
proceso legislativo, tras la reflexión y deliberación que él comporta, da lugar
a la ley; y el proceso consuetudinario, prolongado, espontáneo y anónimo,
produce la costumbre, donde a ella se le reconoce virtualidad normativa con
fuerza de derecho. Mediante esos métodos (caminos) se establecen (es decir se ponen)
las normas jurídicas que se llaman entonces derecho positivo” (resaltados tomados del texto original).
[66] La
eliminación del conflicto es una metáfora de la que se vale el derecho a fin de
que la figura de la cosa juzgada se explique. Sin embargo, es muy acertado
Kelsen para quien, “[v]isto el problema desde el punto de vista racional del
conocimiento, resulta que solamente existen intereses, y por tanto, conflictos
de intereses. La solución de estos conflictos puede lograrse por un orden que
satisfaga un interés a costa de otro, o bien por uno que se esfuerce por
establecer un compromiso entre intereses opuestos”. Cfr. KELSEN, Hans.
Metamorfosis de la idea de justicia (1947). Traducido por Óscar Morineau. En: Revista
de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. México: vol. 00, No. 44, 1949, p.
93. De allí que, materialmente, el derecho resuelva los conflictos
aunque necesariamente no los elimine.
[67] El
artículo 2483 del Código Civil señala que “[l]a transacción
produce el efecto de cosa juzgada en última instancia […]”. Por su lado, el
artículo 66 de la Ley 446 de 1998 aduce que “[e]l
acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación
presta mérito ejecutivo”. En este mismo
sentido, el artículo 78 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, a propósito de la conciliación judicial, estatuye que “[s]i
se llegare a un acuerdo se dejará constancia de sus términos en el acta
correspondiente, tendrá fuerza de cosa juzgada y su cumplimiento se llevará a
cabo dentro del plazo que él señale”.
[68] Artículo 2469 del Código Civil: “La transacción es
un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente
o precaven un litigio eventual.
“No
es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se
disputa”.
[69] En sentencia del 19 de
noviembre de 1959, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia detalló que “[e]s de la esencia de la transacción
que las partes se hagan mutuas concesiones, esto es, que cada una pierda parte
del derecho que cree tener. Si el acto se limita a reconocer derechos a una
sola de las partes o a renunciar a los que no se disputan, no hay transacción”.
[70] KELSEN, Hans. “Los
fundamentos de la democracia” (1955). En: KELSEN, Hans. Escritos sobre
democracia y socialismo. Selección y presentación de Juan Ruiz Manero.
Madrid: Debate, 1988, p. 231.
[71] Este
requisito de la causa lícita es un elemento autónomo de validez de los negocios
jurídicos, según los causalistas. Para los anticausalistas, por su parte, la
causa no es posible controlarla como elemento autónomo de existencia o de
validez, puesto que, de conformidad con el artículo 1524 del Código Civil, la
causa no hay que expresarla o manifestarla. Así pues, la causa, para esta
doctrina, se ubica dentro de la manifestación de voluntad.
[72] El artículo 1502 del Código Civil prevé que “[p]ara
que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es
necesario:
“1o.)
que sea legalmente capaz.
“2o.)
que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de
vicio.
“3o.)
que recaiga sobre un objeto lícito.
“4o.)
que tenga una causa lícita.
“La
capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el
ministerio o la autorización de otra”.
[73] Sentencia
del 25 de agosto de 1998 de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia. Radicado No. 10492.
[74] “Es deber del conciliador velar por que no se menoscaben los
derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles” (art. 8° de la Ley 640 de 2001).
[75] Frente
a esta omisión legislativa, la Corte aseguró en sentencia C-330 de 2000 que “[t]odos estos principios, si bien no han
sido compilados en un estatuto laboral de la manera como lo previó el
constituyente -en el artículo 53 Superior-, sí han gozado de plena protección
judicial a través de la jurisdicción constitucional, pues no cabe duda de que
parte de la eficacia sobre la que se apoya la vigencia del ordenamiento
jurídico -expresado en la
Constitución y las leyes-, depende de la protección del trabajo en general,
como actividad que dignifica la existencia humana, y del trabajador en
particular, como figura central del proceso de producción.  Para la
Corte ha sido evidente la relevancia que, a partir de la
Constitución del 91, ha ganado el derecho laboral dentro de la configuración
de un orden social y económico justo y más cercano a la realidad”.
[76] Esta
tutela reforzada sortea la preocupación que al profesor Taruffo le suscita los
mecanismos alternativos de solución de controversias, en los que “las
libertades de los sujetos débiles podrían ser compradas a bajo precio, el
respeto de las reglas institucionales podría ser objeto de negociación, [y]
sería posible minimizar el coste de la violación de derechos ajenos. En
definitiva, se entraría en una lógica de monetarización de las relaciones
jurídicas en la que los poderes económicos fuertes tendrían todo por ganar
porque impondrían fácilmente sus intereses a los sujetos débiles que se les
opusieran”. TARUFFO, Michele. La justicia civil: ¿opción residual o
alternativa posible? En: IBÁÑEZ, Perfecto Andrés (coordinador). Corrupción y estado de derecho: el papel de la jurisdicción. Madrid: Trotta,1996, p. 146.
[77] Artículo
53 de la Constitución Política y artículos 16, 24, 18 y 21 del Código
Sustantivo del Trabajo.
[78] Por
ejemplo, el artículo 2541 del Código Civil suspende la prescripción extintiva a
favor de los incapaces. Asimismo, los incapaces deben actuar a través de sus
representantes.
[79] Por
ejemplo, el artículo 18 de la Ley 820 de 2003 que proscribe que el canon
mensual de arrendamiento estipulado por las partes exceda el uno por ciento
(1%) del valor comercial del inmueble y el artículo 20 ibídem que
prohíbe que el reajuste anual del canon sea superior al incremento que haya
sufrido el índice de precios al consumidor.
[80] Así, el parágrafo del
artículo 8° de la Ley 640 de 2001 hace hincapié en
que “[e]s deber del conciliador velar por que no se menoscaben los derechos
ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles”.
[81] “En
el efecto laboral, lo mismo que en otros campos de la vida jurídica, el
consentimiento expresado por persona capaz y libre de vicios, como el error, la
fuerza o el dolo, tiene validez plena y efectos reconocidos por la ley, a menos
que dentro del ámbito laboral haya renuncia de derechos concretos, claros e
indiscutibles por parte del trabajador, que es el caso que tiene la obligación
de precaver el juez del trabajo cuando en su presencia quienes son o fueron
patrono y empleado formalizan un arreglo amigable de divergencias surgidas
durante el desarrollo del contrato de trabajo o al tiempo de su finalización”. Sentencia del 23 de agosto de 1983 de la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia.
[82] Sentencia del 08 de
junio de 2011 de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia. Radicado No. 35157.
[83] “Los derechos
adquiridos, han sido definidos como aquellos que se consolidan cuando se han
cumplido todos los presupuestos normativos exigidos bajo el imperio de una ley,
para que se predique el nacimiento de un derecho subjetivo. Configurado el
derecho bajo las condiciones fijadas por una norma, su titular puede exigirlo
plenamente, porque se entiende jurídicamente garantizado e incorporado al
patrimonio de esa persona”. C-663 de 2007.
Para una
compilación significativa de la doctrina acerca de la definición de derecho
adquirido, véase la sentencia C-168 de 1995.
[84] Sentencia
del 02 de julio de 2008 de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia. Radicado No. 31756.
[85] Mediante
la cual se analizó la exequibilidad del artículo 260 del Código Sustantivo del
Trabajo y se declaró el inciso segundo ajustado a la
Constitución en el entendido de que se debía indexar la primera mesada
pensional para todos los pensionados sin distinción alguna, comprendiendo
dentro de estos a aquellas personas que se pensionaron con anterioridad a la
Ley 100 de 1993.
[86] Sentencia C-862 de 2006.
[87] Ver al respecto, entre
otras, las sentencias T-447 de 2009, T-045 de 2004, T-805 de 2004, T-863 de
2002 y SU-120 de 2003.
[88] Cuaderno
1, folio 44.
[89] Sentencia
del 15 de mayo de 2007 de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia. Radicado No. 28010.
[90] Sentencia
del 20 de abril de 2007 de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia. Radicado No. 29470.
Esta
tesis sostenida por la Corte Suprema de Justicia, desde luego, raya con la
lógica jurídica, pues trae aparejada la consecuencia de que la
Constitución no tiene incidencia en las normas y en las situaciones jurídicas
anteriores a 1991. Por el contrario, las normas constitucionales, salvo
disposición expresa, son de carácter retroactivo para que así tenga algún
sentido el principio de supremacía constitucional. Si no fuese así, la
Corte no hubiese nunca analizado la constitucionalidad de una norma expedida
antes de 1991 ni existiera la institución de la inconstitucionalidad
sobreviniente. En otras palabras, se daría al traste con la supremacía
constitucional si pudieran convivir en el ordenamiento jurídico varias normas
que burlaran la Carta so pretexto de ser anteriores a 1991, escenario que
implicaría que esas normas preconstitucionales serían intocables por la
Constitución, y por ende, la Carta no sería, materialmente, superior a ellas
sino que sería al revés.
De hecho, el artículo 9° de
la Ley 153 de 1887 advierte que “[l]a
Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente.
Toda disposición legal anterior a la
Constitución y que sea claramente contraria a su letra o a su espíritu, se
desechará como insubsistente”.
[91] Si bien
la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia entiende que el cumplimiento de la edad no es un
requisito de causación sino que corresponde a un requisito de exigibilidad de
la pensión de jubilación, esta interpretación no tiene ninguna incidencia en el
caso concreto, pues, tanto la fecha de terminación del contrato de trabajo como
la fecha en que el petente cumplió 55 años de edad, son anteriores a 1991, es
decir que, de cualquier manera, la
Corte Suprema no accedería a la indexación de la primera mesada pensional.
[92] Cuaderno
4, folios 1 a 11.
[93] En
efecto, el actor asevera en la demanda que abrió el proceso laboral que terminó
anticipadamente con la conciliación del 08 de noviembre de 1994 que fue
despedido sin justa causa (ver supra 2.3.2 del acápite de pruebas), en
tanto que Bancolombia lo niega (ver supra 2.3.2 del acápite de pruebas),
con el agravante de que no se presenta ninguna prueba que constate si se
configuró o no una causal objetiva de despido.
[94] Desde luego que este
requisito se cumplió de manera ficta como consecuencia de la presunción,
pero de allí no podría argumentarse válidamente que este cumplimiento ficto es
diferente a que efectivamente el despido haya sido sin justa causa, puesto que
el derecho recurre a presunciones y ficciones para poder funcionar, de manera
que en el ámbito jurídico o en el mundo del deber ser se entiende cumplido el
requisito por la simple falta de prueba en contrario, más allá de que en la
realidad o en el mundo del ser no haya sido así.
[95] “En lo referente a las conciliaciones en materia
laboral, si bien, en cuanto cumplan las condiciones legales, están llamadas a
resolver las diferencias entre patronos y trabajadores en aspectos salariales y
prestacionales, carecen de fuerza, frente a la
Constitución, para hacer que el trabajador mediante ellas renuncie a derechos
suyos ciertos e indiscutibles, como es el caso de la pensión de jubilación, que
le debe ser reconocida y pagada cuando se cumplan los requisitos de ley para
obtenerla.
“Así,
pues, el alcance de las conciliaciones es relativo, en cuanto ponen fin a
controversias referentes a los derechos laborales de los cuales se trata en sus
textos, pero no pueden extenderse a derechos irrenunciables de los
trabajadores. Respecto de éstos las cláusulas de renuncia se tienen por no
escritas y no pueden oponerse válidamente a las pretensiones del reclamante si
lo que éste pide es la efectividad del derecho irrenunciable” (subrayas añadidas por la
Sala). T-1008 de 1999.
[96] Sentencia del 21 de
junio de 2011 de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia. Radicado No. 38224.
[97] No constituyen salario,
al tenor del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, “los beneficios o auxilios habituales u ocasionales
acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por
el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no
constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación,
habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad”
(subrayas añadidas por la Sala). Es decir, ante la ausencia de pacto expreso de
desalarización, estos conceptos constituyen salario.