C-592-98
Sentencia C-592/98
Sentencia
C-592/98
DERECHO A
INTERPONER ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Naturaleza política/DERECHO A INTERPONER ACCION
PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Objeto/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD
POR CIUDADANO EN EJERCICIO/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR
CONDENADO/INTERDICCION DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS-Impide instaurar
acción de inconstitucionalidad/CORTE CONSTITUCIONAL-Incompetencia por
falta de legitimación por activa
El derecho que sustenta la posibilidad de
instaurar acciones públicas de inconstitucionalidad es de naturaleza política,
y tiene por objeto la preservación del orden institucional en sí mismo, con
independencia de intereses individuales propios o ajenos, lo que significa que
está reservada a los nacionales colombianos y, entre éstos, a quienes hayan
alcanzado la ciudadanía y estén en el ejercicio de ella. El artículo 40 de la
Constitución reconoce a todo ciudadano el derecho a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político y manifiesta que, para
hacer efectivo ese derecho, puede "interponer acciones públicas en defensa
de la Constitución y de la ley", pero es evidente que tal derecho no puede
ser ejercido cuando, aun tratándose de un ciudadano, éste ha sido afectado por
la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas según
decisión judicial. No otra cosa surge del artículo 241 de la Constitución
cuando se refiere al ciudadano como sujeto activo único de las acciones de
inexequibilidad que ante la Corte Constitucional pueden intentarse. Luego si
quien sufre la pena de interdicción de derechos y funciones públicas presenta
una demanda ante la Corte Constitucional, ésta no puede resolver por falta de
legitimación del accionante, de lo cual resulta que la demanda debe ser
rechazada de plano, o proferir la Sala Plena sentencia inhibitoria.
JUSTICIA REGIONAL-Todos los delitos conllevan pena de
prisión y de interdicción de derechos y funciones públicas/INTERDICCION DE
DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS-Prohibición de instaurar acción de
inconstitucionalidad/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Fallo inhibitorio por
falta de legitimación por activa
Por su gravedad,
los delitos de competencia de la Justicia Regional  se incriminan en todos los
casos con prisión como pena principal y esta conlleva como pena accesoria, la
de interdicción de derechos y funciones públicas. Por lo expuesto, debe la
Corte declararse inhibida para conocer de la demanda contra la totalidad de la
Ley 415, por carencia de legitimación activa de los internos de la Cárcel del
Distrito Judicial de Armenia, para ser demandantes en estrado de
constitucionalidad, dado que su condición de condenados por la Justicia
Regional a pena de prisión conlleva, en todos los casos, la pena concurrente de
interdicción de derechos y funciones públicas, la cual comporta la suspensión
de los  derechos ciudadanos de tipo político que, entre otras, acarrea la
prohibición de hacer uso de la acción ciudadana de inconstitucionalidad.
IGUALDAD ANTE LA
LEY PENAL-Competencia del
Congreso para establecer regímenes diferenciados de juzgamiento y tratamiento
penitenciario/PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD DE LA LEY PENAL
El Legislador, en
ejercicio de las competencias constitucionales de las que es titular, puede
establecer procedimientos distintos y consagrar regímenes diferenciados para el
juzgamiento y tratamiento penitenciario de delitos y contravenciones, pudiendo,
incluso, realizar diferenciaciones dentro de cada uno de estos grupos, en la
medida en que unos y otros se fundamenten en criterios de razonabilidad y
proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales como,
la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, la mayor o menor repercusión
que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en
el orden social, así como el grado de culpabilidad, entre otros. La
consecuencia obvia y lógica de lo anterior, es que el tratamiento penitenciario
de los condenados por delitos de mayor entidad y gravedad, sea más severo que
el dado a las conductas de menor gravedad.
IGUALDAD ANTE LA
LEY PENAL-No es sinónimo
de identidad absoluta/IGUALDAD ANTE LA LEY PENAL-Proporcionalidad y
razonabilidad de trato diferenciado de procesados
PENA-Fines/FUNCION RESOCIALIZADORA DE LA
PENA
LIBERTAD
CONDICIONAL-Diferentes
regímenes
A partir de la
vigencia de la Ley 415 de 1997, conocida como Ley de alternatividad penal,
coexisten en el ordenamiento penal colombiano dos regímenes distintos de
aplicación de la figura de la  libertad condicional. El primero, contemplado en
el artículo 72 Código Penal, beneficia al condenado que hubiere cumplido las
dos terceras (2/3) partes de su condena, siempre que su personalidad,
antecedentes y buena conducta en el establecimiento carcelario, permitan
suponer, por parte del juez, su readaptación social. El nuevo, consagrado por
el acusado artículo 72a del Código Penal, se aplica al condenado que hubiere
cumplido las tres quintas (3/5) partes de la condena, que haya observado buena
conducta y que carezca de orden de captura en su contra, siempre y cuando, en
esta modalidad, no se encuentre vinculado a condenas por delitos expresamente
excluidos por la norma de este beneficio, por relacionarse con aquellas
conductas que causan mayor impacto social o colectivo, tales como, el
enriquecimiento ilícito, el homicidio, las lesiones personales agravadas, los
delitos de la competencia de la justicia regional, los delitos contra la
delincuencia organizada, el lavado de activos y los conexos con todos los
anteriores.
CONCESION DE
BENEFICIOS PENITENCIARIOS-Regímenes
diferenciados atendiendo la gravedad del hecho punible/AUTONOMIA LEGISLATIVA
DEL CONGRESO PARA DESARROLLAR POLITICA CRIMINAL
La Corte estima
que es plenamente válido, desde el punto de vista constitucional, que el
Legislador, en consideración a razones de política criminal que consultan la
realidad material de la gravísima coyuntura que afronta tanto el país como su
sistema carcelario, someta a regímenes diferenciados la concesión de los
beneficios de la libertad condicional, el permiso de salida y el trabajo
comunitario, respecto de condenados  cuyo único denominador común es el de
encontrarse privados de la libertad, y que ameritan recibir un tratamiento
diferencial, por corresponder su conducta a realidades que ontológica y
materialmente son diferentes, por lo cual, jurídicamente, no pueden ser
valoradas ni tratadas por el Legislador de la misma forma; so pena, ahí sí, de
transgredir en forma flagrante la Constitución.
FUNCION
RESOCIALIZADORA DE LA PENA-No
menoscabo por regímenes diferenciados de beneficios penales/AUTONOMIA
LEGISLATIVA DEL CONGRESO PARA CAMBIAR LEGISLACION PENAL
No encuentra la
Corte que se contraríe el artículo 93 de la Carta, en concordancia con el
artículo 10., numeral 3º. del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos  de las Naciones Unidas pues, repárese en que la función
resocializadora de la pena no sufre menoscabo por el hecho de que el Legislador
someta la concesión de la libertad condicional a regímenes diferenciados, con
fundamento en el interés social y la gravedad de las conductas delictuales que
afectan bienes jurídicos que por su trascendental valor social, merecen
distinguirse para darles una protección y un tratamiento jurídico que guarde
proporcionalidad con su importancia, y que se diferencie del dado a otros
bienes jurídicos que no tienen la misma entidad. No se olvide, por demás, que
aún cuando la pena, en su fase de ejecución, tenga principalmente un propósito
resocializador, ello no significa que no cumpla también con la función de
prevención por la vía de la disuasión general, que es tan importante como la de
resocialización.
PRINCIPIO NON BIS
IN IDEM-No transgresión
por régimen benévolo de libertad condicional/PRINCIPIO DE AUTONOMIA
FUNCIONAL DEL JUEZ-No violación por régimen de libertad condicional
La Corte no
encuentra razones que permitan válidamente sostener que el régimen benévolo de
concesión de la libertad condicional previsto en el nuevo artículo 72ª del
Código Penal, que corresponde al impugnado artículo 1º. de la Ley 415, comporte
el desconocimiento del principio del non bis in idem. El régimen diferencial de
concesión de la libertad condicional, no se traduce en un aumento de la pena
impuesta a los condenados internos en los establecimientos penitenciarios y
carcelarios. Tampoco agrava el quantum de sus condenas, ni modifica las
condiciones a las que, para  la aplicación de este beneficio, se encontraban
sometidos con anterioridad a la expedición de la Ley 415. Tanto en la actual
regulación, como en la anterior,  el otorgamiento de un beneficio posterior a
la condena, continúa estando supeditado, tanto al cumplimiento de los
requisitos que fija el legislador y cuya concurrencia en el caso concreto
valora el Juez, como a la observancia de las obligaciones que éste le imponga,
en consonancia con lo preceptuado en la misma regulación del subrogado penal.
Por ello, tampoco comparte la Corporación  la aseveración según la cual el
beneficio de la libertad condicional se aplica, prácticamente, de manera
automática respecto de los procesados por los delitos no excluidos del mismo.
Nótese que su concesión exige que el Juez de ejecución de penas y medidas de
seguridad, haga una valoración de la conducta del interno durante el término de
reclusión, que lo lleve a la convicción de que esta ha sido buena.
PRINCIPIO DE
AUTONOMIA FUNCIONAL DEL JUEZ-No
se vulnera al deferir facultades en autoridad administrativa
Las funciones que
se asignan al Director del respectivo centro penitenciario o carcelario y al
Alcalde Municipal, en nada sustituyen las de valoración judicial, ni comportan
ejercicio de competencias jurisdiccionales reservadas constitucionalmente al
fuero privativo de los jueces. Dichas autoridades definen aspectos puntuales
relacionados con "las condiciones de prestación del servicio y vigilancia
para el desarrollo de tales actividades" que, por ser de naturaleza
eminentemente operativa, bien puede el Legislador deferir en autoridades
administrativas.
PRESUNCION DE
INOCENCIA-Compatibilidad
con potestad punitiva del Estado/PRESUNCION DE INOCENCIA-Condenado que
es investigado en una causa distinta
La efectividad de
la presunción de inocencia no equivale a la mengua de otros deberes
constitucionales, como el de administrar justicia en materia penal. La Corte es
enfática en señalar que el condenado que resulta investigado en una causa
distinta, mantiene incólume la presunción de inocencia, a consecuencia de lo
cual, la carga de la prueba respecto del nuevo proceso sigue radicada en cabeza
del Estado. Así las cosas, el condenado que tiene la calidad de imputado en
otro proceso, puede  realizar todas las actuaciones que se desprenden de la
garantía constitucional del debido proceso.
Referencia: Expedientes D-1959, D-1961, D-1963 y D-1977 (acumulados).
Acción pública de inconstitucionalidad en contra de la totalidad
normativa de la ley 415 de 1997 y contra sus artículos 1º, (parcial),
2o,(parcial) y 3º. (parcial), respectivamente, “por la cual se consagran normas
de alternatividad penal y penitenciaria y se dictan otras disposiciones
tendientes a descongestionar los establecimientos carcelarios del país”.
Actores: Jaime Enrique Lozano, Aldemar Bustos Tafur, Pedro Pablo
Camargo, Jorge Eliécer Pineda Largo y otros internos en la Cárcel del Distrito
Judicial de Armenia, condenados por la justicia regional
Temas:
El recluso condenado y la condición de ciudadano en ejercicio de los
derechos políticos, presupuesto sustancial de procedibilidad de la acción  de
inconstitucionalidad.
Los regímenes diferenciados de concesión de beneficios penitenciarios
frente a la Igualdad ante la Ley Penal y a la función resocializadora de la
Pena
Magistrado Ponente:
Dr. FABIO MORON DIAZ.
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá D.C.,  a
octubre veintiuno (21) de mil novecientos noventa y ocho (1998), mediante Acta
No. 43
I.  ANTECEDENTES
El ciudadano JORGE
ELIECER PINEDA LARGO y otros internos recluidos en la Cárcel del
Distrito Judicial  de Armenia, condenados por la Justicia Regional (expediente
D-1977), solicitan a la Corte declarar inexequible en su totalidad la Ley 415
de 1997 “por la cual se consagran normas de alternatividad en la legislación
penal y penitenciaria y se dictan otras disposiciones tendientes a
descongestionar los establecimientos carcelarios del país”.
Por otra parte, los
ciudadanos JAIME ENRIQUE LOZANO (expediente D-1959), ALDEMAR BUSTOS
TAFUR (expediente D-1961), PEDRO PABLO CAMARGO (expediente D-1963),
en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en la
Constitución Política de 1991 piden a la Corte declarar inexequibles algunos
apartes de los artículos 1º (parcial), 2º (parcial) y 3º (parcial) de la
antecitada Ley 415 de 1997.
Una vez admitidas
las demandas por separado, la Sala Plena de ésta Corporación, mediante auto de
fecha 11 de febrero de 1997, decidió acumular los expedientes para ser
decididos en una misma sentencia.
Cumplido lo
anterior, se fijó en lista el negocio y, simultáneamente, se corrió traslado al
despacho del señor Procurador General de la Nación, para efectos de obtener el
concepto de su competencia. Además, se comunicó la iniciación del proceso al
señor Presidente de la República, a los señores Presidentes del Senado y de la
Cámara de Representantes, al señor Fiscal General de la Nación, al señor
Defensor del Pueblo, a la entonces señora Ministra de Justicia y del Derecho,
así como al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-,
al Representante legal del Colegio Nacional de Abogados Penalistas y al
Representante Legal de la Comisión Andina de Juristas.
Cumplidos como están
los trámites propios de esta clase de actuaciones, la Corte Constitucional
procede a adoptar su decisión.
II. EL
TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS
A continuación se
transcribe el texto de la Ley demandada, de acuerdo a su publicación en el
Diario Oficial No. 43199  del martes 23 de diciembre de 1997, subrayándose los
apartes parcialmente acusados:
“LEY 415 DE
1997
(DICIEMBRE
19)
“Por la cual
se consagran normas de alternatividad en la legislación penal y penitenciaria y
se dictan otras disposiciones tendientes a descongestionar los establecimientos
carcelarios del país”.
El Congreso de
Colombia
DECRETA:
“Art. 1º El
Código Penal tendrá un nuevo artículo 72ª del siguiente tenor:
.
Artículo 72ª.- Con
excepción de los delitos de: Enriquecimiento ilícito; homicidio agravado o
lesiones personales agravadas por virtud de las causales 2,4,5 y 8 del artículo
30 de la Ley 40 de 1993; secuestro, extorsión, hurto calificado; los delitos
dolosos previstos en la Ley 30 de 1986; los delitos previstos en el Decreto ley
2266 de 1991, excepto los de porte ilegal de armas de defen-
sa personal,
interceptación de correspondencia oficial, utilización ilegal de uniformes o
insignias y  amenazas personales o familiares; los delitos previstos  en la Ley
190 de 1995, excepto cohecho por dar u ofrecer, prevaricato y utilización
indebida de información privilegiada; los delitos previstos en la Ley 360 de
1997 y en la Ley 365 de 1997 y los delitos conexos con todos los anteriores,
los cuales continuarán bajo el régimen del artículo 72 del Código Penal; para
los demás delitos el
beneficio de la libertad  condicional se concederá de la siguiente
manera:
El juez concederá
la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad mayor de
tres  (3) años, cuando haya cumplido las tres quintas partes (3/5) de la
condena, siempre que haya observado buena conducta en el establecimiento
carcelario.
Parágrafo.-
Salvo que exista orden de captura vigente en su contra, no podrá
negarse el beneficio de la libertad condicional atendiendo a los antecedentes
penales o circunstancias tenidas en cuenta en la sentencia para dosificar la
pena o negar la condena de ejecución condicional.
Artículo 2º.- La
Ley 65 de 1993 tendrá un nuevo artículo 99A del siguiente tenor:
ARTICULO 99 A.-
Trabajo comunitario.- Los condenados a penas de prisión o arresto que no excedan
de cuatro años, podrán desarrollar trabajos comunitarios de mantenimiento,
aseo, obras públicas, ornato o reforestación, en el perímetro urbano o rural de
la ciudad o municipio sede del respectivo centro carcelario o penitenciario. El
tiempo dedicado a tales actividades redimirá la pena en los términos previstos
en la Ley 65 de 1993.
Para el
efecto, el Director del respectivo centro penitenciario o carcelario podrá
acordar o fijar con el Alcalde Municipal las condiciones de la prestación del
servicio y vigilancia para el desarrollo de tales actividades.
Los internos
dedicados a las labores enunciadas deberán pernoctar en los respectivos centros
carcelarios o penitenciarios. El Gobierno Nacional reglamentará la materia
dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia de la presente Ley.
ARTICULO 3º.-  La
Ley 65 de 1993 tendrá un nuevo artículo 147 A del siguiente tenor:
Artículo 147ª.-
Permiso de salida.- El Director Regional del INPEC podrá conceder
permisos de salida sin vigilancia durante quince (15) días continuos y sin que
excedan de sesenta (60) días al año, al condenado que le sea negado el
beneficio de la libertad condicional, siempre que estén dados los siguientes
requisitos:
1.- Haber
observado buena conducta en el centro de reclusión de acuerdo con la
certificación que para el efecto expida el Consejo de Disciplina respectivo, o
quien haga sus veces.
2.- Haber
cumplido al menos las cuatro quintas partes (4/5) de la condena.
3.- No tener
orden de captura vigente.  Sin perjuicio de la responsabilidad penal o
disciplinaria que le asista al funcionario judicial, se entenderá que el
condenado carece de órdenes de captura, únicamente para efectos de este
beneficio, si transcurridos treinta (30) días de haberse radicado la
solicitud de información ante las autoridades competentes, no se ha obtenido su
respuesta.
4.- No registrar
fuga o intento de ella durante el desarrollo del proceso o la ejecución de la
sentencia.
5.- Haber
trabajado, estudiado o enseñado durante el período que lleva de reclusión.
El condenado que
observare mala conducta en uso del permiso a que se refiere la presente
disposición o retardare su presentación al establecimiento carcelario sin justa
causa, no podrá hacerse merecedor a este beneficio durante los seis (6) meses
siguientes, o definitivamente si incurre en otro delito o contravención
especial de policía.
Artículo 4º.-  La
Ley  65 de 1993 tendrá un nuevo artículo 147B del siguiente tenor:
Artículo 147B.-
Con el fin de afianzar la unidad familiar y procurar la readaptación social, el
Director Regional del INPEC podrá conceder permisos de salida por los fines de
semana, incluyendo Lunes festivos, al condenado que le fuere negado el
beneficio de la libertad condicional y haya cumplido las cuatro quintas (4/5)
partes de la condena, siempre que se reúnan los requisitos señalados en el
artículo anterior.
Estos permisos se
otorgarán cada dos (2) semanas y por el periodo que reste de la condena.
(…).
III. LOS CARGOS
El demandante Jorge
Eliécer Pineda Largo, coadyuvado por otros  internos recluidos en la Cárcel del
Distrito Judicial de Armenia, que fueron condenados a penas de prisión por la
Justicia Regional, demandan la totalidad de la Ley 415 de 1997, por estimarla
violatoria del principio de igualdad ante la Ley Penal.
Los demandantes
Jaime Enrique Lozano, Aldemar Bustos Tafur y Pedro Pablo Camargo  acusan el  inciso
primero del artículo 1º. de la Ley 415 de 1997, que adiciona el Código Penal
con un nuevo artículo, el 72ª,  por estimarlo violatorio de los artículos
1., 5, 13, 29, 93, 228 y 229 de la Constitución Política.
El demandante Jaime
Enrique Lozano acusa además el parágrafo del mencionado artículo 72A, en la
expresión “salvo que exista orden de captura vigente en su contra”; Igualmente,
del artículo 2º. de la Ley 415 de 1997, que adiciona la Ley 65 de 1993
-Código Penitenciario y Carcelario- con un nuevo artículo, el 99A impugna
el aparte “que no excedan de cuatro (4) años”  del inciso primero, y su
inciso segundo, por encontrarlos violatorios de los artículos 1º,13, 28
y 29 de la Constitución Política.
Por último, del
numeral 3º del artículo nuevo artículo 147ª, con el cual el artículo 3º.
de la Ley 415 de 1997 adiciona la Ley 65 de 1993 -Código Penitenciario y
Carcelario-, tacha las expresiones       “judicial”  y la frase “únicamente
para efectos de este beneficio”, por estimarlas violatorias de los
artículos 13 y 22 Constitucionales.
1.- VIOLACION DEL
DERECHO A LA IGUALDAD
Todos los
demandantes coinciden en afirmar que las normas acusadas transgreden el derecho
a la igualdad, consagrado en el artículo 13 C.P., en el artículo 24 del Pacto
de San José y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de las Naciones Unidas, al consagrar beneficios predicables tan sólo
respecto de algunos condenados, atendida la naturaleza del delito que
cometieron.
En su opinión, los
condenados excluidos del subrogado penal consagrado en el artículo 72A del
Código Penal, resultarían recibiendo un trato discriminatorio por la sola
circunstancia de revestir mayor gravedad los delitos que cometieron. La
Constitución Política, afirman,  impide al  Legislador dar un tratamiento
jurídico penal distinto a  los condenados en función de la mayor o menor
gravedad de los delitos cometidos.
Igualmente estiman
que el negar, para ciertos delitos, el beneficio de la libertad condicional se
traduce en una transgresión al principio del non bis in ídem, pues tal
tratamiento discriminatorio equivale a la imposición de una nueva sanción, y
que para los procesados por los delitos no excluidos en el segmento atacado, es
prácticamente automática, lo cual implica un claro deterioro de los derechos de
los sentenciados por delitos excluidos per se del acceso al nuevo
subrogado penal allí contemplado.
2. VIOLACION DEL
PRINCIPIO DE LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA JUDICIAL:
El mismo
razonamiento conduce a los demandantes a sostener que en virtud de lo previsto
en el precepto tachado, la independencia y autonomía judicial que los artículos
228 y 230 del Estatuto Supremo consagran, sufren menoscabo,  pues se mengua al
Juez de  Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la posibilidad de valorar,
en cada caso concreto, los antecedentes, tanto del hecho punible cometido, como
de la personalidad y buena conducta del reo, lo cual, a su juicio, recorta
apreciablemente su potestad discrecional de valoración judicial.
Con base en el
artículo 93 de la Carta, arguyen que el acusado artículo 1º. de la  Ley 415
contraría el artículo 10., numeral 3º. del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, aprobado por Colombia mediante la
Ley 74 de 1968, a cuyo tenor “ el régimen penitenciario consistirá en un
tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de
los penados”, dando a entender que negar a algunos condenados el beneficio de
la libertad condicional con fundamento en el delito cometido, riñe con la
finalidad resocializadora que debe tener la pena para todo infractor de la ley
penal.
Así las cosas, de
proseguir vigente la Ley, aseveran, sobraría cualquier intento de estructurar
una política criminal seria, coherente y a largo plazo, en la que se tenga en
cuenta la nueva axiología constitucional cuyo fin último es la persona. En su
opinión, se olvidaría que el Derecho Penal, en tanto disciplina que se ocupa de
los comportamientos humanos al consagrar el instituto de los subrogados penales
(condena de ejecución condicional, libertad condicional, suspensión de la
ejecución de la pena, etc.) otorga especial consideración al estudio progresivo
y sistemático del comportamiento del sentenciado, para que, en específicos
casos, se prescinda del total cumplimiento de la sanción privativa de la
libertad trocándola en obligaciones que conllevan mayores y mejores beneficios
tanto al penado como a la sociedad.
Por último,
consideran que siendo Colombia un Estado social de derecho, fundado en el
respeto de la dignidad humana, el legislador no puede so pretexto de
“descongestionar” las cárceles del país, desvertebrar una política criminal que
en forma, por demás, incipiente, se ha querido estructurar desde los códigos
básicos del ordenamiento penal.
3. VIOLACION DEL
PRINCIPIO DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Para los demandantes
la expresión “salvo que exista orden de captura vigente en su contra” contenida
en el parágrafo del artículo 1º. de Ley 415, viola los artículos 29 y 248 de la
Carta pues, para efectos de estudiar la viabilidad de acceder al goce de un
subrogado penal, no le es dable al legislador asimilar una simple orden de
captura a un “antecedente” en los términos del artículo 248 de la Carta
Política.
El parágrafo citado,
sostienen, invierte la carga de la prueba en desmedro del imputado o sindicado,
quien es el que termina teniendo que demostrar que es inocente, cuando es al
“aparato jurisdiccional” del Estado al que le compete desvirtuar tal presunción
de inocencia, bajo las reglas del debido proceso, comprobándole fehacientemente
su culpabilidad.
En criterio de los
demandantes, no es el funcionario judicial el competente para
llevar registros de antecedentes y ordenes de captura expedidas ya que ello es
función y competencia del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, de la
DIJIN organismo adscrito a la Policía Nacional y del CISDAD organismo vinculado
a la Fiscalía General de la Nación, según el Decreto 2398 de 1986, lo que torna
ilógico que el numeral 3º del nuevo artículo 147ª, con el cual el artículo 3º
de la acusada ley 425 de 1997 adiciona la ley 65 de 1993, hable de funcionario
“judicial” en clara vulneración de los artículos 6º y 121 de la Constitución
Política, sumado al hecho de que se presuma legislativamente que un condenado
carece de antecedentes u órdenes de captura “únicamente para efectos del
beneficio establecido en la norma parcialmente acusada, lo cual,
estiman, carece de razonabilidad legislativa pues se legisló sólo para un grupo
de ciudadanos en detrimento del derecho a la igualdad.
En cuanto al
“permiso de salida” ésta posibilidad riñe igualmente con el principio de la
igualdad pues será para beneficio, únicamente, de unos cuantos, los cuales
serán escogidos por los funcionarios administrativos que tramiten prontamente
los antecedentes penales de cada condenado que escojan a su arbitrio,
excluyendo a los que en cambio no se les respondió en tiempo la solicitud de
antecedentes.
Para los actores,
dichos apartes vulneran el derecho a la igualdad, toda vez que los subrogados y
beneficios penales sólo tienen aplicación para algunos cuantos, discriminando a
los demás condenados de su aplicación y beneficio. En su parecer, se trasladan
funciones eminentemente jurídicas a funcionarios administrativos, quienes, por
orden del legislador serían los encargados de determinar la clase de servicio
comunitario, su intensidad horaria y la clase de vigilancia que se suministrará
para cada caso específico. De esta manera, sostienen, usurpan las funciones
judiciales que en los términos de los artículos 6º y 29 de la Carta Política,
le competen de manera exclusiva a la Rama Judicial.
IV. INTERVENCIONES
DE AUTORIDADES
1. Fiscal General de la Nación.
El Señor Fiscal
General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, interviene en el proceso para
defender  la constitucionalidad de la Ley acusada.
Para desvirtuar la
supuesta violación del derecho a la igualdad, principal cargo formulado por los
demandantes, señala que la inconstitucionalidad que se endilga a la ley
demandada es la consecuencia de una valoración incorrecta de los alcances del
artículo 13 “toda vez que le otorgan un contenido material que predica la
aplicación irrestricta de las normas a todos los ciudadanos”  la cual
“no tiene en cuenta “las condiciones o eventos especiales que tornarían la
Ley injusta”  y a cuya luz, el Legislador debe establecer diferenciaciones
para que se concrete el contenido material del principio.
La propia Carta
Política, sostiene, “obliga al Legislador a adoptar las medidas para hacerla
efectiva, de donde se desprende que quien hace las Leyes tiene la facultad de
establecer distinciones.”
En su criterio “la
condición de que todas las personas nacen libres e iguales ante la
Ley”,  es un elemento meramente formal que no le impide al legislador
establecer diferenciaciones para que de ésta forma se concrete el contenido
material del principio”. En este sentido señala, la Carta Política obliga al
legislador a adoptar medidas que hagan efectivos y aplicables los principios y
derechos fundamentales consagrados en la misma, y por tal motivo también tiene
la facultad de hacer distinciones.
Contrariamente a los
argumentos que esgrimen los demandantes, el Señor Fiscal estima que el derecho
a la igualdad no puede tener como cortapisa la concepción de que el derecho a
la igualdad es absoluto, pues tal concepción invitaría, tanto al legislador
como al juez, a convertir sus acciones en arbitrarias. Respecto de lo anterior,
anota que la jurisprudencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de
Alemania, ha estimado que el derecho a la igualdad en el marco de la justicia se
debe entender como prohibición de la arbitrariedad, y que la igualdad
sustancial equivale  a aplicar desigualmente la arbitrariedad; contrario
sensu una desigualdad sustancial equivale a aplicar por igual la
arbitrariedad. Estos elementos, observa, definen un margen de acción que no
implica la desaparición de la discrecionalidad por parte del legislador.
Frente a los demás
argumentos, esto es, a los que indican que la norma establece discriminaciones
injustificadas, toda vez que la aplicación del subrogado penal,  permite sólo
para los condenados por algunas conductas punibles, el Fiscal General de la
Nación estima que el alcance de la discriminación como acto violatorio del
derecho a la igualdad se da en los eventos en que la Ley o la decisión del juzgador
causa perjuicios a un individuo o grupo de individuos teniendo en cuenta
criterios que en realidad esconden prejuicios sociales o culturales, tales como
el sexo, raza, estirpe o condición. No para casos como los específicamente
estudiados en la demanda.
En su opinión, para
el caso concreto de constitucionalidad que se discute no hay lugar a predicar
discriminación, pues, a su juicio, la Ley está reiterando lo que ha establecido
la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto del trato diferenciado
por conductas delictivas, esto es, que el legislador puede establecer medidas
en las que evidentemente se prevén mecanismos restrictivos y diferenciadores,
dadas las condiciones propias de la modalidad criminal que se persigue
reprimir, amparando con mayor ahínco las situaciones que merecen un tratamiento
benigno de las que ameritan un trato más severo.
Con base en lo
anterior, observa que la diferenciación introducida por el legislador en la
norma acusada no se basa en criterios peligrosistas, ni en ninguno de los
supuestos enumerados como generadores de discriminación. En su sentir, el
legislador consideró que existen conductas socialmente más dañinas que otras;
por esa razón, estimó necesario orientar las políticas criminales del Estado
para dirigirlas hacia una represión más severa para ciertos casos específicos
fundamentados en la defensa social y en la importancia de los bienes jurídicos
tutelados.
Concluye, el Señor
Fiscal su análisis estudiando el cargo de la vulneración del derecho de acceso
a la administración de justicia, frente al cual considera que la garantía
institucional de la cual están investidos los jueces y que toca con la
aplicación del derecho sin la intromisión indebida de otras ramas del poder
público o de otros entes que ostenten las mismas funciones y competencias, no
restringe la independencia judicial. Por el contrario, afirma, los jueces se
apoyan en los directores de los establecimientos carcelarios y en los alcaldes
municipales, funcionarios que determinan las condiciones en que se presta el
trabajo comunitario, cuestión que no significa que dichos funcionarios cumplan
con funciones jurisdiccionales. Ellos no tienen ninguna facultad para decidir
sobre la libertad condicional, ni para determinar las condiciones de
cumplimiento de la pena. Sí se limitan a acordar y fijar las condiciones de
prestación del servicio de trabajo comunitario, actuación que no imprime un
contenido que lleve a inferir el cumplimiento de una función judicial.
Para concluir, el
Señor Fiscal General de la Nación considera que de declararse inexequibles las
normas acusadas, se llegaría al absurdo de que el otorgamiento de la libertad
condicional concedida dentro de un proceso penal sería presupuesto para
intentar cualquier medida restrictiva de la libertad que se tome dentro de
cualquier otro proceso penal adelantado contra la misma persona, so pretexto de
la violación del principio de la presunción de inocencia; aclara que el
condenado que resulta investigado en una causa distinta, mantiene intacto éste
principio y derecho, además de la carga de la prueba respecto del nuevo
proceso, pudiendo así  ejecutar todas las actuaciones que le brinda el debido
proceso sin menoscabo de las otras garantías constitucionales aplicables.
2. Ministerio de Justicia y del Derecho:
Mediante apoderada,
la Ex-Ministra de Justicia y del Derecho, justifica la constitucionalidad de
las normas acusadas toda vez que considera que la alternatividad penal y
penitenciaria surge como respuesta a la necesidad de buscar formas más dignas
de cumplir una condena, sin que dicho castigo se extienda a la sociedad que la
impone.
En su criterio, la
Ley que se revisa, recoge esfuerzos tendientes a orientar el sistema punitivo
hacia criterios humanizantes, los cuales sí garantizarían las funciones de la
pena, vale decir, resocializar, prevenir, retribuir y proteger. Anota que, por
demás, su diseño encuadra dentro de la realidad carcelaria del país.
Agrega el concepto
del Ministerio de Justicia y del Derecho, que el principio y el derecho a la
igualdad no se vulneran por las normas demandadas, ya que ambos, siendo el
primero la expresión genérica implícita en muchas normas, y el segundo, la
explícita, cuya consagración tiene los límites fijados en precisas normas
jurídicas, se aplican a situaciones y a personas colocadas en idénticas
circunstancias de hecho, cuestión que en el ámbito del Derecho Penal por
esencia no se da, ya que la Ley al proteger bienes jurídicos los defiende según
su importancia y valor, diseñando para ello penas proporcionadas a las
conductas para las cuales se aplican y exenciones, justificaciones y beneficios
también aplicables para determinadas circunstancias específicas.
En ese orden de
ideas, sostiene que mal podría pretenderse invocar de plano una igualdad
matemática frente a situaciones que por su naturaleza, circunstancias y grado
de lesividad de un bien jurídico o afectación al conglomerado social son
completamente diversos en sus efectos, alcances y consecuencias.  Para ello
trae a colación las sentencia C-472 de 1997, M.P. Dr. José Gregorio Hernández
Galindo en la cual se establece lo siguiente:
(…) De ésta
forma, el Congreso de la República, titular de la función legislativa, mientras
no contraríe preceptos fundamentales, puede señalar libremente los comportamientos
que estime deban tener el carácter de delictivos y atribuir a ellos las penas
correspondientes, aumentarlas o disminuirlas, plasmar causales de atenuación y
agravación punitivas, crear nuevos tipos penales , e inclusive suprimir delitos
o establecer que en el futuro  tengan el carácter de contravenciones. (…).
En cuanto al
subrogado penal de la libertad condicional, dicha modificación está orientada
por dos factores: el objetivo, que reduce el quantum del tiempo cumplido, y el
subjetivo, dirigido a la buena conducta en el establecimiento carcelario.
La norma demandada
recae sobre situaciones jurídicas diferentes a las consagradas en el artículo
72 del Código Penal, por lo que se deducen dos situaciones de hecho con
consecuencias jurídicas diferentes, las cuales, en criterio del legislador,
merecen distinción por su trascendental valor social el cual comporta una
protección y tratamiento diverso a la de otros bienes jurídicos sin igual
trascendencia. De lo anterior se deduce que la regulación prevista en el
artículo demandado es objetiva, por cuanto los delitos excepcionados lo fueron
obedeciendo al interés social y a la gravedad de esas específicas conductas
delictuales.
En su criterio,
cuando los demandantes consideran que la reforma introducida permite juzgar dos
veces a una persona por el hecho de negar, para ciertos delitos, el acceso al
subrogado de la libertad condicional en las condiciones definidas por la norma
acusada, incurren en un yerro al interpretar la exclusión de las conductas descritas
en el artículo demandado, como la imposición de una  nueva sanción, con lo cual
desvirtúan la naturaleza de la libertad condicional como quedó consagrada en el
ahora artículo 72A del Código Penal.
Al respecto, observa
que dicho subrogado no constituye en sí mismo un derecho adquirido sino una
expectativa a acceder a un beneficio posterior a la condena, en tanto que para
su otorgamiento se requiere el cumplimiento de unos requisitos fijados por el
legislador y valorados por el Juez, así como la observancia de las obligaciones
que éste le imponga de acuerdo con la misma ley.
El artículo
demandado no supone un incremento punitivo para los condenados por tales
delitos, es decir no agrava el quantum de sus condenas ni el régimen que sobre
este beneficio tenían y al que estaban sometidos con anterioridad a su
expedición; en estas circunstancias, es preciso concluir que el legislador es
libre de regular los subrogados penales.
3. Defensoría del
Pueblo:
Para el señor
Defensor del Pueblo las normas demandadas deben ser declaradas parcialmente
inconstitucionales, considerando que a partir de la vigencia de la Ley 415 de
1997, conocida como ley de alternatividad penal, coexisten en el ordenamiento
jurídico colombiano dos regímenes distintos de aplicación de la figura de la
libertad condicional.
Uno de ellos,
dirigido a beneficiar al condenado que hubiere cumplido las dos terceras (2/3)
partes de su condena, siempre que su personalidad, antecedentes y buena
conducta en el establecimiento carcelario, permitan suponer, por parte del
juez, su readaptación social (artículo 72 del Código Penal).
El otro, destinado
al condenado que hubiere cumplido las tres quintas (3/5) partes de la condena,
que haya observado buena conducta y que carezca de orden de captura en su
contra, siempre y cuando, en esta modalidad, no se encuentre vinculado a
condenas por delitos expresamente excluidos por la norma de este beneficio y
asociados a aquellas conductas que causan mayor impacto social o colectivo,
tales como, enriquecimiento ilícito, homicidio y lesiones personales agravadas,
delitos de la competencia de la justicia regional, delitos contra la
delincuencia organizada, y los conexos con todos los anteriores (artículo 72ª
del Código Penal).
El subrogado penal
de la libertad condicional está directamente relacionado con  la función de la
pena y no con el hecho punible como tal, por lo que una de las normas
demandadas estaría dando a esa institución jurídico penal otra connotación. En
la presentación actual de la norma, afirma, se excluye a un grupo de condenados
de las ventajas que ésta ofrece por cuanto mediante ella se les niega, sin
justificación, la oportunidad,  a otros condenados por otros delitos, de ser
sujetos de los beneficios que ofrece la última etapa del tratamiento
penitenciario en igualdad de condiciones.
De igual forma
considera la Defensoría, que, a no ser que el legislador justifique la
diferenciación de trato que regula la ley demandada, en una institución ya
superada por el derecho moderno, como lo es, la figura del criterio
peligrosista de los efectos punitivos, según la cual, por ser la protección de
la sociedad de manos del delincuente la finalidad más importante de la pena,
esta circunstancia no solo justificaría la imposición de sanciones punitivas
mayores, sino también la supresión de beneficios concedidos a otros. De esta
forma se concluye que la norma demandada desconoce el núcleo fundamental del
derecho a la igualdad -igualdad ante la ley, igualdad de protección, y trato
de las autoridades e igualdad de derechos, libertades y oportunidades-.
La norma al definir
dos regímenes distintos de libertad condicional, objetivamente hace inferir un
trato distinto respecto de personas que se encuentran en una misma situación de
hecho privadas de la libertad, y dicho trato no tiene ninguna finalidad
razonable dentro el esquema del tratamiento penitenciario progresivo; por el
contrario, lo desvirtúa y lo hace inaccesible en su última etapa, esto es, en
la de confianza o en la que el condenado se presume se encuentra resocializado.
La gravedad del
hecho, la sanción impuesta y el funcionario que la imponen son los criterios
que deben diferenciar a los condenados, y no los beneficios, que por ser ellos
en su esencia desiguales, le imprimen también al hecho punible y al condenado
una desigualdad.
Concluye su
apreciación el Señor Defensor del Pueblo considerando que cuando la ley
diferencia para favorecer se acomoda a los principios constitucionales, pero
cuando lo hace para desfavorecer, como ocurre en el caso concreto, los
imperativos, mandatos y prohibiciones son inconstitucionales.
Por lo anterior, la
norma debe ser declarada parcialmente inexequible, para efectos de que las
personas que hayan sido objeto de una condena por las conductas delictivas allí
descritas, puedan ser también beneficiarias de las bondades que en materia de
libertad condicional consagra la ley demandada. Es decir, debe existir un solo
régimen de libertad condicional.
4. Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -I.N.P.E.C.- :
El Doctor Francisco
Bernal Castillo, en calidad de Director General del INPEC,  defiende la
constitucionalidad de las normas demandadas argumentando que éstas no
desmejoran la condición de los excluidos en el nuevo artículo 72ª del Código
Penal.  El hecho de que el legislador conceda “mejoras” a determinados delitos
y a otros los agrave, obedece a criterios de política criminal objetivos y
tendientes  a descongestionar los centros carcelarios del país y a establecer
beneficios para los condenados.
Igualmente estima
que los Alcaldes no usurpan las funciones del Juez de Ejecución de Penas, como
equivocadamente creen algunos de los demandantes, pues la norma habla de
coordinar y vigilar el trabajo comunitario, funciones eminentemente
administrativas y no judiciales como las entienden los demandados.
V. EL CONCEPTO FISCAL
El señor Procurador
General de la Nación se declaró impedido para conceptuar sobre el caso de la
referencia, pues había participado en los debates previos a la promulgación de
la Ley,  impedimento que fue considerado como procedente y pertinente por la
Sala Plena de ésta Corporación.
Enseguida el
Viceprocurador General de la Nación rindió el concepto de su competencia en el
que solicitó a la Corte declarar CONSTITUCIONAL la ley acusada, luego de
considerar que establece parámetros acordes con lo establecido en el artículo
13 superior y que, por lo mismo, ha de entenderse que procura descongestionar
los centros carcelarios del país, además de imponer al condenado, a través de
la concesión del subrogado de la condena de ejecución condicional, una serie de
obligaciones que, de no cumplirse, comportan la revocatoria del subrogado y la
inmediata ejecución de la sentencia impuesta inicialmente.
En cuanto al
beneficio de la libertad condicional, considera que no es cierta la afirmación
de los demandantes en el sentido de que éste se conceda para unos condenados,
en tanto se deniega para otros; pues lo que sucede es que el legislador, en
atención a la entidad particular de los delitos, el bien jurídico lesionado y
el grado de culpabilidad, ha previsto un régimen de libertad condicional
diferencial, que apunta a tratar de manera diversa lo disímil, para que como
fruto del proceso de resocialización, la reinserción en la comunidad le permita
que su vida en libertad sea “socialmente responsable”.
Acerca del argumento
en contra de la normatividad demandada, que hace consistir en la presunta
vulneración de la autonomía de los jueces, dada la aplicación “semi-automática”
del beneficio de la libertad condicional, el Viceprocurador señala que de
hecho, su concesión exige del funcionario una valoración de la conducta
observada por el condenado durante el término de reclusión.  Para lo anterior,
se elimina el estudio de los antecedentes o de cualquiera otra circunstancia
que haya incidido en la imposición de la condena, o en la negación de la
condena de ejecución condicional, sin afectar la autonomía del juez, quien en
el momento de decretar la pena o alguno de sus subrogados, ya ha examinado a
conciencia todos los elementos y circunstancias que rodearon la comisión del
hecho ilícito.
A los demás cargos
contesta la vista fiscal, que, los funcionarios encargados de verificar el
cumplimiento del trabajo comunitario no usurpan las funciones judiciales, ya
que precisamente las funciones que les son asignadas por la ley de
alternatividad penal tienen el carácter de administrativas, complementando las
que son de su competencia.
Por lo anterior concluye
que se debe declarar constitucional la ley 415 de 1997 “Por la cual se
consagran normas de alternatividad en la legislación penal y penitenciaria y se
dictan otras disposiciones tendientes a descongestionar los establecimientos
carcelarios del país”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Primera. La
competencia.
En virtud de lo
dispuesto por el artículo 241-4 de la Carta Política, la Corte Constitucional
es competente para decidir definitivamente sobre las demandas de
inconstitucionalidad que dieron lugar al presente proceso, dado que versan
sobre presuntos vicios de fondo contra la Ley 415 de 1997.
Segunda. El
examen de las acusaciones.
a) La acusación contra  la Ley 415  por supuesta
transgresión a la igualdad ante la Ley y a la función resocializadora de la
pena
1.
Consideraciones previas sobre la temática constitucional a  considerarse para
el examen de los cargos
Previamente al examen
de las acusaciones formuladas contra la Ley 415 de 1997, esta Corte considera
oportuno hacer unas someras consideraciones sobre los temas fundamentales que
se relacionan con el juicio de constitucionalidad que es materia del presente
fallo.
1.1. Ser
ciudadano en ejercicio, requisito esencial para presentar demandas de
inconstitucionalidad: Inhibición de la Corte por falta de legitimidad de los
actores que demandan la totalidad de la Ley 415 de 1997.
En sentencia C-536
de octubre 1º. de 1998, esta Corporación[1]
se ocupó de dilucidar el punto relativo a la interpretación de las normas
constitucionales referentes al ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, cuando el actor es un  recluso condenado y suspendido en
el ejercicio de sus derechos políticos.
La Corte consignó su
pensamiento sobre este tema, en los siguientes términos:
“...
El derecho que
sustenta la posibilidad de instaurar acciones públicas de inconstitucionalidad
es de naturaleza política, y tiene por objeto la preservación del orden
institucional en sí mismo, con independencia de intereses individuales propios
o ajenos, lo que significa que está reservada a los nacionales colombianos y,
entre éstos, a quienes hayan alcanzado la ciudadanía y estén en el ejercicio de
ella.
La Constitución,
como estatuto supremo y necesario de la organización estatal, corresponde ante
todo a un acto de carácter político, en cuanto se deriva del ejercicio soberano
del poder del que es titular el pueblo, y, a partir de la decisión fundamental
que su promulgación implica, se erige en la norma básica en la que se funda y
sostiene todo el orden jurídico del Estado.
El primer derecho
de todo nacional es el que tiene a la vigencia efectiva y cierta de la
Constitución Política. Y el mecanismo del control de constitucionalidad, que en
Colombia tiene una de sus expresiones en los procesos que ante esta Corte se
surten a partir del ejercicio de la acción pública (arts. 40, numeral 6, y 241
C.P.), busca hacer efectiva la supralegalidad de la Constitución y posibilita
el libre ejercicio de ese derecho ciudadano.
La Corte
Constitucional, que tiene definidas sus competencias en el propio texto de la
Carta, en sus estrictos y precisos términos, como lo subraya el artículo 241,
carece de competencia para decidir sobre la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de una norma si el conflicto no le es planteado por quien
puede planteárselo, de conformidad con los expresos mandatos constitucionales, salvo que la propia Constitución haya
dado lugar a su actividad oficiosa, como acontece con el control sobre los
decretos presidenciales que declaran y desarrollan los estados de excepción
(arts. 212, 213 y 215 C.P.).
Un examen de la
normatividad constitucional sobre el tema permite arribar a la conclusión de
que ello le está vedado en el evento propuesto.
La sola
titularidad de los derechos políticos, por el hecho de ser nacional colombiano,
no faculta al nacional para ejercerlos. Es necesaria la ciudadanía, que
requiere de la concurrencia de los elementos de la nacionalidad y la edad. Esta
última, establecida en la Carta de 1991, mientras la ley no disponga otra cosa,
en 18 años, ha de acreditarse con la cédula que expida la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
Se pierde la
ciudadanía de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad "y su
ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que
determine la ley" (art. 98 C.P.).
De conformidad
con lo estatuido en el artículo 50 del Código Penal, la interdicción de
derechos y funciones públicas -pena accesoria, cuando no se establezca como
principal, según lo establece el artículo 42 Ibídem- "priva de la
facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho
político (subraya la Corte), función pública u oficial y dignidades que
confieren las entidades oficiales e incapacita para pertenecer a los cuerpos
armados de la República".
El artículo 52
del mismo Código señala que la pena de prisión implica la accesoria de
interdicción de derechos y funciones públicas, por un período igual al de la pena
principal, y el 55 estipula que la aludida sanción accesoria se aplicará de
hecho mientras dure la pena privativa de la libertad concurrente con ella.
Cumplida la pena principal, comienza a correr el término señalado en la
sentencia para la sanción accesoria.
........
Ahora bien, el
artículo 40 de la Constitución reconoce a todo ciudadano el derecho a
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y
manifiesta que, para hacer efectivo ese derecho, puede "interponer
acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley" (numeral 6),
pero es evidente que tal derecho no puede ser ejercido cuando, aun tratándose
de un ciudadano, éste ha sido afectado por la pena accesoria de interdicción de
derechos y funciones públicas según decisión judicial, en los términos de las
normas legales que se comentan.
No otra cosa
surge del artículo 241 de la Constitución cuando se refiere al ciudadano como
sujeto activo único de las acciones de inexequibilidad que ante la Corte
Constitucional pueden intentarse.
El derecho
político del que se trata no se concreta en su ejercicio actual y efectivo sino
bajo la condición indispensable de hallarse en ejercicio de la ciudadanía,
luego quien sufre la pena de interdicción de derechos y funciones públicas está
excluido de esa posibilidad, y si presenta una demanda ante la Corte
Constitucional, ésta no puede resolver por falta de legitimación del
accionante...
...”
Ahora bien, en el
caso que en esta ocasión ocupa la atención de la Corte, el Magistrado
Sustanciador constató que, efectivamente, los internos que incoaron la acción
de inconstitucionalidad contra la totalidad de la Ley 415, tenían la condición
de condenados por la Justicia Regional y que en tal condición se encontraban
recluidos en la Cárcel del Distrito judicial de Armenia, al tiempo de la
presentación de la demanda.
Es de observar que
los mismos reclusos, tanto en la parte introductoria como en la final de su
escrito de demanda,  connotan su particular situación y señalan que en su
condición de tales es que ejercitan la acción de cuyo examen se ocupa la Corte.
Por ser pertinente,
se transcribe el párrafo introductorio de su escrito de demanda:
“....
nosotros los Internos de la Cárcel de Distrito Judicial  de Armenia;
condenados por la Justicia Regional de nuestro país, recurrimos a su Honorable
Corte, con el fin de demandar la Ley 415...”
Y en la parte final
del escrito, consta que el interno JORGE ELIECER PINEDA LARGO  fue
condenado por la Justicia Regional de Cali, MARTIN MURCIA FORERO por la
Regional de Cali, y que en  a título de ANEXO  de la demanda siguen  “...
las firmas de los condenados por la Justicia Regional” que se
encuentran recluidos en el mencionado Centro Carcelario.
Es bien sabido que
por su gravedad, los delitos de competencia de la Justicia Regional  se
incriminan en todos los casos con prisión como pena principal y que esta
conlleva como pena accesoria, la de interdicción de derechos y funciones
públicas, la cual, por su parte,  comporta la suspensión del ejercicio de los
derechos políticos.
Por lo expuesto, en
el caso presente debe la Corte declararse inhibida para conocer de la demanda
contra la totalidad de la Ley 415, por carencia de legitimación activa de los
internos de la Cárcel del Distrito Judicial de Armenia, para ser demandantes en
estrado de constitucionalidad, dado que su condición de condenados por la Justicia
Regional a pena de prisión conlleva, en todos los casos, la pena concurrente de
interdicción de derechos y funciones públicas, la cual comporta  la suspensión
de los  derechos ciudadanos de tipo político que, entre otras, acarrea la
prohibición de hacer uso de la acción ciudadana de inconstitucionalidad, pues,
como lo señaló esta Corte en la ya citada sentencia C-538 de 1998:
“...
la misma Carta
Política ha condicionado el acceso, en el caso de la acción pública de
inconstitucionalidad, a la posesión actual del estado de ciudadanía y al
requisito de no haber sido suspendido el ciudadano en el ejercicio de ella.
...”
Así, pues, esta
Corporación se declarará inhibida para conocer de la demanda que se encamina a
cuestionar en su integridad la Ley 415 de 1997.
1.2. El derecho
de igualdad ante la Ley penal, la función resocializadora de la pena y los
límites constitucionales a la facultad del Legislador de normar la política
criminal: La Ley 415 de 1997 y los regímenes diferenciados de concesión de los
beneficios de la libertad condicional (artículo 1º.), de redención de la pena
por trabajo comunitario (artículo 2º.) y los permisos de salida (artículos 3º.
y 4º.)
Por otro aspecto,
como quiera que la supuesta transgresión al principio constitucional de
igualdad y a la función resocializadora de la pena, constituyen el denominador
común de las acusaciones que se dirigen contra el contenido normativo de la Ley
415, esta Corte comenzará por reseñar el alcance que en su jurisprudencia ha
dado a estos contenidos constitucionales para, seguidamente, analizar sobre la
base de esas premisas, la normativa acusada.
De otra parte, como
la existencia de regímenes diferenciados de tratamiento penitenciario responde
axiológicamente a razones de política criminal, asociadas con la actual
coyuntura nacional, considera igualmente relevante consignar unas sintéticas
consideraciones al respecto, en punto al examen de constitucionalidad de sus
disposiciones. A ello, seguidamente, procederá.
1.2.1. La igualdad ante la Ley Penal
El Legislador, en
ejercicio de las competencias constitucionales de las que es titular, puede
establecer procedimientos distintos y consagrar regímenes diferenciados para el
juzgamiento y tratamiento penitenciario de delitos y contravenciones, pudiendo,
incluso, realizar diferenciaciones dentro de cada uno de estos grupos, en la
medida en que unos y otros se fundamenten en criterios de razonabilidad y
proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales como,
la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, la mayor o menor repercusión
que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en
el orden social, así como el grado de culpabilidad, entre otros. La
consecuencia obvia y lógica de lo anterior, es que el tratamiento penitenciario
de los condenados por delitos de mayor entidad y gravedad, sea más severo que
el dado a las conductas de menor gravedad.
Así lo ha reconocido
esta Corporación, en forma reiterada, en varios de sus pronunciamientos, en los
que se ha ocupado de analizar la temática constitucional planteada por las
acusaciones que en esta oportunidad, la conducen a reiterar la que ha sido su
tesis acerca del significado y alcance de la igualdad en materia penal, de una
parte, y las funciones de la pena en un Estado social de derecho, por la otra.
Así, en sentencia
C-093 de 1993[2],
con ponencia  conjunta de los H. Magistrados Alejandro Martínez Caballero y
Fabio Morón Díaz, la Corte Constitucional encontró ajustada a la Carta Magna
las disposiciones que establecen procedimientos especiales para el juzgamiento
de delitos de competencia de los jueces y fiscales regionales, con los cuales
se busca:
“... garantizar
la eficacia de la Administración de Justicia en el ámbito penal, y ... rodear
al personal de sus servidores de especiales garantías ante la escalada de la
delincuencia organizada del narcotráfico y del terrorismo.”“
En dicha sentencia,
la Corte encontró exequible la diferenciación establecida en la legislación
penal entre la justicia regional y la justicia ordinaria  para la aplicación de
las causales de libertad provisional, por estimar que el legislador está
constitucionalmente facultado para determinar:
“cuáles de
dichas causales proceden para todos los delitos y cuáles no y también para
establecer un régimen especial ante determinadas modalidades delictivas que
exigen un tratamiento más riguroso.”
Este razonamiento lo
consignó de manera casi unánime2 entre
otras, en la Sentencia No. C-394 de septiembre 7 de 1995, de la que fue ponente
el H. Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, con ocasión de demanda intentada
contra algunas disposiciones de la Ley 65 de 1993 -Código Penitenciario y
Carcelario- que, por razón de la materia, involucraban acusaciones análogas a
las que en esta oportunidad se plantean.
En esa ocasión, al
declarar exequibles las distinciones que, en materia penitenciaria y
carcelaria, contempla el inciso segundo del artículo 3º.  de la Ley 65 de 1993,
por estimarlas plenamente ajustadas al tratamiento constitucional de la
igualdad ante la ley penal, señaló:
“...3.1 ... hay que examinar cada una de las vicisitudes que
se presentan en una cárcel -que son variadas e indeterminadas-, para proceder
justamente. No se puede dar el mismo trato, de manera exacta e idéntica, a
personas con antecedentes, conducta y situaciones jurídicas distintas. Ya esta
Corporación ha señalado cómo la igualdad no consiste en la identidad absoluta,
sino en la proporcionalidad equivalente entre dos o más entes, es decir, en dar
a cada cual lo adecuado según las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Además, la norma funda la distinción -que no es lo mismo que discriminación- en
motivos razonables para lograr objetivos legítimos, tales como la seguridad, la
resocialización y cumplimiento de la sentencia, que tienen notas directas de
interés general y, por ende, son prevalentes. Luego no se trata de una
discrecionalidad radical, sino tan sólo de un margen razonable de acción,
precisamente para que se cumplan la ley y la sentencia.
...”
Y
más adelante, expresó:
“...
3.3  En cuanto al inciso segundo del artículo
22, que clasifica los centros de reclusión en establecimientos de alta, mediana
y mínima seguridad, consagrando así una diferencia de categorías, hay que
advertir que no por el hecho de distinguir y clasificar se está discriminando.
Antes bien, en este caso la clasificación brinda condiciones de seguridad
-incluso para los mismos reclusos-,  elemento esencial del orden público, que
constituye un derecho de la sociedad y un deber del Estado. Las observaciones
sobre la igualdad, que no es sinónimo de identidad absoluta, valen también
aquí. A veces las mismas condiciones de trato ante situaciones y exigencias
diversas, pueden llegar a ser injustas, sobre todo cuando se trata de proteger
la seguridad de la vida de los internos, y la seguridad y tranquilidad de los
miembros de la sociedad civil.
...”
Luego, en sentencia
C-430 del 12 de septiembre de 1996, de la que fue ponente el H. Magistrado
Carlos Gaviria Díaz, la misma ratio  llevó a la Corporación a retirar
del ordenamiento jurídico, por violatorio de  la igualdad consagrada en el
artículo 13 de la Ley Suprema, el aparte del artículo 5º. de la Ley 228 de
1995, que prohibía la concesión de la condena de ejecución condicional a las
personas condenadas por las contravenciones de que trata la referida ley.
Díjose entonces:
“...el legislador
está otorgando un tratamiento igual, al negar la procedencia de la condena de
ejecución condicional, a los condenados por los delitos de que trata la ley 40
de 1993 -homicidio, secuestro, extorsión, etc.-, y a los condenados por las
contravenciones de que trata la ley 228 de 1995 -hurto agravado, cuando la
cuantía no exceda de 10 salarios mínimos mensuales legales, violación de
habitación ajena, hurto de uso etc.; e incluso, trata con mayor severidad a
quienes cometan tales contravenciones que a los procesados por los hechos
punibles cuyo conocimiento compete a los jueces regionales -terrorismo,
narcotráfico, etc.- lo cual resulta desproporcionado e irrazonable.
Quienes sean
sancionados por la comisión de hechos tipificados como contravenciones
especiales en las leyes 23 de 1991 y 228 de 1995, y las sancionadas con pena de
arresto en la ley 30 de 1986 y demás normas complementarias, no pueden ser
objeto de un tratamiento más severo que el que se otorga a quienes incurren en
delitos, dada la menor entidad del hecho punible y la menor lesión de los
bienes jurídicos tutelados; en consecuencia, la negación del subrogado de la
condena de ejecución condicional para este tipo de contravenciones viola el
derecho a la igualdad.
Por tanto, el
aparte del artículo 5 de la ley 228 de 1995 que prohibe la concesión de la
condena de ejecución condicional a las personas condenadas por las
contravenciones de que trata la ley, será retirado del ordenamiento jurídico,
por infringir el artículo 13 de la Ley Suprema.
…”
Análogo razonamiento
hizo al declarar exequible el inciso primero del artículo 5º. de la ley 228,
pues:
“... Aunque el
nuevo subrogado..., denominado "suspensión de la ejecución de la
sentencia", no favorece a quienes sean sancionados con pena de prisión, no
por ello la norma contempla un tratamiento discriminatorio en contra de estos,
pues se trata, precisamente, de un beneficio creado en favor de quienes son
condenados a sanciones menores -arresto-, y no para ser aplicado a todos los
procesados, lo cual resulta proporcionado y razonable, en la medida en que se
otorga un trato más favorable a quienes incurren en hechos punibles de menor
gravedad.
Por último,
resalta la Corte que la exigencia de requisitos subjetivos para la concesión
del subrogado, consistentes en el buen comportamiento del procesado en el
establecimiento carcelario y el análisis de su personalidad realizado por el
juez, no contravienen ninguna norma constitucional, pues lo que se pretende con
la disposición es relevar al condenado del cumplimiento total de la pena,
cuando el concreto examen de sus características individuales y la comprobación
objetiva de su comportamiento en el penal permiten concluir que en su caso es
innecesario continuar sometiéndolo a tratamiento penitenciario.
…….
La diminuente
punitiva constituye un beneficio especial, creado por el legislador para ser
otorgado a quienes colaboren con la administración de justicia aceptando su
responsabilidad. La condición exigida por el legislador para la concesión del
beneficio -que las personas no hayan sido condenadas por delitos o
contravenciones dolosos durante los 5 años anteriores-, no se opone a ninguna
disposición constitucional y, por el contrario, implica el otorgamiento de un
trato más benigno a quienes no han infringido repetidamente la ley en un lapso
breve, lo cual resulta proporcionado y razonable. En estos términos, quienes no
cumplen la condición no reciben un trato discriminatorio, pues se encuentran en
una situación distinta, que amerita por tanto un trato diferente, más severo,
aunque siempre dentro de los límites punitivos que establece la norma que han
vulnerado.
...”
1.  2.2.     La función resocializadora de la
pena
En la antes citada
sentencia C-430 de 1996, acerca de este tema, la Corte sostuvo:
“...
La pena tiene en
nuestro sistema jurídico un fin preventivo, que se cumple básicamente en el
momento del establecimiento legislativo de la sanción, la cual se presenta como
la amenaza de un mal ante la violación de las prohibiciones; un fin
retributivo, que se manifiesta en el momento de la imposición judicial de la
pena, y un fin resocializador que orienta la ejecución de la misma, de
conformidad con los principios humanistas y las normas de derecho internacional
adoptadas.
En efecto, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por nuestro
ordenamiento interno mediante la ley 74 de 1968, en su artículo 10.3 establece:
"El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad
esencial será la reforma y readaptación social de los penados".
En consonancia
con la disposición anterior, el artículo 10 de la ley 63 de 1995 define la
finalidad del tratamiento penitenciario en los siguientes términos:
"Alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el
examen de su personalidad...".
Para lograr dicho
propósito, se ha adoptado un modelo de tratamiento penitenciario progresivo
(Título XIII Código Penitenciario y Carcelario), del cual hacen parte los
beneficios administrativos (permisos hasta de 72 horas, libertad y franquicia
preparatoria, trabajo extramuros y penitenciaría abierta), y los subrogados
penales, que son: la condena de ejecución condicional (art. 68 del C.P.), que
podrá ser concedida por el juez cuando la sanción sea de arresto o no exceda de
3 años de prisión, y la libertad condicional (art. 72 del C.P.), que se concede
cuando la pena de arresto sea mayor de 3 años o la de prisión exceda de 2,
siempre que se cumplan la condiciones de orden subjetivo exigidas por las
normas.
Por eso ha
reconocido la Corte que "lo que compromete la existencia de la posibilidad
de resocialización no es la drástica incriminación de la conducta delictiva,
sino más bien la existencia de sistemas que, como los subrogados penales y los
sistemas de redención de la pena, garanticen al individuo que rectifica y enruta
su conducta, la efectiva reinserción en sociedad"[3].
1.2.3. Los
regímenes diferenciados de concesión de los beneficios de la  libertad
condicional (artículo 1º.), de redención de la pena en virtud de trabajo
comunitario (artículo 2º) y, los permisos de salida (artículos 3º. y 4º.)
A partir de la
vigencia de la Ley 415 de 1997, conocida como Ley de alternatividad penal,
coexisten en el ordenamiento penal colombiano dos regímenes distintos de
aplicación de la figura de la  libertad condicional.
El primero,
contemplado en el artículo 72 Código Penal, beneficia al condenado que hubiere
cumplido las dos terceras (2/3) partes de su condena, siempre que su
personalidad, antecedentes y buena conducta en el establecimiento carcelario,
permitan suponer, por parte del juez, su readaptación social.
El nuevo, consagrado
por el acusado artículo 72a del Código Penal, se aplica al condenado que
hubiere cumplido las tres quintas (3/5) partes de la condena, que haya
observado buena conducta y que carezca de orden de captura en su contra,
siempre y cuando, en esta modalidad, no se encuentre vinculado a condenas por
delitos expresamente excluidos por la norma de este beneficio, por relacionarse
con aquellas conductas que causan mayor impacto social o colectivo, tales como,
el enriquecimiento ilícito, el homicidio, las lesiones personales agravadas,
los delitos de la competencia de la justicia regional, los delitos contra la
delincuencia organizada, el lavado de activos y los conexos con todos los
anteriores.
En efecto, conforme
lo preceptúa el artículo 1º. de la Ley 415, el régimen más benévolo, de
concesión de la libertad condicional, que consagra en el artículo 72a con el
cual  adiciona el Código Penal, no es aplicable a los condenados por los
siguientes delitos:
1. Enriquecimiento ilícito.
2. Homicidio agravado.
3. Lesiones personales agravadas por virtud de las causales 2, 4, 5, y 8
del artículo 30[4]
de la Ley 40 de 1993.
4. Delitos dolosos previstos en la Ley 30[5]
de 1986.
5. Delitos previstos en el Decreto 2266[6]
de 1991, exceptuando los de porte ilegal de armas de defensa personal,
interceptación de correspondencia oficial, utilización ilegal de uniformes o
insignias y amenazas personales o familiares.
6. Delitos previstos en la Ley 190[7]
de 1995, excepto cohecho por dar u ofrecer, prevaricato y utilización indebida
de información privilegiada.
7. Delitos previstos en la Ley 360[8]
de 1997 y en la Ley 365[9]
de 1997.
Los delitos conexos[10] con todos los
anteriores, seguirán bajo el régimen del artículo 72 del Código Penal.
En criterio de la
Corte, la diferenciación de trato que ha efectuado el Legislador, atiende
criterios de razonabilidad determinados por la mayor repercusión que la
vulneración o afectación de los bienes jurídicos tutelados, tiene en elementos
de importancia estratégica para la viabilidad y sostenibilidad del  orden
público social y económico, cuya restauración, dicho sea de paso,  se hace
indispensable para el restablecimiento y normalización del  tejido social y de
la organización estatal.
Estos, precisamente,
se han visto gravemente afectados por el nefasto impacto que conductas
delictivas como el narcotráfico, el enriquecimiento ilícito, los actos
terroristas de grupos insurgentes y alzados en armas, el lavado de activos y la
corrupción administrativa, -tan sólo para citar algunos de los exceptuados-,
han tenido en la economía, en el orden social y en la legitimidad de las
instituciones públicas, al punto de desestabilizarlos y resquebrajarlos en
forma a tal modo sensible, que la crisis de valores se ha traducido en una
aguda y preocupante crisis en todos los órdenes de la vida nacional, con
incidencia preponderante en la paz, la seguridad y la tranquilidad ciudadanas
y, en los campos económico y social del acontecer nacional.
Así, pues, antes que
violar la Constitución Política, el Legislador le ha dado plena observancia, al
someter a un régimen más exigente y restrictivo la concesión del beneficio de
la libertad condicional a conductas que han causado grave fractura a valores
cuya transgresión, constituye grave amenaza para la paz y la convivencia
social; aún para la integridad y viabilidad misma del Estado y de Colombia como
Nación civilizada, pues, ciertamente, comprometen la intangibilidad de las
funciones públicas y de los más altos fines del Estado, precisamente, por
cuanto afectan piedras angulares para la cohesión y seguridad tanto del interés
general como el orden público, económico y social.
A la luz del
análisis precedente, la Corte estima que es plenamente válido, desde el punto
de vista constitucional, que el Legislador, en consideración a razones de
política criminal que consultan la realidad material de la gravísima coyuntura
que afronta tanto el país como su sistema carcelario, someta a regímenes
diferenciados la concesión de los beneficios de la libertad condicional, el
permiso de salida y el trabajo comunitario, respecto de condenados  cuyo único
denominador común es el de encontrarse privados de la libertad, y que ameritan
recibir un tratamiento diferencial, por corresponder su conducta a realidades
que ontológica y materialmente son diferentes, por lo cual, jurídicamente, no
pueden ser valoradas ni tratadas por el Legislador de la misma forma; so pena,
ahí sí, de transgredir en forma flagrante la Constitución.
El enriquecimiento
ilícito, la corrupción administrativa, el narcotráfico y el lavado de activos
han corroído en tal magnitud  la sociedad colombiana y trastocado los valores
sociales que, con razón, se ha dado en denominarlos los principales flagelos
del tiempo presente.
Por ello, no es de
extrañar que la gravedad del hecho y sus repercusiones en el erosionamiento del
orden económico y social, inequívocamente sean criterios constitucionalmente
admisibles, dada su incontrovertible razonabilidad, atendida la actual
coyuntura nacional, para sustentar la diferencia de tratamiento legislativo a
que se sujeta la concesión de los beneficios jurídicos de la libertad
condicional, la redención de la pena por  trabajo comunitario y los permisos de
salida.
Ello no significa,
en modo alguno, que la Corte avale en su pronunciamiento la tesis peligrosista,
ni que desconozca la función  primordialmente resocializadora de la pena, como
sus críticos podrían darlo a entender, pues, repárese en que el beneficio de la
libertad condicional sigue siendo predicable de todos los condenados, respecto
de los cuales concurran los supuestos fácticos, tanto objetivos como
subjetivos, que prevén los artículos 72 y 72a del Código Penal.
En otros términos,
este beneficio penitenciario se ha sometido a regímenes de concesión
diferenciados, principalmente en consideración a la gravedad del delito
cometido, dada la entidad del bien jurídico afectado.
Por tal razón,
yerran los demandantes cuando afirman que el precepto demandado excluye a
algunos condenados del beneficio penitenciario. El precepto, interpretado
sistemáticamente con el artículo 72 del Código Penal, consagra un régimen
adicional para la concesión del beneficio penitenciario. La interpretación
sistemática de estos preceptos, es un dictado apenas obvio, que en forma
explícita indica la propia Ley 415 cuando, para introducir el contenido
normativo de su artículo 1º., hace expresa mención que  se adiciona el artículo
72 del Código Penal con el artículo 72a.
Por las expresadas
razones, concluye la Corte que una diferenciación de la naturaleza prevista en
la Ley 415, consulta tanto la realidad, como especiales consideraciones
relacionadas fundamentalmente con los más altos valores sociales.
Antes que contrariar
la Carta Política, le da plena aplicación a sus preceptos, pues, se dirige a
asegurar en su intangibilidad y plenitud, el balance que, constitucionalmente
debe existir  en todos los ámbitos de la vida social, entre el derecho a la
igualdad y otros postulados y principios básicos del Estado Colombiano y, entre
éste y otros derechos constitucionalmente protegidos que, como la convivencia,
la paz y la solidaridad, al tenor de la Carta Política, son también principios
fundantes de la organización social y política del Estado Colombiano y que, en
tanto presupuestos esenciales de la consagración y efectividad del entero
régimen constitucional que estructura la Constitución, han de ser igualmente
valorados por el Congreso al matizar la política criminal, en función a los
diversos grados de afectación o de importancia de los bienes jurídicos
tutelados.
De otra parte,
tampoco encuentra la Corte que se contraríe el artículo 93 de la Carta, en
concordancia con el artículo 10., numeral 3º. del Pacto Internacional sobre
Derechos Civiles y Políticos  de las Naciones Unidas pues, repárese en que la
función resocializadora de la pena no sufre menoscabo por el hecho de que el
Legislador someta la concesión de la libertad condicional a regímenes
diferenciados, con fundamento en el interés social y la gravedad de las
conductas delictuales que afectan bienes jurídicos que por su trascendental
valor social, merecen distinguirse para darles una protección y un tratamiento
jurídico que guarde proporcionalidad con su importancia, y que se diferencie
del dado a otros bienes jurídicos que no tienen la misma entidad.
No se olvide, por
demás, que aún cuando la pena, en su fase de ejecución, tenga principalmente un
propósito resocializador, ello no significa que no cumpla también con la
función de prevención por la vía de la disuasión general, que es tan importante
como la de resocialización.
Por demás,
constitucionalmente nada se opone a que el Legislador, en consideración a
realidades que sobrevienen a la definición legislativa de la conducta y de su
penalización, enfatice esta finalidad,  haciendo más benévola  la concesión de
los beneficios penitenciarios para los condenados por delitos de menor impacto
social,  pues, los subrogados penales son también elementos integrantes  de la
política criminal de los que el Congreso puede asistirse para, contrario
sensu, mediante esa diferenciación, incriminar en forma más severa los
delitos que estén causando mayor trastorno a la convivencia social y mayor
traumatismo al orden público o al orden social y económico o, bien a la
seguridad del estado y de sus instituciones democráticas, al someter al régimen
restrictivo ya existente, la concesión de los beneficios penitenciarios para
los internos condenados por estos últimos.
Ahora bien, como
quiera que el señor Defensor del Pueblo insinúa un eventual quebranto al
principio de favorabilidad cuando, según su aserto “... la Ley... diferencia
para desfavorecer...” , la Corte estima pertinente insistir en que el
impugnado artículo 1º. de la Ley 415, nó desmejora la condición de los
condenados por los delitos excluidos del régimen que en el se contempla.
Respecto de estos
sujetos, mantiene el régimen existente, previsto en el artículo 72 del
Código Penal. Cosa distinta es que para los internos condenados por delitos
distintos de los exceptuados, prevea un nuevo régimen, que se acompasa
plenamente con el principio de favorabilidad, toda vez que, para ellos,
efectivamente resulta siendo más benévolo, con lo cual se les trata de una
manera más favorable, dado el menor impacto que, los delitos por cuya comisión
fueron condenados, tiene en valores sociales altamente apreciados.
No halla, pues, la
Corte fundado el cargo que aduce supuesta transgresión a la igualdad ni a la
función resocializadora de la pena.
Así lo declarará.
De otra parte,
desvirtuada, como quedó, la validez del razonamiento base de la acusación
principal, de consiguiente queda también sin fundamento la supuesta
transgresión del  principio de primacía de los derechos inalienables de las
personas,  que consagra el artículo 5º Constitucional, pues, según quedó visto,
las disposiciones de la Ley 415 nó contemplan una suerte de discriminación
proscrita por la Carta, sino un trato diferencial que se fundamenta en
criterios que, objetivamente son jurídicamente atendibles, habida cuenta de su
razonabilidad y proporcionalidad.
1.2.4.      Los
artículos 1º. y 2º. de Ley 415 y la supuesta                    transgresión
del principio del non bis in idem y de
la
independencia y autonomía judiciales.
La Corte no
encuentra razones que permitan válidamente sostener que el régimen benévolo de
concesión de la libertad condicional previsto en el nuevo artículo 72ª del
Código Penal, que corresponde al impugnado artículo 1º. de la Ley 415, comporte
el desconocimiento del principio del non bis in idem, por equivaler a la
imposición de una sanción adicional por el mismo hecho.
Repárese en que el
régimen diferencial de concesión de la libertad condicional, no se traduce en
un aumento de la pena impuesta a los condenados internos en los
establecimientos penitenciarios y carcelarios. Tampoco agrava el quantum
de sus condenas, ni modifica las condiciones a las que, para  la aplicación de
este beneficio, se encontraban sometidos con anterioridad a la expedición de la
Ley 415.
Tanto en la actual
regulación, como en la anterior,  el otorgamiento de un beneficio posterior a
la condena, continúa estando supeditado, tanto al cumplimiento de los
requisitos que fija el legislador y cuya concurrencia en el caso concreto
valora el Juez, como a la observancia de las obligaciones que éste le imponga,
en consonancia con lo preceptuado en la misma regulación del subrogado penal.
Por ello, tampoco
comparte la Corporación  la aseveración según la cual el beneficio de la
libertad condicional se aplica, prácticamente,  de manera automática respecto
de los procesados por los delitos no excluidos del mismo.  Nótese que su
concesión exige que el Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, haga
una valoración de la conducta del interno durante el término de reclusión, que
lo lleve a la convicción de que esta ha sido buena.
Así lo señala a las
claras, el inciso segundo del artículo 1º., en el cual se lee:
“....
El juez
concederá la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad mayor de
tres  (3) años, cuando haya cumplido las tres quintas partes (3/5) de la
condena, siempre que haya observado buena conducta en el establecimiento
carcelario.
...”
Es, pues,
indubitable, que la concesión del beneficio respecto de estos internos, también
está supeditada a la valoración que, de su conducta en el establecimiento carcelario,
haga el Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. En esas condiciones,
se desecha también por infundado, el cargo de violación a los artículos 228 y
230 Constitucionales, que consagran la independencia y autonomía judicial.
Por otro aspecto,
tampoco encuentra la Corte que los artículos 228 y 230 Constitucionales
resulten conculcados por lo preceptuado en el  artículo 2º. de la Ley 415, que
adiciona el régimen de redención de la pena --por estudio, realización de
actividades literarias, deportivas, artísticas y en comités de internos--, de
que trata el artículo 99 del Régimen Penitenciario y Carcelario previsto en la
Ley 65 de 1993,  con la redención por “trabajo comunitario”  que
el nuevo artículo 99A  regula, en los siguientes términos:
“...
Los condenados a
penas de prisión o arresto que no          excedan de cuatro años, podrán
desarrollar trabajos comunitarios de mantenimiento, aseo, obras públicas,        ornato
o reforestación, en el perímetro urbano o rural de la ciudad o municipio sede
del respectivo centro             carcelario  o peni-tenciario. El tiempo
dedicado a tales     actividades redimirá la pena en los términos previstos       en
la Ley 65 de 1993.
Para el efecto,
el Director del respectivo centro penitenciario o carcelario podrá acordar o
fijar con el Alcalde Municipal las condiciones de la prestación del servicio y
vigilancia para el desarrollo de tales actividades.
...”
Nótese que las
funciones que se asignan al Director del respectivo centro penitenciario o
carcelario y al Alcalde Municipal, en nada sustituyen las de valoración
judicial, ni comportan ejercicio de competencias jurisdiccionales reservadas
constitucionalmente al fuero privativo de los jueces.
Dichas autoridades
definen aspectos puntuales relacionados con “las condiciones de prestación
del servicio y vigilancia para el desarrollo de tales actividades” que, por
ser de naturaleza eminentemente operativa, bien puede el Legislador deferir en
autoridades administrativas.
Se reitera: ni la
decisión acerca de la concesión de la libertad condicional, ni la determinación
de las condiciones de cumplimiento de la pena resultan radicadas en cabeza del
Director del establecimiento carcelario  o del Alcalde, como lo pretenden los
accionantes.
Este cargo es, pues,
también, infundado. Así habrá de declararse.
1.5. La pretendida transgresión a la presunción de
inocencia por exigirse “no tener orden de captura vigente” para la concesión
tanto del beneficio de la libertad condicional (parágrafo del artículo 1º.),
como del permiso de salida, a concederse al condenado que le sea negado el
beneficio de la libertad condicional (numeral 3º. del artículo 147ª, con el que
el acusado artículo 3º. de la Ley 415 adiciona el Régimen Penitenciario y
Carcelario consagrado en la Ley 65 de 1993).
La Corte comparte la
apreciación de los señores Fiscal y Viceprocurador General de la Nación,  en el
sentido de que es perfectamente razonable este requisito, pues el argumento que
sostienen los demandantes para predicar la imputación de inconstitucionalidad,
equivaldría a aseverar que, como consecuencia de la presunción de inocencia, de
otorgarse la libertad condicional dentro de un proceso penal, de consiguiente,
se inhibiría la potestad punitiva del Estado y, por ende, le estaría vedado
hacer efectiva otra medida restrictiva de la libertad, que se hubiere proferido
por virtud de decisión pronunciada en cualquier otro proceso penal, que se
adelantare contra la misma persona.
Esta tesis, por el
absurdo al que conduce, debe desecharse. La efectividad de la presunción de
inocencia no equivale a la mengua de otros deberes constitucionales, como el de
administrar justicia en materia penal.
La Corte es enfática
en señalar que el condenado que resulta investigado en una causa distinta,
mantiene incólume la presunción de inocencia, a consecuencia de lo cual, la
carga de la prueba respecto del nuevo proceso sigue radicada en cabeza del
Estado. Así las cosas, el condenado que tiene la calidad de imputado en otro
proceso, puede  realizar todas las actuaciones que se desprenden de la garantía
constitucional del debido proceso.
Del análisis
precedente concluye la Corte que la Ley 415 se adecúa en todo a los postulados,
valores, principios y derechos que consagra la Constitución de 1991. Debe,
pues, declararse su exequibilidad, como en efecto, se hará.
VII. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-  Declárase
INHIBIDA para proferir decisión de mérito en cuanto a la demanda de
inconstitucionalidad promovida por JORGE ELIECER PINEDA LARGO y otros
internos de la Cárcel del Distrito Judicial de Armenia, en su condición de
condenados por la Justicia Regional.
Segunda.- Decláranse
EXEQUIBLES los segmentos acusados de los artículos 1º., 2º. y 3º., así
como el artículo 4º. de la Ley 415 de 1997 “Por la cual se consagran normas de
alternatividad en la legislación penal y penitenciaria y se dictan otras
disposiciones tendientes a descongestionar los establecimientos carcelarios del
país.”
Cópiese,
comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
VLADIMIRO NARANJO
MESA
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA
VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
Salvamento de
voto a la Sentencia C-592/98
LIBERTAD
CONDICIONAL-Exclusión de
ciertos delitos (Salvamento de voto)
Me veo obligado a
apartarme de la presente decisión, en virtud de la cual la Corporación declaró
la exequibilidad de aquellos apartes del artículo 1º de la Ley 415 de 1997 que
excluyen ciertos delitos del nuevo régimen de libertad condicional. Según la
sentencia, esa excepción no viola el principio de igualdad ni la función
resocializadora de la pena por cuanto "atiende criterios de razonabilidad
determinados por la mayor repercusión que la vulneración o afectación de los
bienes tutelados tiene en elementos de importancia estratégica para la
viabilidad y sostenibilidad del orden público social y económico." No
puedo compartir la decisión ni la argumentación de la Corte.
AUTONOMIA
LEGISLATIVA DEL CONGRESO PARA DESARROLLAR POLITICA CRIMINAL (Salvamento de voto)
La Corte ha
reconocido que el Congreso goza de una cierta libertad para desarrollar la
política criminal pues la Constitución no ha definido de una vez por todas el
derecho penal, por lo cual el Legislador, obviamente dentro de los marcos
fijados por la propia Carta, tiene ante sí un espacio relativamente autónomo,
caracterizado, a su turno, por unos valores, presupuestos y finalidades propios,
pese a su acentuado grado de constitucionalización. Así, a través del
procedimiento democrático de adopción de las leyes, el Estado tipifica las
conductas prohibidas y fija las sanciones (principio de legalidad de la pena) y
en este quehacer histórico acoge y abandona distintas y sucesivas filosofías
punitivas, que pueden ser más o menos drásticas, según el propio Legislador lo
considere políticamente necesario y conveniente.
PENA-Funciòn/PENA-Función en diferentes
etapas de la acción punitiva del Estado (Salvamento de voto)
IGUALDAD ANTE LA
LEY PENAL-Violación por
regímenes diferenciados de libertad condicional/FUNCION RESOCIALIZADORA DE
LA PENA-Desconocimiento por regímenes diferenciados de libertad condicional
(Salvamento de voto)
La norma
parcialmente acusada precisamente niega de plano esa función, puesto que
excluye de la nueva regulación de la libertad condicional a determinados
condenados, no en razón de su comportamiento en los centros de reclusión sino
únicamente debido al tipo de delito cometido. En efecto, esa disposición impide
el acceso de tales internos a los beneficios del nuevo régimen de libertad
condicional, que es más favorable a la resocialización de los condenados,
exclusivamente con base en el tipo de delito cometido, con lo cual viola la
igualdad, pues no importa que esas personas puedan ser presos ejemplares, no
podrán nunca gozar del nuevo régimen de libertad condicional, lo cual es una
demostración de una inaceptable estigmatización contra esas personas, incompatible
con la función resocializadora de la pena y el respeto a su dignidad humana. La
violación a la igualdad es clara, por cuanto el acceso a los beneficios
penitenciarios debe derivar esencialmente del comportamiento penitenciario de
los reclusos, y no de su pasado delincuencial.
PRINCIPIO DE
IGUALDAD-Diferencia de
trato en concesión libertad provisional y libertad condicional (Salvamento de
voto)
Las
diferenciaciones en la concesión de la libertad condicional no pueden ser
estudiadas de la misma manera que las diferencias de trato en materia de
libertad provisional, por cuanto esta última se refiere a la suspensión de una
medida de aseguramiento y no a un beneficio penitenciario, como la primera.
Ahora bien, las medidas de aseguramiento buscan impedir que el imputado evada
el cumplimiento de la pena, en caso de que ésta sea impuesta. Por ende, en
tales eventos es razonable que la ley establezca diferenciaciones para la
concesión de la libertad provisional según el delito investigado, por cuanto es
factible suponer que quien cometió una conducta más grave estaría más dispuesto
a evadir las sanciones penales. En cambio, la libertad condicional es un
beneficio penitenciario, y por ello el criterio relevante debe ser el
comportamiento del interno en el lugar.
Con mi acostumbrado
respeto, me veo obligado a apartarme de la presente decisión, en virtud de la
cual la Corporación declaró la exequibilidad de aquellos apartes del artículo
1º de la Ley 415 de 1997 que excluyen ciertos delitos del nuevo régimen de
libertad condicional.  Según la sentencia, esa excepción no viola el principio
de igualdad ni la función resocializadora de la pena por cuanto “atiende
criterios de razonabilidad determinados por la mayor repercusión que la
vulneración o afectación de los bienes tutelados tiene en elementos de
importancia estratégica para la viabilidad y sostenibilidad del orden público
social y económico.”  No puedo compartir la decisión ni la argumentación de la
Corte por las razones que a continuación expongo.
1- Para comprender
el problema jurídico planteado, resulta necesario tomar en cuenta que el
artículo 1º de la Ley 415 de 1997, parcialmente acusado, modifica en parte el
régimen existente en materia de libertad condicional y establece una regulación
más favorable para el condenado, ya que reduce de 2/3 partes a 3/5 partes el
término objetivo para que se conceda el beneficio, esto es lo disminuye en una
quinceava (1/15) parte. Además, la nueva normatividad señala que el único
antecedente subjetivo relevante que debe ser tomado en cuenta es si el interno
ha observado buena conducta en el establecimiento carcelario, caso en el cual
el beneficio debe ser concedido, mientras que el artículo 72 faculta al juez a
tomar en cuenta todo tipo de antecedentes personales para evaluar si niega la
libertad provisional.
Ahora bien, el
artículo 1º de la Ley 415 de 1997 no deroga totalmente el régimen anterior por
cuanto excluye a las personas condenadas por ciertos delitos de este nuevo
régimen más benigno en materia de libertad condicional. Esto significa que la
expedición de la Ley 415 de 1997 implica que en la actualidad rigen dos
regulaciones legales para la concesión de la libertad provisional. Así, los
condenados por la mayor parte de los delitos pueden obtener ese beneficio en
los términos establecidos por la nueva regulación prevista por el artículo 1º
de la Ley 415 de 1997. En cambio, se entiende que aquellas personas que fueron
sancionadas por los delitos que expresamente fueron excluidos por la norma
acusada  del nuevo régimen se rigen por los mandatos del artículo 72 del Código
Penal. En tales circunstancias, el problema jurídico planteado era si la norma
acusada, al introducir una normatividad más favorable para la concesión de la
libertad condicional, podía o no excluir de ese régimen a determinados presos,
únicamente por cuanto fueron condenados por ciertos hechos punibles. Según la
sentencia, esa exclusión es posible, pues el Legislador puede establecer esas
diferenciaciones, siempre y cuando éstas tengan un sustento objetivo y
razonable. Según mi criterio, si bien el Legislador tiene una importante
libertad en materia de política criminal, no puede introducir esas distinciones
para la concesión de beneficios penitenciarios, ya que la redención de la pena
debe tomar en cuenta exclusivamente la conducta del condenado en su lugar de
reclusión.
2- Así, en diversas
oportunidades, la Corte ha reconocido que el Congreso goza de una cierta
libertad para desarrollar la política criminal pues la Constitución no ha definido
de una vez por todas el derecho penal, por lo cual el Legislador, obviamente
dentro de los marcos fijados por la propia Carta, tiene ante sí un espacio
relativamente autónomo, caracterizado, a su turno, por unos valores,
presupuestos y finalidades propios, pese a su acentuado grado de
constitucionalización. Así, a través del procedimiento democrático de adopción
de las leyes, el Estado tipifica las conductas prohibidas y fija las sanciones
(principio de legalidad de la pena) y en este quehacer histórico acoge y
abandona distintas y sucesivas filosofías punitivas, que pueden ser más o menos
drásticas, según el propio Legislador lo considere políticamente necesario y
conveniente[11].
Por ende, en
principio es admisible que la ley confiera diferentes consecuencias jurídicas a
los distintos delitos, según la valoración que el Congreso haga de la
importancia del bien jurídico afectado y del grado de culpabilidad de los
sujetos activos del ilícito. Sin embargo, esa libertad legislativa tiene
límites, y en especial no puede desconocer el mandato de la  igualdad ante la
ley penal (CP art. 13), que representa uno de los elementos fundamentales sobre
los cuales se han estructurado los regímenes constitucionales, pues
inicialmente la igualdad fue entendida en gran medida como la aplicación de las
mismas normas punitivas y procesales para todos los ciudadanos, con el fin de
combatir los privilegios de que gozaban ciertos estamentos en el Antiguo
Régimen. Por ello esta Corporación ha sido muy exigente cuando ha tenido que
analizar la constitucionalidad de las normas legales que exceptúan a
determinadas personas de la aplicación estricta de la ley penal común, lo cual
la ha llevado a excluir del ordenamiento varias de tales disposiciones, pues la
Corte ha considerado que se configuran privilegios inadmisibles, siempre y
cuando no exista una justificación clara de la excepción legal[12].
En ese orden ideas,
la pregunta que se planteaba era si esa libertad del Legislador le permite
consagrar un régimen diferenciado para la concesión de la libertad condicional
de un condenado, según el tipo de delitos que éstos cometieron.
3- Para responder al
anterior interrogante, es necesario tener en cuenta que la libertad provisional
representa un beneficio penitenciario, esto es, hace parte de la fase de la
ejecución de la pena, una vez que el juez ya ha definido, luego de un debido
proceso, cuál es la sanción que corresponde a la persona acusada, según el
delito cometido y su grado de culpabilidad. Ahora bien, tal y como la Corte lo
ha señalado en diversas oportunidades, la ejecución de la pena en un Estado
social de derecho fundado en la dignidad humana (CP art. 1º) debe tener
esencialmente una función resocializadora. Ha dicho al respecto la Corporación:
“En la actualidad
se considera que las teorías tradicionales que buscaban justificar de manera
absoluta las penas y el sistema penal están en crisis. Así, ni la teoría
kantiana de la retribución, ni las doctrinas utilitarias de la prevención
frente a conductas consideradas socialmente dañosas permiten explicar,
comprender y justificar plenamente la función que puede cumplir el sistema
penal en una sociedad democrática fundada en los derechos humanos. Por ello la
doctrina penal más avanzada considera que tal función sólo puede encontrar
explicación en principios diferentes, que actúan en momentos diversos del
ejercicio de la acción punitiva por el Estado. Así, en el primer momento, se
considera que el Legislador define los delitos orientado esencialmente por
consideraciones de prevención general, y secundariamente por principios
retributivos. Conforme a tal criterio, la tipificación legal de hechos punibles
pretende desestimular conductas lesivas de bienes jurídicos dignos de ser
tutelados por el derecho penal (prevención general) pero de manera tal que
exista una cierta proporcionalidad entre el daño ocasionado por el delito y la
pena que le es atribuida (componente retributivo en esta fase).  De otro lado,
en la fase de imposición judicial de la pena a un determinado sujeto, en
general se considera que el sistema penal debe operar con un criterio
esencialmente retributivo, a fin de que, por razones de justicia, exista una
proporcionalidad entre  la dañosidad de la conducta, el grado de culpabilidad
del agente y la intensidad de la pena. Finalmente, se considera como propio del
Estado social de derecho que la ejecución de la sanción penal esté orientada
por finalidades de prevención especial positiva, esto es, en esta fase se debe
buscar ante todo la resocialización del condenado, obviamente dentro del
respeto de su autonomía y dignidad puesto que, como se verá más adelante, es
necesario armonizar estos valores.
Como es natural,
no siempre es fácil hacer compatibles estos distintos principios de
fundamentación del sistema penal, pues en ocasiones los fines de prevención
general aconsejan penas muy severas, mientras que las políticas de
resocialización sugieren penas bajas. Así, dice al respecto Herbert Hart, que
"las penas que estimamos necesarias como amenaza para maximizar la
obediencia al Derecho, pueden convertir al transgresor a quien se imponen, en
un enemigo inflexible de la sociedad; mientras que el recurso a medidas
rehabilitadoras puede disiminuir la eficacia y ejemplaridad del castigo en los
demás"[13].  Sin embargo, a pesar de esas inevitables
tensiones y discusiones, lo cierto es que durante la ejecución de las penas
debe predominar la búsqueda de resocialización del delincuente, ya que ésto es
una consecuencia natural de la definición de Colombia como un Estado social de
derecho fundado en la dignidad humana (CP art. 1º), puesto que el objeto del
derecho penal en un Estado de este tipo no es excluir al delincuente del pacto
social sino buscar su reinserción en el mismo. Por ello, es lógico que los
instrumentos internacionales de derechos humanos establezcan esa función
resocializadora del tratamiento penitenciario.  Así, de manera expresa, el
artículo 10 numeral 3º del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las
Naciones Unidas, aprobado por Colombia por la Ley 74 de 1968, consagra que
"el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad
esencial será la reforma y la readaptación social de los penados (subrayas
no originales)"[14].
El anterior examen muestra
que los pactos de derechos humanos y la Carta imponen una función esencialmente
resocializadora al tratamiento penitenciario. Ahora bien, la norma parcialmente
acusada precisamente niega de plano esa función, puesto que excluye de la nueva
regulación de la libertad condicional a determinados condenados, no en razón de
su comportamiento en los centros de reclusión sino únicamente debido al tipo de
delito cometido. En efecto, esa disposición impide el acceso de tales internos
a los beneficios del nuevo régimen de libertad condicional, que es más
favorable a la resocialización de los condenados, exclusivamente con base en el
tipo de delito cometido, con lo cual viola la igualdad, pues no importa que
esas personas puedan ser presos ejemplares, no podrán nunca gozar del nuevo
régimen de libertad condicional, lo cual es una demostración de una inaceptable
estigmatización contra esas personas, incompatible con la función
resocializadora de la pena y el respeto a su dignidad humana. La violación a la
igualdad es clara, por cuanto el acceso a los beneficios penitenciarios debe
derivar esencialmente del comportamiento penitenciario de los reclusos, y no de
su pasado delincuencial. Preciso mi argumento: la gravedad del ilícito debe ser
un factor determinante de la punibilidad y un elemento a ser tomado en cuenta
en la ejecución de la misma. Pero no puede, per se, impedir el acceso a
beneficios penitenciarios a aquellos internos que, en los centros de reclusión,
hayan hecho mérito para ser incluidos en tales programas, pues tal
determinación constituye un trato discriminatorio.
4- El razonamiento
precedente muestra las diferencias de las excepciones a la libertad condicional
con decisiones anteriores de la Corporación, en donde adherí a la posición de
la Corte y que son invocadas por la presente sentencia como precedentes
relevantes. Así, según mi criterio, las diferenciaciones en la concesión de la
libertad condicional no pueden ser estudiadas de la misma manera que las
diferencias de trato en materia de libertad provisional, por cuanto esta última
se refiere a la suspensión de una medida de aseguramiento y no a un beneficio
penitenciario, como la primera. Ahora bien, las medidas de aseguramiento buscan
impedir que el imputado evada el cumplimiento de la pena, en caso de que ésta
sea impuesta. Por ende, en tales eventos es razonable que la ley establezca
diferenciaciones para la concesión de la libertad provisional según el delito
investigado, por cuanto es factible suponer que quien cometió una conducta más
grave estaría más dispuesto a evadir las sanciones penales. En cambio, la
libertad condicional es un beneficio penitenciario, y por ello el criterio
relevante debe ser el comportamiento del interno en el lugar  Por ello creo que
la sentencia C-093 de 1993, que declaró la constitucionalidad de la
diferenciación establecida en la legislación penal en materia de libertad
provisional, no constituía un precedente relevante para la presente decisión.
5- Por todo lo
anterior, según mi criterio, la prohibición absoluta de que los condenados por
ciertos delitos puedan gozar del nuevo régimen de libertad provisional es
contraria a la Constitución, por lo cual la Corte debió declarar la
inexequibilidad de la expresión acusada.
Igualmente, y por
unidad normativa, la Corporación debió proceder a excluir del ordenamiento el
artículo 72 del Código Penal por cuanto éste habría perdido toda eficacia
normativa propia. En efecto, como se señaló anteriormente, ese artículo
mantiene una vigencia sectorial, pues sólo se aplica a los delitos que fueron
exceptuados del nuevo régimen de libertad condicional. Por ende, si la Corte
hubiera declarado la inexequibilidad de esa excepción, el nuevo régimen
establecido por la Ley 415 de 1997 se debería aplicar a todos los delitos, con
lo cual el artículo 72 del estatuto penal dejaba de tener efectos.
5- Fuera de lo
anterior, considero que la sentencia no analiza con suficiente rigor el alcance
de la excepción establecida por la disposición impugnada. En efecto, incluso si
aceptáramos, en gracia de discusión, que la ley puede consagrar regímenes
diferenciados de libertad condicional según el tipo de delito, la Corte hubiera
debido examinar en concreto si la distinción consagrada por el primer parágrafo
del artículo 1º de la Ley 415 de 1997 se justificaba en relación a cada uno de
los delitos exceptuados del nuevo régimen. Pero ello no es así, pues la
sentencia se limita a enumerar los distintos delitos exceptuados y a efectuar
unas cosnideraciones genéricas sobre la manera como delitos como el enriquecimiento
ilícito, el narcotráfico o la corrupción administrativa han afectado a la
sociedad colombiana. Sin embargo, la sentencia no elabora ningún análisis sobre
otros delitos que fueron también exceptuados del nuevo régimen de libertad
provisional,  por lo cual considero que la fundamentación de la
constitucionalidad de la norma acusada resulta insuficiente, incluso si se
aceptara la tesis de la Corporación, según la cual la ley puede consagrar
regímenes diferenciados en materia de libertad condicional fundados
exclusivamente en el tipo de delito cometido, tesis que, como creo haber
mostrado, desconoce el principio de igualdad y la función resocializadora de la
pena en un Estado social de derecho.
Fecha ut supra,
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
[1] Ponente, H. Magistrado José Gregorio Hernández Galindo.
[2] Se examinó la constitucionalidad del Decreto 2271 de 1991
(parcialmente) “por el cual se adoptan como legislación permanente unas
disposiciones expedidas en ejercicio de las facultades del Estado de Sitio”
[3]C-565 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara
[4] Ley 40/93:
Art.30.-
Delito de Homicidio - Circunstancias de agravación punitiva:
a.   Para preparar facilitar o consumar
otro hecho punible; para ocultarlo, asegurar su producto o la impunidad, para
sí o para los partícipes.
b.  Por precio, promesa remuneratoria,
ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil.
c.   Valiéndose de la actividad de
inimputable.
d.  Con fines terroristas o en desarrollo
de actividades terroristas o en persona que ostente alguna de las actividades o
cargos descritos en este numeral.
e.
[5] Ley 30/86:
1.   Tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes.
2.   Cultivo, conservación o financiación
de plantaciones.
3.   Estímulo al uso ilícito.
4.   Suministro o formulación ilegal.
5.   Suministro a menor.
6.   Incitación al consumo de drogas.
7.   Suministro de fármacos a deportistas.
[6] Decreto
2266/91:
1.   Fabricación y tráfico de armas de
fuego o municiones.
2.   Fabricación y tráfico de armas de
fuego y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.
3.   Terrorismo.
4.   Omisión de informe sobre actividades
terroristas.
5.   Instigación o constreñimiento para
ingreso a grupos terroristas.
6.   Concierto para delinquir.
7.   Instigación al terrorismo.
8.   Empleo o lanzamiento de sustancias u
objetos peligrosos.
9.   Corrupción de alimentos y medicinas
con fines terroristas.
10. Instrucción y
entrenamiento.
11. Utilización ilícita de
equipos transmisores o receptores.
12. Administración de
recursos.
13. Suplantación de
autoridad.
14. Incitación a la comisión
de delitos militares.
15. Secuestro subrogado por
la ley 40 de 1993.
16. Amenazas personales y
familiares.
17. Apoderamiento y desvío de
aeronaves.
18. Homicidio, modificado por
la ley 40 de 1993.
19. Lesiones personales con
fines terroristas.
20. Deformidad con fines
terroristas.
21. Perturbación funcional.
22. Perturbación psíquica.
23.
Pérdida
anatómica o funcional de órgano o miembro.
[7] LEY
190/95:
-
Estatuto anticorrupción -
1.   Peculado por apropiación.
2.   Cohecho impropio.
3.   Tráfico de influencias.
4.   Enriquecimiento ilícito.
5.
Receptación.
[8] Ley
360/97:
1.
Acceso carnal violento.
2.
Acto sexual violento.
3.
Acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir.
4.   Acceso carnal abusivo con menor.
5.   Acceso carnal abusivo con incapaz de
resistir.
6.   Actos sexuales con menor de 14 años.
7.   Inducción a la prostitución.
8.   Constreñimiento a la prostitución.
9.
Trata de personas.
10. Estímulo a la
prostitución de menores.
11.
Pornografía con menores.
[9] Ley
365/97:
1.   Favorecimiento.
2.   Receptación.
3.   Concierto para delinquir.
4.   Lavado de activos.
5.   Omisión de control.
6.   Extinción del dominio.
[10] Concordancias:
Ley
294/96 “Violencia intrafamiliar”
La
libertad condicional, tal y como está establecida en artículo 72 del Código
Penal, no procederá en los eventos en que haya de por medio una orden de
protección.
[11] Ver, entre otras, la sentencia C-038 de 1995. MP Alejandro
Martínez Caballero. Fundamento Jurídico No 4.
[12]Ver, entre otras, las sentencias C-025/93 y C-386/96.
[13]H.L. Hart. Op-cit, p 180.
[14] Sentencia C-261 de 1996. MP Alejandro Martínez Caballero.
Fundamento Jurídico No 7.