SU425-16
Sentencia SU425/16
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Concebida como juicio de validez no como
juicio de corrección del fallo cuestionado
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto no se incurrió
en los defectos alegados, en la condena por responsabilidad patrimonial
impuesta por el Consejo de Estado a un funcionario judicial llamado en garantía
Referencia: Expediente
T-5383748
Acción
de Tutela instaurada por Eluin Guillermo Abreo Triviño, contra la Sección
Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado.
Derechos
fundamentales invocados:
debido proceso.
Temas:
i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales; y ii) requisitos generales y específicos de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
Problema
jurídico:
¿la
Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, vulneró el derecho
fundamental al debido proceso del señor Eluin Guillermo Abreo Triviño, al
supuestamente: i) valorar indebidamente el material probatorio del proceso de
reparación directa, como
es el caso del desistimiento de CAFAM; ii) soportar la condena impuesta
al accionante, en las supuestas irregularidades en el proceso de restitución de
inmueble arrendado, pese a que el lanzamiento se dio por el proceso ejecutivo
hipotecario; iii) no tener soporte la condena, pues las supuestas
pérdidas económicas de CAFAM no están reflejadas en sus proyecciones
financieras; iv) desconocer los requisitos para estructurar el daño y generar
la indemnización, por cuanto el caso se circunscribe en la culpa exclusiva de
la víctima; y v) por la forma empleada para llamar en garantía al actor?
Magistrado
Ponente:
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., once
(11) de agosto de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Plena de
la Corte Constitucional,
conformada por los magistrados María Victoria
Calle Correa -quien la preside-, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro
Linares Cantillo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado,
Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,
Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución Política y en los artículos
33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión del fallo proferido el 15 de diciembre de 2015, por la Sección Quinta
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que confirmó
la sentencia del 15 de octubre de 2015, por medio de la cual la Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, negó por
improcedente el amparo del derecho fundamental al debido proceso del señor Eluin
Guillermo Abreo Triviño.
1.
ANTECEDENTES
De
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33
del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección número Cuatro de la Corte
Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la
referencia.
De conformidad
con el artículo 61 del Acuerdo 02 de 2015 que unifica y actualiza el
Acuerdo 05 de 1992, por medio del cual se adopta el Reglamento de la Corte
Constitucional, y
en razón a que la acción de tutela de la referencia se interpuso
contra una providencia de la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de
Estado,
el 18 de mayo de 2016 se puso en conocimiento de la Sala Plena de esta
Corporación el presente asunto. En la misma fecha, el Pleno decidió asumir
el conocimiento del expediente de la referencia, suspendiéndose los términos
para ser fallada.
1.1.
SOLICITUD
El
señor Eluin Guillermo Abreo Triviño, interpuso acción de tutela contra la Sección
Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, por cuanto considera
vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. Para fundamentar la demanda
relató los siguientes:
1.2.
HECHOS
Y ARGUMENTOS DE DERECHO
Para entender de
mejor manera los hechos que motivaron la interposición de la presente acción de
tutela, previo a señalar los antecedentes del proceso ordinario en el que se
dictó la sentencia aquí acusada, se referirán los antecedentes del proceso
ejecutivo y del proceso de restitución de inmueble arrendado, que dieron origen
a la demanda de reparación directa.
1.2.1.  Antecedentes
del proceso ejecutivo
1.2.1.1.   La
Arquidiócesis de Tunja y José Domingo Otálora promovieron un proceso ejecutivo
hipotecario contra los señores Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones de Mora. El
inmueble dado en hipoteca y perseguido en esa acción ejecutiva, era el Centro
Comercial Normandía, ubicado en la calle 52 Bis Nº. 71-12 de la ciudad de
Bogotá.
1.2.1.2.   La
demanda ejecutiva le correspondió al Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá,
cuyo titular era el señor Eluin Guillermo Abreo Triviño. Como medida cautelar,
el juez decretó el embargo y secuestro del inmueble.
1.2.1.3.   El
Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá, por auto del 17 de octubre de 1990,
designó al señor Norberto Salamanca Flechas como secuestre de dicho inmueble.
1.2.1.4.   El
29 de enero de 1991, el secuestre Norberto Salamanca Flechas y la señora María
Patricia Ramírez de Baena, suscribieron contrato de arrendamiento sobre el
Centro Comercial Normandía. En el contrato se pactó que el inmueble podía
subarrendarse o que podía cederse. También se pactó como canon de arrendamiento
el valor de $1.000.000 mensuales. Asimismo “se convino comprometer el canon
de arrendamiento para pagar acreencias constituidas o autorizadas por el
secuestre, y que el predio quedara afectado hasta tanto se cancelara un préstamo
que ascendió a $160.000.000”.
1.2.1.5.   El
11 de febrero de 1991, la señora María Patricia Ramírez de Baena subarrendó a
CAFAM el Centro Comercial Normandía.
1.2.1.6.   Tiempo
después, en 1993, el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá, por auto del 24
de marzo, relevó del cargo de secuestre al señor Norberto Salamanca, y designó,
el 1º de abril del mismo año, al señor Siervo Humberto Gómez García. El 22 de
septiembre de 1993, la Inspectora 10 G Distrital de Policía de Bogotá realizó
la entrega real y material del Centro Comercial Normandía al nuevo secuestre.
1.2.1.7.   El
Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá, por oficio del 17 de mayo de 1993, le
comunicó a CAFAM que los cánones de arrendamiento debía pagarlos al nuevo
secuestre del proceso ejecutivo.
1.2.1.8.   Periódicamente
CAFAM le enviaba al secuestre copia de los depósitos judiciales que efectuaba
por concepto de cánones de arrendamiento del Centro Comercial Normandía.
1.2.1.9.   Según
el accionante, el proceso ejecutivo con título hipotecario, tenía 3
particularidades: “i) más de 40 créditos quirografarios que por no poderse
acumular al hipotecario, no les quedó más remedio que optar por el embargo de
remanentes; ii) el inmueble único que hacía parte del patrimonio de los
demandados se encontraba embargado y secuestrado dentro del proceso ejecutivo
hipotecario, y el secuestre lo había dado en arrendamiento con facultad para
subarrendar, y los términos del arriendo y el subarriendo se prolongarían por
más de 10 años; iii) en esas condiciones, el proceso ejecutivo hipotecario que
llevaba 10 años de trámite, se estaba usando para burlar a los restantes
acreedores; y iv) ante este panorama, el Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá
optó por convertir ese proceso ejecutivo con título hipotecario en un concurso
de acreedores”.
1.2.1.10.
En
audiencia del 30 de octubre de 1995, se declaró que la señora María Patricia
Rodríguez de Baena cedería los derechos derivados del contrato de arrendamiento
a los acreedores, y que se encontraba a paz y salvo con el primer secuestre. En
esa audiencia también se levantó la medida de embargo y secuestro del Centro
Comercial Normandía y se dispuso la subasta del inmueble por valor de
$800.000.000.
1.2.1.11.
Como
consecuencia del desembargo, el Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá ordenó al
secuestre la restitución del bien. CAFAM por su parte se opuso a la entrega del
bien, pero el Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá rechazó la oposición.
1.2.2.
Antecedentes
del proceso de restitución de inmueble arrendado
1.2.2.1.   El
7 de septiembre de 1994, mientras se tramitaba el proceso ejecutivo, Siervo
Humberto Gómez García, en calidad de secuestre, presentó ante el Juzgado 19
Civil del Circuito de Bogotá un proceso de restitución de inmueble arrendado
contra María Patricia Ramírez de Baena, en razón a que manifestó no haber
recibido ningún dinero por el arrendamiento. Las partes del proceso fueron el
secuestre que ofició como arrendador y la arrendataria (María Patricia Ramírez
de Baena).
1.2.2.2.   El
Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá, mediante auto del 9 de septiembre de
1994, ordenó a la Oficina Judicial que el proceso de restitución de inmueble
arrendado fuera asignado a ese Despacho porque conocía del proceso ejecutivo
donde se designó a Siervo Humberto Gómez García como secuestre del Centro
Comercial Normandía.
1.2.2.3.   El
16 de septiembre de 1994, la Oficina Judicial asignó el proceso de restitución
de inmueble arrendado al Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá, que por auto
del 19 de septiembre de 1994, admitió la demanda y ordenó que se corriera
traslado a la señora María Patricia Ramírez de Baena.
1.2.2.4.   El
Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá, por sentencia del 21 de octubre de
1994, declaró terminado el contrato de arrendamiento celebrado entre el señor
Norberto Salamanca Flechas, en calidad de secuestre, y la señora María Patricia
Ramírez de Baena, como arrendataria del Centro Comercial, y en consecuencia
ordenó la restitución del inmueble.
1.2.2.5.   Una
vez ejecutoriada la sentencia, cuando se intentó hacer efectiva la orden de
restitución, CAFAM se opuso, argumentando entre otras cosas que, no había sido
convocada al proceso de restitución, y además, que le estaba pagando el canon
directamente al secuestre, y que esa condición le daba la calidad de
arrendataria.
1.2.2.6.   La
diligencia de restitución de inmueble se suspendió a petición de CAFAM, quien
en ese interregno interpuso acción de tutela contra el Juzgado 19 Civil del
Circuito de Bogotá, para que se amparara su derecho al debido proceso. La
demanda de tutela le correspondió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, que por sentencia del 28 de febrero de 1995 amparó el derecho al debido
proceso de CAFAM, dejando sin efectos las actuaciones surtidas en el proceso de
restitución de inmueble arrendado, y ordenó al Juzgado 19 Civil del Circuito de
Bogotá que remitiera el expediente a la Oficina Judicial para que ésta
sometiera a reparto el proceso de restitución de inmueble arrendado que
promovió el secuestre.
El argumento central fue que el Juez 19 Civil del
Circuito de Bogotá carecía de competencia para tramitar el proceso de restitución,
lo que le imponía su remisión a reparto para que fuera distribuido entre todos
los jueces del civiles del circuito de la ciudad; además, el Tribunal sostuvo
que el juez no podía desconocer la realidad procesal en cuanto que CAFAM le
estaba pagando al secuestre o al juzgado, lo que lo colocaba en una situación
diferente a la del subarriendo.
1.2.2.7.   En
cumplimiento de la anterior orden, la demanda de restitución de inmueble
arrendado le correspondió al Juzgado 14 Civil del Circuito de Bogotá, que por
providencia del 3 de abril de 1995, la inadmitió para que el señor Siervo
Humberto Gómez García acreditara la calidad de secuestre y se integrara el
litisconsorcio con CAFAM. El secuestre no subsanó los defectos señalados en el
auto inadmisorio, por lo que la demanda se rechazó.
1.2.2.8.   No
obstante lo anterior, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
en fallo de tutela de segunda instancia, de fecha 27 de marzo de 1995, modificó
la orden de amparo que se dio en la providencia del 28 de febrero de 1995, en
cuanto ordenó al Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá que continuara con la
diligencia de entrega del Centro Comercial Normandía, pero en el entendido que “la
sentencia en su ejecución no debe afectar la relación de tenencia entre CAFAM y
la señora María Patricia Ramírez de Baena”.
1.2.2.9.   Posteriormente,
CAFAM se quejó de que el Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá no había cumplido
la orden de tutela, por lo que inició el respectivo incidente de desacato. La
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante
providencia del 13 de mayo de 1996, estimó que el Juez 19 Civil del Circuito de
Bogotá no cumplió la orden de tutela, pues no continuó con la diligencia de
entrega. Por lo tanto, lo sancionó con 3 días de arresto y 5 SMLMV, y remitió
copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que determinara si la
conducta del juez merecía alguna investigación. Esa decisión fue confirmada por
la Corte Suprema de Justicia.
1.2.2.10.
La
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el 9
de marzo de 1998, al valorar la conducta del señor Abreo Triviño, relativa al
abono del proceso de concurso de acreedores, consideró que no había
irregularidad alguna, y por eso decidió absolverlo. Por su parte, la Fiscalía
General de la Nación, el 28 de julio de 1999, concluyó que no existe ninguna
irregularidad de orden punitivo en la actuación del hoy accionante. Así las
cosas, ambas entidades archivaron las diligencias adelantadas contra el Juez 19
Civil del Circuito de Bogotá.
1.2.2.11.
Durante
el desarrollo de la diligencia de entrega, ya no por cuenta del proceso de
restitución sino del desembargo del bien, CAFAM, quien continuaba con la
tenencia del predio, se opuso a la entrega, y al negársele la oposición,
procedió a presentar una nueva tutela contra el Juzgado 19 Civil del Circuito
de Bogotá por violación al debido proceso. De esta acción conoció el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien en providencia del 19 de enero
de 1996, negó el amparo solicitado por CAFAM porque la orden de desalojo no era
arbitraria.
1.2.2.12.
El
15 de febrero de 1996, CAFAM entregó el Centro Comercial Normandía al secuestre
Siervo Humberto Gómez García, quien a su vez le hizo entrega del mismo a los
acreedores.
1.2.2.13.
Después
de haberse entregado el inmueble, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia, por sentencia de tutela del 28 de febrero de 1996, revocó la
providencia del 19 de enero de 1996 y en su lugar amparó el derecho al debido
proceso de CAFAM, ordenando al Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá que “en
la entrega a que alude el artículo 688 del Código de Procedimiento Civil,
garantizara los derechos que como arrendatario tiene CAFAM sobre el inmueble”.
1.2.2.14.
El
Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá, en cumplimiento de la orden de tutela
de la Corte Suprema de Justicia, citó a audiencia el 29 de abril, el 10 y el 22
de mayo de 1996 para entregarle nuevamente el inmueble a CAFAM.
1.2.2.15.
En
la última audiencia se presentó el señor Fabio Alonso Higuera Suárez y alegó
que era el nuevo propietario del inmueble, y que por lo tanto, CAFAM se abstuvo
de recibir el bien.
1.2.2.16.
Finalmente,
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por sentencia del 7 de
noviembre de 1997, declaró infundado el recurso extraordinario de revisión que
interpuso CAFAM contra la providencia del 21 de octubre de 1994, dictada por el
Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá.
1.2.3.
Antecedentes del proceso de reparación directa
1.2.3.1.   En
ejercicio de la acción de reparación directa, CAFAM pidió que se declarara
patrimonialmente responsable a la Nación, Rama Judicial, de los perjuicios
materiales y morales causados por el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá,
por asignarse irregularmente el proceso de restitución de inmueble arrendado,
admitir la demanda sin vincularla al proceso y ordenar la entrega del Centro
Comercial Normandía de manera irregular.
1.2.3.2.   La
demanda le correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Sala de Descongestión, que mediante providencia del 16 de febrero de
1998, la admitió y ordenó notificar a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.
1.2.3.3.   En
la contestación de la demanda, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial propuso excepciones y llamó en garantía al demandante, en calidad de
Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá.
1.2.3.4.   El
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de
Descongestión, por sentencia del 27 de octubre de 2004, estimó que si bien el
Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá cumplió los deberes a su cargo en el
proceso de restitución de inmueble arrendado, lo cierto es que vulneró el
derecho al debido proceso de CAFAM porque no le permitió ejercer su derecho de
defensa. Sin embargo, también manifestó que CAFAM al no estar pendiente de lo
que ocurría en dicho proceso, obró con negligencia, es decir, que se presenta
una concurrencia de culpas. Por lo anterior, declaró patrimonialmente
responsable a la Nación, Rama Judicial, “por la culpa compartida entre la
administración y el demandante, por el valor del 50% establecido en la parte
considerativa de este proveído, al no habérsele permitido a CAFAM, la
vinculación como coadyuvante dentro del proceso de restitución de inmueble
arrendado que efectivamente la afectó”.
1.2.3.5.   Inconformes
con esta decisión, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, CAFAM y
Eluin Guillermo Abreo Triviño, en calidad de llamado en garantía, interpusieron
recurso de apelación, y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
mediante sentencia del 19 de agosto de 2014, resolvió:
“PRIMERO. MODIFICAR la sentencia del 27 de
octubre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Tercera-Sala de Descongestión, la cual quedará así:
SEGUNDO. DECLARAR a
la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
patrimonialmente responsable de los perjuicios ocasionados a la Caja de
Compensación Familiar-CAFAM, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO. DECLARAR
patrimonialmente responsable al llamado en garantía, al señor Eluin Guillermo
Abreo Triviño, en proporción del 100% respecto de la condena impuesta. La
entidad demandada pagará a CAFAM la totalidad de la condena impuesta y repetirá
contra el llamado en garantía.
CUARTO.
Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación-Rama
Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar, por concepto
de perjuicios materiales, a favor de CAFAM, la suma de $441.789.0345.51.
QUINTO. DENEGAR
las demás pretensiones de la demanda”.
Como sustento del anterior fallo, el Consejo de
Estado consideró lo siguiente:
“(…) La responsabilidad del Estado por el
hecho del juez comporta el desconocimiento de obligaciones y deberes de mayor
alcance y envergadura, que diferencias en la interpretación, ya sea porque no
se aplica la ley vigente, se desatienden injustificadamente los
precedentes jurisprudenciales, los principios que integran la materia o los
imperativos que rigen el debido proceso, al punto de negar injustificadamente
el derecho.
Se
trata de una responsabilidad que no demanda una decisión arbitrariamente
contraria a derecho, aunque de darse, esta indudablemente causa daño y asimismo
responsabilidad. Se colige, entonces, que toda decisión arbitraria genera
responsabilidad y que la arbitrariedad no es el único presupuesto de la
responsabilidad.
Con
la expedición de la Constitución de 1991 y la consagración, en su artículo 90,
de la responsabilidad patrimonial del Estado, como presupuesto general, siempre
que una autoridad pública cause un daño que la víctima no tendría que soportar,
surge la garantía constitucional de reparar. Ello resulta coherente con la
filosofía dirigida a otorgar mayor protección a las personas frente a la
actuación u omisión de las autoridades públicas, quienes, en ejercicio de sus
deberes o funciones, no tendrían que vulnerar los derechos, intereses,
libertades y creencias de los asociados.
Esa
garantía constitucional fue posteriormente desarrollada y reglamentada,
especialmente para el caso de la responsabilidad por el ejercicio de la función
judicial, entre otros, por los artículos 65 y siguientes de la Ley 270 de 1996,
en tanto que regulan, en forma expresa, la responsabilidad del Estado por
acción u omisión de los servidores judiciales por error jurisdiccional,
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia o privación injusta
de la libertad. No obstante, como en el presente asunto se discuten errores
judiciales sucedidos con anterioridad a la vigencia de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia –en el proceso de restitución y en las diligencias
de lanzamiento y entrega del centro comercial Normandía-, el análisis de los
mismos sólo puede fundarse en el artículo 90 de la Constitución, como cláusula
general de reparación patrimonial del Estado y en las disposiciones
concordantes.
En
este punto, es preciso evidenciar que el artículo 95 de la Carta Política
impone a los asociados el deber de colaborar con las autoridades en la
realización de la justicia, es decir, los compromete con acciones, cargas,
trámites y procedimientos, de tal manera que contraría la lealtad hacer gala de
errores para acudir en demanda de reparación, cuando, quien alega su condición
de víctima, habría evitado lo ocurrido observando la diligencia procesal que su
condición de parte le imponía[1].
(…)
En
este caso, a la demanda de restitución de inmueble arrendado se acompañó el
contrato de arrendamiento, supuestamente incumplido, esto es, el celebrado
entre el secuestre Norberto Salamanca Flechas y la señora María Patricia
Ramírez de Baena, el 29 de enero de 1991. Lo cual si bien cumple lo con
previsto en el numeral 1º del parágrafo 1º de la disposición transcrita, lo
hace desde la forma y no de la sustancia, pues el demandante y el Juzgado
conocía que el inmueble se subarrendó y que el canon lo pagaba Cafam.
Ahora
bien, pese a que la demanda se fundó en la causal de mora en el pago de los
cánones de arrendamiento -$56.878.750-, a este escrito no se acompañó prueba
siquiera sumaria de que se efectuaron a la arrendataria los requerimientos
privados o los judiciales previstos en artículo 2035 del C.C. o aquélla
renunció a ellos. Así como tampoco, solicitud de efectuar estas reconvenciones.
Situación que contraviene el numeral 2º del parágrafo 1º de la disposición
transcrita.
Y
lo más importante, la demanda de restitución no se dirigió en contra de la Caja
de Compensación Familiar-Cafam, entidad que, además de ostentar la tenencia del
centro comercial Normandía, se convirtió en arrendataria directa de ese
inmueble, pues por disposición del Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá
D.C., terminó consignando los cánones de arrendamiento al secuestre Siervo
Humberto Gómez García, emolumentos que, para efectos de adelantar el proceso de
restitución, ese auxiliar de la justicia negó haberlos recibido.
Para
la Sala, el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. (i) propició y
avaló una relación directa entre el señor Gómez García y la Caja de
Compensación Familiar, pues emitió un auto en el que le indicó a esta última
que le pagara al primero el canon de arrendamiento y (ii) conoció, porque
tramitó el proceso ejecutivo que la Caja de Compensación Familiar se encontraba
al día en el pago de los cánones de arrendamiento, pues el centro comercial
Normandía rendía cuentas periódicas y los depósitos judiciales se efectuaban a
favor del juzgado. Al punto que con el producto de lo recibido, dicho
funcionario autorizó, entre otros, el pago de impuestos, valorización y obras
en general.
Ahora
bien, de haber requerido confirmar la gestión, lo correcto era vincular a
Cafam, por cuanto el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. conocía
de su calidad de sujeto de la relación contractual de arrendamiento. Y así
mismo, estaba en el deber de prevenir, remediar y sancionar cualquier tentativa
de fraude procesal.
Por
lo expuesto, el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., al tenor del
artículo 83 del C. de P.C., debió en el auto admisorio de la demanda, ordenar
el traslado de esta a quien faltaba para integrar el contradictorio, obligación
a la que tiene que proceder aún de oficio.
(…)
Para
la Sala el hecho de que se haya efectuado una notificación por aviso a la
señora María Patricia Ramírez de Baena, en el centro comercial Normandía, no
tiene la virtualidad suficiente para afirmar que Cafam tuvo pleno conocimiento
de la existencia del proceso de restitución y, que por tal circunstancia, le
era exigible actuar como un interviniente adhesivo o litisconsorcial.
Ahora
bien, el Juez Diecinueve Civil del Civil del Circuito de Bogotá D.C. conocía
(i) los términos del contrato de arrendamiento supuestamente incumplido; (ii)
la relación contractual que propició entre la Caja de Compensación Familiar y
el auxiliar de la justicia que designó, pues a él se le consignaban los cánones
de arrendamiento; (iii) los depósitos judiciales efectuados y las relaciones de
pago que presentó Cafam y (iv) los informes final y periódicos rendidos por los
secuestres Norberto Salamanca Flechas y Siervo Humberto Gómez García,
respectivamente.
Hechos
y medios de convicción que daban cuenta, por un lado, que la demandada en el
proceso de restitución no sólo tenía que ser la señora María Patricia Ramírez
de Baena, que ésta pagó, con cargo a los cánones de arrendamiento, varias
acreencias de los ejecutados Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones de Mora y
sufragó otros gastos, todo lo cual sumó aproximadamente $200.000.000. Y, por
otro, que la Caja de Compensación Familiar siempre pagó los cánones de
arrendamiento del centro comercial Normandía, inicialmente, a la antes nombrada
y, luego, por disposición del Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá
D.C., al secuestre Siervo Humberto Gómez García, quien aceptó en su informe
final de gestión que, durante su administración recibió $140.980.527.
Por
lo anterior, el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. debió
abstenerse de dictar sentencia de lanzamiento o recurrir a la posibilidad que
le brindaba el parágrafo 3º del artículo 424 del C. de P.C. de decretar pruebas
de oficio para esclarecer la situación, pero no lo hizo.
(…)
De
lo expuesto hasta el momento, se establece que (i) en el abono, trámite y
decisión del proceso de restitución se cometieron varias inconsistencias
procesales y sustanciales y se atendieron fines diferentes a los previstos por
la ley, lo que vulneró los derechos de defensa y debido proceso de la Caja de
Compensación Familiar; (ii) esta entidad, por lo anterior y por
habérsele, además, rechazado la oposición a la diligencia de entrega, con una
aplicación restrictiva del artículo 338 del C. de P.C., hizo uso de todos los
medios que tenía a disposición para la protección de sus intereses, como
interponer un recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de lanzamiento
y presentar una acción de tutela y (iii) pese a que Cafam obtuvo un
amparo constitucional, este quedó sin aplicación práctica, lo que le generó al
Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. un arresto de 3 días y una
multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
(…)
De
lo expuesto hasta el momento se puede inferir que, pese a que el concurso de
acreedores sólo autorizó el levantamiento de la medida de embargo y secuestro
que pesaba sobre centro comercial Normandía y la subasta de ese bien, el Juez
Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. propició la cesación de funciones
del secuestre Siervo Humberto Gómez García. Situación que desencadenó que (i)
el inmueble quedará sin secuestre, pues no se señaló quién lo reemplazaría
mientras se efectuaba el remate y (ii) la Caja de Compensación Familiar se
viera forzada a entregar el centro comercial Normandía, pues no mediaba orden
judicial para ello y posibilidad de oposición alguna, de conformidad con lo
normado en el artículo 688 del C. de P.C.
Para
la Sala, el hecho de que (i) el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá
D.C., haya buscado devolverle a la Caja de Compensación Familiar el centro
comercial Normandía, para acatar así un fallo de tutela y (ii) esta entidad haya
desistido de recibirlo, por las nuevas trabas que enfrentó, no significa que el
daño invocado en la demanda no se produjo o quedó subsanado.
En
el sub judice el desalojo abrupto se produjo -15 de febrero de 1996-, porque la
cesación de las funciones del secuestre que se ideó, de forma arbitraria, para
ello funcionó, al punto que se cerró la posibilidad una oposición –artículo 668
del C. de P.C.- y el fallo de tutela de segunda instancia de 28 de febrero de
1996, que quiso revertir de algún modo esa situación, no lo alcanzó evitar.
Pese
a que la Caja de Compensación Familiar no facilitó o permitió, de forma
imprudente y eficaz, el desalojo abrupto e ilegal de que fue objeto, el a quo
insiste en que debe disponerse una reducción de la condena en un 50%, al tenor
de lo dispuesto 2357 del C.C. La Sala, por las anomalías evidenciadas, por el
amparo constitucional que quedó nuevamente sin aplicación práctica y por la
ausencia de participación de Cafam en ese desenlace, no comparte esa posición.
Las
irregularidades sistemáticas que se produjeron para obtener, en este caso, el
lanzamiento abrupto de que fue objeto la Caja de Compensación Familiar, imponen
a la Sala, por no evidenciarse participación de esa entidad en la producción
del daño,  condenar a la Nación-Rama Judicial. Lo anterior, no sin antes
analizar la responsabilidad del llamado en garantía”.
En
cuanto al llamamiento en garantía, el Alto Tribunal de lo Contencioso
Administrativo sostuvo en la sentencia atacada que:
“(…)
En
el presente caso, las actuaciones judiciales que dieron lugar al llamamiento en
garantía fueron anteriores a la expedición de la Ley 678 de 2001, por manera
que las normas sustanciales aplicables para dilucidar si el llamado actuó con
culpa grave o dolo, serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta
del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad
patrimonial frente al Estado, casos en los cuales resulta necesario remitirse
directamente al criterio de culpa grave y dolo que recoge el Código Civil.
(…)
Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado ha señalado que para determinar la existencia de la culpa grave o
del dolo el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código
Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso
que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la
Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como
también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales
respectivos. Así mismo, es necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena y mala fe que están contenidos
en la Carta y en
la ley, a propósito de algunas instituciones como por ejemplo contratos, bienes
y familia.
En consideración a lo anterior, la Sala ha explicado que para determinar la responsabilidad personal de
los agentes, ex agentes estatales o particulares investidos de funciones
públicas, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas
comporta, necesariamente, el estudio de las funciones a su cargo y si respecto
de ellas se presentó un incumplimiento grave.
Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento se debió a una
actuación consciente y voluntaria del agente, es decir con conocimiento de la
irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las
consecuencias nocivas –actuación dolosa–, o si al actuar pudo prever la irregularidad en la cual incurriría y
el daño que podría ocasionar y aun así lo hizo o confió imprudentemente
en poder evitarlo –actuación gravemente
culposa–.
Es claro entonces que se trata de establecer una responsabilidad
subjetiva cualificada, en la cual juega un papel decisivo el análisis de la
conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no
cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el
ordenamiento jurídico permitirá deducir la responsabilidad del agente, ex
agente estatal o particular en ejercicio de funciones públicas y, por ello,
resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta.
De lo expuesto se puede inferir que, la culpa grave o el
dolo implican un comportamiento no solo ajeno al derecho, sino dirigido a
causar daño o cuando menos producto de una negligencia que excluye toda
justificación. Y lo que se busca, en casos como este, es analizar si
las actuaciones de los servidores que dieron lugar a la condena en contra del
Estado, tuvieron la intención de dañar y si esto no se encuentra demostrado, si
se cuenta con elementos que permitan calificar la conducta como falta de
diligencia extrema, equivalente a la señalada intención. Es decir, al margen de
la legalidad o ilegalidad de la actuación, se habrá de determinar si la
conducta de los servidores se sujetó a los estándares de corrección o si por el
contrario los desbordó hasta descender a niveles que no se esperarían ni
siquiera del manejo que las personas negligentes emplean en sus propios
negocios; de manera que lo acontecido no encuentre justificación.
En
el sub judice se busca establecer la responsabilidad subjetiva del Juez
Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., señor Eluin Guillermo Abreo
Triviño.
Los
hechos probados dan cuenta que en el proceso de restitución y en las
diligencias de lanzamiento y entrega que se practicaron, se presentó, por parte
del Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., una marcada intención de
desalojar a la Caja de Compensación Familiar del centro comercial Normandía, lo
cual se reflejó (i) en las sucesivas irregularidades que cometió –abonarse un
proceso, no integrar el contradictorio, desconocer pruebas, no resolver en
equidad, cerrar posibilidades de oposición e idearse una entrega como resultado
de la cesación de funciones del secuestre- y que implicaron un desconocimiento
flagrante de los derechos de defensa y debido proceso de Cafam; (ii) en el
incumplimiento del deber de prevenir, remediar y sancionar toda
tentativa de fraude procesal –artículo 37 del C. de P.C.-; (iii) en tolerar que
el secuestre Siervo Humberto Gómez García faltara a la verdad y presionara, de
forma indebida, a la entidad demandante para obtener de ella una mayor
rentabilidad y (iv) en el no acatamiento de fallos de tutela que
buscaron revertir esas inconsistencias, así ello implicara afrontar una sanción
-arresto
de 3 días y multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes-, el
inicio de investigaciones disciplinarias y penales y asentir la dilación de la
diligencia que buscaba devolverle el aludido inmueble a la entidad actora.
Lo
expuesto evidencia que el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C.,
desarrolló u omitió una serie de actuaciones que, aunque conocía que eran
irregulares o que desconocían deberes y fallos de tutela, le permitirían
atender fin distinto al de administrar justicia, esto es, desalojar,
ilegalmente, a la Caja de Compensación Familiar del centro comercial Normandía.
En
este punto, es pertinente manifestar que si bien al aludido Juez Diecinueve se
le iniciaron procesos disciplinario y penal, que terminaron con disposiciones
de archivo de las diligencias y no imponer medida de aseguramiento,
respectivamente, no se puede soslayar que esas investigaciones, además de
abarcar una pequeña parte de las irregularidades u omisiones que quedaron
evidenciadas –abono del proceso y no acatamiento de uno de los fallos de tutela
incumplidos-, pretenden proteger bienes jurídicos diferentes a la acción de repetición
establecida para proteger el patrimonio estatal.
El
Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. sostiene que no puede ser
responsabilizado de la condena, porque la Caja de Compensación no hizo uso de
todos los medios de defensa que tenía a disposición y dio cumplimiento a lo
normado sobre oposición a la entrega en los artículos 338 y 668 del C. de P.
C.. Sobre el particular es preciso manifestar que, tal como quedó demostrado,
(i) Cafam sí acudió a las vías judiciales procedentes para la protección de sus
intereses –recurso extraordinario de revisión y acciones de tutela- y (ii) la
aplicación estricta de esas disposiciones, lo que hizo, en este caso, fue
perpetuar la vulneración de los derechos de defensa y debido proceso de la
entidad demandante e impedir la corrección de las irregularidades cometidas.
Por
lo anterior, resulta pertinente responsabilizar patrimonialmente al llamado en
garantía, tal como lo solicitó el Agente del Ministerio Público”.
Respecto
a los perjuicios, la sentencia cuestionada señala que:
“(…)
Utilidades para los años de 1996, 1997 y 1998. La Sala difiere de
la experticia que reconoce a la Caja de Compensación Familiar tres años de
utilidades, porque conforme a la jurisprudencia de la Corporación[2],
en el afectado recae una carga de recomponer la actividad económica que desarrollaba
en el bien despojado y, por ende, estima que, en este caso, el término de seis
meses constituye un término prudencial para la recuperación de la labor
comercial, por tanto ese será el periodo objeto de indemnización.
Como
los peritos proyectaron unas utilidades para el año de 1996, anualidad en la
que ocurrió el desalojo, de $ 177.951.200, la Sala sólo reconocerá la suma de
$88.975.600, la cual equivale a seis meses, periodo en el que se espera que
Cafam reaccione al hecho dañino y se sobreponga.
(…)”.
1.2.3.6.   Eluin
Guillermo Abreo Triviño solicitó la adición y aclaración del fallo, pero el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en providencia del 29 de
abril de 2015, denegó las solicitudes porque en realidad no se buscaba la
adición ni la aclaración del fallo, sino provocar un nuevo pronunciamiento de
fondo, en cuanto el actor pretendía que se realizara una nueva valoración de
las pruebas del proceso.
1.2.3.7.   A
través de la presente acción de tutela, el accionante solicita que se dejen sin
efectos las providencias del 29 de agosto de 2014 y del 29 de abril de 2015,
proferidas por la Subsección B, de la Sección Tercera, del Consejo de Estado,
dentro del proceso de reparación directa 29888
1.3.
DEFECTOS
ALEGADOS POR EL ACCIONANTE
1.3.1.
Valoración
indebida de las pruebas aportadas al proceso:
Arguye
el actor que este defecto se presenta porque el Consejo de Estado no valoró: i)
la prueba del desistimiento de CAFAM; ii) el testimonio de Luis Fernando
Villamarín, Jefe del Departamento Jurídico de CAFAM, en cuanto a que el
supuesto perjuicio derivó del desalojo, y éste se produjo como consecuencia del
desembargo del bien y no del proceso de restitución; iii) la copia del aviso a
través del cual se realizó la notificación del auto admisorio del proceso de
restitución, en donde el notificador del Juzgado 19 Civil del Circuito de
Bogotá dejó constancia, bajo juramento, que fijó el aviso en una de las puertas
del supermercado CAFAM; iv) las sentencias de primera y segunda instancia en la
primera acción de tutela interpuesta por CAFAM, en las que quedó claro que el
reparto no era constitutivo de competencia; v) las decisiones de la Fiscalía
General de la Nación y del Consejo Superior de la Judicatura, en las que se
manifestó que no hubo ninguna anomalía o irregularidad que denotara una actitud
dolosa de parte del  Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá; vi) la sentencia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que resolvió el recurso de
revisión que se presentó contra la sentencia dictada en el proceso de
restitución, en la que se concluyó que en este caso no hubo fraude procesal; vii)
el dictamen pericial de los peritos Luis Eduardo Murillo Cruz y Manuel Arturo
Castañeda García, en el que se cuantificó como daño emergente el precio
cancelado por CAFAM para su traslado, pese a que “tarde o temprano ese rubro
debía ser pagado por CAFAM cuando desocupara el predio, circunstancia que debió
ser tenida en cuenta por el Consejo de Estado”; viii) “respecto a la
indemnización por el despido de empleados, no se tuvo en cuenta que la
cancelación de las dos relaciones laborales (Nohora Téllez y Claudia Ortega)
surgieron después de que CAFAM hubiese tomado la decisión de abandonar el
predio”; y ix) “en cuanto al lucro cesante, no se tuvo en cuenta que los
peritos manifestaron que en el mes de enero y hasta el 15 de febrero se
presentaron pérdidas, pero ello no está reflejado en las proyecciones de CAFAM,
y el Consejo de Estado acogió lo manifestado por los peritos sin ninguna
consideración”.
1.3.2.
La equivocada o falsa motivación de la sentencia:
1.3.2.1.
Manifiesta
el accionante que la autoridad judicial demandada no tuvo en cuenta que el
desalojo de CAFAM se produjo como consecuencia del proceso de desembargo
decretado en el proceso ejecutivo, que luego se convirtió en un concurso de
acreedores y no por el proceso de restitución.
1.3.2.2.
Por
otro lado, alega el accionante que si se aceptara que el proceso de restitución
del Centro Comercial Normandía fue la causa del daño, tampoco habría lugar a
declarar la responsabilidad del Estado, por cuanto:
(i)
La
asignación del proceso de restitución de inmueble arrendado que ordenó el Juez
19 Civil del Circuito de Bogotá, no repercutió en el desalojo del inmueble, que
es según CAFAM, el hecho dañoso.
(ii)
Conforme
con el artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, el proceso de
restitución se inició por el arrendador en contra del arrendatario. En este
caso el arrendador era el secuestre y la arrendataria la señora María Patricia
Ramírez de Baena, es decir, que contra lo dicho en la sentencia acusada, no era
necesario vincular al proceso de restitución a CAFAM.
(iii)
Alega
que en todo caso, en el proceso de reparación directa “aparece que el señor
Eduardo Guevara recibió copia del aviso y el original se fijó en la puerta de
entrada del predio, así lo afirmó el notificador de la época mediante
juramento”, y que estas pruebas demuestran que el traslado de la demanda de
restitución de inmueble arrendado se efectuó debidamente, lo que indica que de
todos modos CAFAM sí se enteró del proceso de restitución de inmueble.
(iv)
Por
otra parte, expresa que si bien se reprocha al Juzgado 19 Civil del Circuito de
Bogotá no haber decretado pruebas, lo cierto es que en la sentencia acusada no
se determinó qué pruebas ni con qué fin se debían decretar.
(v)
Además,
alega que en la sentencia ahora censurada, también se reprochó que el Juez 19
Civil del Circuito de Bogotá no hubiese dictado un fallo en equidad, acusación
que, según el demandante, es impertinente, por cuanto, conforme al artículo 230
Constitucional, los jueces están sometidos al imperio de la ley.
(vi)
Agrega
que no es cierto que el Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá haya ideado la
forma para que CAFAM entregara el inmueble, pues “simplemente los acreedores
y el deudor pidieron que se levantara la medida cautelar, por lo que se accedió
a esa petición, y por lo tanto, se debía devolver el predio”.
1.3.2.3.
También
sostiene que “no omitió ejercer los poderes que le confirió la ley para
evitar fraudes procesales ni actuó con culpa ni negligencia”.
1.3.3.
La
equivocada argumentación como soporte de la condena:
Argumenta
el accionante que este defecto se materializa porque en la sentencia
cuestionada no se explicó: i) por qué se aceptó el dictamen pericial según el
cual, en el mes de enero y hasta el 15 de febrero se presentaron pérdidas para CAFAM,
si ello no está reflejado en el estado de cuenta de la caja de compensación; y
ii) qué implicaciones tuvo el desistimiento de CAFAM para recibir nuevamente el
inmueble.
1.3.4.
La
violación del precedente del Consejo de Estado sobre los requisitos para
estructurar el daño y generar la indemnización:
Manifiesta
el accionante que en la sentencia cuestionada se violó el precedente del
Consejo de Estado sobre los requisitos para configurar el daño y generar la
indemnización; así como también se pasó por alto que este caso se circunscribe
en una culpa exclusiva de la víctima, por lo cual él no está llamado a
responder.
1.4.
TRASLADO
Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
1.4.1.  Mediante auto
del 26 de mayo de 2015, la Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, admitió la solicitud de amparo, vinculó a
los Magistrados de la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, al
representante legal de CAFAM y al Director Ejecutivo de Administración de la
Rama Judicial, y corrió traslado de la misma para que ejercieran su derecho de
defensa y contradicción.
1.4.2.
La
Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, mediante
escrito del 9 de junio de 2015[3],
manifestó que en el proceso 29888 se declaró patrimonialmente responsable al
señor Eluin Guillermo Abreo Triviño porque “los hechos probados en el
plenario evidenciaron que se presentó, por parte del señor Eluin Guillermo
Abreo Triviño, Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá, una marcada intención de desalojar
a CAFAM del Centro Comercial Normandía, lo cual se reflejó: i)en las sucesivas
irregularidades que cometió –abonarse un proceso, no integrar el contradictorio,
desconocer pruebas, no resolver en equidad, cerrar posibilidades de oposición e
idearse una entrega como resultado de la cesación de funciones del secuestre- y
que implicaron un desconocimiento flagrante de los derechos de defensa y debido
proceso de CAFAM; ii) en el incumplimiento del deber de prevenir, remediar y
sancionar toda tentativa de fraude procesal; iii) en tolerar que el secuestre
Siervo Humberto Gómez García faltara a la verdad y presionara, de forma
indebida, a la entidad demandante para obtener de ella una mayor rentabilidad;
y iv) en el no acatamiento de fallos de tutela que buscaron revertir esas
inconsistencias, así ello implicara afrontar una sanción –arresto de 3 días y
multa de 5 SMLMV-, el inicio de investigaciones disciplinarias y penales y
asentir la dilación de la diligencia que buscaba devolver el aludido inmueble a
la entidad actora”.
Finalmente,
manifiesta la Corporación que de las equivocaciones y falencias relacionadas
por el accionante, se advierte que están dirigidas a reabrir la controversia
ordinaria, sin que se evidencie la vulneración del debido proceso con la
connotación que exige la prosperidad de una acción de tutela en contra de una
decisión en firme.
1.4.3.
CAFAM
intervino en calidad de tercero dentro de la presente acción de tutela mediante
escrito del 12 de junio de 2015[4],
en el que reseñó los elementos que configuran, según la Corte Constitucional,
la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, para
terminar su intervención aduciendo que la sentencia proferida por la Subsección
B, de la Sección Tercera del Consejo de Estado “en ningún momento incurre en
alguno de los supuestos jurisprudenciales previstos para estructurar la
procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales, pues la misma se
ajusta a derecho”.
Para soportar su apreciación,
CAFAM manifestó que: “i) se evidencia que el fallador establece la causa del
daño con la situación fáctica y jurídica correspondiente y que no solamente se
corrobora dentro del mismo fallo sino que toma en consideración fallos de
tutela a favor de CAFAM, mediante los cuales se demostró la violación de
derechos de CAFAM con ocasión de las actuaciones judiciales del hoy accionante;
ii) la valoración probatoria siguió las reglas establecidas respecto a la
valoración y contenido de los medios probatorios obrantes en el expediente y
sobre los cuales no solo se apoyó el fallo materia de tutela, sino el juez de
primera instancia y los jueces que en su momento fallaron en materia civil
dentro del proceso que dio origen a la acción de reparación directa interpuesta
por CAFAM; iii) el Consejo de Estado valoró los aspectos relevantes para el
tema debatido en la acción de reparación directa, esto es, las actuaciones del
Despacho a cargo del hoy accionante que generaron el perjuicio reclamado por
CAFAM; iv) el fallo del Consejo de Estado estuvo debidamente motivado conforme
a los hechos materia de análisis y al material probatorio; y v) el fallo
debatido tuvo en cuenta el precedente jurisprudencial de esta Corporación”.
1.4.4.
La
División de Procesos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura, mediante escrito del 26 de mayo
de 2015[5],
sostuvo que “como quiera que la decisión que adopte en la presente acción
constitucional, respetando el principio de autonomía e independencia judicial,
va a afectar los intereses de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, solicitó a la Corte Constitucional que en la medida en que la
presente acción cumpla con los requisitos previstos en el precedente
jurisprudencial, se realice el estudio de revisión de la sentencia
cuestionada”.
Como soporte de su petición, referenció
la jurisprudencia de la Corte constitucional referente a la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
1.5.
DECISIONES
DE INSTANCIA
1.5.1.  Sentencia de
primera instancia
Mediante fallo
del 15 de octubre de 2015, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, negó por improcedente el amparo
solicitado, argumentando que los argumentos propuestos por el demandante son
los mismos que presentó en el proceso de reparación directa, los cuales ya
fueron resueltos por la autoridad judicial demandada, y por lo tanto, no puede
el juez de tutela volver a estudiarlos.
Agrega que “en
las pretensiones del actor se encuentra un uso indebido de la acción de tutela,
pues pretende un pronunciamiento de fondo, como si el juez de tutela fungiera
como superior funcional de la autoridad judicial demandada. Eso desconoce la
naturaleza de la institución de la tutela, que está prevista para la protección
de derechos fundamentales”.
Por otra parte, manifiesta
que la informalidad que se predica para la presentación de la acción de tutela no
significa que el interesado pueda hacer uso del mecanismo con planteamientos
que son propios de los procesos ordinarios. Es decir, “el hecho de que la
petición de tutela pueda presentarse sin el cumplimiento de mayores exigencias
formales no puede traducirse en el ejercicio abusivo del derecho de acudir ante
los jueces para obtener la protección de los derechos fundamentales con
demandas en las que únicamente se busca que el juez de tutela emita un
pronunciamiento de fondo frente a temas que, en principio, tienen control ante
el juez del caso”.
Asimismo, sostiene
que “por más informal que resulte la tutela, y así sus objetivos sean la
salvaguarda de los derechos fundamentales, el interesado está en la obligación
de ejercer adecuadamente el derecho de acción, es decir, de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. No se debe insistir en los razonamientos
que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes”.
Finalmente
manifiesta que “la acción de tutela presentada por Eluin Guillermo Abreo
Triviño es abiertamente improcedente porque busca revivir la discusión del
proceso de reparación directa, la cual ya fue definida por la autoridad
judicial demandada”.
1.5.2.  Impugnación
De conformidad
con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante, mediante apoderado
judicial, impugnó el fallo de tutela. Como argumentos de su impugnación sostuvo
que la sentencia atacada configura una vía de hecho por las siguientes razones:
“(…)
la sentencia cuestionada acude al daño antijurídico descrito en el artículo 90
de la Constitución, y sin decirlo con claridad, el juicio de responsabilidad se
estructura en aquello que tiene que ver en la forma de prestar el servicio de
justicia, radicado en la conducta del funcionario y de los auxiliares de la
justicia, sin poder concluir con precisión en cuál de éstos episodios se
articuló el comportamiento del funcionario, para de ahí articular si la textura
de dicho comportamiento se corresponde con los perjuicios de que dice sufrió
CAFAM. Pero para los fines de la protección constitucional suplicada, en la
época en que ocurrieron los presuntos hechos generadores del perjuicio, el
precedente que inspiraba el funcionamiento de la responsabilidad del Estado se
encontraba en la sentencia del 16 de diciembre de 1987, expedida por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, en la que se delimitaba la necesidad de
distinguir entre los juicios por la responsabilidad por falla del servicio, en
primer término el compromiso de la administración pública como una cuestión
distinta de la responsabilidad personal del juez, de ahí la explicación del
porqué del llamamiento en garantía no podía ocurrir, y era indispensable que el
mismo accionante en el juicio de responsabilidad lo habilitara así en el libelo
inicial de la demanda”.
Respecto a este
argumento, concluye manifestando que “si el fallo recurrido en tutela parte
de la premisa de la inaplicación de la regulación sobre el error judicial
establecido en los artículos 65 y siguientes de la Ley 270 de 1996, con la
explicación de que los hechos examinados ocurren antes de la vigencia de la
mencionada ley, es indiscutible que la cláusula general de responsabilidad
prescita en el artículo 90 de la Constitución, encuentra cabal aplicación en la
definición del daño antijurídico en el hecho de la justicia, que según el
precedente vinculante del Consejo de Estado, diferencia la responsabilidad por
falla del servicio de justicia localizada en el deficiente o mal funcionamiento
del servicio, y cuando el fundamento material del juicio de responsabilidad
compromete la conducta personal del juez, el juzgamiento debió hacerse a la luz
del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil”.
Por otra parte,
sostiene que “la condena que se le impuso a Eluin Guillermo Abreo Triviño
por parte de la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, quebranta
en forma directa la Constitución Política de 1991, al desconocer de manera
grave las garantías jurídicas básicas de ingreso y procesamiento del ahora
sentenciado en reparación extracontractual, en atención a la irregular forma
que se empleó para llamarlo en garantía, aplicando retroactivamente una ley
posterior, lo cual es enteramente un ejercicio jurídicamente contradictorio si
se advierte la pertinencia de la ley vigente, que por otra parte brindaba
mayores garantías procesales al hoy accionante”.
Asimismo,
respecto al reproche de “haberse abonado el expediente, es de destacarse que
la conducta imputada como error, no afectó la competencia del despacho, y además,
razonablemente, el nuevo proceso por restitución de inmueble arrendando
previamente embargado y secuestrado, tiene evidentes vínculos con un proceso
ejecutivo que desde 1981 iniciaron con título ejecutivo hipotecario la
arquidiócesis de Tunja contra Diógenes Mora Leal y Clara Quiñonez de Mora,
enfocado en la prenda específica del inmueble otorgado en contrato accesorio de
hipoteca y en el que supuestamente se irrogaron los perjuicios a la
demandante”.
En cuanto al
anterior argumento, adiciona que “es justificado subrayar que no es error, y
mucho menos inexcusable que un funcionario judicial, por razones de economía
procesal en un proceso que lleva más de 10 años de antigüedad, solicite a la
oficina de reparto que se lo abone, cuando el bien a restituir hace parte de la
garantía hipotecaria del proceso que dicho funcionario tramitaba en aquel
entonces”.
Como argumento
final de su intervención, sostiene que “surge una pregunta, y es cómo se
estructura un juicio de responsabilidad contra el Estado y en acción de repetición
contra un ex Juez de la República, partiendo de unas bases que no son reales,
ni diseñadas en términos precisos para deducir una condena patrimonial sobre
una hipótesis que no existió?, puesto que la subarrendataria y ahora
demandante, no fue perseguida en lanzamiento de un contrato principal de
arrendamiento, sino que el sub vínculo a las contingencias del proceso
ejecutivo es definitivamente accesorio al contrato principal de arrendamiento y
a los intereses legítimos de las partes del proceso ejecutivo, esto es, no solo
la situación de CAFAM era jurídicamente protegida, sino que también lo eran la
de los sujetos procesales del proceso principal, elemento este que
decididamente no fue objeto de estudio por el juez de la segunda instancia en
el juicio por responsabilidad”.
1.5.3.  Sentencia de
segunda instancia
Mediante fallo
del 15 de diciembre de 2015, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado confirmó la sentencia impugnada, aduciendo
que la Subsección B, de la Sección Tercera, del Consejo de Estado, analizó los
hechos del caso concreto, las pruebas allegadas al expediente y los pronunciamientos
que frente a este mismo caso habían emitido otras autoridades judiciales, arribando
a una conclusión razonable, solo que en forma contraria a los intereses del
accionante, sin que por ella pueda entenderse per se que dichas
apreciaciones fueron violatorias de los derechos fundamentales alegados.
Adicionalmente,
sostiene que en la solicitud de adición y aclaración de la sentencia del 29 de
agosto de 2014, el accionante expuso idénticas razones a las propuestas en esta
acción de tutela, las cuales fueron negadas por la autoridad judicial
accionada, precisamente porque el demandante pretendía que se volvieran a
estudiar los argumentos de defensa que se propusieron en el proceso de
reparación directa, “tal como ahora busca por medio de esta solicitud de
amparo”.
Por otra parte,
advierte que “como en el escrito de impugnación el actor aludió que el
análisis del caso concreto debió centrarse en el estudio del artículo 40 del Código
de Procedimiento Civil y en la Ley 270 de 1996 para determinar si se configuró
o no un comportamiento irregular por parte del accionante (teoría del error
judicial), quien fue condenado como funcionario judicial, así como también
alegó su indebida vinculación al proceso de reparación directa, por cuanto al
momento de presentar dicha demanda CAFAM no solicitó su vinculación para
conformar el litisconsorcio. Al respecto, la Sala no abordará el estudio de
dichos argumentos ni emitirá consideración alguna, toda vez que tan solo fueron
ventilados por el accionante en el escrito de impugnación, de no ser así, tal
situación implicaría la vulneración al derecho al debido proceso, defensa y
contradicción por cuanto la autoridad judicial accionada y el tercero con
interés en el presente asunto no tuvieron conocimiento de tales argumentos, en
primera instancia”.
En consecuencia,
concluye que en este caso no concurren los presupuestos exigidos para conceder
el amparo constitucional.
1.6.
PRUEBAS
DOCUMENTALES
En
el trámite de la acción de amparo no se aportó ninguna prueba.
1.7.
ACTUACIONES SURTIDAS POR LA SALA DE REVISIÓN
1.7.1.
Mediante
auto del 15 de junio de 2016, el Despacho del Magistrado Ponente, dados
los hechos y pretensiones referidos, consideró necesario:
“PRIMERO. ORDENAR
que
por Secretaría General de la Corte Constitucional se ponga en conocimiento de
la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Carrera 7ª Nº. 75-66, piso 2 y 3.
Bogotá D.C.), de la Procuraduría General de la Nación (Carrera 5 Nº. 11-96.
Bogotá D.C.) y de la Arquidiócesis
de Tunja (Carrera 2ª Nº. 59-390. Tunja) la solicitud de
tutela de la referencia y los fallos de instancia, para que en el término de
tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, expresen
lo que estimen conveniente.
SEGUNDO. Por
intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REQUERIR al
Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá (Carrera
9 # 11-45, Bogotá D.C.), para que en el término de tres (3)
días hábiles, contados a partir del recibo de la comunicación del presente
auto, ENVIE, si está en su poder, copia de la totalidad del
expediente correspondiente al proceso ejecutivo hipotecario adelantado por la
Arquidiócesis de Tunja y José Domingo Otálora contra los señores Diógenes Mora
Leal y Clara Quiñones Mora, radicado bajo el número 11001310301919880183501. De
ser el caso, oficie el presente auto a la dependencia judicial que tenga el
expediente para lo de su competencia.
TERCERO. Por
intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REQUERIR al
Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá (Carrera
9 # 11-45, Bogotá D.C.), para que en el término de tres (3)
días hábiles, contados a partir del recibo de la comunicación del presente auto,
ENVIE, si está en su poder, copia de la totalidad del expediente
correspondiente al proceso de restitución de inmueble arrendado promovido por
el secuestre, (dentro del proceso ejecutivo hipotecario adelantado por la
Arquidiócesis de Tunja y José Domingo Otálora contra los señores Diógenes Mora
Leal y Clara Quiñones Mora), Siervo Humberto Gómez García contra la señora
María Patricia Ramírez de Baena, en calidad de arrendataria del inmueble
ubicado en la calle 52 Bis Nº. 71-13, 71-25, 71-05, y 71-12 de la ciudad de
Bogotá, denominado Centro Comercial Normandía. De ser el caso, oficie el
presente auto a la dependencia judicial que tenga el expediente para lo de su
competencia.
CUARTO. Por
intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REQUERIR a la
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva, Archivo Central (Carrea 10 Nº. 14-33, piso
1. Bogotá D.C.), para que en el término de tres (3) días hábiles, contados a
partir del recibo de la comunicación del presente auto, ENVIE, si está
en su poder, copia de la totalidad del expediente correspondiente al
proceso ejecutivo hipotecario adelantado por la Arquidiócesis de Tunja y José
Domingo Otálora contra los señores Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones Mora,
radicado bajo el número 11001310301919880183501. De ser el caso, oficie el
presente auto a la dependencia judicial que tenga el expediente para lo de su
competencia.
QUINTO. Por
intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REQUERIR a la
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva, Archivo Central (Carrea 10 Nº. 14-33, piso
1. Bogotá D.C.), para que en el término de tres (3) días hábiles, contados a
partir del recibo de la comunicación del presente auto, ENVIE, si está
en su poder, copia de la totalidad del expediente correspondiente al
proceso de restitución de inmueble arrendado promovido por el secuestre,
(dentro del proceso ejecutivo hipotecario adelantado por la Arquidiócesis de
Tunja y José Domingo Otálora contra los señores Diógenes Mora Leal y Clara
Quiñones Mora), Siervo Humberto Gómez García contra la señora María Patricia
Ramírez de Baena, en calidad de arrendataria del inmueble ubicado en la calle
52 Bis Nº. 71-13, 71-25, 71-05, y 71-12 de la ciudad de Bogotá, denominado
Centro Comercial Normandía. De ser el caso, oficie el presente auto a la
dependencia judicial que tenga el expediente para lo de su competencia.
SEXTO. Por
intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REQUERIR a la
Oficina de Apoyo para los Juzgados de Ejecución del Circuito de Bogotá (carrera
10 #14-30, piso 2. Bogotá D.C.), para que en el término de tres (3) días
hábiles, contados a partir del recibo de la comunicación del presente auto, ENVIE,
si está en su poder, copia de la totalidad del expediente
correspondiente al proceso ejecutivo hipotecario adelantado por la
Arquidiócesis de Tunja y José Domingo Otálora contra los señores Diógenes Mora
Leal y Clara Quiñones Mora, radicado bajo el número 11001310301919880183501. De
ser el caso, oficie el presente auto a la dependencia judicial que tenga el
expediente para lo de su competencia.
SÉPTIMO. Por
intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REQUERIR a la
Oficina de Apoyo para los Juzgados de Ejecución del Circuito de Bogotá (carrera
10 #14-30, piso 2. Bogotá D.C.), para que en el término de tres (3) días
hábiles, contados a partir del recibo de la comunicación del presente auto, ENVIE,
si está en su poder, copia de la totalidad del expediente
correspondiente al proceso de restitución de inmueble arrendado promovido por
el secuestre, (dentro del proceso ejecutivo hipotecario adelantado por la
Arquidiócesis de Tunja y José Domingo Otálora contra los señores Diógenes Mora
Leal y Clara Quiñones Mora), Siervo Humberto Gómez García contra la señora
María Patricia Ramírez de Baena, en calidad de arrendataria del inmueble
ubicado en la calle 52 Bis Nº. 71-13, 71-25, 71-05, y 71-12 de la ciudad de
Bogotá, denominado Centro Comercial Normandía. De ser el caso, oficie el
presente auto a la dependencia judicial que tenga el expediente para lo de su
competencia.
OCTAVO. Por intermedio
de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REQUERIR a la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Calle 12 #9-23,
piso 2. Bogotá D.C.), para que en el término de tres (3) días hábiles, contados
a partir del recibo de la comunicación del presente auto, ENVIE, si está
en su poder, copia de la totalidad del expediente correspondiente al
proceso de reparación directa promovido por CAFAM contra la Nación –Rama Judicial-
(25000-23-26-000-1998-15937-01
(29888),
proceso en el que el señor Eluin Guillermo Abreo Triviño fue llamado en
garantía, incluidos los expedientes del proceso ejecutivo hipotecario
adelantado por la Arquidiócesis de Tunja y José Domingo Otálora contra los
señores Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones Mora y de restitución de inmueble
arrendado promovido por el secuestre, (dentro del proceso ejecutivo hipotecario
adelantado por la Arquidiócesis de Tunja y José Domingo Otálora contra los
señores Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones Mora), Siervo Humberto Gómez García
contra la señora María Patricia Ramírez de Baena, en calidad de arrendataria
del inmueble ubicado en la calle 52 Bis Nº. 71-13, 71-25, 71-05, y 71-12 de la
ciudad de Bogotá. De ser el caso, oficie el presente auto a la dependencia
judicial que tenga el expediente para lo de su competencia.
NOVENO. Por intermedio
de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REQUERIR a la
Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado (Calle 12 No.
7-65, Palacio de Justicia Bogotá D.C.), para que en
el término de tres (3) días hábiles, contados a partir del recibo de la
comunicación del presente auto, ENVIE, si está en su poder, copia de
la totalidad del expediente correspondiente al proceso de reparación directa
promovido por CAFAM contra la Nación –Rama Judicial- (25000-23-26-000-1998-15937-01
(29888),
proceso en el que el señor Eluin Guillermo Abreo Triviño fue llamado en
garantía, incluidos los expedientes del proceso ejecutivo hipotecario
adelantado por la Arquidiócesis de Tunja y José Domingo Otálora contra los
señores Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones Mora y de restitución de inmueble
arrendado promovido por el secuestre, (dentro del proceso ejecutivo hipotecario
adelantado por la Arquidiócesis de Tunja y José Domingo Otálora contra los
señores Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones Mora), Siervo Humberto Gómez García
contra la señora María Patricia Ramírez de Baena, en calidad de arrendataria
del inmueble ubicado en la calle 52 Bis Nº. 71-13, 71-25, 71-05, y 71-12 de la
ciudad de Bogotá.  De ser el caso, oficie el presente auto a la dependencia
judicial que tenga el expediente para lo de su competencia”.
1.8.
PRUEBAS Y RESPUESTAS ALLEGADAS EN SEDE DE REVISIÓN.
1.8.1.
Mediante informe
del 5 de julio de 2016, la Secretaría General de esta Corporación remitió a
este despacho expediente correspondiente al proceso de reparación directa
promovido por CAFAM contra la Nación –Rama Judicial-
(25000-23-26-000-1998-15937-01 (29888), incluidos los expedientes del proceso
ejecutivo hipotecario adelantado por la Arquidiócesis de Tunja y José Domingo
Otálora contra los señores Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones Mora y de
restitución de inmueble arrendado promovido por el secuestre, Siervo Humberto
Gómez García contra la señora María Patricia Ramírez de Baena, proveniente de
la Sección Tercera, Subsección C, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y
del Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá.
1.8.2.
En
el mismo escrito, se informó al Despacho que la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Procuraduría General de la Nación
no se manifestaron respecto de la presente acción. Por su parte, la
Arquidiócesis de Tunja señaló que “la acción se refiere a las actuaciones de
un Funcionario de la Rama Judicial en ejercicio de sus funciones como Juez de
la República, y un fallo del Honorable Consejo de Estado, tema sobre el cual no
corresponde pronunciarse”.
1.8.3.
En
cumplimiento del artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015, la anterior prueba se puso
a disposición de las partes mediante auto del 6 de julio de 2016.
2.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
2.1.
COMPETENCIA
La Corte es
competente para revisar los presentes fallos de tutela, de conformidad con los
artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, y con el Decreto 2591 de 1991.
2.2.
PROBLEMA
JURÍDICO
2.2.1.  Corresponde a
esta Sala establecer si la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de
Estado, vulneró el derecho fundamental al debido proceso del señor Eluin
Guillermo Abreo Triviño, al supuestamente: i) valorar indebidamente el material
probatorio del proceso de reparación directa, como es el caso del desistimiento de CAFAM; ii) soportar
la condena impuesta al accionante, en las supuestas irregularidades en el
proceso de restitución de inmueble arrendado, pese a que el lanzamiento se dio
por el proceso ejecutivo hipotecario; iii) no tener soporte
la condena, pues las supuestas pérdidas económicas de CAFAM no están reflejadas
en sus proyecciones financieras; iv) desconocer los requisitos para estructurar
el daño y generar la indemnización, por cuanto el caso se circunscribe en la
culpa exclusiva de la víctima; y v) por la forma empleada para llamar en garantía
al actor?
2.2.2.
Para resolver este problema jurídico, la Sala analizará: i) la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; y
ii) los requisitos generales y específicos de procedencia y procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales. Posteriormente
se pasará a analizar el caso concreto.
2.3.
PROCEDENCIA
EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. REITERACIÓN
DE JURISPRUDENCIA.
2.3.1.
Atendiendo
los parámetros establecidos en los artículos 86 de la Constitución Política, 2°
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos[6],
esta Corte ha decantado progresivamente pautas respecto a las condiciones
excepcionales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
2.3.2.
Según
lo ha expresado esta Corporación, la tutela contra decisiones judiciales, es de
alcance excepcional y restringido[7]
y se predica solo de aquellos eventos en los que pueda considerarse que una
actuación del juzgador, es manifiestamente contraria al orden jurídico o al
precedente judicial aplicable, y violatoria de derechos fundamentales, en
especial, de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. Esta afirmación encuentra un claro fundamento en la implementación
por parte del Constituyente del 91 de un nuevo sistema de justicia
constitucional basado concretamente, “(i) en el carácter
normativo y supremo de la Carta Política que vincula a todos los poderes
públicos; (ii) en el reconocimiento de la efectividad y primacía de los
derechos fundamentales; (iii) en la existencia de la Corte
Constitucional a quien se le atribuye la interpretación de la Constitución y la
protección de los derechos fundamentales; (iv) y en la posibilidad
reconocida a toda persona para promover acción de tutela contra cualquier
autoridad pública en defensa de sus derechos fundamentales”[8].
2.3.3.
La
Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005[9],
expuso el precedente vigente sobre la materia, en ella se distingue entre
requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra
sentencias. Los primeros tienen que ver con las condiciones fácticas y de
procedimiento que buscan hacer compatible el amparo con la eficacia de valores
de estirpe constitucional y legal, relacionados con la seguridad jurídica, los
efectos de la cosa juzgada, la independencia y autonomía del juez, al igual que
la distribución jerárquica de competencias al interior de la rama
jurisdiccional. Los segundos, se refieren a la descripción de los defectos en
que puede incurrir una decisión judicial y que la hacen incompatible con la
Constitución.
2.3.4.
Los
requisitos generales y específicos de la acción de tutela contra providencias
judiciales
2.3.4.1.
Los
requisitos generales y específicos de la acción de tutela contra sentencias,
según lo expuso la sentencia C-590 de 2005[10],
son los siguientes:
“Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Para la
Corte, el juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión
que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-, de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto
es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de esta última.
Que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración. De lo contrario, esto es, permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, comportaría
sacrificar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
Cuando
se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, si la irregularidad
comporta grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia
que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio
correspondiente.
Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse
de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
Que
no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la
protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un
riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual
las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la Sala
respectiva, se tornan definitivas”.
2.3.4.2.
Los
requisitos específicos aluden a la concurrencia de defectos en el fallo atacado
que, en virtud de su gravedad, hacen que el mismo sea incompatible con los
preceptos constitucionales. Estos defectos son los siguientes:
“Defecto
procedimental absoluto, falencia que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido. Igual que en el caso
anterior, la concurrencia del defecto fáctico tiene naturaleza cualificada,
pues se exige que se esté ante un trámite judicial que se haya surtido bajo la
plena inobservancia de las reglas de procedimiento que le eran aplicables, lo
que ocasiona que la decisión adoptada responde únicamente al capricho y la arbitrariedad
del funcionario judicial y, en consecuencia, desconoce el derecho fundamental
al debido proceso[11].
Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Al respecto,
debe recalcarse que este es uno de los supuestos más exigentes para su
comprobación como causal de procedencia de la acción de tutela contra
sentencias. Ello debido a que la valoración de las pruebas en el proceso es uno
de los campos en que se expresa, en mayor medida, el ejercicio de la autonomía
e independencia judicial. El ejercicio epistemológico que precede al fallo es
una tarea que involucra, no solo la consideración acerca de las consecuencias
jurídicas que, en materia probatoria, impone el ordenamiento jurídico positivo,
sino también la valoración que de los hechos del caso realice el funcionario
judicial, a partir de su propia experiencia y de su conocimiento sobre el área
del derecho correspondiente, tópicos que suelen reunirse bajo el concepto de
sana crítica.
Defecto
material o sustantivo, que se presenta cuando se decide con base en normas
inexistentes, inconstitucionales o claramente inaplicables al caso concreto.
Esta misma falencia concurre cuando se presenta una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión. Así, el defecto material o
sustantivo apela a la necesidad de que la sentencia judicial tenga un soporte
racional argumentativo mínimo, esto es, que (i) se soporte en las normas
constitucionales y legales que resulten aplicables; (ii) acredite consonancia
entre la motivación, que da cuenta del reconocimiento de esos preceptos de
derecho positivo y su contraste con el material probatorio legal y debidamente
recaudado durante el trámite, y la decisión que adopta el juez del conocimiento[12].
Error
inducido, tradicionalmente denominado como “vía de hecho por consecuencia” que
se presenta cuando el Juez o Tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales[13].
Sentencia
sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales del
deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones,
pues precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional. Este tipo de falencia se distingue del defecto fáctico, en cuanto no
se estructura a partir de la disconformidad entre la motivación de la sentencia
y su parte resolutiva, sino en la ausencia de razonamientos que sustenten lo
decidido. Es evidente que una exigencia de racionalidad mínima de toda
actuación judicial es que exprese los argumentos que hacen inferir la decisión
correspondiente. Cuando este ineludible presupuesto no puede verificarse, la
sentencia contradice aspectos que hacen parte del núcleo esencial del derecho
fundamental al debido proceso.
Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[14].
Violación
directa de la Constitución, causal de procedencia de la acción de tutela que se
estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma
específica, postulados de la Carta Política. A este respecto, debe insistirse
en que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo
a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de
aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos,
por los particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una decisión
judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o
aplica indebida e irrazonablemente tales postulados”.
2.3.4.3.
El
estudio jurisprudencial permite advertir que el asunto de la procedencia de la
acción de tutela contra sentencias judiciales “se muestra complejo, puesto
que la adecuada protección de los principios y valores constitucionales implica
un ejercicio de ponderación entre la eficacia de la mencionada acción
-presupuesto del Estado Social y Democrático de Derecho-, y la vigencia de la
autonomía e independencia judicial, el principio de cosa juzgada y la seguridad
jurídica”[15].
2.3.4.4.
En
resumen, como ha sido señalado en la jurisprudencia de esta Corte, “la
acción de tutela contra sentencias judiciales es un instrumento excepcional,
dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre
en graves falencias, de relevancia constitucional, las cuales tornan la
decisión incompatible con la Constitución. En este sentido, la acción de
tutela contra decisión judicial es concebida como un “juicio de validez” y no
como un “juicio de corrección” del fallo cuestionado, lo que se opone a que se
use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de
índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron origen
a la controversia”[16].
3.
ANÁLISIS
DEL CASO CONCRETO
3.1.     RESUMEN DE LOS
HECHOS
El accionante
considera vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, por la decisión
tomada por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, en
sentencia del 29 de agosto de 2014, debido a que lo declaró patrimonialmente
responsable en proporción del 100%, respecto de la condena impuesta a la Nación
–Rama Judicial-, por los perjuicios ocasionados a CAFAM, en el marco de un
proceso de restitución de inmueble arrendado.
Así
las cosas, del material probatorio obrante en el expediente, se puede hacer el
siguiente recuento fáctico:
3.1.1.
El
señor Norberto Salamanca Flechas, secuestre en el proceso ejecutivo con título
hipotecario de la Arquidiócesis de Tunja y José Domingo Otálora Contreras
contra los señores Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones de Mora, que cursó en el
Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá, dio en arrendamiento a la señora María
Patricia Ramírez de Baena la totalidad del inmueble objeto del proceso
ejecutivo hipotecario -Centro Comercial Normandía-. En el contrato de
arrendamiento se pactó que el bien podía ser subarrendado y que el canon de
arrendamiento sería de $1.000.000 mensuales.
3.1.2.
La
señora Ramírez de Baena subarrendó ese inmueble a CAFAM, por cuanto estaba
facultada para ello.
3.1.3.
El
Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá D.C., mediante oficio del 24 de marzo de
1993, instó al señor Norberto Salamanca Flechas para que “hiciera entrega
del bien que le fue puesto a su disposición dentro del presente proceso
ejecutivo hipotecario”. Posteriormente, el Juez 19 Civil del Circuito de
Bogotá designó a un nuevo secuestre dentro del referenciado proceso ejecutivo,
señor Siervo Humberto Gómez García.
3.1.4.
El
secuestre saliente, en su informe final de gestión, manifestó “que no había
recibido ningún dinero por cánones de arrendamiento”.
3.1.5.
El
Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá, mediante oficio del 17 de mayo de
1993, le comunicó al Departamento Jurídico de CAFAM que se “debía abstener
de pagar los cánones de arrendamiento del centro comercial Normandía a persona
distinta al secuestre designado por el despacho, señor SIERVO HUMBERTO GÓMEZ
GARCÍA”. CAFAM envió periódicamente al nuevo secuestre, copia de los
depósitos judiciales que efectuaba por concepto de los cánones de arrendamiento
del centro comercial.
3.1.6.
Con
base en el informe final de gestión del antiguo secuestre del bien, el señor
Siervo Humberto Gómez García inició, en septiembre de 1994, un proceso de
restitución de inmueble arrendado. Las partes de este proceso fueron el
secuestre que ofició como arrendador y la arrendataria (María Patricia Ramírez
de Baena).
3.1.7.
Este
proceso se tramitó ante el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá, por cuanto
el señor Abreo Triviño, quien fungía como juez en esa dependencia judicial, dispuso
que le fuera abonado dicho trámite, por cuanto ya tenía conocimiento del
proceso ejecutivo hipotecario que tenía como objeto el mismo bien (Centro
Comercial Normandía). El proceso se tramitó y culminó con sentencia favorable a
las pretensiones del auxiliar de la justicia, es decir, se declaró terminado el
contrato de arrendamiento suscrito entre el secuestre inicial (Norberto
Salamanca) y la señora María Patricia Ramírez de Baena, ordenándose la
restitución del bien porque la causa alegada de la mora en el pago de los
cánones de arrendamiento, no fue desvirtuada por la señora Ramírez de Baena.
3.1.8.
La
diligencia de restitución fue suspendida en varias oportunidades por mandato
del Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá. El 3 de febrero de 1995, una vez más
la diligencia se suspendió porque CAFAM se opuso a la actuación alegando que:
i) existe un contrato de arrendamiento vigente entre la subarrendataria y la
caja de compensación, el cual se celebró con autorización e intervención del
secuestre de la época; y ii) no se configuró la mora, pues CAFAM consignaba
mensualmente el dinero del canon de arrendamiento a órdenes del juzgado.
3.1.9.
El
10 de febrero de 1995, el Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá efectuó la
diligencia de restitución, y otorgó un plazo de 5 días para que CAFAM
desocupara el centro comercial. Para proteger sus derechos, CAFAM presentó una
acción de tutela, la cual, pese a que culminó a su favor, fue desacatada por
parte del Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá D.C., lo que le mereció una
sanción de arresto de 3 días y multa de 5 SMLMV.
3.1.10.
Durante
el desarrollo de la diligencia de entrega, CAFAM, quien continuaba con la
tenencia del predio, se opuso a la entrega del mismo, por lo que al negársele
la oposición, presentó una nueva acción de tutela. Esta acción fue negada por
el Tribunal de Bogotá en sentencia del 19 de enero de 1996, por lo que el Juez
19 Civil del Circuito de Bogotá procedió a verificar la entrega del inmueble.
3.1.11.
En
segunda instancia del fallo de tutela, la Corte Suprema de Justicia en
sentencia del 28 de febrero del mismo año, ordenó continuar con la diligencia
de entrega del bien pero “sin afectar la relación de tenencia entre CAFAM y
la señora Ramírez de Baena”, ya que “una sentencia de lanzamiento contra
CAFAM, constituye una seria amenaza al debido proceso por parte del Juzgado 19
Civil del Circuito de Bogotá (…)”.
3.1.12.
La
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante
providencia del 13 de mayo de 1996, sancionó al Juez 19 Civil del Circuito de
Bogotá con arresto de 3 días y multa de 5 SMLMV, y compulsó copias al Consejo
Seccional de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación para que
investigaran lo relativo al abono del proceso de restitución. Lo anterior,
porque el funcionario no continúo con la diligencia de entrega como se ordenó
en el fallo de tutela de segunda instancia proferido por la Corte Suprema de
Justicia, “sino que se dedicó a impulsar lo relativo al concurso de
acreedores”. Estas entidades encontraron que no hubo conducta dolosa de
parte del juez.
3.1.13.
Posteriormente,
el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá, en cumplimiento de la sentencia de
la Corte Suprema de Justicia, ordenó la devolución del bien a CAFAM, quien el
22 de mayo de 1996, se negó a recibirlo porque se “siente maltratada por la
conducta de un funcionario con rebeldía”, reservándose la posibilidad de
llevar a instancias judiciales el caso.
3.1.14.
CAFAM,
declarándose víctima del actuar del Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá, el 11
de diciembre de 1997, presentó demanda de reparación directa dirigida contra la
Nación-Rama Judicial-, para que le fueran indemnizados los supuestos perjuicios
generados por el funcionario judicial, proceso en que fue llamado en garantía
el señor Eluin Guillermo Abreo Triviño.
3.1.15.
Del
proceso de reparación directa conoció en primera instancia la Sección Tercera
(Sala de Descongestión) del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en
sentencia del 27 de octubre de 2004 condenó a la Rama Judicial y a la
demandante (en proporción del 50%) a la reparación de los daños causados a
CAFAM. En segunda instancia, la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de
Estado, profirió fallo del 29 de agosto de 2014, en el sentido de condenar a la
Nación al pago de $441.789.034,51, disponiendo que una vez efectuada esa
erogación, la Nación debía repetir en contra del llamado en garantía.
3.2.
SUPUESTAS VULNERACIONES PRESENTADAS POR EL
ACCIONANTE
3.2.1.
Antes
de entrar a estudiar si este caso cumple con los requisitos generales y
específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, esta Corte recapitulará los supuestos errores señalados por el
accionante, con el fin de hacer una presentación ordenada de ellos y así lograr
que su estudio sea lo menos complejo posible.
3.2.2.
Al
respecto, la Sala
observa que el accionante alega cuatro (4) defectos principales en que
la sentencia cuestionada habría incurrido, y que son el fundamento de la
presente acción de tutela. Los defectos alegados
por el actor son los siguientes:
“(…) las decisiones proferidas y que motivan esta acción
constitucional, engendran los siguientes vicios:
1.1.
Defecto fáctico, en la medida en que el soporte probatorio de
la sentencia emitida no corresponde a la realidad existente en el proceso.
1.2.
La equivocada o falsa motivación, pues en algunos apartes,
erigidos como fundamento del fallo, no fueron explicadas las razones para
desecharlo, (…).
1.3.
Falsa o equivocada argumentación como soporte de la condena.
1.4.
Los falladores contradijeron de manera evidente lo sostenido
por el Consejo de Estado alrededor del origen del daño y los elementos para
considerarlo estructurado y, por ello, idóneo para generar una indemnización”[17].
Como sustento de los defectos
señalados, el accionante hace alusión a que: i) el defecto fáctico se presenta porque el Consejo de Estado valoró
indebidamente las pruebas aportadas al proceso, como es el caso del
desistimiento de CAFAM; ii) la equivocada o falsa motivación se manifiesta
porque el proceso de restitución no fue causa directa del lanzamiento ni de los
perjuicios, sino el desembargo y diligencia cumplida por razón del mismo; iii)
la falsa o equivocada argumentación como soporte de la condena,
se estructura porque no se explicó por qué las
supuestas pérdidas económicas de CAFAM no están reflejadas en sus proyecciones
financieras; y iv) la violación del precedente del Consejo de Estado sobre los
requisitos para estructurar el daño y generar la indemnización, se presenta por
cuanto no existe nexo causal entre el supuesto daño y el hecho que lo genera;
además, porque este caso se circunscribe en una culpa exclusiva de CAFAM[18].
3.2.3.
Además
de los argumentos centrales presentados en la acción de tutela, el señor Abreo
Triviño señala un sinnúmero de supuestas falencias en que habría incurrido la
Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, al fallar el proceso de
reparación directa en el que fue llamado en garantía, los cuales se consideran
defectos procesales secundarios, y que corresponden a:
“i) la irregularidad en el reparto del
proceso de restitución de inmueble arrendado no repercutió en el desalojo del
inmueble; ii) no era necesario vincular al proceso de restitución a CAFAM, dada
su calidad de subarrendataria; iii) de todos modos CAFAM sí se enteró del
proceso de restitución de inmueble, y por tanto, tuvo la oportunidad de
comparecer al proceso; iv) aunque se reprocha al Juzgado 19 Civil del Circuito
de Bogotá no haber decretado pruebas, no se determinó qué pruebas ni con qué
fin se debían decretar; v) en la sentencia atacada se reprocha que el Juez 19
Civil del Circuito de Bogotá no haya dictado un fallo en equidad, pese a que
los jueces están obligados a fallar conforme a la ley; vi) no es cierto que el
Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá haya ideado la forma para que CAFAM
entregara el inmueble, pues los acreedores y el deudor pidieron que se
levantara la medida cautelar, por lo que se accedió a esa petición, y por lo
tanto, se debía devolver el predio; vii) la autoridad demandada no tuvo en
cuenta la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que
al resolver el recurso de revisión que se presentó contra la sentencia dictada
en el proceso de restitución, precisó que no se configuró maniobra fraudulenta;
viii) no se tuvo en cuenta la copia del aviso a través del cual se realizó la
notificación del auto admisorio del proceso de restitución a CAFAM; ix) no se
tuvieron en cuenta las sentencias de primera y segunda instancia en la primera
acción de tutela, en las que quedó claro que el reparto no era constitutivo de
competencia; x) no se tuvieron en cuenta las decisiones de la Fiscalía y del
Consejo Superior de la Judicatura, en las que se manifestaron que no hubo
ninguna anomalía o irregularidad que denotara una actitud dolosa de parte del
Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá; xi) no se controvirtió el dictamen
pericial, en el que se cuantificó como daño emergente el precio cancelado por
CAFAM para su traslado, pese a que tarde o temprano ese rubro debía ser pagado
cuando desocupara el predio; y xii) no se controvirtió el dictamen pericial, en
el que se cuantificó como daño la terminación de dos relaciones laborales, pese
a que éstas acabaron varias semanas después de que CAFAM tomara la decisión de
abandonar el predio”.
Respecto
de los defectos procesales secundarios presentados por el actor, frente a las
numerosas y disimiles argumentaciones del escrito, la Sala encuentra que se
pueden dividir en dos grupos.
El
primer grupo está constituido por los supuestos siguientes: que el Consejo de
Estado no tuvo en cuenta la sentencia del 6 de noviembre de 1997 dictada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que precisó que en el
proceso de restitución de inmueble arrendado no se advirtió maniobra
fraudulenta; que el Alto Tribunal reprochó que el juzgado no decretó pruebas,
sin especificar cuáles debía haber decretado; que se reprochó igualmente al
juez no haber fallado en equidad, pese a que su obligación era fallar en
derecho; que no se tuvieron en cuenta las sentencias de primera y segunda
instancia en la primera acción de tutela en que quedó claro que el reparto no
es constitutivo de competencia; que no se tuvieron en cuenta las decisiones de
la Fiscalía y del Consejo Superior de la Judicatura en que se manifestaron que
no hubo anomalía o irregularidad que denotara dolo; que no se controvirtió el
dictamen pericial en que se cuantificó como daño emergente el precio cancelado
por CAFAM para su traslado; que no se controvirtió el dictamen pericial en que
se cuantificó como daño la terminación de dos relaciones laborales que
terminaron semanas después de que CAFAM abandonara el predio; y que no es
cierto que el juez haya ideado la forma para que CAFAM entregara el inmueble
sino que ello respondió a un acuerdo entre acreedores y deudores.
En
el segundo grupo se encuentran los siguientes argumentos: la
irregularidad en el reparto del proceso de restitución de inmueble arrendado no
repercutió en el desalojo del inmueble; no era necesario vincular al proceso de
restitución a CAFAM, dada su calidad de subarrendataria; CAFAM sí se enteró del
proceso de restitución de inmueble, y por tanto, tuvo la oportunidad de
comparecer al proceso; y no se tuvo en cuenta la copia del aviso a través del
cual se realizó la notificación del auto admisorio del proceso de restitución a
CAFAM.
3.2.4.
Sumado a estos argumentos, en la impugnación del fallo
de tutela de primera instancia, el actor alegó que “en el proceso de
reparación directa, se empleó una forma irregular para llamarlo en garantía,
aplicando retroactivamente una ley posterior (…)” por cuanto, “al
ocurrir los hechos examinados antes de la Ley 270 de 1996, se debía aplicar el
artículo 90 de la Constitución y en el artículo 40 del CPC, al tratarse de
responsabilidad que comprometa la conducta personal del juez”. En efecto, “la
condena que se le impuso a Eluin Guillermo Abreo Triviño quebranta en forma
directa la Constitución Política de 1991, al desconocer de manera grave las
garantías jurídicas básicas de ingreso y procesamiento del ahora sentenciado en
reparación extracontractual, en atención a la irregular forma que se empleó
para llamarlo en garantía, aplicando retroactivamente una ley posterior (…)”.
3.2.5.
Precisado
lo anterior, se pasará a analizar si el escrito cumple con los requisitos
generales de la acción de tutela contra providencia judicial.
3.3.
REQUISITOS
GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES
3.3.1.  El asunto
debatido reviste relevancia constitucional
La
Sala considera que la cuestión que el tutelante discute, merece un examen
detallado de los diversos grupos de argumentos que presenta, a fin de
determinar si todos ellos cumplen con este requisito de procedencia.
Respecto
de los defectos procesales secundarios, correspondientes a que: el Consejo de
Estado no tuvo en cuenta la sentencia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, que determinó que en el proceso de restitución no se
advirtió maniobra fraudulenta; que el Alto Tribunal reprochó que el juzgado no
decretó pruebas, sin especificar cuáles debía haber decretado; que se reprochó
al juez no haber fallado en equidad; que no se tuvieron en cuenta las
sentencias de primera y segunda instancia en la primera acción de tutela en que
quedó claro que el reparto no es constitutivo de competencia; que no se
tuvieron en cuenta las decisiones de la Fiscalía y del Consejo Superior de la
Judicatura en que se manifestaron que no hubo anomalía o irregularidad que
denotara dolo; que no se controvirtió el dictamen pericial en que se cuantificó
como daño emergente el precio cancelado por CAFAM para su traslado; que no se
controvirtió el dictamen pericial en que se cuantificó como daño la terminación
de dos relaciones laborales que terminaron semanas después de que CAFAM
abandonara el predio; y que no es cierto que el juez haya ideado la forma para
que CAFAM entregara el bien, la Sala encuentra que ellos no tienen el alcance
de comprometer las garantías constitucionales del derecho al debido proceso del
accionante, pues no suponen menoscabo del derecho al juez natural; del derecho
a presentar y controvertir las pruebas; del derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; del derecho a la segunda instancia; del principio de
predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; del derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos.
En
definitiva, se trata de apreciaciones que carecen de fuerza y relevancia
constitucional para revocar una sentencia de un Alta Corte, ya que no tienen la
capacidad de demostrar la transgresión del derecho fundamental al debido
proceso del accionante. En efecto, de dichas apreciaciones no se advierte
ninguna consecuencia jurídica que implique la afectación de las garantías
mínimas que envuelve el respeto por el debido proceso.
Se
trata entonces, de afirmaciones o dichos de paso que no tienen la entidad de
despertar una mínima duda, ni de demostrar que la sentencia atacada amenace, ni
mucho menos afecte, garantía fundamental alguna del actor.
En
otras palabras, advierte la Sala que estas manifestaciones en contra del fallo
cuestionado, no acreditan de manera indubitable y cierta que se hubiere
incurrido en la sentencia revisada, en una evidente, probada, significativa y
trascendental vulneración de los derechos del actor, por lo que  esta Corte no puede entrar a estudiar estas
cuestiones, que como ya se dijo, no tienen una clara y marcada importancia
constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones.
En
cuanto a los demás argumentos presentados por el accionante, la Sala considera
que cumplen con el requisito analizado, debido a que pueden tener efectos directos e inmediatos que afecten el derecho fundamental
al debido proceso del accionante.
3.3.2.  El tutelante
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance
3.3.2.1.
La
jurisprudencia constitucional, en relación con el requisito de subsidiaridad,
ha condicionado la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales a una de las siguientes hipótesis:
“a)
Es necesario que la persona haya agotado todos los mecanismos de defensa
previstos en el proceso dentro del cual fue proferida la decisión que se
pretende controvertir mediante tutela.  Con ello se busca prevenir la
intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso
ordinario[19],
que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa
diseñados por el Legislador[20],
y que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus
asuntos[21],
pues no es ésta la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de
recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial[22].
b)
Sin embargo, puede ocurrir que bajo circunstancias especialísimas, por causas
extrañas y no imputables a la persona, ésta se haya visto privada de la
posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso
judicial, en cuyo caso la rigidez descrita se atempera para permitir la
procedencia de la acción[23].
c)
Finalmente, existe la opción de acudir a la tutela contra providencias
judiciales como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio
irremediable. Dicha eventualidad se configura cuando para la época de
presentación del amparo aún está pendiente alguna diligencia o no han sido
surtidas las correspondientes instancias, pero donde es urgente la adopción de
alguna medida de protección, en cuyo caso el juez constitucional solamente
podrá intervenir de manera provisional.”[24]
3.3.2.2.
Con relación a este importante aspecto, en el caso bajo
examen se deben hacer las siguientes consideraciones:
Como primera
medida, debe tenerse en cuenta que conforme a lo señalado en el artículo 188 del
Código Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 1984-, modificado por el
artículo 57 de la Ley 446 de 1998, en este caso no procedía el recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia atacada, pues no se configura
ninguna de las causales de procedencia de dicho recurso[25].
Por otra parte,
se observa que el artículo 165 del código en mención, señala que serán causales de nulidad en todos los procesos, las señaladas
en el Código de Procedimiento Civil, que en su artículo 140 consagra como causales de nulidad de los procesos
las siguientes[26]:
“1. Cuando corresponde a distinta
jurisdicción; 2. Cuando el juez carece de competencia; 3. Cuando el juez
procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso
legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia; 4. Cuando
la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde; 5. Cuando se
adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción
o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida;
6. Cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas
o para formular alegatos de conclusión; 7. Cuando es indebida la representación
de las partes. Tratándose de apoderados judiciales esta causal sólo se
configurará por carencia total de poder para el respectivo proceso; 8. Cuando
no se practica en legal forma la notificación al demandado o a su
representante, o al apoderado de aquél o de éste, según el caso, del auto que
admite la demanda o del mandamiento ejecutivo, o su corrección o adición; 9.
Cuando no se practica en legal forma la notificación a personas determinadas, o
el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban
ser citadas como partes, o de aquéllas que deban suceder en el proceso a
cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida
forma al Ministerio Público en los casos de ley. Cuando en el curso del proceso
se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta de la que
admite la demanda, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida,
pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo
que la parte a quien se dejó de notificar haya actuado sin proponerla.
Parágrafo:
Las demás
irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas, si no se impugnan
oportunamente por medio de los recursos que este código establece”.
En este orden de ideas, encuentra la Sala que en este caso no
procede ningún recurso judicial contra la sentencia atacada.
3.3.2.3.
No
obstante lo anterior, es pertinente resaltar lo siguiente: Respecto de los
defectos secundarios, el segundo grupo de argumentos
planteados por el actor, contemplan las mismas razones que fueron presentadas
en el escrito de apelación adhesiva de la sentencia de primera instancia del
proceso de reparación directa[27], y que el juez natural, con base
en el acervo probatorio que encontró acreditado en este caso[28],
entró a estudiar, desvirtuando las irregularidades citadas, como se demuestra a
continuación:
3.3.2.3.1.
En cuanto al abono del proceso de restitución de inmueble
arrendando, la sentencia atacada sostuvo que:
“Efectivamente, inexplicablemente, la
demanda de restitución de inmueble arrendado no fue sometida a reparto, sino
que fue presentada, directamente, al Juez Diecinueve Civil del Circuito de
Bogotá D.C., funcionario que ordenó a la Oficina Judicial-Reparto que le fuera
abonada, argumentando que tramitaba el proceso ejecutivo en el que el actor y
arrendador fungía como secuestre.
En
consecuencia, la Oficina Judicial-Reparto-Grupo de Sistemas, asignó la demanda
de restitución de inmueble arrendado al Juzgado Diecinueve Civil del Circuito
de Bogotá D.C., el 16 de septiembre de 1994.
Abono
este que, de entrada, desconoció las reglas del reparto, en cuanto aunado a que
no se vislumbra “conexidad con el proceso ejecutivo con título hipotecario”,
desconoce el principio de legalidad que rige la competencia en razón de la
naturaleza y cuantía del asunto y garantiza la igualdad e imparcialidad de las
decisiones judiciales.
Si
bien es cierto que la Fiscalía General de la Nación-Unidad Delegada ante los
Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Bogotá D.C., en la
sentencia de 28 de junio de 1999, absolvió al Juez Diecinueve Civil del
Circuito, pues consideró que haber ordenado el abono no constituye prevaricato,
en cuanto ese proceder estuvo legitimado por la Oficina Judicial-Reparto y
después se contempló en la Ley 222 de 1995, no se puede soslayar que (i) esa
dependencia no estaba obligada a ejecutar la orden y (ii) la disposición
referenciada regula lo relacionado con la acumulación procesal de procesos
concursales, tema ajeno al debatido en este punto”.
3.3.2.3.2.
Respecto
a la vinculación de CAFAM al proceso de restitución de inmueble arrendando, manifestó
el Consejo de Estado que el Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá y el secuestre
designado para el caso, tenían conocimiento de que CAFAM era subarrendataria
del predio, y era quien mensualmente estaba consignando el canon de
arrendamiento a cuenta del juzgado, por lo que su vinculación era necesaria:
“Ahora
bien, en el proceso de restitución de inmueble arrendado, el secuestre Siervo
Humberto Gómez García demandó a la señora María Patricia Ramírez de Baena,
argumentando falta de pago de los cánones de arrendamiento a su antecesor y a
él. Esto es, dijo que la antes nombrada adeudaba renta “desde la misma fecha en
que se suscribió el respectivo contrato, es decir, el 15 de diciembre de 1990
hasta la fecha -7 de septiembre de 1994-, lo que arroja un total de CINCUENTA Y
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETENCIENTOS CINCUENTA PESOS
($56.878.750)”, pasando por alto el subarriendo y que la Caja de Compensación
Familiar, demandante en este asunto, se encontraba al día.
Respecto
de la finalidad y trámite del proceso de restitución de inmueble arrendado, el
artículo 424 del C. de P.C., modificado por el artículo 1º del decreto 2282 de
1989, regula lo siguiente:
Artículo 227 del decreto 2282 de 1989. El artículo 424 del C. de
P.C., quedará así:
Restitución del inmueble arrendado.
Cuando se trate de demanda para que el arrendatario restituya al arrendador el
inmueble arrendado, se aplicarán las siguientes reglas:
PARAGRAFO 1º Demanda y traslado.
1. A la demanda deberá acompañarse prueba documental del
contrato de arrendamiento suscrito por el arrendatario, o la confesión de
este prevista en el artículo 294, o prueba testimonial siquiera sumaria.
2. En el caso del artículo 2035 del Código Civil –mora en el
pago de la renta-, la demanda deberá indicar los cánones adeudados y a ella se
acompañará la prueba siquiera sumaria de que se han hecho al arrendatario los
requerimientos privados o los judiciales previstos en la citada disposición, a
menos que aquél haya renunciado a ellos o que en la demanda solicite hacerlos.
(…) 4. El auto admisorio de la demanda se notificará a todos
los demandados mediante la fijación de un aviso en la puerta o lugar de acceso
al inmueble objeto de la demanda.
En el aviso se expresará el proceso de que se trata, el nombre de
las partes, la nomenclatura del inmueble o cualquiera otra especificación que
sirva para identificarlo. Copia de él se entregará a cualquier persona que
trabaje o habite allí, si fuere posible, y se aplicará lo dispuesto en el numeral
2 del artículo 320.
En la misma forma se podrá notificar al arrendatario los
requerimientos judiciales y la cesión del contrato, sea que se pidan con
anterioridad a la demanda o en ella.
PARAGRAFO 2o Contestación, derecho de retención y
consignación.
(….) 2. Si la demanda se fundamenta en falta de pago, el demandado
no será oído en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a
órdenes del Juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba allegada con
la demanda, tienen los cánones adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando
presente los recibos de pago expedidos por el arrendador correspondientes a los
tres últimos períodos, o si fuere el caso los correspondientes de las
consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos períodos, en
favor de aquel.
6. Cuando no prospere la excepción de pago o la del
desconocimiento del carácter de arrendador, se condenará al demandado a pagar
al demandante una suma igual al treinta por ciento de la cantidad depositada o
debida.
PARAGRAFO 3o Oposición a la demanda y excepciones.
1. Si el demandado no se opone en el término del traslado de la
demanda; el demandante presenta prueba del contrato y el Juez no decreta
pruebas de oficio, se dictará sentencia de lanzamiento.
(….) PARAGRAFO 5o Cumplimiento de la sentencia.
(….)2. Si al tiempo de practicarse la diligencia se encuentra en
el bien alguna persona que se oponga a ella, el Juez aplicará lo dispuesto en
el artículo 338.
PARAGRAFO 6o Inadmisión de algunos trámites. En este
proceso son inadmisibles: demanda de reconvención, intervención excluyente o
coadyuvante, acumulación de procesos, y la audiencia de que trata el artículo
101. En caso de que se propusieren, el Juez las rechazará de plano por auto que
no admite recurso alguno (negrita con subrayas fuera del texto).
En
este caso, a la demanda de restitución de inmueble arrendado se acompañó el
contrato de arrendamiento, supuestamente incumplido, esto es, el celebrado
entre el secuestre Norberto Salamanca Flechas y la señora María Patricia
Ramírez de Baena, el 29 de enero de 1991. Lo cual si bien cumple lo con
previsto en el numeral 1º del parágrafo 1º de la disposición transcrita, lo
hace desde la forma y no de la sustancia, pues el demandante y el Juzgado
conocía que el inmueble se subarrendó y que el canon lo pagaba Cafam.
Ahora
bien, pese a que la demanda se fundó en la causal de mora en el pago de los
cánones de arrendamiento -$56.878.750-, a este escrito no se acompañó prueba
siquiera sumaria de que se efectuaron a la arrendataria los requerimientos
privados o los judiciales previstos en artículo 2035 del C.C. o aquélla
renunció a ellos. Así como tampoco, solicitud de efectuar estas reconvenciones.
Situación que contraviene el numeral 2º del parágrafo 1º de la disposición transcrita.
Y
lo más importante, la demanda de restitución no se dirigió en contra de la Caja
de Compensación Familiar-Cafam, entidad que, además de ostentar la tenencia del
centro comercial Normandía, se convirtió en arrendataria directa de ese
inmueble, pues por disposición del Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá
D.C., terminó consignando los cánones de arrendamiento al secuestre Siervo
Humberto Gómez García, emolumentos que, para efectos de adelantar el proceso de
restitución, ese auxiliar de la justicia negó haberlos recibido.
Para
la Sala, el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. (i) propició y
avaló una relación directa entre el señor Gómez García y la Caja de
Compensación Familiar, pues emitió un auto en el que le indicó a esta última
que le pagara al primero el canon de arrendamiento y (ii) conoció, porque
tramitó el proceso ejecutivo que la Caja de Compensación Familiar se encontraba
al día en el pago de los cánones de arrendamiento, pues el centro comercial
Normandía rendía cuentas periódicas y los depósitos judiciales se efectuaban a
favor del juzgado. Al punto que con el producto de lo recibido, dicho
funcionario autorizó, entre otros, el pago de impuestos, valorización y obras
en general.
Ahora
bien, de haber requerido confirmar la gestión, lo correcto era vincular a
Cafam, por cuanto el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. conocía
de su calidad de sujeto de la relación contractual de arrendamiento. Y así
mismo, estaba en el deber de prevenir, remediar y sancionar cualquier tentativa
de fraude procesal.
Es
preciso evidenciar que, de conformidad con el artículo 37 del C. de P.C.,
modificado por el artículo 1º del decreto 2282 de 1989, son deberes del juez:
3. Prevenir, remediar y sancionar por los medios que este Código
consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad,
probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda
tentativa de fraude procesal (negrita con subrayas fuera del texto).
Por
lo expuesto, el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., al tenor del
artículo 83 del C. de P.C., debió en el auto admisorio de la demanda, ordenar
el traslado de esta a quien faltaba para integrar el contradictorio, obligación
a la que tiene que proceder aún de oficio.
(…)
Es
de notar que, el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., además de
que no integró el contradictorio, surtió el traslado de la demanda a quien no
contestaría, esto es, a la señora María Patricia Ramírez de Baena, para
entonces ajena al vínculo contractual. Ya que se sabía que no sería notificada
porque residía fuera del país, dando lugar a la fijación de un aviso impersonal
en la puerta de entrada del centro comercial Normandía”.
3.3.2.3.3.
En
cuanto al argumento de que CAFAM conocía del proceso de restitución de inmueble
arrendado, y por tanto, pudo ejercer su derecho de defensa y contradicción, el
Consejo de Estado precisó que:
“No
obstante, el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. consideró que,
como la notificación a la señora María Patricia Ramírez de Baena se efectuó en
la puerta de entrada del centro comercial Normandía, Cafam debió darse por
enterada de la demanda de restitución y ejercer su derecho de defensa conforme
a las posibilidades que brinda el artículo 52 del C. de P.C. –intervenciones
adhesivas y litisconsorcial-.
Para
la Sala el hecho de que se haya efectuado una notificación por aviso a la
señora María Patricia Ramírez de Baena, en el centro comercial Normandía, no
tiene la virtualidad suficiente para afirmar que Cafam tuvo pleno conocimiento
de la existencia del proceso de restitución y, que por tal circunstancia, le
era exigible actuar como un interviniente adhesivo o litisconsorcial”.
3.3.2.3.4.
Con
relación al proceso de entrega del inmueble, el Consejo de Estado determinó que
el Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá no debió proferir sentencia de
lanzamiento, y además de ello, no debió irrespetar los derechos de CAFAM como
subarrendatario. Explicó respecto a este punto:
3.3.2.3.5.
“Ahora
bien, el Juez Diecinueve Civil del Civil del Circuito de Bogotá D.C. conocía
(i) los términos del contrato de arrendamiento supuestamente incumplido; (ii)
la relación contractual que propició entre la Caja de Compensación Familiar y
el auxiliar de la justicia que designó, pues a él se le consignaban los cánones
de arrendamiento; (iii) los depósitos judiciales efectuados y las relaciones de
pago que presentó Cafam y (iv) los informes final y periódicos rendidos por los
secuestres Norberto Salamanca Flechas y Siervo Humberto Gómez García,
respectivamente.
Hechos
y medios de convicción que daban cuenta, por un lado, que la demandada en el
proceso de restitución no sólo tenía que ser la señora María Patricia Ramírez
de Baena, que ésta pagó, con cargo a los cánones de arrendamiento, varias
acreencias de los ejecutados Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones de Mora y
sufragó otros gastos, todo lo cual sumó aproximadamente $200.000.000. Y, por
otro, que la Caja de Compensación Familiar siempre pagó los cánones de arrendamiento
del centro comercial Normandía, inicialmente, a la antes nombrada y, luego, por
disposición del Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., al secuestre
Siervo Humberto Gómez García, quien aceptó en su informe final de gestión que,
durante su administración recibió $140.980.527.
Así
las cosas, al sumarse el valor que giró la señora María Patricia Ramírez de
Baena -$200.000.000- y el que pudo recaudar el secuestre Siervo Humberto Gómez
García, por concepto de cánones de arrendamiento consignados por Cafam, para la
época en que radicó la demanda -7 de septiembre de 1994-, no queda duda que el
monto supera el que se dijo adeudar en el proceso de restitución -$56.878.750-.
Además, pretender que la señora Ramírez de Baena debía pagar al secuestre
Siervo Humberto Gómez García los cánones de arrendamiento del centro comercial
Normandía, pese a que la Caja de Compensación Familiar los estaba efectuando
directamente, equivale a obtener doble erogación por un mismo concepto.
Por
lo anterior, el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. debió
abstenerse de dictar sentencia de lanzamiento o recurrir a la posibilidad que
le brindaba el parágrafo 3º del artículo 424 del C. de P.C. de decretar pruebas
de oficio para esclarecer la situación, pero no lo hizo.
Finalmente,
la Caja de Compensación Familiar, en la diligencia de restitución del centro
comercial Normandía de 3 de febrero de 1995, se opuso al lanzamiento, en razón
del contrato de arrendamiento vigente y a que no se configuró la causal alegada
de mora en el pago. Oposición que fue rechazada de plano por (i) provenir de un
tenedor constituido por la señora María Patricia Ramírez de Baena –artículo 338
del C. de P.C.- y (ii) la no intervención de Cafam en el proceso de restitución
de inmueble arrendado.
Para
proteger sus derechos, la Caja de Compensación Familiar (i) interpuso un
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de lanzamiento, el cual
fue declarado infundado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Bogotá D.C., el 6 de noviembre de 1997, porque no se configuraron
las causales invocadas y (ii) presentó una acción de tutela, la cual, por
detectar varias de las inconsistencias evidenciadas hasta el momento, fue
decida de forma favorable en primera y segunda instancia, así:
Sentencia de 28 de febrero de 1995 de la Sala
Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial
Sentencia de 27 de marzo de 1995 de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
(i) Tuteló el derecho de debido proceso a Cafam;
(ii) dejó sin efecto la actuación adelantada en el proceso de restitución de
inmueble, instaurado por el secuestre Siervo Humberto Gómez García contra la
señora María Patricia Ramírez de Baena; (iii) ordenó al Juez Diecinueve Civil
del Circuito de Bogotá D.C. que, en el término de 48 horas, remita el
expediente a la Oficina Judicial-Reparto para lo de su cargo y (iv) compulsó
copias a la Fiscalía General de la Nación a fin de que investigue la comisión
del delito de fraude procesal (negrita con subrayas fuera del texto).
(i) Amparó el derecho que como arrendatario
tiene Cafam, “mientras en el proceso de lanzamiento correspondiente se
controvierte y decide lo referente a su valoración tenencial” y (ii) ordenó
al Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. que continúe con la
diligencia de entrega entre las partes, pero respetando el derecho
objetivo de protección (negrita con subrayas fuera del texto).
Pese
a que en el fallo de tutela de segunda instancia -27 de marzo de 1995- se le
ordenó al Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., amparar el derecho
que como arrendatario tiene la Caja de Compensación Familiar, mientras en el
proceso de restitución se establece la calidad de la tenencia, lo que implicaba
avocar el conocimiento del expediente y, en un momento dado, continuar con la
diligencia de entrega, este funcionario no impidió que el Juez Catorce Civil
del Circuito, a quien se le asignó el asunto por reparto, conociera de el,
hasta el punto de disponer el rechazo del mismo -31 de mayo de 1995-, por no
haberse corregido la demanda -3 de abril de 1995-.
Esta
omisión dejó expuesto el amparo obtenido a la actuación que desplegara el Juez
Catorce Civil del Circuito de Bogotá D.C., funcionario que por ser ajeno al
aludido fallo de tutela de segunda instancia, solo se avino a lo que encontró
en el proceso de restitución”.
3.3.2.3.6.
Así
las cosas, para la Sala es evidente que este segundo grupo de argumentos, fue presentado en el escrito para reabrir debates concluidos
y para hacer de la presente acción de tutela una instancia o recurso contra la
sentencia atacada, pese a que el accionante tuvo la oportunidad procesal para
exponer los argumentos que pretende hacer valer en esta oportunidad y así lo
hizo, sin que prosperaran sus intereses.
En efecto, con estos argumentos lo que pretende el actor, es
que la Corte Constitucional, contrariando el principio de subsidiariedad de la
acción de tutela,  actúe como un juez de instancia de la decisión adoptada por
la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, y que revise, sin
fundamento alguno, la valoración probatoria y la interpretación normativa
contenida en la sentencia del 29 de agosto de 2014, pese a que, se reitera, no
se advierten comprometidas la garantía constitucional al debido proceso del
actor. Y, es de recordar, que esta posibilidad sin duda desborda la naturaleza
excepcional de la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
Entonces, en razón del carácter subsidiario de la acción de
tutela, en particular, cuando se trata de tutela contra sentencias de Altas
Cortes, dichas razones no proceden, por cuanto buscan, en esta sede judicial,
reabrir el debate probatorio o de interpretación de las normas legales y de la
valoración probatoria utilizadas para resolver el caso, para lo cual resulta
improcedente este mecanismo de amparo.
Al respecto, se recuerda entonces, que la labor del juez de
tutela en sede de revisión, específicamente cuando se trata de tutela contra
providencia judicial, se limita a evidenciar aquellos errores manifiestos del
fallo que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales, lo cual no
ocurre con las razones antes señaladas.
En
ese orden de ideas, se tiene que la Sección Tercera,
Subsección B, del Consejo de Estado, dentro del debate jurídico que se planteó
ante ella, hizo un análisis detallado y juicioso del material fáctico y
probatorio obrante en el expediente, alcanzando, mediante la construcción
lógica y la ponderación de principios, las razones suficientes para tomar una decisión,
que, no tiene ninguno de los elementos para poder considerarse como arbitraria.
En
ese sentido, el carácter subsidiario de esta acción, impide que los debates de
interpretación y aplicación de normas legales al proceso adelantado, sean
ventilados en sede de tutela por el simple hecho de que la respuesta del juez
no favorezca los intereses del petente. Entonces, en el caso de estudio, se
tiene que al haberse presentado los mismos alegatos en sede ordinaria, y haber
sido analizados de forma sesuda y bien argumentada por el juez natural, en el
sentido en que no hubo afectación del derecho al debido proceso del accionante,
no es aceptable que se use esta acción como un recurso alternativo a los
procedimientos ordinarios establecidos en la ley colombiana para buscar
conseguir una decisión favorable a alguna de las partes.
3.3.2.3.7.
En
conclusión, se tiene que respecto al primer y segundo grupo de argumentos
presentados por el accionante en contra de la sentencia cuestionada, se denota
improcedente el presente amparo constitucional, por cuanto, como ya se dejó
claro, los unos carecen de fuerza y relevancia constitucional para revocar
una sentencia de un Alta Corte, ya que no tienen la capacidad de transgredir los
derechos fundamentales del accionante; y los otros fueron presentados para
reabrir debates concluidos y para hacer de la presente acción de tutela una
instancia o recurso alternativo para lograr un fallo favorable a los intereses
del actor, contrariando el principio de subsidiariedad de esta acción.
3.3.2.3.8.
No obstante lo anterior, la Corte debe proseguir con el
estudio de los defectos principales presentados por el actor, los cuales no se
encuadran en ninguno de los dos grupos señalados.
3.3.2.4.   Existió
inmediatez entre los hechos y el ejercicio de la acción de tutela
3.3.2.4.1.
La
inmediatez es una condición de procedencia de la acción de tutela creada por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, como herramienta para cumplir con el
propósito de la Carta Política de hacer de esta acción un medio de amparo de
derechos fundamentales que opere de manera rápida, inmediata y eficaz.
Por
ello, es indispensable estudiar en cada caso en concreto, si la tutela es
presentada cuando aún es vigente la vulneración, toda vez que es necesario que
la acción sea promovida dentro de un término razonable, prudencial y cercano a
la ocurrencia de los hechos que se consideran vulneratorios de derechos
fundamentales, con el fin de evitar que el transcurso del tiempo desvirtúe la
transgresión o amenaza de los derechos. En consecuencia, ante la injustificada
demora en la interposición de la acción, se vuelve improcedente el mecanismo
extraordinario.
3.3.2.4.2.
En
cuanto al caso concreto, se tiene que los hechos considerados vulneradores de
los derechos fundamentales del accionante y que dieron origen a la presentación
de la acción, ocurrieron el diecinueve (19) de agosto de 2014, pues
en esa fecha la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, profirió
el fallo en el marco del proceso de reparación directa, en el sentido de
declarar patrimonialmente responsable al accionante en proporción del 100%,
respecto de la condena impuesta a la Nación –Rama Judicial- por los perjuicios
ocasionados a CAFAM, y la presentación de la acción de tutela fue el veintidós
(22) de mayo de 2015, es decir, nueve (9) meses después.
No
obstante lo anterior, es de tenerse en cuenta que Eluin Guillermo
Abreo Triviño solicitó la adición y aclaración del fallo del 19 de agosto de
2014, pero el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en providencia
del 29 de abril de 2015, denegó las solicitudes.
En efecto, la
presente acción cumple con el requisito de inmediatez ya que la respuesta a la
última actuación del demandante se presentó el 29 de abril de 2015, y la acción
de tutela fue interpuesta el 22 de mayo de esta misma anualidad, es decir, en
menos de un mes.
3.3.3.  Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados
El
accionante ha identificado tanto los hechos que generaron la vulneración, como
los derechos vulnerados.
3.3.4.  La tutela no se
dirige contra una sentencia de tutela
La
presente acción de tutela se dirige contra una sentencia de la Sección Tercera,
Subsección B, del Consejo de Estado, en el marco de un proceso de reparación
directa, y no contra un fallo de tutela.
En
conclusión, se encuentra que respecto a los defectos principales señalados por
el actor, el caso estudiado cumple con los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por tanto, pasará la
Sala a revisar si sucede lo mismo con los requisitos especiales.
3.4.
ANÁLISIS
DE LOS REQUISITOS ESPECIALES DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES
3.4.1.  En este acápite, esta Sala se dedicará a
estudiar los cuatro (4) errores
principales señalados por el accionante en el escrito de tutela, y del señalado
en el escrito de impugnación, respecto de los cuales, la Corte concluye que
eventualmente podrían comprometer las garantías del derecho al debido proceso
del actor.
Ellos corresponden a: i) la sentencia
cuestionada valoró indebidamente el material probatorio del proceso de
reparación directa, como es el caso del desistimiento de CAFAM; ii) la condena
se impuso por las supuestas irregularidades en el proceso de restitución de inmueble
arrendado, pese a que el lanzamiento se dio por el proceso ejecutivo
hipotecario; iii) el soporte de la condena es erróneo, ya que no se
explicó por qué se tomó como tal, las supuestas pérdidas de CAFAM, las cuales
no están reflejadas en sus proyecciones financieras; iv) se desconoció la
jurisprudencia del Consejo de Estado alrededor del origen del daño y los
elementos para considerarlo estructurado; y v) la forma empleada para llamar en
garantía al actor.
3.4.2.  Particularmente,
sobre los cuatro (4) errores principales, encuentra la Sala que estos mismos
fueron ventilados en la solicitud de aclaración y adición
presentada por el accionante contra la sentencia del 29 de agosto de 2014[29];
y existe pronunciamiento desfavorable a las pretensiones del actor de parte de
la misma Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, de la Sección
Cuarta y de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de
esta misma Corporación, quienes fungieron como tribunal ordinario y jueces de
tutela de primera y segunda instancia.
Por tanto, en
principio, es inconcebible que tres dependencias judiciales distintas del Alto
Tribunal, expertas en el asunto de la referencia, hayan incurrido en los mismos
errores de no evidenciar las supuestas falencias de la sentencia revisada, lo
que despierta la duda a esta Corte respecto a que, el actor lo que busca,
básicamente es reabrir el debate que fue cerrado por el juez ordinario en
contra de sus intereses.
3.4.3.  No obstante lo
anterior, entra la Sala a valorar los supuestos yerros en que incurrió el
Consejo de Estado. Sobre el particular, encuentra la Sala que es claro que la aludida
autoridad judicial sí valoró el material probatorio adjunto en el expediente de
reparación directa, observó el material fáctico presentado por las partes y
tuvo en cuenta los pronunciamientos que sobre el mismo caso habían proferido
otras autoridades judiciales, aspectos que fundamentaron el sentido de la
decisión, la cual, para esta Sala, es conforme a derecho.
3.4.4.  Ello es así por
cuanto, para esta Corte, la vulneración al debido proceso que da lugar a la
protección tutelar, en particular frente a una decisión de un Alto Tribunal
como el Consejo de Estado, debe demostrar con claridad una actuación
arbitraria, que desconozca abiertamente hechos que servirían de base a una
decisión contraria, o que atente claramente contra disposiciones
constitucionales o legales aplicables en el proceso.
3.4.5.  En efecto,
dichas circunstancias no subyacen del expediente analizado. Lejos de ello, se
observa que en el fallo cuestionado el Alto Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, tuvo en cuenta los mandatos constitucionales, legales y la
jurisprudencia aplicable al caso, así como los supuestos fácticos y el material
probatorio. De ello resultó un fallo judicial que preserva el principio de
legalidad y la integridad en la aplicación del derecho.
3.4.6.  En el mismo
sentido, es de resaltarse que el accionante tuvo a mano todos los recursos e
hizo legitimo uso de ellos, lo cual dio lugar a que en varias ocasiones
diferentes, las distintas instancias conocieran sus alegatos, estudiaran sus
pruebas y aplicaran, según su experto criterio, las normas que consideraron más
adaptadas para resolver el diferendo jurídico sumido a su competencia.
3.4.7.  Por otra parte,
para la Sala los temas descritos son del resorte
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo que se trata de
asuntos especialísimos para los cuales el juez natural está plenamente colmado
de conocimientos técnicos y jurídicos, que le atribuyen idoneidad para fallar
en derecho.
Mal haría esta
Corporación en desconocer el margen de interpretación de los jueces de
instancia, y mucho más, en imponer al Consejo de Estado una interpretación
específica de las normas y la jurisprudencia de derecho administrativo cuya
competencia le corresponde.
3.4.8.  Sobre el
particular, en cuanto a la interpretación de las pruebas del desistimiento de
CAFAM y los perjuicios que se le ocasionaron, advierte esta Corte que resulta
razonable, por lo que este Tribunal no puede adentrarse nuevamente a la
valoración probatoria para satisfacer los intereses del actor. En efecto, no
hay evidencia alguna de que la decisión impugnada constituya una vulneración a
ninguno de sus derechos fundamentales, por el hecho de haber estimado los
perjuicios según el dictamen pericial emitido ante el Consejo de Estado, el
cual se advierte coherente y apegado a derecho y a las circunstancias fácticas
y jurídicas del caso.
Ahora bien, si en gracia de
discusión se tuviera el argumento anterior, esta Sala resalta la necesidad de
advertir que el Consejo de Estado en la sentencia cuestionada, claramente
manifestó que “para la Sala, el hecho de que (i) el Juez Diecinueve Civil
del Circuito de Bogotá D.C., haya buscado devolverle a la Caja de Compensación
Familiar  el centro comercial Normandía, para acatar así un fallo de tutela y
(ii) esta entidad haya desistido de recibirlo, por las nuevas trabas que
enfrentó, no significa que el daño invocado en la demanda no se produjo o quedó
subsanado”. Asimismo, en dicho fallo el Alto Tribunal de lo Contencioso
Administrativo sostuvo que “La Sala difiere de la experticia
que reconoce a la Caja de Compensación Familiar tres años de utilidades, porque
conforme a la jurisprudencia de la Corporación[30],
en el afectado recae una carga de recomponer la actividad económica que
desarrollaba en el bien despojado y, por ende, estima que, en este caso, el
término de seis meses constituye un término prudencial para la recuperación de
la labor comercial, por tanto ese será el periodo objeto de indemnización”.
Para la Sala, lo anterior
demuestra que el Consejo de Estado sí valoró el desistimiento de CAFAM, así
como también apreció la estimación de los perjuicios ocasionados a la Caja
de Compensación, según el dictamen pericial ante él emitido; y más allá de
ello, que dicha valoración es conforme a derecho, por cuanto se basó en un proceso de orden crítico, coherente
y suficiente en el que se apreciaron elementos fácticos, probatorios, cálculos
periciales, entre otros, que le permitieron, con una motivación adecuada, establecer,
según su sana crítica y su experiencia en el tema, las razones que sustentan
esta decisión, las cuales, como se observa, son contrarias a los intereses del
accionante.
En efecto, no por ello es procedente la acción de tutela contra la
sentencia atacada, pues como se dijo en precedencia, la decisión
impugnada no constituye ninguna vulneración a los derechos del actor.
3.4.9.  En cuanto el
supuesto defecto fáctico y sustantivo por haber determinado que el perjuicio se
ocasionó en razón al proceso de restitución de inmueble arrendado y no por el
proceso de desembargo del bien; así como por el supuesto desconocimiento del
precedente del Consejo de Estado en materia de culpa exclusiva de la víctima, la
Corte reitera que el proceso estudiado fue coherente y racional en cada uno de
los aspectos decididos por el juez ordinario.
La consideración
del nexo causal y su incidencia en el daño es algo que corresponde por tanto
analizar y discutir en la primera y segunda instancia del proceso ordinario, y
no en una acción de tutela llamada a prosperar únicamente bajo la prueba de una
violación al debido proceso.
3.4.10.      De la
lectura del expediente es posible corroborar que el Consejo de Estado tomó su
decisión luego de un examen detenido y concienzudo sobre la actuación del
tutelante, fundado en la valoración de los hechos y la aplicación de las normas
y la jurisprudencia correspondientes, de forma tal que no le corresponde a la
Corte Constitucional adentrarse nuevamente en el debate jurídico y probatorio,
cuando no hay indicio alguno de que se haya tomado una decisión arbitraria.
3.4.11.      En
efecto, las pruebas allegadas al expediente y los pronunciamientos que frente a
este mismo caso habían emitido otras autoridades judiciales, arribando a una
conclusión razonable, solo que en forma contraria a los intereses del
accionante, no pueden entenderse per se como violatorias de los
derechos fundamentales alegados.
3.4.12.      Ahora
bien, bajo el supuesto en que se aceptara que el perjuicio se ocasionó en razón
al proceso de restitución de inmueble arrendado y no por el proceso de
desembargo del bien, se podría hablar de una inconsistencia en la motivación de
la sentencia cuestionada; no obstante, es de tenerse en cuenta que en el fallo
estudiado, el Consejo de Estado sostuvo que:
“Ahora
bien, más de dos meses después de practicada la última diligencia de
lanzamiento -10 de febrero de 1995-, el Juez Diecinueve Civil del Circuito de
Bogotá D.C. dispuso que al proceso ejecutivo con título hipotecario de la
Arquidiócesis de Tunja y José Domingo Otálora Contreras se acumularan todas las
ejecuciones que se adelanten en contra los señores Diógenes Mora Leal y Clara
Quiñones de Mora -28 de mayo de 1994-.
Por
estar en estado de insolvencia los señores Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones
de Mora, el proceso ejecutivo acumulado se convirtió en un concurso de
acreedores, al cual se le aplicaron las disposiciones de la quiebra.
Lo
anterior, de conformidad con los artículos 569 y 570 del C. de P.C., vigentes
para la época de los hechos y que regulaban la figura del concurso de
acreedores, disponían que la misma se seguiría al deudor no comerciante que
estuviese en estado de insolvencia, establecían unas condiciones especiales de
procedencia, remitían en lo pertinente al régimen de la quiebra del Código de
Comercio y, finalmente, hacían unas previsiones especiales en relación con el
concordato preventivo.
En
lo que parecería ser una deliberación reglada por el artículo 1922 del Código
de Comercio, dentro de un trámite de concordato preventivo, la masa de
acreedores decidió, el 30 de octubre de 1995, (i) cancelar la medida de embargo
y secuestro que pesa sobre el centro comercial Normandía; (ii) disponer la
subasta de ese inmueble, la cual sería realizada por el Juez Diecinueve Civil
del Circuito de Bogotá D.C., teniendo como precio base la suma de $800.000.000
y (iii) liquidar los créditos existentes.
Pese a que en la audiencia de deliberaciones del
concurso de acreedores no se dispuso la entrega del centro comercial Normandía
ni el relevo del secuestre Siervo Humberto Gómez García, el Juez Diecinueve Civil
del Circuito de Bogotá D.C. le comunicó a ese auxiliar de la justicia la
terminación de sus funciones con todo lo que ello implica -3 de noviembre de
1995-
El aludido funcionario judicial justifica ese
proceder en lo normado en el artículo 531 del C. de P.C., pero esta disposición
no resulta aplicable, por cuanto desarrolla el tema de la entrega del bien
rematado, situación que aún no se había producido”. (Subrayado
fuera del texto).
De lo anterior, se deriva que el
Consejo de Estado motivó correctamente la decisión impugnada, pues derivó el
error judicial tanto de las omisiones en el proceso de restitución de inmueble
arrendado, como de las omisiones en el proceso ejecutivo, particularmente en la
fase del concurso de acreedores que dio origen al lanzamiento.
Así las cosas, la Sala no
encuentra probado el error en que supuestamente incurrió el Alto Tribunal de lo
Contencioso Administrativo en este tema, por lo que no se desvirtúa la juridicidad del pronunciamiento judicial
objeto de cuestionamiento, como para cambiar, en sede de tutela, el sentido de
la decisión.
3.4.13.      Respecto
al supuesto desconocimiento del precedente del Consejo de Estado en materia de
culpa exclusiva de la víctima, se debe tener en cuenta que ese Tribunal hizo un
análisis sesudo sobre el actuar diligente de CAFAM, lo cual fue probado en el
proceso. A saber, el Consejo de Estado en la sentencia cuestionada señaló lo
siguiente:
“(…)
Finalmente,
la Caja de Compensación Familiar, en la diligencia de restitución del centro
comercial Normandía de 3 de febrero de 1995, se opuso al lanzamiento, en razón
del contrato de arrendamiento vigente y a que no se configuró la causal alegada
de mora en el pago. Oposición que fue rechazada de plano por (i) provenir de un
tenedor constituido por la señora María Patricia Ramírez de Baena –artículo 338
del C. de P.C.- y (ii) la no intervención de Cafam en el proceso de restitución
de inmueble arrendado.
Para
proteger sus derechos, la Caja de Compensación Familiar (i) interpuso un
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de lanzamiento, el cual
fue declarado infundado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Bogotá D.C., el 6 de noviembre de 1997, porque no se configuraron
las causales invocadas y (ii) presentó una acción de tutela, la cual, por
detectar varias de las inconsistencias evidenciadas hasta el momento, fue
decida de forma favorable en primera y segunda instancia.
(…)
El
14 de diciembre de 1995, el secuestre Siervo Humberto Gómez García procedió a
presentar su informe final de gestión y a “verificar” la entrega del centro
comercial Normandía, diligencia a la que se opuso la Caja de Compensación
Familiar porque (i) no fue notificada de la providencia que ordenó el
lanzamiento; (ii) su arrendamiento se encontraba vigente; (iii) se encontraba
al día con los cánones de arrendamiento; (iv) la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema Justicia, en un fallo de tutela que quedó sin cumplimiento,
ordenó la protección de sus derechos como arrendatario; (v) cursaba un recurso
extraordinario de revisión con repercusiones en la entrega; (vi) no se conocía
quien tiene la representación de la masa de acreedores, lo que le impide llegar
a un acuerdo para conservar la tenencia del inmueble, mientras se verifica el
remate y (vii) el desalojo abrupto le ocasionaba graves perjuicios económicos.
Manifestaciones
que el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. pasó por alto, con el
argumento según el cual, al tenor de lo dispuesto en el artículo 688 del C. de
P.C., en las diligencias de entrega del secuestre no se admiten oposiciones. La
diligencia termino porque Cafam no “disponía en el momento de transporte para facilitar
la desocupación del inmueble”, por tal razón, el aludido funcionario judicial
dispuso que “el secuestre sufrague los gastos necesarios con tal propósito”.
El
15 de diciembre de 1995, se reanudó la diligencia de entrega, en esta actuación
la Caja de Compensación Familiar aceptó pagar, por un mes, $13.000.000, para no
perder las utilidades que le generaría la época decembrina y el Juez Diecinueve
Civil del Circuito de Bogotá D.C. precisó que “Cafam no tiene derecho a
conservar la tenencia del bien y, por lo mismo, el aplazamiento referido y la
contraprestación a que se comprometió dicha entidad de manera alguna puede
generar derechos o beneficios diferentes a los que se deriven de la misma
suspensión”.
La
Caja de Compensación Familiar recurrió, nuevamente, a la acción de tutela para
la defensa de derechos, vía que en primera instancia, culminó con una decisión
desfavorable, porque, aparentemente, no se evidenciaba un error “absoluto o
protuberante” ni una errónea aplicación del artículo 688 del C. de P.C. -19 de
enero de 1996-. Esta providencia dio lugar a que, el 15 de febrero de 1996,
Cafam se viera obligada, de forma abrupta, a entregar al secuestre Siervo
Humberto Gómez García el centro comercial Normandía.
(…)”.
En
ese orden de ideas, encuentra esta Corte que la jurisprudencia reiterada del
Consejo de Estado, ha señalado que para que se configure la causal
eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, “debe
demostrarse no sólo la participación directa y eficiente de ésta en la producción
del hecho dañoso, sino que, además, debe demostrarse que dicha conducta provino
del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a
obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta”[31].
En el presente caso, se encuentra
que la conducta de CAFAM nada tuvo que ver con la producción del daño, por el
contrario, lo que se advierte es que la caja de compensación actuó de manera
diligente al adoptar las medidas tendientes a evitar el lanzamiento del
inmueble y el acaecimiento del daño, tal como lo demostró el Consejo de Estado
con los argumentos antes reseñados.
De lo anterior, se colige entonces
que los actos determinantes para la producción del daño causado a CAFAM, fue el
actuar imprudente del Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá, por lo
que no se encuentra razón para hablar de la figura de la culpa exclusiva
de la víctima, así como tampoco del desconocimiento del precedente del Consejo
de Estado en esta materia.
3.4.14.      Finalmente, sobre el llamamiento en garantía, encuentra
la Sala que del estudio de la sentencia del 29 de agosto de 2014, se
remarca que en el punto 4 “Llamamiento en Garantía”, el Consejo de
Estado se refirió explícitamente al marco jurídico aplicable a los hechos,
teniendo en consideración el aspecto temporal,[32]
y concluyó que la norma a aplicar no era la Ley 270 de 1996 ni la Ley 678 de
2001 sino el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, vigente a la época
de los hechos. En esas circunstancias no es posible sostener que el Consejo de
Estado haya actuado de forma arbitraria o que su decisión se fundamente en el desconocimiento
del derecho aplicable, puesto que justamente la providencia hace un examen
sucinto de la situación y toma una determinación fundada en el conocimiento de
las normas y en las reglas de vigencia correspondiente.
Particularmente, sobre la aplicación del artículo 57 del
Código de Procedimiento Civil, el Consejo de Estado manifestó que “cuando
prospere la demanda contra una entidad pública, la sentencia dispondrá que esta
satisfaga los perjuicios, y si el funcionario ha sido llamado al proceso, determinará
la responsabilidad del aquel”.
Como fundamento de la anterior consideración, el Alto Tribunal
le dio plena aplicación al artículo en mención, que expresamente consagra que:
“Quien tenga derecho legal o contractual
de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o
el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de
la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que en el mismo proceso
se resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará a lo dispuesto
en los dos artículos anteriores”. (Subrayado fuera del texto).
En el mismo acápite, el Alto Tribunal hizo referencia a que
la Corte Constitucional en sentencia C-430 de 2000, “señala que
la entidad condenada judicialmente en razón de una conducta dolosa o gravemente
culposa de uno de sus funcionarios o ex funcionarios (…), pudiere solicitar de
éste el reintegro de lo que hubiere pagado como consecuencia de una sentencia
judicial (…). Entonces, el particular afectado o perjudicado con el daño
derivado de una acción u omisión estatal, se encuentra facultado para demandar
a la entidad pública o a ésta y al respectivo funcionario. En este último
evento, la responsabilidad del servidor público habrá de establecerse durante
el proceso”.
Sobre el particular, precisó el Alto Tribunal que
“los
hechos y actos ocurridos bajo el imperio y vigencia del régimen jurídico anterior
a la expedición de la Ley 678 de 2001, potencialmente constitutivos de la
acción de repetición y del llamamiento en garantía contra funcionarios o ex
funcionarios del Estado o particulares en ejercicio de función pública, está
integrado por varias disposiciones tanto sustanciales como procesales, que
aunque dispersas, permiten exigir la responsabilidad del agente del Estado en
los términos consagrados en el inciso segundo del artículo 90 de la
Constitución Política”.
Entonces, de la aplicación de los preceptos legales
y jurisprudenciales sobre la materia, el Consejo de Estado tuvo a bien llamar
en garantía al accionante en el proceso de reparación directa, en el que
después de valorar cada una de sus actuaciones en los procesos ejecutivo
hipotecario y de restitución de inmueble arrendado, determinó que su intervención
no representó una simple equivocación o error de juicio, sino una actuación dolosa,
por la cual debía responder.
De lo expuesto, es pertinente manifestar que las
supuestas equivocaciones y falencias señaladas por el accionante, en cuanto al
llamamiento en garantía, están dirigidas a reabrir la controversia ordinaria a
fin de lograr un escenario favorable a sus pretensiones, pues claramente lo que
se observa de los alegatos del Alto Tribunal, es que ante los errores en que
incurrió el juez, los cuales fueron encontrado evidentes por el Consejo de
Estado, la  consecuencia razonable era que en virtud del artículo 90
Constitucional el accionante debía responder por los perjuicios causados.
3.4.15.
A
modo de conclusión, se tiene que la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo
de Estado, dentro del debate jurídico que se planteó ante ella, hizo un análisis detallado y juicioso del material fáctico y
probatorio obrante en el expediente, alcanzando, mediante la construcción
lógica y la ponderación de principios, las razones suficientes para tomar una
decisión, que, no tiene ninguno de los elementos para poder considerarse como
arbitraria.
3.4.16.
Por
lo que se recalca que “la acción de
tutela contra decisión judicial es concebida como un “juicio de validez” y no
como un “juicio de corrección” del fallo cuestionado, lo que se opone a que se
use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de
índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron origen
a la controversia”[33].
3.4.17.
En
virtud de lo mencionado, la Sala confirmará la sentencia de tutela proferida el
15 de diciembre de 2015 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, que dejó en firme la sentencia del 15 de
octubre de 2015, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en el sentido de negar el presente amparo
por las razones expuestas.
4.       CONCLUSIONES
4.1.
El
accionante considera vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, por la
decisión tomada por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, en
sentencia del 19 de agosto de 2014, debido a que lo declaró patrimonialmente
responsable en proporción del 100%, respecto de la condena impuesta a la Nación
–Rama Judicial-, por los perjuicios ocasionados a CAFAM, en el marco de un
proceso de restitución de inmueble arrendado.
4.2.
Los
defectos principales señalados por el accionante son: i) el defecto fáctico se presenta
porque el Consejo de Estado valoró indebidamente las pruebas aportadas al
proceso, como es el caso del desistimiento de CAFAM; ii) la equivocada o falsa
motivación se manifiesta porque el proceso de restitución no fue causa directa
del lanzamiento ni de los perjuicios, sino el desembargo y diligencia cumplida
por razón del mismo; iii) la falsa o
equivocada argumentación como soporte de la condena, se estructura porque no se
explicó por qué las supuestas pérdidas económicas de CAFAM no están
reflejadas en sus proyecciones financieras; y iv) la violación del precedente
del Consejo de Estado sobre los requisitos para estructurar el daño y generar
la indemnización, se presenta por cuanto no existe nexo causal entre el
supuesto daño y el hecho que lo genera; además, porque este caso se
circunscribe en una culpa exclusiva de CAFAM.
4.3.
Además
de los argumentos centrales presentados en la acción de tutela, el señor Abreo
Triviño señala un sinnúmero de supuestas falencias en que habría incurrido el Consejo
de Estado, los cuales se consideran defectos procesales secundarios, que se
dividen en dos grupos.
El
primer grupo está constituido por los supuestos siguientes: que el Consejo de
Estado no tuvo en cuenta la sentencia del 6 de noviembre de 1997 dictada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que precisó que en el
proceso de restitución de inmueble arrendado no se advirtió maniobra
fraudulenta; que el Alto Tribunal reprochó que el juzgado no decretó pruebas,
sin especificar cuáles debía haber decretado; que se reprochó igualmente al
juez no haber fallado en equidad, pese a que su obligación era fallar en
derecho; que no se tuvieron en cuenta las sentencias de primera y segunda
instancia en la primera acción de tutela en que quedó claro que el reparto no
es constitutivo de competencia; que no se tuvieron en cuenta las decisiones de
la Fiscalía y del Consejo Superior de la Judicatura en que se manifestaron que
no hubo anomalía o irregularidad que denotara dolo; que no se controvirtió el
dictamen pericial en que se cuantificó como daño emergente el precio cancelado
por CAFAM para su traslado; que no se controvirtió el dictamen pericial en que
se cuantificó como daño la terminación de dos relaciones laborales que
terminaron semanas después de que CAFAM abandonara el predio; y que no es
cierto que el juez haya ideado la forma para que CAFAM entregara el inmueble
sino que ello respondió a un acuerdo entre acreedores y deudores.
En
el segundo grupo se encuentran los siguientes argumentos: la
irregularidad en el reparto del proceso de restitución de inmueble arrendado no
repercutió en el desalojo del inmueble; no era necesario vincular al proceso de
restitución a CAFAM, dada su calidad de subarrendataria; CAFAM sí se enteró del
proceso de restitución de inmueble, y por tanto, tuvo la oportunidad de
comparecer al proceso; y no se tuvo en cuenta la copia del aviso a través del
cual se realizó la notificación del auto admisorio del proceso de restitución a
CAFAM. Sobre el particular, observa la Sala que éstas son circunstancias
alegadas por el señor Abreo Triviño, que buscan reabrir el debate probatorio y
argumentativo surtido en el marco del proceso de reparación directa.
Respecto
al primer y segundo grupo de argumentos presentados por el accionante en contra
de la sentencia cuestionada, se denota improcedente el presente amparo
constitucional, por cuanto, los unos carecen de
fuerza y relevancia constitucional para revocar una sentencia de un Alta Corte,
ya que no tienen la capacidad de transgredir los derechos fundamentales del
accionante; y los otros fueron presentados para reabrir debates concluidos y
para hacer de la presente acción de tutela, una instancia o recurso alternativo
para lograr un fallo favorable a los intereses del actor, contrariando el
principio de subsidiariedad de esta acción.
4.4.
Sumado a estos argumentos, en la impugnación del fallo
de tutela de primera instancia, el actor alegó que “en el proceso de
reparación directa, se empleó una forma irregular para llamarlo en garantía,
aplicando retroactivamente una ley posterior (…)” por cuanto, “al ocurrir
los hechos examinados antes de la Ley 270 de 1996, se debía aplicar el artículo
90 de la Constitución y en el artículo 40 del CPC, al tratarse de
responsabilidad que comprometa la conducta personal del juez”. En efecto, “la
condena que se le impuso a Eluin Guillermo Abreo Triviño quebranta en forma
directa la Constitución Política de 1991, al desconocer de manera grave las
garantías jurídicas básicas de ingreso y procesamiento del ahora sentenciado en
reparación extracontractual, en atención a la irregular forma que se empleó
para llamarlo en garantía, aplicando retroactivamente una ley posterior (…)”.
4.5.
Respecto a los cuatro (4) defectos principales y al señalado
en la impugnación, la Sala encontró que cumplen con los requisitos generales   de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por otra
parte, la Sala no encontró que los demás defectos señalados cumplieran con los
requisitos de procedencia de la acción.
4.6.
En
cuanto al fondo del asunto, respecto a la interpretación de las pruebas del
desistimiento de CAFAM y los perjuicios que se le ocasionaron, advierte esta
Corte que la valoración efectuada por el Consejo de Estado resulta razonable,
por lo que este Tribunal no puede adentrarse nuevamente a la evaluación
probatoria para satisfacer los intereses del actor. En efecto, no hay evidencia
alguna de que la decisión impugnada constituya una vulneración al debido
proceso del actor por estimar los perjuicios según el dictamen pericial emitido
ante el Consejo de Estado, el cual se advierte, prima facie, coherente y
apegado a derecho y a las circunstancias fácticas y jurídicas del caso.
4.7.
En
cuanto el supuesto defecto fáctico y sustantivo por haber determinado que el
perjuicio se ocasionó en razón al proceso de restitución de inmueble arrendado
y no por el proceso de desembargo del bien; así como por el supuesto
desconocimiento del precedente del Consejo de Estado en materia de culpa
exclusiva de la víctima, la Corte reitera que el proceso estudiado fue coherente
y racional en cada uno de los aspectos analizados y decididos por el juez
ordinario.
4.8.
Sobre el llamamiento en garantía, el Consejo de Estado se
refirió explícitamente al marco jurídico y jurisprudencial aplicable a los
hechos, a partir de los cuales, a bien tuvo llamar en garantía al
accionante en el proceso de reparación directa, en virtud de que, ante los
errores en que incurrió el juez, los cuales fueron encontrado evidentes por el
Consejo de Estado, la única consecuencia era que en virtud del artículo 90
Constitucional el accionante debía responder por los perjuicios causados.
4.9.
Se
reitera entonces que la acción de tutela contra decisión judicial es concebida
como un “juicio de validez” y no como un “juicio de corrección”
del fallo cuestionado, lo que se opone a que se use indebidamente como una
nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho legislado, que dieron origen a la controversia.
5.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.-
LEVANTAR la
suspensión de términos ordenada en el presente proceso.
SEGUNDO.-
CONFIRMAR, la
sentencia de tutela proferida el 15 de diciembre de 2015 por la Sección Quinta
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que confirmó
la sentencia del 15 de octubre de 2015, de la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el sentido de NEGAR
el presente amparo por las razones expuestas.
TERCERO.- Por Secretaría
General de esta Corporación, LÍBRENSE las comunicaciones indicadas en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese y
cúmplase.
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
Con aclaración de voto
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado                                                       Magistrado
Con
salvamento de voto                               Con aclaración de voto
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO       GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrado                                                                 Magistrada
Con
aclaración de voto                                      Con aclaración de voto
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO            JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado                                                          Magistrado
Ausente
con excusa médica
ALBERTO
ROJAS RÍOS                    LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado                                                     Magistrado
Con
aclaración de voto                                   Ausente con permiso
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACION DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
A LA SENTENCIA SU425/16
PROPORCIONALIDAD
DE LA CONDENA EN REPETICION-Elemento de validez de las sentencias en
las que se ordena la repetición del pago contra un agente del Estado (Aclaración
de voto)
PROPORCIONALIDAD
DE LA CONDENA EN REPETICION-No se establece con relación al
patrimonio del agente, sino respecto de su participación en la causa adecuada
del perjuicio (Aclaración de voto)
PATRIMONIO
PERSONAL DE AGENTE DEL ESTADO-Es jurídicamente indiferente, aunque se
constituye en realidad, en una barrera insalvable para hacer efectivo el
reembolso de las cuantiosas condenas en responsabilidad del Estado (Aclaración
de voto)
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD-Debe ser aplicado cada vez que se persiga el
patrimonio personal de servidor público (Aclaración de voto
Expediente: T-5383748
MP. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub
Acción de tutela
instaurada por Eluin Guillermo Abreo Triviño, contra la Sección Tercera,
Subsección B, del Consejo de Estado.
No obstante compartir el sentido de la
decisión que confirma la sentencia de tutela proferida por la Sección 5a
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la que se
rechazan las pretensiones del accionantes considero que la motivación del fallo
debió precisar el concepto de proporcionalidad de la condena, como elemento de
la validez de las sentenciad en las que se ordena la repetición del pago contra
un agente del Estado (servidor público, ex servidor público, contratista,
etc.). No debe pasarse por alto que en el presente caso, el agente fue
condenado, en las dos instancias a montos distintos en un caso al 100% de la
condena y en otro, al 50% de la misma.
Se trata de un
asunto que no ha sido claramente abordado por esta Corte y que determina la
realización del principio de justicia material en las condenas en repetición.
La exigencia de proporcionalidad, se desprende directamente del artículo 90 de
la Constitución, así:
1. Por una parte,
al fundar el deber de repetir contra el agente cuya acción u omisión, dolosa o
gravemente culposa, haya dado lugar a una condena al Estado, indica
implícitamente que el monto de la repetición no puede superar el de la
condena, porque lo contrario indicaría que no se trata de una
repetición, sino de una verdadera sanción. Por esta vía, no sería
constitucionalmente válido repetir contra el agente por montos superiores,
derivados por ejemplo de intereses que cause la condena y cuya causación ya no
depende del agente cuyos hechos dieron lugar a declarar 1a responsabilidad del
Estado, sino a la demora en el pago de la condena, por parte de la entidad
condenada, que concilio o reconoció responsabilidad a través de otros medios.
2. Por otra
parte, al establecer que "En el evento de ser condenado el Estado a la
reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente
suyo, aquél deberá repetir contra éste''' (negrillas
agregadas), la norma constitucional introduce la exigencia de
establecer el vínculo de causalidad entre la responsabilidad del Estado y la
conducta dolosa o gravemente culposa del agente. Esto quiere decir
que no necesariamente el agente que haya actuado en esas circunstancias deba
ser condenado automáticamente a reembolsar el ciento por ciento del monto de la
condena. El porcentaje de condena en repetición, dependerá del porcentaje de
participación del dolo o culpa grave del agente, en la causa adecuada del
perjuicio. En otros términos, recae sobre el juez que decida el llamamiento en
garantía o la acción de repetición, establecer si la causa adecuada del
perjuicio fue exclusivamente la actuación dolosa o gravemente culposa del
agente, caso en el cual la condena será en la totalidad de los perjuicios o si,
por el contrario, existen otros factores que concurrieron en la causación o
agravación del perjuicio, caso en el cual deberá establecer de manera razonada
y motivada, la proporción de la condena, que se perseguirá en el patrimonio del
agente del Estado. Sólo de esta manera se respeta el mandato de repetición,
previsto en el artículo 90 de la Constitución Política.
Esto quiere decir que la proporcionalidad
de la condena en repetición no se establece con relación al patrimonio del
agente, sino respecto de su participación en la causa adecuada del perjuicio.
El patrimonio personal del agente es jurídicamente indiferente, aunque se
constituye, en realidad, en una barrera insalvable para hacer efectivo el
reembolso de las cuantiosas condenas en responsabilidad del Estado. Este
principio de proporcionalidad debe ser aplicado cada vez que se persiga el patrimonio
personal de servidor público, bien sea a través de un llamamiento en garantía,
de una acción de repetición o incluso en los juicios de responsabilidad fiscal.
Respetuosamente,
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
ADICION A LA ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALEJANDRO LINARES CANTILLO A LA SENTENCIA SU425/16
Expediente:
T-5383748
Acción de tutela
instaurada por Eluin Guillermo Abreo Triviño contra la Sección 3,
Subsección B del Consejo de Estado.
A más de las precisiones relativas a la
necesidad del estudio de la proporcionalidad de las condenas en repetición,
asunto que ya aclaré, considero que se debió estudiar uno de los argumentos
expuestos por el demandante contra la sentencia de reparación directa que,
llamado en garantía, lo condenó al reembolso de la condena contra la Nación,
sin que, no obstante, este análisis cambiara el sentido de lo decidido.
En efecto, el accionante considera que
uno de los defectos de la sentencia de la Subsección B, de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, consiste en afirmar que los perjuicios irrogados a CAFAM
se causaron en el contexto del proceso de restitución de inmueble arrendado,
cuando en realidad la entrega fue realizada como consecuencia del levantamiento
de la medida cautelar de embargo y secuestro, proferida dentro del proceso
ejecutivo hipotecario.
Es cierto que en
el caso analizado se entrelazaron actuaciones procesales de dos procesos
diferentes entre las mismas partes e irregularmente repartidos al mismo juez,
por su propia solicitud a la oficina de reparto. Es cierto que la entrega se
realizó dentro del proceso ejecutivo hipotecario y no dentro del proceso de
restitución de tenencia, como pareciera haberlo sostenido la sentencia atacada
del Consejo de Estado. Sin embargo, se trata de un error intrascendente frente
a los derechos procesales y sustanciales del accionante y no tiene la entidad
de cambiar el sentido de la decisión. Se trata entonces de un lapsus calami sin incidencia
para los derechos o para lo decidido, lo que equivale a un defecto
insustancial. Si este tipo de errores diera al traste con las decisiones
judiciales, se desconocería así la exigencia constitucional de prevalencia del
derecho sustancial, sobre las formas.
Este estudio resultaba necesario al ser
una de las alegaciones del accionante, aunque su ausencia no afecta la decisión
tomada en este caso por la Corte Constitucional. En este sentido, dejo aclarado
mi voto en el presente caso.
Respetuosamente,
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA SU425/16
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-No se realizó estudio sobre la valoración de la culpa (Aclaración
de voto)
DERECHO DE
DEFENSA DE AGENTES PUBLICOS-Es importante realizar valoraciones
específicas sobre porcentaje de la condena (Aclaración de voto)
Referencia:
Expediente T-5.383.748
Acción de tutela
presentada por Eluin Guillermo Abreo Triviño contra la Sección Tercera –
Subsección B del Consejo de Estado.
Asunto: proceso
de reparación directa por error judicial, responsabilidad del juez llamado en
garantía.
Magistrado
Ponente:
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Con
el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, a
continuación presento las razones que me conducen a aclarar el voto en
la decisión adoptada por la mayoría de la Sala Plena, en sesión del 11 de
agosto de 2016.
Comparto
la decisión de la Sala consistente en confirmar la providencia de segunda
instancia, que confirmó la decisión del a quo mediante la cual se negó
el amparo. En efecto, considero que la decisión proferida por la Sección
Tercera -Subsección B- del Consejo de Estado, mediante la cual el accionante
fue condenado por el 100% de los daños causados como consecuencia de un error
judicial en un proceso de reparación directa, no incurre en los defectos
alegados por el actor.
En
efecto, en este caso no se probó que la decisión hubiera incurrido en: (i)
defecto fáctico, al dar por probada la falta de competencia del juez para
ordenar que le fuera repartido el proceso ejecutivo, (ii) falsa motivación,
debido a que no era cierto que se hubiera dicho que el lanzamiento se había
dado en el proceso de restitución, pues en la sentencia controvertida era claro
que éste era consecuencia del proceso ejecutivo, (iii) falsa motivación, porque
contrario a lo que afirmó el accionante, el Consejo de Estado no falló en
equidad; (iv) motivación indebida, porque sí se evaluó la repercusión del
desistimiento de CAFAM en cuanto al cumplimiento de la tutela que ordenó
devolver el inmueble, y específicamente se evidenció que CAFAM desistió porque
el daño se había causado; y (v) desconocimiento del precedente, porque en este
caso no se trataba de culpa exclusiva de la víctima.
Sin
embargo, debo puntualizar mi posición en relación con el análisis del
desconocimiento del precedente alegado por el accionante, pues considero que la
ponencia acogida por la mayoría de la Sala Plena omite analizar el estudio de
la culpa en la providencia judicial contra la que se presenta la tutela.
En
las consideraciones de la SU-425 de 2016, no se hace alusión a la valoración
del Consejo de Estado sobre la culpa del funcionario, y éste fue el fundamento
para encontrarlo responsable del 100% de la condena al Estado por el daño
antijurídico sufrido por CAFAM.
En
ese orden de ideas, estimo pertinente resaltar que en la providencia adoptada
por la Sección Tercera – Subsección B del Consejo de Estado, se analizó con
detenimiento la responsabilidad del servidor público. En particular, la
autoridad judicial accionada determinó que el agente únicamente podía responder
con su patrimonio si la conducta había sido calificada como dolosa o gravemente
culposa de conformidad con el artículo 90 Superior y las reglas del Código
Civil que lo definen, normas vigentes al momento de la comisión de la conducta
que dio origen a la responsabilidad del Estado.
Así
pues, la Sección Tercera -Subsección B- estableció que el análisis del dolo o
culpa grave en la actuación del agente comporta el estudio de las funciones a
su cargo y si respecto de ellas se presentó un incumplimiento grave. Además,
determinó que es dolosa la actuación consciente y voluntaria del agente, con la
intención de producir las consecuencias nocivas, y constituye culpa grave la
actuación del agente que prevé la irregularidad en la cual incurre y el daño
que puede ocasionar, y aún así lo hace o confía imprudentemente en poder
evitarlo.
Posteriormente,
al estudiar el caso concreto, la autoridad judicial accionada concluyó que en
el proceso de restitución y en las diligencias de lanzamiento y entrega que se
practicaron en el proceso ejecutivo, se presentó por parte del agente “una
marcada intención de desalojar a la Caja de Compensación Familiar del centro
comercial Normandía, lo cual se reflejó (i) en las sucesivas irregularidades
que cometió –abonarse un proceso, no integrar el contradictorio, desconocer
pruebas, no resolver en equidad, cerrar posibilidades de oposición e idearse
una entrega como resultado de la cesación de funciones del secuestre- y que
implicaron un desconocimiento flagrante de los derechos de defensa y debido
proceso de Cafam; (ii) en el incumplimiento del deber de prevenir, remediar y
sancionar toda tentativa de fraude procesal –artículo 37 del C. de P.C.-; (iii)
en tolerar que el secuestre Siervo Humberto Gómez García faltara a la verdad y
presionara, de forma indebida, a la entidad demandante para obtener de ella una
mayor rentabilidad y (iv) en el no acatamiento de fallos de tutela que buscaron
revertir esas inconsistencias, así ello implicara afrontar una sanción -arresto
de 3 días y multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes-, el inicio
de investigaciones disciplinarias y penales y asentir la dilación de la
diligencia que buscaba devolverle el aludido inmueble a la entidad actora.”
En
consecuencia, concluyó que el juez desarrolló u omitió una serie de actuaciones
que aunque conocía que eran irregulares y desconocían deberes y fallos de
tutela, le permitirían atender un fin distinto al de administrar justicia, esto
es, desalojar ilegalmente, a la Caja de Compensación Familiar del Centro
Comercial Normandía.
De
la actuación dolosa del agente, la Sección Tercera –Subsección B- del Consejo
de Estado declaró patrimonialmente responsable al llamado en garantía en
proporción del 100% respecto de la condena impuesta.
Así
pues, debo precisar que a pesar de que la sentencia adoptada por la mayoría de
la Sala Plena no estudió la valoración de la culpa, y en esa medida la
gradación de la responsabilidad del agente, la responsabilidad del juez por el
100% de la condena, correspondió al análisis de su conducta dolosa, la cual fue
examinada exhaustivamente por el Consejo de Estado.
No
obstante, considero importante para garantizar plenamente el derecho de defensa
de los agentes públicos, que se realicen valoraciones específicas sobre el
porcentaje de condena, pues es posible que en algunos casos la mora judicial o
los trámites ineficientes en la administración pública, para reconocer su
responsabilidad, contribuyan a agravar el monto de la condena del agente, lo
que eventualmente podría resultar desproporcionado.
De esta manera, expongo las razones que
me llevan a aclarar el voto con respecto a las consideraciones expuestas en la
sentencia de la referencia.
Fecha ut supra,
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA SU425/16
LLAMAMIENTO EN
GARANTIA CON FINES DE REPETICION-Se debe examinar la situación de la
persona llamada en garantía, con el propósito de facilitar el pago y plazos
razonables de la deuda (Aclaración de voto)
LLAMAMIENTO EN
GARANTIA CON FINES DE REPETICION-Se debe establecer la constitución de
garantías o la adquisición de seguros por parte de los funcionarios judiciales
demandados, según el caso, para cumplir efectivamente con las condenas
(Aclaración de voto)
Referencia:
Expediente T-5383748. Acción de Tutela instaurada por Eluin Guillermo Abreo
Triviño, contra la Sección Tercera, Subsección B. del Consejo de Estado.
Magistrado
Ponente:
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
No obstante que
comparto la decisión de mayoría en cuanto concluyó que el fallo objeto de
tutela no era susceptible de ser despojado de sus efectos por cuanto, en
realidad, no concurren los supuestos que esta Corporación ha establecido al
efecto, en la medida en que ciertamente el pronunciamiento atacado incorpora
una argumentación cuya coherencia y solidez difícilmente admite los
cuestionamientos que se le formulan, pues desconocerlos supondría invadir el
ámbito de actuación y la autonomía del juez contencioso administrativo,
representado en este caso por una corporación de cierre, como lo es el Consejo
de Estado, creo, sin embargo, que frente a circunstancias como la aquí
dilucidada, en la que se impuso a un funcionario judicial, vía repetición, una
muy significativa condena que podría exceder sus posibilidades patrimoniales,
ha debido examinarse la situación de este último en el propósito de facilitar
el pago de la misma por vía de instalamentos que conllevaran plazos razonables
o a través de algún otro mecanismo alternativo que permitiera su real o
efectiva solución, atendiendo las condiciones del deudor. A mi modo de ver, en
estos eventos, es menester que, adicionalmente, se disponga la constitución de
garantías o la adquisición de seguros por parte de los funcionarios judiciales
demandados, según el caso, a objeto de que las condenas que se les inflijan en
realidad se puedan cumplir sobre bases realistas.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA SU425/16
Referencia:
expediente T-5383748.
Acción
de tutela instaurada por Eluin Guillermo Abreo Triviño contra el Consejo de
Estado - Sección Tercera - Subsección B.
Magistrado
Ponente:
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB.
Con el debido
respeto por las decisiones de la Corte, aclaro mi voto a la sentencia SU-425 de
2016.
1. Acompañé la
decisión de la Sala Plena de negar el amparo de tutela, pues considero que la
providencia cuestionada no adolecía de los defectos fáctico, falsa motivación,
motivación indebida o desconocimiento del precedente que le fueron endilgados.
La sentencia del Consejo de Estado - Sección Tercera, juez natural de la
demanda de reparación directa que adelantó la Caja de Compensación Familiar “Cafam”
contra la Nación - Rama Judicial, se fundó en actuaciones que, en mi
consideración, no fueron adecuadamente adelantadas por el entonces Juez
Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá, el señor Eluin Guillermo Abreo
Triviño.
Así, el
funcionario judicial promotor de la acción de tutela inició con el conocimiento
de un proceso judicial ejecutivo que, posteriormente, modificó por el de
concurso de acreedores; adicionalmente, pidió directamente a la oficina
judicial que se le asignara el proceso de restitución que, aunque podía tener
alguna relación con el asunto que conocía mediante la vía ejecutiva, debía
seguir las reglas ordinarias de reparto. Y, no vinculó al proceso inicial, pese
a ser necesario, a “Cafam”, que venía pagando el arriendo mediante depósito
judicial al secuestre; esta situación, más allá de las formalidades legales que
alegue el juez a favor de su actuación, sí afectó el derecho fundamental al
debido proceso de la Caja involucrada.
2. Aunque
reconozco que este proceso revestía una gran complejidad, dada la pluralidad de
pronunciamientos judiciales involucrados, la sentencia SU-425 de 2016, en mi
criterio, carece de un análisis de constitucionalidad suficientemente profundo,
pues buena parte de sus argumentos se limitan a la transcripción de apartes de
la providencia cuestionada, sin explicar claramente por qué las consideraciones
de Consejo de Estado son razonables. Empero, los antecedentes del caso exigían
favorecer la autonomía del Consejo de Estado, al decidir sobre el proceso de
reparación directa.
3. Finalmente,
encuentro oportuno llamar la atención sobre un aspecto en concreto. Dentro de
la valoración efectuada por el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección
B jugó un papel fundamental el estudio sobre el nexo causal entre el daño
a reparar y la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal,
permitiendo a esa Corporación asignar al aquí tutelante el pago del 100% de la
condena.
La
aplicación del criterio de proporcionalidad al momento de establecer la
responsabilidad personal de un agente del Estado y, de manera relevante, el
grado de su participación [lo que repercute en la afectación de su patrimonio],
es indudablemente una máxima derivada del mismo artículo 90 de la Carta
Política. Sin embargo, su efecto no se limita a ese momento sino que debe
expandirse más allá de aquella primera determinación, pues no debe perderse de
vista que aspectos relacionados con el tiempo que toma la decisión judicial que
declara la responsabilidad y/o el pago efectivo de la condena al afectado por
parte del Estado [que, por ejemplo, genera el reconocimiento de intereses
moratorios], no debe afectar el patrimonio del agente del Estado, pues ello sí
podría alterar el equilibrio entre el daño causado con su conducta y la
afectación de su patrimonio para el resarcimiento correspondiente, esto es, la
justicia conmutativa.
Fecha
ut supra,
María
Victoria Calle Correa
Magistrada
[1]El Consejo de
Estado asumió como probados los siguientes hechos:“-El Juzgado
Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., mediante auto de 17 de octubre de
1990, reconoció a la sociedad Infojuris Ltda, representada por el señor
Norberto Salamanca Flechas, como subrogataria de la Arquidiócesis de Tunja y
José Domingo Otálora Contreras, en el proceso ejecutivo con título hipotecario
iniciado por los últimos contra los señores Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones
de Mora (f. 62-63 c. 1; 194-195 c. 5).
(…)
-El
29 de enero de 1991, el secuestre Norberto Salamanca Flechas arrendó a la
señora María Patricia Ramírez de Baena la totalidad del centro comercial
Normandía, inmueble embargado y secuestrado en el proceso ejecutivo reseñado,
para que ella, sin limitación alguna, lo subarrendara o cediera mediante
concesión comercial (…).
-El
1º de febrero de 1991, los señores Norberto Salamanca Flechas, María Patricia
Ramírez de Baena y la Caja de Compensación Familiar celebraron un contrato de
arrendamiento, el cual tenía por objeto el centro comercial Normandía (f.
86-90, 194-128 c. 5; 59-63 c. 6).
-El
secuestre Norberto Salamanca Flechas le informó a Cafam que la señora María
Patricia Ramírez de Baena, quien por ostentar doble condición –dueña y
arrendadora del bien- y estar debidamente facultada para subarrendar, podía
entregar el inmueble en tenencia como sucedió con Cafam.
-El
secuestre Norberto Salamanca Flechas, posteriormente, le informó a Cafam que: (…) 4.  Le
manifiesto que realmente y en verdad, actualmente ya no existen problemas de
orden judicial ni legal sobre el inmueble (f. 32-33 c. 1; 122-123 c. 5).
-Mediante
oficio de 24 de marzo de 1993, el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de
Bogotá D.C. instó al señor Norberto Salamanca Flechas para que hiciera “entrega
del bien que le fue puesto a su disposición dentro del presente proceso
ejecutivo con título hipotecario” (f. 119 c. 5)
-El Juez
Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. certificó que en el proceso
ejecutivo con título hipotecario fue designado el
señor Siervo Humberto Gómez García en el cargo de secuestre del centro
comercial Normandía, desde el 1º de abril de 1993 (f. 11 c. 3).
-El
secuestre saliente, señor Norberto Salamanca Flechas, en su informe final de
gestión, manifestó que (…) (v) no recibió suma alguna por concepto de
arrendamiento.
-El
Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., mediante oficio de 17 de
mayo de 1993, le comunicó al Departamento Jurídico de Cafam que se debía
abstener “de pagar los cánones de arrendamiento del (…) Centro comercial
Normandía a persona distinta al secuestre designado por el despacho, señor SIERVO
HUMBERTO GÓMEZ GARCÍA” (f. 88 c. 3; 127, 141 c. 5; 89 c. 6).
-La Caja
de Compensación Familiar envió, periódicamente, al secuestre Siervo Humberto
Gómez García copia de los depósitos judiciales que efectuaba, por concepto de
cánones de arrendamiento (f. 131-141 c. 1; 54-56, 96-101 c. 3; 130-139, 244-247
c. 5).
(…)
-El 7 de
septiembre de 1994, el secuestre Siervo Humberto Gómez García demandó, ante el
Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., a la señora María
Patricia Ramírez de Baena para obtener la restitución del centro comercial
Normandía, porque su predecesor, señor Norberto Salamanca Flechas, en el
informe final de gestión, aseveró que “no ha recibido ninguna suma de dinero
por concepto de arrendamientos de parte de la antes nombrada. De otra parte, el
suscrito tampoco ha recibido pago alguno por parte de la señora María Patricia
Ramírez de Baena, por concepto de cánones de arrendamiento del inmueble
aludido, durante el lapso de tiempo que llevo desempeñando el cargo de
secuestre, esto es, desde el primero (1º) de abril de mil novecientos noventa y
tres (1993)” (f. 1-4 c. 3; 170-173 c. 5; 1-4 c. 6).
-El Juez
Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., mediante sentencia de 21 de
octubre de 1994, (i) declaró “legalmente terminado el contrato de arrendamiento
y (ii) ordenó la restitución del bien referenciado (f. 19-21 c. 3;
188-190 c. 5; 19-21 c. 6).
-El 15 y
16 de diciembre 1994, el 16 de enero de 1995, el 23 enero de 1995 y el 3 de
febrero de 1995, la diligencia de restitución del centro comercial Normandía
fue suspendida por varios motivos. En esta última oportunidad Cafam se opuso a
la actuación (f. 24 c. 3; 193 c. 5; 24 c. 6).
-El 10
de febrero 1995, el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. efectuó
la diligencia de restitución y otorgó un plazo de 5 días para “desocupar” el
centro comercial Normandía (…) (f. 129-138 c.
3; 221-229 c. 5; 131-139 c. 6).
-La Caja
de Compensación Familiar presentó una tutela. En el trámite de dicha acción se
dispuso la práctica de una inspección judicial del proceso ejecutivo y de
restitución de inmueble arrendado. En dicha diligencia se evidenció que (i) por
auto de 25 de mayo de 1994, se dispuso la acumulación, al aludido proceso
ejecutivo, de todas las ejecuciones que se adelanten en contra los señores
Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones de Mora; (ii) el trámite del concurso de
acreedores está suspendido, mientras se allegan las ejecuciones que cursan en
otros despachos; (iii) se han impulsado las actuaciones del proceso
restitutorio y de rendición de cuentas del secuestre Siervo Humberto Gómez
García; (iv) este auxiliar de la justicia ha informado periódicamente al
Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. de los dineros recibidos
por concepto de cánones de arrendamiento; (v) la Caja de Compensación Familiar
presentó una relación de los pagos que ha efectuado, por concepto de
arrendamiento y (vi) el despacho tiene a su disposición los originales de los
depósitos judiciales que le ha realizado Cafam.
-La Sala
Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial, mediante sentencia de 28 de
febrero de 1995, (i) tuteló el derecho de debido proceso a Cafam; (ii) dejó sin
efecto la actuación adelantada en el proceso de restitución de inmueble (…).
-La Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 27 de
marzo de 1995, modificó la decisión adoptada en sede de tutela, para ordenar
“al Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá D.C. que continúe la diligencia de
entrega entre las partes del citado proceso, pero respetando a Cafam el derecho
objetivo de protección”.
-La Sala
Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C., mediante
providencia de 13 de mayo de 1996, sancionó al Juez porque no continuó con la
diligencia de entrega, tal como se ordenó en el fallo de tutela de segunda
instancia.
-El Juez
Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., mediante auto de 28 de mayo de
1994, (i) declaró la suspensión del pago de todas las acreencias respecto de
los ejecutados Diógenes Mora leal y Clara Quiñones de Mora; (ii) dispuso el
emplazamiento de todos los que se consideren con derecho a intervenir en el
proceso y (iii) ordenó “la acumulación al proceso ejecutivo de todas aquellas
ejecuciones que se adelanten en contra de los aquí demandados, en el estado en
que se encuentren” (f. 117-118 c. 6).
-El 30
de octubre de 1995, en la “audiencia pública para llevar a cabo las
deliberaciones dentro del concurso de acreedores que se presentará en el
proceso hipotecario, se convino (i) que la señora María Patricia Ramírez de
Baena cede a la masa de acreedores los derechos que, eventualmente, pueda
derivar del contrato de arrendamiento suscrito con la Caja de Compensación
Familiar; (ii) cancelar la medida de embargo y secuestro que pesa sobre el centro
comercial Normandía; iii) disponer la subasta de ese inmueble, la
cual sería realizada por el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., y (iv)
liquidar los créditos existentes. -El Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de
Bogotá le informó al secuestre que debe hacer la entrega del inmueble
referenciado (f. 125 c. 6)
-El
14 de diciembre 1995, en la diligencia pública “para llevar a cabo la entrega
por parte del secuestre del inmueble perseguido dentro del concurso de
acreedores”, se rechazó la oposición presentada por la Caja de Compensación
Familiar, en atención a lo normado en el artículo 688 del C. de P.C. y se
dispuso la suspensión de la actuación, porque Cafam, tal como ya lo había
anticipado, no cuenta con el trasporte necesario para desocupar el centro
comercial Normandía. (Subrayado fuera del texto).
-El 15
de diciembre 1995, se suspendió la diligencia de entrega por un mes, porque se
convino “un reconocimiento de $13.000.000 por concepto de arrendamiento,
durante el mes de diciembre 15 de 1995 a enero 16 de 1996.
-La Sala
Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C., mediante
sentencia de 19 de enero de 1996, denegó la acción de tutela presentada por la
Caja de Compensación Familiar, porque la orden de “desocupación” del Juez
Diecinueve Civil del Circuito no constituye un error “absoluto y protuberante”
ni una errónea aplicación del artículo 688 del C. de P.C.
-El 15
de febrero de 1996, en cumplimiento de la orden de “desocupación” impartida por
el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., la Caja de Compensación
Familiar hizo entrega del centro comercial Normandía al secuestre Siervo
Humberto Gómez García, quien manifestó recibirlo a entera satisfacción (f.
27-30 c. 2).
-La Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 28 de
febrero de 1996, (i) revocó la aludida sentencia de tutela de primera
instancia; (ii) amparó “constitucionalmente el derecho fundamental del debido
proceso de la Caja de Compensación Familiar”; (iii) ordenó al Juez Diecinueve
Civil del Circuito de Bogotá D.C. a “preservar, en la entrega a que alude el
artículo 688 del Código de Procedimiento Civil, los derechos que como
arrendatario tiene Cafam sobre el inmueble”.
-El 29 de abril
y 10 de mayo de 1996, se suspendió la diligencia de restitución del centro
comercial Normandía a la Caja de Compensación Familiar-Cafam que buscaba darle
alcance al fallo de tutela de 28 de febrero de 1996. En dicha actuación se hizo
presente el señor Fabio Alonso Higuera Suárez, quien se opuso a la diligencia
porque adquirió, el 20 de febrero de 1996, del señor Diógenes Mora Leal la
posesión del aludido inmueble (f. 54-61, 64-73 c. 2; 36-53 c. 6).
-El 22 de mayo
de 1996, en la diligencia de restitución del centro comercial Normandía, la
Caja de Compensación Familiar-Cafam desistió de recibir el inmueble”.
También
encontró acreditado que:
En
el sub-lite está acreditado que el 29 de enero de 1991, el señor Norberto
Salamanca Flechas, secuestre designado por el Juez Diecinueve Civil del
Circuito de Bogotá D.C. en el proceso ejecutivo con título hipotecario de la
Arquidiócesis de Tunja y José Domingo Otálora Contreras contra los señores
Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones de Mora, arrendó el centro comercial
Normandía que tenía bajo su administración a la señora María Patricia Ramírez
de Baena, para que ésta lo subarrendara o cediera, sin limitación alguna. En
este contrato se pactó un canon de arrendamiento mensual de $1.000.000 y se
dejó constancia de que la señora Ramírez de Baena entregó al arrendador-secuestre
$160.000.000, suma que (i) tenía como finalidad el arreglo y la adecuación del
inmueble aludido; (ii) fue puesta a disposición de los ejecutados Diógenes Mora
Leal y Clara Quiñones de Mora y (iii) sería descontada o pagada de la renta a
cargo de la arrendataria.
También
está probado que el 1º de febrero de 1991, los señores Norberto Salamanca
Flechas, María Patricia Ramírez de Baena y la Caja de Compensación Familiar
celebraron contrato de arrendamiento, el cual tenía por objeto el centro
comercial Normandía.
Asimismo,
está demostrado que para imprimirle seguridad al anterior contrato, el señor
Norberto Salamanca Flechas se presentó, inicialmente, ante la Caja de
Compensación Familiar como dueño del centro comercial Normandía, en su calidad
de representante legal de la sociedad Infojuris Ltda, y a la señora María
Patricia Ramírez de Baena también como dueña con facultad para subarrendar.
Forma en que procedió el 1º de febrero de 1991.
Luego,
le informó a la Caja de Compensación Familiar que si bien se canceló la
inscripción de las escrituras que daban por dueños del centro comercial
Normandía a la sociedad Infojuris Ltda y a la señora María Patricia Ramírez de
Baena, lo cierto es que ellas, en oportunidad, pedirán la adjudicación de ese
inmueble. Ello dirigido a que Cafam no temiera problemas sobre la tenencia del
inmueble.
Ahora
bien, relevado del cargo de secuestre el señor Norberto Salamanca Flechas, este
presentó un informe de su gestión al Juez Diecinueve Civil del Circuito de
Bogotá D.C., en el cual explicó que (i) recurrió a la inversionista María
Patricia Ramírez de Baena para arreglar, adecuar y modernizar el centro
comercial Normandía; (ii) el inmueble fue arrendado a la antes nombrada,
contrato que fue avalado por los ejecutados Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones
de Mora y (iii) la señora Ramírez de Baena subarrendó el bien a Cafam y con el
valor de los cánones pagó acreencias a cargo de los mencionados ejecutados,
honorarios de abogado y proveedores de materiales. También informó que la señora
Ramírez de Baena giró en total $200.000.000, no pudo registrar la escritura que
se le había hecho a su favor del aludido inmueble ni se le permitió hacer un
cruce de cuentas, razones por las cuales pondría una denuncia por estafa.
Finalmente, el secuestre fue enfático en sostener que no recibió, directamente,
suma alguna por concepto de arrendamientos.
El
secuestre entrante, señor Siervo Humberto Gómez García, una vez recibido el
centro comercial Normandía, le envió comunicaciones a la Caja de Compensación
Familiar, informando el relevo y la necesidad de que los cánones de
arrendamiento se efectuaran a su nombre y/o del Juzgado. Hecho que fue avalado
y autorizado por el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C.
Este
auxiliar de la justicia también le envió a Cafam comunicaciones contentivas de
fórmulas de reajuste del canon de arrendamiento y de pago de un anticipo, las
cuales no fueron acogidas de entrada por la arrendataria, pero si objeto de
contrapropuestas.
Por su
parte, la Caja de Compensación Familiar envió, periódicamente, al secuestre
Siervo Humberto Gómez García copia de los depósitos judiciales, por concepto de
cánones de arrendamiento del centro comercial Normandía. Como él mismo lo
reconoció en el informe final de su gestión y en la declaración que rindió ante
el a quo.
El
secuestre resolvió iniciar proceso de restitución de inmueble arrendado por
falta de pago. Esto a pesar de que (i) el secuestre saliente, Norberto
Salamanca Flechas, dio a conocer, en su informe final de gestión, que la señora
María Patricia Ramírez de Baena recibió puntualmente el valor de los cánones,
el que invirtió en el pagó de varias acreencias a cargo de los ejecutados
Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones de Mora y sufragó gastos de abogado y
proveedores de materiales -$200.000.000- y (ii) el mismo recibió informes
periódicos de los depósitos que se le efectuaban por ese concepto. Aspecto este
último corroborado y aceptado en su declaración ante el a quo e informe final
de gestión y que conocía el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C.,
tal como se verá más adelante”.
[2] Al respecto esta Corporación dijo: “En relación
con el daño sufrido por la pérdida o deterioro de las cosas materiales, se
considera que la víctima debe desarrollar una actividad tendente a limitar en
el tiempo dicho perjuicio. Cuando no se conoce con certeza su duración, ese
límite debe ser apreciado y determinado en cada caso concreto por el fallador,
ya que ‘la lógica del juez colombiano en este aspecto es la de impedir que la
víctima se quede impasible ante su daño. Se parte, pues, de un principio sano
en el sentido de que no se avala la tragedia eterna y, por el contrario, se
advierte a la víctima que su deber es reaccionar frente al hecho dañino y
sobreponerse….Llegar, en efecto, a la posibilidad de que las consecuencias de
la situación dañina se extiendan indefinidamente sería patrocinar la lógica de
la desesperanza, de la tragedia eterna y de un aprovechamiento indebido’ (JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ. El Daño. Santafé de Bogotá, Universidad Externado de
Colombia, 1998. págs. 156-157)”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 12 de septiembre de 2002, C. P. Ricardo Hoyos Duque, radicación No. 13395.
[3] Folios 84 y 85 del cuaderno 2.
[4] Folios 89-98 del cuaderno 2.
[5] Folios 106-109 del cuaderno 2.
[6] Artículo 25. “Protección
Judicial: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2.
Los Estados partes se comprometen: a. a garantizar que la autoridad competente
prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda
persona que interponga tal recurso; b. a desarrollar las posibilidades de
recurso judicial, y c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 1.
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la
ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados
partes se comprometen: a. a garantizar que la autoridad competente prevista por
el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso; b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial,
y c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda
decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.
[7] Sentencia T-233 de 2007, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra: alcance excepcional y restringido que “se justifica en razón a
los principios constitucionales de los que se desprende el respeto por la cosa
juzgada, la necesidad de preservar la seguridad jurídica, la garantía de la
independencia y autonomía de los jueces y el sometimientos general de los
conflictos a las competencias ordinarias de éstos”.
[8] Sentencia T-078 de 2010. M.P. Luis
Ernesto Vargas.
[9] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[10] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[11]Corte Constitucional, Sentencia T-324 de 19996. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz: “… solo en aquellos casos en los cuales el acto que adscribe la
competencia resulte ostensiblemente contrario a derecho, - bien por la notoria
y evidente falta de idoneidad del funcionario que lo expidió, ora porque su
contenido sea abiertamente antijurídico -, el juez constitucional puede
trasladar el vicio del acto habilitante al acto que se produce en ejercicio de
la atribución ilegalmente otorgada. Solo en las condiciones descritas puede el
juez constitucional afirmar que la facultad para proferir la decisión judicial
cuestionada no entra dentro de la órbita de competencia del funcionario que la
profirió y, por lo tanto, constituye una vía de hecho por defecto orgánico.
[12]Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa: “… opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de
acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i.) porque
ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico,
(ii.) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii.) porque su aplicación al
caso concreto es inconstitucional, (iv.) porque ha sido declarada inexequible
por la propia Corte Constitucional o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y
ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó,
porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador.
[13]Corte Constitucional, Sentencia SU-014 de 2001. M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez: “Es posible distinguir la sentencia violatoria de derechos
fundamentales por defectos propios del aparato judicial - presupuesto de la vía
de hecho -, de aquellas providencias judiciales que aunque no desconocen de
manera directa la Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como consecuencia
del incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la orden
constitucional de colaborar armónicamente con la administración de justicia con
el objeto de garantizar la plena eficacia de los derechos constitucionales. Se
trata de una suerte de vía de hecho por consecuencia, en la que el juez, a
pesar de haber desplegado los medios a su alcance para ubicar al procesado,
actuó confiado en la recta actuación estatal, cuando en realidad ésta se ha
realizado con vulneración de derechos constitucionales, al inducirlo en error.
En tales casos - vía de hecho por consecuencia - se presenta una violación del
debido proceso, no atribuible al funcionario judicial, en la medida en que no
lo puede apreciar, como consecuencia de la actuación inconstitucional de otros
órganos estatales.”
[14] Corte Constitucional, Sentencia T-292 de
2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[15] Sentencia T-310 de 2009. M.P. Luis Ernesto
Vargas.
[16] Sentencia T-555 de 2009. M.P. Luis Ernesto
Vargas.
[17] Folios 5 y 6 del cuaderno 2 del expediente de tutela.
[18]Folios 19-69 del cuaderno 2 del expediente de tutela.
[19]Sentencia T-001 de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[20]Sentencia SU-622 de 2001.M.P. Jaime Araújo Rentería.
[21]
Sentencia T-116 de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[22]Sentencias
C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-329 de 1996. M.P. José
Gregorio Hernández Galindo, T-567 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-511
de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett, SU-622 de 2001. M.P. Jaime Araujo
Rentería, y T-108 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[23]Sentencia
T-440 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. La Corte concedió la tutela a
una entidad bancaria y algunos usuarios de la misma, por considerar que en el
trámite de una acción de grupo la autoridad judicial había desconocido los
derechos a la intimidad y al debido proceso, al ordenar la remisión de varios
documentos que implicaban la revelación de datos privados confiados a una
corporación bancaria.  Sobre la procedencia de la tutela la Corte señaló:
“(...) En segundo lugar, la Corte también desestima la consideración según
la cual existió una omisión procesal por parte de los usuarios del Banco Caja
Social. Dichas personas no integraban el pasivo del proceso de acción de grupo
(...). Por lo tanto, difícilmente podían los ahora tutelantes controvertir
providencias judiciales que no les habían sido notificadas, y que, por demás,
habían sido proferidas en el transcurso de un proceso judicial de cuya
existencia no estaban enterados.”  En sentido similar pueden consultarse
las Sentencias T-329 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-567 de
1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-654 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
y T-289 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda.
[24]
Sentencia T-598 de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[25] El recurso extraordinario de revisión procede cuando se
presenta una de las siguientes causales:
“Artículo 188. Causales de revisión. Son causales de
revisión: 1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados; 2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y
que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o
por obra de la parte contraria; 3. Aparecer, después de dictada la sentencia a
favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar; 4. No reunir la
persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con
posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para
su pérdida; 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o
cohecho en el pronunciamiento de la sentencia; 6. Existir nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación; 7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos
condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición; 8. Ser la
sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a
revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue
rechazada”.
[26]El artículo 133 del Código General del Proceso
(Ley 1564 de 2012), que modificó el Código de Procedimiento Civil, consagra las
mismas causales de nulidad de los procesos judiciales, ninguna de las cuales se
configura en este caso.
[27] Folios 295-309 del cuaderno 2 del proceso de reparación
directa.
[28]Los hechos que
encontró probados el Consejo de Estado en este caso, fueron señalados en el pie
de página número 1 de esta sentencia.
[29] Folios 406-430 del cuaderno 2 del expediente de reparación
directa.
[30]Al respecto esta Corporación dijo: “En relación con
el daño sufrido por la pérdida o deterioro de las cosas materiales, se
considera que la víctima debe desarrollar una actividad tendente a limitar en
el tiempo dicho perjuicio. Cuando no se conoce con certeza su duración, ese
límite debe ser apreciado y determinado en cada caso concreto por el fallador,
ya que ‘la lógica del juez colombiano en este aspecto es la de impedir que la
víctima se quede impasible ante su daño. Se parte, pues, de un principio sano
en el sentido de que no se avala la tragedia eterna y, por el contrario, se
advierte a la víctima que su deber es reaccionar frente al hecho dañino y
sobreponerse….Llegar, en efecto, a la posibilidad de que las consecuencias de
la situación dañina se extiendan indefinidamente sería patrocinar la lógica de
la desesperanza, de la tragedia eterna y de un aprovechamiento indebido’ (JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ. El Daño. Santafé de Bogotá, Universidad Externado de
Colombia, 1998. págs. 156-157)”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 12 de septiembre de 2002, C. P. Ricardo Hoyos Duque, radicación No. 13395.
[31]Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de agosto
de 2015. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, radicado N°.
38.252.
[32] Sostiene la Sentencia: “Sin embargo, los hechos y actos
ocurridos bajo el imperio y vigencia del régimen anterior a la expedición de la
Ley 678 de 2001, potencialmente constitutivos de la acción de repetición y del
llamamiento en garantía contra funcionarios o exfuncionarios del Estado o
particulares en ejercicio de función pública, está integrado por varias
disposiciones tanto sustanciales como procesales, que aunque dispersas,
permiten exigir la responsabilidad del agente del Estado en los términos consagrados
en el inciso 2º del artículo 90 de la Constitución Política. Así las cosas, los
actos o hechos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor
público, acaecidos con anterioridad a la Ley 678 de 2001, continúan rigiéndose
por la normatividad anterior, máxime cuando la responsabilidad del agente es
subjetiva, en tanto única y exclusivamente compromete su patrimonio por razón
de su conducta calificada dolosa o gravemente culposa.”
[33] Sentencia T-555 de 2009. M.P. Luis Ernesto
Vargas.