T-560-07
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-560/07
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA/AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Indefensión
DISCAPACITADO-Protección constitucional
especial
DERECHO A LA VIDA E INTEGRIDAD DE DISCAPACITADO-Protección ante agresiones y tratos indignos e
inhumanos por el padre
AUTORIDADES POLICIVAS-Deben realizar vigilancia
permanente sobre la conducta del padre para evitar agresiones contra hijo
discapacitado
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-Debe tomar medidas tendientes a proteger los derechos del
discapacitado contra las agresiones del padre
Referencia: expediente T-1597657
Acción de tutela interpuesta por Biviana Delgado Soscue, en
representación de su hijo Urley Alegría Delgado contra Luís Alberto Alegría.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá D.C.,
veintiséis (26) de julio de dos mil siete (2.007).
La Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados JAIME
ARAÚJO RENTERÍA, MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA y JAIME CORDOBA TRIVIÑO, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
Que pone fin al
trámite de revisión de la sentencia proferida por el Juzgado Trece Civil
Municipal de Cali de 12 de marzo de 2007, dentro de la ACCION DE TUTELA seguida
por Biviana Delgado Soscue, en representación de su hijo Urley Alegría Delgado
contra Luís Alberto Alegría.
I. LOS
ANTECEDENTES.
Funda la parte
actora, el petitum de su escrito tutelar en los hechos que a continuación se
sintetizan:
1. Los
hechos.
Afirma la
actora, que de su unión marital con el señor Luís Alberto Alegría, nació el 6
de noviembre de 1984, un hijo, quien desde el día de su nacimiento presentó
quebrantos de salud muy delicados, por ser el nacimiento prematuro,
diagnosticándosele: HIDROCEFALIA CONGENITA, PARALISIS CEREBRAL ESPASTICA,
RETRACCIONES MUSCULARES EN EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES y RETRASO
PSICOMOTOR SEVERO.
Señala, que
desde su alianza de hecho con el accionado, fue permanentemente maltratada por
su compañero física y emocionalmente, razones éstas que la obligaron a separase
definitivamente de él. De suerte que le tocó con sus modestísimas condiciones
económicas, trabajar sola durante veintiún años, para asistir a su hijo en
todas sus necesidades, materiales y afectivas, pues su padre jamás vio por él,
ni aún conociendo la especial atención que requería su hijo.
Indica que el 9
de julio de 1996, logró una conciliación con el padre de Urley, acordando que
este pagaría una suma mensual de $35.000.oo, para colaborar con su manutención.
Sin embargo, el compromiso solamente lo cumplió por los tres primeros meses.
Por tal motivo, denunció el incumplimiento ante la Fiscalía el 14 de octubre de
2005, pero al ser persuadida por el denunciado retiró los cargos formulados
contra él.
Afirma la actora
que, no bastando la irresponsabilidad del padre para asumir el pago de
alimentos,  el 12 de julio de 2006, maliciosamente se ofreció a cuidar a su
hijo mientras a la accionante se le practicaba una intervención quirúrgica,
comprometiéndose a devolver a su hijo a los ocho días, pacto con el que tampoco
cumplió; pero además tuvo, según dice el escrito tutelar, la desfachatez de
presentar demanda de alimentos en su contra ante el ICBF.
Informa, que el
día en que finalmente le devolvió a su hijo, lo revisó detalladamente y se
sintió destruida emocionalmente al encontrarle laceraciones en sus posaderas y
espalda. Todo ello, la forzó, para interrumpir sus intensos sufrimientos, a
firmar un acta de conciliación en las que ambos se comprometen a tener y cuidar
de su hijo cada tres meses.
2. Las pretensiones.
Por la actora se presentó recurso de
amparo solicitando la protección de los derechos constitucionales de su hijo a
la vida, salud y libre desarrollo de la personalidad. Así mismo y como
corolario de la anterior declaración solicita que se conmine a Luís Alberto
Alegría a que se abstenga de seguir perturbando los derechos mencionados y se
le prodigue a Urley Alegría Delgado, la estabilidad y cuidados requeridos para
su desarrollo.
3. La
intervención del demandado.
Nada dijo el
extremo pasivo para oponerse o allanarse a las pretensiones del escrito de
tutela, luego de que ésta fuera admitida mediante auto de marzo 6 de 2007.
II. DECISIÓN
JUDICIAL QUE SE REVISA.
1. El Juzgado Trece Civil Municipal de Cali, mediante sentencia No 149
de marzo 12 de 2007, resolvió NO TUTELAR, los derechos esgrimidos como violados
en la acción de tutela incoada contra Luís Alberto Alegría. Frente a dicha
providencia, no se presentó recurso alguno.
Argumentó el
Órgano Judicial de instancia que la tutela no procede cuando quiera que existan
otros medios de defensa judicial, conforme lo dispone el artículo 6º numeral 1º
del decreto 2591 de 1991.
Dijo
textualmente el Juzgado de Conocimiento: “Así las cosas, con los breves
argumentos expuestos en lo que alude a este aspecto, pese a no desconocerse que
se pueden estar afectando los derechos del joven URLEY ALEGRÍA DELGADO
considera el despacho que la petente dispone de otro mecanismo judicial a fin
de que se le otorgue por el estado de indefensión en que se encuentra su hijo,
la custodia de éste, aunque el mismo, sea mayor de edad”.
2. Las
pruebas relevantes que se arrimaron a la actuación.
Se tuvieron como tales las siguientes:
a.)  Copia de la diligencia de audiencia de conciliación realizada el 9
de julio de 1996, en la que se acordó que el accionado pagaría una suma mensual
de $35.000.oo para la manutención de su hijo. (folio 5)
b.)  Denuncia penal formulada por la actora contra el señor Luís Albero
Alegría Muñoz, por el delito de inasistencia alimentaria. (Folio 7-8)
c.)
Desistimiento de la denuncia por convenio.
(Folio 9)
d.)  Registro Civil de de nacimiento del joven Urley Alegría Delgado.
(Folio 10)
e.)
Dictamen médico laboral realizado en la persona
de Urley Alegría Delgado. (Folio 11)
f.)
Certificación laboral de la señora Vivian
Delgado Soscue. (Folio 14)
g.)  Constancias de distintas fundaciones, dando cuenta de las distintas
terapias y tratamientos que ha recibido el menos Urley Alegría Delgado. (Folio
15, 16)
h.)  Fotografía en donde consta las laceraciones que tiene el agredido en
su cuerpo. (Folio 23)
III.
FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES.
1. La
competencia.
De conformidad
con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para
revisar las decisiones judiciales mencionadas en precedencia.
2. El asunto
bajo revisión.
En el caso sub
lite, reclama la accionante la protección de los derechos constitucionales de
su hijo a la vida, salud y libre desarrollo de la personalidad, los cuales,
según su dicho, están siendo quebrantados por el señor Luís Alberto Alegría.
3. Problema
jurídico.
El problema
jurídico planteado en este asunto exige que se determine si la conducta del
demandado señor Luís Alberto Alegría, pone en peligro o en amenaza de
vulneración, los derechos fundamentales de su hijo Urley Alegría Delgado.
Habida cuenta de
lo anterior y por razones de metodología para resolver el problema jurídico
planteado, la Sala expondrá: (i) La legitimación en la causa por activa en los
trámites de tutela; (ii) la procedencia de la acción de tutela contra los
particulares, y el escenario concreto frente a la situación de indefensión;
(iii) defensa constitucional de los discapacitados como sujetos de especial
protección. (iv) Por último, se referirá la Corte al caso concreto.
4. La
legitimación por activa  en los trámites de tutela. Anotación previa.
Dispone el
artículo 10º del Decreto 2591 d 1.991 reglamentario de la acción de tutela:
“Legitimidad
e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida en todo momento y lugar por
cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por si misma o a través de representante.
Los poderes
se presumirán auténticos.
También se
pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra
deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá
ejercerla el defensor del pueblo y los personeros municipales” (Negrilla no es del texto).
La Corte Constitucional atendiendo lo dispuesto por el artículo 10
del Decreto 2591 de 1991, que establece en la legitimidad e interés, uno de los
presupuestos básicos de procedibilidad de la acción de tutela, ha precisado que
dada su naturaleza jurídica, donde se persigue la protección de derechos de
estirpe fundamental, la dignidad y autonomía de la persona para
autodeterminarse en el ejercicio de la misma, por ser a su vez derechos
esenciales, deben garantizarse;  y así, ha de entenderse que la titularidad
para promoverla, solo radica en las personas cuyos derechos fundamentales hayan
sido vulnerados o amenazados, pudiéndola ejercer directamente o a través de sus
representantes legalmente establecidos; y solo será en aquellas situaciones en
que haya circunstancias que impidan al titular el ejercicio directo de tal
prerrogativa, que otra persona quede legitimada para intentarla en su nombre,
lo que hará en calidad de agente oficioso, sujetándose entonces a las formas y
condiciones señalados en la ley para esta figura procesal[1].
Con todo, ha advertido la misma Corte Constitucional que:
“De acuerdo
con lo dispuesto en esta norma (artículo 10 del Decreto 2591 de 1991) y con la
jurisprudencia de esta Corporación, en el agenciamiento de derechos ajenos,
debe estar debidamente demostrado que realmente el interesado no está en
condiciones de asumir la defensa de sus propios derechos. Esta exigencia no es
resultado de un capricho del legislador, ni corresponde a una mera formalidad,
encaminada a obstaculizar el acceso a la administración de justicia, especialmente
cuando se trata de la defensa de un derecho fundamental. No. Esta exigencia es
desarrollo estricto de la Constitución sobre el respeto a la autonomía personal
(art. 16). Una de las manifestaciones de esta autonomía se refleja en que las
personas, por sí mismas, decidan si hacen  uso o no, y en qué momento, de las
herramientas que la Constitución y la ley ponen a su alcance, para la
protección de sus derechos en general, trátese de los fundamentales o de los
simplemente legales.
[...]
Además, si la persona puede iniciar la acción de tutela, el hecho de
que un tercero lo haga por ella, a pesar de la apariencia de bondad del gesto,
éste también puede tener un significado que lesiona la dignidad del propio
interesado, pues, estaría siendo considerado, por dicho tercero, como alguien
incapaz de defender sus propios derechos.[2]
5. Procedencia de la tutela contra particulares, y el escenario
concreto frente a la situación de indefensión.
La Constitución Política de 1.991 advierte la posibilidad de dirigir
acciones de tutela contra particulares cuando en el último inciso del artículo
86 señala: ”La ley establecerá los casos en que la acción de tutela procede
contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya
conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de
quienes el solicitante se halle en estado de subordinación  o indefensión”.
Dicho postulado,
fue desarrollado posteriormente por el artículo 42 y siguientes del Decreto
2591 del 91. Ahora bien, ciertamente, el propósito del Constituyente de
salvaguardar las garantías fundamentales de los individuos, no se limitó a la
amenaza o quebrantamiento proveniente de los poderes públicos, pues reconoció
que, los particulares pueden, con sus acciones u omisiones lesionar o amenazar
derechos que gocen de la condición de fundamentales.
Respecto a la especifica circunstancia de la indefensión, la Corte
Constitucional de antiguo ha sostenido que: "De conformidad con el
numeral 4o. del art. 42 del decreto 2591 de 1991, el estado de indefensión
acaece o se manifiesta cuando la persona ofendida por la acción u omisión del
particular, ... se encuentra inerme o desamparada, es decir, sin medios físicos
o jurídicos de defensa o con medios y elementos insuficientes para resistir o
repeler la agresión o la amenaza de vulneración, a su derecho fundamental;
estado de indefensión que se debe deducir, mediante el examen por el Juez de la
tutela, de los hechos y circunstancias que rodean el caso en concreto.[3]"
Como quiera que
en este caso, la actuación constitutiva de la presunta violación de derechos
fundamentales, provino de un particular, representado en el padre de la persona
asistida judicialmente por la actora, resulta claro que ello se encuadra dentro
de las precisas condiciones fijadas en el canon 86 constitucional, como lo ha
hecho notar de tiempo atrás la doctrina de la Corte. Y, una persona se encuentra
en estado de indefensión cuando no puede enfrentar los ataques de que es
víctima, circunstancia que se presenta no solo por la ausencia o ineficacia de
los medios que la ley tiene previsto para repelerlos, sino porque ante su
especial situación dichos mecanismos pierden toda eficacia.
6. Defensa
constitucional de los discapacitados como sujetos de especial protección.
Esta Corporación
ha sido clara en afirmar que la salud de la persona debe ser vista en su
integridad teniendo en cuenta aspectos físicos y mentales. De suerte que,
establecidos los elementos de esta garantía constitucional se debe procurar su
mayor protección para la consecución del bienestar del ser humano[4]. La búsqueda de este
óptimo estado de salud tiene mayor importancia en el caso de los disminuidos
físicos o mentales.  Como consecuencia de las misiones encomendadas al Estado,
según se desprende del articulado de la Carta.
Obsérvese que,
como lo hacen otros artículos, en forma expresa el canon 47 superior fija la
obligación estatal de adelantar planes de integración, rehabilitación y
previsión para disminuidos físicos y establece la prestación de atención
especializada cuando estos lo requieran.
Frente al tema
que ahora ocupa la atención de la Sala, esta misma Corte ha dicho:
“Esta
connotación especial reconocida al derecho a la salud, derivada de su
vinculación directa con el bienestar del ser humano, adquiere mayor
relevancia  entratándose de disminuidos físicos y psíquicos, pues frente a
éstos, dadas las circunstancias de debilidad manifiesta en que se encuentran,
el Estado adquiere un compromiso irrenunciable de servicio que lo obliga a
procurar por su rehabilitación e integración social, en mayor medida, cuando la
familia no se encuentra en condiciones de hacerlo.”[5]
En otra ocasión, esta Corporación se pronunció en el siguiente
sentido:
“No sobra advertir que una de las finalidades del Estado es el
servicio a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios entre los
cuales se encuentra básicamente el respeto a la dignidad humana y la obligación
del Estado de proteger la vida de las personas residentes en Colombia pero con
mayor razón aquellos que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta (Art. 13 C.P.).”[6]
En fin, las
personas con discapacidades gozan de la especial protección del Estado –más aun
cuando ellas son un grupo discriminado o marginado. Dada la relación de
indefensión de este grupo humano frente a los poderes públicos y ante los
mismos particulares, es claro que, la sociedad y la familia deben concurrir
también a procurar su amparo, máxime sí de ese cuidado particular depende
evitar toda forma de agresión de sus derechos constitucionales fundamentales.
7. Del caso
concreto.
7.1 Reclama la accionante la protección de los derechos
constitucionales de su hijo a la vida, salud y libre desarrollo de la
personalidad, los cuales, según su dicho, están siendo quebrantados por el
señor Luís Alberto Alegría, razón por la cual solicita que se conmine al sujeto
pasivo de esta acción constitucional a que se abstenga de seguir perturbando
los derechos mencionados y se le prodigue a Urley Alegría Delgado, la estabilidad
y cuidados requeridos para su desarrollo.
Frente a la
demanda materia de la acción de tutela que se examina, las pretensiones fueron
despachadas negativamente por la decisión de la instancia bajo el argumento de
que cuenta la actora con otros mecanismos de defensa judicial.
6.2 Pues bien, sea lo primero dejar en claro, que existe según obra en
el plenario documentos que constituyen plena prueba y que, además, dan cuenta
de los maltratos físicos y de los cuales ha sido victima el joven Urley Alegría
Delgado, persona discapacitada y en consecuencia sujeto de especial protección.
Para lo primero,
basta el miramiento de la fotografía visible a folio 23 y que denota un
maltrato excesivo en la humanidad de Urley Alegría. En cuanto a lo segundo,
esto es, a la condición de disminuido físico, toma en cuenta la Sala el
dictamen médico laboral obrante en el informativo a folio 11, donde el
facultativo, resume como sigue la historia clínica, diagnóstico actual y
tratamiento requerido por el sujeto discapacitado:
“DIANNOSTICOS
ACTUALES
HIDROCEFALIA
CONGENITA
PARALISIS
CEREBRAL ESPASTICA
HIDROCEFALIA
ARRESTADA
RESUMEN
HISTORIA Y TRATAMIENTO:
Producto de
nacimiento prematuro 32 ss de embarazo, talla y peso bajo al nacer, al tercer
mes de edad presenta hipertonía y aumento del perímetro cefálico, espasticidad
muscular, ROT (+++), retracciones musculares en extremidades superiores e
inferiores, retraso psicomotor severo, hidrocefalia secundaria  a estenosis del
acueducto  de Silvio con retardo intelectual y cognitivo, retardo en el
funcionamiento motor.
(…)”
6.3 Al mismo tiempo y no menos importante, con relación a los hechos
denunciados y que motivaron la solicitud de amparo, a pesar de que se notificó
debidamente la iniciación del trámite de tutela (folio 21-27), el sujeto
demandado NUNCA se hizo presente en la actuación, para controvertir, oponerse o
allanarse a las pretensiones del escrito tutelar. Por consiguiente, su conducta
omisiva, en estricto rigor, se adecua a la consecuencia que al respecto
atribuye el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, relativo a la presunción de
veracidad y que a su letra dispone:
“Si el
informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por
ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el Juez estime
necesaria otra averiguación previa”
6.4 Entre tanto, en lo referente al motivo que adujo el aquo, en la
sentencia materia de revisión, según el cual, cuenta la accionante con otros
mecanismos de defensa judicial, lo que torna el amparo en improcedente, debe
esta Corte señalar, para recalcar, que para que sea viable el desplazamiento de
la acción de tutela, el medio que se aduzca debe ser eficaz e idóneo para la
real protección de los derechos comprometidos, circunstancia que en nada se
aviene a la realidad fáctica aquí analizada
Obsérvese que los hechos narrados y probados
muestran que el conflicto que suscitó la acción de tutela, y que además se
trata de un asunto gobernado por las leyes filiales, fue desbordado con
amplitud por las agresiones y los tratos indignos e inhumanos del señor Luis
Alberto Alegría contra SU HIJO DISCAPACITADO Urley Alegría Delgado, poniendo en
grave peligro su vida y violando ostensiblemente su derecho a la integridad
personal. Así, el conflicto a que se refiere la sentencia que se revisa debe
ser resuelto ante el juez competente de conformidad con las normas legales
aplicables; empero, en la acción de tutela, se trata de otro asunto, el cual
aun cuando está relacionado con aquel, es perfectamente autónomo para los fines
del amparo constitucional.
Ya había dicho la Corte al respecto que: “Cabe
advertir que esta distinción fáctica debe estar en la base del examen de la
procedencia de la acción de tutela, pues, como se advirtió, no es voluntad del
constituyente refundir o confundir las acciones judiciales, ni mucho menos
enervar las competencias ordinarias de los jueces. Así pues, la procedencia de
la acción que es impetrada en sede de tutela en estos casos, debe medirse por
la gravedad de la conducta violenta e inhumana y por su impacto sobre los
derechos constitucionales fundamentales, que no pueden quedar desprotegidos en
espera de una resolución judicial que se contrae a decidir en principio sobre
el conflicto intrafamiliar, las obligaciones recíprocas de naturaleza económica
y jurídica entre los cónyuges y sobre lo que resulte en torno de los hijos;
ocurre que el juez de familia se ocupa fundamentalmente de otro objeto y no de
la protección inmediata del derecho a la vida y a la integridad física de las
personas afectadas de modo inminente y grave por la fuerza violenta, habitual e
irresistible de otra, dentro de la unidad doméstica tradicionalmente marcada
por algunas indeseables diferencias de sexo y por el sometimiento absurdo de
una parte débil a otra más fuerte y abusiva, como es el caso que motiva estas
actuaciones.
Igualmente cabe señalar que tampoco es obstáculo
para la procedencia de la acción de tutela la existencia de la vía penal que se
surte también ante las autoridades judiciales especializadas, ya que estas
actúan en cumplimiento de sus funciones públicas, como que son titulares de la
acción correspondiente de carácter punitivo y represor; así, la jurisdicción
penal conoce en este caso de las conductas específicas de lesiones personales o
de las tentativas de homicidio, pero no de los específicos tratos inhumanos y
degradantes a los que en este caso somete el marido a la mujer en el seno del
hogar doméstico y familiar, y no conduce a su garantía inmediata y directa, que
es el efecto directo de la orden de tutela"[7].
En este orden de
ideas, se torna para esta Sala en un imperativo, disponer la protección de las
garantías del joven Urley Alegría, de manera que para garantizar el efectivo
cumplimiento de la sentencia, se oficiará a algunas autoridades, con el
propósito de que presten su concurso, vigilando el cumplimiento de  la misma.
Esto último como
que, por ejemplo, las acciones policivas no son judiciales sino administrativas
y lo que pretende el Constituyente es crear y poner en favor de todas las
personas una vía judicial específica, sumaria y preferente con objetivos y
fines también específicos, de suerte que no existe fundamento para enervar la
procedencia de la acción de tutela por la presencia de aquellas, que sólo son
vías administrativas.  Por el contrario, el juez de conocimiento en sede de
tutela, puede ordenar a dichos funcionarios, con todo el carácter y la fuerza
de una decisión judicial de inmediato cumplimiento, que con sus recursos y
capacidades legales hagan viable y efectiva en un caso concreto, la protección
de aquellos derechos constitucionales que se hallan amenazados o vulnerados por
la acción de un particular.  De suerte que, así se ordenará en la parte
resolutiva de esta sentencia.
Téngase en cuenta, además, que el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, de conformidad con sus competencias legales ordinarias está
habilitado para tomar las medidas administrativas especiales de protección
integral a la Familia, y que en consecuencia dicha entidad debe hacerse parte
tomando resoluciones y adelantando actuaciones enderezadas a garantizar la paz
y la convivencia doméstica y la vida y la integridad de los miembros de la
familia. Igualmente, dicha entidad es titular de varias competencias de
impulsión de la función judicial en estas materias, que bien pueden contribuir
a la TUTELA de los derechos constitucionales fundamentales. En estas
condiciones, al decretarse la TUTELA se ordenará a dicha entidad administrativa
que tome todas las medidas que sean conducentes dentro del amplio campo de sus
competencias legales y reglamentarias para asegurar que los derechos amparados
por esta providencia, sean  efectivamente garantizados[8].
6.5 Habida cuenta de lo anterior, se revocará la sentencia dictada por
el Juzgado Trece Civil Municipal de Cali, ordenando la protección de los
derechos esgrimidos cómo violados. Igualmente se dispondrá conminar al
demandado a que en lo sucesivo se abstenga de realizar cualquier acto que
constituya agresión contra la humanidad de su hijo Urley Alegría Delgado. Para
el efecto, se oficiará a las autoridades policivas del municipio de Cali y al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a fin de que estén atentas al
cumplimiento del presente fallo.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR, la sentencia proferida por el Juzgado Trece Civil
Municipal de Cali y que DENEGO el amparo deprecado, dentro de la acción de
tutela iniciada por Viviana Delgado Soscue en Representación de su hijo Urley
Alegría Delgado contra Luís Alberto Alegría.
SEGUNDO: TUTELAR los Derechos
Constitucionales a la Vida, Salud e Integridad Personal del Joven Urley Alegría
Delgado y en consecuencia ORDENAR al señor Luís Alberto Alegría, que se ABSTENGA
de continuar con los maltratos físicos y emocionales en la humanidad de su
hijo.
TERCERO: ORDENAR que las autoridades de
policía de la ciudad de Cali, ejerzan dentro de sus competencias legales
vigilancia permanente sobre la conducta del citado Luís Alberto Alegría, contra
quien se adelantó la Acción de Tutela de la referencia para la efectiva
protección de los derechos constitucionales a la vida, salud  y a la integridad
personal de Urley Alegría Delgado.
CUARTO: DISPONER que por las autoridades
competentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Cali se adelanten
todas las medidas de protección a los derechos constitucionales aquí protegidos
de Urley Alegría Delgado, ante la conducta del sujeto demandado Luís Alberto
Alegría y cuyas condiciones personales aparecen referenciadas en el expediente.
QUINTO.  Comuníquese la presente
decisión al Despacho Judicial de origen para que sea notificada conforme lo
dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
Ponente
MANUEL
JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1]
Sentencia Corte Constitucional T-271 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[2]
Sentencia T-503 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[3]
Sentencia T-161 de 1993 M.P. Doctor Antonio Barrera Carbonell.
[4]
Ver Sentencia T-067/94, M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[5]
Ver Sentencia T-851/99 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa (En esa ocasión se concedió
la tutela a una persona que se encontraba interna en la Beneficencia de
Cundinamarca y se le había privado de este servicio por haber sobrepasado la
edad que debían tener los pacientes del internado. En virtud de la demostrada
incapacidad económica de los padres del accionante, la Corte consideró que el
Estado en cabeza de la Beneficencia debía asumir la protección del derecho a la
salud en conexidad con el derecho a la vida en condiciones dignas del
accionante)
[6]
Ver sentencia T-046/97 M.P. Hernando Herrera Vergara ( En esta ocasión se
tuteló el derecho a la salud en conexidad con la vida en condiciones dignas de
una indigente que no había sido recibida por la Beneficencia de Cundinamarca
para ser internada en esta institución y ahí recibir el cuidado necesario a
pesar de estar probado su estado de retardo mental severo y la necesidad de
institucionalizarla)
[7]
(Sentencia Corte Constitucional  T-529 de 1992).
[8]
Sentencia ibidem