T-590-04
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-590/04
DERECHO A LA SALUD DE
PERSONA DISMINUIDA PSIQUICAMENTE-Protección especial/DERECHO A LA VIDA DIGNA DE
DISMINUIDO PSIQUICO-Suministro de medicamentos
Referencia: expediente T-820803
Peticionario: Diego Luis Bedoya
Quintero.
Demandado: Departamento
Administrativo de Planeación Programa -SISBEN-.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Bogotá, D.C., diez (10) de junio de dos mil
cuatro (2004).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Rodrigo Escobar Gil, Marco
Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Uprimny Yepes (e), en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente,
SENTENCIA
1. El
señor Diego Luis Bedoya Quintero, interpuso acción de tutela, el día 25 de
julio de 2003, contra el Departamento Administrativo de Planeación Programa
-SISBEN-, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, a la
vida y  a la seguridad social, en razón a que esa entidad se niega a
suministrarle los medicamentos que requiere para el tratamiento de la
esquizofrenia paranoide que padece. El accionante afirma que se encuentra
afiliado al sistema de seguridad social en salud como beneficiario del Régimen
Subsidiado en Salud y clasificado en el Nivel II de pobreza. Dice que carece de
recursos económicos para sufragar los medicamentos que le fueron ordenados por
el médico tratante toda vez que ni puede trabajar, ni goza de pensión alguna.
2. En
respuesta a la comunicación de la autoridad judicial, la entidad demandada
informó que el Programa SISBEN tiene como función principal la de identificar y
seleccionar a los potenciales beneficiarios de los programas sociales del
Municipio a través de la aplicación de la encuesta socioeconómica. Agregó que
consultada la base de datos se encontró que el actor, está vinculado al Régimen
Subsidiado de Salud con un puntaje de 46 y clasificado en el Nivel II de
pobreza. Advirtió que el Departamento Administrativo de Planeación Municipal no
tiene competencia para asignar ARS o brindar atención en salud, pues estas
funciones están asignadas a la Secretaría de Salud Municipal y/o a la Dirección
Seccional de Antioquia.
3. El
Juzgado Doce Civil Municipal de Medellín, en sentencia de agosto 27 de 2003,
negó la protección solicitada por el señor Diego Luis Bedoya Quintero.
Consideró que la acción de tutela fue instaurada en forma equivocada contra el Departamento
Administrativo de Planeación Programa -SISBEN- pues este organismo no es
competente para prestar la atención médica a los beneficiarios de dicho
programa, ni para asignar ARS. Indicó que estas funciones competen a la
Secretaría de Salud Municipal y/o a la Dirección Seccional de Salud de
Antioquia dependiendo del nivel de atención que cada beneficiario requiera.
4. La
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, en Auto de febrero 16 de
2004, luego de advertir la existencia de una nulidad saneable, consistente en
la no vinculación al presente proceso de la Dirección Seccional de Salud de
Antioquia, que por no estar vinculada al trámite de esta tutela podría resultar
afectada por la decisión que se llegare a tomar, ordenó a la Secretaría General
de esta Corporación poner en conocimiento de esta entidad el contenido  del
expediente de tutela de la referencia, para que se pronunciara acerca de las
pretensiones y del problema jurídico que allí se  plantea.
El
Secretario Seccional de Salud de Antioquia, en oficio dirigido a esta
Corporación, informó que el señor Diego Luis Bedoya Quintero aparece en la base
de datos de la entidad como afiliado al régimen contributivo EPS SALUDCOOP en
calidad de cotizante desde el 21 de julio de 1999, y también clasificado por el
SISBEN en el nivel II de pobreza, con ficha N° 661153 del municipio de
Medellín. Concluyó que mientras el señor Quintero Bedoya siga figurando en la
base de datos del sistema con doble afiliación, la atención en salud que
requiere (suministro de medicamentos) no puede garantizarla el departamento de
Antioquia a través de la Dirección Seccional de Salud.
Posteriormente,
la Corte, en Auto de marzo 23 de 2004, solicitó a SALUCOOP EPS que informara a
la Sala Quinta de Revisión si el señor Diego Luis Bedoya Quintero se encuentra
vinculado a esa entidad.
En respuesta
a la comunicación anterior, la Directora Administrativa, Regional Cundinamarca
de SALUDCOOP, informó a la Corte que en la base de datos de esa entidad se
encontró en relación con el señor Diego Luis Bedoya Quintero, la siguiente
información:
(...)
“COTIZANTE:                                    DIEGO
LUIS BEDOYA QUINTERO
IDENTIFICACIÓN:                             C.C.
70.033.252
TIPO DE AFILIACIÓN:                      COTIZANTE
ESTADO ACTUAL:                            PERDIDA
CAPACIDAD DE PAGO
POR
TERMINACIÓN DE RELACION LABORAL
INGRESO:                                           JULIO
21 DE 1999
RETIRO:                                              JULIO
22 DE 1999
EMPLEADOR:                                    FRANCISCO
JAVIER ALVAREZ”
Adicionalmente,
el Subgerente de Operaciones de la Cruz Blanca EPS, informó a la Corte que en
la base de datos de esa entidad aparece registrada la siguiente información del
señor Bedoya Quintero:
“El señor DIEGO LUIS BEDOYA QUINTERO, identificado con
cédula de ciudadanía N° 70.033.252 estuvo afiliado a CRUZ BLANCA EPS., en
calidad de cotizante, desde el 12 de febrero de 2001 hasta el 15 de marzo de
2001.”
5. De
acuerdo con la información suministrada tanto por el accionante como por las entidades
vinculadas al presente proceso, se tiene que el señor Bedoya Quintero está
clasificado en el nivel II del SISBEN. Sin embargo, como aún no ha sido
afiliado a una Administradora del Régimen subsidiado A.R.S., ostenta la calidad
de participante vinculado al régimen de seguridad social, que de conformidad
con el artículo 157, literal b de la Ley 100 de 1993:“son aquellas personas
que por motivos de incapacidad de pago y mientras logran ser beneficiarios del
régimen subsidiado tendrán derecho a los servicios de atención de salud que
prestan las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato con
el Estado.”
6. En el caso sub examine, el demandante
invoca la protección de sus derechos a la salud, a la vida y a la seguridad
social, en razón a que no se le han suministrado los medicamentos que le fueron
ordenados por el médico tratante para el tratamiento de la esquizofrenia
paranoide que padece, los cuales requiere de manera urgente y no puede
procurarse en la medida que carece de recursos económicos para ello. En primer
lugar, debe señalarse que como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia
constitucional, el derecho a la salud debe ser protegido por vía de tutela
cuando de su garantía depende la satisfacción de otro derecho de carácter
fundamental como la vida[1]. En este sentido, se ha dicho que: “la
atención idónea y oportuna, los tratamientos médicos, las cirugías, la entrega
de medicamentos etc., pueden ser objeto de protección por vía de tutela, en
situaciones en que la salud adquiere por conexidad con el derecho a la vida, el
carácter de derecho fundamental[2].” y su titular carezca de los medios económicos
para sufragarlos.
7. Llama la atención de la Sala, el hecho de que el
actor además de pertenecer al régimen subsidiado y clasificado en el nivel II
-precisamente por su condición de pobreza y vulnerabilidad-, padezca trastornos
mentales, pues ello hace que concurran dos de las condiciones para ser
considerado en situación de debilidad manifiesta, en los términos del artículo
13 Superior por su precaria situación económica y mental.
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha
sostenido que “es a favor de ellos que el Estado debe acudir de manera
oportuna para proteger sus derechos fundamentales, pues por su condición de
debilidad manifiesta, requieren atención prioritaria y efectiva que les permita
gozar de una vida en condiciones de igualdad, justicia y dignidad[3].”
8. En el presente caso, como la solicitud del actor se
dirige a obtener la entrega continua de los medicamentos que el médico tratante
ha ordenado para el tratamiento de la enfermedad denominada esquizofrenia
paranoide,  la Sala de Revisión decide reiterar la jurisprudencia de la
Corte según la cual, la falta de suministro oportuno de los tratamientos y/o
medicamentos que requiere el paciente para mantener o recuperar la salud,
cuando se trata de una persona disminuida sensorial y psíquicamente y sin
recursos económicos, quebranta los principios de continuidad y eficiencia en la
prestación del servicio que le atañen al Estado, vulnerando los derechos a la
igualdad, la salud y la seguridad social en conexidad con el derecho a la vida
digna, pues resulta claro que si bien el paciente no se encuentra en peligro de
muerte, requiere el tratamiento continuo (medicamentos, terapias, exámenes etc)
que permitan la recuperación de su salud y el desarrollo de una vida en
condiciones dignas[4].
9.
En la medida en que la orden médica que prescribe los medicamentos reclamados
por vía de tutela y que según el actor deben ser suministrados de por vida,
data del año 2000, la Sala Quinta de Revisión, considera necesario que le sea
practicada una nueva evaluación  médica  al señor  Quintero  Bedoya  en   el
Hospital  Mental  de  Antioquia -entidad que ha venido atendiéndolo-, con el fin
de establecer qué medicamentos requiere el peticionario para el tratamiento de
su enfermedad.
En consecuencia, se ordenara a la Dirección Seccional
de Salud de Antioquia -como entidad encargada de organizar e impartir las
directrices sobre la prestación del servicio de salud en ese departamento-, que
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta
sentencia, le autorice al señor Diego Luis Bedoya Quintero la práctica de una
nueva evaluación médica en el Hospital Mental de Antioquia y asuma el costo del
tratamiento que se ordene en dicha valoración.
10. En
virtud de lo anterior, la Sala habrá de revocar el fallo del Juzgado Doce Civil
Municipal de Medellín, de agosto 27 de 2003, para en su lugar tutelar los
derechos a la salud, a la vida y a la seguridad social del señor Diego Luis
Bedoya Quintero.
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución
RESUELVE:
Primero.
REVOCAR la Sentencia del veintisiete (27) de agosto
de 2003, proferida por el Juzgado Doce Civil Municipal de Medellín, dentro del
proceso de la acción de tutela instaurada por Diego Luis Bedoya Quintero
contra  el Departamento Administrativo de Planeación Programa -SISBEN-, y en su
lugar conceder la protección de los derechos a la salud, a la vida y a
la seguridad social.
Segundo. ORDENAR  a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia,
que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta
sentencia, le autorice al señor Diego Luis Bedoya Quintero la práctica de una
nueva evaluación médica en el Hospital Mental de Antioquia y asuma el costo del
tratamiento que se ordene en dicha valoración.
Tercero. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, insértese en la
gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado Ponente
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
RODRIGO UPRIMNY YEPES
Magistrado(e)
IVAN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (e)
EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL (E)
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
Que el H. Magistrado doctor MARCO
GERARDO MONROY CABRA, no firma la presente sentencia por encontrarse de
comisión oficial en el exterior.
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
[1] Véanse, entre otras,  las Sentencias T-632 de 2002 y T-059 de 2004.
[2] Véase Sentencia T-593 de 2003. M.P :
Alvaro Tafur Galvis.
[3] Véase Sentencia T-1178 de 2003. M.P :
Jaime Araujo Rentería.
[4] Ibid.