T-147-16
Sentencia
T-147/16
ACCION DE TUTELA
CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS-Caso de revocatoria
directa de actos administrativos que reconocieron reliquidaciones de la pensión
gracia
ACCION DE TUTELA
CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA
CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS-Procedencia excepcional como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable
ACCION DE TUTELA
TEMERARIA-Requisitos para que se configure
Hay temeridad cuando sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela es presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, por lo cual se deberá
rechazar o decidir desfavorablemente todas las solicitudes. La temeridad se configura al concurrir los
siguientes elementos: (i) identidad de hechos; (ii) identidad de demandante, ya
sea que actúe directamente o por medio de representante; (iii) identidad de
sujeto accionado; y (iv) falta de justificación para interponer la nueva acción.
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que puede
presentarse a partir de dos eventos que a su vez sugieren consecuencias
distintas: hecho superado y daño consumado
CARENCIA ACTUAL DE
OBJETO POR HECHO SUPERADO-Los accionantes
gozan actualmente de la totalidad de su pensión gracia por los montos
originales anteriores a la reliquidación y UGPP solamente está realizando los
descuentos legales del 12% derivados del pago de la seguridad social
No hay duda que los pagos actuales de las mesadas de
pensión gracia se han realizado cabalmente y no existe vulneración o amenaza de
sus derechos fundamentales. De esta manera, lo pretendido en las tutelas, que
no era otra que la inclusión en la nómina de pago de la entidad, fue satisfecho
de manera completa y material, lo que hace que desaparezca la vulneración o
amenaza a los derechos fundamentales.
PENSION GRACIA-Origen y alcance
PENSION GRACIA-Naturaleza
jurídica
FUNCION
ADMINISTRATIVA-Reconocimiento y pago de pensiones y otras prestaciones del
régimen de seguridad social
REVOCATORIA DIRECTA
DE ACTO ADMINISTRATIVO DE RECONOCIMIENTO DE PENSION-Situaciones que
pueden presentarse
REVOCATORIA DIRECTA
DE ACTO ADMINISTRATIVO QUE RECONOCE PENSION O PRESTACION ECONOMICA-Garantía del debido
proceso administrativo
Bajo el principio del debido proceso administrativo y
la función reglada, la administración puede acudir a la revocatoria directa
como instrumento principal para revocar actos que reconozca derechos
prestacionales en el sistema de seguridad social. Sin embargo, es importante
advertir que esta competencia debe estar limitada por los derechos
fundamentales y garantías procesales de las personas. Por eso, en los
siguientes capítulos se reiterará la jurisprudencia sobre los derechos
fundamentales invocados por los accionantes con el fin de analizar en la parte
final de la sentencia si la actuación de la UGPP vulneró el contenido de los
mismos.
DERECHO FUNDAMENTAL
AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Alcance y contenido
DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL-Alcance y contenido
DERECHO AL MINIMO
VITAL-Contenido y alcance
DERECHO AL MINIMO
VITAL-Carácter móvil y
multidimensional
ACCION DE TUTELA
CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS-Improcedencia por configurarse temeridad por cuanto la accionante
presentó dos acciones de tutela por los mismos hechos
ACCION DE TUTELA
CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS-Improcedencia por cuanto la accionante ya se encuentra en nómina y el descuento del 50% de la
pensión gracia aplicado en la actualidad no representa un perjuicio
irremediable para sus derechos fundamentales
ACCION DE TUTELA
CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS-Orden a UGPP
expedir acto administrativo motivado que permita determinar cuáles son las
cargas soportables por la actora en razón de su enfermedad terminal y fijar un
nuevo valor del descuento que garantice sus derechos fundamentales
Referencia: Expedientes T-5.209.992; T-5.210.009; T-5.210.013; T-5.210.031;
T-5.210.101; T-5.210.121; T-5.210.169; T-5.212.637; T-5.212.640; T-5.215.512; T-5.218.248;
T-5.218.357; T-5.218.385; T-5.218.386; T-5.232.964; T-5.232.992; T-5.233.121; T-5.233.145.
Acciones de tutela interpuestas en forma independiente por Nohra Cárdenas
Cortés, Rosa Elena López de Borbón, María Edith Peña Porras, María Susana
Achury Peñuela, Irma Mercedes Bello Parra, Héctor Gómez Rodríguez, Jairo
Enrique Contreras Mendoza, Luz Amparo Agudelo Gutiérrez, Ana Sofía Valbuena de
Cabanzo, Blanca Ligia González de Rodríguez, Gloria Cañón Torres, Eulalia
Moreno de Morales, Rosa Mery Velandia de Urrego, Blanca Lucía Acosta Urrego,
Ana Cecilia Torres Betancourt, Sonia Mayorga de Rojas, Teresa Escobar Cortés y
Esther Julia Lombana Delgado contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
Asunto: Régimen de la pensión gracia para educadores; debido proceso
administrativo; contenido y alcance del derecho fundamental al mínimo vital.
Magistrado Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá D.C., treinta
y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Jorge Iván Palacio Palacio y
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado,
quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos dictados por los respectivos
jueces de instancia, dentro de los asuntos identificados en la referencia, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del
Decreto 2591 de 1991. La Sala Once de Selección de Tutelas,  mediante auto del
12 de noviembre de 2015, resolvió seleccionar para su revisión los procesos ya
identificados, y por presentar unidad de materia, ordenó acumularlos entre sí
para ser fallados en una misma sentencia.
Por el número considerable de casos, y para una mejor comprensión,
la presente sentencia está dividida en cuatro grandes capítulos. En un primer
capítulo, se presenta un recuento detallado de los hechos de cada caso y de los
fallos de instancia a revisar. Asimismo, se incluye una relación de las pruebas
recaudadas por el despacho de la Magistrada ponente durante el trámite de
revisión. En el segundo acápite, se desarrollan las consideraciones y
fundamentos constitucionales de la Sala para analizar todos los casos, ya que
por unidad de materia han sido acumulados. En la tercera sección, se expone el
análisis concreto de cada expediente. Finalmente, a manera de conclusión, se
presentan las decisiones adoptadas.
I. ANTECEDENTES
Los accionantes, un grupo de profesores del Departamento de
Cundinamarca, obtuvieron el reconocimiento de su pensión gracia entre los años
1997 y 2011 por parte de la extinta Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL). Sin embargo, entre el 2013 y el 2015 los docentes, por
medio de apoderados judiciales, presentaron ante la UGPP –entidad que asumió el
pasivo pensional de CAJANAL- una petición de reliquidación bajo el entendido de
que tenían derecho a la misma por el sobresueldo del 20% reconocido por la
Ordenanza 13 de 1947[1].
Para esos efectos, los apoderados de los docentes adjuntaron varios
certificados laborales expedidos supuestamente por la Secretaría de Educación
de Cundinamarca. Así, la UGPP procedió a reconocer la reliquidación respectiva
en todos los casos junto al pago del retroactivo legal correspondiente. Posteriormente,
la entidad accionada pudo corroborar a través de las autoridades
departamentales que los documentos allegados por los abogados eran falsos por
lo que procedió a suspender el 100% del pago de las pensiones gracia. Por estas
razones, los peticionarios presentaron acciones de tutela por considerar que la
decisión de la entidad vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la
seguridad social y al debido proceso administrativo ya que indicaron que las
decisiones de suspensión no fueron debidamente notificadas y se tomaron de
forma repentina y arbitraria.
Ahora bien, para efectos de una
mejor comprensión de la situación fáctica y los problemas jurídicos que le corresponde
resolver a la Sala en esta oportunidad, se expondrán de manera individual los
antecedentes de cada una de las acciones de tutela acumuladas, por existir
elementos puntuales en ellas, que exigen su particular valoración. Así, primero
se presentará un resumen general de las actuaciones desplegadas por el despacho
de la magistrada sustanciadora durante el trámite de revisión de las tutelas y
luego se resumirán los hechos de los casos.
Actuaciones realizadas en sede de revisión
En razón a la necesidad de obtener información suficiente
para mejor prever, y en virtud del auto del 20 de mayo de 2014 y del artículo
170 del Código General del Proceso, la magistrada sustanciadora decretó la
práctica de una audiencia de declaración de parte celebrada el 22 de febrero
del 2015 en las instalaciones de la Corte Constitucional[2].
En la misma, la magistrada auxiliar comisionada para la práctica de la prueba[3],
le preguntó[4]
a los accionantes sobre sus fuentes de ingreso y el monto mensual de los
mismos. Asimismo, también se indagó sobre las obligaciones económicas que
ostentan en la actualidad y su condición médica. En el mismo auto, también se
ofició a la UGPP para que informara sobre el estado actual de los peticionarios
en la nómina pensional de la entidad[5]. De esta manera, a continuación se
presentará un resumen particular de cada caso y de las pruebas
correspondientes.
1. Expediente T-5.209.992
1.1. Hechos
Nohora Cárdenas Cortés, de 62
años de edad[6],
señaló que mediante resolución No. 7887 del 2 de febrero de 2006 CAJANAL le
reconoció una pensión gracia por un valor de $1,251,611 pesos efectiva a partir
del 21 de enero de 2004[7].
Asimismo, indicó que el 20 de enero de 2015 la entidad demandada reliquidó su
pensión por nuevos factores salariales y fijó un nuevo monto pensional por un
valor de $1,699,685 pesos[8].
La peticionaria manifestó que el
6 de julio de 2015, la entidad demandada le comunicó que iba a suspender a
partir de ese momento el pago de la totalidad de la pensión gracia por una
presunta falsedad en un certificado laboral que en su momento allegó para
soportar su solicitud de reliquidación. Por esta razón, el 13 de agosto de 2015
presentó una acción de tutela contra la UGPP por considerar que la decisión de
esta entidad vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo,
al mínimo vital y a la seguridad social y solicitó mediante tutela ordenar a la
UGPP restituir de manera inmediata los pagos de sus mesadas pensionales hasta
que los jueces competentes determinen la veracidad sobre la presunta falsedad
documental alegada por la entidad.
Respuesta de la entidad
accionada
La UGPP, de manera extemporánea[9], se opuso a
las pretensiones de la accionante al señalar que: (i) el 20 de enero de 2015,
la entidad ordenó la reliquidación de la pensión gracia de la accionante por un
valor de $1.699.685 por lo que se le reconoció un pago retroactivo de
$15.719.853; (ii)  el 10 de junio de 2015, la Directora de Personas de
Instituciones Educativas de la Secretaría de Educación de Cundinamarca envió
una comunicación señalando que el certificado laboral presentado por la
educadora, y por el cual se le reconoció la reliquidación, era falso[10]; (iii) para
la nómina del mes de julio de 2015, la Unidad procedió a dar una orden de no
pago e inició un proceso de revocatoria directa contra la resolución de
reliquidación; (iv) el 23 de julio del mismo año, la actora expresó su
consentimiento para efectuar la mencionada revocatoria[11]; (v) mediante resolución
del 20 de agosto de 2015, se revocó la resolución del 20 de enero de 2015 y se
incluyó nuevamente a la peticionaria en la nómina de pago de la entidad
descontando del retroactivo los valores superiores pagados por concepto de la
reliquidación y el 50% de las mesadas pensionales futuras en caso de saldos
pendientes en favor de la UGPP[12];
y (vi) no existe un perjuicio irremediable, ni mucho menos una afectación al
mínimo vital, ya que actualmente la señora Cárdenas Cortés se encuentra
percibiendo una pensión de jubilación por parte del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)[13].
1.2. Decisión objeto de
revisión
El 28 de agosto de 2015, en
decisión de única instancia, el Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá negó la
acción de tutela al considerar que la accionante fue debidamente notificada del
inicio de un proceso de revocatoria directa contra la resolución de reliquidación
por lo que no se puede concluir que existió una actuación arbitraria de la UGPP[14]. Por otra
parte, le advirtió a la entidad que en el futuro debía contestar de manera
oportuna los requerimientos judiciales y le solicitó enviar un informe
detallado de las actuaciones desplegadas en el caso de la señora Cárdenas
Cortés.
1.3. Pruebas recaudadas en el
trámite de revisión
La señora Cárdena Cortés no
compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó
en el expediente[15].
Por su parte, la UGPP informó que para el mes de octubre de 2015 se incluyó
nuevamente en la nómina a la actora y que se le reconoció el pago de las
mesadas dejadas de pagar entre julio y agosto[16].
Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que
actualmente la peticionaria goza de una pensión gracia de $2.514.835 sobre la
que se realiza un descuento del 50%[17].
Por otro lado, se tiene que la
señora Cárdenas Cortés envió a la Corte Constitucional una comunicación,
fechada el 19 de febrero de 2016, donde señala que “mi pretensión en la
tutela que presenté, ya se cumplió por parte de la UGPP; por tal razón no creo
conveniente seguir con este proceso”[18].
2. Expediente T-5.210.009
2.1. Hechos
La señora Rosa Elena López de
Borbón, de 59 años de edad[19],
señaló que mediante resolución No. 21348 de 16 de mayo de 2007, se le reconoció
una pensión gracia por una cuantía de $1,586,350 pesos[20].
Igualmente, manifestó que mediante resolución del 20 de diciembre de 2013 la
entidad accionada ordenó la reliquidación de su mesada pensional[21] por lo que
la misma quedó fijada en $1,907,243 pesos.
Sin embargo, el 25 de julio del
2015 la UGPP se abstuvo de pagar de manera oportuna la totalidad de la mesada
ya que señaló que el certificado laboral aportado para la reliquidación era
falso. Por esta razón, el 31 de julio del 2015, la actora interpuso una acción
de tutela al considerar que la actuación de la administración vulneró sus
derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y al debido
proceso administrativo y en la que solicitó que se levantara la suspensión y se
reanudaran los pagos ordinarios y reliquidados de su pensión gracia.
Respuesta de la entidad
accionada
La UGPP, por fuera de término[22], se opuso a
las pretensiones de la tutela al resaltar que: (i) el 20 de diciembre de 2013
se reconoció la reliquidación de la pensión gracia a favor de la accionante por
un valor de $1.907.243; (ii) el 21 de julio de 2015 se ordenó la apertura de un
proceso de revocatoria directa de dicha resolución como quiera que existen
sospechas sobre la autenticidad de los documentos que sirvieron de base para
reconocer ese beneficio[23];
(iii) el 31 de julio de 2015, la accionante mediante memorial escrito consignó
su consentimiento para suspender la resolución de reliquidación[24]; y (iv) mediante
resolución del 21 de agosto del mismo año se suspendió la resolución de
reliquidación y se incluyó nuevamente a la peticionaria en la nómina de pago de
la entidad descontando del retroactivo los valores superiores pagados por
concepto de la reliquidación y el 50% de la mesada pensionada en caso de saldos
pendientes en favor de la UGPP[25]
por lo que se configuró la figura procesal del hecho superado.
2.2. Decisión objeto de
revisión
El Tribunal Superior de Bogotá[26],
mediante sentencia del 24 de agosto de 2015, amparó los derechos de la actora y
ordenó que fuera incluida nuevamente en la nómina de pagos pensionales de la
entidad pero sin incluir la reliquidación reconocida. Para llegar a esta
conclusión, la Sala Laboral de la Corporación consideró que una actuación
proporcional y ajustada al marco legal vigente no puede suspender la totalidad
de la mesada sino solo aquella que está sujeta a sospecha como quiera que hay
una duda sobre la autenticidad de los soportes presentados.
2.3. Pruebas recaudadas en el
trámite de revisión
La señora López de Borbón no
compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó
en el expediente[27].
Por su parte, la UGPP informó que para el mes de octubre de 2015 se incluyó
nuevamente en la nómina a la actora y que se le reconoció el pago de las
mesadas dejadas de pagar entre julio y agosto[28].
Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que
actualmente la peticionaria goza de una pensión gracia de $2.379.543 sobre la
que se realiza un descuento del 50%[29].
3. Expediente T-5.210.013
3.1. Hechos
La señora María Edith Peña Porras,
de 63 años de edad y quien al momento de presentar la tutela se encontraba en
un proceso de quimioterapia ya que fue diagnosticada con un carcinosarcoma uterino
(tumor maligno)[30],
señaló que mediante resolución No. 26398 del 18 de noviembre de 2002 CAJANAL le
reconoció una pensión gracia por un valor de $903,247 pesos[31].
También señaló que el 30 de marzo de 2015 la UGPP le reconoció la reliquidación
de su pensión y que el monto de la misma quedó fijado en $1,290,511 pesos.
Sin embargo, indicó que el 25 de
mayo del mismo año la entidad suspendió el pago total de la mesada sin previa
notificación alegando que los certificados laborales que aportó en la solicitud
de reliquidación eran falsos. Por esa razón, el 24 de julio de 2015, la señora
María Edith Peña Porras, presentó una acción de tutela contra la UGPP por
considerar que la decisión que tomó la entidad vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso administrativo, a la seguridad social y al
mínimo vital. Así, solicitó al juez constitucional levantar la suspensión del
pago de su mesada pensional y reconocer de manera inmediata los valores
adeudados.
Respuesta de la entidad
accionada
La UGPP, de manera extemporánea[32], se opuso a
las pretensiones de la accionante al señalar que: (i) para la nómina del mes de
mayo de 2015 se dio una orden de no pago por cuanto se evidenció que el
certificado laboral que los apoderados de la actora adjuntaron en su petición
de reajuste pensional  presentaban irregularidades ya que la Directora de
Personas de Instituciones Educativas de la Secretaría de Educación de
Cundinamarca envió una comunicación señalando que dicho documento era falso[33]; (ii) en
razón de lo anterior, el 16 de junio de 2015 se inició un proceso de
revocatoria directa de la resolución de reliquidación; (iii) el 2 de julio
siguiente, la señora Peña Porras presentó un oficio donde se opuso a dicha
actuación administrativa “hasta tanto se tenga certeza que los documentos
expedidos por la Gobernación de Cundinamarca no corresponden a la realidad”[34]; (iv)
mediante resolución del 30 de julio del mismo año, se revocó la resolución del
30 de marzo de 2015 y se incluyó nuevamente a la peticionaria en la nómina de
pago de la entidad descontando del retroactivo los valores superiores pagados
por concepto de la reliquidación y el 50% de las mesadas pensionales futuras en
caso de saldos pendientes en favor de la UGPP[35];
y (v) existe temeridad en la acción de tutela ya que, por los mismos hechos y
pretensiones, la peticionaria interpuso un amparo que fue negado el 7 de julio
de 2015 por el Juez 39 Penal del Circuito de Bogotá[36]; no existe un perjuicio
irremediable, ni mucho menos una afectación al mínimo vital, ya que actualmente
la señora Peña Porras se encuentra percibiendo una pensión de jubilación por
parte del FOMAG[37].
3.2. Decisión objeto de
revisión
La Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá[38],
en sentencia de única instancia, declaró la improcedencia de la tutela al
señalar que la accionante no probó encontrarse en un estado de indefensión o la
configuración de un perjuicio irremediable ya que, aunque demostró que padece
de cáncer, actualmente recibe el pago de otra pensión lo que desvirtúa
cualquier afectación al mínimo vital. En ese sentido, para el Tribunal, la
peticionaria puede acudir a la acción de nulidad y restablecimiento de derecho,
y a los mecanismos de suspensión provisional contemplados en la misma, para
impugnar la actuación de revocatoria directa de la entidad.
3.3. Pruebas recaudadas en el
trámite de revisión
La señora Peña Porras no
compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó
en el expediente[39].
Por su parte, la UGPP informó que para el mes de agosto de 2015 se incluyó
nuevamente en la nómina a la actora y que se le reconoció el pago de las
mesadas dejadas de pagar entre mayo y julio[40].
Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que
actualmente la peticionaria goza de una pensión gracia de $2.308.873 sobre la
que se realiza un descuento del 50%[41].
Por otro lado, el 4 de marzo del
2016, la Corte recibió una comunicación suscrita por Diana Margarita Cadena
Peña, hija de la actora donde, además de señalar que la accionante se
encontraba hospitalizada en la Clínica Fundadores debido a que el cáncer que
padece se encuentra en fase terminal[42],
señaló que las fuentes de ingreso de la peticionaria “son sus dos pensiones
(…) las mismas ascienden a $4.000.000”[43].
Con respecto a las obligaciones económicas indicó que las mismas se derivan de
los gastos diarios asociados al sustento del hogar y a varias obligaciones
bancarias pero no indicó el monto de las mismas[44].
4. Expediente T-5.210.031
4.1. Hechos
La señora María Susana Achury
Peñuela, de 60 años de edad[45],
manifestó que mediante resolución No. 39320 del 10 de agosto de 2006 la UGPP le
reconoció una pensión gracia equivalente a $1,341,586 pesos[46].
De la misma manera, manifestó que el 28 de mayo de 2014 la entidad le reconoció
una reliquidación pensional por lo que su mesada quedó tasada en $1,816,732
pesos. Sin embargo, sostuvo que el 25 de julio del 2015 la entidad suspendió la
totalidad del pago de su mesada pensional ya que el día 22 del mismo mes inició
un proceso de revocatoria directa por considerar que los certificados que
aportó para sustentar su petición carecían de autenticidad.
Así. el 3 de agosto de 2015, la
señora Achury Peñuela, presentó una acción de tutela contra la UGPP por
considerar que la decisión que tomó la entidad de suspender los pagos de su
pensión gracia vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, a la seguridad social y al mínimo vital. Por esta razón,
solicitó al juez constitucional levantar la suspensión del pago de su mesada
pensional y reconocer de manera inmediata los valores adeudados.
Respuesta de la entidad
accionada
La entidad se opuso a las
pretensiones[47]
de la señora Achury Peñuela al manifestar lo siguiente: (i) el 28 de mayo de
2014 la UGPP reconoció la reliquidación de la pensión gracia de la accionante
por un valor de $1.816.732; (ii) para el mes de julio del 2015 se dio la orden
de no pago por cuando se evidenció que los documentos allegados para realizar
el reajuste presentaban irregularidades, en particular la Secretaría de
Educación de Cundinamarca envió un oficio donde se concluía que el certificado
laboral aportado por la peticionaria era falso[48];
(iii) el 22 de julio de 2015 se dio apertura de un proceso de revocatoria
directa contra la resolución de reliquidación, el cual fue notificado
personalmente a la actora el 30 del mismo mes; y (iv) no existe vulneración al
derecho al mínimo vital en este caso ya que la accionante, actualmente, se
encuentra devengando una pensión concedida por el FOMAG[49].
4.2. Decisión objeto de
revisión
La Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá[50],
en sentencia de única instancia del 25 de agosto de 2015, amparó el derecho al
debido proceso de la señora Achury Peñuela y ordenó que la UGPP la incluyera
nuevamente en la nómina de pago sin incorporar la reliquidación disputada. Para
llegar a esta conclusión, el Tribunal manifestó que la suspensión de la pensión
gracia no estuvo precedida de una decisión judicial o de una autorización
expresa de la pensionada por lo que constituyó un acto que omitió respetar sus
garantías procesales.
4.3. Pruebas recaudadas en el
trámite de revisión
La señora Achury Peñuela no
compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó
en el expediente[51].
Por su parte, la UGPP informó que para el mes de septiembre de 2015 se incluyó
nuevamente en la nómina a la actora y que se le reconoció el pago de las
mesadas dejadas de pagar entre julio y agosto[52].
Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que
actualmente la peticionaria goza de una pensión gracia de $2.381.071 sobre la
que se realiza un descuento del 50%[53].
Asimismo, la accionante hizo
llegar a la Corte un escrito radicado el 22 de febrero del 2016 donde indicó
someramente que sus ingresos corresponden a su sueldo como docente por un valor
de $2.688.226, a su pensión de jubilación por $2.001.000 y a su pensión gracia,
descontada en la mitad, por $1.115.047 para un total de $5.804.273. Por otra
parte, explicó que sus obligaciones económicas se derivan del sostenimiento de
sus hijas ya que es madre cabeza de familia y del pago de un crédito de
vivienda por un valor total de $63.150.000. Por último, señaló que no padece de
ninguna enfermedad[54].
5. Expediente T-5.210.101
5.1. Hechos
La señora Irma Mercedes Bello
Parra, de 55 años de edad[55],
indicó que el 30 de mayo de 2011 CAJANAL le reconoció la pensión gracia por un
valor de $2,137,310 pesos[56].
Posteriormente, el 6 de junio de 2014 la UGPP reliquidó la pensión por una
solicitud de la peticionaria y estableció una nueva mesada de $2,375,213. Sin
embargo, advirtió que la entidad suspendió el pago de la misma a partir del mes
de julio de 2015 sin que existiera ningún acto administrativo que lo justifique.
Por esta razón, el 30 de julio de
2015, la señora Bello Parra interpuso una acción de tutela contra la UGPP por
considerar que la decisión de la entidad vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital. En la misma, solicitó
que se ordenara a la UGPP reactivar los pagos de su mesada de pensión gracia
por el valor establecido con anterior a la reliquidación.
Respuesta de la entidad
accionada
La entidad se opuso a las
pretensiones porque: (i) el 6 de junio de 2014, la UGPP reconoció una
reliquidación de la pensión gracia en favor de la accionante por y un retroactivo
por concepto del reajuste por $15.133.237; (ii) en el mes de julio de 2015 se
dio la orden de no pago de la pensión gracia debido a que tuvo conocimiento
expreso sobre irregularidades en los documentos que la señora Bello Parra
allegó a su petición de reliquidación, particularmente la Secretaría de
Educación de Cundinamarca le informó a la entidad que el certificado laboral
que la peticionaria aportó era falso[57];
y (iii) no existe perjuicio irremediable o una afectación al mínimo vital toda
vez que la actora percibe un salario como docente[58].
5.2. Decisión objeto de
revisión
En sentencia de única instancia
del 14 de agosto de 2015, el Juez 8º Civil del Circuito de Bogotá negó por
improcedente la tutela al considerar que: (i) no existe una vulneración al mínimo
vital de la actora ya que actualmente devenga un salario; (ii) la suspensión de
pago se encuentra ajustada a las reglas judiciales y jurisprudenciales sobre la
materia; y (iii) la peticionaria cuenta con otros medios de defensa judicial,
como la acción de nulidad y restablecimiento de derecho, para controvertir la
decisión de la administración.
5.3. Pruebas recaudadas en el
trámite de revisión
La señora Bello Parra compareció
a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó en el
expediente[59].
En la audiencia, la actora manifestó que “la única fuente de ingreso que
tengo es el salario que tengo como profesora activa y la pensión gracia. Soy
profesora de la Institución Bolívar y tengo un ingreso neto de $2.866.699. La
pensión gracia es de $2.476.000 pero mi ingreso tras descuentos es de
$1.238.000. Los descuentos a mi pensión corresponden a la supuesta deuda con la
UGPP”[60].
Frente a sus obligaciones financieras destacó que “contando con la pensión gracia
quise adquirir un inmueble que tengo hipotecado (…) Las cuotas mensuales varían
y oscilan entre $1.550.000 y $1.600.000. Adicionalmente mi hijo de 12 años
depende de mi esposo y de mí. El sueldo de mi marido es de $1.200.000”[61].  Por
último, frente a su estado actual de salud, indicó que estuvo hospitalizada
hace un año por una infección urinaria[62].
Por su parte, la UGPP informó que
para el mes de octubre de 2015 se incluyó nuevamente en la nómina a la actora y
que se le reconoció el pago de las mesadas dejadas de pagar entre julio y
septiembre[63].
Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que actualmente
la peticionaria goza de una pensión gracia de $2.643.6251 sobre la que se
realiza un descuento del 50%[64].
6. Expediente T-5.210.121
6.1. Hechos
El señor Héctor Albino Gómez
Rodríguez indicó que el 19 de febrero de 2001, CAJANAL le reconoció una pensión
gracia por un valor de $649,592 pesos[65].
Asimismo, advirtió que mediante resolución No. 8228 del 2 de marzo de 2015, la
UGPP reliquidó la misma estableciéndola en $1.078.721 pesos. Con todo, señaló
que sin previo aviso la entidad retuvo en el mes de mayo del mismo año el pago
total de la respectiva mesada sin que mediara ningún acto administrativo.
Por estos hechos, el 30 de julio
de 2015, el señor Héctor Albino Gómez Rodríguez interpuso una acción de tutela
contra la UGPP por considerar que la decisión de la entidad de suspender los
pagos de su pensión gracia vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social y al mínimo vital. En ese sentido, solicitó al
juez de tutela que reanudara los pagos de la pensión gracia pero por el valor
anterior a la reliquidación señalada.
Respuesta de la entidad
accionada
De manera extemporánea la UGPP[66] se opuso a
las pretensiones al indicar que: (i) mediante resolución del 2 de marzo de
2015, la entidad reliquidó la pensión gracia del accionante por un valor de
$1.078.721; (ii) el 14 de mayo de 2015, la Secretaría de Educación de Cundinamarca
envió un oficio a la entidad donde señaló que el certificado laboral aportado
por el actor como soporte de su solicitud de reajusto era falso[67]; (iii) el 9 de julio del
mismo año se inició el proceso de revocatoria directa contra la resolución de
reliquidación la cual fue notificada personalmente al peticionario[68]; (iv) el 31
de julio del mismo año, se revocó la resolución del 2 de marzo de 2015 y se
incluyó nuevamente al peticionario en la nómina de pago de la entidad
descontando del retroactivo los valores superiores pagados por concepto de la
reliquidación y el 50% de las mesadas pensionales futuras en caso de saldos
pendientes en favor de la UGPP[69],
y (v) no existe un perjuicio irremediable, ni vulneración al mínimo vital, ya
que el actor actualmente percibe una pensión de jubilación de FOMAG.
6.2. Decisión objeto de
revisión
En sentencia de única instancia
del 24 de agosto de 2015, el Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá negó la
acción de tutela al señalar que: (i) la actuación de la UGPP no fue arbitraria
pues de las pruebas se tiene que el accionante conoció de la apertura del proceso
de revocatoria directa; y (ii) no existe vulneración al mínimo vital ya que la
pensión gracia no constituye el único ingreso del peticionario toda vez que
éste goza de una pensión de jubilación.
6.3. Pruebas recaudadas en el
trámite de revisión
El señor Gómez Rodríguez no
compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó
en el expediente[70].
Por su parte, la UGPP informó que para el mes de septiembre de 2015 se incluyó
nuevamente en la nómina al actor y que se le reconoció el pago de las mesadas
dejadas de pagar entre junio y agosto[71].
Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que
actualmente el peticionario goza de una pensión gracia de $1.601.227 sobre la
que se realizó un descuento del 50% entre septiembre y diciembre. A su vez,
para el mes de enero y febrero del 2016, según consta en el reporte aportado
por la entidad, el descuento fue del 15%.
7. Expediente T-5.210.169
7.1. Hechos
El señor Jairo Enrique Conteras
Mendoza, de 65 años de edad[72],
señaló que 13 de diciembre de 2001 CAJANAL le reconoció una pensión gracia
equivalente a $1,409,849 pesos. Indica que mediante resolución 321 del 6 de
enero de 2015 la UGPP le reconoció la reliquidación de la pensión gracia y la
fijó en $3,032,057 pesos[73].
Sin embargo, advirtió que el 25 de mayo del mismo año la entidad no realizó el
pago de la totalidad mesada pensional aduciendo irregularidades en los
documentos allegados para solicitar el reajuste. Con todo, indicó que la
accionada no le notificó en ningún momento de una actuación formal donde se
indicara las razones por las que se congeló el pago.
Por esta razón, el 26 de junio de
2015, el peticionario interpuso una acción de tutela contra la UGPP por
considerar que la decisión de la entidad de suspender los pagos de su pensión
gracia vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, al
mínimo vital y a la seguridad social. Así, solicitó la reanudación de los pagos
de las mesadas pensionales adeudadas por la entidad.
Respuesta de la entidad
accionada
La UGPP se negó a las
pretensiones de la tutela al manifestar que: (i) el 14 de mayo de 2015 la
Secretaría de Educación de Cundinamarca le informó a la entidad que el
certificado laboral aportado por el accionante para justificar su solicitud de
reajuste era falso[74];
(ii) no existe violación al mínimo vital ni perjuicio irremediable ya que el
actor goza actualmente de una pensión de jubilación a través del FOMAG; y (iii)
como quiera que desde un primer momento no se otorgó la reliquidación pensional,
el 30 de junio de 2015 se archivó la actuación administrativa iniciada contra
el actor por lo que para el mes de julio de 2015 el señor Contreras fue
incluido nuevamente en la nómina de pagos.
7.2. Decisión objeto de
revisión
En única instancia, el 12 de
julio de 2015, el Juzgado 27 Laboral del Circuito de Bogotá declaró el hecho
superado por carencia actual de objeto, ya que se comprobó que el accionante
fue incluido nuevamente en la nómina de la entidad.
7.3. Pruebas recaudadas en el
trámite de revisión
El señor Contreras Mendoza no compareció
a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó en el
expediente[75].
Por su parte, la UGPP informó que para el mes de julio de 2015 se incluyó
nuevamente en la nómina al actor y que se le reconoció el pago de las mesadas
dejadas de pagar entre junio y agosto sin la reliquidación[76]. Igualmente, se observa
en el certificado aportado por la entidad que actualmente el peticionario goza
de una pensión gracia de $3.237.968 sobre la que se realiza en la actualidad un
descuento del 50%[77]
como quiera que la UGPP ordenó en la resolución de revocatoria directa
descontar ese valor en razón de los valores adicionales que se alcanzaron a
pagar en favor del señor Mendoza mientras que su reliquidación de pensión
gracia estuvo vigente.
Por otro lado, el peticionario
envió un oficio a la Corte, calendado el 18 de febrero del 2016, donde señala
que sus ingresos, sin los descuentos aplicados por la UGPP, ascienden a
$5.400.911 y sus egresos a $812.602. También señaló que no padece de ninguna
enfermedad[78].
8. Expediente T-5.212.637
8.1. Hechos
La señora Luz Amparo Agudelo
Gutiérrez,  de 61 años de edad[79],
señaló que el 26 de enero de 2006 CAJANAL le reconoció una pensión gracia de
$1,040,962 pesos[80].
También manifestó que el 1º de diciembre de 2014, la UGPP reconoció la reliquidación
de su mesada y la ajustó a un valor de $1,420,355 pesos. Sin embargo advirtió
que, sin previo aviso, la entidad suspendió el pago total de la misma en el mes
de julio de 2015.
Por esta razón, la actora presentó
una acción de tutela contra la UGPP el 28 de agosto del 2015. Señaló que la
decisión de la entidad de suspender el pago de su pensión gracia, sin
notificación ni previo aviso, constituyó una actuación que vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso administrativo, la seguridad social y al mínimo
vital. Por esta razón, solicitó que se reanudara el pago de su mesada pensional
con anterioridad a la última reliquidación impugnada.
Respuesta de la entidad
accionada
La UGPP se opuso a las
pretensiones de la tutela señalando que: (i) mediante resolución del primero de
diciembre de 2014 la entidad reconoció la reliquidación de la pensión gracia en
favor de la actora por un valor de $1.420.355 y un retroactivo por $18.236.130;
(ii) el 15 de julio del 2015, la Secretaría de Educación de Cundinamarca envió
un oficio a la entidad donde señaló que el certificado laboral aportado por el
accionante para solicitar el reajuste era falso[81]; (iii) el 31 de julio de
2015 la entidad ordenó dar apertura a un proceso de revocatoria directa que fue
notificado personalmente a la señora Agudelo Gutiérrez[82]; (iv) el 1º de
septiembre de 2015, mediante resolución, se revocó el acto que reconoció la
reliquidación y se incluyó nuevamente a la peticionaria en la nómina de pago de
la entidad descontando del retroactivo los valores superiores pagados por
concepto de la reliquidación y el 50% de las mesadas pensionales futuras en
caso de saldos pendientes en favor de la UGPP[83];
(v) no existe vulneración al mínimo vital ni perjuicio irremediable toda vez
que la accionante percibe actualmente una pensión de jubilación del FOMAG.
8.2. Decisión objeto de
revisión
El Juzgado 28 Laboral del
Circuito de Bogotá, en sentencia de única instancia del 15 de septiembre de
2015, amparó los derechos de la actora y ordenó restaurar los pagos de la
mesada de la pensión gracia antes del reajuste objeto de la controversia.
Asimismo, le advirtió a la UGPP que no podía volver a suspender el pago
nuevamente sin que mediara una autorización judicial ya que la actuación de la
entidad vulneró el derecho al mínimo vital de la peticionaria puesto que la
suspensión parece ser de carácter indefinido con la que se afectó de manera repentina
su ingreso.
8.3. Pruebas recaudadas en el
trámite de revisión
La señora Agudelo Gutiérrez
compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó
en el expediente[84].
En la audiencia, la actora manifestó que “mis fuentes de ingreso son mis
pensiones, mi pensión gracia y la pensión de jubilación. La pensión de
jubilación es de $1.700.000 y la de gracia es aproximadamente de $1.730.869.
Este monto corresponde al valor anterior a los descuentos ya que por las dos me
quitan el FOSYGA (sic)”[85].
Por otra parte, sostuvo que su núcleo familiar está compuesto por su esposo,
quien actualmente se encuentra desempleado, y su hijo mayor de edad quien “no
tiene ninguna profesión pues es adicto a las drogas y estoy pagando una
mensualidad para una fundación”[86].
Frente a sus obligaciones económicas, señaló que además de las que se derivan
de la atención de su hijo, debe pagar un arriendo mensual de $1.211.000 y una
cuota mensual de $638.000 por un crédito de libre inversión que suscribió con
la Cooperativa Cootradecum. Finalmente, señaló que debido al trabajo al aire
libre que desempeñó como docente actualmente padece una discapacidad laboral
del 96%, según el dictamen de la Junta Médica Laboral[87].
De otro lado, la UGPP informó durante
el trámite de revisión del expediente que para el mes de octubre de 2015 se
incluyó nuevamente en la nómina a la actora y que se le reconoció el pago de
las mesadas dejadas de pagar entre julio y septiembre[88]. Igualmente, se observa
en el certificado aportado por la entidad que actualmente la peticionaria goza
de una pensión gracia de $1.848,049 sobre la que se realiza un descuento del
50%[89].
9. Expediente T-5.212.640
9.1.  Hechos
La señora Ana Sofía Valbuena de
Cabanzo, de 65 años de edad[90],
señaló que el 21 de agosto de 2001 CAJANAL le reconoció una pensión gracia por
un valor de $454,685 pesos. Igualmente, señaló que mediante resolución No.
11194 del 20 de marzo de 2015 la UGPP aceptó su solicitud de reliquidación
pensional y ajustó el monto de la misma a $657,601 pesos. Asimismo, manifestó
que el 25 de mayo del mismo año la entidad suspendió el pago de su mesada
pensional de manera indefinida sin que existiera un acto administrativo
debidamente notificado.
Por estas razones, la actora presentó
una acción de tutela contra la UGPP por considerar que la decisión de la
entidad de suspender los pagos totales de su pensión gracia vulneró sus
derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso administrativo y a la
seguridad social. Por esto, solicitó que se reanudaran los pagos de la pensión
gracia por los montos ordinarios y reliquidados.
Respuesta de la entidad
accionada
La UGPP controvirtió la tutela y
argumentó que: (i) el 20 de marzo de 2015, la entidad reconoció la reliquidación
de la pensión gracia en favor de la señora Valbuena de Cabanzo por un valor de
$657.601; (ii) el 14 de mayo de 2015 la entidad recibió una comunicación de la
Secretaría de Educación de Cundinamarca que indicó que el certificado laboral
aportado por la accionante para solicitar el reajuste era falso[91]; (iii) el 19 de junio de
2015 se dio apertura a un proceso de revocatoria directa contra el acto de
reliquidación que fue notificado personalmente a la actora[92]; y (iv) la resolución de
reajuste finalmente no fue incluida en la nómina de la entidad por lo que para
el mes de agosto la actora fue incluida nuevamente en la misma por lo que no
existe vulneración al mínimo vital, ni la configuración de un perjuicio
irremediable además que, aunado a lo anterior, la peticionaria es actualmente
beneficiaria de una pensión de vejez por parte del FOMAG.
9.2. Decisión objeto de
revisión
El Juzgado 27 Laboral del
Circuito de Bogotá, en sentencia de única instancia del 16 de junio de 2015,
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado al señalar que: (i)
existen otro mecanismos ordinarios de defensa judicial para controvertir la
decisión de la administración; y (ii) no se acreditó la vulneración de derecho
fundamental alguno toda vez que la UGPP informó que procedió a reincorporar a
la accionante en su nómina de pago para el mes de agosto de 2015 por lo que la
suspensión no fue de carácter permanente.
9.3. Pruebas recaudadas
durante el trámite de revisión
La señora Valbuena de Cabanzo no
compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó
en el expediente[93].
Por su parte, la UGPP informó que para el mes de octubre de 2015 se incluyó
nuevamente a la actora en la nómina y que se le reconoció el pago de las
mesadas dejadas de pagar entre mayo y septiembre[94]. Igualmente, se observa
en el certificado aportado por la entidad que actualmente la peticionaria goza
de una pensión gracia de $1.248.273 sobre la que se realiza un descuento del
12%[95].
10. Expediente T-5.215.512
10.1. Hechos
La señora Blanca Ligia González
de Rodríguez, de 64 años de edad[96],
indicó que el 16 de julio de 2002 CAJANAL le reconoció una pensión gracia por
un valor de $868,144 pesos. Igualmente, manifestó que mediante resolución 557
del 8 de enero de 2015 la UGPP reliquidó la misma y estableció su nuevo valor
en $1,201,444 pesos[97].
Sin embargo, advirtió que el 25 de mayo del mismo año la entidad suspendió el
pago de la misma sin que existiera un acto administrativo debidamente
notificado.
Por ello, el 26 de junio de 2015
presentó una acción de tutela contra la UGPP por considerar que la decisión que
tomó la entidad de suspender el pago de su pensión gracia vulneró sus derechos
fundamentales a la seguridad social, al debido proceso administrativo y al
mínimo vital. Así, solicitó mediante tutela que se reanudaran los pagos
ordinarios y reliquidados de su mesada pensional.
Respuesta de la entidad
accionada
La UGPP contradijo la tutela
señalando que: (i) el 8 de enero del 2015, la UGPP le reconoció la
reliquidación de la pensión gracia a la actora por un valor de $1.201.444; (ii)
para la nómina del mes de  mayo la entidad dio orden de no pago toda vez que la
Secretaría de Educación de Cundinamarca expidió un oficio en el que le informó
que el certificado laboral adjuntado a la solicitud de reliquidación de la
señora González de Rodríguez era falso[98];
(iii) el 16 de junio del mismo año inició un proceso de revocatoria directa
contra el acto administrativo que reconoció la reliquidación[99]; y (iv) no existe
vulneración al mínimo vital ni perjuicio irremediable en la medida en que el
actor percibe actualmente una pensión de jubilación por parte de FOMAG.
10.2. Decisión objeto de
revisión
En sentencia del 10 de julio de
2015, el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá negó por improcedente la
acción de tutela al considerar que: (i) la peticionaria no acreditó que la
pensión gracia que percibía constituía su ingreso exclusivo por lo que no
existe un perjuicio irremediable que deba ser protegido por el juez de tutela;
y (ii) la actora cuenta con otros medios de defensa judicial ordinarios para
impugnar la decisión del actor.
El 16 de julio siguiente, la
señora González de Rodríguez impugnó el fallo señalando que la actuación de la
UGPP fue arbitraria y desconoció su derecho al debido proceso administrativo.
Así, en principio, le correspondió la segunda instancia a la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, dicha Corporación, mediante auto del
3 de septiembre de 2015[100],
declaró la nulidad de todo lo actuado por considerar que por virtud de lo dispuesto
en el Decreto 1382 de 2000 la tutela debió ser conocida en primera instancia
por el Tribunal toda vez que la UGPP es una entidad del orden nacional.
Así las cosas, en sentencia de
única instancia del 18 de septiembre de 2015, la Sala Laboral del Tribunal negó
la tutela al asegurar que: (i) la decisión de suspender los pagos de la pensión
gracia se justificó en el deber que tienen las autoridades públicas de
preservar los intereses económicos del Estado; y (ii) no se vulneró el mínimo
vital ni se configuró un perjuicio irremediable toda vez que la peticionaria
goza de una pensión de jubilación por parte del FOMAG por un valor de
$2.079.627.
10.3 Pruebas recaudadas en el
trámite de revisión
La señora González de Rodríguez
no compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se
incorporó en el expediente[101].
Por su parte, la UGPP informó que para el mes de octubre de 2015 se incluyó
nuevamente a la actora en la nómina y que se le reconoció el pago de las
mesadas dejadas de pagar entre mayo y septiembre[102]. Igualmente, se observa
en el certificado aportado por la entidad que actualmente la peticionaria goza
de una pensión gracia de $1.766.742 sobre la que se realiza un descuento del
50%[103].
11. Expediente T-5.218.248
11.1. Hechos
La señora Gloria Cañón Torres, de
70 años de edad[104],
indicó que el 1º de diciembre de 1997 CAJANAL le reconoció una pensión gracia
por un valor de $213,584 pesos[105].
Asimismo, manifestó que 29 de mayo del 2014 la UGPP ordenó la reliquidación de
su mesada y se elevó la misma a $327,857 pesos. Sin embargo, señaló que a
partir del mes de julio del 2015 la entidad accionada suspendió los pagos sin
que, según la accionante, mediara un acto administrativo.
El 30 de julio de 2015, la actora
presentó una acción de tutela contra la UGPP por considerar que la decisión que
tomó la entidad de suspender el pago de su pensión gracia vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social. Por
esta circunstancia, solicitó que el juez de tutela reanudara los pagos
establecidos antes de la reliquidación.
Respuesta de la entidad
accionada
La UGPP se opuso a las
pretensiones con los siguientes argumentos: (i) El 29 de mayo de 2014 se
reliquidó la pensión gracia de la actora elevando el valor de la misma en $321.857
lo que llevó al pago de un retroactivo por $15.943.626; (ii) para la nómina de
julio de 2015 se dio orden de no pago ya que la Secretaría de Educación de
Cundinamarca le informó que el certificado laboral aportado por la accionante
como soporte de su solitud de reajuste era falso[106]; (iii) de conformidad
con lo anterior, el 29 de julio de 2015 se dio inicio a un proceso de
revocatoria directa contra la reliquidación, el cual fue notificado
personalmente a la accionante[107];
y (iv) no existe vulneración al mínimo vital ni la configuración de un
perjuicio irremediable en la medida en que la señora Cañón Torres goza
actualmente de una pensión de jubilación a través del FOMAG.
11.2. Decisión objeto de
revisión
En sentencia de única instancia
del 18 de agosto de 2015, el Juzgado Séptimo Civil de Bogotá negó la acción de
tutela al señalar que: (i) la peticionaria no acudió al trámite interno de la
UGPP para impugnar la decisión por lo que no se comprobó la idoneidad del
amparo; y (ii) no se vulneró el derecho al mínimo vital ya que la accionante
cuenta con un beneficio pensional de jubilación.
11.3. Pruebas recaudadas en el
trámite de revisión
La señora Cañón Torres compareció
a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó en el
expediente[108].
En la audiencia, la actora indicó que “entre junio, agosto y septiembre se
suspendieron los pagos pero en octubre me volvieron a incluir en la nómina pero
con el 50% de descuento”[109].
También manifestó que debe cancelar mensualmente una cuota de $570,000 por
concepto de un crédito de vivienda que adquirió con el fin de comprar una
vivienda de interés social. Por último, manifestó que padece de algunos
problemas de visión pero no presentó certificado médico que acreditará tal
condición.
A su vez, la UGPP informó que
para el mes de octubre de 2015 se incluyó nuevamente en la nómina a la actora y
que se le reconoció el pago de las mesadas dejadas de pagar entre julio y
septiembre[110].
Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que
actualmente la peticionaria goza de una pensión gracia de $963.512 sobre la que
se realiza un descuento del 12%[111].
12. Expediente T-5.219.357
12.1. Hechos
La señora Eulalia Moreno de
González, de 63 años de edad[112],
señaló que el 22 de diciembre de 2003 CAJANAL le reconoció una pensión gracia
por un valor de $686,467 pesos[113].
De igual forma, indicó que la UGPP reliquidó el valor de la misma el 25 de
marzo de 2015 y estableció un nuevo monto mensual de $925,787 pesos.. Sin
embargo, advirtió que el 25 de mayo de 2015 la accionada suspendió el pago de
su mesada sin previo aviso o acto administrativo alguno.
Por esta razón, presentó una
acción de tutela contra la entidad accionada al considerar que la suspensión
total del pago de su pensión gracia vulneró sus derechos fundamentales al mínimo
vital, a la seguridad social y al debido proceso administrativo. Por esto, solicitó
que se reanudaran los pagos ordinarios y reliquidados de su pensión gracia.
Respuesta de la entidad
accionada
La UGPP se opuso a las
pretensiones de la señora Moreno de González al indicar que: (i) el 25 de marzo
de 2015 se reconoció la reliquidación de la pensión gracia de la accionante por
un valor de $925.787; (ii) en el mes de mayo del mismo año se dio orden de no
pago pues se corroboró, a través de un oficio enviado por la Secretaría de
Educación de Cundinamarca, que el certificado laboral presentado por la
accionante como soporte de su solicitud de reajuste era falso[114]; (iii) el 17 de junio
de 2015 se inició un proceso de revocatoria directa contra la resolución de
reliquidación que fue comunicado personalmente a la actora[115]; y (iv) no existió
vulneración al mínimo vital toda vez que la actora fue reincorporada a la
nómina de la entidad el 25 de julio de 2015 y cuenta, además, con una pensión
de jubilación por parte del FOMAG que no fue suspendida en ningún momento.
12.2 Decisión objeto de
revisión
En sentencia de única instancia
del 5 de agosto de 2015, el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Chía tuteló
los derechos de la actora y, además de ordenar el restablecimiento de los pagos
pensionales dejados de percibir en los meses de mayo y junio por los valores
anteriores al reajuste, conminó a la UGPP a que terminara el procedimiento de
revocatoria directa en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la
sentencia. Para llegar a esta conclusión, el juez señaló que la actuación de la
administración no fue caprichosa ya que respondió a un evento de fraude, sin
embargo la misma solo puede afectar la porción de la mesada afectada por el
vicio ya que de otra manera se estaría vulnerando el derecho al debido proceso
administrativo, al mínimo vital y a la seguridad social.
12.3. Pruebas recaudadas en
sede de revisión
La señora González de Rodríguez
no compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se
incorporó en el expediente[116].
Por su parte, la UGPP informó que para el mes de julio de 2015 se incluyó a la
actora nuevamente en la nómina y que se le reconoció el pago de las mesadas
dejadas de pagar entre mayo y junio[117].
Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que
actualmente la peticionaria goza de una pensión gracia de $1.368.784 sobre la
que se realiza un descuento del 50%[118].
13. Expediente T-5.218.385
13.1. Hechos
La señora Rosa Mery Velandia de
Urrego, de 64 años de edad[119],
señaló que CAJANAL le reconoció una pensión gracia de por $1,084,499 pesos el
26 de marzo de 2002[120].
Igualmente, señaló que la UGPP reliquidó su pensión y la fijó en $1,498,553
pesos el 27 de diciembre de 2013. Finalmente, manifestó que
sin previo aviso el pago fue
suspendido en su totalidad en el mes de julio de 2015, pero que desconoce si su
caso está incluido en dichas irregularidades.
La señora Rosa Mery Velandia de
Urrego presentó acción de tutela el 29 de julio de 2015 contra la UGPP por
considerar que la decisión de la entidad de suspender el pago de su mesada de
pensión gracia vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la
seguridad social y a debido proceso administrativo. Por esto, la accionante
solicitó al juez de tutela reanudar los pagos de su pensión gracia por el monto
anterior a la reliquidación.
Respuesta de la entidad
accionada
La entidad accionada se opuso a
la tutela e indicó que: (i) el 27 de diciembre de 2013, la UGPP reconoció la
reliquidación de la pensión gracia de la actora por lo que se aumentó la mesada
a un valor de $1.498.553 y se reconoció un pago retroactivo por la suma de
$35.904.004; (ii) en el mes de julio de 2015 se dio orden de no pago ya que la
Secretaría de Educación de Cundinamarca le informó a la entidad que el
certificado laboral aportado por la actora como soporte a su petición era falso[121];  y (iii)
no existió vulneración al mínimo vital ya que la actora goza de una pensión de
jubilación a cargo del FOMAG.
13.2. Decisión objeto de
revisión
En sentencia de única instancia
del 13 de agosto de 2015, el Juzgado Promiscuo de Familia de Gachetá amparó los
derechos fundamentales invocados por la accionante y ordenó a la UGPP que
reanudara los pagos de la pensión gracia por el monto anterior a la
reliquidación. Al llegar a esta decisión, el juez concluyó que: (i) la entidad
accionada no observó los requisitos para revocar el acto ya que no es el
resultado del silencio administrativo positivo y no se encuentra probado que el
mismo fue obtenido mediante medios ilícitos; y (ii) la petición de la actora,
que busca que se reanuden los pagos antes de la reliquidación, se entiende como
un consentimiento expreso para revocar el acto que reconoció el reajuste pero
no autoriza al Estado para suspender el pago de su mesada pensional de manera
indefinida.
13.3. Pruebas recaudadas
durante el trámite de revisión
La señora Valendia de Urrego
compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó
en el expediente[122].
Frente a la primera pregunta referida a sus ingresos mensuales, la peticionaria
expresó que trabaja en una institución educativa en la zona rural de Gachetá
por lo que recibe un salario mensual de $2.800.000. Además, advirtió que en
estos momento no recibe la totalidad de su pensión gracia, indexada en
$2.400.000, pues la UGPP descuenta el 50% de la misma. Por otro lado, manifestó
que el juez de tutela en única instancia amparó sus derechos por lo que se le
reconoció un retroactivo pero con el descuento antes señalado. Frente a sus
obligaciones financieras destacó que está a cargo de una hija mayor de edad que
no ha terminado sus estudios universitarios por lo que debe asumir sus gastos
mensuales de manutención por un valor de $250.000 aproximadamente. También
señaló que vive en arriendo y que tiene deudas con el Banco Popular, el Banco
Agrario y la Cooperativa CANAPO por un total de $20.000.000. Frente a su estado
de salud, señaló que padece una enfermedad vascular llamada Flebitis y que,
aunque inicialmente su EPS cubrió todos los gastos, por decisión personal
decidió acudir a un médico particular por lo que asumió directamente el valor
de una primera cita por $230.000.
Asimismo, la UGPP informó que
para el mes de octubre de 2015 se incluyó nuevamente a la actora en la nómina y
que se le reconoció el pago de las mesadas dejadas de pagar entre agosto y
septiembre[123].
Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que
actualmente la peticionaria goza de una pensión gracia de $2.541.907 sobre la
que se realiza un descuento del 50%[124].
14. Expediente T-5.218.386
14.1. Hechos
La señora Blanca Lucía Acosta
Urrego, de 57 años de edad[125],
indicó que mediante resolución 33088 del 17 de enero de 2011 CAJANAL le
reconoció a su favor una pensión gracia por un valor de $2,174,216 pesos[126].
Por otra parte, manifestó que la UGPP reliquidó la misma y estableció una
mesada de $2,540,908 pesos el 14 de noviembre de 2013. Para el mes de julio de
2015, advirtió que la entidad accionada suspendió sin previo aviso el pago de
la totalidad de la mesada pensional.
Por esta razón, presentó una acción
de tutela contra la UGPP el 29 de julio de 2015 por considerar que la decisión
de la entidad de suspender el pago de su mesada de pensión gracia vulneró sus
derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a debido
proceso administrativo. En ese sentido, solicitó al juez de tutela reanudar los
pagos de su pensión gracia por el monto anterior a la reliquidación.
Respuesta de la entidad
accionada
La UGPP se opuso a las peticiones
de la señora Acosta Urrego al manifestar que: (i) la entidad reconoció la
reliquidación de la pensión gracia en favor de la actora mediante resolución
del 14 de noviembre de 2013 por un valor mensual de $2.540.908 y un retroactivo
de $19.041.602; (ii) en el mes de julio del 2015 se dio orden de no pago al
constatar, por medio de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, que los
documentos aportados por la accionante en su solicitud de reliquidación eran
falsos[127];
(iii) mediante auto del 31 de julio de 2015 se inició un proceso de revocatoria
directa contra la resolución de reliquidación[128]; y (iv) no existió
vulneración al mínimo vital ni perjuicio irremediable toda vez que la
accionante goza de una pensión de jubilación a cargo del FOMAG.
14.2. Decisión objeto de
revisión
En sentencia de única instancia
del 13 de agosto de 2015, el Juzgado Promiscuo de Familia de Gachetá amparó los
derechos fundamentales invocados por la accionante y ordenó que la UGPP
reanudara los pagos de la pensión gracia por el monto anterior a la
reliquidación. Al llegar a esta decisión, el juez concluyó que: (i) la entidad
accionada no observó los requisitos para revocar el acto ya que no es un acto
que sea el resultado del silencio administrativo positivo y no se encuentra
probado que el mismo fue obtenido mediante medios ilícitos; y (ii) la petición
de la actora, que busca que se reanuden los pagos antes de la reliquidación, se
entiende como un consentimiento expreso para revocar el acto que reconoció el
reajuste pero no autoriza al Estado para suspender el pago de su mesada
pensional de manera indefinida.
14.3. Pruebas recaudadas en el
trámite de revisión
La señora Acosta Urrego
compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó
en el expediente[129].
En cuanto a sus ingresos aclaró que recibe un salario como docente activa por
$2.600.000, una pensión de jubilación por $2.000.000 y una pensión gracia de
$2.500.000. Frente a ésta ultima señaló que “hasta el mes de diciembre de
2015 la UGPP me descontaba el 50%. Sin embargo, a principios de este año ya no
aplicaron esa reducción pero la UGPP se contactó conmigo indicando que iba a
iniciar un cobro jurídico por la supuesta deuda que tiene con la entidad”[130]. En
cuanto a sus gastos señaló que tiene una deuda con el Banco Popular y el Banco
de Bogotá por un valor de $140.000.000 por lo que debe pagar una cuota mensual
de $1.000.000. Señaló que debe sufragar un canon de arrendamiento de $500.000 y
que su esposo depende económicamente de ella ya que se encuentra en condición
de discapacidad por una fractura de pierna y cadera. Además, agregó que se
encarga de la manutención de su hermano quien vive con ella ya que padece de
trastorno bipolar. Asimismo, advirtió que debe cubrir los gastos de manutención
de su hijo de 23 años por un valor mensual de $600.000 toda vez que es
estudiante universitario. Finalmente, aunque no aportó certificado medico
alguno, manifestó que padece de hipertensión, gastritis y artrosis crónica.
A su vez, la UGPP informó que
para el mes de octubre de 2015 se incluyó a la actora nuevamente y que se le
reconoció el pago de las mesadas dejadas de pagar entre julio y septiembre[131].
Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que
actualmente la peticionaria goza de una pensión gracia de $2.743.059 sobre la
que se realiza un descuento del 12%[132].
15. Expediente T-5.232.964
15.1. Hechos
La señora Ana Cecilia Torres
Betancourt, de 65 años de edad[133],
indicó que el 25 de septiembre de 2001 CAJANAL reconoció a su favor una pensión
gracia de $1,084,499 pesos[134].
A su vez, agregó que el 7 de enero de 2015 la UGPP reliquidó y reajustó su
pensión y estableció un nuevo monto para la misma que ascendía a $1,472,338
pesos. Sin embargo, que para el mes de mayo del mismo año la entidad suspendió
el pago de su mesada pensional sin expedir un acto administrativo
De esta manera, el 17 de julio de
2015 la peticionaria presentó una acción de tutela contra la UGPP al considerar
que la decisión de esta entidad de suspender los pagos de su pensión gracia
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, al mínimo
vital y a la seguridad social. Así las cosas, la accionante solicitó que el
juez de tutela ordenara la reanudación de las mesadas pensionales ordinarias y
reliquidadas.
Respuesta de la entidad
accionada
La UGPP se opuso a la tutela e
indicó que: (i) mediante resolución del 7 de enero de 2015 la entidad reconoció
la reliquidación de la pensión gracia de la señora Torres Betancourt por un
valor de $1.472.338; (ii) en mayo del mismo año se suspendió el pago de la
pensión ya que la Secretaría de Educación de Cundinamarca le informó a la
entidad que el certificado laboral aportado por la accionante era falso[135]; (iii)
el 19 de junio siguiente se inició un proceso de revocatoria directa que fue
notificado por aviso[136];
y (iv) no existe vulneración al mínimo vital ni perjuicio irremediable ya que
la actora goza de una pensión de jubilación concedida por el FOMAG.
15.2. Decisiones objeto de
revisión
El Juzgado 25 Laboral del
Circuito de Bogotá, declaró la improcedencia de la tutela en sentencia del 6 de
agosto de 2015. Así, el juez señaló que: (i) no existe una amenaza inminente
contra los derechos de la peticionaria ya que ésta cuenta con otros ingresos adicionales
a su pensión gracia; y (ii) existen otros mecanismos ordinarios que le permiten
a la señora Torres Betancourt impugnar la decisión de suspensión tomada por la
UGPP.
La actora impugnó la decisión de
tutela y reiteró que la decisión de la entidad fue un acto arbitrario que
vulneró de manera flagrante sus derechos fundamentales. Así, la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia del 8 de septiembre de 2015
revocó la providencia de primera instancia y ordenó que se reanudaran los pagos
de la pensión gracia por el valor anterior a la reliquidación. La Corporación consideró
que la UGPP estaba legalmente autorizada a iniciar el trámite de revocatoria
directa pero que no podía suspender los pagos de manera repentina.
15.3. Pruebas recaudadas en el
trámite de revisión
La señora Ana Cecilia Torres
compareció en la diligencia de declaración de parte, como consta en el acta que
se incorporó al expediente[137].
Con respecto a sus ingresos señaló que tiene una pensión gracia por $2.191.685
y una pensión de jubilación por un valor de $1.950.478 para un total de
$3.908.104. Sin embargo, advirtió que una vez fue incluida nuevamente en la
nómina de pago pensional la UGPP empezó a aplicar un descuento del 50% sobre su
pensión gracia. Sus gastos, que se pueden resumir de la siguiente manera: (i)
una cuota mensual de $1.529.694 por un crédito hipotecario que tiene con el
Banco BBVA por $70.000.000; (ii) una cuota mensual de $720.386 por un crédito
educativo que suscribió por $30.000.000 con una entidad sin especificar; (iii)
una mensualidad de $345.000 por un crédito de libre inversión por $15.000.000
con COOMAGISCUN; (iv) un pago mensual de $341.848 por un crédito con la
Cooperativa Social de Cundinamarca por $12.000.000; (v) una cuota mensual de
$323.000 por un crédito de libre inversión con Bancolombia por $7.000.000 que
utilizó para cubrir un viaje a Estados Unidos; y (vi) gastos mensuales por
concepto de uso de su tarjeta de crédito por $162.000 y una cuota mensual de
$1.490.000 por una deuda adicional que tiene también con Bancolombia.
Finalmente, manifestó que hace 7 años no convive con su exesposo y que tuvo que
cubrir los costos de los servicios médicos de su hijo quien tuvo un accidente
en Estados Unidos, además de atender los gastos de su nieto quien se encuentra en
condición de discapacidad ya que su madre sufrió de toxoplasmosis durante el
embarazo. Por último, aclaró que no padece de ninguna enfermedad.
A su vez, la UGPP informó que
para el mes de octubre de 2015 se incluyó a la actora nuevamente en la nómina y
que se le reconoció el pago de las mesadas dejadas de pagar entre mayo y
septiembre[138].
Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que
actualmente la peticionaria goza de una pensión gracia de $2.490.585 sobre la
que se realiza un descuento del 50%[139].
16. Expediente T-5.232.992
16.1. Hechos
La señora Sonia Teresa Mayorga de
Rojas, de 65 años de edad[140],
señaló que el 24 de mayo de 2002 CAJANAL le reconoció una pensión gracia de
$956,090[141].
También agregó que la UGPP, mediante resolución 5060 del 11 de marzo de 2013,
reliquidó su pensión y elevó la misma a $1,016,285 pesos. Sin embargo, advirtió
que para el mes de julio de 2015 la entidad suspendió, sin previo aviso y de
manera repentina, la totalidad de los pagos de la pensión gracia.
Por estas razones, el 20 de julio
de 2015 la peticionaria presentó una acción de tutela contra la UGPP por
considerar que su decisión de suspender el pago de su pensión gracia vulneró
sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso administrativo y
a la seguridad social. Así, solicitó mediante acción de tutela que se ordene la
reanudación de los pagos de la pensión gracia por el valor anterior a la
reliquidación.
Respuesta de la entidad
accionada
La entidad se opuso a las
pretensiones de la actora y señaló que: (i) mediante resolución del 13 de
febrero de 2015, la UGPP ordenó la reliquidación de la pensión gracia de la
accionante por un valor de $1.432.464 y un retroactivo de $19.966.871; (ii)
para la nómina del mes de julio del 2015 se suspendió el pago debido a que la
Secretaría de Educación de Cundinamarca le advirtió a la entidad que el
certificado que aportó la señora Mayorga de Rojas era falso[142]; (iii) el 22 de julio
de 2015 se dio apertura a un proceso de revocatoria directa contra el acto de
reliquidación que fue notificado personalmente a la actora[143]; y (iv) no se configuró
un perjuicio irremediable ni una afectación al mínimo vital ya que la actora es
beneficiaria de una pensión de jubilación por parte del FOMAG.
16.2. Decisión objeto de
revisión
Inicialmente, el Juzgado 31 Civil
del Circuito de Bogotá, en sentencia del 12 de agosto de 2015, declaró la
improcedencia de la tutela. El despacho consideró que la actora no acreditó una
condición de especial protección o la inminencia del supuesto perjuicio
irremediable. Sin embargo, la peticionaria impugnó el fallo señalando que el
mismo omitió examinar si la UGPP tiene la competencia legal de retener los
pagos de la mesada pensional.
Sin embargo, en auto del 16 de
septiembre de 2015[144],
la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá declaró la nulidad de todo lo actuado
ya que el juez de primera instancia debió vincular a la Gobernación de
Cundinamarca como entidad encargada de verificar la autenticidad de los
certificados laborales aportados por la señora Mayorga de Rojas. Por esto, el
Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá, profirió una nueva decisión el 30 de
septiembre de 2015 donde negó la tutela por las mismas razones expuestas en la
sentencia anulada.
16.3. Pruebas recaudadas
durante el trámite de revisión
La señora Mayorga de Rojas no
compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó
en el expediente[145].
Por su parte, la UGPP informó que para el mes de octubre de 2015 se incluyó
nuevamente a la actora en la nómina y que se le reconoció el pago de las
mesadas dejadas de pagar entre julio y septiembre[146]. Igualmente, se observa
en el certificado aportado por la entidad que actualmente la peticionaria goza
de una pensión gracia de $2.513.134 sobre la que se realiza un descuento del
50%[147].
17. Expediente T-5.233.121
17.1. Hechos
La señora Teresa Escobar Cortés,
de 65 años de edad[148],
indicó en su escrito de tutela que el 18 de marzo de 2002 CAJANAL le reconoció
una pensión gracia por un valor de $778,247 pesos. Por otra parte, señaló que
la UGPP reliquidó el monto de la misma el 8 de enero de 2015 y se fijó un nuevo
valor por $1,107,758 pesos. Sin embargo, la accionante advirtió que el 25 de
julio la entidad suspendió la totalidad del pago de la mesada pensional sin un acto
administrativo previo.
Por estos hechos, el 10 de agosto
de 2015[149]
presentó acción de tutela contra la UGPP al considerar que la decisión de la
entidad de suspender el pago de su pensión gracia vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social. Así,
la accionante solicitó que se ordenara el pago de la pensión gracia por su
valor ordinario y reliquidado.
Respuesta de la entidad
accionada
La UGPP se negó a aceptar las
pretensiones de la actora e indicó que: (i) el 8 de enero de 2015 se reconoció
la reliquidación de la pensión gracia de la accionante por un valor de
$1.107.758; (ii) en julio del mismo año se ordenó la suspensión del pago ya que
la Secretaría de Educación de Cundinamarca informó sobre la falsedad del
certificado laboral aportado por la accionante como soporte a su petición de
reajuste[150];
(iii) el 17 de julio siguiente se inició un procedimiento de revocatoria
directa que fue notificado personalmente a la accionante[151]; y (iv) no existe un
perjuicio irremediable porque la actora goza de una pensión de jubilación a
cargo del FOMAG.
17.2. Decisiones objeto de
revisión
En primera instancia, la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá negó la acción de tutela mediante
sentencia del 19 de agosto de 2015. Para llegar a esa decisión, el Tribunal
señaló que: (i) la actuación de la UGPP no fue caprichosa ya que respondió a
una serie de irregularidades frente a la autenticidad de los documentos
aportados por la actora; y (ii) aunque otras Salas de Tutela del mismo Tribunal
han decidido amparar los derechos de varios docentes en otros casos iguales, en
este caso se considera que no existe un perjuicio irremediable ya que la señora
Escobar Cortés cuenta con otros ingresos adicionales a los de su pensión
gracia.
La actora impugnó el fallo de
primera instancia pues consideró que el mismo desconoció el principio de
legalidad de las actuaciones administrativas por lo que la actuación de la UGPP
resultó ser abusiva. Así, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, en sentencia del 23 de septiembre de 2015, confirmó el fallo al
asegurar que: (i) la peticionaria cuenta con los recursos ordinarios para
impugnar el proceso de revocatoria directa; y (ii) la suspensión de los pagos
pensionales, en circunstancias donde se compruebe el incumplimiento de los
requisitos, es una facultad legal de la entidad.
17.3. Pruebas recaudadas
durante el trámite de revisión
La señora Escobar Cortés no
compareció a la declaración de parte, como consta en el acta que se incorporó
en el expediente[152].
Por su parte, la UGPP informó que para el mes de septiembre de 2015 se incluyó a
la actora nuevamente en la nómina y que se le reconoció el pago de las mesadas
dejadas de pagar entre julio y agosto[153].
Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que la
peticionaria goza de una pensión gracia de $2.088.372 sobre la que se realiza
un descuento del 50%[154].
18. Expediente T-5.233.145
18.1. Hechos
La señora Esther Julia Lombana
Delgado, de 64 años de edad[155],
manifestó que CAJANAL le reconoció una pensión gracia de $911,914 pesos el 23
de mayo de 2002[156].
Igualmente, sostuvo que el 7 de enero de 2015 la UGPP reconoció la
reliquidación de su mesada pensional y la fijó en $1,317,416 pesos.
Adicionalmente, manifestó que repentinamente el 25 de mayo del mismo año la
entidad suspendió los pagos.
Por estos hechos, el 30 de julio
de 2015, la accionante presentó acción de tutela contra la UGPP por considerar
que la decisión de la entidad de suspender el pago de su pensión gracia vulneró
sus derechos al mínimo vital, a la seguridad social y al debido proceso
administrativo. De esta manera, solicitó que el juez de tutela reanudara los
pagos de la mesada por los valores ordinarios y reliquidados.
Respuesta de la entidad
accionada
La UGPP se opuso a las peticiones
de la actora y explicó que: (i) mediante resolución del 7 de enero de 2015 ordenó
la reliquidación de la pensión gracia en una cuantía de $1.317.416; (ii) para
la nómina del mes de mayo de ese año se dio orden de no pago ya que se logró
establecer, a través de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, que el
certificado laboral presentado por la peticionaria como soporte era falso[157]; (iii)
la acción de tutela es temeraria ya que, por los mismos hechos y pretensiones,
la peticionaria presentó un amparo ante el Juzgado 13 Laboral del Circuito de
Bogotá[158];
(iv) el 17 de junio de 2015 se inició un proceso de revocatoria directa contra
la resolución de reliquidación[159];
y (v) no existió vulneración al mínimo vital en tanto que la accionante goza de
una pensión de jubilación a cargo del FOMAG.
18.2. Decisiones objeto de
revisión
En sentencia de primera instancia
del 13 de agosto de 2015, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá negó
la tutela interpuesta al considerarla temeraria ya que la peticionaria había
interpuesto una tutela por los mismos hechos. En un corto escrito[160], la
accionante impugnó el fallo señalando que la suspensión del pago resultó de una
actuación arbitraria de la administración.
La Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia confirmó el fallo en sentencia del 23 de septiembre de
2015. Para esa Corporación, las pretensiones de la señora Lombana Delgado ya
fueron desestimadas por otro juez por lo que no es posible examinar de nuevo
los hechos del caso.
18.3. Pruebas recaudadas en el
trámite de revisión
La señora Lombana Delgado
compareció en la audiencia de declaración de parte, como consta en el acta de
declaración de parte que se adjuntó al expediente[161]. Con respecto a sus
fuentes de ingreso, la actora contestó que los mismos se derivan de su pensión
de jubilación, de $1.950.000 y su pensión gracia de $1,300,000. Frente a sus
obligaciones indicó que mensualmente le envía a su hija $600.000 ya que se
encuentra en el exterior estudiando inglés. También expresó que vive sola en
casa propia pero que le debe a un familiar $12.000.000 con el que tiene un
acuerdo de pago anual por su vivienda. Finalmente, indicó que padece de
osteoporosis y de niveles elevados de azúcar pero que es atendida oportunamente
por su EPS.
Aunado a lo anterior, la UGPP
informó que para el mes de octubre de 2015 se incluyó a la actora nuevamente en
la nómina y se le reconoció el pago de las mesadas dejadas de pagar entre mayo
y septiembre[162].
Igualmente, se observa en el certificado aportado por la entidad que
actualmente la peticionaria goza de una pensión gracia de $2.174.369 sobre la
que se realiza un descuento del 50%[163].
Ahora bien, siguiendo el orden
establecido en la introducción de la presente sentencia, la
Sala pasará a presentar las consideraciones y fundamentos jurídicos que
aplicará para resolver cada caso en concreto.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. Corresponde a la Corte Constitucional
analizar, a través de esta Sala de Revisión, los fallos proferidos dentro de
las acciones de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y
241.9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Planteamiento de los problemas jurídicos
2. En la presente sentencia, la Sala de
Revisión analizará los casos de dieciocho docentes del departamento de
Cundinamarca a quienes CAJANAL les reconoció el
beneficio de la pensión gracia en diferentes momentos, pagos que fueron
asumidos por la UGGP a partir del 8 de noviembre de 2011, cuando la entidad fue
reliquidada.  Dicha entidad reconoció la reliquidación
de estas pensiones, entre los años de 2013 y 2015. Sin embargo, entre los meses
de mayo y julio de 2015, cuando la UGPP advirtió que existían varias
irregularidades en los certificados que estos maestros presentaron como soporte
a estas solicitudes, los pagos de la mesadas pensionales fueron suspendidos de
manera inmediata. Así, la entidad accionada señaló
que se tramitaron 3029 solicitudes de reconocimiento o
de reliquidación de la pensión gracia con certificaciones presuntamente falsas
expedidas por la Secretaría de Educación de Cundinamarca. A su vez, indicó que
de estos casos ha revisado 1045 peticiones que, como las acciones analizadas en
esta sentencia, fueron tramitadas a través de apoderado judicial y se encontró
que el porcentaje de falsedad de los documentos asciende al 99%[164].
Para los peticionarios, esta decisión
vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y al
debido proceso administrativo. Así, algunos solicitaron que se reanudara el
pago total de la pensión reliquidada mientras que otros señalaron que les
asistía el derecho a recibir la pensión gracia por el valor anterior al
reajuste de la UGPP.
3. Los diferentes jueces constitucionales tomaron
tres tipos de decisiones: (i) un grupo de jueces amparó los derechos al debido
proceso administrativo, a la seguridad social y al mínimo vital y ordenaron que
se reanudaran los pagos de la pensión gracia por el valor asignado antes de la
reliquidación impugnada; (ii) otro grupo de jueces negó las tutelas
argumentando que, como quiera que los docentes cuentan con otras fuentes de
ingreso, no se comprobó vulneración al mínimo vital o un perjuicio irremediable
que hiciera la tutela procedente como mecanismo transitorio; y (iii) el último
grupo de despachos judiciales declararon la improcedencia de la acción por
considerar que se está frente a hechos superados por carencia actual de objeto
toda vez que los accionantes fueron incluidos nuevamente en la nómina de pago
de la UGPP o debido a que el amparo es temerario.
Por otra lado, durante el trámite de
revisión de las acciones de tutela, la Sala constató, y en las declaraciones de
parte decretadas así lo corroboraron los accionantes, que ya todos los peticionarios
habían sido nuevamente incluidos en la nómina de la entidad. Sin embargo,
también observó que a todos los docentes se les está aplicando un descuento sobre
su mesada de pensión gracia original, esto es la que equivale al valor no
reliquidado. De esta manera, en el trámite de revisión y durante la declaración
de parte decretada y practicada por la magistrada sustanciadora los docentes
alegaron que sus derechos fundamentales se veían vulnerados por los descuentos
que la UGPP está aplicando a sus mesadas pensionales. En ese sentido, el
problema ya no se deriva de la suspensión aplicada por la UGPP sino de los
descuentos sobre la pensión gracia por lo que los problemas jurídicos
planteados girarán en torno a esta circunstancia y no sobre las peticiones de
tutela iniciales.
4. De acuerdo con los antecedentes
resumidos anteriormente, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
antes de resolver el problema de fondo, deberá verificar si las acciones son
procedentes. Así, desde una perspectiva formal asociada a los requisitos
generales de procedencia de las acciones constitucionales debe determinar sí:
i)
¿La inclusión en la
nómina de la entidad, a pesar de que se aplican descuentos a los pagos
mensuales, hace que se configure la carencia actual de objeto por hecho
superado?
ii)
¿La temeridad en la
acción de tutela se configura cuando se presentan dos acciones con identidad de
hechos y pretensiones pero se hace en diferentes momentos?
iii)
¿Procede una acción
de tutela para revisar la legalidad de un acto administrativo de revocatoria
directa que revocó la reliquidación de una pensión gracia y decretó descuentos
sobre la mesada original?
5. Para eso, la Sala reiterará los
elementos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra actos
administrativos. El mismo incluirá una presentación de las reglas
jurisprudenciales sobre el concepto de perjuicio irremediable y la carencia
actual de objeto por hecho superado y la temeridad en la acción de tutela. De
la misma forma, analizará los casos concretos para determinar si estos cumplen con
el examen de procedencia y así dilucidar si deben ser examinados de fondo.
Reglas generales de la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra los actos administrativos -Reiteración jurisprudencial[165]-
6. El artículo 86[166]
de la Constitución -refrendado por las normas procesales de la tutela[167]- establece que esta acción constitucional procede
como un mecanismo para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando quiera que
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública. Sin embargo, la misma regla constitucional establece un claro límite a
la procedencia de la acción, al señalar que ésta solo será admisible cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo en los casos
donde la tutela sea utilizada como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable o cuando el medio judicial no sea adecuado o idóneo.
Ahora bien, este Tribunal, en repetidas ocasiones, ha
señalado que los jueces de tutela tienen una obligación general frente a la
procedencia de esta acción:
“Es obligación del juez que estudia la procedencia de
la acción de tutela tener en cuenta que ésta es (un) mecanismo sumario y
preferente creado para la protección de los derechos fundamentales, que se
caracteriza por tener un carácter residual o supletorio, obedeciendo a la necesidad
de preservar las competencias atribuidas por el legislador a las diferentes
autoridades judiciales a partir de los procedimientos ordinarios o especiales,
en los que también se protegen derechos de naturaleza constitucional. Por lo
anterior, el recurso de amparo no puede convertirse en un mecanismo
alternativo, sustitutivo, paralelo o complementario de los diversos
procedimientos judiciales, salvo que dichas vías sean ineficaces, inexistentes
o se configure un perjuicio irremediable. En relación con este último, esta
Colegiatura ha determinado que se configura cuando existe el riesgo de que un
bien de alta significación objetiva protegido por el orden jurídico o un
derecho constitucional fundamental sufra un menoscabo. En ese sentido, el
riesgo de daño debe ser inminente, grave y debe requerir medidas urgentes e
impostergables. De tal manera que la gravedad de los hechos exige la inmediatez
de la medida de protección”
(resaltado fuera del texto)[168].
Entonces, frente a esta obligación general el juez
debe: (i) determinar sí se vulnera, por acción u omisión, un derecho
fundamental protegido constitucionalmente o si existe un riesgo de que se vaya
a actuar en detrimento del mismo; (ii) verificar que dicho riesgo sea inminente
y grave, por lo que debe atenderse de manera inmediata; y (iii) comprobar que
no existe otro remedio judicial o que el ordinario no es un medio adecuado o
idóneo de defensa para el caso concreto, o que si lo es la tutela procede como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
7. Más aún, con respecto a la tutela contra actos
administrativos de carácter particular, como en el presente caso (suspensión de
los pagos pensionales y la apertura de un proceso de revocatoria directa) la
Corte ha fijado una regla de excepcionalidad aún más severa[169]. Así, el Tribunal ha  fijado como regla general que
el amparo es improcedente en estos casos pues los ciudadanos pueden ejercer el
medio de control de nulidad simple o de nulidad y restablecimiento del derecho
ante los jueces administrativos y solicitar, como medida preventiva dentro del
proceso, la suspensión del acto que causa la vulneración.
Perjuicio irremediable
8. La Corte ha señalado[170]
que la tutela contra este tipo de acciones es procedente en aquellos casos
donde se demuestre que el mecanismo ordinario carece de eficacia para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. Para eso, los jueces deben
verificar si: (i) el daño es inminente, es decir, que sea una amenaza que está
por suceder; (ii) el perjuicio es grave, es decir de una magnitud o intensidad
considerable; (iii) las medidas judiciales para conjurar el perjuicio se deben
tomar de manera urgente; y (iv) que el amparo no se puede postergar toda vez
que es la única medida para garantizar un adecuado restablecimiento de los
derechos de los ciudadanos.
Adicionalmente, cuando se trata de personas en estado
de indefensión o vulnerabilidad la Corte ha determinado que el examen de estos
supuestos no debe ser tan riguroso, y que su condición amerita un tratamiento
diferencial positivo[171]. En este sentido, la Corte ha determinado que una de
las maneras en las que un ciudadano se puede encontrar en un estado de
indefensión ocurre cuando son sujetos de especial protección constitucional.
Dicha situación ha sido definida por la Corporación de la siguiente manera:
Tratándose de sujetos de especial protección (el
Tribunal) ha sostenido que el amparo reforzado de los sujetos de especial
protección constitucional, parte del reconocimiento que el Constituyente de
1991 hizo de la desigualdad formal y real a la que se han visto sometidos
históricamente. Así la Constitución Política en su artículo 13 establece que
“el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” Al
respecto, la Corte Constitucional ha señalado como sujetos de especial
protección a los niños y niñas, a las madres cabeza de familia, a las personas
en situación de discapacidad,  a la población desplazada, a los adultos
mayores, y todas aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta
los ubican en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la
población; motivo por el cual considera que la pertenencia a estos grupos
poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la evaluación
del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta
obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos
judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material
a través de discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados”[172].
9. Ahora bien, teniendo en cuenta que en algunas de
las tutelas se plantean problemas jurídicos asociados al uso temerario del
amparo constitucional y de la configuración de la carencia actual de objeto, la
Sala considera necesario incluir en el análisis general de procedencia las
reglas jurisprudenciales sobre estas dos figuras procesales.
Temeridad y carencia actual de objeto
-reiteración jurisprudencial[173]-
10. En virtud de lo dispuesto en el Decreto 2591 de
1991, hay temeridad cuando sin motivo expresamente justificado, la misma
acción de tutela es presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, por lo cual se deberá rechazar o decidir
desfavorablemente todas las solicitudes[174].
Así las cosas, la temeridad se configura al concurrir los siguientes
elementos: (i) identidad de hechos; (ii) identidad de demandante, ya sea que
actúe directamente o por medio de representante; (iii) identidad de sujeto
accionado; y (iv) falta de justificación para interponer la nueva acción[175].
Así, se ha entendido que una actuación en tal sentido vulnera los principios de
buena fe y cosa juzgada, al emplear irrazonablemente el mecanismo
constitucional, en procura de una nueva decisión, a sabiendas de que el asunto
ya fue decidido previamente.
Por esta razón, la jurisprudencia de la Corte
también ha señalado, como en la sentencia T-089 de 2007[176], que al
materializarse los presupuestos de la temeridad, el juez de tutela tiene la
posibilidad de declararla improcedente o negar el amparo, siempre y cuando el
amparo: (i) envuelva una actuación amañada, reservando para cada acción
aquellos argumentos o pruebas que convaliden sus pretensiones; (ii) denote el
propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda
costa, jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que, entre
varias, pudiera resultar favorable; (iii) deje al descubierto el abuso del
derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la
acción; o (iv) se pretenda asaltar la buena fe de los administradores de
justicia.
Ahora bien, cabe anotar que de la presentación de
dos acciones de tutela por hechos similares, no se deduce
inmediatamente la temeridad, pues para ello, debe demostrarse que existen
iguales sujetos procesales, hechos, pretensiones y que no hay justificación
alguna para la interposición de una nueva acción.
En ese sentido, con el fin de evitar injusticias y
sobre la base de que la buena fe se presume en todas las actuaciones de los
ciudadanos ante las autoridades públicas, la valoración de la temeridad debe ir
más allá de los aspectos meramente formales, pues puede ocurrir que existan
hechos o circunstancias nuevas que hagan procedente invocar un amparo
adicional. Por lo tanto, el análisis de los presupuestos que configuran la
temeridad debe realizarse en cada caso concreto, a partir, por supuesto, del
mencionado principio de buena fe que ilumina las relaciones entre el ciudadano
y la administración de justicia.
11. Con respecto a la carencia actual de objeto, la
Sala reitera que en aquellas
ocasiones en que las
situaciones de hecho que amenazan o vulneran los derechos fundamentales de las
personas cesan o desaparecen durante el trámite de la tutela, o cuando en razón
de la vulneración a los derechos fundamentales, se ha ocasionado un daño
irreparable que se pretendía evitar con la orden del juez a quien se acudió en
amparo y ello no se logró a tiempo, se ha alegado en la jurisprudencia la
existencia del fenómeno procesal denominado carencia actual de objeto por hecho
superado o por daño consumado; fenómeno que puede ser fundamento de la
declaratoria de improcedencia de la acción de tutela.
La razón de ser de esa determinación,
está fundada en que, ante las circunstancias de hecho evidenciadas en el caso,
es inocuo un pronunciamiento judicial de fondo en tales situaciones, por no
tener un impacto real y efectivo en la protección de los derechos fundamentales
invocados. No obstante, conforme a la jurisprudencia reciente de esta
Corporación, independientemente de si se da o no la carencia actual de objeto,
la Corte como órgano de revisión de la acción de tutela puede pronunciarse de
fondo sobre los problemas constitucionales planteados, en estos casos[177].
12. La Corte ha invocado entonces, la
figura de la carencia actual de objeto en oportunidades anteriores, cuando se
presenta alguna de las situaciones previamente descritas para negar por
improcedente la tutela. Por ejemplo, frente a la idea de daño irreparable, en
la sentencia T-498 de 2000[178]
esta Corporación resolvió negar el amparo elevado por el padre de una menor
de edad que padecía de un tumor cerebral, cuya EPS se negó a realizar la
biopsia ordenada por los médicos tratantes. Cuando el caso llegó a esta
Corporación, lamentablemente la niña había fallecido, por lo que la Sala de
Revisión en aquella oportunidad consideró que el daño consumado impedía el fin primordial
de la acción de tutela, que no era la protección inmediata de los derechos
fundamentales de la niña, para evitar que se consumara una violación sobre los
mismos. Como de acuerdo con esta visión, la tutela no fue diseñada como un
instrumento para causar una protección posterior a la consumación de los
hechos, lo conducente  era entonces, buscar otros mecanismos judiciales de
defensa para reclamar la debida indemnización.
En circunstancias similares, sin embargo,
la Corte ha declarado la improcedencia por carencia actual de objeto, ante un
hecho superado, y no por daño consumado. Así, en la sentencia T-936 de 2002[179]
esta Corporación resolvió la tutela que presentó una persona, a través de
agente oficioso, a la que no le fue reconocido un tratamiento integral por el
lupus que padecía. Una vez seleccionado el caso, la Corporación constató que la
demandante había fallecido y decidió declarar la improcedencia de la acción de
tutela por hecho superado, aunque consideró que la negligencia de las entidades
involucradas debía ser debidamente investigada, por lo que ordenó compulsar
copias a la Procuraduría y a la Fiscalía.
Igualmente, en algunos casos, la Corte ha
considerado que la carencia actual de objeto se produce por lo que se ha
denominado sustracción de materia. Este es el caso de la sentencia
T-414 de 2005[180]
que revisó la situación de un menor de edad que falleció, por no recibir de
manera oportuna un tratamiento por un cuadro severo de anemia que padecía. La
Corte decidió no fallar de fondo, al considerar que cualquier decisión “caería
en el vacío, por sustracción de materia”[181], pero concluyó que era necesario
compulsar copias a las autoridades competentes, para que investigaran la
negligencia en la prestación del servicio de salud.
Ahora bien, la jurisprudencia en casi
todos estos supuestos, ha sostenido que la circunstancia de la muerte, conduce,
como se dijo, a una  situación de carencia actual de objeto y de allí, a la
improcedencia de la tutela, por cuanto cualquier orden que se pudiera emitir
sería ineficaz para la protección de los derechos fundamentales invocados. Sin
embargo, al llegar a esta conclusión la Corte, a través de sus Salas de
Revisión de Tutela, ha optado por diferentes fórmulas para resolver el caso.
Inicialmente, en algunos casos, se abstuvo de decidir de fondo sobre las
circunstancias propuestas y en otros optó por reconocer que existen
responsabilidades que causaron la muerte de los peticionarios, por lo que era
necesario que las autoridades administrativas impusieran las sanciones
correspondientes.
13. Con todo, frente a la poca claridad
que existía entre la distinción entre hecho superado y daño consumado y sus
efectos frente a la posibilidad de pronunciarse de fondo o no, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-540 de 2007[182]
unificó los criterios sobre la materia y estableció un precedente de plena
vigencia constitucional. Al conocer sobre una controversia laboral, la Corte
señaló que el hecho superado[183] se presenta cuando, por la acción u
omisión del obligado, se supera la afectación del derecho fundamental en una
magnitud que hace inocuo cualquier pronunciamiento del juez de tutela. Bajo ese
principio, el hecho superado se debe entender en el sentido obvio de las
palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de si se
produjo la satisfacción o no de lo solicitado en la tutela. Sí, por ejemplo, lo
pretendido en era una orden de actuar o dejar de hacerlo, y previamente a la
sentencia de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un
hecho superado porque simplemente desaparece la vulneración o amenaza a los
derechos fundamentales.
A su vez, a partir de esta sentencia de
unificación, el daño consumado[184] ha sido entendido como una
circunstancia donde se afectan de manera definitiva los derechos de las
personas antes de que el juez de tutela logre pronunciarse sobre la petición de
amparo (por ejemplo, la muerte del accionante). Así, a diferencia del hecho superado,
la Corte reconoció en ese pronunciamiento, que en estos casos se impone la
necesidad de pronunciarse de fondo, dada la posibilidad de establecer
correctivos y prever futuras violaciones a los derechos fundamentales de las
personas.
En conclusión, según la sentencia citada,
la carencia actual de objeto se ha fundamentado en la existencia
de un daño consumado y/o de un hecho superado. En ese sentido, en términos
generales, se puede entender entonces que la carencia actual de objeto es la
consecuencia jurídica del hecho superado o el daño consumado y deberá ser el
juez de tutela entonces, el que determina, en cada caso concreto, si se deben
tomar o no algunas medidas de reparación conducentes a restaurar en parte el
perjuicio ocasionado. Con todo, como se enunció previamente, la jurisprudencia
constitucional reciente ha reconocido que si se configura un daño consumado, el juez
constitucional no sólo tiene la facultad sino, en algunas oportunidades, el
deber de pronunciarse de fondo, y exponer las razones por las cuales se produjo
un perjuicio en cabeza del accionante, además de realizar las advertencias
respectivas, para indicar la garantía de no repetición[185].
14. A manera de recapitulación, la Sala reitera las
reglas sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra los actos
administrativos siempre que, en el caso concreto, se compruebe que los medios
de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento de derecho, no son el
mecanismo idóneo para proteger el derecho de un ciudadano o si lo son la tutela
sea necesaria para proteger transitoriamente un derecho fundamental. En este
caso, entonces, el juez constitucional de tutela debe fijar un remedio judicial
urgente para proteger los derechos fundamentales del ciudadano afectado.
Igualmente, es importante destacar que, cuando se trata de casos que involucran
personas en estado de vulnerabilidad, el escrutinio que debe hacer el juez
frente a la procedencia de la acción es más flexible, pero no menos riguroso, pues
dicha condición de especial indefensión obliga a una actuación judicial sumaria
y eficaz.
Asimismo, resalta que frente a la figura de la
temeridad es necesario precisar si existe una identidad material entre los
hechos y las pretensiones. Esto se debe a que, aunque puedan existir dos
tutelas que objetivamente guarden una relación sustancial no pueden ser desatendidas
por el juez constitucional en la medida en que éste logre corroborar que exista
un hecho nuevo que amerite un pronunciamiento de fondo. Por otro lado, frente a
la carencia actual de objeto por hecho superado, es necesario analizar el
material probatorio en cada caso para definir, más allá de toda duda, que
efectivamente la afectación del derecho cesó. A su vez, si se trata de un daño
consumado, el juez debe entonces entrar a aplicar correctivos para reparar los
perjuicios causados e imponer medidas preventivas hacia el futuro.
Análisis concreto de procedencia
15.  Como metodología de análisis claro,
la Sala dividirá los casos a partir de su unidad formal y material. En este
sentido, un análisis riguroso de los antecedentes de cada caso permite agruparlos
en dos grupos. El primero tiene como común denominador algunos de los
siguientes elementos: (i) existe una solicitud escrita y expresa de
desistimiento de la tutela por parte del accionante; (ii) son casos donde la
UGPP actualmente solo está aplicando los descuentos correspondientes al pago de
la seguridad social, tal y como consta en los certificados de pago que aportó
como respuesta al auto de pruebas decretado por el despacho de la magistrada
ponente; (iii) existe una actuación temeraria por parte del peticionario; o
(iv) la UGPP incluyó nuevamente a los accionantes en la nómina de pago pero
está aplicando un descuento del 50% sobre las mesadas pensionales en virtud del
principio del pago de lo no debido a partir de la expedición de un acto de revocatoria
directa debidamente notificado.
Por otra parte, un segundo grupo de casos
puede ser identificado porque comparten todos los siguientes elementos:
(i) son procesos donde se expidió un acto de revocatoria directa que fue
debidamente notificado a las partes; (ii) la UGPP incorporó nuevamente a los
peticionarios en la nómina de pago pero aplicó un descuento del 50% a la mesada
pensional; y (iii) se trata de peticiones de tutela elevadas por personas en condición
de debilidad manifiesta.
Primer grupo de casos
16. En la siguiente tabla, y como
manera de recapitular los hechos y decisiones de cada caso, se presenta una
somera referencia de los casos agrupados en este primer grupo.
No.
Expediente
Accionante
Jueces y decisiones de instancia
1
T-5.209.992
Nohora Cárdenas Cortés
Juzgado 33 Civil del Circuito de
Bogotá
Negó la tutela al considerar que la
actuación de la UGPP no fue arbitraria.
2
T-5.210.121
Héctor Albino Gómez Rodríguez
Juzgado 33 Civil del Circuito de
Bogotá
Negó la tutela al considerar que la
actuación de la UGPP no fue arbitraria.
3
T-5.212.640
Ana Sofía Valbuena de Cabanzo
Juzgado 27 Laboral del Circuito de
Bogotá
Negó la tutela al considerar que la
accionante cuenta con otros mecanismos de defensa y no se acreditó una vulneración
de un derecho fundamental.
4
T-5.218.248
Gloria Cañón Torres
Juzgado 7º Civil de Bogotá
Negó la tutela al considerar que la
accionante no agotó el trámite interno ante la UGPP y no se acreditó una
vulneración de un derecho fundamental.
5
T-5.218.386
Blanca Lucía Acosta Urrego
Juzgado Promiscuo de Familia de
Gachetá
El juez amparó los derechos
invocados, pues la UGPP no observó los requisitos para revocar directamente
el acto y el consentimiento expreso de la accionante. En el proceso se hace
referencia al valor reliquidado pero no autoriza la suspensión de la mesada
pensional.
6
T-5.233.145
Esther Julia Lombana Delgado
Sala Laboral del Tribunal Superior
de Bogotá
Negó la acción por temeridad
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia
Confirmó el fallo por las mismas
razones.
7
T-5.210.009
Rosa Elena López Borbón
Sala Laboral del Tribunal Superior
de Bogotá
El juez amparó los derechos
fundamentales de la accionante y ordenó que se incluyera nuevamente en la
nómina de pago sin incluir el valor reliquidado.
8
T-5.210.031
María Susana Achury Peñuela
Sala Laboral del Tribunal Superior
de Bogotá
El juez amparó los derechos
fundamentales de la accionante y ordenó que se incluyera nuevamente en la
nómina de pago sin incluir el valor reliquidado.
9
T-5.210.101
Irma Mercedes Bello Parra
Juzgado 8º Civil del Circuito de
Bogotá
Negó por improcedente al considerar
que no existe una vulneración al mínimo vital ya que la accionante tiene otro
ingreso y cuenta con otros medios de defensa judicial.
10
T-5.210.169
Jairo Enrique Contreras Mendoza
Juzgado 27 Laboral del Circuito de
Bogotá
El juez declaró el hecho superado
por carencia actual de objeto ya que el actor, durante el trámite de la
tutela, fue incluido nuevamente en la nómina pensional.
11
T-5.215.512
Blanca Ligia González de Rodríguez
Sala Laboral del Tribunal Superior
de Bogotá
Negó la tutela al considerar que la
suspensión de los pagos de la pensión gracia se justificó en el deber que
tienen las autoridades de preservar los intereses económicos del Estado y no
existió vulneración al mínimo vital toda vez que la actora tiene otro
ingreso.
12
T-5.218.357
Eulalia Moreno de González
Juzgado 3º Promiscuo Municipal de
Chía
El juez tuteló los derechos
invocados y ordenó que se incluyera nuevamente a la actora en la nómina
pensional pero por el valor anterior a la reliquidación. Asimismo, le dio dos
meses a la UGPP para que terminara el proceso de revocatoria directa iniciado
contra esa actuación.
13
T-5.218. 385
Rosa Mery Velandia de Urrego
Juzgado Promiscuo de Familia de
Gachetá
El juez amparó los derechos
invocados porque la UGPP no observó los requisitos para revocar directamente
el acto. El consentimiento expreso de la accionante en el proceso se refiere
al valor reliquidado pero no autoriza la suspensión de la mesada pensional.
14
T-5.232.964
Ana Cecilia Torres Betancourt
Juzgado 25 Laboral del Circuito de
Bogotá
El juez declaró la improcedencia de
la tutela al señalar que no existe una amenaza inminente a un derecho
fundamental y existen otros mecanismos ordinarios que permiten impugnar la
decisión de suspensión
Sala Laboral del Tribunal Superior
de Bogotá
Revocó el fallo y ordenó que se
incluyera a la accionante nuevamente en la nómina de la UGPP pero por el valor
correspondiente a la mesada anterior a la reliquidación.
15
T-5-232.992
Sonia Teresa Mayorga de Rojas
Juzgado 31 Civil del Circuito de
Bogotá
Negó la tutela al señalar que la
actora no acreditó alguna condición de especial protección o la inminencia de
un daño a un derecho fundamental.
16
T-5.233.121
Teresa Escobar Cortés
Sala Laboral del Tribunal Superior
de Bogotá
Negó la acción al considerar que la
actuación no fue caprichosa.
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia
Confirmó el fallo por las mismas
razones
Carencia actual de objeto por hecho superado
17. Para empezar, la Sala quiere
reiterar que el hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión del
obligado, se ha superado la afectación del derecho fundamental en una magnitud
que hace inocuo cualquier pronunciamiento del juez de tutela. Ahora bien, en
los primeros cinco casos, la Sala observa que los accionantes gozan actualmente
de la totalidad de su pensión gracia por los montos originales anteriores a la
reliquidación, así como que la entidad demandada solamente está realizando los
descuentos legales del 12% derivados del pago de la seguridad social. Por lo
tanto, se configura claramente una carencia actual de objeto por hecho superado
ya que, por la acción de la UGPP con posterioridad a la presentación de la
tutela, cualquier pronunciamiento judicial se hace inocuo.
En ese sentido, del acervo probatorio
recaudado, no hay duda que los pagos actuales de las mesadas de pensión gracia
se han realizado cabalmente y no existe vulneración o amenaza de sus derechos
fundamentales. De esta manera, lo pretendido en las tutelas, que no era otra
que la inclusión en la nómina de pago de la entidad, fue satisfecho de manera
completa y material, lo que hace que desaparezca la vulneración o amenaza a los
derechos fundamentales.
En lo que respecta al caso se la
señora Nohora Cárdenas Cortés, identificado con el número T-5.209.992
se tiene que la accionante, durante el trámite de revisión en la Corte
Constitucional, envió un escrito señalando que desistía del proceso porque la
UGPP ya había resuelto su pretensión[186]. Aunque, como lo ha recordado
esta Corporación en numerosas oportunidades, el desistimiento es improcedente
cuando se está surtiendo la revisión de un proceso de tutela en la Corte Constitucional[187], la manifestación
de la actora es prueba suficiente para concluir que su petición ya fue resuelta
por lo que se procederá a declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado.
A su vez, en los reportes allegados
por la UGPP en lo que respecta a las tutelas de los docentes Héctor Albino
Gómez Rodríguez (T-5.210-121)[188]; Ana Sofía Valbuena de
Cabanzo (T-5.212.640)[189]; Gloria Cañón Torres (5.218.248)[190]; y Blanca Lucía
Acosta Urrego (T-5.218.386)[191] se tiene que actualmente solo
se descuenta de las pensiones de estos maestros lo correspondiente a los pagos
de seguridad social, esto es el 12% del valor de la mesada.
Sin lugar a dudas, en los casos uno
al cinco, no es necesario desplegar un análisis de fondo toda vez que los
hechos que inspiraron la presentación del amparo desaparecieron. De esta
manera, en la parte resolutiva de la sentencia se declarará la carencia actual
de objeto por hecho superado en los casos reseñados.
Temeridad de la acción de tutela
18. Por otro lado, no es posible aceptar la
procedencia de la tutela en el caso número seis de la señora Esther Julia
Lombana Delgado (T-5.233.145), toda vez que se configura la
temeridad como se advierte en las consideraciones. Para que se desvirtué la
temeridad de la acción es necesario acreditar un hecho nuevo que diferencie
sustancialmente las situaciones de hecho y de derecho en dichos amparos. Sin
embargo en el expediente de tutela queda claro que la actora, el 17 de junio
del 2015, presentó una primera acción de tutela por los mismos hechos ante el
Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá[192]. Posteriormente, el 15 de julio
siguiente, acudió al Tribunal Superior de Bogotá buscando nuevamente la
protección constitucional. Entre las dos acciones, no hay ninguna prueba o
indicio, siquiera sumario, que le permita a la Sala constatar la existencia de
un hecho nuevo que amerite un nuevo pronunciamiento constitucional. Incluso, la
Sala observa que la peticionaria utilizó exactamente el mismo formato de hechos
y consideraciones en las dos tutelas, y sólo cambio el encabezado que señalaba
el juez ante quien se presentaron los amparos.
Esto representa una actitud reprochable, ya que es un
abuso del derecho de protección judicial la interposición de dos acciones de
tutela por los mismos hechos ya que se somete de manera deliberada a la
administración de justicia a un desgaste innecesario. Por estas razones, este
caso tampoco supera el examen de procedencia por lo que en este proceso se
confirmarán los fallos de instancia que declararon la tutela improcedente por
temeridad.
Inexistencia de un perjuicio irremediable
19. Como se explicó en las consideraciones sobre
procedencia, la Corte ha señalado que la tutela contra este tipo de
acciones es procedente en aquellos casos concretos donde se demuestre que el
mecanismo ordinario carece de eficacia y de idoneidad para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. Para eso, los jueces deben verificar
si: (i) el daño es inminente, es decir, que sea una amenaza que está por
suceder; (ii) el perjuicio es grave, es decir de una magnitud o intensidad
considerable; (iii) las medidas judiciales para conjurar el perjuicio se deben
tomar de manera urgente; y (iv) que el amparo no se puede postergar toda vez
que es la única medida para garantizar un adecuado restablecimiento de los
derechos de los ciudadanos.
En los casos restantes del primer
grupo, identificados del número siete a dieciséis en la relación consignada en
la tabla que precede esta consideraciones, la Sala encuentra que ninguno de
ellos supera el análisis de procedencia en la medida en que no se observa que
se configure un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio de protección. En ese sentido, de las pruebas
decretadas se logró determinar que, a pesar de los descuentos aplicados, los
peticionarios pueden asumir los gastos relacionados con su costo de vida. De
otra parte, se está frente a una situación de debilidad manifiesta dado que, a
pesar de que se acreditaron algunos padecimientos de salud, los mismos no son
de una gravedad considerable que haga necesaria la intervención del juez
constitucional como medida urgente y transitoria de protección.
Asimismo, en estos casos no se puede predicar una
afectación general del mínimo vital que se traduzca en la configuración de un
perjuicio irremediable de los accionantes. Así, no se logró probar debidamente
una afectación cualitativa de los ingresos de los peticionarios productos del
descuento del 50% que actualmente aplica la administración. Para la Sala, la
expresión esencial del derecho a la seguridad social está representada en los
beneficios pensionales ya que los mismos son una garantía a la vida digna. Sin
embargo, en cada uno de los casos examinados se encuentra que la pensión gracia
representa un ingreso complementario en la medida en que los actores reciben
otros emolumentos, ya sea a través de una pensión de jubilación o de sus
salarios como docentes activos del departamento de Cundinamarca.
Los jueces de tutela deben analizar cada caso
particular, desde una perspectiva material y multidimensional, que entienda que
el mínimo vital no sólo es una garantía de protección para la vida digna sino
que es un instrumento de movilidad social importante en la medida en que las
personas, de manera legítima, aspiran a tener un mejor modo de vida. Sin
embargo, bajo ninguna circunstancia esto quiere decir que no se acepten límites
al concepto o que el mismo pueda ser modulado según la calidad de vida de cada
ser humano. Entre estos límites, no es aceptable acudir al mínimo vital, o
al derecho a la seguridad social, para impedir que la administración vigile la
probidad de los recursos públicos, especialmente cuando, como en este caso, se
está frente a una actuación que tiene el potencial de imponer una carga gravosa
al situado fiscal.
En el caso de la señora Rosa Elena López de Borbón
(T-5.210.009) se acreditó que sus ingresos derivados de su pensión
gracia ascienden a un valor neto a $1,189,771[193].
Igualmente, como quiera que la peticionaria no asistió a la declaración de
parte ni allegó prueba alguna que indicara una situación de vulnerabilidad o
una afectación a su mínimo vital móvil la tutela no resulta procedente[194].
En el caso de la señora María Susana Achury Peñeula
(T-5.210.031) la Sala estableció que recibe una pensión gracia neta, es
decir tras el descuento del 50%, por un valor de $1,190,535 [195].
Asimismo, la accionante, aunque no compareció a la declaración de parte[196] allegó un
escrito donde señala que sus ingresos mensuales, incluyendo la pensión gracia,
ascienden a $5,804,000. Igualmente, sin precisar una cifra, señaló que sus
gastos generales están relacionados con obligaciones familiares, fiscales y
bancarias y que no padece de ninguna enfermedad o situación que la exponga a
una situación de debilidad manifiesta[197]. Estas circunstancias, dejan claro
que no es posible determinar que existe un perjuicio irremediable que merezca
la protección del juez constitucional pues no se cualifica un impacto negativo
en la calidad de vida de la actora.
Con respecto al caso de la maestra Irma Mercedes
Bello Parra (T-5.210.101), se tiene que en la declaración de parte
que presentó ante la Corte señaló que sus ingresos ascienden a un total de $2,908,000
(derivados de su sueldo como docente y de su pensión gracia después del 50%
descontado). Igualmente, manifestó que su esposo trabaja también como profesor
y que sus obligaciones generales conjuntas son de $2,750,155 y que no padece de
ninguna enfermedad que disminuya ostensiblemente sus capacidades fiscas o
mentales[198].
Esto demuestra que no existe afectación al mínimo vital móvil de la actora ya
que su estilo de vida no se ve comprometido por la decisión de la entidad
accionada por lo que tampoco se configura un perjuicio irremediable.
En el caso del señor Jairo Enrique Contreras
Mendoza (T-5.210.169) la Sala estableció que recibe una pensión gracia
neta por $1,659,342[199].
Asimismo, el accionante no compareció a la declaración de parte[200] pero allegó
un escrito donde señala que sus ingresos mensuales, incluyendo la pensión
gracia, ascienden a $5,400,911. Igualmente acreditó un gasto mensual de
$3,757,945 y no describió encontrarse en condición de discapacidad o
vulnerabilidad física[201].
Estas circunstancias, dejan claro que no es posible determinar que existe un
perjuicio irremediable que merezca la protección del juez constitucional toda
vez que los ingresos del señor Contreras Mendoza son superiores a sus gastos y
no se cualifica un impacto negativo a partir del descuento aplicado por la UGPP
a la pensión del peticionario.
En el caso de la señora Blanca Ligia González de
Rodríguez (T-5.215.512) se acreditó que sus ingresos derivados de su
pensión gracia ascienden a un valor neto a $863,371[202].
Igualmente, como quiera que la peticionaria no asistió a la declaración de
parte ni allegó prueba alguna que indicara una situación de vulnerabilidad o
una afectación a su mínimo vital móvil la tutela no resulta procedente[203]. La misma
circunstancia se presenta en el caso de la señora Eulalia Moreno de González
(T-5.218.357) ya que solo fue posible, a través del oficio de la
UGPP, probar que percibe por su pensión gracia $645,00[204] pero, al
no presentarse a la declaración de parte ni allegar prueba alguna[205] fue
imposible establecer la existencia de un perjuicio irremediable.
En lo concerniente al caso de la señora Rosa Mery
Velandia de Urrego (T-5.218.385) la peticionaria, en su declaración
de parte, señaló que sus ingresos, de $4,500,000 derivan del sueldo que recibe
actualmente como docente en la zona rural de Gachetá y por su pensión gracia.
Frente a sus gastos aseguró que los mismos están compuestos por obligaciones
familiares y bancarias y ascienden a $1,710,000. Asimismo, frente a su condición
de salud aseveró que padece una enfermedad vascular por la que recibe tratamiento
con un médico particular y que dicha condición no afecta sus condiciones de
vida[206].
La Sala advierte entonces que no se acredita un perjuicio irremediable frente
al derecho al mínimo vital y a la seguridad social de la peticionaria pues es
evidente que, a pesar de los descuentos aplicados por la UGPP, su calidad de
vida no se ha deteriorado de manera significativa.
En el caso de la señora Ana Cecilia Tórres
Betancourt (T-5.232.964) la docente afirmó, durante su declaración
de parte, que sus ingresos ascienden a $3,908,104 producto tanto de su pensión
de jubilación como de su pensión gracia. Frente a sus gastos, indicó que los
mismos se derivan de varias obligaciones financieras que ha adquirido y de la
manutención de su hijo que vive en el exterior y que los mismos ascienden,
según los documentos que allegó a su declaración, a $2,500,000. También, no
acreditó una condición médica grave o severa por lo que no es posible, como en
los casos anteriores, confirmar que existe un perjuicio irremediable toda vez
que la actuación de la UGPP no vulneró su derecho al mínimo vital móvil en
tanto que sus ingresos le permiten vivir de manera apropiada y digna.
Frente al caso de la señora Sonia Teresa Mayorga de
Rojas (T-5.232.992) solo fue posible acreditar, mediante la UGPP,
que el ingreso neto que representa su pensión gracia es de $1,130,911[207] pues no
se presentó a la declaración de parte ni allegó pruebas documentales que dieran
cuenta de su situación[208].
Así, la Sala considera que no se probó prejuicio irremediable alguno que exija
un examen de fondo. La misma situación se presenta en el caso de la señora Teresa
Escobar Cortés (T-5.233.121) donde solo fue posible probar que su
ingreso de pensión gracia corresponde a $1,044,186[209]. Sin
embargo, como no rindió una declaración de parte ni aportó prueba alguna[210] esta Sala
concluye que tampoco se configuró un perjuicio irremediable.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la
improcedencia de las acciones de tutela descritos en precedencia ya  porque se
configuró una carencia actual de objeto por hecho superado, se incurrió en una
actuación temeraria o no se logró acreditar un perjuicio irremediable. Con
todo, y como se explicará a continuación, para la Sala existe un grupo reducido
de dos casos que merecen una consideración particular con respecto al examen de
procedencia debido a las condiciones materiales de los peticionarios en los
mismos.
Segundo grupo de casos
21. En el siguiente cuadro se presenta una relación de
los casos que, a diferencia del grupo anterior, tienen en común que se trata de
personas que acreditaron encontrarse de manera cierta en una situación de alta
vulnerabilidad ya que son sujetos de especial protección constitucional por sus
condiciones individuales.
No.
Expediente
Accionante
Jueces y decisiones de instancia
1
T-5.210.013
María Edith Peña Porras
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá
La Sala negó la tutela al considerar que
la accionante no probó encontrarse en un estadio de indefensión ya que, a
pesar de padecer cáncer, cuenta con otros ingresos.
2
T-5.212.637
Luz Amparo Agudelo Gutiérrez
Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá
El juez amparó los derechos de la actora
y ordenó restaurar los pagos de la pensión gracia por el valor anterior al
reliquidado. Igualmente, le advirtió a la UGPP que no debía suspender
nuevamente el pago sin que mediara una orden judicial ya que esa decisión
vulneró el mínimo vital de la docente.
22. Para la Sala, no hay duda de que estos casos
involucran derechos fundamentales de personas en una situación de debilidad
manifiesta lo que configura un perjuicio irremediable que hace procedente la
acción como mecanismo de protección transitorio. Por un lado, la señora María
Edith Peña Porras (T-5.210.013), cuyo caso está identificado con el
primer numero en el cuadro anterior, probó a través de las pruebas recaudadas
durante el trámite de revisión, que padece de un cáncer que se encuentra en
etapa terminal[211]. Su situación es tan
crítica que, incluso, no pudo asistir a la audiencia de declaración de parte
decretada por el despacho de la magistrada ponente por encontrarse
hospitalizada.  A su vez, en el segundo caso, se tiene que la señora Luz
Amparo Agudelo Gutiérrez (T-5.212.637) no sólo cuenta
con un ingreso precario debido al desempleo de su esposo y a la enfermedad de
su hijo sino que, además, padece de una discapacidad laboral certificada del
96%[212]. Por esa razón cualquier
modificación en los ingresos de estas dos personas, tiene el potencial de
representar un perjuicio irremediable para sus derechos fundamentales.
Bajo estas circunstancias, el análisis de
procedibilidad debe ser más flexible, pero no menos riguroso, en tanto que,
como se advirtió también en las consideraciones, las personas que se encuentran
en un estado de vulnerabilidad manifiesta encuentran en la tutela un mecanismo
idóneo y efectivo para proteger sus derechos fundamentales. Por esa razón, la
Sala entrará a resolver de fondo la controversia constitucional planteada por
las dos docentes durante el trámite de revisión y que se puede resumir en el
siguiente problema jurídico:
¿Constituye una violación a los derechos
fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y al debido proceso
administrativo la decisión de la UGPP de suspender los pagos pensionales, luego
revocar la reliquidación de los mismos y, posterior a una nueva inclusión en la
nómina, descontar el 50% del valor de las mesadas?
23. Para analizar el fondo del asunto,
primero la Sala presentará un breve resumen del régimen de la pensión gracia y
señalará las herramientas legales que tiene la administración para actuar
frente a posibles actos ilícitos relacionados con el reconocimiento de
prestaciones del régimen general de seguridad social. En segundo lugar,
reiterará las reglas jurisprudenciales sobre el alcance y contenido de los
derechos al debido proceso administrativo, a la seguridad social y al mínimo
vital. Finalmente, presentará un análisis de fondo de los dos casos concretos
que superaron el examen de procedibilidad de la acción constitucional.
El régimen de la pensión gracia y las herramientas de
la administración pública para combatir irregularidades en el reconocimiento de
prestaciones en el sistema de seguridad social -reiteración jurisprudencial-
24. Como quiera que los casos revisados se refieren,
en su totalidad, al régimen especial de la pensión gracia del magisterio la
Sala considera relevante resumir brevemente los principales antecedentes y
elementos del mismo. Por otra parte, también se explicará de manera detallada
los recursos con los que cuenta la administración pública para reaccionar ante
cualquier irregularidad en el mismo.
Antecedentes y elementos del régimen especial de la
pensión gracia
25. La pensión gracia tiene su origen legal en la Ley
114 de 1913[213], y se concibió como un estímulo a la labor docente en
el país para un momento donde existía un alto grado de analfabetismo. Su
propósito era el de beneficiar a los maestros del Estado dedicados,
inicialmente, a la educación primaria que hubieran prestado sus servicios
durante 20 o más años. La misma norma, incluso, señaló que los educadores que
gozan de este beneficio pueden recibir de manera simultánea dos pensiones, una
concedida por la Nación y otra por un Departamento. Esto era posible ya que la
estructura orgánica del sistema educativo en ese momento establecía que,
mientras la orientación y la política educativa correspondían al Ministerio de
Educación, los municipios y departamentos eran responsables directos del
suministro y atención de los establecimientos educativos, lo que incluía la
vinculación laboral de los maestros.
Posteriormente, el beneficio de la pensión gracia fue
extendido a los instructores públicos y, a través de la Ley 37 de 1933[214],
a los maestros de nivel secundario. Paralelamente, el crecimiento de la
población y la extensión gradual del servicio educativo llevó de manera
paulatina a los departamentos a tener problemas sustanciales para cubrir el
pago de los salarios y demás prestaciones sociales de los educadores. Así, a
través de la Ley 43 de 1975[215], el Estado asumió el pago directo de los docentes
oficiales a través de los Fondos Educativos Regionales. En virtud de este
proceso, conocido genéricamente como “nacionalización” los pagos que se
realizaban a través de estos fondos se hacía con dineros provenientes del
situado fiscal bajo la premisa, aún vigente, de que la educación primaria y
secundaria es un servicio público a cargo de la Nación.
Posteriormente, el Congreso expidió la Ley 91 de 1989[216]
que, entre otras cosas, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y derogó el régimen de pensión gracia al señalar que solamente los
docentes nacionalizados que estuvieran vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989 mantendrán el régimen prestacional tradicional. Por el contrario, a las
personas que se vincularon con posterioridad a esa fecha se les reconoció una
única pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del
último año. Sobre la constitucionalidad de esta última norma la Corte
Constitucional dijo, mediante la sentencia C-084 de 1999[217],
que la exclusión que incorpora dicho mandato legal es razonable en tanto que el
Congreso, en ejercicio de su función legislativa, no desconoció ningún derecho
adquirido sino que se limitó a disponer una diferenciación razonable toda vez
que simplemente suprimió una mera expectativa en la medida que no afecta un
derecho ya radicado en cabeza de los docentes que se incorporaron con
anterioridad a la fecha preceptuada.
Ahora bien, de manera sucinta, es importante recordar
cuales con los requisitos subjetivos y materiales que deben acreditar los
docentes para recibir esta pensión especial. Así, la sentencia C-479 de 1998[218], al
revisar la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley 114 de 1913,
recordó que además del criterio objetivo de servicios -20 años de trabajo como
docente- los educadores que desean
percibir una mesada especial deben: (i)  haberse conducido con honradez y
consagración en los empleos desempeñados; (ii) carecer de medios de
subsistencia en armonía con su posición social y costumbres; (iii) no haber
recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional.
Lo cual no obsta para que un maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas
pensiones como tal, concedidas por la Nación y por un Departamento; (iv) haber
observado buena conducta; (v) si es mujer, estar soltera o viuda; y (vi) haber
cumplido cincuenta años, o hallarse en incapacidad por enfermedad u otra causa,
de ganar lo necesario para su sostenimiento”.
26. Así las cosas, es claro que la pensión gracia
-régimen especial que desapareció del sistema de seguridad social- tuvo por
objeto eliminar las desigualdades
prestacionales que sufrían los maestros del país en razón de la
descentralización administrativa que se aplicó en el sistema general de
educación durante buena parte del Siglo XX. Sin embargo, como se explicará a
continuación, la administración también cuenta con varias herramientas
puntuales detectar, revisar y combatir cualquier irregularidad que se presente
en el reconocimiento o pago de las prestaciones sociales derivados, no solo del
régimen especial de la pensión gracia, sino del sistema general de seguridad
social.
Herramientas de la administración pública
para garantizar la probidad en el reconocimiento y pago de las prestaciones del
sistema general de seguridad social
27. El argumento principal de la UGPP para suspender
los pagos de la pensiones de los peticionarios, y realizar descuentos sobre las
mesadas posteriores, es el de las presuntas irregularidades en la autenticidad
de los certificados aportados en las solicitudes de reliquidación. De esta
manera, como quiera que se trata de una decisión que afectó la estabilidad del
ingreso pensional de los docentes que forman parte de la presente sentencia, es
importante explicar cuáles son las herramientas legales con las que cuenta la
administración para controlar este tipo de actuaciones.
Como marco general, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 93, señala
que los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades
que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o
funcionales, de oficio o a solicitud de parte, mediante la figura de la
revocatoria directa en cualquiera de los siguientes casos: (i) cuando sea
manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley; (ii) cuando no
estén conformes con el interés público o social, o atenten contra el mismo; o
(iii) cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona[219]. A su
vez, el mismo estatuto limita el ámbito de aplicación de la revocatoria directa
ya que, salvo excepción legislativa especial, la misma no puede proceder sin el
consentimiento previo, expreso y escrito del titular de derecho. Si este se
niega a consentir dicha revocatoria, la administración por regla general debe
acudir al contencioso y, si considera que el acto ocurrió por medios
ilegales y fraudulentos lo deberá demandar sin agotar el mecanismo de la
conciliación solicitándole al juez su suspensión provisional[220].
28. Ahora bien, resulta oportuno advertir que la Ley
797 de 2003[221]
le otorga a la administración una herramienta clara, y que constituye una
excepción a la regla general antes reseñada, en la medida en que permite que
los representantes legales de las instituciones de Seguridad Social, o quienes
como la UGPP responden por el pago de prestaciones económicas, verifiquen el
cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad
de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y
pago de la suma periódica a cargo del tesoro público cuando quiera que existan
motivos que hagan suponer que la pensión se otorgó de manera indebida. Si se
llega a comprobar que el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento
de reajuste se hizo con base en documentación falsa, se puede proceder con
la revocatoria directa del acto administrativo aún sin el consentimiento del
particular además de compulsar copias a las autoridades competentes.
Al ser objeto de control de constitucionalidad, esta
facultad fue declarada exequible de manera condicionada por esta Corporación en
la sentencia C-835 de 2003[222].
En esa oportunidad, la Corte señaló que la verificación oficiosa es un acto
mediante el cual se protege la objetividad, la transparencia, la moralidad y la
eficacia de la función pública. Sin embargo, la misma no puede ocurrir de
manera esporádica y sorpresiva de tal manera que se convierta en un cuestionamiento recurrente sobre los
motivos y casusas que dieron origen al derecho pensional. Así, una vez revisado
el asunto, la administración debe tomar una decisión definitiva que no puede
volver a cuestionar de manera indefinida. Frente a las causas que puedan llevar
a la administración a revisar de manera oficiosa este tipo de reconocimientos,
el Tribunal advirtió que deben estar fundadas en motivos reales, objetivos,
trascendentes y verificables. De lo contrario, motivaciones originadas en la
subjetividad o intuición desconocen los límites de la función pública y el
principio de la confianza legítima. En ese sentido, no se puede tratar de
cualquier incumplimiento pues ante falencias meramente formales le compete al
Estado, por el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal,
tomar de oficio las medidas tendientes al saneamiento inmediato de dichos
defectos.
Ahora bien, la Corte en la misma
sentencia advirtió que “cosa
distinta ocurre cuando el incumplimiento de los requisitos aludidos esté
tipificado como delito (por lo) que basta con la tipificación de la conducta
como delito, para que la administración pueda revocar, aunque no se den los
otros elementos de la responsabilidad penal, de tal manera que en el evento
de que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa o se halla
comprobado el incumplimiento de los requisitos, basta con que sean
constitutivos de conductas tipificadas por la ley penal, hipótesis en la cual
se inscribe la utilización de
documentación falsa, en conexidad o no con conductas tipificadas por la ley
penal tales como el cohecho, el peculado, etc.” (resaltado fuera del texto).
29. Ahora bien, en razón a que las demandadas de
amparo presentadas se basan en la suspensión temporal de los pagos pensionales
y el posterior descuento de los mismos es importante resumir las normas que
regulan este tipo de actuaciones. Así, el Decreto 994 de 2003 expresamente
señala que los descuentos realizados sobre el valor neto de la mesada
pensional, esto es, descontando el aporte para salud y a las Cajas de
Compensación Familiar, incluyendo los permitidos por la ley laboral, podrán
efectuarse a condición de que el beneficiario reciba efectivamente no menos del
50% de la mesada pensional neta[223].
30. Así las cosas, es claro que, bajo el principio del
debido proceso administrativo y la función reglada[224], la
administración puede acudir a la revocatoria directa como instrumento principal
para revocar actos que reconozca derechos prestacionales en el sistema de
seguridad social. Sin embargo, es importante advertir que esta competencia debe
estar limitada por los derechos fundamentales y garantías procesales de las
personas. Por eso, en los siguientes capítulos se reiterará la jurisprudencia
sobre los derechos fundamentales invocados por los accionantes con el fin de
analizar en la parte final de la sentencia si la actuación de la UGPP vulneró
el contenido de los mismos.
Alcance y contenido del derecho fundamental
al debido proceso administrativo -reiteración jurisprudencial-
31. El derecho al
debido proceso administrativo ha sido estudiado en múltiples oportunidades por
esta Corporación. Esta garantía se encuentra consagrada en el artículo 29
Constitucional, y se traduce en el derecho que comprende a todas las personas
de acceso a un proceso justo y adecuado. Es entonces la garantía infranqueable
que debe acompañar a todos aquellos actos que pretendan imponer legítimamente a
los sujetos cargas, castigos o sanciones como establecer prerrogativas. Si bien
la preservación de los intereses de la administración y el cumplimiento de los
fines propios de la actuación estatal son un mandato imperativo de todos los
procedimientos que se surtan a este nivel, en cada caso concreto debe llevarse
a cabo una ponderación que armonice estas prerrogativas con los derechos
fundamentales de los asociados.
La Corte
Constitucional, desde la sentencia T-442 de 1992[225],
desarrolló ampliamente la esencia del derecho fundamental al debido proceso
administrativo, al señalar que éste se mueve dentro del contexto de garantizar
la correcta producción de los actos administrativos, y por ello extiende su
cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública,
en la realización de sus objetivos y fines estatales. De esa manera, el debido
proceso cobija todas las manifestaciones de la administración, en  cuanto a la
formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los
particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada
entidad administrativa debe desarrollar.
Bajo esta premisa,
la sentencia T-957 de 2011[226],
al analizar la presunta vulneración del debido proceso administrativo en una
actuación de la Secretaría de Educación de Bogotá, condensó los elementos de
este derecho y lo definió como el conjunto complejo de condiciones que le
impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una
secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, que guarda
relación directa o indirecta entre sí, y  cuyo fin está previamente determinado
de manera constitucional y legal. Así las cosas, el objeto del mismo es el de:
(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración; (ii) la validez
de sus propias actuaciones; y (iii) resguardar el derecho a la seguridad
jurídica y a la defensa de los administrados.
Conforme a lo
anterior, las actuaciones administrativas deben adelantarse conforme a las
reglas previstas en la ley o reglamentos, garantizándose el debido proceso,
obviamente, a quien dentro de lo reglado de una u otra forma se ha hecho
partícipe en la actuación, o que queriéndolo hacer en debida forma, la
administración no se lo permita injustificadamente. Por tanto, a quien no se le
adelanta un proceso ni se hace parte de él o sus resultados no lo involucran,
le resulta impropio concluir que se le puede violentar el derecho consagrado en
el artículo 29 de la Constitución.
32. Por último, la jurisprudencia
constitucional[227]
ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías
previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la
protección del ciudadano que está incurso en una actuación judicial o
administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre
una aplicación correcta de la justicia. En ese sentido, como elementos
integradores del mismo, la Corte ha resaltado los siguientes: i) el derecho a
la jurisdicción y el acceso a la justicia; ii) el derecho al juez natural; iii)
el derecho a la defensa; iv) el derecho a un proceso público, desarrollado
dentro de un tiempo razonable; v) el derecho a la independencia del juez; y vi)
el derecho a la imparcialidad del juez o funcionario.
Alcance y contenido del derecho
fundamental a la seguridad social                        -reiteración
jurisprudencial[228]-
33. El derecho a la seguridad social ha sido consagrado desde dos
connotaciones[229]:
i) como un servicio público que se presta bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, el cual debe responder a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad; y ii) como un derecho fundamental irrenunciable en
cabeza de todos los ciudadanos. Frente a esta última dimensión, la Corte ha
señalado que la seguridad social se debe entender como el conjunto de medidas
institucionales tendientes a brindar progresivamente a los individuos y sus
familias, las garantías necesarias frente a los distintos riesgos sociales que
puedan afectar su capacidad y oportunidad, en orden a generar los recursos
suficientes para una subsistencia acorde con la dignidad del ser humano.
A su vez, como lo recordó por ejemplo la sentencia
T-013 de 2011[230],
del derecho a la seguridad social se desprende el derecho a la pensión de
jubilación, que consiste en recibir el goce efectivo de una mesada calculada de
acuerdo con los factores dispuestos por la ley para la situación de cada
persona. Se trata de un derecho fundamental que tiene como objeto brindar las
condiciones económicas para la vida digna de quienes han
trabajado por mucho tiempo.
34. Así, la jurisprudencia de esta Corporación ha
señalado reiteradamente que el derecho a la pensión es imprescriptible. Con
sustento en el carácter irrenunciable del derecho a la seguridad social
consignado en el artículo 48 de la Constitución, y conforme al principio de
solidaridad, a la especial protección que debe el Estado a las personas de
tercera edad y al principio de vida digna, ha construido una sólida línea
jurisprudencial que sostiene que el derecho a la pensión no se extingue con el
paso del tiempo. Por ejemplo, la sentencia C-230 de 1998[231] de este
Tribunal precisó, al examinar la regla de prescripción de las solicitudes de
pensiones introducida por la Ley 116 de 1928, que la protección reforzada de la
pensión se desprende del principio de solidaridad del Estado Social de Derecho
ya que es un mecanismo que busca garantizar la dignidad de los ciudadanos,
especialmente aquellos de la tercera edad como quiera que es un derecho que se
adquiere tras un periodo considerable de tiempo en los cuales se deben realizar
aportes regulares y constantes al sistema de seguridad social.
Ahora bien, la Sala procederá a continuación a
realizar un examen de procedencia de los casos concretos y, de esta forma,
determinar si es necesario resolver de fondo las controversias jurídicas
contenidas en los mismos.
Alcance y contenido del derecho al mínimo vital
como concepto cualitativo o multidimensional -reiteración jurisprudencial-
35. Como lo ha indicado la dogmatica
constitucional[232],
el sentido inicial que la Corte Constitucional le dio al concepto del mínimo
vital fue el derecho fundamental innominado como parte de una interpretación
sistemática de la Constitución. Así, por ejemplo, en la sentencia T-426 de
1992[233]
la Corte conoció el caso de un ciudadano de 69 años de edad que llevaba un
año sin devengar su pensión. Al ordenar el pago de la misma, el Tribunal señaló
que aunque la Constitución no contemplada un derecho a la subsistencia éste se
deducía del derecho a la salud, a la vida, al trabajo y a la seguridad social.
Sin embargo, posteriormente la Corte pareció
definir el mínimo vital, ya no como un derecho, sino como un elemento del
núcleo esencial de los derechos sociales prestacionales. Así, por ejemplo en la
sentencia T-081 de 1997[234]
la Corte relacionó el mínimo vital con el salario mínimo vital y móvil en la
medida en que el primero está relacionado con la remuneración proporcional a la
tiene derecho el trabajador por el trabajo realizado.
Ahora bien, posterior a este periodo la Corte fue enfática en señalar
que el mínimo vital sí es un derecho fundamental autónomo ligado estrechamente a la dignidad humana. Por ejemplo, la sentencia SU-995
de 1999[235],
al resolver varias tutelas que interpusieron diferentes maestros a los que se
les adeudaba su salario, la Corte señaló que este derecho se constituye en la porción de los ingresos del trabajador o pensionado
que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la
alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos
domiciliarios, la recreación y la atención en salud. Es decir,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho
a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional.
Sin embargo, la misma sentencia señaló con claridad
que el análisis frente al mínimo vital no se puede recudir a un examen
meramente cuantitativo sino que, por el contrario, se deben introducir
calificaciones materiales y cualitativas que dependen de cada caso concreto. En
otras palabras, cada persona tiene un mínimo vital diferente, que depende en
últimas del estatus socioeconómico que ha alcanzado a lo largo de su vida. Por
esta razón, este derecho se debe entender como una garantía de movilidad social
de los ciudadanos quienes, de manera natural, aspiran a disfrutar a lo largo de
su existencia de una mayor calidad de vida. De esa manera, la jurisprudencia de
la Corte ha aceptado que al existir diferentes nociones del mínimo vital, es
consecuente que haya distintas cargas soportables para cada persona.
Esto implica que el mínimo vital no está
constituido, necesariamente, por el salario mínimo mensual legalmente
establecido y se requiere una labor valorativa del juez constitucional en la
cual entre a tomar en consideración las condiciones personales y familiares del
peticionario, así como sus necesidades básicas y el monto mensual al que ellas
ascienden. De igual manera, es indispensable llevar a cabo una valoración
material del trabajo que desempeña el actor o desempeñaba el hoy pensionado, en
aras de la protección a la dignidad humana como valor primordial del
ordenamiento constitucional[236].
En el caso específico de los pensionados, la sentencia
T-827 de 2004[237]conoció del caso de un antiguo trabajador de Foncolpuertos al que le
fue impuesto un descuento sobre su mesada pensional. En dicha oportunidad, la
Corte señaló que el mínimo vital de los pensionados no sólo resulta
vulnerado por la falta de pago o por el retraso injustificado en la cancelación
de las mesadas pensionales sino también por el pago incompleto de la pensión.
Esta circunstancia ha sido puesta de presente por la Corte Constitucional en
eventos en que se ha reducido el monto de la pensión o se paga una parte de las
mesadas. En la misma sentencia, el Tribunal recordó que la
jurisprudencia ha fijado reglas generales, no objetivas, para determinar qué
requisitos se deben comprobar para acreditar la vulneración del mínimo vital,
así: (i) si el salario o mesada afectada es el ingreso exclusivo del trabajador
o del pensionado o si existen ingresos adicionales estos son insuficientes para
la cobertura de sus necesidades básicas; y (ii) si la falta de pago de la
prestación genera para el afectado una situación crítica tanto a nivel
económico como psicológico, derivado de un hecho injustificado, inminente y
grave.
De otra parte, en repetidas ocasiones, como lo
resaltó la sentencia T-536 de 2010[238]
cuando conoció el caso de dos pensionados de la tercera edad a los que la
alcaldía de San Pelayo no consignaba de manera puntual y completa su mesada
pensional, la Corte ha advertido que las reglas expuestas sobre la protección del
mínimo vital se refuerzan para los casos de incumplimiento o descuentos cuando
los titulares de la prestación son sujetos de especial protección
constitucional.
36. Como conclusión, se puede advertir que el
derecho al mínimo vital tiene un carácter móvil y multidimensional que no
depende exclusivamente del análisis cuantitativo de ingresos y egresos de la
persona. En otras palabras, como herramienta de movilidad social, el mínimo
vital debe ser entendido de manera dual, ya que además de ser una garantía
frente a la preservación de la vida digna, se convierte en una medida de la
justa aspiración que tienen todos los ciudadanos de vivir en mejores
condiciones y de manera más cómoda.
Ahora bien, realizadas las anteriores
consideraciones jurídicas, la Sala pasará a analizar los casos concretos.
Análisis de los casos concretos
37. En primer lugar, la Sala recuerda
que el problema jurídico a resolver en las tutelas de la señoras Peña Porras y
Agudelo Gutiérrez se circunscribe a establecer si la decisión de la UGPP de suspender los pagos
pensionales, luego revocar la reliquidación de los mismos y, posterior a una
nueva inclusión en la nómina, descontar el 50% del valor de las mesadas
constituye una violación a los derechos fundamentales al mínimo vital, a la
seguridad social y al debido proceso administrativo. Así, y en primer lugar, la Sala quiere
anotar que no se trata de
declarar una suerte de excepción de inconstitucionalidad a las normas que le
permiten a la UGPP realizar el descuento, ni mucho menos aquella que le
autoriza a revocar directamente las resoluciones de reliquidación producto del
fraude sin el consentimiento del administrado. Por el contrario, ante la
situación particular de las dos peticionarias, es necesario interpretar de una
manera armónica y finalista el margen de discrecionalidad que fijó el ya
mencionado Decreto 994 de 2003 de tal manera que una decisión plenamente
justificada del Estado no impongo cargas excesivas sobre aquellos que, por su
condición material, son sujetos de especial protección constitucional.
En ese sentido, para este Tribunal no cabe duda de
que, en esta oportunidad, la actuación de la administración, en lo que respecta
al derecho fundamental al debido proceso administrativo, no puede ser atacada a
través de la justicia constitucional. Esto se debe a que la UGPP cumplió de
manera celosa con su obligación de actuar de manera inmediata y efectiva ante
sospechas fundadas en los certificados expedidos por la Secretaría de Educación
de Cundinamarca, documentos que sirvieron como soporte a las peticiones de
reajuste que presentaron los accionantes.  Es más, ante la magnitud del
presunto fraude -no hay que olvidar que la UGPP en sus respuestas dio cuenta de
más de 1500 peticiones sospechosas- haría mal la Corte en desconocer la
obligación que tiene la administración de atacar focos de corrupción,
especialmente frente a esquemas de distribución de recursos escasos como el que
representa el sistema de seguridad social en pensiones. Así, la administración actuó amparada bajo
expresas facultades legales -especialmente las contenidas en la citara Ley 797
de 2003 y en el Decreto 994 de 2003- y los límites impuestos por la
jurisprudencial frente a dicha discrecionalidad.
Sin embargo, bajo el principio del mínimo vital móvil
y cualitativo ya descrito,  queda claro que cualquier cambio que morigere los
ingresos de estas personas, representa una grave afectación a su vida digna y
su estabilidad familiar.  Es por esto que las tutelas de la señora Peña Porras
y Agudelo Gutiérrez, a diferencia de los que hacen parte del primer grupo y que
no superaron el examen de procedencia, merecen una protección reforzada.
Así, en el primer caso se tienen probados los
siguientes hechos: (i) la peticionaria padece de cáncer terminal[239]; (ii) la
reliquidación de su pensión gracia fue revocada y, en consecuencia, actualmente
se está aplicando un descuento del 50% sobre el monto anterior a dicho reajuste[240]; y (iii)
sus ingresos dependen exclusivamente de la pensión gracia y pensión de
jubilación y atienden directamente sus gastos de manutención y salud[241].
A su vez, la Sala logró acreditar con certeza los
siguientes hechos en el segundo caso: (i) la accionante posee una pérdida de
capacidad laboral del 96%[242];
(ii) la reliquidación de la pensión gracia fue revocada y actualmente se está
aplicando un descuento del 50% sobre el monto no reajustado por concepto de
pago no acreditados, incluyendo un retroactivo de $18,236,130 pesos[243]; y (iii)
su núcleo familiar está compuesto por su hijo mayor de edad, quien actualmente
se encuentra recluido en un centro de tratamiento contra la drogadicción, y su
esposo, que se encuentra desempleado por lo que no cuenta con un ingreso
estable[244].
Frente a estas circunstancias, para la Sala resulta
evidente que cualquier cambio en los ingresos económicas de las docentes -así
los mismos se deriven, como en estos casos, de una correcta aplicación de las normas
legales sobre la materia por lo que no son el resultado de una actuación
arbitraria de la administración que desconozca el debido proceso administrativo-
afecta de manera sustancial la dignidad de las afectadas en tanto que, bajo el
principio de mínimo vital móvil, la decisión de aplicar el tope máximo
permitido por la ley tiene el potencial de imponer cargas desmedidas que
impidan el desarrollo adecuado de un estilo de vida afectado por circunstancias
de debilidad manifiesta. Por esa razón, la Sala revocará los fallos de
instancia bajo el entendido de que no se vulneró el derecho al debido proceso
administrativo pero, cuando se aplicó la tasa máxima de descuento autorizada
por la ley, no se interpretó de manera armónica y sistemática, en estos dos
casos puntuales, las garantías derivadas de los derechos fundamentales al
mínimo vital móvil y a la seguridad social. Por esta razón, como medida de
protección transitoria, se le ordenará a la UGPP expedir un nuevo acto
administrativo motivado que garantice que los descuentos aplicados sean
proporcionales y no vulneren el principio de las cargas soportables derivados
de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social.
Igualmente, se le informará a las peticionarias que pueden acudir a los medios
de control ante la justicia administrativa, en los tiempos procesales fijados
para esos efectos, en caso de considerar que el nuevo descuento no resulta proporcionado.
Por último, y como forma de aportarle información relevante a la UGPP que fue
recaudada por la Corte durante el trámite de revisión, y sin perjuicio de que
la entidad pueda acopiar sus propios elementos de juicio, se le compulsarán
copias a la entidad de las declaraciones de parte de las docentes y del material
probatoria que éstas allegaron al Tribunal.
Como conclusión,  para efectos de claridad procesal y
conceptual, se presentará de manera expresa la decisión que en cada caso se va
a tomar, a partir del análisis global realizado. Así, la siguiente lista -y que
sigue el orden señalado en la referencia de esta sentencia- explicará la manera
como la Sala resolverá las tutelas revisadas en esta oportunidad.
Recapitulación de decisiones
1. T-5.209.992
En el caso de la señora Nohra Cárdenas
Cortés se declarará la improcedencia la carencia actual de objeto por hecho
superado toda vez que, como se explicó, la peticionaria informó expresamente a
la Corte que desistía de su tutela como quiera que la petición de la misma ya
había sido atendida por la UGPP.
2. T-5.210.009
En el caso de la señora Rosa Elena
López Borbón la Sala revocará la decisión de instancia que ordenó la
inclusión de la peticionaria en la nómina de la entidad pero por el monto
anterior al  reajuste por la reliquidación producto del fraude. En su lugar, se
declarará la improcedencia de la acción de tutela en tanto que la accionante ya
se encuentra en la nómina de la entidad y el descuento del 50% de la pensión
gracia aplicado en la actualidad no represente un perjuicio irremediable para
sus derechos fundamentales.
3. T-5.210.013
En el caso de la señora María Edith
Peña Porras la Sala revocará el fallo de instancia y amparará los derechos
fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social de la peticionaria. Así,
se ordenará como medida de protección transitoria, como quiera que la
accionante padece de un cáncer terminal y se encuentra por lo tanto en una
situación de debilidad manifiesta, que se suspendan de manera inmediata los
descuentos aplicados actualmente a su mesada de pensión gracia por encima de
los correspondientes al pago de la seguridad social en salud. También se ordenará
a la UGPP expedir un nuevo acto administrativo motivado que, tras un análisis de
todos los elementos materiales (incluyendo los aportados ante la Corte) que
permita determinar cuáles son las  cargas soportables por la actora, fije un
nuevo valor del descuento que garantice que los derechos fundamentales de la
peticionaria no sean vulnerados.
4. T-5.210.031
En el caso de la señora María Susana
Achury Peñuela la Sala revocará la decisión de instancia que ordenó la
inclusión de la peticionaria en la nómina de la entidad pero por el monto
anterior al  reajuste por la reliquidación producto del fraude. En su lugar, se
declarará la improcedencia de la acción de tutela en tanto que la accionante ya
se encuentra en la nómina de la entidad y el descuento del 50% de la pensión
gracia aplicado en la actualidad no represente un perjuicio irremediable para
sus derechos fundamentales.
5. T-5.210.101
En el caso de Irma Mercedes Bello
Parra la la Sala confirmará la decisión de instancia que declaró la
improcedencia de la tutela en el sentido de que la acción no superó el análisis
de procedencia de las tutelas contra actos administrativos toda vez que la
peticionaria ya se encuentra en la nómina de la entidad y el descuento del 50%
de la pensión gracia aplicado en la actualidad no represente un perjuicio
irremediable para sus derechos fundamentales.
6. T-5.210.121
Con respecto al caso del señor Héctor
Gómez Rodríguez se declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado toda vez que, como se explicó, la UGPP certificó que en la actualidad
el actor está recibiendo su mesada pensional completa y que solamente sobre la
misma se efectúa el descuento legal del 12% correspondiente a los pagos de
seguridad social.
7. T-5.210.169
En el caso del señor Jairo Enrique
Contreras Mendoza la Corte confirmará la decisión de instancia que declaró
la carencia actual de objeto puesto que la UGPP ya había incluido al peticionario
en la nómina de la entidad con la mesada pensional correspondiente al valor
anterior a la reliquidación. Además, éste no logró acreditar la existencia de
un perjuicio irremediable con la decisión de la administración de aplicar un
descuento del 50% sobre su pensión gracia como medida para recuperar los
valores adicionales que le fueron reconocidos de manera injustificada por el
fraude en el que incurrió.
8. T-5.212.637
En el caso de la señora Luz Amparo
Agudelo Gutiérrez la Sala confirmará parcialmente el fallo de instancia que
amparó los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social pero
ordenará, como quiera que la accionante tiene una pérdida de capacidad laboral
certificada del 96% y se encuentra por lo tanto en una situación de debilidad
manifiesta, que se suspendan de manera inmediata los descuentos aplicados
actualmente a su mesada de pensión gracia por encima de los correspondientes a
los pagos de seguridad social. Así, se le ordenará a la UGPP expedir un nuevo
acto administrativo motivado que, tras un análisis de todos los elementos
materiales que permitan determinar cuáles son las  cargas soportables por la
actora, fije un nuevo valor del descuento que garantice que los derechos
fundamentales de la peticionaria no sean vulnerados.
9. T-5.212.640
En el caso de Ana Sofía Valbuena
Cabanzo se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado toda
vez que, como se explicó, la UGPP certificó que en la actualidad la actora
recibe  recibiendo su mesada pensional completa y que solamente sobre la misma
se efectúa el descuento legal del 12% correspondiente a los pagos de seguridad
social.
10. T-5.215.512
En el proceso de tutela de Blanca
González de Rodríguez la Sala confirmará la decisión de instancia en el
sentido de que la acción no superó el análisis de procedencia de las tutelas
contra actos administrativos ya que, no solo la actora se encuentra incluida
nuevamente en la nómina de la entidad por el valor anterior a la reliquidación,
sino que la misma cuenta con otros medios de defensa judicial para impugnar los
descuentos realizados por la UGPP y no acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable.
11. T-5.218.248
En el caso de la señora Gloria Cañón
Torres se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado toda
vez que, como se explicó, la UGPP certificó que en la actualidad la actora
recibe  recibiendo su mesada pensional completa y que solamente sobre la misma
se efectúa el descuento legal del 12% correspondiente a los pagos de seguridad
social.
12. T-5.218.357
En el caso de la señora Eulalia Moreno
de González la Sala revocará la decisión de instancia que ordenó la
inclusión de la peticionaria en la nómina de la entidad pero por el monto
anterior al  reajuste por la reliquidación producto del fraude. En su lugar, se
declarará la improcedencia de la acción de tutela en tanto que la accionante ya
se encuentra en la nómina de la entidad y el descuento del 50% de la pensión
gracia aplicado en la actualidad no represente un perjuicio irremediable para
sus derechos fundamentales.
13. T-5.218.385
En el proceso de Rosa Mery Velandia de
Urrego la Sala revocará la decisión de instancia que ordenó la inclusión de
la peticionaria en la nómina de la entidad pero por el monto anterior al
reajuste por la reliquidación producto del fraude. En su lugar, se declarará la
improcedencia de la acción de tutela en tanto que la accionante ya se encuentra
en la nómina de la entidad y el descuento del 50% de la pensión gracia aplicado
en la actualidad no represente un perjuicio irremediable para sus derechos
fundamentales.
14. T-5.218.386
En el caso de Blanca Lucía Acosta
Urrego se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado toda
vez que, como se explicó, la UGPP certificó que en la actualidad la actora
recibe  recibiendo su mesada pensional completa y que solamente sobre la misma
se efectúa el descuento legal del 12% correspondiente a los pagos de seguridad
social.
15. T-5.232.964
En el caso de Ana Cecilia Torres
Betancourt la Sala revocará la decisión de instancia que ordenó la
inclusión de la peticionaria en la nómina de la entidad pero por el monto
anterior al  reajuste por la reliquidación producto del fraude. En su lugar, se
declarará la improcedencia de la acción de tutela en tanto que la accionante ya
se encuentra en la nómina de la entidad y el descuento del 50% de la pensión
gracia aplicado en la actualidad no represente un perjuicio irremediable para
sus derechos fundamentales.
16. T-5.232.992
En el proceso de Sonia Mayorga de
Rojas el Tribunal confirmará la decisión de instancia en el sentido de que
la acción no superó el análisis de procedencia de las tutelas contra actos
administrativos ya que, no solo la actora se encuentra incluida nuevamente en
la nómina de la entidad por el valor anterior a la reliquidación, sino que la
misma cuenta con otros medios de defensa judicial para impugnar los descuentos
realizados por la UGPP y no acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable.
17. T-5.233.121
En el caso de Teresa Escobar Cortés se
confirmará la decisión de instancia en el sentido de que la acción no superó el
análisis de procedencia de las tutelas contra actos administrativos ya que, no
solo la actora se encuentra incluida nuevamente en la nómina de la entidad por
el valor anterior a la reliquidación, sino que la misma cuenta con otros medios
de defensa judicial para impugnar los descuentos realizados por la UGPP y no
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.
18. T-5.233.145
Finalmente, en el caso de la señora Esther
Julia Lombana Delgado la Sala confirmará el fallo de la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, que a su vez confirmó el fallo de la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá, por encontrar que la acción de tutela no
superó el análisis de temeridad.
Conclusión
La Sala encontró que en las dieciocho
tutelas revisadas en la presente sentencia no se desconoció el derecho al
debido proceso en lo que respecta a la revocatoria directa de los actos
administrativos que reconocieron las reliquidaciones de la pensión gracia.
Esto, debido a que se surtieron las notificaciones del caso y la administración
acudió a una facultad legal que expresamente le permite abstenerse de contar
con el consentimiento del afectado cuando existan motivos que permitan suponer
que la prestación fue reconocida de manera irregular. Igualmente, la Corte
encontró que, aunque los casos guardan una identidad material entre sus hechos
y pretensiones, los mismos deben ser resueltos de manera diferente. Por eso, se
dividieron los casos en dos grupos distintos. En el primero, la Corte encontró
que ningunos de los casos reseñados superaron el análisis de procedencia. En
algunos, se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado ya que, o
los accionantes desistieron expresamente de la tutela en el curso de la
revisión, o la UGPP restauró los pagos pensionales y solo efectúa los
descuentos legales correspondientes a los pagos de seguridad social. Por otro
lado, en otro, se corroboró que se trataba de una actuación temeraria.
Finalmente, en los demás casos, no se acreditó un perjuicio irremediable y no
se estaba frente a sujetos de protección constitucional que obligaran a
flexibilidad el análisis de procedibilidad. En último lugar, en un reducido
grupo de casos, la Sala logró cerciorarse de que se afectaban los derechos al
mínimo vital y a la seguridad social de dos personas en condición de debilidad
manifiesta por lo que, como medida transitoria de protección, se ordenará la
suspensión inmediata de los descuentos por encima de los correspondientes al
pago de la seguridad social mientras se expida un nuevo acto administrativo en
cuya motivación se puedan analizar todos los elementos materiales que considere
oportuno la UGPP para fijar un descuento razonable que no vulnere el principio
de las cargas soportables derivado de estos derechos.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO en el proceso iniciado por la señora Nohra Aura Cárdenas Cortés,
identificado con el número de referencia T-5.209.992, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo.- REVOCAR
la decisión proferida por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá que en providencia del 24 de agosto de 2015 amparó
los derechos fundamentales de la señora Rosa Elena López de Borbón en el
proceso identificado con el número de referencia T-5.210.009. En su
lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
Tercero.- REVOCAR
la decisión proferida por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá que en providencia del 10 de agosto de 2015 declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora María Edith Peña
Porras en el proceso identificado con el número de referencia T-5.210.013
por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. En
consecuencia, ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social que suspenda de
manera inmediata los descuentos que viene aplicando a la pensión gracia y que
resultan superiores a aquellos que se efectúan para el pago de seguridad
social. Igualmente, ORDENAR a la entidad que en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
sentencia expida un nuevo acto administrativos cuya motivación, después de
recaudar todos los elementos materiales y probatorios que a su juicio sean
necesarios, le permita fijar un descuento proporcional que no imponga una carga
severa sobre el mínimo vital de la señora Peña Porras. De la misma manera, por
Secretaría General, CÓMPULSESE copias a la Unidad del cuaderno de
pruebas del expediente de la referencia para que sea analizado integralmente
dentro del nuevo proceso administrativo.
Cuarto.- REVOCAR
la decisión proferida por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá que en providencia del 25 de agosto de 2015 amparó
los derechos fundamentales de la señora María Susana Achury Peñuela en el
proceso identificado con el número de referencia T-5.210.031. En su
lugar DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia
Quinto.- CONFIRMAR
la decisión proferida por el Juzgado Octavo Civil
del Circuito de Bogotá que en providencia del 14 de agosto de 2015 DECLARÓ
IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora Irma Mercedes
Bello  Parra  en el proceso identificado con el número de referencia T-5.210.101
por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
Sexto.- DECLARAR
LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO en
el proceso iniciado por el señor Héctor Gómez Rodríguez, identificado con el
número de referencia T-5.210.121, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
Séptimo.- CONFIRMAR
la decisión proferida por el Juzgado 27 Laboral del
Circuito de Bogotá que en providencia del 12 de julio de 2015 DECLARÓ LA
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO  en la tutela interpuesta por la
señor Jairo Enrique Contreras Mendoza en el proceso identificado con el número
de referencia T-5.210.169 por las razones expuestas en la parte motiva
de esta sentencia.
Octavo.- CONFIRMAR
PARCIALMENTE la decisión proferida en por el
Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá que en providencia del 15 de
septiembre de 2015 amparó los derechos fundamentales de la señora Luz Amparo
Agudelo Gutiérrez en el proceso identificado con el número de referencia T-5.212.637
por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. En
consecuencia, ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social que suspenda de
manera inmediata los descuentos que viene aplicando a la pensión gracia y que
resultan superiores a aquellos que se efectúan para el pago de seguridad
social. Igualmente, ORDENAR a la entidad que en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
sentencia expida un nuevo acto administrativos cuya motivación, después de
recaudar todos los elementos materiales y probatorios que a su juicio sean
necesarios, le permita fijar un descuento proporcional que no imponga una carga
severa sobre el mínimo vital de la señora Agudelo Gutiérrez. De la misma
manera, por Secretaría General, CÓMPULSESE copias a la Unidad del
cuaderno de pruebas del expediente de la referencia para que sea analizado
integralmente dentro del nuevo proceso administrativo.
Noveno.- DECLARAR
LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO en
el proceso iniciado por la señora Ana Sofía Valbuena Cabanzo, identificado con
el número de referencia T-5.212.640, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia.
Décimo.- CONFIRMAR
la decisión proferida por la Sala de Familia del
Tribunal Superior de Bogotá que en providencia del 18 de septiembre de 2015
DECLARÓ IMPROCEDENTE la tutela presentado por la señora Blanca Ligia
González de Rodríguez en el proceso identificado con el número de referencia T-5.215.512
por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
Decimoprimero.-
DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO en el proceso iniciado por la señora Gloria Cañón Torres,
identificado con el número de referencia T-5.218.248, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
Decimosegundo.-
REVOCAR la decisión proferida en por el Juzgado
Tercero Promiscuo Municipal de Chía que en providencia del 5 de agosto de 2015
amparó los derechos fundamentales de la señora Eulalia Moreno de González en el
proceso identificado con el número de referencia T-5.218.357. En su
lugar DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
Decimotercero.-
REVOCAR la decisión proferida en por el Juzgado
Promiscuo de Familia de Gachetá que en providencia de 13 de agosto de 2015
amparó los derechos de la señora Rosa Mery Velandia de Urrego en el proceso
identificado con el número de referencia T-5.218.385. En su lugar DECLARAR
IMPROCEDETNTE la acción de tutela por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
Decimocuarto.-
DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO en el proceso iniciado por la señora Blanca Lucía Acosta Urrego,
identificado con el número de referencia T-5.218.386 por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
Decimoquinto.-
REVOCAR la decisión proferida por la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá que en providencia del 8 de septiembre de 2015
amparó los derechos fundamentales de la señora Ana Cecilia Torres Betancourt en
el proceso identificado con el número de referencia T-5.232.964. En su
lugar DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
Decimosexto.-
CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado 31
Civil del Circuito de Bogotá que en providencia del 16 de septiembre de 2015 DECLARÓ
IMPROCEDENTE la tutela presentado por la señora Sonia Teresa Mayorga de
Rojas en el proceso identificado con el número de referencia T-5.232.992
por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
Decimoséptimo.-
CONFIRMAR la decisión proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que en providencia del 23 de
septiembre de 2015 DECLARÓ IMPROCEDENTE la tutela presentado por la
señora Teresa Escobar Cortés en el proceso identificado con el número de
referencia T-5.233.121 por las razones expuestas en la parte motiva de
esta sentencia.
Decimoctavo.-
CONFIRMAR la decisión proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que en providencia del 23 de
septiembre de 2015 negó por TEMERIDAD el amparo de tutela presentado por
la señora Esther Julia Lombana Delgado en el proceso identificado con el número
de la referencia T-5.233.145 por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
Decimonoveno.- Por Secretaría General, LIBRAR la comunicación a que se
refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con
Aclaración de Voto
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE
VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA
T-147/16
ACCION DE TUTELA
CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS-No se debió decretar el fenómeno de carencia actual de objeto sin
previamente establecer los lineamientos conceptuales necesarios para determinar
si se vulneró o no los derechos de los accionantes (Aclaración de voto)
La sentencia
debió estudiar caso a caso la constitucionalidad del procedimiento adelantado
de cara a la masividad de las medidas decretadas. Incluso aun reconociendo la
existencia del fenómeno de carencia actual de objeto, considero que la Sala pudo
abordar este punto bajo la teoría de protección a la "dimensión
objetiva del derecho".
Referencia: expedientes
T-3.5.209.992 y acumulados
Acciones de
tutela instauradas por Nohra Cárdenas Cortes y otros contra la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Con el debido respeto por las decisiones
de esta Corporación presento aclaración de voto al fallo adoptado dentro de la
sentencia T-147 de 2016, expedida por la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional.
Las razones que sustentan la presentación
de la aclaración se exponen a continuación:
En el marco de la tutela se demostró que
la Unidad de Gestión de Pasivos Pensiónales de manera masiva y generalizada
cuestionó más de 3.029 reliquidaciones por presuntas irregularidades y
falsedades. De estas, más de 1.000 fueron finalmente suspendidas
unilateralmente en la etapa de investigación.
Si bien respaldo que la UGPP adelante las
actuaciones encaminadas a obtener el saneamiento de los recursos destinados al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones, considero que la Sala no debió en los
casos analizados decretar el fenómeno de carencia actual de objeto sin
previamente establecer los lineamientos conceptuales necesarios para determinar
si se vulneró o no los derechos de los accionantes.
Lo anterior por
cuanto, el eje de las tutelas giraban en torno a la manera como la entidad
demandada adelantó el proceso de revisión y suspensión de las pensiones, y en
este orden de ideas, creo que al ser el argumento principal de la controversia
planteada, era indispensable que la sentencia T-147 de 2016 hiciese un
detallado análisis respecto de la constitucionalidad de la medida adoptada.
Es decir, la
sentencia T-147 de 2016 debió estudiar caso a caso la constitucionalidad del
procedimiento adelantado de cara a la masividad de las medidas decretadas.
Incluso aun reconociendo la existencia del fenómeno de carencia actual de
objeto, considero que la Sala pudo abordar este punto bajo la teoría de
protección a la "dimensión objetiva del derecho".
Respecto a la facultad de las Salas de
Revisión para pronunciarse sobre la constitucionalidad de una medida adoptada a
pesar de que sus efectos ya se hayan consumado al momento de adoptar un fallo,
la Corte en sentencia T-570 de 2014 afirmó:
"Si se tiene en cuenta que la finalidad principal de la
acción de tutela es garantizar la protección de los derechos fundamentales,
debe afirmarse que en el caso objeto de estudio ya no puede alcanzarse ese fin,
y serian inocuas las órdenes que ye impartieran como su protección. Por ello
debe determinarse si la Sala conserva o no la competencia para pronunciarse de
fondo. Tal cuestionamiento ha sido resuelto pacíficamente en la jurisprudencia constitucional de
manera afirmativa. Así. se ha sostenido que cuando las situaciones de hecho que
amenazan o vulneran los derechos fundamentales de
las personas cesan o desaparecen durante el trámite de la tutela, el juez
constitucional tiene la facultad de resolver de fondo el asunto.
En estos casos,
resulta perentorio que el juez de amparo, tanto de instancia como en sede de
Revisión, se pronuncie sobre la vulneración de los derechos invocados en la demanda, y sobre el alcance de los mismos. De esta
forma, se busca garantizar la justicia material y proteger la dimensión
objetiva de los derechos fundamentales que se desconocieron. Por lo tanto,
cuando se configura un daño consumado, el juez constitucional no solo tiene la
facultad sino el deber de pronunciarse de fondo, y exponer las razones por las
cuales se produjo un perjuicio en cabeza del accionante, además de realizar las
advertencias respectivas como garantía de no repetición. Así las cosas, cuando
hay carencia de objeto, independientemente de si durante el proceso se superó
la causa de la vulneración a los derechos fundamentales, o si por el contrario,
dicha violación generó al peticionario un daño irreparable, La Corte Constitucional guarda la
competencia para pronunciarse de fondo en el asunto, con el propósito de
salvaguardar la dimensión objetiva de los derechos fundamentales y promover en
la comunidad la garantía de no repetición de actuaciones desconocedoras de la
Constitución[245]"
Así las cosas, creo que la ponencia debió
con fundamento en la dimensión objetiva del derecho analizar las
particularidades procesales que rodearon la suspensión de cada uno de los 16
casos afectados por la carencia actual de objeto, con el fin de establecer si
la UGPP vulneró los derechos de los accionantes, y en caso de llegar a probarse
la eventual violación al debido proceso, pudo instarlo a que a futuro solo
interrumpiera el pago de una prestación cuando objetivamente se den los presupuestos
legales contemplados en el Artículo 19 de la Ley 797 de 2003. Este establece lo
siguiente: "En caso de comprobar el incumplimiento de los
requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa,
debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo
aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades
competentes".
De esta manera dejo expuestas las razones
que me llevan a aclarar voto en la presente decisión
Fecha ut supra,
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
[1] Ordenanza 13 de 1947. Artículo 5. “Los empleados y obreros
del Departamento que hayan cumplido veinte años o más, al servicio de
Cundinamarca, que no hayan sido pensionados y que se hallen en ejercicio de sus
funciones con una antigüedad no menor de cinco años, sin solución de
continuidad, tendrán derecho a un aumento del veinte por ciento del sueldo o
jornal que devenguen. La Gobernación procederá a liquidar en el presupuesto las
partidas correspondientes, quedando ampliamente facultada para hacer las
operaciones del caso, a fin de dar cumplimiento a esta disposición, la cual
regirá desde el día primero de julio próximo”.
[2] Auto de pruebas
(folio 18; cuaderno de revisión expediente T-5.209.992)
[3] Auto de
comisión (folio 22; cuaderno de revisión expediente T-5.209.992)
[4] “Primero.- ORDENAR que por Secretaría General de la Corte se OFICIE a los
accionantes en los procesos de tutelas acumulados, de acuerdo al orden señalado
por el cuadro anexo al presente auto, para que se presenten el día 22 de
febrero de 2016 en las instalaciones de la Corte Constitucional (Sala de
Audiencias del Segundo Piso) ubicadas en la Calle 12 #7-65 de la ciudad de
Bogotá D.C. para presentar una declaración de parte con el fin de dar respuesta
a las siguientes preguntas: i) ¿Cuáles son sus fuentes de ingresos y el monto
mensual de los mismos?; ii) ¿Qué obligaciones económicas de carácter familiar,
fiscal, bancarias o de otro tipo tiene en estos momentos?; y iii) ¿Actualmente
padece de alguna condición médica que afecte gravemente su salud y que se
encuentre debidamente acreditada por su EPS?. En el mismo oficio, se indicará
que los accionantes deben confirmar su participación en la diligencia judicial
para el día 18 de febrero de 2016 comunicándose al despacho de la Magistrada
Sustanciadora en el teléfono 3506200 (extensión 3018). De no poder asistir a la
diligencia judicial, los accionantes podrán enviar por escrito las respuestas
al cuestionario relacionado anteriormente, dentro de los dos (2) días hábiles
siguientes a la audiencia”. (Op. Cit. Auto de pruebas. Folio 18).
[5] Ibídem; folio
19.
[6] Copia simple de
la cédula de ciudadanía (folio 1; cuaderno de única instancia).
[7] Resolución de
reconocimiento de la pensión gracia (folio 2; cuaderno de única instancia).
[8] Resolución de
reliquidación pensional (folio 36; cuaderno de única instancia).
[9] Memorial de
respuesta de la UGPP (folios 34 a 73; cuaderno de única instancia).
[10]
Oficio presentado por la Secretaría de Educación de Cundinamarca a la UGPP
(folio 42; cuaderno de única instancia).
[11]
Memorial suscrito por el apoderado de la actora donde expresa el consentimiento
para efectuar la revocatoria directa (folio 49; cuaderno de única instancia).
[12]
Resolución de la UGPP por la cual se revoca la resolución de reliquidación  del
20 de enero de 2015 en favor de la accionante (folios 50 a 52; cuaderno de
única instancia).
[13]
Respuesta de la UGPP (folio 70; cuaderno de única instancia).
[14]
Sentencia de única instancia (folios 23 a 30; cuaderno de única instancia).
[15] Acta
de no comparecencia (folio 25; cuaderno de revisión).
[16]
Reporte de pagos del FOPEP (folio 65; cuaderno de revisión).
[17]
Ibídem; folio 65.
[18]
Memorial enviado por la señora Nohora Cárdenas Cortés a la Corte Constitucional
folio 28; cuaderno de revisión).
[19]
Copia simple de la cédula de ciudadanía (folio 1; cuaderno de única instancia).
[20]
Resolución de reconocimiento de reliquidación pensional (folio 2; cuaderno de
única instancia).
[21] Op.
Cit. Resolución de reliquidación de pensión gracia de la actora (folio 2;
cuaderno de única instancia).
[22]
Memorial de respuesta de la UGPP (folios 84 a 117; cuaderno de única
instancia).
[23]
Oficio presentado por la Secretaría de Educación de Cundinamarca a la UGPP
(folio 68; cuaderno de única instancia).
[24]
Oficio radicado por la Rosa Helena López de Borbón ante la UGPP (folio 76;
cuaderno de única instancia).
[25]
Resolución de la UGPP por la cual se revoca la resolución de reliquidación  del
20 de diciembre de 2013 en favor de la accionante (folios 87 a 89; cuaderno de
única instancia).
[26] Inicialmente, el
Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá conoció de la demanda de tutela. Sin
embargo, al advertir que la UGPP es una entidad del nivel nacional, decidió
remitir[26]
el caso al Tribunal Superior de Bogotá al considerar que debían aplicar las
reglas de reparto contempladas en el Decreto 1382 de 2000.
[27] Acta
de no comparecencia (folio 19; cuaderno de revisión).
[28]
Reporte de pagos del FOPEP (folio 43; cuaderno de revisión expediente
T-5.209.992).
[29]
Ibídem; folio 43.
[30]
Copia de la historia clínica de la peticionaria (folios 6 a 11; cuaderno de
única instancia).
[31]
Resolución de reconocimiento de reliquidación pensional (folio 13; cuaderno de
única instancia).
[32]
Memorial de respuesta de la UGPP (folios 86 a 127; cuaderno de única
instancia).
[33]
Oficio presentado por la Secretaría de Educación de Cundinamarca a la UGPP
(folio 101; cuaderno de única instancia).
[34] Op.
Cit. Memorial de respuesta de la UGPP (folio 87; cuaderno de única instancia).
[35]
Resolución de la UGPP por la cual se revoca la resolución de reliquidación  del
30 de julio de 2015 en favor de la accionante (folios 111 a113; cuaderno de
única instancia).
[36]
Copia simple del capítulo de hechos y de la parte resolutiva de la sentencia
del Juez 39 Penal del Circuito de Bogotá (folios 145 a 146; cuaderno de única
instancia).
[37] Op.
Cit. Memorial de respuesta de la UGPP (folio 89; cuaderno de única instancia).
[38] Inicialmente, el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá conoció de la demanda de tutela.
Sin embargo, al advertir que la UGPP es una entidad del nivel nacional, decidió
remitir[38]
el caso al Tribunal Superior de Bogotá al considerar que debían aplicar las
reglas de reparto contempladas en el Decreto 1382 de 2000.
[39] Acta
de no comparecencia (folio 18; cuaderno de revisión).
[40]
Reporte de pagos del FOPEP (folio 54; cuaderno de revisión expediente
T-5.209.992).
[41]
Ibídem; folio 54.
[42]
Certificado de la Clínica Fundadores (folio 22; cuaderno de única instancia).
[43]
Memorial presentado por la hija de la actora (folio 20; cuaderno de única
instancia).
[44]
Ibídem; folio 20.
[45]
Copia simple de la cédula de ciudadanía (folio 14; cuaderno de única instancia).
[46]
Resolución de apertura de revocatoria directa (folios 7 a 13; cuaderno de única
instancia).
[47]
Memorial de respuesta de la UGPP (folios 66 a 110; cuaderno de única
instancia).
[48]
Oficio presentado por la Secretaría de Educación de Cundinamarca a la UGPP
(folio 120; cuaderno de única instancia).
[49] Op.
Cit. Memorial de respuesta de la UGPP (folio 114; cuaderno de única instancia).
[50] Inicialmente, el
Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá conoció de la demanda de tutela. Sin
embargo, al advertir que la UGPP es una entidad del nivel nacional, decidió
remitir el caso al Tribunal Superior de Bogotá al considerar que debían aplicar
las reglas de reparto contempladas en el Decreto 1382 de 2000.
[51] Acta
de no comparecencia (folio 20; cuaderno de revisión).
[52]
Reporte de pagos del FOPEP (folio 82; cuaderno de revisión expediente
T-5.209.992).
[53] Ibídem;
folio 54.
[54]
Escrito presentado por la accionante (folio 22; cuaderno de revisión).
[55]
Copia simple de la cédula de ciudadanía (folio 6; cuaderno de única instancia).
[56]
Resolución de reconocimiento de pensión gracia (folio 2; cuaderno e única
instancia).
[57]
Oficio presentado por la Secretaría de Educación de Cundinamarca a la UGPP
(folio 25; cuaderno de única instancia).
[58]
Memorial de respuesta de la UGPP (folio 19; cuaderno de única instancia).
[59] Acta
de declaración de parte (folio 20; cuaderno de revisión).
[60]
Ibídem; folio 20.
[61]
Ibídem; folio 20.
[62]
Ibídem; folio 20.
[63]
Reporte de pagos del FOPEP (folio 57; cuaderno de revisión expediente
T-5.209.992).
[64]
Ibídem; folio 57.
[65]
Resolución de reconocimiento de pensión gracia (folio 3; cuaderno de única
instancia).
[66]
Memorial de respuesta de la UGPP (folios 133 a 181; cuaderno de única
instancia).
[67]
Oficio presentado por la Secretaría de Educación a la UGPP (folio 137; cuaderno
de única instancia).
[68] Acta
de notificación personal (folio 157; cuaderno de única instancia).
[69]
Resolución de la UGPP por la cual se revoca la resolución de reliquidación  del
2 de marzo de 2015 en favor de la accionante (folios 161 a 164; cuaderno de
única instancia).
[70] Acta
de no comparecencia (folio 19; cuaderno de revisión).
[71]
Reporte de pagos del FOPEP (folio 37; cuaderno de revisión expediente
T-5.209.992).
[72]
Copia simple de la cédula de ciudadanía (folio 8; cuaderno de única instancia).
[73] El
actor, en su escrito de tutela, señala que la UGPP reconoció la reliquidación
(folio 1; cuaderno de primera instancia). Sin embargo, la resolución citada
(folio 4; cuaderno de única instancia) es una que niega la reliquidación. Sin
embargo, después de verificar la información allegada por el FOPEP a la Corte
en el trámite de revisión se puede observar que antes de la fecha de suspensión
el actor gozaba de una pensión gracia reliquidada de $3,032,657 pesos (Reporte
de pagos del FOPEP ;folio 40; cuaderno de revisión expediente T-5.209.992).
[74]
Oficio presentado por la Secretaría de Educación de Cundinamarca a la UGPP
(folio 32; cuaderno de única instancia):
[75] Acta
de no comparecencia (folio 20; cuaderno de revisión).
[76] Op.
Cit. Reporte de pagos del FOPEP (folio 40; cuaderno de revisión expediente
T-5.209.992).
[77]
Ibídem; folio 40.
[78]
Escrito presentado el peticionario (folio 22; cuaderno de revisión).
[79]
Copia simple de la cédula de ciudadanía (folio 7; cuaderno de única instancia).
[80]
Resolución de reconocimiento de pensión gracia (folio 5; cuaderno de única
instancia)
[81]
Oficio presentado por la Secretaría de Educación de Cundinamarca a la UGPP
(folio 46; cuaderno de única instancia).
[82] Acta
de notificación personal (folio 52; cuaderno de única instancia).
[83]
Resolución del 1º de septiembre de 2015 mediante la cual se revocó la
resolución de reliquidación del 1º de diciembre de 2014 (folios 36 a 39;
cuaderno de única instancia).
[84] Acta
de declaración de parte (folio 29; cuaderno de revisión).
[85]
Ibídem; folio 19.
[86] La
accionante aportó un certificado de la Fundación Seguir Mis Huellas donde se
deja constancia de la enfermedad de su hijo y un recibo de pago de $600.000 que
corresponde a los gastos mensuales de atención en la misma (folios 21 y 33;
cuaderno de revisión).
[87] La
actora adjuntó a su declaración un dictamen de calificación de pérdida de
capacidad laboral expedido por Fiduprevisora por un porcentaje del 96% (folios
24 y 25; cuaderno de revisión).
[88]
Reporte de pagos del FOPEP (folio 45; cuaderno de revisión expediente
T-5.209.992).
[89]
Ibídem; folio 45.
[90]
Copia simple de la cédula de ciudadanía (folio 5; cuaderno de única instancia).
[91]
Oficio presentado por la Secretaría de Educación de Cundinamarca a la UGPP
(folio 42; cuaderno de única instancia).
[92] Acta
de notificación personal (folio 20; cuaderno de única instancia).
[93] Acta
de no comparecencia (folio 18; cuaderno de revisión).
[94]
Reporte de pagos del FOPEP (folio 62; cuaderno de revisión expediente
T-5.209.992).
[95]
Ibídem; folio 62.
[96]
Copia simple de la cédula de ciudadanía (folio 9; cuaderno de única instancia).
[97]
Resolución de reconocimiento de reliquidación pensional (folio 6; cuaderno de
única instancia)
[98]
Oficio presentado por la Secretaría de Educación a la UGPP (folio 23; cuaderno
de única instancia).
[99] La
entidad aportó la resolución de apertura de la revocatoria directa pero no el
acta de notificación personal de la misma (folios 31 a 33; cuaderno de única
instancia).
[100] Auto
de nulidad (folio 3; cuaderno de única instancia).
[101] Acta
de no comparecencia (folio 20; cuaderno de revisión).
[102]
Reporte de pagos del FOPEP (folio73; cuaderno de revisión expediente
T-5.209.992).
[103]
Ibídem; folio 73.
[104]
Copia simple de la cédula de ciudadanía (folio 5; cuaderno de única instancia).
[105]
Resolución de reconocimiento de pensión gracia (folio 3; cuaderno de única
instancia).
[106] Oficio
presentado por la Secretaría de Educación a la UGPP (folio 24; cuaderno de
única instancia).
[107] Acta
de notificación personal (folio 36; cuaderno de única instancia).
[108] Acta
de declaración de parte (folio 19; cuaderno de revisión).
[109]
Ibídem; folio 20.
[110]
Reporte de pagos del FOPEP (folio67; cuaderno de revisión expediente
T-5.209.992).
[111]
Ibídem; folio 67.
[112]
Copia simple de la cédula de ciudadanía (folio 5; cuaderno de única instancia).
[113]
Resolución de reconocimiento de pensión gracia (folio 7; cuaderno de única
instancia).
[114]
Oficio presentado por la Secretaría de Educación de Cundinamarca a la UGPP
(folio 105; cuaderno de única instancia).
[115] Acta
de notificación personal (folio 82; cuaderno de única instancia).
[116] Acta
de no comparecencia (folio 19; cuaderno de revisión).
[117]
Reporte de pagos del FOPEP (folio52; cuaderno de revisión expediente
T-5.209.992).
[118]
Ibídem; folio 52.
[119]
Copia simple de la cédula de ciudadanía (folio 13; cuaderno de única
instancia).
[120]
Resolución de reconocimiento de pensión gracia (folio 6; cuaderno de única
instancia).
[121]
Oficio presentado por la Secretaría de Educación a la UGPP (folio 57; cuaderno
de única instancia).
[122] Acta
de declaración de parte (folio 19; cuaderno de revisión).
[123]
Reporte de pagos del FOPEP (folio 47; cuaderno de revisión expediente
T-5.209.992).
[124]
Ibídem; folio 47.
[125]
Copia simple de la cédula de ciudadanía (folio 13; cuaderno de única
instancia).
[126]
Resolución de reconocimiento de pensión gracia (folio 10; cuaderno de única
instancia).
[127]
Oficio presentado por la Secretaría de Educación a la UGPP (folio 52; cuaderno
de única instancia).
[128] Auto
de apertura de revocatoria directa (folios 46 a 49; cuaderno de única
instancia).
[129] Acta
de declaración de parte (folio 19; cuaderno de revisión).
[130]
Ibídem; folio 19.
[131]
Reporte de pagos del FOPEP (folio 50; cuaderno de revisión expediente
T-5.209.992).
[132]
Ibídem; folio 50.
[133]
Copia simple de la cédula de ciudadanía (folio 5; cuaderno de única instancia).
[134]
Resolución de reconocimiento de reliquidación pensional (folio 6; cuaderno de
única instancia).
[135]
Oficio presentado por la Secretaría de Educación de Cundinamarca a la UGPP
(folio 29; cuaderno de única instancia).
[136]
Memorial de respuesta de la UGPP (folio 20; cuaderno de única instancia).
[137] Acta
de declaración de parte (folio 20; cuaderno de revisión).
[138]
Reporte de pagos del FOPEP (folio 79; cuaderno de revisión expediente
T-5.209.992).
[139]
Ibídem; folio 79.
[140]
Copia simple de la cédula de ciudadanía (folio 3; cuaderno de única instancia).
[141]
Resolución de reconocimiento de pensión gracia (folio 1; cuaderno de única
instancia).
[142]
Oficio presentado por la Secretaría de Educación de Cundinamarca a la UGPP
(folio 38; cuaderno de única instancia).
[143]
Memorial de respuesta de la UGPP (folio 30; cuaderno de única instancia).
[144] Auto
de nulidad de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá (folio 3; cuaderno
de única instancia).
[145] Acta
de no comparecencia (folio 19; cuaderno de revisión).
[146]
Reporte de pagos del FOPEP (folio 76; cuaderno de revisión expediente
T-5.209.992).
[147]
Ibídem; folio 76.
[148]
Copia simple de la cédula de ciudadanía (folio 6; cuaderno de primera
instancia).
[149] La
tutela fue presentada inicialmente el 3 de agosto, sin embargo el Juzgado 19
Laboral del Circuito de Bogotá rechazó la acción mediante auto del 5 de agosto
ya que consideró que el juez de conocimiento de primera instancia, según el Decreto
1382 de 2000, debía ser el Tribunal Superior de Bogotá (folios 7 a 8; cuaderno
de primera instancia).
[150]
Oficio presentado por la Secretaría de Educación a la UGPP (folio 41; cuaderno
de primera instancia).
[151] Acta
de notificación personal (folio 38; cuaderno de primera instancia).
[152] Acta
de no comparecencia (folio 19; cuaderno de revisión).
[153]
Reporte de pagos del FOPEP (folio 70; cuaderno de revisión expediente
T-5.209.992).
[154]
Ibídem; folio 70.
[155]
Copia simple de la cédula de ciudadanía (folio 8; cuaderno de primera
instancia).
[156]
Resolución de reconocimiento de reliquidación pensional (folio 5; cuaderno de
única instancia).
[157]
Oficio de la Secretaría de Educación de Cundinamarca a la UGPP (folio 104;
cuaderno de primera instancia).
[158] Copia simple del capítulo de hechos y de
la parte resolutiva de la sentencia del Juez 13 Laboral del Circuito de Bogotá
(folios 55 a 58; cuaderno de primera instancia).
[159] Auto
de apertura del proceso re revocatoria directa (folios 50 a 53; cuaderno de
primera instancia).
[160]
Escrito de impugnación (folios 167 a 168; cuaderno de primera instancia).
[161] Acta
de declaración de parte (folio 20; cuaderno de revisión)
[162]
Reporte de pagos del FOPEP (folio 59; cuaderno de revisión expediente
T-5.209.992).
[163]
Ibídem; folio 59.
[164]
Escrito de respuesta de la UGPP (folio 68; cuaderno de revisión del expediente
T-5.209.992).
[165] En
aras de garantizar la eficacia y eficiencia de la administración de justicia, la Sala tomará como modelo, en lo concerniente a las reglas
generales de procedibilidad, lo consignado en la sentencia T-099 de 2015
proferida por el despacho de la magistrada ponente.
[166]
Constitución Política Artículo 86 (parcial). Toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los
jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actué a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública (…) Esta
acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable.
[167]
Decreto 2591 de 1991. Artículo 5. Procedencia de la acción de tutela. La acción
de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que
haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción
de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico
escrito.
[168]
Corte Constitucional. Sentencia T-788/13. Magistrado Ponente: Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[169] Ver,
entras otras sentencias, T-343 de 2001; T-210 de 2010; y T-004 de 2011,
[170] Ver,
entre otras sentencias, T-225 de 1993; SU-544 de 2001; T-983-01; T-1316 de
2001; T-069/08; y T-094/13.
[171] Frente
al tema, la Corte ha señalado que “algunos grupos con características
particulares, (…) pueden llegar a sufrir daños o amenazas que, aun cuando para
la generalidad de la sociedad no constituyen perjuicio irremediable, sí lo son
para ellos, pues por encontrarse en otras condiciones de debilidad o
vulnerabilidad, pueden tener repercusiones de mayor trascendencia que
justifican un “tratamiento diferencial positivo”, y que amplia (sic) a su vez
el ámbito de los derechos fundamentales susceptibles de protección por vía de
tutela
Corte Constitucional. Sentencia T-1316 de 01. Magistrado Ponente: Rodrigo
Uprimny Yepes.
[172]
Corte Constitucional. Sentencia T-737de 13. Magistrado Ponente: Alberto Rojas
Ríos.
[173] En
aras de garantizar la eficacia y eficiencia de la administración de justicia, la Sala tomará como modelo, en lo concerniente las reglas
sobre temeridad y hechos, lo consignado en las sentencia T-546 de 2014 y T-478
de 2015  proferidas por el despacho de la magistrada sustanciadora.
[174] Decreto 2591 de 1991. Artículo 38. Actuación temeraria. “Cuando
sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada
por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
[175] Ver,
entre otras, sentencias C-155ª de 1993 y T-883 de 2001.
[176]
Corte Constitucional. Sentencia T-089 de 2007. Magistrado Ponente: Manuel José
Cepeda Espinosa.
[177] Corte Constitucional. Sentencia T-685
de 2010. Magistrado Ponente. Humberto Antonio Sierra Porto.
[178] Corte Constitucional. Sentencia T-498 de 2000. Magistrado
Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
[179] Corte Constitucional. Sentencia T-936 de 2002. Magistrado
Ponente: Jaime Araujo Rentería.
[180] Corte Constitucional. Sentencia T-414 de 2005. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto:
[181] Ibídem.
[182] Corte Constitucional. Sentencia SU-540 de 2007. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto.
[183]
En concreto, la Corte señaló lo siguiente: “El hecho superado se presenta
cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la
tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que “carece” de
objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha
comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que
componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo
pedido en tutela. Así entendida, por principio, la muerte del accionante no
queda comprendida en ese concepto, aunque la Corte la haya utilizado en
diversas oportunidades. En efecto, si lo pretendido con la acción de tutela era
una orden de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento
del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho
superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los
derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo
pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el
fallo, con lo cual “la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío”
(Op. Cit. Sentencia SU-540 de 20007).
[184]
En la misma providencia, el Tribunal advirtió que: “de conformidad con las anteriores
referencias jurisprudenciales, la Sala concluye que la configuración de un
hecho superado hace innecesario el pronunciamiento del juez, en la medida que
se logran satisfacer los requerimientos del tutelante antes de ese pronunciamiento,
pero no ocurre lo mismo con la configuración de un daño consumado, comoquiera
que éste supone la afectación definitiva de los derechos del tutelante y, en
consecuencia, se impone la necesidad de pronunciarse de fondo, como ya lo tiene
definido la jurisprudencia constitucional sobre la materia, por la proyección
que puede presentarse hacia el futuro y la posibilidad de establecer correctivos”
(Op. Cit. Sentencia SU-540
de 2007).
[185] Ver entre otras, las sentencias  T-842 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-520
de 2012 M.P. María Victoria Calle.
[186] Op.
Cit. Memorial enviado por la señora Nohora Cárdenas Cortés a la Corte
Constitucional folio 28; cuaderno de revisión).
[187] Cfr.
Sentencias T-260 de 1995; T-360 de 1997; T-129 de 2008; y T-681 de 2010.
[188] El
señor Gómez Rodríguez recibe actualmente una mesada pensional de $1,709,630
pesos sobre la cual se aplica un descuento de $256,488 pesos (Op. Cit. Reporte
de pagos del FOPEP; folio 37; cuaderno de revisión expediente T-5.209.992).
[189] La
señora Ana Sofía Valbuena de Cabanzo recibe actualmente una mesada pensional de
$1,248,273 pesos sobre la cual se aplica un descuento de $149,800 pesos (Op.
Cit. Reporte de pagos del FOPEP; folio 62; cuaderno de revisión expediente
T-5.209.992).
[190] La
señora Gloria Cañón Torres recibe actualmente una mesada pensional de $963.512
pesos sobre la cual se aplica un descuento de $115,700 (Op. Cit. Reporte de
pagos del FOPEP; folio 67; cuaderno de revisión expediente T-5.209.992).
[191] La
Acosta Urrego recibe actualmente una pensión gracia de $2,743.059 pesos sobre
la cual se aplica un descuento del $329.000 pesos (Op. Cit. Reporte de pagos
del FOPEP; folio 50; cuaderno de revisión expediente T-5.209.992).
[192]
Copia simple del capítulo de hechos y de la parte resolutiva de la sentencia
del Juez 13 Laboral del Circuito de Bogotá (folios 55 a 58; cuaderno de primera
instancia).
[193] Op.
Cit. Reporte de pagos del FOPEP (folio 43; cuaderno de revisión expediente
T-5.209.992.
[194] Op.
Cit. Acta de no comparecencia (folio 19; cuaderno de revisión).
[195] Op.
Cit. Reporte de pagos del FOPEP (folio 82; cuaderno de revisión expediente
T-5.209.992).
[196] Op.
Cit. Acta de no comparecencia (folio 20; cuaderno de revisión).
[197] Op.
Cit. Escrito presentado por la accionante (folio 22; cuaderno de revisión).
[198] Op.
Cit. Acta de declaración de parte (folio19; cuaderno de revisión).
[199] Op.
Cit. Reporte de pagos del FOPEP (folio 40; cuaderno de revisión expediente
T-5.209.992).
[200] Op.
Cit. Acta de no comparecencia (folio 20; cuaderno de revisión).
[201] Op.
Cit. Escrito presentado por el accionante (folio 22; cuaderno de revisión).
[202] Op.
Cit. Reporte de pagos del FOPEP (folio 73; cuaderno de revisión expediente
T-5.209.992.
[203] Op.
Cit. Acta de no comparecencia (folio 20; cuaderno de revisión).
[204] Op.
Cit. Reporte de pagos del FOPEP (folio 52; cuaderno de revisión del expediente
T-5.209.992).
[205] Op.
Cit. Acta de no comparecencia (folio 19; cuaderno de revisión).
[206] Op.
Cit. Acta de declaración de parte (folio 19; cuaderno de revisión).
[207] Op.
Cit. Reporte de pagos del FOPEP (folio 75; cuaderno de revisión expediente
T-5.209.992)
[208] Acta
de no comparecencia (folio 19; cuaderno de revisión).
[209] Op.
Cit. Reporte de pagos del FOPEP (folio 70; cuaderno de revisión expediente
T-5.209.992).
[210] Op.
Cit. Acta de declaración de parte (folio 19; cuaderno de revisión).
[211] Op.
Cit. Certificado de la Clínica Fundadores (folio 22; cuaderno de única
instancia).
[212] Op.
Cit. dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral expedido por
Fiduprevisora por un porcentaje del 96% (folios 24 y 25; cuaderno de revisión).
[213] Ley
114 de 1993. Artículo 1º. “Los
Maestros de Escuelas Primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por
un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley”.
[214]
Ley 37 de 1933. Artículo 3. “Las pensiones de jubilación de los maestros de
escuela, rebajadas por decreto de carácter legislativo, quedaran nuevamente en
la cuantía señalada por las leyes. Hácense extensivas estas pensiones a los
maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la ley, en establecimientos
de enseñanza secundaria”.
[215]
Ley 43 de 1975. Artículo 1º. Artículo 1º.- La educación primaria y
secundaria oficiales serán un servicio público a cargo de la Nación En
consecuencia, los gastos que ocasione y que hoy sufragan los departamentos,
intendencias, comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los municipios,
serán de cuenta de la Nación, en los términos de la presente Ley.
[216]
Ley 91 de 1989. A partir de la
vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el
que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las
siguientes disposiciones. 1.- Los docentes nacionalizados que figuren
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones
económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido
gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes. Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir
del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales
se regirán por las normas
vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135
de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las
excepciones consagradas en esta Ley. 2.- Pensiones: Los docentes vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1993 y demás normas que hubieren desarrollado o modificado,
tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión
seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación,
aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
[217]
Corte Constitucional. Sentencia C-084 de 1999. Magistrado Ponente: Alfredo
Beltrán Sierra.
[218]
Corte Constitucional. Sentencia C-479 de 1998. Magistrado Ponente: Carlos
Gaviria Díaz.
[219] Ley
1437 de 2011. Artículo 93. Causales de revocación. “Los
actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los
hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de
oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la
Constitución Política o a la ley. 2.
Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a
una persona”.
[220] Ibídem.
Artículo 97.  Revocación de actos de carácter particular y concreto. “Salvo
las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea
expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter
particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser
revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo
titular. Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el
acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Si la Administración considera
que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir
al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión
provisional”.
[221]
Ley 797 de 2003. Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. “Los
representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes
respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas,
deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la
adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de
soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o
periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos en razón
de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una
prestación económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos
o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el
funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el
consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades
competentes”.
[222]
Corte Constitucional. Sentencia C-835 de 2003. Magistrado Ponente: Jaime Araujo
Rentería.
[223]
Decreto 994 de 2003. Artículo 3º. Monto. “En cuanto al monto del descuento se aplicarán las
normas que para el efecto se aplican a los salarios. Los descuentos realizados sobre el valor neto de la
mesada pensional, esto es, descontando el aporte para salud y a las Cajas de
Compensación Familiar, incluyendo los permitidos por la ley laboral, podrán
efectuarse a condición de que el beneficiario reciba efectivamente no menos del
cincuenta por ciento (50%) de la mesada pensional. Los embargos por pensiones alimenticias o créditos a
favor de cooperativas o fondos de empleados, no podrán exceder el 50% de la
mesada pensional. Si se trata de pensiones compartidas con el Instituto de
Seguros Sociales, cada una de las instituciones podrá efectuar los descuentos
de que trata este decreto, siempre y cuando el pensionado reciba efectivamente
no menos del cincuenta por ciento (50%) de la mesada pensional neta, que le
corresponda a esta pagar, una vez descontados el aporte para salud y a las
Cajas de Compensación Familiar. Si se trata de embargos por pensiones
alimenticias, o créditos a favor de cooperativas o fondos de empleados podrá
ser embargado hasta el 50% de la mesada pensional, que le corresponda pagar a
cada una de las instituciones. Parágrafo. Lo dispuesto en el presente
artículo no se aplica, en caso de pensiones compartidas, si se trata de
descuentos efectuados por la institución pagadora diferente al Instituto de
Seguros Sociales, para que el pensionado reintegre a la administradora de
pensiones o a la institución pagadora, mayores valores pagados a él”.
[224] Ley
1437 de 2011. Artículo 3.1. Principios. “En virtud
del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se
adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia
establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de
representación, defensa y contradicción. En materia administrativa
sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las
faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in
pejus y non bis in ídem”.
[225] Corte Constitucional. Sentencia T-442 de
1992. Magistrados Ponentes Jaime Sanín Greiffenstein y Ciro Angarita Barón.
[226]
Corte Constitucional. Sentencia T-957 de 2011. Magistrado Ponente: Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
[227] Ver,
entre otras, sentencias C-248 de 2013; C-034 de 2014; y C-083 de 2015.
[228] En
aras de garantizar la eficacia y eficiencia de la administración de justicia, la Sala tomará como modelo, en lo concerniente al contenido
del derecho fundamental a la seguridad social , lo consignado en las sentencias
SU-298 de 2015 y T-506 de 2015 proferidas por el despacho de la magistrada
ponente. .
[229] Ver,
entre otras, sentencias C-859 de 2008; C-979 de 2010; T-164 de 2013; C-613 de
2013; y T-770 de 2013.
[230]
Corte Constitucional. Sentencia T-013 de 2011. Magistrado Ponente: Juan Carlos
Henao Pérez.
[231]
Corte Constitucional. Sentencia C-230 de 1998. Magistrado Ponente: Hernando
Herrera Vergara.
[232] Arango,
Rodolfo y Lemaitre, Julieta. Jurisprudencia constitucional sobre el derecho
al mínimo vital. Universidad de los Andes. Bogotá. 2002.
[233] Corte
Constitucional. Sentencia T-426 de 1992. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[234] Corte
Constitucional. Sentencia T-081 de 1997. Magistrado Ponente: José Gregorio
Hernández.
[235]
Corte Constitucional. Sentencia SU-995 de 1999. Magistrado Ponente: Carlos
Gaviria Díaz.
[236] Cfr.
Ver entre otras, sentencias T-011 de 1998; T-072 de 1998; T-384 de 1998; T-365
de 1999 y T-140 de 2002.
[237]
Corte Constitucional. Sentencia T-827 de 2004. Magistrado Ponente: Rodrigo
Uprimny Yepes.
[238]
Corte Constitucional. Sentencia T-536 de 2010. Magistrado Ponente: Luis Ernesto
Vargas Silva.
[239] Op.
Cit. Certificado de la Clínica Fundadores (folio 22; cuaderno de única
instancia).
[240] Op.
Cit. Reporte de pagos del FOPEP (folio 54; cuaderno de revisión expediente
T-5.209.992).
[241] Op.
Cit. Memorial presentado por la hija de la actora (folio 20; cuaderno de única
instancia).
[242]
Calificación de pérdida de capacidad laboral expedido por Fiduprevisora por un
porcentaje del 96% (folios 24 y 25; cuaderno de revisión).
[243] Op.
Cit. Reporte de pagos del FOPEP (folio 45; cuaderno de revisión expediente
T-5.209.992).
[244] Op.
Cit. Acta de declaración de parte (folio 29; cuaderno de revisión).
[245] Cfr. T-540 de 2014