C-210-16
Sentencia C-210/16
ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATURALEZA COMERCIAL
CELEBRADO ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA-Se
ajusta a la Constitución Política, tanto en su aspecto formal, como en su
contenido material/APLICACION PROVISIONAL DE ACUERDO INTERNACIONAL-Jurisprudencia
constitucional
La
Corte concluyó que se cumplieron en debida forma, las etapas, procedimiento y
requisitos establecidos en la Constitución y en la ley, para la suscripción de
tratados internacionales y su aprobación por el Congreso. En cuanto al
contenido material del Acuerdo y sus seis anexos, la Corte encontró que se
ajustan a los preceptos constitucionales. La revisión específica del articulado
del tratado, permitió a la Corte establecer que se ajusta en su integridad a la
Carta Política, toda vez que con él se da cumplimiento al mandato de
integración económica prioritaria con los países de América Latina y del
Caribe, sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad (art. 227 C.Po.). De manera
particular, la corporación analizó la cláusula de aplicación provisional del
Acuerdo, de conformidad con el artículo 224 de la Constitución, encontrando que
respetó los lineamientos establecidos en la jurisprudencia a este respecto y en
especial, en la sentencia C-280 de 2014.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE
TRATADOS Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Competencia de la Corte Constitucional
TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Cumplimiento de requisitos constitucionales y legales
en su trámite legislativo
LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS INTERNACIONALES-Procedimiento de formación previsto para leyes
ordinarias/LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS INTERNACIONALES-Trámite
legislativo
Corresponde a
la Corte verificar los siguientes aspectos: (i) Inicio del trámite de la ley
aprobatoria en el Senado de la República (art. 154 C.P.). (ii) Publicación del
proyecto de ley antes de darle curso en la comisión respectiva (art. 157 num. 1
C.P.). (iii) Aprobación en primer debate en las comisiones respectivas de
Senado y Cámara, y en segundo debate en las plenarias de esas corporaciones
(art. 157 num. 2 y 3 C.P.). (iv) Publicación y reparto del informe de ponencia
previo a los cuatro debates correspondientes y del texto aprobado en cada uno
de ellos (arts. 144, 156 y 157 de la Ley 5ª de 1992). (v) Anuncio previo en el
que se informe de la sesión en que se efectuará la discusión y votación del
proyecto en cada uno de los cuatro debates correspondientes, según el inciso
final del artículo 160 de la Constitución Política (adicionado por el artículo
8 del Acto Legislativo 01 de 2003).  Esta
norma ordena que: 1) la fecha de votación de los proyectos de ley sea
previamente anunciada; 2) el anuncio de tal votación se realice en sesión
distinta a la de la sesión en que es sometido a su aprobación, y 3) la votación
se efectúe el día en que fue anunciada.  La Corte ha señalado además que el
anuncio debe ser realizado por el Presidente de la respectiva célula
legislativa, o el Secretario, por
instrucciones del primero. Además, si bien no es exigible una fórmula
sacramental específica para realizar el anuncio, sí deben utilizarse
expresiones de las que sea posible inferir con claridad para qué se convoca a
los congresistas y que se haga para una sesión posterior, es decir, para “una
fecha futura prefijada y determinada, o por lo menos, determinable”. (vi)
Que al momento de la aprobación del
proyecto en cada uno de los cuatro debates correspondientes existiera quórum
decisorio. Tratándose de proyectos de ley aprobatoria de tratados
internacionales aplica la norma general prevista en el artículo 145 de la
Constitución, según el cual se exige la presencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva
comisión o plenaria. (vii) Votación en debida forma en cada uno de los respectivos
debates. Al respecto, el artículo 133 Superior establece que, salvo las
excepciones previstas en la ley, la votación de los proyectos de ley debe
efectuarse de manera nominal y pública. El artículo 129 de la Ley 5ª de 1992
(modificado por el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011), establece las hipótesis
en que, para hacer efectivo el principio de celeridad de los procedimientos,
puede exceptuarse esta regla general para admitir la votación ordinaria. Una de
ellas, prevista en el numeral 16 de la disposición normativa citada, se
presenta cuando exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o
plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto; en
todo caso, la norma señala que aún en tal hipótesis, deberá efectuarse la votación
nominal y pública cuando así lo solicite alguno de los congresistas. De igual
manera, cuando se haga uso de esta forma de votación ha de asegurarse la
posibilidad de verificar que, al momento de la misma, existía quórum decisorio
y que el proyecto se aprobó por las mayorías requeridas. (viii) Aprobación en cada uno de los respectivos debates por la regla
de mayorías correspondiente. Para el caso de las leyes aprobatorias de tratados
internacionales, se requiere la aprobación de la mayoría de los votos de los
asistentes (mayoría simple), de acuerdo con lo establecido en el artículo 146
C.P. (ix) Cumplimiento de la regla de lapso entre debates prevista en el
artículo 160 C.P., según la cual entre el primero y el segundo debate en cada
cámara deberá mediar un lapso no inferior a ocho (8) días, y entre la
aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la
otra, habrán de transcurrir no menos de quince (15) días. (x) Que se haya
surtido el trámite de conciliación, en caso de existir discrepancias entre los
textos aprobados en el Senado y la Cámara de Representantes y la publicación
del texto aprobado por las plenarias de Senado y Cámara (art. 161 C.P.). (xi)
Que el trámite del proyecto no haya excedido dos legislaturas (art. 162 C.P.).
(xii) Que el proyecto reciba sanción del Gobierno y, en caso de objeciones, que
se haya surtido el trámite correspondiente (arts. 165 a 168 C.P.). (xiii) Remisión oportuna del tratado y de
su ley aprobatoria a la Corte Constitucional (art. 241 num. 10 C.P.).
CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDIGENAS EN CASO DE
LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS INTERNACIONALES-Incidencia en su realización del carácter bilateral o
multilateral del tratado
CONTROL CONSTITUCIONAL DE TRATADOS INTERNACIONALES DE NATURALEZA
COMERCIAL-Carácter integral/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE
TRATADOS Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Control formal y material
TRATADOS DE INTEGRACION ECONOMICA-Deben celebrarse sobre bases de
equidad, igualdad y reciprocidad
TRATAMIENTO ARANCELARIO PREFERENCIAL EN TRATADOS
INTERNACIONALES-Jurisprudencia
constitucional/MEDIDAS DE DESGRAVACION ARANCELARIA ADOPTADAS EN EL MARCO DE
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE PROMUEVEN LA INTEGRACION ECONOMICA-Jurisprudencia
constitucional
MEDIDAS SANITARIAS, ZOOSANITARIAS Y FITOSANITARIAS EN
TRATADOS DE NATURALEZA COMERCIAL-Jurisprudencia
constitucional
MEDIDAS DE DEFENSA DE LA PRODUCCION NACIONAL EN
TRATADOS DE NATURALEZA COMERCIAL-Se
orientan a garantizar condiciones de equidad y reciprocidad en el intercambio
comercial con otros estados
ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATURALEZA COMERCIAL
CELEBRADO ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA-Medidas
de salvaguardia, antidumping y compensatorias, para la defensa comercial de
manera temporal y para prevenir o remediar un daño grave o amenaza del mismo
Las medidas de defensa de la producción nacional
establecidas en el Acuerdo que hoy se revisa, se ajustan al patrón empleado en
tratados de naturaleza comercial que han sido analizados por la Corte en
anteriores oportunidades.  Por tanto, considera que las razones expuestas en
defensa de su constitucionalidad también aplican para el presente caso, por
tratarse de medidas orientadas a defender la producción de alimentos y la
seguridad alimentaria, la libre competencia y a garantizar intercambios
comerciales con otros países en condiciones de equidad y reciprocidad.
Asimismo, encuentra que el Anexo V establece procedimientos para resolver las
diferencias que surjan a propósito de la aplicación de estas medidas, a través
de los cuales se garantiza la solución concertada o, en su caso, los derechos
de defensa y contradicción allí donde uno de los Estados contratantes decida
suspender las preferencias respecto de productos originarios de la otra parte.
MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN TRATADOS
INTERNACIONALES DE NATURALEZA COMERCIAL-Jurisprudencia
constitucional
ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATURALEZA COMERCIAL
CELEBRADO ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA-Cláusula
de aplicación provisional
ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATURALEZA COMERCIAL
CELEBRADO ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA-Procedimiento
a seguir cuando una de las partes quiera denunciarlo
Referencia: expediente LAT-435
Revisión de constitucionalidad de Ley 1722 del tres (03) de julio de dos mil catorce
(2014), “por medio de la
cual se aprueba el “Acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial entre la
República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”, suscrito en
Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 28 de Noviembre de 2011, y sus
seis anexos con sus respectivos apéndices, suscritos en Cartagena, República de
Colombia, el 15 de abril de 2012, así: Anexo I “Tratamiento arancelario
preferencial”. Anexo II “Régimen de origen”. Anexo III “Reglamentos técnicos, evaluación
de la conformidad y metrología”. Anexo IV “Medidas sanitarias, zoosanitarias y
fitosanitarias”. Anexo V “Medidas de defensa comercial y medida especial
agrícola”. Anexo VI “Mecanismo de solución de controversias””.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil dieciséis
(2016)
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos de trámite
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión constitucional de la Ley 1722 del tres (03) de julio de dos mil catorce
(2014), “por medio de la
cual se aprueba el “Acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial entre la
República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”, suscrito en
Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 28 de Noviembre de 2011, y sus
seis anexos con sus respectivos apéndices, suscritos en Cartagena, República de
Colombia, el 15 de abril de 2012, así: Anexo I “Tratamiento arancelario
preferencial”. Anexo II “Régimen de origen”. Anexo III “Reglamentos técnicos,
evaluación de la conformidad y metrología”. Anexo IV “Medidas sanitarias,
zoosanitarias y fitosanitarias”. Anexo V “Medidas de defensa comercial y medida
especial agrícola”. Anexo VI “Mecanismo de solución de controversias””.
I.
ANTECEDENTES
Con base en lo dispuesto en el artículo 241 numeral 10
de la Carta Política, a través de oficio radicado en la Secretaría General de
esta Corporación el ocho (08) de julio de dos mil catorce (2014), la Secretaria
Jurídica de la Presidencia de la República remitió copia auténtica de la Ley
1722 del tres (3) de julio de dos mil catorce (2014), para efectos de su
revisión constitucional[1].
Mediante auto del veintidós (22) de julio
de dos mil catorce (2014), se avocó el conocimiento del proceso y se dispuso la
práctica de pruebas. Con posterioridad se profirió auto del veintiséis (26) de
agosto, requiriendo allegar las pruebas faltantes. El dos (2) de octubre de dos
mil catorce (2014), se ordenó continuar el trámite y, en consecuencia, comunicar
la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del
Congreso de la República y a los Ministros de
Justicia y del Derecho; Comercio, Industria y Turismo; Hacienda y Crédito
Público; Agricultura y Desarrollo Rural y de Relaciones Exteriores, a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–, al Director del Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA–, al Director del
Departamento Nacional de Planeación y al Superintendente de Industria y
Comercio; asimismo, dar traslado al señor Procurador
General de la Nación para el concepto correspondiente y fijar en lista el
proceso por el término de diez (10) días con el fin de permitir la intervención
ciudadana.
Cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de
1991, procede esta Corte a decidir sobre la exequibilidad del tratado, sus
anexos y de la ley que los aprueba.
II.
TEXTO DEL CONVENIO QUE SE REVISA Y DE SU LEY
APROBATORIA
Debido
a su extensión, el texto de los instrumentos internacionales sometidos a
control y de su ley aprobatoria 1722 de 2014, “por medio de la cual se
aprueba el “Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la
República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”, suscrito en
Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 28 de noviembre de 2011, y sus
seis anexos con sus respectivos apéndices, suscritos en Cartagena, República de
Colombia, el 15 de abril de 2012, así: Anexo I “Tratamiento arancelario
preferencial”. Anexo II “Régimen de origen”. Anexo III “Reglamentos técnicos,
evaluación de la conformidad y metrología”. Anexo IV “Medidas sanitarias,
zoosanitarias y fitosanitarias”. Anexo V “Medidas de defensa comercial y medida
especial agrícola”. Anexo VI “Mecanismo de solución de controversias””, se
presenta en documento adjunto (Anexo 1). La versión íntegra de la Ley 1722 de
2014, que incluye el texto del Acuerdo, los seis (6) Anexos y sus respectivos
apéndices, y la exposición de motivos del proyecto de ley, se encuentra
publicada en el Diario Oficial No. 49.201 del tres (3) de julio de dos mil catorce (2014).
III.
INTERVENCIONES
Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–
En oficio radicado el veinte (20) de octubre de dos
mil catorce (2014)[2] la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–, solicitó a la Corte que declare la
constitucionalidad de la Ley 1722 de 2014.
Considera que el acuerdo busca establecer un
Tratamiento Arancelario Preferencial para las importaciones de productos
originarios, basado en las históricas relaciones comerciales entre Colombia y
Venezuela y en la consolidación de los procesos de integración económica entre
los dos países. Resalta que el Acuerdo contiene un conjunto de medidas de
defensa comercial, con el fin de garantizar la salvaguarda de la producción
nacional de eventuales efectos perjudiciales en su aplicación.
Destaca que el instrumento prevé normas encaminadas a
garantizar la reciprocidad de los beneficios arancelarios, permitiendo un
acceso efectivo para los mercados de los dos países. Para la DIAN, “el
Acuerdo Comercial entre Colombia y Venezuela recoge los principios de equidad
y de reciprocidad tal y como lo ha desarrollado la Corte Constitucional, porque
además de permitir el beneficio mutuo de los estados miembros, las obligaciones
asumidas por ambos países preservan una mutua correspondencia y no traen
consigo una condición desfavorable o inequitativa para ninguna de las partes”[3].
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
La titular de esta Cartera intervino para defender la
constitucionalidad de la ley objeto de revisión[4].
Presenta un documento dividido en tres secciones: (i)
examen formal; (ii) aspectos transversales relativos al estudio de
constitucionalidad del tratado y, (iii) análisis constitucional de las
disposiciones del AAP.C (Acuerdo de Alcance Parcial de naturaleza Comercial).  En
la primera parte, realiza un breve recuento del trámite que se surtió desde la
negociación y suscripción del Acuerdo hasta su aprobación en el Congreso de la
República para concluir que se cumplieron todos los requisitos exigidos para el
trámite de una ley aprobatoria de tratado internacional, concluyendo que, en
ese sentido se encuentra ajustado a la Constitución.
En la segunda sección, el concepto hace énfasis en los
aspectos jurídicos del Acuerdo. De conformidad con lo expresado en esta parte
del documento, el instrumento sometido a control constitucional tiene como
finalidad “mantener y fortalecer la relación comercial entre Colombia y
Venezuela, cuya reglamentación la constituyó el Acuerdo de Cartagena durante
más de 30 años. Dicha relación se vio afectada por la denuncia que Venezuela
hiciera del referido Acuerdo de Cartagena. A partir de este AAP.C [Acuerdo
de Alcance Parcial de naturaleza Comercial] se restablece dicha reglamentación,
lo cual permitirá continuar promoviendo el intercambio comercial de bienes y
las relaciones de amistad y cooperación entre estos países”[5].
En este orden de ideas, el Acuerdo desarrolla varios principios de orden
constitucional como equidad, igualdad, reciprocidad y conveniencia
constitucional y cumple con importantes fines del Estado como los de promover
la prosperidad general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Agrega el concepto que el instrumento bajo estudio
busca proteger los derechos de los consumidores, al permitirles tener un mayor
acceso a bienes y servicios que solo pueden darse al promover el libre comercio
entre ambos países. Aclara que ninguna de las disposiciones del Acuerdo
conlleva explotación de recursos naturales en territorio de los grupos étnicos
o limitaciones o imposiciones que afecten los derechos a la diversidad étnica y
cultural.  Por ello, considera que no era necesario llevar a cabo ningún tipo
de consulta previa para la aprobación de la ley.
En el tercer apartado, la Ministra se refiere al análisis
constitucional de cada una de las disposiciones del Acuerdo, concluyendo que
estas se ajustan a la Constitución y a la jurisprudencia de esta Corporación en
materia de tratados.
Para el Ministerio, los principios contenidos en el
preámbulo del Acuerdo, tienen como finalidad fortalecer las relaciones
comerciales y la integración económica latinoamericana y, específicamente, con
Venezuela. El capítulo primero crea las condiciones para el tratamiento
preferencial a las importaciones de productos entre Colombia y Venezuela y los
mecanismos para la libre circulación de los mismos. Concluye sobre este
capítulo que “se encuentra ajustado a la Constitución, toda vez que la
creación del tratamiento preferencial a las importaciones de productos con el
fin de promover el desarrollo económico y productivo a través del
fortalecimiento del intercambio comercial justo equilibrado y transparente
entre Colombia y Venezuela constituye un desarrollo de los objetivos
consagrados en los artículo 9, 226 y 227 de nuestra Carta Política”[6].
Sobre el capítulo segundo y el anexo uno del Acuerdo,
buscan evitar que se generen condiciones inequitativas de competencia que
puedan afectar la producción local y generar condiciones estables y predecibles
para los inversionistas.  Según el concepto, estas disposiciones se fundamentan
en los artículos 13, 100 y 227 de la Carta Política.  Al referirse al capítulo tercero
y al anexo dos, en donde se establecen los criterios de clasificación de origen
de las mercancías, asegura el concepto que “[e]n anteriores oportunidades la
H. Corte Constitucional ha encontrado ajustadas a la Constitución Política las
reglas de origen pactadas en los tratados comerciales. […] Estimó en esa ocasión
la Corte, que las reglas de origen permiten a las mercancías originarias de la
otra parte signataria gozar de los beneficios de la liberalización arancelaria
acordada en el TLC y al mismo tiempo identificar aquellos productos que no
pueden ser beneficiarios de dichos beneficios”[7].
En relación con los capítulos cuarto y quinto y los
anexos tres y cuatro, el Ministerio señala que se busca establecer criterios y
lineamientos para la protección de la seguridad, la vida, la salud humana y
animal y el medio ambiente y los derechos de los consumidores. Estos
lineamientos están encaminados a que los respectivos reglamentos técnicos y
procedimientos de evaluación permitan una mejor operación del Acuerdo y el
cumplimiento de sus fines constitucionales.
Resalta la importancia del capítulo sexto y el anexo
cinco en el sentido en que establecen las medidas que salvaguardan la
producción nacional de los posibles efectos perjudiciales de las importaciones
que se realicen bajo prácticas desleales e inequitativas de comercio.  Afirma
que “[l]os acuerdos comerciales como el AAP.C con Venezuela, que consagran
normas sobre Defensa Comercial que incluyen disposiciones sobre la adopción de
medidas de Salvaguardia, Derechos Compensatorios y Antidumping, constituyen un
desarrollo del mandado constitucional relacionado con la integración económica,
contenido en el artículo 226 de la Carta Fundamental”[8].
Afirma que la Corte Constitucional se ha pronunciado favorablemente respecto de
este tipo de medidas en ocasiones anteriores.
Por último, se refiere a los capítulos finales
concluyendo que son medidas para la implementación adecuada del Acuerdo y, por
consiguiente, de los fines constitucionales que el mismo contiene.
Ministerio de Relaciones Exteriores
La Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores intervino para defender la
constitucionalidad de las normas objeto de estudio[9].
El concepto destaca la importancia que tiene este Acuerdo para las relaciones
bilaterales entre Colombia y Venezuela y como marco regulatorio de la relación
comercial entre estos dos países.  Adicionalmente se enmarca en los objetivos
del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 respecto de “implementar una
estrategia de internacionalización que permita aumentar la participación en el
mercado global para estimular la competitividad de la producción nacional”[10].
Hace especial énfasis en que el Acuerdo en estudio, se
empezó a aplicar provisionalmente en virtud del Decreto 1860 del 6 de
septiembre de 2012. La aplicación provisional de los tratados se encuentra
regulada en el artículo 25 de la Convención de Viena y permite la aplicación de
un tratado antes de ser ratificado.  Adicionalmente, el artículo 224 de la
Constitución Política dispone que el Presidente de la República puede dar
aplicación provisional a aquellos tratados que sean de naturaleza económica y
comercial, lo que no obsta para que en todo caso sea remitido al Congreso para
su aprobación.
Recalca el concepto que existen dos escenarios en los
cuales se puede dar aplicación provisional a un tratado: “[e]l primero, es
un caso excepcional, en el que se aplica provisionalmente un tratado, antes de
que el mismo haya sido aprobado por el Congreso de la República y por ende haya
surtido el trámite constitucional previsto para la entrada en vigor de este
tipo de instrumentos. En este caso el Presidente de la República tiene la
potestad de aplicarlo provisionalmente, siempre que el tratado cumpla con dos
condiciones, a saber: i) que el tratado sea de naturaleza económica y
comercial, y; ii) que haya sido acordado en el ámbito de organismos
internacionales. ||  El segundo escenario, es aquel en el que se busca aplicar
provisionalmente un tratado, que habiendo surtido el trámite constitucional
para la manifestación del consentimiento del Estado de obligarse, aún no ha
entrado en vigor, en tanto la otra Parte o Partes, para dicho momento, no han
cumplido con los requisitos internos respecto de su vigencia”[11].
Para la Cancillería, el Acuerdo bajo análisis cumple
con los dos requisitos exigidos para el primero de los escenarios expuestos: (i)
se trata de un tratado de naturaleza comercial y económica cuyo fin es
determinar el marco jurídico para el comercio entre Colombia y Venezuela y, (ii)
fue acordado en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),
organismo intergubernamental que promueve la expansión de la integración de la
región.
Continúa la intervención haciendo un resumen del
trámite de aprobación en el Congreso de la República, llegando a la conclusión
de que fueron surtidas todas las etapas requeridas.  Por último advierte que “en
caso de que se considere la formulación de una declaración interpretativa, es
necesario que la República Bolivariana de Venezuela acepte dicha declaración
para que pueda considerarse como una interpretación auténtica del Tratado. || Por
su parte, en caso de considerarse necesaria la formulación de una declaración
unilateral que excluya o limite los efectos jurídicos de alguna(s) de sus
disposiciones, es preciso tener en cuenta que ello requerirá nuevamente de
negociación del precitado Acuerdo”[12].
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
A través de apoderado, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, presentó escrito defendiendo la constitucionalidad de la Ley
objeto de revisión[13].
Divide su intervención en dos partes relacionadas, la
primera, con el trámite de la Ley 1722 de 2014 y, la segunda, con el análisis
material de la norma. Concluye, que el proyecto de ley agotó el procedimiento
establecido y que se realizaron en debida forma las publicaciones en la Gaceta
del Congreso y las votaciones fueron unánimes.
En relación con el análisis material, concluye que se
trata de un Acuerdo cuya finalidad es coherente con la Constitución y está basado
en los principios de “negociación en la equidad y reciprocidad, conveniencia
nacional, internacionalización de las relaciones económicas e integración con
América Latina, fines esenciales del Estado Social de Derecho, soberanía nacional
y respeto de los derechos de los grupos étnicos”[14].
Superintendencia de Industria y Comercio
Mediante oficio del veintiuno (21) de octubre de dos
mil catorce (2014)[15], la
Coordinadora del Grupo de Gestión Judicial de la Superintendencia de Industria
y Comercio presentó el concepto solicitando declarar constitucional el Acuerdo
de Alcance Parcial de naturaleza Comercial entre Colombia y Venezuela, así como
su ley aprobatoria.  Aclara en todo caso que se referirá especialmente al anexo
tres por estar en relación directa con las funciones de la Superintendencia.
De acuerdo con el concepto, el anexo número tres, en
el cual se establece la obligación de desarrollar, adoptar y aplicar
reglamentos técnicos, procedimientos de evaluación de la conformidad y
metrología, busca la implementación de medidas dirigidas a asegurar la calidad
de las exportaciones, la protección de la salud y la vida de las personas y de
los animales, la preservación del medio ambiente sin que ello se conviertan en
una forma velada de discriminación dentro del comercio entre los países.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E)[16]
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, remitió concepto solicitando
que se declare la constitucionalidad del Acuerdo de alcance parcial de
naturaleza comercial entre la República de Colombia y la República Bolivariana
de Venezuela y de sus seis anexos con sus respectivos apéndices.
Conforme a los argumentos esgrimidos por la
interviniente, el Acuerdo y sus anexos “respetaron las constituciones, leyes
y compromisos asumidos por estos países en los distintos esquemas de
integración regional de los cuales ambos son parte y en los acuerdos
bilaterales suscritos por cada uno de ellos”[17].
Se trata de un Acuerdo que busca restablecer las relaciones comerciales con
Venezuela y que propende por el desarrollo comercial y productivo de ambos
países, en donde Colombia es especialmente fuerte en el sector agrícola.
IV.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador
General de la Nación, mediante concepto No. 5850 del trece (13) de noviembre de
dos mil catorce (2014), solicitó a la Corte Constitucional declarar ajustados a
la Constitución, tanto el Acuerdo como sus respectivos anexos[18].
La Vista Fiscal efectúa, en primer lugar, un análisis
de la etapa pre-legislativa del Acuerdo, llegando a la conclusión de que el
mismo se llevó a cabo conforme con el cumplimiento de las formalidades exigidas
por el Derecho de los Tratados.  Posteriormente realiza un estudio sobre el
trámite que surtió ante el Congreso de la República del que concluye que fue “respetuoso
de la Constitución Política”.  Hace mención especial del Informe de
Conciliación que se realizó, teniendo en cuenta que el texto aprobado en la
Plenaria del Senado de la República, tenía algunos errores de técnica jurídica.
La Comisión Accidental que elaboró el Informe de Conciliación, sugirió a las
dos plenarias que fuera acogido en su integridad el texto aprobado en la
Plenaria de la Cámara de Representantes, lo que finalmente se hizo y respecto
de lo que no encuentra objeción alguna.
En relación con su contenido material, resalta que el
tratado tiene como objetivo fortalecer la integración y cooperación entre los
dos países. Afirmó que el Acuerdo se ajusta a la Constitución toda vez que “garantiza,
en condiciones de igualdad, el intercambio de productos, al mismo tiempo que
fortalece las relaciones bilaterales en materia comercial, las cuales se
debilitaron como consecuencia de la denuncia, por parte de Venezuela, del
Acuerdo de Cartagena (Comunidad Andina) en abril 22 de 2006.  Situación esa
que, en su momento, dejó sin marco comercial las relaciones de ambos países y
causó graves consecuencias económicas” [19].
Concluye señalando que el Tratado es respetuoso de la
soberanía e independencia del Estado colombiano (arts. 2, 4, y 9 C.P.);
desarrolla un fin constitucional como es el proceso de integración económica de
los países latinoamericanos y se basa en la reciprocidad y en la equidad de los
Estados (arts. 226 y 227 C.P.).
V.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Competencia de la Corte Constitucional en materia de tratados y de
leyes aprobatorias de tratados
El artículo 241 numeral 10 de la Constitución le
atribuye a la Corte Constitucional la competencia para examinar la
constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias
de los mismos.  De acuerdo a lo expresado en reiterada jurisprudencia, dicho
control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento
del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción
gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviado directamente por
el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días
siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la
medida en que este Tribunal debe analizar tanto los aspectos formales como los
materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto
constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una
condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo,
y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar
tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos
internacionales del Estado colombiano[20].
En cumplimiento de este mandato, la Corte lleva a cabo
este examen en dos sentidos: (i) el control sobre los aspectos formales
de los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias y, (ii) el
control de validez material.
El primero se encamina a verificar la validez de la
representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y
celebración del instrumento; la competencia de los funcionarios en la
negociación y firma del tratado y, por último, el cumplimiento de las reglas de
trámite legislativo en la formación de la ley aprobatoria en el Congreso.  Por
su parte, el examen de la validez material busca confrontar las disposiciones
del tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria con la
totalidad de la normativa constitucional. Con fundamento en estas
consideraciones, pasa la Corte a examinar la ley aprobatoria y el convenio de
la referencia.
Verificación del cumplimiento de los requisitos
procedimentales en la suscripción del tratado y de su ley aprobatoria
El presente examen implica que se verifiquen los
siguientes aspectos: (i)
cumplimiento de requisitos en la negociación y celebración del tratado; (ii)
trámite de la ley aprobatoria en debida forma; (iii) remisión oportuna
del tratado y de su ley aprobatoria a la Corte Constitucional, y, si se cumple
lo anterior, (iv) realización de la consulta previa con los grupos
étnicos, en caso de que esta sea obligatoria.
1. Negociación y celebración del Tratado
La revisión de este aspecto implica verificar que quienes suscribieron
el instrumento objeto de control y sus correspondientes anexos tenían
competencia para ello, ya sea por tener facultades directas de representación
del Estado colombiano o por contar con plenos poderes para el efecto.  Además,
si el tratado o sus anexos recibieron aprobación ejecutiva por parte del
Presidente de la República y se dispuso su remisión al Congreso de la
República.
En escrito radicado en la Secretaría de la Corte
Constitucional el treinta (30) de julio de dos mil catorce (2014)[21],
el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó que para la suscripción del “Acuerdo
de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República de Colombia y la
República Bolivariana de Venezuela” y de sus respectivos anexos, no se hizo
necesaria la expedición de Plenos Poderes, toda vez que fue el Presidente de la
República, Juan Manuel Santos Calderón, quien suscribió el Acuerdo en nombre de
la República de Colombia el veintiocho (28) de noviembre de dos mil once
(2011).  Agregó que en relación con los anexos, estos fueron suscritos por la
Canciller el quince (15) de abril de dos mil doce (2012).
Conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados del año 1969[22],
se considera que los Jefes de Estado, de Gobierno y los Ministros de Relaciones
Exteriores representan al Estado, sin necesidad de poderes que así lo acrediten.
En consecuencia, tanto la suscripción del instrumento principal como la de los
seis anexos que lo acompañan, se efectuó en debida forma.
El tres (3) de octubre de dos mil doce (2012), el
Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, impartió autorización
ejecutiva y dispuso someter a aprobación del Congreso de la República el “Acuerdo
de alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República de Colombia y la
República Bolivariana de Venezuela” y sus seis anexos. Para tal fin, los Ministros de Relaciones
Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo presentaron a consideración del
Congreso el Acuerdo y el proyecto de ley aprobatoria del mismo[23].
2. Trámite
realizado en el Congreso de la República para la formación de la Ley 1722 de
2014
Las
leyes aprobatorias de tratados internacionales deben surtir el procedimiento de
formación previsto para las leyes ordinarias, regulado en los artículos 150 a
169 de la Carta y en la Ley 5ª de 1992 “Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el
Senado y la Cámara de Representantes”. La única previsión específica establecida en la
Constitución para este tipo de leyes es que su trámite debe iniciar en el
Senado de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 154 inciso
final. Asimismo, es preciso establecer si, en razón de su contenido, debía
adelantarse el procedimiento de consulta previa con los grupos étnicos,
conforme a lo establecido en el artículo 6.1. a) del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, norma integrante del bloque de
constitucionalidad.
De
acuerdo con estas disposiciones, corresponde a la Corte verificar los
siguientes aspectos:
(i) Inicio del trámite de la
ley aprobatoria en el Senado de la República (art. 154 C.P.).
(ii) Publicación del proyecto
de ley antes de darle curso en la comisión respectiva (art. 157 num. 1 C.P.).
(iii) Aprobación en primer
debate en las comisiones respectivas de Senado y Cámara, y en segundo debate en
las plenarias de esas corporaciones (art. 157 num. 2 y 3 C.P.).
(iv) Publicación y reparto
del informe de ponencia previo a los cuatro debates correspondientes y del
texto aprobado en cada uno de ellos (arts. 144, 156 y 157 de la Ley 5ª de
1992).
(v) Anuncio previo en el que
se informe de la sesión en que se efectuará la discusión y votación del
proyecto en cada uno de los cuatro debates correspondientes, según el inciso
final del artículo 160 de la Constitución Política (adicionado por el artículo
8 del Acto Legislativo 01 de 2003)[24].  Esta norma ordena que: 1) la fecha de votación de los
proyectos de ley sea previamente anunciada; 2) el anuncio de tal votación se
realice en sesión distinta a la de la sesión en que es sometido a su aprobación,
y 3) la votación se efectúe el día en que fue anunciada[25].
La Corte ha señalado además que el anuncio debe ser realizado por el Presidente
de la respectiva célula legislativa, o el Secretario, por instrucciones del primero[26]. Además, si bien no es exigible una
fórmula sacramental específica para realizar el anuncio, sí deben utilizarse
expresiones de las que sea posible inferir con claridad para qué se convoca a
los congresistas y que se haga para una sesión posterior, es decir, para “una fecha futura prefijada y determinada, o por lo
menos, determinable”[27].
(vi) Que al momento de la aprobación del
proyecto en cada uno de los cuatro debates correspondientes existiera quórum decisorio. Tratándose de proyectos de ley aprobatoria de tratados
internacionales aplica la norma general prevista en el artículo 145 de la
Constitución, según el cual se exige la presencia de la mayoría de los integrantes de la
respectiva comisión o plenaria.
(vii) Votación en debida forma
en cada uno de los respectivos debates. Al respecto, el artículo 133 Superior
establece que, salvo las excepciones previstas en la ley, la votación de los
proyectos de ley debe efectuarse de manera nominal y pública[28]. El artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 (modificado por
el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011), establece las hipótesis en que, para
hacer efectivo el principio de celeridad de los procedimientos, puede
exceptuarse esta regla general para admitir la votación ordinaria[29]. Una de ellas, prevista en el numeral 16 de la disposición
normativa citada, se presenta cuando exista unanimidad por parte de la
respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado
de un proyecto; en todo caso, la norma señala que aún en tal hipótesis, deberá
efectuarse la votación nominal y pública cuando así lo solicite alguno de los
congresistas. De igual manera, cuando se haga uso de esta forma de votación ha
de asegurarse la posibilidad de verificar que, al momento de la misma, existía quórum decisorio y que el proyecto se aprobó por las
mayorías requeridas[30].
(viii) Aprobación en cada uno
de los respectivos debates por la regla de mayorías correspondiente. Para el caso de las leyes aprobatorias de
tratados internacionales, se requiere la aprobación de la mayoría de los votos
de los asistentes (mayoría simple), de acuerdo con lo establecido en el
artículo 146 C.P.
(ix) Cumplimiento de la regla
de lapso entre debates prevista en el artículo
160 C.P., según la cual entre el primero y el segundo debate en cada cámara
deberá mediar un lapso no inferior a ocho (8) días, y entre la aprobación del
proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, habrán de
transcurrir no menos de quince (15) días.
(x) Que se haya surtido el trámite de conciliación, en caso de existir
discrepancias entre los textos aprobados en el Senado y la Cámara de
Representantes y la publicación del texto aprobado por las plenarias de Senado
y Cámara (art. 161 C.P.).
(xi) Que el trámite del proyecto
no haya excedido dos legislaturas (art. 162 C.P.).
(xii) Que el proyecto reciba
sanción del Gobierno y, en caso de objeciones, que se haya surtido el trámite
correspondiente (arts. 165 a 168 C.P.).
(xiii) Remisión oportuna del
tratado y de su ley aprobatoria a la Corte Constitucional (art. 241 num. 10 C.P.).
A
continuación, se examina el trámite impartido al Proyecto de Ley 145 de 2012
Senado y 329 de 2013 Cámara, con el fin de establecer si se realizó de conformidad
con los requisitos señalados.
2.1. Inicio del trámite en el
Senado de la República
Se verifica el cumplimiento de este requisito, toda
vez que el proyecto de ley fue presentado el veinticuatro (24) de octubre de
dos mil doce (2012) ante la Secretaría del Senado de la República por los
Ministros de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, y de Comercio,
Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados[31]. Allí fue
radicado como el Proyecto de Ley 145 de 2012 Senado.
2.2.  Publicación del proyecto de ley
El texto
original del proyecto de ley, junto con la respectiva exposición de motivos,
fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 734 del veintiséis (26) de
octubre de dos mil doce (2012)[32].
2.3. Primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado
2.3.1. Informe de ponencia. Fueron designados como ponentes los
senadores Carlos Emiro Barriga Peñaranda y Edgar Alfonso Gómez Román, quienes
rindieron ponencia el veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), la
cual finaliza con la proposición de dar primer debate al proyecto. La ponencia
fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 230 de 2013[33],
de conformidad con el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992.  El veintinueve (29)
de abril de dos mil trece (2013) se hizo entrega a los senadores del ejemplar
de la Gaceta correspondiente[34].
2.3.2. Anuncios. El Proyecto de Ley 145 de 2012 Senado fue
anunciado dos veces para primer debate en la Comisión Segunda del Senado. El
primer anuncio se efectuó en la sesión del siete (07) de mayo de dos mil trece
(2013)[35] “para discusión y votación de proyectos
de ley para la próxima sesión”, y se precisó que esta se llevaría a
cabo “el próximo martes, a partir de las diez de la mañana”, fecha que
correspondía al catorce (14)
de mayo de dos mil trece (2013).  Ese día se llevó a cabo el debate de control
político al Ministro de Defensa Nacional, que terminó con sesión reservada de
la Comisión, en la que no se debatieron los proyectos contenidos en el Orden
del Día. Al finalizar esa sesión se realizó el segundo anuncio, indicando que la
discusión del proyecto se llevaría a cabo “el día miércoles 15 de mayo a las
10:00 a.m., en este mismo recinto”[36].
Los anuncios se llevaron a cabo de
conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 160 constitucional (adicionado por el
artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003), por cuanto (i) se
realizaron con antelación a la sesión en la que finalmente se aprobó el
proyecto; (ii) en ambos casos se identifica con claridad la sesión para
la cual fue anunciado el proyecto y, como se examinará a continuación, (iii)
la aprobación se efectuó en la fecha fijada en el segundo anuncio.
2.3.3. Aprobación. Según lo anunciado, la discusión y votación del
proyecto en primer debate tuvo lugar en la sesión del quince (15) de mayo de
dos mil trece de (2013), según consta en el Acta No. 32 de la Comisión Segunda
del Senado, publicada en la Gaceta del Congreso No. 738 de 2013.
2.3.3.1. Al momento de aprobar el proyecto se contaba con el quórum decisorio exigido
en el artículo 145 Superior.  Ello se infiere del hecho de que, justo en el
momento previo a que se efectuara la votación del proyecto, en respuesta a la
intervención de uno de los integrantes de la Comisión, quien advirtió sobre el
riesgo de desintegración del quórum, se efectuó un llamado a lista al cual
respondieron ocho (8) de los trece (13) senadores que integran la Comisión
Segunda del Senado[37]. Así consta en
el acta de sesión:
“[…] El Secretario
de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González, da lectura al
informe final de Ponencia:
Proposición Final
Dese primer debate
ante la Comisión Segunda del Senado de la República, el Proyecto
de ley número 145 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el
acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial entre la
República de Colombia y la República Bolivariana de
Venezuela, […] || Está leída la proposición con que termina el informe
de ponencia señor Presidente.
Hace uso de la palabra
el honorable Senador Edgar Espíndola Niño:
Lo que pasa es que algunos
compañeros han salido y no tendríamos el quórum para votarlo, propondría
mientras llegan algunos de ellos, toquemos el siguiente proyecto que me
corresponde en el Orden del Día, una vez ingresen pasaremos a la votación;
porque como no tenemos quórum, en ese orden de ideas tocaría dejar la votación
para una próxima sesión.
El Presidente, Senador
Carlos Fernando Motoa Solarte:
Solicita al Secretario se
sirva llamar a lista, para ver cómo estamos de acuerdo a la proposición del
Senador Espíndola.
El Secretario de la
Comisión, doctor Diego Alejandro González González: Procede con el llamado a
lista:
Avirama Avirama Marco
Aníbal
Barreras Montealegre Roy
Leonardo
Barriga Peñaranda Carlos
Emiro
Presente
Cristo Bustos Juan
Fernando
Chavarro Cuéllar Carlos
Ramiro
Presente
Espíndola Niño Édgar
Presente
García Realpe Guillermo
Presente
Lozano Ramírez Juan
Francisco
Moreno Piraquive
Alexandra
Presente
Motoa Solarte Carlos
Fernando
Presente
Paredes Aguirre Miryam
Alicia
Presente
Romero Galeano Camilo
Ernesto
Virguez Piraquive Manuel
Antonio
Presente
Le informo señor Presidente
que han contestado a lista ocho (8) honorables Senadores, en consecuencia se
registra quórum para decidir”[38]
(negrillas y cursivas originales).
2.3.3.2. El proyecto se aprobó mediante votación
ordinaria en los siguientes términos:
“El señor Presidente,
Senador Carlos Fernando Motoa Solarte, manifiesta:
Una vez verificado el
quórum de la sesión, se pone en consideración el informe con el cual termina la
ponencia que ha presentado el Senador Carlos Emiro Barriga. Anuncio que va a
cerrarse, queda cerrada. ¿Aprueba la Comisión el informe final de
ponencia del Proyecto de ley número 145 de 2012 Senado?
El Secretario de la
Comisión, doctor Diego Alejandro González González:
Le informa al Presidente
que los Senadores de la Comisión sí han aprobado el informe final de
ponencia del Proyecto de ley número 145 de 2012 Senado, presentado por el
Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda.
El Señor Presidente,
Senador Carlos Fernando Motoa Solarte:
Solicita al Secretario se
sirva dar lectura al articulado.
El Secretario doctor
Diego Alejandro González González, informa al Presidente:
Que hay solicitud de
omisión de lectura del articulado.
El Señor Presidente,
Senador Carlos Fernando Motoa Solarte, informa a la Comisión:
Está a consideración de los
Senadores de la Comisión, la proposición de omisión de lectura del
articulado. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿Aprueba la
Comisión la omisión de lectura del articulado?
El Presidente, Senador
Carlos Fernando Motoa Solarte, informa a la Comisión:
Está a consideración de los
Senadores el articulado del proyecto. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada.
¿Aprueba la Comisión el articulado del Proyecto de ley número 145 de
2012?
El Secretario doctor
Diego Alejandro González González, le informa al Presidente:
Ha sido aprobado por los
Senadores de la Comisión el articulado del Proyecto de ley número 145
de 2012 Senado.
Lectura del título del proyecto.
El Secretario, doctor
Diego Alejandro González González, procede con la lectura del título del
proyecto de ley número 145 de 2012 Senado:
Título. Por medio
de la cual se aprueba el acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial
entre la República de Colombia y la República
Bolivariana de Venezuela, suscrito en Caracas, República Bolivariana
de Venezuela, el 28 de noviembre de 2011, y sus seis anexos con sus respectivos
apéndices, suscritos en Cartagena, República de Colombia, el 15 de abril de
2012, así: Anexo I “Tratamiento arancelario preferencial”. Anexo “Régimen
de origen”. Anexo III “Reglamentos técnicos, evaluación de la
conformidad y metrología”. Anexo IV “Medidas sanitarias, zoosanitarias y
fitosanitarias”. Anexo V “Medidas de defensa comercial y medida especial
agrícola”. Anexo VI “Mecanismo de solución de controversias”.
Me permito informarle al
señor Presidente que está leído el título del proyecto de ley.
El Presidente, Senador
Carlos Fernando Motoa Solarte:
Somete a consideración de los Senadores
de la Comisión, el título del proyecto de ley. Anuncio que va a cerrarse,
queda cerrado. ¿Aprueban los miembros de la Comisión Segunda el
título leído?
El Secretario, doctor
Diego Alejandro González González, informa a la Presidencia:
Ha sido aprobado el título
del Proyecto de ley número 145 de 2012 Senado.
El Presidente, Senador
Carlos Fernando Motoa Solarte:
Pregunta a los Senadores
de la Comisión, si quieren que este proyecto de ley tenga segundo debate
en la Plenaria del Senado.
El Secretario, doctor
Diego Alejandro González González, le informa al Presidente:
Los Senadores de la
Comisión Sí quieren que este proyecto de ley pase a su segundo debate
en la Plenaria del Senado.
El Presidente Senador,
Carlos Fernando Motoa Solarte, nombra como ponente para el segundo debate a los
Senadores Carlos Emiro Barriga Peñaranda y Juan Fernando Cristo Busto.
Se continúa con el
siguiente punto de ley…”[39]
(negrillas y cursivas originales).
Al aprobar en primer debate el Proyecto de Ley
145 Senado se verificó uno de los supuestos que según el artículo 129, numeral
16, de la Ley 5ª de 1992 (modificado por el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011),
habilita excepcionar la regla general de votación nominal y pública, para
acudir en su lugar a la votación ordinaria. En el presente caso se evidenció la
voluntad unánime de los integrantes de la célula legislativa que votaron el
proyecto en el sentido de impartirle aprobación para que este continuara su
trámite en la Plenaria del Senado. Así se concluye del hecho de que inmediatamente
después de verificado el quorum de la sesión, en donde contestaron a lista ocho
(8) Senadores, fueran aprobadas las proposiciones del informe final de
ponencia, el articulado del Proyecto de Ley 145 de 2012 Senado, el título del
proyecto de ley y la pregunta final acerca de si querían que dicho proyecto tuviera
segundo debate en la plenaria del Senado, sin que se presentaran proposiciones
en contra ni otro tipo de manifestaciones adversas a dichas iniciativas.
El recurso a la votación ordinaria en el
presente caso no impidió verificar con certeza la existencia de quórum
decisorio al momento de votar (art. 145 C.P.) y, por consiguiente, que el
proyecto se aprobara con las mayorías requeridas (art. 146 C.P.). Lo anterior,
por cuanto justo antes de abrirse la votación, se efectuó un llamado a lista al
que respondieron ocho (8) de los trece (13) integrantes de la Comisión Segunda
del Senado. De este modo, fue posible además dar cumplimiento a la regla de
votación prevista en el artículo 123 numeral 4º de la Ley 5ª de 1992, por cuanto
se pudo verificar que el número de votos emitidos coincidió con el número de
congresistas presentes en la respectiva corporación al momento de votar.
En el acta No. 32 de la Comisión Segunda
del Senado referida, se observa que la solicitud relacionada con la omisión de
lectura del articulado si bien fue sujeta
a consideración, no fue votada. Sin embargo, a continuación aparecen aprobados
mediante votación ordinaria el
articulado del proyecto, el título del mismo y la pregunta acerca de si se quiere
que ese proyecto de ley tenga segundo debate en la Plenaria del Senado. Si se
tiene en cuenta que se trata de un asunto de mero trámite, y que ninguno de los
senadores presentes se pronunció al respecto como una voz disidente ni solicitó
la lectura del articulado, puede entenderse que la actuación que a continuación
se verificó está conforme al procedimiento legislativo que la ley establece.
2.4.
Segundo debate en la Plenaria del Senado de la
República
2.4.1.
Informe de ponencia. Los
Senadores Carlos Emiro Barriga
Peñaranda (Coordinador Ponente) y Juan Fernando Cristo, rindieron ponencia
positiva para segundo debate la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso
No. 380 del seis (6) de junio de dos mil trece (2013), donde se incluye además
la publicación del texto definitivo aprobado en primer debate por la Comisión Segunda
Constitucional Permanente.
2.4.2.
Anuncios. El proyecto de ley fue anunciado el once
(11) de junio de dos mil trece (2013) en la Plenaria del Senado, para ser
discutido y aprobado en “la siguiente Sesión Plenaria del honorable Senado
de la República día miércoles 12 de junio de 2013”, según consta en el Acta
No. 65 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 600 de 2013[40].
2.4.3. Aprobación. En efecto, el proyecto fue discutido y
aprobado mediante votación ordinaria el miércoles doce (12) de junio de
dos mil trece (2013), según consta en el Acta No. 66 de esa fecha, publicada en
la Gaceta del Congreso No. 662 del treinta (30) de agosto de dos mil trece
(2013).
2.4.3.1. En relación con la exigencia de quórum
decisorio, no se remitió a esta Corporación la certificación respecto del
quórum con el cual fue aprobado el proyecto de ley, pese a los reiterados
requerimientos que se formularon. Sobre este punto, solo se envió la
publicación en la Gaceta del Congreso del “Acta de Plenaria 66 del 12 de
Junio de 2013 Senado”[41]. Revisada esta,
se constata que al llamado a lista que aparece como primer punto del acta,
contestaron noventa y cuatro (94) senadores, y consta que dejaron de asistir
con excusa cuatro (4) senadores[42]. Sin embargo, y
continuando en su lectura, se observa que el punto inmediatamente anterior a la
consideración del Proyecto de Ley 145 Senado, fue votado nominalmente
verificándose la presencia en el recinto de cincuenta y ocho (58) senadores[43].
De igual manera, aparece que tras la aprobación del proyecto de ley objeto de
examen, el siguiente punto del orden del día también fue votado de manera
nominal, lo que permitió constatar la presencia en aquel momento de un total de
cincuenta y nueve (59) senadores[44]. Así, la
información contenida en el acta le permite a la Sala concluir que al momento
de votar el Proyecto de Ley 145 de 2012 Senado, existía quórum decisorio, por
cuanto se hallaban en el recinto al menos cincuenta y ocho (58) de los noventa
y ocho (98) senadores que para esa legislatura se encontraban en ejercicio de
sus funciones.
2.4.3.2. La aprobación del proyecto se hizo
mediante votación ordinaria en los siguientes términos:
“PROYECTO DE LEY NÚMERO
145 DE 2012 SENADO
Por medio de la cual se
aprueba el “Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la
República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”,
suscrito en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 28 de noviembre de
2011, y sus seis anexos con sus respectivos apéndices, suscritos en Cartagena,
República de Colombia, el 15 de abril de 2012, así: Anexo I “Tratamiento
Arancelario Preferencial”. Anexo II “Régimen de Origen”. Anexo III “reglamentos
técnicos, evaluación de la conformidad y Metrología”. Anexo IV “Medidas
Sanitarias, Zoosanitarias y Fitosanitarias”. Anexo V “Medidas de Defensa
Comercial y Medida Especial Agrícola”. Anexo VI “Mecanismo de Solución de
Controversias”.
La Presidencia indica
a la Secretaría dar lectura a la proposición con que termina la
ponencia.
Por Secretaría se da
lectura a la proposición positiva con que termina el Informe de ponencia.
La Presidencia somete
a consideración de la plenaria la proposición leída y, cerrada su discusión,
esta le imparte su aprobación.
Se abre segundo debate
Por solicitud del honorable
Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda, la Presidencia somete a
consideración de la plenaria la omisión de la lectura del articulado del
proyecto y, cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.
La Presidencia somete
a consideración de la plenaria el articulado del proyecto, y cerrada su
discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto? Y esta
responde afirmativamente.
La Presidencia indica
a la Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por Secretaría se da
lectura al título del Proyecto de ley número 145 de 2012 Senado, por
medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza
Comercial entre la República de Colombia y la República
Bolivariana de Venezuela”, suscrito en caracas, República Bolivariana de
Venezuela, el 28 de noviembre de 2011, y sus seis anexos con sus respectivos
apéndices, suscritos en Cartagena, República de Colombia, el 15 de abril de
2012, así: Anexo I “Tratamiento Arancelario Preferencial”. Anexo II “Régimen de
Origen”. Anexo III “reglamentos técnicos, evaluación de la conformidad y
Metrología”. Anexo IV “Medidas Sanitarias, Zoosanitarias y Fitosanitarias”.
Anexo V “Medidas de Defensa Comercial y Medida Especial Agrícola”. Anexo VI
“Mecanismo de Solución de Controversias”.
Leído este, la
Presidencia lo somete a consideración de la plenaria, y cerrada su
discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el
título leído? Y estos le imparten su aprobación.
Cumplidos los trámites
constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta:
¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado surta su
trámite en la honorable Cámara de Representantes? Y estos responden
afirmativamente.
La Presidencia indica
a la Secretaría continuar con el siguiente proyecto”[45]
(negrillas y cursivas originales).
También en este caso se reúnen las
condiciones previstas en el numeral 16 del artículo 129 de la Ley 5ª de 1992
(modificado por el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011), que habilitan efectuar
votación ordinaria. Así, se evidenció la voluntad unánime de los integrantes de
la célula legislativa que votaron el proyecto en el sentido de impartirle
aprobación para que este continuara su trámite en la Cámara de Representantes. Ello
se concluye del hecho de que  aprobaron la proposición positiva con que termina
el informe de ponencia, la omisión de lectura del articulado del proyecto, el
articulado del Proyecto de Ley 145 de 2012 Senado, el título del proyecto de
ley y la pregunta final acerca de si querían que dicho proyecto aprobado
surtiera su trámite en la Cámara de Representantes, sin que ninguno de los
senadores presentes planteara objeciones ni otro tipo de manifestaciones
adversas.
De otro lado, las votaciones inmediatamente
anteriores y posteriores a la que se analiza se hicieron de manera nominal y
pública, resultando posible determinar la existencia de quórum decisorio al
momento de votar (art. 145 C.P.), conformado al menos por cincuenta y ocho (58)
senadores, y, por consiguiente, puede concluirse que el proyecto se aprobó con
las mayorías requeridas (art. 146 C.P.), dando cumplimiento a la regla de
votación prevista en el artículo 123 numeral 4º de la Ley 5ª de 1992.
2.4.4.
Publicación del texto definitivo. El texto definitivo aprobado en segundo debate en la Plenaria del
Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 483 de 2013[46].
2.5. Tercer debate en la Comisión Segunda
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes
2.5.1.
Informe de ponencia. El
Proyecto de Ley 145 de 2012 Senado fue remitido a la Cámara de Representantes
donde adoptó el número 329 de 2013. En la Comisión Segunda Constitucional
Permanente fue nombrado como único ponente el Representante Carlos Eduardo León
Celis. Su ponencia, que finaliza con la proposición de dar primer debate al
proyecto en la Cámara de Representantes, fue publicada en la Gaceta del Congreso
No. 768 del veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013).
2.5.2.
Anuncios.  El Proyecto de Ley 329 de 2013 Cámara, 145
de 2012 Senado, se anunció de conformidad con lo previsto en la Constitución
por el Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes y por
instrucciones del Presidente de dicha Comisión, en sesión del veintitrés (23)
de octubre de dos mil trece (2013)[47], así: “[p]royectos que se discutirán y
votarán en la próxima sesión de Comisión donde se discutan y voten proyectos de
ley”. El Presidente precisó inmediatamente después que la misma
tendría lugar “de hoy en ocho (8) días a las 9 y media de la mañana, con la
presencia de los Ministros que han presentado estos proyectos”, esto es, para la sesión correspondiente
al treinta (30) de octubre siguiente.
2.5.3. Aprobación. Conforme a lo anunciado, la discusión y
votación del proyecto en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se
efectuó el treinta (30) de octubre de dos mil trece de (2013), según consta en
el Acta No. 19 de la fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 116 del
primero (01) de abril de dos mil catorce (2014).
2.5.3.1. En relación con el quórum
decisorio exigido por el artículo 145 de la Constitución, de acuerdo con el
acta se tiene que, según el registro de asistencia, la sesión se inició con la
presencia de siete (7) de los diecinueve (19) representantes que conforman esta
célula legislativa, y en el transcurso de esta se hicieron presentes diez (10)
representantes más, para un total de diecisiete (17) asistentes.  Entretanto,
antes de dar inicio a la votación de la iniciativa en examen, se aprobó de
manera nominal un impedimento presentado por uno de los integrantes de la
Comisión, por diez (10) votos a favor y dos (2) en contra, lo que permitió
verificar la presencia de doce (12) representantes en el recinto justo en el
momento previo a la aprobación del Proyecto de Ley 329 de 2013 Cámara, 145 de
2012 Senado y, con ello, la existencia de quórum decisorio[48].
2.5.3.2. Luego de leído el informe de
ponencia, y aceptado el impedimento formulado por uno de los representantes, el
proyecto se aprobó mediante votación ordinaria, de la siguiente manera:
“Hace
uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Telésforo Pedraza
Ortega:
Bueno,
en consideración de la Comisión la proposición con que termina el
informe de ponencia se abre la discusión, va a cerrarse, queda cerrada, ¿la aprueba la
Comisión?
Hace
uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda,
doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha
sido aprobada señor Presidente la proposición con que termina el informe de
ponencia.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Telésforo Pedraza
Ortega:
Articulado
del proyecto señora Secretaria.
Hace
uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda,
doctora Pilar Rodríguez Arias:
Señor
Presidente debo informarle que son 3 artículos debidamente publicados
en la Gaceta correspondiente.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Telésforo Pedraza
Ortega:
¿Tiene
proposiciones?
Hace
uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda,
doctora Pilar Rodríguez Arias:
No
señor Presidente.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Telésforo Pedraza
Ortega:
En
consideración de la Comisión el articulado del proyecto, se abre la
discusión, va a cerrarse, queda cerrada. ¿Lo aprueba la Comisión?
Hace
uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda,
doctora Pilar Rodríguez Arias:
Sí lo
aprueban señor Presidente.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Telésforo Pedraza
Ortega:
Las
formalidades de ley, después le concedo el uso de la palabra Representante
Pedro Pablo Pérez, Representante Zuluaga también después.
Hace
uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda,
doctora Pilar Rodríguez Arias:
Sí
señor Presidente. Título del proyecto por medio de la cual se aprueba
el Acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial entre la
República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, [...].
De acuerdo a lo que ha determinado el señor Presidente se le pregunta a los
honorables Representantes si aprueban este título del proyecto leído y ustedes
quieren que este proyecto pase a segundo debate y se convierta en ley
de la República.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Telésforo Pedraza
Ortega:
En
consideración de la Comisión las formalidades del presente proyecto
de ley, se abre la discusión, va a cerrarse, queda cerrada. ¿Las
aprueba la Comisión?
Hace
uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda,
doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido aprobado el título leído señor Presidente.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Telésforo Pedraza
Ortega:
Se
designa ponente para segundo debate en plenaria de la Cámara al
honorable Representante Carlos Eduardo León Celis, y en su orden tiene la
palabra el Representante Pedro Pablo Pérez y los señores Ministros.
Hace
uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda,
doctora Pilar Rodríguez Arias:
Discúlpeme
señor Presidente y además para que no haya problemas en la formalidad en el
trámite los señores Representantes quieren que este proyecto de ley sea ley
de la República y pase a segundo debate.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Telésforo Pedraza
Ortega:
Se me
había olvidado.
Hace
uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda,
doctora Pilar Rodríguez Arias:
No
señor Presidente, fue que usted me interrumpió.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Telésforo Pedraza
Ortega:
La señora
que se acordó tarde, pero queda formalmente aprobado por parte de la
Comisión todas las formalidades que requieren los proyectos de ley, y en
este caso la aprobación de este acuerdo.
Hace
uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora
Pilar Rodríguez Arias:
Sí
señor Presidente.
[…]
Hace
uso de la palabra el honorable Representante Augusto Posada Sánchez:
Gracias
Presidente, para dejar constancia que acabo de hacer ingreso después de que fue
aprobado el proyecto y que así se dé discusión sobre el mismo, ya fue aprobado
y evacuado por la Comisión, gracias Presidente.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Telésforo Pedraza
Ortega:
Y a
usted le fue aprobado su impedimento Representante Posada. Bueno tiene la
palabra el Representante Pedro Pablo Pérez.
[…]
Hace
uso de la palabra el señor Presidente (e) honorable Representante Juan Carlos
Martínez Gutiérrez:
Gracias
honorable Representante, continuemos con el Orden del Día señora Secretaria”[49] (negrillas y
cursivas originales).
También en el presente caso se cumplen los
requisitos que según el artículo 129, numeral 16, de la Ley 5ª de 1992
(modificado por el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011), autorizan la excepción
a la regla de votación nominal y pública para acudir, en su lugar, a la
votación ordinaria. En el presente caso se evidenció la voluntad unánime de los
asistentes de aprobar la proposición con que terminó el informe de ponencia, el
articulado del proyecto de ley, el título del mismo y la pregunta de si quieren
que pase a segundo debate y se convierta en ley de la República, sin que se
formularan proposiciones adicionales u objeciones. Además, ninguno de los
integrantes de la Comisión solicitó la votación nominal y pública de esta
iniciativa, ni dejó constancia sobre su oposición al proyecto, y las
intervenciones realizadas durante el debate estuvieron encaminadas a
respaldarla.
Por otra parte, puso establecerse la existencia
de quórum decisorio al momento de votar (art. 145 C.P.); esto a su vez permitió
verificar que el proyecto se aprobó con las mayorías requeridas (art. 146 C.P.)
y en cumplimiento de la regla de votación prevista en el artículo 123 numeral
4º de la Ley 5ª de 1992.
2.6. Cuarto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes
2.6.1.
Informe de ponencia. Al
finalizar la votación del proyecto en la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes, se designó como ponente para el debate en plenaria al
representante Carlos Eduardo León Celis. Su ponencia, que finaliza con la
proposición de dar segundo debate en Cámara al proyecto, fue publicada en la
Gaceta del Congreso No. 965 del veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece
(2013).
2.6.2.
Anuncios. El proyecto de ley fue anunciado tres veces
en la Plenaria de la Cámara de Representantes. El primer anuncio se efectuó el
día trece (13) de mayo de dos mil catorce (2014) “para el próximo martes 20
de mayo o para la Sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o
actos legislativos”[50]. En la sesión
plenaria del día veinte (20) de mayo no alcanzó a discutirse esta iniciativa[51],
por lo cual, al finalizar la misma, se anunciaron proyectos “para el próximo 27 de mayo de 2014”, entre ellos la iniciativa que hoy es objeto de
control[52]. En la sesión de veintisiete (27) de mayo
de dos mil catorce (2014) tampoco se logró debatir este proyecto, por lo cual,
al finalizar la misma se efectuó un tercer anuncio para “el día de mañana 28
de mayo de 2014 a las 2:00 p. m.”[53].
Se observa que
los tres anuncios se efectuaron en debida forma, por cuanto: (i) se
realizaron con antelación a la fecha en que efectivamente se debatió la
iniciativa bajo examen; (ii) en todos ellos se determinó de manera clara
y precisa la sesión para la cual estaba programada la discusión de la iniciativa,
y (iii) existió continuidad en la cadena de anuncios, por cuanto la
iniciativa fue anunciada de manera sucesiva en las sesiones del trece (13),
veinte (20) y veintisiete (27) de mayo de dos mil catorce (2014), para ser
debatida en la sesión siguiente, hasta que ello se produjo, finalmente, en la
sesión del veintiocho (28) de mayo del mismo año. Por tanto, se dio cabal
cumplimiento a la exigencia prevista el artículo 160 inciso final de la
Constitución.
2.6.3.
Aprobación. Conforme a lo
indicado en el tercer anuncio, el día veintiocho (28) de mayo de dos mil
catorce (2014) el proyecto fue discutido y aprobado, según consta en el Acta de
plenaria No. 277 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 270 del
nueve (9) de junio de dos mil catorce (2014).
2.6.3.1. En
principio, la aprobación del proyecto se surtió mediante votación ordinaria,
del siguiente modo:
Dirección
de la Presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:
Continuemos con el orden
del día, punto primero.
Secretario General,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Con las modificaciones.
Proyecto de ley número 329
de 2013 Cámara, 145 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el
“Acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial entre la
República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela” [...].
[…]
Señor Presidente, sobre
este proyecto hay una constancia del doctor Augusto Posada Sánchez, donde dice:
|| Dejo constancia que no he participado ni participaré, ni he votado ni votaré
el Proyecto de ley número 329 de 2013 Cámara, 145 de 2012
Senado. Acuerdo comercial entre la República de Colombia
y la República Bolivariana de Venezuela.
[…]
Dirección de la
Presidencia, doctor Germán Alcides Blanco Álvarez:
Señor Secretario, sírvase
usted darle lectura a la proposición con la que termina el informe de ponencia
correspondiente al Proyecto de Ley número 329 de 2013 Cámara.
Secretario General,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Dice así: Termina la
ponencia con la siguiente proposición que ya fue publicada en la Gaceta del
Congreso.
Por lo anteriormente
expuesto y con base en lo dispuesto por la Constitución Política y la
ley, me permito proponer a los honorables Representantes dar segundo debate
al Proyecto de ley número 329 de 2013 Cámara, 145 de 2012 Senado,
en la Plenaria de Cámara, [...]. || Firma: Carlos Eduardo León
Celis, Representante a la Cámara, y anexa lo enunciado.
Se deja constancia, señor
Presidente, que el doctor Posada Augusto no se encuentra en el recinto mientras
se tramita este Proyecto.
Ha sido leído, señor
Presidente, la proposición con que termina la ponencia.
Dirección de la
Presidencia, doctor Germán Alcides Blanco Álvarez:
En consideración la
proposición con la que termina la ponencia correspondiente al Proyecto de
ley número 329 de 2013 Cámara, continúa la discusión, se va a cerrar, se
cierra. ¿Aprueba la Plenaria la proposición con que termina el
informe de ponencia?
Secretario General,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Así lo quiere la
Plenaria, ha sido aprobado.
Dirección de la
Presidencia, doctor Germán Alcides Blanco Álvarez:
Articulado, señor
Secretario.
Secretario General,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Consta de tres artículos
sin ninguna proposición y fue publicado en la Gaceta del
Congreso, señor Presidente, para que sometan a consideración los tres
artículos.
Dirección de la
Presidencia, doctor Germán Alcides Blanco Álvarez:
En consideración los
artículos correspondientes al Proyecto de ley número 329 de 2013
Cámara, se mantiene la discusión, anuncio que va a cerrarse la discusión,
se cierra la discusión. ¿Aprueba la Plenaria el articulado
correspondiente al Proyecto de ley número 329 de 2013 Cámara?
Secretario General,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Ha sido aprobado, señor
Presidente.
Dirección de la
Presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:
Título y pregunta, señor
Secretario.
Secretario General,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Proyecto de ley número 329
de 2013 Cámara, 145 de 2012 Senado, “por medio de la cual se aprueba el
`Acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial entre la
República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”,
suscrito en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 28 de noviembre
de 2011”, y sus seis anexos con sus respectivos apéndices, suscrito en
Cartagena, República de Colombia, el 15 de abril de 2012, así: || Anexo I
“Tratamiento arancelario preferencial”. || Anexo II “Régimen de origen”. || Anexo
III “Reglamentos técnicos, evaluación de la conformidad y la metrología”. || Anexo
IV “Medidas sanitarias, zoosanitarias y fitosanitarias”. || Anexo V “Medidas de
defensa comercial y medida especial agrícola”. || Anexo VI “Mecanismo de
solución de controversias”.
Y la pregunta, por ser el
último debate del Proyecto, si quiere la honorable Plenaria de la
Cámara que sea Ley de la República.
Dirección de la
Presidencia, doctor Germán Alcides Blanco Álvarez:
En consideración entonces
el Título leído por el señor Secretario y la pregunta de si la
Plenaria quiere que el presente Proyecto se convierta en Ley de la
República.
Secretario General,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Sí, señor Presidente. Ha
sido aprobado por la Plenaria.
Dirección de la
Presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:
Continúe, señor Secretario,
con el Orden del Día[54].
Si bien en esa
oportunidad concurrían los requisitos que, según el artículo 129, numeral 16,
de la Ley 5ª de 1992 (modificado por el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011),
autorizan la excepción a la regla de votación nominal y pública, toda vez que se
aprobó la proposición positiva con la que concluyó el informe de ponencia, el
articulado correspondiente al Proyecto de Ley 329 de 2013 Cámara, el título del
mismo y respondió positivamente a la pregunta de si la plenaria quería que el
proyecto se convirtiera en ley de la República, sin que ninguno de los representantes
se opusiera o realizara una manifestación en contra de esta iniciativa, ni
solicitara que se efectuara la votación nominal y pública.
2.6.3.2. Sin
embargo, como se tenía duda en relación con la conformación del quórum
decisorio conforme lo ordenado en el artículo 145 Superior, se requirió a la
Secretaría de la Cámara de Representantes remitir “certificación, debidamente respaldada, del quórum
y de número total de votos con los que fue aprobado el proyecto de ley 145/2012
Senado y 329/2013 Cámara, hoy Ley 1722 de 2014” en la plenaria de la Cámara
“y si el número total de votos emitidos coincidió con el número de
congresistas presentes en la respectiva corporación al momento de votar, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 123 numeral 4º de la Ley 5ª de 1992”[55].
En respuesta al
requerimiento efectuado por la Corte, el Secretario de la Cámara aportó una
constancia en la que da cuenta del número total de congresistas que se hicieron
presentes a la sesión Plenaria de la Cámara de Representantes en la que se
debatió esta iniciativa, para un total de ciento treinta y cinco (135). Sin
embargo, no informó si tal era, en efecto, el número de parlamentarios que se
hallaba presente al momento de su aprobación, siendo esto último lo que ha de
constatarse para verificar el quórum decisorio y lo que le solicitó este
Tribunal que certificara[56].
2.6.3.3. Ante la
falta de información concreta del quórum deliberatorio y decisorio, tras
consultar el acta correspondiente se pudo establecer que: (i) tanto en
el momento previo, como luego de la lectura del orden del día, la Secretaria
informó sobre la existencia de quórum decisorio[57];
(ii) una vez leído el orden del día, y luego de proponer algunas
modificaciones que finalmente fueron retiradas, aquél fue aprobado por votación
ordinaria, seguido lo cual se dio inicio a la discusión del Proyecto de Ley 329
de 2013 Cámara, 145 de 2012 Senado, que estaba como primer punto del orden del
día; (iii) justo a continuación, al considerar el segundo proyecto del
orden del día, se procedió a votar de manera nominal los impedimentos
presentados por algunos parlamentarios, pero al momento de cerrar el registro y
anunciar el resultado de la votación se informó que se había desintegrado el
quórum decisorio[58].
Así, la Corte constató que
durante el trámite en cuarto debate del Proyecto de Ley 145 de 2012 Senado, 329
de 2013 Cámara, se incurrió en un vicio de procedimiento, por cuanto la manera
en que se llevó a cabo y se registró en el acta la votación ordinaria de esta
iniciativa no permitió establecer el número de congresistas que impartieron su
aprobación al proyecto. Por lo mismo, no fue posible verificar que al momento
de la votación se cumplió con la condición de validez de la votación prevista
en el artículo 123 numeral 4º de la Ley 5ª de 1992, ni con la exigencia de quórum
decisorio prevista en el artículo 145 Superior.
A través del auto 175 del
seis (6) de mayo de dos mil quince (2015)[59],
la Sala Plena devolvió a la Cámara de Representantes la Ley 1722 del tres (03)
de julio de dos mil catorce (2014), con el fin de que se subsanaran los vicios
de procedimiento detectados, así: cumplimiento de la exigencia del quórum decisorio
en cuarto debate del proyecto, por cuanto la manera como se llevó a cabo y se
registró en el acta la votación ordinaria de esta iniciativa no permitió
establecer el número de congresistas que impartieron su aprobación al proyecto.
Por lo tanto, no fue factible verificar que al momento de la votación se hubiera
cumplido con la condición de validez prevista en el artículo 145 Superior, ni
con el requisito contenido en el artículo 123, numeral 4º, de la Ley 5ª de
1992. Como esta misma irregularidad se presentó durante la aprobación del
informe de conciliación en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes,
en el auto en mención también fue requerida la subsanación de dichos defectos
de forma detectados (en el apartado 2.7. se hará referencia a estos últimos
aspectos).
En respuesta al anterior
requerimiento, el Secretario General de la Cámara de Representantes[60]
hizo constar en escrito del tres (3) de junio de dos mil quince (2015), a
propósito de la corrección de los vicios de procedimiento en la sustanciación de
la ponencia en segundo debate, que:
“En Sesión Plenaria
del día 2 de junio de 2015 de la Cámara de Representantes, fue considerado y
aprobado sin modificaciones en segundo debate la ponencia, el articulado y el
título presentado por los ponentes al Proyecto de Ley No. 329 de 2013 Cámara
- 145 de 2012 Senado “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL ‘ACUERDO DE ALCANCE
PARCIAL DE NATURALEZA COMERCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA
DE BOLIVARIANA DE VENEZUELA’, […]”. (Ley 1722 de julio 3 de 2014).
Lo anterior dando
cumplimiento al Auto No. 175 del 06 de mayo de 2015, proferido por la Honorable
Corte Constitucional, y el numeral 2, artículo 2 y 220 de la Ley 5ª de 1992,
(Reglamento del Congreso), y de conformidad con el artículo 5 del Acto
Legislativo No. 1 de 2009, se procedió a subsanar el vicio de procedimiento en
esta Corporación al proyecto de Ley en comento.  Lo anterior según consta en el
Acta de Sesión Plenaria No. 067 de junio 2 de 2015, previo su anuncio en Sesión
Plenaria el día 01 de junio de los corrientes, según Acta de Sesión Plenaria
No. 066” (negrillas y mayúsculas originales)[61].
Mediante auto del veintitrés (23) de septiembre de dos mil quince
(2015), se requirió al Secretario General de la Cámara de Representantes el
envío a la Corte Constitucional del Acta de Sesión Plenaria Cámara No. 067 del
dos (2) de junio de dos mil quince (2015) y del Acta de Sesión Plenaria Cámara
No. 066 del primero (1) de junio de dos mil quince (2015), con indicación de
las gacetas en que fueron publicadas, para
efectos de hacer la verificación correspondiente al quorum deliberatorio y
decisorio en el trámite del cuarto debate del Proyecto de Ley 145 de 2012
Senado, 329 de 2013 Cámara, en la Plenaria de la Cámara de Representantes[62].
En
respuesta al anterior requerimiento, el treinta (30) de septiembre de dos mil
quince (2015) el Secretario General de la Cámara de Representantes[63],
remitió un ejemplar original de la Gaceta del Congreso No. 551 de 2015, en la
cual se encuentra publicada el Acta de Sesión Plenaria No. 066 del primero (1)
de junio de dos mil quince (2015)[64],
en la que se hace el anuncio de los “proyectos para la sesión ordinaria del
día de mañana 2 de junio 2015 (sic) o cuando se tramiten proyectos de ley o de
actos administrativos”, haciendo referencia al “Auto número 175 de mayo
2 (sic) del 2015 Corte Constitucional, subsanar vicio de procedimiento”[65].
Asimismo, adjuntó copia del acta impresa de la Gaceta del Congreso No. 673 de
2015, en la cual se publicó el Acta de Sesión Plenaria No. 067 del dos (2) de
junio de dos mil quince (2015)[66].
En el desarrollo de la sesión puede leerse que se aprobó por votación nominal y
pública, y con la mayoría requerida constitucionalmente (art. 146 C.P.), la
proposición de la ponencia favorable, el articulado, el título y la pregunta “¿si
es el deseo de esta plenaria, que el proyecto de ley se convierta en Ley de la
República?”. Los apartados pertinentes se transcriben a continuación:
“Segundo punto, corrección de
vicios de procedimiento, numeral dos, artículo dos, Ley 5ª  del 92, ponencia
para segundo debate, en cumplimento del Auto 175 del 6 de mayo de 2015
proferido por la honorable Corte Constitucional.
Proyecto de ley número 329 de
2013 Cámara, 145 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo
de alcance parcial de naturaleza comercial entre la República de Colombia y la
República Bolivariana de Venezuela”, suscrito en Caracas, República Bolivariana
de Venezuela, el 28 de noviembre de 2011, y sus seis anexos, con sus
respectivos apéndices, suscritos en Cartagena, República de Colombia el 15 de
abril del 2012, […].
Ponente: Representante Carlos
Eduardo León Celis, publicación ponencia para segundo debate Gaceta del
Congreso número 965 de 2013, se anunció para este debate en junio
primero de 2015.
La ponencia dice así, termina
con lo siguiente:
Bajo estas consideraciones me
permito rendir ponencia favorable al proyecto de ley en los términos de lo
siguiente.
Proposición
Por lo anteriormente expuesto
y con base en lo dispuesto por la Constitución Política y la ley, me permito
proponer a los honorables Representantes dar segundo debate al Proyecto de ley
número 329 de 2013 Cámara, 145 de 2012 Senado; […]
Firma,
Carlos Eduardo León Celis.
Señor Presidente, ha sido
leído el informe para votación de la ponencia para plenaria.
Dirección de la
Presidencia, Fabio Raúl Amín Saleme:
Gracias señor Secretario,
quiero que la plenaria tenga suficiente ilustración frente a lo que estamos
haciendo, el segundo punto del Orden del Día es la corrección de un vicio de
procedimiento, vicio de procedimiento sobre el Proyecto de ley número 329 de
2013 Cámara, 145 de 2012 Senado, en cumplimiento al auto proferido por la
honorable Corte Constitucional.
Leída la ponencia que pide
darle segundo debate al proyecto de ley, anuncio que se abre la discusión,
señores Representantes estamos votando la proposición con la que terminó el
informe de ponencia al proyecto de ley que solicita darle segundo debate,
anuncio que se va a cerrar la discusión. Doctora Lina Barrera; señor
Secretario, se cierra la discusión y se le pregunta a la plenaria, ¿si aprueban
la proposición con la que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley
número 329 de 2013 Cámara, 145 de 2012 Senado?
Se abre el registro. Votando
Sí, se aprueba la proposición con la que terminó la ponencia. Votando No, se
negaría la misma.
Secretario General, Jorge
Humberto Mantilla Serrano:
Se abre el registro para
votar la proposición con que termina la ponencia, pidiendo que se le dé segundo
debate a este proyecto de ley. […]
[…]
Dirección de la
Presidencia, Fabio Raúl Amín Saleme:
Honorables representantes
estamos votando la corrección del vicio de procedimiento de un proyecto de ley,
y en este momento estamos considerando la proposición de la ponencia, anuncio
que se va a cerrar la discusión.
Secretario General, Jorge
Humberto Mantilla Serrano:
María Fernanda Cabal, vota
SÍ.
Dirección de la
Presidencia, Fabio Raúl Amín Saleme:
Señor Secretario, último
llamado para votar. Honorables representantes les agradezco hacer uso del
sistema electrónico.
Secretario General, Jorge
Humberto Mantilla Serrano:
Hernán Prada, vota SÍ.
Dirección de la
Presidencia, Fabio Raúl Amín Saleme:
[…]. Señor Secretario, vamos
a ordenar cerrar el registro y anuncie el resultado de la votación.
Secretario General, Jorge
Humberto Mantilla Serrano:
Señores de cabina cerrar el
registro, suspender la votación, se cierra el registro y la votación es de la
siguiente manera:
Por el SÍ 85 votos
electrónicos, 2 manuales; para un total por el SÍ de 87 votos, por el NO cero
votos electrónicos, cero manuales.
Señor Presidente ha sido
aprobado el informe de ponencia que busca que se le dé segundo debate al
Proyecto de ley número 329 de 2013 Cámara, 145 de 2012 Senado, articulado señor
Presidente.
Publicación registro de
votación
[…]
Dirección de la
Presidencia, Fabio Raúl Amín Saleme:
Gracias Secretario, ha sido
aprobada, en el procedimiento corrección de vicio, la proposición con la que
terminó el informe de ponencia. Continuamos señor Secretario con el articulado,
¿cuántos son los artículos?
Secretario General, Jorge
Humberto Mantilla Serrano:
Señor Presidente, este
proyecto tiene tres artículos, los cuales ya fueron publicados en la Gaceta del
Congreso, no tiene ninguna modificación, y dicen así los artículos: || […].
Ha sido leído señor
Presidente el articulado.
Dirección de la
Presidencia, Fabio Raúl Amín Saleme:
Gracias señor Secretario. En
consideración el bloque de tres artículos que han sido leídos y no tienen
proposición alguna. Anuncio que se abre la discusión, señores Representantes,
estamos discutiendo el articulado del proyecto de ley. Anuncio que se va a
cerrar la discusión, queda cerrada la discusión. Señor Secretario, se abre el
registro, votando SÍ, se aprueba el bloque de tres artículos; votando NO, se
negarían.
Secretario General, Jorge
Humberto Mantilla Serrano:
Se abre el registro para
votar el articulado del Proyecto de ley número 329 de 2013 Cámara, 145 de 2012
Senado. La doctora María Fernanda Cabal, vota SÍ.
Dirección de la
Presidencia, Fabio Raúl Amín Saleme:
Señores Representantes
estamos votando el bloque de tres artículos del Proyecto de ley número 329 de
2013 Cámara, 145 de 2012 Senado.
Secretario General, Jorge
Humberto Mantilla Serrano:
Jaime Serrando, vota SÍ.
Dirección de la
Presidencia, Fabio Raúl Amín Saleme:
[…].
Señores Representantes,
último llamado para votar, previo a la ordenación del cierre de registro. Señor
Secretario, vamos a ordenar cerrar el registro y anunciamos el resultado de la
votación por favor.
Secretario General, Jorge
Humberto Mantilla Serrano:
Se cierra el registro.
Señores de cabina por favor cerrar el registro. La votación es de la siguiente
manera:
Por el SÍ 85 votos
electrónicos y 2 manuales, para un total por el SÍ de 87 votos; por el NO 1
voto electrónico, ninguno manual, para un total por el NO de 1 voto. Señor
Presidente ha sido aprobado el articulado, repito con 85 votos a favor y 1 en
contra.
Dirección de la
Presidencia, Fabio Raúl Amín Saleme:
Gracias Secretario, aprobada
la proposición de la ponencia y aprobado el articulado. Vamos a considerar el
Título.
[…]
Publicación registro de
votación
[…]
Dirección de la
Presidencia, Fabio Raúl Amín Saleme:
Gracias Secretario, aprobado
el articulado, consideramos entonces el título y la pregunta. Secretario, vamos
a leer el título como viene publicado y anunciamos la pregunta por favor.
Secretario General, Jorge
Humberto Mantilla Serrano:
Sí señor Presidente, título
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de alcance parcial de naturaleza
comercial entre la República de Colombia y la República Bolivariana de
Venezuela” […]
Dirección de la
Presidencia, Fabio Raúl Amín Saleme:
Gracias, señor Secretario en
consideración el título y la pregunta ¿si es el deseo de esta plenaria, que el
proyecto de ley se convierta en Ley de la República?, anuncio que se abre la
discusión, honorables representantes, estamos discutiendo el título y la
pregunta, doctor Gallón, anuncio que se va a cerrar la discusión, queda cerrada
la discusión
Señor Secretario, se abre el
registro, votando SÍ, se aprueba el título y la pregunta, siendo el deseo de
esta plenaria que el proyecto se convierta en Ley de la República, votando NO,
se negaría el título y la pregunta.
Secretario General, Jorge
Humberto Mantilla Serrano:
Se abre el registro para
votar el título y la pregunta sobre el Proyecto de ley 329 de 2013 Cámara; 145
de 2012 Senado.
Señores honorables
representantes, pueden votar.
Dirección de la
Presidencia, Fabio Raúl Amín Saleme:
[…]
Secretario General, Jorge
Humberto Mantilla Serrano:
Jaime Buenahora vota Sí.
Dirección de la
Presidencia, Fabio Raúl Amín Saleme:
Señores representantes,
anuncio que se va cerrar el registro; aún tenemos un par de votos en amarrillo
sin definir el sentido de su voto.
Secretario, cierre el
registro y anuncie el resultado de la votación.
Secretario General, Jorge
Humberto Mantilla Serrano:
Señores de cabina favor
cerrar el registro, la votación es de la siguiente manera:
Por el SÍ 84 votos
electrónicos y 1 manual para un total por el SÍ de 85 votos, por el NO 1 voto
electrónico, ninguno manual, para un total por el NO de 1 voto.
Señor Presidente, ha sido
aprobado el título y la pregunta sobre el Proyecto de ley 329 de 2013 Cámara;
145 de 2012 Senado.
Publicación Registro de
Votación
[…]
Dirección de la
Presidencia, Fabio Raúl Amín Saleme:
Gracias señor Secretario,
aprobada la proposición de la ponencia, aprobado el articulado, aprobado el
título y la pregunta, continuamos entonces con el siguiente punto del orden del
día”[67]
(negrillas y cursivas originales).
Conforme al acta
descrita, fueron aprobados el informe de ponencia que buscaba se le diera
segundo debate al Proyecto de Ley 329 de 2013 Cámara, 145 de 2012 Senado (con
87 votos por el sí y ninguno por el no), el articulado del proyecto (con 87
votos por el sí y 1 por el no) y, finalmente, el título y la pregunta de si era
deseo de la plenaria que el proyecto se convierta en ley de la República (con
85 votos por el sí y 1 por el no). Así, la Sala constata la corrección de los
vicios de procedimiento conforme a lo requerido en el auto 175 del seis (6) de
mayo de dos mil quince (2015) emanado de la Corporación, y el cumplimiento del
requisito del quórum decisorio y de la votación nominal y pública.
2.6.4.
Publicación del texto definitivo. El texto definitivo aprobado en cuarto debate en la Plenaria de la
Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 441 de 2015[68].
2.7. Trámite de conciliación del Proyecto
de Ley 145 de 2012 Senado y 329 de 2013 Cámara
Entre los textos aprobados en Senado y
Cámara se presentaron algunas discrepancias terminológicas que hicieron
necesario el trámite de conciliación[69].
El informe de conciliación presentado por
los ponentes de Senado y Cámara[70] frente al
Proyecto de Ley 329 de 2013 Cámara, 145 de 2012 Senado, advierte que “se realizan unos ajustes de técnica jurídica que no
afectan el fondo del articulado y espíritu del proyecto de ley” y
propone acoger como texto definitivo el que fue aprobado por la Cámara de
Representantes.
2.7.1. Publicación del informe de conciliación. El informe
de conciliación fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 295 del diecisiete
(17) de junio de dos mil catorce (2014), dando cumplimiento a lo establecido en
el artículo 161 constitucional, toda vez que se hizo un día antes del debate y
aprobación del mismo.
2.7.2. Anuncios.  El anuncio para la votación de la
conciliación en el Senado de la República se efectuó el diecisiete (17) de
junio de dos mil catorce (2014) para ser discutida y votada “en la sesión
plenaria siguiente a la del martes 17 de junio de 2014”, la cual se convocó
para el día “miércoles 18 de junio de 2014 a las 9:00 a.m”[71].
El cumplimiento de este requisito en la Cámara de Representantes también se
llevó a cabo durante la sesión del diecisiete (17) de junio, indicando que “se
anuncian los siguientes Proyectos para la Sesión Plenaria del día 18 de junio o
para la siguiente Sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o
actos legislativos”[72].
2.7.3. Aprobación del informe de conciliación en la
Plenaria del Senado.  En principio, conforme a lo anunciado, esta tuvo
lugar en la sesión del dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014), según
consta en el Acta No. 58, de la fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No.
351 de 2014.
2.7.3.1. Inicialmente aparece que el
informe de conciliación fue aprobado en la Plenaria del Senado por votación
ordinaria. Al llegar a este punto del orden del día, uno de los ponentes[73]
hizo uso de la palabra para explicar el sentido del informe de conciliación y
solicitar su aprobación a la plenaria. A continuación se dio lectura al texto
conciliado, luego de lo cual se hizo constar en el Acta que “[l]a Presidencia somete a
consideración de la plenaria el Informe de Conciliación al Proyecto de ley
número 145 de 2012 Senado, 329 de 2012 (sic) Cámara y, cerrada su discusión, esta le
imparte su aprobación”[74].
Durante el momento en que el informe estuvo a consideración, ninguno de los
asistentes manifestó reparos o solicitó la votación nominal del mismo.
2.7.3.2. En relación con la exigencia de quórum
decisorio, el Secretario General del Senado de la República, no remitió a
esta Corporación la información requerida sobre este aspecto del trámite[75].
Al revisar el acta de la sesión, consta que en el llamado a lista que se
relaciona al comienzo del acta se certifica la asistencia de noventa y cuatro
(94) senadores y se informa que dejaron de asistir con excusa (4)
parlamentarios[76].
La información que arroja el acta de la sesión le
permite a la Corte tener por cierto: (i) que a la sesión asistieron
noventa y cuatro (94) senadores; (ii) que en un momento anterior a la
votación del informe de conciliación objeto de análisis, la Secretaría certificó
la existencia de quórum decisorio; finalmente, (iii) que la permanencia
de los asistentes en el recinto no se mantuvo invariable, pues fue preciso
esperar entre la conformación del quórum deliberatorio y el decisorio y, luego,
en un momento avanzado de la sesión, uno de los parlamentarios advirtió sobre
el decaimiento del quórum (pese a lo cual este no fue verificado)[77].
2.7.3.3. Ante la falta de la certificación expresa que sobre este punto le fuera
requerida en dos ocasiones a la Secretaría del Senado, podría asumirse que el
quórum deliberatorio con el que fue aprobado el informe de conciliación estuvo
conformado por el total de los senadores que asistieron a la Plenaria del
Senado que tuvo lugar el dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014). A
tal conclusión se oponía la evidencia de que durante el curso de la sesión, el
número de parlamentarios que permaneció en el recinto fue variable. En este
orden de ideas, tampoco resultaba posible establecer cuál fue el número de votos
con el que se aprobó el informe de conciliación en el Senado. Por ende, como se indicó en líneas anteriores, a través del auto
175 del seis (6) de mayo de dos mil quince (2015)[78],
la Sala Plena devolvió la Ley 1722 del tres (03) de julio de dos mil catorce
(2014), con el fin de que se subsanara el vicio de procedimiento indicado, concediéndole
a la Cámara de Representantes “un término de treinta (30) días, contados a partir de la
notificación, para subsanar el vicio detectado, tras lo cual el Congreso de la
República dispondrá hasta el término de la legislatura que culmina el veinte
(20) de junio de dos mil quince (2015) para surtir las etapas posteriores del
trámite legislativo. En caso de que se requiera agotar la etapa de
conciliación, la votación de los respectivos informes deberá efectuarse de
acuerdo a lo establecido en el numeral anterior”.
En
respuesta al anterior requerimiento, el Secretario General del Senado de la
República[79],
hizo constar en escrito del dieciséis (16) de junio de dos mil quince (2015), a
propósito de la sustanciación del informe de la comisión accidental de
mediación, que:
“En Sesión Plenaria del H. Senado de la República el
día miércoles diez (10) de Junio del año dos mil quince (2015), fue considerado
y aprobado, el informe de la Comisión Accidental de Mediación integrada por la
Senadora TERESITA GARCÍA ROMERO, encargada de subsanar el vicio de
procedimiento al Proyecto de Ley No. 145/12 Senado – 329/13 Cámara “POR MEDIO
DE LA CUAL SE APRUEBA EL “ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATURALEZA COMERCIAL
ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE BOLIVARIANA DE VENEZUELA”,
[…]” (Ley 1722 de julio 3 de 2014), con base en lo dispuesto en el Auto de la
Corte Constitucional No. 175 de mayo 6 de 2015, el numeral 2, artículo 2 y 220
de la Ley 5ª de 1992 y artículo 5 del Acto Legislativo No. 01 de 2009.
Publicado en la Gaceta del Congreso No. 383/15.
El resultado de las
votaciones presentadas para la aprobación de éste (sic) Proyecto de Ley son las
registradas en el Acta No. 66 de fecha 10 de Junio de 2015, atendiendo lo
dispuesto en el artículo 5º del Acto Legislativo 01 de 2009, que establece:
“(…) El voto de sus miembros será nominal y público, excepto en los casos que
determine la Ley (…)”, desarrollado por la Ley 1431 de 2011.
La presente
sustanciación se hace con base en el registro hecho por la Secretaría General
de esta Corporación, en ésta (sic) misma sesión Plenaria y con el quórum
constitucional requerido.  La constancia de consideración y aprobación de
este Proyecto de Ley, se encuentran señalados en el Acta 66 de Junio 10 de 2015
previo anuncio en sesión Plenaria el día 9 de Junio de 2015, Acta No. 65”
(mayúsculas y subrayas originales)[80].
2.7.3.4. Mediante auto del veintitrés (23) de septiembre de dos mil quince
(2015), se requirió al Secretario General
del Senado de la República el envío a la
Corte Constitucional del Acta de Sesión Plenaria Senado No. 066 del diez (10)
de junio de dos mil quince (2015), y del Acta de Sesión Plenaria Senado No. 065
del nueve (09) de junio de dos mil quince (2015), con indicación de las gacetas
en que fueron publicadas, para efectos de hacer la verificación correspondiente
al quorum deliberatorio y decisorio en el trámite del informe de conciliación
en la plenaria del Senado[81].
En
respuesta al anterior requerimiento, el veintiocho (28) de septiembre de dos
mil quince (2015), el Secretario General del Senado de la República[82]
remitió copia auténtica de la Gaceta del Congreso No. 729 de 2015, contentiva
del Acta de la Sesión Plenaria Senado No. 066 del diez (10) de junio de dos mil
quince (2015), en la que fue aprobado el proyecto[83].
Si bien no se anexó el Acta de Sesión Plenaria Senado No. 065 del nueve (09) de
junio de dos mil quince (2015), en la búsqueda realizada en la página
institucional de la corporación se pudo ubicar la Gaceta del Congreso No. 681
de 2015[84],
en la que fue publicada la misma.  En el punto del Orden del Día II “Anuncio
de Proyectos” se lee:
“Por instrucciones de la Presidencia y de
conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los
proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Sí, señor Presidente, anuncios de proyectos de ley y
de actos legislativos para ser considerados y votados en la sesión Plenaria
siguiente a la del día martes 9 de junio de 2015.
Corrección de vicios subsanables en actos del
Congreso, remitidos por la honorable Corte Constitucional.
[…]
Proyecto de ley número 145 de 2012 Senado, 329 de 2013
Cámara, por medio de la cual se
aprueba el “Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la
República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”, suscrito en
Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 28 de noviembre de 2011, y sus
seis anexos con sus respectivos apéndices, suscritos en Cartagena, República de
Colombia, el 15 de abril de 2012,…”.
La
Sesión Plenaria siguiente se realizó el diez (10) de junio de dos mil quince
(2015).  En el Acta de Sesión Plenaria Senado No. 065 de la fecha, en el orden
del día, punto IV, se indican los proyectos de ley o de acto legislativo con
informe de conciliación que serán votados, entre ellos, el Proyecto de Ley 145
de 2012 Senado, 329 de 2013 Cámara, publicado en la Gaceta del Congreso No. 383
de 2015[85].
En el desarrollo de la sesión, puede leerse que el informe de conciliación fue
aprobado mediante votación nominal y pública, así:
“La Presidencia concede el
uso de la palabra a la honorable Senadora Teresita García Romero.
Palabras de la honorable
Senadora Teresita García Romero.
Con la venia de la
Presidencia hace uso de la palabra la honorable la (sic) Senadora Teresita
García Romero, quien da
lectura al informe de corrección de vicios al Proyecto de ley número 145 de
2012 Senado, 329 de 2013 Cámara, por medio de la cual se aprueba el
“Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República de
Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”, suscrito en Caracas,
República Bolivariana de Venezuela, el 28 de noviembre de 2011, y sus seis
anexos con sus respectivos apéndices, suscritos en Cartagena, República de
Colombia, el 15 de abril de 2012, […].
Gracias señor Presidente, el
informe de la corrección de vicios es de la Ley 145 de 2012 Senado y 329 de
2013 de Cámara, por medio de la cual se aprueba el acuerdo de alcance parcial
de la naturaleza comercial entre la República de Colombia y la República
Bolivariana de Venezuela, y consiste en que el título es diferente al de la
Cámara y también debemos ratificar la votación de la plenaria del Senado, por
lo tanto nosotros estamos de acuerdo señor Presidente que se apruebe esta
corrección.
La Presidencia somete a
consideración de la Plenaria el informe de corrección de vicios presentado por
la honorable Senadora Teresita García Romero al Proyecto de ley número 145 de
2012 Senado, 329 de 2013 Cámara y, cerrada su discusión abre la votación e
indica a la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en forma
nominal.
La Presidencia cierra la
votación, e indica a la Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el
resultado de la votación.
Por Secretaría se informa
el siguiente resultado:
Por el SÍ: 57
TOTAL: 57 Votos
Votación nominal a la
corrección de vicios al Proyecto de ley número 145 de 2012 Senado, 329 de 2013
Cámara […].
[A continuación aparece el
listado de los senadores que votaron por el sí].
En consecuencia ha sido
aprobado el informe de corrección de vicios presentado por la honorable
Senadora Teresita García Romero al Proyecto de ley número 145 de 2012 Senado,
329 de 2013 Cámara.
Aprobado 10 de junio de
2015”[86]
(negrillas originales).
En ese orden de
ideas, la Sala observa que se cumplió con
el requisito del anuncio previo en
el que se comunicó acerca de la sesión en que se efectuaría la discusión y
votación del informe de conciliación al Proyecto de ley número 145 de 2012
Senado, 329 de 2013 Cámara. Asimismo, se verificó
la existencia del quórum decisorio y, el cumplimiento del requisito de la votación nominal y
pública, establecidos respectivamente en los artículos 146 y 133 de la
Constitución Política.
2.7.4. Aprobación del informe de
conciliación en la Plenaria de la Cámara de Representantes.  En principio, conforme fuera anunciado, esta
tuvo lugar en la sesión del dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014),
según se registra en el Acta No. 281 de la misma fecha, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 336 de 2014.
2.7.4.1. Inicialmente aparece que la aprobación de la conciliación en la Plenaria de la
Cámara de Representantes se realizó mediante votación ordinaria. Al
llegar a este punto del orden del día, tras la lectura del respectivo informe,
se le impartió aprobación, sin que ninguno de los integrantes de la Corporación
formulara objeciones frente al mismo o solicitara su votación nominal[87].
2.7.4.2. Al ser requerida por la certificación del quórum[88], la Secretaría de la Cámara de
Representantes hizo constar lo siguiente: (i) en la sesión plenaria en
la que se aprobó el informe de conciliación objeto de examen se hicieron
presentes ciento treinta y un (131) Honorables Representantes a la Cámara; (ii)
dicho informe “fue
considerado y aprobado a través de votación ordinaria […], siendo ochenta y
ocho (88) votos el último resultado de votación nominal registrada, realizada
con anterioridad a la votación de interés” [89].
De esta certificación se infieren dos
conclusiones: en primer lugar, se confirma que el número de parlamentarios que
asisten a la sesión no se mantiene invariable en el curso de la misma, con lo
cual la verificación del quórum deliberatorio no puede reemplazarse, sin más,
por la certificación formal del número de asistentes a la correspondiente
sesión. En segundo lugar, que en el presente caso, en razón de la manera en que
se llevó a cabo la votación, la propia Secretaría de la Cámara de
Representantes no logró establecer con precisión, y así certificarlo, cuál fue
el quórum decisorio y el número de votos con el que se aprobó el informe de
conciliación objeto de análisis.
Así, ante la imposibilidad de acreditar
el número de representantes presentes al momento de votar el proyecto, la
Secretaría de la Cámara hizo constar el número de votos emitidos en la última
votación nominal registrada[90].  Sin embargo, esta no antecedió de
manera inmediata a la votación cuya validez se examina en este caso. Finalizada aquella, se llevó a cabo la votación
ordinaria de otros dos informes de conciliación[91],
tras lo cual tuvo lugar la aprobación del informe de conciliación al proyecto
correspondiente a la ley aprobatoria en estudio[92].
Luego de ello, la sesión continuó con la votación ordinaria de dos informes de
conciliación y de cinco proyectos de ley[93]. Con todo,
cuando llegó el momento de efectuar la votación nominal de una de las
iniciativas, frente a la cual no existía unanimidad, esta no pudo llevarse a
cabo porque, abierto el registro, se verificó la disolución del quórum
decisorio, pues para ese entonces solo se encontraban 51 de los 165
representantes[94].
2.7.4.3. Ante la falta de certificación precisa acerca del quorum
deliberatorio y decisorio existente en el trámite de la conciliación en la
Cámara de Representantes, y la inexistencia de datos en el acta de sesión que
permitan llegar a una conclusión fundada sobre este aspecto del trámite, a través del auto 175 del seis (6) de mayo de dos mil
quince (2015)[95],
la Sala Plena devolvió la Ley 1722 del tres (03) de julio de dos mil catorce
(2014), con el fin de que se subsanara el vicio de procedimiento indicado,
concediéndole a la Cámara de Representantes “un término de treinta (30) días, contados a
partir de la notificación, para subsanar el vicio detectado, tras lo cual el
Congreso de la República dispondrá hasta el término de la legislatura que
culmina el veinte (20) de junio de dos mil quince (2015) para surtir las etapas
posteriores del trámite legislativo. En caso de que se requiera agotar la etapa
de conciliación, la votación de los respectivos informes deberá efectuarse de
acuerdo a lo establecido en el numeral anterior”.
En respuesta al anterior
requerimiento, el Secretario General de la Cámara de Representantes[96],
hizo constar en escrito del once (11) de junio de dos mil quince (2015), a
propósito de la corrección de los vicios de procedimiento en la sustanciación
del informe de conciliación:
“En Sesión Plenaria del día 10 de junio de 2015 de la
Cámara de Representantes, fue considerado y aprobado el informe de la Comisión
Accidental de Mediación al Proyecto de ley No. 329 de 2013 Cámara - 145 de
2012 Senado “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL ‘ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE
NATURALEZA COMERCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE
BOLIVARIANA DE VENEZUELA’, […]”. (Ley 1722 de julio 3 de 2014).
Lo anterior dando
cumplimiento al Auto No. 175 del 06 de mayo de 2015, proferido por la Honorable
Corte Constitucional, y el numeral 2, artículo 2 y 220 de la Ley 5ª de 1992,
(Reglamento del Congreso), y de conformidad con el artículo 5 del Acto
Legislativo No. 1 de 2009, se procedió a subsanar el vicio de procedimiento en
esta Corporación al proyecto de Ley en comento.  Lo anterior según consta en el
Acta de Sesión Plenaria No. 071 de junio 10 de 2015, previo su anuncio en
Sesión Plenaria el día 09 de junio de los corrientes, según Acta de Sesión
Plenaria No. 070” (negrillas y mayúsculas originales)[97].
2.7.4.4.
Mediante auto del veintitrés
(23) de septiembre de dos mil quince (2015), se requirió al Secretario General de la Cámara de Representantes
el envío a la Corte Constitucional del Acta
de Sesión Plenaria Cámara No. 071 del diez (10) de junio de dos mil quince
(2015), y del Acta de Sesión Plenaria Cámara No. 070 del primero (1) de junio
de dos mil quince (2015), con indicación de las gacetas en que fueron
publicadas, para proceder a la verificación del quorum deliberatorio y
decisorio exigido para el trámite del informe de conciliación en la plenaria de
la Cámara[98].
El
Secretario General de la Cámara de Representantes informó que “las Actas de
las Sesiones Plenarias No. 70 y 71 correspondientes a los días 9 y 10 de junio
de 2015, respectivamente, se encuentran en estado de elaboración en la Sección
de Relatoría de la Corporación”, precisando que una vez se encuentren
publicadas en la Gaceta del Congreso la Secretaría General las remitirá a la
Corporación para su conocimiento[99].
2.7.4.5. Para dar continuidad al procedimiento de exequibilidad de la Ley 1722 de 2014, a
través del auto del seis (6) de octubre de dos mil quince (2015)[100],
se requirió al Secretario General de la
Cámara de Representantes para que, a efectos de concluir con el control sobre
el trámite de la subsanación dentro de los términos de ley, dé prioridad a la
elaboración de las Actas de Sesión Plenaria Cámara No. 070 del nueve (9) de
junio de dos mil quince (2015) y No. 071 del diez (10) de junio de dos mil
quince (2015), su publicación respectiva en la Gaceta del Congreso y su envío
inmediato a esta Corporación.
Mediante oficio del quince
(15) de octubre de dos mil quince (2015), la Secretaria General de la
Corporación hizo constar que el auto de fecha seis (6) de octubre de dos mil quince (2015), fue
notificado por medio del estado número 151 del ocho (8) de octubre del mismo
año. Asimismo, que el término de ejecutoria venció en silencio[101].
2.7.4.6. Así las
cosas, y dado que en el expediente no reposaban las pruebas necesarias para
verificar si se cumplió con el procedimiento previsto para la aprobación del
informe de conciliación en la Plenaria de la Cámara de Representantes, a través
del auto 505 del veintiuno (21) de octubre de dos mil quince (2015)[102],
la Sala Plena se abstuvo de decidir acerca de la exequibilidad de la Ley 1722
de 2014, hasta tanto no se cumpliera con los presupuestos constitucionales y
legales requeridos para hacerlo. Asimismo, entre otras órdenes, apremió al
Secretario General de la Cámara de Representantes para que acopie todos los
documentos requeridos y disponga que sean enviados a la Corporación, dentro de
los tres (3) días siguientes a la publicación de las actas en las Gacetas del
Congreso, si es que aún no se han publicado, o en el plazo de un (1) día hábil
contado a partir de la notificación de la providencia, en el caso contrario.
El
veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015)[103],
el Secretario General de la Cámara de Representantes[104]
remitió a la Corporación un ejemplar original de la Gaceta del Congreso No. 840
de 2015, en la cual se encuentra publicada el Acta de Plenaria No. 70 del nueve
(9) de junio del año en curso, informando que queda “pendiente únicamente el
Acta de Plenaria No. 71 del día 10 de junio de 2015, toda vez que aún se
encuentra en estado de elaboración en la Sección de Relatoría de la Corporación”[105].
En la Gaceta remitida se lee:
“Dirección de la Presidencia, Fabio Raúl Amín
Saleme:
Gracias señor Secretario. Desintegrado el quórum
decisorio pero teniendo quórum deliberatorio la Plenaria, con la presencia de
73 honorables Representantes, señor Secretario quiero anunciar que lo hicimos
antes de la intervención del señor Ministro, se cerró la discusión de la
proposición con la que terminó el informe de la ponencia mayoritaria, vamos a
anunciar proyectos señor Secretario para el día de mañana miércoles diez de
junio, que habrá sesión Plenaria a partir de las diez de la mañana, proceda con
el anuncio de proyectos señor Secretario.
Subsecretaria General, Yolanda Duque Naranjo:
Se anuncian los siguientes proyectos para la sesión
Plenaria del día diez de junio o para la siguiente sesión Plenaria en la cual
se debatan proyectos de ley o acto legislativo.
Auto número 175 de mayo 2 de 2015, Corte Constitucional,
subsanar vicios de procedimiento.
Informe de Conciliación al Proyecto de Ley 329 de 2013
Cámara, 145 de 2012 Senado, “por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de
alcance parcial de naturaleza comercial entre la República de Colombia y la
República Bolivariana de Venezuela’, suscrito en Caracas, República Bolivariana
de Venezuela, el 28 de noviembre del 2011”, y sus seis anexos con los
respectivos apéndices, suscritos en Cartagena, República de Colombia, el 15 de
abril de 2012, […]”[106]
(negrillas originales, subrayas añadidas).
Como puede observarse, se
cumple con el requisito del anuncio previo en el que se informa acerca de la sesión en que se
efectuará la discusión y votación del informe de conciliación al Proyecto de
Ley 329 de 2013 Cámara, 145 de 2012
Senado, “para la sesión Plenaria del día diez de junio o para la siguiente
sesión Plenaria”, según el requerimiento realizado por la Corte
Constitucional a través del auto 175 de 2015, para efectos de subsanar los
vicios de procedimiento detectados.
Posteriormente, el
dieciocho (18) de noviembre de dos mil quince (2015)[107],
el Secretario General de la Cámara de Representantes remitió a la Corte
Constitucional un ejemplar original de la Gaceta del Congreso No. 927 de 2015,
en la cual se encuentra publicada el Acta de Plenaria No. 71 del diez (10) de
junio del año en curso. En dicho documento puede leerse que el informe de
conciliación fue aprobado mediante votación nominal y pública, así:
“Secretario General, Jorge
Humberto Mantilla Serrano:
Corrección de vicio de
procedimiento numeral segundo, artículo 2º, Ley 5ª del 92.
Informe de conciliación en
cumplimiento al Auto 175 del 6 de mayo 2015, proferido por la honorable Corte
Constitucional.
Proyecto de ley 329 de
2013 Cámara, 145 de 2012 Senado, por
medio de la cual se aprueba el acuerdo de alcance parcial de naturaleza
comercial entre la República de Colombia y la República Bolivariana de
Venezuela, suscrito en Caracas,
República Bolivariana de Venezuela, el 28 de noviembre del 2011 y sus seis
anexos con los respectivos apéndices, suscritos en Cartagena, República de
Colombia, el 15 de abril de 2012, […]
[…]
El informe de conciliación a
este proyecto dice lo siguiente:
[…]
Dirección de la
Presidencia, Fabio Raúl Amín Saleme:
Gracias señor Secretario.
Corresponde someter a consideración el informe de conciliación, dándole
cumplimiento al auto de la honorable Corte Constitucional en el sentido de
corregir los vicios de procedimiento.
Señor Secretario vamos a
someter a consideración, anuncio que se abre el registro, votando sí se
aprobaría el informe de conciliación en cumplimiento del auto de la Corte
Constitucional, votando no se negaría el informe de conciliación en el
propósito y en la tarea de corregir los vicios de procedimiento.
Señor Secretario vamos a
ordenar abrir el registro.
Secretario General, Jorge
Humberto Mantilla Serrano:
Se abre el registro.
[…]
Subsecretaria General,
Yolanda Duque Naranjo:
Señores de cabina favor
cerrar el registro.
Jefe Sección de Relatoría,
Raúl Enrique Ávila Hernández:
Señor Presidente, ha sido
aprobado el informe de conciliación con el siguiente resultado.
Por el sí 85 votos
electrónicos ninguno manual.
Por el No 6 votos
electrónicos ninguno manual.
[A continuación aparecen los
registros de votación y los cuadros de los resultados de grupo e individuales].
Dirección de la
Presidencia, Fabio Raúl Amín Saleme:
Gracias señor Secretario.
Aprobado el informe de conciliación corrección vicio de procedimiento, del
punto tres del orden del día vamos a continuar con el punto cuatro, que son los
proyectos para segundo debate…”[108] (negrillas
y cursivas originales).
Así, se verificó el cumplimiento del requisito de la votación
nominal y pública establecido en el artículo 133 de la Constitución Política, y se constató la mayoría requerida constitucionalmente
(art. 146 C.P.).
2.8. Lapso entre debates.  Se verifica el cumplimiento de lo establecido en el
artículo 160 Superior, pues entre
el primero y el segundo debate en cada cámara transcurrió un lapso superior a
ocho (8) días.  En el presente caso: (i) el primer debate en la Comisión Segunda del Senado se
efectuó el quince (15) de mayo de dos mil trece de (2013), y el segundo debate
en la Plenaria de dicha corporación tuvo lugar el doce (12) de junio de dos mil
trece de (2013); a su vez, (ii) el primer debate en la Comisión Segunda
de la Cámara de Representantes se realizó el treinta (30) de octubre de dos mil trece de (2013), y el segundo debate en la Plenaria se efectuó el veintiocho
(28) de mayo de dos mil catorce (2014).
Asimismo, entre la aprobación del proyecto
en la Plenaria del Senado, doce (12) de
junio de dos mil trece de (2013), y el inicio del debate en la Cámara el
treinta (30) de octubre de dos
mil trece de (2013), transcurrió un tiempo superior a quince (15) días.
2.9. Trámite en máximo dos legislaturas. El artículo 162 de la Constitución dispone
que ningún proyecto de ley podrá ser considerado en más de dos legislaturas.
Tal regla fue cumplida en el presente caso, toda vez que el proyecto de ley
aprobatoria en examen fue radicado en el Senado el veinticuatro (24) de octubre
de dos mil doce (2012), esto es, durante el primer periodo de la legislatura
que inició el veinte (20) de julio de dos mil doce (2012) y finalizó el veinte
(20) de junio de dos mil trece (2013). Entretanto, la aprobación del informe de
conciliación, con el que finalizó el trámite en el Congreso, tuvo lugar el dieciocho
(18) de junio de dos mil catorce (2014), esto es, dos (2) días antes del
vencimiento de la legislatura que inició el veinte (20) de julio de dos mil
trece (2013) y finalizó el veinte (20) de junio de dos mil catorce (2014).
La Sala precisa que el límite temporal a
que alude el artículo 162 Superior según el cual “[n]ingún proyecto de ley
podrá ser considerado en más de dos legislaturas”, solamente es predicable
del trámite inicial dado por el Congreso pero no del trámite que deba surtirse posteriormente para la
subsanación de los vicios detectados por la Corte Constitucional. Al respecto, en la sentencia
C-027 de 2011[109], en el marco
de la revisión oficiosa de la Ley 1254 de 2008 “Por medio de la cual se
aprueba el ‘Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el
Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de
Colombia’, hecho en la ciudad de Lima, el 23 de noviembre de 2001”, la
Corporación sostuvo:
“Así, dado que el trámite que se debe surtir para la
subsanación del vicio identificado es una consecuencia del ejercicio del
control efectuado por la Corte (art. 241-10), no puede entenderse que en estas
circunstancias se desconozca el requisito de que el trámite se surta en máximo
dos legislaturas (art. 162 C. P.), pues éste se predica de la actuación del
legislador –que en el presente caso efectivamente tramitó y votó el proyecto de
ley en dicho plazo como se desprende del expediente legislativo analizado por
la Corte, pero no de las consecuencias que se deriven del ejercicio del control
de constitucionalidad, las cuales se rigen por los mandatos superiores y
legales que permiten el saneamiento de los vicios de procedimiento (parágrafo
del artículo 241 C. P., artículo 202 de la Ley 5ª de 1992 y artículo 45 del
Decreto 2067 de 1991)”[110].
2.10. Sanción del Gobierno y remisión
oportuna a la Corte Constitucional. Inicialmente, la sanción gubernamental de la Ley 1722
de 2014 tuvo lugar el tres (3) de julio de dos mil catorce (2014), y su envío a
la Corte Constitucional se llevó a cabo el día ocho (8) de julio siguiente[111].
Sin
embargo, como a través del auto 175 del seis (6) de mayo de dos mil quince
(2015)[112],
antes referido, la Sala Plena devolvió a la Cámara de Representantes la Ley
1722 de 2014, con el fin de que subsanara los vicios de procedimiento
detectados en la aprobación (i) del proyecto de ley en cuarto debate en
la Plenaria de la Cámara, y (ii) del informe de conciliación respectivo
en las plenarias de Senado y Cámara, disponiendo en el resolutivo tercero de
dicho auto que “[f]inalizado
el trámite en el Congreso, el Presidente de la República tendrá el plazo
establecido en la Constitución para sancionar el proyecto de ley, cumplido lo
cual remitirá a la Corte
Constitucional la Ley 1722 de 2014, para decidir definitivamente sobre su
exequibilidad”; era necesario surtir
nuevamente la sanción presidencial del proyecto de ley antes de remitirlo a este
Tribunal Constitucional conforme a lo establecido en los artículos 157, numeral
4º, y 241, numeral 10, de la Constitución Política. Sin embargo, al examinar el
trámite dado al proyecto, la Corporación detectó que este requisito no se
cumplió[113].
Así
las cosas, y teniendo en cuenta que el Proyecto de Ley 145 de 2012 Senado, 329 de 2013
Cámara, no había sido sancionado por el Gobierno Nacional y, en consecuencia, aun
no era Ley de la República, la Corte
Constitucional a través del auto 576 del diez (10) de diciembre de dos mil quince (2015)[114],
se inhibió de pronunciarse acerca de su
exequibilidad, toda vez que la función que le atribuye el numeral 10 del
artículo 241 constitucional se refiere a decidir definitivamente sobre la
exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben.
Consecuencialmente, devolvió a la Secretaría General del Congreso de la
República el Proyecto de Ley bajo análisis, para que lo remitiera
inmediatamente para la sanción correspondiente al Presidente de la República y,
una vez agotado el anterior procedimiento, fuera enviado a la Corte
Constitucional para que el control que le compete llevar a cabo, se efectuara.
En
respuesta a lo anterior, el dos (2) de marzo de dos mil dieciséis (2016), la
Secretaria Jurídica de la Presidencia[115]
remitió fotocopia autenticada de la Ley 1722 del tres (3) de julio de dos mil
catorce (2014), “por medio
de la cual se aprueba el “Acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial
entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”,
suscrito en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 28 de Noviembre de
2011, y sus seis anexos con sus respectivos apéndices, suscritos en Cartagena,
República de Colombia, el 15 de abril de 2012, así: Anexo I “Tratamiento
arancelario preferencial”. Anexo II “Régimen de origen”. Anexo III “Reglamentos
técnicos, evaluación de la conformidad y metrología”. Anexo IV “Medidas
sanitarias, zoosanitarias y fitosanitarias”. Anexo V “Medidas de defensa
comercial y medida especial agrícola”. Anexo VI “Mecanismo de solución de controversias””,
sancionada nuevamente por el señor
Presidente de la República el primero (1) de marzo de dos mil dieciséis (2016)[116].
La
remisión de la Ley 1722 de 2014 se efectuó dentro del término previsto en el
numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política, esto es, dentro de los
seis (6) días siguientes a la sanción de la misma.
3. Consulta previa
La
Corte Constitucional se ha referido a la manera en que debe garantizarse el
derecho de los grupos étnicos a la consulta previa en relación con tratados
internacionales, sean estos de carácter bilateral o multilateral. Las reglas
jurisprudenciales en materia de consulta previa de tratados bilaterales han
sido desarrolladas, entre otras, en las sentencias C-615 de 2009[117],
C-608 de 2010[118]
y C-941 de 2010[119],
donde ha quedado establecido que: (i) se debe consultar a las minorías
étnicas cuando se está frente a un acuerdo bilateral en el que se aborden
asuntos susceptibles de afectarlas de manera directa; (ii) la consulta
debe llevarse a cabo antes de que el instrumento internacional sea sometido a
la aprobación del Congreso de la República, ya sea durante la fase de
negociación o bien luego de la firma del tratado, caso en el cual podría ser
necesaria la renegociación del acuerdo como resultado del proceso de consulta
con los grupos étnicos[120];
(iii) una vez adoptado el tratado, deberán ser consultadas aquellas
medidas legislativas o administrativas necesarias para su ejecución siempre que
ellas impliquen una afectación directa de los derechos de los grupos étnicos.
La
Sala concluye que en el presente asunto no era necesaria la consulta previa a
los grupos étnicos, toda vez que en las disposiciones del instrumento
internacional materia de examen, de los seis anexos que lo acompañan, y de la
correspondiente ley aprobatoria, no se encuentran contenidos normativos que
afecten de manera directa a las comunidades indígenas, afrocolombianas,
raizales, palenqueras o al pueblo Rom. Se trata de medidas de naturaleza
comercial que establecen (i) un tratamiento arancelario preferencial
aplicable a las importaciones de productos originarios de los países
suscriptores del convenio (arts. 1 y 2, anexo I); (ii) los criterios de
calificación, verificación y control de origen de las mercancías objeto de
dicho tratamiento preferencial (art. 3, anexo II); (iii) las reglas
técnicas para garantizar condiciones de seguridad y protección de la vida, la
salud humana, animal y vegetal, al igual que la adopción de un procedimiento y
una metrología para evitar inducir a error a los usuarios, en relación con las
mercancías beneficiadas por el intercambio comercial (arts. 5 y 6, anexos III y
IV); (iv) las cláusulas de salvaguarda de la producción nacional (art.
7, anexo V); (v) los órganos de administración del Acuerdo (arts. 8 y
9); (vi) los mecanismos de solución de controversias (art. 10, anexo VI),
y (vii) las reglas de vigencia, denuncia del tratado y disposiciones
transitorias (arts. 11 a 14).
Las
disposiciones del Acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial entre la
República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en
Caracas el veintiocho (28) de noviembre de dos mil once (2011), y de los anexos
que lo acompañan, prevén un marco general para el intercambio comercial entre
Venezuela y Colombia.  Se refieren de manera uniforme a la generalidad de los
colombianos, sin establecer normas que afecten de manera concreta y directa a
los grupos étnicos o contemplen la explotación de recursos naturales en sus
territorios. Sin embargo, como lo ha establecido este Tribunal en ocasiones
anteriores[121],
tal conclusión no es óbice para que las
disposiciones legislativas y administrativas que se expidan en desarrollo y
aplicación del acuerdo comercial que se revisa, deban estar precedidas de la
consulta previa obligatoria en la medida en que las afecten de manera directa y
específica.
4.
Conclusión del análisis del procedimiento. Validez formal del instrumento
sometido a revisión y de su ley aprobatoria 1722 de 2014
La anterior verificación le permite a este
Tribunal concluir que tanto en la suscripción de los instrumentos
internacionales sometidos a control, como en el trámite de su ley aprobatoria
se cumplieron las exigencias requeridas por la Constitución y por las normas
del bloque de constitucionalidad que en este caso operan como parámetro de
control.  Ello por cuanto:
4.1. El “Acuerdo de Alcance Parcial de
Naturaleza Comercial entre la República de Colombia y la República Bolivariana
de Venezuela” y los seis anexos que lo acompañan, fueron suscritos, el
primero, por el Presidente de la República, y los segundos por la Ministra de
Relaciones exteriores. Ambas autoridades tienen facultades de representación
del Estado colombiano con arreglo a lo previsto en el artículo 7 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del año 1969, incorporada
al derecho interno mediante la Ley 32 de 1985 [Supra 1].
4.2. El proyecto de ley aprobatoria inició
su trámite en el Senado de la República (art. 154 C.P.) [Supra 2.1.].
4.3.
El texto del proyecto de ley y su correspondiente exposición de motivos fue
publicado conforme lo establecido en el artículo 157, numeral 1º, Superior [Supra 2.2.].
4.4.
La aprobación del proyecto de ley cumplió con las exigencias de publicación de
los informes de ponencia, anuncios previos, votación en debida forma, quórum y
mayorías [Supra 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6].  Lo
anterior, teniendo en cuenta el trámite de corrección del vicio de
procedimiento detectado por la Corporación en el curso del cuarto debate en la
Plenaria de la Cámara de Representantes, trámite de subsanación, que se efectuó
conforme a la ley.
4.5.
El trámite de conciliación cumplió con lo previsto en el artículo 161 de la
Constitución, por cuanto el texto conciliado se publicó conforme a lo dispuesto
en dicha norma. Además, y luego del requerimiento realizado por la Corte
Constitucional a través
del auto 175 del seis (6) de mayo de dos mil quince (2015)[122],
la aprobación
del mismo en las plenarias de Senado y Cámara cumplió con las exigencias de
publicidad, anuncios previos, votación en debida forma, quórum y mayorías [Supra 2.7].
4.6.
Se cumplió con la regla del lapso entre debates prevista en el artículo 160 de
la Constitución Política, toda vez que entre el primero y el segundo debate en
cada cámara medió un término no inferior a ocho (8) días, y entre la aprobación
del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra
transcurrió un lapso superior a quince (15) días [Supra 2.8].
4.7.
El trámite del proyecto de ley aprobatoria se hizo dentro del límite temporal
de dos legislaturas, previsto en el artículo 162 constitucional [Supra 2.9].
4.8.
El proyecto recibió sanción presidencial conforme a lo dispuesto en el artículo
165 Superior y, como Ley 1722 de 2014, fue remitido a la Corte Constitucional
dentro del término previsto en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución
Política [Supra 2.10].
4.9.
No se efectuó consulta previa con los grupos étnicos por cuanto no se reunían
las condiciones constitucionales que así lo obligan [Supra 3].
Examen material
de los instrumentos sometidos a control y de su ley aprobatoria
La Corte realizará el control material de
constitucionalidad sobre el contenido del tratado, de los seis anexos que lo
acompañan, y de las disposiciones de la ley aprobatoria. Para tal efecto se
referirá, en primer lugar, a los criterios jurisprudenciales que, de manera
general, orientan la revisión material de los tratados internacionales, en
particular los de naturaleza comercial.  En segundo lugar, presentará una
síntesis de los antecedentes y el contexto en el que tuvo lugar la aprobación
del instrumento objeto de control.  En tercer lugar, explicará los elementos
estructurales del tratado y de los seis anexos que forman parte del mismo. Esto
le permitirá, en cuarto lugar, abordar el examen material del tratado y sus
anexos, tomando en cuenta los elementos estructurales que integran su
contenido.
5. El control
constitucional de los tratados internacionales de naturaleza comercial
El carácter integral del control constitucional de los
tratados y sus leyes aprobatorias supone que este Tribunal debe analizar tanto
los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado,
confrontándolos con todo el texto constitucional. En lo que respecta al control
material, este consiste en confrontar
las disposiciones del instrumento internacional y de su ley aprobatoria, con el
contenido integral de la Constitución, a partir de criterios eminentemente jurídicos, para así determinar si las mismas se ajustan o no a
los criterios sustantivos de validez contenidos en la Carta Política.
Como
premisa fundamental de dicho examen se deben considerar las disposiciones
superiores que definen el marco constitucional en el que han de desenvolverse
las relaciones entre Colombia y otros estados y organismos internacionales.
Así, el artículo 9 de la Constitución establece que las relaciones exteriores
del Estado colombiano se fundamentan en la soberanía nacional, en el
respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de
los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. En
atención a estos principios constitucionales, el artículo 226 Superior contiene
un mandato general de internacionalización de las relaciones políticas,
económicas, sociales y ecológicas, la cual debe efectuarse sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional.  Este se complementa en el
artículo 227, con un mandato específico de integración económica, social y
política con los países de América Latina y del Caribe y faculta a celebrar
para el efecto, tratados que, sobre bases de igualdad, equidad y reciprocidad,
creen organismos supranacionales, inclusive orientados a conformar una
comunidad latinoamericana de naciones.
Una tendencia creciente en las
relaciones internacionales es promover esta integración a través de la
celebración de tratados de naturaleza comercial, orientados a facilitar el
intercambio y libre tránsito de bienes y servicios. Al Presidente, en su
calidad de jefe de Estado y conductor de las relaciones internacionales, y al
Congreso, encargado de aprobar los compromisos adquiridos por Colombia en el
ámbito internacional, les asiste un amplio margen de discrecionalidad para
decidir sobre la conveniencia y oportunidad de suscribir este tipo de tratados.
Sin embargo, tal discrecionalidad está limitada, con carácter general, por el
marco de derechos y obligaciones definido en la Constitución y en el derecho
internacional de los derechos humanos; de manera específica, por los preceptos
que ordenan celebrar dichos tratados sobre bases de equidad, igualdad,
reciprocidad y conveniencia nacional (arts. 226 y 227 C.P.).
Según lo ha señalado la Corte en
anteriores oportunidades, la observancia de estos principios “adquiere
singular relevancia cuando se trata de la internacionalización de las
relaciones comerciales en un contexto de liberalización económica, dado que la
celebración de acuerdos ha de sopesar el tamaño de las economías, las
diferencias en los niveles de desarrollo y las aspiraciones comunes o
particulares de los contratantes, a fin de evitar que el convenio sea fuente de
beneficio exclusivo para alguna de las partes o de compromisos unilaterales que
no alcancen la equitativa asunción de obligaciones y responsabilidades por
todos los participantes”[123].
De igual manera, la suscripción de este tipo de instrumentos
internacionales debe considerar, además de las cuestiones de estricto beneficio
económico, “problemas que hace rato dejaron de ser exclusivos de las agendas
nacionales, para pasar a ser preocupaciones de la humanidad, como la vigencia
de los derechos, el calentamiento global, el progresivo deterioro del medio
ambiente, las manifestaciones de la violencia o la proliferación de prácticas
transnacionales desconocedoras de la dignidad humana”[124].
6. Antecedentes del
instrumento internacional objeto de revisión
Según se informa en la
exposición de motivos que acompaña el proyecto de ley aprobatoria, el Acuerdo
de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial suscrito entre Colombia y Venezuela
fue acordado en el marco de un proceso de integración económica regional entre
varios países de América Latina, cuyos hitos principales, necesarios para
comprender el contexto y sentido del presente acuerdo, son los siguientes[125]:
6.1.
El primer hito de este proceso de integración regional lo constituyó la firma
del Tratado de Creación de la Asociación Americana de Libre Comercio (ALALC),
suscrito en Montevideo el dieciocho (18) de febrero de mil novecientos sesenta
(1960), con el fin de promover la integración económica de los países
latinoamericanos, a través de la ampliación del tamaño de sus mercados y la
expansión de su comercio recíproco[126].
Con
posterioridad se suscribió un segundo instrumento, el Tratado de Montevideo
(TM80) del doce (12) de agosto de mil novecientos ochenta (1980), que sustituyó
el Tratado de 1960 y constituyó la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI), con la finalidad de establecer, en el largo plazo, un mercado común
latinoamericano[127].
Tal instrumento comprende la creación de un área de preferencias económicas,
compuesta por el mecanismo de Preferencia Arancelaria Regional (PAR), Acuerdos
de Alcance Regional y Acuerdos de Alcance Parcial. Estos últimos pueden ser
suscritos por algunos de los países que participan de este proceso de
integración, con el fin de crear las condiciones necesarias para profundizar el
proceso de integración regional y definir mecanismos que luego podrán
extenderse a los demás Estados que participan de este proceso de integración.
El
Acuerdo entre Colombia y Venezuela aprobado por el Congreso mediante la Ley
1722 de 2014 y hoy sometido a control constitucional constituye un Acuerdo de
Alcance Parcial de Naturaleza Comercial celebrado en el marco del Tratado de
Montevideo de 1980.
6.2.
Otro escenario de integración económica regional lo constituye la Comunidad
Andina (CAN), constituida desde 1969 tras la firma del Acuerdo Subregional
Andino (Acuerdo de Cartagena)[128],
orientado a promover la integración económica y social entre los países de la
región y sentar las bases para la formación gradual de un mercado común
latinoamericano. Dentro de este espacio de integración, desde 1992 se
estableció un espacio de libre comercio entre los países miembros de la
Comunidad Andina.
No
obstante, el veintidós (22) de abril de dos mil seis (2006) Venezuela formalizó
su decisión de denunciar el Acuerdo de Cartagena y, con ello, dejar de formar
parte de la Comunidad Andina. Posteriormente, el nueve (9) de agosto del mismo
año, suscribió con los demás países miembros de la Comunidad Andina un
Memorando de Entendimiento por medio del cual acordaron dar plena vigencia a
las ventajas comerciales recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa
de Liberación de la subregión andina, que debe mantenerse entre las partes, de
acuerdo con el artículo 135 del Acuerdo de Cartagena[129],
plazo que culminó el veintidós (22) de abril de dos mil once (2011).
6.3.
La suscripción del Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre
Colombia y Venezuela constituye un instrumento orientado a mantener las
condiciones para un fluido intercambio comercial con el país vecino. Según lo
explicó la Cancillería en la exposición de motivos al proyecto de ley y en su
intervención en este juicio de constitucionalidad, la suscripción de este
acuerdo reviste especial interés como parte del proceso de reactivación de las
relaciones comerciales con la República de Venezuela, que en el pasado han
experimentado cambios como resultado del retiro de este país de la Comunidad
Andina en el año dos mil seis (2006), y de la decisión del Estado venezolano de
suspender las relaciones comerciales con Colombia, adoptada en dos mil nueve
(2009), como respuesta al anuncio de Colombia y Estados Unidos de negociar un
acuerdo de cooperación en materia de defensa.
En
este contexto, según datos de la Cancillería, “en 2009 las exportaciones a
Venezuela cayeron 34% en relación con las registradas en 2008. Entre 2009 y
2010, el comercio se redujo 168%, al pasar de USD 4.578 millones en 2009 a USD
1.708 millones en el 2010”. Para ilustrar la magnitud del cambio,
esa dependencia informó que mientras en dos mil ocho (2008) Venezuela era el
segundo destino de las importaciones de productos colombianos, en dos mil once
(2011) ocupó el séptimo lugar. A partir de dos mil diez (2010), cuando ambos
países acordaron normalizar sus relaciones diplomáticas y comerciales, se
registró un crecimiento de las exportaciones de nuestro país hacia Venezuela: “[e]n
el año 2011 nuestras exportaciones (USD 1750 millones) crecieron 23% en
comparación con las presentadas en 2010 (USD 1423 millones)”[130].
La
suscripción del Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre
Colombia y Venezuela, hoy objeto de revisión constitucional, se llevó a cabo en
Caracas el veintiocho (28) de noviembre de dos mil once (2011), entre los
presidentes Juan Manuel Santos Calderón y Hugo Chávez Frías, en el marco de la
reactivación de relaciones comerciales con el país vecino. Los seis anexos que
acompañan este instrumento fueron firmados en Cartagena el quince (15) de abril de dos mil doce
(2012), por la Ministra de Relaciones
Exteriores de Colombia María Ángela Holguín y el entonces Canciller de
Venezuela, Nicolás Maduro.
De
acuerdo con lo afirmado por los Ministerios de Relaciones Exteriores y de
Comercio, Industria y Turismo, la celebración de este tratado, y su aplicación
provisional, dispuesta en virtud del Decreto 1860 de 2012, ha contribuido a la recuperación de las
relaciones de intercambio recíprocas y ha sido un factor decisivo en el
crecimiento de la balanza comercial con el país vecino. Asimismo, tras la
culminación del período durante el que se mantuvieron vigentes las preferencias
arancelarias acordadas en el marco de la Comunidad Andina, la suscripción del
Acuerdo Parcial de Naturaleza Comercial entre Colombia y Venezuela constituye
el instrumento destinado a establecer las reglas de intercambio comercial entre
ambos países.
La Constitución Política contempla que para que tengan
validez los tratados internacionales requieren ser aprobados por el Congreso de
la República (art. 224 C.P.), y que previa su entrada en vigor, deben ser
examinados por la Corte Constitucional con el fin de establecer su conformidad
con la Carta Política (art. 241.10 C.P.), garantizando de esta forma el
principio democrático en la incorporación de disposiciones internacionales al
ordenamiento jurídico interno mediante una ley aprobatoria, y salvaguardando la
supremacía Constitucional. No obstante, el artículo 224 Superior establece la
posibilidad de que el Presidente de la República dé aplicación provisional a “los
tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de
organismos internacionales, que así lo dispongan”[131].
En este sentido, el Acuerdo entre Colombia y Venezuela, prevé en su anexo VI la
posibilidad de darle aplicación provisional al mismo por parte
de Colombia[132].
A través del Decreto 1860 del seis (6) se septiembre
de dos mil doce (2012)[133] se resolvió
aplicar provisionalmente el Acuerdo de Alcance Parcial, suscrito el veintiocho
(28) de noviembre de dos mil once (2011), y sus anexos, firmados el quince (15)
de abril de dos mil doce (2012), entre Colombia y la República Bolivariana de
Venezuela.
La jurisprudencia constitucional ha señalado que la
aplicación provisional de los tratados constituye una facultad excepcional que
el artículo 224 de la Constitución Política le otorga al Presidente de la
República, toda vez que la regla general es que todo tratado para su validez
requiere ser aprobado por el Congreso de la Republica y revisado por la Corte
Constitucional. Además, que para que se pueda acudir a la aplicación
provisional de un instrumento, este debe versar sobre aspectos de naturaleza
económica y comercial y ser acordados en el ámbito de organismos
internacionales, aspectos estos que deben ser examinadas por la Corporación, “en
la medida que dicha autorización no puede en ningún caso significar el
desconocimiento de la voluntad democrática con la incorporación de una norma
sin la aprobación del Congreso o una elusión del control constitucional al
incorporar normas que puedan ser contrarias a la Carta Política”[134].
Los requisitos que describe el artículo 224 Superior para
acudir a la aplicación provisional del Acuerdo
de Alcance Parcial entre Colombia y Venezuela, por medio del Decreto 1860 de dos mil doce (2012), se
cumplen en el caso que se examina, toda vez que se trata de un tratado (i)
orientado a mantener las condiciones para
un fluido intercambio comercial entre los dos países; (ii) hace parte de
una estrategia de internacionalización de la economía que permita aumentar la
participación de Colombia en el mercado global[135],
y (iii) fue suscrito en
el marco del Tratado de Montevideo del
doce (12) de agosto de mil novecientos ochenta (1980), que constituyó la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), con la finalidad de
establecer, en el largo plazo, un mercado común latinoamericano.
7. Descripción de los elementos centrales del
instrumento internacional objeto de revisión y de su ley aprobatoria
El Acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial
entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, está
integrado por un Preámbulo y catorce artículos, que se agrupan en doce
capítulos, así:
El Preámbulo expone los antecedentes y finalidades que
dieron origen a la suscripción del tratado, mientras que el Capítulo I
(artículo 1) precisa el objeto del acuerdo.
El capítulo II (artículo 2), dispone un tratamiento
arancelario preferencial aplicable a las importaciones de productos
originarios de los países suscriptores del convenio, cuyas bases se establecen en el Anexo I del
instrumento.
El capítulo III (artículos 3 y 4), titulado Régimen
de origen, establece los criterios de
calificación, verificación y control de origen de las mercancías objeto de
dicho tratamiento preferencial, los cuales están contenidos en el Anexo II del
tratado.
El
capítulo IV (artículo 5), denominado Normas de obligatorio cumplimiento,
reglamentos técnicos, evaluación de la conformidad y metrología, señala el
compromiso de Las Partes de garantizar condiciones de seguridad y protección de
la vida, la salud humana, animal y vegetal, al igual que la adopción de
procedimiento y metrología para evitar inducir a error a los usuarios, en
relación con las mercancías beneficiadas por el intercambio comercial, las
cuales se desarrollan en el Anexo III.
El
capítulo V (artículo 6) se refiere a las Medidas sanitarias, zoosanitarias y
fitosanitarias que Las Partes se comprometen a adoptar para garantizar la
calidad e inocuidad de los alimentos, productos y subproductos de origen animal
y vegetal objeto de intercambio, las cuales se desarrollan en el Anexo IV del
instrumento.
El
capítulo VI (artículo 7) contempla las Medidas de defensa comercial
destinadas a salvaguardar la producción nacional de los eventuales efectos
perjudiciales derivados de prácticas desleales e inequitativas de comercio;
tales medidas son las comprendidas en el Anexo V.
El
capítulo VII (artículos 8 y 9) se refiere a la Administración del acuerdo,
dispone para tal fin la creación de una Comisión Administradora (artículo 8),
señala las condiciones de reunión y las funciones que se le asignan (artículo
9).
El
capítulo VIII (artículo 10) dispone la creación de mecanismos para la Solución
de controversias originadas en la interpretación y ejecución del Acuerdo.
Estos son los previstos en el Anexo VI del tratado.
Los
capítulos IX Vigencia (artículo 11), X Denuncia (artículo 12), XI
Disposiciones transitorias (artículo 13) y XII Disposiciones finales (artículo
14) regulan lo relativo a la fecha y condiciones para la entrada en vigor del
acuerdo y sus anexos, el procedimiento para su denuncia y los efectos de la
misma, así como la forma en que debe llevarse a cabo su modificación.
La
Sala abordará a continuación el examen de constitucionalidad de cada uno de los
capítulos que integran el tratado, dentro de los cuales se incluirá el análisis
de los anexos correspondientes.
8.
Preámbulo y Capítulo I (artículo 1).  Antecedentes y objeto del Acuerdo
8.1.
El Preámbulo del Acuerdo expone que el mismo se suscribe en el marco de
la facultad para establecer acuerdos de alcance parcial entre los signatarios
del Tratado de Montevideo de 1980. Señala además el compromiso de ambas
naciones de mantener las preferencias arancelarias derivadas de su pertenencia
a la Comunidad Andina, y de establecer mecanismos para mantenerlas vigentes
luego de que se produjo el retiro de Venezuela de este espacio de integración.
En
el mismo se expresa el convencimiento en torno a la necesidad de respetar los
compromisos asumidos en los esquemas de integración regional de los que forman
parte y en los acuerdos bilaterales suscritos con anterioridad. Finalmente, se
reconoce que “el intercambio comercial histórico y su tratamiento
preferencial deben ser utilizados como instrumentos de unión de nuestros
pueblos, para impulsar el desarrollo socioproductivo, dando prioridad a los
insumos locales y protegiendo el desarrollo de nuestros sectores estratégicos”.
En
ese orden de ideas, el artículo 1 precisa que el Acuerdo tiene por
objeto “definir el tratamiento preferencial aplicable a las importaciones de
productos originarios de Las Partes, con el fin de promover el desarrollo
económico y productivo de ambos países, a través del fortalecimiento de un
intercambio bilateral justo, equilibrado y transparente”.
8.2.
La Corte encuentra que lo declarado en el Preámbulo y el objeto definido en el
artículo 1 del instrumento sometido a revisión se ajustan a las disposiciones
de la Carta Política, pues con ellos se da cumplimiento al mandato de integración
económica prioritaria con los países de América Latina y del Caribe sobre bases
de equidad, igualdad y reciprocidad (art. 227 C.P.). Además la definición del
objeto del acuerdo, considerada en sí misma, no resulta contraria a ningún
contenido constitucional. Será el examen de las restantes disposiciones del
Acuerdo, y de los anexos que lo desarrollan, las que permitan establecer si, en
efecto, las condiciones del intercambio comercial preferente respetan el orden
constitucional vigente y, en particular, las disposiciones que prescriben el
respeto a la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos, el
respeto a los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (art.
9 C.P.), y a los principios de equidad, igualdad, reciprocidad y conveniencia
nacional (arts. 226 y 227 C.P.).
9.
Capítulo II y Anexo I. Tratamiento arancelario preferencial
9.1.
El capítulo II está integrado por el artículo 2 en el que Las Partes
acuerdan definir el tratamiento arancelario preferencial para las importaciones
de productos originarios de las mismas. Además se establece que dicho
tratamiento tendrá en cuenta: (i) el comercio histórico que ha existido
entre Las Partes, incluyendo la totalidad de las subpartidas en las cuales se
presentó intercambio comercial en el período 2006-2010[136],
y (ii) las sensibilidades existentes y necesidades de tratamientos
especiales en ambos países. Finalmente, se faculta a la Comisión Administradora
del Acuerdo[137]
para incluir o excluir códigos arancelarios y definir las disciplinas
transversales relacionadas con el acceso a mercados.
Esta
disposición difiere al Anexo I - Tratamiento arancelario preferencial
la definición de los productos que se beneficiarán del mismo, así como los
términos, alcances y modalidades en que tendrá lugar este intercambio
preferencial. A su vez, el referido anexo se compone de ocho artículos, en los
cuales se definen los siguientes aspectos:
9.1.1.
El otorgamiento de preferencias para los productos originarios de Las Partes,
en relación con los aranceles aplicables a las importaciones de terceros
países; precisa que tales productos están contenidos en el Apéndice A
del anexo I[138]
y que dichas preferencias se realizarán de conformidad con lo dispuesto en la
legislación interna (artículo 1 del Anexo I). Señala, además, que las
preferencias comenzarán a regir a partir de la vigencia del Acuerdo del que
forman parte (artículo 2).
9.1.2.
De otro lado, se establece que los productos contenidos en el Apéndice B
de dicho anexo tendrán un tratamiento diverso en cada una de Las Partes[139].
Así, en relación con estos productos, Venezuela aplicará las preferencias
arancelarias sobre los aranceles vigentes para la importación de terceros
países, de conformidad con lo dispuesto en su legislación interna. Colombia,
por su parte, aplicará el arancel base establecido en dicho apéndice, teniendo
en cuenta que los niveles de arancel resultantes de la preferencia no sean
superiores a los niveles arancelarios aplicados a terceros países, de
conformidad con lo dispuesto en su legislación interna (artículo 3)[140].
No
obstante, el anexo permite a Las Partes reservarse la aplicación de derechos
arancelarios variables en relación con los productos señalados en el Apéndice
B, mediante mecanismos que permitan estabilizar los costos de importación
de los mismos (artículo 3).
9.1.3.
Se establece la definición de qué mercancías se entenderán como “productos
originarios”, para efectos de la aplicación del tratamiento arancelario
preferencial (artículo 3).
9.1.4.
Se consagran las prohibiciones de: (i) adoptar cargas arancelarias
adicionales a las establecidas en el Acuerdo y que pudieran afectar el comercio
bilateral (artículo 3); (ii) establecer tratamientos discriminatorios a
las mercancías contenidas en los Apéndices A y B, las cuales deberán ser
tratadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Tratado de
Montevideo de 1980 (artículo 5), y (iii) adoptar restricciones no
arancelarias sobre las importaciones de mercancías de la otra Parte,
precisando, en todo caso, que bajo ninguna circunstancia se interpretarán como
restricciones no arancelarias las políticas de carácter fiscal, monetario y
cambiario que se implementen en cada país, de manera soberana, en desarrollo de
sus proyectos y planes de desarrollo económico y productivo (artículo 6).
9.1.5.
Se faculta a Las Partes para establecer de común acuerdo mecanismos para la
administración del comercio con el fin de alcanzar mayor equilibrio en el
intercambio, teniendo en cuenta las particularidades y asimetrías de cada
sector productivo (artículo 4).
9.1.6.
Se acuerda que, en el marco de la Comisión Administradora, se efectuarán
intercambios de información sobre los procedimientos de licencias de
importación existentes, así como sobre cualquier modificación que se adopte
sobre este aspecto (artículo 7).
9.1.7.
Se precisa que la clasificación de mercancías objeto de intercambio comercial
se regirá por la nomenclatura nacional de cada país, basada en el Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA) y sus
correspondientes actualizaciones (artículo 8).
9.2.
La Sala encuentra que las reglas de tratamiento preferencial antes descritas
respetan los criterios de igualdad, equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional que han de regir las normas que disciplinan el intercambio comercial
con terceros países, de acuerdo con lo establecido en los artículos 226 y 227
superiores.
En
anteriores oportunidades este Tribunal ha señalado que resultan compatibles con
la Constitución las medidas de desgravación arancelaria adoptadas en el marco
de instrumentos internacionales que promueven la integración económica, por
considerar no solo que ellas se orientan al logro de fines constitucionalmente
legítimos, como los previstos en los artículos 226 y 227 superiores, sino que
el medio adoptado para el efecto no se encuentra prohibido por la Constitución,
toda vez que, en materia de exenciones tributarias, la Carta solo prohíbe
aquellas que tengan que ver con tributos de propiedad de las entidades
territoriales (art. 294 C.P.).  Así lo ha establecido, entre otras, en las
sentencias C-216 de 1996[141],
C-405 de 1999[142]
y C-864 de 2006[143].
Las
normas examinadas respetan el criterio de igualdad, en tanto el tratamiento
arancelario preferencial establecido en el artículo 2 del Acuerdo y en las
disposiciones del Anexo I están destinadas a beneficiar a ambas partes y, allí
donde establecen tratamientos disímiles, como ocurre con el dispensado a los
productos sensibles incluidos en el Apéndice B [Supra 9.1.2.], el trato
diferencial busca responder a las particularidades y necesidades de cada uno de
los países, con el fin de atender a las dinámicas productivas de cada uno de
ellos y compensar las asimetrías que puedan existir entre ambas economías. Por
tal razón, las medidas diferenciadas en materia de régimen arancelario
contempladas en el artículo 3 del Anexo I constituyen uno de los supuestos en
los que la realización del mandato de igualdad se satisface a través de un
tratamiento diferenciado que consulta criterios de equidad[144].
En
lo que respecta a la prohibición de tratamiento discriminatorio contenida en el
artículo 5 del Anexo I, esta consagra una regulación habitual en los tratados
de naturaleza comercial, denominada “cláusula de trato nacional”. La norma
examinada remite al artículo 46 del Tratado de Montevideo de 1980, conforme al
cual “[e]n materia de
impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los productos originarios del
territorio de un país miembro gozarán en el territorio de los demás países
miembros de un tratamiento no menos favorable al que se aplique a productos
similares nacionales”.  En anteriores oportunidades la Corte ha examinado
la constitucionalidad de cláusulas de este tipo, señalando que constituyen “una clásica manifestación del principio de
igualdad en las relaciones internacionales”, con la cual “se busca
asegurar la existencia de unas reglas de competencia leal y transparente entre
el producto importado y el nacional”[145].
Finalmente,
la Corte encuentra ajustada a la Constitución la salvedad contenida en el
artículo 6 del Anexo I, según la cual bajo ninguna circunstancia se
interpretarán como restricciones no arancelarias las políticas de carácter
fiscal, monetaria y cambiaria que se implementen en cada país, en desarrollo de
sus proyectos y planes de desarrollo económico y productivo. Tal previsión
constituye un medio adecuado y necesario para conciliar el compromiso adquirido
por el Estado de no establecer restricciones arancelarias adicionales a las
importaciones provenientes de la otra Parte, en aras de alcanzar la finalidad
de integración económica que persigue el tratado, pero a la vez hacer valer el
respeto a la soberanía fiscal, monetaria y cambiaria del Estado colombiano
(artículo 9 C.P.).
Por lo anterior, la Corte declarará la exequibilidad del
artículo 2 del Acuerdo y el Anexo I que lo desarrolla.
10.
Capítulo III y Anexo II. Régimen de origen
10.1.
El capítulo III está integrado por dos artículos: el artículo 3, que
dispone que el Régimen de Origen contenido en el Anexo II  forma parte
integrante del Acuerdo. Y el artículo 4, que establece que los
beneficios de las preferencias arancelarias otorgadas en virtud del tratado se
aplicarán a las mercancías que califiquen como originarias de Las Partes, en
los términos previstos en el mencionado Anexo II.
Por
su parte, el Anexo II - Régimen de origen se compone de
veinticinco (25) artículos agrupados en siete secciones y de un Apéndice I -
Requisitos específicos de origen, así:
En
la sección I (artículos 1 y 2) se establece el objeto y ámbito de
aplicación del instrumento, señalando que el mismo contiene las normas y
procedimientos para la calificación, declaración, certificación, verificación y
control del origen de las mercancías comprendidas en el Sistema Armonizado,
aplicable al comercio preferencial entre Colombia y Venezuela, así como para la
expedición directa, sanciones, funciones y obligaciones. También se consagran
las definiciones que han de orientar la interpretación de los términos técnicos
que se emplean en las restantes disposiciones que integran el Régimen de origen.
La
sección II (artículos 3 al 10) contiene los criterios que permiten
considerar o excluir una mercancía como originaria de Las Partes, para efectos
de beneficiarse del tratamiento arancelario preferencial. En relación directa
con este aspecto, la sección III (artículo 11) dispone que solo
recibirán dicho tratamiento preferencial las mercancías originarias que sean
expedidas directamente de la Parte exportadora a la importadora, exigiendo
documentos de control aduanero para aquellas mercancías que, en el proceso de
envío, han hecho tránsito por el territorio de terceros países no partes del
Acuerdo[146].
El Apéndice I - prevé los Requisitos específicos de origen para algunos
productos pertenecientes a los sectores agrícola, petróleo, tejidos,
confecciones, siderúrgico y automotor.
La
sección IV (artículos 12 al 16) contiene las reglas que disciplinan la
declaración y certificación del origen para las mercancías que cumplan los
criterios establecidos en las restantes disposiciones del Anexo II. En ellas se
especifica el formato, las autoridades competentes para expedir tales
certificaciones, los datos que debe contener la declaración jurada de origen
que realice el productor, así como el término y condiciones de validez de los
certificados de origen y de las declaraciones juradas de origen.
La
sección V (artículo 17) consagra los mecanismos de verificación y
control de la autenticidad de las certificaciones de origen. Para tal efecto,
se faculta a las autoridades competentes de cada una de Las Partes para
solicitar información y adelantar investigaciones que le permitan determinar la
autenticidad de tales declaraciones. También se consagra el procedimiento que
debe surtirse para llevar a cabo estas investigaciones. Finalmente, consagra
las causales que darán lugar a que una de Las Partes puede válidamente negar el
tratamiento arancelario preferencial a una mercancía importada.
La
sección VI (artículos 18 y 19) define las sanciones aplicables a los
productores, exportadores e importadores cuando incumplan las reglas
establecidas en el Régimen de origen. Estas consisten en la negativa a expedir
nuevos certificados de origen al productor o exportador, por un término que va
de los seis (6) meses a la negativa con carácter definitivo. La sanción se
gradúa en función de la gravedad de la infracción y si se presentan situaciones
de reincidencia. Para el caso de los importadores, la sanción consiste en la
suspensión por un (1) año para acogerse al tratamiento arancelario preferencial
y, en caso de reincidencia, la suspensión será definitiva.
La
sección VII (artículos 20 al 22) contiene las funciones y obligaciones
de las autoridades competentes, productores o exportadores y de los
importadores, en relación con la aplicación del Régimen de origen previsto en
el Anexo II. Por último, la sección VIII (artículos 23 al 25) prevé
obligaciones de asistencia recíproca e intercambio de información entre Las
Partes, así como una obligación de confidencialidad en relación con la
información obtenida que tenga dicho carácter; finalmente, contempla un régimen
de transición que permite expedir certificados de validez conforme a la
Decisión 416 de la Comunidad Andina, por un período de transición definido en
el artículo 25, y reconocer validez a los certificados expedidos con
anterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo.
10.2.
La Sala considera que la previsión de un régimen de origen destinado a asegurar
que el tratamiento arancelario preferencial dispuesto en el tratado beneficie
únicamente a las mercancías originarias de los estados signatarios del Acuerdo
no se opone a la Constitución.  Tales medidas se orientan a asegurar la
reciprocidad, evitando situaciones de triangulación en virtud de las cuales
productores y exportadores de terceros estados que no han asumido los
compromisos derivados del acuerdo, reciban un tratamiento preferencial para sus
mercancías, rompiendo de este modo el equilibrio entre cargas y beneficios.
En anteriores oportunidades la Corte Constitucional ha
declarado ajustadas a la Constitución cláusulas de este tipo. En la sentencia
C-564 de 1992[147],
al declarar exequible el Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias
Comerciales entre los países en desarrollo, se señaló que dichas medidas buscan
evitar que se concedan ventajas comerciales, aduaneras o de otro tipo a
productos que provengan de terceros países, lo cual resulta un complemento
necesario de las medidas de liberalización económica contempladas en este tipo
de instrumentos[148].
En la sentencia C-864 de 2006[149],
la Corte se pronunció sobre el régimen de origen establecido en los acuerdos de
complementación económica suscritos entre los estados partes de la CAN y
MERCOSUR, afirmando que tales reglas, promueven la efectividad del principio de
igualdad (art. 13 C.P.) y el desarrollo de la actividad económica (arts. 333 y 334
C.P.), ya que permiten un mayor control de las actividades comerciales e
incluso aseguran a los consumidores, mayor certeza sobre la procedencia y
calidad de los productos. Los mismos argumentos se reiteran en la sentencia C-750 de 2008[150],
que revisó el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre Colombia y los
Estados Unidos de América; en la sentencia C-446 de 2009[151],
que examinó la constitucionalidad del tratado de libre comercio suscrito entre
Colombia y los países del llamado Triángulo Norte (Salvador, Guatemala,
Honduras); y en la sentencia C-608 de
2010[152]
que declaró exequible el régimen de origen previsto en el tratado de libre
comercio suscrito entre Colombia y Canadá.
Por tanto, en aplicación de los precedentes citados, y
considerando que las medidas de certificación y control de origen contenidas en
el presente Acuerdo no difieren en lo sustancial de las que fueron objeto de
análisis por la Corte en anteriores oportunidades, se declarará la
exequibilidad de los artículos 3 y 4 del Acuerdo y del Anexo II - Régimen de
origen, que forma parte integrante del mismo.
11. Capítulo IV y Anexo III. Reglamentos técnicos,
evaluación de la conformidad y metrología.  Capítulo V y Anexo IV. Medidas
sanitarias, zoosanitarias y fitosanitarias
11.1. La Corte abordará de manera conjunta el examen
de constitucionalidad de estas dos secciones del tratado, en tanto atienden al
logro de objetivos comunes y presentan una estructura y contenido similar,
según se explica a continuación:
El
capítulo IV está integrado por el artículo 5 del Acuerdo, en el que se
expresa el compromiso recíproco de garantizar condiciones relacionadas con la
seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal,
protección al medio ambiente, así como la prevención de prácticas que puedan
inducir a error a los usuarios. Esta norma señala que medidas de este tipo no
pueden ser tenidas como restricciones innecesarias al comercio entre Las
Partes.
Las
medidas a las que hace alusión este artículo están contenidas en el Anexo
III - Reglamentos técnicos, evaluación de la conformidad y metrología,
integrado por once artículos, que se ocupan de los siguientes temas: (i)
definición de objetivos y ámbito de aplicación (artículos 1 y 2). (ii)
Obligación de Las Partes de no restringir el intercambio comercial más allá de
lo requerido para el logro de los objetivos legítimos antes mencionados,
señalando en todo caso que cada uno de los países signatarios podría fijar el
nivel de protección que considere apropiado, en atención a las particularidades
de su desarrollo económico y productivo y al nivel que se fije para alcanzar
los objetivos legítimos que inspiran la adopción de estas medidas (artículo 3).
(iii) Fomento de la cooperación y asistencia técnica binacional para el
cumplimiento de las medidas técnicas establecidas en virtud del Acuerdo, así
como para la implementación y conocimiento de los sistemas nacionales de
calidad (artículo 4). (iv) La facultad para designar representantes
gubernamentales encargados de velar por la implementación del Anexo, conceptuar
sobre la aceptación de los reglamentos técnicos y acuerdos de reconocimiento
mutuo, celebrar consultas técnicas orientadas al logro de los objetivos del
Anexo, establecer mecanismos de intercambio de información (artículos 5 al 9). (v)
El establecimiento de las normas técnicas internacionales como referentes en la
elaboración de los reglamentos técnicos previstos en el Anexo (artículo 10). (vi)
La designación de las autoridades nacionales responsables de la aplicación del
Anexo, señalando que, para el caso de Colombia, tal función corresponde a la
Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
(artículo 11).
Por
su parte, el capítulo V encuentra desarrollo en el artículo 6 del
Acuerdo, mediante el cual Las Partes se comprometen a garantizar la calidad e
inocuidad de los alimentos, productos y subproductos de origen animal y
vegetal, teniendo en cuenta para el efecto las normas, directrices o
recomendaciones de los organismos internacionales con competencia en la
materia. Este conjunto de Medidas sanitarias, zoosanitarias y fitosanitarias
están previstas en el Anexo IV, que comparte algunos contenidos con el
Anexo III, en lo que respecta a las obligaciones de cooperación y transparencia
en el intercambio de información y la realización de consultas entre Las Partes
para resolver las dudas y diferencias en la implementación de las medidas.
Adicionalmente, el Anexo IV prevé la creación de un Comité de Medidas
Sanitarias, Zoosanitarias y Fitosanitarias (artículo 5) y en su artículo 10
define como autoridades competentes para la aplicación del Acuerdo, en lo
relativo a este aspecto, a los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, de
Agricultura y Desarrollo Rural y de Protección Social, al Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (INVIMA).
11.2.
La Corte concluye que las medidas a las que se refieren los artículos 5 y 6 del
Acuerdo y sus correspondientes Anexos III y IV, respectivamente, no se oponen a
la Constitución.  Antes bien, su adopción representa un mecanismo para hacer
efectivas las obligaciones constitucionales de proteger las riquezas naturales
de la Nación (art. 8 C.P.), la salud y el ambiente sano (arts. 49 y 79 C.P.) y
la producción de alimentos (art. 65 C.P.), y para garantizar el control de
calidad de bienes y servicios, así como la información que debe suministrarse
al público en su comercialización (art. 78 C.P.).  De otro lado, en tanto las
obligaciones que se imponen en aras de alcanzar los objetivos previstos en cada
uno de estos capítulos han de ser cumplidas por ambas partes, se garantiza la
reciprocidad y la equidad de los compromisos derivados del tratado (arts. 226 y
227 C.P.).  En tercer lugar, tales instrumentos prevén que el cumplimiento de
las medidas adoptadas deberá efectuarse, de un lado, atendiendo a las normas y
recomendaciones establecidas por organismos internacionales competentes en la
materia, pero, a su vez, considerando el marco previsto en la legislación
interna y los objetivos que cada una de Las Partes defina en materia de
seguridad, protección de la vida, salud y medio ambiente.  Así las cosas, a
juicio de este Tribunal se establece una adecuada ponderación entre los fines
de integración que animan el tratado y el necesario margen de autonomía que
debe existir en su implementación, para asegurar el respeto a la soberanía
nacional que rige en materia de relaciones exteriores (art. 7 C.P.).
La
anterior conclusión sigue la línea decisoria observada por esta Corporación en
casos en los que ha revisado la constitucionalidad de medidas similares
contenidas en tratados de naturaleza comercial.  Así se aprecia en las
sentencias C-178 de 1995[153],
a través de la cual se examinó el Tratado de Libre Comercio entre los Estados
Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela; C-864
de 2006[154],
que revisó la constitucionalidad de la ley aprobatoria del Acuerdo de
Complementación Económica suscrito entre los Estados parte del MERCOSUR y los
países miembros de la Comunidad Andina; C-750 de 2008[155], que estudió el Acuerdo de Promoción Comercial
suscrito entre Colombia y los Estados Unidos de América; C-446 de 2009[156], que abordó el tratado de libre comercio suscrito con
los países del llamado Triángulo Norte (Salvador, Guatemala y Honduras); C-608
de 2010[157],
que examinó los acuerdos sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y Medidas
Sanitarias, Zoosanitarias y Fitosanitarias contenidas en el tratado de libre
comercio suscrito con Canadá; C-941 de 2010[158],
en relación con las cláusulas del mismo tipo contenidas en los acuerdos
comerciales suscritos entre Colombia y los Estados AELC, y más recientemente,
en la sentencia C-335 de 2014[159],
que declaró exequible el Acuerdo Comercial suscrito entre Colombia y Perú, por
una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros.
Por
lo anterior, la Corte declarará la exequibilidad de los artículos 5 y 6 del
Acuerdo y de los Anexos III y IV que los desarrollan.
12.
Capítulo VI y Anexo V. Medidas de defensa comercial
12.1.
El capítulo VI está integrado por el artículo 7 en el que se expresa el
compromiso de observar las cláusulas orientadas a salvaguardar la producción
nacional de los eventuales efectos perjudiciales derivados de prácticas
desleales e inequitativas de comercio.
Dichas
cláusulas se desarrollan en el Anexo V - Medidas de defensa comercial
y medida especial agrícola, el cual contiene veintidós artículos referidos
a los siguientes temas: (i) se consagra la facultad para que Las Partes
adopten medidas en defensa de la producción nacional, pero a la vez se prohíbe
la concurrencia, sobre un mismo producto, de derechos antidumping,
compensatorios y medidas de salvaguardia bilateral, orientadas a corregir una
misma situación (artículo 1). (ii) Prohibición de aplicar al comercio
bilateral de productos originarios cualquier forma de subvención a la
exportación, facultando a la parte afectada por la infracción a este precepto
para suspender la preferencia arancelaria prevista en el Acuerdo, hasta tanto
la Comisión Administradora adopte una decisión definitiva al respecto (artículo
2). (iii) Realización de consultas entre Las Partes, con el fin de
investigar si procede la aplicación de las medidas de defensa y alcanzar
compromisos que permitan neutralizar los daños derivados de prácticas desleales
de comercio internacional o el incremento de importaciones que afecten la
producción local (artículos 3 y 4). (iv) Establecimiento de medidas
antidumping y derechos compensatorios (artículos 5 y 6), salvaguardias
bilaterales (artículos 7 a 11), y medidas de salvaguardia provisionales y
definitivas aplicables en circunstancias críticas (artículos 12 al 15). (v)
La previsión de una Medida Especial Agrícola, destinada a los productos
originarios a los que se refieren los Apéndices 1 (Colombia) y 2 (Venezuela)
del Anexo V (artículos 17 al 21). (vi) Mecanismos de consulta y solución
de diferencias, para lo cual se reenvía a lo establecido en el Anexo VI sobre
Solución de controversias (artículo 22).
12.2. En anteriores
oportunidades la Corte ha encontrado ajustadas a la Constitución las medidas de
defensa de la producción nacional establecidas en los tratados de libre comercio,
en tanto se orientan a garantizar condiciones de equidad y reciprocidad en el
intercambio comercial con otros estados (arts. 226 y 227 C.P.), a proteger la
producción local de alimentos y la seguridad alimentaria (art. 65 C.P.) y
garantizar la libre competencia (art. 333 C.P.).  Así ha quedado expuesto,
entre otras, en las ya citadas sentencias C-564 de 1992[160],
C-864 de 2006[161],
C-750 de 2008[162], C-446 de 2009[163], C-608 de 2010[164],
C-941 de 2010[165]
y C-334 de 2014[166].
Siguiendo esta línea
argumentativa, en la sentencia C-608 de 2010 la Corporación sostuvo que una
clásica medida de defensa comercial la constituyen los derechos antidumping,
orientados a corregir las distorsiones que ocasiona la exportación de
mercancías a otro Estado a un precio inferior a su valor normal en el mercado
interno del país productor. Este tipo de prácticas puede generar daños o
amenazas a la producción del país receptor de las mercancías objeto de dumping.
Como respuesta a las mismas, los estados pueden neutralizar los efectos
negativos del dumping mediante la adopción de derechos antidumping, los cuales
constituyen cargas pecuniarias impuestas a las mercancías importadas. Para
tales efectos, se debe surtir un trámite administrativo durante el cual debe
demostrarse la diferencia de precios y la existencia de la amenaza a la
producción nacional.
Sobre los derechos
compensatorios, en la misma providencia explicó que “constituyen cargas
pecuniarias impuestas por los Estados a mercancías importadas que se benefician
de una subvención en su país de origen”, razón por la cual gozan de
ventajas competitivas en relación con las mercancías del Estado receptor. Para
neutralizar tales efectos, este último puede adoptar medidas compensatorias
destinadas a proteger la producción local.
En relación con las cláusulas
de salvaguardia, la Corte ha señalado que se trata de medidas que permiten
a Las Partes contratantes, en circunstancias excepcionales, incumplir
temporalmente algunos de los compromisos adquiridos en virtud del tratado.
Sobre su justificación sostuvo:
“[…] la cláusula de
salvaguardia o “escape clause” tiene como fundamento el clásico principio “rebus
sic stantibus”, soporte de la teoría de la imprevisión, según la cual, bajo
determinadas circunstancias excepcionales, un Estado puede incumplir algunas
obligaciones asumidas en el texto del instrumento internacional. Así pues, la
finalidad de las cláusulas de salvaguardia es evitar que los Estados violen el
tratado internacional ante el advenimiento de hechos o circunstancias que
tornen imposible su cumplimiento”.
12.3. Las medidas de defensa de la producción nacional
establecidas en el Acuerdo que hoy se revisa, se ajustan al patrón empleado en
tratados de naturaleza comercial que han sido analizados por la Corte en
anteriores oportunidades.  Por tanto, considera que las razones expuestas en
defensa de su constitucionalidad también aplican para el presente caso, por
tratarse de medidas orientadas a defender la producción de alimentos y la
seguridad alimentaria, la libre competencia y a garantizar intercambios
comerciales con otros países en condiciones de equidad y reciprocidad.
Asimismo, encuentra que el Anexo V establece procedimientos para resolver las
diferencias que surjan a propósito de la aplicación de estas medidas, a través
de los cuales se garantiza la solución concertada o, en su caso, los derechos
de defensa y contradicción allí donde uno de los Estados contratantes decida
suspender las preferencias respecto de productos originarios de la otra parte.
Por lo anterior, se declarará la exequibilidad del
artículo 7 del Acuerdo y del Anexo V - Medidas de defensa comercial.
13. Capítulo VII. Administración del acuerdo
13.1. En el artículo 8 se dispone la
constitución de una Comisión Administradora, integrada por los ministerios con
competencia en materia de Comercio Exterior de cada una de Las Partes y, a
decisión de aquella, podrá acordarse la incorporación de otros Ministerios con
competencia en las áreas relacionadas con la administración y ejecución del
Acuerdo.
Entretanto, el artículo 9 establece las
funciones de la Comisión Administradora, las cuales pueden agruparse del
siguiente modo:
(i)
Funciones de administración del tratado, como son las de evaluar y velar por el
cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo (num. 1º); formular
recomendaciones para resolver las diferencias que surjan de la interpretación y
aplicación de este instrumento  (num. 3º); presentar informes periódicos sobre
su evaluación y funcionamiento (num. 6º); darse su propio reglamento (num. 7º)
y ejercer cualquier otra atribución que Las Partes estimen necesaria y que
resulte de la aplicación del Acuerdo (num. 8º).
(ii)
Facultades para revisar y modificar los productos sujetos al tratamiento
preferencial (num. 2º) y los niveles de preferencia arancelaria otorgados en
virtud del Acuerdo (num. 4º).
(iii)
Facultades para analizar, revisar y/o modificar los requisitos específicos de
origen, normas de origen y demás normas establecidas en el presente Acuerdo
(num. 5º)
13.2. La Corte encuentra que no riñe con la
Constitución la creación del órgano de administración del Acuerdo previsto en
el artículo 8, por cuanto en él concurren, en igualdad de condiciones, los
Ministros de los estados signatarios, razón por la cual sus decisiones se
adoptarán garantizando una representación equitativa del Estado colombiano. En
lo que respecta a las funciones atribuidas a la Comisión Administradora en el
artículo 9, considera que las incluidas en los numerales (i) y (ii)
de la anterior clasificación no merecen ningún reparo desde el punto de vista
de su constitucionalidad, pues las primeras atañen exclusivamente al
funcionamiento interno de la Comisión Administradora o a aspectos directamente
relacionados con la supervisión de la ejecución del tratado.  Por su parte, las
segundas le permiten la revisión de aspectos que no implican modificaciones al
marco normativo previsto en el Acuerdo y en sus anexos, por cuanto se
circunscriben a decidir sobre la inclusión o exclusión de productos o sobre los
márgenes de preferencia arancelaria.
Entretanto, las facultades agrupadas en el numeral (iii)
de la anterior clasificación deben ser interpretadas de manera sistemática a la
luz de lo establecido en el artículo 14 del Acuerdo, donde se prevé que toda
modificación debe efectuarse de común acuerdo entre Las Partes, a través de la
suscripción de protocolos adicionales que estarán sujetos al procedimiento de
entrada en vigor establecido en el artículo 13 de mismo instrumento. En ese
orden de ideas, las facultades de revisión o modificación de requisitos de
origen, normas de origen y demás establecidas en el Acuerdo, que se atribuyen a
la Comisión Administradora, allí donde impliquen modificación de los elementos
sustantivos del Acuerdo, deberán efectuarse mediante la suscripción de
protocolos adicionales.
Así, es factible entender que no es necesaria una
declaración interpretativa respecto a la competencia fijada a la Comisión
Administradora en el artículo 9 numeral 5º, en relación con las decisiones que
impliquen la adquisición de nuevas obligaciones para Colombia o la modificación
de las contraídas, toda vez que el artículo 14 del Acuerdo establece que será
necesario que las mismas sean “formalizadas mediante la suscripción de
protocolos adicionales, siguiendo el procedimiento de entrada en vigor
establecido en el Artículo 13 del presente Acuerdo”.
14. Capítulo VIII y Anexo VI.  Solución de
controversias
14.1. El capítulo VIII está integrado por el artículo
10, el cual dispone que las dudas y controversias que pudieran suscitarse
entre Las Partes con motivo de la interpretación o ejecución del Acuerdo
deberán resolverse a través de las consultas y otros mecanismos de solución de
controversias previstos en el Anexo VI, que forma parte integrante de
dicho instrumento.
El referido Anexo está integrado por ocho artículos en
los que se establecen los siguientes mecanismos de solución de controversias, a
los que deberá acudirse de manera escalonada y subsidiaria: (i)
Consultas técnicas directas entre las autoridades competentes especialistas en
la materia (artículo 3); (ii) Mediación de la Comisión Administradora
(artículo 4); (iii) Mediación de alto nivel que se realizará de manera
directa entre los ministros competentes de los estados signatarios del Acuerdo
(artículo 5), y (iv) Conformación de un Grupo de Expertos (artículo 6).
De otro lado, se establece que cuando las dudas o
diferencias versen sobre mercancías perecederas, los plazos establecidos para
su resolución se contarán por días continuos, salvo que Las Partes acuerden
plazos distintos (artículo 1). Se contempla, además, la suspensión de
beneficios en caso de incumplimiento de las decisiones adoptadas por el Grupo
de Expertos  (artículo 7) y se establece una cláusula que faculta a Las Partes
solicitar la aplicación provisional del Acuerdo (artículo 8)[167].
14.2.  Como lo ha señalado este Tribunal en anteriores
fallos en los que ha revisado la constitucionalidad de mecanismos de solución
de controversias previstos en tratados internacionales de naturaleza comercial,
la consagración de este tipo de instrumentos constituye una manifestación del
fin constitucional de convivencia pacífica (art. 2 C.P.), del principio de
solución pacífica de las diferencias, consagrado en el Capítulo VI de la Carta
de Naciones Unidas, y de los principios de equidad y reciprocidad que han de
orientar la internacionalización de las relaciones económicas (art. 226 C.P.).
Ha señalado, además, que este tipo de mecanismos se ajustan a la Constitución,
siempre y cuando su diseño respete las garantías básicas de publicidad, defensa
y contradicción que son propias del debido proceso (artículo 29 C.P.).
Tales argumentos han sido expuestos, entre otras, en
las sentencias C-178 de 1995[168],
en la cual la Corte declaró la exequibilidad de la Ley 172 de 1994, aprobatoria del Tratado de Libre Comercio
entre México, Colombia y Venezuela, G-3; C-216 de 1996[169],
en la que se revisó la constitucionalidad del Convenio Comercial suscrito con
la República de Hungría; C-323 de 1997[170],
que examinó el Acuerdo Comercial con la República Checa; C-492 de 1998[171],
donde se examina la constitucionalidad del Acuerdo Comercial con Malasia; C-
719 de 1999[172],
que examina el Acuerdo Comercial con el Reino de Marruecos; C-279 de 2001[173],
que declaró la exequibilidad
de la Ley 591 de 2000, aprobatoria del
Acuerdo Comercial entre Colombia y la Costa de Marfil; C-334 de 2002[174],
que declaró exequible la Ley 661 de 2001, aprobatoria del Acuerdo de Alcance
Parcial de Complementación Económica entre Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela,
Países Miembros de la Comunidad Andina y Brasil; C-581 de 2002[175],
en la cual la Corte declaró la
exequibilidad de la Ley 722 de 2001,
aprobatoria del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica No. 48
entre Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, países miembros de la
Comunidad Andina; C-750 de 2008[176]
y C-751 de 2008[177],
que revisaron la constitucionalidad del Acuerdo de Promoción Comercial entre
Colombia y EEUU y su Protocolo Modificatorio; C-446 de 2009[178], referida al tratado de libre comercio suscrito con
los países del llamado Triángulo Norte (Salvador, Guatemala y Honduras); C-608
de 2010[179],
que examinó los acuerdos sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y Medidas
Sanitarias, Zoosanitarias y Fitosanitarias contenidas en el tratado de libre
comercio suscrito con Canadá; C-941 de 2010[180],
en relación con las cláusulas del mismo tipo contenidas en los acuerdos
comerciales suscritos entre Colombia y los Estados AELC, y más recientemente,
en la sentencia C-335 de 2014[181],
que declaró exequible el Acuerdo Comercial suscrito entre Colombia y Perú, por
una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros.
14.3.
En relación con los mecanismos específicos de solución de controversias
previstos en el Acuerdo Parcial de Naturaleza Comercial entre Colombia y
Venezuela, la Sala concluye que su diseño resulta compatible con la
Constitución, toda vez que el Anexo VI contempla una serie de espacios de
autocomposición que van desde las consultas técnicas directas (artículo 3), la
mediación de la Comisión Administradora del Acuerdo (artículo 4), hasta la
mediación de alto nivel en la que participan de manera directa los Ministros de
cada una de Las Partes con competencia en el tema (artículo 5).  Agotados estos
espacios, se prevé un mecanismo de heterocomposición, que consiste en la
constitución de un Grupo de Expertos, al que se confía la decisión de la
controversia con efectos vinculantes para Las Partes (artículo 6). El diseño de
cada una de las instancias mencionadas garantiza la participación equitativa de
los Estados Partes, por lo que se ajusta al marco de garantías constitucionales
al que antes se hizo alusión.
En
lo atinente a las medidas aplicables en caso de incumplimiento de las
decisiones adoptadas por el Grupo de Expertos, contempladas en el artículo 7
del Anexo VI, se confiere a dicho órgano la facultad para proponerlas y, de
manera directa, la norma prevé la posibilidad de suspender los beneficios
conferidos en virtud del tratado a la parte responsable del incumplimiento. La
Sala encuentra que tales medidas se ajustan a la Constitución, en tanto
constituyen un medio coercitivo razonable y proporcionado para dotar de
efectividad a los mecanismos de solución de controversias previstos en el
Acuerdo.
Por
los anteriores argumentos, la Corte declarará la exequibilidad del artículo 10
del Acuerdo y del Anexo VI - Mecanismo de solución de controversias. No
obstante, el examen de constitucionalidad del artículo 8 de dicho anexo, se
efectuará a continuación, de manera conjunta con las restantes disposiciones
del Acuerdo con las que guarda afinidad temática.
15.
Capítulo IX. Vigencia, Capítulo XI. Disposiciones Transitorias. Artículo 8 del
Anexo VI. Aplicación Provisional
15.1.
El capítulo IX está integrado por el artículo 11 en el cual se establece
que el Acuerdo entrará en vigor en la fecha de recepción de la última de las
comunicaciones a través de las cuales Las Partes notifiquen a la Secretaría de
la Asociación Latinoamericana de Integración[182]
el cumplimiento de sus disposiciones internas para tal fin, y tendrá una
vigencia indefinida. Entretanto, el capítulo XI está conformado por el artículo
13 según el cual, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11, el
Acuerdo solo entrará en vigencia hasta que sean acordados los anexos a los que
se refieren los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10, que forman parte integral del
mismo.
La
interpretación conjunta de ambas disposiciones permite concluir que la entrada
en vigencia del Acuerdo de Alcance Parcial objeto de revisión se sujeta al
cumplimiento de dos condiciones: (i) la comunicación a la Secretaría de
la ALADI por ambos estados signatarios, del cumplimiento de los trámites
exigidos por el derecho interno para su puesta en vigor (artículo 11); además (ii)
la suscripción de los seis Anexos que forman parte integral del tratado,
condición esta última que ya se verificó, por cuanto dichos anexos fueron
acordados desde el quince (15) de abril de dos mil doce (2012).
La
Corte no encuentra reparos a la constitucionalidad de los artículos 11 y 13 del
Acuerdo. Al contrario, ellos resultan conformes con lo establecido en los
artículos 224 y 241 numeral 10 de la Carta, por cuanto difieren la entrada en
vigor del tratado a que se hayan suscrito la totalidad de los contenidos que
forman parte del Acuerdo y surtido los trámites para su aprobación en el
derecho interno.  En consecuencia, serán declarados exequibles.
15.2.
Por su parte, el artículo 8 del Anexo VI dispone que, “[s]in perjuicio de lo
establecido en el texto del Acuerdo, cuando su legislación interna así lo
permita, cualquiera de Las Partes podrá, mediante comunicación escrita dirigida
al Secretario General de la ALADI, manifestar que lo aplicará provisionalmente,
hasta tanto cumpla con los trámites necesarios en el derecho interno”. Las
disposiciones pertinentes del Acuerdo a las que remite esta disposición son los
artículos 11 y 13, antes mencionados.  La Sala entiende que, no obstante estar
incluida dentro de uno de los Anexos del Acuerdo, la citada norma se refiere a
la aplicación provisional de la totalidad del Acuerdo Comercial y no solo del
Anexo VI - Mecanismo de solución de controversias, dentro del que
se encuentra ubicada tal disposición[183].
Se
resalta la relación que tiene el Acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial
examinado con la ALADI, puesto que en el Considerando de dicho instrumento
internacional se indica que “las Partes son miembros signatarios del Tratado
de Montevideo 1980 [marco jurídico global constitutivo y regulador de ALADI], y
que en sus artículos 7, 8, 9 y 10 de la Sección III, se establecen los
procedimientos para la suscripción de los acuerdos de alcance parcial”.
15.3. Para el examen de constitucionalidad de la
cláusula de aplicación provisional del Acuerdo, ha de tenerse en cuenta el artículo
224 de la Constitución[184].
La Corte precisó el alcance de esta facultad en la
sentencia C-280 de 2014[185],
al declarar la inexequibilidad diferida del Decreto 1513 de 2013, que dispuso
la aplicación provisional del Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por
una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros.  En tal pronunciamiento,
este Tribunal concluyó que la facultad conferida al Presidente de la República
en el artículo 224 Superior, de disponer la aplicación provisional de tratados
que aún no han sido aprobados por el Congreso ni sometidos al control de
constitucionalidad, se activa “cuando se satisfacen tres condiciones: (i) el
acuerdo tiene un contenido económico y comercial; (ii) el instrumento fue
negociado y suscrito en el ámbito de un organismo internacional; (iii) el
tratado prevé expresamente su aplicación anticipada”.
Sostuvo además que dicha facultad “debe ser objeto
de una interpretación restrictiva, toda vez que en estas hipótesis se permite
la aplicación del instrumento sin haberse surtido el procedimiento orientado a
asegurar su base democrática, la deliberación y la reflexión sobre su
conveniencia e impacto económico, social y político, y sobre su compatibilidad con
el ordenamiento superior”. En segundo lugar, la exigencia de que el tratado
haya sido suscrito en el seno de una organización internacional “debe ser
entendida en el sentido de que el tratado debe ser un desarrollo y una
concreción directa y específica del objeto de la mencionada organización
internacional. La razón de ello es que como el instrumento constitutivo del
ente que determina su objeto sí ha sido objeto del procedimiento de aprobación
parlamentaria y de control constitucional, la aplicación anticipada del
instrumento que desarrolla y concreta dicho objeto no conlleva o no lleva
aparejados los riesgos inherentes al diferimiento del trámite regular para la
entrada en vigencia de los tratados internacionales”[186].
En aquella oportunidad la Corte concluyó que el
tratado internacional puesto en vigor de manera provisional a través del
decreto demandado no se ajustaba a las anteriores condiciones, por cuanto el
mismo no se adscribía al ámbito de la Organización Mundial del Comercio, como
lo afirmaban quienes defendían su constitucionalidad. Para fundamentar esta
conclusión, estableció de manera específica una comparación entre la aplicación
provisional entonces examinada, y las sentencias anteriores en las que estudió
la constitucionalidad de cláusulas de aplicación provisional acordadas en los
tratados suscritos en el marco de la ALADI[187].
En tal sentido precisó que: “esta última organización, a diferencia de la
OMC, no persigue únicamente regularizar y unificar el régimen del comercio
externo, sino también, y fundamentalmente, facilitar y promover las
negociaciones comerciales bilaterales y plurilaterales entre los países; es por
ello que al lado de los denominados “Acuerdos Regionales”[188], se
encuentran los “Acuerdos de Alcance Parcial”, y dentro de estos los “Acuerdos
de Complementación Económica”, cuya facilitación y promoción constituye una de
las funciones propias de la ALADI. Esta circunstancia explicaría y justificaría
que las cláusulas de aplicación provisional de tales acuerdos regionales
suscritos por Colombia, hayan sido declaradas exequibles”[189].
15.4. Como quedó expuesto al examinar los antecedentes
del Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial suscrito entre Colombia
y Venezuela [Supra 6], el Tratado de Montevideo de 1980 constituyó la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y, entre otras disposiciones,
facultó a sus miembros para suscribir Acuerdos de Alcance Parcial, con el fin
de crear las condiciones necesarias para, por la vía de acuerdos bilaterales,
profundizar el proceso de integración regional, dado que aquellos podrán
extenderse a los demás Estados que participan de este espacio de integración.
Precisamente, el Acuerdo entre Colombia y Venezuela aprobado por el Congreso
mediante la Ley 1722 de 2014 y hoy sometido a control constitucional,
constituye un Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial celebrado en
el marco del Tratado de Montevideo 1980.
Por
lo anterior, y a la luz de los criterios jurisprudenciales expuestos, la
cláusula del artículo 8 del Anexo VI, que faculta a Las Partes para disponer la
aplicación provisional del Acuerdo, se ajusta a lo establecido en el artículo
224 Superior.  En consecuencia, se declarará exequible.
16.
Capítulo X. Denuncia y Capítulo XII. Disposiciones Finales
16.1.
El capítulo X está integrado por el artículo 12, en el cual se establece
el procedimiento a seguir cuando una de Las Partes quiera denunciar el Acuerdo.
La norma dispone que: (i) deberá comunicar su decisión por escrito a la
otra parte, con noventa (90) días calendario de anticipación al depósito del
respectivo instrumento de denuncia ante la Secretaría General de la ALADI.
Además se establece que (ii) a partir de la formalización de la
denuncia, cesarán automáticamente para Las Partes los derechos y obligaciones
derivados del acuerdo. Sin embargo, excepciona de lo anterior (iii) los
tratamientos recibidos y otorgados para la importación de mercancías
originarias, que continuarán en vigor por un (1) año, contado a partir del
depósito del instrumento de renuncia, salvo que Las Partes acuerden un plazo
distinto.
Finalmente, el capítulo XII regula la manera en que
podrá modificarse el Acuerdo. A tal efecto dispone en el artículo 14,
que este podrá ser modificado de común acuerdo entre Las Partes, mediante la
suscripción de protocolos adicionales, que deberán seguir el procedimiento de
entrada en vigor establecido en el artículo 13. Este último, como se recordará,
dispone que la vigencia del Acuerdo queda supeditada a que sean acordados los
anexos que forman parte del mismo y, a su vez, remite al artículo 11, en el que
se dispone que la entrada en vigor se producirá cuando ambas partes notifiquen
a la Secretaría de la ALADI el cumplimiento de sus disposiciones legales
internas para tal fin.
16.2. La Corte no evidencia motivo de
inconstitucionalidad en los artículos examinados. Antes bien, ellos consagran
mecanismos para hacer efectivos los principios de respeto a la soberanía
nacional, autodeterminación de los pueblos, respeto a los principios del
derecho internacional (art. 9 C.P.), equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional (art. 226), toda vez que permite a los estados signatarios, en
igualdad de condiciones, poner fin (en el caso de la denuncia) o bien modificar
los compromisos adquiridos en virtud del acuerdo cuando así lo estimen
conveniente para el interés de sus respectivas naciones.
Por tal motivo, serán declarados exequibles.
17. El contenido de la ley aprobatoria 1722 de 2014
17.1. La Ley 1722 de 2014, aprobatoria del Acuerdo
examinado y de los seis Anexos que lo acompañan, está integrada por tres
artículos que disponen: (i) la aprobación del “Acuerdo de Alcance
Parcial de Naturaleza Comercial entre la República de Colombia y la República
Bolivariana de Venezuela”, suscrito en Caracas, República Bolivariana de
Venezuela, el veintiocho (28) de noviembre de dos mil once (2011), y de los
seis Anexos con sus respectivos apéndices, suscritos en Cartagena, República de
Colombia, el quince (15) de abril de dos mil doce (2012) (artículo 1); (ii)
dispone que los instrumentos antes aprobados obligarán al Estado a partir de la
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de los mismos
(artículo 2), y (iii) establece que la ley aprobatoria rige a partir de
la fecha de su publicación.
17.2. La Corte encuentra que las disposiciones de la
ley aprobatoria 1722 de 2014 se ajustan a la Constitución, en tanto recogen las
condiciones para la entrada en vigor de los tratados internacionales previstas
en los artículos 224 y 241 numeral 10. Por tanto, se declarará su
exequibilidad.
18.  Conclusiones
18.1. Luego de examinar el Acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial
entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, de los seis Anexos que lo acompañan: Anexo
I “Tratamiento arancelario preferencial”. Anexo II “Régimen
de origen”. Anexo III “Reglamentos técnicos, evaluación de la
conformidad y metrología”. Anexo IV “Medidas sanitarias, zoosanitarias
y fitosanitarias”. Anexo V “Medidas de defensa comercial y medida
especial agrícola”. Anexo VI “Mecanismo de solución de
controversias”, y de Ley 1722 de 2014, aprobatoria de los anteriores, la
Corte concluye que en su trámite se respetaron las disposiciones
constitucionales que regulan la suscripción de tratados internacionales y su
aprobación por el Congreso [Supra 1 a 4].
18.2. De igual manera, tras evaluar el
contenido de los instrumentos internacionales antes descritos y de la ley que
los aprobó, encuentra que se ajustan a los contenidos constitucionales [Supra
5 a 17].  Por tanto, declarará su exequibilidad.
VI.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial
entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”,
suscrito en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el veintiocho (28)
de noviembre de dos mil once (2011), y sus seis (6) anexos con sus respectivos
apéndices, suscritos en Cartagena, República de Colombia, el quince (15) de
abril de dos mil doce (2012).
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1722 de 2014, aprobatoria del “Acuerdo de alcance parcial de
naturaleza comercial entre la República de Colombia y la República Bolivariana
de Venezuela”.
Tercero.- Disponer que se comunique la presente sentencia al
Presidente de la República para lo de su competencia, así como al Presidente
del Congreso de la República.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
ANEXO 1
LEY 1722 DE 2014
(julio 3)
Diario Oficial No. 49.802 de 1 de marzo de 2016
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Alcance
Parcial de Naturaleza Comercial entre la República de Colombia y la República
Bolivariana de Venezuela”, suscrito en Caracas, República Bolivariana de
Venezuela, el 28 de noviembre de 2011, y sus seis anexos con sus respectivos
apéndices, suscritos en Cartagena, República de Colombia, el 15 de abril de
2012, así: Anexo I “Tratamiento arancelario preferencial”. Anexo II “Régimen de
origen”. Anexo III “Reglamentos técnicos, evaluación de la conformidad y
metrología”. Anexo IV “Medidas sanitarias, zoosanitarias y fitosanitarias”.
Anexo V “Medidas de defensa comercial y medida especial agrícola”. Anexo VI
“Mecanismo de solución de controversias”.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto
el texto del “Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la
República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”, suscrito en
Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 28 de noviembre de 2011, y sus
seis anexos con sus respectivos apéndices, suscritos en Cartagena, República de
Colombia, el 15 de abril de 2012, así: Anexo I “Tratamiento arancelario preferencial”.
Anexo II “Régimen de origen”. Anexo III “Reglamentos técnicos, evaluación de la
conformidad y metrología”. Anexo IV “Medidas sanitarias, zoosanitarias y
fitosanitarias”. Anexo V “Medidas de defensa comercial y medida especial
agrícola”. Anexo VI “Mecanismo de solución de controversias”, que a la letra
dice:
(Para
ser transcritos: Se adjunta fotocopia fiel y completa del texto en castellano
del instrumento internacional mencionado, certificada por la Coordinadora del
Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento original que
reposa en el archivo de ese Ministerio).
PROYECTO DE LEY NÚMERO 145 DE 2012
Por
medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza
Comercial entre la República de Colombia y la República Bolivariana de
Venezuela”, suscrito en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 28 de
noviembre de 2011, y sus seis anexos con sus respectivos apéndices, suscritos en
Cartagena, República de Colombia, el 15 de abril de 2012, así: Anexo I
“Tratamiento arancelario preferencial”. Anexo II “Régimen de origen”. Anexo III
“Reglamentos técnicos, evaluación de la conformidad y metrología”. Anexo IV
“Medidas sanitarias, zoosanitarias y fitosanitarias”. Anexo V “Medidas de
defensa comercial y medida especial agrícola”. Anexo VI “Mecanismo de solución
de controversias”.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto
el texto del “Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República
de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”, suscrito en Caracas,
República Bolivariana de Venezuela, el 28 de noviembre de 2011, y sus seis
anexos con sus respectivos apéndices, suscritos en Cartagena, República de
Colombia, el 15 de abril de 2012, así: Anexo I “Tratamiento arancelario
preferencial”. Anexo II “Régimen de origen”. Anexo III “Reglamentos técnicos,
evaluación de la conformidad y metrología”. Anexo IV “Medidas sanitarias,
zoosanitarias y fitosanitarias”. Anexo V “Medidas de defensa comercial y medida
especial agrícola”. Anexo VI “Mecanismo de solución de controversias”, que a la
letra dice:
(Para
ser transcritos: Se adjunta fotocopia fiel y completa del texto en castellano
del instrumento internacional mencionado, certificada por la Coordinadora del
Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento original que
reposa en el archivo de ese Ministerio).
ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATURALEZA COMERCIAL
ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
El
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela, denominados en adelante “Las Partes”:
CONSIDERANDO
que las Partes son miembros signatarios del Tratado de Montevideo 1980 y que en
sus artículos 7, 8, 9 y 10 de la Sección III, se establecen los procedimientos
para la suscripción de los acuerdos de alcance parcial;
TOMANDO
EN CUENTA que como consecuencia de la denuncia del Acuerdo Subregional Andino
(Acuerdo de Cartagena) el 22 de abril de 2006, la República Bolivariana de
Venezuela no es miembro de la Comunidad Andina;
TENIENDO
PRESENTE el cese de los derechos y obligaciones de la República Bolivariana de
Venezuela, derivados de la denuncia del Acuerdo de Cartagena, con excepción de
lo previsto en su artículo 135 sobre las ventajas recibidas y otorgadas de
conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión; a tal efecto Las
Partes se comprometieron a mantener las preferencias arancelarias vigentes a
partir del 22 de abril del 2011, por un plazo de 90 días prorrogables, para que
se concluyan las negociaciones del presente Acuerdo, en los términos
establecidos en el Decreto número 8.529 publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela número 6.046 Extraordinario, de fecha 21 de
octubre de 2011 y la Decisión número 746 del Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores, ampliado a la Comisión de la Comunidad Andina, de fecha 27 de abril
de 2011.
CONVENCIDOS
que las normas que se acuerden en el presente documento, deben prestar respeto
a las Constituciones y leyes de las Partes, así como a los compromisos asumidos
por las mismas en los distintos esquemas de integración regional de los cuales
ambos sean parte y en los acuerdos bilaterales suscritos por cada una de Las
Partes;
RECONOCIENDO
que el intercambio comercial histórico y su tratamiento preferencial deben ser
utilizados como instrumentos de unión de nuestros pueblos, para impulsar el
desarrollo socioproductivo, dando prioridad a la utilización de insumos locales
y protegiendo el desarrollo de nuestros sectores estratégicos;
REAFIRMANDO
los lazos históricos, culturales y económicos entre las Partes;
CONVIENEN:
Celebrar
el presente Acuerdo de Alcance Parcial Comercial de conformidad con lo
establecido en el Tratado de Montevideo 1980 y la Resolución Número 2 del
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación Latinoamericana
de Libre Comercio (ALALC), que se regirá por las disposiciones siguientes:
CAPÍTULO I
Objeto del Acuerdo
Artículo
1. El Acuerdo tiene por objeto definir el tratamiento preferencial aplicable a
las importaciones de productos originarios de Las Partes, con el fin de promover
el desarrollo económico y productivo de ambos países, a través del
fortalecimiento de un intercambio comercial bilateral justo, equilibrado y
transparente.
CAPÍTULO II
Tratamiento Arancelario Preferencial
Artículo
2. Las Partes acuerdan definir el Tratamiento Arancelario Preferencial para las
importaciones de los productos originarios de Las Partes contenidos en el Anexo
I, en los términos, alcances y modalidades establecidas en el mismo.
Este
Tratamiento Arancelario Preferencial se definirá con base al Comercio Histórico
que existía entre Las Partes, el cual incluye la totalidad de las subpartidas
en las cuales se presentó intercambio comercial en el periodo 2006-2010.
Para
la definición del Tratamiento Arancelario Preferencial se tendrán en cuenta las
sensibilidades existentes y las necesidades de tratamientos especiales en ambos
países.
Las
Partes, podrán incluir o excluir códigos arancelarios para el beneficio del
Tratamiento Arancelario Preferencial, lo cual se realizará a través de los
acuerdos alcanzados por la Comisión Administradora. El Tratamiento Arancelario
Preferencial también deberá definir las disciplinas transversales relacionadas
con acceso a mercados.
CAPÍTULO III
Régimen de Origen
Artículo
3. El Régimen de Origen de conformidad con los términos establecidos en el
Anexo II, el cual forma parte integrante del presente Acuerdo. Artículo 4. Los
beneficios derivados de las preferencias arancelarias otorgadas mutuamente en
el presente Acuerdo, se aplicarán a las mercancías que califiquen como
originarias de Las Partes, de conformidad con los criterios establecidos en el
Anexo II.
CAPÍTULO IV
Normas de obligatorio cumplimiento, Reglamentos
Técnicos, Evaluación de la Conformidad y Metrología
Artículo
5. Las Partes acuerdan garantizar condiciones relacionadas con la seguridad,
protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, protección a su
medio ambiente, y la prevención de prácticas que puedan inducir a errores a los
usuarios, sin que tales medidas constituyan restricciones innecesarias al
comercio, con el fin de promover y facilitar un intercambio comercial de
beneficio mutuo entre las partes.
Lo
anterior, de acuerdo con los criterios establecidos en el Anexo III el cual
forma parte integrante del presente Acuerdo.
CAPÍTULO V
Medidas Sanitarias, Zoosanitarias y Fitosanitarias
Artículo
6º Las Partes acuerdan salvaguardar y promover la salud de personas, animales y
vegetales, garantizando la calidad e inocuidad de los alimentos, productos y
subproductos de origen animal y vegetal, en concordancia con sus respectivas
legislaciones nacionales, así como protocolos y acuerdos suscritos entre sí.
También pueden utilizar, a manera de referencia, las normas directrices y/o
recomendaciones elaboradas por los organismos internacionales con competencia
en la materia, tales como la CIPF, la OIE y el Codex Alimentarius, evitando la
propagación de plagas y enfermedades en el intercambio comercial entre Las
Partes, tomando en cuenta la cooperación en términos y condiciones mutuamente
acordadas. Las medidas Sanitarias, Zoosanitarias y Fitosanitarias, acordadas
entre Las Partes estarán contenidas en el Anexo IV, el cual forma parte
integrante del presente Acuerdo.
CAPÍTULO VI
Medidas de Defensa Comercial
Artículo
7. Las Partes acuerdan las cláusulas a las que se refiere el Anexo V del
presente Acuerdo con el objeto de salvaguardar la producción nacional de los
eventuales efectos perjudiciales de importaciones bajo prácticas desleales e
inequitativas de comercio, en los términos y condiciones allí previstos.
CAPÍTULO VII
Promoción Comercial
Artículo
8. Con el fin de lograr el mejor funcionamiento del presente Acuerdo, Las
Partes constituyen una Comisión Administradora, integrada por los Ministerios
con competencia en materia de Comercio Exterior de cada una de Las Partes, en
lo sucesivo denominada “La Comisión”. En casos especiales según sea la
naturaleza de los temas a considerar, la Comisión podrá, además, incorporar a
los Ministerios con competencia en el área que corresponda.
Artículo
9. La Comisión se reunirá semestralmente de manera ordinaria, y de forma
extraordinaria en el lugar y fecha mutuamente acordados, a petición de una de
Las Partes. Salvo que Las Partes acuerden una fecha distinta, la Comisión
celebrará su primera reunión dentro de los treinta (30) días siguientes a la
suscripción de este Acuerdo. Todas las decisiones de la Comisión serán
adoptadas de mutuo acuerdo.
Sus
funciones serán las siguientes:
1.
Evaluar y velar por el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo;
2.
Proponer, revisar y/o modificar la inclusión o exclusión de productos sujetos a
tratamiento especial previsto en el presente Acuerdo;
3.
Formular recomendaciones que estime convenientes para resolver las diferencias
que puedan surgir de la interpretación y aplicación del presente Acuerdo;
4.
Revisar y/o modificar los niveles de preferencia arancelaria otorgados mediante
el presente Acuerdo;
5.
Analizar, revisar y/o modificar los requisitos específicos de origen, normas de
origen y otras normas establecidas en el presente Acuerdo;
6.
Presentar un informe periódico sobre la evaluación y funcionamiento del
presente Acuerdo;
7.
Establecer su propio reglamento de funcionamiento; y
8.
Cualquier otra atribución que Las Partes estimen necesarias y que resulte de la
aplicación del presente Acuerdo.
CAPÍTULO VIII
Solución de Controversias
Artículo
10. Las dudas y controversias que pudieran suscitarse entre Las Partes con
motivo de la interpretación o ejecución del presente Acuerdo, serán resueltas
agotando las consultas y mecanismos específicos dirigidos a atender tales
diferencias de acuerdo con el procedimiento establecido en el Anexo VI, el cual
forma parte integrante del presente Acuerdo.
CAPÍTULO IX
Vigencia
Artículo
11. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de recepción de la última
de las comunicaciones a través de las cuales Las Partes notifiquen a la
Secretaría de la ALADI el cumplimiento de sus disposiciones legales internas para
tal fin, y tendrá una vigencia indefinida.
CAPÍTULO X
Denuncia
Artículo
12. La Parte que desee denunciar el presente Acuerdo, deberá comunicar su
decisión escrito a la otra Parte, con 90 días calendario de anticipación al
depósito del respectivo instrumento de denuncia ante la Secretaría General de
la ALADI.
A
partir de la formalización de la denuncia, cesarán automáticamente para Las
Partes los derechos y obligaciones derivados del presente Acuerdo, excepto en
lo que se refiere a los tratamientos recibidos y otorgados para la importación
de mercancías originarias, los cuales continuarán en vigor por el término de
dos años contado a partir del depósito del respectivo instrumento de denuncia,
salvo que en oportunidad de la denuncia, las Partes acuerden un plazo distinto.
CAPÍTULO XI
Disposiciones Transitorias
Artículo
13. No obstante, a lo previsto en el Capítulo IX, artículo 11, Las Partes
establecen que el presente Acuerdo, no entrará en vigencia hasta tanto sean
acordados los anexos a los que hacen referencia los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7
y 10, que hacen parte integral de este Acuerdo. Las Partes se comprometen
acordar los mencionados anexos antes del 30 de diciembre de 2011.
CAPÍTULO XII
Disposiciones Finales
Artículo
14. El presente Acuerdo podrá ser modificado de común acuerdo entre Las Partes.
Las modificaciones del presente Acuerdo deberán ser formalizadas mediante la
suscripción de protocolos adicionales, siguiendo el procedimiento de entrada en
vigor establecido en el Artículo 13 del presente Acuerdo.
Suscrito
en la ciudad de Caracas, a los (28) días del mes de noviembre de 2011, en dos
(2) ejemplares originales de igual valor y tenor, redactados en idioma
castellano.
Por
la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, Presidente.
Por
la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, Presidente.
ANEXO I
AL ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATURALEZA COMERCIAL
SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA, EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2011 EN LA CIUDAD DE CARACAS, REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRATAMIENTO ARANCELARIO PREFERENCIAL
Artículo
1: El presente Anexo tiene como objetivo el otorgamiento de preferencias sobre
los aranceles vigentes aplicables a las importaciones de terceros países a los
productos originarios de la otra Parte contenidos en el Apéndice A de este
Anexo, de conformidad con lo dispuesto en su legislación interna.
Artículo
2: Las preferencias arancelarias comenzarán a regir a partir de la vigencia del
presente Acuerdo.
Artículo
3: En el caso de los productos contenidos en el Apéndice B, la República
Bolivariana de Venezuela aplicará las preferencias arancelarias sobre los
aranceles vigentes para la importación de terceros países, de conformidad con
lo dispuesto en su legislación interna. Para el caso de la República de
Colombia, las preferencias arancelarias se aplicarán sobre el arancel base
establecido en el referido Apéndice y los niveles de arancel aplicado
resultantes de la preferencia no serán superiores a los niveles arancelarios
aplicados a terceros países, de conformidad con lo dispuesto en su legislación
interna.
No
obstante lo establecido en el párrafo anterior, las Partes se reservan la
aplicación de derechos arancelarios variables, a través de mecanismos para
estabilizar el costo de importación de productos agropecuarios caracterizados
por una marcada inestabilidad de sus precios internacionales o por graves
distorsiones de los mismos, a los productos señalados en el Apéndice B que
corresponde a las sensibilidades de las Partes.
Se
entenderán como productos originarios aquellas mercancías nuevas y sin uso que
cumplan con las normas de origen establecidas en el Anexo II del presente
Acuerdo. Se considerarán mercancías sin uso, aquellas que no han sido
utilizadas, incluidas las que requieren un desplazamiento a la Zona Primaria
Aduanera, por sus propios medios o por medios exógenos. El desgaste natural que
dicho desplazamiento genera en la mercancía no podrá ser entendido como prueba
de su utilización.
Las
Partes no podrán adoptar cargas arancelarias que pudieran afectar el comercio
bilateral, salvo las previstas en el presente Acuerdo.
Artículo
4: Las Partes podrán establecer de común acuerdo, mecanismos para la
administración del comercio con el fin de alcanzar un mayor equilibrio en el
intercambio comercial atendiendo a las particularidades y asimetrías de cada
sector productivo, pudiendo incluir concesiones temporales, por cupos o mixtas,
sobre excedentes y faltantes, así como medidas relativas a intercambio
compensados.
Artículo
5: Las Partes acuerdan que no habrá trato discriminatorio de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 46 del Tratado de Montevideo de 1980, a las mercancías
originarias de cada una de las Partes contenidas en el Apéndice A y B del
presente Anexo.
Artículo
6: Las Partes se abstendrán de adoptar restricciones no arancelarias sobre las
importaciones de mercancías de la otra Parte y acuerdan que bajo ninguna
circunstancia interpretarán como restricciones no arancelarias las políticas de
carácter fiscal, monetario y cambiario, que se implementen y apliquen en cada
País, de manera soberana, en la consecución de sus proyectos y planes de
desarrollo económico y productivo nacional. La adopción de tales políticas
procurará no afectar de manera discriminatoria el comercio entre las Partes.
Artículo
7: Las Partes acuerdan que en el marco de la Comisión Administradora
intercambiarán información sobre cualquier procedimiento de Licencias de
Importación existente. Asimismo se comunicarán cualquier modificación o nuevo
procedimiento de Licencias de Importación.
Artículo
8: La clasificación de mercancías en el intercambio comercial entre las Partes
será establecida por la nomenclatura nacional de cada País, basada en el
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA) y sus
correspondientes actualizaciones.
Para
los efectos de cumplir con lo dispuesto por los artículos 11 y 13 del Acuerdo
de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial (en adelante el Acuerdo) suscrito
entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela (en
adelante las Partes), el día 28 de noviembre de 2011 en la ciudad de Caracas
República Bolivariana de Venezuela, las Partes acuerdan el presente Anexo número
I, previsto por el Artículo 2 del Acuerdo citado y el cual se considera para
todos los efectos parte integral del mencionado Acuerdo.
Para
constancia se suscribe, en la ciudad de Cartagena de Indias a los quince (15)
días del mes de abril de 2012,
Por
la República de Colombia, María Ángela Holguín Cuéllar, Ministra de Relaciones
Exteriores.
Por
la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro Moros, Vicepresidente
para la Política Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.
ANEXO II
AL ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATURALEZA COMERCIAL
SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA, EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2011 EN LA CIUDAD DE CARACAS, REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA
RÉGIMEN DE ORIGEN
SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo
1: Ámbito de Aplicación. El presente Régimen establece las normas y
procedimientos para la calificación, declaración, certificación, verificación y
control del origen de las mercancías comprendidas en el Sistema Armonizado,
aplicable al comercio preferencial entre la República de Colombia y la
República Bolivariana de Venezuela, así como para la expedición directa,
sanciones, funciones y obligaciones.
Artículo
2: Definiciones Para los efectos de la aplicación e interpretación del presente
Régimen se entenderá por:
Acuicultura:
conjunto de actividades, técnicas y conocimientos de cultivos de especies
acuáticas vegetales y animales, en cualquier fase o etapa de su desarrollo,
incluyendo desde el cultivo directamente en el medio (agua dulce, agua de mar o
salobre) de carácter extensivo, hasta el cultivo en instalaciones bajo
condiciones totalmente controladas de carácter intensivo;
Autoridad
Competente: aquella que, conforme a la legislación de cada Parte, es
responsable de la aplicación y administración del presente Régimen;
Cambio
de clasificación arancelaria: término utilizado para indicar que la materia
prima no originaria tiene que estar clasificada en un Capítulo, partida o
subpartida del Sistema Armonizado diferente de aquella en la que se clasifica
la mercancía;
Contenedores
y materiales de embalaje para embarque: material utilizado para transportar y
proteger una mercancía. No incluye los envases y materiales en los que se
empaca la mercancía para la venta al por menor;
Días:
días calendario, incluidos el sábado, el domingo y días festivos;
Ensamblaje:
conjunto de operaciones mediante las cuales se unen piezas o conjuntos de estas
para formar una unidad de distinta naturaleza y características funcionales
diferentes a las partes que la integran;
Informe
de origen: documento legal escrito, emitido por la autoridad competente como
resultado de un proceso de verificación y control del origen de una mercancía,
de conformidad con este Régimen;
Material:
materias primas, insumos, materiales intermedios, partes y piezas que se
incorporan en la elaboración de las mercancías;
Material
intermedio: material originario que es producido por el productor de una
mercancía y utilizado en la producción de la misma, siempre que ese material
cumpla con lo establecido en el presente Régimen;
Mercancía:
cualquier producto o material, aún si fuera utilizado posteriormente en otro
proceso de producción;
Mercancías
idénticas: aquellas que son iguales en todos los aspectos a la mercancía
importada, incluidas sus características físicas y calidad. Las pequeñas
diferencias de aspecto no impedirán que se consideren como idénticas las mercancías
que en todo lo demás se ajusten a la definición. Sólo se consideran mercancías
idénticas las producidas en el territorio de las Partes;
Mercancías
originarias: toda mercancía que cumpla con los criterios generales o requisitos
específicos de origen, según corresponda y las demás disposiciones establecidas
en el presente Régimen;
Partes:
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela; Partida: los cuatro (4) primeros dígitos del código
de clasificación arancelaria, utilizados según la Nomenclatura del Sistema
Armonizado;
Producción:
el cultivo, la cría, la extracción, la cosecha, la recolección, la pesca, la
caza, el procesamiento, la transformación, el ensamblaje o montaje de
mercancías u otras operaciones indicadas en los requisitos específicos de
origen señalados en el Apéndice 1 del presente Régimen;
Sistema
armonizado: se refiere a la Nomenclatura del Convenio del Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías que comprende las partidas,
subpartidas y sus códigos numéricos, las notas de Sección, Capítulo y
Subpartida, así como las reglas generales para su interpretación, en la forma
en que las Partes lo hayan incorporado en sus respectivas legislaciones;
Territorio:
comprende todo el espacio geográfico sujeto a la soberanía y jurisdicción de
los Estados, tal como está consagrado en la Constitución de cada Parte y de
conformidad con su normativa interna y las normas del derecho internacional
reconocidas y ratificadas por ambas Partes;
Valor
FOB (free on board/libre a bordo): es el valor de la mercancía puesta a bordo
del medio de transporte acordado, en el punto de embarque convenido;
Valor
CIF (cost, insurance and freight/costo, seguro y flete): es el valor de la
mercancía puesta en el lugar de desembarque convenido, incluyendo seguro y
flete.
SECCIÓN II
CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE ORIGEN
Artículo
3: Mercancías Originarias.
1.
Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Régimen, serán
consideradas originarias de las Partes:
a)
Las mercancías listadas a continuación cuando sean obtenidas en su totalidad o
producidas enteramente en territorio de una Parte:
i. minerales extraídos en el territorio de una Parte;
ii. plantas y productos de plantas cosechadas,
recogidas o recolectadas en territorio de una Parte;
iii. animales vivos, nacidos y criados, capturados en
territorio de una Parte;
iv. mercancía obtenidas de animales vivos nacidos y
criados, en el territorio de una Parte;
v. mercancías obtenidas de la caza, captura,
recolección, acuicultura o pesca en territorio de una Parte;
vi. peces, crustáceos y otras especies marinas
obtenidas del mar fuera del territorio de una Parte, por barcos fletados,
arrendados o afiliados, siempre que tales barcos estén registrados o
matriculados por una Parte de acuerdo con su legislación interna;
vii. mercancías obtenidas del mar por barcos propios
de empresas establecidas en el territorio de cualquier Parte, fletados,
arrendados o afiliados, siempre que tales barcos estén registrados o
matriculados por una Parte de acuerdo con su legislación interna;
viii. mercancías producidas a bordo de barcos fábrica,
a partir de las mercancías identificadas en el inciso y, siempre que esos
barcos fábrica sean propios de empresas establecidas en el territorio de una
Parte, fletados, arrendados o afiliados, siempre que tales barcos estén
registrados o matriculados por una Parte de acuerdo a su legislación interna;
ix. desechos y desperdicios derivados de la producción
en territorio de una Parte, siempre que estas mercancías sean utilizadas
únicamente para recuperación de materias primas;
x. mercancías producidas en territorio de una Parte,
exclusivamente a partir de las mercancías mencionadas en los incisos i) al ix);
b)
Las mercancías que sean producidas enteramente en territorio de una Parte, a
partir exclusivamente de materiales que califican como originarios de
conformidad con este Régimen;
c)
Las mercancías que en su elaboración utilicen materiales no originarios, serán consideradas
originarias cuando cumplan con los requisitos específicos de origen previstos
en el Apéndice 1 del presente Régimen. Los requisitos específicos de origen
prevalecerán sobre los criterios establecidos en el literal d).
De
común acuerdo, las Partes podrán incluir, modificar o eliminar requisitos
específicos de origen cuando existan razones que así lo ameriten;
d)
Las mercancías elaboradas utilizando materiales no originarios, que cumplan con
las siguientes condiciones:
i. que resulten de un proceso de ensamblaje o montaje,
realizado en el territorio de cualquiera de las Partes, siempre que en su
elaboración se utilicen materiales originarios y el valor CIF de los materiales
no originarios no exceda el 50 por ciento valor FOB de exportación de la
mercancía;
ii. que resulten de un proceso de transformación,
distinto al ensamblaje o montaje, realizado en el territorio de cualquiera de
las Partes, que les confiera una nueva individualidad. Esa nueva individualidad
implica que, en el Sistema Armonizado, las mercancías se clasifiquen en una
partida diferente a aquellas en las que se clasifiquen cada uno de los
materiales no originarios;
iii. cuando no cumplan con lo establecido en el inciso
anterior porque el proceso de transformación, distinto al ensamblaje o montaje,
realizado en el territorio de cualquiera de las Partes no implique un cambio de
partida arancelaria, que el valor CIF de los materiales no originarios no
exceda el 50% por ciento del valor FOB de exportación de la mercancía y en su
elaboración se utilicen materiales originarios de las Partes.
2.
Las mercancías originarias de Las Partes deberán satisfacer los requerimientos
aplicables bajo este Régimen.
3.
Para efectos de lo previsto en el presente Régimen, los valores CIF y FOB,
corresponden al lncoterm equivalente según la modalidad de transporte
utilizado.
Artículo
4: Tratamiento de los materiales intermedios. Para efectos de la determinación
del origen de una mercancía, para los casos definidos en los literales b), c) y
d) del artículo 3, el productor podrá considerar el valor total de los
materiales intermedios utilizados en la producción de dicha mercancía como
originarios, siempre que estos califiquen como tal de conformidad con las
disposiciones de este Régimen.
Artículo
5: Acumulación. Para efectos del cumplimiento de este Régimen, los materiales
originarios del territorio de cualquiera de las Partes, incorporados en una
determinada mercancía en el territorio de la Parte exportadora, serán
considerados originarios del territorio de esta última.
Artículo
6: Procesos u operaciones que no confieren origen. Las operaciones que se
detallan a continuación se considerarán elaboraciones y transformaciones
insuficientes para conferir el carácter de mercancías originarias, en los casos
que incorporen materiales no originarios en su elaboración:
a)
las manipulaciones destinadas a garantizar la conservación de las mercancías en
buen estado durante su transporte y almacenamiento, tales como: ventilación,
aireación, tendido, secado, refrigeración, congelación, inmersión en agua
salada, sulfurosa o en otras soluciones acuosas, adición de sustancias,
salazón, separación y/o extracción de las partes deterioradas o averiadas;
b)
la dilución en agua o en otra sustancia que no altere las características de la
mercancía;
c)
el desempolvado, zarandeo, cribado, selección, clasificación, estrujado o
exprimido, enjuagado, fraccionamiento, tamizado, filtrado, lavado, pintado,
cortado, o recortado, enrollado o desenrollado;
d)
los cambios de envase y las divisiones o agrupaciones de mercancías en bultos;
e)
el embalaje, el envasado en botellas, frascos, bolsas, estuches y cajas, el
desenvasado o reenvasado;
f)
la colocación de marcas, etiquetas y otros signos distintivos similares en las
mercancías o en sus envases;
g)
lavado y/o el planchado de textiles;
h)
el descascarillado, desconchado, graduación, glaseado de cereales y arroz,
blanqueado total y pulido, desgrane, la extracción de semillas o huesos y el
pelado, secado o macerado de frutas, frutos secos y vegetales;
i)
la coloración de azúcar, adición de saborizantes, molienda total o parcial de
azúcar o la elaboración de terrones de azúcar;
j)
la limpieza, inclusive la remoción de óxido, grasa y pintura u otros
recubrimientos, aplicación de aceite y recubrimientos protectores;
k)
la mezcla de mercancías en tanto que las características de la mercancía
Obtenida no sean esencialmente diferentes a las características de las
mercancías que han sido mezcladas;
l)
el desarmado de mercancías en sus partes;
m)
las operaciones cuyo único propósito sea facilitar la carga;
n)
el sacrificio de animales; y
o)
la combinación de dos o más de las operaciones especificadas en los literales
a) al n).
Artículo
7: Juegos o surtidos de mercancías. Los juegos o surtidos, clasificados según
las Reglas Generales para la Interpretación de la Nomenclatura 1, 3 o 6 del
Sistema Armonizado, serán considerados originarios cuando todas las mercancías
que lo componen sean consideradas originarias. Sin embargo, cuando un juego o
surtido esté compuesto por mercancías originarias y mercancías no originarias,
ese juego o surtido será considerado originario en su conjunto, si el valor CIF
de las mercancías no originarias no excede el 15% del precio FOB del juego o
surtido.
Artículo
8: Envases y material de empaque para la venta al por menor.
1.
Los envases y los materiales de empaque de una mercancía que se presente para
la venta al por menor, cuando estén clasificados con la mercancía que
contienen, de acuerdo con lo establecido en la Regla General Interpretativa 5
del Sistema Armonizado, no se tomarán en cuenta para determinar el origen de la
mercancía contenida, de conformidad con lo previsto por este Régimen, si todos
los materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía
cumplen los cambios correspondientes de clasificación arancelaria.
2.
Si la mercancía está sujeta a un criterio de origen con requisito de valor de
materiales originarios o no originarios, del tipo de los establecidos en los
incisos i. y iii. del literal d) y el literal c) del párrafo 1 del artículo 3,
el valor de los envases y materiales de empaque descritos en el párrafo
anterior se tomará en cuenta como originario o no originario, según sea el
caso, para el cálculo correspondiente.
3.
Los envases y los materiales de empaque para la venta al por menor mencionados
en el párrafo 1, no se tomarán en cuenta para determinar si el bien es obtenido
en su totalidad o producido enteramente en el territorio de una o ambas Partes
de acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, literal a).
Artículo
9: Contenedores y materiales de embalaje para embarque. Cada Parte dispondrá
que los contenedores y materiales de embalaje utilizados exclusivamente para el
transporte de una mercancía no se tomarán en cuenta para determinar si una
mercancía es originaria.
Artículo
10: Elementos neutros empleados en la producción. Se considerarán como originarios
los siguientes elementos utilizados en el proceso de producción que no estén
incorporados físicamente en la mercancía:
a)
combustible y energía;
b)
máquinas, herramientas, troqueles, matrices y moldes;
c)
repuestos y materiales utilizados en el mantenimiento de equipos;
d)
lubricantes, grasas, materiales compuestos y otros materiales utilizados en la
producción u operación de equipos;
e)
catalizadores y solventes; y
f)
cualquier otro material que no esté incorporado en la composición final de la
mercancía y que pueda demostrarse que forma parte de dicho proceso de
producción.
SECCIÓN III
EXPEDICIÓN DIRECTA
Artículo
11: Expedición directa. Para que una mercancía originaria se beneficie del
tratamiento preferencial, deberá expedirse directamente de la Parte exportadora
a la Parte importadora. A tal fin, se considera expedición directa:
a)
Las mercancías transportadas únicamente por el territorio de una Parte del
Acuerdo;
b)
Las mercancías en tránsito, a través de uno o más países no Parte del Acuerdo,
con o sin transbordo o almacenamiento temporal, que hayan estado bajo la
vigilancia de la autoridad aduanera del país o los países de tránsito, siempre
que:
i.
el tránsito estuviera justificado por razones geográficas o consideraciones
relativas a requerimientos de transporte;
ii.
no estuvieran destinadas al comercio, uso o empleo en el país de tránsito; y
iii.
no sufran, durante su transporte o depósito, ninguna operación distinta a la
carga, descarga o manipulación, para mantenerlas en buenas condiciones o
asegurar su conservación.
Para
efectos de lo dispuesto en el literal b), en caso de transbordo o
almacenamiento temporal realizado en un país no Parte del Acuerdo, la autoridad
aduanera del país importador podrá exigir adicionalmente un documento de
control aduanero de dicho país no Parte, que acredite que la mercancía
permaneció bajo supervisión aduanera.
SECCIÓN IV
DECLARACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL ORIGEN
Artículo
12: Certificado de origen.
1.
El certificado de origen es el documento que certifica que las mercancías
cumplen con las disposiciones sobre origen de este Régimen y, por ello, pueden
beneficiarse del tratamiento preferencial acordado por las Partes del Acuerdo.
2.
El certificado al que se refiere el párrafo anterior deberá emitirse en el
formato contenido en el Apéndice 2 del presente Régimen. Dicho certificado
ampara una sola operación de importación de una o varias mercancías, y su
versión original debe acompañar al resto de la documentación, en el momento de
tramitar el despacho aduanero.
Artículo
13: Emisión de certificado de origen.
1.
La emisión de los certificados de origen, estará bajo la responsabilidad de la
autoridad competente de cada Parte.
2.
Las Partes establecerán un mecanismo de intercambio de información entre las
autoridades competentes para emitir certificados de origen, con el registro y
las firmas de los funcionarios habilitados para tal fin. Toda modificación de
esta lista será notificada por escrito a la otra Parte y entrará en vigor a los
treinta (30) días de la fecha en que esa Parte reciba esa notificación de la
modificación.
3.
El productor o exportador deberá llenar y firmar el certificado de origen, el
cual requerirá de la validación por parte de la autoridad competente de la
Parte exportadora.
4.
El exportador que solicita la emisión de un certificado de origen estará
preparado para presentar en cualquier momento, a solicitud de las autoridades
competentes de la Parte exportadora donde se emite el certificado de origen,
los documentos pertinentes que prueben la condición de originarias de las
mercancías correspondientes, así como el cumplimiento de los demás requisitos
de este Régimen.
5.
El certificado de origen deberá ser numerado correlativamente y será expedido
con base en una declaración jurada, elaborada de acuerdo con los términos
señalados en el artículo 15.
6.
En el campo relativo a “Observaciones” del certificado de origen, deberá
indicarse la fecha de recepción de la declaración jurada a que hace referencia
el artículo 15.
7.
Las autoridades competentes que emitan los certificados de origen tomarán las
medidas necesarias para verificar la condición del origen de las mercancías y
el cumplimiento de los demás requisitos de este Régimen. Para este fin, tendrán
derecho a solicitar sustentos o cualquier otra información que consideren
adecuada para verificar la veracidad de la declaración jurada y/o el
certificado de origen.
Artículo
14: Validez del certificado de origen.
1.
El certificado de origen deberá ser emitido a más tardar dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a su solicitud y tendrá una validez de un (1) año
contado a partir de su emisión.
2.
El certificado de origen deberá llevar el nombre y la firma autógrafa del
funcionario habilitado por las Partes para tal efecto, así como el sello de la
autoridad competente, debiéndose consignar en cada certificado de origen el
número de la factura comercial en el campo reservado para ello.
3.
Dicho certificado carecerá de validez si no estuviera debidamente llenado en
los campos que corresponda sin presentar raspaduras, tachones o enmiendas.
4.
En caso de detectarse errores de forma en el certificado de origen, es decir,
aquellos que no afectan la calificación de origen de la mercancía, la autoridad
competente conservará el original del certificado de origen de acuerdo con los
procedimientos establecidos en su legislación interna y notificará al
importador indicando los errores que presenta el certificado de origen que lo
hacen inaceptable. No obstante, la Parte importadora podrá adoptar medidas
establecidas en su legislación nacional para garantizar el interés fiscal.
5.
El importador deberá presentar la rectificación correspondiente en un plazo
máximo de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de
recepción de la notificación. Dicha rectificación debe ser realizada mediante
oficio, en ejemplar original, que debe contener la enmienda, la fecha y número
del certificado de origen, y ser firmada por un funcionario de la autoridad
competente.
6.
Si el importador no cumpliera con la presentación de la rectificación
correspondiente en el plazo estipulado, la autoridad competente de la Parte
importadora podrá desconocer el certificado de origen y se procederá a ejecutar
la garantía presentada.
7.
En caso que la mercancía sea internada, admitida o almacenada temporalmente
bajo control aduanero, o cuando las mercancías sean introducidas para
almacenamiento en zonas francas, en la medida en que la mercancía salga en el
mismo estado y condición en que ingresó a la zona franca, sin alterar la
clasificación arancelaria ni su calificación de origen en la Parte importadora,
el plazo de validez del certificado de origen señalado en el primer párrafo del
presente artículo quedará suspendido por el tiempo que la administración
aduanera haya autorizado dichas operaciones o regímenes. En este caso, la
autoridad aduanera de la Parte importadora podrá exigir adicionalmente un
documento aduanero que acredite que la mercancía permaneció bajo supervisión
aduanera.
8.
Los certificados de origen no podrán ser expedidos con antelación a la fecha de
emisión de la factura comercial correspondiente a la operación de que se trate,
sino en la misma fecha o dentro de los sesenta (60) días siguientes a dicha
expedición, debiéndose entregar copia de la factura comercial en el momento de
la solicitud del Certificado de Origen.
9.
La descripción de la mercancía en el certificado de origen deberá concordar con
la descripción de la subpartida de conformidad con la clasificación arancelaria
aplicada según el Sistema Armonizado y con la descripción de la mercancía
contenida en la factura comercial.
Artículo
15: Declaración jurada de origen.
1.
La declaración jurada del productor deberá contener como mínimo los siguientes
datos:
a)
nombre, denominación o razón social del productor o exportador, según
corresponda;
b)
domicilio legal del solicitante y de la planta industrial;
c)
descripción de la mercancía a exportar y su clasificación arancelaria según el
Sistema Armonizado;
d)
valor FOB de la mercancía a exportar expresado en dólares americanos;
e)
descripción del proceso de fabricación; e
f)
información relativa a la mercancía:
• materiales originarios de las Partes, indicando:
i. origen
ii. clasificación arancelaria
iii. valor FOB de exportación
• materiales no originarios, indicando:
i. procedencia
ii. clasificación arancelaria
iii. valor CIF expresado en dólares americanos
iv. porcentaje de participación en el valor FOB de
exportación.
2.
La descripción de la mercancía deberá ser lo suficientemente detallada para
relacionar la descripción de la mercancía contenida en la factura comercial del
exportador con la clasificación arancelaria aplicada según el Sistema Armonizado.
3.
Excepcionalmente, la declaración jurada de origen podrá ser suministrada y
firmada por el exportador cuando se trate de mercancías obtenidas en forma
artesanal, de los reinos vegetal y animal así como artesanías. Cuando existan
varios productores, se deberá anexar una lista que contenga sus nombres y el
lugar de producción.
Artículo
16: Validez de la declaración jurada de origen.
1.
La declaración jurada tendrá una validez de dos (2) años o cualquier periodo
mayor establecido en la legislación de una Parte, contado a partir de la fecha
de su recepción por las autoridades competentes, a menos que antes de dicho
plazo se modifique alguno de los siguientes datos:
a)
origen, cantidad, peso, valor y clasificación arancelaria de los materiales
utilizados en la elaboración de la mercancía;
b)
proceso de transformación o elaboración empleado;
c)
proporción del valor CIF de los materiales no originarios en relación al valor
FOB de la mercancía;
d)
denominación o razón social del productor y/o exportador, su representante
legal o domicilio de la empresa.
2.
La modificación de uno o más de los datos señalados en los literales a) al d)
anteriores se deberá notificar a las autoridades competentes y ameritará la
presentación de una nueva declaración jurada de origen en los términos
establecidos en el artículo 15.
SECCIÓN V
VERIFICACIÓN Y CONTROL
Artículo
17: Proceso de consulta e investigación.
1.
Con la finalidad de verificar la autenticidad del certificado de origen, la
autoridad competente de la Parte importadora podrá solicitar información a la
autoridad competente de la Parte exportadora responsable de la certificación de
origen. La autoridad competente de la Parte exportadora responderá a la
solicitud de información en un plazo máximo de treinta (30) días, contados a
partir de la fecha de recepción de la solicitud.
2.
A efectos del párrafo anterior, la autoridad competente de la Parte importadora
deberá indicar:
a)
identificación y nombre de la autoridad competente que solicita la información;
b)
número y fecha de los certificados de origen o el período de tiempo sobre el
cual solicita la información referida a un productor o exportador;
c)
breve descripción del tipo de problema encontrado; y
d)
fundamento de la solicitud de información con base en lo establecido en el
presente Régimen.
3.
Si la información suministrada por la autoridad competente de la Parte
exportadora no es suficiente para determinar la autenticidad del o de los
certificados de origen, la Parte importadora, por conducto de la autoridad
competente de la Parte exportadora, podrá iniciar un proceso de verificación a
través de:
b)
solicitudes escritas de información al productor o exportador;
c)
cuestionarios escritos dirigidos al productor o exportador;
d)
visitas a las instalaciones del productor o exportador en el territorio de la
otra Parte, con el propósito de examinar los registros contables, inspeccionar
las instalaciones utilizadas en la producción de la mercancía objeto de
verificación, o cualquier información indicada en la declaración jurada de
origen del productor o exportador, en los casos en que la información obtenida
como resultado de los literales a) y b) de este artículo no fuese suficiente; o
e)
otros procedimientos que las Partes puedan acordar.
4.
La autoridad competente de la Parte importadora deberá notificar, dentro de los
quince (15) días calendarios siguientes al recibo de la información, la
iniciación del proceso de verificación y control al importador, productor o
exportador y a la autoridad competente de la Parte exportadora de conformidad
con lo establecido en el párrafo 3 del presente Artículo. La notificación se
enviará por correo o cualquier otro medio que haga constar su recepción
mediante un acuse de recibo.
5.
De conformidad con lo establecido en el párrafo 3 literales a) y b), las
solicitudes de información o los cuestionarios escritos deberán contener:
a)
identificación y nombre de la autoridad competente que solicita la información;
b)
nombre y domicilio del productor o exportador a quienes se les solicitan la
información y documentación;
c)
descripción de la información y documentos que se requieran; y
d)
fundamento de las solicitudes de información o cuestionarios con base en lo
establecido en el presente Régimen.
6.
A los efectos del párrafo 3 literales a) y b), el productor o exportador deberá
responder dentro de cuarenta y cinco (45) días siguientes contados a partir de
la fecha de su recepción de la solicitud de información o cuestionario. Dentro
de dicho plazo podrá por conducto de su autoridad competente, solicitar por una
sola vez y por escrito a la autoridad competente de la parte importadora la
prórroga del mismo, la cual no podrá ser superior a cuarenta y cinco (45) días.
7.
Antes de efectuar una visita de conformidad con lo establecido en el párrafo 3
literal c), la Parte importadora deberá, por conducto de su autoridad
competente, notificar por escrito su intención de efectuar la visita por lo
menos con treinta (30) días de anticipación. La notificación deberá contener:
a)
identificación y nombre de la autoridad competente que solicita efectuar la
visita;
b)
nombre del productor o exportador que pretende visitar;
c)
propuesta de fecha y lugar de la visita;
d)
objeto y alcance de la visita propuesta, haciendo mención específica a la
mercancía o mercancías objeto de verificación a que se refieren el o los
certificados de origen;
e)
nombres y cargos de los funcionarios que efectuarán la visita; y
f)
fundamento legal de la visita con base en lo establecido en el presente
Régimen.
8.
La autoridad competente de la Parte exportadora remitirá a la autoridad
competente de la Parte importadora su pronunciamiento sobre la solicitud de la
autorización para efectuar la visita en un plazo máximo de quince (15) días
contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud de la misma. Cuando
se autorice la visita, las Partes, exportadora e importadora, acordarán que la misma
se realice en una fecha dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a
la fecha de recepción de la autorización.
9.
La autoridad competente de la Parte exportadora podrá acompañar la visita
realizada por las autoridades competentes de la Parte importadora.
10.
En ningún caso la Parte importadora detendrá el trámite de importación de las
mercancías objeto de verificación. No obstante, la Parte importadora podrá
adoptar medidas establecidas en su legislación nacional para garantizar el
interés fiscal.
11.
Las Partes no negarán el tratamiento arancelario preferencial a una mercancía
cuando el productor o exportador solicite por escrito a la autoridad competente
de la Parte importadora:
a)
una prórroga de acuerdo con lo establecido en el párrafo 6 de este artículo;
b)
el aplazamiento de la visita acordada en el párrafo 8, por una sola vez, con
las justificaciones correspondientes y por un período no mayor de treinta (30)
días contados a partir de la fecha previamente acordada o por un plazo mayor
que acuerden la autoridad competente de la Parte importadora y la Parte
exportadora. Para estos propósitos, la autoridad competente de la Parte
exportadora deberá notificar la nueva fecha de la visita al productor o
exportador de la mercancía.
12.
Una Parte podrá negar el trato arancelario preferencial a una mercancía
importada, cuando:
a)
la autoridad competente de la Parte exportadora no responda a la solicitud de
información dentro del plazo establecido en el párrafo 1;
b)
el productor o exportador no responda una solicitud escrita de información o
cuestionario, dentro de los plazos establecidos en el párrafo 6; o
c)
el productor o exportador por conducto de la autoridad competente no otorgue su
autorización por escrito para la visita en el plazo establecido en el párrafo
8.
13.
Cuando se haya concluido la visita, la autoridad competente de la Parte
importadora elaborará un acta de la visita, que incluirá los hechos constatados
por ella. El productor o exportador sujeto de la visita podrá firmar esta acta.
14.
Se considerará como concluido el proceso de verificación cuando la Parte
importadora establezca mediante un Informe de Origen que la mercancía califica
o no como originaria de acuerdo con el proceso establecido en el presente artículo
y en un término no mayor a noventa (90) días después de recibida la información
o concluida la visita.
15.
El Informe de Origen a que se refiere el párrafo anterior deberá incluir los
hechos, resultados y fundamento legal de la solicitud escrita de información,
cuestionarios escritos o visitas a las instalaciones al productor o exportador,
de acuerdo con lo establecido en el presente Régimen. Dicho Informe entrará en
vigor al momento de su notificación al importador, productor o exportador de la
mercancía sujeta a verificación por conducto de la autoridad competente de la
Parte exportadora.
16.
La mercancía objeto de la verificación de origen recibirá el mismo tratamiento
arancelario preferencial como si se tratara de una mercancía originaria cuando transcurra
el plazo establecido en el párrafo 14 sin que la autoridad competente de la
Parte importadora haya emitido un Informe de Origen.
17.
Cuando la verificación que haya realizado una Parte, indique que el productor o
exportador ha certificado o declarado más de una vez de manera falsa o
infundada que una mercancía califica como originaria, la Parte podrá: negar el
trato arancelario preferencial a las mercancías idénticas que ese productor o
exportador exporte, hasta que el mismo pruebe que cumple con lo establecido en
el presente Régimen. Para estos efectos el productor y/o exportador presentará
una nueva declaración jurada de origen ante la autoridad competente encargada
de la certificación de origen, donde se pruebe que la mercancía cumple con los
requerimientos establecidos en este Régimen, lo cual será comunicado a la
autoridad competente de la Parte importadora.
SECCIÓN VI
SANCIONES
Artículo
18: Al productor o al exportador.
1.
La Parte exportadora como resultado del proceso de verificación y control
establecido en el presente Régimen aplicará sanciones al productor o al
exportador, según corresponda, en los siguientes casos:
a)
cuando haya omitido notificar alteraciones a la declaración jurada de origen
conforme a lo señalado en el artículo 15, o no haya dado respuesta a los
requerimientos previstos en el presente Régimen, o lo haya hecho fuera de los
plazos establecidos, o no haya brindado la información debidamente relacionada
con el proceso productivo;
b)
cuando de manera injustificada se haya negado la realización de visitas al
lugar de fabricación de la mercancía, o cuando de realizarse la misma se haya
impedido examinar las instalaciones, procesos, información o documentación
relacionada con la elaboración de la mercancía;
c)
cuando hayan certificado el origen con una clasificación arancelaria distinta a
la determinada por las autoridades competentes, siempre que tal determinación
haya sido de su conocimiento;
d)
cuando la declaración de origen que haya sustentado la emisión del certificado
de origen no sea auténtica, o contuviera información no veraz, o cuando se
compruebe la responsabilidad del productor o exportador en casos de
certificados de origen no auténticos, adulterados o falsificados.
2.
En caso de verificarse las situaciones previstas en los literales anteriores,
las autoridades competentes de la Parte exportadora negarán la emisión de
nuevos certificados de origen al productor/o exportador, por un plazo de seis
(6) meses hasta veinticuatro (24) meses.
3.
En caso de reincidencia, en el incumplimiento en la calificación del origen
determinado como resultado de un proceso de verificación y control, la negativa
será por el doble del plazo de la primera sanción. La negativa será definitiva
cuando dé lugar a una tercera sanción. +
4.
Salvo lo previsto en los literales precedentes, las autoridades competentes
podrán sancionar cualquier otra violación a lo dispuesto en el presente
Régimen.
5.
No obstante, las sanciones antes mencionadas, las autoridades competentes de la
Parte exportadora podrán aplicar las medidas y sanciones de conformidad con su
legislación nacional.
Artículo
19: A los importadores.
1.
Cuando se compruebe que el importador es responsable en casos de certificados
de origen no auténticos, adulterados o falsificados, o cuando haya hecho uso
indebido de los mismos, se le suspenderá por un plazo de un (1) año para
acogerse al tratamiento arancelario preferencial previsto en el Acuerdo. En
caso de reincidencia la suspensión será definitiva.
2.
Sin perjuicio de las situaciones previstas en el párrafo anterior, las
autoridades competentes sancionarán cualquier violación a lo dispuesto en el
presente Régimen.
3.
No obstante las sanciones antes mencionadas, la autoridad competente de la
Parte importadora podrá aplicar las medidas y sanciones de conformidad con su
legislación nacional.
SECCIÓN VII
FUNCIONES Y OBLIGACIONES
Artículo
20: De las autoridades competentes Las autoridades competentes de las Partes,
tendrán las siguientes funciones y obligaciones:
a)
impartir las instrucciones y dictar las disposiciones que sean necesarias para
que la certificación del origen de las mercancías se ajuste a lo establecido en
el presente Régimen;
b)
realizar las acciones necesarias para facilitar el desarrollo de los procesos
de verificación y control establecidos en la Sección V del presente Régimen;
c)
aplicar las sanciones establecidas en la Sección VI del presente Régimen.
Artículo
21: De los productores o exportadores.
1.
El productor o exportador que haya llenado y firmado un certificado o una
declaración jurada de origen y tenga razones para creer que el certificado o
declaración jurada de origen presenta errores de forma, notificará a la
autoridad competente de la Parte exportadora y al importador, sin demora y por
escrito, cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del
certificado o declaración jurada de origen. En estos casos el productor o
exportador no podrá ser sancionado por haber presentado una certificación o
declaración jurada de origen incorrecta, siempre que el caso no se encuentre
sujeto a un proceso de verificación y control de origen establecido en la
Sección V del presente Régimen o a alguna instancia de revisión o apelación en
territorio de cualquiera de las Partes.
2.
La autoridad competente y el importador notificarán el hecho señalado en el
párrafo anterior a las autoridades competentes de las Partes en un plazo no
mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de notificación por parte
del productor o exportador.
3.
El productor o exportador, según corresponda, deberán notificar las
modificaciones que afecten la validez de la declaración jurada de origen según
lo dispone el artículo 15 del presente Régimen.
4.
Los productores o exportadores mantendrán en sus archivos las copias y los
documentos que sustentan la información contenida en los certificados de origen
expedidos y en las declaraciones juradas de origen, por un plazo de cinco (5)
años contados a partir de la fecha de su emisión, incluyendo los documentos
relacionados con:
a)
la compra de la mercancía que se exporte de su territorio;
b)
la compra de todos los materiales, incluyendo materiales indirectos, utilizados
para la producción de la mercancía que se exporta de su territorio;
c)
el proceso de elaboración de la mercancía en la forma en que se exporta de su
territorio;
d)
otros documentos y registros relativos a la determinación del origen de la
mercancía.
5.
El productor o exportador que haya llenado y firmado una declaración jurada de
origen, deberá responder a la solicitud que le formulen sus autoridades
competentes de las Partes, así como entregar una copia de la declaración jurada
de origen y de los documentos adicionales que la sustenten cuando le sean
requeridos por ellas en un plazo no mayor de diez (10) días contados desde la
fecha de recepción de la solicitud.
6.
Cuando los registros y documentos no estén en poder del productor o exportador
de la mercancía, este podrá solicitar al productor o proveedor de los
materiales, los registros y documentos señalados en los literales del párrafo 4
para que sean entregados por su conducto o directamente a la autoridad
competente de la Parte exportadora.
7.
El productor deberá dar respuesta a la solicitud de visitas a los lugares de
producción de la mercancía, que formule la autoridad competente de la Parte
exportadora en un plazo no mayor a diez (10) días de recibida la solicitud, y
brindará las facilidades para que dichas autoridades efectúen su labor de verificación
en la fecha acordada de visita.
Artículo
22: De los importadores.
1.
El importador que solicite tratamiento arancelario preferencial para una
mercancía que cumpla con lo dispuesto en el presente Régimen deberá:
a)
declarar en el documento aduanero de importación previsto en su legislación que
la mercancía califica como originaria con base en un certificado de origen
debidamente emitido;
b)
proporcionar el original del certificado de origen cuando lo solicite su
autoridad aduanera; y
c)
proporcionar la documentación que acredite la expedición directa a que hace
referencia el artículo 11 del presente Régimen, cuando lo solicite su autoridad
aduanera.
2.
Una vez aceptado el documento aduanero de importación por parte de las
autoridades aduaneras no podrá presentarse posteriormente a este momento el
certificado de origen para efectos de solicitar el tratamiento arancelario
preferencial, salvo que conforme a la legislación nacional de la Parte
importadora se otorgue un plazo para la presentación del certificado de origen.
3.
El importador que tenga motivos para creer que el certificado de origen en que
se sustenta su declaración aduanera de importación, contiene información
incorrecta, deberá informar oportunamente a la Autoridad Aduanera de tal
circunstancia, a los fines que esta regularice la situación jurídica infringida
y se cancelen los tributos diferenciales adeudados. En estos casos el
importador no será sancionado, siempre que tal participación se realice antes
de iniciado el control durante el despacho o según sea el caso, de verificación
de origen o de control posterior.
4.
Las mercancías nacionalizadas podrán someterse al proceso de verificación y
control de la Sección y del presente Régimen, no eximiendo al importador de las
acciones que se adopten como resultado de dicho proceso. 5. El importador que
solicite el tratamiento arancelario preferencial deberá conservar copia del
certificado de origen, factura comercial, documento de transporte y de toda
documentación adicional que sustente dicha solicitud por el plazo de cinco (5)
años, contados a partir de la fecha de importación de las mercancías.
SECCIÓN VIII
DISPOSICIONES PARA LA COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA
Artículo
23: Asistencia mutua.
1.
Las autoridades competentes de las Partes facilitarán la asistencia y
cooperación mutua y el intercambio de información a fin de asegurar la
aplicación de las disposiciones del presente Régimen, deberán asistirse
mutuamente a través de las autoridades competentes que intervienen en el proceso
de declaración, certificación, verificación y control.
2.
Las Partes realizarán consultas regularmente para garantizar que este Régimen
sea administrado de manera efectiva, uniforme y de conformidad con los
objetivos del Acuerdo y cooperarán en la aplicación eficiente de este Régimen.
Artículo
24: Confidencialidad.
1.
Las autoridades competentes de cada Parte mantendrán, de conformidad con lo
establecido en su legislación, la confidencialidad de la información que tenga
tal carácter obtenida conforme a este Régimen y la protegerá de toda
divulgación.
2.
La información confidencial obtenida conforme a este Régimen sólo podrá darse a
conocer a las autoridades competentes de la Parte importadora para la
verificación y control de origen según corresponda.
Artículo
25: Disposición transitoria.
1.
Los certificados de origen expedidos conforme con la Decisión 416 de la
Comunidad Andina, que se encuentren vigentes al momento de la entrada en vigor
del presente Acuerdo, mantendrán su validez hasta por el periodo establecido en
dicha decisión.
2.
Las Partes podrán emitir certificados de origen conforme con la Decisión 416 de
la Comunidad Andina por un periodo de transición de hasta sesenta (60) días,
contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo. Dichos
certificados serán válidos por el término previsto en la Decisión 416.
Para
los efectos de cumplir con lo dispuesto por los Artículos 11 y 13 del Acuerdo
de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial (en adelante el Acuerdo) suscrito
entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela (en
adelante las Partes), el día 28 de noviembre de 2011 en la ciudad de Caracas
República Bolivariana de Venezuela, las Partes acuerdan el presente Anexo No.
II, previsto por los artículos 3 y 4 del Acuerdo citado y el cual se considera
para todos los efectos parte integral del mencionado Acuerdo.
Para
constancia se suscribe, en la ciudad de Cartagena de Indias a los quince (15)
días del mes de abril de 2012,
Por
la República de Colombia, María Ángela Holguín Cuellar, Ministra de Relaciones
Exteriores.
Por
la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, Vicepresidente
para la Política, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.
ANEXO III
AL ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATURALEZA COMERCIAL
SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA, EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2011 EN LA CIUDAD DE CARACAS, REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA
REGLAMENTOS TÉCNICOS, EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD Y
METROLOGÍA
Artículo
1: Objetivos. En el marco del desarrollo, adopción y aplicación de reglamentos
técnicos, procedimientos de evaluación de la conformidad y metrología y con el
fin de promover y facilitar un intercambio comercial de beneficio mutuo entre
las Partes, el presente Anexo tiene como objetivo, garantizar las condiciones
de seguridad y protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal; de
protección de su medio ambiente y de prevención de prácticas que puedan inducir
a error a los usuarios, sin que tales medidas constituyan restricciones
innecesarias al comercio.
Artículo
2: Ámbito de aplicación. El ámbito y alcance de este Anexo comprende el
desarrollo, preparación, adopción y aplicación de reglamentos técnicos y
procedimientos de evaluación de la conformidad, incluidos aquellos relativos a
metrología, que puedan tener efecto en el intercambio comercial entre las
Partes. Este Anexo no aplicará a Medidas Sanitarias, Zoosanitarias y
Fitosanitarias ni a especificaciones técnicas o de compras establecidas por
instituciones gubernamentales a partir de sus requerimientos específicos.
Artículo
3: Objetivo legítimo. Las Partes asegurarán que sus medidas de reglamentación
técnica, procedimientos de evaluación de la conformidad y metrología, no
restrinjan el intercambio comercial más de lo que se requiera para el logro de
sus objetivos legítimos, tomando en cuenta los riesgos que crearía el no
alcanzarlos. Cada Parte podrá fijar el nivel de protección que considere
apropiado, de acuerdo a las características y particularidades de su desarrollo
económico, productivo y socio-productivo, en la consecución de sus objetivos
legítimos en materia de seguridad y protección de la vida y la salud humana,
animal y vegetal: de protección del medio ambiente y de prevención de prácticas
que puedan inducir a error a los usuarios, sin que tales medidas constituyan
restricciones innecesarias al comercio.
Artículo
4: Asistencia técnica, cooperación y facilitación del comercio. Las Partes, a
través de sus Autoridades Nacionales Competentes con el apoyo de sus entidades
técnicas correspondientes, convienen fomentar la cooperación y asistencia
técnica binacional, para desarrollar, promover y fortalecer el nivel
técnico-científico, la innovación tecnológica, la infraestructura de sus
sistemas nacionales de calidad y la formación y capacitación del talento
humano, incluido el intercambio de experiencias y conocimiento social.
En
tal sentido, las Partes convienen:
a.
Promover y fortalecer la cooperación y apoyo solidario, mediante el
cumplimiento de sus políticas y directrices en el marco de sus sistemas
nacionales de calidad y de los procesos y trámites normativos establecidos por
Las Partes. Se otorgará especial énfasis a la cooperación y apoyo solidario
para las políticas y directrices relacionadas con las organizaciones indígenas,
afrodescendientes, campesinas, de economía popular solidaria, comunales,
artesanales, de las micro y pequeñas empresas, cooperativas y demás formas
asociativas para la producción social, con la finalidad de promover su
desarrollo sostenible, y;
b.
Fomentar la implementación y el conocimiento de sus sistemas nacionales de
calidad en los procesos productivos y socio-productivos de las organizaciones
mencionadas en el literal anterior, con miras a la certificación de sus
productos y de sus sistemas de gestión para la calidad, como una herramienta
importante de capacitación técnica, que les permita tener un mayor y mejor
acceso al comercio de Las Partes, para impulsar un intercambio equitativo de
beneficio mutuo.
Artículo
5: Representantes. Las Partes podrán convenir la designación de representantes
gubernamentales, quienes trabajarán conjuntamente y por intermedio de la
Comisión Administradora del presente Acuerdo o a través de grupos ad hoc que
esta considere pertinente crear; para facilitar la implementación de este
Anexo, impulsar la cooperación conjunta en el desarrollo de sus Sistemas
Nacionales de Calidad, celebrar consultas sobre cualquier asunto que surja al
amparo de este Anexo, y atender y facilitar la solución de las controversias
que pudieran derivarse del desarrollo, adopción y aplicación de medidas de
normalización, reglamentación técnica, evaluación de la conformidad y
metrología por cualquiera de Las Partes; y acordar, previa evaluación del caso,
soluciones mutuamente aceptables, en un amplio marco de cooperación,
coordinación y solidaridad. Igualmente, las Partes promoverán la cooperación bilateral
en las actividades que se desarrollen a nivel técnico, científico y productivo,
en los organismos internacionales expertos en materia de normalización,
evaluación de la conformidad, reglamentación técnica y metrología, de las
cuales ambos sean Miembros, orientando tal participación a lograr que dichas
actividades sean compatibles con el nivel de desarrollo existente en cada país.
Artículo
6: Reglamentos Técnicos. Cada Parte a solicitud de la otra, podrá evaluar o
aceptar los reglamentos técnicos de la otra Parte, siempre y cuando cumplan con
los objetivos legítimos perseguidos por sus propios reglamentos. La no
aceptación de los reglamentos técnicos deberá ser justificada a la Parte
solicitante.
Artículo
7: Evaluación de la Conformidad. Cada Parte, a solicitud de la otra, podrá
evaluar la negociación de acuerdos de reconocimiento mutuo de sus
correspondientes procedimientos de evaluación de la conformidad. La no
aceptación de los acuerdos de reconocimiento mutuo deberá ser justificada a la
Parte solicitante.
Artículo
8: Consultas. Las Partes convienen celebrar consultas técnicas relacionadas con
los objetivos del presente Anexo, en caso de ser necesario. Las consultas se
celebrarán por intermedio de la Comisión Administradora del Acuerdo o a través
de los grupos ad hoc que esta considere pertinente crear.
Artículo
9: Intercambio de Información. En materia de reglamentación técnica y
evaluación de la conformidad las Partes acuerdan fijar un mecanismo que les
permita notificar directamente a los puntos de contacto de la otra Parte los
siguientes documentos: (i) propuestas de reglamentos técnicos y requisitos para
la evaluación de la conformidad que puedan tener un efecto significativo en el
comercio de Las Partes; (ii) reglamentos técnicos y requisitos para la
evaluación de la conformidad adoptados para enfrentar problemas urgentes de
seguridad, salud, protección ambiental o seguridad nacional, que se presenten o
amenacen presentarse. La Parte notificante incluirá la dirección de un enlace
electrónico, que contenga una copia del texto completo del documento notificado
y habilitará un periodo de sesenta (60) días para que se formulen comentarios
escritos por la otra Parte.
Artículo
10: Normas Internacionales Cada Parte tendrá en cuenta como referente las
normas técnicas internacionales, guías y recomendaciones vigentes o cuya
adopción sea inminente, como base para la elaboración de sus reglamentos
técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad; salvo que esas
normas internacionales o esos elementos pertinentes sean un medio ineficaz o
inapropiado para el logro de los objetivos legítimos perseguidos, por ejemplo a
causa de factores climáticos o geográficos y problemas tecnológicos
fundamentales.
Artículo
11: Autoridades Nacionales Responsables Las Autoridades Nacionales que a
continuación se detallan son responsables de la aplicación de las disposiciones
del presente Anexo en cada país:
Por
la República Bolivariana de Venezuela:
1.
Ministerio con competencia en comercio exterior.
2.
Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos
Técnicos (Sencamer).
Por
la República de Colombia:
1.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
A. Dirección de Regulación.
Para
los efectos de cumplir con lo dispuesto por los artículos 11 y 13 del Acuerdo
de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial (en adelante el Acuerdo) suscrito
entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela (en
adelante las Partes), el día 28 de noviembre de 2011 en la ciudad de Caracas
República Bolivariana de Venezuela, las Partes acuerdan el presente Anexo
número III, previsto por el Artículo 5 del Acuerdo citado y el cual se
considera para todos los efectos parte integral del mencionado Acuerdo.
Para
constancia se suscribe, en la ciudad de Cartagena de Indias a los quince (15)
días del mes de abril de 2012,
Por
la República de Colombia, María Ángela Holguín Cuéllar, Ministra de Relaciones
Exteriores.
Por
la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, Vicepresidente
para la Política Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.
ANEXO IV
AL ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATURALEZA COMERCIAL
SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA, EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2011 EN LA CIUDAD DE CARACAS, REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MEDIDAS SANITARIAS, ZOOSANITARIAS Y FITOSANITARIAS
Artículo
1: Objetivos. El presente Anexo tiene por objeto establecer cláusulas relativas
a proteger y promover la salud de las personas, animales y vegetales de las
Partes, a fin de garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, productos
y subproductos de origen animal y vegetal, y evitar la propagación de plagas y
enfermedades en el intercambio comercial entre las Partes.
Disposiciones
Generales
Artículo
2: Las Partes podrán adoptar las Medidas Sanitarias, Zoosanitarias y
Fitosanitarias que consideren necesarias para proteger y promover la salud de
las personas, los animales y los vegetales de su territorio, con el fin de
garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, productos y subproductos de
origen animal y vegetal, y evitar la propagación de plagas y enfermedades en el
intercambio comercial entre las Partes.
Artículo
3: Para la adopción y aplicación de las medidas sanitarias, zoosanitarias y
fitosanitarias las Partes utilizarán, en primer término, sus respectivas
legislaciones nacionales, así como protocolos y acuerdos suscritos entre sí.
También pueden utilizar, a manera de referencia, las normas, directrices y
recomendaciones elaboradas por los organismos internacionales con competencia
en la materia, tales como la Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria (CIPF), la Organización Internacional de Salud Animal (OIE) y el
Codex Alimentarius.
Artículo
4: Las Partes aplicarán las medidas sanitarias, zoosanitarias y fitosanitarias
acordando los requisitos y procedimientos específicos de importación y
exportación que garanticen la inocuidad y calidad de los alimentos, productos y
subproductos de origen animal y vegetal, con el fin de evitar la propagación de
plagas y enfermedades. Lo anterior con base en los Análisis de Riesgo,
adaptados a las condiciones regionales sanitarias, zoosanitarias y
fitosanitarias de las Partes, procedimientos de control, inspección y
aprobación; y Protocolos Sanitarios, Zoosanitarios y Fitosanitarios, que se
establezcan para cada caso, sin que ello implique un factor discriminatorio o
inhibitorio del comercio.
Artículo
5: Comité de Medidas Sanitarias, Zoosanitarias y Fitosanitarias (MSZF). Las
Partes establecen el Comité de Medidas Sanitarias, Zoosanitarias y
Fitosanitarias (MSZF), conformado por las Autoridades Nacionales competentes de
cada una de las Partes, con el objetivo de abordar los temas relativos a la
aplicación de este Anexo. El Comité se reunirá a más tardar treinta (30) días
después de la entrada en vigencia del Acuerdo y establecerá sus funciones y
reglas de procedimiento, las cuales presentará para ratificación, a la Comisión
Administradora del Acuerdo en su primera reunión.
Artículo
6: Consultas Técnicas. Cuando se presenten dudas o diferencias entre las
Partes, derivadas de la adopción, interpretación o aplicación de las Medidas
Sanitarias, Zoosanitarias y Fitosanitarias, las autoridades competentes de las
Partes realizarán todos los esfuerzos para alcanzar soluciones mutuamente
aceptables, apoyadas en el Comité de Medidas Sanitarias, Zoosanitarias y
Fitosanitarias.
Artículo
7: Mecanismo de Consultas. El mecanismo de consultas de las Medidas Sanitarias,
Zoosanitarias y Fitosanitarias, se implementará de la siguiente forma:
a)
La Parte que tenga dudas o diferencias sobre la adopción, interpretación o
aplicación de una medida sanitaria, zoosanitaria y fitosanitaria deberá
notificar por escrito su preocupación a la autoridad sanitaria de la otra Parte
con la documentación que avale tal situación;
b)
La otra Parte deberá responder dicha solicitud por escrito, incluyendo los
argumentos normativos y técnicos de conformidad con la legislación nacional,
protocolos, acuerdos suscritos entre las Partes; o que se basen en normas o
recomendaciones internacionales de la Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria (CIPF), la Organización Internacional de Salud Animal y el Codex
Alimentarius, en un plazo máximo de ciento veinte (120) días, contados a partir
de la notificación y según la complejidad del tema;
c)
En caso de ser necesario, las autoridades sanitarias competentes de las Partes
podrán realizar una evaluación in situ, consultas técnicas adicionales o mesas
de trabajo para el análisis y toma de decisiones con el fin de alcanzar
soluciones de mutuo acuerdo;
d)
Las autoridades sanitarias de las Partes se apoyarán en el Comité de Medidas
Sanitarias, Zoosanitarias y Fitosanitarias para alcanzar soluciones de mutuo
convenimiento que serán notificadas a la Comisión Administradora del Acuerdo; y
e)
Cuando las Consultas Técnicas efectuadas por intermedio del Comité de Medidas
Sanitarias, Zoosanitarias y Fitosanitarias no resuelvan las dudas o diferencias
entre las Partes, cualquiera de ellas podrá activar el Mecanismo de Solución de
Controversias y continuará su procedimiento, a partir de la Mediación de la
Comisión Administradora, de conformidad con lo establecido en el Anexo VI del
Acuerdo.
Artículo
8: Transparencia e Intercambio de Información Las Partes se comprometen a:
a)
Notificar todo cambio, alerta o emergencia en la situación sanitaria,
zoosanitaria y fitosanitaria del territorio de cada una de las Partes,
incluyendo los descubrimientos de importancia epidemiológica, antes, durante o
después del intercambio comercial, de forma inmediata;
b)
Notificar de manera inmediata los rechazos e intervenciones de la mercadería,
indicando el incumplimiento de la Parte exportadora o el procedimiento de
control aplicable;
c)
Para el caso de mercaderías intervenidas, se indicará el procedimiento de
diagnóstico y herramientas requeridas, así como los resultados de control
respectivos según la complejidad del tema, en un plazo máximo de ciento veinte
(120) días; e
d)
Intercambiar los resultados de los estudios epidemiológicos y diagnósticos
sanitarios, zoosanitarios y fitosanitarios que realicen las Partes, aplicables
a alimentos, productos y subproductos de origen animal y vegetal objeto del
intercambio comercial.
Artículo
9: Cooperación. Las Partes, a través de sus Autoridades Nacionales competentes
en materia Sanitaria, Zoosanitaria y Fitosanitaria, convienen fomentar la
cooperación y asistencia técnica bilateral para:
a)
Mejorar el estatus sanitario, zoosanitario y fitosanitario de las Partes para
proteger y promover la salud de las personas, los animales y los vegetales de
su territorio, a fin de garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos,
productos y subproductos de origen animal y vegetal, y evitar la propagación de
plagas y enfermedades en el intercambio comercial entre las Partes;
b)
Evaluar la posibilidad de asumir posiciones comunes en las organizaciones
internacionales y regionales donde se elaboren normas, directrices y
recomendaciones en materia sanitaria, zoosanitaria y fitosanitaria;
c)
Promover la cooperación y asistencia técnica, en los casos en que sea
pertinente, a través de organizaciones internacionales y regionales
competentes;
d)
Desarrollar actividades conjuntas de educación y capacitación técnica para
fortalecer los sistemas de vigilancia y control sanitario, zoosanitario y
fitosanitario;
e)
y Cualquier otra que sea de interés para las Partes.
Artículo
10: Autoridades Nacionales Competentes. Las autoridades nacionales que a
continuación se detallan son responsables de la aplicación del presente
Acuerdo:
Por
la República Bolivariana de Venezuela:
Ministerio
del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, a través del Instituto
Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI).
Ministerio
del Poder Popular para la Salud, a través del Servicio Autónomo de Contraloría
Sanitaria (SACS); y
Por
la República de Colombia:
Ministerio
de Comercio Industria y Turismo
Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministerio
de la Protección Social
Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA)
Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
Para
los efectos de cumplir con lo dispuesto por los Artículos 11 y 13 del Acuerdo
de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial (en adelante el Acuerdo) suscrito
entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela (en
adelante las Partes), el día 28 de noviembre de 2011 en la ciudad de Caracas
República Bolivariana de Venezuela, las Partes acuerdan el presente Anexo
número IV, previsto por el Artículo 6 del Acuerdo citado y el cual se considera
para todos los efectos parte integral del mencionado Acuerdo.
Para
constancia se suscribe, en la ciudad de Cartagena de Indias a los quince (15)
días del mes de abril de 2012,
Por
la República de Colombia, María Ángela Holguín Cuéllar, Ministra de Relaciones
Exteriores.
Por
la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, Vicepresidente
para la Política Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.
ANEXO V
AL ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATURALEZA COMERCIAL
SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA, EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2011 EN LA CIUDAD DE CARACAS, REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL Y MEDIDA ESPECIAL
AGRÍCOLA
Sección 1
Medidas de Defensa Comercial
Disposiciones
Generales
Artículo
1: Las Partes podrán adoptar, las medidas previstas en el presente anexo para
salvaguardar la producción nacional de los eventuales efectos perjudiciales de
importaciones bajo prácticas desleales e inequitativas de comercio. Ningún
producto podrá ser objeto simultáneamente de derechos antidumping,
compensatorios y medidas de salvaguardia bilateral, destinadas a corregir una
misma situación.
Artículo
2: Las Partes acuerdan no aplicar al comercio bilateral de productos
originarios cualquier forma de subvención a la exportación. A tal efecto, la
Parte que se considere afectada podrá solicitar a la otra Parte el inicio de
consultas conforme a lo previsto en el Anexo VI del presente Acuerdo. En este
caso las consultas técnicas directas se procurarán resolver en un plazo no
mayor de veinte (20) días hábiles, y en caso de no llegar a una solución
mutuamente convenida se elevará la consulta a la Comisión Administradora del
Acuerdo.
En
el caso de las consultas ante esta instancia, si no se alcanza una solución
mutuamente convenida o la Comisión Administradora del Acuerdo no se puede
reunir de manera ordinaria, para avocar el caso planteado dentro del plazo
establecido en el Anexo VI, la Parte que se considere afectada podrá suspender
provisionalmente y hasta el momento en que se adopte una decisión definitiva la
preferencia arancelaria prevista en el presente Acuerdo al producto beneficiado
por la supuesta subvención a la exportación.
De
no constatarse la existencia de subvención a la exportación, al momento de la
culminación del proceso de solución de controversias en cualquiera de las
instancias subsiguientes, se ordenará la devolución de los montos recaudados o
la liberación de las garantías que hayan sido constituidas.
Las
medidas definitivas adoptadas al amparo del presente artículo, consistirán en
la suspensión de la preferencia prevista en este Acuerdo al producto
beneficiado por la subvención a la exportación, por el período en que se
mantenga dicho beneficio.
Artículo
3: Durante los sesenta (60) días hábiles siguientes al Acto que dio inicio a la
investigación para determinar si procede la aplicación de una medida de defensa
comercial, la Parte investigada, podrá solicitar la realización de consultas,
con el objetivo de alcanzar compromisos que permitan neutralizar el daño o la
amenaza de daño, causado por prácticas desleales del comercio internacional o
por el incremento de las importaciones a la producción nacional de la Parte importadora.
La realización de consultas no será obstáculo para la continuación de las
investigaciones o la imposición de medidas.
Artículo
4: Las Partes brindarán oportunidades adecuadas para la realización de
consultas. La solicitud de consultas deberá ser aceptada, siempre que no se
haya vencido el plazo establecido en el artículo anterior, y para su
realización se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento.
1.
La Parte que recibe la solicitud de consultas deberá responderla por escrito en
un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de
su recepción. Las consultas se iniciarán dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la respuesta de la Parte investigadora.
2.
En caso de que durante las consultas se alcance una solución mutuamente
convenida, los compromisos alcanzados se harán constar por escrito en un Acta
que a tal efecto suscribirán Las Partes. En dicho documento, se establecerá el
tipo; las características; plazos y demás condiciones de los compromisos alcanzados,
así como la forma para monitorear su cumplimiento. Una vez suscrita el Acta, se
podrá ordenar la suspensión de la investigación y/o del cobro de las medidas
provisionales que hayan sido determinadas, mediante acto motivado que deberá
ser publicado en el Diario Oficial de la Parte investigadora.
3.
El incumplimiento de cualquier compromiso acordado en los términos previstos en
el numeral anterior, será notificado a la Parte investigada mediante acto
motivado, informando que se reactivará la investigación, en la fase en la que
se encontraba al momento de la suspensión y/o del cobro de las medidas
provisionales que hayan sido determinadas. Dicho acto, deberá ser publicado en
el Diario Oficial de la Parte investigadora.
4.
Si en un plazo de treinta (30) días hábiles siguientes al inicio de las
consultas no se alcanzara una solución mutuamente convenida, se darán por
concluidas.
De
las Medidas Antidumping y Compensatorias
Artículo
5: Las investigaciones antidumping y sobre subvenciones, se regirán por las
disposiciones y procedimientos establecidos en las normas nacionales vigentes
de las Partes aplicables en la materia, y de acuerdo con lo previsto en las
disposiciones generales del presente Anexo.
Artículo
6: Las Partes deberán informar cualquier modificación o derogación de sus
leyes, reglamentos o disposiciones en materia de antidumping o de derechos
compensatorios, dentro de los treinta (30) días posteriores a la publicación de
las normas en el documento de difusión oficial.
De
las Salvaguardias Bilaterales
Artículo
7: Las Partes podrán adoptar y aplicar medidas de salvaguardia bilateral,
previa investigación, si las importaciones de un bien originario bajo aranceles
preferenciales de la otra Parte han aumentado en términos absolutos o en
relación a la producción nacional, y en condiciones tales que causen o amenacen
causar daño a la producción nacional de bienes similares o directamente
competidores.
A
tales efectos, se entenderá como daño el deterioro o menoscabo general
significativo de la situación de una rama de producción nacional de bienes
similares o directamente competidores.
Artículo
8: Las investigaciones de salvaguardias podrán iniciarse con base en una
solicitud de la rama de la producción nacional de la Parte importadora del
producto similar o directamente competidor, o de oficio por parte de la
autoridad competente. En ambos casos, deberá acreditarse que se representan los
intereses de una proporción importante de la producción total del producto de
que se trate.
Artículo
9: Las investigaciones de salvaguardia bilateral se regirán por el presente
Anexo y las disposiciones y procedimientos establecidos en las normas
nacionales vigentes de las Partes, aplicables a las salvaguardias bilaterales
previstas en este Anexo. Las Partes deberán informar cualquier modificación o
derogación de sus leyes, reglamentos o disposiciones en materia de
salvaguardias, dentro de los treinta (30) días posteriores a la publicación de
las normas en el documento de difusión oficial.
Artículo
10: La solicitud de investigación deberá contener indicios suficientes sobre el
incremento de las importaciones, la existencia o amenaza de daño a una parte
importante de la producción nacional y la relación causal entre estos; así como
la identificación del bien importado y el nacional con la inclusión de las
empresas productoras. Adicionalmente, deberán indicarse las fuentes de
información utilizadas, o, en caso que la información no se encuentre
disponible, sus mejores estimaciones y las bases que las sustentan.
Artículo
11: En el acto que ordena dar inicio a la investigación o en el informe técnico
separado, se hará constar: el nombre del solicitante u otro peticionario; la
indicación de la mercancía importada sujeta al procedimiento y su subpartida
arancelaria; la existencia de indicios suficientes sobre el incremento de las
importaciones, la existencia o amenaza de daño a una proporción importante de
la producción nacional y la relación causal entre estos. Asimismo, se hará
constar, el lugar donde la solicitud y demás documentos presentados durante el
procedimiento pueden inspeccionarse; así como otros medios apropiados en que
importadores, exportadores y demás partes interesadas puedan presentar pruebas,
exponer sus opiniones, y tener oportunidad de responder a las comunicaciones de
otras partes.
Artículo
12: En circunstancias críticas, en las que cualquier demora entrañe un daño
difícilmente reparable, y en virtud de la investigación preliminar realizada de
la existencia de pruebas claras de que el aumento de las importaciones
originarias de la otra Parte y las condiciones en las que se realizan las
mismas, han causado o amenazan causar daño a la rama de la producción nacional
de la Parte importadora, las Partes podrán adoptar hasta por doscientos (200)
días, medidas de salvaguardia provisionales de carácter arancelario. De no
adoptarse medidas definitivas, los montos recaudados por concepto de medidas
provisionales deberán ser devueltos y en caso de su afianzamiento, las
garantías deberán ser liberadas.
Artículo
13: Las medidas definitivas podrán adoptar preferiblemente la forma de recargos
arancelarios ad-valorem, y en caso que no sea viable, se podrán adoptar
restricciones cuantitativas. Cuando las medidas consistan en restricciones cuantitativas,
no se reducirá la cuantía de las importaciones por debajo de su nivel promedio
en los últimos tres (3) años representativos, de los que se disponga de
estadísticas; a menos de que se dé una justificación de la necesidad de fijar
un nivel diferente para prevenir o remediar el daño.
Artículo
14: Las medidas definitivas adoptadas podrán tener un plazo de hasta dos (2)
años, prorrogable por dos (2) años más; y deberán ser liberalizadas
progresivamente a intervalos regulares en la forma en la que la decisión lo
indique. En caso de aplicar medidas provisionales, su duración se computará
como parte del período inicial y de las prórrogas del período anteriormente
indicado.
Artículo
15: Cuando las circunstancias lo ameriten, las Partes podrán volver a aplicar,
una medida de salvaguardia bilateral a la importación de un bien, por una única
vez, luego de transcurrido un período igual al tiempo de su aplicación
anterior. En cualquier caso, el período sin aplicación no será inferior a dos
(2) años. Sección II Medida Especial Agrícola
Artículo
16: Cada Parte podrá aplicar una medida especial agrícola a las importaciones
de productos agrícolas originarios incluidos en su Apéndice.
El
Apéndice 1 comprende los productos que podrán ser sujetos a esta medida por
parte de la República de Colombia y el Apéndice 2 comprende los productos que
podrán ser sujetos a esta medida por parte de la República Bolivariana de
Venezuela.
Artículo
17: La medida se podrá aplicar durante cualquier momento del año si la cantidad
de las importaciones del producto sujeto a la medida, excede el nivel de
activación establecido en el presente artículo.
Una
Parte podrá aplicar la Medida Especial Agrícola, cuando el volumen total de
importaciones del producto en cuestión, en los últimos doce (12) meses
calendario sea igual o superior en 20% al volumen promedio anual de las
importaciones de ese producto originario de la Parte exportadora registradas en
los treinta y seis (36) meses anteriores a los últimos doce (12) meses en que
se activó el indicador. Para los primeros tres años de aplicación del presente
Acuerdo, el promedio anual será el previsto en los Apéndices 1 y 2.
Artículo
18: Las medidas que se apliquen al amparo del artículo anterior consistirán en
la eliminación total o parcial de la preferencia prevista en el presente
Acuerdo, durante la vigencia de la medida.
Artículo
19: Cada Parte podrá mantener una medida especial agrícola por un (1) año
prorrogable por seis (6) meses de manera automática, si se mantienen las
condiciones que la originaron. Al finalizar la medida, se deberá aplicar la
preferencia correspondiente conforme a lo establecido en el Anexo de
Tratamiento Arancelario Preferencial.
Artículo
20: Ninguna Parte podrá al mismo tiempo y con respecto al mismo producto,
aplicar o mantener una medida especial y una salvaguardia bilateral establecida
en la Sección I del presente Acuerdo o cualquier otra normativa vigente de
efecto equivalente aplicable a productos agrícolas.
Artículo
21: Cada Parte implementará de manera transparente una medida especial
agrícola. Dentro de los 15 días siguientes a su imposición, la Parte que
aplique la medida notificará a la otra, por escrito, y ofrecerá información
relevante sobre la misma. A solicitud de la Parte exportadora, las Partes
revisarán conjuntamente la administración de la medida.
De
las Consultas y Solución de Diferencias
Artículo
22: Cuando entre las Partes, se presenten diferencias derivadas de la adopción
y aplicación de Medidas de Defensa Comercial, estas se dirimirán conforme a lo
establecido en el Anexo VI sobre Solución de Controversias.
Para
los efectos de cumplir con lo dispuesto por los Artículos 11 y 13 del Acuerdo
de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial (en adelante el Acuerdo) suscrito entre
la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela (en adelante
las Partes), el día 28 de noviembre de 2011 en la ciudad de Caracas República
Bolivariana de Venezuela, las Partes acuerdan el presente Anexo No. V, previsto
por el Artículo 7 del Acuerdo citado y el cual se considera para todos los
efectos parte integral del mencionado Acuerdo.
Para
constancia se suscribe, en la ciudad de Cartagena de Indias a los quince (15)
días del mes de abril de 2012.
Por
la República de Colombia, María Ángela Holguín Cuéllar, Ministra de Relaciones
Exteriores.
Por
la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, Vicepresidente
para la Política Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.
ANEXO VI
AL ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATURALEZA COMERCIAL
SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA, EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2011 EN LA CIUDAD DE CARACAS, REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Artículo
1: Objeto. El presente Anexo tiene por objeto establecer las normas que regirán
las consultas y mecanismos específicos destinados a resolver las dudas o
diferencias que pudieran suscitarse entre las Partes, con motivo de la interpretación
o aplicación del Acuerdo.
Artículo
2: Excepción para el caso de Mercancías Perecederas.
En
las dudas o diferencias relativas a mercancías perecederas, los plazos
establecidos en el presente Anexo se contarán por días continuos, salvo que las
Partes acuerden plazos distintos.
Por
“mercancías perecederas” se entenderá las mercancías agropecuarias y de pesca,
clasificadas en los capítulos 1 al 24 del Sistema Armonizado que deterioran su
calidad en un lapso de corta duración en el tiempo; también incluye aquellas
mercancías que pasada una determinada fecha pierden su valor comercial.
La
reducción de plazo prevista en este artículo sólo aplicará cuando las
mercancías perecederas se encuentren en zona primaria aduanera o recinto
aduanero del país importador y su importación se vea imposibilitada.
Artículo
3: Consultas Técnicas Directas. Cuando se suscite una duda o diferencia
derivada de la interpretación o aplicación del Acuerdo, las Partes procurarán
resolverla, en primer lugar, mediante consultas directas entre las autoridades
competentes especialistas en la materia, en un plazo no mayor de treinta (30)
días hábiles.
A
este efecto, la Parte que se considere afectada, solicitará por escrito el
inicio de dichas consultas a la otra Parte. La solicitud de consultas contendrá
las circunstancias de hecho y los fundamentos jurídicos relacionados con la
duda o diferencia.
El
plazo a que se refiere el presente artículo se contará a partir de la fecha en
que la Parte consultada reciba la comunicación a que hace referencia el párrafo
anterior.
La
Parte que reciba la solicitud deberá responder la misma dentro de los diez (10)
hábiles siguientes, por escrito o a través de cualquier medio tecnológico
disponible para las Partes. Cualquiera de las Partes podrá solicitar el
intercambio de información necesaria para facilitar las consultas. Dicha
información tendrá tratamiento reservado.
Las
consultas podrán realizarse de manera presencial o a través de cualquier medio
tecnológico disponible para las Partes. Las consultas presenciales deberán
realizarse en la capital de la Parte consultada, a menos que se acuerde algo
distinto.
Artículo
4: Mediación de la Comisión Administradora. Las dudas y diferencias que no se
hubieren resuelto conforme a lo establecido en el artículo anterior, se
procurarán resolver por medio de negociación directa entre las Partes en el
ámbito de la Comisión Administradora del Acuerdo; para ello, cualquier Parte
podrá solicitar al ministerio con competencia en comercio exterior de la otra
Parte, el inicio de la negociación a fin de lograr una solución mutuamente
satisfactoria.
Recibida
la solicitud, la Comisión se reunirá extraordinariamente dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes, a fin de avocarse a solucionar el caso planteado.
La negociación a que se refiere este artículo no podrá extenderse más allá de
treinta (30) días hábiles, contados a partir del momento en que la Comisión se
reúna para avocarse a la controversia.
La
Comisión apreciará en conciencia las posiciones de las Partes, pudiendo
solicitar los informes técnicos del caso e incorporar según la naturaleza del
tema objeto de duda o diferencia, a los ministerios, órganos o entes con
competencia en el área, con el fin de lograr una solución mutuamente
satisfactoria. Los resultados de la negociación se harán constar en las actas
de reunión de la Comisión.
Artículo
5: Mediación de Alto Nivel. En caso que en las etapas anteriores no se lograse
la solución de la duda o diferencia sometida a consideración, cualquier Parte
solicitará al ministerio con competencia en comercio exterior de la otra Parte,
la negociación directa entre los Ministros con dicha competencia.
Los
Ministros con competencia en comercio exterior de las Partes, podrán
acompañarse por los Ministros con competencia en la materia de la duda o
diferencia suscitada entre las Partes, a fin de alcanzar en corto plazo una
solución mutuamente satisfactoria a la controversia planteada.
La
mediación no podrá extenderse más allá de veinte (20) días hábiles contados a
partir de la fecha de recibo del documento por la Comisión Administradora de la
Parte que solicita a la otra, elevar a nivel ministerial la controversia para
su resolución.
Artículo
6: Resolución a través del Grupo de Expertos. Si la controversia no fuere
resuelta conforme al artículo anterior, cualquier Parte, mediante la Comisión
Administradora del Acuerdo, solicitará la constitución de un Grupo de Expertos.
A
este efecto, la solicitud se hará por escrito exponiendo las circunstancias de
hecho y los fundamentos jurídicos relacionados con la duda o diferencia.
El
Grupo de Expertos será constituido por la Comisión en un plazo de quince (15)
días hábiles, contados a partir de la fecha de recibo de la solicitud, y estará
integrado por tres (3) miembros. Un experto designado por cada Parte y el
tercero quien coordinará la labor del Grupo, será designado de mutuo acuerdo de
las Partes, a partir de la lista de expertos no nacionales acordada, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento. En caso que las Partes no
lleguen a un acuerdo respecto de la designación del tercer experto, el
Secretario General de la ALADI lo escogerá de la lista de expertos no
nacionales de que trata este párrafo.
Las
normas que regulen la constitución y funcionamiento del Grupo de Expertos; así
como su procedimiento, plazos y toma de decisiones, serán establecidas por la
Comisión en el Reglamento que se dictará a este efecto. De igual manera, se
elaborará un Código de Conducta para las personas que constituyan el Grupo de
Expertos. Ambos instrumentos deberán adoptarse por la Comisión, en un plazo no
mayor a seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigor del Acuerdo.
Asimismo, para la negociación del mencionado Reglamento, se tomará en cuenta la
Ley Modelo de la Cnudmi sobre Arbitraje Comercial Internacional. En todo caso,
las normas del Reglamento deberán garantizar la confidencialidad de la
información suministrada y manejada por el Grupo de Expertos.
El
Grupo de Expertos tomará sus decisiones por consenso y fundamentará las mismas,
principalmente, en las normas contenidas en el Acuerdo, las reglas y principios
de los Convenios Internacionales ratificados y reconocidos por ambas Partes que
fueren aplicables al caso, así como los principios generales del Derecho
Internacional.
El
Grupo de Expertos tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles contados a
partir de la designación del último experto para emitir su dictamen, el cual
será presentado a las Partes. El dictamen incluirá conclusiones de hecho y de
derecho, la decisión y el plazo de ejecución.
Artículo
7: Incumplimiento - Medidas aplicables por las Partes. Las Partes se
comprometen a adoptar en el plazo establecido en el dictamen, la decisión
adoptada por el Grupo de Expertos para la solución de la controversia.
Si
luego de los quince (15) días continuos siguientes al vencimiento del plazo de
ejecución de la decisión del Grupo de Expertos, una Parte considera que la otra
no ha cumplido con las disposiciones emitidas en el dictamen, aquella Parte
podrá convocar nuevamente al Grupo de Expertos por intermedio de la Comisión
Administradora para que proponga las medidas específicas aplicables por sector.
El
Grupo de Expertos se reunirá dentro de los quince (15) días hábiles siguientes
a su convocatoria, definirá las medidas y especificará el nivel de beneficios
que la Parte afectada podrá suspender, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la fecha de su constitución. Lo anterior se informará a las Partes
simultáneamente y para los fines pertinentes.
La
Parte afectada podrá adoptar tales medidas en cualquier momento, a partir de la
fecha en que las mismas le sean comunicadas por el Grupo de Expertos.
Las
medidas específicas adoptadas por el Grupo de Expertos podrán referirse a una
suspensión de concesiones equivalentes a los perjuicios provocados, retiro
parcial o total de concesiones, o cualquier otra medida enmarcada en la
aplicación de las disposiciones del Acuerdo.
La
suspensión de beneficios será temporal y será aplicada por la Parte afectada
solo hasta que la otra Parte ponga en conformidad con el Acuerdo la medida
incompatible que motivó la suspensión, o hasta el momento en que las Partes
lleguen a un acuerdo sobre la resolución de la controversia, lo cual incluye la
posibilidad de acordar medidas alternativas a las establecidas en el dictamen
del Grupo de Expertos.
Artículo
8: Aplicación Provisional. Sin perjuicio de lo establecido en el texto del
Acuerdo, cuando su legislación interna así lo permita, cualquiera de las Partes
podrá, mediante comunicación escrita dirigida al Secretario General de la
ALADI, manifestar que lo aplicará provisionalmente, hasta tanto cumpla con los
trámites necesarios para su incorporación en su derecho interno.
Para
los efectos de cumplir con lo dispuesto por los Artículos 11 y 13 del Acuerdo
de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial (en adelante el Acuerdo) suscrito
entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela (en
adelante las Partes), el día 28 de noviembre de 2011 en la ciudad de Caracas
República Bolivariana de Venezuela, las Partes acuerdan el presente Anexo
número VI, previsto por el Artículo 10 del Acuerdo citado y el cual se
considera para todos los efectos parte integral del mencionado Acuerdo.
Para
constancia se suscribe, en la ciudad de Cartagena de Indias a los quince (15)
días del mes de abril de 2012,
Por
la República de Colombia, María Ángela Holguín Cuéllar, Ministra de Relaciones
Exteriores. Por la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros,
Vicepresidente para la Política Ministro del Poder Popular para las Relaciones
Exteriores.
RAMA
EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
Bogotá,
D. C., 3 de octubre de 2012
Autorizado.
Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para los
efectos constitucionales.
(Fdo.)
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La
Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.)
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR
DECRETA:
ARTÍCULO
PRIMERO. Apruébense el “ACUERDO DE
ALCANCE PARCIAL DE NATURALEZA COMERCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA”, suscrito en Caracas, República de
Venezuela, el 28 de noviembre de 2011, y SUS SEIS ANEXOS CON SUS RESPECTIVOS
APÉNDICES, suscritos en Cartagena, República de Colombia, el 15 de abril de
2012.
ARTÍCULO
SEGUNDO. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “ACUERDO DE ALCANCE
PARCIAL DE NATURALEZA COMERCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA”, suscrito en Caracas, República de Venezuela, el 28
de noviembre de 2011, y SUS SEIS ANEXOS CON SUS RESPECTIVOS APÉNDICES,
suscritos en Cartagena, República de Colombia, el 15 de abril de 2012, que por el
artículo 1o de esta ley se aprueban, obligarán al Estado a partir de la fecha
en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de los mismos.
ARTÍCULO
TERCERO. La presente ley rige a
partir de la fecha de su publicación.
El
Presidente del H. Senado de la república
LUIS
FERNANDO VELASCO CHAVES
El
Secretario General del H. Senado dela república
GREGORIO
ELJACH PACHECO
El
Presidente de la H. Cámara de Representantes
ALFREDO
DELUQUE ZULETA
El
Secretario General de la H. Cámara de Representantes
JORGE
HUMBERTO MANTILLA SERRANO
[1] Folio 245 del
cuaderno principal. En adelante siempre que se haga mención a un folio, se
entenderá que hace parte del cuaderno principal, a menos que se diga
expresamente otra cosa. En este punto hay que precisar que una nueva remisión
tuvo lugar por parte de la Secretaria Jurídica de la Presidencia, el dos (2) de
marzo de dos mil dieciséis (2016), a raíz de un requerimiento realizado por la
Corporación mediante el auto 576 del diez (10) de diciembre de dos mil quince
(2015), en respuesta al cual fue nuevamente sancionada la Ley 1722 del tres (3)
de julio de dos mil catorce (2014) por el señor Presidente de la República. El
tema será analizado en el ítem 2.10.
[2] Suscrito por Augusto
Fernando Rodríguez Rincón, en su calidad de apoderado judicial de la Unidad
Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
–DIAN–.  Folios 291-309.
[3] Folio 294.
[4] Oficio OALI-134 del
veinte (20) de octubre de dos mil catorce (2014), suscrito por Cecilia Álvarez-Correa
Glen.  Folios
310-348.
[5] Folio 316.
[6] Folio 324.
[7] Folio 328.  Apoya sus
argumentos en la sentencia C-446 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo).
[8] Folio 337.
[9] Oficio radicado el
veintiuno (21) de octubre de dos mil catorce (2014), firmado por Alejandra
Valencia Gärtner.  Folios 350-366.
[10] Folio 352
[11] Folio 354.
[12] Folio 358.
[13] Suscrito por
Francisco Morales Falla, apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, delegado mediante Resolución 2736 de 2013.  Folios 367-373.
[14] Folio 370.
[15] Suscrito por Jazmín
Rocío Soacha Pedraza, Coordinadora del Grupo de Gestión Judicial. Folios
374-379.
[16] Suscrito por Julia
Astrid del Castillo Sabogal, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E) y allegado
a esta Corte el veintidós (22) de octubre de dos mil catorce (2014).  Folios
381-385.
[17] Folio 381.
[18] Concepto suscrito
por el señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado.
Folios 392- 408.
[19] Folio 402.
[20] Tales características
han sido destacadas, entre otras, en las sentencias C-378 de 1996 (M.P.
Hernando Herrera Vergara); C-682 de 1996 (M.P. Fabio Morón Díaz); C-468 de 1997
(M.P. Alejandro Martínez Caballero.  A.V. José Gregorio Hernández Galindo);
C-400 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero.  S.P.V. Vladimiro Naranjo
Mesa y Hernando Herrera Vergara. S.V. José Gregorio Hernández Galindo); C-924
de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz); C-206 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández); C-176 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis. S.V. Jaime Araujo
Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Humberto Sierra Porto); C-958 de 2007 (M.P.
Jaime Córdoba Triviño. S.V. Jaime Araujo Rentería); C-927 de 2007 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto); C-859 de 2007 (M.P. Mauricio González Cuervo.
S.V. Jaime Araujo Rentería); C-464 de 2008 (MP. Jaime Araujo Rentería. S.V.
Jaime Araujo Rentería); C-387 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil.  S.V. Jaime
Araujo Rentería); C-383 de 2008 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla. S.V. Jaime Araujo
Rentería); C-189 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); C-121 de 2008
(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra); C-032 de 2009 (M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra. S.V. Jaime Araujo Rentería); C-031 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto. S.V. Jaime Araujo Rentería); C-094 de 2009 (M.P. Clara Elena Reales
Gutiérrez. S.V. Jaime Araujo Rentería); C-150 de 2009 (M.P. Mauricio González
Cuervo. A.V. Luis Ernesto Vargas Silva); C-195 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio); C-285 de 2009 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla); C-378 de 2009 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto); C-685 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva),
C-011 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez.  S.V. María Victoria Calle Correa
y Jorge Iván Palacio Palacio), C-305 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva),
y C-982 de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[21] Suscrito por María
Alejandra Encinales Jaramillo, Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de
Tratados, Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores.  Folio 133, cuaderno uno de pruebas.
[22]
Aprobada mediante la Ley 32 de 1985.  El artículo 7 de dicho instrumento
señala: “ARTICULO 7º. I. Plenos poderes. 1. Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado, o
para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se
considerara que una persona representa a un Estado: a) si presenta los adecuados plenos poderes, o b) si se deduce de la práctica seguida
por los Estados interesados, o de otras circunstancias, que la intención de
esos Estados ha sido considerar a esa persona representante del Estado para
esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes. || 2. En
virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se
considerará que representan a su Estado: a) los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de
Relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la
celebración de un tratado; b) los jefes de misión diplomática,
para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el
cual se encuentran acreditados; c) los representantes acreditados por los Estados ante una
conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus
órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia,
organización u órgano” (negrillas fuera de texto).
[23] Así consta en la
certificación expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Folio 133 (reverso)
del cuaderno de pruebas uno.
[24]
El artículo 160 de la Constitución fue adicionado por el artículo 8 del Acto
Legislativo 01 del 3 de julio de 2003, así: “Artículo 8°.  El artículo 160 de
la Constitución Política tendrá un inciso adicional del siguiente tenor: ║
Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella
que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a
votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a
aquella en la cual se realizará la votación”.
[25] Véase entre muchas
otras las sentencias C-644
de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil.  S.V. Rodrigo Uprimny Yepes; C-549 de 2006
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); C-172 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño);
C-241 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y los autos 038 de 2004 y 089 de
2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[26] Ver, por ejemplo, las
sentencias C-533
de 2004 (M.P. Álvaro Tafur Galvis); C-661 de 2004 (M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra);  C-780
de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño. S.V. Jaime Araujo Rentería, S.V. Alfredo
Beltrán Sierra, y S.P.V. Rodrigo Uprimny Yepes); C-333 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño);  C-400 de 2005 (M.P. Humberto Sierra Porto); C-930 de 2005 (M.P.
Jaime Córdoba Triviño); C-1040
de 2005 (MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo
Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés
Vargas Hernández. S.V. Jaime Araujo Rentería, S.V. Alfredo Beltrán Sierra, S.V.
Jaime Córdoba Triviño, S.P.V. y A.V. Humberto Antonio Sierra Porto); C-241 de
2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra);  C-276 de 2006 (MM.PP. Manuel José
Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra, S.V. Jaime Araujo Rentería, S.V.
Alfredo Beltrán Sierra y S.V. Humberto Antonio Sierra Porto);  C-322 de 2006
(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. S.V. Jaime Araujo Rentería y S.V. Alfredo
Beltrán Sierra);  C-337 de 2006 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández. S.V. Jaime
Araujo Rentería);  C-576 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. S.P.V.
Jaime Araujo Rentería);  C-649 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. A.V.
Jaime Araujo Rentería);  C-676
de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa);  C-863 de 2006 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa. S.V. Jaime Araujo Rentería);  C-864 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil. S.V. Jaime Araujo Rentería);  C-933 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil);  C-309 de 2007 (M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra. S.V. Jaime Araujo Rentería, S.V. Humberto Antonio Sierra Porto); C-502 de 2007 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa. S.V. Jaime Araujo Rentería);  C-718 de 2007 (M.P.
Nilson Pinilla Pinilla);  C-927 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto);
C-387 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil);  C-799 de 2008 (M.P. Clara Inés
Vargas Hernández);  C-031 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto);  C-150
de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo);  C-195 de 2009 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio);  C-248 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva);  C-376 de
2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), y C-379 de 2009 (M.P. María
Victoria Calle Correa.  También
ver los autos
de Sala Plena 232 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño. S.V. Jaime Araujo
Rentería); 145 de 2007 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla); 119 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil. S.V. Jaime Araujo Rentería); 053 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño.
S.V. Jaime Araujo Rentería);
y 311 de 2006 (M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra. S.V. Humberto Antonio Sierra Porto, S.V. Clara Inés
Vargas Hernández).
[27] Corte Constitucional.
Sentencia C-644 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil. S.V. Rodrigo Uprimny Yepes).
Ver también la Sentencia C-930 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño. S.V. Manuel
José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil y Álvaro Tafur Galvis).
[28] Regulada en el
artículo 130 de la Ley 5ª de 1992 (modificado por el artículo 2 de la Ley 1431
de 2011). En este tipo de votación se discrimina el sentido del voto de cada
congresista y el resultado de la votación.
[29] Este tipo de
votación, regulada en el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 (modificado por el
artículo 1º de la Ley 1431 de 2011), se efectúa dando los congresistas, con la
mano, un golpe sobre el pupitre, seguido del cual el Secretario informará sobre
el resultado de la votación, el cual se tendrá por exacto si no se pidiere en
el acto la verificación.
[30] Al respecto,
en el auto 118 de 2013 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio. A.V. María Victoria Calle Correa, A.V. Nilson Pinilla Pinilla,
S.V. Mauricio González Cuervo, S.V. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), la Corte sostuvo que existió un vicio de
procedimiento en el trámite del proyecto de ley estatutaria de mecanismos de
participación, que fue aprobado en la plenaria del Senado por votación
ordinaria, sin obrar ningún elemento del que razonablemente pudiera inferirse
ni el cumplimiento de la regla de mayoría absoluta prevista en el artículo 153
de la Carta para este tipo de iniciativas, ni la existencia de una voluntad
unánime de aprobarlo.
[31] Folios 239 y 240
reverso.
[32] Gaceta del Congreso
No. 734 del viernes veintiséis (26) de octubre de dos mil doce (2012), pp.
1-147.  Folios 5 al 78 del cuaderno de pruebas uno.
[33] Gaceta del Congreso
No. 230 del miércoles veinticuatro (24) de abril de dos mil trece (2013), pp.
4-9.  Folios 80 al 83 del cuaderno de pruebas uno.
[34] Constancia de entrega
de documentos a los senadores de la Comisión Segunda del Senado de la República
en abril veintinueve (29) de dos mil trece (2013).  Folio 4 del cuaderno de
pruebas uno.
[35] Acta No. 30 del siete
(07) de mayo de dos mil trece (2013) Senado, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 737 del martes diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece
(2013): “COMISION SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE ACTA NÚMERO 30 de 2013 (mayo 7). […] || La señora Secretaria,
doctora Claudia Patricia Álzate, da lectura punto de Anuncio y votación de
proyectos de ley. || Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión Segunda
del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley
para la próxima sesión […] || 5. Proyecto de
ley número 145 de 2012 Senado por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de alcance parcial de
naturaleza comercial entre la República de Colombia y la República
Bolivariana de Venezuela, suscrito en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el
28 de Noviembre de 2011, y sus seis anexos con sus respectivos apéndices,
suscritos en Cartagena, República de Colombia, el 15 de abril de 2012, así:
Anexo I “Tratamiento arancelario preferencial”. Anexo II “Régimen de origen”.
Anexo III “Reglamentos técnicos, evaluación de la conformidad y metrología”.
Anexo IV “Medidas sanitarias, zoosanitarias y fitosanitarias”. Anexo V “Medidas
de defensa comercial y medida especial agrícola”. Anexo VI “Mecanismo de
solución de controversias. || Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y
de Comercio, Industria y Turismo. || Ponentes: honorables Senadores Carlos
Emiro Barriga Peñaranda (Coordinador Ponente) y Édgar Alfonso Gómez Román. ||
Publicaciones: Texto del Proyecto de ley: Gaceta del Congreso número 734 de 2012. Ponencia
Primer Debate: Gaceta del
Congreso
número 230 de 2013. […] || Están leídos los proyectos de ley para la próxima sesión señora
Presidenta. || La señora Presidenta, Senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre,
informa: se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes, a partir de
las diez de la mañana” (negrillas y cursivas originales).
[36] Acta No. 31 del
catorce (14) de mayo de dos mil trece (2013) Senado, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 737 del martes diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece
(2013): “COMISION SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE ACTA NÚMERO 31 de 2013 (mayo 14).  || […] || “El Secretario, doctor
Diego Alejandro González González, da lectura al anuncio de proyectos de ley:
|| […] || 4.
Proyecto de ley número 145 de 2012 Senado, por medio de la cual se
aprueba el “Acuerdo de alcance parcial de naturaleza
comercial entre la República de Colombia y la República Bolivariana de
Venezuela”, suscrito en Caracas, República
Bolivariana de Venezuela, el 28 de Noviembre de 2011, y sus seis anexos con sus
respectivos apéndices, suscritos en Cartagena, República de Colombia, el 15 de
abril de 2012, así: || Anexo I “Tratamiento arancelario preferencial”. || Anexo
II “Régimen de origen”. || Anexo III “Reglamentos técnicos, evaluación de la
conformidad y metrología”. || Anexo IV “Medidas sanitarias, zoosanitarias y
fitosanitarias”. || Anexo V “Medidas de defensa comercial y medida especial
agrícola”. || Anexo VI “Mecanismo de solución de controversias”. || Autores
Ministros de Relaciones Exteriores y de comercio, Industria y Turismo. ||
Ponentes: honorables senadores
Carlos Emiro Barriga Peñaranda (Coordinador Ponente) y Édgar Alfonso Gómez
Román. ||
Publicaciones: Texto del Proyecto de Ley: Gaceta del Congreso número 734 de 2012. Ponencia Primer
Debate: Gaceta del
Congreso número
230 de 2013. […]. || Están anunciados los proyectos de ley para la próxima sesión
señor Presidente. || El Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda,
informa:
|| Habiendo
anunciado proyectos de ley, se convoca para el día miércoles 15 de mayo a las
10:00 a.m., en este mismo recinto…” (negrillas y cursivas originales).
[37] Según lo establece el
artículo 2 de la Ley 3 de 1992, “Por la cual se expiden normas sobre las
comisiones del Congreso y se dictan otras disposiciones”, la Comisión Segunda
constitucional permanente está integrada por trece (13) miembros del Senado y
diecinueve (19) miembros de la Cámara de Representantes.
[38] Acta No. 32 de la
Comisión Segunda del Senado, publicada en la Gaceta del Congreso No. 738 de
2013.
[39] Acta No. 32 de la Comisión
Segunda del Senado, publicada en la Gaceta del Congreso No. 738 de 2013.
[40]
“Acta número
65 de la sesión ordinaria del día martes 11 de junio de 2013 […] || Por instrucciones de la
Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, por
Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la
próxima sesión. || Anuncios para la siguiente Sesión Plenaria del honorable
Senado de la República día miércoles 12 de junio de 2013. Proyectos para discutir
y votar en la próxima sesión Plenaria […] Proyecto de ley con ponencia para segundo debate:
|| […] || Proyecto de ley número 145 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de alcance parcial
de naturaleza comercial entre la República de Colombia y la República
Bolivariana de Venezuela”, suscrito en Caracas, República Bolivariana de
Venezuela, el 28 de Noviembre de 2011, y sus seis anexos con sus respectivos
apéndices, suscritos en Cartagena, República de Colombia, el 15 de abril de
2012, así: Anexo I “Tratamiento arancelario preferencial”.  Anexo II “Régimen
de origen”.  Anexo III “Reglamentos técnicos, evaluación de la conformidad y
metrología”.  Anexo IV “Medidas sanitarias, zoosanitarias y fitosanitarias”.
Anexo V “Medidas de defensa comercial y medida especial agrícola”.  Anexo VI
“Mecanismo de solución de controversias […]. Siendo las 2:00 p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca
para el día miércoles 12 de junio 2013, a las 11:00 a.m.” (negrillas y cursivas originales).
[41] Mediante auto del
veintiséis (26) de agosto de dos mil catorce (2014), se requirió al Secretario
General del Senado “certificación, debidamente respaldada, del quórum y de
número total de votos con los que fue aprobado el proyecto de ley 145/2012
Senado y 329/2013 Cámara, hoy Ley 1722 de 2014” en la Plenaria del Senado, “y
si el número total de votos emitidos coincidió con el número de congresistas
presentes en la respectiva corporación al momento de votar, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 123 numeral 4º de la Ley 5ª de 1992”. En respuesta
al requerimiento, mediante oficio OPC-410/12 del veintinueve (29) de agosto de
dos mil catorce (2014), el funcionario remitió copia de las Gacetas del
Congreso No. 600 de 2013 (págs. 15 y 16, anuncio) y 662 de 2013 (págs. 7, 14,
30 y 31, aprobación del proyecto).
[42] Acta No. 66 de la
Sesión Plenaria del Senado del doce (12) de junio de dos mil trece (2013),
publicada en Gaceta del Congreso No. 662 de 2013, págs. 1-2 (folio 28 del
cuaderno de pruebas dos).
[43]
De acuerdo al Acta No. 66 publicada en la Gaceta del Congreso
No. 662 se realizó “votación nominal a la fe de erratas, al Informe de
Objeciones al Proyecto de ley 017 de 2010 Senado, 277 de 2011 Cámara ‘por la
cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de
gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctrico y Electrónicos (RAEE) y se
dictan otras disposiciones’”. El resultado anunciado por la Secretaría General
es de 57 votos por el sí y 1 por el no, para un total de 58 votos de Senadores
presentes en el recinto (pág. 29 de la Gaceta, folio 42 del cuaderno de
pruebas dos).
[44] Luego de efectuarse
la votación ordinaria del Proyecto de Ley 145 de 2012 Senado, el orden del día
continuó con la discusión del Proyecto de Ley Estatutaria 211 de 2013 Senado,
268 de 2013 Cámara, “por el cual se desarrollan los artículos 116 y 221 de
la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones”.  La
votación nominal de la proposición positiva con la que concluyó el informe de
ponencia arrojó un resultado de 53 votos a favor y 6 en contra, para un total
de 59 votos de Senadores presentes en el recinto (pág. 53 de la Gaceta, folio
54, reverso, del cuaderno de pruebas dos).
[45] Acta No. 66 de la
Sesión Plenaria del Senado del doce (12) de junio de dos mil trece (2013),
publicada en Gaceta del Congreso No. 662 de 2013 (pág. 31 de la Gaceta, folio
43 del cuaderno de pruebas dos).
[46] Luego de la
transcripción del texto definitivo aprobado en sesión plenaria al Proyecto de
Ley 145 de 2012 Senado, se lee: “El presente texto fue aprobado en Plenaria de
Senado el 12 de junio de 2013 sin modificaciones”.
[47] Acta No. 18 del
veintitrés (23) de octubre de dos mil trece (2013), publicada en la Gaceta del
Congreso No. 1013 del viernes seis (06) de diciembre de dos mil trece (2013): “COMISION SEGUNDA DE RELACIONES
EXTERIORES, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL ACTA NÚMERO 18 de 2013 ||
(octubre 23). || […] Siguiente punto del Orden del Día señora Secretaria,
negocios sustanciados por Presidencia. || Hace uso de la palabra la
Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: ||
Proyectos
que se discutirán y votarán en la próxima sesión del Comisión donde se discutan
y voten proyectos de ley, lo anterior para dar cumplimiento al Acto Legislativo
01 de 2003 en su artículo 8ª. || […] || Proyecto de ley número 329 de 2013 Cámara, 145 de 2012 por medio de la cual se aprueba el acuerdo
de alcance parcial de naturaleza comercial entre la República de Colombia y la
República Bolivariana de Venezuela, suscrito en Caracas, República Bolivariana
de Venezuela, el 28 de noviembre de 2011, y sus seis anexos con respectivos
apéndices suscritos en Cartagena, República de Colombia, el 15 de abril de
2012, así: Anexo I Tratamiento Arancelario Preferencial, Anexo II Régimen de
Origen, Anexo III Reglamentos Técnicos, Evaluación de la Oportunidad y la
Metrología, Anexo IV, Medidas Sanitarias, Zoosatinarias y Fitosanitarias, Anexo
V, Medidas de Defensa Comercial y Medida Especial Agrícola, Anexo VI, Mecanismo
de Solución de Controversias || Ponencia Primer Debate en Cámara Gaceta del Congreso
número 768 de 2013. || Los anuncios han sido realizados conforme usted lo
ordenó señor Presidente. || Hace uso de la
palabra el señor Presidente, honorable Representante Telésforo Pedraza Ortega:
|| Bueno ya ha quedado claro a todos los colegas de hoy en ocho (8) días a las
9 y media de la mañana, con la presencia de los Ministros que han presentado
estos proyectos” (negrillas y cursivas originales). Pág. 40 de la Gaceta, folio 369
(reverso) del cuaderno de pruebas uno.
[48]
Así se registró en el Acta No. 19 del treinta (30) de octubre de dos mil trece
de (2013) de la Comisión Segunda del Senado, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 116 de 2014: “[…] Hace
uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar
Rodríguez Arias: || V. Segundo Proyecto de ley 329 de 2013 Cámara, 145 de 2012 Senado, “por medio de la cual se aprueba el
acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial entre la
República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela [...]” || Hace uso de la palabra el
señor Presidente honorable Representante Telésforo Pedraza Ortega:
|| Sírvase dar lectura a la proposición con que termina el
informe de ponencia. || Hace uso de la palabra la Secretaria
General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
|| Con mucho gusto. Proposición con que termina el informe
de ponencia para primer debate. Por lo anteriormente expuesto y con base en lo
dispuesto por la Constitución Política y la ley me permito proponer a
los honorables Representantes dar primer debate al Proyecto de ley números 329
de 2013 Cámara, 145 de 2012 Senado [...] || […] || Hace uso de la palabra el
señor Presidente honorable Representante Telésforo Pedraza Ortega:
|| Bueno a usted muchas gracias, honorable Representante. La
señora Secretaria me ha informado, pero ahora antes me había dicho, pero lo
hemos debido hacer al inicio cuando comenzamos, hay un impedimento que lo vamos
a votar rápidamente. Señora Secretaria sírvase dar lectura a la solicitud de un
impedimento. || Hace uso de la palabra la Secretaria
General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
|| Señor Presidente, lo que pasa es que el honorable
Representante Augusto Posada Sánchez, antes de que pueda hacer su asistencia a
la sesión somete a consideración de ustedes el siguiente impedimento:
manifiesto a ustedes que en mí condición de Representante a la
Cámara por el departamento de Antioquia presento ante la Comisión
Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes,
impedimento para participar en la sesión en la que se va a discutir el Proyecto
de ley número 329 de 2013 Cámara y 145 de 2012 Senado, Acuerdo
Comercial entre la República de Colombia y la República
Bolivariana de Venezuela, el impedimento que presento ante ustedes
radica en que soy socio de la sociedad por acciones simplificada, gente moto,
tal como consta en el libro de registro de intereses y dado que el proyecto de
ley otorga una preferencia comercial al sector automotor me declaro impedido.
Atentamente Augusto Posada Sánchez. || Hace uso de la palabra el señor
Presidente honorable Representante Telésforo Pedraza Ortega: || En votación
nominal, sírvase llamar a lista. || Hace uso de la palabra la
Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez
Arias: || Sí señor Presidente, con mucho gusto.
Por el SÍ se aprueba el impedimento por el NO se niega. [Se realiza llamado a lista y votación]
|| Diez votos (10) por el SÍ, dos (2) por el NO, en consecuencia se ha aprobado
el impedimento del honorable Representante Augusto Posada Sánchez”.
[49] Acta No. 19 del
treinta (30) de octubre de dos mil trece de (2013) de la Comisión Segunda del
Senado, publicada en la Gaceta del Congreso No. 116 de 2014.
[50] Así consta en el
Acta de Plenaria 274 del trece (13) de mayo de dos mil catorce (2014),
publicada en la Gaceta del Congreso No. 269 de 2014: “[…] Dirección de la
Presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo: || Anuncie proyectos. || Subsecretaria
General, doctora Flor Marina Daza Ramírez: || Sí señor Presidente, se
anuncian los proyectos de ley para el próximo martes 20 de mayo o para la
Sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos de
acuerdo al Acto Legislativo número 1 de julio 3 del 2003, en su artículo 8º. ||
[…] || Proyecto de ley número 329 de 2013 Cámara, 145 de 2012 Senado, por
medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de alcance parcial de naturaleza
comercial entre la República de Colombia y la República Bolivariana de
Venezuela…” (negrillas y cursivas originales).
[51] Esta sesión se
dedicó en su integridad a la discusión del Proyecto de Ley 340 de 2013 Cámara, 117 de
2012 Senado, “por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la República
de Colombia y Japón para la liberalización, promoción y protección de
inversión”, suscrito en Tokio, Japón el 12 de septiembre de 2011”.  Ver Acta de Plenaria No.
275 del veinte (20) de mayo de dos mil catorce (2014), publicada en la Gaceta
del Congreso No. 277 de 2014.
[52] Así consta en el
Acta de Plenaria No. 275 del veinte (20) de mayo de dos mil catorce (2014),
publicada en la Gaceta del Congreso No. 277 de 2014: “[…] Dirección de la Presidencia,
doctor Hernán Penagos Giraldo: || Señor
Secretario, sírvase anunciar proyectos para el próximo martes. || Subsecretaria,
doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Sí señor Presidente, se
anuncian los siguientes proyectos para el próximo 27 de mayo de 2014. || […] || Proyecto de ley número 329 de
2013 Cámara, 145 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo
de alcance parcial de naturaleza comercial entre la República de Colombia y la
República Bolivariana de Venezuela”…” (negrillas y cursivas
originales).
[53]
Según consta en el Acta No. 276 del veintisiete (27) de mayo
de dos mil catorce (2014), publicada en la Gaceta del Congreso No. 278 de 2014:
“[…] Dirección de la sesión por la
Presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo: || Señor
Secretario, sírvase anunciar proyectos para el día de mañana. || La
Secretaría General informa, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano: || Se
anuncian los siguientes proyectos para la próxima sesión. || La Secretaría
General informa, doctora Flor Marina Daza Ramírez: || Señor
Presidente, se anuncian los siguientes proyectos para el día de mañana 28 de
mayo de 2014 a las 2:00 p. m. || Proyecto de ley número 329 de
2013 Cámara, 145 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el
“Acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial entre la
República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”…”
(negrillas y cursivas originales).
[54] Acta de plenaria No.
277 del veintiocho (28) de mayo de dos mil catorce, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 270 del nueve (9) de junio de dos mil catorce (2014).
[55] Por auto del
veintiséis (26) de agosto de dos mil catorce (2014), se solicitó a los
Secretarios Generales de Senado y Cámara aportar al expediente “certificación,
debidamente respaldada, del quórum y del número total de votos con el que fue
aprobado el proyecto”. Además, “si el número de votos emitido coincidió
con el número de congresistas presentes en la respectiva corporación al momento
de votar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 numeral 4º de la Ley
5ª de 1992” (folios 260 y 261).
[56]
Certificación SG.CERTI. 365/2014, expedida el cuatro (4) de septiembre de dos
mil catorce (2014) y firmada por Jorge Humberto Mantilla Serrano, Secretario
General de la Cámara de Representantes.  Con ella se responde al oficio
OPC-411/2014 que fuera enviado por la Secretaría General de la Corte
Constitucional (folio 122 del cuaderno de pruebas dos).
[57]
En el Acta No. 277 del veintiocho (28) de mayo de dos mil
catorce (2014), publicada en la Gaceta del Congreso No. 270 de 2014, consta
que, una vez efectuado el registro de asistencia y relacionadas las
incapacidades y excusas de quienes no asistieron a la sesión: “La
Secretaría General informa que sí hay quórum decisorio. || La Presidencia
ordena a la Secretaría General dar lectura al Orden del Día. || La Secretaría
General procede de conformidad…”.  Tras la transcripción de los puntos a
tratar, de nuevo el acta certifica la existencia de quórum: “Dirección de la
Presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo: || Señor secretario sírvase
dar lectura, certifique qué quórum tenemos y si hay quórum decisorio sírvase
dar lectura al Orden del Día. || Subsecretaria General, doctora Flor
Marina Daza Ramírez: || Señor Presidente en este momento la secretaría
le informa que existe quórum decisorio” (negrillas originales).
[58]
De acuerdo con el Acta No. 277 del veintiocho (28) de mayo de
dos mil catorce (2014), publicada en la Gaceta del Congreso No. 270 de 2014,
una vez concluida la votación del Proyecto de Ley 329 de 2013 Cámara, 145 de
2012 Senado, la sesión continuó así: “Siguiente Proyecto: Proyecto de
ley número 334 de 2013 Cámara, 175 de 2012 Senado, “por la cual se expiden
algunas disposiciones relativas al régimen jurídico aplicable a las empresas de
servicios públicos domiciliarios y de tecnologías de la información y las
comunicaciones” [...] || Dirección de la Presidencia, doctor Germán
Alcides Blanco Álvarez: || ¿Existen impedimentos, señor Secretario, sobre
el proyecto en mención? || Secretario General, doctor Jorge Humberto
Mantilla Serrano: || Hay una constancia del doctor Alejandro Carlos Chacón.
|| Señor Presidente, en la sesión pasada estábamos en votación de impedimentos,
se levantó porque al final de la votación se desintegró el quórum decisorio. ||
Dirección de la Presidencia, doctor Germán Alcides Blanco Álvarez: ||
Señor Secretario, entiendo que fue radicado un nuevo impedimento el día de
ayer; sírvase darle lectura a los impedimentos que hayan sido sometidos a
consideración, agréguele el del día de ayer y abriremos el registro para la
votación respectiva…” (negrillas originales). Tras la lectura de los
impedimentos formulados por los representantes Efraín Torres, Luis Antonio
Serrano y Alfredo Deluque, se deja constancia que se retiran del recinto
mientras la Plenaria decide sobre los mismos. En este punto continúa la sesión
así: “Dirección de la Presidencia, doctor Germán Alcides Blanco Álvarez:
|| Sí, señor Secretario, verificando que están ausentes los Representantes que
solicitaron impedimento. En consideración los impedimentos previamente leídos,
anuncio que va a cerrarse la discusión, se cierra la discusión. Señor
Secretario, sírvase ordenar la apertura del registro para la votación
respectiva. || Secretario General, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano:
|| Señores de cabina, abrir el registro para la votación de estos tres
impedimentos. [...] || Señores auxiliares de recinto, por favor comunicarles a
los honorables Representantes que se encuentran en los pasillos y en las
oficinas anexas al Elíptico que estamos en votación de impedimentos. || Dirección
de la Presidencia, doctor Germán Alcides Blanco Álvarez: || Señora
Secretaria, sírvase ordenar el cierre del registro y certificar la votación
existente. || Secretario General, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano:
|| Se cierra el registro y la votación es de la siguiente manera: || Señor Presidente
se informa por parte de la Secretaría que se ha desintegrado el quórum
decisorio, quedando quórum deliberatorio” (negrillas originales y subrayas
fuera de texto). Al informar sobre los resultados de la votación se verificó
que estaban presentes sesenta y tres (63) representantes, que emitieron
diecisiete (17) votos a favor y cuarenta y seis (46) en contra de los
impedimentos sometidos a su consideración.
[59] M.P. María Victoria
Calle Correa.  S.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez; S.V. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; A.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; A.V. Jorge Iván Palacio Palacio
(folios 248 al 276 del cuaderno dos).
[60] Jorge Humberto
Mantilla Serrano.
[61] Folio 277 del cuaderno dos.
[62] Folios 295 y 296 del
cuaderno dos.
[63] Jorge Humberto
Mantilla Serrano.
[64] Folios 329 al 340 del
cuaderno dos.
[65] Folio 336 (reverso)
del cuaderno dos.
[66] Folios 341 al 374 del
cuaderno dos.
[67] Folios 350 (reverso)
al 354
del cuaderno dos.
[68] Luego de la
transcripción del texto aprobado en sesión plenaria al Proyecto de Ley 329 de
2013 Cámara, 145 de 2012 Senado, se lee: “Bogotá, D. C., junio 3 de 2015 || En
Sesión Plenaria del día 2 de junio de 2015 de la Cámara de Representantes, fue
considerado y aprobado sin modificaciones en segundo debate la ponencia, el
articulado y el título presentado por los ponentes al Proyecto de ley número
329 de 2013 Cámara, 145 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el
“Acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial entre la República de
Colombia y La República Bolivariana de Venezuela”, suscrito en Caracas,
República Bolivariana de Venezuela, el 28 de noviembre de 2011, y sus seis
anexos con sus respectivos apéndices, suscrito en Cartagena, República de
Colombia, el 15 de abril de 2012, […]. Lo anterior dando cumplimiento al Auto
número 175 del 6 de mayo de 2015, proferido por la Honorable Corte
Constitucional, y el numeral 2, artículo 2º y 220 de la Ley 5ª de 1992,
(Reglamento del Congreso), y de conformidad con el artículo 5º del Acto
Legislativo número 01 de 2009, se procedió a subsanar el vicio de procedimiento
en esta Corporación al proyecto de ley en comento. Lo anterior según consta en
el Acta de Sesión Plenaria número 067 de junio 2 de 2015, previo su anuncio en
Sesión Plenaria el día 1º de junio de los corrientes, según Acta de Sesión
Plenaria número 066”.
[69]
Así, en el artículo 2 aprobado en el Senado se hacía
referencia a la palabra “país”, mientras que en la versión aprobada en la
Cámara de Representantes aparecía en lugar de esta la palabra “Estado”. Al
respecto es importante anotar que el señor Secretario General de la Cámara de
Representantes, Jorge Humberto Mantilla Serrano, remitió a esta Corporación dos
certificaciones sobre el trámite del proyecto en discusión.  En la primera de
ellas, radicada en esta Corte el cuatro (04) de agosto de dos mil catorce
(2014) e identificada con el número SG.CERTI. 233/2014, en el numeral 3º anota
“[q]ue en el trámite del proyecto de Ley mencionado no surgieron discrepancias
en las Cámaras respecto del mismo, por lo tanto no dio lugar a etapa de
Conciliación y no aplica el cumplimiento de la exigencia de publicidad
dispuesta en el inciso final del artículo 161 de la Constitución Política”
(folio 408 del cuaderno de pruebas uno).  Posteriormente, el cuatro (04) de
septiembre de dos mil catorce (2014), en respuesta al requerimiento efectuado
en el auto del veintiséis (26) de agosto de dos mil catorce (2014), proferido
por la magistrada ponente (folios 260 y 261), se radica en la Secretaría
General de esta Corporación la certificación SG.CERTI.365/2014, firmada por el
mismo Secretario General de la Cámara de Representantes, en donde en el ítem 2º
se registra: “[e]n sesión Plenaria de la H. Cámara de Representantes del día 18
de mayo (sic) de 2014, que consta en el Acta No. 281 –Gaceta del Congreso Nº.
366 de 2014–, a la cual se hicieron presentes ciento treinta y un (131)
Honorables Representantes a la Cámara, fue considerado y aprobado a través de
votación ordinaria el informe de conciliación, siendo ochenta y ocho (88) votos
el último resultado de la votación nominal registrada, realizada con
anterioridad a la votación de interés” (folio 122 del cuaderno de pruebas dos).
A pesar de la información consignada en la certificación inicial, la
información aportada por los intervinientes y contenida en las Gacetas del
Congreso obrantes en el expediente, permitió establecer que efectivamente se
llevó a cabo una conciliación sobre los textos aprobados en el Senado y en la
Cámara de Representantes.
[70] Los conciliadores
designados fueron el Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda y el Representante
a la Cámara Carlos Eduardo León Celis.
[71]
Acta No. 57 de la Plenaria del Senado del martes diecisiete (17) de junio de
dos mil catorce (2014), publicada en la Gaceta del Congreso No. 333 de 2014: “Anuncio
de proyectos || Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con
el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se
discutirán y aprobarán en la próxima sesión. || Siguiente punto, anuncios de
proyectos de ley o de Acto Legislativo para ser considerados, discutidos y
votados en la sesión plenaria siguiente a la del martes 17 de junio de 2014. ||
[…] || Con informe de conciliación: || Proyecto de ley número 145 de 2012
Senado, 329 de 2013 Cámara, por medio de la cual se aprueba “Acuerdo de
Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República de Colombia y la
República Bolivariana de Venezuela”, suscrito en Caracas, República Bolivariana
de Venezuela […] || […] || Siendo las 8:04 p. m., la Presidencia levanta la
sesión y convoca para la próxima sesión miércoles 18 de junio de 2014 a las
9:00 a. m.” (negrillas originales).
[72]
Acta No. 280 Plenaria de la Cámara de Representantes del
martes diecisiete (17) de junio de dos mil catorce (2014), publicada en la
Gaceta del Congreso No. 335 de 2014: “Dirección de la Presidencia,
doctor Hernán Penagos Giraldo: || Señor secretario, sírvase anunciar
proyectos para el día de mañana. || Subsecretaria General, doctora Flor
Marina Daza Ramírez: || Sí señor Presidente, se anuncian los siguientes
Proyectos para la Sesión Plenaria del día 18 de junio o para la siguiente
Sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos. ||
Informe de Conciliación. Proyecto de ley número 329 de 2013 Cámara, 145 de
2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “acuerdo de alcance
parcial de naturaleza comercial entre la república de Colombia y la república
Bolivariana de Venezuela”, suscrito en caracas, república Bolivariana de
Venezuela. || […] || Se levanta la Sesión siendo las 6:57 p. m., se cita
para mañana miércoles 18 de junio a las 2:00 de la tarde. Muchas gracias” (negrillas originales).
[73] Senador Carlos
Emiro Barriga Peñaranda.
[74]
Así consta en el Acta No. 58 de la Plenaria del Senado del dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014), publicada en la Gaceta del Congreso No. 351 de 2014: “La
Presidencia indica a la Secretaría continuar con la siguiente conciliación del
Orden del Día. || Proyecto de ley número 145 de 2012 Senado, 329 de 2013
Cámara, por medio de la cual se aprueba “Acuerdo de Alcance Parcial de
Naturaleza Comercial entre la República de Colombia y la República Bolivariana
de Venezuela [...]. || La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable
Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda. [...] || Con la venia de la
Presidencia hace uso de la palabra el honorable Senador Carlos Emiro Barriga
Peñaranda: Gracias señor Presidente, sencillamente este informe de
conciliación lo que busca es corregir un error que se cometió en la aprobación
en Cámara donde se modificó una sola palabra y volvemos a lo que aprobó el
Senado de la República, queda tal como aprobó el Senado de la República ese
informe de conciliación, por lo tanto, señor Presidente, solicito que le pida a
la Plenaria someter a votación positivamente este informe de conciliación,
muchas gracias. || Por Secretaría se da lectura al Informe de Mediación que
acordaron las Comisiones designadas por los Presidentes de ambas Corporaciones,
para conciliar las discrepancias surgidas en la aprobación del Proyecto de ley
número 145 de 2012 Senado, 329 de 2012 (sic) Cámara [...] || La Presidencia
somete a consideración de la plenaria el Informe de Conciliación al Proyecto de
ley número 145 de 2012 Senado, 329 de 2012 (sic) Cámara y, cerrada su
discusión, esta le imparte su aprobación” (negrillas originales).
[75] Mediante auto del
veintiséis (26) de agosto de dos mil catorce (2014), se requirió por segunda
vez al Secretario General del Senado “certificación, debidamente respaldada,
del quórum y del número total de votos con los que fue aprobado el proyecto de
ley 145/2012 Senado y 329/2013 Cámara, hoy Ley 1722 de 2014” en la Plenaria
del Senado, “y si el número total de votos emitidos coincidió con el número
de congresistas presentes en la respectiva corporación al momento de votar, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 123 numeral 4º de la Ley 5ª de 1992”.
En respuesta al requerimiento, mediante oficio OPC-410/12 del veintinueve (29)
de agosto de dos mil catorce (2014), el funcionario remitió copia de las
Gacetas del Congreso No. 600 de 2013 (págs. 15 y 16, anuncio) y 662 de 2013
(págs. 7, 14, 30 y 31, aprobación del proyecto). No incluyó información alguna
sobre la manera en que se aprobó el informe de conciliación en la Plenaria del
Senado.
[76] Acta No. 58 de la
Plenaria del Senado del dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014),
publicada en la Gaceta del Congreso No. 351 de 2014. Por Secretaría se informa que se
ha registrado quórum deliberatorio. || Siendo las 10:38 p. m., la
Presidencia manifiesta: || Ábrase la sesión y proceda el señor Secretario a
dar lectura al Orden del Día, para la presente reunión. || Por Secretaría se da
lectura al Orden del Día para la presente sesión…” (negrillas originales).
[77] Ver auto 175 del seis
(6) de mayo de dos mil quince (2015) (M.P. María Victoria Calle Correa.
S.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez; S.V. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; A.V.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y A.V. Jorge Iván Palacio Palacio (folios 248
al 276 del cuaderno dos).
[78] M.P. María Victoria
Calle Correa.  S.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez; S.V. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; A.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; A.V. Jorge Iván Palacio Palacio
(folios 248 al 276 del cuaderno dos).
[79] Gregorio Eljach
Pacheco.
[80] Folio 278 del cuaderno dos.
Se anexa el informe de conciliación al Proyecto de Ley 145 de 2012 Senado, 329
de 2013 Cámara, suscrito por la Senadora Teresita García Romero y el
Representante a la Cámara Jaime Armando Yepes Martínez (folios 279 y 280 del
cuaderno dos).
[81] Folios 295 y 296 del
cuaderno dos.
[82] Gregorio Eljach
Pacheco.
[83] Folios 301 al 325 del
cuaderno dos.
[84] Gaceta del Congreso
- Imprenta nacional de Colombia.
[85] En la Gaceta del
Congreso No. 383 de 2015, aparece publicado el Informe de Conciliación al
Proyecto de Ley 145 de 2012 Senado, 329 de 2013 Cámara, por medio de la cual se
aprueba el “Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la
República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”, suscrito en
Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el veintiocho (28) de noviembre de
dos mil once (2011), y sus seis anexos con sus respectivos apéndices, suscritos
en Cartagena, República de Colombia, el quince (15) de abril de dos mil doce
(2012).  La Gaceta tiene fecha del cinco (05) de junio de dos mil quince
(2015).
[86] Folio 316 del cuaderno dos.
A continuación aparece el texto del informe de conciliación al Proyecto de ley
número 145 de 2012 Senado y 329 de 2013 Cámara, concluyendo: “Con el fin de dar
cumplimiento a la designación, después de un análisis hemos concluido que el
texto aprobado por la honorable Cámara de Representantes recoge lo aprobado en
la plenaria del Senado, a la vez se realizan unos ajustes de técnica jurídica
que no afectan el fondo del articulado y espíritu del proyecto de ley” (folios
316 reverso y 317 del cuaderno dos).
[87]
Según se informa en el Acta No. 281 de la Plenaria de la Cámara del dieciocho
(18) de junio de dos mil catorce (2014), publicada en Gaceta
del Congreso No. 336 de 2014, tras la lectura del respectivo informe, este fue
aprobado por votación ordinaria del siguiente modo: “[…]
Ha sido leído señor Presidente el texto sobre la conciliación del proyecto de
ley firmado entre la República de Colombia y la República Bolivariana de
Venezuela. || Dirección de la Presidencia, doctor Hernán Penagos
Giraldo: En
consideración el Informe de Conciliación al Proyecto de ley número 329
de 2013 Cámara, 145 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba
el acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial entre la
República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela,
[...], se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, aprueban
honorables Representantes. || Secretario doctor Jorge Humberto Mantilla
Serrano, informa: || Ha sido aprobada señor Presidente. || Dirección
de la Presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo: ||Continuemos señor
Secretario” (negrillas originales).
[88] Por auto del
veintiséis (26) de agosto de dos mil catorce (2014), se solicitó aportar al
expediente “certificación, debidamente respaldada, del quórum y del número
total de votos con el que fue aprobado el proyecto”. Además, “si el
número de votos emitido coincidió con el número de congresistas presentes en la
respectiva corporación al momento de votar, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 123 numeral 4º de la Ley 5ª de 1992”.
[89] Secretaría General
de la Cámara de Representantes. SG. CERTI.365/2014, expedida el cuatro (4) de
septiembre de dos mil catorce (2014) y suscrita por Jorge Humberto Mantilla
Serrano, Secretario General de dicha Corporación (folio 122, cuaderno de pruebas
dos).
[90] Correspondiente al
Informe de Objeciones al Proyecto de ley número 331 de 2013 Cámara, 143 de 2012
Senado, por medio de la cual se declara patrimonio cultural y artístico de
la Nación al Carnaval de Riosucio Caldas.
[91] Se trató de los
informes de conciliación al Proyecto de ley número 207 de 2012 Cámara, 113 de
2013 Senado, por medio de la cual se crea el fondo de fomento parafiscal fiquero,
se establecen normas para el recaudo y administración de cuota de fomento
fiquero y se dictan otras disposiciones, y luego de este del informe al Proyecto
de ley número 014 de 2012 Cámara, 151 de 2013 Senado, por medio de la cual
se dictan medidas para prevenir la hipertensión arterial y consumo excesivo de
sal, sodio en la población colombiana.
[92]
Acta No. 281 de Plenaria de la Cámara de Representantes del
dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014), publicada en la Gaceta del
Congreso No. 336 de 2014.
[93] La votación de
otros dos proyectos, incluidos en el orden del día, fue suspendida.
[94]
Se trató del Proyecto de Ley número 144 del 2013 Cámara, por la cual se
crean las becas crédito de apoyo y sostenimiento al estudiante en Instituciones
de Educación Superior de naturaleza pública, se modifica la Ley 21 de 1982 y la
Ley 1607 del 2012 y se dictan otras disposiciones. Así quedó registrada en
el acta: “[...] Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
|| Se abre el registro para votar la proposición con que termina la ponencia
que pide que se le dé segundo debate a ese proyecto de ley. || Dirección de
la Presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo: || [...] Cierre el registro,
señor Secretario; anuncie el resultado de la votación. || Subsecretaria,
doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Se cierra el registro, señor
Presidente. La Secretaría le informa que se ha desintegrado el quórum
decisorio” (negrillas originales). En el registro de votación publicado consta
que para ese momento solo votaron 51 representantes.
[95] M.P. María Victoria
Calle Correa.  S.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez; S.V. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; A.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; A.V. Jorge Iván Palacio Palacio
(folios 248 al 276 del cuaderno dos).
[96] Jorge Humberto
Mantilla Serrano.
[97] Folio 281 del cuaderno dos.
Se anexa el informe de conciliación al Proyecto de Ley 145 de 2012 Senado, 329
de 2013 Cámara, suscrito por la Senadora Teresita García Romero y el
Representante a la Cámara Jaime Armando Yepes Martínez (folios 282 y 283 del
cuaderno dos).
[98] Folios 295 y 296 del
cuaderno dos.
[99] Oficio S.G.2-2959/2015
del treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015).
[100] Folios 476 al 477
del cuaderno dos.
[101] Folio 480 del
cuaderno dos.
Por medio de oficio del ocho (08) de octubre de dos mil quince (2015), la
Secretaria General de la Corte Constitucional puso en conocimiento del
Secretario General de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Humberto
Mantilla Serrano, lo ordenado por la Magistrada Ponente en el auto del seis
(06) de septiembre de dos mil quince (2015), folio 479 ibíd.
[102] Folios 529 al 532
(reverso) del cuaderno dos.
[103] Oficio S.G.2-3238/2015
de la fecha.
[104] Jorge Humberto
Mantilla Serrano.
[105] Folio 486 del cuaderno
dos.
[106] Folio 526 (reverso)
del cuaderno dos (pág. 80 de la Gaceta del Congreso No. 840 de 2015).
[107] Oficio S.G.2-3480/2015
de la fecha.
[108] Folios 550 (reverso)
al 551 (reverso) del cuaderno dos (págs. 18-20 de la Gaceta del Congreso No.
927 de 2015).
[109] Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[110] Ver, también, los
autos 118 de 2007 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y 170 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur
Galvis).  Y en relación con el control de constitucionalidad de proyectos de ley
estatutaria, ver la sentencia C-1011 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y el
auto 118 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[111] Folio 244.
[112] M.P. María Victoria
Calle Correa.  S.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez; S.V. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; A.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; A.V. Jorge Iván Palacio Palacio.
[113] A través de sendos
autos fechados el tres (3) de diciembre de dos mil quince (2015), y teniendo en
cuenta que en el expediente no se encontró prueba de que se haya cumplido con
el requisito de la sanción presidencial, se solicitó a la Secretaría General de
la Presidencia de la República (folios 280 y 281) y a la Secretaría General del
Congreso de la República (folios 296 al 297), información acerca de si se
remitió para sanción gubernamental el Proyecto de Ley 145 de 2012 Senado, 329
de 2013 Cámara. El once (11) de diciembre de dos mil quince (2015), el
Secretario Jurídico (E) de la Presidencia de la República, informó: “[…] a
pesar de que la Corte en el Auto 175 de 2015 reconoció expresamente la
necesidad de sanción presidencial, lo cierto es que dicho trámite no ha podido
tener lugar por la única razón de que al señor Presidente no le ha sido
remitido el expediente de la Ley 1722 de 2014 para llevarla a cabo…” (folio
290). Por parte de la Secretaría General del Congreso de la República no se
obtuvo respuesta alguna, tal como lo informó la Secretaria General de la
Corporación (folio 301)
[114] Folios 245 al 271 del
cuaderno dos.
[115] Doctora Cristina Pardo
Schlesinger (folio 304 del cuaderno dos).
[116] Folios 1 al 300 del
cuaderno de pruebas tres.
[117]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. S.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Revisión automática del “Acuerdo para el Desarrollo Integral y Asistencia
Básica de las Poblaciones Indígenas Wayuu de la República de Colombia y de la
República de Venezuela”, firmado en Caracas el tres (03) de mayo de mil
novecientos noventa (1990), así como de la Ley 1214 de 2008, mediante la cual
fue aprobado.
[118]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Revisión de constitucionalidad del “Acuerdo
de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia, hecho en Lima, Perú,
el veintiuno (21) de noviembre de dos mil ocho (2008), y el Canje de Notas
entre Canadá y la República de Colombia del veinte (20) de febrero de dos mil
nueve (2009), por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del
Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia”, así como de
la Ley 1363 de 2009, aprobatoria del mismo.
[119] M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio. Revisión de los Acuerdos de Libre Comercio entre la República
de Colombia y los Estados AELC (Asociación Europea de Libre Comercio) y la ley
aprobatoria 1372 de 2010.
[120] Al respecto la
Corte ha señalado que “la eficacia de la consulta a las comunidades indígenas
dependerá de si ésta tiene lugar antes de que el Jefe de Estado someta el tratado
internacional a la aprobación congresional, pudiendo por tanto realizarse o
bien durante la negociación, mediante la creación por ejemplo de mesas de
trabajo, o ya cuando se cuente con un texto aprobado por Las Partes, es decir,
luego de la firma del tratado. Si se realiza durante la negociación, las
comunidades indígenas podrán aportar insumos a la discusión del articulado del
instrumento internacional o manifestar sus preocupaciones frente a determinados
temas que los afectan (v.gr. territorio, conocimientos ancestrales,
biodiversidad, recursos naturales, etc.); o igualmente ser consultadas una vez
se cuente con un texto aprobado, discusión que, dado el caso, podría llevar a
la necesidad de renegociar el tratado”. Sentencias C-615 de 2009 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto. S.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), C-608 de 2010
(M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y C-941 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio).
[121] Entre otras, en la
sentencia C-941 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), en la que se hizo la
revisión de los Acuerdos de Libre Comercio entre la República de Colombia y los
Estados AELC (Asociación Europea de Libre Comercio) y la ley aprobatoria 1372
del 7 de enero de 2010.
[122] M.P. María Victoria
Calle Correa.  S.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez; S.V. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; A.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; A.V. Jorge Iván Palacio Palacio
(folios 248 al 276 del cuaderno dos).
[123] Sentencia C-335 de
2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. S.V. María Victoria Calle Correa, y
A.V. Luis Ernesto Vargas Silva), en la que examinó la constitucionalidad del Acuerdo Comercial
entre Colombia y Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados
Miembros, y su ley aprobatoria 1669 de 2013. Con anterioridad a
esta decisión, la Corte se ha referido a la importancia de la observancia de
dichos principios y, dentro de los límites funcionales propios del control de
este tipo de instrumentos, los ha empleado como parámetro de constitucionalidad
en el control de tratados internacionales de naturaleza comercial. Tal es el
caso, entre otras, de las sentencias C-864
de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), que declaró exequible la ley aprobatoria
del Acuerdo de Complementación Económica suscrito entre los Estados partes del
MERCOSUR y los países miembros de la Comunidad Andina, y el Primer Protocolo Adicional
Régimen de Solución de Controversias; C-750 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
S.V. Jaime Araujo Rentería) referida al Acuerdo de Promoción Comercial Colombia
EE.UU.;
C-446 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo), que examina el tratado comercial
suscrito con Salvador, Guatemala y Honduras (Triángulo Norte); C-608 de 2010
(M.P. Humberto Antonio Sierra Corto), referida al tratado de libre comercio con
Canadá, y C-941
de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), donde se revisa la constitucionalidad
de los acuerdos comerciales suscritos entre Colombia y los Estados de la AELC
(Asociación Europea de Libre Comercio) y de su ley aprobatoria 1372 de 2010.
[124] Sentencia C-335 de
2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. S.V. María Victoria Calle Correa, y
A.V. Luis Ernesto Vargas Silva).
[125] La información que se
presenta a continuación constituye una síntesis de la exposición de motivos del
proyecto de ley que, luego de la aprobación, se convirtió en la Ley 1722 de
2014.
[126]
El Tratado de Montevideo de 1960 fue suscrito inicialmente por siete (7)
países: Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Con
posterioridad se unieron Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela.
[127] El Tratado de
Montevideo de 1980 fue suscrito por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Recientemente,
adhirió la República de Cuba. Colombia aprobó el Tratado mediante la Ley 45 de
1981.
[128]
Según se explica en la exposición de motivos: “[e]l 26 de mayo de 1969 Bolivia,
Colombia, Chile, Ecuador y Perú, basados en la Declaración de Bogotá (1966) y
en la Declaración de América (1967), firmaron el Acuerdo de Cartagena, mediante
el cual se estableció la Comunidad Andina. Posteriormente, Venezuela adhirió el
Acuerdo en 1973 y Chile se retiró en 197[6]. Colombia incorporó a su
legislación interna este Acuerdo mediante la Ley 8 de 1973”.
[129] Al respecto, puede
consultarse la página web de la Comunidad Andina (http://www.comunidadandina.org).
El artículo 135 del Acuerdo de Cartagena, dispone: “El País Miembro que desee
denunciar este Acuerdo deberá comunicarlo a la Comisión. Desde ese momento
cesarán para él los derechos y obligaciones derivados de su condición de
Miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con
el Programa de Liberación de la Subregión, las cuales permanecerán en vigencia
por un plazo de cinco años a partir de la denuncia. || El plazo indicado en el
párrafo anterior podrá ser disminuido en casos debidamente fundados, por
decisión de la Comisión y a petición del País Miembro interesado. || En
relación con los Programas de Integración Industrial se aplicará lo dispuesto
en el literal i) del Artículo 62”.
[130] Folio 228.
[131] Al respecto, la
Corporación en la sentencia C-132 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo.
S.P.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez; A.V. Luis Guillermo Vargas Silva),
señaló: “[…] la facultad excepcional consagrada en el artículo 224
constitucional, según el cual el Presidente de la República puede dar
aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial que
hayan sido acordados en el ámbito de organismos internacionales, cuando así lo
dispongan, debe ser examinada en forma estricta por esta Corporación, en la
medida que dicha autorización no puede en ningún caso significar el
desconocimiento de la voluntad democrática con la incorporación de una norma
sin la aprobación del Congreso o una elusión del control constitucional al
incorporar normas que puedan ser contrarias a la Carta Política. || En suma, la
regla general es que todo tratado para su validez requiere ser aprobado por el
Congreso de la Republica y revisada su constitucionalidad por la Corte
Constitucional y el cumplimiento de las condiciones establecidas para que pueda
configurarse la excepción consagrada en el artículo 224 constitucional, debe
ser examinada de manera estricta por esta Corporación, en garantía del
principio democrático y de la supremacía de la Constitución”. La facultad de
aplicar provisionalmente tratados internacionales también fue examinada en la
sentencia C-280 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. S.P.V. María
Victoria Calle Correa; S.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; A.V. Mauricio
González Cuervo).
[132] El artículo 8 del
Anexo VI “Mecanismo de solución de controversias”, dispone: “Aplicación
Provisional. Sin perjuicio de lo establecido en el texto del Acuerdo, cuando su
legislación interna así lo permita, cualquiera
de las Partes podrá, mediante
comunicación escrita dirigida al Secretario General de la Aladi, manifestar que
lo
aplicará provisionalmente, hasta
tanto cumpla con los trámites necesarios para su incorporación en su derecho
interno”.
[133] “Por el cual se da
aplicación provisional al “Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de
Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”, firmado en la ciudad de
Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 28 de noviembre de 2011, y sus
anexos, suscritos en la ciudad de Cartagena, República de Colombia, el 15 de
abril de 2012”.
[134]
Ver la sentencia C-132 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo.
S.P.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez; A.V. Luis Guillermo Vargas Silva). La
facultad de aplicar provisionalmente tratados internacionales también fue
examinada en la sentencia C-280 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
S.P.V. María Victoria Calle Correa; S.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; A.V.
Mauricio González Cuervo).
[135] El artículo 1 del
Acuerdo habla de la finalidad de promover el desarrollo económico y productivo
de ambos países, a través del fortalecimiento de un intercambio comercial
bilateral justo, equilibrado y transparente.
[136]
Según se explica en la exposición de motivos al proyecto de
ley aprobatoria: “El Tratamiento Arancelario Preferencial se define con
base en el Comercio Histórico que existía entre Colombia y Venezuela, el cual
incluye la totalidad de las subpartidas en las cuales se presentó intercambio
comercial en el periodo 2006-2010 (cerca de 4.921 líneas para Colombia y 4.713
para Venezuela). Con lo anterior, el 91% del comercio histórico (USD 4.072
millones entre importaciones y exportaciones) se mantiene con 100% de
preferencia, es decir, entra a Venezuela con cero arancel”.
[137] Constituida por el
artículo 8 de dicho instrumento como órgano de administración del Acuerdo.
[138] El Apéndice A detalla
los productos que serán objeto de tratamiento preferencial para los casos de
Colombia y Venezuela, precisando la subpartida arancelaria de cada uno de ellos
y el porcentaje (%) de preferencia arancelaria otorgada (folios 61 al 415 del
cuaderno principal).
[139] El Apéndice B incluye
aquellos productos respecto de los cuales existen “sensibilidades de Las
Partes”, según se informa en el artículo 3 del Anexo I. De la misma forma que
en el apéndice anterior, en este se relacionan, en dos columnas separadas, los
productos incluidos en el mismo para el caso de Colombia y Venezuela,
respectivamente, especificando en cada caso la subpartida arancelaria, el
arancel base y la preferencia otorgada (folios 416 al 434 del cuaderno
principal).
[140]
Sobre este punto, en la exposición de motivos se explica lo
siguiente: “Para la definición del Tratamiento Arancelario Preferencial
se tuvieron en cuenta las sensibilidades existentes y las necesidades de
tratamientos especiales en ambos países. || En tal sentido, el acuerdo
establece un acceso preferencial del 100% (cero arancel) de este comercio
histórico, salvo para aquellos productos que definieron como sensibles ambos
países, los cuales gozarán de un margen de preferencia. || Igualmente, este
capítulo establece que Colombia y Venezuela podrán incluir o excluir códigos
arancelarios para el beneficio del Tratamiento Arancelario Preferencial, lo
cual se realizará a través de la Comisión Administradora. || Colombia mantiene
el acceso preferencial, es decir, cero arancel, para aproximadamente 4.810
subpartidas en las cuales se presentó comercio entre el 2006 y el 2010. || En
el Acuerdo Colombia y Venezuela otorgan preferencias arancelarias sobre los
aranceles vigentes para la importación de terceros países. En el caso de los productos
sensibles de Colombia, la preferencia aplica sobre el arancel base definido. ||
La lista de sensibles de Venezuela incluye 95 subpartidas que representan USD
368 millones de las exportaciones de Colombia realizadas en el período
comprendido entre 2006-2010. Para 93 subpartidas se mantiene un margen de
preferencia fija entre el 40% y el 80%. || Esas 95 subpartidas representan el
9% de nuestras exportaciones y se desagregan de la siguiente manera: || -
Sector agrícola (14 subpartidas que representan USD 89 millones de nuestras
exportaciones promedio): semen de bovino (USD 40 millones), chocolatería (USD
20 millones), aceite de palma (USD 11 millones), huevos (USD 9 millones),
bebidas lácteas (USD 6 millones) y pollo (USD 3 millones). || - Sector industrial
(81 subpartidas que representan USD 279 millones): confecciones (USD 83
millones), papel e impresos (USD 64 millones), tejas y cerámica (USD 45
millones), conductores eléctricos (USD 26 millones), arcilla y carbón (USD 10
millones), productos de vidrio (USD 8 millones), productos de aluminio, hierro
y acero (USD 7 millones) y electrodomésticos (USD 1). || En el ámbito agrícola
se destaca el mantenimiento del acceso con cero arancel al mercado venezolano
para cerca de 400 subpartidas que representan USD 746 millones de exportaciones
anuales promedio. Algunos sectores agrícolas con 100% de preferencia son:
carnes y sus preparaciones (representan el 48% de las exportaciones), azúcar y
confites (11%), animales vivos y sus productos (11%), preparaciones alimenticias
(8%), plantas (7%), lácteos (5%), productos de panadería (5%), entre otros. ||
Sin embargo, Colombia tiene una lista de sensibles de 111 líneas agrícolas con
preferencias entre 0% y 33%”.
[141] M.P. Carlos Gaviria Díaz. Revisión
constitucional del “Convenio comercial entre el Gobierno de la república de
Colombia y el Gobierno de la República de Hungría”, suscrito en Budapest el
dieciocho (18) de junio de mil novecientos noventa y tres (1993) y de la Ley
249 de 1995 aprobatoria del mismo.
[142] M.P. Alejandro
Martínez Caballero. Revisión
constitucional del “Convenio Comercial entre el Gobierno de la República de
Colombia y la Federación de Rusia”, hecho en Cartagena el dieciocho (18) de octubre
de mil novecientos noventa y cinco (1995) y de la Ley 459 de 1998,  por medio
de la cual se aprueba dicho Convenio.
[143] M.P. Rodrigo Escobar
Gil. Revisión constitucional del “Acuerdo de complementación económica suscrito entre los Gobiernos de la
República de Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República
del Paraguay, de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes de MERCOSUR
y los Gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de
la República Bolivariana de Venezuela, Países miembros de la Comunidad Andina y
el Primer Protocolo Adicional Régimen de solución de controversias” y de su ley
aprobatoria.
[144] En decisiones
anteriores la Corte se ha pronunciado sobre la conformidad con la Constitución
de cláusulas que establecen tratamientos arancelarios diferenciales entre los
países suscriptores de tratados de naturaleza comercial. Así, en la sentencia
C-941 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) sostuvo que un programa de
desgravación arancelaria que establecía plazos diferenciados para los Estados
parte, respetaba los principios de igualdad, equidad y reciprocidad, en tanto
reconocía las diferencias existentes entre las partes del tratado, en razón del
nivel de desarrollo de las economías.
[145]
Sentencia C-608 de 2010 (M.P. Humberto Sierra Porto), en la
que se examinó el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Canadá.
En esta oportunidad la Corte invocó como precedentes para avalar la
constitucionalidad de la “cláusula de trato nacional” lo decidido en las
sentencias C-358 de 1996, C- 379 de 1996, C- 494 de 1998 y C- 864 de
2006.  El mismo criterio es sostenido en la sentencia C-941 de 2010 (M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio), al examinar la constitucionalidad de cláusulas de este
tipo contenidas en el acuerdo comercial suscrito entre Colombia y los Estados
AELC. En esta última se citan como precedentes, además de las anteriores, las
sentencias C-494 de 1998, C-294 de 2002, C-369 de 2002, C-750
de 2008, C-031 de 2009 y C-446 de 2009.
[146]
De acuerdo con la síntesis de dichos criterios presentada en
la exposición de motivos: “Los criterios de calificación de origen son:
mercancías obtenidas en su totalidad o producidas enteramente en territorio de
una Parte; mercancías producidas enteramente en territorio de una parte a
partir de materiales que previamente han calificado como originarios;
mercancías elaboradas a partir de materiales no originarios siempre que cumplan
con la regla general: cambio de partida o que el valor CIF de los materiales no
originarios no exceda el 50 por ciento valor FOB de exportación de la
mercancía; o mercancías elaboradas a partir de materiales no originarios siempre
que cumplen con el requisito específico de origen establecido.”
[147]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[148] Se dijo entonces: “En un programa de
liberación económica como el descrito, donde los bienes de los países
involucrados son movilizados en corrientes de comercio de complejidad
creciente, es necesario determinar la procedencia de los mismos, para evitar
que de hecho se concedan ventajas comerciales, aduaneras, fiscales y de otro
orden a productos que provengan de terceros países. De ahí la importancia de
las normas sobre origen de las mercancías […] || El problema a solucionar con
la reglas de origen, es, como se dejó dicho, la dificultad que puede
presentarse para distinguir los productos que provienen de los países miembros…
de aquellos que se originan en terceros países. Por ello, las reglas de
solución se fundamentan en el hecho mismo de la producción (dónde se produce),
en el alcance del componente de producción foránea (cuánto trabajo y capital de
terceros países se incorpora), y en los aspectos derivados del tráfico de las
mercancías (qué países abarca). […] Estos mecanismos de identificación de
productos son un ejemplo claro de los elementos periféricos o auxiliares, que
sirven al desenvolvimiento del núcleo del Sistema constituido por las medidas
de liberalización”.
[149] M.P. Rodrigo Escobar
Gil. SV. Jaime Araujo Rentería.
[150] M.P. Clara Inés Vargas
Hernández. SV Jaime Araujo Rentería.
[151] M.P. Mauricio González
Cuervo.
[152] M.P. Humberto Sierra
Porto.
[153] M.P. Fabio Morón Díaz.
[154] M.P. Rodrigo Escobar
Gil. SV. Jaime Araujo Rentería.
[155] M.P. Clara Inés Vargas
Hernández. SV. Jaime Araujo Rentería.
[156] M.P. Mauricio González
Cuervo.
[157] M.P. Humberto Sierra
Porto.
[158] M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[159] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo. S.V. María Victoria Calle Correa; A.V. Luis Ernesto Vargas
Silva, y A.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[160] M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[161] M.P. Rodrigo Escobar
Gil. SV. Jaime Araujo Rentería.
[162] M.P. Clara Inés Vargas
Hernández. SV. Jaime Araujo Rentería.
[163] M.P. Mauricio González
Cuervo.
[164] M.P. Humberto Sierra
Porto.
[165] M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[166] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo. S.V. María Victoria Calle Correa; A.V. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo y A.V. Luis Ernesto Vargas Silva.
[167] La constitucionalidad
del artículo 8 del Anexo VI será examinada en el epígrafe siguiente [Infra
15], por guardar mayor afinidad temática con las normas que allí se analizarán.
[168] M.P. Fabio Morón Díaz.
[169] M.P. Carlos Gaviria
Díaz.
[170] M.P. Fabio Morón Díaz.
[171] M.P. Fabio Morón Díaz.
[172] M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[173] M.P. Eduardo
Montealegre Lynett.
[174] M.P. Álvaro Tafur
Galvis.
[175] M.P. Clara Inés
Vargas Hernández.
[176] M.P. Clara Inés
Vargas Hernández. SV. Jaime Araujo Rentería.
[177] M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería.
[178] M.P. Mauricio González
Cuervo.
[179] M.P. Humberto Sierra
Porto.
[180] M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[181] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo. S.V. María Victoria Calle Correa; A.V. Luis Ernesto Vargas
Silva, y A.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[182] En adelante ALADI.
[183]
Tal interpretación, además de resultar conforme con la literalidad del artículo
8, le confiere un efecto útil y un sentido razonable a este precepto. Una
interpretación sedes materiae, que entienda que este artículo se refiere
tan solo a la aplicación provisional del Anexo VI, llevaría al contrasentido de
asumir que puede darse aplicación provisional a una parte accesoria del
tratado, que se ocupa de la solución de dudas y controversias derivadas de la
interpretación y ejecución del Acuerdo, sin que este último haya entrado aún en
vigencia.
[184]
El artículo 224 de la Constitución consagra: “el Presidente de la República
podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y
comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales que así lo
dispongan. En tal caso tan pronto como un tratado entre en vigor
provisionalmente, deberá enviarse al Congreso para su aprobación. Si el
Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación del tratado”.
[185] M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez (S.P.V. María Victoria Calle Correa; S.V. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, y A.V. Mauricio González Cuervo).
[186] Sentencia C-280 de
2014 (M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[187] De acuerdo con la
síntesis efectuada en la sentencia C-280 de 2014: “[(i)] en la sentencia C-248
de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) se declaró la constitucionalidad de la
disposición del Séptimo Protocolo al Acuerdo de Complementación Económica entre
Colombia, México y Venezuela, según el cual “lo establecido en el párrafo
anterior no impide que Colombia, conforme a su legislación, de aplicación
provisional al presente Protocolo”, sobre la base de que se trata de
un instrumento de contenido económico y comercial suscrito en el marco de la
ALADI; (ii) en el Auto 078 de 2007 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y en la
sentencia C-923 de 2007 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), por su parte, se
hizo una declaración semejante respecto de la cláusula del Sexto Protocolo al
Acuerdo de Complementación Económica entre Colombia, México y Venezuela, que en
los mismos términos del Protocolo anterior, habilita a Colombia para que
aplique provisionalmente el acuerdo; sin mayores consideraciones, la Corte
sostuvo que la previsión normativa se ajusta al ordenamiento superior, por
cuanto se trata de un instrumento “de naturaleza comercial acordado en el
ámbito de la ALADI, que es un organismo internacional”; (iii)
en la sentencia C-864 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) se adoptó la misma
decisión en relación con la disposición del Acuerdo de Complementación
Económica suscrito entre los países del Mercosur y los países de la Comunidad
Andina y del Protocolo, según la cual “las partes signatarias podrán
disponer la aplicación provisional del Protocolo en la medida en que sus
legislaciones nacionales así lo permitan”; (iv) en la sentencia
C-334 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) la Corte determina la exequibilidad
del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre los países
miembros de la Comunidad Andina y Brasil de 1999, sin hacer mención expresa y sin
hacer un análisis independiente y autónomo de la cláusula que habilitaba a las
partes a disponer, según las previsiones de su legislación, “la aplicación
provisional de este Acuerdo, hasta tanto se surtan los trámites
constitucionales para su entrada en vigor”; (v) en la sentencia
C-581 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) se adoptó una decisión
semejante en relación con el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación
Económica entre Argentina y los países de la Comunidad Andina del año 2000, sin
presentar un análisis específico e individualizado en relación con la cláusula
de aplicación provisional, en el entendido de que “las disposiciones del
acuerdo en materia de adhesión, vigencia y denuncia del acuerdo reproducen las
regulaciones propias del derecho de los tratados aceptadas comúnmente en estos
asuntos”.
[188]  En materias como
la apertura de mercados, las preferencias arancelarias regionales, la cooperación
científica y tecnológica, la cooperación e intercambio de bienes en las áreas
cultural, educacional y científica, y la superación de los obstáculos técnicos
al comercio.
[189] Sentencia C-280 de
2014 (M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez).