T-291-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-291/14
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Relevancia
constitucional del requisito general de subsidiariedad para su procedencia
excepcional
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL EFICAZ-Recurso extraordinario de revisión
En múltiples ocasiones la Corte Constitucional ha
establecido la finalidad que cumple el recurso extraordinario de revisión, como
excepción al principio de cosa juzgada propio de las sentencias ejecutoriadas,
es permitir enmendar los errores o irregularidades cometidas en determinada
providencia, para que en aplicación de la justicia material, se profiera una
nueva decisión que resulte acorde al ordenamiento jurídico. Es así como el legislador ha previsto el
recurso de revisión para los procesos adelantados ante las jurisdicciones
civil, penal, laboral, y contencioso administrativo, como medio extraordinario
para cuestionar la validez de las sentencias ejecutoriadas, cuando sea evidente
que en ellas se cometieron errores o ilicitudes que hacen de la providencia un
pronunciamiento contrario a derecho.
ACCION DE REVISION-Procedencia por causales taxativas señaladas por la
ley
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION COMO
MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL-Idoneidad y eficacia
Para el caso se aprecia que, en principio, se cumplen
con los presupuestos para que el recurso de revisión resulte procedente, que se
refieren a: (i) que al momento de dictarse la sentencia se incurra en nulidad;
(ii) la cual debe estar específicamente señalada en el artículo 140 del
CPC, que en este caso es la consagrada en la causal segunda ibídem, alusiva a
la falta de competencia del fallador; y (iv) finalmente, contra esta decisión
no procede recurso, en la medida que con ella se cerró el proceso abreviado de
rendición provocada de cuentas.  El recurso extraordinario de revisión
constituye un instrumento viable para proteger el derecho al debido proceso,
siendo la instancia propicia para que se examine la pretensión de la
parte actora, por lo que no corresponde a esta Corporación decidir si
prosperaría o no la pretensión de quien instaura la tutela, porque se entraría
al estudio del fondo de lo alegado, lo cual escapa a la competencia de la Corte
Constitucional.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto el recurso
extraordinario de revisión constituye un medio de defensa judicial idóneo y
eficaz para la protección de los derechos fundamentales de la accionante
Referencia:
expediente T-4.154.681
Acción de tutela instaurada por la
Sociedad Hotelman Ltda. en contra de la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá,
D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil catorce (2014).
La Sala Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Nilson Pinilla Pinilla,
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro
del trámite de revisión del fallo emitido en segunda instancia por la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, que
confirmó la decisión adoptada por la Sala de Casación Civil de la misma
corporación, quien había negado la solicitud de amparo.
I.
ANTECEDENTES.
La
sociedad Hotelman Ltda., a través de apoderado especial, presentó acción de
tutela contra la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, al estimar vulnerado su derecho fundamental al debido
proceso (art. 29 superior), toda vez que en su criterio esa autoridad judicial carecía
de competencia para dictar la sentencia por medio de la cual culminó el proceso
abreviado de rendición provocada de cuentas iniciado por el Edificio Hotel Avenida
de Chile en contra de Hotelman Ltda.. La solicitud de amparo tiene como base el
siguiente acontecer fáctico.
1.
Hechos.
1.1.
Descripción fáctica a
partir de lo expuesto por la parte actora y los elementos probatorios obrantes
en el expediente de tutela.
- Por
medio del Acta Núm. 11 del 30 de marzo de 2004, la
Asamblea Ordinaria de Copropietarios del Edificio Hotel Av. Chile PH[1]
otorgó provisionalmente a la sociedad Hotelman Ltda. –en liquidación, la
administración del mencionado inmueble. El anterior encargo fue ejecutado a
través del establecimiento de comercio “Von Humboldt Grand Hotel & Convention
Center”, de propiedad de Hotelman Ltda..
-
El 21 de febrero de 2006, la
Superintendencia de Sociedades nombró a Jairo Abadía Navarro como liquidador
de la sociedad Hotelman Ltda, quien ejerció las actividades propias del
operador mandatario desde el 21 de febrero de 2006 hasta el 6 de mayo de 2007,
fecha en la que hizo entrega de la operación del hotel al administrador de la
copropiedad, quien por decisión del Consejo de Administración del Edificio lo dejó
a disposición de la Sociedad Hotelera Calle 74 Ltda., compañía que representa a
Hoteles Royal S.A..
- El
27 de septiembre de 2007, el Edificio Hotel Avenida Chile –Propiedad
Horizontal, presentó demanda en procura de obtener una rendición de cuentas
obligatoria desde el 21 de febrero de 2006 hasta el 6 de mayo de 2007, debido a
que, en su criterio, se había adelantado una inadecuada gestión por parte del
liquidador designado, conforme al concepto rendido por la firma de auditores
externos contratada por la copropiedad, donde se estableció que:
(i) Se provisionaron
erróneamente $767’868.000,00 para el pago del impuesto a la renta y
complementarios, cuando dicha obligación era responsabilidad de los
copropietarios, sin que además se hubiera acreditado dicho pago a la DIAN;
(ii) se dejó
de cancelar el ingreso disponible o contraprestación a los copropietarios por
valor de $902’468.000,00; y
(iii) no se
presentó un informe de los dineros excedentes de la operación hotelera de los
meses de abril a mayo de 2007.
-
El 9 de noviembre de 2007, el Juzgado Décimo Civil del Circuito admitió la
demanda y dispuso su traslado a la parte demandada.
-
El 29 de noviembre de 2009, el juez de conocimiento decidió negar las
pretensiones de la demanda. Impugnada esta decisión, el 10 de mayo de 2010, la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial revocó la decisión
adoptada y ordenó que se rindieran las cuentas solicitadas.
-
La sociedad Hotelman, en calidad de demandada, cumplió con la orden judicial y
presentó la respectiva rendición de cuentas, de las cuales se corrió traslado a
la parte demandante por medio de auto del 3 de septiembre de 2010, quien dentro
del término previsto presentó objeción.
-
El 4 de febrero de 2011, el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá ordenó
de oficio la práctica de una prueba pericial, donde se estableció que la
demandada tenía obligaciones pendientes con la demandante por valor de
$1.277’000.000,00. Dictamen que no fue objetado por las partes dentro de la
oportunidad procesal respectiva.
-
El 18 de octubre de 2011, el citado operador judicial profirió sentencia donde
ordenó a Hotelman pagar la suma establecida en el dictamen pericial, a favor
del Edificio Avenida de Chile PH como resultado de la rendición de cuentas.
-
Inconforme con la anterior decisión, la sociedad Hotelman Ltda. presentó
recurso de apelación, que correspondió a la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, autoridad judicial que por
solicitud de la parte impugnante fijó para el día 15 de mayo de 2012 la
audiencia establecida en el artículo 360 del Código de Procedimiento Civil[2].
-
Por medio de auto del 25 de junio de 2012, se ordenó remitir el expediente de la
Sala Civil a la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, quien el 19 de noviembre de 2012 profirió sentencia de
segunda instancia confirmando el fallo objeto de alzada.
-
El 6 de diciembre de 2012, la sociedad Hotelman presentó incidente de nulidad al
estimar que la Sala de Descongestión carecía de competencia funcional para
dictar el fallo en segunda instancia (Núm. 2 art. 140 CPC[3]).
Como sustento de su afirmación indicó que en atención a lo estipulado en el
artículo 360 del CPC, en armonía con el Acuerdo PSAA11-8207 del 17 de junio de
2011[4],
expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, solamente pueden ser enviados a las Salas de Descongestión los
procesos en los que no se requiera practicar alguna audiencia, por lo que la
decisión de fondo debía ser adoptada por los magistrados que participan de la
misma.
-
El 20 de marzo de 2013, la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de
Bogotá negó la solicitud de nulidad, advirtiendo que la naturaleza de las Salas
de Descongestión es proferir sentencias y el expediente fue enviado para tal
fin una vez se cumplió con la mencionada audiencia del artículo 360 de CPC.
-
En contra de esta determinación se presentó recurso de reposición y en caso de
no ser considerado de súplica. Por medio de auto del 17 de mayo de 2013 la
Sala Civil de Descongestión consideró que no había lugar a la reposición
impetrada, ya que venía sustentada en los mismos argumentos de la nulidad
inicial y la súplica la negó al haberse intentado dos recursos principales los
que son excluyentes entre sí (art. 348 CPC[5]).
Esta decisión quedó en firme el 27 de mayo de 2013.
1.2.
La Sociedad Hotelman Ltda. expone que en este caso se presenta un defecto
orgánico que empezó a configurarse desde que se dispuso la remisión del
expediente a la Sala de Descongestión y se concretó al momento en que la citada
Sala, sin contar con competencia para ello, profirió decisión de fondo en este
asunto.
Como
sustento de su alegato indica que de acuerdo con el principio de inmediación,
los magistrados deben conocer los asuntos que van a ser objeto de fallo de
manera directa, por lo que deben estar presentes en la audiencia donde se
sustenta el recurso de apelación y de esta manera sean los mismos que van a
proferir el fallo.  Lo anterior, en criterio de la parte accionante acarrea que
la autoridad judicial que admitió, conoció y tramitó el caso, sea la misma que
falle y no otra que apenas tiene referencias del pleito, dado que estuvo
ausente en la celebración de la vista pública necesaria para proferir la
decisión definitiva.
2.
Con base en los hechos y fundamentos jurídicos esgrimidos, solicita declarar
la existencia de una causal de procedencia de tutela contra providencia
judicial, por defecto orgánico por parte de la
Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá que debe llevar a declarar la nulidad de la actuación surtida por la
entidad accionada y en su lugar sea remitido el expediente a la autoridad
competente para que adelante y lleve hasta su culminación el presente asunto.
II.
SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL.
1. Trámite procesal. Una vez la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia asumió el conocimiento del asunto, corrió traslado a
los magistrados que integraron la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá y sus homólogos de descongestión, así como al Juzgado Décimo
Civil del Circuito de Bogotá y a las partes e intervinientes en el proceso
abreviado de rendición de cuentas objeto de examen.
2.
Intervención del establecimiento de comercio Juan Carlos Martínez Impresores
(coadyuvante en la solicitud de amparo). En su intervención señala que se adhiere a la totalidad de las
pretensiones expuestas en el escrito de tutela, advirtiendo lo siguiente:
La Sala Civil de
Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá desconoció el artículo 29 de la
Constitución, al interpretar equivocadamente el artículo 360 del CPC y el
Acuerdo PSAA11-7801 de 2011. Explica que la audiencia señalada en el mencionado
artículo 360 tiene como única finalidad la adecuada apreciación de los alegatos
de apelación, por lo que se requiere que los magistrados que integran la
Sala de Decisión estén presentes en la audiencia y finalmente sean los mismos
que dicten el fallo. En caso contrario se estaría desconociendo el derecho de
defensa, ya que en el proceso oral (art. 360 CPC) es necesaria la inmediación,
como ya lo ha expuesto la Corte Suprema de Justicia (Expediente 2000-00676).
Por
otra parte, refiere que el ejercicio de rendición de cuentas se cumplió dentro
del proceso de liquidación obligatoria adelantado ante la Superintendencia de Sociedades, por lo que a través del proceso adelantado ante la
jurisdicción ordinaria se desconoció el principio de la seguridad jurídica. Adicionalmente,
los acreedores concursales no fueron citados para constituirse en parte dentro del
mismo.
Finalmente,
indica que la prueba pericial sobre la que se fundó la decisión adoptada en
primera y en segunda instancia presentó graves errores por desconocimiento de
las normas contables que no se sanean por la omisión de objetar el peritaje.
3.
Fallo de primera instancia. La Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, negó la protección invocada tras
considerar que no se configuró ninguno de los yerros expuestos por la parte
accionante.
Mencionó
que la parte actora desconoció el principio de inmediatez, en la medida que la
determinación por medio de la cual se dispuso remitir el expediente a la
Sala de Descongestión se presentó el 6 de junio de 2012 y la solicitud de
protección constitucional solo fue presentada hasta el 25 de julio de 2013, por
lo que no se cumplió con un término razonable.
Por
otra, parte advirtió que en contra del auto del 6 de junio de 2012, no se
interpuso ningún recurso, por lo que no puede la tutela convertirse en un medio
alternativo para revivir etapas procesales concluidas.
Por
último, apunta que la sociedad accionante cuenta con otra vía para obtener la
nulidad de las actuaciones atacadas a través del amparo, como lo es la acción
de revisión, que conforme con la jurisprudencia de esa Corporación[6],
se ha establecido de manera reiterada que para remediar esta dolencia, puede
acudir, de estimarlo pertinente, al recurso de revisión, conforme al numeral 8°
del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil[7],
la cual es la senda para atacar la nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y que no era susceptible de recurso, ya que de lo contrario se
estaría desconociendo el carácter subsidiario y residual de este instrumento
excepcional.
4.
Impugnación.
4.1.
La parte accionante expone que en este caso se cumple con el requisito de
inmediatez en la medida que la vulneración se concreta cuando la
Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá dictó la sentencia que puso fin al presente asunto, esto es, el 19 de
noviembre de 2012, la que además solo vino a quedar en firme a finales de mayo
de 2013[8],
por lo que al momento de interponerse la acción de tutela (25 de julio de 2013)
no se había presentado un plazo desproporcionado.
Por
último, advierte que la decisión del a quo resulta contradictoria, dado
que a pesar de que el juez de primera instancia encontró que se habían agotado
todos los medios jurídicos para alcanzar la nulidad del fallo, al momento de
resolver el asunto estableció que existían otros mecanismos de defensa que
pueden ser utilizados ante la jurisdicción ordinaria.
4.2.
La parte coadyuvante presentó escrito de impugnación advirtiendo que el 23 de
junio de 2012 se realizó el traslado del proceso a la
Sala de Descongestión, a través de auto que tiene la naturaleza de trámite,
por lo que la parte actora ni la coadyuvancia tuvieron oportunidad de presentar
recurso de reposición contra la mencionada providencia, a pesar de considerarse
violatoria del debido proceso.
Por
otro lado, advirtió que la tutela se interpuso 15 días después de notificada la
última providencia dentro del proceso ordinario, con lo cual se cumple con el
requisito de inmediatez. Adicionalmente señala que se agotaron todos los medios
de defensa judicial existentes y que la acción de revisión no opera en este
caso.
Finalmente,
hace una serie de consideraciones en torno a la forma en que se resolvieron los
recursos de súplica interpuestos en su calidad de coadyuvante, que
específicamente hacen alusión a la nulidad por falta de competencia del
fallador, así como los vicios existentes en relación con la rendición de
cuentas, al haberse desconocido la “ley tributaria” con lo que se
termina perjudicando a todos los acreedores de la sociedad Hotelman Ltda.
5.
Fallo de segunda instancia. La Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión del a
quo, en tal sentido insistió en que los hechos que motivaron la acción de
tutela se presentaron el 6 de junio de 2012, por lo que la acción de tutela se
presentó más de un año después de la presunta vulneración. Además, indicó que
en este caso se trata de asuntos que por su naturaleza corresponden al juez
ordinario y es allí donde se debe establecer a cuál parte le asiste razón en
sus alegaciones. En tal sentido destaca que el actor aún cuenta con la acción
de revisión como medio de defensa idóneo y eficaz, lo que hace improcedente el
amparo.
III.    PRUEBAS APORTADAS EN EL TRÁMITE DE INSTANCIA
DE LA ACCIÓN DE TUTELA.
Dentro
del asunto sometido a examen se adjuntaron al expediente fotocopias simples de
las siguientes piezas procesales del proceso abreviado número
11001-3103-010-2007-00585-02, así:
1.
Sentencia del 19 de noviembre de
2012 proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, por medio de la cual se resolvió el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia dictada el 18 de octubre de 2011 por
el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá (folios 7
a 30 cuaderno de primera instancia).
2.      Solicitud
de nulidad de la sentencia del 19 de noviembre de 2012 proferida por la
Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá (folios 31 a 38 cuaderno de primera instancia).
3.
Providencia del 20 de marzo de 2013 dada por la
Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, por medio de la cual resolvió la solicitud de aclaración elevada por la
acreedora y coadyuvante de la demanda de la sentencia que desató el
recurso de apelación proferida el 19 de noviembre de 2012 (folios 39
a 42 cuaderno de primera instancia).
4.      Providencia
del 18 de enero de 2013 proferida por la
Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, a través de la cual se resolvió la solicitud de aclaración del proveído
del 18 de enero de 2013 que negó la adición de la sentencia proferida el 19 de
noviembre de 2012 (folios 43 a 45 cuaderno de primera instancia).
5.      Auto
del 20 de marzo de 2013, por medio de la cual la
Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá resolvió la nulidad formulada por la parte demandada (folios 49
a 53 cuaderno de primera instancia).
6.
Recurso de reposición y en subsidio de súplica elevado por el apoderado
judicial de Hotelman Ltda. en contra del auto del 20 de marzo de 2013 (folios 54
a 58 cuaderno de primera instancia).
7.
Providencia del 17 de mayo de 2013, dictada por la
Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, a través de la cual decide el recurso de reposición interpuesto por
Hotelman Ltda. en contra del auto del 20 de marzo de 2013 (folios 59
a 63 cuaderno de primera instancia).
IV.
ACTUACIÓN ADELANTADA POR LA
CORTE CONSTITUCIONAL EN SEDE DE REVISIÓN.
En
desarrollo del trámite de revisión, ante la necesidad de disponer de mayores elementos
de juicio que le permitieran esclarecer la situación fáctica del asunto
sometido a estudio, se solicitó la remisión del proceso abreviado de rendición
de cuentas identificado con el radicado número 11001-3103-010-2007-00585-02[9].
V.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1.
Competencia.
La Sala Quinta de Revisión
de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para decidir este asunto,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 241.9 de la
Constitución y 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
2.
Planteamiento del asunto y determinación del problema jurídico.
2.1.
La Sociedad Hotelman Ltda. alega la existencia de un defecto orgánico toda vez
que dentro del proceso abreviado de rendición provocada de cuentas, en segunda
instancia la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá
profirió sentencia sin haber hecho parte de la audiencia establecida en el
artículo 360 del CPC, donde las partes intervienen exponiendo los aspectos que consideren
relevantes.
Indica
que de acuerdo con el principio de inmediación, los magistrados deben conocer
los asuntos que van a ser objeto de fallo de manera directa, deben estar
presentes en la audiencia donde se sustenta el recurso de apelación y de esta
manera sean los mismos que van a proferir el fallo.
En
consecuencia la sociedad accionante pretende la protección de su derecho fundamental
al debido proceso, en la medida que en su criterio, la mencionada autoridad
judicial carecía de competencia para adoptar una decisión definitiva dentro del
proceso abreviado de rendición provocada de cuentas.
2.2.
Es así como, previamente la
Corte Constitucional debe examinar si en este caso el actor cuenta con otro
medio defensa judicial para hacer valer el derecho presuntamente vulnerado, a
pesar de que aún le asiste la posibilidad de acudir a la acción de revisión ante
la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia.
En
caso contrario, entrará a estudiar el asunto de fondo en orden a establecer si
la autoridad judicial accionada vulneró el derecho fundamental al debido
proceso al proferir una decisión sin haber participado en la audiencia pública
contemplada en el artículo 360 del Código de Procedimiento Civil.
3.
La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
3.1. Desde la entrada en vigencia de la
Constitución de 1991 y los primeros
pronunciamientos de esta Corporación[10], se ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales. Ello
tiene fundamento en el artículo 86 superior, el cual establece que mediante dicho
instrumento podrá reclamarse la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales cuando resulten amenazados o vulnerados por “cualquier
autoridad pública”.
Al
abordar lo concerniente
a quiénes constituyen autoridad pública, este Tribunal ha manifestado que del contenido
del artículo 86 constitucional se desprende que son “todas aquellas
personas que están facultadas por la normatividad para ejercer poder de mando o
decisión en nombre del Estado y cuyas actuaciones obliguen y afecten a los
particulares”[11]. De igual modo, en las sentencias T-006 de
1992[12]
y C-590 de 2005[13]
se trajeron a colación los antecedentes de la
Asamblea Nacional Constituyente, de los cuales pueden extraerse los
fundamentos que llevaron a acoger la procedencia del recurso de amparo contra
“cualquier autoridad pública” y de esa manera contra providencias judiciales.
3.2. La sentencia C-543 de 1992 no fue ajena a la
jurisprudencia constitucional que le antecedía, toda vez que si bien en tal
determinación se declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del
Decreto Ley 2591 de 1991, que contemplaban la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales, esta Corporación luego de
enfatizar que los jueces son “autoridades públicas”, registró claramente que:
“Nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene
al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de
decisiones a su cargo, que proceda a resolver o que observe con diligencia los
términos judiciales, ni riñe contra los preceptos constitucionales la
utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al
funcionario por medio de las  cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, para lo cual si está constitucionalmente autorizada la tutela
pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, queda supeditado a lo que se
resuelva de fondo por el juez ordinario competente. En hipótesis como estas no
puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los
asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la
justicia” [subrayas al margen del texto original].
Lo anterior significa que la citada sentencia terminó excluyendo del
ordenamiento jurídico colombiano la normatividad que hacía procedente la acción
de tutela contra providencias judiciales como regla general, permitiendo
su procedencia solo de manera excepcional como hasta hoy ha insistido la
Corte Constitucional.
Ello
se comprueba notoriamente con las numerosas sentencias de revisión y
unificación de tutela que reiteran la procedencia extraordinaria del amparo
frente a decisiones judiciales, que han llevado con el paso del tiempo, más de
21 años, a construir una sólida línea jurisprudencial en cuanto a los supuestos
de procedibilidad de la acción, que vienen a constituir el reflejo de las
distintas situaciones que enfrenta la comunidad respecto de la efectividad de
sus derechos fundamentales, como el debido proceso[14].
3.3.
En consecuencia, la Sala Plena de la
Corte Constitucional reitera que la tutela solamente resulta viable contra
providencias judiciales si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de
procedibilidad, que se distinguen: unos, como de carácter general que
habilitan la presentación de la acción y, otros, de carácter específico que
conciernen a la procedencia del amparo una vez interpuesta.
3.4. Siguiendo la exposición hecha en la sentencia
C-590 de 2005, el Juez de Tutela al estudiar la procedencia de la acción, debe
constatar que se cumplen los siguientes requisitos formales: (i) que el asunto
sometido a estudio tenga relevancia constitucional[15]; (ii) que el
actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes
de acudir al juez de tutela[16];
(iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con
criterios de razonabilidad y proporcionalidad[17];
(iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga
incidencia directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos
fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que
generan la violación y que esta haya sido alegada al interior del proceso
judicial, en caso de haber sido posible[18];
y (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela[19].
3.5. Además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda el amparo contra una sentencia judicial es necesario acreditar
la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que
deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, se requiere que se
presente, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos: orgánico[20],
sustantivo[21],
procedimental[22]
o fáctico[23];
error inducido[24],
decisión sin motivación[25],
desconocimiento del precedente constitucional[26]
y violación directa a la constitución[27].
3.6.
En este orden de ideas, los
criterios esbozados constituyen un catálogo a partir del cual es posible
comprender y justificar a la luz de la
Constitución y de los instrumentos internacionales de derechos humanos, la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
3.7.
Tratándose de las decisiones de las altas corporaciones judiciales, en
particular de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, dada la
condición de máximos órganos de las jurisdicciones ordinaria y contencioso
administrativa, la jurisprudencia constitucional ha indicado que los eventos de
procedencia del amparo resultan aún más restrictivos, siempre partiendo de la
competencia de este tribunal de surtir el grado de revisión en tutela (art.
241.9 superior), como una puerta abierta hacia la garantía efectiva de la
primacía de los derechos inalienables del ser humano (arts. 2º y 5º
superiores), dada la función que se le ha encomendado por la
Carta Política de la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución (art. 241 superior).[28]
3.8. Partiendo de la
exposición y teniendo en cuenta el contexto del asunto que ocupa la atención de
esta Sala de Revisión, en el siguiente acápite se desarrollará lo concerniente
al requisito de subsidiariedad, el cual constituye uno de los ejes a partir de los
cuales se determina la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
4.
La subsidiariedad como requisito de procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales.
El
artículo 86, inciso 3°, de la
Constitución Política, le asigna un carácter subsidiario a la acción de tutela
al precisar que solo es procedente cuando no se disponga de otros medios de
defensa judicial. Al respecto la norma en cita establece:
“Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela
para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.
(…)
Esta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”. (Subrayas al margen del texto).
En
desarrollo del anterior precepto, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991
establece:
Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela.
La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante (…)”
(Subrayas al margen del texto).
El
carácter subsidiario de la acción de tutela contra providencias
judiciales ha sido señalado por la Corte desde sus primeros pronunciamientos en
la materia. Así, en la sentencia C-543 de 1992, se sostuvo que “tan sólo
resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de instrumento
constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces,
esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa,
a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (…) Luego no es propio de
la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a reemplazar
los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en
cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el
de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su
consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la
Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y
supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales
fundamentales(…) tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los
derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso…” Decisión que,
entre otras, fue reiterada en la sentencia SU-622 de 2001 y posteriormente en
la sentencia C-590 de 2005, donde se señaló que la acción de tutela es un medio
de defensa judicial subsidiario y residual, y que las acciones judiciales
ordinarias constituyen supuestos de reconocimiento y respeto de los derechos
fundamentales.
A
partir de las normas citadas este tribunal constitucional ha especificado que
debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, solamente es
posible acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial, toda vez
que el amparo no puede sustituir los recursos ordinarios previstos en el
ordenamiento legal. Al respecto en la sentencia T-406 de 2000 se expuso:
“El fundamento constitucional de la
subsidiariedad, bajo esta perspectiva, consiste en impedir que la acción de
tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un
mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales. En efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y
procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio
pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de
los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la
Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos
dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”[29]
En igual sentido, la
Sala Plena en la sentencia SU-026 de 2012, señaló lo siguiente: “Es necesario resaltar que la acción de tutela no es,
en principio, el instrumento judicial adecuado para solicitar la protección de
los derechos que eventualmente sean lesionados en el trámite de un proceso
judicial, pues el ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la
estructura de órganos de la rama judicial, estableciendo un modelo jerárquico
cuyo movimiento se activa a partir de la utilización de una serie de mecanismos
judiciales que buscan garantizar la corrección de las providencias judiciales”. Por otra parte, en la sentencia SU-424
de 2012 se destacó: “(…) a la acción de tutela no
puede admitírsele, bajo ningún motivo, como un medio judicial alternativo,
adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de
los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o
especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos en estos procesos
para controvertir las decisiones que se adopten[30]”.
Como se indicó en la sentencia C-590 de
2005, constituye “un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así,
esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de esta última”. En
consecuencia, no resulta procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales cuando el actor no ha utilizado o agotado todos los medios
ordinarios o extraordinarios de defensa judiciales que el ordenamiento jurídico
le ha otorgado para la protección de sus derechos fundamentales.
Entonces, el agotamiento de los mecanismos
ordinarios de defensa judicial constituye un requisito ineludible para la
procedencia de la acción de tutela, salvo que por razones extraordinarias, el
juez constitucional compruebe que los otros medios judiciales no son eficaces
para la protección de las garantías invocadas.  En la sentencia T-161 de 2005, esta Corporación
enfatizó que:
“la tutela no fue creada para sustituir los
mecanismos de defensa ordinarios. Para el Tribunal, la acción del artículo 86
de la Carta tiene carácter excepcional en la medida en que únicamente responde
a las deficiencias de los medios de defensa judiciales, sin desplazarlos ni
sustituirlos. De allí que la Corte haya afirmado que dicha acción constituye un
instrumento democrático con que cuentan los ciudadanos para reclamar ante los
jueces dicha protección de sus derechos constitucionales, pero de la cual, en
razón a su excepcionalidad, no puede abusarse ni hacerse uso cuando existan
otros medios judiciales idóneos para la definición del conflicto asignado a los
jueces ordinarios con el propósito reiterado de obtener, entre otras
consideraciones, un pronunciamiento más ágil y expedito.”
Ahora bien, la
Corte Constitucional también ha destacado que no basta con la mera existencia
de otro mecanismo de defensa judicial para determinar la improcedencia de la
tutela, sino que el juez debe valorar la idoneidad y la eficacia del mismo de
cara a cada caso en particular, sin que ello implique el desconocimiento de la
prevalencia y validez de los medios ordinarios de protección judicial como
instrumentos legítimos para la salvaguarda de los derechos. Es así como, con
miras a obtener la protección de sus garantías, los ciudadanos están obligados
a acudir de manera preferente a los mecanismos ordinarios y extraordinarios,
cuando ellos se presenten como conducentes para conferir una eficaz protección
constitucional[31],
y solo en caso de que dichos mecanismos carezcan de idoneidad o eficacia, es
que procedería la acción de tutela para su protección.
Esta exigencia pretende
asegurar que la acción de tutela no sea considerada una instancia adicional en
el trámite procesal, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos
diseñados por el legislador[32].
Así se ha venido estableciendo por la jurisprudencia desde sus primeros
pronunciamientos:
“la justicia constitucional no puede operar
como un mecanismo de protección paralelo y totalmente ajeno a los medios de
defensa judiciales de carácter ordinario, sino que, por el contrario, se debe
procurar una coordinación entre éstos, con el fin de que no ocurran
interferencias indebidas e invasiones de competencia no consentidas por el
Constituyente. Es precisamente la adecuada aplicación del principio de
subsidiariedad lo que logra la articulación de los órganos judiciales en la
determinación del espacio jurisdiccional respectivo.”[33]
Igualmente, en reciente oportunidad, este
tribunal constitucional reiteró la posición expuesta y confirmó que siempre que
existan recursos ordinarios o extraordinarios para alcanzar la validez de los
derechos fundamentales, se debe acudir a ellos de manera preferente, a fin de
que la acción de tutela no sea considerada como una instancia adicional, ni
llegue a reemplazar aquellos previstos por el proceso ordinario. En la
sentencia T-746 de 2013 se expuso:
“En este sentido, la
subsidiariedad y la excepcionalidad de la acción de tutela, permiten reconocer
la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección
judicial como mecanismos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los
derechos. Al existir tales mecanismos, se debe acudir a ellos preferentemente,
siempre que sean conducentes para conferir una eficaz protección constitucional
de los derechos fundamentales de los individuos. Razón por la cual, quien
invoca la transgresión de sus derechos fundamentales por esta vía, debe
agotar los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.[34] Esta exigencia
pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada una instancia
adicional en el trámite procesal, ni un mecanismo de defensa que remplace
aquellos diseñados por el legislador[35].”
Con
todo, la Corte Constitucional ha precisado que esta regla tiene algunas
excepciones que se presentan cuando:
(i)
Los medios ordinarios
de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos y eficaces para proteger
los derechos presuntamente conculcados;
(ii)
Aún cuando tales medios
de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo
transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los
derechos fundamentales.
(iii) El accionante es un sujeto de
especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas
discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas,
etc.), y por tanto su situación requiere de particular consideración por parte
del juez de tutela.[36]
En cuanto a la primera excepción, la
jurisprudencia constitucional ha indicado que la sola existencia de otro
mecanismo judicial no es razón suficiente para declarar improcedente la tutela,
ya que el mismo debe ser idóneo y eficaz para proteger los derechos
fundamentales invocados. Sobre el particular en la sentencia T-795 de 2011 se
expuso:
“Es así como en aquellos casos en que se
logra establecer la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, debe
ponderarse la idoneidad de dicho medio de protección, valorando el caso
concreto y determinando su eficacia en las circunstancias específicas que se
invocan en la tutela[37].
Por esta razón, el juez constitucional debe establecer si el procedimiento
alternativo permite brindar una solución “clara, definitiva y precisa”[38]
a las pretensiones que se ponen a consideración del debate iusfundamental y su
eficacia para proteger los derechos invocados.
Por ello, la jurisprudencia constitucional ha
considerado necesario apreciar frente al medio de defensa alternativo, entre
otros aspectos: “(a) el objeto del proceso judicial que se considera que
desplaza a la acción de tutela y (b) el resultado previsible de acudir
al otro medio de defensa judicial respecto de la protección eficaz y
oportuna de los derechos fundamentales”[39].
Estos elementos, aunados al análisis de las circunstancias concretas del
caso, permiten corroborar si el mecanismo judicial de protección alterno es
eficaz para la defensa de los derechos presuntamente conculcados.”
En lo que tiene que ver con la segunda situación
excepcional, esta corporación ha sostenido que es viable valerse de la acción
de tutela como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable, el que se materializa cuando el peligro que se cierne
sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de
manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables
que lo neutralicen[40].
En desarrollo de este concepto se han señalado como elementos configurativos
del perjuicio irremediable Según la
jurisprudencia de esta Corporación, las características del perjuicio
irremediable se refieren a: (i) la inminencia[41];
(ii) la medida debe ser urgente[42];
(iii) debe ser grave[43];
y (iv) el ejercicio de la acción de tutela se torna impostergable[44].  Por
ende, la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio está
supeditada a que el actor demuestre conforme a las circunstancias concretas del
caso, la presencia concurrente de los elementos de su configuración.
De igual forma, la
Corte Constitucional ha aclarado que, a pesar de la informalidad de la acción
de tutela, el actor debe presentar y sustentar los factores a partir de los
cuales pretenda derivar un perjuicio irremediable, ya que la simple afirmación
de su acaecimiento hipotético es insuficiente para justificar la procedencia
del amparo. En la sentencia T-436 de 2007 se dijo:
“En concurrencia con los elementos configurativos que
llevan a determinar que se está en presencia de un perjuicio irremediable, este
Tribunal ha sostenido que, para que proceda la tutela como mecanismo de defensa
transitorio, se requiere también verificar que dicho perjuicio se encuentre
probado en el proceso. Sobre este particular, ha expresado la
Corte que el juez constitucional no está habilitado para conceder el amparo
transitorio, que por expresa disposición constitucional se condiciona a la
existencia de un perjuicio irremediable, si el perjuicio alegado no aparece
acreditado en el expediente, toda vez que el juez de tutela no está en
capacidad de estructurar, concebir, imaginar o proyectar, por sí mismo, el
contexto fáctico en el que ha tenido ocurrencia el presunto daño irreparable[45].
La posición que al respecto ha adoptado esta
Corporación, reiterada en distintos fallos, no deja duda de que la prueba o
acreditación del perjuicio irremediable es requisito fundamental para conceder
el amparo. Por ello, ha señalado la Corte que quien promueva la tutela como
mecanismo transitorio, no le basta con afirmar que su derecho se encuentra
sometido a un perjuicio irremediable. Es necesario, además, que el afectado
‘explique en qué consiste dicho perjuicio, señale las condiciones que lo
enfrentan al mismo y aporte mínimos elementos de juicio que le permitan al juez
de tutela verificar la existencia del elemento en cuestión’[46]”.
En consecuencia, para la
Corte Constitucional la acción de tutela depende de la observancia estricta
del principio de subsidiariedad, a fin de asegurar el contenido del artículo 86
de la Carta, que no es otro que el de brindar a la persona garantías frente a sus derechos
constitucionales fundamentales. En este orden de ideas, en los casos en los que
no sea evidente el cumplimiento de este principio, la tutela debe ser declarada
improcedente[47].
5. El recurso extraordinario de revisión como mecanismo
defensa judicial idóneo y eficaz.
De acuerdo a lo expuesto en el acápite
anterior, este Tribunal Constitucional ha establecido que la acción de tutela es
improcedente por la simple existencia de otro mecanismo de defensa judicial, ya
que es necesario que el medio ordinario resulte idóneo y eficaz en procura de
alcanzar la protección del derecho fundamental amenazado o vulnerado. Teniendo
en cuenta las particularidades del caso bajo examen, es preciso examinar si el
recurso extraordinario de revisión, en general, y el previsto en el Código de
Procedimiento Civil[48],
puede ser considerado como un mecanismo idóneo y eficaz frente a las posibles afectaciones
ocurridas con ocasión de una providencia judicial.
5.1. En múltiples ocasiones la
Corte Constitucional ha establecido la finalidad que cumple el recurso
extraordinario de revisión, como excepción al principio de cosa juzgada propio
de las sentencias ejecutoriadas, es permitir enmendar los errores o irregularidades
cometidas en determinada providencia, para que en aplicación de la justicia
material, se profiera una nueva decisión que resulte acorde al ordenamiento
jurídico[49]
Es así como el legislador ha previsto el recurso de
revisión para los procesos adelantados ante las jurisdicciones civil[50], penal[51], laboral[52], y contencioso administrativo[53], como medio extraordinario para cuestionar
la validez de las sentencias ejecutoriadas, cuando sea evidente que en ellas se
cometieron errores o ilicitudes que hacen de la providencia un pronunciamiento
contrario a derecho. Para ello, se han definido en cada caso unas causales
taxativas de revisión. En la
Sentencia C-871 de 2003, la Corte puntualizó:
“Con todo, el principio de la cosa juzgada
no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia
material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la
acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una
sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias
posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido
puede afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro
veritate habertur” para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca
aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un
proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la
justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado”.
En tal medida, el recurso de revisión está dirigido a
atacar la intangibilidad e inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que
pongan fin a los procesos, constituyéndose en una excepción a la cosa juzgada. Es
así como su procedencia está sujeta a las causales taxativas de revisión con el
propósito salvaguardar el principio de justicia material, que prescribe la
permanencia en el ordenamiento jurídico de decisiones injustas. A su vez la
Corte Suprema de Justicia ha expuesto:
“El recurso de revisión no implica el
desconocimiento de los principios de la cosa juzgada y de la presunción de
legalidad y acierto de las decisiones judiciales, sino que, al no ser
directrices de carácter absoluto, en determinadas circunstancias deben ceder
ante las razones consagradas específicamente en la ley, (…) que tienen por
objeto garantizar la justicia de la sentencia, el principio de la cosa juzgada
y el derecho de defensa, siempre y cuando hubieren sido transgredidos por
motivos trascendentes o externos al proceso.”[54]
Entonces el recurso extraordinario de revisión
constituye una verdadera acción impugnatoria con efectos rescisorios, en la
cual no hay lugar a la reapertura del debate jurídico o probatorio, ni espacio
para discutir el sentido del razonamiento del juez dirigido a adoptar una
decisión determinada, sino únicamente presentación de cargos relativos a
extremas injusticias o ilicitudes dentro de la decisión.  Es así como el
recurso de revisión y las causales que dan lugar a su solicitud, están
diseñados como una institución procesal dirigida a la protección de los
derechos a acceder a la justicia y al debido proceso.
En cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva, el
hecho de que su naturaleza sea la de proteger la justicia material pese a que
el trámite judicial haya finalizado, concede a los ciudadanos un recurso
efectivo que permite “propugnar por la integridad del orden jurídico y por
la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses
legítimos”[55].
Igualmente, la posibilidad legal de que el recurso sea instaurado contra
toda sentencia ejecutoriada, garantiza que la tutela judicial efectiva sea
reconocida a todas las personas en condiciones de igualdad. Aunado a ello,
puede afirmarse que el recurso de revisión está encaminado a garantizar el
derecho al debido proceso en cuanto se ordena a garantizar que las actuaciones
judiciales se desarrollen observando plenamente las formas propias de cada
juicio, aun cuando ello implique cuestionar la ejecutoriedad de las sentencias.
5.2. En múltiples oportunidades la
Corte ha examinado la idoneidad y eficacia del recurso extraordinario de
revisión como medio de defensa frente al desconocimiento de derechos
fundamentales originado en un fallo judicial. Si bien ha considerado que el
hecho de tratarse de un recurso extraordinario no puede descartarse su eficacia
por ese carácter excepcional. Es así como la idoneidad del recurso debe valorarse
teniendo en cuenta el derecho fundamental que el accionante considera vulnerado
y las causales de revisión previstas en el ordenamiento legal[56].
En relación con la capacidad del recurso de revisión
dentro de la jurisdicción civil, la Corte Constitucional ha estudiado casos
relacionados con procesos reivindicatorios[57], ejecutivos[58] o de pertenencia[59], donde el único derecho fundamental que se
encuentra involucrado es el debido proceso, lo que permite que su defensa pueda
adelantarse de manera preferente a través de los cauces previstos por el trámite
ordinario, sin acudir para ello a la excepcional vía de la acción de tutela. Así
en la sentencia T-275 de 2013, la Corte destacó la eficacia e idoneidad en
materia civil de los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial,
sobre el particular se dijo:
3.5.7.1. Pues bien, cuando la acción de
tutela versa sobre la protección del derecho fundamental al debido proceso, la idoneidad
y eficacia de los mecanismos ordinarios de defensa judicial, depende de la
naturaleza de los derechos que se vean involucrados con la afectación del
derecho al debido proceso. En otras palabras, pueden existir procesos en los
cuales la vulneración del derecho al debido proceso implica la afectación
directa de derechos igualmente fundamentales, como por ejemplo, el derecho a la
libertad o a la libertad de expresión. Este sería el caso de un proceso penal,
en el cual la indebida notificación, además de vulnerar el derecho fundamental
al debido proceso, puede incidir en la afectación del derecho fundamental a la
libertad. En estos casos, la
Corte Constitucional ha reconocido que el recurso extraordinario de revisión
en materia penal, no es un medio idóneo de defensa judicial y, en consecuencia,
procede la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.[60]
3.5.7.2. Sin embargo, pueden existir otra
clase de casos, en los cuales la afectación del derecho fundamental al debido
proceso, no implica per se el desconocimiento de otros derechos de rango
fundamental, sino que afecta derechos de rango legal y contenido económico o
prestacional. Es el caso de los procesos ejecutivos en materia civil, donde la
presunta afectación del derecho al debido proceso, conlleva a la amenaza o
afectación de otro tipo de derechos no fundamentales, como el derecho a la
propiedad, entre otros. En esos casos,  los mecanismos ordinarios de defensa
(recurso extraordinario de revisión), se constituyen en el medio idóneo y
eficaz para garantizar la protección del derecho fundamental al debido proceso.
De tal forma que cuando dicho medio se haya agotado en debida forma, y aun así
persista la vulneración, la acción de tutela procederá excepcionalmente. De
todos modos es importante resaltar que la falta de diligencia del recurrente
para utilizar las herramientas de defensa que el ordenamiento jurídico pone a
su alcance, no sirve de excusa ni es relevante para la procedencia de la acción
de tutela.
En tal medida, al
existir entonces una controversia contractual, el asunto debió analizarse a
través de los procedimientos propios de la jurisdicción ordinaria, de acuerdo
al numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, el juez de tutela le
corresponde determinar la existencia o no un perjuicio irremediable que significara
la procedencia de la acción de tutela, como mecanismo transitorio.
En lo atinente con las causales de procedencia del
recurso extraordinario de revisión en los procesos civiles, la
Corte ha sostenido que para que el mecanismo ordinario sea idóneo y eficaz, el
defecto alegado en la sentencia se debe encuadrar dentro de alguna de las
causales taxativas establecidas en el código correspondiente. Ahora bien, la
Corte ha concluido que el trámite propio y las causales de la revisión en el
proceso civil son menos estrictas y limitadas que las consideradas en el
proceso penal. Por tanto, no es demasiado gravoso para el accionante acudir a
la jurisdicción ordinaria e iniciar un recurso extraordinario de revisión por
las causales pertinentes, en procura de alcanzar la protección integral de sus
derechos fundamentales. Sobre el particular en la sentencia T-649 de 2011 se
concluyó:
“En suma, no puede descartarse la idoneidad
y eficacia del recurso de revisión por su naturaleza extraordinaria o por el
carácter taxativo de sus causales de procedencia. Por el contrario, debe
considerarse que el legislador lo ha diseñado como mecanismo para evitar, aun
luego de su ejecutoria, que persistan dentro del ordenamiento jurídico
sentencias que vulneren el debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a la
Constitución. Partiendo de esta premisa, el recurso de revisión constituye un
mecanismo idóneo y eficaz de defensa judicial dependiendo de la naturaleza de
los derechos invocados por el peticionario, y la cobertura brindada por las
causales aplicables al proceso específico.”
En ese orden de ideas, es viable concluir
que la acción de tutela se torna improcedente cuando al interior de un proceso
civil se alega la vulneración al debido proceso, este derecho fundamental es
susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso
extraordinario de revisión, al estar contemplado dentro de las causales
taxativamente señaladas y  en caso de prosperar el recurso, decisiones que
restauran de forma suficiente y oportuna el derecho.
5.3. En materia civil, para los
casos adelantados con anterioridad a la entrada en vigencia del actual Código
General del Proceso[61],
la acción de revisión se encuentra prevista en el artículo 380 del Código de
Procedimiento Civil[62]
de la siguiente manera:
Artículo 380. Causales. Son causales de revisión:
1. Haberse encontrado después de pronunciada la
sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que
el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o
por obra de la parte contraria.
2. Haberse declarado falsos por la justicia penal
documentos que fueren decisivos para el pronunciamiento de la sentencia
recurrida.
3. Haberse basado la sentencia en declaraciones de
personas que fueron condenadas por falso testimonio en razón de ellas.
4. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen
de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en la producción de
dicha prueba.
5. Haberse dictado sentencia penal que declare que
hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia recurrida.
6. Haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta
de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido
objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al
recurrente.
7. Estar el recurrente en alguno de los casos de
indebida representación o falta de notificación o emplazamiento contemplados en
el artículo 152, siempre que no haya saneado la
nulidad.
8. Existir nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y que no era susceptible de recurso.
9. Ser la sentencia contraria a otra anterior que
constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue
dictada, siempre que el recurrente no hubiera podido alegar la excepción en el
segundo proceso por habérsele designado curador ad litem y haber ignorado la
existencia de dicho proceso. Sin embargo no habrá lugar a revisión cuando en el
segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
Por su parte, la
Corte Constitucional ha examinado las distintas causales que hacen viable el
recurso extraordinario de revisión en los procesos civiles[63] especificando:
“Como puede observarse, las causales 2, 3,
4, 5 y 6, tienen como fundamento la ocurrencia de hechos delictivos o
fraudulentos, que fueron decisivos en la adopción de la sentencia que se busca
dejar sin efectos. En otros términos, de no haberse configurado los hechos
delictuosos o las conductas fraudulentas, la decisión habría sido, en un alto
grado, distinta a la adoptada. Es por esta razón,  que se afirma que el recurso
de revisión busca ajustar a la realidad, la decisión inicialmente adoptada,
realidad que no pudo ser conocida por el fallador, en razón a los hechos y
conductas fraudulentas.
Las causales 7 y 8, por su parte,  buscan
restablecer el debido proceso, más aún, cuando contra la decisión proferida no
procedía ninguno de los recursos ordinarios (tal como acontece con las
decisiones que dictan los jueces municipales en única instancia, por
disposición expresa del legislador). Mientras la causal 1, se convierte en
una extensión del derecho de contradicción, al permitir demostrar la existencia
de pruebas que, por no haberse  podido aportar al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito, dejan  sin sustento la decisión inicialmente adoptada.
La última causal, por su parte, no sólo
busca la protección del debido proceso, sino mantener la intangibilidad de la
cosa juzgada, desconocida con la sentencia que es objeto de revisión.”[64]
La causal consagrada en el numeral 8º del artículo 380
del CPC, que hace alusión a que se configure una nulidad ocurrida en la
sentencia que además no es susceptible de recurso, la
Corte Suprema de Justicia ha establecido que el vicio debe aparecer con la sentencia y que el fallo no sea
susceptible de ser atacado por ninguna otra vía. Sobre el particular se ha
indicado:
“Del contenido de la norma transcrita se infiere que
dicho motivo de revisión se configura si confluyen los siguientes presupuestos:
a) que al dictarse la sentencia se incurra en nulidad; y b) que contra ese
fallo no pueda interponerse ningún recurso.
De antaño ha precisado la jurisprudencia de la
Corte que la mencionada causal se presenta, en general, ‘cuando en ella [la
sentencia] se configura en verdad alguna de las causales de nulidad
establecidas por la ley, protegiéndose de esta manera el derecho de defensa del
litigante afectado quien, por exigencia del supuesto normativo previsto, sólo
podrá tener conocimiento de la irregularidad cuando conoce la sentencia’ (G.J.
T. CCXLIX, pág. 170) y, en particular, ‘… cuando la sentencia presenta
irregularidades capaces de constituir nulidad, lo cual sucede, (…) exceptuado
el evento de indebida representación, notificación, o emplazamiento que
configuran causal autónoma (la 7), cuando se dicta sentencia en proceso que
había terminado por desistimiento, transacción o perención, o cuando se
pronuncia estando suspendido el proceso, o cuando en el fallo se condena a
quien no ha figurado como parte, o cuando se adopta por un número inferior a
magistrados al previsto por la ley, a lo cual cabe agregar el caso de que se
dicte la sentencia sin haberse abierto el proceso a pruebas o sin que se hayan
corrido los traslados para alegar, cuando el procedimiento así lo exija, de
donde se desprende que no cualquier irregularidad en el fallo, o cualquier incongruencia,
tiene entidad suficiente para invalidar la sentencia. Ha de tratarse de una
irregularidad que pueda caber en los casos específicamente señalados por el
legislador como motivos de anulación, puesto que en el punto rige en el
procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido.’ (Sent.
Rev. S-078 de 12 de marzo de 1991, sin publicar), lo cual significa que ‘los
motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que -a
más de estar expresamente previstos en el Código de Procedimiento Civil, dado
que campea en esta materia el principio de la taxatividad de las nulidades- se
hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes; es decir, ‘‘…no se
trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en este el
fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de
esa oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida
representación ni falta de notificación o emplazamiento, que constituye causal
específica y autónoma de revisión, como lo indica el numeral 7º del texto
citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia
no susceptible de recurso de apelación o casación, pueda incurrir el fallador y
que sean capaces de constituir nulidad…’’. (CLVIII, 134), (sent. rev. de 29 de
octubre de 2004, exp. No. 03001).”[65]
Además de lo expuesto, la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia ha referido que la sentencia debe involucrar una
irregularidad que pueda caber en los casos específicamente señalados por el
legislador como motivos de anulación, esto es, los señalados en el artículo 140
del CPC.
6. El caso concreto. Existencia de otro
mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz.
La Sala procederá a resolver  sobre la procedencia de
la acción de tutela a partir de (i) la legitimidad por activa de las personas
jurídicas; (ii) el cumplimiento del requisito de inmediatez; (iii) la
existencia de otros mecanismos de defensa judiciales, los cuales deben revestir
de idoneidad y eficacia la protección del derecho fundamental presuntamente
vulnerado; y (iv) si se está ante un perjuicio irremediable a pesar de que el
amparo no fue interpuesto como mecanismo transitorio.
6.1. Legitimidad
de las personas jurídicas para interponer acciones de tutela.
A partir de lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 10 del Decreto ley 2591 de 1991, esta
corporación ha afirmado en múltiples pronunciamientos que cualquier persona
tiene la posibilidad de promover la acción de tutela, cuando sus derechos
constitucionales fundamentales resulten amenazados o vulnerados.
Se ha establecido que el término “persona”,
comprende tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas, ya que
en las disposiciones normativas citadas no existe ninguna distinción entre
ellas[66].
En cuanto a la protección de derechos fundamentales de personas jurídicas este
Tribunal ha hecho claridad en que se puede exigir su garantía a través de las
siguientes formas:
“Como lo ha anotado ya la
Corte Constitucional a propósito de la tutela, las personas jurídicas poseen
derechos constitucionales fundamentales por dos vías:
a) Indirectamente: cuando la esencialidad
de la protección gira alrededor de la tutela de los derechos constitucionales
fundamentales de las personas naturales asociadas.
b) Directamente: cuando las personas
jurídicas son titulares de derechos fundamentales no porque actúan en
sustitución de sus miembros, sino que lo son por sí mismas, siempre, claro
está, que esos derechos por su naturaleza sean ejercitables por ellas mismas.”[67]
En esa
medida, las personas jurídicas de derecho público son titulares de aquellos
derechos fundamentales cuya naturaleza así lo admita y, por tanto, están
constitucionalmente habilitadas para ejercitarlos y defenderlos a través de los
recursos consagrados en el ordenamiento jurídico[68].
Por ejemplo, el debido proceso, la igualdad, la inviolabilidad de domicilio y
de correspondencia, la libertad de asociación, la inviolabilidad de los
documentos y papeles privados, el acceso a la administración de justicia, el
derecho a la información, el habeas data y el derecho al buen nombre, entre
otros[69].
En
síntesis, aunque en ciertos eventos la protección de los derechos de una
persona jurídica, privada o pública, se deriva de la necesidad de amparar las
garantías fundamentales de personas naturales relacionadas con aquéllas, ello
no es óbice para reconocer otros derechos directamente, que le permiten a esas
entidades desarrollar las labores que le son propias.
Así las cosas, las personas jurídicas son
titulares de derechos fundamentales que pueden ser protegidos a través de la
acción de tutela, por la amenaza o vulneración de los mismos. De ahí que  la actuación de la sociedad Hotelman Ltda se ajusta a
los lineamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales, al pretender a
través de la acción de tutela la protección de su derecho fundamental al debido
proceso, por lo que se encuentra legitimada para interponer el amparo.
6.2.
Requisito de inmediatez.
La jurisprudencia constitucional ha insistido en que la
tutela debe interponerse en un término razonable, dentro del cual se presuma
que la afectación del derecho fundamental es inminente y realmente produce un
daño palpable.
No obstante lo anterior, el juez que conozca del caso
concreto deberá analizar si a pesar de la falta de inmediatez la tardanza en la
interposición de tutela está suficientemente justificada, entre otras razones
por “existir una relación de causalidad entre la falta de interposición
oportuna de la acción, en la medida de que se desconocen los motivos, y la
presunta vulneración de los derechos de la accionante”[70].
En
este caso, la decisión atacada fue proferida por la
Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá el 19 de noviembre de 2012, vino a quedar en firme el 27 de mayo de
2013, debido a que contra la misma se invocaron una serie de recursos de
nulidad, reposición y súplica los cuales fueron fallados desfavorablemente. A
su vez, la solicitud de amparo se presentó el 25 de julio de 2013, de donde se
puede inferir que se cumplió con un plazo razonable.
6.3.
El recurso extraordinario
de revisión como mecanismos de defensa judicial idóneo y eficaz.
6.3.1.
La Sociedad Hotelman Ltda. alega la existencia de un defecto orgánico, toda
vez que dentro del proceso abreviado de rendición provocada de cuentas, en
segunda instancia, la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de
Bogotá decidió el asunto sin tener competencia para ello.
Como
sustento de su alegato indica que de acuerdo con el principio de inmediación,
los magistrados deben conocer los asuntos que van a ser objeto de fallo de
manera directa, por lo que deben estar presentes en la audiencia donde se
sustenta el recurso de apelación y de esta manera sean los mismos que van a
proferir el fallo.  Lo anterior en criterio de la parte accionante acarrea que
la autoridad judicial que admitió, conoció y tramitó el caso, sea la misma que
falle y no otra. Sobre este punto vale resaltar el siguiente acontecer fáctico:
Por
sentencia del 18 de octubre de 2011 Hotelman Ltda. fue condenada a pagar la
suma de $1.277’000.000,oo, a favor del Edificio Avenida de Chile PH como
resultado del proceso de rendición de cuentas. Decisión que fue impugnada, por
lo que correspondió a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, conocer
del asunto y celebrar la audiencia establecida en el artículo 360 del Código de
Procedimiento Civil[71].
Cumplida
la referida actuación procesal, se ordenó remitir el expediente a su homóloga descongestión,
quien profirió sentencia de segunda instancia confirmando el fallo objeto de
alzada.
6.3.2.
La Corte
ha establecido la idoneidad y eficacia de la acción de revisión en materia
civil cuando se alega la vulneración al debido proceso y este puede ser
protegido de manera integral
dentro del trámite del citado recurso extraordinario, en tal sentido, se ha
establecido que al tratarse de derechos litigiosos de orden económico los mecanismos ordinarios de defensa
(recurso extraordinario de revisión), se constituyen en el medio idóneo y
eficaz para garantizar la protección del derecho fundamental al debido proceso.
Para el caso, la parte
accionante advierte la vulneración del derecho al debido proceso por falta de
competencia de la autoridad judicial que profirió la decisión definitiva en el
asunto objeto de examen, causal se encuentra consagrada en el numeral
octavo del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, que señala: “Existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era
susceptible de recurso”.
De acuerdo con
los lineamientos expuestos en la parte dogmática de esta decisión, para el caso
se aprecia que, en principio, se cumplen con los presupuestos para que el
recurso de revisión resulte procedente, que se refieren a: (i) que al momento
de dictarse la sentencia se incurra en nulidad; (ii) la cual debe estar
específicamente señalada en el artículo 140 del CPC, que en este caso es la
consagrada en la causal segunda ibídem, alusiva a la falta de competencia del
fallador; y (iv) finalmente, contra esta decisión no procede
recurso, en la medida que con ella se cerró el proceso abreviado de rendición
provocada de cuentas.
Por otra
parte, es viable advertir que actualmente se cuenta con la posibilidad de
acudir al aludido recurso, teniendo en cuenta que el término para poder
interponer el mismo es de dos años siguientes a la ejecutoria de la respetiva
sentencia[72],
lo que muestra la idoneidad y eficacia del mismo.
En ese orden
de ideas, el recurso extraordinario de revisión constituye un instrumento
viable para proteger el derecho al debido proceso, siendo la instancia propicia para que se examine la
pretensión de la parte actora, por lo que no corresponde a esta Corporación
decidir si prosperaría o no la pretensión de quien instaura la tutela, porque
se entraría al estudio del fondo de lo alegado, lo cual escapa a la competencia
de la Corte Constitucional.
Así, en principio,
el ciudadano debe esperar a que la autoridad judicial competente se pronuncie
de fondo acerca de la procedencia o no de la causal de revisión, ya que
dicho mecanismo constituye un medio de defensa judicial idóneo y eficaz para la
protección de los derechos fundamentales de la accionante. Por
consiguiente, la acción de revisión que habrá de surtirse ante la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, constituye el
escenario natural donde se pueden ventilar las circunstancias reseñadas en la
acción de tutela bajo las causales taxativamente previstas en la legislación
procesal, aportar las pruebas que considere necesarias y brindar los elementos
de juicio indispensables para demostrar que efectivamente al momento de
dictarse sentencia que considera atentatoria de sus derechos fundamentales.
6.4.
Ausencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
Ahora bien, en cuanto a la posible existencia de un
perjuicio irremediable en el caso concreto que pudiera hacer procedente la
acción de tutela como mecanismo transitorio, debe señalarse que la parte actora
no alegó esta circunstancia, ni demostró que existiera un evento que hiciera
viable el amparo como mecanismo transitorio. Incluso valorando el acontecer
fáctico, la Sala no aprecia la concurrencia de los presupuestos establecidos
por la doctrina constitucional para la configuración de un perjuicio
irremediable como son la inminencia, la urgencia, la gravedad y la
impostergabilidad de la acción.
Así las cosas, no encuentra esta Sala de
Revisión motivo alguno para conceder el amparo como mecanismo transitorio.
6.5. En suma, si una vez agotados de manera
diligente los medios de defensa judiciales que ha previsto el ordenamiento
jurídico para la protección de los derechos fundamentales del actor, considera
que han fallado al persistir su vulneración puede acudir nuevamente a la acción
de tutela sin que por ello se incurra en temeridad, dado el estado de
indefensión en que se encontraría ante la nueva decisión adoptada.
Así también se estableció en la sentencia
C-590 de 2005, donde se explicó que una vez agotados de manera diligente los
medios de defensa judiciales ordinarios y extraordinarios, el actor considera
que la autoridad judicial ha fallado al no garantizar sus derechos
fundamentales, la acción de tutela resulta procedente al encontrarse en estado
de indefensión. Así sostuvo: “este mecanismo [acción de tutela] sólo
puede operar cuando todos los mecanismos anteriores han fallado y siempre que
la persona hubiere acudido a ellos de manera diligente (…). Se trata,
simplemente, de una revisión extraordinaria y excepcional de la constitucionalidad
de las decisiones judiciales cuando la persona presuntamente afectada ha
agotado todos los recursos a su alcance y se encuentra, por lo tanto, en
condiciones de indefensión.
6.6. En
cuanto a lo expuesto por la parte coadyuvante, que hace alusión a: (i) la
presunta irregularidad al momento de dictar el fallo, teniendo en cuenta que no
fueron los mismos magistrados que conocieron el asunto en audiencia del
artículo 360 del CPC los que terminaron dictando la sentencia definitiva; (ii)
ausencia de seguridad jurídica por el trámite de liquidación adelantado ante la Superintendencia de Sociedades; y (iii) indebida valoración de la prueba pericial por
desconocimiento de las normas contables y la “ley tributaria”.
Sobre este aspecto, la
Corte Constitucional ha establecido que la “coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la
participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que
manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante
de la tutela, sin que ello suponga que este pueda realizar planteamientos
distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante,
pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que
desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia”[73]. En ese orden de ideas, no encuentra la
Sala necesario hacer pronunciamiento alguno al respecto.
Por
las razones anteriores, se confirmará el fallo proferido en segunda instancia
por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia.
VI.  DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la
Sala Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR la sentencia proferida por la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 15 de octubre de 2013, dentro
de la acción de tutela interpuesta por la
Sociedad Hotelman Ltda. –en liquidación, que en su momento declaró improcedente la solicitud
de amparo.
Segundo.- Por intermedio de la
Secretaría General devuélvase al
Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá el expediente identificado con el
radicado 11001 3103 010-2007 00585 02, dentro del proceso abreviado de
rendición provocada de cuentas adelantado por el Edificio Hotel Avenida Chile
en contra de la Sociedad Hotelman Ltda.
Tercero.- Líbrese
por la Secretaría General de esta Corporación, la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Con aclaración de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
NILSON PINILLA PINILLA
A LA SENTENCIA T-291/14
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Desacuerdo con
las causales especiales de procedibilidad referidas en sentencia C-590/05
(Aclaración de voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Discrepancia interpretativa con las consideraciones de
la sentencia C-590 de 2005 (Aclaración de voto)
Referencia:
expediente T-4154681.
Acción de tutela
presentada por la Sociedad Hotelman Ltda. contra la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá.
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Habiendo votado
positivamente y firmado el proyecto presentado en este caso por el Magistrado
sustanciador, estimo necesario consignar por escrito una muy sucinta
aclaración sobre el sentido de mi voto en el presente asunto.
Si bien participo
de la resolución adoptada, por cuanto comparto la percepción de que esta acción
de tutela resultaba improcedente, debo aclarar mi voto, pues siempre he
disentido frente al enfoque amplificado de la noción de "vía de
hecho" y en relación con algunas de las argumentaciones que
se exponen para arribar a la decisión adoptada.
Particularmente,
tal como lo he explicado con más amplitud frente a otras decisiones[74], no comparto el
alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se reconoce por parte de
la Corte Constitucional a la acción de tutela contra decisiones judiciales, y
que en el caso de la sentencia a que me vengo refiriendo se pone de presente en
la cita que se efectúa (páginas 17 a 30) de la sentencia C-590 de junio 8 de
2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyas consideraciones discrepo
parcialmente desde cuando fue expedida.
Mi desacuerdo con
dicha sentencia, que el actual fallo invoca como parte de la fundamentación,
radica en el hecho de que, en la práctica, especialmente las llamadas "causales
especiales de procedibilidad" a que dicha providencia se refiere en su
punto 25, abarcan todas las posibles situaciones que podrían justificar la
impugnación común contra una decisión judicial, dejando así la imagen de que
esta Corte estima que la acción de tutela constituye un recurso complementario,
añadible a los establecidos en el proceso de que se trata.
Con ello, la
solicitud y trámite de la acción de tutela al amparo de tales enunciados,
deviene simplemente en una (o más) nueva(s) oportunidad(es) que se confiere(n)
a quien se ha visto desfavorecido por la decisión adoptada por el juez
competente, o lo que es lo mismo, en una (o varias) instancia(s) adicional(es),
no prevista(s) en absoluto en el respectivo proceso debido, situación que
difiere, de lejos, del propósito de protección subsidiaria a los derechos
fundamentales que animó al constituyente de 1991, que vino a quedar reflejado en
el artículo 86 superior.
Además, no sobra
acotar que si bien esta corporación con fundamento en la sentencia C-590 de
2005 aduce sistematizar una línea jurisprudencial construida y decantada a
partir de las consideraciones que se dejaron planteadas en la sentencia C-543
de 1992, ello no es exacto, ya que en realidad ese pronunciamiento[75], de suyo sólo
argüible frente a la casación penal por ser ésta la institución regulada en el
precepto parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de 2004), se ha
interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó decidido en la
C-543 de 1992.
En efecto,
mientras que en esa providencia de 1992 se consideró, con firmeza de cosa
juzgada constitucional (art. 243 Const.), que no puede ser quebrantada, que la
tutela contra decisiones judiciales atentaba contra la seguridad jurídica y
contra otros importantes valores constitucionales, como el "principio
democrático de la autonomía funcional del juez", "la independencia y
desconcentración que caracterizan a la administración de justicia" y "la función
garantizadora del Derecho" que cumple el proceso, y en consecuencia
se declaró inexequible la preceptiva que reglamentaba tal posibilidad, en la
C-590 de 2005 se presenta un amplio listado de situaciones, creyéndose que de
inferirse la materialización de alguna de ellas, en opinión de quien realiza el
control tutelar, de por sí le está permitido remover o dejar sin efecto la
decisión judicial, cual si aplicara un recurso ordinario más, con lo cual se ha
desquiciado gravemente su carácter excepcionalísimo y, en la práctica, se ha
abatido la seguridad jurídica, que es también un derecho fundamental.
Por lo anterior,
dado que la decisión adoptada con mi acuerdo y participación incluye algunas
consideraciones con alcances de tal índole, que no comparto, aclaro el voto en
el caso de la referencia.
Con mi acostumbrado respeto,
Fecha ut supra
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
[1] Se trata de una edificación compuesta por
más de 400 suites, auditorio, salones para eventos, bar, restaurantes, cocinas,
estacionamientos y demás áreas de servicio y apoyo, ubicado en la
Calle 74 Núm. 13-37 de Bogotá.
[2] Artículo
360. Apelación de sentencias. (…) Cuando la segunda instancia se tramite ante
un Tribunal Superior o ante la Corte Suprema, de oficio o a petición de parte
que hubiere sustentado, formulada dentro del término para alegar, se señalará
fecha y hora para audiencia, una vez que el proyecto haya sido repartido a los
demás Magistrados de la sala de decisión. Las partes podrán hacer uso de la
palabra por una vez y hasta por treinta minutos, en el mismo orden del traslado
para alegar y podrán entregar resúmenes escritos de lo alegado. La sala podrá
allí mismo dictar la respectiva sentencia.//A la audiencia deberán concurrir
todos los Magistrados integrantes de la Sala, so pena de nulidad de la
audiencia.
[3] Artículo
140. Causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en
los siguientes casos: (…) 2. Cuando el juez carece de competencia.
[4] En concreto el parágrafo del artículo 5°
indica: “Los procesos remitidos por los Magistrados objeto de la
descongestión serán aquellos que no requieran audiencia para fallo”.
[5] Artículo
348. Procedencia y oportunidades. Salvo norma en contrario, el recurso de
reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del
Magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se revoquen o
reformen.//El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan
un recurso de apelación, una súplica o una queja (…).
[6] Sentencia del 28 de mayo de 2013 Exp.
T-00976-00 y Sentencia del 25 de julio de 2011 Exp. 11001-02-03-000-2011-01479-00.
[7] Artículo 380. Causales. Son causales de
revisión: (…) 8. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y que no era susceptible de recurso.
[8] Vale aclarar que en contra de la decisión
atacada se presentaron recursos de nulidad, reposición y súplica los que fueron
resueltos desfavorablemente.
[9] En este sentido se recibieron 7 cuadernos
con 387, 165, 110, 29, 26, 27 y 92 (12 al 104) folios.
[10] T-006 de 1992, T-223 de 1992, T-413 de 1992,
T-474 de 1992, entre otras.
[11] Sentencia T-405 de 1996.
[12] Indicó: “En el seno de la
Asamblea Nacional Constituyente fue negada reiteradamente la propuesta que
buscaba circunscribir la expresión "autoridades públicas", que
aparece en el texto del artículo 86 de la
Constitución, de manera que sólo cobijara a las "autoridades
administrativas". En el proyecto de articulado presentado por la
Comisión I a la Plenaria no se acogió la pretendida limitación del alcance del
derecho de amparo o de la acción de tutela a las autoridades administrativas
(Proyecto No. 67, artículo 62 Misael Pastrana Borrero, Augusto Ramírez Ocampo,
Carlos Rodado Noriega, Hernando Yepes Alzate y Mariano Ospina Hernández. Gaceta
Constitucional No. 23) y, por el contrario, adoptó la fórmula  amplia de
incluir como sujeto pasivo de dicha acción a cualquier autoridad pública.
Igualmente, en el curso del segundo debate en Plenaria, se presentó una
propuesta sustitutiva en el sentido de restringir a las acciones u omisiones de
las autoridades administrativas la interposición de la acción de tutela cuando
éstas vulneren o amenacen vulnerar los derechos fundamentales, la cual fue
nuevamente  derrotada al aprobarse  definitivamente  el actual artículo 86 de la
Constitución Política. (Propuesta sustitutiva presentada por los honorables
constituyentes Hernando Yepes Arcila, Rodrigo Llorente Martínez, Carlos Rodado
Noriega, Mariano Ospina Hernández y María Garcés Lloreda. Gaceta Constitucional
No. 142 p.18)”.
[13] Señaló: “… si bien es cierto que algunos delegatarios a la
Asamblea Nacional Constituyente consideraban que la tutela no debía proceder
contra sentencias judiciales, también lo es que la gran mayoría participó de la
idea de consagrar una acción que  -como el amparo en España o el recurso de
constitucionalidad en Alemania-  pudiera proceder contra las decisiones
judiciales. En este sentido es importante recordar que la propuesta presentada
por un conjunto de delegatarios destinada a restringir en el sentido que se
estudia el ámbito de protección de la acción de tutela, resultó amplia y
expresamente derrotada por la mayoría con el argumento, claramente expuesto en
el debate, según el cual impedir la tutela contra decisiones judiciales podría
crear un ámbito de impunidad constitucional y reduciría la eficacia de los
derechos fundamentales a su simple consagración escrita”. Cft. Sentencia T-117 de 2007.
[14] Dentro
de las sentencias más relevantes pueden citarse: T-043 de 1993, T-079 de 1993,
T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-055 de 1994, T-175 de 1994, T-231 de 1994,
T-442 de 1994, T-572 de 1994, SU.327de 1995, SU.637 de 1996, T-056 de
1997, T-201 de 1997, T-432 de 1997, SU.477 de 1997, T-019 de 1998, T-567 de
1998, T-654 de 1998, SU.047 de
1999, T-171 de 2000, T-1009 de 2000, SU.014 de 2001, T-522 de 2001, SU.1185 de 2001, T-1223
de 2001, SU.1300 de 2001, T-1306 de 2001, T-1334 de 2001, T-020 de 2002, T-080 de 2002,
SU.159 de 2002, T-1057 de 2002, T-1123 de 2002, T-012 de 2003, SU.120 de 2003,
SU.1159 de 2003, T-1232 de 2003, T-027 de 2004, T-205 de 2004, T-778 de 2004,
T-1189 de 2004, T-039 de 2005, T-328 de 2005, T-465 de 2005, T-516 de 2005,
T-902 de 2005, T-170 de 2006, T-1072 de 2006, SU.891 de 2007, T-1020 de 2007,
T-276 de 2008, T-302 de 2008, T-402 de 1998, T-436 de 2008, T-489 de 2008,
T-789 de 2008, T-906 de 2009, T-934 de 2009, T-947 de 2009, T-901 de 2010,
SU.917 de 2010, T-957 de 2010, T-266 de 2011, T-429 de 2011 y SU.447 de 2011.
[15] El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones.
[16] Es un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las
competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.
[17] Permitir que la acción de tutela proceda meses o aún
años después de proferida la decisión, terminaría por sacrificar los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
[18] Esta exigencia es comprensible en la medida que, sin
que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
[19] Esto por cuanto los debates sobre la protección de los
derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección
ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no
seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas.
[20] Hace referencia a la carencia absoluta de competencia por parte
del funcionario que dicta la sentencia.
[21] Cuando se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o en los fallos que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión..
[22] El defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario
judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido.
[23] Referido a la producción, validez o apreciación del material
probatorio. En razón a la independencia judicial, el campo de intervención del
juez de tutela por defecto fáctico es supremamente restringido.
[24] También conocido como vía de hecho por consecuencia, hace
referencia al evento en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada
a derecho por parte del funcionario judicial, se produce una decisión
violatoria de derechos fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima
de engaño, por fallas estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración entre los órganos del poder público.
[25] En tanto la motivación es un deber de los funcionarios
judiciales, así como su fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático.
[26] Se presenta cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance.
[27] Cuando el juez da un alcance a una disposición normativa
abiertamente contrario a la constitución o cuando no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por
alguna de las partes en el proceso.
[28] Así
lo sostuvo este tribunal en la sentencia SU-917 de 2010, al señalar: “Teniendo en cuenta el rol
protagónico que cumplen la Corte Suprema y el Consejo de Estado en sus
respectivos ámbitos, tanto la regulación normativa como la jurisprudencia se
han ocupado de fijar mayores restricciones, pues ellos son los primeros llamados
a definir y unificar la jurisprudencia en sus respectivos ámbitos. […] De otro lado, es preciso
tener en cuenta que la acción de tutela en estos eventos no se explica porque el
juez constitucional nunca se equivoque y los tribunales supremos de la jurisdicción
ordinaria o contenciosa administrativa sí lo hagan, pues es claro que la
infalibilidad no es propiamente una virtud humana. De hecho, una prueba de que la
Corte Constitucional también yerra en sus decisiones es que algunas de sus
sentencias han sido anuladas por la propia Corte, cuando por ejemplo advierte
graves y trascendentales violaciones al debido proceso o cuando alguna de las
salas de revisión ha desconocido la jurisprudencia de la
Corte. Una de las principales razones que justifican la procedencia de la
tutela contra sentencias judiciales es la imperiosa necesidad de que exista una
interpretación unificada sobre el alcance y límites de los derechos
fundamentales; y ésta es la principal misión de la
Corte Constitucional en sede de revisión de los fallos de tutela (art. 86 y
241-9 CP). […] Con ello, además, se ofrece a los ciudadanos cuotas mínimas de
seguridad jurídica y certeza del derecho, en la medida en que razonablemente
pueden anticipar cuál será la respuesta jurídica a sus actos o ante la
defraudación de las conductas que el ordenamiento censura. Por lo mismo, la
tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más
restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la
Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos
fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto
es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención
del juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e
independencia judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro
de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y
valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una
percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión. […] En síntesis, la acción de
tutela contra sentencias judiciales constituye un mecanismo para asegurar la
primacía de los derechos fundamentales y la unidad de interpretación en torno a
su alcance y límites; no obstante, con miras a evitar utilizaciones indebidas,
su ejercicio es verdaderamente excepcional y siempre condicionado a profundas
restricciones formales y materiales, particularmente cuando se ejerce contra
providencias de altas corporaciones judiciales.”
[29] Esta posición ha sido reiterada en diversas sentencias como T-313
de 2005, T-335 de 2007, T-611 de 2009, T-525 de 2010, T-333 de 2011, T-683 de
2012, T-583 de 2013, T-783 de 2013, entre otras.
[30] Sobre
el particular, consultar, entre otras, las Sentencias SU-037 de 2009, T-280 de
2009, T-565 de 2009, T-715 de 2009, T-049 de 2010, T-136 de 2010 y T-524 de
2010.
[31] Cfr. Sentencias SU-544 de 2001, T-803 de 2002, T-227 de 2010 y T-742 de 2011.
[32] Sentencia T-417 de 2010.
[33] T-575 de 1997. Posición que ha sido
reiterada en múltiples oportunidades por esta Corporación. Ver por ejemplo
sentencias T-618 de 1999, T-1221 de 2001, T-951 de 2004, T-203 de 2006, T-634
de 2006, T-083 de 2007, T-046 de 2009, T-687 de 2010, T-235 de 2012, entre
otras.
[34] Sentencia T- 417 de 2010.
[35] Ibídem.
[36] Ver ente otras, las sentencias: T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768
de 2005, T-651 de 2004, y T-1012 de 2003.
[37] El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 dispone que “La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
[38] Sentencia T-803 de 2002.
[39] Sentencia T-822 de 2002., reiterando lo
dicho en la sentencia T-569 de 1992 la cual señaló lo siguiente: “De allí
que tal acción no sea procedente cuando exista un medio judicial apto
para la defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”
[40] Ver sentencia T-634 de 2006.
[41] La amenaza está por suceder prontamente. Deben existir evidencias
fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas
prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura
hipotética.
[42] Se debe buscar una medida de pronta ejecución. Es apenas
una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera
hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda
alude a su respuesta proporcionada en la prontitud.
[43] Equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo
material o moral en el haber jurídico de la persona. La gravedad obliga a
basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes
bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de
actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas.
[44] Si hay postergabilidad de la acción, esta
corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el
momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos
antijurídicos.
[45] Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias
SU-995 de 1999, T-1155 de 2000 y T-290 de 2005.
[46] Sentencia T-290 de 2005.
[47] Ver sentencia T-649 de 2011.
[48] Normatividad bajo la cual se adelantó el
estudio del presente asunto.
[49] Ver, entre otras, las sentencias C-418 de 1994, C-372 de 1997,
C-090 de 1998, C-269 de 1998, C-680 de 1998 y C-252 de 2001, SU-858 de 2001,
C-207 de 2003, T-1013 de 2001, T-1031 de 2001, T-086 de 2007, T-825 de 2007,
T-584 de 2008, C-520 de 2009 y T-649 de 2011.
[50] Artículos 379 y s.s. Código de Procedimiento Civil, 354 y s. s.
Código General del Proceso.
[51] Artículos 192 y s.s. Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento
Penal.
[52] Artículo 62 Código de Procedimiento Laboral.
[53] Artículo 185 y s.s. Código Contencioso Administrativo, 248 y s.
s. de la Ley 1437 de 2011.
[54] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del
31 de enero de 1997. Posición reiterada en la sentencia de revisión Núm.
066 de 15 de julio de 2008, expediente 2007-00037-00
[55] Sentencia C-426 de 2002.
[56] Cfr. Sentencia T-649 de 2011.
[57] Sentencia T-013 de 2005.
[58] Sentencias T-843 de 2006 y T-029 2000.
[59] Sentencias T-908 2005 y T-294 de 2004.
[60] “Para llegar a la conclusión anterior, la
Corporación tuvo en cuenta dos razones fundamentales. En primer lugar, el
mencionado recurso, en el proceso penal, sólo puede prosperar por muy limitadas
y detalladas causales, en virtud de un procedimiento especialmente exigente, en
el que, incluso, en algunos casos, se exige cualificación especial de la parte
actora. En estas condiciones, es posible sostener que, al menos en principio,
de no aceptarse la procedencia de la acción de tutela, podrían resultar impunes
graves violaciones al debido proceso que, no obstante, no se enmarquen en las
precitadas causales o no reúnan los exigentes requisitos consagrados en la ley.
Pero podría ocurrir que una solicitud de revisión de
una decisión penal cumpliera integralmente los requisitos de procedibilidad
establecidos en la legislación vigente. En estos casos, la
Corte ha señalado que, verificada una flagrante vulneración del debido proceso
y siempre que se encuentren comprometidos otros derechos fundamentales como el
derecho a la libertad personal de la parte afectada, la acción de tutela
procede como mecanismo transitorio de defensa. En efecto, en este tipo de
procesos no se encuentra comprometido un único derecho fundamental – el derecho
al debido proceso -, sino que se suelen debatir y restringir otros derechos
fundamentales, como el derecho a la libertad personal. En consecuencia, ante
una flagrante vulneración del debido proceso de la persona recluida y frente a la
inexistencia de recursos ordinarios ágiles y suficientes, resultaría
desproporcionado someter a la parte afectada a un trámite tan dispendioso como
el planteado por este recurso en materia penal, sin conceder, cuando menos, el
amparo transitorio del derecho fundamental a la libertad personal.” Ver
sentencia T-029 de 2000.
[61] 1° de enero de 2014.
[62] Normatividad aplicable al caso concreto.
[63] En la sentencia C-269 de 1998, la
Corte declaró inexequible una norma del Código de Procedimiento Civil que
excluía de la posibilidad de acudir al recurso extraordinario de revisión las
sentencias dictadas por los jueces municipales en única instancia. La
Corte recordó que “el recurso de revisión fue estatuido como un mecanismo
excepcional contra la inmutabilidad de la cosa juzgada, por la ocurrencia de hechos
y conductas contrarios a derecho que, una vez configurados, desvirtúan la
oponibilidad de la sentencia, y por ende, la seguridad jurídica que le sirve de
fundamento, al  carecer de un elemento esencial: la justicia que debe inspirar
toda decisión judicial. Su finalidad es, (…)  restablecer la buena fe, el
debido proceso, el derecho de contradicción  y  la cosa juzgada, entre otros.
Por esta razón, se ha dicho que más que un recurso, es un verdadero proceso”.
[64] Sentencia C-269 de 1998.
[65] Sentencia de revisión N° 066 de 15 de julio de 2008,
expediente 2007-00037-00.
[66] Cfr. Sentencias SU-447 de 2011, T-677 de
2011, T-553 de 2012, T-385 de 2013, T-889 de 2013, entre otras.
[67] Ver sentencias C-003 de 1993, T- 411 de 1992, T-241 de 1993,
T-016 de 1994, T- 138 de 1995, T-133 de 1995, T-1179 de 2000, T-930 de 2002,
T-999 de 2005, T-378 de 2006, T-799 de 2009, T-390 de 2012, T-664 de 2013,
T-267 de 2009, entre otras.
[68] Sentencia C-360 de 1996.
[69] SU-182 de 1998.
[70] Sentencia T-570 de 2005.
[71] Artículo
360. Apelación de sentencias. (…) Cuando la segunda instancia se tramite ante
un Tribunal Superior o ante la Corte Suprema, de oficio o a petición de parte
que hubiere sustentado, formulada dentro del término para alegar, se señalará
fecha y hora para audiencia, una vez que el proyecto haya sido repartido a los
demás Magistrados de la sala de decisión. Las partes podrán hacer uso de la
palabra por una vez y hasta por treinta minutos, en el mismo orden del traslado
para alegar y podrán entregar resúmenes escritos de lo alegado. La sala podrá
allí mismo dictar la respectiva sentencia.//A la audiencia deberán concurrir
todos los Magistrados integrantes de la Sala, so pena de nulidad de la
audiencia.
[72] Artículo 381 del Código de Procedimiento
Civil y el artículo 356 Código General del Proceso.
[73] Sentencia T-1062 de 2010.
[74] Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito
Magistrado sobre las sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247,
T-680 y T-794 de 2007; T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a
los autos A-222 y A-256 de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras,
aclaraciones de voto ante las sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240,
T-350, T-831, T-871, T-925, T-945, T-1029, T-1263 y T-1265 de 2008; T-093,
T-095, T-199, T-249, T-364, T-517, SU-811, T-904 y T-906 de 2009; T-103 y T-l
19 de 2010; T-464, T-703, T-786 y T-867 de 2011, T-010 y 1090 de 2012, T-208 y T-309
de 2013
[75] C-590 de 2005