T-625-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-625/14
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que puede
presentarse a partir de dos eventos que a su vez sugieren consecuencias
distintas: hecho superado y daño consumado
La carencia actual de objeto
por hecho superado se presenta cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el fallo se ha satisfecho completamente
lo solicitado en la acción, por lo que cualquier orden judicial en tal sentido
se torna innecesaria. La carencia actual de objeto por daño consumado se
configura cuando la vulneración o amenaza del derecho fundamental ha producido
el perjuicio que se pretendía evitar, así que ya no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y lo único que procede es el
resarcimiento del daño originado en la vulneración del derecho fundamental. En
estos casos cualquier orden judicial resultaría inocua o, lo que es lo
mismo, caería en el vacío pues no se puede impedir que se siga presentando
la violación o que acaezca la amenaza.
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA-Naturaleza jurídica, alcance y contenido
El derecho a la vivienda
digna se convierte en fundamental cuando es dotado de contenido mediante la
implementación de medidas legislativas y administrativas dirigidas a hacerlo
efectivo. Para la Corte, la noción de vivienda digna incluye contar con un
lugar propio o ajeno, que le posibilite  a la persona desarrollarse en
unas condiciones mínimas de dignidad y seguridad, así como le permita
satisfacer su proyecto autónomo de vida. Por lo tanto, una “vivienda digna”
debe contar con condiciones adecuadas que no pongan en peligro la vida y la
integridad física de sus ocupantes, pues ella además de ser un refugio para las
inclemencias externas, es el lugar donde se desarrolla gran parte de la vida de
las personas que la ocupan, por lo que “adquiere importancia en la realización
de la dignidad del ser humano”. De esta forma, la Corte ha insistido en
múltiples ocasiones en que la vivienda apropiada registra máxima
trascendencia para la realización de la dignidad del ser humano.
BIENES DE USO
PUBLICO Y BIENES FISCALES-Distinción
La diferencia entre los
bienes de uso público y los bienes fiscales, radica en su forma de utilización.
Los bienes de uso público están destinados al uso general de los habitantes de
un territorio, pertenecen al Estado, pero él no los utiliza en beneficio propio
sino que se encuentran a disposición de la comunidad. Por su lado, los bienes
fiscales comparten la misma titularidad estatal, pero no están al servicio
libre de los asociados, sino destinados al uso privado del Estado, para la
realización de sus fines, por lo que la doctrina los ha denominado “bienes de
dominio privado del Estado”, en tanto los administra como si fuera un
particular; en consecuencia, el régimen jurídico aplicable es el del
ordenamiento civil o comercial.
PROCESO DE
RECUPERACION DE BIENES FISCALES O DE USO PUBLICO-No puede desconocer el
principio de confianza legítima
La Corte ha señalado que
el deber de protección de los bienes de uso público a cargo de las autoridades,
no las autoriza para desconocer el principio de confianza legítima sustentado
en la buena fe de los ciudadanos,  quienes a falta de espacios apropiados
para el desempeño de un trabajo o la necesidad de una vivienda digna, se ven
obligados a ocupar de hecho tales áreas. Además, también ha indicado que los
derechos de estas personas no pueden desconocerse aun cuando la administración
tenga la obligación legal de proceder a recuperar esos espacios, sino que deben
procurar ofrecer alternativas de solución que garanticen sus derechos
constitucionales fundamentales.
PROCESO DE
RECUPERACION DE BIENES FISCALES O DE USO PUBLICO-La entidad accionada debió tomar las medidas
necesarias para asegurar la protección del derecho fundamental a la vivienda
del actor, quien es sujeto de protección constitucional reforzada
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-El accionante desalojó el
bien oficial y en la actualidad se desconoce su paradero
DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA-Se advierte a Alcaldía Municipal en caso de
que el accionante se acerque a sus instalaciones a solicitar información sobre
los planes de vivienda, se le oriente de la manera más efectiva sobre los
trámites que debe seguir
DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA-Se advierte a Alcaldía Municipal abstenerse
de adelantar procesos de restitución desconociendo los derechos fundamentales
de las personas cobijadas por el principio de confianza legítima
Referencia: expediente T- 4.139.959
Acción de tutela interpuesta por Orlando Arias Salazar
contra la Alcaldía de Ibagué
Derecho fundamental invocado: vivienda digna
Temas: (i) derecho a la vivienda digna, (ii) principio
de confianza legítima, (iii) la figura de la carencia actual de objeto
Problema jurídico: ¿la
entidad accionada vulnera el derecho fundamental a la vivienda digna así como
el principio de confianza legítima del actor al no incluirlo en los programas
de vivienda del municipio de Ibagué antes de hacer efectiva la orden de
desalojo del Colegio San Luis Gonzaga de esta misma ciudad, lugar donde afirma,
reside desde hace más de 19 años, prestando el servicio de celaduría?
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de
dos mil catorce (2014).
La Sala Séptima de Revisión de
tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub - quien la preside-, Martha Victoria Sáchica Méndez y Luis Ernesto
Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos
proferidos por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Ibagué, el diecisiete (17)
de agosto de dos mil trece (2013) y, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Ibagué, el cuatro (4) de octubre de dos mil trece (2013), en el trámite de la
acción de tutela incoada por Orlando Arias Salazar contra la Alcaldía de
Ibagué.
1.
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 86 y 241-9  de la Constitución Política, 33 del Decreto 2591 de
1991 y 49 del Reglamento de la Corporación, la Sala de Selección Número Once de
la Corte Constitucional escogió en el Auto del veintiocho (28) de noviembre de
dos mil trece (2013), notificado el once (11) de diciembre de dos mil trece
(2013) para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con el artículo
34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la
sentencia correspondiente.
1.1.
SOLICITUD
El señor Orlando Arias Salazar
instauró acción de tutela el cinco (5) de septiembre de dos mil trece (2013),
contra la Alcaldía de Ibagué por considerar que vulneró su derecho fundamental
a la vivienda digna, al no incluirlo en los programas de vivienda que ofrece el
Gobierno Nacional, antes de ordenar su desalojo del Colegio San Luis Gonzaga,
de la ciudad de Ibagué, donde prestó el servicio de celaduría durante más de
diecinueve (19) años sin recibir remuneración alguna.
Con base en lo expuesto,
solicita se tutele su derecho fundamental a la vivienda digna y se le ordene a
la accionada que, de acuerdo con los programas de vivienda municipales, se le
entregue de manera gratuita una casa para vivir dignamente los últimos años de
su vida.
1.2.
HECHOS REFERIDOS
POR EL ACCIONANTE
1.2.1.
Señala que tiene
setenta y tres (73) años de edad y a la fecha no ha sido beneficiario de los
programas de vivienda que ofrece el Gobierno Nacional.
1.2.2.
Comenta que por no
poseer una vivienda, a comienzos de 1994, por conducto y aval de la Secretaría
de Educación Municipal de Ibagué y de la Presidenta de la Junta de Acción
Comunal del Barrio Nacional de la misma ciudad, vivió junto con su esposa e
hijo, en el colegio San Luis Gonzaga, ubicado en la avenida 37 No. 4B-44,
Barrio Nacional de Ibagué, para que “VIVIERA Y CUIDARA DICHO CENTRO DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL”.
1.2.3.
Arguye que después
de estar allí, por más de diecinueve (19) años, en donde además de residir
desempeñó labores de seguridad “haciendo las veces de celaduría”, la
rectora de dicha institución educativa, le manifestó que debía irse de dicho
lugar “como si nada hubiera pasado”.
1.2.4.
Expone que desde
hace cuatro (4) años la institución contrató los servicios de un tercero para
que se encargara de la celaduría del colegio.
1.2.5.
Señala que quieren
desalojarlo por acción judicial, sin pagarle ningún dinero ni prestación
alguna, no obstante sigue viviendo allí, “SIN PRESTAR SU SERVICIO ESTOS
ÚLTIMOS CUATRO (4) AÑOS” por cuanto ya hay otra persona que realiza las
labores de celaduría.
1.2.6.
Indica que quien se
desempeñaba como Presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Nacional, en
la época en que se le entregó el colegio como vivienda (1994), está dispuesta a
rendir declaración de los hechos materia de esta acción.
1.2.7.
Comenta que ante la
falta de vivienda propia y digna, se vio en la necesidad de acudir al entonces Presidente
de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien en oficio fechado 19 de mayo de 2009
y con radicado OFI09-00053318/AUV.131000, le respondió que había dado traslado
de su petición al señor Alcalde de Ibagué y a la Secretaría de Gobierno de la
misma ciudad, para lo de su competencia.
1.2.8.
Manifiesta que poco
tiempo después, la rectora de la institución educativa lo demandó para “que
desocupara” el lugar, entonces optó por quejarse ante la Defensoría del
Pueblo, quien ofició al señor Alcalde de Ibagué nuevamente. La Alcaldía
municipal dirigió la queja a la Gestora Urbana de Ibagué, pero esta entidad le
respondió que no existía cobertura y que no era apto para ser beneficiario de
un subsidio de vivienda.
1.2.9.
Teniendo en cuenta
lo anterior, el accionante solicita se le tutele el derecho a tener una
vivienda digna y se ordene la adjudicación de un albergue donde pueda pernoctar
los últimos días de su vida junto con su esposa e hijo. De igual manera, que se
ordene al señor Alcalde de Ibagué la entrega de una vivienda gratuita dentro de
los programas de vivienda que está promoviendo el Gobierno nacional.
1.3.
TRASLADO Y
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Recibida la solicitud de tutela, el Juzgado Noveno Civil Municipal de Ibagué,
Tolima, admitió el amparo incoado por el demandante y requirió a la entidad
accionada para que en el término de dos (2) días se manifestara respecto de los
hechos y pretensiones contenidas en el libelo.
1.3.1.  Alcaldía Municipal de Ibagué
La asesora de la
Oficina Jurídica del Municipio de Ibagué, presentó escrito el once (11) de
septiembre de dos mil trece (2013), exponiendo lo siguiente:
1.3.1.1.   Solicita no conceder el amparo
ya que no se le han vulnerado derechos fundamentales al actor.
1.3.1.2.   Señala que la acción de tutela
se torna improcedente ya que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad
pues lo que el actor solicita en últimas, es el pago de derechos laborales, y
éstos deben tramitarse por la vía ordinaria laboral.
1.3.1.3.   Indica que no basta con decir “no
tengo donde meter la cabeza” para poder acceder a una vivienda, pues el
Gobierno Nacional ha establecido unos requisitos específicos para ser
beneficiado con este tipo de subsidios, exigencias frente a las cuales el actor
no se pronuncia ni tampoco allega documentos que acrediten su postulación para
obtener la ayuda. Por ello, no es cierto que se le estén vulnerando sus derechos,
máxime cuando el peticionario ni siquiera ha cumplido con sus obligaciones en
cuanto a la postulación.
1.3.1.4.   Arguye la falta de pruebas junto
al escrito de tutela, y que en ésta, el actor se limita a relatar una serie de
hechos que “supuestamente acaecieron”. Sin embargo, advierte que si el
accionante está viviendo en un inmueble de propiedad del Municipio, está
invadiendo un espacio público y lo “lógico” es iniciar los procesos
administrativos y judiciales necesarios para recuperar dicho bien.
1.4.
PRUEBAS
A continuación se relacionan las
pruebas que obran en el expediente:
1.4.1.  Copia de la cédula de ciudadanía del accionante, donde
consta su fecha de nacimiento el 21 de marzo de 1940.
1.4.2.  Copia del oficio OFI09-00053318 / AUV 13100, fechado
19 de mayo de 2009, dirigido al accionante, suscrito por la Asesora Secretaría
Privada de la Presidencia de la República, dando respuesta al oficio radicado e
indicando que se dio traslado del mismo a la Secretaría de Gobierno de la
Alcaldía Municipal de Ibagué para lo de su competencia.
1.4.3.  Copia del oficio fechado el 8 de mayo de 2012, con
referencia “QUEJA No. 736 – 2012 FORMULADO POR EL SEÑOR ORLANDO ARIAS SALAZAR”
dirigido al Alcalde de Ibagué, suscrito por el Defensor Público Civil – Familia
de la Defensoría del Pueblo de Ibagué, remitiendo copia de la queja formulada
por el actor para que en lo posible se dé solución a sus requerimientos.
Además, advierte que, según manifiesta el quejoso, existe una orden de desalojo
en su contra.
1.4.4.  Copia del oficio (radicado ilegible) fechado el 2 de
septiembre de 2013, dirigido al accionante y suscrito por el Inspector Décimo
Urbano de Policía de Ibagué, citándolo para que se notifique de la Resolución
No. 043 del 30 de julio de 2013.
1.5.
DECISIONES DE
INSTANCIA
1.5.1.
Fallo de primera
instancia – Juzgado Noveno Civil Municipal de Ibagué, Tolima.
El Juzgado Noveno Civil Municipal de Ibagué, mediante
providencia del diecisiete (17) de agosto de dos mil trece (2013), negó el
amparo reclamado por el señor Orlando Arias Salazar, aduciendo que “no se ha
demostrado la existencia de error ostensible, protuberante” por parte de la
accionada frente a la vulneración de derechos alegada y no se acreditó la
inminencia de un perjuicio irremediable, por lo cual se hace improcedente la
acción.
1.5.2.  Impugnación
Dentro de la oportunidad legal
prevista, el accionante impugnó la decisión, argumentando que el fallo
proferido en primera instancia no tuvo en cuenta que es una persona que no
tiene conocimiento acerca de los trámites judiciales que debe seguir para poner
en conocimiento sus pretensiones y, además, no tuvo en cuenta la normativa a la
que hizo alusión la defensora del Pueblo, y que son aplicables a su caso.
Señala que lo que pretende es
que como compensación de su trabajo como celador durante diecinueve años se le
otorgue una vivienda, o por lo menos se abstengan de desalojarlo del lugar que
habita, en el cual ha estado por más de veinte años, mientras se le provee una
alternativa de vivienda.
1.5.3.  Decisión de segunda
instancia – Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagué, Tolima.
Mediante sentencia proferida el
cuatro (4) de octubre de dos mil trece (2013), el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Ibagué, confirmó el fallo impugnado, aduciendo que no obra prueba
alguna de que “el actor haya adelantado las acciones administrativas mínimas
para postularse a un subsidio de vivienda” ni tampoco de que la accionada
le haya negado el acceso a la vivienda digna. De acuerdo con lo anterior,
consideró que la acción de tutela no procedía, pues lo pretendido debe
reclamarse por otra vía judicial.
De otro lado, no está
demostrado que el actor haya prestado sus servicios como celador en la
institución educativa, mucho menos que se le esté adeudando suma alguna de
dinero, por lo que no se evidencia alguna acción u omisión vulneradora de
derechos que permita conceder el amparo transitoriamente.
1.5.4.  Actuación en sede de revisión
La Sala observó que en el presente caso era necesario solicitar algunas pruebas con el fin de contar con mayores
elementos de juicio que explicaran las particularidades del caso.
1.5.4.1.
Se comisionó al
Juzgado Noveno Civil Municipal de Ibagué, Tolima, para que practicara las
siguientes diligencias:
1.5.4.1.1.Interrogatorio al señor Orlando Arias Salazar, para
que ampliara los hechos de la demanda e informara a qué personas se les puede tomar
declaración que permita recaudar mayor información sobre la labor del
peticionario en el colegio, el tiempo durante el cual ha desarrollado esa
actividad, y en general todos aquellos cuestionamientos que estimara
conducentes y pertinentes para establecer en qué términos se le dio la
posibilidad al demandante de ocupar el inmueble en mención, así como las
labores realizadas durante el tiempo que ha vivido allí. Entre estas personas
puede tenerse en cuenta, por ejemplo, a la presidenta de la Junta de Acción
Comunal del barrio Nacional de Ibagué para el año 1994, familiares o vecinos.
Para tal efecto, el Juez comisionado debía informarle
al actor que el día que se lleve a cabo la inspección judicial al inmueble, podrían
hacerse presentes las personas que manifestaran su voluntad de dar testimonio
con respecto a los hechos que originaron la presente acción de tutela.
1.5.4.1.2.Recibir las declaraciones de las personas que se hicieran
presentes al momento de realizar la inspección judicial al inmueble, con
respecto a los hechos que originaron la presente acción de tutela, con el fin
de recaudar mayor información para establecer en qué términos se le dio la
posibilidad al demandante de ocupar el inmueble en mención, así como las
labores realizadas durante el tiempo que vivió allí y las demás que el Juez
comisionado considerara conducentes y pertinentes.
1.5.4.1.3.Interrogatorio al actual rector (a) de la Institución
Educativa San Luis Gonzaga de Ibagué para que se manifestara específicamente
sobre:
-
¿Hace cuánto tiempo
tiene conocimiento que el accionante habita en la institución educativa a su
cargo?
-
¿A qué actividad se
dedicaba el actor cuando comenzó su labor como rector (a) de la institución
educativa?
-
¿Con quién vive el
actor, dentro de la institución?
-
¿Tiene conocimiento de
alguna otra actividad a la que se dedique el accionante?
-
¿Qué instrumentos o
acciones ha emprendido para el desalojo del lugar habitado por el peticionario
dentro de la institución educativa?
-
¿Cuál ha sido la
respuesta del accionante ante  las acciones adelantadas por usted para el
desalojo?
1.5.4.1.4.Practicara una inspección judicial al lugar
de habitación del actor, dentro de la Institución Educativa San Luis Gonzaga,
con el fin de indagar:
-        Con exactitud, ¿cuántas personas,
incluidas  menores de 18 años, habitan el inmueble ocupado?
-        A cada uno de los habitantes:
-
Nombre, edad, profesión
u oficio.
-
Ingresos y egresos
mensuales.
-
Si cuenta con algún servicio médico.
-        ¿Con cuáles servicios públicos
domiciliarios cuenta el inmueble?
-        ¿Con cuántos baños, habitaciones
con puerta y entradas de luz tiene la vivienda?
1.5.4.2.
De otra parte, se solicitó
al Inspector Décimo Urbano Municipal de Policía de Ibagué, que enviara copia
del Proceso que se está adelantando en contra del accionante, dentro del cual
se emitió la Resolución Nº. 043 del 30 de julio de 2013, así como copia de
dicho acto administrativo.
1.5.4.3.   En oficio remitido por la
Secretaría General de la Corte Constitucional, el día trece (13) de junio de
dos mil catorce (2014), envió al despacho del magistrado sustanciador, oficio
3.2.025 recibido en esa Dependencia, con fecha de enviado 25 de marzo de 2014,
con referencia Contestación oficio No. OPTB – 187 / 2014, por medio del cual
remite a la Corporación, copia del proceso 262 del 14 de Diciembre de 2010 por “AMPARO
AL DOMICILIO” siendo querellante la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS
GONZAGA Contra ORLANDO ARIAS”. Anexan proceso contentivo de 137 folios, en
donde se encontraron las siguientes actuaciones, entre otras:
1.5.4.3.1.Copia de oficio 7.1., fechado
16 de septiembre de 2010, suscrito por la señora Luz Dary Chacón Arjona,
remitido al señor Orlando Arias, en donde le solicita de manera urgente, se
reubique en otro sitio en un término no mayor a 8 días, en cumplimiento de una
sentencia judicial proferida por el Juzgado 13 Civil Municipal, en donde se
obliga a la Secretaría de Educación y a la Alcaldía Municipal, de Ibagué a
llevar a cabo todas las adecuaciones técnicas necesarias para mejorar las
condiciones de seguridad existentes en la institución educativa.
1.5.4.3.2.     Querella de amparo
domiciliario, de fecha 3 de marzo de 2011, interpuesta por el doctor Luis Carlos
Villarraga Linares en contra de Orlando Arias.
1.5.4.3.3.     Copia de la Resolución No. 007
del 3 de marzo de dos mil once (2011), proferida por la Inspección Décima
Urbana de Policía de Ibagué que admite la querella de amparo domiciliario
instaurada por el doctor Luis Carlos Villarraga Linares, le reconoce personería
jurídica como representante de la señora Luz Dary Chacón Arjona, rectora de la
Institución Educativa San Luis Gonzaga, y corre traslado de la querella al
señor Orlando Arias.
1.5.4.3.4.     Constancia de traslado, fechada
19 de julio de 2011, donde se verifica que se le informó al señor Orlando
Arias, del proceso No. 262 de 2010, que obra en su contra y se le entrega copia
de la querella, para que en el término de 5 días hábiles, la conteste, por
intermedio de apoderado.
1.5.4.3.5.     Contestación de la querella por
parte del doctor Roberto Mario Osuna Pinzón, abogado del señor Orlando Arias,
de fecha 26 de julio de 2011, oponiéndose a las pretensiones.
1.5.4.3.6.     Copia de oficio fechado 23 de
marzo de 2010, suscrito por la señora Luz Dary Chacón Arjona, como rectora de
la Institución Educativa San Luis Gonzaga, dirigida al señor Orlando Arias,
solicitándole continuar con la orden de no permitir el ingreso después de las
6:30 pm a funcionarios de la Institución Educativa, mucho menos personas ajenas
a ella.
1.5.4.3.7.     Copia de oficio fechado 10 de
marzo de 2011, suscrito por el señor Orlando Arias Salazar, dirigido a la Alcaldía
de Ibagué, solicitando claridad y solución a la petición radicada el 20 de
octubre de 2010, en la que pide que se le entregue la posesión que hace 17 años
tiene en la Institución Educativa San Luis Gonzaga, la cual cuidó durante 16
años sin devengar si quiera un salario mínimo.
1.5.4.3.8.     Copia de derecho de petición
fechado 20 de octubre de 2010, suscrito por el señor Orlando Arias Salazar,
interpuesto ante el Alcalde de Ibagué, en donde le informa que hace 16 años vive
en el colegio San Luis Gonzaga, el cual cuida sin devengar algún salario, y que
como nombraron celador nuevo, quiere desocupar su habitación pero llegando a un
acuerdo, pues es de la tercera edad y quiere que se le solucione el problema de
vivienda.
1.5.4.3.9.     Copia del oficio 10438 de la
Gerente de la Gestora Urbana de Ibagué, remitido al señor Orlando Arias, dando
respuesta a su petición, indicándole que a dicha entidad no le consta ni es
competente para resolver sus cuestionamientos frente a la presunta relación que
señala tener con la institución educativa. Frente a la solicitud de una
vivienda le informa que debe postularse ante el Gobierno Nacional para ser
beneficiado con alguno de los programas ofrecidos, previo cumplimiento de los
requisitos exigidos por la ley.
1.5.4.3.10.     Copia de la diligencia de
conciliación dentro del proceso por amparo al domicilio, llevada a cabo el 7 de
septiembre de 2011, la cual se firma sin ánimo conciliatorio.
1.5.4.3.11.     Copia de la citación a
diligencia administrativa, fechada 22 de septiembre de 2011, suscrita por el
Inspector Décimo Urbano de Policía de Ibagué, dirigida a las partes.
1.5.4.3.12.     Copia de la diligencia proceso
policivo por amparo al domicilio, llevada a cabo el 5 de octubre de 2011, la
cual culminó suspendida para garantizar el debido proceso del querellado.
1.5.4.3.13.     Resolución No. 017 de la
Inspección Décima Urbana de Policía de Ibagué, del 8 de noviembre de 2011,
donde resuelve conceder el amparo al domicilio solicitado por la señora Luz
Dary Chacón Arjona.
1.5.4.3.14.     Recurso de reposición y en
subsidio el de apelación, presentado el 23 de marzo de 2012, por el doctor
Mario Andrés Alzate Rozo, contra la Resolución No. 017 del 8 de noviembre de
2011.
1.5.4.3.15.     Copia de la Resolución No. 095,
del 30 de julio de 2012, expedida por el Inspector Décimo Urbano de Policía de
Ibagué, por la cual resuelve no reponer la Resolución 045 de Octubre 29 de 2007
y concede el recurso de apelación, por lo que remite las diligencias a la
Dirección de Justicia.
1.5.4.3.16.     Resolución No. 043 del 30 de
julio de 2013, expedida por el Director de Justicia, Orden Público y Seguridad
Ciudadana, por la cual confirma en todas las partes la decisión adoptada en la
Resolución 017 de noviembre de 2011.
1.5.4.4.
En
oficio remitido por la Secretaría General de la Corte Constitucional, el día
diecisiete (17) de junio de dos mil catorce (2014), envió al despacho del
magistrado sustanciador, oficio 0662 recibido en esa Dependencia, con fecha de
enviado 31 de marzo de 2014, por medio del cual remite a la Corporación las
actuaciones llevadas a cabo según lo ordenado por el Despacho Comisorio No. 6.
Anexan proceso contentivo de 21 folios, en donde se encontraron las siguientes
actuaciones:
1.5.4.4.1.Auto del 21 de marzo de 2014,
proferido por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Ibagué, en donde se
señalaron las fechas para llevar a cabo los interrogatorios al señor Orlando
Arias y a la señora rectora de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, y la
inspección judicial a dicha Institución.
1.5.4.4.2.Oficio No. 627 del 20 de marzo
de 2014, proferido por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Ibagué, por medio
del cual se cita a la Rectora de la Institución Educativa San Luis Gonzaga,
para interrogatorio de parte el día 20 de marzo de 2014,
a las 3pm.
1.5.4.4.3.Oficio No. 627 del 20 de marzo
de 2014, proferido por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Ibagué, por medio
del cual se cita al señor Orlando Arias Salazar, para interrogatorio de parte
el día 20 de marzo de 2014, a las 3pm.
1.5.4.4.4.Informe del Escribiente
Judicial del Juzgado Noveno Civil Municipal de Ibagué, del 20 de marzo de 2014,
en donde señala que al desplazarse al Colegio San Luis Gonzaga a notificar al
señor Orlando Arias, de la citación para diligencia de interrogatorio, no fue
posible ya que el señor no se encuentra en el lugar, y le informaron que el
señor Arias ya se había ido de allí, por lo que procedieron a comunicarse
telefónicamente con el a dos números de celular de los cuales uno está fuera de
servicio, y en el otro no lo conocen.
1.5.4.4.5.Audiencia de interrogatorio de
parte, llevada a cabo el 21 de marzo de 2014, por el Juzgado Noveno Civil
Municipal de Ibagué, a la señora Luz Dary Chacón Arjona, en donde se le
formularon las preguntas así:
“(…)
PREGUNTA No. 1.
Conoce usted de trato vista o comunicación al señor ORLANDO ARIAS SALAZAR, de
ser afirmativa su respuesta, indique las condiciones de modo tiempo y lugar.
CONTESTO: Si lo conozco, en julio del año 2008, fui trasladada como rectora a
la Institución Educativa San Luis Gonzaga, me di cuenta que había construido en
el pequeño patio del colegio una habitación si[n] baño y que tenía una puerta
vieja, con acceso al patio en donde juegan los niños, niñas y jóvenes, me
informaron sobre los habitantes que habían en esa habitación mal construida y
fue cuando conocí una noche que me quedé en el colegio al señor ORLANDO ARIAS y
me contó que él hace muchos [años] vivía ahí, y que la esposa había muerto que
fue la que consiguió esa habitación y que él se encontraba durmiendo ahí con un
hijo, mayor de edad. PREGUNTA No 2. Hace cuánto tiempo, tiene conocimiento que
el accionante habita en la Institución educativa a su cargo. CONTESTÓ: Hace 5
años que tengo conocimiento de que él habita en la Institución, en este momento
él no se encuentra habitando el señor, pues en ese tiempo hace aproximadamente
4 años inicié un proceso judicial, para retirar al señor ARIAS de la
Institución educativa San Luis Gonzaga, porque el ofrecía una amenaza, para el
bienestar de los estudiantes y de la misma Institución, porque primero, su hijo
era un reconocido ladrón ha estado en la cárcel y una vez sufrimos, de que el
levantara las tejas y hurtara los alimentos de los desayunos de los niños, un
computador y un video beam, el señor ARIAS vivía solo, trabajaba e iba a
dormir, a veces acompañado de su hijo, porque después el mismo lo sacó,
sabiendo que se había convertido en un ladrón, él hacía sus necesidades en las
unidades sanitarias de los niños y lavaba su ropa, también yo veía como una
amenaza que él podía tener contacto con las niñas de la Institución, al final
del año pasado recibí la comunicación del fallo y que debía presentarme parece
ser del desalojo, yo inicié el proceso en la Inspección Décima, el cual después
de cuatro años y de muchas citaciones y de pagar honorario[s] de abogado, el
proceso salió a favor de la Institución y se ordenó el desalojo del señor, yo
no me di cuenta cuando se produjo el desalojo, al parecer fue en vacaciones, en
el mes de diciembre del año pasado, la última información que tengo es que él
se fue a vivir con una señora y que continua trabajando en latonería. PREGUNTA
No 3. A qué actividad se dedicaba el actor cuando comenzó su labor como Rectora
de la Institución Educativa. CONTESTÓ: siempre comentaba que trabajaba en
latonería, en talleres arreglando las latas de los carros. PREGUNTA No 4. Con
quién vive el actor dentro de la Institución CONTESTO: en este momento el actor
ya no vive en la Institución, pero antes vivía con el hijo. PREGUNTA No 5. Tiene
conocimiento de alguna otra actividad a la que se dedique el accionante
CONTESTO: no, solo la latonería y a veces pintura, lo que tiene que ver con
eso, de arreglo de latas de carros. PREGUNTA No 6. Qué instrumentos o acciones
ha emprendido para el desalojo del lugar habitado por el peticionario dentro de
la Institución Educativa CONTESTÓ: pues inicié un proceso en la Inspección
Décima de Policía, el cual se respetó el debido proceso, al señor ARIAS lo
orientaron y le dieron todas las garantías legales para la defensa de sus
derechos, otra acción fue la de oficiar a la Secretaría de [E]ducación
Municipal de Ibagué, los cuales asignaron una abogada, para que se hiciera el
debido proceso apoyando y orientando a la rectoría, se realizaron varias
reuniones, de encuentros entre las partes y con los abogados del señor ARIAS,
se le concientizó, sobre el hecho de que esta era una Institución Educativa
Oficial y que no estaba permitido, de que hubiesen familias viviendo dentro las
instalaciones y que además se le había colaborado hace más de 15 años, viviendo
en la Institución y con todas las garantías de luz, agua y además, que no
cumplía las funciones de celador, eso lo quiero dejar claro, desde que yo asumí
el cargo él nunca había cumplió [sic] las funciones de celador, y según
informes de los rectores anteriores, el nunca desempeñó las funciones de
celaduría, porque allá había celador PREGUNTA No 7. Cuál ha sido la respuesta
del accionante, ante las acciones adelantadas por usted para el desalojo
CONTESTÓ: Pues ha sido de grosería, ya no me saludaba y me demandó por más de
$20.000.000.oo, que porque él era el que cuidaba el colegio, en las noches,
cosa que no es cierta, porque en la Institución hay celador asignado por la
Secretaría de Educación, esa demanda fue archivada porque se demostró que en la
Institución siempre ha habido un celador que cumple dichas funciones y que yo
nunca contraté al señor ARIAS, para que el cumpliera esas funciones. En este
estado de la diligencia el Despacho pregunta a l[a] interrogada si desea
agregar, enmendar o corregir algo a la presente diligencia. CONTESTO: Quiero
dejar claro que primero el señor ORLANDO ARIAS SALAZAR, nunca cumplió funciones
de celador, la institución nunca lo contrató, puesto que al ser una entidad
oficial, no estoy autorizada para hacerlo, además que el servicio de celaduría
lo asigna[da] la Secretaría de Educación, he sido víctima de la persecución del
señor ARIAS, pues hasta demandada , por más de $20.000.000.oo he sido objeto y
amenazada por el señor que él se va, pero con plata, a lo que una vez le respondí
que pasara los papeles para que el estado le asignara una vivienda, a partir
del primero de enero me di cuenta que el señor ARIAS ya no vivía dentro de la
Institución y que había hecho su trasteo y según información del celador, que
se había organizado con una señora y que continuaba trabajando. No siendo otro
el objeto de la presente audiencia, se termina y se firma por los que en ella
intervinieron, (…)”
1.5.4.4.6.Diligencia de inspección
judicial realizada en Ibagué el día 28 de marzo de 2014, atendiendo el despacho
comisorio No. 6 de la Corte Constitucional, en donde el Juez Noveno Civil
Municipal de Ibagué junto con su secretario se trasladaron a las Instalaciones
del Colegio San Luis Gonzaga, allí se encontró lo siguiente:
“(…)
Somos atendidos
por (cambio de máquina), por la señora LUZ DARY CHACÓN ARJONA, identificada con
la cédula No. (…), Rectora del Colegio, Institución educativa San Luis Gonzaga
de Ibagué, Magister, a quien se le entera del objetivo de la diligencia y
permite el ingreso del personal del Juzgado al interior de la Institución.-
Acto seguido se procede identificar el lugar de habitación del actor, para lo
cual se trata de una construcción realizada en bloque pequeño, de cemento,
ubicada al finalizar la cancha de la Institución al lado o frente de la avenida
37 de esta ciudad, esta construcción tiene un área construida de
aproximadamente de 7 metros de largo por 3.5
metros de ancho, al frente tiene una puerta de acceso de metal cerrada, con
candado, sobre el lado, izquierdo tiene dos ventanas o huecos de ventanas, con
marco de madera, sin abras [sic] revisando el interior de esta construcción se
observa que en la primera parte tiene un salón pequeño, a su lado derecho una
pieza pequeña, al fondo existe el anchor de la misma edificación con dos
habitaciones pequeñas. Estas habitaciones están en muy mal estado, existe mucha
basura, está completamente abandonado, mucho escombro, de sillas dañadas,
palos, todo inservible, no existe energía eléctrica, no tiene baños sanitarios,
ni servicio de agua, el techo está dañado roto con faltante de tejas al
comienzo de la construcción, sellado con una candado.- No se observa que en
este sitio exista una persona alguna viviendo, por el estado en que se
encuentra el sitio, el piso no se pudo observar por la cantidad de escombros
que existen en su interior, en su forma de que se encuentra el sitio o
edificación, no vive nadie y se encuentra deshabitado, que este sitio nunca fue
habitado independiente del señor ORLANDO ARIAS y su esposa, por menos de edad
alguno, la esposa ya falleció.- Este despacho deja constancia que este espacio
al encontrarse dentro de la cancha donde los estudiantes de la institución practican
su deporte ofrece peligro para el bienestar de los estudiantes, además de
encontrarse por la avenida 37 a la delincuencia, por donde pueden penetrar
fácilmente al interior del colegio, ofreciendo inseguridad para el bienestar y
bienes del colegio y al mismo espacio al no contar con las baterías sanitarias
correspondientes ofrece también un peligro para la salud de los estudiantes que
son menores de edad, por cuanto estas personas o accionante utilizaba el
servicio sanitario de los estudiantes.- Con esta situación se causa gran
inconveniente a la directivas del plantel.- Sobre el sitio se toman placas
fotográficas para mayor ilustración. (…)”
1.5.4.4.7.Copia de seis (6) fotografías
en blanco y negro, al parecer del lugar de habitación del accionante, dentro de
la Institución Educativa San Luis Gonzaga.
2.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
2.1.
COMPETENCIA
Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de
Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los
artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución, es competente para revisar
fallos de tutela adoptados en el proceso de la referencia.
2.2.
PROBLEMA
JURÍDICO
En consideración a
los antecedentes planteados, corresponde a la Sala de Revisión
determinar si la entidad accionada vulnera el derecho fundamental a la
vivienda digna así como el principio de confianza legítima del actor al no
incluirlo en los programas de vivienda del municipio de Ibagué antes de hacer
efectiva la orden de desalojo del Colegio San Luis Gonzaga de esta misma
ciudad, lugar donde afirma, reside desde hace más de 19 años, prestando el
servicio de celaduría.
Para resolver la cuestión
planteada, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas analizará: primero,
la carencia actual de objeto; segundo, el derecho a la vivienda digna; tercero, la recuperación de los bienes fiscales y el principio de confianza
legítima; y; cuarto, estudio del caso concreto.
No obstante, es
importante poner de presente que con base en las pruebas que fueron allegadas a
esta Corporación, se pudo establecer que se desconoce el paradero en favor de
quien se emitirán las órdenes. Por tanto, es importante determinar si este
hecho se encuentra dentro de las hipótesis que estructuran una carencia actual
de objeto.
2.3.
ASUNTO
PREVIO. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO[1]. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
Como ya se ha reiterado, la acción de
tutela se instituyó como mecanismo para proteger efectivamente los derechos
fundamentales amenazados o afectados de manera actual, por tanto, la Corte
Constitucional ha sostenido que “ante la alteración o el desaparecimiento de
las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos
fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial”.[2]
Así, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual
decisión del juez constitucional, cualquier decisión que se pueda tomar para
salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua, y
contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.[3]
Es en ese momento en que se configura el
fenómeno de la carencia actual de objeto que tiene como característica esencial
que la orden del/de la juez/a de tutela relativa a lo solicitado en la demanda
de amparo no surtiría ningún efecto, esto es, caería en el vacío[4]. Lo anterior
se presenta, generalmente, a partir de dos eventos: el hecho superado o
el daño consumado.
La carencia actual de objeto por hecho
superado se presenta cuando entre el momento de la interposición de la
acción de tutela y el fallo se ha satisfecho completamente lo solicitado en la
acción, por lo que cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria[5].
En otras palabras, aquello que
se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de
que el mismo diera orden alguna[6]. En estos casos, se debe demostrar que en
realidad se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción
de tutela[7],
lo que autoriza a declarar en la parte resolutiva de la sentencia la carencia
actual de objeto por hecho superado y a prescindir de orden alguna, con
independencia de aquellas que se dirijan a prevenir al demandado sobre la
inconstitucionalidad de su conducta y a advertirle de las sanciones a las que
se hará acreedor en caso de que la misma se repita, al tenor del artículo 24
del Decreto 2591 de 1991.
La carencia actual de objeto por daño
consumado se configura cuando la vulneración o amenaza del derecho
fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar, así que ya no es
posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro y lo
único que procede es el resarcimiento del daño originado en la vulneración del
derecho fundamental[8].
En estos casos cualquier orden judicial resultaría inocua[9] o, lo que es
lo mismo, caería en el vacío[10]
pues no se puede impedir que se siga presentando la violación o que acaezca la
amenaza.
Esta figura de la carencia actual de objeto
por daño consumado, puede ocurrir en dos supuestos: cuando al momento de la
interposición de la acción de tutela el daño ya está consumado, caso en el cual
ésta es improcedente pues, como se indicó, tal vía procesal tiene un carácter
eminentemente preventivo mas no indemnizatorio, así que el juez de tutela
deberá, en la parte motiva de su sentencia, hacer un análisis en el que
demuestre la existencia de un verdadero daño consumado, al cabo del cual podrá,
en la parte resolutiva, declarar la improcedencia de la acción, sin hacer un
análisis de fondo[11].
De otra parte, se declarará la carencia
actual de objeto por daño consumado cuando la afectación definitiva se presente
en el transcurso del trámite de la acción de tutela, caso en el cual, la
jurisprudencia constitucional ha indicado que si bien no resulta viable emitir
la orden de protección que se solicitaba en la acción de tutela, es perentorio
que, tanto el juez de instancia como la Corte Constitucional en sede de
revisión[12]:
(i)
Se pronuncien de fondo
en la parte motiva de la sentencia sobre la presencia del daño consumado y
sobre si existió o no la vulneración de los derechos invocados en la demanda,
lo cual incluye, en el caso del juez/a de segunda instancia y de la Corte
Constitucional, la revisión de los fallos precedentes para señalar si el amparo
ha debido ser concedido o negado[13].
(ii)
Hagan una advertencia “a
la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones
u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela (…)”, al tenor del
artículo 24 del decreto 2591 de 1991[14].
(iii)      Informen al actor/a o a sus familiares
sobre las acciones jurídicas de toda índole a las que puede acudir para la
reparación del daño[15].
(iv)
De ser el caso,
compulsen copias del expediente a las autoridades que considere obligadas a
investigar la conducta de los/las demandados/as cuya acción u omisión causó el
mencionado daño[16].
Ahora bien, es posible que la carencia
actual de objeto no se derive de la presencia de un daño consumado o de un
hecho superado sino de alguna otra circunstancia que determine que, igualmente,
la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no
surta ningún efecto y por lo tanto quede en el vacío. “A manera de ejemplo,
ello sucedería en el caso en que, por una modificación en los hechos que
originaron la acción de tutela, el/la tutelante perdieran el interés en la
satisfacción de la pretensión solicitada o ésta fuera imposible de llevar a
cabo.[17]”[18]
Así las cosas, se puede concluir que la
carencia actual de objeto -por hecho superado, daño consumado u otra razón que
haga inocua la orden de satisfacer la pretensión de la tutela- no impide un
pronunciamiento de fondo sobre la existencia de una violación de derechos
fundamentales salvo la hipótesis del daño consumado con anterioridad a la
presentación de la acción de amparo. “Menos aun cuando nos encontramos en
sede de revisión, espacio en el cual la Corte Constitucional cumple la función
de fijar la interpretación de los derechos fundamentales como autoridad suprema
de la jurisdicción constitucional”[19].
En virtud de lo
anterior, la Sala abordará el estudio del asunto que se somete a su revisión
para determinar la posible vulneración de las garantías constitucionales
invocadas por el actor.
2.4.
EL DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA
2.4.1. Naturaleza jurídica
De conformidad con el Estado Social de
Derecho como modelo adoptado por la Constitución de 1991, su parte dogmática
establece una carta de derechos que el Estado debe garantizar. Entre ellos se
encuentran los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales abarcan
prerrogativas que progresivamente deben tener la oportunidad de gozar y ejercer
todos los ciudadanos colombianos.
2.4.1.1.   Es importante recordar que el derecho a la
vivienda digna consagrado en el artículo 51 de la Constitución no fue
inicialmente reconocido dentro de la categoría de aquellos que podían ser
exigidos directamente a través de la acción de tutela, por encontrarse dentro
de los denominados derechos de segunda generación –económicos, sociales y
culturales- que se caracterizan principalmente por su contenido prestacional.
Además, se señaló que dicho derecho requería de un desarrollo legal previo que
garantizara su eficacia. Esta postura fue adoptada en algunos de los primeros
pronunciamientos de la Corte Constitucional, como en la sentencia T-495 de 1995[20],
en la cual se manifestó lo siguiente:
“El derecho a
la vivienda digna es un derecho de carácter asistencial que requiere un
desarrollo legal previo y que debe ser prestado directamente por la
administración o por las entidades asociativas que sean creadas para tal fin,
sin olvidar que su aplicación exige cargas recíprocas para el Estado y para los
asociados que pretendan beneficiarse de los programas y subsidios. Así, las
autoridades deben facilitar la adquisición de vivienda, especialmente en los
sectores inferiores y medios de la sociedad, donde aparece detectado un déficit
del servicio; para tal efecto los particulares deben cumplir con los requisitos
establecidos por la ley.”[21]
En igual sentido, la sentencia T-258 de
1997[22]
reafirmó el carácter asistencial que la jurisprudencia le venía otorgando al
derecho a la vivienda digna:
“La
Constitución señaló el derecho que tienen toda persona para acceder a la
vivienda en condiciones dignas. Dicho derecho, que se cataloga como de segunda
generación y que se sitúa junto con otros derechos de carácter económico, no
tiene la protección inmediata que le puede brindar la acción de tutela, pues en
su condición de derecho asistencial, le corresponde al Estado la obligación de
desarrollar planes de vivienda, ya sea directamente o por medio de contratos
con particulares, todo de acuerdo con la ley. Por tal motivo, las condiciones
jurídicas, económicas y materiales son las que determinarán la efectiva
materialización de tal derecho”.
2.4.1.2.      Sin embargo, la posición de la Corte no fue
unívoca en torno a la determinación de la naturaleza jurídica del derecho a la
vivienda digna. De este modo, la jurisprudencia fue identificando algunos
eventos bajo los cuales determinaba la protección de este derecho al evidenciar
la vulneración de otra garantía fundamental sea por transmutación, por su
conexidad con un derecho respecto del cual no existe discusión sobre su
naturaleza fundamental[23]
o por la afectación del mínimo vital[24],
casos en los cuales, señaló que era posible la protección constitucional a
través de la acción de tutela.
En el caso de la transmutación, la Corte
Constitucional en la Sentencia T-304 de 1998[25], explicó que
dado el carácter programático de los derechos económicos, sociales y
culturales, éstos “tienden a transmutarse hacia un derecho subjetivo, en la
medida en que se creen los elementos que le permitan a la persona exigir del
Estado la obligación de ejecutar una prestación determinada, consolidándose,
entonces, lo asistencial en una realidad concreta en favor de un sujeto
específico”. Así, según esta tesis, el derecho a la vivienda digna se
convierte en fundamental cuando es dotado de contenido mediante la
implementación de medidas legislativas y administrativas dirigidas a hacerlo
efectivo.
Respecto de la exigibilidad de esta clase de derechos
prestacionales a través del criterio de conexidad, ésta Corporación ha indicado
en el caso del derecho a la vivienda digna que “en abstracto
no haría parte de los derechos fundamentales, pero en algunas circunstancias lo
sería si está en conexidad con otros derechos fundamentales. La efectividad de
la tutela respecto a la petición de una persona para que su vivienda sea digna
dependerá de las condiciones jurídico-materiales del caso concreto.”[26]
En cuanto a la protección fundada en la hipótesis de la
vulneración del mínimo vital del accionante, ésta va dirigida a que el juez de
tutela pueda proteger el derecho a la vivienda digna, “cuando dadas las
circunstancias particulares de debilidad manifiesta en que se encuentra quien
la posee, es o puede ser injustamente despojado de ella y con ello se afecta su
mínimo vital o el de su familia, o cuando adquiere el rango de fundamental por
el factor de conexidad con otro derecho fundamental”[27]
2.4.1.3.
Ahora bien, las teorías
anteriores, hacen parte de la forma en que venían siendo tratados judicialmente
estos derechos. Más recientemente, dentro de la amplia jurisprudencia
constitucional, estas divisiones han sido superadas y en la actualidad no hay
duda sobre su carácter fundamental, por lo que la protección de los derechos
económicos, sociales y culturales resulta exigible a través de un mecanismo
como la acción de tutela. En este sentido, la Corte ha afirmado que el carácter
programático de dichos derechos y su necesaria dependencia de una erogación
presupuestaria no sustrae  su carácter fundamental:
“Al respecto, se dice, debe repararse en que todos los derechos constitucionales
fundamentales – con independencia de si son civiles, políticos, económicos,
sociales, culturales, de medio ambiente - poseen un matiz prestacional de modo
que, si se adopta esta tesis, de ninguno de los derechos, ni siquiera del
derecho a la vida, se podría predicar la fundamentalidad. Restarles el carácter
de derechos fundamentales a los derechos prestacionales, no armoniza, por lo
demás, con las exigencias derivadas de los pactos internacionales sobre
derechos humanos mediante los cuales se ha logrado superar esta diferenciación
artificial que hoy resulta obsoleta así sea explicable desde una perspectiva
histórica”.[28]
En este orden de ideas, no puede asumirse que por el hecho de
estar frente a la exigencia de un derecho económico, social o cultural, la
tutela no es procedente. Así por ejemplo, en el caso
paradigmático del derecho a la salud[29], a pesar de que en un
comienzo la jurisprudencia no fue unánime respecto a su naturaleza, razón por
la cual se valió de caminos argumentativos como el de la conexidad y el de la transmutación
en derecho fundamental en los casos de sujetos de especial protección
constitucional, hoy no hay duda acerca de su naturaleza fundamental atendiendo,
entre otros factores, a que por vía normativa y jurisprudencial se han ido definiendo
sus contenidos, lo que ha permitido que se torne en una garantía subjetiva
reclamable ante las instancias judiciales.
2.4.1.4.
En el desarrollo jurisprudencial de la
tesis del carácter fundamental
autónomo del derecho a la vivienda digna, la Corte
ha descartado el argumento de que su contenido principalmente prestacional y de
desarrollo progresivo impide su reconocimiento como fundamental. Como bien lo
ha precisado esta Corporación en numerosos fallos, todos los derechos fundamentales
tienen una faceta prestacional y progresiva –incluso los tradicionales derechos
civiles y políticos- sin que ello tenga incidencia sobre su naturaleza
constitucional[30]. Lo
determinante es su relación directa con el principio de la dignidad
humana.
2.4.2.  En ese marco, en distintas oportunidades la Corte ha
protegido este derecho cuando las personas se encuentran en circunstancias
especiales como “disminución
por razones de salud, contingencias sociales y familiares, precariedades de
tipo económico o de otra índole, cuando se afecta su mínimo vital o cuando se
encuentran en situaciones en las que se restringe grave y permanentemente el
goce efectivo de ese derecho fundamental.[31]”[32]
Por tanto, para garantizar la realización
de este derecho a la población más vulnerable, la jurisprudencia ha reiterado
que es deber del Estado
dar prioridad en los programas de vivienda “a los grupos desfavorecidos como
las personas de la tercera edad, los niños, los discapacitados, los enfermos
terminales, los portadores de VIH, las personas con problemas médicos
persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las
personas que viven en zonas de alto riesgo y los desplazados por la violencia”.[33] También, se ha protegido este derecho
cuando se trata de situaciones de “indigencia, pobreza, riesgo de derrumbe o
desplazamiento forzado de las personas, no obstante no ser éstas titulares de
derechos subjetivos configurados con arreglo a las disposiciones legales o
reglamentarias”[34].
En suma, “para la Corte, la noción de vivienda
digna incluye contar con un lugar propio o ajeno, que le posibilite  a la
persona desarrollarse en unas condiciones mínimas de dignidad y seguridad, así
como le permita  satisfacer su proyecto autónomo de vida[35]. Por lo
tanto, una “vivienda digna” debe contar con condiciones adecuadas que no pongan
en peligro la vida y la integridad física de sus ocupantes, pues ella además de
ser un refugio para las inclemencias externas, es el lugar donde se desarrolla
gran parte de la vida de las personas que la ocupan, por lo que “adquiere
importancia en la realización de la dignidad del ser humano”[36]. De esta
forma, la Corte ha insistido en múltiples ocasiones en que la vivienda apropiada registra
máxima trascendencia para la realización de la dignidad del ser humano[37].”[38]
2.5.
LA RECUPERACIÓN
DE LOS BIENES FISCALES NO PUEDE DESCONOCER EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA.
2.5.1. La ocupación de los bienes pertenecientes al Estado ha
sido motivo de diversos pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional,
generalmente en lo relacionado con la recuperación del espacio público,
entendido como subcategoría de los bienes de uso público. Ahora bien, el caso
particular que estudia la Sala hace necesario expresar algunas consideraciones
en cuanto a la ocupación, ya no de los bienes de uso público, sino de los
denominados fiscales. Por tanto, el presente capítulo estará dedicado a la caracterización
de lo que se entiende por bienes de uso público y bienes fiscales desde el
punto de vista legal y constitucional, con el objetivo de dar a entender por
qué la jurisprudencia sobre la recuperación de los bienes de uso público es
aplicable a los bienes fiscales.
2.5.2. La clasificación de los bienes estatales entre bienes
de uso público y bienes fiscales viene dada inicialmente por el artículo 674
del Código Civil, el cual denomina a los primeros como “bienes de la Unión”,
cuya características principal es que pertenecen al dominio de la República.
Seguidamente, establece que cuando el uso de estos bienes pertenece a los
habitantes de un territorio como las calles, plazas, puentes, etc., se llaman
“bienes de la Unión de uso público” o “bienes públicos del territorio”.
Finalmente, cuando estos bienes se encuentran en cabeza del Estado, pero su uso
no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman “bienes fiscales” o,
simplemente, “bienes de la Unión”.[39]
De conformidad con dicha norma, la
diferencia entre los bienes de uso público y los bienes fiscales, radica en su
forma de utilización. Los bienes de uso público[40] están
destinados al uso general de los habitantes de un territorio, pertenecen al
Estado, pero él no los utiliza en beneficio propio sino que se encuentran a
disposición de la comunidad. Por su lado, los bienes fiscales comparten la
misma titularidad estatal[41],
pero no están al servicio libre de los asociados, sino destinados al uso
privado del Estado, para la realización de sus fines, por lo que la doctrina
los ha denominado “bienes de dominio privado del Estado”[42], en tanto
los administra como si fuera un particular; en consecuencia, el régimen
jurídico aplicable es el del ordenamiento civil o comercial.
En concordancia, la Corte Constitucional[43],
citando jurisprudencia emanada de la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia, ha adoptado la siguiente caracterización acerca de los bienes de uso
público y bienes fiscales:
“Bienes de uso
público y bienes fiscales conforman el dominio público del Estado, como resulta
de la declaración del artículo 674 del Código Civil. La distinción entre
“bienes fiscales” y “bienes de uso público”, ambos pertenecientes al patrimonio
del Estado, esto es, a la hacienda pública, hecha por las leyes, no se funda
pues en una distinta naturaleza sino en cuanto a su destinación y régimen. Los
segundos están al servicio de los habitantes del país, de modo general, de
acuerdo con la utilización que corresponda a sus calidades, y los primeros
constituyen los instrumentos materiales para la operación de los servicios
estatales o son reservas patrimoniales aplicables en el futuro a los mismos
fines o a la satisfacción de otros intereses sociales. Es decir que, a la
larga, unos y otros bienes del Estado tienen objetivos idénticos, en función de
servicio público, concepto equivalente pero no igual al de “función social”,
que se refiere exclusivamente al dominio privado.”[44]
2.5.3. En este orden de ideas, es
claro que por estar bajo la tutela jurídica del Estado, los bienes de uso
público y los bienes fiscales son objeto de protección legal frente a eventos
en los cuales los particulares pretendan apropiarse de ellos. Es por ello que
para evitar estas situaciones, la misma Carta Política señala en su artículo
63, que todos los bienes de uso público del Estado “son inalienables,
inembargables e imprescriptibles”, en razón a que están destinados a
cumplir fines de utilidad pública en distintos niveles: los bienes de uso
público tienen como finalidad  estar a disposición de los habitantes del país
de modo general y los bienes fiscales constituyen los instrumentos materiales
para la operación de los servicios estatales. De este modo, al impedir que los
particulares se apropien de los bienes fiscales, “se asegura o garantiza la
capacidad fiscal para atender las necesidades de la comunidad”[45].
2.5.4. Ahora bien, como se advirtió al
inicio de este acápite, existen casos a nivel constitucional en los que esta
Corporación ha debido pronunciarse para resolver tensiones jurídicas entre el principio
de confianza legítima y el de interés general sobre el particular, el primero
involucrado en la protección de los bienes de uso público y el segundo,
representado en un asentamiento u ocupación.
Pero antes de
desarrollar la jurisprudencia al respecto, es menester explicar en qué consiste
la confianza legítima en relación con la ocupación de los bienes de uso público,
conforme a la interpretación realizada por la Corte Constitucional.
La confianza
legítima guarda estrecha relación con el principio general de buena fe. En los
casos de ocupaciones del espacio público[46], este principio usualmente se
manifiesta en la protección de aquellos ocupantes que creen equivocadamente
contar con un derecho sobre este “porque el Estado no solamente les ha
permitido sino facilitado que ejecuten actos de ocupación, y han pasado muchos
años en esta situación que la Nación y el Municipio contribuyeron a crear”,
razón por la cual la Corte ha considerado que “no es justo que esos
ocupantes  queden desamparados porque estamos en un Estado social de derecho”[47].
El problema radica entonces, en la situación de vulnerabilidad a la que son
expuestos quienes son desalojados por ocupar bienes de uso público, pese a que
la Administración ha tolerado por años que residan o realicen sus actividades
económicas en dichos lugares. Así, la modificación de la situación
jurídicamente creada por la administración, la obliga a proporcionarles los
medios necesarios para reequilibrar su posición, como la adopción de medidas
por un periodo transitorio para que los desalojados se puedan adaptar con pocos
traumatismos a la nueva realidad[48].
De acuerdo con lo anterior, la
Corte ha señalado que el deber de protección de los bienes de uso público a
cargo de las autoridades, no las autoriza para desconocer el principio de
confianza legítima sustentado en la buena fe de los ciudadanos,  quienes a
falta de espacios apropiados para el desempeño de un trabajo o la necesidad de
una vivienda digna, se ven obligados a ocupar de hecho tales áreas.  Además,
también ha indicado que los derechos de estas personas no pueden desconocerse aun
cuando la administración tenga la obligación legal de proceder a recuperar esos
espacios, sino que deben procurar ofrecer alternativas de solución que
garanticen sus derechos constitucionales fundamentales.
2.5.5. Al respecto, en la sentencia T-053 de 2008[49],
la Corte estudió la situación de una comerciante, quien se vio afectada por el
acto administrativo proferido por la Subsecretaría de Convivencia y Seguridad
Ciudadana de Cali, mediante el cual ordenó la recuperación del espacio público
que se destinaría a la implementación de las obras del nuevo sistema de
transporte masivo de la ciudad, particularmente el retiro del quiosco propiedad
de la actora, por no contar con el respectivo permiso de la administración
municipal.
La respectiva Sala  de Revisión consideró
que la decisión adoptada por la administración municipal desconoció “abiertamente el principio de confianza
legítima del que es titular la accionante y, de contera, vulnera sus derechos
fundamentales al trabajo y al mínimo vital”. Allí, se evidenció que
la accionante llevaba ocupando el espacio hace más de 22 años, manifestación
que no fue controvertida por la Subsecretaría de Convivencia y Seguridad
Ciudadana de Cali. Así las cosas, la
Corte consideró que, como quiera que la entidad demandada no adoptó alguna
medida alternativa para la preservación del principio de confianza legítima y
la salvaguarda de los derechos fundamentales de la actora y de su núcleo
familiar, el acto administrativo de desalojo lesionó desproporcionadamente sus
intereses y constituyó una medida regresiva.
Por ello, la
Sala Cuarta de Revisión tuteló los derechos fundamentales invocados por la
accionante y le ordenó a la entidad demandada que en un término de 48 horas
estableciera “un plan contentivo de medidas adecuadas, necesarias y
suficientes para reubicar a la accionante”.
En otra oportunidad, centrada más en la
protección del espacio público,  la Corte Constitucional en la sentencia T-1098
de 2008[50]
estudió el caso de una tutelante, quien se encontraba ocupando de hecho una vía
pública en la ciudad de Ibagué. En ese caso, la administración municipal inició
el proceso policivo y posteriormente llevó a cabo la diligencia de restitución
del espacio público, en el que la accionante solicitó un plazo adicional que no
fue concedido. Allí, el desalojo se llevó a cabo, por lo que, en principio, la
acción de tutela parecía ineficaz, pues estaba destinada a evitar que esto
ocurriera. No obstante, ante la situación particular de la accionante y sus
evidentes condiciones de vulnerabilidad, la respectiva Sala determinó que:
“(…) el Estado tiene la obligación constitucional de velar por la protección
de la (sic) integral del espacio público, a fin de garantizar el
acceso a todos los ciudadanos al goce y utilización común de tales espacios
colectivos, la administración debe propender porque la preservación del interés
colectivo no obligue a los administrados que se encuentran en una situación de
debilidad manifiesta, atendiendo a sus condiciones físicas y económicas, a
soportar una carga indebida y desproporcionada.  En este sentido, las
medidas de desalojo del espacio público deben
estar precedidos por un cuidadoso estudio y evaluación de las condiciones y
características de la realidad social de cada caso particular.”
En este sentido, la Corte concluyó que las
autoridades encargadas de preservar el interés general deben procurar que en su
actuar se minimice el daño que eventualmente se pueda ocasionar a las personas
afectadas con el desalojo, ante lo cual pueden acudir a programas “de atención a la población que se
encuentre en situación de desplazamiento masivo, pobreza, indigencia, entre
otros factores característicos de este grupo vulnerable, que se ven obligados a
utilizar el espacio público, ya sea para desarrollar actividades comerciales o
establecer su vivienda.” Por lo anterior, la Corte ordenó a la
Alcaldía de Ibagué que informara a la accionante sobre los subsidios a la
población indigente, así como iniciar de los trámites necesarios para su
inclusión en dichos programas.
2.5.6. En retrospectiva, tenemos que aunque la Corte reconoce
la obligación de las autoridades de proteger los bienes de uso público, ha
señalado que tal deber no es óbice para desconocer el principio de confianza
legítima y los derechos fundamentales de los particulares que los ocupan. Por
ello, esta Corporación ha ordenado que antes de adelantar medidas para la
recuperación de tales áreas, se ofrezcan alternativas de reubicación o inclusión
en programas sociales para proteger los derechos de los ocupantes.
2.5.7. La Sala estima que las anteriores reglas
jurisprudenciales son también aplicables a los casos en los que las autoridades
están en la obligación de proteger los bienes fiscales, pues aunque por
destinación no pueden equipararse a los bienes de uso público, ambos coinciden
en que cumplen una “utilidad pública”, pertenecen al Estado y son
inembargables, imprescriptibles e inalienables.
En este sentido, las ocupaciones
irregulares de los bienes fiscales o de uso público no están permitidas, por lo
que la obligación que tiene la administración de recuperar los bienes que le
pertenecen, se ciñe a las reglas jurisprudenciales aplicables a la protección
del espacio público, en tanto ambos radican en cabeza del Estado y tienen
objetivos idénticos, en función del servicio público.
En consecuencia, por compartir
características en cuanto a su naturaleza, las autoridades de todo orden que
pretendan cumplir con su deber legal de protegerlos y evitar su ocupación
irregular, deberán adoptar y proporcionar todas las medidas necesarias para
garantizar los derechos fundamentales y la protección del principio de
confianza legítima de quienes se vean afectados por las acciones de
recuperación.
En atención a lo expuesto, la Sala
procederá a resolver el caso concreto.
3.
ANÁLISIS
DEL CASO CONCRETO
Para
resolver el caso bajo estudio, la Sala analizará, en primer lugar, la
procedencia de la acción de tutela para la protección del derecho fundamental
del tutelante y luego examinará la presunta vulneración del mismo.
3.1.
EXAMEN DE PROCEDENCIA
3.1.1.  Legitimación en la causa por
activa
Los artículos 86 Constitucional
y 10 del Decreto 2591 de 1991 indican que es titular de la acción de tutela
cualquier persona a la que sus derechos fundamentales le resulten vulnerados o
amenazados. Estas personas pueden invocar directamente el amparo constitucional
o pueden hacerlo a través de terceros que sean sus apoderados, representantes o
agentes oficiosos, para el caso de las personas que no se encuentran en
condiciones de interponer la acción por sí mismas.
En el caso examinado se observa que el
señor Orlando Arias Salazar interpuso acción de tutela solicitando el amparo de
su derecho fundamental a la vivienda digna.
Por lo anterior, la sala encuentra que en
virtud de la normativa mencionada, se encuentra legitimado para iniciar la
acción.
3.1.2.  Legitimación por pasiva
En el presente caso
se tiene que el actor demandó a la Alcaldía de Ibagué por no incluirlo en los
programas de vivienda que ofrece el Gobierno Nacional después de haber ocupado
una habitación, por más de diecinueve (19) años, de un colegio oficial de la
ciudad de Ibagué.
En este caso, esta Sala
encuentra que la acción de tutela está dirigida contra una entidad pública que,
eventualmente, puede desconocer derechos fundamentales de los ciudadanos. En
este caso se trata específicamente de atacar la actuación desplegada por la
Alcaldía Municipal de Ibagué, encargada de tramitar todas las cuestiones
relacionadas con los bienes del Municipio. En consecuencia, existe legitimación
en la causa por pasiva.
3.1.3.  Examen de inmediatez
Respecto este requisito, se observa que el
mismo sí se cumplió. En efecto, entre la fecha de la adopción de la última
decisión dentro del proceso policivo, (proferida por el
Director de Justicia, Orden Público y Seguridad Ciudadana) y la fecha de
la interposición de la tutela que se acusa, transcurrieron sólo un mes y seis
días, pues la Resolución No. 043 es del 30 de julio de 2013, y la acción
de tutela fue presentada el 5 de septiembre de 2013.
3.1.4.  Examen del cumplimiento del
principio de subsidiariedad
En el caso bajo estudio, el actor solicita
la protección de su derecho fundamental a la vivienda digna, y sostiene que no
cuenta con otro mecanismo eficaz para invocar su protección ya que a pesar de
haberse dirigido a la Defensoría del Pueblo para presentar su caso, el cual fue
dirigido a la Alcaldía de Ibagué y, posteriormente a la Gestora Urbana de la
misma ciudad, en ninguna instancia se resolvió su situación, por lo que al ser
una persona de setenta y tres (73) años, adulto mayor, tiene una protección
constitucional reforzada, por tanto el mecanismo de la acción de tutela se
torna en el procedente en su caso, para solicitar  el amparo de las garantías
constitucionales invocadas.
Es claro para la
Sala, entonces, que la acción de tutela procede en este caso, debido a que es
el mecanismo idóneo para amparar los derechos invocados por el actor teniendo
en cuenta su situación de vulnerabilidad, en razón a su edad y ausencia de
recursos económicos, lo que pone en evidencia la necesidad de la intervención
del juez constitucional.
3.2.
PRESUNTA
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
3.2.1.
El señor Orlando
Arias Salazar interpuso acción de tutela contra la Alcaldía de Ibagué por
considerar que ésta vulneró su derecho fundamental a la vivienda digna, al
querer llevar a cabo una orden de desalojo sin tener en cuenta que es una
persona adulto mayor, de setenta y tres (73) años de edad, que no posee
vivienda y que por más de diecinueve (19) años ha habitado en una pequeña
construcción que levantó dentro del Colegio San Luis Gonzaga, aduciendo que en
dicho periodo de tiempo desempeñó labores de celaduría sin recibir remuneración
a cambio y sin que a la fecha haya sido beneficiario de los programas de
vivienda que ofrece el Gobierno Nacional.
3.2.2.  Teniendo en cuenta que de las
declaraciones recibidas en sede de revisión y de la inspección judicial
realizada al colegio, se pudo establecer que el actor ya no vive en la
habitación que construyó dentro del bien oficial, se desconoce su paradero
actual, los teléfonos que se encuentran en el expediente no sirven o no
pertenecen al accionante, y la edificación está abandonada, razón por la cual
se llevarán a cabo los planes estructurales para el mejoramiento del patio
conforme al proyecto del Municipio, se deberá declarar la carencia actual de
objeto.
3.2.3.  No obstante estructurarse la
carencia actual de objeto, esta Sala seguirá adelante con el análisis del
presente caso para determinar si existió una vulneración de las garantías
superiores invocadas.
3.2.3.1.
En
primer lugar, esta Sala encuentra que, de acuerdo con las pruebas obrantes en
el proceso, el actor residió en las instalaciones del colegio San Luis Gonzaga
de Ibagué por más de diecinueve (19) años y que construyó allí una habitación
sin que reuniera las condiciones mínimas para vivir con dignidad, pues no tenía
baño, ni tampoco contaba con servicios públicos domiciliarios como el de
energía eléctrica y el de acueducto.
3.2.3.2.
En
segundo lugar, se evidencia que durante este lapso de tiempo, diecinueve (19)
años, el actor pudo hacer uso de manera libre, pacífica, sin ninguna clase de
restricción ni llamados de atención, de las instalaciones del Colegio San Luis
Gonzaga hasta el año 2010 cuando se inició el proceso policivo de desalojo en
su contra.
3.2.3.3.
Si
bien, como quedó expuesto en la parte considerativa, la autoridad municipal
tiene el deber de proteger los bienes de uso público y de iniciar las acciones
pertinentes con la mayor diligencia para la recuperación de dichos bienes,
también lo es que en ejercicio de dicha función, no puede desconocer los
derechos fundamentales de quienes van a ser afectados con dicha medida.
En este
caso concreto, la administración municipal antes de iniciar cualquier acción
tendiente a la recuperación del bien fiscal debió tomar las medidas necesarias
para asegurar la protección de las garantías superiores del actor, en
particular el derecho a la vivienda y el principio de confianza legítima. Ello
por cuanto el peticionario vivía en dicho lugar desde hace diecinueve (19) años
con lo cual es plausible concluir que el ciudadano tenía la convicción de que
su residencia en dicha institución estaba permitida.
En
consecuencia, antes de que la entidad accionada procediera a adelantar las
acciones legales tendientes a recuperar el bien fiscal, debió tomar las medidas
necesarias para asegurar la protección del derecho fundamental a la vivienda
del actor, quien además es sujeto de protección constitucional reforzada en
razón de su edad, setenta y tres (73) años, informándole acerca de los
programas de vivienda con que contaba la administración municipal dirigidos a
población vulnerable y todos los demás dirigidos a la población adulta mayor, o
si ello no fuere posible, la garantizarle el acceso a un albergue temporal o a
un programa de reubicación.
3.3.
CONCLUSIONES
3.3.1.  Es de anotar que esta Sala no
comparte las decisiones del proceso en sede de tutela por cuanto, en primera
instancia el Juez negó el amparo reclamado por el actor basado en que no se
demostró la existencia de un error ostensible y no se acreditó la inminencia de
un perjuicio irremediable, y en segunda instancia se confirmó el fallo al
encontrar que  el actor no probó haber adelantado los trámites administrativos
para postularse a un subsidio de vivienda.
3.3.2.  Respecto a la presunta relación
laboral no existe certeza sobre la forma y/o condiciones en que se le permitió
residir al señor Arias Salazar en las instalaciones del colegio de carácter
oficial y si realizaba alguna labor de celaduría, como el salario percibido o
el horario a cumplir. Por eso, es de competencia del Juez laboral dirimir ese
conflicto.
3.3.3.  De acuerdo con lo
expresado, en este caso la Corporación declarará la existencia de carencia
actual de objeto, ya que el actor desalojó el bien oficial y en la actualidad
se desconoce su paradero.
3.3.4.  No obstante, la Sala advertirá
a la Alcaldía Municipal de Ibagué que, en caso de que el accionante se acerque
a sus instalaciones a solicitar información sobre los planes de vivienda, se le
oriente de la manera más efectiva sobre los trámites que debe seguir para su
inscripción y posterior estudio para acceder a algún subsidio para tal efecto.
3.3.5.  De otro lado, también se le
advertirá a la Alcaldía Municipal de Ibagué que en lo sucesivo, se abstenga de
adelantar procesos de restitución desconociendo los derechos fundamentales de
las personas cobijadas por el principio de confianza legítima, máxime cuando se
trata de una persona en situación de vulnerabilidad.
4.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de
Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- DECLARAR la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO en el
asunto bajo estudio, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo.- REVOCAR la sentencia del cuatro (4) de octubre de
dos mil trece (2013) emitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Ibagué, que a su vez confirmó la providencia del Juzgado Noveno Civil Municipal
de Ibagué proferida el diecisiete (17) de agosto de dos mil trece (2013), que
negó la pretensión del actor; y en su lugar CONCEDER la protección del
derecho fundamental a la vivienda del señor Orlando Arias Salazar.
Tercero.- ADVERTIR a la Alcaldía Municipal de Ibagué que, en caso de que el accionante se acerque a sus
instalaciones a solicitar información sobre los planes de vivienda, se le
oriente de la manera más efectiva sobre los trámites que debe seguir para tal
efecto.
Cuarto.- ADVERTIR a la Alcaldía Municipal de Ibagué
que, en lo sucesivo, se abstenga de adelantar procesos de restitución
desconociendo los derechos fundamentales de las personas cobijadas por el
principio de confianza legítima, máxime cuando se trata de una persona en
situación de vulnerabilidad.
Quinto.- Por Secretaría General librar las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con salvamento de voto
SONIA MIREYA VIVAS PINEDA
Secretaria General (E)
SALVAMENTO
DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
A
LA SENTENCIA T-625/14
PROCESO DE RECUPERACION DE
BIENES FISCALES O DE USO PUBLICO-No se debió declarar carencia actual de objeto por cuanto no se ofreció
alternativa alguna al actor para morigerar el efecto que produjo la restitución
del bien fiscal (Salvamento de voto)
Considero que
declarar la carencia actual de objeto, afirmando que, como el actor abandonó el
inmueble, cualquier decisión que se profiera resultaría inocua, desconoce que
el hecho que la persona que interpone la acción de tutela fue obligada a
abandonar el referido predio, razón por la cual la amenaza de sus derechos
fundamentales no cesó al cumplir con la orden de la alcaldía, pues precisamente
ello es lo que configura la vulneración de sus derechos fundamentales.
Expediente: T-4.139.959
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demandante: ORLANDO ÁRIAS SALAZAR
Demandado: ALCALDÍA DE IBAGUÉ
Con el respeto acostumbrado
hacia las decisiones adoptadas en la Corte Constitucional, manifiesto mi
salvamento de voto en la presente oportunidad, pues no comparto la decisión
adoptada por la Sala Séptima de Revisión de declarar la carencia actual de
objeto en el asunto de la referencia, por las razones que pasaré a exponer a
continuación.
Aunque la ponencia expone de
manera clara y contundente el principio de confianza legítima y la aplicación
que del mismo se ha efectuado por las diferentes salas de revisión de esta
Corte, la conclusión a la cual se llegó en la parte resolutiva me parece
contradictoria.
Como la misma ponencia
advierte, la Sentencia T-1098 de 2011 expuso que las autoridades encargadas de
preservar el interés general deben procurar que en su actuar se minimice el
daño que eventualmente se pueda ocasionar a las personas afectadas con el desalojo,
ante lo cual puede acudir a programas “de atención a la población que se
encuentre en situación de desplazamiento masivo, pobreza, indigencia, entre
otros factores característicos de este grupo vulnerable, que se ven obligados a
utilizar el espacio público, ya sea para desarrollar actividades comerciales o
establecer su vivienda”., razón por la cual la obligación del Estado de
proteger los bienes de uso público, no puede menoscabar el principio de
confianza legítima y los derechos fundamentales de las personas que los ocupan.
Por ello, mi descuerdo con la
sentencia consiste en que a pesar que esta concluye que “esta Corporación ha
ordenado que antes de adelantar medidas para la recuperación de tales áreas, se
ofrezcan alternativas de reubicación o inclusión en programas sociales para
proteger los derechos de los ocupantes”[51],
tal consideración no se aplicó al caso concreto, pues no se ofreció alternativa
alguna al actor para morigerar el efecto que produjo la decisión que ordenó la
restitución del bien fiscal.
Así las cosas, considero que
declarar la carencia actual de objeto, afirmando que, como el actor abandonó el
inmueble, cualquier decisión que se profiera resultaría inocua, desconoce que
el hecho que la persona que interpone la acción de tutela fue obligada a
abandonar el referido predio, razón por la cual la amenaza de sus derechos
fundamentales no cesó al cumplir con la orden de la alcaldía, pues precisamente
ello es lo que configura la vulneración de sus derechos fundamentales.
Si bien, como se expuso en la
tutela, el actor no cumplía con los requisitos para acceder al programa de
viviendas gratuitas promovido por el Gobierno Nacional, la Alcaldía debió
buscar alguna alternativa que le permitiera al accionante de 73 años de edad, acceder
a un programa de vivienda o a un programa de reubicación.
De esta manera, la sentencia
más que limitarse a “prevenir a la Alcaldía Municipal de Ibagué, para que en
lo sucesivo, en casos como este actúe con prontitud y despliegue todos los
mecanismos necesarios para evitar la ocupación de inmuebles oficiales”[52],
debió advertir a esa entidad para que no volviera a adelantar procesos de
restitución desconociendo los derechos fundamentales de las personas cobijadas
bajo el principio de la confianza legítima.
De hecho resulta
contradictorio que se afirme que al actor se le había generado la expectativa
legítima, pero se concluya que la alcaldía tiene el deber de efectuar este tipo
de procedimientos con celeridad. Así las cosas, considero que debió haberse
ordenado alguna medida para proteger los derechos del accionante, así no se
tenga idea de la ubicación del mismo, pues la identificación del domicilio de
una persona no puede constituirse en un requisito de procedibilidad para que el
juez de tutela evalúe la vulneración de sus garantías iusfundamentales.
Atendiendo a estas
razones, me veo obligada a salvar el voto en la presente providencia.
Fecha ut
supra.
MARIA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada
(e)
[1] Consideración basada en la sentencia T-2000 de 2013, M.P. Alexei
Julio Estrada
[2] Sentencia T-867 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos
[3] Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005.
[4] Sentencia T-533 de 2009.
[5] Ibídem.
[6] En el mismo sentido, las sentencias T-170 de 2009, T-309 de 2006,
T-308 de 2003 y T-972 de 2000, entre muchas otras.
[7] Ibídem.
[8] Sentencia T-083 de 2010.
[9] Sentencias T-288 de 2004, T-496 de 2003, T-436 de 2002, SU-667 de
1998, T-170 de 1996, T-164 de 1996, T-596 de 1993 y T-594 de 1992, entre otras.
[10] Sentencia T-309 de 2006, T-496 de 2003 y SU-667 de 1998, entre
otras.
[11] Así se hizo, por ejemplo, en las sentencias T-979 de 2006 (respecto
de la violación del derecho de petición), T-138 de 1994 y T-596 de 1993.
[12] Sentencias T-170 de 2009 y SU-667 de 1998.
[13] Ver sentencias T-803 de 2005, T-758 de 2003, T-873 de 2001, T-498
de 2000, SU-667 de 1998, T-428 de 1998 y T-476 de 1995, entre otras.
[14] Así se hizo en las sentencias T-803 de 2005, SU-667 de 1998, T-428
de 1998 y T-476 de 1995.
[15] Ver las sentencias T-170 de 2009 y T-576 de 2008.
[16] Así se hizo en las sentencias T-808 de 2005, T-662 de 2005, T-980
de 2004, T-288 de 2004, T-496 de 2003 y SU-667 de 1998.
[17] Sentencia T-585 de 2010.
[18] Sentencia T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio
Estrada “Por ejemplo, esto sucedió en la sentencia T-988 de 2007 en la que
tanto la EPS como los jueces de instancia se rehusaron ilegítimamente a
practicar la interrupción voluntaria de un embarazo producto de un acceso
carnal violento en persona incapaz de resistir. Ante la negativa, la mujer
terminó su gestación por fuera del sistema de salud, por lo que, en sede de
revisión, cualquier orden judicial dirigida a interrumpir el embarazo resultaba
inocua. No se trataba entonces de un hecho superado, pues la pretensión de la
actora de acceder a una IVE dentro del sistema de salud en condiciones de
calidad fue rechazada, pero tampoco de un daño consumado en vista de que el
nacimiento tampoco se produjo. En esa ocasión se estimó que, no obstante la
carencia actual de objeto, era necesario que la Corte (i) se pronunciara de
fondo en la parte motiva de la sentencia sobre la vulneración de los derechos
invocados en la demanda y sobre los fallos de instancia para señalar que el
amparo debía haber sido concedido y (ii) advirtiera a la demandada que no
volviera incurrir en las conductas violadoras de derechos fundamentales. Agrega
la Sala que aquí también es procedente (iii) compulsar copias del expediente a
las autoridades que se considere obligadas a investigar la conducta de los/las
demandados/as que violaron derechos fundamentales.”
[19] Ibídem
[20] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[21] T-495 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[22] M.P. Carlos Gaviria Díaz. Esta postura fue igualmente reiterada en
las sentencias T-499 de 1995 M.P. Fabio Morón Díaz, T-586 de 1999
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-597 de 1993
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[23]Posición
planteada desde la sentencia T-406 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón
[24]Particularmente
las sentencias T-462 de 1992, SU-111 de 1997 y SU-995 de 1999.
[25] M.P. Fabio Morón Díaz
[26] Sentencia T-021 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[27] Sentencia T-1091 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[28]Sentencia
T-016 del 22 de enero de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[29] Sentencia T-760 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda.
[30]Al
respecto, la Corte explicó lo siguiente en la sentencia C-372 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: “La Corte Constitucional ha entendido
que todos los derechos fundamentales, tanto los derechos civiles y políticos
como los derechos económicos, sociales y culturales, implican obligaciones de
carácter negativo y positivo. A diferencia de lo que solía afirmar parte de la
doctrina, para la Corte no es cierto que solamente los derechos económicos,
sociales y culturales tengan contenidos prestacionales; los derechos civiles y
políticos también requieren de la adopción de medidas, la destinación de
recursos y la creación de instituciones para hacerlos efectivos”
[31] Sentencia T-275 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver
sentencias T-1091 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-333 de 2011
M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-740 de 2012
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otras.
[32] Sentencia T—566 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[33] Sentencias T-585 de 2006
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-740 de 2012
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[34] Sentencia T-530 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[35] Ver Sentencias T-079 de 2008
M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-894 de 2005
M.P. Jaime Araujo Rentería, T-585 de 2006
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-791 de 2004
M.P. Jaime Araujo Rentería y T-958 de 2001
M.P. Eduardo Montealegre Lynett, entre otras.
[36] Sentencia T-079 de 2008
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[37] Sentencia T-740 de 2012
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Ver sentencias T-985 de 2001
M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-373 de 2003
M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-791 de 2004
M.P. Jaime Araujo Rentería, T-894 de 2005
M.P. Jaime Araujo Rentería, T-079 de 2008
M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-275 de 2008
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-109 de 2011
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-837 de 2012
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[38] Sentencia T-566 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas
[39] La norma guarda coherencia con el concepto
de bienes de uso público dado por la
Constitución Política de 1991, la cual en su artículo 102 dispone que  todos
ellos “pertenecen a la Nación”. Bajo esta perspectiva, la norma superior expone
una clase de monopolio de los bienes de uso público en cabeza de la
Nación y, en consecuencia, no puede predicarse de ellos ningún derecho de
propiedad por parte de los particulares, lo que a su vez impide algún tipo
acción donde se aleguen derechos adquiridos sobre los mismos.
[40] De forma implícita, la Ley 9ª de 1989 clasifica el espacio público
dentro de los bienes de uso público. Así, su artículo 5º señala: “Entiéndase
por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su
naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas
colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses
individuales de los habitantes”. En seguida, la misma norma en mención describe
qué tipo de bienes deben entenderse como “espacio público”: “Así, constituyen
el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto
peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva,
para la seguridad y tranquilidad ciudadana (…)” etc.
[41],Rico Puerta, Luis Alonso. “Teoría general y práctica de la
contratación estatal”. Editorial Leyer. Bogotá. 2009. Pág. 185: “De
estos bienes es titular el Estado, en cualquiera de sus manifestaciones
personalizadas, sean entes territoriales o no, como la
Nación, los departamentos, los municipios, los establecimientos públicos, las
empresas industriales y comerciales del Estado, los distritos especiales, los
distritos turísticos, las asociaciones de municipios, (…)” etc.
[42] Ibíd.
[43] Sentencia C-530 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía.
[44]Corte Suprema de Justicia,
sentencia de noviembre 16 de 1978, Magistrado ponente, doctor Luis Carlos
Sáchica, Gaceta Judicial, tomo CLVII, número 2397, pág. 263.
[45] Sentencia C-530 de 1996, op. cit., pág. 16.
[46] Rico Puerta, op. cit., pág. 16. El espacio público es una categoría
de los bienes de uso público.
[47] Sentencia T-438 de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[48] Ibíd.
[49] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[50] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[51] Página 23.
[52] Página 30.