T-160-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-160/13
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reiteración de
jurisprudencia sobre requisitos generales y especiales de procedibilidad
La jurisprudencia constitucional ha sido minuciosa en
el examen de los requisitos generales y especiales, en aras de proteger y
garantizar los derechos fundamentales y de respetar los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO
COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES/DEFECTO FACTICO-Dimensión
negativa y positiva
Este
Tribunal ha señalado que el defecto fáctico se presenta cuando: i) el juez no
tiene el apoyo probatorio necesario para justificar su decisión; ii) incurre en
un error en el examen de las pruebas por no valorar una prueba o por existir
una valoración caprichosa o arbitraria; iii) se presenta una omisión en el
decreto o práctica de las pruebas dentro del proceso, o iv) se adopta una
decisión judicial con fundamento en una prueba obtenida de forma ilícita. De
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico puede tener
una dimensión negativa y una dimensión positiva. Se presenta la dimensión
negativa, cuando la autoridad judicial no práctica o valora una prueba, o la
valoración de la misma se hace de forma arbitraria, irracional o caprichosa, lo
que en últimas se traduce en la imposibilidad de comprobar los hechos. Por el
contrario, se configura la dimensión positiva, cuando el acervo probatorio no
debía ser admitido o valorado, como ocurre, por ejemplo, en el caso de pruebas
indebidamente recaudadas que son apreciadas por el juez, o cuando se dan por
establecidas circunstancias sin que exista soporte en el material probatorio
que respalde dicha determinación
CARACTERIZACION DEL DEFECTO MATERIAL O
SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia
CARACTERIZACION DEL DEFECTO
PROCEDIMENTAL ABSOLUTO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia
IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD-Normatividad aplicable
IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD-Reiteración de jurisprudencia
DERECHO A LA PERSONALIDAD JURIDICA Y
FILIACION
El
artículo 14 de la Constitución Política señala que toda persona tiene derecho a
su personalidad jurídica. Al respecto, la Corte ha indicado que dicho artículo
no sólo se refiere a la posibilidad de actuar en el mundo jurídico, sino de
poseer ciertos atributos que constituyen la esencia de la personalidad jurídica
y aquellos que marcan la individualidad de la persona como sujeto de derecho. Estos
últimos, son aquellos atributos de la personalidad, dentro de los cuales
claramente se encuentra el estado civil de un individuo, el cual depende –entre
otras– de la relación de filiación. En el artículo 1 del Decreto 1260 de 1970
se dispone que: “el estado civil de una persona es su situación jurídica en la
familia y la sociedad, determinada su capacidad para ejercer ciertos derechos y
contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible,
y su asignación corresponde a la ley.” Por otra parte, la jurisprudencia
también ha señalado que la filiación es un derecho innominado, de conformidad
con lo previsto en el artículo 94 de la Constitución Política. De ahí que, es
deber de los jueces actuar con diligencia y proactividad en los procesos de
investigación de paternidad o maternidad, de manera que se cuente con las
pruebas antroheredobiológicas para proferir su decisión. En criterio de esta
Corporación, este derecho se encuentra estrechamente ligado con el principio de
la dignidad humana, pues todo ser humano tiene derecho a ser reconocido como
parte de la sociedad y de una familia. En este sentido, se ha
insistido en que la protección de la filiación implica una salvaguarda a los
derechos a la personalidad jurídica (art 14 de CP), a tener una familia (arts.
5, 42 y 44 CP), al libre desarrollo de la personalidad (art 16 CP) y a la
dignidad humana (art 1 de la CP)
INTERES PARA PRESENTAR ACCION DE
IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD-“Interés
actual” surge cuando se origina una duda sobre la paternidad
IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD-A partir de qué momento puede contarse la oportunidad
para impugnar la filiación
PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE LAS NORMAS
PROCESALES-Resultado de prueba de ADN
contundente debe llevar al juez a interpretar la ley para garantizar el derecho
sustancial
IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD-Persona que por prueba de ADN tiene certeza de no ser
padre de menor/IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD-Vulneración de derechos
fundamentales por interpretación del juez que no tuvo en cuenta resultado de
prueba de ADN contundente
DERECHO A LA FILIACION, A LA
PERSONALIDAD JURIDICA Y AL DEBIDO PROCESO-Orden en proceso de impugnación de paternidad profiera una nueva
sentencia en relación con la caducidad de la acción y la objeción de prueba ADN
Referencia: expediente T-3630613
Asunto: Acción de tutela interpuesta por Juan Carlos
Palencia López en contra de la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Rosa de Viterbo y el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de
Duitama
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC, veintiuno (21) de marzo de dos mil trece
(2013)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente
las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 y
siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos por la
Sala de Casación Civil y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, en el trámite de la acción de amparo constitucional instaurada por el
señor Juan Carlos Palencia López contra la Sala Única del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo y el Juzgado Segundo Promiscuo de
Familia de Duitama.
I. ANTECEDENTES
1.1. Hechos
1.1.1.  El
día 23 de septiembre de 1990 el señor Palencia López fue informado del
nacimiento de la menor Johana Catalina. Teniendo en cuenta que éste sostuvo un
encuentro sexual con la señora María Laura Camargo Becerra en el mes de
diciembre de 1989, su buena fe y la presión del padre de la citada señora,
procedió a registrar como hija suya a la menor Johanna Catalina el 27 de marzo
de 1991.
1.1.2. Señala
que desde dicho momento procedió a cumplir con sus obligaciones alimentarias,
por lo que canceló mensualmente una cuota de 140.000 pesos, la cual fue
acordada mediante conciliación entre las partes celebrada en el 2001.
1.1.3.
Afirma que en el 2003 perdió su empleo y dejó de responder por las cuotas
acordadas, motivo por el cual la señora Camargo Becerra formuló una querella
por inasistencia alimentaria, proceso que culminó con una nueva conciliación
entre las partes en el mes de enero de 2005.
1.1.4.
Manifiesta que dada la difícil situación económica en la que se encontraba se
vio obligado a iniciar un proceso de reducción de cuota alimentaria. Como
resultado de éste se confirmó el valor que venía cancelando.
1.1.5.
Sostiene el accionante que luego de ser proferida la providencia que confirmó
la cuota alimentaria, la señora Camargo Becerra le dio a entender que él no era
el padre de la menor. Ello ocurrió a mediados del 30 de marzo de 2006.
1.1.6. Con
fundamento en lo expuesto, el señor Palencia acudió el 3 de abril de 2006 al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y solicitó que le fuera practicada
una prueba de paternidad, dicho proceso fue radicado con el número 0196-2006.
1.1.7. El 22
de mayo de 2006, la señora María Laura Camargo Becerra, la menor Johana
Catalina Palencia y el señor Juan Carlos Palencia comparecieron al ICBF. Sin
embargo, la señora Camargo Becerra se rehusó a que la prueba le fuera
practicada a su hija.
1.1.8. El 8
de septiembre de 2006, por intermedio de apoderada judicial, el accionante
inició un proceso de impugnación de la paternidad, el cual fue repartido al
Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama bajo el radicado 2006-223. En
dicho proceso se solicitó que se declarara que la menor Johana Catalina no era
su hija, se inscribiera dicha información en el registro civil y se ordenara la
restitución de las cuotas alimentarias pagadas a la menor.
1.1.9. En
virtud de las pruebas solicitadas por las partes, el juez de primera instancia
ordenó la práctica de la prueba de paternidad en el Instituto de Genética
“Servicios Médicos Yunis Turbay y Cia. S.A. en C.”, cuya fecha de realización
se programó para el día 13 de septiembre de 2007.
1.1.10. La
prueba fue practicada el 19 de octubre de 2007 y como resultado se obtuvo: “La
paternidad del señor Juan Carlos Palencia López, con relación a Johana Catalina
Palencia Camargo, es incompatible según los sistemas resaltados en la tabla.”
1.1.11. Dicha
prueba fue objetada por la parte demandada aduciendo que el informe del perito
debe ser expresado en términos comprensibles y que la prueba de ADN aportada al
proceso no cumple con dicho requisito. También manifestó que la accionada sólo
mantuvo relaciones sexuales con el señor Palencia[1]. Por medio de auto del 5 de diciembre de 2007, en la
resolución de la objeción, el juez acogió la solicitud de la parte demandada y
ordenó la práctica de una nueva prueba de ADN en el Laboratorio de Genética del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses[2], la cual no se realizó.
1.1.12. En
sentencia del 20 de abril de 2010, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de
Duitama denegó las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que no había
sido posible probar que el accionante no era el padre de la menor. Al respecto,
la citada autoridad judicial señaló que:
“Visto lo anterior el despacho decretó la prueba y en
consecuencia esta fue realizada, pero una vez se corrió traslado, la misma fue
objetada por la parte demandada y posteriormente fijada nueva fecha para su
práctica, no en una sino en varias ocasiones sin tener éxito en su realización,
tal como lo demuestran las diferentes certificaciones del Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses de la Ciudad de Duitama.
De acuerdo con el material probatorio allegado al
informativo, podemos concluir como el honorable Tribunal de Santa Rosa de
Viterbo, solicitó que se llevara a efecto una nueva practica (sic) de ADN, la
cual fue ordenada sin que la parte demandante hubiera comparecida (sic) a la
práctica de la misma en las últimas oportunidades en que se decreto (sic) y si
por el contrario lo hizo la parte demandada.
Siendo ello así y no habiendo sido posible darle
aprobación al examen de ADN que se practicó hemos de tener en cuenta lo
analizado en las consideraciones de esta providencia y por lo tanto se han de
negar las pretensiones de la demanda, mas aun cuando a excepción del examen no
se aporto (sic) ninguna otra prueba como para tomar una decisión diferente.”[3]
1.1.13. En
segunda instancia, en sentencia del 23 de junio de 2011, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo confirmó el fallo
impugnado, con fundamento en la procedencia de una excepción de caducidad
frente a la acción. Sobre la materia, se expuso que:
“Ahora, una vez determinado en el tiempo el nacimiento
del “interés actual” que origina el derecho del demandante para pretender la
impugnación de la paternidad, esto es, 30 de marzo de 2006, se debe decir que
entre esta fecha y el momento de presentación de la demanda, que ocurrió el 8
de septiembre de 2006, había (sic) transcurrido 108 días hábiles; lo que
significa, que la pretensión de impugnación se intentó por fuera de los 60 días
autorizados por el aludido artículo 248, operando en consecuencia la caducidad
de la acción.
Sean entonces suficientes las anteriores
consideraciones para concluir que si bien es cierto el examen genético (ADN)
practicando por el Laboratorio Yunis Turbay, es prueba valida (sic) y
contundente para concluir que el demandante no es el padre de JOHANNA CATALINA
el cual debió ser tenido en cuenta ante la renuencia de las partes para
concurrir el segundo examen convocado; también lo es, que la pretendida acción
se intentó cuando la misma se encontraba caducada, razón por la cual se
confirmará la sentencia de primera instancia, pero por las razones expuestas en
esta sentencia y se declarará la prosperidad de la excepción de fondo de
caducidad de la acción.”[4]
1.1.14. Finalmente,
el accionante concluye que –en virtud de dichas providencias – entró en un
estado profundo de depresión, que lo condujo a perder su trabajo y contacto con
su apoderada, por lo que no pudo acudir al recurso extraordinario de casación
por falta de recursos económicos.
1.2. Solicitud de la acción de tutela
El señor Palencia López instauró el presente amparo
constitucional en contra del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama y
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, con el
propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica, a
la igualdad y a la defensa. En criterio del actor, los citados derechos fueron
vulnerados al presentarse tanto un defecto sustancial como fáctico en las
sentencias proferidas en el proceso de impugnación de la paternidad con número
de radicación 2006-223.
En su opinión, en primer lugar, se presenta un defecto
fáctico por desconocer la prueba de paternidad que concluyó que él no era el
padre de la menor Johana Catalina; y en segundo término, se incurrió en un
defecto sustantivo por “no emplearse la normatividad correcta que permitiera
definir el asunto en estricto derecho”, pues se declaró la caducidad de la
acción cuando ésta se interpuso en los términos de ley, teniendo en cuenta lo
establecido en la Ley 721 de 2001.
En consecuencia, solicita que se “ordene al
Tribunal Superior de (sic) Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, [que]
resuelva la alzada de fondo, sin considerar la caducidad de la acción,
disponiendo que el suscrito no es el padre de JOHANA CATALINA PALENCIA CAMARGO,
y ordenando, en consecuencia, hacer la modificación en el Registro Civil de
Nacimiento, por las razones esgrimidas en el cuerpo de ésta acción protectora.”
1.3. Contestación de la demanda
Los demandados guardaron silencio en el proceso de la
referencia. En sede de revisión, se decidió vincular a las partes demandadas en
el proceso de impugnación de la paternidad, las cuales también guardaron
silencio.
1.4. Pruebas relevantes que
obran en el expediente
A continuación se enumeran las pruebas relevantes
recaudadas y allegadas al proceso:
·
Copia del proceso ordinario de
impugnación de la paternidad de la menor Johanna Catalina Palencia Buitrago en
contra de María Laura Camargo Becerra, instaurada por el señor Juan Carlos
Palencia López el 30 de agosto de 2006 y repartida al Juzgado Promiscuo de
Familia de Duitama.[5]
·
Copia de la respuesta a la demanda
ordinaria de impugnación de la paternidad, en donde se proponen como
excepciones la caducidad de la acción[6], la ausencia de causal, la falta de motivación de la
demanda y la temeridad en la acción. [7]
·
Copia del informe de estudios de
paternidad e identificación con base en el análisis de Marcadores STR a partir
del ADN, efectuado el 19 de octubre de 2007 en el Instituto de Genética “Servicios
Médicos Yunis Turbay y Cia. S. en C.” en donde se concluyó que: “La
paternidad del Sr. Juan Carlos Palencia López con relación a Johana Catalina
Palencia Camargo es incompatible según los sistemas resaltados en la tabla.”[8].
·
Copia de la sentencia proferida el
20 de abril de 2010 por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama, por
medio de la cual se denegaron las pretensiones del señor Palencia.
·
Copia de la providencia del 23 de
junio de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Rosa de Viterbo, que resuelve la impugnación de la sentencia de primera
instancia, en el sentido de admitir la excepción de caducidad de la acción.
·
Copia de la objeción a la prueba
de ADN, practicada por el Instituto de Genética YUNIS TURBAY, presentada por la
parte demandada, aduciendo que el resultado de la prueba no es claro y que la
madre de Johana Catalina sólo mantuvo relaciones sexuales con el señor
Palencia, de manera que es posible que dicha prueba hubiera sido manipulada. En
dicho escrito la parte solicitó la práctica de una nueva prueba de ADN en los
laboratorios de Medicina Legal.[9]
·
Auto proferido por el Juzgado 2
Promiscuo de Familia de Duitama, de fecha 5 de diciembre de 2007, por medio del
cual se resuelve la objeción presentada por la parte demandada y se ordena la
práctica de un nuevo examen de ADN en el Laboratorio de Genética del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.[10]
II. SENTENCIAS OBJETO DE
REVISIÓN
2.1.
Primera instancia
Por
medio de sentencia del 22 de junio de 2012, la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia negó el amparo solicitado. En su opinión, la acción
de tutela no cumple con el requisito de inmediatez, pues fue interpuesta 11
meses con posterioridad a que fuera proferida la sentencia de segunda instancia
que  denegó las pretensiones del actor. De igual manera, estableció que la
acción tampoco cumple con el requisito de subsidiariedad, ya que el actor podía
acudir al recurso extraordinario de casación[11].
2.2.
Impugnación
Por
medio de escrito radicado el 29 de junio de 2012, el señor Palencia López
impugnó la decisión de primera instancia. En su escrito informó que Johana
Catalina tiene en la actualidad 22 años de edad y está próxima a terminar sus
estudios universitarios, por lo que la impugnación de su paternidad no estaría
vulnerando derechos de los niños. Agregó, que en el proceso se presentaron
varias irregularidades las cuales fueron advertidas por la Procuraduría General
de la Nación, tal como se evidencia en el expediente.
Con
respecto a los motivos por los cuales se declaró la improcedencia de la acción,
el actor manifestó que quedó desconcertado y desilusionado con las decisiones
adoptadas, por lo que no supo cómo actuar. Aunado a lo anterior, manifestó que
no tenía recursos para acudir en casación, ya que un abogado le cobraba por sus
servicios 45 millones de pesos, lo que le hizo imposible agotar el mecanismo
contemplado en la ley, para impugnar la decisión proferida en su contra.
En
cuanto al principio de inmediatez, indicó que se cumple con uno de los
supuestos esbozados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-158 de 2006,
con el propósito de justificar la demora en el ejercicio de la acción,
referente a que se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo, sin
importar que el hecho generador sea muy antiguo respecto de la presentación de
la demanda. En este sentido, el actor señala que actualmente cursa en su contra
un proceso penal por inasistencia alimentaría en la Fiscalía Local 21 de
Duitama, pues desde que se enteró que Johana Catalina no era su hija, dejó de
cancelar las cuotas alimentarias. De manera que el daño en el tiempo persiste,
por cuanto se encuentra en riesgo de perder su libertad por un delito que no le
es imputable.
Por
lo anterior, solicitó que la providencia de tutela sea revocada y, en su lugar,
se conceda el amparo de los derechos invocados.
2.3.
Segunda instancia
En
sentencia del 8 de agosto de 2012, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia confirmó el fallo de primera instancia. En su opinión, en
el proceso no se advierte justificación de la tardanza en la que incurrió el
accionante, especialmente si se tiene en cuenta que transcurrió aproximadamente
1 año y 24 días, desde la fecha en la que se profirió la sentencia de segunda
instancia y el momento en el que se interpuso la acción de amparo. Por lo
anterior, reitera que no se cumple con el requisito de inmediatez.
III. CONSIDERACIONES DE
LA CORTE
1. Competencia
Esta Sala es competente para revisar la decisión
proferida en la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo
previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política. El expediente
fue seleccionado por medio de auto del ocho  de noviembre de 2012, proferido
por la Sala de Selección número Once.
2. Planteamiento del problema jurídico y esquema de
resolución
2.1. A partir de las circunstancias fácticas que
dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela y de las decisiones adoptadas
en las respectivas instancias judiciales, esta Corporación debe determinar, si es procedente la acción de amparo constitucional
para controvertir los fallos adoptados en desarrollo de un proceso de
impugnación de la paternidad, por una parte, cuando han transcurrido cerca de
11 meses desde el momento en que se resolvió el recurso de alzada que denegó
las pretensiones, y por la otra, cuando se dejó de agotar el recurso de
casación como mecanismo extraordinario de defensa judicial.
En caso de que la respuesta al citado problema
jurídico sea afirmativa, la Sala deberá resolver ¿si en un proceso de
impugnación de la paternidad, se incurre en un defecto fáctico, procedimental y
sustantivo, cuando se aporta una prueba de ADN que indica que no existe
compatibilidad de filiación, pero ésta no es tenida en cuenta, en primera
instancia, porque no se realizó la segunda prueba de ADN ordenada por el juez
y, en segunda instancia, porque se declaró la caducidad de la acción?
2.2. Con el fin de resolver estos
problemas jurídicos, inicialmente, la Sala (i) reiterará la jurisprudencia
constitucional en relación con la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales; a continuación profundizará en el alcance (ii) del
defecto fáctico; (iii) el defecto sustantivo; (iv) y el defecto procedimental
absoluto; en seguida (v) hará una breve referencia al marco normativo de los
procesos de impugnación de la paternidad y, finalmente, recordará la (vi)
jurisprudencia de la Corte sobre los procesos de filiación. Con fundamento en
lo anterior, (vii) procederá a resolver el caso concreto.
3. Requisitos generales y específicos de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de
jurisprudencia
3.1. En su condición de guardián de la integridad y
supremacía del texto constitucional, esta Corporación ha establecido unas
reglas sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Esta línea se fundamenta en la búsqueda de una ponderación adecuada
entre la primacía de los derechos fundamentales y el respeto por los principios
de autonomía e independencia judicial[12].
Precisamente, en desarrollo del principio de
supremacía de la Constitución, todos los servidores públicos que ejercen
funciones jurisdiccionales, deben garantizar y proteger los derechos
fundamentales de los sujetos que intervienen en los diferentes procesos. Por
consiguiente, las normas de la Carta Política y, en especial, aquellas que
prevén tales derechos, constituyen parámetros ineludibles para la decisión
judicial.
De acuerdo con el estado actual de la jurisprudencia,
la acción de tutela contra providencias judiciales es un instrumento
excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la decisión del
juez incurre en graves falencias, de relevancia constitucional, las cuales la
tornan incompatible con los mandatos previstos en el Texto Superior. En este
sentido, la acción de tutela contra providencias judiciales es concebida como
un “juicio de validez”[13], lo que se opone a que se use indebidamente como una
nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho legislado, que dieron origen a un litigio, más aún
cuando las partes cuentan con los recursos judiciales tanto ordinarios como
extraordinarios, para controvertir las decisiones que estimen arbitrarias o que
sean incompatibles con la Carta Política. No obstante, pueden subsistir casos
en que agotados dichos recursos, persiste la arbitrariedad judicial; en esa
hipótesis, por ejemplo, se habilita la procedencia del amparo constitucional.
3.2. En desarrollo de lo expuesto, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, en Sentencia C-590 de 2005[14], estableció un conjunto sistematizado de requisitos
de naturaleza sustancial y procedimental, que deben ser acreditados en cada
caso concreto, como presupuestos ineludibles para la protección de los derechos
fundamentales afectados por una providencia judicial.
Ellos se dividen en dos grupos: (i) los
requisitos generales, que están relacionados con condiciones fácticas y de
procedimiento, las cuales buscan hacer compatible dicha procedencia con la
eficacia de valores de estirpe constitucional y legal, relacionados con la
seguridad jurídica, los efectos de la cosa juzgada, la independencia y
autonomía del juez, al igual que la distribución jerárquica de competencias en
la rama jurisdiccional; y, (ii) los requisitos específicos, que se
refieren a la descripción de los defectos en que puede incurrir una decisión
judicial y que la hacen incompatible con la Constitución.
3.3. En este orden de ideas, los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales son los siguientes:
- Que la cuestión que se discuta tenga relevancia
constitucional. Para la Corte, el juez de tutela no puede estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos cuya determinación corresponde a otras instancias
judiciales[15].
- Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable de
naturaleza iusfundamental[16], caso en el cual se podrá conceder el amparo como
mecanismo transitorio de defensa judicial.
- Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[17].
-  Cuando se trate de una irregularidad procesal, es
necesario que la misma tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[18].
- Que el accionante identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que ello
hubiere sido posible[19].
-  Que no se trate de sentencias de tutela[20], por cuanto la protección de los derechos
fundamentales no puede prolongarse de manera indefinida.
3.4. Ahora bien, en desarrollo de lo expuesto, los requisitos
específicos que habilitan la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales, aluden a la configuración de defectos que, por
su gravedad, tornan insostenible el fallo cuestionado al ser incompatible con
los preceptos constitucionales. Estos defectos son:
- Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece
absolutamente de competencia para hacerlo.
- Defecto procedimental absoluto, que se configura
cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
- Defecto fáctico, surge cuando el juez carece
del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en que se
sustenta la decisión.
- Defecto sustantivo o material, se presenta
cuando se decide con base en normas inexistentes, inconstitucionales o que
claramente son inaplicables al caso concreto.
- Error inducido, tradicionalmente conocido como vía de hecho por consecuencia, que se
presenta cuando el juez o tribunal adopta una decisión errónea que afecta
derechos fundamentales, a partir de un artificio o engaño de un tercero o de
una circunstancias ajena a su actuar[21].
- Sentencia sin motivación, se presenta cuando
los servidores judiciales incumplen el deber de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones, pues precisamente en esa motivación
reposa la legitimación del actuar judicial[22].
- Desconocimiento del precedente, se estructura
cuando el juez desconoce la ratio decidendi de un conjunto de sentencias
previas al caso que ha de resolver, que por su pertinencia y aplicación al
problema jurídico constitucional, es obligatorio tenerlas en cuenta al momento
de dictar sentencia[23].
- Violación directa de la Constitución, que se
configura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma
específica, postulados de la Carta Política[24].
3.5. En conclusión, la jurisprudencia constitucional
ha sido minuciosa en el examen de los citados requisitos, en aras de proteger y
garantizar los derechos fundamentales y de respetar los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial. Ahora bien, teniendo en
cuenta las vicisitudes que se presentan en el caso, a continuación se hará un
breve recuento de lo que la jurisprudencia ha entendido como defecto fáctico,
defecto sustantivo y defecto procedimental absoluto.
4.
Caracterización del defecto fáctico como causal de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
4.1.
En aras de asegurar el goce efectivo de derechos, garantías y principios
constitucionales, la Corte ha insistido en que es deber de los jueces de la
República no sólo respetar cada una de las etapas del proceso judicial, sino
también garantizar que su decisión tenga fundamento en elementos de juicio
sólidos. Por esta razón, se ha dicho que el período probatorio debe surtirse a
cabalidad, conforme a los parámetros legales establecidos para tal fin.
En
desarrollo de lo expuesto, este Tribunal ha señalado que el defecto fáctico se
presenta cuando: i) el juez no tiene el apoyo probatorio necesario para
justificar su decisión[25]; ii) incurre en un error en el examen de las pruebas
por no valorar una prueba o por existir una valoración caprichosa o arbitraria;
iii) se presenta una omisión en el decreto o práctica de las pruebas dentro del
proceso, o iv) se adopta una decisión judicial con fundamento en una prueba
obtenida de forma ilícita.[26]
De
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico puede tener
una dimensión negativa y una dimensión positiva. Se presenta la dimensión
negativa, cuando la autoridad judicial no práctica o valora una prueba, o la
valoración de la misma se hace de forma arbitraria, irracional o caprichosa, lo
que en últimas se traduce en la imposibilidad de comprobar los hechos. Por el
contrario, se configura la dimensión positiva, cuando el acervo probatorio no
debía ser admitido o valorado, como ocurre, por ejemplo, en el caso de pruebas
indebidamente recaudadas que son apreciadas por el juez[27], o cuando se dan por establecidas circunstancias sin
que exista soporte en el material probatorio que respalde dicha determinación[28].
Sobre
la ocurrencia del defecto fáctico, en términos generales, esta Corporación ha
dicho que:
"En otras palabras, se presenta defecto fáctico por
omisión cuando el juzgador se abstiene de decretar pruebas. (…). Existe
defecto fáctico por no valoración del acervo probatorio, cuando el juzgador
omite considerar pruebas que obran en el expediente bien sea porque 'no los
advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la
decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse
realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido
variaría sustancialmente.' Hay lugar al defecto fáctico por valoración
defectuosa del material probatorio cuando o bien 'el funcionario judicial,
en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los
hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico
debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva' dando paso a
un defecto fáctico por no excluir o valorar una prueba obtenida de manera
ilícita"[29].
4.2.
Como se mencionó anteriormente, en los casos en que el juez no práctica las
pruebas decretadas, también se incurre en una vulneración al debido proceso por
ocurrencia de un defecto fáctico, pues se impide la debida conducción al
proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del
asunto jurídico debatido. Esta Corporación ha preciso el alcance de esta
modalidad de defecto fáctico, entre otras, en la Sentencia SU-132 de 2002, al
sostener que:
“La negativa a la práctica o valoración de un medio
probatorio por un juez dentro del proceso que dirige, puede estar sustentada en
la ineficacia de ese medio para cumplir con la finalidad de demostrar los
hechos en que se soporta una determinada pretensión, toda vez que constituye un
derecho para todas las personas presentar pruebas y controvertir las que se
presenten en su contra. La Corte se pronunció en este sentido en la Sentencia
T-393 de 1994 y manifestó que “(...) la negativa a la práctica de pruebas sólo
puede obedecer a la circunstancia de que ellas no conduzcan a establecer la
verdad sobre los hechos materia del proceso o que estén legalmente prohibidas o
sean ineficaces o versen sobre hechos notoriamente impertinentes o se las
considere manifiestamente superfluas (Arts. 178 C. P. C. y 250 C. P. P.); pero a juicio de esta Corte, la impertinencia, inutilidad y
extralimitación en la petición de la prueba debe ser objetivamente analizada
por el investigador y ser evidente, pues debe tenerse presente que el rechazo
de una prueba que legalmente sea conducente constituye una violación del
derecho de defensa y del debido proceso”.
Precisamente,
en la Sentencia T-488 de 1999, la Corte precisó que la omisión en la práctica
de la prueba antropoheredobiológica en desarrollo de un proceso de filiación,
constituía un típico defecto fáctico con capacidad de afectar los citados
derechos fundamentales de las partes, como consecuencia de la especial
relevancia que tiene dicho medio probatorio. Al respecto, esta Corporación
señaló que:
“El presente análisis tiene como punto de partida la
circunstancia de que ambos jueces dejaron de practicar, no obstante haber sido
decretada, lo que impidió la valoración y apreciación de una prueba conducente
y determinante para la decisión final del proceso de filiación natural
instaurado a nombre del menor (…), como era el experticio científico
mencionado, por motivos ajenos a la parte demandante y atribuibles a la falta
de coordinación para su realización entre el ente estatal encargado de
practicarla y la respectiva autoridad judicial que conocía del asunto.
Así las cosas, se considera necesario reiterar, que la
práctica de pruebas constituye una de las principales actuaciones dentro de la
conducción del proceso, en la medida en que su importancia radica en la
participación de la misma en la conformación del convencimiento del fallador
sobre los hechos materia de decisión.
Debe la Sala reiterar a propósito de lo antes expresado
en las consideraciones generales, que la autoridad judicial que se niegue sin
justificación razonable y objetiva, a apreciar y valorar una prueba en la que
obtiene apoyo esencial en forma específica y necesaria para formar su juicio
sin justificación, incurre en una vía de hecho y contra su decisión procede la
acción de tutela, toda vez que desconoce varios principios y derechos de rango
superior para quien la ha solicitado, como son la igualdad procesal y de acceso
a la administración de justicia, el debido proceso y defensa y el deber de
imparcialidad del juez para el trámite del mismo.” (Negritas por fuera del
texto original).
4.3.
Con fundamento en lo expuesto, a juicio de este Tribunal, es claro que se
incurre en una violación a los derechos de defensa y de debido proceso[30], en aquellos casos en que se ordena la práctica de
una prueba de vital importancia para la decisión final del proceso, y la misma
no se lleva a cabo por circunstancias que resultan ajenas o no imputables a la
parte interesada en su realización[31]. En todo caso, la existencia del defecto fáctico
respecto de un pronunciamiento judicial, supone que el error en que se haya
incurrido sea manifiesto, evidente y claro, con la potencialidad de tener una
incidencia directa en la decisión adoptada.
5.
Caracterización del defecto sustantivo como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
5.1.
Según se manifestó en la Sentencia SU-187 de 2010, el defecto sustantivo o
material se presenta –entre otras– en las siguientes hipótesis:
“(…) (i) cuando la decisión cuestionada se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, (ii) cuando la
decisión se fundamenta en normas inexistentes o inconstitucionales, (iii)
cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce
a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la
norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes
que han definido su alcance, es contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes
(irrazonable o desproporcionada)[32],(iv)
cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras
disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática, (v) cuando la norma aplicable al caso concreto es
desatendida y por ende inaplicada o (vi) cuando a pesar de que la norma en
cuestión está vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica
a la cual se aplicó[33].”
5.2. Ahora bien, cuando existan varias
interpretaciones admisibles sobre un mismo tema y el operador jurídico decida
aplicar una de ellas, de forma sensata y ajustada a los límites normativos, la
acción de tutela no está llamada a prosperar, en respeto de los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial (CP art. 228), pues se
entiende que el defecto material o sustantivo sólo ocurre en los casos en los
que se evidencia un actuar arbitrario y caprichoso del juez, y no una mera
discrepancia de interpretación.[34]
6. Caracterización del defecto procedimental absoluto
como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Reiteración de jurisprudencia
6.1. Esta Corporación ha establecido que el defecto
procedimental absoluto se presenta cuando el juez actúa totalmente al margen de
las formas propias de cada juicio (CP art. 29). En este sentido, se ha
entendido que existe una violación del derecho al debido proceso, por cuanto el
procedimiento adoptado por el juez no se somete a los requisitos establecidos
en la ley sino a su propia voluntad, en contravía de las garantías previstas en
las normas procesales para los sujetos que intervienen en cada juicio.
Al respecto, en la Sentencia T-996 de 2003, con
ocasión de una acción de tutela en la que se cuestionó la actuación de un juez
laboral que no agotó el período probatorio y profirió sentencia con
inobservancia de dicha etapa del proceso, la Corte recordó que:
“(…) el defecto procedimental se erige en una
violación al debido proceso cuando el juez da un cauce que no corresponde al
asunto sometido a su competencia, o cuando pretermite las etapas propias del
juicio, como por ejemplo, omite la notificación de un acto que requiera de esta
formalidad según la ley, o cuando pasa por alto realizar el debate probatorio,
natural a todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los
sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la
demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en
la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales.”
6.2. Finalmente, en criterio de este Tribunal, se
trata de un defecto de naturaleza calificada, puesto que solamente emerge cuando
se presenta un desconocimiento absoluto de las formas propias de cada juicio[35], ya sea porque: (i) el juez se ciñe a un trámite
completamente ajeno al pertinente –desvía el cauce del asunto–, u (ii) omite
etapas sustanciales del procedimiento con violación de los derechos de defensa
y contradicción de una de las partes del proceso.
7. Normatividad aplicable en los casos de impugnación
de la paternidad
7.1. La impugnación de la paternidad corresponde a la
oportunidad que tiene una persona para refutar la relación filial que fue
reconocida en virtud de la ley. Dicha figura opera: i) para desvirtuar la
presunción establecida en el artículo 214 del Código Civil[36]; ii)  para impugnar el reconocimiento que se dio a
través de una manifestación voluntaria de quien aceptó ser padre; o, iii)
cuando se repele la maternidad en el caso de un falso parto o de la
suplantación del menor.
En el primer escenario, esto es, frente a la
presunción de paternidad prevista en el artículo 214 del Código Civil, los
artículos 217 y 221 del mismo régimen legal              –previa a la reforma
introducida por la Ley 1060 de 2006– disponían que la impugnación de la
paternidad por parte del marido contra la legitimidad del hijo concebido por su
mujer durante el matrimonio, debía hacerse dentro de los sesenta (60) días
contados desde aquel en que tuvo conocimiento del parto. El mismo plazo se
otorgó para los herederos y demás personas interesadas en provocar el juicio de
ilegitimidad, contado desde el momento en que se enteraron de la muerte del
padre o del nacimiento del hijo, conforme al régimen consagrado en los
artículos 219 y 220 del Código Civil[37].
Ahora bien, en relación con el segundo y tercer caso
enunciado, cuando se impugna el reconocimiento que se dio a través de una
manifestación de ser padre, la Ley 75 de 1968[38], en el artículo 5, contemplaba que “El
reconocimiento [de la paternidad] solam­ente podrá ser impugnado por las
personas, en los términos y por las causas indicadas en los artículos 248 y 336
del Código Civil.”
Con este propósito, el artículo 248 del citado Código
disponía que:
“Artículo  248. En los demás casos podrá
impugnarse la legitimación probando alguna de las causas siguientes:
1a) Que el legitimado no ha podido tener por padre al legitimante.
2a) Que el legitimado no ha tenido por madre a la
legitimante; sujetándose esta alegación a lo dispuesto en el título 18, de la
maternidad disputada.
No serán oídos contra la legitimación sino los que
prueben un interés actual en ello, y los ascendientes legítimos del padre o
madre legitimantes; estos en sesenta días, contados desde que tuvieron
conocimiento de la legitimación; aquellos en los trescientos días
subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer
su derecho.”[39]
(Negrilla y subrayas fuera de texto)
Los apartes subrayados fueron objeto de control de
constitucionalidad en la Sentencia C-310 de 2004, en los que esta Corporación
se pronunció sobre una posible violación del derecho a la igualdad, pues frente
a los hijos extramatrimoniales se consagraba un plazo de trescientos (300) días
para impugnar la paternidad y frente a los hijos matrimoniales de tan sólo
sesenta (60) días. Para la Corte, la expresión “trescientos días” es
inexequible, ya que la diferencia de términos implicaba un trato desigual para
los hijos carente de justificación, mientras que declaró exequible el resto de
la disposición demandada, “bajo el entendido según el cual los interesados
en impugnar la legitimación distintos de los ascendientes legítimos del padre o
madre legitimantes, para incoar la acción tendrán un plazo de sesenta días
subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer
su derecho.”
Por lo tanto, se concluye que el Código Civil
consagraba un período de 60 días en todos los casos en los cuales se buscaba
impugnar la paternidad desde el momento en el que surgió el interés actual.
7.2. En lo referente a las pruebas que se deben
presentar en el proceso para declarar la paternidad, el artículo 7 de la Ley 75
de 1968 estableció que el juez de oficio o a solicitud de las partes “decretará
los exámenes personales del hijo y sus ascendientes y de terceros, que
aparezcan indispensables para reconocer pericialmente las características
heredo-biológicas, con análisis de los grupos sanguíneos, los caracteres
patológicos, morfológicos, fisiológicos e intelectuales trasmisibles, que
valorará según su fundamentación y pertinencia”.
Con
la evolución científica, el legislador expidió la Ley 721 de 2001, en la que
determinó que: “En todos los procesos para establecer paternidad o
maternidad, el juez, de oficio, ordenará la práctica de los exámenes que
científicamente determinen índice de probabilidad superior al 99.9%.”[40]. De acuerdo
con el parágrafo segundo de la citada norma, para tal fin, hasta que los
desarrollos no ofrezcan una mejor opción, se deberá usar la técnica de ADN con
el uso de marcadores genéticos.
Esta
Corporación se pronunció sobre la exequibilidad de la citada norma en la
Sentencia C-476 de 2005, en los siguientes términos:
“No puede el perito sustituir al juez del
Estado, pues el dictamen es un medio de prueba que jamás puede confundirse con
la sentencia.  Una es la labor del auxiliar de la administración de
justicia y otra muy distinta la que corresponde al juez que en ejercicio de la
competencia que se le asigna por la ley para el efecto al dictar sentencia
manifiesta la voluntad del Estado para el caso concreto y conforme a la ley.
Por ello el dictamen pericial a que se refiere la Ley 721 de 2001 se
encuentra sometido, como cualquier otro, a las formalidades y a los requisitos
de fondo exigidos por la ley y rige respecto del mismo el derecho de
contradicción y la necesidad de la publicidad de la prueba, sin los cuales
carece de validez.  En tal virtud podrán las partes discutir, desde el
principio, la idoneidad científica de quienes practiquen la prueba lo que
incluye no solo a los profesionales sino a los laboratorios que actúen en la
toma de las muestras que se requieran tanto respecto del padre presunto, de la
mujer que se dice ser la madre, como del hijo cuya filiación se investigue y,
cuando fuere el caso, de los parientes de éstos e inclusive, podrá discutirse
acerca de éstos y otros asuntos cuando hubiere necesidad de la exhumación de un
cadáver para la práctica de tales exámenes.”
7.3. Con posterioridad, con la expedición de la Ley
1060 de 2006 –la cual entró en vigencia el 26 de julio de dicho año– se
modificó nuevamente la normatividad referente a la impugnación de la
paternidad. En este nuevo escenario normativo, se reiteró la necesidad de la
práctica de las pruebas científicas[41]. Sin embargo, en el artículo 4° de la citada ley, se
modificó el alcance del artículo 216 del Código Civil, en los términos que a
continuación se exponen:
"Artículo 216. Podrán impugnar la
paternidad del hijo nacido durante el matrimonio o en vigencia de la unión
marital de hecho, el cónyuge o compañero permanente y la madre, dentro de los ciento
cuarenta (140) días siguientes a aquel en que tuvieron conocimiento de que no
es el padre o madre biológico".[42]
(subrayas y negrilla fuera del texto original)
En los demás casos en los cuales se impugna la
paternidad, el artículo 248 del Código Civil –ya citado- también fue modificado
y quedó así:
“Artículo 248. En los demás casos podrá impugnarse la paternidad
probando alguna de las causas siguientes:
1. Que el hijo no ha podido tener por padre al que
pasa por tal.
2. Que el hijo no ha tenido por madre a la que pasa
por tal, sujetándose esta alegación a lo dispuesto en el título 18 de la
maternidad disputada.
No serán oídos contra la paternidad sino los que
prueben un interés actual en ello, y los ascendientes de quienes se creen con
derechos, durante los 140 días desde que tuvieron conocimiento de la paternidad.” (subrayas
y negrilla fuera del texto original)
Asimismo, en el parágrafo transitorio del artículo 14,
se estableció que:
“Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en
vigencia de la presente ley, las personas que hayan impugnado la paternidad o
la maternidad y esta haya sido decidida adversamente por efectos de encontrarse
caducada la acción, podrán interponerla nuevamente y por una sola vez, con
sujeción a lo previsto en los incisos 2 y 3 del artículo 5o de la presente ley.”
7.4. Como se infiere de lo expuesto, con la entrada en
vigencia de la Ley 1060 de 2006, el término de caducidad de la acción de
impugnación de la paternidad se amplió –comparado con el régimen anterior– de
sesenta (60) a ciento cuarenta (140) días en todos los casos. Por lo demás,
ante el reconocimiento de un nuevo régimen más benigno para los interesados, el
legislador creó un plazo adicional de ciento ochenta (180) días, para
controvertir las situaciones jurídicas de aquellas personas a las cuales
previamente se les había declarado la caducidad de la acción. Al pronunciarse
sobre el alcance de la citada disposición, en Sentencia del 1° de noviembre de
2011, la Corte Suprema de Justicia explicó que:
“Este último precepto constituye, según palabras de la
propia Corte, “la consagración de un derecho adicional en pro de las personas
que formularon demanda de impugnación de la paternidad o de la maternidad y se
les haya decidido de manera adversa con apoyo en la figura extintiva, puesto
que al entrar en vigencia dicho ordenamiento jurídico, el término rehabilitado
ya estaría fenecido”. (Sentencia de 29 de julio de 2009, exp. 00451- 01).
Su aplicación, sin duda, conlleva la remoción de
situaciones consolidadas en el pasado, como son las concernientes a procesos de
impugnación de la paternidad, que la jurisdicción había desestimado por no
satisfacerse los términos de caducidad; esto es, que con evidente carácter
retroactivo, el legislador estimó como oportuno dejar a un lado la figura de la
cosa juzgada, para en su lugar dar una nueva posibilidad a las “personas” que
opugnaron (sic) sin éxito, todo, en aras de darle prevalencia a los resultados
arrojados por la prueba científica, mismos que no ameritarían que alguien
respondiera “por alimentos de hijos que no son y en forma injustificable” (Gaceta
del Congreso No. 591, pág. 2).
El aludido “derecho adicional”, como tuvo la
oportunidad de nominarlo la Corte, se extiende a “las personas que hayan
impugnado la paternidad”, sin que sea preciso entrar en digresiones sobre
quienes son ellas, pues, por sabido se tiene que el artículo 27 del Código
Civil indica como pauta esencial de interpretación que “Cuando el sentido de la
ley sea claro, no se desatenderá a pretexto de consultar su espíritu”.
En punto a la aplicación del canon para
procesos iniciados antes de su entrada en vigor, y sin sentencia definitoria de
caducidad, la Sala expresó, con una hermenéutica apegada al criterio lógico, y
por ende, alejada del rigor de la gramática, lo siguiente: “Analizado
literalmente el texto mencionado, tendría que concluirse que en este caso, la
prerrogativa prevista en la referida normatividad no podría ser empleada por el
accionante, toda vez que no se cumpliría el requisito de que tuviera decisión
adversa con apoyo en tal figura extintiva, puesto que al entrar en vigencia
dicho ordenamiento jurídico el término rehabilitado ya estaría fenecido. (...)
La situación no puede ser analizada de tal modo en este caso, puesto que el
parágrafo transitorio tiene que extenderse en un escenario lógico y racional,
lo que impide que su aplicación sea directa, a raja tabla, sin ninguna clase de
análisis y estudio de las condiciones particulares que rodean el problema en
concreto. (...) Aquí la demanda de impugnación se presentó en 1998, mucho antes
de que se expidiera la Ley 1060 de 2006 que consagró la posibilidad descrita,
hasta el punto de que apenas en la fecha de hoy (la de esta sentencia), se está
decidiendo la discusión planteada por el demandante frente a los reparos que
viene formulando desde aquélla época respecto de la paternidad que expresamente
reconoció frente a las menores accionadas. (...) La demora en el
pronunciamiento de un fallo definitivo no puede acarrearle la pérdida de sus
derechos ni alternativas legales, mucho más cuando no ha sido por hechos
imputables a su dejadez o abandono, sino por el funcionamiento interno del
aparato judicial (...) Por consiguiente, en aras de una solución acorde con la
voluntad del legislador y armonizando la situación específica de quien, como
acá ocurre, por no habérsele decidido la controversia antes de que se agotara
el término complementario otorgado por el legislador en la ley referida no tuvo
posibilidad cierta de ajustar su comportamiento a dichos lineamientos legales,
deberá analizarse el problema como si dicho tiempo adicional todavía no
estuviera corriendo, y además, atendiendo el contenido de la “prueba genética”
que es categórica en el sentido de concluir que frente a dicho menor se
presenta la exclusión o incompatibilidad de la paternidad. (...)
Consecuentemente, no puede declararse próspera
respecto a la aludida parte contradictora, la caducidad alegada (...)”. (Sentencia de 29 de julio de 2009, exp.
2002-00451-01).”[43]
7.5.
En conclusión, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1060 de 2006 (26 de
julio), el término de impugnación de la paternidad se amplió a ciento cuarenta
(140) días. No obstante, en la citada ley se previó un plazo adicional de
ciento ochenta (180) días, para que aquellas personas que hubiesen impetrado la
acción y ésta hubiese sido declarada caduca, pudiesen nuevamente demandar.
En
criterio de la Corte Suprema de Justicia, dicha disposición no sólo reabre la
posibilidad de iniciar un nuevo proceso, sino que también permite su aplicación
a los juicios en curso, cuando en su trámite haya entrado en vigencia la Ley
1060 de 2006 y sea evidente que se debe declarar la caducidad de la acción,
según los plazos establecidos en la normatividad anterior. Por último, en
atención a los desarrollos de la ciencia, el legislador estableció que en los
procesos de filiación se debe ordenar de oficio la práctica de la prueba de ADN,
o en caso dado una prueba científica que de más certeza respecto de la
filiación.
8.
Reiteración de jurisprudencia constitucional sobre impugnación de la paternidad
8.1.
Jurisprudencia relacionada con el requisito de subsidiariedad
En
numerosas oportunidades la Corte se ha pronunciado sobre la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso, en el trámite de procesos de impugnación
de la paternidad. Así, en la Sentencia T-411 de 2004, se estudió una acción de
amparo interpuesta en contra del Juzgado Sexto de Familia de Cali, con ocasión
de un proceso de filiación extramatrimonial. En dicha oportunidad, el
accionante alegó que el juez vulneró su derecho al debido proceso, entre otras,
al proferir sentencia en la que negó la existencia de una relación filial, sin
haber obtenido los resultados de la prueba antropoheredobiológica decretada. A
pesar de que no se apeló la sentencia de primera instancia, ni se acudió en
casación, ni se agotó el recurso extraordinario de revisión, esta Corporación
consideró que la acción de tutela era procedente, sin aplicar el principio de
subsidiaridad, con fundamento en las siguientes razones:
“De otro lado, la Sala considera que el hecho de que
el actor dentro de la presente acción de tutela dejara de interponer, en el
proceso de filiación extramatrimonial, el recurso de apelación al que tenía
derecho contra la sentencia proferida por el Juzgado Sexto de Familia de Cali
el 4 de diciembre de 2002, debe ceder ante la contundencia de la verdad
científica y ante la trascendencia de los derechos que se ponen en juego.
De lo contrario, el señor Jairo Edmundo Pabón se vería abocado de por vida a
una situación de flagrante vulneración de sus derechos fundamentales a la
personalidad jurídica y a su estado civil. De igual manera, conociendo ahora
sin posibilidad de duda la  identidad de su padre, si se le negara el
derecho que tiene a establecer su filiación y su estado civil, el señor Pabón
estaría recibiendo menoscabo también en relación con su dignidad como persona
humana.
La interposición del recurso de apelación contra una
sentencia, y en general de los recursos que la ley pone a disposición de las
partes en un proceso, son una carga procesal. La doctrina de esta corporación
ha expuesto que la carga procesal es una conducta de realización facultativa
establecida en beneficio del propio interés del gravado con ella, pero cuya
omisión lo expone al riesgo de soportar consecuencias jurídicas desfavorables.
Así, pues, la carga procesal de interponer un recurso da la posibilidad al
sujeto interesado de interponerlo o no, y si su decisión es la de no hacerlo,
deberá aceptar las posibles consecuencias adversas a sus intereses que de ello
deriven.
No obstante, desde el punto de vista sustantivo
las consecuencias desfavorables de la falta de interposición de un recurso
pueden no ser aplicables, por tratarse de un derecho indisponible, como ocurre
con los derechos fundamentales y, en particular, con el estado civil de las
personas. En tal sentido, el Art. 1º del Decreto- Ley 1260 de 1970
preceptúa que el estado civil es indisponible y el Código Civil establece que
no se puede transigir sobre éste (Art. 2473). En el mismo orden de ideas, a
manera de ejemplo, en la hipótesis de que un sindicado de un delito fuera
condenado en Colombia a la pena de muerte y no apelara la decisión, de toda
evidencia no sería constitucionalmente válido que se cumpliera la condena
argumentando la existencia de una aceptación tácita por parte de aquel.”[44] (Subrayas y
negrilla por fuera del texto original).
Por
otra parte, en las Sentencias T-1342 de 2001[45] y T-1226 de 2004[46], a pesar de que se discutía la relación filial de una
persona en el ámbito de protección del derecho fundamental al debido proceso, la
Corte ordenó un amparo transitorio mientras se acudía al recurso de revisión,
por cuanto se entendió que la falta de práctica de las pruebas
antropoheredobiológicas podía entenderse como un nuevo elemento de juicio que
hacía procedente el citado recurso extraordinario.
Sin
embargo, en la jurisprudencia más reciente, siguiendo lo expuesto en la
Sentencia T-411 de 2004, esta Corporación no sólo ha declarado la procedencia
de la acción, sino que también le ha otorgado al amparo el carácter de
definitivo. A manera de ejemplo, se puede citar la Sentencia T-888 de 2010, en
la cual se declaró procedente el amparo constitucional frente a un proceso de
impugnación de la paternidad, en donde se negaron las pretensiones por no haber
probado el “interés actual”, a pesar de que el actor no interpuso el
recurso extraordinario de casación. Atendiendo a lo establecido en la ya citada
providencia del 2004[47] y al argumento de que lo sustancial debía primar
sobre lo formal, se manifestó que:
“No obstante, debe la Sala decidir si la acción de
tutela es improcedente, en este caso, por una de las razones empleadas por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema obrando como juez de tutela, y es
que el demandante plantea una “inconformidad que bien pudo plantearse a través
del recurso extraordinario de casación que fue desdeñado debido a la propia
incuria del accionante”. La respuesta debe ser negativa, y en eso la Sala es
respetuosa del precedente previamente fijado por esta Corte en la sentencia
T-411 de 2004. Como se dijo en esta providencia, en esa ocasión la Corte
consideró que era procedente una tutela contra providencia judicial, a pesar de
que el tutelante no hubiera interpuesto un recurso (el de apelación) contra la
providencia ordinaria atacada, porque los (sic) sustancial debía prevalecer
sobre lo adjetivo, y en ese caso ni siquiera la incuria del demandante podía
privarlo del goce efectivo de su derecho a la personalidad jurídica. Lo mismo
puede decirse en este caso, en el cual el tutelante presentó la tutela sin
haber agotado previamente la casación. De modo que la acción de tutela es
procedente.”
Finalmente,
atendiendo a lo establecido en la Sentencia T-411 de 2004, en la Sentencia
T-071 de 2012, la Sala Quinta de Revisión declaró procedente una acción de
tutela promovida con ocasión de un proceso de impugnación de paternidad, en la
que en segunda instancia se declaró la caducidad de la acción, pese a la falta
de ejercicio del recurso de casación, al considerar que el principio de
subsidiariedad se cumplía, pues “desconocer que la niña no es hija del
accionante, como se ha demostrado científicamente con la prueba de ADN, en aras
de mantener la improcedencia de la acción con fundamento en la formalidad
procesal consistente en no haber presentado el recurso extraordinario de
casación, sería absolutamente desproporcionado y violatorio del principio de la
prevalencia del derecho sustancial (artículo 228 Superior).”
8.2.
La filiación y el derecho a la personalidad jurídica
El
artículo 14 de la Constitución Política señala que toda persona tiene derecho a
su personalidad jurídica. Al respecto, la Corte ha indicado que dicho artículo
no sólo se refiere a la posibilidad de actuar en el mundo jurídico, sino de
poseer ciertos atributos que constituyen la esencia de la personalidad jurídica
y aquellos que marcan la individualidad de la persona como sujeto de derecho.[48] Estos últimos, son aquellos atributos de la
personalidad, dentro de los cuales claramente se encuentra el estado civil de
un individuo[49], el cual depende –entre otras– de la relación de
filiación. En el artículo 1 del Decreto 1260 de 1970 se dispone que: “el
estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la
sociedad, determinada su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer
ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su
asignación corresponde a la ley.”
Por
otra parte, la jurisprudencia también ha señalado que la filiación es un
derecho innominado, de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la
Constitución Política[50]. De ahí que, es deber de los jueces actuar con
diligencia y proactividad en los procesos de investigación de paternidad o
maternidad, de manera que se cuente con las pruebas antroheredobiológicas para
proferir su decisión. En criterio de esta Corporación, este derecho se
encuentra estrechamente ligado con el principio de la dignidad humana, pues
todo ser humano tiene derecho a ser reconocido como parte de la sociedad y de
una familia.[51]
En este sentido, se ha insistido en que la protección
de la filiación implica una salvaguarda a los derechos a la personalidad
jurídica (art 14 de CP), a tener una familia (arts. 5, 42 y 44 CP), al libre
desarrollo de la personalidad (art 16 CP) y a la dignidad humana (art 1 de la
CP)[52].
8.3.
Interés para presentar la acción de impugnación de la paternidad
Teniendo
en cuenta que la legislación anterior establecía que el término para instaurar
la acción de impugnación de la paternidad era de 60 días desde el momento en el
cual se demostraba el interés actual, la Corte ha estudiado varias acciones de
tutela en las cuales los accionantes alegaban una vulneración al debido proceso
–entre otros derechos – por haber declarado la caducidad de la acción o la
falta de interés actual para incoarla, desconociendo la existencia de una
prueba antropoheredobiológica que confirma la inexistencia de la relación
filial.
Así,
en la Sentencia T-888 de 2010, se estudió el caso de un señor al cual le
indicaron que su acción no estaba llamada a prosperar por cuanto no tenía
interés actual para demandar, a pesar de haber instaurado la acción de
impugnación dentro de los 20 días siguientes al conocimiento del resultado de
la prueba de ADN que dictaminó como improbable que la niña por él reconocida en
realidad fuera suya. En dicha oportunidad, a partir de lo establecido en la Ley
75 de 1968, la Corte indicó que la interpretación razonable del “interés
actual” para impugnar la paternidad, comienza a contarse a partir de la
primera duda que surja, luego de que se reconozca a la persona como hijo.
En
desarrollo de lo expuesto, en aquellos casos en los que surja la duda de la
paternidad, pero la persona deja pasar un tiempo prolongado para cuestionarla,
es razonable que se declaré la caducidad de la acción. Empero, de acuerdo con
las consideraciones de la Sala, en los casos en los que exista un elemento
adicional, como cuando se presenta certeza de que no hay vínculo filial como
resultado de la práctica de un examen de ADN, el interés actual debe entenderse
“actualizado gracias a la novedad de la prueba científica.”[53]
Por
otra parte, en la Sentencia T-071 de 2012, se estudió una acción de tutela
impetrada en contra de una providencia judicial proferida en un proceso de
impugnación de la paternidad, en el cual se adjuntó una prueba de ADN que
certificaba que el accionante no era padre de la menor que había reconocido. En
dicho proceso, en segunda instancia, el juez declaró la caducidad de la acción,
con el argumento de que el interés surgió en el momento en el que tuvo dudas
sobre su paternidad, o en la fecha en la que reconoció a la menor. Al revisar
el caso, este Tribunal indicó que:
“[Cuando] el cónyuge o compañero permanente impugna la
paternidad del presunto hijo y para ello allega una prueba de ADN con la que
demuestra la inexistencia de la filiación, la interpretación del artículo 216
debería ser aquella que: (i) propenda por los intereses legítimos de las partes,
(ii) confiera una eficacia óptima a los derechos fundamentales en juego y (iii)
respete el principio de prevalencia del derecho fundamental sobre las simples
formalidades (artículo 228 Superior). Es decir, la interpretación
constitucionalmente válida de la norma en mención, en estos casos, es aquella
en la que el término de caducidad de la impugnación de la paternidad se empieza
a contar a partir de la fecha en la cual se tuvo conocimiento cierto a través
de la prueba de ADN de que no se era el padre biológico”.
Por
consiguiente, es claro que el “interés actual” en los casos en los que
se obtiene una prueba de ADN, surge a partir del momento es que se obtiene
certeza sobre los datos, en virtud de la supremacía del derecho sustancial
sobre las formas y de la prevalencia de los derechos fundamentales a la
personalidad jurídica, al estado civil y a la dignidad humana. Así, a juicio de
este Tribunal, si bien la caducidad de la acción tiene como fin que se proteja
la seguridad jurídica, en los casos en los que exista una prueba de ADN que de
certidumbre de que el vínculo de paternidad no existe, la caducidad no debe
constituir un obstáculo para que se garantice el goce de los demás derechos
fundamentales que se encuentran en juego en los casos en los que se discute la
filiación, tal como se verá a continuación. Por lo tanto, cuando hay certeza de
la inexistencia del vínculo filial al hacer un estudio del caso concreto el
juez deberá atender las minucias del asunto y ser más flexible a la hora de
observar el cumplimiento de dicho requisito procesal.
8.4.
Prevalencia del derecho sustancial sobre las normas procesales
El
artículo 228 de la Constitución Política consagra el principio de prevalencia
del derecho sustancial sobre las formas. Sobre este principio, la
jurisprudencia ha establecido que el fin de la actividad estatal y de los
procesos judiciales es garantizar el goce efectivo de los derechos
constitucionales, por lo que las formas o las reglas procesales tienen como
propósito otorgar garantías y certeza en la demostración de los hechos que
conllevan al reconocimiento de los derechos sustanciales. Precisamente, en la
Sentencia C-131 de 2002, esta Corporación se refirió a la prelación del derecho
sustancial como “una nueva percepción del derecho procesal pues le ha
impreso unos fundamentos políticos y constitucionales vinculantes y, al
reconocerles a las garantías procesales la naturaleza de derechos
fundamentales, ha permitido su aplicación directa e inmediata; ha generado
espacios interpretativos que se atienen a lo dispuesto en los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos; ha tornado viable su protección por los
jueces de tutela y ha abierto el espacio para que el juez constitucional, en
cumplimiento de su labor de defensa de los derechos fundamentales, promueva la
estricta observancia de esas garantías, vincule a ella a los poderes públicos y
penetre así en ámbitos que antes se asumían como de estricta configuración
legal”.
En
este contexto, no cabe duda de que las normas procesales tienen un propósito
sustantivo, como lo es proteger el debido proceso. En todo caso, cuando en la
aplicación de las normas se presenten ambigüedades o espacios de
interpretación, el juez –como director del proceso – tiene el deber de preferir
aquella norma que permita que opere de manera más eficiente la administración
de justicia.
Finalmente,
en cuanto a la controversia sometida a decisión, esto es, la posible
vulneración de derechos fundamentales por desconocer el debido proceso cuando
se controvierte por vía judicial la filiación y hay evidencia de peso como una
prueba de ADN, la Corte ha estimado que en virtud de la primacía del derecho
sustancial sobre el derecho formal, “la contundencia de los resultados
contenidos en una prueba de ADN  es tan relevante, que debe conducir al
juez a interpretar la ley de tal manera que garantice en la mayor medida
posible la primacía de la verdad manifiesta y palmaria –el derecho sustancial–
consagrada en ella, sobre cualquier otra consideración jurídico formal.”[54]
8.5.
Conclusiones
Con
fundamento en la normatividad vigente y teniendo en cuenta lo expuesto en las
Sentencias T-1342 de 2001, T-411 de 2004, T-1226 de 2004, T-584 de 2008, T-888
de 2010, T-071 de 2012 y T-352 de 2012, se concluye lo siguiente:
a.
A partir de la entrada en vigencia
de la Ley 1060 de 2006, el término de caducidad de la acción de impugnación de
la paternidad en todos los casos es de 140 días, “siguientes a aquel en que
tuvieron conocimiento de que no es el padre o madre biológico”. Con
anterioridad, el término previsto en el Código Civil era de 60 días, contado
desde el momento en que se demostrará el interés actual.
b.
En el parágrafo transitorio del
artículo 14 de la citada Ley 1060 de 2006, el legislador contempló un período
adicional de 180 días para que aquellas personas a las que se les hubiera
declarado la caducidad de la acción pudieran incoarla nuevamente. De acuerdo
con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, dicha disposición no
sólo reabre la posibilidad de iniciar un nuevo proceso, sino que también
permite su aplicación a los juicios en curso, cuando en su trámite haya entrado
en vigencia la Ley 1060 de 2006 y el operador judicial evidencie que debe declarar
la caducidad de la acción, según los plazos establecidos en la normatividad
anterior.
c.
La ley exige que en los procesos
de filiación es necesario decretar y practicar una prueba de ADN o en caso dado
una prueba científica que de más certeza respecto de la filiación. La
jurisprudencia constitucional ha insistido en la importancia de esta prueba.
d.
El examen de los requisitos de
procedibilidad de la acción de amparo debe ser menos riguroso, cuando existe
una prueba que exteriorice la ausencia de dicha relación filial, en razón de
los derechos fundamentales que se encuentran comprometidos y dada la
prevalencia del derecho sustancial.
e.
Los derechos fundamentales que se
encuentran comprometidos en los procesos de la filiación son: el derecho a la personalidad
jurídica (art. 14 CP), el derecho a tener una familia (arts. 5, 42 y 44 CP), el
derecho a tener un estado civil[55], el derecho al libre desarrollo de la personalidad
(art. 16 CP), el derecho a la filiación y a la dignidad humana (art. 1 CP)[56].
f.
Finalmente, el “interés actual”
para que opere el término de caducidad, en los casos en los que se obtiene una
prueba de ADN, surge a partir del momento es que se obtiene certeza sobre los
datos, en virtud de la supremacía del derecho sustancial sobre las formas y de
la prevalencia de los derechos fundamentales a la personalidad jurídica, al
estado civil y a la dignidad humana.
9.
Caso concreto
9.1. El señor Palencia López instauró acción de tutela
en contra del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, con ocasión de un
proceso de impugnación de la paternidad. En su escrito solicita que se declare
la nulidad del fallo de segunda instancia proferido por el citado Tribunal, se
ordene resolver de fondo el recurso de alzada reconociendo que la acción no ha
caducado, se declare que éste no es el padre de Johanna Catalina Palencia
Camargo y se ordene hacer la modificación respectiva en el registro civil de
nacimiento. En criterio del actor, y atendiendo lo establecido en su escrito de
tutela, se incurrió en los fallos de instancia tanto en un defecto fáctico, por
no tener en cuenta la prueba de ADN que declaró que no existe vínculo filial,
como en un defecto sustantivo, por cuanto se aplicó de manera errónea la
normatividad referente a la caducidad.
9.2. Antes de resolver el caso de fondo, es necesario
traer a colación los fallos de instancia dentro del proceso de impugnación de
la paternidad.
9.2.1. En primera instancia, el Juzgado Segundo
Promiscuo de Familia de Duitama denegó las pretensiones invocadas, con
fundamento en que la prueba de ADN que indicaba que el accionante no podía ser
el padre de Johana Catalina fue objetada por la parte accionada, luego de lo
cual se ordenó que se practicara una nueva prueba de ADN, cuya realización no
fue posible a pesar de haber citado a las partes en numerosas oportunidades.
Para el a quo, como no se logró darle aprobación al examen de ADN que se
allegó al proceso, ni se aportó una prueba distinta, las pretensiones
propuestas no estaban llamadas a prosperar.
9.2.2. En segunda instancia, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, declaró la prosperidad de la excepción
de caducidad, en el entendido que el “interés actual” del accionante
para impugnar la paternidad surgió el 30 de marzo de 2006, fecha en la cual la
madre de Johana Catalina le informó que ella no era su hija. De manera que
transcurrieron 108 días entre dicha fecha y el momento en el que se interpuso
la acción –8 de septiembre de 2006–, tiempo que excedía los 60 días
contemplados en el artículo 248 del Código Civil.
9.3. Por su parte, las instancias
demandadas luego de ser notificadas de la acción de tutela guardaron silencio.
De la misma, la señora Johana Catalina Palencia Becerra y la señora María Laura
Camargo Becerra, luego de ser vinculadas al proceso de tutela en instancia de
revisión, por medio de auto del 25 de febrero de 2013, guardaron silencio.
9.4. En sede de tutela, tanto en
primera como en segunda instancia, se declaró la improcedencia de la acción de
amparo, aduciendo que en este caso no se cumple con el requisito de inmediatez,
por cuanto la acción fue interpuesta 11 meses después de que se profiriera el
fallo de segunda instancia en el proceso de impugnación de la paternidad.
9.5. Con fundamento en la controversia
planteada y teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en esta
providencia, la Sala adelantará el examen de la procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, especialmente en lo referente al
requisito de subsidiariedad, pues el accionante no agotó el recurso
extraordinario de casación, y el requisito de inmediatez, ya que el actor
interpuso la acción 11 meses después de que se profirió el fallo de segunda
instancia en el trámite que se surtió ante los jueces de familia. Para tal fin,
en primer lugar, se examinarán los requisitos generales de procedibilidad:
9.5.1.
Relevancia constitucional: En virtud de la información que reposa en el
expediente, es evidente que este proceso reviste de trascendencia
constitucional. Encuentra la Sala que lo que se debate, en primer término, son
los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a
la seguridad jurídica. No obstante, como se señaló en esta providencia, en los
procesos de filiación igualmente se encuentran comprometidos los derechos al
reconocimiento de la personalidad jurídica (art 14 CP), a tener una familia
(arts. 5, 42 y 44 CP), a tener un estado civil[57], al libre desarrollo de la personalidad (art 16 CP) y
a la dignidad humana (art 1 CP).
9.5.2.
La tutela como mecanismo judicial principal: Respecto de este punto, se
reitera que los jueces de primera y segunda instancia, consideraron que la
acción de tutela no estaba llamada a prosperar, ya que el señor Palencia tenía
a su disposición el recurso extraordinario de casación contemplado para estos
efectos en el ordenamiento jurídico. En este sentido, por regla general, frente
al requisito de subsidiariedad, la jurisprudencia constitucional ha restringido
la procedencia de la tutela contra providencias judiciales a la ocurrencia de
alguna de las siguientes hipótesis:
“a) Es necesario que la persona haya agotado todos los
mecanismos de defensa previstos en el proceso dentro del cual fue proferida la
decisión que se pretende controvertir mediante tutela. Con ello se busca
prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta
el proceso ordinario, que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los
mecanismos de defensa diseñados por el legislador, y que los ciudadanos
observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es ésta
la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar
oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial.
b) Sin embargo, puede ocurrir que bajo circunstancias
especialísimas, por causas extrañas y no imputables a la persona, ésta se haya
visto privada de la posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de
defensa dentro del proceso judicial, en cuyo caso la rigidez descrita se
atempera para permitir la procedencia de la acción.
c) Finalmente, existe la opción de acudir a la tutela
contra providencias judiciales como mecanismo transitorio a fin de evitar un
perjuicio irremediable.  Dicha eventualidad se configura cuando para la
época de presentación del amparo aún está pendiente alguna diligencia o no han
sido surtidas las correspondientes instancias, pero donde es urgente la
adopción de alguna medida de protección, en cuyo caso el juez constitucional
solamente podrá intervenir de manera provisional”[58].
Sin
embargo, tal como se mencionó en el acápite 8.1 de la presente providencia, en
relación con los procesos en los que se cuestiona la filiación, la
jurisprudencia constitucional ha dicho que “las consecuencias desfavorables
de la falta de interposición de un recurso pueden no ser aplicables”, pues
dicha controversia se relaciona con el estado civil de las personas, el cual ha
sido reconocido como un “derecho indisponible”[59].
En
este orden de ideas, en criterio de la Corte, en los casos en los cuales se
encuentra en discusión la filiación de una persona y se acompaña una prueba que
exteriorice la ausencia de dicha relación filial –como ocurre con una prueba de
ADN–, deberá declararse la procedencia de la acción de amparo constitucional,
no sólo por la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial,
sino también porque un actuar en sentido contrario, resultaría totalmente
desproporcionado frente a los derechos involucrados en este tipo de
controversias, entre ellos, los derechos al reconocimiento de la personalidad
jurídica (art 14 CP), a tener una familia (arts. 5, 42 y 44 CP), a tener un
estado civil[60],
al libre desarrollo de la personalidad (art 16 CP), a la dignidad humana (art 1
CP) y a decidir libremente el número de hijos que se desea tener.
Al
revisar el asunto bajo examen, encuentra la Sala que efectivamente se trata de
un caso de filiación, en el cual se impugna el reconocimiento de la paternidad
realizado por el señor Palencia frente a Johana Catalina Palencia Camargo. Por
lo demás, dentro de los elementos de juicio que obran en el expediente, existe
una prueba antroheredobiológica que indica que no hay compatibilidad entre
ellos, por lo que se presenta duda sobre la relación filial entre las partes
del proceso.
Con
base en lo anterior y siguiendo el precedente expuesto por esta Corporación, la
Sala concluye que la presente acción de tutela es procedente, pues de darle
prevalencia al principio de subsidiaridad por la falta de agotamiento del
recurso extraordinario de casación, como ya se dijo, no sólo desconocería el
principio de prevalencia del derecho sustancial, sino que también se podrían en
riesgo derechos fundamentales, tales como, el derecho al debido proceso, el
derecho de acceso a la administración de justicia, el derecho al reconocimiento
de la personalidad jurídica, al derecho a tener una familia, el derecho a tener
un estado civil, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho
a la dignidad humana.
9.5.3.
Inmediatez
9.5.3.1.
Sobre este punto, los jueces de instancia indican que el amparo no está llamado
a prosperar, por cuanto la acción de tutela fue interpuesta 11 meses después de
que fuera proferida la sentencia de segunda instancia en el proceso de
impugnación de la paternidad. En criterio del accionante, su inactividad se
derivó de la difícil situación emocional que sobrellevó como consecuencia del
fallo proferido en su contra y de su precaria condición económica.
Adicionalmente, en el escrito de impugnación, señaló que la violación de sus
derechos persiste en el tiempo, ya que actualmente en contra suya se está
adelantando una investigación penal por el delito de inasistencia alimentaria,
lo que pone en riesgo su derecho a la libertad personal.
9.5.3.2.
En relación con el principio de inmediatez, en la Sentencia C-543 de 1992, se
declaró la inexequibilidad del artículo 11 del Decreto 2591 de 1991, en el que
se contemplaba el término de caducidad de la acción de tutela. No obstante,
como bien se enuncia en la misma providencia, lo anterior no implica que la
acción pueda interponerse en cualquier tiempo. Por el contrario, para que ésta
proceda es necesario que se ejerza en un término oportuno, justo y razonable
entre el momento de la solicitud y el hecho que da origen al amparo. Esta regla
se justifica en la naturaleza cautelar de la acción de tutela, la cual responde
a la necesidad de brindar una protección inmediata y efectiva frente a los
derechos fundamentales que presuntamente están amenazados o vulnerados.
De
acuerdo con lo anterior, es obligación del juez constitucional valorar la
razonabilidad del tiempo transcurrido entre la interposición de la acción y el
momento en el que ocurrieron los hechos[61]. En el caso de tutela contra providencia judicial, el
requisito de inmediatez adquiere una especial relevancia, en virtud de la
presunción de legalidad que reviste las providencias y en aras de preservar el
principio de seguridad jurídica.[62]
Sin
embargo, como bien se reseñó en la providencia T-954 de 2010, al no existir
parámetros que permitan determinar cuál es el término oportuno para satisfacer
el principio de inmediatez, la jurisprudencia ha reseñado algunos factores que
deben ser tenidos en cuenta para establecer si la acción fue ejercida o no en
un plazo razonable y proporcionado. Estos son:
“(i) La existencia de motivos válidos que expliquen la
inactividad del accionante, caso en el cual éste debe alegar y demostrar las
razones que justifican su inacción.
ii) La inactividad vulnera derechos de terceros
afectados con la decisión.
iii) Existencia de un nexo de causalidad entre el
ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales
presuntamente conculcados.
iv) La vulneración o amenaza del derecho fundamental
se mantiene en el tiempo.
v) La carga de interposición de la tutela es
desproporcionada en relación con la situación de debilidad manifiesta
del accionante.”
9.5.3.3.
Teniendo en cuenta lo anterior, encuentra la Sala que la presente acción, así
haya sido impetrada 11 meses después de que se profiriera la sentencia de
segunda instancia en el proceso de impugnación de la paternidad, cumple con el
requisito de inmediatez. En criterio de esta Corporación, la controversia
frente a la relación filial se mantiene en el tiempo, por cuanto en la
actualidad existe una amenaza latente respecto del derecho a la libertad del
accionante, con ocasión de la investigación penal que se promueve en su contra
por el delito de inasistencia alimentaria y frente a la cual puede ser detenido
en cualquier tiempo.
Adicionalmente,
conforme a lo expuesto en el acápite anterior, declarar la improcedencia de la
acción por este requisito, implicaría una carga desproporcionada frente a los
derechos fundamentales comprometidos y un desconocimiento del artículo 228 de la
Constitución Política, en el que se reconoce la prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal, cuando existe una prueba que exterioriza la
ausencia del vínculo filial entre las partes.
9.5.4.
Las irregularidades tienen un efecto decisivo en la sentencia: Los defectos alegados por parte del accionante,
referentes a que no se tuvo en cuenta la prueba de ADN que declaró que no
existe vínculo filial y a que se aplicó de forma errónea el término de
caducidad de la acción, pues el mismo ha debido contabilizarse desde el momento
en que se acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el
propósito de solicitar la práctica de la prueba de ADN, tienen un efecto
decisivo en la determinación adoptada, ya que con fundamento en ellos se
negaron las pretensiones invocadas por el actor.
9.5.5.
Finalmente, no se trata de una tutela contra sentencia de tutela.
9.5.6.
En consecuencia, constata la Sala que se cumplen los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
9.6.
A continuación se analizará si las sentencias proferidas en el proceso de
impugnación de la paternidad incurrieron en algún defecto que haga procedente
la acción de tutela y que requiera el amparo de los derechos fundamentales
invocados por el accionante. Para tal efecto, es preciso recordar que el actor
alegó la existencia de un defecto fáctico, por la omisión de la valoración de
la prueba ADN presentada en el proceso, y un defecto sustantivo, por la
aplicación errada de la fecha de caducidad.
9.6.1.
En primer lugar, el actor indica que existe un defecto sustantivo en el
pronunciamiento del juzgado de segunda instancia en el proceso impugnatorio,
por cuanto decretó que “el interés actual” en la acción surgió el 30 de marzo
de 2006, fecha en la cual la señora Camargo le comunicó al señor Palencia que
no era el padre de la menor, por lo que la impugnación de la paternidad fue
interpuesta 108 días más tarde. Esta decisión condujo a que el citado juzgado
declarará la caducidad de la acción por haberse interpuesto con posterioridad
al término de 60 días establecido por la ley. Para el accionante, el “interés
actual” surgió el 22 de mayo de 2006, fecha en la que la señora Camargo Becerra
se rehusó a que se le practicara a su hija la prueba de paternidad. De haberse
tenido en cuenta dicha fecha como el momento en el que surgió el “interés
actual”, en criterio del actor, la excepción de caducidad no hubiese
prosperado.
9.6.1.1.
Al respecto, encuentra la Sala que la normatividad que se debe aplicar al caso
es la que contempla el término de caducidad de 60 días, pues el interés del
proceso surgió antes de la entrada en vigencia de la Ley 1060 de 2006. Ahora
bien, como se resaltó en el acápite 8.3 de la presente providencia, el “interés
actual” para interponer la acción surge cuando se origina una duda sobre la
paternidad, momento a partir cual empieza a correr el término de 60 días,
previsto en el ordenamiento jurídico vigente para que aquél entonces. Sin
embargo, como igualmente se puso de presente, la jurisprudencia constitucional
ha establecido que dicho “interés” se actualiza por la existencia de un elemento
de juicio que sirva como evidencia para desvirtuar la relación filial.
Con
fundamento lo anterior, la Sala concluye que no le asiste razón al actor frente
a la irregularidad invocada, por cuanto en el momento en el que la madre se
rehusó a practicar la prueba de ADN, no surgió un nuevo elemento de juicio que
de más certeza sobre la inexistencia de la relación filial y, por lo tanto, no
se “actualizó” el “interés actual”, como ha ocurrido en los distintos
precedentes señalados en el citado aparte 8.3 de la presente providencia. En
este sentido, le asiste razón al juez de segunda instancia en el proceso
impugnatorio, cuando determinó que el citado “interés actual” surgió en el
momento en que el señor Palencia fue informado que no era el padre de Johanna
Catalina.
9.6.1.2.
Sin embargo, no puede esta Sala pasar por alto que el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo inobservó el parágrafo transitorio
del artículo 14 de la Ley 1060 de 2006, previamente citado, que admite que
aquellas personas a las cuales se les decretó la caducidad de la acción de
impugnación de la paternidad –como ocurrió en el presente caso– puedan
interponer nuevamente dicha acción, con el propósito de salvaguardar los
derechos fundamentales que se encuentran comprometidos en este tipo de proceso,
eliminando los efectos de la cosa juzgada dentro del proceso. Si bien es cierto
que la citada Ley entró en vigencia el 26 de julio de 2006 –fecha posterior al
momento en el que se impetró la acción– en términos de la Corte Suprema de
Justicia, la creación de este “derecho adicional” es aplicable a los casos que
estaban en curso al momento en que entró en vigencia la citada norma, y no sólo
a aquellos que requieran nuevamente el ejercicio de la acción, entre otras
razones, por motivos de lógica jurídica y por respeto al principio de igualdad
frente a la ley[63].
Desde
esta perspectiva, el juez de segunda instancia no tuvo en cuenta que existían
otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación armónica y sistemática del ordenamiento jurídico, incurriendo en
una de las causales de defecto sustantivo, como se señaló en el acápite 5 de
esta providencia, referente a que el citado defecto se presenta cuando el juez
realiza una “interpretación de la norma sin tener en cuenta otras
disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática.”
En
efecto, no cabe duda de que si el operador judicial hubiese aplicado el
parágrafo transitorio del artículo 14 de la Ley 1060 de 2006, como era su
deber, en lugar de admitir la prosperidad de la excepción de caducidad en los
términos previstos del Código Civil, debía haberse pronunciado de fondo en
relación con la impugnación propuesta, en atención de la voluntad del
legislador plasmada en la citada norma, en la que –como ya se dijo– se otorgó
un “período de gracia” para impugnar la paternidad, el cual resulta aplicable
incluso para aquellos procesos que se encontraban en curso al momento de
entrada en vigencia de la citada Ley 1060 de 2006, como categóricamente lo ha
expuesto la Corte Suprema de Justicia, entre otras, al sostener que los
derechos y alternativas judiciales consagradas en el ordenamiento para los
impugnantes de la paternidad no pueden verse afectados por la demora del
aparato judicial para proferir decisiones.
Aunado
a lo anterior, es preciso insistir en que la jurisprudencia de esta Corporación
también ha dicho que se incurre en un defecto sustantivo, cuando la
interpretación restrictiva de una norma perjudica de manera desproporcionada
los intereses y derechos fundamentales de las partes. En el presente caso,
dicha situación se presenta, pues la interpretación restrictiva de las
disposiciones del Código Civil que establecen los términos de caducidad de la
acción de impugnación de la paternidad, haciendo caso omiso a lo previsto el
parágrafo transitorio del artículo 14 de la Ley 1060 de 2006, condujo a que se
obligue al señor Palencia a mantener un vínculo filial con Johana Catalina, a
sabiendas de que existe una prueba de ADN que genera dudas sobre la existencia
de dicho vínculo filial.
Por
lo anterior, la Sala encuentra que el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santa Rosa Viterbo incurrió en un defecto sustantivo, en los términos
previamente expuestos, razón por la cual en la parte resolutiva de esta
providencia, se declarará sin ningún efecto y valor la sentencia proferida en
segunda instancia dentro del proceso impugnatorio.
9.6.2.
En segundo término, el accionante afirma que el juez de primera instancia, esto
es, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama incurrió en un defecto
fáctico, por cuanto no tuvo en cuenta la prueba de ADN que indicó que no existe
un vínculo filial entre él y Johana Catalina. Al respecto, se observa que al
interior de dicho proceso, la prueba de ADN fue objetada por la parte demandada
y en dicha objeción se solicitó la práctica de una nueva prueba científica de
filiación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses.
Según
se puso de presente en la sentencia de primera instancia, dicha prueba no pudo
ser practicada, por cuanto el demandante no se presentó en las múltiples
oportunidades en que fue decretada. De suerte que, “siendo ello así y no
habiendo sido posible darle aprobación al examen de ADN que se práctico hemos
de tener en cuenta lo analizado en las consideraciones de esta providencia y
por lo tanto se han de negar las pretensiones de la demanda, mas aun cuando a
excepción del examen no se aporto (sic) ninguna otra prueba como para tomar una
decisión diferente.”[64]
Con
fundamento en las razones previamente expuestas en esta providencia, el defecto
fáctico se configura cuando: i) el juez no tiene el apoyo probatorio necesario
para justificar su decisión[65]; ii) incurre en un error en el examen de las pruebas
por existir una valoración caprichosa o arbitraria; iii) se presenta una
omisión en el decreto o práctica de las pruebas dentro del proceso, o iv) se
adopta una decisión judicial con fundamento en una prueba obtenida de forma
ilícita.[66]
En
los procesos de impugnación de la paternidad, como se señaló en el acápite 7.2
de esta providencia, es obligación del juez ordenar la práctica de los exámenes
científicos que permitan establecer la filiación, en virtud de lo previsto en la
Ley 721 de 2001. La no realización de los mismos conduce a que se presente un
defecto fáctico, en atención a la vulneración de los derechos al debido proceso
y a la defensa del interesado. Esto mismo ocurre en los casos en los cuales se
ordena la práctica del examen, pero éste no se surte por causas no imputables a
la parte interesada.
Desde
esta perspectiva, la Sala estima que el juez de primera instancia no incurrió
en un defecto fáctico, pues, en primer lugar, sí se ordenó y se practicó la
prueba de ADN en el instituto de Genética Yunis Turbay y Cia., con lo que se
dio cumplimiento al citado requisito legal; y en segundo término, porque aun a
pesar de que dicha prueba fue objetada y se decidió ordenar una segunda prueba,
ésta no se surtió por la falta de comparecencia de los interesados en el
proceso, lo que torna improcedente el amparo constitucional, ya que su falta de
realización no es imputable a la inacción del juez sino a la parte que ahora
acude en defensa de sus derechos a través de la acción de tutela.
Así
las cosas, encuentra la Sala que a diferencia del defecto sustantivo no se
configura el defecto fáctico alegado, no sólo por las razones expuestas, sino
también porque la prueba no podía ser valorada al no estar en firme, ya que no
se había resuelto la objeción planteada en su contra, como se verá a
continuación.
9.6.3.
Sin embargo, en el presente caso y en desarrollo de lo expuesto, la Sala
encuentra que en la providencia de primera instancia se incurrió en un defecto
procedimental absoluto, por no cumplir con el procedimiento establecido en el
artículo 238 del Código de Procedimiento Civil para tramitar una objeción por
error grave. Al respecto, la citada norma establece:
ARTÍCULO 238. CONTRADICCION DEL DICTAMEN. Para la
contradicción de la pericia se procederá así:
1. Del dictamen se correrá traslado a las partes por
tres días durante los cuales podrán pedir que se complemente o aclare, u
objetarlo por error grave.
(…)
5. En el escrito de objeción se precisará el error y
se pedirán las pruebas para demostrarlo. De aquél se dará traslado a las demás
partes en la forma indicada en el artículo 108, por tres días, dentro de los
cuales podrán éstas pedir pruebas. El juez decretará las que considere
necesarias para resolver sobre la existencia del error, y concederá el término
de diez días para practicarlas. El dictamen rendido como prueba de las
objeciones no es objetable, pero dentro del término del traslado las partes
podrán pedir que se complemente o aclare.
6. La objeción se decidirá en la sentencia o en el
auto que resuelva el incidente dentro del cual se practicó el dictamen, salvo
que la ley disponga otra cosa; el juez podrá acoger como definitivo el
practicado para probar la objeción o decretar de oficio uno nuevo con distintos
peritos, que será inobjetable, pero del cual se dará traslado para que las
partes puedan pedir que se complemente o aclare. (…) .”
Como
se observa de la norma transcrita, cuando se objeta una prueba pericial por
error grave, es necesario que en el escrito en el que se plantea la objeción se
especifique cuál es la falta que se presenta en dicha prueba. Con fundamento en
lo anterior, el juez podrá solicitar los elementos de juicio que considere
necesarios para determinar la existencia o no del error, luego de lo cual
deberá pronunciarse definitivamente sobre su procedencia, ya sea declarando
como definitivo el peritaje objetado o aceptando la prosperidad de la objeción,
en este último caso puede ordenar que se practique otro peritaje, cuyo
resultado será inobjetable. De no existir un pronunciamiento que de respuesta a
la prosperidad de la objeción, el juez inobservaría el procedimiento
establecido en la ley y, por lo tanto, incurriría en una vulneración al debido
proceso del accionante.
En
relación con el error grave, en la Sentencia T-274 de 2012, este Tribunal
indicó que: “el error grave se opone a la verdad y consiste en la falta de
adecuación o correspondencia entre la representación mental o concepto de un
objeto y la realidad de éste. Por ello, si en la práctica del dictamen (…) se
formula objeción, el juez respectivo tendrá que determinar si existe o no el
error señalado y si acepta o no la objeción, o sea, deberá establecer a través
del incidente, si el dictamen tiene o no valor de convicción (…).”
Al
revisar el trámite surtido en relación con la objeción por error grave, la
Corte encuentra que se expusieron los siguientes argumentos para justificar su
presentación:
“(…) el procedimiento para el diagnostico (sic) de
paternidad es complejo y por eso el perito tiene que expresar su conclusión y
la fundamentación de ella en términos comprensibles (…) y el Dictamen no lo es.
La afirmación de la progenitora de la menor en el sentido y sin faltar a la
verdad por su honor y dignidad asegura que fue con el señor JUAN CARLOS
PALENCIA LÓPEZ,  con el único hombre con que tuvo relaciones sexuales que dieron
como resultado la procreación de la mejor JOHANA CATALINA, por lo cual
sorprende el Dictamén (sic) rendido por el mencionado Instituto, generando
entonces una sospecha de posible manipulación de la prueba que atenta contra la
dignidad de la progenitora y de la menor.”[67]
El juez dio trámite a la objeción presentada, en auto
calendado el 5 de septiembre de 2007, en los siguientes términos:
“Habien_dose (sic) dado el término correspondiente a
la prueba genética (peritazgo) y al ser Objetada, se procede a decidir sobre el
particular.-
Conforme lo dispone el artículo 4º de la Ley 721 de
2001, al darse el traslado del dictamen genético, es objetado por la demandada,
manifestado estar segura de que la única relación sexual sostenida y de la que
se procreó a la menor JOHANA CATALINA, fue con el aquí demandante.-
Por su parte, el demandante por medio de su apoderado
justifica los resultados de la prueba, el control de calidad del Laboratorio y
otra serie de argumentos sobre el particular.-
Así las cosas, teniendo en cuenta que la objetante
solicita se realice un nuevo examen de genética, el juzgado atendiendo lo
dispuesto por la norma antes referida, accede a dicha petición y dispone que se
efectúe un nuevo examen por el Laboratorio de Genética del Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a donde se solicitará la practica de la
referida prueba.-”
Con
posterioridad, como ya se dijo, en la sentencia de primera instancia se
denegaron las pretensiones invocadas por el accionante, con fundamento en que
la prueba de ADN que indicaba que el actor no podía ser el padre de Johana
Catalina fue objetada por la parte accionada, luego de lo cual se ordenó que se
practicara una nueva prueba de ADN, cuya realización no fue posible a pesar de
haber citado a las partes en numerosas oportunidades. Para el a quo, como
no se logró darle aprobación al examen de ADN que se allegó al proceso, ni se
aportó una prueba distinta, las pretensiones invocadas por el actor no estaban
llamadas a prosperar.
Al
examinar las actuaciones judiciales del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de
Duitama, la Sala encuentra que en el auto del 5 de septiembre de 2005 no se
adoptó ninguna decisión acerca de la prosperidad de la objeción por error
grave, sino que tan sólo se dio trámite a lo establecido en el numeral 5° del
artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, en el cual se permite que se
decreten pruebas para analizar la prosperidad de la objeción. Asimismo, en la
sentencia del 20 de abril de 2010, tampoco existió pronunciamiento alguno sobre
la procedencia de la objeción.
En
este orden de ideas, en el caso bajo examen, es claro que no se dio respuesta
de fondo al proceso de contradicción de la prueba de ADN, por cuanto no hubo un
pronunciamiento definitivo del juez sobre la procedencia o no de la objeción
planteada frente a dicha prueba pericial, como lo ordena el numeral 6 del
artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, previamente citado. La falta de
dicho pronunciamiento, en criterio de la Corte, constituye un defecto
procedimental absoluto que desconoce el derecho al debido proceso del
accionante, ya que se incumple de forma manifiesta con el deber que tiene el
juez de dar trámite al proceso de contradicción de las pruebas dentro del
proceso, para que al momento de evaluarla efectivamente ésta se encuentre en
firme. El resultado en este caso, fue que la falta de pronunciamiento sobre la
objeción de la prueba implicó que el dictamen pericial de ADN no estuviera en
firme dentro del proceso, y por tanto el juez no pudiera tenerlo en cuenta para
proferir un fallo.
Sobre
este mismo punto, en la sentencia de segunda instancia en el proceso de
impugnación de paternidad, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa
Rosa de Viterbo, indicó que:
“Se tiene entonces, que existe una prueba genética
(ADN) que se practicó por parte del Laboratorio Yunis Turbay, la cual arrojó
como resultado verificado, paternidad excluida del demandante respecto de
JOHANNA CATALINA; este dictamen no se encuentra aún en firme, en consideración
a que fue objetado, sin que aparezca que dicha objeción se haya resuelto de
fondo.
En este sentido, a la luz de ordenando (sic) en el
artículo 238 núm. 6 del C.P.C., es claro que en el presente proceso la objeción
al dictamen pericial en cuestión no se decidió en la sentencia de instancia,
como lo ordena la norma citada; por el contrario, en la misma se concluyó
erradamente que las pretensiones del demandante debían ser denegadas por su no
concurrencia a la realización del examen, sin detenerse a analizar, por un lado
la objeción mencionada (…)”
Este
vicio fue subsanado en sede de apelación, cuando el citado Tribunal se
pronunció y denegó los argumentos esgrimidos por la parte demandada, dejando en
firme la prueba de ADN. Al respecto, señaló que:
“Ahora, respecto al escrito de objeción presentado por
el demandado en el que manifestó su inconformismo con el examen genético ADN y
solicitó la práctica de un segundo peritazgo, encuentra la Sala que al mirar
con detenimiento dicho alegato, ninguna inconformidad con la prueba en mención
se plantea, y menos se discute la idoneidad del laboratorio que la realizo; por
supuesto que la objeción a un peritaje presupone la formulación de reparos al
mismo, en aras de relevar que ésta cimentado sobre fundamentos equivocados de
tal connotación que sus conclusiones resulten desatinadas.
En este orden, es evidente que la objeción intentada
por el demandado en contra del dictamen en cuestión no se demostró, toda vez
que la misma no reunió los requisitos contemplados en el núm. 5 del artículo
238 ibídem, pues el cuestionamiento planteado por el objetante no fue orientado
a atacar directamente el dictamen pericial ni mucho menos se especificó el
error del que adolecía. (…)
Sean entonces suficientes las anteriores
consideraciones para concluir que si bien es cierto el examen genético (ADN)
practicado por el Laboratorio Yunis Turbay, es prueba valida y contundente para
concluir que el demandante no es el padre de Johanna Catalina (…)”[68]
En
conclusión, como previamente se expuso, la Corte encuentra que en el presente
caso la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de
Santa Rosa de Viterbo incurrió en un defecto sustantivo, por lo que se
declarará sin ningún efecto y valor, como se explicó en el acápite 9.6.1 de
esta providencia. Como consecuencia de esta decisión, obsérvese como
permanecería vigente el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia de Duitama, el cual –según se vio– está incurso en
un defecto procedimental absoluto, por desconocer lo previsto en el artículo
238 del Código de Procedimiento Civil. Por esta razón, la Sala se ve igualmente
en la obligación de dejar sin efectos la citada sentencia, en aras de proteger
el derecho al debido proceso del accionante. Pues es deber del juez de familia
dar respuesta a la objeción por error grave, de manera que se tenga certeza si
el examen de ADN realizado es una prueba en firme del proceso o si es necesario
practicar otro examen.
Ahora
bien, el juez de primera instancia en el proceso de filiación, a la hora de
resolver la objeción por error grave, deberá revisar si los argumentos de la
parte demandada cumplen con los requisitos establecidos en las normas
procesales para que esta proceda. Asimismo, corresponderá al juez tener en
cuenta que al ser una objeción invocada por la parte demandante, es deber de
ésta impulsar la práctica del segundo examen de ADN, tal y como lo solicitó en
su escrito. Hasta la fecha, conforme se evidencia en la sentencia de segunda
instancia, la prueba no pudo ser practicada en algunas oportunidades por la
falta de concurrencia de este sujeto procesal, de manera que si el juez decide
solicitar una nueva prueba de ADN y darle curso a la objeción y la parte
demandante no concurre a la práctica de dicho examen, esto deberá ser tenido en
cuenta como un indicio para denegar su prosperidad, pues la parte solicitante
estaría desconociendo su deber de impulsar dicha petición.
9.7. En conclusión, la Sala revocará la decisión de
los jueces de amparo de constitucional y, en su lugar, tutelará los derechos
fundamentales a la personalidad jurídica, a la filiación, al acceso a la
administración de justicia y al debido proceso del señor Palencia. Por lo anterior,
se ordenará que el juez de primera instancia en el proceso de impugnación de la
paternidad profiera una nueva sentencia, con sujeción a lo expuesto en esta
providencia en relación con la caducidad de la acción y la resolución de la
objeción de la prueba de ADN.
IV.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR la sentencia del 8 de agosto de 2012 proferida por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que se confirmó
el fallo de primera instancia proferido el 22 de junio de 2012 por la Sala de
Casación Civil de dicha corporación judicial, en la que a su vez se denegó el
amparo solicitado. En su lugar, TUTELAR a favor del señor Juan Carlos
Palencia López, sus derechos fundamentales a la personalidad jurídica, a la
filiación, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso,
vulnerados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de
Viterbo y por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama, en los
términos expuestos en esta providencia.
SEGUNDO.- DECLARAR SIN NINGUN VALOR NI EFECTO, por vulnerar los derechos fundamentales previamente
señalados, la sentencia proferida el 23 de junio de 2011 por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, así como la sentencia
proferida el 20 de abril de 2010 el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de
Duitama, en el proceso de impugnación de la paternidad adelantado por el señor
Juan Carlos Palencia López contra Johana Catalina Palencia Camargo, representada
por María Laura Camargo Becerra.
TERCERO.-
Para efectos de restablecer los
derechos fundamentales amparados en esta providencia, se ORDENA al Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia de Duitama que proceda nuevamente a proferir
sentencia en el proceso de impugnación de la paternidad reseñado, con sujeción
a lo expuesto en esta providencia en relación con la caducidad de la acción y
resolviendo de fondo la objeción a la prueba de la ADN propuesta por el
apoderado de la señora María Laura Camargo Becerra, como se exige en el
artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. Esta actuación deberá ajustarse
a los términos procesales contemplados en el Código de Procedimiento Civil.
CUARTO.- Por Secretaría LÍBRESE la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaría General
[1] Folios 22-23, cuaderno principal.
[2] Folio 19, cuaderno 2
[3] Folios 53-60, cuaderno 2.
[4] Folios 61-82, cuaderno 2.
[5] Folio 31-38, cuaderno 2.
[6] Al respecto, la parte demandada indicó que habían pasado 168
días desde el momento en el que el accionante alega que fue informado de que no
era el padre de la menor y aquél en el que instauró la acción, de manera que se
superó el término de 140 días establecidos en la normatividad vigente.
[7] Folios 39-46, cuaderno 2.
[8] Folio 52, cuaderno 2.
[9] Folios 22-23, cuaderno principal.
[10] Folio 19, cuaderno principal.
[11] El Magistrado Ariel Salazar Ramírez salvó el voto con
fundamento en las siguientes consideraciones: (i) señaló que al tratarse de la
vulneración de derechos fundamentales relacionados con la personalidad
jurídica, la familia, la filiación y el estado civil de las personas, la
concesión del amparo constitucional se torna obligatoria; (ii) agregó que en la
providencia proferida por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo se
desconoció que en la Sentencia C-310 de 2004, no se dispuso ninguna
consideración en relación con la aplicación de la Ley 1060 de 2006. En criterio del citado Magistrado, la vigencia de la citada ley no es
retroactiva sino que tiene efectos hacia el futuro, de manera que si la norma
entró a regir el 26 de julio de 2006, ésta debió aplicársele al actor en el
momento en que interpuso la acción de impugnación de paternidad. Así las cosas,
el término para ejercer la citada acción era de 140 días y no de 40, como lo
establecía la normatividad anterior. Finalmente, (iii) puso de presente que de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el interés en instaurar la acción no surge con el acto de reconocimiento, sino cuando no existe
duda del error en el que se incurrió. (Folios 106-113)
[12] Al respecto se destacan las Sentencias T-018 de 2008 y T-757 de
2009. Así mismo, en las Sentencias T-310 de 2009 y T-555 de 2009, la Corte señaló que “(…) la procedencia de la acción de tutela contra sentencias es un asunto
que comporta un ejercicio de ponderación entre la eficacia de la mencionada
acción [de tutela]     -presupuesto del Estado Social y Democrático de
Derecho-, y la vigencia de la autonomía e independencia judicial, el principio
de la cosa juzgada y la seguridad jurídica”.
[13] Al respecto, en la Sentencia T-310 de 2009, se indicó que: “(…) la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión
judicial, basado en la supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone
a que la acción de tutela ejerza una labor de corrección del fallo o que sirva
como nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la
tutela se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la
juridicidad de la sentencia judicial resulte afectada, debido a que desconoció
el contenido y alcances de los derechos fundamentales”.
[14] En esta ocasión se declaró la inexequibilidad de la expresión “ni
acción”, contenida en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, relacionado con la sentencia de casación penal.
[15] Sentencia T-173 de 1993,
cita de la Sentencia C-590 de 2005.
[16] Sentencia T-504 de 2000,
cita de la Sentencia C-590 de 2005.
[17] Sentencia T-315 de 2005,
cita de la Sentencia C-590 de 2005.
[18] Sentencias T-008 de 1998
y SU-159 de 2000, citas de la Sentencia C-590 de 2005.
[19] Sentencia T-658 de 1998,
cita de la Sentencia C-590 de 2005.
[20] Sentencias T-088 de 1999
y SU-1219-01, cita de la Sentencia C-590 de 2005.
[21] Sentencia SU-014 de 2001.
[22] Sentencia C-590 de 2005.
[23] Sentencia SU-047 de 1999.
[24] Al respecto, se pueden consultar las Sentencias T-051 de 2009,
T-060 de 2009, T-130 de 2009, T-310 de 2009 y T-555 de 2009.
[25] Sentencia T-231 de 1994.
[26] Sobre el particular, se pueden consultar las sentencias: T-932 de
2003, T-902 de 2005, T-162 de 2007 y T-1265 de 2008.
[27] Ibídem.
[28] Sentencias T-538 de 1994 y T-086 de 2007.
[29] Sentencia T-1065 de 2006.
[30] Sentencias T-504 de 1998 y T-589 de 2000.
[31] Sentencia SU-087 de 1999.
[32] Ver sentencia T-462 de 2003.
[33] Ver sentencias T-765 de 1998, T-001 de 1999, SU-159 de 2002, T-244 de
2007, T-092 de 2008 y T-310 de 2009.
[34]
Sentencia T-638 de 2011.
[35] Sentencia T-327 de 2011.
[36] “Artículo 214. Impugnación de la
paternidad. El hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días
subsiguientes al matrimonio o a la declaración de la unión marital de hecho, se
reputa concebido en el vínculo y tiene por padres a los cónyuges o a los
compañeros permanentes, excepto en los siguientes casos:
1. Cuando el Cónyuge o el
compañero permanente demuestre por cualquier medio que él no es el padre.
2. Cuando en proceso de
impugnación de la paternidad mediante prueba científica se desvirtúe esta
presunción, en atención a lo consagrado en la Ley 721
de 2001.”
[37] El artículo 219 (antes de la reforma introducida por la Ley 1060 de 2006) disponía que: “Si el marido muere antes de vencido el término que le
conceden las leyes para declarar que no reconoce al hijo como suyo, podrán
hacerlo en los mismos términos los herederos del marido, y en general toda
persona a quien la pretendida legitimidad del hijo irrogare perjuicio actual. //
Cesará este derecho si el padre hubiere reconocido al hijo como suyo en su
testamento o en otro instrumento público.” Por su parte, el artículo 220
señala: “A petición de cualquiera persona que tenga interés actual en ello,
declarará el juez la ilegitimidad del hijo nacido después de expirados los
trescientos días subsiguientes a la disolución del matrimonio. // Si el marido
estuvo en absoluta imposibilidad física de tener acceso a la mujer desde antes
de la disolución del matrimonio, se contarán los trescientos días desde la
fecha en que empezó esta imposibilidad. // Lo dicho acerca de la disolución se
aplica al caso de la separación de los cónyuges por declaración de nulidad del
matrimonio.”
[38] “Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar".
[39] Adicionalmente, el artículo 336 del Código Civil disponía que: “Las
personas designadas en el artículo precedente no podrán impugnar la maternidad
después de transcurridos diez años, contados desde la fecha del parto. // Con
todo, en el caso de salir inopinadamente a luz algún hecho incompatible con la
maternidad putativa, podrá subsistir o revivir la acción anterior por un bienio
contado desde la revelación justificada del hecho.” Por virtud de la remisión
expuesta en la citada norma, el artículo 335 señalaba que: “La maternidad, esto
es, el hecho de ser una mujer la verdadera madre del hijo que pasa por suyo,
podrá ser impugnada probándose falso parto, o suplantación del pretendido hijo
al verdadero. Tienen el derecho de impugnarla: 1o) El marido de la supuesta
madre y la misma madre supuesta, para desconocer la legitimidad del hijo. 2o)
Los verdaderos padre y madre legítimos del hijo para conferirle a él, o a sus
descendientes legítimos, los derechos de familia en la suya. 3o) La verdadera
madre para exigir alimentos al hijo.”
[40] Artículo 1º de la Ley 721 de 2001, el cual modificó el artículo 7 de la Ley 75 de 1968.
[41] Al respecto se dispuso que: “Artículo 5o. El
artículo 217 del Código Civil quedará así: Artículo 217. El hijo podrá impugnar la paternidad o
la maternidad en cualquier tiempo. En el respectivo proceso el juez establecerá
el valor probatorio de la prueba científica u otras si así lo considera.
También podrá solicitarla el padre, la madre o quien acredite sumariamente ser
el presunto padre o madre biológico. // La residencia del marido en el lugar
del nacimiento del hijo hará presumir que lo supo inmediatamente, a menos de
probarse que por parte de la mujer ha habido ocultación del parto. // Parágrafo.
Las personas que soliciten la prueba científica lo harán por una sola vez y a
costa del interesado; a menos que no cuenten con los recursos necesarios para
solicitarla, podrán hacerlo siempre y cuando demuestren ante I.C.B.F. que no
tienen los medios, para lo cual gozarán del beneficio de amparo de pobreza
consagrado en la Ley 721 de 2001.”
[42] La Corte en
sentencia C-530 de 2010 se declaró inhibida para decidir de fondo sobre la
demanda de inconstitucionalidad de los apartes subrayados.
[43] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, 1º de noviembre de 2011, MP. Fernando Giraldo Gutiérrez.
[44] Sentencia T-411 de 2004.
[45] En esta providencia, la Corte se pronunció sobre una acción de tutela interpuesta en contra de
las decisiones del Juzgado Diecisiete de Familia de Bogotá, de la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá y de la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, en el trámite de un proceso promovido para
investigar la paternidad en la que no fue citado el defensor de familia, los
indeterminados no estuvieron debidamente representados en la práctica de
pruebas y la prueba de HLA fue ordenada pero no practicada. Al momento de
resolver el caso concreto, este Tribunal concedió la tutela como mecanismo
transitorio de protección y ordenó la suspensión del término de caducidad del
recurso extraordinario revisión por un término de cuatro (4) meses, con el fin
de que la accionante incoara la demanda y solicitara anticipadamente la citada
prueba de HLA.
[46] En la citada providencia, la Corte estudió una solicitud de amparo
promovida en contra de una sentencia en la que el demandado fue declarado como
padre de una menor, en virtud de una prueba antropoheredobiológica realizada
por el ICBF en 1995. Con posterioridad, en el año de 1998, el supuesto padre se
realizó una nueva prueba en la que se demostró que no existía dicha relación
filial. En esta oportunidad, esta Corporación amparó los derechos fundamentales
del accionante y ordenó la suspensión temporal de los efectos jurídicos del
registro de la menor, mientras se resolvía una acción penal en contra de la
responsable de la prueba antroheredobiológica y se tramitaba el recurso
extraordinario de revisión.
[47] Al respecto la Corte dijo: “Sin embargo, es aplicable aquí el precedente
sentado en la sentencia T-411 de 2004 sobre este extremo pues el requisito de
procedibilidad deberá “ceder ante la contundencia de la verdad científica y
ante la trascendencia de los derechos que se ponen en juego”.
[48] Sentencia C-109 de 1995, citada en la
sentencia T-411 de 2004 y T-1342 de 2001.
[49] Sentencia C-004 de 1998, citada en la sentencia T-1342 de 2001.
[50] Sentencia T-488 de 1999.
[51] Sentencia T-411 de 2004.
[52] Sentencia T-1342 de 2001.
[53] Respecto del “interés actual” la sentencia
profundiza indicando que: “24. Como se ve, hay entonces
una laguna axiológica cuando no se toma en cuenta un hecho sumamente relevante
(la contundencia de la verdad científica) al interpretar una ley generalmente
válida, y esa laguna amenaza derechos fundamentales del tutelante. En esos
casos, debe buscarse una interpretación distinta que colme la laguna. Y en este
en particular eso puede lograrse si se entiende de un modo distinto el ‘interés
actual’. Por ejemplo, si se interpreta que cuando una persona (i) reconoce a
otra como su hija, (ii) aunque con dudas sobre la verdadera paternidad, (iii) luego
deja pasar un tiempo prolongado para cuestionar la paternidad, y (iv) decide
finalmente impugnarla con fundamento en esas mismas dudas, pero (v) lo hace
pocos días después de tener certeza sobre la realidad de la filiación, gracias
a una prueba como la de ADN, entonces el ‘interés actual’ o bien se presume, o
bien no se presume pero se entiende actualizado gracias a la novedad de la
prueba científica. Ambas interpretaciones se adecuan al espíritu de la
legislación civil, como pasa a mostrarse:
23.1. Presumir
que la persona tiene ‘interés actual’, supone admitir que todo padre o madre
extramatrimonial puede impugnar la paternidad o maternidad, sin probar que
tiene ‘interés actual’,  cuando la impugnación se interpone poco tiempo
después de conocer la primera prueba de ADN que lo descarta como padre o madre.
Eso significa que sólo debe demostrar que conoció recientemente la prueba de
ADN, regulación que por lo demás prohíja la misma Ley 1060 de 2006 para casos
en que quien impugna la paternidad es el cónyuge o el compañero permanente.
Estos últimos pueden impugnar la paternidad, sin necesidad de probar ‘interés
actual’, siempre que lo hagan “dentro de los ciento [cuarenta] (140) días
siguientes a aquel en que tuvieron conocimiento de que es el padre o madre
biológica” (art. 4, Ley 1060 de 2006). Luego no es extraño a la ley que una
persona impugne la paternidad años después de tener la primera duda sobre la
verdadera filiación, siempre y cuando lo haga dentro de los ciento cuarenta
(140) días siguientes al tiempo en el cual “tuv[o] conocimiento” de no ser el
padre o madre biológico del supuesto hijo.
23.2. Exigir
la acreditación de un interés actual, por su parte, tampoco riñe con la
legislación civil. Ni está en contradicción con ella un entendimiento especial
de lo que significa tener un ‘interés actual’, pues no existe en todo el
Estatuto Civil una estipulación vinculante de esos términos, que el juez esté
obligado a respetar sin importar las propiedades fácticas de un caso como este.
Por tanto, no estaría ni en contra de la letra, ni del espíritu de la
legislación, entender que el interés de una persona, aunque caduco en cierto
momento, puede actualizarse en determinadas hipótesis. Y, en este caso al
menos, es cierto que Daniel Amado Morales González tuvo interés por vez
primera,  como acertadamente lo indican los jueces demandados, al
reconocer a Nixa Yuneidy; es decir, mucho tiempo antes de instaurar su acción.
Sin embargo, no es cierto que por ese solo hecho el interés no haya sido actual
cuando la promovió, pues con el conocimiento de la prueba de ADN el interés se actualizó,
y como poco tiempo después de ello se interpuso la demanda de impugnación, al
momento de acceder a la justicia no carecía de ‘interés actual’.
24. Así
las cosas, es posible ofrecer interpretaciones distintas del ‘interés actual’
en casos como el presente. Esos entendimientos no conducen a desconocer la
letra o el espíritu de la ley, ni aparejan un menoscabo para los derechos del
accionante a la libertad de decidir el número de hijos, a la personalidad
jurídica, a la filiación y a la administración de justicia efectiva.
Ciertamente, suponen una incidencia en el derecho de la menor a la protección
de los vínculos y las proyecciones que había hecho con seguridad, como fruto de
los lazos afectivos y de las memorias que alcanzó a construir en compañía del
tutelante. Cuando menos, es de esperarse que se puedan frustrar algunos anhelos
construidos por Nixa Yuneidy a lo largo de este tiempo, en relación con los
bienes que debe proporcionar la paternidad, que son regularmente los de
garantizar “protección, bienestar y formación integral, desde el momento mismo
de la concepción, y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado”. Pero
ese quebranto se ve compensado, de una parte, por la salvaguarda cierta de su
derecho “al nombre” real, y no a uno ficticio como el que se le registraría si
se la hace aparecer como hija de quien no es su padre y, de otra, por la
protección cierta también de los demás derechos y libertades del tutelante.”
[54] Sentencia T-888 de 2010.
[55] Sentencia T-411 de 2004
[56] Sentencia T-1342 de 2001.
[57] Sentencia T-411 de 2004
[58] Véase la Sentencia T-598 de 2003.
[59] Sentencia T-411 de 2004.
[60] Sentencia T-411 de 2004
[61] T-1140 de 2005
[62] T-055 de 2008.
[63] Dispone la norma en cita: “Parágrafo transitorio. Dentro de los
180 días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, las personas
que hayan impugnado la paternidad o la maternidad y esta haya sido decidida
adversamente por efectos de encontrarse caducada la acción, podrán interponerla
nuevamente y por una sola vez, con sujeción a lo previsto en los incisos 2 y 3
del artículo 5o
de la presente ley.” En relación con la aplicación de esta norma,  la Corte Suprema de Justicia ha dicho, conforme a la sentencia previamente citada (ver acápite
7.4 de esta providencia), lo siguiente: “En punto a
la aplicación del canon para procesos iniciados antes de su entrada en vigor, y
sin sentencia definitoria de caducidad, la Sala expresó, con una hermenéutica apegada al criterio lógico, y por ende, alejada del rigor de la gramática, lo
siguiente: “Analizado literalmente el texto mencionado, tendría que concluirse
que en este caso, la prerrogativa prevista en la referida normatividad no
podría ser empleada por el accionante, toda vez que no se cumpliría el
requisito de que tuviera decisión adversa con apoyo en tal figura extintiva,
puesto que al entrar en vigencia dicho ordenamiento jurídico el término
rehabilitado ya estaría fenecido. (...) La situación no puede ser analizada
de tal modo en este caso, puesto que el parágrafo transitorio tiene que
extenderse en un escenario lógico y racional, lo que impide que su aplicación
sea directa, a raja tabla, sin ninguna clase de análisis y estudio de las
condiciones particulares que rodean el problema en concreto. (...) Aquí la
demanda de impugnación se presentó en 1998, mucho antes de que se expidiera la Ley 1060 de 2006 que consagró la posibilidad descrita, hasta el punto de que apenas en la
fecha de hoy (la de esta sentencia), se está decidiendo la discusión planteada
por el demandante frente a los reparos que viene formulando desde aquélla época
respecto de la paternidad que expresamente reconoció frente a las menores
accionadas. (...) La demora en el pronunciamiento de un fallo definitivo no
puede acarrearle la pérdida de sus derechos ni alternativas legales, mucho más
cuando no ha sido por hechos imputables a su dejadez o abandono, sino por el
funcionamiento interno del aparato judicial (...) Por consiguiente, en aras
de una solución acorde con la voluntad del legislador y armonizando la
situación específica de quien, como acá ocurre, por no habérsele decidido la
controversia antes de que se agotara el término complementario otorgado por el
legislador en la ley referida no tuvo posibilidad cierta de ajustar su
comportamiento a dichos lineamientos legales, deberá analizarse el problema
como si dicho tiempo adicional todavía no estuviera corriendo, y además,
atendiendo el contenido de la “prueba genética” que es categórica en el sentido
de concluir que frente a dicho menor se presenta la exclusión o
incompatibilidad de la paternidad. (...) Consecuentemente, no puede
declararse próspera respecto a la aludida parte contradictora, la caducidad
alegada (...)”. (Sentencia de 29 de julio de 2009, exp. 2002-00451-01).
(Subrayado por fuera del texto original).
[64] Sentencia de primera instancia, folios
53-60, cuaderno 2.
[65] Sentencia T-231 de 1994.
[66] Sobre el particular, se pueden consultar las sentencias: T-932 de
2003, T-902 de 2005, T-162 de 2007 y T-1265 de 2008.
[67] Folio 22, cuaderno principal.
[68] Folio 75 y 80, cuaderno 2.