T-637-07
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-637/07
ACCION DE TUTELA-Improcedencia reembolso
de dineros por medicamentos y tratamientos prestados
Referencia: expediente T-1600958
Acción de tutela instaurada por Ana Milena Granados Díaz contra
COMPENSAR EPS
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá, D.C.,
dieciséis (16) de agosto de dos siete (2007)
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados, MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA,
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO, Y JAIME ARAÚJO RENTERÍA, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del trámite
de revisión del fallo dictado por el Juzgado Treinta y Ocho Penal Municipal de
Bogotá el dieciséis (16) de marzo de dos mil siete (2007) en el asunto de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
Los hechos relatados por la parte demandante en la acción de tutela
se resumen así:
1.
La señora Ana Milena Granados Díaz se encuentra
afiliada como cotizante a la EPS COMPENSAR.
2.
Su hijo, Samuel Vega Granados, de seis meses de
edad presentó una enfermedad pulmonar que obligó a internarlo en la Clínica del
Country el 23 de noviembre de 2006.
3.
Para “salvar la vida del paciente fue
necesaria la infusión de un medicamento altamente costoso[denominado
Pentaglobina]”.
4.
“[P]or encontrarse la vida de [su hijo] en un
riesgo inminente, (…) accedió a firmar unos cheques a sabiendas de su
imposibilidad de sufragarlos”
5.
No cuenta con los medios económicos para
sufragar el costo del medicamento, pues en la actualidad se encuentra
desempleada; siendo los únicos ingresos familiares los de su esposo.
6.
El dieciocho (18) de diciembre de dos mil seis
(2006) interpuso la acción tuitiva de derechos fundamentales de la referencia.
2. Solicitud de tutela.
Considerando
conculcados los derechos a la vida y salud de su hijo, solicitó se ordenara a
la EPS COMPENSAR que cubriese el valor del medicamento suministrado a su hijo
por la clínica del Country S.A. y que se le exima del pago del mismo.
3. Intervención de las partes
demandadas.
El Juzgado Treinta y Ocho Penal Municipal
de Bogotá dispuso, el cinco (5) de marzo del presente año, vincular dentro de
la presente acción a: COMPENSAR EPS, Seguros Bolívar, la Secretaría Distrital
de Salud y al FOSYGA.
3.1 Secretaría
Distrital de Salud:
Aduce la entidad que desde el punto de
vista jurídico la Secretaría es “(…)una dependencia de carácter
administrativo del Distrito Capital a la cual dentro de sus funciones legales
le compete dirigir, vigilar y controlar la adecuada prestación de los Servicios
de Salud, pero no efectuar la prestación de los mismos(…)”, pues no es un
ente prestatario del servicio como lo son las EPS y las IPS.
Concatenado a este argumento, señala que “(…)las
EPS, están obligadas a prestar la atención solicitada por el médico tratante
(…), a atender la Urgencia (sic) del caso, (…)cubrir el valor total de los
respectivos procedimientos y tratamientos, incluyendo los medicamentos, para
garantizar el derecho a la salud y a la vida de los cotizantes (…)”, siendo
por tanto,  la responsabilidad exclusiva de la EPS.
3.2 Seguros
Bolívar:
Solicita la aseguradora “se falle
excluyendo a COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.”, debido, en primera medida,
a que la accionante no pretendió en momento alguno “obtener posición en
relación” a ella en la acción de tutela. Arguye, en segunda medida, que la
relación que existe entre la Compañía y la accionante es contractual,
rigiéndose por la póliza de seguro y en lo no previsto en ésta por las
disposiciones contenidas en la legislación mercantil. Los conflictos que entre
las partes surjan, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, “no
constituyen materia que pueda someterse al estudio o decisión del Juez (sic)
(…) de tutela”.
De igual forma, señala que el medicamento
Pentaglobina es un medicamento inmunológico y por tanto, “con base en el
literal P) de la condición segunda de la póliza que dice: (…) esta póliza no
cubre las indemnizaciones a que hubiere lugar en consecuencia de:
inmunizaciones de cualquier tipo (…)”, la aseguradora no tiene la
obligación de cubrirlo; adicionalmente argumenta que la aseguradora ha asumido
los costos que le corresponden por la hospitalización de Samuel Vega Granados.
3.3 Ministerio
de la Protección Social:
Para la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
y de Apoyo Legislativo del Ministerio de la Protección Social no  puede
pretermitirse que lo que se pretende es el reembolso de sumas canceladas por
motivo de los medicamentos suministrados al hijo de la accionante, que a la
postre, pertenece al régimen contributivo. En este orden de ideas, al tratarse
de una atención de urgencias, debe darse aplicación al artículo 14 de la
Resolución 5261 de 1994 para que la EPS reconozca el reembolso, siendo aquella
la única responsable.
3.4
Compensar EPS:
Señala la EPS que en la actualidad la
accionante se encuentra “suspendido (sic) en el POS [,] (…) dado que no ha
cancelado el aporte de [febrero de 2007]”. Respecto al reembolso argumenta
que no es un asunto que competa al juez de tutela y que debe ser resuelto en
otras instancias, mas explica que “revisado el aplicativo de reembolsos no
se encontró registro de solicitud realizada por el usuario”. Por lo que
concluye que “la atención brindada al  menor en Country (sic) no fue
autorizada por la EPS y la usuaria accedió a ella como particular”.
Concluye haciendo énfasis en que la
accionante hace una solicitud meramente económica, que no es procedente, pues
en la actualidad ninguno de los derechos invocados se encuentra en peligro.
Debido a que el medicamento ya fue suministrado, se configura un hecho superado
y la acción carece de objeto. Por tanto el juez de instancia debe declarar
improcedente el amparo solicitado.
4. Pruebas relevantes aportadas al
proceso.
1.
Resumen de Historia Clínica de Samuel Vega
Granados del 23 de noviembre de 2006 (Cuad. 1, folio 9), donde  se lee que fue
necesaria “la infusión de Pentaglobina 0.4 c/kg/h por 72 horas para
inmunomodulación del paciente (…)”, y que la evolución fue satisfactoria.
2.
Certificado expedido  el 28 de diciembre de 2006
por la EPS Compensar (Cuad. 1, folio 41) donde se señala que Ana Milena
Granados Díaz se encuentra afiliada a la EPS.
3.
Reporte de la CIFIN respecto a Ana Milena
Granados Díaz (Cuad. 1, folio 42).
4.
Declaración rendida,  bajo la gravedad de
juramento, por Ana Milena Granados Díaz el nueve (9) de enero de dos mil siete
(2007) ante el Juzgado Treinta y Ocho Penal Municipal (Cuad. 1, folio 53),
donde la accionante responde que “su hijo (…) se trasladó de urgencias a la
UCI [de la clínica del Country] por un show séptico, ahí el 7 de noviembre le
aplicaron un medicamento que fue vital para salvarle la vida. (…) [D]el 7 de
noviembre al 10 de noviembre le aplicaron 3 ampolletas (…).” Es consciente
de que la clínica de Country “ no es IPS de Compensar [y] (…) no se solicitó
autorización a [la EPS] (…). El 21 de noviembre nos informan que [el
medicamento] no lo cubre la póliza, se inicia la solicitud a la EPS COMPENSAR
para que haga el cubrimiento de ese medicamento. (…) [f]ue negada la solicitud.
(…) La clínica siempre exige como garantía la firma de un pagaret (sic)
independiente que uno entre como afiliado a EPS, su propagada (sic) o
particular. (…) Yo suscribí esos cheques el 5 de diciembre de 2006, para lograr
la salida del niño. Uno para cancelar el 5 de enero y otro para el cinco de
febrero (…)”.
II. ACTUACIÓN JUDICIAL Y SENTENCIA
OBJETO DE REVISIÓN
1. Anotación
previa:
El Juzgado Treinta y Ocho Penal Municipal
de Bogotá decidió, el once de enero de dos mil siete, declarar improcedente la
acción impetrada. No obstante, mediante providencia del doce (12) de febrero de
dos mil siete (2007) el Juzgado Treinta y Tres Penal del Circuito de Bogotá,
conociendo la impugnación presentada por el apoderado judicial de la
accionante, consideró que, al no haberse integrado el litisconsorcio necesario,
era imposible proferir sentencia (Cuad. 2, folio 5); por lo que resolvió
decretar la nulidad de la actuación y ordenó al A quo integrar el
contradictorio.
De esta forma, el Juzgado Treinta y Ocho
Penal Municipal de Bogotá dispuso, el cinco (5) de marzo del presente año,
vincular dentro de la presente acción a: COMPENSAR EPS, Seguros Bolívar, la
Secretaría Distrital de Salud y al FOSYGA.
2. Una vez
integrado el contradictorio, según lo dispuesto por el Juzgado 33 Penal del
Circuito el doce (12) de febrero de dos mil siete (2007), el Juzgado Treinta y
Ocho Penal Municipal de Bogotá profirió sentencia el dieciséis (16) de marzo de
dos mil siete (2007). En dicha providencia resolvió declarar improcedente la
acción promovida por la señora Ana Milena Granados por considerar que no
existía vulneración o amenaza a los derechos a la vida y a la salud del menor.
Encontró el juez de instancia que el
medicamento requerido ya había sido suministrado por la clínica del Country,
por lo que la situación ya había sido superada y por ende, según la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, la acción carecía de objeto. Así
mismo consideró que la “acción de tutela (…) centra [su] atención (…) en el
ámbito meramente económico”, pues  “se pretende el reembolso de una suma
de dinero (…), no siendo competencia del Juez Constitucional entrar a abordar
el reconocimiento o no de un derecho económico (…) que puede ser debatido a
instancias de otros procedimientos judiciales”. Concatenado a lo anterior,
adujo que de los medios probatorios aportados al proceso, se desprende que los
padres del menor cancelaron el excedente de los medicamentos de manera
voluntaria mediante cheques.
III. REVISIÓN POR LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Remitido el expediente a esta
Corporación, la Sala de Selección, mediante auto del once (11) de mayo de dos
mil siete (2007), dispuso su revisión por la Corte Constitucional.
1. COMPETENCIA
Esta Corte es competente para conocer de
los fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes, así como por la
escogencia del caso por la Sala de Selección.
2. CONSIDERACIONES
2.1 Problema jurídico y esquema de
resolución
Una vez
estudiadas las peticiones de la actora y los elementos probatorios del proceso,
debe la Sala de Revisión determinar en primera medida si la acción de tutela es
procedente para solicitar el reembolso de medicamentos y tratamientos
prestados. De ser respondido afirmativamente este problema jurídico, pasará la
Sala de Revisión a estudiar si la negativa de Compensar EPS de reembolsar los
costos del medicamento suministrado vulnera el derecho a la vida digna del
menor.
Para resolver el
problema en cuestión la Sala reiterará la jurisprudencia de esta Corporación en
lo referente a la (i) improcedencia de la tutela para solicitar el reembolso de
medicamentos y tratamientos prestados. Posteriormente entrará a resolver el
caso en concreto.
(i) Improcedencia de la tutela para
solicitar el reembolso de medicamentos y tratamientos prestados. Reiteración de
Jurisprudencia.
La
acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución, como
mecanismo preferente y sumario, creado en Colombia por el constituyente de
1991, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas
cuando quiera que son amenazados o vulnerados. Es por esto que un
cuestionamiento necesario que deben resolver los jueces de tutela es considerar
cuál es, o son, los derechos que deben ser protegidos mediante su providencia.
Por
tanto, el objetivo teleológico de la acción de tutela es la protección de los
derechos fundamentales, más no la creación de un procedimiento paralelo o
complementario a los ya existentes en nuestra legislación ordinaria. Es por
esto que la Corte ha reiterado la improcedencia de la Tutela para solicitar
reembolsos de medicamentos y tratamientos prestados.[1] Así en sentencia T-104
de 2000[2]
la Corte señaló:
“(…) En cuanto a la pretensión relacionada con el reembolso de
dineros gastados (…), en repetidas oportunidades la jurisprudencia
constitucional ha sostenido[3]
que, en casos como en el presente la tutela sólo procede cuando la acción u
omisión de la entidad encargada de prestar el servicio público de salud,
amenaza o vulnera derechos fundamentales, en manera alguna para definir
obligaciones en dinero, cuyo pronunciamiento corresponde a la jurisdicción
ordinaria. En consecuencia, no es posible obtener por vía de tutela el pago
de dichas sumas, dado que existe un mecanismo alternativo de defensa judicial,
al cual [se] deberá acudir  (…), si considera que [se] tiene derecho a dicho
reconocimiento (…)”. (Subrayas fuera del original).
Por consiguiente, esta Sala de Revisión reitera una vez más que la
tutela no procede para resolver controversias sobre derechos prestacionales u
obligaciones dinerarias. Frente a éstas debe acudirse ante la jurisdicción
ordinaria para que sean resueltas.
3. Del caso
en concreto.
De los hechos
narrados y probados en el proceso se desprende que el hijo de la señora Ana
Milena Granados Días, Samuel Vega Granados, presentó el 7 de noviembre de 2006
una “enfermedad pulmonar”. Por esta razón, sus padres lo internaron en
la clínica del Country (Cuad. 1, folio 1). Ahí le fue diagnosticada una “falla
respiratoria y shock séptico severo,”  (…) [y fue] necesaria la infusión de
Pentaglobina 0.4 C/kg/h por 72 horas” (Cuad. 1, folio 9). Tras haber sido
suministrado el medicamento “la evolución del paciente [fue] satisfactoria,
pudiéndose retirar drogas vasoactivas y la ventilación mecánica (…)”, como
consta en el resumen de histórica clínica del menor (Cuad. 1, folio 9).
En la
declaración rendida bajo juramento por la accionante, el nueve de enero de 2007
ante el Juzgado Treinta y Ocho Penal Municipal, informó que accedió a firmar 2
títulos valores a nombre de la clínica del Country, pues “[l]a clínica
siempre exige como garantía la firma de un pagaret (sic) independiente que uno
entre como afiliado a EPS, su propagada (sic) o particular. (…) Yo suscribí
esos cheques el 5 de diciembre de 2006, para lograr la salida del niño. Uno
para cancelar el 5 de enero y otro para el cinco de febrero (…)” (Cuad. 1,
Folio 53).
La clínica del
Country no es IPS de la EPS Compensar, como lo hace saber la actora en la
declaración antes señalada: “[La clínica del Country] no es IPS de Compensar
[y] (…) no se solicitó autorización a [la EPS] (…)”. Por su parte, la EPS
Compensar manifiesta que el asunto que se debate es meramente económico, ya que
la accionante pretende el reembolso de “la atención brindada al  menor
en[el] Country (sic)[que]  no fue autorizada por la EPS [, por lo que] (…) la
usuaria accedió a ella como particular”(Cuad. 1, Folio 107). De igual forma
aduce que en la actualidad ningún derecho del menor se encuentra vulnerado o
amenazado, pues el medicamento ya fue suministrado (Cuad. 1, Folios 108, 109 y
110).
El juez de
instancia resolvió declarar improcedente la acción al considerar que no existía
vulneración o amenaza a los derechos a la vida y a la salud del menor, debido a
que el medicamento requerido  fue suministrado por la clínica del Country
oportunamente. De igual forma señaló que la accionante pretende el reembolso de
sumas de dinero, lo cual no es competencia del juez de tutela, pues dicho
reconocimiento económico debe ser debatido en la jurisdicción ordinaria.
Es de resaltar
que la acción de tutela fue interpuesta por la actora el 18 de diciembre de
2007 (Cuad. 1, folio 29), doce días después de haber suscrito los títulos
valores, mediante los cuales canceló los medicamentos suministrados a su hijo
entre el  siete  y diez de noviembre de dos mil seis. Por tanto, considera la
Sala que la presente acción de tutela bajo revisión tiene como pretensión
principal obtener el reembolso de una suma de dinero sufragada o adeudada por
la actora para atender los gastos médicos que requirió el menor, que se
encuentra fuera de peligro (Cuad. 1, folio 9) y no busca proteger derecho
fundamental alguno. En este orden de ideas, comparte la decisión tomada por el
Juzgado Treinta y Ocho Penal Municipal de Bogotá, el dieciséis (16) de marzo de
dos mil siete (2007), mediante la cual declaró improcedente la acción
interpuesta y resolverá confirmar dicha providencia.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala primera de Revisión, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO:
CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia,
la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Ocho Penal Municipal de Bogotá
el dieciséis (16) de marzo de dos mil siete (2007), mediante la cual DECLARÓ
IMPROCEDENTE la acción promovida.
SEGUNDO:
LÍBRESE por Secretaría la comunicación de que trata
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
Ponente
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Al respecto consultar entre otras las sentencias: T-015 de 2003,
T-489 de 2003, T-342 de 2004, T-616 de 2004, T-322 de 2005, T-703 de 2005 y
T-962 de 2006.
[2] M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[3] T-555/98 M.P. Antonio Barrera Carbonell