T-982-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-982/03
ACCION DE TUTELA-Procedencia/ACCION DE TUTELA-Subsidiariedad
DERECHO A LA SALUD-Fundamental por conexidad con la vida
DERECHO A LA VIDA-Examen de diagnóstico detecta la enfermedad
y ayuda a determinar el tratamiento
DERECHO A LA SALUD-Incorpora el derecho al diagnóstico
DERECHO A LA SALUD DEL NIÑO-Está debidamente atendido por las entidades
de salud
ACCION DE TUTELA-Solicitud para consecución de exámenes y
tratamiento de su hijo con VIH
ACCION DE TUTELA-No se puede exigir su presentación para
acceder a los servicios de salud
Ninguna autoridad del Estado está facultada
por el ordenamiento jurídico a exigir como requisito previo para acceder a los
servicios de salud, la interposición o presentación de una acción de tutela por
cuanto una decisión de esa naturaleza no sólo infringe lo dispuesto en el
artículo 84 de la Constitución sino que, desconoce la finalidad constitucional
de esa herramienta que el Constituyente dio a cada uno de los habitantes de
Colombia en los términos del artículo 86 Superior.
DERECHOS FUNDAMENTALES-Entidades a las cuales se puede acudir para
orientación sobre el ejercicio de la acción de tutela
Toda persona puede acudir a la Procuraduría
General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las Personerías Distritales y
Municipales para que en desarrollo de la función de guarda y promoción de los
derechos humanos (Art. 118 C.P.) las orienten en la defensa de sus derechos y
en el ejercicio de la acción de tutela, pudiendo incluso interponerla en nombre
de cualquier persona que se lo solicite o que esté en situación de desamparo o
de indefensión.
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia: expediente T-761177
Acción de tutela instaurada por Lina contra
la Dirección Territorial de Salud de Caldas y la Secretaría de Salud Municipal
de Manizales.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá D. C., veintitrés (23) de octubre de
dos mil tres (2003).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión
del fallo dictado en el asunto de la referencia por el Juzgado Tercero Penal
del Circuito de Manizales (Caldas), el 5 de junio de 2003.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos y fundamentos de la solicitud de
amparo
La señora Lina, interpuso acción de tutela con el fin de que se
protejan los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y a la
vida digna de su hijo Alvaro de cinco meses de edad.
Relató que al igual que su bebé son portadores de V.I.H. SIDA, por
lo cual le fue prescrito a Alvaro el examen de carga viral y el tratamiento
respectivo para esta enfermedad. Aseguró que ambos se encuentran clasificados
en el Nivel I del Sisben y no se encuentran afiliados a una Administradora de
Régimen Subsidiado.
Afirmó que tanto la Secretaría de Salud de Manizales como la
Dirección Territorial de Salud de Caldas negaron la atención que necesita el
niño, y que no cuenta con los recursos económicos suficientes para costear el
tratamiento por su cuenta ya que trabaja en casas de familia.
Solicitó la protección de los derechos fundamentales invocados y en
consecuencia que se ordene a las entidades accionadas brindar la atención
médica que requiere su menor hijo, se le practiquen los exámenes que fueron
ordenados y el tratamiento integral correspondiente.
2. Respuestas de las entidades
accionadas
2.1. La Secretaría de Salud y
Seguridad Social de la Alcaldía de Manizales señaló que Lina, se encuentra
clasificada en el SISBEN Nivel I y que en los libros radicadores de
correspondencia recibida de esa entidad, no aparece alguna solicitud efectuada
por la accionante a favor de su menor hijo.
Precisó que en todo caso la
atención y tratamiento del paciente infectado por V.I.H. SIDA corresponde a la
Dirección Territorial de Salud del Departamento de Caldas, conforme a lo
establecido en la Ley 10 de 1990.
2.2. La Dirección Territorial de
Salud de la Gobernación de Caldas informó que en sus archivos no se encontró
ninguna solicitud de la accionante referente a la práctica del examen de carga
viral y el tratamiento respectivo.
Así mismo sostuvo que Lina y su
hijo son pacientes que tienen el carácter de vinculados en el régimen
subsidiado en salud, al estar en el nivel I del SISBEN y no estar afiliada a
ninguna Administradora de Régimen Subsidiado.
Precisó que para la atención de
este tipo de pacientes, la Dirección Territorial de Salud “tiene
contrato de prestación de servicios con el HOSPITAL DE CALDAS E.S.E.,
para el caso de la señora, y con el HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO, para el
caso de su hijo.”[1] Así mismo que, “para
acceder al servicio, los pacientes deben ser remitidos por el médico general
del centro de salud del área de influencia donde residen a dichas Instituciones
Hospitalarias para que sean atendidos, previa presentación de los siguientes
documentos: i) Carné del SISBEN, ii) Orden del médico tratante y iii) Documento
de identidad.”[2]
Por último explicó que como los
pacientes tienen una enfermedad de alto costo, “su atención integral
(consulta especializada, exámenes de laboratorio, controles y medicamentos),
debe ser cubierta el 100% con cargo al contrato que se tienen con las Entidades
mencionadas.”[3]
3. Declaración rendida por la accionante
durante el trámite de instancia
A la señora Lina se le preguntó si en algún
momento ella había realizado por escrito la solicitud para la práctica del
examen de carga viral y el tratamiento respectivo que requiere su hijo y en
caso afirmativo que aportara copia del mismo.
A lo cual manifestó que nunca formuló
solicitud en ese sentido por cuanto “lo que pasa es que en la Fundación de
Pacientes con V.I.H. SIDA del Hospital de Caldas en esta ciudad me dijeron que
como mi menor hijo necesitaba ese examen de carga viral, entonces que le
pusiera una tutela a la Dirección Territorial de Caldas para que se lo hiciera,
y por eso fue que yo presenté esa tutela; creí que ese era el camino indicado,
pues no sabía que antes tenía que hacer esa petición por escrito, y por tanto,
repito, nunca la hice y es por ello por lo que no estoy en capacidad de aportar
copia de escrito alguno en ese sentido, ya que no existe.”[4]
4. Decisión judicial objeto de revisión
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Manizales Caldas, mediante sentencia del 5 de junio de 2003, negó la acción de
tutela impetrada por Lina en nombre y representación de su hijo Alvaro por
considerar que no hubo violación de los derechos invocados.
Fundó esta decisión en la declaración
rendida por la accionante, de la cual se infiere que no existió de su parte
solicitud previa sobre la práctica del examen de carga viral que requiere el
menor a la Dirección Territorial de Salud de Caldas y a la Secretaría de Salud
Municipal de Manizales, por lo que mal podrían dichas entidades, por
sustracción de materia, adoptar las medidas pertinentes para su práctica y
mucho menos violar los derechos invocados ya que desconocían la situación del
niño Alvaro.
Finalmente ilustra a la accionante para
que, a efectos de solicitar la atención médica y hospitalaria que requiere para
su hijo proceda en la forma indicada por la Dirección Territorial de Salud de
Caldas.
El fallo no fue impugnado.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1. Problema jurídico
En esta oportunidad esta Sala deberá
determinar si las entidades accionadas han vulnerado los derechos fundamentales
a la salud, a la seguridad social y a la vida digna de un niño de diez meses de
edad que padece de V.I.H. SIDA, a pesar de no habérsele solicitado a dichos
organismos la realización de los exámenes y el suministro de la atención
correspondiente por parte de la accionante previamente a la solicitud de amparo
constitucional.
2. La tutela como mecanismo subsidiario de protección de derechos
constitucionales fundamentales
Conforme lo dispone el artículo 86 de la
Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial
para la protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales cuando
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señale la ley.
Por ello, quien vea amenazado o vulnerado
un derecho constitucional fundamental podrá acudir ante los jueces, en todo
momento y lugar, con el fin de obtener la orden para que aquél respecto de
quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.
La acción de tutela vino así a llenar los vacíos que presentaba el
anterior sistema jurídico, ante todo en aquellos eventos en los cuales las
personas no disponían de un medio de defensa judicial contra las conductas de
las autoridades públicas, y en ciertos casos de los particulares, que
implicaban la vulneración o amenaza de derechos fundamentales. De esta manera,
el actual sistema instituye los mecanismos necesarios para hacer efectiva la protección
de tales derechos, en aplicación del principio de respeto de la dignidad humana
y con el ánimo de lograr la efectividad de los derechos como uno de los fines
esenciales del Estado y de garantizar la primacía de los derechos inalienables
de la persona (C.P., arts. 1, 2 y 5).[5]
El juez de tutela debe verificar la efectiva vulneración o amenaza
del derecho fundamental de los accionantes, para luego establecer si existe o
no otro medio de defensa judicial ante el cual pueda ventilarse el conflicto.
Si no se dispone de dicho mecanismo procesal, deberá darse curso a la acción de
tutela. Por el contrario, si existe una vía de defensa judicial, deberá
considerar, frente a las circunstancias del caso, su eficacia para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues esta condición será la que lo
faculte como juez constitucional para decidir de fondo en el asunto puesto a su
conocimiento.
Al respecto, la Corte ha señalado que “para los efectos de
establecer cuando cabe y cuando no la instauración de una acción de tutela, el
juez está obligado a examinar los hechos que ante él se exponen, así como las
pretensiones del actor, para verificar sí, por sus características, el caso
materia de estudio puede ser resuelto en relación con los derechos
fundamentales posiblemente afectados o amenazados, y con la efectividad
indispensable para su salvaguarda, por los procedimientos judiciales
ordinarios, o sí a la inversa, la falta de respuesta eficiente de los medios
respectivos, hace de la tutela la única posibilidad de alcanzar en el caso
concreto los objetivos constitucionales”[6].
Por consiguiente, para resolver acerca de la procedencia de la
tutela habrá de verificarse en cada caso la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales involucrados. Si ello así acontece, se verificará luego la
inexistencia de un medio judicial de defensa al que pueda acudir el afectado o,
en caso contrario, se determinará su falta de idoneidad o eficacia para la
protección del derecho o la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
3. Derecho a la Salud y Enfermos de
V.I.H. o SIDA
La Corte Constitucional ha
precisado que el derecho a la salud es un derecho prestacional, que adquiere
carácter fundamental al estar en conexidad con el derecho a la vida. Sobre este
particular, la sentencia T-1036 de 2000[7], señaló:
Esta Corporación ha sostenido, que si bien
el derecho a la salud no es en sí mismo un derecho fundamental[8],
sí puede llegar a ser efectivamente protegido, cuando la inescindibilidad entre
el derecho a la salud y el derecho a la vida hagan necesario garantizar éste
último, a través de la recuperación del primero, a fin de asegurar el amparo de
las personas y de su dignidad.[9] De ahí que el derecho a
la salud sea un derecho protegido constitucionalmente[10],
en los eventos en que por conexidad, su perturbación pone en peligro o
acarrea la vulneración de la vida u otros derechos fundamentales de las
personas[11]. Por consiguiente, la
atención idónea y oportuna, los tratamientos médicos, las cirugías, la entrega
de medicamentos, etc., pueden ser objeto de protección por vía de tutela, en
situaciones en que la salud adquiere por conexidad con el derecho a la vida, el
carácter de derecho fundamental.
Sin embargo, esa conexidad no es relevante
para la protección del derecho a la salud de personas menores de edad, puesto
que en este evento esa garantía se convierte en un derecho fundamental, por
expreso mandato constitucional que le da carácter prevalente, y con fundamento
en dicha normativa esta Corporación ha ordenado[12]
que de manera inmediata, se practiquen algunas cirugías y tratamientos médicos.
En este sentido, la Corte ha analizado diferentes
situaciones, en las que se pide la protección de los derechos de los niños,
eventos en los que la solución que se ha presentado, siempre ha estado
encaminada a desarrollar el precepto constitucional contenido en el artículo 44
de la Carta Política, con el fin de otorgar al menor, la protección que él
necesita, garantizando además su desarrollo armónico e integral.
Como se señaló en la Sentencia T-588 de
2001[13], las normas
internacionales sobre derechos humanos que prevalecen en el orden interno (Art.
93 Superior) disponen como una obligación de los Estados partes, el reconocer
el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud, y a
servicios para el tratamiento de las enfermedades y su rehabilitación. Por
tanto, es obligación de los Estados partes, adoptar las medidas necesarias para
la aplicación de estos derechos, asegurando la prestación de la asistencia
médica y la atención sanitaria que sea necesaria a todos los niños, haciendo
énfasis en el desarrollo de la atención primaria de salud. (Artículo 24 de la
Convención sobre Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, aprobada en Colombia por Ley 12 de
1991 y ratificada el 27 de febrero del mismo año).
De otra parte, esta Corporación en
reiteradas ocasiones ha expresado que la negativa de realizar un examen de
diagnóstico que ayudaría a detectar la enfermedad de un paciente con mayor
precisión para así determinar el tratamiento necesario, pone en peligro el
derecho fundamental a la vida en condiciones dignas. Al respecto ha dicho:
Para la Corte, el derecho a la seguridad
social, ligado a la salud y a la vida de los afiliados al sistema y de sus
beneficiarios, no solamente incluye el de reclamar atención médica, quirúrgica,
hospitalaria y terapéutica, tratamientos y medicinas, sino que incorpora
necesariamente el derecho al diagnóstico, es decir, la seguridad de que,
si los facultativos así lo requieren, con el objeto de precisar la situación
actual del paciente en un momento determinado, con miras a establecer, por
consecuencia, la terapéutica indicada y controlar así oportuna y eficientemente
los males que lo aquejan o que lo pueden afectar, le serán practicados con la
prontitud necesaria y de manera completa los exámenes y pruebas que los médicos
ordenen.
A nadie escapa que la verdadera protección
de la salud y de la integridad personal de cualquier individuo es un imposible
si el profesional, general o especializado, que tiene a su cargo su atención
ignora, en el momento de resolver acerca del rumbo científico que habrá de
trazar con tal objetivo, las características presentes, técnicamente
establecidas, del estado general o parcial del paciente, sobre el cual habrá de
recaer el dictamen y las órdenes médicas que imparta.
La entidad de seguridad social es
responsable por negligencia, si no practica en forma oportuna y satisfactoria
los exámenes que sus propios médicos hayan ordenado. Sobre la base de su incumplimiento - que significa
en realidad violación o amenaza de derechos fundamentales, según el caso -, no
puede culpar a aquellos por las deficiencias que acuse la prestación del
servicio, ni le es posible eludir las consecuencias jurídicas, en especial las
de tutela y las patrimoniales, que se deriven de los daños sufridos por la
salud de afiliados y beneficiarios, y por los peligros que su vida afronte, por
causa o con motivo de falencias en la detección de los padecimientos o
quebrantos que son justamente objeto de su tarea.[14]
(Resaltado fuera de texto)
Adicionalmente debe tenerse en cuenta que
uno de los fines de la medicina es la prevención de agravamiento de las
enfermedades[15], razón por la cual no
resulta razonable esperar que la persona presente graves síntomas para realizar
exámenes que determinen con precisión la enfermedad que padece el paciente o el
tratamiento óptimo a seguir una vez detectada la enfermedad.
Este argumento es claramente aplicable al
caso de los portadores de V.I.H. quienes en muchas ocasiones son asintomáticos.
En estas personas se sigue desarrollando silenciosamente el virus de no ser
prescrito el tratamiento a seguir en su debida oportunidad. En consecuencia,
mientras se omita la realización de exámenes determinados por el médico
tratante para fijar el procedimiento a seguir, se estará vulnerando el derecho
a la salud en conexidad con la vida.[16]
3. Caso Concreto
Del material probatorio que reposa en el
expediente la Sala constata que como acertadamente lo advirtió el juez de
tutela ni la Secretaría de Salud y Seguridad Social de Manizales ni la
Dirección Territorial de Salud de Caldas han vulnerado o siquiera amenazado los
derechos fundamentales del niño Alvaro.
En efecto, si bien no existe duda que el
mencionado menor tiene derecho a que el Estado (Art. 50 Superior) le brinde
gratuitamente la atención integral que requiere para el tratamiento de la
enfermedad que padece, debe tenerse en cuenta que las entidades accionadas no
se han negado al suministro de dicha atención.
Conforme lo advierten los informes de los
organismos demandados y la propia declaración de la señora Lina, ella acudió
directamente a la acción de tutela para lograr la consecución de los exámenes y
el tratamiento de su hijo sin advertir, conforme se ha explicado, que este
mecanismo de protección constitucional no tiene esa finalidad y que su
interposición debe ser excepcional.
En este caso, la desorientación dada a la
accionante, según ella, en la Fundación de Pacientes con V.I.H. SIDA Hospital
de Caldas, la llevó a hacer uso de la acción de tutela a pesar no haberse
configurado una situación de la cual pudiera concluirse la presunta amenaza a
uno de los derechos fundamentales que invocó a favor de su hijo.
La Sala considera pertinente recordar que
ninguna autoridad del Estado está facultada por el ordenamiento jurídico a
exigir como requisito previo para acceder a los servicios de salud, la
interposición o presentación de una acción de tutela por cuanto una decisión de
esa naturaleza no sólo infringe lo dispuesto en el artículo 84 de la
Constitución que establece que “cuando un derecho o una actividad hayan sido
reglamentadas de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer
ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio” sino
que, desconoce la finalidad constitucional de esa herramienta que el
Constituyente dio a cada uno de los habitantes de Colombia en los términos del
artículo 86 Superior.
Así mismo, debe resaltarse que toda persona
puede acudir a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y
las Personerías Distritales y Municipales para que en desarrollo de la función
de guarda y promoción de los derechos humanos (Art. 118 C.P.) las orienten en
la defensa de sus derechos y en el ejercicio de la acción de tutela, pudiendo
incluso interponerla en nombre de cualquier persona que se lo solicite o que
esté en situación de desamparo o de indefensión (Capítulo IV del Decreto-ley
2591 de 1991).
Por lo anterior, el fallo de instancia será
confirmado, no sin antes advertir que la accionante deberá atender las instrucciones
dadas por la Dirección Territorial de Salud de Caldas para obtener la atención
médica integral que requiere su menor hijo.
Finalmente, en aras de evitar cualquier
tipo de estigmatización en contra del hijo de la accionante, con fundamento en
la prevalencia constitucional de los derechos de los niños y específicamente a
la intimidad (arts. 44 y 15 de la Carta Política) y en cumplimiento de las
normas legales expedidas para dichos efectos (arts. 25, 300 y 301[17]
del Código del Menor) se dispondrá que al expedir copias de esta sentencia con
fines de divulgación, se omita tanto el nombre del niño como el de la madre los
cuales se reemplazarán por nombres ficticios sin utilizar apellidos.[18]
III. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el
Juzgado 3º Penal del Circuito de Manizales Caldas el 5 de junio de 2003, que
negó el amparo constitucional en la acción de tutela de la referencia.
Segundo.- Dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
[1]
Folio 21 del expediente.
[2]
Idem.
[3]
Folio 22 del expediente.
[4]
Folio 23 del expediente.
[5]
Corte Constitucional. Sentencia T-797/02.
[6]
Corte Constitucional. Sentencia T-001/97 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[7]
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[8] Sentencias T-395 de 1998; T-076 de 1999 y T-231 de 1999. M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[9]
Ver Sentencia T-271 de 1995. Sentencia T-494 de 1993. Sentencia T- 395/98.
[10]
Al respecto se deben consultar las sentencias SU- 111 de 1997; SU-039 de 1998;
T-236 de 1998; T-395 de 1998; T-489 de 1998, T-560 de 1998, T-171 de 1999, entre
otras.
[11]
Ver Sentencia No T-271 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero y Sentencia
T-494 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[12] Sentencias T-531 de 1992, T-597 de 1993, T-408 de
1995, T-225 de 1998, T-236 de 1998, T-286 de 1998, T-415 de 1998, SU 819 de
1999, T-382 de 1999 T-093 de 2000, T-153 de 2000 entre otras.
[13]
M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[14]
Ver sentencia T-366/99 M.P. José Gregorio Hernández  Galindo (en este caso se
concedió la tutela para la realización de exámenes de TAC simple y audiometría
a la  accionante que sufría desangrado de oídos)  T-367/99 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo (en esta tutela se ordenó la realización de exámenes
oftalmológicos).
[15]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-560 de 1998.
[16]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-849 de 2001.
[17]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-019 de 1993 M.P. Ciro Angarita Barón.
[18]
En este mismo sentido la Sentencia T-510 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.