T-123-07
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-123/07
ACCION DE TUTELA-No puede interponerse
para dejar sin efecto la inscripción de candidatos a elecciones populares y
para obtener escrutinio de votos a favor de determinados aspirantes
DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO-Control
judicial de actos de elección y nombramiento
COMUNIDADES INDIGENAS-Sujeción a ciertas
reglas establecidas por el legislador para el desarrollo del debate electoral
no afecta la autonomía de las mismas
Es preciso indicar que la sujeción de las
comunidades indígenas a ciertas reglas establecidas por el legislador para el
desarrollo del debate electoral, no afecta la autonomía de las mismas ni la
protección de su identidad cultural, pues no se trata de aspectos internos
relacionados con las garantías de autogobierno y autodeterminación, sino de la
forma en que aquéllas acuden a la conformación del poder público del Estado. En
ese sentido, por ejemplo, la Corte declaró exequible los artículos 6º, 7º y 8º
de la Ley 649 de 2001, por medio de los cuales
se somete a los candidatos por circunscripciones especiales al deber de
inscribirse como candidatos ante el Registrador Nacional o su delegado, al
régimen general de incompatibilidades e inhabilidades que la Constitución
prescribe para los congresistas y al régimen general de los demás miembros de
dicha corporación. La Corte señaló que más allá del hecho de tratarse de
circunscripciones especiales destinadas a fortalecer la participación de
ciertos grupos, se justifica la exigencia de requisitos especiales para los
Representantes que se postulen por ella.
ACCION ELECTORAL-Permite controlar
jurídicamente la validez de las elecciones
Para la Corte resulta claro que la acción electoral permite
controlar jurídicamente la validez de las elecciones, así como los actos
previos o de trámite (como los de inscripción de candidatos) y las calidades
constitucionales y legales del candidato elegido y que dichos mecanismos están
al alcance de las comunidades indígenas como titulares de un derecho de
participación derivado de la Constitución y la Ley.
CONTROL DE ACTOS DE TRAMITE A TRAVES DE ACCION DE TUTELA/ACCION DE
TUTELA CONTRA ACTO DE TRAMITE-Requisitos de
procedencia
La Corte ha señalado que la acción de tutela
contra actos de trámite sólo procede con carácter excepcional cuando el Estado
ha actuado con prescindencia de todo referente legal y ha incurrido en una vía
de hecho que impide al afectado contar con las garantías mínimas del debido
proceso administrativo. Así, “la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra actos  administrativos de trámite”
sólo es posible cuando el respectivo acto tiene la potencialidad de definir una
situación especial y sustancial dentro de la actuación y ha “sido fruto de una
actuación abiertamente irrazonable o desproporcionada por parte del
funcionario, con lo cual vulnera las garantías establecidas en la
Constitución.” En estos eventos, la acción de tutela
actúa como mecanismo definitivo sobre el acto de trámite, para encauzar el
procedimiento administrativo en curso y permitir al afectado el ejercicio de
las garantías del debido proceso, pero sin interferir en el sentido de la
decisión definitiva que deba adoptar la Administración y sin sustituir, por
tanto, el control posterior de legalidad que corresponde ejercer a la
jurisdicción contenciosa administrativa. Además, la Corte ha considerado
que cuando en vía de tutela se alega la existencia de una vía de hecho en un
acto de trámite, es necesario que la correspondiente actuación administrativa no haya finalizado, pues al existir un acto administrativo
definitivo, el interesado cuenta con un medio de defensa judicial efectivo
(acción contenciosa), a través del cual puede controvertir las irregularidades
que a su juicio han sido cometidas por el Estado en la tramitación de la
actuación administrativa. Por ello, como se reiteró en la Sentencia C-557 de
2001 anteriormente citada, uno de los requisitos esenciales para la procedencia
de la acción de tutela en el caso de los actos de trámite por vía de hecho, es
que “el proceso dentro del cual se expidió el acto de trámite no haya
terminado.”
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO DE TRAMITE Y PRINCIPIO DE INMEDIATEZ
El interesado deberá presentar la acción de
tutela tan pronto tenga conocimiento de la irregularidad que lo afecta, pues
esta circunstancia marca el punto de partida para analizar si la acción ha sido
interpuesta oportunamente, es decir, con respeto del principio de inmediatez. Con relación a este requisito, la Corte ha señalado en
diversas oportunidades que debe existir un término razonable entre la
ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales
del accionante y la presentación de la demanda, en la medida que la naturaleza
misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia
en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino también
con el respeto a la seguridad jurídica y a los derechos de los terceros
afectados. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que
para determinar si la acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el
requisito de inmediatez, deben tenerse en cuenta, en cada caso concreto,
aspectos tales como: (i) si existe un motivo válido para la inactividad del
accionante, (ii) si la inactividad injustificada podría causar la lesión de
derechos fundamentales de terceros de llegarse a adoptar una decisión en sede
de tutela, y (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la
acción y la vulneración de los derechos de los interesados. En conclusión, además de que la actuación administrativa no
haya finalizado, es necesario que el accionante cumpla el requisito de
inmediatez, de manera que la tutela sea presentada tan pronto se tenga
conocimiento de la irregularidad en el acto intermedio o de trámite que afecta
los derechos fundamentales del interesado. Ello evita que la acción sea
utilizada para subsanar la negligencia del accionante y que con ella se afecte
indebidamente la seguridad jurídica y los derechos de los terceros con interés
legítimo en la actuación administrativa.
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS DE INSCRIPCION A LAS ELECCIONES AL
CONGRESO Y PRINCIPIO DE INMEDIATEZ
Para la Corte es claro que, como lo señaló el
Consejo Seccional de la Judicatura en primera instancia, la acción de tutela no
cumplió el requisito de inmediatez y ello la hace improcedente. En efecto, si
el demandante consideraba que la violación de sus derechos fundamentales se
presentaba a partir de una vía de hecho en los actos de inscripción que
tuvieron como fecha límite el 7 de febrero de 2006, debió accionar de inmediato
y no dejar que se cumplieran etapas posteriores del debate electoral en las que
cada vez más se involucraba la confianza de electores y candidatos y se consolidaban
los resultados finales de la respectiva elección. La acción de tutela contra
actos preparatorios o de trámite exige que la demanda sea presentada de manera
inmediata, una vez se ha tenido conocimiento de la irregularidad que afecta los
derechos fundamentales del actor. De lo contrario, la urgencia que fundamenta
el amparo constitucional se diluye y la posible afectación del derecho
fundamental permite su remedio por los mecanismos ordinarios de defensa sin
necesidad de la intervención del juez constitucional. Por tanto, no basta
simplemente, como sostiene el accionante en su impugnación, que el acto de
trámite tenga incidencia en el acto definitivo y que la tutela sea presentada
antes de la expedición de este último, sino que es necesario que con dicho acto
preparatorio se incurra en una vía de hecho y que, como en cualquier otro caso,
el interesado cumpla el requisito de inmediatez y presente su acción tan pronto
sean afectados sus derechos fundamentales, si no existe una causa que se lo
impida. En estos casos, la tutela busca impedir que la actuación administrativa
siga su curso y que antes de su finalización se corrijan las situaciones que
afectan el debido proceso del accionante, pero no puede servir como mecanismo
paralelo para el control material de las decisiones de la Administración, pues
para ello existen las acciones correspondientes ante la jurisdicción
contencioso administrativa.
ACCION ELECTORAL-Mecanismo de defensa
judicial para la discusión de actos electorales definitivos y de trámite
Lo alegado por el demandante respecto a las
calidades de la candidata electa y de otros aspirantes a la circunscripción
especial indígena, es un asunto que se debe discutir a través de los medios
ordinarios de control judicial, lo que ratifica en este caso concreto, la
improcedencia de la acción de tutela ante la existencia de otro medio de
defensa judicial (art.6º del Decreto 2591 de 1991).  El juez de tutela no
podría por vía de este mecanismo preferente y sumario, ordenar, como lo
pretende el accionante, que la autoridad administrativa excluya votos de
determinados candidatos y avale únicamente los de algunos aspirantes, pues la
verificación de los requisitos legales de unos y otros corresponde, por vía de
acción, a la jurisdicción contencioso administrativa, a través de un proceso
público y abierto en que tengan cabida no solamente los interesados sino
cualquier ciudadano.
Referencia: expediente T-1424119
Acción de tutela instaurada por el Movimiento Alianza Social
Indígena -ASI- contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional
del Estado Civil.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos
mil siete (2007).
La Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Clara
Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo Rentería y Álvaro Tafur Galvis, en
ejercicio de su competencia constitucional y legal, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de los fallos proferidos por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca -Sala Jurisdiccional Disciplinaria- y el Consejo Superior de la
Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, dentro de la acción de tutela
instaurada por el Movimiento Alianza Social Indígena -ASI- contra el Consejo
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
I.
ANTECEDENTES
La Sala de Selección Número Diez (10) de la Corte Constitucional,
mediante Auto del veintiséis (26) de octubre de 2006, seleccionó la presente
acción de tutela y la repartió a esta Sala para su revisión.
1.  La demanda de tutela
El Movimiento
Alianza Social Indígena -ASI- instauró acción de tutela contra el Consejo
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, por haber
permitido la inscripción y participación en las elecciones al Congreso de la
República del 12 de marzo de 2006, por la circunscripción especial indígena de
la Cámara de Representantes, de cuatro (4) movimientos políticos ajenos a los
intereses y reivindicaciones de dichas comunidades. Señala que, en
consecuencia, los dos únicos movimientos que sí representaban a los pueblos
indígenas (Movimiento Alianza Social Indígena -ASI- y Movimiento Autoridades
Indígenas de Colombia -AICO-) vieron reducidos sus espacios de participación
política garantizados directamente por la Constitución.
Solicita entonces:
(i) Que se ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil dejar sin valor
ni efecto, las inscripciones de los candidatos de los movimientos que no
tienen representatividad ni origen en los pueblos indígenas: Únete Colombia,
Movimiento de Participación Comunitaria MPC, Movimiento Político Comunal y
Comunitario de Colombia y Polo Democrático Alternativo; (ii) Que se ordene al
Consejo Nacional Electoral escrutar exclusivamente los votos obtenidos por los
movimientos políticos representativos de las comunidades indígenas: Autoridades
Indígenas de Colombia -AICO- y Alianza Social Indígena -ASI-; (iii) Que se
ordene al Consejo Nacional Electoral abstenerse de declarar la elección de la
señora Orsinia Polanco Jusayú, quien obtuvo la mayor votación por la
circunscripción especial indígena en nombre del Polo Democrático Alternativo.
1.1. Hechos
Los hechos en que se fundamenta la demanda se
pueden resumir de la siguiente manera:
1.1.1 En las elecciones a la Cámara de Representantes del 12 de
marzo de 2006, circunscripción especial de las comunidades indígenas, la
Registraduría Nacional del Estado Civil permitió la inscripción de cuatro (4)
partidos políticos que el demandante considera ajenos a los intereses y
reivindicaciones de dichas comunidades (Únete Colombia, Movimiento de
Participación Comunitaria, Movimiento Político Comunal y Comunitario de
Colombia y el Polo Democrático), los que entraron a competir con los dos únicos
movimientos que, a juicio del demandante, si representan a los pueblos
indígenas: Autoridades Indígenas de Colombia -AICO- y Movimiento Alianza Social
Indígena -ASI-.
1.1.2 Surtida la jornada electoral del 12 de marzo de 2006, la mayor
votación en la circunscripción especial indígena fue para la candidata que se
postuló por el Polo Democrático Alternativo, señora Orsinia Polanco Jusayú.
1..1.3 A la fecha de presentación de la tutela no se ha hecho la declaratoria
de la elección ni se han expedido las respectivas credenciales a la candidata
del Polo Democrático Orsinia Polanco Jusayú, por lo que no es posible ejercer
la acción de nulidad electoral, “dado que el acto que se debe impugnar por
esta vía es el electoral.”
1.1.4 Esta situación (elección de una candidata que no representa a
las comunidades indígenas) causa perjuicios ostensibles a los pueblos
indígenas, a tal punto que la representante del Polo Democrático Alternativo,
Orsinia Polanco Jusayú, “quien no ha sido reconocida como legítima
representante de los grupos indígenas, ha generado una serie de distorsiones en
el ámbito de su actuación pública, que la han llevado a sostener la
preeminencia de su etnia sobre las demás, en abierta contradicción con una
realidad que constata la existencia de 85 grupos étnicos...”
1.1.5 El demandante señala que adicional a lo anterior, el candidato
del Movimiento de Participación Ciudadana (Casimiro Cabrera) también presentó
reclamaciones por un cambio técnico de última hora en el tarjetón electoral,
que en su momento generó confusiones en los electores de la circunscripción
especial indígena (eliminación del número que identificaba a todos los
candidatos de la circunscripción especial indígena).
1.2.  Los derechos fundamentales invocados y el fundamento
de la acción
Como sustento de la demanda se citan el Preámbulo y los
artículos 1, 2, 7, 13, 40, 93 y 176 de la Constitución Política. Con base en
dichas normas el demandante se refiere a los siguientes aspectos:
a) Requisitos que deben cumplir los partidos que se
postulen para participar en la circunscripción especial indígena.
Indica que la circunscripción especial indígena tiene
alcance nacional y ha sido creada, “no en función de un partido, movimiento
político o grupo significativo determinado, sino de ciertos grupos sociales
(indígenas), cuya participación se busca fomentar, dotándolos de
representación”. Que una cosa es que dicha circunscripción se encuentre
abierta a todo el electorado, independientemente de que el votante pertenezca o
no a una comunidad indígena, y otra “los requisitos que deben cumplir los
partidos, movimientos políticos o grupos significativos y postulantes a dicha
circunscripción, para garantizar que representarán los intereses reales de los
grupos en cuestión, y evitar la desnaturalización de esta circunscripción
especial.”
Cita la sentencia C-169 de 2001 y afirma que si bien el
artículo 108 de la Constitución Política señala que los movimientos políticos
con personería jurídica pueden inscribir candidatos sin requisito adicional
alguno, dicha norma debe interpretarse de manera matizada en lo que a
circunscripciones especiales se refiere, pues la garantía de representación de
los grupos minoritarios está dada, esencialmente, “por los requisitos que
tales partidos, movimientos o grupos significativos deben llenar al momento de
postularse.”
Que, “suponer que cualquier movimiento político o grupo
significativo” puede presentarse legítimamente a una elección por una
circunscripción especial de comunidades indígenas, “sería despojar a esta
circunscripción especial indígena de su esencia participativa, pluralista e
igualitaria que consagra la Carta Política, y que se erige en regla fundamental
del juego político.” Que, por tanto, la circunscripción especial indígena
dota a estas comunidades de vocería y representación en la Cámara de
Representantes, con lo que se garantiza su derecho efectivo de participación
política y se les da la posibilidad de expresar su visión especial del mundo,
que representa un hecho social digno de ser reconocido y protegido.
b.) La comunidad indígena como sujeto de derechos
fundamentales
Se refiere a la Sentencia T-380 de 1993 y señala que los
derechos fundamentales no se predican solamente de los miembros individualmente
considerados sino de la comunidad indígena misma, que es presupuesto del
reconocimiento expreso que la Constitución hace a la diversidad étnica y
cultural de la nación colombiana. Que la defensa de la diversidad cultural no
puede quedar librada a la protección de intereses individuales de los miembros
de la comunidad, sino que exige el respeto de los derechos del grupo, de forma
que la personería sustantiva del mismo “es lo único que les confiere estatus
para gozar de derechos fundamentales y exigir, por sí mismas, su protección
cada vez que ellos le sean conculcados ” Que, por ello, los derechos
fundamentales de los grupos indígenas, quienes no tienen una visión
individualista del mundo, es diferente a los derechos colectivos de otros grupos
humanos.
c) Control de espacios políticos que garanticen el proceso
de desarrollo de las comunidades indígenas.
En este aparte, la demanda cita el artículo 7º del Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes (Ley 21 de 1991), que se refiere al derecho de los
grupos étnicos a tomar sus propias decisiones y a controlar su desarrollo
económico, social y cultural. Señala que la mejor forma de proteger ese derecho
es el respeto de sus espacios de participación efectiva en el Congreso, tal
como fue la intención del constituyente al crear las circunscripciones
especiales, con el fin de “garantizar la participación de las grandes
organizaciones étnicas en el Congreso de la República y no para que los grandes
partidos políticos cooptaran estos espacios”.
Que, si bien es cierto que en materia electoral prevalece
la voluntad electoral, en el presente caso “ésta aparece afectada, pues el
elector, al momento de sufragar, no estaba en la posibilidad de conocer los
límites constitucionales que operaban para que los postulantes pudieran
legítimamente inscribirse y participar en la circunscripción especial indígena
y mucho menos discernir que este espacio estaba siendo cooptado por partidos, movimientos
o grupos significativos de ciudadanos, ajenos a los intereses colectivos y
expectativas de los pueblos indígenas.”
d) Sujeción parlamentaria al régimen de partidos.
Advierte  que de acuerdo con la Ley 974 de 2005, los
partidos políticos deberán actuar con sujeción al régimen de bancadas, de
manera que las decisiones de sus integrantes quedarán sujetas a lo aprobado por
el movimiento al cual pertenecen. Que, por ello “se hace clara la sujeción
del parlamentario a los estatutos del partido o movimiento político, ya que
deben actuar en grupo y coordinadamente-actuación en bancadas-, sin que pudiera
en el caso sometido a examen constitucional “representar los intereses de los
grupos indígenas, dado que ello ocasionaría la violación del régimen de bancadas”.
Con fundamento en todo lo anterior, la demanda concluye que
“el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil
no velaron por los derechos de los indígenas, como les competía, dándoles
plenas garantías desde el momento mismo de la inscripción a partidos,
movimientos políticos, grupos significativos y candidatos, que se postularon a
través de la circunscripción especial.”
2. Respuesta de las entidades demandadas
2.1 Registraduría Nacional del Estado Civil.
La Registraduría Nacional del Estado Civil
interviene a través de la Directora de su Oficina Jurídica, para solicitar que
la acción sea negada, con base en los siguientes argumentos:
a) Normatividad vigente con relación a la
inscripción de candidaturas y otorgamiento de avales para las circunscripciones
especiales.
Indica que de acuerdo con los artículos 108 de
la Constitución Política (modificado por el Acto Legislativo 1 de 2003) y 9º de
la Ley 130 de 1994, los partidos y movimientos políticos son los nuevos
protagonistas del sistema electoral y sobre ellos recae la responsabilidad y el
derecho de inscribir candidatos a cargos de elección popular, ya sean
plurinominales o uninominales, “sin ningún requisito adicional a otorgar un
aval a sus miembros o aspirantes.”
Afirma que el artículo 176 de la Constitución
Política, modificado por el Acto Legislativo 03 de 2005, establece tres
circunscripciones electorales: (i) una territorial; (ii) una especial para
asegurar la participación de “los grupos étnicos y de las minorías
políticas”, la cual podrá elegir hasta cuatro representantes y (iii) una
internacional que elegirá un representante.
Refiere luego que la Ley 649 de 2001 y el Decreto 4767 de
2005 fijan el número de representantes para cada circunscripción electoral, que
en el caso de la circunscripción especial de los grupos étnicos y las minorías
políticas, está distribuido así: dos (2) para las comunidades negras, uno
(1) para las comunidades indígenas y uno (1) para las minorías. Cita otros
artículos de la misma ley y resalta el 2º, en el que se señala:
“ARTÍCULO
2o. CANDIDATOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. Los
candidatos de las comunidades indígenas que aspiren a ser elegidos a la Cámara
de Representantes por esta circunscripción deberán haber ejercido un cargo de
autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una
organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la
respectiva organización refrendado por el Ministerio del Interior.”
Advierte que en el caso de la circunscripción especial indígena
todos los candidatos inscritos cumplieron los requisitos señalados en el
artículo anterior.
b) Existencia de un concepto del Consejo
Nacional Electoral
Señala que para evitar diversas interpretaciones
en esa materia, el Registrador Delegado en lo Electoral elevó una consulta al
Consejo Nacional Electoral, en la cual se preguntó expresamente: “¿Pueden
los partidos y movimientos políticos inscribir listas para Cámara de
Representantes por circunscripción ordinaria y simultáneamente listas por
circunscripción especial de minorías políticas, negritudes, indígena y
circunscripción especial internacional?” Y frente a ese interrogante el
Consejo Nacional Electoral concluyó: “En lo que a las comunidades indígenas
respecta, al igual que para Senado, la Ley 649 de 2001, instaura un régimen de
calidades especiales para los candidatos que conformen la lista, pero igual que
se prevé para la cámara alta, no limita el derecho de postulación de
candidaturas a los partidos y movimientos, resultando aplicables los argumentos
vertidos con anterioridad.”
Afirma que de acuerdo con dicho concepto, quedó
claro que la normatividad vigente no excluye o discrimina la participación de
los grupos o movimientos políticos en la circunscripción especial indígena,
siempre que el respectivo candidato cumpla los requisitos exigidos por
la ley.
c) Inscripciones con el lleno de requisitos
legales
Indica que para el caso de las pasadas
elecciones, todos los candidatos aportaron “aval de partido o movimiento
político con personería jurídica y la respectiva REFRENDACIÓN suscrita por el
Director de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia certificando que
los ciudadanos avalados si pertenecían a una organización indígena”, con lo
cual se cumplían los requisitos exigidos en la Ley 649 de 2001.
d) Requisitos sustanciales para interponer una
acción de tutela y prueba de la vulneración de derechos fundamentales.
Indica que tanto las normas que establecen los
términos y condiciones para inscribir candidatos, así como la resolución que
fijó el Calendario Electoral, en el que se prevé las fases de inscripción de
candidatos, son actos de carácter general contra los cuales la tutela es
improcedente, tal como señala expresamente el artículo 6º del Decreto 2591 de
1991.
Resalta que tales normas son de carácter
impersonal y abstracto y que son ellas las que establecen los requisitos
existentes para participar en el debate electoral. Que, en esa medida, el
accionante no puede pretender que se desconozca la normatividad vigente y el
pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral y se ordene a la Registraduría
ejecutar “una acción que no está dentro de su órbita, en este caso, permitir
dejar sin efectos las inscripciones de ciudadanos dentro de los plazos y
requerimientos legales establecidos.”
Cita diversas sentencias de la Corte
Constitucional e indica que si bien el actor se refiere de forma genérica a
diversos derechos fundamentales, la realidad es que “en ningún momento la
situación en la que se inscribieron los candidatos al Congreso estuvo precedida
de una acción que vulnerara derechos fundamentales por parte de la entidad.”  Afirma
que en este caso el actor pretende por una vía equivocada “controvertir la
actuación de la RNEC, y de forma errónea alegando la violación de derechos
fundamentales con simples afirmaciones”.
Concluye que: (i) la actuación de la
Registraduría se sujetó a las normas vigentes y se limitó a cumplir su deber
constitucional y legal de inscribir los candidatos presentados por los
movimientos y partidos políticos que cumplían los requisitos legales; y (ii)
los partidos y movimientos políticos cuentan con la facultad de inscribir y
modificar las listas de candidatos inscritos hasta antes del vencimiento del
término fijado para tal fin, de conformidad con las normas vigentes”. Señala
que, por tanto, una decisión favorable al accionante “afectaría intereses de
carácter general, toda vez que estaríamos frente a un tratamiento de carácter
particular y privilegiado, que afectaría flagrantemente otro derecho
fundamental consagrado en nuestra Carta Política, TRADUCIDO EN EL DERECHO
FUNDAMENTAL DE IGUALDAD que poseen muchos ciudadanos que se acogieron a los
plazos y requerimientos definidos para inscripción de candidaturas, en las
elecciones de Congreso de 2006”.
2.2 Consejo Nacional Electoral
A través de su Asesora Jurídica y de Relatoría,
el Consejo Nacional Electoral intervino en el proceso y solicitó que la acción
se declarara improcedente, por cuanto se trata de un mecanismo transitorio y
excepcional, no paralelo a las instancias administrativas, ni adicional frente
a los mecanismos ordinarios de control.
Señala que en el caso concreto, el proceso de
inscripción de candidatos es un hecho superado, pues de acuerdo con el
calendario electoral el respectivo plazo venció el 7 de febrero de 2006, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 88 del Código Electoral, modificado por
el artículo 4º de la Ley 62 de 1988.
Considera que la orden de excluir los votos
obtenidos por los cuatro movimientos políticos diferentes al Movimiento Alianza Social Indígena -ASI- y al Movimiento Autoridades
Indígenas de Colombia -AICO, “es abiertamente
violatoria del derecho fundamental al debido proceso descrito en el artículo 29
de la Constitución Política, en tanto el procedimiento de escrutinios se
encuentra plenamente reglado por el Código Electoral, que prevé las taxativas
causales por las cuales proceden las reclamaciones y las consecuencias
puntuales de exclusión de mesas, para no contabilizar los votos depositados.”
Que, en tal sentido, el Consejo Nacional Electoral no podría extender su
función escrutadora a reclamaciones diferentes a las previstas en el artículo
192 del Código Electoral, tal como lo señaló el Consejo de Estado en la Sentencia
del 18 de febrero de 2005. Y que, en todo caso, lo cierto es que el accionante
no hizo solicitud alguna al momento de realizarse los escrutinios, por lo que
la reclamación por vía de tutela resulta, además de todo, extemporánea.
Afirma que el actor cuenta con mecanismos
judiciales adecuados para el control de los actos de elección y de sus
escrutinios, los cuales son eficaces para resolver la solicitud realizada por
el accionante, en el sentido de excluir los votos de algunos candidatos. Cita para
ello una sentencia del 12 de mayo del 2005 del Consejo de Estado, en la que se
señala que los actos administrativos no pueden ser controlados por vía de
tutela, sino a través de las acciones ordinarias ante la jurisdicción
contencioso administrativa.
Indica que la acción también es improcedente, si
se tiene en cuenta que el demandante no demostró ni concretó el perjuicio
irremediable, ni las circunstancias excepcionales previstas en el artículo 6º
del Decreto 2591 de 1991 para que la acción opere como mecanismo excepcional.
Advierte que además de lo anterior, al revisar
la controversia planteada por el demandante se observa que “la inscripción
de de listas de candidatos por partidos y movimientos políticos, en las
circunscripciones especiales del Senado y la Cámara de Representantes, no
afecta los derechos fundamentales que cita el actor.” En apoyo de tal
afirmación transcribe el Concepto No.125 de 2006 de la Sala Plena del Consejo
Nacional Electoral, en el que se concluye que los movimientos y partidos
políticos sí están habilitados para inscribir listas de candidatos tanto por la
circunscripción ordinaria, como por las circunscripciones especiales
(corresponde al mismo concepto al que ya se refirió la Registraduría Nacional
del Estado Civil).
Finalmente señala que: (i) no se ha desconocido
el artículo 40 de la Constitución Política, en cuanto la democracia es
participativa y garantiza el pluralismo; (ii) no se vulnera el artículo 93 de
la Constitución Política, en tanto que no existe ningún derecho fundamental en
entredicho. Y concluye entonces que se evidencia “la ausencia de razones
jurídicas válidas para invocar la protección a los derechos fundamentales
mediante esta acción de tutela, en cuanto el Consejo Nacional Electoral no ha
vulnerado derechos fundamentales  al Movimiento Alianza Social Indígena, ni a
la diversidad étnica y cultural, o a la participación y ejercicio del control
político”.
3. Intervención de personas citadas por el juez
de primera instancia como terceros con interés legítimo.
3.1 Orsinia Polanco Jusayú, candidata del Polo
Democrático Alternativo, elegida a la Cámara de Representantes por la
Circunscripción Especial de las Comunidades Indígenas.
Orsinia Polanco Jusayú, candidata elegida por la
Circunscripción Especial de las Comunidades Indígenas, interviene en el proceso
a través de su apoderado Yuris Mijailoth Uriana Ipuana, quien solicita que no
se acceda a la acción de tutela.
En primer lugar, responde uno a uno los hechos
de la demanda, con énfasis en las siguientes circunstancias:
(i)
No es cierto que el Polo
Democrático Alternativo no represente las reivindicaciones de los pueblos
indígenas, pues desde su fundación se ha caracterizado por reunir una
diversidad de sectores sociales, tales como las organizaciones de mujeres,
campesinos, afrocolombianos, sindicalistas, homosexuales, indígenas,
trabajadores, etc. Ello lo demuestra el hecho de que muchos indígenas son
miembros del Polo Democrático Alternativo (Lorenzo Muelas, Francisco Rojas
Birry, Gerardo Jumi, etc.).
(ii)
Los candidatos avalados por
los movimientos políticos contra los cuales el actor dirige su demanda, son
indígenas y reunieron los requisitos exigidos por los artículos 176 de la
Constitución Política y 2º de la Ley 649 de 2001 para ser candidatos a la
Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial Indígena, “lo cual
significa que sí representan los intereses y derechos de los pueblos
indígenas”.  Que, lo importante no son los partidos sino la calidad de los
candidatos, tal como sucede en este caso, ya que Orsinia Polanco Jusayú es “una
indígena Wayuu del Municipio de Uribia, Departamento de la Guajira, Resguardo
de la Alta y Media Guajira, miembro de la comunidad PETSUAPA, del clan JUSAYÚ,
quien acreditó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, con la
refrendación del Ministerio del Interior y de Justicia (Dirección de Etnias),
su condición de indígena líder de su comunidad y organización indígena desde el
año 1994”, condiciones que se adecuan a la Constitución y la ley.
(iii)
Que el hecho de que Orsinia
Polanco Jusayú no pertenezca al Movimiento Alianza Social Indígena -ASI- no
significa que no esté legitimada ni reconocida por los pueblos indígenas, ni
que pierda su pertenencia a dicha comunidades, a quienes puede representar
válidamente.
(iv)
Que la Ley 974 de 2005
permite un entendimiento distinto al que presenta el accionante, pues la
indígena Orsinia Polanco Jusayú podrá actuar con el apoyo del Polo Democrático
Alternativo en la defensa de los intereses de los pueblos indígenas, tal como
el mismo movimiento demandante lo ha hecho, “quienes también son un PARTIDO
POLÍTICO” y apoyaron a un candidato presidencial no indígena como Antanas
Mockus.
Respecto de los fundamentos jurídicos de la
demanda, señala que no se observa relación de causalidad entre los derechos
invocados en la demanda y las imputaciones del tutelante. Que la Constitución
Política se funda en la participación democrática y en la soberanía popular y
que en el caso de Orsinia Polanco Jusayú, ésta fue postulada por una
organización democrática y “el pueblo bajo su decisión soberana la eligió
como Representante por la Circunscripción Especial Indígena.”
Se refiere luego a la improcedencia de la acción
con base en los siguientes argumentos:
(i)
Por falta de comprobación
cierta de la vulneración de los derechos fundamentales invocados. Indica que el Movimiento Alianza Social
Indígena no ha demostrado “ni con hechos, ni con pruebas” tal
vulneración y, por el contrario, está acreditada la participación de varios
indígenas que representaron diversas etnias y movimientos políticos, en
igualdad de condiciones y con las mismas garantías constitucionales y legales.
Que en el proceso electoral de marzo de 2006 se garantizó la efectividad de los
derechos políticos, así como la diversidad étnica y cultural, pues todos los
candidatos indígenas tuvieron posibilidad de participar en condiciones de
igualdad.  Que en el caso concreto de la candidata del Movimiento Alianza
Social Indígena (ASI), Rosa Tulia Iguarán, las autoridades electorales
garantizaron su derecho de participación y ejercicio del control político,
permitiendo su inscripción como aspirante a la Cámara de Representantes por la
circunscripción especial indígena, “pero es el pueblo y las comunidades indígenas
mediante su voto, quienes ratifican y hacen efectivos aún más estos principios
y derechos constitucionales, y fueron quienes eligieron a ORSINIA POLANCO
JUSAYÚ, indígena Wayuu, como representante de sus derechos en el Congreso de la
República en la Cámara de Representantes.”
Indica que su elección como representante de la
circunscripción especial indígena se hizo en ejercicio del derecho de
participación, con respeto integral del ordenamiento constitucional y legal y
del derecho a la igualdad, en su condición de indígena, como parte de su
derecho a elegir y ser elegida, todo ello de acuerdo con el ordenamiento
interno y los convenios y tratados internacionales de derechos humanos y de
protección de las comunidades indígenas. Que “la Alianza Social Indígena
ASI, no es vocera única de los Pueblos Indígenas, porque de ser así, estaría
violando el principio constitucional de la pluralidad y diversidad étnica y
cultural, lo que sucede es que la ASI, como una organización
política, social e indígena, perdió las elecciones con otra candidata indígena
Wayuu que proviene de unas organizaciones regionales indígenas que no hacen
parte de la Alianza Social Indígena ni de la Organización Indígena de
Colombia ONIC y pretenden a toda costa, a través de demandas temerarias y
de hechos impertinentes e infundados conseguir su elección.” (negrillas
originales).
(ii)
Por la existencia de
otros medios de defensa judicial.
Señala que el actor reconoce que se debe demandar el acto de elección, lo que
indica “que efectivamente existe un medio de defensa judicial idóneo ajeno a
la tutela para hacer valer sus derechos supuestamente vulnerados.” Que, por
tanto, lo que busca la tutela es “que se declare la nulidad o dejar sin
valor las inscripciones de los candidatos que no hacen parte ni de AICO ni de
la ALIANZA SOCIAL INDIGENA  y que no se declare la elección de ORSINIA POLANCO
JUSAYÚ”, es decir, que por vía de este proceso se declare la elección de la
candidata ROSA TULIA IGUARAN, “situación que en verdad atentaría contra los
derechos fundamentales de la representante electa ORSINIA POLANCO JUSAYÚ, ya
que si el juez de tutela accede a las peticiones del accionante, se le estaría
violando el derecho fundamental al debido proceso, ya que existen otros medios
judiciales para acceder a sus pretensiones.”
Afirma que, en esa medida, las pretensiones de
la presente demanda corresponden a las propias de la acción de nulidad
electoral, la cual se debe presentar ante el Consejo de Estado para que sea
quien decidida lo que corresponda, de acuerdo con los procedimientos definidos
en la ley para el efecto. Que a través de dicha acción se puede revisar el
cumplimiento de los requisitos legales exigidos a los candidatos, la obtención
de los votos necesarios para ser elegido, la observancia de los procedimientos
de elección y la inexistencia de vicios en la votación, de forma que constituye
un mecanismo procesal idóneo dirigido a defender la legalidad y transparencia
del sistema democrático.
Reitera que el juez constitucional tiene una
competencia restringida, en el sentido de asegurar que no existen otros medios
de defensa judicial, pues su función no consiste en reemplazar a los jueces
competentes, a menos que se intente como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, “lo cual en este caso no se presenta, por cuando los
hechos, documentos y demás pruebas que obran en el expediente, no amerita dicho
perjuicio”.
(iii)
Por la inexistencia del
elemento “subsidiariedad”, al no haber identificación de la inminencia del
perjuicio. Indica que cuando
existen otros mecanismos de defensa, la tutela solamente opera como mecanismo
transitorio, cuando el actor está enfrentado a un perjuicio irremediable. Cita
diversas sentencias de la Corte constitucional y concluye que “tampoco podrá
prosperar la acción interpuesta, porque no se da el requisito de subsidiariedad
a que se refiere la Constitución y la Jurisprudencia Constitucional.”
3.2 Polo Democrático Alternativo
El Presidente del Polo Democrático Alternativo
concurre al proceso y solicita denegar las pretensiones de la demanda, debido a
que no hay evidencia de la violación de derechos fundamentales del accionante.
Señala además, que existen otros medios de defensa judicial idóneos para
impugnar el resultado del debate electoral, “en este caso la Acción
Electoral.”
Frente a los hechos de la demanda indica que:
a)
El Polo Democrático
representa diversos sectores sociales como las organizaciones de mujeres,
campesinos, afrocolombianos, homosexuales, indígenas, trabajadores, etc. En tal
sentido, “los partidos políticos son expresión de la participación
ciudadana” y la “traducción política de las demandas y necesidades que
surgen en cada una de las capas, sectores, estamentos, gremios que integran la
sociedad.”
b)
El Polo Democrático
Alternativo no es un partido extraño a los indígenas, pues sus programas los
incluyen y reivindican. De hecho, varios líderes indígenas forman parte del
Polo Democrático.
Advierte que la demanda carece de fundamentos
jurídicos y fácticos y que “no se observa relación de causalidad entre el
Derecho de Elegir y Ser Elegido, el de participación de los Partidos Políticos,
con las imputaciones elevadas por el tutelante.” Afirma que la Constitución
Política descansa en la participación democrática y en la soberanía popular y
que en el caso de la candidata indígena Orsinia Polanco Jusayú, su candidatura
es postulada por una Organización Política Democrática y el pueblo bajo su
decisión soberana la eligió como Representante a la Cámara por la Circunscripción
Especial Indígena, con la siguiente votación:
Total votos obtenidos
Partido y/o movimiento
27.869
Polo Democrático Alternativo
18.297
Alianza Social Indígena
7.961
Movimiento de Participación Comunitaria MPC
7.341
Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia
5.585
Movimiento Comunal y Comunitario de Colombia
3.343
Movimiento Únete Colombia
Concluye que la elección de Orsinia Polanco
Jusayú es el resultado de: (i) el libre ejercicio del derecho de participación;
(ii) el respeto integral al ordenamiento jurídico; (iii) la observancia del
derecho a la igualdad; (iv) el ejercicio pleno de los derechos a la diversidad
étnica y cultural; (v) la acción plena del derecho a elegir y ser elegido; (vi)
la acción plena de los derechos derivados de los tratados internacionales de
derechos humanos y de protección a las comunidades indígenas. Así, Orsinia
Polanco “representa a un Grupo Étnico y lo hace como Representante a la
Cámara por el Polo Democrático Alternativo.”
3.3 Movimiento de Autoridades Indígenas de
Colombia A.I.C.O.
El representante legal del Movimiento de
Autoridades Indígenas de Colombia A.I.C.O. intervino en el proceso y señaló: “Los
candidatos inscritos a la Circunscripción Especial Indígena de nivel Nacional
deben cumplir los requisitos exigidos en la Constitución y la ley, sin ningún
miramiento los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y
grupos significativos de ciudadanos pueden postular aspirantes para obtener las
curules. En consecuencia, se puede postular candidatos siempre y cuando cumpla
con los requisitos exigidos por la Constitución y la ley.”
3.4 Movimiento Comunal y Comunitario de Colombia
Este movimiento interviene en el proceso a
través de su representante legal y solicita que la acción de tutela sea
denegada. Inicialmente se refiere a los hechos de la demanda, frente a los
cuales señala:
(i) El Movimiento Comunal y Comunitario de
Colombia es una organización de origen social y solidario, pluralista,
multicultural y multiétnica; que tiene entre sus principios el de “Inclusión
de las diferentes razones políticas, religiosas, económicas, sociales,
culturales, raciales, étnicas y de género (Art.6 numeral 4º de los Estatutos)”;
su cobertura se extiende a todo el territorio nacional y “propende por el
acceso de los dirigentes comunales y sociales a los cargos de elección popular
como puntos de apoyo en la construcción de un Estado Social de Derecho (Art.2
de los Estatutos).”  En esa medida, no es un movimiento extraño a los
derechos y reivindicaciones de los pueblos indígenas.
(ii) Los candidatos avalados por los partidos y
movimientos políticos que se presentaron para la circunscripción especial de
que trata la demanda, tenían la calidad de indígenas y reunían los requisitos
exigidos por la Constitución (art.176) y por la Ley 649 de 2001 (art.2), “lo
cual significa que sí representan los intereses y derechos de los pueblos
indígenas y por tal razón la Registraduría Nacional del Estado Civil, los
aceptó como tal y procedió a su inscripción.”
(iii) Lo importante no son los partidos o
movimientos políticos, sino la calidad de los candidatos. En el caso del
Movimiento Comunal y Comunitario de Colombia, su candidato Fredy Romeiro Campo
Chicangana, es indígena líder del Resguardo Yanacona, condición que se acreditó
ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y avaló el Ministerio del
Interior y de Justicia, Dirección de Etnias.
(iv) La reclamación a que se refiere el hecho
cuarto de la demanda (reclamación del Movimiento de Participación Comunitaria
MPC por cambios en el tarjetón electoral), no guarda relación con este proceso,
pues ella se refiere a un hecho técnico completamente distinto que no afecta
los derechos fundamentales de los candidatos.
(v) La pretensión del actor, de atacar unas
inscripciones y la elección de un candidato, debe hacerse ante la jurisdicción
en lo contencioso administrativo, pues el hecho de que la persona elegida no
pertenezca a la Alianza Social Indígena ASI, no la deslegitima como indígena
para actuar en representación de su pueblo.
Luego de lo anterior se refiere a los
presupuestos fácticos y jurídicos de la acción de tutela y advierte que la
misma es improcedente por falta de vulneración cierta de derechos
fundamentales, en la medida que se respetó la participación de los pueblos
indígenas (todos los candidatos de la circunscripción especial lo eran) y se
observaron los principios de participación, pluralidad y protección de los
grupos minoritarios, así como los de ejercicio y control del poder político.
Indica que la acción también es improcedente al
existir otros medios idóneos de defensa, tal como lo reconoce la demanda al
señalar que lo pertinente es ejercer la acción electoral. Que, en esa medida,
la acción de tutela pretende obtener la nulidad de un acto de elección y
provocar uno sustitutivo que permita la designación de la candidata de la
Alianza Social Indígena Rosa Tulia Iguarán, lo cual es competencia exclusiva de
la jurisdicción contencioso administrativa. Que, como ha dicho la Corte, la
tutela no es un recurso adicional y no desplaza las competencias ordinarias de
las demás autoridades judiciales.
Señala que la acción electoral asegura la
constitucionalidad y legalidad de las decisiones tomadas por los cuerpos electorales,
pues en ella se puede verificar que el elegido cumple los requisitos exigidos
por la ley, que ha obtenido el número de votos exigidos para el efecto, que se
respetaron los procedimientos electorales y que no existen hechos externos que
vicien la legitimidad de la elección (fraude o violencia).
Añade como aspecto final, que “no se está
poniendo en riesgo ni en peligro derecho fundamental alguno que pueda causar un
perjuicio irremediable, por lo menos, el accionario, sumariamente, no la ha
demostrado.” Que, por tanto, no existe el elemento de subsidiariedad, al no
haber inminencia de un perjuicio irremediable.
3.5 Casimiro Cabrera Rodríguez - Movimiento de
Participación Comunitaria MPC
Casimiro Cabrera Rodríguez, candidato del
Movimiento de Participación Comunitaria MPC, manifiesta que comparte la
solicitud del numeral 3º de la demanda, en el sentido de abstenerse de declarar
la elección de Orsinia Polanco Jusayú, aun cuando se opone a las otras
peticiones del actor (en cuanto a contabilizar únicamente los votos de los
Movimientos Alianza Social Indígena –ASI- y Autoridades Indígenas de Colombia
-AICO-), “porque atentaría contra los derechos fundamentales de igualdad y
libertad entre la pluriculturalidad que reina en COLOMBIA.”
Indica que es cierto que participó en las
elecciones como candidato del Movimiento de Participación Comunitaria MPC, por
la circunscripción especial indígena, “siendo miembro activo del grupo
étnico COCAIMA del Departamento de Amazonas.” Que no es cierto que
organizaciones como la suya hayan cooptado indebidamente los espacios de las
comunidades indígenas, pues una de las razones fundamentales del derecho a
elegir y ser elegido en la democracia es su carácter participativo y no
excluyente, es decir, integrador, intercultural y multicultural, en donde los
indígenas que aspiren a ser elegidos por la circunscripción electoral deben
cumplir y acreditar los requisitos previstos en la ley.
Señala que es cierto que presentó reclamación
ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral
y la Procuraduría General de la Nación, debido al cambio de la tarjeta
electoral, pues en la que se entregó a los electores no figuraba el número
203 que identificaría a todos los candidatos de la circunscripción especial
indígena y con base en lo cual se hizo propaganda ante los electores. Que, por
ello, el día de las elecciones se presentaron serias irregularidades “que
condujeron a que la mayoría de los electores, aún del mismo MPC, fueran
confundidos en el momento de votar, o que habiéndolo hecho resultaran nulos
dichos sufragios porque al registrar de puño y letra el número 203, que
misteriosamente no apareció en los tarjetones de la RNEC, fueron finalmente
contabilizados como NULOS, por sospechosa decisión de la REGISTRADORA, tal como
ha sido oportunamente denunciado ante las autoridades electorales del país, sin
que a la fecha exista pronunciamiento oficial respecto de este fundamental
atropello electoral.”
Considera que más allá de las afirmaciones de la
demanda sobre las declaraciones que hubiera dado a la prensa la candidata
elegida Orsinia Polanco Jusayú,  lo importante sería verificar que dicha
persona reúne los requisitos exigidos en el artículo 2º de la Ley 649 de 2001,
referente a haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva
comunidad o haber sido líder de la misma.
Afirma que la Alianza Social Indígena ASI no
tiene potestad de atribuirse la representación de los derechos de los pueblos
indígenas, ya que en Colombia son más de 98 comunidades, conformadas y
distribuidas en todo el territorio nacional, las cuales están organizadas en
diversos movimientos con personería jurídica. Que, por tanto, no entiende
porque “el ASI quiere discriminar a los otros participantes indígenas en su
libre empeño de acceder a las curules mencionadas y tomarse la vocería de la
parte social y la violación de los derechos humanos.”
4.      Decisiones judiciales objeto de revisión
4.1. Primera Instancia: Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca – Sala Jurisdiccional Disciplinaria
En sentencia del dieciséis (16) de junio
del año dos mil seis (2006), la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura declaró improcedente la acción y denegó el amparo
constitucional solicitado, en la medida que la tutela resultaba extemporánea.
Sostiene que el proceso de inscripción de candidatos venció el 7 de febrero de
2006 y, por ende, no es válido que el accionante haya guardado silencio en ese
momento y posteriormente frente al tarjetón electoral, reaccionando solamente
frente a los resultados de las jornadas electorales.
Considera también que la acción de tutela no es
el medio para obtener la exclusión de votos de determinados candidatos o grupos
políticos y, por esa vía, lograr la elección de un candidato distinto al
elegido popularmente, pues para tales efectos se pueden hacer las reclamaciones
pertinentes ante el Consejo Nacional Electoral y acudir posteriormente a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo. Que, de lo contrario, se
desconocería la voluntad y la confianza de los electores en las respectivas
votaciones.
Transcribe una gran parte de la Sentencia T-737
de 2005, M.P. Álvaro Tafur Gálvis, y señala que con ella se responden gran parte
de los planteamientos hechos por los intervinientes sobre el alcance de la
protección dada por la Constitución Política y los tratados internacionales a
la diversidad étnica y cultural y al derecho de participación de las
comunidades indígenas en las decisiones que los afectan, lo cual no se extiende
a la tutela de los derechos invocados por el accionante.
Hace notar que la Registraduría Nacional del
Estado Civil actuó con base en un concepto del Consejo Nacional Electoral que
avaló expresamente la participación de los grupos o movimientos políticos en la
circunscripción especial indígena y concluye que, “no sólo por lo
extemporánea de la acción, sino porque no se vislumbra la violación de derechos
fundamentales en los actos futuros a realizar por las accionadas con base en
los resultados electorales, que será declarada improcedente y se denegará la
acción, respectivamente.”
4.2 La impugnación
En su impugnación, el Movimiento Alianza Social
Indígena -ASI- señala que si bien la inscripción de candidatos ante la
autoridad electoral hace parte de las actividades preparatorias del debate
electoral, la misma no contiene como tal una decisión concreta y expresa de la
Administración (que haría improcedente la acción al existir otra vía), de
manera que el juez constitucional debe examinar si ese acto preparatorio “tiene
la virtud de definir una situación especial y sustancial dentro de la actuación
electoral, que en alguna manera se proyecte en la declaración de la elección y,
por consiguiente, sea susceptible de ocasionar la vulneración o amenaza de
violación de un derecho constitucional fundamental, en cuyo caso la acción de
tutela, tal como ocurre en el caso somerito a examen, es procedente.”
Advierte que el Consejo de Estado ha reiterado
que la inscripción de candidatos es un acto de trámite no susceptible de
control administrativo o judicial, por cuanto lo que se controvierte es el acto
que declara la elección. De tal surte que “esta clase de actos no son
susceptibles de acción contenciosa administrativa y, en tal virtud, no existe
medio alternativo de defensa judicial que pueda ser utilizado para atacar los
derechos fundamentales vulnerados o amenazados, por lo que la tutela es
procedente.” Que, por ello, la acción se presentó antes de que se produjera
el acto definitivo que declara la elección.
Señala que se opone a las conclusiones del
concepto emitido por el Consejo Nacional Electoral al que se refieren varios de
los intervinientes y la sentencia impugnada, y que por el contrario invoca el
salvamento de voto del Magistrado del Consejo Nacional Electoral Roberto Rafael
Bornacelli Guerrero a la Resolución No. 847 del 26 de mayo de 2006, por medio
de la cual se declaró la elección de la Representante a la Cámara por la
Circunscripción Especial Indígena, señora Orsinia Polanco Jusayú. En dicho
salvamento de voto, que se adjunta a la impugnación, se señala que los partidos
políticos no pueden inscribir candidatos a la circunscripción especial
indígena, pues de acuerdo con la Constitución dicho espacio es para las
comunidades indígenas, exclusivamente.
El impugnante considera que la decisión del juez
de tutela “vacía el contenido material de la Circunscripción Nacional
Especial, que fuera instituida para asegurar la participación de los grupos
indígenas, comunidades negras y minorías políticas, al darle cabida a todos los
actores políticos, sin diferenciación de trato, sin atender a los elementos
objetivos, esto es, la existencia de rasgos culturales y sociales compartidos
por los miembros del grupo, que les diferencien de los demás sectores sociales;
y subjetivos, esto es, la existencia de una identidad grupal que lleve a los
individuos a asumirse como miembros de la colectividad en cuestión, como lo
puso de presente la Corte Constitucional en Sentencia C-169 del 14 de febrero
de 2001.”
Así, solicita que se proteja la representación
de los pueblos indígenas, “impidiendo que pueda ser cooptada por la agenda
política de partidos y movimientos que deben actuar sujetos al régimen de
bancadas.”
4.3. Solicitud de confirmación del fallo de
primera instancia.
El apoderado de Orsinia Polanco Jusayú
interviene nuevamente en el proceso y solicita confirmar la decisión del
Consejo Seccional de la Judicatura, para lo cual reitera que: (i) No hay
comprobación cierta de la vulneración de derechos fundamentales, pues ni su
representada ni las entidades tuteladas desconocieron garantía alguna del
demandante; (ii) Existen otros medios de defensa judicial, pues una vez
expedido el acto de elección el pasado 25 de mayo de 2006, el demandante pudo
intentar la acción electoral, ya que las pretensiones de la acción de tutela
(anular una elección y obtener la declaratoria de otra), corresponden,
precisamente, al objeto de dicho proceso. Advierte que el 11 de julio de 2006,
uno de los dos apoderados del accionante en esta tutela, radicó ante el Consejo
de Estado, Sección Quinta, acción de nulidad electoral contra la declaratoria
de elección del Orsinia Polanco Jusayú, por los mismos hechos y pretensiones
que se debaten en este expediente, lo que ratifica la improcedencia de la
acción; (iii) No existen elementos de subsidiaridad que justifiquen la tutela
como mecanismo transitorio, pues no se está ante la inminencia de un perjuicio
irremediable.
Reitera que en la demanda el actor afirmó que no
podía ejercer la acción electoral porque no se había expedido el acto de
elección, pero que como esto ya sucedió y la acción se presentó, la tutela
resulta improcedente.
4.4 Segunda Instancia: Consejo Superior de la
Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
En primer lugar advierte que la acción sí es
procedente en la medida que al momento de interponerse la tutela, solamente se
habían expedido actos preparatorios frente a los cuales no existían otros
medios de defensa judicial. Y porque, además, si bien existe la acción
electoral y la posibilidad de solicitar la suspensión provisional del acto
demandado, tales mecanismos son ineficaces frente a lo pretendido por el actor,
especialmente si se tiene en cuenta que el derecho invocado sólo puede ser
ejercido durante el respectivo periodo constitucional. Que un caso similar ya
había sido estudiado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-778 de 2005,
en el que se ratificó para estos eventos la procedencia de la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
No obstante lo anterior y luego del estudio de
fondo de la demanda, considera que el amparo solicitado debe ser negado. En
primer lugar cita los artículos 1º, 2º, 7º, 13, 40 y 176 de la Constitución
Política y 1º y 2º de la Ley 649 de 2001 y señala que una interpretación
sistemática de tales normas no deja duda que se debe partir del carácter
pluralista y participativo del Estado Colombiano, del respeto a la diversidad
étnica y cultural y del derecho de las personas de participar en las decisiones
que las afectan. Advierte que la Constitución protege el derecho a la igualdad
material y ordena adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados,
como sucede en el caso de los indígenas, quienes deben tener la posibilidad
real de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.
Señala que frente a los indígenas, por tratarse
de una minoría históricamente maltratada e ignorada, “se abren los espacios
de participación en las decisiones que les atañen como integrantes de la Nación
Colombiana, en el entendido que tienen absoluto derecho a hacer valer sus
propios intereses y por ende a hacer valer su voz y voto al interior de los
organismos encargados de delinear las políticas que marcan el futuro del país,
de sus instituciones y sus gentes…”
Sostiene que no obstante lo anterior, la
protección ha sido mínima y la ley sólo exige que el candidato de la
circunscripción especial sea miembro de una comunidad indígena y haya sido
líder de la misma o ejercido algún cargo de autoridad dentro de ella. Que, “de
cara al querer de la comunidad indígena en general, ninguna protección se
brinda, especialmente cuando no se ha establecido mecanismo alguno de
concertación, ni se propende porque ciertamente prevalezca la voluntad
mayoritaria indígena, con un verdadero censo indígena, con movimientos o
partidos nacidos de su seno, de suerte que sin injerencia extraña ejerzan su
derecho al voto y con él, el de participación política propia con estricto
apego a la voluntad democrática y mayoritaria para elegir la curul (una) que se
les ha reservado.”
Concluye que la actuación de las entidades
accionadas “se ha ceñido ciertamente a lo que establece la Ley 649 de 2001,
pues sus escasos requisitos fueron cumplidos por quienes se inscribieron como
aspirantes a Representantes, por ende, habiendo actuado conforme a derecho, no
es dable considerar que en su actuación incurrieron en vías de hecho
administrativas, lo cual desde ya se enuncia, comporta que el amparo
constitucional ha de ser denegado.”
Considera que frente al vacío legal no puede
actuar el juez de tutela, lo cual no obsta para advertir al legislador que debe
tomar medidas efectivas para evitar que el derecho de acceso a las
corporaciones públicas por parte de los pueblos indígenas se vea burlado, pues “basta
que un partido o movimiento político acoja a un indígena, pudiendo fácilmente
convertirlo en un vocero al servicio de ese movimiento y no del interés general
de la comunidad indígena, más hoy, cuando por la Ley de Bancadas, éste se
encuentra atado al querer de dicho partido o movimiento.” Que, así mismo,
podría darse el caso de que un indígena con poca representación de su
comunidad, sea elegido por el apoyo o aval de un determinado movimiento
político, por encima de la voluntad general de su comunidad.
Con base en lo anterior modifica la decisión de
instancia, “para determinar que únicamente se niega el amparo solicitado.”
5.  Pruebas
5.1 Aportadas por el demandante.
a. Tarjeta Electoral para la votación a la Cámara
de Representantes del 12 de marzo de 2006. En la segunda sección del tarjetón -Voto
para Cámara de Representantes Circunscripción Especial Comunidades Indígenas-,
aparece una casilla destinada al voto en blanco y seis más para los siguientes
movimientos políticos: Únete Colombia, Movimiento Autoridades Indígenas de
Colombia AICO, Movimiento de Participación Comunitaria MPC, Movimiento Político
Comunal y Comunitario de Colombia, Movimiento Alianza Social Indígena ASI y
Polo Democrático Alternativo. (folio 15 cuad.1)
b. Copia de comunicación del 24 de marzo de 2006
suscrita por diversas personas y dirigida al Polo Democrático Alternativo, en
la que se solicita explicación del aval dado por ese partido a la candidata
Orsinia Polanco Jusayú. (folios 16-18 cuad.1)
c. Copias informales de un documento de 5 hojas
que según el accionante corresponde a una entrevista periodística realizada a
Orsinia Polanco Jusayú. (folios 19-22 cuad.1)
d. Copia del salvamento de voto del Magistrado
del Consejo Nacional Electoral Roberto Rafael Bornacelli Guerrero a la
Resolución No.847 del 24 de mayo de 2006, mediante el cual dicho magistrado se
separó de la decisión mayoritaria de declarar la elección de Orsinia Polanco
Jusayú como Representante a la Cámara por la circunscripción especial indígena
(aportada con la impugnación, folios 205-208 cuad.1).
5. 2 Aportadas por la Registraduría Nacional del
Estado Civil
a. Copias del Formulario E-6CI, del Documento de
Aceptación, del Certificado de Refrendación de la Dirección de Etnias del
Ministerio del Interior y de Justicia (sobre la condición de indígenas de los
aspirantes y su pertenencia a una comunidad indígena, así como los cargos
ejercidos en ésta) y del aval del correspondiente partido, que sirvieron de sustento
a la inscripción de los candidatos Álvaro Corpus Pito (Movimiento Únete
Colombia), Casimiro Cabrera Rodríguez (Movimiento de Participación Comunitaria
MPC), Fredy Romeiro Campo Chicangana (Movimiento Comunal y Comunitario de
Colombia) y Orsinia Polanco Jusayú (Polo Democrático Alternativo). (folios
49-68 cuad.1)
b. Copia de concepto del 23 de enero de 2006 del
Consejo Nacional Electoral, en el que responde una consulta presentada por el
Delegado en lo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se
concluye que sí es posible que los partidos y movimientos políticos inscriban
listas a la Cámara de Representantes por la circunscripción ordinaria y
simultáneamente para la circunscripción especial indígena. (folios 69-80
cuad.1)
5.3 Aportadas por Orsinia Polanco Jusayú
a. Fotocopia de certificación expedida por la
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Aneswakuipa de la zona Kauwamana
sobre la condición de líder indígena de Orsinia Polanco Jusayú, así como de su
refrendación por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de
Justicia. (folio 102 y 104 cuad.1)
b. Fotocopia de certificación expedida por la
Autoridad Tradicional de la Comunidad Indígena de Petsuapá. (folio 103 cuad.1)
c. Copia de la demanda electoral presentada por
el señor Carlos Mario Isaza Serrano (uno de los dos apoderados del demandante
en la acción de tutela), contra la Resolución 0847 del 24 de mayo de 2006 del
Consejo Nacional Electoral, mediante la cual se declaró la elección de la
señora Orsinia Polanco Jusayú, así como del auto admisorio de la demanda
(copias aportadas al solicitar que se confirmara el fallo de primera instancia
– folios 24-43 cuad.2)
5.4. Aportada por el Polo Democrático
Alternativo
Reproducción  de los Estatutos y Programa del
Polo Democrático Alternativo. (folios 109-131 cuad.1)
5.5 Aportadas por el Movimiento Comunal y
Comunitario de Colombia.
a. Fotocopia de la refrendación del Ministerio
del Interior y de Justicia de la certificación expedida por el Gobernador del
Resguardo Indígena Yanacona respecto de la condición de líder indígena del
señor Fredy Romeiro Campo Chicangana. (folio 144 cuad.1)
b. Certificación del Consejo Nacional Electoral
de la personería jurídica del Movimiento Comunal y Comunitario de Colombia.
(folio 145 cuad.1)
c. Estatutos del Movimiento Comunal y
Comunitario de Colombia. (folios 148-162 cuad.1)
5.6 Aportadas por Casimiro Cabrera Rodríguez del
Movimiento de Participación Comunitaria MPC
a. Comunicación del 13 de marzo de 2006,
mediante la cual Casimiro Cabrera Rodríguez solicita a la Registraduría
Nacional del Estado Civil explicación sobre la eliminación en la tarjeta
electoral del número 203 asignado a todos los candidatos de la circunscripción
especial indígena y también sobre la razón de anulación de votos para dicha
circunscripción. (folios 168-169 cuad.1)
b. Reclamaciones del 21 y 22 de marzo de 2006
ante la Comisión Nacional Escrutadora y la Comisión Distrital Escrutadora, por
la eliminación del número 203 asignado a los candidatos de la circunscripción
especial indígena. (folios 170 y 171 cuad.1)
5.7. Decretadas por el juez de tutela en el
trámite de la impugnación.
Por solicitud del Magistrado Ponente del proceso
en el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral remitió
al proceso copia de la Resolución 0847 del 24 de mayo de 2006, mediante la cual
se declaró la elección de la señora Orsinia Polanco Jusayú, que incluye: (i)
una aclaración de voto del Magistrado Marco Emilio Hincapié (por haberse
utilizado el sistema de mayoría simple y no el de cifra repartidora, aunque el
resultado de la elección no cambiara); un salvamento de voto parcial del
Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo (respecto de la forma en que fue decida
una solicitud de recuento de votos); y un salvamento de voto del Magistrado
Roberto Rafael Bornacelli Guerrero (en cuanto se permitió que en la
circunscripción especial indígena participaran partidos y movimientos políticos
que también lo hicieron en la circunscripción ordinaria).
II.      CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.   Competencia
Esta Sala es competente para revisar las
providencias de tutela antes reseñadas, con base en la Constitución Política
(arts. 86 y 241-9), en concordancia con el Decreto 2591 de 1991 (arts. 33 al
36), así como en el Auto de fecha veintiséis (26) de octubre de 2006 de la Sala
de Selección Número Diez (10) de esta Corporación.
2.   Materia sometida a revisión
El demandante,
Movimiento Alianza Social Indígena -ASI-,  instaura acción de tutela
contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado
Civil, por haber permitido la inscripción a las elecciones al Congreso
de la República del 12 de marzo de 2006, por la circunscripción especial
indígena de la Cámara de Representantes, de cuatro (4) candidatos indígenas que
se presentaron en nombre de movimientos políticos, que a su juicio, son ajenos
a los intereses y reivindicaciones de las comunidades indígenas. Señala que la
tutela se presenta contra los actos de inscripción de los referidos
candidatos, como actos previos y de trámite, frente a los cuales no
existe otro medio de defensa judicial. Advierte que si bien contra el acto de
elección procede “la acción de nulidad electoral”, aquél no había sido
expedido al momento de presentar la demanda (1º de junio de 2006), por
lo que se encuentra dentro del límite temporal para interponer la acción de
tutela contra los actos de trámite atacados.
Consecuencia de lo
anterior solicita: (i) Que se ordene a la Registraduría Nacional del Estado
Civil dejar sin valor ni efecto las inscripciones de los candidatos de
los movimientos que no tienen representatividad ni origen en los pueblos
indígenas: Únete Colombia, Movimiento de Participación Comunitaria MPC,
Movimiento Político Comunal y Comunitario de Colombia y Polo Democrático; (ii)
Que se ordene al Consejo Nacional Electoral escrutar exclusivamente los votos
obtenidos por los movimientos políticos que a su juicio son representativos de
las comunidades indígenas: Autoridades Indígenas de Colombia -AICO- y Alianza
Social Indígena -ASI-; (iii) Que se ordene al Consejo Nacional Electoral
abstenerse de declarar la elección de la señora Orsinia Polanco Jusayú, quien
obtuvo la mayor votación por la circunscripción especial indígena y quien se
presentó a las elecciones en nombre del Polo Democrático Alternativo.
Las entidades demandadas y varios de los
terceros intervinientes señalan como fundamento central de sus argumentaciones
que la acción es improcedente por existir otro medio de defensa judicial, ya
que las pretensiones de la demanda corresponden a las propias del proceso
electoral, el cual constituye un medio eficaz para la protección de los
derechos que el demandante considera vulnerados. Así mismo, algunos de los
intervinientes afirman que la acción fue presentada cuando ya se conocían los
resultados electorales y a pesar de que la inscripción de los candidatos había
finalizado desde el 7 de febrero de 2006.
La Registraduría Nacional del Estado Civil
indica además que la inscripción de candidatos se hizo previa verificación, en
cada caso, de los requisitos previstos en el artículo 2º de la Ley 649 de 2001
(indígenas que han sido líderes de una organización indígena o han ejercido
cargos de autoridad en su comunidad) y previo concepto del Consejo Nacional
Electoral sobre la posibilidad de que los candidatos indígenas que se
presentaran por la circunscripción especial indígena estuvieran avalados por partidos
políticos, en la medida que de acuerdo con la ley, lo importante son las
calidades del candidato y no su pertenencia a un determinado movimiento o
partido político.
La candidata electa (hoy parlamentaria de la
Cámara de Representantes), Orsinia Polanco Jusayú señala que es una indígena
Wuayuu líder de su comunidad durante muchos años, debidamente certificada por
la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia y que, por
tanto, cumple los requisitos exigidos en la ley para representar a las
comunidades indígenas. Considera que su pertenencia al partido Polo Democrático
Alternativo no le resta legitimidad para representar a su comunidad y ser
candidata por la circunscripción especial indígena. Afirma que dejar sin efecto
su elección por vía de una acción de tutela, cuando el demandante tiene un
medio de defensa judicial efectivo para discutir el acto de elección,
representaría una vía de hecho en su contra y desconocería su derecho a ser
elegida y la voluntad popular expresada en la votación de las pasadas
elecciones parlamentarias.
Finalmente, así como lo indican también otros de
los terceros intervinientes, Orsinia Polanco Jusayú señala que el Movimiento
Alianza Social Indígena -ASI- no puede atribuirse la vocería exclusiva de una
multiplicidad de grupos nativos distribuidos a lo largo del territorio
nacional, de forma que debe garantizarse la participación de indígenas que no
necesariamente se identifican con el proyecto político de dicho movimiento,
pero que, en todo caso, cumplen los requisitos exigidos en la ley para
representar a sus respectivas comunidades.
De acuerdo con lo anterior, el presente caso
plantea un problema de fondo relacionado con la circunscripción especial
indígena, en cuanto a si en ella pueden participar partidos o movimientos
políticos que pertenecen a otras circunscripciones (en especial a la
territorial) o si aquélla está reservada, con carácter excluyente, para las
comunidades indígenas.
Empero, la Corte debe revisar previamente si la
acción es procedente y si fue presentada oportunamente. Frente a lo primero
(procedencia) debe determinar si dada la existencia del proceso electoral, la
acción de tutela puede intentarse para dejar sin efecto la inscripción de
candidatos a elecciones populares y para obtener el escrutinio de votos a favor
de determinados aspirantes con exclusión de otros. Frente a lo segundo
(oportunidad) la Sala debe establecer cómo se aplica el requisito de inmediatez
cuando la demanda se dirige contra actos de trámite que forman parte de una
actuación administrativa.
3. Aspectos previos sobre la procedencia de la
acción y su inmediatez
Las entidades demandadas y algunos de los
terceros intervinientes aducen que más allá de la discusión del cumplimiento o
no de los requisitos legales por parte de la candidata electa, la acción de
tutela es improcedente, además de haberse presentado extemporáneamente
(incumplimiento del principio de inmediatez).
Lo primero, porque a su juicio las pretensiones
del Movimiento Alianza Social Indígena -ASI- corresponden a las propias
de una acción electoral, ya que a pesar de invocar irregularidades en algunos
actos de trámite (inscripción de candidatos), lo que realmente se persigue es
dejar sin efecto el acto definitivo de elección de la candidata Orsinia Polanco
Jusayú, para obtener en su reemplazo la declaratoria de elección de quien
representaba a dicho movimiento en las respectivas elecciones (Rosa Tulia
Iguarán). Así, demandados e intervinientes indican que el acto de elección está
contenido en la Resolución 0847 del 24 de mayo de 2006 y que, como el
mismo demandante reconoce, contra ésta puede intentarse la acción electoral, lo
que hace improcedente la tutela.
Lo segundo, porque consideran que mientras la
inscripción de candidatos venció el siete (7) de febrero de 2006, la
acción sólo se presentó hasta el 1º de junio de 2006, es decir, cuando
luego de varios meses, ya se habían realizado las elecciones (12 de marzo de
2006) y se conocía el resultado electoral.
El juez de primera instancia concluyó que la
demanda era extemporánea porque a pesar de que la inscripción de candidatos
venció el 7 de febrero de 2006, el demandante presentó su tutela el 1º de junio
de 2006, después de cumplidas las elecciones y realizados los correspondientes
escrutinios. El juez de segunda instancia, si bien negó la tutela, consideró
que el demandante tenía razón respecto de la procedencia de la acción, en la
medida en que al momento de interponerse “no se había emitido aún la
declaratoria de elección de los miembros de la Cámara de Representantes” y,
por ende, “contra los actos preparatorios que por entonces se surtían, no
procedía mecanismo ordinario de defensa judicial alguno”. Estimó que frente
a las pretensiones del actor de dejar sin efecto la inscripción de algunos
candidatos y excluir los votos depositados a su favor, la acción electoral no
era un medio eficaz y que el presente caso era similar al estudiado en la
Sentencia T-778 de 2005, en la que se consideró procedente la acción de tutela
por el perjuicio irremediable que se presenta cuando se trata del ejercicio de
cargos de elección popular sujetos a términos específicos para su ejercicio.
Lo anterior, lleva a la Corte a revisar la
eficacia de la acción electoral para la protección de los derechos a elegir y
ser elegido, en este caso referidos a la participación de las comunidades
indígenas. Además, debe examinar los mecanismos de control judicial de los
actos preparatorios o de trámite y cómo se aplica frente a ellos el principio de
inmediatez de la acción de tutela.
3.1. La acción electoral como mecanismo de
defensa judicial para la discusión de los actos electorales definitivos y de
trámite.
En la sentencia T- 510 de 2006[1],
la Corte tuvo oportunidad de referirse con detenimiento a la acción electoral
como mecanismo de control judicial de los actos electorales. Allí se indicó que
el derecho de elegir y ser elegido (artículo 40 C.P.)
se integra a los principios democráticos que fundamentan nuestro ordenamiento
superior y forma parte del conjunto de garantías fundamentales de la persona. [2]
Se señaló que en la medida que ese derecho es expresión del concepto de
democracia participativa, más amplio y moderno que el de la democracia
representativa[3], el voto ciudadano
cobra una especial importancia y dimensión, como manifestación de la libertad
individual y facultad de acceder a los medios logísticos e informativos
necesarios para participar en la elección de los gobernantes.
Igualmente se expresó que el derecho de elegir y
ser elegido no puede interpretarse de manera aislada del conjunto de mecanismos
de participación y control previstos en la propia Constitución y en la
ley, pues su ejercicio precisa igualmente de formas y condiciones previamente
establecidas en la Constitución y la ley (inscripción, fechas de escrutinios,
uso de la tarjeta electoral, forma de presentar reclamaciones, mecanismos de
control judicial, etc.), que deben ser observadas tanto por los ciudadanos en
general, como por quienes aspiran a ser elegidos.[4]
Se aclaró especialmente que una de las manifestaciones
constitucionales del derecho de todo ciudadano de participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político, es, precisamente, la
facultad de “interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de
la ley” (art.40 num. 6 C.P.), que en materia electoral se concreta en los artículos 215 y siguientes del Código Contencioso
Administrativo, por medio de los cuales se establece un procedimiento judicial
para el control de los actos de elección y nombramiento.
En este sentido se recordó que el proceso
electoral está basado en el carácter público de
la acción, que permite que quien se considere afectado con el acto de elección,
pueda actuar como demandante o interviniente, bien para la defensa del interés
general y de la pureza del sufragio o bien para buscar la protección de su
interés particular como partido o candidato no elegido.[5]
Con base en ello se concluyó que la
participación de cualquier persona como demandante o interviniente, la variedad
de causales de nulidad previstas en el artículo 223 del Código Contencioso –a
las que se pueden sumar las genéricas de anulación de todo acto administrativo[6]-,
la posibilidad de discutir no sólo el acto de elección sino los actos previos y
los que resuelven reclamaciones en vía administrativa[7],
y en general, las características mismas del proceso electoral, hacen que éste
sea el ámbito natural e idóneo “de discusión de los derechos del
aspirante no elegido, del elector cuyo voto no es respetado o el de
cualquier persona que en ejercicio de sus derechos ciudadanos se encuentre
interesada en la defensa del interés general, del principio de legalidad o de
la pureza del sufragio.” [8] (se
subraya) Y que, por tanto, el derecho de
elegir y ser elegido debía ser entendido en su doble dimensión derecho-función,
es decir, “sujeto a las condiciones fijadas en la Constitución y la ley”,
de manera que, tanto los electores como los candidatos deben observar las
reglas para participar en las elecciones, “así como las que el mismo
ordenamiento establece para el control administrativo y judicial de los actos
de elección y nombramiento, pues todas ellas, en su conjunto y no de forma
aislada, garantizan la institucionalidad misma y el respeto de los principios
de participación democrática previstos en la Constitución.”(se
subraya)
Por tanto, se concluyó que el legislador había
previsto un mecanismo especial para la defensa del derecho a elegir y ser
elegido -el proceso electoral-, al cual deben sujetarse quienes se consideren
afectados con el acto de elección.
Al respecto, esta Corporación había indicado en la Sentencia C-955
de 2001 que si bien el sufragio constituye el eje central de la democracia, en
la medida que vincula “la condición activa con la pasiva del derecho
político derivado del artículo 40” y a través del él “los electores
manifiestan su voluntad encaminada a elegir a uno de los candidatos como su
representante”, en todo caso su ejercicio “se encuentra
sometido a ciertas reglas que buscan preservar el orden en los procesos
electorales y conservar el control de los comicios por parte del Estado.”[9]
Por ello, la Corte ha señalado con base en jurisprudencia del Consejo de Estado[10]
que “el legislador le ha confiado a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo la guarda  de la integridad de los principios constitucionales y
legales sobre el sufragio, que constituyen la piedra angular de un régimen
representativo y democrático como el nuestro”.[11]
Para la Corte, estas consideraciones son
igualmente aplicables en el caso de las comunidades indígenas, pues al igual
que la Constitución les concede a estos grupos humanos un derecho de
participación en el Congreso de la República, así mismo les otorga la
posibilidad de acceder a los mecanismos de control administrativo y judicial de
los actos electorales. Ello implica una garantía para dichas comunidades y
representa a la vez el deber de asumir las responsabilidades inherentes a los
derechos de participación que les han sido reconocidos, en cuanto a la sujeción
a las reglas y procedimientos previos a la elección, así como a los mecanismos
de control que el ordenamiento tiene establecidos para el efecto, pues unos y
otros tienen relación directa con la seguridad jurídica y el orden público, en
la medida que, como ya ha señalado esta Corporación, de lo que se decida en ese proceso “dependerán los
derechos específicos de elegidos y aspirantes, así como la seguridad jurídica y
la continuidad de las instituciones, en cuanto a la conformación final del
poder público.” [12]
Es preciso indicar que la sujeción de las comunidades
indígenas a ciertas reglas establecidas por el legislador para el desarrollo
del debate electoral, no afecta la autonomía de las mismas ni la protección de
su identidad cultural, pues no se trata de aspectos internos relacionados con
las garantías de autogobierno y autodeterminación, sino de la forma en que aquéllas
acuden a la conformación del poder público del Estado. En ese sentido, por
ejemplo, la Corte declaró exequible los artículos 6º,  7º y 8º de la Ley 649 de
2001, por medio de los cuales se somete a los
candidatos por circunscripciones especiales al deber de inscribirse como
candidatos ante el Registrador Nacional o su delegado, al régimen general de
incompatibilidades e inhabilidades que la Constitución prescribe para los
congresistas y al régimen general de los demás miembros de dicha corporación.
La Corte señaló que más allá del hecho de tratarse de circunscripciones
especiales destinadas a fortalecer la participación de ciertos grupos, se
justifica la exigencia de requisitos especiales para los Representantes que se
postulen por ella, pues “no existen diferencias significativas entre quienes
accedan a las cinco curules que ella otorga y los demás integrantes de la
Cámara”. Que, por tanto, “se ajustan a la Constitución las disposiciones
finales del proyecto, en las que se somete a los candidatos por circunscripción
especial, y a los Representantes que de allí salgan elegidos, al régimen
general de los demás miembros de dicha corporación.”[13]
Ahora bien, respecto de la efectividad del
proceso electoral para discutir los actos previos o de trámite y las calidades
constitucionales y legales del candidato elegido, aún de aquéllos que se
presentan en el ámbito de la circunscripción especial indígena, el artículo 223
del Código Contencioso Administrativo, modificado por las Leyes 96 de 1985 y 62
de 1988, señala que las actas de escrutinio de los jurados de votación y de
toda corporación electoral son nulas en los siguientes casos:
“1. Cuando se haya ejercido violencia contra los
escrutadores o destruido o mezclado con otras las papeletas de votación, o
éstas se hayan destruido por causa de violencia.
2. Cuando aparezca que el registro es falso o
apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su
formación.
3. Cuando aparezca que las actas han sufrido
alteraciones sustanciales en lo escrito, después de firmadas por los miembros
de la corporación que las expiden.
4. Cuando los votos emitidos en la respectiva
elección se computen con violación del sistema del cuociente electoral adoptado
en la Constitución Política y leyes de la República.
5. Cuando se computen votos a favor de
candidatos que no reúnen las calidades constitucionales o legales para
ser electos.
6. Cuando los jurados de votación o los miembros
de las comisiones escrutadoras sean cónyuges o parientes de los candidatos de
elección popular en el segundo grado de consanguinidad o afinidad o en el
primero civil. En este evento no se anulará el acta de escrutinio sino los
votos del candidato o los candidatos en cuya elección o escrutinio se haya
violado esta disposición.” [14] (subraya y
negrilla fuera del texto)
En ese orden de ideas, el artículo 228 del mismo
estatuto advierte que cuando un candidato no reúna “las condiciones
constitucionales o legales” para el desempeño de un cargo, fuere inelegible
o tuviere algún impedimento para ser elegido, “podrá pedirse ante la
jurisdicción en lo contencioso administrativo la nulidad de la elección hecha
en favor de ese candidato y la cancelación de la respectiva credencial.”
Así mismo, el artículo 229 del Código Contencioso Administrativo
establece que se debe demandar el acto que declara la elección y no los actos
previos a él, así el vicio de nulidad se encuentre en estos últimos, con lo que
se adopta la regla general de control de los actos preparatorios o de
trámite, que no implica de ningún modo su inmunidad judicial, sino la
existencia de una vía y una oportunidad específica para su confrontación
judicial: a través de la acción de nulidad del acto definitivo[15].
Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado que la inscripción de los
candidatos, como acto previo o de trámite que es, no puede
demandarse de manera directa sino a través del acto de elección:
“En relación con lo previsto en el artículo 229 del Código
Contencioso Administrativo, es de anotar que cuando esa disposición habla de
individualización del acto, se refiere al declaratorio de elección y en este
caso del contenido del libelo y de los documentos que lo acompañan se desprende
sin lugar a dudas que lo que se demandó no fue el acto de elección sino el de
inscripción del candidato que posteriormente resultó elegido alcalde del
municipio de Jordán Sube (Santander); la circunstancia referida constituye
ineptitud sustantiva de la demanda, lo que a su vez se erige como un
impedimento procesal que impide analizar el asunto de fondo y en esa medida la
sentencia del Tribunal Administrativo de Santander habrá de ser confirmada.”[16]
Cabe señalar que la eficacia de la acción electoral está relacionada
además con la regulación legal del respectivo
proceso, el cual se encuentra estructurado a partir de un principio de celeridad
(plazo de caducidad de 20 días, términos reducidos e improrrogables para
tramitar el proceso y dictar sentencia, etc.), que se complementa con la
posibilidad de solicitar la suspensión provisional del acto de elección cuando
existe violación directa de la Constitución o la ley (art. 230 C.C.A.). Como
señaló esta Corporación al referirse al término de caducidad de la acción, la
brevedad de dicho plazo se justifica por la necesidad de  (i) dar
certeza “a actos que, como los que declaran una elección o hacen un
nombramiento, no pueden quedar suspendidos indefinidamente en el tiempo, so
pena de vulnerar los derechos reconocidos por la propia Carta Política a los
aspirantes a ocupar un cargo o a los funcionarios ya electos (artículo 40
inciso 1 y numeral 1)”; y (ii) proteger “las garantías de la
comunidad, expresadas en la aspiración a gozar de un sistema administrativo,
legislativo y judicial -i.e. un orden político- estables, en clara concordancia
con el principio de seguridad jurídica.” [17]
Por tanto, para la Corte resulta claro que la acción electoral
permite controlar jurídicamente la validez de las elecciones, así como los
actos previos o de trámite (como los de inscripción de candidatos) y las
calidades constitucionales y legales del candidato elegido y que dichos
mecanismos están al alcance de las comunidades indígenas como titulares de un
derecho de participación derivado de la Constitución y la Ley.
Conforme a lo expuesto, frente al proceso electoral la tutela
conserva su carácter residual y subsidiario, pues por regla general será improcedente para dejar sin efecto
actos de elección[18], dada la
existencia de un medio jurisdiccional público y abierto para controvertir y
defender su legalidad, según el interés que el demandante tenga en la
protección del derecho a elegir o ser elegido, en la pureza del sufragio o en
la legalidad abstracta de los actos administrativos. Como se señaló en la
Sentencia T-510 de 2006[19], el proceso
electoral será el llamado a agotar la jurisdicción del Estado en esa materia, “pues
la sentencia que allí se pronuncie no sólo definirá situaciones concretas e
individuales de elegidos y aspirantes, sino que dará seguridad a la ciudadanía
sobre la conformación del poder público y la continuidad de las instituciones
democráticas.”
Respecto de la referencia hecha por el juez de
segunda instancia a la Sentencia T-778 de 2005, como fundamento de la
procedencia de la acción de tutela frente a los actos de inscripción en materia
electoral, en la medida que no existirían mecanismos de defensa judicial y el
candidato estaría expuesto a un perjuicio irremediable, es preciso señalar que
en el caso revisado en aquélla oportunidad y en otros posteriores que se han
basado en esa misma sentencia[20], la
procedencia excepcional de la acción de tutela estuvo fundada en que los
accionantes eran personas elegidas por voto popular y así
lo había declarado la autoridad electoral, no obstante lo cual, por
circunstancias posteriores al acto de elección, veían afectada la posibilidad
de ejercer su cargo, caso en el cual la acción de tutela era viable, bajo
ciertas circunstancias, como mecanismo transitorio (no definitivo ni
sustitutivo), mientras finalizaba el proceso correspondiente ante la
jurisdicción contencioso administrativa. [21]
No se trataba por tanto de la discusión de los actos de inscripción (como actos
de trámite), sino de la efectividad misma del acto que declarada la elección
del candidato vencedor.
Por tanto, debe puntualizarse que del referido
fallo no puede derivarse una regla general de procedibilidad de la acción de
tutela contra los actos electorales (definitivos o de trámite), más aún si se
tiene en cuenta que las sentencias de tutela no tienen efectos generales sino inter
partes.
3.2
El control de los
actos de trámite a través de la acción de tutela: procedencia excepcional y
sujeción al principio de inmediatez.
La Corte se referirá brevemente al control
judicial de los actos de trámite en la medida que los demandados e
intervinientes argumentan que este tipo de actos no pueden demandarse a través
de la acción de tutela, menos aún cuando el accionante no ha observado el
principio de inmediatez. Para el actor, dicho control por vía de tutela es
posible toda vez que contra los actos de trámite no existe ningún mecanismo de
control judicial y que, en todo caso, la tutela fue presentada antes de que se
expidiera el acto definitivo que declara la elección, por lo que se encuentra
dentro de la oportunidad legal para hacerlo.
Los actos de trámite configuran elementos
imprescindibles de las actuaciones administrativas, ya que permiten avanzar en
las diferentes etapas que deben surtirse para llegar a una decisión definitiva
por parte de la Administración. No obstante, en la medida en que per se no son
actos llamados a definir situaciones jurídicas subjetivas de sus destinatarios
y que la Administración requiere actuar con eficiencia y celeridad en el
cumplimiento de sus funciones -directamente relacionadas con la satisfacción
del interés general (art. 209 C.P)-, el legislador ha optado porque tales actos
preparatorios o de trámite no sean susceptibles, por regla general, de recursos
en vía gubernativa (art.49 C.C.A) ni de acciones judiciales autónomas, de forma
que su control solamente sea viable a través de la discusión del acto
definitivo que concreta la voluntad administrativa, bien sea a través de los
recursos procedentes contra él o bien como causal de anulación ante la
jurisdicción en lo contencioso administrativo (art. 84 C.C.A).
Al referirse a la constitucionalidad del
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo, la Corte Constitucional
señaló que la imposibilidad de presentar recursos contra los actos de trámite
no vulnera la Constitución, si se tiene en cuenta que los
mismos “no producen efectos jurídicos, en relación con los administrados, ni
crean, extinguen o modifican sus derechos subjetivos personales, reales o de
crédito, ni afectan sus intereses jurídicos”, de manera que los
fundamentos o supuestos de derecho que tuvo en cuenta el legislador para
establecer la improcedencia de recursos de vía gubernativa contra los actos de
carácter general, de trámite, preparatorios o de ejecución “atienden a la
necesidad de evitar la parálisis o el retardo, la inoportunidad y la demora en
la actividad administrativa, que debe estar, salvo excepciones señaladas en la
ley, en condiciones de decidir en la mayor parte de los asuntos previamente a
la intervención del administrado o interesado.”[22]
Lo anterior no significa, como ha reiterado la
jurisprudencia, que los actos de trámite expedidos dentro de una actuación
administrativa estén exentos de control y liberados del principio de legalidad;
sólo que, como se ha mencionado, su discusión debe hacerse a partir de los
actos definitivos y demostrando la relevancia de la
irregularidad previa en la ilegalidad de la decisión final.[23] Por ello, “es necesario esperar a que se
produzca la resolución final del procedimiento para poder plantear la invalidez
del procedimiento por haberse presentado anomalías en los actos de trámite.”[24]
En este orden de ideas, es incorrecto afirmar
que contra los actos de trámite no existen mecanismos de defensa judicial y que
por esa vía surge una regla general de procedibilidad de la acción de tutela
para su control,[25] pues ello
desdibujaría la función de la jurisdicción contencioso administrativa y
convertiría al juez constitucional en un examinador permanente de los
procedimientos administrativos y de los actos intermedios que sirven para su adelantamiento.[26]
Por ello, la Corte ha señalado que la acción de
tutela contra actos de trámite sólo procede con carácter excepcional
cuando el Estado ha actuado con prescindencia de todo referente legal y ha
incurrido en una vía de hecho que impide al afectado contar con las garantías
mínimas del debido proceso administrativo. Así, “la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos de trámite” sólo es posible cuando
el respectivo acto tiene la potencialidad de definir una situación especial y
sustancial dentro de la actuación y ha “sido fruto de una actuación
abiertamente irrazonable o desproporcionada por parte del funcionario, con lo cual
vulnera las garantías establecidas en la Constitución.”[27]
En estos eventos, la acción de tutela actúa como
mecanismo definitivo sobre el acto de trámite, para encauzar el
procedimiento administrativo en curso y permitir al afectado el ejercicio de
las garantías del debido proceso[28], pero sin
interferir en el sentido de la decisión definitiva que deba adoptar la
Administración y sin sustituir, por tanto, el control posterior de legalidad
que corresponde ejercer a la jurisdicción contenciosa administrativa.[29]
Además, la Corte ha considerado que cuando en vía de tutela se alega
la existencia de una vía de hecho en un acto de trámite, es necesario que la
correspondiente actuación administrativa no haya
finalizado[30],
pues al existir un acto administrativo definitivo, el interesado cuenta con un
medio de defensa judicial efectivo (acción contenciosa), a través del cual
puede controvertir las irregularidades que a su juicio han sido cometidas por
el Estado en la tramitación de la actuación administrativa[31].
Por ello, como se reiteró en la Sentencia C-557 de 2001 anteriormente citada,
uno de los requisitos esenciales para la procedencia de la acción de tutela en
el caso de los actos de trámite por vía de hecho, es que “el proceso dentro
del cual se expidió el acto de trámite no haya terminado.”
En todo caso, el interesado deberá presentar la
acción de tutela tan pronto tenga conocimiento de la irregularidad que lo afecta,
pues esta circunstancia marca el punto de partida para analizar si la acción ha
sido interpuesta oportunamente, es decir, con respeto del principio de
inmediatez. Con relación a este requisito, la
Corte ha señalado en diversas oportunidades que debe existir un término
razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los
derechos fundamentales del accionante y la presentación de la demanda[32],
en la medida que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo
tiene que ver con la urgencia en la protección de las garantías
constitucionales de una persona[33], sino también con el
respeto a la seguridad jurídica y a los derechos de los terceros afectados. [34]
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que
para determinar si la acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el
requisito de inmediatez, deben tenerse en cuenta, en cada caso concreto[35],
aspectos tales como: (i) si existe un motivo válido para la inactividad
del accionante, (ii) si la inactividad injustificada podría causar la
lesión de derechos fundamentales de terceros de llegarse a adoptar una decisión
en sede de tutela, y (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.[36]
En consecuencia, aunque la acción de tutela no tiene término de
caducidad[37], debe
tenerse en cuenta que “la inmediatez con que se ejercita la acción es un
factor determinante en el juicio de procedencia, pues ‘si bien no existe un
término límite para el ejercicio de la acción, de todas formas, por la
naturaleza, el objeto de protección y la finalidad de este mecanismo de defensa
judicial, la presentación de la acción de tutela debe realizarse dentro de un
término razonable, que permita la protección inmediata del derecho fundamental
a que se refiere el artículo 86 de la Carta Política.’”[38]
Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito para la
prosperidad de la acción de tutela[39], pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la
negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad
jurídica.”[40]
En conclusión, además de que la actuación administrativa
no haya finalizado, es necesario que el accionante cumpla el requisito de
inmediatez, de manera que la tutela sea presentada tan pronto se tenga
conocimiento de la irregularidad en el acto intermedio o de trámite que afecta
los derechos fundamentales del interesado. Ello evita que la acción sea
utilizada para subsanar la negligencia del accionante y que con ella se afecte
indebidamente la seguridad jurídica y los derechos de los terceros con interés
legítimo en la actuación administrativa.
4. La solución del caso concreto.
En el caso que se revisa, el demandante presenta
su acción de tutela el  primero (1º) de junio de 2006 y la dirige contra
los actos de inscripción de cuatro (4) de los seis (6) candidatos de la
circunscripción especial indígena de la Cámara de Representantes, que se
presentaron a las elecciones del 12 de marzo de 2006, porque a su juicio
no representan a las comunidades indígenas. Solicita que se ordene la exclusión
de los votos correspondientes a esos candidatos y que se contabilicen
únicamente los de los otros dos aspirantes a la circunscripción especial
indígena. Indica que la tutela es procedente porque tales actos de inscripción
son preparatorios o de trámite y contra ellos no existe ningún medio de
defensa judicial y porque el acto que declara la elección, contra el cual puede
interponerse la acción electoral, no se ha expedido al momento de presentar la
demanda.
En armonía con el análisis sobre la procedencia
y oportunidad de la acción de tutela que ha quedado expuesto en esta
providencia, es necesario determinar entonces si la demanda cumple el requisito
de inmediatez y si en todo caso la tutela es el mecanismo idóneo para resolver
asuntos de naturaleza electoral que tienen relación con las calidades legales
del candidato electo y de otros participantes en el debate electoral,
especialmente cuando (i) la acción se dirige contra los actos previos de
inscripción de candidatos y (ii) su finalidad es la exclusión de votos de
algunos candidatos para dar paso a la contabilización exclusiva de aquéllos que
el actor sí considera válidos.
Al respecto, el acto administrativo de
declaratoria de elección allegado al proceso (Resolución 847 de 2006 -folios 5
a 17 cuad.3-), arroja los siguientes datos que coinciden con los hechos
expuestos por las partes e intervinientes:
1.     El 7 de febrero de 2006 venció el plazo
para la inscripción de candidatos a la Cámara de Representantes por la
circunscripción especial indígena, que conforme a la Ley 649 de 2001 tiene
derecho a elegir un (1) representante.
2.
Al vencerse dicho plazo, es
decir, el 7 de febrero de 2006, quedaron inscritos seis (6) candidatos,
así: Únete Colombia (Álvaro Corpus Pito); Movimiento de Participación
Comunitaria MPC (Casimiro Cabrera Rodríguez); Movimiento Político
Comunal y Comunitario de Colombia (Fredy Romeiro Campo Chicangana); Polo
Democrático Alternativo (Orsinia Polanco Jusayú);
Movimiento Alianza Social Indígena ASI (Rosa Tulia Iguarán); y Movimiento
Autoridades Indígenas de Colombia -AICO- (no disponible en el expediente el
nombre de su candidato).
3.     El 12 de marzo de 2006, se llevaron a
cabo las elecciones a la Cámara de Representantes, incluso la correspondiente a
la circunscripción especial indígena.
4.     El 14 de marzo de 2006 se llevó a cabo la
audiencia pública de escrutinios por parte del Consejo Nacional Electoral.
5.     Las reclamaciones presentadas ante el Consejo
Nacional Electoral en su condición de escrutador nacional fueron resueltas
mediante Resoluciones 722 del 8 de mayo de 2006 y 799 del 16 de mayo
del mismo año.
6.     Finalmente la declaratoria de elección de
Orsinia Polanco Jusayú, como representante del Polo Democrático, se hizo
mediante la Resolución 0847 del 24 de mayo de 2006, notificada por
estrados en Audiencia Pública del 8 de junio de 2006, con el siguiente
resultado:
Nombre Partido y/o movimiento
Votos
Polo Democrático Alternativo
27.869
Movimiento Alianza Social Indígena
18.297
Movimiento de Participación Comunitaria MPC
7.961
Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia
7.341
Movimiento Comunal y Comunitario de Colombia
5.585
Movimiento Únete Colombia
3.343
De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que
la inscripción de candidatos venció el 7 de febrero de 2006 y la acción
de tutela fue presentada el 1º de junio de 2006, es decir, casi cuatro
meses después de finalizada la inscripción de candidatos y apenas unos días
antes de oficializarse el resultado electoral y expedirse el acto de elección
(Resolución 0847 del 24 de mayo de 2006), cuando ya se habían realizado las
elecciones, practicado los escrutinios y resuelto las reclamaciones por parte
del Consejo Nacional Electoral.
Como se señaló en el numeral 4.2 de la parte
considerativa de esta Sentencia, para determinar si la
acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez,
debe tenerse en cuenta, en cada caso concreto: (i) si existe un motivo
válido para la inactividad del accionante, (ii) si la inactividad
injustificada podría causar la lesión de derechos fundamentales de terceros de
llegarse a adoptar una decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados.[41]
Para la Sala, la respuesta a estos interrogantes
determina, en su mismo orden,  lo siguiente:
(i)
No aparece en el expediente
una razón que justifique la presentación de la acción casi cuatro meses después
de los actos de trámite que se atacan, justo antes de hacerse público el acto
que declara la elección de Orsinia Polanco Jusayú.
(ii)
La inactividad del tutelante
podría causar un perjuicio a los derechos fundamentales de quienes participaron
en la jornada electoral, pues sus pretensiones implicarían desconocer un
resultado electoral que legalmente puede ser discutido ante la jurisdicción
contencioso administrativa a través de la acción electoral, previa citación del
candidato electo y con la posibilidad de que cualquier interesado participe
como accionante o tercero interviniente.
(iii)
No se observa una relación
de causalidad entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela por parte
del demandante y la presunta violación de sus derechos fundamentales.
Por tanto, para la Corte es claro que, como lo
señaló el Consejo Seccional de la Judicatura en primera instancia, la acción de
tutela no cumplió el requisito de inmediatez y ello la hace improcedente. En
efecto, si el demandante consideraba que la violación de sus derechos
fundamentales se presentaba a partir de una vía de hecho en los actos de
inscripción que tuvieron como fecha límite el 7 de febrero de 2006, debió
accionar de inmediato y no dejar que se cumplieran etapas posteriores del
debate electoral en las que cada vez más se involucraba la confianza de
electores y candidatos y se consolidaban los resultados finales de la
respectiva elección.
La acción de tutela contra actos preparatorios o
de trámite exige que la demanda sea presentada de manera inmediata, una
vez se ha tenido conocimiento de la irregularidad que afecta los derechos
fundamentales del actor. De lo contrario, la urgencia que fundamenta el
amparo constitucional se diluye y la posible afectación del derecho fundamental
permite su remedio por los mecanismos ordinarios de defensa sin necesidad de la
intervención del juez constitucional.
Por tanto, no basta simplemente, como sostiene
el accionante en su impugnación, que el acto de trámite tenga incidencia en el
acto definitivo y que la tutela sea presentada antes de la expedición de este
último, sino que es necesario que con dicho acto preparatorio se incurra en una
vía de hecho y que, como en cualquier otro caso, el interesado cumpla el requisito
de inmediatez y presente su acción tan pronto sean afectados sus derechos
fundamentales, si no existe una causa que se lo impida. En estos casos, la
tutela busca impedir que la actuación administrativa siga su curso y que antes
de su finalización se corrijan las situaciones que afectan el debido proceso
del accionante, pero no puede servir como mecanismo paralelo para el control
material de las decisiones de la Administración, pues para ello existen las
acciones correspondientes ante la jurisdicción contencioso administrativa.
En el tema específico del sistema electoral, la
seguridad y certeza de las instituciones que se fundamentan en el sufragio, así
como la efectividad del derecho a elegir y ser elegido (art.40 C.P.), se verían
gravemente comprometidos si en cualquier momento y por fuera de los mecanismos
administrativos y judiciales de control, el candidato o movimiento vencido
pudiera interferir en las elecciones o impedir que la persona electa ejerza su
cargo. Para ello, la acción electoral permite controlar el cumplimiento de las
calidades constitucionales y legales del candidato electo, así como la
legalidad de los actos preparatorios o de trámite previos al acto de elección y
nada obsta para que en dicho proceso se pueda plantear ante el juez contencioso
administrativo la revisión del marco constitucional y legal que rodea la
circunscripción especial indígena y la protección que a través de ella se quiso
otorgar a las comunidades indígenas para garantizar su existencia, identidad y
representatividad como colectividades.
En consecuencia, lo alegado por el demandante
respecto a las calidades de la candidata electa y de otros aspirantes a la
circunscripción especial indígena, es un asunto que se debe discutir a través
de los medios ordinarios de control judicial, lo que ratifica en este caso
concreto, la improcedencia de la acción de tutela ante la existencia de otro
medio de defensa judicial (art.6º del Decreto 2591 de 1991).
El juez de tutela no podría por vía de este
mecanismo preferente y sumario, ordenar, como lo pretende el accionante, que la
autoridad administrativa excluya votos de determinados candidatos y avale
únicamente los de algunos aspirantes, pues la verificación de los requisitos
legales de unos y otros corresponde, por vía de acción, a la jurisdicción
contencioso administrativa, a través de un proceso público y abierto en que
tengan cabida no solamente los interesados sino cualquier ciudadano.
Además, en el caso concreto, el único documento
aportado por el accionante para fundamentar la diferenciación entre candidatos
que representan a comunidades indígenas y candidatos que no tienen dicha
calidad, es un  ejemplar del tarjetón electoral utilizado en las elecciones del
12 de marzo de 2006, lo que claramente sería insuficiente para acceder a las
pretensiones de la demanda y alterar por vía de tutela los resultados
electorales.
Por lo anterior, la Sala revocará el fallo de
segunda instancia y confirmará el proferido por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca -Sala Disciplinaria- en cuanto declaró improcedente la
acción de tutela, por no cumplir el requisito de inmediatez y por existir otro
mecanismo de defensa judicial para el control de los actos de trámite atacados
por el demandante.
III. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Revocar la Sentencia del 8 de
agosto de 2006 del Consejo Superior de la Judicatura -Sala
Jurisdiccional Disciplinaria- y confirmar la sentencia del 16 de junio
del 2006 del Consejo Seccional de la Judicatura - Sala Jurisdiccional
Disciplinaria-, en cuanto declaró improcedente la
acción de tutela, por no cumplir el requisito de inmediatez y por existir otro
mecanismo de defensa judicial.
Líbrense por Secretaría, las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
Ponente
CLARA
INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
JAIME
ARAUJO RENTERIA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA T-123 DE 2007
DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
CIRCUNSCRIPCION ESPECIAL INDIGENA A LA CAMARA DE REPRESENTANTES-Caso en que sí procedía tutela para la protección especial que
brinda la Constitución Política a los indígenas (Salvamento de voto)
En el
presente caso, en el que se demanda las inscripciones a las elecciones al
Congreso de la República –del 12 de marzo del 2006-, por la circunscripción
especial indígena de la Cámara de Representantes, de cuatro (4) candidatos
indígenas que se presentaron en nombre de movimientos políticos que de
conformidad con la organización indígena demandante, son ajenos a los intereses
de los grupos representados por el Movimiento Alianza Social Indígena –ASI-, sí
procede la tutela en razón a la protección especial que brinda la Constitución
Nacional a las comunidades indígenas y a la circunscripción especial por
comunidades indígenas.
GARANTIA CONSTITUCIONAL DE CIRCUNSCRIPCION ESPECIAL NACIONAL PARA
COMUNIDADES INDIGENAS-Artículos 171 y 176 de la
Constitución Política (Salvamento de voto)
Los artículos
171 y 176 CP establecen las circunscripciones nacionales especiales para
comunidades indígenas, no pudiendo las comunidades indígenas tener menos que
este mínimo constitucional garantizado para las Corporaciones nacionales de
elección popular, pero pudiendo no obstante tener más que este mínimo, por
cuanto la garantía constitucional de la circunscripción especial nacional para
comunidades indígenas no excluye la posibilidad que los indígenas puedan
participar en las elecciones nacionales a nombre de cualquier otro partido
político. Para participar por la circunscripción especial indígena se tiene que
ser no sólo indígena sino también tener el aval político del grupo indígena.
Por consiguiente, reitero que no puede un miembro de otro partido político, así
sea indígena, alegar que se inscribe o participa por la circunscripción
nacional indígena, sin tener el respaldo político del grupo étnico, por cuanto
ello constituye una clara usurpación y vulneración del mínimo garantizado por
la Constitución en materia electoral nacional a las comunidades indígenas, que
es exactamente lo que, en mi concepto, sucede en este caso.
AVAL POLITICO-Es requisito para
garantizar la representación política auténtica de los indígenas en
Corporaciones regionales y nacionales (Salvamento de voto)
La
Constitución Nacional garantiza en sus artículos 171 y 176 CP una garantía
mínima de participación política de las comunidades indígenas a través de  la
circunscripción especial para éstas, circunscripción electoral para la cual no
basta que la persona que se inscriba sea indígena, sino que además se exige que
tenga la representación de los indígenas, esto es, el aval político de éstos,
por cuanto si el indígena es miembro de otro partido político, nada garantiza
que pueda terminar defendiendo o tomando decisiones contrarias a los intereses
de las comunidades indígenas. Por tanto, la condición del aval político
constituye un requisito indispensable para garantizar la representación
política auténtica de los indígenas en las Corporaciones regionales y
nacionales, y el mínimo constitucional garantizado por la circunscripción
especial.
Referencia: Expediente T-1424119
Acción de tutela instaurada por el Movimiento Alianza Social
Indígena –ASI- contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional
del Estado Civil
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Con el respeto
acostumbrado por las decisiones de esta Sala de Revisión, me permito salvar mi
voto a la presente sentencia, con fundamento en las siguientes razones:
Considero que en
el presente caso, en el que se demanda las inscripciones a las elecciones al
Congreso de la República –del 12 de marzo del 2006-, por la circunscripción
especial indígena de la Cámara de Representantes, de cuatro (4) candidatos
indígenas que se presentaron en nombre de movimientos políticos que de
conformidad con la organización indígena demandante, son ajenos a los intereses
de los grupos representados por el Movimiento Alianza Social Indígena –ASI-, sí
procede la tutela en razón a la protección especial que brinda la Constitución
Nacional a las comunidades indígenas y a la circunscripción especial por
comunidades indígenas.
En este sentido,
los artículos 171 y 176 CP establecen las circunscripciones nacionales
especiales para comunidades indígenas, no pudiendo las comunidades indígenas
tener menos que este mínimo constitucional garantizado para las Corporaciones
nacionales de elección popular, pero pudiendo no obstante tener más que este
mínimo, por cuanto la garantía constitucional de la circunscripción especial
nacional para comunidades indígenas no excluye la posibilidad que los indígenas
puedan participar en las elecciones nacionales a nombre de cualquier otro
partido político.
En forma
contraria, lo que sí excluye la garantía constitucional de la circunscripción
nacional para comunidades indígenas, es que un miembro de otro partido
político, así éste sea indígena, acceda a la circunscripción especial destinada
y reservada a los indígenas, mientras no cuente con el aval de las comunidades
indígenas. No pueden entonces, miembros de otros partidos políticos, aunque
sean indígenas, inscribirse para la circunscripción especial indígena, ya que
no tienen la representación de las comunidades y asociaciones indígenas,
requisito que es necesario para que pueden participar en las elecciones en
nombre de éstos y representar de manera auténtica sus intereses.
Por
consiguiente, para participar por la circunscripción especial indígena se tiene
que ser no sólo indígena sino también tener el aval político del grupo
indígena. Por consiguiente, reitero que no puede un miembro de otro partido
político, así sea indígena, alegar que se inscribe o participa por la
circunscripción nacional indígena, sin tener el respaldo político del grupo
étnico, por cuanto ello constituye una clara usurpación y vulneración del
mínimo garantizado por la Constitución en materia electoral nacional a las
comunidades indígenas, que es exactamente lo que, en mi concepto, sucede en
este caso.
En síntesis, la
Constitución Nacional garantiza en sus artículos 171 y 176 CP una garantía
mínima de participación política de las comunidades indígenas a través de  la
circunscripción especial para éstas, circunscripción electoral para la cual no
basta que la persona que se inscriba sea indígena, sino que además se exige que
tenga la representación de los indígenas, esto es, el aval político de éstos,
por cuanto si el indígena es miembro de otro partido político, nada garantiza
que pueda terminar defendiendo o tomando decisiones contrarias a los intereses
de las comunidades indígenas. Por tanto, la condición del aval político
constituye un requisito indispensable para garantizar la representación
política auténtica de los indígenas en las Corporaciones regionales y
nacionales, y el mínimo constitucional garantizado por la circunscripción
especial.
Como
consecuencia de lo anterior, considero que en el presente caso el amparo
constitucional de la tutela no sólo era procedente sino que debió haber sido
concedido por esta Corte, por cuanto en mi concepto, resultan vulnerados los
derechos reconocidos por la Constitución Nacional a las comunidades indígenas,
entre ellos, los principios 1 y 7 de la Constitución Política, así como el
derecho a elegir y ser elegido -art. 40 CN-, los artículos 171 y 176 sobre
circunscripciones especiales, el art. 330 sobre los territorios indígenas, así
como el art. 107 y 108 CP sobre partidos y movimientos políticos y la
inscripción de sus respectivos candidatos.
Por las razones
expuestas, manifiesto mi disenso frente a la presente decisión.
Fecha ut
supra,
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1] M.P. Álvaro Tafur Gálvis.
[2] También pude verse la Sentencia C-089 de
1994, que con relación al principio democrático en que se funda la Constitución
Política de 1991 señaló:“Se dice que es universal en la medida en que
compromete variados escenarios, procesos y lugares tanto públicos como privados
y también porque la noción de política que lo sustenta se nutre de todo lo que
vitalmente pueda interesar a la persona, a la comunidad y al Estado y sea por
tanto susceptible de afectar la distribución, control y asignación del poder
social. El principio democrático es expansivo pues su dinámica lejos de
ignorar el conflicto social, lo encauza a partir del respeto y constante
reivindicación de un mínimo de democracia política y social que, de conformidad
con su ideario, ha de ampliarse progresivamente conquistando nuevos ámbitos y
profundizando permanentemente su vigencia, lo que demanda por parte de los
principales actores públicos y privados un denodado esfuerzo para su efectiva
construcción.” (M.P Eduardo Cifuentes Muñoz)
[3] Sentencia T-637 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[4] Así por ejemplo, frente al derecho a constituir partidos
políticos la Corte señaló: “El límite que encuentran los derechos políticos
en el principio democrático concuerda con la regla según la cual en un estado
social de derecho, y así lo ha sostenido la jurisprudencia consti­tucional, los
derechos no son absolutos. Toda garantía encuentra un límite, por lo menos, en
el respeto al ejercicio y goce efectivo de los derechos fundamentales de los
demás. En ejercicio del derecho a crear un movimiento político no se pueden
atropellar o desconocer las garantías fundamentales de otros.” (Sentencia
T-1329 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. También puede verse la
Sentencia C-089 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)
[5] Sentencia C-391 de 2002. M.P. Jaime
Córdoba Triviño. Igualmente puede revisarse Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Reinaldo Chavarro
Buriticá, 18 de septiembre de 2003.
[6] Pueden verse, entre otras, las sentencias
del 2 de noviembre de 2000, Consejo de Estado, Sección Quinta. M.P Reinaldo
Chavarro Buriticá y del 24 de junio de 2004, de la misma corporación y sección,
pero con ponencia del Doctor Darío Quiñones Pinilla.
[7] Sentencia del 2 de diciembre de 2005, M.P. Darío Quiñones
Pinilla. Sección Quinta, Consejo de Estado.
[8] M.P. Álvaro Tafur Gálvis.
[9] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[10] Sección 1ª, Sentencia del 20 de abril de 1983.
[11] Sentencia T-1160 de 2003. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[12] Sentencia T-510 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Gálvis.
[13] Sentencia C-169 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[14] El artículo 223 del Código Contencioso Administrativo fue
declarado exequible en la Sentencia C-142 de
2001, en cuanto a que su expedición no requería ley estatutaria. M.P. Eduardo
Montealegre Lynett.
[15] "De acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 229 del Código Contencioso Administrativo, para obtener la
nulidad de una elección debe demandarse el acto administrativo por medio del
cual esta se declara y no los actos intermedios, previos o posteriores a la
elección. En otras palabras, para ejercer la acción de nulidad de carácter
electoral es indispensable que se acuse el acto declaratorio de la elección o
el nombramiento acusado, debidamente individualizado. Así, aun en aquellos
casos en los que se reprochan irregularidades no contenidas en el acto
definitivo de elección o de nombramiento sino en actuaciones anteriores,
solamente puede demandarse el acto final que declaró la elección o que contiene
el nombramiento, porque si bien es cierto el acto administrativo definitivo no
evidencia en forma directa la ilegalidad o inconstitucionalidad, no lo es menos
que de todas maneras es irregular si fue expedido con base en actuaciones
contrarias a derecho. (…) esa carga que se impone al demandante constituye, al
mismo tiempo, una garantía de seguridad jurídica para él y para el demandado,
pues el debate jurídico parte de la certeza del contenido definitivo y último
de la decisión administrativa que produce efectos jurídicos de manera directa
—efectos de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos, artículo
64 del Código Contencioso Administrativo— (Consejo de Estado,
Sección Quinta, Sentencia 3142 del 13 de noviembre de 2003. M.P.
Darío Quiñones Pinilla.)
[16] Consejo de Estado.
Sección Quinta, Auto del 3 de marzo de 2005, M.P. Filemón Jiménez Ochoa. Rad.
68001-23-15-000-2003-02539-01(3478). En el mismo sentido se pronunció esa
Corporación en otra oportunidad: “Para la Sala es evidente que en el
presente caso el acto acusado, inscripción del señor Osvaldo Rivera Jiménez
como candidato a la alcaldía de Tiquisio (Bolívar), es preparatorio de una
elección y no pone fin a la actuación administrativa, es decir, no declara en
forma definitiva una elección o nombramiento. De lo preceptuado en el artículo
136, numeral 12, del Código Contencioso Administrativo se infiere que la
demanda electoral sólo procede contra los actos que declaran una elección o
disponen un nombramiento.” (Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P.
Reinaldo Chavarro Buriticá, Auto del 1º de Junio de 2001, expediente
13001-23-31-000-2001-0010-01(2597).
[17] Sentencia C-781 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[18] La Corte ha aceptado excepciones en el caso de los nominadores
que no han respetado el orden de las listas de
elegibles: “En concreto, con respecto a la acción electoral y a la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala Plena de la Corte, en Sentencia
de unificación de jurisprudencia, ha determinado que carecen de la eficacia
necesaria para proveer un remedio
pronto e integral, cuando no se atienda rigurosamente
el orden de las listas de elegibles para proveer cargos en la rama judicial.” (Sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa)
[19] M.P. Álvaro Tafur Gálvis.
[20] Sentencias T-895 de 2005, T-1080 de
2005, T-107 de 2006 y T-201 de 2006, entre otras.
[21] Así, por ejemplo, en la Sentencia T-895 de
2005, la Corte se ocupó del caso del Alcalde de Sibundoy (Putumayo),
elegido para un periodo de cuatro (4) años, a pesar de lo cual la Registraduría
Nacional del Estado Civil, mediante un acto administrativo posterior a la
declaratoria de elección, citó a elecciones anticipadas por considerar que se
trataba de un cargo de periodo atípico. Allí se tuvo en cuenta para la
procedencia de la acción, que el demandante, “luego de su elección”, fue
enterado por la Registraduría “de que su período se reduciría en dos años”,
de manera que “en este caso concreto se encuentra en entredicho la oportunidad
del ejercicio de los derechos políticos del actor y de los electores, y por eso
es preciso que se profiera una pronta resolución acerca de la determinación de
la Registraduría” y, por ello, “no resultan eficaces los mecanismos
ordinarios, razón por la cual es procedente la acción de tutela, como
mecanismo  transitorio.” (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). En la sentencia T-1080 de 2005 la Corte abordó un caso
similar promovido por la alcaldesa de San Antonio de Palmito (Sucre), electa en
octubre de 2003, al convocarse a nuevas elecciones en octubre de 2005 sin
contar con un pronunciamiento judicial previo que invalidara el periodo de 4
años para el cual había sido elegida. En esta ocasión, la Corporación manifestó
que se hace necesario “adoptar
una decisión célere si se toma en cuenta que frente a una indefinición jurídica
de estas características, se avizoran consecuencias que no sólo comprometen los
derechos fundamentales de la accionante sino también de los electores y que
inclusive involucran asuntos de orden público como son los traumatismos en el
programa de gobierno de la actual mandataria y la gobernabilidad misma del
municipio.” (M.P. Rodrigo Escobar
Gil). En la
Sentencia T-107 de 2006 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa) la Corte también
consideró procedente la tutela, pues a pesar de que el actor tenía la
posibilidad de presentar acciones de nulidad ante la jurisdicción contencioso
administrativa, estaba en riesgo la posibilidad de ejercer el cargo para el
cual había sido elegido. Se revisaba el caso del Gobernador de Vichada,
quien estaba expuesto a ser suspendido del cargo para el cual había sido
elegido, en virtud de un proceso de responsabilidad fiscal que la Contraloría
Departamental adelantaba en su contra. En dicha oportunidad, no obstante la
procedencia de la acción, el amparo fue negado, pues la Corte concluyó que el
ente investigador tenía competencia para adelantar el respectivo procedimiento
y, por tanto, no existía ninguna vía de hecho.
[22] Sentencia
C-339 de 1996, M.P. Julio César Ortiz Gutiérrez. Sobre los actos de trámite y la ausencia de acciones
judiciales autónomas para su discusión, la Corte Constitucional también se
pronunció al revisar la exequibilidad del artículo 59 de la Ley 610 de 2000,
según el cual, en los procesos de responsabilidad fiscal que adelantan las
contralorías, solamente es demandable el acto administrativo con el cual
termina dicha actuación.[22] A juicio
del demandante, dicha norma restringía el derecho de acceso a la justicia y el
control pleno de las actuaciones administrativas, en especial frente a ciertos
actos de trámite de vital importancia dentro del proceso de responsabilidad
fiscal (como el de formulación de cargos), que por su incidencia en la decisión
definitiva deberían tener un control pleno y autónomo ante las autoridades
judiciales. Frente a este cargo, la Corte concluyó: (i) La decisión del
legislador tiene un fin legítimo, pues si bien en principio todo acto de la
Administración debe estar sujeto a control para evitar la arbitrariedad, “demandar
todo acto, individualmente considerado, podría generar la parálisis de la
actuación administrativa y la congestión del aparato judicial”, por lo que “evitar
que ello suceda es un fin permitido por la Constitución” que se ajusta a
los principios de celeridad y eficiencia que rigen el ejercicio de la función
administrativa y la satisfacción de las necesidades de interés general; (ii)
Limitar las acciones judiciales a los actos definitivos constituye un medio
idóneo para lograr el fin que se persigue, pues si bien existen decisiones de
la administración cuya posibilidad de revisión judicial debe asegurarse, en
razón a su contenido y a los efectos específicos que pueden causar a los
particulares que tengan interés en el asunto determinado, “tal afirmación no
resulta admisible respecto a las decisiones que no crean, modifican o extinguen
una situación jurídica concreta, como ocurre con los actos de trámite o
preparatorios.”
[23] Ibídem.
[24] Sentencia C-557 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[25] “De esta manera, la norma demandada no impide el acceso a la
justicia para demandar los actos preparatorios o de trámite, simplemente lo
condiciona: primero, el interesado debe esperar a que termine el proceso de
responsabilidad fiscal; y, segundo, debe demandar el acto que le puso fin al
proceso para mostrar la relevancia de la irregularidad previa para la decisión
final[25]. Ambas
condiciones son adecuadas para asegurar que la administración de justicia no
sea perturbada ni sobrecargada.” (se subraya).  Sentencia C-557 de
2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[26] Al respecto, la Corte ha señalado que el
posible quebrantamiento de las reglas aplicables a un determinado procedimiento
administrativo “puede ser restablecido plenamente por el juez que controla
la legalidad de los actos de la administración”, de manera que el
interesado no está expuesto a una total indefensión y a la inexistencia de
mecanismos idóneos para la protección de su posición jurídica como
administrado. (Sentencia T-743 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández). Al
referirse a las investigaciones disciplinarias, esta Corporación señaló en la
Sentencia T-961 de 2004 que la regla general aceptada por la jurisprudencia
constitucional es la improcedencia de la acción de tutela contra los actos de
trámite, al existir otro mecanismo de defensa judicial que resulta idóneo para
la protección de los derechos del administrado, “por cuanto si bien los
actos de trámite no son susceptibles de recursos ante la jurisdicción
contencioso administrativa, los errores en que posiblemente pudiera haberse
incurrido, pueden ser subsanados dentro del trámite del proceso disciplinario y
en caso de no ocurrir así, podrán ser alegados cuando el afectado decida hacer
uso de la acción contencioso administrativa contra el acto que imponga la
sanción disciplinaria. (M.P. Clara Inés Vargas Hernández). En esta
oportunidad la Corte se apoyó en la Sentencia T-418 de 2003, en la cual se
indicó que la acción de tutela resulta improcedente cuando se trata de atacar
actuaciones administrativas, disciplinarias o fiscales que se encuentran en
trámite, pues, las irregularidades en los actos preparatorios “no sólo
pueden ser alegadas dentro del propio proceso, sino que, además, cuentan con la
posibilidad de que una vez culminada esta actuación, el afectado puede
interponer las acciones correspondientes ante la jurisdicción contenciosa
administrativa.”(M.P. Alfredo Beltrán Sierra)
[27] Sentencia T-961 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[28] Pueden verse las sentencias SU-201 y SU-202 de 1994.
[29] Sentencia T-418 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[30] Sentencia SU-201 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[31] Así, al estudiar una acción de tutela
en la que la demandante solicitaba rehacer toda la actuación administrativa que
precedió a la expedición de una licencia de construcción de un predio
colindante con el de su propiedad, por haber omitido su citación al
procedimiento, se ratificó lo dicho en la Sentencia SU-201 de 1994 (M.P.
Antonio Barrera Carbonell), en el sentido que “aún
cuando esta Corte admite que, excepcionalmente, es procedente la
acción de tutela, como mecanismo definitivo, contra actos de trámite o
preparatorios, considera que esta modalidad de protección de los derechos
fundamentales sólo puede ser utilizada antes de que se profiera el acto
definitivo”, porque cuando éste se produce “puede utilizarse un
medio alternativo de defensa judicial, como es la correspondiente acción
contenciosa administrativa... (arts. 86, inciso 3o. y 8o. del decreto 2591/91)”
Igualmente, en la Sentencia T-420 de 1998
(M.P. Antonio Barrera Carbonell) la Corte concluyó
que si bien había existido una irregularidad en la notificación de un
requerimiento aduanero con el cual se daba inicio a la actuación administrativa
y que ello había afectado el debido proceso de los tutelantes, la acción era
improcedente porque los interesados no actuaron de inmediato, sino que, a pesar
de haber conocido el inicio de la actuación en su contra, esperaron la
expedición del acto administrativo, lo recurrieron en vía gubernativa y
solamente ante el resultado adverso a sus intereses, acudieron a la acción de
tutela alegando la anomalía cometida por la Administración en  el acto de
trámite.
[32] Entre otras pueden verse las sentencias SU-961 de 1999, T-173 y
T-575 de 2002 y T-370 de 2005.
[33] “Así, esta condición se constituye en característica
esencial de la acción de tutela en virtud del artículo 86 Superior y de la
jurisprudencia que lo interpreta, puesto que aquella ha sido instituida como
remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la
efectividad concreta y actual del derecho que es objeto de violación o
amenaza.” (Sentencia T-108 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería)
[34] “La razonabilidad de este plazo está determinada por la
finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto.  De
acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la
tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que
no se vulneren derechos de terceros. Si bien el término para interponer la
acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera
afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha
interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de
inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros,
o que desnaturalice la acción. En jurisprudencia reiterada, la Corte ha
determinado que la acción de tutela se caracteriza por su ‘inmediatez’. (...)
Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción
brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de
conformidad con tal naturaleza.  Esta condiciona su ejercicio a través de un
deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción”(Sentencia
SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro  Naranjo Mesa.)
[35] Sentencia T-684 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[36] Sentencia T-1086 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. “El
desconocimiento del concepto de plazo razonable por parte del actor en sede de
tutela, en atención a los hechos relevantes de cada caso, implica a saber: i)
que la inactividad del peticionario no se encuentre validamente justificada;
ii) que se vulneren derechos de terceros o se desnaturalice el amparo
solicitado; y iii) que se configure un nexo causal suficiente entre los dos
requisitos anteriores.” (Sentencia T-108 de 2006, M.P. Jaime Araújo
Rentería).
[37] Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Sentencia T-1173 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, Sentencia T-108 de
2006, M.P. Jaime Araújo Rentería, entre otras.
[38] Sentencia T-051 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
[39] Sentencia T-108 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
[40] Sentencia T-1089 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Gálvis.
[41] Sentencia SU-961 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.