C-634-15
Sentencia C-634/15
(Bogotá D.C., 7 de octubre de 2015)
TRAMITE POSTERIOR AL CONTROL PREVIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY
ESTATUTARIA QUE REGULA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Cumplimiento de trámite de sanción y promulgación
PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA-Trámite en legislatura parlamentaria
PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA-Trámite de revisión de constitucionalidad a sanción
presidencial
PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA-Control constitucional automático, previo, integral y
participativo
LEY
ESTATUTARIA-Carácter definitivo de revisión judicial de la Corte
Constitucional
PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA-Revisión de constitucionalidad
LEY
ESTATUTARIA-Término para objetar o sancionar
FORMULACION
DE OBJECIONES POR INCONVENIENCIA-Atribución constitucional del Presidente
OBJECIONES
POR INCONVENIENCIA-Mecanismo de control político legítimo que ejerce el
Presidente respecto del Legislador
LEYES-Término
para promulgación
PROYECTO
DE LEY-Sanción
PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA Y OBJECIONES POR INCONVENIENCIA-Términos para sancionar
PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA-Pérdida de competencia para sancionar leyes/PRESIDENTE
DEL CONGRESO-Sanción y promulgación de leyes cuando Presidente de la
República pierde la competencia
LEY
ESTATUTARIA-Plazo para sancionar es preclusivo y no meramente facultativo
PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA-Se configura vicio formal cuando no sanciona ley
estatutaria en los términos establecidos en la Constitución
Cuando el Presidente de la República no sanciona
la ley estatutaria en los términos establecidos en la Constitución, se
configura un vicio formal, ya que carecería de competencia para la sanción una
vez transcurridos los términos que establece el artículo 166 Superior. En esos
casos, la Ley no será declarada inexequible por la pérdida de competencia del Presidente
de la República para sancionar la ley, pues dicha irregularidad podrá ser
subsanada por el Congreso, cuyo Presidente pasa a ser la autoridad
constitucionalmente habilitada para sancionarla y promulgarla, según el
artículo 168 constitucional. La norma constitucional citada -art. 168- radica
en el Presidente de la Rama Legislativa tal competencia, tras haberse formado
la voluntad legislativa y efectuado el control de constitucionalidad previo.
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SALUD-Inexistencia de defectos en trámite posterior al
control de constitucionalidad
LEYES-Términos
para objetar, sancionar y promulgar no se cuentan desde la notificación de
sentencia de la Corte Constitucional
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SALUD-No se presentó sanción extemporánea de Ley 1751 de
2015 por parte del Presidente de la República
SANCION
DE LEY ESTATUTARIA-Reglas
Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1751 de 2015 “por medio de la cual se regula el
derecho fundamental a la salud”.
Referencia: Expediente D-10675.
Actor: Franky Urrego Ortiz.
Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO.
I. ANTECEDENTES.
1. Texto normativo demandado (objeto de
revisión).
El ciudadano
Franky Urrego Ortiz, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad
prevista en el artículo 241-4 de la Constitución Política, formuló demanda de
inconstitucionalidad, contra la Ley 1751 de 2015 “por medio de la cual se
regula el derecho fundamental a la salud”, el texto de la mencionada Ley es
el siguiente, es el siguiente:
LEY
ESTATUTARIA 1751 DE 2015
(Febrero
16)
POR MEDIO
DE LA CUAL SE REGULA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.
EL
CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
CAPITULO I
Objeto,
elementos esenciales, principios, derechos y deberes
Artículo 1°.
Objeto. La presente ley tiene por objeto
garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus
mecanismos de protección.
Artículo 2°.
Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo
individual y en lo colectivo.
Comprende el acceso
a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la
preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará
políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las
actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación
y paliación para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 de la
Constitución Política, su prestación como servicio público esencial
obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión,
organización, regulación, coordinación y control del Estado.
Artículo 3°.
Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a
todos los agentes, usuarios y demás que intervengan de manera directa o
indirecta, en la garantía del derecho fundamental a la salud.
Artículo 4°.
Definición de Sistema de Salud. Es el conjunto
articulado y armónico de principios y normas; políticas públicas;
instituciones; competencias y procedimientos; facultades, obligaciones,
derechos y deberes; financiamiento; controles; información y evaluación, que el
Estado disponga para la garantía y materialización del derecho fundamental de
la salud.
Artículo 5°. Obligaciones del Estado. El Estado es responsable de
respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la
salud; para ello deberá:
a) Abstenerse de
afectar directa o indirectamente en el disfrute del derecho fundamental a la
salud, de adoptar decisiones que lleven al deterioro de la salud de la
población y de realizar cualquier acción u omisión que pueda resultar en un
daño en la salud de las personas;
b) Formular y
adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar el goce efectivo del derecho
en igualdad de trato y oportunidades para toda la población, asegurando para
ello la coordinación armónica de las acciones de todos los agentes del Sistema;
c) Formular y
adoptar políticas que propendan por la promoción de la salud, prevención y
atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas, mediante acciones
colectivas e individuales;
d) Establecer
mecanismos para evitar la violación del derecho fundamental a la salud y
determinar su régimen sancionatorio;
e) Ejercer una adecuada
inspección, vigilancia y control mediante un órgano y/o las entidades
especializadas que se determinen para el efecto;
f) Velar por el
cumplimiento de los principios del derecho fundamental a la salud en todo el
territorio nacional, según las necesidades de salud de la población;
g) Realizar el
seguimiento continuo de la evolución de las condiciones de salud de la
población a lo largo del ciclo de vida de las personas;
h) Realizar
evaluaciones sobre los resultados de goce efectivo del derecho fundamental a la
salud, en función de sus principios y sobre la forma como el Sistema avanza de
manera razonable y progresiva en la garantía al derecho fundamental de salud;
i) Adoptar la
regulación y las políticas indispensables para financiar de manera sostenible
los servicios de salud y garantizar el flujo de los recursos para atender de
manera oportuna y suficiente las necesidades en salud de la población;
j) Intervenir el
mercado de medicamentos, dispositivos médicos e insumos en salud con el fin de
optimizar su utilización, evitar las inequidades en el acceso, asegurar la
calidad de los mismos o en general cuando pueda derivarse una grave afectación
de la prestación del servicio.
Artículo 6°. Elementos y
principios del derecho fundamental a la salud. El derecho fundamental a la salud incluye los siguientes elementos
esenciales e interrelacionados:
a) Disponibilidad. El
Estado deberá garantizar la existencia de servicios y tecnologías e
instituciones de salud, así como de programas de salud y personal médico y
profesional competente;
b) Aceptabilidad. Los
diferentes agentes del sistema deberán ser respetuosos de la ética médica así
como de las diversas culturas de las personas, minorías étnicas, pueblos y
comunidades, respetando sus particularidades socioculturales y cosmovisión de
la salud, permitiendo su participación en las decisiones del sistema de salud
que le afecten, de conformidad con el artículo 12 de la presente ley y
responder adecuadamente a las necesidades de salud relacionadas con el género
y el ciclo de vida. Los establecimientos deberán prestar los servicios para
mejorar el estado de salud de las personas dentro del respeto a la
confidencialidad;
c) Accesibilidad. Los
servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en condiciones
de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos grupos
vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la no
discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad económica y el
acceso a la información;
d) Calidad e idoneidad
profesional. Los establecimientos, servicios y tecnologías de salud
deberán estar centrados en el usuario, ser apropiados desde el punto de vista
médico y técnico y responder a estándares de calidad aceptados por las
comunidades científicas. Ello requiere, entre otros, personal de la salud
adecuadamente competente, enriquecida con educación continua e investigación
científica y una evaluación oportuna de la calidad de los
servicios y tecnologías ofrecidos.
Así mismo, el derecho fundamental a
la salud comporta los siguientes principios:
a) Universalidad. Los
residentes en el territorio colombiano gozarán efectivamente del derecho
fundamental a la salud en todas las etapas de la vida;
b) Pro homine. Las
autoridades y demás actores del sistema de salud, adoptarán la interpretación
de las normas vigentes que sea más favorable a la protección del derecho
fundamental a la salud de las personas;
c) Equidad. El
Estado debe adoptar políticas públicas dirigidas específicamente al
mejoramiento de la salud de personas de escasos recursos, de los grupos
vulnerables y de los sujetos de especial protección;
d) Continuidad. Las
personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera continua.
Una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, este no podrá ser
interrumpido por razones administrativas o económicas;
e) Oportunidad. La prestación
de los servicios y tecnologías de salud deben proveerse sin dilaciones;
f) Prevalencia de
derechos. El Estado debe implementar medidas concretas y específicas
para garantizar la atención integral a niñas, niños y adolescentes. En
cumplimiento de sus derechos prevalentes establecidos por la Constitución
Política. Dichas medidas se formularán por ciclos vitales: prenatal hasta
seis (6) años, de los (7) a los catorce (14) años, y de los quince (15) a los
dieciocho (18) años;
g) Progresividad del
derecho. El Estado promoverá la correspondiente ampliación gradual y
continua del acceso a los servicios y tecnologías de salud, la mejora en su
prestación, la ampliación de capacidad instalada del sistema de salud y el
mejoramiento del talento humano, así como la reducción gradual y continua de
barreras culturales, económicas, geográficas, administrativas y tecnológicas
que impidan el goce efectivo del derecho fundamental a la salud;
h) Libre elección. Las
personas tienen la libertad de elegir sus entidades de salud dentro de la
oferta disponible según las normas de habilitación;
i) Sostenibilidad. El
Estado dispondrá, por los medios que la ley estime apropiados, los recursos
necesarios y suficientes para asegurar progresivamente el goce efectivo del
derecho fundamental a la salud, de conformidad con las normas
constitucionales de sostenibilidad fiscal;
j) Solidaridad. El
sistema está basado en el mutuo apoyo entre las personas, generaciones, los
sectores económicos, las regiones y las comunidades;
k) Eficiencia. El
sistema de salud debe procurar por la mejor utilización social y económica de
los recursos, servicios y tecnologías disponibles para garantizar el derecho
a la salud de toda la población;
l) Interculturalidad. Es
el respeto por las diferencias culturales existentes en el país y en el
ámbito global, así como el esfuerzo deliberado por construir mecanismos que
integren tales diferencias en la salud, en las condiciones de vida y en los
servicios de atención integral de las enfermedades, a partir del
reconocimiento de los saberes, prácticas y medios tradicionales, alternativos
y complementarios para la recuperación de la salud en el ámbito global;
m) Protección a los pueblos
indígenas. Para los pueblos indígenas el Estado reconoce y garantiza
el derecho fundamental a la salud integral, entendida según sus propias
cosmovisiones y conceptos, que se desarrolla en el Sistema Indígena de Salud
Propio e Intercultural (SISPI);
n) Protección pueblos y
comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y
palanqueras. Para los pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras,
afrocolombianas, raizales y palanqueras, se garantizará el derecho a la salud
como fundamental y se aplicará de manera concertada con ellos, respetando sus
costumbres.
Parágrafo. Los principios enunciados en este artículo se deberán interpretar de
manera armónica sin privilegiar alguno de ellos sobre los demás. Lo anterior
no obsta para que sean adoptadas acciones afirmativas en beneficio de sujetos
de especial protección constitucional como la promoción del interés superior
de las niñas, niños y mujeres en estado de embarazo y personas de escasos
recursos, grupos vulnerables y sujetos de especial protección.
Artículo 7°. Evaluación anual de
los indicadores del goce efectivo. El
Ministerio de Salud y Protección Social divulgará evaluaciones anuales sobre
los resultados de goce efectivo del derecho fundamental a la salud, en
función de los elementos esenciales de accesibilidad, disponibilidad,
aceptabilidad y calidad.
Con base en los resultados de
dicha evaluación se deberán diseñar e implementar políticas públicas
tendientes a mejorar las condiciones de salud de la población.
El informe sobre la evolución de
los indicadores de goce efectivo del derecho fundamental a la salud deberá
ser presentado a todos los agentes del sistema.
Artículo 8°. La
integralidad. Los servicios y tecnologías de
salud deberán ser suministrados de manera completa para prevenir, paliar o
curar la enfermedad, con independencia del origen de la enfermedad o
condición de salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación
definido por el legislador. No podrá fragmentarse la responsabilidad en la
prestación de un servicio de salud específico en desmedro de la salud del
usuario.
En los casos en los que exista duda
sobre el alcance de un servicio o tecnología de salud cubierto por el Estado,
se entenderá que este comprende todos los elementos esenciales para lograr su
objetivo médico respecto de la necesidad específica de salud diagnosticada.
Artículo 9°. Determinantes
sociales de salud. Es deber del Estado adoptar
políticas públicas dirigidas a lograr la reducción de las desigualdades de
los determinantes sociales de la salud que incidan en el goce efectivo del
derecho a la salud, promover el mejoramiento de la salud, prevenir la
enfermedad y elevar el nivel de la calidad de vida. Estas políticas estarán '
orientadas principalmente al logro de la equidad en salud.
El legislador creará los mecanismos
que permitan identificar situaciones o políticas de otros sectores que tienen
un impacto directo en los resultados en salud y determinará los procesos para
que las autoridades del sector salud participen en la toma de decisiones
conducentes al mejoramiento de dichos resultados.
Parágrafo. Se entiende por determinantes sociales de salud aquellos factores que
determinan la aparición de la enfermedad, tales como los sociales,
económicos, culturales, nutricionales, ambientales, ocupacionales,
habitacionales, de educación y de acceso a los servicios públicos, los cuales
serán financiados con recursos diferentes a los destinados al cubrimiento de
los servicios y tecnologías de salud.
Artículo 10. Derechos y deberes
de las personas, relacionados con la prestación del servicio de salud. Las personas tienen los siguientes derechos relacionados con la
prestación del servicio de salud:
a) A acceder a los servicios y
tecnologías de salud, que le garanticen una atención integral, oportuna y de
alta calidad;
b) Recibir la atención de urgencias
que sea requerida con la oportunidad que su condición amerite sin que sea
exigible documento o cancelación de pago previo alguno;
c) A mantener una comunicación
plena, permanente, expresa y clara con el profesional de la salud tratante;
d) A obtener una información clara,
apropiada y suficiente por parte del profesional de la salud tratante que le
permita tomar decisiones libres, conscientes e informadas respecto de los
procedimientos que le vayan a practicar y riesgos de los mismos. Ninguna
persona podrá ser obligada, contra su voluntad, a recibir tratamiento de
salud;
e) A recibir prestaciones de salud
en las condiciones y términos consagrados en la ley;
f) A recibir un trato digno,
respetando sus creencias y costumbres, así como las opiniones personales que
tengan sobre los procedimientos;
g) A que la historia clínica sea
tratada de manera confidencial y reservada y que únicamente pueda ser
conocida por terceros, previa autorización del paciente o en los casos
previstos en la ley, y a poder consultar la totalidad de su historia clínica
en forma gratuita y a obtener copia de la misma;
h) A que se le preste durante todo
el proceso de la enfermedad, asistencia de calidad por trabajadores de la
salud debidamente capacitados y autorizados para ejercer;
i) A la provisión y acceso oportuno
a las tecnologías y a los medicamentos requeridos;
j) A recibir los servicios de salud
en condiciones de higiene, seguridad y respeto a su intimidad;
k) A la intimidad. Se garantiza la
confidencialidad de toda información que sea suministrada en el ámbito del
acceso a los servicios de salud y de las condiciones de salud y enfermedad de
la persona, sin perjuicio de la posibilidad de acceso a la misma por los
familiares en los eventos autorizados por la ley o las autoridades en las
condiciones que esta determine;
l) A recibir información sobre los
canales formales para presentar reclamaciones, quejas, sugerencias y en
general, para comunicarse con la administración de las instituciones, así
como a recibir una respuesta por escrito;
m) A solicitar y recibir
explicaciones o rendición de cuentas acerca de los costos por los
tratamientos de salud recibidos;
n) A que se le respete la voluntad
de aceptación o negación de la donación de sus órganos de conformidad con la
ley;
o) A no ser sometido en ningún caso
a tratos crueles o inhumanos que afecten su dignidad, ni a ser obligados a
soportar sufrimiento evitable, ni obligados a padecer enfermedades que pueden
recibir tratamiento;
p) A que no se trasladen las cargas
administrativas y burocráticas que les corresponde asumir a los encargados o
intervinientes en la prestación del servicio;
q) Agotar las posibilidades de
tratamiento para la superación de su enfermedad.
Son deberes de las personas
relacionados con el servicio de salud, los siguientes:
a) Propender por su
autocuidado, el de su familia y el de su comunidad;
b) Atender
oportunamente las recomendaciones formuladas en los programas de promoción y
prevención;
c) Actuar de manera
solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las
personas;
d) Respetar al
personal responsable de la prestación y administración de los servicios salud;
e) Usar adecuada y
racionalmente las prestaciones ofrecidas, así como los recursos del sistema;
f) Cumplir las
normas del sistema de salud;
g) Actuar de buena
fe frente al sistema de salud;
h) Suministrar de
manera oportuna y suficiente la información que se requiera para efectos del
servicio;
i) Contribuir
solidariamente al financiamiento de los gastos que demande la atención en salud
y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de pago
Parágrafo 1°. Los efectos del incumplimiento de estos deberes solo podrán ser
determinados por el legislador. En ningún caso su incumplimiento podrá ser
invocado para impedir o restringir el acceso oportuno a servicios de
salud requeridos. En ningún caso su incumplimiento podrá ser invocado para
impedir o restringir el acceso oportuno a servicios de salud requeridos.
Parágrafo 2°. El Estado deberá definir las políticas necesarias para promover
el cumplimiento de los deberes de las personas, sin perjuicio de lo establecido
en el parágrafo 1°.
Artículo 11.
Sujetos de especial protección. La atención de niños, niñas y adolescentes, mujeres en estado de
embarazo, desplazados, víctimas de violencia y del conflicto armado, la
población adulta mayor, personas que sufren de enfermedades huérfanas y
personas en condición de discapacidad, gozarán de especial protección por parte
del Estado. Su atención en salud no estará limitada por ningún tipo de
restricción administrativa o económica. Las instituciones que hagan parte del
sector salud deberán definir procesos de atención intersectoriales e
interdisciplinarios que le garanticen las mejores condiciones de atención.
En el caso de las
mujeres en estado de embarazo, se adoptarán medidas para garantizar el acceso a
los servicios de salud que requieren durante el embarazo y con posterioridad al
mismo y para garantizar que puedan ejercer sus derechos fundamentales en el
marco del acceso a servicios de salud.
Parágrafo 1° Las víctimas de cualquier tipo de violencia sexual tienen derecho
a acceder de manera prioritaria a los tratamientos sicológicos y siquiátricos
que requieran.
Parágrafo 2°. En el caso de las personas víctimas de la violencia y del
conflicto armado, el Estado desarrollará el programa de atención psicosocial y
salud integral a las víctimas de que trata el artículo 137 de la Ley 1448 de
2011.
CAPÍTULO
II
Garantía
y mecanismos de protección del derecho fundamental a la salud
Artículo 12.
Participación en las decisiones del sistema de salud. El derecho fundamental a la salud
comprende el derecho de las personas a participar en las decisiones adoptadas
por los agentes del sistema de salud que la afectan o interesan. Este derecho
incluye:
a) Participar en la
formulación de la política de salud así como en los planes para su
implementación;
b) Participar en las
instancias de deliberación, veeduría y seguimiento del Sistema;
c) Participar en los
programas de promoción y prevención que sean establecidos;
d) Participar en las
decisiones de inclusión o exclusión de servicios y tecnologías;
e) Participar en los
procesos de definición de prioridades de salud;
f) Participar en
decisiones que puedan significar una limitación o restricción en las
condiciones de acceso a establecimientos de salud;
g) Participar en la
evaluación de los resultados de las políticas de salud.
Artículo 13.
Redes de servicios. El sistema de salud estará
organizado en redes integrales de servicios de salud, las cuales podrán ser
públicas, privadas o mixtas.
Artículo 14.
Prohibición de la negación de prestación de servicios. Para acceder a servicios y tecnologías
de salud no se requerirá ningún tipo de autorización administrativa entre el
prestador de servicios y la entidad que cumpla la función de gestión de
servicios de salud cuando se trate de atención de urgencia.
El Gobierno Nacional
definirá los mecanismos idóneos para controlar el uso  adecuado y racional
de dichos servicios y tecnologías en salud.
Parágrafo 1°. En los casos de negación de los servicios que comprenden el
derecho fundamental a la salud con independencia a sus circunstancias, el
Congreso de la República definirá mediante ley las sanciones penales
y disciplinarias, tanto de los Representantes Legales de las entidades a
cargo de la prestación del servicio como de las demás personas que
contribuyeron a la misma.
Parágrafo 2°. Lo anterior sin perjuicio de la tutela.
Artículo 15.
Prestaciones de salud. El Sistema garantizará el
derecho fundamental a la salud a través de la prestación de servicios y
tecnologías, estructurados sobre una concepción integral de la salud, que
incluya su promoción, la prevención, la paliación, la atención de la enfermedad
y rehabilitación de sus secuelas.
En todo caso, los
recursos públicos asignados a la salud no podrán destinarse a financiar
servicios y tecnologías en los que se advierta alguno de los siguientes
criterios:
a) Que tengan como
finalidad principal un propósito cosmético o suntuario no relacionado con la
recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional o vital de las personas;
b) Que no exista
evidencia científica sobre su seguridad y eficacia clínica;
c) Que no exista
evidencia científica sobre su efectividad clínica;
d) Que su uso no
haya sido autorizado por la autoridad competente;
e) Que se encuentren
en fase de experimentación;
f) Que tengan que
ser prestados en el exterior.
Los servicios o
tecnologías que cumplan con esos criterios serán explícitamente excluidos por
el Ministerio de Salud y Protección Social o la autoridad competente que
determine la ley ordinaria, previo un procedimiento técnico-científico, de
carácter público, colectivo, participativo y transparente. En cualquier caso,
se deberá evaluar y considerar el criterio de expertos independientes de alto
nivel, de las asociaciones profesionales de la especialidad correspondiente y
de los pacientes que serían potencialmente afectados con la decisión de
exclusión. Las decisiones de exclusión no podrán resultar en el fraccionamiento
de un servicio de salud previamente cubierto, y ser contrarias al principio de
integralidad e interculturalidad.
Para ampliar
progresivamente los beneficios la ley ordinaria determinará un mecanismo
técnico-científico, de carácter público, colectivo, participativo y
transparente.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Salud y Protección Social tendrá hasta dos años
para implementar lo señalado en el presente artículo. En este lapso el
Ministerio podrá desarrollar el mecanismo técnico, participativo y transparente
para excluir servicios o tecnologías de salud.
Parágrafo 2°. Sin perjuicio de las acciones de tutela presentadas para proteger
directamente el derecho a la salud, la acción de tutela también procederá para
garantizar, entre otros, el derecho a la salud contra las providencias
proferidas para decidir sobre las demandas de nulidad y otras acciones
contencioso administrativas.
Parágrafo
3°. Bajo ninguna circunstancia deberá entenderse
que los criterios de exclusión definidos en el presente artículo, afectarán el
acceso a tratamientos a las personas que sufren enfermedades raras o huérfanas.
Artículo 16.
Procedimiento de resolución de conflictos por parte de los profesionales de la
salud. Los conflictos o discrepancias en
diagnósticos y/o alternativas terapéuticas generadas a partir de la atención,
serán dirimidos por las juntas médicas de los prestadores de servicios de salud
o por las juntas médicas de la red de prestadores de servicios de salud,
utilizando criterios de razonabilidad científica, de acuerdo con el
procedimiento que determine la ley.
CAPÍTULO
lII
Profesionales
y trabajadores de la salud
Artículo 17.
Autonomía profesional. Se garantiza la autonomía
de los profesionales de la salud para adoptar decisiones sobre el diagnóstico y
tratamiento de los pacientes que tienen a su cargo. Esta autonomía será
ejercida en el marco de esquemas de autorregulación, la ética, la racionalidad
la evidencia científica.
Se prohíbe todo
constreñimiento, presión o restricción del ejercicio profesional que atente
contra la autonomía de los profesionales de la salud, así como cualquier abuso
en el ejercicio profesional que atente contra la seguridad del paciente.
La vulneración de
esta disposición será sancionada por los tribunales u organismos
profesionales competentes y por los organismos de inspección, vigilancia y
control en el ámbito de sus competencias.
Parágrafo. Queda expresamente prohibida la promoción u otorgamiento de cualquier
tipo de prebendas o dádivas a profesionales y trabajadores de la salud en el
marco de su ejercicio laboral, sean estas en dinero o en especie por parte de
proveedores; empresas farmacéuticas, productoras, distribuidoras o
comercializadoras de medicamentos o de insumos, dispositivos y/o equipos
médicos o similares.
Artículo 18.
Respeto a la dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud. Los trabajadores, y en general el talento humano en salud, estarán
amparados por condiciones laborales justas y dignas, con estabilidad y
facilidades para incrementar sus conocimientos, de acuerdo con las necesidades
institucionales.
CAPÍTULO
IV
Otras
disposiciones
Artículo 19.
Política para el manejo de la información en salud. Con el fin de alcanzar un manejo veraz, oportuno, pertinente y
transparente de los diferentes tipos de datos generados por todos los actores,
en sus diferentes niveles y su transformación en información para la toma de
decisiones, se implementará una política que incluya un sistema único de
información en salud, que integre los componentes demográficos,
socioeconómicos, epidemiológicos, clínicos, administrativos y financieros.
Los agentes del
Sistema deben suministrar la información que requiera el Ministerio de Salud y
Protección Social, en los términos y condiciones que se determine.
Artículo 20. De
la política pública en salud. El Gobierno
Nacional deberá implementar una política social de Estado que permita la
articulación intersectorial con el propósito de garantizar los componentes
esenciales del derecho, afectando de manera positiva los determinantes sociales
de la salud.
De igual manera
dicha política social de Estado se deberá basar en la promoción de la salud,
prevención de la enfermedad y su atención integral, oportuna y de calidad, al
igual que rehabilitación.
Artículo 21.
Divulgación de información sobre progresos científicos. El Estado deberá promover la divulgación de información sobre los
principales avances en tecnologías costo-efectivas en el campo de la salud, así
como el mejoramiento en las prácticas clínicas y las rutas críticas.
Artículo 22.
Política de Innovación, Ciencia y Tecnología en Salud. El Estado deberá establecer una política de Innovación, Ciencia y
Tecnológica en Salud, orientada a la investigación y generación de nuevos
conocimientos en salud, la adquisición y producción de las tecnologías, equipos
y herramientas necesarias para prestar un servicio de salud de alta calidad que
permita el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Artículo 23.
Política Farmacéutica Nacional. El Gobierno
Nacional establecerá una Política Farmacéutica Nacional, programática e
integral en la que se identifiquen las estrategias, prioridades, mecanismos de
financiación, adquisición, almacenamiento, producción, compra y distribución de
los insumos, tecnologías y medicamentos, así como los mecanismos de regulación
de precios de medicamentos. Esta política estará basada en criterios de
necesidad, calidad, costo efectividad, suficiencia y oportunidad.
Con el objetivo de
mantener la transparencia en la oferta de medicamentos necesarios para proteger
el derecho fundamental a la salud, una vez por semestre la entidad responsable
de la expedición del registro sanitario emitirá un informe de carácter público
sobre los registros otorgados a nuevos medicamentos incluyendo la respectiva
información terapéutica. Así mismo, remitirá un listado de los registros
negados y un breve resumen de las razones que justificaron dicha determinación.
Parágrafo. El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Salud y
Protección Social, estará a cargo de regular los precios de los medicamentos a
nivel nacional para los principios activos. Dichos precios se determinarán con
base en comparaciones intemacionales. En todo caso no podrán superar el precio
internacional de referencia de acuerdo con la metodología que defina el
Gobierno Nacional.
Se regularán los
precios de los medicamentos hasta la salida del proveedor mayorista. El
Gobierno Nacional deberá regular el margen de distribución y comercialización
cuando éste no refleje condiciones competitivas.
Artículo 24.
Deber de garantizar la disponibilidad de servicios en zonas marginadas. El Estado deberá garantizar la disponibilidad de los servidos de salud
para toda la población en el territorio nacional, en especial, en las zonas
marginadas o de baja densidad poblacional. La extensión de la red pública
hospitalaria no depende de la rentabilidad económica, sino de la rentabilidad
social. En zonas dispersas, el Estado deberá adoptar medidas razonables y
eficaces, progresivas y continuas, para garantizar opciones con el fin de que
sus habitantes accedan oportunamente a los servicios de salud que requieran con
necesidad.
Artículo 25.
Destinación e inembargabilidad de los recursos. Los
recursos públicos que financian la salud son inembargables, tienen destinación
específica y no podrán ser dirigidos a fines diferentes a los previstos
constitucional y legalmente.
Artículo 26.
Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a
partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
2. Pretensión y cargos.
2.1. Pretensión.
Se declare la inexequibilidad de la
Ley 1751 de 2015 “por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la
salud”, por considerar que vulnera los artículos 4, 113, 166 y 168
de la Constitución Política, así como el artículo 201 de la Ley 5 de 1992.
2.2. Cargo: Vulneración de los artículos 4, 113, 166 y 168 de la Constitución Política, así como el
artículo 201 de la Ley 5 de 1992.
2.1. La Ley 1751 de 2015 es
contraria a la Constitución porque el Presidente del Congreso omitió su deber
de sancionar y promulgar el proyecto de la Ley Estatutaria de Salud en los
términos señalados en el artículo 168 Superior, luego de que el Gobierno
Nacional no lo firmara dentro del plazo establecido en el artículo 166 de la
Carta.
2.2. En efecto, la sentencia C-313
de 2014 incluyó como Anexo el texto con los 26 artículos que debían ser
sancionados por el Gobierno conforme a los artículos 157.4 y 189.9 de la
Constitución. Sin embargo dicha providencia fue corregida mediante el Auto 377,
notificado por estado el 9 de diciembre de 2014. De este modo, el Gobierno
Nacional contaba con diez días hábiles para sancionar el proyecto de ley
estatutaria, término que inició el lunes 15 de diciembre de 2014 y terminó 29
de diciembre del mismo año. De acuerdo el demandante, “conforme a la regla
jurisprudencial vigente, el plazo constitucional para sancionar un proyecto de
ley es preclusivo y no meramente facultativo como pareció entenderlo el
Gobierno Nacional”. Una vez extinguida la competencia de la rama ejecutiva
para sancionar el proyecto, el Presidente del Congreso no lo sancionó y el
Presidente y el Ministro de Salud y Protección Social decidieron sancionarlo el
16 de febrero de 2015, contraviniendo los mandatos constitucionales existentes.
2.3. El ordenamiento jurídico
prevé un sistema de control a las omisiones del Gobierno cuando éste por
cualquier razón decida no sancionar un proyecto de ley. Esta competencia se
origina en la regla constitucional de separación de poderes y la colaboración
armónica entre las ramas del poder público (art. 113 CP) que también fue
transgredida por la omisión del Presidente del Congreso.
2.4. Por otra parte, el Gobierno
debió advertir que el plazo de diez días establecidos en la Constitución para
la sanción del proyecto de ley estatutaria, no podía excederse y que este tipo
de leyes debe surtir su trámite en una sola legislatura de acuerdo con el
artículo 153 Superior. En este caso el trámite legislativo se realizó en el
segundo periodo de sesiones ordinarias de la legislatura de 2012 que concluyó
el 20 de junio de 2013, por lo que en dicha fecha el Congreso perdió
competencia para modificar el proyecto de ley, circunstancia que impedía que el
expediente fuera devuelto al Congreso en sesiones extraordinarias.
2.5. Por consiguiente, la Ley
Estatutaria no surtió el trámite previsto en la Constitución ya que el
Presidente del Congreso omitió sancionar la Ley y fueron el Presidente y el
Ministro de Salud y Protección Social quienes dieron fin al proceso legislativo
estatutario fuera del término previsto para ejercer esta competencia.
3.
Intervenciones.
3.1. Intervención
ciudadana de Laura Carolina Rey Alba, Jenny Tatiana Puentes Tejada y Gabriel
Francisco DiazGranados Ordoñez: inexequibilidad
parcial.
La Constitución, en
su artículo 242.8, el Decreto 2067 de 1991 en su artículo 39 y la
jurisprudencia constitucional, establecen que el control de las leyes
estatutarias es jurisdiccional, automático, previo, integral y definitivo. Sin
embargo, también se ha admitido que, excepcionalmente, es posible un control
posterior a la revisión previa efectuada por la Corte cuando se presenta una
acción pública de constitucionalidad por vicios de inconstitucional
sobrevinientes, como los vicios de forma posteriores, o por vicios de fondo
resultantes del cambio de las disposiciones constitucionales que sirvieron de
fundamento para el inicial pronunciamiento de constitucionalidad, tal y como lo
indica el Auto 042 de 2002. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 166
Superior, el Gobierno cuenta con unos plazos para sancionar las leyes
dependiendo del número de artículos de la misma. En este caso, al contar la Ley
Estatutaria de Salud con 26 artículos aprobados por el Congreso y revisados por
la Corte Constitucional, el Gobierno contaba con 10 días hábiles para
sancionarla. Teniendo en cuenta que el Auto 377 de 2014 modificó uno de los
artículos de la mencionada Ley, quedó ejecutoriado el 15 de diciembre del mismo
año, la sanción debía producirse el 29 de diciembre de 2014. Dado que el
Gobierno no procedió en los términos referidos a sancionar la Ley, debía
sancionarlo el Congreso de acuerdo con el artículo 168 de la Constitución y 201
de la Ley 5 de 1992. Al respecto de cita la sentencia C-700 de 2004, que si
bien fue anulada en el Auto 119 de 2004, resulta oportuna al establecer que los
términos del Gobierno para sancionar una ley son preclusivos para no paralizar
el proceso legislativo, argumento que ha sido reiterado en la sentencia C-543
de 1998. Con fundamento en lo anterior, sí existe un vicio de procedimiento en
la promulgación de la Ley 1751 de 2015 por la sanción presidencial
extemporánea. Sin embargo, este vicio es subsanable porque la sanción no afecta
el contenido de la ley, en todo caso al ser un requisito esencial, debe ser
subsanado con carácter urgente.
3.2. Ministerio
de Salud y Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República: exequibilidad.
De un lado, carece
de sustento el argumento según el cual, al haberse agotado la legislatura en
que fue aprobado el proyecto de ley, también el Congreso perdía la facultad
para modificar el texto. En este sentido, la sola referencia a la violación del
artículo 153 de la Constitución por haberse sancionado el proyecto de ley
estatutaria de salud por fuera de la legislatura correspondiente, no es un
argumento suficiente para cuestionar la regularidad de la sanción presidencial
si se tiene en cuenta que en términos prácticos es imposible que en una sola
legislatura el Congreso apruebe, la Corte revise y el Gobierno sancione la ley.
La misma jurisprudencia constitucional ha reconocido este hecho en el Auto-081
de 2008. En este orden de ideas, la regla establecida en el artículo 153 de la
Constitución, sólo se refiere a la aprobación del proyecto de ley en el
Congreso y no incluye procedimientos adicionales de control constitucional y sanción
ejecutiva. Por otra parte, frente al presunto desconocimiento de la
Constitución, por no haber sancionado el Presidente la ley en el término de 10
días, se señala que el Presidente sí sancionó la Ley 1751 de 2015 en ese plazo.
Lo definitivo en este caso es conocer a partir de qué fecha se cuentan los diez
días. De acuerdo con el demandante, el término empieza a correr desde la
notificación del Auto 377 de 2014, sin embargo, esta tesis no se soporta en
ninguna disposición normativa porque, la Ley Estatutaria de Salud “sufrió un
infortunado revés como consecuencia de un error en la transcripción de la
sentencia C-313 de 2014, que no encuentra regulación específica en ningún
precepto normativo”. Esta situación fue reconocida en el Auto 377 de 2014.
Así las cosas, no existe ninguna disposición específica que dé fundamento al
cargo formulado por el demandante, “pues ninguna norma jurídica imponía al
señor Presidente la obligación de sancionar el proyecto de ley después de la
notificación del auto de corrección”. Tampoco es admisible la hipótesis de
acuerdo con la cual el término de sanción debería empezar a correr a partir de
la notificación del auto de corrección, ya que ninguna disposición señala que
el Presidente debe sancionar una ley en el plazo indicado por el artículo 166,
a partir de la notificación de la sentencia que somete a revisión
constitucional los proyectos de leyes estatutarias. El fundamento de lo
anterior es que cuando la Corte profiere la decisión definitiva sobre la
constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria, ésta debe ir al Congreso
para ser convertida en formato de ley, someterla a una depuración editorial que
permita su reproducción física o magnética, hacerla firmar por los presidentes
y secretarios generales de las cámaras, para luego ser enviada al Presidente de
la República, procedimiento que puede tomar varios días. Así, “la vida real
no permite que esa activación ipso facto [la del art. 166 CP] tenga lugar. La
interpretación inflexible de las normas pertinentes conduce a un absurdo en el
mundo de las posibilidades físicas de las posibilidades físicas de los
funcionarios que intervienen en este procedimiento (…) el afán en estos casos,
revierte en perjuicio de la seguridad jurídica”. Se insiste en que en la
fecha en que fue proferido el Auto 377 de 2014, el Presidente no tenía en su
poder el expediente legislativo de la Ley Estatutaria de Salud que había sido
devuelto a raíz de la confusión generada por la sentencia C-313 de 2014 y este
contratiempo impidió que empezaron a correr los términos del artículo 166 para
que el Presidente impartiera la correspondiente sanción.
3.3. Intervención
del Secretario General del Congreso, el señor Gregorio Eljach Pacheco: exequibilidad.
No puede predicarse
el incumplimiento del artículo 168 Superior reprochado por el demandante, en
cuanto el expediente se encontraba en el Senado de la República pendiente del
trámite consignado en el Decreto 2067 de 1991. Luego el expediente se remitió
el 13 de febrero de 2015 y, por consiguiente, los términos para que el
Ejecutivo sancionara la Ley se iniciaron a partir del 16 de febrero de 2015,
fecha en la que se produjo la publicación de la ley en el Diario Oficial N.
49427 de la fecha. Entonces, no hubo incumplimiento del Presidente del Congreso
porque una vez ejecutoriado el Auto de corrección de la sentencia de
constitucionalidad, el expediente no fue remitido de inmediato a la
Presidencia, ya que éste había sido devuelto por la Secretaría Jurídica
requiriendo adelantar el trámite previsto en los artículos 33 y 41 del Decreto
2067 de 1991. Además, el expediente se encontraba en el Senado que había citado
al Ministro de Salud. La sentencia C-011 de 1994 dispuso que en la legislatura
de aprobación de la ley estatutaria no puede entenderse incluida la revisión de
la Corte Constitucional y la sanción presidencial ya que apegarse a una
interpretación literal del artículo 153, conduciría a un absurdo o a efectos
contrarios a los buscados por la misma disposición. Así las cosas, al no
haberse agotado el término para que el Presidente sancionara la ley y, al no
existir renuencia para cumplir con las función que le fue conferida por la
Constitución, no le correspondía al Presidente del Congreso usurpar funciones
que no le son propias.
3.4. Intervención
ciudadana de Nelson Contreras, Sergio Isaza Villa, Carlos Alberto Cerma y Pedro
Santana: inexequibilidad.
Los ciudadanos
coadyuvan la demanda y señalan que la abstención de sancionar a tiempo una ley
estatutaria, “genera la indefinición en el tiempo y la imposibilidad de
invocar y aplicar, en casos concretos, los contenidos esenciales del derecho
fundamental a la salud, aprobados por el Congreso y avallados en su
constitucionalidad por ese Tribunal”. La interpretación correcta de la
Constitución para empezar a contar el término de la sanción, es desde la
comunicación que hace la Corte a la Presidencia de la República, no desde el
momento en que el Congreso remite el texto para la sanción del Ejecutivo. La
observancia del artículo 166, no puede estar condicionada a la aplicación de un
precepto de orden infraconstitucional como el artículo 41 del Decreto 2067 de
1991, a pesar de su naturaleza estatutaria. Resulta contrario al principio de
eficacia del procedimiento legislativo, que el proyecto de ley estatutaria hubiese
retornado al Congreso y que se hubiese citado al Ministro de Salud para que los
congresistas escucharan la opinión del mismo respecto de la corrección de la
sentencia C-313 de 2014. Además, después del 20 de junio de 2013, el Congreso
perdió competencia para “rehacer e integrar” las disposiciones del proyecto de
ley, teniendo en cuenta también que el único texto que podía ser sancionado era
el contenido en el anexo de la sentencia C-313 de 2014. La tesis del
demandante, de acuerdo con la cual, según el artículo 153 de la Carta, el
Legislador pierde competencia para hacer cualquier modificación a un proyecto
de ley estatutario respecto del cual se ha surtido control de
constitucionalidad, es correcta y, por consiguiente, el expediente debía ir
directamente a Presidencia sin pasar por el Congreso. No puede dejarse al
arbitrio del Gobierno y del Congreso el momento de sanción de una ley y es
importante que existan plazos perentorios y un medio constitucional de control
ante el incumplimiento de los mismos.
3.5. Intervención
de la Academia Colombiana de Jurisprudencia:
exequibilidad.
El artículo 228
Superior dispone que el incumplimiento de los términos procesales será
sancionado. Por su parte, la Ley Estatutaria de Salud desarrolla una materia
fundamental en la que se relacionan de manera íntima y directa el derecho a la
salud y el derecho a la vida. Por lo anterior, una declaratoria de
inexequibilidad de la Ley que se examina, tendría desastrosas implicaciones
para el derecho a la salud y a la vida. Se trata de un caso en el que se
enfrentan normas constitucionales que consagran formalidades como valores
procesales y el artículo 228 Superior que consagra la prevalencia del derecho
sustancial.
3.6. Defensoría
del Pueblo: exequibilidad.
La Defensoría del
Pueblo realiza un minucioso análisis de la jurisprudencia constitucional
relacionado con el supuesto en el que se han declarado parcialmente
inexequibles leyes estatutarias por fuera de la legislatura correspondiente
para establecer si, en esos casos, la Corte ha remitido el expediente
legislativo y la sentencia directamente al Presidente de la República o al
Congreso. Se advierte que, en el presente caso, el Congreso y la Presidencia de
la República, al aplicar lo dispuesto en los artículos 41 y 33 del Decreto 2067
de 1991, contravinieron la regla jurisprudencial establecida en la sentencia
C-011 de 1994. Sin embargo, se concluye que lo ocurrido puede obedecer al hecho
de que esta práctica no ha sido advertida ni corregida por la Corte y porque la
línea jurisprudencial en esta materia no es uniforme, por lo cual es preciso
fijar una regla única aplicable en estos eventos. No obstante la Defensoría
considera que el trámite del proyecto de ley estatutaria presentó serias
irregularidades, estima que la Ley debe declarar la exequibilidad de la Ley
1751 de 2015 porque el vicio de procedimiento identificado ha sido superado y
porque, en todo caso, prevalece el proceso de salvaguarda del proceso de
formación de la voluntad democrática en el Congreso.
4. Intervención
del Procurador General de la Nación: exequibilidad.
El trámite que se
aplica a las leyes estatutarias se agotó después del control previo y
automático de la Corte al proyecto aprobado por el Congreso, en efecto, después
de oído al ministro del ramo, el Congreso no podía hacer modificaciones al
proyecto de ley dado que el término de la legislatura en que debía tramitarse
el mismo había expirado el 16 de diciembre de 2013. Una vez agotado dicho
trámite ante el Congreso, sólo cabía la promulgación por parte del Presidente,
quien ejerció su competencia de forma correcta ya que lo sancionó y publicó
dentro de los diez días siguientes al haber recibido del Congreso el proyecto
respectivo para su promulgación. Adicionalmente, la Vista Fiscal exhorta a la
Corte a corregir el trámite que se está dando a los proyectos de ley
estatutaria una vez que éstos se declaran parcialmente inexequibles pero la
legislatura para tramitarlos ya ha concluido dado que se presentan problemas de
dilación procesal y la afectación en los contenidos de las leyes estatutarias
promulgadas. En el caso de que exista una exequibilidad parcial de un proyecto
de ley estatutaria posterior a la finalización de la legislatura
correspondiente, el Congreso no tiene la competencia para rehacer y reintegrar
las normas del proyecto de ley ya declaradas inconstitucionales y la Corte
tampoco puede volver a conocer el contenido de dicho proyecto por eso, para la
Procuraduría, en estos eventos la Corte debería enviar el proyecto directamente
al Presidente de la República en virtud del principios constitucionales de
economía y eficacia procesales. La publicación pronta y fidedigna de las leyes
es precisamente lo que motiva la fijación de términos perentorios para la
sanción presidencial, so pena de perder la competencia para ello y que ésta sea
trasladada al Congreso. Es por lo anterior que la Procuraduría solicita a la
Corte que reinterprete el artículo 41 del Decreto 2067 de 1991 en el sentido
que cuando se declare parcialmente inconstitucional un proyecto de ley
estatutaria, y la legislatura para su trámite hubiese concluido, esa
Corporación no los devuelva a la Cámara donde tuvieron su origen, sino
directamente al Presidente de la República para que los promulgue.
II. FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
La Corte Constitucional es competente
para conocer de la demanda presentada en los términos de los artículos 241
numeral 4º y 242 numeral 1º de la Constitución Política, considerando que se
trata de examinar un vicio formal sobreviniente al control previo, automático e
integral de la Ley 1751 de 2015 efectuado por este Tribunal en la sentencia
C-313 de 2014.
2. Problema
Jurídico.
La Corte
Constitucional, en guarda de la supremacía de la Constitución, resolverá si, en
este caso, se desconocen los artículos
constitucionales 4, 113, 166 y 168 y el artículo 201 de la Ley 5 de 1992, por
la presunta sanción extemporánea de la Ley 1751 de 2015 por parte del
Presidente de la República, realizada un mes y medio después de la notificación
del Auto 377 de 2014 de corrección de la sentencia C-313 de 2014, y por la
omisión del Presidente del Congreso de sancionarla.
3. Cargo
único: desconocimiento de los artículos 4, 113, 166 y 168 de la Constitución
Política y del artículo 201 de la Ley 5 de 1992 por la presunta sanción
extemporánea de la Ley 1751 de 2015 por parte del Presidente de la República y
por la omisión del deber de sanción en cabeza del Presidente del Congreso.
3.1. Alcance
del cargo.
Contraviene la
Constitución, en particular los artículos 4, 113, 166, 168 y el artículo 201 de
la Ley 5 de 1992, el hecho de que el Presidente hubiese sancionado
extemporáneamente la Ley 1751 de 2015, ya que habría perdido tal competencia
teniendo en cuenta que el término de 10 días que señala el artículo 166,
empezaba a contar para el Gobierno desde la notificación del Auto 377 de 2014,
es decir finalizaba el 29 de diciembre del mismo año. Sin embargo el
Presidente, sancionó la Ley el 16 de febrero de 2015, según el actor, fuera de
los términos constitucionales señalados y el Congreso omitió sancionarla como
lo establece el artículo 168 Superior.
3.2. El trámite de los proyectos
de leyes estatutarias: en la legislatura parlamentaria.
3.2.1. El proceso de formación de las leyes estatutarias, desata una
dinámica compleja pero ordenada, en la que interviene el Congreso para su
debate y aprobación, la Corte Constitución para su control judicial y el
Gobierno para sancionar y promulgarlas.
3.2.2. La Constitución
-artículo 153- prescribe que el trámite de las leyes estatutarias “deberá
efectuarse dentro de una sola legislatura”, compuesta, a su vez, por dos
períodos de sesiones legislativos que deben transcurrir entre el 20 de julio y
el 20 de junio del año siguiente -artículo138 constitucional-. Hace referencia
esta disposición constitucional al suceso parlamentario de un proyecto de ley
estatutaria, desde su curso para primer debate en la comisión respectiva hasta
su aprobación en segundo debate de las dos cámaras (CP 157, C 011 de 1994).
3.2.3. Los tiempos para el control previo de la Corte y la sanción u objeción
presidencial, no están incorporados en la “legislatura” referida en el artículo
153 constitucional. Al respecto, ha dicho la Corte (C-011 de 1994): “Habría que agregar eventualmente los términos de que dispone el
Presidente para objetar o sancionar un proyecto, que varían entre seis y veinte
días (Art 166 CP). Todo ello muestra que si el trámite que debe ser surtido en
una sola legislatura incluyese la revisión por la Corte o las objeciones y
sanción presidenciales sería prácticamente imposible aprobar, modificar o
derogar leyes estatutarias”.
3.3. El trámite de los proyectos
de leyes estatutarias: de la revisión de constitucionalidad a la sanción
presidencial.
3.3.1. La
revisión por la Corte Constitucional.
3.3.1.1. La Corte Constitucional
adelanta un control constitucional automático,
previo, integral, participativo de los proyectos de ley estatutaria, tal como
se prevé en el artículo 153 de la Constitución.
3.3.1.2. La
revisión judicial que adelanta la Corte de las leyes
estatutarias es, en principio, definitivo, de
conformidad con los artículos 241. 8 y 153 de la Constitución.
Excepcionalmente, se ha admitido dos supuestos
para la revisión posterior de las Leyes Estatutarias que se enmarcarían en las
competencias de la Corte previstas en los artículos 241 numeral 4º y 242
numeral 1º: (i) vicios de forma en el marco de los trámites subsiguientes que
debe surtir el proyecto para convertirse en ley; (ii) modificación posterior de
la Constitución o de las normas internacionales que puedan hacer parte del
parámetro de la revisión de constitucionalidad. (C-072 de 2010).
3.3.2. Las
vicisitudes del proyecto tras la revisión de constitucionalidad.
Frente al control
automático y previo que efectúa la Corte Constitucional de las leyes
estatutarias, existen tres escenarios posibles que es oportuno distinguir.
3.3.2.1.
Cuando el proyecto de ley es declarado exequible: la Corte lo remite al
Presidente de la República para su respectiva sanción y promulgación  (art. 41
D-2067/91).
En
este caso, el proyecto remitido a la Corte por las mesas directivas de las
cámaras legislativas no ha sufrido modificación alguna; y por ello es perfectamente
procedente su reenvío directo al Ejecutivo, pues el texto judicialmente
revisado que éste recibe corresponde exactamente al aprobado por el Congreso de
la República.
3.3.2.2.
En todo caso de inconstitucionalidad, total o parcial, el Presidente(a) de la
Corte Constitucional “enviará el proyecto de ley al Presidente de la Cámara
de origen, con el correspondiente fallo” (D 2067/91, art. 41).
(i) Si
la inconstitucionalidad es total, se enviará al Presidente de la Cámara de
origen para su archivo definitivo (art. 41 D. 2067/91). En tal evento,
corresponde al Legislativo recibir la decisión del tribunal constitucional para
proceder al archivo del proyecto, por su incompatibilidad con la Constitución.
Si el
proyecto de ley es declarado parcialmente inexequible,  existen dos supuestos,
según haya concluido o no la Legislatura en la que inició su trámite, como se
apreciará enseguida.
(ii) En
caso de decisión judicial inexequibilidad parcial, no habiendo concluido aún la
legislatura correspondiente, de acuerdo con el artículo 41 del Decreto 2067 de
1991 se aplica el artículo 33 del mismo Decreto: por lo cual se remite a la
Cámara de origen para que, oído el ministro del ramo, “rehaga e integre las
disposiciones afectadas” de acuerdo con la decisión de la Corte y, una vez
efectuado el trámite, envíe nuevamente el proyecto a este Alto Tribunal para el
fallo definitivo.
Lo
anterior sería compatible con lo dispuesto por el artículo 153 Superior que
dispone que la aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias
se efectuará dentro de una sola Legislatura. Sin que en tal lapso tenga que
realizarse la nueva revisión de constitucionalidad, como ya se advirtió (Supra
II, 3.2.3).
(iii) En
el caso en el que la Legislatura haya concluido, se aplicará el artículo 41 del
Decreto 2067 y se enviará el proyecto al Presidente de la Cámara de origen para
efectos del cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad: integrando
las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en el texto del proyecto;
retirando las expresiones o disposiciones descardas inexequibles; y señalando
las modulaciones en el caso de decisiones de exequibilidad condicionada.
Una
vez ajustado y suscrito por los Presidentes y Secretarios de la cámaras legislativas,
el proyecto de ley estatutaria será enviado al Presidente de la República para
su respectiva sanción.
3.3.3. El
término para objetar y/o sancionar leyes estatutarias.
3.3.3.1. El término de sanción
corresponde al término para realizar objeciones gubernamentales.
En efecto, en el
artículo 168 Superior se señala que el Presidente de la República se encuentra
sujeto a unos “términos constitucionales” para sancionar las leyes. En
este orden de ideas, los únicos términos constitucionales asimilables son los
de la objeción gubernamental previsto en el artículo 166 de la Constitución
-variables según la cantidad de artículos-, que imponen el deber de sancionar
las leyes cuando estas no hayan sido objetadas.
3.3.3.2. De este modo,
el Gobierno tendrá de seis a veinte días hábiles, dependiendo del número de
artículos contenidos en la Ley, para objetarlos, de lo contrario, a más tardar transcurrido
ese término, deberá sancionar la ley estatutaria.
Se entiende entonces
que, la oportunidad para sancionar la Ley, empieza desde el día en el que corre
el término para objetar y se mantiene hasta el plazo máximo previsto en la
Constitución para este fin.
3.3.3.3. Si bien es
cierto que, tal y como se señaló anteriormente, los proyectos de ley
estatutaria tienen un control previo y automático de la Corte, ello no impide
que el Presidente, una vez efectuado el examen de constitucionalidad, no pueda
objetar por inconveniencia este tipo de proyectos de ley.
En efecto, la
formulación de objeciones por inconveniencia es una atribución constitucional
del Presidente, quien puede tener razones de orden económico, social y político
para oponerse a ciertos proyectos de ley. La jurisprudencia ha reconocido la
posibilidad de objetar leyes estatutarias, tal y como se desprende de la
sentencia C-011 de 1994 en la que, a propósito del alcance de los términos
fijados en el artículo 153 Superior se señaló que, además
del tiempo que toma el control previo y automático de la Corte, “habría que agregar
eventualmente los términos de que dispone el Presidente para objetar o
sancionar un proyecto, que varían entre seis y veinte días (Art 166 CP). Todo
ello muestra que si el trámite que debe ser surtido en una sola legislatura
incluyese la revisión por la Corte o las objeciones y sanción presidenciales
sería prácticamente imposible aprobar, modificar o derogar leyes estatutarias”[1]. Así, el hecho de que el
Presidente no pueda objetar por inconstitucionalidad un proyecto de ley
estatutaria después del examen de la Corte, que precisamente efectúa el control
de constitucionalidad previo y automático del mismo, no impide ni excluye la
posibilidad de que el mismo lo objete por inconveniencia.
Las objeciones por
inconveniencia se constituyen en un mecanismo de control político legítimo que
ejerce el Presidente respecto del Legislador,  distinguibles de las objeciones
por inconstitucionalidad que tienen como fundamento el desconocimiento de la
Constitución. Y en modo alguno pueden asimilarse a un poder de veto sobre las iniciativas
estatutarias, que constituiría una deformación del régimen presidencial, ya que
consiste en una solicitud vinculante de reconsideración dirigidas a las
cámaras, prevaleciendo en todo caso la insistencia del Legislativo.
3.3.4. Término para
promulgar las leyes.
3.3.4.1. Es preciso
distinguir la sanción de la promulgación y sus respectivos términos. La sanción de un proyecto de
ley se define como un acto a través del cual el Gobierno lo aprueba dando fe de
su existencia y autenticidad. La sanción es, en los términos del artículo 157
de la Constitución, un requisito esencial que pone fin al proceso formativo de
la ley y constituye una condición indispensable para que un proyecto de ley se
convierta en ley de la República[2].
3.3.4.2. Una vez sancionada la
Ley, esta debe ser promulgada por el Presidente de la República de acuerdo con
los artículos 165 y 189.10 Superiores.
3.3.4.3. La promulgación “consiste
en insertar la ley en el periódico oficial, y se entiende consumada, en la
fecha del número en que termine la inserción"[3]. De acuerdo con la Ley 4 de 1913, el término
para publicar e insertar las leyes en el periódico oficial es de diez días
después de que estas hayan sido sancionadas, sin embargo, de existir algún
inconveniente insuperable, se insertarán a la mayor brevedad[4]. El fin de la misma, es poner en
conocimiento a sus destinatarios, de los mandatos en ella contenidos, por lo
que es un requisito para su obligatoriedad[5].
Así las cosas, mientras la sanción se asocia con la validez de la Ley, la
promulgación se relaciona con su efectividad y oponibilidad. El término para
realizar la promulgación de las leyes, según el artículo 54 de la Ley 4 de
1913, es de diez (10) días a partir de su sanción.
3.3.4.4. En otras palabras,
los términos para sancionar los proyectos de ley estatutaria y para objetarlos
por inconveniencia, son los indicados en el artículo 166. Y el término para la promulgación
posterior de los mismos, es el fijado en la Ley 4 de 1913, artículo 54.
3.3.5. Pérdida de competencia
del Presidente de la República para sancionar leyes.
3.3.5.1. Cuando
el Presidente no sanciona las leyes -y en consecuencia no son promulgadas-, pierde
la competencia para hacerlo. Debe el Presidente del Congreso proceder a su
sanción y promulgación en el plazo establecido en el artículo 54 de la Ley 4 de
1913. Lo anterior sin perjuicio de las consecuencias que se originan para el
Gobierno por el incumplimiento del deber constitucional de sancionar las leyes
con arreglo a la Constitución (art. 189 n. 9, art. 200 n. 1, art. 166 y 168
CP).
3.3.5.2. La
anterior conclusión concuerda con la jurisprudencia de la Corte que ha señalado
en múltiples pronunciamientos, que el plazo para sancionar leyes estatutarias
es preclusivo y no meramente facultativo[6]. En otras
palabras, la sanción y promulgación de una ley no depende en absoluto del
arbitrio del Ejecutivo, quien se encuentra obligado a respetar los términos
constitucionales so pena de incumplir los deberes que le asigna la Carta y de
perder definitivamente su competencia en esta materia.
3.3.5.3. Así las
cosas, cuando el Presidente de la República no sanciona la ley estatutaria en
los términos establecidos en la Constitución, se configura un vicio formal, ya
que carecería de competencia para la sanción una vez transcurridos los términos
que establece el artículo 166 Superior. En esos casos, la Ley no será declarada
inexequible por la pérdida de competencia del Presidente de la República para
sancionar la ley, pues dicha irregularidad podrá ser subsanada por el Congreso,
cuyo Presidente pasa a ser la autoridad constitucionalmente habilitada para
sancionarla y promulgarla, según el artículo 168 constitucional. La norma
constitucional citada -art. 168- radica en el Presidente de la Rama Legislativa
tal competencia[7],
tras haberse formado la voluntad legislativa y efectuado el control de
constitucionalidad previo.
3.4. Análisis
del cargo.
3.4.1. El
problema planteado.
En el presente
caso, se trata de establecer si existe un vicio de forma sobreviniente al
control constitucional previo y automático efectuado en la sentencia C-313 de
2014 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, por la presunta sanción extemporánea
del Presidente de la República y por la omisión del Presidente del Congreso de
sancionarla tal y como lo establece el artículo 168 de la Constitución.
3.4.2. Los
trámites surtidos por la Ley Estatutaria después de su aprobación.
Considerando el
informe enviado a la Corte por el Secretario General del Senado de la
República, se encuentra que:
-El 10 de julio
de 2013 se remitió a la Corte Constitucional el expediente del Proyecto de Ley
Estatutaria, en los términos ordenados por el artículo 153 Superior[8].
-La Corte
Constitucional revisó de manera integral la Ley Estatutaria en la sentencia
C-313 de 2014 del 29 de mayo de 2014[9]
y la declaró parcialmente inexequible[10].
-El expediente fue
enviado al Senado el 20 de octubre de 2014.
-El expediente
fue recibido en la Presidencia de la República para su sanción y promulgación
el 21 de noviembre de 2014.
-El 2 de
diciembre de 2014, la Presidencia de la República devolvió el expediente al
Congreso señalando que, en vista de que el proyecto de ley fue declarado
parcialmente inexequible, era preciso darle el trámite ordenado por los
artículos 41 y 33 del Decreto 2067 de 1991 y advirtió la existencia de una
discrepancia entre la sentencia y lo aprobado por el Congreso. Como
consecuencia de lo anterior se produjo una interrupción de los términos para la
sanción presidencial.
-El 3 de
diciembre de 2014 la Corte emitió el Auto 377 de 2014 corrigiendo los errores
de transcripción y ordenó enviar copia del auto de la sentencia a las
autoridades a quienes se les comunicó la sentencia[11].
-El 20 de enero
de 2015, el Secretario General del Senado de la República ofició al Ministro de
Salud para que, de conformidad con la devolución hecha por la Secretaría
Jurídica de la Presidencia de la República y la solicitud de dar aplicación al
artículo 33 del Decreto 20657 de 1991, se sirviera asistir a Sesión Plenaria.
-El 5 de febrero
de 2015, el Gobierno nacional expidió el Decreto 205 de 2015 en el que entre
otros, se señaló que durante el
período de sesiones extraordinarias el Congreso de la República se ocuparía “de
realizar, en lo de su competencia, las etapas del procedimiento de sanción del
proyecto de Ley Estatutaria 209 de 2013 Senado y 267 de 2013 Cámara “Por medio
de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras
disposiciones””.
-El 6 de febrero de 2015, el Secretario General del Senado le informó al
Ministro Alejandro Gaviria la nueva fecha de la sesión plenaria –programada
para el 10 de febrero de 2015-, para oírlo de conformidad con el fallo de la
Corte Constitucional.
-Acorde con lo anterior, el 10 de febrero la Sesión Plenaria escuchó al
Ministro de Salud.
-El 11 de febrero de 2015 la Presidencia de la República recibió el
expediente.
-La Ley Estatutaria 1751 de 2015 se sancionó y promulgó el 16 de febrero
de ese mismo año[12].
3.4.3. Inexistencia de defectos en trámite posterior al control de
constitucionalidad.
3.4.3.1. Teniendo en cuenta la parte considerativa de esta sentencia y
el recuento de los hechos ocurridos luego del control de constitucionalidad
efectuado por la Corte en la sentencia C-313 de 2014, esta Corporación estima
que, en el presente caso, no se han infringido las normas constitucionales
invocadas por el demandante.
3.4.3.2. En primer lugar es preciso advertir, tal y como lo admite el
propio actor, que no se tiene en cuenta la fecha de notificación de la
sentencia C-313 de 2014, sino el Auto 377 de 2014 -de corrección de errores de
transcripción-, para efectos de establecer los pasos a seguir para la sanción y
posterior promulgación de la ley.
3.4.3.3. Posteriormente, la ley estatutaria fue enviada al Presidente y
tras recibirla corrió el término señalado en el artículo 166 de la Constitución
para la sanción presidencial.
3.4.3.4. De acuerdo con lo anterior, no existe una vulneración de la
Constitución en el sentido planteado en la demanda, porque los términos para
objetar, como para sancionar y promulgar las leyes, no se cuentan desde la
notificación de la sentencia. Si así fuere, habría que omitir la remisión al
Congreso en donde se hacen los ajustes correspondientes y se firma la Ley por
parte de los presidentes de las Cámaras o debería el Congreso paralizar toda su
labor para realizar estos trámites se manera expedita para luego remitir el
expediente a Presidencia.
3.4.3.5. Es por ello que el plazo para la sanción y promulgación de la
Ley empieza cuando el expediente legislativo llega a la Presidencia y no antes,
porque el Presidente no tiene que asumir las contingencias que puedan
presentarse antes de que la Ley llegue a su despacho y que se asocian con los
trámites posteriores al control de la Corte, como su ajuste en el Congreso
cuando se trata de inexequibilidades parciales, la recolección de las firmas de
los Presidentes de Senado y Cámara, y otros.
3.4.3.6. Es claro que los trámites de la ley posteriores al control
previo y automático de la Corte, tampoco pueden con esta excusa dilatarse de
manera indefinida. Pero en el presente caso, la Corte encuentra que los pasos
se surtieron normalmente y que en todo caso no se desconoció el término
presidencial para la sanción y la promulgación de la ley: por cuanto la
Presidencia recibió el expediente el 11 de febrero de 2015 y  lo sancionó y
promulgó el 16 de febrero tal y como se desprende del Diario Oficial publicado
en la misma fecha. Considerando que la Ley 1751 de 2015 cuenta con 26
artículos, con arreglo al artículo 166 de la Constitución se aplica el término
de 10 días para la sanción y promulgación, plazo que no se venció ya que el
Presidente sancionó y promulgó la Ley cinco días después de haberla recibido.
3.5. Síntesis
del Cargo.
En el presente
caso la Corte estima que no se infringen los artículos constitucionales 4, 113,
166, 168 y el artículo 201 de la Ley 5 de 1992 dado que no se desconocieron los
términos constitucionales señalados en el artículo 166 Superior para sancionar y
promulgar la Ley 1751 de 2015, los cuales empiezan a correr desde que la ley
estatutaria, ajustada por el Congreso y firmada por los Presidentes de las
cámaras legislativas, es recibida por el Gobierno, y no desde que la sentencia
-en este caso el Auto de corrección de la misma- es notificada.
III. CONCLUSIÓN.
1. La demanda. Vulneración de los
artículos 4, 113, 166, 168, y el artículo 201 de la Ley 5 de 1992 porque el
Presidente habría perdido la competencia para sancionar la Ley 1751 de 2015, en
virtud de que el término de 10 días que señala el artículo 166 Superior,
empezaba a contar para el Gobierno desde la notificación del Auto 377 de 2014,
es decir a partir del 29 de diciembre del mismo año; sin embargo el Presidente
sancionó la Ley el 16 de febrero de 2015, según el actor, fuera de los términos
constitucionales señalados y el Congreso omitió sancionarla en los términos del
artículo 168 Superior.
2. Problema
jurídico-constitucional. ¿Se
desconocen los artículos constitucionales 4, 113, 166 y 168 y el artículo 201
de la Ley 5 de 1992, por la presunta sanción extemporánea de la Ley 1751 de
2015 por parte del Presidente de la República, realizada un mes y medio después
de la notificación del Auto 377 de 2014 de corrección de la sentencia C-313 de
2014, y por la omisión del Presidente del Congreso de sancionarla?
3. Decisión. En el presente caso la Corte estima que no se infringen los artículos
constitucionales 4, 113, 166 y 168 ni el artículo 201 de la Ley 5 de 1992 dado
que no se desconocieron los términos constitucionales señalados en el artículo
166 Superior para sancionar y promulgar la Ley 1751 de 2015, los cuales
empiezan a correr desde que la ley estatutaria, ajustada por el Congreso y firmada
por los presidentes de las cámaras legislativas, es remitida al Presidente de
la República y no, desde que la sentencia -en este caso el Auto de corrección
de la misma- es notificada.
4. Razón de decisión. Los términos de sanción de las leyes estatutarias
se cuentan desde el momento en el que expediente legislativo es recibido en la
Presidencia de la República, y se prolongan en los términos señalados en el
artículo 166 de la Constitución considerando que las leyes estatutarias pueden
ser objetados por inconveniencia.
5. Reglas en
materia de sanción de leyes estatutarias.
5.1. Declarada la
exequibilidad total del proyecto de ley estatutaria, la Corte lo remite directamente
al Presidente de la República para su objeción o sanción.
5.2. Si la
inexequibilidad del proyecto de ley estatutaria es total, la Corte lo enviará
al Congreso para su archivo.
5.3. Si la
inexequibilidad del proyecto de ley es parcial y la decisión se profiere dentro
de la misma legislatura, se aplica el artículo 33 del Decreto 2067 de 1991, de
modo que se enviará a la cámara de origen para que, oído el ministro del ramo,
rehaga e integre las disposiciones en el sentido que establezca la Corte,
después de lo cual, deberá renviar a esta Corporación el proyecto para fallo
definitivo.
5.4. Si la
inexequibilidad es parcial y la decisión se profiere fuera de la legislatura,
el proyecto de ley se enviará a la cámara de origen para que esta ajuste el
texto de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia[13],
se firme por los dignatarios de ambas cámaras y sea remitido de inmediato a la
Presidencia de la República.
5.5. En las
sentencias de la Corte que examinan la constitucionalidad de los proyectos de
ley estatutaria, se transcribirá en los antecedentes el texto de la ley tal y
como fue recibido del Congreso. Y, se incluirá como anexo el texto aprobado
efectivamente por la Corte, en caso de inexequibilidad parcial.
5.6. El término
de la sanción del proyecto de ley es el mismo término para formular objeciones,
y empieza a correr desde el momento en el que es recibido en la Presidencia de
la República.
5.7. El término
de promulgación es de diez días, vencido el término de objeción o una vez se
haya surtido la sanción de la ley.
5.8. Si el
Presidente de la República no sanciona la ley en los términos constitucionales
que corresponden a los términos de la objeción, pierde competencia para hacerlo
y queda habilitado el Presidente del Congreso para sancionar y promulgar la
ley.
5.9. La sanción
extemporánea de la ley por parte del Presidente de la República constituye un
defecto de trámite que no constituye vicio de inexequibilidad, ya que el
proyecto pasa a ser sancionado por el Presidente del Congreso, sin perjuicio de
que el Presidente de la República lo subsane anticipándose a hacerlo.
IV. DECISIÓN.
La Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar
EXEQUIBLE la Ley 1751 de 2015 “por medio de la cual se regula el derecho
fundamental a la salud”, por los cargos examinados en la presente
sentencia.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidente (E)
Con aclaración de voto
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO
PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado
Con aclaración de voto
GLORIA STELLA ORTÍZ
DELGADO
Magistrada
Con aclaración de voto
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
Con aclaración de voto
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento parcial
de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA,
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Y
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA
C-634/15
LEY
ESTATUTARIA QUE REGULA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Circunstancias de
tiempo en que fue sancionada Ley 1751 de 2015 no constituyen vicio de
inconstitucionalidad (Aclaración de voto)/PROYECTO DE LEY-Constitución
no impone como presupuesto de validez que sean sancionadas oportunamente sino
que Gobierno o Presidente del Congreso deben sancionarlas (Aclaración de voto)
LEY
ESTATUTARIA QUE REGULA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-No se podía
convalidar dilación inconstitucional de términos para sancionar proyecto que se
convirtió en Ley 1751 de 2015 (Aclaración de voto)
LEY
ESTATUTARIA QUE REGULA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-No se podía
devolver al Congreso por cuanto sentencia C-313/14 se expidió cuando ya había
expirado legislatura de las Cámaras que aprobaron proyecto de ley (Aclaración
de voto)
LEY
ESTATUTARIA QUE REGULA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Presidente de la
República solo tenía las opciones de sancionar u objetar por inconveniencia
proyecto de ley luego del control constitucional (Aclaración de voto)
PROYECTO
DE LEY-Envío a la Cámara de origen tiene únicamente propósito de publicidad
y no determina los trámites para la sanción de la ley (Aclaración de voto)
LEY
ESTATUTARIA QUE REGULA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Devolución de
proyecto a las Cámaras no solo no tiene sustento en la Constitución, la ley o
la jurisprudencia sino que las contradice (Aclaración de voto)/CELERIDAD DE
LOS PROCEDIMIENTOS-Aprobación de leyes deben concebirse como instrumentos
para impulsar eficazmente el desarrollo de las labores del Congreso (Aclaración
de voto)
Demanda de inconstitucionalidad contra
la Ley 1751 de 2015 “por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud”
Referencia: Expediente D-10675
Actor: Franky Urrego Ortiz
Magistrado Ponente:
Mauricio González Cuervo
Aunque compartimos la decisión de declarar exequible la Ley 1751 de 2015,
aclaramos el voto con el debido respeto toda vez que discrepamos de las razones
expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
1. Coincidimos en el sentido de la decisión, por cuanto las
circunstancias de tiempo en que fue sancionada la Ley 1751 de 2015 no
constituyen un vicio de inconstitucionalidad. La Constitución no impone como presupuesto de validez
de las leyes el que estas sean sancionadas oportunamente, sino que se limita a
prever que el Gobierno o en su defecto el Presidente del Congreso deben
sancionarlas.[14] En efecto, el artículo 165
Superior dispone que “[a]probado un proyecto de ley por ambas cámaras,
pasará al Gobierno para su sanción”. En concordancia, el artículo 157 de la
Constitución dice que “[n]ingún proyecto será ley sin los requisitos
siguientes: […] 4. Haber obtenido la sanción del Gobierno”. Por su
parte, el artículo 168 de la Carta Política estatuye que “[s]i el Presidente
no cumpliere el deber de sancionar las leyes en los términos y según las
condiciones que la Constitución establece, las sancionará y promulgará el
presidente del Congreso”. Una sanción extemporánea aunque efectiva no
implica entonces la invalidez de la ley. Asunto distinto es que la
inobservancia de los términos constitucionales previstos para ello comprometa
la responsabilidad de quien tenía a su cargo el deber de cumplirlos; es decir,
del Presidente de la República o en su defecto del Presidente del Congreso, que
es la consecuencia general para los eventos en los cuales se incumplen los
plazos constitucionales que no afectan el trámite de la ley ante las Cámaras.[15]
2. Respecto de esto último, la Corte tiene la función de guardar “la
integridad y supremacía de la Constitución” (CP art 241). Por tanto, no
podía convalidar –como lo hizo- la dilación inconstitucional de los términos
para sancionar el proyecto que se convirtió en Ley 1751 de 2015. En efecto, la
sentencia C-313 de 2014 se expidió cuando ya había expirado la legislatura
dentro de la cual las Cámaras aprobaron el proyecto de ley, y por ende este no
podía devolverse al Congreso toda vez que el artículo 153 Superior dice que
“[l]a aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias […]
deberá efectuarse en una sola legislatura”. En consecuencia, luego del
control constitucional, el Presidente de la República solo tenía las opciones
de sancionar u objetar por inconveniencia este proyecto de ley. Para objetar
por inconveniencia un proyecto de ley que contiene entre 20 y 50 artículos, el
Gobierno cuenta con 10 días (CP art 166). El proyecto de ley estatutaria sobre
derecho fundamental a la salud tenía 26 artículos, de modo que había 10 días
para objetarlo, o sancionarlo (ídem). Ese plazo debía empezar a contarse desde
que se comunicó la sentencia C-313 de 2014 al Presidente de la República, lo
cual ocurrió el 20 de octubre de 2014. La oportunidad para objetar el proyecto
expiró entonces el 4 de noviembre de 2014. Si en gracia de discusión se admite
que el término para objetar o sancionar empezó a correr con la notificación del
auto de corrección 377 de 2014, el plazo iniciaba el 3 de diciembre de 2014 y
expiraba el 18 de diciembre del mismo año. Vencido ese término sin objeciones,
el proyecto de ley debía ser sancionado sin demora por el Presidente de la
República o por el Presidente del Congreso (CP arts 165, 166 y 168). No
obstante, este proyecto de ley se sancionó el 16 de febrero de 2015, dos meses
después de lo debido. Por ende, se violaron los mandatos constitucionales sobre
la materia.
3. En esta ocasión, no obstante, la parte motiva de la presente sentencia
dice que la sanción se impartió dentro de los términos constitucionales.
Resalta para llegar a esa conclusión que cuando se declara la
inconstitucionalidad parcial de un proyecto de ley estatutaria, el artículo 41
del Decreto 2067 de 1991 ordena a la Corte remitir el proyecto de ley junto con
el respectivo fallo a la Cámara de origen. De allí infiere entonces que, por lo
tanto, solo empieza a correr el término para objetar o sancionar el proyecto
cuando a su turno la Cámara de origen se lo remita al Presidente de la
República y este lo reciba efectivamente. Esa conclusión, sin embargo, no se
sigue de la premisa. El deber que tiene la Corte de enviar el proyecto de ley a
la Cámara de origen, no lo negamos. Pero debemos destacar que esta obligación
tiene únicamente un propósito de publicidad, y no determina los trámites para
la sanción de la ley, por varios motivos: uno, porque su texto no lo dice; dos,
porque el objeto del Decreto 2067 de 1991 solo es regular las actuaciones ante
la Corte Constitucional, y no la formación o sanción de las leyes; tres, porque
lo atinente a la sanción de las leyes, en tanto es un elemento propio de su
procedimiento de formación, es materia reservada a la Constitución y la ley
orgánica (CP arts 151, 157, 165, 166 y 168). El Decreto 2067 de 1991 no ostenta
empero ni uno ni otro estatus, por lo cual lo que allí se dice tiene sentido
normativo solo para las actuaciones de la Corte, y no establece normas que
regulen los actos de otras Ramas del poder una vez superado definitivamente el
control constitucional respectivo.
4. Sostiene el presente fallo que en un caso como este no podía
computarse el plazo para sancionar el proyecto de ley a partir de la sentencia
C-313 de 2014 o de la notificación del auto de corrección 377 de 2014, por
cuanto el proyecto de ley estatutaria resultante del control constitucional
debía entonces pasar primero por el Congreso, ya que sus normas fueron
declaradas parcialmente inexequibles, y luego enviarse al Presidente de la
República. Solo a partir de allí –dice- podrían computarse los términos para
sancionarlo. Discrepamos sin embargo no solo de que así se definan los términos
para sancionar un proyecto de ley, sino además de que este procedimiento de
remisión para trámite en el Congreso se ajuste en casos como este a la
Constitución y a la ley orgánica (Ley 5/92). En efecto, en esta ocasión, para
el 20 de octubre de 2014 –fecha en que se comunicó la sentencia C-313 de 2014-
ya había vencido la legislatura en la cual se aprobó el proyecto de ley
estatutaria en las Cámaras.[16]
Cuando vence la legislatura en que se aprueba un proyecto de ley estatutaria, este
no puede retornar al Congreso a menos que se adviertan vicios subsanables de
procedimiento en su formación (CP art 241 parágrafo), o que se presenten
objeciones gubernamentales por inconveniencia tras la decisión de la Corte (CP
art 167). Dado que en este caso no se daba ninguna de esas situaciones, no
había sustento constitucional para afirmar que el proyecto podía o debía
devolverse a las Cámaras. Ese acto no tiene tampoco fundamento en alguno en la
Ley orgánica, ni el Decreto 2067 de 1991, pues este último supedita el trámite
ante las cámaras de los proyectos de ley estatutaria ya controlados, cuando hay
decisiones de exequibilidad parcial, solo si no ha expirado la legislatura en
la cual se expidieron. Como en este caso había vencido la legislatura, el
Decreto 2067 de 1991 no era tampoco la fuente de la doctrina creada en este
fallo.
5. Pero esta postura no solo no tiene sustento en la Constitución, en la
ley o en la jurisprudencia, sino que de hecho las contradice a todas
directamente. En primer lugar, por disposición constitucional expresa, el
Congreso pierde competencia para actuar sobre un proyecto de ley estatutaria
una vez expira la legislatura en la cual empezó a tramitarla (CP art 153).
Después de que concluye la respectiva legislatura, el Congreso solo puede
retomar el proyecto e impartirle un trámite cualquiera si hay vicios de
procedimiento subsanables en la formación del acto o si ha habido objeciones, y
esto es así porque lo dice expresamente la Constitución (CP arts 241 parágrafo
y 165 y ss). Darle al Congreso –en una sentencia- la función de intervenir el
proyecto de ley después de expirar la legislatura, contraría la Constitución.
Si, por lo demás, se le otorga al Congreso una función certificatoria,
consistente solo en presentar el texto del proyecto resultante del control,
debe decirse que esta competencia no está en la Constitución ni en la ley, y
por ende sería adicionarle una facultad, por cierto innecesaria, que no le
agregaría valor al acto. Por lo mismo, la previsión judicial de este novedoso
trámite violaría un principio de la Ley 5 de 1992, referido a la “[c]eleridad
de los procedimientos” (art 2), en virtud del cual las normas sobre
aprobación de leyes deben concebirse como instrumentos para “impulsar
eficazmente el desarrollo de las labores de todo orden del Congreso”. Por
último, esta posición desconoce la doctrina establecida en las sentencias C-011
de 1994 y C-1153 de 2005, en las cuales la Corte sostuvo razonadamente que una
vez finiquitada la legislatura en que se aprueba un proyecto de ley
estatutaria, el acto que supera el control de la Corte no puede ni tiene por
qué volver a las Cámaras.[17]
6. El entendimiento por el cual propugnó la Sala Plena en este caso no
solo no tiene entonces de fundamento normativo, y contradice la Constitución,
la ley y la doctrina constitucional de esta Corte, sino que además resulta
innecesario y en vez de impulsar frena irrazonablemente la puesta en práctica
de la producción legislativa. Le da al Congreso una función puramente
administrativa de la cual carece, consistente en convalidar lo que ya no tiene,
en esa instancia, revisión alguna. Por estos motivos decidimos entonces aclarar
nuestro voto.
Fecha ut supra,
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Magistrado
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
ACLARACIÓN
DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
A LA
SENTENCIA C-634/15
LEY ESTATUTARIA
QUE REGULA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Presidente
de la República solo tenía las opciones de sancionar u objetar por
inconveniencia proyecto de ley luego del control constitucional (Aclaración de
voto)
LEY ESTATUTARIA
QUE REGULA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-No se podía devolver al
Congreso, ya que ello implicaba que el trámite de la ley tuviera lugar durante
más de un período legislativo (Aclaración de voto)
LEY ESTATUTARIA
QUE REGULA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-No debió devolverse, ni la
Corte podía promover la tardanza en la sanción presidencial so pretexto de ser
remitida al Congreso para dar trámite meramente formal (Aclaración
de voto)
Referencia: Expediente D-10675
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra la
Ley 1751 de 2015 “por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la
salud”
Magistrado Ponente:
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
1. Con el acostumbrado respeto por las decisiones de
la Corte Constitucional, presento las razones que me llevan a aclarar el voto
que emití en la sesión de Sala Plena adelantada el 7 de octubre de 2015, en la
que por votación mayoritaria se profirió la Sentencia C-634 de 2015 de la misma
fecha, que declaró la exequibilidad de la Ley 1751 de 2015[18].
2. En esta ocasión la Sala Plena consideró que el
demandante no tenía razón al señalar que existía un vicio de inconstitucionalidad
en el trámite de la Ley 1751 de 2015, por cuanto la Constitución no condiciona
la validez de una norma a la oportunidad en la sanción presidencial. Respecto
del cargo formulado se indicó que si el Presidente de la República no sanciona
ni promulga oportunamente las leyes, éste pierde competencia y debe
hacerlo el Presidente del Congreso de forma inmediata[19],
sin que ese vicio pueda invalidar la norma como tal. Así mismo, se precisó que
el incumplimiento de ese deber constitucional por parte del Gobierno acarrea la
responsabilidad de éste[20].
3. Ahora bien, en el análisis del cargo, la presente
sentencia indicó que los términos constitucionales fueron debidamente respetados
y que no hubo ninguna dilación en el trámite constitucional. Se explicó que el
plazo que tenía el Presidente de la República para sancionar el proyecto de ley
no debía contarse a partir de la notificación del Auto de corrección
A-377 del 3 de diciembre de 2014, que corrigió la sentencia C-313 de 2014[21].
Lo anterior, ya que el proyecto de ley estatutaria debía primero devolverse
al Congreso de la República y luego entregarse al Presidente para sanción,
momento a partir del cual se podían contar el plazo que éste tiene para objetar
o sancionar[22].
4. Como lo expresé en su momento, me aparto de esa
argumentación porque considero que al haberse terminado la legislatura dentro
de la cual se aprobó el Proyecto de Ley Estatutaria Nº 209
de 2013 Senado – 276 de 2013 Cámara (que luego fue la Ley 1751 de 2015), cuando
la Corte emitió la sentencia C-313 de 2014 y el Auto A-377 del mismo año, el
proyecto no podía devolverse al Congreso de la República sino que debía ser
sancionado, o en su defecto objetado, por el Presidente de la República,
sin mayor dilación. Lo anterior pues devolver en esas condiciones el proyecto
de ley desconoce el artículo 153 Superior, según el
cual la aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias “deberá
efectuarse en una sola legislatura”.
En efecto, en
este caso es claro que la sentencia C-313 de 2014 y el Auto de corrección A-377
del mismo año se expidieron cuando ya había expirado la legislatura dentro
de la cual se aprobó el proyecto de ley, por tanto, no podía devolverse el
proyecto al Congreso, ya que ello implicaba que el trámite de la ley tuviera
lugar durante más de un periodo legislativo (como en efecto ocurrió).
Según la
Constitución sólo puede devolverse un proyecto de ley estatutaria al Congreso a
pesar de haber vencido la legislatura en la cual se aprobó, cuando: i) se
adviertan vicios subsanables de procedimiento en su formación[23];
o ii) se presenten objeciones presidenciales por inconveniencia[24].
En esta ocasión no se presentó ninguna de estas circunstancias, por tanto, ni
debió devolverse, ni la Corte podía promover la tardanza en la sanción
presidencial so pretexto de ser remitido al Congreso para dar un trámite
meramente formal.
No siendo otro el motivo de mi aclaración
de voto reitero que, a pesar del punto señalado, comparto la decisión
adoptada.
Fecha ut supra
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
ACLARACIÓN
DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
A
LA SENTENCIA C-634/15
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA
QUE REGULA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-En la medida que cumpla su trámite en el
Congreso durante una legislatura se da alcance a las previsiones del artículo
153 de la Constitución, independiente y separadamente de que su revisión por la
Corte Constitucional y la sanción presidencial se efectúen una vez terminada la
legislatura (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente
D-10675. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1751 de 2015 "por
medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud".
Magistrado Ponente:
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
La
Constitución Política establece, en sus artículos 165 y 168 que aprobado un
proyecto de ley por ambas cámaras, pasará al Gobierno para su sanción y, en
caso de que el Presidente no cumpliere el deber de sancionarlo en los términos
y según las condiciones constitucionales, lo sancionará y promulgará el
presidente del Congreso.
Tales
normas son claras al consagrar el deber de "sancionar las leyes",
más, sin embargo, las mismas no instituyen ni expresa ni tácitamente, que la
tardanza en el cumplimiento del mandato allí consignado constituya un vicio
generador de inconstitucionalidad, pues evidentemente el propósito del
constituyente fue el de garantizar la firma promulgación y vigencia de las
normas que han surtido su tránsito por el Congreso y que una vez enviadas al Gobierno
para su firma este no las objeta dentro del término en que se puede hacerlo. En
efecto, lo que pretenden las disposiciones constitucionales es que
efectivamente la ley rija independientemente de que la firmen y promulguen
cualquiera de las dos autoridades que tiene competencia para ello, lo cual no
inhibe la posibilidad de cuestionar la inconstitucionalidad de su trámite en el
Congreso o de su contenido material en la oportunidad que corresponde.
En
el caso examinado es preciso reconocer que existió un retraso, como en efecto
se observa en el análisis de las fechas y términos en las que acaeció la
legislatura, la sanción presidencial y el control constitucional de la Ley 1751
de 2015.
La
jurisprudencia de la Corte Constitucional en las sentencias C-473 de 2005,
C-187 de 2006, C-502 de 2007, C-1101 de 2008, C-490 de 2011, C-951 de 2014,
entre otras, ha señalado que la inexequibilidad de un proyecto de ley
estatutaria, declarada durante el trámite de revisión previa y automática,
puede ser de dos tipos: total o parcial.
1)
Si es total, el
proyecto deberá ser archivado por el Congreso.
2)
Cuando la
inexequibilidad es parcial, se pueden dar dos hipótesis:
(i)
En caso de que
la legislatura no hubiere terminado, se sigue el trámite previsto en el artículo
33 del Decreto 2067 de 1991, esto es, se remite a la Cámara de origen (arts.
166 y 167 CP. y 33 Dec. 2067/91).
(ii)
Pero si la
inexequibilidad es parcial y la decisión se profiere fuera de la legislatura,
el proyecto de ley se enviará a la cámara de origen para que esta ajuste el
texto de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia, se firme por los dignatarios
de ambas cámaras y sea remitido de inmediato a la Presidencia de la República.
Por
presentarse la coincidencia de supuestos, esta última fue la exégesis que
adoptó la Corte en la Sentencia C-313 de 2014 frente a la inexequibilidad
parcial del proyecto de ley estatutaria examinada, hoy Ley 1751 de 2015, de
manera que la decisión respectiva contó con un claro respaldo en los
antecedentes de la Corporación, lo cuales hoy se ratifican mediante la
Sentencia C-631 de 2015.
Es
necesario diferenciar y entender separados el trámite que corresponde al
proceso de positivización de las leyes[25]
y el trámite que se surte ante la Corte Constitucional para efectos del control
de constitucionalidad de las mismas[26], puesto que
tienen regulaciones normativas y términos distintos para su cumplimiento.
Ahora
bien, partiendo de la premisa según la cual si el Presidente no cumpliere con
el deber de sancionar tempestivamente una ley válidamente tramitada tal omisión
no constituye un vicio constitucional, per se, ante la existencia de una regla
para subsanar el asunto (que finalmente la firme, aun por fuera de término, el
Presidente de la República o que, si persiste la omisión de este, lo haga el
Presidente del Congreso, lo que constituye la respuesta o solución que la
Constitución brinda a dicha tardanza y si ese es el camino que, ante la
situación comentada, de acuerdo con la constitución debe seguirse,
concomitantemente, no cabría derivar de la misma una inexequibilidad una
inexequibilidad porque si así se concluyera, la preceptiva superior indicada
quedaría despojada de todo sentido) así las cosas, mal podría concluirse que
tal situación fáctica y jurídica pueda subsumirse en la hipótesis establecida
en el artículo 241 Superior que señala que "cuando la Corte encuentre
vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su
control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser
posible, enmiende el defecto observado. Subsanado el vicio, procederá a decidir
sobre la exequibilidad del acto". A mi juicio es claro que no estamos
frente a dicho supuesto, más aún, cuando la Jurisprudencia Constitucional ha
sido lineal y reiterativa, en cuanto a que el "trámite" señalado por
el artículo 153 no incluye la revisión por la Corte, a pesar del tenor literal
de esa disposición y que "la única interpretación razonable es que el
"trámite" al que se refiere el artículo 153 es el correspondiente al
tránsito del proyecto en el Congreso, a saber, su aprobación, modificación o
derogación en las Cámaras, pero no incluye los pasos extra legislativos[27]".
Por
lo tanto en la media en que un proyecto de ley estatutaria cumpla su trámite
dentro del Congreso durante una legislatura, se está dando alcance a las
previsiones del artículo 153 de la Constitución, independiente y separadamente
de que su revisión por la Corte y la sanción por el Presidente se efectúen una
vez terminada la legislatura.
El
hacer énfasis puntual en los aspectos señalados fue lo que me indujo a
presentar la presente aclaración.
Fecha
ut supra,
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1] C-011 de 1994.
[2] C-084 de 1996, C-543 de 1998.
[3] Código
de Régimen Político y Municipal (Ley 4a. de 1913), art. 52.
[4] Ibídem, art. 54.
[5] C-179 de 1994.
[6] C-084 de 1996, C-492 de 1997, C-543 de 1998, entre otras.
[7] Al respecto
resulta ilustrativo lo señalado por la jurisprudencia: “Concurren varias
hipótesis de vicios subsanables en el procedimiento legislativo, clasificadas
de acuerdo con su gravedad y el momento del trámite en que se presentan.
Así, puede estarse ante (C-737 de 2001)  (i) errores de trámite que, por su intrascendencia, no
afectan de ninguna forma los propósitos sustantivos antes explicados.  En
este caso no se está, en estricto sentido, ante un vicio de procedimiento, por
lo que no hay lugar a la subsanación; (ii) defectos del trámite que, si
bien tuvieron ocurrencia, son convalidados en el proceso mismo de formación de
la ley, en la medida en que se haya cumplido el propósito que la regla de
procedimiento pretendía proteger, o la irregularidad haya sido expresamente
subsanada por una autoridad que tenía competencia para efectuar ese
saneamiento; (iii)vicios que son
identificados por la Corte en el control de constitucionalidad, respecto de los
cuales aplica la fórmula de subsanación prevista en el parágrafo del artículo
241 Superior; y (iv) vicios que también son
advertidos en el escrutinio judicial, pero que pueden ser subsanados por la
misma Corte” (Auto 032 de 2012).
[8] El Proyecto de Ley
Estatutaria n. 209/13 Senado – 267/13 Cámara, había sido radicado el 19 de
marzo de 2013 en el Senado. El 20 de junio de 2013, se aprobó el informe de
Conciliación en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes.
[9] Según Comunicado de la Corte Constitucional  n. 21 de la misma
fecha.
[10] C-313 de 2014.“Primero.- Declarar
EXEQUIBLE, en cuanto a su trámite, el proyecto de Ley Estatutaria No. 209 de
2013 de Senado y 267 de 2013 Cámara “Por medio de la cual se regula el derecho
fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
Segundo.- Declarar
EXEQUIBLES los artículos 2º, 3º, 4º, 7°, 9º, 12, 13, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22,
24, 25 y 26.
Tercero.- Declarar
EXEQUIBLE el artículo 1°, en el entendido que la expresión “establecer sus
mecanismos de protección” no dará lugar a expedir normas que menoscaben la
acción de tutela.
Cuarto.- Declarar
EXEQUIBLE el artículo 5°, en el entendido que (i) la atribución del deber de
adoptar mecanismos para la validación del derecho prevista en el literal d) no
dará lugar a expedir normas que menoscaben el mecanismo de protección de los
derechos fundamentales y (ii) la sostenibilidad financiera a que alude el
literal i) no puede comprender la negación a prestar eficiente y oportunamente
todos los servicios de salud debidos a cualquier usuario.
Quinto.- Declarar
EXEQUIBLE el artículo 6°, salvo las expresiones “de manera intempestiva y
arbitraria” contenidas en el literal d) del inciso segundo, “que se requieran
con necesidad” y “que puedan agravar la condición de salud de las personas”
contenidas en el literal e) del inciso segundo, que se declaran INEXEQUIBLES.
Sexto.- Declarar
EXEQUIBLE el artículo 8º salvo el parágrafo que se declara INEXEQUIBLE.
Séptimo.- Declarar
EXEQUIBLE el artículo 10, salvo las expresiones “razonables” y “efectivo” del
literal q) y “con necesidad” del parágrafo 1 del inciso segundo, las cuales se
declaran INEXEQUIBLES.
Octavo.- Declarar
EXEQUIBLE el artículo 11, salvo la expresión “con necesidad”, contenida en el
inciso segundo, la cual se declara INEXEQUIBLE.
Noveno.- Declarar
EXEQUIBLE el artículo 14, salvo las expresiones “inicial” y “y en aquellas
circunstancias que determine el Ministerio de Salud y Protección Social”, las
cuales se declaran INEXEQUIBLES.
Décimo.- Declarar
EXEQUIBLE el artículo 15, salvo las expresiones “para definir las prestaciones
de salud cubiertas por el sistema” que se declara INEXEQUIBLES y el parágrafo
2, que se declara EXEQUIBLE en el entendido de que no puede dar lugar a
menoscabar la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos
fundamentales.
Undécimo.- Declarar
EXEQUIBLE el artículo 23, en el entendido que el control de precios al cual se
refiere el parágrafo comprende todas las fases del proceso de producción y
comercialización de los medicamentos hasta su consumo final”.
[11] Auto
377 de 2014. “Primero.- El literal f) del artículo 15 del
Proyecto de Ley Estatutaria No. 209 de 2013 Senado y 267 de 2013 Cámara “por
medio de la cual se regula el Derecho Fundamental a la Salud y se dictan otras
disposiciones” contenido en el anexo de la sentencia C- 313 de 2014, quedará
así:
f) “que
tengan que ser prestados en el exterior”.
Segundo.- El
texto del parágrafo 1º del artículo 15 transcrito en la parte considerativa del
fallo quedará así:“Parágrafo 1°. Los efectos del incumplimiento de estos
deberes solo podrán ser determinados por el legislador. En ningún caso su
incumplimiento podrá ser invocado para impedir o restringir el acceso oportuno
a servicios de salud requeridos con necesidad”
Tercero.- En
el considerando “5.2.10.3.1. Garantías que involucran especialmente el acceso
al derecho”  el párrafo atinente al literal i) del inciso
1º del artículo 10 del Proyecto de Ley Estatutaria No. 209 de 2013 Senado y 267
de 2013 Cámara, contenido en el folio 382 de la sentencia C-313 de 2014 quedará
así: “Otro precepto que hace relación al acceso, es el contenido en el literal
i) que establece como derecho la provisión y el acceso oportuno a las
tecnologías y medicamentos requeridos. Para la Corte, este derecho presenta la
misma dificultad restrictiva que otros enunciados de la ley en cuanto contraen
la prestación del servicio a algunos aspectos y dejan por fuera otros. En ese
sentido, se atiene la Corte a lo considerado en relación con otros enunciados
legales del proyecto y, en aplicación del principio de conservación del
derecho, declarará la exequibilidad de la disposición en estudio pero
proscribirá la interpretación restrictiva y prohijara aquella que se aviene a
la Constitución. Consecuentemente, la provisión y acceso oportuno se habrá de
entender a facilidades, establecimientos, bienes, servicios, tecnologías y
condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel de salud, lo cual
incluye también los medicamentos, tal como aparece en el literal en estudio”.
Cuarto.- El
párrafo conclusivo atinente al literal f) del inciso segundo del
artículo 15 del Proyecto de Ley Estatutaria No. 209 de 2013 Senado y 267 de
2013 Cámara, contenido en el folio 460 de la sentencia C-313 de 2014 quedará
así: “Por ende, no se desconoce la Constitución y cabe la exclusión establecida
en el literal f) siempre y cuando no tenga lugar la aplicación de las
reglas trazadas por esta Corporación para excepcionar esa restricción del
acceso al servicio de salud y, en el caso concreto, no se afecte la dignidad
humana de quien presenta el padecimiento. Consecuentemente y de conformidad con
las precisiones hechas se declarará la constitucionalidad del mandato evaluado,
pues, se trata de un criterio, sujeto a ser inaplicado en los casos y con las
condiciones que la jurisprudencia constitucional ha indicado”.
Quinto.- Ordenar
a la Relatoría de esta Corporación, que adjunte copia del presente auto a la
sentencia respectiva, con el fin de que sea publicado junto con ella en la
Gaceta de la Corte Constitucional correspondiente.
Sexto.- Ordenar
a la Secretaría General de la Corte, que envíe copia del presente auto al
archivo de esta Corporación, para que sea adjuntado al expediente
correspondiente.
Séptimo.- Ordenar
a la Secretaría General de la Corte, que envíe copia del presente auto a todas
las autoridades a las que se les comunicó la sentencia de la referencia”.
[12] Diario Oficial 49427 del 16 de febrero de 2015.
[13] Con
relación a las sentencias declaradas parcialmente exequibles las órdenes de la
Corte sobre el trámite a seguir han variado mucho desde las primeras
sentencias. Inicialmente, la Corte ordenaba remitir el expediente al Presidente
de la República para el correspondiente trámite constitucional y enviar copia a
los Presidentes de Senado y de Cámara de Representantes para su conocimiento.
Esta orden se dio en las sentencias C-011 de 1994, C-179 de 1994, C-088 de
1994, C-180 de 1994. Más adelante, la Corte empleó esta orden pero sólo
dirigida al Presidente de la República, en las sentencias C-393 de 2000, C-688
de 2002. En la sentencia C-292 de 2003 y en la C-713 de 2008 volvió a remitirse
el expediente para la firma del Presidente de la República y copia a
Presidentes de Senado y Cámara. Otra variación de esta orden, es la de enviar
copias al Presidente de la República y al Presidente de la Cámara para lo de su
competencia o para los efectos pertinentes, como sucedió en las sentencias
C-353 de 1994, C-371 de 2000, C-1159 de 2000, C-295 de 2002. También se
verifican casos de remisión del expediente legislativo primero al Congreso para
que de ahí se remita al Presidente de la República, como en las sentencias
C-473 de 2005, C-187 de 2006, C-502 de 2007, C-1101 de 2008C-490 de 2011, C-951
de 2014. Otro grupo de sentencias que declaraban parcialmente exequibles leyes
estatutarias, sólo ordenaron notificar, comunicar e insertar el fallo en la
Gaceta de la Corte Constitucional, es el caso de las sentencias C-169 de 2001,
C-179 de 2002, C-307 de 2004, C-1081 de 2005, C-1153 de 2005, C-238 de 2006,
C-748 de 2011, C-765 de 2012, C-274 de 2013, C-150 de 2015, C-313 de 2014,
C-784 de 2014.
[14] Sentencia C-958 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño. SV Jaime
Araújo Rentería). En esa ocasión, la Corte refirió que en el trámite de
revisión de la ley aprobatoria de un tratado internacional, tras encontrar un
vicio subsanable devolvió el acto al Congreso. No obstante, tras subsanarse el
vicio, debía haber sanción y como no la hubo, el proyecto fue devuelto
nuevamente para que se le impartiera. Señaló: “el Magistrado Sustanciador advirtió que esta remisión no cumplía con lo
ordenado en el numeral tercero del Auto A-053/07, puesto que se había
pretermitido el requisito de la sanción presidencial.  Así, a través de
providencia del 10 de julio de 2007, ordenó devolver el expediente legislativo
a la Presidencia del Senado de la República, con el fin que lo remitiera al
Gobierno Nacional, a efectos de su sanción y en concordancia con lo ordenado en
el Auto A-053/07”
[15] Por ejemplo, tras concluir el trámite legislativo ante las
cámaras de las leyes aprobatorias de tratados internacionales, la ley debe ser
sancionada por el Presidente y enviada “dentro de los seis días siguientes”
para control automático ante la Corte Constitucional (CP art 241). No obstante
que estos términos son de obligatorio cumplimiento, su inobservancia no acarrea
la invalidez de la ley, sino que como ha dicho la Corte en diversas ocasiones “compromete la responsabilidad del
Gobierno al incumplir un deber constitucional”. Sentencia C-533 de 2004
(MP Álvaro Tafur Galvis. SV Jaime Araújo Rentería). Ese fallo reitera la
jurisprudencia.
[16] Su trámite legislativo en el Congreso se
surtió entre los meses de marzo y junio de 2013.
[17] La sentencia C-011 de 1994
dijo al respecto: “La inexequibilidad de un proyecto
de ley estatutaria puede ser total o parcial. Si es total, el proyecto muere.
El problema se plantea cuando la inexequibilidad es parcial. Considera la Corte
que en caso de que la legislatura no hubiere terminado, se sigue el trámite
previsto en el artículo 33 del Decreto 2067 de 1991, esto es, se remite a la
Cámara de origen (arts. 166 y 167 C.P. y 33 Dec. 2067/91). Pero si ya ha
terminado la legislatura (arts. 153 C.P., 208 Reglamento Congreso y 41 Dec.
2067/91), se remite el proyecto de ley encontrado parcialmente exequible al
Presidente de la República, para su sanción u objeción por inconveniencia”
(énfasis añadido). Por su parte, en la sentencia C-1153 de 2005 la Corte dijo:
““el señor Procurador General de la Nación sostiene
que algunas de las deficiencias detectadas en el proyecto de ley de la referencia
deben ser enmendadas directamente por el Congreso, previa remisión del proyecto
por parte de la Corte Constitucional, tribunal que advertiría, en cada caso
concreto, cuál ha sido la falencia que se presenta en el análisis de las
garantías electorales o cuál ha sido el vacío -la omisión legislativa- que debe
complementarse con el fin de que la normativa estatutaria se ajuste a las
previsiones constitucionales. En principio, tal solicitud podría considerarse
viable en tanto que el artículo 153 de la Constitución Política advierte que la
aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias debe efectuarse
dentro de una sola legislatura -previa revisión de la Corte Constitucional- por
lo que, si esta Corporación encuentra falencias en el contenido del acto puesto
a su consideración, y no se ha vencido la legislatura, bien podría el Congreso
proceder a corregirlas dentro del plazo establecido. No obstante, tal
consideración parece perder sustento cuando se advierte que el parágrafo del
artículo 241 de la Constitución Política indica que la Corte Constitucional
está habilitada para devolver al Congreso el texto del proyecto de ley objeto a
revisión, únicamente cuando verifique la existencia de vicios de procedimiento
subsanables en su formación. En esta oportunidad, ha quedado claro que la Corte
no encontró vicios de procedimiento en el trámite del proyecto de ley de la
referencia, por lo que no es legítimo que se disponga el envío del acto al
Congreso para que subsane las irregularidades materiales que pudieran
detectarse en el análisis que a continuación se inicia” (énfasis añadido).
[18] De antemano advierto que mi argumentación y sentido del voto son
afines a los expuestos por los Magistrados Vargas Silva, Palacio Palacio y la
Magistrada Calle Correa.
[19] Artículo 168 de la Constitución Política.
[20] Fundamento 3.3.5.1. de esta sentencia.
[21] Que declaró parcialmente inexequible el Proyecto de Ley Estatutaria Nº
209 de 2013 Senado – 276 de 2013 Cámara, que luego fue la Ley 1751 de 2015.
[22] Que según el artículo 166 de la Constitución eran 10 días para el
presente asunto ya que el proyecto de ley tenía entre 20 y 50 artículos. .
[23] Artículo 241, parágrafo, de la Constitución Nacional
[24] Artículo 167 de la Constitución Nacional
[25] Ley 5 de 1992, "por la cual se expide el reglamento
del congreso; el senado y la cámara de representantes".
[26] Decreto 2067 de 1991.
[27] C-011 de 1994 y C-1153 de 2005