T-289-20
Sentencia T-289/20
Referencia: T-7.685.616
Acción
de tutela instaurada por
Carmen
en
representación de su hijo Pedro, contra el Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario INPEC y el Complejo Carcelario y Penitenciario Pedregal en
Medellín -Antioquia-.
Magistrado
Ponente:
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Bogotá D.C., tres
(3) de agosto de dos mil veinte (2020).
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada
Diana Fajardo Rivera y los Magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas
Ríos -quien la preside-, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión del fallo proferido el 17 de septiembre de 2019 por el Juzgado Treinta
y Dos Administrativo del Circuito de Medellín dentro de la acción de tutela de
la referencia.
En virtud de lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito de Medellín, remitió a la
Corte Constitucional el Expediente T-7.685.616. Posteriormente la Sala de
Selección de Tutelas Número Once[1] de la
Corte, mediante Auto del 26 de noviembre de 2019, eligió para efectos de su
revisión el asunto de la referencia y por reparto correspondió al Despacho del
Magistrado Alberto Rojas Ríos.
ACLARACIÓN PRELIMINAR
Teniendo en cuenta que en el presente asunto se involucran
derechos fundamentales de un menor de edad, la Sala encuentra pertinente
suprimir en esta providencia y en todas las actuaciones subsiguientes, la
identidad del mismo, así como la de sus padres, con el fin de proteger su derecho a la intimidad. En consecuencia, los nombres
ficticios mediante los cuales será posible identificarlos son: Pedro (el
del menor), Carmen (el de su señora madre) y Diego (el de su
padre).
I.
ANTECEDENTES
La
señora Carmen instauró acción de tutela en contra del Instituto
Penitenciario y Carcelario -INPEC-, en representación de su hijo Pedro con
el fin de solicitar el amparo de su derecho fundamental a tener una familia y
no ser separado de ella.
Fundamenta
su solicitud en los siguientes hechos:
1. Afirma que el señor Diego,
de nacionalidad argentina, se encuentra privado de la libertad desde el 10 de
julio de 2017, purgando una pena de 98 meses de prisión a causa de los delitos
de secuestro simple y falsedad material en documento público, por él cometidos.
2. Indica que mientras se encontraba
recluido en la Cárcel Pedregal en Medellín, solicitó a través de la Embajada de
Argentina y la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Congreso de la
República su traslado a la Cárcel de Montería[2], pues el
proceso penal correspondió por factor de competencia al Juzgado Promiscuo del
Circuito de Montelíbano -Córdoba-. Lo anterior, con el fin de evitar dilaciones
en el proceso, tener un contacto directo y permanente con su apoderado y
conocer con mayor facilidad las piezas del expediente.[3]
3. El 30 de noviembre de 2018,
mediante Resolución Nº 903227 del mismo año, la Junta Asesora de Traslados del
INPEC ordenó el traslado del actor a la Cárcel de Montería.
4. El 12 de diciembre de 2018, la
Embajada de la República de Argentina solicitó a la Junta Asesora de Traslados
del INPEC, anular la anterior resolución. Del mismo modo, el actor elevó
petición el 13 de diciembre de 2018 con el mismo objetivo, asesorado por su
abogada, desistió de la solicitud de traslado a la Cárcel de Montería[4]
y renunció de manera libre y voluntaria a la posibilidad de asistir a la
audiencia de verificación e individualización de pena que se llevaría a cabo en
su proceso, con el fin de permanecer cerca de su compañera sentimental, quien
reside en Medellín.
5. El 14 de diciembre de 2018, la
Junta Asesora de Traslados del INPEC recomendó no acceder a dichas solicitudes,
ante la configuración de dos causales de improcedencia de traslado de reclusos,
contenidas en la Resolución Nº 001203 del 16 de abril de 2012, artículo
9 (numerales 3 y 5). Son las siguientes:
“3. Cuando el interno no haya cumplido 1
año de permanencia en el Establecimiento de Reclusión donde se encuentra, o
cuando el interno dentro de los 2 años anteriores a la solicitud de traslado, haya
estado recluido en el Establecimiento Penitenciario o Carcelario al cual
solicita que se traslade nuevamente y 5. Cuando el traslado sea para
un Establecimiento diferente al lugar donde se encuentra radicado el
proceso.” [5]
(Negrilla
fuera del texto original)
6. El 3 de enero de 2019, el señor Diego
solicitó nuevamente al INPEC, a través de la Cárcel de Montería, ser
trasladado a la Ciudad de Medellín.[6]
7. El 3 de abril de 2019, dentro de
la audiencia de verificación de preacuerdo y sentencia, el Juzgado Promiscuo
del Circuito de Monteliebano Córdoba, declaró penalmente responsable a Diego
de los delitos de secuestro simple y falsedad material en documento público, y
la condena a 98 meses de prisión y multa de 200 SMLMV[7].
8. El 5 de agosto de 2019, el
INPEC, a través de la Coordinación de Asuntos Penitenciarios, negó la solicitud
de traslado a la Cárcel de Pedregal. En esta oportunidad consideró que para el
caso concreto se configuran dos causales de improcedencia de traslado de
reclusos, previstas en la Resolución N° 001203 de 2012, artículo 9 (numerales 2
y 3). Son las siguientes:
“2.
por hacinamiento del Establecimiento de Reclusión al cual se solicita
traslado del interno, conforme con el reporte que presenta la Subdirección de
Cuerpo de Custodia a través del Parte Nacional Numérico contada de internos y 3.
Cuando
el interno no haya cumplido 1 año de permanencia en
el Establecimiento de Reclusión donde se encuentra, o cuando el interno
dentro de los 2 años anteriores a la solicitud de traslado, haya estado
recluido en el Establecimiento Penitenciario o Carcelario al cual solicita que
se traslade nuevamente.”[8]
(Negrilla
fuera del texto original)
9. Inconforme con
la respuesta emitida por el INPEC, la accionante alega que su compañero
sentimental no llevaba 1 año en la Cárcel de Pedregal, antes de ser trasladado
a la Cárcel de Montería y que el nivel de hacinamiento de la Cárcel de Montería
es mayor. Agrega que desde que el padre de su hijo fue trasladado a Montería no
ha recibido visitas de nadie, ya que no cuentan con los recursos que les
permitan costear un viaje hasta dicha ciudad, pues son sus vecinos quienes les
ayudan a costear sus gastos. Por último, señala que su hijo, de 15 años de
edad, es el más afectado con la distancia que lo separa de su padre, y que, en
todo caso, los derechos de los menores de edad tienen primacía constitucional.
10. Finalmente,
según manifiesta la demandante en el escrito tutelar, en anterior oportunidad
instauró acción constitucional similar, sin embargo, en esta ocasión anexó el
registro civil de nacimiento de su hijo, el cual no había aportado antes, al
desconocer la importancia de tal documento en el asunto.
Solicitud
Con
fundamento en lo expuesto, la señora Carmen, en representación de su hijo
Pedro, invoca la
protección del derecho fundamental a tener una familia y no ser separado de
ella, y, en consecuencia, solicita se ordene al INPEC, trasladar a su compañero
sentimental y padre del joven, desde la Cárcel de Montería a la Cárcel La Paz
de Itagüí, a la Cárcel de Bellavista o la Cárcel Pedregal, todas ubicadas en el
Departamento de Antioquia.
Pruebas relevantes cuya copia obra en el expediente
(i)
Cédula
de ciudadanía de Carmen y documento de
identificación del Diego, dentro de los
cuales se lee que ella nació el 11 de agosto de 1987 y él nació el 14 de abril
de 1984. Es decir, en la actualidad tienen 32 y 35 años, respectivamente.
(Folios 22 y 23)
(ii)
Registro
civil de nacimiento del joven Pedro de 15 años de edad, en el cual
aparece Diego como padre del
mismo y Carmen como madre, con
fecha de inscripción del 29 de mayo de 2019. (Folio 21)
(iii)
Petición
elevada por el interno
Diego
el 13 de diciembre de 2018, dirigida al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Medellín, con radicado del INPEC, mediante la cual
desiste de la solicitud de traslado a la Cárcel de Montería. (Folio 44)
(iv)
Respuesta
emitida por parte de la Coordinación del Grupo de Asuntos Penitenciarios del
INPEC, por medio de la cual decide no acceder a las peticiones formuladas el 12
y el 13 de diciembre de 2018 por Diego y la Embajada de la República de
Argentina, -sección consular- (solicitud de anulación de la Resolución Nº
903227 que ordenó el traslado del interno a la Cárcel de Montería), ante la
configuración de dos de las causales (3 y 4) de improcedencia de traslados
carcelarios, establecidas en la Resolución Nº 001203 del 16 de abril de 2012.
(Folio 56)
(v)
Respuesta
del INPEC, del 5 de agosto de 2019, al derecho de petición incoado por la
Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la
República y por el Grupo de Atención al ciudadano INPEC, por la cual niega el
traslado de Diego, desde Montería
a Medellín ante la configuración de las causales 2 y 3 previstas en la
Resolución N° 001203 de 2012. (Folio 6)
(vi)
Cartilla
Biográfica del interno, generada por la Cárcel de Montería el 10 de septiembre
de 2019. (Folios 86 a 88)
(vii)
Fallo
de verificación de preacuerdo del 3 de abril de 2019, proferido por el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Montelíbano -Córdoba-. (Folio 24)
(viii)
Solicitud
del Director de la Cárcel de Montería a la Oficina de Asuntos Penitenciarios
del INPEC, mediante la cual requirió el traslado del interno Diego a la Cárcel
Pedregal, ante la orden emitida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Montelíbano. (Folio 10)
(ix)
Sentencia
del 3 de diciembre de 2018, dictada por el Juzgado Primero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, por medio de la cual se declara hecho
superado frente a la solicitud de traslado del señor Diego a la Cárcel de
Montería. (Folios 45 a 47)
(x)
Fallo
de tutela emitido el 16 de enero de 2019 por el Juzgado Octavo de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Medellín mediante la cual se niega la solicitud
de traslado del señor
Diego,
desde la Cárcel de Montería a la Cárcel Pedregal. (Folios 67 a 73)
(xi)
Fallo
del 31 de enero de 2019, proferido por el Juzgado Cuarto Penal de Adolescentes
con Función de Conocimiento de Medellín, en el cual se niega el amparo invocado
por Carmen, en nombre propio y en representación de su hijo, dentro de
la acción de tutela instaurada contra el INPEC, con el fin de obtener el
traslado de su compañero sentimental a la Cárcel de Medellín. (Folios 111 a
115)
(xii)
Sentencia
proferida el 25 de febrero de 2019 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Montería, mediante el cual se
declara la improcedencia de la acción de tutela instaurada por Diego en contra del
INPEC, con el objetivo de ser trasladado desde la Cárcel de Montería a la
Cárcel de Medellín. (Folios 74 a 80)
Actuación
Procesal
Traslado
El
6 de septiembre de 2019, el Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito
de Medellín admitió la acción de tutela, vinculó al Complejo Carcelario y
Penitenciario Pedregal –Medellín- y notificó al INPEC para que ejerciera su
derecho a la defensa.
Respuesta
de la entidad vinculada y accionada
Complejo
Penitenciario y Carcelario de Pedregal -Medellín-
El
9 de septiembre de 2019, la Directora del Centro Carcelario Pedregal señaló,
por un lado, que no estaba facultada para efectuar el traslado de internos ya
que dicha competencia radica únicamente en la Dirección General del INPEC, a
través del área de Asuntos Penitenciarios, en la ciudad de Bogotá. Por otro
lado, manifestó que el traslado del interno a la Cárcel de Montería obedeció a
la solicitud realizada por él mismo, y, por último, indicó que al revisar el
archivo del área de tutelas se evidenció que tanto la señora Carmen como
su compañero sentimental instauraron otras acciones de tutela, en similares
términos a la que se revisa.[9]
Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC)
El
10 de septiembre de 2019, el Coordinador del Grupo de Tutelas del INPEC reiteró
que para el caso del señor Diego se configuran dos causales de
improcedencia de traslado de reclusos, establecidas en la Resolución Nº 001203
de 2012, es decir, hacinamiento en el establecimiento de reclusión al cual
solicita el traslado y el incumplimiento de un año de permanencia en el centro
de reclusión en el cual se encuentra. Aunado a lo anterior, señaló que el señor
Diego, ha instaurado otras acciones de tutela con identidad de
pretensiones, por lo cual, solicita sea declarada la improcedencia del amparo
que en este momento nos ocupa.
Decisión
judicial objeto de revisión
Mediante
fallo del 17 de septiembre de 2019, el Juzgado Treinta y Dos Administrativo del
Circuito de Medellín, negó el amparo. Señaló que la negativa del INPEC no es
arbitraria, caprichosa ni injustificada, como quiera que la misma tuvo
fundamento en las causales previstas en la Resolución Nº 001203 de 2012, que
rige la materia de traslado de personas privadas de la libertad a otros centros
de reclusión.
Indicó
que el hacinamiento que se presenta en los centros carcelarios a los cuales se
solicita el traslado no es objeto de controversia, ya que, una vez consultado
en la página Web del INPEC, se evidenció que para el mes de septiembre del año
2019, el nivel de hacinamiento[10]
en las cárceles, es de 239% en Itagüí, 128% en la de Medellín y 47% en la de
Pedregal, lo cual torna inviable la solicitud de traslado.
Consideró
que dentro de las pruebas no se encontró elemento alguno que permitiera
concluir que el joven Pedro se encuentra en
situación de abandono o vulnerabilidad que amenace sus derechos y ponga en riesgo
su desarrollo integral, y que, en todo caso, no se aportó prueba de la relación
existente entre el interno y el menor.
La
anterior decisión no fue impugnada.
Actuación
procesal surtida en sede de revisión
El 21
de enero de 2020, la señora Carmen envió a la Secretaría
de la Corte Constitucional escrito[11] en el
cual manifestó su voluntad de desistir de la acción de tutela objeto de
revisión.
El 27 de enero de 2020, la accionante
envió informe al Despacho del Magistrado Alberto Rojas Ríos, mediante el cual
expresó: “nuestro deseo ya no es que él sea trasladado a Medellín, así mismo
él me manifestó telefónicamente que ya no desea ser trasladado, nuestra relación
sentimental se acabó y él posee ya su arraigo en la costa. Además, él NO es el
padre biológico de mi niño y el reconocimiento que se hizo está en vías de ser
revocado. Es por eso, que deseo desistir de cualquier recurso de revisión y/o
de tutela para el traslado del Sr. Diego.”[12]
Ante
el citado panorama fáctico el Magistrado Sustanciador consideró necesario
integrar debidamente el contradictorio y obtener suficientes elementos de
juicio para resolver la cuestión litigiosa planteada, por lo cual emitió mediante
las siguientes órdenes[13]:
Primero-.
VINCULAR al señor Diego,
para que, a través del área correspondiente del Establecimiento Penitenciario
de Mediana Seguridad y Carcelario de Montería -Córdoba- responda las siguientes
preguntas: (i) hace cuántos años reside en Colombia; (ii) qué
relación tiene con el menor Pedro y (iii) si el deseo de ser trasladado permanece o no, para lo
cual, deberá allegar la respectiva documentación que sustente su respuesta.
Segundo-. ORDENAR
que, por Secretaría General, se oficie al Director General del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, para que en el término de dos (2)
días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, en
relación con la situación del señor Diego, informe junto
con el material probatorio a que haya lugar, lo siguiente:
(i)
Si en su contra se ha adelantado algún proceso que
concluyera con la imposición de una sanción generada a partir de una conducta
que hubiere contravenido los manuales de disciplina y el reglamento interno, y
en caso afirmativo, manifieste si fue vinculado y notificado del mismo, de modo
que pudiera ejercer su derecho a la defensa;
(ii)
La calificación que se le ha otorgado al interno;
(iii)
El perfil de seguridad que se le ha asignado al
interno;
(iv)
El nivel de hacinamiento y seguridad de los
Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de Montería (EPMSC Montería), en
donde se encuentra recluido el interno, así como en Pedregal (COPED Pedregal),
en Itagüí (CPAMS La Paz) y en Medellín (EPMSC Medellín).
(v)
Tercero-.
ORDENAR que,
por Secretaría General, se ponga a disposición de las partes o terceros con
interés, la información allegada por Carmen, los
días 21 y 27 de enero de 2020, y los elementos probatorios que se envíen en virtud de la
información solicitada en los ordinales primero y segundo del presente auto, por
un término no mayor a tres (3) días, plazo durante el cual el Expediente T-7.685.616
quedará en Secretaría General de esta Corporación, según lo establece el
artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015.
El
18 de febrero de 2019 se allegó por parte de la oficina jurídica de la Cárcel
de Montería, constancia de notificación de dicho auto, al señor Diego, quien respondió
que: (i) reside en Colombia hace 15 años; (ii) reconoció al joven
Pedro, pero no es su
padre biológico y (iii) ya no es su deseo ser trasladado, e informó: “ambos
poseemos nuevos compañeros sentimentales, por lo cual ya no hay necesidad de
ser trasladado hasta algún establecimiento carcelario de la ciudad de Medellín.”[14]
El
Director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Montería informó que el señor Diego: (i) no registra procesos
disciplinarios vigentes ni cumplidos; (ii) registra conducta ejemplar; (iii)
el perfil asignado al interno es de alta seguridad; (iv) a la fecha el
establecimiento penitenciario cuenta con un parte de 1525 privados de la
libertad, con un hacinamiento del 99.08% dado que la capacidad real del
establecimiento es de 766 cupos.
II.
CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar
el fallo proferido dentro de la presente acción de tutela, de conformidad con los
artículos 86, inciso 3 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud
del Auto del 26 de noviembre de 2019, expedido por la Sala de Selección de
Tutelas Número Once de esta Corporación.
2. Cuestiones
previas a resolver
De
acuerdo con las particularidades del caso, la Sala advierte la necesidad de
examinar de manera preliminar las siguientes cuestiones previas: (i) desistimiento
de la acción de tutela en sede de revisión y (ii) cosa juzgada
constitucional y temeridad en la acción de tutela.
2.1 Primera
cuestión previa
Corresponde
a la Sala determinar, conforme a los parámetros jurisprudenciales decantados
por esta Corporación en torno a la figura del desistimiento de la acción de
tutela, si la solicitud presentada en sede de revisión por Carmen, es
o no procedente.
Procedencia
del desistimiento de la acción de tutela en sede de revisión constitucional
El
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 establece la posibilidad de que el
accionante desista de la tutela, en cuyo caso debe archivarse el expediente. No
obstante, la Corte ha precisado que, dicho desistimiento resulta viable solo
“si se presenta antes de que exista una sentencia respecto a la controversia.”[15]
Esta
Corporación ha delimitado el alcance de dicha disposición, de modo que el
desistimiento solo es viable cuando se presenta en sede de instancias, siempre
y cuando se refiera a intereses personales del actor, pero no en sede de
revisión, en la medida en que “las decisiones que adopta esta
Corporación al revisar los fallos proferidos por todos los jueces cuando
ejercen funciones propias de la jurisdicción constitucional se orientan a
satisfacer propósitos que trascienden los intereses individuales del
accionante, asociados primordialmente a la unificación de la interpretación de
los derechos constitucionales y el desarrollo de la jurisprudencia
constitucional.”[16]
Al
respecto, este Tribunal ha señalado lo siguiente:
“(…) cuando la acción de tutela está
ya bajo conocimiento de la Corte Constitucional por haber sido seleccionada
para revisión, resulta improcedente, pues en esa etapa procesal, que según se
ha aclarado no es una instancia, el caso adquiere otra connotación,
precisamente al ser considerado como un asunto de interés público. Esta
calificación se sustenta en la especial finalidad que cumple la revisión de
sentencias de tutela por parte de esta corporación, que como es sabido,
persigue principalmente que sean efectivamente amparados los derechos
fundamentales, además de la consolidación y unificación de la jurisprudencia
sobre ellos, propósito que sin duda excede considerablemente los intereses
individuales de las partes, que de ordinario son los únicos que se afectan con
este tipo de decisión.”[17]
A partir de lo expuesto, la Sala
considera que la solicitud de desistimiento elevada por la accionante en el
presente asunto es improcedente, pues la misma se elevó después de que el fallo
de tutela fue seleccionado para revisión por parte de esta Corte. En efecto, la
sentencia de tutela de la referencia se seleccionó el día 26 de noviembre del
año 2019 y la señora Carmen desistió el día 21 de enero de 2020.
2.2 Segunda
cuestión previa
La Sala verificará si la acción
de tutela que en esta oportunidad se revisa es temeraria o versa sobre un
asunto respecto del cual se ha configurado la figura jurídica de cosa juzgada
constitucional, ante la existencia de otras solicitudes de amparo aparentemente
similares. Para ello, reiterará el desarrollo jurisprudencial en la materia.
Cosa Juzgada Constitucional. Reiteración de jurisprudencia[18]
En cuanto a esta figura jurídica, esta
Corte ha señalado lo siguiente:
“Se trata de una institución jurídico-procesal en
cuya virtud se dota de carácter inmutable, vinculante y definitivo a las
decisiones adoptadas por las autoridades judiciales en sus providencias
definitivas, con lo cual se garantiza la finalización imperativa de los
litigios y en ese sentido el predominio del principio de seguridad jurídica.”[19]
“En tratándose del recurso de amparo la existencia
de la cosa juzgada constitucional se estatuye como un límite legitimo al
ejercicio del derecho de acción de los ciudadanos, impidiéndose acudir de forma
repetida e indefinida a los jueces de tutela, cuando el asunto ya ha sido
resuelto en esta jurisdicción, respetando así el carácter eminentemente
subsidiario del mecanismo constitucional.” [20]
En este sentido, una providencia pasa a
ser cosa juzgada constitucional frente a otra cuando existe identidad de
objeto,[21]
de causa petendi[22]
y de partes.[23]
“Específicamente, las
decisiones proferidas dentro de un proceso de amparo constituyen cosa juzgada cuando la Corte Constitucional adquiere conocimiento de los fallos de tutela adoptados por los
jueces de instancia, y decide excluirlos de revisión o seleccionarlos para su
posterior confirmatoria o revocatoria.[24]
‘Las consecuencias
de la exclusión de revisión de un expediente de tutela son: “(i) la
ejecutoria formal y material de la sentencia de segunda instancia; (ii)
la configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional de las
sentencias de instancia (ya sea la única o segunda instancia) que hace la
decisión inmutable e inmodificable,[25]
salvo en la eventualidad de que la sentencia sea anulada por parte de la misma
Corte constitucional de conformidad con la ley; y (iii) la improcedencia
de tutela contra tutela.[26]
Por el contrario cuando la tutela es seleccionada por la Corte, la cosa juzgada
constitucional se produce con la ejecutoria del fallo que se profiere en sede
de revisión.[27]’”
Ahora bien, la cosa juzgada
constitucional puede desvirtuarse, al igual que la temeridad pese a la
identidad de partes objeto y causa. Al respecto, esta Corte ha señalado que no
se configura cosa juzgada entre dos acciones de tutela, “si la nueva
solicitud de amparo se fundamenta en hechos nuevos, que no habían sido
analizados previamente por el juez, o cuando al interponer la primera acción el
peticionario no conocía- y no podía conocer- nuevos elementos fácticos o
jurídicos para sustentarla.”[28]
Cabe
resaltar que en Sentencia SU-182 de 2019 la Corte destacó que, si bien la
figura jurídica de cosa juzgada constitucional garantiza el principio de
seguridad jurídica, no es absoluta. Dicha pauta cobra efecto en la medida en
que se compruebe que la decisión adoptada en la sentencia de tutela es producto
de una acción fraudulenta,[29] lo
suficientemente grave como para atentar contra los pilares de la Carta Política,
y que no pueda ser enfrentada por otros mecanismos. Siendo así se abre
la posibilidad de modular, a posteriori, las órdenes proferidas en fallos de
tutela ejecutoriados y no seleccionados para revisión.
Bajo
los argumentos expuestos se concluye que, por regla general un fallo de tutela hace
tránsito a cosa juzgada constitucional cuando el mismo cobra ejecutoria,
bien sea en sede de revisión por parte de la Corte, o en sede de instancia
cuando esta decide no seleccionarlo, así, ante la imposibilidad de reabrir el
debate, esta Corporación ha optado por declarar la improcedencia[30] de
la acción de amparo. No obstante, al momento de determinar si un asunto versa
sobre un fallo en el cual operó la cosa juzgada, debe comprobarse la identidad
de partes, hechos y pretensiones, pues, de presentarse el surgimiento de
circunstancias fácticas o jurídicas adicionales, con posterioridad a la
interposición de la solicitud o verificarse que la misma fue producto de una
situación fraudulenta, se habilita de manera excepcional la
posibilidad de reabrir el análisis de los efectos de una sentencia ya
ejecutoriada y no seleccionada para revisión.
Antes de determinar si el asunto objeto
de revisión versa sobre una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada
constitucional, es necesario analizar de manera simultánea el fundamento
jurisprudencial sobre la temeridad de la acción de tutela. Posteriormente se
arribará a las conclusiones a que haya lugar.
Temeridad en la acción de tutela.
Reiteración de jurisprudencia[31]
En primer lugar, la Constitución consagró
la acción de tutela como un medio judicial de carácter residual y subsidiario,
que puede utilizarse frente a la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales ante la acción u omisión de cualquier autoridad pública y en
algunos casos de particulares. En segundo lugar, el Decreto 2591 de 1991[32]
señala como principio en el trámite de esta acción constitucional, la
prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.[33]
No obstante, existen ciertas reglas que no pueden ser desconocidas por parte de
quienes pretendan obtener un amparo por esta vía, una de ellas es no haber
interpuesto previamente, sin justificación alguna, una acción de tutela contra
la misma parte, por los mismos hechos y con las mismas pretensiones[34].
La temeridad se configura cuando de
manera injustificada se promueve la misma acción de tutela ante diferentes
operadores judiciales, ya sea de forma simultánea o sucesiva, tal conducta
involucra además un elemento volitivo negativo por parte del accionante. La
Jurisprudencia ha establecido ciertas reglas con el fin de identificar una
posible situación constitutiva de temeridad. En Sentencia T-069 de 2015 la
Corte señaló:
“(…) la temeridad
se configura cuando concurren los siguientes elementos: “(i) identidad de
partes; (ii) identidad de hechos; (iii)
identidad de pretensiones[35]
y (iv) la ausencia de justificación razonable[36] en la presentación de la nueva demanda[37] vinculada a un
actuar doloso y de mala fe por parte del demandante. En la Sentencia T-727 de 2011 se definió los
siguientes elementos “(…) (i) una identidad en el objeto, es
decir, que ¨las demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión
tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho fundamental;[38] (ii) una identidad de
causa petendi, que hace referencia a que el ejercicio de las acciones se
fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa;[39] y, (iii) una identidad
de partes, o sea que las acciones de tutela se hayan dirigido contra el
mismo demandado y, del mismo modo, se hayan interpuesto por el mismo
demandante, ya sea en su condición de persona natural o persona jurídica, de
manera directa o por medio de apoderado.”[40] (Negrilla fuera del texto original)
En cuanto al elemento volitivo negativo,
es decir, cuando de manera dolosa y de mala fe el demandante presenta
duplicidad de acciones de tutela frente a hechos idénticos, este tribunal
constitucional ha resaltado que es el juez de amparo quien debe examinar
cuidadosamente tal factor, “en aras de salvaguardar el derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia, así como la presunción de buena fe
de los particulares en sus actuaciones ante las autoridades públicas”[41].
Para ello el fallador debe determinar en cada caso concreto:
“si la conducta (i) resulta amañada, en la
medida en que el actor se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas
que convalidan sus pretensiones;[42]
(ii) denote el propósito desleal de obtener la satisfacción del interés
individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación
judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable;[43]
(iii) deje al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y
sin tener razón, de mala fe se instaura la acción;[44]
o finalmente (iv) se pretenda a través de personas inescrupulosas
asaltar la buena fe de los administradores de justicia.”[45]
En caso de que se configuren los
presupuestos mencionados anteriormente, el juez de tutela no solo debe rechazar[46] o decidir desfavorablemente las
pretensiones, sino que además deberá imponer las sanciones a que haya lugar.[47]
Inexistencia de temeridad y configuración de cosa
juzgada constitucional
A
partir de lo expuesto y con el fin de determinar si en el presente asunto se
configura una conducta temeraria o si el mismo versa sobre una
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, es necesario hacer
una descripción gráfica del panorama jurídico, en la cual se incluye el
contenido principal de las demás acciones de tutela instauradas por la parte
accionante, aparentemente en similares términos. La acción de tutela N° 4 es la
que esta vez nos ocupa.
# Expediente
T-7.267.751
Tutela N°1
T-7.365.568
Tutela N° 2
T-7.315.226
Tutela N° 3
T-7.685.616
Tutela N° 4
Partes
Diego, contra el INPEC y
Cárcel de Pedregal.
Carmen, en
representación de su hijo Pedro, contra el INPEC. Se
vinculó a la Cárcel de Pedregal.
Diego, contra el INPEC y
Cárcel de Pedregal.
Carmen, en
representación de su hijo Pedro, contra el INPEC y
Cárcel de Pedregal.
Hechos
Recluido inicialmente en Pedregal,
solicitó traslado a Montería por cercanía procesal, lo trasladaron y
desistió.
Solicita el traslado de su compañero
permanente, quien estuvo recluido inicialmente en Pedregal, posteriormente
pidió traslado a Montería por cercanía procesal, lo trasladaron y desistió.
Recluido inicialmente en Pedregal,
solicitó traslado a Montería por cercanía procesal, lo trasladaron y
desistió.
Solicita el traslado de su compañero
permanente, quien estuvo recluido inicialmente en Pedregal, posteriormente
pidió traslado a Montería por cercanía procesal, lo trasladaron y desistió.
Pretensiones
Desea regresar a cárcel de Pedregal.
Desea regresar a Medellín, bien sea,
la Paz, Pedregal o EPMSC Medellín.
Desea regresar a cárcel de Pedregal.
Desea regresar a cárcel de Pedregal.
Autoridad judicial que resuelve
Juzgado 8 de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Medellín.
Juzgado 4 Penal de Adolescentes con
Función de Conocimiento de Medellín.
Juzgado 2 Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Montería.
Juzgado 32 Administrativo del Circuito
de Medellín.
Fecha y contenido del fallo
Mediante providencia del 16 de enero
de 2019
negó el amparo, toda vez que se configuran varias causales de
improcedencia de traslado de internos a otras cárceles. Resolución Nº 001203
del 16 de abril de 2012.
Mediante sentencia del 31 de enero de
2019 negó
el amparo, toda vez que, se configuran varias causales
de improcedencia de traslado de internos a otras cárceles. Resolución Nº
001203 del 16 de abril de 2012.
En dicha oportunidad no aportó
registro civil del joven en el que pudiera comprobarse que el padre era el
interno.
Mediante sentencia del 25 de febrero
de 2019, declaró la improcedencia de
la acción de tutela. Estimó que los hechos y pretensiones de dicha acción constitucional
se habían planteado ante otros despachos judiciales.
Advirtió al recluso no presentar más
acciones de tutela sobre el mismo asunto so pena de las acciones a que haya
lugar.
Mediante sentencia del 17 de
septiembre de 2019 negó el amparo,
en la medida en que la negativa de traslado tuvo
fundamento en las causales previstas en la Resolución Nº 001203 de 2012, que
rige la materia de traslado de personas privadas de la libertad a otros
centros de reclusión.
En
esta oportunidad aportó el registro civil del joven en cual aparece como
padre el señor Diego.
Ante el escenario planteado, es preciso
aclarar que el análisis de temeridad y cosa juzgada solo se efectuará entre la
acción de tutela #2 y #4, ello debido a que, las solicitudes de amparo #1 y #3,
no presentan identidad de partes, toda vez que, solo la #2 fue instaurada por
la señora Carmen, en
representación de su hijo Pedro contra del INPEC, como
en efecto sucede con la que en esta oportunidad se revisa.
En cuanto a la posible consolidación de
cosa juzgada, se evidencia que entre la fecha en la que se profirió el fallo de
la acción de tutela #2 (31 de enero de 2019) y la fecha en la que se instauró
la #4 (21 de agosto de 2019) se produjo un hecho nuevo que pudo tener
incidencia en la decisión. Se trata del registro civil de nacimiento del joven Pedro,
aportado por la señora Carmen, cuya inscripción se efectuó el
29 de mayo de 2019, en donde el interno Diego se registró
como padre del menor de 15 años. Es decir, en el momento en el que se presentó
la acción de tutela #2 el menor solo tenía los apellidos de su madre, mientras
que, cuando instauró la tutela #4 tenía el apellido tanto del interno como el
de ella.
Ante el surgimiento de esa nueva
circunstancia fáctica, se descarta en este asunto la configuración de la figura
jurídica de cosa juzgada constitucional.
En este orden de ideas y teniendo en
cuenta que además la accionante informó en el escrito tutelar #4 la razón por
la cual dicha solicitud de amparo es diferente a la #2, no se denota un
propósito desleal, con el cual pretenda obtener la satisfacción de un interés
individual a toda costa. Así las cosas, se descarta la presencia de algún
elemento volitivo negativo en su actuar, y, por ende, la configuración de una
conducta temeraria.
3. Requisitos
de procedencia formal de la acción de tutela
Una vez descartada la configuración de
temeridad y cosa juzgada constitucional, la Sala procederá a determinar si en
el presente asunto concurren los requisitos mínimos de procedencia formal de la
acción de tutela: (i) legitimación en la causa por activa; (ii)
legitimación en la causa por pasiva; (iii) subsidiariedad; e (iv)
inmediatez.
Análisis de procedencia formal de
la acción de tutela
Legitimación en la causa por
activa
Con base en el artículo 86 Superior y el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, esta Corporación ha señalado que la
acción de tutela es un medio de defensa de derechos fundamentales que toda persona puede
instaurar por sí misma o por quien actúe en su nombre.[48]
Dicho requisito se entiende satisfecho en los siguientes escenarios: “(i)
cuando la persona afectada es quien directamente la ejerce; (ii) cuando
la acción es instaurada a través de representantes legales, como el caso
de personas jurídicas, menores de edad, incapaces absolutos o
interdictos; (iii) cuando se ejerce a través de apoderado judicial, esto
es, abogado titulado, previo el otorgamiento del correspondiente poder para ello;
y finalmente (iv) cuando la acción de tutela es instaurada por un agente
oficioso, como cuando las personas no están capacitadas o habilitadas para
hacerlo directamente y lo hacen a través de agentes del Ministerio Publico que
velan por el interés general.”[49]
(Negrilla fuera del texto original)
En el presente caso, la señora Carmen actúa en representación de su hijo Pedro, titular
del derecho a tener una familia y no ser separado de ella, presuntamente
vulnerado por el INPEC, con ocasión de la respuesta emitida el 8 de agosto de
2019, que negó el traslado de su compañero permanente y padre de su hijo, desde
la ciudad de Montería a la Ciudad de Medellín, dado que ellos residen en el
Departamento de Antioquia. Así, la Sala encuentra acreditado el cumplimiento
del requisito de legitimación en la causa por activa.
Legitimación en la causa por pasiva
En
virtud de los artículos 1[50]
y 5[51]
del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra toda acción u
omisión en la que incurran las autoridades. A su vez, el articulo 86 Superior
prevé que la acción de tutela es procedente frente a particulares cuando a) estos
se encuentran encargados de la prestación de un servicio público, b) la
conducta del particular afecta grave y directamente el interés colectivo; o c)
el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión frente al
particular.
En
este caso, el extremo pasivo de la acción tutelar está conformado por entidades
públicas, garantes de la ejecución de las penas, que ejercen la vigilancia,
custodia, atención social y tratamiento de las personas privadas de la
libertad.[52] Esto
es, contra el
Complejo Carcelario y Penitenciario Pedregal -Medellín- y contra el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, entidades sobre las cuales recae
la presunta acción vulneradora del derecho fundamental del menor Pedro a
tener una familia y no ser separado de ella. En este sentido, las mismas se
encuentran legitimadas en la causa por pasiva dentro del proceso de la
referencia.
Subsidiariedad
La
jurisprudencia constitucional ha establecido, en virtud del artículo 86 de la
Carta Política, que la acción de tutela es un medio judicial con carácter
residual y subsidiario, que puede utilizarse frente a la vulneración o amenaza
de derechos fundamentales cuando no exista otro medio de defensa de lo
invocado, o existiéndolo, no resulte eficaz e idóneo, o se requiera acudir al
amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.[53]
Al respecto,
este Tribunal ha señalado que “no es suficiente la mera existencia formal de
otro procedimiento o trámite de carácter judicial. Es indispensable que ese
mecanismo sea idóneo y eficaz (…). No podría oponerse un medio judicial que
colocara al afectado en la situación de tener que esperar por varios años
mientras sus derechos fundamentales están siendo vulnerados.”[54]
(Negrillas fuera del texto original).
Ahora bien, por
regla general, la acción de tutela es improcedente para controvertir las
decisiones de la administración pública, mediante las cuales se niega el
traslado de internos a otro establecimiento de reclusión, dado que la
herramienta judicial idónea para tal efecto, es, en principio, la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en la cual además, existe la posibilidad de solicitar la
adopción de medidas cautelares de carácter provisional.[55]
Sin embargo, según
este Tribunal, tal jurisdicción “contempla unos
términos para decretar medidas cautelares, que desbordan notoriamente los
límites constitucionales perentorios sobre el tiempo que pueden durar los
procesos de tutela antes de una decisión de fondo, excediendo
el término fijado en el artículo 86 superior para tomar una decisión definitiva
y que incluso puede estar precedida de la adopción de medidas provisionales, lo
que dota de mayores garantías el trámite de tutela frente a situaciones que
trasgreden de manera flagrante los derechos fundamentales.”[56]
En
este orden de ideas, la Corte ha admitido la procedencia excepcional de la
acción de tutela en estos casos, dada la particular condición de especial
sujeción[57]
e indefensión en la que se encuentran las personas privadas de la libertad
frente al Estado. Al respecto, ha señalado lo siguiente:
“(…) tales personas no son dueñas de
su propio tiempo y están sujetos a restricciones normativas –privación de la
libertad y sometimiento a las reglas de cada centro penitenciario o de
detención- y fácticas, más allá de la simple privación de la libertad, que
disminuyen su aptitud para actuar o responder de manera diligente ante demandas
o situaciones que ocurren, dentro y fuera del penal.”[58]
“Las personas privadas de la libertad enfrentan una tensión
sobre sus derechos, dada la doble condición que tienen. Son acusados de ser
criminales, o han sido condenados por serlo, y en tal medida, se justifica la
limitación de sus derechos fundamentales, comenzando por la libertad. Sin
embargo, teniendo en cuenta, a la vez la relación de sujeción en que se
encuentran, surgen razones y motivos para que se les protejan especialmente sus
derechos.”[59]
Aunado
a lo anterior, la Corte ha señalado que los extranjeros privados de la libertad
merecen una especial protección por ese hecho. Sobre este punto, en Sentencia
T-388 de 2013, la Corte precisó que, estar en prisión en un país distinto al
propio, implica asumir cargas y barreras que las personas locales no tienen que
enfrentar. Al respecto, indicó que “normalmente no se cuenta con familiares
ni personas allegadas que pueden ayudar a resolver problemas o atender
necesidades. Se puede tener un idioma diferente o pertenecer a una cultura
distinta, con necesidades alimenticias, de recreación, o religiosas disímiles.
Estas diferencias que tiene un extranjero conllevan un impacto sobre los
derechos fundamentales y restricciones que la mayoría de la población
carcelaria no tiene que enfrentar.”[60]
Del
mismo modo, el requisito de subsidiariedad también debe analizarse de manera
flexible, en aquellos casos en los que, con ocasión de la orden o solicitud de
traslado se vean amenazados derechos con prevalencia constitucional, como en el
caso de los menores de edad. Bajo este entendido, la Corte ha precisado:
“(…) en los casos en que debido al traslado de los
reclusos a otros centros penitenciarios se vean grave y desproporcionadamente afectados los derechos de
los niños, las niñas y los adolescentes, la tutela se torna
excepcionalmente procedente para ordenar al INPEC y a los directores de los
centros carcelarios que autoricen los traslados de reclusos a la cárcel más
cercana al domicilio de sus familias.”[61]
A
la luz de lo expuesto, aunque la negativa emitida por parte del INPEC para
trasladar al interno Diego
a un centro de reclusión en la ciudad de Medellín, puede controvertirse ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo mediante la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, (mecanismo idóneo previsto para estos casos), el
mismo se torna ineficaz en el presente asunto por las razones expuestas a continuación:
-
Debido a la prolongada amenaza a la que se expondrían los derechos
fundamentales del menor involucrado en el asunto, dada la demora que caracteriza
esta clase de procesos. Como se señaló en el respectivo acápite de esta
sentencia, los menores de edad son sujetos de especial protección
constitucional que demandan un trato preferencial por parte del Estado y la
sociedad. La prevalencia de sus derechos y el interés superior de los mismos, habilita
la procedencia excepcional de esta acción de tutela para verificar si es o no
viable ordenar al INPEC, autorizar el traslado del padre recluso.
-
Debido a la condición de especial sujeción en la que se encuentra el padre del
menor Pedro,
quien además ostenta un doble enfoque de protección al ser ciudadano
extranjero, sería desproporcionado exigirle el agotamiento del mecanismo
previsto para dirimir las controversias relacionadas con este tipo de
traslados. Ante dicha situación, la Corte también ha considerado la procedencia
excepcional de la solicitud de amparo.
A
modo de conclusión, la acción de tutela es el mecanismo definitivo con el cual
cuenta el menor Pedro
para obtener la protección de su derecho fundamental a tener una familia y no
ser separado de ella.
Inmediatez
De
conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede
interponerse en todo momento y lugar. Sin embargo, la jurisprudencia de esta
Corporación ha considerado que debe existir “una correlación temporal entre
la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos
fundamentales”[62]. Lo
anterior, en razón a que dicha acción constitucional tiene como finalidad
conjurar situaciones urgentes que requieren de la actuación rápida de los
jueces.[63]
En
el caso objeto de revisión, el tiempo transcurrido entre la respuesta emitida
el 8 de agosto de 2019 por el INPEC, con la cual se niega el traslado de penal
al señor Diego y la acción de
tutela instaurada por la señora Carmen en representación de su hijo, el
21 de agosto de 2019, transcurrieron 20 días aproximadamente, tiempo que la
Sala estima razonable para invocar la protección del derecho presuntamente
vulnerado.
Verificado
el cumplimiento de los requisitos de procedencia formal de la acción de tutela,
la Sala formulará el problema jurídico de fondo a resolver.
4. Problema jurídico a resolver
La Sala verificará si el INPEC vulneró
el derecho fundamental del joven Pedro a tener una
familia y no ser separado de ella, al negar la solicitud de traslado elevada
por el señor Diego, su
supuesto padre, bajo el argumento de que se configuran dos causales de
improcedencia del traslado de reclusos, previstas en la Resolución N° 001203 de 2012.[64]
Con
el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará los
siguientes ejes temáticos: (i) el derecho fundamental de los menores a
tener una familia y no ser separados de ella y (ii) la
regulación legal y jurisprudencial en materia de traslado carcelario de
personas privadas de la libertad.
Derecho fundamental de los niños, niñas y
adolescentes a tener una familia y no ser separados de ella
El artículo 44 de la Constitución
consagra, entre otros, el derecho de los niños a tener una familia y no ser
separados de ella, al cuidado y al amor, debiendo el Estado y la sociedad
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus
derechos, que en todo caso prevalecen sobre los de los demás.
En el mismo sentido, el Código de
Infancia y Adolescencia[65] señala
en sus artículos 8, 9 y 22 la disposición prevalente de los derechos de los
menores, la cual consiste
en que “en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de
cualquier naturaleza que se deba adoptar y que esté relacionada con los niños,
niñas y adolescentes, prevalecerán los derechos de éstos, máxime si se presenta
un conflicto entre sus garantías fundamentales con los de cualquier otra
persona.”[66] A
su vez, señala que cuando existe un conflicto entre dos o más
disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se debe aplicar la
norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente, y por
último recalca su derecho a tener y crecer en el seno de una familia, a ser acogidos
y no ser expulsados de ella.
Ahora
bien, la jurisprudencia[67] constitucional,
de conformidad con los lineamentos expuestos y las disposiciones de carácter
internacional[68] que
rigen en la materia, ha reiterado que en virtud del principio del interés superior
del menor debe otorgársele un trato preferente acorde con su caracterización jurídica,
es decir, su calidad de sujeto de especial protección constitucional, dada la
situación de indefensión y vulnerabilidad a la que se encuentra sometido. Al
respecto, este Tribunal ha precisado que dicho interés, de naturaleza real y
relacional, solo se puede establecer prestando la debida consideración a las
circunstancias individuales de cada menor, sin que dicha regla excluya la
existencia de parámetros generales que pueden tomarse en cuenta como criterios
orientadores de casos individuales[69].
En Sentencia T-587 de 1998, la Corte
señaló: “la negación del derecho de los niños a tener una familia y no ser
separados de ella puede implicar la trasgresión de los derechos fundamentales
del menor, particularmente del derecho a la identidad personal, como quiera que
la familia es el espacio natural de desarrollo del menor, a partir del cual el
sujeto construye sus propios referentes de identificación personal y social, al
tiempo que satisface las necesidades afectivas, económicas, educativas y
formativas de los niños.”
De igual manera, sobre la importancia
del desarrollo del menor en el ámbito familiar, esta Corte ha precisado que “son
los nexos familiares los primeros que se construyen y a partir de los mismos se
apropian niñas y niños del lenguaje, construyen su propio mundo y comienzan a
relacionarse con el mundo que los rodea. Gran parte de la autoestima de los
menores y de la seguridad en sí mismos depende de la forma como se tejan los
vínculos familiares. Un niño rodeado del amor y del bienestar que le pueda
brindar su familia suele ser un niño abierto a los demás y solidario. De ahí la
necesidad de procurar un ambiente propicio para que los vínculos familiares se
construyan con fundamento en condiciones positivas para el desarrollo integral
de las niñas y de los niños y de ahí también la importancia que confiere la
Constitución a la protección de la familia”[70].
De conformidad con lo expuesto, se tiene
que, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, se reconoce la
prevalencia de los derechos de los menores de edad sobre los derechos e
intereses de los demás. En cuanto al derecho a tener una familia y no ser
separados de ella, el Estado y la sociedad deben propugnar su desarrollo y
crecimiento integral, bajo el cuidado de ésta. Así, en aquellos casos en los
que el interés superior de un menor entra en conflicto con otros derechos o intereses,
por ejemplo, con los que median en la situación en la que uno de los padres se
encuentra recluido en un centro carcelario, se deben analizar las
particularidades concretas de cada caso con el fin de determinar si en efecto
se han vulnerado los derechos fundamentales de este sujeto de especial
protección constitucional, pues la restricción de la libertad, a pesar de ser
legítima, debe tener en cuenta los postulados constitucionales señalados en la
presente consideración.
Regulación legal y jurisprudencial en
materia de traslado carcelario de personas privadas de la libertad
El artículo 73 de la Ley 65 de
1993[71] establece que la Dirección
General del INPEC tiene la facultad discrecional para decidir, de oficio o por
solicitud[72] formulada ante ella, sobre el
traslado de los internos entre los diferentes centros de reclusión del país.
Aunado
a lo anterior, el artículo 75 de la mencionada Ley señala las siguientes causales
de traslado de reclusos:
“(i) por motivos de salud
debidamente comprobados por médico oficial; (ii) por falta de elementos
adecuados para el tratamiento médico del interno; (iii) por motivos de
orden interno del establecimiento; (iv) como estímulo de buena conducta
-con la aprobación del respectivo consejo de disciplina; (v) para
descongestionar el establecimiento penitenciario; y (vi) cuando sea
necesario trasladar al interno a un centro de reclusión que ofrezca mayores
condiciones de seguridad”.
El
articulo78 de la misma ley dispone la integración de una junta asesora de
traslados que formulará las recomendaciones al director del INPEC, teniendo en
cuenta todos los aspectos socio jurídicos y de seguridad. Para tales efectos se
profirió la Resolución N° 001203 del 16 de abril de 2012, en la cual se
fijaron, dentro de otras cosas, las funciones de la junta a la hora de estudiar
y analizar las solicitudes de traslado elevadas de acuerdo con las causales
previstas en el artículo 75 de la Ley 65 de 1993.
Adicionalmente,
el artículo 9 de la referida Resolución dispuso las siguientes causales de
improcedencia de la solicitud de traslado:
“(i) cuando la petición de traslado la
formule persona o funcionario diferente de los previstos en el artículo 74 de
la Ley 65 de 1993;(ii) por hacinamiento del Establecimiento de
Reclusión al cual se solicita traslado del interno, conforme con el reporte que
presenta la Subdirección de Cuerpo de Custodia a través del Parte Nacional Numérico
Contada de Internos; (iii) cuando el interno no haya cumplido un
(1) año de permanencia en el Establecimiento de Reclusión donde se encuentra, o
cuando el interno dentro de los dos años anteriores a la solicitud de traslado,
haya estado recluido en el Establecimiento Penitenciario o Carcelario al cual solicita
que se traslade nuevamente; (iv) si el Establecimiento al cual se
solicita el traslado no es acorde con el perfil del interno o no le ofrece
suficientes condiciones de seguridad y (v) cuando sea para un establecimiento
diferente al lugar en donde se encuentra radicado el proceso.
Parágrafo 1: Una
vez el Grupo de Asuntos Penitenciarios del INPEC evidencia alguna de las
causales de improcedencia del traslado, debe comunicar en forma inmediata al
peticionario las razones por las cuales no es procedente el requerimiento. Las
respuestas a las solicitudes de los internos se les debe notificar y adjuntarse
respuesta a la hoja de vida de los mismos.
Parágrafo 2: Si
la Junta Asesora de Traslados, recomendó a la Dirección General del INPEC, no
acceder al traslado peticionado, solamente se podrá presentar una nueva
solicitud cuando cambien las circunstancias que motivaron dicha petición”.
Sumado
a lo anterior, se profirió la Resolución 002122 del 15 de junio de 2012, en la
cual se emitieron directrices, criterios y procedimientos que debe tener en
cuenta el Grupo de Asuntos Penitenciarios para los traslados y remisiones de
las personas privadas de la libertad, de conformidad con la ley.
Ahora
bien, aunque la jurisprudencia[73] de esta
Corporación ha reconocido la facultad discrecional que tiene el INPEC en
materia de traslado de reclusos, ha sostenido que la misma debe ejercerse
dentro de los límites de la razonabilidad y proporcionalidad, pues, si llega a
comprobarse la configuración de alguna conducta arbitraria que desencadene la
vulneración de los derechos fundamentales del recluso o “derechos
fundamentales de tal jerarquía ante los cuales debe ceder el ejercicio de la
facultad discrecional, especialmente cuando está de por medio el interés
superior de un menor de edad que goza de prevalencia en el marco constitucional,”[74] el juez de tutela puede intervenir para que
sean tenidos en cuenta aquellos omitidos en la solicitud de traslado.
En
esta dirección, la jurisprudencia[75] de este
Tribunal ha considerado que el INPEC de manera arbitraria e injustificada,
vulnera los derechos fundamentales no restringibles cuando:
“(i)
emite órdenes de traslado o niega los mismos sin motivo expreso; (ii) niega
traslados de internos bajo el único argumento de no ser la unidad familiar una
causal establecida en el artículo 75 del Código Penitenciario y Carcelario; (iii)
emite órdenes de traslado o niega los mismos con base en la discrecionalidad
que le otorga la normatividad, sin más argumentos.”
A contrario sensu, se considera
justificada la amplia facultad de apreciación de las causales de traslado,
cuando la decisión se fundamenta en las siguientes razones:
“(i) que
el recluso requiera una cárcel de mayor seguridad; (ii) por motivos de
hacinamiento en los establecimientos penitenciarios; (iii) porque se
considere necesario para conservar la seguridad y el orden público; (iv)
que la estadía del recluso en determinado penal sea indispensable para el buen
desarrollo del proceso”.
A
modo de conclusión, si bien la Corte reconoce la potestad atribuida al INPEC en
materia de traslados carcelarios, como regla general, la misma debe en todo
caso, ajustarse a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad entre la
solicitud y la decisión que se adopte en el asunto concreto. De no ser así y
comprobarse la configuración de alguna conducta arbitraria según lo establecen
las reglas jurisprudenciales citadas en esta consideración, se habilita
excepcionalmente la intervención del juez de tutela con el fin de restablecer
los derechos conculcados por la autoridad carcelaria.
Caso concreto
La señora Carmen solicitó el amparo del derecho fundamental de su hijo a tener una
familia y no ser separado de ella, por lo que pretende que se ordene al INPEC,
trasladar a su compañero sentimental y padre del joven, Diego desde la Cárcel de Montería, en la cual permanece, a alguno de los
centros de Reclusión ubicados en Antioquia, departamento en el cual residen
ella y su hijo Pedro. Las
entidades accionadas informaron en sede de instancias, que además de la presente
acción de tutela, existen otras con aparente similitud de partes, hechos y
pretensiones.
El 21
de enero de 2020, la referida señora envió escrito[76]
a la Secretaría de la Corte Constitucional, en el cual manifestó su voluntad de
desistir de la acción de tutela objeto de revisión. El 4 de febrero el
magistrado sustanciador vinculó al interno y puso a su disposición el escrito
allegado. El 18 de febrero el señor Diego manifestó que
ya no desea ser trasladado e informó no ser el padre biológico del joven Pedro.
Conforme al panorama fáctico planteado, la
Sala consideró necesario abordar dos cuestiones previas. La primera relacionada
con el desistimiento de la solicitud de amparo en sede de revisión y la segunda
con la figura de cosa juzgada y la temeridad en la acción de tutela. En primer
lugar señaló la imposibilidad de acceder a la solicitud de desistimiento
presentada por la actora, toda vez que la misma se elevó después de que el
asunto fue seleccionado por la Corte, es decir, en sede de revisión
constitucional, frente a lo cual, la jurisprudencia[77] ha determinado la improcedencia. En segundo
lugar, descartó la posible configuración de cosa juzgada constitucional y
temeridad, toda vez que entre la fecha en la que se instauró la solicitud de
amparo anterior y la fecha en la que se presentó la que ahora se revisa, surgió
un hecho nuevo (el reconocimiento del menor Pedro por parte del interno Diego.
Paso seguido,
comprobó el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de
tutela y posteriormente procedió a verificar si ¿vulnera el INPEC el derecho
fundamental del joven Pedro a tener una familia y no ser separado de ella, al negar la solicitud
de traslado elevada por su padre, el señor Diego,
bajo el argumento de que se configuran dos causales de improcedencia del
traslado de reclusos, previstas en la Resolución N° 001203 de 2012?[78]
Para resolverlo, abordó los siguientes ejes temáticos (i) el derecho
fundamental de los menores a tener una familia y no ser separados de ella y (ii) regulación
legal y jurisprudencial en materia de traslado carcelario de personas privadas
de la libertad.
Por
un lado, la jurisprudencia[79] de esta
Corporación ha señalado que, en virtud del principio del interés superior del
menor, cuya naturaleza es real y relacional, se reconoce a su favor un trato prevalente,
según el cual, en aquellos casos en los que sus garantías constitucionales
entran en conflicto con otros derechos o intereses, por ejemplo, con los que median
en la situación en la que uno de los padres se encuentra recluido en un centro
carcelario, el criterio hermenéutico para determinar si en efecto sus derechos,
especialmente el de tener una familia y no ser separado de ella, ha sido
vulnerado, depende del análisis efectuado sobre las circunstancias individuales
de cada niño y cada caso concreto.
Por
otro lado, si bien en diferentes pronunciamientos[80] la Corte ha reconocido la potestad
atribuida al INPEC en materia de traslados carcelarios, como regla general, la
misma debe en todo caso, ajustarse a parámetros de razonabilidad y
proporcionalidad entre la solicitud y la decisión que se adopte en el asunto
concreto. De no ser así y comprobarse la configuración de alguna conducta
arbitraria, que desencadene la vulneración de los derechos fundamentales del
recluso o aquellos ante los cuales debe ceder el ejercicio de su facultad
discrecional, por ejemplo, los de un menor de edad, se habilita
excepcionalmente la intervención del juez de tutela con el fin de restablecer
las garantías conculcadas por la autoridad carcelaria.
Bajo
las anteriores consideraciones, la sala considera necesario valorar las
circunstancias específicas en las que se encuentra y enfrenta el menor
involucrado en la presente solicitud de amparo y las particularidades que
rodean el asunto: por una parte, se tiene que: (i) el joven Pedro tiene 15 años de edad y (ii) vive con su señora madre, Carmen.
Y por
otra, se evidencian conductas que, más que corroborar el grado de existencia de
un lazo familiar entre el menor y el recluso, lo disminuyen. Es decir, un lazo
familiar sin el que la identidad y el desarrollo del joven Pedro a partir del cual construye sus propios referentes de identificación
personal y social), no pudieran darse con normalidad. (i) Se denota el
desinterés actual de la señora Carmen y el interno, en causar un acercamiento de este último con el joven;
(ii) a pesar de que Diego informó en sede
de revisión constitucional, residir en Colombia hace 15 años, fue solo hasta el
año 2019 (cuando el menor tenía 14 años), que se registró con su apellido y el
de la accionante. Esto es, después de haberse proferido el fallo del 31 de
enero de 2019,[81] mediante
el cual se negó el traslado del privado de la libertad, entre otras cosas, a
causa de la ausencia de una prueba que corroborara el nexo filial entre él y el
menor, (iii) reconocimiento que además, según informan los padres del
menor, no les interesa mantener, pues está en proceso de ser revocado.
De conformidad con lo expuesto, no se
advierte alguna situación de abandono o vulnerabilidad que amenace o ponga en
riesgo el desarrollo integral del representado, ni la consolidación de una
conducta arbitraria, caprichosa o injustificada que desencadene la vulneración de
su derecho fundamental a tener una familia y no ser separado de ella, y, que,
en efecto, habilite la intervención excepcional del juez de tutela.
Ahora bien, el INPEC negó la solicitud
de traslado del recluso, ya que en el caso del señor Diego se cumplen dos causales de improcedencia de tal solicitud, establecidas
en la Resolución N° 001203 de 2012,[82] estas
son: a) hacinamiento en el establecimiento de reclusión al cual solicita
traslado y b) el interno no ha cumplido un año de permanencia en el
establecimiento de reclusión donde se encuentra.
Sobre el primer punto la Sala evidencia
que, dentro de las tablas estadísticas del INPEC, el nivel de hacinamiento
intramural que se presenta en Cárceles La Paz, Medellín y Pedregal, a donde se
solicita el traslado del recluso, es de 235%, 136% y 33% en el mismo orden.[83] En cuanto al segundo punto, se advierte que,
el interno fue trasladado a la Cárcel de Montería (en la cual permanece), el 30
de noviembre del año 2018, es decir, desde ese momento hasta el día 21 de
agosto de 2019, en el cual se instauró la acción de tutela objeto de revisión,
el lapso transcurrido no era igual ni superior a 1 año, como lo exige la
disposición legal que regula el asunto, sino de 9 meses.
A partir de lo expuesto, la Sala observa
que en esta oportunidad el INPEC obró de manera legítima, en uso de la facultad
discrecional que le confiere el artículo 73 de la Ley 65 de 1993[84] y el artículo 9 (causales 3 y 5) de la Resolución Nº 001203
del 16 de abril de 2012. En otros términos, la negativa emitida el 5 de agosto
de 2019 por parte de la entidad accionada, se ajusta a los
parámetros de razonabilidad y proporcionalidad entre la solicitud
formulada por Diego y la decisión que se adoptó en su caso, según lo ha exigido la
jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Bajo las anteriores consideraciones, la
Sala Novena de Revisión de la Corte procede a confirmar la sentencia proferida
el 17
de septiembre de 2019 por el Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito
de Medellín -Antioquia-, que negó el amparo del derecho fundamental a tener una
familia y no ser separado de ella, del joven Pedro, dentro de la
acción de tutela instaurada por Carmen en contra del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
Síntesis
de la decisión
En
esta ocasión, y de forma preliminar, la Sala estimó necesario pronunciarse
sobre el desistimiento[85] de la
acción de tutela presentado por la accionante en sede de revisión, y la posible
configuración de cosa juzgada y temeridad en la acción de tutela.[86]
Frente al primer punto, reiteró pronunciamientos[87] de
la Corte, en los cuales ha declarado la improcedencia del desistimiento,
después de que esta Corporación lo selecciona para revisión. En cuanto al
segundo aspecto, descartó el acaecimiento de tales fenómenos jurídicos, ya que,
entre la fecha en la que se instauró la solicitud de amparo anterior y la fecha
en la que se presentó la que ahora se revisa, surgió un hecho nuevo (el
reconocimiento del menor Pedro por parte del interno Diego.
Efectuado lo anterior, correspondió a la
Sala resolver el siguiente problema jurídico: ¿vulnera el INPEC[88]
el derecho fundamental a tener una familia y no ser separado de ella, del joven
Pedro, al
negar la solicitud de traslado elevada por su padre, el señor Diego,
bajo el argumento de que se configuran dos causales de improcedencia del
traslado de reclusos, previstas en la Resolución N° 001203 de 2012?[89]
Para tales efectos, la Sala reiteró
jurisprudencia en relación con: (i) el derecho fundamental de los
menores a tener una familia y no ser separados de ella[90]
y (ii)
la
regulación legal y jurisprudencial en materia de traslado carcelario de
personas privadas de la libertad[91].
Paso seguido y de conformidad con las
particularidades del caso concreto,[92]
concluyó que el joven Pedro, de 15 años de
edad, no se encuentra en alguna situación de abandono o vulnerabilidad que
amenace su desarrollo integral. Consideró que la negativa emitida por el INPEC
no fue caprichosa, arbitraria o injustificada, ya que la misma se produjo ante
la configuración de dos causales de improcedencia de traslado de reclusos
contenida en la Resolución N° 001203 de 2012,[93] que regula el traslado de personas privadas
de la libertad, y por tanto, no se habilita la intervención excepcional
del juez de tutela con el fin de restablecer presuntas garantías conculcadas
por la autoridad carcelaria en este tipo de casos.
A la luz de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte procede a
confirmar la sentencia de instancia, que negó el amparo invocado, dentro de
la acción de tutela instaurada por Carmen en contra del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución.
RESUELVE:
PRIMERO.
- DECLARAR IMPROCEDENTE el desistimiento de la acción de tutela[94]
instaurada por la ciudadana Carmen en representación de su hijo Pedro,
contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y el Complejo
Carcelario y Penitenciario de Medellín -Pedregal-, según lo establecido en la
presente providencia.
SEGUNDO.
- CONFIRMAR
la
sentencia proferida el 17
de septiembre de 2019 por el Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito
de Medellín -Antioquia-, que negó el amparo del derecho fundamental a tener una
familia y no ser separado de ella, del joven Pedro, dentro de la
acción de tutela instaurada por Carmen en contra del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y el Complejo Carcelario y
Penitenciario de Medellín -Pedregal-, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.
TERCERO.
- ORDENAR a
la Secretaría General de la Corte Constitucional, así como al Juzgado Treinta y
Dos Administrativo del Circuito de Medellín -Antioquia-, que adopten las
medidas necesarias para reservar la identidad de Pedro, dentro de las
actuaciones que se surtan en el marco de este proceso, con el fin de
salvaguardar su derecho a la intimidad.
CUARTO. - Por Secretaría
General de esta Corporación LÍBRENSE las comunicaciones previstas en el
artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
MARTA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Conformada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo y Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[2]
El actor instauró acción de tutela con el fin de solicitar su
traslado a la ciudad de Montería. El 3 de diciembre de 2018, el Juzgado Primero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, declaró la carencia
actual de objeto por hecho superado, luego de verificar que el INPEC ya había
ordenado el traslado del interno. (Folios 45 a 47)
[3]
Folio 50 del Cuaderno Principal del Expediente.
[4]
Folio 44 del Cuaderno Principal del Expediente.
[5]
Folio 56 del Cuaderno Principal del Expediente.
[6]
Folio 54 del Cuaderno Principal del Expediente.
[7]
Además, dispuso lo siguiente: “conforme a lo estipulado en el preacuerdo se
ordena oficiar a la cárcel las mercedes, a fin de que traslade al condenado a
la cárcel el Pedregal de la Ciudad de Medellín para que purgue la pena en dicho
centro de reclusión, así mismo, se ordena oficiar a la cárcel el Pedregal, a
fin de que reciba al condenado para que cumpla los fines de la pena.” Folio 24 del Cuaderno Principal del Expediente.
[8]
Folio 6 del Cuaderno Principal del Expediente.
[9]
Aportó pruebas de ello, relacionadas en el respectivo acápite
de pruebas.
[10]
Dentro del Expediente se anexa una tabla estadística en la cual se refleja la
capacidad, la población, sobrepoblación y hacinamiento de los centros
carcelarios La Paz, Pedregal, EPMSC de Medellín, y EPMSC Montería, esta última
con un nivel de 940,0% de hacinamiento.
[11]
Folio 21 del Cuaderno de la Corte Constitucional.
[12]
La actora anexó documento en el cual la Notaría Dieciséis de Medellín cerífica
en el año 2005, (fecha en la cual nació el menor), la inscripción del
nacimiento de su hijo, en el cual aparece solo con los apellidos de ella, y se
consigna en la casilla de nombres de los padres, únicamente el nombre de la
madre.
[13]
En Auto del 4 de febrero de 2019.
[14]
Folio 44 del Cuaderno de la Corte Constitucional.
[15]
Autos 008 de 2012 y 283 de 2015.
[16]
Auto 283 de 2015.
[17]
Autos 031A de 2002, 345 de 2010 y 283 de 2015. Ver también fallos T-254 de 2018
y T-285 de 2019.
[18]
En este acápite se reitera el contenido desarrollado en Sentencias T-298 de
2018 y T-271 de 2019. En las referidas sentencias se reiteró el concepto, las
causales de configuración, y los efectos del fenómeno jurídico de la cosa
juzgada constitucional. En ambos casos se declaró la improcedencia de la acción
de tutela objeto de revisión, ante la existencia de otro fallo que presentaba
identidad de partes, hechos y pretensiones y que fue excluido de revisión por parte
de esta Corporación.
[19]
Sentencia C-774 de 2001.
[20]
Sentencia T-185 de 2017.
[21]
“(…) es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta
cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado
sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica
identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron
declarados expresamente”. Sentencia C-774 de 2001.
[22]
“(…) es decir, la
demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos
fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la
demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los
nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que
constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.” Sentencia
C-774 de 2001.
[23]
“(…) es decir, al
proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron
vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada. Cuando la
cosa juzgada exige que se presente la identidad de partes, no reclama la
identidad física sino la identidad jurídica.” Sentencia C-774 de
2001.
[24]
Sentencias T-649 de 2011 y T-280 de 2017.
[25]
Sentencia T-813 de 2010.
[26]
Sentencia T-053 de 2012.
[27]
Sentencia T-185 de 2013.
[28]
Sentencia T-185 de 2013.
[29]
“En casos extremos, es posible que la Corte retome un expediente que ya hizo
tránsito a cosa juzgada constitucional. Esto, por supuesto, exige una carga
argumentativa sustancialmente alta, pues compromete el principio de seguridad
jurídica. Hasta el momento, solo hay un escenario avalado por la Corte para
reabrir el estudio de un expediente de tutela que no fue seleccionado en su momento,
y entrar a restringir un derecho ya reconocido: el fraude. Así, solo cuando (i)
se demuestre de manera clara y suficiente que la decisión adoptada en la
sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit), y que (ii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz
para conjurar la situación, la Corte podría entrar a modular, a posteriori, las
órdenes proferidas en fallos de tutela ejecutoriados.” Sentencia SU-182 de
2019.
[30]
Sentencias T-271 de 2019, T-298 de 2018, T-280 de 2017, T-019 de 2016, T-001 de 2016, entre otras.
[31]
En la presente consideración se reitera el fundamento contenido en la Sentencia
T-298 de 2018. En la mencionada providencia se abordaron los parámetros
constitutivos de la figura jurídica de la temeridad de la acción de tutela.
Cabe anotar que, en dicha oportunidad se descartó la configuración de una
conducta temeraria por parte del accionante, ante la inexistencia de un
elemento volitivo negativo que denotara un propósito desleal o un abuso del
derecho por parte del actor.
[32]
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución Política."
[33]
“la acción de tutela se desarrollará con arreglo a los principios de
publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y
eficacia.”
[34]
Por tal razón, una de las reglas que ha fijado esta
Corporación, en virtud del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 es que “quien
interponga la acción de tutela, deberá manifestar bajo gravedad de juramento,
que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos”.
[35]
Sentencias T-443 de 1995, T-082 de 1997, T-080 de 1998, SU-253 de 1998, T-593
de 2002, T-263 de 2003, T-707 de 2003, T-184 de 2005, T-568 de 2006 y T-053 de
2012.
[36]
Sentencia T-248 de 2014.
[37]
Fallos T-883 de 2001, T-662 de 2002, T-1303 de 2005, T-410 de 2005, T-951 de
2005 y T-568 de 2006.
[38]
Sentencias T-1103 de 2005, T-1122 de 2006, entre otras.
[39]
Ibídem.
[40]
Sentencias T-1103 de 2005, T-1022 de 2006 y T-1233 de 2008.
[41]
Sentencia T-483 de 2017.
[42]
Sentencia T-149 de 1995.
[43]
Sentencia T-308 de 1995.
[44]
Sentencia T-443 de 1995.
[45]
Sentencia T-001 de 1997.
[46]
Artículo 38 del Decreto 2591 de 1991: Actuación temeraria. “Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes”. (Negrilla fuera
del texto original)
[47]
Contendidas en el inciso tercero del artículo 25 del precitado Decreto 2591 de
1991, en el inciso segundo del artículo 38 del mismo cuerpo normativo o en los
artículos 80 y 81 de la Ley 1564 de 2012.
[48]
Sentencia SU-337 de 2014.
[49]
Sentencia T-889 de 2013.
[50]
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en
los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para
interponer la acción de tutela.”.
[51]
“La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades
públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos
de que trata el artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u
omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo
III de este Decreto.”
[52]
Dicha información aparece la página Web del INPEC:
http://www.inpec.gov.co/institucion/quienes-somos/mision-y-vision.
[53]
“la procedencia de la acción de tutela, cuando
existen otros medios de defensa judicial, se sujeta a las siguientes reglas: (i)
procede como mecanismo transitorio, cuando a pesar de la
existencia de un medio ordinario de defensa, este no impide la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, conforme a la especial situación del peticionario[53];
(ii) procede la tutela como mecanismo definitivo cuando
el medio ordinario dispuesto para resolver las controversias, no es idóneo y
eficaz, conforme a las especiales circunstancias del caso que se estudia[53].
Además, (iii) cuando la acción de tutela es promovida por personas que
requieren especial protección constitucional, como los niños y niñas, mujeres
cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, personas de
la tercera edad, entre otros. El examen de procedibilidad de la acción de
tutela es menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero
no menos rigurosos”. Sentencias T-789 de 2003, T- 456 de 2004, T-328 de
2011, T-079 de 2016, entre otras.
[54]
Sentencias T- 468 de 1999 y T-582 de 2010.
[55]
SentenciasT-439 de 2013,
T-127 de 2015, T-425 de 2015, T-153 de 2017, T-498 de
2019.
[56]
Sentencia T-498 de 2019.
[57]
Sentencia T-049 de 2016. “Desde sus primeros pronunciamientos la Corte
Constitucional ha desarrollado el concepto de relación de especial sujeción de
las personas privadas de la libertad con el Estado, al sostener que en virtud
de la misma este puede exigirles a aquellos el sometimiento a un conjunto de
condiciones que suponen la suspensión y restricción de ciertos derechos
fundamentales. En otras palabras, el Estado, al privar de la libertad a una
persona, se constituye en el garante de los derechos que no son restringidos
por el acto de la privación de la libertad, y el recluso, por su parte, queda
sujeto a determinadas obligaciones legales y reglamentarias de imperativa
observancia. Dicha suspensión o restricción debe llevarse a cabo bajo los
criterios de razonabilidad, utilidad, necesidad y proporcionalidad”. (Negrilla
fuera del texto original)
[58]
Sentencia T-498 de 2019.
[59]
Sentencia T-049 de 2016.
[60]
Sentencia T-388 de 2013
[61]
Sentencias T-428 de 2014, T-153 de 2017.
[62]
Sentencia SU-241 de 2015.
[63]
Sentencia T-038 de 2017.
[64]
“Artículo 9. Numeral 2. por hacinamiento del Establecimiento de
Reclusión al cual se solicita traslado del interno y 3. Cuando el interno no haya cumplido 1 año de permanencia en el Establecimiento de Reclusión donde se encuentra, o cuando el
interno dentro de los 2 años anteriores a la solicitud de traslado, haya estado
recluido en el Establecimiento Penitenciario o Carcelario al cual solicita que
se traslade nuevamente.”
[65]
Ley 1098 de 2006.
[66]
Artículo 9 del Código de Infancia y Adolescencia.
[67]
Sentencias T-669 de 2012, T-153 y T-154 de 2017.
[68]
Algunos de los instrumentos internacionales en los que se consagra la
protección de los derechos fundamentales de los menores de edad, se destacan
los siguientes: la Declaración de Ginebra, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la Declaración de los Niños, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre los Principios Sociales y
Jurídicos relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños y la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño. Particular relevancia tiene, entre
tanto, esta última Convención, aprobada por Colombia mediante la Ley 12 de
1991, en cuyos artículos 7, 8 y 9 se consagran los derechos de los niños a
conocer a sus padres, a ser cuidados por estos y a no ser separados de ellos,
excepto cuando las circunstancias lo exijan en pro del interés del menor.
[69]
Sentencia T-669 de 2012.
[70]
Sentencias T-1175 de 2005, T-669 de 2012.
[71]
“Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario.”
[72]
El artículo 74 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 52 de la Ley
1709 de 2014, establece que el traslado de los internos puede ser solicitado a
la Dirección General del INPEC, entre otros, por los familiares de los internos
dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad.
[73]
Sentencias C-394 de 1995, T-537 de 2007, T-319
de 2011, T-739 de 2012, T-439 de 2013, T-002 de 2014, T-127 de 2015, T-470 de
2015, T-153 de 2017, T-154 de 2017, entre otras.
[74]Sentencias
T-1275 de 2005, T-566 de 2007 y T-435 de 2009,
T-153 de 2017, entre otras.
[75]
Sentencias T-439 de 2013, T-153 de 2017, entre otras.
[76]
Folio 21 del Cuaderno de la Corte Constitucional.
[77]
Autos 031A de 2002, 345 de 2010 y 283 de 2015. Ver también fallos T-254 de 2018
y T-285 de 2019.
[78]
Artículo 9. Numeral 2. por hacinamiento del Establecimiento
de Reclusión al cual se solicita traslado del interno y 3. Cuando el interno no haya cumplido 1 año de permanencia en el Establecimiento de Reclusión donde se encuentra, o cuando el
interno dentro de los 2 años anteriores a la solicitud de traslado, haya estado
recluido en el Establecimiento Penitenciario o Carcelario al cual solicita que
se traslade nuevamente.
[79]
Sentencias T-669 de 2012, T-153 y T-154 de 2017, entre otras.
[80]
Sentencias C-394 de 1995, T-537 de 2007, T-319
de 2011, T-739 de 2012, T-439 de 2013, T-002 de 2014, T-127 de 2015, T-470 de
2015, T-153 de 2017, T-154 de 2017, entre otras.
[81]
Proferido por el Juzgado 4 Penal de Adolescentes con Función
de Conocimiento de Medellín.
[82] mediante
la cual se regula el traslado de personas privadas de la libertad.
[83]
Para verificar esta información se puede acceder a la página virtual del INPEC
-tablas estadísticas-, -porcentaje de hacinamiento en los establecimientos
carcelarios del Departamento de Antioquia-. El enlace es el siguiente: http://200.91.226.18:8080/jasperserverpro/flow.html?_flowId=dashboardRuntimeFlow&
dashboardResource=/public/DEV/dashboards/Dash__Poblacion_Intramural_por_Regional&hidden_ID_REGIONAL=200&hidden_MES=04&hidden_ANNO=2020.
[84]
“Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario.”
[85]
En el escrito del desistimiento, la accionante informó que ni a ella ni al
señor Diego, les interesa insistir en el traslado a otro centro de
reclusión. Afirmó que él no es el padre biológico del menor y que su relación
sentimental terminó. El señor Diego corroboró la información allegada
por la señora Carmen y manifestó también su intención de no ser
trasladado de Cárcel.
[86]
Tanto la entidad accionada como la vinculada pusieron de
presente la existencia de fallos similares al que se revisó en esta
oportunidad.
[87]
Autos 031A de 2002, 345 de 2010 y 283 de 2015. Ver también fallos T-254 de 2018
y T-285 de 2019.
[88]
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
[89]
“Artículo 9. Numeral 2. por hacinamiento del Establecimiento de
Reclusión al cual se solicita traslado del interno y 3. Cuando el interno no haya cumplido 1 año de permanencia en el Establecimiento de Reclusión donde se encuentra, o cuando el
interno dentro de los 2 años anteriores a la solicitud de traslado, haya estado
recluido en el Establecimiento Penitenciario o Carcelario al cual solicita que
se traslade nuevamente.”
[90]
Sentencias T-669 de 2012, T-153 y 154 de 2017, entre otras.
[91]
Sentencias C-394 de 1995, T-537 de 2007, T-319 de 2011, T-739 de 2012, T-439 de
2013, T-002 de 2014, T-127 de 2015, T-470 de 2015, T-153 de 2017, T-154 de
2017, entre otras.
[92]
(i) El joven Pedro tiene 15 años de edad; (ii) vive con su
señora madre Carmen; (iii) no se avizora alguna condición
especial de salud que agrave su grado de indefensión; (iv) se denota el
desinterés actual de la señora Carmen
y el interno Diego en causar un acercamiento de este último con el
joven; (v) a pesar de que Diego, informó en sede de revisión
constitucional, residir en Colombia hace 15 años, fue solo hasta el año 2019,
(cuando el joven tenía 14 años) que se registró con su apellido y el de la
accionante, esto es, después de haberse proferido el fallo del 31 de enero de
2019,  en el cual se negó el traslado del privado de la libertad, entre otras
cosas, a causa de la ausencia de una prueba que corroborara el nexo filial
entre el reo y el menor. Reconocimiento que, además, según afirman la madre del
joven y su ex compañero sentimental, no les interesa mantener, pues está en
proceso de ser revocado.
[93]
“2. por hacinamiento del Establecimiento de Reclusión
al cual se solicita traslado del interno, conforme con el reporte que presenta
la Subdirección de Cuerpo de Custodia a través del Parte Nacional Numérico
contada de internos y 3. Cuando el
interno no haya cumplido 1 año de permanencia en el Establecimiento de Reclusión donde se encuentra, o cuando
el interno dentro de los 2 años anteriores a la solicitud de traslado, haya
estado recluido en el Establecimiento Penitenciario o Carcelario al cual
solicita que se traslade nuevamente.” (Negrilla
fuera del texto original)
[94]
Desistimiento presentado el 21 de enero de 2020, por parte la ciudadana Carmen
en sede de revisión constitucional.