T-332-16
Sentencia
T-332/16
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre
procedencia excepcional
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de
jurisprudencia
DEFECTO
SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
PRECEDENTE
JUDICIAL HORIZONTAL Y VERTICAL-Alcance y carácter vinculante
DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL COMO CAUSAL AUTONOMA-Se predica
exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su
jurisprudencia
VIOLACION
DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MATERIA PENSIONAL RESPECTO DEL INCREMENTO
PENSIONAL DEL 14% EN RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE QUE
DEPENDE ECONOMICAMENTE DEL BENEFICIARIO DE LA PENSION
ACCION DE TUTELA
CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS-Reiteración de jurisprudencia sobre
procedencia excepcional
IMPRESCRIPTIBILIDAD EN MATERIA PENSIONAL-Reiteración de jurisprudencia
INCREMENTO
PENSIONAL DEL 14% EN RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE QUE
DEPENDE ECONOMICAMENTE DEL BENEFICIARIO DE LA PENSION
IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL INCREMENTO PENSIONAL DEL 14% EN
RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE A CARGO-Jurisprudencia constitucional
PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD LABORAL FRENTE AL RECONOCIMIENTO DE PENSIONES-Aplicación
INCREMENTO
PENSIONAL DEL 14% EN RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE QUE
DEPENDE ECONOMICAMENTE DEL BENEFICIARIO DE LA PENSION-No
existen pronunciamientos constitucionales reiterados ni posturas uniformes
dentro de la Corte en torno al incremento pensional del 14%
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
por violación directa de la Constitución al no aplicarse el principio de
favorabilidad en materia laboral
COLPENSIONES vulneró los derechos
del accionante al negarse a reconocer el incremento pensional argumentando que
el régimen de transición se aplica únicamente respecto de la pensión, y el
incremento pensional del 14% reconocido en el artículo 22 del Decreto 758 de
1990, es una prestación diferente a la pensión de vejez.
Referencia:
Expedientes T-5.430.316
y T- 5.354.798
Acciones de
tutela interpuestas por Ismael Obando Nieto contra COLPENSIONES, y por Isaías
Acosta Marín contra el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales
de Ibagué y el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Ibagué.
Derechos
fundamentales invocados: mínimo vital, seguridad social, debido proceso,
seguridad social y acceso a la administración de justicia.
Temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales el precedente
jurisprudencial en materia pensional; (iii) el incremento pensional del 14% por
cónyuge sobreviviente; (iv) la imprescriptibilidad en materia pensional, y (v) el
principio de favorabilidad.
Problema
Jurídico: establecer si COLPENSIONES vulneró los derechos del accionante al
considerar que dicho incremento no es aplicable a aquellas personas
beneficiarias del régimen de transición; y determinar si la decisión judicial
controvertida configuró un defecto sustantivo al negarse a reconocer el
incremento del 14% sobre la mesada pensional del accionante por el hecho de la
prescripción.
Magistrado
Ponente:
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Bogotá
D.C., 27 de junio de dos mil dieciséis (2016).
La
Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte
Constitucional, conformada por los Magistrados Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, quien la preside, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas
Silva, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de las sentencias proferidas por el Juzgado Dieciséis Laboral del
Circuito de Bogotá, el dieciocho (18) de enero de 2016, en el que declaró la
improcedencia de la acción constitucional que solicitaba el amparo de los
derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social; y por la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el dos (2) de diciembre de
2015 que confirmó la sentencia del veintinueve (29) de octubre de 2015
proferida por la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué en la cual negó el amparo constitucional que solicitaba la tutela de los
derechos a la seguridad social, el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia. De acuerdo con el artículo 34 del
Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia
correspondiente.
En consecuencia, la Sala expondrá los
antecedentes, pruebas y las decisiones judiciales de cada uno de los
expedientes:
1.
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, 33 del Decreto 2591 de 1991 y
49 del reglamento de la Corporación, la Sala de Selección de Tutelas Número
Tres de la Corte Constitucional escogió en el Auto del (31)
de marzo de dos mil dieciséis (2016), notificado el día doce (12) de abril de
dos mil dieciséis (2016), para efectos de su revisión las acciones de tutela de
la referencia. De igual manera estas acciones fueron
acumuladas en la misma providencia por presentar unidad de materia, para ser
falladas en una sola sentencia.
De conformidad
con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a
dictar la sentencia correspondiente.
1.1
EXPEDIENTE
T-5.430.316
1.1.1.
Solicitud
El
11 de diciembre de 2015, el señor Ismael Obando Nieto interpuso acción de
tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones – en adelante
COLPENSIONES – por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
mínimo vital y la seguridad social, debido a que dicha entidad no le reconoció
el incremento del 14% de su pensión conforme a lo establecido en el Acuerdo 049
de 1990 y Decreto 0758 de 1990, con el argumento de que no es procedente
conceder el incremento pensional a los beneficiarios del régimen de transición.
El
tutelante solicita al juez constitucional: (i) se obligue a COLPENSIONES a reconocer
el incremento del 14% de la pensión, y (ii) que se le reconozca la
retroactividad de dicho pago desde el 1 de junio de 2011 hasta la fecha en que
le sea reconocido el derecho consagrado en la respectiva normatividad.
La
demanda se sustenta en los siguientes hechos y argumentos de derecho.
1.1.2.
Hechos
y argumentos de derecho referidos por el accionante
1.1.2.1.
El
demandante (79 años de edad) relata que el Instituto de Seguros Sociales ISS reconoció
la pensión de vejez mediante resolución No 021016 de 1997, conforme a lo
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el
artículo 12 del acuerdo 049 de 1990 y aprobado por el Decreto 758 del mismo
año.
1.1.2.2.
Indica
que en la actualidad convive con la señora Idaly Melo, persona mayor de edad,
desde hace aproximadamente cinco (5) años, quien en la actualidad es su esposa
y depende económicamente de él, conforme a las declaraciones extra judiciales
que aporta en copia simple. Agrega que su esposa Idaly Melo, se encuentra
afiliada como beneficiaria suya en la EPS SURA.
1.1.2.3.
Sostiene
que mediante radicado No 2015_5631739, solicitó a COLPENSIONES que fuera
reconocido el auxilio del incremento del 14%, derecho que tienen quienes
devengan una pensión mínima, conforme a lo establecido en la ley, y tienen un
cónyuge a cargo.
1.1.2.4.
Manifiesta
que el 24 de junio de 2015 COLPENSIONES se negó a dicha solicitud al considerar
que no es procedente conceder el incremento pensional a los beneficiarios del
régimen de transición.
1.1.2.5.
Agrega
que él y su cónyuge son personas de la tercera edad y que solo cuentan con la
pensión para su sustento y por tal razón la negativa afecta su mínimo vital,
pues dependen económicamente de dicha pensión. Adicionalmente dice que se encuentra
convaleciente por una colostomía que le realizaron y se encuentra al cuidado de
su esposa.
1.1.3. Traslado y contestación de la demanda
Mediante Auto
del 11 de diciembre de 2015 el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogotá avocó
conocimiento de la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la accionada
para que en el término dos (2) días ejerciera su derecho de defensa y se
pronunciara frente a los hechos de la tutela e informara sobre el tramite
efectuado en el caso concreto.
Por su parte
COLPENSIONES guardó silencio respecto de la solicitud de pronunciamiento frente
a los hechos y pretensiones del accionante.
1.1.4.  Decisiones de instancia
Sentencia de única instancia – Juzgado 16 Laboral del
Circuito de Bogotá-
Mediante
sentencia del dieciocho (18) de enero de 2016, el Juzgado 16 Laboral del Circuito
de Bogotá, negó la pretensión del accionante por considerar la improcedencia de
la acción por falta de subsidiariedad. En este sentido señaló que no es la
acción de tutela el mecanismo más idóneo para alcanzar la satisfacción del
derecho que el actor aduce vulnerado y no se encuentra acreditado si quiera en
forma sumaria, la existencia de un perjuicio irremediable que pudiera derivar
en la protección constitucional al menos como mecanismo transitorio.
Dicho
fallo no fue objeto de impugnación por parte del accionante.
1.1.5.  Pruebas documentales
Se
encuentran en el expediente, entre otras, las siguientes pruebas:
1.1.5.1.   Copia de la providencia proferida por el juzgado 16
Laboral del Circuito de Bogotá del dieciocho (18) de enero de 2016.
1.1.5.2.   Copia de la resolución No 021016 de 1997 a través de
la cual el Instituto de Seguros Sociales ISS, se reconoce la pensión de vejez
al señor Ismael Obando Nieto.
1.1.5.3.   Copia del oficio No. BZ2015_5631739-1676807 proferido
por Colpensiones en el cual se niega la solicitud del incremento pensional
solicitado.
1.1.5.4.   Copia del Registro Civil de Matrimonio de los señores
Ismael Obando Nieto e Idalí Melo.
1.1.5.5.   Copia del declaración extra judicial de la Notaría 33
del Circulo de Bogotá en donde se declara la unión marital de hecho.
1.2.
EXPEDIENTE
T- 5.354.798
1.2.1.  Solicitud
El
quince (15) de octubre de 2015, Isaías Acosta Marín interpuso acción de tutela
contra el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Ibagué –
Tolima, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la
seguridad social, debido proceso y a la administración de justicia, debido a
que negaron el derecho al incremento del 14%, bajo el argumento de que había
operado el fenómeno jurídico de la prescripción.
El
tutelante solicita al juez constitucional dejar sin efectos los fallos
proferidos por el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales y el
Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Ibagué en grado jurisdiccional de
consulta; la primera de fecha veintiocho (28) de agosto de 2015 y la segunda de
fecha veintidós (22) de septiembre de 2015, dentro del proceso ordinario de
única instancia en contra de COLPENSIONES, por incurrir en vía de hecho, al
desconocer el precedente de la jurisprudencia constitucional.
1.2.2.  Hechos y argumentos de derecho referidos por el
accionante
1.2.2.1.   Afirma el accionante (66 años de edad),  que se le
reconoció la pensión de vejez como beneficiario del régimen de transición de
conformidad con la Resolución 104983 de 2010 proferida por COLPENSIONES.
1.2.2.2.   Señala que el veintiséis (26) de febrero de 2015
solicitó ante COLPENSIONES el reconocimiento y pago del incremento del 14% que
establece el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de
1990 por tener a cargo económicamente a su cónyuge, la señora Luz Dary Arango
Acosta (64 años de edad) , con quien convive desde el 10 de junio de 1976.
1.2.2.3.   Sostiene que COLPENSIONES negó dicha solicitud
mediante oficio BZ2015_1724825-0578663, al considerar que los incrementos de
que trata el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 no hacen parte del Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones.
1.2.2.4.   Indica que el 13 de marzo de 2015 promovió demanda
ordinaria laboral en única instancia en contra la entidad accionada, con el
propósito de obtener el reconocimiento y pago del mencionado incremento, asunto
que conoció el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Ibagué, quien declaró probada la excepción de prescripción incoada por
COLPENSIONES. En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda, y a su vez,
ordenó remitir el expediente a la Oficina Judicial de Reparto, para que se
surtiera el grado jurisdiccional de consulta, ante los jueces laborales del
circuito de esa ciudad[1].
El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Quinto Laboral del
Circuito, quien el 22 de septiembre de 2015 resolvió confirmar la sentencia del
juzgado que actuó en única instancia.
1.2.2.5.   Por lo anterior, solicita el amparo de sus derechos
fundamentales, pues considera que las sentencias que negaron el incremento
pensional incurrieron en vía de hecho por desconocimiento del precedente
constitucional y violación directa de la Constitución puesto que ya la Corte
Constitucional ha definido previamente la imprescriptibilidad de los derechos
pensionales.
1.2.3. Traslado y contestación de la demanda
Mediante auto
del quince (15) de octubre de 2015, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito
inadmitió la demanda por falta de competencia para conocer de la misma, y en su
lugar remitió la acción de tutela para que se sometiera al reparto
correspondiente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, por
tener la competencia y ser el superior funcional para conocer de las acciones
dirigidas contra los Juzgados Laborales del Circuito de la ciudad.
Posteriormente,
mediante auto del veintiuno (21) de octubre de 2015 el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué – Sala Laboral,  admitió la acción de tutela
promovida por el actor, y vinculó a la Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES.
1.2.4. Decisiones de instancia
1.2.4.1.   Sentencia de primera instancia
Mediante
sentencia del veintinueve (29) de octubre de 2015, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué – Sala Laboral, decidió negar el amparo solicitado
por considerar que la Corte Suprema de Justicia ha constituido doctrina
probable frente al tema jurídico de la prescripción de los incrementos
pensionales, lo cual significa que el juicio jurídico elaborado por los jueces
laborales corresponde a un razonamiento riguroso y contundente, y además ha
sido reiterado por el órgano especializado encargado de unificar la
jurisprudencia en la materia.
1.2.4.2.   Impugnación
El cinco (05) de
noviembre de 2015, el señor Isaías Acosta Marín  impugnó el fallo de primera
instancia, por considerar que no existe un criterio unificado respecto de la
prescripción del derecho que originó la demanda cuyas pretensiones fueron la
génesis de la acción presentada ante la jurisdicción, pues mientras que la
Corte Suprema de Justicia predica la existencia de la prescripción, la Corte
Constitucional considera lo contrario.
Afirmó que en
reiteradas sentencias de la Corte Constitucional este tribunal se ha
pronunciado sobre el pago del incremento de la pensión mínima en un 14% por
cónyuge o compañero permanente a cargo, y lo ha hecho de dos formas, una
negando dicho reconocimiento al considerar que el incremento señalado no hace
parte integrante de la pensión , por lo tanto no sigue la misma suerte de ella,
siendo susceptible de prescripción cuando no se solicita dentro de los tres (3)
años siguientes al reconocimiento de la pensión; y otra, que consideró que el
incremento por persona a cargo es un elemento de la pensión, que sigue la
suerte de las causas que le dieron origen, por lo tanto al ser la pensión
imprescriptible, dicha prestación también lo es, siendo afectadas por ese
fenómeno solo las mesadas que no se reclamaron antes de los tres años previos
al reconocimiento de dicho incremento.
Por otra lo
anterior, señaló que la decisión adoptada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Ibagué- Sala Laboral, atentaba contra sus derechos fundamentales y
desconoce abiertamente el precedente de la Corte Constitucional.
1.2.4.3.   Sentencia de segunda instancia
Mediante sentencia del dos (2) de diciembre de 2015,
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, confirmó el fallo
impugnado por considerar que el amparo no estaba llamado a prosperar porque las
citadas providencias resultaban arbitrarias o caprichosas y por el contrario se
apoyaron en una situación fáctica analizada por los jueces de forma suficiente.
Consideró además que de acuerdo con el acervo
probatorio existieron vacíos en cuanto los testigos no fueron lo
suficientemente exactos respecto de circunstancias de tiempo, modo y lugar para
demostrar los supuestos fácticos objeto de estudio. Y agregó que la convivencia
del accionante fue antes del reconocimiento de la pensión de vejez, lo que
quiere decir que al momento en que fue reconocida la prestación pensional éste
contaba con la posibilidad de reclamar el incremento pensional, toda vez que ya
estaba pensionado por el acuerdo 049 de 1990, y para ese momento cumplía todos
los requisitos. De manera que nada le impedía reclamar a COLPENSIONES el
reconocimiento del incremento.
Finalmente agregó que la acción de tutela no es una
tercera instancia a la que le pueda acudir las personas cuando sus pretensiones
no son concedidas por la jurisdicción ordinaria, de lo contrario se
desconocerían los principios a la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la
naturaleza extraordinaria y subsidiaria de la acción constitucional.
1.2.5.  Pruebas documentales obrantes en el expediente
Obran
en el expediente, entre otras, las siguientes pruebas
1.2.5.1.   Copia de la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ibagué – Sala Laboral del veintinueve (29) de
octubre de 2015.
1.2.5.2.   Copia del oficio BZG 2015_10336105 proferido por
Colpensiones con fecha de 28 de octubre de 2015.
1.2.5.3.   Copia de la Sentencia proferida por el Juzgado Segundo
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Ibagué con fecha del 28 de agosto de
2015.
1.2.5.4.   Copia de la Sentencia Proferida por el Juzgado Quinto
Laboral del Circuito de Ibagué, en CD anexado en el folio No. 1 del expediente.
2.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
2.1.
COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo
de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el
proceso de la referencia. Además, procede la revisión en virtud de
la selección realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en
la forma establecida por el reglamento de la Corporación.
2.2.
PROBLEMA JURÍDICO
En
esta oportunidad deberá la Sala en primer lugar determinar la procedibilidad de
las acciones de tutela revisadas y posteriormente analizar si la decisión
judicial controvertida incurrió en la configuración de un defecto autónomo,
como modalidad de desconocimiento del precedente constitucional, o por
desconocer una norma constitucional aplicable al caso concreto, al haber negado
el incremento del 14% sobre la mesada pensional del accionante, con el
argumento de la configuración del fenómeno de la prescripción.
De
la misma forma determinar si COLPENSIONES vulneró los derechos del accionante
al considerar que el derecho al incremento pensional del 14% no es aplicable
para aquellas personas que fueron beneficiarias del régimen de transición en
materia pensional.
A
efectos de resolver dichas cuestiones, la Sala de Revisión abordará los
siguientes temas: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales (ii) acción de tutela contra providencias
judiciales, precedente jurisprudencial en materia pensional (iii) derecho
al incremento del 14% (iv) imprescriptibilidad en materia pensional y (v)
principio de favorabilidad, y (vi)  análisis de los casos concretos.
2.3.
PROCEDENCIA
EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
La
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
es un tema que ha sido abordado por esta Corporación en múltiples ocasiones,
por lo que la Sala repasará las premisas en que se fundamenta esta posibilidad,
y las reglas establecidas para el examen de  procedibilidad en un caso
concreto.
2.3.1.
Fundamento
Constitucional
El artículo 86
de la Constitución señala que la acción de tutela procede contra toda “acción
o la omisión de cualquier autoridad pública”. Las autoridades judiciales
son autoridades públicas que en el ejercicio de sus funciones deben ajustarse a
la Constitución y a la ley, y garantizar la efectividad de los principios,
deberes y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Por esta
razón, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales que infringen los derechos fundamentales
de las partes, en particular el derecho al debido proceso, y que se apartan
notablemente de los mandatos constitucionales. Sin embargo, la Corte ha
precisado que la procedencia de la acción de tutela en estos casos debe ser
excepcional, en atención a los principios de cosa juzgada, autonomía e
independencia judicial, seguridad jurídica, y a la naturaleza subsidiaria de la
acción de tutela.
La Corte
Constitucional, mediante la sentencia C-543 de 1992, declaró inexequibles los
artículos 11, 12 y 40 del decreto, los cuales se referían  a la caducidad y la
competencia especial de la tutela contra providencias judiciales. En aquel
momento, la Corte consideró que la acción de tutela no había sido concebida
para impugnar decisiones judiciales, y que permitir su ejercicio contra tales
providencias, vulneraría los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica,
además de transgredir la autonomía e independencia judicial.
No obstante la
declaración de inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de
1991, la Corte mantuvo abierta la posibilidad de interponer acciones de tutela
contra providencias judiciales cuando éstas constituyeran manifiestas vías
de hecho. Así, a partir de 1992, esta Corporación comenzó a admitir la
procedencia de la tutela contra decisiones judiciales que constituyen vías de
hecho.
A partir de este
precedente, la Corte construyó una línea jurisprudencial sobre el tema, y
determinó progresivamente los defectos que configuraban una vía de hecho, es
decir, decisiones manifiestamente arbitrarias porque, por ejemplo, (i) se basan
en normas evidentemente inaplicables (defecto sustantivo), (ii) son proferidas
con carencia absoluta de competencia (defecto orgánico), (iii) se basan en una
valoración arbitraria de las pruebas (defecto fáctico), o (iv) fueron
proferidas en un trámite que se apartó ostensiblemente del procedimiento fijado
por la normativa vigente (defecto procedimental). Con el paso del tiempo, el
Alto Tribunal en su jurisprudencia fue identificando otros defectos constitutivos
de vías de hecho.
Ahora bien, la
doctrina de las vías de hecho fue replanteada en las sentencias C-590 de
2005[2]
y y SU-913 de 2009[3],
sistematizó y unificó los requisitos de procedencia y las razones o causales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Actualmente no “(…)
sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su
voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se
aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su
discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados (arbitrariedad)”[4].
La Corte señaló
que el desarrollo jurisprudencial ha conducido a diferenciar dos tipos de
requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales: unos requisitos generales de procedencia de naturaleza
estrictamente procesal, y unos requisitos específicos de procedibilidad
de naturaleza sustantiva que recogen los defectos que antes eran denominados
vías de hecho.
El concepto de
providencia judicial comprende tanto las sentencias como los autos que son
proferidos por las autoridades judiciales. Sin embargo, en materia de
decisiones adoptadas en autos interlocutorios, la Corte ha señalado que éstas,
por regla general, deben ser discutidas por medio de los recursos
ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto. Entonces, la acción
de tutela procederá solamente (i) cuando se evidencie una vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales de las partes, que no puede ser reprochada
mediante otros medios de defensa judicial. Por tanto, la acción constitucional
no será procedente cuando han vencido los términos para interponer los recursos
ordinarios y la parte afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron utilizados
en forma indebida; (ii) cuando a pesar de que existen otros medios, éstos no
resultan idóneos para proteger los derechos afectados o amenazados;  o (iii)
cuando la protección constitucional es urgente para evitar un perjuicio
irremediable.[5]
En el primer caso, para que proceda la tutela, deberán reunirse los requisitos
generales de procedencia y los requisitos especiales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales que han sido fijados por esta Corporación.
Ahora, pasa la
Sala a analizar los requisitos generales y los especiales que la jurisprudencia
de esta Corporación ha señalado como necesarios para que proceda la tutela
contra providencias judiciales.
2.3.2.   Requisitos
generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
Los requisitos
generales de procedencia señalados en la Sentencia C-590 de 2005, son
condiciones de procedimiento que buscan hacer compatible la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, con la eficacia de principios
de estirpe constitucional y legal como la seguridad jurídica, la cosa juzgada,
la independencia y autonomía del juez, y la distribución jerárquica de
competencias al interior de la rama judicial.[6] Estos requisitos son los
siguientes:
“a.
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[7].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b.
Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[8].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c.
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[9].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d.
Cuando se trate de una  irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora[10].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e.
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[11].
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f.
Que no se trate de sentencias de tutela[12].
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para
revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”[13].
2.3.3.   Requisitos
especiales de procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales
En la sentencia
C-590 de 2005, a partir de la jurisprudencia sobre las vías de hecho, la Corte
señaló los siguientes requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Se trata de defectos sustanciales que por su
gravedad hacen incompatible la decisión judicial con los preceptos
constitucionales.[14]
“a.
Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b.
Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c.
Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d.
Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales[15] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f.
Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g.
Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad
de su órbita funcional.
h.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado”[16].
“i.
Violación
directa de la Constitución, que es el defecto que se deduce de
infringir directamente una o varias disposiciones o normas razonablemente
vinculables a la Constitución”[17].
Siempre que
concurran los requisitos generales y, por lo menos, una de las causales
específicas de procedibilidad contra las providencias judiciales, es procedente
ejercer la acción de tutela como mecanismo excepcional por vulneración de
derechos fundamentales.
2.4.
EL DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE COMO CAUSAL ESPECÍFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
2.4.1. Desconocimiento del precedente como modalidad de
defecto sustantivo
De
conformidad con la jurisprudencia constitucional, una providencia judicial
adolece de un defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional “(i)
aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica
un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto
de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del
caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución
le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación
contraevidente -interpretación contra legem- o claramente irrazonable o
desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal
o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se
abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada
por alguna de las partes en el proceso[18]”.[19]
Por precedente[20]
se ha entendido, por regla general, aquella sentencia o conjunto de sentencias
que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i)
patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio
decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso.[21] La anterior
noción, se ha adoptado en sentencias como la T-794 de
2011[22],
en la que la Corte indicó los siguientes criterios a tener en cuenta para
identificar el precedente:
“(i)
la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una
regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata
de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y
(iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes
o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver
posteriormente.”[23]
Ahora,
la Corte ha diferenciado dos clases de precedentes teniendo en cuenta la
autoridad que profiere la providencia previa: el horizontal y el vertical.[24]
El primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades
de la misma jerarquía o el mismo operador judicial. El segundo, se
relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores
encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a
nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical
que deben seguir los funcionarios judiciales lo determina la Corte Suprema de
Justicia o el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva
jurisdicción[25].
En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las
autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer
criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.[26]
De
otra parte, el precedente además de ser criterio orientador resulta obligatorio
para los funcionarios judiciales, por las razones que se indicaron de
manera clara en la sentencia T-830 de 2012[27]
y que a continuación se transcriben:
“La primera razón de
la obligatoriedad del precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de la Constitución Política, los
jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley, en ese
orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar, pero
deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia
de la Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella
emitida por el legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho
incluidas las sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas,
el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de
cada jurisdicción[28].
La segunda razón se
desprende de los principios de igualdad, debido proceso y buena fe[29].
El precedente es una figura que tiene como objetivo principal garantizar
la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica[30],
igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un
principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad[31]
en la aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales[32].
En palabras de la Corte Constitucional:
“La
fuerza vinculante del precedente en el ordenamiento jurídico colombiano, se
explica entonces, al menos, por cuatro razones principales: (i) en virtud del
principio de igualdad en la aplicación de la ley (artículo 13 C.P.), que exige
tratar de manera igual situaciones sustancialmente iguales; (ii) por razones de
seguridad jurídica, ya que las decisiones judiciales debe ser “razonablemente
previsibles”; (iii) en atención a los principios de buena fe y de confianza
legítima (artículo 84 C.P.), que demandan respetar las expectativas generadas
por las reglas judiciales en la comunidad; y finalmente, (iv) por razones de
rigor judicial, en la medida en que es necesario un mínimo de coherencia en el
sistema jurídico”[33].
La tercera razón es
que la respuesta del precedente es la solución más razonable que existe hasta
ese momento al problema jurídico que se presenta, y en esa medida, si un juez,
ante circunstancias similares, decide apartarse debe tener unas mejores y más
razonables razones que las que hasta ahora han formado la solución para el
mismo problema jurídico o similares. En ese orden la doctrina ha establecido
como precedente:“tratar las decisiones previas como enunciados autoritativos
del derecho que funcionan como buenas razones para decisiones subsecuentes”
y “exigir de tribunales específicos que consideren ciertas decisiones previas,
sobre todo las de las altas cortes, como una razón vinculante”[34]
(énfasis de la Sala).”
De
conformidad con las razones expuestas, para la jurisprudencia de esta
Corporación el desconocimiento, sin debida justificación, del precedente
judicial configura un defecto sustantivo, en la medida en que su respeto
es una obligación de todas las autoridades judiciales –sea éste precedente
horizontal o vertical-, en virtud de los principios del debido proceso,
igualdad y buena fe[35].
En
efecto, Sentencias T-934 de 2009[36],
T-351
de 2011[37],
T-464 de 2011[38]
y T-212 de 2012[39], la
Corte consideró que los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa
desconocieron el precedente del Consejo de Estado, y en consecuencia, concedió
los amparos solicitados por existencia de un defecto sustantivo, ya que en
dichos casos, se configuraba un precedente consolidado sobre la tasación de las
indemnizaciones por daño moral, que había sido desconocida sin razones por las
autoridades demandadas[40].
No
obstante, la anterior regla no es absoluta ya que no puede ignorarse que el
derecho es dinámico y que cada caso puede presentar elementos que no fueron
concebidos con anterioridad en otros fallos judiciales; en esa medida, siempre
que exista una justificación razonable y proporcional, las autoridades
judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en atención a su
autonomía y a su independencia. Al respecto, la Corte Constitucional ha
establecido que:
“(…)
vale aclarar que la regla de vinculación del precedente no puede ser adoptada
de manera absoluta (…) Por ello, siempre que se sustenten de manera expresa,
amplia y suficiente, las razones por las cuales va a desconocer o cambiar una
posición anterior, el operador judicial puede apartarse de ella.
(…)
el juez (singular o colegiado) sólo puede apartarse de la regla de decisión
contenida en un caso anterior cuando demuestre y cumpla los siguientes
requisitos:
(i)
Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede
omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido
(principio de transparencia). (ii) En segundo lugar, debe ofrecer una carga
argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada
los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias
decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía
(principio de razón suficiente)”[41].
Así
las cosas, los jueces tienen como deber de obligatorio cumplimiento el de
acoger las decisiones proferidas por los órganos de cierre en cada una de las
jurisdicciones (ordinaria, contencioso administrativa o constitucional) cuando
éstas constituyan precedentes, y/o sus propias decisiones en casos idénticos,
por el respeto del trato igual al acceder a la justicia. Sin embargo, pueden
apartarse de dicho precedente, en el caso de decisiones adoptadas por órganos
de cierre sería la misma Corporación y en el caso del precedente horizontal los
mismos jueces, siempre que cumplan la carga argumentativa antes descrita y
construyendo una mejor respuesta al problema jurídico, so pena de incurrir en
la causal de procedibilidad de la tutela por defecto sustantivo o material, que
tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales a la
igualdad y al debido proceso de las personas partícipes del proceso respectivo,
entre otros.
2.4.2.  Desconocimiento del precedente constitucional como
causal autónoma
Este
defecto se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia.[42] Se
presenta generalmente cuando la Corte establece el alcance de un derecho
fundamental o señala la interpretación de un precepto que más se ajusta a la
Carta, y el juez ordinario al resolver un caso limita sustancialmente dicho
alcance o se aparta de la interpretación fijada por esta Corporación. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[43]
u otros mandatos de orden superior.
La
supremacía del precedente constitucional se deriva del artículo 241 de la
Constitución Política, el cual asigna a la Corte Constitucional la función de
salvaguardar la Carta como norma de normas – principio de supremacía
constitucional[44].
En efecto, esta Corporación ha establecido que, como intérprete de la
Constitución, sus decisiones son obligatorias tanto en su parte resolutiva como
en su ratio decidendi, es decir, la regla que sirve para resolver la
controversia.[45]
Por esta razón, si se desconoce el alcance de los fallos constitucionales
vinculantes, se “genera en el ordenamiento jurídico colombiano una evidente
falta de coherencia  y de conexión concreta con la Constitución, que
finalmente se traduce en contradicciones ilógicas entre la normatividad y la
Carta,  que  dificultan  la unidad intrínseca del sistema, y
afectan la seguridad jurídica. Con ello se perturba además la eficiencia y
eficacia institucional en su conjunto, en la medida en que se multiplica
innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales, más aún cuando en
definitiva, la Constitución tiene una fuerza constitucional preeminente que no
puede ser negada en nuestra actual organización jurídica.”[46]
En
este sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-656 de 2011[47]
sostuvo lo siguiente:
“(…) el deber de acatamiento del precedente
judicial se hace más estricto cuando se trata de jurisprudencia
constitucional, en la medida en que la normas de la Carta Política tienen el
máximo nivel de jerarquía dentro del sistema de fuentes del derecho, de modo
que las decisiones que determinan su alcance y contenido se tornan ineludibles
para la administración. No entenderlo así, resulta contrario a la vigencia
del principio de supremacía constitucional”.
De
acuerdo con lo expresado por esta Corte en la Sentencia T-351 de 2011[48]
el sentido, alcance y fundamento normativo de obligatoriedad de los
pronunciamientos de la Corte Constitucional varía según se trate de fallos de
constitucionalidad o de revisión de tutelas. No obstante, ambos tienen en
común, que se deben acatar (i) para garantizar el carácter normativo de
la Constitución como norma de normas, en tanto la Corte Constitucional es el
intérprete autorizado de la Carta[49],
y (ii) para unificar la interpretación de los preceptos constitucionales
por razones de igualdad.
Respecto
de las sentencias de control abstracto de constitucionalidad, la obligatoriedad
de la jurisprudencia se desprende de los efectos erga omnes y de la cosa
juzgada constitucional. Así, cualquier norma que se declare inconstitucional
por la Corte por ser contraria a la Carta, debe salir del ordenamiento jurídico
y no puede ser aplicada por ninguna autoridad. Igualmente, la ratio
decidendi de todas las sentencias de control abstracto de
constitucionalidad –bien declaren o no inexequible una disposición-, debe ser
atendida por todas las autoridades para que la aplicación de la ley sea
conforme a la Constitución.
En
cuanto a los fallos proferidos en sede de control concreto de
constitucionalidad, el respeto de su ratio decidendi es necesario no
solo para lograr la concreción de los principios de igualdad en la aplicación
de la ley y de confianza legítima -que prohíbe al Estado sorprender a los
ciudadanos con decisiones o actuaciones imprevistas- sino para garantizar los
mandatos constitucionales y la realización de los contenidos desarrollados por
su intérprete autorizado. Por esta razón, la interpretación y alcance que se le
dé a los derechos fundamentales en los fallos de revisión de tutela deben
prevalecer sobre aquella que se realiza por otras autoridades judiciales, incluyendo
altos tribunales de cierre de las demás jurisdicciones.[50]
En
este punto es importante aclarar que en el caso de las sentencias de
unificación de tutela y de control abstracto de constitucionalidad proferidas
por la Corte Constitucional, es suficiente una providencia para que exista un
precedente, “debido a que las primeras unifican el alcance e interpretación
de un derecho fundamental para casos que tengan un marco fáctico similar y
compartan problemas jurídicos, y las segundas, determinan la coherencia de una
norma con la Constitución Política[51]”.[52]
En este orden de ideas, el precedente
constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se aplican
disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de
control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de
sentencias de control de constitucionalidad, especialmente, la interpretación de
un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto
superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de
exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los
derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio
decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión
de tutela[53].
De
conformidad con lo expuesto, y con independencia del tipo de defecto en el que
se clasifique –como defecto autónomo o como modalidad de defecto sustantivo-,
el desconocimiento del precedente constitucional, además de violar los derechos
de las partes a la igualdad y al debido proceso, entre otros, vulnera el
principio de supremacía constitucional, lo que constituye una razón de más que
hace procedente la acción de tutela contra la providencia atacada.
2.5.
VIOLACIÓN
DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN COMO CAUSAL ESPECÍFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
2.1.1.
Aunque
todas las causales específicas que hacen procedente la acción de tutela contra
providencias judiciales conllevan en sí mismas un quebrantamiento de la Carta
Fundamental, esta Corte estableció específicamente una causal denominada:
violación directa de la Constitución, originada en la
obligación que “les asiste a todas las autoridades judiciales de velar por
el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4° de la Carta Política,
según el cual “la Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales”, y en la función de la Corte
Constitucional como guardiana de la supremacía e integridad de esta norma
Superior”.[54]
2.1.2.
En
un principio, esta causal se concibió como un defecto sustantivo. Así por
ejemplo, en la sentencia SU- 1722 de 2000[55],
la Corte Constitucional señaló que desconocer la disposición constitucional que
expresamente prohíbe al superior funcional “agravar la pena impuesta cuando
el condenado sea apelante único”, suponía la materialización del defecto
sustantivo. Al respecto manifestó:
“En los casos que son objeto de revisión, la Corte
aprecia un defecto sustantivo, en la medida en que las decisiones impugnadas se
fundan en la sumisión de la no reforma en peor frente al principio de
legalidad, lo cual resulta evidente inaplicable. En este sentido, el error
superlativo en que incurrieron las autoridades demandadas consistió en el
desconocimiento del principio constitucional consagrado en el inciso 2º del
artículo 31 de la Constitución”. (Negrilla fuera del texto).
Un análisis similar se realizó en la sentencia SU-
159 de 2002,[56]
al explicar que existe un defecto sustantivo cuando se violan derechos
iusfundamentales con la providencia dictada. En el caso objeto de estudio, la
Corte indicó que la prueba que se había allegado al proceso ante la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia se había obtenido violando derechos
fundamentales del procesado. En palabras de la Corporación:
“(…)
el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial,
opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido
derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque
ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto
es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia
Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional,
no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma
aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a lo expresamente
señalados por el legislador”. (Negrillas fuera del texto).
Posteriormente,
en la sentencia T-949 de 2003,[57]
la Corte no solo reiteró lo relativo a los defectos sustantivo, fáctico,
procedimental y orgánico, sino que incluyó como una causal de procedibilidad
independiente y autónoma, el defecto derivado del desconocimiento de una norma
constitucional aplicable al caso concreto. En esta oportunidad manifestó:
“(…)
todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la
eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias
judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya
determinado de manera previa la configuración de una de las causales de
procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los
seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error
inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y
(vi) violación directa de la Constitución”.  (Negrilla fuera
del texto).
La
anterior interpretación, fue consolidada en la sentencia C-590 de 2005,[58]
en la que se estudió una acción pública de inconstitucionalidad contra la
disposición del Código de Procedimiento Penal, que aparentemente proscribía la
acción de tutela contra fallos dictados por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia. En dicha oportunidad, este Tribunal incluyó
definitivamente “la violación directa de la Constitución” como un defecto
autónomo que justifica la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales. Al respecto sostuvo:
“(…)
la violación directa de la Constitución opera en dos circunstancias: uno (i),
cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto,
dos (ii), al aplicar la ley al margen de los dictados de la Constitución”.
2.1.3.
Ahora
bien, la jurisprudencia constitucional[59] ha sostenido que acción
de tutela contra providencias judiciales procede por violación directa de la
Constitución, cuando:
“(a)
en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal
de conformidad con el precedente constitucional, (b) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata y (c) el juez en sus resoluciones vulneró
derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación
conforme con la Constitución.  En el segundo caso, el juez debe tener en cuenta
en sus fallos, que con base en el artículo 4 de la C.P, la Constitución es
norma de normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele
sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe aplicar las
disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el
ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad”.
2.1.4.
Así
las cosas, teniendo en cuenta que el actual modelo de ordenamiento
constitucional “reconoce valor normativo superior a los preceptos
constitucionales, y ellos contienen mandatos y previsiones de aplicación
directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los
particulares”,[60]
es posible que una decisión judicial desconozca o aplique indebida e
irrazonablemente tales postulados, permitiendo que su cuestionamiento en sede
de tutela, en la medida que los jueces, en ejercicio de sus funciones, no deben
apartarse de las disposiciones consagradas en la Constitución, pues de hacerlo,
se constituye una causal de procedencia de la acción de tutela contra la
decisión adoptada.
En
ese entendido, cuando sea evidente que la norma de inferior jerarquía contraría
principios, valores y reglas de rango constitucional, las autoridades
judiciales y administrativas tienen el deber de aplicar directamente la
Constitución. En estos casos, se reitera, la prevalencia del orden superior
debe asegurarse aun cuando las partes no hubieren solicitado la inaplicación de
la norma para el caso particular.
2.6.
JURISPRUDENCIA RESPECTO DE
LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MATERIA
PENSIONAL
En la Sentencia T-217 de 2013[61],
la Sala Octava de Revisión de tutelas conoció las acciones de tutela
interpuestas por dos ciudadanos contra los sentencias proferidas por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, alegando
que habían incurrido en una causal específica de procedibilidad por defecto sustantivo
en la modalidad de desconocimiento del precedente constitucional al negarse a
conceder el incremento del 14% en la pensión por cónyuge a cargo, por
considerar que se había configurado el fenómeno de la prescripción.
En este caso se realizó un análisis del
requisito de inmediatez puesto que una de las tutelas había sido presentada un
(1) año y dos (2) meses después del fallo de segunda instancia. Al respecto
consideró la Sala que para el caso concreto se configuraba una excepción al
requisito de inmediatez pues aun cuando había trascurrido un lapso de tiempo
que superaba el que era razonable, pues “(…) cuando hay de por medio
reclamos sobre pensiones, y cuando el desconocimiento o vulneración del derecho
fundamental subsiste con el paso del tiempo. Esto en virtud de que la
inmediatez no puede ser entendida como una caducidad (…)”.
De manera que para la Corte, la negación
del incremento de la mesada pensional por concepto de compañera permanente
dependiente le impide al actor contar con un ingreso básico que le permita
satisfacer sus necesidades de forma digna, y esto hace que la vulneración del
derecho persista con el paso del tiempo, de manera que se vuelve errado alegar
la falta de inmediatez en el examen de procedencia de la acción.
De acuerdo con
lo anterior se observa que el requisito de inmediatez para la procedencia de la
acción de tutela en los casos en los que se discuten derechos pensionales, ha
sido entendido de manera flexible, en tanto la vulneración de este derecho
subsiste en el tiempo por ser un derecho irrenunciable que no prescribe, por lo
que es irrelevante el tiempo transcurrido entre la actuación que vulnera el
derecho y el momento en el que se interpone la acción[62].
En la Sentencia T- 791 de 2013[63]
se estudió la acción de tutela contra sentencia proferida por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá al haber declarado probada la excepción
de prescripción ante la solicitud del accionante de recibir el incremento del
14% por tener su cónyuge a cargo, lo cual en opinión del actor configuraba una
vía de hecho por desconocimiento del precedente Constitucional, debido a que el
derecho pensional no prescribe, lo que prescribe son las mesadas pensionales.
En dicha sentencia, la sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional decidió confirmar el fallo del Tribunal
Superior de Bogotá al no encontrar presunto desconocimiento del precedente
constitucional como lo afirmaba el actor. Sobre este asunto se hará referencia
en las consideraciones relativas a la imprescriptibilidad en materia pensional.
En este mismo caso la Corte declaro la
procedencia de las acciones de tutela por observar que las sentencias atacadas
incurrieron en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
jurisprudencial en materia de prescripción de los derechos pensionales.
En la Sentencia T- 748 de 2014[64],
la Corte conoció la petición de 19 ciudadanos que solicitaron el amparo
contra sentencias proferidas por los jueces de la jurisdicción ordinaria
laboral que se negaron a reconocer el incremento adicional de la mesada
pensional del 14%, a los beneficiarios del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por la causal de prescripción de dicho
incremento.
Frente al tema de procedencia de las
acciones la Corte realizó dos análisis relevantes. Por un lado se pronunció
frente al requisito general de inmediatez y determinó que “el término
razonable y oportuno para la interposición de la demanda de tutela en contra de
fallos de la jurisdicción ordinaria laboral que definieron el litigio respecto
de un incremento adicional de un 14% sobre la mesada pensional, es de seis
meses. Término que se debe contabilizar a partir de la notificación de la
sentencia de segunda instancia (…)”.
De otra parte, frente a los requisitos
específicos de procedibilidad se refirió a el desconocimiento del precedente
constitucional, y en efecto concluyó para el caso concreto que las acciones que
habían pasado el examen de inmediatez no eran procedentes puesto que no se
configuraba dicha causal especifica en tanto que la sentencia T- 217 de 2013
invocada como precedente, no constituía un antecedente relevante en materia de
incrementos adicionales. En cambio a juicio de la Corporación la sentencia
T-791 de 2013 si configuró un precedente relevante. Y finalmente reiteró los
criterios que le otorgan relevancia a un precedente[65].
En la Sentencia T-831 de 2014 se
revisaron seis expedientes dentro de los cuales se solicitaba el amparo
constitucional contra sentencias judiciales en las cuales se negaba el reconocimiento
del incremento del 14% por cónyuge a cargo, de acuerdo a una interpretación
desfavorable de la norma aplicable, vulnerando el principio de favorabilidad en
materia laboral.
En esa
oportunidad la Corte Constitucional sostuvo que aunque las decisiones
judiciales se tomaron siguiendo el precedente sentado por la sala laboral de la
Corte Suprema de Justicia, no tuvieron en cuenta otros postulados
constitucionales y concluyó declarando la procedencia de las acciones contra
las decisiones judiciales y administrativas porque desconocieron directamente
el artículo 53 de la Constitución Política.
En la sentencia T-
319 de 2015[66] se revisaron tres expedientes en
los que se solicitó el amparo constitucional contra fallos del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena y la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa misma
ciudad; el Juzgado Municipal de Pequeñas
Causas Laborales; el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Barranquilla y COLPENSIONES. Se analizó si las
providencias judiciales atacadas por los accionantes en sede de tutela, no solo
desconocieron los lineamientos jurisprudenciales ya sentados por esta
Corporación en torno al tema de la imprescriptibilidad en la reclamación de
derechos pensionales, y además, si dichas decisiones judiciales vulneraron sus
derechos fundamentales.
En ese
oportunidad, la Corte desarrolló el alcance y el fundamento normativo de la
obligatoriedad de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, y para el
caso concreto señaló que las acciones eran procedentes en tanto “el
desconocimiento del precedente constitucional, además de violar los derechos de
las partes a la igualdad y al debido proceso, entre otros, vulnera el principio
de supremacía constitucional, lo que constituye una razón más que hace procedente
la acción de tutela contra la providencia atacada”.
En la
sentencia T-369 de 2015[67]
la Sala séptima de revisión consideró procedente el análisis de un fallo del
Tribunal Superior de Bogotá acusado de  incurrir defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente y violación directa de la constitución por parte del accionante por
el hecho de negarse el reconocimiento del incremento pensional del 14% por
cónyuge o compañero (a) permanente a cargo, teniendo como argumento que el
derecho a tal prestación se encontraba prescrito.
En
aquella oportunidad la Corte consideró la procedencia de la acción reconociendo
la existencia de un defecto sustantivo por violación directa de la Constitución
y no por desconocimiento del precedente constitucional. Señaló que dicho
Tribunal no había incurrido en desconocimiento del precedente constitucional en
tanto no existe suficiente reiteración de jurisprudencia que obligue al juez
ordinario a seguirlo, en cambio la Corte Suprema de Justicia si ha sostenido
una posición específica al respecto, así, señaló que:
(…) para esta Sala la sentencia judicial atacada no adoleció
del defecto de desconocimiento del precedente constitucional, ya sea como
modalidad del defecto sustantivo o de manera autónoma, por cuanto siguió la
línea que le proporcionó la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre de
la jurisdicción ordinaria, y en la jurisdicción constitucional no se hallaba un
precedente unívoco respecto del reconocimiento o no de dicho incremento (…)
(…)  “el derecho al reclamar el incremento pensional
bajo estudio no se encuentra sometido a la regla trienal de prescripción[68]”.
Esta tesis fue acogida por la Sentencia T-217 de 2013[69]
“en la cual se expuso que los incrementos que por ley se desprenden de la
pensión son imprescriptibles, por tanto, en tal ocasión se señaló que la tesis
según la cual al reajuste de la
pensión de vejez del 14% se le puede aplicar prescripción, equivale a perder
una fracción de recursos de este derecho o parte del mismo[70]”.
Considera la Sala que el juez laboral
debió analizar frente a esta situación, caracterizada por no existir una sola
interpretación del artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990, cuál de las dos
vertientes que se habían presentado tanto en sede constitucional, como en la
jurisdicción ordinaria en cuanto a la hermenéutica de la norma que consagra el
incremento solicitado, era la más beneficiosa para el pensionado y aplicarla en
el caso concreto, obedeciendo al principio de favorabilidad consagrado en la
Carta política.
2.7.    PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS. VÍAS DE HECHO ADMINISTRATIVAS
El artículo 86 de la Constitución consagra la acción de
tutela como un mecanismo de carácter sumario y excepcional que busca evitar de
manera inmediata la amenaza o vulneración de un derecho fundamental. Para que
dicha acción proceda se requiere del previo agotamiento de otros los medios
ordinarios mediante los que se pueda reclamar la protección del derecho
presuntamente amenazado o vulnerado; o que existiendo estas vías jurídicas,
ellas carezcan de idoneidad para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable.
Al respecto la sentencia T-094 de 2013[71]
señaló:
En el caso específico de la acción
de tutela contra actos administrativos de carácter particular, se ha predicado
por regla general su improcedencia a no ser que se invoque para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. Ello, por cuanto el interesado
puede ejercer las acciones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del
derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, como medida
preventiva solicitar dentro de ésta, la suspensión del acto que causa la
transgresión.
De esta forma, es claro que pese a existir otros mecanismos
ordinarios para el amparo de los derechos fundamentales, la tutela procede
cuando estos carecen de idoneidad para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable. Y según los parámetros fijados por esta Corporación, estos son:
“…(i)
por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder
prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo
material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii)
porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable
sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin
de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda
su integridad.[72]”[73]
Los anteriores requisitos deben ser analizados en cada caso
concreto, pues como regla general, no solamente debe hallarse acreditada la
gravedad de la situación sino también que los mecanismos ordinarios no sean
eficaces para la real protección de los derechos fundamentales involucrados.
No obstante, tratándose de personas en estado de indefensión
o vulnerabilidad se ha determinado que el examen de los supuestos exigidos
para probar el perjuicio irremediable no debe ser tan riguroso. Al respecto
la sentencia T-1316 del 7 de diciembre de 2001 expuso lo siguiente:
“…algunos grupos con características particulares,
como los niños o los ancianos, pueden llegar a sufrir daños o amenazas que,
aún cuando para la generalidad de la sociedad no constituyen perjuicio
irremediable, sí lo son para ellos, pues por encontrarse en otras condiciones
de debilidad o vulnerabilidad, pueden tener repercusiones de mayor
trascendencia que justifican un “tratamiento diferencial positivo”[74],
y que amplia (sic) a su vez el ámbito de los derechos fundamentales
susceptibles de protección por vía de tutela…”
En este mismo sentido se puede entender la
procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos cuando se trata
de vías de ahecho de la administración, al respecto la Corte ha afirmado que:
(…) como mecanismo
excepcional, se ha determinado que procede la tutela contra los actos administrativos
conforme las reglas comunes, pero enfatizando en particular en la inminencia de
perjuicio irremediable y en que el acto sea contrario a los derechos
fundamentales de los interesados en la actuación, en especial las garantías
propias del derecho al debido proceso. Se habla a este último respecto, como
ocurre en materia judicial, de una vía de hecho administrativa que se puede
presentar por defecto orgánico absoluto, defecto procedimental absoluto, un
defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido o vía de hecho por consecuencia, falta de motivación,
desconocimiento del precedente constitucional vinculante y violación directa de
la Constitución[75]
De
manera que aquella autoridad administrativa que toma una decisión desconociendo
las normas de rango Constitucional incurre en vía de hecho, afectando los
derechos fundamentales de los ciudadanos, quienes en ese caso tendrán acceso a
la acción de tutela, en los términos señalados anteriormente.
2.8.    IMPRESCRIPTIBILIDAD EN MATERIA
PENSIONAL. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA.
La Corte Constitucional ha desarrollado ampliamente la
jurisprudencia respecto del carácter imprescriptible del derecho a la pensión,
fundamentalmente en virtud del desarrollo de los artículos 48 y 53 de la
Constitución Política, según los cuales el derecho el concepto de seguridad
social es imprescriptible y corresponde al Estado la garantía del derecho al
pago oportuno de las pensiones y al reajuste periódico de  tales prestaciones[76].
En Sentencia T-230 de 1998[77],
la Corte precisó que la pensión no admite una prescripción extintiva del
derecho y que esto es acorde con otros principios y valores constitucionales
que garantizan la solidaridad que debe estar presente en la sociedad. Al
respecto señaló:
(…) constituye un pleno desarrollo de
principios y valores constitucionales que garantizan la solidaridad que debe
regir en la sociedad, la protección y asistencia especial a las personas de la
tercera edad, para mantener unas condiciones de vida digna, así como el derecho
irrenunciable a la  seguridad  social  (C.P., arts. 1, 46 y 48),
determinando  a su vez una realización efectiva del valor fundante que
impone la vigencia de un orden económico y social justo, dentro de un Estado
social de derecho.
(…)
Cabe agregar, que dada la
naturaleza periódica o de tracto sucesivo y vitalicia de las pensiones, la
prescripción resulta viable, exclusivamente, respecto de los créditos o mesadas
pensionales que no se hubiesen solicitado dentro de los tres años anteriores al
momento en que se presente la reclamación del derecho”.
Posteriormente, en
Sentencia C-198 de 1999[78]
la Corte señaló que era posible determinar un plazo de tiempo para
reclamar las mesadas pensionales, cuando este sea proporcionado y no afecte el
contenido esencial del mismo. En ese sentido dijo que solo se podrá
consagrar la prescripción extintiva de derechos patrimoniales que surgen del
ejercicio de un derecho constitucional, cuando dicho término sea proporcionado
y no afecte el contenido esencial mismo.
En este contexto, la jurisprudencia de la Corte
tiene sentada la posición según la cual, el derecho a la pensión es
imprescriptible[79],
mientras que las mesadas pensionales pueden extinguirse si no son reclamadas en
los plazos señalados por la ley[80]. De
manera que el interesado tiene derecho a reclamar lo debido en cualquier
tiempo, ya que los derechos adquiridos no pueden ser desconocidos por
decisiones de las instituciones administradoras de pensiones, pues los mismos
son irrenunciables e imprescriptibles.
Luego,
el carácter imprescriptible del derecho pensional ha sido reiterado en
numerosas ocasiones[81], por ejemplo en
Sentencia T-319 de 2015 la Corte expuso que al tratarse de un derecho fundamental
que tiene como objeto asegurar las condiciones económicas que garanticen la
vida digna del trabajador quien ha reunido o cumplido los requisitos de ley
para alcanzar el reconocimiento de dicho derecho, el paso del
tiempo no configura la extinción del mismo.
2.9.    INCREMENTO PENSIONAL DEL 14% POR TENER CÓNYUGE A
CARGO. JURISPRUDENCIA
El Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el
Decreto 758 de 1990, mediante el cual se expidió el Reglamento general del
Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte, estableció que las
pensiones de invalidez y de vejez se incrementarían “(…) en un catorce por
ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o compañero o
compañera del beneficiario que dependa económicamente de éste y no disfrute de
una pensión”.
Esta misma norma señaló en cuanto a la
naturaleza de los incrementos pensionales que el incremento del 14% por cónyuge
o compañero o compañera a cargo no forma parte integrante de la pensión de
invalidez o de vejez que reconoce el Instituto de Seguros Sociales y el derecho
a ellos subsiste mientras perduren las causas que les dieron origen.
Frente a este punto, la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que los incrementos
pensionales no pueden participar de los atributos que el ordenamiento jurídico
ha señalado para la pensión de invalidez y vejez, entre ellos “el de la
imprescriptibilidad del estado jurídico del pensionado, y que se justifican
justamente por el carácter fundamental y vital de las prestaciones”[82].
Por su parte la jurisprudencia de esta
Corte no ha desarrollado una línea homogénea al respecto. En la Sentencia T-066
de 2009, la Sala Primera de Revisión revocó los fallos ordinarios y
concedió el amparo teniendo como criterio la situación de especial de salud del
tutelante y de su cónyuge.
Posteriormente en la Sentencia T-091
de 2012 la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas decidió declarar improcedente
la acción de tutela al considerar que no se demostró que la falta del
incremento pensional afectara gravemente el mínimo vital de del accionante, en
razón que desde la fecha del reconocimiento de la pensión y la solicitud del
aumento del 14% habían transcurrido alrededor de seis años.
Más adelante en Sentencia T- 217 de
2013 la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, conoció
acciones de tutela por existir defecto sustantivo en la modalidad de
desconocimiento del precedente judicial, en sentencias confirmadas por el
Tribunal Superior de Barranquilla, por considerar el  incremento pensional del
14% por cónyuge a cargo objeto de prescripción. En este caso, la Sala consideró
que se debe atender al principio de imprescriptibilidad de los derechos a la
seguridad social por cuanto el derecho a la pensión o a los incrementos que por
Ley se desprendan de este son imprescriptibles, en esa medida, la prescripción
solo es aplicable a las mesadas no reclamadas con anterioridad a los tres años
de solicitadas. Señaló además que el Tribunal al aplicar la regla de la
prescripción dio trato diferente e injustificado a los accionantes, frente a
otras personas en igualdad de circunstancias, incurriendo en un trato
discriminatorio.
Después, en Sentencia T-791 de 2013,
la Sala Tercera de Revisión, estudió una tutela contra el Tribunal Superior de
Bogotá – Sala Laboral, por el hecho de haber considerado el incremento del 14%
por cónyuge a cargo objeto del fenómeno de la prescripción. En este caso la
Sala consideró que la Corte Suprema de Justicia como máximo órgano de la
jurisdicción ordinaria es el encargado de establecer los límites y las pautas
de interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico legal en los
conflictos de tipo laboral. En este sentido, y siguiendo el precedente
establecido por esa Corporación, decidió negar el amparo, pues en su criterio:
“sí bien los incrementos nacen del
reconocimiento de la prestación, estos no forman parte integrante de la
pensión, ni del estado jurídico de la persona pensionada (…) aporque se trata
de una prerrogativa, cuyo surgimiento no es automático frente a dicho estado,
pues está condicionado al cumplimiento de unos requisitos que pueden darse o no”.
En el mismo sentido, la Sentencia T-748 de 2014
proferida por la Sala Segunda de Revisión de tutelas, confirmó los fallos que
negaron la protección de los derechos presuntamente afectados por los jueces
que negaron el incremento del 14% a la mesada pensional, por no encontrar
configurada la causal de desconocimiento de precedente jurisprudencial, en ese
sentido dijo que la Sentencia T-271 de 2013 no configura un antecedente
trascendental para configurar una causal específica de vulneración al debido proceso
por la causal alegada. Y reitera tres postulados que deben ser tenidos en
cuenta en sede de revisión para considerar relevante un precedente
jurisprudencial:
(i) su ratio decidendi contiene una regla relacionada con el caso
posterior. Si bien, la razón de la decisión en ambos casos se centró en la
imprescriptibilidad de los derechos a la seguridad social, la sentencia
ulterior se apartó de la vinculación del incremento como un derecho principal,
definiéndolo como una acreencia meramente patrimonial, que no forma parte
integrante de la pensión.
(ii) Ésa ratio debió servir de base para resolver un problema
jurídico semejante. Aunado a lo anterior, la Sala Tercera especificó que la
tesis adoptada en la T-217 de 2013 pertenecía a una posición minoritaria.
(iii) Los hechos del caso o las normas
juzgadas son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que debe
resolverse en el caso posterior.  La situación fáctica –pensionado bajo la
transición del D-758/90 y con sociedad conyugal vigente- y la norma jurídica
juzgada –Art. 21 D-758/90- son idénticas al caso resuelto con posterioridad en
Sentencia T-791 del 12 de noviembre de 2013.
Luego la Sentencia T-831 de 2014, la Sala
Séptima de Revisión de la la Corte Constitucional se pronunció sobre seis casos
de personas que solicitaban la protección de sus derechos fundamentales que
consideraban vulnerados por la sentencia judicial que les negaba el
reconocimiento a los incrementos del 14% a la pensión mínima por cónyuge o
compañero (a) permanente a cargo y por hijo (a) en situación de discapacidad,
por considerar, las entidades accionadas, que dichos emolumentos habían
prescrito.
Esta Corporación se ha pronunciado en maneras
divergentes respecto de la prescripción de los incrementos señalados, y si la
negativa del reconocimiento de dichos beneficios configura o no vulneración de
derechos fundamentales. En unos casos, ha manifestado que los incrementos
corren la misma suerte de la causa que les dio origen, de tal manera que si el
derecho pensional es imprescriptible, así mismo lo serán los incrementos a que
haya lugar, por lo tanto las sentencias atacadas vulneraban los derechos
fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social. En otros
casos, ha negado la existencia de una causal específica de procedencia contra
sentencia judicial indicando que el no reconocimiento de los incrementos
solicitados no configura una violación a los derechos fundamentales del actor
puesto que no estaban directamente ligados al mínimo vital del accionante.
Concluyó en
dicha ocasión que las decisiones, tanto administrativas, como judiciales,
censuradas por los accionantes, que habían negado el reconocimiento y pago del
incremento pensional del 14%, solicitado por los actores, habían vulnerado los
derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y al debido
proceso al haberse interpretado la norma aplicable al caso en perjuicio de los
actores, desconociendo así el principio de favorabilidad en materia laboral y
por lo tanto, violando directamente la Constitución.
Finalmente en la Sentencia T- 369 de 2015 la
Sala Séptima de Revisión de Tutelas conoció un proceso fallado por la Sala
Laboral de Tribunal Superior de Bogotá en donde se negó el reconocimiento y
pago del incremento pensional del actor por cónyuge a cargo, con fundamento en
el fenómeno de la prescripción.
En ese caso consideró que al encontrar falta de
unanimidad en la jurisprudencia de la Corte, resultaba necesario acudir al
principio de favorabilidad en materia laboral ante la existencia de dos
interpretaciones de la norma, y que por lo tanto los incrementos pensionales
referidos constituyen una prerrogativa, aplicada a la pensión mínima, y
subsiste mientras perduren las causas que le dieron origen, caso en el cual,
señaló, el incremento puede ser reclamado en la medida en que persistan las
condiciones que a él dieron lugar. De manera que no opera el fenómeno de la
prescripción. Y concluyó diciendo que  existiendo dos posibles interpretaciones
del artículo 22 del acuerdo 049 de 1990, la mejor forma de realizar los
derechos fundamentales  del actor es la citada en las sentencias T-217 de 2013
y T- 831 de 2014.
2.10.    PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA DE PENSIONES
El principio de favorabilidad está consagrado en los
artículos 48, 49 y 53 de la Constitución Política. Así mismo, en el artículo 21
del  Código Sustantivo del Trabajo en donde lo reconoce como un principio
general y lo define así: En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de
normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma
que se adopte debe aplicarse en su integridad.”[83]
La jurisprudencia constitucional ha establecido que el
principio de favorabilidad hace parte de los principios generales del derecho
al trabajo en los siguientes términos:
“(…)los principios generales del derecho al trabajo
que la doctrina ha establecido y que en Colombia adquieren rango constitucional
en el artículo 53  de la C.P., conllevan la primacía de la realidad, la
irrenunciabilidad, la favorabilidad, la condición más beneficiosa, el
principio pro operario, la justicia social y la  intangibilidad de la
remuneración.”[84]
De acuerdo con lo anterior, el
principio de favorabilidad consagra la obligación de todo servidor público[85]
de optar por la situación más favorable al empleado, en caso de duda en la
aplicación e interpretación jurídicas. Esta Corte ha expuesto la existencia de
dos elementos que suponen la aplicación de este principio:
(…) cuando
una norma admite varias interpretaciones, (…) deben presentarse, además, dos
elementos, a saber: (i) la duda seria y objetiva ante la necesidad de elegir
entre dos o más interpretaciones, ello, en función de la razonabilidad
argumentativa y solidez jurídica de una u otra interpretación; y, (ii) la
efectiva concurrencia de las interpretaciones en juego para el caso concreto,
es decir, que sean aplicables a los supuestos fácticos concretos de las
disposiciones normativas en conflicto[86].
Este
principio ha tenido un desarrollo concreto en materia laboral en la
jurisprudencia de esta Corte. En la Sentencia C-168 de 1995 señaló que
la aplicación del principio de favorabilidad implica que quien ha de aplicar o
interpretar las normas en materia laboral, deberá escoger aquella que resulte
más beneficiosa o favorezca al trabajador. Y sobre la favorabilidad dispuso
que:
(…) opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto
entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica
fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias
interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad, ya
que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear
una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador.
Respecto
de este principio de favorabilidad, la Corte en la sentencia SU-1185 de
2001,[87]
realizó un estudio detallado de su contenido y alcance en materia laboral,
sosteniendo lo siguiente:
“En el ámbito de los conflictos de
trabajo, por ejemplo, la Corte ha sido enfática en sostener que, so pretexto de
interpretar el alcance de las normas jurídicas, no le es dable al operador
jurídico desconocer las garantías laborales reconocidas a los trabajadores por
la Constitución Política y las leyes, ni tampoco actuar en contradicción con
los principios superiores que lo amparan como son, entre otros, los de igualdad
de trato y favorabilidad. En este sentido, puede afirmarse que el Estatuto
Superior se ha preocupado por garantizar un mínimo de derechos a los
trabajadores, los cuales no pueden ser ignorados, disminuidos o transgredidos
por las autoridades públicas y, en particular, por los jueces y magistrados de
la República en su función constitucional de aplicar y valorar el alcance de la
ley (…)”.
De
igual forma, este Tribunal, en sentencia T-1268 de 2005,[88]
hizo referencia a la aplicación de este principio de favorabilidad laboral en
los siguientes términos:
“(…) la Corte ha considerado que la “duda” debe
revestir un carácter de seriedad y objetividad, pues no sería dable que ante
una posición jurídicamente débil, deba ceder la más sólida bajo el argumento
que la primera es la más favorable al trabajador.  En ese orden, la seriedad y
la objetividad de la duda dependen a su vez de la razonabilidad de las
interpretaciones. En efecto, la fundamentación y solidez jurídica de las interpretaciones,
es la que determina que la duda que se cierna sobre el operador jurídico, sea
como tal una duda seria y objetiva.” (Negrillas fuera
de texto).
Posteriormente,
en Sentencia T-180 de 2009[89]
la Sala Novena de Revisión de Tutelas conoció una acción de tutela contra
la Caja Nacional de Previsión Social por haberse negado a reconocer la
indemnización sustitutiva de vejez a favor del accionante, bajo el argumento de
no haber cotizado al sistema en vigencia de la Ley 100 de 1993. En esta
oportunidad la Corte consideró que la entidad accionada vulneró el principio de
favorabilidad en materia laboral al excluir a las personas que se habían
retirado del servicio antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; y
estableció que dicha situación en nada afectaba el derecho que tenían las
personas a que su situación pensional fuera definida de acuerdo con el
ordenamiento jurídico vigente.
En
el mismo sentido, en la Sentencia T-931 de 2013[90]
la Corte en virtud de la aplicación del principio de favorabilidad, reiteró que
no era necesario que las personas que pretendían adquirir la indemnización
sustitutiva de vejez hubieran cotizado a partir de la vigencia de la ley 100 de
1993, pues en estos casos para definir la aplicación de la ley es necesario
tener en cuenta dicho principio.
Posteriormente,
en Sentencia T-783 de 2014[91],
la Sala Séptima de Revisión de Tutelas, consideró que el Tribunal
Administrativo del Cauca violó el derecho al debido proceso del demandante por
determinar que había operado el fenómeno de la prescripción para hacer efectivo
el reajuste de su asignación de retiro por parte de la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional. Señaló la Corte que el Tribunal ha
debido acudir a la interpretación más favorable al trabajador entre las dos que
se ponían de presente a la hora de resolver el recurso de alzada.  Lo anterior
porque, en efecto, de acogerse esta posición, el accionante habría sido
favorecido con el goce de su derecho prestacional.
De
manera que, se identificó la causal de violación directa de la Constitución, al no
tener en cuenta principios de rango superior como el consagrado en el artículo
53, relacionado con la favorabilidad en materia laboral.
3.
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
Para atender el
problema jurídico expuesto, en primer lugar debe la Sala entrar a examinar si
en este caso se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales señalados en la parte motiva de esta
providencia.
3.1.
ANÁLISIS
DE LOS REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL PRESENTE CASO.
3.1.1.
Expediente
T-5.430.316
3.1.1.1.
El asunto debatido reviste
relevancia constitucional.
El
asunto bajo análisis es de relevancia constitucional toda vez que trata de la
presunta violación de los derechos, al mínimo vital y móvil y a la seguridad
social en pensiones de una persona a quien, siendo un adulto mayor de 79 años
con cónyuge a cargo, se determinó que no se debía reconocer el incremento
pensional del 14% sobre la mesada mínima, por cónyuge o compañero (a) a cargo,
argumentando que no es procedente conceder el incremento pensional a los
beneficiarios del  régimen de transición.
3.1.1.2.
La tutela no se dirige
contra una sentencia de tutela
La presente acción de tutela se dirige contra COLPENSIONES
para que  reconozca el incremento del 14% de la pensión, la retroactividad de
dicho pago desde el 1 de junio de 2011 hasta la fecha en que le sea reconocido
el derecho consagrado en la respectiva normatividad. No hay sentencia de tutela
en este caso.
3.1.1.3.      Agotamiento de todos los medios de defensa judicial a su
alcance.
Observa
la Sala que el actor elevó solicitud de reconocimiento y pago del incremento
del 14% sobre la pensión ante COLPENSIONES, la cual fue respondida de manera
negativa, ante lo cual el peticionario no acudió ante la jurisdicción laboral
ordinaria para presentar su reclamación. Sin embargo, es de tener en cuenta que
la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que la acción de tutela
procede definitivamente contra actos administrativos cuando los titulares del
derecho son personas de la tercera edad, o que por su condición económica,
física o mental se encuentran en condición de debilidad manifiesta, lo que
permite otorgarles un tratamiento especial o diferencial.
En tales eventos, se considera que la demora en la definición
de los conflictos relativos al reconocimiento y pago de la pensión a través de
los mecanismos ordinarios de defensa, puede llegar a afectar los derechos de
las personas de la tercera edad al mínimo vital y a la salud, lo que en
principio justificaría el desplazamiento excepcional del medio ordinario y la
intervención del juez constitucional, por ser la acción de tutela un
procedimiento judicial preferente, breve y sumario de protección de derechos fundamentales.
En esos casos, el amparo puede llegar a ser definitivo ante la demora e
ineficacia que reporta el mecanismo ordinario con que cuenta el actor[92].
De
acuerdo con esto, es evidente que el actor, es una persona de tercera edad (79
años) y es sujeto de especial protección constitucional por lo que se entiende
subsanado el requisito de subsidiariedad para la procedencia de la acción.
3.1.1.4.
Existió inmediatez entre
los hechos y el ejercicio de la acción de tutela.
En
el asunto bajo estudio, encuentra la Sala que la última actuación del
peticionario se dio el día 16 de enero del 2016 fecha en la cual el Juzgado 16
Laboral del Circuito de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela
interpuesta por el accionante contra la negativa de COLPENSIONES. Es decir que
desde dicha sentencia han transcurrido seis (6) meses después del
pronunciamiento acusado.
3.2.
ANÁLISIS DE LOS
REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES
JUDICIALES EN EL PRESENTE CASO.
3.2.1. Expediente  T- 5.354.798
3.2.2.  El asunto
debatido reviste relevancia constitucional.
El
asunto bajo análisis es de relevancia constitucional toda vez que trata de la
presunta violación de los derechos  fundamentales a la seguridad social en
pensiones, debido proceso y a la administración de justicia, después de un
proceso ordinario, en el cual se determinó que no se debía reconocer el
incremento pensional del 14% sobre la mesada mínima por cónyuge o compañero (a)
permanente a cargo, bajo el argumento de que había operado el fenómeno jurídico
de la prescripción.
3.2.3.  La
tutela no se dirige contra una sentencia de tutela
3.2.4.
La
presente acción de tutela se dirige contra la sentencia del veintiocho (28) de
agosto de 2015, proferida por el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas
Laborales y la del veintidós (22) de septiembre de 2015, proferida por el Juzgado Quinto
Laboral del Circuito de Ibagué en grado jurisdiccional de consulta;  las cuales
negaron el derecho al incremento del 14%, bajo el argumento de que había
operado el fenómeno jurídico de la prescripción.
3.2.5.  Agotamiento de todos los medios de defensa judicial a su
alcance.
3.2.6.  Observa la Sala que el actor elevó solicitud del
reconocimiento y pago del incremento del 14% sobre la pensión ante
COLPENSIONES, la cual fue respondida de manera negativa, por lo que, acto
seguido, el peticionario procedió a instaurar demanda ordinaria laboral en la
cual, la sentencia de única instancia dictada por el Juzgado Tercero Municipal
de Pequeñas Causas Laborales, la cual negó el amparo solicitado.
Además
de negar las pretensiones de la demanda, dicho juzgado ordenó remitir el
expediente a la Oficina Judicial de Reparto, para que se surtiera el grado
jurisdiccional de consulta[93],
ante los jueces laborales del circuito de esa ciudad. El conocimiento del
asunto le correspondió al Juzgado Quinto Laboral del Circuito, quien el 22 de
septiembre de 2015 resolvió confirmar la sentencia del Juez de única instancia.
De
acuerdo con esto, es evidente que el actor agotó de manera diligente los
recursos legales que tenía a su alcance para solicitar la protección de sus
derechos.
3.2.7.
Existió
inmediatez entre los hechos y el ejercicio de la acción de tutela.
En
el asunto bajo estudio, encuentra la Sala que la decisión atacada se profirió
el veintiocho (28) de agosto de 2015 y la acción de tutela fue impetrada el
quince (15) de octubre de dos mil quince (2015), es decir un (1) mes y
diecisiete (17) días después del pronunciamiento acusado.
En los anteriores términos, procede la
Sala a dilucidar la vulneración de los derechos fundamentales del señor Isaías
Acosta Marín.
3.3.
ANÁLISIS DE LOS
REQUISITOS ESPECIALES DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES.
Esta
Corporación debe pronunciarse sobre la decisión judicial proferida
por el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Ibagué –
Tolima, y confirmada en grado de consulta por el Juzgado Quinto Laboral del
Circuito de Ibagué (Expediente T-5.354.798), y determinar si esta incurrió en
la configuración de un defecto sustantivo, como modalidad de desconocimiento
del precedente constitucional, al haber negado el incremento del 14% sobre la
mesada pensional del accionante, con el argumento de haber operado el fenómeno
de la prescripción, y en ese caso haber vulnerado los derechos al debido proceso,
a la seguridad social en pensiones y al acceso a la administración de justicia.
Como se indicó en los
antecedentes, el Juez Laboral de única instancia del proceso laboral promovido
por el actor, no accedió a las pretensiones del peticionario por considerar que
prosperaba la excepción de prescripción del derecho a reclamar el incremento
pensional, incoada por COLPENSIONES. Decisión que fue confirmada por el Juzgado
Quinto Laboral del Circuito de Ibagué, quien conoció del proceso en grado
jurisdiccional de consulta con el argumento de que el Juzgado de Única Instancia
falló de acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia, órgano de cierre en materia laboral.
En consecuencia, el peticionario acusó las
mencionadas sentencias, y señaló que estas incurrían en vía de hecho por
incurrir en desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional.
Al respecto es necesario recordar que
este defecto se presenta cuando la Corte Constitucional ha establecido el
alcance de un derecho fundamental o señalado la interpretación de un precepto
conforme a la Carta, y el juez ordinario limita dicho alcance o simplemente se
aparta de la interpretación fijada por la Corporación. En estos eventos la
acción de tutela se convierte en el mecanismo idóneo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[94].
Como se indicó anteriormente, el
precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se
aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por
sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio
decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la
interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse
a la luz del texto superior, (iii) se desconoce la parte resolutiva de
una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el
alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a
través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de
constitucionalidad o de revisión de tutela[95].
En esta ocasión, como se
analizó en la parte considerativa de esta providencia, es preciso resaltar que
la Corte Constitucional no ha desarrollado una línea homogénea respecto de la
prescripción del incremento del 14% sobre la mesada pensional por cónyuge a
cargo. En una ocasión concedió el amparo teniendo como criterio la situación
especial de salud del accionante y su cónyuge, en otra ocasión lo negó a
encontrar la acción improcedente por la no existencia de un perjuicio
irremediable, en otra ocasión negó la tutela siguiendo la tesis establecida por
la Corte Suprema de Justicia y en las dos últimas oportunidades, concedió el
amparo al interpretar la norma a la luz del principio de favorabilidad.
En el presente caso, la Sala
observa que no se configura defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente constitucional, sobre la sentencia atacada, por cuanto el Juzgado
Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales y el Juzgado Quinto Laboral del
Circuito de Ibagué, siguieron la línea que le proporcionó la Corte Suprema de
Justicia como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, y en
jurisprudencia constitucional no reúne un precedente unívoco respecto del
reconocimiento o no de dicho incremento.
De la misma forma, reiterando lo dicho, Sentencia T-369 de 2015, es
claro que del artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990, puede hacerse dos
interpretaciones en cuanto al incremento del 14% sobre la pensión mínima por
cónyuge o compañero (a) permanente a cargo; la primera, que indica que
los incrementos consagrados por el artículo mencionado, no hacen parte integral
de la pensión, por lo tanto no puede compartir su naturaleza de tal manera que
está sometido a las reglas de prescripción[96]; la segunda,
señala que, aunque el incremento solicitado no es un elemento integrante de la
pensión, el fenómeno de la prescripción sólo tiene lugar en cuanto al pago de
las mesadas pensionales no reclamadas. De tal manera que “el derecho al reclamar
el incremento pensional bajo estudio no se encuentra sometido a la regla
trienal de prescripción[97]”.
En este orden de ideas, considera la
Sala que el Juez Laboral omitió el deber de observar el principio de
favorabilidad frente a la existencia de dos posibles interpretaciones del artículo
22 del Acuerdo 049 de 1990. En ese sentido le faltó determinar, cuál de las dos
en cuanto a la hermenéutica de la norma que consagra el incremento solicitado,
era la más beneficiosa para el pensionado y aplicarla en el caso concreto,
obedeciendo lo establecido en la Carta política.
Por consiguiente, en lo que se refiere al
fallo proferido por el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales
de Ibagué y confirmada en sede jurisdiccional de consulta por el Juzgado Quinto
Laboral del Circuito de Ibagué, la sala encuentra la configuración de una vía
de hecho por la causal de violación directa de la Constitución, según la cual,
se desconoce la Carta Política, cuando el operador judicial: (i) deja de
aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto[98];
o (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución[99].
Es de reiterar que el principio de
favorabilidad tiene el alcance de orden constitucional y ha sido definido por
la jurisprudencia de esta Corte como se expuso en la parte considerativa de
esta sentencia, para la resolución de conflictos surgidos con ocasión de la
interpretación o aplicación de las normas que regulan las relaciones laborales[100],
de manera que es un principio que resulta  de obligatorio cumplimiento para las
autoridades judiciales, quienes están sujetas a su aplicación en sus
providencias.
Así las cosas, el incremento
solicitado es una prestación contenida en el artículo 21 del Acuerdo 049 de
1990, según la cual, las pensiones de vejez o de invalidez se incrementan en un
14% sobre la pensión mínima legal cuando el cónyuge o compañero (a) permanente
del beneficiario dependa económicamente de este y no se encuentre disfrutando
de pensión alguna. Este derecho subsiste mientras “perduren las causas que
les dieron origen.”
Por lo anterior, el
incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo sólo se consolida a favor del
solicitante si cumple los siguientes requisitos: (i) tener una pensión mínima,
(ii) tener a su cargo cónyuge o compañero(a) permanente; (iii) existir
dependencia económica de éste último al no recibir ingreso alguno. En esta
medida, es posible acceder a dicha prestación, al punto que, si no concurren
los mismos, tal como se advierte en la disposición mencionada, tal derecho se
extinguiría.
De manera que, el legislador
al consagrar los incrementos señalados buscó dirigir su atención y colaboración
a núcleos familiares que sólo tienen como ingreso económico una pensión mínima,
encaminado a efectivizar sus derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo
vital.
Por
esta razón, la Sala Séptima de Revisión, en aplicación del principio de
favorabilidad en lo laboral, acogerá la postura fijada en las sentencias T-831
de 2014[101] y T- 369 de 2015[102], al permitir que se
reclame en cualquier tiempo, el incremento pensional del 14% por cónyuge a
cargo. Es de anotar que dicho incremento no es una prestación vitalicia, sino
que su reconocimiento y persistencia están supeditados a que se sigan
presentando las causas que le dieron origen, de lo contrario, se extingue.
3.4.
COLPENSIONES INCURRIÓ EN UNA VÍA DE HECHO ADMINISTRATIVA AL
INAPLICAR EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
En
el mismo sentido, encuentra la Sala que para el caso del señor Ismael Obando
Nieto (Expediente T-5.430.316), COLPENSIONES vulneró los derechos del
accionante al negarse a reconocer el incremento pensional argumentando que el
régimen de transición se aplica únicamente respecto de la pensión, y el
incremento pensional del 14% reconocido en el artículo 22 del Decreto 758 de
1990, es una prestación diferente a la pensión de vejez.
De acuerdo con esto,
identifica la Sala que de la norma (artículo 22 de 758 de 1990),  se desprenden
dos interpretaciones: (i) el régimen de transición opera exclusivamente
para adquirir la pensión de vejez, cuando se cumplen los requisitos de edad,
tiempo de servicio, el monto de pensión establecido en el régimen anterior  al
cual se encontraba afiliado el beneficiario al momento de la entrada en
vigencia del régimen general de pensiones, y por lo tanto el incremento
pensional contenido en dicha norma, al ser una prestación diferente a la pensión,
solo se otorga a quienes se pensionen con una prestación causada después del 1
de abril de 1994; (ii) los efectos de la citada norma se extienden para
cualquier pensionado que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 21
de la misma, esto es, tener una pensión mínima legal, tener cónyuge o compañero
permanente a cargo y/o que esta no tenga pensión sin importar a cuál régimen
pensional pertenece.
Existiendo estas dos
interpretaciones, la entidad accionada ha
vulnerado los derechos del accionante al aplicar aquella que es menos favorable
al beneficiario incurriendo en el desconocimiento directo de las normas
contenidas en los 48, 49 y 53 de la Constitución Política de Colombia.
En este orden de ideas, y dado que no existe
un precedente jurisprudencial aplicable al caso concreto, la Sala deberá
establecer la regla según la cual el incremento pensional del 14% por tener cónyuge o compañero
permanente a cargo, consagrado en el Decreto 758 de 1990, constituye una
prerrogativa, aplicada a la pensión mínima de aquellos que ostentan el estatus
de “pensionados”, que cumplen con los requisitos que dan origen al mismo,
independientemente si son o no beneficiarios de régimen de transición.
De esta manera, la
interpretación que hace COLPENSIONES del artículo 22 del Decreto 758 de 1990,
según la cual el derecho al incremento se adquiere dependiendo de la fecha en
la cual fue reconocida la pensión, antes o después del 1 de abril de 1994,
vulnera el derecho al debido proceso del accionante y su cónyuge, puesto que
dicha interpretación desconoce el principio de favorabilidad.
En este sentido advierte la
Sala que el precedente jurisprudencial aplicable en este caso, demuestra que la
negativa injustificada de COLPENSIONES de reconocer la prestación social del
incremento del 14% por tener cónyuge a cargo, cuando es claro que se han
acreditado de manera suficiente los requisitos legales exigibles para acceder a
la misma, vulnera los derechos fundamentales del accionante.
La no aplicación de la
interpretación más favorable al beneficiario genera una vía de hecho
administrativa de conformidad con lo establecido la jurisprudencia de este
Tribunal, más aun cuando en el caso bajo estudio, el accionante es un adulto
mayor (66 años de edad), tiene a su cargo a su cónyuge también de la tercera
edad (64 años de edad), quien, atendiendo el parámetro de la norma, según lo
expuesto en los hechos de la acción de tutela y demanda ordinaria, sólo recibe
una pensión mínima, con la cual debe cubrir todas las necesidades básicas de su
hogar.
En
ese orden de ideas, dando aplicación al principio de favorabilidad el derecho a
reclamar el incremento del 14% a la pensión por tener cónyuge o compañero
permanente a cargo no está determinado por el régimen de pensiones sobre el
cual se obtuvo la pensión, sino por el cumplimiento de los requisitos que la
ley exige para adquirirlo.
Por
lo anterior la Sala ordenará dejar si efectos la resolución que negó el
otorgamiento del incremento y en su lugar ordenará a COLPENSIONES previa
verificación de los requisitos legales, a través de un nuevo acto
administrativo reconozca dicho incremento en los términos establecidos por la
ley y de conformidad con lo dicho en las consideraciones de este fallo.
4.
CONCLUSIÓN Y DECISIONES A
ADOPTAR
En
primer lugar la
Sala concluye que la autoridad judicial demandada (Expediente T-5.354.798)
vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y al
debido proceso del señor Isaías Acosta Marín por haber inaplicado el principio
de favorabilidad para determinar si sobre el derecho al incremento pensional de
14% por cónyuge o compañero permanente a cargo había operado el fenómeno de la
prescripción, interpretando la norma aplicable al caso en perjuicio del
accionante incurriendo en una violación directa de la Constitución.
Para
esta Sala es claro que jurisprudencia de la Corte Constitucional relativa al
incremento del 14% sobre la pensión por tener cónyuge a cargo ha variado,
frente a los asuntos relativos a su naturaleza y la prescriptibilidad de la
prerrogativa, no obstante, la Sala considera pertinente la aplicación del
principio de favorabilidad en materia laboral. teniendo en cuenta que las
personas involucradas (el accionante y su cónyuge) son personas de la tercera
edad, cuyo único ingreso para solventar sus necesidades básicas, es la pensión
mínima del peticionario, y en aplicación del principio de favorabilidad,
precepto constitucional, que debe ser utilizado para dirimir conflicto de
interpretaciones sobre una mista norma, y así aplicar al caso concreto la que
sea más beneficiosa para el trabajador o pensionado, se acogerá la postura de
la Sentencia T-831 de 2014.
En
virtud de ello, la Sala concederá la acción de tutela al observar que la
sentencia acusada incurrió en causal específica de violación directa de la
Constitución, al no aplicar el principio de favorabilidad en materia laboral.
En consecuencia, protegerá los derechos al mínimo vital y móvil y a la
seguridad social en pensiones invocados por el actor. En consecuencia ordenará
dejar sin efectos la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Ibagué y confirmada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué, para que en su lugar profiera un fallo concediendo
el amparo en los términos expuestos en la presente sentencia.
De
la misma manera, para el caso del señor Obando Nieto (Expediente (T-5.430.316)
la sala observó que COLPENSIONES incurrió en una vía de hecho administrativa y
vulnero el derecho al debido proceso del accionante al inaplicar el principio
de favorabilidad en materia laboral para interpretar lo dispuesto en el
artículo 22 del Decreto 758 de 1990, y considerar que como beneficiario del
régimen de transición el actor no tenía el derecho a reclamar el incremento
pensional solicitado.
Por
esta razón la sala procederá a ordenar dejar sin efectos la resolución de la
entidad accionada mediante la cual negó el reconocimiento del incremento, para
que en su lugar profiera un nuevo acto administrativo conforme a la decisión acá
establecida.
De
acuerdo con lo dicho, la Sala procederá a conceder el amparo y a ordenar a
COLPENSIONES el reconocimiento del derecho al incremento pensional analizado.
5.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de tutelas
de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
PRIMERO.- REVOCAR la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 2 de diciembre de 2015 promovida por
Isaías Acosta Marín dentro del trámite de la acción de tutela contra el Juzgado
Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Ibagué y revocar la sentencia
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué del 29 de
octubre de 2015, que conoció del proceso en primera instancia (Expediente T-5.354.798)
y en su lugar, CONCEDER el amparo, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia veintidós
(22) de septiembre de 2015,  proferida por el Juzgado Quinto
Laboral del Circuito de Ibagué, y ORDENAR al Juzgado Quinto
Laboral del Circuito de Ibagué, que en un plazo máximo de cinco (5)
días hábiles contados a partir de la notificación de este fallo, profiera una
nueva sentencia teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia.
TERCERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del
Circuito de Bogotá del dieciocho (18) de enero de 2016 promovido por Ismael
Obando Nieto dentro del trámite de la acción de tutela contra COLPENSIONES
(Expediente T-5.430.316), y en su lugar CONCEDER el amparo, por las
razones expuestas en esta providencia.
CUARTO. ORDENAR a COLPENSIONES que deje sin efectos la Resolución Número
2015_5631739 del 24 de junio de 2015, y en su lugar en el término de diez (10) días hábiles,
contados desde la notificación de este fallo, proceda proferir un nuevo acto
administrativo reconociendo el incremento del 14% por cónyuge a cargo a la pensión
de vejez del señor Ismael Obando Nieto, de
conformidad con la jurisprudencia constitucional y legal expuesta en este
fallo.
DÉCIMO TERCERO.- Por Secretaría
General líbrese las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] De
acuerdo con lo que estableció la Corte Constitucional en Sentencia T-424 de
2015, sobre la procedencia de la Consulta en procesos laborales de única
instancia cuando el fallo sea totalmente desfavorable al trabajador.
[2] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[3] M.P. Juan Carlos Henao Pérez
[4] Sentencia T-774 de 2004, MP. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[5] Ver al respecto la sentencia T-489 de 2006, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[6]Ver al respecto la sentencia T-310 del 30 de
abril de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[7] “Sentencia 173/93.”
[8] “Sentencia T-504/00.”
[9] “Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05”
[10] “Sentencias T-008/98 y SU-159/2000”
[11] “Sentencia
T-658-98”
[12] “Sentencias
T-088-99 y SU-1219-01”
[13] Cfr. Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[14]Ver al r especto la sentencia T-310 del 30
de abril de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[15]  «Sentencia T-522/01 »
[16] “Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01;
T-1625/00 y  T-1031/01.”
[17] Cfr. Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[18] Ver Sentencia T-087 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz,
T-1625 de 2000 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de
2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto, T-161 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, y SU-448 de 2011
M.P. Mauricio González Cuervo.
[19] Sentencia T-830 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[20] Según el doctrinante Pierluigi Chiassoni en su libro
“Desencanto para abogados realistas”, el precedente judicial puede ser
entendido en cuatro acepciones; (i) precedente-sentencia, (ii)
precedente-ratio, (iii) precedente-ratio autoritativo y (iv) precedente-
ratio decidendi consolidada o precedente orientación. Este último hace
referencia a “la ratio decidenci por hipótesis común  a –y repetida en- una
serie (considerada) significativa de sentencias pronunciadas en un arco de
tiempo anterior  (…) cuya ratio tienen que ver con la decisión sobre hechos y
cuestiones del mismo, o similar tipo , con hechos y cuestiones sobre las cuales
se trata decidir (…)”. Esta acepción es el precedente entendido en el
sentido más restringido según el autor. Las demás acepciones hacen referencia
similar al concepto propuesto por la Corte Constitucional en el sentido en que
debe ser una sentencia anterior que trata de hechos cuestiones y elemento muy
similares al caso que se pretende resolver.
[21] El precedente, se diferencia del antecedente en que
este último se refiere a una decisión de una controversia anterior a la que se
estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista
fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho (e.g.
conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez para
resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter
orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el
juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las
razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e
igualdad. (Sentencia T-830 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[22] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[23] Cfr.
sentencia T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio. Ver también las sentencias
T-1317 de 2001. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y T-292 de 2006. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[24] Ver entre otras, sentencias T-794 de 2011 M.P. Jorge
Iván Palacio, T-082 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-209 de 2011
M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[25] Ver entre otras, T-123 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz, T-766 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-794 de 2011 M.P. Jorge
Iván Palacio.
[26] Ver, entre otras, las sentencias T-211 de 2008 M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-161 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y
T-082 de 2011 M.P, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[27] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[28] En
palabras de la Corte Constitucional: “La misma Corte Suprema de Justicia
también ha señalado que la adopción de la Constitución de 1991 produjo un
cambio en la percepción del derecho y particularmente del sentido de la expresión
“ley”, pues la Constitución se convierte en una verdadera norma jurídica que
debe servir como parámetro de control de validez de las decisiones judiciales y
como guía de interpretación de las normas de inferior jerarquía”. Cfr.
Sentencia C-372 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[29]En este sentido, entre muchas otras, pueden verse las
sentencias SU-049 de 1999 M.P José Gregorio Hernández Galindo, SU-1720 de 2000
M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-468 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil,
T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-820 de 2006 M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra y T-162 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo.
[30] Sobre
este principio, es posible afirmar que el respeto del precedente se funda,
principalmente, en el deber de un juez de fallar casos que presenten elementos
fácticos y puntos en derecho similares, de manera igual, y no sorprender a los
ciudadanos que acuden a la justicia, en virtud del respeto del principio de
igualdad y la coherencia y estabilidad en el ordenamiento jurídico. Por ello,
un juez, en el caso en que lo encuentre necesario, si se aparta de una decisión
anterior aplicable al caso que tiene bajo conocimiento, debe justificar la
nueva postura y descalificar las otras consideraciones que han sido base de
anteriores decisiones.
[31] La sentencia C-104 de 1993 con ponencia del Magistrado
Alejandro Martínez Caballero, estableció el punto de partida jurisprudencial en
relación con el derecho a la igualdad y las decisiones judiciales en los
siguientes términos: “El artículo 229 de la Carta debe ser considerado con
el artículo 13 idem, de tal manera que el derecho a “acceder” igualitariamente
ante los jueces implica no sólo la idéntica oportunidad de ingresar a los
estrados judiciales sino también el idéntico tratamiento que tiene derecho a
recibirse por parte de los jueces y tribunales en situaciones similares”.
[32] Ver
sentencia T-683 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. “La
actividad judicial supone la interpretación permanente de las disposiciones
jurídicas, aspecto que implica que el funcionario determine en cada proceso la
norma que se aplicará al caso concreto. En ese sentido los diversos jueces
pueden tener comprensiones diferentes del contenido de una misma prescripción
jurídica y derivar de ella, por esta razón, efectos distintos”.
[33] Cfr. Sentencia T-049 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas
Hernández. Entre otras, sentencias T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-161 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[34] Ver
J. Bell. “Sources of Law”, en P. Birks (ed.) English Private Law, 1, Oxford
University Press, pp. 1-29 (2000). Citado por Bernal Pulido, Carlos.
“El precedente en Colombia”. Revista de derecho del Estado. Universidad
Externado de Colombia, páginas 81-94 (2008).  Ver en el mismo sentido,
“American Law In a Global Context. The Basics”. Sheppard, Steve. Fletcher,
George P. Pg. 80-83. (2005) “Casos que establecen una regla en la
interpretación de una norma o situación concreta. Esto se identifica con los
hechos, el problema jurídico, las consideraciones que sustentan y son
relevantes para la decisión, y la solución que se declara para el caso. Para
identificar un caso como precedente: stare decisis (casos previos que vinculan
como precedente), ratio decidendi (la razón de ser de la decisión), obiter dicta
(argumentos por decir que no son la razón de ser de la decisión ni son
vinculantes para decisiones posteriores)” (traducción libre).“American Law
In a Global Context. The Basics”. Sheppard, Steve. Fletcher, George P. Pg.
80-83. (2005)
[35] Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M.P. Clara
Inés Vargas Hernández, T-288 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-464
de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio,
C-634 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[36] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
[37] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[38] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[39] M.P. María Victoria Calle Correa.
[40] Lo mismo puede verse en sentencias T-156 de 2009 M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva y T-161 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[41] Cfr. Sentencia T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio y T-082 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[42] Ver sentencias C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba
Triviño, T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-230 de 2011 M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[43] Ver
sentencia T-123 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[44] Ver sentencia C-539 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[45] Sentencia SU-168 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[46] Sentencia T-292 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[47] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[48] M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[49] Ver además sentencias T-468 de 2003 M.P. Rodrigo
Escobar Gil y T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
[50] En
palabras de la Corte: “En síntesis, la Corte ha considerado que la
obligatoriedad de la ratio decidendi de los fallos de tutela se desprende del
principio de igualdad y del acceso a la administración de justicia pues (de no
ser así) la aplicación de la ley y la Constitución dependería del capricho de
cada juez - y se habla de capricho precisamente para referirse a los casos en
los que los jueces no justifican por qué se apartan de la jurisprudencia de
unificación -, de manera tal que casos idénticos o similares podrían ser
fallados en forma absolutamente diferente por distintos jueces e incluso por el
mismo juez” y al acceso a la administración de justicia porque “…las decisiones
de la Corte y su interpretación de la Constitución serían ignoradas por los
jueces, en contra del derecho de los asociados a que exista una cierta
seguridad jurídica acerca de la interpretación de las normas.” Cfr.
Sentencia T-566 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, reiterado en la sentencia
T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras posteriores.
[51] De la misma forma las sentencias de unificación de la
Sala Plena del Consejo de Estado pueden constituir precedente según el artículo
10 de la Ley 1437 de 2011 estudiado por la Corte Constitucional en sentencia
C-634 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[52] Sentencia T-830 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[53] Ver sentencia T-1092 de 2007 M.P. Humberto Sierra Porto
y T-656 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[54] Sentencia T-518 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[55] M.P. Jairo Charry Rivas (E). En esa oportunidad la
Corte estudió varias acciones de tutela interpuestas contra providencias de la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en las cuales se les agravó la pena
a los apelantes únicos argumentando que concurrían el recurso de apelación.
[56] M.P. Manuel José Cepeda. La Corte estudió el caso de
un proceso penal iniciado por la publicación del artículo “Conversación entre
ministros”, en la cual se dio a conocer una comunicación telefónica en la que
el entonces Ministro de Minas y Energía hablaba con el Ministro de
Comunicaciones de la época, sobre la adjudicación de una emisora en la ciudad
de Cali.
[57] M.P. Eduardo Montealegre Lynett. La Corte analizó el
caso de una providencia proferida en el marco de un proceso penal en el que se
había condenado erróneamente a una persona que había sido suplantada.
[58] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[59] Ver entre otras, las sentencias T-809 de 2010. M.P.
Juan Carlos Henao Pérez; T-747 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
T-555 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-071 de 2012. M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[60] Sentencia T-518 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[61] M.P.
Alexei Julio Estrada. Ver también T-960 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto, en donde la acción fue declarada procedente aun cuando se presentó21
meses después de haber sido expedida la resolución que denegaba la solicitud de
pensión de vejez, por considerar que persistía una vulneración de los derechos
pensionales. En el mismo sentido ver la sentencia T-164 de 2011 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[62] Sentencia
T-217 de 2015 M.P. Alexei Julio Estrada.
[63] M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez
[64] M.P.
Mauricio Gonzáles Cuervo
[65] (i) Su
ratio decidendi tiene una regla relacionada con el caso posterior. (ii)
Esta ratio debió servir de base para resolver un problema jurídico semejante.
(iii) los hechos del caso o las normas juzgadas son semejantes o plantean un
punto de derecho semejante al que debe resolverse en el caso posterior.
[66] M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado
[67]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[68] Ibídem
[69] M.P. Alexei
Julio Estrada.
[70] Sentencia T-831 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[71] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
“[72]
Esta doctrina ha sido reiterada en las sentencias de la Corte Constitucional,
T-225 de 1993, MP. Vladimiro Naranjo Mesa, SU-544 de 2001, MP: Eduardo
Montealegre Lynett, T-1316 de 2001, MP (E): Rodrigo Uprimny Yepes, T-983-01,
MP: Álvaro Tafur Galvis, entre otras.”
[73] Corte
Constitucional, sentencia de tutela T-069 del 31 de enero de 2008.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
“[74]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-347/96 MP. Julio César Ortiz.  En el
mismos sentido ver la Sentencia T-416/01 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.”
[75] Sentencias T-310
de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva  y T-465 de 2009. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[76] Al
respecto, ver Sentencia T-217 de
2013, M.P. Alexei Julio Estrada. T- 831 de 2015 M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[77] M.P. Hernando Herrera Vergara.
[78] M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[79] En
control abstracto de constitucionalidad en las Sentencias C-230 de 1998, C-198 de 1999, C-624 de 2006 y en sede de tutela
sentencias SU-430 de 1998, T-274 de 2007, T-932 de 2008, T-485 de 2011, entre
otras.
[80] Sentencias T-932 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil;
T-521 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo, entre otras.
[81] Sentencia
C-230 de 1998. M.P. Hernando
Herrera Vergara. Sentencia C-624 de 2003
[82] Sentencia
del 12 de diciembre de 2007, Rad. No. 27923, M.P. Elsy Del Pilar Cuello
Calderón. Sala de casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, citada en
Sentencia T-791 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[83] Al
respecto, ver Sentencia T-350 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[84] Sentencia T-631 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[85] En la
Sentencia T-572 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub reiteró que la
obligación de aplicar el principio de favorabilidad corresponde tanto a las
autoridades judiciales como administrativas.
[86] Sentencia
T-559 de 2011. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[87] MP. Rodrigo Escobar Gil.
[88] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[89] M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[90] M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Ver en el mismo sentido Sentencia T-403 de 2014
y T-407 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[91] M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[92] Sentencia T-662 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas.
[93] Tal como lo estableció la Corte Constitucional en la
Sentencia C-424 de 2015 M.P. Mauricio González Cuervo. En la cual consideró que
el recurso de Consulta procede de oficio para que el superior jerárquico revise
las sentencias que en materia laboral sean totalmente desfavorables al
trabajador.
[94] Ver Sentencia T-123 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[95] Ver sentencia T-1092 de 2007
M.P. Humberto Sierra Porto y T-656 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[96] Dicha interpretación es la acogida por la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia y por la sentencia T-791 de 2013[96],
en la cual se afirmó que se trata de un incremento que no va dirigido, de forma
vitalicia, a amparar la subsistencia digna y a sufragar el mínimo vital del
peticionario. Así, en tal oportunidad se consideró que dicho incremento es un
derecho patrimonial que no forma parte integrante de la pensión, y que está
condicionado al cumplimiento de unos requisitos subsidiarios y ajenos a la
contingencia de vejez, que es la que se busca amparar a través del derecho
fundamental a la seguridad social.
[97] Ibídem. Esta tesis fue acogida por la Sentencia
T-217 de 2013[97]  “en la cual
se expuso que los incrementos que por ley se desprenden de la pensión son
imprescriptibles, por tanto, en tal ocasión se señaló que la tesis según la
cual al reajuste de la pensión de
vejez del 14% se le puede aplicar prescripción, equivale a perder una fracción
de recursos de este derecho o parte del mismo.
[98] Al respecto,
ver Sentencia SU-198 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[99] Al
respecto, ver Sentencia T-490 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[100] Sentencia T-792 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[101] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[102] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.