T-185-17
Sentencia T-185/17
VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Posibilidad de exoneración o
de implementación de acuerdos en el pago de servicios públicos domiciliarios
ACTUACION
TEMERARIA Y COSA JUZGADA EN MATERIA DE TUTELA-Buscan evitar
la presentación sucesiva, además de múltiple de las acciones de tutela
ACTUACION
TEMERARIA Y COSA JUZGADA EN MATERIA DE TUTELA-Configuración
La interposición injustificada de una misma acción de
amparo ante distintas autoridades judiciales, ya sea de forma sucesiva o
simultánea, puede dar lugar a la declaración de: cosa juzgada constitucional,
cuando el mecanismo estudiado comparte identidad de hechos, objeto y
pretensiones, pero además ha sido resuelto a través de un fallo de tutela que
ha cobrado ejecutoria, ya sea en sede de revisión por parte de la Corte
Constitucional, o en sede de instancia cuando el Alto Tribunal ha decidido su
no selección para emitir un pronunciamiento; o temeridad, cuando además de
compartir la triple identidad de la que se ha venido hablando, se encuentra
plenamente acreditado que el accionante ha actuado de forma dolosa o de mala
fe, vulnerando valores superiores como la lealtad, economía y eficacia
procesales.
ACCION DE
TUTELA TEMERARIA-Casos en que pese a la identidad de procesos no
se configura temeridad
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Persona natural que actúa en
defensa de sus propios intereses
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia excepcional
La acción de amparo es un
mecanismo preferente, cautelar, residual y sumario que procede contra
particulares (i) encargados de la prestación de un servicio
público; (ii) cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo o
(iii) respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o
indefensión.
LEGITIMACION POR PASIVA EN TUTELA-Entidad de carácter particular que se ocupa de prestar
servicios públicos
ACCION DE TUTELA DE POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO
FORZADO-Mecanismo judicial idóneo para amparar los derechos
fundamentales
Teniendo en cuenta las condiciones de indefensión y
vulnerabilidad en las que se encuentran inmersas las personas víctimas de
desplazamiento forzado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido clara
en establecer que la acción de tutela constituye el mecanismo judicial idóneo
para la protección de sus garantías básicas pues se ha dicho que la
victimización de los ciudadanos sometidos a este delito se estructura a partir
de una violación masiva de sus derechos fundamentales, lo cual no sólo se
materializa en el momento concreto del desarraigo, sino que se extiende en el
tiempo por las consecuencias que necesariamente se derivan de este hecho, como
lo son la superación de diversos obstáculos
“para lograr acceder a los servicios estatales y asegurar su participación en
la sociedad desde una posición marginal”.
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Personas desplazadas por la violencia son sujetos de
especial protección constitucional
PERSONAS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO
FORZADO-Estado asume un deber especial de protección en su beneficio que se
traduce en implementación de acciones afirmativas
VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD-Reiteración
de jurisprudencia
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Ley 387 de 1997, respecto a su definición, alcance e
implicaciones materiales, físicas y jurídicas
El desplazamiento definido en el artículo 1 de la Ley 387
de 1997 se caracteriza por ser forzado u obligado, esto es, que no media la
voluntad de traslado del afectado, sino que precisamente el hecho de
desplazarse de su localidad de residencia o de abandonar sus actividades
económicas habituales se encuentra motivado por el miedo y por la necesidad de
proteger bienes jurídicos indispensables de todo ser humano -vida, integridad
física, seguridad o libertad personal- que han sido vulnerados o se encuentran
directamente amenazados con ocasión del conflicto armado, de disturbios y
tensiones interiores, de violencia generalizada, de violaciones masivas de los
Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o
alteren drásticamente el orden público.
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD-Concepto/PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD-Contenido y alcance
El principio superior de solidaridad, cuya fuente
normativa se identifica esencialmente en los artículos 1 y 95 numeral 2 de la
Carta Política, ha sido definido por esta Corporación como aquel “deber impuesto
a toda persona y autoridad
pública, por el
sólo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la
vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros
asociados o en interés colectivo. Pero
fundamentalmente se trata de un principio que inspira la conducta de los
individuos para fundar la convivencia en la cooperación y no en el egoísmo”.
Es así como la solidaridad se convierte en una referencia axiológica del Estado
social de derecho, en tanto pilar esencial para el desarrollo de la vida
ciudadana en democracia, que impone la obligación de prestar una atención
especial y prioritaria a las personas que, por su condición de vulnerabilidad,
son titulares de especial protección constitucional.
PRESTACION ADECUADA Y EFICIENTE DE SERVICIOS PUBLICOS-Fin social
del Estado
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Naturaleza
del vínculo entre la empresa y el usuario
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS-Solidaridad entre
propietario, suscriptor y usuario se rompe cuando no se suspende servicio ante
atraso en pago de dos facturas si es bimestral o tres facturas si es mensual
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS-Causales para exoneración de las obligaciones a
cargo del suscriptor conforme artículo 128 de la Ley 142 de 1994
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Configuración puede llegar a impedir cumplimiento de
una obligación adquirida con anterioridad al desplazamiento
DEBER
DE SOLIDARIDAD DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS RESPECTO A
PERSONAS VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Reiteración de jurisprudencia
DERECHO
AL DEBIDO PROCESO-Orden a E.S.P.
suscribir acuerdo de pago con accionante, una vez tenga claridad sobre
situación de consumo en inmueble y estado actual de obligación
Referencia: Expediente T-5915951
Acción de tutela presentada por Emilse
Madrid López contra la Electrificadora del Caribe S.A. -Electricaribe S.A. E.S.P.-
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil diecisiete
(2017).
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Alejandro Linares
Cantillo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo proferido, en primera
instancia, por el Juzgado Quinto de Pequeñas Causas Laborales de Cartagena, el doce
(12) de abril de dos mil dieciséis (2016) y, en segunda instancia, por el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cartagena, el dieciocho (18) de mayo de
dos mil dieciséis (2016), dentro de la acción de tutela promovida por Emilse
Madrid López contra la Electrificadora del Caribe S.A. -Electricaribe S.A. E.S.P.-
El expediente de la referencia fue seleccionado para
revisión por medio de auto del catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016),
proferido por la Sala de Selección Número Doce.
I. ANTECEDENTES
La señora Emilse Madrid López presentó acción de tutela
contra Electricaribe S.A. E.S.P. con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad. Estos derechos
se le habrían vulnerado, desde su óptica, al no exonerarla del pago del
servicio de energía registrado en un inmueble de su propiedad que, aduce, tuvo
que abandonar repentinamente por cuenta de las amenazas de grupos organizados
al margen de la ley. Explica que fue despojada forzosamente y que por tal razón
no pudo continuar atendiendo oportunamente el pago de la obligación económica
contraída con la entidad, por lo que en virtud del principio de solidaridad y
en atención a su condición victimizante solicita la condonación de la deuda.
Los hechos narrados en la tutela, conforme a las pruebas obrantes,
son los siguientes:
1. Hechos
1.1. La señora Emilse Madrid López cuenta con sesenta y tres
(63) años de edad[1],
es madre cabeza de familia de cinco (5) hijos y aduce haber sido desplazada por
la violencia en dos (2) ocasiones, por hechos que tuvieron ocurrencia en el
corregimiento de La Loma ubicado en el municipio El Paso del Departamento del
Cesar.
1.2. Expone que en el año dos mil uno (2001) ante el accionar
delictivo de grupos organizados al margen de la ley tuvo que marcharse del
territorio que habitaba y trasladarse, en compañía de su familia, a la ciudad
de Cartagena, donde residió hasta el año dos mil tres (2003). En esta última
fecha regresó a su lugar de origen ya que las condiciones socioeconómicas eran
difíciles, pues no podía “atender y mantener como madre cabeza de hogar a 6 hijos”[2].
1.3. Señala que la situación de orden público en la zona mejoró
sustancialmente y esto le permitió encontrar cierta estabilidad económica y
emprender una actividad productiva importante[3].
Sin embargo, en el año dos mil catorce (2014) fue víctima de nuevas amenazas y
extorsiones por parte de movimientos insurgentes, lo que la obligó a
desplazarse una vez más a Cartagena.
1.4. La premura de las circunstancias la llevaron a
abandonar inesperadamente todas sus pertenencias, incluido un inmueble ubicado en
la calle 3 No. 10-25, barrio Divino Niño del corregimiento de La Loma, el cual
estaba instituido para prestar un servicio de hotel y simultáneamente fungía
como su lugar de residencia[4].
Este hecho, sumado al temor de regresar a un ambiente de hostilidad, le
impidieron cancelar oportunamente el valor de las facturas correspondientes al
servicio público de energía que allí se venía prestando, incurriendo en mora.
1.5. Ante el incumplimiento generado, Electricaribe S.A. E.S.P.
amenazó con iniciar acciones legales de cobro en su contra. Frente a ello, el
veintiocho (28) de julio de dos mil quince (2015), la peticionaria presentó un primer
derecho de petición ante la entidad solicitando se adelantaran los trámites
pertinentes para exonerarla del pago del consumo facturado, habida cuenta de su
estado de vulnerabilidad como víctima del conflicto armado[5].
1.6. Mediante escrito del once (11) de agosto de dos mil
quince (2015) Electricaribe le informó a la accionante que, según el artículo
47 de la Resolución 108 de 1997[6],
la pretensión incoada era improcedente toda vez que existe una expresa
prohibición de exoneración consagrada en el artículo 99 de la Ley 142 de 1994[7]
que señala que “con el fin de cumplir cabalmente con los principios de
solidaridad y redistribución no existirá exoneración en el pago de los
servicios de que trata esta ley para ninguna persona natural o jurídica”[8].
1.7. Insistiendo en la prosperidad de sus pretensiones, el
veintidós (22) de octubre de dos mil quince (2015) incoó por conducto de la
Defensoría del Pueblo Regional Bolívar una nueva petición, invocando la
aplicación de las excepciones para el pago de los servicios públicos con
fundamento en la Ley 142 de 1994[9].
En concreto, adujo haber incurrido en mora por causas ajenas a su voluntad
imputables al desarraigo propio del desplazamiento[10].
1.8. Sin brindar una respuesta de fondo al anterior
requerimiento, la empresa le advirtió a la usuaria sobre la existencia de una
anomalía técnica detectada en las instalaciones eléctricas del inmueble de su
propiedad, consistente en la presencia de un “medidor electromecánico con
posición alterada que genera error en la medida”[11].
En dicho oficio fue informada de su obligación de cancelar oportunamente las
facturas de cobro adeudadas, previniéndosele que “si a la fecha de
vencimiento de [las facturas] [estas] no [habían] sido [canceladas, reclamadas
o recurridas], Electricaribe [procedería] con la suspensión del servicio de
energía por incumplimiento del contrato”[12].
1.9. Tras estimar que esta actuación vulneraba sus derechos
fundamentales, la señora Madrid López acudió por primera vez al mecanismo
constitucional. El Juzgado Cuarto Penal Municipal para Adolescentes con
Funciones de Control de Garantías de Cartagena mediante fallo del tres (3) de
marzo de dos mil dieciséis (2016) declaró improcedente la acción de tutela por
considerar que la accionante no había puesto en conocimiento de la entidad
prestadora del servicio de energía su condición de desplazamiento habida cuenta
que el documento suscrito por la Defensoría del Pueblo que hacia visible su
situación de vulnerabilidad no había sido debidamente aportado.
1.10. En procura de lograr una protección efectiva de sus
garantías básicas al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, la actora
opto por presentar una segunda solicitud de amparo, esta vez aportando al
trámite del proceso que ahora se revisa, el escrito suscrito por el ente
público que declaraba su calidad victimizante. Agotado lo anterior, entendió
entonces que no existía impedimento alguno para la materialización de sus
pretensiones clamando así por una salvaguarda inmediata de sus derechos.
1.11. Señala que “no oculta el hecho de que [debe]”[13]
pues incluso en la actualidad reside en el inmueble de su propiedad un
vigilante permanente que hace uso de las instalaciones del predio con su
consentimiento expreso a efectos de velar por la integridad patrimonial que
debió abandonar. No obstante en virtud del principio de solidaridad
solicita la exoneración del pago de las obligaciones generadas con
Electricaribe S.A. E.S.P. por concepto del consumo de energía en el bien atendiendo
a su condición de víctima del conflicto armado, debidamente acreditada en el
Registro Único de Víctimas[14].
1.12. Refiere que es posible que parte del consumo
registrado en el inmueble obedezca al hecho de que el medidor eléctrico allí instalado
se encuentre alterado o funcionando incorrectamente. Por ello, pretende se
adopten con celeridad las acciones afirmativas a que haya lugar.
2. Respuesta de la entidad accionada
2.1. Una vez se avocó el conocimiento de la presente acción
de tutela por parte del Juzgado Quinto Laboral de Pequeñas Causas de Cartagena,
el treinta (30) de marzo de dos mil dieciséis (2016), el Despacho ordenó
notificar a la entidad accionada para que ejerciera el derecho de defensa y
contradicción[15].
2.2. Electricaribe S.A. E.S.P., por
conducto de apoderada especial[16],
dio contestación al requerimiento judicial solicitando rechazar la protección
invocada teniendo en cuenta que la accionante presentó una acción de tutela
previa en contra de la entidad, con fundamento en los mismos hechos. Aduce que esta
fue admitida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal para Adolescentes con
Funciones de Control de Garantías de Cartagena, el veintidós (22) de febrero de
dos mil dieciséis (2016)[17],
y el tres (3) de marzo de esa anualidad se declaró su improcedencia, por no
haberse puesto en conocimiento de la entidad prestadora del servicio de energía
la condición de desplazamiento de la actora, instándosele a que informara previamente
su situación de vulnerabilidad a efectos de lograr la exoneración del consumo
durante el periodo en que sufrió el desplazamiento[18].
3. Decisiones que se revisan
3.1. Decisión de primera instancia
El Juzgado Quinto de Pequeñas Causas Laborales de Cartagena
-Bolívar, mediante providencia del doce (12) de abril de dos mil dieciséis (2016),
declaró improcedente la protección constitucional deprecada. Para el Despacho
no se configura una acción temeraria por cuanto si bien la accionante presentó dos
(2) tutelas por los mismos hechos, en la última adujo un nuevo elemento de
juicio -el escrito de queja dirigido a través de la Defensoría del Pueblo a
Electricaribe- que merece ser valorado en esta instancia. Aclaró, no obstante,
que tal documento no aparece recepcionado por la empresa accionada, luego ésta
desconoce la real situación de la señora Madrid López. En esa medida puede
entenderse que no se agotaron todos los medios de defensa pues, inclusive, contra
las facturas de cobro y el aviso de suspensión del servicio público no se
iniciaron las reclamaciones correspondientes ni se presentaron los recursos de
ley. Este hecho, sumado a la inexistencia de un perjuicio irremediable, impiden
un pronunciamiento de fondo del juez constitucional.
3.2. Impugnación presentada por la señora Emilse Madrid
López
La anterior determinación fue impugnada por la actora, mediante
escrito del quince (15) de abril de dos mil dieciséis (2016), solicitando
revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, conceder el amparo de
los derechos fundamentales. Sostuvo que existe un motivo razonable y válido
para acudir por segunda vez al mecanismo constitucional, pues en esta ocasión “la
exposición de [su] situación de víctima del conflicto y de los derechos que
[la] cobijan, fue encausada a través de la Defensoría del Pueblo”[19]
por medio de un documento que no fue aportado en la primera oportunidad y que
da cuenta de sus condiciones actuales. En esa medida, puede hablarse de un
nuevo medio de prueba que tiene incidencia sobre la protección de sus derechos
fundamentales[20].
3.3. Decisión de segunda instancia
Luego de impugnarse el fallo conoció de
la tutela, en segunda instancia, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Cartagena -Bolívar, autoridad que mediante providencia del dieciocho (18) de
mayo de dos mil dieciséis (2016) confirmó la decisión de primera instancia. En
su criterio, “la Corte en reiteradas ocasiones ha señalado que quien
instaure una acción de tutela por estimar vulnerados o amenazados sus derechos
fundamentales tiene la carga procesal de probar, así sea sumariamente, sus
afirmaciones, lo que no se evidenció en el caso en estudio, pues no se probó
que [la actora] atacó la decisión de
cobro de Electricaribe, así como no logro demostrar que informó su calidad de
víctima del desplazamiento forzado ante dicha entidad”[21].
4. Pruebas relevantes que obran en el expediente de
tutela
4.1. Denuncia presentada ante la Fiscalía Sesenta (60) de
Cartagena el veinte (20) de enero de dos mil quince (2015) por la señora Emilse
Madrid López, quien aduce la presunta comisión del delito de amenazas,
previsto en el artículo 347[22]
de la Ley 599 de 2000[23],
por hechos ocurridos el veintiocho (28) de septiembre de dos mil catorce (2014)
en el municipio El Paso, Cesar que ocasionaron su desplazamiento. La noticia
criminal corresponde al número 130016001128201500642[24].
4.2. Documento del dos (2) de agosto de dos mil catorce (2014)
suscrito por el Inspector Rural de Policía del municipio El Paso, Cesar[25],
a través del cual le solicita al Comandante de la Sijin en el corregimiento de
La Loma[26]
“medida de protección policiva a la señora Emilse Madrid López identificada
con la C.C. No. 36.390.453, residente en la calle nueva barrio Luis Hernando Restrepo,
corregimiento La Loma”[27]
ya que “viene siendo amenazada para que abandone en el término de la
distancia esta población, o de lo contrario será declarada objetivo militar de
los amenazantes”[28].
4.3. Documento del dos (2) de agosto de dos mil catorce (2014)
suscrito por el Inspector Rural de Policía del municipio El Paso, Cesar[29],
a través del cual le solicita al Comandante de la Subestación de Policía de La
Loma[30]
“medida de protección policiva a la señora Emilse Madrid López identificada
con la C.C. No. 36.390.453, residente en la calle nueva barrio Luis Hernando
Restrepo, corregimiento La Loma”[31]
ya que “viene siendo amenazada para que abandone en el término de la
distancia esta población, o de lo contrario será declarada objetivo militar de
los amenazantes”[32].
4.4. Solicitud de medida de protección presentada por la
Fiscalía General de la Nación ante el Comandante de la Estación de Policía -CAI
San José Los Campanos- de Cartagena, el veinte (20) de enero de dos mil quince (2015)[33].
Se pretende con tal petición “se realicen las actividades pertinentes para
proveer de protección policiva y evitar afectaciones futuras en la vida e
integridad de la señora Emilse Madrid López, persona identificada con cédula de
ciudadanía No. 36390453, al igual que su núcleo familiar quienes residen en el
Barrio San José Los Campanos MZ A Lote 8 Cra 103 Sector Jardín Real. La persona
arriba anotada viene siendo víctima de amenazas de muerte por parte del grupo
denominado Los Urabeños, según lo manifiesta la denunciante. Por todo lo anterior
se les solicita le brinden la protección necesaria cuando la requiera,
procurando que cese todo acto de violencia y amenazas ejercidas por ese grupo”[34].
4.5. Copia de la sentencia de tutela proferida por el
Juzgado Cuarto Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de
Garantías de Cartagena -Bolívar, el tres (3) de marzo de dos mil dieciséis (2016),
en la que figura como accionante la señora Emilse Madrid López y como accionado
Electricaribe S.A E.S.P.[35].
En aquella oportunidad, la autoridad judicial declaró improcedente
el amparo ya que “el hecho del desplazamiento forzado es una circunstancia
que debe ser dada a conocer a la empresa prestadora de los servicios públicos,
en este caso de energía, para que realicen los trámites pertinentes tendientes
a la exoneración del suscriptor y del usuario del pago del consumo registrado
durante la época del desplazamiento, esto es, durante la época en que no
ocuparon el bien. Es decir, es deber de la actora darle a conocer a la empresa
dicha situación de vulnerabilidad para, en caso de no ser atendida dicha
solicitud, pueda hablarse entonces de una vulneración de los derechos”[36].
5. Actuaciones surtidas
en sede de revisión
5.1. Mediante escrito del veintitrés (23)
de febrero de dos mil diecisiete (2017) la señora Emilse Madrid López, por
conducto de la Defensoría del Pueblo Regional Bolívar, informó a esta
Corporación que el inmueble ubicado en el corregimiento de La Loma, municipio
El Paso, Cesar es de su propiedad. Reiteró que tuvo que abandonarlo por razón
de las amenazas provenientes de grupos organizados al margen de la ley y
asentarse en la ciudad de Cartagena donde a la fecha reside junto a su núcleo
familiar integrado por cinco (5) hijos, un sobrino y una nieta. Allí les fue
reconocida la calidad de víctimas que les ha permitido acceder a diversas
ayudas estatales[37].
5.2. La Electrificadora del Caribe -Electricaribe S.A.
E.S.P.- a través de oficio del veinticuatro (24) de febrero de esta anualidad se
pronunció sobre la existencia de una irregularidad técnica en las instalaciones
eléctricas del inmueble de propiedad de la peticionaria consistente en una “alteración
de la posición del medidor -medidor electromecánico con posición alterada
genera error en la medida”. Igualmente hizo referencia al estado de cuenta
que reporta el bien indicando que el monto adeudado a
la fecha asciende a la suma de diez millones doscientos sesenta y siete mil
doscientos setenta y seis pesos con setenta centavos ($10.267.276,70) con una
mora para pago inmediato de cuatrocientos ochenta y nueve mil doscientos trece
pesos con treinta y seis centavos ($489,213.36). Aseguró que la solicitud de
exoneración incoada por la actora fue desestimada y a la fecha el servicio de
energía se continúa prestando en el predio[38].
iI.
Consideraciones y fundamentos
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de
la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°,
y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Cuestión previa. No hay temeridad en el caso de la
señora Emilse Madrid López
2.1. Diferenciación entre la cosa juzgada constitucional
y la temeridad
La señora Emilse Madrid López interpuso dos (2) acciones de
tutela sucesivas reclamando la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa y a la igualdad que estima vulnerados por la
empresa Electricaribe S.A. E.S.P. Dicha entidad en el curso de este trámite que
se adelanta planteó la existencia de una acción temeraria por considerar que se
presenta identidad de sujetos, objeto y causa respecto de la tutela presentada
con anterioridad y la que ahora es objeto de revisión. Surge entonces la pregunta
de si efectivamente la acción impetrada por la peticionaria se encuentra
afectada por este fenómeno y, en consecuencia, debe declararse su
improcedencia.
El artículo 38[39]
del Decreto 2591 de 1991[40]
dispone que la presentación de dos (2) o más acciones de amparo idénticas ante
distintos jueces o tribunales, sin justificación alguna puede traer como
consecuencia (i) la identificación de la cosa juzgada constitucional y/o (ii)
la declaración de temeridad como fórmula que enjuicia y sanciona el ejercicio
irracional de la tutela. Los ciudadanos tienen el deber de no abusar de los
propios derechos y de “[c]olaborar para el buen funcionamiento de la
administración de justicia” (artículo 95 C.P), por lo que deben
evitar la presentación de tutelas sucesivas por los mismos hechos, las mismas
partes y con idénticas pretensiones. Esa actuación congestiona
injustificadamente los despachos judiciales e impide que la administración de
justicia respete el derecho de los demás ciudadanos a que sus conflictos de
intereses se resuelvan oportunamente (artículo 228 C.P).
En relación con la cosa juzgada, de manera general se ha
dicho que se trata de una institución jurídico-procesal en cuya virtud se dota
de carácter inmutable, vinculante y definitivo a las decisiones adoptadas por
las autoridades judiciales en sus providencias definitivas, con lo cual se
garantiza la finalización imperativa de los litigios y en ese sentido el
predominio del principio de seguridad jurídica[41].
En tratándose del recurso de amparo, la existencia de la cosa juzgada
constitucional se estatuye como un límite legítimo al ejercicio del derecho de
acción de los ciudadanos, impidiéndose acudir de forma repetida e indefinida a
los jueces de tutela, cuando el asunto ya ha sido resuelto en esta
jurisdicción, respetando así el carácter eminentemente subsidiario del
mecanismo constitucional.
La cosa juzgada constitucional, entonces, imposibilita
reabrir la litis concluida con precedencia, a través de un análisis
jurídico agotado en sede judicial, para de esta forma permear de seguridad las
relaciones jurídico procesales consolidadas en el marco de nuestro ordenamiento
jurídico. Así, la institución bajo alusión conlleva la consecuencia jurídica de
declarar improcedentes las acciones de tutela que referidas a un mismo objeto, causa
petendi y partes incorporan una controversia que ya ha sido objeto de
resolución con anterioridad por parte de otra autoridad judicial y cuya
decisión ha cobrado ejecutoria, ya sea porque, en control concreto de
constitucionalidad, se ha emitido un fallo en sede de revisión o unificación
por parte de la Corte Constitucional, o porque esta última, en ejercicio de su
facultad discrecional, ha decidido no seleccionarla para emitir un
pronunciamiento[42].
Por su parte, la temeridad es un fenómeno jurídico que
acaece cuando se promueve injustificada e irracionalmente la misma acción de
tutela ante distintos operadores judiciales, ya sea de forma simultánea o
sucesiva. De ahí que, desde sus inicios, esta Corporación haya advertido que
dicho fenómeno, además de hacer alusión a la carencia de razones para promover
un recurso de amparo que ya ha sido resuelto o se encuentra en trámite de
resolución, comporta una vulneración de los “principios de buena fe,
economía y eficacia procesales, porque desconoce los criterios de probidad que
exige un debate honorable, dilata maliciosamente la actuación e impide alcanzar
los resultados que el Estado busca con la actuación procesal”[43].
En desarrollo de lo anterior se ha interpretado que se
configura temeridad respecto de un asunto puesto en conocimiento del juez de
tutela, cuando se reúnen los siguientes requisitos: (i) identidad de partes;
(ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; (iv) ausencia de
justificación razonable y objetiva frente al ejercicio de la nueva acción de
amparo y (v) mala fe o dolo del accionante en la interposición de la nueva
tutela[44].
Si se llenan completamente los anteriores presupuestos, el juez constitucional
se enfrenta a una actuación temeraria que lesiona los principios de
moralización y lealtad procesal, por lo que no solo debe rechazar o decidir
desfavorablemente las pretensiones, sino que además deberá promover las
sanciones contenidas, por ejemplo, en el inciso tercero del artículo 25 del
precitado Decreto 2591 de 1991[45],
en el inciso segundo del artículo 38 del mismo cuerpo normativo[46],
o en los artículos 80[47]
y 81[48]
de la Ley 1564 de 2012[49].
En todo caso, comoquiera que la temeridad es el resultado de
un ejercicio abusivo del derecho, tendiente a satisfacer intereses individuales
en desmedro de la lealtad procesal y de los derechos de los demás ciudadanos,
resulta lógico asumir que la misma se configure únicamente si la persona
interesada ha obrado injustificadamente y de mala fe. Para ello, el juez
constitucional deberá evaluar de manera cuidadosa en cada caso las motivaciones
de la nueva tutela, teniendo siempre presente que el acceso a la justicia es un
derecho fundamental, que cualquier restricción en su ejercicio debe ser
limitado, y que la buena fe se presume en todas las actuaciones de los
particulares ante las autoridades públicas (artículo 83 CP), por lo que resulta imperativo demostrar que se actuó real y
efectivamente de forma contraria al ordenamiento jurídico[50].
En la sentencia T-433 de 2006[51],
la Sala Séptima de Revisión sostuvo que el juez constitucional debe tener en
cuenta algunos hechos que, analizados en el caso concreto, pueden justificar la
presentación de múltiples acciones de tutela, y que están relacionados con: (i)
la condición del actor que lo coloca en estado de ignorancia o indefensión,
propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo
insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe;
(ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; (iii) en la
consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la
interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o (iv)
cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s)
tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos
fundamentales del demandante[52].
Con base en lo dicho y a manera de síntesis, la interposición
injustificada de una misma acción de amparo ante distintas autoridades
judiciales, ya sea de forma sucesiva o simultánea, puede dar lugar a la
declaración de: cosa juzgada constitucional, cuando el mecanismo
estudiado comparte identidad de hechos, objeto y pretensiones, pero además ha
sido resuelto a través de un fallo de tutela que ha cobrado ejecutoria, ya sea
en sede de revisión por parte de la Corte Constitucional, o en sede de
instancia cuando el Alto Tribunal ha decidido su no selección para emitir un
pronunciamiento; o temeridad, cuando además de compartir la triple
identidad de la que se ha venido hablando, se encuentra plenamente acreditado
que el accionante ha actuado de forma dolosa o de mala fe, vulnerando valores
superiores como la lealtad, economía y eficacia procesales.
2.2. Inexistencia de temeridad en el caso concreto
En el caso concreto, la señora Madrid López interpuso una
primera solicitud de amparo. Esta fue admitida por el
Juzgado Cuarto Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de
Garantías de Cartagena, el veintidós (22) de febrero de dos mil dieciséis
(2016), y resuelta mediante sentencia del tres (3) de marzo de esa
anualidad declarándose la improcedencia por no haberse
puesto en conocimiento de la entidad prestadora del servicio de energía la
condición de desplazamiento de la actora, instándosele a que informará
previamente su situación de vulnerabilidad. Este proceso no fue
seleccionado para revisión por la Corte Constitucional[53].
Luego de lo anterior, se inició el trámite de tutela que ahora es objeto de
estudio. El asunto fue admitido a través de auto del treinta (30) de marzo de
dos mil dieciséis (2016) por el Juzgado Quinto de Pequeñas Causas Laborales de
Cartagena -Bolívar, que mediante fallo del doce (12) de abril de dicha
anualidad declaró improcedente el amparo por estimar que la peticionaria no
había agotado todas las diligencias a su alcance para lograr la exoneración
pretendida. En segunda instancia, el Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Cartagena confirmó esta determinación. En sus
consideraciones, ninguno de los jueces de instancia estimó que la actora
hubiese actuado con temeridad pues al proceso se había aportado un nuevo
elemento de juicio -la petición suscrita por la Defensoría del Pueblo ante
Electricaribe- que variaba el contexto inicial sobre el cual debía realizarse
el análisis de los hechos.
En concepto de la Sala, los jueces de la causa acertaron al
no decretar la temeridad en el trámite de la referencia. Se advierte, en primer
lugar, que entre las dos (2) acciones de tutela se presenta una identidad de
sujetos pues ambas fueron incoadas por la señora Emilse Madrid López y
dirigidas contra la misma empresa prestadora del servicio de energía, esto es,
Electricaribe S.A. E.S.P. Igualmente, hay identidad de pretensiones pues se solicita
en ambos casos la exoneración del pago de obligaciones económicas originadas
con la entidad atendiendo a la condición de víctima de desplazamiento forzado
de la accionante. No obstante, no se presenta identidad fáctica, pues surgió un
hecho jurídico nuevo que varió el contexto en el cual fueron presentadas las peticiones
y que facultó a la ciudadana reclamante para acudir, dentro de su buena fe,
nuevamente a la jurisdicción.
Según se desprende del expediente,
el veintidós (22) de octubre de dos mil quince (2015) la tutelante, por
conducto de la Defensoría del Pueblo Regional Bolívar, informó ante
Electricaribe su calidad de desplazada por la violencia. Atendiendo lo anterior
y sobre la base del principio de solidaridad pidió la aplicación de las
excepciones para el pago de los servicios públicos que adeudaba hasta la fecha sin
obtener solución alguna[54].
El treinta (30) de enero de dos mil dieciséis (2016), la entidad procedió a hacer
entrega de algunas facturas de cobro y amenazó con suspender el suministro de
energía en el inmueble de su propiedad en caso de continuar el incumplimiento.
La actora estimó que esta actuación vulneraba sus derechos constitucionales y
optó por presentar una primera solicitud de amparo. En la primera acción de
tutela, no aportó el documento suscrito por el ente público por considerar que
este no era relevante para lograr la prosperidad de sus pretensiones en tanto
eran presumibles las circunstancias de vulnerabilidad en que se encontraba. Por
tanto, el juez que conoció del asunto arribó a la conclusión contraria,
encontrando improcedente la acción de tutela, pues en su criterio, la
peticionaria no había puesto en conocimiento del ente accionado su real
condición de desplazada.
Tras advertir la importancia de
aportar el escrito que hacia visible su calidad de tal frente a la entidad
prestadora y en procura de lograr una protección efectiva de sus derechos
fundamentales, acudió por segunda vez al mecanismo constitucional entendiendo
que se presentaba un motivo expresamente justificado para interponer nuevamente
la acción. Consideró que con el despliegue de esta actuación se generarían
expectativas legítimas y fundadas respecto de la materialización de sus
reclamaciones y que con ello cesaría el sufrimiento padecido a causa de la
violencia. No obstante los jueces de la causa declararon una vez más improcedente
la solicitud por no existir prueba directa de la recepción del oficio
informativo ante la empresa de energía, aunque del expediente de tutela no
pudiera inferirse con certeza tal afirmación.
Una lectura
integral de lo anterior permite arribar a dos (2) conclusiones. En primer lugar
es claro que en la segunda tutela aparecieron circunstancias fácticas y
jurídicas que modificaron la situación preliminar y que merecían ser valoradas
por la autoridad judicial competente.
En efecto, el advenimiento de un nuevo elemento de juicio variaba la
perspectiva bajo la cual debía abordarse el examen constitucional pues este
documento acreditaba una reclamación previa ante la entidad como lo había
ordenado el juez de la primera tutela. Así, el análisis de fondo y el problema
jurídico por resolver no giraban en torno a un debate sobre el agotamiento de
los medios de defensa -subsidiariedad- sino frente al posible desconocimiento del deber de solidaridad a cargo de las entidades
prestadoras de servicios públicos con respecto de las personas víctimas de
desplazamiento forzado. Ello por cuanto pese a conocer las circunstancias de
vulnerabilidad de la actora, Electricaribe omitió desplegar, en principio, una
acción afirmativa en su beneficio.
Los jueces de instancia de los fallos que ahora se revisan,
teniendo en cuenta este nuevo escenario, acertaron al considerar que no se
configuraba una acción temeraria, pero nuevamente abordaron un asunto de
subsidiariedad, considerando que aunque existía prueba de un oficio, el
remitido por la Defensoría del Pueblo ante Electricaribe, que daba cuenta de
que la interesada intentó poner en conocimiento de esta su condición de
víctima, dicho documento no tenía fecha de recepción. Esta conclusión, no
obstante, no es de recibo para la Sala.
Los jueces de esta segunda tutela, con fundamento en el
artículo 20 del Decreto 2591 de 1991[55],
que consagra la presunción de veracidad y el principio de buena fe establecido
en el artículo 83 de la Carta Política, debieron tener por ciertos los hechos
manifestados por la accionante, esto es, la entrega del oficio ante la empresa
de energía máxime cuando no existía prueba en contrario que desvirtuara dicha
actuación y la entidad tampoco lo desvirtuó. No puede pasarse por alto que la petición se presentó, inclusive, por conducto de un órgano
constitucional encargado de velar justamente por el ejercicio efectivo de los
derechos fundamentales en cabeza de los sectores más vulnerables, luego resultaba
injustificado plantearse una posible omisión en su tramitación y radicación
oportuna y en esa medida pensar que por no existir simplemente una constancia
expresa de recepción en el expediente, la entidad para ese momento desconocía
la calidad de la reclamante y esa circunstancia le impedía por ende actuar bajo
el principio de solidaridad.
Incluso, en sede de
revisión, se aportó un documento en el que se evidencia que con anterioridad a
la presentación del oficio suscrito por la Defensoría del Pueblo la tutelante ya había manifestado su condición victimizante
ante la empresa y esta, no obstante, se había abstenido de desplegar medidas
positivas en su beneficio[56].
Esta circunstancia resultaba fácilmente cognoscible si los jueces de la causa
en ejercicio de su facultad de decretar pruebas de oficio hubiesen indagado sobre
la realidad probatoria de un caso de esta naturaleza que exigía una mayor
diligencia y celeridad por las características de quien acudía al amparo. Es
debido justamente a esta negligencia que al día de hoy ninguna de las
decisiones judiciales proferidas ha resuelto de fondo la solicitud presentada
por la actora y en la actualidad ésta necesita de una respuesta por parte de la
jurisdicción constitucional respecto de sus derechos, habida cuenta de su
avanzada edad (63 años)[57]
y de la condición de desplazamiento forzado que padece. Este escenario hace
imperiosa la intervención de esta Corporación para examinar si efectivamente
sus derechos constitucionales se vulneraron, permanecen bajo amenaza, o la
entidad accionada no ha lesionado, bien jurídico alguno.
En segundo lugar, no puede entenderse cómo este posterior intento
de amparo pueda resultar temerario, pues es claro que estuvo fundamentado en el sometimiento de la accionante a un
estado de indefensión y en la necesidad extrema de defender presupuestos
fundamentales. Por ello, con la asesoría de profesionales del derecho, amparada
en la buena fe y sin pretender alterar los principios de seguridad
jurídica y confianza en la resolución definitiva de los conflictos agotó todas
las posibilidades de salvaguarda que tenía a su alcance.
En este punto, no puede olvidarse que el
juez constitucional debe ser sensible a las condiciones especiales de
vulnerabilidad, exclusión, marginalidad y precariedad en las que se encuentran aquellas personas en situación de
desplazamiento a causa de la violencia. Se trata de una
población especialmente protegida que permanece en una situación dramática y de
continua vulneración de sus derechos fundamentales por haber soportado cargas
excepcionales. De ahí que su protección deba ser urgente para la satisfacción
de sus necesidades más apremiantes. Frente a las víctimas de la
violencia en el marco del conflicto armado interno, esta Corporación ha
determinado, inclusive, que sus requerimientos deben evaluarse e interpretarse
tomando en cuenta el principio de favorabilidad, el principio
de buena fe así como el principio de prevalencia del derecho sustancial propio
del Estado social de derecho.
2.3. Por las razones expuestas, la Sala Primera de Revisión
encuentra que no existe temeridad en la acción de tutela presentada por la
señora Emilse Madrid López. Por ende, planteará el caso y el problema jurídico
a resolver.
3. Presentación del caso y problema jurídico
3.1. La señora Emilse Madrid López es una persona en
condición de desplazamiento forzado por hechos que tuvieron ocurrencia en el
corregimiento de La Loma, Cesar y que involucraron a grupos organizados al
margen de la ley. Explica que la grave situación de orden público en la zona la
obligaron a trasladarse en dos (2) ocasiones hasta la ciudad de Cartagena,
siendo la última de las veces en el año dos mil catorce (2014). En aquella
oportunidad, la inminencia de las amenazas provocaron el abandono intempestivo
de todas sus pertenencias, incluido un inmueble sobre el cual periódicamente
cancelaba las facturas correspondientes de energía y que, al mismo tiempo, era
su lugar de residencia y de trabajo, pues en el funcionaba un hotel. Señala que
el temor de regresar a su territorio le impidió continuar atendiendo oportunamente
la obligación contraída con Electricaribe, incurriendo así en mora y
exponiéndose a un posible cobro coactivo por parte de la empresa. Con base en
lo anterior promovió la acción de tutela que aquí se revisa, pidiendo la
aplicación de las excepciones para el pago de los servicios públicos atendiendo
a su condición victimizante.
En el trámite de este mecanismo de amparo y durante el
periodo de revisión, Electricaribe manifestó que no resultaba procedente la
solicitud de la accionante toda vez que existe una expresa prohibición de
exoneración consagrada en el artículo 99 de la Ley 142 de 1994[58]
que señala que “con el fin de cumplir cabalmente con los principios de
solidaridad y redistribución no existirá exoneración en el pago de los
servicios de que trata esta ley para ninguna persona natural o jurídica”[59].
3.2. Con fundamento en la
situación fáctica reseñada corresponde resolver el siguiente problema jurídico
¿vulnera una empresa de servicios públicos domiciliarios (Electricaribe S.A.
E.S.P.) los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la
igualdad de una persona en condición de desplazamiento forzado (Emilse Madrid
López) al no exonerarla del pago del servicio de energía registrado en un
inmueble de su propiedad que tuvo que abandonar debido a las amenazas
provenientes de grupos organizados al margen de la ley?
3.3. Con el fin de resolver el problema
jurídico planteado, la Sala de Revisión analizará (i) la procedencia del amparo
en el caso concreto; (ii) abordará el deber de solidaridad con respecto
a las personas víctimas de desplazamiento forzado; (iii) evaluará
la jurisprudencia constitucional relativa a la
posibilidad de exoneración y de implementación de acuerdos en el pago de los
servicios públicos de las personas que se encuentran en tal condición de
vulnerabilidad. Finalmente (iv) resolverá el asunto materia
de estudio y brindará el remedio constitucional adecuado.
4. La acción de tutela presentada por Emilse Madrid López
es procedente para buscar la protección de sus derechos fundamentales
4.1. Legitimación para
actuar
4.1.1. Legitimación por activa. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 86 superior, toda persona tiene derecho a interponer
acción de tutela por sí misma o por quien actúe a su nombre[60].
El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[61],
establece que la referida acción constitucional “podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos”. En esta oportunidad, la señora
Emilse Madrid López actúa en defensa de sus derechos e intereses, razón por la
cual se encuentra legitimada para intervenir en esta causa.
4.1.2.
Legitimación por pasiva. De conformidad con el artículo 5 del
Decreto 2591 de 1991[62], “[l]a
acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades
públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos
de que trata el artículo 2 de esta ley”. Continúa señalando
la norma del decreto antes referido, que “[t]ambién procede la acción de tutela
contra acciones u omisiones de particulares”, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 42 al 45 ibíd y el inciso final del artículo 86
superior. Este último señala que la
acción de amparo es un mecanismo preferente, cautelar, residual y sumario que
procede contra particulares (i) encargados de la
prestación de un servicio público; (ii) cuya conducta afecte grave y
directamente el interés colectivo o (iii) respecto de quienes el solicitante se
halle en estado de subordinación o indefensión[63]. En esta ocasión, Electricaribe
S.A. E.S.P. está legitimada como parte pasiva en el proceso de tutela, al
atribuírsele en su condición de entidad encargada de la distribución y
comercialización del servicio público de energía eléctrica la presunta
vulneración de los derechos fundamentales, cuyo amparo se
demanda[64].
4.2. En el presente asunto se cumple con el requisito de
subsidiariedad e inmediatez de la acción de tutela.
4.2.1. Inmediatez. La procedibilidad de la acción de
tutela está, igualmente, supeditada al cumplimiento del requisito de
inmediatez. Este exige que el amparo sea interpuesto de manera oportuna en
relación con el acto que generó la presunta vulneración de los derechos
fundamentales. La inmediatez encuentra su razón de ser en la tensión existente
entre el derecho constitucional a presentar una acción de tutela “en todo momento”
y el deber de respetar su configuración como un medio de
protección “inmediata” de los derechos fundamentales. Es decir que,
pese a no contar con un término para efectuar la presentación, debe existir
necesariamente una correspondencia entre la naturaleza expedita de la tutela y
su interposición oportuna.
Para verificar el cumplimiento del principio de inmediatez,
el juez debe constatar si el tiempo trascurrido entre la supuesta violación o
amenaza y la interposición de la tutela es razonable[65].
En el caso concreto y como se advirtió con anterioridad, la accionante acudió
en dos (2) ocasiones al mecanismo constitucional sin que tal actuación pueda
estimarse temeraria. La ultima solicitud de amparo fue admitida el treinta (30)
de marzo de dos mil dieciséis (2016) por el Juzgado Quinto Laboral de Pequeñas
Causas de Cartagena[66].
El último acto que la peticionaria considera compone el conjunto de hechos que
ponen en riesgo sus garantías constitucionales y prevalentes es el oficio de
fecha treinta (30) de enero de dos mil dieciséis (2016), en el cual la empresa
Electricaribe le hace entrega de algunas facturas de cobro y amenaza con la
suspensión del servicio público de energía en el inmueble de su propiedad.
No transcurrieron más de dos (2) meses entre la interposición
de esta acción de tutela y el hecho
generador y concreto de la vulneración que se alega. Respecto de este
término no surge reparo alguno máxime cuando no puede olvidarse que la señora
Emilse Madrid es una persona en condición de desplazamiento que ha permanecido
en esa situación desde el año dos mil catorce (2014) cuando debió enfrentarse a
un segundo episodio de desarraigo. Por ello, mientras se encuentre en esta
circunstancia el amparo debe considerarse actual[67].
4.2.2. Subsidiariedad. En relación con el carácter
residual y subsidiario de la acción de tutela, la Constitución Política
establece que su procedencia está condicionada a que “el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial” (artículo 86 C.P). Sin
embargo, esta Corporación ha señalado que no puede declararse la improcedencia
de la tutela por la sola existencia en abstracto de un medio ordinario de
defensa. El juez constitucional debe analizar, en el marco de la situación
fáctica particular, si la acción judicial dispuesta por el ordenamiento
jurídico es idónea y eficaz en concreto para proteger los
derechos fundamentales comprometidos, más aún cuando se trata de sujetos de
especial protección constitucional[68].
En el evento en el que no lo sea, el mecanismo de amparo procederá para
provocar un juicio sobre el fondo[69].
Durante el trámite de tutela, los jueces de instancia
consideraron improcedente la acción presentada debido a que la accionante no
ejerció las reclamaciones correspondientes contra las decisiones adversas a sus
intereses, en concreto, no atacó el aviso de suspensión del servicio público ni
controvirtió las facturas de cobro expedidas por Electricaribe en las cuales
constaba el valor en mora por sufragar. Sobre este particular, la Sala estima
que en principio la peticionaria cuenta con las acciones y recursos en sede
administrativa que admiten la impugnación de esta clase de actuaciones pues hacen
parte del elenco de dispositivos legales idóneos al que todas las personas
deben acudir, preferentemente, para garantizar la protección de sus derechos
constitucionales, incluyendo los de raigambre fundamental, cuando quiera que
sean amenazados o vulnerados por las autoridades públicas y excepcionalmente
por los particulares. Sin embargo, dadas las circunstancias fácticas de este
caso, que involucran la presencia de un sujeto de especial protección
constitucional, dichos medios ordinarios de defensa judicial no son eficaces
para ofrecer una respuesta adecuada e inmediata a la situación de vulneración
que se plantea en la cual confluyen factores de vulnerabilidad acentuada y
debilidad manifiesta que, inclusive, le impiden a la actora oponerse a las
determinaciones impartidas por no encontrarse precisamente residenciada en su
lugar habitual habida cuenta del desplazamiento del que es víctima.
Teniendo en cuenta las condiciones de indefensión y
vulnerabilidad en las que se encuentran inmersas las personas víctimas de
desplazamiento forzado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido
clara en establecer que la acción de tutela constituye el mecanismo judicial
idóneo para la protección de sus garantías básicas[70]
pues se ha dicho que la victimización de los ciudadanos sometidos a este delito
se estructura a partir de una violación masiva de sus derechos fundamentales,
lo cual no sólo se materializa en el momento concreto del desarraigo, sino que
se extiende en el tiempo por las consecuencias que necesariamente se derivan de
este hecho, como lo son la superación de
diversos obstáculos “para lograr acceder a los servicios estatales y
asegurar su participación en la sociedad desde una posición marginal”[71].
Bajo estas circunstancias,
se ha señalado que dada la
inexistencia en el ordenamiento jurídico colombiano de un medio judicial
expedito para la garantía de los derechos fundamentales de que son titulares
las personas en condición de desplazamiento, la acción de tutela se constituye en
el mecanismo adecuado para su protección, ya que, en efecto, se trata de
sujetos que gozan de un estatus constitucional especial en razón a las
circunstancias de urgencia y apremio que periódicamente enfrentan. De ahí que
resulte desproporcionado imponerles la carga de agotar previamente los recursos
ordinarios para garantizar la procedencia del amparo pues de no ser así se
estaría yendo en contravía del reconocimiento de la marginalidad que se hace
extensiva en el tiempo, como ya se explicó, y se estaría validando una actitud
revictimizante en contra de esta población[72].
4.2.2.2.
Como consecuencia de lo anterior, la Sala de Revisión encuentra que la
solicitud de amparo interpuesta por la señora Emilse Madrid López en su
condición de persona de la tercera edad (63 años)[73],
inmersa en una situación de vulnerabilidad, presumible a partir de su calidad de víctima de
desplazamiento forzado (que la obligó a abandonar el territorio que habitaba en
compañía de su familia integrada por cinco (5) hijos, un sobrino y una nieta y
en el cual desempeñaba una actividad productiva importante para subsistir)[74],
es procedente para proteger sus derechos constitucionales, presuntamente
conculcados por Electricaribe. Incluso, la tutela de sus garantías
fundamentales se hace más urgente, por cuanto se trata de una ciudadana cuyo
desplazamiento ocurrió hace más de dos (2) años considerando que el segundo
episodio generador del desarraigo tuvo lugar en el año dos mil catorce (2014) según
la misma actora lo señala y el que aduce continua a la fecha[75].
Por esta razón, mientras la persona permanezca en esta condición, el amparo
constitucional no solo es actual, sino que se convierte en el único mecanismo
idóneo y eficaz para tratar de evitar la vulneración permanente de presupuestos
iusfundamentales.
A esta
misma conclusión ha llegado esta Corporación en casos similares, contenidos
fundamentalmente en las sentencias T-347[76], T-911[77] y T-006
de 2014[78] en las cuales las Salas de Revisión
respectivas definieron que las acciones de tutela allí estudiadas merecían un
estudio de fondo por parte del juez constitucional, por el simple hecho de
encontrarse acreditada la condición de víctima de desplazamiento de los
accionantes, lo que los convertía en sujetos de especial protección.
4.3. En este
contexto, encuentra la Sala superado el análisis de
procedibilidad, por lo que pasará a
estudiar el problema jurídico planteado con fundamento en reiterada
jurisprudencia en la materia.
5. Tratándose de personas en condición de desplazamiento
forzado, el Estado asume un deber especial de protección en su beneficio que se
traduce en la implementación de acciones afirmativas que consulten sus
verdaderas necesidades y requerimientos
En este apartado la Sala analizará el deber de solidaridad
con respecto a las personas que se encuentran en situación de desplazamiento
forzado y la manera como la jurisprudencia constitucional ha extendido la
aplicación de este principio superior a particulares, entre ellos, a entidades
prestadoras de servicios públicos domiciliarios quienes por lo mismo tienen la
responsabilidad de aminorar las condiciones de vulnerabilidad de este sector de
la población[79].
5.1. Las personas en situación de desplazamiento forzado
y el deber de solidaridad predicable de su condición victimizante
5.1.1. La jurisprudencia constitucional desde sus inicios se
ha pronunciado sobre la condición de las personas en situación de
desplazamiento forzado y ha reconocido que su calidad de tal debe entenderse en
forma amplia y no circunscrita a la ocurrencia de un único fenómeno de
violencia ni restringida a una lista de supuestos de hecho que deba ser
entendida en forma taxativa y estricta.  La sentencia T-227 de 1997[80],
constituye un referente relevante en la materia.
Allí, la Sala Séptima de Revisión analizó en forma detallada
una circunstancia de movilización masiva de una
comunidad de campesinos al interior del territorio nacional como consecuencia
de hechos generadores de violencia. Después de haber hecho un análisis
exhaustivo sobre los diferentes instrumentos internacionales encargados de
abordar este fenómeno, reconoció la condición de desplazados que tenían
los accionantes y le ordenó a las diferentes entidades involucradas en el
asunto la inmediata adopción de medidas para superar el estado de
vulnerabilidad latente en que se encontraban. Para llegar a esta conclusión, consideró
que “sea
cual fuere la descripción que se adopte sobre desplazados internos, todas
contienen dos elementos cruciales: la coacción que hace necesario el traslado y
la permanencia dentro de las fronteras de la propia nación. Si estas dos
condiciones se dan, como ocurre en el caso motivo de esta tutela, no hay la
menor duda de que se está ante un problema de desplazados”[81].
A partir de esta providencia se entendió, entonces, que el
carácter de desplazados internos es una situación de hecho cambiante que no
surge de aspectos formales ni mucho menos de interpretaciones restrictivas. Se
trata únicamente de una realidad objetiva que se origina una vez se produce el
retiro del lugar de asiento natural y una posterior ubicación no deseada en
otro sitio del territorio nacional con ocasión del conflicto armado o por razón
de la violencia generalizada[82].
5.1.2. El desplazamiento definido en el artículo 1 de la Ley
387 de 1997[83]
se caracteriza por ser forzado u obligado, esto es, que no media la voluntad de
traslado del afectado, sino que precisamente el hecho de desplazarse de su
localidad de residencia o de abandonar sus actividades económicas habituales se
encuentra motivado por el miedo y por la necesidad de proteger bienes jurídicos
indispensables de todo ser humano -vida, integridad física, seguridad o
libertad personal- que han sido vulnerados o se encuentran directamente
amenazados con ocasión del conflicto armado, de disturbios y tensiones
interiores, de violencia generalizada, de violaciones masivas de los Derechos
Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o
alteren drásticamente el orden público.
Bajo estas premisas, se ha considerado que el desplazamiento
forzado causa un desarraigo de quien es sujeto pasivo del mismo, debido a que
es apartado de todo aquello que forma su identidad, como lo es su trabajo, su
familia, sus costumbres, su cultura, y es trasladado a un lugar extraño para
intentar rehacer lo que fue deshecho por causas ajenas a su voluntad y por la
falta de atención del Estado como garante de sus derechos y de su statu quo.
Es un fenómeno que genera un desconocimiento grave, sistemático y masivo de
numerosos derechos fundamentales[84]
y que implica naturalmente la configuración de una especial debilidad,
vulnerabilidad e indefensión en quienes lo padecen representado en “(i) la
perdida de la tierra y de la vivienda, (ii) el desempleo, (iii) la pérdida del
hogar, (iv) la marginación, (v) el incremento de la enfermedad y la mortalidad,
(vi) la inseguridad alimentaria, (vii) la pérdida del acceso a la propiedad
entre comuneros y (viii) la desarticulación social, así como el empobrecimiento
y deterioro de las condiciones de vida”[85].
5.1.3. Por razón de la constante exposición a estos vejámenes
y a situaciones dramáticas que incluso han provocado la declaratoria de un
estado de cosas inconstitucional[86],
quienes se encuentran en condición de desplazamiento hacen parte de un sector
de la población que requiere una protección reforzada. En efecto, la
Constitución Política en su artículo 13[87]
consagra un amparo especial para este grupo de ciudadanos, que en hechos
concretos se traduce en un tratamiento singularizado y ajustado a sus
necesidades y requerimientos a través de la adopción de medidas afirmativas que
concluyan en su atención y consolidación socioeconómica y en general propendan
por la consecución de su bienestar.
La obligación de un trato preferente respecto de las
personas desplazadas por la violencia recae principalmente en el Estado pues es
su deber garantizar “la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución” (artículo 2 C.P). Al Estado le
compete brindarles la atención necesaria porque las autoridades públicas han
sido establecidas para respetar y hacer respetar la vida, honra y bienes de los
asociados. Sin embargo, esta Corporación en virtud del principio de solidaridad
ha extendido a los particulares “un conjunto de deberes de
ineludible cumplimiento con el único propósito de alcanzar la realización
material de los derechos individuales y de aquellos que responden a una
connotación social y económica, cuya satisfacción en el Estado
Social de Derecho se convierte en una condición indispensable para garantizar
el bienestar general de los habitantes del territorio nacional”[88].
De esta manera y como desarrollo del interés general ha
definido por ejemplo que a determinadas empresas que prestan servicios públicos
domiciliarios, como ocurre en esta oportunidad, les corresponde velar por no
acrecentar las condiciones de vulnerabilidad de este grupo poblacional, esto
es, se les exige una labor de abstención. De igual forma se demanda de ellas,
en la medida de sus posibilidades, el despliegue de acciones que permitan la
superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la materia. Los servicios públicos al encontrarse en el marco del Estado social de
derecho, constituyen “aplicación concreta del principio fundamental de la solidaridad
social”[89].
5.1.4. El principio superior de solidaridad, cuya fuente
normativa se identifica esencialmente en los artículos 1[90]
y 95 numeral 2[91]
de la Carta Política, ha sido definido por esta Corporación como aquel “deber impuesto
a toda persona y autoridad
pública, por el
sólo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación
del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo. Pero fundamentalmente se trata de un principio que
inspira la conducta de los individuos para fundar la convivencia en la
cooperación y no en el egoísmo”[92]. Es así como la solidaridad
se convierte en una referencia axiológica del Estado social de derecho, en tanto
pilar esencial para el desarrollo de la vida ciudadana en democracia, que
impone la obligación de prestar una atención especial y prioritaria a las
personas que, por su condición de vulnerabilidad, son titulares de especial
protección constitucional.
Se trata además de un mandato que se circunscribe en el
Estado social como una fórmula para atenuar el principio liberal-clásico de
igualdad, según el cual los ciudadanos son estrictamente iguales ante la ley, permitiendo
su entendimiento desde una perspectiva de cargas públicas, de tal manera que se
de preeminencia al concepto de igualdad material[93]
que, a su vez, impone a las autoridades la obligación de inspirar la adopción
de sus medidas en la “realidad fáctica” de los sujetos a los cuales están
destinadas. En todo caso, valga advertir que el Constituyente de mil
novecientos noventa y uno (1991) dejó claro que la incorporación constitucional
del principio de solidaridad no tiene como criterio interpretativo la
asimilación de un Estado benefactor en Colombia, sino que debe ser observado
como medio para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de los ciudadanos[94],
de tal manera que, inclusive, el Estado se instituya como un agente de justicia
social[95].
5.1.5. La accionante estima que el argumento del deber de
solidaridad de los particulares que prestan un servicio público domiciliario,
respecto de las personas que como ella son víctimas de la violencia ha sido desconocido
en su caso particular ya que Electricaribe se ha negado a eximirla del pago del
servicio público de energía que a la fecha adeuda por razón del desarraigo del
que fue víctima. En su criterio, la empresa accionada
no ha adoptado acciones afirmativas para
contribuir a mitigar su condición de vulnerabilidad aun cuando de ellas emana
el reconocimiento de una protección reforzada a su favor. Por ello, solicita en
esta instancia, le sea concedido el beneficio de exoneración en
los términos de la jurisprudencia constitucional.
5.2. La posibilidad de exoneración o de implementación de
acuerdos en el pago de los servicios públicos domiciliarios de las personas que
se encuentran en circunstancia de desplazamiento forzado
5.2.1. Según los artículos 365 y 367 de
la Carta Política la prestación de los servicios públicos es una obligación del
Estado inherente a su finalidad social, que se realiza con el propósito
específico de satisfacer necesidades básicas esenciales de las personas
mediante un sistema de redes físicas o humanas con puntos terminales en las
viviendas o sitios de trabajo. En razón al contenido esencial que satisfacen, se
encuentran sometidos al régimen jurídico que fije la ley y pueden ser prestados
por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por
particulares. En cualquiera de los casos, su suministro debe darse en forma eficiente,
continua e ininterrumpida, salvo que medien razones de fuerza mayor o caso
fortuito de orden técnico o económico que lo impidan.
Su
distribución y comercialización se materializa a través de un contrato por
naturaleza uniforme y consensual
en el cual una empresa se compromete a prestar un servicio
público a un usuario no determinado a cambio de un precio en dinero, de acuerdo
con las estipulaciones que han sido definidas por aquella[96]. Al ser en
esencia oneroso, la Constitución ha hecho explícito la existencia de un régimen
tarifario, pero con el aditivo de que éste debe obedecer a criterios de costos,
redistribución de ingresos y solidaridad social[97]. En
efecto, el artículo 130[98]
de la Ley 142 de 1994[99]
establece que “el propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los
usuarios del servicio son solidarios en sus obligaciones y derechos en el
contrato de servicios públicos”[100].
La misma
disposición en su parágrafo dispone que se rompe la solidaridad prevista en
esta norma cuando la empresa infringe la obligación de suspensión del servicio una
vez se de el incumplimiento del deber de pagar oportunamente los servicios
facturados, el cual no puede ser mayor de dos (2) períodos consecutivos de
facturación en el evento en que ésta sea bimestral y de
tres (3) períodos cuando sea mensual[101].
Tal exigencia no sólo constituye una garantía para la
empresa, quien ejerce un mecanismo legítimo de coacción que le permite asegurar
el pago del crédito, sino que constituye, también, un resguardo para los
propietarios de los inmuebles, en el evento en que sus arrendatarios incurran
en mora en el pago de sus obligaciones, pues con esta medida se evita el incremento
desmesurado de la deuda[102].
5.2.2. Por regla general no se exonera
del pago de las obligaciones originadas en el suministro de un servicio público
domiciliario. Así lo dispone el artículo 99[103]
de la Ley 142 de 1994[104].
No obstante lo anterior, la misma normatividad en el artículo 128 dispone que “[l]as
comisiones de regulación podrán señalar, por vía general, los casos en los que
el suscriptor podrá liberarse temporal o definitivamente de sus obligaciones
contractuales, y no será parte del contrato a partir del momento en que
acredite ante la empresa, en la forma en que lo determinen las comisiones, que
entre él y quienes efectivamente consumen el servicio existe actuación de
policía o proceso judicial relacionado con la tenencia, la posesión material o
la propiedad del inmueble. En estos casos se facilitará la celebración del
contrato con los consumidores”.
En desarrollo de lo anterior, la Comisión
de Regulación de Energía y Gas a través de la Resolución 108 del tres (3) de
julio de mil novecientos noventa y siete (1997)[105], dispuso
las causales para la exoneración de las obligaciones a cargo del suscriptor. El
artículo 10 señala que conforme al artículo 128 de la Ley 142 de 1994[106], los suscriptores
podrán liberarse de los compromisos asumidos en virtud del contrato de
servicios públicos domiciliarios, entre otras situaciones, cuando se presente “a)
fuerza mayor o caso fortuito que imposibilite [continuar] asumiendo las obligaciones”,
siendo responsabilidad de la persona interesada informar
a la empresa la existencia de dicha causal en la forma indicada. En todo caso, la
exoneración no implica la extinción de la solidaridad
establecida por el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 respecto de los deberes
propios del contrato de servicios públicos domiciliarios exigibles con
anterioridad a la fecha en que se produjo el hecho que determina la exención
del suscriptor.
5.2.3. Tomando como referente
estas consideraciones, la Corte Constitucional se ha
pronunciado en eventos en los que entidades que prestan un servicio público
domiciliario adelantan el cobro de facturas que los usuarios no han podido
cancelar por razón del desplazamiento mismo y del temor reverencial de regresar
a sus territorios de origen donde se encuentran ubicados los inmuebles objeto
de la facturación, sin brindar opciones de alivio económico que atiendan a la
condición victimizante del deudor. Para la Corporación, el hecho propio del
desarraigo constituye una circunstancia de fuerza
mayor, un supuesto ajeno a la voluntad de quien lo padece que puede
dificultar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato de
servicios públicos[107].
De ahí que con fundamento en el deber de solidaridad y atendiendo al contexto
concreto de cada caso haya ordenado a las instituciones
generar facilidades de pago o medidas de exoneración -excepcionalmente- buscando
garantizar la estabilidad financiera de las víctimas del conflicto y procurando
aminorar su estado de vulnerabilidad.
A continuación, la Sala se ocupará de
estudiar tres (3) precedentes relevantes en la materia que encuentran una
similitud especial en relación con el problema jurídico que aquí se pretende
resolver[108].
5.2.3.1. En la sentencia T-792 de 2009[109],
la Sala Cuarta de Revisión analizó el caso de una persona víctima de
desplazamiento forzado que solicitaba dejar sin valor el cobro de las facturas
del servicio público de energía causadas durante el tiempo en que duró su
desplazamiento. De acuerdo con la situación fáctica reseñada, la accionante
residía en un predio rural ubicado en el Departamento del Cesar junto a su
núcleo familiar. Como consecuencia de la violencia generada por grupos armados
al margen de la ley tuvo que abandonarlo y migrar a otro lugar del territorio
nacional donde fue inscrita en el RUPD. Habida cuenta de su precaria condición
económica, cuatro (4) años después regresó a su vivienda habitual encontrando
que la empresa Electricaribe había procedido a cobrar el valor del servicio
público durante este periodo que permaneció ausente, sin tener en cuenta para
ello el previo aviso que se había dado en relación con el abandono del inmueble[110].
En dicha ocasión, para resolver el problema jurídico
planteado se hizo referencia al deber de solidaridad en relación con las
personas desplazadas por la violencia dadas las circunstancias de
vulnerabilidad y debilidad manifiesta en que se encuentran. Se dijo que la
solidaridad se constituye en uno de los pilares del Estado social de derecho el
cual impone el despliegue de acciones humanitarias ante situaciones que pongan
en peligro la vida o la salud de las personas. Ese deber no solo se predica del
Estado sino también de los particulares. De allí, el surgimiento de especiales
compromisos sociales por parte de empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios quienes tienen la responsabilidad de contribuir al logro de “condiciones
mínimas de justicia material” especialmente frente a grupos poblacionales
inmersos en un escenario de debilidad manifiesta.
Sobre esta base, se estimó que en el caso concreto se había
vulnerado el derecho fundamental al debido proceso de la actora al facturar el
servicio público de energía durante el período en que ésta no había habitado el
bien inmueble de su propiedad, por razones de fuerza mayor. Para la Sala, la
empresa accionada actuó al margen del particular contexto en el que estuvo
involucrada tanto la peticionaria como su núcleo familiar, quienes, en el marco
de un escenario de desplazamiento forzado, se vieron compelidos a abandonar su
lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, además de quedar
enfrentados a un escenario de carencia de recursos económicos para efectos de
garantizar condiciones de subsistencia dignas.
Con todo, comoquiera que no reposaba en el expediente
evidencia alguna relacionada con la facturación que se controvertía, se le ordenó
a la entidad accionada adelantar una actuación encaminada a establecer la real
situación que envolvía a la tutelante en términos de las obligaciones a su
cargo, e ilustrarla sobre “el estado actual de su obligación, así
como de todo lo relacionado con el cobro que efectúe, sin que esa pretensión
incluya algún rubro por efecto del período comprendido entre junio de 2003 y
enero de 2008, durante el cual la accionante, junto con su núcleo familiar,
abandonaron el bien inmueble en el que residían, por causa del desplazamiento
del que fueron víctimas”.
5.2.3.2. Siguiendo la línea de protección esbozada, en la
sentencia T-726 de 2010[111]
la Sala Tercera de Revisión analizó ampliamente el conflicto existente entre la
situación de vulnerabilidad en la que se encuentra una persona víctima de
desplazamiento forzado, el pago de sus obligaciones dinerarias y el derecho del
acreedor de exigir su cancelación ante el incumplimiento presentado. Lo anterior,
a propósito de una solicitud de amparo incoada por un ciudadano que argumentaba
como fuerza mayor que impedía la satisfacción de una deuda crediticia adquirida
con una entidad bancaria su condición de persona desplazada por la violencia
debidamente reconocida por una autoridad estatal. Según los hechos narrados por
el actor, ante el no pago de la obligación se adelantó en su contra un proceso
ejecutivo mixto sin considerar los efectos que su calidad de tal tenía sobre
las posibilidades de cumplir el deber a su cargo.
Para resolver la tensión descrita, la Sala consideró que el
desplazamiento es una circunstancia que constituye un acontecimiento de fuerza
mayor para quien lo padece ya que no se deriva de la aquiescencia del afectado,
sino que precisamente por ser forzado, no media la voluntad de quien lo sufre
(inimputable). Además, es una situación inmersa en el conflicto armado o en la violencia
generalizada que es imposible evitar que se presente (irresistible) y que
afecta el statu quo de quien lo soporta sin que sea viable prever los
inicios o al menos el alcance del mismo (imprevisible)[112]. Por ello, el sustento
del calificativo de estado de vulnerabilidad y debilidad atribuido a este grupo
poblacional, se deriva justamente del hecho de tolerar cargas excepcionales e
imprevistas, que afectan sus modos de subsistencia y por ende su capacidad
económica.
Sobre estas premisas, estimó que un fenómeno de esta
naturaleza puede impedir el cumplimiento de obligaciones económicas cuando
éstas han sido adquiridas con anterioridad al desplazamiento, como quiera que
en el momento de comprometerse a dar una prestación el hecho de que acontezca
un desplazamiento forzado no se encuentra dentro del contexto de negociación,
“por lo que al configurarse este hecho irresistible, imprevisible e
inimputable al deudor, y al afectar de manera ostensible su capacidad
económica, partiendo del supuesto de que la persona desplazada derivaba su
sustento del lugar del que fue desarraigado, se configura un impedimento para
cumplir esta obligación”.
Este impedimento no debe ser ignorado por el Estado ni por
las instituciones que prestan servicios públicos domiciliarios, en razón a la
función social que desarrollan de garantizar ya sea de manera directa o
indirecta, respectivamente, derechos fundamentales. Por esta razón y en virtud
del deber de solidaridad se hace imperativo restringir el derecho del acreedor
a hacer uso de la exigibilidad de la obligación y se le impone el compromiso de
formular arreglos que tengan en cuenta la situación de desplazamiento forzado
en la que está inserto el deudor por razones ajenas a su voluntad. Lo anterior
conforme con la consideración de que la persona víctima de este delito no
modificó su situación voluntariamente, sino que fue producto de una fuerza
mayor que influyó en el cumplimiento de las deudas adquiridas con anterioridad
al desarraigo y cuyo cumplimiento estaba inescindiblemente ligado al entorno en
el que se encontraba previamente.
Teniendo en cuenta estos planteamientos, la Sala indicó que
en el caso concreto se habían vulnerado los derechos fundamentales al debido
proceso y a la defensa del accionante, ya que aunque el proceso ejecutivo buscaba
precisamente coaccionar al deudor al pago de una obligación, en función de
garantizar la Constitución suponía también analizar el supuesto en el cual una
circunstancia sobreviniente como el desplazamiento forzado influía en la
cancelación y en la limitación del derecho del acreedor a exigirla. De este
modo, no se trataba de desnaturalizar el trámite ordinario sino de reconocer
con base en los principios y derechos superiores las consecuencias del hecho
imprevisible del desarraigo en cabeza del actor. Por esta razón, se ordenó dejar
sin efecto las decisiones judiciales adoptadas en el marco del proceso iniciado
en su contra y se dispuso nuevamente su tramitación atendiendo la realidad
fáctica que cobijaba al demandado en tanto sujeto de protección reforzada.
5.2.3.3. Más adelante, la Corporación mediante la sentencia
T-831 de 2011[113]
dio un paso relevante en la consolidación del precedente constitucional y
amplió el espectro de protección hasta ahora establecido. Allí, la Sala Tercera
de Revisión examinó la acción de tutela presentada por una persona en condición
de desplazamiento forzado contra la Electrificadora de Santander. De acuerdo
con los hechos del caso, en el año mil novecientos noventa y ocho (1998) la
accionante fue obligada a abandonar su vivienda ubicada en Barrancabermeja y a asentarse
en otro lugar del territorio nacional. Durante el tiempo que permaneció
ausente, algunos integrantes de grupos organizados al margen de la ley
decidieron radicarse ilegalmente en el inmueble de su propiedad usando de
manera inadecuada el servicio de energía que fue objeto de cobro más adelante
por la entidad accionada. Esta situación fue puesta de presente ante la empresa
solicitando la exoneración del pago del valor consumido durante el periodo en
que estuvo desplazada y no habitó el bien.
En esta ocasión,
sin dejar de lado la postura relativa a la implementación de acuerdos de pago frente
al incumplimiento de obligaciones económicas por razones ajenas a la voluntad
del deudor -desplazamiento forzado- se habló de contemplar la aplicación de la
figura de exoneración en la cancelación del  servicio
público de energía durante el tiempo en que el inmueble objeto de la prestación
no había sido ocupado por el suscriptor, usuario o propietario inmerso en ese
estado de desarraigo, no obstante sin justificación alguna generarse un cobro. En
criterio de la Sala, el hecho del desplazamiento es una causal de fuerza mayor
que justifica la liberación de la obligación por el hecho propio de
corresponder a una situación inesperada e indeseada que supone el abandono
intempestivo de todo aquello que integra la cotidianidad de una persona. Se
requiere, en todo caso, que tal circunstancia sea debidamente
reconocida por una entidad estatal y se haya denunciado y constatado asimismo
el abandono del bien inmueble para que la empresa prestadora una vez tenga
conocimiento de estos supuestos adopte las acciones que resulten procedentes en
la exención del “consumo registrado” mientras tuvo
lugar el supuesto victimizante.
A partir de estas
consideraciones, se señaló que aunque los presupuestos referidos se encontraban
acreditados en este caso y por lo mismo no podía procederse al cobro de un servicio
que a pesar de no haber sido causado por la tutelante había sido facturado a su
nombre, incluso, en ausencia de un equipo de medida instalado en su inmueble, debía
declararse la improcedencia del amparo por carencia actual de objeto ya que con posterioridad a la presentación de la acción de tutela la
peticionaria suscribió un acuerdo de pago con la empresa accionada donde constaba
el cobro que al parecer cobijaba la última época del desplazamiento. Además, se
encontraba probado que junto a su núcleo familiar había retornado a su lugar de
origen y poseía una estabilidad económica importante para cumplir con el
compromiso firmado, beneficiándose así del servicio de energía.
5.2.4. Con
fundamento en los precedentes señalados se concluye que el hecho del
desplazamiento forzado constituye un impedimento que influye en la exigibilidad
de una obligación pecuniaria adquirida con anterioridad a su ocurrencia. Se
trata de un fenómeno imprevisible e irresistible en el que la persona
desplazada se encuentra en un estado de indefensión y vulnerabilidad que le
dificulta no sólo el cumplimiento de este tipo de compromisos, sino también la
satisfacción de condiciones mínimas de existencia que dependían precisamente de
la forma de vida de la cual fue sustraída. Por ello, con base en el deber de
solidaridad y teniendo en cuenta que por razones ajenas a la voluntad del
deudor -desplazado-, las circunstancias iniciales sobre las cuales se adquirió
el deber que hoy se exige variaron, le compete al acreedor -empresa de
servicios públicos domiciliarios-: (i) informar de manera clara y completa todo
lo relacionado con las obligaciones a su cargo;  (ii) llegar a una fórmula de
arreglo en la que se tenga en cuenta la condición especial del afectado o (iii)
excepcionalmente disponer la exoneración de la obligación siempre que el suscriptor, usuario o propietario del inmueble objeto de la facturación
no se encuentren habitándolo por razón del desarraigo y a pesar de ello se
genere un cobro injustificado del servicio que ellos no han causado.
6. La Electrificadora del Caribe -Electricaribe S.A.
E.S.P.- deberá suscribir un acuerdo de pago con la señora Emilse Madrid López que
consulte tanto su calidad de persona desplazada por la violencia como sus
condiciones materiales actuales
6.1. La señora Emilse Madrid
López en el mes de mayo del año dos mil uno (2001) debió enfrentarse a un
episodio inicial de desplazamiento forzado. Este hecho generó un primer
traslado a la ciudad de Cartagena, lugar en el que no encontró la estabilidad
económica deseada y en consecuencia tuvo que regresar al corregimiento de La
Loma donde habitualmente residía. En junio del año dos mil catorce (2014) fue
nuevamente víctima de la violencia por parte de grupos organizados al margen de
la ley. La situación de orden público fue insostenible al punto que en compañía
de su núcleo familiar integrado por cinco (5) hijos, un sobrino y una nieta de
trece (13) años de edad[114]
tuvo que migrar una vez más hacia otra zona del territorio nacional,
asentándose en Cartagena donde a la fecha permanece domiciliada con algunos
padecimientos de salud que no especifica[115].
Por virtud de estas circunstancias fue inscrita en el Registro Único de
Víctimas -RUV- en calidad de jefe de hogar junto a su familia, condición que les
ha permitido recibir ayudas estatales incluso en materia de vivienda encontrándose
a la espera del pago de una indemnización administrativa[116].
6.2. Este reconocimiento estatal,
en criterio de la accionante, no ha sido suficiente para superar su condición
de vulnerabilidad pues aún son latentes los efectos del desarraigo debido a que
se encuentra apartada de todo aquello que constituye su identidad y su vida. En
concreto, afirma que la falta de atención del Estado como garante de sus
derechos la ha obligado a permanecer separada de un inmueble de su propiedad ubicado
en la calle 3 No. 10-25, barrio Divino Niño del corregimiento de La Loma,
municipio El Paso, Cesar[117].
Explica que con anterioridad al desplazamiento, dicho predio le generaba una rentabilidad
económica importante en tanto fungía como un hotel -Hotel Madrid de La Loma- y simultáneamente
como su sitio de residencia. Para el funcionamiento de dicho lugar se requería
la prestación del servicio público de energía. Sin embargo, la inminencia de
las amenazas ejercidas en su contra la llevaron a deshabitar el lugar y
consecuentemente a desatender las obligaciones económicas emanadas del mismo, por
lo que a la fecha y ante la imposibilidad de materializar su retorno le adeuda
a la entidad accionada un sin número de facturas.
Al proceso de tutela se
aportaron veintinueve (29) facturas de cobro. Todas
ellas fueron expedidas por la Electrificadora del Caribe -Electricaribe S.A.
E.S.P.- y se encuentran a nombre de la señora Emilse Madrid López, quien figura
como titular del pago del servicio prestado sobre el inmueble de la referencia,
cuyo estrato, según se desprende de estos documentos, corresponde al número dos
(2).  Los periodos facturados van desde el año dos mil catorce (2014) hasta el
año dos mil diecisiete (2017). La primera factura que se anexa tiene como fecha
de emisión el nueve (9) de octubre de dos mil catorce (2014), esto es, cuando
la peticionaria ya se había desplazado del corregimiento de La Loma y la última
de ellas el ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017), es decir, mientras
permanece residiendo en la ciudad de Cartagena[118]. De su contenido se desprende que
el estado de cuenta al diecisiete (17) de febrero de dos mil diecisiete (2017)
asciende a la suma de diez millones de pesos ($10.000.000), con una mora
para pago inmediato de cuatrocientos ochenta y nueve mil doscientos trece pesos
con treinta y seis centavos ($489,213.36) y un saldo financiado de cuatro
millones ochocientos catorce mil novecientos treinta pesos ($4,814,930)[119]. De ahí que la pretensión de
la actora en sede de tutela gire en torno a la exoneración del
pago del servicio de energía registrado durante la
época de su desplazamiento.
6.3. Con el fin de alcanzar esta
pretensión, la accionante ha agotado, en la medida de sus posibilidades, la vía
administrativa acudiendo en algunas ocasiones ante la empresa accionada, clamando
por una consideración especial que haga menos gravosa la carga económica
emanada del cobro de un servicio domiciliario que dejó de cancelar
oportunamente por la tragedia humanitaria que ha debido soportar y que a la
fecha aún padece. Sin embargo, de los elementos de juicio obrantes en el
expediente no se observa que Electricaribe haya desplegado una acción positiva
en procura de satisfacer el pedimento de la peticionaria.
Durante el periodo de revisión se
aportó al proceso copia de un derecho de petición presentado por la señora Emilse
Madrid López el veintiocho (28) de julio de dos mil quince (2015), en el que le
solicita al ente accionado adelantar los trámites pertinentes para exonerarla
del pago del consumo facturado habida cuenta de su estado de vulnerabilidad
como víctima del conflicto armado, que demanda a su favor una especial
protección constitucional y una eficaz y oportuna atención por parte del Estado[120].
Como respuesta a este requerimiento, se allegó igualmente un oficio de fecha once
(11) de agosto de dos mil quince (2015) en el que se le indica a la solicitante
que, según el artículo 47 de la Resolución 108 de mil novecientos noventa y
siete (1997)[121],
la reclamación incoada resulta improcedente toda vez que existe una expresa
prohibición de exoneración consagrada en el artículo 99 de la Ley 142 de 1994[122],
que señala que “con el fin de cumplir cabalmente con los principios de
solidaridad y redistribución no existirá exoneración en el pago de los
servicios de que trata esta ley para ninguna persona natural o jurídica”[123].
Obra en el expediente, un
segundo derecho de petición incoado por la actora el veintidós (22) de octubre
de dos mil quince (2015) por conducto de la Defensoría del Pueblo Regional
Bolívar a través del cual reitera la aplicación de las excepciones para el pago
de los servicios públicos en atención al hecho de haber incurrido en mora por
causas ajenas a su voluntad imputables al desarraigo propio del desplazamiento[124].
El treinta (30) de enero de dos mil dieciséis (2016), la empresa aporta un
oficio, que pareciera ser la respuesta a la súplica incoada y en la que sin pronunciarse
formalmente sobre el asunto puesto a consideración, le advierte a la usuaria
sobre su deber de atender oportunamente el valor de las facturas adeudadas so
pena de procederse a la suspensión del suministro de energía en su inmueble[125].
Para la
Sala, la respuesta de la entidad demandada a las solicitudes
presentadas da cuenta de una actuación que no exhibe la diligencia debida que
impone el estudio de la situación planteada, en el sentido de atender a las
reales condiciones tanto físicas como materiales de existencia de la actora y
de su núcleo familiar, que integran la categoría de sujetos de especial protección
constitucional y que, por lo mismo, a la luz del ordenamiento jurídico vigente,
merecen un trato que garantice el pleno ejercicio y goce de sus derechos
fundamentales. Tampoco consulta en su totalidad los postulados de la
jurisprudencia de esta Corporación  a la luz de los cuales sí es procedente
excepcionalmente la exoneración en el pago de los
servicios públicos domiciliarios durante el tiempo en que el inmueble no ha
sido ocupado por el usuario, el suscriptor o el dueño como quiera que el hecho del desplazamiento forzado del que fueron
víctimas es una causal de fuerza mayor que influye en el cumplimiento de las
obligaciones dinerarias y que puede justificar en esa medida la liberación de
la deuda existente.
6.4. El
panorama hasta aquí esbozado permite sugerir la existencia de dos (2) escenarios
posibles sobre los cuales podría plantearse la solución del caso concreto. La
primera alternativa sería ordenar la exoneración del pago del servicio público,
como en efecto ha sido requerido por la tutelante a lo largo de este trámite de
amparo. Sin embargo, como se verá a continuación, esta posibilidad desborda las
reglas jurisprudenciales identificadas para acceder a una solicitud de esta naturaleza.
La segunda opción, será disponer la implementación de un acuerdo de pago en el
que la empresa accionada consulte las condiciones reales de la peticionaria, en
tanto es evidente que, a su cargo, ha existido un desconocimiento del deber de
solidaridad frente a quien se encuentra en un estado latente de debilidad
manifiesta. Esta solución, es el remedio constitucional que más se ajusta a las
particularidades de este caso. Sin embargo para efectos de mayor claridad, la
Sala expondrá en detalle las razones que justifican el planteamiento de cada
una de las consideraciones señaladas.
6.4.1. Imposibilidad en el caso
concreto de ordenar la exoneración del pago del servicio público de energía
En principio, la medida de exoneración
pretendida podría aplicarse a un caso como el analizado pues está debidamente
acreditado que la accionante es una persona víctima de desplazamiento forzado y
que esta circunstancia, sumado al hecho de enfrentarse a un nuevo escenario de
vida, han afectado considerablemente su capacidad económica al punto que a la
fecha en razón a su calidad de tal recibe ayudas económicas por parte del
Estado que le permiten alcanzar unas condiciones mínimas de subsistencia digna.
Sin embargo, los elementos de juicio obrantes en el proceso y aquellos
allegados en sede de revisión le plantean a la Sala una serie de dudas que
impiden la aplicación directa de esta regla de exoneración establecida
fundamentalmente en la sentencia T-831 de 2011[126].
Si se recuerda, en aquella oportunidad, la Sala Tercera de
Revisión, de no ser por la suscripción de un acuerdo de pago entre la
accionante -persona desplazada por la violencia- y la entidad accionada -Electrificadora
de Santander-, habría ordenado la condonación de la deuda existente entre ambos
habida cuenta que ante el abandono del inmueble terceras personas, concretamente
los mismos actores generadores del desplazamiento, se asentaron en el predio de
propiedad de la peticionaria haciendo uso del mismo y generando facturaciones de
energía elevadas que más adelante fueron imputadas a la tutelante. Era claro
entonces que el consumo registrado y facturado por la empresa provenía del uso
ilegal, no autorizado y coaccionado que se hacía del bien mientras la
propietaria permanecía en situación de desarraigo, luego resultaba una carga
injustificada proceder al cobro de un servicio que ella no había generado.
En esta ocasión, la situación fáctica plantea un escenario
de discusión diverso teniendo en cuenta que las pruebas aportadas permiten
inferir que el bien de propiedad de la peticionaria no se encuentra totalmente
deshabitado, ya que aunque ella no está domiciliada en el mismo, a la fecha
reside en el una tercera persona con su voluntad expresa, quien efectúa un uso
regular de la energía con el cual posiblemente satisface necesidades básicas. En
efecto, en esta instancia judicial, la misma accionante advirtió que en dicho
inmueble permanece un celador que ejerce labores de custodia, vigilancia y
cuidado permanente frente a los enceres abandonados[127].
Aunque no ahonda mucho en esta circunstancia ni refiere con exactitud las
condiciones bajo las cuales este ciudadano habita el predio o cuáles son sus
calidades, de los elementos de convicción anexados al proceso se establece lo
siguiente:
En primer lugar, como se indicó con anterioridad, al trámite
de amparo se aportaron copias de veintinueve (29) facturas emitidas por
Electricaribe S.A. E.S.P. de las cuales se desprende que desde el año dos mil
catorce (2014) hasta la fecha se ha presentado un consumo de energía en el
predio de propiedad de la actora. En efecto, este no solo ha sido periódico,
variante en el precio, sino además con un promedio base de facturación de
trescientos cincuenta y cuatro mil cuarenta y cuatro pesos ($354,044), aun
cuando el inmueble se encuentra ubicado en una zona perteneciente al estrato
número dos (2).
Esta situación de suministro constante ha generado que surja
un cobro mensual por encima de lo que podría entenderse como un cargo básico
por concepto de aseo, alumbrado público y energía emanado de la celebración del
contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios pese a que de las
mismas facturas surge que parte de ese valor registrado es asumido por la
empresa a través de un subsidio. Así, por ejemplo entre el nueve (9) de
septiembre de dos mil catorce (2014) y el nueve (9) de octubre de ese mismo año
se facturó un total de trescientos nueve mil ochocientos cuarenta pesos
($309.840), durante el diez (10) de agosto de dos mil quince (2015) y el nueve
(9) de septiembre de esa anualidad el valor registrado obedeció a la suma de trescientos
cincuenta y cuatro mil treinta pesos ($354,030) y entre el diez (10) de
noviembre de dos mil dieciséis (2016) y el doce (12) de diciembre de ese año el
monto reportado alcanzó los doscientos noventa y ocho mil seiscientos ochenta
pesos ($298,680)[128].
En segundo lugar, no se entiende cómo a pesar del reporte de
mora por incumplimiento en el pago de las facturas de energía, Electricaribe no
ha procedido a la suspensión del servicio ni desplegado ninguna otra acción
adicional aun cuando se trata de una obligación legal de obligatorio
cumplimiento y un desarrollo del deber de solidaridad que se quebranta cuando
no se ejecuta una acción de esta naturaleza[129]. El artículo 140 de la Ley
142 de 1994[130]
modificado por el artículo 19 de la Ley 689 de 2001[131]
establece entre las causales de suspensión del servicio por incumplimiento del
contrato, la falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin
exceder en todo caso de dos (2) períodos de facturación en el evento en que
ésta sea bimestral y de tres (3) períodos cuando sea mensual. En este caso, existen
facturaciones no canceladas por más de tres (3) periodos consecutivos ya que la
deuda total reportada hasta la fecha equivale a diez millones doscientos
sesenta y siete mil doscientos setenta y seis pesos con setenta centavos ($10.267.276,70)
y según se indicó previamente el promedio de facturación mensual es de trescientos
cincuenta y cuatro mil cuarenta y cuatro pesos ($354.044)[132].
No obstante lo anterior, la prestación del servicio se
mantiene y pareciera del contenido de las pruebas aportadas al proceso que la
razón de ello es que la señora Emilse Madrid ha venido abonando a la deuda pues
de las facturas se denota la existencia de una “cuota de acuerdo a plazos”
que, sin embargo, nunca ha sido dada a conocer por la empresa ni por la
peticionaria en sede de tutela[133].
En tercer lugar, comoquiera
entonces que no se ha suspendido el servicio, es claro que el suministro de
energía sigue vigente en el inmueble de la actora y en razón a ello continúa presentándose
una facturación derivada del consumo efectuado. Al proceso se allegó copia fotostática obtenida del
Sistema de Gestión Comercial de la empresa el veinticuatro (24) de febrero de
dos mil diecisiete (2017), en la cual se señala que el inmueble ubicado en la
calle 3 No. 10-25 identificado comercialmente con el número 5800377 cuenta con
suministro normal de energía sin discriminación horaria alguna, con un estado
del servicio que reporta “situación correcta” y con un periodo de
facturación mensual[134]. Esta información puede
armonizarse con la última factura de cobro aportada al proceso con fecha de
emisión el ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017) por valor de
doscientos ochenta y seis mil setecientos pesos ($286,700) concerniente al
periodo comprendido entre el once (11) de enero de dos mil diecisiete (2017) y
el ocho (8) de febrero de esta anualidad[135].
De las
consideraciones esbozadas es posible concluir que en efecto el inmueble de
propiedad de la actora no se encuentra desocupado y que además terceros hacen
uso del servicio de energía que allí se viene prestando. De ahí que exista una
justificación razonable para proceder a su cobro, en tanto la deuda contraída
por este concepto obedece a un consumo que la misma reclamante por intermedio
de otra persona ha causado a pesar del desarraigo. En síntesis: (i) hay una situación de mora atribuible
al hecho que desde el momento del desplazamiento de la peticionaria y hasta la
actualidad se ha registrado y facturado un consumo de energía a su cargo cuyo
valor no ha sido atendido oportunamente. (ii) Este consumo obedece a la
presencia autorizada en su inmueble de una tercera persona que ha sido elegida
por ella para proteger lo que podría ser su único patrimonio y que
realiza en consecuencia un uso habitual del predio, generando facturaciones del
servicio público que en algunas ocasiones han sido excesivas y desbordan la capacidad
de pago de la señora Emilse Madrid López. (iii) No obstante, como esta última a pesar de no habitar
el lugar ha generado, a través de un tercero, este cobro no resulta procedente la solicitud de exoneración planteada. Por
virtud de lo anterior, debe negarse la petición invocada por la actora y ante
esta situación analizarse la segunda alternativa de amparo reseñada.
6.4.2. La
señora Emilse Madrid López tiene derecho a que se implemente un acuerdo de pago
una vez se realice una visita a las instalaciones eléctricas de su inmueble en
la que se determine la situación real de consumo en el mismo
Como se indicó
con anterioridad, la señora Madrid López ha puesto en conocimiento de la
entidad accionada, a través de algunas solicitudes, su condición de víctima de
desplazamiento forzado pretendiendo que dicha calidad sea una razón suficiente
para que se desplieguen acciones afirmativas en su beneficio que contribuyan a
aminorar el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra. Electricaribe en
respuesta a los requerimientos incoados ha asumido, sin embargo, una actitud
que desborda los lineamientos constitucionales en cuanto a la protección
de derechos fundamentales se refiere y ha transgredido con ello el deber de
solidaridad impuesto en la Constitución frente a quienes pertenecen a grupos
poblacionales en situación de debilidad manifiesta y requieren por ello de una
protección reforzada.
Esta Corporación
ha señalado que cuando el asunto puesto a consideración involucra a una
persona en condición de desplazamiento forzado, a las
autoridades públicas e incluso a los particulares les asiste la facultad
y el deber de asumir permanentemente una actitud más oficiosa y activa en la
defensa de sus derechos y asegurarse que no se presenten circunstancias de
incumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y protección frente a
sus condiciones materiales de existencia. Esto es trascendente toda vez que se
trata de un sector de la población que en virtud de la situación de desarraigo
y desamparo en la que se encuentra, y máxime cuando está sobrellevando un
escenario de extrema vulnerabilidad, ve limitados drásticamente sus presupuestos
básicos.
En tratándose de mujeres desplazadas por la violencia en el
Auto 092 de 2008 de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004[136]
se identificaron un número significativo de riesgos de género en el marco del
conflicto armado colombiano, que son a su vez factores específicos de
vulnerabilidad a los que están expuestas las mujeres por causa de su condición
femenina[137].
Estas circunstancias que explican en su conjunto el impacto diferencial y desproporcionado
del desplazamiento forzoso imponen a las autoridades públicas el deber de
emprender acciones integrales, racionales, coordinadas y cuidadosamente
diseñadas para atacar en forma directa los factores que generan el
desconocimiento de sus garantías básicas.
En el caso concreto, nos enfrentamos a la situación de la
señora Emilse Madrid López quien permanece en una doble condición de
vulnerabilidad materializada, como se sabe, en su calidad de mujer desplazada y en su status de jefe femenina
de un hogar integrado por cinco (5) hijos, un sobrino y una nieta. Estas
circunstancias merecen una atención especial y obligan en consecuencia al juez
constitucional a no permanecer inmóvil debiendo en su lugar implementar alternativas
de protección que de un lado, contribuyan a mitigar el efecto de una tragedia
humanitaria como lo es el desplazamiento forzado y de otro, obliguen a la
entidad accionada a desplegar una conducta que
consulte y atienda la realidad
fáctica en la que se encuentra la peticionaria en tanto ha sido clara su
omisión en este sentido.
La Sala es
consciente que la accionante en su afán de proteger y salvaguardar lo que
podría considerarse como su único patrimonio ha desplegado algunas medidas
encaminadas a evitar la ocupación ilegal de su predio por terceros ajenos, en
particular ha dispuesto la presencia de un vigilante en su inmueble que asuma
la preservación del mobiliario de su propiedad. Cuando el Estado ha sido
inhábil “para cumplir con su deber básico de preservar las condiciones
mínimas de orden público necesarias para prevenir el desplazamiento forzado de
personas y garantizar [su] seguridad personal”[138], surge razonable que los
ciudadanos inmersos en ese estado de necesidad se vean compelidos a emprender acciones de conservación o de
choque asumiendo inclusive y en razón de ello una carga económica emanada, como
ocurre en este caso, de la estancia de una persona en el bien quien en
ejercicio de sus funciones de cuidado hace uso del servicio público de energía
generando así facturaciones por el consumo.
Aunque como se
anotó, no es posible so pretexto de la calidad de desplazado disponer la
condonación de este tipo de obligaciones originadas con la aquiescencia y
conocimiento del deudor, este hecho en aplicación del principio de solidaridad
y atendiendo a la jurisprudencia de esta Corporación no excluye, sin embargo,
que se armonicen los derechos que tiene Electricaribe como acreedor de
la deuda existente por concepto del suministro de un servicio público domiciliario
y los derechos que como persona víctima de la violencia se le han de garantizar
a la peticionaria a través de la implementación de un acuerdo de pago en caso de que
el mismo no haya sido aún realizado. Como lo ha manifestado esta Corporación “al
Estado le compete impedir que el desplazamiento se produzca, porque las
autoridades han sido establecidas para respetar y hacer respetar la vida, honra
y bienes de los asociados”[139].
Pero también ha dicho que si no fue capaz de impedir este fenómeno tiene
por lo menos que garantizarle a los cientos de miles de colombianos que han
tenido que abandonar sus hogares y afrontar condiciones extremas de existencia
posibilidades de superación y de reconstrucción de sus vidas atendiendo siempre
a sus requerimientos y necesidades especiales. En todo caso,
antes de proceder a la suscripción de un compromiso de esta naturaleza, resulta
pertinente que se esclarezcan algunas circunstancias que pueden influir en el
monto objeto de tasación en el acuerdo por celebrar.
Como quedó esbozado previamente, el consumo
que actualmente es materia de cobro en el bien de propiedad de la peticionaria
obedece a la presencia de una persona en el lugar que para el desarrollo de
actividades diarias naturalmente hace uso del servicio público de energía. No
obstante, escapa a la racionalidad el hecho de que las facturaciones reportadas
alcancen valores que podrían calificarse de excesivos cuando es en principio un
solo sujeto quien habita el predio. Durante el periodo de Revisión,
Electricaribe informó ante esta Corporación que sobre las instalaciones
eléctricas del inmueble ubicado en
la calle 3 No. 10-25, barrio Divino Niño del corregimiento de La Loma, municipio El Paso, Cesar se detectó
en dos (2) ocasiones una anomalía técnica consistente en “Alteración de la
posición del medidor - Medidor electromecánico con posición alterada genera
error en la medida con 25° de inclinación”. Para sustentar lo anterior, se aportó
al proceso el Acta de Revisión No. 22381343 del veintiocho (28)
de enero de dos mil dieciséis (2016) y el Acta de Revisión No. 23245341 del
tres (3) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), en las cuales se dejó constancia
de la irregularidad advertida y se le informó a la titular del contrato de
condiciones uniformes que regula la prestación del servicio público
domiciliario de energía eléctrica, esto es, la señora Emilse Madrid López su derecho
a ser asistida por un técnico particular[140].
Como consecuencia de la anomalía técnica encontrada en el inmueble en mención,
se allegaron al proceso dos (2) facturas de cobro. La primera del treinta (30)
de enero de dos mil dieciséis (2016) por valor de cuatro millones trescientos
treinta mil doscientos noventa pesos ($4,330,290) correspondiente al periodo
comprendido entre el treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015) y el
veintiocho (28) de enero de dos mil dieciséis (2016)[141] y la segunda del
cuatro (4) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) por concepto de un millón
doscientos treinta y nueve mil seiscientos pesos ($1,239,600) equivalente al
periodo facturado entre el seis (6) de junio de dos mil dieciséis (2016) y el
tres (3) de noviembre de esa misma anualidad[142].
Las
circunstancias referidas podrían estar influyendo en el valor materia de cobro
por parte de la entidad accionada. Por esta razón y a efectos de determinar si
efectivamente el monto adeudado corresponde única y exclusivamente al uso elevado
de energía que está realizando un tercero en el predio con la aquiescencia de
la tutelante, o por el contrario ha tenido incidencia sobre ello la
constatación de una irregularidad existente en las
instalaciones eléctricas del bien, Electricaribe deberá, con el acompañamiento de la Defensoría Delegada para los Derechos
de la Población Desplazada y con sujeción al debido proceso, realizar una
visita al predio de la señora Emilse Madrid López tendiente a establecer de
manera clara, completa y detallada la real situación que la envuelve en
términos del consumo en su inmueble. En la visita, deberá establecerse con fundamento en el artículo 146[143] de la Ley 142 de
1994[144], si la presencia de un
medidor alterado es una carga que debe asumir
directamente la entidad con sus respectivas consecuencias.
Una vez se tenga claridad sobre este hecho y en esa medida
sobre el estado actual de la obligación, es decir el concepto del saldo a cargo
y las condiciones de pago de las facturas a partir del resultado que arroje la
inspección ocular ordenada, la Electrificadora del Caribe deberá informar a la
usuaria las alternativas actuales que le permitan normalizar la obligación
atrasada por hacer parte de la población desplazada por la
violencia. La entidad deberá garantizar que en la fórmula de arreglo que se
acuerde se tenga en cuenta la particular situación material de la actora
para sufragar el servicio público domiciliario. De ahí que su suscripción deba
realizarse dentro de unas condiciones que le sean
asequibles, que se armonicen con su penosa situación y en las que sea considerada
la abstención del cobro de intereses moratorios derivados de la deuda. Lo
anterior con fundamento en que como el deudor, en este caso, la señora Emilse
no propició la situación de desplazamiento forzado, es decir no medió culpa de
su parte, queda exonerada de responsabilidad y por ende del pago de este tipo
de perjuicios como ha sido ordenado por esta Corporación en oportunidades
anteriores[145].
7. Conclusión
7.1. Las personas en condición de
desplazamiento forzado son sujetos de especial protección constitucional en
tanto pertenecen a un sector de la población que permanece en
una situación dramática y de continua vulneración de sus derechos fundamentales
por haber soportado cargas excepcionales. Por
ello, el Estado e incluso los particulares por virtud del principio de
solidaridad están obligados a emplear acciones positivas que cesen o al menos
aminoren su circunstancia de debilidad manifiesta. En situaciones concretas, este
deber se traduce en una consideración especial cuando se trata del cumplimiento
de obligaciones económicas como ocurre con el pago de servicios públicos
domiciliarios que por su misma calidad victimizante no han podido atender
oportunamente. En estos supuestos, las empresas prestadoras deben acordar la
implementación de acuerdos de pago y excepcionalmente disponer la exoneración
siempre que se constate un real abandono del inmueble objeto de cobro.
7.2. Una empresa de servicios públicos domiciliarios no
vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la
igualdad de una persona en condición de desplazamiento forzado cuando decide no
exonerarla del pago del servicio de energía registrado en un inmueble de su
propiedad que tuvo que abandonar por razón de la violencia, si de las
circunstancias fácticas del caso concreto se observa que durante todo el
periodo de desarraigo ha existido un consumo periódico en el predio causado por
la presencia de un tercero que habita el lugar bajo el consentimiento expreso
de la propietaria. No obstante, en estos supuestos, con fundamento en el deber
de solidaridad, deben brindarse opciones de alivio económico que consulten
tanto la calidad de desplazado del deudor como las
condiciones materiales de existencia en las que se encuentra.
Cuando el Estado incumple su deber
básico de preservar las condiciones mínimas de orden público, necesarias para
prevenir el desplazamiento forzado de personas, tiene por lo menos que
garantizarle a los cientos de miles de colombianos que han tenido que abandonar
sus hogares y afrontar condiciones extremas de existencia posibilidades de
superación y de reconstrucción de sus vidas, atendiendo siempre a sus requerimientos
y necesidades especiales.
V. DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida por
el Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Cartagena, el dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciséis (2016), que
confirmó el fallo proferido en primera instancia por el Juzgado
Quinto de Pequeñas Causas Laborales de Cartagena el doce (12) de abril de dos
mil dieciséis (2016), en el cual se declaró
improcedente la acción de tutela presentada por la señora Emilse Madrid López.
En su lugar, CONCEDER la protección invocada para el amparo del derecho
fundamental al debido proceso por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
Segundo.-
ORDENAR a la Electrificadora del
Caribe -Electricaribe S.A. E.S.P.- que, en el término de un (1) mes contado a
partir de la notificación de la presente sentencia, realice
con el acompañamiento de la Defensoría Delegada para los Derechos de la
Población Desplazada y con sujeción al debido proceso una visita al inmueble de
propiedad de la señora Emilse Madrid López, ubicado en la
calle 3 No. 10-25, barrio Divino Niño del corregimiento de La Loma, municipio
El Paso, Cesar, tendiente a establecer de manera clara, completa y detallada la real situación que envuelve a
la tutelante en términos del consumo de energía en el bien.
Lo anterior,
por cuanto resulta necesario esclarecer si efectivamente el monto adeudado a la fecha por concepto del pago de
servicios públicos domiciliarios corresponde única y exclusivamente al uso
elevado de energía que está realizando en el predio un tercero, o por el
contrario ha tenido incidencia sobre ello la constatación de una anomalía técnica detectada en las instalaciones
eléctricas consistente en “Alteración de la posición del medidor -Medidor
electromecánico con posición alterada genera error en la medida con 25° de
inclinación”. En la visita, deberá establecerse con fundamento en el artículo 146 de la
Ley 142 de 1994, si la presencia de un medidor alterado es una carga que debe asumir directamente la entidad con
sus respectivas consecuencias.
Tercero.- ORDENAR a la Electrificadora del Caribe -Electricaribe S.A.
E.S.P.- que, una vez tenga claridad sobre la situación de consumo en el
inmueble y el estado actual de la obligación, deberá, si aún no lo ha hecho, implementar un acuerdo de pago con
la señora Emilse Madrid López, informándole sobre las alternativas actuales que
le permitan normalizar la obligación atrasada por
hacer parte de la población desplazada por la violencia.
En todo
caso, deberá garantizar con fundamento en el principio de solidaridad que en la
fórmula de arreglo que se acuerde se tenga en cuenta la particular
situación material de la actora para sufragar el servicio público domiciliario
de energía. De ahí que su suscripción deba realizarse dentro de unas condiciones que le sean asequibles, que se
armonicen con su penosa situación y en las que sea considerada la abstención
del cobro de intereses moratorios derivados de la deuda. Lo
anterior con fundamento en que como el deudor, en este caso, la señora Emilse Madrid
López no propició la situación de desplazamiento forzado, es decir no medió
culpa de su parte, queda exonerada de responsabilidad y por ende del pago de
este tipo de perjuicios.
Cuarto.- NEGAR la pretensión de exoneración en el pago del servicio
público de energía invocada por la señora Emilse Madrid López, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Quinto.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las
comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] La accionante nació el siete (7) de mayo de mil
novecientos cincuenta y tres (1953), según se desprende de la fotocopia de la
cédula de ciudadanía aportada al proceso (folio 9). En adelante, siempre que se
haga mención a un folio del expediente se entenderá que hace parte del cuaderno
principal, a menos que se diga expresamente otra cosa.
[2] Folio 1. De la anterior afirmación la Sala advierte
que la accionante por error hizo referencia a seis (6) hijos constatándose por
ella misma que son cinco (5).
[3] La peticionaria señala que adquirió préstamos con
entidades bancarias que le permitieron mejorar su situación económica, abrir un
hotel y vivir de los ingresos allí obtenidos (folio 1).
[4] La Sala advierte que en algunos elementos de juicio
aportados al proceso se indica que el predio de propiedad de la actora se
encuentra ubicado en el barrio Divino Niño del corregimiento de La Loma, Cesar
y en otros se señala al barrio Luis Hernando Restrepo del mismo lugar. En el
expediente no hay evidencia alguna de que correspondan a inmuebles diferentes y
simplemente obedece a una situación de disparidad en la referencia por emplear
cuando se trata de indicar la localización del bien.
[5] Folio 49 del cuaderno de Revisión.
[6] “Por la cual se señalan criterios generales sobre
protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos
domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible por red física, en
relación con la facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la
relación entre la empresa y el usuario, y se dictan otras disposiciones”.
[7] “Por la cual se establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
[8] Folio 52 del cuaderno de Revisión.
[9] “Por la cual se establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
[10] Obra en el expediente, petición del veintidós (22) de
octubre de dos mil quince (2015) suscrita por la Defensora del Pueblo Regional
Bolívar, Irina Juniles Acosta en la cual solicita ante la Electrificadora del
Caribe lo siguiente: “Soportado en estas consideraciones, en especial, el deber
de solidaridad de las empresas de servicios públicos domiciliarios, frente a
las víctimas del conflicto armado, le solicitamos tenga a bien, realizar las
acciones pertinentes para garantizar la aplicación de las excepciones para el
pago de los servicios públicos en cabeza de una víctima del conflicto armado,
atendiendo los análisis jurisprudenciales señalados” (folios 10 al 12).
[11] Del expediente de tutela, se advierte que la empresa
le brindó una respuesta a la accionante mediante oficio del treinta (30) de
enero de dos mil dieciséis (2016) y más adelante reiteró las consideraciones
inicialmente plasmadas en un documento de fecha cuatro (4) de noviembre de dos
mil dieciséis (2016) (folios 15, 16, 17 y 19 y folios 85 y 86 del cuaderno de
Revisión).
[12] Folio 14.
[13] Folio 2.
[14] Folio 21 y folios 17, 26, 27 y 28 del cuaderno de
Revisión.
[15] Folios 25 al 28.
[16] Ana Margarita Pérez Hernández.
[17] El radicado de la tutela presentada corresponde al
siguiente número: 13001-40-71-004-2016-00031-00 (folio 33).
[18] Folios 30 al 32.
[19] Folio 80.
[20] Folios 80 al 87.
[21] Folio 14 del cuaderno de impugnación.
[22] Artículo  347. “Amenazas.
Modificado por el artículo 36 de la Ley 1142 de 2007. El que por cualquier
medio apto para difundir el pensamiento atemorice o amenace a una persona,
familia, comunidad o institución, con el propósito de causar alarma, zozobra o
terror en la población o en un sector de ella, incurrirá, por esta sola
conducta, en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de diez (10) a cien
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Modificado por el artículo 6
de la Ley 1309 de 2009, modificado por el artículo 4 de la Ley 1426 de 2010. Si
la amenaza o intimidación recayere sobre un servidor público perteneciente a la
Rama Judicial o al Ministerio Público o sus familiares, en razón o con ocasión
al cargo o función que desempeñe, la pena se aumentará en una tercera parte”.
[23] “Por la cual se
expide el Código Penal”.
[24] Junto a este documento se aportó un formato único de
noticia criminal con fecha veinte (20) de enero de dos mil quince (2015) en el
cual la accionante narra lo siguiente: “A raíz de las amenazas de muerte que
vengo recibiendo por parte del grupo denominado Los Urabeños cuando vivía en el
corregimiento La Loma Cesar tuve que venirme para la ciudad de Cartagena y
actualmente estoy residiendo en el Barrio San José Los Campanos desde el día 28
de septiembre del año 2014.  Las personas que me llaman se identifican como Los
Urabeños de La Loma Cesar y El Paso. Me dicen que ellos van a matar a mis hijos
si no les doy las cajas de municiones que me piden para fusiles. Me piden
dinero. Me mandaron a desocupar la región y por tal razón me vine para
Cartagena con mi familia” (folio 20 y folios 17 y 50 del cuaderno de Revisión).
[25] Adalberto Bermúdez Mendoza.
[26] Sargento Maestre.
[27] Folio 22.
[28] Folio 22.
[29] Adalberto Bermúdez Mendoza.
[30] Sargento Martínez.
[31] Folio 23.
[32] Folio 23.
[33] El número asignado a la solicitud es el siguiente:
130016001128201500642 (folio 61).
[34] Folio 61.
[35] Folios 34 al 41.
[36] Folio 40.
[37] Folios 17 al 36 del cuaderno de Revisión.
[38] Folios 38 al 89 del cuaderno de Revisión.
[39] Artículo 38 del Decreto 2591 de 1991. “Cuando sin motivo expresamente justificado la
misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante
ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente
todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de varias
acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado
con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de
reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las
demás sanciones a que haya lugar”. Esta norma fue declarada exequible mediante
la sentencia C-054 de 1993 (MP Alejandro Martínez Caballero).
[40] “Por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
[41] Ver principalmente la sentencia C-774 de 2001 (MP
Rodrigo Escobar Gil; AV Manuel José Cepeda Espinosa) en la cual se analizó la
constitucionalidad de algunos artículos del Decreto 2700 de 1991, “Por el cual
se expiden las normas de Procedimiento Penal” y de la Ley 600 de 2000, “Por la
cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
[42] Sobre la ejecutoria de las sentencias proferidas en
conocimiento de acciones de tutela, ver la SU-1219 de 2001 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa; SV Clara Inés Vargas Hernández), en la que se señaló, al
referirse al “valor de la revisión de los fallos de tutela por la Corte
Constitucional”, que: “La decisión de la Corte
Constitucional consistente en no seleccionar para revisión una sentencia de
tutela tiene como efecto principal la ejecutoria formal y material de esta
sentencia, con lo que opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
Salvo la eventualidad de la anulación de dicha sentencia por parte de la misma
Corte Constitucional de conformidad con la ley, la decisión de excluir la
sentencia de tutela de la revisión se traduce en el establecimiento de una cosa
juzgada inmutable y definitiva. De esta forma se resguarda el principio de la
seguridad jurídica y se manifiesta el carácter de la Corte Constitucional como órgano
de cierre del sistema jurídico”. Además, no puede perderse de vista la
tesis excepcional desarrollada por este Tribunal, a partir de la sentencia
SU-627 de 2015 (MP Mauricio González Cuervo; AV María Victoria Calle Correa,
Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio y Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; SV Alberto Rojas Ríos), en relación con la naturaleza no absoluta de
la cosa juzgada constitucional en materia de tutela, cuando se advierten
situaciones fraudulentas.
[43]Sobre el particular, puede consultarse la sentencia
T-327 de 1993 (MP Antonio Barrera Carbonell) en la que se examinó la temeridad
en la acción de tutela a propósito de haberse incoado por la accionante dos (2)
recursos de amparo cuyas pretensiones, hechos, fundamentos juridicos y pruebas
aportadas eran exactamente iguales.
[44]  Véase, entre otras, la sentencia T-184 de 2005 (MP
Rodrigo Escobar Gil). Con ocasión de una acción de tutela interpuesta varias
veces con la misma pretensión, la respectiva Sala de Revisión sistematizó los
presupuestos de la temeridad. Igualmente puede observarse la sentencia T-679 de
2009 (MP María Victoria Calle Correa).
[45] Inciso tercero del artículo 25 del Decreto 2591 de
1991. “Si la tutela fuere rechazada o denegada
por el juez, éste condenará al solicitante al pago de las costas cuando
estimare fundadamente que incurrió en temeridad”.
[46] Inciso segundo del artículo 38 del Decreto 2591 de
1991. “El abogado que promoviere la presentación
de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será
sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años.
En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin
perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar”.
[47] Ley 1564 de 2012, artículo 80. “Cada una de las partes responderá por los perjuicios
que con sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe cause a la otra o a
terceros intervinientes. Cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de
tal conducta, el juez, sin perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá
la correspondiente condena en la sentencia o en el auto que los decida. Si no
le fuere posible fijar allí su monto, ordenará que se liquide por incidente. ||
A la misma responsabilidad y consiguiente condena están sujetos los terceros
intervinientes en el proceso o incidente. || Siendo varios los litigantes
responsables de los perjuicios, se les condenará en proporción a su interés en
el proceso o incidente”.
[48] Ley 1564 de 2012, artículo 81. “Al apoderado que actúe con temeridad o mala fe se le
impondrá la condena de que trata el artículo anterior, la de pagar las costas
del proceso, incidente o recurso y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios
mínimos mensuales. Dicha condena será solidaria si el poderdante también obró
con temeridad o mala fe. || Copia de lo pertinente se remitirá a la autoridad
que corresponda con el fin de que adelante la investigación disciplinaria al
abogado por faltas a la ética profesional”.
[49] “Por medio de la cual se expide el Código General del
Proceso y se dictan otras disposiciones”.
[50] En efecto, la
Corte Constitucional ha señalado que en los casos en que se formule más de una
acción de tutela entre las mismas partes, por los mismos hechos y con idénticas
pretensiones, el juez puede tenerla por temeraria siempre que considere que
dicha actuación (i) resulta amañada, en la medida en que el actor se reserva
para cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus pretensiones;
(ii) denote el propósito desleal de “obtener la satisfacción del interés
individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación
judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable”; (iii) deje al
descubierto el “abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de
mala fe se instaura la acción”; o finalmente (iv) se pretenda a través de
personas inescrupulosas asaltar la “buena fe de los administradores de
justicia”. Ver, entre otras, las sentencias T-1103 de 2005 (MP Jaime Araujo
Rentería), T-184 de 2005 (MP Rodrigo Escobar Gil), SU-713 de 2006 (MP Rodrigo
Escobar Gil; SV Jaime Araujo Rentería), T-678 de 2006 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), T-695 de 2006 (MP Jaime Araujo Rentería), T-878 de 2006 (MP Clara
Inés Vargas Hernández), T-089 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-516
de 2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández; AV Manuel José Cepeda Espinosa), T-679
de 2009 (MP María Victoria Calle Correa), T-389 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), T-621 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-266 de 2011 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva), T-660 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-497 de
2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto; SVP Luis Ernesto Vargas Silva), T-327
de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-237 de 2013 (MP María Victoria Calle
Correa), SU-377 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa; SVP Luis Guillermo
Guerrero Pérez), T-206 de 2014 (MP Nilson Pinilla Pinilla), SU-055 de 2015 (MP
María Victoria Calle Correa), T-454 de 2015 (MP Myriam Ávila Roldán (e); SV
Alberto Rojas Ríos), T-596 de 2015 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-001 de
2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV Luis Ernesto Vargas Silva), T-147 de
2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV Jorge Iván Palacio Palacio), T-229 de
2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; SVP Alberto Rojas Ríos).
[51] MP Humberto Antonio Sierra Porto.
[52] También se puede resaltar la posibilidad de
interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere
una sentencia de unificación, cuyos efectos hace explícitamente extensivos a un
grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso si con
anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de tutela por los mismos
hechos y con la misma pretensión.
[53] Mediante Auto del veintinueve (29) de julio de dos
mil dieciséis (2016), la Sala de Selección No. 7 de la Corte Constitucional
excluyó de revisión este primer proceso de tutela, el cual estaba radicado con
el número T-5608677.
[54] Folios 10 al 12.
[55] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[56] Derecho de petición de fecha veintiocho (28) de julio
de dos mil quince (2015) con respuesta por parte de la entidad accionada el
once (11) de agosto de esa anualidad (folios 49 y 52 del cuaderno de Revisión).
[57] Folio 9.
[58] “Por la cual se establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
[59] Folio 52 del cuaderno de Revisión.
[60] Constitución
Política, artículo 86. “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente
y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública”.
[61] “Por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
[62] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[63] Para una explicación
de la fuente directa que el Constituyente de mil novecientos noventa y uno
(1991) tuvo para establecer la procedencia de la acción de tutela contra
particulares, ver la sentencia T-099 de 1993 (MP Alejandro Martínez Caballero).
[64] De acuerdo con el artículo 1 de los Estatutos de la
entidad, Electricaribe S.A. E.S.P. es una sociedad anónima comercial que se
constituye como una empresa de servicios públicos según la Ley 142 de 1994.
[65] Si bien el término para interponer la acción de
tutela no puede establecerse de antemano, el juez está en la obligación de
verificar cuándo no se ha interpuesto de manera razonable para evitar que se
convierta en un factor de inseguridad que lesione los derechos fundamentales de
terceros o que desnaturalice la acción.
[66] De los elementos de juicio obrantes en el proceso, no
se advierte una fecha exacta de presentación de la acción de amparo pues
únicamente obra escrito de tutela con fecha noviembre de dos mil quince (2015)
sin precisarse el momento de recepción de la petición ante la autoridad
judicial competente (folio 1).
[67] En
la sentencia T-299 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo) se examinó de manera
puntual el requisito de inmediatez a propósito de una tutela en la que se
solicitaba la inclusión en el Registro Único de Víctimas de un grupo de
personas en situación de desplazamiento. En esta ocasión, la Sala Quinta de
Revisión estimó que la vulneración a los derechos fundamentales de los
accionantes había sido continuada en el tiempo, pese a que los hechos habían
tenido ocurrencia en el año dos mil seis (2006). Precisó que su condición
desfavorable era actual, en tanto no se había resuelto su situación, por lo que
se hallaba acreditado este requisito formal. Sobre el particular, señaló:
“También ha aceptado la Corte que no
es exigible de manera estricta el principio de inmediatez en la interposición
de la tutela, cuando “(i)...se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual y (ii) la
especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos
fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga
de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”. Así, cuando se
trata de la procedencia de la acción de tutela para efectos de proteger los
derechos fundamentales de la población desplazada, el presupuesto de la
inmediatez debe ser aplicado de manera flexible a partir de la consideración
según la cual, sobre ellos se predica la titularidad de una especial protección
constitucional, merced a las circunstancias particulares de vulnerabilidad,
indefensión y debilidad manifiesta en la que se encuentran, y a la necesidad de
que se les brinde una protección urgente e inmediata en procura de que les sean
garantizadas unas condiciones mínimas de subsistencia dignas.
[68] Al respecto la sentencia T-222 de 2014 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva) señaló: “No puede predicarse idoneidad y eficacia de un
recurso sin hacerse un análisis concreto. Ello implica que el juez
constitucional despliegue una carga argumentativa a fin de determinar la
procedencia de la tutela. No es dable en un Estado Social de Derecho que un
juez constitucional niegue por improcedente un amparo constitucional sin si
quiera analizar, paso a paso, el requisito de subsidiariedad”. En aquella
oportunidad, la Sala Novena de Revisión estimó procedente una acción de tutela
presentada por tres (3) ciudadanos contra compañías de seguros por cuanto, a
pesar de existir un medio judicial de defensa para controvertir los asuntos contractuales
en conflicto, este no era eficaz por la calidad de sujetos de especial
protección constitucional de los accionantes quienes se encontraban en
condición de discapacidad y carecían de recursos económicos. La jurisprudencia
constitucional ha señalado que hay especiales condiciones que deben ser
analizadas en cada caso concreto para determinar la procedencia de la acción,
por ejemplo, que la persona interesada sea sujeto de especial protección
constitucional, como sucede con las personas de la tercera edad o con quienes
por sus condiciones de vulnerabilidad económica, de salud o familiares, no les
sea exigible acudir a otra vía judicial para solicitar la protección de su
derecho, habida cuenta del tratamiento preferencial que su condición exige, con
lo cual el análisis de procedibilidad se flexibiliza haciéndose menos exigente.
[69] En ciertos casos, además, este puede ser un argumento
para proveer una solución principal y definitiva. En ese sentido, la sentencia
T-396 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) indicó: “[L]a acción de tutela
procederá como mecanismo principal y definitivo en el evento en que el medio
judicial previsto para este tipo de controversias no resulte idóneo y/o eficaz
en el caso concreto”. Esta posición ha sido reiterada por las sentencias T-820
de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-354 de 2012 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva), T-140 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-491 de 2013 (MP
Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-327 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa),
T-471 de 2014 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), entre muchas otras.
[70] La procedencia de la acción de tutela promovida por
las personas víctimas de desplazamiento forzado se encuentra reiteradamente
estudiada en, entre otras, las sentencias SU-1150
de 2000 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-025 de 2004 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), T-813 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yepes (e),  T-136 de 2007 y T-787
de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-869 de 2008 (MP Mauricio González
Cuervo), T-215 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-085 de 2010 (MP
María Victoria Calle Correa).
[71] Sentencia T-282 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva; SV Mauricio González Cuervo). En aquella ocasión, la Sala Novena de
Revisión examinó la vulneración del derecho fundamental a la vivienda digna de
los peticionarios como personas indígenas y en condición de desplazamiento
forzado dentro de un trámite policivo adelantado en su contra por la ocupación
de un bien fiscal.
[72] En aplicación de este criterio jurisprudencial,
pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-1094 de 2004 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa), T-821 de 2007 (MP Catalina Botero Marino (e); AV Jaime Araujo
Rentería), T-218 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa). Al respecto, en
sentencia T-192 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), la Sala Quinta de
Revisión sintetizó la imposibilidad de aplicar las reglas ordinarias de
procedencia de la acción de tutela para los casos de población en situación de
desplazamiento, así: “(i) Aunque existen otros medios de defensa judicial ante
la jurisdicción ordinaria que garantizan la protección de los derechos de este
grupo de personas, éstos no son idóneos ni eficaces debido a la situación de
gravedad extrema y urgencia en la que se encuentran. || (ii) No es viable
exigir el previo agotamiento de los recursos ordinarios como requisito de
procedibilidad de la acción, pues, debido a la necesidad de un amparo
inmediato, no es posible imponer cargas adicionales a la población desplazada.
|| (iii) Por ser sujetos de especial protección, dada la condición particular
de desamparo, vulnerabilidad e indefensión en que se encuentran, requieren de una defensa
constitucional, por lo que el juez de tutela debe evaluar con particular
atención las circunstancias de debilidad manifiesta”.
[73] Folio 9.
[74] Folio 21 y folios 17, 26, 27, 28, 35 y 36 del
cuaderno de Revisión.
[75] Folio 1.
[76] MP Mauricio González Cuervo.
[77] MP Martha Victoria Sáchica Méndez (e).
[78] MP Mauricio González Cuervo. En esta ocasión, al analizar de manera expresa el requisito de
subsidiariedad a propósito de la acción de tutela presentada por una persona en
situación de desplazamiento que invocaba su inclusión en el RUV, tras haber
sido víctima de hechos violentos causados por delincuencia común, la Sala
Segunda de Revisión consideró que: “En los casos de desplazamiento forzado,
dadas las condiciones de los accionantes que en su gran mayoría son personas de
escasos recursos económicos, que se encuentran excluidos de los beneficios de
la educación y la cultura y que desconocen los procedimientos existentes para
la defensa de sus derechos; exigirles un conocimiento jurídico experto en la
reclamación de los mismos y en el agotamiento previo de los recursos ordinarios
es en criterio de esta Corporación desproporcionado; motivo por el cual la Sala
procederá a revisar el caso puesto a su consideración en la presente
oportunidad”.
[79] Las consideraciones que se expondrán a continuación
fueron expresamente plasmadas, en su mayoría, en las sentencias T-831 de 2011
(MP Juan Carlos Henao Pérez), T-556 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa) y
T-380 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa).
[80] MP Alejandro Martínez Caballero.
[81] Esta misma posición fue adoptada en las sentencias
T-517 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-006 de 2014 (MP Mauricio
González Cuervo), T-834 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), Auto No. 119
de 2013 de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[82] El Auto No. 119 de 2013 de seguimiento a la sentencia
T-025 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) recoge esta argumentación y
reitera que el concepto de persona en situación de desplazamiento es amplio y
que ello encuentra asidero en el hecho de que su condición supone per se la
afectación de una multiplicidad de derechos fundamentales. De ahí la
eliminación de la rigidez al momento de examinar su status de tal. Sobre
el particular, se indicó textualmente: “Al
delimitar el término ‘desplazado interno’, la Corte ha establecido que debe ser
considerado en términos amplios, atendiendo a que sus causas pueden ser
diversas, indirectas, y con la participación concurrente de diversos actores,
tanto ilegítimos como legítimos. En igual
sentido, al hacer referencia a los dos elementos mínimos que son necesarios
para que se configure la condición de persona desplazada por la violencia, este
Tribunal ha interpretado ‘la coacción’ de una manera amplia, es decir, como
hechos de carácter violento. Al precisar qué se debe entender por los hechos de
carácter violento que provocan la situación de desplazamiento forzado, la Corte
sostuvo que la definición consignada en el artículo 1º de la Ley 387 no debe
entenderse de manera restringida y taxativa, sino de modo enunciativo.
Así, en el marco de los escenarios
enunciados en la Ley 387 de 1997, la Corte ha anotado que el desplazamiento
forzado se configura cuando se presenta cualquier forma de coacción.  Por
lo tanto, la Corte afirmó que es indiferente para adquirir la condición de
desplazado el tipo de violencia que sufrió esa población, ya sea ideológica,
política o común”.
[83] “Por la cual se adoptan medidas para la prevención
del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y
estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en
la República de Colombia”.
[84] Se transgrede así el derecho a la vida en condiciones
de dignidad, a escoger un lugar de domicilio, al libre desarrollo de la
personalidad, a la libertad de expresión y de asociación, a la unidad familiar,
a la salud, a la integridad y a la seguridad personal, a la libertad de
circulación por el territorio nacional, a permanecer en el sitio escogido para
vivir, al trabajo, a la libertad de escoger profesión u oficio, a la
alimentación mínima, a la educación, a una vivienda digna, a la paz, a la
personalidad jurídica y a la igualdad, entre otros. Este quebranto se hace más
desmesurado cuando en esta condición están incursos sujetos de especial
protección constitucional como los niños, las personas en condición de
discapacidad, los adultos mayores y quienes ostentan la calidad de madres o
padres cabeza de familia.
[85] Sentencia T-025 de 2004 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[86] Mediante sentencia T-025 de 2004 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa), la Sala
Tercera de Revisión declaró el estado de
cosas inconstitucional en razón precisamente a la violación prolongada y
reiterada de los derechos de la población desplazada, la cual a su juicio, no
era imputable a una única autoridad, sino que obedecía a un problema
estructural que afectaba a toda la política de atención diseñada por el Estado.
En razón de lo anterior, se impartieron una serie de órdenes con el fin de
solventar esa grave situación y superar de esta manera el estado de cosas
inconstitucional. Dada la complejidad de las medidas, en virtud del artículo 27
del Decreto Ley 2591 de 1991, se decidió crear una Sala Especial de Seguimiento
que verificará el cumplimiento de la sentencia, la cual ha venido profiriendo
diferentes autos.
[87] Constitución Política, artículo 13. “El estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta”.
[88] Sentencia T-792 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), cuyo contenido será analizado más adelante.
[89] Sentencia T-540 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
En esta sentencia, los accionantes aducían la vulneración del derecho al debido
proceso administrativo por parte de las entidades públicas y privadas
accionadas encargadas de la prestación de servicios públicos, al convenir la
facturación y cobro conjunto de los servicios de energía y aseo con la
posibilidad de ampliarla a los servicios de agua y alcantarillado, sin su
participación.
[90] Constitución Política, artículo 1. “Colombia es un
Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia
del interés general”.
[91] Constitución Política, artículo 95, numeral 2. “La
calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional.
Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica
responsabilidades. || Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y
las leyes. || Son deberes de la persona y el ciudadano: (…) 2. Obrar conforme
al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante
situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.
[92] Sentencia T-550 de 1994 (MP José Gregorio Hernández
Galindo). En dicha ocasión, los peticionarios solicitaban el amparo de sus
derechos fundamentales presuntamente vulnerados como consecuencia de la
construcción de unas obras realizadas por una sociedad sobre bienes de uso
público que, en su criterio, impedían la libre circulación por la zona así como
el despliegue de otras actividades básicas.
[93] Ver, entre otras, la sentencia T-005 de 1995 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz), en la cual se hizo un detallado desarrollo del
principio de solidaridad constitucional, con ocasión de una acción de tutela
promovida por una persona de ochenta y cuatro (84) años, quien contaba con una
sustitución pensional pero la entidad pagadora ordenó suspender el cubrimiento
de un tratamiento médico que se venía ejecutando con ocasión de un tumor
cerebral que padecía la accionante.
[94] Desde la sentencia T-125 de 1994 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz), se hizo referencia a los deberes constitucionales, y
puntualmente frente a la solidaridad se dijo que el Estado Social de derecho
“se traduce en la vigencia inmediata de los derechos fundamentales”. Definió a
este principio de la siguiente manera: “La solidaridad es un valor
constitucional que presenta una triple dimensión. Ella es el fundamento de la
organización política; sirve, además, de pauta de comportamiento conforme a la
cual deben obrar las personas en determinadas situaciones y, de otro lado, es
útil como un criterio de interpretación en el análisis de las acciones u
omisiones de los particulares que vulneren o amenacen los derechos
fundamentales. La solidaridad como modelo de conducta social permite al juez de
tutela determinar la conformidad de las acciones u omisiones particulares según
un referente objetivo, con miras a la protección efectiva de los derechos
fundamentales”. En esta ocasión, el peticionario solicitaba que por la vía de
la acción de tutela se obligara a un particular, en este caso a su propio hijo,
a suministrar información relativa a un negocio jurídico en el que tenía
interés directo e, incluso, se hiciera exigible judicialmente en su favor el
pago de la parte del precio que le correspondía por concepto de sus derechos
sobre el bien objeto de compraventa.
[95] Según el informe para primer debate en plenaria,
presentado por los constituyentes Jaime Benítez, Tulio Cuevas, Angelino Garzón,
Guillermo Guerrero, Iván Marulanda, Guillermo Perry, Oscar Hoyos, Carlos Lemos,
Rodrigo Lloreda, Ignacio Molina, Carlos Ossa y Miguel Antonio Yepes, titulado
“Finalidad social del Estado y la Seguridad Social”: “Nuestra opción es por un
Estado social, en sentido estricto, y que como tal no actúa obedeciendo a los
dictados de la beneficencia y de la caridad sino como respuesta a los más
elementales derechos de los ciudadanos. Un Estado como agente de justicia
social”. Ver, Gaceta Constitucional No. 78, mayo de mil novecientos noventa y
uno (1991).
[96] Artículo 128 de la Ley 142 de 1994, “Por la cual se
establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”.
[97] Artículo 367 de la Constitución Política.
[98] Modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001,
“Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994”.
[99] “Por la cual se establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
[100] Dicho
artículo ha sido demandado por inconstitucional en varias ocasiones y en las
sentencias que han resuelto este cargo (C-493
de 1997 MP Fabio Morón Díaz y C-690 de 2002 MP Eduardo Montealegre Lynett) se ha considerado que está justificado,
es razonable y por ende ajustado a la Carta que el propietario sea
solidariamente responsable de las obligaciones en el contrato de servicios
públicos, pues éste se beneficia del bien al valorizarse o al obtener mayores
ingresos si celebra un contrato de arrendamiento ofreciendo el goce de estos
servicios.
[101] Lo anterior se armoniza con lo previsto en el
artículo 140 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 19 de la Ley 689
de 2001 que establece entre las causales de suspensión del servicio por
incumplimiento del contrato, la falta de pago por el término que fije la
entidad prestadora, sin exceder en todo caso de dos (2) períodos de facturación
en el evento en que ésta sea bimestral y de tres (3) períodos cuando sea
mensual.
[102] Sentencia T-792 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), cuyo contenido será analizado más adelante.
[103] Este
artículo establece lo siguiente: “[l]as entidades señaladas en el artículo 368
de la Constitución Política podrán conceder subsidios en sus respectivos
presupuestos de acuerdo a las siguientes reglas: … 99.9 Los subsidios que
otorguen la Nación y los departamentos se asignarán, preferentemente, a los
usuarios que residan en aquellos municipios que tengan menor capacidad para
otorgar subsidios con sus propios ingresos. En consecuencia y con el fin de cumplir
cabalmente con los principios de solidaridad y redistribución no existirá
exoneración en el pago de los servicios de que trata esta ley para ninguna
persona natural o jurídica”.
[104] “Por la cual se establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
[105] “Por la cual se señalan criterios generales sobre
protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos
domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible por red física, en
relación con la facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la
relación entre la empresa y el usuario, y se dictan otras disposiciones”.
[106] “Por la cual se establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
[107] Con respecto a la fuerza mayor, en la sentencia T-518
de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) se dijo que es una causal de
inexigibilidad de la obligación y que se caracteriza, siguiendo a la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia del 13 de noviembre
de 1962), por tratarse de un acontecimiento inimputable, imprevisible e
irresistible. De este modo, la circunstancia de fuerza mayor se configura
cuando a) ésta no se derive en modo alguno de la conducta culpable del
obligado, de su estado de culpa precedente o concomitante del hecho
(inimputable), b) el suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que
ante la conducta prudente adoptada por el que la alega, era imposible de
preverlo. Es decir que dentro de las circunstancias normales de la vida, no sea
posible contemplar por anticipado su ocurrencia (imprevisible) y c) ante las
medidas tomadas fue imposible evitar que el hecho se presentara. Esto es, que
el agente no puede evitar su acaecimiento ni superar sus consecuencias (irresistible).
En dicha oportunidad, la Sala Sexta de Revisión debió examinar si en el marco
de un proceso verbal se había incurrido en un defecto sustantivo como
consecuencia de la inaplicación de unas disposiciones legales.
[108] La situación del desplazamiento forzado y su relación
con el cumplimiento de obligaciones pecuniarias ha sido analizada por esta
Corporación, entre otras, en las sentencias T-520 de 2003 (MP Rodrigo Escobar
Gil), T-419 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra), T-358 de 2008 (MP Nilson
Pinilla Pinilla), C- 1011 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-312 de 2010 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-448 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), T-725 de 2011 (MP Nilson Pinilla Pinilla; AV Humberto Antonio Sierra
Porto), T-752 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-386 de 2012 (MP Jorge
Iván Palacio Palacio), T-380 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa; SV Luis
Guillermo Guerrero Pérez). En estos supuestos, las diferentes Salas de Revisión
han considerado que el desconocimiento por parte de las entidades accionadas,
en su mayoría, instituciones bancarias o encargadas de la prestación de un
servicio público, de la situación de desplazamiento forzado de los
peticionarios rompe el deber de solidaridad que se debe tener frente a quienes
se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Se ha señalado que las
distintas entidades del Estado e, inclusive los particulares, tienen la
obligación de evitar que las consecuencias de este fenómeno social se extiendan
a los distintos ámbitos personales de la víctima, de manera que se hagan más
gravosas.
[109] MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[110] De acuerdo con la accionante, el inmueble permaneció
deshabitado por cincuenta y cinco (55) meses y la Electrificadora del Caribe
procedió a cobrarle por concepto del servicio de energía la suma de un millón
ciento cuarenta mil trescientos sesenta pesos ($1,140,360).
[111] MP Juan Carlos Henao Pérez.
[112] En la sentencia C-1186 de 2008 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa; AV Jaime Araujo Rentería), al estudiarse la constitucionalidad de la
Ley 1194 de 2008, “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento
Civil y se dictan otras disposiciones”, se indicó que las víctimas de los
delitos de secuestro, desaparición forzada, toma de rehenes y desplazamiento
forzado están sometidas al imperio de una fuerza mayor. Sobre el particular,
pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-015 de 1995 (MP Hernando
Herrera Vergara), T-1337 de 2001 (MP Rodrigo Uprimny Yepes (e), T-786 de 2003
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-013 de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-821
de 2007 (MP Catalina Botero Marino (e); AV Jaime Araujo Rentería).
[113] MP Juan Carlos Henao Pérez.
[114] Al expediente de tutela se aportó copia de los
registros civiles de nacimiento de los cinco (5) hijos de la accionante
relacionados de la siguiente manera: Olga Marcela Bohórquez Madrid de veinte
(20) años, Jorge Eliecer Bohórquez Madrid de veinticuatro (24) años, Juan
Carlos Bohórquez Madrid de veintisiete (27) años, Carlos Arturo Bohórquez
Madrid de veintiocho (28) años y Emilse Paola Bohórquez Madrid de treinta y un
(31) años. También se aportó registro civil de su sobrino, Martin Amaris Madrid
de treinta y dos (32) años de edad y de su nieta Damaris Esther Beleño
Bohórquez de trece (13) años de edad (folios 30 al 36 del cuaderno de
Revisión).
[115] Mediante oficio del veintitrés (23) de febrero de dos
mil diecisiete (2017), la accionante brindó dicha información a esta
Corporación (folios 17 al 36 del cuaderno de Revisión).
[116] Al proceso se aportó certificación de fecha julio de
dos mil trece (2013) expedida por la Directora de Registro y Gestión de la
Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
en la que se indica que la señora Emilse Madrid López identificada con la
cédula de ciudadanía No. 36390453 se desplazó del municipio El Paso, Cesar y se
encuentra incluida en el Registro Único de Víctimas como jefe de hogar desde el
veintisiete (27) de julio de dos mil uno (2001) junto a cinco (5) hijos y un
sobrino. También obra documento de fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil
diecisiete (2017) suscrito por la Directora de Registro y Gestión de la
Información de la Unidad para las Víctimas donde señala que por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado ocurrido en un primer momento el
veintisiete (27) de mayo de dos mil uno (2001) y posteriormente el diecisiete
(17) de junio de dos mil catorce (2014) en el municipio El Paso, Cesar, la
accionante se encuentra inscrita en el RUV en calidad de declarante y/o jefe de
hogar junto a su núcleo familiar integrado por cinco (5) hijos y un sobrino
llamado Martín Amaris Madrid. En el mismo documento se habla de un segundo
hecho por el cual se le atribuye la calidad de víctima relacionado con amenazas
ejercidas en su contra el diecisiete (17) de junio de dos mil catorce
(2014) en el municipio El Paso. Por razón de esta específica circunstancia,
junto a sus cinco (5) hijos, un sobrino y una nieta permanece incluida en el
RUV y recibe ayudas económicas (folios 17, 26, 27, 28, 35 y 36 del cuaderno de
Revisión).
[117] De acuerdo con la información brindada por la
accionante en sede de revisión, el inmueble ubicado en el barrio Divino Niño
del corregimiento de La Loma, municipio El Paso en el Departamento del Cesar,
es de su propiedad. Con anterioridad al momento del desplazamiento estaba
destinado para prestar un servicio de hotel y al mismo tiempo era su lugar de
residencia en compañía de su familia. Esta afirmación la soporta en la
Resolución No. 007 del diecisiete (17) de enero de dos mil once (2011)
proferida por la Directora Territorial del Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural -INCODER- Regional Cesar. En dicho acto administrativo se indica que el
veintiséis (26) de agosto de dos mil cuatro (2004), la señora Emilse Madrid
López presentó solicitud de adjudicación del predio rural denominado “Lote
Urbano”, ubicado en el corregimiento de La Loma, municipio El Paso en el
Departamento del Cesar. Mediante Resolución No. 145 del veintinueve (29) de
julio de dos mil nueve (2009), el Director Territorial del INCODER Cesar,
adjudicó a la solicitante el predio referido ubicado en el Centro Poblado de La
Loma con una extensión de cinco mil ochenta y un metros cuadrados (5.081 m2).
El anterior acto fue objeto de inscripción y registro en la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Chimichagua, Cesar con el número de matrícula
inmobiliaria 192-31901 del nueve (9) de noviembre de dos mil diez (2010). En
tal resolución, por error involuntario de transcripción se cometió una
impropiedad en la determinación del área titulable, al señalarse una extensión
diversa a la permitida por el artículo 1 numeral 1 del Acuerdo 014 de 1995. Por
esta razón, a través de la Resolución No. 007 del diecisiete (17) de enero de
dos mil once (2011) se procedió a corregir el error advertido indicándose que
el área adjudicable correspondía únicamente a dos mil (2000) metros cuadrados
(folios 19 al 23 del cuaderno de Revisión).
[118] Folios 56 al 84 del cuaderno de Revisión.
[119] Folios 87 al 89 del cuaderno de Revisión.
[120] Folio 49 del cuaderno de Revisión.
[121] “Por la cual se señalan criterios generales sobre
protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos
domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible por red física, en
relación con la facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la
relación entre la empresa y el usuario, y se dictan otras disposiciones”.
[122] “Por la cual se establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
[123] Folio 52 del cuaderno de Revisión.
[124] Folios 10 al 12.
[125] Folio 14.
[126] MP. Juan Carlos Henao Pérez.
[127] Folio 49 del cuaderno de Revisión.
[128] Folios 58, 65 y 83 cuaderno de Revisión.
[129] En la
sentencia T-525 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), la Sala Séptima de
Revisión estudió un caso en el que Electricaribe S.A. E.S.P. cobró un conjunto
de facturas en contravía a lo dispuesto en los artículos 130 y 140 de la Ley
142 de 1994. En dicha providencia se puso de presente lo siguiente: “En efecto,
la Sala no olvida que la Ley estableció una responsabilidad solidaria del
propietario, el usuario y el tenedor del inmueble frente a la obligación legal
de cumplir con el pago de los servicios públicos; pero igualmente no debe
olvidarse que la empresa prestadora del servicio, tiene igualmente la
responsabilidad de evitar el incremento desmesurado de cuentas insolutas,
sabiendo de ante mano que dicha solidaridad a la que se hace mención se rompe
cuando las facturas no pagadas son más de tres. De esta manera, si las facturas
no canceladas sumaron, como así sucede en el presente caso, más de cincuenta y
tres (53) meses, es consecuencia de la negligencia de la empresa ELECTRICARIBE
S.A. E.S.P. en asumir los correctivos más drásticos, para frenar esta
situación. Por esta razón, en el presente caso, no existen motivos para que la
accionante asuma las consecuencias jurídicas de tal omisión, más aún cuando,
las medidas que ahora se pretenden tomar respecto de ella, hacen evidente un
trato discriminatorio en relación con las que la empresa, al parecer, no asumió
frente al inquilino moroso, pues la empresa permitió que dicho inquilino se
beneficiaría de una u otra manera por más de cuatro años, con el suministro del
servicio de energía, el cual nunca canceló”. En idéntico sentido, mediante la
sentencia T-636 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández), la Sala Novena de
Revisión decidió proteger el derecho fundamental al debido proceso de un
ciudadano, el cual había sido vulnerado por la Empresa Electricaribe al
exigirle el pago de una deuda por concepto de energía eléctrica, por valor
superior a los catorce millones de pesos ($14,000,000) que correspondía a
treinta y cinco (35) facturas por energía, cuarenta y ocho (48) por aseo y una
(1) factura por alumbrado público. En esta oportunidad, se consideró que: “(…)
los artículos 130 y 140 de la ley 142 de 1994 constituyen un parámetro de
equilibrio contractual y de garantía de la equidad que debe reinar entre las
partes, que buscan proteger tanto al propietario de un inmueble como a la E.S.P.
Por un lado, se garantiza la suspensión del servicio a partir de la mora en el
pago de un número determinado de las facturas y, por tanto, se prescribe un
límite material de crecimiento de la deuda. De otra parte, la suspensión misma
constituye un mecanismo de coacción en favor del pago del crédito”. Conforme
con tal línea argumentativa, se le ordenó a la Empresa accionada declarar la
ruptura de la solidaridad y efectuar las liquidaciones a cargo del propietario
del inmueble, correspondientes a las tres (3) primeras facturas, más el monto
correspondiente a los gastos de reinstalación y reconexión, así como los
recargos por dicho concepto. Una vez efectuado el pago de tales valores, se
ordenó efectuar la reconexión inmediata del servicio.
[130] “Por la cual se establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
[131] “Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de
1994”.
[132] Folio 87 del cuaderno de Revisión.
[133] Folios 56 al 84 del cuaderno de Revisión.
[134] Folio 53 del cuaderno de Revisión.
[135] Folio 57 del cuaderno de Revisión.
[136] MP Manuel José Cepeda Espinosa.
[137] Estos riesgos son: “(i) el riesgo de violencia
sexual, explotación sexual o abuso sexual en el marco del conflicto armado;
(ii) el riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y
roles considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por parte
de los actores armados ilegales; (iii) el riesgo de reclutamiento forzado de
sus hijos e hijas por los actores armados al margen de la ley, o de otro tipo
de amenazas contra ellos, que se hace más grave cuando la mujer es cabeza de
familia; (iv) los riesgos derivados del contacto o de las relaciones familiares
o personales -voluntarias, accidentales o presuntas- con los integrantes de
alguno de los grupos armados ilegales que operan en el país o con miembros de
la Fuerza Pública, principalmente por señalamientos o retaliaciones efectuados
a posteriori por los bandos ilegales enemigos; (v) los riesgos derivados de su
pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, o
de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas
afectadas por el conflicto armado; (vi) el riesgo de persecución y asesinato
por las estrategias de control coercitivo del comportamiento público y privado
de las personas que implementan los grupos armados ilegales en extensas áreas
del territorio nacional; (vii) el riesgo por el asesinato o desaparición de su
proveedor económico o por la desintegración de sus grupos familiares y de sus
redes de apoyo material y social; (viii) el riesgo de ser despojadas de sus
tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales
dada su posición histórica ante la propiedad, especialmente las propiedades
inmuebles rurales; (ix) los riesgos derivados de la condición de discriminación
y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes; y (x)
el riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico
durante el proceso de desplazamiento”.
[138] Sentencia C-278 de 2007 (MP. Nilson Pinilla Pinilla;
SV. Jaime Araujo Rentería) en la cual se analizó la constitucionalidad de los
artículos 15 (parágrafo) y 18 (parágrafo) de la Ley 387 de 1997, “Por la cual
se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención,
protección, consolidación y estabilización socio económica de los desplazados
internos por la violencia de la República de Colombia”.
[139] Sentencia T-831 de 2011 (MP. Juan Carlos Henao
Pérez), previamente analizada.
[140] En desarrollo de lo anterior se obtuvieron registros
fotográficos que soportan el procedimiento adelantado los días de la revisión
técnica (folios 38 al 42 y 43 al
46 del cuaderno de Revisión).
[141] Factura No. 5800377187-21/22 (folio 47 del cuaderno
de Revisión).
[142] Factura No. 5800377197-07/04 (folio 48 del cuaderno
de Revisión).
[143] Artículo 146. “La medición del consumo, y el precio
en el contrato. Reglamentado por el Decreto Nacional 2668 de 1999. La empresa y
el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se
empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho
disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se
cobre al suscriptor o usuario. Cuando, sin acción u omisión de las partes,
durante un período no sea posible medir razonablemente con instrumentos los
consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes,
con base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o
usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o usuarios que
estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales. Habrá
también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos
anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos
individuales cuando se acredite la existencia de fugas imperceptibles de agua
en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al
usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección
el usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo
la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses. Transcurrido
este período la empresa cobrará el consumo medido. La falta de medición del
consumo, por acción u omisión de la empresa, le hará perder el derecho a
recibir el precio. La que tenga lugar por acción u omisión del suscriptor o
usuario, justificará la suspensión del servicio o la terminación del contrato,
sin perjuicio de que la empresa determine el consumo en las formas a las que se
refiere el inciso anterior. Se entenderá igualmente, que es omisión de la
empresa la no colocación de medidores en un período superior a seis meses
después de la conexión del suscriptor o usuario”.
[144] “Por la cual se establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
[145] Particularmente, puede consultarse la sentencia T-312
de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). Allí, el accionante manifestaba que
con anterioridad a su desplazamiento, había adquirido un crédito con la entidad
financiera Bancamía, pero que, una vez dejó su asiento económico como
consecuencia de las amenazas de grupos violentos, le fue imposible continuar
pagando cumplidamente las cuotas como lo venía haciendo. De ahí que solicitará
la aplicación de un periodo de gracia mientras recuperaba en forma óptima su
economía y finanzas. Para resolver el problema jurídico, la Sala Séptima de
Revisión estimó que la deuda no debía ser, en principio, exigible mientras
persistieran las circunstancias de indefensión y debilidad manifiesta del
accionante debido al desplazamiento, por cuanto en el nuevo escenario al que se
enfrentaba no tenía ningún medio de producción que le permitiera solventar su
economía familiar, hasta tanto no logrará un proceso de sostenibilidad
económica en el que pudiera continuar cumpliendo su obligación. Empero,
comoquiera que ordenar que no se hiciera exigible una obligación crediticia
durante el periodo de tiempo en que había durado el desplazamiento podía ser
desproporcionado, debía disponerse una renegociación de la deuda y una vez
surtido el acuerdo, si se había iniciado un proceso ejecutivo se debía terminar
por la entidad, teniendo en cuenta las consideraciones acerca de la
exigibilidad de créditos a personas desplazadas. En todo caso, el
incumplimiento de las obligaciones por parte del demandante desde la fecha del
desplazamiento y hasta notificada la sentencia no comportaban mora, lo que
implicaba a su vez que no se podía hacer uso de cláusulas aceleratorias, ni
cobrar en este tiempo intereses moratorios. Para mayor información, consultar
el pie de página 108.