C-059-10
Sentencia C-059/10
Sentencia C-059/10
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración
CITACION Y PARTICIPACION DE ASEGURADORA DENTRO DEL
PROCESO PENAL-Sólo para efectos de la
conciliación es inconstitucional
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ineptitud sustantiva de la demanda respecto de
expresiones del artículo 294 de la ley 906 de 2004
UNIDAD NORMATIVA-Integración
INCIDENTE
DE REPARACION INTEGRAL-Consecuencias
Varias son las consecuencias de esa configuración
legislativa inspirada en la Constitución: i) El incidente constituye una
primera oportunidad judicial como posición jurídica definitiva para hacer
efectivo el derecho a la reparación integral de la víctima que, prima facie,
contempla la Constitución. Derecho de acceder a la justicia a fin de alcanzar
dicho propósito y hacerlo efectivo, como acción de reparación integral, que es
también acción civil, al final del proceso penal, una vez declarado un sujeto
penalmente responsable (arts 229 y 250, num 6º y 7º, art. 102 CPP). ii) Otorga
un valor adicional a la conciliación en el incidente de reparación integral,
pues ella representa uno de los mecanismos que reflejan la fórmula
constitucional de la justicia restaurativa, que el Congreso de la República
configura dentro del procedimiento de reparación de la víctima a instancias del
juez penal (Art. 250, num 7º CP, art. 521 CPP).  iii) Los llamados a conciliar, en razón del
significado reconocido a esta figura en el incidente, asumen con mayor fuerza
vinculante los deberes propios de su condición como partes en el mismo (víctima
y condenado o defensor) o como intervinientes (tercero civilmente
responsable y aseguradora). Fundados en el respeto al derecho ajeno, en el no
abuso de los propios y en el deber de colaborar para el buen funcionamiento de
la administración de justicia (arts. 95, num 1 y 7 CP), tales deberes son el
proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos, obrar sin temeridad,
comparecer oportunamente a las diligencias y audiencias a las que son citados,
entregar a los servidores judiciales los objetos y documentos necesarios para
la actuación y los que le fueren requeridos, salvo las excepciones legales,
previstos claramente por el Legislador en el mismo Código de Procedimiento
Penal (arts. 140, num 1, 2, 6, 9). iv) Con intención evidentemente garantista y
producto de la aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis,
faculta al juez penal para propiciar un acuerdo que facilite alcanzar los
propósitos del incidente, que son en buena parte los que animan el sistema
acusatorio, a saber, el reparar a las víctimas de un delito probado y con un
sujeto declarado penalmente responsable, con la mayor agilidad, oportunidad y
en las mejores condiciones posibles para todas las partes y ante la misma
jurisdicción (art 103 CPP). En su defecto, le impone reconocer y practicar las
pruebas aportadas o solicitadas por quienes han participado en el incidente y
en definitiva adoptar la decisión que ponga fin al incidente (arts. 104 y 105
CPP) y reconozca la reparación integral (material, moral, simbólica, entre
otras) de la víctima del delito. Es decir, la configuración de un incidente
principal para que al terminar el proceso penal con sentencia condenatoria, se
haga posible la reparación integral de la víctima y la consolidación de los
objetivos que animan la justicia restaurativa, a través del acuerdo de
voluntades entre aquella y los llamados a responder, o a través del ejercicio
de los poderes y competencias de la jurisdictio reconocidas al juez de la causa
penal, lo cual se convierte en pieza esencial de la forma como la Constitución
prevé en el caso concreto la noción de justicia restaurativa.
TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE EN SISTEMA PENAL
ACUSATORIO-Momentos procesales para
citar al asegurador
TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE EN SISTEMA PENAL
ACUSATORIO-Operancia
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE FISCALIA Y EL
IMPUTADO O ACUSADO-Finalidad
PREACUERDOS DESDE LA AUDIENCIA DE FORMULACION DE
ACUSACION-Facultad de la Fiscalía de
tipificar conducta penal para disminuir la pena/FISCAL EN SISTEMA
PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Labor de adecuación típica con miras a lograr
acuerdos/PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL-Facultad de la Fiscalía de
tipificar conducta penal con miras a lograr acuerdos/TIPICIDAD PLENA O
TAXATIVIDAD-Facultad de la Fiscalía de tipificar conducta penal con miras a
lograr acuerdos
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE FISCALIA E IMPUTADO
O ACUSADO-Intervención de la víctima
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES EN EL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO-Configuración
El
acuerdo o la negociación comporta: el reconocimiento de responsabilidad por
parte del imputado o acusado; la existencia de un fundamento fáctico y
probatorio sobre el cual se produce el acuerdo; la renuncia libre, conciente,
voluntaria y debidamente informada del imputado o acusado al juicio público,
oral, concentrado y contradictorio; los descuentos punitivos derivados del
acuerdo. Una vez aprobado el acuerdo se convocará a audiencia para dictar la
sentencia correspondiente, mediante la cual se produce la terminación
anticipada al proceso
ACUERDOS Y PREACUERDOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Características
La Corte Constitucional ha considerado en materia de
acuerdos y preacuerdos lo siguiente (i) la existencia de estas figuras no
vulnera, per se, el derecho fundamental al debido proceso; (ii) el fiscal no
cuenta con una libertad absoluta al momento de adecuar la conducta punible;
(iii) a los hechos invocados en su alegación conclusiva, el fiscal no les puede
dar sino la calificación jurídica que corresponda conforme a la ley penal
preexistente; (iv) la intervención de las víctimas en los acuerdos y
preacuerdos debe ser compatible con los rasgos esenciales del sistema penal de
tendencia acusatoria; (v) no existe una necesaria coincidencia de intereses
entre la víctima y la Fiscalía, situación que debe ser tenida en cuenta en
materia de preacuerdos; (vi) si bien la víctima no cuenta con un poder de veto
de los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la defensa, tiene derecho a ser
oída e informada acerca de su celebración;  (vii) en la valoración del acuerdo,
el juez velará porque el mismo no desconozca o quebrante garantías
fundamentales del imputado y de la víctima; y (viii) en determinados casos, el
legislador puede restringir o incluso prohibir la celebración de acuerdos o
preacuerdos
ACUERDOS Y PREACUERDOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO-En toda negociación, los derechos de las victimas
deben ser garantizados
IMPROCEDENCIA DE ACUERDOS Y PREACUERDOS EN EL SISTEMA
PENAL ACUSATORIO-No puede confundirse
en cuanto a sus fines y objeto con aquellos del incidente de reparación
integral
SUSPENSION DE AUDIENCIA EN JUICIO ORAL-Contenido y alcance
PRINCIPIOS DE INMEDIATEZ Y CONCENTRACION DE LA PRUEBA
EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Contenido
SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Rasgos esenciales y definitorios
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ DE LA PRUEBA EN EL JUICIO
ORAL-Importancia/PRINCIPIO DE
CONCENTRACION DE LA PRUEBA EN EL JUICIO ORAL-Importancia/PRINCIPIO DE
INMEDIACION DE LA PRUEBA-Concepto según la doctrina/PRACTICA DE PRUEBAS
ANTICIPADAS-En circunstancias excepcionales no vulnera el principio de
inmediación de la prueba en un sistema acusatorio
SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Llamado de atención a las autoridades competentes para
la implementación de medios tecnológicos
La Corte Constitucional considera pertinente hacer un
llamado de atención a las autoridades competentes a efectos de que aseguren la
disponibilidad de equipos de audio y video en todos los despachos judiciales
encargados de manejar el sistema penal acusatorio, en especial, en regiones
apartadas del país. En efecto, la garantía procesal de contar con un juicio
oral, precisa que el mismo sea técnicamente filmado, con el propósito de que
los jueces superiores, si bien no lo presencian directamente, se puedan hacer
una idea lo más fidedigna posible de lo sucedido
SUSPENSION DE AUDIENCIA EN JUICIO ORAL-No lesiona el derecho al debido proceso
AUDIENCIAS DE JUZGAMIENTO-Repetición debe ser excepcional y fundada en motivos
serios y razonables
Referencia: expediente D-7844
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
108, 294, 349 y 454 (parciales) de la Ley 906 de 2004 y el artículo 189
(parcial) de la Ley 1098 de 2006.
Demandante: Marcela Patricia Jiménez Arango.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil diez
(2010).
I.
ANTECEDENTES.
En
ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución
Política, la ciudadana Marcela Patricia Jiménez Arango interpuso acción pública
de inconstitucionalidad en contra de los artículos 108, 294, 349 y 454
(parciales) de la Ley 906 de 2004 y el artículo 189 (parcial) de la Ley 1098 de
2006.
II.
METODOLOGÍA.
Partiendo del hecho de que la Corte Constitucional es
competente para conocer de la presente demanda en virtud del artículo 241
numeral 4 de la Carta, y teniendo presente
que en el presente caso se demandan diversas disposiciones de las Leyes 906 de
2004 y 1098 de 2006, para mayor claridad expositiva, esta Corporación ha decidido
adoptar la siguiente metodología (i) transcribirá el texto oficial de la norma
acusada; (ii) expondrá los argumentos de la demandante; (iii) presentará un
resumen de las intervenciones ciudadanas y de las autoridades públicas; (iv)
expondrá el concepto del Procurador General; y (v) resolverá el caso concreto.
1.
EXAMEN DE
CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY 906 DE 2004.
a. Texto de la norma acusada.
ARTÍCULO 108.
CITACIÓN DEL ASEGURADOR. Exclusivamente
para efectos de la conciliación de que trata el artículo 103, la víctima,
el condenado, su defensor o el tercero civilmente responsable podrán pedir la
citación del asegurador de la responsabilidad civil amparada en virtud del
contrato de seguro válidamente celebrado, quien tendrá la facultad de
participar en dicha conciliación.
b. Argumentos de la demandante.
La
demandante sostiene que la expresión “Exclusivamente para efectos de la
conciliación de que trata el artículo 103”, vulnera el principio de
igualdad (art. 13 de la C.N.); el restablecimiento del derecho y la protección
de las víctimas (art. 250 de la C.N.), infringiendo además los principios de
proporcionalidad y razonabilidad.
Sostiene
la ciudadana que el segmento normativo acusado establece un trato diferente
entre los distintos intervinientes en la actuación penal, concretamente, los
denominados terceros y quienes “tienen relaciones civiles para efectos del
pago por razones de responsabilidad civil extracontractual, tales como por
ejemplo: padres e hijos, patrono-empleado, empresario-dependiente. En
efecto, la norma dispone que la compañía aseguradora sólo acudirá a la
audiencia de conciliación, pero una vez realizada la misma sale de la escena
procesal”.
Asegura
la demandante que ese “privilegio de ajeneidad” al proceso penal, no lo
tienen los demás terceros civilmente responsables (art. 107 del C.P.P.), como
por ejemplo, el empleador, el padre, el patrono, o bien la aseguradora del
SOAT.
Así
las cosas, el aparte acusado establece “un trato diferente, y por lo mismo
discriminatorio, en los términos del artículo 13 Superior, para algunos (los
que pueden seguir en la actuación penal del incidente de reparación) y
favorable para otros (la aseguradora que sale del incidente de reparación y
dentro de éstos parece que la aseguradora del SOAT cuando es de ley esa
relación)”.
Agrega
que, no resulta ni razonable ni proporcionado que ante la recontextualización
del papel de la víctima en el proceso penal, la ley cohoneste  una vía para
hacer nugatoria la plena y eficaz indemnización, precisamente a través de la
compañía aseguradora que sólo es citada para efectos de la reparación, “pero
no queda vinculada para el pago mediante sentencia luego de la contradicción de
pruebas”.
Concluye
afirmando que no resulta razonable que, en materia penal, se excluya al asegurador
de la discusión de la reparación integral, lo cual perjudica los derechos de la
víctima.
c.
Intervenciones ciudadanas y
de autoridades públicas.
1.
Ministerio del Interior y
de Justicia.
El
interviniente considera que, en el presente caso, ha operado el fenómeno de la
cosa juzgada constitucional, por cuanto la Corte en sentencia C-409 de 2009
declaró inexequible la expresión “exclusivamente”, en unidad de materia
con el segmento normativo “quien tendrá la facultad de participar en dicha
conciliación”, mientras que declaró exequible la expresión “para los efectos
de la conciliación de que trata el artículo 103”, en el entendido de que
esto no supone que la participación del asegurador se reduzca a conciliar, pues
en el evento en que no se llegué a un convenio de reparación, tendrá derecho a
adelantar las actuaciones tendientes a proteger civilmente sus intereses en los
aspectos atinentes a la cobertura de la póliza, pues su citación al incidente,
efectuada con todas las garantías exigidas, lo vincula al mismo y a sus
resultas.
2.
Instituto Colombiano de
Derecho Procesal.
El
interviniente considera que, de conformidad con lo decidido por la Corte en
sentencia C-409 de 2009, habría operado en este caso el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional.
d.
Concepto del Procurador
General de la Nación.
Para
el Ministerio Público, las acusaciones formuladas en contra del artículo 108 de
la Ley 906 de 2004 ya fueron objeto de análisis y decisión por parte de la
Corte Constitucional en sentencia C-409 de 2009, siendo forzoso deducir al
respecto que ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
e.
Resolución del caso
concreto.
La
ciudadana alega que la expresión “Exclusivamente para efectos de la
conciliación de que trata el artículo 103” del artículo 108 de la Ley 906
de 2004, al prever la citación y participación de la aseguradora dentro del
proceso penal sólo para efectos de la conciliación, es contraria a los
artículos 13 y 250 Superiores, por cuanto la excluye injustificadamente del
correspondiente debate procesal sobre la reparación integral, en abierta
discriminación de los demás terceros civilmente responsables y en detrimento
directo de los derechos de los afectados y víctimas de la conducta punible.  En
palabras de la demandante “el apartado demandado establece un trato
diferente, y por lo mismo discriminatorio, en los términos del artículo 13
Superior, para algunos (los que pueden seguir en la actuación penal del
incidente de reparación) y favorable para otros (la aseguradora que sale del
incidente de reparación y dentro de éstos parece que la aseguradora del SOAT
cuando es de ley esa relación)”.
Los
intervinientes, al igual que la Vista Fiscal, coinciden en afirmar que la Corte
debe declarar estarse a lo resuelto en sentencia C- 409 de 2009, por cuanto se
trata de idénticos cargos de inconstitucionalidad.
Así
las cosas, la Corte examinará el contenido del fallo C- 409 de 2009, a efectos
de determinar si ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
1.
El contenido de la
sentencia C- 409 de 2009.
En
la sentencia C- 409 de 2009, la Corte declaró lo siguiente:
“Primero: Declarar
INEXEQUIBLES las expresiones “Exclusivamente”  y “quien tendrá la facultad
de participar en dicha conciliación” contenidas en el artículo 108 de la Ley
906 de 2004.
Segundo: Declarar
EXEQUIBLE la expresión “para los efectos de la conciliación de que trata el
art. 103” del artículo 108 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado en
este proceso.
En
dicha oportunidad, la Corte examinó el siguiente problema jurídico:
“Citar exclusivamente para efectos de conciliación al
asegurador de la responsabilidad civil amparada en virtud del contrato de
seguro válidamente celebrado, y que éste cuente con la facultad –que no
obligación- de participar en dicha conciliación, ¿atentan contra lo establecido
en los numerales 6º y 7º del art. 250 de la Constitución, al representar una
negación del deber de protección de los derechos de reparación integral de las
víctimas en cuanto mecanismo de la justicia restaurativa? En otros términos,
¿se violan los numerales 6º y 7º del art. 250 de la Constitución política por
la norma que permite que se cite a una aseguradora de responsabilidad en el
incidente de reparación integral en el proceso penal, exclusivamente para
efectos de la conciliación y dándole la facultad de asistir o no sin que por
demás se generen consecuencias jurídicas en su contra?
Ahora
bien, luego de analizar los antecedentes legislativos del artículo 108 de la
Ley 906 de 2004, así como interpretándolo sistemáticamente con las diversas
disposiciones del C.P.P. que regulan la intervención de los terceros civilmente
responsables en el proceso penal, la Corte concluyó lo siguiente:
“3.1.5.
Conclusiones sobre el contenido del art. 108 del CPP.
23. Conforme lo
anteriormente expuesto, puede afirmarse que el art. 108 CPP, establece que:
i) El asegurador del
contrato de seguro de responsabilidad civil válidamente celebrado puede ser
citado en el incidente de reparación integral bien sea (excepcionalmente) para
la primera audiencia de conciliación, bien sea (de ordinario) para la segunda.
ii) La solicitud de
citación puede provenir de la víctima, el condenado o su defensor, o del
tercero civilmente responsable, con el objeto de que con él se cubra la
indemnización pedida como todo o como parte de la reparación integral.
iii) Para que la citación
sea procedente, es necesario que el contrato de seguro haya sido suscrito por
el condenado o por el tercero civilmente responsable como tomadores o
asegurados, y que su objeto consista en cubrir el daño causado por el delito
probado e imputado en el proceso.
iv) La petición para que la
aseguradora asista a la conciliación dentro del incidente, procede cuando se
acredite prueba sobre la existencia del contrato de seguro celebrado con ella
para los efectos de compensar los posibles daños causados a un beneficiario,
que es la víctima dentro del proceso penal concluido.
v) La citación tiene por finalidad
exclusiva convocar al asegurador para la conciliación, que de no alcanzarse
por ausencia de voluntad de éste, o por no acudir a la audiencia respectiva a
la que ha sido citado, imposibilita vincularlo a la decisión final del
incidente, pues de manera expresa el legislador ha dispuesto su facultad o
libertad de participar o no participar en ella.
A renglón seguido, pasó la Corte a integrar la unidad
normativa, en los siguientes términos:
“Y en efecto, cuando la demanda
centra el cargo de inconstitucionalidad aquí recogido en el tratamiento con que
se ordena la participación de la aseguradora en el incidente de reparación
integral y en las consecuencias que dicha ordenación produce sobre los derechos
de las víctimas, no se puede entender que sólo está formulando acusación contra
el segmento destacado por el actor. Es decir, que la participación voluntaria
de la aseguradora sólo para los efectos de la conciliación prevista en el
incidente de reparación integral, proviene tanto de la expresión “Exclusivamente
para efectos de la conciliación de que trata el artículo 103”, como del
predicamento final del art. 108 CPP que establece: “quien tendrá la facultad
de participar en dicha conciliación”.
En otros términos, desde la
perspectiva del problema jurídico por atender en este asunto, la pregunta sobre
la posible violación de los numerales 6º y 7º del art. 250 de la Constitución
política, por permitir que la citación de la aseguradora de la responsabilidad
civil del contrato de seguro válidamente celebrado opere únicamente para
efectos de la conciliación y sobre la base de su facultad o libertad positiva y
negativa de participar en ella, sólo puede ser absuelta de manera integral,
lógica y consecuente, si se integra la proposición jurídica demandada en los
términos expuestos, por constituir una unidad normativa.
Como quiera que en este
caso se presenta una relación inescindible entre ambos apartes, no sólo porque
así se desprende del problema jurídico propuesto por el demandante, sino porque
la interpretación del art. 108 CPP lleva a dicha conclusión, a fin de evitar
una decisión carente de sentido y que genere incertidumbre colectiva acerca del
contenido armónico y completo de la ordenación legal materia de análisis, la
Corte integrará la proposición jurídica aludida en los términos señalados. Por
lo mismo, efectuará el estudio del problema jurídico sobre lo que ambas
ordenan: la ocasión y condición en que participa la aseguradora en caso de ser
citada al incidente de reparación integral.
29. No ocurre lo mismo
frente al segmento intermedio, conforme al cual “la víctima, el condenado,
su defensor o el tercero civilmente responsable podrán pedir la citación del
asegurador de la responsabilidad civil amparada en virtud del contrato de
seguro válidamente celebrado”. En este, aunque se regula otro elemento de
la participación del asegurador en el incidente, el aspecto allí tratado hace
referencia a las personas o sujetos procesales legitimados para solicitar la
citación de aquél, asunto diferente, divisible o separable de los que conforman
el problema jurídico propuesto.
30. Para efectos de
claridad, se precisa entonces que por virtud de la integración de la unidad
normativa señalada, según las razones aquí expuestas, se entienden como apartes
demandados del art. 108 CPP, los siguientes que aparecen resaltados:
ARTÍCULO 108. Citación del
asegurador. Exclusivamente para efectos de la conciliación de que trata el
artículo 103, la víctima, el condenado, su defensor o el tercero civilmente
responsable podrán pedir la citación del asegurador de la responsabilidad civil
amparada en virtud del contrato de seguro válidamente celebrado, quien
tendrá la facultad de participar en dicha conciliación.
De este modo, el problema jurídico
propuesto podrá ser atendidos cabalmente, en tanto el mismo se reconoce
plenamente en la proposición jurídica que se viene de integrar o completar.
A continuación, la Corte analizó la razón de ser del
incidente de reparación integral, arribando a las siguientes conclusiones:
“Varias son, entonces, las
consecuencias de esa configuración legislativa inspirada en la Constitución:
i) El incidente constituye una primera
oportunidad judicial como posición jurídica definitiva para hacer efectivo el
derecho a la reparación integral de la víctima que, prima facie, contempla la
Constitución. Derecho de acceder a la justicia a fin de alcanzar dicho
propósito y hacerlo efectivo, como acción de reparación integral, que es
también acción civil, al final del proceso penal, una vez declarado un sujeto
penalmente responsable (arts 229 y 250, num 6º y 7º, art. 102 CPP).
ii) Otorga un valor adicional a la conciliación
en el incidente de reparación integral, pues ella representa uno de los
mecanismos que reflejan la fórmula constitucional de la justicia restaurativa,
que el Congreso de la República configura dentro del procedimiento de reparación
de la víctima a instancias del juez penal (Art. 250, num 7º CP, art. 521 CPP).
iii) Los llamados a conciliar, en razón del
significado reconocido a esta figura en el incidente, asumen con mayor fuerza
vinculante los deberes propios de su condición como partes en el mismo (víctima
y condenado o defensor) o como intervinientes (tercero civilmente
responsable y aseguradora). Fundados en el respeto al derecho ajeno, en el
no abuso de los propios y en el deber de colaborar para el buen funcionamiento
de la administración de justicia (arts. 95, num 1 y 7 CP), tales deberes son el
proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos, obrar sin temeridad,
comparecer oportunamente a las diligencias y audiencias a las que son citados,
entregar a los servidores judiciales los objetos y documentos necesarios para
la actuación y los que le fueren requeridos, salvo las excepciones legales,
previstos claramente por el Legislador en el mismo Código de Procedimiento
Penal (arts. 140, num 1, 2, 6, 9).
iv) Con intención
evidentemente garantista y producto de la aplicación del principio de la perpetuatio
jurisdictionis, faculta al juez penal para propiciar un acuerdo que facilite
alcanzar los propósitos del incidente, que son en buena parte los que animan el
sistema acusatorio, a saber, el reparar a las víctimas de un delito probado y
con un sujeto declarado penalmente responsable, con la mayor agilidad,
oportunidad y en las mejores condiciones posibles para todas las partes y ante
la misma jurisdicción (art 103 CPP). En su defecto, le impone reconocer y
practicar las pruebas aportadas o solicitadas por quienes han participado en el
incidente y en definitiva adoptar la decisión que ponga fin al incidente (arts.
104 y 105 CPP) y reconozca la reparación integral (material, moral, simbólica,
entre otras) de la víctima del delito.
Es decir, la configuración de un incidente
principal para que al terminar el proceso penal con sentencia condenatoria, se
haga posible la reparación integral de la víctima y la consolidación de los
objetivos que animan la justicia restaurativa, a través del acuerdo de
voluntades entre aquella y los llamados a responder, o a través del ejercicio
de los poderes y competencias de la jurisdictio reconocidas al juez de la causa
penal, lo cual se convierte en pieza esencial de la forma como la Constitución
prevé en el caso concreto la noción de justicia restaurativa.
Finalmente,
la Corte resolvió el caso concreto, con base en la siguiente argumentación:
“Para la Sala, bajo el
entendido de que el precepto acusado establece que la aseguradora puede ser
citada al incidente de reparación integral, “exclusivamente” para los efectos
de la conciliación, y que además, a dicha conciliación puede acudir o no,
porque así se ha configurado por el Legislador al señalar expresamente la
“facultad” que tiene de participar en aquella, no resulta conforme con el
conjunto de preceptos constitucionales que protegen a la víctima y su derecho a
la reparación integral que propicia el modelo de justicia restaurativa.
En efecto, no obstante las
amplias competencias legislativas reconocidas en materia de configuración del
derecho de reparación integral y de las garantías judiciales para hacerlo
efectivo, la citada forma como se ha reglado la posible participación del
asegurador en tal incidente, se convierte en una medida nugatoria del derecho
de la víctima a la reparación integral, pues burla la esperanza que se había
generado de que el contrato suscrito con él, pudiera servir al propósito del
sistema penal constitucional y legalmente dispuesto (art. 250 num 6º y 7º CP,
arts. 11, lit. c) y 102-107 CPP), de reparar a la víctima y de hacerlo
prontamente a instancias del juez de la causa penal, en el incidente de
reparación integral.
Porque existiendo contrato
de seguro de responsabilidad civil, cuyo propósito radica precisamente en el
resarcimiento de la víctima en tanto beneficiaria de la indemnización, y
habiéndose apelado a él para la reparación, bien por la víctima, bien por el
condenado o su defensor, bien por el tercero civilmente responsable del art.
107 CPP, la renuencia a conciliar sin motivo justificado, o la no participación
en la audiencia de la aseguradora, efectivamente darán lugar a una decisión del
incidente en la que no podrá vincularse a ésta, ni hacerse efectivo el seguro
como forma de reparación integral de la víctima en el trámite contemplado en el
procedimiento penal, bajo el cubrimiento que tenga la respectiva póliza.
57. Es decir que, a pesar de que el Legislador ha
previsto como paso último dentro del procedimiento ante el juez penal, la
opción de reclamar y hacer allí efectiva la reparación de los daños sufridos
por la víctima y causados por el delito comprobado durante el proceso; a pesar
de que ha reconocido a la víctima la opción de concretar los términos de la
reparación, dentro de los cuales se encuentra la indemnización pecuniaria (art.
103 inc 1º CPP); a pesar de que se establecen garantías para que las partes y
el tercero civilmente responsable del art 107 CPP asistan al incidente para
atender el reclamo de la víctima; a pesar de que se ha contemplado la
conciliación en el incidente de reparación integral como un mecanismo idóneo de
justicia restaurativa tendiente a fortalecer las opciones de reparación dentro
del sistema procesal penal (art. 521 CPP); a pesar de que exista un contrato de
seguro de responsabilidad civil llamado a compensar el daño de la víctima del
delito, como figura jurídica constituida precisamente para cubrir la
eventualidad de un siniestro y el daño patrimonial que de ahí resulta, de modo
eficiente, oportuno y garantista (art. 1127 C.Co); a pesar de que se reconoce
al juez penal jurisdictio para tramitar y valorar en el incidente, una petición
de reparación y estimar si la misma puede ser cubierta con un contrato de seguro
de responsabilidad civil que se ha exhibido o probado en el proceso y cuya
parte aseguradora ha sido citada; a pesar de todo ello, la deferencia del
Legislador para con la compañía aseguradora y su limitada y voluntaria
participación en el incidente, dan al traste con el efecto útil de todas
las normas y disposiciones que contemplan aquellas formas de proteger a la
víctima y garantizar su reparación integral en el proceso penal.
El efecto útil también se
neutraliza respecto de los mandatos superiores que configuran el discurso
constitucional de la reparación integral de la víctima del delito, que en el
marco del Estado social de derecho, su fundamento en la dignidad humana y la
solidaridad y la protección de derechos inalienables como el del acceso a la justicia
(arts. 1º, 2º, 5º, 93, 229 CP), impone disponer de lo necesario a fin de
obtener la reparación integral de los afectados por el delito y de velar por su
protección (art. 250 num 6º y 7º CP), de manera eficaz y oportuna.
Igualmente es de anotar que
la disposición acusada cuando reduce la participación de la aseguradora del
contrato de seguro de responsabilidad civil válidamente celebrado a la
conciliación y en cuanto además, a ella puede no asistir sin consecuencia
alguna sobre sus intereses, rompe el principio hermenéutico de coherencia
interna del ordenamiento, tanto infraconstitucional como constitucional,
esto es, tanto respecto de los citados preceptos legales que estructuran el
incidente, como de los derechos y garantías constitucionales concebidas para
proteger a las víctimas del delito, dentro del sistema penal acusatorio y
restaurativo.
58. Es cierto que la
víctima dentro del incidente puede reclamar el pago de la reparación al
condenado y al tercero civilmente responsable del art. 107 CPP y que el juez,
de hallarla procedente, así puede establecerlo. Es cierto que la víctima como
beneficiario del contrato de seguro, puede ejercer la acción ejecutiva (art. 1053
C.Co. y art. 488 CPC) o en su defecto la acción directa ordinaria para reclamar
ante el juez civil competente la indemnización que el seguro ampara (art. 1133
C.Co). Pero es cierto también que el derecho de reparación integral de la
víctima, debe ser atendido con la mayor prontitud y eficacia posible, pues es
esta la intención del modelo de justicia restaurativa ordenado desde el Acto
Legislativo No. 3 de 2002, es tal el sentido con que se imponen a la Fiscalía
los mandatos de que trata el art. 250, numerales 6º y 7º CP y es, en fin, esta
la forma que resulta más adecuada al trato digno y al ejercicio del derecho
fundamental de acceso a la justicia que arropan a la víctima del delito. Y,
sumado a lo anterior, son estas las condiciones que determina el Derecho
internacional de los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario
para con las víctimas de los delitos que afectan derechos humanos, pues como se
ha vist, ellas configuran posiciones jurídicas de derecho a la existencia de recursos
ágiles y efectivos, a obtener oportuna reparación, al pago de una indemnización
justa.
59. Y no cabe aducir que
mal puede el juez penal establecer si la aseguradora debe cubrir o no la
responsabilidad civil asumida en el contrato como forma de reparar
pecuniariamente a la víctima que ha sufrido los efectos del delito. Porque
además de que la aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis está,
como ya se ha dicho, delineado por el Constituyente y reconocido por el
Legislador al incluir la figura en el incidente, esa determinación normativa es
correcta aplicación de los principios de economía procesal, eficacia, respeto y
protección de los derechos que atiende el juez en el proceso penal (art. 229
CP, y arts. 7º y 9o de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia,
arts.1º, 10º, 11, lit. c), 138, num 2º y 139, num 5º CPP). Ello sin olvidar que
el contrato de seguro puede representar un título ejecutivo, por contener una
obligación clara, expresa y exigible (art. art. 1053 C-Co. y art. 488 CPC),
evidente para cualquier juez de la República, ni que éste y muy en especial el
de la jurisdicción penal, como agente del Estado social de derecho y como
operador jurídico de prohibiciones legales intensas, de la libertad personal
del imputado y los derechos de las víctimas, debe contar con todos los poderes
que le permitan administrar justicia y crear desde el legítimo ejercicio de sus
funciones, el orden constitucionalmente justo (arts. 1º, 2º, 6º, 29, 229,
preámbulo).
De modo que una solución
legislativa como la que se analiza en este asunto, que tiene en cuenta
exclusivamente el derecho del asegurador en términos de salvaguarda de su juez
natural y sin considerar el objeto propio del seguro de responsabilidad civil,
ni la realización de los derechos de las víctimas, resulta jurídicamente
inaceptable porque desvirtúa la función social del contrato y niega la dignidad
del afectado por el delito, para convertirlos en simples instrumentos
disponibles a la voluntad de aquél y de sus intereses estrictamente económicos.
60. En consecuencia, esta
Sala considera que el Legislador se ha excedido en su poder de libre configuración
legislativa cuando ha dispuesto que la exigibilidad de la indemnización
correspondiente como forma de cubrir los daños causados a la víctima de un
delito, queden en manos de la libérrima aquiescencia de la aseguradora de
participar o no en el importante incidente de reparación integral.
61. Esta conclusión significa entonces que de
cara a la disposición jurídica acusada, se declarará inexequible el adverbio “Exclusivamente”
del art. 108 CPP, pues esta palabra excluye, en detrimento de la reparación
integral de la víctima, toda otra posible actuación del asegurador en el
incidente distinta de la conciliación que él mismo acepte. Es decir que si la
aseguradora, una vez citada, decide no asistir, o asiste a la audiencia
correspondiente pero no concilia porque no desea hacerlo, aunque exista prueba
clara del contrato válidamente celebrado con ella y de que en él se ampara el
siniestro y la compensación de la víctima del delito, no puede el juez
vincularla en la decisión definitiva del incidente, pues su convocatoria opera
“exclusivamente” para efectos de la conciliación.
Por el contrario, al expulsar del ordenamiento
jurídico tal adverbio con que se condiciona y limita la intervención de las
aseguradoras en el incidente de reparación integral, se elimina dicha
restricción ilegítima y contraria a la Constitución y al deber de protección y
reparación de las víctimas del delito”.
También será declarada
inconstitucional la expresión “quien tendrá la facultad de participar en dicha
conciliación”, porque como específica atribución reconocida para la
aseguradora, le otorga la libertad positiva y negativa de acudir y actuar en la
conciliación y la excluye de lo ordenado en el parágrafo del art. 104 infine,
de modo que si no comparece, habiendo sido citado en forma debida, no quedará
vinculado a los resultados de la decisión del incidente. Y esta regulación,
según se ha expuesto, resulta constitucionalmente inaceptable pues privilegia
los intereses de la aseguradora en detrimento de los derechos de las víctimas,
pues traiciona la función social del contrato de seguro de responsabilidad
civil, al hacer nugatorio el propósito de reparación integral efectiva y
oportuna.
62. Resta en lo demás
incólume la expresión “para los efectos de la conciliación de que trata el
artículo 103”. Porque, de conformidad con lo expuesto, la forma como se ordena
el incidente de reparación parte del esfuerzo de los interesados en llegar a
una conciliación -mecanismo de justicia restaurativa (art. 521 CPP)-, con la
cual sea posible redimir el daño causado a la víctima o víctimas del delito.
Pero como se ha considerado
constitucionalmente inadmisible que la participación de la aseguradora sea exclusivamente
para la conciliación, ello significa si no se alcanza ésta porque la misma no
quiso asistir a la audiencia respectiva o porque no llegó a acuerdo ninguno con
los interesados, podrá quedar sujeta a la decisión que ponga fin al incidente
si el juez lo encuentra a lugar. Y por esta misma razón, cerrada dicha
oportunidad sin que se logre un convenio de reparación conciliatorio, la
compañía de seguros tendrá derecho a adelantar todas las actuaciones admisibles
tendientes a proteger sus intereses, pues su citación efectuada con todas las
garantías exigidas por el ordenamiento (arts. 171 a 173 CPP), la vincula al
incidente y a sus resultas.
Dicho de otro
modo y en concordancia con lo establecido en las sentencias C-423 y C-425 de
2006 para el tercero civilmente responsable, la citación con que se convoque a
la aseguradora, tendrá como finalidad primaria permitirle poder conocer el
objeto del incidente en concreto, para así acudir a la audiencia de
conciliación y en ella, o, ante su fracaso, en la actuación subsiguiente de que
trata el art. 104, inc 1º infine, desarrollar todas las actuaciones derivadas
de su derecho de defensa: Aceptar y/o proponer un acuerdo; o negarse a
conciliar y controvertir pruebas, o aportar y solicitar las requeridas con las
que desvirtuar la responsabilidad civil contractual endilgada o la existencia
misma del contrato, o la calidad de beneficiario de la víctima, o la pretensión
de ésta, del condenado o del tercero civilmente responsable, de que la reparación
económica reclamada deba cubrirse con el riesgo amparado por seguro.
2.
Existencia de cosa juzgada
constitucional.
Como
se señaló, la ciudadana acusó la inconstitucionalidad de la expresión “Exclusivamente
para efectos de la conciliación de que trata el artículo 103” del artículo
108 de la Ley 906 de 2004, al prever la citación y participación de la
aseguradora dentro del proceso penal sólo para efectos de la conciliación, es
contraria a los artículos 13 y 250 Superiores, por cuanto, en su sentir, la
excluye injustificadamente del correspondiente debate procesal sobre la
reparación integral, en abierta discriminación de los demás terceros civilmente
responsables y en detrimento directo de los derechos de los afectados y
víctimas de la conducta punible.
Como
se analizó, la Corte en sentencia C- 409 de 2009 examinó in extenso el
contenido y alcance de los artículos 103 y 108 de la Ley 906 de 2004, en punto
a la intervención de terceros en el proceso penal, y específicamente, lo
atinente a las aseguradoras. En dicha ocasión, fueron retiradas del
ordenamiento jurídico aquellas expresiones del artículo 108 del C.P.P. que
vulneraban los derechos de las víctimas a ser reparadas integralmente, en tanto
que se declaró parcialmente exequible el segmento normativo “para los
efectos de la conciliación de que trata el art. 103” del artículo 108 de la Ley
906 de 2004, por el cargo analizado en este proceso.”
Quiere ello decir, que ha operado el fenómeno de la
cosa juzgada constitucional, por cuanto la Corte ya analizó en detalle la
operancia de la figura del tercero civilmente responsable en el nuevo proceso
penal.
2.
EXAMEN DE
CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 294 DE LA LEY 906 DE 2004.
a.
Texto de la norma acusada.
“ARTÍCULO 294. VENCIMIENTO DEL TÉRMINO. Vencido el término previsto en el artículo 175
el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez
de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de
lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior.
En este evento el superior designará un nuevo fiscal
quien deberá adoptar la decisión que corresponda en el término de treinta (30)
días, contados a partir del momento en que se le asigne el caso. Vencido el plazo, si la situación permanece sin
definición el imputado quedará en libertad inmediata, y la defensa o el
Ministerio Público solicitarán la preclusión al juez de conocimiento.
El vencimiento de los términos señalados será causal
de mala conducta. El superior dará aviso inmediato a la autoridad penal y
disciplinaria competente.
b.
Argumentos de la
demandante.
La
ciudadana considera que las expresiones “De no hacerlo, perderá competencia
para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo
superior. En este evento el superior designará un nuevo fiscal quien deberá
adoptar la decisión que corresponda en el término de treinta (30) días,
contados a partir del momento en que se le asigne el caso”, del artículo
294 de la Ley 906 de 2004, vulneran los artículos 250 y 251 Superiores.
Explica
a continuación que “de conformidad con la Carta todos, absolutamente todo
(sic) los fiscales son delegados del señor Fiscal General de la Nación. Y
todos, absolutamente todos los fiscales son competentes para conocer de la
acción penal de todos los ciudadanos y de aquellos que gozan de fuero legal”.
Indica
igualmente que la Fiscalía no tiene competencia, como sí la tienen, por
ejemplo, los jueces, y por ello se habla de “juez natural” como garantía
del debido proceso (art. 29 superior).
A
manera de conclusión señala la ciudadana que “la ley no puede cambiar las
reglas de competencia del fiscal indicadas en el canon 251 superior, y como la
norma demandada implica la asignación y pérdida de competencia a determinado
fiscal es que la misma contraviene el postulado superior”.
c.
Intervenciones ciudadanas y
de autoridades públicas.
1.
Ministerio del Interior y
de Justicia.
Considera
el interviniente que, en el presente caso, no se planteó un verdadero cargo de
inconstitucionalidad por cuanto los argumentos no son ciertos, ya que la
demandante se limita a expresar que el legislador, al asignarle competencias a
determinado fiscal y establecer la pérdida de competencia del mismo en los
apartes demandados, está asumiendo la competencia que directamente la
Constitución le asigna al Fiscal General de la Nación y a la Fiscalía
institucionalmente, lo cual no es cierto, pues dichos apartes no constituyen
una asignación de competencias sino la regulación de las competencias sino la
regulación de las consecuencias del incumplimiento, por parte de la Fiscalía,
mediante el respectivo fiscal delegado por el Fiscal General de la Nación, del
término señalado por la ley para formular la acusación, solicitar la preclusión
o aplicar el principio de oportunidad, con lo cual se garantiza el respeto y
protección de los principios del debido proceso, la justicia efectiva y la
dignidad humana del procesado.
Aunado
a lo anterior, el argumento de la actora no cumple con el requisito de
especificidad, porque no explica la razón por la cual el legislador se
encontraría impedido constitucionalmente para establecer el procedimiento a
seguir en caso de incumplimiento de los términos procesales señalados a la
Fiscalía; más bien su argumento resulta ser “vago”.
En
este orden de ideas, el interviniente solicita la adaptación de un fallo
inhibitorio.
2. Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
El
interviniente considera que demandante confunde los conceptos de competencia
judicial y administrativa.
Luego
de traer a colación el texto del artículo 251 Superior, señala que la intención
que se tuvo con la adopción del Acto Legislativo 03 de 2002 nunca fue la de
atar a la Fiscalía con un concepto de competencia. Lo anterior por cuanto “no
es ajeno el ente a cuyo cargo se encuentra la función persecutoria del delito a
la noción de competencia entendida como asignación funcional. Sería entonces
errado considerar que toda noción de competencia se encuentre circunscrita a lo
judicial”.
Más
adelante señala que “exponer que los fiscales no tienen competencia como si
la tienen los jueces, por lo cual no la pueden perder se trata de una relación
lógica que carece de sustento. Sería tanto como decir que cualquier entidad
pública a la cual la Constitución y la ley le asignen funciones, no tiene
“competencia” para ejercer tales funciones. Se trata del empleo de una noción
de competencia judicial y de poder jurisdiccional en cabeza de los jueces para
la realización de una operación lógica que carece de validez.”
Concluye
diciendo el ciudadano Sanpedro Arrubla que “declarar inexequible el
mencionado apartado generaría un despliegue inconstitucional de la norma en su
operatividad práctica”.
d.
Concepto del Procurador
General de la Nación.
La
Vista Fiscal considera que, a pesar de lo resuelto por la Corte en sentencias
C- 392 de 2006, C- 118 de 2008 y C- 806 de 2008, todas ellas referidas al
artículo 294 del C.P.P., no se configura en el presente caso el fenómeno de la
cosa juzgada constitucional, por cuanto, en ninguna de ellas el contenido de la
norma legal fue cotejada con los artículos 250 y 251 Superiores. Sin embargo,
estima que, en el presente caso, no se configuró un verdadero cargo de
inconstitucionalidad, motivo por el cual procede un fallo inhibitorio.
En
efecto, explica el Ministerio Público que resulta evidente en la demanda la
ausencia de un hilo conductor entre el mandato constitucional que reseña y la
consecuencia que le atribuye en relación con los efectos de la norma
parcialmente demandada, “sin que se hayan aportado elementos argumentativos
mínimos necesarios para configurar siquiera una aparente oposición entre ambos
textos normativos, condición sine qua non para que la Corte pueda cumplir con
su labor de salvaguardar la supremacía e integridad de la Carta Magna”.
Concluye
entonces afirmando que se equivoca  la accionante en su interpretación de la
norma legal acusada, amén de no entregar elementos de juicio claros, ciertos y
suficientes para generar siquiera una duda razonable sobre la
constitucionalidad de aquélla.
e.
Resolución del caso
concreto.
La
demandante sostiene que, el aparte acusado del artículo 294 de la Ley 906 de
2004, al prever la pérdida de competencia y consecuente reemplazo del fiscal
que no solicitó la preclusión de la investigación ni formuló acusación,
habiéndose vencido el término de que trata el artículo 175 del C.P.P.,
quebranta los artículos 250 y 251 Superiores, por cuanto “de conformidad con
la Carta todos, absolutamente todo (sic) los fiscales son delegados del señor
Fiscal General de la Nación. Y todos, absolutamente todos los fiscales son
competentes para conocer de la acción penal de todos los ciudadanos y de
aquellos que gozan de fuero legal”. Y más adelante señala que “la ley no
puede cambiar las reglas de competencia del fiscal indicadas en el canon 251
superior, y como la norma demandada implica la asignación y pérdida de
competencia a determinado fiscal es que la misma contraviene el postulado
superior”.
Los
intervinientes, al igual que el Ministerio Público, coinciden en afirmar que la
Corte debe declararse inhibida para fallar por cuanto la ciudadana no planteó
realmente ningún cargo de inconstitucionalidad, sino que su argumentación se
funda en una interpretación equivocada de la norma acusada.
Al respecto se tiene que, de manera reiterada, la
Corte ha sostenido que las razones
expuestas por los demandantes en sede de acción pública de inconstitucionalidad
deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. De lo
contrario, esta Corporación terminará inhibiéndose, circunstancia que frustra “la
expectativa legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo
por parte de la Corte Constitucional”[1]. De igual manera, se ha
entendido que el principio pro actione irradia la comprensión del texto
de la demanda.
En
el presente caso, la Corte encuentra que, en cuatro ocasiones ha examinado el
contenido y el alcance del artículo 294 del C.P.P.
Así
pues, esta Corporación en sentencia C-392 de 2006 analizó la constitucionalidad
de la palabra “penal”, del tercer inciso del artículo 294 de la Ley 906
de 2004, debido al supuesto desconocimiento de los artículos 28 y 83 de la Constitución Política. Los
cargos de inconstitucionalidad consistieron en que “El artículo 294 de la
ley 906 de 2004 desconoce lo establecido en el artículo 28 de la Carta
Política, por cuanto ordena investigar penalmente al fiscal que deje vencer los
términos para formular la acusación, siendo que la ley no ha tipificado esta
conducta como delito. Para el actor, este comportamiento puede dar lugar a una
investigación disciplinaria, pero no a un proceso penal. De otra parte,
considera el demandante que la norma atenta contra el principio de la buena fe
consagrado en el artículo 83 de la Carta Política, por cuanto presume que el
funcionario ha actuado con dolo”.
En
dicha oportunidad, la Corte consideró que los cargos de inconstitucionalidad no
estaban llamados a prosperar por las siguientes razones:
“Por esta razón, la expresión “penal” contenida en la
norma demandada, no contradice lo dispuesto en el artículo 28 superior, sino
que, por el contrario, contribuye a precisar las circunstancias dentro de las
cuales la persona podrá ver limitada su libertad personal, circunstancias que,
en el presente caso, estarán asociadas a la presunta comisión de un delito.
En cuanto a la presunción de buena fe consagrada en el
artículo 83 de la Carta Política, la Sala encuentra que, respecto de los cargos
formulados en el presente caso, ella está asociada a la presunción de inocencia
que favorece a la persona vinculada a toda investigación penal, presunción que
de no ser desvirtuada acarrea la absolución del funcionario sometido a las
pesquisas de que trata el artículo 294 de la ley 906 de 2004.
En conclusión, la Corte encuentra que el artículo
parcialmente demando de la ley 906 de 2004, no vulnera lo dispuesto en las
normas superiores mencionadas por el actor en el presente caso.
En
consecuencia, la Corte declaró lo siguiente:
“Declarar EXEQUIBLE la expresión “penal” contenida
en el inciso tercero del artículo 294 de la ley 906 de 2004 -Código de
Procedimiento Penal.”
A su vez, esta Corporación en sentencia C-118 de 2008
examinó, entre otras disposiciones, la constitucionalidad de la palabra “el
fiscal”, del primer inciso del artículo 294 de la Ley 906 de 2004. En dicha
ocasión, el actor sostuvo que su demanda únicamente pretendía cuestionar la
validez constitucional de la facultad única y excluyente que tiene la Fiscalía
General de la Nación para solicitar la preclusión de la investigación y el
impedimento que tiene la defensa para incoar dicha petición al juez de
conocimiento. Alegó asimismo como vulnerados, los artículos 2º, 13, 29, 228 y
229 de la Constitución y 14 del Pacto Universal de Derechos Humanos y 8º de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
La Corte consideró que el cargo no estaba llamado a
prosperar por cuanto “la exclusión a la defensa de la posibilidad de
solicitar la preclusión de la investigación penal deriva de la estructura del
sistema penal acusatorio introducido en nuestra legislación mediante el Acto
Legislativo número 3 de 2002.” Más
adelante señaló que “En tal virtud, es razonable dentro del diseño del
sistema penal acusatorio que la solicitud de preclusión de la investigación y
la consecuente terminación del proceso penal sea una facultad principalmente
atribuida a quien tiene a su cargo la investigación del delito, pues en caso
contrario el debate respecto de la ocurrencia del hecho y la responsabilidad
del imputado se adelantará en la etapa del juicio.”
En consecuencia, la Corte resolvió lo siguiente:
“Declarar EXEQUIBLES las expresiones “el
fiscal”, contenidas en los artículos 294, inciso 1º; 331, inciso 1º y 332,
inciso 1º, de la Ley 906 de 2004 y “previa solicitud del fiscal” y “al fiscal”,
contenidas en el artículo 333 de la Ley 906 de 2004”.
Luego,
la Corte en sentencia C- 806 de 2008 analizó el contenido y la finalidad
perseguida por el artículo 294 de la Ley 906 de 2004, en los siguientes
términos:
“La demandante sostiene que el artículo trascrito debe
entenderse de la siguiente manera: existe un término de treinta (30) días para
que el fiscal del caso solicite la preclusión o formule la respectiva acusación
ante el juez de conocimiento; de no hacerlo, perderá competencia, debiendo ser
designado un nuevo fiscal. En caso de que este segundo fiscal, en el mismo
término procesal, tampoco adopte una decisión en la materia, entonces el
imputado quedará en libertad inmediata, y la defensa o el Ministerio Público
solicitarán la preclusión, al juez de conocimiento. De lo anterior, la
ciudadana infiere que el legislador configuró una especie de
“preclusión-sanción”, esto es, que frente a la inactividad de la Fiscalía los
imputados no sólo quedarán en libertad, sino que además se extinguirá a su
favor la acción penal. Algunos intervinientes apoyan esta lectura de la norma
acusada, señalando que tal situación resulta ser particularmente grave en casos
de violaciones a los derechos humanos, en tanto que otros, estiman que se trata
de una interpretación errónea de la norma ya que no necesariamente el
juez de conocimiento deberá decretar en estas situaciones la preclusión; tan
sólo aquélla se le solicita por vencimiento de términos.  La Corte comparte
esta segunda interpretación de la norma legal por las siguientes razones.
Una de las principales transformaciones que introdujo
el Acto Legislativo 03 de 2002 consistió en asignar la competencia a los jueces
para decretar la preclusión de las investigaciones penales, decisión que, como
se sabe, era antiguamente del resorte de la Fiscalía General de la Nación. Al
respecto, la Corte en sentencia C-873 de 2003 consideró lo siguiente:
(…)
De igual manera, esta Corporación en sentencia C- 591
de 2005 estimó lo siguiente:
(…)
Más recientemente, la Corte en sentencia C- 920 de
2007 examinó in extenso la figura procesal de la preclusión en el nuevo sistema
penal acusatorio, en los siguientes términos:
(…)
En este orden de ideas, si bien lo usual es que la
Fiscalía General de la Nación le solicite al juez de conocimiento decretar la
preclusión de la investigación, el artículo 294 de la Ley 906 de 2004 regula un
supuesto excepcional, consistente en que, ante una omisión grave del órgano de
investigación, la defensa o el Ministerio Público quedan facultados para
solicitarle al juez decretar la preclusión de la investigación pasados sesenta
(60) días de la audiencia de imputación de cargos, sin que exista formulación
de una acusación. Señala asimismo el artículo 294 del nuevo C.P.P. una segunda
consecuencia jurídica: el imputado quedará en libertad inmediata.
Adviértase entonces que, contrario a lo sostenido por
la demandante, el juez de conocimiento no deberá declarar la preclusión de la
investigación pasados sesenta (60) días, sino que la defensa o el Ministerio
Público podrán solicitarle tal medida. En otras palabras, el juez decidirá
autónomamente si se presenta o no alguna de las causales legales que
justifiquen tal decisión.
Entendida la norma legal en términos de facultad y no
de obligación es evidente que el cargo de inconstitucionalidad por violación
del derecho fundamental de las víctimas de acceder a la justicia no está
llamado a prosperar. En efecto, el artículo 294 de la Ley 906 de 2004 no
establece una causal objetiva de extinción de la acción penal; tan sólo
pretende ponerle término a una situación procesal anormal, derivada de la
inactividad del órgano investigador, la cual termina afectando la libertad del
imputado.
Por
último, la Corte en sentencia C- 558 de 2009 decidió declarar exequible, por el
cargo analizado, el artículo 294 de la Ley 906 de 2004. En dicha ocasión, esta
Corporación entendió que la norma acusada se inscribe en el contexto del nuevo
proceso penal, orientado por el principio de celeridad, de manera que si, a
partir de la imputación, se dejan vencer los términos en detrimento de la
celeridad, se contempla la separación del caso del fiscal que ha venido
actuando en el mismo, sujeto a la correspondiente investigación disciplinaria,
la necesidad de reemplazarlo y el nuevo término para proferir las decisiones.
Para la Corte no se configuraba en este caso una omisión legislativa relativa,
atribuible a la ausencia de señalamiento de un término para que el superior
designara un nuevo fiscal, puesto que, a partir de una consideración integral
del artículo demandado, en concordancia con otras disposiciones del mismo
estatuto procesal penal, estimo que era posible señalar que el tiempo para
proferir la decisión se debía contabilizar desde la designación del nuevo
fiscal, la cual debe producirse de inmediato, razón por la cual dicho término,
en realidad, debe contarse a partir del momento en el que se venció el previsto
en el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, interpretación que, en los casos en
los que el imputado se encuentre privado de la libertad, tiene confirmación
expresa en el texto del artículo 317 del mismo ordenamiento, conforme al cual
se producirá la libertad del imputado cuando transcurridos 60 días contados a
partir de la fecha de la formulación de la imputación no se hubiere presentado
el escrito de acusación o solicitado la preclusión, con la advertencia, en la
misma disposición, de que dichos términos deben contabilizarse de manera
ininterrumpida. De este modo, según la Corte, la mora en la designación del
nuevo fiscal no afecta al imputado y no habría lugar a una dilación
injustificada del proceso. Esta precisión condujo a la declaratoria de
exequibilidad del artículo 294 de la Ley 906 de 2004, frente al cargo
estudiado.
Así
las cosas, la Corte ha entendido, al igual que lo sostiene la Vista Fiscal, que
el artículo 294 del C.P.P. regula un supuesto excepcional consistente en que,
ante un grave incumplimiento imputable al órgano de investigación, consistente
en omitir formular la acusación o plantear la preclusión ante el juez de
conocimiento durante los plazos fijados en el artículo 175 de la Ley 906 de
2004, aquél funcionario negligente será reemplazado por otro, quien deberá
corregir el entuerto en un plazo de 30 días, o de lo contrario, la defensa o el
Ministerio Público podrán  acudir ante el juez a efectos de solicitar el
decreto de la preclusión, sin que este funcionario se encuentre obligado a
decretarla.
En
este orden de ideas, los argumentos de la demandante según los cuales ciertas
expresiones del artículo 294 de la Ley 906 de 2004 vulnerarían los artículos 250
y 251 Superiores, por cuanto “de conformidad con la Carta todos,
absolutamente todo (sic) los fiscales son delegados del señor Fiscal General de
la Nación. Y todos, absolutamente todos los fiscales son competentes para
conocer de la acción penal de todos los ciudadanos y de aquellos que gozan de
fuero legal”, no configuran un cargo de inconstitucionalidad por cuanto no
se relacionan realmente con el sentido y el alcance que tiene el artículo legal
acusado. En efecto, como se explicó, el artículo 294 del C.P.P. regula un
supuesto de hecho muy concreto, no habiendo demostrado la ciudadana la
existencia de una oposición real entre aquél y los  contenidos normativos de
los artículos 250 y 251 Superiores. A decir verdad, la demandante no demuestra
en qué medida el cambio excepcional de fiscal previsto en la norma
acusada vulnera realmente los artículos referentes a las competencias
constitucionales asignadas a la Fiscalía General de la Nación (art. 250
Superior) como órgano de investigación y acusación, ni aquéllas acordadas al
Fiscal General como director de la Entidad (art. 251 constitucional).
Así
las cosas, la Corte se declarará inhibida para proferir un fallo de fondo, por
inepta demanda, en relación con las expresiones “De no hacerlo, perderá
competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su
respectivo superior” y “En este evento el superior designará un nuevo
fiscal quien deberá adoptar la decisión que corresponda en el término de
treinta (30) días, contados a partir del momento en que se le asigne el caso”,
del artículo 294 de la Ley 906 de 2004.
3.
EXAMEN DE
CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 349 DE LA LEY 906 DE 2004.
a. Texto de la norma acusada.
ARTÍCULO 349.
IMPROCEDENCIA DE ACUERDOS O NEGOCIACIONES CON EL IMPUTADO O ACUSADO. En los delitos en los cuales el sujeto activo de la
conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, no se
podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre, por lo
menos, el cincuenta por ciento del valor equivalente al incremento percibido y
se asegure el recaudo del remanente.
b. Argumentos de la demandante.
La
ciudadana sostiene que las expresiones acusadas vulneran el derecho al debido
proceso ( art. 29 de la CP), el principio de igualdad (art. 13 de la CP), los
derechos fundamentales de las víctimas, el restablecimiento del derecho y la
protección de las víctimas (art. 250 de la CP), al igual que los principios
constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad, al igual que la
prohibición de exceso.
Explica
que, según la norma acusada, donde se obtenga incremento patrimonial la víctima
puede ser indemnizada con el reintegro del 50% y con la garantía del recaudo
del remanente; “prebenda de la cual no gozan las víctimas de los delitos
donde el sujeto agente no obtenga “incremento patrimonial fruto del mismo”, con
lo cual se incurre en discriminación desfavorable y vulneración del principio
de igualdad (art. 13 superior).” A renglón seguido agrega que “Por la
indeterminación de la norma, no es claro si la medida procede en eventos de
aceptación voluntaria y unilateral de responsabilidad (allanamiento a cargos) o
bien por manifestación bilateral de culpabilidad (negociación con la Fiscalía
General de la Nación), indeterminación que concita la inconstitucionalidad de
la norma. No obstante que la jurisprudencia llegue a la conclusión que la norma
no obliga para casos de allanamiento de cargos”.
Más
adelante, la ciudadana argumenta que “la norma desprotege a otras víctimas
de delitos donde el sujeto activo ningún beneficio económico patrimonial obtuvo
o bien cuando la víctima es el colectivo social. Esa facilidad de terminación
abreviada del proceso y de garantía de indemnización no se predica para las
demás víctimas de los delitos donde no se obtenga incremento patrimonial,
distinción que no es razonable y además vulnera los derecho (sic) de la
víctima, en especial de obtener el “restablecimiento de sus derechos” (art.
250-6 C.Pol modificado por el acto legislativo No 03 de 2002)”.
Sobre
el particular, explica que la disposición acusada se torna inconstitucional por
cuanto en los delitos en los cuales obtiene incremento patrimonial, por
ejemplo, atentados contra el patrimonio económico ajeno, la víctima puede ser
rápidamente indemnizada con el pago de al menos el cincuenta por ciento de lo
apropiado y la garantía de pago de la suma remanente; mientras que la víctima
en los demás atentados, no puede lograr esa rápida indemnización y sólo podrá
acudir al incidente de reparación o bien a la vía civil, lo cual atenta contra
el principio de trato igual (art. 13 Superior).
En
desarrollo de su argumentación, sostiene que “en delitos de mayor entidad,
que por lo general no son los de contenido patrimonial, tales como abusos
sexuales, homicidio, y porqué no agregar los atentados contra bienes
colectivos, sociales, públicos o de la comunidad, en tales delitos, se repite,
el imputado o acusado puede celebrar acuerdos o preacuerdos con la Fiscalía sin
que previamente haya pagado al menos el cincuenta por ciento de la
indemnización (que no apropiación que no hay) ni garantizado o asegurado el
recaudo del remanente, lo cual es un trato desigual que repercute negativamente
para los intereses de la víctima; olvidándose que los derechos de la víctima se
han reconceptualizado en la Constitución de 1991 ( C- 454 de 2006 y C- 060 de
2008).”
A
manera de conclusión sostiene la demandante que “como se ve pues, los
intereses de la víctima, en una clase de delitos: en los que el sujeto agente
obtiene incremento patrimonial y que por lo general son los atentados contra el
patrimonio económico ajeno y que son de interés privado, se ven privilegiados
en tanto constituyen una limitación para que sea procedente y viable el acuerdo
entre imputado o acusado y la Fiscalía General de la Nación, pues en la medida
en que no se cumpla con la doble condición simultánea entonces no se puede
celebrar acuerdo o preacuerdo; mientras que para otra clase de delitos y por
los misma otra clase de víctimas, el imputado o acusado puede celebrar acuerdo
o preacuerdos con la Fiscalía sin indemnizar al menos en el cincuenta por
ciento ni garantizar el pago del remanente”.
c. Intervenciones
ciudadanas y de autoridades públicas.
1. Ministerio del Interior y de Justicia.
El
interviniente solicita a la Corte declararse inhibida para proferir un fallo de
fondo por las siguientes razones.
Los
cargos planteados por la demandante no son ciertos por cuanto le está acordando
a la norma acusada un alcance que no tiene, como es que con ella se está
impidiendo que las víctimas de delitos que no conlleven incremento patrimonial
para el procesado, tengan la oportunidad de obtener de manera abreviada la
debida reparación, lo cual no es cierto porque lo que establece la norma es
que, sin desconocer la posibilidad de que en todos los casos se termine de
manera abreviada el proceso penal por acuerdos entre el procesado y la
Fiscalía, para los casos en que haya incremento patrimonial de aquél con
ocasión del delito, se exige un requisito adicional de procedibilidad del
acuerdo mencionado.
Así
las cosas, según el interviniente, el legislador está partiendo del hecho
cierto de que el procesado, dado el incremento patrimonial que obtuvo con el
delito, cuenta con los recursos necesarios e inmediatos para restituir lo
apropiado u obtenido, ordena tener en cuenta este hecho para garantizar esta
restitución, independientemente de la indemnización de los daños causados por
el delito.
Por
último, cita el interviniente una sentencia proferida el 14 de mayo de 2009 por
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, referida precisamente a la
celebración de acuerdos y preacuerdos por parte de la Fiscalía.
2. Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
En
este punto se solicita a la Corte producir un fallo inhibitorio, por ineptitud
sustancial de la demanda. Lo anterior por cuanto “la demanda no aborda
cargos directamente relacionados con una norma constitucional infringida. Por
el contrario, la demanda se limita a exponer los diferentes problemas de
interpretación que pueden derivarse de la norma acusada”.
d. Concepto
del Procurador General de la Nación.
La
Vista Fiscal solicita a la Corte declararse inhibida para proferir un fallo de
fondo, por inepta demanda, en relación con la acusación formulada contra la
integridad del artículo 349 de la Ley 906 de 2004.
Al
respecto encuentra que la peticionaria funda sus acusaciones en confundir el
reintegro del incremento percibido producto del delito con la indemnización de
los daños causados a la víctima de aquél, rubros independientes que tienen
naturalezas jurídicas distintas. De esta manera, no es cierto que el artículo
349 del C.P.P. “impida o restrinja el derecho de las víctimas de conductas
punibles que no implican un incremento patrimonial a recibir la correspondiente
reparación de los perjuicios sufridos. En absoluto, por cuanto dicha norma lo
que hace es consagrar un requisito de procedibilidad adicional para la
terminación abreviada del proceso penal por acuerdo entre el imputado o acusado
y la fiscalía siempre que el mismo  haya obtenido una ventaja económica de su
comportamiento delictivo, sin que por ello esté anulando la posibilidad que en
todos los demás casos se materialicen tales negociaciones sin necesidad de
mediar reintegro alguno”. Cita al respecto sentencia del 14 de mayo de
2009, proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Así
las cosas, concluye el Ministerio Público afirmando que, la Corte Suprema de
Justicia, al contrastar las figuras del allanamiento de cargos y los acuerdos
entre la Fiscalía y el imputado o acusado, ha destacado que el presupuesto
contemplado en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004 rige sólo para los
segundos, “tal como se desprende de la propia literalidad de la norma y como
reconoce que está resuelto jurisprudencialmente la propia accionante”.
e.  Resolución
del caso concreto.
La
demandante sostiene que la norma acusada, al prever que resultan improcedentes
los acuerdos o negociaciones celebrados entre la Fiscalía y el imputado o
acusado, en lo casos en que se presenten las siguientes circunstancias: (i) el
sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial
fruto del mismo; (ii) no hubiese reintegrado, por lo menos, el  50% del valor
equivalente al incremento percibido; y (iii) se asegure el recaudo del remanente,
desconoce los derechos a la igualdad (art. 13 Superior), al debido proceso
(art. 29 Superior) y a la protección de las víctimas (art. 250 de la C.P.).
La
ciudadana argumenta que la anterior norma, que limita la suscripción de
acuerdos o negociaciones, termina por desproteger a las demás víctimas en donde
el acusado no obtuvo ningún beneficio económico o “cuando la víctima es el
colectivo social”. En tal sentido, las otras víctimas, por ejemplo aquellas
de delitos sexuales u homicidios, no cuentan con esa garantía de indemnización,
consistente en la suscripción de acuerdos condicionada al reintegro, al menos,
del 50% del valor equivalente al incremento patrimonial y a la garantía del
recaudo del remanente.
Siguiendo
con la misma lógica, la demandante concluye afirmando que, en todos los delitos
que sean contra el patrimonio económico, los victimarios pueden celebrar
acuerdos o preacuerdos con la Fiscalía, “sin que previamente haya pagado al
menos el cincuenta por ciento de la indemnización (que no apropiación, que no
hay), ni garantizado o asegurado el recaudo del remanente, lo cual es un trato
desigual que repercute negativamente para los intereses de la víctima”.
A manera
de conclusión sostiene la ciudadana lo siguiente:
“La ley ofrece un “premio” (permitir el acuerdo o
preacuerdo con la Fiscalía) a quienes atenten, por ejemplo, contra el
patrimonio económico, que es la clase de delitos en donde por regla general el
sujeto activo obtiene un incremento patrimonial, y que cumplen con la doble y
simultánea condición de reintegro y de garantía de pago del remanente, con lo
cual se cumple el cometido de la ley de lograr la justa indemnización para la
víctima.
Ese es un objetivo loable de la ley penal, se
indemniza a la víctima y se facilita la terminación anormal del proceso con la
colaboración del justiciable.
Pero la norma desprotege a otras víctimas de los demás
delitos, o sea, las víctimas diferentes a los atentados donde no está en juego
el patrimonio económico, quienes no podrán ser indemnizadas ni mucho menos que
se garantice el remanente; o al menos, no podrán ser indemnizadas previamente
al preacuerdo o acuerdo entre imputado o acusado con la Fiscalía General de la
Nación.”
Los
intervinientes, al igual que la Vista Fiscal, consideran que la Corte debe
declararse inhibida para proferir un fallo por inepta demanda. Al respecto
encuentran que la peticionaria funda sus acusaciones en confundir el reintegro
del incremento percibido producto del delito con la indemnización de los daños
causados a la víctima de aquél, rubros independientes que tienen naturalezas
jurídicas distintas.
En
este orden de ideas, esta Corporación estima que la demandante si planteó un
cargo de inconstitucionalidad, en el sentido de que el legislador habría vulnerado
los derechos a la igualdad, al debido proceso y a la reparación integral de las
víctimas, al disponer únicamente la improcedencia de la celebración de
acuerdos o negociaciones con el imputado o acusado, en los casos en los cuales
el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial
fruto del mismo, y hasta tanto se reintegre, “por lo mismo, el cincuenta por
ciento del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo
del remanente”, es decir, la vulneración a la Constitución se presentaría
por haber limitado la procedencia de los acuerdos o negociaciones entre la
Fiscalía y el imputado o acusado, a los casos de delitos en los cuales se
obtuvo un provecho económico, desprotegiendo de esta manera a las víctimas de
delitos mucho más graves.
En
este orden de ideas, la Corte (i) analizará el contenido y el alcance de la
norma acusada; (i) traerá a colación sus fallos sobre acuerdos y preacuerdos;
(iii) examinará los principales pronunciamientos de la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia sobre la materia; (iv) estudiará algunos aportes del
derecho comparado en materia de justicia penal negociada; y (v) resolverá el
caso concreto.
1.
Contenido y alcance de la
norma acusada.
El
artículo 349 de la Ley 906 de 2004 dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 349.
IMPROCEDENCIA DE ACUERDOS O NEGOCIACIONES CON EL IMPUTADO O ACUSADO. En los delitos en los cuales el sujeto activo de la
conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, no se
podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre, por lo
menos, el cincuenta por ciento del valor equivalente al incremento percibido y
se asegure el recaudo del remanente
La
norma en cuestión se encuentra ubicada en el Título II del C.P.P sobre “Preacuerdos
y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado”. En  tal
sentido, condiciona, que no prohíbe, la suscripción de aquéllos
en los casos en que el sujeto activo de la conducta punible hubiese “obtenido
incremento patrimonial fruto del mismo”. En tales casos, la Fiscalía y la
defensa del imputado o acusado, no podrán celebrar acuerdos o negociaciones,
hasta tanto se reintegre, por lo menos, el 50% del valor equivalente al
incremento percibido, e igualmente, “se asegure el recaudo del remanente”.
Lo
anterior significa que, en los delitos en los cuales el sujeto activo no
hubiese obtenido un incremento patrimonial fruto del mismo, el margen de
discrecionalidad con que cuentan fiscal y defensa para celebrar acuerdos o
preacuerdos será mucho mayor, que no ilimitado tampoco.
En
tal sentido, la finalidad de la norma acusada es clara: evitar que mediante las
figuras procesales de la justicia negociada, quienes hubiesen obtenido
incrementos patrimoniales derivados de los delitos cometidos, logren generosos
beneficios penales, sin que previamente hubiesen reintegrado, al menos, la
mitad de lo indebidamente apropiado, asegurando además el pago del remanente.
En otras palabras, se trata de una disposición procesal orientada a  combatir
una cierta clase de criminalidad caracterizada por la obtención de elevados
recursos económicos, la cual comprende no sólo los delitos contra el patrimonio
económico, como parece entenderlo la demandante, sino toda aquella conducta
delictiva donde el sujeto activo obtenga un provecho económico, tales como
narcotráfico o lavado de activos, así como delitos contra la administración
públicas ( vgr. peculado, concusión, cohecho, etc.). De tal suerte que,
distinto a lo sostenido por la demandante, el propósito de la norma acusada no
es crear una especie de beneficio o privilegio a favor de las víctimas de
quienes se han enriquecido con su accionar delictivo, sino asegurarse que no
disfruten de un provecho ilícito.
En
este orden de ideas, la norma acusada, antes que buscar como fin principal la
reparación de las víctimas de los delitos económicos, lo que realmente pretende
es evitar que quienes han obtenido provecho económico mediante la comisión de
delitos, puedan recurrir a los instrumentos procesales de la justicia negociada
para obtener generosos beneficios punitivos, sin comprometer sus fortunas
ilegales.
En
suma, la norma acusada no puede ser interpretada de manera aislada, sino como
un instrumento procesal que  comparte los fines y propósitos generales de la
justicia negociada.
2.
Fallos proferidos por la
Corte Constitucional en materia de acuerdos y preacuerdos.
En
diversas ocasiones, sobretodo en fallos de control abstracto de
constitucionalidad, la Corte ha examinado el tema de los acuerdos y preacuerdos
suscritos entre la Fiscalía y el imputado o acusado. Veamos.
En
sentencia C-1260 de 2005, el juez constitucional examinó varias disposiciones
de la Ley 906 de 2004, que de alguna u otra manera, versan sobre la facultad de
celebrar acuerdos y preacuerdos. Así, en primer lugar, analizó la posibilidad
con que cuenta la defensa para renunciar a los derechos a la no
autoincriminación y a tener un juicio público, oral, contradictorio,
concentrado e imparcial; todo ello, precisamente, debido a la facultad de
acudir a uno de los distintos mecanismos procesales existentes de terminación
anticipada del proceso. Lo anterior fue considerado ajustada a la Constitución,
por las siguientes razones:
“Para la Corte es claro entonces,
que la posibilidad de renunciar a un juicio público, oral, mediante la celebración
de acuerdos entre la fiscalía y el imputado, así como la aceptación de la
culpabilidad al inicio del juicio por parte del acusado, no viola las garantías
constitucionales propias del debido proceso, en la medida en que debe surtir el
control de legalidad del juez correspondiente y deben ser aprobados por el juez
de conocimiento, verificándose la no violación de derechos fundamentales y el
cumplimiento del debido proceso, y que se trata de una decisión libre,
consciente, voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, para
lo cual es imprescindible el interrogatorio personal del imputado o procesado
así como que se actuó en presencia del defensor (negrillas agregadas).
Lo anterior, por cuanto aceptado
por el procesado los hechos materia de la investigación y su responsabilidad
como autor o partícipe, y existiendo en el procesos además suficientes
elementos de juicio para dictar sentencia condenatoria, se hace innecesario el
agotamiento de todas y cada una de las etapas del proceso, por lo que procede
dictar el fallo sin haberse agotado todo el procedimiento, a fin de otorgar
pronta y cumplida justicia, sin dilaciones injustificadas, según así también se
consagra en el artículo 29 de la Constitución.
En
el mismo fallo, la Corte examinó las facultades con que cuenta el fiscal al momento
de celebrar un preacuerdo con la defensa, desde la audiencia de formulación de
la acusación, más exactamente, la posibilidad de que “Tipifique la conducta,
dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica con miras a
disminuir la pena”, en los términos del artículo 350.2 de la Ley 906 de
2004. Para esta Corporación, tal facultad se ajusta a la Constitución de manera
condicional, por las siguientes razones:
“Es
claro, entonces, que cuando el numeral acusado refiere a que el fiscal podrá
adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo –preacuerdos desde la
audiencia de formulación de imputación- en el que el imputado se declarará
culpable del delito imputado, o de uno relacionado de pena menor, a cambio de
que el fiscal “Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una
forma específica con miras a disminuir la pena”, no se refiere a la facultad
del fiscal de crear nuevos tipos penales, pues tratándose de una norma relativa
a la posibilidad de celebrar preacuerdos entre la Fiscalía y el
imputado, la facultad del fiscal en el nuevo esquema procesal penal esta
referida a una labor de adecuación típica, según la cual, se otorga al fiscal
un cierto margen de apreciación en cuanto a la imputación, pues con miras a
lograr un acuerdo se le permite definir si puede imputar una conducta o
hacer una imputación que resulte menos gravosa; pero de otro lado, en esta
negociación el Fiscal no podrá seleccionar libremente el tipo penal
correspondiente sino que deberá obrar de acuerdo con los hechos del proceso.
En efecto, en relación
con la posibilidad de celebrar preacuerdos entre el fiscal y el imputado, aquel
no tiene plena libertad para hacer la adecuación típica de la conducta,
pues se encuentra limitado por las circunstancias fácticas y jurídicas que
resultan del caso. Por lo que, aún mediando una negociación entre el fiscal y
el imputado, en la alegación conclusiva debe presentarse la adecuación típica
de la conducta según los hechos que correspondan a la descripción que
previamente ha realizado el legislador en el Código penal.
La Corte reafirma que la
facultad otorgada al fiscal de tipificar la conducta con miras a disminuir la
pena es una simple labor de adecuación y no de construcción del tipo penal por
el mismo. Las normas positivas deben consagrar previamente las conductas
punibles y concretar igualmente las sanciones que serán objeto de aplicación
por el fiscal. Por ende, se cumple a cabalidad con el principio de legalidad
penal cuando se interpreta en correspondencia con el de tipicidad plena o
taxatividad en la medida que la labor, en este caso del fiscal, se limita a
verificar si una determinada conducta se enmarca en la descripción típica legal
previamente establecida por el legislador o en una relacionada de pena menor.
En conclusión, la Corte
declarará la exequibilidad del numeral 2, del artículo 350 de la Ley 906 de
2004, que dispone que “Tipifique la conducta de su alegación conclusiva, de una
forma específica con miras a disminuir la pena”, en el entendido que el fiscal
no puede en ejercicio de esta facultad crear tipos penales; y que en todo caso,
a los hechos invocados en su alegación conclusiva no les puede dar sino la
calificación jurídica que corresponda conforme a la ley penal preexistente. (negrillas
agregadas).
Posteriormente,
en sentencia C- 516 de 2007, la Corte examinó in extenso el tema
referente a la intervención de las víctimas en los acuerdos y negociaciones
llevadas a cabo entre la Fiscalía y la defensa del acusado. En dicha ocasión,
si bien el juez constitucional consideró ajustados a la Constitución los
artículos 348, 350, 351 y 352 de la Ley 906 de 2004, referentes todos ellos a
los mencionados acuerdos y negociaciones, los hizo de manera condicionada,
precisamente, en razón de la garantía de los derechos a la verdad, la justicia
y la reparación de las víctimas.  En palabras de la Corte:
“3.5.2. La intervención de las
víctimas en los acuerdos y negociaciones
Al configurar el marco
conceptual de esta sentencia (Fundamento No. 3.1) se dejó establecido que las
víctimas de los delitos son titulares del derecho a un recurso judicial
efectivo que les garantice sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación
integral. Esa intervención debe ser compatible con los rasgos esenciales del
sistema de tendencia acusatoria introducido en la Constitución por el A.L. No.
03 de 2002.  Pasa la Corte a examinar si el legislador respetó estos
parámetros, o si como lo señalan los demandantes incurrió en una omisión
legislativa inconstitucional que vulnera los derechos de las víctimas como
intervinientes especialmente protegidos en el proceso penal.
Pues bien, artículo 11 que
tiene el carácter de principio rector del ordenamiento procesal penal establece
que el Estado garantizará el derecho de las víctimas a la administración de
justicia, en los términos allí predeterminados. En tanto que el literal f) del
mismo precepto destaca el derecho de las víctimas “A que se consideren sus
intereses al adoptar una de decisión discrecional sobre ejercicio de la
persecución del injusto”. Si bien como se anotó en aparte anterior los
mecanismos de negociación no están fundados en la aplicación de un principio
dispositivo sobre la acción penal, sino en el consenso y en la disposición
sobre algunos aspectos de la imputación,  de sus consecuencias,  y de
las etapas del procedimiento, su aplicación conlleva a decisiones con enorme
impacto sobre los derechos de las víctimas.
Si se observa
cuidadosamente el texto de los artículos 348, 350, 351 y 352, todos ellos hacen
referencia a la intervención de la Fiscalía y el imputado o acusado en la
celebración de los preacuerdos y negociaciones. Las únicas referencias expresas
a los derechos de las víctimas se encuentran en el artículo 348 que establece
como una de las finalidades de los preacuerdos la de “propiciar la reparación
integral de los perjuicios ocasionados con el injusto”, y en el artículo
351(inciso 6°) que prevé que “las reparaciones efectivas a la víctima que
puedan resultar de los preacuerdos entre fiscal e imputado o acusado pueden
aceptarse por la víctima. En caso de rehusarlos, ésta podrá acudir a las vías
judiciales pertinentes”.
Es evidente que las normas
que regulan los preacuerdos y las negociaciones, no contemplan un mecanismo de
participación de las víctimas en estas instancias procesales, ni siquiera un
papel pasivo o una intervención mediada por el fiscal. Corresponde entonces
establecer si tal omisión del legislador, como lo señalan los demandantes es
inconstitucional.
En las sentencias C-454 de
2006 y C-209 de 2007, con el fin de examinar la constitucionalidad de algunas
omisiones legislativas relativas con impacto sobre los derechos de las
víctimas, la Corte adoptó una metodología consistente en resolver cuatro
preguntas: (i) ¿Se excluye de su presupuesto fáctico a un sujeto que por
encontrarse en una situación asimilable a los que la norma contempla, debería
subsumirse dentro de ese presupuesto?; (ii) ¿Existe una razón objetiva y
suficiente que justifique esa exclusión?; (iii) ¿Se genera una desigualdad
injustificada entre los diferentes actores del proceso? y (iv) ¿Esa omisión
entraña el incumplimiento por parte del legislador de un deber constitucional,
en este caso del deber de configurar una verdadera intervención de la víctima en
el proceso penal?
Para el análisis del cargo
bajo examen, orientado a establecer si el legislador incurrió en una omisión
legislativa relativa de naturaleza inconstitucional en la regulación de los
preacuerdos y negociaciones (Arts. 348, 350, 351, 352), con poder de afectación
del derecho de las víctimas a un recurso judicial  efectivo para obtener
garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, la
Corte aplicará el mencionado precedente. Al respecto se considera:
(i) Las normas mencionadas,
en efecto,  excluyen  a la víctima de los actores procesales que
pueden intervenir en los preacuerdos y negociaciones. No se contempla un deber
del Fiscal de consultar previamente a la víctima sobre la proposición de un
preacuerdo; tampoco un deber de comunicación a la víctima de la existencia del
preacuerdo una vez se logre; ni se le faculta para intervenir en la
negociación; no se prevé un mecanismo de intervención oral o escrita de la
víctima ante el juez competente al momento en que el acuerdo es sometido a su
aprobación; al condicionar la aprobación del acuerdo por parte del juez de
conocimiento a la preservación de las garantías fundamentales, no se hace
explícita la extensión de ese control a la satisfacción de los derechos de las
víctimas.
(ii) No se observa una
razón objetiva y suficiente que justifique la exclusión de la víctima de la
facultad de intervención en los preacuerdos y las negociaciones, como quiera
que se trata de actuaciones que se desarrollan en una fase previa al juicio
oral,  justamente con el propósito de evitar esa etapa mediante una
sentencia anticipada que debe ser, en lo posible, satisfactoria para todos los
actores involucrados en el conflicto. La garantía de intervención de la víctima
en la fase de negociación no tiene entonces la potencialidad de alterar los
rasgos estructurales del sistema adversarial, ni modifica la calidad de la
víctima como interviniente especialmente protegido. Con la intervención de la
víctima en esta fase no se auspicia  una acusación privada paralela a la
del fiscal, dado que el acuerdo se basa en el consenso, el cual  debe ser
construido tomando en cuenta el punto de vista de la víctima.
Si bien es cierto que la
Constitución radicó en la Fiscalía la titularidad de la acción penal, y que la
ley le asigna un cierto nivel de discrecionalidad, propiciar la fijación de una
posición por parte de la víctima frente a los preacuerdos   y las
negociaciones no afecta la autonomía del Fiscal para investigar y acusar, ni lo
desplaza en el ejercicio de las facultades que le son propias. Por el
contrario, la intervención de la víctima provee a la justicia de información
valiosa para determinar si la pena propuesta es aceptable o no en el mejor
interés de la sociedad y de la administración de justicia. La inclusión del
punto de vista de la víctima resulta también valiosa para rectificar
información aportada por la defensa y por la fiscalía que puede conducir a
evitar una sentencia injusta que no se  adecue a la verdad de los
hechos y su gravedad.
(iii) Esta omisión genera
una desigualdad injustificada entre los distintos actores del proceso penal,
que deja en manifiesta desprotección los derechos de las víctimas.
(iv) La omisión implica a
su vez un incumplimiento por parte del legislador del deber de configurar una
intervención efectiva de la víctima en el proceso penal que le impide asegurar
el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. Reitera la
Corte que el propio código reconoce el derecho de las víctimas “a ser oídas”,
y a “que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional
sobre el ejercicio de la persecución del injusto” (Art. 11 d) y f) la Ley 906
de 2004).
De lo anterior surge que,
tal como fue diseñado por el legislador, la víctima no tiene ninguna
posibilidad de fijar su posición sobre los términos del acuerdo celebrado entre
el fiscal y el imputado o acusado, mediante el cual se puede prescindir de
hechos que pueden ser relevantes para la víctima en términos de verdad y de
justicia, y también puede afectar las consecuencias del delito (Art. 351 inciso
2°) con clara repercusión sobre el derecho a la reparación integral de la
víctima.
Teniendo en cuenta
que no existe necesaria coincidencia de intereses entre la fiscalía y la
víctima, en la etapa de la negociación de un acuerdo, los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral pueden resultar
desprotegidos en esta fase crucial y definitoria del proceso. La intervención
de la víctima en esta etapa resulta de particular trascendencia para controlar
el ejercicio de una facultad que envuelve un amplio poder discrecional para el
fiscal, sin que con ello se afecte su autonomía ni el ejercicio de las
funciones que le son propias. Resulta manifiesto que la omisión del legislador
pone en riesgo la efectividad de los derechos de la víctima y significa un
incumplimiento de los deberes constitucionales que tiene el legislador en la
protección de los derechos de la víctima, y por ello se torna inconstitucional.
La exclusión patente de las
víctimas de los procesos de negociación, no responde a las finalidades que la
misma ley le atribuye a la institución (Art. 348). No conduce a la humanización
de la actuación procesal prescindir del punto de vista del agraviado o
perjudicado en la construcción de un consenso que puede llevar a la terminación
del proceso, escenario en el que se deben hacer efectivos sus derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación. La eficacia del sistema no es un
asunto que involucre únicamente los derechos del acusado y los intereses del
Estado; no se puede predicar la eficacia del sistema cuando se priva a la
víctima de acceder a un mecanismo que pone fin al único recurso judicial
efectivo para hacer valer sus derechos a la verdad y a la justicia. Es
imposible activar de manera adecuada la solución del conflicto social que
genera el delito, y propiciar  una reparación integral  de la
víctima, si se ignora su punto de vista en la celebración de un preacuerdo o
negociación. Finalmente la titularidad del derecho de participación en las
decisiones que los afectan reposa tanto en el imputado o acusado como en la víctima
o perjudicado.
Si bien la víctima no
cuenta con un poder de veto de los preacuerdos celebrado entre la Fiscalía y el
imputado, debe ser oída (Art. 11.d) por el Fiscal y por el juez que controla la
legalidad del acuerdo. Ello con el  propósito de lograr una mejor
aproximación a los hechos, a sus circunstancias y a la magnitud del agravio,
que permita incorporar en el acuerdo, en cuanto sea posible, el interés
manifestado por la víctima. Celebrado el acuerdo  la víctima debe ser
informada del mismo a fin de que pueda estructurar una intervención ante el
juez de conocimiento cuando el preacuerdo sea sometido a su aprobación. En la
valoración del acuerdo con miras a su aprobación el juez velará por que el
mismo no desconozca o quebrante garantías fundamentales tanto del imputado o
acusado como de la víctima. (Art. 351, inciso 4°).
Así mismo, preservada la
intervención de la víctima en los términos de esta sentencia, aún retiene la
potestad de aceptar las reparaciones efectivas que puedan resultar de los
preacuerdos entre fiscal e imputado o acusado, o rehusarlas y acudir a otras
vías judiciales (Art.351. inciso 6°);  así mismo conserva la potestad de
impugnar la sentencia proferida de manera anticipada (Arts. 20 y 176),  y
promover, en su oportunidad, el incidente de reparación integral (Art.
102).
Por las razones expuestas, la
Corte declarará la exequibilidad condicionada, por los cargos analizados, de
los artículos 348, 350, 351 y 352  en el entendido que la víctima también
podrá intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdos entre la Fiscalía
y el imputado o acusado, para lo cual deberá ser oída e informada de su
celebración por el fiscal, y oída por el juez encargado de aprobar el acuerdo,
quien para su aprobación velará por que el mismo no desconozca o quebrante
garantías tanto del imputado o acusado, como de las víctimas.
A su vez, en sede de amparo, la
Corte ha examinado los institutos procesales propios de la justicia negociada.
Así, en sentencia T- 794 de 2007, analizó los fines que se persiguen con la
suscripción de acuerdos y preacuerdos:
“En
resumen, el acuerdo o la negociación comporta: el reconocimiento de
responsabilidad por parte del imputado o acusado; la existencia de un
fundamento fáctico y probatorio sobre el cual se produce el acuerdo; la
renuncia libre, conciente, voluntaria y debidamente informada del imputado o acusado
al juicio público, oral, concentrado y contradictorio; los descuentos punitivos
derivados del acuerdo. Una vez aprobado el acuerdo se convocará a audiencia
para dictar la sentencia correspondiente, mediante la cual se produce la
terminación anticipada al proceso[2].
Así mismo, la Corte centró su
análisis en el tema de los límites existentes a la suscripción de acuerdos, en
concreto, en casos de ciertos delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes:
“Significa lo anterior, que frente a la
violencia intrafamiliar y particularmente frente a delitos de alto impacto como
son los sexuales que atentan contra los derechos humanos fundamentales de los
niños, en donde el desequilibrio de poder, temor y vulnerabilidad de las
víctimas es evidente, no deben permitirse este tipo de negociaciones entre el
fiscal y los acusados. Flaco favor se hacía a la justicia, cuando la pretensión
de celeridad y agilidad en el marco del proceso público y oral, propiciaba
espacios de desprotección y revictimización de los niños.
Era evidente que en delitos tan
execrables como el acceso carnal abusivo con menores de 14 años, gracias a los
acuerdos entre fiscalía y defensa, y particularmente con base en beneficios de
confesión, se producían condenas irrisorias que fácilmente alcanzaban a
poner en entre dicho los beneficios de la justicia reparativa y generaban
desconfianza respecto del sistema de justicia. Según cifras de la Fiscalía en
el primer año de implementación del sistema  acusatorio, en Bogotá y el Eje
Cafetero se adelantaron 13.000  investigaciones por estos delitos, de las
cuales llama la atención fueron conciliadas 7000, precluidas 2000, vinculados
48 casos y sólo 4 sentencias fueron condenatorias.[3]
Así las cosas, la Corte Constitucional ha considerado
en materia de acuerdos y preacuerdos lo siguiente (i) la existencia de estas
figuras no vulnera, per se, el derecho fundamental al debido proceso;
(ii) el fiscal no cuenta con una libertad absoluta al momento de adecuar la
conducta punible; (iii) a los hechos invocados en su alegación conclusiva, el
fiscal no les puede dar sino la calificación jurídica que corresponda conforme
a la ley penal preexistente; (iv) la intervención de las víctimas en los
acuerdos y preacuerdos debe ser compatible con los rasgos esenciales del
sistema penal de tendencia acusatoria; (v) no existe una necesaria coincidencia
de intereses entre la víctima y la Fiscalía, situación que debe ser tenida en
cuenta en materia de preacuerdos; (vi) si bien la víctima no cuenta con un
poder de veto de los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la defensa, tiene
derecho a ser oída e informada acerca de su celebración;  (vii) en la
valoración del acuerdo, el juez velará porque el mismo no desconozca o
quebrante garantías fundamentales del imputado y de la víctima; y (viii) en
determinados casos, el legislador puede restringir o incluso prohibir la
celebración de acuerdos o preacuerdos.
3.
Principales
pronunciamientos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En
diversas ocasiones, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha
pronunciado en relación con la naturaleza jurídica de los acuerdos y los
preacuerdos. A efectos de la resolución del caso concreto, se traerán a
colación las siguientes decisiones.
En
fallo del 10 de mayo de 2006, radicado núm. 25.248, la CSJ se refirió al objeto
de los preacuerdos suscritos entre la Fiscalía y la defensa, en los siguientes
términos:
“El preacuerdo, para hacer referencia
únicamente a la situación planteada en la demanda, tiene como objeto “fijar los
términos de la imputación” ( artículo 350 ídem), lo cual implica la
admisibilidad por parte del imputado, en forma libre, consciente, espontánea y
voluntaria, de situaciones que, además de gozar de amparo legal y
constitucional, cuentan con un mínimo de respaldo probatorio, por lo que el
acuerdo debe determinar sin duda alguna la imputación fáctica y jurídica por la
que se ha de proferir condena. En consecuencia, debe ser objeto convenio,
habida consideración de los elementos de prueba y evidencias recaudadas, entre
otros aspectos, el grado de participación, la lesión no justificada a un bien
jurídico tutelado, una específica modalidad delictiva respecto de la conducta
ejecutada, su forma de culpabilidad y las situaciones que para el caso den
lugar a una pena menor, la sanción a imponer, los excesos en las causales de
ausencia de responsabilidad…”
Posteriormente,
en sentencia del 22 de junio de 2006, radicado núm. 24.817, la Corte interpretó
el sentido del artículo 349 de la Ley 906 de 2004, de la siguiente manera:
“Para insistir en las previsiones del artículo 349 de
la ley 906 de 2004, no en todos los casos en los que se produce un incremento
patrimonial producto de la conducta punible existe un correlativo detrimento
para una persona determinada, y tampoco en todos los eventos en que esto ocurre
es posible realizar actos de disposición.
A
renglón seguido, la CSJ examina los objetivos buscados por el incidente de
reparación integral, de la siguiente forma:
“Aparece claro que el incidente de reparación integral
tiene por objeto primordial lograr el acuerdo del declarado penalmente
responsable y de la víctima sobre los daños de todo orden causados con la
conducta punible, convenio al que obviamente se llega por la confluencia de
voluntades, es decir, porque los dos extremos de la pretensión indemnizatoria
concilian sus diferencias, sin que pueda afirmarse que se privilegia alguna de
las posiciones para obligar a la otra parte a aceptarla”
Y
más adelante, establece un paralelo entre la norma acusada y la rebaja de penas
por indemnización a las víctimas:
“La identidad  de las figuras no es completa, porque
mientras la reparación del artículo 269 del Código Penal exige la restitución
del objeto material del delito o su valor y la indemnización de los perjuicios
ocasionados al ofendido o perjudicado, el reintegro que consagra el artículo
349 del Código de Procedimiento Penal se limita al valor equivalente al
incremento percibido, lo que excluye el monto de los perjuicios causados a la
víctima y en general todas aquellas sumas que no ingresaron al patrimonio del
imputado o acusado”.
Así
pues, queda claro que, la restricción que establece el artículo 349 de la Ley
906 de 2004 a la celebración de acuerdos y preacuerdos no puede confundirse con
los fines y los desarrollos del incidente de reparación integral de las
víctimas.
Ha
insistido igualmente la CSJ        que, los preacuerdos y negociaciones
celebrados entre la Fiscalía y el imputado deben regirse por los principios de
la buena fe y la lealtad procesal, por lo que todo aquello que constituya su
objeto, que no viole garantías fundamentales o se encuentre al margen de la
ley, ha de ser incorporado de manera integral al acta correspondiente, de la
manera más clara y precisa posible, pues tales acuerdos no pueden servir para
sorprender o engañar al imputado o acusado. De allí que la propuesta fiscal
debe ser seria, concreta, inteligible y con vocación de aceptación[4].
Así
mismo, en fallos posteriores, la Corte ha insistido en las diferencias existentes
entre el requisito de procedibilidad de los acuerdos y las negociaciones,
regulado en el artículo 349 del C.P.P., y la reparación integral de las
victimas. Así por ejemplo, en sentencia del 9 de abril de 2008 sostuvo lo
siguiente:
“Debe diferenciarse, entonces, en primer lugar,
aquellos delitos que afectan el patrimonio económico público de los que
lesionan el privado, pues en los primero pues en los primeros no es admisible
la conciliación que consolidaría el detrimento del erario.
“En segundo lugar, cabe distinguir las conductas que
producen aumento patrimonial en quienes las ejecutan y un simultáneo
empobrecimiento de quienes las padecen, como todas las que afectan el
patrimonio económico público o privado, de aquellas que sólo representan
incremento para el autor, como, por regla general, las vinculadas al tráfico de
estupefacientes o el enriquecimiento ilícito de particulares.
“Con estas precisiones, se concluye,
frente al artículo 349 de la Ley 906 del 2004, que el valor reintegrable debe
ser total cuando el afectado sea el patrimonio público, cuando el incremento no
sea correlato del detrimento de un patrimonio y cuando no exista acuerdo con la
víctima privada, pero mediando éste se estará a la libre voluntad de las
partes. Idéntica solución cabe admitir respecto de la aplicación del artículo
269 del Código Penal, limitada obviamente a los delitos contra el patrimonio
económico.
“A pesar de lo anterior, no existe identidad de causa
porque mientras la rebaja de pena del Código Penal procede por la sola
reparación, la consagrada en el estatuto procesal opera por la aceptación de la
responsabilidad penal, aunque mediada por el requisito de procedibilidad del
reintegro”.
Más recientemente, en sentencia del 14 de
mayo de 2009, radicado núm. 29.473, la CSJ reiteró sus líneas jurisprudenciales
sentadas en la materia, en los siguientes términos
“En tales condiciones, resulta diáfano predicar que en
los preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado,
según el caso,  surge indispensable dar cabal cumplimiento a lo preceptuado en
el artículo 349 de la Ley 906 de 2004, en tanto que el presupuesto del
reintegro constituye motivo de procedibilidad para culminar con la terminación
abreviada del proceso.
De otro lado, compete a la fiscalía investigar el
acontecimiento delictual, acto en el cual se debe establecer, para estos
efectos, si el sujeto activo obtuvo un incremento patrimonial derivado de la
comisión de las conductas punibles, máxime cuando éste es un presupuesto de
procedibilidad de los acuerdos o negociaciones con el imputado o acusado, según
el caso.
En segundo término, la fiscalía confunde la reparación
integral con el mentado presupuesto consagrado en el artículo 349 de la Ley
906, en tanto que el primer instituto opera respecto de “los daños causados
con la conducta criminal” y se reclama una vez que se ha emitido el sentido
del fallo, según lo preceptuado por el artículo 102 y siguientes de la Ley 906
de 2004 y a través de un procedimiento contemplado para dicho incidente.
Es decir, la reparación integral a que
hace referencia la Fiscalía en el acta de preacuerdo no tiene nada que ver con
el incremento patrimonial derivado de la comisión de la conducta punible, en la
medida en que este último constituye presupuesto para la celebración de los
preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, según el
caso, y sin que tengan cabida aspectos referidos al daño causado con la
conducta delictual.
En otras palabras, el reintegro que consagra
el artículo 349 de la Ley 906 de 2004 se limita al valor equivalente al
incremento percibido por el imputado o acusado, según el caso, derivado del
comportamiento delincuencial, esto es, que excluye el monto de los perjuicios
causados a la víctima. (negrillas
agregadas).
En
suma, para la CSJ el artículo 349 de la Ley 906 de 2004, debe entenderse en el
sentido de (i) se trata de un requisito de procedibilidad los acuerdos y
negociaciones celebradas entre la Fiscalía y el imputado o acusado, según el
caso; (ii) resulta pertinente, para su aplicación, tener en cuenta si el delito
afecto el patrimonio público o privado; (iii) la devolución del incremento
patrimonial producto de la conducta punible no debe confundirse con la
reparación integral de la víctima; y (iv) es deber de la Fiscalía investigar el
monto del incremento patrimonial antes de celebrar el acuerdo o la negociación.
4.
Resolución del caso
concreto.
En
el caso concreto, la ciudadana demanda el artículo 349 de la Ley 906 de 2004,
por cuanto entiende que el legislador vulneró el derecho al debido proceso, a
la igualdad, así como los derechos de las víctimas, en la medida en que dispuso
como limitante para la celebración de acuerdos y negociaciones entre la
Fiscalía y la defensa que el acusado reintegrara el 50% del equivalente del
valor percibido por su conducta y asegurara el pago del remanente, disposición
que no existe para los demás delitos. En otras palabras, según la argumentación
de la demandante, se estaría privilegiando injustificadamente a las víctimas de
los delitos de contenido económico por cuanto éstas tendrán mayores
posibilidades de ser reparadas que las demás, incluso aquellas de delitos
sexuales, en la medida en que se exige al victimario asegurar el pago de lo
apropiado para poder negociar su pena con la Fiscalía. No comparte la Corte
tales apreciaciones, por las razones que pasan a explicarse.
a.
Los fines de la norma acusada. Como se ha indicado, la finalidad del artículo 349
del C.P.P. no se encamina a establecer privilegio alguno entre las víctimas,
sino a que quienes hubiesen obtenido un provecho indebido con su actuar, no
puedan disfrutarlo.
b.
La norma no apunta
exclusivamente a los delitos contra el patrimonio económico. El artículo 349 del C.P.P. alude a todo delito en el
cual el acusado hubiese obtenido un “incremento patrimonial fruto del mismo”,
situación que se presenta no sólo en el caso de los clásicos delitos contra el
patrimonio económico de un particular (vgr. hurto, estafa, abuso de confianza,
etc), sino en conductas que atentan contra la administración pública (vgr.
peculado, concusión, etc) o contra la salud o seguridad públicas (narcotráfico,
lavado de activos, enriquecimiento ilícito, etc). En otras palabras, el
espectro de perjudicados con la conducta punible, no resulta ser más amplio que
aquel señalado por la demandante, sino que algunos casos no existen víctimas
directas del delito.
c.
En toda negociación, los
derechos de las víctimas deben ser garantizados. Como se ha indicado, la jurisprudencia
constitucional ha indicado que los procesos de justicia negociada no pueden ser
ajenos a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia y la reparación, lo cual significa que el juez que los apruebe deberá
escucharlas y tomar en consideración sus derechos. De tal suerte que la norma
acusada no puede ser entendida como un mecanismo encaminado a privilegiar a
unas víctimas sobre otras, por cuanto, en cualquier negociación que se realice
entre la Fiscalía y la defensa, aquéllas deberán ser escuchadas.
d.
La norma acusada no puede
confundirse con el incidente de reparación integral. Se ha precisado que la aplicación del artículo 349
del C.P.P. no puede confundirse en cuanto a sus fines y objeto con aquellos del
incidente de reparación integral. En efecto, para celebrar la negociación, el
legislador obliga al acusado a reintegrar, al menos, el 50% del incremento
patrimonial obtenido y a asegurar el pago del remanente, lo cual no implica una
reparación integral a las víctimas.
e.
Efectos de extender la figura a
todos los delitos. Si en gracia de
discusión se aceptase la argumentación planteada por la demandante se llegaría
a la siguiente situación: sólo los victimarios que contasen con recursos
económicos podrían beneficiarse de la aplicación de las figuras procesales
propias de la justicia negociada. Se establecería, de esta forma, una
discriminación entre los procesados.
Así
las cosas, la Corte declarará exequible el artículo 349 de la Ley 906 de 2004,
por los cargos analizados.
4.
EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD
DE LOS ARTÍCULOS 454 DE LA LEY 906 DE 2004 Y 189 DE LA LEY 1098 DE 2006.
a. Textos de las normas acusadas.
“ARTÍCULO 454 de la Ley 906 de 2004.  PRINCIPIO DE
CONCENTRACIÓN. La audiencia del
juicio oral deberá ser continua salvo que se trate de situaciones
sobrevinientes de manifiesta gravedad, y sin existir otra alternativa viable,
en cuyo caso podrá suspenderse por el tiempo que dure el fenómeno que ha
motivado la suspensión.
El juez podrá decretar recesos, máximo por dos (2)
horas cuando no comparezca un testigo y deba hacérsele comparecer
coactivamente.
Si el término de suspensión incide por el transcurso
del tiempo en la memoria de lo sucedido en la audiencia y, sobre todo de los
resultados de las pruebas practicadas, esta se repetirá. Igual procedimiento se
realizará si en cualquier etapa del juicio oral se debe cambiar al juez.
ARTÍCULO 189 de la Ley 1098 de 2006. IMPOSICIÓN DE LA
SANCIÓN. Concluidos los alegatos
de los intervinientes en la audiencia del juicio oral el juez declarará si hay
lugar o no a la imposición de medida de protección, citará a audiencia para la
imposición de la sanción a la cual deberá asistir la Defensoría de Familia para
presentar un estudio que contendrá por lo menos los siguientes aspectos:
Situación familiar, económica, social, psicológica y cultural del adolescente y
cualquier otra materia que a juicio del funcionario sea de relevancia para
imposición de la sanción. Escuchada la Defensoría de Familia el juez impondrá
la sanción que corresponda.
Las sanciones se impondrán en la audiencia de juicio
oral que debe ser continua y privada, so pena de nulidad. Si la audiencia de
juicio no puede realizarse en una sola jornada, continuará durante todas las
audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. Se podrá
suspender por un plazo máximo de 10 días hábiles y la interrupción por más
tiempo conlleva a la nueva realización del debate desde su inicio.
b. Argumentos de la demandante.
Dado
que la norma prevé la repetición del juicio oral cuando se presente un cambio
del juez, la demandante alega vulneración del artículo 125 Superior, por cuanto
“si el funcionario judicial que está presidiendo una audiencia pública de
juzgamiento o de imposición de sanción, luego de agotado el concurso y el
curso-concurso de la Rama Judicial obtiene su ingreso para un cargo superior,
entonces tiene dos opciones: una, no acepta para no interrumpir el juicio, en
cuyo caso perderá la oportunidad de ascenso pues la prórroga para la posesión
no puede ser indefinida según los términos de la Ley 270 de 1996; o en segundo
lugar, acepta el nombramiento, en cuyo caso, se debe repetir la audiencia de
imposición de sanción. Cuando se repita el juicio, siempre subsistirá la
posibilidad de que esa situación se presente con el nuevo juez reemplazante, y
así sucesivamente en cuyo caso no podrá terminar el juicio oral, al menos en un
plazo razonable como ordena la Carta ( arts. 29 y 228)”.
Al
respecto concluye afirmando que “en un Estado constitucional el mérito debe
ser el único factor determinante que permite el acceso en igualdad de
oportunidades para todos los ciudadanos en cargos públicos de carrera, y ese es
el derecho del cual no se puede privar al funcionario judicial que preside un
extenso y prolongado juicio público en materia penal o bien es cambiado en el
término de diez días”.
Como
segundo argumento de constitucionalidad, explica que las normas acusadas no
cumplen con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 270 de 1996, en punto a
tener en cuenta los avances tecnológicos.
En
tal sentido, afirma que resulta inconcebible que los avances tecnológicos
(audio y video) puedan ser tenidos en cuenta por las instancias superiores
(Tribunal de apelación y Corte Suprema de Justicia) al momento de desatar los
respectivos recursos, pero no por el propio juez que ha venido presenciando el
juicio oral.  Sobre el particular, sostiene que “no es posible cumplir con
la norma de la Ley Estatutaria si solamente sirve para una misma persona en
primera instancia, mientras que en apelación y casación otros sí lo pueden
hacer y quienes nunca presenciaron directamente “y en vivo” el desarrollo del
debate oral”.
Como
tercer argumento, plantea que las normas acusadas son irrazonables y
desproporcionadas, pues no tienen en cuenta los avances de la ciencia
aplicables en materia de oralidad, en especial, lo que tiene que ver con el
registro sonoro y fílmico de las audiencias públicas del juicio oral o
reservadas de los adolescentes infractores.
Precisamente,
son los videos y las grabaciones las que le permiten a los intervinientes en el
proceso penal recordar lo acontecido durante el juicio, sin que se justifique
tener que repetir la audiencia de juzgamiento debido al cambio de juez. De
hecho, los funcionarios de segunda instancia pueden ver videos correspondientes
a audiencias que han tenido lugar hace mucho tiempo, motivo por el cual “no
se ve razón alguna para que el funcionario de primera instancia no pueda
hacerlo cuando pasan varios días del juicio oral o bien cuando es reemplazado
por otro funcionario. Así que quien reemplaza al funcionario de primera
instancia también puede ver, analizar y estudiar las pruebas practicadas ante
su homólogo a quien reemplaza”.
De
tal suerte que, “la repetición prevista del juicio oral termina siendo una
medida desproporcionada, que atenta contra la eficacia de la administración de
justicia…la sanción de la repetición del juicio es irrazonable y
desproporcionada, así como excesiva, de cara a los adelantos tecnológicos que
permiten superar fácilmente esa situación.”
En
este orden de ideas, para la ciudadana, la repetición del juicio oral configura
una violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable y a ser juzgado
sin dilaciones injustificadas (art. 29 superior).
De
igual manera, sostiene que las normas acusadas desconocen los derechos de las
víctimas, por cuanto “en la medida en que se tenga que repetir la totalidad
del juicio por cambio de juez o por el simple transcurso de diez días hábiles,
los derechos de la víctima se desconocen”, generándose una segunda
victimización, cuando lo cierto es que se puede acudir a otra vía menos
traumática, cual es precisamente la revisión de los audios o videos por el
nuevo juez reemplazante. Piénsese, por ejemplo, en un caso de acceso carnal con
una menor de edad, quien nuevamente tendrá que rendir su testimonio en el
juicio oral.
Por
último, la demandante trae a colación numerosos fallos de la Corte proferidos
en relación con el tema de los derechos de las víctimas en el proceso penal.
c. Intervenciones ciudadanas y de autoridades públicas.
1. Ministerio del Interior y de Justicia.
El
interviniente sostiene que, en el presente caso, se debe aplicar el precedente
sentado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 30
de enero de 2008, según el cual el sistema penal acusatorio se soporta sobre
dos grandes pilares: la inmediación y la concentración. Se requiere, por tanto,
la percepción directa del juez y la apreciación de las pruebas, durante un
tiempo que no puede ser prologado.
Así
las cosas, si no se presenta una permanencia del juez durante el debate
probatorio, no se estarían respetando los mencionados principios del proceso
penal. De allí que la no repetición del juicio oral, cuando se presente un
cambio de juez, desconoce el principio de inmediatez.
Por
último, señala que tampoco se presenta violación del artículo 40.7 Superior,
por cuanto las audiencias no son tan prolongadas o indefinidas que terminen
afectando el derecho que tiene un funcionario judicial de ser ascendido.
2. Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
El
interviniente considera que el último apartado de la norma “igual
procedimiento se realizará si en cualquier etapa del juicio oral se debe
cambiar el juez”, debe ser declarado exequible sin condicionamiento alguno.
Lo anterior por cuanto “se subsume con absoluta lógica en los principios
constitucionales de inmediación y concentración. La Constitución exige como
prerrogativa de nuestro  modelo de justicia adversarial o acusatoria, que el
juicio no esté marcado ni afectado por ningún tipo de dilación injustificada o
irrazonable, queriéndose una marcada celeridad en la cual el funcionario
judicial esté lo más próximo y cercano posible a todo momento de la práctica de
la prueba. De tal forma que se erige como absolutamente excepcional la práctica
de pruebas anticipadas, y se prohíben figuras como la prueba trasladada y la
comisión para la práctica de pruebas.”
Concluye
el interviniente sosteniendo que, resulta abierta y manifiestamente contrario
al principio de inmediación que un funcionario diferente al que observó la
práctica de la prueba resulte valorándola. De allí que, los recursos
tecnológicos no sean suficientes para suplir la inmediatez. Con todo, el
ciudadano Sampedro plantea un caso exceptivo “si la prueba producida e
incorporada ante el juez anterior ha desaparecido por  cualquier motivo, y por
ende no puede repetirse, debe tenerse como válida ante el nuevo juez. Lo
anterior encuentra fundamento en que causaría perjuicios irrazonables y
desproporcionados tanto a las víctimas como a la defensa, someterse a un nuevo
juicio donde puede haber desaparecido la posibilidad de incorporar nuevamente
una prueba, por el hecho de haberse modificado al juez original de la causa”.
d.
Concepto del Procurador
General de la Nación.
La
Vista Fiscal conceptúa en el sentido de que la Corte debe declarar exequibles
las expresiones “Si el término de suspensión incide por el transcurso del
tiempo en la memoria de lo sucedido en la audiencia y, sobre todo de los
resultados de las pruebas practicadas, esta se repetirá. Igual procedimiento se
realizará si en cualquier etapa del juicio oral se debe cambiar al juez”,
del artículo 454 de la Ley 906 de 2004 y “Se podrá suspender por un plazo
máximo de 10 días hábiles y la interrupción por más tiempo conlleva a la nueva
realización del debate desde su inicio”, del artículo 189 de la Ley 1098 de
2006, bajo el entendido que el juez podrá repetir la audiencia, siempre y
cuando justifique en forma razonada y proporcional su decisión.
En
tal sentido, luego de examinar diversos fallos emitidos por la Corte
Constitucional y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en materia de
principios orientadores del proceso penal acusatorio, la Vista Fiscal señala
que (i) los principios de concentración e inmediación de la prueba propenden
porque el juicio no se vea sometido a interrupciones y dilaciones injustificadas;
(ii) el cambio de juez y la prolongación en el tiempo incide en la memoria de
lo sucedido, lo cual justificaría la repetición del juicio; (iii) empero, dicha
posibilidad de repetición del juicio debe verse sometida previamente a una
valoración por parte del juez de conocimiento bajo criterios de razonabilidad y
proporcionalidad.
Así
las cosas, concluye que el cambio de juez y la prolongación en el tiempo del
juicio oral no conllevan necesaria o automáticamente una repetición del juicio,
pues antes de ello debe hacerse uso de los medios tecnológicos de registro y
reproducción audiovisual de los que se dispone y que viabilizan la continuidad
del juicio, derivada del principio de contradicción. Empero, “si luego de
una valoración razonable y proporcional el juez considera menester la
repetición del juicio, dicha posibilidad pretende hacer efectivos los
principios de inmediación de la prueba y sólo caso a caso podrá determinarse si
justificó la dilación del proceso, si comprometió el derecho fundamental al
debido proceso o el sentido de la justicia, o inclusive si violentó la dignidad
de las partes”.
e.
Resolución del caso
concreto.
En
el caso concreto, la ciudadana demanda las expresiones “Si el término de
suspensión incide por el transcurso del tiempo en la memoria de lo sucedido en
la audiencia y, sobre todo de los resultados de las pruebas practicadas, esta
se repetirá. Igual procedimiento se realizará si en cualquier etapa del juicio
oral se debe cambiar al juez”, del artículo 454 de la Ley 906 de 2004, al
igual que el segmento normativo “Se podrá suspender por un plazo máximo de
10 días hábiles y la interrupción por más tiempo conlleva a la nueva
realización del debate desde su inicio” del artículo 189 de la Ley 1098 de
2006, alegando que las mismas vulneran tanto el derecho que tiene el
procesado como las víctimas a un debido proceso sin dilaciones injustificadas
(art. 29 Superior). Lo anterior por cuanto, a su juicio, hoy en día se cuenta
con medios tecnológicos, tales como videos y audios, que permiten al juez de la
causa, o a quien lo reemplace, tener acceso a las pruebas practicadas, sin que
sea necesario repetirlas, situación que en ocasiones es imposible (desaparición
del material probatorio), o traumático para las víctimas y testigos del
proceso.
Las
opiniones de los intervinientes coinciden en señalar que la repetición de la
respectiva audiencia se justica por cuanto se trata de aplicar los principios
de concentración e inmediatez de la prueba, propios de un sistema acusatorio.
En tal sentido, por ejemplo, el paso del tiempo o el cambio del fallador
justifican, en su opinión, repetir la audiencia de juzgamiento. La Vista
Fiscal, por el contrario, si bien reafirma la vigencia e importancia de tales
principios procesales, estima que la Corte debe condicionar la exequibilidad de
las mencionadas normas acusadas, “bajo el entendido que el juez podrá
repetir la audiencia, siempre y cuando justifique en forma razonada y
proporcional su decisión.” Lo anterior, por cuanto, en su concepto,
existirán situaciones en las cuales realmente no se justifica repetir toda una
actuación procesal, debido a los traumatismos que ello comporta para la administración
de justicia, las partes e intervinientes procesales.
Puestas
así las cosas, la Corte (i) analizará el contenido y el alcance de las normas
acusadas; (ii) traerá a colación sus pronunciamientos acerca de los principios
de inmediatez y concentración de la prueba; y (iii) resolverá el caso concreto.
1.
Contenidos y alcances de
las normas acusadas.
El
artículo 454 de la Ley 906 de 2004 se encuentra ubicado en el Título V del
C.P.P. titulado “Suspensiones de la audiencia del juicio oral”, siendo,
a su vez, la única disposición que lo conforma.
Pues bien, la comprensión del segmento normativo
acusado según el cual “Si el término de suspensión incide por el transcurso
del tiempo en la memoria de lo sucedido en la audiencia y, sobre todo de los
resultados de las pruebas practicadas, esta se repetirá. Igual procedimiento se
realizará si en cualquier etapa del juicio oral se debe cambiar al juez”,
pasa por entender que el mismo hace parte de un artículo que regula el
principio de concentración de la prueba en el sistema penal acusatorio, según
el cual, aquélla debe practicarse durante el juicio oral ante el respectivo
juzgador.
Por
tal razón, el legislador dispuso la audiencia del juicio oral deberá ser
continua, salvo que se esté ante un situación sobreviniente y grave que lo
impida, en cuyo caso podrá suspenderse por el tiempo que dure el fenómeno que
ha motivado la suspensión.
Previó
asimismo el legislador que el juez pueda decretar recesos, máximo por dos
horas, cuando no comparezca un testigo y deba ser conducido coercitivamente a
la audiencia.
Finalmente,
y es la hipótesis que se demanda, si el término de suspensión de la audiencia
termina por afectar el recuerdo de lo sucedido en ella, y sobretodo los
resultados de las pruebas practicas, aquélla deberá repetirse. Se prevé
igualmente tal consecuencia jurídica para los casos de cambio de juez durante
la etapa del juicio oral.
Adviértase
entonces que el legislador planteó realmente dos situaciones, una primera,
mucho más subjetiva y amplia, consistente en determinar si la
suspensión de la audiencia, debido a la ocurrencia de una determinada causa
sobreviniente, afecta la memoria de lo acontecido en ella, en especial, lo
relacionado con las pruebas practicadas; y una segunda, de contenido objetivo,
por cuanto basta con constatar el cambio de fallador para aplicar la
consecuencia jurídica: la repetición de la audiencia de juzgamiento.
En
tal sentido, el planteamiento de la demandante apunta a señalar que la
previsión de ambas hipótesis termina por afectar el derecho al debido proceso,
por cuanto siempre se contará con la posibilidad de recurrir a los videos y a
los audios para recordar lo acontecido o para que el nuevo juzgador tenga
conocimiento de lo que pasó durante la audiencia. Situación que, por lo demás,
se presenta cotidianamente en los jueces que resuelven las apelaciones, al
igual que las casaciones, quienes tampoco presenciarlos el juicio oral, sino
que se sirven de los medios que la tecnología las aporta.
Por
otra parte, la expresión “Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días
hábiles y la interrupción por más tiempo conlleva a la nueva realización del
debate desde su inicio”, hace parte del artículo 189 de la Ley 1098 de
2006, o Código de la Infancia y la Adolescencia, titulado “Imposición de la
sanción”, el cual, a su vez, se encuentra ubicado en el Capítulo V sobre “Sanciones”.
A
semejanza de lo regulado en el C.P.P., en la Ley 1098 de 2006 se prevé que la
audiencia del juicio oral deberá ser continua “y privada, so pena de nulidad”.
Se prevé igualmente que si aquélla ni puede ser realizada en una sola jornada,
continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias
hasta su conclusión. A renglón seguido, se establece una previsión, que es la
acusada, según la cual, la audiencia se puede suspender hasta por días hábiles;
en caso de sobrepasarse tal término, se deberá realizar de nuevo toda la
audiencia. En otros términos, se consagra el principio de concentración de la
prueba, cuya principal manifestación es la consecutividad de la audiencia de
juzgamiento, previendo que de llegar a sobrepasarse un término procesal (10
días hábiles) de interrupción de la misma, se deberá repetir todo lo actuado,
es decir, una causal objetiva basada en el transcurso del tiempo.
Según
la demandante, en estos casos, al igual que sucede en los procesos penales
adelantados contra adultos, no se justifica repetir la audiencia de
juzgamiento, por cuanto basta con recurrir a los videos y a las
correspondientes grabaciones para comprender lo sucedido durante la audiencia
de juzgamiento. Entender lo contrario, según la ciudadana, desconoce el derecho
a ser juzgado sin dilaciones injustificadas.
En
definitiva, las normas acusadas, fundadas en los principios rectores de
concentración e inmediatez de la prueba, disponen la repetición de la audiencia
de juzgamiento, para situaciones relacionadas con el transcurso del tiempo o el
cambio del fallador, casos en los cuales, o bien se afecta el recuerdo de lo
sucedido, o sencillamente no se tiene conocimiento alguno de lo acontecido.
2.
Principales fallos de la
Corte Constitucional sobre los principios de inmediatez y concentración de la
prueba.
En diversas ocasiones, la Corte ha examinado el
contenido de los principios de inmediatez y concentración de la prueba en el
sistema penal acusatorio. Veamos.
En sentencia C-873 de 2003, con ocasión de una demanda
presentada contra el Acto Legislativo 03 de 2002, esta Corporación examinó los
rasgos esenciales y definitorios del mencionado sistema, en los siguientes
términos:
“(a) En cuanto a las etapas del procedimiento,
se mantuvo la distinción entre la fase de investigación –encaminada a
determinar si hay méritos para acusar- y la fase de juzgamiento, pero se otorgó
una clara preponderancia, bajo el nuevo sistema, a ésta última; ya se vio cómo
el Constituyente derivado de 2002 caracterizó el juicio penal como una etapa
regida por la oralidad, la publicidad, la inmediación de las pruebas, la
contradicción, la concentración y el respeto por todas las garantías
fundamentales. La etapa del juicio se constituye, así, en el centro de
gravedad del proceso penal bajo el sistema instituido por el Acto Legislativo,
a diferencia del sistema de 1991, que conservó la importancia de la etapa de
investigación[5]. En efecto, bajo el
sistema preexistente, es durante la investigación que lleva a cabo la Fiscalía
que se practican y valoran las pruebas que obran dentro del proceso, por parte
de un funcionario que ejerce funciones judiciales e investigativas al mismo
tiempo. En virtud del Acto Legislativo, el trabajo investigativo de la Fiscalía
constituye más una preparación para el juicio, que es público y oral, durante
el cual (i) se practicarán y valorarán, en forma pública y con participación
directa del imputado, las pruebas que se hayan podido recaudar, en aplicación
de los principios de inmediación judicial  y contradicción de la prueba,
(ii) se aplicará el principio de concentración, en virtud del
cual las pruebas serán evaluadas en su integridad y de manera global durante
una etapa procesal de corta duración que otorgue al juez, y al
jurado según el caso, una visión de conjunto y le permita fundamentar sus
decisiones en la totalidad de las pruebas existentes, y (iii) se adoptarán, con
igual publicidad, las decisiones definitivas a las que haya lugar respecto de
la responsabilidad penal del acusado.(negrillas
y subrayados agregados).
Posteriormente, en sentencia C- 591 de 2005, la Corte
examinó diversas disposiciones de la Ley 906 de 2004. En dicha ocasión, el juez
constitucional ahondó en la importancia de los principios de inmediatez y
concentración de la prueba en el juicio oral, a propósito del examen de
constitucionalidad de las denominadas pruebas anticipadas:
2. La práctica de pruebas anticipadas, en
circunstancias excepcionales no vulnera el principio de inmediación de la
prueba en un sistema acusatorio.
La ciudadana demanda la inconstitucionalidad de las
expresiones “Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en
este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma
anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías” y “la
práctica de una prueba anticipada”, de los artículos 16 y 154 del C.P.P.
respectivamente, así como la totalidad del artículo 284 de la misma
normatividad, por cuanto, a su juicio, constituyen vulneraciones al principio
de inmediación de la prueba, consagrado en el nuevo artículo 250.4
constitucional, ya que “lo que el constituyente quiso al constitucionalizar
esa expresión es que en presencia del juez de conocimiento desfile toda la
prueba y sobre esa universalidad, luego de oír a las partes, decida. Y en
cambio con la prueba anticipada, propuesta por el legislador, se propone que
prueba que no ha sido practicada de frente al juez que decide, la tenga en
cuenta para fundamentar su decisión final”. En otras palabras, la demandante
plantea un cargo de inconstitucionalidad global según el cual la figura de la
prueba anticipada es inconcebible en un sistema procesal acusatorio, y por
ende, los artículos legales que la regulan resultarían ser contrarios a la
Constitución.
La totalidad de los intervinientes, al igual que la
Vista Fiscal, consideran que las normas legales acusadas deben ser declaradas
exequibles, por cuanto, en determinados casos excepcionales, se justifica la
práctica de pruebas anticipadas ante el juez de control de garantías. En igual
sentido se pronunciará la Corte, por las razones que pasan a explicarse.
En efecto, las modificaciones introducidas al proceso
penal mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 inciden en el régimen probatorio,
por cuanto la construcción de la prueba cambia de escenario, en el sentido de
que se abandona el principio de permanencia de la prueba, según el cual
las pruebas practicadas por la Fiscalía General de la Nación desde la indagación
preliminar tienen validez para dictar una sentencia, por aquellos de
concentración e inmediación de la prueba practicada en el curso de un juicio
oral, público y con todas las garantías. De tal suerte que los elementos
materiales probatorios y las evidencias recaudadas durante la investigación, si
bien sirven de soporte para imponer medidas restrictivas al ejercicio de los
derechos fundamentales, no pueden ser el fundamento de  una sentencia
condenatoria, decisión que debe estar soportada en pruebas practicadas durante
el juicio oral.
En tal sentido, la prueba deja de encontrarse dispersa
en varios escenarios procesales, escrita, secreta y valorada por un funcionario
judicial que no tuvo incidencia en su recaudo, para ser practicada de forma
concentrada en el curso de un juicio oral, público y con todas las garantías
procesales.
Además es preciso tener en cuenta, que el nuevo modelo
acusatorio es un sistema de partes, según el cual, el imputado ya no es un
sujeto pasivo en el proceso, como lo era bajo el modelo inquisitivo, sino que
demanda su participación activa, incluso desde antes de la formulación de la
imputación de cargos. Por lo que, sin considerar una inversión de la presunción
de inocencia, las cargas procesales se distribuyen entre la Fiscalía y el
investigado, imputado o procesado a quien le corresponde aportar elementos de
juicio que permitan confrontar los alegatos del acusador, e inclusive los
aportados por la víctima a quien también se le permite la posibilidad de
enfrentar al imputado.
En efecto, durante la etapa preprocesal de indagación,
al igual que en el curso de la investigación, no se practican realmente “pruebas”,
salvo las anticipadas de manera excepcional, sino que se recaudan, tanto por la
Fiscalía como por el indiciado o imputado, elementos materiales probatorios,
evidencia física e información, tales como las huellas, los rastros, las armas,
los efectos provenientes del delito, y los mensajes de datos, entre otros. En
el escrito de acusación, el cual se presenta ante el juez de conocimiento en el
curso de una audiencia de formulación de acusación, el fiscal deberá descubrir
las pruebas de cargo, incluyendo los elementos favorables al acusado. A su vez,
podrá solicitarle al juez que ordene a la defensa entregarle copia de los
elementos materiales de convicción, de las declaraciones juradas y demás medios
probatorios que pretenda hacer valer en el juicio. Posteriormente, en el curso
de la audiencia preparatoria, la Fiscalía y la defensa deberán enunciarle al
juez de conocimiento la totalidad de las pruebas que harán valer en el juicio
oral,  pudiendo solicitársele la aplicación de la regla de exclusión. Finalmente,
en virtud del principio de inmediación de la prueba en el juicio oral, se
practicarán las pruebas que servirán para fundamentar una sentencia.
En efecto, el principio de inmediación de la
prueba, es definido por Pfeiffer  como aquella posibilidad “que tiene
el juez de conocimiento de percibir directamente la práctica de pruebas para
tomar la decisión acertada en el campo de la responsabilidad penal”[6].
De tal suerte que, la aplicación del mismo en un sistema procesal penal
acusatorio resulta de cardinal importancia, por cuanto es precisamente durante
el juicio oral cuando deben practicarse las pruebas ante el juez que va a
dictar sentencia. De allí que, a luz de dicho principio, según Roxin[7],
el juez debe proferir una sentencia de acuerdo con sus propias impresiones
personales, que obtiene del acusado y de los medios de prueba en el curso del
juicio oral, lo cual no es óbice para que, en casos excepcionales, se puedan
practicar pruebas anticipadas, a condición de que se respeten todas las
garantías procesales[8].
Ahora bien, el examen de constitucionalidad de las
pruebas anticipadas en el nuevo C.P.P. debe realizarse, no sólo frente a la
expresión “con inmediación de las pruebas” del artículo 250.4 Superior, como lo
pretende la demandante, sino además tomando en consideración otros artículos de
la Constitución como el 29 y el 250.1.
En tal sentido, el artículo 29 dispone que toda
persona tiene derecho a “presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen
en su contra”, e igualmente que “es nula de pleno derecho la prueba obtenida
con violación del debido proceso”. De allí que, en materia probatoria, rigen
los principios de legalidad de la prueba, contradicción y publicidad, los que
se cumplen respecto de la practica de pruebas anticipadas según lo dispone el
artículo 284 del C.P.P., y por lo tanto, la posibilidad de la práctica de éstas
pruebas anticipadas es una particularidad de nuestro sistema procesal penal,
que se ajusta a la Constitución como pasa a explicarse.
(…)
En tal sentido, la regulación legal de la prueba
anticipada también se ajusta al principio de contradicción por cuanto el
artículo 284.4 del nuevo C.P.P. dispone que la misma se debe practicar en
audiencia pública “y con observancia de las reglas previstas para la práctica
de pruebas en juicio”. De igual forma, de conformidad con el segundo parágrafo
de la misma norma, contra la decisión de practicar una prueba anticipada “proceden
los recursos ordinarios”, y si ésta es negada, la parte interesada podrá acudir
de inmediato, y por una sola vez, ante otro juez de control de garantías con el
propósito de que éste reconsidere la medida, no siendo su decisión objeto de
recurso.
Además, en atención al tercer parágrafo del artículo
284 del C.P.P., de ser posible, el juez ordenará la repetición de dicha
prueba en el desarrollo del juicio oral.
Finalmente, en sentencia C- 1260 de 2005, la Corte
reiteró sus líneas jurisprudenciales en materia de inmediatez y concentración
de la prueba, en los siguientes términos:
“La implementación del nuevo sistema procesal penal de
tendencia acusatoria implicó cambios estructurales en el sistema de
investigación, acusación y juzgamiento. Uno de ellos, fue precisamente en
materia del descubrimiento de las pruebas al señalar el inciso final del
artículo 250 Constitucional, que “En el evento de presentarse escrito de
acusación, el Fiscal General o sus delegados deberán suministrar, por conducto
del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de
que tenga noticia incluidos los que le sean favorables al procesado”, lo cual
implica que las pruebas habrán de practicarse dentro de la etapa de juzgamiento
con todas las garantías procesales propias como las de publicidad y
contradicción.
Por consiguiente, como lo ha interpretado este
Tribunal Constitucional en los precedentes reseñados, según el nuevo modelo
procesal penal, es la etapa del juicio la oportunidad en que habrán de
practicarse y valorarse las pruebas bajo las garantías procesales de publicidad
y defensa, y con aplicación de los principios de inmediación, contradicción y
concentración de la prueba. Por lo tanto, según el nuevo sistema, al haberse abandonado
el principio de permanencia de la prueba y regir los de concentración e
inmediación de la misma en el curso de un juicio público y bajo todas las
garantías procesales, en la etapa de investigación no se practican realmente
pruebas sino que, tanto la Fiscalía como la defensa, recaudan elementos
materiales probatorios y evidencias físicas, las cuales habrán de descubrirse
en el momento de la acusación para ser practicadas en el juicio, tanto los
favorables como los favorables al procesado, por lo que no puede considerarse
que se violan los principios de publicidad y defensa según lo expone el actor
en la demanda, pues el equilibrio procesal en la etapa de investigación se
logra con la intervención del juez de control de garantías, a fin de que al
imputado no se le vulneren sus derechos fundamentales.
No existen así pruebas secretas ni ocultas en la
medida que el nuevo sistema penal impone su práctica durante una audiencia
pública -etapa del juicio- donde podrán controvertirse.  Por ende, sólo cuando
el fiscal decide acusar surge el deber de descubrir los elementos materiales
probatorios, la evidencia física y la información en poder de la fiscalía.
En suma, los principios de inmediatez y concentración
de la prueba resultan esenciales en el nuevo sistema penal acusatorio, por
cuanto apuntan a que las pruebas practicas durante el juicio oral sean
conocidas de primera mano por el fallador, lo cual es una garantía para el
procesado. De igual manera, las diversas restricciones legales a la suspensión
de la audiencia de juzgamiento, al igual que la obligación de repetirla,
resultan ser claras manifestaciones de tales principios rectores del proceso
penal acusatorio.
3.
Principales fallos de la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre los principios de inmediatez y
concentración de la prueba.
En diversas ocasiones, la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia  se ha pronunciado en relación con la importancia de los
principios de inmediatez y concentración de la prueba.
Así por ejemplo, en sentencia del 30 de enero de 2008
(Rad. 27.192), la CSJ consideró lo siguiente:
“Ab
initio, se hace necesario recordar
las características del procedimiento consagrado por el nuevo sistema para la
celebración de la audiencia pública en el juicio oral, como punto de partida
fundamentado en las finalidades de la casación.
Como
bien se sabe, la etapa del juicio se constituye en el eje fundamental del nuevo
proceso penal, donde los principios de inmediación y concentración de la prueba
se manifiestan en el desarrollo de un debate público y oral, con la práctica y
valoración de las pruebas recaudadas y con la participación directa del
imputado. El principio de concentración se materializa con esa evaluación en un
espacio de tiempo que le permita al juez fundamentar su decisión en la
totalidad del acervo probatorio que se ha recaudado en su presencia.
En
concreto, atendiendo a los principios de inmediación y concentración,
en donde se centra el aspecto fundamental de este pronunciamiento, es deber del juez tener contacto directo con los medios de prueba
y con los sujetos procesales que participan en el contradictorio, sin
alteración alguna, sin interferencia, desde su propia fuente. Por ello y para
que la inmediación sea efectiva, se hace necesario que el debate sea
concentrado y que no se prolongue para que la memoria no se pierda en el
tiempo. El debate puede agotar todas las sesiones consecutivas que sean
necesarias, pero no se debe suspender por un periodo muy largo, pues de otra manera,
parámetros de valoración como los  propuestos en la Ley 906 de 2004 en sus
artículos 404 y 420, no se verían cumplidos, si se tiene en cuenta que la
polémica, tanto jurídica como probatoria del juicio, se debe desarrollar ante el
juez de conocimiento, en un lapso breve.
Desde
esta perspectiva resulta lógico pensar que si la inmediación comporta la
percepción directa del juez sobre las pruebas y los alegatos de las partes y la
concentración implica la valoración del acervo probatorio en un lapso
temporal que no puede ser prolongado, tales parámetros se verían afectados si
en determinado momento del debate el juez que instaló la audiencia pública debe
ser reemplazado por otro.
Por
tanto, los principios de inmediación y concentración,
inspiradores de un sistema con una estructura y finalidades claramente
determinadas, solo cobran sentido a través de la participación activa,
ineludible y permanente del funcionario de conocimiento, cuyo rol ha sido
definido por la Corte Constitucional al momento examinar la constitucionalidad
del artículo 361 de la Ley 906 de 2004, así:
(…)
De
acuerdo con lo anterior, se tiene que el juez de conocimiento es quien dirige
el debate probatorio entre las partes y define la responsabilidad penal del
acusado, con total garantía del debido proceso penal. Su permanencia hasta
finalizar el debate y dictar el fallo correspondiente, es consecuencia lógica
del respeto a los principios que se vienen examinando. Tanto así, que el inciso
3º del artículo 454 insiste en la permanencia física de funcionario que
controla el debate al punto que, en caso de suspensión de la audiencia de
juicio oral, la misma se debe repetir cuando dicho término incida en la memoria
de lo sucedido, en los resultados de las pruebas practicadas, así se trate del
mismo juez que ha tenido contacto directo con los medios de prueba, pues lo
esencial es que mantenga invariable el conocimiento pleno del juicio,
indispensable en la formación de su concepto acerca de lo ocurrido en esa fase
del proceso. De otra manera se afectaría la estructura del nuevo modelo
procesal penal y se distorsionaría el rol que debe cumplir el juez y, de
contera, se desconocerían garantías fundamentales como el debido proceso y el
derecho a la defensa.
Así
las cosas, dentro del esquema penal acusatorio y sus referentes rectores, la
posibilidad jurídica de reanudar un juicio oral presidido por un juez distinto
al que instaló la vista pública puede llegar a desconocer los principios
constitucionales de inmediación y concentración y a distorsionar el
papel que el juez debe cumplir en el juicio oral que, como etapa medular,
concibe su permanencia de manera imperativa.
Más recientemente, en sentencia del 4 de marzo de 2009
(Rad. 30.645), la CSJ analizó nuevamente el alcance del principio de
concentración, precisando que no se trataba de celebrar un juicio oral en un
único día:
“Específicamente el artículo 189 de la Ley de Infancia
y Adolescencia establece que la “audiencia de juicio oral debe ser continua
y privada, so pena de nulidad. Si la audiencia de juicio no puede realizarse en
una sola jornada, continuará durante todas las audiencias consecutivas que
fueren necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo
de 10 días hábiles y la interrupción por más tiempo conlleva a la nueva
realización del debate desde su inicio”.
Desde luego, tal alcance del principio
de concentración no precisa necesariamente de la realización del juicio
oral en una sola audiencia y en un solo día, pues al utilizar el término “no
puede realizarse en una sola jornada”, el legislador condicionó tal
acontecer a que estén dadas las circunstancias para ello, esto es, siempre que
sea posible en el contexto real donde se desarrolle dicha diligencia, por
ejemplo, ponderando la complejidad del asunto, la cantidad de pruebas admitidas
que deban practicarse, la necesidad de conducir a testigos renuentes, la
inasistencia de los sujetos sin cuya presencia no resulta viable surtir el
juicio, amén de las obligaciones del funcionario respecto de otros trámites
cursantes en su despacho.
También fue voluntad del legislador evitar
que mediara en la realización de cada una de las sesiones del juicio oral un
tiempo capaz de configurar una dilación injustificada, motivo por el cual
dispuso que la suspensión fuera en “un plazo máximo de 10 días hábiles”,
siempre que ello obedezca a circunstancias especiales que lo justifiquen.
En este orden de ideas, coinciden las posturas de las
Altas Cortes en relación con la importancia que ofrecen los principios de
concentración e inmediatez en un sistema penal acusatorio. En efecto, mientras
que el principio de concentración apunta a que le juicio oral se realice sin
interrupciones injustificadas, aquel de la inmediatez se incardina a que quien
va a fallar pueda tener un contacto directo con los medios de prueba, situación
que resulta imposible mediante sistemas de audio y video.
4.
Resolución del caso
concreto.
En
el caso concreto, como se ha explicado, la demandante acusa unas disposiciones
del C.P.P. y de la Ley 1098 de 2006, referidas a la obligación de repetir la
audiencia de juzgamiento cuando quiera que se presenten circunstancias que
afecten el recuerdo de lo sucedido en el fallador, o, más grave aún, este ni
siquiera haya presenciado la prácticas de las pruebas por cuanto acaba de
asumir el conocimiento del caso. Para la ciudadana, tales previsiones lesionan
el derecho al debido proceso del procesado, y en especial, aquél de las
víctimas, por cuanto la repetición de juicio, no sólo constituye una dilación
injustificada, sino que además puede “revictimizarlas”, por cuanto se verían
obligadas a volver a declarar. Además, insiste en la existencia de medios
tecnológicos que permiten acercar al fallador a lo sucedido, sin que se
justifique repetir la audiencia. No comparte la Corte tales argumentaciones,
por las razones que pasan a explicarse.
Sin
lugar a dudas, el derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas es un
componente del derecho al debido proceso, consagrado en los artículos 29
Superior y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, en
nada se opone a ello, el deber de repetir una audiencia de juzgamiento cuando
quiera que el paso del tiempo pueda alterar gravemente la percepción que tiene
el fallador acerca de las pruebas practicadas; más grave aún, cuando el
funcionario encargado de emitir un fallo ni siquiera ha presenciado la práctica
y controversia de las pruebas.
Ahora
bien, frente al argumento del recurso a los medios tecnológicos (audios y
videos), la Corte considera que si bien se trata de herramientas valiosas que
han permitido la implementación de un sistema penal fundado en la oralidad,
también lo es que se trata de simples instrumentos que no reemplazan la
percepción directa que tiene el juez sobre las pruebas.
Sobre
el particular, la Corte Constitucional considera pertinente hacer un llamado de
atención a las autoridades competentes a efectos de que aseguren la
disponibilidad de equipos de audio y video en todos los despachos judiciales
encargados de manejar el sistema penal acusatorio, en especial, en regiones
apartadas del país. En efecto, la garantía procesal de contar con un juicio
oral, precisa que el mismo sea técnicamente filmado, con el propósito de que
los jueces superiores, si bien no lo presencian directamente, se puedan hacer
una idea lo más fidedigna posible de lo sucedido.
Por
supuesto que la interrupción de las audiencias de juzgamiento no es deseable en
un sistema penal acusatorio, ni debe convertirse en una práctica recurrente.
Por el contrario, los funcionarios judiciales deben garantizar la continuidad
del juicio oral a efectos de acercarse, lo antes posible, a la verdad de lo
sucedido, e igualmente, para evitar situaciones que puedan llegar a afectar a
las víctimas y a los testigos. En efecto, no escapa a la Corte el hecho de que
la repetición de la práctica de pruebas puede lesionar los derechos de los
intervinientes en el proceso penal, en especial, cuando las víctimas sean niños
o adolescentes.
Así
las cosas, la Corte considera que las normas acusadas no lesionan el derecho al
debido proceso. Sin embargo, insiste en señalar que la repetición de las
audiencias de juzgamiento debe ser excepcional y fundada en motivos serios y
razonables, so pena de vulnerar los derechos de las víctimas y testigos.
III. DECISION
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. Declarar ESTARSE A LO RESUELTO en sentencia
C- 409 de 2009, en relación con el artículo 108 de la Ley 906 de 2004.
SEGUNDO. Declararse INHIBIDA para proferir un fallo de
fondo, en relación con las expresiones “De no hacerlo, perderá competencia
para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo
superior” y “En este evento el superior designará un nuevo fiscal quien
deberá adoptar la decisión que corresponda en el término de treinta (30) días,
contados a partir del momento en que se le asigne el caso”, del artículo
294 de la Ley 906 de 2004, por inepta demanda.
TERCERO. Declarar EXEQUIBLE el artículo 349 de la Ley
906 de 2004, por los cargos analizados.
CUARTO. Declarar EXEQUIBLES las expresiones “Si el
término de suspensión incide por el transcurso del tiempo en la memoria de lo
sucedido en la audiencia y, sobre todo de los resultados de las pruebas
practicadas, esta se repetirá. Igual procedimiento se realizará si en cualquier
etapa del juicio oral se debe cambiar al juez”, del artículo 454 de la Ley
906 de 2004, y “Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días hábiles y
la interrupción por más tiempo conlleva a la nueva realización del debate desde
su inicio” del artículo 189 de la Ley 1098 de 2006, por los cargos
analizados.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
NILSON ELIAS PINILLA PINILLA
Presidente
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Impedimento aceptado.
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN
PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Entre muchas otras, sentencia C-898 y C- 1052 de
2001.
[2] Sentencia T- 794 de 2007.
[3] Ponencia presentada  por la
Defensoría del Pueblo en el marco de la discusión legislativa de la Ley de
Infancia.
[4] Corte Suprema de Justicia, sentencia del 1 de junio
de 2006, rad. 24.764.
[5]
En este sentido, en la Exposición de Motivos del proyecto de Acto Legislativo
se expresó: “...mientras el centro de gravedad del sistema inquisitivo es la
investigación, el centro de gravedad del sistema acusatorio es el juicio
público, oral, contradictorio y concentrado. Así pues, la falta de actividad
probatoria que hoy en día caracteriza la instrucción adelantada por la
Fiscalía, daría un viraje radical, pues el juicio sería el escenario apropiado
para desarrollar el debate probatorio entre la fiscalía y la acusación. (sic)
Esto permitirá que el proceso penal se conciba como la contienda entre dos
sujetos procesales –defensa y acusador- ubicadas en un mismo plano de igualdad,
al final del cual, como resultado del debate oral y dinámico, el tercero
imparcial que es el juez, tomará una decisión.// Mediante el fortalecimiento
del juicio público, eje central en todo sistema acusatorio, se podrían subsanar
varias de las deficiencias que presenta el sistema actual…”
[6]
Gerd Pfeiffer, Libro homenaje a Bemmann, Munich, 1997, citado por O.J.
Guerrero, Fundamentos teórico constitucionales del nuevo proceso penal,
Bogotá,  2005.
[7]
Claus Roxin, Derecho procesal penal, Buenos Aires, 2000, p. 395.
[8]
En palabras de Lorenzo Bojosa Vadell “Las exigencias del principio de
contradicción y el de inmediación exigen distinguir  entre actos sumariales y
actos de prueba y conlleva la necesidad de dar valor probatorio únicamente a la
prueba practicada en la fase de juicio oral, con la estricta excepción de las pruebas
anticipadas y preconstituidas, siempre que se hayan llevado a cabo las
debidas garantías, principalmente el cumplimiento del deber de información e
ilustración de sus derechos al imputado con el fin de que pueda ejercitar con
plenitud su derecho de defensa y esta sea obtenida sin vulneración de los
derechos fundamentales”, en “Principio acusatorio y juicio oral en el proceso
penal español”, en Derecho Penal Contemporáneo, dic. 2004, p. 58.