T-439-92
Sentencia No
Sentencia T-439/92
ACCION DE TUTELA/MINORIAS POLITICAS
Los integrantes de minorías políticas que
individualmente ostentan la condición de civiles pueden verse afectados con
ocasión de las actividades militares y tienen derecho a solicitar del Estado su
protección específica, mediante el ejercicio de los medios jurídicos más
efectivos para ello, en particular de la acción de tutela.
DERECHO A LA PAZ
La convivencia pacífica es un fin básico del Estado y
el móvil último de la actividad militar de las fuerzas del orden constitucional.
La paz es, además, presupuesto del proceso democrático, libre y abierto, y
condición necesaria para el goce efectivo de los derechos fundamentales. El
lugar central que ocupa en el ordenamiento constitucional llevó a su
consagración como derecho y deber de obligatorio cumplimiento. El mínimo de paz
constituye así un derecho fundamental ya que de su garantía depende la
efectividad de los demás derechos civiles y políticos de la persona.
DERECHOS FUNDAMENTALES-Vulneración/DERECHOS FUNDAMENTALES-Amenaza/JUEZ
DE TUTELA-Facultades/DERECHO A LA LIBERTAD/JUEZ DE TUTELA-Facultades
La vulneración y la amenaza de los derechos
fundamentales son dos causales claramente distinguibles: la primera requiere de
una verificación objetiva que corresponde efectuar a los jueces de tutela,
mediante la estimación de su ocurrencia empírica y su repercusión
jurídico-constitucional; la segunda, en cambio, incorpora criterios tanto
subjetivos como objetivos, configurándose no tanto por la intención de la
autoridad pública o el particular, cuando sea del caso, sino por el resultado
que su acción o abstención pueda tener sobre el ánimo de la persona
presuntamente afectada. El criterio constitucional para evaluar la existencia
de amenazas a los derechos fundamentales es racional. No supone la verificación
empírica de los factores de peligro, lo cual de suyo es imposible
epistemológicamente, sino la creación de un parámetro de lo que una persona, en
similares circunstancias, podría razonablemente esperar. El juez de tutela debe
tener una especial sensibilidad por los derechos fundamentales y su efectiva
protección, para lo cual, no basta limitarse a argumentos lógicos o
probabilísticos. Debe apreciar las circunstancias del caso en su temporalidad e
historicidad concretas para concluir si la acción de la autoridad podría
racionalmente percibirse como amenazante para una persona colocada en
condiciones similares.
DERECHOS DEL NIÑO/DERECHO A LA FAMILIA
La familia, en particular sus derechos fundamentales a
la armonía y unidad, ha sufrido en el presente caso una clara
desestabilización, con la grave repercusión que ello tiene para los niños y,
para la sociedad, al ser precisamente ella su institución básica y núcleo
fundamental. La circunstancia del padre que se ve obligado a huir abandonando a
su esposa e hijos, constituye un atentado contra la familia y una amenaza
respecto de los derechos fundamentales de los niños a tener una familia y no
ser separados de ella.
DERECHO DE PARTICIPACION POLITICA
Mediante la protección individual de los derechos
fundamentales del solicitante se pretende advertir a la fuerza pública que
actos de esa naturaleza no pueden volver a ocurrir. La Corte reafirma la
legitimidad de las Fuerzas Militares y de Policía para recuperar la totalidad del
territorio nacional, mediante el uso privativo de las armas y el derecho a
capturar y conducir ante la justicia a las personas que con sus actos
beligerantes pretendan desconocer el orden constitucional vigente. Pero también
defiende de manera categórica los derechos fundamentales de las personas
civiles, víctimas de la confrontación armada y del accionar de los grupos en
pugna. En particular, agrupaciones políticas que finalmente han optado por la
vía democrática, abandonando los medios violentos de lucha, tienen un derecho
al apoyo institucional necesario para el ejercicio pleno de sus derechos de
participación política, así como, para garantizar su seguridad y la de sus
miembros, el acceso a los medios y mecanismos estatales indispensables para
desarrollar su acción política y poder crecer como alternativa de poder.
DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL-Amenazas a miembro de la UP
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL-Deberes
mínimos de las autoridades estatales
Referencia: expediente T-1088
Actor: LUIS HUMBERTO
ROLON MALDONADO
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José
Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION
la siguiente
S E N T E N C I A
En el proceso de tutela T-1088 adelantado por el
señor  LUIS HUMBERTO ROLON MALDONADO contra las Fuerzas Militares de Colombia y
los Organismos de Seguridad del Estado con sede en el Departamento de Norte de
Santander.
A N T E C E
D E N T E S
1. LUIS HUMBERTO ROLON MALDONADO, militante del
Partido Comunista, y a partir de 1988 miembro del movimiento político Unión
Patriótica, interpuso acción de tutela contra las autoridades y los  organismos
de seguridad del Estado (D.A.S., F.2, DIJIM, SIJIM, S.2 Y B.2) para que se le
protegieran el derecho a la vida, a la integridad personal suya y de su
familia, sus bienes, así como su regreso al país. Acusa como violados y
amenazados los derechos constitucionales consagrados en los artículos 11, 12,
13, 18, 28 y 40 de la Constitución.
2. En su escrito petitorio, el señor Rolón Maldonado
narró como por ser "tildado de guerrillero" por algunas autoridades y
personas del municipio de Santiago, Norte de Santander, debido a sus
actividades políticas, la Policía y el Ejército lo buscaban para matarlo,
teniendo que huir en 1989 con su esposa e hijos a Bucaramanga. Posteriormente,
en 1990, por la difícil situación económica que atravesaban, regresó a la finca
de sus padres en la vereda UPERENA.
3. El día 24 de agosto de 1990, según versión del
peticionario, viajó hacia las 4:00 al municipio de Zulia y "a las 5:00 de
la mañana, tropas del Ejército Nacional, adscritas al Batallón de Infantería
Número Cinco Maza de Cúcuta se tomaron por ASALTO la casa y desarrollaron un
intenso tiroteo que duró por espacio de 15 a 20 minutos".
4. El solicitante anotó respecto del operativo
militar:
"realizaron el allanamiento y registro
de la casa y fueron sacando a cada uno de los habitantes que estaban en la
casa, dos ancianos (mis padres), los niños y mi hermano CIRO ROLON con su
esposo (sic), y un MAQUINISTA de CAMINOS VECINALES que en esos días estaba
abriendo la trocha para la carretera CACAHULA-UPERENA.
Cuando los soldados sacaron a mi hermano
CIRO ROLON, el oficial que comandaba el operativo le preguntó a uno de los
"soldados" que llevaban encapuchados "que si ese era" este
encapuchado disque que le dijo "no ese no es, el otro tiene
vigote"(sic), o sea yo.
Como consecuencia de este tiroteo,
resultaron heridos dos campesinos de la zona que se desplazaban  a su trabajo a
esa hora, uno de ellos LUIS EDUARDO DIAS (sic) es mi cuñado le fue cercenado el
brazo derecho con una granada que le lanzó un soldado, el otro campesino sufrió
heridas por las esquirlas de la misma granada, este campesino se llama ORLANDO
CONTRERAS.
De estos hechos tuvo conocimiento la PERSONERIA
MUNICIPAL DE SANTIAGO, así como la PROCURADURIA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE
SANTANDER, por queja que hiciera la señora DELFINA RINCON madre del señor LUIS
EDUARDO DIAZ, en el mes de Octubre de 1990".
5. Como consecuencia de estos hechos, afirmó el
petente, se vió forzado a huir nuevamente de la vereda, esta vez, fuera del
país sin que hasta el momento haya podido regresar a su lugar de origen. No
obstante, miembros del Ejército Nacional, de acuerdo con los testimonios
recogidos, en varias oportunidades se hicieron presentes en la finca de sus
padres inquiriendo sobre su paradero. En una de tales ocasiones, llegaron hasta
su rancho, luego de destruirlo, llevaron a su hijo JHOANY ROLON DIAZ a un
sembradío de caña, procediendo a amenazarlo con fusiles y a preguntarle sobre
el paradero de su padre.
6. Igualmente, el señor Rolón Maldonado sostuvo en su
solicitud de tutela que a su esposa DIGNERIA DEL CARMEN LOZADA un miembro del
D.A.S. le comentó que legalmente no había nada contra su esposo, "pero que
ahí había una plata para matarlo, que el agente del D.A.S. que lo conociera se
lo podía ganar".
7. De los anteriores hechos conoció, en primera
instancia, el Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago, el cual luego de
practicar diversas pruebas testimoniales y de oficiar a los diferentes
organismos de defensa y seguridad, mediante sentencia del 18 de febrero de
1992, concedió la tutela solicitada en lo que respecta al derecho fundamental a
la libertad personal, y ordenó "a las autoridades militares y organismos
de seguridad del Estado, que salvo causa legal, se abstengan de molestar en su
persona o familia o detener o registrar el domicilio o residencia del señor
LUIS HUMBERTO ROLON MALDONADO".
8. En concepto del juez del conocimiento el conjunto
de pruebas recaudadas permitió concluir que
"en agosto de 1990 miembros del
Ejército Nacional adelantaron un operativo militar en la finca de la familia
Rolón Maldonado habiendo registrado su habitación, con actitud amenazante e
indagando, según la versión del señor HERMES ROLON y CIRO ALFONSO ROLON, por el
paradero de LUIS HUMBERTO ROLON MALDONADO". De otra parte, el fallador
pudo establecer que se inició investigación penal en el Juzgado 25 de
Instrucción Penal Militar contra un soldado voluntario por el presunto delito
de lesiones personales en perjuicio de dos particulares como resultado de los
hechos ocurridos en desarrollo de las aludidas actividades militares, cuyo
expediente fue enviado el día 17 de enero de 1992 al Juzgado de Instancia -
Comando - Grupo de Caballería Mecanizado No. 5 "Maza".
Igualmente, pudo comprobarse judicialmente, que a
pesar de no existir ninguna orden de captura vigente en su contra, ni registrar
antecedentes penales, según lo certificado por las fuerzas militares y los
organismos de seguridad del Estado, el señor LUIS HUMBERTO ROLON MALDONADO fue
molestado de manera arbitraria e injusta, vulnerándose así su derecho
fundamental a la libertad personal consagrado en el artículo 28 de la
Constitución.
9. En cuanto a la posible violación o amenaza de otros
derechos como la vida, la integridad física, la libertad de conciencia y los
derechos de participación política, el juez de instancia no encontró
establecido si efectivamente hubo actos consumatorios o atentatorios contra los
mismos; en su criterio, tampoco pudo demostrarse que los rumores de que la vida
del petente estaba en peligro fueran ciertos ni atribuibles al ejército
nacional ya que "no es lógico ni viable afirmar que con los operativos
militares se buscaba eliminarlo". Igualmente, el juez de tutela no estimó
corroborado el hecho de una violación o amenaza de la libertad de conciencia
del solicitante por parte de los miembros del ejército como consecuencia de
rechazo o condena de su ideología política, ya que "por el contrario, los
testigos que declararon, manifestaron ignorar la causa o el por qué de los
operativos militares".
10. No habiendo sido impugnada la referida providencia
de tutela, fue enviada a la Corte Constitucional, siendo repartida, previo
proceso de selección, a esta Sala para su revisión.
11. En el curso del proceso de revisión, la doctora
AIDA ABELLA ESQUIVEL, Presidenta de la Unión Patriótica, entregó a la Corte una
lista que incluye los nombres de más de mil personas vinculadas a dicho
movimiento y que fueron asesinadas o desaparecidas.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Derechos fundamentales y militancia política
1. El accionante, señor LUIS HUMBERTO ROLON MALDONADO,
adujo como vulnerados y amenazados sus derechos fundamentales como consecuencia
de su militancia política en el partido comunista y posteriormente en la Unión
Patriótica. La anterior aseveración aunque no fue demostrada en el proceso de
tutela, tampoco fue desvirtuada, por lo que exige tenerse en cuenta en el
análisis de la situación jurídica presente.
Democracia participativa y proceso político
2. El principio de democracia participativa acogido
por la Constitución supone un proceso político abierto y libre, a cuya
realización deben contribuir tanto los particulares como todas las autoridades,
incluida la fuerza pública.
El corazón de la democracia es el respeto de los
derechos de la persona. El fin último y fundamento mismo de la organización
política democrática es la dignidad humana, la cual solamente puede ser
garantizada mediante la efectiva protección de los derechos fundamentales.
Los derechos políticos de participación (CP art. 40)
hacen parte de los derechos fundamentales de la persona humana. El hombre solo
adquiere su real dimensión de ser humano mediante el reconocimiento del otro y
de su condición inalienable como sujeto igualmente libre. Los derechos de
participación en la dirección política de la sociedad constituyen  una esfera
indispensable para la autodeterminación  de la persona (CP art. 16), el
aseguramiento de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo (CP
Preámbulo, art. 2).
La democracia participativa es un principio material
que permea tanto la parte dogmática como orgánica de la Constitución. Ella
exige la reinterpretación del ejercicio del poder desde la esencia de los
derechos de participación. La recuperación de la legitimidad institucional
inspiró la consagración de diversos mecanismos de participación a lo largo del
texto constitucional. La transformación del sistema político y de las
relaciones Estado-sociedad se refleja en el concepto mismo de soberanía popular
(CP art. 2). El pueblo, en ejercicio de sus derechos políticos, articula el
Estado-aparato. La sociedad construye al Estado y organiza el ejercicio del
poder político; en esta capacidad constitutiva del orden político radica la
esencialidad de los derechos políticos de participación. La democracia es el
medio para la autodeterminación individual y colectiva; la participación
ciudadana, condición necesaria para que dicha finalidad pueda ser realizada, se
ejerce a través de diversas instituciones como el referendo, la iniciativa
legislativa, el plebiscito, la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la
consulta popular, el sufragio, la revocatoria del mandato, la elección popular
de Alcaldes y Gobernadores, etc.
El artículo 1o. de la Constitución define a Colombia
como un Estado Social de Derecho organizado en forma de República democrática,
participativa y pluralista. Las cualidades distintivas de la organización
política nacional se asientan en el libre intercambio de ideas y opiniones, en
la activa vinculación de los individuos en la toma de las decisiones que los
afectan, en la tolerancia y en la diversidad y multiplicidad de concepciones
del mundo de los diferentes grupos étnicos que conforman la sociedad  (CP art.
7).
La democracia no es simplemente una forma de
organización estatal. Es un proyecto político cuyo fundamento material es la
dignidad humana y sus manifestaciones concretas de la diversidad y la libertad.
La estrecha relación entre democracia, dignidad humana, pluralismo y autonomía
individual explica el frágil equilibrio de valores necesario para lograr su
realización. La participación de todos los sectores de la población - Estado,
sociedad civil, grupos reincorporados a la legalidad - es indispensable en el
proceso democrático. La reticencia continuada de cualquiera de ellos puede
imposibilitar la democratización de la vida social. Todas las autoridades -
incluidas las fuerzas militares y de policía -, así como los particulares están
vinculados a la Constitución (CP art. 6) y tienen como imperativo el
reconocimiento de la persona humana, su dignidad, su singularidad, así como el
respeto de la organización político-democrática donde aquélla obtiene su
reconocimiento.
Proceso político y situaciones de conflicto
3. El carácter democrático, participativo y pluralista
del proceso político peligra cuando tiene que afrontar situaciones de hecho que
atentan contra la existencia misma de la organización política.
La presencia de los grupos guerrilleros en algunas
zonas del país sitúa en un nivel crítico la vigencia del sistema político
democrático en dichos territorios. El uso de la violencia como mecanismo de
lucha política, la persecución física e ideológica, y la sistemática violación
de los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la igualdad, y
la libertad, entre otros, comprometen seriamente la posibilidad de alcanzar un
orden justo por las vías pacíficas.
Cuando se presentan situaciones de conflicto armado
entre la fuerza pública y los grupos armados que están fuera de la legalidad,
el Estado tiene la obligación de ser extremadamente sensible en sus
intervenciones, con miras a preservar el equilibrio político y social, mediante
la protección eficaz a los grupos, partidos o movimientos minoritarios, en
especial a aquellos que por su carácter contestatario pueden "estar en la
mira" de otros grupos que, gozando de los beneficios institucionales y
patrimoniales, pueden ver amenazadas sus prerrogativas.
El surgimiento de grupos, movimientos y partidos
políticos minoritarios a raíz de la desmovilización de antiguos integrantes de
la guerrilla requiere de especial protección y apoyo por parte del Estado. La
institucionalización del conflicto, la dejación de las armas y su sustitución
por el ejercicio activo de la participación político-democrática y la renuncia
de la violencia como método para alcanzar el cambio social, son alternativas
que deben ser garantizadas por todas las autoridades para evitar que la llamada
"guerra sucia" acabe cerrando la posibilidad de llegar a un consenso
que reuna a todos los sectores de la población y permita la convivencia
pacífica.
La política de paz adelantada por sucesivos gobiernos
ha permitido la progresiva apertura del aparato político que ahora incorpora
personas y grupos sociales anteriormente excluidos del ejercicio del poder
político. La profunda transformación constitucional en favor de la democracia
participativa, el apoyo a los partidos y movimientos políticos minoritarios, la
circunscripción especial para indígenas, financiación estatal de los partidos y
movimientos políticos con personería jurídica, los mecanismos de democracia
directa, etc., han contribuido a la recuperación de la legitimidad
institucional  y al fortalecimiento del Ejército Nacional como única
organización militar autorizada constitucionalmente para el uso de las armas.
Monopolio de las armas y judicialización del conflicto
4. Sólo el Estado, a través de la fuerza pública,
tiene el monopolio de las armas. Otras organizaciones armadas al margen de la
ley son inconstitucionales y deben ser proscritas del territorio nacional.
Tampoco pueden existir en el país, por definición unitario, repúblicas
independientes. La soberanía se debe ejercer sobre la totalidad del territorio.
Es finalidad primordial de las fuerzas militares la
defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio
nacional y del orden constitucional (CP art. 217). Para cumplirla, las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional están legitimadas para hacer presencia en todo
el territorio nacional y combatir, hasta su sometimiento o reducción, a todos
los grupos o movimientos guerrilleros que persistan en la confrontación armada.
Sin embargo, en el ejercicio de sus funciones la fuerza pública debe tener
presente que el fundamento mismo de su legitimidad es la defensa y el respeto
de dichos derechos fundamentales.
La Constitución de 1991 no sólo contribuyó a recuperar
la legitimidad de las instituciones por la vía de la reformas democráticas.
Adicionalmente, introdujo un profundo cambio en el manejo del orden público
político, particularmente con la derogatoria del artículo 28 de la antigua
Constitución, - que autorizaba la detención precautelativa de personas -, y la
reforma al Estado de Sitio y la expresa prohibición de suspender los derechos
humanos y las libertades públicas durante los estados de excepción (CP arts.
214 num. 2 y 93). La democratización de la sociedad ha estado acompañada de la
decisión de llevar al plano judicial los conflictos armados que se presentan
entre el Estado y los diferentes grupos situados fuera de la legalidad.
Sin lugar a dudas, la consagración de una Carta de
Derechos y Deberes y la adopción de mecanismos efectivos para su protección,
han permitido que demandas y reivindicaciones sociales para las cuales
anteriormente no existían canales democráticos de expresión cuenten hoy en día
con amplios y eficaces instrumentos de participación.
La judicialización del conflicto armado también ha
repercutido en la concepción tradicional del poder político. Los derechos
fundamentales constituyen límite constitucional del ejercicio del poder. Su
fuerza irradiadora, por el lugar prioritario que ocupan en el orden político,
económico y social justo, limita entre otros, el alcance del artículo 91 de la
Constitución. Esta Corte ya ha sostenido anteriormente que,
"independientemente de la pura
consecuencia jurídica derivada del artículo 91 de la Carta en torno a
establecer sobre quién recae la responsabilidad en caso de infracción
manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona
-asunto claramente definido por la norma cuando, respecto de los militares en
servicio, libera de ella al inferior y la proyecta hacia el superior que dá la
orden- la disposición del artículo 18, que no admite excepciones, favorece la
libertad de conciencia del subordinado y se constituye en límite a la
discrecionalidad de quien manda, la cual no es absoluta, conciliando así el
sano criterio de la disciplina inherente a los cuerpos armados con la real
aplicación de los derechos.
Así, en virtud del criterio que se deja
expuesto, bien podría negarse un subalterno a obedecer la orden impartida por
su superior si ella consiste en infligir torturas a un prisionero o en
ocasionar la muerte fuera de combate, pues semejantes conductas, por su sóla
enunciación y sin requerirse especiales niveles de conocimientos jurídicos,
lesionan de manera abierta los derechos humanos y chocan de bulto con la Constitución".1
Otro de los cambios introducidos por el constituyente
para institucionalizar el conflicto armado colombiano a través de las vías
judiciales fue la prohibición absoluta, en estado de conmoción interior, y con
mayor razón en tiempos de normalidad, de sujetar a los civiles a la justicia
penal militar (CP art. 214 inc. final). El ejército y la policía nacional
tienen la misión de capturar a los infractores de la Constitución y la ley, y
llevarlos ante sus jueces naturales para que sean procesados.
La nueva fisonomía del poder político en Colombia
significa el abandono de la hipótesis de "lucha contra el enemigo
interior" y su sustitución por la cultura de los derechos humanos y su
protección aún en tiempos de grave perturbación del orden público.
Protección a la sociedad civil víctima del conflicto
armado
5. Independientemente de la situación jurídica de
normalidad o anormalidad política, la sociedad civil víctima de la
confrontación armada debe ser protegida por parte del Estado. Los asaltos
guerrilleros a poblaciones, la voladura de oleoductos, torres de energía,
puentes y demás elementos de la infraestructura nacional, la extorsión y el
secuestro, los atentados terroristas, etc., afectan directamente a personas
inermes, ajenas al conflicto bélico y lesionan el interés general. De otra
parte, en los operativos militares que legítimamente adelanta el Ejército
Nacional pueden resultar vulnerados los derechos fundamentales de personas
atrapadas en la "mitad de los dos fuegos".
La angustiosa situación de desamparo en que están
sumidas las personas civiles que no participan directamente en las hostilidades,
exige del Estado la protección especial de estas personas o grupos sociales.
Los integrantes de minorías políticas que
individualmente ostentan la condición de civiles pueden verse afectados con
ocasión de las actividades militares y tienen derecho a solicitar del Estado su
protección específica, mediante el ejercicio de los medios jurídicos más
efectivos para ello, en particular de la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución.
Mínimo de paz y derecho a la paz
6. La organización política tiene como fin primordial
la convivencia pacífica. La paz fue uno de los principales fines buscados en el
nuevo consenso social, al punto de ser llamado ese cuerpo "la
Constituyente de la paz". (Intervención del constituyente Misael Pastrana
Borrero ante la Plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente).
La convivencia pacífica es un fin básico del Estado
(CP art. 2) y el móvil último de la actividad militar de las fuerzas del orden
constitucional. La paz es, además, presupuesto del proceso democrático, libre y
abierto, y condición necesaria para el goce efectivo de los derechos
fundamentales. El lugar central que ocupa en el ordenamiento constitucional
llevó a su consagración como derecho y deber de obligatorio cumplimiento (CP
art. 22).
El mínimo a la paz constituye así un derecho
fundamental ya que de su garantía depende la efectividad de los demás derechos
civiles y políticos de la persona.
Derechos fundamentales del peticionario
7. De los hechos relacionados en su libelo y de las
pruebas recogidas y evaluadas por el fallador de instancia se desprende la
amenaza del derecho fundamental a la libertad personal (CP art. 28) del señor
LUIS HUMBERTO ROLON MALDONADO por la acción injusta y arbitraria del Ejército
Nacional en el curso de un operativo realizado en la vereda UPERENA, del
municipio de Santiago, Norte de Santander el día 23 de agosto de 1990.
La decisión del juez de conceder la tutela respecto
del derecho a la libertad personal, pero de denegarla en relación con los derechos
a la vida, la integridad física, la igualdad, la libertad de conciencia y el
ejercicio de los derechos políticos, se fundó en que "no se encontró si
efectivamente hubo actos consumatorios o atentatorios contra los mismos".
El examen de los hechos probados, las circunstancias
del caso en el contexto geográfico, histórico y político donde sucedieron los
acontecimientos y los testimonios de las personas que comparecieron al juzgado
en desarrollo de la investigación, hacen necesario una serie de precisiones
conceptuales para luego proceder a dictar sentencia definitiva.
Vulneración y amenaza de los derechos fundamentales
8. La vulneración y la amenaza de los derechos
fundamentales son dos causales claramente distinguibles: la primera requiere de
una verificación objetiva que corresponde efectuar a los jueces de tutela,
mediante la estimación de su ocurrencia empírica y su repercusión
jurídico-constitucional; la segunda, en cambio, incorpora criterios tanto
subjetivos como objetivos, configurándose no tanto por la intención de la
autoridad pública o el particular, cuando sea del caso, sino por el resultado
que su acción o abstención pueda tener sobre el ánimo de la persona
presuntamente afectada. Para que se determine entonces la hipótesis constitucional
de la amenaza se requiere la confluencia de elementos subjetivos y objetivos o
externos: el temor del sujeto que ve peligrar sus derechos fundamentales y la
convalidación de dicha percepción mediante elementos objetivos externos, cuya
significación es la que ofrecen las circunstancias temporales e históricas en
que se desarrollan los hechos.
El criterio constitucional para evaluar la existencia
de amenazas a los derechos fundamentales es racional. No supone la verificación
empírica de los factores de peligro, lo cual de suyo es imposible
epistemológicamente, sino la creación de un parámetro de lo que una persona, en
similares circunstancias, podría razonablemente esperar.
De esta forma se evita que cualquier persona, ante las
comunes tensiones sociales que la vida moderna conlleva, aduzca la existencia
de amenazas contra sus derechos fundamentales. Más aún, se requiere que las
circunstancias históricas así lo confirmen de manera generalizada y pueda
aceptarse que el temor advertido lejos de obedecer a la paranoia o a la
excentricidad de la persona se origina en la apreciación subjetiva y razonable
de la situación fáctica vivida.
Bajo la anterior perspectiva, el examen probatorio
realizado por el juez de instancia, aunque cuidadoso y concienzudo, resultó ser
insuficiente. La evaluación del material probatorio fue prudente al no
apresurarse a concluir que los rumores de que la vida del petente estaba en
peligro fueran ciertos o atribuibles al Ejército Nacional; sin embargo, el
carácter de simples rumores atribuido a las versiones uniformes de la familia
del solicitante no se compadece con las circunstancias objetivas de la Unión
Patriótica en el año de 1990. La situación de amenaza aducida es inescindible
del contexto vivido por esta agrupación política y su eliminación progresiva.
Las simples cifras  de muertes y desapariciones de sus militantes o
simpatizantes durante los años 1985 a 1992, suministradas por la Unión
Patriótica a esta Corte, muestran de manera fehaciente la dimensión objetiva de
la persecución política contra ella desatada, sin que por parte del Estado se
hubieran tomado las medidas suficientes para garantizar su protección especial
como partido político minoritario, sistemáticamente diezmado a pesar de su
reconocimiento oficial (Resolución No. 37 del 20 de agosto de 1986,
Registraduría Nacional del Estado Civil).
Mucho menos atendible es el argumento esgrimido por el
juez en el sentido de no ser "lógico ni viable afirmar que con los
operativos militares se buscaba eliminarlo" (al solicitante). Tal
enjuiciamiento corresponde exclusivamente a los jueces penales militares (CP
art. 221) por constituir, en caso de comprobarse, una infracción manifiesta al
código penal. El juez de tutela debe tener una especial sensibilidad por los
derechos fundamentales y su efectiva protección, para lo cual, no basta
limitarse a argumentos lógicos o probabilísticos. Debe apreciar las
circunstancias del caso en su temporalidad e historicidad concretas para
concluir si la acción de la autoridad podría racionalmente percibirse como
amenazante para una persona colocada en condiciones similares. La situación
política de la Unión Patriótica en dicho momento y lugar era por lo tanto
relevante para concluir positivamente sobre la pretendida amenaza. La
vinculación formal o simplemente de palabra con la Unión Patriótica, en el
contexto de la persecución política e ideológica desatada contra sus miembros o
simpatizantes, es un factor determinante en el caso para afirmar que la
sensación de amenaza respecto de su vida era razonable, atendidas las
circunstancias concretas del solicitante.
Prueba de la poca sensibilidad hacia la protección
efectiva de los derechos fundamentales es que habiendo existido una violación
manifiesta del derecho a la intimidad personal y familiar en su modalidad de la
inviolabilidad del domicilio (CP art. 15 y 28) por parte de las fuerzas
militares, al no existir orden de autoridad competente para proceder a limitar
tales derechos, el juez de tutela no concluyó sobre su clara violación.
Atentado a la familia y a los derechos fundamentales
de los niños
9. Esta Sala de la Corte Constitucional encuentra
igualmente que la familia, en particular sus derechos fundamentales a la
armonía y unidad, ha sufrido en el presente caso una clara desestabilización,
con la grave repercusión que ello tiene para los niños y, para la sociedad, al
ser precisamente ella su institución básica (CP art. 5) y núcleo fundamental
(CP art. 42). La circunstancia del padre que se ve obligado a huir abandonando
a su esposa e hijos, constituye un atentado contra la familia y una amenaza
respecto de los derechos fundamentales de los niños a tener una familia y no
ser separados de ella (CP art. 44).
Con fundamento en las anteriores razones se procederá
por esta Corte a confirmar la decisión del Juzgado Promiscuo Municipal de
Santiago, en el sentido de conceder la tutela del derecho fundamental a la
libertad personal, y a adicionarla, extendiendo la protección a los derechos
consagrados en los artículos 11, 12, 13, 15, 18, 28 y 40 de la Constitución.
Derechos de participación política y problemática de
la U.P., del E.P.L. y de grupos y movimientos políticos en condiciones
similares
10. Finalmente, es necesario sentar un criterio
general para impedir la negación de los derechos políticos de los partidos
minoritarios, en especial, aquellos cuyo origen se remonta a la desmovilización
y reinserción de antiguos combatientes guerrilleros. El país debe marchar por
el camino del pluralismo político y la tolerancia, desterrando radicalismos o
actitudes políticas fundamentalistas que tanta violencia han generado en el
pasado y en el presente para nuestra población.
Mediante la protección individual de los derechos
fundamentales del solicitante se pretende advertir a la fuerza pública que
actos de esta naturaleza no pueden volver a ocurrir. La Corte reafirma la
legitimidad de las Fuerzas Militares y de Policía para recuperar la totalidad
del territorio nacional, mediante el uso privativo de las armas y el derecho a
capturar y conducir ante la justicia a las personas que con sus actos
beligerantes pretendan desconocer el orden constitucional vigente. Pero también
defiende de manera categórica los derechos fundamentales de las personas civiles,
víctimas de la confrontación armada y del accionar de los grupos en pugna. En
particular, agrupaciones políticas que finalmente han optado por la vía
democrática, abandonando los medios violentos de lucha, tienen un derecho al
apoyo institucional necesario para el ejercicio pleno de sus derechos de
participación política, así como, para garantizar su seguridad y la de sus
miembros, el acceso a los medios y mecanismos estatales indispensables para
desarrollar su acción política y poder crecer como alternativa de poder. No
obstante, cabe advertir que "la combinación de las formas de lucha como
método para llegar al poder" es contraria al orden constitucional
democrático, participativo y pluralista, y su utilización manifiesta y
sostenida puede conllevar a la extinción de la personería jurídica del partido
o movimiento político que recurra a ella (CP art. 95), como quiera que ello
significa el desconocimiento del Estado social de derecho y de los fines
esenciales del mismo - servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitución -, los cuales deben ser defendidos y respetados, sin excepción,
por todos los colombianos.
El país requiere que las investigaciones sobre la
eliminación progresiva de los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica,
del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad (E.P.L) y de otros
movimientos o partidos en condiciones semejantes, lleguen a su culminación, por
razones de justicia y porque así lo demanda la profundización del proceso
democrático y participativo consagrado en la Constitución. Correspondiéndole al
Defensor del Pueblo velar por la protección de los derechos humanos, se
procederá a solicitarle su intervención en este caso, dentro del ámbito de sus
atribuciones constitucionales.
La presente decisión parte de la premisa de la
ausencia de antecedentes penales válidos que, de existir en el caso de ROLON
MALDONADO, hubieren permitido la intervención de la fuerza pública en
desarrollo de su competencia constitucional y legal. Es evidente que en caso
contrario, o frente a una eventual y futura transgresión del ordenamiento por
parte del petente, la intervención de la fuerza pública puede tornarse
necesaria y adquiere plena legitimación siempre que ella se haga, además, en
virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las
formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley (CP art. 28).
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión
de la Corte Constitucional,
R E S U E L V E
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE
SANTIAGO del 18 de febrero de 1992 en el sentido de conceder la tutela del
derecho fundamental a la libertad personal del señor LUIS HUMBERTO ROLON
MALDONADO.
SEGUNDO.- ADICIONAR la mencionada providencia en el sentido de tutelar
igualmente los derechos a la vida, la integridad, la igualdad, la intimidad, la
libertad de conciencia y la participación política del solicitante, así como
los derechos de su familia a la armonía y unidad, y los derechos fundamentales
de los niños a gozar de una familia y a no ser separados de la misma.
TERCERO.-
ORDENAR al Director
General del Departamento Administrativo de Seguridad (D.A.S.) proceda a asumir
la protección inmediata del señor LUIS HUMBERTO ROLON MALDONADO, de manera que
se asegure su pacífico retorno e incorporación a su hogar y lugar de trabajo y
el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.
CUARTO.- SOLICITAR al señor Defensor del Pueblo que, dentro de la órbita
de sus competencias y para los fines indicados en el artículo 282 de la
Constitución, elabore, en el término de tres (3) meses un informe con destino
al Congreso Nacional, al Gobierno y al Procurador General de la Nación, sobre
el estado en que se encuentran las investigaciones penales y disciplinarias que
se adelantan como consecuencia de las muertes de miembros del partido político
Unión Patriótica y del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, así como
promover ante las autoridades judiciales competentes las acciones necesarias
para el definitivo y total esclarecimiento de estos hechos.
QUINTO.- ORDENAR al Ministro de Defensa se sirva remitir copia de la
presente providencia a todas las guarniciones, cuarteles e instalaciones
militares del país con miras a que la doctrina constitucional en ella contenida
sea divulgada y estudiada por los miembros de las Fuerzas Militares.
SEXTO.- ORDENAR al Director General de la Policía Nacional poner en
conocimiento de los miembros de esta institución el contenido de la presente
sentencia.
SEPTIMO.- LIBRESE comunicación al Juzgado Promiscuo Municipal de
Santiago, Norte de Santander, con miras a que se surta lo establecido en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado Ponente
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
(Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión,
en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los dos (2) días del mes de julio de
mil novecientos noventa y dos (1992).
1 Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-409
del 8 de junio de 1992, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo.