T-720-14
Sentencia
T-720/14
DERECHOS FUNDAMENTALES-Eficacia
horizontal como una manifestación del principio de igualdad
DERECHOS FUNDAMENTALES-Posturas
teóricas que se han presentado en Corte Constitucional
DERECHOS FUNDAMENTALES-Existencia
de consensos en torno a la naturaleza de fundamental
EVOLUCION JURISPRUDENCIAL DEL
CONCEPTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES
ESTADO-Garante de los
derechos constitucionales/ESTADO-Responsable de efectividad de derechos
constitucionales fundamentales
Resulta natural que el Estado sea el primer y principal
obligado frente a los derechos constitucionales si se toma en consideración que
el poder público ostenta el monopolio de la fuerza y el ius
puniendi, de una parte; y que debe garantizar condiciones mínimas de
igualdad y bienestar material para todos, abstenerse de adoptar medidas o
decisiones discriminatorias y asegurar la adecuada prestación de los servicios
públicos, de otra, de manera que es a la vez amenaza y garantía de
los derechos fundamentales.
DERECHOS FUNDAMENTALES-Eficacia
horizontal
Conocedor de las circunstancias históricas y las
dificultades propias de la eficacia horizontal de los derechos, el
Constituyente decidió establecer tres escenarios específicos de vinculación o
eficacia horizontal de los derechos en el artículo 86 Superior, relativo a la
acción de tutela. Previó entonces la procedibilidad de la acción frente a
particulares que tienen a cargo la prestación de los servicios públicos, que
adelantan actividades que afecten gravemente el interés colectivo, o en eventos
en que el afectado se encuentra en situación de subordinación e indefensión frente
al demandado.
SUBORDINACION E INDEFENSION-Distinciones
En términos generales, este Tribunal ha sentenciado que
la indefensión se concreta en una situación fáctica que le impide a
la persona protegerse de una amenaza o rechazar una agresión contra sus
derechos, en tanto que la subordinación hace referencia a la existencia de
una relación de dependencia derivada de relaciones jurídicas.
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES
CUANDO EXISTE UNA RELACION DE INDEFENSION O SUBORDINACION-Jurisprudencia
constitucional sobre procedencia excepcional
Los supuestos excepcionales de procedencia directa de la
tutela contra particulares se conjugan con la posibilidad de revisar la conformidad
de un fallo judicial ordinario frente a la Constitución Política, armonizándose
entonces las tesis de la eficacia directa e indirecta de los derechos e incluso
la función del juez como garante de estas cláusulas.
DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO
PROCESO CONSTITUCIONAL-No existe restricción al debido proceso en la
aplicación del principio de verdad sabida y buena fe guardada en los juicios
masónicos
La aplicación del principio de
verdad sabida y buena fe guardada no viola la Constitución porque (i) es
razonable dentro de la estructura de una organización privada; (ii) se aplica
previa la aceptación voluntariamente del peticionario; y (iii) no envuelve, al
menos en el marco de los hechos del caso, la vigencia de otros derechos y
principios constitucionales, que podrían tener mayor peso en otros escenarios,
tales como la dignidad humana, el principio de no discriminación o la
obligación estatal de investigar, jugar y sancionar las graves violaciones de
derechos fundamentales.
Referencia: expedientes
T-4352111
Acción de tutela instaurada por Manuel Nicolás Meoño Távara contra
la Gran Logia de Colombia.
Magistrada
Ponente:
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de
septiembre de dos mil catorce (2014)
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa,
Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y  previas al cumplimiento de los requisitos y
trámites legales y reglamen­tarios, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos
de tutela proferidos en primera instancia por el Juzgado Octavo (8º) Penal
Municipal con Función de Conocimiento, el dieciséis (16) de julio de dos mil
trece (2013), y en segunda instancia por el Juzgado Veintisiete (27) Penal del
Circuito de Bogotá con Función de Conocimiento, el treinta y uno (31) de marzo
de dos mil catorce (2014), en el trámite de la acción de tutela presentada por Manuel
Meoño Távara contra la Gran Logia de Colombia[1].
I.
ANTECEDENTES
Manuel Meoño Távara, mediante apoderado judicial, presentó
acción de tutela contra la Gran Logia de Colombia, solicitando protección
constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, la presunción
de inocencia y la igualdad, que considera desconocidos por la Gran Comisión de
Justicia de la Gran Logia de Colombia.
A continuación se exponen los hechos y argumentos jurídicos
de la demanda, la respuesta de la accionada y el sentido de los fallos de
instancia.
1. El veintinueve (29) de marzo de dos mil nueve (2009), el diario
El Espectador publicó la nota “La hermandad en secreto”, en la que se exponían
diversos aspectos de la masonería en Colombia: se anunciaba la realización de
la Conferencia Masónica Interamericana en Bogotá y se hacía referencia a una
entrevista efectuada al señor Manuel Meoño Távara, miembro de la masonería
colombiana.
2. Días antes, la revista Don Juan, en su edición No. 29 de
marzo de dos mil nueve (2009), había presentado un informe sobre la masonería
colombiana, titulado “El poder de los masones”, en el que se recogieron
declaraciones de varios masones, se hizo referencia a miembros de la Orden
ligados a la historia del país, se mencionaron integrantes actuales que han
figurado en la política, la academia o las Fuerzas Armadas. El artículo
incorporó además fotografías de los entrevistados, de la Sede de la Gran Logia
de Colombia en Bogotá, de su templo mayor y de ornamentos e instrumentos del
rito.
Como el artículo de la revista Don Juan es más amplio y
detallado que el del Diario El Espectador, señala el demandante, puede
deducirse que el primero fue tomado como referencia del segundo y que en la
publicación de El Espectador no existía información que pueda calificarse como
la revelación de un secreto.
3. El señor Manuel Nicolás Meoño Távara es ciudadano peruano.
Se vinculó a la masonería hace muchos años y al momento de los hechos había
sido reconocido como Venerable Maestro (VM) de la Gran Logia de Colombia y
director de la orden Víctor Raúl Haya de la Torre No. 36.
4. A raíz de las declaraciones vertidas en el diario El
Espectador y la revista Don Juan, la Logia Aquileo Parra No. 2 presentó
denuncia ante el Gran Maestro Jorge Valencia Jaramillo por presunta violación
al Estatuto Penal Masónico (artículos 2º y 4º, ordinales 1º, 5º, 11, 12 y 26). La
Gran Asamblea de la Gran Logia de Colombia, convocó a reunión extraordinaria el
dieciocho (18) de mayo de dos mil nueve (2009), y en esta decidió presentar
acusación contra el peticionario, en una votación de dieciséis (16) votos a favor
y catorce (14) en contra. El mismo día, la citada Asamblea decidió no iniciar
investigación por los hechos relacionados con el artículo publicado en la
revista Don Juan, por veintiséis (26) votos.
5. El tres (3) de abril de dos mil trece (2013),
la Gran Comisión de Justicia de la Gran Logia de Colombia declaró responsable a
Manuel Meoño Távara por infracción de los ordinales 5º, 11, 25 y 26 del
artículo 4º del Estatuto Penal Masónico, y decidió condenarlo a la pena de
expulsión a perpetuidad, de acuerdo con lo previsto en el literal c) del
ordinal 5º del artículo 6º.
6. El actor presentó solicitud de nulidad contra esa
decisión ante la Gran Comisión de Justicia el once (11) de abril de dos mil
trece (2013), la cual le fue negada por escrito sin fecha (folios 122 a 126).
Argumentos jurídicos de la demanda
7. El señor Manuel Meoño Távara considera que la decisión de
la Gran Comisión de Justicia violó sus derechos fundamentales al debido
proceso, la presunción de inocencia y la igualdad. Para explicar los motivos de
inconformidad con la sanción que le fue impuesta, afirma que:
(i) La Gran Comisión de Justicia no es su juez natural, pues
por tener el grado de Venerable Maestro en la organización, solo podía ser
juzgado por la Gran Logia de Colombia.
(ii) La Gran Comisión de Justicia dictó sentencia sin
fundamento probatorio suficiente, pues omitió la práctica de una prueba
previamente decretada. Esa prueba consistía en la declaración de la periodista
que redactó el artículo “La hermandad del secreto”, quien habría
reconocido en comunicación dirigida al actor, la existencia de imprecisiones de
origen involuntario en la nota de prensa.
(iii) La sentencia condenatoria proferida en su contra
carece de motivación alguna, pues fue dictada invocando el principio de verdad
sabida y buena fe guardada, proscrito del orden jurídico colombiano.
(iv) La Gran Comisión de Justicia violó su derecho a la igualdad,
pues fue el único miembro sancionado de la Gran Logia de Colombia, dado que la
Gran Asamblea decidió no presentar acusación contra los entrevistados por la
revista Don Juan.
(v) La falta juzgada no existió, porque los masones ya no
conservan secretos: estos se encuentran disponibles en un amplio número de
libros y portales de Internet. Por eso, “hablar de rituales, alegorías o
leyendas masónicas ocultas resulta ingenuo o, incluso, mendaz”.
(vi) Existieron otras irregularidades como la declaración
en sueños de la orden Víctor Raúl de la Haya No. 36 (a cargo del
accionante) y la pérdida del expediente durante un amplio período, lo que
obstaculizó el ejercicio del derecho de defensa y produjo una dilación
injustificada en el proceso.
2. Intervención de la parte accionada
8.
La Gran Logia de Colombia solicitó declarar improcedente la acción por falta de
legitimación por pasiva, pues la organización no presta un servicio público, ni
el actor se encuentra en situación de indefensión o subordinación. Indicó que
la pertenencia a la logia, al igual que a cualquier iglesia o credo religioso,
no configura situación de indefensión o subordinación, especialmente si se toma
en cuenta que el actor ocupaba una posición privilegiada en la hermandad.
Además, propuso que la acción no cumple el requisito de inmediatez, pues el
accionante pretende cuestionar una decisión del año dos mil nueve (2009)
mediante una acción constitucional presentada en dos mil trece (2013).
9.
Sobre el fondo del asunto, manifestó que no existió violación a los derechos de
Manuel Meoño Távara, pues el derecho al debido proceso es aplicable solamente
en las actuaciones de las autoridades públicas que ostentan la facultad de
aplicar sanciones y no en actuaciones de particulares, agregó que resulta
desleal la posición del actor debido a que mediante el principio de verdad
sabida y buena fe guardada fue condenado pero también absuelto de algunos
de los cargos imputados. Puntualizó, que la aplicación de ese principio no es
inconstitucional, pues este equivale a un juicio en conciencia protegido por la
Carta Política, aseguró que su utilización protege el buen nombre del afectado,
pues evita que se revelen conductas reprochables, y explicó que el principio es
universalmente aceptado por la masonería.
10.
Por último, argumentó que los particulares pueden hacer pactos para guardar
secretos y aplicar sanciones por su incumplimiento, siempre que se trate de
asuntos del fuero interno de cada persona o institución. En su criterio, se
trata de una posibilidad amparada por las libertades de cultos y conciencia.
Sentencia de primera instancia
11. El Juzgado Octavo (8º) Penal Municipal de Bogotá,
mediante sentencia del dieciséis (16) de julio de dos mil tres (2003), negó la
tutela con base en los siguientes fundamentos:
(i) La parte accionada no violó el debido proceso del actor,
pues la Gran Comisión de Justicia sí es competente para juzgarlo, a partir de
una lectura armónica de los artículos 11 y 29 de la Constitución de la Gran
Logia de Colombia, 81 de los Estatutos Generales y 14 del Estatuto Penal de la misma
institución.
(ii) En el trámite seguido en su contra se respetaron las
normas propias del juicio masónico. La actuación se inició con la denuncia
presentada por una logia, de acuerdo con las normas del Estatuto Penal
Masónico; la Asamblea de la Gran Logia de Colombia decidió iniciar el proceso
penal por los hechos asociados a la publicación de El Espectador, y la
sentencia condenatoria fue dictada por su juez natural que es la Gran Comisión
de Justicia.
(iii) El hecho de que la periodista responsable del artículo
“La hermandad en secreto” haya aceptado la existencia de imprecisiones
en la nota periodística no demuestra la ausencia de motivos para continuar la
acción penal iniciada contra el accionante.
(iv) Las investigaciones iniciadas por los artículos de la
revista Don Juan y el diario El Espectador no necesariamente debían ser
falladas de modo idéntico pues, aunque tienen un contenido semejante, no son
iguales.
(v) La sanción de expulsión a perpetuidad hace parte
de los Estatutos Generales y el Estatuto Penal Masónico, de manera que su
aplicación respeta el principio de legalidad. Esta decisión fue adoptada en
única instancia tomando en consideración la calidad de Venerable Maestro del
peticionario dentro de la masonería, como lo establece el artículo 28 de la
Constitución de la Gran Logia de Colombia y el Capítulo VII del Título V del
Estatuto Penal Masónico.
(vi) No existe prueba alguna acerca de una dilación
injustificada del expediente, más allá de la afirmación del actor sobre un
presunto ocultamiento del expediente.
(vii) El juez de tutela no debe inmiscuirse en cuestiones
del fuero interno de los particulares, como el uso del principio de verdad
sabida y buena fe guardada en sus relaciones, el cual obedece en este caso a
aspectos “sustanciales e ideológicos” de la Gran Logia de Colombia. De
igual forma, no le corresponde al juez constitucional conminar a una
fraternidad al cambio de sus normas internas, sin desconocer la libertad de
conciencia, de cultos y el libre desarrollo de la personalidad.
(viii) Aclaró que “la declaratoria de suspensión de
trabajos de la Logia Víctor Raúl Haya de la Torre No 36 es válida porque no
cumplió con las obligaciones propias de su funcionamiento (…) sin que haya
existido desconocimiento de los demás miembros de la Logia suspendida, toda vez
que las normas a las que se hizo mención permiten que se afilien a otra logia
para no perder sus derechos masónicos”.
Impugnación
12.
En su escrito de impugnación, el apoderado del accionante insistió en que (i) hubo
violación al debido proceso, pues la Gran Comisión de Justicia no tiene
competencia para juzgar a los Venerables Hermanos; (ii) no se respetaron las
formas propias del juicio masónico porque la Gran Comisión de Justicia aceptó
la existencia de errores de transcripción en la entrevista que el señor Meoño
Távara concedió al periódico El Espectador y, a pesar de ello, lo
condenó por hechos no contemplados en la denuncia inicial; (iii) el juez
constitucional de primera instancia no analizó la situación de indefensión del
accionante y resolvió el caso sin una motivación adecuada, lo que se traduce en
una denegación de justicia.
13.
Añadió que ningún artículo de la normativa interna de la Gran Logia de Colombia
le atribuye a la Gran Comisión de Justicia competencia para juzgar a los
venerables hermanos y que sí se probaron las dilaciones del proceso, pues “la
Gran Comisión que recibió el proceso cambió cuatro veces, hasta que la última fue
la que sancionó al accionante, debiéndose haber analizado la razonabilidad del
plazo en que se produjo la decisión definitiva”.
14.
Resaltó que en este caso no se aplicó el principio de verdad sabida y buena
fe guardada en asuntos del fuero interno de los particulares, sino para
juzgar y dictar sentencia, sin respeto por el derecho fundamental al debido
proceso.
15.
Planteó que la declaratoria de suspensión de la Logia Víctor Raúl Haya de la
Torre No. 36 afecta los derechos de los demás miembros. Esta decisión se adoptó
sin proceso previo y sin tomar en cuenta que aunque la Logia debía algún
dinero, muchos de sus integrantes estaban a paz y salvo. Finalmente, señaló que
como la parte accionada no se pronunció al contestar la acción sobre los
principios de presunción de inocencia, dilaciones injustificadas y juez natural,
el juez constitucional de primera instancia debió dar por probada su violación,
en aplicación del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
Intervención de la Gran Logia de Colombia frente a la impugnación
16.
En respuesta al escrito de impugnación, la parte accionada expresó que el juez
constitucional de primera instancia interpretó adecuadamente el “conjunto
normativo” en lo atinente a la competencia y la sanción del accionante. Que sí
se respetó el principio de doble instancia, pues aunque los estatutos hablan de
“primera instancia”, ello debe interpretarse como una imprecisión
gramatical, ya que los juicios de los venerables hermanos son de única
instancia.
17.
Agregó que no se sancionó al peticionario por hechos que no estuvieran en la
denuncia penal, sino por las circunstancias comprobadas a partir de la
acusación o, en otros términos, que las normas invocadas por la logia
denunciante no vinculaban al órgano encargado del juicio, y añadió que la
aceptación de un error de transcripción por parte de la periodista a cargo del
artículo “La hermandad en secreto” no permite deducir la inocencia del
actor, pues una cosa es la prueba de un hecho y otra su relevancia jurídica. En
ese sentido -sostiene-, la condena del actor no fue consecuencia del error de
trascripción mencionado, sino del conjunto de hechos denunciados.
18.
Manifestó que el actor no demostró la supuesta violación al derecho a la
igualdad, y que la acción de tutela debió iniciarse en dos mil nueve (2009),
cuando la Asamblea de la Gran Logia de Colombia decidió iniciar el
procedimiento en su contra, lo que desvirtúa el cumplimiento del principio de
inmediatez.
19.
Por último, alegó que los fallos sobre debido proceso invocados por el actor
exigen la existencia de reglas para cada procedimiento, y que en el caso
concreto estas reglas se encuentran en el Estatuto Penal Masónico desde mil
novecientos sesenta y tres (1963) e incorporan la aplicación del principio de
verdad sabida y buena fe guardada.
Sentencia de segunda instancia
20.
Antes de decidir la impugnación, el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de
Bogotá con Funciones de Conocimiento, por auto de veintiséis (26) de agosto de
dos mil trece (2013), decidió declarar la nulidad de lo actuado y devolver el
trámite al juez de primera instancia, señalando que no se integró debidamente
el contradictorio porque no se vinculó a la Gran Comisión de Justicia, órgano
que dictó la decisión cuestionada.
21.
El nueve (09) de septiembre de dos mil trece (2013), después de ordenar la
vinculación de la Gran Comisión de Justicia, el Juzgado Octavo Penal Municipal
de Bogotá con Función de Conocimiento decidió devolver el expediente al Juzgado
Veintisiete Penal del Circuito de Bogotá, aduciendo que el vicio por el que se
declaró la nulidad nunca existió, ya que de acuerdo con escrito remitido por el
Presidente de esa Comisión, esta no constituye persona jurídica distinta a la
Gran Logia de Colombia.
22.
En tal escenario se planteó un conflicto negativo de competencias por parte del
juez constitucional de segunda instancia, el cual fue resuelto por la Corte
Constitucional mediante auto 307 de 2013[2].
Este Tribunal decidió dejar sin efecto el auto de nulidad proferido por el juez
constitucional de segunda instancia, remitir el expediente a esa autoridad
judicial y ordenarle dictar fallo de forma inmediata, previa vinculación de la
Gran Comisión de Justicia.
La intervención de la Gran Comisión de
Justicia
23. Una vez resuelto el conflicto de
competencias (apenas aparente) y vinculada la Gran Comisión de Justicia de la
Gran Logia de Colombia, uno de sus miembros presentó escrito solicitando
declarar la improcedencia de la acción o, en su defecto, negar el amparo
invocado, a partir de los siguientes razonamientos.
24. La tutela es improcedente porque el
actor no se encuentra en circunstancias de subordinación ni indefensión frente
a la Gran Logia de Colombia. Aunque los miembros de la Logia deben acatar el
conjunto de normas de la organización, la relación jurídica entre ellos no es
de dependencia sino de igualdad entre estos “como se verifica al examinar
los contenidos del Landmark XXII de la Constitución de la Gran Logia de
Colombia, así como los artículos 84 y 85 de sus Estatutos Generales. Además, el
peticionario tenía la condición de Venerable Maestro y Canciller de la Orden,
es decir, hacía parte de los cuadros directivos, lo que demuestra la ausencia
de subordinación”.
25. Tampoco existía una circunstancia
de indefensión, puesto que si esta consiste en una circunstancia fáctica,
es claro que en el caso concreto no existieron circunstancias de esa naturaleza
que impidieran la defensa dentro del proceso masónico. Por el contrario,
compareció al trámite, tuvo defensa técnica y pudo presentar las explicaciones
del caso.
26. La Gran Comisión de Justicia actúa
como órgano funcional de la Asamblea de la Gran Logia de Colombia y en este
caso lo hizo acatando decisiones de la Gran Logia de Colombia. El Juzgamiento
siguió el procedimiento descrito en el Estatuto Penal Masónico.
La interpretación del marco normativo
interno no constituye una circunstancia de indefensión, como tampoco ocurre con
el criterio utilizado para decretar o negar pruebas o la facultad de dictar el
fallo bajo el principio de verdad sabida y buena fe guardada, pues las “reglas
de funcionamiento interno obligan a todos los pertenecientes a esa organización
(…)”.
27. Los particulares, como la
organización masónica, tienen derecho a tener una esfera privada sin
interferencia de las autoridades púbicas. Pueden guardar secretos en lo que
solo a ellos concierne y establecer determinadas sanciones privadas para
quienes violen esa reserva. En consecuencia, “[l]as autoridades públicas no
podrían exigir que se les cuenten esos secretos para decidir si existió o no la
violación de ellos para calificar –dentro del principio de verdad sabida y
buena fe guardada- si hubo tal violación”. De igual manera, la dosimetría
de la sanción solo pueden aplicarla los depositarios de esos secretos.
28. Precisamente, la posibilidad de
establecer un pacto para confiar secretos, protegida por la libertad de
conciencia, la libertad de expresión, el derecho a la intimidad y el libre
desarrollo de la personalidad, explica la aplicación del principio de verdad
sabida y buena fe guardada en los juicios masónicos: el transgresor de las
normas que ordenan preservar un secreto no puede pretender que estos se hagan
públicos para que unos terceros –no masones- califiquen si se produjo una revelación
indebida.
29. Además, el principio citado constituye
simplemente una decisión en conciencia como lo ha señalado la Corte
Constitucional, que no puede calificarse de inconstitucional y que no ubica al actor
en una condición de indefensión (cita la sentencia T-297 de 2006).
30. El juez de primera instancia acertó
en la interpretación sobre las normas que definían la competencia para juzgar a
Manuel Meoño Távara a partir de una interpretación conjunta y contextualizada
de los artículos 11 y 28 de la Constitución Interna de la Gran Logia de
Colombia, el artículo 81 de los Estatutos Generales y el 14 del Estatuto penal,
normas que evidencian la diferencia entre las funciones de acusación, investigación
y juzgamiento.
31. Las sentencias T-433 de 1998, T-470
de 1999, T-844 de 2000, T-769 de 2005 y T-917 de 2008 que invoca el accionante
para solicitar su protección al debido proceso, se limitan a señalar que debe
existir un procedimiento. Y en este caso el Estatuto Penal Masónico de 1963
fija las normas para comunicar la existencia del proceso y los cargos, el
traslado de pruebas, el ejercicio del derecho de defensa, la manera en que debe
motivarse el pronunciamiento, las reglas sobre la proporcionalidad de la
sanción y los recursos disponibles para controvertir las decisiones, cuando
resulten procedentes.
32. Ninguna de esas sentencias prohíbe la
aplicación del principio verdad sabida y buena fe guardada. Los fallos
en conciencia están amparados bajo la presunción de buena fe del fallador y se
apoyan en los principios de libre convencimiento y verdad sabida y buena fe
guardada para dictar el fallo. Ello constituye una garantía para el buen nombre
del condenado, en el sentido de que no se publique la descripción de conductas
reprochables.
33. Afirma, para terminar, que “la
Constitución Política garantiza la libertad de conciencia, la libertad de
expresión, el derecho a la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad,
cuyo conjunto garantiza el derecho de los particulares a tener secretos entre
sí. En ejercicio de estos principios y garantías constitucionales los masones
contamos con el amparo del Estado para que nuestros secretos no sean violados
y, como obvia consecuencia, tenemos el derecho de excluir a quien los viole.
Eso se hizo, después de adelantar el proceso respectivo, durante el cual el
accionado tuvo apoderado todo el tiempo”.
El fallo de segunda instancia
34. El Juzgado Veintisiete (27) Penal del
Circuito de Bogotá con Funciones de Conocimiento, mediante sentencia del treinta
y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014) decidió confirmar la sentencia de
primera instancia. El argumento central de la providencia es que no se demostró
la existencia de circunstancias de subordinación o indefensión entre las
partes, lo que acarrea la improcedencia de la acción, cuando esta se interpone
contra una persona de derecho privado.
35. Sobre la subordinación, expresó el
juez de segunda instancia: “El Despacho considera, que en el presente asunto
no se configura una subordinación del accionante frente a la accionada que haga
procedente la acción de tutela. Pues tal y como se anotó en precedencia, según
la jurisprudencia constitucional, este concepto hace referencia “a la
existencia de una relación jurídica de dependencia”, comoquiera que el señor
Meoño Távara es o era un integrante de la Gran Logia de Colombia, es preciso
aludir que tenía el carácter de Venerable Maestro y Canciller de la Orden, es
decir, uno de sus directivos, perteneciente a la Logia con voz y voto, tal y
como lo describe el artículo 4º literal C-1 de la Constitución de la Gran
Logia”.
Y en lo concerniente a la ausencia de
indefensión, indicó que durante el procedimiento que le adelantó la Gran
Comisión de Justicia no hay evidencia de una amenaza a sus derechos fundamentales.
Por el contrario, el peticionario era un directivo de la organización,
conocedor de sus principios rectores y de las consecuencias de no acatarlos.
Contó con la representación de un profesional del derecho durante todo el
trámite y, en consecuencia, con todas las posibilidades fácticas y jurídicas
para reaccionar y defender sus intereses.
iI. Consideraciones
y fundamentos
Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos
dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 86, inciso 3°, y 241 numeral 9°, de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991[3].
Presentación del caso y formulación
del problema jurídico
36. La Gran Logia de Colombia es una
asociación privada sin ánimo de lucro que hace parte de la masonería, definida
en su portal web como una “sociedad filantrópica, filosófica y progresista”, que tiene por objetivos “la
exaltación y el perfeccionamiento de las más elevadas virtudes humanas”[4].
37. En el año dos mil nueve (2009),
previa la celebración de una Conferencia Internacional de la Masonería en la
ciudad de Bogotá, aparecieron diversos informes de prensa sobre el evento y la
naturaleza de la organización. Para su elaboración, los periodistas acudieron a
diversas fuentes y plasmaron en esos documentos algunos datos sobre la historia
de la organización en el mundo y en Colombia, los objetivos de la masonería, la
importancia que algunos de sus miembros han tenido en la historia del país y
los nombres de personajes que actualmente hacen parte de la masonería
colombiana.
38. El peticionario fue entrevistado por
el diario El Espectador y con base en sus declaraciones y las de un ex miembro
de la organización, se presentó una breve reseña sobre la masonería y la Gran
Logia de Colombia en la que -al parecer- se incorporaron diversas
imprecisiones, relacionadas con el nombre de la Logia y el papel del
peticionario. Días antes, la revista Don Juan había publicado un artículo con
un contenido similar, en el que utilizó como fuentes las declaraciones de otros
miembros de la Gran Logia de Colombia.
39. La Logia Aquileo Parra No. 2 presentó
“denuncia penal” contra los miembros de la hermandad que fueron
entrevistados para esos artículos y, al momento de evaluar la viabilidad de
iniciar un proceso en su contra, la Gran Asamblea de la Gran Logia de Colombia decidió
por votación mayoritaria (i) descartar la acusación por los hechos relacionados
con el artículo de la revista Don Juan y (ii) acusar al señor Manuel Meoño
Távara ante la Gran Logia de Colombia.
40. Cuatro (4) años después, la Gran
Comisión de Justicia dictó “sentencia  condenatoria” y condenó al actor a
“expulsión a perpetuidad” de la organización.
41. El actor presentó acción de tutela
argumentando la violación de sus derechos al debido proceso, la presunción de
inocencia y la igualdad.
Argumentó que la decisión fue adoptada
por un órgano incompetente, que se pretermitió la práctica de pruebas
necesarias, que no se respetaron los principios de doble instancia y presunción
de inocencia, y que se dictó sentencia con fundamento en el principio de verdad
sabida y buena fe guardada, “proscrito” en el orden constitucional colombiano.
Añadió, que existieron irregularidades adicionales como la decisión de
“declarar en sueños” la orden Víctor Raúl de la Haya No. 36 (de la que era
fundador) y la dilación injustificada del trámite.
42. La parte accionada argumentó que la
competencia del juzgamiento del actor sí correspondía a la Gran Comisión de
Justicia, pues así se deduce de una lectura sistemática de diversas normas de
la Constitución de la Gran Comisión de Justicia, los Estatutos Generales de la
Gran Logia de Colombia y el Código Penal Masónico. Indicó que el actor no se
encuentra en situación de subordinación o indefensión frente a la Gran Logia de
Colombia, pues era un dirigente de la organización, no se encontraba en
relación de dependencia frente a otros miembros y en el trámite interno contó
con la defensa de un profesional del derecho.
43. El juez de primera instancia decidió
negar el amparo, después de analizar las supuestas irregularidades expuestas en
la demanda, mientras que el juez constitucional de segunda instancia decidió
declarar la improcedencia del amparo, por estimar que no se acreditaron
circunstancias de subordinación o indefensión, que son condición necesaria para
la procedencia de la tutela contra particulares.
44. En ese contexto, corresponde a la
Sala Primera de Revisión establecer si la decisión adoptada por la Gran
Comisión de Justicia de la Gran Logia de Colombia, en el sentido de imponerle
la sanción de expulsión a perpetuidad, a raíz de la publicación de algunas
declaraciones suyas en un artículo de prensa y en la que presuntamente se habrían
revelado secretos masónicos, desconoció su derecho fundamental al debido
proceso y la igualdad, porque (i) la competencia para juzgarlo no correspondía
a la Gran Comisión de Justicia sino a la Gran Logia de Colombia; (ii) se
desconoció el principio de doble instancia; (iii) se trasgredió la presunción
de inocencia y se incurrió en irregularidades asociadas al decreto y práctica
de pruebas; (iv) se dictó sentencia sobre la base del principio de verdad
sabida y buena fe guardada, y por lo tanto, sin motivación; y (v) se vulneró el
principio de igualdad, pues a otros miembros de la misma logia no se les abrió
investigación alguna por declaraciones de igual contenido, publicadas en la
Revista Don Juan.
Para resolver el problema jurídico
planteado, la Sala reiterará la jurisprudencia constitucional sobre la eficacia
horizontal entre derechos o eficacia en las relaciones entre particulares. En
ese marco, analizará el caso concreto.
La eficacia horizontal de los
derechos fundamentales
Con el propósito de mantener un orden
expositivo adecuado, la Sala comenzará por contextualizar las inquietudes
acerca del reconocimiento de la eficacia de los derechos en las relaciones
entre particulares. Para ello, expondrá el origen del asunto dirigiendo
especial atención a los dos países en los que con mayor fuerza se ha
desarrollado el debate, Alemania y España -sin perjuicio de menciones aisladas
a otros ordenamientos constitucionales[5]-
y, posteriormente, reiterará la jurisprudencia relevante para la solución del
caso concreto.
Contexto
45. Los derechos fundamentales suelen
concebirse como límites al poder del Estado destinados a resguardar la
dignidad, libertad e igualdad de los seres humanos o bien, en aproximaciones
más recientes, como límites y vínculos para las autoridades, es
decir, normas que a la vez      que prohíben la intromisión del Estado en
ámbitos intangibles de libertad del individuo, ordenan su intervención decidida para
asegurar mínimos materiales de bienestar e igualdad[6]. La idea de
los derechos exclusivamente como límites se asocia al concepto de estado
liberal o estado de derecho, mientras que aquella que destaca también su
condición de vínculos explica más adecuadamente la forma social del
Estado.
En ese orden de ideas, suelen asumirse
también dos premisas sobre su estructura: (i) el titular de los derechos es la
persona humana y (ii) el Estado es el único destinatario u obligado a lograr su
eficacia[7].
46. Ambas premisas han generado
discusiones en la teoría del derecho y las respuestas dogmáticas construidas
por el derecho constitucional de cada país.[8]
Este fallo se concentrará en explicar la insuficiencia de la segunda premisa y
la consecuente extensión del universo de sujetos frente a quienes los derechos
constitucionales son exigibles. Dicho de otra manera, a la exigibilidad de los
derechos fundamentales o eficacia horizontal de los derechos fundamentales.
Ya en fallos previos la Corporación ha
explicado cómo la vinculación de los particulares frente  a los derechos
obedece a un cambio en la percepción de la forma y las funciones del Estado, y
a la progresiva concepción de la Constitución Política como norma jurídica,
aspecto sobre el que volverá la Sala al momento de presentar la línea
jurisprudencial desarrollada por este Tribunal.
47. En el ámbito internacional existe un
referente obligado proveniente del Tribunal Constitucional alemán; el caso Lüth
de 1958, que giró en torno a los siguientes hechos:
Eric Lüth, director de una organización de
prensa privada, inició un boicot comercial para impedir la difusión de una
película producida por el señor Veit Harlan, argumentando la cercanía de este
último al régimen nacionalsocialista  y su participación en la producción de
películas antisemitas. Veit Harlan presentó una acción civil en la que solicitó
como medida cautelar que se ordenara a Lüth suspender el boicot, pretensión que
fue acogida por un Tribunal civil, en segunda instancia. Eric Lüth elevó un recurso
de amparo contra esa decisión ante el Tribunal Constitucional alemán. Como
argumento central de la demanda señaló que su actuación no era ilícita sino que
se trataba de una manifestación legítima de la libertad de expresión.
El alto Tribunal concedió el amparo a los
derechos de Eric Lüth, y en un aparte central de su argumentación plasmó las
siguientes consideraciones sobre la eficacia horizontal de los derechos
fundamentales:
“El Tribunal
Constitucional no tiene que examinar la interpretación y aplicación del derecho
civil como tal. El orden objetivo de valores contenido en las normas de
derechos fundamentales de la Constitución influye, sin embargo, en el derecho
privado; él rige en cuanto decisión constitucional fundamental para todos los
ámbitos del derecho. Asegurar la observancia de esta ‘eficacia irradiante’ de
la Constitución obliga al Tribunal Constitucional. Por esto, él examina si las
sentencias de las Cortes Civiles se basan en una concepción fundamentalmente
injusta del alcance y eficacia de un derecho fundamental o si el resultado de
la sentencia misma lesiona derechos fundamentales de un interesado”[9].
48. Los elementos esenciales de ese
razonamiento trascendieron el ámbito del derecho alemán y aún reflejan algunas
de las decisiones más relevantes del derecho constitucional contemporáneo: (i)
la referencia al sistema de valores representado en los derechos fundamentales
y a la manera en que este irradia o permea todas las relaciones jurídicas
(efecto irradiación); (ii) la obligación del legislador de configurar el derecho
dentro del marco de la Constitución; (iii) la propuesta de que los derechos
fundamentales se desarrollan en las prescripciones del derecho privado,
especialmente a través de cláusulas generales o abiertas como buena fe o
buenas costumbres, y (iv) el papel del juez al interpretar el derecho
inferior de conformidad con las normas de derechos fundamentales, aprovechando
especialmente las cláusulas indeterminadas del derecho infra constitucional
constituyen un conjunto de ideas que conforman un marco conceptual propicio
para la expansión de la fuerza normativa de los derechos constitucionales.
49. A pesar de su importancia, en términos
cronológicos el caso Lüth representa en realidad la segunda etapa de la
discusión en Alemania, pues previamente el Tribunal Federal Laboral alemán
había defendido la eficacia de los derechos entre particulares en las
relaciones laborales y, especialmente, del derecho a la igualdad y la
prohibición de discriminación en casos asociados a las diferencias salariales
entre hombres y mujeres, y al declarar la ineficacia de una cláusula
contractual que preveía como justa causa de terminación del vínculo laboral,
que la mujer empleada contrajera matrimonio. La base jurídica de estos casos consiste
en que dentro de las relaciones laborales se rompe el principio de igualdad
entre las partes, de manera que los derechos se tornan directamente exigibles
al empleador.
Dado que en el caso Lüth los derechos
resultan exigibles mediante la evaluación constitucional de una decisión
judicial, el desconocimiento de estos se imputa al juez, lo que explica que
esta tesis se denomine de eficacia indirecta. Los casos de derecho
laboral recién citados, en cambio, imputan la violación de los derechos por
parte del empleador, por lo que la doctrina desarrollada en esas decisiones se
denomina de eficacia directa.
50. Una tercera corriente propone que esa
diferencia es artificiosa, pues en cualquier caso los derechos solo serían
exigibles en sede judicial, y el Tribunal Constitucional alemán, en decisiones
más recientes, ha señalado que la violación se puede atribuir a la omisión del
deber de protección de los derechos, funcionalmente exigible a jueces y
tribunales. De esta última doctrina, a la vez, surge la consideración de la
protección frente a uno mismo, en casos en los que se discute la validez de
cláusulas firmadas en contratos y bajo el amparo de la autonomía de la
voluntad, que terminan por restringir excesivamente los derechos fundamentales
de uno de los firmantes[10].
51. La construcción dogmática del Tribunal
Constitucional Español es muy cercana a la de la eficacia indirecta de
los derechos planteada en el caso Lüth, aunque en decisiones recientes también
se percibe un acercamiento a la tesis basada en el deber de protección; sin
embargo, el menor dinamismo de la jurisprudencia constitucional española
posiblemente obedece a que el Tribunal Constitucional español enfrenta
problemas derivados de la regulación del recurso de amparo, pues (i) este únicamente
procede contra decisiones judiciales si la violación es susceptible de ser
directamente imputada al Tribunal, y (ii) el juez constitucional tiene vedado
el estudio o revisión del análisis fáctico del juez natural de cada trámite.
52. En la sentencia T-358 de 2010[11],
la Corporación también hizo referencia al caso norteamericano, donde la Corte
Suprema de Justicia acude al concepto de state action para señalar que
puede exigirse el cumplimiento directo de los derechos fundamentales cuando (i)
estos asumen directamente funciones que ordinariamente corresponden al Estado,
o (ii) existe un alto nivel de “implicación” (envolvement) de autoridades
estatales en la conducta, de manera que no es posible desligar la acción del
particular de la que se atribuye a las autoridades[12].
53. En todos los casos citados, se percibe
cómo la concepción de los derechos como garantías de defensa frente al Estado
genera obstáculos para su eficacia en las relaciones entre particulares, pero
también se evidencia el desarrollo de herramientas teóricas o dogmáticas para
superar esos obstáculos y asegurar, al menos bajo ciertas condiciones, la
eficacia horizontal de las cláusulas iusfundamentales.
54. Esas construcciones, según lo expuesto,
incorporan ideas como: la exigibilidad de los derechos cuando se rompen las
relaciones de igualdad formal entre las partes; la concepción de los derechos
como un orden objetivo o un sistema de valores que irradia todas las relaciones
jurídicas y vincula por lo tanto a los particulares; la limitación y
vinculación que ejercen los derechos sobre el Legislador al momento de
configuración política del derecho; la obligación de los jueces de interpretar
el derecho civil conforme la Constitución Política, y su posición funcional
como garantes de las cláusulas de derechos constitucionales. Como se verá, tales
ideas se han incorporado plenamente a la jurisprudencia constitucional
colombiana.
Las razones materiales para la vinculación
de terceros a los derechos fundamentales
55. Resulta natural que el Estado sea el
primer y principal obligado frente a los derechos constitucionales si se toma
en consideración que el poder público ostenta el monopolio de la fuerza y el ius
puniendi, de una parte; y que debe garantizar condiciones mínimas de
igualdad y bienestar material para todos, abstenerse de adoptar medidas o
decisiones discriminatorias y asegurar la adecuada prestación de los servicios
públicos, de otra, de manera que es a la vez amenaza y garantía de los
derechos fundamentales.
56. Sin embargo, los poderes privados
también pueden afectar los bienes más valiosos del ser humano. En primer
término, los conflictos armados y la delincuencia común son causa de
violaciones constantes y eventualmente masivas de derechos, las cuales deben
ser objeto de investigación, juzgamiento y sanción por el derecho penal
-nacional o internacional- o bien mitigadas mediante las normas del derecho
internacional humanitario, aplicable en escenarios de conflicto.
Pero también en el curso de las relaciones
ordinarias los derechos enfrentan amenazas derivadas de la desigualdad latente
en las relaciones de mercado, del relativo desvanecimiento de las fronteras
entre las esferas pública y privada, y de la asunción de funciones propias de
las autoridades por parte de particulares (aspecto que en Colombia es muy
notorio por la delegación a particulares de la prestación de servicios
públicos).
57. En la sentencia T-222 de 2004[13]
la Corte se refirió a la manera en que el paso del Estado liberal al Estado
social de derecho ha redimensionado la eficacia de los derechos entre
particulares:
“13. Lo anterior sólo es posible a partir de reconocer un cambio
fundamental en el sistema axiológico incorporado a la Constitución. Este cambio
se verifica con el paso de una concepción liberal de la sociedad, que
contrapone Estado y sociedad, de suerte que al primero, en una versión extrema,
le corresponden exclusivas funciones de abstención para que el individuo se
desarrolle libre y autónomamente en la sociedad, hacia un esquema en el cual
las distintas funciones sociales que se desarrollan en los diversos sistemas de
la sociedad se dirijan hacia un meta-objetivo claro: la dignidad humana.
Este sistema
axiológico ha logrado consagración normativa a través de toda la Constitución.
De una parte, se constata que se han asignado funciones precisas al Estado, de
garante de los derechos y deberes de los asociados (C.P. art. 2). Así mismo,
recogiendo las transformaciones normativas de las décadas de los treinta y
cuarenta en el siglo pasado, se contempla la función social de la propiedad
(C.P. art. 58), a la que se añade la función social de la empresa y la
orientación de la actividad privada hacia el bien común (C.P. art. 333).
Lo anterior está
acompañado de la asignación de obligaciones prima facie radicadas en el
Estado, de dirigir la economía hacia la satisfacción de las necesidades básicas
de la población (C.P. art. 334) y el reconocimiento de derechos subjetivos de
contenido individual y colectivo (sistema de derechos de la Constitución, arts.
11 a 82, artículos 229, 333, 365, 366, 367 y 368 de la Carta), así como la
autorización a los particulares para asistir al Estado en el desarrollo de las
actividades necesarias para el respeto y garantía de la efectividad de tales
derechos”.
58. Como señaló en esa oportunidad la
Corte, y reiteró posteriormente en la sentencia T-136 de 2013[14], todo lo
expuesto exige la garantía de la eficacia horizontal de los derechos: si el
sentido último de estas cláusulas es la dignidad humana, entonces no existe
razón alguna para limitar su protección, defensa y garantía a las actuaciones
del Estado, dejando por fuera de su alcance los eventos en los que se genera
una intensa afectación de los mismos derivada de las relaciones entre
particulares.
59. Sin embargo, es claro también que la
exigibilidad de los derechos a los particulares no opera en todas sus
relaciones, pues ello acarrearía riesgos a la seguridad jurídica: la
indeterminación de las cláusulas iusfundamentales podría generar
intensas divergencias en cuanto a su interpretación por parte de sujetos
razonables, generaría cargas excesivas para algunos sujetos si se repara
en la exigibilidad de protección a la integridad personal a un particular o de
los contenidos prestacionales de los derechos, y podría limitar el ejercicio de
la autonomía de la voluntad que es, en sí misma, expresión de la dignidad
humana y del libre desarrollo de la personalidad[15].
60. Conocedor de las circunstancias
históricas y las dificultades propias de la eficacia horizontal de los
derechos, el Constituyente decidió establecer tres escenarios específicos de
vinculación o eficacia horizontal de los derechos en el artículo 86 Superior,
relativo a la acción de tutela. Previó entonces la procedibilidad de la acción
frente a particulares que tienen a cargo la prestación de los servicios
públicos, que adelantan actividades que afecten gravemente el interés
colectivo, o en eventos en que el afectado se encuentra en situación de subordinación
e indefensión frente al demandado[16].
61. En ese contexto, la Sala Sexta de
Revisión señaló en sentencia T-658 de 2011[17],
que el constituyente colombiano resolvió un problema sustancial mediante una
norma procedimental[18].
En concepto de la Sala el Constituyente fue más allá: el artículo 86 (inciso
final) refleja la decisión inequívoca de vincular directamente a los
particulares en la materialización de los derechos fundamentales y de orientar
al legislador en la definición de los elementos mínimos para su exigibilidad
judicial.
62. Al expedir el Decreto 2591 de 1991
(artículo 42[19]),
que regula el trámite de la acción de tutela, el Legislador extraordinario
desarrolló el mandato constitucional en nueve supuestos, que en síntesis
explican con más detalle la calidad de sujetos pasivos de la acción de los
particulares en las tres hipótesis previstas por el Constituyente.
Sin embargo, los numerales 1º y 2º,
relativos a particulares que prestaban servicios públicos, planteaban que la
acción solo procedería para la protección de determinados derechos, definidos
taxativamente; en tanto que el numeral 9º, que recogía las hipótesis de
subordinación e indefensión planteaba que la acción exclusivamente sería
procedente para la protección de los derechos a la vida y la integridad
personal.
En la sentencia C-134 de 1994[20]
la Corte consideró inconstitucional la existencia de las limitaciones citadas,
y explicó que la acción procede para la protección de todos los derechos
fundamentales, si se cumplen las demás condiciones de legitimación por pasiva
de un particular[21].
63. De los tres escenarios previstos por el
Constituyente, el primero, es decir el que se refiere a la prestación de un
servicio público, es el que menos discusiones genera, pues debe reducirse a un
razonamiento objetivo. Su razón de ser tampoco suscita discusiones, pues los
servicios públicos son indispensables para el goce de muchos derechos
constitucionales (así se evidencia en la abundante jurisprudencia sobre el
acceso a los servicios de salud, la seguridad social, o el derecho a la
educación).
64. El segundo supuesto, admite en cambio
un margen un poco más amplio de interpretación destinado a determinar en qué
eventos los particulares afectan intensamente el interés colectivo. En la
actualidad, la jurisprudencia ha sentado que las actividades bancaria,
financiera y aseguradora poseen esa característica. En otros casos se ha
evaluado, por ejemplo, la afectación derivada de la contaminación por aguas de
alcantarillado (T-406 de 1993[22])
o por los desechos tóxicos de una empresa productora de químicos (T-251 de 1993[23]).
En esta decisión la Corporación adelantó importantes consideraciones acerca del
rompimiento de las condiciones de igualdad formal:
“9. Las relaciones
entre los particulares discurren, por regla general, en un plano de igualdad y
de coordinación. La actividad privada que afecte grave y directamente el
interés colectivo, adquiere una connotación patológica que le resta toda
legitimación, máxime en un Estado social de derecho fundado en el principio de
solidaridad y de prevalencia del interés general. De otro lado, la
equidistancia entre los particulares se suspende o se quebranta cuando a
algunos de ellos se los encarga de la prestación de un servicio público, o el
poder social que, por otras causas, alcanzan a detentar puede virtualmente
colocar a los demás en estado de subordinación o indefensión. En estos eventos,
tiene lógica que la ley establezca la procedencia de la acción de tutela contra
los particulares que prevalecidos de su relativa superioridad u olvidando la
finalidad social de sus funciones, vulneren los derechos fundamentales de los restantes
miembros de la comunidad (CP art. 86). La idea que inspira la tutela, que no es
otra que el control al abuso del poder, se predica de los particulares que lo
ejercen de manera arbitraria.
(…)
14. Tratándose de
normas sobre medio ambiente y sanitarias que representan limitaciones legales
para la empresa y la iniciativa económica, en aras del bien común (salud
pública) y del medio ambiente (calidad de la vida), la omisión del ejercicio de
las competencias por parte de las autoridades administrativas o su deficiente
desempeño, puede exponer a las personas a sufrir mengua en sus derechos
fundamentales a la vida, a la salud y al medio ambiente sano. Ciertamente la
resignación de las competencias administrativas se traduce en abrir la vía para
que los peligros y riesgos, que en representación de la sociedad deberían ser
controlados y manejados por la administración apelando a su amplio repertorio
competencial, se ciernan directamente sobre los administrados amenazando en
muchos casos sus derechos constitucionales. Adicionalmente, la omisión o
negligencia administrativa, rompe los equilibrios que el Constituyente ha
querido establecer mediante la consagración positiva de los principios de
calidad de la vida y desarrollo sostenible, abandonando al hombre y al ambiente
a la completa instrumentación y sojuzgamiento por la razón ilimitadamente
expansiva del capital, cuyos límites en la práctica son removidos por aquélla
causa. En estas circunstancias, cancelada o debilitada la barrera de las
autoridades administrativas y de la correcta aplicación de un cuerpo específico
de normas protectoras, los particulares, diferentes de la empresa beneficiada y
de sus beneficiarios reales que ante la ausencia de límites aumentan su poder,
quedan respecto de éstos en condición material de subordinación e indefensión.
Ante esta situación de ruptura de la normal relación de igualdad y de
coordinación existente entre los particulares, la Constitución y la ley (CP
art. 86 y D. 2591 de 1991, art. 42, num. 4 y 9), conscientes del peligro de
abuso del poder privado, en este caso además ilegítimo, les conceden a las
personas que pueden ser afectadas por el mismo la posibilidad de ejercer
directamente la acción de tutela para defender sus derechos fundamentales
susceptibles de ser violados por quien detenta una posición de supremacía”.
65. La tercera causal, es la que más
desarrollo ha recibido en la jurisprudencia de este Tribunal. En ese sentido,
la Corte se ha ocupado en un conjunto muy extenso de decisiones a delimitar el
alcance de los conceptos de indefensión y subordinación, pues
solo es posible definir su existencia en el análisis de casos concretos.
66. En las sentencias T-009 de 1992[24],
T-573 de 1992[25]
y T-290 de 1993[26],
la Corporación comenzó a delimitar el alcance de los conceptos de subordinación
e indefensión. En el último de estos fallos, ampliamente citado hasta el día de
hoy, la Corporación planteó que:
“Entiende esta Corte que la subordinación alude a la existencia de una relación
jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores
respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a sus profesores o ante
los directivos del establecimiento al que pertenecen, en tanto que la indefensión, si bien hace referencia a una relación
que también implica la dependencia de una persona respecto de otra, ella no
tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social
determinado sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona
afectada en su derecho carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de
respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate”.
67. En términos generales, este Tribunal ha
sentenciado que la indefensión se concreta en una situación fáctica que
le impide a la persona protegerse de una amenaza o rechazar una agresión contra
sus derechos, en tanto que la subordinación hace referencia a la
existencia de una relación de dependencia derivada de relaciones jurídicas.
Así, en la sentencia T-921 de 2002[27]
explicó la Corte: “(…) respecto a la indefensión, se entiende que ésta tiene
lugar cuando la persona afectada en su derecho carece de defensa, es decir,
cuando no puede darse una respuesta efectiva ante la violación o la amenaza de
que se trate. Si bien, la indefensión hace referencia a una relación que
también implica una dependencia de una persona respecto de otra -como en la
subordinación-, ésta tiene su origen en situaciones de naturaleza fáctica”.
68. Como ejemplos (no taxativos, se
insiste) de estas situaciones la Corte ha señalado que las relaciones de
subordinación se encuentran en los contratos laborales, la relación entre los
estudiantes y las instituciones educativas y la dependencia de los hijos a sus
padres.
En cuanto a los eventos en que se configura la indefensión,
siguiendo la exposición presentada en la sentencia T-136 de 2013[28],
la Corte ha señalado que se encuentran (i) la ausencia de medios de defensa de
carácter legal, material o físico que le permitan a la persona contrarrestar ataques contra sus derechos constitucionales
fundamentales inferidos por un particular[29];
(ii) la imposibilidad de satisfacer una necesidad básica por la el ejercicio
irrazonable, irracional y desproporcionado de los derechos de otro particular[30];
(iii) la presencia de vínculos afectivos, morales, sociales o contractuales que
propician actuaciones u omisiones lesivas de derechos fundamentales de una de
las partes, como puede ocurrir en ciertas relaciones entre padres e hijos,
entre cónyuges, entre copropietarios, entre socios, etc.[31], y (iv) la
utilización de medios de comunicación para divulgar la condición de deudor de
una persona[32]
o el recurso a cobradores profesionales (chepitos) para efectuar el cobro de
acreencias[33],
de acuerdo con la exposición contenida en la sentencia T-136 de 2013[34].
69. Como puede verse, el concepto de
indefensión es más vago y más casuístico que el de subordinación. Es importante
aclarar, que si bien la Corte lo define en torno a la existencia de
circunstancias fácticas que impiden al particular defenderse de otro
particular, lo cierto es que diversos fallos hacen referencia a la indefensión
como ausencia de medios  fácticos, jurídicos, o de cualquier otra naturaleza
para la defensa de los derechos.
70. Retomando lo expuesto, la subordinación
se desprende de relaciones jurídicas, mientras que la indefensión se da por
razones fácticas; existen eventos en los que ambas situaciones se configuran, o
bien, circunstancias en las que se pasa de una condición a otra; sin que sea
posible enunciar taxativamente los eventos en los que se presentan estas
condiciones, existen elementos indicativos de su presencia, entre las que se
destacan el rompimiento de las relaciones de igualdad formal, la existencia de
una posición dominante en materia contractual, las circunstancias de
vulnerabilidad o debilidad manifiesta del presunto afectado o su condición de
sujeto de especial protección constitucional.
71. Dentro del
cuerpo jurisprudencial de la tutela contra particulares, para la solución del
caso concreto resultan especialmente relevantes los precedentes que hacen
referencia a su potencial violación de derechos fundamentales por parte de
organizaciones privadas de distinta naturaleza constituidas en torno a
intereses comunes, como los clubes sociales, las organizaciones sin ánimo de
lucro o las federaciones deportivas.
72.
En la sentencia T-547 de 1992[35]
la Sala Cuarta de Revisión decidió una tutela presentada contra la Corporación
Jockey Club. El peticionario afirmaba que el citado club desconoció sus
derechos fundamentales a la igualdad, al buen nombre y a la libre asociación,
al tomar la decisión de cancelar su membresía, con base en una incorrecta
interpretación y aplicación de sus estatutos. Previo a la solicitud de amparo,
el accionante intentó la nulidad del acto o de la decisión ante la jurisdicción
civil, donde sus pretensiones no fueron acogidas.
Tras
exponer los fundamentos sobre la procedencia de la acción de tutela contra
particulares, la Corte Constitucional consideró que en el caso concreto no se
cumplió con el requisito de subordinación  “por cuanto la decisión de
pertenecer a una determinada corporación social o su desafiliación es
voluntaria (...) y el hecho de acatar sus estatutos y decisiones no
implican subordinación alguna”. Sostuvo además, que tampoco se presentó el requisito de
indefensión, pues “el peticionario agotó la vía judicial y gozó de las
garantías procesales establecidas para el procedimiento ordinario”, razones
por las cuales la Corte confirmó las decisiones de instancia que negaron el
amparo solicitado[36].
73. Posteriormente,
en un conjunto de sentencias que conforman jurisprudencia uniforme, la
Corporación declaró la improcedencia de la acción para controvertir decisiones
de las juntas directivas de clubes sociales, basándose en  que el cumplimiento
de las normas estatutarias no acarrea subordinación, y en que existe un
mecanismo judicial idóneo y eficaz para la definición de estas controversias
definido en el artículo 421 del Código de Procedimiento Civil, que permite
controvertir mediante el proceso verbal sumario decisiones de juntas directivas
de sociedades privadas o comerciales, e incluso, solicitar la suspensión
provisional de la decisión como medida cautelar[37].
74. Esta subregla
fue establecida desde la sentencia T-543 de 1995[38] y ha sido reiterada en
un amplio conjunto de fallos.
En la sentencia citada, la Sala Quinta de Revisión se
pronunció sobre la acción elevada por el peticionario y su cónyuge contra
el Club Campestre Los Arrayanes, por presunta violación de sus derechos
fundamentales a la igualdad, la honra el buen nombre, la intimidad familiar, la
libertad de asociación y el libre desarrollo de la personalidad. El actor
argumentaba que el club desconoció la norma estatutaria que establecía el
derecho de los socios de extender el derecho al uso de las áreas sociales a sus
esposos, al exigirle a su cónyuge someter su nombre al trámite de admisión para
nuevos socios. La Corte consideró:
“El hecho de que un socio acate los estatutos y las decisiones de la
Junta Directiva de una corporación a la que voluntariamente se asoció, no
implica dependencia o sujeción alguna, porque el socio no se encuentra bajo las
ordenes de  la entidad, salvo el caso del legítimo desarrollo de los
estatutos que aquél voluntariamente conoció y consintió al afiliarse. Por ello
para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional tampoco se presenta esta
especial circunstancia. || La acción de tutela -ha
repetido esta Corte- tiene por objeto específico y exclusivo la protección
inmediata de los derechos fundamentales cuando éstos son violados o amenazados
por la acción u omisión de una autoridad o de particulares. En cuanto a los
segundos, como lo subrayó con acierto el Tribunal, la acción de tutela no
procede en principio, a menos que se hallen encargados de la prestación de un
servicio público, asuman una conducta que afecte grave y directamente el
interés colectivo, o respecto de ellos el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión, y que la ley contemple por vía general la
procedencia del amparo.
Los clubes deportivos, que son personas jurídicas de Derecho Privado,
no se encuentran cobijados normalmente por ninguna de las indicadas hipótesis (…) En efecto, no solamente puede atacarse ante la justicia civil la
decisión del órgano social sino que existe la posibilidad de pedir la
suspensión del acto impugnado, en los términos del artículo 421 del Código de
Procedimiento Civil, con lo cual se obtiene un efecto similar al de la tutela
(…)”.
75. Posteriormente, en la providencia T-544 de 1995[39]
este Tribunal abordó la revisión de un caso en el que el demandante, socio del
Club Hatogrande, fue expulsado por la Junta Directiva, supuestamente por “faltar
a la verdad en perjuicio del Club cuando afirmó en la Asamblea de noviembre 26
de 1994 que él era representante de la "Promotora Inversiones Hatogrande
Golf & Tennis Country Club Limitada" y se comprometió a entregar obras
y dotación faltantes, lo cual nunca cumplió”.
Además, señalaba que en la misiva citada se le acusó de “faltar a
los deberes de caballerosidad y de honor al enviar comunicaciones en contra de
las directivas del Club”, hechos que motivaron la presentación de la
acción, en defensa de su derecho fundamental al debido proceso. Sobre la
inexistencia de subordinación, puntualizó:
“(…)
una cosa es que, por razón del vínculo contractual contraído en ejercicio del
libre derecho de asociarse, el socio quede supeditado al cumplimiento del
régimen jurídico particular contenido en los estatutos, acogidos por él en el
momento de su ingreso, y otra muy diferente es que dicha sujeción lo convierta
en subordinado o subalterno de la entidad o de sus órganos (…) Para la Corte es claro que el estado de
indefensión tampoco se configura, pues el ordenamiento jurídico contempla
acciones alternativas a las cuales puede acudir el socio para protegerse contra
las decisiones de la asociación y de sus organismos [la Corte hacía referencia
nuevamente a la acción prevista en el artículo 421 del Código de Procedimiento
Civil]”.
76. Tiempo después la Corporación dictó el fallo T-294 de 1998[40],
al conocer en sede de revisión de una tutela presentada con el propósito de
controvertir  la decisión adoptada por la Junta Directiva del Metropolitan Club
de Bogotá, en el sentido de expulsar a un socio por conductas que consideró
contrarias al espíritu y las buenas costumbres. Tras una breve reiteración de
jurisprudencia, la Corporación recordó la subregla de improcedencia de la
acción por la existencia de un mecanismo adecuado ante la jurisdicción civil,
sentada en la T-543 de 1995, ya citada.
77. En la sentencia T-278 de 2000[41] la Corte
conoció el caso de una mujer que había solicitado la admisión el Club Social
Valledupar como hija de un accionista del mismo. Indicaba que si bien el club
tramitó su afiliación, lo hizo como particular independiente en aplicación de
una norma que de los Estatutos según la cual los accionistas podían mantener
como beneficiarios a sus hijos menores de veintisiete (27) años.
La Corporación descartó la existencia de un trato discriminatorio en
contra de la accionante, pues ella ya había superado los veintisiete (27) años
de edad, de manera que la imposibilidad de ser reconocida como beneficiaria
obedecía a una causa objetivamente determinable y no a una distinción
injustificada y, por lo tanto, inconstitucional. Sin embargo, advirtió a la
parte accionada que la expresión “hijo ilegítimo”, contenida en sus estatutos,
es inconstitucional y, a pesar del sentido de la decisión (improcedencia de la
acción), estimó necesario desarrollar algunas precisiones frente al problema
jurídico, dada la supuesta aplicación de una norma discriminatoria:
“La
Corte no duda en expresar que es patente la inconstitucionalidad de la
disposición de los estatutos sociales que se refiere a hijos
"legítimos", en cuanto dicha expresión es a todas luces contraria a
las nuevas disposiciones superiores (artículos 13 y 42 C.P.), las cuales
pretenden establecer igual trato a los hijos, sin que para ningún efecto,
público ni privado, sea relevante que los padres hayan estado o no atados por
el vínculo matrimonial y, por tanto, aquélla deberá ser en todos los casos
inaplicada. Al respecto, es importante recordar que mediante Sentencia C-595
del 6 de noviembre de 1996, proferida por la Sala Plena de esta Corporación
(M.P.: Dr. Jorge Arango Mejía), se dijo que "si el inciso primero del
artículo 42 de la Constitución  reconoce, en un pie de igualdad, la
familia constituida por vínculos 'naturales o jurídicos', no se ve cómo la
inexistencia del matrimonio origine una 'consanguinidad ilegítima',
entendiéndose ésta como ilícita". || Ahora bien, una cosa es la expresión
estatutaria en referencia -que, se repite, debe ser inaplicada por inconstitucional-
y otra muy diferente la situación concreta de la solicitante, no frente a tal
disposición -que no es en verdad la que incide en su circunstancia- sino
respecto de la conducta del Club en torno a sus posibilidades y condiciones de
afiliación. || En efecto, aunque la actora alega una
discriminación por su condición de hija extramatrimonial, lo cierto es que el
Club no puede darle el trato económico preferente que ella reclama, puesto que
no cumple, al menos con una condición, que la Corte estima legítima, para tener
derecho al precio disminuido de la acción, que también se aplica a los hijos
habidos en el matrimonio (artículo 8 de los Estatutos), cual es la de tener
menos de 27 años de edad”.
78. En el caso decidido por sentencia T-1196 de 2004[42],
la peticionaria explicaba que tenía la calidad de socia del Metropolitan Club entre
el dieciséis (16) de septiembre de mil novecientos noventa y uno (1991) y el dos
(2) de marzo de dos mil cuatro (2004), fecha en que el Secretario General del Club
le comunicó que la Junta Directiva decidió expulsarla. De acuerdo con la
información transmitida a la actora, su expulsión “obedeció a un hecho ocurrido (…) con motivo de la
celebración del ‘Mes de Colombia en el Metropolitan’, puesto que ese día la
señora Irma Sus Pastrana le reclamó airadamente al presidente del club por lo
que consideró mala organización del evento”.
La accionante alegaba la existencia de un conjunto de
irregularidades violatorias al debido proceso, pues no se respetó el principio
de legalidad porque no se adelantó un trámite previsto en los estatutos; no se le entregó copia de la
queja en su contra; no fue citada a las reuniones de la junta directiva en que
se decidió su suerte como socia, y no tuvo la posibilidad de controvertir las
pruebas en su contra y ejercer su derecho a la defensa. Recordando la subregla
establecida en la sentencia T-543 de 1995 y reiterada en la decisión T-278 de
2000, la Corporación declaró la improcedencia de la acción.
“(…)
la jurisprudencia invariablemente ha sostenido que los problemas que se
presentan entre los socios y los clubes son estrictamente privados y que, para
su solución, los primeros cuentan con otros medios judiciales que no son menos
idóneos que la acción de tutela para salvaguardar los derechos de rango legal o
constitucional amenazados o vulnerados. (…) la amplia libertad para estructurar
el régimen jurídico particular al cual se obligan y las acciones judiciales con
que cuentan para resolver sus controversias, impiden predicar indefensión o
subordinación de los socios respecto de la corporación a la cual están
afiliados; condiciones, que son fundamentales para la procedencia de la acción
de tutela en lo que se refiere a las entidades de carácter particular. || Por
lo anterior, resulta improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Irma Sus Pastrana contra la Corporación Metropolitan Club, puesto que, de un
lado, ante las instancias ordinarias la actora puede debatir ampliamente las
presuntas irregularidades cometidas dentro en la actuación que culminó con su expulsión,
y de otro, porque las acciones civiles pueden considerarse idóneas para tal
efecto, en la medida en que el carácter normativo de la Constitución Política
le impone al juez ordinario determinar no sólo si con la decisión de la Junta
Directiva del club se vulneraron derechos legales o estatutarios, sino también
si se afectaron derechos de rango fundamental. || En
suma, al no encontrarse la señora Irma Sus Pastrana en situación de indefensión
o subordinación respecto de la Corporación Metropolitan Club, será del caso
confirmar la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela”.
79. En el caso decidido por sentencia T-907 de 2008[43],
la peticionaria informó que había adquirido la condición de socia del Club
Colombia de Cali como un reconocimiento a la gestión que desempeñó como Gerente
de la organización. Sin embargo, posteriormente las directivas del club iniciaron
una investigación en su contra por (supuestamente) haber “obtenido subrepticiamente”
las recetas del club mediante un empleado y utilizar información privilegiada
para motivar la “salida de empleados clave para la ejecución de las
actividades del Colombia”. Con base en esos hechos, y después del
procedimiento interno, le fue impuesta la sanción de suspensión de los derechos
de socia por un (1) año.
“(…) En el caso que se revisa, resulta
improcedente la acción de tutela presentada por la señora Gloria Lucía
Escalante de Garcés contra el Club Colombia de Cali, puesto que, de un lado,
ante las instancias ordinarias la actora puede debatir ampliamente las
presuntas irregularidades (…) en la actuación que culminó con la suspensión de
sus derechos como socia, y de otro, porque además las acciones civiles pueden
considerarse idóneas para tal efecto, en la medida en que el carácter normativo
de la Constitución Política le impone al juez ordinario determinar no sólo si
con la decisión de la Junta Directiva del club se vulneraron derechos legales o
estatutarios, sino también si se afectaron derechos de rango fundamental. ||
Por otro lado, está demostrado que en la actualidad no existe un vínculo
laboral entre las partes, tampoco se encontró una situación de indefensión de
la accionante, es decir que entre ella y la compañía demandada no media
relación alguna que denote el ejercicio de un poder arbitrario, máxime que
hasta el mes de febrero de 2007 laboró en el Club Colombia de Cali como gerente”.
80. Ahora bien, en contraste con ese conjunto de decisiones,
mediante sentencia T-433 de 2008[44]
la Corporación intervino y dejó sin efectos la decisión de un club social. El
motivo de la acción de tutela fue la inconformidad de un socio a quien le fue
negada la inscripción de su hijo, debido a su origen “extra matrimonial”, y con
base en una norma estatutaria. Después de hacer referencia a la protección
reforzada de los niños y niñas en el orden constitucional y la prohibición de
dar un trato diferente a hijos matrimoniales y extramatrimoniales, la Corte
recordó que la indefensión se presume en el caso de las personas menores de dieciocho
(18) años, y que esa regla es aplicable también cuando sus derechos son
reclamados mediante la representación de sus padres:
“La
Sala observa que la regla a aplicar en el caso es diferente de aquella
utilizada en la sentencia de segunda instancia. Si bien le asiste razón al juez
en el sentido de que la Corte, en las sentencias T-1169 de 2004, T-278 de 2000,
T-648 de 1998, T-294 de 1998, T-544 de 1995 y T-543 de 1995, no menos cierto resulta
que mediante la interposición de la presente demanda de tutela lo que se busca
es la defensa de los intereses de un menor de edad, de un niño.
Tal
y como quedó consignado en las consideraciones generales de este fallo, el
numeral 9 del artículo 42 del decreto 2591 de 1991 señala expresamente que
existe una presunción de indefensión –indefensión que invoca la procedencia de
la tutela si el demandado es un particular- cuando quien solicita la tutela es
un niño. Esta disposición se encuentra en plena armonía con la especial
protección que goza la niñez en nuestro ordenamiento constitucional, pues libra
al menor de la carga argumentativa y probatoria que implica demostrar la
existencia de la situación de indefensión, invirtiéndola, ya que corresponde entonces
al particular demandado argumentar y probar que la indefensión no existe.
(…)
Al
observar el material que reposa en el expediente, esta Sala constata que la
Corporación “Club Los Lagartos” no desvirtuó la presunción de indefensión que
ampara a Simón López Simmons en relación con dicho club y que da lugar a la
procedencia de la acción de tutela en el presente caso. Adicionalmente, la Sala
desea poner en claro que era el numeral 9 del artículo 42 del decreto 2591 la
regla que los jueces de instancia debían observar para decidir acerca de la
procedencia de la presente acción”.
Las diferencias que identificó la Sala
frente a los casos previos, y que justificaron la adopción de una regla de
decisión distinta, se concentran en dos circunstancias: la presunción de
indefensión de los menores y la existencia de una decisión y unas normas
internas de la organización abiertamente discriminatoria frente a ese sujeto de
especial protección constitucional.
Resta destacar las decisiones en las que la
Corte ha abordado controversias contra organizaciones particulares que no
tienen la condición de clubes sociales, pero que guardan similitud con el
problema jurídico a analizar en tanto cuestionan la violación de derechos por
parte de agrupaciones que se constituyen sobre la idea de desarrollar un
interés común, no relacionado con funciones o actividades propias del Estado.
81. En la sentencia T-808 de 2003[45] la
Corporación se pronunció sobre una acción de tutela interpuesta contra la
Asociación Scout de Colombia por una persona que solicitaba la protección de
sus derechos fundamentales a la igualdad y el libre desarrollo de su
personalidad. El argumento central del peticionario consistía en que fue
expulsado de la Asociación por su orientación sexual diversa (se identificaba
como gay). La parte accionada afirmó que tomó la decisión cuestionada con
fundamento en “la reserva de admisión” contenida en sus
estatutos, disposición que en su criterio le permitía decidir a quiénes
renovar la inscripción sin motivar su decisión, ya que como entidad
privada se rige bajo sus propios reglamentos.
Sobre
la situación de indefensión del actor, la Corte señaló de forma sucinta: “la
prevalencia de los derechos fundamentales está por encima de cualquier
disposición de naturaleza legal o reglamentaria; así cuando alguna decisión de
entidades, asociaciones, clubes o cualquier otro tipo de institución, no
encuentre más fundamento que la discriminación, el abuso de la posición dominante,
o el desconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad, debe
inaplicarse tal determinación, pues de lo contrario, sería avalar la
vulneración de los derechos de quien resulta afectado con tal conducta”. En
ese orden de ideas, concluyó la Corte que no puede una institución que
busca la formación integral y permanente de niños y jóvenes incluir en sus
estatutos causales de inadmisión de sus miembros basadas en la “reserva de
admisión”, sin ningún fundamento adicional.
Sobre
la naturaleza de la violación a los derechos fundamentales del peticionario,
expresó este Tribunal:
“[S]i
bien es cierto que una organización se rige bajo sus propios principios y
reglamentos, también lo es que, no puede el reglamento interno de una
asociación, ser arbitrario, discriminatorio y desconocer derechos protegidos
constitucionalmente, pues, se repite esto le está prohibido inclusive a la ley
(…) en los estatutos de la Asociación Scout de Colombia, no puede aceptarse la
posibilidad de tomar decisiones que resultan arbitrarias o discriminatorias, y
que vayan en contra de los postulados constitucionales, por lo que siempre han
de interpretarse en consonancia con la Constitución, o si es del caso deben
reformarse para que armonicen con ella”.
A
partir de esas consideraciones, la Corte concedió el amparo al actor y ordenó
su inscripción como scout a la organización accionada.
Conclusiones
82. El derecho constitucional colombiano ha
incorporado las distintas herramientas que se han descrito para asegurar la
eficacia de los derechos constitucionales entre particulares, bajo una
configuración especialmente poderosa, que parte de la concepción normativa de
la Constitución y su aplicación directa en todas las relaciones jurídicas.
Así, prevé la vinculación del Legislador al
orden axiológico que proyectan los derechos fundamentales y el respeto de cada
una de las cláusulas que los consagran en el momento de configuración política
del derecho y otorga a los órganos judiciales un papel protagónico en este escenario,
pues en primer término, les corresponde aplicar directamente las normas de
derecho fundamental; en segundo lugar, interpretar el derecho infra
constitucional de conformidad con las normas superiores o –si no es posible esa
adecuación hermenéutica a la Carta- inaplicarlas para asegurar la supremacía de
Constitución Política; finalmente, les confiere el deber de garantía de los
derechos en todos los juicios a su cargo.
83. A ese entramado de obligaciones,
predicables de todo operador judicial, se suman las competencias especiales del
juez de tutela, quien debe asegurar la eficacia de los derechos frente a todas
las actuaciones de las autoridades públicas, lo que incluye la revisión
(exclusivamente) constitucional de las decisiones de la justicia ordinaria,
siempre con el propósito de preservar la supremacía constitucional y el goce
efectivo de los derechos constitucionales.
84. Finalmente, bajo ciertas
circunstancias, en que los particulares asumen la prestación de servicios
públicos, adelantan actividades que afectan intensamente el interés colectivo o
se relacionan con otros particulares en situaciones en las que se evidencia un
claro rompimiento de la igualdad formal, y se generan situaciones de
subordinación, la vigencia de los derechos también se hace directamente
exigible, incluso mediante la acción de tutela.
85. De acuerdo con la exposición
precedente, el Constituyente (y posteriormente la jurisprudencia
constitucional) construyeron un delicado y preciso andamiaje para lograr la
eficacia horizontal de los derechos, sin que ello acarree cargas excesivas para
los particulares ni un desequilibrio en el ejercicio de funciones de las ramas
del poder público.
86. En ese sentido, las previsiones
excepcionales de la Carta en cuanto a la eficacia horizontal de los derechos
encuentran un “cierre normativo” en la doctrina de la tutela contra providencia
judicial y en el principio de subsidiariedad:
Los supuestos excepcionales de procedencia
directa de la tutela contra particulares se conjugan con la posibilidad de
revisar la conformidad de un fallo judicial ordinario frente a la Constitución
Política, armonizándose entonces las tesis de la eficacia directa e indirecta
de los derechos e incluso la función del juez como garante de estas cláusulas.
El principio de subsidiariedad, a su turno,
es concebido por la Corte Constitucional como un mecanismo de defensa de los
derechos fundamentales de naturaleza subsidiaria y en ese orden de ideas es un
requisito de acceso a la acción de tutela que obedece a la concepción de los
distintos procesos judiciales como escenarios propicios para asegurar la
eficacia de los derechos constitucionales, y no solo como ámbitos de aplicación
del derecho infra constitucional.
87. Por otra parte, los riesgos asociados a la posible
afectación al principio de legalidad, la seguridad jurídica y a la autonomía de
la voluntad que suelen imputarse a la eficacia horizontal de los derechos
disminuyen notoriamente, al compás del desarrollo y la unificación de la
jurisprudencia constitucional, que claramente precisa el ámbito protegido de
estas cláusulas, de manera que la exigibilidad de un derecho determinado a un
particular debe obedecer, principalmente, a la evaluación de las condiciones de
desigualdad o desequilibrio fáctico y jurídico, y a la razonabilidad y
proporcionalidad de la carga que se atribuye al particular destinatario de los
derechos.
Del caso concreto
Precisiones generales
88. En concepto de la Sala, el caso
objeto de estudio presenta una discusión basada en un amplio número de
equívocos sobre la naturaleza de los actos cuestionados, la eficacia horizontal
de los derechos y el alcance de la acción de tutela. Tales confusiones surgen
en buena medida por la forma en que las partes asumen el conflicto desde el “punto
de vista interno de la masonería”[46],
y cómo esa percepción las ha llevado a una discusión que se aleja
progresivamente del plano constitucional hacia un conjunto de divergencias
sobre la correcta interpretación de las normas internas de la organización
accionada.
89. Esa situación, sin embargo, genera
para la Sala un escenario adecuado para el desarrollo de la jurisprudencia
constitucional, pues tanto los argumentos de las partes involucradas en el
proceso, como las decisiones constitucionales de instancia, deben ser objeto de
algunas precisiones en el marco de la unificación jurisprudencial que
corresponde a este Tribunal.
90. En este trámite, las partes hacen
referencia a la masonería de formas muy diversas. Así, plantean que
existe un complejo sistema normativo masón y que para definir la competencia
para juzgar al peticionario, en su calidad de Venerable Hermano, es
necesario efectuar una interpretación sistemática de la Constitución de la Gran
Logia de Colombia, del Estatuto Penal Masónico y de los Estatutos Generales de
la Organización; afirman que el actor fue “juzgado” por un “delito” contemplado
en el “Código Penal Masónico”. De igual manera conciben la decisión
cuestionada como una “sentencia” y, en ese marco, controvierten en torno
a la existencia de irregularidades en la práctica de pruebas, la violación de
los principios de doble instancia y presunción de inocencia y la
aplicación del principio de verdad sabida y buena fe guardada al dictar la
“sentencia”.
La parte accionada manifiesta, además,
que la facultad de guardar secretos entre particulares está protegida, entre
otros principios, por las libertades religiosa y de conciencia y que es titular
de esos derechos, por lo que propone una analogía entre el asunto objeto de
revisión y la expulsión de un creyente de una Iglesia, para extraer de ese
razonamiento la imposibilidad de interferencia alguna del Estado en sus
decisiones.
En otros apartes de sus intervenciones
defienden la aplicación de principios universalmente aceptados por la
masonería como el de verdad sabida y buena fe guardada, y argumentan que
su universalidad hace inviable su análisis o censura por parte del juez de
tutela, mientras que rechazan intromisiones del “derecho profano” en
asuntos propios del “derecho masónico”.
Ello demuestra que, desde el punto de
su punto de vista interno en cuanto masones, las partes consideran que el
conflicto involucra la efectividad de un amplio conjunto de principios
constitucionales: el actor dirige su argumentación a demostrar la existencia de
violaciones al debido proceso penal, mientras la organización accionada
reclama la misma autonomía que la Constitución reconoce a las iglesias o
confesiones religiosas. Ambas partes, sin embargo, conciben el derecho masónico
como un orden jurídico distinto y eventualmente independiente del sistema
jurídico colombiano.
92. La Sala respeta ese punto de vista y
comprende la importancia que los miembros de la masonería le otorgan a su
pertenencia a la organización, a la que conciben como un escenario de
crecimiento personal, y a cuyas actividades dedican tiempo y esmero. Su
normatividad interna es notablemente más compleja que la de otras
organizaciones de derecho privado a las que se ha hecho referencia y, al
parecer, depende en alguna medida de normas adoptadas por instancias
internacionales de la masonería. Así se infiere tanto del argumento de la
aplicación universal del principio de verdad sabida y buena fe guardada en la
masonería, como de la pertenencia de la Gran Logia a la Confederación Masónica
Interamericana).
Sin que haga falta profundizar en la
naturaleza de sus actividades, está claro que se trata de una organización
privada, protegida por el derecho de asociación, la autonomía de la voluntad de
sus miembros, y el pluralismo social que defiende el artículo 2º de la Carta
Política, principio que reconoce y defiende la existencia de diversas formas de
ver el mundo y promueve su participación en la definición del destino de la
nación.
93. Pero la importancia del conflicto
para los involucrados (desde su punto de vista interno masón) no implica
necesariamente que todas las discusiones surgidas en el desarrollo de las
actividades de la Gran Logia de Colombia y en la aplicación de sus reglas propias
posean relevancia constitucional.
Desde el punto de vista de las normas
superiores de la Carta, la Gran Logia de Colombia es una asociación privada sin
ánimo de lucro (certificado de existencia y representación, a folio 192) y el
conjunto de normas citadas por las partes no constituye un orden jurídico
autónomo sino un reglamento o estatuto destinado exclusivamente a
regular los asuntos propios de una entidad de esa naturaleza. Sus normas de
funcionamiento son vinculantes exclusivamente para el grupo, y en el marco de
las actividades que componen sus objetivos comunes.
94. Las anteriores consideraciones se
dirigen a resaltar que no se trata de un sistema jurídico diverso, y
especialmente que las decisiones internas no pueden concebirse como sentencias
judiciales. Resulta entonces imprescindible recordar que la función de
administrar justicia solo puede ser asumida de forma excepcional por
particulares (artículo 116 CP[47]),
en el desarrollo de competencias clara y taxativamente definidas por el
Legislador. El pluralismo jurídico colombiano actual solo reconoce la
existencia de sistemas jurídicos diversos e independientes en el artículo 246
Superior, en el caso de la autonomía jurisdiccional indígena; y en alguna
medida en la jurisdicción de paz, de alcance también limitado, y destinada a
adoptar decisiones en equidad[48].
95. Las precisiones recién efectuadas
tienen consecuencias directas sobre la comprensión del problema jurídico
planteado por las partes. La decisión cuestionada no es para la Sala una
sentencia penal, como sugiere el razonamiento del accionante, sino que
constituye la aplicación de una sanción privada, relacionada con presuntas faltas
definidas en normas internas de una asociación privada. Además, el caso no
envuelve las libertades religiosas y de conciencia, como propone la parte
accionada porque, de un lado, la masonería no se define como una iglesia sino
como una hermandad[49]
y una asociación privada sin ánimo de lucro; y, de otro lado, porque las
personas jurídicas no son titulares del derecho a la objeción de conciencia.
Manteniendo en mente estas precisiones,
pasa la Sala a estudiar el caso concreto.
Requisitos para la procedencia de la
acción entre particulares (subordinación e indefensión) y examen de
procedibilidad (subsidiariedad e inmediatez).
96. De acuerdo con las normas
constitucionales y legales, y la jurisprudencia constitucional relevante, la
acción de tutela contra particulares procede en tres (3) hipótesis: (i) si
estos prestan un servicio público; (ii) si desarrollan actividades que afectan
intensamente el interés colectivo, o (iii) en los eventos en que existen
circunstancias de subordinación o indefensión entre las partes.
97. La Gran Logia de Colombia no presta
un servicio público, ni existe evidencia alguna de que sus actividades afecten
intensamente el interés colectivo. Por lo tanto, bajo esas dos (2) hipótesis la
acción no es procedente. Sin embargo, la evaluación de las relaciones de
subordinación e indefensión que puedan darse entre las partes resulta más
compleja, de manera que la Sala se concentrará en verificar la presencia de
alguna de esas situaciones.
98. Según el recuento jurisprudencial
presentado en los fundamentos de esta providencia la indefensión se caracteriza
por circunstancias de hecho que le impiden a una persona rechazar las amenazas
o agresiones que otro particular genera sobre sus derechos constitucionales, en
tanto la subordinación equivale a la dependencia generada por vínculos
jurídicos.
99. Descendiendo al escenario concreto de
la tutela contra organizaciones de derecho privado edificadas sobre intereses
comunes de sus miembros, es posible constatar que la jurisprudencia ha
desarrollado una línea jurisprudencial específica. De la exposición previa
resulta claro que existe un conjunto de fallos uniformes dictados en casos
contra clubes sociales en los que se plantea la improcedencia de la
acción, considerando (i) que la pertenencia a un club y el cumplimiento
ordinario de sus estatutos no involucra una situación de subordinación, y (ii)
que no tampoco se configura indefensión, pues la persona puede acudir al
proceso verbal sumario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 421 del
Código de Procedimiento Civil, para controvertir las decisiones de las juntas
directivas de tales organizaciones. Estas subreglas fueron definidas en
la sentencia T-543 de 1995 y posteriormente reiteradas de manera constante,
como se puede apreciar en las consideraciones normativas de esta providencia.
100. Sin embargo, también se explicó en
los fundamentos de esta providencia, que algunas sentencias (contra clubes o
personas jurídicas de derecho privado organizadas en torno a los intereses
comunes de sus miembros) aceptaron que se acreditaban los supuestos de la
procedencia de la tutela contra organizaciones de derecho privado. Se trata de
las providencias T-433 de 2008[50],
T-808 de 2003[51]
y T-921 de 2002[52],
ya expuestas.
Es oportuno explicar que estas sentencias
no constituyen una línea jurisprudencial distinta, sino que constituyen
pronunciamientos dictados en escenarios fácticos que plantean diferencias
relevantes desde el plano constitucional; que, por ese motivo, han recibido
también un tratamiento jurídico distinto; y que en lugar de ser decisiones
inconsistentes con la línea, constituyen elementos de la narrativa
jurisprudencial que contribuyen notablemente a la comprensión de este tipo de
problemas jurídicos.
101. En
la sentencia T-433 de 2008[53]
la Corporación exceptuó la aplicación de la subregla dominante de
improcedencia, en un caso en el que un club social negó la inscripción del hijo
de un socio, por ser “extramatrimonial”. Además de recordar la
inconstitucionalidad de esa expresión, este Tribunal planteó que el caso no
debía ser controlado por la  subregla de improcedencia de la acción
contra clubes sociales sino por la presunción de indefensión que
cobija a todas las personas menores de dieciocho (18) años de edad.
102. En la sentencia T-808 de 2003[54]
la Corte conoció el caso en el que la Asociación Scout de Colombia negó la
inscripción de una persona debido a su orientación sexual, argumentando que su
decisión se basaba en el derecho de reserva de admisión, contenido en sus
Estatutos.
La Corporación señaló que ningún estatuto
o reglamento de una asociación privada puede oponerse a la Constitución
Política y, especialmente, que no pueden adoptarse decisiones discriminatorias
con base en esos instrumentos. En consecuencia, concedió el amparo y ordenó a
la organización privada afiliar al actor en calidad de scout. Como puede
verse, el caso no hace referencia a un club social, pero sí a una
asociación de naturaleza privada, con intereses propios, basados en el
desarrollo de la autonomía de la voluntad. Este Tribunal consideró que el
accionante se hallaba en estado de indefensión ante la Asociación Scout
de Colombia y concedió el amparo sin efectuar un intenso análisis sobre la
viabilidad de acudir al proceso civil para solucionar
la controversia.
103. Finalmente, en la sentencia T-921 de
2002[55]
la Corte analizó la constitucionalidad de la decisión adoptada por las
directivas de una federación deportiva, en el sentido de publicar en un diario
nacional de amplia circulación un informe sobre la desvinculación de su
Gerente, supuestamente, por diversas irregularidades en el manejo de los
recursos de la federación. El actor planteaba que la información era falsa pues
(i) él decidió renunciar al cargo, y (ii) los hechos que se le imputaban nunca
fueron objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.
Además, alegó que se trataba esa información, no solo era falsa, sino que
afectaba intensamente su honra y su buen nombre.
La Corporación consideró que la persona
afectada se hallaba en estado de indefensión por la superioridad social de
la organización tutelada, circunstancia que dotaba de un carácter calificado
a la información presentada en su contra, basada en hechos que nunca fueron
investigados ni juzgados. La indefensión, además, se comprobaba por la
inexistencia de un medio de defensa ante un Tribunal deportivo, pues el órgano
que debía llevarla a cabo se declaró incompetente, debido a que el actor ya no
hacía parte de la federación. Al abordar el fondo del caso, la Corporación
protegió los derechos al debido proceso y buen nombre del actor, y ordenó a la
parte accionada rectificar sus afirmaciones y abstenerse de dar por ciertos
hechos sobre los que no existía prueba alguna.
104. En concepto de la Sala Primera no
existe una divergencia entre las posiciones defendidas por las distintas salas
de revisión en este tipo de trámites, aunque sí hace falta establecer una precisión
conceptual, para la comprensión adecuada de la línea.
No se presentan posiciones normativas
distintas porque los eventos en que la Corte ha asumido el estudio de fondo se
caracterizan por la existencia de graves violaciones de derechos fundamentales,
cuya evidencia hace que la carga argumentativa asumida por la Corte para
conocer el fondo del caso sea inferior a la que debe desplegar en eventos en
que la tensión constitucional no aparece con suficiente claridad. Y esta
situación lleva a que en ocasiones el análisis de indefensión se
encuentre o incluso se incorpore al de subsidiariedad, como se mostrará
a continuación.
105. En las sentencias de los clubes, la
Corte viene sosteniendo que no hay indefensión porque la persona cuenta
con otro mecanismo de defensa judicial. Sin embargo, la existencia de
mecanismos judiciales de defensa es una condición que debería analizarse en el
cumplimiento del requisito de subsidiariedad. Esta confusión es, en
cualquier caso, explicable por debido la clara relación que existe entre los
requisitos de procedencia de la acción de tutela frente a particulares y el
papel de los jueces en la protección de los derechos fundamentales (ver, supra,
considerandos 81 a 87).
106. Ahora bien, retomando lo expuesto en
los fundamentos normativos de esta providencia, lo que plantean los criterios
de indefensión y subordinación es que la exigencia directa de los
derechos a particulares solo es viable cuando existe un rompimiento de las
condiciones de igualdad formal entre las partes por razones jurídicas
(subordinación) o fácticas (indefensión). Y lo que indica la subsidiariedad
es que el juez de tutela solo debe intervenir si no existen otros medios de
defensa judicial, teniendo en mente que todos los procesos son escenarios de
defensa de los derechos constitucionales.
107. Si bien esta diferencia es sutil, y
se explica por el complejo diseño institucional previsto para asegurar la
eficacia de los derechos en todas las relaciones jurídicas, lo cierto es que
permite efectuar una aclaración relevante para el caso de estudio: el artículo
421 del Código de Procedimiento Civil consagraba un medio de defensa frente a
decisiones de sociedades comerciales y civiles, de naturaleza especial y
expedita; y efectivo, pues permitía solicitar la suspensión provisional
de la medida.
108. Sin embargo, este mecanismo especial
no era procedente para cuestionar decisiones de organizaciones de naturaleza
privada distintas de las sociedades. Se utiliza el tiempo pasado al
momento de explicar esta situación porque el actual Código General del Proceso
sí plantea la procedencia del mecanismo para controvertir decisiones de juntas
directivas, tanto de sociedades como de asociaciones o, en general, de
cualquier organización de derecho privado.
109. Así las cosas, y aunque las salas de
revisión correspondientes no lo hayan hecho explícito en sus decisiones, es
posible concluir a partir de las decisiones que finalmente adoptó la
Corporación, que en los casos de los Scout de Colombia y de la
federación deportiva no resultaba clara la procedencia de un medio civil
eficaz, adecuado y célere para la solución de las controversias; mientras que
la superioridad social de la organización en relación con los
peticionarios sí demostraba la existencia de indefensión.
Vale la pena indicar, además, que en el
caso de la federación deportiva, el actor no era una persona vulnerable social
o económicamente, pues se trataba del ex gerente de la organización. Lo que
generaba la situación de indefensión era la forma en que las palabras de la
junta directiva de la organización incidían negativamente en su imagen,
especialmente, por tratarse de una institución con ascendencia en su círculo
social (en efecto, la vida del actor se hallaba ligada a la federación y sus
miembros, pues sus hijos practicaban el deporte que esta promovía).
110. En ese marco, la Sala estima que en el
trámite objeto de estudio, si bien no se configura la subordinación pues,
como lo indica la jurisprudencia constitucional, la obligación de cumplir las
normas estatutarias no equivale a una dependencia jurídica que rompa el
principio de igualdad, sí se presenta una situación de indefensión, dada la superioridad
social de la organización masónica frente a sus miembros (incluidos los venerables
hermanos). Y la indefensión no puede considerarse superada por la defensa
que el actor pudo ejercer durante el “proceso penal masónico”, pues
precisamente son las formas de ese juicio el objeto de discusión
constitucional.
111. Además, la controversia propuesta
por el actor se dirige a cuestionar posiciones jurídicas derivadas del derecho
fundamental al debido proceso, sin presentar en cambio discrepancias de
naturaleza legal. En tal escenario, la Sala no estima que el actor cuente con
otro medio de defensa judicial de naturaleza idónea y eficaz para controvertir
el cumplimiento de las normas del debido proceso en la decisión adoptada por la
Gran Logia Masónica, pues el artículo 421 del CPC, vigente al momento de los
hechos, solo procedía para cuestionar decisiones de las juntas directivas de sociedades
civiles y comerciales, y la Gran Logia de Colombia no posee esa calidad.
112. Para terminar, el argumento sobre el
supuesto incumplimiento del requisito de inmediatez, debido a que el actor
debió cuestionar la decisión de la Gran Asamblea de la Gran Logia de Colombia,
en el sentido de acusarlo ante la Gran Logia de Colombia es incorrecto. El
actor cuestiona la decisión final de expulsarlo de la organización y, al
hacerlo, simplemente demuestra respeto por el trámite interno. En ese marco,
cabe destacar que si bien la decisión de la Gran Asamblea se produjo cuatro
años antes de la interposición de la tutela, la sanción fue impuesta en el mes
de abril de dos mil trece (2013) y la acción de tutela se presentó aproximadamente
tres (3) meses después (en junio del mismo año), lo que no supone un lapso
excesivamente prolongado.
Estudio de fondo
113. Aunque para la Sala Primera la
acción objeto de estudio sí supera los requisitos de eficacia horizontal de los
derechos, subsidiariedad e inmediatez, comparte la conclusión del juez de
primera instancia en el sentido de descartar  la presunta violación de los
derechos fundamentales.
114. Comenzando por la supuesta violación
del derecho a la igualdad, resulta claro que la Asamblea General de la Gran
Logia de Colombia analizó la procedencia de iniciar una investigación
disciplinaria interna debido a las declaraciones rendidas por algunos de sus
miembros para la elaboración de dos artículos de prensa distintos.
Siendo esos artículos diferentes y
distintas sus fuentes, no hay prueba de que su contenido sea idéntico o de que
uno haya tomado al otro como fuente, según propone el actor. La afirmación del
actor sobre la dependencia del artículo de El Espectador al artículo de la
Revista Don Juan no posee entonces fundamento objetivo. Y la exigencia de que
la investigación interna de la Gran Logia de Colombia por cada uno de estos
asuntos no satisface la carga mínima de demostrar que la organización dio un
trato distinto a situaciones de hecho iguales o con similitudes relevantes
desde el punto de vista constitucional.
115. Tampoco estima la Sala que se haya
configurado una violación al debido proceso, aclarando en este punto que las
conclusiones que se presentarán obedecen a un análisis de la eficacia de ese
derecho en una relación entre las partes que no envuelve más derechos que la
pertenencia a la hermandad masónica o a la Gran Logia de Colombia. No utilizará
por lo tanto la Sala los estándares propios del derecho penal o disciplinario;
los que se aplican en el derecho administrativo, ni los que se aplican en
escenarios que involucran otros derechos fundamentales como el trabajo o la
educación.
116. En este marco, es oportuno señalar que
el debido proceso es un derecho fundamental exigible a los particulares,
siempre que estos se reservan la facultad de imponer una sanción, por lo que la
Sala no comparte la argumentación de la parte accionada en el sentido de que
este derecho únicamente exige la existencia de normas previas que definan un
procedimiento previo al trámite: si bien el respeto por el principio de
legalidad es consustancial al debido proceso y constituye el primer paso para
evitar decisiones caprichosas, arbitrarias o abusivas, no es la única posición
de derecho fundamental exigida en un trámite disciplinario adelantado por una
organización de naturaleza privada.
117. Las garantías del debido proceso,
incluso en relaciones privadas,  involucran el principio de legalidad, de
acuerdo con el cual la autoridad que sanciona, las faltas, las sanciones y el
procedimiento deben hallarse plenamente definidos en un estatuto, un reglamento
u otro instrumento jurídico análogo; incorporan también el derecho a conocer la
falta imputada, aportar pruebas y ejercer los derechos de defensa y
contradicción; y el conjunto de garantías se completa con el derecho a la
motivación de la decisión y la posibilidad de presentar recursos[56].
118. Ahora bien, la Corte ha explicado
que si bien una de las características más importantes de la Constitución de
1991 es la extensión del debido proceso llevándolo de las actuaciones
judiciales al ámbito administrativo y -según se ha expuesto- a determinadas
actuaciones entre particulares, lo cierto es que estas garantías operan de
forma distinta según el ámbito en el que deban aplicarse, lo que es simplemente
una consecuencia de la ponderación entre principios o, de forma más amplia, del
principio de proporcionalidad.
119. La intensidad con la que se
desenvuelven las garantías del debido proceso en cada uno de los escenarios
descritos se relaciona, entonces, con la forma en que la decisión que será
adoptada incide en la eficacia de los derechos constitucionales. En ese orden
de ideas, el derecho penal exige la aplicación más estricta y rigurosa de los
citados principios pues usualmente supone la afectación intensa de un amplio
conjunto de derechos (la suspensión en el ejercicio del derecho a la libertad
personal y los derechos políticos, y la afectación por consecuencia de un amplio
conjunto de derechos).
El derecho disciplinario involucra la
aplicación de sanciones que pueden afectar bienes como el ejercicio de un cargo
público, o el derecho a la propiedad cuando la sanción se concreta en multas,
de manera que las garantías deben ser también observadas al máximo. Sin
embargo, en ese ámbito, la exigencia de tipicidad de la falta es menos intensa
que en los procesos penales.
Otros procesos judiciales, en los que se
involucra la eficacia de derechos diversos, y no se evidencia la naturaleza
sancionatoria del trámite, exigen básicamente la definición legal previa del
procedimiento y la competencia; el derecho a ser escuchado así como los
derechos de defensa y contradicción, y la posibilidad de impugnar la sentencia
adversa, aunque el Constituyente previó que el principio de doble instancia
puede ser objeto de excepciones legales, siempre que sean razonables y
proporcionadas.
120. En el marco descrito, la Sala
considera que (i) la discusión sobre la falta de competencia de la Gran
Comisión de Justicia para juzgar al peticionario en su calidad de Venerable
Maestro gira en torno a las reglas estatutarias de la Gran Logia de Colombia y
no refleja relevancia constitucional. En otros términos, en este caso sí existe
una definición previa de la competencia y el procedimiento como elementos
mínimos del principio de legalidad en la aplicación de sanciones privadas.
Las partes interpretan de manera distinta
esas normas pues para el actor solo la Gran Logia de Colombia puede investigarlo
y juzgarlo. Para la parte accionada, la Gran Logia actúa a través de sus
órganos, uno de los cuales es la Gran Comisión de Justicia. La Sala no entrará
en la discusión sobre el alcance de las normas estatutarias en este aspecto
pues no es el juez constitucional el intérprete autorizado de esas normas, ni
existe la necesidad de imponer una interpretación conforme a la Constitución
Política.
No existe necesidad de aplicar este
principio porque ninguna de las dos interpretaciones propuestas es irrazonable.
Pero tratándose de un conflicto interno, la Corte privilegia la interpretación
propuesta por los órganos propios de la Gran Logia de Colombia, y no los del
eventual afectado por la decisión.
Esta posición debe aclararse. Los órganos
directivos de la Gran Logia de Colombia son los primeros llamados a la
interpretación de los estatutos y reglamentos de la organización, básicamente
porque así se define en esos estatutos, y así lo han aceptado sus miembros. El
respeto por las opciones hermenéuticas que estos órganos asuman, sin embargo,
no tiene nada que ver con la autonomía e independencia de los jueces. Si se
demuestra la relevancia constitucional y la afectación clara de un derecho, el
juez constitucional puede ordenar que se revoque cualquiera de sus decisiones e
incluso la adecuación de su normatividad interna a la Constitución Política.
Pero en este trámite, más allá de los
innegables esfuerzos interpretativos de los partes, lo que no logra ponerse en
evidencia es que solución de esa controversia sea una condición necesaria para
asegurar el goce efectivo de un derecho fundamental, lo que explica que la Sala
no se involucre en ella, sin que esta decisión cierre las puertas al actor para
acudir a la administración de justicia si desea controvertir la decisión desde
el plano de la legalidad, o si en su concepto, existe un daño que debe ser
reparado en términos de responsabilidad extra civil.
121.  En el mismo orden de ideas, la Sala
tampoco estima que la pretermisión de la “segunda instancia” sea un
problema de relevancia constitucional en el marco del proceso interno
adelantado contra el señor Manuel Nicolás Meoño Távara. El principio de doble
instancia es uno de los elementos del debido proceso constitucional, aplicable
en los procesos judiciales. Sin embargo, el constituyente admite la existencia
de excepciones definidas previamente por el Legislador. En ese orden de ideas,
si la Constitución permite que existan procedimientos judiciales de una sola
instancia, con mayor razón pueden las partes pactar excepciones del mismo en un
trámite interno.
La presunta violación del principio,
además, depende directamente de la interpretación de las normas de competencia
para su “juzgamiento”, discutida en el punto anterior. En ese contexto, plantea
el actor los juicios adelantados por la Gran Comisión de Justicia, poseen como “segunda
instancia” la evaluación de corrección por la Gran Logia de Colombia. Pero
compartiendo las premisas del cargo anterior, la Sala deberá también reiterar
los motivos para no involucrarse en esta disputa hermenéutica: la Sala no
entrará a esclarecer el sentido de las normas internas de esa organización. No
hace parte de la competencia del juez constitucional interpretar los
reglamentos de una organización privada, salvo si es preciso para salvaguardar
la supremacía constitucional, lo que no ocurre en este caso.
Pero es importante indicar que el
principio de doble instancia se aplica en sede judicial y no necesariamente
ante instancias privadas. En el caso de las sentencias judiciales no es
absoluto, pues el Legislador puede prever excepciones razonables; y en el de un
reglamento o un estatuto ello puede ocurrir si refleja la voluntad de los
miembros de la organización.
122. En tercer término, el actor plantea
que la decisión cuestionada se produjo sin respeto por los principios de presunción
de inocencia y necesidad de la prueba. El punto central en este
cargo es que la Gran Comisión de Justicia no tuvo en cuenta que la periodista
encargada del artículo “La hermandad en secreto” aceptó la existencia de
imprecisiones en esa nota, y tampoco recibió su testimonio, pese a que lo había
decretado. De acuerdo con la parte accionada, ese testimonio no era necesario
pues, con independencia de la aclaración de la periodista, existían otros
motivos para adelantar el procedimiento contra el accionante.
La Sala observa que, en efecto, la “denuncia”
presentada contra el actor involucraba diversos cargos asociados a la
revelación de “secretos masónicos”, y no a la existencia de errores,
falsedades o imprecisiones en el artículo “La hermandad en secreto”, del
diario El Espectador. Por lo tanto, no resulta irrazonable o caprichoso el
argumento planteado por la Gran Logia de Colombia en cuanto a la ausencia de
necesidad de esa prueba.
123. El punto central de la demanda -en
cuarto lugar- gira en torno a la aplicación del principio de verdad sabida y
buena fe guardada. En concepto del peticionario, esta forma de fallar está
proscrita por la Constitución Política y supone una violación del debido
proceso, en su faceta de motivación de la sentencia condenatoria. La parte
demandada argumenta que (i) el principio está protegido por la Constitución
Política pues equivale a un juzgamiento en conciencia;  (ii) puede ser
utilizado como producto de un acuerdo entre las partes; (iii) su aplicación en
los juicios masónicos es universal y obedece a la necesidad de conservar
los secretos de la organización; y (iv) protege el buen nombre y la honra de la
persona juzgada, pues evita la descripción de hechos deshonrosos.
124. En concepto de la Sala, este cargo
amerita consideraciones más amplias.
124.1. La motivación de los fallos
judiciales y de las decisiones administrativas es considerada por la Corte
Constitucional como una faceta del debido proceso constitucional. La motivación
contribuye a la erradicación de la arbitrariedad, exigiendo a las autoridades
públicas poner en consideración de la sociedad las razones de sus decisiones;
es un presupuesto del derecho de defensa y contradicción, en los eventos en los
que proceden recursos contra la decisión, y de legitimidad en el ejercicio de
las funciones públicas, en los supuestos en que el único medio de control es el
escrutinio y la crítica social. Además de ello, la motivación refleja respeto por
la dignidad de la persona, al explicarle las razones por las que debe soportar
consecuencias negativas. En ese orden de ideas, tiene razón el señor Manuel
Nicolás Meoño al señalar que toda decisión judicial debe ser motivada.
124.2. Sin embargo, la decisión de la
Gran Comisión de Justicia no es una sentencia judicial, como se explicó
ampliamente al momento de delimitar los contornos constitucionales del caso
objeto de estudio. Por lo tanto, las reglas propuestas por el señor Meoño
Távara no se aplican necesariamente a sus decisiones. Precisamente un problema
cardinal del caso concreto consiste en evaluar si el citado principio es
aplicable a una sanción prevista en reglas propias de una organización
privada.
124.3. A su turno, algunas de las
afirmaciones de la parte accionada deben ser rechazadas abiertamente. Primero, la
idea según la cual los fallos en conciencia basados en la buena fe del juzgador
y en el principio de libre convicción son plenamente aplicables en el orden
constitucional colombiano. Recuerda la Sala que el ámbito de aplicación de esa
forma de juzgamiento fue estrictamente limitado por el Constituyente e, incluso
en los juicios en conciencia, una decisión abiertamente desviada de la base
fáctica del caso sería inadmisible[57].
124.4. En ese orden de ideas, estima la
Sala que la aplicación del principio de verdad sabida y buena fe guardada,
incluso en el ámbito privado, refleja una intervención en el derecho
fundamental al debido proceso. Las intervenciones en los derechos fundamentales
solo son válidas si satisfacen los principios de razonabilidad y proporcionalidad,
aspecto que pasa la Sala a analizar.
En primer término, observa la Corporación
que la organización accionada justifica la aplicación de este principio a
partir de dos (2) razones: (i) que de esa forma protege el buen nombre del
afectado; y (ii) que la norma obedece a la necesidad de preservar los secretos
de la organización.
El primer argumento, no sobrepasa
siquiera el principio de razonabilidad, pues bajo un supuesto como ese podría
limitarse injustificadamente el derecho de defensa, o incluso ocultarse
decisiones arbitrarias. Sin embargo, la segunda razón puede ser admisible, al
menos en el marco del caso concreto: la masonería es una organización que asume
cierta reserva sobre la naturaleza de sus actividades, hecho conocido, pero que
además puede comprobarse a partir de la decisión de establecer como falta la
divulgación de algunos de aspectos internos, de la utilización de los elementos
del rito para fines ajenos a la masonería, o de la divulgación de algunos
nombres de sus miembros actuales y de problemas también de naturaleza interna.
Resultan ilustrativas las palabras del
principal directivo de la Gran Logia de Colombia publicadas en su portal de
Internet acerca del manejo reservado de alguna información por parte de la
organización:
“La Orden, por
tener históricamente no muy gratas experiencias, ha debido implantar las
debidas precauciones en cuanto a los momentos en que se deba guardar debida
discreción sobre temas que no deban ser emitidos extemporáneamente. Casos
similares ocurren con la divulgación de algunos hermanos, en el deseo de
figurar ante el mundo profano, de situaciones que se originan en el interior de
la Institución, sin ser autorizados por las directivas de la Orden. || Sin
embargo, cuando una noticia novedosa cuenta con la previa autorización, se
puede divulgar con las previas instrucciones. La institución puede acceder a la
propaganda de ideas, opiniones, pensamientos o posturas institucionales,
debidamente autorizadas, siempre que desarrollen sus principios y guarden la armonía
con sus miembros”.
124.5. De lo expuesto, se infiere que la
aplicación del principio de verdad sabida y buena fe guardada obedece a la
forma en que la organización mira su historia y a un manejo relativamente
centralizado de la información. Pero, además de lo expuesto, es muy importante
indicar que el ingreso a una logia exige la manifestación de la autonomía de la
voluntad del interesado, y que los pactos e incluso las sanciones previstas por
la divulgación de secretos hace parte de un convenio entre privados.
125. La Sala no puede responder
adecuadamente a la pregunta de si cualquier pacto secreto será válido, pues es
posible suponer que en algunos casos estos se opondrán a otros principios
constitucionales, y podrán ser cuestionados ante la
justicia (se puede pensar así en el encubrimiento de delitos o de conductas
abiertamente discriminatorias y lesivas de la dignidad humana). Sin embargo, en
el caso concreto la Corte no percibe ninguna situación de grave afectación a
algún derecho constitucional derivada de la conservación de algunos secretos
propios de la organización y funcionamiento interno de una organización privada
como la masonería.
126. Dicho de otra manera, la Sala estima
que en este caso la restricción del debido proceso que supone la aplicación del
principio de verdad sabida y buena fe guardada no viola la Constitución porque
(i) es razonable dentro de la estructura de una organización privada; (ii) se
aplica previa la aceptación voluntariamente del peticionario; y (iii) no
envuelve, al menos en el marco de los hechos del caso, la vigencia de otros
derechos y principios constitucionales, que podrían tener mayor peso en otros
escenarios, tales como la dignidad humana, el principio de no discriminación o
la obligación estatal de investigar, jugar y sancionar las graves violaciones
de derechos fundamentales.
127. En consecuencia, la Sala revocará la
sentencia de segunda instancia, que declaró la improcedencia del amparo; y en
su lugar, confirmará el fallo de primera instancia, que negó la protección al
derecho fundamental al debido proceso constitucional.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida dentro del trámite objeto de revisión en
segunda instancia por Juzgado Veintisiete (27) Penal del Circuito el treinta y
uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014) y, en su lugar, CONFIRMAR la
sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Octavo (8º) Penal
Municipal de Bogotá con Función de Conocimiento, de dieciséis (16) de julio de
dos mil trece (2013).
Segundo.- Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
ANDRES MUTIS VANEGAS
Secretario General
(E)
[1] El expediente de la referencia fue
escogido para revisión por medio del auto del nueve (9) de abril de dos mil
catorce (2014), proferido por la Sala de Selección número Cuatro.
[2] MP Alberto Rojas Ríos. “(…) resulta
evidente que las circunstancias planteadas por los juzgados involucrados en
este caso, no genera siquiera un conflicto aparente de competencia, pues además
de no advertirse discusiones relativas a los artículos 86 de la Constitución
Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, tampoco se originó una declaratoria de
incompetencia frente al conocimiento del amparo constitucional. Lo anterior,
por cuanto la discusión planteada gira en torno a la declaratoria de nulidad de
todas las actuaciones tramitadas por el a quo. || En varias oportunidades esta
Corporación ha reiterado que el juez de tutela que decide la impugnación no
debe proponer conflicto negativo de competencia, ni muchos menos, declarar la
nulidad de lo actuado por el juez de primera instancia, bajo el argumento de la
necesaria vinculación de una persona o entidad para conformar el
contradictorio, pues dicha determinación afecta no sólo el acceso a la
administración de justicia (…), sino también la informalidad, sumariedad y
celeridad de la acción de amparo (…) En ese sentido, se advierte que el Juzgado
Veintisiete Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá debió
tramitar la impugnación y proceder a la vinculación oficiosa de la Comisión de
Justicia de la Gran Logia de Colombia, a fin de garantizar el derecho de
contradicción y defensa de dicha entidad, sin decretar la nulidad de lo actuado
por el juez de primera instancia”. En consecuencia, anuló la decisión del juez
constitucional de segunda instancia, y remitió el expediente a ese Despacho
para que, previa vinculación de la Gran Comisión de Justicia, dictara sentencia
de segunda instancia.
[3] Luego de presentado el informe de que
trata el artículo 54A del Acuerdo 05 de 1992 por el cual se adopta el
reglamento de la Corte Constitucional, la Sala Plena de la Corte en sesión del siete
(7) de marzo de dos mil trece (2013) determinó que el asunto de la referencia
fuera decidido por la Sala Primera de Revisión.
[4] Información disponible en
http://www.granlogiadecolombia.co/quienes-somos
[5] Esta
presentación tiene como objetivo exclusivo exponer algunas ideas
particularmente influyentes en la configuración de la doctrina sobre la
eficacia horizontal de los derechos, y no plantear ningún tipo de conclusión
derivada del “derecho comparado”, lo que explica la escogencia de solo dos
ordenamientos, y la presentación esquemática de la discusión.
[6] A manera ilustrativa, la primera forma de
concebir los derechos suele asociarse a momentos históricos como la Revolución
Francesa, la Independencia norteamericana y los distintos “momentos
constitucionales” vividos en la historia constitucional inglesa. Sobre este
punto puede consultarse el texto los derechos fundamentales, de Maurizio
Fioravanti. En la doctrina alemana es muy conocida la concepción de los
derechos subjetivos, como derechos de defensa frente al Estado, proveniente de
la obra de Jellinek. La expresión límites y vínculos proviene de Luigi
Ferrajoli, y se encuentra, entre otros, en el libro “Derechos y garantías. La
Ley del más débil”.
[7] Otro problema discutido actualmente es el
de la atribución de derechos a animales no-humanos, asunto que por supuesto
escapa los alcances de esta decisión.
[8] Sobre el concepto de derecho fundamental
que actualmente defiende la Corte, es pertinente consultar las sentencias
T-227 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett), T-760 de 2008 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa), T-235 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) y C-288 de 2012
(MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[9] BVerfGE 34, 269 (p.280). Traducción tomada
del artículo La eficacia de los derechos fundamentales en las
relaciones entre particulares. Mijail Menonza.
[10] Como guía de esta exposición, sigue la
Corte el texto “Los tribunales constitucionales y la eficacia entre
particulares de los derechos fundamentales” de Alexei Julio Estrada, en Teoría
del neoconstitucionalismo. Editorial Trotta, Madrid 2007.
[11] MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
[12] En la sentencia T-358 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) la Corte
se refirió también al caso Foster, de origen británico, de mil novecientos
noventa (1990). En ese asunto, “relativo a la prohibición de discriminación en una empresa
concesionaria de servicio público de gas en Gran Bretaña, el Tribunal de
Justicia reconoció la posibilidad de invocar una Directiva comunitaria cuando
un organismo ha sido encargado por una autoridad pública de prestar un servicio
público bajo el control del Estado (TJCE, Sentencia del 12 de julio de 1990,
asunto C-188/89)”.
[13] En la decisión citada (T-222 de 2004, con ponencia
del Magistrado Eduardo Montealegre Lynett), sostuvo la Corporación: “La Corte Constitucional ha intentado
establecer la razón de esta ampliación de la protección de la tutela. En cuanto
a ello, la Corte ha planteado dos razones distintas. De una parte, ha señalado
que la extensión de la tutela a las relaciones entre particulares tiene por
objeto restaurar situaciones de desigualdad existentes en tales relaciones. Es
decir, se busca que las relaciones particulares se conduzcan bajo condiciones
de igualdad y coordinación. Por otra parte, la Corte ha indicado que la
ampliación se explica por un fenómeno más complejo, cual es el “desvanecimiento
de la distinción entre lo público y lo privado”, lo que demanda la protección
de los particulares frente a cualquier clase de poder social (…) 12. Teniendo
presente lo anterior, resulta claro que en el plano dispositivo como en el
judicial, ha operado un cambio en la concepción de los derechos fundamentales y
en la concepción política del sistema. Se ha abandonado una visión
estrictamente liberal y contractualista de la sociedad y de los derechos
constitucionales, en la cual tales derechos se entendían como meros mecanismos
de defensa frente al orden estatal. Los derechos constitucionales y, entre ellos,
los fundamentales, se conciben ahora como derechos de las personas en una doble
dimensión: medios de defensa contra invasiones al orden privado y al proyecto
de vida, y medios de protección contra los riesgos derivados de la complejidad
social.|| El principio de igualdad (C.P. art. 13) supone la garantía para que
las personas puedan, por igual, desarrollar sus proyectos de vida. Tales
proyectos parten de la realidad de las condiciones sociales, algunas de las
cuales son objeto de regulación jurídica (…)”, posición reiterada en la C-136 de 2013, en la que se
profundiza sobre la irradiación de los derechos en las relaciones
contractuales.
[14] MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
[15] En
la sentencia T-378 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) la Corte
Constitucional se refirió a las potenciales objeciones que genera la eficacia
horizontal de los derechos, así: “El reconocimiento de la eficacia directa de los derechos
fundamentales contra particulares acarrea riesgos al debilitar el principio de
legalidad, el principio de la autonomía de la voluntad privada, la libertad
contractual y la seguridad jurídica. Razones por las que la aplicación de la
protección de la efectividad directa de los derechos fundamentales frente a
particulares, no puede ser ilimitada, por ello el artículo 86 de la
Constitución establece la condición de subordinación o indefensión como
criterios para precisar su alcance y eficacia”, reiterando a su vez la decisión T-611
de 2001 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[16] T-573 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón). “La procedencia de la tutela contra actos u omisiones de los
particulares, se discutió en la Asamblea Nacional Constituyente. Una revisión
de las diversas ponencias presentadas, revela que hubo cuatro posiciones
distintas, a saber: a. Excluir de la acción de tutela los actos u omisiones de
los particulares; b. Aceptar la procedencia de la acción de
tutela contra los actos y las omisiones de cualquier particular. c. Excluir de
la acción de tutela los actos u omisiones de los particulares y aceptar su
procedencia para actos u omisiones de "organizaciones particulares".
d. Aceptar la procedencia de la acción de tutela contra actos u omisiones de
particulares, pero en casos excepcionales previstos por la Constitución y
regulados por la ley. Esta última opción primó en la redacción
del artículo 86 y que se desarrolló en el artículo 42 y subsiguientes del
decreto 2591 de 1991”. El
inciso final del artículo 86 de la Carta Política prevé la definición, por vía
legislativa, de los casos en que la acción procede contra “particulares
encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte
gravemente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle
en estado de subordinación o indefensión”.
[17] MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[18] MP Jorge Iván Palacio Palacio.
[19] Artículo 42. Procedencia. La acción de tutela procederá
contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos:
1. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la
solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación
para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20,
23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución.
Sentencia C-134 de 1994.
Declarar EXEQUIBLE el numeral 1o. del artículo 42 del
decreto 2591 de 1991, salvo la expresión "para proteger los derechos
consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la
Constitución", que se declara INEXEQUIBLE. Debe entenderse que la acción
de tutela procede siempre contra el particular que esté prestando cualquier
servicio público, y por la violación de cualquier derecho constitucional fundamental.
2. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la
solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud para
proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la
autonomía.
Sentencia C-134 de 1994.
Declarar EXEQUIBLE el numeral 2o. del artículo 42 del
decreto 2591 de 1991, salvo la expresión "para proteger los derechos a la
vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía", que se declara
INEXEQUIBLE. Debe entenderse que la acción de tutela procede siempre contra el
particular que esté prestando cualquier servicio público, y por la violación de
cualquier derecho constitucional fundamental.
3. Cuando aquel contra quien se hubiera hecho la
solicitud esté encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios.
4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una
organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el
beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el
solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal
organización.
5. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la
solicitud viole o amenace violar el artículo 17 de la Constitución.
6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien
se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con
lo establecido en el artículo 15 de la Constitución.
7. Cuando se solicite rectificación de informaciones
inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la
información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que
no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.
8. Cuando el particular actúe o deba actuar en
ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que
a las autoridades públicas.
9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la
integridad de quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión
respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la
indefensión del menor que solicite la tutela.
Sentencia C-134 de 1994.
Declarar EXEQUIBLE el numeral 9o. del artículo 42 del
decreto 2591 de 1991, salvo la expresión "la vida o la integridad
de".
[20] MP Vladimiro Naranjo Mesa.
[21] La decisión se comprende mejor en el marco de las discusiones iniciales sobre
los criterios para establecer si un derecho es fundamental. Así, en la
sentencia T-002 de 1992 la Corporación señaló que el listado de derechos
fundamentales contenido en el capítulo I del Título II de la Carta no debe
entenderse de forma taxativa, pues la división de la Carta en títulos y
capítulos no fue una decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, sino de
una comisión redactora, de manera que posee apenas una fuerza ilustrativa y no
un carácter vinculante. De igual manera, en la sentencia citada (T-002 de
1992), recordó la Corte que el artículo 2º del Decreto 2591 de 1991 prevé la
facultad del juez de decidir qué derechos son fundamentales en las
circunstancias de un caso concreto. Sin duda alguna, se trata de una
providencia hito en el conocimiento de los derechos constitucionales. Sin
embargo, las ideas más actualizadas sobre el tema, como ya se explicó, se
encuentran en las sentencias T-227 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett),
T-760 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-235 de 2011 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva) y C-288 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). Este es el
sentido de las decisiones adoptadas en la sentencia C-134 de 1994: “1. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la
solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación
para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20,
23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución”.
[22] MP Alejandro Martínez Caballero.
[23] En
la sentencia T-251 de 1993 (citada), la Corte conoció un caso contra una
empresa privada, que producía productos químicos en la ciudad de Neiva,
produciendo altos niveles de contaminación, y una situación de afectación a la
salud pública, probada dentro del trámite, mediante la historia clínica de una
gran cantidad de personas afectadas por la inhalación de sustancias tóxicas,
asociadas al giro de sus negocios.
[24] En
la sentencia T-009 de 1992 (MP Alejandro Martínez Caballero) la Corte estudió
el caso de dos estudiantes que consideraban violado “un derecho fundamental”
debido a que el colegio privado en que estudiaban se negaba a graduarlas por
haber perdido unas asignaturas, argumentando que habían obtenido un alto
puntaje en el Icfes, y la admisión en prestigiosas universidades. La Corte negó
el amparo, indicando que ni los resultados en el examen de estado, ni la
decisión de las instituciones de educación superior, eran fundamento para
obtener el título de bachiller, y al momento de analizar la procedencia de la
tutela, se detuvo en la definición de la subordinación. “La acción de tutela frente a particulares
recoge lo que la doctrina alemana denomina "Drittwirkung der
Grundrechte" (literalmente, efecto frente a terceros de los derechos
fundamentales), que suele denotar la incidencia de los derechos fundamentales
en el derecho privado y en las relaciones jurídicas privadas, cuya fuente es de
carácter jurisprudencial desde 1958, a raíz del pronunciamiento del Tribunal
Constitucional alemán en la sentencia dictada en el caso ‘Lüth’”. En relación
con el caso concreto, encontró que se reunían tres de las condiciones que dan
lugar a la procedencia del amparo entre particulares: “a) Que la educación sea
un derecho constitucional fundamental protegido frente a particulares.|| b) Que
este derecho esté a cargo de un particular.||  c) Que el derecho sea un
servicio público (una de las tres modalidades permitidas por el artículo 86)”.
[25] En
la sentencia T-573 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón) conoció el caso de una
persona que pretendía protección constitucional a sus derechos a la vida y la
integridad personal, que consideraba amenazados por una persona que,
inicialmente, le disparó con un arma de fuego, sin ocasionarle daño, y
posteriormente lo atacó con arma blanca, mientras le decía que lo iba a matar.
Sobre la indefensión, expresó la Corporación: “Evidentemente, el concepto de indefensión es
relacional. Esto significa que el estado de indefensión en que se encuentra el
ciudadano en relación con otro particular habrá que determinarlo de acuerdo al
tipo de vínculo que exista entre ambos. En el caso presente, por ejemplo, la
situación de indefensión se acrecienta por el hecho de que el peticionario
tiene, forzosamente, que transitar en forma permanente por un camino colindante
al de su agresor. Además, el peticionario no anda armado -y el juez de tutela
no tiene por qué estimular que se arme-, y las condiciones sociales de la
región impiden que cuente con una protección institucional permanente. Todas
estas circunstancias, analizadas en el caso concreto, llevan a la conclusión de
que hay, en efecto, una situación de indefensión del peticionario frente a su
vecino. || Siendo relacional, hay que un plus que el peticionario no
puede afrontar por la naturaleza ilegítima de la ventaja existente, ligada a la
violación del derecho fundamental (…)”. Al comprobar la existencia de
indefensión en el caso concreto, explicó la Corte: “Explicó
que de acuerdo con todos los testimonios recaudados, el agresor permanecía
armado, lo que evidenciaba la situación de indefensión en que se encontraban
todas las personas que se relacionaban con él”. Como el peticionario y su
familia debían transitar diariamente un camino colindante con la finca de su
agresor, razones por las que estimó la Corte que el proceso penal en curso –e
incluso la eventual medida de aseguramiento de detención preventiva- no era un
mecanismo eficaz para la protección de sus derechos, por lo que concedió el
amparo, confirmando la decisión de segunda instancia.
[26] MP José Gregorio Hernández Galindo.
[27] MP. Rodrigo Escobar Gil.
[28] MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
[29] T-573 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón),
T-190 de 1994 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-498 de 1994 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz), entre otras.
[30] T-605 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz), T-036 de 1995 (MP Carlos Gaviria Díaz), T-379 de 1995 (Antonio Barrera
Carbonell), T-375 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-801 de 1998 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz), entre otras.
[31] T-174 de 1994 (MP. Alejandro Martínez
Caballero), T-529 de 1992 (MP Fabio Morón Díaz), T-233 de 1994 (MP Carlos
Gaviria Díaz) y T-351 de 1997 (MP Fabio Morón Díaz).
[32] T-411 de 1995 (MP Alejandro Martínez
Caballero).
[33] Sentencia T-412 de 1992 (MP. Alejandro
Martínez Caballero)
[34] MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
[35] MP. Alejandro Martínez Caballero.
[36] El caso que ocupa a
esta Sala de Revisión está comprendido en lo establecido en el inciso final
del  artículo 86 de la Constitución y en el artículo 42 del Decreto 2591
de 1991, por tratarse de una acción de tutela contra una organización privada,
más exactamente contra la Junta Directiva de la Corporación Jockey Club de
Santafé de Bogotá (…)|| El ciudadano Juan Claudio Morales intentó
por la vía civil la nulidad  del acto o decisión por medio de la cual la
Junta Directiva del Jockey Club declaró la pérdida de la calidad de socio.
Proceso que culminó en forma desfavorable al demandante (…) Por lo tanto en
primer lugar el requisito de la "indefensión" no se da en el caso
concreto, pues el peticionario agotó la vía judicial y gozó de las garantías
procesales establecidas para el procedimiento ordinario.||  En segundo lugar,
el requisito de la "subordinación" tampoco es procedente por cuanto
la decisión de pertenecer a una determinada corporación social o su
desafiliación es voluntaria y no existe subordinación. El hecho de acatar sus
estatutos y las decisiones de la Junta Directiva no implican subordinación
alguna por lo que para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional tampoco
se presenta esta especial circunstancia”.
[37] Artículo 421. Impugnación de actos de
asambleas, juntas directivas o de socios. [Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir
del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del
artículo 627; Artículo  modificado por el artículo 1, numeral
224 del Decreto 2282 de 1989]. “La demanda de impugnación de actos o decisiones
de asambleas de accionistas o de juntas directivas o de socios de sociedades
civiles o comerciales, sólo podrá proponerse dentro de los dos meses siguientes
a la fecha del acto respectivo, y deberá dirigirse contra la sociedad; si se
tratare de acuerdos o actos sujetos a registro, el término se contará desde la
fecha de la inscripción.|| En la demanda podrá pedirse la suspensión del acto
impugnado; el juez la decretará si la considera necesaria para evitar
perjuicios graves y el demandante presta caución en la cuantía que aquél señale.
Este auto es apelable en el efecto devolutivo”.
[38] MP José Gregorio Hernández Galindo.
[39] MP. José Gregorio Hernández Galindo.
[40] MP. Carlos Gaviria Díaz.
[41] MP José Gregorio Hernández Galindo.
[42] MP Jaime Araújo Rentería.
[43] MP Nilson Pinilla Pinilla.
[44] MP Jaime Araújo Rentería.
[45] MP Alfredo Beltrán Sierra.
[46] El uso de la expresión punto de vista
interno constituye uno de los principales aportes a la filosofía del
derecho de Herbert Hart (El Concepto de derecho), para destacar la perspectiva
de los participantes en una práctica jurídica, y la forma en que mediante sus
enunciados sobre el derecho evidencian su percepción de las normas jurídicas
como imperativas, y se contrapone al punto de vista externo propuesto
tanto por el realismo como por el positivismo jurídico, como presupuesto para
un análisis avalorativo del derecho. El uso de la expresión en estos párrafos
tiene una pretensión de mayor alcance: distinguir el punto de vista interno
de los miembros de la masonería del punto de vista interno de los
participantes de la práctica constitucional colombiana.
[47] Artículo 116, modificado por el Acto
Legislativo 03 de 2002: “La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia,
el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General
de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo
hace la Justicia Penal Militar. || El Congreso ejercerá determinadas funciones
judiciales. || Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en
materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no le
será permitido adelantar la instrucción de sumario ni juzgar delitos. || Los
particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de
administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales,
conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir
fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley (…)”
(Se destaca).
[48] Artículo 246,
Constitución Política. “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán
ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de
conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean
contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las
formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial
nacional.
Por otra
parte, cabe advertir que El artículo 247 Superior también prevé la posibilidad
de que el Legislador establezca jueces de paz para la “solución de conflictos
individuales y comunitarios en equidad”.
[49] Parecería apresurado rechazar el carácter
religioso de la Gran Logia de Colombia, cuando la entidad solicita que el caso
se analice bajo la perspectiva de la libertad religiosa. Sin embargo, es la
propia Logia la que rechaza en su portal de Internet la naturaleza religiosa de
la institución www.granlogiadecolombia.co. También consultó la Sala, con el
propósito de confirmar esta conclusión, el Registro público de iglesias y
confesiones religiosas, disponible en el portal de Internet del Ministerio
del Interior.
[50] MP. Jaime Araújo Rentería.
[51] MP. Alfredo Beltrán Sierra.
[52] MP. Rodrigo Escobar Gil.
[53] MP. Jaime Araújo Rentería.
[54] MP. Alfredo Beltrán Sierra.
[55] MP. Rodrigo Escobar Gil.
[56] Al respecto, consultar la sentencia T-433
de 1998 (MP Alfredo Beltrán Sierra).
[57] Al respecto, cfr. sentencia SU-837 de 2002
(MP Manuel José Cepeda Espinosa): “Es necesario
distinguir entre las decisiones “en derecho”, “en equidad”, “en conciencia” y
“verdad sabida y buena fe guardada”. La más exigente de ellas es la decisión en
derecho ya que supone el conocimiento, la interpretación y aplicación de normas
objetivas respetando criterios hermenéuticos. El fallo en equidad, aunque mucho
menos exigente que el fallo en derecho, como ya se ha sostenido anteriormente,
no puede desatender las particularidades concretas del caso, vgr. las
circunstancias fácticas del contexto en el que decide, ya que su sentido mismo
es buscar el equilibrio en la decisión evitando cargas y efectos excesivamente
gravosos para las partes y asignando beneficios a quien los necesita o merece.
Es por ello que las motivaciones del fallo en equidad resultan importantes. Por
el contrario, la decisión en conciencia y la decisión verdad sabida y buena fe
guardada remiten a la esfera interna del fallador quien adopta una decisión
cuya finalidad no es necesariamente la justicia o la equidad. No es posible,
por lo tanto, equiparar ambas instituciones. Quien falla verdad sabida y buena
fe guardada no tiene que hacer explícitos los hechos en que se funda ni
justificar con razones sus conclusiones. En cambio quien decide en equidad debe
considerar las particularidades fácticas de la situación, apreciar su valor
para que sus conclusiones sean justificadas, no a partir de su conciencia
subjetiva, sino del concepto indeterminado pero objetivo de equidad. La
flexibilidad asociada a la equidad, inclusive en la definición más restrictiva
de la misma, estriba en que es posible apartarse de una aplicación estricta de
las reglas jurídicas precisamente cuando los hechos especiales del caso - las
particularidades del mismo - así lo requieren para que la decisión sea justa.
De tal manera que las razones de equidad son las que parten de los hechos y
justifican una decisión que consulta las especificidades de un conflicto
determinado, sin depender de la aplicación estricta de cierta regla.
Finalmente, la Corte subraya que ni aun la decisión en simple conciencia puede
ser arbitraria. Si bien el que decide en conciencia no tiene que hacer expresas
sus razones, el contenido de lo decidido también tiene que respetar unos
límites mínimos externos, como los hechos básicos del caso. De ahí que la
decisión de los jurados de conciencia esté sometida a control judicial y pueda
ser anulada por contraevidente.”