T-536-01
Sentencia T-536/01
Sentencia
T-536/01
DERECHO A LA
SALUD-Fundamental por
conexidad con la vida/DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA-Vulneración por no
realizar cirugía/EMPRESA PROMOTORA DE SALUD-Información al afiliado
sobre posibilidad de atención en servicio no incluido en POS
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia:
expediente T-414589
Accionante: Elvis
Noé Ortiz Duque
Demandado:
Comfenalco E.P.S.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR
GIL
Bogotá D.C., mayo
veintiuno (21) de dos mil uno (2001).
La Sala Quinta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Marco
Gerardo Monroy Cabra, Eduardo Montealegre Lynett y Rodrigo Escobar Gil, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso
de tutela identificado con el número de radicación T-414589 instaurado por
Elvis Noé Ortiz Duque contra Comfenalco E.P.S.
I. ANTECEDENTES
A. Hechos
Elvis Noé Ortiz
Duque, instauró acción de tutela contra Comfenalco E.P.S. para que le practique
una cirugía que requiere. Considera vulnerados sus derechos a la vida, a la
salud y a la seguridad social.
Señala que desde el
mes de marzo del año 2000, asistió a consulta con su médico debido a que tenía
unos cólicos intermitentes, razón por la cual se le ordenó la realización de
una ecografía. Una vez obtenido el resultado fue remitido al Urólogo, quien
debía fijar fecha para realizarle la cirugía requerida.
Afirma que entregó
la orden mencionada en las oficinas de la entidad demandada, y allí le
manifestaron que lo estarían llamando en 20 o 25 días. Al ver que transcurría
el tiempo y no recibía ninguna llamada se acercó hasta la E.P.S. en donde le
proporcionaron un número telefónico para que estuviera pendiente, obteniendo
siempre como respuesta que esperara.
Comenta finalmente
que el problema de los cólicos se ha aumentado generando como consecuencia que
su pierna derecha se le encalambre, y por consiguiente casi no puede trabajar.
B. Pretensiones
Por lo expuesto,
solicita que se ordene al ente demandado que se le dé el tratamiento autorizado
por su médico tratante y además, que se le preste la atención médica integral -
quirúrgica, terapéutica, hospitalaria y farmacéutica - para su total
recuperación.
Mediante oficio
suscrito por el doctor Jorge Alejandro Gómez Bedoya, en su calidad de apoderado
judicial especial de la entidad accionada, manifestó al despacho, que:
“para efectos de
la atención y tratamiento con médico especialista en urología, debe solicitarla
ante la Dirección Seccional de Salud de Medellín, pues conforme con la
resolución No.5261 de 1994, mediante la cual se estableció en Manual de
Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud
subsidiado sólo se le atribuyó a las Administradoras de Régimen Subsidiado la
atención en dicha especialidad para aquellos afiliados con diagnóstico de
cáncer.  Las demás atenciones corresponde asumirlas a la Dirección Seccional en
Salud.
Al efecto
tenemos que los Acuerdos 72 de 1994 y 77 de 1997, atribuyeron a las A.R.S. la
obligación de la atención básica en salud de sus afiliados, para aquellas
atenciones calificadas como de Primer Nivel, dejando a la Dirección Seccional
de Salud, la atención de las enfermedades de Segundo y Tercer Nivel, entre
ellas el problema que aqueja al accionante”
II. SENTENCIA
OBJETO DE REVISIÓN
Conoció del presente
caso en primera y única instancia el Juzgado Undécimo  Civil Municipal de
Medellín, que en sentencia de 27 de octubre de 2000 denegó el amparo solicitado
al considerar que no existe violación o amenaza a los derechos invocados por
parte de la demandada, por cuanto la atención que requiere el actor, debe
solicitarla a la Dirección Seccional de Salud, que es a quien compete la
atención de enfermedades de segundo y tercer nivel, entre las que se encuentra
la que aqueja al accionante, según los acuerdos 72 de 1994 y 77 de 1997.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. La competencia
Es competente esta
Sala de la Corte Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la
acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241 -9
de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 35 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Del caso
concreto
En el caso bajo
estudio se observa, que el peticionario requiere la práctica de una cirugía, la
cual no ha sido autorizada con el argumento de que no existe tal obligación,
por cuanto la patología presentada por el actor corresponde al Segundo Nivel de
complejidad y es por esto que la obligación recae en la Dirección Seccional de
Salud, conforme a lo establecido en los Acuerdos 72 de 1994 y 77 de 1997.
Encuentra la Sala
que si bien la A.R.S. que es a la que pertenece el demandante[1], está eximida de
prestar los servicios de diagnósticos ubicados en el segundo y tercer nivel de
complejidad, de conformidad con lo estipulado en los citados Acuerdos 72 de
1994 y 77 de 1997, también lo es que éstos Acuerdos establecen las reglas a
seguir con los pacientes, para que éstos no queden en el limbo y por ende
puedan asegurar la prestación del servicio de salud en condiciones óptimas.
Los artículos 2º y
7º de la Resolución No.5261 de 1994 (por medio del cual se define el Plan de
Beneficios del Régimen Subsidiado), emanada del Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud, establecen:
“ARTÍCULO 2º.
Disponibilidad del servicio y acceso a los niveles de complejidad. En todo caso
los servicios de salud que se presten en cada municipio estarán sujetos al
nivel de complejidad y al desarrollo de las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud autorizadas para ello. Cuando las condiciones de salud del
usuario ameriten una atención de mayor complejidad, ésta se hará a través de la
red de servicios que establezca cada E.P.S.
PARÁGRAFO: El
acceso al servicio siempre será por el primer nivel o por el servicio de
urgencias. Para los niveles subsiguientes el paciente deberá ser remitido por
un profesional en medicina general de acuerdo a las normas definidas para
ello...”
“ARTÍCULO 7º.
Consulta médica especializada. Es aquella realizada por un médico especialista
en alguna de las ramas  de la medicina autorizadas para su ejercicio en Colombia,
quien recibe al paciente por remisión de un médico general, o interconsulta
especializada, o directamente en casos de urgencia por que la patología que
presenta el paciente requiere evaluación especializada, internación o cirugía
que el médico general no esté en condiciones de realizar....”
Por su parte, el
Acuerdo No. 72 de 1994, (por medio del cual se define el Plan de Beneficios
del Régimen Subsidiado) señala en su artículo primero:
" ... 5.
Atención de enfermedades de alto costo: Garantiza la atención en salud a todos
los afiliados en los siguientes casos:
(...)
- Las
intervenciones quirúrgicas para lesiones congénitas o adquiridas...
También el artículo
9º del citado Acuerdo establece:
“ARTÍCULO 9.
Garantía de prestación del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. Las
Administradoras del Régimen Subsidiado deberán garantizar, a partir de la fecha
de vigencia de la presente norma, con su red propia o contratada, la prestación
de los servicios del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, definidos en el
presente Acuerdo.
(...)”
De igual forma, el
Acuerdo No.77 de 1997, señala en su artículo 22:
“ARTÍCULO 22.-
Deber de información de las ARS. Las entidades administradoras seleccionadas, deberán
informar a las personas interesadas, de manera amplia, sobre los planes de
beneficios que ofrece la entidad, el régimen de copagos, red de servicios, el
sistema de referencia de pacientes y los mecanismos con que cuentan para
garantizar una atención en salud con eficiencia, calidad y oportunidad.”
De igual forma,
conforme a lo establecido por esta Corporación en la jurisprudencia[2], las A.R.S. están
sometidas a lo previsto en el artículo 31 del Decreto 806 de 1998, que a letra
dice:
“Artículo 31.-
Prestación de Servicios no cubiertos por el POS subsidiado. Cuando el afiliado
al régimen subsidiado  requiera servicios adicionales a los incluidos en el POS
y no tenga capacidad de pago parta asumir el costo de dichos servicios, podrá
acudir a las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato con
el Estado las cuales estarán en la obligación de atenderlo de conformidad con
su capacidad de oferta. Estas instituciones están facultadas para cobrar una
cuota de recuperación con sujeción a las normas vigentes”.
Esta Corte ha
indicado[3]
que principios como la igualdad sustancial y el tratamiento especial a las
personas en situación de debilidad manifiesta  (art. 13 de la C.P.),
obligan a otorgar un tratamiento diferencial positivo, es por esto que impone a
las A.R.S. la obligación de informar a los afiliados que solicitan la
prestación de un servicio no incluido dentro del POSS, las posibilidades de
atención que tienen conforme al artículo 31 del Decreto 806 de 1998.
En el caso bajo
estudio, se observa que el peticionario hace más de un año esta padeciendo de
fuertes dolores, los cuales se han incrementado con el transcurso del tiempo
sin haber sido atendido hasta el momento, lo cual vulnera de manera flagrante
su derecho fundamental a la vida digna, puesto que el dolor, tal como lo ha
reconocido esta Corporación[4]
supone de manera directa una existencia indigna.
Sobre este tema, la
sentencia T-499 de 1992, Magistrado Ponente, Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz,
señaló:
“Una lesión que
ocasiona dolor a la persona y que puede ser conjurada mediante una
intervención quirúrgica, se constituye en una forma de trato cruel (CP art. 12)
cuando, verificada su existencia, se omite el tratamiento para su curación.  El
dolor intenso reduce las capacidades de la persona, impide su libre desarrollo
y afecta su integridad física y psíquica. La autoridad competente que se niega,
sin justificación suficiente, a tomar las medidas necesarias para evitarlo,
omite sus deberes, desconoce el principio de la dignidad humana y vulnera los
derechos a la salud y la integridad física, psíquica y moral de la persona.”
Siguiendo los
lineamentos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, tenemos que la
entidad demandada debe poner en conocimiento del señor Elvis Noé Ortiz Duque,
las alternativas que tiene para que se realice la cirugía ordenada, con el fin
de que éste pueda recuperar su salud, motivo por el cual esta Sala revocará el
fallo de instancia.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero: REVOCAR la providencia proferida por Juzgado
Undécimo Civil Municipal de Medellín, el 27 de octubre de 2000 y en su lugar TUTELAR
los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna  del señor Elvis Noé
Ortiz Duque, por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.
Segundo: ORDENAR a COMFENALCO E.P.S. -Seccional Medellín-
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación de
esta sentencia, informe al actor las posibilidades que para la atención en
salud se derivan del régimen contemplado en el artículo 31 del Decreto 806 de
1998.
Tercero: ORDENAR a la Dirección Seccional de Salud de
Medellín que en el término de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la
notificación de esta sentencia, informe al señor Elvis Noé Ortiz Duque,
identificado con la Cédula de Ciudadanía N-8.432.582 de Medellín, qué entidades
públicas o privadas, que tengan contrato con el Municipio, están en capacidad
de ofrecer la atención quirúrgica requerida.
Cuarto: ORDENAR a COMFENALCO E.P.S. que
coordine con la entidad estatal que finalmente debe prestar el servicio, lo
referente a la práctica de la cirugía. Lo anterior deberá hacerse sin
dilaciones ni omisiones injustificadas, siempre que se cumplan los requisitos
normativos vigentes y se observe el procedimiento establecido.
Quinto: Líbrese por Secretaría, las comunicaciones
de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Ver respuestas del apoderado de Comfenalco y la de el
Subsecretario de Aseguramiento de la Secretaría de Salud de Medellín, que se
encuentran a folios 17 , 18 y 25 del expediente.
[2] Consultar entre otras las sentencias T-261 de 1999, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, T-549 y T-911 de 1999, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz, T-910 de
2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[3] Cfr. sentencias T-752 de 1998 , T-261 de 1991 y T-910 de 2000
M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero
[4] Cfr. T-732 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz, T-444 de 1999, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz, T-936 de 1999, M.P.Carlos Gaviria Díaz.