T-117-99
Sentencia T-117/99
Sentencia T-117/99
DERECHO A LA
SALUD DE LOS NIÑOS-Fundamental
La Corte Constitucional ha señalado
claramente que el derecho a la salud es fundamental por esencia, únicamente
respecto de menores de edad, aún cuando en principio corresponda a un derecho
de segunda generación, para los cuales la acción de tutela no es el mecanismo
judicial idóneo para su protección.
DERECHO A LA
SALUD DE LOS NIÑOS-Asignación
oportuna de cita médica
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia:
Expediente T-193509
Peticionario: Doris
Millán de Montoya
Procedencia: Sala
Penal del Tribunal Superior de Armenia.
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRÁN
SIERRA
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá
D.C., a los veinticinco (25) días del mes de febrero de mil novecientos noventa
y nueve (1999).
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Eduardo
Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria Díaz, decide sobre el fallo de la Sala Penal
del Tribunal Superior de Armenia, dentro del proceso de tutela instaurado por
la señora Doris Millán de Montoya contra el Instituto de Seguros Sociales
I.S.S., Seccional Quindio.
El expediente llegó a la Corte
Constitucional, por remisión que hiciera el Juzgado en virtud de lo ordenado
por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.
I.  ANTECEDENTES
A. Hechos y pretensiones.
La demandante promovió acción de tutela en
representación de su hija menor Luisa Fernanda Montoya Millán contra el
Instituto de Seguros Sociales I.S.S., Seccional Quindio, al considerar violados
los derechos fundamentales a la salud y a la vida, con fundamento en los
siguientes hechos:
1. Luisa Fernanda Montoya Millán, quien tiene 16 años de edad y es hija de
la demandante, padece de la enfermedad denominada “L.E.S” o Lupus
Eritematoso Sistémico, para lo cual requiere un tratamiento especial, así como
terapias y el uso de medicamentos especiales.
2. Inicialmente, el I.S.S., asumió dicho tratamiento, pero últimamente se
ha negado a suministrar las drogas especiales y a practicar las terapias
requeridas.
3. Señala la demandante que ha tenido que asumir por su propia cuenta el
tratamiento requerido por su hija, el cual le ha sido señalado por el médico
Luis Fernando Medina Quintero, quien la ha venido tratando desde agosto de
1996, ante la negativa del I.S.S., a prestar el servicio.
4. Considera la actora, que el I.S.S., está en la obligación de prestar el
servicio médico especial que requiere su hija, por ser ésta, beneficiaria de
dicha E.P.S.
5. Finalmente, anota que por recomendación del médico tratante, doctor
Luis Fernando Medina Quintero, éste ha señalado la inconveniencia de
suministrarle a la menor afectada por el Lupus, medicamentos genéricos, debido
a su delicado estado de salud.
Ante los hechos arriba expuestos, la
demandante considera que el I.S.S., está violando el derecho fundamental a la
vida de su hija, razón por la cual solicita se ordene a dicha E.P.S.,
suministrarle los medicamentos especial requeridos para el tratamiento de su
enfermedad, así como a proveerle el tratamiento que requiera para su
recuperación.
B. Fallo que se revisa.
Mediante decisión del 24 de noviembre de
1998, la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia, resolvió negar la
presente tutela. Para ello, consideró dicho Tribunal que, la señora Doris
Millán de Montoya, no esta facultada para incoar en nombre de su hija, la
presente tutela, pues carece del poder correspondiente. Señala además, que la
menor enferma, tampoco ha demostrado su incapacidad para iniciar la presente
tutela.
Por otra parte, señala el a quo que de
conformidad con lo señalado por el Comité de Farmacia Terapéutica de la Clínica
San José de Armenia, debe la menor enferma, ser valorada por un especialista en
la materia, vinculado al I.S.S., para lo cual ya se dió autorización para una
cita. Sin embargo, lo importante es la pronta valoración de la menor, la cual
hasta el momento, no ha sido atendida por el especialista de dicha E.P.S.
Finalmente, se anota que la menor no puede seguir en manos de secretarias que
nada saben de medicina y proceder a que la atención médica requerida sea
prestada. Por lo tanto, se denegó la tutela, pero se sugiere al Instituto de
Seguros Sociales del Quindio, evacuar en el menor tiempo posible, la cita para
la menor Luisa Fernanda Montoya Millán.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA.
A. Competencia.
La Sala es competente para decidir, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 241, numeral 9°, de la
Constitución, y 33 y 34 del decreto 2591 de 1991.
B. Derecho a la salud: fundamental respecto de los
menores de edad, y por conexidad.[1]
La Corte Constitucional a través de
numerosos fallos ha señalado claramente que el derecho a la salud es
fundamental por esencia, únicamente respecto de menores de edad,[2] aún
cuando en principio corresponda a un derecho de segunda generación, para los
cuales la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para su
protección.
Sin embargo, algunos derechos, en razón a
su estrecha relación con otros derechos, que si son fundamentales, permiten que
la acción de tutela se constituya en el medio más eficaz para su protección,
pues ante el desconocimiento de los derechos fundamentales, se estarán
vulnerando aquellos que por conexidad adquieren dicha característica.
De esta manera, la menor Luisa Fernanda
Montoya Millán, quien tiene dieciséis años de edad, viene padeciendo de la
enfermedad denominada “L.E.S.”, la cual de no ser tratada de forma
continua, y al no suministrársele los medicamentos  apropiados, podría poner en
peligro su integridad física y la vida misma, toda vez que dicha enfermedad es
de carácter progresivo, lo cual deterioraría de forma acelerada las condiciones
de salud y minaría a su vez la autoestima de la menor, quien se encuentra en
plena etapa de escolaridad.
Visto lo anterior, el juez de tutela,
estará autorizado para proteger el derecho constitucional a la salud, por las
dos razones anteriormente expuestas: por ser fundamental respecto de los
menores de edad, y por encontrarse en conexidad con derechos constitucionales
fundamentales.
C. Caso concreto.
Luisa Fernanda Montoya Millán, viene
padeciendo de Lupus Eritematoso Sistémico o enfermedad de “L.E.S.”, la
cual le ha sido tratada desde 1996, por el médico Luis Fernando Medina
Quintero. Según concepto de dicho especialista, la enfermedad se puede
calificar, para el caso de Luisa Fernanda, como una enfermedad leve, pero esto,
en razón al continuo control y tratamiento al cual se venía sometiendo cuando
ésta era paciente suya. Sin embargo, la demandante por razones económicas,
debió acudir con su hija a la E.P.S. del Instituto de Seguros Sociales,
Seccional Quindio, sin que hasta la fecha, haya podido tener una evaluación con
el especialista, más cuando, como consta en la declaración rendida por la
demandante (folios 91 a 94), desde el mes de mayo ha estado solicitando la mencionada
cita, y ya han transcurrido tres meses sin que le haya sido otorgada. Ahora
bien, el tratamiento requerido por la menor, requiere que dicho especialista
señale si las drogas ofrecidas por el I.S.S., las cuales son genéricas, y
determinarse así, si pueden o no ser recetadas a la paciente, la cual hasta el
momento, no ha recibido atención médica por parte de dicha E.P.S.
En vista de lo anterior, se hace evidente
la poca o casi nula atención médica que ha prestado el Instituto de Seguros
Sociales, muy particularmente cuando en casos similares al que es objeto de
revisión, se ha sometido al paciente a interminables trámites administrativos
para obtener algo tan elemental como es una consulta con uno de sus
especialistas, como si el paciente debiera encontrarse en una situación de
extrema gravedad para así obtener la atención médica requerida. La misma Carta
Política establece la necesidad de dar un trato diferenciado y preferente
respecto de aquellas personas que por razón de su condición económica, física o
mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.[3]
Por lo tanto, debemos recordar lo señalado por la sentencia T-347 de 1996,
Magistrado Ponente Julio Cesar Ortíz Gutiérrez, quien al respecto señaló lo siguiente:
“Por tanto,
estima esta Corporación que la razón para que el Seguro Social no pueda llevar
a cabo una oportuna atención de sus usuarios, es más de orden organizativo y de
criterios de selección, y de desproporción entre el número de pacientes y el de
profesionales de la medicina, disponibles para atenderlos.
“En este sentido,
es claro que el Instituto de Seguros Sociales está asignando citas de acuerdo
con un criterio de simple temporalidad, que no siempre es el más cercano a lo
consagrado en el artículo 13 de la Carta Política; al respecto, estima la Sala
que en este caso es necesario aplicar el trato diferencial positivo a que
arriba se hizo referencia, en aras de preservar y hacer efectivo el principio
de igualdad que informa nuestro ordenamiento jurídico.”
De esta manera, el Instituto de Seguros
Sociales, no puede justificar la no atención de la menor Luisa Fernanda,
desviando su responsabilidad, y delegándola en secretarias que carecen de todo
conocimiento médico y que no ven la necesidad del servicio médico solicitado.
Además, como lo señaló en su momento la demandante y así lo confirmó el a quo
en su decisión, el I.S.S. no ha dado la cita requerida con el especialista en
reumatología, aún cuando la autorización para ello había sido expedida desde
hace mucho tiempo.
En el presente caso, la situación se torna
gravosa para la demandante, en la medida en ella, desde el mes de mayo de 1998,
se encuentra a la espera de tener una cita con el especialista que puede valorar
a su hija y determinar que tratamiento se le puede seguir, situación, que en el
evento en que aún no se haya otorgado dicha cita, hace evidente el poco interés
con se atiende a los pacientes por parte del I.S.S., además, de poner en grave
peligro los derechos fundamentales de sus afiliados, que como en el presente
caso, involucran los derechos a la salud y a la vida misma, pues la enfermedad
que padece la menor, es de carácter progresivo si no es tratada a tiempo y de
forma adecuada y por profesional especialista.
En vista de lo anterior, la presente Sala
de Revisión, revocará la decisión de instancia, y en su lugar concederá la
tutela por violación a los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la
seguridad social de la menor Luisa Fernanda Montoya Millán. Para ello, ordenará
al Instituto de Seguros Sociales, Seccional Quindio, si aún no lo ha hecho, que
en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la
notificación de la presente decisión, otorgue la correspondiente cita médica
con el especialista adscrito al I.S.S. Además, el mismo I.S.S. estará obligado,
a dar de manera oportuna, el tratamiento que para el presente caso señale el
especialista.
Finalmente, se ordenará también al I.S.S.,
Seccional Quindio, realizar las terapias requeridas por la menor Luisa Fernanda
Montoya Millán, así como también, que ésta sea atendida de manera especial
cuando  requiera los controles médicos correspondientes, sin que por ello se
llegue a violar los derechos fundamentales de otros pacientes que se encuentren
en una situación de debilidad manifiesta que requiera una atención prioritaria.
III. DECISIÓN.
Con fundamento en lo expuesto, la Corte
Constitucional, en Sala de Revisión, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia
proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia del 24 de
noviembre de 1998. En su lugar CONCEDER la presente tutela por violación
de los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la seguridad social.
Segundo. ORDENAR al Instituto de
Seguros Sociales, Seccional Quindio, si aún no lo ha hecho, que en el término
de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la
presente decisión, otorgue la correspondiente cita médica con el especialista
adscrito al I.S.S., que para el efecto pueda evaluar a la menor Luisa Fernanda
Montoya Millán. Además, el mismo I.S.S. estará obligado a dar de manera
oportuna, el tratamiento que para el presente caso señale el especialista.
Tercero. ORDENAR también al I.S.S,
Seccional Quindio, para que realice las terapias requeridas por la menor Luisa
Fernanda Montoya Millán, así como también, que ésta sea atendida de manera
especial cuando  requiera los controles médicos correspondientes, sin que por
ello se llegue a violar los derechos fundamentales de otros pacientes que se
encuentren en una situación de debilidad manifiesta que requiera una atención
prioritaria.
Cuarto. SE ADVIERTE al Director del
Instituto de Seguros Sociales, Seccional Quindio, que si incumpliere las
órdenes impartidas en éste fallo, se hará acreedor a las sanciones señaladas
por los artículos 52 y 53 del decreto 2591 de 1991.
Quinto. LÍBRENSE las comunicaciones
de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese
e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado
PABLO ENRIQUE LEAL RUÍZ
Secretario General (E)
[1]  Cfr. sentencias Su-043
de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz ; Su-111 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz ; Su-039 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara ;  T-304,
T-489, T-547 y T-560 de 1998, entre muchas otras.
[2]  Artículo 44 de la Carta
Política.
[3]  Artículo 13 de la Carta
Política.