T-389-15
Sentencia T-389/15
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Procedencia
excepcional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable
La acción de
tutela no puede utilizarse para desplazar al juez ordinario de la resolución de
los procesos que por ley le corresponde tramitar, y que solo subsidiariamente,
en casos de inminente perjuicio para los derechos fundamentales, aquella puede
invocarse para pedir una protección transitoria, o una protección definitiva,
en eventos excepcionales definidos por la jurisprudencia. Cuando se invoca el
perjuicio irremediable, el actor debe acreditarlo o aportar mínimos elementos
de juicio que le permitan al juez de tutela verificar la existencia de este
elemento.
ACCION DE TUTELA-Criterios para determinar su procedencia cuando
se afectan derechos colectivos
DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS-Improcedencia general de la
acción de tutela para la protección
El orden constitucional establece de
manera diferenciada mecanismos específicos para la protección de derechos
fundamentales (la acción de tutela), y de derechos e intereses colectivos (las
acciones populares) frente a su vulneración o amenaza. No obstante, la
jurisprudencia de esta Corporación ha desarrollado unos criterios para
determinar si la acción de tutela resulta procedente, para la protección de
derechos fundamentales vulnerados en contextos de afectación colectiva. Para el
efecto, el juez constitucional debe analizar si se acredita de manera cierta y
fehaciente, que la afectación actual o inminente del derecho colectivo también
amenaza o vulnera un derecho fundamental que ha sido individualizado en la
persona que interpone la acción de tutela o a nombre de quien se encuentra
impedida para defender en forma directa sus propios intereses, cuya protección
no resulta efectiva mediante la acción popular sino que requiere la
intervención urgente e inmediata del juez de tutela.
Referencia: Expediente T-4.777.579
Demandante: Marelvie Possos Navarrete
Demandado: Ecopetrol y Nabors Drillinng International
Ltda.
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA  MARTELO.
Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil quince (2015)
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por
los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y
Gloria Stella Ortiz Delgado, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la providencia proferida por
el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías,
Meta, el siete (7) de octubre de dos mil catorce (2014), en el trámite de la
acción de amparo constitucional promovida por Marelvie Possos Navarrete contra
Ecopetrol y Nabors Drillinng International Ltda.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
El 18 de septiembre de 2014, Marelvie Possos Navarrete
impetró acción de tutela contra Ecopetrol y Nabors Drillinng International
Ltda. con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
agua y a la salud, presuntamente vulnerados por dichas entidades al no suspender
las obras de perforación en el Clúster 38, pues considera que con ellas se está
contaminando el punto de captación del Acueducto Rural La Unión-Las Camelias,
del cual es usuaria.
2.
Reseña fáctica
2.1. Manifiesta la accionante que pertenece a
la Asociación de Usuarios del Acueducto Rural La Unión-Las Camelias que surte
de agua a las veredas Santa Rosa, el Triunfo, La Primavera y San Isidro de
Chichimene del municipio de Acacías.
2.2. Indica que dicho acueducto tiene como
punto de captación del líquido el afluente ubicado en el margen izquierdo del
río Orotoy de la vereda Montebello, en el municipio de Acacías.
2.3. Sostiene que en el mes de septiembre de
2013, Ecopetrol S.A. empezó a construir el Clúster 38[1]
y que en agosto de 2014 comenzó con las actividades de perforación. Refiere que
dicha obra se está adelantando a 100 metros del punto de captación del acueducto,
situación que preocupa a la comunidad por el riesgo de que sea contaminado.
2.4. Afirma que
el 15 de noviembre de 2013, Ecopetrol S.A. realizó una reunión con la comunidad
en la que se comprometió a construir una nueva bocatoma para el acueducto con
el fin de prevenir una posible contaminación. Dicha obra se realizaría en la
vereda Montebello, sin embargo, por oposición de algunos vecinos del lugar ésta
no se construyó. En razón de lo anterior, la comunidad tuvo que buscar otro
sitio que fuera adecuado para hacerla y solicitar, nuevamente, el respectivo
permiso ante CORMACARENA el cual aún se encuentra en trámite.
2.5. Señala que
Ecopetrol S.A. insiste en iniciar las labores de perforación en la zona sin las
correspondientes medidas de precaución que eviten la contaminación del punto de
captación del acueducto, asi las cosas, una fuerte precipitación podría ocasionar
que los químicos utilizados para dicha actividad se desbordaran de los canales
perimetrales construidos y se dirigieran al punto de captación del acueducto
como quiera que éste último se encuentra unos metros más abajo del Clúster 38.
2.6. Manifiesta que
sí se llegara a contaminar el punto de captación del acueducto esto ocasionaría
la vulneración de los derechos fundamentales al agua y a la salud de toda la
población que se beneficia con dicho líquido incluyendo adultos mayores y niños.
2.7. Aduce que
aunque cuenta con otros mecanismos judiciales para la defensa de sus derechos,
estos no son lo suficientemente expeditos como para evitar la configuración de
un perjuicio irremediable.
2.8. En razón de
lo expuesto solicita al juez de tutela, como medida provisional, ordenar a
Ecopetrol S.A. y a su contratista Nabors Drillinng International Ltda.
suspender todo tipo de labor en el mencionado Clúster 38 hasta que se termine con
la construcción de una nueva bocatoma para el acueducto.
3. Oposición a la demanda de tutela
La acción de tutela objeto del presente pronunciamiento, fue tramitada
por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías,
Meta, despacho judicial que, mediante auto de veinte tres (23) de septiembre de
dos mil catorce (2014), admitió la demanda, vinculó a la Alcaldía del municipio
de Acacías, a la Secretaría de Fomento y Desarrollo de Acacías, a la
Corporación para el Desarrollo Sostenible -CORMACARENA- a la Autoridad de
Licencias Ambientales-ANLA-, a SGI INGENIEROS, a la Procuraduría Sexta
Ambiental y Agraria de Villavicencio, a la Personería del municipio de Acacías,
a la Dirección Seccional de Fiscalías, Unidad de Delitos Ambientales de la
Fiscalía General de la Nación y corrió traslado a las entidades demandadas para
efectos de ejercer su derecho a la defensa. Así mismo, cito a la señora
Marelvie Possos Navarrete para que ampliara su declaración sobre los hechos.
Por
otro lado, ofició a la Asociación de Usuarios del Acueducto Rural La Unión-Las
Camelias, de las veredas Santa Rosa, el Triunfo y La Primavera para que
allegara, entre otros documentos, su certificado de existencia y representación
legal, sus estatutos y los permisos que les ha otorgado CORMACARENA.
Por último, frente a la solicitud de suspender las labores de
perforación en el Clúster 38 como medida provisional para evitar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, el despacho consideró que no procedía decretar
dicha medida, por cuanto del relato de los hechos se advertía que las obras
civiles en el Clúster 38 comenzaron desde septiembre de 2013, y no se allegó ninguna
prueba que soportara la afirmación de la peticionaria de que se estaba
vulnerando algún derecho fundamental.
3.1.
Declaración de la señora Marelvie Possos Navarrete
“JUZGADO
SEGUNDO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACÍAS META,
septiembre veintiséis de dos mil catorce. En la fecha siendo las nueve de la
mañana, fecha y hora señalada para llevar acabo diligencia de declaración de la
antes mencionada, dentro del proceso de Acción de tutela por ella instaurada en
contra de ECOPETROL y otros, radicada bajo el número 2014-436, seguidamente la
suscrita juez, le recibió el juramento atendiendo las previsiones consagradas
en el artículo 442 del Código Penal, por cuya gravedad prometió decir la
verdad. Igualmente se le explico el contenido del artículo 33 de la
Constitución Política de Colombia. PREGUNTADO: sobre sus condiciones civiles y
personales EXPUSO: son mis nombres, apellidos, identificación y dirección tal
como quedaron escritos anteriormente, natural de Acacías, nacida el 9 de marzo
de 1976, hija de Alonso Possos y Clodomira Navarrete, de estado civil soltera.
PREGUNTADO: Aclárele al despacho por qué registró en la acción de tutela una
dirección del casco urbano de Acacías y en esta declaración ha manifestado
residir en la Vereda El Triunfo?. CONTESTO: porque mi padre tiene una casa en
el casco urbano y se colocó esa dirección en la tutela para que fuera más fácil
la entrega de la correspondencia, por eso se hizo así. PREGUNTADO: Si manifestó
que vivía en la vereda el Triunfo, con quien vive allí. CONTESTO: Vivo allí
toda la vida, con mis padres y hermanos, somos siete familiares y los
encargados de la Finca que son tres. PREGUNTADO: Se dice que es beneficiaria
del Acueducto rural la Unión, las Camelias de las Veredas de Santa Rosa, el
Triunfo y la Primavera? CONTESTO: Sí desde hace 30 años, el Acueducto se
inauguró el 4 de octubre de 1984. PREGUNTADO: De dónde tienen la captación del
líquido del Acueducto? CONTESTO: De un nacedero que hay en la vereda
Montebello, ubicado más arriba de Chichimene, son montañas que están ubicadas a
300 metros de la avenida que baja para Chichimene y San Carlos de Guaroa.
PREGUNTADO: Poseen permiso de aguas por parte de la entidad competente?
CONTESTO: Sí tenemos todos los permisos por parte de CORMACARENA, el permiso
para el uso del agua es para uso doméstico; ya existe un permiso en la nueva
concesión para uso pecuario, no sé si ya está rigiendo. PREGUNTADO: En que
consiste la obra civil Clúster 38 realizada por Ecopetrol a través de SGI
ingenieros? CONTESTO: Consiste en que ellos hacen los contrapozos que es donde
va a allegar el taladro a perforar, también las perimetrales que son unos
canales por los cuales se va a evacuar el agua lluvia y la que ellos utilizan,
esos perimetrales conducen a los esquimer (sic) que es donde llegan las aguas
perimetrales. El esquimer es una especie de tanque donde las aguas recogidas se
someten a un proceso de filtrado, para luego ser vertidas a los nacederos existentes
en la zona. PREGUNTADO: En vista de lo anotado en precedencia explique si las
aguas que se vierten del Clúster caen dentro del Acueducto? CONTESTO: Sí las
aguas son esparcidas a campo abierto y parte de ellas pueden llegar a los
nacederos, se supone que esas aguas van contaminadas porque ellos (la empresa)
trabaja con químicos. PREGUNTADO: Explique al despacho dónde se encuentra
ubicado el nacedero de donde toma el Agua el Acueducto las Camelias y donde
están ubicadas las obras civiles Clúster 38? CONTESTO: El Acueducto está
ubicado en la parte baja y las obras están ubicadas como a 80 o 100 metros de
la margen izquierda del nacedero, donde están ubicados los trabajos es más
arriba no sé si está a mayor altura, no hay loma. PREGUNTADO: Las obras civiles
ya concluyeron por parte de la empresa SGI Ingenieros? CONTESTO: Sí, ya
concluyeron, eso fue hace como siete meses, en enero de éste año. PREGUNTADO:
Explique al despacho si la firma NABORS DRILLING INTERNACIONAL LTDA ya inicio
la fase de introducción de un taladro para perforación de los pozos. CONTESTO:
Ya inició los trabajos, creo que ya van a perforar el segundo pozo. PREGUNTADO:
Explica en el escrito de tutela que hay un riesgo en el numeral cinco del
acápite de los hechos “dicha situación ha venido generando inquietud entre la
comunidad de usuarios del Acueducto, por el riesgo que implica la posible
contaminación de la fuente de agua derivado de una contingencia dentro de las
operaciones que se realicen en los trabajos de perforación por parte de
ECOPETROL” .PREGUNTADO: Explique qué quiere decir con el riesgo que implica la
posible contaminación de la fuente de agua derivado de una contingencia.
CONTESTO: Que hay un riesgo latente en la perforación que la empresa está
haciendo porque ellos trabajan con químicos nocivos para la salud que en el
momento en que estos químicos lleguen a nuestras aguas pueden contaminar el Acueducto,
ese es el riesgo latente que hay para nosotros. PREGUNTADO: Quiere decir su
afirmación anterior que el riesgo latente y la contaminación al Acueducto no ha
ocurrido. CONTESTO: En el momento uno no sabe porque no se le han hecho las
pruebas al agua, porque ha llovido y ha llegado agua sucia, suponemos que de
pronto ahí ya estamos tomando algún químico con los que ellos trabajan.
PREGUNTADO: A la fecha han realizado algún estudio de las aguas? CONTESTO: No
que yo sepa en el momento. PREGUNTADO: Como consecuencia de la reunión de 15 de
noviembre de 2013, donde se reunieron las autoridades municipales y los
representantes del Acueducto, las veredas y ECOPETROL y la firma SGI proyectos
se acordó que la bocatoma sería construida en las coordenadas N 0925765, E
1039636, por qué motivo están solicitando el cambio de bocatoma a las
coordenadas N925562 y E1040207? CONTESTO: Porque en la reunión se dijo que los propietarios
o vecinos de la finca donde se iba a construir inicialmente la bocatoma no
llegaron a un acuerdo, por eso se solicitan nuevas coordenadas para realizar la
nueva bocatoma, las coordenadas las debe autorizar CORMACARENA. PREGUNTADO: La
primera ubicación de la bocatoma tenía los permisos de CORMACARENA para
adelantar su construcción y la segunda ubicación apenas está en trámite. CONTESTO:
La primera contaba con todos los permisos para la construcción. La otra se
solicitó hace un par de meses, no habían autorizado porque CORMACARENA no había
hecho la visita. PREGUNTADO: Donde se ubica la primera y segunda bocatoma? es
en el mismo predio? y sí los propietarios son beneficiarios del Acueducto? CONTESTO:
Si están ubicadas en el mismo predio y los dueños no son beneficiarios del Acueducto.
La dueña de la finca donde se va a construir la bocatoma es la señora OFILIA, y
el permiso lo dio la señora por escrito. PREGUNTADO: Cuáles son los derechos
fundamentales que considera vulnerados. CONTESTO: El agua, que no nos toque tomar
agua contaminada. PREGUNTADO: Han entablado alguna otra acción ante otra entidad.
CONTESTO: Ninguna, partimos de la buena fe de ECOPETROL que iba a construir la
nueva bocatoma antes de iniciar los trabajos de perforación, pero ellos no
cumplieron. PREGUNTADO: Conoce usted la dirección donde pueda localizarse la
empresa SGI Ingenieros. CONTESTO: No, no tengo la dirección, pero la voy a
averiguar con los ingenieros se la doy a conocer. PREGUNTADO: con la nueva
bocatoma se solucionaría el problema de la captación de agua para el Acueducto?
CONTESTO: Sí, claro, porque se construiría más arriba de donde se están
haciendo los trabajos de perforación, así no habría riesgo de contaminación de
las aguas del nacedero. PREGUNTADO: El Acueducto tiene la posibilidad de
abastecerse de otra fuente hídrica? CONTESTO: En este momento se está
abasteciendo del río Orotoy, precisamente para evitar problemas de salud pública
porque de pronto se contamine el agua por los trabajos de perforación que ya se
están realizando por parte de la empresa NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTDA.PREGUNTADO:
Desea agregar algo más a la presente diligencia. CONTESTO: Que en este momento
lo que queremos es que se suspendan las obras de perforación mientras se
construye la nueva bocatoma que es lo que se ha pedido a ECOPETROL. No más. No
siendo otro el motivo de la presente se termina y se firma por los que en ella
intervinieron, una vez leída y aprobada.” (Subrayado fuera del texto).
3.2.
Procuraduría Sexta Judicial II Agraria y Ambiental del Meta, Vaupés y Vichada.
El Procurador Sexto Judicial II Agrario y Ambiental indica que en el
caso objeto de estudio, la entidad solo ha realizado una audiencia pública para
el estudio de la licencia ambiental del Bloque CP09, pues, en relación con la
posible afectación del Acueducto Rural “Las Camelias” por parte del Clúster 38,
ha sido la Personería Municipal de Acacías, quien ha participado de manera
preventiva y en ejercicio de su función de intervención.
Informa que la Personería Municipal de Acacías ha realizado el acompañamiento
a las inquietudes de la comunidad referentes a la posible afectación o riesgo
en el que se encuentra la bocatoma del Acueducto Rural La Unión-Las Camelias por
estar unos metros abajo del CLUSTER 38.
En razón de lo anterior, la Personería participó en una reunión con las
partes en la que se plantearon varias soluciones al problema, entre esas, el
solicitar a CORMACARENA la aprobación del cambio de coordenadas para la
construcción de una nueva bocatoma del Acueducto que financiaría Ecopetrol S.A.
De igual manera, el 26 de septiembre de 2014, se acordó entre la
Personería Municipal de Acacías y Ecopetrol S.A. realizar una visita de campo
para verificar la problemática real de la comunidad e identificar las
coordenadas para la construcción de la nueva bocatoma.
3.3. ECOPETROL S.A.
Ingrid Carolina Silva Arias, Profesional II de la Vicepresidencia Jurídica
de Ecopetrol S.A. solicita denegar por improcedente el amparo invocado, porque,
en primer lugar, la accionante carece de legitimación en la causa por activa,
pues presenta la acción en calidad de beneficiaria de la “Asociación de Usuarios
del Acueducto Rural La Unión- Las Camelias” sin ser su representante legal o demostrar
que está facultada para actuar en su nombre, en segundo lugar, porque la
afirmación de que la actividad de Ecopetrol S.A. genera impactos negativos en
la operación del mencionado Acueducto carece por completo de respaldo probatorio
y, en tercer lugar, porque las circunstancias de modo, tiempo y lugar a las que
alude la peticionaria permiten inferir que lo que se pretende con la acción es
la protección de los derechos colectivos al medio ambiente y a la salubridad pública,
para lo cual el ordenamiento jurídico ha consagrado el mecanismo de la acción
popular. Lo anterior, con base en los siguientes argumentos:
Aduce que mediante la Resolución N.° 728 de 2012 la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales-ANLA-: (i) modificó el Plan de Manejo Ambiental del
Bloque Cubarral, Campos Castilla, Chichimene, ubicado en los municipios de
Castilla La Nueva, Acacías, Guamal y Villavicencio, (ii) autorizó la
perforación de 5 pozos en el Clúster 38 y (iii) estableció que Ecopetrol S.A.
debía entregar a la ANLA los planes de manejo ambiental específicos para la
realización de las actividades autorizadas, con el objeto de que antes de que
empezara con su ejecución se implementaran las acciones necesarias para
prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que
se pudiesen causar con la intervención de dicha entidad en el área.
En cumplimiento de lo anterior, previo al inicio de las actividades de
construcción del Clúster 38 se formuló el Plan de Manejo Ambiental para los
Clúster 28, 38, 43, 47 y su infraestructura asociada, el cual se radicó ante la
ANLA, el 2 de agosto de 2013.
Refiere que el punto de captación del Acueducto Rural “La Unión-las
Camelias” es el caño San Francisco, ubicado en la vereda Montebello.
Aduce que las actividades ejecutadas en el Clúster 38, son parte de las
estrategias de desarrollo aprobadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para el Bloque Cubarral,
mediante la Resolución N.°728 de 2012 modificada por la Resolución 1137 del
mismo año.
Afirma que Ecopetrol S.A. durante el período comprendido entre el 1 de
octubre de 2013 y el 16 de abril de 2014 construyó la plataforma que soportaría
los 5 pozos petroleros previstos para el Clúster 38 a través de la empresa
Petrolabin Ltda., posteriormente, el 5 de septiembre de 2014, la empresa Nabors
Drilling Internacional Ltda, comenzó con las actividades de perforación las
cuales se prevé finalizarán en febrero de 2015.
Informa que el Clúster 38 cumple con la distancia establecida en el
artículo 3 literal i numeral 26 de la Resolución N.° 728 de 2012[2]
respecto de las áreas de no intervención, pues está ubicado a 720 metros en
línea recta de los canales de aguas lluvias que desembocan en la fuente de agua
que es afluente del caño San Francisco. A su vez, refiere que para mitigar que
los sedimentos se incorporen al afluente dichas aguas se descolan, y son
monitoreadas in situ diariamente.
Adicionalmente, señala que las actividades que desarrolla Ecopetrol
S.A. en el Clúster 38 cumplen con los requerimientos previstos en los instrumentos
de manejo y control ambiental PMA[3]
integral y PMA específico para minimizar y eliminar los posibles riesgos que se
deriven de la operación.
Por otro lado, aclara que si bien es cierto que en la preparación de los
lodos de perforación se utilizan productos químicos también lo es que estos se
mantienen en tanques cerrados y cubiertos dentro de un sistema de circulación
que permite su reutilización de manera permanente.
Refiere que el 15 de noviembre de 2013, Ecopetrol S.A. realizó una
reunión con la comunidad en la que se comprometió a construir una nueva
bocatoma para el acueducto, más arriba de la ubicación del Clúster 38, junto
con la línea de conducción alterna para que éste tomara el agua de otro
acuífero.
Sostiene que la entidad no asumió dicho compromiso porque exista un
impacto negativo para la comunidad con la perforación y producción de los pozos
del Clúster 38 sino porque de la evaluación de la condición técnica de la estructura
del Acueducto Rural La Unión-Las Camelias se advirtió que su construcción era
de tipo artesanal y por lo tanto, era necesario reconstruirlo y reubicarlo para
un mejor funcionamiento.
Por lo anterior, Ecopetrol S.A. en desarrollo de su política de buen
vecino optó por la construcción de la nueva bocatoma y brindar el apoyo a la
comunidad para obtener los permisos ambientales requeridos, así mismo, se
acordó que sería la comunidad beneficiaria del acueducto, quien gestionaría el
permiso del propietario del predio en el que se construirían las obras.
En razón de lo anterior, el 7 de mayo de 2014, el representante legal
de la Asociación de Usuarios del Acueducto Rural La Unión-Las Camelias solicitó
a CORMACARENA el permiso de concesión de aguas y ocupación del cauce requeridos
para la construcción de la nueva bocatoma, así mismo, el 22 de mayo aportó a
dicha entidad la autorización de la propietaria del predio en el que se
construiría la bocatoma. El 6 de agosto de 2014, CORMACARENA otorgó los
permisos solicitados.
Así las cosas, Ecopetrol S.A. el 13 de agosto de 2014, inició la
construcción de la nueva bocatoma para el acueducto, sin embargo, el 19 de
agosto, dichas obras fueron suspendidas porque la propietaria del bien en el
que se estaban realizando quiso que se ejecutaran 500 metros más abajo de las
coordenadas inicialmente previstas para lo cual es necesario solicitar,
nuevamente, el permiso correspondiente ante CORMACARENA, solicitud que se sabe está
en trámite.
El 5 de septiembre de 2014, se realizó una reunión entre las partes, en
la que participó la personería municipal, con el fin de encontrar una
alternativa temporal para la operación del Clúster 38, pues la comunidad se
oponía, injustificadamente, al inicio de las operaciones en el área.
En dicha reunión, a la que incluso acudió la peticionaria, la comunidad
aceptó que se iniciaran labores en el Clúster 38, luego de conocer las medidas
que implementa Ecopetrol S.A. para minimizar y eliminar los posibles riesgos
derivados de la operación. Dichas medidas se explican en un anexo adjunto que
se encuentra al final de ésta providencia.
3.4. Alcaldía del Municipio de Acacías
Roger Alexander Acero Rojas, Jefe de la Oficina Jurídica
del Municipio de Acacías, solicita al juez de tutela, desvincular a la entidad
que representa del trámite de la acción de la referencia por cuanto carece de legitimación
por pasiva, pues no es responsable de la presunta amenaza o vulneración de los
derechos fundamentales de la peticionaria.
3.5. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área
de Manejo Especial la Macarena-CORMACARENA-
Beltsy Giovanna Barrera
Murillo, Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área
de Manejo Especial la Macarena-CORMACARENA- solicitó al juez de tutela, negar
el amparo invocado por improcedente. Lo anterior, con base en los siguientes
argumentos.
Refiere que la accionante no allega prueba alguna,
siquiera sumaria, de que la fuente de agua del Acueducto Rural La Unión-Las
Camelias ha sido contaminada por los residuos de las actividades desarrolladas
en el Clúster 38, tampoco demuestra que alguna persona de la comunidad presente
problemas de salud por consumo de agua contaminada.
Así mismo, advierte que los derechos presuntamente vulnerados
son derechos colectivos, como es el goce de un ambiente sano, por consiguiente,
no es la acción de tutela el mecanismo judicial idóneo para solicitar su protección
sino la acción popular.
Finalmente, señala que el 30 de diciembre de 2011,
mediante Resolución N. PS-GJ. 1.2.6.11.2194 se otorgó en concesión de aguas
superficiales, al Acueducto Rural la Unión- Las Camelias, la fuente denominada
caño NN afluente del río Orotoy, ubicado en las veredas Santa Rosa, El Triunfo
y la Primavera del municipio de Acacías, en cantidad de 1L/seg, para el consumo
humano y doméstico.
3.6. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA-
Yolanda María Leguizamón Malagon, actuando como apoderada
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA-solicita al juez de
tutela denegar el amparo invocado por improcedente, pues la accionante cuenta
con otro medio judicial para la defensa de sus derechos como es la acción
popular, a su vez, no cumple con el presupuesto de inmediatez, ya que las obras
civiles de construcción del Clúster 38 empezaron en septiembre de 2013, sin
embargo, la peticionaria acude a la acción un año después, por último, no
demostró la existencia de un perjuicio irremediable.
Manifiesta que el 6 de septiembre de 2012, mediante
Resolución N.° 0728 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA-modificó
la Resolución N.° 1310 de 1995 por medio de la cual dispuso un plan de manejo
ambiental para la empresa CHEVRON PETROLEUM COMPANY OF COLOMBIA en
el Campo de Producción Castilla, localizado en el municipio de Castilla La
Nueva, departamento del Meta.
Sostiene que el 24 de septiembre de 2012, Ecopetrol S.A. presentó
recurso de reposición contra dicha resolución, el cual fue resuelto, el 28 de
diciembre de 2012 con la Resolución N.° 1137.
Refiere que el Clúster 38 forma parte del proyecto “Explotación
Petrolera Campos Castilla-Chichimene” cuyo operador es la empresa Ecopetrol
S.A. y para el cual se autorizó la construcción de 5 pozos.
Aduce que la Resolución N.° 728 de 2012 en su artículo segundo
establece las siguientes obligaciones para Ecopetrol S.A.: “a.
Realizar la perforación de pozos en clúster de acuerdo a las áreas autorizadas
en las cuales se instalarán
equipos y facilidades de producción como taladro, bombas, generadores, tanques
de combustible, bodega
de químicos y talleres respetando la zonificación de manejo ambiental establecida para el Proyecto. b. En la ubicación de las localizaciones dar prioridad a las zonas
definidas como de baja sensibilidad e importancia ambiental y
que se hayan declarado como área de intervención sin restricciones en la zonificación de manejo
de la actividad presentada en el Plan de Manejo Ambiental - PMA, sin perjuicio de que otros niveles de sensibilidad e
importancia indiquen que deben ser intervenidas bajo especiales consideraciones de manejo
ambiental.” (Subraya por fuera del texto)
Indica que Ecopetrol S.A. luego de establecer la ubicación
definitiva del Clúster 38, el 2 de agosto de 2013, les presentó el Plan de
Manejo Ambiental Especifico, en el cual incluyó una descripción de los aspectos
geológicos, técnicos, ecológicos y sociales de la zona, así mismo, señaló cómo
desarrollarían las actividades. En dicho documento, respecto a los usos y usuarios
del río Orotoy, informa:
“el Río Orotoy es un cuerpo lótico que atraviesa de
occidente a oriente toda el área de estudio, razón por la cual tiene una
importancia relevante dentro del sistema hidrológico de la región teniendo en
cuenta todos los servicios ambientales que se obtienen de dicho río; en el río
Orotoy actualmente no existen vertimientos resultantes de las actividades de la
estación Chichimene.
En cuanto a la identificación de fuentes de captación
en el sector correspondiente al Río Orotoy, se pudo establecer que para el
consumo doméstico la mayoría de usuarios cuenta con pozos profundos o aljibes,
mientras que para uso agroindustrial para el desarrollo de las plantaciones de
palma africana se identificaron canales de riego, donde el agua es captada del Río
Orotoy.”
Dentro de dicho informe, la empresa señaló las coordenadas
de un Acueducto veredal, que está ubicado a 10km de distancia, aproximadamente,
del área en la que está el Clúster 38.
Manifiesta que si bien es cierto que la actividad
petrolera implica riesgos, también lo es que la Autoridad de Licencias
Ambientales-ANLA-establece medidas para el manejo, compensación, mitigación
prevención, corrección y control de los impactos ambientales, que genera el
desarrollo de dicha actividad, así mismo, exige la elaboración de un plan de
contingencia para cuando se presente una emergencia.
Señala que la Autoridad de Licencias Ambientales no ejerce
ningún tipo de vigilancia o control sobre los acuerdos que suscriban las
empresas titulares de las licencias ambientales con las comunidades.
Aduce que la ANLA, en cumplimiento del Decreto 2820 de
2010, exige, dentro del trámite de una licencia ambiental para proyectos
hidrocarburíferos, que se presente un estudio de impacto ambiental con el que
se evalúa la viabilidad del mismo. En caso de otorgar la licencia se establecen
las medidas de manejo ambiental en aplicación del principio de precaución.
Informa que la Autoridad de Licencias Ambientales-ANLA- ha
generado espacios de interlocución y de seguimiento al mencionado proyecto con posterioridad
al inicio de las obras en el Clúster 38, por ejemplo, la audiencia pública
realizada el 30 de octubre de 2013 en el municipio de Acacías y la visita
conjunta con CORMACARENA con el fin de atender quejas presentadas por las
autoridades locales y la comunidad relacionadas con la ejecución de la obra,
entre otras.
3.7. Nabors Drilling International Ltda.
Alejandro Lovato, actuando como representante legal de la
sociedad Nabors Drilling International Ltda. manifiesta que la empresa fue
contratada por Ecopetrol S.A. para realizar la perforación de los pozos en el Clúster
38, así pues, para desarrollar dicha actividad recoge agua en el punto indicado
por la entidad, la transporta en carro tanques y la reparte entre los
campamentos y el taladro de perforación en el que es reutilizada a través de un
proceso cíclico, circunstancia que permite usarla indefinidamente. Refiere que
no es cierto que las actividades desarrolladas por Nabors Drilling
International Ltda. o por Ecopetrol S.A. contaminen el agua.
Sostiene que son las autoridades administrativas de
naturaleza ambiental y no el juez de tutela las encargadas de resolver el
problema jurídico planteado por la accionante, lo anterior, teniendo en cuenta
que son estas las encargadas de expedir las licencias ambientales, más aun si
se considera que en el expediente no obra prueba, siquiera sumaria, de la
supuesta afectación de los derechos fundamentales de la actora.
De conformidad con lo expuesto, solicita al juez de tutela
denegar el amparo invocado.
3.8. Personería del Municipio de Acacías
Wilson Orlando Gómez Rodríguez, Personero Municipal de Acacías,
informa que tuvo conocimiento de los hechos relatados por la accionante en una
reunión de socialización que se realizó, a principios de septiembre de 2014,
con los representantes de las doce veredas de la zona de influencia directa del
acueducto. En dicha oportunidad, el señor German Castiblanco, gerente del acueducto
expuso la situación que se venía presentando con la construcción del Clúster 38,
la posible contaminación del punto de captación del acueducto y el
incumplimiento de un acuerdo realizado con Ecopetrol S.A. sobre la construcción
de una nueva bocatoma para el acueducto.
En razón de lo anterior, la Personería del Municipio de Acacías
le solicitó a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de la
Macarena-CORMACARENA- realizar una visita al punto de captación del acueducto
con el fin de determinar si existía el riesgo de que se contaminara y en
consecuencia implementar las medidas de prevención. De igual manera se le
requirió agilizar el trámite correspondiente al cambio de las coordenadas para
la construcción de una nueva bocatoma.
Posteriormente, y ante la protesta de la comunidad por
medio de las vías de hecho se realizó una reunión con los representantes de las
veredas que hacen parte del Acueducto Rural La Unión- Las Camelias en la Personería
Municipal de Acacías, una de las soluciones que se acogieron en dicha reunión
fue la de presentar una acción de tutela para que fuera un juez de la república
quien analizará la situación.
Señala que el 29 de septiembre de 2014 se realizó una visita
de campo al sitio en el que sería construida la nueva bocatoma del acueducto
junto con los funcionarios de CORMACARENA, quienes, luego de verificar las
condiciones del lugar, se comprometieron a gestionar el nuevo permiso ante la
dependencia encargada.
4. Pruebas que obran en el expediente
Durante el trámite de la acción de tutela, las partes
allegaron, entre otras, las siguientes:
·
Copia del acta de la reunión
realizada el 15 de noviembre de 2013 entre Ecopetrol S.A. y los representantes
de las veredas El Triunfo, Santa Rosa, La Primavera, La Unión y Las Camelias
(folios 8 y 9).
·
Copia de la petición de 20 de
agosto de 2014 presentada por el representante legal de la Asociación de Usuarios
del Acueducto Rural La Unión-Las Camelias a Ecopetrol S.A. en la que solicita
que no se instale el taladro en el Clúster 38 hasta que no sea construida la
nueva bocatoma del Acueducto (folio 10)
·
Copia de las peticiones de 28 de
agosto y 8 de septiembre de 2014 presentadas por el representante legal de la
Asociación de Usuarios del Acueducto Rural La Unión-Las Camelias a CORMACARENA
en la que solicita que se agilice el trámite para el cambio de coordenadas de
la bocatoma del acueducto (folio 11).
·
Copia de la respuesta otorgada por
CORMACARENA a la petición formulada por el representante legal del Acueducto
Rural La Unión-Las Camelias, el 10 de febrero de 2014 (folio 88).
·
Copia de la Resolución N.° 1230 de
2014 proferida por CORMACARENA (folios 107 a 120).
·
Copia del acta suscrita el 5 de
septiembre entre el representante legal del Acueducto Rural La Unión-Las
Camelias, el Gerente del Proyecto Chichimene de Ecopetrol S.A. y el Personero
Municipal de Acacías, en la que los usuarios del acueducto aceptan la operación
del Clúster 38 siempre y cuando Ecopetrol S.A. contrate 3 veedores ambientales
y un obrero de patio adicional por turno de 8 horas para que realicen el
control ambiental a la bocatoma del acueducto (folio 123).
·
Copia del Plan de Manejo Ambiental
de los Clúster 28, 38, 43 y 47 presentado por Ecopetrol S.A. ante la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales-ANLA- (folios 124 a 133).
·
Copia de la respuesta dada por
Ecopetrol S.A. a la petición presentada por el representante legal de la
Asociación de Usuarios del Acueducto Rural La Unión-Las Camelias (folios 134).
·
Copia de los estatutos de la
Asociación de Usuarios del Acueducto Rural La Unión-Las Camelias (folios 177 a
185).
·
Copia del certificado de
existencia y representación legal de la Asociación de Usuarios del Acueducto
Rural La Unión-Las Camelias (folios 174 a 176)
II. DECISIÓN JUDICIAL QUE SE REVISA
Primera instancia
Mediante sentencia de 7 de octubre de
2014, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías,
Meta, denegó el amparo solicitado al considerar que en el caso objeto de
estudio no se configura un perjuicio irremediable que torne procedente la
acción como mecanismo transitorio, pues del acervo probatorio se concluye que
las afirmaciones de la peticionaria son simples conjeturas y apreciaciones sin
ningún asidero.
Refiere que, contra lo manifestado por
la accionante, el Clúster 38 está ubicado a 720 metros de distancia del punto
de captación del Acueducto Rural La Unión-Las Camelias, así mismo, que las
únicas aguas que se vierten al caño San Francisco son las aguas lluvias que se
canalizan.
Por otro lado, indicó que, de conformidad con el artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela deviene en improcedente cuando se
trata de la protección de derechos colectivos. Aunado a lo anterior, encontró
el fallador, que Ecopetrol S.A. ha dado cumplimiento al compromiso adquirido
con la comunidad, por lo que no puede predicarse la existencia de una amenaza o
vulneración de los derechos invocados.
III.
DOCUMENTOS ALLEGADOS POR LAS PARTES AL EXPEDIENTE DE LA
REFERENCIA, EN SEDE DE REVISIÓN
El 12 y 17 de junio de 2015, la
Secretaría General de la Corte Constitucional, informó al Magistrado
Sustanciador que en la recepción de esta Corporación se recibieron los
siguientes documentos: 1) Copia de las Resoluciones 1230 y 1662 de 2014
expedidas por CORMACARENA y 2) Oficio N. °2-2015-057-7522 de 12 de junio de
2015 firmado por el Gerente del Proyecto Desarrollo Chichimene de Ecopetrol S.A.
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
Es competente esta Sala de la Corte
Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela
de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241 de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto 2591 de
1991.
2. Procedibilidad de la Acción de Tutela
2.1.
Legitimación activa
El artículo 86 de la Constitución
Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial
al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de
sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por las actuaciones u omisiones de las autoridades públicas y
de los particulares, en los casos específicamente previstos por el legislador.
En consonancia con dicho mandato superior, el artículo 10° del Decreto
2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta la acción
de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, establece lo siguiente:
“La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a
través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el
Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.
En esta oportunidad, la señora
Marelvie Possos Navarrete actúa en defensa de sus derechos e intereses, razón
por la cual se encuentra legitimada.
2.2. Legitimación pasiva
Ecopetrol y Nabors Drillinng International Ltda. se encuentran legitimados como parte pasiva en el presente proceso de
tutela, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto 2591
de 1991, debido a que se les atribuye la violación de los derechos
fundamentales en discusión.
3. Problema jurídico
Con
fundamento en la reseña fáctica expuesta y las decisiones de tutela adoptadas
por los jueces de instancia, en esta oportunidad, le
corresponde a la Sala de Revisión determinar, si en el caso objeto de estudio,
la acción de tutela es procedente para suspender las obras que se adelantan
en el Clúster 38 con el fin de proteger los derechos al agua y a la salud de la
accionante.
A efecto
de resolver la cuestión planteada, previamente, la Sala de Revisión realizará
un análisis jurisprudencial sobre (i) el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y (ii) la improcedencia de la acción de
tutela para la protección de derechos colectivos.
4. El principio de subsidiariedad de la
acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia
El principio de subsidiariedad de la tutela
aparece claramente expresado en el artículo 86 de la Constitución, al
precisarse en él que: “Esta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
Respecto de dicho mandato esta Corporación
ha expresado, en innumerables pronunciamientos, que aun cuando la acción de
tutela ha sido prevista como un instrumento de defensa judicial para la
protección inmediata de los derechos fundamentales, la propia Carta Política le
reconoce a la misma un carácter subsidiario y residual, lo cual significa que
solo es procedente supletivamente, es decir, cuando no existan otros medios de
defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo éstos, se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Ha manifestado así mismo la Corte que, en
cuanto el ordenamiento jurídico cuenta con un sistema judicial de protección de
los derechos constitucionales, incluyendo, por supuesto, los que tienen la
connotación de fundamentales, la procedencia excepcional de la tutela se
justifica en razón a la necesidad de preservar el orden regular de competencias
asignadas por la ley a las distintas autoridades jurisdiccionales, buscando con
ello no solo impedir su paulatina desarticulación sino, también, garantizar el
principio de seguridad jurídica.
Ha destacado la jurisprudencia que la
protección de los derechos constitucionales no es un asunto que haya sido
reservado exclusivamente a la acción de tutela. En la medida en que la
Constitución del 91 le impone a las autoridades de la República la obligación
de proteger a todas las personas en sus derechos y libertades (C.P. art. 2°),
se debe entender que los diversos mecanismos judiciales de defensa previstos en
la ley han sido estatuidos para garantizar la vigencia de los derechos
constitucionales, incluidos los de carácter fundamental. De ahí que la propia
Carta le haya reconocido a la tutela un carácter subsidiario frente a los demás
medios de defensa judicial, los cuales se constituyen entonces en los
instrumentos preferentes a los que deben acudir las personas para lograr la
protección de sus derechos.
Sobre el punto, ha dicho la Corte:
“[L]a acción de tutela como
mecanismo de protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales debe ser entendida como un instrumento integrado al ordenamiento
jurídico, de manera que su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando dentro
de los diversos medios que aquél ofrece para la realización de los derechos, no
exista alguno que resulte idóneo para proteger instantánea y objetivamente el
que aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una conducta
positiva o negativa de una autoridad pública o de particulares en los casos
señalados por la ley, a través de una valoración que siempre se hace en
concreto, tomando en consideración las circunstancias del caso y la situación
de la persona, eventualmente afectada con la acción u omisión. No puede existir
concurrencia de medios judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria;
de ahí que se afirme que la tutela no es un medio adicional o complementario,
pues su carácter y esencia es ser único medio de protección que, al afectado en
sus derechos fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico”.[4]
Conforme con su diseño constitucional, la
tutela fue concebida como una institución procesal dirigida a garantizar “una
protección efectiva y actual, pero supletoria, de los derechos constitucionales
fundamentales”[5],
razón por la cual no puede ser utilizada como un medio judicial alternativo,
adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de
los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios
o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos dentro de estos
procesos para controvertir las decisiones que se adopten.
El carácter subsidiario de la acción de
tutela impone al interesado la obligación de desplegar todo su actuar dirigido
a poner en marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales. Tal
imperativo constitucional pone de relieve que para acudir a la acción de tutela
el peticionario debe haber actuado con diligencia en los procesos y
procedimientos ordinarios, pero también que la falta injustificada de
agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia del mecanismo
de amparo establecido en el artículo 86 Superior.
No obstante lo anterior, la jurisprudencia
constitucional ha establecido dos excepciones al principio de subsidiariedad de
la acción de tutela: (i) la primera está consignada en el propio
artículo 86 Constitucional al indicar que aun cuando existan otros medios de
defensa judicial, la tutela es procedente si con ella se pretende evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable. (ii) La segunda, prevista en el
artículo 6 el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela,
señala que también procede la acción de tutela cuando el mecanismo ordinario de
defensa no es idóneo, ni eficaz para la protección inmediata y plena de los
derechos fundamentales en juego, caso en el cual opera como mecanismo
definitivo de protección. De este modo, en las dos situaciones descritas, se ha
considerado que la tutela es el mecanismo procedente para proteger, de manera
transitoria o definitiva, los derechos fundamentales, según lo determine el
juez de acuerdo con las circunstancias que rodean el caso concreto.
En cuanto a la primera excepción, es decir,
la relativa a evitar un perjuicio irremediable, parte de la consideración de
que la persona cuenta con un medio idóneo y eficaz para la defensa de sus
derechos fundamentales, pero que, con miras a evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, la tutela se convierte en un mecanismo procedente para
brindarle la protección transitoria a sus derechos fundamentales, mientras el
juez natural resuelve el caso.
Al respecto, la jurisprudencia “ha
precisado que únicamente se considerará que un perjuicio es irremediable
cuando, de conformidad con las circunstancias del caso particular, sea: (a)
cierto e inminente –esto es, que no se deba a meras conjeturas o
especulaciones, sino a una apreciación razonable de hechos ciertos-, (b) grave,
desde el punto de vista del bien o interés jurídico que lesionaría, y de la
importancia de dicho bien o interés para el afectado, y (c) de urgente
atención, en el sentido de que sea necesaria e inaplazable su prevención o
mitigación para evitar que se consuma un daño antijurídico en forma
irreparable.”[6]
Siguiendo estos criterios, la Corte ha
conceptualizado el perjuicio irremediable en los siguientes términos:
“(…) De acuerdo con la doctrina
constitucional pertinente, un perjuicio irremediable se configura cuando el
peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que
afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto
de medidas impostergables que lo neutralicen. Sobre las características
jurídicas del perjuicio irremediable la Corte dice en su jurisprudencia lo
siguiente:
En primer lugar, el perjuicio debe
ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza
y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta,
además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir,
que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona
(moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En
tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño,
entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia
a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”. [7]
Adicionalmente, es importante indicar que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado como condición
necesaria para establecer la procedencia de la acción de tutela, que el
perjuicio irremediable se encuentre acreditado en el expediente, así sea en
forma sumaria. No obstante, la Corporación ha aclarado que el accionante puede
cumplir con esta carga, mencionando al menos los hechos que le permitan al juez
deducir la existencia de un perjuicio irremediable, en consideración a la
jerarquía de los derechos cuyo amparo se solicita mediante la acción de tutela
y a la naturaleza informal de este mecanismo de defensa judicial. Específicamente
ha dicho la Corte:
“No
obstante, aunque la prueba del perjuicio irremediable es requisito de la
procedencia de la tutela, la Corte ha sostenido que la misma no está sometida a
rigurosas formalidades. Atendiendo a la naturaleza informal y pública de la
acción de tutela, así como a la jerarquía de los derechos cuya protección se
solicita, la prueba del perjuicio irremediable puede ser inferida de las piezas
procesales. Así pues, al afectado no le basta con afirmar que su derecho
fundamental se enfrenta a un perjuicio irremediable, es indispensable que,
atendiendo a sus condiciones personales, explique en qué consiste dicho
perjuicio, señale las condiciones que lo enfrentan al mismo y aporte mínimos
elementos de juicio que le permitan al juez de tutela verificar la existencia
del elemento en cuestión”.[8]
En cuanto a la segunda excepción, es decir,
la relativa a que el medio de defensa ordinario no sea eficaz ni idóneo para la
protección de derechos fundamentales, ha dicho la Corporación que, al evaluar
el mecanismo alternativo del ordenamiento jurídico, éste “(…) tiene que ser
suficiente para que a través de él se restablezca el derecho fundamental
violado o se proteja de su amenaza, es decir, tiene que existir una relación
directa entre el medio de defensa judicial y la efectividad del derecho. Dicho
de otra manera, el medio debe ser idóneo para lograr el cometido concreto,
cierto, real, a que aspira la Constitución cuando consagra ese derecho”.[9]
Así las cosas, si el medio judicial concreto no cumple con dichas
características, y por el contrario, el derecho fundamental en juego no puede
ser restablecido, procede la solicitud de amparo constitucional como medio
definitivo de protección al bien jurídico.
En síntesis, la tutela no puede utilizarse para desplazar al juez ordinario de la
resolución de los procesos que por ley le corresponde tramitar, y que solo
subsidiariamente, en casos de inminente perjuicio para los derechos
fundamentales, aquella puede invocarse para pedir una protección transitoria, o
una protección definitiva, en eventos excepcionales definidos por la
jurisprudencia. Cuando se invoca el perjuicio irremediable, el actor debe
acreditarlo o aportar mínimos elementos de juicio que le permitan al juez de tutela
verificar la existencia de este elemento.
5. De la improcedencia de la acción de
tutela para la protección de derechos colectivos. Reiteración de jurisprudencia
La jurisprudencia de esta Corporación, ha
enfatizado en el ámbito diferenciado de protección que la Constitución adscribe
a la acción de tutela, y a las acciones populares. En este sentido, ha señalado
que el artículo 86 de la Constitución prevé la facultad de toda persona de
impetrar acción de tutela, con el fin de lograr la protección de sus derechos
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o por particulares en los
casos que prevea la ley. Por su parte, el artículo 88 del ordenamiento superior,
establece la acción popular, regulada en la Ley 472 de 1998, como el mecanismo
idóneo para la protección de los derechos e intereses colectivos.
De manera enunciativa, la mencionada
disposición (Art. 4° Ley 472/98), relaciona los derechos e intereses colectivos
susceptibles de ser protegidos mediante las acciones populares, entre los que
se encuentran los atinentes a la existencia del equilibrio ecológico, el manejo
y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, el acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública, el derecho a la seguridad y la prevención de
desastres previsibles técnicamente, así como la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos.
Ha precisado, así mismo, la jurisprudencia
constitucional, la diferencia entre los derechos fundamentales y los derechos
colectivos. La Sala Plena de la Corte definió el derecho colectivo como el “interés
que se encuentra en cabeza de un grupo de individuos, lo que excluye
motivaciones meramente subjetivas o particulares”.[10]
En el mismo sentido indicó, que “los derechos colectivos se caracterizan
porque son derechos de solidaridad, no son excluyentes, pertenecen a todos y
cada uno de los individuos y no pueden existir sin la cooperación entre la
sociedad civil, el Estado y la comunidad internacional. En este sentido los
derechos colectivos generan en su ejercicio una doble titularidad, individual y
colectiva, que trasciende el ámbito interno”[11].
Y, agregó que el interés colectivo “pertenece a todos y cada uno de los
miembros de una colectividad determinada, el cual se concreta a través de su
participación activa ante la administración de justicia, en demanda de su
protección”[12].
De otra parte, la Corporación afirmó que: “un derecho es fundamental y, por
consiguiente, puede ser protegido por vía de tutela cuando se demuestre la
afectación subjetiva o individual del demandante y, será colectivo, protegido
mediante la acción popular, cuando afecte a una comunidad general que impida
dividirlo o materializarlo en una situación particular”. [13]
De manera consistente la jurisprudencia de
la Corte Constitucional ha considerado que, en principio, la acción de tutela
no es procedente para debatir derechos colectivos, a menos que los derechos
fundamentales del demandante estén siendo vulnerados o amenazados por la
afectación del derecho colectivo. Sobre el particular esta Corporación afirmó:
“…[L]a protección de un derecho
fundamental cuya causa de afectación es generalizada o común para muchas
personas afectadas, que pueda reconocerse como un derecho colectivo, sólo es
posible cuando se demuestra la afectación individual o subjetiva del derecho.
Dicho de otro modo, la existencia de un derecho colectivo que pueda protegerse
por vía de acción popular no excluye la procedencia de la acción de tutela
cuando se prueba, de manera concreta y cierta, la afectación de un derecho
subjetivo, puesto que ‘en el proceso de tutela debe probarse la existencia de
un daño o amenaza concreta de derechos fundamentales, la acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular, que afecta tanto los derechos
colectivos como los fundamentales de una persona o grupo de personas, y un nexo
causal o vínculo, cierta e indudablemente establecido, entre uno y otro
elemento, pues de lo contrario no procede la acción de tutela”.[14]
De acuerdo con decantada jurisprudencia de
esta Corporación, cuando se pretenda solicitar el amparo de derechos
fundamentales que derivan de la violación de un derecho que, en principio,
puede ser concebido como colectivo, el juez constitucional debe ser especialmente
cuidadoso al momento de determinar si la acción procedente es la acción popular
o la acción de tutela. Así, el hecho de que se pretenda la protección de un
derecho colectivo no implica, per se, la improcedencia de la acción de
tutela, toda vez que pueden existir circunstancias que hacen necesaria la
intervención urgente e inmediata del juez de tutela.
En este orden de ideas, la jurisprudencia de
la Corte ha fijado los criterios que permiten establecer la procedencia de la
acción de tutela en tales eventos, así:
(i)   Que exista conexidad entre la vulneración del derecho colectivo y la
violación o amenaza de un derecho fundamental, de tal forma que el daño o
amenaza del mencionado derecho sea consecuencia inmediata y directa de la
perturbación del derecho colectivo.
(ii) El
demandante debe ser la persona directa o realmente afectada en su derecho
fundamental, pues la acción de tutela es de carácter subjetivo.
(iii)
La vulneración o la amenaza del derecho
fundamental debe estar plenamente acreditada.
(iv)
La orden judicial que se imparta en estos casos
debe orientarse al restablecimiento del derecho de carácter fundamental y “no
del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión
resulte protegido, igualmente un derecho de esa naturaleza”.[15]
Adicionalmente, es necesario la comprobación
de la falta de idoneidad de la acción popular en el caso concreto. En este
sentido ha dicho esta Corporación:
“Esta breve referencia muestra que
en principio la Ley 472 de 1998 es un instrumento idóneo y eficaz para
enfrentar las vulneraciones o amenazas a los derechos colectivos.(…) En tales
circunstancias, la entrada en vigor de una regulación completa y eficaz sobre
acciones populares implica que, fuera de los cuatro requisitos señalados (…)
para que la tutela proceda en caso de afectación de un derecho colectivo, es
además necesario, teniendo en cuenta el carácter subsidiario y residual de la
tutela (CP art. 86), que en el expediente aparezca claro que la acción popular
no es idónea, en concreto, para amparar específicamente el derecho fundamental
vulnerado en conexidad con el derecho colectivo, por ejemplo porque sea
necesaria una orden judicial individual en relación con el peticionario. En
efecto, en determinados casos puede suceder que la acción popular resulta
adecuada para enfrentar la afectación del derecho colectivo vulnerado, pero
ella no es suficiente para amparar el derecho fundamental que ha sido afectado
en conexidad con el interés colectivo. En tal evento, la tutela es procedente
de manera directa, por cuanto la acción popular no resulta idónea para proteger
el derecho fundamental. Pero si no existen razones para suponer que la acción
popular sea inadecuada, entonces la tutela no es procedente, salvo que el actor
recurra a ella como mecanismo transitorio, mientras la jurisdicción competente
resuelve la acción popular en curso y cuando ello resulte indispensable para la
protección de un derecho fundamental”.[16]
En conclusión, el orden constitucional
establece de manera diferenciada mecanismos específicos para la protección de
derechos fundamentales (la acción de tutela), y de derechos e intereses
colectivos (las acciones populares) frente a su vulneración o amenaza. No obstante,
la jurisprudencia de esta Corporación ha desarrollado unos criterios para
determinar si la acción de tutela resulta procedente, para la protección de
derechos fundamentales vulnerados en contextos de afectación colectiva. Para el
efecto, el juez constitucional debe analizar si se acredita de manera cierta y
fehaciente, que la afectación actual o inminente del derecho colectivo también
amenaza o vulnera un derecho fundamental que ha sido individualizado en la persona
que interpone la acción de tutela o a nombre de quien se encuentra impedida
para defender en forma directa sus propios intereses, cuya protección no
resulta efectiva mediante la acción popular sino que requiere la intervención
urgente e inmediata del juez de tutela.
Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala de Revisión
pasa al análisis del caso concreto.
6. Análisis del caso concreto
Con fundamento en la reseña fáctica expuesta y en las
pruebas que obran dentro del expediente, la Sala de Revisión encuentra
acreditados los siguientes hechos:
·
Que la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales-ANLA-mediante Resolución N.° 728 de 2012 autorizó a Ecopetrol S.A.
a perforar 33 pozos con una
profundidad aproximada de hasta 11.000 pies, en 9 Clúster, ubicados en el campo
Chichimene, dentro de los que se encuentra el Clúster 38 (folios 89 y 90).
·
Que la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena-CORMACARENA-,
mediante Resolución N.° PS-GJ 1.2.6.11.2194 de 2011, otorgó una concesión de
aguas superficiales de la fuente Caño NN afluente del río Orotoy a la
Asociación de Usuarios del Acueducto Rural La Unión-Las Camelias para el consumo
humano y doméstico. Que dicho acueducto beneficia a los residentes de las
veredas Santa Rosa, El Triunfo, La Primavera, La Unión y Las Camelias, del
municipio de Acacías (folio 187).
·       Que
Ecopetrol S.A. construyó la plataforma que soportaría los 5 pozos petroleros
previstos para el Clúster 38 entre el 1 de octubre de 2013 y el 16 de abril de
2014 a través de la empresa Petrolabin Ltda., posteriormente, el 5 de
septiembre de 2014, la empresa Nabors Drilling Internacional Ltda, comenzó con
las actividades de perforación (folios 41 y 42).
·
Que el Clúster 38 está ubicado a
540 metros de la bocatoma del Acueducto Rural La Unión-Las Camelias (folio 94).
·       Que el 15 de noviembre de 2013, Ecopetrol S.A.
se reunió con los representantes de las veredas beneficiarias del Acueducto
Rural La Unión-Las Camelias para resolver las inquietudes relacionadas con la
posible contaminación del punto de captación de dicho acueducto a causa de las
actividades desarrolladas en el Clúster 38. Ese día también se realizó una
visita de campo al área de la plataforma, a la bocatoma del acueducto y a la
planta de tratamiento del agua (folios 8 y 9).
·        Que en dicha reunión se acordó que Ecopetrol
S.A. construiría una nueva bocatoma para el Acueducto, la cual estaría ubicada
más arriba del Clúster 38, en el predio de la señora Ofir Delgado o del señor
Antonio Ahumada, por su parte, la comunidad determinaría el lugar en el que se
construiría y gestionaría los correspondientes permisos ante CORMACARENA. De
igual manera, la entidad debía contratar tres veedores ambientales que fueran usuarios
del acueducto (folios 8 y 9)
·       Que el 7 de mayo de 2014, el representante
legal de la Asociación de Usuarios del Acueducto Rural La Unión-Las Camelias,
luego de obtener la autorización por escrito de la dueña del predio en el que
se construiría la bocatoma, solicitó a CORMACARENA el permiso de ocupación del
cauce (folios 285 a 298).
·       Que el 6 de agosto de 2014, CORMACARENA,
mediante Resolución N. °1230, otorgó el permiso de ocupación de cauce sobre la
fuente hídrica caño San Francisco, en las coordenadas planas N 0925765 E
1039636, a favor de la Asociación de Usuarios del Acueducto Rural La Unión- Las
Camelias de las veredas Santa Rosa, El Triunfo y La Primavera (folios 285 a
298).
·
Que el 13 de agosto de
2014, Ecopetrol S.A. inició la construcción de la nueva bocatoma para el acueducto
y reinició las actividades en el Clúster 38, sin embargo, el 19 de agosto las
obras del acueducto fueron suspendidas porque la propietaria del bien en el que
se estaban realizando quiso que se modificaran las coordenadas previstas para
su ubicación 300 metros más abajo (folio 91).
·
Que el 28 de agosto de 2014, el
representante legal de la Asociación de Usuarios del Acueducto Rural La
Unión-Las Camelias solicitó a CORMACARENA el cambio de coordenadas del punto de
captación del Acueducto, específicamente, 300 metros más abajo. El 9 de octubre
de 2014, CORMACARENA, mediante Resolución 1662 modificó la Resolución N. °1230, y aprobó el cambio de las
coordenadas (folios 12 a 15).
·
Que el 5 de septiembre de 2014,
se realizó una reunión entre varios usuarios del Acueducto Rural La Unión- Las
Camelias, incluyendo la accionante, el Gerente del Proyecto Chichimene de
Ecopetrol S.A. y el Personero Municipal de Acacías, en la que los beneficiarios
del acueducto aceptaron la operación del Clúster 38 siempre y cuando Ecopetrol
S.A. contratará 3 veedores ambientales y un obrero de patio adicional por turno
de 8 horas para que garantizaran las condiciones ambientales de la bocatoma del
acueducto mientras se obtenían los permisos de CORMACARENA para construir la
nueva bocatoma (folio 123).
·
Que en noviembre de 2014, Ecopetrol
S.A. reinicio la construcción de la nueva bocatoma, que fue terminada en enero
de 2015. Dicha obra debía interconectarse con la bocatoma ya existente, con el
fin de que sirviera de respaldo en caso de que se presentara alguna falla
operativa en el proceso de perforación que pudiera afectar la antigua bocatoma.
Sin embargo, solo se pudo instalar el 47% de la tubería PVC que conduciría el
líquido, pues el 63% restante requiere del permiso del propietario del predio
“San Antonio”, gestión que está a cargo de la comunidad (folios 41, 42 y 43).
·
Que actualmente, el punto de
captación del Acueducto Rural La Unión-Las Camelias es el río Orotoy (folio 44)
·
Que Ecopetrol S.A. durante la
construcción del Clúster 38 implementó medidas como el manejo de residuos
líquidos, escorrentía, a su vez, durante la etapa de perforación contrató veedores
ambientales, monitoreó diariamente las aguas lluvias y el manejo de sustancias
químicas, construyó piscinas de sedimentación, implementó una bitácora
ambiental e instaló una bomba electro sumergible (folios 93 a 11).
·
Que el proceso de perforación de
los 5 pozos en el Clúster 38 terminó con éxito en el mes de febrero de 2015,
sin que se presentara ningún percance que pudiera afectar el medio ambiente (folios
41,42 y 43).
En el caso objeto de estudio, se
advierte que la señora Marelvie Possos Navarrete acude a la acción de tutela
con el fin de que se suspendan las obras de perforación que se adelantan
en el Clúster 38, porque, a su juicio, constituyen una amenaza para los
derechos al agua y a la salud de todos los que se benefician con el Acueducto
Rural La Unión-Las Camelias. En ese orden de ideas, corresponde a la Sala de
Revisión determinar si la acción de tutela es procedente para solicitar el
amparo invocado.
La Constitución Política en su artículo 86 establece que la acción de
tutela es un mecanismo judicial, preferente y sumario, diseñado para la
protección de los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que
éstos se amenacen o vulneren por la acción u omisión de las autoridades
públicas, o excepcionalmente de los particulares. Este medio judicial se
caracteriza por ser subsidiario y residual, lo que significa que, frente a un
caso concreto, procederá como medio de protección de los derechos
fundamentales, siempre que no exista un mecanismo de defensa judicial, o que
existiendo, no sea eficaz o idóneo para obtener el amparo solicitado. De igual
manera, saldrá avante si se promueve como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable[17].
Así las cosas, se advierte que la petición de la
accionante está encaminada a lograr la protección de los derechos colectivos de
la comunidad que reside en las veredas Santa Rosa, El Triunfo y La Primavera
del municipio de Acacías, pues son los presuntamente perjudicados con la
supuesta contaminación del punto de captación del acueducto. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que, en
principio, la acción de tutela no es procedente para debatir derechos
colectivos, a menos que los derechos fundamentales del demandante, o, si es el
caso los de un agenciado, estén siendo vulnerados o amenazados por la
afectación del derecho colectivo.
Cabe señalar, que la Constitución
Política, en su artículo 88, prevé “la ley
regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la
salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia
económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella”. De conformidad con lo anterior, el legislador
expidió la Ley 472 de 1998 por medio de la cual reguló el artículo 88
constitucional en relación con el ejercicio de las acciones populares y de
grupo.
Así
pues, el hecho de que exista en el ordenamiento jurídico un mecanismo judicial
específico para solicitar la protección de los derechos e intereses colectivos
implica que, en principio, se torne improcedente la acción de tutela de la
referencia, pues el carácter residual o supletorio de dicha acción obedece concretamente a la necesidad de preservar las competencias
atribuidas por la ley a las diferentes autoridades judiciales a partir de los
procedimientos ordinarios o especiales, lo cual tiene apoyo en los principios
constitucionales de independencia y autonomía de la actividad judicial.-
En ese orden de ideas, la acción de amparo solo podrá convertirse en un
mecanismo alternativo y sustitutivo de los diversos procedimientos judiciales,
cuando se advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable, que requiera de
la adopción de medidas inmediatas para restablecer los derechos vulnerados o
amenazados[18].
Tal y como atrás se reseñó, la estructura del perjuicio
irremediable está determinada por el cumplimiento concurrente de varios
elementos como son: la inminencia que exige medidas inmediatas, la urgencia
que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente y la gravedad
de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como
mecanismo necesario para la protección efectiva e inmediata de los derechos
fundamentales.
Ahora bien, el hecho de
que se pretenda la protección de un derecho colectivo no implica, per se,
la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que pueden existir
circunstancias que hacen necesaria la intervención urgente e inmediata del juez
de tutela, eventos en los cuales se debe verificar:
(i)   Que exista conexidad entre la vulneración del derecho colectivo y la
violación o amenaza de un derecho fundamental, de tal forma que el daño o
amenaza del mencionado derecho sea consecuencia inmediata y directa de la
perturbación del derecho colectivo.
(ii) El
demandante debe ser la persona directa o realmente afectada en su derecho
fundamental, pues la acción de tutela es de carácter subjetivo.
(iii)
La vulneración o la amenaza del derecho
fundamental debe estar plenamente acreditada.
(iv)
La orden judicial que se imparta en estos casos
debe orientarse al restablecimiento del derecho de carácter fundamental y “no
del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión
resulte protegido, igualmente un derecho de esa naturaleza”.
Advierte la Sala que en el caso objeto de estudio no se probó que las
obras adelantadas en el Clúster 38 vulneren, en términos de configurar un
perjuicio irremediable, el derecho al agua o a la salud de la accionante. De
igual manera, no se allegó alguna prueba en específico que permita validar el
ejercicio de la acción de amparo bajo la modalidad de mecanismo transitorio en
los términos ya reseñados.
Cabe
señalar que, según el informe rendido por Ecopetrol S.A. las obras de
perforación en el Clúster 38 terminaron en febrero de 2015, sin que se
presentara ningún percance que pudiera afectar el medio ambiente, así mismo,
advierte la peticionaria, en el escrito de tutela, que el punto de captación
del Acueducto Rural La Unión- Las Camelias es, provisionalmente, el río Orotoy
hasta que se termine la construcción de la nueva bocatoma.
De
igual manera, observa la Sala que Ecopetrol S.A. ha cumplido con los
compromisos adquiridos con la comunidad, pues construyó la nueva bocatoma del
acueducto e implemento los veedores ambientales y que el obstáculo que se
presenta para terminar de instalar la tubería PVC es atribuible a la comunidad.
De conformidad con lo expuesto, la Sala de Revisión concluye que para
el caso concreto, la acción de tutela resulta improcedente, pues, no cumple con
el requisito de subsidiariedad, en consecuencia, confirmará el fallo proferido
por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías,
Meta, el 7 de octubre de 2014, dentro del expediente T-4.777.579.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta
providencia, el fallo judicial proferido por el Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, Meta, el 7 de
octubre de 2014, dentro del expediente T-4.777.579.
SEGUNDO: LÍBRESE por Secretaría General la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con salvamento de voto
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
DE MONCALEANO
Secretaria General
ANEXO I
“Medidas implementadas por Ecopetrol S.A. para la
ejecución de actividades en el Clúster 38
1. Medidas implementadas en la etapa de
construcción
Para el cumplimiento de las
medidas de manejo ambiental establecidas por la Autoridad Ambiental, el PMA
especifico del Clúster 38 numeral 1.2.12, contiene la descripción de las obras
para el manejo de aguas aceitosas, aguas lluvias, y las estructuras de
superficie tales como skimmer metálico y desarenador metálico.
Así mismo, en el numeral 1.4.1.2.
del capítulo 1 del PMA especifico se incluye el plano en planta de la
plataforma del Clúster 38 con el respectivo plano de Diseño de las facilidades
en superficie (documento GEC-ON-2511-DP-30-0002_1), en el cual se pueden
observar las estructuras que componen dicha locación.
Es de anotar que la localización
del clúster 38, a su vez cumple con la zonificación de manejo ambiental
aprobada mediante el Artículo Tercero de la Resolución 728 de 2012.
La figura 1 presenta la ubicación
del clúster 38 respecto a la zonificación de manejo y la ubicación de la
bocatoma del Acueducto las Camelias respecto al clúster.
Figura 1. Localización del clúster 38 y la bocatoma
del Acueducto Las Camelias respecto a la zonificación de manejo ambiental
aprobada en la resolución 728 de 2012.
De otra parte, en la figura 2 se muestra el plano de
la infraestructura que compone el Clúster 38:
En esta figura se evidencian las
facilidades construidas para la minimización de los impactos ambientales en la
construcción de la localización del Clúster 38.
Así mismo, se anexa el plano de
Diseño de las Facilidades en Superficie (documento GEC-ON-2511-DP-30-0002_1)
muestra las distancias de la localización del Clúster 38 a la bocatoma, en la
cual se prueba que la plataforma se encuentra a 540 metros de lindero más
cercano y 720 metros en línea recta del borde más próximo de las canales de
aguas lluvias de la localización y a más de un Kilómetro en el recorrido del
afluente antes de ingresar a la bocatoma de la referencia.
De lo anterior se concluye que la
bocatoma del Acueducto Rural La Unión Las Camelias se encuentra a una distancia
muy superior a los 100 metros enunciados por la Accionante.
Adicional a lo expuesto, en la
construcción de la localización del Clúster 38, se ejecutaron las siguientes
actividades para el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental:
1.1. Manejo de residuos
líquidos
Las facilidades para las
actividades de explotación de los pozos en el campo Chichimene y sus
instalaciones de apoyo cuentan con cunetas perimetrales que están conectadas a
un separador agua-aceite (skimmer), además las superficies donde se ubiquen las
facilidades serán impermeabilizadas, para evitar la posible contaminación del
suelo por fugas eventuales de agua aceitosa. También cuenta con cunetas
perimetrales para la recolección de las aguas lluvia, las cuales se dirigirán a
un desarenador, para posteriormente ser vertidas al medio.
Es de resaltar que las cunetas
perimetrales de aguas lluvias no tienen conexión alguna con las piscinas ni con
las cunetas de aguas aceitosas.
1.2. Manejo de escorrentía
Este sistema está compuesto por un
conjunto de cunetas perimetrales y cajas de transferencia con desarenadores y
trampas de grasas diseñados para manejo de aguas en la locación de pozo. Este
sistema está habilitado para descargar las aguas lluvias limpias al terreno
natural de acuerdo con las pendientes y tendencia de escorrentía original del
área.
En este sentido, el agua lluvia
recolectada en la locación pasa por un desarenador-skimmer (trampa de grasas),
el cual garantizará la remoción de sedimentos y aceites, e impedirá una
eventual afectación de los suelos y drenajes naturales.
1.3. Manejo de la escorrentía
en las áreas operativas (del taladro)
Las aguas residuales industriales
provenientes del taladro, serán transportadas por medio de cárcamos o cunetas
de secciones triangulares o trapezoidales, hasta una caja recolectora de aguas
aceitosas, para integrarse al sistema de tratamiento de aguas industriales que
se implementaran durante la perforación de los pozos.
Tal como se muestra en los
diseños, las estructuras tanto de cunetas aceitosas como cunetas de aguas
lluvias se encuentran separadas, y su disposición final es diferente de acuerdo
a lo establecido en las medidas de control ambiental.
A continuación se evidencia
mediante registro fotográfico las actividades realizadas para el cumplimiento
de estas actividades:
De lo anterior se concluye que las
facilidades construidas permiten que las operaciones de perforación se realicen
dentro de un sistema de canales cerrado al realizar la contención de los
fluidos en la localización.
2. Medidas implementadas durante la perforación
Ecopetrol S.A. atendiendo a su
responsabilidad ambiental y en el ejercicio de las mejores prácticas de la
industria de los hidrocarburos, ha implementado durante la etapa de perforación
medidas ambientales adicionales con el fin de minimizar los posibles riesgos
inherentes a la perforación, los cuales pueden conllevar a una contingencia
ambiental. En este sentido, a la fecha se tienen 21 días de perforación del
pozo Chichimene 98 ubicado en el Clúster 38 período en el cual se han aplicado
todos los procedimientos de operación seguros y se han incorporado las medidas
adicionales ofrecidas en el Acta de 15 de noviembre, como mecanismo adicional
para brindar tranquilidad a la comunidad beneficiaria del Acueducto de las
Camelias, tal como se relata a continuación:
2.1. Contratación de veedores ambientales
El contratista que ejecuta las
actividades de perforación (Nabors Drilling International Ltda.) atendiendo la
solicitud realizada por la Comunidad del área contrato a 3 veedoras ambientales
de la Vereda Montebello y actualmente está en proceso de contratación de 3
veedoras ambientales más del área de influencia del Acueducto Rural Las
Camelias. Tal vinculación tiene por objeto la dedicación exclusiva de éste
personal al aseguramiento ambiental de las operaciones.
Adicionalmente, en la reunión del
5 de septiembre liderada por la personería Municipal de Acacías se adquirió el
compromiso de incrementar en 1 obrero de patio por cada turno de 8 horas (3
personas al día), a fin que éste se dedique principalmente a las labores de
limpieza de las canales perimetrales y de aguas aceitosas, a la limpieza de
skimmers y en general de todas aquellas actividades de aseo y limpieza en la
localización que aseguren los protocolos de manejo de aguas y residuos en la
localización.
El registro fotográfico tomado el
día 25 de septiembre permite evidenciar que las canales perimetrales permanecen
limpias y secas, eliminando riesgos de agua estancada o de mala calidad.
2.2. Monitoreos diarios a las aguas lluvias
En cumplimiento de las medidas de
manejo ambiental se realiza diariamente mediciones in situ de los parámetros
Ph, Conductividad, Turbiedad y Color Real del agua de entrada y de salida de
los filtros desarenadores que recogen las aguas lluvia de las canales
perimetrales del Clúster, con el fin de monitorear la calidad de estas aguas y
que las mismas no tengan ninguna afectación por parte de las actividades de
perforación. Estos monitoreos se realizan en compañía de la señora María
Rodríguez, habitante del área y Veedora Ambiental, dejando constancia de su
realización y resultados mediante acta.
Se anexan como prueba las actas de
monitoreo del Pozo Chichimene 98, primero de los perforados en el Clúster 38,
correspondientes al período del 8 al 25 de septiembre de 2014, cuyos resultados
ratifican que las actividades de perforación no inciden en la calidad del agua
lluvia que por escorrentía se dirige al medio.
2.3. Manejo de sustancias químicas
Entre las medidas de contingencia y
control implementadas se encuentra la construcción de la caseta de Químicos, la
cual permite cubrir el 100% de la placa de almacenamiento de Químicos de la
localización, evitando que las lluvias entren en contacto con los productos,
asegurando así una mayor seguridad que solo el uso de carpas.
2.4. Piscinas de sedimentación
Se construyeron las 2 piscinas de
sedimentación en cumplimiento del compromiso adquirido con la comunidad en la
reunión efectuada el 15 de noviembre de 2013. Adicionalmente a la segunda
piscina se le incorporaron 3 módulos de filtros de grava, que permiten la
remoción del material particulado y en suspensión de las aguas, asegurando que
el descole de las aguas lluvias, este libre de sedimentos.
En estas imágenes se pueden apreciar las 2 piscinas,
una contigua a la otra, asi como la disposición de los módulos de
sedimentación.
2.5. Instalación de bomba Electro-sumergible
Se instaló una bomba
electrosumergible con sus correspondientes líneas como medida de contingencia
adicional, en el caso remoto de un evento de contaminación ocasionado por la
operación. Esta medida ha permitido incluso bajar el nivel de las piscinas de
sedimentación para su mantenimiento y reducir la escorrentía de agua hacia el
descole natural del predio.
En las imágenes siguientes se
puede apreciar el diseño de los módulos, asi como la instalación de la bomba.
2.6. Implementación de una bitácora ambiental
Por último y no menos importante,
se adoptó como medida de seguimiento y control la utilización de la Bitácora
ambiental, documento que puede ser solicitado por la comunidad o por las
autoridades cuando lo consideren pertinente, en el cual, las veedoras
ambientales, al finalizar cada uno de sus turnos, reportan todos los aspectos,
tanto positivos como negativos de la operación, a fin de dejar constancia de su
manejo e implementación de las medidas correctivas pertinentes.”
ESTADO ACTUAL DE LA BOCATOMA
DEL ACUEDUCTO RURAL LAS CAMELIAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Imagen 1. Estado Actual de la bocatoma
Imagen 2. Estado Actual de la bocatoma
Imagen 3. Estado Actual de la bocatoma
Imagen 4. Estado Actual de la bocatoma
Imagen 5. Estado Actual de la bocatoma
ANEXO II
Oficio N. °2-2015-057-7522 de 12 de
junio de 2015 firmado por el Gerente del Proyecto Desarrollo Chichimene de
Ecopetrol.
SALVAMENTO DE
VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA
T-389/15
JUEZ DE TUTELA Y PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD EN MATERIA PROBATORIA-Necesidad de estudio exhaustivo ante falta de evidencia que permita
entender el caso (Salvamento de voto)
MEDIO AMBIENTE SANO-Protección constitucional
e internacional (Salvamento de voto)
NATURALEZA-Valor intrínseco e interacción del
ser humano con ella (Salvamento de voto)
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE-Jurisprudencia
constitucional (Salvamento de voto)
Ref: Expediente
T-4777579
Accionante: Marelvie Posos Navarrette
Accionados:
Ecopetrol
y Nabors Drillinng International Ltda.
Magistrado
Ponente:
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Con el
acostumbrado respeto por las decisiones que adopta esta Corporación, presento
los argumentos que me llevan a SALVAR EL VOTO en el asunto de
la referencia.
1. En esta
oportunidad, la Sala Cuarta de Revisión estudió la sentencia proferida por el
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias, Meta,
en la acción de tutela instaurada por Marelvie Possos Navarrete contra
Ecopetrol S.A y Nabors Drillinng International Ltda.
La accionante
señaló que el agua del punto de captación del Acueducto Rural La Unión-Las
Camelias que provee del recurso hídrico a las veredas Santa Rosa, el Triunfo,
La Primavera y San Isidro de Chichimene del municipio de Acacias, podría verse
afectada (si ya no lo estaba) por los residuos producto de la extracción de
petróleo realizada por Ecopetrol S.A en la construcción del Clúster 38[19].
Aseguró que
Ecopetrol S.A pretendía iniciar labores de explotación del hidrocarburo sin las
medidas pertinentes para evitar la contaminación del punto de abastecimiento
del acueducto. Así las cosas, aseguró, una fuerte precipitación podría haber
ocasionado que residuos químicos se desbordaran de los canales construidos por
la empresa y se dirigieran a la bocatoma ubicada a unos metros más abajo del
Clúster 38.
En contestación
de la acción de tutela, Ecopetrol S.A adjuntó planos y demás pruebas con las
cuales pretendió demostrar que el Clúster 38 cumplía con la normatividad
vigente establecida por la autoridad ambiental. Señaló asimismo que la
instalación para la explotación de petróleo se encontraba ubicada a 10
kilómetros de distancia, y que había adoptado todas las medidas prudenciales
para evitar una posible contaminación del suelo y aguas lluvias, tales como:
(i) proyectos para la existencia de veedores ambientales en la zona; (ii)
monitoreos diarios a las aguas de escorrentía generadas en el terreno por las
ocasionales precipitaciones; (iii) el compromiso de construir una nueva
bocatoma -punto de captación del agua por parte del acueducto- en un lugar más
lejano de aquel donde se realizó la extracción del crudo, entre otras.
La Sala analizó
como problema jurídico si Ecopetrol S.A y Nabors Drilling International Ltda.,
al continuar con las perforaciones en el Clúster 38, estaban contaminando el
agua que abastece al Acueducto Rural la Unión-Las Camelias, vulnerando los
derechos fundamentales a la salud, al agua y al medio ambiente sano de la
comunidad que habitaba las veredas Santa Rosa, el Triunfo, La Primavera y San
Isidro de Chichimene del municipio de Acacias.
Concluyó que la
acción de tutela era improcedente por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, toda vez que no se advirtió la ocurrencia de un perjuicio
irremediable', es decir, una condición que demandara "la adopción
de medidas inmediatas para restablecer los derechos vulnerados o amenazados
"[20].
Sobre este
aspecto, se argumentó que no se encontraron pruebas que dieran cuenta de la
necesidad de decretar medidas urgentes, inminentes e impostergables por parte
del juez de tutela. Por el contrario, según se expone, se analizaron los
aportes realizados por Ecopetrol S.A donde se pretendía demostrar el
cumplimiento de compromisos adquiridos con la comunidad para evitar los riesgos
de contaminación que podrían haberse derivado del Clúster 38.
2. Los motivos
por los cuales disiento de la decisión que adoptó la mayoría de la Sala radican
en que los argumentos previamente reseñados no permiten solucionar la
problemática sobre si Ecopetrol y Nabors Drillinng afectaron el punto de
captación de la fuente hídrica del Acueducto Rural La Unión-Las Camelias al
instalar el Clúster. Lo anterior, por cuanto la Sala no generó un debate
jurídico sobre los hechos expuestos por cada una de las partes, sino que aceptó
los presentados solo por una de ellas, esto es, por Ecopetrol, que tenía
mejores condiciones y posibilidades de desplegar la carga probatoria.
En reiteradas
ocasiones, esta Corporación ha resaltado la necesidad de decretar pruebas y de
hacer un estudio más exhaustivo cuando no exista evidencia que permita entender
lo sucedido en el caso. Al respecto, ha considerado que "el
funcionario deberá decretar pruebas oficiosamente siempre que, a partir de los
hechos narrados por las partes y los medios de prueba que estas pretendan hacer
valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de
controversia"[21]. Esta facultad ha
sido además objeto de pronunciamientos de organizaciones internacionales, como
lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la ha denominado como
la "prueba para mejor resolver”[22]; es decir, la
potestad para decretar pruebas de oficio, testimonios u opiniones
especializadas, requerir documentos en poder de las partes o solicitar
dictámenes de órganos especializados para esclarecer lo acontecido.
Conforme con tal
línea de orientación, en el caso que nos ocupa se debió hacer un estudio de
fondo sobre la problemática puesta en conocimiento por la accionante, que
incluyera el decreto y práctica de pruebas técnicas (pertinentes, conducentes y
relevantes) por parte de esta Corporación, que dieran lugar a una visión más
amplia sobre el asunto planteado, constatando y motivando la decisión de si
efectivamente se presentó o no un percance que atentara contra el derecho al
medio ambiente y a la salud de las personas que utilizan el agua captada por el
Acueducto Rural de Unión-Las camelias (incluyendo adultos mayores y niños).
Bajo ese
entendido, estimo que debieron decretarse pruebas adicionales que dieran lugar
a mayores elementos de juicio, consiguiendo así, dimensionar la existencia o no
de un riesgo latente para la fuente hídrica de la zona y permitiendo que la
Corte evidenciara un panorama diferente al que intentó mostrar la empresa
demandada, verbigracia: (i) estudiar todos los monitoreos diarios a las aguas
lluvias realizados por Ecopetrol S.A y no considerar únicamente los informes
adjuntados por la empresa accionada; (ii) ordenar a tercero imparcial -como
CORMACARENA[23]- la elaboración de un estudio
detallado, rastreando los residuos producidos y la toxicidad de estos; (iii)
decretar un peritaje que determinara si la ubicación del Clúster 38 estaba en
el área de influencia de la Cuenca que abastece al Acueducto Rural las
Unión-Las Camelias, entre otros.
3. Por otro lado
y entrando al fondo del asunto, considero que para abordar el caso concreto era
necesario acudir a algunas consideraciones sobre el derecho al medio ambiente
sano desde los diferentes enfoques adoptados por esta Corporación.
La jurisprudencia
de la Corte Constitucional ha insistido en que la Carta de 1991 estableció
nuevos parámetros en la relación persona-naturaleza, al conceder una
importancia esencial al medio ambiente en orden a su conservación y protección,
lo cual ha llevado a denominarla como una "Constitución
ecológica o verde"[24]. Así lo demuestran
numerosas providencias que dan cuenta del carácter de "interés
superior"[25] que este derecho
tiene, reconocimiento que adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que
Colombia ha sido considerado por la comunidad internacional como un país "megabiodiverso";
es
decir, como un Estado con "fuentes de riquezas naturales
invaluables, sin par en el resto del planeta, que amerita, bajo una
corresponsabilidad universal, una protección especial para el bienestar de la
humanidad"[26].
Bajo esa línea
argumentativa, es preciso señalar que la Corte ha desarrollado diferentes
perspectivas para garantizar la protección al derecho fundamental y colectivo
al medio ambiente, que se concretan en las visiones antropocéntricas,
biocéntricas y ecocéntricas. Esta última, adoptada en la Carta Mundial de la
Naturaleza de 1982, se refiere a que "toda forma de vida es única y
merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad para el hombre, y con el
fin de reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco " (preámbulo)
"[27].
Lo anterior
significa, según lo ha manifestado esta Corporación, que "en la
actualidad, la naturaleza no se concibe únicamente como el ambiente y entorno
de los seres humanos, sino también como un sujeto con
derechos propios, que, como tal, deben ser protegidos y garantizados”[28] postura que,
principalmente, ha encontrado justificación en los saberes ancestrales en orden
al principio de diversidad étnica y cultural de la Nación. El medio ambiente,
al ser el "conjunto de componentes físicos, químicos,
biológicos y sociales capaces de causar efectos directos e indirectos, en un
plazo corto o largo, sobre los seres vivos"[29],
tiene
relevancia en sí mismo; es decir, que la razón por la cual debe establecerse
una protección normativa no son solamente los múltiples beneficios obtenidos
del entorno ecológico para el hombre, sino el valor esencial que este tiene per se.
Bajo este
entendido, considero que en el caso en concreto se debió estudiar la necesidad
imperante de proteger la fuente hídrica del Acueducto Rural La Unión- Camelias
que surte agua a las veredas Santa Rosa, el Triunfo, La Primavera y San Isidro
de Chichimene del municipio de Acacias, Meta, no solo por la posible efecto
negativo que iba a tener en los alimentos de la comunidad, la supervivencia de
los cultivos, el uso doméstico del agua y demás servicios que obtenía la
comunidad del zona, sino también por el valor inherente que tiene el entorno
ecológico.
4. En conclusión,
estimo que debieron existir mayores elementos de juico para analizar si se
estaba contaminando o no la bocatoma del Acueducto Rural La Unión- Las Camelias
que surte agua a las veredas Santa Rosa, el Triunfo, La Primavera y San Isidro
de Chichimene del municipio de Acacías.
Con ese criterio,
evidenciar un panorama diferente al que mostró la empresa demandada y en caso
de encontrar dudas razonables, haber tomado medidas provisionales que mitigaran
el riesgo, teniendo en cuenta además que el medio ambiente es un interés
superior, no solo por los beneficios que le genera a la humanidad, sino el
valor que tiene intrínsecamente.
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
[1] El Clúster 38 forma
parte de la estrategia implementada por Ecopetrol para “Incrementar la
producción de crudo en los Campos Castilla - Chichimene, con el desarrollo
de nueva infraestructura petrolera y la ejecución de estrategias de desarrollo
que contemplan la ampliación y construcción de facilidades de producción, la
perforación de nuevos pozos y las facilidades de manejo y disposición de
residuos.” Resolución 728de 2012 proferida por la ANLA.
[2] ARTÍCULO TERCERO.- Modificar la Resolución
1310 del 3 de noviembre de 1995 en el sentido de establecer para el proyecto: Campos Castilla y
Chichimene, la siguiente Zonificación de Manejo Ambiental, la cual deberá regir
de ahora en adelante, para el desarrollo de las actividades del Proyecto: i.
Áreas de no intervención (exclusión). Corresponden a áreas que ofrecen una muy
alta sensibilidad ambiental y/o social, que no pueden ser intervenidas por las
actividades del proyecto. En esta categoría se encuentran: 26.Aljibes, pozos
profundos, áreas de bocatomas, Acueductos, jagüeyes, molinos, infraestructura
de suministro hídrico e instalaciones de funcionamiento de las fincas y haciendas,
con una ronda de protección de 100 m.
[3] Plan de Manejo Ambiental.
[4] T-451
de 2010.
[5] T-608
de 2008.
[6] T-494
de 2010.
[7] T-451
de 2010.
[8] T-590
de 2013.
[9] T-003
de 1992.
[10] C-215
de 1999.
[11] C-377
de 2002.
[12] T-659
de 2007.
[13] Íbidem.
[14] T-517
de 2011.
[15] Ibídem.
[16] T-661
de 2012.
[17]
T-355 de 2011 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[18] Corte
Constitucional, Sentencia T-1034 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[19] Resolución 728 de 2012 proferida por la
ANLA. Por la cual se modifica un plan de manejo ambiental y se toman otras
determinaciones. La construcción del Clúster es una estrategia implementada por
ECOPETROL S.A para incrementar la producción con el desarrollo de nueva
infraestructura petrolera que implica la "ampliación y construcción de
facilidades de producción, la perforación de nuevos pozos y las facilidades de
manejo y disposición de residuos".
[20] Sentencia T-355 de
2011.
[21] Sentencia T-264 de 2009
[22].Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Caso
radilla pacheco vs Estados Unidos Mexicanos. Sentencia de 23 de noviembre de
2009.
[23] Corporación el Desarrollo Sostenible del
Área de manejo Especial La Macarena -CORMACARENA-.
[24] Sentencia C449 de 2015.
[25] Sentencias C-595 de 2010, T-608 de 2011,
C-632 de 2011, T-154 de 2013 y C499 de 2015.
[26] Sentencia
C-632 de 2011 y C-595 de 2010
[27] Sentencia C449 de 2015.
[28] Ibíd
[29] Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente. Estocolmo 1972.