T-319-15
Sentencia T-319/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de
jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL COMO CAUSAL
ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES
Cuando
una decisión judicial desconoce un precedente jurisprudencial emanado de una
Sala de Revisión de la Corte Constitucional, se está igualmente desconociendo
la interpretación que la misma Corte ha hecho de un precepto constitucional,
motivo por el cual, ello es razón suficiente para interponer la correspondiente
acción de tutela.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Formas en que puede
ser desconocida la jurisprudencia
El
precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se aplican
disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de
control de constitucionalidad, (ii) se contraría
la ratio decidendi de sentencias
de control de constitucionalidad, especialmente, la interpretación de un
precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto
superior, o (iii) se desconoce
la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce
el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a
través de la ratio decidendi de sus
sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela.
IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DERECHO A LA PENSION
Ha sido reiterada la posición
jurisprudencial de esta Corporación en torno a la imprescriptibilidad del
derecho a la pensión. Los fundamentos sólidos sobre los cuales se soporta dicha
posición jurisprudencial parten del carácter irrenunciable del derecho a la
seguridad social regulado en el artículo 48 de la Constitución, y conforme al
principio de solidaridad, a la especial protección que debe el Estado a las
personas de tercera edad, así como al principio de vida digna, lo que ha
permitido establecer una línea jurisprudencial en torno a que el paso del
tiempo no extingue el derecho a la pensión.
PRESCRIPTIBILIDAD
DE LOS INCREMENTOS PENSIONALES-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de
Justicia ha sido consistente en su posición jurisprudencial en el tema puntual
de la prescriptibilidad de los incrementos pensionales contemplados en el
artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990.
DERECHO A LA
RELIQUIDACION DE PENSION-Es imprescriptible
Conforme a la
jurisprudencia constitucional, el derecho a reclamar los ajustes, aumentos y/o
reliquidación de la pensión están estrechamente vinculados con el derecho a la
pensión en sí misma, por lo tanto también es imprescriptible. Además, se ha
determinado que resulta desproporcionado que los afectados con una incorrecta
liquidación no puedan reclamar su derecho en cualquier tiempo.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
por desconocimiento del precedente de esta Corporación respecto a la
imprescriptibilidad del derecho a la pensión
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
por violación directa de la Constitución por cuanto Tribunal contravino los
principios rectores que dominan el derecho al trabajo y que se encuentran
contenidos en el artículo 53 Superior
DERECHO A
LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD Y AL DEBIDO PROCESO-Orden a Colpensiones reconocer incremento pensional sin importar el
momento en que el mismo se solicitó
Referencia: expedientes T-4.694.879,             T-4.710.457
y T-4.714.467 acumulados
Acciones de tutela instauradas por Orlando Medina García, contra el Juzgado
Quinto Laboral del Circuito de Cartagena y la Sala Laboral del
Tribunal Superior de esa misma ciudad (T-4.790.704); Ana Josefa
Bustamante Echavarría contra el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales
de Santa Marta (T-4.795.940), y Cristóbal Fausto Chaparro Reza contra el
Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla y
COLPENSIONES (T-4.714.467).
Procedencia: Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta y Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Barranquilla.
Asunto: Prescripción de la acción para reclamar la reliquidación de la
pensión.
Magistrada Ponente:
GLORIA
STELLA ORTÍZ DELGADO
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil quince (2015).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por
los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Gloria
Stella Ortiz Delgado, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos
proferidos: (i) en primera instancia, por la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia del 24 de septiembre de 2014 y, en segunda
instancia por la Sala de Casación Penal de la misma corporación, del 13 de
noviembre de 2014, en el trámite de la acción de tutela instaurada por Orlando
García Medina contra el Juzgado Quinto Laboral
del Circuito de Cartagena y la
Sala Laboral del Tribunal Superior de esa misma ciudad (expediente T-4.694.879);
(ii) en primera instancia, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de
Santa Marta, del 10 de julio de dos mil 2012 y, en segunda instancia, por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad del 21 de agosto de 2012,
en el trámite de la acción de tutela promovida por Ana Josefa Bustamante
Echavarría contra el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Santa
Marta (expediente T-4.710.457); y, (iii) por el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Barranquilla, el 19 de septiembre de 2014, en el trámite
de la acción de tutela promovida por Cristóbal Fausto Chaparro Reza contra el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causa Laborales  de
Barranquilla y COLPENSIONES (expediente T-4.714.467).
Las acciones de tutela fueron escogidas para revisión por la Sala de
Selección Número Uno, mediante auto del veintisiete (27) de enero de dos mil
quince (2015), y repartida a la Sala Cuarta de esta Corporación para su
decisión.
De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 34
del Reglamento de la Corporación, el veintidós (22) de julio de 2015, se
remitió el expediente al despacho de la Magistrada Gloria Stella Ortíz Delgado,
como nueva ponente, debido a que la ponencia que presentó el Magistrado Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo no fue aprobada en la sesión de la Sala Cuarta de
Revisión del veintidós (22) de mayo de 2015.
I. ANTECEDENTES
Los peticionarios en los procesos que se revisan en esta
providencia, consideraron que las autoridades judiciales demandadas vulneraron
sus derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social, debido proceso y
acceso a la administración de justicia, todos ellos a partir de los hechos que a continuación se resumen:
Expediente T-4.694.879
A. Hechos probados en el expediente
1.
El señor Orlando García Medina, quien se encuentra casado con la señora Dalila María Lujan Agamez, señaló que, mediante Resolución No. 3297
de 20 de diciembre de 2004 (fl. 30), el ISS -hoy COLPENSIONES-, le reconoció la pensión de jubilación de conformidad con el artículo 33 de la Ley
100 de 1993.
2.
En la medida en que su cónyuge depende
económicamente de él, esta situación le da derecho a reclamar un ajuste del 14%
en su pensión.
3.
En virtud de ello, y teniendo en cuenta que pretendía
el reconocimiento del referido ajuste o incremento del 14%, sino también las
diferencias pensionales y el pago los intereses moratorios, el señor García
Medina decidió iniciar un proceso ordinario laboral en contra del ISS, hoy
COLPENSIONES.
4.
En sentencia del 29 de noviembre de 2012, el
Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena declaró probada la excepción
de prescripción de la acción laboral, además de considerar que el demandante no
tenía derecho a reclamar los citados incrementos pensionales, por cuanto el
reconocimiento pensional del cual era titular no se había hecho con base en lo
dispuesto en el artículo 21 del  Acuerdo 049 de 1990 (folios
21 a 61).
5.
Interpuesto el recurso de apelación, la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, en sentencia del 30 de enero de
2014, resolvió confirmar la decisión de primera instancia (folios 135 a 141). Para ello, el Tribunal
consideró que era improcedente el incremento pensional reclamado por cuanto el
reconocimiento pensional le fue hecho al demandante de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, norma que no contempla el referido
beneficio, como si lo hace el Acuerdo 049 de 1990. Además, a pesar de que al
señor García Medina le era aplicable el régimen de transición, el que la
pensión le fuera reconocida por vía de otra norma, se constituyó en una irregularidad
que debió controvertir en su momento por vía de los recursos de ley, y no ahora
en sede de esta actuación judicial en la que lo que se discute es el anotado incremento
pensional del 14%. Lo resuelto aquí, encuentra su justificación en el hecho de
que la ley por la cual se reconoció la pensión, es la que define si hay lugar o
no al citado incremento.
6.
Tras agotar la vía judicial ordinaria, el señor
García Medina interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Quinto
Laboral del Circuito de Cartagena y la Sala Laboral del
Tribunal Superior de esa misma ciudad, la cual fue rechazada con el argumento
de que omitió señalar, bajo juramento, que no había presentado otra acción de
amparo con base en los mismos hechos. Como el rechazo de la acción de tutela
fue por la falta de un requisito de forma, posteriormente dio trámite a la
presente acción de tutela[1].
7.
El fundamento de esta acción se sustentó en la
presunta configuración de una causal de procedibilidad de la tutela contra una
providencia judicial por haberse estructurado un defecto sustantivo y por
haberse desconocido el principio constitucional de favorabilidad al trabajador
o indubio pro operario. Se alegó igualmente, el desconocimiento del
precedente jurisprudencial sentado por la Corte Constitucional y la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en relación con la no prescripción
de estos derechos.
8.
En vista de lo anterior, el accionante consideró
vulnerados sus derechos fundamentales arriba enunciados, razón por la cual
pidió dejar sin efectos la
sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena y,
en su lugar, solicitó que se ordenase a esa autoridad judicial proferir una
nueva decisión que tuviese en cuenta las consideraciones hechas respecto de la
imprescriptibilidad del incremento del 14% en su pensión de vejez.
B. Decisiones judiciales objeto de revisión
Sentencia de Primera Instancia
En sentencia del 24 de septiembre de 2014, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo solicitado. Consideró
el a quo que la interpretación hecha por el Tribunal en el sentido de
indicar que la norma a partir de la cual le fue reconocida la pensión al
accionante, no contempla el incremento que ahora se reclama, argumentación que en
el análisis jurídico realizado para el caso concreto, no desborda el límite de
lo razonable. Además, la simple divergencia interpretativa alegada por el
actor, no se constituye en un argumento suficiente para alegar la configuración
de una vía de hecho.
Impugnación
El
accionante, en desacuerdo con lo resuelto por el a quo, presentó escrito de impugnación en el que argumentó
que, de conformidad con lo establecido en la sentencia T-217 de 2013, las
sentencias recurridas incurren en un defecto sustantivo, pues el término de
prescripción es predicable únicamente de las mesadas pensionales no reclamadas,
razón por la cual la decisión del juez de instancia vulnera los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad con sujeción a los cuales el Estado
tiene la obligación de prestar el servicio público de seguridad social.
Segunda Instancia
En sentencia del 13 de noviembre de 2014, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión proferida
en primera instancia.
Advirtió el ad quem que los argumentos jurídicos expuestos
por el Tribunal accionado no son incongruentes, además de considerar que la
valoración probatoria y jurídica efectuada en dicho fallo tampoco evidenció la
configuración de una vía de hecho. Finalmente, en lo relacionado con la alegada
vulneración del derecho a la igualdad, esta instancia judicial tampoco encontró
que la misma se hubiese dado, pues el accionante no aportó prueba partir de la
cual se pudiese inferir que el Tribunal accionado hubiese reconocido el alegado
incremento pensional a otra persona en condiciones similares a él.
Expediente T-4.710.457
A. Hechos probados en el expediente
1.
Mediante Resolución No. 057491 del 2007 (folio 31), el ISS reconoció a la señora Ana Josefa Bustamante Echavarría la pensión de
vejez, en cuantía de $522.240.oo. A pesar de reunir los requisitos exigidos por
el Acuerdo 049 de 1990 para disfrutar del incremento pensional del 14%, éste no
le fue reconocido, no obstante que ella demostró que convive con su esposo José
Manuel Murillo Beltrán, quien no cuenta con ingreso alguno y depende de ella para
su subsistencia y manutención (fls. 33 y 34)[2].
2.
Por tal motivo, la accionante presentó
reclamación administrativa ante el ISS solicitando el reconocimiento y pago del
incremento pensional[3].
Sin embargo, afirma no haber obtenido respuesta alguna.
3.
En consideración a lo anterior, la señora
Bustamante Echavarría dio inicio a un proceso ordinario laboral en contra del
ISS, el cual fue tramitado por el Juzgado de Pequeñas Causas Laborales de Santa
Marta. En esa oportunidad, la demandante solicitó el reconocimiento y pago del
incremento pensional del 14% por persona a cargo, de conformidad con lo
dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990.
4.
La accionante manifestó que el citado Juzgado Laboral
de Pequeñas Causas Laborales de Santa Marta, en decisión del 7 de junio de
2012, negó sus pretensiones fundado en una interpretación errónea de la norma
que consagra los incrementos pensionales. Entre los argumentos expuestos por
dicha instancia judicial, sobresale el que, sin desconocer que la pretensión
solicitada es “un asunto típico de la seguridad social”, olvidó aplicar entre
otros el principio indubio pro operario. Asimismo, agregó que al
tratarse de una prerrogativa que hace parte de la pensión es un derecho
imprescriptible.
5.
De otra parte la accionante señaló que, de
conformidad con precedentes de la Corte Suprema de Justicia, los incrementos
por personas a cargo, surgen a la vida jurídica independientemente del derecho pensional
y prevalecen mientras se cumplan las condiciones que la misma norma establece.
Su exigibilidad puede presentarse con posterioridad al reconocimiento de la
pensión y extinguirse aun cuando ésta es percibida, su causación es periódica o
de tracto sucesivo, y su reclamación no extingue el derecho para su reconocimiento.[4]
6.
En virtud de lo anterior, la accionante interpuso
acción de tutela[5]
al considerar violado su derecho al debido proceso, puesto que a su sentir se
estructuraron los defectos material y sustancial en la sentencia proferida.
Así, consideró que la actuación del juez es “arbitraria”, en tanto (i)
desconoce el alcance de los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990; (ii) aplica
la prescripción de manera errada; (iii) pasa por alto que el incremento
pensional está regulado dentro del sistema de seguridad social, y (iv) se trata
de un derecho adquirido de carácter imprescriptible e irrenunciable. Advierte de
otra parte, que existe un desconocimiento del precedente[6] y,
por ende, una violación directa de la Constitución.
7.
Finalmente, consideró vulnerado también el
derecho a la igualdad, pues existen distintos pronunciamientos de Tribunales
como el del Tolima y el de Bogotá (fls. 37 a 118), que sostienen que el derecho
al reconocimiento y pago  los incrementos no prescribe.
8.
Por todo lo anterior,
la accionante solicita que se revoque la sentencia del 7 de junio de 2012
proferida en el proceso ordinario laboral, radicado 2012-144, y, en su lugar, se
acceda al reconocimiento del incremento del 14% a que tiene derecho.
B. Decisiones judiciales objeto de revisión
Primera Instancia
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de
Santa Marta, en sentencia del 10 de julio de 2012 amparó los derechos de la
accionante. Para ello, dejó sin efectos la sentencia del 7 de junio de 2012,
proferida por el Juzgado de Pequeñas Causas Laborales de Santa Marta, dentro
del proceso ordinario laboral y ordenó que en el término de veinte días,
contados a partir de la notificación del fallo, señale nueva fecha para
celebrar la audiencia pública de juzgamiento y profiera una nueva decisión,
atendiendo a lo dispuesto en los artículos 21 y 22 del Decreto 758 de 1990 y
las consideraciones hechas en esa decisión.
El a quo señaló que la autoridad
judicial aquí accionada desconoció el sentido de la norma, e incurrió en una
causal de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, por la estructuración del defecto sustantivo. Explicó que los
incrementos pensionales se encuentran dirigidos a sujetos de especial
protección y su reconocimiento está ligado a las causas que lo originaron y a
que las mismas se conserven en el tiempo, es decir, en este caso, refiere a la
convivencia. Así, verificada esta condición en el presente caso, la negativa a
reconocer el incremento en la pensión por el cónyuge dependiente, vulnera el
derecho fundamental al debido proceso de la accionante.
Segunda instancia
Impugnada la anterior decisión, conoció la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, quien en sentencia
del 21 de agosto de 2012 revocó el fallo dictado, y en su lugar negó el amparo
solicitado.
Luego de evaluar los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela contra las providencias judiciales, sostuvo que la interpretación hecha
por el juez accionado, respecto de las normas jurídicas que confieren el
derecho a la pensión, no desborda el entendimiento plausible de las mismas,
pues aplicó el precedente jurisprudencial de la jurisdicción ordinaria en su
especialidad laboral[7],
en la que se advierte que los incrementos constituyen una prerrogativa que no
hace parte de la pensión y se trata de un derecho que está condicionado a la
existencia de unos requisitos, que pueden presentarse o no, y que están sujetos
a la prescripción.
Expediente T-4.714.467
A. Hechos probados en el expediente
1.
Cristóbal Fausto Chaparro Reza, presentó acción
de tutela contra el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Barranquilla, con el fin de proteger su derecho fundamental al debido proceso.
2.
El demandante relató
que por Resolución 006240 del 16 de diciembre de 2005 (fl. 20), el ISS, hoy COLPENSIONES, le
reconoció la pensión de vejez.
3.
El 21 de julio de 2011, el accionante presentó
petición, al ISS solicitando el reconocimiento y pago del incremento pensional en
tanto tiene a su cargo a su cónyuge[8].
No obstante, afirmó que dicha petición no fue respondida.
4.
En consideración de ello, promovió un proceso
ordinario laboral de única instancia contra la Administradora Colombiana de
Pensiones -COLPENSIONES-, en el cual solicitó el pago de los incrementos
pensionales, pues se encuentra cobijado por el régimen de transición señalado
en la Ley 100 de 1993. No obstante, la autoridad judicial accionada, en
decisión del 28 de febrero de 2014 (fls. 53 a 57), encontró probada la
excepción de prescripción, resolviendo a demás absolver a COLPENSIONES respecto
de las demás  peticiones de la demanda. Explicó en dicha decisión, que de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo 49 de 1990, los
incrementos pensionales no forman parte de la pensión, razón por la cual pueden
verse afectados por el fenómeno de la prescripción. Por ello, en la medida en
que se reconozca el derecho pensional, estos incrementos subsisten mientras se
encuentren vigentes las causas que le dieron origen, por lo que al no ser
reclamados oportunamente, los mismos se extinguen.
5.
Tras la anterior decisión, el accionante
consideró que dicho pronunciamiento judicial había configurado una causal de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, pues señaló
que los incrementos pensionales son un derecho adquirido, y tienen el carácter
de imprescriptibles. Por tal motivo, promovió acción de tutela[9], pues
a su juicio, de una manera clara y grosera se había desconocido el precedente
judicial[10]
al momento de proferir dicho fallo. Señaló que la Corte Constitucional ha
precisado que el derecho a la pensión, como integrante del concepto de
seguridad social, es imprescriptible y solo se podrá consagrar la prescripción
extintiva de derechos patrimoniales que surgen del ejercicio de un derecho
constitucional, cuando el término respectivo sea proporcionado y además, cuando
no se afecte el contenido esencial del mismo.
6.
Por tal motivo, el
accionante solicitó dejar sin efecto la sentencia proferida por el Juzgado
Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla, para que en su
lugar, se proceda al reconocimiento de los incrementos pensionales contemplados
en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990.
B. Decisiones judiciales objeto de revisión
Si bien el Juez Primero Laboral del Circuito de
Barranquilla, mediante sentencia del 8 de agosto de 2014, resolvió la primera
instancia de esta acción de tutela, tras ser impugnada, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla en decisión del 8 de septiembre del mismo
año, declaró la nulidad de todo lo actuado con excepción de las pruebas
practicadas y, ordenó la vinculación de la Administradora Colombiana de
Pensiones –COLPENSIONES-, razón por la cual el proceso en cuestión retornó al
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla.
Primera instancia
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla,
en sentencia del 19 de septiembre de 2014, negó las pretensiones del
accionante, argumentando para ello, que la posición asumida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, era muy clara al señalar que
los incrementos pensionales son susceptibles del fenómeno de la prescripción. La
anterior decisión judicial no fue impugnada.
Actuaciones surtidas en sede de Revisión
Mediante auto del 17 de marzo de 2015, fue solicitado
al Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Santa Marta, copia de la
sentencia del 7 de junio de 2012, radicado 144-2014, proferida en el trámite
del proceso ordinario laboral tramitado por la señora Ana
Josefa Bustamante Echavarría.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1.
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional
es competente para revisar las sentencias proferidas dentro de los procesos de
la referencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241,
numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a
36 del Decreto 2591 de 1991.
Asuntos objeto de análisis y problema jurídico
2.
En esta oportunidad
deberá la Sala determinar si las providencias judiciales atacadas por los
accionantes en sede de tutela, no solo desconocieron los lineamientos jurisprudenciales
ya sentados por esta Corporación en torno al tema de la imprescriptibilidad en
la reclamación de derechos pensionales, y además, si dichas decisiones
judiciales vulneraron sus derechos fundamentales.
3.
Para lo anterior, la
Sala recuerda brevemente que las acciones de tutelas promovidas por Orlando
Medina García, Ana Josefa Bustamante Echavarría y Cristóbal Fausto Chaparro
Reza coinciden en los siguientes supuestos de hecho y de derecho:
a.
Los accionantes se
encuentran pensionados y vienen percibiendo dicha prestación.
b.
En todos los casos, los
accionantes demostraron estar casados y convivir con sus respectivas parejas,
las cuales dependen económicamente de ellos(as) y de la pensión que a ellos(as)
les fuera reconocida.
c.
Que en virtud de tales
supuestos, reclamaron el reconocimiento del incremento pensional del 14% contemplado
en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, en razón a tener a su cargo una
persona.
d.
Tras haber agotado la
vía gubernativa y haber igualmente tramitado ante la justicia laboral la
respectiva reclamación judicial, en todos los casos, las diferentes instancias
judiciales, atendiendo la posición jurisprudencial sentada por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, señalaron que había operado
el fenómeno de la prescripción. De manera general, los pronunciamientos de los
jueces ordinarios coincidieron en señalar que, si bien el derecho al reconocimiento
pensional no prescribe, en lo que respecta a los incrementos de dicha
prestación, estos no hacen parte de la pensión y corresponden entonces a un
derecho cuya existencia se puede ver afectada por la figura de la prescripción.
e.
Los accionantes coincidieron
en señalar que las decisiones judiciales atacadas, incurrieron en causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales por
haberse estructurado (i)
un defecto sustantivo, y por (ii) el desconocimiento del precedente
jurisprudencial, en particular por frente a la posición asumida por la Corte
Constitucional en relación con la imprescriptibilidad de dichas prestaciones o
incrementos, posición que concuerda con la asumida respecto del derecho a la pensión.
4.
En virtud de las coincidencias fácticas y
jurídicas que motivaron la interposición de las acciones de tutela cuyas
decisiones judiciales se revisan, y en las que se controvirtieron aquellos
pronunciamientos que declararon la procedencia de la excepción de la prescripción,
se puede afirmar entonces, que el problema jurídico a resolver se orientará a
responder el siguiente cuestionamiento: ¿incurrieron las decisiones judiciales
controvertidas por vía de tutela, en una causal de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por la configuración de un defecto
sustantivo, como modalidad del desconocimiento del precedente constitucional,
al haber negado el incremento del 14% sobre la mesada pensional de los
accionantes, con el argumento que sobre tal derecho había operado la figura
jurídica de la prescripción?
5.
A efectos de resolver el problema jurídico aquí
planteado, la Sala de Revisión abordará los siguientes temas: (i) la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, como un argumento de reiteración
jurisprudencial; (ii) seguidamente se expondrán tanto los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela como los especiales de
procedibilidad de la misma, explicándose de manera puntual la naturaleza y
jurisprudencia existente respecto del desconocimiento del precedente
jurisprudencial, en su modalidad del defecto sustantivo. Posteriormente, se
explicará el tema relativo (iii) al derecho a la pensión y su
característica de imprescriptibilidad. Para ello, se hará especial mención a (iv)
la posición jurisprudencial que sobre el tema de la reliquidación pensional y
la excepción de prescripción ha sostenido la Corte Suprema de Justicia y la
Corte Constitucional. Finalmente, (v) se resolverán los casos concretos.
Procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Reiteración jurisprudencial
6.
La Constitución Política dispone en su artículo
86 que la acción de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para
alcanzar la protección inmediata y efectiva de los derechos
fundamentales. Sin embargo, se aclara que ésta es una vía judicial de carácter subsidiario[11] a la que se acude en ausencia de otros medios ordinarios de
defensa, o cuando existiendo estos, la acción de tutela se tramite como
mecanismo transitorio de defensa judicial para evitar un perjuicio
irremediable[12].
7.
Se confirma así, que la acción de tutela no es
una vía judicial adicional o paralela[13] a los mecanismos judiciales previstos por el Legislador, como tampoco puede ser empleada como un recurso de último minuto
al que se acude para corregir sus propios errores, o para revivir términos ya
fenecidos como consecuencia de su propia incuria procesal[14].
8.
La Corte Constitucional, mediante sentencia
C-543 de 1992, declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del
Decreto 2591 de 1991 referidos a la caducidad y competencia especial de la
tutela frente a providencias judiciales, por considerar que contrariaban
principios constitucionales de gran valía como la autonomía judicial de la
administración de justicia y la seguridad jurídica.
9.
A pesar de que las actuaciones de las
autoridades judiciales están soportadas en los principios
de autonomía, independencia, acceso a la justicia y legalidad, y que las mismas
se ajustan a las disposiciones que protegen los derechos constitucionales y
legales de todos, la Corte Constitucional ha advertido
que en algunos casos, tales decisiones desconocen los derechos fundamentales,
por lo que estos pronunciamientos, que en principio son tenidos como verdaderas
vías de derecho, dejan de serlo y pasan a convertirse en auténticas vías de
hecho.
10.
Es así como, a partir de las sentencias
T-079[15] y T-158 de 1993[16], la Corte Constitucional desarrolló el concepto de “vía de hecho”,
entendido inicialmente, como la decisión “arbitraria y caprichosa” del
juez que resuelve un asunto sometido a su consideración, por lo que la
providencia resulta manifiesta y evidentemente contraria a las normas que rigen
el caso concreto, o a las pruebas que se hallan en el expediente.
11.
A partir de este precedente, la Corte ha
construido una línea jurisprudencial sobre el tema, y ha determinado
progresivamente los defectos que configuran una vía de hecho. Por ejemplo, en
la sentencia T-231 de 1994, la Corte dijo: “Si este comportamiento -
abultadamente deformado respecto del postulado en la norma - se traduce en la
utilización de un poder concedido al juez por el ordenamiento para un fin no
previsto en la disposición (defecto sustantivo), o en el ejercicio de la
atribución por un órgano que no es su titular (defecto orgánico), o en la
aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del
supuesto legal (defecto fáctico), o en la actuación por fuera del procedimiento
establecido (defecto procedimental), esta sustancial carencia de poder o de
desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta
desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial,
aparejará su descalificación como acto judicial”[17].
En casos posteriores, esta Corporación agregó otros tipos de defectos
constitutivos de vías de hecho.
12.
Así, tras varios años, el concepto de vía de
hecho evolucionó hacia una noción más amplia denominada “causales genéricas
de procedibilidad de la acción”. Precisamente, en sentencia C-590 de
2005[18], la Sala Plena de esta Corporación dejó en claro que la tutela
procedería contra providencias judiciales ejecutoriadas, siempre y cuando se
cumpliese con unas causales generales de procedencia y se comprobase de otra
parte, la configuración de al menos una de las causales específicas de procedibilidad
de esta acción constitucional.
13.
Con el fin de orientar a los jueces
constitucionales y determinar unos parámetros uniformes que permitieran
establecer en qué eventos es procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en la anotada sentencia
C-590 de 2005[19],
así como en la sentencia SU-913 de 2009[20], sistematizó y unificó los requisitos de procedencia y las razones
o motivos de procedibilidad de la tutela contra sentencia. Actualmente no “(…)
sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su
voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se
aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su
discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados (arbitrariedad)”[21].
14.
De esta forma, la Corte ha distinguido, en
primer lugar, los requisitos de carácter general[22]
orientados a asegurar la excepcionalidad de la tutela -requisitos de
procedencia formal- y, en segundo lugar, los de carácter específico[23],
centrados en los defectos de las actuaciones judiciales en sí mismas
consideradas -requisitos de procedibilidad material-.
Requisitos generales de procedencia y
causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales
15.    La Corte Constitucional en la citada sentencia
C-590 de 2005, hizo alusión a los requisitos generales y especiales para la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Dichos
requisitos generales de procedencia se pueden sintetizar de la siguiente manera:
(i)
Que el asunto discutido tenga una evidente
relevancia constitucional  y en el que resulte evidente la afectación de
derechos fundamentales, evitándose de esta manera que la acción de tutela se derive
en un instrumento para abarcar asuntos que deben ser definidos por otras
jurisdicciones[24].
(ii)
Que se hayan agotado todos los medios de
defensa judicial ordinarios o extraordinarios
excepto cuando lo que se pretende es evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental  irremediable[25].
(iii)
Que se cumpla el requisito de la inmediatez,
lo que significa que la tutela debe interponerse en un término razonable a
partir de la ocurrencia del o los hechos que originaron la vulneración[26].
Lo anterior, con el objeto de preservar los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica.
(iv)
Si se alega una irregularidad procesal,
debe ser evidente que la misma tenga a) un efecto decisivo en la sentencia
que se impugna y b) por lo mismo que afecte los derechos fundamentales
del accionante, excepción hecha de si trata de una prueba ilícita obtenida
con violación de esos derechos[27].
(v)
Que los hechos que generaron la
vulneración , así como los derechos vulnerados, hayan sido claramente
identificados por el demandante y alegados dentro del proceso judicial si
ello si ello hubiese sido posible[28].
(vi)
Que no se trate de fallos de tutela[29],
de forma tal que se evite que las controversias relativas a la protección de
los derechos fundamentales se prolonguen de forma indefinida.
16.   De igual forma, la referida sentencia C-590
de 2005, definió las causales especiales de procedibilidad del amparo contra
las sentencias judiciales. Estas son:
“En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se
origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son
los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[30] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis
que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado[31].
h.  Violación directa de la Constitución.
Estos eventos en que procede la acción de tutela
contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de
hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en
los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata
de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.”[32]
17.
De esta manera, se puede afirmar que siempre
que concurran los requisitos generales y, por lo menos, una de las causales
específicas de procedibilidad contra providencias judiciales, es procedente
ejercitar la acción de tutela como mecanismo excepcional por vulneración del
derecho fundamental al debido proceso.
Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales: el caso del precedente jurisprudencial
18.   Si
bien la jurisprudencia constitucional ha decantado los diferentes tipos de
errores en que se incurre al proferir una decisión judicial por los cuales la
misma deja de ser una decisión en derecho para pasar a ser una decisión de
hecho, la misma jurisprudencia ha sido clara en advertir que los referidos
defectos no pueden ser vistos como compartimientos estancos absolutamente
separados e independientes unos de otros. Por el contrario, no
existen límites claramente definibles entre estas, “pues resulta evidente
que la aplicación de una norma inconstitucional o el desconocimiento del
precedente constitucional pueden derivar en un irrespeto por los procedimientos
legales; o, que la falta de apreciación de una prueba, puede producir una
aplicación indebida o la falta de aplicación de disposiciones normativas
relevantes para la solución de un caso específico[33]”.
[34]
19.
Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha identificado el
desconocimiento del precedente no solo como un defecto autónomo por el cual
procede la acción de tutela, sino también como una modalidad de la
configuración del defecto sustantivo, en la medida en que de las posibles
variantes en que se puede estructura este defecto sustantivo, este
comportamiento jurídico lleva consecuentemente a apartarse de injustificadamente
del precedente. En sentencia T-830 de 2012, esta
Corporación la Corte fue clara en señalar que una providencia judicial adolece
de un defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional incurre en alguna
de las siguientes prácticas:
“(i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia
por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su
inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al
caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene
conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del
amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente -interpretación contra
legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta
del precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación suficiente;
o (v) se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre
que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso[35]”.[36]
(Énfasis original).
20.
En la citada sentencia se hizo igualmente una diferenciación
entre los conceptos de antecedente y precedente[37],
definiendo éste último como aquella sentencia o conjunto de
sentencias que tienen similitud con un caso nuevo que está siendo objeto de
análisis judicial, por coincidir (i) sus patrones fácticos y (ii)
problemas jurídicos, al punto que (iii) en su ratio decidendi
se ha fijado una regla para resolver la controversia, la cual sirve también
para solucionar el nuevo caso. Esta forma de resolver las situaciones fácticas similares
bajo los mismos parámetros jurídicos, no solo otorga coherencia al sistema jurídico,
sino que permite además, que la protección de los derechos de las personas,
asegure una pauta judicial a seguir en futuros casos cuyas circunstancias
fácticas y jurídicas reclamen una decisión en justicia en igualdad de
condiciones. La sentencia        T-086 de 2007[38] reiterada en la sentencia T-794 de 2011[39], al
retomar los elementos necesarios para identificar una decisión judicial como un
precedente, señaló lo siguiente:
“(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como
precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver
posteriormente[40]; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión
constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en
la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se
debe resolver posteriormente.”[41]
21.
En efecto, la existencia de los precedentes y el
respeto a los mismos, imprime además un trato igualitario por parte del
operador jurídico, quien debe resolver en similares condiciones aquellos casos,
que por sus semejanzas fácticas y jurídicas, merecen que las decisiones de
casos ya fallados y análogos se aplique en esta nueva oportunidad. Así, en sentencia
T-546 de 2014, la Corte se pronunció sobre el particular, en los siguientes
términos:
“(1) [E]n virtud del principio de igualdad en la aplicación de la
ley (artículo 13 C.P.), que exige tratar de manera igual situaciones
sustancialmente iguales; (2) por razones de seguridad jurídica, ya que las
decisiones judiciales deben ser “razonablemente previsibles”; (3) en atención a
los principios de buena fe y de confianza legítima (artículo 84 C.P.), que
demandan respetar las expectativas generadas por las reglas judiciales en la
comunidad; y finalmente, (4) por razones de rigor judicial, en la medida en que
es necesario un mínimo de coherencia en el sistema jurídico (dogmática
jurídica).”[42]
22.    De
esta manera, el respeto y fuerza vinculante del precedente es esencial  en la
garantía de los derechos y en la administración de justicia, y se justifica en
esencia por (i) la supremacía del principio de igualdad ante la ley[43]; (ii) la previsibilidad  razonable de las decisiones
judiciales que fortalecen y generan seguridad jurídica; (iii) la
aplicación de los principios de buena fe y de confianza legítima (artículo 84
C.P.), que demandan respetar las expectativas generadas por las reglas
judiciales en la comunidad; y finalmente (iv) por rigor judicial, que
imprime un mínimo de coherencia en el sistema jurídico.[44]
23.
Finalmente, deben anotarse dos aspectos adicionales en relación con la
aplicabilidad e importancia en el respeto al precedente judicial. En primer
lugar, el precedente no impone su respeto y seguimiento de manera absoluta por
parte de los jueces, pues en la medida en que el sistema jurídico es cambiante
y dinámico, un juez podrá apartarse de éste con una mejor argumentación
jurídica o con el fin de proteger de mejor manera los derechos cuya protección
se reclama.
24.
De otra parte, las autoridades judiciales establecidas como órganos
judiciales de cierre en sus respectivas jurisdicciones, deben crear precedentes
jurisprudenciales, con el fin de unificar las posiciones jurídicas en cada una
de sus especialidades, aclarándose, que en la medida en que la posición
jurisprudencial asumida por la Corte Constitucional corresponde a la
interpretación que esta autoridad judicial hace de manera directa de la
Constitución, se establece como el máximo intérprete en su materia, teniendo en
consecuencia, prioridad en la aplicación del precedente, el que se deriva de la
directa interpretación de la Constitución, frente a aquél que se genere en las
otras jurisdicciones.
25.
Ahora bien, teniendo en cuenta que las sentencias T-217 de 2013 y T-831
de 2014 la Corte Constitucional sentó su posición jurisprudencial respecto del
tema de la imprescriptibilidad de la acción para reclamar la reliquidación de
la pensión. En esta oportunidad, la presente Sala de Revisión, atendiendo la
similitud fáctica y jurídica de los expedientes objeto de revisión con dichos
precedentes, se atendrá a los fundamentos jurídicos planteados así como a lo
resuelto en dichas sentencias.
El desconocimiento del precedente constitucional
26.
El artículo 240 de la Constitución Política dispone que a la
Corte Constitucional le corresponderá “la guarda de la integridad y suprema
de la Constitución”. Por tal motivo, deberá resolver demandas de
constitucionalidad, revisar acciones de tutelas, y estudiar la coherencia de
proyectos de ley o leyes con la Carta Política. Para cumplir con dicha
obligación constitucional, esta Corporación debe en consecuencia realizar un
ejercicio hermenéutico que dota de contenido las disposiciones constitucionales
a través de su jurisprudencia.
27.
En consideración a lo dicho, es evidente que la Corte
Constitucional es el intérprete autorizado de la Constitución, debiendo fijar
de esta manera el alcance de los derechos fundamentales, y de ahí que le
corresponda “(…) fijar la interpretación auténtica
de los preceptos constitucionales, de manera que tienen un aspecto subjetivo,
relativo al caso concreto, y objetivo, que implica consecuencias generales en
cuanto determina el precedente judicial a ser aplicado en casos similares o
análogos.”[45]
28.
De la misma manera, en la medida en que el
artículo 4° Superior dispone que la Constitución es la norma de normas, los
postulados allí contenidos así como la jurisprudencia interpretativa que genera
la Corte Constitucional , deben ser respetadas en todo momento.
29.
Por lo anterior, la Corte ha señalado que cuando
los diferentes operadores judiciales se apartan injustificadamente de los
precedentes constitucionales, la acción de tutela resulta procedente como
mecanismo de protección de los derechos fundamentales cuya desprotección se
produce en consecuencia de tal conducta judicial. Sobre el particular, la misma
Corte, en sentencia T-1092 de 2007, ha señalado lo siguiente:
“(i) aplicando disposiciones legales que han sido declaradas
inexequibles por sentencias de constitucionalidad; (ii) aplicando disposiciones
legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la
Constitución; (iii) contrariando la ratio decidendi de sentencias de
constitucionalidad; y (iv) desconociendo el alcance de los derechos
fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi
de sus sentencias de tutela.”[46]
30.
Ahora bien, la Corte igualmente ha señalado que,
las sentencias proferidas por las Salas de Revisión tienen un doble alcance:
por una parte son obligatorias para los demás jueces y autoridades públicas
(precedente vertical), y por otra parte dichos pronunciamientos, tanto en sede
de revisión de tutelas como de control abstracto de constitucionalidad, tienen
fuerza vinculante para la propia Corte. Como ha
insistido esta Corporación, tales decisiones “constituyen precedente
obligatorio sobre los alcances y límites aplicables a los derechos
fundamentales por parte de los diferentes operadores jurídicos”[47].
31.
En consecuencia, cuando una decisión judicial desconoce
un precedente jurisprudencial emanado de una Sala de Revisión de la Corte
Constitucional, se está igualmente desconociendo la interpretación que la misma
Corte ha hecho de un precepto constitucional, motivo por el cual, ello es razón
suficiente para interponer la correspondiente acción de tutela.
El derecho a la pensión y su
imprescriptibilidad
32.
Del derecho a la seguridad social se desprende
el derecho a la pensión de vejez, que se materializa en el goce efectivo de una
mesada que ha sido reconocida y liquidada en favor del pensionado, de
conformidad con los factores dispuestos por la ley para tal efecto. Se trata de
un derecho fundamental que tiene como objeto asegurar las condiciones
económicas que garanticen la vida digna del trabajador quien ha reunido o
cumplido los requisitos de ley para alcanzar el reconocimiento de dicho
derecho.
33.
Ha sido reiterada la posición jurisprudencial de
esta Corporación en torno a la imprescriptibilidad del derecho a la pensión.
Los fundamentos sólidos sobre los cuales se soporta dicha posición
jurisprudencial parten del carácter irrenunciable del derecho a la seguridad
social regulado en el artículo 48 de la Constitución, y conforme al principio
de solidaridad, a la especial protección que debe el Estado a las personas de
tercera edad, así como al principio de vida digna, lo que ha permitido
establecer una línea jurisprudencial en torno a que el paso del tiempo no
extingue el derecho a la pensión.
34.
En efecto, la sentencia C-230 de 1998,
retomada posteriormente en múltiples pronunciamientos de la Corte
Constitucional[48],
precisó:
“(…) la pensión de
jubilación, vejez e invalidez, entre otras, no admiten una prescripción
extintiva del derecho en sí mismo como cualquier otra clase de derechos, lo
cual no significa que se atente contra el principio de seguridad jurídica; por
el contrario, constituye un pleno desarrollo de principios y valores
constitucionales que garantizan la solidaridad que debe regir en la sociedad,
la protección y asistencia especial a las personas de la tercera edad, para
mantener unas condiciones de vida digna, así como el derecho irrenunciable a
la  seguridad social  (C.P., arts. 1, 46 y 48), determinando a
su vez una realización efectiva del valor fundante que impone la vigencia de un
orden económico y social justo, dentro de un Estado Social de derecho;
consideraciones que hacen inexequible la disposición demandada (...)”[49]
35.
Ahora bien, la jurisprudencia de esta
Corporación y de la Corte Suprema de Justicia ha distinguido entre el derecho a
la pensión propiamente dicho, y los derechos crediticios que surgen de ésta.
Mientras el reconocimiento del derecho a la pensión goza de características
tales como la imprescriptibilidad, los otros están sujetos a mayores
restricciones, siempre que tales limitaciones no sean desproporcionadas.
36.
Particularmente, en relación con la
prescripción de las acciones laborales, esta Corporación ha advertido que el
derecho a la pensión es imprescriptible. Sin embargo, el Congreso puede fijar
la prescripción extintiva de los derechos que surgen en virtud de un derecho
fundamental.[50]
37.
En atención a los anteriores fundamentos, en
especial a los plazos con que cuenta una persona para reclamar el pago de una
pensión, la jurisprudencia ha sido puntual en señalar que esos créditos o
mesadas pensionales, solo podrán ser reclamados durante un lapso máximo de tres
años, so pena de perder el derecho a recibirlos:
“Cabe
agregar, que dada la naturaleza periódica o de tracto sucesivo y vitalicia de
las pensiones, la prescripción resulta viable, exclusivamente, respecto
de los créditos o mesadas pensionales que no se hubiesen solicitado dentro de
los tres años anteriores al momento en que se presente la reclamación del
derecho”[51]
38.
En consecuencia, es posible concluir que el
derecho a la pensión tiene un carácter imprescriptible, más sin embargo, para
el cobró de los créditos o las mesadas pensionales sí se aplica la
prescripción.
La jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
en relación con la prescriptibilidad de los incrementos o reajustes de las
pensiones
39.
En consideración a que el punto que concierne
analizar en la presente providencia se refiere de manera concreta al derecho
que tienen los pensionados a que los incrementos por personas a cargo,
establecidos por los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990, ya sea por habérseles
reconocido su pensión en vigencia de dicha norma, o por ser beneficiarios del
régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 sean
reclamados en cualquier momento al igual que el derecho a la pensión.
40.
En consideración a ello, la Corte Suprema de
Justicia ha sido consistente en su posición jurisprudencial en el tema puntual
de la prescriptibilidad de los incrementos pensionales contemplados en el
artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990.
41.
En efecto, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de justicia en sentencia del 12 de diciembre de 2007 (Rad.
27923), M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón, en el que se decidió el recurso de
casación interpuesto por la señora María Virgelina
Valencia Campiño contra la sentencia del 16 de agosto de 2005 proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro del proceso
ordinario seguido por la recurrente al ISS. En su momento, la Corte decidió no
casar la sentencia cuestionada. En las consideraciones al cargo hecho por la
señora Valencia Campiño, quien alegó que la imprescriptibilidad del derecho a
la pensión se hacía extensiva a los ajustes que se hicieren sobre dicha
prestación, la Corte Suprema de Justicia no las compartió y planteó los
siguientes argumentos:
“independientemente de la viabilidad de los incrementos por persona
a cargo, que no es el tema del recurso de casación, se anota que la
controversia se limita al punto de la prescripción y aunque en principio puede
asistirle razón a la censura en cuanto el Tribunal se apoyó equivocadamente en
la sentencia 19557 del 15 de julio de 2003, que alude a la prescripción de los
factores que integran la base salarial para establecer el monto de la pensión,
situación que no acontece en el asunto bajo examen, sin embargo, su decisión
final de considerar prescritos los incrementos por personas a cargo es acertado,
pues si precisamente el artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990 prevé que los
incrementos por persona a cargo ‘no forman parte integrante de la pensión de
invalidez o de vejez que reconoce el Instituto de Seguros Sociales’ es lógico
que no pueden participar de los atributos y ventajas que el legislador ha
señalado para éstas, entre ellas el de la imprescriptibilidad del estado
jurídico del pensionado y que se justifican justamente por el carácter
fundamental y vital de la prestación, reafirmado por la Constitución de 1991, y
además por el hecho de ser de tracto sucesivo, por regla general, y de carácter
vitalicio.
No puede negarse que los incrementos nacen del reconocimiento de la
pensión de vejez, pero ello no quiere decir que formen parte integrante de la
prestación, ni mucho menos del estado jurídico del pensionado, no sólo por la
expresa disposición normativa, como ya se apuntó, sino porque se trata de
una prerrogativa cuyo surgimiento no es automático frente a dicho estado, pues
está condicionado al cumplimiento de unos requisitos, que pueden presentarse o
no.
La alusión normativa atinente a que el derecho a los incrementos ‘subsiste
mientras perduren las causas que le dieron origen’, antes que favorecer la
imprescriptibilidad, obran en su contra por cuanto implícitamente parte de la
hipótesis de que se trata de un derecho que no es vitalicio en tanto su
persistencia requiere que se sigan dando las causas que le dieron origen, de
modo que aunque, parezca redundante, la desaparición de estas provoca su
extinción.
De ahí que a juicio de esta Sala bien puede aplicarse para efectos
de estos incrementos la tesis de que los mismos prescriben si no se reclaman
dentro de los 3 años siguientes a su exigibilidad, debiendo entenderse que son
exigibles desde el momento en que se produjo el reconocimiento de la pensión de
vejez o de invalidez.” (Énfasis agregado)
42.
El anterior argumento fue reiterado recientemente
por la misma Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en
sentencia del 23 de julio de 2014 (Rad. 57367), M.P. Carlos Ernesto Molina
Monsalve, en la cual se resolvió el recurso de casación interpuesto por el
señor Antonio Gálvez Uscocovich, contra la sentencia proferida por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla del 30 de
abril de 2012, en el proceso instaurado por el recurrente contra el ISS,
hoy Colpensiones. En dicha oportunidad el recurrente a quien le había sido
reconocida su pensión de vejez  por Resolución 1385 del 21 de mayo de 2009,
reclamó el reconocimiento del derecho al incremento del 14% pues venía haciendo
vida conyugal con su esposa María Isabel Flórez de Gálvez, quien dependía
económicamente de él y no percibía pensión alguna. En dicha decisión, la Corte
Suprema no casó la sentencia dictada el 30 de abril de 2012 por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, exponiendo
los mismos argumentos de la sentencia atrás citada, al señalar de manera
puntual, que en este caso, había acaecido el fenómeno de la prescripción, tras
haberse cumplido el plazo trienal establecido por la ley. En efecto, indicó que
entre la fecha del reconocimiento pensional (1º de diciembre de 2004) y la
reclamación administrativa (10 de julio de 2010), habían transcurrieron 5 años,
7 meses y 8 días.
43.
De esta manera, y atendiendo la fecha en que se
produjo esta última sentencia por parte de la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, es claro concluir que esta recoge la actual posición de dicha
Corporación en relación con el referido tema de la prescripción.
44.
De acuerdo con lo anterior, la actual línea jurisprudencial
de la Corte Suprema de Justicia sostiene entonces que la prescripción sí aplica
para las reclamaciones recaigan sobre los incrementos estipulados en los
artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990.
45.
De igual manera, resulta pertinente hacer mención
a la sentencia dictada por la sala de casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia del 5 de diciembre de 2007 (Rad. 29751), M.P. Luis Javier Osorio
López, en el que además de seguir la línea jurisprudencial atrás citada, la
Corte fue más allá y dio un alcance más exacto al tema relativa a sobre qué
monto debía aplicarse o procedía el citado incremento del 14% por persona a
cargo, obviamente si dicha reclamación aún no había prescrito.
46.
En efecto en dicho pronunciamiento, en el que se
había ordenado el reconocimiento del incremento del 14%, la entidad recurrida,
alegó que dicho incremento debía hacerse solo sobre el valor que para ese
momento correspondía a la pensión mínima legal, y no a la totalidad del monto
total reconocido al pensionado, el cual para ese caso, excedía a la pensión
mínima legal en tres veces su valor. En esa oportunidad, la Corte Suprema
señaló lo siguiente:
“Según se puede observar, este cargo se orienta a que se determine
que el ad quem aplicó indebidamente la norma que contiene los incrementos
pensionales por personas a cargo, y concretamente el aparte referido a la
cónyuge o compañera permanente, en el sentido de que el 14% debe liquidarse
sobre la “pensión mínima” y no respecto de la cuantía total de la pensión reconocida.
La norma en cuestión artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado
por el Decreto 0758 de igual año, en su parte pertinente es del siguiente
tenor:
‘Artículo 21. Incrementos de las pensiones de
invalidez por riesgo común y vejez. Las pensiones mensuales de invalidez y de
vejez se incrementarán así:
a)…..
b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión
mínima legal, por el cónyuge o compañero o compañera del beneficiario que
dependa económicamente de éste y no disfrute de una pensión.
Los incrementos mensuales de las pensiones de
invalidez y de vejez por estos conceptos, no podrán exceder del cuarenta y dos
por ciento (42%) de la pensión mínima legal’. (Resalta la Sala).
“De acuerdo con lo preceptuado en la citada disposición legal, le
asiste entera razón a la censura, toda vez que en efecto esos incrementos
deben liquidarse sobre la “pensión mínima legal”, que equivale al salario
mínimo legal vigente para cada época, y en estas condiciones al ordenar el Juez
Colegiado que dicho incremento por la cónyuge “ha de liquidarse sobre el valor
de la pensión reconocida en suma de $799.621,oo”, quantum que resulta muy
superior al salario mínimo que regía para el año de 1999 cuando se concedió la
pensión de vejez al demandante, esto es, $236.460,oo según el Decreto 2560 de
1998, incurrió en el yerro jurídico endilgado en el ataque.
Así las cosas, el cargo prospera y habrá de casarse parcialmente la
sentencia impugnada, en este puntual aspecto.”
(Énfasis agregado).
La jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el derecho a
reclamar la reliquidación de la pensión y la excepción de prescripción
47.
En relación con el derecho a reclamar el
incremento del 14% por esposo(a) a cargo dispuesto por los artículos 21 y 22
del Acuerdo 049 de 1990 en virtud a la imprescriptibilidad de este beneficio,
la posición de esta Corporación se ha mantenido en las sentencias T-217 de
2013, M.P. Alexei Julio Estrada, T-831 de 2014 M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, y más recientemente en la sentencia  T-369 de 2015 del
mismo M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
48.
En la sentencia T-217 de 2013 la Corte
revisó las acciones de tutela promovidas por Alfredo Constante Gutiérrez y
Eduardo Enrique Saldo Herrera contra diferentes instancias judiciales, pues en
ambos casos consideraron que las decisiones judiciales dictadas por dichas
instancias judiciales en el trámite de sendos procesos ordinarios laborales
iniciados en contra del ISS, les negó el reconocimiento del incremento
pensional de 14% reclamado en su condición de pensionados de dicha entidad
pensional, al demostrar que tenía a su cargo a sus esposas. En esa oportunidad
los jueces de instancia señalaron en ambos casos, que si bien los reclamantes
cumplían con los requisitos para acceder al citado incremento en la pensión, ya
había operado el fenómeno jurídico de la prescripción, en tanto, dicha
solicitud había sido incoada más de tres años después del reconocimiento
pensional. Así, tras haberse interpuesto la correspondiente acción de tutela
por cada uno de los accionantes en las que alegaron la configuración de una
causal de procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales
en su modalidad de desconocimiento del precedente referido a la imprescriptibilidad
de los derechos a la seguridad social, en particular al derecho a la pensión o
sus incrementos de ley, siendo un planteamiento muy distinto a la
prescriptibilidad en el pago de las mesadas pensionales no reclamadas dentro en
un plazo no mayor a tres (3) años de su causación.
49.
En efecto la Corte en dicha oportunidad se
pronunció inicialmente sobre el tema del desconocimiento del precedente
constitucional, al señalar lo siguiente:
“La Corte Constitucional ha establecido el desconocimiento del
precedente aplicable al caso como causal material de procedibilidad de la
acción de tutela, en razón a que dicho defecto hace parte del defecto
sustantivo[52].
Así mismo, en las Sentencias SU- 640 de 1998, T- 462 de 2003 y T- 292 de 2006
se ha señalado que el juez de igual jerarquía debe vincularse al precedente
horizontal y el juez de inferior jerarquía al precedente vertical en lo que
atañe a la ratio decidendi de una jurisprudencia anterior[53]. En estas sentencias se indica que cuando una
instancia jurisdiccional se vaya a apartar del precedente anterior se debe
justificar razonadamente su oposición[54].
Esta vinculatoriedad del precedente se relaciona con los principios de
seguridad jurídica e igualdad y por el deber que tienen los jueces de armonizar
sus decisiones y que de esta manera no se vayan a producir fallos contradictorios
cuando se trate de decidir sobre hechos similares. Por otra parte, en la
sentencia T-1031 de 2001 esta Corporación decidió que la acción de tutela
procede contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna, los
precedentes aplicables al caso o cuando ‘su discrecionalidad interpretativa se
desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados’.”
50.
Seguidamente, la misma sentencia T-217 de 2013,
al referirse de manera puntual al tema de la imprescriptibilidad del derecho a
la seguridad social, señaló lo siguiente:
“ (…) la Sala observa que las sentencias recurridas incurren un
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial
establecido está por la Corte Constitucional, el cual estipula que el término de
prescripción es predicable únicamente de las mesadas pensionales no reclamadas
y deducido del contenido de las prestaciones, razón por la cual estima la Sala
que en los casos analizados, dar aplicación a los artículos 488 del Código
Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social, constituye una decisión que vulnera directamente los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad con sujeción a los cuales el Estado
tiene la obligación de prestar el servicio público de la seguridad social[55].
Por ello, esta Sala declarará que, los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y seguridad social de los
ciudadanos Salgado Herrera Eduardo Enrique y Constante Gutiérrez Alfredo fueron
vulnerados.
Lo anterior en atención al principio de la imprescriptibilidad de
los derechos a la seguridad social, por cuanto el derecho a la pensión o los
incrementos que por ley se desprendan de éste son imprescriptibles, en esa
medida la prescripción solo es aplicable a  las mesadas no reclamadas con
anterioridad a los 3 años de solicitadas, por lo tanto de acoger la tesis que
al reajuste a la pensión de vejez del
14%, en relación con el cónyuge o compañero o compañera permanente del
beneficiario de dicha pensión, que dependiese económicamente de éste y que no
esté disfrutando de una pensión, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo 49 de 1990, se le
puede aplicar prescripción, equivale a perder una fracción de recursos de este
derecho o parte del mismo. Por consiguiente
la interpretación hecha por la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Barranquilla al decidir aplicar la norma citada, dio a los accionantes un trato diferente e injustificado frente a otras personas en igualdad de circunstancias, incurriendo con sus decisiones en un
trato discriminatorio, con la consecuente vulneración del derecho fundamental a
la igualdad de los peticionarios, al contrariar lo estipulado en el artículo 48
de la Constitución Política.
Aunado a lo anterior, encuentra la Sala que la entidad accionada con
su errada decisión, no solo compromete el derecho a la igualdad de los actores,
sino que igualmente vulnera sus derechos a la vida digna y a la seguridad
social, pues el no reconocimiento del referido incremento a sus pensiones de
vejez, tal y como el ordenamiento jurídico lo está autorizando, compromete las
condiciones mínimas de vida de los accionantes.”
(Énfasis agregado).
51.
Atendiendo esta decisión de la Corte, la cual a
su vez reiteraba ya la línea jurisprudencial en torno al concepto general de
imprescriptibilidad de los derechos a la seguridad social y a la pensión, la
Corte, siguiendo dicho precedente, procedió en el mismo sentido en la sentencia
T-831 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En este pronunciamiento,
en el que la Corte resolvió seis acciones de tutela promovidas todas por
personas pensionadas por el ISS, que reclamaron el reconocimiento del
incremento del 14% sobre sus mesadas pensionales por tener a su cargo a su
cónyuge y en uno de los casos, por tener igualmente a su cargo a una hija con
una pérdida de capacidad laboral del 60%.
52.
En todos los casos, los accionantes agotaron la
reclamación administrativa correspondiente, así como la vía judicial ordinaria
por la cual tramitaron sendos procesos laborales. Sin embargo, en todos los
casos les fue negada la reclamación del incremento del 14% de la pensión,
alegándose siempre que había operado la prescripción del derecho a dicho
incremento por haberse reclamado pasados tres años del reconocimiento
pensional.
53.
En esta oportunidad, la Corte Constitucional
insistió en su ya decantada jurisprudencia sobre la imprescriptibilidad de los
derechos pensionales y lo recordó citando la sentencia T-230 de 2008[56]
“Así las cosas, la pensión de jubilación,
vejez e invalidez, entre otras, no admiten una prescripción extintiva del
derecho en sí mismo como cualquier otra clase de derechos, lo cual no significa
que se atente contra el principio de seguridad jurídica; por el contrario,
constituye un pleno desarrollo de principios y valores constitucionales que
garantizan la solidaridad que debe regir en la sociedad, la protección y
asistencia especial a las personas de la tercera edad, para mantener unas
condiciones de vida digna, así como el derecho irrenunciable a la
seguridad  social  (C.P., arts. 1, 46 y 48), determinando  a su
vez una realización efectiva del valor fundante que impone la vigencia de un
orden económico y social justo, dentro de un Estado social de derecho.
(…)
Cabe agregar, que dada la
naturaleza periódica o de tracto sucesivo y vitalicia de las pensiones, la
prescripción resulta viable, exclusivamente, respecto de los créditos o mesadas
pensionales que no se hubiesen solicitado dentro de los tres años anteriores al
momento en que se presente la reclamación del derecho”.
54.
Ya en punto a la imprescriptibilidad en el
incremento pensional referido en el artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 del mismo año, atendiendo los diferentes pronunciamientos
que sobre el tema se han dado tanto por la Corte Suprema de Justicia en su Sala
Laboral, como por esta misma Corte en sentencia T-791 de 2013[57], en los que en la
primera corporación judicial, considera que dichos incrementos no han parte
integral de la pensión y por lo mismo no se benefician de la imprescriptibilidad
de esta. Mientras que la Corte Constitucional en la referida sentencia del 2013
concluyó que en ese caso en particular el referido aumento no revestía el
carácter de fundamental, esencial o vital, toda vez que no está dirigido de
forma vitalicia y sucesiva a amparar la subsistencia digna y a sufragar el
mínimo vital del actor. A pesar de estas diversas posiciones, en esta sentencia
T-831 de 2014, esta Corporación consideró que el referido incremento pensional
si es parte integral de la pensión reconocida y por lo mismo se beneficia de
sus características como derecho fundamental, imprescriptible e irrenunciable.
Al respecto señaló lo siguiente:
“(…) los incrementos pensionales referidos constituyen una
prerrogativa, aplicada a la pensión mínima legal, a la cual se accede cuando el
cónyuge o compañero(a) permanente del beneficiario depende de este y no
disfruta de pensión alguna, o cuando se trata de un hijo en situación de
discapacidad que depende económicamente del beneficiario de la pensión.
Adicionalmente, el derecho a tales incrementos
subsiste mientras perduren las causas que les dieron origen, con lo cual se
entiende que el mismo puede ser reclamado en la medida en que persistan las
condiciones que a él dieron lugar, por lo cual tal prerrogativa no se vería
afectada por el fenómeno de la prescripción.
Así, esta Sala considera que la interpretación
que mejor realiza los derechos fundamentales de los actores es aquella que se
aplicó en la sentencia T- 217 de 2013[58], la cual es aquella que resulta
más favorable para los accionantes, por cuanto en esa oportunidad la Corte
consideró que el derecho en mención no se encuentra sometido a la regla de
prescripción de las acreencias laborales de 3 años. En efecto, en ninguna de
las normas citadas, en las cuales regula el incremento bajo estudio, se
establece que dicha regla deba ser la aplicada al incremento en mención, pues
al definirse la naturaleza del mismo, sólo se señala que tal derecho subsiste
mientras perduren las causas que le dieron origen al mismo. De tal forma, lo
considerado en dicho fallo respecto de la imprescriptibilidad del derecho en
comento se encuentra en consonancia con el principio de favorabilidad, razón
por la cual concluir que tal derecho se encuentra afectado por el fenómeno de
la prescripción, en perjuicio de los peticionarios, contraría el principio de
favorabilidad, y por lo tanto, implica una violación directa de la
Constitución.”
55.
Finalmente, en sentencia T-369 de 2015¸nuevamente
la Corte, atendiendo la reiterada línea jurisprudencial sobre el tema, se
pronunció en el mismo sentido en el caso de la acción de tutela promovida por
Omar Sánchez contra la sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. En dicha
tutela, el accionante reclamó el amparo de sus derechos a la igualdad, debido
proceso, mínimo vital y seguridad social en pensiones, pues consideró que dicha
autoridad judicial los había vulnerado al haber negado el incremento del 14% a
la pensión que le fuera reconocida por el ISS de conformidad con lo dispuesto
en el Acuerdo 049 de 1990  mediante resolución de 1999, bajo el argumento de
que había operado la figura la prescripción pues reclamó de su entidad
pensional dicho incremento tan solo hasta el año 2012.
56.
Tras agotarse la reclamación administrativa y la
ordinaria laboral en las que negaron su petición de incremento por haber operado
la prescripción sobre dicho aumento pensional del 14%, y tras haber interpuesto
acción de tutela que igualmente fue negada por la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, esta Corporación, consideró que en esta
oportunidad se estaba de nuevo desconociendo el precedente constitucional ya establecido
en torno a la imprescriptibilidad de las pensiones, incluso del derecho a
reclamar su reliquidación, ajuste e incrementos señalados en la ley.
57.
En esta nueva oportunidad la Corte si bien recalcó
que la posición de esta Corporación sobre el tema no ha sido pacífica, más sin
embargo, en aplicación del principio de favorabilidad, el cual en efecto si fue
tenido en cuenta en las sentencias que aquí se reiteran (T-217 de 2013 y T-831
de 2014), sostendrá en esta oportunidad lo señalado en los citados fallos.
58.
Es posible concluir entonces que, conforme a la
jurisprudencia constitucional, el derecho a reclamar los ajustes, aumentos y/o
reliquidación de la pensión están estrechamente vinculados con el derecho a la
pensión en sí misma, por lo tanto también es imprescriptible. Además, se ha
determinado que resulta desproporcionado que los afectados con una incorrecta
liquidación no puedan reclamar su derecho en cualquier tiempo.
59.
Bajo estas consideraciones, las sentencias de
tutela de Sala de Revisión de la Corte Constitucional han dejado sin efecto
decisiones de la jurisdicción ordinaria laboral que han declarado la
prescripción de la acción a través de la cual se solicitan la reliquidación
pensional, lo cual constituye un precedente aplicable al caso.
Casos concretos
Expediente T- 4.694.879
60.
Orlando García Medina, presentó acción de tutela
contra el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena y la Sala Laboral
del Tribunal de esa misma ciudad, con el fin de que le fuesen protegidos sus derechos
fundamentales a la igualdad, seguridad social, debido proceso, dignidad humana
y acceso a la administración de justicia. Señaló el actor que se configura un
defecto sustantivo al no acoger el precedente señalado en la sentencia T-217 de
2013 proferida por esta Corporación.
61.
Procede la Sala a verificar el cumplimiento de
los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra una
providencia judicial.
61.1      El asunto reviste una relevancia
constitucional, por cuanto se encuentran vulnerados
los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social y
dignidad humana del señor García Medina.
61.2      El principio de inmediatez para la interposición de la acción
de tutela se cumplió igualmente, teniendo en cuenta lo siguiente: la sentencia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena fue proferida el 30 de
enero de 2014. Se observa que el actor presentó una primera acción de amparo el
14 de julio de 2014, la cual, en virtud de un defecto formal no fue decidida de
fondo y, en consecuencia, fue rechazada. Esta primera demanda fue presentada
dentro del término que la Corte ha estimado prudencial[59] para cumplir el
requisito de inmediatez. Presentó una segunda acción, cuando apenas habían transcurrido
dos meses del rechazo de la primera. Así pues, se considera que si transcurrieron
algo  más de seis meses entre la fecha de la providencia que se controvierte y
la segunda acción, no se observa que el actor haya tenido una actitud pasiva para
el reclamo en la protección de sus derechos fundamentales.
61.3      Se expusieron con claridad los hechos y los derechos presuntamente
vulnerados. Sobre el particular son claros los
hechos que motiva la interposición de esta acción de tutela, pues el actor
confirma su condición de pensionado, que tiene a su cargo la manutención de su
esposa y que al no haberse aceptado el incremento pensional por dicha
circunstancia, se vulneraron sus derechos fundamentales invocados.
61.4      Es evidente que no se trata de una sentencia de tutela, pues
la misma se promovió contra decisiones judiciales dictadas en el trámite de una
actuación ordinaria laboral, como fueron los pronunciamientos hechos en su
momento por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena y por la Sala
Laboral del Superior de esa misma ciudad.
61.5      Finalmente, el accionante cumplió con el principio de
subsidiariedad y con la exigencia de la irregularidad procesal que se alega
tenga efecto directo sobre la decisión de fondo que se impugna. En efecto, se
observa que el actor agotó los medios judiciales a su alcance como  el proceso
ordinario laboral  y el recurso de apelación contra la decisión de primera
instancia.  Se advierte además que no procede el recurso extraordinario de
casación considerando que los valores solicitados[60] no superan l20 salarios
mínimos legales vigentes[61],
cuantía exigida como interés para recurrir.
El desconocimiento de precedente constitucional como causal
específica de procedibilidad de la acción de tutela en el presente caso.
62.
El artículo 241 de la Constitución Política
dispone que le corresponde a la Corte Constitucional la función de salvaguardar
la Carta como norma de normas – principio de supremacía constitucional[62].
En consideración a ello, la Corte como intérprete de la Constitución, dicta sus
decisiones en cumpliendo de dicha competencia constitucional exigiendo en
consecuencia que esas interpretaciones sean atendidas de manera integral ya sea
en su  parte resolutiva como en su ratio decidendi, en tanto esta señala
la regla que se aplicara para resolver la controversia.[63]
63.
Ahora bien, cuando dicho precedente
constitucional se desconoce, la reclamación de dicha conducta por vía de la
acción de tutela se alega como la configuración de un defecto sustancial en la modalidad
de desconocimiento del precedente constitucional.[64] En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[65]
u otros mandatos de orden superior.
64.   Por esta razón, si se desconoce el alcance de los fallos
constitucionales vinculantes, se “genera en el ordenamiento jurídico
colombiano una evidente falta de coherencia  y de conexión concreta con la
Constitución, que finalmente se traduce en contradicciones ilógicas entre la
normatividad y la Carta,  que  dificultan  la unidad intrínseca
del sistema, y afectan la seguridad jurídica. Con ello se perturba además la
eficiencia y eficacia institucional en su conjunto, en la medida en que se
multiplica innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales, más aún
cuando en definitiva, la Constitución tiene una fuerza constitucional preeminente
que no puede ser negada en nuestra actual organización jurídica.”[66]
65.   En este sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-656 de
2011[67]
sostuvo lo siguiente:
“(…) el deber de acatamiento
del precedente judicial se hace más estricto cuando se trata de jurisprudencia
constitucional, en la medida en que la normas de la Carta Política tienen el
máximo nivel de jerarquía dentro del sistema de fuentes del derecho, de modo
que las decisiones que determinan su alcance y contenido se tornan ineludibles
para la administración. No entenderlo así, resulta contrario a la vigencia
del principio de supremacía constitucional”.
66.
De acuerdo con lo expresado por esta Corte en la
sentencia T-351 de 2011[68]
el sentido, alcance y fundamento normativo de obligatoriedad de los
pronunciamientos de la Corte Constitucional varía según se trate de fallos de
constitucionalidad o de revisión de tutelas. No obstante, ambos tienen en
común, que se deben acatar (i) para garantizar el carácter normativo de
la Constitución como norma de normas, en tanto la Corte Constitucional es el
intérprete autorizado de la Carta[69],
y (ii) para unificar la interpretación de los preceptos constitucionales
por razones de igualdad.
67.
Respecto de las sentencias de control abstracto
de constitucionalidad, la obligatoriedad de la jurisprudencia se desprende de
los efectos erga omnes y de la cosa juzgada constitucional. Así,
cualquier norma que se declare inconstitucional por la Corte por ser contraria
a la Carta, debe salir del ordenamiento jurídico y no puede ser aplicada por
ninguna autoridad. Igualmente, la ratio decidendi de todas las
sentencias de control abstracto de constitucionalidad –bien declaren o no
inexequible una disposición-, debe ser atendida por todas las autoridades para
que la aplicación de la ley sea conforme a la Constitución.
68.
En cuanto a los fallos proferidos en sede de
control concreto de constitucionalidad, el respeto de su ratio decidendi
es necesario no solo para lograr la concreción de los principios de igualdad en
la aplicación de la ley y de confianza legítima -que prohíbe al Estado
sorprender a los ciudadanos con decisiones o actuaciones imprevistas- sino para
garantizar los mandatos constitucionales y la realización de los contenidos
desarrollados por su intérprete autorizado. Por esta razón, la interpretación y
alcance que se le dé a los derechos fundamentales en los fallos de revisión de
tutela deben prevalecer sobre aquella que se realiza por otras autoridades
judiciales, incluyendo altos tribunales de cierre de las demás jurisdicciones.[70]
69.
En este punto es importante aclarar que en el
caso de las sentencias de unificación de tutela y de control abstracto de
constitucionalidad proferidas por la Corte Constitucional, es suficiente una
providencia para que exista un precedente, “debido a que las primeras
unifican el alcance e interpretación de un derecho fundamental para casos que
tengan un marco fáctico similar y compartan problemas jurídicos, y las
segundas, determinan la coherencia de una norma con la Constitución Política[71]”.[72]
70.
En este
orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse
cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas
inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se
contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente, la interpretación de un precepto que la
Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii)
se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada,
o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por
la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias
de control de constitucionalidad o de revisión de tutela[73].
71.
De conformidad con lo expuesto, y con
independencia del tipo de defecto en el que se clasifique –como defecto
autónomo o como modalidad de defecto sustantivo-, el desconocimiento del precedente
constitucional, además de violar los derechos de las partes a la igualdad y al
debido proceso, entre otros, vulnera el principio de supremacía constitucional,
lo que constituye una razón de más que hace procedente la acción de tutela
contra la providencia atacada.
72.
En consecuencia, la Sala revocará el fallo proferido por la Sala de Casación
Penal el 13 de noviembre de 2014, que en su momento confirmó la sentencia
dictada del 24 de septiembre de 2014 por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, la cual había negado la acción de tutela instaurada
por Orlando García Medina contra el Juzgado Quinto Laboral del Circuito
de Cartagena y la Sala Laboral del
Tribunal Superior de esa misma ciudad. En
su lugar, se tutelarán los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
seguridad social del señor Orlando
García Medina.
73.
De igual forma, se
dejarán sin efecto las decisiones judiciales del 29 de noviembre de 2012
proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena; y del 30 de
enero de 2014 de la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, que
en su momento encontraron probada la excepción de prescripción con respecto a
la reclamación de reajuste pensional por no haberse  incluido un incremento
contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.
74.
Finalmente, atendiendo
al hecho de que el accionante se sometió al agotamiento de un largo proceso
ordinario laboral, y visto que por su condición de persona de especial
protección, le tener que someterse nuevo a que el juez de la jurisdicción
laboral dicten una nueva providencia que atienda los fundamentos aquí expuesta
por la Sala, no resulta justo, más aún cuando ya hace parte de aquellas
personas que no se encuentran en capacidad de asumir o soportar más cargas
públicas. Por esta razón, esta Sala de Revisión ordenará  de manera directa a
COLPENSIONES, que dentro de los quince (15) días siguientes a la
notificación de esta providencia, profiera una nueva resolución, en el que tenga
en cuenta las consideraciones aquí hechas, en relación con adelantar el
análisis de fondo de las solicitudes de incremento pensional solicitado en
virtud de lo dispuesto por el Acuerdo 049 de 1990 reconocer dicho incremento
sin importar el momento en que el mismo se solicitó. Con todo, sólo  aplicará
la prescripción, al cobro de las mesadas pensionales que ya se hubiesen
vencidos para su reclamación.
Expediente
4.710.457
75.
En el presente caso Ana Josefa Bustamante
Echavarría, presentó acción de tutela contra el Juzgado Municipal de Pequeñas
Causas Laborales de Santa Marta, con el fin de proteger sus derechos
fundamentales a la igualdad, seguridad social, debido proceso y acceso a la
administración de justicia. A juicio de la accionante la decisión proferida por
el referido juzgado, desconoció el precedente constitucional sobre la no
prescriptibilidad de los incrementos pensionales y, por ende, incurrió en
violación directa de la Constitución.
76.
Procede la Sala a verificar el cumplimiento de
los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra una
providencia judicial.
76.1      El asunto reviste una relevancia
constitucional, por cuanto la accionante Ana Josefa
Bustamante Echavarría alega como vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad, seguridad social, dignidad humana y acceso a la
administración de justicia, lo cual justifica la intervención del juez
constitucional.
76.2      El principio de inmediatez para la interposición de la acción
de tutela se cumplió igualmente, pues el Juzgado de Pequeñas Causas Laborales
dictó sentencia oral el 7 de junio de 2012, y la tutela fue presentada el 22 de
junio de 2012, no habiendo transcurrido un mes al momento de su presentación.
76.3      Se expusieron con claridad los hechos y los derechos
presuntamente vulnerados. Sobre el particular son claros los hechos que
motiva la interposición de esta acción de tutela, pues la accionante relata
claramente que es pensionada de COLPENSIONES, que tiene a su cargo la
manutención de su esposo y que al momento de liquidarse su pensión no se tuvo
en cuenta esa situación familiar que le permite reclamar el citado incremento
pensional del 14% referido en el Acuerdo 049 de 1990.
76.4      Es evidente que no se trata de una sentencia de tutela, pues
la decisión que se controvierte es la proferida por el Juzgado de Pequeñas
Causas Laborales en el trámite de un proceso ordinario laboral de única
instancia.
76.5      Finalmente, la accionante cumplió con el principio de
subsidiariedad y con que la exigencia que la irregularidad procesal que
se alega tenga efecto directo sobre la decisión de fondo que se impugna. En
efecto, de conformidad con el
Decreto 1395 de 2010, artículo 12, los jueces municipales de pequeñas causas y
competencia múltiple, en materia laboral, conocen en única instancia[74] de los
procesos cuya cuantía no exceda el equivalente a veinte (20) veces el salario
mínimo legal mensual vigente. En virtud de lo anterior, la sentencia proferida
por el juez de pequeñas causas no  tiene recursos.
Causal específica de procedibilidad y el defecto
sustantivo alegado
77.
El accionante manifiesta que la decisión
judicial: i) desconoció el precedente constitucional de la sentencia T-1260 de
2008, proferida por la Corte Constitucional y la sentencia Rad. 21.517 del 27
de julio de 2005, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia y  ii) considera que existe una violación directa de la Constitución
puesto que el juez dio alcance a una disposición normativa abiertamente
contraria al artículo 48 de la Constitución Política.
78.
Como se advirtió en las consideraciones
generales de esta providencia, la configuración de la causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales relativa
al desconocimiento del precedente jurisprudencial se configura ya sea por vía
de un defecto sustantivo cuando se desconoce el precedente o de forma autónoma.
En tal medida cuando se trata del defecto sustantivo, este puede ser
consecuencia de una aplicación de una norma ya excluida del mundo jurídico, por
aplicación de un precepto que no viene al caso y por lo mismo es inaplicable al
mismo, como consecuencia de una interpretación contra legem, irrazonable
o desproporcionado, por apartes del precedente judicial, pero también cuando se
abstiene de aplicar una excepción de inconstitucionalidad ante la violación
manifiesta y directa de la Constitución.
79.
Es evidente, al igual que en caso anterior resuelto
en esta misma providencia, que para el momento en que se profirieron las decisiones
judiciales que aplicó la excepción de prescripción en contra de los derechos de
la accionante, pese a que esta Corporación, como máximo intérprete de la
Constitución había proferido la sentencia T-762 de 2011, en la que se había
sentado la regla jurisprudencial sobre la irrazonabilidad de sancionar con la
prescripción de la acción a aquella persona que pretenda, pasados tres años,
reclamar la reliquidación de pensión equivocadamente liquidada. Como se anotó
en su momento esta posición judicial es contraria a la asumida por la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia para quien, el derecho pensional no era
prescriptible, pero si lo eran los créditos que del se derivasen.
80.
En el presente caso, a pesar de que la accionante
podría reunir los requisitos para la reliquidación de su pensión con el fin de
acceder a un incremento contemplado en las normas laborales, los jueces cuya
decisión judicial aquí se controvierte, aplicaron  el precedente
jurisprudencial vigente para el momento y sentado por el órgano de cierre en
dicha jurisdicción laboral. Sin embargo, éste no solo desconoció el precedente
constitucional que para ese momento ya había sentado la Corte Constitucional,
sino que además, con el desconocimiento del mismo incurrió igualmente en una
violación directa de la Constitución como lo alega la actora, en tanto contravino
los principios rectores que domina el derecho al trabajo y que se encuentran
contenidos en el citado artículo 53 Superior.
81.   Por lo anterior, y entendiendo que en efecto se encuentra
configurada la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela
contra una providencia judicial, la Sala revocará la sentencia
del 21 de agosto de 2012 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santa Marta, que revocó la sentencia dictada el
10 de julio de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta
que había amparado los derechos fundamentales invocados por la señora Ana Josefa Bustamante Echavarría como
violados por el Juzgado de Pequeñas Causas Laborales de Santa Marta, en el
trámite del proceso ordinario laboral en contra el ISS, hoy COLPENSIONES, y en la cual se había declarado probada
la excepción de prescripción con respecto a la reclamación de reajuste
pensional por no haberse incluido un incremento contemplado en el Acuerdo 049
de 1990.
82.
En esta oportunidad, la Sala confirmará parcialmente la sentencia
dictada el 10 de julio de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de
Santa Marta que había amparado los derechos fundamentales invocados por la
señora Ana Josefa Bustamante
Echavarría. En dicha providencia se había dejado sin efectos la sentencia del 6
de junio de 2012 por el Juzgado de Pequeñas Causas Laborales de Santa Marta, y
le había ordenado que expidiera una nueva providencia en un plazo máximo de 20
días en la que atendiera los argumentos de la imprescriptibilidad de la reliquidación
pensional.
83.
Por esta razón, esta
Sala de Revisión ordenará  de manera directa a COLPENSIONES, que dentro
de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia,
profiera una nueva resolución, en el que tenga en cuenta las consideraciones
aquí hechas, en relación con adelantar el análisis de fondo de las solicitudes
de incremento pensional solicitado en virtud de lo dispuesto por el Acuerdo 049
de 1990 reconocer dicho incremento sin importar el momento en que el mismo se
solicitó. Con todo, sólo  aplicará la prescripción, al cobro de las mesadas
pensionales que ya se hubiesen vencidos para su reclamación.
Expediente T-4.714.467
84.
Finalmente, el señor Cristóbal Fausto Chaparro
Reza, considera que el Juzgado de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla violó
su derecho al debido proceso al desconocer el precedente judicial relativo a
que los incrementos pensionales constituyen derechos adquiridos, de conformidad
con las sentencias C-1024 de 2004 y C-754 de 2004, y además tienen el carácter
de imprescriptibles.
85.
Procede la Sala a verificar el cumplimiento de
los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra una
providencia judicial.
85.1      El asunto reviste una relevancia
constitucional, si se tiene en cuenta que la
decisión cuestionada por el señor Cristóbal Fausto Chaparro Reza vulnera los
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social, dignidad
humana y acceso a la administración de justicia.
85.2      El principio de inmediatez para la interposición de la acción
de tutela se cumplió igualmente, el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas
Laborales de Barranquilla profirió sentencia  el 28 de
febrero de 2014, y la tutela fue presentada el 25 de
julio de 2014, no habiendo transcurrido seis meses desde el momento en que se
profirió el fallo impugnado, cumpliéndose el citado requisito.
85.3      Se expusieron con claridad los hechos y los derechos
presuntamente vulnerados. Sobre el particular son claros los hechos que
motiva la interposición de esta acción de tutela, pues el señor Chaparro Reza,
manifiesta que fue pensionado por el ISS, hoy COLPENSIONES en el año 2005; que
a su cargo se encuentra la manutención de su esposa, y que para el
reconocimiento pensional no se tuvo en cuenta dicha condición familiar que le
permite acceder al incremento pensional referido en el Acuerdo 049 de 1990,
situación por la cual considera claramente vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social, dignidad humana y
acceso a la administración de justicia.
85.4      Es evidente que no se trata de una sentencia de tutela, pues
la decisión que se controvierte es la proferida por el Juez de Pequeñas Causas
Laborales de Barranquilla en el trámite de un proceso ordinario laboral de
única instancia.
85.5      Finalmente, el accionante cumplió con el principio de
subsidiariedad y con que la exigencia de la irregularidad procesal que
se alega tenga efecto directo sobre la decisión de fondo se impugna. En efecto, de conformidad con el Decreto
1395 de 2010, artículo 12, los jueces municipales de pequeñas causas y
competencia múltiple, en materia laboral, conocen, en única instancia,[75] de los
procesos cuya cuantía no exceda el equivalente a veinte (20) veces el salario
mínimo legal mensual vigente. En virtud de lo anterior, la sentencia proferida
por el juez de pequeñas causas no tiene recursos, de tal manera que el
accionante carecía de la posibilidad de impugnar la respectiva decisión.
Causal específica de procedibilidad y el defecto
sustantivo alegado
86.
La providencia de 28 de febrero de 2014, proferida
por el Juez Tercero de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla, declaró probada
la excepción de prescripción.[76]
El fundamento de la decisión fue que los incrementos no forman parte de la
pensión y subsisten mientras perduren las causas que le dieron origen, esto de
conformidad con precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia (Rad. 27923).
87.
En el presente caso, nuevamente la decisión
judicial proferida en el trámite de la actuación ordinaria laboral aplicó el
criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en contravía del
precedente constitucional ya existente para el  momento en que dio por probada
la excepción de prescripción (febrero 28 de 2014) por considerar que los
incrementos pensionales, al no formar parte de la pensión, son susceptibles de
prescribir en su reclamación.
88.
Ciertamente, en la fecha en que dicha autoridad
judicial negó las pretensiones del señor Chaparro Reza, la Corte
Constitucional, como máximo intérprete de la Carta había señalado, en más de un
pronunciamiento, la imprescriptibilidad de la reliquidación de la pensión, en
tanto, es un derecho que deriva directamente de la pensión que goza por
naturaleza propia de la característica de derecho imprescriptible.
89.
En efecto, al igual que en los dos casos
anteriores, además de haberse desconocido los citados precedentes, lo cual
configura la causal especial de procedibilidad de la acción de tutela, también
es dable advertir en un análisis de fondo del caso, que el accionante
igualmente podría reunir los requisitos legales para reclamar la reliquidación
de su pensión, atendido para ello, al hecho de que para la pensión que
actualmente percibe, no se había contemplado su situación familiar, condición
que en los términos del Acuerdo 049 de 1990, le permitía hacerse a un
incremento del 14% en su mesada pensional.
90.
Bajo estas circunstancias, y entendido entonces, que en
efecto se cumplieron los requisitos necesarios para que procediera la presente
acción de tutela contra una providencia judicial, la Sala revocará la sentencia proferida por el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, del 19 de septiembre de
2014, en el trámite de la acción de tutela de Cristóbal Fausto Chaparro Reza
contra el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas, en la cual se había
negado el amparo solicitado.
91.
En su lugar, se tutelarán los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y seguridad social del señor Cristóbal Fausto Chaparro Reza. En consecuencia, se
dejará sin efecto la decisión judicial del 28 de febrero de 2014
proferida por el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Barranquilla, que en su momento encontró probada la excepción de prescripción
con respecto a la reclamación de reajuste pensional tramitado por el señor
Chaparro Reza por no haberse incluido el incremento contemplado en el artículo
21 del Acuerdo 049 de 1990.
92.
Por esta razón, esta
Sala de Revisión ordenará  de manera directa a COLPENSIONES, que dentro
de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia,
profiera una nueva resolución, en el que tenga en cuenta las consideraciones
aquí hechas, en relación con adelantar el análisis de fondo de las solicitudes
de incremento pensional solicitado en virtud de lo dispuesto por el Acuerdo 049
de 1990 reconocer dicho incremento sin importar el momento en que el mismo se
solicitó. Con todo, sólo aplicará la prescripción, al cobro de las mesadas
pensionales que ya se hubiesen vencidos para su reclamación.
Conclusión
93.
De conformidad con las consideraciones aquí expuestas, y atendiéndose al
hecho de que en esta providencia se reitera lo decidido en las sentencias T-762
de 2011, T-217 de 2013 y T-831 de 2014, que concluyó que las solicitudes de
reclamación para obtener la reliquidación de la pensión y la inclusión de
factores salariales no prescriben. Para esta Corporación, la prescripción de
las  pretensiones dirigidas a obtener la reliquidación de pensiones es una
interpretación contraria y violatoria del artículo 53 de la Constitución
Política.
94.
Se aclara de todos modos, como se hiciera en el precedente
constitucional que se reitera, que las mesadas pensionales si deben ser
reclamadas como máximo dentro de los tres años siguientes a haberse causado, so
pena de perderse el derecho a recibirlas. Por lo tanto, los jueces deberán
acceder a analizar las reliquidaciones pensionales para la inclusión de nuevos
factores para su correcta liquidación, pero las mesadas pensionales siguen
siendo objeto de la prescripción que estipula la ley.
III. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. REVOCAR el fallo proferido por la Sala de Casación
Penal el 13 de noviembre de 2014, que en su momento confirmó la sentencia dictada
del 24 de septiembre de 2014 por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, la cual había negado la acción de tutela instaurada por
Orlando García Medina contra el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de
Cartagena y la Sala Laboral del
Tribunal Superior de esa misma ciudad (Exp. T-4.694.879).
SEGUNDO. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad y seguridad social del señor Orlando García Medina. En consecuencia, DEJAR SIN
EFECTO las decisiones judiciales del 29 de noviembre de 2012
proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena; y del 30 de
enero de 2014 de la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, que
en su momento encontraron probada la excepción de prescripción con respecto a
la reclamación de reajuste pensional por no haberse  incluido un incremento
contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.
95.
TERCERO. ORDENAR de
manera directa a COLPENSIONES, que dentro de los quince (15) días
siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva
resolución, en el que tenga en cuenta las consideraciones aquí hechas, en
relación con adelantar el análisis de fondo de las solicitudes de incremento
pensional solicitado en virtud de lo dispuesto por el Acuerdo 049 de 1990
reconocer dicho incremento sin importar el momento en que el mismo se solicitó.
Con todo, sólo aplicará la prescripción, al cobro de las mesadas pensionales
que ya se hubiesen vencidos para su reclamación.
CUARTO. REVOCAR la sentencia del 21 de agosto de
2012 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santa Marta, que revocó la sentencia dictada el 10 de julio de 2012
por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta que había amparado
los derechos fundamentales invocados por la señora Ana Josefa Bustamante Echavarría como violados por
el Juzgado de Pequeñas Causas Laborales de Santa Marta, en el trámite del
proceso ordinaria laboral que la misma accionante había iniciado en contra el ISS, hoy COLPENSIONES, y
en la cual se había declarado probada la excepción de
prescripción con respecto a la reclamación de reajuste pensional por no
haberse  incluido un incremento contemplado en el Acuerdo 049 de 1990 (Exp. T-4.710.457).
QUINTO. En
su lugar, CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia dictada el 10 de julio de
2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta que había
amparado los derechos fundamentales invocados por la señora Ana Josefa Bustamante Echavarría en cuanto amparo los
derechos fundamentales de la accionante. En esa oportunidad dicha instancia
judicial había dado un plazo máximo de 20 días para impartir una nueva decisión
judicial que atendiera los fundamentos de la imprescriptibilidad de la
reliquidación pensional.
ORDENAR de manera
directa a COLPENSIONES, que dentro de los quince (15) días siguientes a
la notificación de esta providencia, profiera una nueva resolución, en el que
tenga en cuenta las consideraciones aquí hechas, en relación con adelantar el
análisis de fondo de las solicitudes de incremento pensional solicitado en
virtud de lo dispuesto por el Acuerdo 049 de 1990 reconocer dicho incremento
sin importar el momento en que el mismo se solicitó. Con todo, sólo aplicará la
prescripción, al cobro de las mesadas pensionales que ya se hubiesen vencidos
para su reclamación.
SEXTO. REVOCAR la sentencia proferida por el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, el 19 de septiembre de
2014, en el trámite de la acción de tutela de Cristóbal Fausto Chaparro Reza
contra el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas, en la cual se había
negado el amparo solicitado.  (Exp. T-4.714.467).
SÉPTIMO. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad y seguridad social del señor Cristóbal Fausto Chaparro Reza. En consecuencia, DEJAR
SIN EFECTO la decisión judicial del 28 de febrero de 2014 proferida
por el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla,
que en su momento encontró probada la excepción de prescripción con respecto a
la reclamación de reajuste pensional tramitado por el señor Chaparro Reza por
no haberse incluido el incremento contemplado en el artículo 21 del Acuerdo 049
de 1990.
96.
OCTAVO. ORDENAR de
manera directa a COLPENSIONES, que dentro de los quince (15) días
siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva
resolución, en el que tenga en cuenta las consideraciones aquí hechas, en
relación con adelantar el análisis de fondo de las solicitudes de incremento
pensional solicitado en virtud de lo dispuesto por el Acuerdo 049 de 1990
reconocer dicho incremento sin importar el momento en que el mismo se solicitó.
Con todo, sólo aplicará la prescripción, al cobro de las mesadas pensionales
que ya se hubiesen vencidos para su reclamación.
NOVENO. Por
Secretaría General líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
GLORIA
STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con
salvamento de voto
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO
DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
A
LA SENTENCIA T-319/15
INCREMENTO
PENSIONAL DEL 14% EN RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE QUE
DEPENDE ECONOMICAMENTE DEL BENEFICIARIO DE LA PENSION-No
existen pronunciamientos constitucionales reiterados ni posturas uniformes
dentro de la Corte en torno al incremento pensional del 14% (Salvamento de
voto)
El precedente de la Corte hasta ahora se encuentra dividido, y el
tema no ha sido pacífico, pues la Corporación tiene dos criterios el primero
que sostiene que los incrementos prescriben, y el segundo que los considera
imprescriptibles. Así las cosas, estimo que no existen pronunciamientos
constitucionales reiterados ni posturas uniformes dentro de la Corte en torno
al incremento pensional del 14%, razón por la cual no puede considerarse que
una providencia judicial desconoce el precedente constitucional cuando, de
conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia, el
incremento del 14% por personas a cargo está sujeto a prescripción, en
consecuencia, una autoridad judicial que actuó en desarrollo de los principios
de independencia y autonomía propios de la actividad jurisdiccional, no incurre
en desconocimiento del precedente constitucional al tomar una decisión
debidamente sustentada en una hermenéutica del derecho positivo, pero contraria
a una interpretación de algunas salas de la Corporación, posición que no ha
sido unánime.
Referencia: Expedientes Acumulados T-
4.694.879, T-4.710.457, y T-4.714.467.
Demandante:
Orlando Medina García, Ana Josefa
Bustamante Echavarría y Cristóbal Fausto Chaparro Reza.
Demandados:
Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena, Sala Laboral del
Tribunal Superior de Cartagena; Juez de Pequeñas Causas Laborales de Santa
Marta, y Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas de Barranquilla.
Magistrado Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte
Constitucional, me permito exponer los argumentos que me condujeron a disentir
de la decisión adoptada por la Sala Cuarta de Revisión:
1. A mi juicio,
los incrementos por personas a cargo, mantienen su
vigencia para las personas a quienes se les aplica el Decreto 758 de 1990[77], incluyendo quienes se
encuentran beneficiadas por el régimen de transición, en consecuencia, solo son
aplicables a quienes le es reconocida la pensión de vejez con base en dicha
normativa.  Prevén una ayuda al pensionado quien
todavía tiene personas a su cargo, cuyo aumento solo se calcula con base en la
pensión mínima, en consideración a los requisitos previstos para acceder a la
prestación y el monto de la pensión[78],
de tal manera que no se puede hacer extensivo a otras modalidades de pensión,
en la medida en que las diferentes normas que se aplican en virtud del régimen
de transición reconocen otros beneficios.
Conforme la naturaleza y finalidad del incremento por
persona a cargo, este no hace parte de la pensión, pues se trata de un valor
agregado a la mesada, en proporción a la pensión mínima legal y que se
encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley,
se deriva del carácter de pensionado, más no es una acreencia que nace de
manera automática con la pensión de vejez, razón por la cual se enmarca en los
casos en que se aplica la prescripción de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.  Los
incrementos pensionales constituyen una prerrogativa que aumenta la mesada
pensional, sin embargo, no pueden asimilarse a un reajuste legal, pues la
norma legal que los consagra, señala que no constituyen un factor salarial.
La posibilidad de reclamarlos nace una vez se reconoce
el derecho. Y conforme las normas previstas en el Decreto 758 de 1990, su pago,
obedece a que se cumplan condiciones tales como: tener personas a cargo,
siempre y cuando se acredite la dependencia económica. Asimismo, única y
exclusivamente, pueden tasarse sobre la pensión mínima legal.  No es una
prerrogativa vitalicia, situaciones, que sin duda, tal y como lo advirtió la
sentencia T-791-2013, ubica a los incrementos dentro de las acreencias que son
prescriptibles.
Ahora bien, el precedente de la Corte hasta ahora se encuentra
dividido, y el tema no ha sido pacífico, pues la Corporación tiene dos
criterios el primero que sostiene que los incrementos prescriben[79], y el segundo que los
considera imprescriptibles[80].
Así las cosas, estimo que no existen pronunciamientos constitucionales
reiterados ni posturas uniformes dentro de la Corte en torno al incremento
pensional del 14%, razón por la cual no puede considerarse que una providencia
judicial desconoce el precedente constitucional cuando, de conformidad con la
jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia, el incremento del 14%
por personas a cargo está sujeto a prescripción, en consecuencia, una autoridad
judicial que actuó en desarrollo de los principios de independencia y autonomía
propios de la actividad jurisdiccional, no incurre en desconocimiento del
precedente constitucional al tomar una decisión debidamente sustentada en una
hermenéutica del derecho positivo, pero contraria a una interpretación de
algunas salas de la Corporación, posición que no ha sido unánime.
2. Ahora bien,
mi segundo argumento resulta congruente con la posición
expresada en el Salvamento de Voto a la Sentencia Su-298-2015, como quiera que
este es uno de los fundamentos de la decisión.  Se concluye en el fallo de
tutela que de conformidad con lo decidido en las sentencias T-762 de 2011,
T-456-2013 y SU- 298 de 2015 “la prescripción de las pretensiones dirigidas
a obtener la reliquidación de las pensiones es una interpretación contraria y violatoria
al artículo 53 de la Constitución Política”.
En esa oportunidad
manifesté que las autoridades judiciales al
momento de decidir un caso no solo deben determinar cuáles son las
disposiciones aplicables, sino que, frente a situaciones análogas ya decididas
por el mismo juez, o por sus superiores, -Corte Suprema de Justicia, Consejo de
Estado o Corte Constitucional- deben analizar si existen reglas interpretativas
aplicables al
caso concreto.  Frente al tema del precedente es sabido que la autonomía judicial se
restringe a los criterios unificadores de los jueces colegiados (altas
corporaciones), y existe el deber de no apartarse de la jurisprudencia. No
obstante lo anterior, quien decide separarse del precedente aplicable, debe
explicar y justificar en su providencia las razones para hacerlo. En caso de que el cambio de postura no se
justifique expresamente, se produce una violación a los derechos fundamentales
de igualdad, acceso a la administración de justicia y debido proceso.
Estimo que para ese momento, no resultaba acertado
tener como precedentes obligatorios las sentencias de tutela citadas,
proferidas en Sala de Revisión, en la medida en que, frente al tema, no existía
una línea jurisprudencial clara y expresa, como tampoco
una postura reiterada y uniforme de la Corporación, de manera que tales
referentes aislados, no podían invocarse como un precedente obligatorio. Así
mismo, tampoco constituyen una jurisprudencia en vigor,
entendida como una decisión o un conjunto de decisiones de la Sala Plena, o de
las Salas de Revisión que formen por su coincidencia y uniformidad un
precedente vinculante.[81]
Ahora bien, debo
hacer énfasis tal y como lo advertí en las líneas que anteceden que los incrementos
pensionales no pueden asimilarse a factores salariales, por tanto, su no
pago no se traduce en efectuar la reliquidación de la pensión, aun mas, no hace
parte del monto de la pensión, así lo prescribe el artículo 22 del Acuerdo 049
de 1990, pues se trata de un porcentaje que se
tasa sobre la pensión mínima y que se paga conforme el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la ley y hasta cuando subsistan las causas que le
dieron origen. No constituye un aumento vitalicio.   En virtud de lo
anterior, no sería aplicable el precedente de unificación por cuanto la
reliquidación de una pensión involucra tomar en cuenta sumas, cotizaciones,
aportes o la aplicación de normas que determinan e inciden en el valor de la
prestación económica, ajuste que es permanente. Los incrementos pensionales son
aumentos que se calculan sobre la pensión mínima y solo deben ser pagados
mientras se demuestre que las causas que le dieron origen continúan, no
implican reliquidar la prestación económica.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado
[1] La Sala de Casación Laboral admitió la presente tutela en auto del
17 de septiembre de 2014.
[2] En los citados folios obran fotocopias simples de las cédulas de
ciudadanía de la señora Bustamante Echavarría y de su esposo Murillo Beltrán.
[3] A
folios 35 y 36 del expediente de tutela obran copia de una factura de la
empresa 4:72 de envío de correspondencia del señor Leonardo Beltrán al ISS. Se
señalan como lugar de envío y de recibo la ciudad de Santa Marta, con fecha de
envío el día 25 de agosto de 2011. El folio siguiente suscrito por el mismo
señor Leonardo Beltrán, apoderado de la accionante en esta tutela, contiene un
listado de nombres entre los que se encuentra el de la señora Ana Josefa
Bustamante Echavarría, y que hace referencia a las reclamaciones
administrativas que a nombre de dichas personas realiza en contra del ISS.
[4] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Radicado No.
17771 del 25 de julio de 2005.
[5] El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta admitió la
presente tutela en auto del 26 de junio de 2012.
[6] Desconocimiento de lo dicho en las sentencias C-624 de 2003, T-746
de 2004, T-923 de 2006, en los cuales se ha dejado sentado que las prestaciones
consagradas en el sistema general de pensiones no se extinguen por efectos de
la prescripción.
[7] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Radicación
27.923 del 12 de diciembre de 2007.
[8] A folio 11 del expediente de tutela, obra el Registro Civil de
Matrimonio entre el señor Cristóbal Fausto Chaparro Reza y la señora Blanca
Barbosa Bayona.
[9] El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla admitió la
acción de tutela por auto del 28 de julio de 2014.
[10] Sentencia T-217 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
[11] Ver entre otras las sentencias T-827 de
2003, T-648, T-691, T-1089 de 2005, T-015 de 2006 y SU-913 de 2009.
[12] Sobre la procedencia de la acción de
tutela como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable,
resultan relevantes las sentencias T–225 de 1993, T–1670 de 2000, SU–544 de
2001, SU-1070 de 2003, y           C-1225 de 2004 en las cuales se sentaron las
primeras directrices sobre la materia, las que han sido desarrolladas por la
jurisprudencia posterior. También puede consultarse la sentencia T-698 de 2004.
y la sentencia T-827 de 2003.
[13] Sentencia C-543 de 1992, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[14] Sentencias T-567 de 1998, T-511 y SU-622
de 2001 y T-108 de 2003 entre otras.
[15] Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.
[16] Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa.
[17] Sentencia T-231 de 1994 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[18] Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa. En esta sentencia la
Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la expresión “ni acción”,
que hacía parte del artículo 185 de la Ley 906 de 2004. Esta decisión se asumió
bajo el criterio de que dicha expresión restringía el ejercicio de la acción de
tutela contra sentencias de la Corte Suprema de Justicia en ejercicio del
recurso extraordinario de casación en materia penal.
[19] Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño.
[20] Magistrado Ponente Juan Carlos Henao Pérez.
[21] Sentencia T-774 de 2004.
[22] Sentencia SU-813 de 2007: Los criterios generales de
procedibilidad son requisitos de carácter procedimental encaminados a
garantizar que no exista abuso en el ejercicio de la acción de tutela dentro de
un proceso judicial donde existían mecanismos aptos y suficientes para hacer
valer el derecho al debido proceso. A juicio de esta Corporación, la razón
detrás de estos criterios estriba en que “en estos casos la acción se
interpone contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que
en principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constitución.”
[23] Sentencia T-1240 de 2008: los criterios específicos o
defectos aluden a los errores o yerros que contiene la decisión judicial
cuestionada, los cuales son de la entidad suficiente para irrespetar los
derechos fundamentales del reclamante.
[24] Sentencia T-173 de 1993 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[25] Sentencia T-504 de 2000 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[26] Sentencia T-315 de 2005 M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[27] Sentencia C-591 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[28] Sentencia T-658 de 1998 M.P. Carlos Gaviria
Díaz.
[29] Sentencias T-088 de 1999 y SU-1219 de 2001.
[30] Sentencia T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[31] Sentencias T-1625 de 2000, T-1031 y SU-1184 ambas de 2001, y T-462
de 2003.
[32] Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[33] Sentencia T-701 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[34] Sentencia T-410 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[35] Ver Sentencia T-087 de 2007
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003
M.P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, y SU-448 de 2011
M.P. Mauricio González Cuervo.
[36] Sentencia T-830 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[37] Según la sentencia citada, el antecedente como concepto jurídico se
refiere a una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que si
bien puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico,
el aspecto relevante es que los conceptos, interpretaciones de preceptos
legales, aplicados por el juez en ese caso, sirven como guía a otro juez para
resolver un caso similar. Así, el antecedente tienen un carácter orientador,
lo que no significa (a) que el juez no deba tenerlo en cuenta a la hora
de fallar, y (b) que éste exima a dicho juez  del deber de argumentar o
exponer las razones para apartarse de éste, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad.
[38] Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa.
[39] Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.
[40] En la sentencia T-1317 de 2001. M.P.
Rodrigo Uprimny Yepes.
[41] Ver también las sentencias T-1317 de 2001.
M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y T-292 de 2006.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[42] Corte Constitucional, sentencia T-546 de
2014 y sentencia C-816 de 2011.
[43] Corte Constitucional. Sentencias C-836 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar
Gil y sentencia SU-047 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[44] Sentencia T-086 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[45] Sentencia C-539 de 2011. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[46] Magistrado Ponente Humberto Antonio
Sierra Porto.
[47] Sentencia T-693 de 2009, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[48] Esta sentencia ha sido retomada por los
fallos: C-624 de 2003, C-298 de 2002, T-1260 de 2008 y T-896 de 2010, entre
otros.
[49] Corte Constitucional, sentencia C-230 de 1998. M.P. Hernando Herrera Vergara.
[50] Sentencia C-298 de 2002. M.P. Eduardo
Montealegre Lynett.
[51] Íbid. Tomado literalmente por la
sentencia C-624 de 2003, y la idea general ha sido retomada por los fallos
T-762 de 2011, T-217 de 2013 y T-456 de 2013, entre otros.
[52] Sentencia T-1285 de 2005 y sentencia T-567 de 1998.
[53] En la Sentencia  T- 292 de 2006 se estableció respecto a la
identificación de la Ratio Decidendi que, “Puede considerarse que se
ha identificado adecuadamente la ratio de una sentencia de constitucionalidad,
cuando: i) La sola ratio constituye en sí misma una regla con un grado de
especificidad suficientemente claro, que permite resolver efectivamente si la
norma juzgada se ajusta o no a la Constitución. Lo que resulte ajeno a esa
identificación inmediata, no debe ser considerado como ratio del fallo; ii) la
ratio es asimilable al contenido de regla que implica, en sí misma, una
autorización, una prohibición o una orden derivada de la Constitución; y iii)
la ratio generalmente responde al problema jurídico que se plantea en el caso,
y se enuncia como una regla jurisprudencial que fija el sentido de la norma
constitucional, en la cual se basó la Corte para abordar dicho problema
jurídico. Esta Corporación ha indicado que la ratio decidendi sobre un tema
jurídico puede consolidarse “en una oportunidad posterior”, esto es, cuando de
manera reiterada se reafirma la regla del fallo inicial en otros casos. En ese
sentido, si bien la ratio de una sentencia surge de la sentencia misma, los
fallos posteriores de la Corte ofrecen los criterios autorizados para
identificar adecuadamente dicha ratio; de manera tal que le permiten al juez o
quien habrá de aplicar una sentencia, ser fiel a una interpretación
constitucional determinada”.
[54] Dijo la Corte en la Sentencia T- 292 de 2006 respecto al deber que
tienen los jueces de justificar el cambio de precedente que, “El respeto a
los precedentes no les permite a las autoridades judiciales desligarse
inopinadamente de los antecedentes dictados por sus superiores. De hecho, como
el texto de la ley no siempre resulta aplicable mecánicamente, y es el juez
quien generalmente debe darle coherencia a través de su interpretación
normativa, su compromiso de integrar el precedente es ineludible, salvo que
mediante justificación debidamente fundada, el operador decida apartarse de la
posición fijada por la Corte, o eventualmente, por su superior funcional (…)”.
[55] Art. 48 CP. “La seguridad social es un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.
“Se
garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad
social.
“El
Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley. La seguridad social podrá ser prestada por
entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.
“No se
podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad
social para fines diferentes a ella.
“La ley
definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su
poder adquisitivo constante”.
[56] Magistrado Ponente Hernando Herrera Vergara.
[57] Magistrado Ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[58]
M.P. Alexei Julio Estrada
[59] La Corte ha dicho que
en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la
tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría
considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de
las particularidades del caso. (Sentencias T-288 de 2011 y T-287 de 2012).
[60] Los incrementos pensionales se tasan sobre el salario mínimo legal
vigente, la pensión fue reconocida en el año 2002.
[61] ARTÍCULO 86. SENTENCIAS SUSCEPTIBLES DEL RECURSO. Artículo modificado por el artículo 43 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto
es el siguiente: A partir de la vigencia de la presente ley y sin perjuicio de
los recursos ya interpuestos en ese momento, sólo serán susceptibles del
recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120)
veces el salario mínimo legal mensual vigente.
[62] Ver sentencia C-539 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[63] Sentencia SU-168 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[64] Ver sentencias C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-292 de
2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-230 de 2011 M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[65] Ver sentencia T-123 de 2010 M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[66] Sentencia T-292 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[67] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[68] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En este
caso el ICFES interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Quinto
Administrativo de Popayán y del Tribunal Administrativo del Cauca, por
considerar que dichas autoridades judiciales desconocieron los derechos de la
entidad, al emitir sentencias dentro de un proceso de reparación directa en las
cuales declararon su responsabilidad, condenándolos al pago de perjuicios
morales a favor del demandante. A juicio del actor, las providencias
controvertidas adolecen de defectos de carácter fáctico y sustantivo, además de
desconocer el precedente del Consejo de Estado en materia de determinación y
tasación de perjuicios morales. La Sala concede el amparo al debido proceso de
la demandante, por considerar que las sentencias controvertidas carecen de una
motivación en materia de tasación de perjuicios morales, lo que impide el
control legal y constitucional del fallo, amenaza el principio de igualdad de
trato por parte de las autoridades judiciales para todos los ciudadanos y puede
llegar a un grave detrimento del erario público. La Corte concede el amparo
invocado y deja sin efecto la sentencia de segunda instancia en lo referente a
la tasación de perjuicios morales, ordenando a la respectiva autoridad judicial
dictar sentencia de reemplazo.
[69] Ver además sentencias T-468 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil y
T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
[70] En palabras de la Corte: “En síntesis,
la Corte ha considerado que la obligatoriedad de la ratio decidendi de los
fallos de tutela se desprende del principio de igualdad y del acceso a la
administración de justicia pues (de no ser así) la aplicación de la ley y la
Constitución dependería del capricho de cada juez - y se habla de capricho
precisamente para referirse a los casos en los que los jueces no justifican por
qué se apartan de la jurisprudencia de unificación -, de manera tal que casos
idénticos o similares podrían ser fallados en forma absolutamente diferente por
distintos jueces e incluso por el mismo juez” y al acceso a la administración
de justicia porque “…las decisiones de la Corte y su interpretación de la
Constitución serían ignoradas por los jueces, en contra del derecho de los
asociados a que exista una cierta seguridad jurídica acerca de la
interpretación de las normas.” Cfr. Sentencia T-566 de 1998 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, reiterado en la sentencia T-292 de 2006 M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa, entre otras posteriores.
[71] De la misma forma las sentencias de unificación de la Sala Plena
del Consejo de Estado pueden constituir precedente según el artículo 10 de la
Ley 1437 de 2011 estudiado por la Corte Constitucional en sentencia C-634 de
2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[72] Sentencia T-830 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[73] Ver sentencia T-1092 de 2007 M.P. Humberto Sierra Porto y T-656 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[74] Artículo 12 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social.
[75] Artículo 12 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social.
[76] La Resolución No 006240 de 2005, reconoce
pensión de vejez al accionante a partir del 1 de octubre de 2005,
reconocimiento que se realiza de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 049
de 1990. (folio11)
[77]
“por mayoría se definió que los incrementos por personas a cargo previstos en
el artículo 21 del Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 0758 de 1990, aún
después de la promulgación de la Ley 100 de 1993 mantuvieron su vigencia, para
quienes se les aplica el mencionado Acuerdo del ISS por derecho propio o
transición, siendo este el criterio que actualmente impera (…)CSJ, Sala de
Casación Laboral,Rad.29531, 5 de diciembre de 2007.
[78]
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 758 de 1990 se consagra un monto
de la pensión de vejez a partir del 45% del IBL con un tiempo de 500 semanas
cotizadas. El límite de la pensión es hasta el 90% con 1250 semanas
[79] Ver sentencias T-791-2013, T-748-2014, T-123-2015
[80] Ver sentencias T217-2013, T-831-2014.
[81] T292-2006.