C-664-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-664/13
TRATADO RELATIVO A PROHIBICION DEL EMPLEO
EN GUERRA DE GASES ASFIXIANTES, TOXICOS O SIMILARES Y DE MEDIOS BACTERIOLOGICOS-Se ajusta a la
Constitución Política
Realizado el
análisis formal de la ley aprobatoria, se inició el estudio del contenido
material del instrumento internacional remitido, respecto del cual se concluyó
que el mismo es desarrollo de la prohibición contenida en el artículo 81 de la
Constitución, con la cual se procura la defensa del
derecho colectivo al goce de un ambiente sano y a la protección de la
biodiversidad. Adicionalmente, sus objetivos buscan alcanzar el deber establecido
en el derecho internacional humanitario de limitar los métodos y medios de
guerra, de manera que no afecten a la población civil, ni causen destrucción
masiva e incontrolada. En este orden, se encuentra ajustado al parámetro
de control al cual está sometido.Por las razones antes mencionadas, la
Corte declara la exequibilidad del “Protocolo relativo a la prohibición del
empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios
bacteriológicos”, suscrito en la ciudad de Ginebra, el
17 de Junio de 1925, así como de la ley10 de 1980
aprobatoria del mismo.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS
INTERNACIONALES Y SUS LEYES APROBATORIAS-Competencia de la
Corte Constitucional
TRATADO INTERNACIONAL-Control previo
El artículo Transitorio
58 de la Constitución no excluye y, por el contrario, supone el control previo
de constitucionalidad, ya que no puede interpretárselo de manera aislada sino
en armonía con las demás disposiciones de la
Carta. A partir de la vigencia de la
Constitución de 1991, habida cuenta de la previsión consagrada en el numeral
10 de su artículo 241, no cabe duda sobre el necesario sometimiento al control
previo de constitucionalidad a cargo de esta Corte sobre los tratados
internacionales y las leyes que los aprueben. La medida de esta función de la
Corte está dada no solamente por el claro sentido del texto, el cual extiende
el control -haya o no ley aprobatoria- al tratado mismo, sino por una razón
sistemática: la de que el ordenamiento constitucional está orientado a la
revisión de los tratados cuyo canje de notas aún no se ha producido, a fin de
asegurar, antes de que entre en vigencia, la sujeción de sus cláusulas a las
previsiones constitucionales, conciliando así la prevalencia de las normas
fundamentales con el principio de Derecho Internacional sobre cumplimiento de
los tratados en vigor.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Garantía básica en un Estado de Derecho
TRATADO INTERNACIONAL-Su aprobación se fundamenta en una triada
constitucional
PRINCIPIO PACTA SUNT SERVANDA-Alcance
En virtud del principio Pacta Sunt
Servanda, el Estado debe cumplir los compromisos adquiridos a través de
instrumentos internacionales, por ello es imprescindible que antes de su
ratificación o adhesión sean sometidos al control judicial que permite establecer
si los compromisos que lo vincularán son compatibles con la
Constitución Política y, por tanto, tienen la potencialidad de ser cumplidos
por Colombia como Estado Parte
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Consecuencias por no remisión oportuna por el Gobierno a la
Corte Constitucional
La Corte Constitucional ha manifestado en repetida
jurisprudencia que la remisión tardía de la ley aprobatoria de un tratado
internacional por parte del Gobierno no afecta su competencia para realizar el
control de constitucionalidad tanto de la ley, como del tratado suscrito. En
efecto, antes que privar a la Corte de la posibilidad de controlar la
adecuación de la ley a la Constitución, se ha establecido en reiterada
jurisprudencia por parte de este Tribunal que el vencimiento del término
previsto por el numeral 10 del artículo 241 de la
Constitución -seis días- para remitir el tratado:No impide que la
Corte conozca de la ley aprobatoria y del tratado internacional una vez sean
remitidos por parte del Gobierno;No impide que cualquier ciudadano demande la
constitucionalidad de la ley y del tratado luego de que trascurren los seis
días que tiene el Gobierno para hacer la referida remisión, caso en que el
control no se limitará al problema planteado en la acción interpuesta, sino que
será un control de carácter integral; Hace que surja la competencia de la
Corte Constitucional para iniciar de oficio el juicio de constitucionalidad a
la ley aprobatoria y al tratado suscrito por el Estado colombiano.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Normas antes de la
Constitución de 1991/PRINCIPIO TEMPUS REGIT ACTUM-Alcance
En numerosas oportunidades la
Corte Constitucional ha explicado que los aspectos atinentes a la forma de las
disposiciones preconstitucionales, a diferencia de su contenido material, se
rigen por las disposiciones de la
Carta Política vigente al momento de su expedición, es decir, de la
Constitución de 1886. En cambio, los aspectos relacionados con el contenido
material de las normas preconstitucionales se deben controlar con referencia a
lo dispuesto en la Constitución de 1991. Ello no implica que la
Corte haya otorgado efectos ultra-activos a la
Constitución de 1886, puesto que ello contrariaría el efecto inmediato que
surtió la Carta de 1991 a partir del momento de su expedición; simplemente se
deriva de un reconocimiento del principio tempus regit actum, que en estos
casos obliga a estudiar la validez del proceso de formación de una norma
preconstitucional actualmente vigente, de conformidad con las pautas formales y
procedimentales que regían al momento de su expedición.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Ley aprobatoria de tratado internacional antes de la
Constitución de 1991
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite de ley ordinaria
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL-Negociación y celebración
TRATADO RELATIVO A PROHIBICION DEL EMPLEO
EN LA GUERRA DE GASES ASFIXIANTES, TOXICOS O SIMILARES Y DE MEDIOS BACTERIOLOGICOS-Trámite legislativo
TRATADO RELATIVO A PROHIBICION DEL EMPLEO
EN LA GUERRA DE GASES ASFIXIANTES, TOXICOS O SIMILARES Y DE MEDIOS BACTERIOLOGICOS-Contenido
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Concepto/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Parámetro
de control de constitucionalidad/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Estricto
sensu/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Lato sensu
El bloque de constitucionalidad incluye normas que sin
figurar formalmente en el texto constitucional, son utilizadas como parámetros
de control de constitucionalidad al tener jerarquía constitucional por remisión
directa de la Constitución (artículo 93). Ellas son (i) los tratados internacionales que
reconocen derechos humanos, y las del derecho internacional humanitario, bloque
de constitucionalidad estricto sensu; y, (ii) aunque no tengan rango
constitucional configuran parámetros para examinar la validez constitucional de
las normas sujetas a control las leyes estatutarias, las leyes orgánicas y
algunos convenios internacionales de derechos humanos, calificados como
integrantes del bloque de constitucionalidad lato sensu.
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO/IUS
COGENS/CONVENIO DE GINEBRA
En síntesis, los principios del derecho
internacional humanitario plasmados en los Convenios de Ginebra y en sus dos
Protocolos, por el hecho de constituir un catálogo ético mínimo aplicable a
situaciones de conflicto nacional o internacional, ampliamente aceptado por la
comunidad internacional, hacen parte del ius cogens o derecho consuetudinario
de los pueblos.  En consecuencia, su fuerza vinculante proviene de la
universal aceptación y reconocimiento que la comunidad internacional de Estados
en su conjunto le ha dado al adherir a esa axiología y al considerar que no admite
norma o práctica en contrario. No de su eventual codificación como normas de
derecho internacional, como se analizará con algún detalle más adelante. De ahí
que su respeto sea independiente de la ratificación o adhesión que hayan
prestado o dejado de prestar los Estados a los instrumentos internacionales que
recogen dichos principios. El derecho internacional humanitario es, ante todo,
un catálogo axiológico cuya validez absoluta y universal no depende de su
consagración en el ordenamiento positivo.
DERECHO A LA
PAZ Y PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA-Prevención
de la guerra y obligación del Estado de morigerar sus efectos/HUMANIZACION
DE LA GUERRA-Proyección del derecho a la paz
El principio de dignidad humana y el
derecho a la paz no sólo imponen el deber de prevenir la guerra sino que, en
caso de un conflicto inevitable, obligan al Estado a morigerar sus efectos. Así
como no toda guerra es legítima, no todo medio utilizado puede admitirse como legítimo.
La humanización de la guerra, lo ha señalado la
Corte, constituye una proyección del derecho a la paz. La obligación
constitucional de respetar en los estados de guerra y de conmoción interior el
derecho internacional humanitario, deriva en el deber del Estado colombiano de
asegurar que, en todo conflicto bélico o interno, tales normas se apliquen. De
igual manera, siguiendo la cláusula Martens, y en evidente conexión con el
principio de dignidad humana, el Estado colombiano estará obligado a lograr la
no utilización de medios que tengan efectos desproporcionados contra los no
combatientes o que afecten la población civil.  Es decir, tiene el deber de
evitar la fabricación y el uso de cualquier arma de destrucción masiva, ya sea
en el conflicto interno o en sus acciones bélicas internacionales.
.
Referencia: expediente No. LAT-395
Revisión de constitucionalidad del “Protocolo
relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos
o similares, y de medios bacteriológicos”, firmado en Ginebra el 17 de
Junio de 1925, y de la Ley 10 de 1980, aprobatoria del mismo.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de
septiembre de dos mil trece (2013).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067
de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión automática del “Protocolo relativo a
la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o
similares, y de medios bacteriológicos”, firmado en Ginebra el 17 de Junio
de 1925, y de la Ley 10 de 1980, aprobatoria del mismo.
I. ANTECEDENTES
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República, mediante oficio recibido el 10 de agosto de 2012, remitió a esta
Corporación copia auténtica de la Ley 10 de 1980 “Por medio de la cual se
aprueba el “Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de
gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios bacteriológicos”, firmado
en Ginebra el 17 de Junio de 1925, y se autoriza al Gobierno de Colombia para
adherir a dicho Protocolo; y la “Convención sobre la prohibición del desarrollo,
la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (Biológicas), y
toxínicas, y sobre su destrucción”, hecha en tres ejemplares en Washington,
Londres y Moscú el 10 de abril de 1.972”.,
para que de conformidad con lo previsto en el artículo 241, numeral 10 de la
Constitución, la Corte decida sobre la exequibilidad del “Protocolo Relativo
a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o
similares, y de medios bacteriológicos”, firmado en Ginebra el 17 de Junio
de 1925, y su ley aprobatoria, como quiera que la “Convención sobre la
prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas
bacteriológicas (Biológicas), y toxínicas, y sobre su destrucción”, hecha en
tres ejemplares en Washington, Londres y Moscú el 10 de abril de 1.972”,
entró en vigor el 19 de diciembre de 1983, fecha del depósito del
instrumento de ratificación.
Mediante auto del 29 de agosto de 2012 el
Magistrado Sustanciador avocó el conocimiento del proceso de la referencia y con
el fin de contar con los elementos de juicio necesarios para proferir una
decisión de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 241 superior, dispuso la
práctica de pruebas en relación con los antecedentes legislativos. Recibidas
éstas, profirió auto de continuación con fecha 20 de marzo de 2013, en el que
ordenó dar cumplimiento a los numerales cuarto y siguientes del auto del 29 de
agosto de 2012.
Cumplidos los trámites propios de esta clase de
procesos y previo el concepto del Procurador General de la
Nación, procede la Corte a decidir acerca del asunto de la referencia.
II. LEY APROBATORIA Y TRATADO INTERNACIONAL SOMETIDOS AL
EXAMEN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
A continuación se transcribe el texto de la ley enviada para revisión:
“LEY
10 DE 1980
(febrero 4)
Diario Oficial No. 35.457 de 14 de
febrero de 1980
Por medio de la cual se aprueba el
"Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases
asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios bacteriológicos", firmado en
Ginebra el 17 de junio de 1925, y se autoriza al Gobierno de Colombia para
adherir a dicho Protocolo; y la "Convención sobre la prohibición del
desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas
(Biológicas), y toxínicas y sobre su destrucción", hecha en tres ejemplares
en Washington, Londres y Moscú el 10 de abril de 1972
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO. Apruébase el "Protocolo relativo a
la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o
similares, y de medios bacteriológicos", firmado en Ginebra el 17 de junio
de 1925, y autorízase al Gobierno de Colombia para adherir a dicho Protocolo
que a la letra dice:
PROTOCOLO RELATIVO A LA
PROHIBICION DEL EMPLEO EN LA GUERRA DE GASES ASFIXIANTES, TOXICOS O SIMILARES,
Y DE MEDIOS BACTERIOLOGICOS
Los plenipotenciarios que suscriben en
nombre de sus respectivos Gobiernos.
Considerando que el empleo de gases
asfixiantes, tóxicos o similares y de todos los líquidos, materiales o
dispositivos análogos en la guerra ha sido condenado con justicia por la
opinión general del mundo civilizado;
Considerando que la prohibición de tal
empleo ha sido formulada en Tratados en los que es parte la mayoría de las
potencias del mundo; y
A fin de que esta prohibición sea
aceptada universalmente como parte del Derecho Internacional, que se imponga
por igual a la conciencia y a la práctica de las naciones:
D E C L A R A N:
QUE LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES, en
tanto que no sea ya parte en Tratados, que prohíban tal empleo, aceptan esta
prohibición, acuerdan extender tal prohibición al empleo de métodos de guerra
bacteriológicos y convienen en considerarse obligadas entre ellas según los
términos de la siguiente Declaración.
LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES harán todos
los esfuerzos por conseguir que otros Estados se adhieran al presente
Protocolo. Esa adhesión será notificada al Gobierno de la
República Francesa y por éste a todas las potencias que sean signatarias del
Protocolo o se hayan adherido a él y tendrá efecto en la fecha de la
notificación hecha por el Gobierno de la
República Francesa.
El presente Protocolo, cuyos textos
francés e inglés son igualmente auténticos, será ratificado a la brevedad
posible, llevarán la fecha de este día.
Las ratificaciones del presente Protocolo
se dirigirán al Gobierno de la
República Francesa, que inmediatamente comunicará el depósito de dichas
ratificaciones a cada una de las potencias signatarias o adherentes.
Los instrumentos de ratificación del
presente Protocolo o de adhesión al mismo quedarán depositados en los Archivos
del Gobierno de la República Francesa.
El presente Protocolo entrará en vigor,
para cada Potencia Signataria, a partir de la fecha del depósito de su
ratificación y desde ese momento, la
Potencia estará obligada para con las Otras Potencias que hayan depositado ya
sus ratificaciones.
EN FE DE LO CUAL los Plenipotenciarios
han firmado el presente Protocolo.
Hecho en Ginebra, en un sólo ejemplar, el
diecisiete de junio de mil novecientos veinticinco.
Siguen las firmas de los
Plenipotenciarios han firmado el presente protocolo.
Alemanía Austria
Estados Unidos de América Bégica
Brasil Suecia
Gran Bretaña Suiza
Canadá Reino de Serbios, Croatas y
Eslovacos.
India Checoslovaquía
Bulgaria Chile
Dinamarca Turquía
Egipto Uruguay
El Salvador Rumania
Siam Estonia
España Abisinia
Finlandia Francia
Grecia Italia
Jaón Letonia
Nicaragua Luxemburgo
Países Bajos Noruega
Portugal Polonia
Venezuela.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
Presidente de la
República
Bogotá, D. E., mayo 1976,
APROBADO. Sométase a la consideración del
honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
El Ministro de Relaciones Exteriores,
INGALECIO LIÉVANO AGURRE.
Es fiel copia de la traducción oficial
del texto en francés, que reposa en los Archivos de la
División de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Jefe de la
División de Asuntos Jurídicos,
HUMBETO RUIZ VARELA.
Bogotá, D. E., 30 agosto 1979.
ARTICULO SEGUNDO. Autorizase al Gobierno de Colombia para
adherir al citado Protocolo.
ARTICULO TERCERO. Apruébase la "Convención sobre la
prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas
bacteriológicas (biológicas), y toxínicas y sobre su destrucción", hecha
en tres ejemplares en Washington, Londres y Moscú el 10 de abril de 1972, cuyo
texto es el siguiente:
CONVENCION SOBRE LA
PROHIBICION DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION Y EL ALMACENAMIENTO DE ARMAS
BACTERIOLOGICAS (BIOLOGICAS), Y TOXINICAS Y SOBRE SU DESTRUCCION
Los Estados Partes en la presente
Convención,
Resueltos a actuar con miras a lograr
progresos efectivos hacia un desarme general y completo que incluya la
prohibición y la eliminación de todos los tipos de armas de destrucción en
masa, y convencidos de que la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento
de armas químicas y bacteriológicas (biológicas) y su eliminación, con medidas
eficaces, han de facilitar el logro de un desarme general y completo bajo
estricto y eficaz control internacional,
Reconociendo la gran importancia del
Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases
asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos firmado en Ginebra
el 17 de junio de 1925, así como el papel que ese Protocolo ha desempeñado y
sigue desempeñando para mitigar los horrores de la guerra,
Reafirmando su adhesión a los principios
y objetivos de ese Protocolo e instando a todos los Estados a observarlos
estrictamente,
Recordando que la
Asamblea General de las Naciones Unidas ha condenado, en varias ocasiones,
todos los actos contrarios a los principios y objetivos del Protocolo de
Ginebra del 17 de junio de 1925,
Deseando contribuir a reforzar la
confianza entre las naciones a mejorar en general la atmósfera internacional.
Deseando así mismo contribuir a la
realización de los propósitos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas,
Convencidos de la importancia y urgencia
de eliminar de los arsenales de los Estados, con medios eficaces, armas de
destrucción en masa tan peligrosas como las que emplean agentes químicos o
bacteriológicos (biológicos),
Reconociendo que un Acuerdo sobre la
prohibición de las armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas representa un
primer paso posible hacia el logro de un acuerdo sobre medidas eficaces para
prohibir así mismo el desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas
químicas, y decididos a continuar las negociaciones con ese fin,
Resueltos, en bien de toda la humanidad,
a excluir completamente la posibilidad de que los agentes bacteriológicos
(biológicos) y las toxinas se utilicen como armas,
Convencidos de que el empleo de esos
métodos repugnaría a la conciencia de la humanidad y de que no ha de
escatimarse ningún esfuerzo para conjurar ese peligro,
Han convenido lo siguiente:
ARTICULO I.
Cada Estado Parte en la presente
Convención se compromete a no desarrollar, reproducir, almacenar o de otra
forma adquirir o retener, nunca ni en ninguna circunstancia:
1. Agentes microbianos u otros agentes
biológicos o toxinas, sea cual fuere su origen o modo de producción, de tipos y
en cantidades que no estén justificados para fines profilácticos, de protección
u otros fines pacíficos;
2. Armas, equipos o vectores destinados a
utilizar esos agentes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados.
ARTICULO II.
Cada Estado Parte en la presente
Convención se compromete a destruir o desviar hacia fines pacíficos lo antes
posible y, en todo caso, dentro de un plazo de nueve meses contados a partir de
la entrada en vigor de la Convención, todos los agentes, toxinas, armas,
equipos y vectores especificados en el artículo I de la
Convención que estén en su poder o bajo su jurisdicción o control.
Al aplicar lo dispuesto en el presente
artículo deberán adoptarse todas las medidas de precaución necesarias para
proteger a las poblaciones y el medio,
ARTICULO III.
Cada Estado Parte en la
Convención se compromete a no traspasar a nadie, sea directa o indirectamente,
ninguno de los agentes, toxinas, armas, equipos o vectores especificados en el
artículo I de la
Convención, y a no ayudar, alentar o inducir en forma alguna a ningún Estado,
grupo de Estados u organizaciones internacionales a fabricarlos o adquirirlos
de otra manera.
ARTICULO IV.
Cada Estado Parte en la presente
Convención adoptará, en conformidad con sus procedimientos constitucionales,
las medidas necesarias para prohibir y prevenir el desarrollo, la producción,
el almacenamiento, la adquisición o la retención de los agentes, toxinas,
armas, equipos y vectores especificados en el artículo I de la
Convención en el territorio de dicho Estado, bajo su jurisdicción o bajo su
control en cualquier lugar.
ARTICULO V.
Los Estados Partes en la presente
Convención se comprometen a consultarse y a cooperar entre sí en la solución de
los problemas que surjan en relación con el objetivo de la
Convención o en la aplicación de sus disposiciones. Las consultas y la
cooperación previstas en este artículo también podrán realizarse mediante
procedimientos internacionales pertinentes en el ámbito de las Naciones Unidas
y de conformidad con su Carta.
ARTICULO VI.
1. Todo Estado Parte en la presente
Convención que advierta que cualquier otro Estado Parte obra en violación de
las obligaciones dimanantes de lo dispuesto en la
Convención podrá presentar una denuncia al Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.
La denuncia deberá ir acompañada de todas
las pruebas posibles que la sustancien, así como de una solicitud para que la
examine el Consejo de Seguridad.
2. Cada Estado Parte en la presente
Convención se compromete a cooperar en toda investigación que emprenda el
Consejo de Seguridad, de conformidad con las disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas, como consecuencia de la denuncia recibida por
éste. El Consejo de Seguridad informará a los Estados Partes en la
Convención acerca de los resultados de la investigación.
ARTICULO VII.
Cada Estado Parte en la presente
Convención se compromete a prestar asistencia o a secundarla, de conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas, a cualquier Parte en la
Convención que la solicite, si el Consejo de Seguridad decide que esa Parte ha
quedado expuesta a un peligro de resultas de la violación de la
Convención.
ARTICULO VIII.
Ninguna disposición de la presente
Convención podrá interpretarse de forma que en modo alguno limite las
obligaciones contraídas por cualquier Estado en virtud del Protocolo relativo a
la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o
similares y de medios bacteriológicos, firmado en Ginebra el 17 de junio de
1925, o les reste fuerza.
ARTICULO IX.
Cada Estado Parte en la presente
Convención afirma el objetivo reconocido de una prohibición efectiva de las
armas químicas y, a tal fin, se compromete a proseguir negociaciones de buena
fe con miras a llegar a un pronto acuerdo sobre medidas eficaces encaminadas a
la prohibición de su desarrollo, producción y almacenamiento y a su destrucción
así como sobre las medidas oportunas en lo que respecta a los equipos y vectores
destinados especialmente a la producción o al empleo de agentes químicos a
fines de armamento.
ARTICULO X.
1. Los Estados Partes en la presente
Convención se comprometen a facilitar el más amplio intercambio posible de
equipo, materiales e información científica y tecnológica para la utilización
con fines pacíficos de los agentes bacteriológicos (biológicos) y toxinas,
tienen el derecho de participar en ese intercambio.
Las Partes en la
Convención que estén en condiciones de hacerlo deberán así mismo cooperar para
contribuir, por sí solas junto con otros Estados u organizaciones
internacionales, al mayor desarrollo y aplicación de los descubrimientos
científicos en la esfera de la bacteriología (biología) para la prevención de
las enfermedades u otros fines pacíficos.
2. La presente Convención se aplicará de
manera que no ponga obstáculos al desarrollo económico o tecnológico de los
Estados Partes en la Convención o a la cooperación internacional en la esfera
de las actividades bacteriológicas (biológicas) pacíficas, incluido el
intercambio internacional de agentes bacteriológicos (biológicos) y toxinas y
de equipo de elaboración, empleo o producción de agentes bacteriológicos (biológicos)
y toxinas con fines pacíficos de conformidad con las disposiciones de la
Convención.
ARTICULO XI.
Cualquier Estado Parte en la presente
Convención podrá proponer enmiendas a la misma. Esas enmiendas entrarán en
vigor para cada Estado Parte que las acepte al ser aceptadas por una mayoría de
los Estados Partes en la Convención y ulteriormente, para cualquier otro Estado
Parte, en la fecha en que acepte esas enmiendas.
ARTICULO XII.
Al cabo de cinco años de la entrada en
vigor de la presente Convención, o antes de que transcurra ese plazo si así lo
solicitan la mayoría de las Partes en la
Convención y presentan a tal efecto una propuesta a los Gobiernos
Depositarios, se celebrará en Ginebra (Suiza) una Conferencia de los Estados
Partes en la Convención a fin de examinar la aplicación de la
Convención para asegurarse de que se están cumpliendo los fines del preámbulo
y las disposiciones de la Convención, incluidas las relativas a las
negociaciones sobre las armas químicas. En ese examen se tendrán en cuenta
todas las nuevas realizaciones científicas y tecnológicas que tengan relación
con la Convención.
ARTICULO XIII.
1. La presente Convención tendrá una
duración indefinida.
2. Cada Estado Parte en la presente
Convención tendrá derecho, en ejercicio de su soberanía nacional, a retirarse
de la Convención si decide que acontecimientos extraordinarios, relacionados
con la materia que es objeto de la
Convención han comprometido los intereses supremos de su país. De ese retiro
deberá notificar a todos los demás Estados Partes en la
Convención y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con una antelación
de tres meses. Tal notificación deberá incluir una exposición de los
acontecimientos extraordinarios que esa Parte considere que han comprometido
sus intereses supremos.
ARTICULO XIV.
1. La presente Convención estará abierta
a la firma de todos los Estados. El Estado que no firmare la
Convención antes de su entrada en vigor, de conformidad con el párrafo 3 de
este artículo, podrá adherirse a ella en cualquier momento.
2. La presente Convención estará sujeta a
ratificación por los Estados signatarios.
Los instrumentos de ratificación y los
instrumentos de adhesión se depositarán en poder de los Gobiernos de los
Estados Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que por la presente se designan
como Gobiernos Depositarios.
3. La presente Convención entrará en
vigor una vez que hayan depositado sus instrumentos de ratificación veintidós
Gobiernos, incluidos los Gobiernos que por la
Convención quedan designados Gobiernos Depositarios.
4. Para los Estados cuyos instrumentos de
ratificación o de adhesión se depositaren después de la entrada en vigor de la
presente Convención, la Convención entrará en vigor en la fecha del depósito de
sus instrumentos de ratificación o de adhesión.
5. Los Gobiernos Depositarios informarán
sin tardanza a todos los Estados signatarios y a todos los Estados que se hayan
adherido a la presente Convención de la fecha de cada firma, de la fecha de
depósito de cada instrumento de ratificación o de adhesión a la
Convención y de la fecha de su entrada en vigor, así como de cualquier otra
notificación.
6. La presente Convención será registrada
por los Gobiernos Depositarios de conformidad con el artículo 102 de la
Carta de las Naciones Unidas.
ARTICULO XV.
La presente Convención, cuyos textos en
inglés, ruso, francés, español y chino son igualmente auténticos, se depositará
en los Archivos de los Gobiernos Depositarios.
Los Gobiernos Depositarios remitirán
copias debidamente certificadas de la
Convención a los Gobiernos de los Estados signatarios y de los Estados que se
adhieran a la Convención.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los
infrascritos, debidamente autorizados, firman la presente Convención,
HECHO en tres (3) ejemplares en las
ciudades de Washington, Londres y Moscú, éste décimo día de abril de mil
novecientos setenta y dos.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
Presidencia de la
República,
Bogotá, D.E., diciembre 1978.
APROBADO.  Sométase a la
consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos
constitucionales.
JULIO CESAR TURBAY AYALA
El Ministro de Relaciones Exteriores,
DIEGO URIBE VARGAS
Es fiel copia del texto certificado de la
Convención sobre la prohibición del desarrollo, de la producción y el
almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su
destrucción, hecho en tres ejemplares en Washington, Londres y Moscú, el 10 de
abril de 1972, que reposa en los archivos de la
División de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones  Exteriores.
El Jefe de la
División de Asuntos Jurídicos,
HUMBERTO RUIZ VARELA.
Bogotá, D. E., 30 de agosto de 1979.
ARTICULO CUARTO. Esta Ley entrará en vigencia una vez
cumplidos los trámites establecidos en la
Ley 7 del 30 de noviembre de 1944 en relación con los instrumentos que por
esta misma Ley se aprueban.
Dada en Bogotá D.E., a ...... de .......
mil novecientos setenta y nueve (1979).
El Presidente del Senado de la
República,
HECTOR ECHEVERRY CORREA
El Vicepresidente de la honorable Cámara
de Representantes,
ALVARO LEYVA DURAN
El Secretario General del honorable
Senado de la República,
Amaury Guerrero
El Secretario General de la honorable
Cámara de Representantes,
Jairo Morera Lizcano.
República de Colombia – Gobierno Nacional
Bogotá, D. E., 4 de febrero de 1980
Publíquese y Ejecútese.
JULIO CESAR TURBAY AYALA
El Ministro de Relaciones Exteriores,
Diego Uribe Vargas.
El Ministro de Defensa Nacional,
General Luis Carlos Camacho Leyva
III. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA
CORTE CONSTITUCIONAL
Mediante auto del 29 de agosto de 2012,
el Despacho decretó la práctica de las siguientes pruebas: i) solicitar a la
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República envíe copia auténtica de la Ley 10 de 1980, ii) a los Secretarios Generales y de las
Comisiones respectivas del Congreso de la
República, enviar copias auténticas del expediente legislativo del
proyecto que culminó con la expedición de la
Ley 10 de 1980, las ponencias de cada debate y los textos aprobatorios de las
mismas, y de ser pertinente, remitir los textos conciliados y sus respectivas
aprobaciones en plenarias, y certificar cada uno de los quórum deliberatorios y
decisorios con los cuales fue aprobada en cada uno de los debates la mencionada
Ley; y iii) solicitar al Ministerio
de Relaciones Exteriores que certificara sobre la persona autorizada para la
negociación y suscripción del protocolo, los plenos poderes para la celebración
y su confirmación por el Presidente de la
República
Una vez recibidas las mencionadas
pruebas, el Despacho mediante auto del 20 de marzo de 2013, ordenó seguir
adelante con el trámite respectivo.
IV. INTERVENCIONES.
1.
Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
La Directora del Programa Presidencial de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario, Alma Viviana Pérez Gómez, solicita en su
intervención se declare exequible el Protocolo y su ley aprobatoria.
Señala que la iniciativa del Ministerio de
Relaciones Exteriores, ratificada por la
Secretaría Jurídica de la Presidencia, pone de manifiesto la voluntad del
Gobierno Nacional de adherirse al referido Protocolo, el cual consagra medidas
relativas a la prohibición del uso en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o
similares y de medios bacteriológicos, y se adoptó luego de la problemática vivida
en la primera guerra mundial.
La proscripción de esta clase de armas
guarda coherencia con el artículo 22 Constitucional que consagra el derecho a la
Paz, y con la prohibición del artículo 81 ídem, de fabricar, importar, poseer
o usar armas biológicas, químicas y nucleares, la cual es fundamento para el
tipo penal descrito en el artículo 368 del Código Penal. Además, la adhesión al
Protocolo permitirá adoptar otras medidas adicionales a la sanción penal
referida.
Apoya su solicitud en la jurisprudencia proferida
por esta Corte al avalar la Convención sobre prohibición, almacenamiento y
empleo de armas químicas y su destrucción.
2. Ministerio de Relaciones Exteriores
El Director de Asuntos Jurídicos
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Álvaro Sandoval,
interviene para solicitar la exequibilidad del “Protocolo relativo a la
prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares,
y de medios bacteriológicos”, firmado en Ginebra el 17 de junio de 1925 y
su ley aprobatoria, por las siguientes razones:
Bajo la
Constitución de 1886, para perfeccionar el vínculo internacional los tratados
debían adoptarse por el Congreso mediante ley. Por ello, siguiendo el trámite
legislativo allí fijado, el Congreso expidió la
Ley 10 del 4 de febrero de 1980 y mediante Nota N°2028/E-421 del 9 de
diciembre de 1983 el Gobierno Nacional remitió el instrumento de ratificación
de la “Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el
almacenamiento de armas bacteriológicas (Biológicas), y toxínicas, y sobre su
destrucción”, hecha en tres ejemplares en Washington, Londres y Moscú el 10 de
abril de 1.972”, por lo que desde esa fecha la
Convención se encuentra en vigor, no así el Protocolo, sobre el cual la
República de Colombia no ha depositado el instrumento de adhesión.
Indica que el Protocolo en examen tiene
fundamento en el artículo 81 de la
Constitución Política que proscribe las armas de destrucción masiva, y su
exequibilidad reafirma el compromiso de protección de derechos y el
cumplimiento de límites durante los conflictos armados y permitirá proceder a
depositar el instrumento de adhesión, con el cual Colombia se hará parte del “Protocolo
relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos
o similares, y de medios bacteriológicos”.
3. Ministerio de Defensa Nacional.
La ciudadana Sandra Marcela Parada Aceros,
actuando en representación del Ministerio de Defensa Nacional, interviene para
solicitar a la Corte declare exequibles el tratado internacional y su correspondiente
ley aprobatoria. Fundamenta su petición en que el Protocolo bajo revisión
confirma el proceso de integración y cooperación en la no utilización de
materiales nucleares para la fabricación de armas de destrucción masiva, lo
cual es acorde con los artículos 2, 8, 9, 81, 226 y 227 de la
Constitución. Igualmente sostiene que el tratado armoniza con otros suscritos
por Colombia como el Tratado de no proliferación de armas nucleares y la
Convención sobre la prohibición de las armas biológicas y toxínicas.
Indica que mediante la firma de instrumentos
internacionales como el revisado, el país contribuye a generar en Latinoamérica
un uso pacífico de la energía nuclear. Considerando que el Protocolo se ajusta
a los requisitos exigidos en la Constitución, tanto en su aspecto formal como
material, para convertirse en parte del ordenamiento interno, solicita sea
declarado exequible.
4. Cruz Roja Colombiana.
El Presidente de la
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana luego de recordar los
antecedentes históricos del Protocolo, precisó que este instrumento hace parte
del Derecho Internacional Humanitario, en cuanto fija reglas para la conducción
de las hostilidades y pone límites a los métodos y medios de la guerra. Se
enmarca el protocolo en los Principios de Derecho Humanitario proclamados en
1966 y que impone tratar a las personas que no hace parte de las hostilidades
con humanidad y establece que el derecho de las partes en conflicto a elegir
los medios de guerra no es ilimitado, pues en un contexto de conflicto se deben
evitar los métodos y medios que causen sufrimientos innecesarios, males
superfluos y daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente.
Resaltó que en la mayoría de los
conflictos armados que se han presentado luego de la adopción del Protocolo en
el contexto internacional, las partes no se han atacado con armas químicas ni
bacteriológicas y en los pocos eventos en que han incumplido las prohibiciones
allí contenidas han recibido drásticas condenas del mundo entero. Agregó que la
importancia del instrumento en revisión está dada por los avances continuos de
la ciencia y el desarrollo que ha tenido su contenido en el ordenamiento
interno, y su ratificación contribuirá no sólo a sancionar las acciones
relacionadas con el uso de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios
bacteriológicos en el conflicto, sino además a informar y propiciar la
capacitación sobre el contenido de éste instrumento ente la población civil.
Por lo expuesto, el Presidente de la
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana solicitó a la
Corte declare exequibles el tratado internacional y su correspondiente ley
aprobatoria.
5. Universidad Santo Tomás, sede Bogotá.
Los ciudadanos Carlos Rodríguez Mejía,
Coordinador del Grupo de Acciones Constitucionales del Consultorio Jurídico de la
Universidad Santo Tomás, y Ximena Alexandra Ordoñez Monroy, estudiante de la
facultad de derecho, solicitan a la Corte declare exequibles el tratado
internacional y su correspondiente ley aprobatoria. Señalan que la
Corte Constitucional es competente para efectuar el control constitucional de
tales normativas con el fin de establecer si se ajustan a las disposiciones
constitucionales vigentes.
Frente al contenido del Protocolo,
sostienen que experiencias recientes han demostrado que el uso de armas
biológicas y gases asfixiantes o tóxicos generan graves consecuencias para la
humanidad, no sólo para quienes intervienen en las hostilidades.
El instrumento en mención, que hace parte
del derecho internacional humanitario, impone obligaciones a los Estados sobre
los medios que pueden ser utilizados en caso de guerra y la prohibición del
empleo de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos
que contempla ha sido universalmente aceptada y reconocida.
Resalta la importancia del Protocolo en
el contexto de conflicto armado interno, porque brinda una protección y
garantía reforzada a los derechos de los residentes en zonas de conflicto
armado en el país. Por último, señala la relación de la prohibición contenida
en el Protocolo, con otros instrumentos de derecho internacional humanitario y
de derechos humanos.
6. Universidad Libre, sede Bogotá
El Coordinador del Observatorio de
Intervención Ciudadana Constitucional, de la
Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Bogotá, Jorge Kenneth Burbano
Villamarin señaló que desde el punto de vista material el Protocolo se ajusta a
los artículo 189, numeral 3 y 150, numeral 1, de la
Constitución, en tanto respeta la soberanía, la autodeterminación de los
pueblos y los principios de derecho internacional aceptados por Colombia.
Sostiene que la proscripción del empleo
en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios
bacteriológicos, se ajusta a la definición de Colombia como Estado Social de
Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana. Advierte que como en el
marco de un conflicto armado no toda arma es conforme a la normatividad
internacional, la prohibición establecida se basa en los daños superfluos y el
sufrimiento innecesario e indiscriminado que causan estas armas de destrucción
masiva a todos los seres vivos.
Por lo anterior, solicita a la
Corte declarar exequible el “Protocolo relativo a la prohibición del empleo
en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios
bacteriológicos”.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
En ejercicio de las competencias
previstas en los artículos 242.2 y 278 del texto constitucional, el Procurador
General de la Nación, el 6 de mayo de 2013, presentó concepto número 5565, en
el cual solicitó a la Corte “declarar EXEQUIBLES el “Protocolo relativo
a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o
similares, y de medios bacteriológicos” firmado en Ginebra el 17 de junio
de 1925, y la Ley 10 de 1980 aprobatoria de dicho instrumento.”, por las
siguientes razones:
1.
La Constitución de 1886 no establecía un mecanismo de
control para los tratados públicos ni para las leyes que lo aprueban. “Por
tanto, al no haber un trámite especial para la aprobación de los tratados y
dado que para el instrumento sub examine ya se encuentra aprobado en los
términos de la Constitución de 1886 y que a la fecha del presente examen se
encuentra incorporado en la legislación interna el texto definitivo de la
Ley 10 del 4 de febrero de 1980 que aprueba el  Protocolo, el Ministerio
Público advierte que su trámite está superado, es decir se encuentra
perfeccionado para los efectos del control constitucional vigente.”
2.
Desde el punto de
vista material, el Protocolo propende por la defensa del ser humano. Es el antecedente a la prohibición de
desarrollar, producir y adquirir gases asfixiantes, tóxicos o similares y
medios bacteriológicos (biológicas), salvo cuando sea para fines profilácticos,
de protección u otros fines pacíficos, como se constata en el instrumento
aprobado por el Congreso mediante la Ley 10 de 1980 y  ratificado por el
Gobierno.
3.
El Protocolo contiene
normas que hacen parte de las
reglas del Derecho Internacional Humanitario, adoptadas con la aprobación del
Protocolo I de 1977 Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949, el cual, en su artículo 35 establece el derecho de las partes en
conflicto a elegir los métodos y medios de hacer la guerra.
4.
El Protocolo no ha perdido actualidad y constituye un
importante instrumento que se ajusta a los mandatos superiores, en especial a
los contenidos en el Preámbulo, los artículos 2, 8, 9, 226 y 227 de la
Constitución Política.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. La competencia y el objeto del control
Según lo previsto en el artículo 241
numeral 10 de la Constitución corresponde a la
Corte realizar el control automático de constitucionalidad de los tratados
internacionales y las leyes que los aprueban.
El control de
constitucionalidad que la Corte debe ejercer en esta materia, es posterior, integral y automático en cuanto se produce una vez la respectiva ley ha sido
aprobada por el Congreso y sancionada por el Presidente de la
República, pero es previo en cuanto el pronunciamiento de la
Corte debe anteceder al perfeccionamiento del instrumento internacional, el
cual no puede darse sin que exista el fallo de constitucionalidad
correspondiente que le permita al Jefe de Estado efectuar el correspondiente
canje de notas.
2. Aclaración Previa.
Competencia de la
Corte para pronunciarse sobre el Protocolo y su Ley aprobatoria: Determinación
del objeto de control
2.1 Es preciso definir como asunto
preliminar el fundamento y alcance de la competencia de la
Corte Constitucional, toda vez que el “Protocolo relativo a la prohibición
del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios
bacteriológicos”, al cual el Estado tiene la intención de adherirse, data
del 17 de junio de 1925 y la Ley 10 fue expedida el 4 de febrero de 1980, momento
en que se encontraba vigente la Constitución de 1886, la cual no consagraba el
control constitucional previo, automático e integral de los tratados públicos y
sus leyes aprobatorias que hoy existe. Debe considerarse, además, que el otro
instrumento internacional incorporado por la
Ley 10 de 1980 -“Convención sobre la prohibición del desarrollo, la
producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (Biológicas), y
toxínicas, y sobre su destrucción”, hecha en tres ejemplares en Washington,
Londres y Moscú el 10 de abril de 1.972- entró en vigor el 19 de
diciembre de 1983, fecha del depósito del instrumento de ratificación.
Esta es la primera ocasión en que, a
efectos de realizar el control automático de constitucionalidad, es
remitida a la Corte una ley aprobatoria de un tratado internacional expedida
con anterioridad a la entrada  en vigor de la
Constitución de 1991. En este sentido, y en tanto la
Constitución actual no contiene disposición expresa que regule el caso
concreto, deberán evaluarse las distintas opciones interpretativas para
establecer qué cuerpos normativos deben ser el objeto del control
constitucional automático, previo e integral en esta ocasión.
Frente a esta situación surgen distintas
posibilidades de respuesta, las cuales motivan las tres hipótesis para abordar
la situación planteada que se presentarán a continuación.
2.2 Hipótesis 1: No hay lugar a control constitucional
del Protocolo de Ginebra de 1925, ni de su ley aprobatoria porque aquel fue
incorporado y ésta fue elaborada con anterioridad a la
Constitución de 1991.
Podría considerarse que la ausencia de
ese mecanismo de control constitucional previo en vigencia de la
Constitución Nacional de 1886 faculta al Estado Colombiano a realizar la
adhesión sin que requiera del pronunciamiento de esta Corporación sobre su
compatibilidad con la Constitución de 1991 y el respeto por los valores democráticos
en el proceso de formación de la ley aprobatoria. Afirmación que podría
estimarse reforzada por el artículo 58 transitorio de la
Constitución Política de 1991, que dispone: “Autorízase al Gobierno
Nacional para ratificar los tratados o convenios celebrados que hubieren sido
aprobados, al menos, por una de las cámaras del Congreso de la
República”. De acuerdo con ésta tesis el Estado se vincularía a este
Protocolo sin haber verificado su compatibilidad con la
Carta Política, y la ley aprobatoria no tendría control constitucional, salvo
por vía de acción pública.
La hipótesis descrita debe ser descartada
por cuanto esta cuestión fue objeto de estudio por parte de la
Corte Constitucional al definir la viabilidad de pronunciarse sobre tratados
que, como el ahora revisado, anteceden a la
Constitución de 1991. En la sentencia C-477 de 1992[1], frente al tema
del control constitucional de los tratados en consideración al tránsito
constitucional, precisó la Corte:
“El artículo Transitorio
58 de la Constitución no excluye y, por el contrario, supone el control previo
de constitucionalidad, ya que no puede interpretárselo de manera aislada sino
en armonía con las demás disposiciones de la
Carta. A partir de la vigencia de la
Constitución de 1991, habida cuenta de la previsión consagrada en el numeral
10 de su artículo 241, no cabe duda sobre el necesario sometimiento al control
previo de constitucionalidad a cargo de esta Corte sobre los tratados
internacionales y las leyes que los aprueben. La medida de esta función de la
Corte está dada no solamente por el claro sentido del texto, el cual extiende
el control -haya o no ley aprobatoria- al tratado mismo, sino por una razón
sistemática: la de que el ordenamiento constitucional está orientado a la
revisión de los tratados cuyo canje de notas aún no se ha producido, a fin de
asegurar, antes de que entre en vigencia, la sujeción de sus cláusulas a las
previsiones constitucionales, conciliando así la prevalencia de las normas
fundamentales con el principio de Derecho Internacional sobre cumplimiento de
los tratados en vigor.”
Criterio reiterado en Auto 288 de 2010, que si bien no constituye un
precedente que describa la misma situación fáctica del caso en estudio, trae
consideraciones relevantes para determinar la competencia de esta Corporación.
En esa oportunidad la Corte asumió el conocimiento y efectuó el control
constitucional sobre el “Acuerdo complementario para la
Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de
la República de Colombia y de los Estados Unidos de América”, suscrito en
Bogotá el 30 de octubre de 2009, bajo el entendido que ningún acto jurídico, en
un Estado de Derecho es ajeno al control constitucional, el cual constituye una
garantía básica que hace efectivo el principio de integridad y supremacía de la
Constitución.
El análisis de la hipótesis planteada,
así como de la jurisprudencia relevante, lleva a la conclusión de que el
control constitucional es un imperativo frente al Protocolo. Sin embargo, la
hipótesis estudiada no da respuesta respecto de la ley aprobatoria. Por esta
razón se examinará la viabilidad de una hipótesis en la que se controle el
protocolo, más no su ley aprobatoria, exponiendo los argumentos que
justificarían esta conclusión.
2.3 Hipótesis 2: La
Corte Constitucional tiene competencia para controlar el Protocolo, pero no
tiene competencia para pronunciarse sobre la
Ley 10 de 1980.
Una segunda alternativa que se plantea es
asumir la competencia para pronunciarse frente al Protocolo, más no sobre la
Ley 10 de 1980. Los argumentos que sustentan esta posición se fundan en el
principio de eficacia del derecho.
En este sentido, se resalta que la ley 10
de 1980 se encuentra produciendo efectos desde hace más de 33 años, lo que
haría inocuo el control  de su procedimiento de formación, máxime cuando en el
actual régimen constitucional la acción para controvertir vicios de forma
ocurridos durante el trámite legislativo caduca al año de haber sido promulgada
la ley –numeral 3 del artículo 242 de la Constitución-.
Adicionalmente, en cuanto la ley 10 de
1980 incorporó dos instrumentos internacionales y uno de ellos ya se encuentra
produciendo efectos, toda vez que la “Convención sobre la prohibición del
desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas
(Biológicas), y toxínicas, y sobre su destrucción”, hecha en tres ejemplares en
Washington, Londres y Moscú el 10 de abril de 1.972”
entró en vigor el 19 de diciembre de 1983, cualquier vicio en el proceso
de formación de la ley 10 de 1980 debe considerarse saneado, en aplicación del
principio de eficacia de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano –pacta
sunt servanda- y de seguridad jurídica en el proceso de incorporación de
instrumentos internacionales en nuestro ordenamiento jurídico.
No obstante la pertinencia de las razones
expuestas, esta hipótesis se enfrenta a dos fuertes argumentos en contra:
-
La ratificación de
esta Convención no modifica o excluye la competencia dada, por el numeral 10
del artículo 24l de la Constitución, a la
Corte Constitucional para revisar todas las leyes aprobatorias de instrumentos
internacionales. De hecho, se ha reconocido la competencia de la
Corte aún frente a leyes aprobatorias de tratados, luego de que éstos han sido
perfeccionados, en aquellos casos en que son demandados mediante la acción
pública de inconstitucionalidad por cualquier ciudadano. Así quedó expuesto en
la sentencia C-027 de 1993, al pronunciarse sobre la pretensión de
inconstitucionalidad de la Ley 20 de 1974, aprobatoria del Concordato y
Protocolo Final entre la República de Colombia y la
Santa Sede. Dijo en aquella oportunidad la
Corte: “Este control halla respaldo en los artículos 4º y 9º de la
Carta y los artículos 27 y 46 de la
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, aprobado por la
Ley 32 de 1985. Por otra parte, esta Corte destaca que como ya lo ha puesto de
presente, respecto de tratados y leyes aprobatorias existen múltiples
fundamentos al control constitucional, por lo que no son aceptables frente a la
nueva Carta las tesis que sobre la materia se sostuvieron frente a la
regulación que traía la
Constitución Nacional de 1886”.
-
En cuanto la ley es
el instrumento a través del cual el Congreso adopta el tratado internacional,
se integra a éste y los dos hacen parte del proceso de formación del vínculo
del Estado con otro Estado u otros Estados Partes, de tal forma que cuando
existe la ley aprobatoria, el análisis y control del instrumento internacional
no es posible sino a partir de dicha ley. Por ello, la
Corte en los Autos A-018 de 1994, A-026 de 1994 y A-288 de 2010, ordenó
devolver al Presidente de la República unas actas e instrumentos, mediante las
cuales el Estado estaba asumiendo compromisos internacionales, sin haber sido
sometidas a la aprobación del Congreso de la
República. Como se indicó en el Auto 288 de 2010, la suscripción del
instrumento, la aprobación del Congreso mediante una Ley y el control
constitucional que realiza esta Corte, hacen parte de la tríada constitucional de los
tratados como actos jurídicos complejos.
De este modo, aunque el proceso de
elaboración de la Ley 10 de 1980 haya finalizado hace más de 33 años e,
igualmente, en ella se adopten dos instrumentos internacionales y uno de ellos
ya se encuentre ratificado, es necesario asegurar la aplicación del principio
de supremacía constitucional que, en este evento, tiene mayor peso que el
principio de eficacia. En otras palabras, que la ley 10 de 1980 ya se encuentre
produciendo efectos, no es fundamento suficiente para desvirtuar la necesidad
de hacer el control integral y previo de dicha ley aprobatoria, en cuanto
contiene un Tratado en formación, del cual la intervención y aval del Congreso
es uno de sus componentes que no se puede ignorar al efectuar el control
constitucional.
Esto nos conduce al estudio de una
tercera hipótesis respecto de los cuerpos normativos que deben ser objeto de
control constitucional en esta ocasión por parte de esta Corporación.
2.4 Hipótesis 3: La
Corte Constitucional debe realizar el control constitucional del Protocolo y
de la Ley 10 de 1980, aprobatoria del mismo, en virtud del principio de
supremacía constitucional –concretado para el caso concreto en el numeral 10
del artículo 241 de la Constitución-.
Una última hipótesis que surge en
relación con la determinación del objeto de control, es decir, sobre la competencia
de la Corte para la revisión de tratados y leyes aprobatorias anteriores a la
Constitución de 1991, consiste en que aunque el Protocolo y la
Ley  10 de 1980 anteceden a la Constitución de 1991, debe respetarse el
postulado que se desprende del numeral 10º del artículo 241 de la
Constitución, conforme al cual el Estado Colombiano no puede vincularse
internacionalmente, sin que se haya establecido la adecuación constitucional
del instrumento de vinculación y de la ley que lo incorpora.
Esta hipótesis tendría fundamento en los
siguientes argumentos:
i) No puede ser parte del ordenamiento
interno un instrumento internacional contrario a los preceptos constitucionales
que sirven como parámetro del mismo, ya sea desde el punto de vista sustancial
–es decir, respecto del contenido del acuerdo, protocolo adicional, convención,
tratado o modificación a cualquiera de ellos- o desde la perspectiva
procedimental –es decir, respecto de la elaboración de la ley que lo incorpora
al ordenamiento-;
ii) En virtud del principio Pacta Sunt
Servanda, el Estado debe cumplir los compromisos adquiridos a través de
instrumentos internacionales, por ello es imprescindible que antes de su
ratificación o adhesión sean sometidos al control judicial que permite
establecer si los compromisos que lo vincularán son compatibles con la
Constitución Política y, por tanto, tienen la potencialidad de ser cumplidos
por Colombia como Estado Parte[2];
y
iii) De la
Constitución actual no es posible extraer una regla que excepcione el control
de constitucionalidad de un cuerpo normativo de rango legal, máxime cuando se
trata de una ley por medio de la cual se aprueba un instrumento internacional
que vinculará al Estado colombiano. En otras palabras, la
Corte ha reconocido su competencia para evaluar la adecuación constitucional
de todos los cuerpos normativos de rango legal existentes en el ordenamiento
jurídico colombiano[3];
en este caso, la ley 10 de 1980 es un cuerpo normativo de rango legal que, en
cuanto aprueba un protocolo internacional que va a ser ratificado por el Estado
colombiano, debe superar el control automático e integral al que están
sometidas todas las normas que incorporen instrumentos internacionales a partir
de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.
Sin embargo, y no obstante entenderse que
en este caso el principio de validez –que adopta la forma de supremacía
constitucional- prima sobre el de eficacia, un último argumento puede surgir en
contra de la hipótesis ahora planteada: El fenecimiento de la competencia de la
Corte Constitucional en virtud de la caducidad en la oportunidad para controlar
los vicios en la formación de la ley 10 de 1980. En efecto, si se ha admitido
que existe control de forma de las leyes anteriores a la
Constitución de 1991, éste se aceptó bajo el imperio de la actual
Constitución, en la que la acción para controvertir vicios de forma caduca
trascurrido un año desde la fecha de publicación de la misma –artículo 242
numeral 3-.
Este argumento final también es delesnable
por dos razones: i) en este caso no se está ante el ejercicio de una acción pública
de inconstitucionalidad; y ii) la remisión por fuera de los seis días previstos
por el numeral 10º del artículo 241 de la
Constitución nunca ha privado a la Corte de su competencia para conocer de las
leyes aprobatorias de los tratados internacionales que quieran ser ratificados
por el Estado colombiano.
En efecto, no es este el caso de una
acción pública de inconstitucionalidad ejercida por un ciudadano que, habiendo
tenido la oportunidad de discutir la constitucionalidad de una ley durante un
año, haya dejado transcurrir dicho término sin realizar actuación alguna. Cierto
es que la Constitución en el caso de los cuerpos normativos cuyo examen de
constitucionalidad exige la interposición de una acción pública de
inconstitucionalidad optó por dar prevalencia a los principios de eficacia y
seguridad jurídica luego de transcurrido un año desde que tiene lugar la
publicación; sin embargo, no es este el caso que ahora ocupa a la
Sala Plena.
La competencia de la
Corte en el presente caso se origina en la remisión que hizo el Gobierno de la
ley 10 de 1980, razón que impide aplicar la regla de caducidad prevista
exclusivamente para las acciones públicas de inconstitucionalidad. De igual
forma, no podría decirse que se pueda dar una aplicación analógica de dicha
regla, pues uno y otro tipo de control no son comparables o asimilables. La
Constitución somete cada uno a precisas reglas, por lo que su aplicación en
este caso desconocería la técnica prevista para el argumento analógico.
Por otra parte, la
Corte Constitucional ha manifestado en repetida jurisprudencia que la remisión
tardía de la ley aprobatoria de un tratado internacional por parte del Gobierno
no afecta su competencia para realizar el control de constitucionalidad tanto
de la ley, como del tratado suscrito. En efecto, antes que privar a la
Corte de la posibilidad de controlar la adecuación de la ley a la
Constitución, se ha establecido en reiterada jurisprudencia por parte de este
Tribunal que el vencimiento del término previsto por el numeral 10 del artículo
241 de la Constitución -seis días- para remitir el tratado:
i)
No impide que la
Corte conozca de la ley aprobatoria y del tratado internacional una vez sean
remitidos por parte del Gobierno[4];
ii)
No impide que
cualquier ciudadano demande la constitucionalidad de la ley y del tratado luego
de que trascurren los seis días que tiene el Gobierno para hacer la referida
remisión, caso en que el control no se limitará al problema planteado en la
acción interpuesta, sino que será un control de carácter integral[5];
iii)
Hace que surja la
competencia de la Corte Constitucional para iniciar de oficio el juicio
de constitucionalidad a la ley aprobatoria y al tratado suscrito por el Estado
colombiano[6].
Las respuestas que la jurisprudencia ha
dado a esta situación confirman la existencia pacífica, constante y reiterada
del principio de decisión que sustenta esta tercera hipótesis: luego de la
entrada en vigor de la Constitución de 1991 existe la obligación de realizar el
control de constitucionalidad de toda ley aprobatoria y todo tratado
internacional que quiera ser ratificado por el Estado colombiano.
Los postulados anteriores encuentran
ratificación en la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, en la sentencia C-400 de 1998 sostuvo: “Así, es
cierto que la Corte ejerce su control en los estrictos y precisos términos del
artículo 241 de la Carta. Pero la función de este tribunal es preservar la
supremacía e integridad de la Constitución, por lo cual, cuando existen dudas
sobre el alcance de una de las competencias consagradas en el artículo 241
superior, es natural que se prefiera aquella interpretación que mejor permita
la guarda de la supremacía de la Carta. Este criterio hermenéutico finalista
sobre los alcances de la competencia de la
Corte Constitucional no es en manera alguna una innovación de esta sentencia,
puesto que ya había sido utilizado por esta Corporación en anteriores
decisiones. Así, esta Corte admitió ser competente para conocer de una demanda
contra un decreto legislativo, a pesar de que el artículo 241 no prevé la
acción pública contra esas normas sino la revisión oficiosa por cuanto
consideró que, por tratarse de un decreto preconstituyente, si la
Corte no estudiaba su constitucionalidad, entonces esa norma quedaría sin
control.”
En este orden, si la ley por la que se
adopta el tratado es anterior a 1991, pero el instrumento aún no se ha
incorporado, debe comprobarse de forma automática e integral su adecuación al
parámetro constitucional a ella aplicable.
2.5 Tesis a adoptar.
En este sentido, para la
Corte, de las tres opciones interpretativas aquella que concreta de mejor
forma el principio de supremacía constitucional, manifestado en la conformidad
con la Constitución del contenido de instrumentos internacionales que serán
vinculantes y del procedimiento por el que fueron incorporados es la tercera (numeral
2.4), según la cual aunque el Protocolo y la
Ley 10 de 1980 anteceden a la Constitución de 1991, el Estado Colombiano no
puede vincularse internacionalmente sin que la
Corte haya establecido la adecuación constitucional del instrumento de
vinculación y de su ley aprobatoria. En consecuencia, se procederá a realizar
el control del “Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra
de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios bacteriológicos” y
su ley aprobatoria.[7]
Se reitera, lo hasta ahora expuesto establece
cuál es el objeto de control en el asunto puesto a consideración de la
Corte Constitucional. El examen relativo al parámetro de control
constitucional a utilizar al revisar el protocolo y su ley aprobatoria, será
cuestión que se evalúe al abordar el estudio de cada uno de estos cuerpos
normativos.
3. Parámetro y alcance del control de
constitucionalidad a la ley 10 de 1980
3.1 Una vez determinado que dentro del objeto
de examen por  parte de la
Corte Constitucional se encuentra la ley 10 de 1980, corresponde establecer
ahora cuál es el parámetro de control constitucional a utilizar al efectuar la
revisión de una ley que data de 1980, mediante la cual se adopta un instrumento
al cual pretende el Estado adherirse luego del advenimiento de la
Constitución de 1991.
Esta situación plantea la necesidad de
establecer si el control constitucional del proceso de formación de la
Ley 10 de 1980 debe adelantarse conforme a la
Constitución vigente al momento en el cual fue creada, vale decir, la
Constitución de 1886, o si debe tenerse en cuenta la reglamentación del
trámite legislativo prevista en la
Constitución de 1991, que es la actualmente en vigor.
Frente a esta dicotomía, la
Sala considera que el control de constitucionalidad formal de la
Ley 10 de 1980, como normativa preconstituyente, debe hacerse tomando como
referente el trámite legislativo previsto en la
Constitución Nacional de 1886. Son dos las razones que conducen a esta
conclusión:
i)
La primera con base
en el principio de aplicación de la ley en el tiempo –tempus regit actum-,
indica que esta era la normatividad constitucional en vigor cuando el
legislador adelantó el proceso de formación de la
Ley 10 de 1980.
ii)
La segunda, con base
en la relevancia de dicho control en la época actual, demuestra que la
regulación del proceso de formación de las leyes contemplada por el orden
constitucional en ese entonces vigente consultaba los principios democráticos
que también inspiran la función legislativa en la
Constitución vigente.
En este orden, la revisión del control
constitucional formal de la Ley 10 de 1980 bajo los parámetros señalados en la
Constitución de 1886 se fundamenta, de una parte, en el mismo postulado de
supremacía constitucional, a partir del cual se determinó la competencia de
esta Corporación para revisar la constitucionalidad de la ley aprobatoria, el
cual se fundamenta en la primacía del principio de validez, sobre el de
eficacia.
Adicionalmente, esta decisión hace prevalecer
el mismo principio democrático que subyace al acatamiento de la normativa que
fija el proceso de creación de las disposiciones legales. En efecto, la
reglamentación del trámite legislativo de la
Constitución de 1886 y de la actual comparten principios esenciales que se
materializan en: i) la participación plural en el debate y toma de las
decisiones al interior del legislativo, mediante la fijación de quórum, ii) la
adopción de decisiones por mayorías, iii) la sujeción a los principios de
consecutividad e identidad, iv) la publicidad del proyecto y de todo el proceso
que permite la fiscalización e información por parte de los ciudadanos en el
proceso de construcción del ordenamiento, y v) la intervención del poder
ejecutivo mediante la Sanción Presidencial, expresión del equilibrio de los
poderes en un Estado democrático.
De esta forma, la revisión del proceso de
formación de la Ley bajo los parámetros constitucionales vigentes para el
momento de su creación resulta coherente y concordante con los mismos valores
democráticos que inspiran el trámite legislativo actual, reiterando mediante el
juicio de control constitucional la
Supremacía de la Constitución y su carácter vinculante, pues aunque expresados
de forma diferente, los principios plasmados en los dos regímenes
constitucionales (de 1886 y 1991) son comunes, lo que hace del citado parámetro
de constitucionalidad un referente democrático para determinar la validez de
las normas preconstitucionales sometidas a revisión, respetando, además el
principio de irretroactividad de la Ley procesal.
El principio conforme al cual las normas
preconstitucionales se examinan en su aspecto formal, bajo el prisma de la
reglamentación contenida en la Constitución vigente al momento de su
expedición, igualmente se extrae de la forma pacífica y reiterada en que se ha
acogido por la jurisprudencia constitucional a partir de la regla “tempus
regit actum”.
En efecto, la precitada regla ha sido aplicada
por la Corte Constitucional en todos aquellos casos en que ha conocido aspectos
formales de cuerpos normativos (leyes y decretos con fuerza de ley) creados
antes de la Constitución de 1991. Es así como en la sentencia C-434 de 1992, en
la cual se examinó la constitucionalidad de la
Ley 60 de 1990, bajo los parámetros formales de creación de las leyes
establecidos en la Constitución de 1886, se indicó: “la regulación
constitucional sobre el tema del procedimiento a seguir para la elaboración de
la ley, no se aplica retroactivamente, salvo mención expresa de la carta”
Así mismo, en la sentencia C-608 de 1992,
al pronunciarse sobre los cargos formulados contra una ley preconstitucional, la
Corte indicó: “El estudio constitucional del artículo 25 de la ley 49 de
1990, objeto de acusación,  y en el cual se confieren facultades extraordinarias
al Presidente de la República, ha de hacerse a la luz de la normatividad
constitucional en vigor al momento en que se expidió dicho precepto, ya que
conforme a claros principios sobre la aplicabilidad de las normas jurídicas en
el espacio y en el tiempo, las leyes que regulan la competencia y las que
señalan solemnidades o ritualidades para la expedición de un acto, solo rigen
para el futuro, mas no para el pasado”
E igual parámetro de control formal de constitucional
aplicó en las sentencias C-416 de 1992, C-465-92, C- 061 de 2005 y C-1120 de
2008, entre otras.
En efecto, en la sentencia C- 416 de 1992, al resolver
la acción de inconstitucionalidad
presentada contra varios artículos del Decreto ley número 112 del 14 de enero
de 1991, dijo la Corte: “...En
lo que respecta a la determinación sobre si fueron atendidas o desconocidas las
formalidades a las que estaba sujeta la expedición de las normas en
controversia, mal podría efectuarse la comparación con los requerimientos que
establezca el nuevo régimen constitucional ya que éste únicamente gobierna las
situaciones que tengan lugar después de iniciada su vigencia y, por ende, la
constitucionalidad por el aspecto formal tiene que ser resuelta tomando como
referencia el ordenamiento que regía cuando nacieron los preceptos en estudio” -resaltado fuera del texto-.
Criterio reiterado en la sentencia C-465-92 que
resolvió la demanda interpuesta contra la Ley 18 de 1989, en donde esta Corporación dijo: “Reitera así la
Corporación el parecer que plasmó en Sentencia No. C-416 de junio dieciocho
(18)  de 1992, (Proceso D-015, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo)
en la cual dejó definido que la Constitución de 1886 es la normatividad con
base en la cual se deben dilucidar los alegados cargos por vicios de forma,
como los que se originan en el presunto desbordamiento en el ejercicio de
facultades extraordinarias.”
Y del mismo
modo en la sentencia C-647 de 1997, esta Corte señaló:
“En relación con el ejercicio
de facultades extraordinarias y el tránsito constitucional, según reiterada
doctrina de esta Corporación, cuando los decretos dictados al amparo de la
habilitación legislativa fueron expedidos antes de que entrase a regir
Constitución Política de  1991, el análisis de sus aspectos formales debe
efectuarse con base en la preceptiva constitucional vigente  al momento de
su expedición, pues a los requisitos y procedimientos señalados  en el
ordenamiento superior derogado se hallaba sujeta la autoridad que produjo el
respectivo decreto.
Distinta
es la situación cuando el estudio de constitucionalidad recae sobre la materia
de las normas expedidas por el ejecutivo, ya que, en ese evento, se torna
indispensable confrontar la preceptiva demandada con los contenidos de la nueva
Constitución, debiéndose verificar si a luz del Estatuto Superior vigente en el
momento de adelantar el análisis de constitucionalidad las disposiciones
impugnadas pueden subsistir.”
En la sentencia C-646 de
2002, al decidir la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 142 del
Decreto 01 de 1984, al referirse a los parámetros de control recordó la
Corte que: “esta Corporación ha  señalado en reiterada jurisprudencia
que los aspectos de forma de una norma expedida con  anterioridad a la
actual Constitución se rigen, contrariamente al contenido material8http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/c-646-02.htm
- _ftn8, por las disposiciones superiores vigentes
en el momento de su creación”
De igual forma, en la sentencia C- 061 de 2005, al
referirse al parámetro de constitucionalidad a aplicar cuando se examina
la observancia de las formalidades que deben ser atendidas en la expedición de
un cuerpo normativo expedido con anterioridad a la
Constitución de 1991, reiterando la jurisprudencia en cita, indicó la
Corte que:
“En numerosas oportunidades la
Corte Constitucional ha explicado que los aspectos atinentes a la forma de
las disposiciones preconstitucionales, a diferencia de su contenido material,
se rigen por las disposiciones de la
Carta Política vigente al momento de su expedición, es decir, de la
Constitución de 1886. En cambio, los aspectos relacionados con el
contenido material de las normas preconstitucionales se deben controlar con
referencia a lo dispuesto en la Constitución de 1991… Ello no implica que la
Corte haya otorgado efectos ultra-activos a la
Constitución de 1886, puesto que ello contrariaría el efecto inmediato que
surtió la Carta de 1991 a partir del momento de su expedición; simplemente se
deriva de un reconocimiento del principio tempus regit actum, que en estos
casos obliga a estudiar la validez del proceso de formación de una norma
preconstitucional actualmente vigente, de conformidad con las pautas formales y
procedimentales que regían al momento de su expedición.”
(…)
4.2. Ahora bien, se está frente a una
situación particular cuando se examina la constitucionalidad de las normas
legales a la luz de la competencia del órgano que las expidió. La
jurisprudencia ha dejado en claro que la competencia del órgano que expidió un
acto jurídico no es, en sí misma, un tema formal, sino que es presupuesto tanto
de la forma y del procedimiento, como del contenido sustantivo de los actos
jurídicos; en ese sentido, ha explicado en múltiples oportunidades la
jurisprudencia constitucional que “el exceso en el ejercicio de las facultades
extraordinarias no es un defecto de forma del acto acusado sino un vicio
material de competencia que no caduca[8]”[9],
y que “si se llegare a establecer que hubo desbordamiento por parte del
Presidente en el ejercicio de las facultades con base en las cuales expidió la
norma acusada, se configuraría un vicio de fondo, dada la ausencia de competencia
del productor de la misma, lo que implicaría su retiro del ordenamiento
jurídico, en tanto ella se encuentra vigente y produciendo efectos”[10].
En igual sentido, ha dicho la Corte que la competencia es “un presupuesto
esencial de validez de los actos que el funcionario cumple, como la capacidad
es un requisito de validez de los actos jurídicos de derecho privado. //
Asimilar ese requisito a la forma es incurrir en una confusión inadmisible,
puesto que a ésa sólo puede acceder el sujeto calificado (competente o capaz,
según el caso) para verter en ella el contenido que de ese modo cobra
significación jurídica.”[11]
Por lo tanto, como sólo los contenidos
del decreto juzgado mantienen sus efectos luego de expedido el acto, sólo ellos
serán juzgados tomando como parámetro la
Carta de 1991. En cambio, en cuanto al procedimiento, que se agotó con la
expedición al acto, se aplica el principio tempus regit actum.” -resaltado fuera del texto-
Siguiendo el mismo criterio sobre el parámetro
de control en cuanto se refiere a los aspectos formales, en la sentencia C-1120
de 2008 al examinar algunas disposiciones de los Decretos con fuerza de ley
1212 y 1213 de 1990, particularmente indicó:
“Ciertamente, la
Corte ha establecido que si las demandas plantean un vicio de forma en la
expedición del acto, entonces el parámetro de constitucionalidad es la
Carta vigente al momento de la expedición. En cambio, si formula un cargo
relacionado con la materia del acto acusado, deben proponer una infracción a
los preceptos de la Carta vigente. De acuerdo con el Estatuto Fundamental
vigente, a la Corte Constitucional “se le confía la guarda de la integridad y
supremacía” de la Constitución de 1991, y no de la
Carta anterior”-resaltado fuera del texto-.
Esta regla surge de dos elementos de
decisión previamente considerados en la jurisprudencia en cita: i) la
supremacía de los principios democráticos y ii) la sujeción del proceso de
creación normativa a las reglas de trámite legislativo existentes al momento de
su expedición.
Se reitera que la regla conforme a la
cual el parámetro para determinar la adecuación constitucional en los aspectos
formales o procedimentales en la elaboración de cuerpos normativos promulgados
antes de la Constitución de 1991 debe ser la norma vigente al momento de su elaboración,
no ha sido implementada en el control de leyes aprobatorias de tratados cuyo
procedimiento legislativo se realizó con anterioridad a la entrada en vigor de la
Constitución de 1991, como la que ahora se revisa.
En esta ocasión, al estudiar por primera
vez la aplicación de los dos elementos anteriores a una ley aprobatoria de
tratados, la Ley 10 de 1980, encuentra la
Corte que el principio de decisión aplicado en la jurisprudencia antes referida
es trasladable al caso que se estudia, pues se trata de ejercer control
constitucional sobre el acatamiento de principios democráticos comunes tanto al
régimen constitucional vigente al momento de su expedición, como a la
Constitución de 1991, de una ley que sirve de fundamento para vincular al
Estado a nivel internacional, la cual además tuvo que seguir los mismos pasos
fijados para la expedición de cualquier ley ordinaria en el momento que fue
creada, por cuanto en la Constitución de 1886 no existía regulación especial
para la expedición de leyes aprobatorias de tratados, lo cual la hace un cuerpo
normativo asimilable en todo su proceso de formación, a otras leyes que siendo
anteriores a la Constitución de 1991 fueron examinadas en vigencia de la misma.
Son estas las razones por las cuales el parámetro
de control formal de la Ley 10 de 1980, aunque se trate de una ley aprobatoria
de tratado, deben ser las disposiciones relativas al proceso de formación de
las leyes de la Constitución de 1886 a las cuales debía sujetarse el legislador
de 1980, en todo el trámite de creación y expedición de la ley.
En este sentido, pasa la
Sala a realizar el examen de adecuación constitucional de la ley 10 de 1980
con base en los criterios antes definidos.
3.2 La
Constitución de 1886, en el artículo 76, al referirse al trámite para la
aprobación interna de los tratados internacionales, indicó:
“Artículo 76.- Corresponde al Congreso
hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones:
(…)
18) Aprobar o desaprobar los Tratados que
el Gobierno celebre con Potencias extranjeras”
3.3 Por cuanto en la
Constitución de 1886 no existía regulación especial para la expedición de
leyes aprobatorias de tratados, es preciso remitirse a la regulación general
del procedimiento legislativo allí consagrado y que corresponde a las
siguientes exigencias, de acuerdo con el Titulo VII, sobre la formación de las leyes:
a. Las leyes aprobatorias
de tratados podían tener origen en cualquiera de las dos Cámaras, y no estaban
incluidas dentro de las que, por la materia que regulan, tenían iniciativa
legislativa restringida al Gobierno[12].
b- Ningún proyecto
podía convertirse en ley sin los siguientes requisitos:
·
Haber sido publicado oficialmente por el Congreso antes de
darle curso en la comisión respectiva,
·
Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente
Comisión permanente de cada Cámara,
·
Haber sido aprobado en cada cámara, en segundo debate, y
·
Haber obtenido sanción del Gobierno (artículo 81)
c- El Congreso en
pleno, las Cámaras y sus comisiones podían abrir sus sesiones y deliberar con
la tercera parte de sus miembros, pero sólo podían tomar decisiones con la
asistencia de la mitad más uno de los integrantes de la respectiva Corporación,
salvo que la Constitución determinara un quórum diferente, que no es el caso de
las leyes aprobatorias de tratados.
(Artículo 82)
d- En
el Congreso en pleno, las Cámaras y sus comisiones permanentes, las decisiones
se tomaban por la mitad más uno de los votos de los asistentes, a no ser que la
Constitución exigiera expresamente una mayoría especial. (Artículo 83)
e- Aprobado un proyecto de ley por
ambas Cámaras, pasaba al Gobierno, y si éste no lo objetaba, disponía que se
promulgara como ley; si lo objetaba, lo tendría que devolver a la cámara en que
tuvo origen.
f- Objeciones: El Presidente de la
República disponía del término de seis días para devolver con objeciones
cualquier proyecto, cuando éste no conste de más de veinte artículos; de diez
días, cuando el proyecto tenía entre veintiuno y cincuenta artículos y hasta de
veinte días, cuando los artículos fueran más de cincuenta. Si el Presidente,
una vez transcurridos los indicados términos, según el caso, no hubiere
devuelto el acto legislativo con objeciones, debía sancionarlo y promulgarlo.
Pero si las Cámaras se pusieren en receso dentro de dichos términos, el
Presidente tenía el deber de publicar el proyecto sancionado u objetado, dentro
de aquellos plazos. El proyecto de ley objetado en su conjunto por el
Presidente, volvía a las Cámaras para segundo debate. El que objetado sólo en
parte era reconsiderado en primer debate con el único objeto de tomar en cuenta
las observaciones del Gobierno. (Artículo
85 a 87)
g- Sanción: El Presidente de la
República sancionaba, sin poder presentar nuevas objeciones, todo proyecto
que, reconsiderado, hubiere sido aprobado por la mitad más uno de los miembros
de una y otra cámara.  Si el
Gobierno no cumplía el deber que se de sancionar las leyes en los términos y
según las condiciones que la Constitución establecía, las sancionaba y
promulgaba el Presidente del Congreso. Lo anterior, excepto en el caso en que
el proyecto hubiere sido objetado por inconstitucional, evento en el cual, si
las Cámaras insistían, el proyecto pasaba a la
Corte Suprema, para que ella, dentro de seis días, decidiera sobre su
exequibilidad. El fallo afirmativo de la
Corte obligaba al Presidente a sancionar la ley; si era negativo, se archivaba
el proyecto. (Artículos 88 a 90)
Siendo este el parámetro de control procedimental
existente durante la vigencia de la
Constitución de 1886, el mismo exige que la
Corte determine los siguientes aspectos:
·
Publicidad del
proyecto y las ponencias presentadas
·
Aprobación en cuatro
debates, esto es, por las Comisiones Segundas Permanentes y las Plenarias de
ambas Cámaras, con el quórum y las mayorías correspondientes
·
Sanción Presidencial
3.4 En cuanto al elemento material del
control de constitucionalidad, la labor de la
Corte consiste en confrontar las disposiciones del “Protocolo relativo a la
prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares,
y de medios bacteriológicos”, firmado en Ginebra el 17 de Junio de 1925 con
la totalidad de los preceptos de la
Constitución Política vigente –Constitución de 1991 y normas parámetro de
control-, a fin de determinar si se ajustan o no al Texto Fundamental.
4. Remisión del Acuerdo y su ley
aprobatoria
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República, mediante oficio recibido el 10 de agosto de 2012, remitió a esta
Corporación copia auténtica de la Ley 10 de 1980 “Por medio de la cual se
aprueba el “Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra
de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios bacteriológicos”,
firmado en Ginebra el 17 de Junio de 1925, y se autoriza al Gobierno de
Colombia para adherir a dicho Protocolo; y la “Convención sobre la prohibición
del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas
(Biológicas), y toxínicas, y sobre su destrucción”, hecha en tres ejemplares en
Washington, Londres y Moscú el 10 de abril de 1.972”,
para que de conformidad con lo previsto en el artículo 241, numeral 10 de la
Constitución, la Corte decida sobre la exequibilidad del “Protocolo relativo
a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o
similares, y de medios bacteriológicos”, y su ley aprobatoria, como quiera
que la “Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el
almacenamiento de armas bacteriológicas (Biológicas), y toxínicas, y sobre su
destrucción”, hecha en tres ejemplares en Washington, Londres y Moscú el 10 de
abril de 1.972”, entró en vigor el 19 de diciembre de 1983, fecha del
depósito del instrumento de ratificación.
5. Negociación y celebración del Tratado
5.1 En desarrollo del control constitucional de los
tratados internacionales usualmente debe examinarse la existencia de las
facultades del representante del Estado Colombiano para negociar, adoptar el
articulado mediante su voto y autenticar el instrumento internacional
respectivo, cuando el Estado ha sido parte de los signatarios.
5.2 Sin embargo, en el caso bajo estudio
no procede adelantar este examen pues, aunque el Estado Colombiano estuvo
presente en la Conferencia internacional para la supervisión del comercio internacional de armas y
munición, celebrada en
Ginebra del 4 de mayo al 17 de junio de 1925 bajo los auspicios de la
Sociedad de Naciones, de la cual surgió el Protocolo en revisión, Colombia
no hizo parte del grupo de Estados Parte que lo suscribió. En efecto, según
certificación aportada por la Dra. Alejandra Valencia Gärtner, Coordinadora del
Grupo Interno de Trabajo de Tratado Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales, Colombia no suscribió dicho instrumento internacional, por lo
que, de conformidad con el artículo 5 de la parte declarativa del Protocolo, “una
vez surtidos los trámites previstos en la
Constitución Política para la aprobación de los tratados, se procederá a
depositar el instrumento de adhesión con el propósito que la
República de Colombia devenga en Estado Parte de este instrumento
internacional”. De allí que el artículo segundo de la
Ley 10 de 1980 autorice al Gobierno de Colombia para adherir al citado
Protocolo.
5.3 En este caso, tal y como lo expresó la
Corte en sentencia C- 1710 de 2000[13]
al revisar un tratado internacional suscrito entre Estados Unidos de América y la
República de Costa Rica y al cual Colombia deseaba adherirse, “el Gobierno de Colombia no
participó en el proceso de negociación de la
Convención objeto de estudio, por lo cual, de una parte, no hay lugar a que la
Corte verifique el poder de los negociadores o firmantes del mismo, y de otra,
como lo ha señalado en anteriores oportunidades, de la presente revisión
depende, en los términos del artículo 241-10 de la
Carta, la posibilidad de que el Presidente de la
República manifieste la voluntad del Estado de obligarse a dicho instrumento
adhiriendo al mismo, tal como lo señala también el artículo V de la
Convención que se analiza”.
No pudo presentarse, en consecuencia, vicio
relativo a la legitimación para vincular al Estado colombiano en relación con
el Protocolo cuya constitucionalidad ahora se estudia.
6. Trámite de la
Ley aprobatoria en el Congreso.
6.1
De acuerdo con el material probatorio que obra en el expediente, esta
Corporación observa que el proyecto de ley 155 Cámara / 164 Senado, cumplió los
trámites que a continuación se enuncian:
a.
Fue presentado al
Congreso de la República por el Gobierno Nacional a través de los Ministros de
Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, el 30 de agosto de 1979. El texto
original y la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la
Gaceta del Congreso No. 70, página 1051, de 11 de septiembre de 1979.- folio 49-
b.
La ponencia para
primer debate en la Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes, fue presentada por el Representante Octavo Vásquez
Velásquez el 19 de septiembre de 1979, repartida en esa fecha a los integrantes
de la Comisión – folio 50 cuaderno de pruebas- y publicada en los Anales del
Congreso, Tomo 1 página 1253 de 1979 - folio 53-
c.
El 19 de septiembre de
1979, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en primer debate por
la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, según copia del
registro en el libro de leyes aprobadas del año 1951
a 1991.-folio 51 cuaderno de pruebas y folio 53 cuaderno principal-
d.
La ponencia para
segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, fue presentada
por el Representante Octavo Vásquez Velásquez el 27 de septiembre de 1979 y
publicada el 3 de octubre de 1979 en los Anales del Congreso N° 84, página 1254
– folios 31 y 97 cuaderno de pruebas-
e.
El 3 de octubre de
1979, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad por la
Plenaria de esa Cámara en segundo debate, con la presencia de 167
Representantes, según consta en certificación del Secretario General de la
Cámara de Representantes.-folio 3 cuaderno de pruebas-
f.
La ponencia para
primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la
República del proyecto de Ley 64 de 1979, fue presentada por el Senador
Norberto Morales Ballesteros el 5 de noviembre de 1979, leída y considerada previamente
a declarar abierto el debate en esta Comisión el 14 de noviembre siguiente,
según constancia dejada por el Presidente y Vicepresidente de la
Comisión, según la cual: “Noviembre 14 de 1979,- En sesión de la fecha, la
Comisión, después de darle aprobación a la proposición final con que termina
el informe del ponente, sobre el proyecto de ley N°6$/79 (sic), “Por medio de
la cual se aprueba el “PROTOCOLO RELATIVO A LA
PROHIBICION DEL EMPLEO EN LA GUERRA DE GASES ASFIXIANTES, TOXICOS O SIMILARES,
y de medios bacteriológicos”, firmado en Ginebra el 17 de junio de 1925, se
autoriza el Gobierno de Colombia para adherir a dicho Protocolo; y la
“Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento
de armas bacteriológicas (biológicas), toxínicas y sobre su destrucción”, hecha
en tres ejemplares en Washington, Londres y Moscú el 10 de abril de 1972”,
declaró abierto su primer debate. Fue leído su articulado original y el título,
habiendo sido aprobados sin modificación”. La
Ponencia igualmente fue publicada en los Anales del Congreso edición año XXII
N°117 del 21 de noviembre de 1979, págs. 1745, 1748 y 1749. -folios 18 y 26
cuaderno de pruebas-. De la constancia anterior se desprende que previamente a
abrir el debate los miembros de la
Comisión Segunda Permanente conocieron el informe de ponencia lo que les
permitió dar aprobación a la proposición final con que termina, cumpliéndose
así con el requisito de dar publicidad a la ponencia antes de dar inicio al
debate.
g.
El proyecto de ley fue
aprobado en primer debate en la
Comisión Segunda del Senado de la República, el 14 de noviembre de 1979, según
constancia firmada por el Presidente, el Vicepresidente y la
Secretaría de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado, de la
época, en la cual se lee: “declaró abierto el debate. Fue leído su articulado
original y el título, habiendo sido aprobados sin modificación. Cerrado éste, la
Comisión lo declaró aprobado EN PRIMER DEBATE, manifestando su voluntad de que
sea Ley de la República”. -folio 27 cuaderno de pruebas-
h.
La ponencia para
segundo debate del Senador Norberto Morales Ballesteros fue presentada el 15 de
noviembre de 1979 y publicada en Anales número 117 de 1979, de 21 de noviembre
de 1979.- folios 32 y 38 y folio 22 del cuaderno de pruebas-
i.
De acuerdo con la
certificación del Secretario General del Senado de la
República, el proyecto de ley fue aprobado en segundo debate con el lleno de
los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, mediante votación
ordinaria, en la sesión plenaria del 13 de diciembre de 1979, como consta en el
Acta N°39 de la fecha, publicada en los Anales del Congreso edición año XXII
N°140 del 31 de diciembre de 1979, con un quórum de 80 de los 112 senadores que
integraban la Corporación.- folios 34 y 35-
j.
El 4 de febrero de
1980, el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del instrumento
internacional bajo examen. Publicada en Anales N° 3 de 1980 – folio 50-
6.2. Aprecia la
Corte que, si bien no existe certificación sobre la mayoría exacta con la cual
fue aprobado el proyecto de ley en la
Comisión Segunda, ni en la Plenaria del Senado, ante la inexistencia de
pruebas ciertas y determinantes que generen dudas sobre la legalidad en la
realización de dicha etapa; la manifestación del Presidente, el Vicepresidente y la
Secretaría de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la época,
de haber sido aprobado el proyecto sin modificación en primer debate; y la
certificación del Secretario General del Senado de la
República, que da fe de la aprobación del proyecto de ley “en segundo
debate con el lleno de los requisitos constitucionales, legales y
reglamentarios, mediante votación ordinaria”, cabe concluir que existen
suficientes elementos de juicio para afirmar que el procedimiento legislativo
cumplió con las exigencias que para esa época consagraba la
Constitución Nacional de 1886, modificada por el acto legislativo 01 de 1968,
por cuanto el proyecto
y las ponencias fueron publicadas y el proyecto de ley 155 Cámara / 164 Senado fue aprobado en cuatro debates con el lleno de los requisitos
constitucionales y legales y, finalmente, el mismo fue sancionado por el
Presidente de la República.
Se da así
aplicación al principio in
dubio pro legislatoris,“según el cual, en caso de duda razonable acerca
de la ocurrencia de un vicio de procedimiento, aquélla debe ser resulta a favor
de la decisión mayoritaria adoptada por un cuerpo deliberante, como lo es el
Congreso de la República. Se trata, en pocas palabras, de una manifestación del
principio democrático”[14], pues como
de indicó en precedencia no se tiene certeza de la existencia de alguna
irregularidad en el trámite dado al proyecto de ley 155
Cámara / 164 Senado en la
Comisión Segunda Permanente y en la
Plenaria del Senado de la República.
6.3. Así las cosas, la
Corte constató la inexistencia de vicio alguno en el trámite legislativo que
dio lugar a la expedición de la Ley 10 de 1980, aprobatoria del “Protocolo
relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos
o similares, y de medios bacteriológicos”, firmado en Ginebra el 17 de
Junio de 1925.
7. Contenido del “Protocolo relativo a la prohibición del empleo en
la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios
bacteriológicos”
7.1. El Protocolo de Ginebra de 1925 parte
de considerar que el uso en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares
y de todos los materiales o líquidos análogos ha sido condenado por la opinión
general del mundo civilizado y su prohibición ha sido formulada en tratados de
los cuales hace parte la mayoría de los países del mundo, por ello, para que
ésta prohibición sea parte del Derecho Internacional, declaran las Altas Partes
Contratantes que la aceptan y acuerdan extender la prohibición al empleo de
métodos de guerra bacteriológicos.
7.2. Indica el Protocolo que las Altas
Partes Contratantes harán lo posible para que otros Estados se adhieran al
mismo y señala el mecanismo para notificar de ello a los demás Estados
signatarios del Protocolo.
8. Análisis de constitucionalidad del “Protocolo relativo
a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o
similares, y de medios bacteriológicos”
8.1. El control de
constitucionalidad material que corresponde efectuar en esta oportunidad a la
Corte Constitucional sobre el presente “Protocolo relativo a la prohibición
del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios
bacteriológicos”, firmado en Ginebra el 17 de Junio de 1925, y de la
Ley 10 de 1980, aprobatoria del mismo, tiene el propósito de examinar el
contenido del instrumento internacional a la luz del contenido integral de la
Constitución Política, según reiterada jurisprudencia de esta Corporación
sobre la materia[15].
8.2. De esta manera, el “Protocolo
relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos
o similares, y de medios bacteriológicos” presenta unas características
especiales, ya que prohíbe el uso de armas químicas y biológicas, y además,
contiene normas que hacen parte de las reglas del Derecho Internacional Humanitario.
Por lo anterior, aunque el Protocolo no tiene per se el objeto de
regular derechos fundamentales, en su desarrollo y aplicación sí puede tener
una repercusión sobre los mismos.
8.3. En consecuencia, la
Corte debe aludir en esta oportunidad al denominado bloque de
constitucionalidad[16],
que según lo ha establecido esta Corporación, incluye normas que sin figurar formalmente
en el texto constitucional, son utilizadas como parámetros de control de
constitucionalidad al tener jerarquía constitucional por remisión directa de la
Constitución (artículo 93). “Ellas
son (i) los tratados internacionales que reconocen derechos humanos, y las del
derecho internacional humanitario, bloque de constitucionalidad estricto sensu;
y, (ii) aunque no tengan rango constitucional configuran parámetros para
examinar la validez constitucional de las normas sujetas a control las leyes
estatutarias, las leyes orgánicas y algunos convenios internacionales de
derechos humanos, calificados como integrantes del bloque de constitucionalidad
lato sensu”[17].
En efecto, la Corte ha admitido que se
incorporen al bloque los Tratados de Derechos Humanos y las normas
convencionales y consuetudinarias que conforman el Derecho Internacional
Humanitario, así como las normas del ius cogens que se constituyen
igualmente en parámetro para ejercer el control de constitucionalidad. Lo
anterior no obsta para que la Corte determine en cada caso y con total
precisión, tengan o no el carácter de normas de ius cogens, la totalidad
de disposiciones sobre DIH que son obligatorias para el Estado
colombiano como parte del bloque de constitucionalidad y que constituyen, en
consecuencia, un parámetro necesario de referencia para el juez constitucional
en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad.
Así, ha considerado esta Corte, que el bloque de
constitucionalidad en sentido estricto incluye, “aquellos principios y
normas que han sido normativamente integrados a la
Constitución por diversas vías y por mandato expreso de la
Carta, por lo que entonces tienen rango constitucional”[18].
8.4. Ahora bien, en el caso
en concreto, la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República remitió a esta Corporación copia auténtica de la
Ley 10 de 1980, para que la Corte decida sobre la exequibilidad del “Protocolo
Relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos
o similares, y de medios bacteriológicos”, firmado en Ginebra el 17 de
Junio de 1925, y su ley aprobatoria, para así poder efectuar la adhesión
del Estado Colombiano al mencionado instrumento internacional.
8.5. Estableció el “Protocolo Relativo
a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o
similares, y de medios bacteriológicos”, firmado en Ginebra el 17 de Junio
de 1925 que los Estados Partes aceptan la prohibición del empleo en la guerra
de gases asfixiantes,
tóxicos o similares y de todos materiales o líquidos análogos y de métodos de
guerra bacteriológicos.
8.6. De acuerdo con lo
dicho, corresponde a esta Corte establecer los parámetros de control del
Protocolo bajo análisis. Así, el
preámbulo de la Constitución y el artículo 2° establecen como fines del Estado
colombiano el de asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia y la paz, e
instituyen a las autoridades de la República para proteger a todos los
ciudadanos en su vida, honra y bienes y más derechos y libertades. El artículo
9° por su parte, fundamenta las relaciones exteriores en la soberanía nacional,
el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los
principios del derecho internacional aceptados por Colombia.
8.7. Los artículos 226 y
227 Superiores, promueven la internacionalización de las relaciones políticas,
económicas, sociales y ecológicas, así como la integración con otras naciones
mediante la celebración de tratados, con base en los principios de equidad, igualdad y reciprocidad, y el respeto de la soberanía nacional, a la
autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del
derecho internacional aceptados por el Estado.
8.8. El artículo 22 de la
Carta Política consagra la paz como un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento. Este derecho, que se intenta preservar con la prohibición del
empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios
bacteriológicos, es “un propósito fundamental del Derecho Internacional, un
fin fundamental del Estado colombiano y un derecho colectivo en cabeza de la
Humanidad”[19].
8.9. Así mismo, el presente Protocolo se
vincula en el texto constitucional con el artículo 79 que consagra el derecho
de todas las personas “a gozar de un ambiente sano”… “Es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos
fines”.
8.10. A su vez, esta restricción a los
combatientes en la guerra se ajusta directamente con el contenido del artículo
81 de la Constitución Política, que dispone: “Queda prohibida la fabricación,
importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como
la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos
tóxicos.”
8.11. En cuanto a la intención del
Constituyente de 1991 respecto del artículo anteriormente citado y aplicable al
Protocolo sometido a revisión, se identifica que la prohibición al uso de armas
nucleares, biológicas y químicas -entre éstas últimas se encuentran los medios
bacteriológicos y los gases
asfixiantes, tóxicos o similares-, tuvo el fin de proteger los derechos colectivos[20] y del medio ambiente.
En el proceso de adopción del texto
constitucional la Asamblea Nacional Constituyente indicó: “El artículo
propuesto establece dos prohibiciones vinculadas con el tema ambiental,
acogiendo las propuestas presentadas en los proyectos N° 119, 128 y por el
Instituto de Estudios Ambientales. La primera se refiere a la producción,
introducción al país, depósito o utilización de armas químicas, biológicas y
nucleares y residuos nucleares, como una garantía fundamental para la
preservación del medio ambiente y la calidad de vida, así como para consagrar
la vocación de paz del Estado Colombiano.”[21]
8.12. En este orden de ideas, la voluntad
de adherirse al Protocolo es coherente con el deber de salvaguardar el ambiente
frente al uso de las citadas armas por cuanto pueden generar un nivel
importante de afectación de este derecho colectivo, razón por la cual su empleo
fue proscrito en el texto mismo de la
Constitución de 1991.
8.13. Además de la relevancia del
Protocolo para el cumplimiento por parte del Estado colombiano del deber
constitucional de protección del derecho colectivo al goce de un ambiente sano
y de la biodiversidad, la proscripción del empleo de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de los
materiales o líquidos análogos y de métodos de guerra bacteriológicos, como armas en escenarios de conflicto
armado, constituye un importante mecanismo de protección y garantía de los
derechos humanos en cuanto limita, por razones humanitarias, los métodos y
medios de guerra, y se orienta hacia la protección de la población civil que
pueda resultar afectada por el conflicto[22].
8.14. Es así como el
Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra[23], que complementa los Convenios de 1949,
consagra en el artículo 35, como normas fundamentales que:
“1. En todo conflicto
armado, el derecho de las Partes en conflicto a elegir los métodos o medios de
hacer la guerra no es ilimitado.
2. Queda
prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la
guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios.
3. Queda
prohibido el empleo de métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido
concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, daños
extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural.”
Y, al referirse a la
responsabilidad del mando y en particular a las precauciones en el ataque,
establece en el artículo 57, que “Las operaciones militares se realizarán
con un cuidado constante de preservar a la población civil, a las personas
civiles y a los bienes de carácter civil”, y quienes preparen un ataque
deben “ ii) tomar todas las precauciones factibles en la elección de los
medios y métodos de ataque para evitar o, al menos, reducir todo lo posible el
número de muertos y de heridos que pudieran causar incidentalmente entre la
población civil, así como los daños a los bienes de carácter civil”
La Corte Constitucional
consideró al respecto en la sentencia C-574 de 1992 lo siguiente:
“En
síntesis, los principios del derecho internacional humanitario plasmados en los
Convenios de Ginebra y en sus dos Protocolos, por el hecho de constituir un
catálogo ético mínimo aplicable a situaciones de conflicto nacional o
internacional, ampliamente aceptado por la comunidad internacional, hacen parte
del ius cogens o derecho consuetudinario de los pueblos.  En consecuencia,
su fuerza vinculante proviene de la universal aceptación y reconocimiento que
la comunidad internacional de Estados en su conjunto le ha dado al adherir a
esa axiología y al considerar que no admite norma o práctica en contrario. No
de su eventual codificación como normas de derecho internacional, como se
analizará con algún detalle más adelante. De ahí que su respeto sea
independiente de la ratificación o adhesión que hayan prestado o dejado de
prestar los Estados a los instrumentos internacionales que recogen dichos
principios.
El
derecho internacional humanitario es, ante todo, un catálogo axiológico cuya
validez absoluta y universal no depende de su consagración en el ordenamiento
positivo”.
8.15. En este contexto de normas internacionales que
hacen parte de la unidad jurídica de la
Carta Política, es fundamental para el caso en concreto mencionar la “Convención sobre la prohibición del
desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas
(Biológicas), y toxínicas, y sobre su destrucción”, hecha en tres ejemplares en
Washington, Londres y Moscú el 10 de abril de 1.972”,
la cual entró en vigor
el 19 de diciembre de 1983, fecha del depósito del instrumento de ratificación,
y, que el Protocolo en revisión viene a complementar restringiendo su empleo en
la guerra. En este instrumento se reconoce la importancia del Protocolo para mitigar
los horrores de la guerra y se propende hacia un desarme general y completo que
incluya la prohibición y eliminación de todos los tipos de armas de destrucción
en masa.
8.16. El 28 de abril de 2004, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas aprobó por unanimidad la
Resolución 1540 de 2004, actuando en virtud del Capítulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas. En dicha resolución se afirma que la
proliferación de las armas nucleares, químicas y biológicas, así como sus
sistemas vectores, constituyen una amenaza a la paz y la seguridad
internacionales. La Resolución de tipo soft law, señala a los
Estados, entre otras cosas, abstenerse de suministrar cualquier tipo de apoyo a
los agentes no estatales que traten de desarrollar, adquirir, fabricar, poseer,
transportar, transferir o emplear armas nucleares, químicas o biológicas y sus
sistemas vectores.
8.17 Resulta útil resaltar que el enunciado no es un
principio novedoso en el derecho internacional. Desde 1907 el Reglamento relativo
a las leyes y costumbres de la guerra terrestre (H.IV.R) de la
Haya, al
regular la conducción de las hostilidades y en particular “los medios de hacer daño al
enemigo, de los sitios y de los bombardeos” se había establecido en el derecho internacional
humanitario que:
“Artículo 22. Los
beligerantes no tienen un derecho ilimitado en cuanto a la elección de los
medios de perjudicar al enemigo.
Artículo 23. Además
de las prohibiciones establecidas por Convenciones especiales, es
particularmente prohibido:
(a) Emplear veneno o armas envenenadas;
(…)
(e) Emplear armas, proyectiles o materias propias para
causar males innecesarios”
Derivada entonces del principio general
de la protección de la población civil contra los efectos de las hostilidades,
se encuentra la prohibición de armas nucleares, biológicas o químicas, por
cuanto causan destrucción masiva, daños
irreversibles y de largo duración, de allí que se les clasifique como armas no
convencionales, esto es, armas de uso prohibido por el derecho internacional
humanitario.
8.18. La
Corte Constitucional en la sentencia C-328 de 2000, al revisar la
Ley 525 de 1999 por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la
prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de
armas químicas y sobre su destrucción", hecho en París el 13 de enero
de 1993, ya se había pronunciado sobre la compatibilidad de la prohibición del
uso de armas químicas en la guerra con la
Constitución Política de 1991, con argumentos que es preciso reiterar en esta
oportunidad respecto al uso de gases asfixiantes, tóxicos o similares. Al
respecto sostuvo:
“El principio de dignidad humana y el
derecho a la paz no sólo imponen el deber de prevenir la guerra sino que, en
caso de un conflicto inevitable, obligan al Estado a morigerar sus efectos. Así
como no toda guerra es legítima, no todo medio utilizado puede admitirse como
legítimo. La humanización de la guerra, lo ha señalado la
Corte, constituye una proyección del derecho a la paz… La obligación
constitucional de respetar en los estados de guerra y de conmoción interior el
derecho internacional humanitario, deriva en el deber del Estado colombiano de
asegurar que, en todo conflicto bélico o interno, tales normas se apliquen. De
igual manera, siguiendo la cláusula Martens, y en evidente conexión con el
principio de dignidad humana, el Estado colombiano estará obligado a lograr la
no utilización de medios que tengan efectos desproporcionados contra los no
combatientes o que afecten la población civil.  Es decir, tiene el deber de
evitar la fabricación y el uso de cualquier arma de destrucción masiva, ya sea
en el conflicto interno o en sus acciones bélicas internacionales.”
Así las
cosas, el presente “Protocolo relativo
a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o
similares, y de medios bacteriológicos”, al igual que la anteriormente
citada Convención, constituye un instrumento internacional fundamental que
enaltece la dignidad humana y el derecho a la paz consagrados en la
Constitución Política, y los proyecta a futuro con el objetivo principal de
prevenir y humanizar los medios de guerra, proteger los derechos humanos y
obligar a los Estados partes a morigerar los efectos nocivos de la guerra, toda
vez que la solución pacífica de los conflictos conlleva a un respeto mayor de
la dignidad humana.
8.19. Así
las cosas, el Protocolo adoptado mediante Ley 10 de 1980, tanto en su aspecto
formal como material se ajusta integralmente a los preceptos constitucionales,
toda vez que se han cumplido los requisitos procedimentales exigidos por la
Constitución –en este caso el parámetro fueron las disposiciones
procedimentales de la Constitución de 1886- para que el referido instrumento
internacional pueda integrarse al ordenamiento jurídico interno; así mismo,  el
contenido del “Protocolo
relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos
o similares, y de medios bacteriológicos”, suscrito en la ciudad de Ginebra, el 17 de Junio de 1925, es coherente con prohibiciones
establecidas en el ordenamiento superior en defensa del derecho colectivo al
goce de un ambiente sano y a la protección de la biodiversidad, y sus objetivos
alcanzan el deber establecido en el derecho internacional humanitario de
limitar los métodos y medios de guerra, de manera que no afecten a la población
civil ni causen destrucción masiva e incontrolada.
9. Síntesis
9.1 En esta ocasión, en
virtud de remisión hecha por la
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República, la Corte Constitucional conoció de la ley 10 de 1980, por la cual
se aprobó “Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de
gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios bacteriológicos” y del
instrumento internacional que incorpora.
En consecuencia, i) por
tratarse de una ley cuyo procedimiento de elaboración culminó con anterioridad
a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991; ii) por medio de la cual
se aprobaron dos cuerpos internacionales, uno de los cuales se encuentra
surtiendo efectos desde el año 1983; y iii) teniendo en cuenta que la
Constitución de 1886 no exigía la realización de un control previo, integral y
automático con antelación a la ratificación de los instrumentos internacionales
suscritos y aprobados por el Estado colombiano, la
Corte, como asunto previo, determinó si era el órgano competente para realizar
el examen de constitucionalidad de la ley 10 de 1980 y del protocolo que ella
aprueba.
9.2 Al respecto se concluyó
que esta Corporación es competente para abordar el control de
constitucionalidad del “Protocolo
relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos
o similares, y de medios bacteriológicos”,
suscrito en la ciudad de Ginebra, el 17 de Junio de 1925, y de la
Ley 10 de 1980 aprobatoria del mismo, con base en la aplicación del principio
de supremacía de la Constitución tal como  ha sido entendido en la
jurisprudencia de esta Corporación
9.3
Reiteró la Corte que en el caso del análisis de normativas preconstitucionales
el parámetro de control constitucional en los aspectos formales debe ser  el
ordenamiento que regulaba el proceso de creación legislativa al momento de la
expedición del respectivo cuerpo normativo. Y, en cuanto a los aspectos
sustanciales o materiales, el control debe realizarse teniendo como parámetro la
Constitución Política de 1991, en virtud del deber de salvaguarda de la
supremacía de la Constitución fijada en el artículo 241.
9.4
Una vez establecido el parámetro de control, la
Corte analizó el proceso de formación de la
Ley 10 de 1980, luego de lo cual concluyó que su trámite se ajustó a las normas
procedimentales establecidas en la
Constitución de 1886, las cuales también eran manifestación del principio
democrático en el íter de formación legislativa.
9.5 Realizado el
análisis formal de la ley aprobatoria, se inició el estudio del contenido
material del instrumento internacional remitido, respecto del cual se concluyó
que el mismo es desarrollo de la prohibición contenida en el artículo 81 de la
Constitución, con la cual se procura la defensa del derecho colectivo al
goce de un ambiente sano y a la protección de la biodiversidad. Adicionalmente,
sus objetivos buscan alcanzar el deber establecido en el derecho internacional
humanitario de limitar los métodos y medios de guerra, de manera que no afecten
a la población civil, ni causen destrucción masiva e incontrolada. En este orden, se encuentra
ajustado al parámetro de control al cual está sometido.
Por las razones
antes mencionadas, la Corte declarará la exequibilidad del “Protocolo relativo a la prohibición del
empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios
bacteriológicos”, suscrito en la ciudad de Ginebra, el 17 de Junio de 1925, así como de la ley10 de
1980  aprobatoria del mismo.
VI.  DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “Protocolo relativo a la prohibición
del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios
bacteriológicos”, suscrito en la ciudad de
Ginebra, el 17 de Junio de 1925.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la
Ley 10 de 1980 “Por
medio de la cual se aprueba el ‘Protocolo relativo a la prohibición del
empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios
bacteriológicos’, firmado en Ginebra el 17 de Junio de 1925, y se
autoriza al Gobierno de Colombia para adherir a dicho Protocolo; y la ‘Convención
sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas
bacteriológicas (Biológicas), y toxínicas, y sobre su destrucción”, hecha en
tres ejemplares en Washington, Londres y Moscú el 10 de abril de 1.972’.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
SENTENCIA C-664/13
LEY APROBATORIA DE TRATADOS ANTERIOR A LA
CARTA DE 1991-Parámetro
de control constitucional (Aclaración de voto)
El parámetro de constitucionalidad, incluso respecto
de los aspectos de procedimiento (y por tanto también sobre los de forma), debe
ser la Constitución de 1991, pero sólo en la medida en que sus estándares
tengan un paralelo o reflejo con las correspondientes exigencias de la
Constitución de 1886, vigentes cuando se expidió el acto sujeto a control.
Referencia:
Expediente LAT-395
Revisión de
constitucionalidad del ‘Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la
guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios bacteriológicos’, firmado en Ginebra el 17 de junio de
1925, y de la Ley 10 de 1980, aprobatoria del mismo.
Magistrado Ponente:
Alberto Rojas Ríos
Con el debido respeto por las decisiones de
la Corte, a continuación expongo las razones que me condujeron a aclarar el
voto en esta ocasión.
1. Comparto la posición adoptada por la
Sala, en cuanto sostiene que mientras el Estado no manifieste su
consentimiento internacional, esta Corte tiene competencia para hacer un
control automático de los tratados, y de las leyes aprobatorias de los mismos,
incluso anteriores a la Constitución de 1991. Concuerdo también con que ese
control debe ser integral, y versar tanto sobre el contenido material como
sobre el procedimiento (dentro de lo cual se entiende incluido el aspecto
formal de la ley). No obstante, quienes sostuvieron que la
Corte puede hacer un control sobre el procedimiento, adujeron en su apoyo que
este debía hacerse con arreglo a la
Constitución de 1886. Como no comparto ese entendimiento de nuestra función,
esta aclaración quisiera dedicarla a exponer cuál debe ser, en mi criterio, el
parámetro de control de constitucionalidad sobre los aspectos formales de una
ley aprobatoria de tratados anterior a la
Carta de 1991.
2. Hasta el momento, en la jurisprudencia
constitucional, se ha sostenido precisamente la tesis prohijada en esta
sentencia; es decir, que el control sobre aspectos de forma de los actos
preconstitucionales debe hacerse conforme a la
Constitución de 1886.[24]
No obstante, esta tesis a mi juicio no es plausible por dos motivos. La
Constitución de 1886, “con todas sus reformas”, está derogada (CP art.
380). Es verdad que en derecho a veces se aplica una norma después de su
derogatoria, como por ejemplo en ciertos eventos de favorabilidad penal. Sin
embargo, el problema surge en estos casos porque aplicar la
Constitución de 1886 como parámetro de control, parecería implicar que podrían
llegar a declararse inexequibles algunas normas incluso cuando desconozcan los
estándares de forma de la Constitución anterior, pero no los de la
Constitución vigente.[25]
Lo cual contradiría, en mi concepto, nuestras concepciones más básicas del
control constitucional, pues estaríamos guardando la integridad y supremacía de
una Constitución derogada. La Corte tiene a mi modo de ver competencia para
guardar la integridad y supremacía de la
Constitución, pero de la de 1991 (CP arts. 241). Es esta Constitución la que
es suprema (CP art. 4), y no la Constitución anterior. Por lo mismo, son la
supremacía y la integridad Carta vigente las que deben guardarse.
3. Ahora bien, esta conclusión no debe
llevarnos a sostener que los actos preconstitucionales, en lo que atañe al
procedimiento, deban controlarse sin más conforme a la
Constitución de 1991, o que deban quedar sin control. La primera de estas
opciones abogaría al parecer por una aplicación retroactiva de las previsiones
sobre procedimiento que establece la Carta vigente. Sin embargo, la
retroactividad de la Constitución de 1991 no sólo ha sido descartada por la
Corte en diversas ocasiones,[26]
sino que además conllevaría a consecuencias inadmisibles como, por ejemplo,
declarar inconstitucional una ley expedida antes de 1991 por desconocer el
requisito de la votación nominal y pública, que es de creación reciente (Acto
Legislativo 01 de 2009). Esta opción sería entonces no sólo contraria a la
jurisprudencia, sino además chocante al sentido común e irrazonable, pues la
colectividad debe poder confiar en que las leyes aprobadas hoy no vayan a ser
declaradas inexequibles posteriormente por no respetar un requisito de forma no
previsto al tiempo de su expedición. Estoy de acuerdo con la
inconstitucionalidad sobreviniente, pero creo que no esta no es aplicable a los
aspectos de procedimiento.
4. De acuerdo con lo anterior, no cabría
entonces hacer un control sobre el procedimiento de una ley únicamente según la
Carta de 1886, ni tampoco sólo conforme a la
Constitución de 1991. Empero, esto no significa a mi modo de ver que el
procedimiento de formación de un acto preconstitucional deba quedar huérfano de
control jurisdiccional de constitucionalidad. Esta sería una solución apenas
aparente, y a mi juicio mucho menos plausible que cualquiera de las otras. Ante
todo, porque sería perder de vista que el constitucionalismo es un compromiso,
pero también un esfuerzo, de encontrar límites razonables al ejercicio del
poder; no un instrumento disponible para asegurar sin justificación ámbitos de
inmunidad en beneficio de los actos del poder público. Pero además por dos
razones que expongo a continuación.
4.1. Primero, porque la competencia para
controlar automáticamente este tipo de leyes y tratados se funda en el artículo
241 numeral 10 de la Constitución, y este no hace ninguna diferencia al
respecto, ni limita las atribuciones de la
Corte al control de determinados vicios, como sí lo hace, por ejemplo, al
establecer que los actos reformatorios de la
Constitución sólo se controlan por vicios de procedimiento en su formación (CP
art. 241 nums. 1 y 2). Es más, la Corte ha considerado en todo momento que el
artículo 241 numeral 10 de la Constitución, la faculta precisamente para hacer
un control “integral” sobre
los tratados y sus leyes aprobatorias.[27]
4.2. Segundo, me parece que la tesis de
la orfandad de control constitucional sobre el procedimiento de la ley, o la
más circunscrita de ausencia de control sobre la forma del acto, implican no sólo restringir –sin justificación suficiente-
las atribuciones de esta Corte, sino además renunciar a la competencia jurídica
toda de control jurisdiccional de constitucionalidad sobre una parte de ese
acto, pues si la Corte no puede controlar ese aspecto no hay ninguna otra
autoridad con jurisdicción que pueda hacerlo (CP arts. 241 y 121). Si se
aceptara que esta Corte no tiene competencia para hacer un control formal de la
ley aprobatoria de un tratado preconstitucional, o lo que es peor sobre una ley
aprobatoria después de un año de haberse sancionado, se estarían creando  las
condiciones para que, en vigencia de la
Constitución de 1991, el Estado manifestara su consentimiento internacional sobre un tratado cuya
aprobación se hubiera alcanzado luego de un procedimiento clara u
ostensiblemente anti democrático. En mi concepto esta posición es por ello
equivocada. La Constitución no le confió a la
Corte la función de controlar automáticamente los tratados, y sus leyes
aprobatorias, para que le admitiera al Estado obligarse internacionalmente sin
una previa aprobación del Congreso, impartida tras un procedimiento respetuoso
de los valores que informan nuestra democracia.
5. La opción que propongo es por lo tanto
distinta de las antes revisadas. En mi opinión, el parámetro de
constitucionalidad, incluso respecto de los aspectos de procedimiento (y por
tanto también sobre los de forma), debe ser la
Constitución de 1991, pero sólo en la medida en que sus estándares tengan un
paralelo o reflejo con las correspondientes exigencias de la
Constitución de 1886, vigentes cuando se expidió el acto sujeto a control.
Esta opción conseguiría un efecto múltiple: primero, y ante todo, que el acto
no quede sin control jurisdiccional de constitucionalidad; segundo, que el
parámetro de control no sea la Constitución de 1886, por los problemas antes
mencionados que esto conlleva; tercero, que la función de la
Corte siga siendo entonces la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución de 1991 (CP art. 4); cuarto, que la aplicación de los estándares
de procedimiento legislativo previstos en la
Carta de 1991 sólo sea factible en cuanto tengan un reflejo o paralelo en la
Constitución vigente al momento de expedirse el acto sujeto a control, para
así evitar que el control se haga conforme a estándares no previstos al momento
de la expedición del acto sujeto a control.
6. Esta tesis, a primera vista, es
distinta a la prohijada en la jurisprudencia sobre el control por vicios de
forma en actos preconstitucionales. Hasta ahora se ha sostenido que los
aspectos estrictamente formales de un acto expedido antes de la
Constitución de 1991, deben controlarse conforme a los estándares pertinentes
de la Constitución de 1886. Sin embargo, lo cierto es que esta doctrina fue
fijada muy tempranamente en la jurisprudencia de la
Corte y, debido a que sobre las acciones por vicios de forma pesa una cláusula
de caducidad (CP art. 242 num. 3), desde entonces no ha tenido ocasión de
madurar. Hasta hoy la Corte no se había visto pues obligada a considerar, con
suficiencia, si está justificado guardar a secas la supremacía de una Constitución
derogada; si es la Constitución de 1991 la que debe considerarse parámetro de
validez; y en caso afirmativo bajo qué condiciones. En definitiva, la doctrina
hasta hoy en vigor no se ha enriquecido con la experiencia ni con la pluralidad
de puntos de vista que ofrece el control de constitucionalidad en Colombia, lo
cual hace inevitable que su fuerza vinculante se vea sustantivamente reducida.
7. En contraste, repárese en el
desarrollo que ha tenido la jurisprudencia sobre el control de otros vicios de
procedimiento (los de competencia) en actos preconstitucionales;
específicamente, en los decretos con fuerza de ley expedidos antes de la
Constitución de 1991. En sus pronunciamientos iniciales, esta Corte sostuvo
que el parámetro de control sobre la competencia en este tipo de actos, debía
ser la Constitución de 1886, en virtud del principio ‘tempus regit actum’.
[28]
Como se ve, era el mismo parámetro utilizado para el control por vicios de
forma. No obstante, en la sentencia C-061 de 2005 la
Corte revisó su doctrina y –fruto de la experiencia y la pluralidad de puntos
de vista- empezó a considerar que el parámetro de control de competencia sobre
los decretos con fuerza de ley preconstitucionales, debía ser la
Constitución de 1991.[29]
Esto aparejaba desde luego ciertos problemas, como el de la posible
retroactividad de ciertos límites a la competencia del Presidente de la
República, fijados en la Carta actual (CP art. 150 num. 10) pero no en la de
1886. Sin embargo, esos problemas no condujeron a la
Corte a restringir su competencia de control, sino a desarrollar esa
jurisprudencia. En la sentencia C-1120 de 2008, la
Corte precisó entonces su doctrina para sostener que la
Constitución de 1991 era el parámetro de control de competencia de los
decretos ley preconstitucionales, pero sólo en cuanto sus estándares
coincidieran con los previstos en la
Constitución vigente al momento de expedirse el acto sujeto a control, y por
lo mismo resolvió que las prohibiciones de expedir códigos o de decretar
impuestos, no les eran aplicables a los decretos con fuerza de ley anteriores a
la Carta de 1991:
“[…] Justamente ha sido en
atención a esas consideraciones, que la
Corte Constitucional ha evaluado la constitucionalidad de los decretos con
fuerza de ley preconstitucionales, cuando se los acusa de desbordar las
facultades precisas atribuidas por la ley. La
Corte ha advertido que, en el plano literal, tanto la
Constitución de 1886 como la de 1991 disponen como atribución del Congreso
revestir al Presidente de la República de precisas facultades
extraordinarias (Cfr., art. 76, numeral 12,
C.P. de 1886 y art. 150, numeral 10, C.P. de 1991). De este requisito se
deriva una consecuencia jurídica esencial: la prohibición de exceso en el
ejercicio de las facultades extraordinarias por parte del Presidente de la
República. Es sólo a la luz de esta prohibición que la
Corte Constitucional analiza si se presenta un vicio de competencia por exceso
en el ejercicio de las facultades extraordinarias.
No obstante, la
Corte también ha advertido que la similitud literal entre el artículo 150 (10)
de la Constitución de 1991, y el artículo 76 (12) de la
Constitución de 1886, no implica una equivalencia de requisitos
constitucionales, porque la expresión ‘precisas facultades extraordinarias’
está desde 1991 inscrita en una Constitución con principios fundamentales
diversos y orientaciones inclusive divergentes a la
Carta anterior. Estas diferencias entre la
Constitución de 1991 y la Constitución de 1886, condujeron a que la
Corte Constitucional concluyera que el requisito de precisión de la ley
habilitante, debía ser interpretado de manera estricta, en dos aspectos: (i)
exigencia de que la ley habilitante no sólo indique la materia objeto de
facultades extraordinarias, sino además la finalidad que deberá perseguir el
legislador  extraordinario y los criterios que el Presidente de la
República deberá respetar; e (ii) interpretación restrictiva en la ley
habilitante de las facultades extraordinarias, para efectos de determinar si
hubo exceso en el ejercicio de las mismas. Esta interpretación estricta es
doble. Primero, las facultades deben ser específicas y claras en cuanto a la
materia objeto de habilitación. Segundo, el test que se aplica es estricto, en
el sentido de que no cubre entrar a establecer eventuales y lejanas relaciones
de conexidad de la norma acusada con la materia objeto de habilitación. Ello
expandiría el ámbito de las facultades.
Sin embargo, la
Corte no ha aplicado esta jurisprudencia a  la ley habilitante anterior a
1991 ni al decreto extraordinario dictado con base en dicha ley habilitante.
Ello implicaría aplicar hacia el pasado exigencias constitucionales derivadas
de la letra y el espíritu de la Carta de 1991.
En esta sentencia la
Corte reitera la jurisprudencia mencionada, por lo cual no aplicará
retroactivamente a la ley habilitante ni a las facultades en ella contenidas y
los decretos extraordinarios de 1990, la jurisprudencia más estricta posterior
a 1991.
5.3. Finalmente, debe
indicarse que la Carta establece específicamente algunas
limitaciones para determinados actos del poder público. Así, por ejemplo,
mediante los decretos con fuerza de ley expedidos por el Presidente de la
República en ejercicio de las facultades extraordinarias, no pueden expedirse
códigos, leyes estatutarias, orgánicas, leyes previstas en el numeral 20 del
artículo 150, o decretarse impuestos (art. 150, numeral 10,
C.P. de 1991). Esa clase de prohibiciones específicas novedosas no han sido
aplicadas retroactivamente al legislador extraordinario”.[30]
8. Esta es, en mi concepto, la mejor
práctica de control constitucional, por vicios de procedimiento, sobre un acto
expedido antes de la Constitución de 1991. Como antes dije no sólo asegura el
control jurisdiccional de constitucionalidad sobre este tipo de actos, sino que
además sortea adecuadamente los problemas que presentan las tesis en las cuales
se considera, a secas, como parámetro de control o bien la
Constitución de 1886, o bien la de 1991, sin precisiones o condiciones
ulteriores. La tesis que propongo tiene, por tanto, respaldo en la
jurisprudencia de esta Corte, aunque deje de asimilarse a la doctrina poco
desarrollada sobre el control por vicios de forma en los actos anteriores a la
Constitución de 1991. Esperaba que la Corte aprovechara esta ocasión para
actualizar su doctrina, y hacerla coherente con el mejor entendimiento de
nuestra función, que es la defensa de la integridad y supremacía de la
Constitución de 1991. Sin embargo, decidió no hacerlo. Por ese motivo, aclaro
mi voto.
Fecha ut supra
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO  DEL
MAGISTRADO
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
A LA SENTENCIA C-664/13
Control de constitucionalidad de la ley 10 de 1980 “por medio de la cual
se aprueba el Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de
gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos”
A continuación expongo las razones en las que se funda
mi desacuerdo parcial respecto de la sentencia C-664 de 2013.
1. Comparto la decisión de declarar exequible, por
vicios de fondo, la ley 10 de 1980 “por medio de la cual se aprueba el
Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases
asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos” así como el
referido Protocolo. En esa medida, considero ajustado al numeral 10 del
artículo 241 de la Carta, la decisión de esta Corporación consistente en asumir
el conocimiento de los instrumentos remitidos por el Gobierno en esta ocasión a
fin de adelantar un control constitucional material. Ello se justifica en el
deber de la Corte Constitucional de asegurar la integridad y supremacía de la
Constitución.
2. No obstante lo anterior, considero que el juicio de
constitucionalidad en la presente oportunidad ha debido limitarse al examen de
eventuales vicios materiales sin ocuparse de los posibles defectos de trámite
acaecidos durante el trámite de aprobación de la ley. Ello es así dado que, en
mi opinión, se había ya producido la caducidad de la facultad de control en
tanto al examen automático de leyes aprobatorias de tratados internacionales
adoptadas en vigencia de la Constitución anterior, debe aplicarse la regla de
caducidad establecida en el numeral 3 del artículo 242.
Esta conclusión se funda en las siguientes razones:
2.1. En primer lugar y aunque la Corte ha admitido en
casos excepcionales adelantar el juicio constitucional por vicios de forma
tomando como parámetro de control disposiciones incorporadas al texto
constitucional anterior a 1991, no es compatible con las competencias que le
fueron atribuidas en el artículo 241 una interpretación excesivamente amplia de
la referida posibilidad. Aceptar una competencia muy dilatada, aplicando las
normas que regularon el trámite de aprobación de las leyes en vigencia de la
Constitución anterior, supondría la actuación de la Corte Constitucional no
solo como Tribunal defensor de la Constitución vigente sino también –y de
manera indefinida en el tiempo- de la que fue derogada en 1991.
2.2. En segundo lugar y aceptando entonces el
ejercicio excepcional de dicho control, considero que la norma competencial en
la que se funda (Art. 241.10)  debe ser interpretada de manera restrictiva. Tal
interpretación debe tener en cuenta, como punto de partida, que la Constitución
fijó reglas para limitar en el tiempo las posibilidades de examinar la
ocurrencia de vicios de trámite. Así (i) el numeral 3 del artículo 242 al
ocuparse de la acciones por vicios de forma advirtió que ellas caducan
transcurrido un año contado desde la publicación del respectivo acto al paso
que (ii) el inciso segundo del artículo 379 prevé que las acciones en contra de
los actos allí mencionados solo procede dentro del año siguiente a su
promulgación. A su vez (iii) en el caso de las normas que no pueden ser objeto
de acusación mediante el ejercicio de la acción pública, la Constitución ha
previsto controles automáticos que se adelantan por parte de la Corte de manera
inmediata a la aprobación de las normas por parte del Congreso (leyes
estatutarias) o a su sanción presidencial (leyes aprobatorias de tratados
internacionales, leyes que convocan al pueblo para pronunciarse en referendo o
decretos legislativos).
De otra forma dicho, la circunstancia de que la
Constitución se haya referido al término de caducidad únicamente en los casos
de “acciones por vicios de forma” no implica admitir que el examen de
tal especie de defectos respecto de normas sometidas a controles automáticos
pueda adelantarse en cualquier tiempo. Por el contrario, la ausencia de una
disposición específica que se ocupe de fijar un término máximo para la revisión
constitucional en tales supuestos, obedece a que fue prevista una remisión
automática y, en general, inmediata, de la ley, del decreto o del proyecto de
ley, según el caso, a la Corte Constitucional (Arts. 214.6 CP, 215 par. CP,
241.10 CP. Arts. 36 y 39 del Decreto 2067).
2.3. Así las cosas, considerando la orientación
constitucional referida, es posible concluir que en el caso de tratados
internacionales aprobados por el Congreso en vigencia de la Constitución
anterior y que son sometidos al control de esta Corporación por la remisión que
de ellos hace el Gobierno, la interpretación de la competencia atribuida a la
Corte debe ser estricta. Para ello se impone la aplicación de la regla de
caducidad prevista en el numeral 3 del artículo 242. Esa aplicación se articula
plenamente, se insiste, con la obligación de limitar en el tiempo las
discusiones relativas al cumplimiento de las reglas de aprobación de una ley.
Es importante precisar que en la hipótesis que ahora
examina la Corte, el término de caducidad establecido en el numeral tercero del
artículo 242 empezó a contarse a partir de la entrada en vigencia de la
Constitución produciéndose la caducidad, en consecuencia, un año después.
En los anteriores términos dejo expuestas las razones
del salvamento parcial de voto.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
[1] Mediante la cual declaró exequible el “Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y
Científica entre la Republica de Colombia y la
Republica Oriental del Uruguay,
suscrito en Bogotá el 31 de enero de 1989 y no improbado por la
Comisión Especial Legislativa el 4 de septiembre de 1991.”
[2] “el ordenamiento constitucional está
orientado a la revisión de los tratados cuyo canje de notas aún no se ha
producido, a fin de asegurar, antes de que entre en vigencia, la sujeción de
sus cláusulas a las previsiones constitucionales, conciliando así la
prevalencia de las normas fundamentales con el principio de Derecho
Internacional sobre cumplimiento de los tratados en vigor” Sentencia C-477 de
1992
[3] Por todas,
sentencia C-1154 de 2008.
[4] Sentencia C-376 de 2009.
[5] Sentencia C-059 de 1994, pronunciamiento
que dio inicio al principio de decisión ahora referido.
[6] Sentencias C-864 de 2006 y C-120 de
2004.
[7] “A partir de la vigencia de la
Constitución de 1991, habida cuenta de la previsión consagrada en el numeral
10 de su artículo 241, no cabe duda sobre el necesario sometimiento al control
previo de constitucionalidad a cargo de esta Corte sobre los tratados
internacionales y las leyes que los aprueben. La expedición de la
Carta Política de 1991 modificó sustancialmente los elementos normativos sobre
los cuales habían sido elaboradas las expuestas concepciones sobre el
juzgamiento de las leyes aprobatorias de tratados internacionales y, más aún,
el de estos considerados en sí mismos, pues se pasó de un texto en el que, si
bien se facultaba el control de manera genérica sobre todas las leyes, no se
mencionaban expresamente esta clase de actos, a una norma que contempla
precisamente la función jurisdiccional de decidir definitivamente sobre la
exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben..”Sentencia C-477 de 1992. En el mismo
sentido las sentencias C-504 y C-563 de 1992, en las cuales se revisaron
tratados internacionales suscritos antes de la
Constitución de 1991.
8 Ver Sentencia C-955/01  M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[8]  Ver, entre muchas otras, las sentencias C-546 de1993, C-531 de
1995 y C-1161 de 2000.
[9]  Sentencia C-1252 de 2001,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[10]  Sentencia C-105 de 1997,
M.P. Fabio Morón Díaz
[11]  Sentencia C-545 de 1993,
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[12] Artículo 79 de la
Constitución Nacional: “Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las dos
cámaras, a propuesta de sus respectivos miembros o de los ministros del
despacho. Se exceptúan las leyes a que se refieren los ordinales  3, 4, 9 y 22
del artículo 76, y las leyes que decreten inversiones públicas o privadas, las
que ordenen participaciones en rentas nacionales o transferencias de las
mismas; las que creen servicios a cargo de la
Nación o los traspasen a esta; las que autoricen aportes o suscripciones del
Estado a empresas industriales o comerciales, y las que decreten exenciones de
impuestos, contribuciones o tasas nacionales, todas las cuales solo podrán ser
dictadas o reformadas a iniciativa del gobierno” (Acto legislativo 1 de 1968,
artículo13)
[13] Al revisar la “Convención entre los Estados Unidos de América y la Republica de Costa Rica para el establecimiento de
una Comisión Interamericana del Atún Tropical”, a la cual se adhirió el Estado
Colombiano.
[14] Sentencia C-786 de 2012, en la cual la
Corte declaró EXEQUIBLE la Ley 1425 de 2010 “Por medio de la cual se derogan artículos de la
Ley 472 de
1998 Acciones Populares y Grupo”, por
los cargos por vicios de forma en el trámite legislativo analizados en esa sentencia.
[15] Ver entre otras, las sentencias C-718 de
2007; C-181 de 2007; C-864 de
2006; C-863 de 2006; C-649 de 2006; C-576 de 2006; C-322 de 2006; C-276 de
2006; C-176 de 2006; C-172 de 2006; C-1151 de 2005.
[16] Al respecto, cabe recordar que esta
Corporación ha acogido el concepto de bloque de constitucionalidad procedente
del derecho francés, en sentencia C-225 de 1995, definió el bloque de constitucionalidad
como aquel: “compuesto por
aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del
texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de
constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados
a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución.
Son pues verdaderos  principios y reglas de valor constitucional, esto es,
son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces
contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado
constitucional stricto sensu”
[17] Ver entre otras, las sentencias C-750 de
2008, C-155 de 2007, C-028 de 2006.
[18] C-582 de 1999
[19] Ver sentencia C-370 de 2006.
[20] Norma constitucional que ha tenido
desarrollo en la Ley 472 de 1998, artículo 4, ordinal k, que señala: “Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los
relacionados con: (…) k) La prohibición de la fabricación, importación,
posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la
introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos”
[21] Gaceta Constitucional N° 46
[22] Este aspecto igualmente ha sido
considerado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que mediante el
Convenio del 10 de Octubre de 1976, sobre la prohibición de utilizar las
técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles
(resolución 31/72 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 10 de
Diciembre de 1976), adoptó un criterio ecológico como límite al uso de los
medios y métodos de guerra.
[23] Adoptado el 8 de Junio de 1977 y ratificado por
Colombia el 1 de septiembre de 1993
[24] Sentencia C-434 de 1992 (MP. Fabio Morón
Díaz. Unánime). En esa ocasión se demandaba una ley, por un supuesto vicio que la Corte consideró de forma. La
Corte, en la parte resolutiva, decidió declarar “EXEQUIBLE el numeral 1o. del artículo 2o. de la
Ley 60 de 1990, desde el punto de vista formal” (énfasis añadido).
Entonces sostuvo que en virtud del principio ‘Tempus regit actum’, el parámetro
adecuado para hacer el control formal debía ser la
Constitución de 1886: “[…] 1)
En lo que respecta a la validez formal o al procedimiento que se debió seguir
para la expedición de la ley, éste hace referencia al cumplimiento de las
condiciones generales de rango constitucional, y también, en ciertos casos
señalados expresamente por la Carta, a las reglamentarias igualmente generales
previstas con el fin de regular el debido tramite de los proyectos de
ley.  Es éste un elemento que comprende la competencia del órgano autor
del acto jurídico y en principio está sometido, en el espacio y en el tiempo, a
la ley vigente en el lugar o en el momento de su producción; se expresa
doctrinariamente en el aforismo "Locus regit actum" y "Tempus
regit actum".  Supone que la regulación constitucional sobre el tema
del procedimiento a seguir para la elaboración de la ley, no se aplica
retroactivamente, salvo mención expresa de la
Carta. || 2) Además, cabe examinar si en el acto acusado se cumplió con
los restantes requisitos formales especialmente previstos por el artículo 76
numeral 12 de la Constitución de 1886, para las leyes de facultades
extraordinarias, como son el de la precisión y la temporalidad, que
ahora aparecen al lado de otras exigencias nuevas, en el artículo 150 numeral
10 de la Carta de 1991”. Luego de eso, en la sentencia C-061 de 2005 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa. SPV. Humberto Antonio Sierra Porto), si bien no se hacía un
control por vicios de forma, la Corte recordó esa doctrina en los siguientes
términos: “[…] Sea lo primero
observar que la disposición acusada forma parte de un decreto
preconstitucional, es decir, de una norma adoptada antes de que la
Constitución de 1991 entrara en vigencia. En numerosas oportunidades la
Corte Constitucional ha explicado que los aspectos atinentes a la forma de las
disposiciones preconstitucionales, a diferencia de su contenido material, se
rigen por las disposiciones de la
Carta Política vigente al momento de su expedición, es decir, de la
Constitución de 1886”.
[25] Piénsese por ejemplo en casos en los
cuales la Constitución de 1886 prevea un requisito no exigido en la
Constitución de 1991. Así, la Constitución anterior llegó a establecer que las
leyes que organizaran el Ministerio Público debían iniciar su formación en la
Cámara de Representantes (art. 102 num. 2). Pues bien, ¿qué ocurriría si se
advierte en el control automático que una ley aprobatoria de tratados anterior
a la Constitución de 1991, empezó su formación en el Senado y no en la
Cámara, a pesar de que en ella se definía un aspecto de organización del
Ministerio Público, por ejemplo, para establecer determinadas relaciones de
cooperación con otros Estados? En la
Constitución actual se exige que las leyes que se refieran a las relaciones
internacionales, comiencen su formación en el Senado (CP art. 154), razón por
la cual este no sería actualmente un vicio, conforme a la
Carta vigente. ¿Debería, sin embargo, declararse inexequible la ley, por
desconocer un precepto de una Constitución derogada (CP art. 380)? Creo que no
sería razonable.
[26] Desde la sentencia C-434 de 1992 (MP.
Fabio Morón Díaz. Unánime), la Corte ha sostenido la tesis del control conforme
al principio ‘tempus regit actum’, precisamente por considerar que en lo
atinente al procedimiento no cabe hacer una aplicación retroactiva de los
estándares de la Constitución de 1991.
[27] Sentencia C-1034 de 2003 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo
Escobar Gil y Clara Inés Vargas Hernández).
[28] Sentencia C-549 de 1992 (MP. Simón Rodríguez Rodríguez. Unánime).
La Corte en esa ocasión conoció de una demanda contra un decreto con fuerza de
ley pre constitucional, acusado por haber sido fruto de un exceso del
Presidente en el ejercicio de facultades extraordinarias. La
Corte dijo, sobre el parámetro de control respecto de la competencia: “[..] Ha de dejarse sentado que el aspecto
relativo al exceso de facultades, se ha de analizar frente a la
Constitución de 1886 y sus reformas, ya que en ésta se contiene el
procedimiento vigente que rige su ejercicio, esto es, los artículos 76-12 y
118-8.  Como éste era el Estatuto Máximo en vigor cuando se expidieron la
ley y el Decreto en cuestión, al mismo habrá de atenerse, por fuerza de la
lógica y no al nuevo, que ofrece particularidades propias en muchos aspectos”.
En esto, dijo seguir incluso una jurisprudencia sentada por la
Corte Suprema de Justicia en su sentencia No. 87 de 25
de julio de 1991. Luego esta misma jurisprudencia se aplicó, por ejemplo, en la
sentencia C-531 de 2003 (MP. Jaime Araújo Rentería. Unánime). En esa ocasión, la
Corte declaró inconstitucionales unas normas, contenidas en decretos ley
preconstitucionales, por juzgar que eran producto de una extralimitación en el
ejercicio de facultades extraordinarias, y en esa medida que eran violatorias
de los preceptos que sobre el punto estaban previstos en la
Constitución de 1886: “[…] las disposiciones de las citadas leyes habilitantes
no otorgaron al Presidente de la República en forma expresa y precisa
facultades para que impusiera o estableciera la contribución parafiscal
consistente en un descuento de la prima de vacaciones, por un valor
correspondiente a tres (3) días de sueldo básico, de que tratan las normas
acusadas, lo cual significa que aquella autoridad al expedir las mismas excedió
el límite material en el ejercicio de las facultades otorgadas y violó lo
dispuesto en los Arts. 76, Num. 12, y 118, Num. 8º, de la
Constitución Política de 1886”.
[29] Sentencia C-061 de 2005 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa. SPV. Humberto Antonio Sierra Porto). La
Corte debía decidir un cargo de inconstitucionalidad contra un decreto con
fuerza de ley preconstitucional -Decreto Ley 1213 de 1990-, porque
supuestamente el Presidente de la República se había extralimitado en el ejercicio
de las facultades extraordinarias. La Corte sostuvo que los asuntos de
competencia se controlaban conforme a la
Constitución de 1991: “[…] dado que se trata de un cargo que alude a la competencia del
Presidente de la República para expedir la norma acusada, y que se relaciona
con la materia de dicha norma y no con el procedimiento que se siguió para su
formación ni con asuntos de índole formal, el parámetro de constitucionalidad a
aplicar para resolver el cargo bajo estudio es el de la
Constitución Política de 1991”. El
entonces magistrado Humberto Sierra salvó parcialmente su voto, pero no porque
discrepara del hecho de que a esta Corte sólo le correspondiera guardar la
integridad y supremacía de la Constitución, sino porque consideraba que los
actos preconstitucionales sólo podían ser controlados por vicios de contenido
material: “[…] la
Constitución de
1886 no puede emplearse como instrumento para determinar la constitucionalidad
de las normas, puesto que, en virtud del art. 380 de la
Carta Política de 1991, ésta quedó derogada. Admitir o permitir que dicho
cuerpo normativo sirva de criterio para estudiar y decidir la
constitucionalidad de las leyes preconstitucionales, conlleva a considerar que la
Constitución de 1886 está vigente y, por lo tanto, debe aplicarse, reduciendo
las consecuencias del artículo 380 constitucional al efecto de la ultractividad
de la Constitución anterior. Esto es, que se trató de una simple derogación
aparente. […] En ese orden de ideas, las leyes preconstitucionales que entren
en contradicción con la Constitución actual sólo pueden ser enjuiciadas por
aspectos sustantivos, los adjetivos o formales están excluidos por la simple
razón de que la norma que podría ser utilizada como fundamento para su validez
(la Constitución de 1886) está derogada y hoy no produce efecto alguno”.
[30] Sentencia C-1120 de 2008 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araújo Rentería). En esa ocasión, al controlar un
decreto con fuerza de ley preconstitucional, se sostuvo por una parte que “[…] La Corte Constitucional ha establecido que el examen
de constitucionalidad de los decretos extraordinarios, atinente a un eventual
vicio de competencia, por ser un estudio relacionado con el  “presupuesto
tanto de la forma y del procedimiento, como del contenido sustantivo de los
actos jurídicos”, debe llevarse a cabo de acuerdo con las
disposiciones de la Constitución actual”. Por otra
parte, sin embargo, la Corte resolvió desfavorablemente un cargo contra el
decreto ley preconstitucional entonces demandado, de acuerdo con el cual este
decretaba un impuesto, con lo que violaba un límite de competencia al
Presidente de la República, previsto en el artículo 150 numeral 10 de la actual
Constitución. Dijo al respecto: “[…] Ahora
bien, los demandantes exponen un cargo adicional. En su criterio, aún para los
decretos preconstitucionales vale la prohibición de “decretar
impuestos”, a que se refiere el inciso 3°, del numeral 10, artículo 150
constitucional. Así, en concordancia con el artículo 338 constitucional, sólo
el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y
municipales pueden imponer contribuciones –en sentido lato- en tiempos de paz.
|| 6.7. Sin embargo, y de acuerdo con las consideraciones efectuadas en el
punto anterior de esta providencia, dicha prohibición específica fue
introducida con la Constitución de 1991, y está referida a los decretos con
fuerza de ley expedidos después de la entrada en vigencia de la
Carta”.
”