C-137-96
Sentencia No
Sentencia No.
C-137/96
BIOTECNOLOGIA-Concepto
La
biotecnología es una forma de explotación o aprovechamiento de un tipo
particular de recursos naturales, tendiente al logro de un conocimiento sobre
los recursos biológicos que permita la creación o modificación de productos o
procesos para usos específicos.
INGENIERIA
GENETICA Y BIOTECNOLOGIA-Establecimiento
de plantas piloto
La
instalación de las plantas piloto, en territorio colombiano, se debe adecuar a
las regulaciones sobre manejo de los recursos genéticos que dicten las
autoridades de la República y sea respetuosa de las normas de seguridad que
implican la salvaguarda de la vida y de la salud de los colombianos, así como
de la protección de la producción alimentaria. Por otra parte, la
implementación de plantas piloto por parte del Centro Internacional de
Ingeniería Genética y Biotecnología - en caso de hacerse en Colombia - debe ser
particularmente respetuosa de los territorios indígenas, de la propiedad
comunitaria de las comunidades negras, y de las formas y prácticas
tradicionales de producción, explotación y aprovechamiento de los recursos
naturales por parte de estas comunidades étnicas.
CENTRO
INTERNACIONAL DE INGENIERIA Y BIOTECNOLOGIA-Estructura orgánica/DIVERSIDAD BIOLOGICA-Protección
El
reconocimiento de la autonomía de organismos internacionales en punto al diseño
y ejecución de las tareas a ellos asignadas a través de tratados multilaterales
de los cuales forme parte el Estado colombiano, no pugna en principio con la
Carta política. Sin embargo, en el caso específico del manejo de recursos
genéticos y de la experimentación tecnológica sobre recursos vivos
(biotecnología), el Estado colombiano se halla frente al deber constitucional
irrenunciable de intervenir, tanto para proteger los recursos biológicos como
para  garantizar que el manejo de recursos genéticos se adecue al interés
nacional.
SUPRANACIONALIDAD-Alcance/PROPIEDAD INDUSTRIAL E
INTELECTUAL
El
concepto de supranacionalidad encuentra claro fundamento en la Constitución
colombiana cuando ella establece que las relaciones internacionales del país se
"orientarán hacia la integración latinoamericana y del
Caribe". En este sentido, el Congreso de la República podrá "aprobar
o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con
entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el
Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional,
transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales,
que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros
Estados. Pese a que aspectos de la regulación en materia de propiedad
industrial e intelectual, incluso en tratándose de recursos vivos o de material
genético, puede ser transferida a un órgano supranacional, lo que resulta
claramente inaceptable, desde el punto de vista constitucional, es que se
transfieran amplias facultades legislativas que tienen implicaciones respecto
de bienes y derechos constitucionalmente tutelados, a organismos que no
responden a un proceso de integración supranacional.
TRATADO
INTERNACIONAL-Concesión de
prerrogativas e inmunidades
Las
prerrogativas e inmunidades otorgadas no son, ni pueden ser, totales o
absolutas. Ningún Estado constitucional estaría en capacidad jurídica de
otorgar plena inmunidad a todo agente de un gobierno extranjero o representante
de un organismo de derecho internacional, respecto de cualquier actividad que
cumpla en su territorio, pues ello implicaría sacrificar las atribuciones que
le competen como estado libre y soberano para asegurar la defensa de los
derechos de las personas sometidas a su jurisdicción. Para que la concesión de
estos derechos y beneficios especiales resulte constitucional, se requiere que
concurra la defensa de los principios de independencia, soberanía e igualdad -
reciprocidad - entre los Estados. Son estos principios y no una mera
liberalidad o una imposición del derecho internacional, los que tornan
legítimas e incluso necesarias las garantías y privilegios que se conceden a
funcionarios de Estados extranjeros o de organismos internacionales en el
territorio de cada Estado.
INMUNIDAD
JUDICIAL-Límites
El
Estado colombiano no puede aceptar la inmunidad judicial absoluta y, por tanto,
deberá señalar que en el evento de que surja una disputa jurídica entre un
habitante del territorio y el Centro, cuando este actúe como un particular o
sometido a las normas de derecho interno o supranacional, podrá apelarse a los
mecanismos judiciales consagrados por el ordenamiento nacional e internacional
a fin de que el conflicto se resuelva según las normas vigentes en el territorio
nacional.
RECURSOS
GENETICOS-Protección
estatal
El
control y protección que el Estado está obligado a observar sobre sus recursos
naturales y, en particular, sobre sus recursos genéticos, determinan que éstos
no puedan considerarse como parte de los bienes y haberes de un organismo
internacional cubiertos por un régimen general de inmunidades. Por estos
motivos, el artículo 13, numeral 3°, del Estatuto del Centro Internacional de
Ingeniería Genética y Biotecnología es constitucional sólo en el entendido de
que la referencia a los bienes y haberes de ese organismo que allí  se hace no
incluya los recursos biológicos y genéticos, y siempre que se establezcan
mecanismos de control y vigilancia que permitan a las autoridades nacionales
fiscalizar el cumplimiento de las normas nacionales, supranacionales e
internacionales sobre bioseguridad y protección de los recursos naturales, la
vida, la salud, y la producción de alimentos.
DERECHO
INTERNACIONAL PUBLICO-Exenciones tributarias
Las
exenciones tributarias, tienen pleno sentido en el contexto del derecho
internacional público. Se trata de conceder, en condiciones de reciprocidad,
ciertos privilegios fiscales y aduaneros, que se justifican plenamente tanto
por la naturaleza de los organismos beneficiados como del interés público que
reviste la función a ellos confiada por el conjunto de Estados que los crean. El Centro, sus bienes, haberes, ingresos y
transacciones estarán exentos de toda forma de imposición fiscal y de
aranceles. Añade que no estarán sujetos a prohibiciones ni a restricciones de
importación y exportación cuando se trate de artículos que el Centro importe o
exporte para su uso oficial. Por ultimo establece que el  Centro estará exento
de toda obligación relativa al pago, la retención o la recaudación de cualquier
impuesto o derecho.
Ref.:  Expediente
LAT-052
Revisión de la
Ley 208 de 1995 "Por medio de la cual se aprueba el 'Estatuto del Centro
Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología' hecho en Madrid el 13 de
septiembre de 1983”
Magistrado
Ponente:
Dr. EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Santa Fe de Bogotá,
D.C., Abril nueve (9) de mil novecientos noventa y seis (1996)
Aprobado por Acta Nº
18
La Sala Plena de la
Corte Constitucional integrada por su Presidente Carlos Gaviria Díaz y por los
Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes
Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro
Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la
siguiente
S E N T E N C I A
En el proceso de
revisión de la Ley 208 de 1995 "Por medio de la cual se aprueba el
'Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología'
hecho en Madrid el 13 de septiembre de 1983”.
I. TEXTO DE LA LEY REVISADA
LEY 208
(AGOSTO 11 DE 1995)
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
Visto el texto del “ESTATUTO DEL CENTRO
INTERNACIONAL  DE INGENIERIA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA”, hecho en  Madrid el 13
de Septiembre de 1983.
ESTATUTO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE
INGENIERIA  GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA
PREAMBULO
LOS ESTADOS PARTES EN EL PRESENTE ESTATUTO
Reconociendo la necesidad de desarrollar y aplicar la
utilización pacífica de la ingeniería genética y la biotecnología en beneficio
de la humanidad,
Sintiendo el apremio de utilizar el potencial de
ingeniería genética y de biotecnología para contribuir a resolver los problemas
acuciantes de desarrollo, en particular en los países en desarrollo,
Conscientes de la necesidad de una cooperación
internacional en esta esfera, especialmente en la investigación, el desarrollo
y la capacitación,
Insistiendo en la urgencia de fortalecer las
capacidades científicas y tecnológicas de los países en desarrollo en esta
esfera,
Reconociendo el importante papel que un Centro
Internacional podría desempeñar en la aplicación de la ingeniería genética y la
biotecnología para el desarrollo,
Teniendo en
cuenta que la Reunión de
Alto Nivel celebrada del 13 al 17 de diciembre de 1982 en Belgrado (Yugoslavia)
recomendó que se creara lo antes posible un Centro Internacional de Ingeniería
Genética y Biotecnología del más alto nivel, y
Reconociendo la iniciativa tomada por la Secretaría de
la ONUDI para promover y preparar el establecimiento de tal Centro,
ACUERDAN lo
siguiente:
Artículo 1
Creación y Sede del Centro
1. Por el presente
Estatuto se crea un Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología
(que en adelante se denominará el “Centro”) como organización internacional que
comprenderá un centro y una red de centros nacionales, regionales y
subregionales asociados.
2. El Centro tendrá
su sede en ...
Artículo 2
Objetivos
Los objetivos del
Centro serán:
a)        Promover
la cooperación internacional para desarrollar y aplicar la utilización pacífica
de la ingeniería genética y la biotecnología, en particular para los países en
desarrollo;
b)        Ayudar a
los países en desarrollo a fortalecer sus capacidades científicas y
tecnológicas en la esfera de la ingeniería genética y la biotecnología;
c)        Estimular
actividades en los planos regional y nacional en la esfera de la ingeniería
genética y biotecnología y prestar asistencia al respecto;
d)        Desarrollar
y promover la aplicación de la ingeniería genética y la biotecnología para
resolver los problemas del desarrollo, en particular de los países en
desarrollo:
e)        Servir de
tribuna para el intercambio de experiencias entre los científicos y tecnólogos
de todos los Estados Miembros;
f)         Utilizar
las capacidades científicas y tecnológicas de los países en desarrollo y de
otros países en la esfera de la ingeniería genética y la biotecnología; y
g)        Actuar
como punto focal de una red de centros de investigación y desarrollo asociados
(nacionales, subregionales y regionales).
Artículo 3
Funciones
En cumplimiento de
sus objetivos, el Centro tomará en general todas las medidas necesarias y
apropiadas, y en especial:
a)        Emprenderá
actividades de investigación y desarrollo, incluido el establecimiento de
plantas piloto, en la esfera de la ingeniería genética y la biotecnología;
b)        Capacitará
en el Centro y organizará la capacitación en otros lugares de personal
científico y tecnológico procedente, en particular, de los países en
desarrollo;
c)        Proporcionará
a los Miembros, previa solicitud, servicios de asesoramiento con el fin de
desarrollar sus capacidades tecnológicas nacionales;
d)        Fomentará
la interacción entre las comunidades científicas y tecnológicas de los Estados
Miembros mediante programas que permitan visitas de científicos y tecnólogos al
Centro y mediante programas de asociación y otras actividades;
e)        Convocará
reuniones de expertos para fortalecer las actividades del Centro;
f)         Promoverá,
según proceda, redes de instituciones nacionales e internacionales que
faciliten actividades tales como programas conjuntos de investigación,
capacitación, el ensayo y la coparticipación en los resultados, las actividades
de plantas piloto y el intercambio de información y de materiales;
g)        Identificará
y promoverá sin demora la creación de la red inicial de centros de
investigación altamente calificados que funcionen como Centros Asociados,
promoverá las actividades de las redes de laboratorios nacionales,
subregionales, regionales e internacionales existentes, incluidas aquéllas
vinculadas con las organizaciones mencionadas en el Artículo 15, que se
dediquen a la esfera de la ingeniería genética y la biotecnología o
relacionadas con ella para que funcionen como Redes Asociadas y fomentará el
establecimiento de nuevos centros de investigación altamente calificados;
h)        Emprenderá
un programa de bioinformática para apoyar en especial las actividades de
investigación y desarrollo y su aplicación en beneficio de los países en
desarrollo;
i)         Recopilará
y difundirá información sobre esferas de actividades de interés para el Centro
y los Centros Asociados;
j)         Mantendrá
estrechos contactos con la industria.
Artículo 4
Composición
1.        Serán
Miembros del Centro todos los Estados que hayan llegado a ser partes en el
presente Estatuto de conformidad con lo dispuesto en su Artículo 20.
2.        Serán
Estados fundadores del Centro todos los Miembros que hayan firmado el presente
Estatuto antes de su entrada en vigor de conformidad con lo dispuesto en su
Artículo 21.
Artículo 5
Organos
1.        Los
órganos del Centro serán:
a)      La Junta
de Gobernadores,
b)      El Consejo
de Asesores Científicos,
c)       La
Secretaría.
2.        La Junta
de Gobernadores podrá crear otros órganos subsidiarios de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 6.
Artículo 6
Junta de Gobernadores
1.        La Junta
de Gobernadores estará compuesta por un representante de cada uno de los
Miembros del Centro y, como miembro nato sin derecho a voto, el Jefe Ejecutivo
de la ONUDI o su representante.  Al designar a sus representantes los Miembros
tendrán debidamente en cuenta su capacidad administrativa y su formación
científica.
2.        La Junta,
además de desempeñar otras funciones especificadas en el presente Estatuto,
tendrá las atribuciones siguientes:
a)        Determinar
las políticas y los principios generales que regirán las actividades del
Centro;
b)        Admitir a
los nuevos Miembros del Centro;
c)        Aprobar el
programa de trabajo y el presupuesto teniendo debidamente en cuenta las
recomendaciones del Consejo de Asesores Científicos, aprobar el reglamento
financiero del Centro y decidir sobre cualquier otro asunto financiero,
particularmente la movilización de recursos para el funcionamiento eficaz del
Centro;
d)        Otorgar,
como cuestión de la más alta prioridad, sobre una base individual, la condición
jurídica del Centro Asociado (nacional, subregional, regional e internacional)
a centros de investigación de Estados Miembros que satisfagan los criterios de
excelencia científica aceptados y de Red Asociada a laboratorios nacionales,
regionales e internacionales;
e)        Establecer,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14, las normas de reglamentación
de patentes, concesión de licencias, derechos de autor y otros derechos de
propiedad intelectual, incluida la transferencia de los resultados que emanen
de la labor de investigación del Centro;
f)         Por
recomendación del Consejo, tomar cualquier otra medida apropiada que permita al
Centro promover sus objetivos y desempeñar sus funciones.
3.        La Junta
celebrará una vez al año un período ordinario de sesiones, a menos que decida
otra cosa. Los períodos ordinarios de sesiones se celebrarán en la sede del
Centro, a menos que la Junta decida de otra manera.
4.        La Junta
aprobará su propio reglamento.
5.        La mayoría
de los Miembros de la Junta constituirá quorum.
6.        Cada
Miembro de la Junta tendrá un voto. Las decisiones se tomarán de preferencia
por consenso, o, en su defecto, por mayoría de los Miembros presentes y
votantes, salvo las decisiones sobre el nombramiento del Director, los
programas de trabajo y el presupuesto que deberán adoptarse por mayoría de dos
tercios de los Miembros presentes y votantes.
7.
Representantes
de las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo
Internacional de Energía Atómica, así como de las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales, podrán, previa invitación de la
Junta, participar en sus deliberaciones en calidad de observadores. Con este
fin, la Junta preparará una lista de las organizaciones que establezcan
relaciones con el Centro y que hayan expresado interés en sus labores.
8.        La Junta
podrá establecer órganos subsidiarios con carácter permanente o especial, según
sea necesario para el eficaz cumplimiento de sus funciones; esos órganos
presentarán informes a la junta.
Artículo 7
Consejo de Asesores Científicos
1.        El Consejo
estará compuesto de hasta diez científicos y tecnólogos especializados en las
esferas sustantivas del Centro. Será miembro del Consejo un científico del
Estado Huésped. Los miembros serán elegidos por la Junta. Se tendrá debidamente
en cuenta la importancia de elegir a los miembros sobre la base de una representación
geográfica equilibrada. El Director desempeñará las funciones de Secretario del
Consejo.
2.        Excepto en
lo que se refiere a la primera elección, los miembros del Consejo desempeñarán
sus funciones por un período de tres años y podrán ser nombrados nuevamente por
otro período de tres años. Los mandatos de los miembros se fijarán de manera
que no se elija a más de un tercio en cada oportunidad.
3.        El Consejo
elegirá un presidente de entre sus miembros.
4.        El
Consejo, además de desempeñar otras funciones especificadas en el presente
Estatuto o que le hayan sido delegadas por la Junta, tendrá las atribuciones
siguientes:
a)        Examinar
el proyecto del programa de trabajo y el presupuesto del Centro y formular
recomendaciones a la Junta;
b)        Revisar la
ejecución del programa de trabajo aprobado y presentar el informe
correspondiente a la Junta;
c)        Exponer en
mayor detalle las perspectivas a mediano y largo plazo de los programas y la
planificación del Centro, incluidas las esferas especializadas y las nuevas
esferas de investigación, y formular recomendaciones a la Junta;
d)        Auxiliar
al Director en todas las cuestiones sustantivas, científicas y técnicas
relacionadas con las actividades del Centro, incluida la cooperación con los
Centros y las Redes Asociados;
e)        Aprobar
normas de seguridad para el trabajo de investigación del Centro;
f)         Asesorar
al Director respecto del nombramiento del personal de categoría superior (de
Jefes de Departamento en adelante).
5.        El Consejo
podrá constituir grupos ad-hoc de científicos de Estados Miembros para
la preparación de informes científicos especializados a fin de facilitar su
tarea de aconsejar y recomendar a la Junta la adopción de medidas apropiadas.
6.        a)      El
Consejo celebrará cada año un período ordinario de sesiones, a           menos
que decida otra cosa.
b)     Los
períodos de sesiones se celebrarán en la sede del Centro, a                menos
que el Consejo decida de otra manera.
7.        Los Jefes
de los Centros Asociados y un representante de cada una de las Redes Asociadas
podrán participar en las deliberaciones del Consejo en calidad de observadores.
8.        El
personal científico de categoría superior podrá asistir a las reuniones del Consejo,
si así se le requiere.
Artículo 8
Secretaría
1.        La
Secretaría estará compuesta por el Director y el personal.
2.        El
Director será nombrado por la Junta de entre los candidatos de los Estados
Miembros previa consulta con el Consejo, y desempeñará sus funciones por un
período de cinco años. Podrá ser nombrado nuevamente por un período adicional
de cinco años, pasado el cual no podrá ser nombrado nuevamente. Se nombrará
como Director a una persona prominente que goce del mayor prestigio y renombre posibles
en las esferas científicas y tecnológicas del Centro. También se tendrá
debidamente en cuenta la experiencia que tenga el candidato para dirigir un
centro científico y un grupo multidisciplinario de científicos.
3.        El
personal comprenderá un Director Adjunto, Jefes de Departamento y demás
personal profesional, técnico, administrativo y de oficina, incluidos
trabajadores manuales, que pueda requerir el Centro.
4.        El
Director será el más alto funcionario científico y administrativo del Centro, y
su representante jurídico. Actuará como tal en todas las sesiones de la Junta y
sus órganos subsidiarios. El Director, ateniéndose a las directrices de la
Junta o del Consejo y bajo su supervisión tendrá la responsabilidad y autoridad
globales en la dirección de la labor del Centro. Desempeñará todas las demás
funciones que le confíen dichos órganos. El Director tendrá a su cargo el
nombramiento, la organización y la administración del personal. El Director
podrá establecer un mecanismo de consulta con los científicos de categoría
superior del Centro en relación con la evaluación de los resultados científicos
y la planificación en curso del trabajo científico.
5.        En el
desempeño de sus funciones, el Director y el personal no solicitarán ni
recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena al
Centro. Se abstendrán de cualquier medida que pueda  afectar a su situación de
funcionarios internacionales que sólo responden de sus actividades ante el
Centro. Cada uno de los Miembros se compromete a respetar el carácter
exclusivamente internacional de las funciones del Director y del personal y a
no tratar de influir sobre ellos en el cumplimiento de sus tareas.
6.        El
Director nombrará al personal de acuerdo con las normas que apruebe la Junta.
Las condiciones de servicio del personal seguirán en la medida de lo posible la
pauta del sistema común de las Naciones Unidas. El criterio primordial que se
seguirá en la contratación de personal científico y técnico y en la
determinación de las condiciones de trabajo será la necesidad de asegurar los
máximos niveles de eficiencia, competencia e integridad.
Artículo 9
Centros y Redes Asociados
1.        De
conformidad con el párrafo 1 del Artículo 1, el inciso g) del Artículo 2 y el
inciso g) del Artículo 3, el Centro establecerá y promoverá un sistema de
Centros Asociados y de Redes Asociadas con el objeto de alcanzar los objetivos
del Centro.
2.        Sobre la
base de la recomendación del Consejo, la Junta establecerá los criterios que
regirán el otorgamiento de la condición de Centro Asociado a centros de
investigación y decidirá el ámbito de sus relaciones oficiales con los órganos
del Centro.
3.        Sobre la
base de la recomendación del Consejo, la Junta establecerá los criterios que
regirán el otorgamiento de la condición de Redes Asociadas a aquellos grupos
nacionales, regionales e internacionales de laboratorios de Estados Miembros
que de un modo especial puedan fortalecer las actividades del Centro.
4.        Previa
aprobación de la Junta el Centro concertará acuerdos por los que se determine
su relación con los Centros y Redes Asociados. Estos acuerdos podrán comprender
aspectos científicos y financieros, sin estar limitados a ellos.
5.        El Centro
podrá contribuir a la financiación de los Centros y Redes Asociados con arreglo
a una fórmula que apruebe la Junta de acuerdo con los Estados Miembros
interesados.
Artículo 10
Asuntos financieros
1.        La
financiación del Centro provendrá generalmente de:
a)        Las
contribuciones iniciales para poner en marcha el Centro;
b)        Las
contribuciones anuales de los Miembros de preferencia en moneda convertible;
c)        Las
contribuciones voluntarias generales y especiales, incluidas donaciones,
legados, subvenciones y fondos fiduciarios de los Miembros, Estados no
miembros, las Naciones Unidas, sus organismos especializados, el Organismo
Internacional de Energía Atómica, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales,
fundaciones, instituciones y personas particulares, a reserva de la aprobación
de la Junta;
d)        Cualquier
otra fuente, a reserva de la aprobación de la Junta.
2.        Por
razones de orden financiero, los países en desarrollo menos adelantados, de
acuerdo con la definición de las resoluciones pertinentes de las Naciones
Unidas, podrán convertirse en Miembros del Centro sobre la base de criterios
más favorables, establecidos por la Junta.
3.        El Estado
huésped hará una contribución inicial poniendo a disposición del Centro la
infraestructura necesaria (terreno, edificios, mobiliario, equipo, etc.) así
como a través de una contribución a los gastos de funcionamiento del Centro
durante sus primeros años de existencia.
4.        El
Director preparará y presentará a la Junta, a través del Consejo, un proyecto
de programa de trabajo para el ejercicio económico siguiente, junto con las
correspondientes estimaciones financieras.
5.        El
ejercicio económico del Centro corresponderá al año civil.
Artículo 11
Prorrateo de contribuciones y auditorías
1.        Durante
los primeros cinco años, el presupuesto ordinario se basará en las cantidades
prometidas anualmente por cada Miembro para esos cinco años. Después del primer
período de cinco años, se podrá considerar la posibilidad de que la Junta
asigne cada año las contribuciones anuales para el año siguiente sobre la base
de una fórmula recomendada por la Comisión Preparatoria, que tendrá en cuenta
la contribución de cada Miembro al presupuesto ordinario de las Naciones
Unidas, basada en su escala de cuotas más reciente.
2.        Los
Estados que pasen a ser Miembros del Centro después del 31 de diciembre podrán
considerar la posibilidad de aportar una contribución especial a los gastos de
capital y a los costos corrientes de funcionamiento para el año en que
adquieran aquella condición.
3.        Las
contribuciones aportadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del
presente Artículo se dedicarán a disminuir las contribuciones de los demás
Miembros, salvo decisión en contrario de la Junta adoptada por mayoría de todos
sus Miembros.
4.        La Junta
designará auditores para examinar las cuentas del Centro. Los auditores
presentarán a la Junta, por conducto del Consejo, un informe sobre las cuentas
anuales.
5.        El
Director proporcionará a los auditores la información y la asistencia que
necesiten en el desempeño de sus funciones.
6.        Los
Estados donde se deba obtener la aprobación del presente Estatuto por las
autoridades legislativas para poder participar en el Centro y que, por lo
tanto, hayan firmado el Estatuto ad referéndum no estarán obligados a
pagar una contribución especial, según lo previsto en el párrafo 2 del presente
Artículo, para poder hacer efectiva su participación.
Artículo 12
Acuerdo relativo a la sede
El Centro
concertará un acuerdo relativo a la sede con el Gobierno Huésped. Las
disposiciones de tal acuerdo estarán sujetas a la aprobación de la Junta.
Artículo 13
Condición Jurídica, Prerrogativas e
Inmunidades
1.        El Centro
tendrá personalidad jurídica. Estará plenamente capacitado para ejercer sus
funciones y alcanzar sus objetivos, incluidos los siguientes:
a) concertar
acuerdos con Estados u organizaciones internacionales;
b) contratar;
c) adquirir y
enajenar bienes mobiliarios e inmobiliarios;
d) litigar.
2.        El Centro,
sus bienes y sus haberes, dondequiera que se encuentren, gozarán de inmunidad
respecto de toda forma de proceso jurídico, salvo en los casos concretos en que
haya renunciado expresamente a su inmunidad. No obstante, ninguna renuncia a la
inmunidad será válida para medidas de ejecución.
3.        Todos los
locales del Centro serán inviolables. Los bienes y haberes del Centro,
dondequiera que se hallen, no podrán ser objeto de registro, requisiciones,
confiscaciones, expropiaciones ni de cualquier otra forma de interferencia, ya
sea de carácter ejecutivo-administrativo, judicial o legislativo.
4.        El Centro,
sus bienes, haberes, ingresos y transacciones estarán exentos de toda forma de
imposición fiscal y de aranceles y no estarán sujetos a prohibiciones ni a
restricciones de importación y exportación cuando se trate de artículos que el
Centro importe o exporte para su uso oficial. Asimismo, el  Centro estará
exento de toda obligación relativa al pago, la retención o la recaudación de
cualquier impuesto o derecho.
5.        Los
representantes de los Miembros gozarán de las prerrogativas e inmunidades que
dispone el Artículo IV de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de
las Naciones Unidas.
6.        Los
funcionarios del Centro gozarán de las prerrogativas e inmunidades que dispone
el Artículo V de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las
Naciones Unidas.
7.        Los
expertos del Centro gozarán de las mismas prerrogativas e inmunidades
estipuladas para los funcionarios del Centro en el párrafo 6 que antecede.
8.        Todas las
personas que estén recibiendo capacitación o participando en un programa de
intercambio de personal en la sede del Centro o en otro lugar dentro del
territorio de los Miembros según lo dispuesto en el presente Estatuto tendrán
derecho a obtener permisos de entrada, residencia o salida cuando sea necesario
para su capacitación o para el intercambio de personal.  Se les darán
facilidades para viajar con rapidez y, en los casos necesarios, también se
concederán los visados rápida y gratuitamente.
9.        El Centro
cooperará en todo momento con las autoridades competentes del Estado Huésped y
demás Miembros a fin de facilitar la adecuada administración de la justicia,
asegurar el cumplimiento de las leyes nacionales y evitar cualquier abuso en
relación con las prerrogativas, las inmunidades y las facilidades mencionadas
en el presente Artículo.
Artículo 14
Publicaciones y derechos de propiedad
intelectual
1.        El Centro
deberá publicar todos los resultados de sus actividades, de investigación,
siempre y cuando las publicaciones pertinentes no estén en contradicción con su
política general relativa a los derechos de propiedad intelectual aprobada por
la Junta.
2.        Corresponderán
al Centro todos los derechos, incluidos el título, el derecho de autor y los
derechos de patente, sobre cualquier trabajo producido o desarrollado por el
Centro.
3.        La
política del Centro consistirá en obtener patentes o intereses en patentes
sobre los resultados de las actividades de ingeniería genética y biotecnología
desarrolladas a través de los proyectos del Centro.
4.        Se
concederá acceso a los derechos de propiedad intelectual relativos a los
resultados que emanen de la labor de investigación del Centro a los Miembros y
a los países en desarrollo que no sean Miembros del Centro de conformidad con
las convenciones internacionales aplicables. Al formular las normas que regulen
el acceso a la propiedad intelectual, la  Junta no establecerá criterios que
sean perjudiciales para ningún Miembro o grupo de Miembros.
5.        El Centro
utilizará sus derechos de patente y otros derechos, así como los beneficios
financieros y de otra clase que comporten, para promover, con fines pacíficos,
el desarrollo, la producción y la amplia aplicación de la biotecnología
esencialmente en beneficio de los países en desarrollo.
Artículo 15
Relaciones con otras organizaciones
Para emprender
sus actividades y para alcanzar sus objetivos, el Centro, con la aprobación de
la Junta, podrá, cuando proceda, recabar la cooperación de otros Estados que no
sean partes en el presente Estatuto, de las Naciones Unidas y de sus órganos
subsidiarios, de los organismos especializados de las Naciones Unidas y del
Organismo Internacional de Energía Atómica, de las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales y de los institutos y sociedades
científicos nacionales.
Artículo 16
Enmiendas
1.        Todo
miembro podrá proponer enmiendas al presente Estatuto. El Director comunicará
con prontitud a todos los Miembros los textos de las enmiendas propuestas, los
cuales serán examinados por la Junta únicamente después de transcurridos
noventa días del envío de la comunicación.
2.        Las
enmiendas serán aprobadas por una mayoría de dos tercios de todos los Miembros
y entrarán en vigor respecto de aquellos Miembros que hayan depositado
instrumentos de ratificación.
Artículo 17
Retiro
Todo Miembro podrá
retirarse en cualquier momento al cabo de cinco años de afiliación previa
notificación presentada por escrito al Depositario con un año de antelación.
Artículo 18
Liquidación
Si se pone
término a las actividades del Centro, el Estado en que esté situada la sede del
Centro procederá a la liquidación, a menos que los Miembros convengan lo
contrario en el momento de la terminación.  Salvo que los Miembros hayan
decidido otra cosa, todo excedente se distribuirá entre los Estados que sean
Miembros del Centro en el momento de la terminación a prorrata de todos los
pagos que hayan efectuado desde la fecha en que pasaron a ser Miembros del
Centro. En caso de déficit, éste será sufragado por los Miembros existentes en
proporciones idénticas  a sus contribuciones.
Artículo 19
Solución de controversias
Toda
controversia en que intervengan dos o más Miembros relativa a la interpretación
o aplicación del presente Estatuto que no se solucione mediante negociaciones
entre las partes interesadas o, de ser necesario, merced a los buenos oficios
de la Junta, se someterá, a petición de las partes en controversia, a
cualesquiera de los medios de solución pacífica de controversias previstos en
la Carta de las Naciones Unidas dentro de los tres meses siguientes a la fecha
en que la Junta declare que la controversia no puede solucionarse por conducto
de sus buenos oficios.
Artículo 20
Firma, Ratificación, Aceptación y Adhesión
1.        El
presente Estatuto estará abierto a la firma de todos los Estados en la Reunión
de Plenipotenciarios celebrada en Madrid el 12 y 13 de septiembre de 1983 y,
después, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta la fecha de su
entrada en vigor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21.
2.        El
presente Estatuto estará sujeto a la ratificación o aceptación de los Estados
signatarios. Los instrumentos pertinentes serán depositados en poder del
Depositario.
3.        Una vez
entrado en vigor el presente Estatuto de acuerdo con el Artículo 21, los
Estados que no hayan firmado el Estatuto podrán adherirse a él depositando los
instrumentos de adhesión en poder del Depositario una vez que su petición de
afiliación haya sido aprobada por la Junta.
4.        Los
Estados donde se deba obtener la aprobación del presente Estatuto por las
autoridades legislativas podrán firmarlo ad referendum hasta que se haya
conseguido la aprobación pertinente.
Artículo 21
Entrada en vigor
1.        El
presente Estatuto entrará en vigor cuando al menos 24 Estados, incluido el
Estado Huésped del Centro, hayan depositado instrumentos de ratificación o
aceptación y, tras haberse asegurado en mutua consulta de que están
garantizados recursos financieros suficientes, cuando notifiquen al Depositario
que el presente Estatuto entrará en vigor.
2.        El
presente Estatuto entrará en vigor para cada Estado que lo acepte una vez
transcurridos 30 días de la fecha en que ese Estado depositó su instrumento de
aceptación.
3.        Hasta que
entre en vigor de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 que antecede, el
Estatuto se aplicará en forma provisional tras la firma, dentro de los límites
en que lo permita la legislación nacional.
El Secretario
General de las Naciones Unidas será Depositario del presente Estatuto y enviará
las notificaciones que expida en calidad de tal al Director y a los Miembros.
Artículo 23
Textos auténticos
Serán auténticos
los textos árabe, chino, español, francés, inglés y ruso del presente Estatuto.
EN FE DE LO CUAL,
los Plenipotenciarios infrascritos, estando debidamente autorizados para ello
por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Estatuto:
Hecho en Madrid, a
los trece días del mes de septiembre del año mil novecientos ochenta y tres, en
un solo original.
D E C R E T A:
ARTICULO PRIMERO:
Apruébese el “ESTATUTO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE INGENIERIA GENÉTICA Y
BIOTECNOLOGÍA”, hecho en Madrid el 13 de Septiembre de 1983.
ARTICULO SEGUNDO:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 7ª de 1944, el
“ESTATUTO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE INGENIERIA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA”,
hecho en Madrid el 13 de Septiembre de 1983, que por el artículo primero de
esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
ARTICULO TERCERO:
La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.”
II.  ANTECEDENTES
1. El Congreso de la
República expidió la Ley 208 de 1995, publicada en el Diario Oficial N° 41.960
de Agosto 11 de 1995, por medio de la cual se aprueba el "Estatuto del
Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología".
2. Mediante oficio
de agosto 15 de 1995, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República
remitió a la Corte Constitucional copia auténtica de la Ley 208 de 1995, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 241-10 de la Constitución.
3. El Ciudadano Raúl
Arturo Rincón Ardila, presentó un escrito en el cual solicita a la Corporación
que declare la exequibilidad del Tratado.
4. El Ministerio del
Medio Ambiente, por intermedio de apoderado especial, solicita la declaratoria
de inconstitucionalidad parcial del Tratado.
5.  El Procurador
General de la Nación, al rendir su concepto  de rigor, solicita a la Corte que
declare la constitucionalidad condicionada del Tratado.
III.  PRUEBAS PRACTICADAS POR EL DESPACHO
1. En el auto
mediante el cual se asumió la revisión del Tratado, el Magistrado Ponente
solicitó, a expertos en el tema, la resolución del siguiente cuestionario:
1. ¿Qué
se entiende por ingeniería genética y biotecnología en los términos del
“Estatuto del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología”, hecho en Madrid
el 13 de diciembre de 1983?.
2. ¿Comprende
la ingeniería genética o la biotecnología, en el ámbito del Estatuto, la
investigación genética humana?
3. ¿Qué
relación podría existir entre los laboratorios farmacéuticos y el Centro?.
4. ¿Podría
ser financiado el Centro por las multinacionales en el campo de los productos
alimenticios o farmacéuticos?.
5. ¿Qué
normatividad, a nivel nacional, regula la propiedad intelectual, los derechos
de autor y las patentes en materia de ingeniería genética y biotecnología?.
6. ¿Podría
derivarse de las actividades del Centro algún tipo de presión sobre los
recursos genéticos nacionales?.
2. La invitación a
resolver el cuestionario fue atendida por el Director del Proyecto Biopacífico,
el Director de la Fundación Puerto Rastrojo, la Directora del Instituto de
Gestión Ambiental, el Director del Instituto de Genética de la Universidad de
los Andes, el Director del Instituto de Biotecnología de la Universidad
Nacional de Colombia y la Subdirectora de Gestión Ambiental y Recursos
Naturales de la Corporación Autónoma  Regional del Centro de Antioquia.
Los expertos
consultados son coincidentes en afirmar:
PREGUNTA N° 1
Los Estatutos del
Centro no definen los conceptos de ingeniería genética y de biotecnología. De
acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), por Biotecnología
se entiende “toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y
organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o
procedimientos para usos específicos” y, por material genético, el “material de
origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades
funcionales de herencia”.
Si bien el CDB no
define el concepto de ingeniería genética, a su amparo se puede entender que la
ingeniería genética es “un subgrupo dentro de las biotecnologías, que utilizan
sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o
modificación de productos o procesos, la cual se caracteriza por utilizar
técnicas modernas de DNA recombinante”. Es decir, “tecnologías usadas para el
aislamiento de genes de un organismo, su manipulación en laboratorios y su
inserción o sustitución en el punto que ocupa un gen dado en un cromosoma”.
Frente a la ausencia
de definiciones en el Estatuto del Centro, resulta admisible entender que la
ingeniería genética y la biotecnología cobijan tanto los conceptos técnicos
antes expuestos como el conocimiento indígena sobre uso y aprovechamiento de
plantas, animales y suelos; la elaboración de vacunas, armas biológicas, etc.
PREGUNTA N° 2
Ante la ausencia de
definiciones, los conceptos de ingeniería genética y biotecnología pueden
involucrar la investigación genética humana.
PREGUNTAS N° 3 y
4
De acuerdo con los
términos del Estatuto, sería posible una vinculación estrecha entre el Centro y
los laboratorios farmacéuticos, que se presentaría bajo las siguientes formas:
a) Participación
de los laboratorios como asociados en las redes de centros asociados.
b) Participación
en la financiación, ya sea del Centro o de los centros asociados.
c) Los
laboratorios podrían ser receptores de licencias o de patente y, en general, de
todo lo relativo a propiedad industrial.
d) Los
laboratorios podrán participar - como observadores - en las deliberaciones del
Centro.
En todo caso, el
Tratado estipula que el Centro mantendrá estrechos vínculos con la industria,
la cual incluye a los laboratorios farmacéuticos.
PREGUNTA N° 5
Las Decisiones 344,
345 y 351 del Pacto Andino regulan aspectos relativos a la patentabilidad de
material vegetal y animal y el CDB establece la propiedad nacional sobre los
recursos biogenéticos.
Por otra parte,
Colombia está en proceso de adoptar los términos de la Unión para la Protección
de Obtentores Vegetales (UPOV), contenidas en los Convenios UPOV 78 y 91.
De igual modo, el
acuerdo TRIPS del GATT, establece la posibilidad de patentar microorganismos,
procedimientos no biológicos, etc., y autoriza adoptar sistemas sui generis
en materia de recursos genéticos y biotecnología.
Finalmente, dentro
del marco del Acuerdo de Cartagena se están proyectando normas relativas a
bioseguridad, acceso a  información genética humana y varios aspectos sobre
propiedad intelectual en el ramo.
PREGUNTA N° 6
En cuanto a los
mecanismos de presión que pueden llegar a ejercerse sobre el material genético
nacional, se considera que las actividades del Centro podrían tener efectos
negativos en lo relativo al reconocimiento de los derechos del país de origen
sobre el material genético.
Igualmente, si se
considera la riqueza colombiana en biodiversidad, es previsible una
considerable presión sobre estos recursos, a fin de lograr colecciones ex
situ, cuya consecuencia puede ser la pérdida de la utilización del material
primigenio. Esta situación podría llegar a ser bastante difícil, si se
considera que los países desarrollados cuentan con una gran capacidad para
financiar las actividades del centro y poseen mayores recursos tecnológicos en
el área. Por otra parte, el control sobre las mencionadas colecciones
constituye un mecanismo para monopolizar el acceso al conocimiento.
Así mismo, se teme
que, en razón de la independencia con que cuenta el Centro, sea poco probable
el control del país sobre la entrada de diversos materiales biológicos que
pueden implicar consecuencias imprevisibles para los ecosistemas nacionales y
la generación de insospechados problemas de bioseguridad, seguridad alimentaria
y ambiental.
De otra parte, puede
conducir a la comercialización de bienes producidos a partir de procedimientos
y materiales desarrollados artificialmente, gracias al material genético, que
entrarían a competir con productos naturales, generando así el desplazamiento
de la economía campesina y la homogeneización productiva, biológica y cultural.
Finalmente, los
expertos coinciden en señalar los beneficios que supondría para Colombia la
participación en el Centro, en cuanto permitiría formar científicos nacionales
en el área.
IV. INTERVENCIONES
1.  Intervención
del ciudadano Raúl Arturo Rincón Ardila
El ciudadano, luego
de recordar la inmensa biodiversidad colombiana, señala las ventajas que tiene
la ingeniería genética y la biotecnología para el país, como quiera que
permiten adelantos y desarrollos benéficos para la humanidad en áreas como la
actividad agroforestal, la salud humana, los procesos industriales, la
farmacología, etc.
Estos beneficios se
lograrían con la participación de Colombia en el Centro, la cual, en su
concepto, constituye un desarrollo de los artículos 67, 70 y 71 de la
Constitución, en la medida en que sus actividades constituyen medios para
lograr el acceso al conocimiento y la cultura (C.P. art. 67), la promoción
estatal de la investigación científica (C.P. art. 70) y la inserción, dentro de
los planes de desarrollo, del fomento de la ciencia y la cultura (C.P. art.
71).
En cuanto a la
protección de los recursos genéticos (C.P. art. 79) y a la regulación estatal
sobre el aprovechamiento de los recursos naturales (C.P. art. 81), la filosofía
que inspira al Centro - uso de la biotecnología para actividades pacíficas,
especialmente en beneficio de los países en desarrollo - constituye un claro
desarrollo de dichos preceptos constitucionales.
2.  Intervención
del Ministerio del Medio Ambiente
2.1. El Ministerio
del Medio Ambiente, antes de entrar a cuestionar la constitucionalidad de
algunos artículos del Tratado, subraya el hecho de que “la creación de un Centro
Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología que funcionará como una
organización internacional... comprende un centro y una red de centros
nacionales, regionales y subregionales asociados” (subrayas del texto).
Señala, igualmente,
que los términos en los cuales fue negociado el Convenio, corresponden a una
visión propia de 1983 que difiere, en gran medida, del manejo que se ha dado al
tema con posterioridad a la Declaración de Río y al Convenio sobre la
Diversidad Biológica. “En efecto, con la Declaración de Río - que podría
tildarse como Carta Fundamental del medio ambiente - firmada en 1992, y de la
cual nuestro país hace parte, se dejó plasmada la premisa según la cual, el
intercambio científico y la transferencia de tecnología constituye uno de los
soportes fundamentales para estimular el desarrollo sostenible, es decir, la
responsabilidad para generaciones futuras. Pero esto enmarcado de manera
definitiva dentro del principio del derecho soberano de los Estados de
aprovechar sus recursos de acuerdo a sus propias políticas ambientales y de
desarrollo. De otro lado, la misma Declaración de Río reafirma la importancia
de las poblaciones indígenas tanto en la ordenación del medio ambiente como en
el desarrollo, dados sus conocimientos y prácticas tradicionales”.
De acuerdo con estos
parámetros, en la Agenda 21 se acordó una promoción del intercambio tecnológico
y científico, enmarcada en el pleno respeto por el derecho soberano de cada
Estado de aprovechar sus recursos y por los métodos y conocimientos de los
pueblos tradicionales.
2.2.
Inconstitucionalidad del literal a) del numeral 2 del artículo 6°
Para el Ministerio
del Medio Ambiente, “esta norma viola el artículo 9° en concordancia con el
artículo 8° y el inciso segundo del artículo 81 de la Constitución Política de
Colombia porque al establecer que la Junta de Gobernadores determinará las
políticas y los principios generales que regirán las actividades del Centro,
está disponiendo, de igual manera, que dicho órgano determinará también las
políticas y los principios generales que regirán las actividades de los centros
nacionales asociados teniendo en cuenta que, (...), el numeral 1° del artículo
1° del Tratado cuestionado dispone que el 'Centro' incluye centros
nacionales".
"Si las relaciones
exteriores se fundamentan en la soberanía nacional y si es el Estado colombiano
el que regula el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos y
su utilización de acuerdo con el interés general y, además, si el Estado
está obligado a proteger las riquezas naturales de la Nación, mal puede
aceptarse que sea un ente internacional el que determine las políticas y los
principios generales que regentan las actividades de los centros nacionales
dedicados a actividades de ingeniería genética y biotecnología, máxime que,
como ya se dijo, esos  campos son de vital interés para la preservación de la
riqueza ambiental".
2.3.
Inconstitucionalidad del literal e del numeral 4 del artículo 7°
En opinión del
Ministerio del Medio Ambiente, la disposición desconoce los artículos 8, 9 y 81
de la Carta, toda vez que corresponderá al Consejo de Asesores Científicos la
aprobación de las normas de seguridad para las investigaciones del Centro, lo
que supone dejar en manos de un ente internacional la decisión sobre normas de
bioseguridad en los “centros nacionales” ubicados en el país. Cuando la Carta,
en su artículo 81, habla de utilización de los recursos, deben incluirse las
normas sobre bioseguridad.
Por otra parte, la
norma obligaría al país a desatender las obligaciones derivadas del Convenio
sobre la Diversidad Biológica que, en su artículo 8°, literal g), exige a
Colombia “establecer y mantener medios para regular, administrar o controlar
los riesgos derivados de la utilización y la liberación de organismos vivos
como resultado de la biotecnología”.
“Mal puede entonces
un Tratado de la naturaleza del que es objeto de revisión imponer normas de
seguridad a centros nacionales que funcionen en territorio nacional y que
trabajen con recursos biogenéticos, constitutivos del patrimonio natural de
origen nacional, cuando Colombia ha ratificado un Convenio en el que se otorga
plena autonomía a los países parte para convenir las normas de bioseguridad. Y
menos aún cuando, como ya se afirmó, eso atenta contra la  soberanía del país”.
2.4.
Inconstitucionalidad de los numerales 2 y 3 del artículo 9°
Señala el apoderado
del Ministerio del Medio Ambiente que esta norma viola los artículos 8, 9 y 81
de la Constitución. En efecto, frente a la obligación estatal de salvaguardar
los recursos naturales (C.P., art. 8°) y al mandato de utilizar los recursos
genéticos conforme al interés general (C.P., art. 81), sólo el Estado
colombiano puede permitir el acceso a éstos y la operación de un centro
internacional que los investigue.
2.5.
Inconstitucionalidad de los numerales 2, 3, 5, 6 y 7 del artículo 13
Según el Ministerio
del Medio Ambiente, los numerales en cuestión establecen privilegios para los
funcionarios, bienes y haberes del Centro y de los Centros nacionales
asociados, que desconocen la obligación de todo nacional y extranjero de
respetar la Constitución y las leyes de Colombia. De igual forma, con estas
medidas se crea una discriminación en contra de los nacionales colombianos.
2.6. Inconstitucionalidad
del numeral 9° del artículo 13
Opina el
representante judicial del Ministerio del Medio Ambiente que, "esta norma
viola el artículo 9° en concordancia con el inciso segundo del artículo 81 de
la Constitución Política de Colombia porque determina que el Centro cooperará
con las autoridades competentes del Estado  huésped y demás miembros con el fin
de facilitar la adecuada administración de justicia, asegurar el cumplimiento
de las leyes nacionales y evitar cualquier abuso en relación con las prerrogativas,
las inmunidades y las facilidades que otorga el Convenio".
"En efecto, el
Tratado en comento no fija la obligación de sujetarse a las normas nacionales
por parte del Centro (léase en este caso del centro asociado nacional) sino que
sólo se atribuye una mera facultad como si la sujeción a las normas nacionales
no fuera una obligación establecida en el artículo 4° de la Constitución"
(subraya del texto).
2.7.
Inconstitucionalidad del literal e) del artículo 6° y el numeral 2 del artículo
14
La intervención del
Ministerio del Medio Ambiente señala que estas normas desconocen los artículos
7, 9, 58 y 61 de la Constitución, en la medida en que atentan contra el
conocimiento tradicional protegido por la Carta.
"En efecto, al
reconocer y proteger el Estado la diversidad étnica y las formas asociativas y
solidarias de propiedad está aceptando que el conocimiento tradicional, que
incluye el conservado por las comunidades indígenas, debe ser tenido en cuenta
en el proceso de registrar derechos de propiedad intelectual".
"Justamente el
Convenio sobre la Diversidad Biológica, formula en el literal j) del artículo
8° la obligación de los Estados parte no sólo de respetar, preservar y mantener
los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades
indígenas y locales que entrañen modalidades tradicionales de vida pertinentes
para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica,
sino de fomentar la participación en los beneficios derivados de la
utilización de esos conocimientos" (subraya del texto).
En el mismo sentido,
la Ley 191 de 1995 obliga al Estado a proteger el conocimiento tradicional,
relativo a los recursos genéticos, desarrollado por comunidades locales o
indígenas en las zonas de frontera.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACION
1. Cuestiones
preliminares
En su escrito, el
Procurador General de la Nación resalta la importancia de los temas relativos a
la biotecnología y la ingeniería genética. Este interés surge en la medida en
que los recursos genéticos se han convertido en recursos estratégicos para
todas las naciones, en cuanto ofrecen innumerables posibilidades para la
medicina, la industria y la agricultura.
Habida cuenta de su
riqueza en biodiversidad, el Estado colombiano “debe ser cauto al negociar con
países industrializados la explotación de ese material genético, pues tales
acuerdos deben acarrear para nuestro país no sólo beneficios económicos sino,
lo que es de mayor interés, preparación e información científica y tecnológica
que permita en un futuro adelantar nuestras propias investigaciones en estos
asuntos y también contar con información permanente respecto de los avances
científicos que se hayan logrado con base en recursos genéticos extraídos del
territorio colombiano”.
Por otra parte, el
Representante del Ministerio Público señala que debe tenerse en cuenta la
importancia que reviste la información sobre recursos genéticos, “que ha sido
aprovechada por las comunidades indígenas, negras y campesinas - principalmente
-, cuyo conocimiento tradicional debe ser reconocido y respetado al momento de
entrar a negociar sobre una riqueza que le pertenece al Estado Colombiano, pero
que requiere de la activa participación de esas comunidades, como lo exige,
para el caso de los indígenas, el parágrafo del artículo 330 constitucional”.
La vista fiscal
reseña ciertos antecedentes del Tratado, con el fin de señalar que el Centro es
producto de una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial - ONUDI - que, consciente de los problemas generados por
la transferencia de tecnología a los  países en desarrollo, propuso la creación
de un centro “donde los científicos de estos países tuvieran un marco favorable
para las actividades de investigación, conducentes a desarrollar y aplicar la
biotecnología y la ingeniería genética”.
Señala el Procurador
que, en 1991, en una reunión de los países latinoamericanos participantes en el
Centro, celebrada en Chile, Colombia presentó un informe sobre la situación de
la biotecnología en el país. Como resultado de esta reunión, se recomendó la
ratificación de los Estatutos del Centro con el fin de “favorecer un enfoque
regional para establecer los montos de las contribuciones; usar sus buenos
oficios para estimular la incorporación de nuevos países al CIIGB e incluir a
científicos biotecnólogos en sus delegaciones oficiales al Comité Preparatorio
del CIIGB y al futuro Consejo de Gobierno del Centro”.
2. Observaciones
al Estatuto
El primer aspecto
que el concepto fiscal considera problemático es la ausencia de definición de
los conceptos de biotecnología e ingeniería genética, los cuales comprenden
multiplicidad de elementos vivos, incluido el ser humano. Frente a esta
situación y en tratándose de una organización internacional de las Naciones
Unidas, el Procurador sugiere el recurso a la terminología adoptada en el
Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) que, en todo caso, no define qué debe
entenderse por "ingeniería genética". Para paliar esta insuficiencia,
puede acudirse a los elementos que, sobre este punto, ofreció la reunión de
expertos sobre bioseguridad, sostenida en el marco del CDB. Los documentos
derivados de esta reunión sostienen que la ingeniería genética constituye una
"de las múltiples aplicaciones de la biotecnología moderna, que utilizan
sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o
modificación de productos o procesos, lo cual se caracteriza por utilizar las
técnicas modernas del DNA recombinante. Se trata de tecnologías usadas para el aislamiento
de genes de un organismo, su manipulación en laboratorio y su inserción o
sustitución en el punto que ocupa un gen dado en un cromosoma".
Por otra parte, la
vista fiscal señala que el Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería
Genética y Biotecnología no excluye expresamente de las investigaciones que el
Centro realizará las relativas a material genético humano, como tampoco lo hace
el CDB. Por este motivo, debe concluirse que los conceptos de biotecnología e
ingeniería genética incluyen la investigación genética humana. Esta afirmación
se soporta, también, en el hecho de que en la reunión de los países
latinoamericanos miembros de este Centro, sostenida en Chile en octubre de
1991, se propuso la investigación relativa a determinadas patologías humanas
tales como la Hepatitis B y la malaria. En todo caso, debe tenerse en cuenta
que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (en su aparte
referente a patentes) establece que este tipo de material genético no puede ser
objeto de investigación. Igualmente, el señor Procurador manifiesta que la
Decisión 344 será  próximamente complementada por una Decisión Andina sobre
Acceso a los Recursos Genéticos que excluye de su ámbito de aplicación, en
forma categórica, el material genético humano. En este orden de ideas, el
concepto del representante del Ministerio Público sugiere que debe estarse a lo
dispuesto en la mencionada Decisión Andina, que "ofrece el marco legal
requerido para evitar que el Centro manipule recursos genéticos humanos".
El Procurador
General de la Nación considera que las prerrogativas e inmunidades consagradas
en el artículo 13 del Estatuto del Centro atentan contra los principios del CDB
y de la Decisión Andina sobre Acceso a los Recursos Genéticos próxima a
expedirse. De igual forma, las disposiciones del mencionado artículo 13
impedirían la garantía de la bioseguridad y de la seguridad ambiental y
alimentaria, toda vez que el Centro no estaría atado por las normas nacionales
y andinas sobre estas materias y las autoridades se verían imposibilitadas para
ejercer cualquier acción judicial en contra de este organismo internacional.
Por este motivo, la vista fiscal opina que la decisión de la Corte sobre este
punto deberá tener como referencia las normas contenidas en los artículos 9 y
81 de la Carta Política.
En cuanto al régimen
de patentes y propiedad intelectual consagrado en el artículo 14 del Estatuto
del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología,  la vista
fiscal señala la necesidad de que el Estatuto respete la normatividad aplicable
en Colombia referente a derechos de autor y patentes: Ley 44 de 1993,
Decisiones 344, 345 y 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Decreto 460
de 1995 y artículo 27 del Acuerdo TRIPS del GATT.
Si bien el representante
del Ministerio Público considera que los convenios internacionales son
"los instrumentos precisos para concretar las necesidades científicas de
nuestro país a nivel de recursos biológicos", no debe perderse de vista
que "la aplicación de algunas disposiciones contenidas en el Estatuto
pueden generar cierto tipo de presiones sobre los recursos genéticos
nacionales". Esta conclusión se alcanza si se tienen en cuenta los
siguientes planteamientos surgidos con ocasión de la reunión de los países en
vías de desarrollo, miembros del Centro Internacional de Ingeniería Genética y
Biotecnología: (1) los países del Norte - que aportan la financiación - podrían
presionar negociaciones desventajosas; (2) los países andinos no están
dispuestos a aceptar la transferencia de tecnología como contraprestación al
acceso a recursos genéticos; (3) la transferencia tecnológica podría implicar
una "erosión genética" en razón de la utilización de tecnologías no
adecuadas a nuestro medio; (4) la comercialización de productos elaborados a
partir de procedimientos biotecnológicos podría implicar el desplazamiento de
los mercados campesinos nacionales con su consecuente homogeneización
productiva y cultural. Si a los cuatro factores anteriores se suman la
posibilidad, contemplada por el Estatuto, de que empresas particulares
contribuyan a la financiación del Centro y las inmunidades establecidas en su
artículo 1, las posibilidades de presión tienden a aumentar. Para subsanar
estos efectos, el concepto fiscal sugiere el fortalecimiento del mecanismo de
los acuerdos regionales, a través de los cuales los países miembros estuvieran
en condiciones de pactar las condiciones más favorables para los intereses de
la región.
VI. FUNDAMENTOS
Competencia
1. La Corte es
competente para conocer del proceso de la referencia de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política.
Negociación del
Instrumento y Trámite legislativo
2.  El Ministerio de Relaciones Exteriores
informó a la Corporación que el instrumento internacional objeto de revisión
fue negociado por intermedio del Dr. Carlos Alban Holguín, representante
permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, obrando conforme a plenos
poderes otorgados por el Presidente de la República de la época, Dr. Virgilio
Barco Vargas.
3.  La Ley 208 de
1995 fue aprobada por el Congreso de la República por medio del siguiente
trámite:
Senado
El Proyecto de Ley
N° 84 de 1994 fue presentado ante el Senado de la República y publicado, junto
con su exposición de motivos, en la Gaceta N° 151 de septiembre 15 de 1994.
La ponencia para
primer debate fue publicada en la Gaceta N° 215 de noviembre 24 de 1994 y
aprobada, en primer debate, el día 22 de noviembre de 1994, con diez (10) votos
afirmativos y ninguno en contra, como consta en el oficio CSS-008 firmado por
el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado.
La ponencia para
segundo debate fue publicada en la Gaceta N° 234 de diciembre 6 de 1994 y
aprobada - por unanimidad con 99 votos -, en segundo debate, el día 13 de
diciembre de 1994, como consta en la Gaceta N° 248 bis de diciembre 14 de 1994
y en certificación remitida por el Secretario General del  Senado de la
República.
Cámara
En la Gaceta N° 81
del miércoles 10 de mayo de 1995, se publicó la ponencia para primer debate del
Proyecto de Ley N° 150 de 1994. Este fue aprobado en primer debate en la sesión
de mayo 31, con 18 votos afirmativos, según consta en anotación auténtica del
expediente legislativo.
La ponencia para
segundo debate se publicó en la Gaceta N° 135 de junio 8 de 1995, la cual fue
aprobada, en sesión plenaria de junio 14 de 1995, con una votación de 157 votos
a favor, tal como aparece a folio 185 del expediente legislativo.
Descripción del
Tratado
4. Con
el fin de facilitar el análisis del Tratado sub examine, éste ha sido
dividido en tres partes, agrupadas según la temática que cada una de ellas
contempla.
4.1. La
primera parte está compuesta por el Preámbulo y los artículos 1 a 12 y 15 de la
Convención. En el Preámbulo, se exponen las razones que llevaron a la
constitución del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología y
sus principios. En primer lugar se establece que el Centro es el resultado de
una recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- ONUDI - y de la necesidad de promover la investigación en biotecnología e
ingeniería genética para encarar los retos y problemas que afrontan, en
especial, los países en vías de desarrollo. En cuanto a los principios que
rigen el Tratado, debe destacarse la promoción del uso pacífico de la
investigación en materia de biotecnología e ingeniería genética y el apoyo, en
estas materias, a los países en proceso de desarrollo.
Los
artículos 1 a 12 y 15 del Tratado se refieren a cuestiones relativas a la
organización, funcionamiento y financiación del Centro.
4.1.1.
En el artículo 1 se decide la creación del Centro, y se especifica que
comprende tanto a éste como a la red nacional, regional y subregional de
centros asociados. Este artículo se complementa con el 12 - que consagra la
fijación de sede o sedes del Centro a través de acuerdo posterior - y con el 9
que establece los mecanismos de selección de los centros asociados, las condiciones
de la asociación, los asuntos que ésta comprende y la posibilidad de
financiarlos. Los criterios para el otorgamiento de la condición de centro o
red asociado, así como la fijación del ámbito de relaciones oficiales de éstos
con los órganos del Centro, son establecidos por la Junta de Gobernadores sobre
la base de una recomendación del Consejo de Asesores Científicos (art. 9)
4.1.2.
El artículo 2 define los objetivos del Centro, que pueden ser sintetizados en:
(1) la promoción de la investigación y la aplicación pacífica de la ingeniería
genética y la biotecnología; (2) el apoyo y el estímulo a las actividades y
capacidades investigativas en materia de ingeniería genética y biotecnología;
(3) servir de espacio de discusión académica y de transferencia de tecnología;
y (4) convertirse en foco de una red de centros de investigación en la materia,
con especial consideración hacia los países en vía de desarrollo.
4.1.3.
Las funciones del Centro, establecidas en el artículo 3, se resumen en los
siguientes puntos: (1) realización de actividades de investigación y desarrollo
de la ingeniería genética y la biotecnología; (2) establecimiento de plantas
piloto en la materia; (3) capacitación de científicos, en especial de los
países en vía de desarrollo; (4) asesoramiento a los miembros; (5) fomento de
la interacción entre la comunidad científica; (6) identificación de la red de
centros asociados; (7) recopilación y difusión de información; y, (8)
mantenimiento de estrechos contactos con la industria.
4.1.4.
Los artículos 4 a 8 del Convenio definen la composición del Centro y su
estructura orgánica. Mientras que el artículo 4 establece que todos los Estados
partes serán miembros del Centro, el artículo 5 define los órganos del mismo:
la Junta de Gobernadores, el Consejo de Asesores Científicos y la Secretaría.
4.1.4.1.
La Junta de Gobernadores, regulada por el artículo 6, se compone de un
representante de cada país miembro, además del Jefe Ejecutivo de la ONUDI,
quien no tiene derecho a voto. La designación de los representantes deberá
basarse únicamente en sus capacidades administrativas y científicas. Sus
funciones principales se refieren a la aprobación del programa de trabajo y del
presupuesto, a la admisión de nuevos miembros, a la fijación de las políticas y
principios que regirán las actividades del centro y a la definición de las
normas que rigen lo relativo a las patentes, su licenciamiento, etc. Para el
ejercicio de sus actividades, la Junta podrá invitar a representantes de otras
agencias internacionales.
4.1.4.2.
Según el artículo 7, el Consejo de Asesores Científicos estará compuesto por
diez científicos y tecnólogos - como máximo - en las áreas principales de que
se ocupa el Centro, seleccionados de manera que se guarde una debida
representación geográfica. Las funciones principales de este órgano son: (1)
examinar el proyecto de programa de trabajo y de presupuesto; (2) revisar la
ejecución del programa de trabajo; (3) exponer las perspectivas a mediano y
largo plazo sobre los programas de trabajo; (4) auxiliar al Director en la
selección de personal; y, (5) definir las normas sobre seguridad imperantes en
el Centro.
4.1.4.3.
El artículo 8 dispone que la Secretaría estará compuesta por el Director,
elegido por la Junta, y su personal. Para la elección del Director se tendrá en
cuenta su experiencia en la dirección de centros y grupos multidisciplinarios
de científicos.  Su función principal consiste en ser el representante legal
del Centro y supremo director del mismo. Para tal efecto, le corresponde la
selección del personal del Centro, de acuerdo con parámetros de eficiencia,
competencia e integridad.
4.1.5.
Los aspectos financieros están regulados por los artículos 10 y 11, en los
cuales se fija una contribución inicial para poner en marcha la Institución.
Para las cuotas sucesivas, se prevé la posibilidad de establecer contribuciones
diferenciales en favor de los países en desarrollo, siguiendo el modelo de las
Naciones Unidas.  Cabe destacar que se admiten donaciones de cualquier persona,
jurídica o natural, nacional o internacional, pública o privada, de acuerdo con
las previsiones que fije la Junta.
4.1.6.
El artículo 15 establece la posibilidad de que el Centro, para alcanzar sus
objetivos, solicite la colaboración de estados no miembros, de los organismos
especializados de las Naciones Unidas, de organizaciones gubernamentales o no
gubernamentales, etc.
4.2. La
segunda parte del Tratado sometido a revisión de la Corte está conformada por
los artículos 13 y 14, que se refieren a la condición jurídica del Centro, a
sus prerrogativas e inmunidades, así como al régimen de publicaciones y a los
derechos de propiedad intelectual.
4.2.1.
El artículo 13 regula el tema de la capacidad jurídica del Centro (numeral 1°)
y de sus inmunidades y prerrogativas, así como las de su personal. Los
numerales segundo y tercero establecen la inmunidad del Centro, la de sus
bienes y sus haberes con respecto de procesos judiciales. De igual forma,  se
determina su inviolabilidad, razón por la cual no son admisibles los registros,
las requisiciones, las confiscaciones, las expropiaciones o todas aquellas
medidas - de carácter ejecutivo-administrativo, judicial o legislativo - que
constituyan interferencia. Se dispone, por otra parte, que el Centro está
exento de cualquier contribución fiscal y de restricciones a la importación o
exportación de bienes necesarios para su uso oficial. Con respecto a los
representantes de los Miembros y a los funcionarios del Centro, se establece
que gozarán de las prerrogativas e inmunidades contenidas en la Convención
sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas. Por su parte, los
participantes en programas de capacitación y de intercambio, tendrán el derecho
a obtener permisos de residencia o salida de acuerdo con las necesidades del
Centro, así como un acceso rápido a las visas requeridas. Finalmente, se
estipula que el Centro colaborará con el Estado Huésped y demás Miembros con el
fin de dar cumplimiento a las leyes nacionales y evitar cualquier abuso de las
prerrogativas e inmunidades mencionadas en el mismo artículo.
4.2.2.
Los derechos de propiedad intelectual y las publicaciones quedan regulados por
el artículo 14. Como principio general, se establece la obligatoriedad de
publicar todos los resultados de las investigaciones, siempre y cuando esto no
contradiga la política de propiedad intelectual definida por la Junta, cuyos
lineamientos básicos son: (1) propiedad (derechos de autor y patente) sobre
cualquier trabajo producido o desarrollado por el Centro; (2) obtención de patentes
sobre los resultados de las actividades de ingeniería genética y biotecnología
desarrolladas a través del Centro; (3) el acceso a la propiedad intelectual por
parte de los países miembros y de los no miembros en vía de desarrollo, sin
establecer criterios perjudiciales para un miembro o grupo de miembros; y, (4)
la destinación de los recursos derivados de las patentes a la promoción de la
biotecnología.
4.3. La
tercera y última parte del Convenio - artículos 16 a 23 -, se refiere a
aspectos relativos al trámite y proposición de enmiendas; al retiro de
miembros; a la liquidación del Centro; los mecanismos de solución de
controversias; a las cuestiones relativas a la firma, ratificación, adhesión y
aceptación; a las reglas relativas a la entrada en vigor del Tratado; y, a los
textos auténticos.
Examen
de fondo: cuestiones preliminares
Educación,
conocimiento y desarrollo tecnológico
5. El
fomento a la educación, el patrocinio del conocimiento y el apoyo al desarrollo
científico y tecnológico, dentro del respeto por la cultura, en sus diversas
manifestaciones, son pilares fundamentales en la búsqueda común de la
satisfacción de las necesidades de la población y de la construcción de una
sociedad civilizada fundada en el respeto y la tolerancia. El logro de índices
cada vez mayores de productividad, diversificación, competitividad,
modernización e inserción de las economías a los mercados internacionales
depende, en buena parte, del impulso que cada país otorgue al acceso de sus
ciudadanos al conocimiento y la educación. Por otra parte, la promoción de
estos factores dentro del respeto por las distintas manifestaciones culturales
se convierte en una herramienta básica para el desarrollo del ser humano en el
contexto de una cultura de la tolerancia, tan cara para los propósitos de la
paz y la vigencia de los derechos humanos.
El
Constituyente de 1991, acorde con estas tendencias, determinó, en el Preámbulo
de la Carta Política, que el conocimiento es uno de los valores en que se
sustenta el orden jurídico y político de Colombia. Lo anterior es desarrollado
en el articulado de la Constitución cuando ésta establece que la educación y la
cultura son derechos fundamentales  de los niños (C.P., artículo 44); que es obligación
del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación técnica y
profesional a quienes lo requieran (C.P., artículo 54); que la educación es un
derecho de todas las personas (C.P., artículo 67); que es deber del Estado la
promoción y el fomento del acceso a la cultura de todos los colombianos a
través de la educación y la promoción de la enseñanza científica, técnica,
artística y profesional (C.P., artículo 70). A su turno el artículo 71 de la
Carta dispone: “La búsqueda
del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo
económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la
cultura.  El Estado creará incentivos para personas e instituciones que
desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones
culturales y ofrecerá estímulos especiales a las personas e instituciones que
ejerzan estas actividades” (Resalta la Corte).
En este
orden de ideas, las normas de derecho internacional que tiendan a la promoción
del conocimiento científico, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el
establecimiento de mecanismos adecuados para la capacitación de nacionales
colombianos y el fortalecimiento de la educación y la cultura de Colombia -
como ocurre con el Tratado sub-judice - no sólo no contrarían sino que
desarrollan, prima facie, la Constitución Política. Lo anterior adquiere
aún mayor respaldo constitucional si el conocimiento y la educación que
promueve la norma internacional están relacionados con la conservación e integridad
del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido es necesario
señalar que en el inciso 2°, del artículo 67 de la Constitución Política
establece que la educación debe formar al colombiano, entre otras materias,
para la protección del  ambiente. De igual forma, el artículo 79, inciso 2°,
del Estatuto Superior obliga al Estado a fomentar la educación que tienda a la
protección de la diversidad e integridad del ambiente y a la conservación de
las áreas de especial importancia ecológica.
Desarrollo
sostenible y biotecnología
6. Uno
de los temas que mayor preocupación causa a los Estados, a la comunidad
científica internacional e, incluso, al ciudadano común, es el de la búsqueda
de condiciones de desarrollo que garanticen la permanencia y, a la vez, el
aprovechamiento de los recursos naturales. La explotación indiscriminada de
estos recursos, que ha colocado a la Tierra y al género humano frente a la
posibilidad de una crisis ambiental, ha determinado la necesidad de implementar
un modelo de desarrollo que tenga en cuenta, dentro de sus variables
principales, al medio ambiente y a los recursos naturales. Es así como se ha
forjado el concepto de desarrollo sostenible, entendido como el modelo de
desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las
suyas propias.
7. El
concepto de biotecnología ha sido definido por el Convenio sobre la Diversidad
Biológica, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, e incorporado a la
legislación colombiana mediante la Ley 162 de 1994 que, en su artículo 2°,
inciso 2°, establece:
"Por 'biotecnología' se entiende toda aplicación
tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados
para la creación o  modificación de productos o procesos para usos
específicos".
Según
esta definición, la biotecnología es una forma de explotación o aprovechamiento
de un tipo particular de recursos naturales, tendiente al logro de un
conocimiento sobre los recursos biológicos[1] que permita la creación o
modificación de productos o procesos para usos específicos. Las aplicaciones
fundamentales de la biotecnología aparecen en diversas áreas como la salud
humana; la producción de fármacos; la prevención de enfermedades congénitas; la
producción de vegetales con mayores niveles nutricionales, con maduración
retardada, resistentes a diversas condiciones ambientales o enfermedades, etc.;
la productividad de animales domésticos; el control de plagas y de la
contaminación ambiental.
Al igual
que con la generalidad de los recursos naturales, el concepto de desarrollo
sostenible es también predicable respecto de la experimentación sobre los
recursos biológicos y, por ello, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en
su artículo 2°, inciso 17, ha definido una particular acepción del desarrollo
sostenible con respecto a este tipo de recursos, así:
"Por
'utilización sostenible' se entiende la utilización de componentes de la
diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasionen la disminución a
largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las
posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las
generaciones actuales y futuras".
Las
tecnologías biológicas pueden dar lugar a nuevos descubrimientos benéficos para
la humanidad. Sin embargo, la experimentación sobre los recursos vivos debe
someterse a estrictas reglas de bioseguridad para evitar que sus resultados, e
incluso, los propios procedimientos científicos, atenten contra la diversidad
biológica, patrimonio de las generaciones presentes y futuras. De la misma manera,
las experimentaciones genéticas al margen del respeto de las normas sobre la
materia, pueden tener como consecuencia la pérdida de la utilización del
material primigenio y, en última instancia, la imposibilidad a largo plazo del
aprovechamiento sustentable del capital
natural.
8. La
Carta Política de Colombia otorga al concepto de desarrollo sostenible y a la
protección de los recursos naturales y el medio ambiente una importancia
fundamental. En efecto, en los artículos 8 y 95-8 de la Constitución se
establece la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas
naturales y culturales de la nación y de velar por la conservación del medio
ambiente. Por su parte, el artículo 80 del Estatuto Fundamental consagra la
necesidad de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
dentro de una perspectiva de desarrollo sostenible que garantice su
conservación, restauración o sustitución. En este mismo sentido, el artículo
334 de la Carta encomienda la dirección general de la economía al Estado, que
deberá intervenir, por mandato legal, en la  explotación de los recursos
naturales para lograr el mejoramiento de la calidad de vida, la distribución
equitativa de oportunidades y la preservación de un medio ambiente sano.
Un
análisis de las normas constitucionales antes mencionadas, determina la
configuración del concepto de desarrollo sostenible en un doble sentido. Por
una parte, opera como una norma programática, esto es, como un mandato que
ordena que algo sea realizado en la mayor medida dentro de las posibilidades
jurídicas y fácticas existentes. Es así como el desarrollo sostenible se
convierte en un objetivo deseable a lograr por parte de las autoridades
públicas a través de dos instrumentos fundamentales: la planeación y la
dirección general de la economía por parte del Estado. Ninguno de estos dos mecanismos
asegura, per se, una realización completa del fin deseado, pero sí
obliga al sector público a hacer todos los esfuerzos necesarios para el logro
de su máxima efectividad. Por otra parte, el concepto de desarrollo sostenible
opera como un límite a las actividades de explotación o aprovechamiento de los
recursos naturales en la medida en que tales actividades son
constitucionalmente lícitas siempre y cuando se asegure el derecho de las
generaciones futuras a seguir disfrutando de los recursos explotados.
9. De
igual modo, de la normatividad constitucional reseñada, relativa a la
protección y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, se
desprende que la formulación de políticas y, en especial, la fijación de las
reglas de seguridad atinentes a las condiciones de explotación y
aprovechamiento de estos bienes en territorio colombiano y a su control y
vigilancia, son competencia del Estado colombiano. El fundamento de esta
competencia radica en el hecho de que la preservación del medio ambiente
constituye una responsabilidad inherente a la soberanía del Estado. En efecto,
el mandato constitucional en materia de protección ambiental, que recae sobre
los poderes públicos les impide despojarse de sus atribuciones de control y
vigilancia en materia de recursos naturales, dentro de los que se encuentran
los recursos biológicos y genéticos.
Desde
esta perspectiva, las relaciones internacionales que establezca el país, en
cuanto fundadas en la soberanía nacional (C.P. artículo 9), deben ser respetuosas
de los recursos naturales y deben propender a su conservación y mantenimiento.
Por estos motivos, si una norma de derecho internacional implica, en cualquier
forma, que el Estado colombiano enajene o pierda sus facultades de regulación
sobre la explotación y el aprovechamiento de sus recursos naturales, será
contraria a las disposiciones constitucionales. Si lo anterior es predicable de
cualquier tipo de recurso natural, cobra mayor fuerza en tratándose de los
recursos genéticos que, como ya se anotó, constituyen la base de la
biotecnología y de la ingeniería genética. En efecto, la Carta es explícita al
determinar - en el inciso 2° del artículo 81 - que "El Estado regulará,
el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, y su utilización,
de acuerdo con el interés nacional" (se subraya).
Si bien
para la Corte no pasa desapercibida la importancia fundamental de la
biotecnología y de la ingeniería genética como factores esenciales en el logro
del desarrollo y el bienestar de la humanidad, la competitividad de las
economías y el aumento de la productividad económica, la Corporación tampoco
desconoce el riesgo que entraña la manipulación de la diversidad biológica y la
interacción de los diversos factores ambientales y biológicos que implica la
investigación en asuntos relacionados con dichos ámbitos. Por ello, se impone
la obligación estatal de garantizar y observar estrictas normas de seguridad,
que tiendan a la protección de la vida, la salud y la alimentación de las
personas. Lo anterior surge con claridad de los mandatos contenidos en los
artículos 2, 49, 65 y, especialmente, en el ya mencionado artículo 81 de la
Constitución Política.
En
particular, resulta fundamental, en este punto, resaltar los efectos de la
investigación genética y biotecnológica sobre la biodiversidad y la producción
de alimentos. El material biológico o genético puede sufrir mutaciones durante
el proceso de investigación hasta el punto de crear nuevas especies, altamente
destructivas o perjudiciales, que pongan en peligro la integridad de otros
recursos biológicos y genéticos, así como la conservación de las culturas
tradicionales, la salud e incluso la vida de los habitantes. Por estos
motivos,  las condiciones de seguridad en la manipulación de este tipo de
material son uno de los aspectos claves que la Corte debe tener en cuenta al
momento de revisar la constitucionalidad del Tratado sub-examine. Los
parámetros que la Constitución impone para la fijación de normas mínimas de
bioseguridad por parte de las autoridades competentes - y que no pueden ser
desconocidos por ninguna norma de derecho internacional -, se encuentran en las
disposiciones que hacen recaer, en cabeza del Estado, la promoción de la salud
de todos los colombianos (C.P., artículo 49), la obligación de proteger los
recursos naturales y el medio ambiente (C.P., artículo 8°), la especial
protección a la producción alimentaria (C.P., artículo 65) y el monopolio
regulatorio en materia de recursos genéticos (C.P., artículo 81).
Biotecnología
y diversidad étnica y cultural
10. Los
más autorizados expertos no dudan en sostener que buena parte de la
biodiversidad ha sido protegida gracias a la acción de las culturas
minoritarias. En efecto, las comunidades indígenas, negras y campesinas han
desarrollado prácticas y conocimientos tradicionales a través de los cuales han
logrado una utilización racional y sostenible de los recursos naturales. La
importancia de estas prácticas autóctonas es de tal grado que se ha afirmado
que las necesidades de un 80% de la población del mundo, así como el suministro
de alimentos de cerca de la mitad de los habitantes de la Tierra, depende del
conocimiento y plantaciones indígenas[2]. Lo anterior ha determinado la
necesidad de relacionar la noción de desarrollo sostenible con el
reconocimiento y la importancia de la diversidad cultural especialmente en
cuanto se refiere a las diversas formas de relación entre el hombre y la
naturaleza. De este modo, se concluye que la protección de la biodiversidad
depende, en gran medida, de la preservación de las prácticas tradicionales a
través de las cuales una determinada cultura se relaciona con los recursos
biológicos a los que accede[3].
11. La
Carta Política de 1991 no desconoce estas realidades y, por el contrario,
consagra una serie de normas tendentes a la protección de las minorías étnicas
y de las culturas tradicionales. En efecto, el artículo 7 de la Constitución
enuncia, como principio fundamental del orden jurídico-político, el
reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación
colombiana. Concordante con el anterior postulado, el inciso 2° del artículo 70
dispone que la diversidad cultural es fundamento de la nacionalidad y, por
ello, el Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las culturas que
conviven en Colombia. Frente al tema específico de la protección de las
prácticas tradicionales de producción y aprovechamiento de los recursos
naturales por parte de los grupos étnicos, el parágrafo del artículo 330
establece que "la explotación de los recursos naturales en los territorios
indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de
las comunidades indígenas". Por su parte, el artículo 55 transitorio de la
Constitución se refiere a la obligatoriedad de expedir una ley que reconozca la
propiedad colectiva de las comunidades negras asentadas en las zonas rurales
ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas
tradicionales de producción. De igual modo, esta ley deberá contemplar
mecanismos de protección a la identidad cultural y a los derechos de estas
comunidades[4].
De
acuerdo con lo anterior, las distintas maneras en que las comunidades étnicas
se relacionan con el medio ambiente y que determinan prácticas tradicionales de
explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, deben considerarse
como una particular forma de manifestación cultural y de creación de la
identidad nacional. Por este motivo, tales prácticas forman parte del
patrimonio cultural de la nación y, en esa medida, son bienes culturales -
conformadores de la identidad nacional - inalienables, inembargables e
imprescriptibles, sujetos a la protección del Estado (C.P. artículo 72).
En
consecuencia, la Corte al analizar el Estatuto sub judice debe ser
particularmente cuidadosa respecto de la especial protección que en virtud de
las disposiciones constitucionales, debe otorgar el Estado a las comunidades
étnicas y culturales de la Nación.
Examen
de fondo: las normas del convenio
Artículos
1 a 4: objetivo, funciones generales y composición del Centro
12. A
juicio de esta Corporación, los artículos 1 (creación y sede del Centro), 2
(objetivos del Centro) y 3 (funciones del Centro) del Estatuto que se analiza,
en términos generales se ajustan a las disposiciones de la Carta, toda vez que
- como ya se anotó más arriba - desarrollan mandatos tan  importantes como los
relativos a la promoción de la educación, el conocimiento y la enseñanza; el
desarrollo sostenible; y, la conservación y aprovechamiento responsable de los
recursos naturales. Por otro lado, el artículo 4, atingente a la composición
del centro, tampoco pugna con norma alguna de la Constitución Política.
13.
Merece, sin embargo, un análisis más detenido el literal a) del artículo 3° del
Convenio sub-judice, según el cual el Centro, dentro de sus funciones,
"Emprenderá actividades de investigación y desarrollo, incluido el
establecimiento de plantas piloto, en la esfera de la ingeniería genética y
la biotecnología" (se subraya). La Corte considera que esta norma es
constitucional siempre y cuando la instalación de las mencionadas plantas
piloto, en territorio colombiano, se adecue a las regulaciones sobre manejo de
los recursos genéticos (C.P., artículo 81) que dicten las autoridades de la
República y sea respetuosa de las normas de seguridad que implican la
salvaguarda de la vida (C.P., artículo 2 y 11) y de la salud (C.P., artículo
49) de los colombianos, así como de la protección de la producción alimentaria
(C.P., artículo 65). Por otra parte, la implementación de plantas piloto por
parte del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología - en caso
de hacerse en Colombia - debe ser particularmente respetuosa de los territorios
indígenas, de la propiedad comunitaria de las comunidades negras, y de las
formas y prácticas tradicionales de producción, explotación y aprovechamiento de
los recursos naturales por parte de estas comunidades étnicas (C.P., artículos
7° y 330 - parágrafo - y Ley 70 de 1993).
En este
sentido, el establecimiento de plantas piloto en la esfera de la ingeniería
genética y la biotecnología en territorio colombiano, deberá sujetarse a los
acuerdos adicionales que sobre las materias enunciadas en el párrafo anterior
se realicen entre el Gobierno Colombiano y el Centro Internacional de
Ingeniería Genética y Biotecnología.
Artículos
4, 5, 6, 7, 8 y 9:  estructura orgánica  y funcional del Centro.
14. Los
artículos 4 a 9 del tratado sub examine definen la estructura orgánica y
funcional del Centro. Todo Estado depositario de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión al Convenio hace parte del órgano supremo, denominado
Junta de Gobernadores, con derecho a voto en los términos del numeral 6° del
artículo 6°. A la Junta se le asigna la tarea de diseñar las políticas y los
principios generales que regirán las actividades del Centro.
El
Consejo de Asesores Científicos (artículo 7°) se encuentra integrado por diez
miembros elegidos por la Junta, de manera tal que se garantice una
representación geográfica equilibrada. Las funciones del Consejo son
fundamentalmente las de asesorar a la Junta en materia de los programas de
trabajo y vigilar la debida ejecución de los mismos, así como aprobar normas de
seguridad para la labor investigativa del Centro. A la Secretaría permanente se
le atribuyen las competencias ejecutivas necesarias para asegurar la
operatividad del Centro.
En
principio, las normas sub judice en nada contrarían la Constitución,
pues el establecimiento de órganos directivos, asesores y ejecutivos, así como
el otorgamiento de funciones autónomas, es sin duda un elemento necesario de
cualquier estatuto cuyo objeto resida en la creación de un Centro Internacional
que pretenda operar con criterios propios e independientes, a fin de garantizar
la primacía del interés general del conjunto de los Estados miembros. Sin
embargo, algunas de las disposiciones bajo estudio merecen un análisis
específico en cuanto pueden comprometer normas constitucionales.
15. En
su intervención, el Ministerio del Medio Ambiente solicitó la declaratoria de
inconstitucionalidad del literal a) del numeral 2° del artículo 6° (según el
cual es función de la Junta de Gobernadores la de "Determinar las
políticas y los principios generales que regirán las actividades del
Centro"), y del literal e) del numeral 4° del artículo 7° (en donde
se establece que corresponde al Consejo de Asesores Científicos, "Aprobar
normas de seguridad para el trabajo de investigación del Centro"), en
cuanto que las políticas y normas sobre seguridad de que tratan las mencionadas
disposiciones habrán de aplicarse en los centros nacionales asociados que tengan
como sede el territorio colombiano. El Ministerio señala que las facultades
señaladas de los órganos del Centro atentan contra la soberanía del Estado
colombiano, al sustraerle su capacidad para dictar normas relativas al manejo
de los recursos genéticos de acuerdo con criterios de interés nacional (C.P.,
artículos 8°, 9° y 81).
16. En
consecuencia, debe precisarse si a la luz de la Constitución, puede el Estado
Colombiano despojarse de su facultad reguladora y fiscalizadora respecto de
actividades que involucren investigación en materia de biotecnología y recursos
genéticos.
17.
Ciertamente el Centro debe contar con un grado de independencia y autonomía que
garantice su operación con plena libertad, sin intervenciones ilegítimas. El
reconocimiento de la autonomía de organismos internacionales en punto al diseño
y ejecución de las tareas a ellos asignadas a través de tratados multilaterales
de los cuales forme parte el Estado colombiano, no pugna en principio con la
Carta política. Sin embargo, en el caso específico del manejo de recursos
genéticos y de la experimentación tecnológica sobre recursos vivos
(biotecnología), el Estado colombiano se halla frente al deber constitucional
irrenunciable de intervenir, tanto para proteger los recursos biológicos (C.P.
artículos 8°, 79 y 80) como para  garantizar que el manejo de recursos
genéticos se adecue al interés nacional (C.P., artículo 81). Se trata, en suma,
de proteger la diversidad biológica como patrimonio de todos los colombianos
(C.P., artículo 79), la salud de los habitantes (C.P., artículo 49), la
diversidad cultural (C.P., artículos 7° y 70) y la producción de alimentos
(C.P., artículo 65), bienes constitucionalmente tutelados que pueden verse
seriamente afectados a raíz de la utilización indebida de los recursos
genéticos o de la experimentación inadecuada en la órbita de la biotecnología.
Dado lo
anterior, la Corporación considera que las disposiciones que atribuyen a la
Junta de Gobernadores y al Consejo de Asesores Científicos del Centro de
Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, la facultad de determinar
las políticas y los principios generales del Centro y las normas de seguridad
para el trabajo de investigación, que pretendan ser aplicadas en territorio nacional,
son compatibles con la Constitución Política de Colombia siempre que: (1) su
ejercicio no impida ni inhiba el uso de las facultades de regulación integral
sobre los recursos genéticos que el Estado colombiano posee (C.P., artículos 8,
9 y 81); (2) se entienda que, en todo caso de incompatibilidad entre las normas
expedidas por el Estado colombiano y el Centro dentro del territorio nacional,
prevalecerán las primeras; (3) las regulaciones en materia de políticas y
principios de operación y normas de seguridad dictadas por el Centro observen
estándares superiores o iguales a los fijados por el Estado colombiano en
materia de manejo de biodiversidad y recursos genéticos; y, (4) no comporten
perjuicio o detrimento alguno para los territorios y prácticas tradicionales de
los grupos étnicos y campesinos asentados en Colombia (C.P., artículos 7° y 330
- parágrafo - y Ley 70 de 1993).
El
cumplimiento de los cuatro puntos antes anotados es igualmente exigible para el
funcionamiento en territorio nacional de la totalidad de los Centros o Redes
asociados.
18. El
Ministerio del Medio Ambiente solicitó la declaratoria de inconstitucionalidad
de los numerales 2° y 3° del artículo 9 (que atribuyen a la Junta de
Gobernadores la facultad de establecer los criterios necesarios para el
otorgamiento de la condición de Centro o Red Asociado y el ámbito de relaciones
de éstos con los órganos del Centro) del Estatuto del Centro Internacional de
Ingeniería Genética y Biotecnología.
La Corte
no encuentra reproche de constitucionalidad alguno contra la facultades de la
Junta de Gobernadores contenidas en los numerales 2° y 3° del artículo 9 del
Convenio sub-examine. No atenta contra la Carta el reconocimiento por
parte del Estado colombiano, de las facultades autónomas del órgano de gobierno
del Centro, para que este defina los criterios que han de  regir el
otorgamiento de la condición de centros o redes asociadas, pues se trata de una
decisión que se relaciona directamente con las funciones que el Centro debe
cumplir y que no compromete ninguna disposición constitucional.
Artículo
6, numeral 2, literal e), y artículo 14: patentes y reglamentación en materia
de propiedad intelectual
19. El
literal e) del numeral 2° del artículo 6 consagra, en cabeza de la Junta de
Gobernadores, la facultad de establecer las normas sobre patentes, concesión de
licencias, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual,
incluída la transferencia de los resultados que emanen de la labor de
investigación del Centro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.
A su
turno, esta última norma dispone que corresponderán al Centro todos los derechos de propiedad industrial e
intelectual sobre cualquier trabajo por él producido o desarrollado (numeral
2°). Añade que la política del Centro consistirá en obtener patentes o
intereses en patentes sobre los resultados de las actividades de ingeniería
genética y biotecnología desarrolladas a través de los proyectos propios
(numeral 3°). Señala, adicionalmente, que el Centro concederá acceso a los
derechos de propiedad intelectual relativos a los resultados que emanen de la
labor de investigación desarrolladas, a los Miembros y a los países en
desarrollo que no sean Miembros del mismo, de conformidad con las convenciones
internacionales aplicables. Consagra la prohibición de establecer criterios que
sean perjudiciales para algún Miembro o grupo de Miembros al formular las
normas que regulen el acceso a la propiedad intelectual (numeral 4°). Por
último, la norma dispone que el Centro utilizará sus derechos de patente y
otros derechos, así como los beneficios financieros y de otra clase, para
promover, con fines pacíficos, el desarrollo, la producción y la amplia
aplicación de la biotecnología esencialmente en beneficio de los países en
desarrollo (numeral 5°).
20. En
su memorial el Ministerio del Medio Ambiente advierte sobre la virtual
inconstitucionalidad del literal e), del numeral 2°, del artículo 6°  y el
numeral 2° del artículo 14 del Tratado Internacional sub-judice. En
opinión del Ministerio, éstas normas son contrarias a la Carta Política de
Colombia en la medida en que desconocen el conocimiento tradicional de las
comunidades étnicas, que debe ser tenido en cuenta dentro del proceso de
registro de derechos derivados de la propiedad intelectual. A su juicio, los
artículos 7, 58 y 61 de la Carta obligan al Estado colombiano a fomentar la
participación de las comunidades indígenas, campesinas y de las minorías
étnicas en los beneficios económicos que puedan derivarse de los conocimientos por
ellas desarrollados y, por tanto, no puede ceder a la Junta de Gobernadores la
facultad de determinar de manera libre y autónoma las normas sobre propiedad
intelectual e industrial de que tratan los artículos cuestionados.
21.
Resulta legítimo que un Centro de la naturaleza del que se crea mediante el
Estatuto analizado, tenga como política la obtención de los derechos de
propiedad intelectual e industrial sobre los resultados de las actividades de
ingeniería genética y biotecnología que se obtengan. En este sentido, parece
razonable que se pretenda el reconocimiento de los derechos mencionados. Se
trata de la recompensa por el trabajo de investigación realizado, la que de
conformidad con el numeral 5° del artículo 14, será destinada a la promoción, con
fines pacíficos, del desarrollo, la producción y la amplia aplicación de la
biotecnología en los países en desarrollo.
22. Sin
embargo, la regulación de la propiedad industrial e intelectual, en materia de
genética y biotecnología, abarca aspectos distintos del mero reconocimiento de
los trabajos producidos o desarrollados por el Centro.
La
disciplina de las materias que se estudian comprende, entre otros aspectos los
siguientes: (1) la identificación de los criterios para establecer los bienes o
recursos sobre los cuales pueden recaer derechos de propiedad industrial o
intelectual en materia de ingeniería genética y biotecnología; (2) la
definición de la naturaleza y alcance de los derechos concedidos; (3) el
establecimiento de condiciones para el otorgamiento de los respectivos
derechos; (4) la fijación de los trámites o procedimientos para obtener los
derechos; (5) la posibilidad de anular o cancelar los derechos concedidos, etc.
Se trata, en suma, de transferir, en todo lo relativo a la ingeniería genética
y a la biotecnología, las facultades que el artículo 150-24 atribuye al
Congreso de la República, a un órgano de gobierno de un Centro Internacional.
23. La
transferencia de facultades legislativas sólo puede realizarse, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 150-16 y  227 de la Carta, a órganos de
integración supranacional, y no simplemente, a centros internacionales,
cualquiera sea su naturaleza y las funciones encomendadas.
Cláusulas
abiertas, en cuya virtud se delega a un órgano de gobierno de un Centro
Internacional, la facultad integral de legislar en materias concedidas por el
Constituyente al Congreso de la República y que revisten, como se demostró en
la parte preliminar de este estudio, un marcado interés nacional, pugnan con la
noción de soberanía nacional y deben, por lo tanto, ser rechazadas por
inconstitucionales.
La
regulación del régimen de propiedad industrial e intelectual en materia de
recursos genéticos corresponde, por expreso mandato del artículo 81 de la
Carta, al Estado Colombiano, bien a través de leyes ora mediante tratados
internacionales que, en forma clara y expresa, diseñen las políticas que a este
respecto habrán de aplicarse en territorio nacional. Incluso los órganos
supranacionales pueden intervenir cuando estén debidamente facultados para
ello, en el diseño de las mencionadas políticas. A este respecto, no sobra
poner de presente que, en tratándose de los conceptos de ingeniería genética y
biotecnología referidos al material que es lícito patentar, existen limitaciones
expresas dentro del ordenamiento colombiano tanto de rango legal y
constitucional, como de orden supranacional establecidas por órganos
especialmente autorizados. En efecto, la Decisión 344 de 1993 de la Comisión
del Acuerdo de Cartagena, en la cual se consagra el régimen común de propiedad
industrial para los países miembros del Pacto Andino, establece:
"Artículo
7°.- No serán patentables:
a) Las
invenciones contrarias al orden público, a la  moral o a las buenas costumbres;
b) Las
invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las
personas o de los animales; a la preservación de los vegetales; o, a la
preservación del medio ambiente;
c) Las
especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su
obtención;
d) Las
invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la
identidad genética del mismo; y
e) Las
invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de
medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud".
24. Como
es sabido, el concepto de supranacionalidad - dentro del que se inscribe el
Acuerdo de Cartagena - implica que los países miembros de una organización de
esta índole se desprendan de determinadas atribuciones que, a través de un
tratado internacional, son asumidas por el organismo supranacional que adquiere
la competencia de regular de manera uniforme para todos los países miembros
sobre las precisas materias que le han sido transferidas, con miras a lograr
procesos de integración económica de carácter subregional. Las normas
supranacionales despliegan efectos especiales y directos sobre los
ordenamientos internos de los países miembros del tratado de integración, que
no se derivan del común de las normas de derecho internacional. Por una parte,
esta legislación tiene un efecto directo sobre los derechos nacionales,
lo cual permite a las personas solicitar directamente a sus jueces nacionales
la aplicación de la norma supranacional cuando ésta regule algún asunto sometido
a su conocimiento. En segundo lugar, la legislación expedida por el organismo
supranacional goza de un efecto de prevalencia sobre las normas
nacionales que regulan la misma materia y, por lo tanto, en caso de conflicto,
la norma supranacional desplaza (que no deroga) - dentro del efecto conocido
como  preemption - a la norma nacional[5].
El
concepto de supranacionalidad encuentra claro fundamento en la Constitución
colombiana cuando ella establece que las relaciones internacionales del país se
"orientarán hacia la integración latinoamericana y del Caribe"
(C.P., artículo 9). En este sentido, el Congreso de la República podrá
"aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros Estados
o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el
Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir
parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que
tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros
Estados" (C.P., artículo 150-16). La filosofía integracionista, se reitera
en el artículo 227 de la Carta, a cuyo tenor: "el Estado promoverá la integración
económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con los
países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados
que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos
supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de
naciones" (C.P. artículo 227).
25. Pese
a que aspectos de la regulación en materia de propiedad industrial e
intelectual, incluso en tratándose de recursos vivos o de material genético,
puede ser transferida a un órgano supranacional, lo que resulta claramente
inaceptable, desde el punto de vista constitucional, es que se transfieran
amplias facultades legislativas que tienen implicaciones respecto de bienes y
derechos constitucionalmente tutelados, a organismos que no responden a un
proceso de integración supranacional.
La Corte
considera que, en razón de los motivos anotados, el Estado Colombiano debe
declarar que entiende que las funciones de que trata el literal e) del numeral
2° del artículo 6 se ejercerán dentro del marco de la reglamentación nacional,
supranacional e internacional en materia de propiedad industrial e intelectual
y, especialmente, en concordancia con las normas constitucionales que
garantizan el respeto por los derechos de las minorías étnicas y culturales
sobre los productos derivados de sus conocimientos propios, sin perjuicio del
reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual e industrial que, conforme
lo establecen las normas vigentes, recaigan sobre los trabajos producidos o
desarrollados por el Centro.
26. El
artículo 14 del instrumento internacional sub-examine, relativo a
publicaciones y derechos de propiedad intelectual, merece un análisis especial.
El numeral 1° del artículo en mención, que establece la publicación de todos
los resultados de sus actividades de investigación salvo que exista
contradicción con "la política general relativa a los derechos de
propiedad intelectual aprobada por la Junta", se ajusta a la Carta
Política de Colombia, siempre que la "política general" de propiedad
intelectual se ciña - como se anotó en el párrafo inmediatamente anterior - a
las disposiciones nacionales, supranacionales y de derecho internacional vigentes
en el territorio colombiano sobre propiedad intelectual.
27. Por
su parte, los numerales 2° - en el cual se consagra que "Corresponderán al
Centro todos los derechos, incluidos el título, el derecho de autor y los
derechos de patente, sobre cualquier trabajo producido o desarrollado por el
Centro" - y 3° - que establece que "La política del Centro consistirá
en obtener patentes o intereses en patentes sobre los resultados de las
actividades de ingeniería genética y biotecnología desarrolladas a través de
los proyectos del  Centro" - del artículo 14 del Convenio bajo revisión,
se conforman a la Constitución colombiana siempre y cuando se observen las
siguientes condiciones: (1) el Centro no podrá adquirir derecho alguno sobre
ningún trabajo que desarrolle o produzca con base en material biológico o
genético colombiano, si el desarrollo o producto es de aquellos contemplados
por los artículos 6 (desarrollos que no se consideran invenciones) y 7
(invenciones no patentables) de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena o, en general, contraviene los regímenes establecidos en
las Decisiones 344 y 345 de 1993, expedidas por la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, o las normas que ésta dicte en el futuro, siempre que se ajusten a
las normas constitucionales; (2) no serán patentables por parte del Centro ni
éste podrá ejercer ningún derecho sobre invenciones que surjan del
conocimiento, aprovechamiento o explotación tradicionales de los recursos
biológicos o genéticos desarrolladas por comunidades negras, indígenas y
campesinas colombianas, salvo en los casos en los cuales las comunidades
mencionadas, de común acuerdo, y previo el pago de los derechos a  que hubiere
lugar según las disposiciones vigentes, cedieren los respectivos derechos.
28. Por
último, el numeral 4° del artículo 14 del Estatuto del Centro Internacional de
Ingeniería Genética y Biotecnología, señala que "Se concederá acceso a
los derechos de propiedad intelectual relativos a los resultados que emanen
de la labor de investigación del Centro de conformidad con las convenciones
internacionales aplicables. Al formular las normas que regulen el acceso a la
propiedad intelectual, la Junta no establecerá criterios que sean
perjudiciales para ningún miembro o grupo de miembros" (se subraya).
La Corte estima necesario señalar que el alcance de los apartes resaltados de
este numeral 4° deben interpretarse de conformidad con los principios de
equidad y reciprocidad que gobiernan las relaciones internacionales de Colombia
(C.P., artículo 150-16 y 226). En efecto, para que pueda considerarse que el
Tratado sub-judice se suscribió de manera equitativa y recíproca, el
acceso a los derechos de propiedad intelectual emanados de las investigaciones
del Centro debe ser particularmente favorable a Colombia, cuando los
mencionados derechos sean el fruto de investigaciones desarrolladas a partir de
material biológico o genético colombiano. En particular, debe considerarse la
posibilidad de eximir a Colombia del pago de regalías cuando se trate de productos
logrados con base en recursos pertenecientes a la biodiversidad del territorio
nacional.
Artículos
10, 11, 12 y 15: Mecanismos de financiación y relaciones con otras
organizaciones
29. En
relación con los artículos 10 (asuntos financieros), 11 (prorrateo de
contribuciones y auditorías), 12 (acuerdo relativo a la sede) y 15 (relaciones
con otras organizaciones) del instrumento internacional bajo revisión, la Corte
considera que se ajustan a las normas constitucionales colombianas, toda vez
que hacen referencia a aspectos operativos y de organización interna propios de
cualquier organismo internacional, y se sujetan a los principios de
autodeterminación de los pueblos, equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional, consagrados en los artículos 9, 150-16 y 227 de la Carta.
Artículo
13:  prerrogativas e inmunidades
30. El
artículo 13 de los Estatutos del Centro Internacional de Ingeniería Genética y
Biotecnología se refiere a las prerrogativas e inmunidades que el Estado
colombiano otorga a los bienes, haberes, locales, ingresos, transacciones,
representantes de los miembros, funcionarios, expertos, y educandos del Centro
cuando ellos se encuentren en territorio nacional, o pretendan ingresar o salir
del mismo.
En
opinión del Procurador General de la Nación, el artículo bajo estudio, es
inconstitucional ya que podría impedir la garantía de la seguridad ambiental,
biológica y alimentaria al permitir el desconocimiento de las normas del
Convenio sobre la Diversidad Biológica y las normas del Pacto Andino que
regulan el acceso a los recursos genéticos. Por su parte, el Ministerio del
Medio Ambiente considera que los numerales 2°, 3°, 5°, 6°, 7° y 9° del artículo
13 del Tratado sometido a la revisión de la Corte violan la Carta Política al
establecer un trato  discriminatorio frente a los nacionales colombianos. A su
juicio, las disposiciones consagran privilegios para los funcionarios, bienes y
haberes del Centro, que desconocen la normatividad constitucional relativa a la
obligación de nacionales y extranjeros de respetar la Constitución y las leyes
de Colombia. Igualmente, el Ministerio considera que el numeral 9° del artículo
13 del Convenio atenta contra los artículos 9 y 81, inciso 2° del Estatuto
Superior, como quiera que allí se consagra una mera cooperación del Centro con
las autoridades colombianas y no una plena sujeción a las normas nacionales
sobre recursos genéticos y biodiversidad.
31.  Del
principio de soberanía, independencia e igualdad de los Estados se deriva una
regla de derecho internacional público, reconocida por la costumbre y las
convenciones internacionales en virtud de la cual los agentes y bienes de
Estados extranjeros deben ser inmunes frente a la actuación coercitiva de las
autoridades públicas de los Estados huéspedes. Este principio se hizo extensivo
a los funcionarios y bienes de las agencias o centros internacionales a fin de
garantizar, fundamentalmente, la independencia de dichos organismos en el
cumplimiento de sus funciones, donde quiera que, en virtud de un acuerdo internacional,
operaran.
De esta
manera los Estados miembros de la organización de las Naciones Unidas
suscribieron la "Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las
Naciones Unidas" - aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 13 de febrero de 1946 -,  y posteriormente la "Convención sobre los
privilegios e inmunidades de los organismos especializados" - aprobada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de noviembre de 1947 -. En el
plano regional y sobre las mismas materias, los estados Americanos adoptaron la
"Convención sobre privilegios e inmunidades de la Organización de Estados
Americanos". Los instrumentos internacionales reseñados fueron
incorporados al derecho interno mediante la Ley 62 de 1973.
32. En
tratándose del reconocimiento de un principio de derecho internacional, mal
puede afirmarse que la mera concesión de prerrogativas e inmunidades de que
trata el artículo 13,  contravenga lo dispuesto en la Carta Política. Por el
contrario, el otorgamiento de los privilegios anotados tiene asidero en el
imperativo constitucional en virtud del cual las relaciones internacionales del
Estado colombiano deben fundarse en el respeto de "los principios de
derecho internacional aceptados por Colombia" (C.P. artículo 9). Tampoco
puede prosperar el cargo formulado por el representante legal del Ministerio de
Medio Ambiente en virtud del cual la concesión de prerrogativas e inmunidades
vulnera, por si misma, el artículo 13 del Estatuto Fundamental. El trato
disímil que las prerrogativas e inmunidades otorgan, se encuentra justificado
por los principios y valores que tales concesiones procuran, tales como la
defensa de la integridad y autonomía de los organismos internacionales, en el
ejercicio de las funciones  encomendadas por los Estados que, de manera
autónoma y soberana, se constituyen en parte de las convenciones que los crean.
En este sentido se pronunció la Corte Constitucional, en sentencia C-203 de
1995, al señalar:
"Por otra
parte, las disposiciones que consagran privilegios e inmunidades a favor del
Organismo creado y de sus directivos y dignatarios se enmarcan dentro de los
principios del Derecho Internacional, reconocidos por Colombia según el
artículo 9 de la Constitución Política.
(...)
No puede decirse que
la consagración de estos privilegios e inmunidades vulneren el derecho a la
igualdad (Artículo 13 C.P.), respecto de personas colombianas, ya que, como la
Corte lo ha señalado reiteradamente, la igualdad se predica de situaciones
iguales, de tal modo que las diferencias de trato pueden admitirse cuando se
encuentran justificadas.
En el caso de los
funcionarios y representantes de organismos internacionales, las normas
especiales acordadas entre los estados miembros y la protección que se les
brinda tienen su razón de ser en la función que cumplen, como integrantes de
delegaciones diplomáticas".
33. Sin
embargo las prerrogativas e inmunidades otorgadas no son, ni pueden ser,
totales o absolutas. Ningún Estado constitucional estaría en capacidad jurídica
de otorgar plena inmunidad a todo agente de un gobierno extranjero o
representante de un organismo de derecho internacional, respecto de cualquier
actividad que cumpla en su territorio, pues ello implicaría sacrificar las
atribuciones que le competen como estado libre y soberano para asegurar la
defensa de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción. De la
misma manera, a la luz del artículo 13 de la Carta, tampoco sería posible
afirmar que toda prerrogativa es legítima. Para que la concesión de estos
derechos y beneficios especiales resulte constitucional, se requiere que
concurra la defensa de los principios de independencia, soberanía e igualdad -
reciprocidad - entre los Estados. Son estos principios y no una mera
liberalidad o una imposición del derecho internacional, los que tornan
legítimas e incluso necesarias las garantías y privilegios que se conceden a
funcionarios de Estados extranjeros o de organismos internacionales en el
territorio de cada Estado.
En suma,
al analizar las prerrogativas e inmunidades de que trata el artículo 13 bajo
estudio, la Corte debe verificar que tras cada una de ellas se propenda a la
defensa de los principios de independencia, igualdad y soberanía de los Estados
parte del convenio que se analiza y, por lo tanto, del respeto del cual son
tributarios los agentes y bienes del Centro, a fin de que no se obstaculice,
sin justificación constitucional, el ejercicio de sus funciones propias, pero
sin que ello implique una renuncia no justificada del deber del Estado de
garantizar los derechos y deberes de los habitantes del territorio. Así,
entiende la Corte que las injerencias de las autoridades colombianas que
tiendan a la defensa de los derechos y deberes de los habitantes del territorio
y que no atenten contra el desempeño efectivo de las funciones del Centro en el
contexto de los objetivos que busca alcanzar, no sólo son legítimas sino
necesarias para garantizar el orden constitucional y en particular el respeto a
la recíproca independencia. Y ello porque la limitación del ejercicio pleno y
autónomo de las competencias exclusivas del Estado colombiano en territorio
nacional debe estar plenamente justificada para no atentar contra la soberanía
nacional.
34. El
numeral 1° del artículo 13 no reviste problema alguno de constitucionalidad. En
efecto, el reconocimiento de la personalidad jurídica del Centro y de la
correlativa capacidad para operar en el trafico jurídico en nada se opone a las
disposiciones constitucionales.
35. El
numeral 2 de la citada norma consagra la inmunidad de jurisdicción e inmunidad
de ejecución. En virtud de la primera los órganos de justicia local se tornan
incompetentes para fallar de fondo sobre cualquier conflicto, con independencia
de las causas o razones que lo pudieran haber ocasionado o de los bienes o
derechos implicados, que involucre al Centro. La segunda, garantiza que en
ningún caso las autoridades de la república pueden llevar a cabo medidas de
ejecución sobre bienes o haberes del Centro.
La
inmunidad de jurisdicción fue concebida originalmente para garantizar que las
actuaciones u operaciones de los organismos de Estados extranjeros o de los
agentes diplomáticos y consulares que actuaran en ejercicio del poder público
no pudieran ser cuestionados ante tribunales distintos a los de su propio
Estado. Se trataba de garantizar el principio de soberanía e independencia
expresado en el aforismo par in parem non habet imperium.
Posteriormente, la inmunidad de jurisdicción se extendió a los organismos
internacionales y especializados para garantizar la independencia en el
cumplimiento de las funciones y la integridad de los bienes y haberes de su
propiedad.
Dicha
inmunidad restringe el derecho de acceso a la justicia de los habitantes del
territorio, así como las facultades correlativas de jurisdicción de los órganos
nacionales. Los bienes comprometidos - el derecho fundamental de acceso a la
justicia y la soberanía del Estado - hacen que la cláusula que se analiza deba
ser objeto de una interpretación restringida de tal manera que la inmunidad que
se concede tenga un alcance relativo. De una parte, debe garantizarse la
independencia del Centro y protegerse sus bienes y haberes frente a decisiones
arbitrarias. De otra parte, las operaciones o transacciones del Centro que por
su propia naturaleza deban someterse a las cláusulas de derecho interno o
supranacional y que puedan lesionar derechos reconocidos por el ordenamiento a
habitantes del territorio,  no pueden estar exentas de reclamación judicial. Si
así no fuera, se estaría sacrificando, sin justificación razonable, atributos
soberanos del Estado nacional que implican la garantía de derechos
fundamentales reconocidos por el orden constitucional, sin que ello resulte
necesario para garantizar la legítima independencia del Centro y la integridad
de sus bienes.
Así por
ejemplo la celebración de contratos mercantiles o la obtención de patentes y
otras formas de propiedad intelectual e industrial, deben someterse a las
normas internas, supranacionales e internacionales sobre el tema. En estos
procesos pueden comprometerse seriamente derechos de habitantes del territorio
colombiano y su resolución en justicia no atentaría contra las funciones que el
Centro debe realizar de conformidad con los objetivos que proclama el Estatuto
analizado.
El
Estado colombiano no puede aceptar la inmunidad judicial absoluta y, por tanto,
deberá señalar que en el evento de que surja una disputa jurídica entre un
habitante del territorio y el Centro, cuando este actúe como un particular o
sometido a las normas de derecho interno o supranacional, podrá apelarse a los
mecanismos judiciales consagrados por el ordenamiento nacional e internacional
a fin de que el conflicto se resuelva según las normas vigentes en el
territorio nacional.
36. El
numeral 3° del artículo estudiado establece la inviolabilidad de todos los
locales del Centro y la inmunidad de sus bienes y haberes frente a registros,
requisiciones, expropiaciones, confiscaciones y cualquier otra forma de
interferencia de carácter ejecutivo - administrativo, judicial o legislativo.
La
inmunidad respecto de expropiaciones o confiscaciones es una garantía para
evitar que el Estado receptor se apropie de los bienes y haberes adquiridos
gracias a las contribuciones de los Estados parte, de otros agentes de derecho
internacional público y privado - a reserva de la aprobación de la Junta -, o
derivada de las propias actividades del Centro. Esta norma obedece a un
desarrollo específico de principios básicos del derecho internacional público
y  encuentra fundamento constitucional, no sólo en el artículo 9, sino en el
artículo 34 de la Carta que prohibe, de manera expresa, la pena de
confiscación. De otra parte, si bien el artículo 54 consagra la posibilidad de
expropiar bienes dentro del territorio, resulta claro que, entre otras
excepciones, se encuentran los bienes de propiedad de organismos
internacionales o de Estados extranjeros.
No
obstante, la inmunidad de los locales, así como la prohibición de registrar y
requisar los bienes y haberes merece una especial consideración. Como quedo
expuesto, las operaciones del Centro en territorio colombiano deben someterse a
las normas sobre bioseguridad y protección de la diversidad natural, étnica y
cultural, vigentes en el derecho interno. De la misma manera, las investigaciones
que adelante deben sujetarse a las disposiciones sobre utilización de recursos
genéticos que, en cumplimiento del deber de que trata el artículo 81 de la
Carta, han de expedir las autoridades competentes. De otra parte, el principio
de buena fe vincula al Centro con el cumplimiento de las normas internacionales
sobre biodiversidad, protección del ambiente y recursos genéticos, de manera
tal que no puede afirmarse que el establecimiento de mecanismos de vigilancia
atente contra las funciones del mismo. Este principio asegura la cohesión del
derecho internacional a partir del supuesto de la unidad del ordenamiento.
Todo lo
anterior permite afirmar que la inmunidad de que trata el numeral estudiado del
artículo 13 no puede recaer sobre las investigaciones y operaciones del Centro
cuando se trate de verificar el cumplimiento de las normas nacionales,
supranacionales e internacionales sobre salvaguardia de la diversidad biológica
y cultural, manejo de recursos genéticos, amparo de la producción de alimentos
y protección de la vida y la salud de los habitantes del territorio.
Por
ello, la norma analizada será considerada exequible sólo si el Estado
colombiano se reserva la facultad de vigilar que las actividades de
investigación en materia de biotecnológia y recursos genéticos se ajusten a las
disposiciones vigentes en derecho interno, a través de mecanismos que no
atenten contra el funcionamiento del Centro en el contexto de los objetivos
trazados por el tratado que se revisa.
De otra
parte, la Corte considera necesario precisar que la inmunidad de que gozan los
bienes y haberes del Centro Internacional de Ingeniería Genética y
Biotecnología no se predica con respecto al material biológico o genético que
el mencionado Centro pueda estar aprovechando o investigando. A este respecto,
cabe destacar la relevancia constitucional de este tipo de material y el deber
de vigilancia que respecto del mismo tiene el Estado colombiano, tal y como se
puso en evidencia en la parte general de estos fundamentos. En efecto, el
control y protección que el Estado está obligado a observar sobre sus recursos
naturales y, en particular, sobre sus recursos genéticos (C.P., artículos 8°,
9° y 81), determinan que éstos no puedan considerarse como parte de los bienes
y haberes de un organismo internacional cubiertos por un régimen general de
inmunidades. Por estos motivos, el artículo 13, numeral 3°, del Estatuto del
Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología es constitucional
sólo en el entendido de que la referencia a los bienes y haberes de ese
organismo que allí  se hace no incluya los recursos biológicos y genéticos, y
siempre que se establezcan mecanismos de control y vigilancia que permitan a
las autoridades nacionales fiscalizar el cumplimiento de las normas nacionales,
supranacionales e internacionales sobre bioseguridad y protección de los
recursos naturales, la vida, la salud, y la producción de alimentos.
37. El
numeral 4 del artículo bajo estudio establece que el Centro, sus bienes, haberes, ingresos y
transacciones estarán exentos de toda forma de imposición fiscal y de
aranceles. Añade que no estarán sujetos a prohibiciones ni a restricciones de
importación y exportación cuando se trate de artículos que el Centro importe o
exporte para su uso oficial. Por ultimo establece que el  Centro estará exento
de toda obligación relativa al pago, la retención o la recaudación de cualquier
impuesto o derecho.
Las
exenciones tributarias, tienen pleno sentido en el contexto del derecho
internacional público. Se trata de conceder, en condiciones de reciprocidad,
ciertos privilegios fiscales y aduaneros, que se justifican plenamente tanto
por la naturaleza de los organismos beneficiados como del interés público que
reviste la función a ellos confiada por el conjunto de Estados que los crean.
Por último, resta
señalar que en virtud de lo dispuesto en los artículos 79 y 81 de la Carta, las
prerrogativas en materia de prohibiciones y restricciones de importación y
exportación de los artículos que el Centro importe o exporte para su uso
oficial no se extienden a los recursos naturales o genéticos.
38. Los
privilegios e inmunidades de los representantes de los Miembros y de los
funcionarios del Centro, se encuentran consagradas en los numerales 5°, 6° y 7°
del Estatuto que se analiza. Los privilegios más importantes son los
siguientes: inmunidad contra detención o arresto personal, embargo de equipaje
personal y toda forma de procedimiento judicial; inviolabilidad de todo papel o
documento; derecho de usar claves y recibir documentos y correspondencia por
estafeta y valija sellada; exención de toda restricción de inmigración y
registro de extranjeros; franquicias sobre divisas extranjeras; exención de
impuestos sobre sueldos y emolumentos; etc.
La
existencia de este tipo de inmunidades y privilegios se fundamenta en la
salvaguardia de la independencia en el  ejercicio de las funciones, tanto de
los funcionarios como de los representantes de los Miembros. Por este motivo,
en el instrumento internacional que consagra las "cláusulas tipo" a
la cuales remiten los artículos estudiados, se establece que la renuncia a
tales garantías se convierte en una obligación cuando éstas puedan llegar a
convertirse en un obstáculo para el curso de la justicia (Convención sobre
Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas - Ley 62 de 1973 -, artículos
IV - sección 14 - y V - sección 20 -). Sobre este mismo punto, el numeral 9°
del artículo 13 del Tratado establece que el Centro deberá cooperar con las
autoridades del Estado huésped con el fin de facilitar la correcta
administración de justicia y evitar cualquier abuso relacionado con las
prerrogativas e inmunidades allí establecidas. A la luz de los principios de
derecho internacional reconocidos por los Estados miembros de la Organización
de las Naciones Unidas, y en particular del principio de buena fe que informa
las relaciones internacionales de derecho público, la disposición contemplada
en el numeral noveno no consagra una facultad discrecional del Centro de
colaborar con la justicia, sino un deber que no puede ser eludido so pena de
recaer en responsabilidad conforme al derecho internacional.
En las
condiciones anotadas no encuentra la Corte que las disposiciones contempladas
en los numerales 5, 6, 7 y 9 del artículo examinado contravengan las normas
constitucionales. Por el contrario, se trata del reconocimiento de principios
internacionales aceptados por el Estado colombiano que aplicados en condiciones
de reciprocidad y con las limitaciones señaladas se avienen a lo dispuesto en
el artículo 9 de la Carta.
39. El
numeral 8 del artículo 13 señala que las personas que estén recibiendo capacitación o participando en un
programa de intercambio de personal en desarrollo de las actividades del Centro
tendrán derecho a obtener permisos de entrada, residencia o salida en cada uno
de los Estados signatarios. Agrega que a las mencionadas personas se les darán
facilidades para viajar con rapidez y, de ser necesario, también se concederá
los visados rápida y gratuitamente. A juicio de la Corte la mencionada norma,
aplicada en condiciones de reciprocidad entre los distintos Estados miembros
del tratado que se analiza y con las limitaciones que establece el numeral 9,
se conforma a la Carta Política. Las facilidades de ingreso y salida del país
constituyen una prerrogativa necesaria para adelantar las labores de
capacitación, fundamentales en programas de transferencia de tecnología como el
que pretende adelantar el Centro Internacional de Ingeniería Genética y
Biotecnología.
Artículos
16 a 23
40. La
última parte del Tratado se refiere a aspectos relacionados con el trámite y
proposición de enmiendas (artículo 16); al retiro de miembros (artículo 17); a
la liquidación del Centro (artículo 18); a los mecanismos de solución de
controversias (artículo 19); a las cuestiones atinentes a la firma,
ratificación, adhesión y aceptación (artículo 20); a las reglas relativas a la
entrada en vigor del Tratado (artículo 21); y, a los textos auténticos
(artículo 23). Estos artículos no merecen tacha alguna de constitucionalidad,
toda vez que consagran mecanismos tradicionales de ejecución de los tratados
internacionales.
IV. DECISION
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional
R E S U E L V E
PRIMERO.- Con la salvedades que se señalan en los artículos
siguientes, declarar EXEQUIBLE el "Estatuto del Centro
Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología” hecho en Madrid el 13 de
septiembre de 1983,  así como la Ley 208 de 1995, aprobatoria de los mismos.
SEGUNDO.- Declarar la EXEQUIBILIDAD del
literal a) del artículo 3 del tratado por el cual se aprueba el "Estatuto
del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología”, bajo el
entendido de que la instalación de las plantas piloto
en territorio colombiano, se sujeta a las normas vigentes sobre manejo de los
recursos genéticos, bioseguridad, salvaguarda de la vida, la salud, la
producción alimentaria, y la integridad cultural de las comunidades indígenas,
negras y campesinas, conforme quedó establecido en el fundamento 13 de esta
providencia.
TERCERO.- Declarar la EXEQUIBILIDAD del
literal a) del numeral 2 del artículo 6, así como del literal e) del numeral 4
del artículo 7, bajo el entendido de que las políticas y principios que rigen
las actividades del Centro, así como las normas de seguridad para el trabajo de
investigación, que deban aplicarse en territorio colombiano, no contravengan
las disposiciones vigentes - internas, supranacionales o internacionales - en
materia de bioseguridad, manejo de recursos genéticos, protección de la
diversidad biológica, étnica y cultural, de la vida, la salud y la producción
de alimentos.
CUARTO.-  Declarar la EXEQUIBILIDAD del
literal e) del numeral 2 del artículo 6, bajo el entendido de que la disciplina sobre propiedad intelectual e industrial de
que trata la citada disposición se someta a la reglamentación nacional,
supranacional e internacional en materia de propiedad industrial e intelectual
y, especialmente, al respeto por los derechos de las minorías étnicas y
culturales sobre los productos derivados de sus conocimientos propios.
QUINTO.-  Los numerales 2 y 3 del artículo 14 son
EXEQUIBLES  bajo el entendido de que se observen las
reglas vigentes en el ordenamiento interno, supranacional e internacional en
materia de propiedad industrial e intelectual y en todo caso, siempre que
respeten los derechos constitucionales de las comunidades indígenas, negras y
campesinas, conforme quedo establecido en el fundamento 27 de la presente
providencia.
SEXTO.-  Declarar la EXEQUIBILIDAD del
numeral 4 del artículo 14 siempre que se entienda que el
acceso a los derechos de propiedad intelectual emanados de las investigaciones
del Centro debe ser razonablemente favorable a Colombia, cuando los mencionados
derechos recaen sobre desarrollos o productos obtenidos a partir de material
biológico o genético colombiano
SEPTIMO.-
Declarar la EXEQUIBILIDAD
del numeral 2 del artículo 13 siempre que en el evento en que surja una disputa
jurídica entre un habitante del territorio nacional y el Centro, cuando este
actúe como un particular o sometido a las normas de derecho interno o
supranacional, podrá apelarse a los mecanismos judiciales consagrados por el
ordenamiento nacional e internacional a fin de que el conflicto se resuelva
según las normas vigentes en el territorio nacional.
OCTAVO.-
Declarar la EXEQUIBILIDAD
del numeral 3 del artículo 13  en el entendido de que la mencionada norma
no inhibe a las autoridades colombianas para establecer mecanismos eficaces de
control y vigilancia que permitan al Estado cumplir con su deber ineludible de
fiscalizar el respeto de las normas nacionales, supranacionales e
internacionales sobre bioseguridad y protección de los recursos naturales, la
diversidad cultural, la vida, la salud, y la producción de alimentos en
territorio colombiano, en los términos del numeral 36 de la presente
providencia.
NOTIFIQUESE,
COMUNIQUESE, CUMPLASE, INSERTESE EN LA GACETA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y
ARCHIVESE EL EXPEDIENTE.
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Presidente
JORGE ARANGO
MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ                                              VLADIMIRO
NARANJO MESA
Magistrado                                                Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] El
artículo 2°, inciso 14, del Convenio sobre la Diversidad Biológica define este
tipo de la siguiente manera:
"Por
'recursos biológicos' se entienden los recursos genéticos, los organismos o
partes de ellos, las poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico
de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la
humanidad."
[2] Cfr. Conservación de
conocimientos autóctonos, Estudio Independiente realizado por Rural Advancement
Foundation International. Documento PNUD.
[3] Sobre este punto, el
Convenio sobre la Diversidad Biológica, en el literal j) de su artículo 8°, es
explícito prescribir:
“Artículo
8. Conservación in situ. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y
según proceda:
(...)
j)
Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y
locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá
su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes
posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los
beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y
prácticas se compartan equitativamente.”
De
igual forma, el Convenio N° 169 de la OIT, “CONVENIO SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y
TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES”, en su artículo 15 establece:
"Artículo
15.
1.
Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en
sus tierras deberán protegerse especialmente.  Estos derechos comprenden el
derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y
conservación de dichos recursos”.
[4] La Ley 70
de 1993 desarrolló el mandato contenido en el artículo 55 transitorio de la
Carta. En el artículo 2°, numeral 7°, de la mencionada ley se definió lo que
ésta entiende por "prácticas tradicionales de producción" en los
siguientes términos:
"Son
las actividades y técnicas agrícolas, mineras, de extracción forestal,
pecuarias, de caza, pesca y recolección de productos naturales en general, que
han utilizado consuetudinariamente las comunidades negras para garantizar la
conservación de la vida y el desarrollo autosostenible."
De igual forma, el artículo
3° de la Ley 70 de 1993 establece -en su numeral 4°- que uno de los principios
en que ésta se fundamenta es "la protección del medio ambiente atendiendo
a las relaciones establecidas por las comunidades negras con la
naturaleza".
[5] Estos
efectos fueron reconocidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado en su concepto de septiembre 6 de 1979, Consejero Ponente: Jaime
Paredes Tamayo.