T-934-05
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-934/05
DERECHO A LA
IGUALDAD-Discriminación a portadores de VIH o que
padecen Sida
PERSONA
PORTADORA DE VIH-Protección constitucional en el
ámbito laboral
DEBER DE SOLIDARIDAD-Estabilidad laboral
en portador de VIH/ENFERMO DE SIDA-Estabilidad laboral reforzada no es absoluta/ACCION DE TUTELA-Improcedencia cuando
desvinculación laboral no está relacionada con
enfermedad del trabajador
De las
pruebas practicadas y obrantes en el expediente (prueba documental y
testimonial) no se infiere que el empleador hubiera tenido conocimiento de la
enfermedad, y mucho menos que la terminación del contrato haya operado por dicha razón. Lo que resulta reprochable desde
el punto de vista constitucional no es el despido en sí mismo -al que puede
acudir todo patrono siempre que lo haga en los términos y con los requisitos
fijados por la ley- sino la circunstancia -que
debe ser probada- de que la terminación unilateral del contrato por parte del
patrono haya tenido origen precisamente en que el empleado esté afectado por el
virus o padezca el síndrome del que se trata. En el presente asunto, al no
hallarse la relación causal entre el
padecimiento del accionante y la terminación del contrato de trabajo a término
fijo, el juez constitucional se encuentra ante un asunto que no le compete
resolver, por cuanto de lo aportado al proceso no se deduce la violación de los derechos fundamentales de aquél, en el sentido de que haya
podido ser discriminado o estigmatizado por el empleador.
Referencia: expediente T-1134238
Acción de tutela instaurada por el señor Jaime
Morales Rodríguez contra Isvi Ltda.
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Bogotá D. C., ocho (8) de septiembre de dos mil
cinco (2005).
La Sala Segunda
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alfredo
Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba
Triviño, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión de los fallos adoptados
por el Juzgado Veinticuatro Penal Municipal de Bogotá con función de control de
garantías y Cincuenta y
Penal del Circuito de Bogotá, dentro del trámite de la acción de tutela
instaurada por el señor Jaime Morales Rodríguez contra la empresa de seguridad
privada Isvi Ltda., en el asunto que originó la tutela de la referencia.
El expediente
llegó a la Corte Constitucional, por remisión que
hiciera la Secretaría del Juzgado Cincuenta y Cinco Penal del Circuito, en
virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.
I.
ANTECEDENTES.
El actor obrando
en nombre propio, presentó acción de tutela el día
veintidós (22) de febrero de dos mil cinco (2005), ante el Juzgado Penal
Municipal de Bogotá (Reparto), por los hechos que se resumen a continuación:
A. Hechos.
El demandante, señor Jaime Morales Rodríguez
manifiesta haber laborado en
la empresa de seguridad privada “Isvi Ltda.” desde el 1 de julio de 2001 hasta
el 5 de junio de 2004, tiempo durante el cual se distinguió por ser un buen
trabajador.
En agosto de
2003 fue diagnosticado como portador de VIH-SIDA, fecha en la que, afirma, la empresa tuvo conocimiento de la enfermedad “.... por cuanto fui incapacitado por algunos días  y en ella figuraba
tal situación, además fui excluido del tratamiento  por la EPS Famisanar...”.
Asevera que, el
21 de abril de 2004 y luego de que la entidad accionada conociera de la
enfermedad del actor, recibió carta de preaviso donde se le informaba que a
partir de junio 5 de 2004, se daba por terminado el contrato de trabajo.
Manifiesta que,
encontrándose laborando para la empresa demandada, en
febrero de 2004, la EPS Famisanar se negó a continuar prestándole el
tratamiento para su enfermedad, razón por la cual interpuso tutela, de la cual
tuvo conocimiento la  empresa.
Refiere que el
13 de agosto de 2004, se realizó diligencia de
conciliación en la Inspección Tercera del Ministerio de Protección Social, en
virtud de la queja formulada, en la cual no hubo ánimo conciliatorio. Allí,
afirma, el apoderado de la entidad accionada reconoce que no lo pueden reintegrar debido a su estado de salud.
Finalmente
argumenta que, no ha podido conseguir empleo y las empresas donde ha presentado
su hoja de vida  y la correspondiente entrevista le han exigido la prueba del
VIH, que se encuentra en pésima situación económica
y la enfermedad ha empezado a deteriorar su estado de salud, estando a punto de
no poder seguir pagando a la EPS a la que se encuentra afiliado.
B.  La demanda de tutela.
El actor
considera que se han violado sus derechos fundamentales
a la dignidad humana, a la igualdad, a la intimidad y al trabajo, por la por la
terminación del contrato en razón de la enfermedad que padece. En consecuencia
solicita, se ordene a la empresa de seguridad privada Isvi Ltda. se “incorpore a la nómina de trabajadores
de la citada empresa, y hasta tanto el Fondo de Pensiones del Banco Santander,
asuma la pensión por enfermedad”.
C. Trámite procesal.
Admitida la
acción, el Juzgado Veinticuatro Penal Municipal de Bogotá, con función de
Control de Garantías, ordenó la notificación a la
entidad demandada, a fin de que se pronunciara sobre los hechos que dieron
origen a la tutela y si era del caso ejerciera su defensa.
D. Respuesta de la sociedad Isvi Ltda.
Una vez
notificada la entidad demandada, de la acción de tutela
instaurada en su contra, la misma por conducto de apoderado judicial, mediante
escrito de fecha 3 de marzo de 2005, dirigido al juzgado de conocimiento se
opuso a las pretensiones de la tutela y manifestó, que desconocía la fecha en
la cual le fue diagnosticada la enfermedad al
accionante, que en los reportes de incapacidad no dan cuenta de la misma, que
el motivo por el cual se retiró de la empresa al demandante no fue la
enfermedad padecida por él, pues de la misma no se tenía conocimiento, sino el vencimiento del término pactado, en atención a que el
cliente, Ocensa Ltda., entidad en la cual se encontraba asignado el demandante,
redujo el número de empleados.
Que lo
manifestado en la diligencia de conciliación, en manera alguna determina el conocimiento previo por parte de la empresa, respecto de la
enfermedad del demandante, sino que se refería a que, dadas las funciones que
debe cumplir una persona en la compañía de vigilancia, la enfermedad que
padecida hacen imposible su nueva vinculación a la
empresa.
Que la empresa
sólo tuvo conocimiento de la tutela interpuesta contra Famisanar, con
posterioridad a la terminación del contrato de trabajo.
E.  De las pruebas obrantes en el
expediente.
A folios 20 y
21 obra, certificación laboral
de Isvi Ltda., respecto de los cargos y periodos en los cuales ha laborado el
demandante, por cuenta de la citada empresa.
A folio 23,
copia de una comunicación del Hospital Universitario San Ignacio dirigida a Famisanar EPS de fecha Julio 26 de 2004, respecto del tratamiento
efectuado al señor Morales Rodríguez.
A folio 24,
original de la carta de preaviso dado al señor Jaime Morales Rodríguez, de
fecha 21 de abril de 2004.
A folios 25 a
29, copia de la diligencia de conciliación.
A folios 54 y
55, copia del examen ocupacional por retiro efectuado al demandante, de fecha
junio 16 de 2004.
A folios 54 a
57, declaración rendida por el demandante, ante el juez del conocimiento, en la
que indica que el contrato de trabajo con la sociedad
Isvi Ltda. era esporádico e indefinido   de acuerdo al criterio de la empresa.
Afirma que se enteró que era portador del VIH SIDA en el mes de octubre de 2003
y al preguntársele si puso en conocimiento su exempleador la situación, cual era el sustento probatorio y cual la respuesta, contestó: “En el momento no la puse en conocimiento ni nadie ni en la empresa
ni en mi familia, por lo que yo a esa enfermedad era incrédulo y la observación
del médico o el laboratorio donde hicieron el diagnóstico
fue por unas dolencias y una pérdida de apetito y no hubo necesidad de
hospitalización en se momento, en el mes de octubre por lo cual tuve la
oportunidad de seguir laborando...”. Igualmente
manifestó: “... En diciembre del año 2003  tuve la
oportunidad que el señor Gerente LUIS ENRIQUE
LARROTA CORONEL (sic) en retiro. Gerente de la empresa reside cerca de la
empresa donde actualmente yo prestaba mis servicios de labor OCENSA y me dio la
oportunidad de hablarse confidencialmente iba el andando para la empresa y le comenté y le puse en conocimiento de mi
enfermedad que estaba padeciendo por lo cual yo necesitaba una ayuda un
traslado de trabajo, estaba en malas condiciones nos e (sic) si el tuvo capto
algo (sic) de loo que yo le sugerí de mi enfermedad
la respuesta fue que tenía que hablar con el Dr. JULIO ENRIQUE FRANCO e manera
que no tuve mas a quien comentarle, pues es el Gerente mi jefe y dueño de la
empresa, fue el único que tuvo conocimiento verbal, pero como vuelvo y recalco
desconozco su (sic) capto, no recuerdo el día.”
Manifiesta no
saber el diagnóstico que se anotaba cuando se le otorgaban incapacidades, que
cuando acudió a quejarse ante el Ministerio ya lo habían desvinculado y cuando
estaba laborando nada comunicó por escrito a la entidad demandada, sólo lo que le comunicó verbalmente
al Gerente.
F. Sentencia de  primera instancia.
Mediante
sentencia del ocho (8) de marzo de 2005, el Juzgado Veinticuatro (24) Penal
Municipal de Bogotá, con función de Control de Garantías, negó el amparo solicitado en la acción de la referencia, al considerar que la
sociedad Isvi Ltda. no le vulnerado derecho alguno al accionante, en el tiempo
en que éste duró vinculado a la demandada, en razón a que como la citada
compañía no tenía conocimiento de la enfermedad, no
hizo pública la noticia y tampoco fue la razón para haber dado por terminado el
contrato, pues sólo tuvieron conocimiento de aquella el día de la audiencia de
conciliación. Considera que el lugar ideal para determinar si el despido tuvo o
no como causa la enfermedad que padece el accionante,
es la jurisdicción laboral.
G. Sentencia de  segunda instancia.
Impugnado el
fallo anterior, el Juzgado Cincuenta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá, D.C.
en providencia de mayo dos (2) de dos mil cinco (2005), confirmó el mismo. En su decisión
sostuvo que si bien se alega que el actor informó verbalmente al representante
legal de la empresa demandada el estado de su enfermedad, en declaración
rendida por el señor Morales Rodríguez se concluye que no lo hizo en forma expresa, sino como
comentario al margen, con el fin de que aquél “captara” cual era su
manifestación y padecimiento. Y que si el representante de la entidad demandada
no sabía de la enfermedad, mucho menos tuvo la misma como razón para terminar el contrato de trabajo, el cual se
terminó por vencimiento del mismo.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL.
Primera. Competencia.
La Sala Segunda
de Revisión es competente para decidir sobre el asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 241,
numeral 9°, de la Constitución, y 33 y 34 del decreto 2591 de 1991.
Segunda. Lo que se debate.
Como se
desprende de los antecedentes, el actor considera vulnerados sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, a la
intimidad y al trabajo, por la terminación del contrato en razón de la
enfermedad que padece.
Tercera.  El tratamiento diferente a
quien es portador de VIH o padece de SIDA, vulnera la Constitución.
La Corte Constitucional ha señalado de
manera reiterada que se viola la Carta Política cuando se imponen cargas
irrazonables o desproporcionas a quien es portador de VIH o padece de SIDA o se
le trata de manera diferente y perjudicial por la mera condición de portador de
dicho virus o enfermo del síndrome referido. En
consecuencia con ello, esta Corporación ha insistido sobre "la necesidad de recordar que el enfermo de SIDA o el simple portador
del virus V.I.H. es un ser humano y, por tanto, titular, de acuerdo con el
artículo 2o. de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, de todos los derechos proclamados en los textos
internacionales de derechos humanos, sin que pueda ser objeto de ninguna
discriminación, ni de ninguna arbitrariedad por razón de su situación. Sería
ilógico que a una persona por padecer un mal, se
le tratara de manera nociva para su integridad física, moral o personal"[1].
Así, es claro
que "[l]os
tribunales constitucionales están llamados a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y
dentro de esta tarea tienen que hacer un especial énfasis en la protección de
los derechos de las minorías marginadas. Precisamente, el caso bajo análisis
involucra un grupo de personas que suele ser objeto de distintas suertes de discriminación  por […]
por la infección misma [VIH o SIDA] –con todos los temores que ella genera”. En efecto, "en un Estado social de derecho, en el que se ha de velar
por los derechos fundamentales de todas las personas, no existen instituciones
o funcionarios que se puedan sustraer al control de sus actos. Todo el aparato
estatal debe sujetar su actuación a la Constitución y propugnar la vigencia de los derechos
fundamentales de las personas y a los jueces se les ha asignado la
responsabilidad fundamental en la vigilancia del cumplimiento de esta
máxima"[2].
Cuarta.  Protección constitucional en el ámbito laboral a los
portadores de VIH/SIDA.
Las personas que
padecen de VIH/SIDA son indudablemente titulares de los derechos proclamados en
los textos internacionales de derechos humanos, así como de la totalidad de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Su
enfermedad los hace vulnerables a todo tipo de discriminación social, sexual,
económica y laboral, convirtiéndolos en una población propensa a ver vulnerada
su dignidad y sus derechos a la igualdad, intimidad,
salud, seguridad social y trabajo.
Por ello resulta
importante reconocer que la epidemia del virus de inmunodeficiencia humana
tiene en la actualidad una importante connotación en el ámbito laboral. No sólo
por el impacto social y económico que genera el hecho
de que la mayoría de las personas infectadas con este virus se encuentran en
edad productiva, amenazando el sostenimiento económico de los trabajadores y
sus familias, sino también porque el lugar de trabajo constituye una de las áreas fundamentales para evitar la propagación de la infección,
a través de la adopción de precauciones y medidas necesarias para garantizar un
ambiente sano y seguro.  Pero más importante aún, porque la formación ciudadana
contra la discriminación de las personas afectadas y en
favor del apoyo de esta población vulnerable, se lleva a cabo principalmente en
el ámbito laboral. Una actitud discriminatoria en el lugar de trabajo, además
de vulnerar los derechos fundamentales de las personas infectadas, anula o reduce los esfuerzos por promover la prevención de la
propagación de la epidemia y deteriora gravemente la situación del infectado.
Al dolor físico derivado de la enfermedad, se le agrega el sufrimiento moral
por la estigmatización social que apareja una
discriminación en el ámbito laboral, y en algunas ocasiones inclusive, también
una preocupación por las condiciones económicas derivadas de mayores gastos
médicos y menos oportunidades para ser laboralmente productivo. Por eso, la
observancia de los propósitos proteccionistas del
Estado Social de Derecho depende de poder asegurar la productividad económica y
el desarrollo personal de esta población, garantizando su ubicación laboral en
condiciones acordes con su estado de salud para que pueda acceder a los bienes y servicios básicos para su subsistencia y la de su
familia.
Así, el Decreto 1543 de 1997 "por el cual se reglamenta el
manejo de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome
de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las otras
Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)" señala, con el claro propósito
de evitar la discriminación de la población infectada por este virus, que a
estas personas, sus hijos y demás familiares no se les podrá negar "el acceso a cualquier actividad
laboral o su permanencia en la misma, (...) "[3]
De manera particular, este decreto hace referencia a la situación
laboral de los portadores del virus de inmunodeficiencia humana indicando que:
“Artículo 35. Situación laboral. Los
servidores públicos y trabajadores privados no están obligados a informar a sus
empleadores su condición de infectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH). En todo caso se garantizarán los derechos de los trabajadores de acuerdo con las disposiciones legales de carácter laboral
correspondientes.
Parágrafo 1º. Quienes decidan voluntariamente comunicar su estado de
infección a su empleador, éste deberá brindar las oportunidades y garantías
laborales de acuerdo a su capacidad para
reubicarles en caso de ser necesario, conservando su condición laboral.
Parágrafo 2º. El hecho de que una
persona esté infectada con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VlH) o haya
desarrollado alguna enfermedad asociada al Síndrome de inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), no será causal de
despido sin perjuicio de que conforme al vínculo laboral, se apliquen las
disposiciones respectivas relacionadas al reconocimiento de la pensión de
invalidez por pérdida de la capacidad laboral.” (subrayado
fura de texto)
Además de la
legislación existente, esta Corporación ha venido formando una línea
jurisprudencial en torno a la especial protección constitucional a la que se
encuentran sujetas las personas infectadas o portadoras del VIH/SIDA, especificando la manera como éstas deben ser reflejadas y
materializadas en el régimen laboral. La garantía constitucional de estabilidad
laboral y el alcance de los deberes de solidaridad a cargo del empleador  y del
Estado han sido conceptos particularmente desarrolladas
en los últimos años por la jurisprudencia constitucional, ante la creciente
demanda de protección por el fenómeno laboral que genera la propagación del
virus.
En sentencia
SU-256 de 1996 la Sala Plena de esta Corporación protegió los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la seguridad
social y la dignidad humana de un trabajador cuya única motivación para su
desvinculación fue precisamente el hecho de estar infectado por el virus de
inmunodeficiencia humana.  En dicha ocasión se dijo:
"Estima la Corte que si bien el trabajador inmerso en esta
situación puede ser desvinculado de su empleo y no existe para el empleador una
"obligación de preservarle a perpetuidad en su cargo", no puede ser
despedido precisamente por su condición de
infectado del virus, pues esta motivación implica una grave segregación social,
una especie de apartheid médico y un desconocimiento de la igualdad ciudadana y
del derecho a la no discriminación (Art. 13 C.P.). Con ello obviamente se
vulneran estos derechos fundamentales, así como
también el derecho a  la dignidad...." (SU-256
de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa)
Resulta
necesario advertir, sin embargo, que esta estabilidad reforzada reconocida a
las personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia
humana como consecuencia de considerarlas parte de una población en situación
de debilidad manifiesta, no es absoluta. En efecto, no hay lugar a considerar
amenazados o vulnerados los derechos fundamentales de la persona infectada si
se prueba que el empleador no tenía conocimiento de la
enfermedad del trabajador al terminar la relación laboral o que la motivación
que originó la desvinculación no guarda relación con su padecimiento sino con
otras circunstancias objetivas que legitiman el proceder
del empleador.
Ante el primer
evento, en la sentencia T-826 de 1999 la Corte concluyó que la inexistencia de
una prueba que demostrara el conocimiento del empleador del padecimiento de su
trabajador, desvirtuaba toda relación causal entre la enfermedad y la terminación del contrato de trabajo a término fijo que
hiciera constitucionalmente reprochable su determinación.
En relación con
la segunda circunstancia, en la sentencia T-066 de 2000 la Corte se abstuvo de
proteger los derechos fundamentales a la salud y a la
seguridad social de la actora portadora del virus de inmunodeficiencia humana,
toda vez que la empresa accionada demostró que la terminación del contrato de
trabajo a término indefinido tuvo como fundamento la actitud negativa y omisiva
de la actora en el desempeño de  sus labores.
En definitiva,
la Constitución, la legislación y la jurisprudencia, concientes de que el
status laboral de las personas portadoras del virus de inmunodeficiencia humana
se encuentra estrechamente ligado a su dignidad humana,
y a su posibilidad de ejercicio de otros derechos fundamentales tales como la
igualdad y la vida en conexidad con la salud y la seguridad social, buscan la
protección especial de esta población evitando su discriminación y promoviendo
la continuidad de su desempeño laboral en la medida en
que sus condiciones físicas lo permitan.
Quinta.
Análisis del caso concreto.
Improcedencia
de la acción de tutela cuando la desvinculación laboral no está relacionada con
la enfermedad que padece el trabajador
Debe esta Sala
establecer si la simple terminación del vínculo laboral de una persona
contagiada con el virus de inmunodeficiencia humana -VIH-, implica
necesariamente la violación de sus derechos
fundamentales, aun cuando no se haya probado que su desvinculación tuvo como
motivo el padecimiento de esa enfermedad.
Para resolver el
caso concreto, es necesario indicar, que en el presente caso no encuentra la
Corte demostrado que la terminación del vínculo laboral
del demandante haya tenido como causa su condición de enfermo de SIDA, aunque
el trabajador durante el proceso de tutela así lo haya asegurado de manera
insistente.
Efectivamente,
de las pruebas practicadas y obrantes en el expediente
(prueba documental y testimonial) no se infiere que el empleador hubiera tenido
conocimiento de la enfermedad, y mucho menos que la terminación del contrato
haya operado por dicha razón. Y cabe señalar que en el asunto bajo estudio,
dada la afirmación hecha por el demandante, a éste le
correspondía la carga de la prueba.
Si analizamos el
interrogatorio de parte rendido por el demandante[4],
del mismo no se deduce que se haya informado en forma clara y precisa al representante legal de la demandada  ni a ningún otro directivo
de esta, de los padecimientos sufridos por el actor; solo le efectuó un
comentario al margen, respecto del cual manifiesta que no sabe si captó o no lo
que él le quería decir.  Igualmente manifiesta que
cuando comenzaron los síntomas de la enfermedad, tampoco lo comentó con
alguien, ni siquiera con la familia y que si bien estuvo incapacitado, en las
incapacidades no se indicaba que lo era por causa de su enfermedad, sino que lo
era por “gastritis, anemia, falta de peso, falta de
apetito”. Afirma que sólo les dio a conocer de la enfermedad, cuando formuló la
queja ante el Ministerio de la Protección Social, con posterioridad al 5 de
Junio de 2004, cuando ya lo habían despedido.  Igualmente afirma que, cuando le pasaron el preaviso la empresa no tenía
conocimiento de que era portador del VIH/SIDA. Finalmente refiere que se
encuentra cotizando en forma personal a Famisanar, entidad que lo está
atendiendo.
Y si analizamos
los documentos –incapacidades-[5]
en los mismos no se observa que éstas se hayan otorgado en virtud de padecer,
el demandante, la enfermedad a la que nos hemos referido, sino que se indica
que es una enfermedad general y en el diagnóstico tampoco se hace referencia a la enfermedad en comento.
Para esta
Corporación, como lo ha indicado su Sala Plena[6],
lo que resulta reprochable desde el punto de vista constitucional no es el
despido en sí mismo -al que puede acudir todo patrono
siempre que lo haga en los términos y con los requisitos fijados por la ley-
sino la circunstancia -que debe ser probada- de que la terminación unilateral
del contrato por parte del patrono haya tenido origen precisamente en que el empleado esté afectado por el virus o padezca el
síndrome del que se trata.
En el presente
asunto, al no hallarse la relación causal entre el padecimiento del accionante
y la terminación del contrato de trabajo a término fijo, el juez constitucional se encuentra ante un asunto que no le compete resolver,
por cuanto de lo aportado al proceso no se deduce la violación de los derechos
fundamentales de aquél, en el sentido de que haya podido ser discriminado o
estigmatizado por el empleador.
En este orden de
ideas, al no establecerse la vulneración del derecho a la igualdad del
accionante, estima la Sala que se trata de una controversia ordinaria, y que
quienes están llamados a resolverla son los jueces laborales, en aplicación del
principio de subsidiariedad que rige el amparo
constitucional (art. 86 C.P.).
No obstante lo
anterior, respecto de la afirmación del demandante según la cual, algunas
empresas a las que se ha dirigido para solicitar empleo le han exigido la
prueba del VIH, esta Corporación considera importante
recordar que el trabajador, al iniciar la relación laboral y durante el
transcurso de la misma, no está obligado a expresar ni a divulgar el aludido
hecho, pues así lo ha establecido el ordenamiento jurídico, con el fin de evitar la discriminación y el aislamiento social de los enfermos.
En la
providencia citada SU-256 de 1996, la Corte expresó:
" Sería ilógico que a una persona
por padecer un mal, se le tratara de manera nociva para su integridad física,
moral o personal.
Así lo ha entendido nuestro legislador al proferir las leyes 09 de
1979 y 10 de 1990, cuyo decreto reglamentario 0559 de 1991 señala en su
artículo 22 la prohibición de exigir pruebas tendientes a determinar la
infección por el V.I.H. para acceder o
permanecer en una actividad laboral, en un claro propósito de evitar la
discriminación de las personas asintomáticas infectadas de este virus; y así
mismo, y con igual espíritu, en el artículo 35 establece que los trabajadores no están obligados a informar a sus empleadores su condición de
infectados por el virus".
Además, cabe
recordar que el artículo 35 del Decreto 1543 de 1997, "mediante el cual se reglamenta el manejo de la infección por el
virus de inmunodeficiencia humana (VIH),
síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y las otras enfermedades de
transmisión sexual (ETS)", dispone que los
trabajadores no están obligados a informar a sus empleadores su condición de
infectados por el VIH, y que no constituye causal de
despido el hecho de estar infectado por dicho virus o de haber desarrollado
alguna enfermedad asociada al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA),
sin perjuicio de que se reconozca la pensión de invalidez, de conformidad con
las normas laborales.
Finalmente es del caso anotar que la circunstancia
de que la jurisprudencia constitucional tienda a considerar que en casos como
el presente, al no haberse demostrado que la terminación del contrato se
produjo como consecuencia directa de la enfermedad padecida por el actor, éste no puede ser acreedor
de la protección especial, no significa que quede desprotegido de la prestación
de los servicios médico asistenciales, puesto que el régimen subsidiado en
salud está llamado a asumir las necesidades de atención de esta población cuando carezcan de los
ingresos económicos para afiliarse al régimen contributivo, máxime si tenemos
en cuenta que aún en el momento de la interposición de la tutela, se encontraba
cotizando al régimen contributivo en forma individual.
Por lo anterior,
esta Sala confirmará la decisión proferida por el juzgado Cincuenta y Cinco
Penal del Circuito de Bogotá.
III.
DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la
Constitución Política
RESUELVE:
PRIMERO:
CONFIRMAR la decisión proferida en segunda
instancia por el Juzgado Cincuenta y Cinco (55) Penal del Circuito de ésta
ciudad, el dos (2) de mayo de dos mil cinco (2005), en
la acción de tutela interpuesta por Jaime Morales Rodríguez contra la empresa
de seguridad privada Isvi Ltda..
SEGUNDO: Por Secretaría General de la
Corte, LÍBRESE la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Sentencia SU-256 de
1996; M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[2] Sentencia T-059 de
1999; M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[3] Decreto 1543 de
1997, artículo 39.
[4] Folios
54 a 57 del expediente.
[5] Folios
65 a 67  del expediente.
[6] Sentencia
SU-256 de 1996. MP. Vladimiro Naranjo Mesa.