T-115-07
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-115/07
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Alcance/ACCION
DE TUTELA TEMERARIA-Causales
JUEZ DE
TUTELA-Examen detallado del proceso para determinar
causales de improcedencia
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Inexistencia
para el caso
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Evolución jurisprudencial/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Causales genéricas de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Sentencia que privó a la madre de la administración de los bienes de
hijo menor
PARTICIPACION DE INCAPACES EN SOCIEDADES COMERCIALES
INCAPACIDAD DEL MENOR-Se suple por medio
de la representación
PATRIA POTESTAD-Naturaleza/PATRIA
POTESTAD-Suspensión
RESTRICCION A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL HIJO NO
EMANCIPADO-Tipificación de los elementos comunes de
la responsabilidad
PRIVACION, SUSPENSION Y RESTABLECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE LOS
BIENES DEL HIJO NO EMANCIPADO-Trámite por el
proceso verbal
Para la Corte
es claro, contrario a lo consignado por el juez de familia, que la privación de
la administración de los bienes de un menor de edad se adelanta a través de un
proceso verbal en el que, entre otros, es posible interponer el recurso de
apelación contra los autos y la sentencia, sin importar el sujeto que la proponga.
Ello por cuanto nuestro estatuto procesal civil se encargó de establecer dicho
procedimiento de manera especial, en razón a su naturaleza, diferenciándolo de
las demás controversias familiares. En definitiva, la Sala no encuentra
fundamento atendible que justifique que la privación de la administración de
bienes se adelante a través de un proceso verbal sumario en única instancia.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto procedimental
RESTRICCION A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL HIJO NO
EMANCIPADO-Razones por la que se presentó un defecto
procedimental
En el
presente caso se estructura un defecto procedimental absoluto por lo que tendrá
que revocar las decisiones de instancia y conceder el amparo de los derechos
fundamentales a partir de las siguientes razones: en primer lugar, hay que
reiterar que haber cuestionado la administración de los bienes a través de un
proceso verbal sumario de única instancia tiene la capacidad de desconocer la
Constitución porque ello restringió la posibilidad de interponer el recurso de
apelación contra los autos y la sentencia, en detrimento del artículo 31
superior.  Más aún, al haberse adoptado tal trámite se limitó el número de días
para dar contestación a la demanda, se adoptó un esquema que restringe la
oportunidad para alegar nulidades y se pasaron por alto los pasos para atender
las excepciones previas.
ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL MENOR-Subreglas
para prevenir, detectar, sancionar y remediar  los daños ocasionados en su
patrimonio
JUEZ-Deberá establecer los mecanismos
apropiados para defender al menor/JUEZ-Medidas de protección al menor o
sanciones que se impongan deben estar debidamente soportadas y justificadas
El juez deberá establecer cuáles son los mecanismos más apropiados para
defender al niño o niña, teniendo en cuenta que, conforme al artículo 299 del
Código Civil, la sanción consistente en privar la administración de los bienes
sólo es aplicable cuando se compruebe la existencia de culpa grave o dolo,
mientras que el resarcimiento opera cuando el detrimento sea ocasionado a
partir de la culpa leve imputable al gestor. En definitiva, como se observa,
ante la disminución del patrimonio del menor existen varias alternativas
diferentes e independientes para protegerlo.  Ellas van desde la acción
simplemente resarcitoria hasta la calificación criminal de la conducta. De
cualquier forma, las medidas de protección que se tomen a favor del menor o las
sanciones que se impongan a los padres, no deben obedecer al simple capricho del
juez o del defensor de familia, es decir, deben estar soportadas y justificadas
claramente dentro de cada una de las determinaciones que se tomen dentro del
proceso, ni pueden resultar desproporcionadas respecto del daño o perjuicio que
se haya ocasionado al menor. Finalmente, dichas medidas deben implantarse y
articularse en conjunto con las disposiciones sobre protección de socios
previstas en el Código de Comercio. Para esto es prioritario partir de la base
que la ejecución del contrato de sociedad puede lesionar el patrimonio del
menor.
Referencia: expediente T-1329139
Acción de tutela instaurada por Vanesa Cañón Artunduaga contra el
Juzgado Dieciséis (16) de Familia de Bogotá D.C.
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C.,
veintidós (22) de febrero de dos mil siete (2007).
La Sala Novena
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, JAIME ARAÚJO RENTERÍA y MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las
contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución y el
Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión de los fallos dictados por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, y la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por
Vanesa Cañón Artunduaga contra el Juzgado Dieciséis (16) de Familia de Bogotá.
I.       ANTECEDENTES.
Mediante escrito
presentado el día 06 de diciembre de 2005, la señora Vanesa Cañón Artunduaga,
solicita el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, dignidad
humana, intimidad, derechos de la familia y de los niños, presuntamente violados
por la autoridad demandada. Como sustento a la solicitud de amparo, invoca los
siguientes:
1.  Hechos:
Indica que el menor Antonio López Cañón, nacido el 15 de mayo de
2000, es hijo suyo y de Antonio José López Domínguez.
Señala que el 7 de julio de 2003 constituyó junto con su hijo, que
para ese evento fue representado por su padre, la sociedad comercial
“Inversiones Vaneto y Cía. S. en C.”, compuesta por un capital formado por
trescientas mil (300.000) cuotas, de las cuales ella aportó treinta mil
(30.000) y el menor doscientas setenta mil (270.000).
Resalta que a los pocos días, el padre del menor, en su condición de
socio gestor de la sociedad “Inversiones López Domínguez y Cía. S. en C.”,
vendió a “Inversiones Vaneto y Cía. S. en C.” un inmueble avaluado en
trescientos  millones de pesos ($300’000.000).
Explica que algunos meses más adelante, el señor López Domínguez
solicitó a la defensoría de familia el trámite de una medida de protección a
favor de los bienes de su hijo.
Advierte que como consecuencia de lo anterior, el juzgado 16 de
familia de Bogotá inició proceso verbal sumario de medida de protección de los
bienes del menor Antonio López Cañón en contra de su madre, partiendo del
supuesto “irreal” de que el niño había efectuado los aportes que dicen
constituir la sociedad “Inversiones Vaneto y Cía. S. en C.”.
Aduce que su hijo, el menor Antonio López Cañón, no tiene bienes
propios “sobre los cuales valga predicar su administración”.
Manifiesta que, sin embargo, en audiencia celebrada el 13 de mayo de
2005, el juzgado 16 de familia resolvió privarla de la administración de la
sociedad comercial “Inversiones Vaneto y Cía. S. en C.”, declarando -además- la
liquidación de dicha persona jurídica y ordenando el trámite incidental de la
extinción de los derechos de la patria potestad.
Considera que la decisión de la autoridad judicial accionada, tomada
en única instancia, vulnera sus derechos al debido proceso, a la dignidad y a
la intimidad y, por lo tanto, solicita se deje sin efectos tal providencia.
2.  Respuesta
de la autoridad judicial demandada.
Con motivo de la
admisión de la acción de tutela, el Juzgado 16 de Familia de Bogotá manifestó
que la accionante en otra oportunidad había instaurado el amparo con fundamento
en hechos similares. También adujo que la demandante no realizó oposición
alguna respecto de las actuaciones surtidas en el proceso, pese a haber sido
notificadas en debida forma.
3.  Respuesta
de los intervinientes
El señor Antonio
José López Domínguez, padre del menor, intervino en el proceso coadyuvando las
decisiones de la autoridad judicial demandada, para lo cual relacionó las
diferentes actuaciones judiciales y administrativas que ha adelantado la
accionante.  Para este efecto el interviniente precisó que contra el juzgado
primero de familia de Bogotá, ella interpuso una tutela en razón a la
regulación de visitas del menor López Cañón.  Además advirtió que contra
juzgado dieciséis de familia ya se había tramitado un amparo constitucional sobre
el “mismo asunto” que se discute en el caso sub judice, siendo
denegado en sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala
Familia, el 17 de agosto de 2005.
Más adelante
señaló que las actuaciones de la autoridad judicial demandada no pueden
censurarse con la existencia de una vía de hecho ya que la accionante tuvo a su
disposición todas las oportunidades para participar en el proceso y no existe
fundamento que sustente la vulneración de sus derechos a la dignidad o la
intimidad.
4.  Escritos
allegados durante el trámite de la revisión.
Finalmente,
durante el trámite de la revisión, demandante e interviniente presentaron
escritos en los que agregaron nuevos argumentos a la actuación.  La primera
relacionó las razones a partir de las cuales considera que las acciones de
tutela interpuestas difieren sustancialmente por lo que no hay lugar a concluir
la existencia de una conducta temeraria.  El segundo, por su parte, allegó
algunos documentos que contienen las diligencias adelantadas por la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca contra el
Juez Dieciséis de Familia de Bogotá y una petición elevada ante la
Superintendencia de Sociedades a propósito de la liquidación de la sociedad
“Inversiones Vaneto y Cia” S. en C..
II.
DECISIONES OBJETO DE REVISIÓN
Avocaron
conocimiento de la demanda la Sala Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá y, en segunda instancia, la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, quienes denegaron la protección de los derechos
invocados.
1.  Primera
instancia
El Tribunal
Superior consideró que la solicitud de amparo es improcedente pues la actora
había presentado con anterioridad una acción de tutela contra la misma
autoridad judicial.  Al respecto precisó lo siguiente: “(...) es evidente
que en este caso debe aplicarse la figura jurídica establecida en el artículo
38 del Decreto 2591 de 1991, teniendo en cuenta que ya esta Corporación en
sentencia del diecisiete (17) de agosto de dos mil cinco (2005), expuso
claramente la improcedencia de la tutela respecto de la sentencia con la que
culminó el proceso de privación de la administración de los bienes del hijo,
promovido por el señor Defensor Diecisiete (17) de Familia en contra de la hoy
demandante || Ahora, en el texto de la nueva demanda de tutela, la
accionante no justifica su proceder, ni siquiera  hace mención de haber
promovido con anterioridad otra solicitud de amparo constitucional, razón por
la que es preciso concluir entonces, que en este caso no existe acontecimiento
alguno sobreviniente, súbito, nuevo o excepcional que justifique la
presentación de esta nueva tutela”.
2.
Impugnación
A través de
apoderado judicial, la accionante consideró errada la negativa de proteger los
derechos fundamentales para lo cual subrayó que la tutela interpuesta con
anterioridad “no se trata de los mismos hechos, ni son los mismos derechos
fundamentales vulnerados, ni existe identidad entre las pretensiones que
entonces como ahora, se formulan”.  Más adelante concretó que en dicha
ocasión se alegaron “otras vías del hecho” derivadas del desconocimiento
de la transacción celebrada por los padres del menor, a partir de la cual se
acordó y decretó el final del proceso adelantado ante el juez de familia.
Concluyó que no existe identidad con los hechos que sustentaron la vulneración
del debido proceso en aquella oportunidad, ni con los derechos a la dignidad y
la intimidad invocados en el presente amparo, como consecuencia de la
publicación del fallo en el registro mercantil correspondiente a la sociedad.
3.  Segunda
instancia
La Corte Suprema
de Justicia confirmó la decisión de primera instancia pues comprobó que en el
presente caso se promovió otra acción de tutela por la accionante contra el
mismo funcionario judicial por “hechos relativos a la actuación surtida
dentro de proceso de protección a la administración de los bienes del menor
Antonio López Cañón, que si bien no son en su totalidad idénticos, si es dable
entender que los ahora alegados se hallan comprendidos dentro de la primera
actuación constitucional”.
III.
PRUEBAS
En el trámite de
la acción de tutela en comento obran las siguientes pruebas:
1.
Fotocopia del registro civil de nacimiento de
Antonio López Cañón (folio 2, cuaderno primera instancia).
2.
Fotocopia del escrito de 12 de abril de 2004,
dirigido por Antonio López Domínguez a la Defensoría de Familia del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (folios 3 a 7, cuaderno primera instancia).
3.
Fotocopia de la demanda de privación de la
administración de los bienes del menor Antonio López Cañón, formulada por el
Defensor de Familia Diecisiete del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
el 3 de junio de 2004, ante los jueces de familia (folios 8 a 18, cuaderno
primera instancia).
4.
Certificado de inscripción en el registro
mercantil de la sociedad “Inversiones Vaneto y Cía. S. en C.”, de la sentencia
proferida por el juez dieciséis de familia el 13 de agosto de 2005, expedido
por la Cámara de Comercio de Bogotá (folios 19 a 38, cuaderno primera
instancia).
5.
Fotocopia de la sentencia proferida por la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el treinta y uno de julio de
dos mil cuatro dentro de la acción de tutela promovida por Vanesa Cañón
Artunduaga contra el juzgado primero de familia de Bogotá (folios 78 a 88,
cuaderno primera instancia).
6.
Fotocopia de la sentencia proferida por la Sala
Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el
diecisiete de agosto de dos mil cinco, dentro de la acción de tutela instaurada
por Vanesa Cañón Artunduaga contra el juzgado dieciséis de familia (folios 89 a
100, cuaderno primera instancia).
7.
Fotocopia de la decisión inhibitoria proferida
por la Fiscalía 223, Unidad Segunda de Administración Pública y Justicia,
dentro de la investigación seguida contra Antonio José López Domínguez por el
delito de fraude a resolución judicial (folios 110 a 115, cuaderno primera
instancia).
8.
Fotocopia de la decisión tomada por la Comisaría
Segunda de Familia el once de septiembre de dos mil tres, en respuesta a la
solicitud elevada por el señor Antonio José López Domínguez (folios 116 y 117,
cuaderno primera instancia).
9.
Impresión informal -sin suscribir- del texto de
la acción de tutela interpuesta por Vanesa Cañón Artunduaga contra el juzgado
dieciséis de familia de Bogotá (folios 144 a 149, cuaderno primera instancia).
10.
Adicionalmente, se encuentra copia de expediente
del proceso de medida de protección remitido por el juzgado dieciséis de
familia de Bogotá D.C., compuesto por tres cuadernos de los cuales se resalta:
-
Fotocopia de la decisión adoptada por el juzgado
décimo de familia de Bogotá que refrenda la decisión adoptada por la Comisaría
Segunda de Familia de carácter policivo en protección del menor López Cañón
(folios 4 y 5, cuaderno principal medida de protección).
-
Fotocopia de la providencia proferida por el
juzgado primero de familia de Bogotá D.C., el veintiuno de abril de dos mil
cuatro, dentro del proceso 2003-0934, sobre la custodia y las visitas del menor
a favor de Vanesa Cañón Artunduaga (folios 6 y 7, cuaderno principal medida de
protección).
-
Fotocopia de escritura pública número 3302 de la
notaría dieciocho del círculo de Bogotá D.C., mediante la cual se constituyó la
sociedad “Inversiones Vaneto y Cía. S. en C.” (folios 9 a 17, cuaderno
principal medida de protección).
-
Fotocopia de la promesa de compraventa de un
lote y una casa en obra gris celebrada entre “Potosí La Pradera S.A.” y Vanesa
Cañón Artunduaga en su calidad de socia gestora de “Inversiones Vaneto y Cía S.
en C.”, el quince de julio de 2003 (folios 18 a 22, cuaderno principal medida
de protección).
-
Fotocopia de oficio de respuesta que la sociedad
“Potosí La Pradera S.A.” remitió al defensor diecisiete de familia de Bogotá
D.C. (folios 23 y 24, cuaderno principal medida de protección).
-
Fotocopia del certificado de existencia y
representación legal de la sociedad “Inversiones Vaneto y Cía S. en C.”,
expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 12 de abril y el 25 de octubre
de 2004 (folios 26 - 27 y 110 - 111, cuaderno principal medida de protección).
-
Fotocopia de la demanda presentada por el
defensor de familia ante los jueces de familia, el 03 de junio de 2004 (folios
30 a 40, cuaderno principal medida de protección).
-
Fotocopia de la notificación personal de la
señora Vanesa Cañón Artunduaga efectuada el veintiséis de julio de 2004 (folio
48, cuaderno principal medida de protección).
-
Fotocopia del acuerdo celebrado entre Vanesa
Cañón Artunduaga y Antonio José López Domínguez, el 02 de agosto de 2004,
presentado ante el juzgado dieciséis de familia de Bogotá (folios 57 y 58,
cuaderno principal medida de protección).
-
Fotocopia de la escritura pública de compraventa
de inmueble celebrada entre “Inversiones López Domínguez y Cía. S,. en C.” e
“Inversiones Vaneto y Cía, S. en C.”, el 22 de julio de 2003 (folios 59 a 82,
cuaderno principal medida de protección).
-
Fotocopia del contrato de promesa de compraventa
celebrado entre “Potosí La Pradera S.A.” e “Inversiones Vaneto y Cía, S. en C.”
el quince de julio de 2003 (folios 83 a 87, cuaderno principal medida de
protección).
-
Fotocopia de auto del 09 de agosto de 2004,
proferido por el juzgado 16 de familia de Bogotá, en el que se aprueba el
acuerdo celebrado entre Antonio José López Domínguez y Vanesa Cañón Artunduaga,
y se declara terminado el proceso (folios 88 a 91, cuaderno principal medida de
protección).
-
Fotocopia de la solicitud elevada por el
defensor dieciséis de familia al juez dieciséis de familia para que deje sin
efectos el auto “por el cual se aprobó la transacción presentada por ANTONIO
JOSÉ LÓPEZ DOMINGUEZ y VANESSA CAÑÓN ARTUNDUAGA” (folios 95 a 98, cuaderno
principal medida de protección).
-
Fotocopia del auto de 21 de octubre de 2004,
emitido por el juzgado 16 de Familia de Bogotá, en el que decide continuar con el
trámite de la medida de protección (folios 99 a 101, cuaderno principal medida
de protección).
-
Fotocopia de la declaración juramentada de
Vanesa Cañón Artunduaga rendida ante el juez dieciséis de familia el 18 de
marzo de 2005 (folios 270 y 271, cuaderno principal medida de protección).
-
Fotocopia de la declaración juramentada de
Antonio José López Domínguez rendida ante el juez dieciséis de familia el 18 de
marzo de 2005 (folios 272 y 273, cuaderno principal medida de protección).
-
Fotocopia del “certificado de matrimonio”
celebrado entre Antonio José López Domínguez y Vanessa Cañón Artunduaga el 04
de septiembre de 2004, expedido por el Oficial del Estado Civil de República
Dominicana (folio 274, cuaderno principal medida de protección).
-
Fotocopia de certificado expedido por el
representante legal de la sociedad “Potosí La Pradera S.A.” (folios 276 a 280 y
289, cuaderno principal medida de protección).
-
Fotocopia del acta correspondiente a la
audiencia de alegatos de conclusión, realizada dentro del proceso de medida de
protección, ante el juez dieciséis de familia de Bogotá D.C. (folios 291 a 293,
cuaderno principal medida de protección).
IV.  PRUEBAS
DECRETADAS POR LA SALA NOVENA DE REVISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A través de Auto
del veintitrés (23) de agosto esta Sala ordenó la práctica de unas pruebas que
llevaron a la recopilación de los siguientes documentos:
1.                Copia del expediente
correspondiente a la acción de tutela interpuesta en agosto de 2005, por Vanesa
Cañón Artunduaga contra el juzgado dieciséis de familia de Bogotá D.C..
2.      Copia de los expedientes correspondientes a
la medida de protección a prevención 564-04 y al “incidente” de pérdida de
derechos de patria potestad, remitidos por el juzgado dieciséis de familia.
3.                Copia de las diligencias
adelantadas por la Comisaría Segunda de Familia respecto del menor Antonio
López Cañón.
4.      Copia del proceso de custodia del menor
Antonio López Cañón adelantado por el juzgado primero de familia de esta ciudad.
V.      CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1.      Competencia
Es competente
esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para revisar los fallos
mencionados, de conformidad con lo establecido en los artículos 86, inciso
tercero, y 241 numeral noveno de la Constitución Política y en los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.      Presentación
del caso y planteamiento del problema jurídico.
Como
consecuencia del trámite de una medida de protección a favor de los bienes de
un menor de edad, un juez decidió privar de la administración de éstos a su
madre para radicarla de manera exclusiva en cabeza de su padre.  A partir de
esto la autoridad judicial decidió, entre otros, liquidar la sociedad comercial
en la que participaba el menor, iniciar un “incidente” para la extinción
de los derechos de patria potestad e inscribir la sentencia en el registro
mercantil y de nacimiento del infante.
En oposición a
tal decisión la progenitora interpone acción de tutela pues considera que la
medida de protección vulneró los derechos fundamentales a la dignidad y la
intimidad, toda vez que ordenó la inscripción de la sentencia en registros
disponibles al público, e incurrió en una vía de hecho ya que: (i) no
podía abarcar la sociedad comercial y tampoco tenía facultad para ordenar su
liquidación; (ii) desconoció que el menor no tiene bienes propios qué proteger;
(iii) y dispuso equivocadamente que se tramitara la extinción de la patria
potestad a través de un incidente.
Por su parte, la
autoridad judicial demandada así como el interviniente advirtieron que la
accionante había interpuesto con anterioridad otra acción de tutela compuesta
por las mismas partes y por idénticos hechos.  Además señalaron que dentro de
las oportunidades previstas en el proceso de medida de protección, ella no
utilizó los medios dispuestos para realizar la oposición.
Las instancias
judiciales que conocieron de la solicitud de amparo constitucional,
corroboraron que la actora había presentado una acción por hechos similares, es
decir, relativos al trámite de la medida de protección, y, por tanto,
concluyeron que la tutela resultaba improcedente en virtud del mandato
contenido en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.
Conforme a lo
anterior a la Sala le corresponde establecer si el presente caso reúne los
requisitos generales así como los criterios especiales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, es decir, se debe establecer
si la actuación judicial demandada incurrió en alguno de los “defectos”
establecidos por la jurisprudencia constitucional, a partir del cual se haga
necesaria la incursión del mecanismo de protección reforzada de los derechos
fundamentales.
Ahora bien, tal planteamiento exige, de manera preliminar,
establecer si con la presentación de la presente acción se incurrió en una de
las conductas prohibidas en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.  En punto
a este tema, se estudiarán y reiterarán los elementos que es obligatorio
identificar para poder derivar la existencia de la duplicidad de acciones de
tutela o una actuación temeraria.
Posteriormente,
sólo de llegarse a la conclusión de que la tutela es procedente, la Corte
estudiaría, previo a encarar el caso concreto y definir los mecanismos de protección
del patrimonio de un menor de edad, los criterios de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
3.  Asunto
previo: procedencia de la acción.  Presunta existencia de tutela anterior por
los mismos hechos.  Reiteración de jurisprudencia.
3.1.  En procura
de asegurar la integridad de la Carta, la Corte Constitucional ha comprendido
que el ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia está
supeditado al cumplimiento de determinadas cargas y deberes.  En particular,
poniendo de presente la obligación de “Colaborar para el buen funcionamiento
de la administración de justicia”, prevista en el artículo 95-7 Superior,
ha advertido que el derecho de acción está sometido a un conjunto de supuestos
que permiten asegurar la “moralización del proceso” y la transparencia
de las actuaciones que lo componen, garantizando así la “recta” decisión
de los conflictos sometidos a los jueces.
Así pues, como
consecuencia de tales exigencias, el legislador ha previsto y detallado para
cada escenario procesal el conjunto de actos contrarios a aquellas y ha
dispuesto los correctivos correspondientes.  No sobra advertir, antes de
proseguir, que de cualquier manera la imposición de los castigos a que haya
lugar debe estar precedida en todo caso de las garantías propias del debido
proceso sancionatorio[1].
Particularmente,
en lo que se refiere al uso inapropiado de la acción de tutela, el Decreto 2591
de 1991 define en su artículo 38[2], que la conducta
merecedora de castigo se concreta en la “duplicidad del ejercicio de la
acción de amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos
y con el mismo objeto”[3].
Adicionalmente,
no hay que pasar por alto que sobre este asunto la Corte Constitucional
consideró que la prohibición de presentar el mismo reclamo de protección de los
derechos fundamentales más de una vez, permite garantizar la efectividad y
agilidad de la administración de justicia.  En la sentencia C-054 de 1993[4]
explicó:
“Se estudia ahora por parte de esta Corporación la denominada
‘actuación temeraria’ por la presentación de varias tutelas por un mismo
hecho.  || Al cotejar las normas constitucionales con la norma acusada
se advierte ésta se adecua a aquellas. || (...) En efecto, esta
Corporación reitera aquí lo que ya ha establecido en Sala de Revisión de
Tutela, a propósito de la actuación temeraria, cuando sostuvo que con base en
los artículos 83, 95 y 209 de la Constitución, la actuación temeraria debe ser
controlada en aras de lograr la efectividad y agilidad en el funcionamiento del
Estado. En aquella oportunidad esta Corporación sostuvo que el abuso desmedido
e irracional del recurso judicial, para efectos de obtener múltiples
pronunciamientos a partir de un mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la
sociedad civil, porque de un 100% de la capacidad total de la administración de
justicia, un incremento en cualquier porcentaje, derivado de la repetición de
casos idénticos, necesariamente implica una pérdida directamente proporcional
en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto
de la sociedad civil”.
Así mismo, en la
sentencia C-155a de 1993[5] la Corte estimó que la
importancia del amparo constitucional requiere la definición de las
responsabilidades y sanciones derivadas de la utilización deshonesta o, en todo
caso, contraria al propósito del constituyente, a saber, dotar al ordenamiento
jurídico de un mecanismo apropiado para garantizar la vigencia inmediata de los
derechos fundamentales.  De la sentencia citada vale la pena recordar los
siguientes argumentos:
“En verdad, de lo que se trata en la disposición
acusada es de regular el derecho de tutela, y esto  comprende los aspectos
relacionados con los procedimientos previstos para su ejercicio y protección,
como es el de las sanciones que correspondan a las modalidades ilegitimas de su
ejercicio que, contrariando los principios y los postulados que se predican de
aquel, lo desnaturalizen y lo hagan producir efectos diversos de los queridos
por el Constituyente, en un desgaste innecesario y desleal, con el Derecho y
con la Justicia, mucho más cuando se trata de personas supuestamente
habilitadas por la educación profesional y técnica en el conocimiento y la  interpretación
del Derecho.
“En lo que se refiere al ejercicio de la citada
acción, es bien claro que aquel debe estar enderezado a lograr, si es del caso,
la concreta y especifica protección inmediata y efectiva del derecho
constitucional fundamental, pudiéndose poner en movimiento las competencias de
los jueces en cualquier tiempo y lugar; en consecuencia, el abogado que
se pone al frente para adelantar en dichas condiciones el procedimiento breve y
sumario que ordena la Carta, debe saber que se trata de una grave
responsabilidad, que no puede menos que asumir con especial transparencia y
honestidad, puesto que, desde cualquier punto de vista resulta claro que esta
expresión no significa que la acción se pueda interponer cuantas veces se
quiera, o que queda a discreción del abogado el promoverla a su antojo, en el
número de veces que estime más conveniente y en ultimas efectivo. A esta
reflexión no escapa ningún profesional del derecho que se encargue de la
defensa de los intereses ajenos de aquella índole por semejante vía y, por
tanto, debe estar en condiciones de recibir concientemente la eventual sanción
que le corresponde.
Conforme a tales
supuestos la Corte ha diferenciado las dos consecuencias que es posible
desprender de la prohibición contenida en el artículo 38 del Decreto 2591 de
1991.  La primera, que provoca como resultado la improcedencia del amparo y el
rechazo de las solicitudes de protección, se produce cuando se verifica la duplicidad
del ejercicio de la acción de amparo constitucional entre las mismas partes,
por los mismos hechos y con el mismo objeto.  La segunda, sujeta a la
existencia de la anterior y que origina la suspensión de la tarjeta profesional
de abogado y las demás sanciones a que haya lugar, se ocasiona cuando,
además de la repetición de acciones, se pruebe la existencia de temeridad y,
por tanto, se logre desvirtuar la buena fe del accionante a partir de su actuar
amañado, desleal, abusivo o que persiga engañar a la administración de
justicia.  Sobre el particular, en la sentencia SU-713 de 2006 la Corte
explicó:
“Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha considerado que
la actuación temeraria prevista en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991,
además de otorgarle al juez de instancia la facultad de rechazar o decidir
desfavorablemente “todas las solicitudes”, le habilita -en armonía con lo
previsto en los artículos 72 y 73 del Código de Procedimiento Civil[6]-,
para sancionar pecuniariamente a los responsables[7],
siempre que la presentación de más de una acción de amparo constitucional entre
las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto (i) envuelva una
actuación amañada, reservando para cada acción aquellos argumentos o pruebas
que convaliden sus pretensiones[8]; (ii)
denote el propósito desleal de “obtener la satisfacción del interés individual
a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que,
entre varias, pudiera resultar favorable”[9]; (iii)
deje al descubierto el "abuso del derecho porque deliberadamente y sin
tener razón, de mala fe se instaura la acción”[10]; o
finalmente (iv) se pretenda a través de personas inescrupulosas asaltar la
“buena fe de los administradores de justicia”[11]. Es
precisamente en la realización de estos comportamientos, en que -a juicio de
este Tribunal- se está en presencia de un actuar temerario.
“Por consiguiente, si bien
tiene el juez la obligación de rechazar las solicitudes de tutela cuando se
presenta duplicidad en el ejercicio de la acción de amparo constitucional,
también puede sancionar a quienes incurran en dicho actuar, siempre que su
comportamiento se funde en móviles o motivos manifiestamente contrarios a la
moralidad procesal, como lo son aquellos previamente relacionados y reconocidos
por esta Corporación.
“En estos términos, no sucede lo mismo y así lo ha advertido esta
Corporación, cuando a pesar de existir dicha duplicidad, el ejercicio
simultáneo de la acción de tutela se funda (i) en la ignorancia del accionante;
(ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho[12];
o (iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de
aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien lo procedente
es la declaratoria de “improcedencia” de las acciones de tutela indebidamente
interpuestas, la actuación no se considera “temeraria” y, por los mismo, no
conduce a la imposición de sanción alguna en contra del tutelante.”
Así pues, a
partir de las diferentes consecuencias que se pueden develar de la presentación
plural de una misma tutela, la Corte ha establecido que pueden  existir casos
en los cuales se concluya que una acción es improcedente sin que sea posible
deducir temeridad alguna[13].  Esto conlleva a que el
operador judicial tenga que definir cuidadosamente los hechos probados dentro
del expediente en orden a fundamentar y diferenciar, a partir de los mismos y
los requisitos de cada figura, uno u otro resultado.
Bajo este orden
de ideas, lo primero que la Sala debe señalar es que la jurisprudencia ha
establecido los requisitos que soportan y condicionan la improcedencia por
duplicidad de acciones y, por tanto, ha fijado el conjunto de condiciones a las
que se debe remitir el juez en orden a confirmar la existencia de la
infracción.  Cada una de ellas recalca la obligación de comprobar la completa
identidad entre los elementos de cada solicitud de amparo a partir de cuatro
pasos, y –además- de inspeccionar si existe un justificante relevante de dicho
actuar. La sentencia de unificación citada, indicó textualmente lo siguiente:
“8.  Para deducir que una misma demanda de tutela
se ha interpuesto varias veces, con infracción de la prohibición prevista en el
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es indispensable acreditar:
“(i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones
de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por
el mismo sujeto en su condición persona de natural, ya sea obrando a nombre
propio o a través de apoderado judicial, o por la misma persona jurídica a
través de cualquiera de sus representantes legales.
“(ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo,
que el ejercicio simultáneo o sucesivo de la acción se fundamente en unos
mismos hechos que le sirvan de causa.
“(iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas
busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo
derecho fundamental.
“(iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de
concurrir en un caso en concreto los tres (3) primeros elementos que
conducirían a rechazar la solicitud de tutela, el juez constitucional tiene la
obligación a través del desarrollo de un incidente dentro del mismo proceso
tutelar, de excluir la existencia de un argumento válido que permita convalidar
la duplicidad en el ejercicio del derecho de acción. Esta ha sido la posición
reiterada y uniforme de esta Corporación, a partir de la interpretación del
tenor literal de la parte inicial del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991,
conforme al cual: “Cuando sin motivo expresamente justificado la misma
acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemte todas a
solicitudes”[14].
“Esto ha
permitido entender el alcance del “juramento” previsto en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, el cual se limita a requerir del tutelante la
manifestación de no haber presentado respecto de los mismos hechos, entre las
mismas partes y con el mismo objeto otra acción de tutela, pues dicha
declaración no puede llegar al extremo de impedir que a partir de nuevos
fundamentos de hecho se justifique el ejercicio de la misma acción tutelar.”
Para terminar,
la Sala debe reiterar –como se dijo atrás- que el juez debe establecer a partir
de los hechos probados dentro del expediente la improcedencia de la solicitud,
es decir, se hace necesario que éste derive las coincidencias entre las
acciones -en cada una de las esferas relacionadas- a partir de instrumentos que
materialmente le permitan tal aseveración.  En otras palabras, para poder
desvirtuar la procedencia del amparo se hace obligatorio que el juez corrobore
la “triple identidad” entre las solicitudes, para lo cual se debe
remitir, por lo menos, a alguno de los instrumentos que constituyeron la
primera solicitud de amparo, para de esta manera hacer viable la comparación.
Al respecto en la sentencia T-919 de 2003, se estimó:
“Cuando en un
proceso aparezca como factible la declaración de improcedencia en virtud de una
posible identidad de partes, hechos y pretensiones, el juez tiene el deber de
verificar que tal posibilidad en efecto se configure en el caso concreto y
adicionalmente que no existe una causa razonable para hacer uso nuevamente de
la acción, en el caso de que efectivamente se presente la identidad”.
3.2.  Procedencia
de la acción en el presente caso.
Bajo los
anteriores supuestos, la Sala de Revisión pasa a establecer si en el presente
caso se puede comprobar la presentación de la misma acción en más de una
oportunidad, generándose así la causal de improcedencia invocada en las dos
instancias.  Para este efecto, valer la pena destacar, se procederá a hacer la
comparación minuciosa entre las solicitudes que fueron consideradas repetidas,
es decir, entre aquella que fuere presentada el 04 de agosto de 2005 (tutela
“A”) y la que se revisa en la presente decisión, presentada el 06 de diciembre
de 2005 (tutela “B”), a partir de los lineamientos previstos en la sentencia
SU-713 de 2006.
3.2.1.  Respecto
de la identidad de partes la Sala comprueba que en una y otra solicitud
las partes involucradas son las mismas.  Para el efecto basta con remitirse a
las solicitudes de amparo y a los autos en los que se asumió el conocimiento de
ellas, en donde se desprende lo siguiente:
TUTELA
“A”
TUTELA
“B”
Demandante:  Vanesa Cañón Artunduaga.
Demandado:  Juzgado Dieciséis de Familia de Bogotá D.C..
Intervinientes:  Antonio José López Dominguez y defensor adscrito al juzgado 16
de familia[15].
Demandante:
Vanesa Cañón Artunduaga.
Demandado: Juzgado Dieciséis de Familia de Bogotá D.C..
Intervinientes: Antonio José López Dominguez y defensora adscrita al juzgado 16
de familia[16].
3.2.2.  Por su
parte, en cuanto a la identidad de causa petendi la Sala destaca que las
dos solicitudes tienen el mismo origen: el proceso de medida de protección de
los bienes del menor.  Sin embargo, al respecto es necesario destacar que en la
tutela “A” la solicitud se fundamentó en la “vía de hecho” en la que
habría incurrido la autoridad judicial por desconocer “los efectos de cosa
juzgada material de la decisión del 09 de agosto de 2004” en la cual se
había establecido la terminación del proceso a partir de un acuerdo o
transacción previa a la que habrían llegado los padres del niño.  En efecto,
luego de argumentar que tanto las partes como los jueces tienen el deber de
acatar los fallos, la actora argumentó:
“Además, la conducta asumida por el juez, al fallar dos veces el
mismo asunto, desconociendo injusta y arbitrariamente la intangibilidad de su
primera decisión en firme, vulnera abiertamente los principios de la seguridad
jurídica y el del Non bis in ídem, expresión latina (...) que se utiliza
para impedir que una pretensión, resuelta mediante una decisión judicial contra
la cual no cabe recurso alguno, sea resuelta o presentada nuevamente incluso ante
el miso (sic) juez; esto es, que no puede resolverse dos veces sobre el
mismo asunto; principio que se relaciona estrechamente con el principio de la
‘cosa juzgada’, garantía constitucional fundamental recogida en el artículo 29
de la Constitución Política, cuando prohíbe (sic) al Estado juzgar a una
persona dos veces por el mismo hecho, y que en materia civil, cuando de
sentencia o decisión con los mismos alcances ejecutoriada se trata, para que se
configure legalmente se exige que la nueva resolución se refiera sobre el mismo
objeto, se funde en la misma causa que la anterior, y que exista identidad
jurídica de partes”.
Así mismo, dentro de la relación de hechos presente en tal
solicitud, se consideró lo siguiente:
“5°.  El
juzgado con providencia fechada 09 de agosto del año próximo pasado le imparte
aprobación al acuerdo motivando la providencia y cerrando la misma con un
resuelve de siete (7) numerales, el cual fue debidamente notificado y quedó con
ejecutoria material porque el ritual lo permite así y las partes en el numeral
PRIMERO de su acuerdo así lo solicitaron.  El Defensor de Familia con fecha 20
de agosto se notificó personalmente de dicha decisión, guardando silencio.
“El
numeral primero del RESUELVE dice:
‘...
PRIMERO.-  Aprobar la transacción que fuera presentada por los señores JOSE
ANTONIO LOPEZ DOMINGUEZ y VANESA CAÑON ARTUNDUAGA, padres del menor ANTONIO
LÓPEZ CAÑÓN, y coadyuvada por sus apoderados ...'’(fl. 90).
“6°.  El
juzgado así acogió el acuerdo TRANSACCIONAL tal como lo dice en el numeral
SEGUNDO de la misma decisión, con alcances de sentencia y terminación del
juicio.
“7°.  Muy
a pesar de ello y de que la señora VANESA CAÑON hubiere retirado a comienzos de
octubre de ese año los oficios de desembargo, del Defensor presenta solicitud
con fecha octubre 21 de 2004 donde nuevamente peticiona que se siga adelante
con la actuación de Protección a Prevención, como de medidas cautelares, y con
esa misma fecha el Juzgado 16 de Familia, pese a tener un fallo ejecutoriado
materialmente, intangible o inmodificable, prosigue la actuación y
adicionalmente pide medidas cautelares, constituyéndose en una auténtica VIA DE
HECHO, como de desconocimiento de las normas constitucionales y legales, ante
una situación de improcedibilidad de cualquier actuación por existir fallo de
fondo que terminaba el proceso”.
“8º.
Empero, el Juzgado 16 de Familia prosiguió la actuación y llegó nuevamente a
estadio procesal de fallo el día 26 del mes de abril de 2005 y 13 de mayo de
2005, terminando la labor en vía de hecho, con una decisión en contravía y
excluyente del fallo que ya existía dentro del mismo plenario sin tener en
cuenta la situación particular que se presentaba pese a que el abogado
representante de los intereses de la demandada lo dejó plasmado en sus alegatos
de que se estaba irrespetando un fallo con efectos de cosa Juzgada material, y
que no procedía un fallo nuevo en la misma actuación; que los errores
judiciales de ese talante no ataban ni al Juez ni a las partes y que era
procedente revocar y dejar solo en vigencia el fallo ya dictado en agosto 9 de
2004 (...)” (resalta la Sala).
Por su parte, en
la que hemos denominado como la tutela “B”, la actora relata cuáles fueron los
antecedentes a la constitución de la sociedad comercial y al inicio del trámite
de la medida de protección.  En seguida y a diferencia de la solicitud
“A”, señala cuáles serían los defectos que adolece la sentencia dictada en el
año 2005 que determinó privar la administración de los bienes del menor, sin
hacer referencia alguna al desconocimiento de la cosa juzgada material o del
acuerdo o transacción que habían suscrito los padres en agosto de 2004.
Veamos:
“7.   A instancia de la demanda que en atención al
escrito anterior formuló el Defensor 17 de Familia, en el Juzgado 16 de Familia
de Bogotá se abrió el proceso verbal sumario de ‘Medida de protección’ -a
prevención- de la administración de bienes del menor ANTONIO LÓPEZ CAÑON
-Radicado No. 564-04-, en contra de la madre del mismo VANESSA CAÑÓN
ARTUNDUAGA, partiendo de la consideración irreal de ser cierto y
pertenecerle al menor un ‘aporte’ de $270.000.000,oo a la constitución de la
sociedad INVERSIONES VANETO Y CIA. S. EN C., al extremo de asumir esa suma como
reflejada en los bienes propios de la sociedad: el apartamento 102, los garajes
11, 12 y 84 y el depósito 10 del Edificio Altos de Karon, ubicado en la
Diagonal 73 No. 1-85 en la ciudad;
“8.  A dicho proceso fue convocado también el señor
ANTONIO JOSÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ padre del menor ANTONIO LOPEZ CAÑON, quien
en su escrito de contestación a la demanda ‘coadyuvó’ las pretensiones
emprendidas contra la madre del menor, Señora VANESA CAÑON ARTUNDUAGA, no
obstante tener sentado que fue con recursos generados por ANTONIO JOSE LOPEZ
DOMINGUEZ, padre del menor y no por este, que se constituyó la sociedad
‘INVERSIONES VANETO Y CIA. S. EN C.’ a quien se prodigaron como ‘aporte’ en
‘dinero en efectivo’ -que en consecuencia, no lo hubo- de la suma de
$270’.000.000.oo;
“9.  Conforme esta visto, no existen bienes
propios del menor ANTONIO LÓPEZ CAÑÓN, sobre los que legítimamente valga
predicar su ‘administración’ por cuenta del mismo y en cabeza de su madre
VANESA CAÑÓN ARTUNDUAGA. Tampoco alguna donación sin el cumplimiento de los requisitos
de ley:
“        Insinuación judicial;
Aceptación formal; y
Pago del Impuesto correspondiente
“10.  En la audiencia de fallo del 13 de mayo de
2004 el (...) Juez 16 de Familia de Bogota resolvió, no obstante, privar
de la administración de la sociedad comercial ‘INVERSIONES VANETO Y CIA. S. EN
.C.’  a la Socia Gestora Señora VANESSA CAÑÓN ARTUNDUAGA y nombrar en delante
al señor ANTONIO JOSE LOPEZ DOMINGUEZ como ‘Liquidador’, dando por ‘disuelta’ y
‘En estado de liquidación ‘a dicha sociedad, a la vez que ordenó la apertura
incidental para la liquidación de ‘perjuicios’ y de ‘extinción’ de la potestad
parental de la señora VANESSA CAÑON ARTUNDUAGA sobre el menor hijo suyo,
ANTONIO LOPEZ CAÑON.
“11.  Las decisiones adoptadas por el (...)
Juez 16 de Familia de Bogotá mediante el fallo del 13 de mayo de 2004, violan
los derechos constitucionales fundamentales de la señora VANESSA CAÑÓN
ARTUNDUAGA al debido proceso, a la dignidad y a la intimidad;”.
3.2.3.
Adicional a lo expuesto, hay que anotar que el objeto de las solicitudes
también difiere sustancialmente aunque -otra vez- se efectúen pedimentos en
torno al trámite de la medida de protección de los bienes del menor López
Cañón.  En efecto, paralelo a las consideraciones presentes en cada demanda se
plantearon y requirieron diferentes órdenes y estrategias de protección de los
derechos fundamentales.  Así, en la tutela “A” se pidió textualmente lo
siguiente:
“Sírvanse Honorables Magistrados, proteger de manera definitiva
mis derechos fundamentales que considero han sido vulnerados y se encuentran
gravemente amenazados, conforme a los hechos narrados, en ejercicio de esta
acción constitucional, de tal manera que se dé aplicación real y material a los
principios fundamentales consagrados en los artículos 1,2 y 5 de la
Constitución Política; para lo cual solicito:
“1º.  Declarar la nulidad y la invalidez  del auto de fecha 21 de
octubre de 2004, por el cual el accionado, contrariando los principios de cosa
juzgada material y de la seguridad jurídica al encontrarse ya terminado el
proceso, dispuso continuar con las diligencias que motivan la presente acción
de tutela, así como la sentencia de única instancia proferida a continuación de
dicha actuación ilegal.
“2º.  Ordenarle al juez accionado, respeto por la ejecutoria y
firmeza del auto de fecha 9 de agosto de 2004, por el cual se acogió el acuerdo
de voluntades de las partes extremas del litigio y se terminó la actuación ya
referida.
“3º.  Advertir al JUZGADO DIECISEIS DE FAMILIA DE BOGOTA D.C.,
que es la entidad encargada de gestionar dentro del marco legal, lo pertinente
para evitar ir en contra de las decisiones de fondo que tiene efectos de cosa
juzgada material como es la sentencia de 9 de agosto de 2004, dictada por el
mismo despacho, que al no dársele cumplimiento en la consecución del imperio de
la ley, se está vulnerando la equidad, desconociendo los fundamentos que tuvo
la Constitución para plasmar los derechos fundamentales de sus gobernados y dar
a entender que las personas que acceden a derechos mediante sentencia que tiene
efectos de cosa juzgada dentro del marco de la legalidad, el debido proceso y
el derecho a la igualdad deben ser respetadas dichas decisiones lo que implica
una improseguibilidad (sic) de actuación que lleve a un fin de sentencia
diferente en notoria vía de hecho y error por ir en contra de la misma
Constitución y la ley”.
Por su parte y a
diferencia de la demanda anterior, en la tutela “B” se censura el fallo dictado
por el demandado el trece de mayo de 2005, para lo cual se detallan cada una de
las órdenes a partir de las cuales -según el demandante- tal decisión
incurriría en una vía de hecho judicial.  No se hace referencia alguna a la
vulneración del debido proceso por desconocimiento de la cosa juzgada ni se solicita
la invalidez del auto que dispuso continuar con las diligencias a pesar
de la transacción celebrada por los padres del menor.  Como se precisará más
adelante, los diferentes cargos esgrimidos en contra de la privación de
administración de los bienes del menor López Cañón van desde la reprobación
total de la sentencia hasta el rechazo particular de algunas de las
prescripciones que la componen.  En esta solicitud de amparo se requirió
textualmente lo siguiente:
“Se otorgue de inmediato y de manera definitiva a la Señora
VANESA CAÑÓN ARTUNDUAGA, el amparo de sus derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, a la dignidad y a la intimidad
por conexión los últimos con el derecho a la familia y los fundamentales
de los niños, que le han sido vulnerados a aquella (...) con las
decisiones producto de vía de hecho que como Juez 16 de Familia de
Bogotá tomó y por las órdenes que para el cumplimiento de las mismas impartió
en la audiencia de fallo llevada a cabo por su Despacho el día trece
(13) de mayo de 2.005 dentro del proceso verbal sumario de ‘Medida de
protección’ -a prevención- instaurado por la Defensoría 17 de Familia, en
relación con la administración de bienes del menor ANTONIO LÓPEZ CAÑON
-Radicado No. 564-04- y, en ese orden, ruego al H Consejo:
“Único. Declarar sin valor ni efectos la
sentencia de fecha trece (13) de mayo de 2.005 proferida por el (...)
-JUEZ 16 DE FAMILIA DE BOGOTA- dentro del proceso verbal sumario de ‘Medida de
protección’ -a prevención-, instaurada por la Defensoría 17 de Familia contra VANESA
CAÑÓN ARTUNDUAGA sobre la administración de bienes del menos ANTONIO LOPEZ
CAÑON -Radicado No. 564-04- y se cancelen las medidas que en
cumplimiento de dicho fallo aquel ordenó.” (resalta la demanda).
3.2.4.
Obsérvese que la causa petendi y el objeto de las solicitudes de
tutela “A” y “B” difieren valiosamente y, en consecuencia, no permiten la
aplicación de la causal de improcedencia prevista en el artículo 38 del decreto
2591 de 1991.  Cada acción fue presentada a partir de hechos y con objetos
diferentes que, aunque coinciden en la censura del mismo trámite judicial, no
permiten inferir la repetición o presentación del mismo amparo de los
derechos fundamentales y, por tanto, la existencia de una conducta contraria a
los propósitos de la acción de tutela.  De hecho, cada acción desaprueba una
providencia diferente y, en consecuencia, el problema jurídico inmerso en cada
caso, a partir del cual se debería determinar si procede o no la protección de
los derechos fundamentales invocados, plantea dilemas constitucionales
distintos: el primero o “A”, relativo a la vulneración del debido proceso por
desconocer la transacción y el auto que le dio fin al proceso, mientras que el
segundo o “B”, concerniente a las órdenes contenidas en la sentencia de la
medida de protección por vulnerar la dignidad, la intimidad, el debido proceso
y los derechos del menor.  Efectivamente, la sentencia de única instancia
dictada dentro de la tutela “A” consideró lo siguiente:
“Teniendo en cuenta las actuaciones adelantadas dentro del
proceso verbal sumario de Privación de la Administración de los bienes del
menor ante el Juzgado demandado, especialmente la sentencia proferida, fechada
trece (13) de mayo de dos mil cinco, se colige la improcedencia de la tutela,
toda vez que si bien es cierto el Juzgado 16 de Familia de esta ciudad a través
de proveído del 9 de agosto de 2004 aprobó la transacción suscrita por las
partes y sus apoderados (ver folios 87 a 90 del cuaderno de copias), también lo
es que mediante proveído del 21 de octubre de 2004 declaró sin valor ni efecto
dicha decisión argumentando para ello que tal como lo manifiesta el Defensor de
Familia el acuerdo no le fue puesto en conocimiento al mismo en calidad de
parte dentro de las actuaciones, sino que únicamente se le notificó del auto
que lo aprobó.
“La anterior decisión no tuvo reparo alguno por la parte
accionante, pues dentro del término de ley no interpuso los recursos a que
había lugar, ya que tal como lo consagra el inciso final del artículo 437 del
Código de Procedimiento Civil, si bien es cierto en esta clase de procesos no
es procedente proponer excepciones previas, los hechos que las configuren se
deben alegar a través de reposición.  Así mismo ha de precisarse que las
decisiones que se adoptan en esta clase de actuaciones por el carácter de las
mismas, no hacen tránsito a cosa juzgada material, razones suficientes para
reiterar la improcedencia de la presente acción, por lo cual se negará el
amparo constitucional solicitado (...)” (subraya la Sala).
Hay que resaltar
que a pesar de relacionar el conjunto de trámites producidos a través de la
medida de protección, dentro de los que se cuenta la sentencia del tres de mayo
de 2005, en aquel fallo de tutela no se aborda el análisis de las órdenes
consignadas en ella y, menos aún, alguna de las supuestas anomalías
relacionadas en la solicitud “B” sino que, siguiendo el derrotero fijado en la
solicitud de amparo, solamente se acometió el conocimiento de las providencias
de aprobación de la transacción y la que dejó sin valor y efecto tal acto, para
a continuación considerar que la tutela no procedía pues el primero no hizo
tránsito a cosa juzgada material y, además, la última de tales decisiones no
tuvo reparo alguno de parte de la accionante.
No obstante lo
expuesto, los jueces que en primera y segunda instancia conocieron de la
presente acción consideraron que el fin perseguido en las dos solicitudes era
el mismo aunque se hubiere presentado bajo “argumentos un poco disímiles”
o bajo hechos “que si bien no son en su totalidad idénticos, si es dable
entender que los ahora alegados se hallan comprendidos dentro de la primera
actuación constitucional”.  En particular, el a quo consignó, para
lo cual previamente advirtió que en la tutela “A” no se había mencionado
concretamente qué se pretendía, que la presente solicitud debía denegarse pues
perseguía lo mismo que la anterior: “el aniquilamiento de la sentencia
calendada el trece (13) de mayo de dos mil cinco (2005)”.
Pues bien, a
diferencia de los fallos que se revisan, esta Sala corrobora que en el presente
caso no es posible identificar la existencia de una solicitud repetida de
amparo de los derechos fundamentales y, por tanto, no es posible derivar alguna
de las sanciones previstas en el artículo 38 del decreto 2591 de 1991, es
decir, la improcedencia del amparo por haber interpuesto la misma acción
de tutela o las demás sanciones que se consideren necesarias para
castigar la conducta temeraria.  Al respecto es necesario reiterar que para que
el operador judicial pueda acreditar la trasgresión de la prohibición prevista
en la norma citada debe efectuar una comparación integral y material de las
solicitudes a partir de la cual logre demostrar la similitud entre las
acciones, que las diferencias son solamente formales o que, por el contrario,
existe un nuevo requerimiento de protección de los derechos fundamentales.  En
este caso, las instancias tan solo se limitaron a comprobar que la actora había
presentado una acción previamente en donde también requería la protección de
sus derechos fundamentales dentro del trámite de la medida de protección de los
bienes de su menor hijo.  Ninguna de las providencias atendió la obligación de
establecer la identidad existente entre las partes, la causa petendi y
el objeto de la tutela y, en consecuencia, ello llevó a que equivocadamente se
derivara la improcedencia de la presente acción.
Así las cosas,
establecido que la presente solicitud es procedente por no incurrir en ninguna
de las conductas prohibidas en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, la Sala
procederá a estudiar cada uno de los cargos presentados contra la medida de
protección de los bienes del menor para lo cual a continuación reiterará la
doctrina que ha definido los criterios de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales.
4.  Los
criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
Conforme al
mandato contenido en el artículo 86 de la Constitución, la Corte Constitucional
ha dispuesto una doctrina específica sobre las condiciones de procedibilidad de
la acción de tutela contra las providencias expedidas por las autoridades
judiciales.  En un comienzo, esta atribución tuvo fundamento en los artículos
11 y 40 del Decreto 2591 de 1991.  Sin embargo, dichas disposiciones fueron
declaradas inexequibles en la sentencia C-543 de 1992[17],
en la cual se consideró que valores como la seguridad jurídica y la cosa
juzgada son relevantes en nuestro sistema normativo y justifican la
intangibilidad de las decisiones judiciales.  No obstante lo anterior, en esa
misma providencia se advirtió que ciertos actos no gozan de esas cualidades y
que, por tanto, frente a actuaciones de hecho la acción de tutela sí
procede para proteger los derechos fundamentales; la Corte afirmó en ese
entonces:
“Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de
autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en
cuanto les corresponde la función  de administrar justicia y sus resoluciones
son obligatorias para los particulares y también para el Estado.  En esa
condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u
omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa
que proceda dicha acción contra sus providencias.  Así, por ejemplo, nada obsta
para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o
que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables
al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, (...).   En hipótesis como estas
no puede hablarse de atentado alguno contra  la seguridad jurídica de los
asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la
justicia”.
Así las cosas, a
partir de la sentencia T-079 de 1993[18], con base en una
decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en donde concedió una acción
de tutela contra una sentencia judicial y respetando la ratio decidendi
de la sentencia C-543 de 1993, paulatinamente se fueron definiendo el grupo de
requisitos y condiciones necesarias para que sea posible atender a través del
amparo constitucional la posible vulneración de derechos ocasionada por una
providencia judicial.  Bajo este derrotero la jurisprudencia ha detallado el
conjunto de defectos que tienen el poder de justificar la procedencia de la
acción para que se protejan los derechos fundamentales de quienes acuden al
Estado para que resuelva un conflicto a través de la administración de
justicia.
En efecto, la
Corte ha agrupado y sistematizado el enunciado dogmático “vía de hecho”,
previsto en cada una de las sentencias en donde se declaró que la tutela
era procedente frente a una actuación judicial anómala, y recientemente ha
ideado los criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales.  Éstos constituyen pautas que soportan una
plataforma teórica general de la acción de tutela contra actuaciones
jurisdiccionales y, por tanto, totalizan el trasfondo de las causas que pueden
generar la violación de la Constitución, por la vulneración de los derechos
fundamentales en la cotidianidad de las prácticas judiciales.
La nueva
enunciación de tal doctrina ha llevado, en últimas, a redefinir el concepto de vía
de hecho, declarado como el acto absolutamente caprichoso y arbitrario[19],
producto de la carencia de una fundamentación legal y con la suficiente
envergadura para concernir al juez constitucional.  En su lugar, con la
formulación de los criterios, se han sistematizado y racionalizado las
causales o defectos con base en un mismo origen: la penetración de la Constitución
y los derechos fundamentales en la rutina judicial.  Al respecto, en la
sentencia T-949 de 2003[20], la Sala Séptima de
Revisión explicó lo siguiente:
“Esta Corte en sentencias recientes ha redefinido dogmáticamente
el concepto de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Esta redefinición ha operado a partir del poder de irradiación del
principio de eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.) y de una
interpretación sistemática de diversas disposiciones de la Constitución (arts.
1, 2, 13, 86, 228 y 230 C.P.).
“En esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la
expresión “vía de hecho” por la de “causales genéricas de procedibilidad”. Lo
anterior ha sido inducido por la urgencia de una comprensión diferente del
procedimiento de tutela con tal de que permita "armonizar la necesidad de
proteger los intereses constitucionales que involucran la autonomía de la
actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan
desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de
proteger los derechos fundamentales que pueden verse afectados eventualmente
con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado (Sentencia T-462 de
2003)”.
Además, en la
sentencia T-1285 de 2005[21], esta Sala de Revisión
expuso cada uno de los criterios de procedibilidad de la siguiente
manera:
“La sistematización de los criterios o causales a partir de los
cuales es posible justificar el advenimiento de una tutela contra una decisión
judicial, ha generado que la Corte advierta dentro de ellos la obligación del
operador de respetar los precedentes y de guardar respeto y armonía entre su
discrecionalidad interpretativa y los derechos fundamentales previstos en la
Constitución[22].  En este
punto es necesario prevenir que la Corporación ha definido e identificado
dentro del ejercicio jurisdiccional, la obligación de argumentar
suficientemente cada una de sus decisiones y también de ponderar con claridad
los derechos fundamentales que se encuentren en disputa.  El principio de eficacia
de los derechos fundamentales y el valor normativo de la Constitución obligan
al juez a acatar, emplear e interpretar explícitamente las normas legales
aplicables a un caso concreto, pero también a justificar y ponderar las pugnas
que se llegaren a presentar frente a la Carta Política[23]
y los derechos fundamentales[24].
“Pues bien, conforme a los anteriores presupuestos y como
recapitulación de las diferentes decisiones adoptadas, la Corte ha identificado
y congregado a los criterios en seis apartados que ha definido de la siguiente
manera[25]:
i)
Defecto sustantivo, orgánico o
procedimental: La acción de tutela procede, cuando puede probarse que una
decisión judicial desconoce normas de rango legal, ya sea por aplicación
indebida, error grave en su interpretación, desconocimiento de sentencias con
efectos erga omnes, o cuando se actúa por fuera del procedimiento establecido[26].
ii)
Defecto fáctico:  Cuando en el curso de
un proceso se omite la practica o decreto de pruebas o estas no son valoradas
debidamente, con lo cual variaría drásticamente el sentido del fallo proferido[27].
iii)
Error inducido o por consecuencia: En la
cual, si bien el defecto no es atribuible al funcionario judicial, este actuó
equivocadamente como consecuencia de la actividad inconstitucional de un órgano
estatal generalmente vinculado a la estructura de la administración de justicia[28].
iv)
Decisión sin motivación:   Cuando la
autoridad judicial profiere su decisión sin sustento argumentativo o los
motivos para dictar la sentencia no son relevantes en el caso concreto, de
suerte que puede predicarse que la decisión no tiene fundamentos jurídicos o
fácticos[29].
v)
Desconocimiento del precedente:  En aquellos
casos en los cuales la autoridad judicial se aparta de los precedentes
jurisprudenciales, sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, de forma
tal que la decisión tomada variaría, si hubiera atendido a la jurisprudencia[30].
vi)
Vulneración directa de la Constitución:
Cuando una decisión judicial desconoce el contenido de los derechos
fundamentales de alguna de las partes, realiza interpretaciones
inconstitucionales o no utiliza la excepción de inconstitucionalidad ante
vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando haya sido presentada
solicitud expresa al respecto[31]”.
Adicionalmente,
en la sentencia C-590 de 2005[32] el pleno de la Corte
adoptó este esquema teórico y recopiló el desarrollo jurisprudencial sobre el
tema, ante lo cual concluyó que dicho conjunto de defectos hacen parte de los
requerimientos específicos de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales.  Agregó que también se deben tener en cuenta
unas condiciones de carácter general que suman y reafirman el
carácter excepcional del amparo en este tipo de eventos.  Los requisitos
generales de procedibilidad fueron definidos por la Corte de la siguiente
manera:
“23. En ese marco, los casos en que procede la acción de tutela
contra decisiones judiciales han sido desarrollados por la doctrina de esta
Corporación tanto en fallos de constitucionalidad, como en fallos de tutela.
Esta línea jurisprudencial, que se reafirma por la Corte en esta oportunidad,
ha sido objeto de detenidos desarrollos.  En virtud de ellos, la Corporación ha
entendido que la tutela sólo puede proceder si se cumplen ciertos y rigurosos
requisitos de procedibilidad.  Dentro de estos pueden distinguirse unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de
carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez
interpuesto.
“24.  Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[33].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
“b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y
extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[34].  De allí
que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser
así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de esta última.
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración[35].  De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún
años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
“d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[36].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
“e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible[37].  Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse
de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
“f. Que no se trate de sentencias de tutela[38].
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para
revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”
Conforme a los
anteriores lineamientos, en los cuales se definen los requisitos y los eventos
a partir de los cuales se puede evidenciar una decisión ilegítima de la
administración de justicia con graves repercusiones para los derechos
fundamentales y, por tanto, con trascendencia constitucional, se hace posible
el estudio, a través de la acción de tutela, de las diferentes providencias que
componen un proceso judicial.
Para terminar es
necesario insistir en que cada una de las condiciones antedichas conforman la
textura excepcional del amparo en estos eventos y tienen como principal
referente la inmutabilidad y el respeto que como regla general tienen las
providencias judiciales en el curso de los procedimientos ordinarios.  En estos
términos la obligación de realizar un análisis intenso sobre la procedibilidad
del amparo cuando se instaura contra una decisión judicial, constituye un pilar
razonable que permite armonizar en la base del razonamiento constitucional los
intereses superiores inherentes a la función jurisdiccional y a la protección
de los derechos fundamentales.
Pues bien, a
partir de tales condicionamientos la Sala pasará a estudiar cada uno de los
cargos presentados contra la sentencia proferida por el juzgado dieciséis de
familia dentro del proceso de medida de protección de los bienes del menor
López Cañón.
5.  Caso
concreto: los cargos presentados contra la sentencia dictada dentro del proceso
de privación de la administración de los bienes de un menor de edad.
5.1.  Como
consecuencia de la sentencia dictada dentro del trámite de una medida de
protección a favor de los bienes de un menor de edad en la que se privó de su
administración a la progenitora, ésta presenta acción de tutela en la que
conforme a diversos cargos, considera que se han vulnerado sus derechos
fundamentales al debido proceso, dignidad humana, intimidad, derechos de la
familia y de los niños.
Ahora bien, en
contra de tales censuras demandado e interviniente consideraron que el trámite
de la medida de protección se efectúo en debida forma y que la demandante no
utilizó los mecanismos de defensa previstos para ser utilizados dentro del
proceso.  En particular, éste informó que la demandante ha iniciado ante varias
instancias judiciales acciones que afectan a él y a su hijo, y concluyó lo
siguiente:
“Existen otras decisiones judiciales, surtidas ante los Jueces
Primero y Décimo de Familia, que han reconocido la situación de peligro físico
y moral a que ha sido expuesto mi hijo por la señora Vanesa Cañón Artunduaga,
por el cual se ha confiado la custodia del menor, que no transcribo en aras de
la brevedad.  Todas las acciones judiciales reseñadas revelan que la señora
accionante el único interés que ha tenido para con el menor es utilizarlo de
instrumento para lograr fines económicos, entre ellos apropiarse del patrimonio
que procuré constituirle con recursos propios.”
Adicionalmente,
respecto de las anomalías relacionadas en la solicitud de amparo, el
interviniente objetó la existencia de una vía de hecho bajo los siguientes
argumentos:
“2.1.1- Examinado el caso concreto al
amparo de la normatividad que regula la acción de tutela no puede afirmarse que
en el fallo del 13 de mayo del año en curso, (...) ni en la actuación
procesal surtida dentro de dicho proceso se hubiere incurrido en vía de hecho
alguna, lesiva de los derechos constitucionales denunciados por la accionante
(...) por cuanto, de un lado, la accionante en la presente acción de tutela,
dispuso de todas las oportunidades que le brindaba la ley procesal para actuar
en aquel proceso, muchas de las cuales fueron despreciadas, por la incuria y la
negligencia de la misma accionante; de otro lado, no hay en la narración de los
hechos constitutivos del presente amparo constitucional elemento alguno que
indique, que con aquella actuación y con el fallo correspondiente, se le
hubiese conculcado derecho constitucional fundamental relacionado con la
dignidad y la intimidad de la misma, como se puede establecer de una visión
global de dicho proceso y del correspondiente fallo”.
(...)
“2.4.2-  Ya se ha dicho que en virtud de la
autonomía que caracteriza al sistema judicial y al respeto que merece la
seguridad jurídica derivada de los fallos proferidos por los funcionarios
judiciales, las actuaciones judiciales de los jueces son inmodificables a
través de la tutela; sin embargo, se ha admitido, que de configurarse una vía
de hecho dentro de un proceso , cabría como excepción, la tutela contra
actuaciones judiciales; y como vía de hecho, de conformidad con el concepto
expresado por la doctrina constitucional, solo puede considerarse aquella
actuación arbitraria que el funcionario judicial desarrolla dentro de la
dirección y sustanciación de un proceso, pues ‘Las vías de hechos son aquellas
actuaciones de hecho, caracterizadas por el capricho del funcionario judicial,
por su falta de fundamento objetivo y por vulnerar los derechos fundamentales.
|| (...) en tales condiciones este ampro (sic) constitucional no
solamente es improcedente, sino francamente infundado, por cuanto nada hay en
el desarrollo del proceso verbal sumario referenciado, ni en el fallo con el
cual se clausuró dicha actuación y mediante el cual se privó a la accionante en
tutela de la administración de los bienes de su hijo, Antonio López Cañon, que
permita establecer que allí se consumó una vía de hecho lesiva de los derechos
y garantías constitucionales aquí denunciados por Vanesa Cañón Artunduaga”.
Por su parte,
como la Sala advirtió, los jueces de instancia no estudiaron los cargos
relacionados en la solicitud de amparo ya que la consideraron improcedente por
haberse presentado otra con anterioridad.  No obstante, el Tribunal de segunda
instancia agregó a dicho razonamiento que los reclamos solamente tienen
naturaleza patrimonial y que en este aspecto también coincidían con una de las
razones por las cuales se negó la protección de los derechos en el primer
amparo o tutela “A”.
5.2.  Pues bien,
conforme a los criterios generales y particulares de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala pasará a establecer la
viabilidad de los cargos presentados contra la sentencia que decidió privar la
administración de los bienes del menor López Cañón a su progenitora.
5.2.1.  Respecto
de los criterios generales de procedibilidad el interviniente pone de presente
que la actora no aprovechó todas las oportunidades previstas en el proceso para
hacer valer los derechos que considera vulnerados y, adicionalmente, los jueces
de cada instancia consideran que el reclamo no tiene relevancia constitucional
pues solamente busca proteger los intereses patrimoniales de la actora.
De frente al
primer reproche la Sala de Revisión verifica que dentro del proceso en el que
se privó de la administración de los bienes del menor a su madre, ésta se
notificó del auto que admitió la solicitud de confirmación o refrendación de la
medida de protección tomada por la Comisaría Segunda de Familia de carácter
Policivo el 26 de julio de 2004[39].  A continuación, el 02
de agosto de ese mismo año, y como consecuencia de lo anterior, ella otorgó
poder a un profesional del derecho para que la representara en dicho proceso y
para que celebrara una transacción con el padre del menor[40]
en la que se daba por terminado el trámite judicial[41].
Ahora bien, en el mes de octubre de 2004, el juzgado de familia dispuso que se
continuara con el proceso no obstante la transacción celebrada entre los
padres, y más adelante declaró que tal decisión había sido notificada a la
señora Cañón el quince de diciembre de tal anualidad[42].
Bajo estas condiciones, ésta otorgó poder a un nuevo abogado el 07 de diciembre[43]
y, como consecuencia, este último procedió a presentar escrito ante el juzgado
de familia solicitando que se cumpliera con la sentencia que dio por terminado
con el proceso[44] y, más adelante,
requirió la expedición de copias del expediente[45].
Además, cuando el juzgado así lo dispuso, la señora Cañón se presentó para
rendir declaración juramentada el 18 de marzo de 2005[46].
De la misma forma, cuando se efectuó la audiencia pública de alegatos de
conclusión su abogado se hizo presente y participó insistiendo en que el
proceso se había terminado producto de la transacción suscrita entre los padres
y declarando que no se probó la negligencia de su cliente en la administración
de los bienes objeto del proceso[47].  Finalmente, al momento
de proferirse el fallo, el apoderado de la señora Cañón también se pronunció en
contra de la decisión presentando recurso de apelación[48]
el cual no fue “concedido” por tratarse de un proceso de única instancia[49].
Bajo tales
condiciones, la Sala considera que debe desestimar el reparo formulado por el
interviniente pues encuentra que la solicitante de tutela sí adelantó las
gestiones necesarias para hacer valer sus derechos dentro del trámite judicial
de protección del menor que censuró y sancionó la administración de bienes de
su hijo.
Paralelo a lo
anterior en las instancias se indicó que la acción formulada por la actora
solamente tiene propósitos económicos y no encierra alguna importancia
constitucional.  Este Tribunal reconoce que de prosperar las diferentes
pretensiones formuladas se podría derivar un beneficio económico a favor de
quien interpone la tutela teniendo en cuenta que funge como socia gestora de la
sociedad en donde participa el menor.  Sin embargo, tal consecuencia no implica
per sé la inexistencia de la relevancia constitucional requerida para
que proceda el amparo contra la decisión judicial y tampoco excluye la
vulneración de los derechos fundamentales invocados.  Por el contrario, hay que
reconocer que el principal objetivo debatido dentro del presente caso y que
hace parte de la naturaleza del proceso de privación de la administración de
los bienes de un menor de edad, no se limita a enmendar o conservar el estatus
patrimonial de una de las partes sino que tiene implicaciones mucho más
profundas que remiten ineludiblemente a la conservación de la estructura
familiar y a la defensa de los derechos que una madre tiene sobre su hijo, es
decir, el dilema jurídico conlleva el análisis sobre el núcleo esencial del
principio consignado en el artículo 5º y los derechos previstos en los
artículos 42 y 44 de la Constitución Política.  Basta con remitirse a la parte
resolutiva de la decisión judicial que se censura en donde no solamente se
retiró a la gestora de la sociedad en comandita simple de la que participaba el
menor y se ordenó la liquidación de los perjuicios causados, sino que también
se decretó el inicio de un trámite de “extinción de los derechos de patria
potestad” en cabeza de la señora Cañón.  Así la cosas, contrario a lo
señalado en las instancias, esta Sala considera que el presente asunto reviste
de importancia constitucional pues no se limita a la protección cicatera de los
intereses económicos de una de las partes sino que tiene el poder de afectar y
restringir uno de los atributos de ejercicio parental y, por tanto, merece que
el juez de tutela le preste cuidadosa atención.
5.2.2.  Con base
en estos razonamientos, la Sala considera que la presente solicitud de amparo
cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales por lo que procederá a estudiar la sentencia en la
que se privó de la administración de los bienes de su hijo a la señora Cañón
Artunduaga, conforme al catálogo de defectos consignados en los criterios
específicos de procedibilidad antes señalados.  Para el efecto primero hará una
pequeña referencia a la jurisprudencia constitucional que la Corte ha
establecido a cerca de los mecanismos de protección de los incapaces y los
menores de edad en nuestra legislación civil y comercial, luego recordará cuál
es la naturaleza y el concepto de “patria potestad” y, posteriormente
definirá cuáles son los principales parámetros procesales y sustantivos que
acompañan el proceso de privación de la administración de bienes de un menor de
edad para, a partir de ellos, estudiar cuidadosamente si alguna de las
actuaciones proferida por el juez de familia vulnera los derechos fundamentales
de la madre y, sobre todo, del menor.
Previamente,
teniendo en cuenta el principio del interés superior del menor establecido en
el artículo 44 de la Constitución[50], es importante tener en
cuenta que cuando se efectúa el análisis de los requisitos específicos de
procedibilidad de la acción de tutela frente a una actuación judicial, lo
primero que se hace necesario establecer es si el proceso o trámite cumplió
íntegramente con las condiciones formales y sustanciales a partir de las cuales
se debatieron los derechos del menor, es decir, si se proporcionaron todas las
garantías previstas en el ordenamiento para definir la condición y los medios
de protección del niño o niña, para después comprender si cualquiera de las
medidas adoptadas a favor de éste se ajusta a los presupuestos
constitucionales.  Esto implica, por supuesto, que el juez de tutela maximice y
extienda esfuerzos en procura de definir si la administración de justicia, a
través del desarrollo de la instrucción apropiada, logró comprender la
existencia de una situación irregular que afecta al infante y, a partir de la
misma, alcanzó a establecer cuáles son las medidas apropiadas para
salvaguardara sus intereses.  De cualquier forma, el trámite de un amparo en
contra de una decisión judicial, en la cual se encuentre en entredicho el
bienestar personal o material de un menor, no puede emprender la tarea de
establecer la existencia de unos defectos en la actuación sin antes determinar
si el procedimiento emprendido asegura que los intereses del menor se hayan
debatido y tramitado debidamente y sin definir cuál sería el beneficio o el
perjuicio que recibiría el infante si se llegare a decretar la existencia de la
irregularidad[51].
5.2.2.1.  Pues
bien, a propósito de la participación de incapaces en las sociedades
comerciales, la Corte, en reciente jurisprudencia, tuvo la oportunidad de
definir los parámetros de protección de estos sujetos cuando examinó la
constitucionalidad de un aparte del artículo 103 del Código de Comercio[52].
En esa oportunidad, en la sentencia C-716 de 2006[53],
estudió las condiciones bajo las cuales participa un incapaz en la composición
de una persona jurídica y, específicamente, exaltó las condiciones de salvaguardia
de su patrimonio, sobre todo en lo relacionado con el aporte de derechos reales
correspondientes a bienes inmuebles.  Para este efecto, tal providencia
concretó cuáles son las razones o fundamentos que justifican el cuidado y
resguardo especial en cabeza de niños y niñas, en los siguientes términos:
“3.1.1.3 Todo este tejido normativo dedicado a reforzar los
derechos de los menores obedece a tres razones que también han sido señaladas
por la jurisprudencia, que al respecto ha dicho que el otorgamiento de este
status especialísimo toma en consideración: (i) “las necesidades específicas de
protección derivadas de su falta de madurez física y mental - debilidad - y la
trascendencia de promover decididamente su crecimiento, bienestar y pleno desarrollo
de su personalidad”[54]; (ii) que
los menores están impedidos para participar, en igualdad de condiciones, en la
adopción de las políticas públicas que les resultan aplicables[55];
(iii) que el constituyente quiso que las personas, desde la infancia, tuvieran
acceso a un orden basado en los valores de la libertad, la igualdad, la
tolerancia y la solidaridad[56];[57]”
A continuación la Corte pasó a detectar los diferentes mecanismos de
protección de los menores de edad en la legislación civil y comercial, y halló
en el régimen legal de incapacidad de ejercicio, consagrado en el artículo 1504
del Código Civil[58], una de las principales
medidas adoptadas en este sentido, teniendo en cuenta la prevalencia de sus
derechos.  A partir de este aserto, valiéndose de algunas nociones consignadas
en la sentencia C-534 de 2005[59], destacó que con el
objetivo de resguardar a estos sujetos la ley ha previsto que es necesario “acudir
a un representante legal que sustituya parcial o complemente la facultad
reflexiva o racional que, en el caso de los y las menores de edad, está en
etapa de formación y afianzamiento”.  Y más adelante agregó: “Así, para
esta Corporación es claro que la declaratoria de incapacidad legal es la alarma
que la legislación emite para manifestar una desigualdad en los presupuestos
volitivos y reflexivos de ciertos sujetos que van a desarrollar actividades
comerciales, o que por lo menos tienen la expectativa de hacerlo. No obstante,
la regulación jurídica de estas actividades va más allá. Por un lado, estipula
modalidades de representación (tutelas y curatelas) que ejercen guardadores
(tutores y curadores), en favor de los y las menores para hacer valer sus
intereses. Luego, se trata de una seguridad patrimonial de su actividad
negocial.  Por ello, en tanto el interés de la legislación civil es la
protección del patrimonio de los y las menores, les otorga también una cierta
capacidad de ejercicio jurídica, precisamente cuando no se compromete su
patrimonio o no se hace en forma grave, como por ejemplo lo contemplado en los
artículos 529 y 2154 del C.C[60].”
Así las cosas,
teniendo en cuenta que las restricciones impuestas a la capacidad de ejercicio
de los menores de edad constituyen uno de los mecanismos a través de los cuales
se protegen sus intereses y se garantiza la prevalencia de sus derechos y que
tales limitaciones tienen origen en la desigualdad material que deben afrontar
éstos en el hipotético desarrollo de una actividad comercial, se ha dispuesto,
como consecuencia, que a través de un representante[61],
que custodie sus intereses, puedan desenvolverse válidamente compensando la
incapacidad y haciendo viable, siempre que se cumplan con ciertas condiciones
adicionales, la posibilidad de obligarse en un escenario mercantil[62].
En efecto, esta Sala debe resaltar que la existencia de la representación del
incapaz no es la única pauta de garantía de sus derechos y que, más bien,
existen varias previsiones legales que perfeccionan la salvaguardia y
refrendan, de acuerdo a la entidad de cada escenario económico, las maniobras a
las que se enfrenta el menor.  Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la
participación de éstos en las sociedades mercantiles, la sentencia C-716
citada, relacionó algunas de ellas de la siguiente manera:
“6.2.1 Clase
de sociedades en las que los incapaces pueden participar y la responsabilidad
que asumen con la asociación. Los incapaces, como lo dispone el mismo artículo
103 del Código de Comercio en la parte no acusada, no pueden ser socios de
sociedades colectivas[63] ni
gestores de sociedades en comandita. Es decir, solamente pueden asociarse en
sociedades anónimas, de responsabilidad limitada o como comanditarios en
sociedades en comandita. Esta prohibición, sin duda, mira a la protección suya,
al impedirles comprometer ilimitadamente su responsabilidad, que en virtud de
lo dispuesto por la norma sólo puede llegar hasta el límite de su aporte[64].
Así, puede decirse que aquí el legislador previó una primera medida de protección
para incapaces que actúen como socios en sociedades comerciales.
“6.2.2.
Circunstancias en que los incapaces se pueden asociar. En segundo lugar, los
incapaces sólo pueden intervenir como socios en sociedades comerciales por
intermedio de su representante legal o con su autorización, según se trate de
incapaces absolutos o relativos.  Así lo dispone también el mismo artículo 103
del Código de Comercio en la parte no demandada. Esta medida tiene así mismo
una finalidad protectora de los incapaces, pues como ha sido explicado por la
jurisprudencia, la representación legal no significa que se les considere seres
de menor valía, sino que se trata de una forma de reforzar la prevalencia de
sus derechos dispuesta por la Constitución[65]. Ahora
bien, en el caso de los menores, el artículo 102 del Código de Comercio
expresamente autoriza la sociedad entre padres e hijos, aunque unos y otros
sean los únicos asociados.
“6.2.3 La responsabilidad de los representantes legales de los
incapaces cuando autorizan la asociación o el aporte en sociedad de derechos
reales de sus representados. En tercer lugar, los representantes legales de los
incapaces deben observar ciertas reglas en garantía de sus representados, y
asumen concretas responsabilidades por sus actos en ejercicio de tal
representación. En efecto, en lo que concierne a los padres de familia, a
quienes la patria potestad les confiere la facultad de representar a su hijo,
de administrar su patrimonio y de gozar de los frutos que éste produce[66],
si bien la ley no les exige hacer inventario de los bienes que administran, si
les ordena llevar una descripción circunstanciada de dichos bienes desde que
comienza la administración[67]; en esta
administración de los bienes del hijo, son responsables por toda disminución o
deterioro que se deba a culpa aun leve, o a dolo;[68]
este grado de culpa  sin duda tiene como objeto que conserven el patrimonio del
hijo sin disminuirlo notoriamente. Por último, en lo relativo a la
responsabilidad de los padres por la administración de los bienes de sus hijos,
el Código Civil prescribe que “los actos o contratos que el hijo de familia
celebre fuera de su peculio profesional o industrial y que sean autorizados o
ratificados por quien ejerce la patria potestad, obligan directamente a quien
dio la autorización y subsidiariamente al hijo hasta la concurrencia del
beneficio que éste hubiere reportado de dichos negocios”.[69]
(...)
“Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 160 del
Código Civil, siempre que quien tenga la administración de los bienes de un
menor, en su condición de padre, tutor o curador, ponga en peligro los
intereses económicos puestos bajo su cuidado, el defensor de familia deberá
promover, en beneficio del menor, el proceso o procesos judiciales tendientes a
la privación de la administración de sus bienes, o la remoción del guardador[70],
en su caso, y los encaminados a obtener la reparación del perjuicio a que
hubiere lugar. El defensor de familia, en los eventos contemplados en el artículo
anterior, podrá solicitar al juez competente, mientras dura el proceso, la
suspensión provisional de las facultades de disposición y de administración de
los bienes del menor y el nombramiento de un administrador de los mismos con
sujeción a los requisitos legales. El juez también podrá decretar la suspensión
de oficio, en los casos en que lo considere conveniente.
(...)
6.3. La responsabilidad de los administradores de las sociedades en
que intervengan incapaces. La ley no contiene disposiciones especiales que
establezcan una responsabilidad particular para los administradores de las
sociedades por el hecho de que en ellas intervienen incapaces en calidad de
socios. Sin embargo sí prevé reglas generales a cerca de la manera en la que
deben conducir los negocios sociales, y la responsabilidad en que incurren por
el incumplimiento de estos deberes. En efecto, conforme lo disponen los
artículos 23 y siguientes de la Ley 222 de 1995, los administradores[71]
deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de
negocios; sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en
cuenta los intereses de sus asociados; en el cumplimiento de su función deberán
realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social,
velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias,
dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho
de inspección de todos ellos, abstenerse de participar por sí o por interpuesta
persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen
competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto
de intereses, salvo autorización expresa de la junta de socios o asamblea
general de accionistas, entre otras.[72]” (negrilla fuera de texto original).
A manera de
conclusión, obsérvese que la representación que ejerce, por mandato legal o
judicial, el padre, la madre, el curador o el tutor, constituye una de las
fórmulas a través de las cuales se suple la incapacidad del menor y se
garantiza el ejercicio y la prevalencia de sus derechos.  A su vez, frente al
ejercicio o las gestiones que se efectuaren sobre los bienes del niño o la niña
existe la posibilidad de asegurar sus resultados y el valor de sus bienes, por
lo menos a través de tres vías diferentes: (i) haciéndolo responsable de toda
disminución del patrimonio respecto de la cual se detecte la existencia de
culpa leve o dolo (arts. 298 y 481 C.C.); (ii) cesando la administración de los
bienes cuando la merma en el patrimonio se deba a culpa grave o dolo, teniendo
en cuenta que ésta se presume cuando los bienes disminuyan considerablemente o
se aumente el pasivo sin causa justificada (arts. 172, 299 y 627 ss C.C., y 160
del C. Menor) y (iii) promoviendo las investigaciones penales correspondientes
por malversación o dilapidación de bienes familiares o las demás a que
haya lugar (art. 236, Código Penal).
5.2.2.2.  Pues
bien, previo a referirnos a la segunda de las alternativas de control de los
actos efectuados por el administrador de bienes de un menor de edad, es
necesario detenernos y prestar especial atención a la naturaleza constitucional
de la patria potestad o la potestad parental[73]
prevista en los artículos 62, 288 y siguientes del Código Civil.  De acuerdo a
esta figura, que establece las pautas básicas que permiten el funcionamiento de
la célula familiar, los progenitores gozan de varios derechos que facilitan el
cumplimiento integral de los deberes que tienen para con sus hijos no
emancipados.  Dentro de ellos se destaca que padre y madre, por regla general,
se encargan de su representación y de la administración conjunta del patrimonio
del menor.  Entonces, además de ser una herramienta a través de la cual la ley
garantiza que la intervención de los menores en negocios civiles o comerciales
se efectúe en condiciones de igualdad, que proteja su patrimonio y asegure la
prevalencia de sus derechos, esta figura constituye un elemento material de las
relaciones familiares y un parámetro esencial a partir del cual se hacen
efectivos los derechos y las expectativas de los padres.
Tales
dimensiones de la potestad parental han sido reconocidas por este
Tribunal en varias decisiones.  Por ejemplo, el carácter instrumental de la
figura, regido de manera preponderante por el interés del niño o la niña, fue
reconocido en la sentencia C-997 de 2004[74] bajo los
siguientes términos:
“En el mismo sentido la Carta Política de 1991 impuso a varios
sujetos la obligación de asistir y proteger a los niños para garantizar su
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, señaló
como obligados a la familia, a la sociedad y al Estado.
“Este último a través de la legislación debe entonces establecer
medidas y mecanismos para que dichos fines puedan ser eficazmente cumplidos,
uno de esos instrumentos es la figura de la patria potestad.
(...)
“La patria potestad, mejor denominada potestad parental, tiene la
función especialísima de garantizar el cumplimiento de los deberes de los
padres mediante el ejercicio de determinados derechos sobre la persona de sus
hijos (permiso para salir del país, representación del menor, etc.) y sobre sus
bienes (usufructo legal y administración del patrimonio). El ejercicio de la
potestad parental tiene como finalidad el bienestar emocional y material de los
menores no emancipados. En consecuencia, el incumplimiento de los deberes de
los padres puede conducir a su pérdida o suspensión” (sentencia
T-531 de 1992, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz).
(...)
“Como se advierte, la patria potestad tiene como fundamento las
relaciones jurídicas de autoridad de los padres frente a los hijos no
emancipados que permiten a aquéllos el cumplimiento de los deberes que la
Constitución y la ley les impone, dentro de dichos poderes vale resaltar el de
representarlos en todos los actos jurídicos y, con algunas limitaciones el de
administrar y gozar del usufructo de los bienes que éstos posean.[75]
“No obstante, debe precisarse que los derechos que componen la
patria potestad no se han otorgado a los padres en provecho personal, sino en
el del interés superior del hijo menor, facultades que están subordinadas a
ciertas condiciones y tienen un fin determinado”.
(...)
“Así las cosas, la patria potestad es un elemento material en las
relaciones familiares en la medida que su ejercicio es garantía de la
integración del hijo menor al núcleo familiar el cual debe brindarle cuidado,
amor, educación, cultura y en general una completa protección contra los
eventuales riesgos para su integridad física y mental.
“Desde esta perspectiva, el derecho constitucional preferente que
le asiste a las niñas y niños, consistente en tener una familia y no ser
separados de ella, no radica en la subsistencia nominal o aparente de un grupo
humano (padres titulares de la patria potestad) sino que implica la integración
real del menor en un medio propicio para su desarrollo, que presupone la
presencia de estrechos vínculos de afecto y confianza y que exige relaciones
equilibradas y armónicas entre los padres y el pedagógico comportamiento de
éstos respecto de sus hijos.[76]”
Bajo tales condiciones, la sentencia en comento estudió las causales
de terminación de la potestad parental para lo cual reiteró que su
objetivo no es otro que la defensa del menor y, a continuación, previno que por
tratarse de la limitación o extinción de derechos en cabeza de los padres, cada
evento debe ser apreciado por el juez a partir de la ejecución de un trámite
judicial en el que se determine, con el lleno de todas garantías en cabeza del
menor demandante y del padre demandado, que este último no es apto para
satisfacer las necesidades del infante, es decir, que su conducta es
incompatible con los derechos del niño o niña y que irremediablemente no llena
todas las condiciones éticas, morales, familiares y de convivencia, que brinden
y aseguren el desarrollo pleno del menor[77].  De tal
providencia es imperativo destacar las siguientes consideraciones:
“Al respecto, considera la Sala que precisamente el principal
objetivo de la medida legislativa de terminación de la patria potestad, es
poner fin al ejercicio de los derechos que con fundamento en ella ejercen los
padres respecto de los hijos, en aras a garantizar la prevalencia de los
derechos que éstos tienen reconocidos constitucionalmente.
“En este sentido, la terminación de la patria potestad
independientemente de la causal que se invoque efectivamente tendrá como
consecuencia la separación jurídica de los hijos frente a sus padres en lo que
respecta a los derechos que éstos ejercen sobre ellos. Extinción de derechos que
se encuentra justificada en la medida que con esa determinación se protege al
menor de personas que no brindan las condiciones morales, éticas, sociales,
etc., para su desarrollo integral y que por el contrario con sus conductas
(acciones u omisiones) ponen en riesgo la correcta formación de las niñas y
niños en un ambiente de armonía y unidad.
(...)
“Nótese que la disposición acusada en manera alguna dispone la
pérdida de la patria potestad de pleno derecho, puesto que no es por el solo
hecho de la condena a pena privativa de la libertad superior a un año que
termina la patria potestad de los padres. El texto normativo en cuestión se
orienta a establecer uno de los motivos que pueden permitir a cualquier persona
e incluso al juez de familia iniciar un proceso declarativo a fin de establecer
si los padres que actúen como demandados brindan las condiciones éticas,
morales, familiares y de convivencia para el pleno desarrollo del hijo menor
que garantice plenamente la protección especial que éste requiere dadas sus
condiciones de vulnerabilidad e indefensión.
“Así, es el juez del proceso, en cada caso concreto, el que
determina a la luz del principio del interés superior del menor si resulta
benéfico o no para el hijo que la patria potestad que ejercen sus padres se dé
por terminada, pero ello, se insiste no opera de manera objetiva dado que esa
circunstancia haría injustificada la existencia de un proceso judicial con esa
finalidad. De esta manera, corresponde al juez en cada caso adoptar la mejor
decisión para los intereses del menor.
(...)
“En este sentido, la disposición acusada se ajusta a los mandatos
constitucionales contenidos en los artículos 5, 42 y 44 puesto que permiten que
un padre que ha realizado una conducta punible, sea privado de los derechos que
la ley otorga para el cumplimiento de los deberes que esa condición impone el
ordenamiento jurídico, siempre que esa decisión sea la que mejor corresponda a
los intereses del menor, debiendo el juez en cada caso, hacer la valoración
correspondiente; ello implica que la aplicación de la causal no es objetiva,
sino que por el contrario, como toda actuación tendiente a restringir
derechos deberá analizarse desde un punto de vista subjetivo y, en el caso de
los menores, a partir del principio constitucional del interés superior del
menor.” (Negrilla fuera de texto original).
Agregado a la imperiosa necesidad de determinar la responsabilidad
subjetiva cuando se pretenda suspender, limitar o extinguir cualquiera de los
derechos que la madre ostenta sobre sus hijos, hay que tener en cuenta,
cualquiera sea el trámite en el que se delibere y discuta la existencia de una
infracción cometida por ella en el desarrollo de sus deberes, que paralelo a la
obligación de proteger al menor existe el compromiso de mantener, hasta donde
sea posible, una estructura familiar en la que el niño o niña pueda disfrutar
de la figura materna y paterna[78].  A menos que sea
absolutamente necesario, o sea, a partir del estado comprobado de peligro o
abandono, el operador judicial o administrativo debe propender por la
permanencia del infante en el hogar y permitir que disfrute de la compañía de
sus dos progenitores, conforme al mandato contenido en los artículos 5°, 42 y
44 de la Carta[79].
La prevalencia de derechos y el interés superior del menor no
implican per sé que frente a cualquier irregularidad o infracción
parental sobrevenga la separación jurídica o material del niño o la niña de
cualquiera de sus padres.  Existen variedad de medidas intermedias que el
operador puede tomar para castigar al padre infractor y para asegurar que sus
actuaciones se acoplen al interés del menor[80].  La más
grave y extrema de todas ellas, tanto para la madre como pare el hijo, la
constituye la extinción o suspensión de cualquiera de las facultades parentales
o la patria potestad misma.  Por supuesto, cuando se investigan posibles
irregularidades en la conducta y gestiones de un padre respecto del hijo,
sobrevendrá un dilema y una tensión jurídica entre el derecho a tener una
familia y no ser separado de ella y las fórmulas de salvaguardia
aplicables; para dar solución a tal conflicto el operador judicial o
administrativo debe actuar con extrema cautela y prudencia, y sustentar
cuidadosamente cuál es la medida más apropiada para amparar los derechos del
niño o niña[81].  En cualquier caso, la
intervención de la sociedad y el Estado en defensa del menor no puede engendrar
un daño mayor de aquel que hubiere sido ocasionado por su padre o madre.
5.2.2.3.  Ahora
bien, como parte del conjunto de medidas que es posible adoptar en defensa del
patrimonio del menor de edad y que, a su vez, como principal consecuencia tiene
la limitación de una de las facultades de la potestad parental, se ha
previsto el trámite del proceso de privación, suspensión o restablecimiento
de la administración de los bienes del hijo no emancipado.
De entrada,
sobre el mismo es necesario detectar dos dimensiones constitucionalmente
relevantes que nos marcarán el derrotero, los objetivos y, sobre todo, las
exigencias y garantías a atender en este tipo de trámite judicial: (i) una, la
principal, protectora de los intereses patrimoniales del menor, que persigue la
declaración de ineptitud del representante y que tiene como principal
aplicación la posibilidad de decretar desde el comienzo del trámite judicial, a
manera de medida cautelar, la suspensión provisional de las facultades de
disposición y de administración”, aún de oficio[82];
(ii) otra sancionadora, que consiste en la limitación o restricción de las
potestades y deberes que el representante tiene sobre el niño o niña y que
conlleva a su remoción y substitución, la reparación del perjuicio a que
hubiere lugar[83] y el pago de la
indemnización correspondiente[84].
Así pues,
respecto de los padres, este proceso conlleva la censura y límite de una de las
principales facetas de las relaciones familiares y a la determinación de su
responsabilidad dentro de la actuación irregular.  Por tanto, en cualquier
caso, sin importar el correctivo que se pretenda aplicar, deberá existir plena
tipificación de cada uno de los componentes comunes de toda responsabilidad, es
decir, la culpa, el daño y un nexo causal entre éstos, con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio y, en todas sus partes, deberá estar
precedido por el íntegro respeto de las garantías del debido proceso
sancionatorio[85] y resarcitorio, sin que
ello signifique el traslado al proceso civil de las exigencias propias del
trámite penal.
Bajo tal
derrotero es importante identificar, previo a proseguir y a abordar los
diferentes cargos presentados contra la sentencia proferida por el juez
dieciséis de familia de Bogotá, que el trámite de la restricción a la
administración de los bienes encuentra dispersa su regulación en el Código
Civil, el Código del Menor[86] y en el Código de
Procedimiento Civil (CPC), estatutos éstos que definen los más importantes
ingredientes y parámetros del proceso, por ejemplo: (i) el tipo de
procedimiento y las garantías que se desprenden del mismo, (ii) los grados de
culpa a partir de los cuales se puede derivar la sanción y (iii) las diferentes
competencias que puede asumir el juez dentro de los diferentes escenarios
económicos en los que se puede ver involucrado el menor.  Esta situación, es
decir, que las disposiciones que rigen el proceso no se encuentren previstas en
un sólo estatuto legal, exige que el operador administrativo o judicial
despliegue el mayor cuidado posible para lograr, dentro de su labor
argumentativa, la articulación y equilibrio de todas las herramientas previstas
en ellos, sobre todo teniendo en cuenta que parte de esas normas fueron
proferidas con anterioridad al Código del Menor y la Convención sobre los
Derechos del Niño de 1989.
5.2.2.4.  Pues
bien, en lo que respecta al tipo de procedimiento a partir del cual se adelanta
esta medida de protección de los bienes de la niña o el niño no emancipado es
necesario indicar que de acuerdo al artículo 427-2 (parágrafo 1°) del Código de
Procedimiento Civil éste se desarrolla, sin importar su cuantía, mediante un
proceso verbal.  El texto pertinente de la norma citada es el siguiente:
“PROCESO
VERBAL DE MAYOR Y MENOR CUANTIA
“ARTÍCULO 427. ASUNTOS QUE COMPRENDE. (Artículo modificado por el artículo 1, numeral 231 del
Decreto 2282 de 1989) Se tramitarán en proceso verbal por el procedimiento
consagrado en este Capítulo, los siguientes asuntos:
“PARAGRAFO 1. EN CONSIDERACION A SU NATURALEZA:
(...)
“2.
Privación, suspensión y restablecimiento de la patria potestad o de la
administración de bienes del hijo y remoción del guardador.
Esto quiere
decir que los pasos y las garantías mínimas que preceden y sustentan la
eventual restricción de este atributo de la potestad parental se
encuentran previstas en los artículos 428 y siguientes de dicho estatuto y, en
especial, el artículo 446, en donde se consignan las pautas específicas a seguir
cuando éste se inicia de oficio.
No obstante lo
anterior el juez de familia, cuya providencia se censura a través del presente
amparo, determinó adelantar el proceso bajo las previsiones de un verbal
sumario y, a partir del mismo -como se verá, limitó grave e injustificadamente
las salvaguardias radicadas en cabeza de la madre y, en paralelo, adoptó
caprichosamente un mecanismo inapropiado para restringir el derecho del menor a
tener una familia y a no ser separado de ella.
Hay que tener en
cuenta, por ejemplo, que cuando el apoderado de ésta interpuso recurso de
apelación contra la sentencia que le privó de la administración de bienes de
su hijo[87], la autoridad judicial
demandada, en lugar de sopesar los perjuicios que podrían haberse ocasionado
con el restricción de la conducta parental a través de un trámite diferente al
previsto en la ley, se limitó a explicar lo siguiente:
“La presente medida fue solicitada por el Señor Defensor de
Familia en uso de las facultades que la ley le concede, medida en donde depreca
la privación de la administración de los  bienes del menor.  En el escrito
introductorio el proponente expuso como norma adjetiva el artículo 427 y el
Juzgado, en cumplimiento de claros mandatos, orientó la acción en audiencia que
cobró ejecutoria sin que se interpusiera recurso alguno.  (Folio 166 de este
cuaderno).  Así se dijo en aquella pretérita ocasión: ‘Se trata de una acción
que debe cursar por el procedimiento verbal sumario tal como lo ordena el
numeral 5° del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, en consideración
al promotor de la misma (Defensor de Familia).
“Es claro entonces que se hizo atinada diferenciación, pues otro
hubiese sido el procedimiento si esta acción hubiera tenido venero en uno de
los progenitores frente al otro, cual es el caso a que hace relación el numeral
2° del artículo 427 Ibídem.  Más, como quedó claramente expresado, el trámite
infundido, que es el correcto, fue el de un proceso verbal sumario, que, como
tal, es de única instancia.
“Pero no solo se ancla la determinación en la normativa antes
citada.  También debe resaltar lo dispuesto en el Decreto 2272 de 1989 en el
literal ‘d’ del artículo quinto que dice: ‘COMPETENCIA.  Los jueces de familia
conocen de conformidad con el procedimiento señalado en la ley, de los
siguientes asuntos: En única instancia: .... De la custodia, cuidado personal,
visitas y protección legal de menores.’ (subraya quien transcribe) De
suerte que sin asomo de duda nos encontramos ante una actuación judicial de las
que el legislador en su sabiduría privó de segunda instancia
“Por lo anterior, el Juzgado no concede (sic) el recurso
de apelación propuesto por improcedente”.
Nótese que la
referencia efectuada sobre el ámbito de acción del artículo 427-2 (parágrafo
1°) se restringe a una pequeña glosa en la que se limita el alcance de éste
porque la acción fue iniciada a petición del defensor de familia.  Ello
justificaría -de acuerdo al análisis de la autoridad judicial demandada- la
exclusión del proceso verbal y la imposición de un trámite más sucinto y con menores
garantías para desplegar el derecho de defensa (el proceso verbal sumario
previsto en los artículos 435 y siguientes del CPC[88]).
Téngase en cuenta, por ejemplo, que el término del traslado de la demanda es
menor en ésta que aquella[89], en el primer trámite sí
existe la posibilidad de proponer excepciones previas para que sean tramitadas
conforme al artículo 99 C.P.C., mientras que en el segundo no[90]
y, además, contra los autos y la sentencia que se dictan en el proceso verbal
existe la posibilidad de interponer el recurso de apelación, mientras que en el
trámite sumario no[91].
Las anteriores
diferencias entre los procesos verbal y el verbal sumario no son
superficiales.  Por ejemplo, en lo que respecta a la última de ellas, la
adopción de un trámite u otro implica la posibilidad de acceder o no a la
garantía de la segunda instancia prevista en el artículo 31 de la Constitución
y en el artículo 3° del CPC.  De esto se desprende, como consecuencia, la
imperiosa necesidad de diferenciar y justificar qué tipo de controversias se
seguirán por uno u otro trámite pues en caso de adoptar un litigio verbal a
través del procedimiento sumario de única instancia, se estarían desconociendo
salvaguardias que hacen parte del núcleo esencial del debido proceso.
Ahora bien, la
Sala no pasa por alto que cuando el defensor de familia presentó la demanda de
privación de la administración de bienes, precisó que las pautas adjetivas que
regían el mismo eran los artículos 427 y siguientes del Código de Procedimiento
Civil[92], es decir, que la
privación de bienes se debía adelantar a partir de un proceso verbal.  No
obstante, cuando ella se admitió, el juez omitió efectuar cualquier reflexión
sobre el particular y ordenó “enterar” a los padres del menor del inicio
del proceso y hacer un traslado por el término de cuatro días[93].
Sólo cuando se dispuso continuar con el trámite de la acción, más de seis meses
después, el juez precisó que el trámite a seguir estaba regido por el artículo
435 del CPC (proceso verbal sumario) debido a que el promotor de la misma era
el defensor de familia[94].  En esta última
oportunidad, vale la pena aclarar, tampoco se efectuó otra consideración sobre
la exclusión del trámite verbal.
Para la Corte es
claro[95], contrario a lo consignado
por el juez de familia, que la privación de la administración de los bienes de
un menor de edad se adelanta a través de un proceso verbal en el que, entre
otros, es posible interponer el recurso de apelación contra los autos y la
sentencia, sin importar el sujeto que la proponga.  Ello por cuanto nuestro
estatuto procesal civil se encargó de establecer dicho procedimiento de manera
especial, en razón a su naturaleza, diferenciándolo de las demás controversias
familiares.  En efecto, en el numeral 2° del parágrafo 1° del artículo 427 ejusdem
se dispone que todo procedimiento que se encamine a la privación, suspensión
o restablecimiento de la potestad parental o de la administración de los
bienes del hijo se debe efectuar por este trámite, mientras que las demás
controversias familiares, sin importar si son impulsadas por uno de los padres
o el defensor de familia, se rigen por el procedimiento sumario conforme al
numeral 5° del parágrafo 1° del artículo 435.  Obsérvese que en ninguna de las
dos normas el factor subjetivo por activa, es decir, el sujeto procesal que
interpone la acción, es relevante a la hora de definir el camino para limitar
los derechos del padre o la madre y para restringir el lazo familiar.  Más
bien, en integración de la dos disposiciones es necesario comprender que en la
primera se efectúa la regulación especial de dos fenómenos jurídicos
específicos (relacionados con la limitación de los atributos de la potestad
parental) mientras que en la segunda se establece una relación abierta y
residual de los demás debates que puedan surgir al interior de la familia entre
el padre, la madre o los hijos no emancipados, y la participación que sobre los
mismos (la norma precisa: “los litigios de igual naturaleza”) hace el
defensor de familia en representación de los niños y niñas.
En definitiva,
la Sala no encuentra fundamento atendible que justifique que la privación de la
administración de bienes se adelante a través de un proceso verbal sumario en
única instancia.  El juez de familia en el argumento de cierre de su sentencia
infirió que el literal “d” del artículo 5° del Decreto 2272 de 1989[96]
permite que tal litigio sea adelantado a través de tal trámite porque el mismo
hace referencia a la “la custodia y cuidado personal, visita y protección
legal de los menores”.  Sin embargo, tal planteamiento desconoce gravemente
que enseguida, en el mismo artículo, en el numeral 5º, se dispone que los
jueces de familia conocen en primera instancia de “la pérdida,
suspensión y rehabilitación de la patria potestad y de la administración de los
bienes de los hijos”.
Así pues,
teniendo en cuenta que en el proceso de restricción de los derechos de potestad
parental sobre la administración de bienes del hijo adelantado contra la actora
fueron desconocidas las formas propias del juicio, negándose con ello la
posibilidad de interponer el recurso de apelación contra los autos y la
sentencia, la Sala pasará a analizar si tal circunstancia puede ser encuadrada
dentro de uno de los defectos previstos en los criterios específicos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales (vid.
supra, argumento jurídico 4).
Conforme a la
clasificación contenida en la sentencia T-1285 -citada- la Sala advierte que la
anterior anomalía puede encajarse dentro de lo que la jurisprudencia ha
definido como defecto sustantivo (en tanto se desconocieron normas de rango
legal) y, específicamente, un defecto procedimental absoluto.  En
efecto, en la sentencia C-590 de 2005 se definió esta irregularidad de la
siguiente manera: “se origina cuando el juez actuó completamente al margen
del procedimiento establecido”.  A su vez, en la sentencia SU-159 de 2002[97]
la Corte precisó tal concepto bajo las siguientes previsiones:
“3.2.2. Respecto de la presunta existencia de una vía de hecho
sustentada en la constatación de un defecto procedimental, la Corte ha señalado
que, cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley
para dar trámite a determinadas cuestiones, está actuando “en forma arbitraria
y con fundamento en su sola voluntad”[98]. Así, por
vía de ejemplo, está viciado todo proceso en el que se pretermiten eventos o
etapas señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de todas las garantías
que se le reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo,
(i.) puedan ejercer el derecho a una defensa técnica[99],
que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado –en los
eventos en los que sea necesario -, ejercer el derecho de contradicción y
presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes para sustentar su
posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita su
participación en el mismo[100] y (iii.)
se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo
con la ley, deben serles notificadas[101]”.
Ahora bien,
agregado a la anterior regla judicial, la cual descansa en el carácter público
de las normas procesales y en la seguridad y confianza que guardan los
ciudadanos respecto del trámite que seguirán sus controversias dentro de la
administración de justicia, la Corte ha hecho énfasis en el carácter
trascendental de la anomalía en tres sentidos: (i) el primero, que el defecto
tenga la capacidad de vulnerar el orden constitucional; (ii) el segundo, que el
desconocimiento del procedimiento de un asunto tenga un efecto determinante en
la decisión o, mejor, que no se trate de un aspecto secundario del trámite que,
además, no afecta el derecho sustancial, y, por último, (iii) que las fallas en
el procedimiento no sean imputables al afectado[102].
Finalmente, a
manera de conclusión, es útil remitirnos a la definición de este defecto,
efectuada por la Sala Sexta de Revisión, en la sentencia T-289 de 2005[103]:
“En el ejercicio de la protección del debido proceso, armonizada con el
respeto a la autonomía judicial, la Corte considera que sólo se constituye una
vía de hecho por defecto procedimental cuando el juez ignora completamente el
procedimiento establecido, escoge arbitrariamente las normas procesales
aplicables en el caso concreto o hace caso omiso de los principios mínimos del
debido proceso contenidos en la Constitución, señalados, principalmente, en los
artículos 29 y 228 constitucionales.”
Esta Sala de Revisión encuentra que en el presente caso se
estructura un defecto procedimental absoluto por lo que tendrá que revocar las
decisiones de instancia y conceder el amparo de los derechos fundamentales a
partir de las siguientes razones: en primer lugar, hay que reiterar que haber
cuestionado la administración de los bienes a través de un proceso verbal
sumario de única instancia tiene la capacidad de desconocer la Constitución
porque ello restringió la posibilidad de interponer el recurso de apelación
contra los autos y la sentencia, en detrimento del artículo 31 superior.  Más
aún, al haberse adoptado tal trámite se limitó el número de días para dar
contestación a la demanda, se adoptó un esquema que restringe la oportunidad
para alegar nulidades[104] y se pasaron por alto
los pasos para atender las excepciones previas.  De hecho, la Sala encuentra
respecto de este último que una vez el juzgado decidió continuar con el trámite
del proceso, en la audiencia del diez (10) de febrero de dos mil cinco (2005),
no atendió por el procedimiento previsto en los artículos 99 y 429 del CPC, las
excepciones propuestas por el apoderado de la señora Cañón Artunduaga[105].
Así pues, dada la entidad de todas estas anomalías, teniendo en
cuenta que ninguna de ellas hace parte de un aspecto secundario, accidental o
accesorio del proceso que permite el cuestionamiento de la administración de
los bienes de un menor no emancipado y la limitación de los derechos que
conforman los lazos de la familia, la Sala confirma la presencia del defecto y
por ello dejará sin efectos la totalidad de las actuaciones viciadas por éste,
incluyendo la sentencia dictada dentro de la audiencia del trece (13) de mayo
de dos mil cinco (2005) y el auto de admisión del veintinueve (29) de junio de
dos mil cuatro (2004), proferidas dentro de la “medida de protección 564-04”
por el juzgado dieciséis de familia de Bogotá D.C., dejando intactas las
pruebas que se hubieren allegado con el pleno de garantías al proceso y la
demanda que fuere elevada por el defensor diecisiete de familia[106],
a la cual se le deberá dar trámite inmediato, teniendo en cuenta las siguientes
precisiones:
Si a partir de las diligencias presentes en el expediente se alienta
la necesidad de adelantar un trámite en el que se cuestionen las gestiones
efectuadas sobre los bienes del menor y se pretenda, adicional a la mera
reparación, la privación de su administración, se deberán atender
cuidadosamente cada uno de los pasos y garantías previstas para el proceso
verbal y además se deberán comprender todos los elementos de la responsabilidad
de manera que además de un daño se establezca un cierto grado de culpabilidad
(culpa grave) y un nexo causal entre ambos.
Ahora bien, de manera alguna los efectos de la presente decisión
pueden generar una situación de riesgo para el menor.  Por el contrario, aunque
la madre vuelva a ejercer sus potestades parentales, sus actuaciones pueden
quedar restringidas a las medidas cautelares que el juzgado considere necesario
decretar, v. gr. la suspensión provisional de las facultades de
disposición y administración conforme al artículo 161 del Código del Menor
o el embargo y secuestro de los bienes necesarios para conservar el patrimonio
del niño o niña, así como las acciones adicionales que se puedan iniciar en su
contra.
De cualquier forma, en el proceso que se deberá rehacer se brindarán
todas las garantías a la progenitora y allí se podrá establecer, con el
cumplimiento de cada una de las etapas previstas en la ley, cuál es la
infracción cometida por ella, qué grado de culpabilidad le es posible achacar
y, por consiguiente, qué consecuencias debe afrontar.  No obstante, los
beneficios del amparo no cobijan solamente los intereses de la madre.  Para la
Sala es importante reiterar a esta altura de la decisión que todas las
actuaciones adelantadas a favor de la protección del menor no deben desconocer
injustificadamente su derecho a tener una familia, lo mismo que a no ser
apartado de ella.  Esta premisa conlleva a que el operador judicial aplique
diligente y cuidadosamente las diferentes alternativas de resguardo sobre el
niño o niña bajo parámetros razonables, de acuerdo a las circunstancias de cada
caso, de tal manera que se identifiquen las medidas más apropiadas para
castigar al infractor y para proteger al menor, maximizando, hasta donde sea
posible, su vínculo con toda la familia.
Así pues, teniendo en cuenta que el trámite inadecuado de una medida
de protección tiene el poder de afectar los derechos del progenitor y, sobre
todo, el interés superior del niño o niña de manera simultánea, es deber del
operador administrativo o judicial, según el caso, comprender y, sobre todo,
equilibrar y ponderar el conjunto de medidas que puede aplicar en orden a
resguardar los intereses del menor de manera integral y atender rigurosamente
las vías jurisdiccionales para censurar y castigar razonablemente las conductas
contrarias a sus atributos.  En esta providencia, a propósito de la decisión
tomada en la sentencia C-716 de 2006 (supra, numeral 5.2.2.1), se relacionaron
algunas de las actuaciones que es posible adelantar para prevenir, detectar,
sancionar y remediar los daños ocasionados en el patrimonio de un menor, con
ocasión de la administración de sus bienes.  Ellas fueron agrupadas en siete
subreglas que es necesario reiterar en los siguientes términos:
Primera: Los menores de edad, teniendo en cuenta las
restricciones a su capacidad de ejercicio, solamente pueden asociarse en
sociedades anónimas, de responsabilidad limitada o como comanditarios en
sociedades en comandita, ya que en éstas tan solo comprometerán su
responsabilidad hasta el límite de su aporte.
Segunda:  Ellos solamente pueden intervenir en una
sociedad por intermedio de su representante legal.
Tercera:  Por regla general el representante legal
es responsable de las obligaciones que se desprendan de tal negocio conforme a
la regla contenida en el artículo 302 del Código Civil[107],
es decir, el progenitor que autorice la intervención del menor en un negocio,
se compromete al cumplimiento de las obligaciones que se desprendan del mismo.
En el presente caso -recordemos- quien brindó la autorización para la
constitución de la sociedad que generó el presunto detrimento en el patrimonio
del menor fueron los dos padres y no solamente la madre del menor[108];
por tanto, es necesario que las actuaciones y cuestionamientos elevados por la
defensoría y el juez incluyan también al progenitor para que evalúen y
determinen qué responsabilidades debe afrontar como consecuencia del menoscabo
patrimonial.
Cuarta:  Para garantizar que la administración de
los bienes del menor se efectúe de manera diligente, se ha previsto que
adicional a lo anterior, es decir, a la responsabilidad del representante como
consecuencia de la autorización para celebrar un negocio jurídico, éste
responda y resarza toda gestión que perjudique al niño o niña, en la cual se
detecte la existencia de una culpa leve, conforme a los artículos 63 y 298
C.C..
Quinta:  Si la gestión genera un daño o perjuicio al
infante, respecto del cual sea posible identificar la existencia de culpa
grave, se deben iniciar los procedimientos tendientes a la privación de
la administración de los bienes conforme al artículo 299 del C.C. y 160 y
siguientes del Código del Menor.
Sexta:  En caso tal que las actuaciones del gestor
comporten una gravedad que conlleven la malversación o dilapidación de
bienes, se deben iniciar las diligencias necesarias para la investigación del
hecho punible contenido en el artículo 236 del Código Penal.
Séptima:  Todas estas medidas deben integrarse y
articularse con las disposiciones previstas en el Código de Comercio para la
dirección de los negocios, el manejo de los bienes y la protección de los
socios.
Bajo este derrotero, el juez deberá establecer cuáles son los
mecanismos más apropiados para defender al niño o niña, teniendo en cuenta que,
conforme al artículo 299 del Código Civil, la sanción consistente en
privar la administración de los bienes sólo es aplicable cuando se
compruebe la existencia de culpa grave o dolo, mientras que el resarcimiento
opera cuando el detrimento sea ocasionado a partir de la culpa leve imputable
al gestor (artículo 298, ejusdem)[109].
En definitiva, como se observa, ante la disminución del patrimonio
del menor existen varias alternativas diferentes e independientes para
protegerlo.  Ellas van desde la acción simplemente resarcitoria hasta la
calificación criminal de la conducta.  Según cada caso, será necesario
diferenciar cada medida, de manera que, por ejemplo, no se impute la privación
de administración de bienes a partir de un acto que solamente comporta culpa
leve, o se establezca la pérdida-privación de derechos de patria potestad por
fuera de las previsiones del artículo 315 del Código Civil y del régimen del
parágrafo 1°, numeral 2, del artículo 427 del Código de Procedimiento Civil.
La Sala no puede pasar por alto que por algún tiempo el juzgado
demandado adelantó a través de un trámite incidental la pérdida de los derechos
de patria potestad en contra de la madre pero que, al final, el mismo fue
declarado nulo por el mismo.  Al respecto es necesario insistir en que todo
procedimiento que restrinja o limite los derechos del padre o la madre debe
atender las formas propias de cada juicio.  Para este evento, es decir, para
establecer si se reúnen los requisitos para declarar la pérdida de los derechos
de patria potestad, la única vía procedente es el proceso verbal
conforme al numeral 2 del parágrafo 1° del artículo 427 ejusdem.  La
finalidad de proteger los intereses de un menor no implica, de manera alguna,
la autorización para desconocer o marginar el derecho adjetivo sino que, por el
contrario, constituye una pauta que exige del operador judicial mayor cuidado,
mesura y diligencia.
De cualquier forma, las medidas de protección que se tomen a favor
del menor o las sanciones que se impongan a los padres, no deben obedecer al
simple capricho del juez o del defensor de familia, es decir, deben estar
soportadas y justificadas claramente dentro de cada una de las determinaciones
que se tomen dentro del proceso, ni pueden resultar desproporcionadas respecto
del daño o perjuicio que se haya ocasionado al menor.
Finalmente, dichas medidas deben implantarse y articularse en
conjunto con las disposiciones sobre protección de socios previstas en el
Código de Comercio.  Para esto es prioritario partir de la base que la
ejecución del contrato de sociedad puede lesionar el patrimonio del menor; así
lo reconoció este Tribunal en la sentencia C-716 citada: “Así pues, sin que
se trate de un contrato aleatorio entendido como aquel que está sujeto a una
contingencia incierta de ganancia o pérdida, el contrato de sociedad, en cuanto
conlleva el desarrollo de una empresa o actividad social que puede arrojar
utilidades o pérdidas, sí implica un riesgo para el incapaz que interviene como
socio, pues todos los asociados participan en los beneficios obtenidos, pero
también contribuyen en el insuceso de las pérdidas”.  En particular, bajo
este derrotero, será necesario atender el régimen de responsabilidad de los
administradores (art. 200), de socios gestores y comanditarios (art. 323) y las
funciones ejercidas por el revisor fiscal (arts. 207 y 211), sujeto este que, a
propósito, se negó reiteradamente a presentar los informes requeridos por el
juez dieciséis de familia y cuya incuria debe examinarse y evaluarse de manera
detenida, teniendo en cuenta que en el cumplimiento de sus obligaciones está
inmersa unas de las estrategias de protección del infante[110].
VI.  DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero.  Levantar la suspensión de términos establecida mediante Auto del
veintitrés de agosto de dos mil seis.
Segundo.
REVOCAR las sentencias de tutela proferidas por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, y la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, del 19 de diciembre de 2005
y del 20 de febrero de 2006 respectivamente, que decidieron negar la tutela del
derecho fundamental al debido proceso planteada contra las actuaciones
efectuadas por el Juzgado dieciséis de familia de Bogotá D.C..  En su lugar, CONCEDER
el amparo solicitado por la señora Vanesa Cañón Artunduaga en protección de su
derecho al debido proceso, así como el derecho de su hijo, Antonio López Cañón,
a tener una familia y a no ser separado de ella.
Tercero.  En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS las actuaciones
efectuadas dentro del proceso de privación de la administración de los bienes
del menor, adelantado contra la señora Cañón Artunduaga, “medida de
protección 564-04”, incluyendo la sentencia dictada dentro de la audiencia
del trece (13) de mayo de dos mil cinco (2005) y el auto de admisión del
veintinueve (29) de junio de dos mil cuatro (2004), proferidas por el juzgado
dieciséis de familia de Bogotá D.C., dejando incólumes las pruebas que fueron
aportadas con observancia de las garantías propias del debido proceso, como
también la demanda que fuere instaurada por el defensor diecisiete de familia.
Por tanto, debe entenderse que los derechos en cabeza de la señora Cañón
Artunduaga quedan en el estado en que se encontraban antes de iniciarse el
proceso de privación de administración de bienes y que, además, los registros ordenados
por ese despacho y la liquidación de la sociedad Inversiones Vaneto y Cía S. en
C deben cancelarse y revocarse, de manera tal que se restituya a ésta en la
administración de los bienes de su hijo.
Cuarto.  ORDENAR al juzgado
dieciséis de familia de Bogotá D.C. que dé trámite a la solicitud del defensor
diecisiete de familia dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente providencia, garantizando la observancia plena de
las formas propias del juicio y las garantías del debido proceso resarcitorio o
sancionatorio, según el caso, y que, de cualquier forma, si se pretendiere
privar la administración de bienes de un menor no emancipado, esto debe
adelantarse a través de un proceso verbal conforme al numeral 2, del parágrafo
1° del artículo 427 del Código de Procedimiento Civil, caso en el cual deberá
definir, al atender dicha pretensión, si en el presente caso es necesario
decretar medidas cautelares para resguardar el patrimonio del menor, teniendo en
cuenta, en primer lugar, el mandato previsto en el artículo 161 del Código del
Menor.
Quinto.  Por Secretaría, líbrese
la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
Ponente
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1]
Vid. sentencia T-678 de 2006, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, argumento
jurídico 4.2..
[2]
Sobre el particular esta norma dispone: “Cuando sin motivo expresamente
justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas la solicitudes.
“El abogado que
promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos
hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesionales, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar”.
[3]
Sentencia SU-713 de 2006, M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
[4]
M.P.: Alejandro Martínez Caballero.
[5]
M.P.: Fabio Morón Díaz.
[6]
Dispone el artículo 4° del Decreto 306 de 1992: “Para la interpretación de
las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto
2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento
Civil, en todo aquello que no sean contrarios a dicho decreto (...)”.
[7]
Sentencia T-443 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[8]
Sentencia T-149 de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[9]
Sentencia T-308 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[10]
Sentencia T-443 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[11]
Sentencia T-001 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[12]
Sentencia T-721 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[13]
Al respecto, en la sentencia T-919 de 2003 se explicó: “Sin embargo, la
Corte ha precisado que la simple configuración de improcedencia en razón de la
presentación de varias tutelas por los mismos hechos y derechos, no implica per
se temeridad, por lo cual el Constituyente ha señalado la importancia de la
valoración de  ésta última con el fin de no incurrir en sanciones injustas. En
este orden de ideas, partiendo de la base de que puede configurarse
improcedencia sin temeridad la Corte Señala que hay lugar a declarar la improcedencia
en aquellos casos en que se presenta más de una tutela con identidad  de
pretensiones, partes y hechos, lo cual implica una decisión desfavorable a las
pretensiones del actor.”
[14]
Subrayado por fuera del texto legal.
[15]
En Auto del cinco (05) de agosto de 2005, el Tribunal ordenó: “VINCÉLENSE
(sic) como terceros interesados al Defensor de Familia Dr. JORGE ALBERTO
PADILLA POLO, al señor ANTONIO JOSÉ LÓPEZ DOMINGUEZ (Diagonal 72 Nro. 2-30
Este, piso 12) y al Defensor adscrito al Juzgado 16 de Familia de esta ciudad,
para que si a bien tienen manifiesten lo que consideren pertinente”.
[16]
En Auto del siete (07) de diciembre de 2005, el Tribunal dispuso: “b.
Vincular a las presentes diligencias a la Defensora de Familia adscrita al
Juzgado 17 de Familia, así como al señor ANTONIO JOSÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ; (...)”.
[17]
M.P.: José Gregorio Hernández Galindo.
[18]
M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[19]
Vid. Corte Constitucional, sentencia T-008 de 1998.
[20]
M.P.: Eduardo Montealgre Lynett
[21]
M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
[22]
Sentencia T-1031 de 2001, argumento jurídico número 6 (cita original de la
jurisprudencia trascrita).
[23]
Al respecto, en la sentencia T-461 de 2003, M.P.: Eduardo Montealegre Lynett,
Sala Séptima de Revisión, en un caso en el que se estudió la tutela contra la
pérdida de investidura del señor Jose Jattin Safar, la Corte estimó los
siguiente: “(...) resulta claro que la tutela contra providencias judiciales
no procede por incurrir el funcionario en vía de hecho (en el sentido
administrativo del concepto), sino por violación de la Constitución. En
sentencia T-441 de 2003 la Corte recogió y sistematizó estos argumentos fijando
parámetros para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, que
respondieran a claros criterios constitucionales. Así, se indicó que la tutela
procede contra decisiones judiciales cuando se presenta violación directa o
indirecta de la Constitución. Es decir, frente a providencias judiciales
inconstitucionales.(...)”. (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[24]
Sobre el papel actual que juega el juez en un Estado Social de Derecho véanse
las sentencias C-037 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa;  C-366 de 2000 y
SU-846 de 2000 M.P. Alfredo Beltrán Sierra (cita original de la jurisprudencia
trascrita).
[25]
Véanse entre otras, sentencias T-441 de 2003, M.P.: Eduardo Montealegre Lynett;
T-200 y T-684 de 2004 y T-658 y T-939 de 2005 M.P.: Clara Inés Vargas Hernández
(cita original de la jurisprudencia trascrita)..
[26]
Sobre defecto sustantivo pueden consultarse las sentencias T-260/99, T-814/99,
T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, T-408/02, T-546/02, T-868/02,
T-901/02, entre otras (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[27]
Sobre defecto fáctico, pueden consultarse las siguientes sentencias: T-260/99,
T-488/99, T-814/99, T-408/02, T-550/02, T-054/03 (cita original de la
jurisprudencia trascrita).
[28]  Al respecto, las sentencias SU-014/01, T-407/01, T-759/01, T-1180/01,
T-349/02, T-852/02,  T-705/02 (cita original de la jurisprudencia
trascrita).
[29]
Sobre defecto sustantivo, pueden consultarse las sentencias: T-260/99,
T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, T-408/02, T-546/02,
T-868/02, T-901/02 (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[30]
En la sentencia T – 123 de 1995, esta Corporación señaló:  "Es
razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la aplicación de la ley,
que los jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse
de la línea jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero
siempre que justifiquen de manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de
lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A
través de los recursos que se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede
ventilarse este evento de infracción a la Constitución”. Sobre este tema,
también la sentencia T – 949 de 2003 (cita original de la jurisprudencia
trascrita).
[31]  Sentencias T – 522 de 2001 y T – 462 de 2003 (cita original de
la jurisprudencia trascrita).
[32]
M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
[33]  Sentencia 173/93.
[34]  Sentencia T-504/00.
[35]
Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05
[36] Sentencias T-008/98 y SU-159/2000
[37]
Sentencia T-658-98
[38]
Sentencias T-088-99 y SU-1219-01
[39]
Folios 42 y 48 del cuaderno correspondiente a la medida de
protección.
[40]
Folio 58 del cuaderno correspondiente a la medida de
protección.
[41]
Folios 57, 58 y 88 a 91 del cuaderno correspondiente a la
medida de protección.
[42]
Folio 153 del cuaderno correspondiente a la medida de
protección.
[43]
Folio 165 del cuaderno correspondiente a la medida de
protección.
[44]
Folios 166 y 167 del cuaderno correspondiente a la medida de
protección.
[45]
Folio 176 del cuaderno correspondiente a la medida de
protección.
[46]
Folios 270 y 271 del cuaderno correspondiente a la medida de
protección.
[47]
Folios 291 a 293 del cuaderno correspondiente a la medida de
protección.
[48]
Folios 295 a 308 del cuaderno correspondiente a la medida de
protección.
[49]
Folios 309 y 310 del cuaderno correspondiente a la medida de
protección.
[50]
Sobre el particular, en la sentencia T-408 de 1995 (M.P.: Eduardo Cifuentes
Muñoz) esta Corporación explicó: “La más especializada doctrina coincide en
señalar que el interés superior del menor, se caracteriza por ser: (1) real, en
cuanto se relaciona con las particulares necesidades del menor y con sus
especiales aptitudes físicas y sicológicas; (2) independiente del criterio
arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de
la voluntad o capricho de los padres, en tanto se trata de intereses jurídicamente
autónomos; (3) un concepto relacional, pues la garantía de su protección se
predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de
ponderación debe ser guiado por la protección de los derechos del menor; (4) la
garantía de un interés jurídico supremo consistente en el desarrollo integral y
sano de la personalidad del menor.”
[51]
En la sentencia T-1008 de 2002 (M.P.: Alvaro Tafur Galvis), en la revisión de
una acción en la cual se había menoscabado el derecho a la personalidad
jurídica de un menor de edad, se afirmó: “De manera que las disposiciones
del ordenamiento procesal civil que regulan los requisitos y trámites a los que
deben someterse las pretensiones y contradicciones encaminadas a defender los
derechos fundamentales de los menores, deberán ser interpretadas conforme a los
principios que informan sus derechos constitucionales, y los que apuntan a
crear condiciones que generen un real y efectiva solidaridad en defensa de sus
intereses y prerrogativas.”
[52]  “Artículo 103. (Modificado por la Ley 222 de 1995, artículo 2º).  CAPACIDAD DE
LOS SOCIOS.  Los incapaces no podrán ser socios de sociedades colectivas ni
gestores de sociedades en comandita.
“En los demás casos, podrán ser socios, siempre que actúen por
conducto de sus representantes o con su autorización, según el caso. Para el
aporte de derechos reales sobre inmuebles, bastará el cumplimiento de los
requisitos previstos en el artículo 111.”
[53]
M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[54]  Sentencia C-041 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz (cita original de la sentencia transcrita).
[55]  Sentencia SU-225 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz (cita original de la sentencia transcrita).
[56] Ibidem
[57]  Sobre las razones de la especial protección a los
menores, véase también la Sentencia C-507 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa (cita original de la sentencia transcrita).
[58]
Código Civil. Artículo 1504. Modificado por el Dto 2820/74, artículo 60:
“Son
absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y sordomudos, que no pueden
darse a entender (por escrito).
Sus actos
no  producen ni aun obligaciones naturales, y no admiten caución.
Son también
incapaces los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad y los
disipadores que se hallen bajo interdicción. Pero la incapacidad de estas
personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas
circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes.
Además de
estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibición que
la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos.” (La
expresión entre paréntesis fue declarada inexequible mediante Sentencia C-983
de  2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[59]  M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
[60]
Así también lo ha reconocido la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, en múltiples oportunidades cuando señala: “[e]n orden a velar por
los intereses de los incapaces el legislador creó la representación legal en
virtud de la cual  coloca unos sujetos al cuidado de ciertas personas, a las
que inviste de atribución para actuar en su nombre y de vincularlos en los
efectos que de esos actos se deriven, como si hubieran contratado ellos mismos.
Tratándose de los incapaces no sometidos a patria potestad, la ley los sujeta a
la representación derivada de la tutela o de la curaduría que “son cargos
impuestos a ciertas personas a favor de aquellas que no pueden dirigirse a sí
mismas, o administrar competentemente sus negocios y que no se hallen  bajo
potestad de padre…. que pueda darles la protección debida” (Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de septiembre 5/72) [cita
original de la sentencia transcrita].
[61]
Vid. arts. 62 y 288 ss. del Código Civil.  El texto íntegro del artículo 62 (Modificado. D.
2820/74, art. 1º) es el siguiente:
“Las personas incapaces de celebrar
negocios serán representadas:
1.  (Modificado. D. 772/75, art. 1º). Por los padres,
quienes ejercerán conjuntamente la patria potestad sobre sus hijos menores de
21 años.
Si falta uno de los padres, la representación
legal será ejercida por el otro.
Cuando se trate de hijos extramatrimoniales, no
tiene la patria potestad, ni puede ser nombrado guardador, el padre o la madre
declarado tal en juicio contradictorio. Igualmente, podrá el juez, con
conocimiento de causa y a petición de parte, conferir la patria potestad
exclusivamente a uno de los padres, o poner bajo guarda el hijo, si lo
considera más conveniente a los intereses de éste. La guarda pondrá fin a la
patria potestad en los casos que el artículo 315 contempla como causales de
emancipación judicial; en los demás casos la suspenderá.
2.  Por el tutor o curador que
ejerciere la guarda sobre menores de 21 años no sometidos a patria potestad y
sobre los dementes, disipadores y sordomudos que no pudieren darse a entender (por escrito)”.  La expresión entre paréntesis fue declarada inexequible por
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-983 de 2002, M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[62]  Sobre el
particular, vale la pena destacar los siguientes apartados de la sentencia
C-716: “Así pues, el régimen legal de la incapacidad de ejercicio es la
solución general que históricamente el legislador ha adoptado para proteger los
derechos de los menores y los demás incapaces en las relaciones jurídicas; de
esta manera, el legislador les provee en el representante legal, sea el padre
de familia, el tutor o el curador, una persona que supla su inmadurez o sus
dificultades cognoscitivas o volitivas cuando actúan obligándose en el mundo
jurídico;  no obstante, respecto de algunos actos esta protección general no se
considera suficiente, por lo cual la ley civil los reviste de exigencias
adicionales.”
[63]
Código de Comercio Artículo 294: Todos los socios de la sociedad en nombre colectivo
responderán solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. Cualquier
estipulación en contrario se tendrá por no escrita.
Esta responsabilidad
sólo podrá deducirse contra los socios cuando se demuestre, aun
extrajudicialmente que la sociedad ha sido requerida vanamente para el pago.
[64]
Lo anterior se deriva de las siguientes definiciones del Código de Comercio:
Artículo 323: La
sociedad en comandita se formará siempre entre uno o más socios que comprometen
solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales y
otro o varios socios que limitan la responsabilidad a sus respectivos aportes.
Los primeros se denominarán socios gestores o colectivos y los segundos, socios
comanditarios.
Artículo 353: En las
compañías de responsabilidad limitada los socios responderán hasta el monto de
sus aportes.
En
los estatutos podrá estipularse para todos o algunos de los socios una mayor
responsabilidad o prestaciones accesorias o garantías suplementarias,
expresándose su naturaleza, cuantía, duración y modalidades.
Artículo 373  La
sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por
accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes; será
administrada por gestores temporales y revocables y tendrá una denominación
seguida de las palabras "sociedad anónima" o de las letras
"S.A.".
Si la sociedad se forma,
se inscribe o se anuncia sin dicha especificación, los administradores
responderán solidariamente de las operaciones sociales que se celebren.
[65]
Ver
Sentencian C-534 de 2005, M.P. Humberto Sierra Porto.
[66]
Código Civil, artículo 288 y siguientes.
[67]  Código Vivil, artículo 297.
[68]  Código Civil , artículo 298.
[69]
Código Civil, artículo 302.
[70]
Conforme al artículo  627 del Código Civil, los tutores o curadores serán
removidos: “1. Por incapacidad. 2. Por fraude o culpa grave en el ejercicio
de su cargo y en especial por las señaladas en los artículos 468 y 523. 3. Por
ineptitud manifiesta. 4. Por actos repetidos de administración descuidada. 5.
Por conducta inmoral de que pueda resultar daño a las costumbres del pupilo.
Por la cuarta de las excusas (sic) anteriores no podrá ser removido el tutor o
curador que fuere ascendiente, o descendiente, o cónyuge del pupilo; pero se le
asociará otro tutor o curador en la administración.”
[71]  De
conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 222 de 1995, son
administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros
de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan
o detenten esas funciones.
[72]
Ley 222 de 1995, artículo 23.
[73]
Vid. Valencia Zea, Arturo, Derecho Civil, Tomo V, Derecho de
Familia, Título VI, capítulo V: “Potestad parental sobre los bienes de los
hijos”; Séptima Edición, Editorial Temis, págs. 451 ss.
[74]
M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
[75]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 25 de octubre
de 1984.
[76]
Corte Constitucional. Sentencia T-378 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[77]
A propósito, la Ley 12 de 1991 (por
medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos Del Niño adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989) establece:
“ARTICULO 9
“1. Los
Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la
voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las
autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los
procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés
superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares,
por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por
parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una
decisión acerca del lugar de residencia del niño.
“2. En
cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de
participar en él y de dar a conocer sus opiniones.
“3. Los
Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de
ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos
padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del
niño.
“4. Cuando
esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como
la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte
(incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté
bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del
niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño
o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del
familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el
bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la
presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias
desfavorables para la persona o personas interesadas.”
[78]
Sobre el particular consúltese la sentencia T-715 de 1999, M.P.: Alejandro
Martínez Caballero.  En la ley 12 de 1991 se consigna los siguiente:
“ARTICULO 5
“Los Estados
Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los
padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad,
según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas
legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus
facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los
derechos reconocidos en la presente Convención.”
[79]  Vid. artículo 6°, Código del Menor (D.E. 2737 de
1989).  En la sentencia T-137 de 2006 (M.P: Marco Gerardo Monroy Cabra) la
Corte consideró: “No obstante, tal como lo ha reconocido la Corte
Constitucional, el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella
(art. 44) no se configura con la sola pertenencia nominal a un grupo humano,
“sino que implica la integración real del menor en un medio propicio para su
desarrollo, que presupone la presencia de estrechos vínculos de afecto y
confianza y que exige relaciones equilibradas y armónicas entre los padres y el
pedagógico comportamiento de éstos respecto de sus hijos"[79]. Por ello, cuando el
peligro, la desprotección y el abandono del menor se producen en el contexto de
su propia familia, el Estado se encuentra facultado, en aras de la conservación
del interés superior del menor, para restringir el derecho de los padres a
ejercer las prerrogativas que naturalmente les confiere su calidad.
“Esta
concepción está presente en toda la jurisprudencia constitucional: en efecto,
en oportunidades pasadas, la Corte Constitucional ha sostenido que el ejercicio
de los derechos de los padres puede quedar en suspenso –e incluso, extinguirse-
cuando aquellos incumplen los deberes correlativos. La Corte entiende que
comportamientos abusivos, displicentes o agresivos que afecten la integridad
del menor constituyen negación de la conducta debida hacia los hijos, pero, muy
especialmente, negación del derecho que los mismos tienen al amor de sus
padres. Por tanto, cuando dicha circunstancia se presenta, resulta legítimo
para el Estado intervenir en la célula familiar con el fin de preservar el
interés superior del menor.
“En estas
circunstancias, la Corte considera que el derecho a no ser separado de la
familia debe ponderarse frente al interés superior del menor, siendo
jurídicamente posible, en consecuencia, que un niño víctima de desprotección o
abuso sea separado de sus padres cuando estos ponen en peligro su integridad
física y mental.”
[80]
Algunas de ellas se encuentran previstas en los artículos 57
y 58 del Código del Menor (D.E. 2737 de 1989)
[81]  El
artículo 3 de la Ley 12 de 1991 establece:
“1. En todas
las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o
los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será
el interés superior del niño.
“2. Los
Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que
sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de
sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese
fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
“3. Los
Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan
las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en
materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en
relación con la existencia de una supervisión adecuada.
[82]
Decreto 2737 de 1989, artículo 161.  Ley 1098 de 2006,
artículo 136.
[83]
Decreto 2737 de 1989, artículo 160.
[84]
Código Civil, artículos 1610, 1612 y 1614.
[85]  Al
respecto, en la sentencia T-1285 de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, se
explicó: “Pues bien, la Carta Política colombiana establece en el artículo
29 que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas, y que, “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.  Esta norma,
como se puede observar, comporta la exigencia para el legislador de: (i)
definir de manera clara, concreta e inequívoca las conductas reprobadas, (ii)
señalar anticipadamente las respectivas sanciones, así como (iii) la
determinación de las autoridades competentes y (iv) el establecimiento de las
reglas sustantivas y procesales aplicables, todo ello en aras de garantizar un
debido proceso. Y, a los operadores judiciales y administrativos juzgar
conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa, y observar la
plenitud de las formas propias del juicio”.
[86]
Decreto 2737 de 1989 y ahora en la Ley 1098 de 2006.
[87]
De manera estricta el primer numeral de la parte resolutiva
de la sentencia censurada dispuso: “PRIMERO: Privar a VANESA CAÑÓN
ARTUNDUAGA del usufructo y la administración de los bienes de su menor hijo (...)”
[88]
El artículo 435, en la parte pertinente ordena: “Se
tramitarán en única instancia por el procedimiento que regula este capítulo,
los siguientes asuntos:
“PARAGRAFO
1.  EN CONSIDERACIÓN A SU NATURALEZA:
“5.
Las controversias que se susciten entre padres, o cónyuges, o entre aquellos y
sus hijos menores, respecto del ejercicio de la patria potestad; los litigios de
igual naturaleza, en los que el defensor de familia actúa en representación
de los hijos (...).” (resalta la Sala de revisión)
[89]
Artículos 428 y 436 inciso 3, Código de Procedimiento Civil.
[90]
Artículos 429 inciso 2 y 437, Código de Procedimiento Civil
[91]
Artículos 432 parágrafo 6° y 439 parágrafo 5°, Código de
Procedimiento Civil.
[92]
Folio 36 del cuaderno correspondiente a la medida de
protección.
[93]
Folio 42 del cuaderno correspondiente a la medida de
protección.
[94]
Folio 168 cuaderno correspondiente a la medida de protección.
[95]
También para la doctrina: vid. p.ej. Valencia Zea Op. Cit,
pág. 94.  López Blanco, Hernán Fabio.  Instituciones de Derecho Procesal Civil
Colombiano, tomo II, parte especial, octava edición, Dupre editores, 2004,
págs. 295 y 309.  De este último texto vale la pena tener en cuenta la
siguiente afirmación: “5.-  Diversas controversias originadas en relaciones
de familia se definen, si no es posible el acuerdo administrativo, ante el
Instituto de Bienestar Familiar, por la vía del proceso verbal sumario.  En
efecto, todo lo que concierne con el ejercicio de la patria potestad (salvo
suspensión o privación de ella que ya se vio siguen el proceso verbal); las
diferencias acerca de la fijación y dirección del hogar, el derecho a ser
recibido en éste, el permiso para la salida de hijos menores al exterior y
demás asuntos de tal índole se resolverán por este sistema procesal”
(negrilla fuara de texto original)
[96]
“Por el cual se organiza la Jurisdicción de
Familia, se crean unos Despachos judiciales y se dictan otras disposiciones”
[97]
M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
[98]
Cfr. sentencia T-1180 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[99]
Cfr. sentencia T-984 de 2000 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. La Corte afirmó en
aquella oportunidad que en materia penal, el procedimiento “debe ser llevado a
cabo, en principio, por los jueces penales dentro de los procesos en los que se
manifiesten deficiencias en la defensa técnica de los sindicados, pues si
mediante tales procedimientos, en sede de tutela, lo que se pretende es
restablecer derechos conculcados, al aplicarlo dentro del proceso penal, se
previenen eventuales vulneraciones de sus derechos fundamentales”.
[100]Cfr. sentencia T-654 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz. Se concedió la tutela porque se probó que, pese a que el indagado había
manifestado claramente el lugar en el que podía ser informado sobre cualquier
decisión judicial y que, por carencia de medios económicos, no contaba con un
defensor de confianza ni le había sido nombrado defensor de oficio, el juzgado
no le informó sobre la expedición del cierre de investigación ni le nombró un
defensor de oficio. Lo anterior, sumado a la casi absoluta falta de defensa
técnica, y la no práctica de las pruebas solicitas por el sindicado llevaron a
la Corte a considerar que se constituía una verdadera vía de hecho.
[101]Cfr. sentencia T-639 de 1996, M.P. Antonio
Barrera Carbonell. Se concedió la tutela por encontrar que el juzgado
decretó clausurada la investigación, sin adelantar diligencia alguna tendiente
a lograr la comparecencia del procesado, a pesar de que tenía a su disposición
la dirección donde podía ser localizado. En ese caso, al accionante no se le
notificó siquiera de la apertura de investigación en su contra.
[102]
Sobre el particular consúltese la sentencia T.-1216 de 2005,
M.P.: Humberto Sierra Porto.
[103]
M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra
[104]
El parágrafo 2° del artículo 439 del CPC, que regula el
trámite de la audiencia dentro del proceso verbal sumario indica: “PARAGRAFO
2. SANEAMIENTO. En caso de no lograrse la conciliación, el juez examinará si se
cumplieron las medidas de saneamiento que hubiere ordenado y si existe alguna
causal de nulidad; en el último caso, si considera que para sanearla son
necesarias algunas pruebas procederá a practicarlas, en los diez días
siguientes. El auto que así lo disponga no tendrá reposición. Con posterioridad
a esta etapa de la audiencia no podrá alegarse ni declararse nulidad alguna”.
Por su parte, el artículo 432, en el parágrafo 2°, (respecto del proceso
verbal) exige al juez que tome las medidas necesarias para evitar nulidades y
sentencias inhibitorias durante el trámite de la audiencia, pero no proscribe
que las mismas se aleguen con posterioridad.
[105]
Memorial que obra en el expediente de medida de protección en
los folios 166 y 167 (antes 164 y 165), en el que se solicitó el cumplimiento
de la sentencia proferida como consecuencia del acuerdo al que habrían llegado
los padres del menor.
[106]  Folios 30 a 40 del
cuaderno de medida de protección.
[107]
Esta norma indica: “Los actos o contratos que el hijo de familia celebre
fuera de su peculio profesional o industrial y que sean autorizados o
ratificados por quien ejerce la patria potestad, obligan directamente a quien
dio la autorización y subsidiariamente al hijo hasta la concurrencia del
beneficio que éste hubiere reportado de dichos negocios”.
[108]
Escritura pública 3302 del siete (07) de julio de dos mil tres (2003) otorgada
ante el notario dieciocho del círculo de Bogotá (folios 8 a 17 del cuaderno de
la medida de protección).
[109]
La Sala considera necesario insistir en esta diferencia debido a que en la
providencia de privación de la administración de bienes, proferida por el juez
dieciséis de familia, se sustentó la sanción a partir de la regla contenida en
el artículo 298 CC, dejando de lado, por completo, las exigencias contenidas en
el artículo 299.
[110]
Del artículo 207 del Código de Comercio es importante
resaltar las siguientes funciones del revisor fiscal: “1.  Cerciorarse de
que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se
ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea
general y de la junta directiva. (...)
“3.
Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y
vigilancia de las compañías, y rendirles los informes a que haya lugar o le
sean solicitados; (...)
“6.
Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes
que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores
sociales”.