SU399-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia SU399/12
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre
procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales genéricas de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales de procedencia
DEFECTO SUSTANTIVO-Aplicación
PRINCIPIO DE AUTONOMIA E INDEPENDENCIA JUDICIAL-Competencia de autoridades judiciales para
interpretar y aplicar normas jurídicas no es absoluta
DEFECTO SUSTANTIVO-Configuración
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-No constituye violación del debido proceso por defecto
sustantivo al aplicar norma dentro del margen razonable de interpretación
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR
DEFECTO FACTICO-Inadecuada
valoración de los medios de prueba
DEFECTO FACTICO-Configuración
DEFECTO FACTICO-Dimensiones
DEFECTO FACTICO EN LA JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL-Formas en que puede manifestarse
DEFECTO ORGANICO-Configuración
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES POR DEFECTO ORGANICO-Falta de competencia del funcionario judicial
DEFECTO PROCEDIMENTAL-Configuración
DEFECTO PROCEDIMENTAL-Desconocimiento
del procedimiento determinado por la ley
PROCESOS DE PERDIDA DE INVESTIDURA Y NULIDAD
ELECTORAL-Naturaleza
ACCION ELECTORAL-Naturaleza
PROCESO ELECTORAL-Procedencia
de la nulidad de actos de declaración de elecciones de carácter popular
ACCION ELECTORAL-Características
ACCION ELECTORAL-Competencia
de la jurisdicción contencioso
administrativa
ACCION ELECTORAL Y APLICACION PARA IMPUGNAR ACTO DE
ELECCION DE CONGRESISTA-Naturaleza
y alcance
PERDIDA DE INVESTIDURA-Naturaleza
especial
ACCION DE PERDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTAS-Naturaleza y alcance
ACCION DE PERDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTA-Competencia de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
PERDIDA DE INVESTIDURA-Carácter
sancionatorio
ACCION ELECTORAL Y PERDIDA DE INVESTIDURA DE
CONGRESISTA-Objeto y
finalidades distintas
ACCION ELECTORAL Y PERDIDA DE INVESTIDURA DE
CONGRESISTA-Autonomía e
independencia hace que fallos tengan sus propios efectos a pesar que dichas
acciones puedan iniciar contra la misma persona y fundarse en la misma causal
de inhabilidad
INHABILIDADES QUE CONSTITUYEN FUNDAMENTO PARA IMPUGNAR
ACTOS DE ELECCION DE CONGRESISTAS MEDIANTE ACCION ELECTORAL-También constituyen causales de pérdida de investidura
de miembros del Congreso de la
República
INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA DE LA
ACCION ELECTORAL FRENTE A LA PERDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTAS-Reglas
jurisprudenciales en aplicación de cosa juzgada y caducidad
CONGRESISTA-Inhabilidad por intervenir en gestión de negocios o
celebración de contratos ante entidades públicas en interés propio o de
terceros
ACCION DE TUTELA CONTRA EL CONSEJO DE ESTADO-Negar nulidad
de sentencia que declaro la nulidad de elección de la actora como Senadora de la
República por celebración de contratos con entidad pública
Referencia:
expediente T-2.773.240
Acción de
tutela instaurada por Martha Lucía Ramírez de Rincón contra el Consejo de
Estado–Sección  Quinta-
Magistrado
Ponente:
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil
doce (2012).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, especialmente las de los artículos 86 y 241 numeral
9º de la Constitución Política y los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591
de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de
los fallos de tutela proferidos en primera instancia por la
Sección Primera del Consejo de Estado, el quince (15) de abril de dos mil diez
(2010), y en segunda instancia por la
Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, el veintinueve (29) de
junio de dos mil diez (2010), en la acción de tutela instaurada por Martha
Lucía Ramírez de Rincón contra el Consejo de Estado –Sección Quinta-.
I. ANTECEDENTES
La ciudadana Martha Lucía Ramírez
de Rincón interpuso acción de tutela solicitando el amparo de sus derechos
fundamentales a elegir y ser elegida, al debido proceso y a la defensa, los
cuales, en su opinión, han sido vulnerado por la
Sección Quinta del Consejo de Estado al proferir la sentencia de seis (06) de
julio de dos mil nueve (2009), que declaró la nulidad de su elección como
Senadora de la República para el período 2006-2010.
De acuerdo con la solicitud de
tutela y las pruebas obrantes en el expediente, la actora sustenta su
pretensión en los siguientes
1. Hechos
1.1.
Manifiesta la accionante que, a finales del año 2004, en su calidad de
Representante Legal de la firma Ramírez y Orozco Internacional Strategy
Consultants Ltda. (en adelante R&O), se reunió con el presidente de
Bancoldex para discutir asuntos relacionados con la actualización tecnológica
de las empresas colombianas, con el propósito de hacerlas competitivas en el
mercado de Estados Unidos, con ocasión de la suscripción del tratado de libre
comercio (TLC) entre los dos países.
1.2.
Indica que, como resultado de dichas discusiones, R&O y Bancoldex
acordaron ofrecerle al sector empresarial unos desayunos académicos en los que
se les explicaría el impacto de la negociación del TLC, en ellos Bancoldex
ofertaría sus servicios financieros y entregaría material promocional a los
asistentes.
1.3.
Asegura, así mismo que, el presidente de Bancoldex prefirió, en lugar de
participar por partes iguales con R&O en los gastos de los
desayunos-conferencia-, asumir un monto cierto de aporte y materializar su
participación en la alianza mediante un pendón publicitario de diez millones de
pesos ($10.000.000) que se colocaría en los eventos.
1.4.
El acuerdo entre R&O y Bancoldex se concretó telefónicamente la
tercera semana de agosto del año dos mil cinco (2005), ocasión en la cual la
accionante informó al presidente del banco que ya estaba lista la organización
de 4 desayunos que se realizarían en el curso del mes de septiembre del mismo
año.
1.5.
La totalidad del programa de 4 desayunos se ejecutó entre el quince (15)
y el treinta (30) de septiembre de dos mil cinco (2005), en ellos se entregaron
los folletos y material promocional enviados por Bancoldex.
1.6.
El treinta (30) de septiembre de dos mil cinco (2005), Bancoldex emitió
la orden de servicios número 4492 a fin de cumplir con lo pactado. A partir de
ese momento, manifiesta la Sra. Ramírez de Rincón haberse desentendido del
trámite administrativo.
1.7.
El cinco (5) de junio de dos mi seis (2006), el Consejo Nacional
Electoral dictó la Resolución 915, en la cual declaró la elección de la
accionante como Senadora de la República para el período 2006-2010, la cual fue
notificada por estrados el mismo día.
1.8.
El catorce (14) de junio del dos mil seis (2006), el ciudadano Raúl
Castillo Gutiérrez, demandó la nulidad de la elección de la
Sra. Ramírez de Rincón como Senadora de la
República por haber suscrito con Bancoldex, dentro de los seis meses
anteriores a su elección, contratos estatales en la modalidad de órdenes de
servicio, lo que configuraba la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3°
del artículo 179 de la
Constitución Política.
1.9.
Una vez admitida la demanda, mediante auto del doce (12) de julio de dos
mil siete (2007) se decretó la acumulación de 19 procesos de nulidad electoral
que cursaban en la Sección Quinta, de los cuales el radicado con el número 4084
contenía la demanda promovida en contra de la
Sra. Ramírez.
1.10.    Manifiesta
la actora que, con ocasión de la acumulación procesal, apareció en el
expediente un documento expedido por el Subsecretario del Consejo Nacional
Electoral el veintiuno (21) de junio de dos mil seis (2006), según el cual la
Resolución 915 de 2006 que declaró su elección, fue notificada el catorce (14)
de junio del mismo año y no el cinco (5) de junio.
1.11.    Mediante
sentencia de seis (6) julio de dos mil nueve (2009), la
Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección como
Senadora de la hoy accionante, Martha Lucía Ramírez.
1.12.    En
la sentencia de nulidad electoral se estudiaron, entre otros aspectos, la
caducidad de la acción de nulidad electoral, la ineptitud de la demanda y
cuestiones de fondo relativas al concepto general de inhabilidad, el alcance de
la inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 179 de la Constitución y
finalmente se resolvió el caso concreto.
1.13.    En
el estudio del caso concreto se dejó claro que Bancoldex,  es una entidad de
naturaleza pública con régimen especial, y que los contratos que celebra son
estatales. Se indicó, además, que la fecha de la orden de servicio (30 de
septiembre de 2005) es la que corresponde al día en que se suscribió y celebró
el contrato, para efectos del cálculo del período inhabilitante.[1]
1.14.    Con
fundamento en la anterior decisión, el trece (13) de junio de dos mil nueve
(2009), el ciudadano Saúl Villar Jiménez formuló demanda de pérdida de
investidura de la entonces Congresista Martha Lucía Ramírez de Rincón por
encontrarse incursa en la causal de inhabilidad consagrada en el numeral 3 del
artículo 179 de la Constitución al momento de aspirar al Senado de la
República.
1.15.    El
proceso de pérdida de investidura finalizó con providencia de diecinueve (19)
de enero de dos mil diez (2010), mediante la cual se denegaron las pretensiones
de pérdida de investidura y cancelación de credencial de Martha Lucía Ramírez
como congresista. Lo anterior por no configurarse la causal de inhabilidad
prevista en el artículo 179, numeral 3 de la Constitución, ya que, el negocio jurídico
celebrado entre la hoy accionante con Bancoldex, es de derecho privado, no un
contrato estatal y la fecha de celebración del mismo fue en agosto de dos mil
cinco (2005), es decir el perfeccionamiento del contrato se dio por fuera del
término inhabilitante.
2. Solicitud de Tutela
Con fundamento en los hechos
narrados, la ciudadana Martha Lucía Ramírez de Rincón reclama la protección de
sus derechos fundamentales a elegir y ser elegida y al debido proceso y
defensa, los cuales considera vulnerados con la sentencia proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, el 6 de julio de 2009 que declaró la
nulidad de su elección, por cuanto en su parecer se incurrió en los siguientes
defectos:
En primer lugar, señala que se
incurrió en defecto orgánico porque la sentencia que puso fin al proceso de
nulidad electoral se profirió de manera extemporánea, después de dos años y
once meses de su presentación, razón por la cual la Sección Quinta del Consejo
de Estado había perdido competencia, pues al tratarse de un proceso electoral
de única instancia, no podía exceder de 6 meses, conforme lo dispone el
artículo 264 de la Constitución Política.
En segundo lugar, señala que se
incurrió en dos defectos fácticos:
·
En la sentencia se afirma que la acción no estaba caduca con base
en una prueba inexistente, como fue una certificación de notificación del acto
de elección expedida por el Subsecretario General del Consejo Nacional
Electoral, la cual no obró en el proceso 4084. Añade la actora que, “le
estaba vedado utilizar el documento como parámetro de conteo del término del
fenómeno anotado. Solamente, le era posible utilizar, la resolución 915 en el
expediente que recoge la demanda contra la elección de la Senadora, la cual fue
notificada por estrados el 5 de junio de 2006. Se debe recalcar que no se
presentó como prueba ni se allegó en legal forma la constancia del
subsecretario (…).”
·
La sentencia da por probado que el negocio que se celebró entre
la sociedad Ramírez Orozco International Strategy Consultants LTDA. y
Bancoldex, se formalizó en la orden de servicios N. 4492 de treinta (30) de
septiembre de dos mil cinco (2005), lo cual no es cierto, por cuanto éste se
perfeccionó la tercera semana de agosto del mismo año.
En tercer lugar, señala que se
incurrió en defecto sustantivo por las siguientes razones:
·
Interpretación errónea de las normas de caducidad de la acción
electoral al no tener en cuenta que el parámetro para contabilizar la caducidad
de la acción de nulidad electoral era la notificación por estrados del acto que
declaró la elección –Resolución 915- efectuada el 5 de junio de 2006.
·
Interpretación incorrecta y sin explicación del concepto contrato
estatal, porque la sentencia dio por probadas que las gestiones que la actora
celebró con Bancoldex concluyeron en la formalización de un negocio jurídico
estatal, que se consolidó en la orden de servicios de treinta (30) de
septiembre de dos mil cinco (2005), con lo cual pasó por alto que Bancoldex no
se encuentra sometido a la Ley 80 de 1993 ya que es un establecimiento de
crédito. Que por tanto, en realidad, el negocio fue consensual, perfeccionado
en agosto de dos mil cinco (2005) mediante comunicación telefónica sostenida
entre ella y el presidente de la entidad demandada y que se celebró por fuera
del término inhabilitante previsto en el numeral tercero del artículo 179
superior.
·
Señaló, además que no se tomó en consideración en el fallo que
declaró la nulidad de la elección que, la alianza acordada entre contratante y
contratista no tuvo por objeto la prestación de un servicio ni la realización
de una actividad, sino la legalización del aporte por participación
publicitaria.
·
Insiste en que se incurrió en defecto sustantivo pues se
interpretó indebidamente los artículos 279 y 285 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero y, se dejó de aplicar el parágrafo 1 del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, toda vez que si se hubieran interpretado correctamente y
aplicado las mencionadas disposiciones, la decisión indefectiblemente tendría
que haber sido otra, esto es, negar la solicitud de nulidad de la elección de
la actora.
·
Señala además, que se dio una interpretación errónea de la causal
de inhabilidad que consagra el numeral tercero del artículo 179 de la
Constitución, en relación con la época en que se configura ésta y, frente a la
exigencia de que exista provecho para el sujeto, por que el contrato realmente
se perfeccionó en agosto de 2005, es decir por fuera del período inhabilitante.
·
Manifiesta que para la Sección Quinta fue irrelevante el hecho de
no haber obtenido ganancias en los eventos académicos realizados con Bancoldex,
con lo cual no está de acuerdo porque, justamente lo que puede poner a un
candidato en situación de ventaja frente a otro, es la ganancia obtenida de un
contrato.
Así mismo, considera la actora
que, la sentencia que declaró la nulidad de su elección carece de motivación,
pues en ella ni siquiera se demuestra que el acto jurídico que se celebró con
Bancoldex presente elementos propios de un contrato estatal y los da por
probados sin estarlo. De igual manera, señaló que en la sentencia se violan los
principios de justicia rogada e interpretación restrictiva dentro de un trámite
que es sancionatorio, ya que la inhabilidad sólo se circunscribe a contratos
estatales, esto es, aquellos regulados por la Ley 80 de 1993.
Finalmente, aduce la actora que
la sentencia que declaró la nulidad de su elección desconoce el precedente de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que señala que la fecha que se
debe tener en cuenta para efectos de la inhabilidad, derivada de la celebración
de contratos, es precisamente aquella en que efectivamente se celebre el
respectivo acuerdo de voluntades, pues así lo indican las distintas normas que
regulan esta causal y, en modo alguno, el tiempo de ejecución del contrato, de
manera tal que la condición de contratista de una entidad pública dentro del
año anterior a la fecha de la elección, sin la demostración que el respectivo
contrato se celebró dentro de ese término, no da lugar a inhabilidad.
Por lo anterior, pide se declare
sin valor y efecto la providencia proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado el seis (6) de julio de 2009 en el trámite del proceso radicado con
el número 4084.
3. Respuesta de la entidad
demandada
La consejera Susana Buitrago
Valencia, ponente de la sentencia cuya nulidad se pretende, contestó la acción
de tutela en los siguientes términos:
Inicialmente, indica que la
acción de tutela no procede contra sentencias judiciales que, como en este
caso, han sido proferidas por el órgano de cierre de una jurisdicción, es
decir, como la que se impetra contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Seguidamente, procedió a sentar
su posición frente a los defectos señalados por la accionante, al respecto señaló:
·
Frente al argumento de pérdida de competencia de la Sección
Quinta en la acción de nulidad electoral, por haber fallado por fuera del
término de seis (6) meses previsto en la Constitución, recalcó que éste termino
está establecido para una (1) demanda de nulidad y, que la mora en la
expedición de la sentencia no obedeció a dilaciones injustificadas, sino a que
se trató de un asunto complejo, con 19 demandas acumuladas, compuestas de 60000
cargos o irregularidades presuntamente constitutivas de ilegalidad y con el
análisis de mas de 12.000 mesas y puestos de votación. Además, dijo que ante el
vencimiento de dicho término, la norma superior no prevé como consecuencia
jurídica la pérdida de competencia del juez de instancia.
·
Así mismo, estimó la magistrada que, la acción de tutela no puede
convertirse en una instancia adicional para reabrir un debate jurídico
legalmente concluido, tal como lo pretende la actora, pues los argumentos que
aduce en esta oportunidad son los mismos que expuso como parte demandada en la
acción de nulidad electoral.
·
En relación con el defecto sustantivo afirmó que, la inhabilidad
prevista en el artículo 179, numeral 3, de la Constitución Política, consiste
en la intervención en la celebración de contratos “con entidad pública”,
independientemente de la naturaleza jurídica del contrato, pues el juez de lo
contencioso electoral no tiene la obligación de calificar de estatal o privado
el contrato correspondiente. Al respecto, citó la sentencia de 9 de noviembre
de 2001, proferida por la Sección Quinta, según la cual para que se estructure
la inhabilidad mencionada, no es relevante demostrar si el contrato es estatal,
solemne o sin formalidades plenas, o si es de derecho privado.
·
Respecto del defecto fáctico alegado sostuvo que, la orden de
servicios, que no fue tachada de falsa dentro del proceso, fue determinante
para establecer el momento del envío de la oferta de R&O y la aceptación de
Bancoldex, es decir, para demostrar que la fecha de celebración del contrato
fue el treinta (30) de septiembre de 2005. Agregó que, por lo anterior, no le
asiste razón a la actora cuando afirma que la citada orden de pago fue un
simple documento para obtener un pago, sino que se trató de una prueba idónea
para demostrar la fecha de celebración del contrato.
·
Aseveró que, no existe defecto fáctico en la sentencia cuya
pérdida de consecuencias se depreca, ya que las pruebas que se tuvieron en
cuenta y valoraron para establecer si se estructuraba o no la inhabilidad
atribuida a la elegida, fueron pruebas admisibles, legalmente valoradas y
debidamente recaudadas.
·
Refutó el argumento de la demandante, según el cual la Sección
Quinta del Consejo de Estado debió declarar la ineptitud sustantiva de la
demanda de nulidad electoral por no haberse indicado en la misma el negocio
jurídico constitutivo de inhabilidad. Al respecto señaló que dicha excepción
carecía de sustento porque en la demanda sí se adujo el convenio del treinta
(30) de septiembre de 2005 como constitutivo de inhabilidad y resaltó que las
pruebas aportadas al proceso guardan relación con el mismo.
Finalmente, precisó que las
acciones públicas, como la de nulidad electoral, no están sometidas a
parámetros preestablecidos en cuanto a su forma, lo cual le permite al juez  un
razonable y proporcionado margen de interpretación. Con fundamento en los
anteriores argumentos, solicitó el rechazo por improcedente de la acción de
tutela o, subsidiariamente, que se denegara el amparo solicitado porque en
manera alguna la providencia atacada constituía una vía de hecho.
4. Decisiones judiciales
objeto de revisión
Sentencia de primera instancia
La Sección Primera del Consejo de
Estado, en sentencia proferida el quince (15) de abril de dos mil diez (2010),
negó por improcedente la acción de tutela ya que no se presentaba una situación
excepcional de falta de acceso a la administración de justicia que hiciera
procedente la acción de tutela contra providencias judiciales.
Al respecto señaló: “en este
caso concreto no se presentó esa situación excepcional de falta de acceso a la
administración de justicia, habida cuenta de que la parte actora intervino
durante toda la actuación del proceso de nulidad electoral y contó con los
medios procesales para ejercer sus derecho de defensa frente a la acción de
nulidad electoral promovida en su contra, pues, como bien lo informó en su
demanda de tutela, aportó y solicitó pruebas e interpuso incluso el recurso de
súplica contra el auto que denegó algunas de las pedidas en la contestación de
la demanda.”
Por lo anterior, sostuvo la Sala
que entrar a examinar los cargos planteados contra la sentencia proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, implicaba necesariamente cuestionar la
interpretación que respecto del numeral tercero del artículo 179 de la
Constitución y del elemento fáctico realizó dicha Sección, lo cual vulneraría
la autonomía que debe acompañar el ejercicio de la administración de justicia y
desconocería el mandato del artículo 230 de la Constitución Política.
Finalmente, reiteró la
improcedencia de la acción de tutela contra sentencias proferidas dentro de un
proceso judicial en el cual se respetó a las partes los derechos y garantías
consagrados en la Constitución y la Ley.
Impugnación
La accionante solicitó revocar el
fallo de primera instancia proferido por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Fundamentó su petición en los mismos argumentos presentados en el
escrito de tutela.
Sentencia de segunda instancia
El Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia
de veintinueve (29) de junio de dos mil diez (2010), modificó la decisión
proferida en primera instancia, y en lugar de negar el amparo solicitado,
rechazó por improcedente la acción de tutela.
Para arribar a la anterior
decisión, el a quem reiteró la improcedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, y señaló que ésta solo procede de manera
excepcional cuando se ha impedido el acceso a la administración de justicia o
se ha afectado el derecho de defensa de la accionante, circunstancias que no
estuvieron presentes en el caso concreto.
5. Pruebas obrantes en el
expediente
Se destacan dentro del expediente
las siguientes pruebas:
1.     Copia
autentica de la Resolución 915 de junio cinco (5) de dos mil seis (2006)
expedida por el Consejo Nacional Electoral.
2.     Certificado
de existencia y representación legal de Ramírez y Orozco International Strategy
Consultants LTDA.
3.     Orden
de servicios N. 4492 de treinta (30) de septiembre de dos mil cinco (2005),
emitida por Bancoldex en favor de Ramírez y Orozco International Strategy
Consultants LTDA.
4.     Copia
del proceso de nulidad electoral que finalizó con la sentencia de seis (06) de
julio de dos mil nueve (2009).
5.     Copia
del proceso de pérdida de investidura que finalizó con sentencia de diecinueve
(19) de enero de dos mil diez (2010).
6. Actuación surtida ante la
Corte Constitucional
La Sala de
Selección Número Diez, mediante auto proferido el catorce (14) de octubre de
dos mil diez (2010), escogió para revisión el fallo de tutela correspondiente
al expediente T-2.773.420.
El diez (10)
de noviembre de dos mil diez (2010), la Sala Plena de la Corte Constitucional
decidió que el asunto de la referencia iba a ser resuelto mediante sentencia de
unificación de jurisprudencia, y suspendió los términos para proferir el
respectivo fallo, de conformidad con el artículo 34 del decreto 2591 de 1991,
en concordancia con los artículos 53 y 54 A del Reglamento Interno de la Corte
Constitucional.
Mediante auto
de dos (02) de diciembre de dos mil diez (2010), el Magistrado Sustanciador
ordenó que por Secretaría General se oficiara a la Sección Quinta del Consejo
de Estado solicitando copia del expediente del proceso de nulidad electoral
adelantado contra Martha Lucía Ramírez, Radicación No. 11001328000200600155 y
de la sentencia proferida el seis (06) de junio de dos mil nueve (2009) dentro
del mismo expediente. En la misma providencia ordenó que se oficiara a la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado copia del proceso
de pérdida de investidura adelantado contra Martha Lucía Ramírez, Radicación
No. 1100131500020090070800 y de la sentencia proferida el diecinueve (19) de
enero de dos mil diez (2010) dentro del mismo expediente.
En
cumplimiento de la anterior providencia la Secretaría de la Sección Quinta del
Consejo de Estado allegó copia del expediente del proceso de nulidad electoral
adelantado contra Martha Lucía Ramírez, Radicación No. 11001328000200600155 y
de la sentencia proferida el seis (06) de junio de dos mil nueve (2009).
Igualmente la Secretaría de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado allegó copia del proceso de pérdida de investidura adelantado
contra Martha Lucía Ramírez, Radicación No. 1100131500020090070800 y de la
sentencia proferida el diecinueve (19) de enero de dos mil diez (2010).
II. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Es competente
esta Sala de la Corte Constitucional para revisar la decisión proferida dentro
de la acción de tutela de la referencia de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución Política y en concordancia
con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso, planteamiento del problema jurídico y
esquema de solución
La Sra. Martha Lucía Ramírez
solicita la protección de sus derechos fundamentales a elegir y ser elegida, al
debido proceso y a la defensa, los cuales, en su opinión, fueron vulnerados por
la Sección Quinta del Consejo de Estado al proferir la sentencia de seis (6) de
julio de dos mil nueve (2009), que declaró la nulidad de su elección como
Senadora de la República para el período 2006-2010. Alega que la providencia en
cuestión incurre en los siguientes defectos:
·
Defecto orgánico porque la sentencia que puso fin al proceso de
nulidad electoral se profirió de manera extemporánea, después de dos años y
once meses de su presentación, razón por la cual la Sección Quinta del Consejo
de Estado había perdido competencia, pues al tratarse de un proceso electoral
de única instancia, no podía exceder de 6 meses, tal como señala el artículo
264 de la Constitución Política.
·
En segundo lugar, señala que se incurrió en dos defectos
fácticos: (i) En la sentencia se afirma que la acción no había caducado con
base en una prueba inexistente, como fue una certificación de notificación del
acto de elección expedida por el Subsecretario General del Consejo Nacional
Electoral, la cual no obró en el proceso 4084. (ii) La sentencia da por probado
que el negocio que se celebró entre la sociedad Ramírez Orozco International
Strategy Consultants LTDA. y Bancoldex, se formalizó en la orden de servicios
N. 4492 de treinta (30) de septiembre de dos mil cinco (2005), lo cual afirma
que no es cierto, por cuanto éste se perfeccionó la tercera semana de agosto
del mismo año.
·
En tercer lugar, señala que se incurrió en los siguientes
defectos sustantivos: (i) interpretación errónea de las normas de caducidad de
la acción electoral; (ii) interpretación incorrecta y sin explicación del
concepto contrato estatal, porque la sentencia dio por probadas que las
gestiones que la actora celebró con Bancoldex concluyeron en la formalización
de un negocio jurídico estatal, que se consolidó en la orden de servicios de
treinta (30) de septiembre de dos mil cinco (2005); (iii) interpretación
errónea de los hechos porque la alianza acordada entre contratante y
contratista no tuvo por objeto la prestación de un servicio ni la realización
de una actividad, sino la legalización del aporte por participación
publicitaria; (iv) interpretación errónea de la causal de inhabilidad que
consagra el numeral tercero del artículo 179 de la Constitución, en relación
con la época en que se configura ésta y, frente a la exigencia de que exista
provecho para el sujeto, por que el contrato realmente se perfeccionó en agosto
de 2005, es decir por fuera del período inhabilitante.
·
Así mismo, considera la actora que la sentencia que declaró la
nulidad de su elección carece de motivación, pues no se demuestra que el acto
jurídico que se celebró con Bancoldex presente elementos propios de un contrato
estatal y los da por probados sin estarlo.
·
De igual manera, señaló que en la sentencia se violan los principios
de justicia rogada e interpretación restrictiva dentro de un trámite que es
sancionatorio, ya que la inhabilidad sólo se circunscribe a contratos
estatales, esto es, aquellos regulados por la Ley 80 de 1993.
·
Finalmente, aduce la actora que la sentencia que declaró la
nulidad de su elección desconoce el precedente de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado que señala que la fecha que se debe tener en cuenta para
efectos de la inhabilidad, derivada de la celebración de contratos.
La magistrada ponente de la
sentencia impugnada sostuvo, en primer lugar, que la acción de tutela no
procede contra sentencias judiciales que han sido proferidas por el órgano de
cierre de una jurisdicción como la Sección Quinta del Consejo de Estado. En
segundo lugar afirmó que la providencia en cuestión no incurre en los defectos
alegados por la peticionaria y que la acción de tutela no puede convertirse en
una instancia adicional para reabrir un debate jurídico legalmente concluido,
pues los argumentos que aduce en esta oportunidad son los mismos que expuso
como parte demandada en la acción de nulidad electoral. Refutó los defectos
alegados por la Sra. Ramírez en los siguientes términos:
En relación con el defecto
sustantivo afirmó que, la inhabilidad prevista en el artículo 179, numeral 3,
de la Constitución Política, consiste en la intervención en la celebración de
contratos “con entidad pública”, independientemente de la naturaleza
jurídica del contrato, pues el juez de lo contencioso electoral no tiene la
obligación de calificar de estatal o privado el contrato correspondiente.
En relación con el defecto
fáctico sostuvo que, la orden de servicios, que no fue tachada de falsa dentro
del proceso, fue determinante para establecer el momento del envío de la oferta
de R&O y la aceptación de Bancoldex, es decir, para demostrar la fecha de
celebración del contrato fue el treinta (30) de septiembre de 2005.
Aseveró que, no existe defecto
fáctico en la sentencia atacada en sede de tutela, ya que las pruebas que se
tuvieron en cuenta y valoraron para establecer si se estructuraba o no la
inhabilidad atribuida a la elegida, fueron pruebas admisibles, legalmente
valoradas y debidamente recaudadas.
Refutó el argumento de la
demandante, según el cual la Sección Quinta del Consejo de Estado debió
declarar la ineptitud sustantiva de la demanda de nulidad electoral por no
haberse indicado en la misma el negocio jurídico constitutivo de inhabilidad.
Al respecto señaló que dicha excepción carecía de sustento porque en la demanda
sí se adujo el convenio del treinta (30) de septiembre de 2005 como
constitutivo de inhabilidad y resaltó que las pruebas aportadas al proceso
guardan relación con el mismo.
El juez de primera instancia negó
por improcedente la acción de tutela impetrada por la Sra. Ramírez de Rincón ya
que no se presenta una situación excepcional de falta de acceso a la
administración de justicia que haga procedente la acción de tutela contra
providencias judiciales. La sentencia de segunda instancia rechazó la acción de
tutela por haber sido impetrada contra una providencia judicial.
Corresponde
por lo tanto a la Sala Plena determinar si la sentencia proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado incurre en los defectos alegados por la
demandante. Para dilucidar esta cuestión inicialmente reiterará la
jurisprudencia de esta Corporación en torno (i) a la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales;  (ii) las características de los
defectos orgánicos, sustantivos, procedimentales y fácticos; (iii) la
naturaleza de los procesos de nulidad electoral y de pérdida de investidura.
Luego hará un examen de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales en el caso concreto y pasará a estudiar si se
configuraron los defectos alegados por la actora.
3. Procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales: reiteración de jurisprudencia
La procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales tiene un carácter excepcional[2],
está supeditada, entre otras cosas, a que los efectos de una decisión judicial
vulneren o amenacen derechos fundamentales y a que no exista otro mecanismo
judicial idóneo para proteger el derecho comprometido. Esta Corporación ha
sentado una abundante jurisprudencia en torno a lo que en los primeros años fue
llamado vía de hecho y que más recientemente ha experimentado una
evolución terminológica hacia el concepto de causales genéricas de
procedibilidad de la acción de tutela, en cuanto a la procedencia de esta
acción constitucional para controvertir providencias judiciales (sentencias y
autos). Sobre este extremo ha señalado:
Inicialmente el concepto de vía de hecho –el cual tuvo origen en la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia y, en definitiva, debe su denominación a la figura
propia del derecho administrativo- fue empleado por la Corte Constitucional
para referirse a errores groseros y burdos presentes en las providencias
judiciales, los cuales en alguna medida suponían un actuar arbitrario y caprichoso del funcionario judicial, proceder que a
su vez daba lugar a la protección constitucional de los ciudadanos afectados
por la decisión judicial.
Ahora bien, la expresión vía de hecho,
si bien resultaba ilustrativa de algunos de los eventos que pretende describir,
tales como errores burdos o arbitrariedades en las decisiones judiciales, no
abarca todos los supuestos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, por una parte, y adicionalmente puede entenderse que tiene una
connotación de deslegitimación o sindicación peyorativa del juez que profiere
la sentencia objeto de una tutela, razón por la cual la jurisprudencia
constitucional desde hace algunos años ha sugerido el abandono de la anterior
terminología y su sustitución por la expresión causales genéricas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales[3].
Por otro lado, como consecuencia
de lo anterior, el ajuste descrito trasciende de lo terminológico a lo
conceptual. En primer lugar, se establece como fundamento esencial de las
causales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
la violación de la Constitución por parte de la decisión examinada. Esta
vulneración sustancial del derecho al debido proceso se materializa en los
distintos defectos identificados por la jurisprudencia constitucional a lo
largo de estos años, entre los que se cuentan:
1.     Defecto
orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión
carece, de manera absoluta, de competencia para ello.
2.     Defecto
procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el Juez actuó al margen del
procedimiento establecido.
3.     Defecto
material o sustantivo, que se origina cuando las decisiones son proferidas con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una
evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
4.     Defecto
fáctico por no haberse decretado, practicado o valorado pruebas debidamente
solicitadas o recaudadas en el curso del proceso, o por haberse valorado
pruebas nulas o vulneradoras de derechos fundamentales.
5.     Error
inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por
parte de terceros y ese engaño lo llevó a tomar una decisión que afecta
derechos fundamentales.
6.     Decisión
sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no da cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión, pues es en dicha
motivación en donde reposa la legitimidad de sus providencias.
7.     Desconocimiento
del precedente, que se origina cuando el juez ordinario, por ejemplo, desconoce
o limita el alcance dado por esta Corte a un derecho fundamental, apartándose
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado,
también cuado se aparta del precedente sentado por los órganos de cierre de su
respectiva jurisdicción o de su propio precedente.
Adicionalmente, la jurisprudencia
constitucional también ha precisado como requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuya presencia debe ser
verificada por el juez antes de pasar a examinar las causales materiales que
darían lugar a que prosperara el amparo solicitado, los siguientes:
·
Que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia
constitucional.
·
Que se haya hecho uso de todos los mecanismos de defensa judicial
-ordinarios y extraordinarios- a disposición del afectado, salvo que se trate
de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable.
·
Que se cumpla el requisito de la inmediatez. Así, la tutela debe
haber sido interpuesta en un término razonable y proporcionado desde el momento
de ocurrencia de la vulneración del derecho fundamental.
·
Cuando se trate de una irregularidad procesal, que ésta tenga un
efecto decisivo en la sentencia objeto de controversia y afecte los derechos
fundamentales de la parte actora.
·
En la solicitud del amparo tutelar se deben identificar los
hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados y que se hubiere
alegado tal vulneración dentro del proceso judicial, siempre que ello hubiere
sido posible.
·
Que no se trate de sentencias de tutela, por cuanto los debates
sobre derechos fundamentales no pueden prolongarse indefinidamente.
Serán estos los requisitos que se
ha de tener en cuenta al valorar la procedibilidad de una acción de tutela
contra providencias judiciales.
4. Breve referencia a los
defectos sustantivo, fáctico, orgánico y procedimental en la jurisprudencia
constitucional.
En diferentes pronunciamientos,
esta Corporación ha delimitado el campo de aplicación del defecto sustantivo en
las providencias judiciales, al señalar que se presenta, entre otras razones,
(i) cuando la decisión judicial se basa en una norma que no es aplicable,
porque a) no es pertinente[4],
b) ha sido derogada y por tanto perdió vigencia[5],
c) es inexistente[6],
d) ha sido declarada contraria a la Constitución[7],
e) a pesar de que la norma cuestionada está vigente y es constitucional, no se
adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque la norma utilizada,
por ejemplo, se le dan efectos distintos a los señalados expresamente por el
legislador[8];
(ii) cuando a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de
la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del
margen de interpretación razonable[9]
o  “la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes”[10]
o cuando se aplica una norma jurídica de forma manifiestamente errada, sacando
de los parámetros de la juridicidad y de la interpretación jurídica aceptable
la decisión judicial; (iii) cuando no se toman en cuenta sentencias que han
definido su alcance con efectos erga omnes[11],
(iv) cuando la disposición aplicada se torna injustificadamente regresiva[12]
o contraria a la Constitución[13];
(v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza “para
un fin no previsto en la disposición”[14];
(vi) cuando la decisión se funda en una hermenéutica no sistémica de la
norma, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso[15]
o (vii) cuando se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso
concreto[16].
Existe defecto sustantivo igualmente cuando (viii) la decisión no está
justificada en forma suficiente[17]
de tal manera que se afectan derechos fundamentales[18];
(ix) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el precedente judicial[19]
y, (x) cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a
una manifiesta violación de la Constitución[20].
Debe reiterar la Corte que la
competencia atribuida a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar
las normas jurídicas, basada en los principios de autonomía e independencia
judicial, no es absoluta. En este axioma se edifica la dogmática del defecto
sustantivo como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela,
pues la interpretación y aplicación de las disposiciones constitucionales y
legales es una labor reglada que se origina en la función pública de
administrar justicia, la cual  debe seguir los parámetros regulados en el orden
jurídico preestablecido, dentro de los que se encuentran los valores,
principios, derechos, deberes y demás garantías que identifican el Estado
Social de Derecho que nos rige. De tal manera que la autonomía judicial para
elegir las normas jurídicas aplicables al caso concreto, para establecer su
forma de aplicación y la manera de interpretar e integrar el ordenamiento
jurídico, no autoriza al funcionario judicial para que se aparte de la
Constitución y de la ley, pues la justicia se administra siguiendo los
contenidos y postulados constitucionales de forzosa aplicación, tales como, la
dignidad humana, la eficacia de los principios, derechos y deberes, la
favorabilidad, y, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas (arts.
1º, 2º, 6º, 228 y 230 C.P.)[21].
De esta manera, la autonomía
judicial no puede entenderse como libertad absoluta de los jueces para
interpretar el derecho, pues de la Constitución surgen restricciones referidas
principalmente al respeto por la corrección dentro del sistema jurídico; a la
realización de los principios, derechos y deberes constitucionales y a la
jurisprudencia de unificación emitida por las altas Cortes y la jurisprudencia
de la Corte Constitucional. Es que según el principio de ponderación, las
decisiones que limitan los derechos de los asociados, deben responder a
razones  objetivas[22].
Reiteradamente esta Corporación
ha sostenido que el defecto sustantivo por interpretación, puede configurarse
por dos causales genéricas, totalmente independientes la una de la otra, así: en
primer lugar, cuando el funcionario judicial le otorga a la norma un
sentido y alcance que ésta no tiene, de tal suerte que la aplicación final de
la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de
una de las partes (irrazonable o desproporcionada) y, en segundo lugar,
porque la autoridad judicial le confiere a la norma una interpretación posible
dentro de las varias interpretaciones que ofrece la disposición, pero con clara
contravención de postulados constitucionales[23],
debido a que se dejan de tomar en cuenta contenidos superiores que han debido
guiar el proceso y condicionar su resultado. Es perfectamente posible que en
algunas oportunidades concurran las dos causales genéricas indicadas y que la
interpretación contraevidente de la ley –que de por sí pugna con la Carta-
comporte, así mismo, el quebrantamiento de ciertos contenidos de la
Constitución, que sean relevantes para el caso a decidir[24].
En este orden, para que la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto constituya defecto
sustantivo, se requiere que el funcionario judicial en su labor hermenéutica,
desconozca o se aparte abierta y arbitrariamente de los lineamientos
constitucionales y legales, de forma tal que vulnere o amenace derechos
fundamentales de las partes. Es decir, el juez en forma arbitraria y
caprichosa, con base únicamente en su voluntad, actúa franca y absolutamente en
desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico[25].
En todo caso, la interpretación
resultante de la norma y su aplicación al asunto sometido a consideración del
juez, no puede ser plausible[26],
constitucionalmente admisible o razonable para que proceda efectivamente su
enjuiciamiento mediante acción de tutela, pues ello equivaldría a aceptar que
podrían dejarse sin efectos providencias judiciales contentivas de
interpretaciones acertadas de las normas jurídicas, porque el criterio del juez
de tutela no coincide con el del juez natural del caso[27],
lo que no puede permitirse sencillamente porque el juez constitucional asumiría
funciones que no le corresponden, con el consecuente vaciamiento de las
competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico a los distintos jueces de
la República y por demás, con total anulación de los principios de autonomía e
independencia judicial.
De esta forma, no constituye
violación del debido proceso como consecuencia del defecto sustantivo atribuido
a la actuación de un funcionario judicial que aplica una norma o conjunto de
normas, siguiendo una lectura que se encuentra dentro de un margen razonable de
interpretación y, de todas maneras, tal reclamo no prosperará en sede de
tutela, en caso de no haberse planteado en el proceso ordinario, si era posible
hacerlo[28].
Sin embargo, puede suceder que una interpretación aceptable desde el punto de
vista legal, no responda a las especiales exigencias dispuestas en la
Constitución, y a pesar de su plausibilidad como interpretación de la ley,
resulte contraria a la Norma Fundamental, debido a que el funcionario judicial
durante la actividad hermenéutica no establece la conexión indispensable con
los contenidos superiores y consigue como resultado un análisis de la norma
legal que no tiene coherencia con lo exigido constitucionalmente. En otros
términos, se hace una interpretación plausible de la norma aplicable, pero no
obstante, se aplican razonamientos incoherentes para llegar a la decisión,
porque, por ejemplo, el intérprete analiza aisladamente la disposición legal,
sin ninguna vinculación sistemática de los contenidos constitucionales
aplicables al caso concreto[29].
De tal manera que en materia de
interpretación judicial los criterios para determinar la existencia de una
irregularidad son restrictivos, pues se supeditan a la actuación abusiva del
juez y flagrantemente contraria a derecho[30].
De allí que la simple discrepancia o la no coincidencia respecto de la
hermenéutica del operador jurídico por parte de los sujetos procesales, los
particulares y las distintas autoridades judiciales, no invalida la actuación
judicial, debido a que se trata de una vía jurídica distinta para resolver el
caso concreto, pero en todo caso compatible con las garantías y derechos
fundamentales y particularmente deja a salvo la autonomía funcional del juez
como fundamento de la aplicación razonable de las normas jurídicas[31].
En cuanto al defecto fáctico ha
sostenido esta Corporación que tiene lugar “cuando resulta evidente que el
apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es
absolutamente inadecuado...”[32].
Y ha  aseverado de igual manera, que la acción de tutela únicamente procede
cuando se hace manifiestamente irrazonable la valoración probatoria hecha por
el juez en su providencia. Así, ha indicado que “el error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues
el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la
actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia...”[33].
La Corte ha identificado dos
dimensiones en las que se presentan defectos fácticos: la primera ocurre cuando
el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa[34] u omite su
valoración[35]
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente[36].
Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el
juez[37].
La segunda se presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales y
determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido
admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas
(artículo 29 C. P.) o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista
material probatorio que respalde su decisión, y de esta manera vulnere la
Constitución.[38]
Se tiene, entonces, que el
defecto fáctico tiene las siguientes manifestaciones:
1.
Defecto fáctico por la omisión en el decreto y
la práctica de pruebas. Esta hipótesis se presenta cuando el funcionario
judicial omite el decreto y la práctica de pruebas, lo cual tiene como
consecuencia impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que
resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido[39].
2.
Defecto fáctico por la no valoración del acervo
probatorio. Se presenta cuando el funcionario judicial, a pesar de que en el
proceso existan elementos probatorios, omite considerarlos, no los advierte o
simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión
respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su
análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría
sustancialmente[40].
3.
Defecto fáctico por valoración defectuosa del
material probatorio. Tal situación se advierte cuando el funcionario judicial,
en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los
hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico
debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva[41].
El defecto orgánico se configura cuando la autoridad
responsable de la providencia objeto de tutela no era el competente para
conocer del asunto. Así, en sentencia T-446 de 2007, esta Corporación señaló:
Este criterio de procedibilidad se configura cuando la
autoridad que dictó la providencia carecía, en forma absoluta, de competencia
para conocer de un asunto. Así entonces, es necesario precisar que cuando los
jueces desconocen su competencia o asumen una que no les corresponde, sus
decisiones son susceptibles de ser excepcionalmente atacadas en sede de tutela,
pues no constituyen más que una violación al debido proceso.
En el mismo sentido precisó en la sentencia T-929 de
2008, que si se comprueba la incompetencia del funcionario judicial que emitió
la providencia acusada, se configura un defecto orgánico que afecta el derecho
al debido proceso, en tanto “el grado de jurisdicción correspondiente a un
juez, tiene por finalidad delimitar el campo de acción de la autoridad judicial
para asegurar así el principio de seguridad jurídica que “representa un límite
para la autoridad pública que administra justicia, en la medida en que las
atribuciones que le son conferidas sólo las podrá ejercer en los términos que
la Constitución y la ley establecen”[42]”[43].
Más adelante añadió: “la extralimitación de la esfera de competencia
atribuida a un juez quebranta el debido proceso y, entre otros supuestos, se
produce cuando “los jueces desconocen su competencia o asumen una que no les
corresponde”[44]
y también cuando adelantan alguna actuación o emiten pronunciamiento por fuera
de los términos jurídicamente dispuestos para que se surtan determinadas
actuaciones.”[45]
En
consecuencia, ha concluido la Corte que “la actuación judicial está
enmarcada dentro de una competencia funcional y temporal, determinada,
constitucional y legalmente, que de ser desbordada conlleva la configuración de
un defecto orgánico, y por ende, el desconocimiento del derecho al debido
proceso”[46].
Por último,
el defecto procedimental tiene lugar cuando en desarrollo de la actividad
judicial el funcionario se aparta de manera evidente de las normas procesales
aplicables. Al desconocer completamente el procedimiento determinado por la
ley, se termina por emitir una providencia que vulnera derechos fundamentales[47].
No obstante, el desconocimiento del procedimiento debe tener unos rasgos
adicionales para constituir una vía de hecho: a) Debe ser un error trascendente
que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y que tenga una
influencia directa en la decisión de fondo adoptada y, b) debe ser una
deficiencia no atribuible al afectado. Así por ejemplo, se configura una vía de
hecho por vicio procesal cuando se deja de notificar una decisión judicial a
raíz de lo cual la parte pierde arbitrariamente la oportunidad de controvertir
dicha decisión. Sin embargo, si la falta de notificación no tiene efectos
procesales importantes, si se deriva de un error del afectado, o si la misma no
produjo verdaderamente un efecto real – por ejemplo por que el afectado tuvo
oportunidad de conocer el acto por otros medios –, no procederá la tutela[48].
Otro de los
eventos típicos de vía de hecho por defecto procesal se produce a raíz de la
dilación injustificada tanto en la adopción de decisiones como en el
cumplimiento de las mismas por parte del funcionario judicial[49].
Finalmente,
la Corte ha entendido que se produce vulneración grosera del debido proceso,
cuando resulta evidente que una decisión condenatoria en materia penal se
produjo como consecuencia de una evidente deficiencia en la defensa técnica
siempre y cuando esta sea absolutamente imputable al Estado[50].
5. La
naturaleza de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad electoral
La demandante
impetra la tutela contra la sentencia proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la nulidad de su elección,
considera que por no haber prosperado la solicitud de pérdida de investidura
iniciada por la misma causal que finalmente condujo a que fuera anulada su
elección como senadora, la primera sentencia adolece de defectos sustantivos,
fácticos y orgánicos.
Entonces, la
premisa inicial del alegato de la demandante consiste en que las decisiones
adoptadas en el proceso de nulidad electoral y en el de pérdida de investidura
deben ser idénticas, porque de no ser así se vulneran sus derechos
fundamentales, por tal razón solicita que con fundamento en la sentencia
adoptada en el segundo proceso se declare nula la sentencia proferida en el
primero.
Este
razonamiento está apoyado en que los dos procesos fueron adelantados porque
supuestamente la Sra. Ramírez de Rincón estaba incursa en la misma causal de
inhabilidad, prevista en el numeral 3 del artículo 179 constitucional: haber
celebrado contratos con una entidad pública dentro de los seis meses anteriores
a su elección. Esta particularidad tiene lugar debido a que la violación del
régimen de inhabilidades constituye tanto una causal de la nulidad de la
elección, como una causal de pérdida de investidura.
Se trata
entonces de los mismos supuestos fácticos que fueron apreciados y valorados por
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por la
Sección Quinta de la misma Corporación, que llegaron a conclusiones diferentes
en cuanto a su acaecimiento, pues mientras la Sala Plena consideró que no se
había configurado la inhabilidad, al Sección Quinta arribó a la conclusión
opuesta. Y por lo tanto considera la actora que debe prevalecer aquella
providencia que resulta más favorable para sus intereses, es decir, la que
concluye que no incurrió en la referida causal de inhabilidad y por lo tanto
debe ser anulada la decisión más desfavorable.
Empero, esta
argumentación que parece persuasiva parte de un supuesto errado y simplista,
cual es entender que los procesos de pérdida de investidura y el de nulidad
electoral tienen un idéntica naturaleza, a partir de allí se concluye que el
entendimiento de las causales de inhabilidad debe ser igual, y que la
apreciación de la situación fáctica y la valoración de los elementos
probatorios no puede ser diferente.
No obstante
tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como la del Consejo de
Estado han rechazado esta interpretación, y por el contrario han defendido la
naturaleza especial del proceso de pérdida de investidura, que lo diferencia de
otras modalidades de procesos, entre ellos el de nulidad electoral, extremo que
será abordado a continuación.
5.1.
Naturaleza y alcance de la acción electoral y su aplicación para impugnar el
acto de elección de congresistas
Esta
corporación se ha ocupado en distintas oportunidades de la naturaleza y alcance
de la acción electoral[51].
A este respecto, ha sostenido que se trata de una acción pública especial de
legalidad y de impugnación de un acto administrativo de carácter electoral, a
la que puede acudir cualquier persona en el plazo indicado por la ley, que
procede contra actos de elección y de nombramiento[52].
Constituye entonces el medio instituido para discutir en sede jurisdiccional,
tanto la legalidad misma del acto de elección, como la pureza del sufragio y el
respeto a la voluntad del elector[53].
Su conocimiento corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Aunque puede plantearse como una acción de restablecimiento por el afectado o
perjudicado con el acto de elección o nombramiento, su naturaleza es la de una
acción pública de legalidad, en razón a que con su ejercicio se procura la
anulación de un acto electoral debido a su ilegalidad[54].
Sobre este
extremo es ilustrativo el contenido de los artículos 227 y 228 del C.C.A., que
en su orden, facultan para que cualquier persona pueda acudir a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, con la finalidad de solicitar que “se
anulen, o se rectifiquen, modifiquen, adicionen o revoquen las resoluciones de
esas corporaciones electorales por medio de las cuales se declare indebidamente
alguna nulidad, o se computen votos a favor de ciudadanos que constitucional o
legalmente no sean elegibles, o se hubiere dejado de computar un registro, o se
haya alterado o cambiado el nombre de uno o varios candidatos”. Así como,
se anule la elección y se cancele la respectiva credencial del candidato que
“no reúna las condiciones constitucionales o legales para el desempeño de un
cargo, fuere inelegible o tuviere algún impedimento para ser elegido”.
En los
procesos electorales procede la nulidad de los actos de declaración de
elecciones de carácter popular, no solo por las causales estipuladas en el
artículo 223, 227 y 228 del C.C.A., sino que también procede la declaración de
nulidad de los actos de elección y nombramiento por los motivos regulados en el
artículo 84 del C.C.A., es decir, por violación de la norma superior, por
incompetencia de la autoridad que profirió el acto, por expedición irregular y
desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, por falsa motivación y
por desviación de poder[55].
Dentro de las
características generales más importantes de la acción electoral, destacadas
por la Corte Constitucional[56],
siguiendo el análisis que del mismo tema ha realizado el Consejo de Estado[57],
se encuentran las siguientes:
a)  Es una
acción pública que puede ser ejercida por el Ministerio Público y por cualquier
ciudadano que le asiste el interés de establecer la legalidad del acto
impugnado, en razón a que contiene la expresión de su propia voluntad
electoral;
b) Se
persigue con esta institución preservar las condiciones de elección y de
elegibilidad constitucional y legalmente establecidas[58].
De allí que su objetivo principal está en garantizar la constitucionalidad y
legalidad de la función administrativa, de tal manera que se preserve la pureza
y eficacia del voto, el uso adecuado del poder administrativo para designar
servidores públicos en virtud del mérito y condiciones profesionales, así como
la validez de los actos administrativos que regulan de manera general aspectos
de contenido electoral, tendiente a materializar el principio de democracia
participativa como base esencial del Estado Social de Derecho[59];
c) A esta
institución le es inherente el principio pro actione, según el cual las
normas procesales son instrumentos o medios para la realización del derecho
sustancial;
d) Se origina
en la violación de las disposiciones que regulan los procesos y decisiones
electorales y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que afecte a los
elegidos. De allí que esta acción se utilice para examinar si los actos que
regulan materias electorales, o los que declaran elecciones, o los que
contienen nombramientos, se expidieron de forma contraria al ordenamiento
jurídico, con desconocimiento de las reglas dispuestas para tal efecto;
e) Según lo
sostenido por el Consejo de Estado[60],
en la acción electoral, solamente es viable invocar pretensiones dirigidas a:
(i) restaurar el orden jurídico abstracto vulnerado por un acto ilegal o
inconstitucional, es decir, aquellas que busquen dejar sin ningún efecto
jurídico la regulación electoral, la elección o nombramiento irregulares; (ii)
retrotraer la situación abstracta anterior a la elección o nombramiento
irregular, y, (iii) sanear la irregularidad que constató el acto ilegal. Por el
contrario, en la acción electoral no son viables las pretensiones dirigidas a
obtener el reconocimiento de derechos concretos o la declaración de situaciones
subjetivas a favor de la parte demandante. A este respecto, la Corte
constitucional sostuvo que“(…) aunque es cierto que la sentencia que declara
la nulidad de una elección, de un nombramiento, o de un acto administrativo de
contenido electoral no tiene como objetivo restablecer una situación jurídica
concreta, también es cierto que la consecuencia misma de la nulidad puede
generar reivindicación de derechos afectados por el acto irregular. Por
ejemplo, los artículos 226 y 228 del Código Contencioso Administrativo regulan
como consecuencia de la nulidad de un acto de elección, la exclusión de los
votos irregulares del cómputo general, o el llamamiento del candidato que no
resultó elegido por la inhabilidad de la persona cuya elección fue anulada, la
realización de nuevos escrutinios y la cancelación de la credencial que
identifique al elegido”[61].
f) La
consecuencia de la acción es dejar sin efectos un acto administrativo de
contenido electoral, previa invocación, sustentación y prueba del hecho alegado
que debe encontrar tipificación en una de las causales de nulidad del acto
acusado, dispuestas por la ley, las cuales, según la jurisprudencia del Consejo
de Estado, se refieren a las generales establecidas en el artículo 84 del
C.C.A. y las específicas de los actos de elección popular señaladas en el
artículo 223 ibídem
g) Por
tratarse de una acción pública de nulidad, la sentencia tendrá efectos erga
omnes (art. 175 del C.C.A.), motivo por el cual, cobijará desde el punto de
vista electoral, a todos aquéllos que pudiendo haber participado en el proceso,
voluntariamente se marginaron del mismo o no concurrieron a él (art. 223 ibídem)[62],
y,
h) El proceso
electoral constituye uno de los instrumentos legales dispuestos para sancionar
una situación irregular en la que puede incurrir cierta clase de funcionarios
públicos que están inhabilitados para ocupar un cargo de elección popular.
Proceso que goza de todas las garantías del debido proceso sancionador, bajo
las especificidades propias, según su naturaleza y finalidad[63].
Por las
anteriores razones, el legislador ha confiado a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo la guarda de la integridad de los principios
constitucionales y legales del sufragio, que constituyen la base fundamental de
un régimen participativo y democrático como el nuestro[64].
Ahora bien,
la acción electoral comprende la impugnación de los actos de elección de las
corporaciones públicas, dentro de las que se encuentran el Congreso, las
Asambleas y los Concejos[65].
Es de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la cual
deberá resolverse en el término máximo de un (1) año, salvo en los casos de
única instancia, en los que el término para decidir no podrá exceder de seis
(6) meses[66].
En este
orden, a la acción electoral puede acudirse para impugnar los actos de elección
de los miembros del Congreso de la República, cuya competencia corresponde en
única instancia a la Sección Quinta del Consejo de Estado[67].
En todo caso en la acción electoral dirigida a la anulación del acto
administrativo que declara elegido a un Senador o a un Representante a la
Cámara, debe invocarse, demostrarse y encontrarse tipificada cualquiera de las
causales de inelegibilidad reguladas en la Constitución (artículo 179) y en la
ley (arts 84, 223, 227 y 228 del C.C.A). De igual forma, a esta acción debe
acudirse dentro de los veinte (20) días, contados a partir del siguiente a
aquél en el cual se notifique legalmente el acto por medio del cual se declara
la elección (art. 136 num. 12 C.C.A[68]).
Entonces, las
causales de inhabilidad de los congresistas, constituyen prohibiciones para los
candidatos a los cargos de Senador o de Representante a la Cámara, que no
pueden presentarse dentro del término establecido, previo al momento de la
realización de la elección y en caso de que ello ocurra, cualquier persona o el
Ministerio Público, están legitimados para solicitar la nulidad de la elección.
5.2
Naturaleza y alcance de la acción de pérdida de investidura de congresistas
De manera
reiterada esta corporación ha sostenido que la pérdida de investidura regulada
en el artículo 183 de la Constitución, actúa como una sanción para los
congresistas que incurran en vulneración del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades y conflictos de intereses, que les son aplicables (numeral
1º); que incumplan ciertos deberes inherentes al cargo (numerales 2º y 3º) o
sean responsables por indebida destinación de dineros públicos o por tráfico de
influencias debidamente comprobado (numerales 4º y 5º)[69].
Se concibe como una garantía constitucional que busca preservar la
intangibilidad del Congreso de la República en caso de que uno de sus miembros
deba ser investigado con base en circunstancias que puedan conducir a la
pérdida del cargo de elección popular[70].
De esta
forma, la pérdida de investidura constituye un verdadero juicio de
responsabilidad política que se define con la imposición de una sanción de
carácter jurisdiccional, de tipo disciplinario que castiga la violación al
código de conducta que deben observar los congresistas en razón al valor social
y político de la investidura detentada[71].
Una vez aplicada la sanción, el congresista pierde su calidad de tal y además,
queda inhabilitado de manera permanente para ser congresista. Esta sanción
particularmente drástica se estableció en la Constitución, con fundamento en la
altísima dignidad que supone ser Representante a la Cámara o Senador, a los
intereses sociales que representa en virtud de la confianza depositada por los
electores y a la significación del Congreso dentro del Estado Democrático.
El proceso de
pérdida de investidura, de acuerdo a lo indicado en la Constitución, se tramita
en un término especialmente breve, en las condiciones que establezca la ley y
es de competencia de la Sala Plena del Consejo de Estado[72].
Tal proceso solamente puede iniciarse en los casos, bajo las condiciones y con
las consecuencias que la Constitución establece. Los motivos que la originan
son taxativos[73].
De esta
forma, la pérdida de investidura tiene carácter sancionatorio. En cuanto
comporta el ejercicio del ius puniendi estatal, esta institución está
sujeta, de forma general, a los principios que gobiernan el debido proceso en
materia penal, con las especiales modulaciones necesarias para el cumplimiento
de los fines constitucionales. Esas modulaciones encuentran fundamento en las
características propias de la institución, particularmente, en la gravedad de
la sanción que se origina en la incursión en un conjunto muy variado de
infracciones y la brevedad del término con el que cuenta el Consejo de Estado
para emitir la decisión. Entonces, no se trata de un castigo cualquiera sino de
uno excepcional, por esa razón, requiere de la plena observancia de las
garantías y requisitos constitucionales del debido proceso dispuesto en el
artículo 29 de la Constitución[74].
El proceso de
pérdida de investidura, inicialmente se adelantó siguiendo el procedimiento
regulado en el artículo 206 del C.C.A., que resultaba aplicable a aquellos
litigios para los cuales no exista un proceso especial. Esta posición fue
avalada por la Corte Constitucional en sede de tutela[75].
La Sala Plena del Consejo de Estado seguía estos juicios valiéndose del proceso
ordinario y contra su decisión no cabía recurso alguno. Sin embargo, con la
expedición de la Ley 144 de 1994 se reguló el procedimiento a seguir,
consultando las particularidades de la nueva institución, ajustado al breve
término de 20 días previsto en la Constitución. En el artículo 17 de la
mencionada ley, se estableció el recurso extraordinario especial de revisión
para las sentencias que levanten la investidura de un congresista, sin que se
dispusiera el órgano competente para conocer del mismo. Solamente hasta 1998
con la puesta en vigencia de la Ley 446 de ese año, se asignó a la Sala Plena
del Consejo de Estado la competencia para conocer de ese recurso
extraordinario, sin que pudieran ser recusados los Consejeros que participaron
en la decisión impugnada, ni podrían declararse impedidos por ese solo hecho[76].
Una vez
verificado el objeto y finalidad, así como las principales características de
la acción electoral y de la pérdida de investidura de congresistas, enseguida
la Sala hará énfasis en las diferencias entre una y otra acción. Este ejercicio
permitirá, como se mencionó, tener claridad respecto de si la autonomía e
independencia son características propias que identifican las citadas acciones.
5.3.
Objeto y finalidades distintas entre la acción electoral y la de pérdida de
investidura de congresistas
Lo expuesto
en los dos acápites inmediatamente anteriores permite afirmar a la Sala Plena
de esta Corte que la acción electoral y la pérdida de investidura de
congresistas tienen objetos, finalidades y ciertas particularidades especiales
que las diferencian, a pesar de que pueden afectar a una misma persona o
miembro del Congreso de la República.
En efecto,
mientras que la acción electoral se orienta a preservar la pureza del sufragio
y al mantenimiento de la legalidad de los actos de elección de los
congresistas, mediante la imposición de unos requisitos que debe cumplir quien
pretenda ser elegido en el órgano legislativo, que actúan como causales de
inelegibilidad, la acción de pérdida de investidura, tiene como finalidad
sancionar al elegido por la incursión en conductas que contrarían su
investidura, como lo son la trasgresión del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades y conflicto de intereses. Ahora bien, la acción electoral
tiene una caducidad de 20 días y la acción de pérdida de investidura no tiene
término de caducidad. La acción electoral se tramita por el proceso previsto en
los artículos 223 y siguientes del C.C.A. y la pérdida de investidura sigue el
trámite regulado en la Ley 144 de 1994.
Del mismo
modo, de configurarse la causal que originó la acción electoral, la Sección
Quinta del Consejo de Estado en un proceso que se surte en única instancia
decreta la nulidad del acto de elección del miembro del Congreso de la
República. De configurarse igualmente la causal que fundamentó la acción de
pérdida de investidura, la Sala Plena del Consejo de Estado en un proceso de
única instancia, declara la pérdida de investidura del Senador o del
Representante a la Cámara. La nulidad del acto de elección del congresista
tiene efectos retroactivos, es decir, desde el propio acto de elección, lo que
no es óbice para que la persona a quien se le anuló la elección, pueda volver a
presentarse como candidato a la Cámara de Representantes o al Senado de la
República, lo que no ocurre cuando se ha declarado la pérdida de investidura,
en razón a que queda imposibilitado definitivamente para presentarse como
candidato y en consecuencia para ser elegido miembro del Congreso de la
República en calidad de Representante a la Cámara o Senador de la República.
En suma, las
diferencias notorias entre  una y otra acción, empezando por el objeto, la
finalidad, el trámite que sigue el proceso, el juez natural encargado de
definirlas y las consecuencias y efectos especiales, muestran, la independencia
y autonomía de la acción electoral, frente a la acción de pérdida de
investidura de congresistas.
Ahora bien,
al verificar el contenido de los artículos 179 y 183-1 de la Constitución, se
advierte que coinciden algunas de las causales que pueden fundamentar una
solicitud de nulidad del acto de elección de un congresista, con las causales
de pérdida de investidura del mismo. Por esta razón, enseguida pasa la Sala a
verificar el alcance del contenido de las disposiciones a ese respecto, con la
finalidad de establecer si pueden producir efectos de manera independiente dos
fallos emitidos por la Sección Quinta del Consejo de Estado al definir una acción
electoral y, por la Sala Plena de esa corporación al resolver una acción de
pérdida de investidura, las cuales pueden fundamentarse, se insiste, en
idéntica causal de inhabilidad y presentarse por el mismo demandante, en contra
del mismo demandado. Además, si la autonomía de los efectos de los fallos así
adoptados, está supeditada a la aplicación de la institución de la cosa
juzgada.
5.4. La
autonomía e independencia de las acciones electorales y la pérdida de
investidura de los Congresistas, hace que los fallos proferidos tengan sus
propios efectos, a pesar de que dichas acciones puedan fundarse en la misma
causal de inhabilidad (arts. 179 y 183 C.P.)
En el
artículo del 179 de la Constitución se establecen las causales de inhabilidad o
de inelegibilidad de los congresistas[77].
En el numeral 3º de la citada normativa, se dispone que no podrán ser
congresistas “Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante
entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés
propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades
que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis
meses anteriores a la fecha de la elección”.
Por su parte,
en el artículo 183 de la misma normativa constitucional[78],
se regulan las causales de pérdida de investidura, dentro de las cuales se
estipulan la violación del “régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses (…)”.
(Negrillas fuera de texto).
De los
anteriores preceptos se infiere que las inhabilidades que constituyen el
fundamento para impugnar los actos de elección de los congresistas  mediante la
acción electoral, también constituyen causales de pérdida de investidura de los
miembros del Congreso de la República. En consecuencia, puede presentarse
acción electoral contra el acto de elección de un Representante a la Cámara o
de un Senador de la República con base en la trasgresión del régimen de
inhabilidades dispuesto para esta clase de servidores públicos de elección
popular, y al mismo tiempo acudirse en acción de pérdida de investidura con
fundamento en la vulneración de dicho régimen.
Surgen
entonces las cuestiones relacionadas con la garantía de non bis in ídem, los
efectos de la cosa juzgada e incluso la eventual prejudicialidad entre los
procesos de nulidad electoral y de pérdida de investidura, cuando se adelantan
contra un mismo sujeto por una idéntica causal de inhabilidad, respecto de los
cuales ya se ha pronunciado esta Corporación.
En efecto,
mediante la sentencia C-507 de 1994 se ejerció control de constitucionalidad
por vía de demanda ciudadana sobre apartes de los artículos 227 y 228 del
Decreto Ley 01 de 1984 (C.C.A.) que en sentir del actor desconocían lo
dispuesto en los artículos 29, 183-1 y 184 de la Constitución. En opinión del
demandante la violación del régimen de inhabilidades debía fungir
exclusivamente como causal de pérdida de investidura  de congresistas, por lo
tanto al estar prevista en los apartes demandados como causales de nulidad
electoral se trasgredía los artículos 183-1 y 184 constitucionales. Por estas
mismas razones, a juicio del actor, se vulneraba también la garantía de non
bis in ídem (art. 29 C.P.) porque una misma persona podía ser juzgada dos
veces por los mismos hechos, en un proceso de nulidad electoral y en un proceso
de pérdida de investidura.
La Sala Plena
de esta corporación desestimó los cargos y en consecuencia los apartes
demandados fueron declarados exequibles, con fundamento en las siguientes
razones:
“Tercera.-
No se trata realmente de dos juicios idénticos
Lo primero que cabe observar es la
diferencia prevista entre la acción encaminada a conseguir la declaración de
nulidad de la elección y el proceso en el cual se pide que se decrete la
pérdida de la investidura, con fundamento en el artículo 184 de la
Constitución. Tal diferencia está explicada en la jurisprudencia del H. Consejo
de Estado citada por el Procurador General de la Nación, cuya tesis la Corte
comparte:
"La Sala considera, en acuerdo con
la distinguida Procuradora Delegada, que no son, el juicio que se adelanta para
decretar la pérdida de investidura de un congresista -con fundamento en el
artículo 184 de la Carta- y el juicio electoral que pretende la nulidad de su
elección- aunque se refieran a una misma persona- juicios idénticos, fundados
en los mismos hechos y con igualdad de causa. En efecto la pérdida de investidura
implica en el fondo una sanción por conductas asumidas por la persona del
Congresista que lo priva de esa condición que una vez fue poseída por él; al
paso que el juicio electoral lo que pretende es definir si la elección y la
condición de Congresista son legítimas, o si por el contrario, en el caso de
que existan motivos para su anulación, son ilegítimas.  Quiere decir lo
anterior que en el primer caso, lo que se juzga es la ruptura del pacto
político existente entre el elector y el elegido, elemento fundamental de la
democracia representativa; cuando el candidato se presenta ante el electorado
hace una declaración, a veces implícita, de no estar incurso en causal de
inhabilidad, que impida su elección; si tal declaración no resulta cierta, el
elegido, en este caso el Congresista, viola dicho pacto político, caso en el
cual procede, por mandato de la Constitución, la pérdida de la investidura cuya
finalidad es preservar la legitimidad de las instituciones de la sociedad
política, sin perjuicio de las consecuencias personales que el decreto de la
medida acarrea de conformidad con el artículo 179, numeral 4 de la Constitución
Política. En el segundo caso, en cambio, se cuestiona la legalidad de los actos
que permitieron el acceso del congresista a esa condición y si estos se
declaran nulos, ello equivale a que nunca se tuvo acceso legítimamente a la
referida investidura". (Cfr. Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena,
septiembre 8 de 1992).
No sobra advertir que la acción de
nulidad consagrada por las normas demandadas, tienen sustento en los siguientes
artículos de la Constitución, en principio: 40, numeral 6; 89; 236; 237,
numeral 1; y, 238.
Finalmente, debe recordarse que las
sentencias correspondientes a los dos procesos, tienen efectos diferentes”.
En este
orden, de acuerdo a la sentencia citada, la acción electoral y la pérdida de
investidura, a pesar de poderse iniciar en contra de la misma persona, con base
en la misma causal de inhabilidad, tienen autonomía e independencia, habida
cuenta que no se trata de juicios idénticos, fundados en la misma situación
fáctica y con igualdad de causa.
Fue por ello que en la aludida sentencia, respecto del cargo
relacionado con la vulneración de la garantía dispuesta en el artículo 29
constitucional, que prohíbe juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho (non
bis in idem), con la posibilidad que se tiene de acudir a las citadas
acciones con base en idéntica causal para buscar, tanto el examen de la
legalidad del acto de elección, así como el examen de la actuación del
congresista, esta Corte sostuvo que esa garantía constitucional no se vulnera,
y por el contrario, resulta resguardada en aplicación de la institución de la
cosa juzgada en la que puede fundarse la excepción que podría proponerse en
esos casos.
Se anotó en
la mencionada sentencia de Sala Plena que cuando se ha iniciado una acción
electoral y se ha dictado sentencia, y luego se solicita la pérdida de
investidura con fundamento en la misma causal de inhabilidad, en aplicación de
la cosa juzgada, el resultado de la decisión a adoptar en el proceso de pérdida
de investidura, está supeditado a lo resuelto en la acción electoral, siguiendo
las siguientes reglas jurisprudenciales[79]:
a)     Declarada
la nulidad de la elección, el proceso de pérdida de investidura solamente
podría buscar constituir la causal de inhabilidad o de inelegibilidad regulada
en el numeral 4o del artículo 179 de la Constitución (haber perdido la
investidura de congresista), para que pueda surtir efecto en el futuro.
b)    Cuando
no se declara la nulidad de la elección, debido a que no se probó la
inhabilidad (no existió la inhabilidad), la sentencia podría oponerse como
fundamento de la excepción de cosa juzgada.
c)     Cuando
no prospera la demanda de nulidad electoral, debido a que se acudió a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo una vez vencido el término
indicado en la ley, es decir, operó la caducidad de la acción, no habría lugar
a oponer la excepción de cosa juzgada, en razón a que la sentencia no habría
declarado la inexistencia de la causal alegada.
A juicio de
la Sala Plena de esta Corte, la primera regla se fundamenta precisamente en la
independencia y autonomía de la acción electoral frente a la pérdida de
investidura de congresistas, de donde se explica que encontrada configurada la
causal de inhabilidad por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la nulidad
electoral, la Sala Plena de esa corporación esté autorizada para tramitar la
solicitud de pérdida de investidura, orientada a estructurar la causal de
inhabilidad dispuesta en el artículo 179-4 de la Constitución para que obre en
el futuro.
Ahora bien,
la segunda regla se basa en que a pesar de tratarse de dos acciones con objeto
y finalidades distintas (nulidad electoral y pérdida de investidura), se apoyan
en la misma prohibición y en idénticos elementos fácticos y probatorios que ya
fueron analizados y juzgados con una decisión en firme,  es decir, hace
tránsito a cosa juzgada[80].
Por su parte,
lo afirmado en la última regla encuentra sustento, además, en que la caducidad
de la acción electoral no afecta la vigencia de otros medios dispuestos para
asegurar la plenitud del sistema jurídico regulador de la conducta. Es decir,
para velar por la idoneidad y adecuada actuación de los servidores estatales
(antes y después de su designación), con la finalidad de evitar que quienes no
cumplan con los requisitos exigidos, presten sus servicios en nombre del
Estado. Tampoco este fenómeno (la caducidad) exime o condona el incumplimiento
de las exigencias necesarias para desempeñar determinados cargos. Dentro de los
aludidos instrumentos jurídicos se encuentran la pérdida de investidura
aplicable a los miembros del Congreso de la República (artículo 179 C.P.)[81].
Cabe señalar
que las reglas mencionadas en precedencia se relacionan directamente con los
cargos de inconstitucionalidad atribuidos por el actor en contra de lo regulado
en los apartes demandados de los artículos 227 y 228 del Código Contencioso
Administrativo[82],
que fueron declarados exequibles por esta corporación en la citada sentencia,
que según el actor, constituían causales de inhabilidad exclusivas para iniciar
acción de pérdida de investidura contra miembros de corporaciones públicas
elegidos popularmente, así como a su juicio se incurría en violación del debido
proceso por contrariar la prohibición de non bis in idem.
De acuerdo a
lo anotado, la autonomía e independencia como criterios originados en que los
juicios no son idénticos, basados en hechos similares y con igualdad de causa,
así como en los diferentes efectos de los fallos emitidos, hacen que la acción
electoral y la acción de pérdida de investidura contra congresistas puedan
fundarse en la misma causal de inhabilidad (arts. 179 y 183-1 C.P), sin que se
vulnere el non bis in idem o prohibición de juzgamiento de una persona
por los mismos hechos, pues esta garantía constitucional integrante del debido
proceso, se salvaguarda, aplicando la institución de la cosa juzgada, siguiendo
las aludidas reglas jurisprudenciales
En todo caso,
en la sentencia C-507 de 1994 no se contempló expresamente la posibilidad de
que se decretara la nulidad de la elección por una causal de inhabilidad y
posteriormente no prosperara la solicitud de pérdida de investidura por la
misma causal, cual es el caso objeto de análisis en la presente decisión.
Empero, como en el citado precedente se hizo expresa alusión a la independencia
y autonomía de los dos procesos, es menester concluir que por tal razón es
posible que se arriben a distintas decisiones sin que ello per se
implique una vulneración de las garantías propias del debido proceso.
Cabe tener en
cuenta que se trata además de órganos distintos, pues la sentencia de nulidad
electoral es proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado y la de
pérdida de investidura por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la
misma Corporación, los cuales realizan juicios diferentes sobre los mismos
hechos, uno sobre la legalidad de la elección y otro de carácter sancionatorio
sobre la conducta desplegada por el congresista. Por lo tanto la falta de
identidad en torno a la interpretación de la causal de inhabilidad y sobre la
calificación de los hechos sometidos a análisis judicial no conduce
ineludiblemente a que la decisión que sea menos favorable a los intereses del
congresista o ex congresista haya incurrido en defectos que puedan ser atacados
en sede de tutela.
Por lo tanto
en este caso la falta de correspondencia entre la decisión adoptada por la
Sección Quinta en el Proceso de nulidad electoral y por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo en el proceso de pérdida de investidura de la Sra.
Ramírez de Rincón no tiene como consecuencia que la primera providencia incurra
en los defectos alegados por la accionante, pues este extremo debe ser
verificado por el juez de tutela.
6. El
examen del caso concreto
A continuación se verificara los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales en la acción de tutela impetrada por la Sra. Martha
Lucía Ramírez contra la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado el seis (6) julio de dos mil nueve (2009), mediante la cual declaró
la nulidad de su elección como senadora.
·
La primera exigencia es que el asunto objeto de debate sea de
evidente relevancia constitucional. La demandante alega que la providencia
atacada vulnera sus derechos fundamentales a elegir y ser elegida, al debido
proceso y al derecho de defensa, por los supuestos defectos en que incurrió la
decisión adoptada por el órgano de la jurisdicción contencioso administrativa.
Como este tópico será examinado detenidamente más adelante, la Sala Plena, prima
facie, se limita a constatar que por estar en juego derechos fundamentales
al debido proceso se verifica el cumplimiento de este primer requisito.
·
Contra la sentencia proferida por la Sección Quinta no cabe
recurso alguno, por tal razón se entiende que la afectada no contaba con otros
mecanismos de defensa judicial a su disposición.
La tutela no se impetra contra
un fallo de tutela.
·
En cuanto al requisito de la inmediatez, la providencia atacada
en sede de tutela está fechada el (06) de julio de dos mil nueve (2009) y el
amparo fue impetrado el dieciocho (18) de diciembre de dos mil nueve (2009) y
posteriormente presentó un escrito mediante el cual adicionaba la solicitud
inicial el dos (02) de febrero de dos mil diez (2010). Es decir, entre la fecha
en la cual proferida la sentencia de nulidad y la presentación de la solicitud
de tutela transcurrieron menos de seis meses, plazo que parece prima facie
razonable y ajustado al requisito de inmediatez.
Una vez verificado que en el caso
concreto están presentes los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, se abordará el examen de los
defectos propuestos por la actora.
En primer lugar la Sra. Ramírez
de Rincón alega que se configura un defecto orgánico porque la sentencia que
puso fin al proceso de nulidad electoral se profirió de manera extemporánea,
después de dos años y once meses de su presentación, razón por la cual la
Sección Quinta del Consejo de Estado había perdido competencia, pues al
tratarse de un proceso electoral de única instancia, no podía exceder de 6
meses, tal como señala el artículo 264 de la Constitución Política. En relación
con este supuesto defecto simplemente cabe destacar que no hay una previsión
constitucional que señale la pérdida de competencia del juez que conoce de la
acción de nulidad electoral una vez trascurrido el plazo de seis meses, por lo
tanto la sentencias proferidas después de haber transcurrido dicho término son
válidas y en esa medida no se configura el defecto alegado por la actora.
En segundo lugar, se aducen
defectos fácticos: (i) en la sentencia se afirma que la acción no había
caducado con base en una prueba inexistente, como fue una certificación de
notificación del acto de elección expedida por el Subsecretario General del
Consejo Nacional Electoral, la cual no obró en el proceso 4084; (ii) la
sentencia da por probado que el negocio que se celebró entre la sociedad
Ramírez Orozco International Strategy Consultants LTDA. y Bancoldex, se
formalizó en la orden de servicios N. 4492 de treinta (30) de septiembre de dos
mil cinco (2005), lo cual afirma que no es cierto, por cuanto éste se
perfeccionó la tercera semana de agosto del mismo año.
Al respecto se tiene que ninguno
de los dos defectos alegados se configura, pues la prueba de la certificación
del acto de elección fue debidamente recaudada y aportada al  proceso de
nulidad electoral y, por otra parte, no se incurre en un manifiesto error de
valoración probatoria en la apreciación de la orden de servicios fechada el
treinta (30) de septiembre de 2005, y al deducir que en esta fecha se formalizó
el contrato entre  la sociedad Ramírez Orozco International Strategy
Consultants LTDA. y Bancoldex.
En tercer lugar, señala que se
incurrió en los siguientes defectos sustantivos: (i) interpretación errónea de
las normas de caducidad de la acción electoral; (ii) interpretación incorrecta
y sin explicación del concepto contrato estatal, porque la sentencia dio por
probadas que las gestiones que la actora celebró con Bancoldex concluyeron en
la formalización de un negocio jurídico estatal, que se consolidó en la orden
de servicios de treinta (30) de septiembre de dos mil cinco (2005); (iii)
interpretación errónea de los hechos porque la alianza acordada entre
contratante y contratista no tuvo por objeto la prestación de un servicio ni la
realización de una actividad, sino la legalización del aporte por participación
publicitaria; (iv) interpretación errónea de la causal de inhabilidad que
consagra el numeral tercero del artículo 179 de la Constitución, en relación
con la época en que se configura ésta y, frente a la exigencia de que exista
provecho para el sujeto, por que el contrato realmente se perfeccionó en agosto
de 2005, es decir por fuera del período inhabilitante.
Los anteriores defectos
sustantivos tienen todos fundamento en el mismo argumento: la interpretación
errónea de la causal de inhabilidad prevista en el artículo 179 numeral 3
constitucional. Según el citado precepto no podrán ser congresistas quienes
hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la
celebración de contratos con ellas en interés propio o en el de terceros.
El tenor literal de este enunciado hace referencia a la celebración de
contratos con entidades públicas, no hace alusión a la modalidad del contrato
ni a la naturaleza de la entidad pública.
Esta Corporación en su
jurisprudencia ha sostenido de manera reiterada que las causales de inhabilidad
deben ser objeto de una interpretación restrictiva, por tratarse de una
limitación en el ejercicio de derechos políticos, no obstante la interpretación
que hizo la Sección Quinta no es extensiva, pues a pesar de haber otras
interpretaciones más favorables a los intereses de la accionante en tutela,
como por ejemplo la que se defendió en la sentencia de pérdida de investidura,
de cualquier modo la comprensión de la citada causal hecha por la Sección
Quinta se acoge al tenor literal del precepto constitucional. Por lo tanto, no
incurrió en un manifiesto error interpretativo la Sección Quinta del Consejo de
Estado al entender que Bancoldex es una entidad pública y que por lo tanto
cualquier modalidad de contrato celebrado con esta entidad acarrea la nulidad
electoral.
Por las anteriores razones
tampoco prosperan  los defectos alegados por la actora en el sentido que la
sentencia mediante la cual se declaró la nulidad de su elección carece de
motivación, pues no se demuestra que el acto jurídico que se celebró con
Bancoldex presente elementos propios de un contrato estatal y vulnera los
principios de justicia rogada e interpretación restrictiva.
En conclusión, no se configuran
los distintos defectos alegados por la Sra. Ramírez de Rincón y por lo tanto no
hay lugar a declarar la nulidad de la sentencia proferida por al sección Quinta
del Consejo de estado en el proceso de nulidad electoral adelantado en su
contra.
Adicionalmente considera esta
Corporación que una eventual vulneración del derecho al buen nombre de la Sra.
Ramírez de Rincón quedo subsanada al no haber prosperado la solicitud de
pérdida de investidura, pues precisamente debido a la naturaleza sancionatoria
de este tipo de procesos, que implica un examen sobre el comportamiento ético
de los congresistas, es el escenario propicio para debatir y analizar la
conducta de los parlamentarios con fundamento en argumentos distintos a los de
estricta legalidad electoral. Por tal razón al haber considerado la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo que no incurrió en la causal de inhabilidad el
buen nombre de la accionante no sufrió mengua alguna.
III. DECISIÓN
Con fundamento
en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
LEVANTAR la suspensión de términos decretada en el
presente proceso.
Segundo.-
REVOCAR la sentencia proferida por la Sección
Segunda, Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, el veintinueve (29) de junio de dos mil diez (2010), en la acción de
tutela instaurada por Martha Lucía Ramírez contra la Sección Quinta del Consejo
de Estado. En su lugar, DENEGAR el amparo solicitado por las razones
expuestas en la presente decisión.
Tercero.- Por Secretaría General líbrense las comunicaciones previstas en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrado
Ausente en
comisión
MAURICIO GONZALEZ
CUERVO
Magistrado
ADRIANA MARIA GUILLEN
ARANGO
Magistrada (e)
JORGE IVAN PALACIO
PALACIO
Magistrado
Con salvamento de
voto
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
Con aclaración de
voto
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
Ausente con
permiso
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
Impedimento
aceptado.
MARTHA VICTORIA
SACHICA MENDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
NILSON
PINILLA PINILLA
A
LA SENTENCIA SU399/12
Referencia:
expediente T-2773240.
Acción de
tutela presentada por Martha Lucía Ramírez de Rincón contra la Sección Quinta
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Magistrado sustanciador:
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.
Habiendo
votado positivamente y firmado el proyecto presentado en este caso por el
Magistrado sustanciador, estimo necesario consignar por escrito una muy sucinta
aclaración sobre el sentido de mi voto en el presente asunto.
Si bien
participo de la resolución adoptada, por cuanto comparto la percepción de que
no existían razones que justificaran invalidar la interpretación que dentro de
un asunto de su competencia efectuó la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, debo aclarar mi voto pues
siempre he disentido frente al enfoque amplificado de la noción de “vía de
hecho” y en relación con algunas de las argumentaciones que se exponen para
arribar a la decisión adoptada.
Particularmente,
tal como lo he explicado con más amplitud frente a otras decisiones[83],
no comparto el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se
reconoce por parte de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra
decisiones judiciales, y que en el caso de la sentencia a que me vengo
refiriendo se pone de presente en las argumentaciones relacionadas con la
sentencia C-590 de junio 8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyos
planteamientos discrepo parcialmente desde su expedición.
Mi desacuerdo con dicha sentencia radica en el hecho de que, en la
práctica, especialmente las llamadas “causales especiales de procedibilidad” a
que dicha providencia se refiere en su punto 25, y que aquí son traídas a
colación en las consideraciones 3 y 4 (páginas 17 a 20), abarcan todas las
posibles situaciones que podrían justificar la impugnación común contra una
decisión judicial, dejando así la imagen de que esta Corte estima que la acción
de tutela constituye un recurso complementario, añadible a los establecidos en
el proceso de que se trata.
Con ello, la solicitud y trámite de la acción de tutela al amparo de
tales enunciados, deviene simplemente en una (o más) nueva(s) oportunidad(es)
que se confiere(n) a quien se ha visto desfavorecido por la decisión adoptada
por el juez competente, o lo que es lo mismo, en una (o varias) instancia(s)
adicional(es), no prevista(s) en absoluto en el respectivo proceso debido,
situación que difiere, de lejos, del propósito de protección subsidiaria a los
derechos fundamentales que animó al constituyente de 1991, que vino a quedar
reflejado en el artículo 86 superior.
Además, no sobra acotar que si bien esta corporación con fundamento en
la sentencia C-590 de 2005 aduce sistematizar una línea jurisprudencial
construida y decantada a partir de las consideraciones que se dejaron
planteadas en la sentencia C-543 de 1992, ello no es exacto, ya que en realidad
ese pronunciamiento[84],
de suyo sólo argüible frente a la casación penal por ser ésta la institución
regulada en el precepto parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de
2004), se ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó
decidido en la C-543 de 1992.
En efecto, mientras que en esa providencia de 1992 se consideró, con
firmeza de cosa juzgada constitucional (art. 243 Const.), que no puede ser
quebrantada, que la tutela contra decisiones judiciales atentaba contra la
seguridad jurídica y contra otros importantes valores constitucionales, como el
“principio democrático de la autonomía funcional del juez”, “la independencia y
desconcentración que caracterizan a la administración de justicia” y “la
función garantizadora del Derecho” que cumple el proceso, y en consecuencia se
declaró inexequible la preceptiva que reglamentaba tal posibilidad, en la C-590
de 2005 se presenta un amplio listado de situaciones, creyéndose que de
inferirse la materialización de alguna de ellas, en opinión de quien realiza el
control tutelar, de por sí le está permitido remover o dejar sin efecto la
decisión judicial, cual si aplicara un recurso ordinario más, con lo cual se ha
desquiciado gravemente su carácter excepcionalísimo y, en la práctica, se ha
abatido la seguridad jurídica, que es también un derecho fundamental.
Por lo anterior, dado que la decisión adoptada con mi acuerdo y
participación incluye algunas consideraciones con alcances de tal índole, que
no comparto, aclaro el voto en el caso de la referencia.
Con mi acostumbrado respeto,
Fecha ut supra
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
SALVAMENTO
DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
A
LA SENTENCIA SU399/12
Referencia.: Salvamento de voto a la sentencia SU-399 de 2012. Acción
de tutela instaurada por Martha Lucía Ramírez contra la Sección Quinta del
Consejo de Estado.
Con el acostumbrado respeto por
las decisiones de la Corte Constitucional, me veo obligado a salvar voto en el
asunto de la referencia. A continuación expongo las razones de mi discrepancia
con la mayoría.
1.- Generalidades del caso
1.1.- Un ciudadano demandó ante
el Consejo de Estado la nulidad de la elección de la señora Martha Lucía Ramírez
como Senadora de la República (periodo 2006-2010). Adujo que se encontraba
incursa en causal de inhabilidad, por haber celebrado contrato con una entidad
pública dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la votación (art.
179-3 CP).
1.2.- La Sección Quinta del
Consejo de Estado, en sentencia del 6 de julio de 2009, declaró la nulidad de
la elección y ordenó cancelar la respectiva credencial. Sostuvo que la entonces
candidata efectivamente celebró contrato con entidades públicas dentro de los
seis (6) meses previos a la votación.
1.3.- Con fundamento en esta
decisión e invocando la misma causal de inhabilidad, otro ciudadano demandó la
pérdida de la investidura de la entonces Congresista Martha Lucía Ramírez. Sin
embargo, en una decisión completamente antagónica, la Sala Plena del Consejo de
Estado, mediante sentencia del 19 de enero de 2010, al interpretar la misma
causal de inhabilidad, con fundamento en los mismos hechos y valorando
exactamente las mismas pruebas, negó la solicitud de pérdida de investidura. A
diferencia de la Sección Quinta, la Plenaria consideró que el negocio jurídico
celebrado era de derecho privado y no un contrato estatal, cuyo
perfeccionamiento en todo caso se había dado por fuera del término
inhabilitante.
1.4.- Ante esta evidente
contradicción entre lo resuelto en uno y otro proceso, la señora Martha Lucía
Ramírez presentó acción de tutela por estimar que el fallo de la Sección Quinta
del Consejo de Estado, que anuló su elección como Senadora de la República, vulneró
entre otros sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la
administración de justicia.
2.- Decisión de la Corte
Constitucional
En sede de revisión la mayoría de
la Corte Constitucional negó el amparo (sentencia SU-399 de 2012). En síntesis,
adujo que como la acción de nulidad electoral y la acción de pérdida de
investidura tienen naturaleza y objeto distintos, el examen fáctico y de
responsabilidad del congresista presenta también parámetros distintos y por
tanto bien podía llegarse a decisiones disímiles. Adicionalmente, la mayoría
estimó que la Sección Quinta del Consejo de Estado, al efectuar el análisis
normativo y la valoración probatoria, no incurrió en ninguno de los defectos
que da lugar a la tutela contra providencias judiciales.
Así, la sentencia considera “errado y simplista” entender que
los procesos de pérdida de investidura y de nulidad electoral tienen idéntica
naturaleza, y encuentra que la interpretación efectuada por la Sección Quinta
se acoge al “tenor literal” del artículo 179-3 Superior, de modo que “no
incurrió en un manifiesto error interpretativo”.
3.- Razones del salvamento
3.1- Respetuoso como he sido de
las decisiones de la Corte, considero sin embargo que es lógica y jurídicamente
inadmisible que dos asuntos en los cuales se examinan los mismos hechos, con
los mismos fundamentos normativos y con el mismo material probatorio, conduzcan
a una Sección y a la Sala Plena de una misma corporación –el Consejo de Estado-
a conclusiones no solo diferentes sino diametralmente opuestas. Y más difícil
aún me resulta aceptar que el juez constitucional renuncie a intervenir para
corregir esa abierta contradicción y proteger los derechos fundamentales de la
accionante.
3.2.- Desde el punto de vista de
la lógica, aunque mucho se ha discutido acerca de si tiene cabida en el
Derecho, puede decirse que las reglas del pensamiento formal son necesarias
aunque no siempre suficientes en el razonamiento jurídico. En este sentido la
doctrina ha explicado que “la validez y la invalidez, las reglas básicas de
la deducción, los principios para la evaluación de inferencias deductivas y así
sucesivamente, siguen siendo fundamentalmente los mismos y no cambian cuando se
aplican en un contexto legal”[85].
También ha explicado que su importancia radica en el hecho de que el
acatamiento de sus reglas “es una condición necesaria para toda ciencia”,
incluida la ciencia jurídica[86].
Tal vez por ello la Corte Suprema de Justicia de Alemania en algún momento
llegó a calificar las leyes de la lógica como verdaderas “normas de derecho
no escrito”[87].
Lo anterior también guarda
relación con el principio de coherencia y su relevancia en el Derecho[88],
el cual exige que las decisiones judiciales, además de no incurrir en
contradicciones de orden lógico, armonicen con los principios y valores del
sistema jurídico al que se integran[89].
En este sentido la Corte
Constitucional ha destacado la necesidad de tomar en consideración los
postulados de la lógica en el razonamiento judicial[90],
al punto que no ha vacilado en declarar la nulidad de sus propios fallos cuando
advierte contradicciones entre la parte motiva y la resolutiva[91].
Igualmente, ha reconocido la importancia de que las decisiones judiciales sean
coherentes con el sistema jurídico en su conjunto[92].
3.3.- Hecha esta aclaración
preliminar, uno de los principios básicos de la lógica es el de “no
contradicción”, según el cual una proposición y su negación no pueden ser
ambas verdaderas a la vez; ontológicamente significa que algo no puede “ser”
y “no ser” al mismo tiempo. Así, trasladado al campo jurídico, el
principio supone, por mencionar algunos ejemplos, que una conducta no puede ser
permitida y simultáneamente prohibida; que un hecho no puede ser lícito e
ilícito a la vez; ni que dos normas abiertamente contradictorias sean ambas
válidas.
3.4.- En el asunto del cual me
aparto, la Corte se enfrentaba a un caso difícil:
Cada una de las decisiones,
individualmente considerada, podía ser calificada como una respuesta en
principio razonable a las demandas de nulidad electoral y pérdida de
investidura. En efecto, en su estructura interna cada sentencia es formalmente
válida en la medida en que la conclusión se deriva de las premisas planteadas,
aún más si se tiene en cuenta la autonomía e independencia de una y otra
acción,  sumada a que una misma conducta puede dar lugar a diferentes tipos de
sanciones y responsabilidades (penal, disciplinaria, fiscal, política, etc.).
Pero lo que hacía problemático y
complejo el caso era que al examinar el contenido de las dos decisiones se
podía constatar, sin mayor dificultad, que exactamente los mismos hechos,
material probatorio y fundamentos jurídicos, condujeron a una corporación a
decisiones abiertamente contradictorias. En efecto, mientras que para la
Sección Quinta del Consejo de Estado la conducta de la ciudadana Martha Lucía
Ramírez configuró la causal de inhabilidad prevista en el artículo 179-3 de la
Constitución, para la Sala Plena su conducta nunca configuró tal impedimento.
Dicho en otros términos, mientras que para la Sección Quinta la aspirante
estaba inhabilitada, para la Sala Plena nunca lo estuvo.
3.5.- Al decidir la tutela en
sede de revisión la mayoría de la Corte Constitucional aceptó dos hechos
ontológicamente contradictorios, es decir, excluyentes entre sí: que la
accionante estaba y al mismo tiempo no estaba inhabilitada para ser elegida
Senadora de la República. Ello significó una inconsistencia lógica que
desconoce el principio de no contradicción (algo no puede “ser” y “no ser” a la
vez) y desencadenó una incoherencia jurídica: se anuló la elección de la
peticionaria por estar inhabilitada, pero se mantuvo su investidura por no
estarlo. Es en este punto donde no puedo compartir la posición de la mayoría.
3.6.- La autonomía e independencia como características que identifican
una y otra acción (nulidad electoral y pérdida de investidura), no deben
entenderse como la libertad absoluta de una corporación (Sección Quinta y Sala
Plena del Consejo de Estado) para entender de forma opuesta la regla que
contiene una prohibición constitucional, precisamente porque ello conllevaría a
la afirmación insostenible de que existen tantas Constituciones como
intérpretes.
La Carta Política es una sola y la interpretación de su contenido para
aplicarlo en idéntica situación fáctica no puede llegar a extremos antagónicos
según el criterio o posición de cada uno de los jueces; y en caso de existir
una discrepancia así es inaplazable la intervención del Tribunal
Constitucional, a quien se ha confiado la “guarda de la integridad y
supremacía de la Constitución” (art. 241 CP) y en últimas debe resolver los
conflictos relacionados con los derechos constitucionales.
En la Sentencia SU-917 de 2010 la Corte recordó que  una de las
principales razones que justifican la procedencia de la tutela contra
sentencias judiciales se deriva de la necesidad de que haya una lectura
uniforme de la Constitución. También advirtió que este es el camino para
brindar a los ciudadanos seguridad jurídica y condiciones de igualdad. Al respecto
sostuvo lo siguiente:
“La abierta discrepancia que existe entre la jurisprudencia del Consejo
de Estado y de la Corte Constitucional necesariamente debe ser superada para
asegurar la vigencia de los derechos fundamentales a la igualdad y al acceso efectivo
a la administración de justicia, así como para salvaguardar otros principios
constitucionales no menos importantes como el de confianza legítima, la
coherencia sistémica y la seguridad jurídica, lo que sólo ocurre mediante la
procedencia de la tutela contra las providencias, y en este caso particular con
la revisión y unificación de jurisprudencia por la Corte Constitucional.
Es necesario insistir en que lo que en realidad justifica la
procedencia de la tutela contra sentencias judiciales, en particular de las
altas Corporaciones judiciales, es la imperiosa necesidad de que exista una
interpretación unificada sobre el alcance y límites de los derechos
fundamentales; y ésta es la principal misión de la Corte Constitucional en sede
de revisión de los fallos de tutela (art. 86 y 241-9 CP). Sólo de esta manera
se ofrece a los ciudadanos cotas mínimas de seguridad jurídica y certeza del
derecho, en la medida en que razonablemente pueden anticipar cuál será la
respuesta jurídica a sus actos o ante la defraudación de las conductas que el
ordenamiento censura”.
3.7.- Tanto la pérdida de
investidura como la nulidad electoral son acciones que desarrollan las
funciones asignadas al Consejo de Estado (art. 237, numerales 5 y 6 CP). De tal
forma que no pueden existir en esa corporación, como órgano límite de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, dos interpretaciones que sean
opuestas, contradictorias o disímiles, de las cuales pueda afirmarse lógica y
razonablemente que ambas son conforme a la Constitución. Cuando se trata de la
evaluar una regla donde el mismo supuesto de hecho puede desencadenar la
nulidad de la elección y la pérdida de la investidura, razones de seguridad
jurídica, igualdad, confianza jurídica y justicia material exigen que se acoja
una interpretación uniforme, en uno u otro sentido.
3.8.- La sentencia de la cual me
aparto señala que la pérdida de investidura tiene “carácter sancionatorio”
por cuanto representa el “ejercicio del ius puniendi estatal”
(fundamento 7.2.4). También reconoce que esa característica es predicable de la
nulidad electoral, por cuanto es “uno de los instrumentos legales dispuestos
para sancionar una situación irregular en la que puede incurrir cierta clase de
funcionarios públicos que están inhabilitados para ocupar un cargo de elección
popular” (fundamento 7.1.4., literal h).
Sin embargo, al abordar el
análisis del caso la mayoría pasa inadvertido este elemento común a las dos
acciones y opta por no analizar las consecuencias de una valoración antagónica
de idénticos hechos y causal de inhabilidad (art. 179-3 CP).
3.9.- La división del Consejo de Estado en Salas y Secciones tiene como
propósito central que las competencias se ejerzan bajo criterios de
especialidad (art. 36 Ley 270 de 1996). Y siendo claro que la Sala Plena no es
superior funcional de las diferentes secciones, como ya ha tenido ocasión de
precisarlo la jurisprudencia constitucional[93], ello no  significa que cada sección pueda actuar en
forma aislada o como una rueda suelta al decidir los asuntos de su competencia.
De un lado, las Secciones y Subsecciones hacen parte de la Sala Plena, por lo
que es sensato exigir un mínimo de coherencia en la fundamentación de sus
decisiones según los lineamientos fijados por la mayoría de la corporación. De
otro, al hacer parte de una sola corporación deben desarrollar sus funciones
armónicamente, con miras a asegurar la eficacia de los principios, valores,
derechos y demás garantías encomendadas a la administración de justicia.
De esta manera, la razonabilidad, coherencia y unidad del ordenamiento
jurídico se garantizan con la vinculación de la Sección Quinta a la postura
hermenéutica que sobre la misma causal de inhabilidad ha realizado, incluso de
tiempo atrás, la Sala Plena del Consejo de Estado. Interpretación sistemática
que armoniza con su teleología, así como con los principios de la función
pública, al tiempo que optimiza el ejercicio de los derechos fundamentales de
los candidatos al Congreso de la República.
3.10.- La mayoría de la Corte acepta, recogiendo las reglas de la
Sentencia C-507 de 1994, que cuando la Sección Quinta del Consejo de Estado no
declara la nulidad de una elección y luego se solicita la pérdida de
investidura con fundamento en la misma causal de inhabilidad, la sentencia
puede oponerse ante la Sala Plena como fundamento de la excepción de cosa
juzgada. Explica esa regla por cuanto, “a pesar de tratarse de dos acciones
con objeto y finalidades distintas (nulidad electoral y pérdida de investidura)
ambas se apoyan en la misma prohibición y en idénticos elementos fácticos y
probatorios que ya fueron analizados y juzgados con una decisión en firme, es
decir, hace tránsito a cosa juzgada” (fundamento 8.8). La mayoría incluso
advierte que en estos casos no se puede continuar con el trámite de la pérdida
de investidura por razones de “unidad, coherencia e integralidad del sistema
jurídico”, lo que explica en los siguientes términos:
“De tal manera que la imposibilidad en esas
condiciones de que se continúe con el trámite de la pérdida de investidura, garantiza
la unidad, coherencia e integralidad del sistema jurídico, al evitar que una
misma corporación (el Consejo de Estado en la Sección Quinta y la Sala Plena),
al interpretar y aplicar una misma disposición jurídico-constitucional, con
base en las mismas pruebas pueda llegar a una conclusión disímil, lo que iría
en detrimento de los principios de la seguridad jurídica, la cosa juzgada, la
confianza legítima y el respeto de los actos propios, así como de las garantías
fundamentales al debido proceso, prevalencia del derecho sustancial y acceso
efectivo a la administración de justicia”. (Sentencia SU-400 de 2012,
resaltado fuera de texto)
Lo paradójico es que a continuación, al examinar el caso de la señora
Martha Lucía Ramírez, la mayoría abandona esos mismos criterios de “unidad,
coherencia e integralidad del sistema jurídico”, para permitir que la Sección
Quinta y la Sala Plena del Consejo de Estado adopten decisiones completamente
antagónicas. Resulta “errado y simplista” que, so pretexto de defender
la independencia y autonomía de cada acción, termine avalando la coexistencia
de fallos lógicamente contradictorios y jurídicamente incoherentes,
absteniéndose de intervenir para asegurar la vigencia efectiva de los derechos
fundamentales.
Por todo lo anterior considero que la Corte Constitucional ha debido
revocar las decisiones de instancia, conceder el amparo y en su lugar dejar sin
efecto la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que anuló la
elección de la accionante como Senadora de la República.
En estos
términos dejo constancia del salvamento de voto.
Fecha ut
supra,
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
[1]
Folio 253, Cuaderno 3
[2] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-543 del 1 de
octubre de 1992.
[3] Así, en fecha reciente, sostuvo esta Corporación: “[e]n
los últimos años se ha venido presentando una evolución de la jurisprudencia
constitucional acerca de las situaciones que hacen viable  la acción de tutela
contra providencias judiciales. Este desarrollo ha llevado a concluir que las
sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la acción de tutela por
causa de otros defectos adicionales, y que, dado que esos nuevos defectos no
implican que la sentencia sea necesariamente una «violación flagrante y grosera
de la Constitución», es  más adecuado utilizar el concepto de «causales
genéricas de procedibilidad de la acción»  que el de «vía de hecho»”, sentencia
T-774 de 2004.
[4]
Sentencia T-189 de 2005.
[5]
Sentencia T-205 de 2004.
[6]
Sentencia T-800 de 2006.
[7]
Sentencia T-522 de 2001.
[8]
Sentencia SU-159 de 2002.
[9]
Sentencias T-1101 de 2005, T-1222 de 2005 y T-051 de 2009.
[10] Sentencias T-001 de 1999 y T-462 de 2003.
[11]
Sentencia T-814 de 1999, T-462 de 2003, T-1244 de 2004, T-462 de 2003  y T-1060
de 2009.
[12]
Sentencia T-018 de 2008.
[13]
Sentencia T-086 de 2007.
[14] T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Dijo la
Corte: “La vía de hecho predicable de una determinada acción u omisión de un
juez, no obstante poder ser impugnada como nulidad absoluta, es una suerte de
vicio más radical aún en cuanto que el titular del órgano se desliga por entero
del imperio de la ley. Si la jurisdicción y la consiguiente atribución de poder
a los diferentes jueces, se hace con miras a la aplicación del derecho a las
situaciones concretas y a través de los cauces que la ley determina, una
modalidad de ejercicio de esta potestad que discurra ostensiblemente al margen
de la ley, de los hechos que resulten probados o con abierta preterición de los
trámites y procedimientos establecidos, no podrá imputarse al órgano ni sus
resultados tomarse como vinculantes, habida cuenta de la
"malversación" de la competencia y de la manifiesta actuación ultra o
extra vires de su titular. // Si este comportamiento - abultadamente deformado
respecto del postulado en la norma - se traduce en la utilización de un poder
concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la disposición
(defecto sustantivo)…”.
[15]
Sentencia T-807 de 2004.
[16]
Sentencia T-056 de 2005, T-1216 de 2005, T-298 de 2008 y T-066 de 2009.
[17] Sentencias T-114 de 2002 y  T- 1285 de 2005.
[18]
Sentencia T-086 de 2007.
[19]
Sentencias T-193 de 1995, T-949 de 2003, T-1285 de 2005 y T-086 de 2007.
[19]
Sentencias SU-640 de 1998, T-462 de 2003, T-292 de 2006 y T-086 de 2007.
[20] Sentencias T-1625
de 2000, T-522 de 2001, SU-1184 de 2001 y  T-047 de 2005.
[21]
Sentencias T-284 de 2006, T-441 de 2007 y T-064 de 2010.
[22]
Sentencia T-086 de 2007.
[23]
Sentencia T-551 de 2010.
[24]
Sentencia T-1045 de 2008.
[25]
Sentencias T-567 de 1998 y T-121 de 1999.
[26] En la sentencia T-064 de 2010, se recordó que en la
sentencia T-1222 de 2005, la Corte consideró “que no resultaba arbitraria ni
vulneraba los derechos fundamentales del peticionario la interpretación dada
por el juez ordinario sobre la aplicación del término de caducidad consagrado
en el artículo 29 del Convenio de Varsovia a la acción de responsabilidad civil
extracontractual por muerte del pasajero en accidente aéreo internacional. En
efecto, para este Tribunal se trataba de una interpretación plausible adoptada
por el juez natural, en este caso, la jurisdicción ordinaria sobre la
posibilidad de extender unas disposiciones previstas inicialmente para
relaciones contractuales a un evento de carácter extracontractual”.
[27] Sentencias SU-087 de 1999, SU-962 de 1999, T-359 de
2003 y T-131 de 2010.
[28]
Sentencia T-131 de 2010.
[29]
Sentencia T-1045 de 2008.
[30] A este respecto, en la sentencia T086 de 2007,
sostuvo esta corporación: “Recuerda la Corte que la procedencia de un
defecto sustantivo fundado en un grave error en la interpretación, es realmente
excepcional, en la medida en que se requiere demostrar de manera
incontrovertible, que la decisión judicial es manifiestamente irrazonable y
contraria al orden jurídico. No es suficiente entonces que se discrepe de la
posición de un tribunal en un aspecto, o que se piense que la norma tiene un
contenido distinto al que se valoró, o que se prefiera una interpretación
diferente a la acogida en la providencia cuestionada, sino que se requiere que
sea evidente la orientación arbitraria del juez en la causa, que se sale del
razonable margen de interpretación autónoma que la Constitución le ha
confiado”.
[31] Sentencias T-001 de 2001 y T-064 de 2010.
[32] Ver sentencia T-567 de 1998.
[33] Sentencia Ibídem.
[34] Ibídem.
[35] Cfr. sentencia T-329 de 1996. Para la Corte es claro
que, “cuando un juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera
determinante en su decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en
cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada
procede la acción de tutela. La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura
deliberada del equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la
Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes
quede en absoluta indefensión frente a las determinaciones que haya de adoptar
el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían resultar
esenciales para su causa, son excluidas de antemano y la decisión judicial las
ignora, fortaleciendo injustificadamente la posición contraria”.
[36] Ver Sentencia T-576 de 1993.
[37] Ver, por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de
1994.
[38] Ver Sentencia T-538 de 1994.
[39]
Cfr. Sentencia T-902 de  2005.
[40]
Ibidem.
[41]
Ibidem.
[42]
Cfr. Sentencia T-1057 de 2002.
[43]
Sentencia T-929 de 2008.
[44]
Cfr. Sentencia T-446 de 2007.
[45]
Sentencia T-929 de 2008.
[46]
Sentencia T-757 de 2009.
[47]
En este sentido señala la Corte. “...cuando el juez se desvía por completo
del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones,
está actuando “en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad”. Corte
Constitucional. Sentencia T-1180 de 2001. En el mismo sentido, Sentencia SU-478
de 1997.
[48]
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994; SU-478 de 1997; T-654 de 1998.
[49]
Corte Constitucional. Sentencia T-055 de 1994.
[50]
Corte Constitucional. Sentencia T-654 de 1998.
[51]
Sentencias C-507 de 1994, C-391 de 2002 y T-864 de 2007, entre otras.
[52]
Sentencia C-391 de 2002.
[53]
Sentencia T-510 de 2006.
[54]
Sentencia C-391 de 2002.
[55]
Consejo de Estado. Sentencia del 26 de noviembre de 1998. Expediente 1747 y
1748. C.P. Roberto Medina López. Sentencia del 1º de julio de 1998. Expediente
2234. C.P. Mario Alario Méndez.
[56] T-1160 de 2003,  T-332 de 2006 y T-945 de 2008.
[57] Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de mayo
14/92. Magistrado Ponente: Luis Eduardo Jaramillo Mejía.
[58]
Al respecto, puede consultarse igualmente la sentencia del contencioso
electoral del 19 de mayo de 1987, citada en la sentencia de la Corte
Constitucional T-1160 de 2003.
[59]
Sentencia T-945 de 2008.
[60] Al respecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias
de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 30 de noviembre de 2001,
expediente 2527; del 15 de julio de 2004, expediente 3255; del 9 de septiembre
de 2004, expediente 3234 y del 26 de febrero de 2004, expediente 3132.
[61]
Sentencia T-945 de 2008.
[62] Respecto del tema, en la sentencia T-510 de 2006, se
expuso:  “En tal sentido, el artículo 223 del mismo código ordena notificar
la demanda por edicto y dispone, además, que “si por virtud de la declaración
de nulidad hubiere de practicarse nuevo escrutinio, se entenderán demandados
todos los ciudadanos declarados elegidos por los actos cuya nulidad se
pretende”, lo que da plena publicidad al proceso electoral desde su iniciación,
que luego legitima su efecto y oponibilidad general”.
[63] Sentencia T-284 de 2006.
[64] Sentencia T-1160 de 2003.
[65]
Penagos, Gustavo. Nulidades y Acciones del Acto Administrativo. Ed. Doctrina y
Ley. Bogotá. 2007. p. 576. al citar a Betancur Jaramillo, Carlos.
[66]
Artículo 264 de la Constitución, modificado por el artículo 14 del Acto
Legislativo No. 01 de 2003.
[67]
Artículo 237 de la Constitución, art. 128 numeral 3º del C.C.A. y art. 6
de la Ley 14 de 1988.
[68] Artículo 136 del C.C.A. “CADUCIDAD DE LAS
ACCIONES. <Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de
1998. (…) 12. La acción electoral caducará en veinte (20) días, contados a
partir del siguiente a aquél en el cual se notifique legalmente el acto por
medio del cual se declara la elección o se haya expedido el nombramiento de
cuya nulidad se trata. Frente a los actos de confirmación, el término de
caducidad de la acción se contará a partir del día siguiente a la fecha en la
cual se confirme la designación o nombramiento”.
[69]
Sentencia C-207 de 2003.
[70]
Sentencia C-207 de 2003.
[71]
Sentencia C-319 de 1994.
[72]
Sentencia C-207 de 2003.
[73]
Sentencia C-247 de 1995.
[74]
Sentencia C-247 de 1995.
[75]
Sentencia T-193 de 1995.
[76]
Sentencia C-207 de 2003.
[77] La citada norma constitucional señala que “No podrán ser congresistas:
1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época
por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos
políticos o culposos.
2. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos,
jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de
los doce meses anteriores a la fecha de la elección.
3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios
ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés
propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades
que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis
meses anteriores a la fecha de la elección.
4. Quienes hayan perdido la investidura de
congresista.
5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión
permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de
afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o
política.
6. Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o
unión permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad,
segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban por el mismo partido,
movimiento o grupo para elección de cargos, o de miembros de corporaciones
públicas que deban realizarse en la misma fecha.
7. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los
colombianos por nacimiento.
8. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación
o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos
períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente.
Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y
6 se refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual
deba efectuarse la respectiva elección. La ley reglamentará los demás casos de
inhabilidades por parentesco, con las autoridades no contemplados en estas
disposiciones.
Para los fines de este artículo se considera que la
circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto
para la inhabilidad consignada en el numeral 5”.
[78] En el artículo 183 de la Constitución establece que “Los congresistas perderán su
investidura:
1. Por violación del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses.
2. Por la inasistencia, en un mismo período de
sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto
legislativo, de ley o mociones de censura.
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho
días siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras, o a la fecha en que
fueren llamados a posesionarse.
4. Por indebida destinación de dineros públicos.
5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.
PLas causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie
fuerza mayor”.
[79]
Sentencia C-507 de 1994.
[80]
De tal manera que la imposibilidad en esas condiciones de que se continúe con
el trámite de la pérdida de investidura, garantiza la unidad, coherencia e
integralidad del sistema jurídico, al evitar que una misma corporación (el
Consejo de Estado en la Sección Quinta y la Sala Plena), al interpretar y
aplicar una misma disposición jurídico-constitucional, con base en las mismas
pruebas pueda llegar a una conclusión disímil, lo que iría en detrimento de los
principios de la seguridad jurídica, la cosa juzgada, la confianza legítima y
el respeto de los actos propios, así como de las garantías fundamentales al
debido proceso, prevalencia del derecho sustancial y acceso efectivo a la
administración de justicia.
[81] Sentencia C-781 de 1999. En este fallo la Sala Plena
de la Corte declaró la exequibilidad del término de caducidad de veinte (20)
días regulado en el artículo 136-12 del C.C.A., para acudir en acción
electoral. La Corte consideró que dicho término obedece a la libertad de
configuración como función otorgada por la Carta al legislador, su finalidad es
la de otorgar certeza a los actos, pues “los que declaran una elección o
hacen un nombramiento, no pueden quedar suspendidos indefinidamente en el
tiempo, so pena de vulnerar derechos reconocidos por la Constitución a los
aspirantes a ocupar un cargo o los funcionarios ya electos (art. 40 inciso 1o y
numeral 1), y las garantías de la comunidad, expresadas en la aspiración
a gozar de un sistema administrativo, legislativo y judicial -i.e. un orden
político- estables, en clara concordancia con el principio de seguridad
jurídica”.
[82] Las normas son del siguiente tenor: "Artículo
227.- Podrá cualquier persona ocurrir en demanda directa por la vía
jurisdiccional contra los actos de las Corporaciones electorales para que se
anulen, o se rectifiquen, modifiquen, adicionen o revoquen las resoluciones de
esas corporaciones electorales por medio de las cuales se declare indebidamente
alguna nulidad, o se computen votos a favor de ciudadanos que
constitucional o legalmente no sean elegibles, o se hubiere dejado de
computar un registro, o se haya alterado o cambiado el nombre de uno o varios
de los candidatos.
"Artículo 228.- Cuando un candidato no reúna las condiciones
constitucionales o legales para el desempeño de un cargo, fuere inelegible o
tuviese algún impedimento para ser elegido, podrá pedirse ante la jurisdicción
en lo contencioso administrativo la nulidad de la elección y la cancelación de
la respectiva credencial".
[83]
Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado sobre las
sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794 de 2007;
T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222 y A-256
de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto ante las
sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871, T-925,
T-945, T-1029, T-1263 y T-1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249, T-364, T-517,
SU-811, T-904 y T-906 de 2009; T-103 y T-119 de 2010; T-464, T-703 y T-786 y
T-867 de 2011; y recientemente T-010 y SU-026 de 2012.
[84]
C-590 de 2005.
[85]
Irving Copy and Carl Cohen, “Introducción a la lógica”. México, Limusa, 2004,
p.596.
[86]
Cfr. Ulrich Klug, “Lógica Jurídica”. Bogotá, Temis, 2004, p.3.
[87]
Íbidem., p.202.
[88]
Corte Constitucional, Sentencia C-1260 de 2001: Sobre la importancia de la
noción de integridad y coherencia en el razonamiento jurídico, ver en especial
MacCormick, N., (1978), “Legal Reasoning and Legal Theory”, Clarendon
Press, Oxford; Dworkin, R., (1986), Law’s Empire, Fontana Press, London
y Klaus Gunther. (1995) “Un concepto normativo de coherencia para una teoría
de la argumentación jurídica” en Doxa, No  17-18.  Sobre las nociones de
“equilibrio reflexivo” y “coherencia dinámica” como criterios de corrección en
el razonamiento normativo, ver  John Rawls (1971). A Theory
of Justice. Cambridge, Harvard University Press, pp
14-22 y 46-51. Ver igualmente Richard Fallon (1986). “A constructivist
coherence theory of constitutional interpretation” en Harvard Law Review,
núm. 6.
[89]
“La idea de coherencia está ligada a la de consistencia lógica, pero difiere de
esta última porque la coherencia se refiere a la compatibilidad (de una
decisión, de una norma o de la narración de unos hechos) en relación con
valores, principios y teorías (…)”. Manuel Atienza, “Curso de argumentación
jurídica”. Madrid, Trotta, p.556.
[90]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-444 de 1995, T-247 de 1996, T-555 de
1999, C-809A de 2008, T-1267 de 2008, entre muchas otras.
[91]
Por ejemplo, en el Auto 091 de 2000 la Corte declaró la nulidad de la sentencia
C-993 de 2000, por una incongruencia –contradicción- entre la parte motiva y la
resolutiva.
[92]
Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-112 de 1996, C-1260 de 2001, C-415 de
2002, T-766 de 2008 y SU-917 de 2010, entre muchas otras.
[93] Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996.