T-680-16
Sentencia
T-680/16
AGENCIA OFICIOSA EN CASO DE MENORES DE
EDAD-Procedencia
y no aplicación de rigorismo procesal en cuanto a manifestación de no estar en
condiciones de promover su propia defensa
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Padres del menor
son los primeros llamados a asumir la representación de su hijo
Los padres pueden promover el amparo
para proteger los derechos fundamentales afectados o amenazados de sus hijos,
debido a que ostentan la patria potestad y, por tanto, la representación
judicial y extra-judicial de estos.
ACCION DE TUTELA DE SUJETOS DE ESPECIAL
PROTECCION-Procedencia
excepcional
DERECHO A LA EDUCACION Y PRINCIPIO DE
AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Reiteración de jurisprudencia sobre los límites
PRINCIPIO DE AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Concepto,
alcance y contenido
DERECHO A LA EDUCACION Y DERECHO A LA
AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Juicio de ponderación
MEDIDAS AFIRMATIVAS PARA COMUNIDADES
NEGRAS EN EL MARCO DE LA EDUCACION SUPERIOR
La
Constitución, el Bloque de Constitucionalidad, la ley y los reglamentos
internos de las universidades, públicas y privadas, reconocen la necesidad de
crear medidas afirmativas que acerquen a los miembros de las comunidades negras
a escenarios de igualdad efectiva en materia de educación superior, logrando
así que una comunidad clásicamente discriminada acceda en condiciones dignas a
una prestación esencial para garantizar otros derechos. Por lo anterior,
negarle el acceso a una persona miembro de estas comunidades a una medida de
discriminación positiva de la que son sujeto implica la vulneración de su
derecho a la igualdad.
DERECHO A LA EDUCACION DE COMUNIDADES
AFROCOLOMBIANAS-Regulación
normativa y constitucional
COMUNIDADES NEGRAS-Protección
constitucional e internacional
DIRECCION DE ASUNTOS DE COMUNIDADES
NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR-Función
certificadora y de registro
DERECHO A LA EDUCACION DE COMUNIDADES
AFROCOLOMBIANAS-Orden
a Universidad admitir al agenciado en el programa de medicina, por la modalidad
de admisión especial de persona que procede de población negra
Referencia: Expediente
T-5.741.336
Acción de tutela
interpuesta por Rosmery Terranova Romero como agente oficiosa de Andrés Eduardo
Guevara Terranova contra la Universidad Industrial de Santander (UIS). Fueron
vinculados la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Integral Tierra de
Águilas (Asocodita) y la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre dos
mil dieciséis (2016)
La
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Aquiles Arrieta Gómez (e), Alberto Rojas Ríos y Jorge Iván Palacio
Palacio, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES.
La
señora Rosmery Terranova Romero promovió acción de tutela actuando como agente
oficiosa de su hijo, el menor de edad Andrés Eduardo Guevara Terranova, en
contra de
la Universidad Industrial de Santander, en adelante UIS, por estimar
vulnerados sus derechos a la igualdad y educación, debido a que la demandada
negó la admisión especial solicitada por el menor y su madre con base en el
Acuerdo 134 del 2011 que ofrece beneficios a la población afrocolombiana.
Para
sustentar su solicitud de amparo y lo ocurrido en el proceso, se relatan los
siguientes:
1.
Hechos
Relevantes[1].
1.1.
El
7 de junio del 2011 la UIS expidió el Acuerdo 134, “Por el cual se dictan
disposiciones sobre el ingreso a la Universidad de aspirantes por la modalidad
de Admisiones Especiales”.
1.2.
El
artículo 3[2]
del mencionado acuerdo establece un proceso de admisión especial con el fin de
otorgar un cupo por carrera a los bachilleres que provengan de poblaciones
negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, siempre que se encuentren
debidamente registrados en el censo que realiza el Ministerio del Interior.
1.3.
Adicionalmente,
tal artículo crea los requisitos que los aspirantes deben cumplir para hacerse
merecedores del beneficio. Los requerimientos son los siguientes: i)
inscribirse en la UIS en las fechas de cada convocatoria, con pleno
cumplimiento de los requisitos propios de dicha inscripción; ii) solicitar la
puesta en práctica del Acuerdo 134 de 2011 a la Dirección de Admisiones y
Registro Académico bajo el formato establecido y dentro de las fechas definidas
por la UIS para dicho proceso de admisión; iii) presentar la copia del acta de
la asamblea por la cual la organización de base, a la que pertenece el
solicitante, escoge a los aspirantes a ser beneficiarios del ingreso en la UIS,
dicha acta deberá contener: a) lugar y fecha de realización de la reunión
(vigencia no superior a dos meses); b) nombres y apellidos completos con el
número de documento de identidad de los bachilleres seleccionados; c) nombres,
firmas y cargos de los miembros que participan de la asamblea que eligió a los
solicitantes y; d) nombres y documentos de quienes firman el acta. Finalmente,
iv) certificación como miembro activo de la población afrocolombiana, expedida
por el Director de Asuntos
para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio
del Interior.
1.4.
El
menor Andrés Eduardo Guevara Terranova[3]
miembro de la población afrocolombiana y de la Asociación Comunitaria para el
Desarrollo Integral Tierra de Águilas - Asocodita, en cumplimiento del literal
a) del artículo 3 del Acuerdo 134 de 2011, decide inscribirse a los programas
de Medicina (primera opción) y de Ingeniería Civil (segunda opción) de la UIS y
para ello cancela el valor de inscripción por $206.200 pesos, el día 22 de
octubre de 2015.
1.5.
El
28 de octubre de 2015, en cumplimiento del literal b) del artículo 3 del
Acuerdo 134 de 2011, el menor en cuestión llena el formulario de solicitud de
Admisiones Especiales, con el Núm. de inscripción 2292.
1.6.
En
la medida que el parágrafo 2 del artículo 8[4] del Acuerdo 134 de 2011
permite al aspirante solicitar el beneficio para un único programa académico,
el agenciado decide decantarse por el pregrado de medicina.
1.7.
En
cumplimiento del literal d) del artículo 3 del Acuerdo 134 de 2011 se presenta
la certificación de auto-reconocimiento como miembro de comunidad
afrocolombiana de Andrés Eduardo Guevara Terranova, expedida el 5 de noviembre
de 2015 por la Directora (E) de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.
1.8.
Mediante
Acta Núm. 19 del 11 de diciembre de 2015 el Comité de Admisiones de la UIS
decide aplazar la decisión de admisión especial del agenciado, hasta tanto la
organización de la que hace parte, Asocodita, envíe el acta de la asamblea que
se exige en el literal c) del artículo 3 del Acuerdo 134 de 2011, por medio de
la cual elijen a Andrés Eduardo Guevara Terranova para ser beneficiario de una
admisión especial en la UIS.
1.9.
En
comunicación enviada el 15 de diciembre de 2015 a Darío Mina Cortez,
representante legal de Asocodita, le informan que Andrés Eduardo Guevara
Terranova anexó a su solicitud de admisión especial una certificación de
pertenencia a dicha asociación, siendo que el Acuerdo 134 de 2011 exige el
envío de copia del acta por medio de la cual decidieron proponer al solicitante
para tal beneficio, que debe contener: a) el lugar y fecha de realización de la
reunión; b) nombres y apellidos completos de los bachilleres seleccionados; c)
nombres, firmas y cargos de los miembros de la organización y; d) nombres y
documentos de identidad de quienes firman el acta.
1.10.    En cumplimiento
del anterior requisito, se entrega el Acta Núm. 80 de Asocodita, del 15 de
octubre de 2015, por medio de la cual se hace la selección de aspirantes a
ingresar en la UIS. En dicha acta se verifica la pertenencia del solicitante a
la organización, su registro en el censo del Ministerio del Interior y el que
no se hubiere graduado hace más de un año del colegio, requisitos acreditados
por completo por parte del actor.
1.11.    El acta en
cuestión fue firmada por: Darío Mina Cortez (Representante Legal), Yady Lorena
Reinosa (Secretaría), Duvar Elí Zapata (Fiscal), Ovidio Villegas Ibando
(Tesorero), Luz Zoraida Mina Balanta (Vicepresidente), Isabel Ordoñez (Vocal) y
Victor Hugo Moreno Mina (Asociado).
1.12.    El artículo 6[5]
del Acuerdo 134 de 2011 establece que para acogerse a la modalidad de admisión
especial es necesario tener un puntaje en el examen Saber 11º igual o superior
al 80% del puntaje de corte del programa al cual se inscribió, en el proceso de
ingreso respectivo. Por lo anterior, los aspirantes a una admisión especial
deben esperar que se publiquen los resultados de las demás admisiones para
conocer el puntaje de corte de cada programa y constatar si cumplen con el
requisito mencionado.
1.13.    En los
resultados del examen Saber 11º, Andrés Eduardo Guevara Terranova obtuvo un
puntaje global de 377 y el puesto 12 en la media nacional, con un resultado
ponderado de 76.10. Dicho lo anterior, la Dirección de Admisiones y Registro
Académico estableció la cifra de 82.6 como puntaje de corte al programa de
medicina para el ingreso al primer semestre académico de 2016, siendo el 80% de
este puntaje un 66.08, superado por el accionante en cumplimiento del requisito
del artículo 6 del Acuerdo 134 de 2011.
1.14.    Mediante Acta
Núm. 1 del 22 de enero de 2016 el Comité de Admisiones de la UIS decide enviar
los documentos presentados por el agenciado a la Oficina Jurídica de tal
Institución con el fin de que fueran revisados y tratados en la siguiente
reunión del comité.
1.15.    El 10 de febrero
de 2016, por medio de oficio 01446 firmado por Jaime Otoniel Ayala Pimentel,
Director de Admisiones y Registro Académico de la UIS, se comunica a Andrés
Eduardo Guevara Terranova la decisión tomada por el Comité de Admisiones en
Acta Núm. 4 que refleja la reunión realizada el 8 de febrero del mismo año. En
dicha reunión se decidió “negar la admisión especial, teniendo en cuenta que
la documentación presentada no cumple con el requisito fijado en el literal c,
del artículo 3º del Acuerdo 134 de 2011 del Consejo Académico, ya que la
información contenida en el Acta de la Asamblea de ASOCODITA, suscrita el 15 de
octubre de 2015 por el señor Darío Mina Cortez, en calidad de representante
legal de dicha Asociación, es contradictoria, puesto que, de acuerdo con la
consulta realizada por la Universidad, el representante legal registrado en el
Registro único nacional de Consejos Comunitarios y Organización de la Dirección
de Asuntos para comunidades negras del Ministerio del Interior es el señor
Victor Hugo Moreno Mina”[6].
1.16.    El 15 de febrero
de 2016 la accionante presenta petición a la UIS por medio del cual solicita la
admisión especial, teniendo en cuenta que su hijo es afrocolombiano,
efectivamente pertenece a Asocodita, que cumple con los requisitos para entrar
al programa y que, además, el Acta Núm. 80 de Asocodita del 15 de octubre de
2015 fue firmada por diferentes miembros de base de la organización incluyendo
al anterior representante legal, Victor Hugo Moreno Mina.
1.17.    Afirma la
accionante que la razón por la cual el señor Darío Mina Cortez no aparece como
el actual representante legal de Asocodita es que el Decreto 1066 de 2015, que
recopila al Decreto 3770 de 2008, en el artículo 2.5.1.1.17[7]
establece que las organizaciones de Comunidades Afrocolombianas deberán actualizar
anualmente los datos relacionados con la dirección y representación legal de la
respectiva organización y reportar tal información a la Dirección de Asuntos
para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras dentro de los
tres (3) primeros meses de cada año. Por lo anterior, el trámite solo se inició
en el primer trimestre del 2016.
1.18.    Manifiesta la
accionante que la certificación de existencia de entidades sin ánimo de lucro
de Asocodita, expedida por la Cámara de Comercio, muestra que la junta fue
renovada el 17 de febrero de 2015, por acta inscrita el 29 de diciembre de 2014
de la asamblea en la cual fue elegido representante legal Darío Mina Cortez.
1.19.    Dice la
accionante que el señor Darío Mina Cortez envió solicitud para actualizar los
datos de la nueva Junta Directiva al Ministerio del interior, que tal petición
fue enviada el 3 de abril de 2015 y se le dio radicado EXTMI15-00014278.
Asimismo, que fue nuevamente remitida el 3 de marzo de 2016 y que se le asignó
radicado EXTMI16-0008719.
1.20.    El 23 de febrero
de 2016 la Secretaria General de la UIS, Sofía Pinzón Durán, respondió la
petición presentada por la accionante el 15 de febrero de 2016. En tal
respuesta afirma que el Consejo Académico revisó la solicitud presentada en la
sesión Núm. 9 del 23 de febrero de 2016 y apoyó la decisión del comité de
admisiones que negó el cupo por el incumplimiento de los requisitos, por cuanto
los documentos allegados no cumplen con lo establecido en el literal c) del
artículo 3 del Acuerdo 134 de 2011.
1.21.    En respuesta
enviada por Juan Carlos Escobar, Director de Admisiones y Registro Académico de
la UIS, a la accionante se destaca lo que denominan una “incongruencia
cronológica” por encontrar que el acta por la cual eligen beneficiario al
agenciado es del 15 de octubre de 2015, pero que solo solicitó la certificación
de auto-reconocimiento hasta el 27 de octubre, siendo esta resuelta de forma
favorable hasta el 5 de noviembre del mismo año. Insiste también, en que el
representante legal registrado en el Ministerio del Interior es diferente al
que firma el acta que beneficia a Andrés Eduardo Guevara.
1.22.    Indica la
accionante que no se le deberían endilgar a su hijo las omisiones de Asocodita
y el Ministerio del Interior, ya que son hechos que no dependen de él o su
conocimiento. Asimismo, que no se debe ignorar que el anterior representante
legal también firmó el acta de la asamblea por la cual avalan la decisión de
presentar a Andrés Eduardo Guevara Terranova al programa de medicina de la UIS.
1.23.    Señala que la
negativa de la universidad ha generado en su agenciado un estado depresivo,
donde come poco, casi no duerme, se le observa retraído y afectado
emocionalmente, principalmente por los comentarios que ha recibido por parte de
algunos compañeros en los que se le indica que no fue admitido en la UIS por
negro.
1.24.    Solicita que se
protejan los derechos fundamentales a la igualdad y educación de su hijo y que,
en consecuencia, se ordene a la universidad demandada asignar un cupo por
admisión especial al programa de medicina a Andrés Eduardo Guevara Terranova.
2.
Trámite
procesal a partir de la acción de tutela.
2.1.
El
Juzgado Segundo de Ejecución Civil del Circuito de Bucaramanga por auto del 28
de marzo de 2016, avocó conocimiento y corrió traslado a la demandada
para pronunciarse sobre los hechos referidos en la acción instaurada.
2.2.
En
auto del 6 de abril de 2016, en atención a la contestación de la UIS, decidió
vincular de oficio a la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Integral
Tierra de Águilas – Asocodita y a la Dirección de Asuntos para Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.
2.3.
Respuesta
de la UIS.
2.3.1. Afirma que la
UIS expidió el Acuerdo 134 de 2011 en uso de las facultades propias de la
autonomía universitaria y en reconocimiento al desarrollo constitucional y
legal en materia de diversidad étnica y cultural de la Nación.
2.3.2. Indicó que en su
solicitud inicial, el joven agenciado en la presente acción de tutela, presentó
la certificación de auto-reconocimiento expedida por el Ministerio del Interior
el día 5 de noviembre de 2015, una certificación de Asocodita del 22 de octubre
de 2015 en la que se afirma que el solicitante es miembro de su comunidad y la
constancia de estudios de la Fundación Colegio UIS, donde cursó sus estudios de
bachillerato.
2.3.3. En reunión del
11 diciembre de 2015, se decidió retirar de la discusión de admisión al
profesor Eduardo Serafín Guevara Melo, quien es representante de la Facultad de
Ingenierías Físico Mecánicas en el Comité de Admisiones y es padre de Andrés
Eduardo Guevara. En la misma reunión, se decidió aplazar la discusión de admisión
especial porque no reposaba en la documentación enviada el acta por la cual la
comunidad de Asocodita escogía para el programa de medicina al joven Guevara
Terranova. El 15 de diciembre de 2015 se solicitó tal información a Darío Mina
Cortez de Asocodita.
2.3.4.  Ante las dudas
en la documentación allegada, por las “incongruencias cronológicas”[8]
y la firma del representante legal, se decide enviar el expediente a la Oficina
Jurídica de la UIS.
2.4.
Se
desconoce por parte de la universidad si Asocodita ha cumplido con la carga de
registrar su nueva junta directiva en el Ministerio del Interior, pero mediante
comunicación del 11 de diciembre de 2016 la Dirección de Asuntos para
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del
Interior informó que Víctor Hugo Moreno Mina es quien se encuentra inscrito
como representante legal de Asocodita.
2.4.1. La UIS niega la
admisión porque no se cumple con los requisitos del artículo 3 del Acuerdo 134
de 2011. Para la universidad no es oponible que el señor Víctor Moreno firme
como asociado a Asocodita, ya que debe ser como representante legal, así como
tampoco es oponible el acta anexada por Andrés Eduardo Guevara Terranova.
2.4.2. Resalta la
universidad que gozan de autonomía para darse su reglamento interno y que esto
les brinda especial potestad a la hora de admitir a sus alumnos, derecho que ha
sido defendido en diferentes oportunidades por parte de la Corte
Constitucional.
2.4.3. Finalmente,
indica que no se cumplieron los requisitos del artículo 3 del Acuerdo 134 de
2011, dando especial atención a que no se puede homologar el certificado de
existencia expedido por la Cámara de Comercio a la certificación del Ministerio
del Interior, debido que este último es el directamente competente de esta
clase de asuntos.
2.5.
Respuesta
de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras del Ministerio del Interior.
2.5.1. Hace un breve
resumen de los hechos, en los que destaca lo afirmado por la accionante en el
sentido de que se le negó el acceso a la educación a su hijo, no obstante haber
cumplido con los requisitos para ser beneficiario de una solicitud especial.
2.5.2. Señala que de
los hechos narrados no se desprende ninguna responsabilidad del Ministerio del
Interior, por lo que no es posible identificar a esta entidad con la causa
eficiente de la presunta vulneración de derechos.
2.5.3. Considera que
existe una falta de legitimación por pasiva, porque “los hechos que alega la
parte actora que, presuntamente, vulneran su Derecho Fundamental a la Consulta
Previa, están referidos concretamente, a una actuación desplegada por la Universidad
Industrial de Santander en el marco de la autonomía que le es predicable por
expreso imperativo constitucional y legal, la cual escapa a la esfera de
competencia de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, razón por
la cual mal podría predicarse por parte del mismo, la presunta vulneración del
derecho fundamental invocado en la presente acción constitucional”[9].
2.5.4. Solicita denegar
el amparo o, en su defecto, declarar probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva en favor del Ministerio del Interior.
2.6.
Respuesta
de Asocodita.
2.6.1. Asocodita
responde que al momento de la contestación, 6 de abril de 2016, no habían
tenido respuesta de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, para
efectos de la inscripción de su nueva Junta Directiva.
2.6.2. Afirma que se ha
comunicado en diversas ocasiones con este fin. Radicó 2 solicitudes por escrito,
a inicios de 2015 y 2016, sin obtener contestación de la entidad. Indica que se
le ha dicho en el Ministerio que los documentos han pasado por las manos de la
señora Sandra Liliana Villa Riaga, del señor Rojelio Cano y de la señora
Claudia Mercedes López Buitrago, pero aún no tiene respuesta a su solicitud.
3.
Sentencia
de primera instancia
3.1.1.
El
Juzgado Segundo de Ejecución Civil del Circuito de Bucaramanga,
mediante sentencia del 8 de abril de 2016, negó la acción de tutela solicitada.
Entre las razones expuestas por el juez de instancia en su fallo están que la
UIS no tuvo un motivo arbitrario o caprichoso para negar la admisión, ya que la
demandada verificó que para el caso del accionante no se cumplió con uno de los
requisitos exigidos en el Acuerdo 134 de 2011. Además que no se le puede
endilgar a la demandada el retraso que tiene Asocodita en el registro de su
nueva junta directiva, aunque tal situación tampoco se le pueda reprochar al
accionante. Estimó el despacho que la UIS contaba con el sustento normativo
para negar la admisión, ante el incumplimiento del requisito.
3.1.2.
Destacó
la juez que no existe ninguna clase de censura al derecho de auto reconocerse
como miembro de una población afrocolombiana, debido a que su solicitud fue
debidamente tramitada como admisión especial y la respuesta negativa de la
universidad no tuvo relación con su raza.
4.
Impugnación
de la accionante.
4.1.1.
En
su impugnación, la agente oficiosa insiste en que no le puede endilgar a su
hijo la consecuencia de la demora en el registro de la nueva junta directiva de
Asocodita, bien sea que esta venga del Ministerio o de la asociación misma.
Destaca que el acta esta firmada por el
nuevo representante legal, Darío Mina, quien ya actúa como representante legal
en la Cámara de Comercio, pero que también esta firmada por el anterior
representante, Víctor Moreno, en su calidad de asociado y quien, de acuerdo con
el Ministerio del Interior, continua siendo el representante de Asocodita.
4.1.2.
Solicita
que se proceda a conceder el amparo teniendo en cuenta que las clases empiezan
el 25 de abril y que de no poder iniciar sus estudios se estaría causando un
perjuicio a su agenciado.
5.
Sentencia
de segunda instancia.
5.1.1.
El
4 de mayo de 2016 la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga avocó conocimiento de la impugnación, resolviendo esta
última mediante sentencia del 17 de mayo de 2016.
El Tribunal decidió confirmar la
sentencia de tutela impugnada, por similares motivos a los de primera
instancia. Entre otras razones, expuso que no se puede ignorar que quienes
deseen hacer parte del sistema de educación, deben cumplir con los requisitos y
requerimientos que les exigen los procedimientos. Asimismo, insiste en que a la
fecha del fallo de segunda instancia no se ha aceptado por parte del Ministerio
del Interior la inscripción de la nueva junta directiva de Asocodita.
6.
Pruebas
de Instancias
De las pruebas que obran en el
expediente
se
destacan:
- Copia del Acuerdo Núm. 134 del 7 de
junio de 2011 (Folios 1-2 del Cuaderno 1).
- Copia del formulario de solicitud de
admisión especial llenado por Andrés Eduardo Guevara Terranova (Folio 4 del
Cuaderno 1).
- Copia de certificado de estudios de la
Fundación Colegio UIS expedido el 27 de octubre de 2015 en el que consta que
Andrés Eduardo Guevara Terranova cursa undécimo grado (Folio 5 del Cuaderno 1).
- Copia del certificado de
Auto-reconocimiento de Andrés Eduardo Guevara Terranova como miembro de
comunidades Negras, población Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, expedido
por el Ministerio del Interior el 5 de noviembre de 2015 (Folio 9 del Cuaderno 1).
- Copia del Acta Núm. 19 del Comité de
Admisiones de la UIS realizado el 11 de diciembre de 2015 por medio del cual se
hizo el análisis de resultados del proceso de selección de admisiones
especiales (Folio 10 del Cuaderno 1).
- Copia del Acta Núm. 80 de Asocodita
del 15 de octubre de 2015, por la cual se selecciona a Andrés Eduardo Guevara
Terranova para ingresar a la UIS a través del mecanismo de admisión especial en
nombre de la asociación comunitaria (Folio 11 del Cuaderno 1).
- Copia de los resultados de Saber 11º
de Andrés Eduardo Guevara Terranova (Folio 12 del Cuaderno 1).
- Copia del puntaje de corte para
ingreso al programa de medicina en la UIS (Folio 12 del Cuaderno 1).
- Copia del Acta Núm. 1 del Comité de
Admisiones de la UIS realizado el 22 de enero de 2016 por medio del cual se
decidió enviar la información y documentación de la admisión especial de Andrés
Eduardo Guevara a la Oficina Jurídica de la UIS (Folio 14 del Cuaderno 1).
- Copia del Acta Núm. 4 del Comité de
Admisiones de la UIS realizado el 8 de febrero de 2016 por medio del cual se
decidió no aceptar la solicitud de admisión especial de Andrés Eduardo Guevara
Terranova (Folio 15 del Cuaderno 1).
- Copia del oficio de notificación
D16-01446 del 10 de febrero de 2016 por medio de la cual la UIS informa a
Andrés Eduardo Guevara Terranova la decisión de no aceptar la solicitud de
admisión especial (Folio 16 del Cuaderno 1).
- Copia del derecho de petición dirigido
al Comité de Admisiones y al Consejo académico de la UIS, radicado por la
accionante el 15 de febrero de 2016 (Folios 17-18 del Cuaderno 1).
- Copia del certificado de existencia de
entidades sin ánimo de lucro de Asocodita, expedido por la Cámara de Comercio
del Cauca (Folio 19 del Cuaderno 1).
- Copia del Acta Núm. 5 del Comité de
Admisiones de la UIS realizado el 22 de febrero de 2016 por medio de la cual se
discute la respuesta a dar a la solicitud de la accionante en derecho de
petición del 15 de febrero de 2016 (Folio 24 del Cuaderno 1).
- Respuesta de la Secretaria General de
la UIS al derecho de petición presentado por la accionante el 15 de febrero de
2016 (Folio 25 del Cuaderno 1).
- Respuesta de Asocodita a la accionante
en la que indica que desde el 3 de abril de 2015 se solicitó al Ministerio del
Interior el cambio de representante legal (Folio 26 del Cuaderno 1).
- Copia de comunicación enviada por
parte de la UIS a Asocodita solicitando copia del acta de la reunión de
asamblea en la que eligieron como aspirante a una admisión especial a Andrés
Eduardo Guevara Terranova debidamente firmada por el representante legal que se
reporta en el Ministerio del Interior (Folios 56-57 del Cuaderno 1).
- Copia del e-mail enviado por el
Ministerio del Interior a la UIS en el que indican que es Victor Hugo Moreno
Mina quien aparece inscrito como representante legal de Asocodita en sus
oficinas (Folio 60 del Cuaderno 1).
- Respuesta del Comité de Admisiones de
la UIS al derecho de petición presentado por la accionante el 15 de febrero de
2016 (Folios 64-69 del Cuaderno 1).
7.
Pruebas
decretadas por la Sala de Revisión.
7.1. Mediante
auto del 12 de octubre de 2016, el Magistrado Sustanciador encontró necesario decretar la práctica de algunas pruebas. Lo
anterior, con el objeto de contar con mayores elementos de juicio, para lo que
resolvió:
“PRIMERO.
SOLICITAR a la Dirección de
Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del
Ministerio del Interior que envíe, en el término de tres (3) días, copia
integral de las dos (2) solicitudes remitidas por la Asociación
Comunitaria para el Desarrollo Integral Tierra de Águilas - Asocodita a sus oficinas
el 3 de abril de 2015, bajo radicado EXTMI15-00014278, y el 3 de marzo de 2016,
con radicado EXTMI16-0008719. Asimismo, que haga llegar a esta Corporación las
respuestas que se dieron por parte de la entidad a las dos (2) solicitudes
mencionadas y que indique quienes están actualmente inscritos como miembros de
la junta directiva y representante legal de dicha asociación. Igualmente, que
informe si a partir del 18 de marzo de 2016 se ha presentado alguna nueva
solicitud de inscripción de representante legal o junta directiva por parte de
la Asociación
Comunitaria para el Desarrollo Integral Tierra de Águilas – Asocodita, en las
oficinas del Ministerio. También, que en el mismo tiempo informe cuáles son
los requisitos y tiempos que deben cumplir las organizaciones de base de las
comunidades afrocolombianas para registrar una nueva junta directiva y un nuevo
representante legal.
SEGUNDO. SOLICITAR
a
la Universidad Industrial de Santander-UIS que en el término de tres (3) días
envíe copia de todos los documentos relacionados con la solicitud de admisión
especial de Andrés Eduardo Guevara Terranova. Asimismo, que informe cual es la
situación actual de este último en relación con la universidad, si se encuentra
inscrito en algún programa o esta efectivamente inadmitido. Finalmente, que
indique si para el periodo académico para el que se presentó Andrés Eduardo
Guevara Terranova existió alguna otra solicitud de admisión especial, para
ingresar al programa de medicina, por parte de un miembro de una comunidad negra,
afrocolombiana, palenquera o raizal, que cumpliera efectivamente con todos los
requisitos del Acuerdo 134 de 2011.
TERCERO. SOLICITAR
a
la Asociación
Comunitaria para el Desarrollo Integral Tierra de Águilas – Asocodita que en el
término de tres (3) días informe quiénes están actualmente vinculados como
miembros de la junta directiva de tal asociación y quién es su actual
representante legal. También, que informe si ha hecho alguna nueva solicitud de
inscripción de representante legal o junta directiva ante la Dirección de Asuntos
para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio
del Interior desde el 18 de marzo de 2016.
CUARTO. SOLICITAR a la accionante Rosmery
Terranova Romero, que en el término de tres (3) días informe si su hijo, Andrés Eduardo
Guevara Terranova, se encuentra actualmente inscrito en algún programa de
educación superior, bien sea en la Universidad Industrial de Santander o
cualquier otra.
QUINTO.
INVITAR al Observatorio de Discriminación
Racial, al Grupo de Acciones Públicas - GAP de la Universidad del Rosario y al
Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH para que, en el término
de cinco (5) días, conceptúen sobre el enfoque diferencial, el acceso a la
educación superior de grupos étnicos y las medidas afirmativas en favor de la
población negra, afrocolombiana, raizal y
palenquera”.
7.2. La Oficina Jurídica de la UIS[10],
el 26 de octubre de 2016 hizo llegar a través de correo electrónico el
expediente administrativo que reposa en la División de Admisiones y Registro
Académico, así como el que se encuentra en la Secretaría General de la
Universidad. De estos últimos es importante destacar:
- La copia del Acta Núm. 19 del Comité
de Admisiones de la UIS realizado el 11 de diciembre de 2015 por medio de la
cual reconoce impedimento para formar parte de la discusión de las admisiones
especiales a Eduardo Serafín Guevara Melo, representante de la Facultad de
Ingenierías Físico-Mecánicas y padre de Andrés Eduardo Guevara Terranova. En
esta también se indica que hay dos personas solicitando que se les aplique el
procedimiento de admisión especial por ser miembros de comunidades negras,
afrodescendientes, palenqueras y raizales (Folios 59-60 del Cuaderno 3).
- La copia del concepto de la oficina
jurídica de la UIS del 28 de enero de 2016 dirigido al Comité de Admisiones
pronunciándose sobre la admisión de Andrés Eduardo Guevara Terranova, que
indica que la discrepancia entre el representante legal que certifica al
solicitante como miembro de Asocodita y el registrado en el Ministerio del
Interior, hace inoponible tal certificación a la Universidad, para efectos de
admitir al hijo de la accionante (Folios 79-80 del Cuaderno 3).
Asimismo, Juan Carlos Escobar
Martínez, Director de Admisiones y Registro Académico de la UIS,
respondió que Andrés Eduardo Guevara no se encuentra actualmente en ningún
programa académico de la UIS, ya que fue inadmitido para vincularse en el
semestre 2016-I. Indicó también que para ese semestre no se presentó ninguna
otra solicitud de admisión especial para el pregrado de medicina.
Finalmente, aclaró que el solicitante no
cumplió con los requisitos que para una admisión especial determina el Acuerdo
134 de 2011. Adicionalmente, que ocupó el puesto 272, de acuerdo con su puntaje
del Saber 11º, entre las personas que se presentaron para ser admitidos en el
programa de medicina. Resaltó que en este último fueron admitidas 72 personas.
7.3. La Asociación Comunitaria para
el Desarrollo Integral Tierra de Águilas envió el 29 de octubre de 2016, a
través de correo electrónico, copia del documento radicado el 27 de octubre del
mismo año en esta Corporación[11],
en el que indica que su Junta Directiva está actualmente conformada por Darío
Mina Cortez (Representante Legal), Yady Lorena Reinosa (Secretaria), Duvar Elí
Zapata (Fiscal), Ovidio Villegas Obando (Tesorrero), Luz Zoraida Mina Balanta
(Vicepresidente) y María Isabel Ordoñez Arizala (Vocal).
En la misma comunicación anexó petición
que se envió al Ministerio del Interior el 27 de octubre de 2016[12]
en la que se le solicita inscribir la Junta Directiva de la Asociación,
solicitud que se le ha hecho en 2014 y 2015.
7.4. Rosmery Terranova Romero anexa
comunicación[13]
en la que indica que su hijo, Andrés Eduardo Guevara Terranova, no se encuentra
inscrito en ningún programa de educación superior de la UIS u otra institución
universitaria.
7.5. Marta María Saader Granados,
Subdirectora Científica del Instituto Colombiano de Antropología e Historia –
ICANH, allega concepto elaborado por Carlos Andrés Meza[14]
en el que se indica que las medidas afirmativas de carácter “étnico-racial”
tienen su génesis en la apertura de los programas académicos de Harvard, Yale y
Princeton, que dieron acceso a personas negras con el fin de que pudieran
competir en igualdad de condiciones.
Indica que las medidas afirmativas
buscan revertir las situaciones de desventaja que tiene ciertas minorías,
promoviendo el aumento de estos grupos en escenarios de empleo, educación y
empleo público, haciendo de su color, sexo o carácter determinante, el “criterio
relevante en la selección de candidatos”[15].
Se resalta, por parte del ICANH, que en el caso colombiano estas medidas se
empiezan a adoptar a partir de la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia
realizada en Durban, sin embargo casos como este sirven “para alimentar las
reflexiones, debates y propuestas en contra del racismo y la discriminación
racial que se están desarrollando en Colombia”[16].
Resalta
el interviniente, que entre 1993 y 2004 se dieron cambios legislativos,
reglamentarios y de política pública, dirigidos a crear escenarios basados en
la diferencia étnica y cultural de los afrodescendientes, surgiendo así la
Direccion de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras y la comisión consultiva de alto nivel. Concluye el Instituto que “a
11 años de expedición de la ley 70, la persistencia de la discriminación racial
estructural por la situación de desventaja y empobrecimiento en la cual vive la
población negra en Colombia, aumentó como consecuencia del conflicto social y
armado, el desplazamiento, el confinamiento y la vulneración de los derechos”[17].
Es
así como, en 2004, se expide el Conpes 3310 que entiende por acciones
afirmativas “el conjunto de directrices, programas y medidas administrativas
orientadas a generar condiciones para mejorar el acceso a las oportunidades de
desarrollo económico, social, cultural y promover la integración de la
población negra o afrocolombiana”[18].
Sin embargo, estos objetivos siguen estando lejos de ser cumplidos, ya que
el mayor nivel educativo en las regiones lo siguen teniendo las poblaciones no
étnicas y los afrocolombianos deben hacer un mayor esfuerzo para alcanzar
aprendizajes y el desarrollo de ciertas habilidades.
Por
lo anterior, los cupos reservados a los candidatos de estos grupos son el
resultado de la implementación de medidas afirmativas. Se indica en la
intervención que la negativa de la institución de admitir a Guevara Terranova muestra
la aplicación de “una racionalidad centralista en la cual la sospecha recae
sobre los beneficiarios y las organizaciones que los avalan”.
Concluye
el concepto que sería interesante revisar cuantos estudiantes afrodescendientes
han obtenido los beneficios del Acuerdo 134 de 2011, con el fin de determinar
si los requisitos creados por un programa de inclusión abstracta terminan, en
la práctica, por generar una exclusión real y concreta.
7.6.
Natalia Pérez Amaya, Daniel Guillermo Deaza Acosta y Diana Carolina Prado
Carreño, intervienen en nombre del Grupo de Acciones Públicas de la
Universidad del Rosario – GAP[19],
dividiendo su concepto en tres partes: la prevalencia del derecho
sustancial, el derecho a la educación y la autonomía universitaria, el enfoque
diferencial y las medidas afirmativas en favor de la población negra, afrocolombiana,
raizal y palenquera.
En
el primer punto se resalta que el derecho sustancial y su prevalencia
configuran un principio constitucional que se encuentra plasmado en el artículo
228 de la Constitución[20].
Esto, de acuerdo con la Corte[21],
implica entender que el derecho procesal trae implícitas las formas de
realización del derecho sustantivo. En consecuencia, conlleva a “que las
formalidades no obstaculicen el logro de los objetivos del derecho sustancial”[22].
Destaca
el concepto que en el caso que nos atañe el derecho en conflicto es el de la
educación, consagrado en la Constitución, que además hace una especial
protección de los menores de edad[23]
y de las poblaciones discriminadas por sus condiciones físicas. Concluyendo que
“el Estado tiene el deber legal de proteger a Andrés Eduardo Guevara
Terranova no sólo por su derecho tutelado a la educación, sino por su condición
de protección reforzada”[24].
En
el segundo acápite, se empieza por resaltar el artículo 67 de la Constitución[25]
que pone el derecho a la educación en cabeza de todas las personas. Igualmente,
la Carta consagra el derecho a la autonomía universitaria “que implica que
puedan dictar su propio reglamento y regirse por sus propios estatutos, por
ello pueden dictar los procedimientos académicos, los procedimientos
administrativos y los procedimientos disciplinarios que consideren pertinentes,
siempre y cuando estén en concordancia con la Constitución y la Ley”[26].
Ahora
bien, destaca la intervención que estos dos derechos constitucionales se
enfrentan con frecuencia lo que ha hecho necesario que se creen, por parte de
la Corte[27],
reglas para solucionar este choque, privilegiando el derecho a la educación
ante reglamentos que lo restringen. Por lo anterior, “al analizar el
caso concreto se observa que el accionante cumplió con todos los requisitos que
en virtud de la autonomía universitaria le fueron solicitados (…) se observa
que la sanción de la UIS al ciudadano es desproporcionada, injustificada y
arbitraria en esta situación particular”[28].
En
el tercer punto, sobre enfoque diferencial, se recuerda que este busca
establecer mecanismos que den un trato privilegiado a grupos
clásicamente marginados o discriminados. A través de estas medidas afirmativas “se
pretende crear un marco de protección para los grupos étnicos, que en el caso
colombiano son los indígenas, los grupos afrocolombianos, los raizales, los rom
y los palenqueros”[29].
Sobre
el caso en discusión, sostiene el Grupo “que el enfoque diferencial se
presenta respecto del ingreso de los aspirantes provenientes de comunidades
afrocolombianas, palenqueras y raizales que (…) busca que los miembros de esta
comunidad puedan acceder a la educación superior mediante la designación de un
cupo por carrera”[30].
Finalmente,
en el último punto de la intervención, se destaca que la Ley 70 de 1993 dispone
de mecanismos para la protección y desarrollo del derecho a la educación,
igualmente la Ley 115 de 1994 regula algunos aspectos de la educación de grupos
étnicos y contiene unas medidas especialmente orientadas para afianzar la
identidad cultural de los grupos étnicos. Asimismo, las universidades han
creado programas de admisión especial, como el establecido en el acuerdo 013 de
2009 de la Universidad Nacional.
Recuerda
EN el concepto que la Corte en sentencia T-110 de 2010 se pronunció sobre la
decisión de la UIS de suprimir los cupos especiales de acceso a población
indígena indicando que “eliminar las medidas afirmativas sin reemplazarlas
vulnera el derecho a la igualdad”[31].
Finalmente, la intervención solicita a la Corte que revoque las sentencias de instancia
y que tutele el derecho a la educación del demandante.
7.7.
César Rodríguez en calidad de Director del Observatorio de Discriminación
Racial – ODR[32],
comienza su intervención a partir de un breve recuento de los hechos.
Posteriormente, realiza un recuento del acceso a la educación de las personas
afrodescendientes en Colombia, resaltando que según cifras del censo de 2005,
tan solo el 11,8% de los afrocolombianos ha logrado obtener un título de
educación superior, muchos menos que los mestizos que han conseguido este
privilegio[33],
conllevando a que quienes tienen piel de color claro tengan “más años de
estudios que aquellas de color oscuro, para Colombia, esta inequidad educativa
corresponde a dos años”[34].
De
acuerdo con el mismo censo, de 2005, la participación de las personas de piel blanca
en la educación superior es aproximadamente 0.5 veces más alta que la de las
personas afrocolombianas. Ahora bien, se destaca que hoy en día se gradúan mas
estudiantes negros de la educación media, sin perjuicio de que el número de
ellos que logra ingresar a estudios superiores se mantiene igual. Lo anterior,
por los obstáculos que se les presentan a los miembros de esta etnia para
lograr el ingreso: (i) “el desempeño en los exámenes de admisión y de calidad
de la educación primaria y media que en los departamentos habitados
mayoritariamente por población afrocolombiana es abrumadoramente baja”[35];
(ii) “la baja capacidad de pago de las familias afrocolombianas”[36];
(iii) “la discriminación en el ámbito de la educación superior”[37];
y (iv) “la deserción de estudiantes afrocolombianos es más alta que la del
resto de estudiantes, debido a las enormes dificultades económicas y académicas
que enfrentan”[38].
En
un tercer punto, el escrito destaca las medidas afirmativas en materia
étnico-racial principalmente en la educación superior. Comienza por resaltar
que estas son escasas y presentan problemas de ejecución, encontrándose
principalmente en los sectores de participación política, vivienda y educación
superior. En estas últimas, existen aquellas que nacen por determinación del
legislador y otras que provienen directamente de las universidades, públicas o
privadas. Entre las primeras están las que van dirigidas a crear partidas
presupuestales[39]
o créditos con instituciones del Estado[40].
Indica
la intervención que “a 2012, 3.0545 estudiantes han sido beneficiarios (…)
[l]as universidades con mayor número de beneficiarios son la Universidad
Tecnológica del Chocó y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Por otro
lado, 26 instituciones de educación superior pública y privadas tienen
programas de admisión diferenciada para afrocolombianos a través de
procedimientos especiales para la asignación de cupos, selección, admisión en
ingreso y para la asignación de apoyos económicos y becas especiales”[41].
De estas últimas, 22 son públicas y ofrecen beneficios para efectos de la admisión
e ingreso a la carrera, y 4 son privadas y brindan apoyos financieros para el
pago de las matrículas.
Ahora
bien, resalta el Observatorio que el Informe de evaluación de los créditos del
ICETEX de 2013 permite observar que los recursos destinados no cubren ni al 20%
de los aspirantes. Asimismo, que los beneficios otorgados a través de
universidades públicas no son proporcionales con los aspirantes
afrocolombianos, por ejemplo la Universidad de Cartagena ofrece un cupo por
programa, a pesar de que esta ciudad tiene un 27% de población afrocolombiana.
Finalmente, son pocas las universidades privadas que tienen programas para
estudiantes afrocolombianos.
Concluye
la intervención, en este punto, que “Colombia carece entonces de una política
coherente de acciones afirmativas para combatir las disparidades
étnico-raciales. Esta ausencia perpetúa la exclusión de la población
afrocolombiana a mecanismos de movilidad social y contradice las obligaciones
jurídicas nacionales e internacionales del Estado en materia de prohibir la
discriminación y el derecho a la igualdad material”[42].
Finalmente,
en lo que refiere al caso en concreto, el concepto considera que la negación
del cupo a Andrés Eduardo Guevara Terranova por parte de la UIS violenta su
derecho a la educación, especialmente al exigirle un requisito que no esta en
sus manos, sino que se circunscribe a las competencias de Asocodita y el
Ministerio del Interior. Asimismo, tal negativa genera una restricción al
programa de acciones afirmativas que buscan proteger el derecho a la educación
de la población afrodescendiente.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1.
Competencia.
Esta Sala es competente para examinar
los fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de
1991.
2.
Problema
jurídico.
La Corte Constitucional debe determinar
si la UIS vulneró los derechos fundamentales a la educación e igualdad de
Andrés Eduardo Guevara Terranova, representado en esta acción de tutela por su
madre, al negarle su admisión a la institución bajo el argumento de que no se podía
dar validez al documento de la organización de base presentado por el
aspirante, ya que el representante legal que lo firma no aparece registrado en
el Registro único nacional de Consejos Comunitarios y Organizaciones de la
Dirección de Asuntos para comunidades negras del Ministerio del Interior.
Para resolver el problema jurídico
planteado, la Corte considera necesario referirse a cinco temas que se
encuentran relacionados: i) la agencia oficiosa y representación de
menores de edad en sede de tutela; ii) procedencia de la acción de
tutela para amparar derechos de sujetos de especial protección constitucional; iii) el
derecho a la educación superior y el principio de autonomía universitaria; iv) las
medidas afirmativas para comunidades negras en el marco de la educación
superior y, v) la función certificadora y de registro
de la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras del Ministerio del Interior.
3.  La agencia oficiosa
y representación legal de menores de edad en sede de tutela.
3.1.
La
Constitución Política en su artículo 86 establece que:
“Toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública.” (Subrayado fuera
de texto
original).
En similar sentido, el artículo 10 del
Decreto Estatutario 2591 de 1991 preceptúa lo siguiente:
“La acción de
tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos.
También se
pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.” (Subrayado
fuera de texto
original)
3.2.    La
jurisprudencia ha establecido que existen una serie de requisitos necesarios
para la procedencia de la agencia oficiosa, tendientes a verificar que el
titular del derecho no esté en condiciones de ejercerlo por sí mismo, y exista
la manifestación expresa de que se está actuando en calidad de agente oficioso,
requisitos cuyo rigor se aminora en los casos en que el agenciado es un menor
de edad. En sentencia T-036 de 2013 se dijo:
“Asimismo, se ha
determinado que para intervenir como agente oficioso se deben verificar dos
requisitos: (i) que el agente oficioso manifieste actuar en tal sentido; y (ii)
que de los hechos que fundamentan la solicitud de amparo se infiera que el
titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados se encuentra en
situación física o mental que le impida la interposición directa de la acción.
En este punto,
es necesario indicar que la manifestación puede ser expresa o tácita. Así, será
válida la agencia oficiosa cuando de los hechos narrados en el escrito de
tutela se deduzca la calidad en la que actúa la persona que interpone la
acción. Ahora bien, la Corte ha explicado que cuando se trata de menores de
edad no se aplica este requisito, debido a que es obvio que los niños no
están en condiciones de ejercer su propia defensa.” (Subrayado fuera del
texto original)
En ese sentido, esta Corporación ha establecido
que el artículo 44 de la Carta permite la protección de los derechos
fundamentales de los niños a través de la acción de tutela, por iniciativa de
cualquier persona[43],
sin perjuicio que estos puedan hacerlo por sí mismos, si están en condiciones
de realizarlo.
3.3.    Asimismo, el
ordenamiento jurídico permite que los representantes legales de los menores
defiendan los derechos de estos mediante acción de tutela. En consecuencia, los
padres pueden promover el amparo para proteger los derechos fundamentales
afectados o amenazados de sus hijos, debido a que ostentan la patria potestad[44]
y, por tanto, la representación judicial y extra-judicial de estos. Ahora
bien, una vez el menor accede a la mayoría de edad y adquiere una capacidad
plena, los padres perderán la facultad de representar a sus hijos en esta sede.
4.  Procedencia de
la acción de tutela para amparar derechos de sujetos de especial protección
constitucional[45].
4.1.    El artículo 86
superior consagra que cuando se encuentre amenazado un derecho fundamental, la
acción de tutela procede como medio de defensa judicial para su protección inmediata,
respecto de cualquier acción u omisión que provenga ya sea de una autoridad
pública o de un particular[46].
No
obstante, de manera previa el juez de tutela tiene la tarea de evaluar si es
procedente el amparo. Así, en caso de no disponer de un medio de defensa idóneo
la tutela será viable de manera definitiva, y en caso de que se busque prevenir
un perjuicio irremediable la acción procederá como mecanismo transitorio[47].
Asimismo,
este tribunal ha considerado que la acción de tutela es procedente aún ante la
presencia de un mecanismo ordinario de defensa, cuando:
“(i)
Los medios ordinarios de defensa judicial no son suficientemente idóneos y
eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) aún cuando
tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como
mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a
los derechos fundamentales; y (iii) el accionante es un sujeto de
especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas
discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y
niñas), y por lo tanto su situación requiere de particular consideración por
parte del juez de tutela”[48] (Subrayado
fuera del texto original).
En
este último evento la Corte ha estimado que en virtud de la necesidad de
garantizar el amparo constitucional reforzado de que gozan dichos sujetos, y
con el objeto de admitir la viabilidad y prosperidad de la acción, “el
juez de tutela debe considerar con particular atención las circunstancias de
debilidad manifiesta e indefensión en las que se encuentra el titular de los
derechos invocados”[49].
Lo anterior ha sido reiterado en diferentes decisiones de este tribunal, donde
ha establecido que la acción de tutela es procedente para proteger el derecho a
la educación a dichos sujetos de especial protección.
4.2.    Ahora bien,
conforme a la Constitución y la jurisprudencia de esta Corporación, los
miembros de los grupos étnicos que habitan en Colombia también hacen parte de
los sujetos especialmente protegidos por el ordenamiento jurídico.  Lo
anterior, debido a que el reconocimiento del pluralismo en lo concerniente a
los grupos étnicos y culturales involucra un mandato de promoción de sus
derechos al ser objeto de marginación a través de los tiempos[50].
Atendiendo la
situación de exclusión social que repercute negativamente en el acceso a
oportunidades de orden económico, social y cultural, se impone una
diferenciación positiva para suprimir las barreras que se opongan a la igualdad
material y enfrentar las causas que la generan, sin eliminar los rasgos
culturales típicos de una determinada comunidad (art. 13 superior)[51].
La supresión de dichas barreras no se limita al derecho sustancial, sino que
también se observa en los mecanismos del derecho procesal que deben ser
abiertos y buscar la protección de los derechos de los miembros de estas
comunidades.
4.3.
Finalmente, debe anotarse que los menores de edad gozan también de una especial
protección que permite evaluar con menor severidad la procedencia de la acción
de tutela, esto en virtud del inciso primero del artículo 44 de la Constitución[52],
que eleva a la categoría de fundamental el derecho a la educación.
5.
El
derecho a la educación superior y el principio de autonomía universitaria[53].
5.1.    El derecho a la
educación superior.
5.1.1.
La
educación tiene la condición de un derecho prestacional porque hace parte de
los derechos sociales, económicos y culturales (en adelante DESC), (artículos
67, 68 y 69 de la Constitución). Esto implica que su efectividad está ligada a
la disponibilidad de recursos económicos, una regulación legal y una estructura
organizacional[54].
Por otra parte, se constituye como derecho fundamental cuando se trata de
educación primaria y básica[55] y,
de manera excepcional, de educación superior[56], como
se explicará más adelante.
De
conformidad con el artículo 67 de la Constitución, previamente citado, la
educación obligatoria “comprenderá como mínimo, un año de preescolar y
nueve de educación básica”. Lo anterior, revela que es imperativo que el
Estado brinde la educación de cinco años de primaria y cuatro de secundaria que
comprende la educación básica[57].
Sin embargo, no exime al Estado de la responsabilidad de brindar la
disponibilidad respecto de todas las etapas de la educación (preescolar,
primaria, secundaria y superior)[58].
5.1.2.
En
este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que si bien la
obligación del Estado en materia de educación se limita según el nivel de
enseñanza, con base en el principio de progresividad[59], le
corresponde junto con la familia y la sociedad “el deber de procurar el
acceso progresivo de las personas a los distintos niveles de escolaridad,
mediante la adopción de diferentes medidas, dentro de las que se destaca, por
expreso mandato constitucional, la obligación de facilitar mecanismos financieros
que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación
superior”[60].
5.1.3.
Por
otro lado, múltiples instrumentos internacionales, que forman parte del bloque
de constitucionalidad, soportan esta restricción en relación con la educación
superior. La Convención de los Derechos de los Niños, adoptada por la Ley
12 de 1991, en su Artículo 28, dispone:
“1. Los Estados
Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda
ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese
derecho, deberán en particular:
(…)
c) Hacer
la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por
cuantos medios sean apropiados; (…) (Subrayas fuera del texto original)”.
Asimismo,
con arreglo al apartado c) del párrafo 2 del artículo 13 del Protocolo de San
Salvador:
“Artículo 13. 2.
Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr
el pleno ejercicio del derecho a la educación:
(…)
c. la enseñanza
superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la
capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por
la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;”.
Por otra parte, la Declaración Mundial
sobre la Educación Superior (1998) y el Marco de Acción Prioritaria para el
Cambio y el Desarrollo de la Educación Superior, adoptadas por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
hacen un llamado a los estados miembros para que adopten las medidas necesarias
para fomentar la accesibilidad a la educación superior. Por ejemplo, “crear,
cuando proceda, el marco legislativo, político y financiero para reformar y
desarrollar la educación superior”; impulsar la vinculación con la
investigación y los distintos sectores de la sociedad para que contribuyan
eficazmente con el desarrollo. Visto lo anterior, no fija una obligación
directa de brindar la educación superior.
5.1.4.
En
concordancia con lo anterior, el derecho a la educación no solo goza de
protección constitucional en su modalidad, primaria, básica y secundaria[61].
La Corte también ha protegido el derecho al acceso a la educación superior[62],
cuando su amenaza o vulneración provoca la amenaza o vulneración de otros
derechos de carácter fundamental, como la igualdad, el libre desarrollo de la
personalidad o el debido proceso por conexidad.
La
Corte ha protegido el derecho a la educación por la correspondencia que ésta
tiene con el desarrollo personal e inclusive el plan de vida del individuo como
herramienta para superar situaciones de marginación. Esta perspectiva
presume que el grado de educación formal incide decisivamente en la calidad de
vida de los individuos, las familias y las colectividades. En efecto atiende a
la relación entre la educación y la mejora de los niveles de ingreso, el acceso
a oportunidades profesionales, la inserción en la vida productiva, la movilidad
social, la salud de las personas, los cambios en la estructura de la familia,
la promoción de valores democráticos, la convivencia civilizada y la actividad
autónoma y responsable de las personas.
5.2.
Autonomía
universitaria.
5.2.1.
El
estudio del derecho a la educación superior requiere ineludiblemente tener en
cuenta la autonomía universitaria[63].
Esta consiste en la facultad que gozan las universidades para darse sus
directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley, en virtud
del artículo 69 de la Constitución.
Esta
potestad de autorregulación administrativa y académica está también
consagrada en los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992. Estos disponen que
las instituciones de educación superior podrán darse y modificar sus estatutos;
designar sus autoridades académicas y administrativas; crear, desarrollar sus
programas académicos; expedir los correspondientes títulos; definir y organizar
sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de
extensión; seleccionar y vincular a sus docentes y alumnos; adoptar el
reglamento interno; arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su
misión social y de su función institucional.
5.2.2.
Dicha
autorregulación se desarrolla a través de los reglamentos estudiantiles, en los
cuales constan las facultades, atribuciones y límites que rigen a todos los
actores del proceso educativo. Lo anterior, bajo el marco de los
principios, valores y derechos fundamentales establecidos en la Constitución,
en la ley y en los tratados internacionales[64]. Así las cosas, el reglamento
estudiantil debe ser claro sobre los parámetros exigidos de cualquier
procedimiento en la institución, esto es la inscripción, admisión, acreditación
de los requisitos académicos y para aprobar las diferentes materias, así como
para optar por el título de profesional que el estudiante haya escogido. Este
rige la relación derecho-deber entre los estudiantes y los centros de educación
superior, quienes deben respetarlo.
En
ese sentido, el alcance y contenido de la autonomía universitaria fue explicado
en la sentencia C-1435 de 2000 donde se indica que dichas entidades tienen un
alto grado de libertad jurídica y capacidad de decisión que, desde un punto de
vista netamente académico, les permite asegurar para la sociedad y para los
individuos que la integran un espacio libre e independiente en las áreas del
conocimiento, la investigación científica, la tecnología y la creatividad;
espacios que estarían restringidos por el respeto a los principios de equidad,
justicia y pluralismo.
Por
ello, tal autonomía no es de carácter absoluto toda vez que su ejercicio debe
respetar el ordenamiento constitucional y legal vigente[65]. Al
respecto la Corte en sentencia T-933 de 2005 dijo:
“La
discrecionalidad dada a los entes universitarios para fijar los procedimientos
antedichos se encuentra limitada por (i) la facultad que el artículo 67 le
otorga a las autoridades del Estado para regular y ejercer la suprema
inspección y vigilancia de la educación, y para garantizar el adecuado
cubrimiento del servicio; (ii) la competencia que el artículo 69 le atribuye al
legislador para expedir las disposiciones generales con arreglo a las cuales
las universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus propios
estatutos, (iii) el amplio margen de configuración política que el artículo
150-23 le reconoce al Congreso para expedir las leyes que regirán la prestación
efectiva de los servicios públicos, entre los que se cuenta el de educación, y,
finalmente, (iv) el respeto por el ejercicio legítimo de los derechos
fundamentales, derivado de la obligación que el artículo 2° de la Carta le
impone a las autoridades de la República para garantizar y propender por la
efectividad de todos los derechos ciudadanos.”
5.2.3.
Así
las cosas, se tiene que los entes formativos establecen un régimen interno
(denominado normalmente reglamento), de carácter obligatorio para quienes
conforman la comunidad universitaria (directivos, docentes y estudiantes), el
cual prevé las disposiciones que, dentro del respectivo establecimiento, serán
aplicables a las diferentes circunstancias que emanen por causa o con ocasión
de su actividad, tanto en el campo administrativo como disciplinario[66].
Tal facultad, como ya se dijo, se encuentra restringida a que no se adopten no
limiten de manera injustificada, desproporcionada y arbitraria el ejercicio del
derecho a la educación[67].
5.3.    Ponderación
entre el derecho a la educación y la autonomía universitaria.
5.3.1. Esta Corporación ha identificado
casos en lo que está, por un lado, el derecho a la educación, y por el otro, la
garantía del principio de la autonomía de los centros educativos, materializado
en las obligaciones establecidas en sus reglamentos. Ha dicho la Corte que en
el evento en que dichas normas entren en conflicto, “el juez debe
proceder a realizar un juicio de ponderación a favor del derecho a la educación
si la consecuencia del conflicto es su desconocimiento y negación. El propósito
de la ponderación no es excluir o eliminar [la garantía] a la autonomía sino
establecer una prelación a favor del derecho a la educación en aras de impedir
que sea suspendido o negado indefinidamente”[68].
Además,
no solo los funcionarios estatales deben ponderar entre ambos derechos sino
también las autoridades universitarias, ya que “no deben ser
insensibles, dando aplicación ciega a las normas o escudándose en la autonomía
universitaria y de espalda al drama humano que [puede atravesar] uno de sus
estudiantes”[69].
5.3.2.
Este
tribunal en sentencia T-292 de 1994, indicó que el conflicto entre dos
hipótesis normativas de orden constitucional, la autonomía universitaria y el
derecho al aprendizaje, que se resuelve con medidas sancionatorias o
administrativas establecidas en el reglamento interno de la institución
educativa, puede llegar a generar un desconocimiento de la Constitución
Política, porque según explicó la Corte en su momento, “el contenido humanitario
de los derechos constitucionales fundamentales no deja duda de la necesidad de
examinar las situaciones en las que estén comprometidos estos derechos, en tal
forma que ellos sean efectivamente respetados y apreciados en su dimensión
racional y ética”.
Asimismo,
la precitada providencia señaló que no solo se aplican de manera preferencial
las normas constitucionales en el evento que se presente colisión entre el
derecho a la educación y el principio de la autonomía de las entidades
formativas (en la elaboración de sus reglamentos), sino también cuando dentro
de sus estatutos internos existen vacíos o no se regulan determinados aspectos.
Al respecto sostuvo que “en estos casos y en ausencia de norma reglamentaria
expresa que regule el tema, se aplica de modo preferente y directo la
normatividad constitucional de los derechos constitucionales fundamentales”.
6.       Las medidas
afirmativas para comunidades negras en el marco de la educación superior[70].
6.1.    El
artículo 13 de la Constitución Política establece que todas las personas son
iguales ante la ley y que, en consecuencia, todos deben recibir el mismo trato
y protección de los órganos del Estado, así como la garantía de los mismos
derechos. La norma constitucional crea unos criterios sospechosos de
discriminación, con el fin de que ninguna decisión esté justificado en razones
se sexo, raza, nacionalidad, lengua, credo o ideología.
Ahora bien, el inciso segundo del
artículo 13 determina que le será posible al Estado realizar acciones de
discriminación positiva para garantizar, además de una igualdad formal frente a
la ley, una igualdad material que sea efectiva en favor de grupos clásicamente
marginados o discriminados. Dictamina la Carta que:
“Artículo 13.  Todas las
personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El
Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva
y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan”.
Con base en lo anterior, el
Estado cuenta con la potestad de realizar acciones tendientes a garantizar una
igualdad real para quienes se encuentran en situaciones de desprotección en
razón a un criterio sospechoso que ha permitido que sean discriminados y
alejados del acceso efectivo a diversos derechos y prestaciones.
6.2.    En
ese sentido, los artículos 1[71]
y 7[72]
de la Constitución justifican la existencia de medidas afirmativas y la
aplicación de enfoques diferenciales en favor de grupos étnicos, en el
ordenamiento jurídico colombiano. El respeto por la diferencia y la exaltación
de las culturas nativas, e históricamente vinculadas al territorio colombiano,
conllevan para el Estado la obligación de poner en manos de estas medios que
les permitan mantener sus características fundantes, así como mecanismos para
lograr la efectividad plena de sus derechos. En tal sentido, esta Corporación
ha dicho que:
“Los
principios de pluralismo, diversidad étnica y cultural fueron reconocidos por
parte del Constituyente de 1991 y se fundan como elementos determinantes del
Estado colombiano. El artículo 7º de la Constitución señala que “el
Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación
colombiana”; en igual sentido se pronuncia el artículo 70
superior. Esta Corporación ha afirmado que los mencionados principios “permiten
al individuo definir su identidad con base en sus diferencias específicas y en
valores étnicos y culturales concretos, y no conforme a un concepto abstracto y
general de ciudadanía, como el definido por los Estados liberales unitarios y
monoculturales”. Las normas constitucionales
referenciadas no sólo implican el reconocimiento de la diversidad cultural,
sino además, establecen un claro deber para el Estado colombiano de
garantizarla y protegerla de manera efectiva, mediante la adopción de medidas
afirmativas para que el mencionado derecho sea efectivamente gozado, en
condiciones de una verdadera igualdad material”[73].
El
marco constitucional anterior viene a complementarse con el Pacto Internacional
de derechos civiles y políticos (art. 27)[74], el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 13 y 15)[75], el
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 13 y 14)[76] y
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo[77], al
hacer parte integrante del denominado bloque de constitucionalidad estricto
sensu (art. 93 superior)[78].
Finalmente, se debe destacar la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada en Nueva York el 7 de
marzo de 1966 y ratificada por Colombia mediante la ley 21 de 1981 que en el
numeral segundo de su artículo 2 indica que:
“2. Los Estados
partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y
concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, para
asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o
de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en
condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales. Esas medidas en ningún caso podrán
tener como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados
para los diversos grupos raciales después de alcanzados los objetivos para los
cuales se tomaron”.
Igualmente,
es posible ver la existencia de estas medidas de discriminación positiva en
otros países. Desde antes de 1970 las mejores universidades norteamericanas
empezaron a implementar medidas de admisión sensible en favor de personas de
raza negra y de otras minorías. Dichas medidas mostraron su éxito cuando
grandes centros educativos, como la Boalt Hall School de Berkeley o la Texas
Law School, empezaron a admitir cada año 24 y 38 estudiantes negros en sus
programas, respectivamente. Sin embargo, a mediados de los 90´s empezaron una
serie de ataques legales y políticos contra estas medidas, al considerarlas
contrarias a la Décimo Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos[79],
llevando a que estas mismas instituciones admitieran 1 y 4 estudiantes negros
en 1997[80].
Indica Ronald Dworkin que los críticos de estas medidas se centraron en las
consecuencias que generaban en su aplicación, diciendo que “al admitir
estudiantes que no están calificados para beneficiarse de la educación que
reciben, [se] ha[n] logrado bajar los estándares educativos, lo que en vez de
aligerar las tensiones raciales las ha exacerbado”[81].
Ahora
bien, el precitado autor también determina que prohibir estas medidas genera un
coste mucho más alto, ya que implica que las posiciones de poder y prestigio al
interior del Estado sigan siendo ocupadas por una raza:
“Por supuesto,
la discriminación positiva ha tenido su coste –tanto para los aspirantes
blancos insatisfechos como para aquellos individuos negros de éxito que
rechazan cualquier insinuación de que necesitaron una preferencia especial para
triunfar- y ha provocado indudablemente una repulsa más generalizada, a pesar
de que el nivel de ésta continúa siendo poco claro. Pero los costes morales y
prácticos de prohibirla serían mucho mayores. La discriminación racial
sistemática del pasado ha creado una nación en la cual las posiciones de poder
y prestigio han estado ampliamente reservadas para una raza. Cuando las
consecuencias de la discriminación positiva eran todavía inciertas, no parecía
irresponsable que los críticos se opusieran a ella sobre la base de que su
instrumentación haría más daño que bien. Pero sería erróneo para la nación
prohibir esta práctica ahora que existen estadísticas y análisis amplios que
han demostrado, de forma manifiesta, su valor”[82].
Finalmente, hoy en día está demostrado
que estos mecanismos que conciben tratos diferenciados son exitosos para
permitir el acceso de poblaciones marginadas y razas discriminadas a todos los
niveles de las instituciones públicas y privadas, por lo que su mantenimiento
resulta fundamental para que los Estados garanticen una igualdad real y
efectiva.
6.3.    En consecuencia,
existe un aval constitucional e internacional para brindar un trato
preferencial o medidas de discriminación positiva a comunidades históricamente
discriminadas y excluidas, con el fin de que puedan desarrollar igualdad de
oportunidades a los demás habitantes del territorio. Con tal objetivo se
expidió la ley 70 de 1993 que crea mecanismos de protección para las
comunidades negras. Entre otros temas, se reconocen derechos a la propiedad
colectiva, se crean medidas de aprovechamiento de recursos mineros, se fomenta
su desarrollo y se establecen escenarios de participación política.
Dicha
ley contiene, además, en su capítulo VI los mecanismos para la protección y
desarrollo de los derechos y de la identidad cultural de las comunidades
negras, incluyendo en este acápite una serie de disposiciones relativas a la
prestación del servicio educativo y el acceso a la educación superior de estos
colectivos. Así, en el primer inciso del artículo 33 el Estado se compromete a
perseguir y evitar la segregación en el sistema educativo[83]; en los
incisos primero y segundo del 38 se dispone que las comunidades negras deben
contar con los medios para conseguir una formación profesional, brindándoles a
estas acceso y promoción en estos programas[84]; y en el 40 se obliga al
gobierno a crear partidas presupuestales y fondos de becas que garanticen el acceso
de estos grupos a los diferentes niveles de formación[85].
Ahora
bien, como lo destacó el Observatorio de Discriminación Racial en el concepto
rendido para este caso, en materia de medidas afirmativas en favor del acceso a
la educación superior de las personas negras se deben destacar dos: “aquellas
de origen legislativo y aquellas que surgieron como iniciativa autónoma (sin
que medie una Ley en sentido estricto) de universidades públicas y privadas”[86].
De estas últimas, 26 tienen programas de admisión especial para
afrocolombianos, 22 públicas y 4 privadas, entre las primeras esta la UIS.
6.4.
En
conclusión, la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad, la ley y los
reglamentos internos de las universidades, públicas y privadas, reconocen la
necesidad de crear medidas afirmativas que acerquen a los miembros de las
comunidades negras a escenarios de igualdad efectiva en materia de educación
superior, logrando así que una comunidad clásicamente discriminada acceda en
condiciones dignas a una prestación esencial para garantizar otros derechos. Por
lo anterior, negarle el acceso a una persona miembro de estas comunidades a una
medida de discriminación positiva de la que son sujeto implica la vulneración
de su derecho a la igualdad.
7.       La función
certificadora y de registro de la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior[87].
7.1.
La
tarea de determinar la pertenencia de uno o más sujetos a una comunidad étnica
ha resultado compleja en más de una ocasión[88], especialmente en casos
que le ha correspondido conocer a esta Corporación. La Corte ha reiterado la
regla jurisprudencial que impide vincular la identidad indígena o
afrocolombiana a lo que sobre el particular certifique una entidad estatal.
Ninguna autoridad pública, ni siquiera el juez constitucional[89], puede
definir si un sujeto hace parte o no de una minoría étnica, pues son estas
comunidades las únicas que pueden fijar tales criterios de pertenencia, en
ejercicio de su autonomía[90].
La función registral y certificadora que
ostentan algunas de las entidades del Estado no tiene otro fin que facilitar el
acceso a derechos y prestaciones a los miembros de ciertas comunidades. Lo
anterior, en cumplimiento de los artículos 1 y 7 de la Constitución Nacional,
ya referenciados. Asimismo, en el caso particular de las comunidades negras, el
artículo 55 transitorio de la Carta conminó a que se llevara a cabo un proceso
de reconocimiento de derechos a las comunidades negras por parte del Congreso y
una comisión especial creada dentro del Gobierno, pero no les daba la facultad
para determinar cuándo se estaba en presencia de un grupo afrodescendiente o
no. La disposición en mención estableció que:
“Artículo
Transitorio 55. Dentro de los dos años siguientes a la
entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo
estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal
efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido
ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la
Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción,
el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la
misma ley.
En la comisión
especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada caso
representantes elegidos por las comunidades involucradas.
La propiedad así
reconocida sólo será enajenable en los términos que señale la ley.
La misma ley
establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los
derechos de estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y
social.
Parágrafo 1. Lo dispuesto
en el presente artículo podrá aplicarse a otras zonas del país que presenten
similares condiciones, por el mismo procedimiento y previos estudio y concepto
favorable de la comisión especial aquí prevista.
Parágrafo 2. Si
al vencimiento del término señalado en este artículo el Congreso no hubiere
expedido la ley a la que él se refiere, el Gobierno procederá a hacerlo dentro
de los seis meses siguientes, mediante norma con fuerza de ley”.
En
tal sentido, desde la Constitución se puede entrever que “la existencia de
una comunidad indígena o afrodescendiente no depende de un acto expreso de las
autoridades públicas, sino de los hechos constitutivos de su diversidad
cultural y el auto reconocimiento del grupo”[91].
Ya
que, como se indicó, el reconocimiento estatal contribuye a demostrar la
existencia de la comunidad para efectos de la obtención de reconocimientos en
materia de prestaciones y derechos, pero no es el hecho constitutivo de la identidad
cultural y la determinación como comunidad étnica. En consecuencia, al ser “la existencia
de una comunidad étnica una cuestión material y puramente fáctica, puede
probarse por cualquier medio que resulte adecuado para forjar la convicción del
juez, en virtud del principio de libertad probatoria”[92].
En igual forma lo reconoce el
Convenio 169 de la OIT que en su artículo primero, en referencia al ámbito de
su aplicación, establece en el literal a) del numeral 1 que los pueblos
tribales son aquellos que se diferencian de otros sectores de la colectividad
nacional, asimismo que la conciencia de su identidad será el factor fundamental
para establecer su condición. Indica el Convenio que:
“Artículo
1.
1.
El presente Convenio se aplica: a) a los pueblos tribales en países
independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les
distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos
total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una
legislación especial; b) a los pueblos en países independientes, considerados
indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o
en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista
o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
2.
La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio
fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones
del presente Convenio”.
7.2.    Con
base en los fundamentos anteriores, el Gobierno ostenta una facultad registral
y certificadora para efectos de la obtención de beneficios y solicitud de
medidas afirmativas por parte de los grupos étnicos. En el caso de las
comunidades negras tal función se delegó, vía artículo 67 de la Ley 70[93],
en la Dirección
de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
A esta última, conforme al Decreto 2893
de 2011 le corresponden una serie de funciones que tienen amplia incidencia en
la forma en que los colectivos negros y organizaciones de base acceden a sus
derechos. Entre estas, es importante destacar sus competencias en la promoción
y garantía de los derechos de las comunidades, en la realización de los
espacios de participación y consulta previa, en el fortalecimiento de los
procesos organizacionales de estos grupos, en materia del registro único
nacional de consejos comunitarios y en la promoción de los enfoques
diferenciales y medidas afirmativas en favor de las personas negras y
afrodescendientes, entre otras. Del mencionado artículo es importante destacar
la función del numeral 7:
“Artículo
14. Funciones de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Son funciones de la
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras, las siguientes:
(…)
7. Llevar el
registro único nacional de los consejos comunitarios, organizaciones de base, y
representantes de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras”
(Subrayado fuera de texto original).
En lo que se refiere a la función
descrita en el numeral 7, relacionada con el registro único de las
organizaciones de base y consejos comunitarios negros, esta se desarrolla a
fondo en el Decreto 1066 de 2015, único del sector administrativo del interior
que compiló el Decreto 3770 de 2008, en el que se indica que la Dirección de Asuntos para
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras es responsable del
mencionado registro, los requisitos y procedimientos necesarios para mantenerlo
actualizado.
7.3.    Es
así como se puede concluir que el ejecutivo tiene unas funciones de carácter
administrativo que tienen efectos para el acceso a ciertas prestaciones por
parte de las comunidades negras. Sin embargo, tal competencia no puede, ni
debe, tener incidencia en el reconocimiento de la pertenencia a determinado
grupo étnico, ya que como ha indicado esta Corporación el autoreconocimiento y
los hechos constitutivos de la diversidad cultural son los que determinan si se
es, o no, sujeto étnico.
Establecido el fundamento jurídico y fáctico
anterior se pasará a resolver el caso.
8.
Caso concreto.
8.1.
Presentación
del caso
Conforme a los antecedentes descritos,
en este asunto la acción de tutela se presenta con el fin de que la Universidad
Industrial de Santander – UIS asigne un cupo en la carrera de medicina, por la
modalidad de admisión especial de persona que procede de población negra,
afrocolombiana, palenquera y raizal, a Andrés Eduardo Guevara Terranova.
Según la accionante, la referida
universidad incurrió en la vulneración del derecho a la educación de su hijo al
haberle negado el ingreso al programa de medicina por supuestamente no haber
cumplido con todos los requisitos para ser admitido. Sin embargo, indica la
demandante que su hijo se
presentó al proceso de admisión en la mencionada institución y optó por una
admisión especial, argumentando su condición de afrocolombiano y miembro de la
Asociación Comunitaria para el Desarrollo Integral Tierra de Águilas -
Asocodita. Para demostrarlo, presentó copias del certificado de
Auto-reconocimiento expedido por el Ministerio del Interior[94]
y del acta por la cual Asocodita lo selecciona para ingresar a la UIS a través
del mecanismo de admisión especial en nombre de la asociación comunitaria[95],
asimismo indica que acreditó el puntaje del Saber 11º requerido. Sostiene por
tanto, que cumplió con todos los requisitos para hacerse beneficiario de un
cupo especial en la carrera de medicina.
El
ente universitario accionado indica, en su contestación en sede de tutela, que
niega la admisión del actor justificado en que el acta de la organización de
base allegada, como cumplimiento de uno de los requisitos establecidos en el
Acuerdo 134 de 2011, se encuentra firmada por un representante legal que no
aparece registrado en el Registro único nacional de Consejos Comunitarios y
Organizaciones de la Dirección de Asuntos para comunidades negras del
Ministerio del Interior.
Los jueces de tutela que conocieron del
amparo consideran que: (i) la UIS no tuvo un motivo arbitrario o caprichoso
para negar la admisión, ya que Andrés Eduardo Guevara Terranova no cumplió con
uno de los requisitos exigidos en el Acuerdo 134 de 2011 y, por tanto, contaba
con sustento normativo para no dar un cupo en el programa de medicina; (ii) no
existe ninguna clase de censura al derecho de auto reconocerse como miembro de
una población afrocolombiana, debido a que su solicitud fue debidamente
tramitada como admisión especial y la respuesta negativa de la universidad no
tuvo relación con su raza y; (iii) no se le puede endilgar a la
demandada el retraso que tiene Asocodita en el registro de su nueva junta
directiva.
8.2.
Legitimación
por activa.
La presenta acción de tutela fue
presentada por Rosmery Terranova Romero actuando como agente oficiosa de su hijo,
Andrés Eduardo Guevara Terranova. Entre las pruebas aportadas en el expediente
se observa copia de la tarjeta de identidad[96] y del
registro civil de nacimiento[97]
de Andrés Eduardo.
En estos anexos se puede encontrar que
el joven en cuestión nació el día 1 de junio de 1998 y que sus padres son
Rosmery Terranova Romero y Eduardo Serafín Guevara Melo. Teniendo en cuenta que
la acción de tutela fue presentada el 18 de marzo de 2016 se puede concluir que
para este momento Andrés Eduardo no contaba con la mayoría de edad y, por
tanto, podía ser representado por su madre en el marco de la acción de amparo.
Sin perjuicio de que la accionante se
haya presentado como agente oficiosa, es claro que actuaba en el marco de la
representación jurídica que la ley le da sobre su hijo vía la patria potestad
que ostenta sobre este. El hecho de que el menor haya cumplido la mayoría de
edad en el trámite de la acción no afecta la legitimación por activa de su
madre, que debe observarse en el momento en que se hizo la solicitud de amparo.
En gracia de discusión, también sería
posible acreditar que Rosmery Terranova actúa como agente oficiosa de Andrés
Guevara, lo anterior porque, como se observó en el acápite 3 del presente
fallo, los requisitos de la agencia oficiosa cuando esta se hace en favor de
menores se reducen, en el entendido de que se está actuando en favor de un
sujeto de especial protección, que para nuestro caso se determina, además, como
miembro de una comunidad étnica.
8.3.
Legitimación
por pasiva.
En la acción fue demandada la UIS, al
ser la entidad que negó la admisión al programa de medicina a Andrés Eduardo
Guevara Terranova. Asimismo, el juez de primera instancia decidió vincular de
oficio[98]
a la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Integral Tierra de Águilas –
Asocodita y a la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.
Las
anteriores entidades pueden ser sujeto de esta acción, en la medida en que en
el caso de la UIS se trata de un particular que presta un servicio público, la
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras es una autoridad pública y
Asocodita es una organización, con personería jurídica, con la cual el
representado en esta acción tiene una relación de subordinación, al existir un
acto jurídico de vinculación que los une.
8.4.
Estudio
de la procedencia de la acción de tutela
De
conformidad con la jurisprudencia es necesario revisar que la presente acción
cumpla con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. De
los antecedentes expuestos esta Sala encuentra que en el caso concreto la
acción de tutela es la herramienta idónea para perseguir la salvaguarda de los derechos
alegados por la accionante, como se pasa a exponer:
8.4.1.
Subsidiariedad.
La
acción de tutela tiene un carácter subsidiario, por tanto solo es procedente en
los casos en los que no exista otro medio de defensa. Sin embargo, dicho
requisito se aminora cuando el sujeto, o sujetos, cuyos derechos se buscan
defender pertenece a un grupo de especial protección constitucional, tal y como
se ha establecido en la jurisprudencia de esta Corporación y como se describió
en el punto 4 de esta sentencia.
En
el presente caso, estamos ante una persona que tenía el carácter de menor de
edad en el momento de presentación de la acción, tal y como se resaltó en la
legitimación por activa, pero también nos encontramos frente a un ciudadano que
se auto determina como miembro de un grupo étnico afrocolombiano, situación que
se verifica por lo dicho en la acción y por el certificado de
auto-reconocimiento expedido por la Dirección de Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior[99].
Sin
perjuicio de lo anterior, también debe observarse que en el presente caso se
está buscando la protección de un derecho que adquiere el rango de fundamental
cuando está en cabeza de un menor y cuyo componente de educación superior ha
sido reconocido así en algunos casos excepcionales por parte de este Tribunal.
Finalmente,
al tratarse de una persona de 18 años que está buscando su pronto ingreso a la
Universidad con el fin de cumplir su plan de vida, se entiende que requiere de
un mecanismo expedito y efectivo que de solución a su problemática,
especialmente cuando esta se asocia a un hecho que puede ser calificado como
sospechoso.
8.4.2.
Principio
de inmediatez.
Encuentra la Sala que el 10 de febrero
de 2016 se le notificó al hijo de la accionante sobre la decisión del Comité de
Admisiones de negarle el ingreso a la UIS[100] y que, ante
tal decisión, la accionante interpuso derecho de petición el 15 de febrero de
2016 dirigido al mencionado comité y al Consejo Académico de la universidad,
solicitando que se aceptara la solicitud de admisión especial de Andrés Eduardo
Guevara.
Esta última solicitud fue negada a
través de dos respuestas, una del Consejo Académico, de fecha 23 de febrero de
2016, y otra del Comité de Admisiones, del 1 de marzo de 2016. Ante esto la
accionante interpuso tutela el 18 de marzo del mismo año.
Frente a lo anterior, es claro que la
accionante cumplió con presentar la acción en forma inmediata a la posible
vulneración del derecho a la educación de su hijo, ya que trascurrieron 17 días
entre la última negativa de admisión y la solicitud de amparo.
8.5.
Vulneración
de los Derechos a la educación e igualdad.
8.5.1. Andrés Eduardo
Guevara solicitó una admisión especial a la UIS en el marco del acuerdo 134 de
2011, expedido por esta institución. En el artículo 3 de dicha norma se indica
que:
“Artículo
3. Establecer el proceso de admisión especial con el fin de otorgar un cupo por
carrera para los bachilleres que procedan de población negra, afrocolombiana,
palenquera, raizal (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina) y
que se encuentren debidamente registrados en el censo que elabora el Ministerio
del Interior y de Justicia. Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
a)
Inscribirse
en la UIS en las fechas establecidas para cada convocatoria y cumplir con los
requisitos exigidos por la institución para tal fin.
b)
Solicitar
la puesta en práctica del presente acuerdo a la Dirección de Admisiones y
Registro Académico bajo el formato establecido, dentro de las fechas definidas
por la Universidad para el correspondiente proceso de admisión.
c)
Presentar
copia del acta de la asamblea en la cual la organización de base escoge a los
aspirantes a ingresar a la Universidad Industrial de Santander. El acta debe
contener la siguiente información:
·
Lugar
y fecha de realización de la reunión (vigencia no superior a dos meses).
·
Nombres
y apellidos completos, número de documentos de identidad de los bachilleres
seleccionados.
·
Nombres,
firmas y cargos de los miembros de la organización que participaron en dicha
asamblea.
·
Nombres
y documentos de identidad de las personas que firman el acta.
d)
Presentar
certificación como miembro activo de la población afrocolombiana expedida por
el Director de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras del Ministerio del Interior y de Justicia”.
8.5.2. En ese sentido,
el menor cumplió con pagar el pin de inscripción para dos programas académicos[101],
Ingeniería Civil y Medicina, y procedió a realizar el registro de la
inscripción, conforme al instructivo del proceso de admisiones[102].
Asimismo, anexó a su solicitud el resultado obtenido en la Prueba Saber 11º en
la que obtuvo un puntaje global de 377 y un promedio de 76,1[103].
Ahora bien, conforme la documentación
aportada[104]
y lo dicho en la contestación por la universidad[105]
el puntaje de corte para el programa de medicina, en el primer semestre del
2016, fue de 82,60, lo que significaría que el puntaje obtenido por Andrés
Eduardo Guevara no le alcanzaría para ingresar a la carrera. Sin embargo, el
artículo 6 del Acuerdo 134 de 2011 establece que en una admisión especial se
entenderá cumplido el requisito si el solicitante obtiene un puntaje igual o
superior al 80% del puntaje de corte. En ese sentido, indica tal norma que:
“Artículo
6. Para acogerse a cualquier modalidad de admisión especial es necesario tener
un puntaje en el Examen de Estado igual o superior al 80% del puntaje de corte
del programa al cual se inscribió, en el proceso de admisión respectivo”.
En consecuencia, el puntaje que debe ser
tenido en cuenta para el caso de Andrés Eduardo Guevara es de 66,08, cifra que
corresponde al 80% de 82,60, la cual fue ampliamente superada por el
representado en esta acción de tutela. Conforme lo anterior, se dio pleno
cumplimiento a los requisitos exigidos en el literal a) del artículo 3 del
Acuerdo 134 de 2011.
8.5.3. Procedió
entonces el menor, de conformidad con la norma, a solicitar el formato
establecido para hacerse beneficiario de la admisión especial. En ese momento
le notificaron en la UIS que en el marco de estos procesos de admisión solo es
posible presentarse a un programa académico, en virtud del parágrafo segundo
del artículo 8 del Acuerdo 134 de 2011, que establece que:
“Parágrafo 2. El aspirante podrá solicitar el
beneficio del presente acuerdo solamente a un programa académico”.
Por tal motivo, Andrés Eduardo desistió
de Ingeniería Civil y aspiró únicamente al programa de medicina, llenando el
formulario de solicitud de admisiones especiales el 28 de octubre de 2015[106],
indicando en este último que es miembro de una comunidad negra, afrocolombiana,
palenquera o raizal. Con esto, dio cumplimiento al literal c) del artículo 3
del Acuerdo 134 de 2011.
8.5.4. Asimismo, el 27
de octubre de 2015 solicitó a la Dirección de Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior que se
expidiera certificación de auto-reconocimiento como miembro de una comunidad
afrocolombiana, a dicha solicitud acompañó el formato de auto-reconocimiento,
copias de su cédula de ciudadanía, su registro civil de nacimiento y la cédula
de ciudadanía de su madre.
Por lo anterior, la mencionada dirección
le entregó el certificado solicitado el 5 de noviembre de 2015[107],
en el que se indica que Andrés Eduardo Guevara se auto reconoció como miembro
de la población afrocolombiana, cumpliendo así con el requisito establecido en
el literal d) del artículo 3 del Acuerdo 134 de 2011.
8.5.5. Finalmente,
anexó a su solicitud de admisión especial el acta de la asamblea en la cual la
organización de base, a la que pertenece, lo seleccionó para ingresar a la
Universidad Industrial de Santander, bajo la modalidad de admisión especial.
Como puede verse en tal acta[108],
en asamblea del 15 de octubre de 2015 realizada en Guachené, Asocodita analizó
la solicitud de Andrés Eduardo Guevara Terranova, identificado con tarjeta de
identidad 980601-62247, para ser nominado por la organización para ser
beneficiario de una admisión especial en la UIS. Dicha asociación estableció
que el solicitante era miembro activo, que estaba registrado en el censo del
Ministerio del Interior y que le faltaba menos de un año para su graduación,
conforme a eso decidió seleccionarlo para el beneficio.
El acta de dicha reunión la firman Darío Mina
Cortez (Representante Legal), Yady Lorena Reinosa (Secretaría), Duvar Elí
Zapata (Fiscal), Ovidio Villegas Ibando (Tesorero), Luz Zoraida Mina Balanta
(Vicepresidente), Isabel Ordoñez (Vocal) y Victor Hugo Moreno Mina (Asociado).
Este documento fue allegado al comité de
admisiones de la UIS, que mediante reunión del 22 de enero de 2016, consignada
en el Acta No. 1[109],
decidió que toda la documentación presentada por Andrés Eduardo Guevara
Terranova fuera remitida a la oficina jurídica para revisión por parte de esta.
En sesión del 8 de febrero de 2016, que se puede observar en el Acta No. 4[110],
el comité de admisiones determinó que la solicitud de admisión especial no
cumplía con el requisito fijado en el literal c) del artículo 3 del Acuerdo 134
de 2011. Lo anterior, porque una vez se consultó el Registro Único Nacional de
Consejos Comunitarios y Organizaciones de la Dirección de Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior[111]
se estableció que el acta enviada por Asocodita resultaba contradictoria, ya
que en el mencionado registro figuraba como representante legal Victor Hugo
Moreno Mina y no Darío Mina Cortez.
Con el anterior sustento el comité y la
Universidad se mantuvieron en la negativa de admitir al hijo de la accionante,
negando las solicitudes posteriores y argumentando esta situación en la
contestación enviada en el marco de la presente acción de tutela. Justificación
que fue aceptada por los jueces de instancia, quienes consideraron que la negativa
de la UIS no era caprichosa, contaba con sustento normativo y se hacía conforme
a la autonomía universitaria de la que goza esta institución. Sin
embargo, para esta Sala no es de recibo lo indicado por la Universidad
Industrial de Santander.
8.5.6. En primera
medida debe decirse que, tal y como se dijo en el acápite 5 del presente fallo,
la autonomía universitaria tiene límites. Esta, como se explicó, no puede en
ninguna circunstancia afectar
de manera injustificada, desproporcionada y arbitraria el ejercicio del derecho
a la educación. Lastimosamente, lo que se observa en el presente caso es
justamente eso. A partir de un literal de un reglamento interno la UIS decidió
negar el acceso al derecho a la educación de un menor perteneciente a un grupo
étnico.
En el literal c) del artículo 134 no se
observa la obligación de que el acta de la asamblea en la cual la organización
de base nomina a uno de sus miembros para una admisión especial deba estar
firmada por el representante legal de dicha asociación. Se establece la
obligación de identificar los cargos de quienes firman, pero no hace referencia
a que deban ser alguno, o algunos, en específico.
Pero, además de solicitar un requisito
que no es claro en el reglamento, se le endilgó al solicitante una carga que no
le correspondía soportar al someter su admisión a un trámite administrativo
entre la organización de base y el Ministerio del Interior. La UIS tuvo
conocimiento, a través de un derecho de petición enviado por la actora el 15 de
febrero de 2016[112],
de las dificultades que afrontaba Asocodita para registrar su nueva junta
directiva, por las formalidades y requisitos determinados por la Dirección de
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del
Interior. Adicionalmente, también pudo notar en el registro de Cámara de
Comercio de esta organización[113]
que es evidente que el señor Darío Mina es el representante legal de la
Asociación Comunitaria para el Desarrollo Integral Tierra de Águilas.
A pesar de lo anterior, la Universidad
decidió, fruto de una interpretación jurídica, quitarle todo crédito a este
certificado, ya que según esta es inoponible porque solo el Registro Único que
lleva el Ministerio del Interior puede mostrar quien es el efectivo
representante legal[114].
La UIS ante una ausencia
de norma reglamentaria interna que regulara el tema no aplicó de modo
preferente y directo los derechos constitucionales fundamentales, sino que por
el contrario actúo de forma insensible, dando aplicación ciega a una
interpretación y escudándose en la autonomía universitaria, de espalda al drama
humano que puede estar atravesando uno de sus aspirantes, fruto de una negativa
que le trunca su plan de vida.
8.5.7. En segundo lugar, la institución
no tuvo en cuenta que estaba frente a una solicitud de admisión especial de una
persona perteneciente a una minoría étnica. Las universidades no cumplen con su
labor de generar enfoques diferenciales y medidas de discriminación positiva
con la simple expedición de una regla interna que les brinde beneficios a los
colectivos clásicamente discriminados, sino que dichos reglamentos deben ir
acompañados de actuaciones firmes y hechos notorios que muestren el compromiso
de la academia con la eliminación de las barreras que alejan del desarrollo y
el progreso a muchos de los miembros de estos grupos.
En
acta No. 19[115],
que consigna la reunión del comité de admisiones del día 11 de diciembre de 2015,
se indica que para el período correspondiente al primer semestre del 2016 solo
se presentaron 2 solicitudes de admisión especial de bachilleres provenientes
de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, una de ellas la
de Andrés Eduardo Guevara.
Asimismo,
en la publicación de resultados de corte de los resultados de la prueba Saber
11° se observa que el otro solicitante fue descartado por no cumplir el
requisito del puntaje necesario, establecido en el artículo 6 del Acuerdo 134
de 2011.
Es
decir, que para una universidad que tiene 31 programas académicos de pregrado y
un beneficio de admisión especial de un estudiante proveniente de una comunidad
afrodescendiente por cada uno de estos programas, solo se presentaron 2
personas, una de ellas descartada por un criterio objetivo de carácter
académico y la otra rechazada por la aplicación excesiva de un rigor
injustificado.
Tal
determinación por parte de la UIS generó que Andrés Eduardo Guevara no pudiese
acceder a una medida de discriminación positiva que tiene su fuente en las
normas legales y constitucionales, y ha sido adoptada por la universidad en su
reglamento interno mediante el Acuerdo 134 de 2011, lo que conlleva la
vulneración de su derecho a la igualdad real y efectiva.
8.5.8. Por lo anterior, a la Universidad
Industrial de Santander se le ordenará admitir en el programa de medicina para
el período del primer semestre de 2017 al joven Andrés Eduardo Guevara Terranova,
sin verificar el cumplimiento de requisitos adicionales a los ya vistos y sin
aplicarle al joven los puntajes de corte de la prueba Saber 11° que se tengan
previstos para el período 2017-1. Lo anterior, porque en esta sentencia se ha
cumplido con verificar que el hijo de la accionante cumple con todos los
requisitos para hacerse acreedor a dicho cupo.
Adicionalmente, para esta Corporación
resulta preocupante que esta sea la segunda ocasión en que la UIS resulta
condenada por un tema relacionado con la admisión de una persona vinculada a
una minoría étnica[116].
Por lo anterior, se ordenará a esta institución que realice tres jornadas de
capacitación de dos horas cada una, dictadas por expertos en el tema[117],
sobre comunidades étnicas, su importancia para nuestro país y la razón de la
existencia de medidas afirmativas en favor de estas. Estas jornadas deberán ser
dirigidas, como mínimo, a los funcionarios de la oficina de admisiones de la
Universidad y a los miembros del Comité de Admisiones y deberán ser realizadas
en un máximo de tres (3) meses contados a partir de la notificación de este
fallo.
8.6.
Aclaración
final.
8.6.1.
Finalmente,
para la Sala quedó claro en el proceso que la Asociación Comunitaria para el
Desarrollo Integral Tierra de Águilas ha tenido serios problemas para inscribir
su nueva junta directiva en la Dirección de Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.
Por
lo anterior, solicitará a la Dirección que apoye y asesore a Asocodita en la
labor de registro, con el fin de evitar que con base en no tener debidamente
inscrita su junta directiva se le vulneren derechos fundamentales a sus
miembros.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.-
REVOCAR
las sentencias proferidas
el 8º de abril de 2016 y el 17° de mayo de 2016 por el Juzgado Segundo de
Ejecución Civil del Circuito de Bucaramanga y la Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior de Bucaramanga. En su lugar, CONCEDER la protección de
los derechos fundamentales a la educación e igualdad de Andrés Eduardo Guevara
Terranova.
SEGUNDO.-
ORDENAR
a la Universidad Industrial de Santander que admita en el programa de medicina
para el período del primer semestre de 2017 al joven Andrés Eduardo Guevara
Terranova, atendiendo a las aclaraciones hechas en el punto 8.5.8. de la
presente sentencia.
TERCERO.
ORDENAR
a la Universidad Industrial de Santander que realice tres jornadas de
capacitación de dos horas cada una, dictadas por expertos en el tema, sobre
comunidades étnicas, su importancia para nuestro país y la razón de la
existencia de medidas afirmativas en favor de estas. Estas jornadas deberán
contar con la presencia de los funcionarios de la oficina de admisiones de la
Universidad y los miembros del Comité de Admisiones, y deberán ser realizadas
en un máximo de tres (3) meses contados a partir de la notificación de este
fallo.
CUARTO.-
SOLICITAR
a la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
del Ministerio del Interior que apoye y asesore a la Asociación
Comunitaria para el Desarrollo Integral Tierra de Águilas - Asocodita en la
labor de registro de su nueva junta directiva.
QUINTO.- LÍBRENSE por la
Secretaría General de esta Corporación las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
AQUILES IGNACIO ARRIETA GÓMEZ
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Los hechos que expresa el accionante en su tutela serán
complementados conforme a la documentación posterior que reposa en el
expediente.
[2] Establecer el proceso de admisión especial con el fin de
otorgar un cupo por carrera para los bachilleres que procedan de población
negra, afrocolombiana, palenquera, raizal (Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina) y que se encuentren debidamente registrados en el
censo que elabora el Ministerio del Interior y de Justicia. Los aspirantes
deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a)       Inscribirse en la UIS en las
fechas establecidas para cada convocatoria y cumplir con los requisitos
exigidos por la institución para tal fin.
b)       Solicitar la puesta en práctica
del presente acuerdo a la Dirección de Admisiones y Registro Académico bajo el
formato establecido, dentro de las fechas definidas por la Universidad para el
correspondiente proceso de admisión.
c)       Presentar copia del acta de la
asamblea en la cual la organización de base escoge a los aspirantes a ingresar
a la Universidad Industrial de Santander. El acta debe contener la siguiente
información:
·
Lugar y
fecha de realización de la reunión (vigencia no superior a dos meses).
·
Nombres y
apellidos completos, número de documentos de identidad de los bachilleres
seleccionados.
·
Nombres,
firmas y cargos de los miembros de la organización que participaron en dicha
asamblea.
·
Nombres y
documentos de identidad de las personas que firman el acta.
d)
Presentar
certificación como miembro activo de la población afrocolombiana expedida por
el Director de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras del Ministerio del Interior y de Justicia.
[3] Andrés Eduardo Guevara nació el primero (1) de junio de 1998.
Para la fecha de la interposición de la acción tenía 17 años y adquirió la
mayoría de edad en el marco del proceso de tutela.
[4] Parágrafo 2. El aspirante podrá solicitar el beneficio del
presente acuerdo solamente a un programa académico.
[5] Artículo 6. Para acogerse a cualquier modalidad de admisión
especial es necesario tener un puntaje en el examen de Estado igual o superior
al 80% del puntaje de corte del programa al cual se inscribió, en el proceso de
admisión respectivo.
[6] Folio 15 del Cuaderno 1.
[7] Artículo 2.5.1.1.17. Actualización de
documentos. Las organizaciones de base de Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras de que trata el presente capítulo, deberán actualizar
anualmente su plan de actividades, la relación de sus miembros, y los datos
relacionados con la dirección y representación legal de la respectiva organización,
y reportar tal información a la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, dentro de los tres (3) primeros meses
de cada año.
[8] Folio 105, Cuaderno 1.
[9] Folio 121, Cuaderno 1.
[10] Folios 33 al 97 del Cuaderno 3.
[11] Folios 102-103 del Cuaderno 3.
[12] Folio 105 del Cuaderno 3.
[13] Folio 107 del Cuaderno 3.
[14] Folios 108-113 del Cuaderno 3.
[15] Folio 109 del Cuaderno 3.
[16] Folio 110 del Cuaderno 3.
[17] Folio 111 del Cuaderno 3.
[18] Ídem.
[19] Folios 127-131 del Cuaderno 3.
[20] Artículo 218. La Administración de
Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones
serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en
ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán
con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será
desconcentrado y autónomo.
[21] Sentencia C-029 de 1995, T-463 de 1996, T-390 de 1997, T-1306
de 2001 y T-1123 de 2002.
[22] Folio 127 (reverso) del Cuaderno 3.
[23] Artículo 44.
[24] Folio 128 del Cuaderno 3.
[25] Artículo 67. La educación es un derecho
de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás
bienes y valores de la cultura.|| La educación formará al colombiano en el
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del
trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico
y para la protección del ambiente. || El Estado, la sociedad y la
familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco
y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y
nueve de educación básica. || La educación será gratuita en las
instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a
quienes puedan sufragarlos. || Corresponde al Estado regular y ejercer la
suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su
calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral,
intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del
servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y
permanencia en el sistema educativo. || La Nación y las entidades territoriales
participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios
educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.
[26] Folio 128 (reverso) del Cuaderno 3.
[27] Sentencia T-277 de 2016.
[28] Folio 129 del Cuaderno 3.
[29] Folio 129 (reverso) del Cuaderno 3.
[30] Ibid.
[31] Folio 130 del Cuaderno 3.
[32] Folios 136-138 del Cuaderno 3.
[33] 17,3% de la población mestiza.
[34] Folio 134 del Cuaderno 3.
[35] Folio 134 (anverso) del Cuaderno 3.
[36]Ídem.
[37] Ídem.
[38] Ídem.
[39] Artículo 46 de la Ley 70 de 1993.
[40] Decreto 1627 de 1996.
[41] Folio 135 del Cuaderno 3.
[42] Folio 137 (anverso) del Cuaderno 3.
[43] Sentencias T-084 de 2011,
T-835 de 2005, T-407 de 2002, T-143 de 1999 y T-408 de
1995
[44] Sentencia C-145 de 2010.
[45] Se reseñan algunas consideraciones de las sentencias T-603 de
2013 y C-359 de 2013.
[46] Sentencia T-262 de 2012.
[47] Ibídem.
[48] Sentencia T-282 de 2008.
[49] Ibídem.
[50] Sentencias T-375 de 2006 y T-586 de 2007.
[51] Sentencia T-422 de 1996. Cfr. Sentencias
T-586 de 2007 y T-375 de 2006.
[52] Son derechos fundamentales de los niños:
la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de
ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre
expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono,
violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales
ratificados por Colombia.
[53] Se reseñan algunas consideraciones de las sentencias T-603 de
2013 y T-138 de 2016.
[54] Sentencia T-1026 de 2012.
[55]  La jurisprudencia constitucional ha
instituido que el carácter fundamental de un derecho no está dado
exclusivamente por su consagración en la Carta Política, sino por su relación
intrínseca con la dignidad humana. Con fundamento en ello, ha otorgado ese carácter
al derecho a la educación, cuando quien exige la prestación del servicio es un
menor de edad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 superior; o
adultos en relación con el acceso a la educación de nivel de básica primaria
(Sentencia T-743 de 2013 y T-428 de 2012).
[56] Sentencias T-068 de 2012, T-845 de 2010,
T-321 de 2007, T-689 de 2005, T-780 de 1999.
[57] Literal b del artículo 11 de la Ley 115 de
1994.
[58] SentenciaT-068 de 2012. “(S)i bien éste
último no tiene una obligación directa de procurar el acceso inmediato de todas
las personas a la educación superior, sí significa que no queda eximido de su
responsabilidad de procurar el acceso progresivo de las personas al sistema
educativo”.
[59] Al respecto, La Corte ha afirmado que
la progresividad se manifiesta en: “i) la obligación del Estado de adoptar
medidas, en un plazo razonable, para lograr una mayor realización del derecho,
de manera que la simple actitud pasiva de éste se opone al principio en mención
(aquí encontramos la obligación del Estado de procurar el acceso progresivo de
las personas a las Universidades, mediante la adopción de ciertas estrategias,
dentro de las cuales encontramos facilitar mecanismos financieros que hagan
posible el acceso de las personas a la educación superior, así como la garantía
de que progresivamente el nivel de cupos disponibles para el acceso al servicio
se vayan ampliando); (ii) la obligación de no imponer barreras injustificadas
sobre determinados grupos vulnerables y (iii) la prohibición de adoptar medidas
regresivas para la eficacia del derecho concernido”. (Sentencia T-068 de
2012.). También ver sentencias T-423 de 2013 y T-375 de 2013, T-1026 de 2012,
T-068 de 2012, entre otras.
[60] Ibídem.
[61] La jurisprudencia constitucional ha
instituido que el carácter fundamental de un derecho no está dado exclusivamente
por su consagración en la Carta Política, sino por su relación intrínseca con
la dignidad humana. Con fundamento en ello, ha otorgado ese carácter al derecho
a la educación, cuando quien exige la prestación del servicio es un menor de
edad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 superior; o adultos en
relación con el acceso a la educación de nivel de básica primaria (Sentencias T
743 de 2013 y T-428 de 2012).
[62] Sentencias T-365 de 2015, T -854 de 2014,
T-774 de 2013, T-068 de 2012, T-056 de 2011, T-845 de 2010, T-321 de 2007,
T-689 de 2005, T-780 de 1999, entre otras.
[63] Otros casos en los que la Corte ha
ponderado la garantía de la autonomía universitaria con los derechos
fundamentales de los estudiantes: T-138 de 2016, T-531 de 2014, T-056 de 2011,
T-689 de 2009, T-768 de 2009, T-886 de 2009, T-1159 de 2004, T-156 de 2005, T-
669 de 2000, entre otras.
[64] Sentencia T-850 de 2014.
[65] Sentencia T-755 de 2006.
[66] Sentencia T-257 de 1995.
[67] Sentencia T-254 de 2007.
[68] Ibídem.
[69] Ibídem.
[70] Se reseñan algunas consideraciones de la sentencia C-359 de
2013.
[71] Artículo 1. Colombia
es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia
del interés general.
[72] Artículo 7. El
Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación
colombiana.
[73] Sentencia T-492 de 2014.
[74] En los
Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se
negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les
corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia
vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio
idioma. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue aprobado en
Colombia por la Ley 74 de 1968.
[75] Artículo 13. La educación debe capacitar a todas las personas
para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos
étnicos o religiosos. Artículo 15. Los Estados partes reconocen el derecho de
toda persona a participar en la vida cultural y adoptarán las medidas para la
conservación, desarrollo y
difusión de la cultura. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales fue aprobado en Colombia por la Ley 74 de 1968.
[76] Artículo 13. La educación debe capacitar a todas las personas
para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr
una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad
entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. Artículo 14.
Los Estados partes reconocen el derecho de toda persona a participar en la vida
cultural de la comunidad y adoptarán las medidas para la conservación, desarrollo y difusión de la
cultura. El Protocolo Adicional fue aprobado en Colombia por la Ley 319 de
1996.
[77] Aprobado en Colombia por la Ley 21 de
1991.
[78] Los tratados y convenios internacionales
ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su
limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los
derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia. De otra parte, el artículo 94 superior estipula que la enunciación de
los derechos y garantías contenidos en la Constitución y los convenios
internacionales, no debe entenderse como negación de otros que, siendo
inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.
[79] Toda persona nacida o naturalizada en los
Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos
y del Estado en que resida. Ningún Estado podrá crear o implementar leyes que
limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos;
tampoco podrá ningún Estado privar a una persona de su vida, libertad o
propiedad, sin un debido proceso legal; ni negar a persona alguna dentro de su
jurisdicción la protección legal igualitaria.
[80] Dworkin, Ronald. Virtud soberana. La teoría y práctica de
la igualdad. Ed. Paidós Estado y Sociedad 110, 2003. Pgs. 419-447.
[81] Ibídem. Pg. 421.
[82] Ibídem. Pg. 447.
[83] Artículo 33. El Estado sancionará y
evitará todo acto de intimidación, segregación, discriminación o racismo contra
las comunidades negras en los distintos espacios sociales, de la administración
pública en sus altos niveles decisorios y en especial en los medios masivos de
comunicación y en el sistema educativo, y velará para que se ejerzan los principios
de igualdad y respeto de la diversidad étnica y cultural.
[84] Artículo 38. Los miembros de las
comunidades negras deben disponer de medios de formación técnica, tecnológica y
profesional que los ubiquen en condiciones de igualdad con los demás
ciudadanos. || El Estado debe tomar medidas para permitir el acceso y promover
la participación de las comunidades negras en programas de formación técnica,
tecnológica y profesional de aplicación general.
[85] Artículo 40. El Gobierno destinará las
partidas presupuestales para garantizar mayores oportunidades de acceso a la
educación superior a los miembros de las comunidades negras. || Así mismo, diseñará
mecanismos de fomento para la capacitación técnica, tecnológica y superior, con
destino a las comunidades negras en los distintos niveles de capacitación. Para
este efecto, se creará, entre otros, un fondo especial de becas para educación
superior, administrado por el Icetex, destinado a estudiantes en las
comunidades negras de escasos recursos y que se destaquen por su desempeño
académico.
[86] Folio 135 del Cuaderno 3.
[87] En este acápite se reseñaran algunas consideraciones de la
sentencia T-576 de 2014.
[88] Sentencias T-047 de 2011, T-348 de 2012, T-376 de 2012 y T-576
de 2014.
[89] Ibídem.
[90] Sentencia T-703 de 2008.
[91] Sentencia T-576 de 2014.
[92] Ibídem.
[93] Artículo 67. Créase en el Ministerio de
Gobierno, la dirección de asuntos para las comunidades negras con asiento en el
Consejo de Política económica y social.
[94]Folio 9 del Cuaderno 1.
[95] Folio 11 del Cuaderno 1.
[96] Folio 28 del Cuaderno 1.
[97] Folio 29 del Cuaderno 1.
[98] Auto del 6 de abril de 2016 del Juez Segundo de Ejecución
Civil del Circuito de Bucaramanga. Folio 111 del Cuaderno 1.
[99] Folio 9 del Cuaderno 1.
[100] Folio 16 del Cuaderno 1.
[101] Folio 3 del Cuaderno 1.
[102] Folios 6-8 del Cuaderno 1.
[103] Folio 12 del Cuaderno 1.
[104]Folio 13 del Cuaderno 1.
[105] Folio 84 del Cuaderno 1.
[106] Folio 4 del Cuaderno 1.
[107] Folio 9 del Cuaderno 1.
[108] Folio 11 del Cuaderno 1.
[109] Folio 14 del Cuaderno 1.
[110] Folio 58 del Cuaderno 3.
[111] Folio 99 del Cuaderno 1.
[112] Folios 68-69 del Cuaderno 3.
[113] Folios 77-78 del Cuaderno 3.
[114] Folios 59-60 del Cuaderno 3.
[115] Folio 59-60 del Cuaderno 3.
[116] La primera fue en la sentencia T-110 de 2010 por un tema
relacionado con miembros de la comunidad indígena Inga de Aponte, Parcialidad Zipasgo Inga –
Chibcha – Guanentá.
[117] Se sugiere invitar a quienes intervinieron en este proceso: el
Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, el Observatorio de
Discriminación Racial – ODR y el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad
del Rosario – GAP.