T-613-04
Proyecto de Circulación Restringida
Sentencia T-613/04
DERECHO DE PETICION-Requisitos de la respuesta
DERECHO DE PETICION EN MATERIA PENSIONAL-Términos para resolver
DERECHO DE PETICION-Cajanal no respondió dentro del término
legal sobre reliquidación de pensión
Referencia: expediente T-861359
Acción de tutela instaurada por Sergio Aldana Murayari contra
Cajanal.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de junio de
dos mil cuatro (2004).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión del fallo
proferido por el Juzgado 11 Penal del Circuito d Bogotá, el 15 de enero de
2004.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El señor
Sergio Aldana Murayari, actuando a través de apoderado interpone acción de
tutela contra Cajanal por considerar lesionado su derecho de petición. Lo
anterior, por cuanto desde el 5 de agosto de 2003 radicó en dicha entidad
solicitud de reliquidación de su pensión gracia, sin que hasta la fecha de
presentación de la acción de tutela (diciembre 18 de 2003) haya obtenido
respuesta.
2. Posición de la entidad demandada
Una vez avocado conocimiento por parte del
juez de instancia se notificó a la entidad demandada con el fin de que
precisara si había dado respuesta a la petición del actor. No obstante, Cajanal
no hizo ningún pronunciamiento sobre el particular.
II. DECISION JUDICIAL OBJETO DE REVISION
El Juzgado 11 Penal del Circuito de Bogotá,
D.C., mediante fallo del 15 de enero de 2004, denegó la tutela interpuesta por
considerar que no existió violación del derecho de petición.
Señala que en el caso objeto de estudio no
había transcurrido el término de seis (6) meses establecido por la Corte
Constitucional, para que las entidades públicas y privadas del sistema general
de pensiones y cesantías adelanten los trámites necesarios para resolver las
solicitudes de pensión y comenzar a realizar los pagos correspondientes.
El fallo no fue impugnado.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1. Problema jurídico
En esta oportunidad la Sala debe
determinar: i) cuál es el plazo con que contaba Cajanal para resolver la
petición del accionante y ii) si la falta de respuesta dicha entidad
conculcó su derecho constitucional fundamental de petición.
2. El derecho constitucional de petición en
materia pensional. Término para la resolución de solicitudes de reliquidación
de pensión. Reiteración de Jurisprudencia
A partir del análisis del contenido del
artículo 23 Superior, esta Corporación ha sostenido que el derecho de petición
tiene el carácter de derecho constitucional fundamental, por ello el mecanismo
constitucional para lograr su protección cuando quiera que éste resulte
amenazado o vulnerado por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública
y en ciertos eventos por los particulares, es la acción de tutela ante la
ausencia de otro medio de defensa judicial eficaz para hacer efectiva su
garantía.
El derecho de petición no sólo permite a la
persona que lo ejerce presentar la solicitud respetuosa, sino que implica la
facultad para exigir de la autoridad a quien le fue formulado una  respuesta de
fondo y oportuna del asunto sometido a su consideración.
En este sentido, la respuesta que se dé de
las peticiones debe cumplir con los siguientes requisitos:
a. Debe ser oportuna, esto es, resolverse
dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, que en todo
caso debe ser un plazo razonable.
b. Debe resolverse de fondo, clara, precisa
y de manera congruente con lo solicitado, por esta razón las respuestas
evasivas constituyen prueba de la violación del derecho de petición.
c. Debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, puesto que de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la
autoridad si ésta se reserva para sí el sentido de lo decidido.
La Corte Constitucional ha fijado las
reglas que deben tener en cuenta todos los operadores jurídicos al aplicar este
derecho fundamental, las cuales se encuentran, entre otras, en la Sentencia
T-1160A de 2001[1]
cuyo contenido se reitera en esta providencia.
En lo que respecta al derecho de petición en materia pensional, esto
es aquellas solicitudes orientadas a tramitar el reconocimiento, reliquidación,
reajuste o pago de una pensión, la Corte, con ocasión de la disímil aplicación
de las normas que regulan esos temas[2],
fijó la interpretación de los mismas a la luz de la Constitución Política y
concretamente de uno de los elementos del núcleo esencial de derecho de
petición (Art. 23 C.P.), esto es, su pronta resolución.[3]
Como resultado de la evolución jurisprudencial en este tema y con el
fin de fijar la posición a seguir ante la existencia de criterios en ocasiones
contradictorios[4]
de las diferentes Salas de Revisión, mediante la Sentencia de Unificación 975
de 2003[5]
se indicaron los plazos con que cuentan las autoridades (Art. 1º C.C.A.) para dar
respuesta a las peticiones en materia pensional y de esa manera garantizar la
efectividad de este derecho.
Así se concluyó que el plazo es:
hDe quince (15) días hábiles para todas las
solicitudes en materia pensional "en cualquiera de las siguientes
hipótesis: a) que el interesado haya solicitado información sobre el trámite o
los procedimientos relativos a la pensión; b) que la autoridad pública requiera
para resolver sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste un
término mayor a los 15 días, situación de la cual deberá informar al interesado
señalándole lo que necesita para resolver, en qué momento responderá de fondo a
la petición y por qué no le es posible contestar antes; c) que se haya interpuesto
un recurso contra la decisión dentro del trámite administrativo."[6]
hDe cuatro (4) meses para dar respuesta de
fondo a las solicitudes en materia pensional (reconocimiento de pensiones de
vejez[7]
e invalidez así como las relativas a reliquidación y reajuste de las mismas).
hDe seis (6) meses para adoptar todas las
medidas necesarias tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas
pensionales.
Todos estos plazos contados por supuesto desde el momento en que se
eleve la respectiva solicitud de reconocimiento pensional, reliquidación,
reajuste y pago o de información sobre el trámite por parte del interesado.
En este mismo sentido es menester recordar que en tratándose de
peticiones relacionadas con pensiones, las autoridades encargadas de resolver
este tipo de solicitudes no pueden soslayar la relevancia que una pronta y
efectiva respuesta tiene para la protección de otros derechos consagrados en la
Constitución como la seguridad social y el mínimo vital de las diferentes
personas que formulan este tipo de pedimentos dentro de los cuales en algunos
casos se encuentran personas titulares de protección especial por parte del
Estado como los niños (Art. 44 C.P.), las personas en circunstancias de
debilidad manifiesta por sus condiciones económicas, físicas o mentales (Art.
13 C.P.), las personas de la tercera edad (Art. 46), los discapacitados (Art.47
C.P.) y las mujeres cabeza de familia (Art.43 C.P.) y que por lo mismo, exigen
una mayor diligencia por parte de dichas autoridades.[8]
Adicionalmente, debe precisarse que el
término de cuatro meses no es aplicable en el caso en que se trate del
reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes, por cuanto allí
opera el término fijado por el artículo 1º de la Ley 717 de 2001, esto es,
máximo "dos (2) meses después de radicada la solicitud por el
peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su
derecho."[9]
De esta manera, la vulneración a la pronta
resolución como elemento del núcleo esencial del derecho fundamental de
petición en materia pensional, se configura cuando la autoridad encargada de
resolver este tipo de solicitudes incumple los términos atrás expuestos. Contrario
sensu si al momento de la presentación de la acción de tutela todavía no
han vencido dichos plazos, el juez de tutela deberá denegarla e incluso de
darse los requisitos fijados tanto en la ley como en la jurisprudencia de esta
Corporación "condenar al solicitante al pago de las costas cuando
estimare fundadamente que incurrió en temeridad."[10]
3. Caso Concreto
En el
presente asunto la acción de tutela estaba orientada a obtener protección
constitucional del derecho de petición el cual consideró vulnerado el actor,
con la omisión de Cajanal de resolver su solicitud de reliquidación de pensión
gracia radicada el 5 de agosto de 2003.
Conforme se
ha explicado el término con que cuentan los operadores públicos y privados del
sistema general de pensiones para resolver las peticiones relativas a la
reliquidación es de cuatro (4) meses contados a partir de la presentación de
las mismas[11],
en el caso del señor Sergio Aldana Murayari quien presentó su solicitud el 5 de
agosto de 2003, es claro que Cajanal contaba hasta el 5 de diciembre de dicho
año para dar respuesta, la cual al no haber sido emitida dentro de dicho plazo
vulneró su derecho fundamental de petición.
El argumento del a-quo en
el sentido de considerar de seis (6) meses el término para resolver peticiones
como la del actor, conforme a las consideraciones expuestas no fue acertada,
razón por la cual el fallo habrá de revocarse y en su lugar, se concederá el
amparo constitucional de dicho derecho fundamental.
IV. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR
la sentencia proferida por el Juzgado 11 Penal del Circuito de Bogotá, el 15 de
enero de 2004, por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo.- CONCEDER la protección constitucional del derecho
de petición solicitado por el señor Sergio Aldana Murayari y en consecuencia, ORDENAR
al representante legal de CAJANAL, que dentro del término de cuarenta y ocho
(48) horas, siguientes a la notificación de este fallo, expida, si aún no lo ha
hecho, el acto administrativo que resuelva de manera clara, precisa y de fondo
la solicitud elevada por el actor.
Cuarto.- Dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado Ponente
Presidente de la Sala
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
[1]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[2]
En el Sistema General de Pensiones los plazos para atender las diferentes
peticiones en esta materia están regulados, entre otras normas, por el Código
Contencioso Administrativo, el Decreto-ley 656 de 1994, la Ley 700 de 2001, la
Ley 717 de 2000, la Ley 797 de 2003 y el Decreto Reglamentario 510 de 2003.
[3]
Corte Constitucional. Sentencia T-426 de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[4]
En lo referente al término con que cuentan las autoridades para resolver las
peticiones de reliquidación pensional la jurisprudencia había adoptado dos
posiciones contrarias. Una acogida, entre otras, por la Salas Quinta y Novena
de Revisión que prohijaban la tesis según la cual dicho plazo era de cuatro (4)
meses (Sentencia T-422 y T-392 de 2003); y, otra en la que el término era de
quince (15) días, aplicada por las Salas Sexta y Séptima de Revisión (Sentencia
T-365 y 588 de 2003).
[5]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[6]
Idem.
[7] En el caso especifico de la pensión de vejez el
artículo 9º de la Ley 797 de 2003 establece que "Los fondos encargados
reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de
radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación
que acredite su derecho. Los Fondos no podrán aducir que las diferentes cajas
no les han expedido el bono pensional o la cuota parte."
[8]
Corte Constitucional. Sentencias T-1104 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa y T-588 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett, entre otras.
[9]
En este sentido, pueden estudiarse las Sentencias T-051 de 2003 M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa, T-304 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-605 de
2003 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-907 y T-1229 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar
Gil, entre otras.
[10]
Cfr. Artículo 25 del Decreto-ley 2591 de 1991.
[11]
En el mismo sentido pueden consultarse las Sentencias T-05 de 2004 M.P. Alfredo
Beltrán Sierra y  T-091 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.