T-568-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-568/11
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
CUANDO ADELANTA PROCESOS CONCURSALES-Procedencia
En virtud
de lo dispuesto en el artículo 116 superior, excepcionalmente la ley puede
“atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas
autoridades administrativas”. Uno de estos casos  se presenta con la Ley 222 de
1995 (modificada por la ley 1116 de 2006), la cual dota a la Superintendencia
de Sociedades de funciones jurisdiccionales para tramitar los procesos
concursales de sociedades, cooperativas, fundaciones o sucursales extranjeras
que no estuvieran sujetas a algún régimen especial de intervención o
liquidación. En razón a lo anterior, toda decisión proferida dentro de las
funciones jurisdiccionales de los trámites concursales cuyo conocimiento le fue
asignado a la Superintendencia de Sociedades por la mencionada ley, equivalen a
una providencia judicial, contra la cual de haberse presentado irregularidades,
es viable a los ciudadanos acudir a la acción de tutela.
PROCESO DE LIQUIDACION
JUDICIAL DE EMPRESA PRIVADA-Respeto de los derechos de los trabajadores/PROCESO
DE LIQUIDACION JUDICIAL DE EMPRESA PRIVADA-Prelación de créditos laborales
PROCESO DE
LIQUIDACION JUDICIAL DE EMPRESA-Es el juez del concordato quien se
encuentra facultado para la constatación y calificación de las circunstancias
que conllevan a su liquidación judicial
PROCESO DE LIQUIDACION
JUDICIAL-Consecuencias
SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES-Orden para incluir dentro de liquidación de sociedad, el
crédito laboral por concepto de indemnización de los accionantes
Referencia: expediente T-2768210
Acción de
tutela interpuesta por Wilton Vifred Vergara Niño, Julia Inés Rodríguez Gómez,
Luz Marina Lozano de Prieto, Ana Marlene Segura Cuervo, María Felisa Rodríguez,
Elvia María Casas Ramírez y Amelia Niño de Vergara contra la Superintendencia
de Sociedades.
Magistrado
Ponente:
JORGE IVAN
PALACIO PALACIO
Bogotá,
D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil once (2011).
La Sala Quinta de Revisión de
la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio
Palacio, quien la preside, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la
Constitución Política, y en los artículos 33 y concordantes del Decreto 2591 de
1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión de los fallos dictados por el Juzgado Quinto Laboral
adjunto del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Laboral, en la acción de tutela instaurada por Wilton Vifred Vergara Niño, Julia Inés Rodríguez
Gómez, Luz Marina Lozano de Prieto, Ana Marlene Segura Cuervo, María Felisa
Rodríguez, Elvia María Casas Ramírez y Amelia Niño de Vergara contra la
Superintendencia de Sociedades.
I.
ANTECEDENTES.
Wilton
Vifred Vergara Niño, Julia Inés Rodríguez Gómez, Luz Marina Lozano de Prieto,
Ana Marlene Segura Cuervo, María Felisa Rodríguez, Elvia María Casas Ramírez y
Amelia Niño de Vergara, mediante apoderado, el día 18 de mayo de 2010, interponen
acción de tutela en contra la Superintendencia de Sociedades, por considerar
que les están vulnerando sus derecho fundamentales al debido proceso, al
trabajo, al mínimo vital y a la seguridad social por el proferimiento de los
autos núm. 451-004975 del 13 de abril de 2010 y el núm. 451-005050 de la misma
fecha, mediante los cuales se resolvieron las objeciones presentadas al
proyecto de calificación y graduación de créditos y se resolvieron unos
recursos, negando la inclusión de la indemnización por despido atribuible al
empleador, dentro de la prelación de créditos laborales en la liquidación.
1.
Hechos Relevantes.
1.1.
El 7 de febrero de 2006, mediante Oficio No. 155-004787, la
Superintendencia de Sociedades admitió a la sociedad Tejidos Alnar Ltda. a la
promoción de un acuerdo de reestructuración en los términos y con las
formalidades previstas en la Ley 550 de 1999, designando como promotor al señor
Gerardo Alonso Castro.
1.2.
El 6 de octubre de 2006, la sociedad Tejidos Alnar Ltda., realizó la
reunión de determinación de derechos de voto y acreencias, celebró el acuerdo
de reestructuración con sus acreedores y concilió las objeciones presentadas.
1.3.
El 19 de octubre de 2008, mediante oficio 156-106217, la coordinadora
del grupo de sociedades en trámite concursal de la Superintendencia de
Sociedades, requirió al promotor del proceso de reestructuración de la sociedad
Tejidos Alnar Ltda., para que le informara sobre el incumplimiento en los pagos
con algunos acreedores del acuerdo de reestructuración.
1.4.
El 19 de noviembre de 2008, el promotor del trámite de reestructuración
de la sociedad Tejidos Alnar Ltda., dió contestación al requerimiento de la
coordinadora del grupo de sociedades en trámite concursal de la
Superintendencia de Sociedades, “informándole que el Comité de Vigilancia de
la empresa en reunión del 12 de Noviembre del presente año [2008] con el quórum
requerido para deliberar acordó convocar a una reunión de acreedores para el
día 4 de Diciembre de 2008 a las 10:00 a.m. en las instalaciones de la
Superintendencia de Sociedades con el fin de que decida sobre la reforma del
Acuerdo de Reestructuración, para lo cual adelanté las acciones previstas por la
Ley 550  de 1999 para estos sucesos ” [1]. Esto en razón al
incumplimiento con los acreedores.
1.5.
El 2 de diciembre de 2008 el promotor del trámite de reestructuración de
la sociedad Tejidos Alnar Ltda., remitió a la Superintendencia el aviso de
convocatoria de acreedores publicado en el Diario La República el 21 de
noviembre de 2008, con su correspondiente registro en Cámara de Comercio, en
razón a que dichos documentos eran necesarios para llevar a cabo la
modificación del acuerdo de Reestructuración que se dio con ocasión a los
incumplimientos de la Sociedad Tejidos Alnar Ltda.[2].
1.6.
El 25 de marzo de 2009, los trabajadores de la empresa (ahora
accionantes en la presente demanda de tutela), remitieron un escrito a la
Superintendencia de Sociedades informando que la Sociedad Tejidos Alnar Ltda.
se había declarado en quiebra total el día 14 de marzo de 2009 y que dicha
información se las había dado el abogado de la empresa en mención de manera
verbal. Adicionalmente expresaron que no se le había notificado dicho suceso ni
al Ministerio del Trabajo y Protección Social, ni a la Superintendencia de
Sociedades, y que se les estaba haciendo firmar a los trabajadores unas cartas
de renuncia voluntaria bajo el pretexto del pago con prioridad en la prelación
de créditos.
1.7.
El 3 de abril de 2009, ante la ausencia de pedidos y la falta de
operación de la Empresa Tejidos Alnar Ltda., varios trabajadores presentaron
ante la Superintendencia de Sociedades y la Dirección territorial de
Cundinamarca del Ministerio de la Protección Social su respectiva denuncia.
1.8.
Ese mismo día (3 de abril de 2009) el promotor del acuerdo de
reestructuración le informa a los extrabajadores ahora demandantes[3], la
terminación de sus contratos de trabajo invocando la causal de la liquidación
definitiva de la Empresa Tejidos Alnar Ltda.[4].
1.9.
El 13 de abril de 2009 se realizó una Asamblea de acreedores en la que
se informó la situación financiera de la empresa, la imposibilidad de continuar
con su operación con ocasión a los obstáculos comerciales (liquidación de la
sociedad) y los pagos que se realizarían a los acreedores en la medida de lo
posible[5].
Se trató también el asunto de la conciliación que se llevó a cabo con 14 de los
empleados y la terminación del contrato de trabajo con los restantes a partir
del 3 de abril de ese año. En el informe que rindió el promotor resaltó lo
siguiente:
“En
atención al cumplimiento de mis funciones establecidas en la Ley 550 de 1999 me
permito informarles las siguientes situaciones ocurridas en la empresa TEJIDOS
ALNAR LTDA, C,I. EN REESTRUCTURACIÓN en Marzo de 2009:
A mediados
del mes de marzo del presente año fui informado por el doctor Gerardo Buitrago,
supervisor delegado para Tejidos Alnar Ltda. sobre algunas informaciones
presentadas por algunos empleados de esta empresa en las oficinas de la
Superintendencia de Sociedades, relacionada con la falta de operación de la
empresa, ante la ausencia de pedidos. A partir de esta información entre en
contacto con el representante legal de la empresa el señor Camilo Aljure para
coordinar una visita con el fin de verificar dicha información. El señor Camilo
Aljure me manifestó que en verdad la fábrica no estaba produciendo debido a la
reducción drástica de pedidos de clientes nacionales y principalmente por la
reducción de los pedidos del cliente del exterior (México). Dado lo anterior
convoque a una reunión del Comité de Vigilancia que se celebró el día 19 de
Marzo del presente año al que asistieron la representante del Banco de Bogotá,
el promotor y el representante legal de la empresa.
En la
reunión del Comité de Vigilancia antes mencionado el representante legal
informa:
1.
La empresa no pudo cumplir con los acuerdos de pago celebrados
para la modificación del Acuerdo celebrado en Diciembre 4 de 2008 por falta de
liquidez.
2.
Las necesidades de compra de los clientes nacionales se redujeron
drásticamente, pese al desarrollo de nuevos modelos, originado por la crisis
económica general.
3.
En marzo 04 en reunión que el señor Aljure tuvo en Medellín con
el cliente de México fue informado que debido a la devaluación del peso
mexicano las importaciones se habían vuelto muy costosas y que
desafortunadamente las compras a Colombia se verían drásticamente disminuidas y
que en conclusión de las 18.000 unidades compradas en el año 2008 se reducirían
a 2000 unidades en el año 2009, pedido que no fue aceptado por Tejidos Alnar.
4.
Que dada la situación financiera de la empresa pone en
conocimiento del Comité de Vigilancia la necesidad de buscar alternativas para
reducir el costo laboral de la empresa.
5.
Los pasivos de la empresa son superiores a los activos de la
misma y presenta la solicitud de poder llegar a una liquidación acordada y en
conjunto con los acreedores donde se buscaría garantizar el pago de la mayor
cantidad de deudas adquiridas bajo la supervisión que la ley disponga.
Después de
la reunión del Comité de Vigilancia realicé una visita a las instalaciones de
la empresa comprobando que efectivamente estaba en un cese de operaciones de
aproximadamente 95%.
Con base en
lo anterior de acuerdo con lo establecido en la Ley 550 de 1999 se publicó un
aviso en el Diario La República el día 03 de Abril de 2009, convocando a los
acreedores a esta reunión con el fin de decidir sobre El Acuerdo de
Reestructuración de Tejidos Alnar, el cual fue modificado en Reunión de
Acreedores el día 04 de Diciembre de 2008.
(…)
Adicionalmente
les informó que a la fecha de la presente Asamblea el personal que laboraba en
la empresa fue retirado en su totalidad, con excepción del representante legal.
Las
anteriores conclusiones indican que:
1.
La empresa no está en capacidad de normalizar sus acreencias pos
operacionales por falta de liquidez para solicitar una segunda modificación al
Acuerdo de Reestructuración de acreencias.
2.
La compañía queda sin capacidad de comercialización y por lo
tanto sin expectativas de crecimiento a corto plazo, que le permitieran cumplir
con el Acuerdo de Reestructuración.
Me permito
transcribir parte de mi concepto de viabilidad emitido a los acreedores para la
firma del Acuerdo de Reestructuración de las Acreencias en el numeral 5,
literal b): Aunque la ejecución de las proyecciones financieras son viables
éstas están sujetas a: Conservar la relación comercial con los clientes del
exterior, quienes representan la mayor parte de las ventas. Esta relación ha
sido sólida por más de doce años (12).
De acuerdo
con lo informado anteriormente, y obrando de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 5 del Art. 35 de la ley 550 de 1999 que establece “Cuando se
incumpla el pago de una acreencia causada con posterioridad a la fecha de
iniciación de la negociación, y el acreedor no reciba el pago dentro de los
tres meses siguientes al incumplimiento, o no acepte la fórmula de pago que le
sea ofrecida, de conformidad con lo dispuesto en una reunión de acreedores”,
Bajo este marco legal, en esta Reunión de Acreedores que se celebra hoy 13 de abril
de 2009 a las 10:00 A.M. en las instalaciones de la Superintendencia de
Sociedades, se dan las condiciones para terminar el acuerdo de Reestructuración
de Tejidos Alnar Ltda. en Reestructuración celebrado el día 06 de octubre y
modificado en Reunión de Acreedores el día 04 de Diciembre de 2008 en las
instalaciones de la Superintendencia de Sociedades.”[6](Resaltado fuera
del texto original)
1.10.    En esa misma
fecha (13 de abril de 2009) los accionantes radicaron ante la Superintendencia
de Sociedades una solicitud de incorporación de las acreencias laborales dentro
del proceso liquidatorio de la Empresa Tejidos Alnar Ltda.[7].
1.11.    El 21 de abril
de 2009 el promotor del acuerdo de reestructuración, informa a la
Superintendencia de Sociedades sobre el incumplimiento de la empresa Tejidos
Alnar Ltda. en liquidación, e inmediatamente solicita que se inicie de oficio
el proceso concursal de liquidación obligatoria teniendo en cuenta las medidas
conforme a la ley.
1.12.    Mediante Auto
núm. 156-010862 del 4 de junio de 2009, el superintendente delegado para los
procedimientos mercantiles decreta la apertura de liquidación judicial de la
sociedad Tejidos Alnar Ltda..
1.13.    El 19 de junio
de 2009, la Secretaría Administrativa del Grupo de Liquidaciones de la
Superintendencia de Sociedades, fija por el término de 10 días hábiles un aviso
en el que informa que la sociedad Tejidos Alnar Ltda., con domicilio en la
ciudad de Bogotá, identificada con el Nit. 860068765, fue admitida al trámite
de liquidación judicial mediante auto 156-010862 del 4 de junio de 2009,
designando como liquidador al señor Jorge Luis Maya Jiménez. Del mismo modo
informa a los acreedores de la sociedad deudora que deberán presentar sus
créditos dentro de los veinte días siguientes a la desfijación ese aviso,
allegando prueba de su existencia y cuantía, presentando sus reclamaciones
directamente ante el liquidador; y explicando que en atención a que el proceso
de liquidación judicial fue iniciado como consecuencia de la terminación de un
acuerdo de reestructuración por incumplimiento en el pago de las obligaciones
causadas con posterioridad a la iniciación de la negociación del mismo, los
acreedores reconocidos y admitidos en él, se entienden presentados en tiempo al
auxiliar de la justicia en el proceso de liquidación judicial, y los derivados
de gastos de administración deberán ser presentados al liquidador. Por último,
indica que dicho aviso se inscribirá en el registro mercantil de Cámara de
Comercio y se publicará en la debida forma.[8]
1.14.    El día 23 de
julio de 2009, el apoderado de los accionantes radica ante el liquidador de la
Sociedad Tejidos Aldar Ltda[9].,
la solicitud de incorporación de acreencias laborales dentro del proceso de
liquidación judicial, es decir, antes de culminar el tiempo dado por el aviso.
1.15.    El 13 de octubre
de 2009 y el 6 de noviembre del mismo año, el liquidador radicó respectivamente
el inventario de los bienes de la sociedad en liquidación actualizado y el
proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, aceptando
y reconociendo las cuantías por concepto de capital, pero rechazando las
referentes a indemnizaciones respecto de las acreencias laborales reclamadas
por los accionantes.
1.16.    El 1° de
diciembre de 2009 el apoderado de los accionantes presentó ante la
Superintendencia de Sociedades la objeción al proyecto de reconocimiento y
graduación de los créditos presentados por el señor Jorge Amaya, liquidador de
la Sociedad Tejidos Alnar Ltda..
1.17.    Ese mismo día
(1° de diciembre de 2009) se cita a audiencia de conciliación de objeciones,
presentadas por los acreedores laborales (accionantes) contra el proyecto de
calificación, graduación de créditos, derechos de voto e inventario valorado de
bienes de la Sociedad Tejidos Alnar Ltda. en liquidación, sin haberse llegado a
ningún acuerdo debido a que el representante legal de los accionantes expresó
su inconformidad respecto a dos situaciones relevantes: (i). que
presentó ante el liquidador unas acreencias laborales adeudadas a sus
representados por concepto de indemnizaciones y estas fueron rechazadas y (ii).
por cuanto inició una demanda laboral ante el Juzgado 28 Laboral del
Circuito de Bogotá, en la que previamente el Ministerio de Protección Social
citó al representante legal de Tejidos Aldar Ltda., para que asistiera a las
diligencias programadas los días 27 de agosto de 2009 y 23 de julio del mismo
año, sin que éste se hubiese hecho presente. Adicionalmente, porque el
liquidador de la sociedad Tejidos Aldar Ltda. adujo, frente a la solicitud de
inclusión de las indemnización de los petentes, que no podía reconocer dichas
cuantías dentro del proyecto de liquidación hasta tanto se diera el respectivo
pronunciamiento por parte de la Superintendencia de Sociedades.
1.18.    El 13 de abril
de 2010 se realizó ante la Superintendencia de Sociedades una Audiencia de
resolución de objeciones no conciliadas en el proceso de liquidación judicial
de la Sociedad Tejidos Alnar Ltda., en donde nuevamente el apoderado de los
accionantes hizo claridad sobre tres aspectos que a su juicio eran relevantes:
(i)
Indicó que las acreencias de sus representados fueron rechazadas al
considerarse, por parte del liquidador, que no se presentó prueba de la
existencia, clase y cuantía del crédito reclamado, como tampoco sentencia
alguna que ordenara el pago de la indemnización de que trata el artículo 65 del
C.S.T.;
(ii)
Solicitó que se tuviera en cuenta el numeral 5° del artículo 50 de la
ley 1116 de 2006, que establece la obligación de dar por terminados los
contratos de trabajo con las respectivas indemnizaciones, sin que sea necesaria
autorización administrativa o judicial, sujetándose solamente a las reglas del
concurso, en razón a que se presentaron las acreencias en tiempo, es decir, el
23 de julio de 2009[10].
(iii)    Por
último, advirtió que el 4 de abril del 2010 se presentaron ante la
Superintendencia de Sociedades las acreencias laborales de los ex trabajadores,
quienes además habían presentado el 24 de marzo de 2009 una comunicación de la
situación de la empresa al Ministerio del Trabajo y la Protección Social con
copia a la Superintendencia de Sociedades, habiendo citado el Ministerio al
representante legal de la sociedad. Sin embargo, para la fecha de la reunión ya
se encontraba intervenida la sociedad por la Superintendencia de Sociedades,
por lo que el liquidador debió comparecer a la reunión pero no dejó constancia
alguna.
En
consecuencia, comunicó que por no haber sido reconocidos sus poderdantes dentro
del proceso, inició demanda ordinaria laboral. Por ello solicitó la
incorporación de las acreencias a que tienen derecho dentro del proceso de
liquidación judicial de la Sociedad en comento.
En razón a
tales objeciones, en esa misma Audiencia[11],
la Superintendencia de Sociedades negó la inclusión de las indemnizaciones en
el dentro de la prelación de créditos, argumentando lo siguiente:
(i)
Que los contratos de trabajo fueron terminados de manera unilateral por
la Sociedad el día 3 de abril de 2009; es decir, durante el trámite del proceso
de reorganización y no dentro de la liquidación judicial.
(ii)
Que por el hecho de haberse realizado los despidos con anterioridad a la
liquidación judicial de la Sociedad, éstos no se cobijan por lo consagrado en
el artículo 50 de la ley 1116 de 2006. En consecuencia, dado a que los litigios
no fueron presentados en su debida oportunidad y a la fecha no reposa en el
expediente documento alguno que acredite la existencia de los procesos, aún
cuando está la manifestación expresa del apoderado de los trabajadores, los
mismos deberán ser calificados como extemporáneos y por tanto postergados[12].
Sin embargo,
explica que al revisar el proyecto de calificación y graduación de créditos,
presentado por el liquidador, concluye que no se ajusta a lo dispuesto en los
artículos 31 y 53 de la Ley 1116 de 2006, debiendo en consecuencia ser ajustado
a lo allí previsto.
1.19.    Mediante auto
número 451-004975 del 13 de abril de 2010, la Superintendencia de Sociedades
resuelve denegar la objeción propuesta por el apoderado de los ex trabajadores
y ahora accionantes.
1.20.    El liquidador de
la sociedad Tejidos Alnar Ltda., en liquidación, mediante escritos radicados
ante la Supersociedades bajo los números 2010-01-161467 del 26 de julio de 2010
y 2010-01-181884 del 18 de agosto de 2010, sometió a consideración de la
Superintendencia el proyecto de acuerdo de adjudicación presentado a los
acreedores y aprobado en primera reunión por el 9% de los acreedores con
vocación de pago y en la segunda por 5.73% de los citados acreedores.
1.21.    El 10 de agosto
de 2010, el apoderado de los ex trabajadores de la concursada, mediante oficio
radicado ante la Supersociedades con el número 2010-01-177221, informa que no
fue convocado a la reunión celebrada por el liquidador para aprobar el acuerdo
de adjudicación.
1.22.    El 22 de
septiembre de 2010, mediante auto 405-016989, la Supersociedades determinó:
(i). que el “proyecto de adjudicación presentado” sólo fue votado por un
total de acreedores con vocación de pago que representa el 9% y el 5.73%, lo
cual no es suficiente; (ii). que dicha liquidación no se ajusta a las reglas de
adjudicación previstas en el artículo 58 de la ley 1116 de 2006 y en
consecuencia lo que procede es que el juez del concurso, haciendo uso del
principio inquisitivo que rige el proceso, dicte la providencia de adjudicación
conforme a la normatividad de prelación legal de pago; (iii). que se realice la
relación de los activos disponibles para la adjudicación, además de la manera
en que debía ejecutarse su entrega reconociendo simplemente las acreencias
laborales sin incluir las respectivas indemnizaciones.
El apoderado
de los accionantes interpone acción de tutela solicitando, además del pago de
las acreencias laborales, la inclusión de las indemnizaciones dentro de la
prelación de dichos créditos. En esencia considera que se le están vulnerando a
los extrabajadores sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al
minimo vital y a la seguridad social.
2.    Respuesta
de la entidad demandada
2.1. La
Superintendencia, mediante oficio del 25 de mayo de 2010, dando respuesta a la
presente acción de tutela expresó lo siguiente:
(i) Dentro
del proceso liquidatorio las acreencias que han de reconocerse son  aquellas
que se presenten al liquidador dentro de la oportunidad y con el lleno de los
requisitos legales, de tal suerte que para ser reconocidas el acreedor debe
demostrar su existencia y cuantía.
(ii) Si bien
el apoderado de los trabajadores presentó al despacho la solicitud de
reconocimiento de los créditos de los trabajadores, omitió presentarlos en su
debida oportunidad, es decir, dentro de los 20 días siguientes a la desfijación
del aviso, con la solicitud expresa de reconocimiento de créditos litigiosos,
sobre la base del inicio de los procesos laborales ordinarios adelantados
contra la sociedad Tejidos Alnar Ltda., estando dentro del proceso de
reestructuración y no dentro del proceso de liquidación judicial.
De acuerdo
con lo anterior, tal diferencia en el tiempo se hace relevante en el entendido
que si la terminación del contrato laboral ocurre como consecuencia  de la
apertura del trámite de liquidación judicial, el pago de la indemnización a
favor de los trabajadores opera, de conformidad con lo expuesto en el numeral
5° del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, como un efecto de la apertura del
proceso, para lo cual no sería necesario autorización administrativa o judicial
alguna, quedando sujetas a las reglas del concurso las obligaciones derivadas
de dicha finalización, sin perjuicio de las preferencias y prelaciones que les
correspondan a la sociedad, lo que determinó la existencia del rechazo de los
mismos, habiéndose reconocido únicamente los créditos ciertos, es decir, las
cuantías reclamadas por salarios y prestaciones.
(iii) En el
presente caso el proceso de liquidación judicial se originó por el fracaso del
acuerdo de reestructuración aprobado a la empresa en octubre de 2006, cuya
liquidación solo se inició hasta el mes de junio de 2009. Durante ese lapso de
tiempo, la sociedad Tejidos Alnar Ltda., dio por terminados los contratos de
los trabajadores de manera unilateral, es decir, antes de iniciarse la
liquidación.
(iv) Las
prestaciones derivadas de la terminación unilateral que sucede en un proceso
anterior al liquidatorio en que, como en este caso, la empresa aparentemente no
pagó a los trabajadores la indemnización de que tratan los artículos 64 y 65
del Código Sustantivo del Trabajo, deben ser reconocidas por el juez laboral
dentro del proceso ordinario laboral que para el efecto se inicie por parte de
los interesados, pero en ningún caso por el juez del concurso, cuyas facultades
están limitadas a lo que se señale la ley, y por tanto solamente serán
reconocidas las acreencias ciertas e indiscutibles.
(v). Las
acreencias que al momento de la presentación de los créditos no son ciertas o
están en discusión (litigiosos), deben ser reclamadas en el proceso dentro del
mismo término señalado para todos los acreedores, presentando prueba de la
existencia del proceso ordinario, caso en el cual se reconocen dichas acreencias
como créditos litigiosos, debiendo el liquidador hacer las provisiones del caso
para el pago de las mismas en el evento de ser condenada la empresa, y se
pagarán en el orden de prelación que la Ley señala.
(vi). No se
presentaron en ningún momento los documentos necesarios para el reconocimiento
de los créditos de los trabajadores dentro del proceso de liquidación de la
Empresa en comento, razón por la cual se determinó su rechazo por parte del
liquidador.
(vii) El
término para hacerse parte en el proceso liquidatorio como acreedores laborales
venció el 29 de junio de 2009, mientras que el proceso ordinario laboral al que
hace referencia el accionante tan solo fue admitido por el juez ordinario
laboral el 22 de febrero de 2010; es decir, cuando el proceso ordinario inició
estaba ampliamente vencido el término para hacer valer las acreencias dentro
del proceso de liquidación judicial.
(viii) Por
tratarse de un proceso ordinario ha de entenderse que las acreencias allí
reclamadas no son mas que simples expectativas de derecho a favor de los
trabajadores, que no pueden aceptarse como créditos ciertos sino solamente como
litigiosos, hasta tanto sea proferida la sentencia de condena, momento a partir
del cual se considera crédito cierto, y en caso de haberse relacionando
oportunamente se ordenará al liquidador que haga la respectiva provisión para
el pago.
(ix) En los
procesos concursales que ha tramitado la sociedad Tejidos Alnar Ltda., en
liquidación judicial, ante la Superintendencia, se han brindado garantías para
que las partes interesadas hagan valer sus derechos, surtiendo las etapas
señaladas en la ley 1116 de 2006.
3.
Decisiones objeto de Revisión
3.1.
Primera Instancia
El Juzgado Quinto Laboral Adjunto
del Circuito de Bogotá, en providencia del 2 de junio de 2010, negó el
amparo solicitado argumentando lo siguiente:
(i)
A pesar de haber una presunta vulneración o amenaza de un derecho
fundamental por parte de una autoridad pública, el accionante cuenta con otros
medios de defensa que puede utilizar para conjurar la presunta violación de
derechos de sus poderdantes, los cuales vienen consagrados por la ley 1116 de
2006.
(ii)
No se evidencia un perjuicio irremediable.
(iii)
Según el artículo 48 de la ley 1116 de 2006, los documentos
aportados por el apoderado de los ex trabajadores[13], luego de la desfijación
del aviso, no pueden ser considerados como prueba de algún crédito laboral.
Aceptar dichos documentos conduciría a que fácilmente se cometan fraudes en los
procesos liquidatorios, lo cual llevaría a desconocer los derechos tanto de los
demás acreedores como de la sociedad liquidada.
Impugnación
Mediante
oficio radicado el 15 de junio de 2010 la parte accionante impugna la decisión
argumentando lo siguiente:
(i)
En cuanto a la oportunidad dada por el liquidador de la empresa
durante los veinte días posteriores a la desfijación del aviso, expresa que los
documentos se entregaron dentro del término[14].
(ii)
Dentro de las pruebas anexadas acerca de la existencia y cuantía de
los créditos laborales se aportaron, entre otras: poderes, cartas de
terminación de contratos de trabajo, reportes de semanas cotizadas en pensiones
al ISS, liquidaciones laborales, estado de cuenta de la ex trabajadora Amelia
Niño Vergara y oficio radicado a la Superintendencia de Sociedades.
(iii)
Contrario a lo afirmado por el a quo, se dio pleno cumplimiento a lo
consagrado en el artículo 48 de la ley 1116 de 2006, en razón a que los documentos
aportados dan cuenta de la existencia de las obligaciones pecuniarias a cargo
del empleador.
(iv)
Las liquidaciones hechas con las respectivas indemnizaciones
obedecen a lo consagrado en Código del Trabajo, por concepto de despido sin
justa causa, y no se presentaron con intención de generarse fraudes en los
procesos liquidatorios como lo afirma el juez de primera instancia. Por el
contrario, la liquidación aportada está sujeta a una revisión por parte de
quien dé un fallo definitivo, aplicando desde luego los criterios señalados en
la norma respectiva.
En
consecuencia, solicita que se revoque la decisión del juez de primera instancia
y se incluya en el proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos
de voto la totalidad de las acreencias laborales solicitadas con el fin de
restituir los derechos de los ex trabajadores.
3.2.
Segunda Instancia
El Tribunal
Superior de Bogotá, Sala Laboral mediante providencia del 21 de julio de 2010,
confirma el fallo del juez de primera instancia argumentando lo siguiente:
(i)
Que al no aducir como fundamento jurídico la existencia de una vía
de hecho como única posibilidad en que procedería el amparo, se niega la
solicitud.
(ii)
Respecto de los créditos laborales alegados por la parte accionante,
tal como lo afirmó la Superintendencia, no existe prueba alguna que los
documente.
(iii)
No existe una vulneración de los derechos fundamentales de los
trabajadores, en razón a que los derechos cuya inclusión es pretendida por la
parte accionante (indemnización por despido sin justa causa y moratoria),
son de naturaleza incierta y discutible, por lo que deben ser considerados como
litigiosos y sometidos a los términos previstos en el acuerdo en condiciones iguales
a los de su misma clase y prelación legal, así como al resultado de la
sentencia que para el efecto dicte la autoridad jurisdiccional correspondiente.
(iv)
La liquidación elaborada por el apoderado de los accionantes, las
cartas de terminación de cada uno de los contratos y los reportes de las
semanas cotizadas al ISS, no constituyen prueba suficiente de la cual se pueda
deducir la existencia de las obligaciones a favor de cada uno de los
demandantes.
4.
Actuaciones surtidas en sede de revisión
4.1. En
ausencia de elementos de juicio relevantes para la toma de la decisión, y con
el fin de integrar debidamente el contradictorio, el pasado 3 de diciembre de
2010, la Corte suspendió los términos de la acción de tutela, vinculó al señor
Jorge Luis Maya Jiménez en calidad de liquidador de la empresa Tejidos Alnar
Ltda., y adicionalmente requirió a la Superintendencia de Sociedades para que
allegara el expediente de los procesos de reestructuración y liquidación
expresando si había informado o no al Ministerio de Protección Social sobre la
situación de los extrabajadores y ahora accionantes, de acuerdo a lo consignado
en el artículo 21 de la ley 1116 de 2006.
4.2.
Mediante escrito enviado vía fax por la Superintendencia el 13 de diciembre de
2010, frente a la solicitud de copias del proceso de reestructuración y
liquidación de la empresa Tejidos Alnar Ltda., informó lo siguiente[15]:
“En cuanto
a la solicitud de copias presentada, este despacho se (sic) adjunta 1457 folios
compuestos por los siguientes cuadernos:
Cuaderno de
acuerdo de reestructuración compuesto por 266 folios;
Cuaderno de
acuerdo de reestructuración dos del folio 266 año 312;
Cuaderno de
actuaciones uno y dos de la liquidación judicial compuestos por 364 y 270
folios, respectivamente;
Cuaderno de
rendición de cuentas uno contentivo de 151 folios, y
Cuaderno de
inventario y calificación y graduación de créditos uno compuesto por 216
folios.
No obstante
lo anterior, falta la remisión de los cuadernos de créditos uno de 312 folios,
dos contiene los folios 313 al 579 y tres con 103 folios, así como el cuaderno
de objeciones conformado por 143 folios, los cuales no alcanzaron a ser
fotocopiados por el centro de fotocopiado con el cual la Superintendencia tiene
suscrito el contrato por este servicio”. (Ésta es una trascripción del
documento original enviado, de los folios 109 a 111 del cuaderno de revisión).
Ante la
solicitud de la remisión de las autorizaciones de despido de los ex-[16]trabajadores,
se expresó lo siguiente:
“Al
respecto, revisado el expediente que da cuenta del proceso de reestructuración
que adelantó la sociedad Tejidos Alnar Ltda. el despacho pudo verificar que el
único antecedente sobre el particular son los escritos radicados en esta
entidad bajo los números 2009-01-106879 del 25 de marzo de 2009 y
2009-01-133959 del 13 de abril del mismo año por un grupo de extrabajadores de
la concursada en los cuales informa del posible despido y el cierre de la
empresa, a lo cual esta Superintendencia con oficios 156-070357 y 156-070519
del 29 y 30 de abril de 2009 les informó que la SOCIEDAD TEJIDOS ALNARLTDA
viene adelantando los trámites previos a la apertura del proceso de liquidación
judicial, estos documentos reposan en el cuaderno dos del acuerdo de
reestructuración, folios 275 a 279 y 311 -312 ” (Ésta es una trascripción
del documento original enviado folios 109 a 111 del cuaderno de revisión).
4.3. El 7 de
junio del año en curso, el representante legal de los accionantes allegó: (i)
un CD de audio con un acta que contiene el fallo de segunda instancia proferido
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral de
Oralidad, en donde se estaba llevando a cabo el proceso ordinario laboral
iniciado por el apoderado de los extrabajadores contra la empresa en
liquidación; (ii) copia simple de la memoria detallada de las actividades del
liquidador de Tejidos Alnar Ltda. en liquidación judicial; (iii) copia simple
del traslado de la rendición final de cuentas por parte del liquidador; y (iv)
un oficio informando su preocupación sobre las irregularidades que se estaban
cometiendo en la etapa de liquidación de la sociedad Tejidos Alnar Ltda.,
solicitando lo siguiente:
“Reitero mi
solicitud, en el sentido que es la Superintendencia de Sociedades la
responsable del no pago de la totalidad de las acreencias laborales solicitadas
a tiempo dentro del proceso jurisdiccional de liquidación judicial de la
sociedad Tejidos Alnar Ltda. en liquidación judicial reglado por la ley 1116 de
2006, y, por consiguiente debe asumir el pago de las acreencias laborales
solicitadas en su totalidad a mis poderdantes”[17]
4.4. El
correspondiente análisis de los documentos allegados se realizará en el acápite
del caso concreto.
5.
Pruebas
A
continuación se relacionan las pruebas que reposan en el expediente:
·
Escrito radicado ante la Supersociedades por los ex trabajadores
el día 25 de marzo de 2009, informando sobre irregularidades cometidas por la
Empresa Tejidos Alnar Ltda..
·
Escrito radicado ante la Procuraduría General por los ex trabajadores
el día 3 de abril de 2009, informando sobre irregularidades cometidas por la
Empresa Tejidos Alnar Ltda.
·
Escrito radicado ante el Ministerio de la Protección Social por
los ex trabajadores  el día 3 de abril de 2009, informando sobre irregularidades
cometidas por la Empresa Tejidos Alnar Ltda..
·
Acta de la Asamblea de acreedores sobre el acuerdo de
reestructuración de la Sociedad Tejidos Alnar Ltda. realizada el día 13 de
Abril de 2009.
·
Respuesta emitida el 30 de abril de 2009 por la Supersociedades
en la que le informa al señor Wilton Vifred Vergara y otros, que se está
adelantando el proceso de apertura de liquidación judicial de la empresa
Tejidos Alnar Ltda..
·
Proyecto de calificación y graduación de los créditos de la
compañía Tejidos Alnar  Ltda. en liquidación judicial, presentado el 11 de
junio de 2009.
·
Aviso proferido por la Secretaría del Grupo de Liquidaciones de
la Superintendencia de sociedades  fijado el 19 de junio de 2009.
·
Auto proferido por la Supersociedades el 4 de junio de 2009
mediante el cual se decreta la apertura de liquidación judicial.
·
Solicitud de incorporación de acreencias laborales dentro del
proceso de liquidación judicial de la Empresa Tejidos Alnar Ltda. presentada
por el apoderado de los accionantes el 23 de julio de 2009 ante la
Supersociedades.
·
Auto proferido por la Supersociedades el 11 de agosto de 2009
mediante el cual se resuelve sobre un reconocimiento de personería.
·
Auto proferido por la Supersociedades el 11 de agosto de 2009
mediante el cual se remiten radicaciones al liquidador.
·
Respuesta proferida el 27 de octubre de 2009 por la Procuraduría
delegada para los asuntos del trabajo y la seguridad social, en la que
manifiesta  que solicitó al Ministerio de Protección Social, información sobre
las actividades de vigilancia y control que ha realizado respecto de la
denuncia efectuada por los accionantes ante la dirección territorial de
Cundinamarca del Ministerio de Protección Social, en tres (3) de abril de 2009.
·
Objeción al proyecto de reconocimiento y graduación de créditos
de la Empresa Alnar Ltda. en liquidación judicial, presentada por los ex
trabajadores el 1 de diciembre de 2009 ante la Supersociedades.
·
Acta de conciliación de objeciones dentro del proceso de
liquidación judicial de la Sociedad en comento; realizada el 17 de diciembre de
2009.
·
Auto proferido por la Supersociedades el 23 de marzo de 2010.
·
Auto proferido por la Supersociedades el 5 de abril de 2010.
·
Auto proferido por la Supersociedades el 13 de abril de 2010.
·
Acta de audiencia de resolución de objeciones no conciliadas,
emitido el 22 de abril de 2010.
·
Declaración extraproceso rendida por Elvia María Casas Ramírez el
5 de mayo de 2010 en la Notaría 68 del círculo de Bogotá.
·
Constancias de no comparecencia del representante legal de
Tejidos Alnar Ltda. a audiencia fijada por el Inspector del Trabajo.
·
Planillas de cotización a pensiones de cada uno de los
accionantes.
·
Liquidaciones de las prestaciones sociales elaboradas por el
apoderado de los accionantes. Realizadas teniendo en cuenta el despido sin
justa causa.
·
Poder para actuar conferido al Dr. Álvaro Galeano Martínez.
·
Cartas de despido unilateral, dirigidas a cada uno de los
accionantes, como consecuencia del acuerdo de reestructuración por liquidación
definitiva.
·
Boletín Catastral de uno de los bienes poseídos por la empresa.
·
CD de audio y acta que contiene el fallo de segunda instancia
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
Laboral de Oralidad del proceso ordinario laboral iniciado por el representante
legal de los accionantes.
·
Copia simple de la memoria detallada de las actividades del
liquidador de Tejidos Alnar Ltda. en liquidación judicial.
·
Copia simple del traslado de la rendición final de cuentas por
parte del liquidador.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1.
Competencia.
Esta Corte
es competente para conocer el fallo materia de revisión, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Breve
presentación del caso.
La sociedad
Tejidos Alnar Ltda., con ocasión al surgimiento interno de dificultades
financieras, en 2006 fue admitida a la promoción de un acuerdo de
reestructuración bajo los parámetros de la Ley 550 de 1999.
En razón al
incumplimiento del acuerdo de reestructuración en 2008, y ante la imposibilidad
de llegar a un acuerdo con los acreedores, a mediados de marzo de 2010 el
promotor de la sociedad Tejidos Alnar Ltda., siendo conciente de que dicha
empresa estaba avocada a la liquidación definitiva, cita la correspondiente
Asamblea de Acreedores y enseguida despide a los trabajadores invocando como
causal de ese despido la liquidación definitiva de la empresa.
Mediante auto
del 4 de junio de 2009, el superintendente delegado para los procedimientos
mercantiles decretó la apertura de liquidación judicial de la sociedad Tejidos
Alnar Ltda.. Durante este proceso se designó el liquidador y posteriormente se
fijó el respectivo aviso para requerir a los acreedores a presentar sus
créditos, término dentro del cual los accionantes allegaron los documentos que
consideraron pertinentes para reclamar el pago de las prestaciones sociales e
indemnizaciones.
El liquidador
radicó ante la Superintendencia de Sociedades el proyecto de calificación y
graduación de créditos y derechos de voto, rechazando las prestaciones e
indemnizaciones reclamadas por los ex trabajadores ahora petentes, bajo el
argumento de ser éstas últimas[18]
derechos litigiosos que no fueron presentados en tiempo ni en debida forma.
Con ocasión
al despido unilateral de los accionantes y ante la imposibilidad de incluir el
pago de las indemnizaciones en la prelación de créditos, también por
disposición de la Supersociedades en los Autos núm. 451-004975 del 13 de abril
de 2010 y el núm. 451-005050 de la misma fecha[19],
su apoderado inició un proceso ordinario laboral ante el Juzgado 28 Laboral del
Circuito de Bogotá.
Como
consecuencia de las objeciones presentadas contra el proyecto de calificación y
graduación de créditos, se celebró la respectiva diligencia de conciliación sin
que se hubiese llegado a ningún acuerdo.
En razón a
ello, la Supersociedades convocó una Audiencia para la resolución de las
objeciones donde declaró no probadas las formuladas por los ex trabajadores,
argumentando que los créditos no se presentaron en su debida oportunidad,
confirmado su decisión en Audiencia posterior.
Por lo
anterior, el apoderado de los accionantes, interpone acción de tutela
solicitando además del pago de las acreencias laborales, el de las
indemnizaciones atendiendo a la prelación de dichos créditos.
3. Planteamiento del
problema jurídico.
Conforme
a la situación fáctica planteada, corresponde a esta Sala de Revisión
determinar lo siguiente:
1.
Si es procedente la acción de tutela para cuestionar los autos y las
actuaciones de la Superintendencia de Sociedades en calidad de juez concursal
dentro de un proceso de liquidación definitiva de una empresa.
2.
Si se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso,
trabajo, seguridad social y mínimo vital de los trabajadores cuando la
Superintendencia de Sociedades le da la calificación de “derechos
litigiosos” a las indemnizaciones ocasionadas por el despido unilateral
atribuible al empleador, que tiene lugar antes del acto de apertura del proceso
de liquidación judicial definitiva pero invocándose dicha causal como
fundamento del despido.
Para
resolver los anteriores problemas jurídicos la Sala abordará los siguientes
asuntos: (i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
en general y específicamente frente a decisiones proferidas por la
Superintendencia de Sociedades; (ii) la indemnización como derecho
cierto e indiscutible cuando se invoca la causal de liquidación de la empresa
bajo el marco normativo preceptuado en el numeral 5 del artículo 50 de la Ley
1116 de 2006; (iii) finalmente se entrará a analizar el caso concreto.
3. Procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales en general y específicamente frente a decisiones
proferidas por la Superintendencia de Sociedades en calidad de juez concursal,
por tratarse de providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.
3.1. El artículo 86 de la
Constitución Política establece que toda persona tiene “acción de tutela
para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública”.
En el mismo sentido, el Decreto
2591 de 1991[20]
señala que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante
los jueces, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que
señale este decreto”.
La Corte Constitucional ha
precisado que, de conformidad con el concepto constitucional  de autoridades
públicas dado por el artículo 86,  “no cabe duda de que los jueces tienen
esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus
resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado”[21].
3.2. Tomando
como fundamento los artículos 86 de la Constitución Política, 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos[22]
y 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[23], la Corte Constitucional
ha desarrollado una amplia y uniforme jurisprudencia sobre  la procedencia de
la acción de tutela en contra de providencias judiciales, precisando su
carácter excepcional, entre otras razones, porque “se parte de la premisa
que el sistema de administración de justicia consagrado en la Carta Política es
un mecanismo idóneo y suficiente para proteger los derechos de los asociados[24]”,
lo cual además garantiza “que las sentencias judiciales estén amparadas
adecuadamente por el principio de cosa juzgada que prescribe su inmutabilidad,
y que los jueces conserven sus competencias, autonomía e independencia al
decidir los casos de los que conocen”[25].
En un principio dicha posibilidad encontró sustento en los artículos 11 y
40 del Decreto 2591 de 1991, preceptos que contemplaban la acción de tutela
contra decisiones judiciales y establecían el trámite correspondiente. Sin
embargo, en Sentencia C-543 de 1992 esta Corporación declaró inexequibles esas
disposiciones, sin que con ello se hubiese atribuido un carácter absoluto a la
intangibilidad de las providencias judiciales, ya que, por el contrario, en la
misma sentencia se advirtió que ciertos actos no tienen las cualidades para
poder ser considerados providencias judiciales y que, por tanto, frente a estas
“actuaciones de hecho” la acción de tutela sí  procede. Dijo entonces la
Corte:
“Así, por
ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha
incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que
proceda a resolver o  que observe con diligencia los términos judiciales, ni
riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante
actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales
se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la
decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí  está
constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo
efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda
supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente
(artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991).   En
hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra  la seguridad
jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que
persigue la justicia.”
Así pues, atendiendo a la fuerza vinculante de los fallos
de constitucionalidad, esta Corporación a través de sus sentencias en sede de
tutela y de constitucionalidad comenzó a construir y desarrollar los requisitos
que se debían dar para la procedencia del amparo constitucional frente a una
eventual vulneración de derechos fundamentales dentro de un proceso judicial.
3.3. En las primeras decisiones la Corte Constitucional
indicó que la viabilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales
estaba condicionada a la configuración de una “vía de hecho”, concepto
mediante el cual “se hacía alusión a aquellas decisiones arbitrarias de los
jueces que eran fruto de su abierto y caprichoso desconocimiento de la
legalidad”[26].
No obstante, la Corte estimó
necesario redefinir el concepto de “vía  de hecho” incluyéndolo dentro
de uno más amplio de requisitos de procedibilidad de esta acción
constitucional: unos de carácter general y otros específicos, los cuales
compiló primero en la sentencia T-462 de 2003 y posteriormente en la sentencia
C-590 de 2005. En esta última sentencia esta Corporación indicó:
“Con todo,
no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es
compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y
realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales,
con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e
independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder
público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción
de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos
fundamentales.
23. En ese
marco, los casos en que procede la acción de tutela contra decisiones
judiciales han sido desarrollados por la doctrina de esta Corporación tanto en
fallos de constitucionalidad, como en fallos de tutela.  Esta línea
jurisprudencial, que se reafirma por la Corte en esta oportunidad, ha sido
objeto de detenidos desarrollos.  En virtud de ellos, la Corporación ha
entendido que la tutela sólo puede proceder si se cumplen ciertos y rigurosos
requisitos de procedibilidad.  Dentro de estos pueden distinguirse unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de
carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez
interpuesto.”
La Sala Plena
de la Corte Constitucional, en Sentencia SU-813 de 2007, siguiendo los
parámetros de la Sentencia C-590 de 2005, resumió las causales genéricas así:
“Las causales
genéricas de procedibilidad se refieren a aquéllos requisitos que en general se
exigen para la procedencia de la acción de tutela, pero que referidas al caso
específico de la tutela contra providencias judiciales adquieren un matiz
especial. La particularidad se deriva del hecho de que en estos casos la acción
se interpone contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y
que en principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la
Constitución. Tales causales son las siguientes:
(i) Se
requiere, en primer lugar, que la cuestión discutida resulte de evidente
relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté
acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de
esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor[27];
(ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede
judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión
iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de
la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un
efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate
de sentencias de tutela.”
Así mismo, la
Corte ha precisado que los criterios específicos deben revestir un carácter
protuberante y presentarse de forma evidente en la decisión bajo examen[28],
resumiéndolos de la siguiente forma:
“i) Defecto
sustantivo, orgánico o procedimental: La acción de tutela procede, cuando puede
probarse que una decisión judicial desconoce normas de rango legal, ya sea por
aplicación indebida, error grave en su interpretación, desconocimiento de
sentencias con efectos erga omnes, o cuando se actúa por fuera del
procedimiento establecido[29].
ii) Defecto fáctico: Cuando
en el curso de un proceso se omite la práctica o decreto de pruebas o estas no
son valoradas debidamente, con lo cual variaría drásticamente el sentido del
fallo proferido[30].
iii) Error inducido o por
consecuencia: En la cual, si bien el defecto no es atribuible al funcionario
judicial, este actuó equivocadamente como consecuencia de la actividad
inconstitucional de un órgano estatal generalmente vinculado a la estructura de
la administración de justicia[31].
iv) Decisión sin motivación:
Cuando la autoridad judicial profiere su decisión sin sustento argumentativo o
los motivos para dictar la sentencia no son relevantes en el caso concreto, de
suerte que puede predicarse que la decisión no tiene fundamentos jurídicos o
fácticos[32].
v) Desconocimiento del
precedente: En aquellos casos en los cuales la autoridad judicial se aparta de
los precedentes jurisprudenciales, sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación, de forma tal que la decisión tomada variaría, si hubiera
atendido a la jurisprudencia.
vi) Vulneración directa de
la Constitución:  Cuando una decisión judicial desconoce el contenido de los
derechos fundamentales de alguna de las partes, realiza interpretaciones
inconstitucionales o no utiliza la excepción de inconstitucionalidad ante
vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando haya sido presentada
solicitud expresa al respecto[33].”
En este orden de ideas, cuando se
presentan las causales genéricas de procedibilidad y se configura por lo menos
uno de los defectos o fallas graves que hacen procedente la acción de tutela
contra una providencia judicial, existe una “actuación defectuosa” que
debe ser reparada por el juez constitucional[34].
3.4. Ahora bien, esta Corporación
ha aclarado que el concepto de providencia judicial incluye tanto a las
sentencias como a los autos dictados por las autoridades judiciales[35]. Asimismo ha
manifestado que, aunque por regla general “las decisiones judiciales
adoptadas mediante autos interlocutorios pueden ser corregidas o discutidas por
medio de los recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto
en los distintos procedimientos judiciales”[36], la acción de tutela es
procedente en estos casos  “(i) cuando se evidencie una vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales de las partes que no puede ser reprochada
mediante otros medios de defensa judicial. Por tanto, la acción constitucional
no será procedente cuando han vencido los términos para interponer los recursos
ordinarios y la parte afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron
utilizados, pero en forma indebida; (ii) cuando a pesar de que existen otros
medios, éstos no resultan idóneos para proteger los derechos afectados o
amenazados; o (iii) cuando la protección constitucional es urgente para evitar
un perjuicio irremediable.  En el primer caso, para que proceda la tutela,
deberán reunirse los requisitos generales de procedencia y los requisitos
especiales de procedibilidad de la acción tutela contra providencias judiciales
que han sido fijados por esta Corporación”[37].
3.5. Por
otro lado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 116 superior,
excepcionalmente la ley puede “atribuir función jurisdiccional en materias
precisas a determinadas autoridades administrativas”. Uno de estos casos
se presenta con la Ley 222 de 1995 (modificada por la ley 1116 de 2006), la
cual dota a la Superintendencia de Sociedades de funciones jurisdiccionales para
tramitar los procesos concursales de sociedades, cooperativas, fundaciones o
sucursales extranjeras que no estuvieran sujetas a algún régimen especial de
intervención o liquidación.[38]
En razón a
lo anterior, toda decisión proferida dentro de las funciones jurisdiccionales
de los trámites concursales cuyo conocimiento le fue asignado a la
Superintendencia de Sociedades por la mencionada ley, equivalen a una
providencia judicial, contra la cual de haberse presentado irregularidades, es
viable a los ciudadanos acudir a la acción de tutela[39]. Al respecto la
Sentencia T-441 de 2001 señala lo siguiente:
“Procedencia
de la tutela. La decisión por la cual se aprueba el acuerdo concordatario por
la Superintendencia de Sociedades en materia de procesos concursales tiene
naturaleza de providencia judicial.
Con la expedición de la Ley
222 de 1995, la Superintendencia de Sociedades fue investida de función
jurisdiccional para fines de los procesos concursales. Es así como el artículo
90 de la mencionada Ley, perteneciente al título del régimen de procesos
concursales consagró:
“Competencia: La
Superintendencia de Sociedades asume la función jurisdiccional en uso de la
facultad concebida en el artículo 116 del inciso 3º de la Constitución
Política.
Será competente de manera
privativa para tramitar los procesos concursales de todas las personas
jurídicas, llámense sociedades, cooperativas, fundaciones, sucursales
extranjeras, siempre que no estén sujetas a régimen especial de intervención o
liquidación.(...)”
A su vez, el artículo 116
constitucional, mencionado en la Ley, consagra que  “excepcionalmente la ley
podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas  a determinadas
autoridades administrativas”.
Por tanto, los autos que
profiera esta entidad en el transcurso del proceso concursal tienen naturaleza
de providencias judiciales.
En cuanto a la naturaleza
judicial de los actos proferidos por la Superintendencia de Sociedades como
juez del concordato, el Consejo de Estado, siguiendo el criterio funcional de
calificación y separándose del orgánico, ha sostenido que además de las
disposiciones normativas arriba mencionadas las cuales le atribuyen funciones
judiciales a la Superintendencia funciones judiciales, la naturaleza misma de
estos actos es propia de una providencia judicial. Dijo la Alta Corporación:
“3. La
naturaleza jurisdiccional que la ley le ha dado a la función que la
Superintendencia cumple como juez de concordato, es armónica con la
materialidad del asunto, puesto que se trata de conflictos entre intereses de
particulares, por los efectos jurídicos de las decisiones y las medidas que le
está autorizado tomar dentro del proceso, tanto que tienen necesaria incidencia
en otros procesos judiciales. Más aún, las características del trámite, con
regulación especial, complementada por el C. de P.C. y el C. de Co., sin que en
la remisión a otros ordenamientos se haga mención del C.C.A., erige la
actuación respectiva en un verdadero proceso judicial, aplicable también por
los jueces civiles especializados o en su defecto, del Circuito, en tratándose
de concordatos de personas naturales.
4. El
carácter jurisdiccional de los actos en mención ha sido además reiterado por la
jurisprudencia de la Corporación”[40]
Estudiando la procedencia de
la tutela en el caso particular, la Sala observa como el auto que accede a la
reposición del auto que aprueba el acuerdo concordatario, no puede ser conocido
por una entidad diferente a la Superintendencia de Sociedades y no tiene
recurso diferente a la nueva reposición si existiesen hecho nuevos[41].
Por tanto, en este caso no existe otro mecanismo de protección del derecho
fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado.
Esto se
desprende, en el caso concreto, de la no consagración de la posibilidad de
interponer recurso de reposición en el texto del auto que resuelve el recurso
de reposición (Auto 4107871 de mayo 14 de 2001). La inexistencia de otro
mecanismo de protección también se deriva del posterior análisis hecho por la
Superintendencia al estudiar los recursos interpuestos contra el mencionado
auto, en Auto 41012147 de 19 de julio de 2001, según el cual en el auto que
resolvía el recurso de reposición no se habían estudiado asuntos nuevos que
permitieran recurso de reposición, según lo dispuesto por el artículo 348 del
Código de Procedimiento Civil.  Por tanto, para atacar su validez por presunta
vía de hecho procede la tutela en ausencia de otros mecanismos de protección.”
Más
recientemente la Sentencia T-079 de 2010 puntualizó:
“En
desarrollo de las disposiciones superiores recién mencionadas, el Legislador ha
definido los contornos de las funciones jurisdiccionales de las
superintendencias en la Ley 486 de 1998 (artículos 147 y 148) y, en materia de
procedimientos concursales de sociedades no sujetas a un régimen especial, en
la Ley 222 de 1995 (modificada por la Ley 1116 de 2006), atribuyendo
competencia a la Superintendencia de Sociedades para actuar como juez en estos
procesos.[42]
En
consideración a los mandatos legales y constitucionales expuestos, la Corte
Constitucional ha explicado que (i) los autos proferidos por la
Superintendencia de Sociedades, actuando como juez concursal, tienen carácter
jurisdiccional, así que no son susceptibles de control por la vía gubernativa,
ni a través de las acciones contenciosas previstas por la Ley para controlar la
legalidad de los actos administrativos; (ii) en consecuencia, la acción de
tutela resulta procedente para controvertir tales providencias, siempre que se
evidencie amenaza o desconocimiento de derechos fundamentales, y (iii) se hayan
agotado los medios de control de legalidad previsto por el legislador para cada
procedimiento[43].”
3.6. Así las
cosas, procede la acción de tutela contra los autos proferidos por la
Superintendencia de sociedades durante los procesos concursales.
4.
La indemnización como derecho cierto e indiscutible cuando se
invoca la causal de liquidación de la empresa bajo el marco normativo
preceptuado en el numeral 5° del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006[44].
4.1. Los
principios laborales mínimos consagrados en los artículos 25[45] y 53[46] superiores, hacen
imperativo que el proceso liquidatorio de las empresas privadas sea respetuoso
de los derechos de los trabajadores. Por tanto, la disolución de la persona
jurídica privada que es objeto de liquidación y su consecuente cese de actividades
productivas, no puede constituirse en un espacio para el desconocimiento o la
vulneración de los derechos de las personas que allí laboraban.
El hecho de
que una empresa pueda enfrentar una situación financiera crítica no la releva
del deber de cumplir con sus compromisos previamente adquiridos, “por cuanto
es obligación de las entidades públicas o privadas, prever con antelación las
partidas presupuestales  indispensables que conlleven a la garantía y
cumplimiento puntual de las obligaciones laborales”[47]. En consecuencia, si
ello no fue previsto en la correspondiente partida presupuestal, las acreencias
laborales deben tener una efectiva prelación frente a las demás deudas asumidas
por la empresa y deben ser pagadas inclusive conforme a las condiciones pactadas
en las convenciones colectivas, si a ello hubiere lugar[48].
4.2. Desde
la perspectiva de la legislación laboral y civil se ha establecido frente a
prelación de los créditos laborales que estos son causados o exigibles de los
trabajadores por concepto de salarios, cesantías y demás prestaciones sociales
e indemnizaciones laborales, pertenecen a la primera clase de créditos que
establece el artículo 2495 del Código Civil[49].
Por tanto, cuando la quiebra imponga el despido de trabajadores, los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones se tendrán como gastos
pagaderos con preferencia sobre los demás créditos[50]. De
modo que el pago de los créditos de carácter laboral guarda prelación sobre las
demás obligaciones, incluso sobre aquellas otras que el código civil califica
como de primer grado[51].
Lo anterior, de acuerdo con las
disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), que en el
Convenio 95 “relativo a la protección del salario” establece que en caso
de quiebra o de liquidación judicial de una empresa, los trabajadores deben ser
considerados como acreedores preferentes en lo que respecta a
salarios, y deben tener una relación de prioridad frente a los demás créditos
preferentes:
“1. En caso de quiebra o de liquidación judicial de
una empresa, los trabajadores empleados en la misma deberán ser considerados
como acreedores preferentes en lo que respecta a los salarios que se les deban
por los servicios prestados durante un período anterior a la quiebra o a la
liquidación judicial, que será determinado por la legislación nacional, o en lo
que concierne a los salarios que no excedan de una suma fijada por la
legislación nacional.//2. El salario que constituya un crédito preferente se
deberá pagar íntegramente antes de que los acreedores ordinarios puedan
reclamar la parte del activo que les corresponda.//3. La legislación nacional
deberá determinar la relación de prioridad entre el salario que constituya un
crédito preferente y los demás créditos preferentes” [52].
4.3. El ordenamiento colombiano, mediante la Ley 1116
de 2006, “Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial
en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones” se expide bajo propósitos fundamentales[53] contemplando
fines específicos dentro de los que se resaltan:
·
Protección del crédito laboral.
·
Recuperación y conservación de la
empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo.
·
Protección de la buena fe en las
relaciones comerciales y patrimoniales en general y la sanción de conductas que
le sean contrarias[54].
Dichos propósitos son desarrollados a través de un
procedimiento que comprende dos fases:
1 FASE:
Proceso de reorganización
2 FASE: Proceso
de liquidación judicial
El proceso de reorganización se orienta a la
preservación de las empresas viables y a la normalización de sus relaciones
comerciales y crediticias a través de una reestructuración operacional y
administrativa de activos y pasivos.
El proceso de liquidación judicial, propende por
que esta sea pronta y ordenada buscando el aprovechamiento del patrimonio del
deudor[55]
En ese sentido, la Ley 1116 de 2006 para estructurar
un régimen permanente de insolvencia empresarial prevé un proceso de
liquidación de naturaleza jurisdiccional, y por tanto establece como
autoridades competentes para su aplicación: la Superintendencia de Sociedades[56] y los jueces
civiles del circuito[57].
Autoridades que como se mencionó en el acápite tercero, cuentan con todas la
atribuciones necesarias para dirigir el proceso y lograr el cumplimiento de las
finalidades del mismo, incluida la potestad de definir derechos en discusión e
imponer sanciones y multas a quienes incumplan los mandatos del juez, la ley o
los estatutos[58].
4.4. El proceso de liquidación judicial se inicia con
la disolución de la persona jurídica (Num. 1°, art. 50); y a partir de ello se
producen efectos[59]
resaltándose en este caso la terminación de los contratos de trabajo. Esa
situación, de conformidad con lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo[60], acarrea el
correspondiente pago de las indemnizaciones a favor de los trabajadores sin
que para ello sea necesaria la exigencia de una autorización
administrativa o judicial quedando sujeta simplemente a las reglas del
concurso y las obligaciones derivadas de su finalización.
Ley 1116
de 2006 artículo 50: EFECTOS DE LA APERTURA DEL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIAL. La declaración judicial del proceso de liquidación
judicial produce:// (…)5. La terminación de los contratos de trabajo, con el
correspondiente pago de las indemnizaciones a favor de los trabajadores, de
conformidad con lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, para lo cual
no será necesaria autorización administrativa o judicial alguna quedando
sujetas a las reglas del concurso, las obligaciones derivadas de dicha
finalización sin perjuicio de las preferencias y prelaciones que les
correspondan.
4.5. En la Sentencia C-071 de 2010, esta Corporación
analizó la constitucionalidad del parágrafo 5° del artículo 50 de la Ley 1116
del 2006[61].
En esa ocasión, esta Corporación aclaró que la Ley 1116 de 2006, tiene
implícita una garantía en materia de terminación de contratos laborales que se
dan con ocasión a la apertura del proceso liquidatorio. Tal garantía consiste
en que al terminarse los contratos laborales como consecuencia de la
liquidación de la empresa, inmediatamente se origina la respectiva
indemnización[62],
sin que para su exigencia e inclusión dentro de prelación de créditos, sea
necesaria una autorización específica de la autoridad laboral, judicial o
administrativa.
Concatenado con lo anterior, se estableció que es el
juez del concordato quien se encuentra facultado para constatar y calificar
las circunstancias que conllevan incumplimiento o fracaso de los acuerdos en el
proceso de reorganización, con su posterior ingreso a la fase de la liquidación
judicial, e igualmente, que es ese juez quien define que los créditos
originados en salarios, prestaciones laborales e indemnizaciones, tienen el carácter
de derechos ciertos e indiscutibles con su correspondiente privilegio dentro
del proceso de graduación y calificación de créditos.[63]
Del mismo modo, en la Sentencia en mención, se prevén
varias premisas fundamentales que deben ser tenidas en cuenta durante el
proceso de liquidación definitiva. Al respecto se señaló que:
(i)
Frente a la terminación de los
contratos laborales, “se advierte que se trata de una
consecuencia material vinculada al hecho de que la empresa deja de funcionar
como unidad de explotación económica. A partir de la fecha de inicio de la
liquidación surge de inmediato para el deudor la imposibilidad de realizar operaciones
en desarrollo de su objeto, como quiera que su capacidad jurídica se preserva
únicamente para los actos necesarios a la liquidación y respecto de aquellos
que procuren la adecuada preservación de los activos (Art.48.2).y “que la fase
de liquidación judicial se inicia como consecuencia del incumplimiento o
fracaso del proceso del proceso de reorganización, encaminado este a preservar
la viabilidad de la empresa y la normalización de sus relaciones comerciales y
crediticias (Art. 47), durante el cual rige el principio de continuidad de los
contratos  (Art. 21).”
(ii)
Ante la finalización de las relaciones laborales subsistentes
al momento de la liquidación, “se produce a consecuencia de una causa no
imputable al trabajador. En consecuencia teniendo en cuenta que a este no le es
exigible asumir los riesgos o pérdidas del empleador (Art. 28 C.S.T.), la
hipótesis se asimila a la terminación unilateral del contrato de trabajo sin
justa causa, evento para el cual la ley laboral prevé la indemnización de perjuicios
a cargo de la parte responsable,  prerrogativa que comprende el lucro cesante y
el daño emergente (Art. 64 C.S.T.)”.
(iii)
Cuando la decisión de declarar
terminados los contratos laborales sea concurrente con la declaratoria judicial
de “empresa en liquidación”, no demanda habilitación previa, judicial o
administrativa, proveniente de las autoridades del trabajo ya que “es el
juez del concurso quien adoptará dicha determinación una vez establezca el
incumplimiento del acuerdo de reorganización, el fracaso o incumplimiento del
concordato o de un acuerdo de reestructuración, o la configuración de
cualquiera de las causales de liquidación judicial inmediata previstas en la
ley (Art. 49) entre las que se destaca el ‘`tener a cargo obligaciones vencidas,
por concepto de mesadas pensionales, retenciones de carácter obligatorio a
favor de autoridades fiscales, descuentos efectuados a los trabajadores, o
aportes al Sistema de Seguridad Social integral, sin que las mismas fuesen
subsanadas dentro del término indicado por el Juez del concurso (…)’ (Art.
49.7). La potestad que  se atribuye al juez del concurso para calificar las
situaciones que conducen, en un primer momento al inicio del proceso de
reorganización, y  luego a la liquidación y adopción de medidas como la de dar
por terminados lo contratos laborales, se inscribe dentro de las atribuciones
generales que le son otorgadas para dirigir el proceso y lograr que se cumplan
las finalidades del mismo, entre ellas la liquidación pronta y ordenada, buscando
el aprovechamiento del patrimonio del deudor. De otra parte, el inciso 6° del
artículo 50 de la Ley 1116/06 dispone la remisión de una copia de la
providencia de apertura del proceso de liquidación judicial al Ministerio de la
Protección Social, con el propósito de velar por el cumplimiento de las
obligaciones laborales”.
(iv)
Las obligaciones derivadas de la
terminación de los contratos laborales quedan sometidas a las reglas del
concurso y por ende al sistema de prelaciones dentro del proceso de calificación
y graduación de créditos[64].
Por lo anterior, y con fundamento en lo preceptuado en el artículo 2495
del Código Civil, sustancialmente modificado por la Ley 50 de 1990, y con lo
dispuesto en el artículo 157 del Código Sustantivo del Trabajo[65]; cuando la terminación
de los contratos de trabajo se dan como consecuencia de la liquidación
definitiva de una empresa en quiebra, ya sea cuando se efectúan los despidos
invocando dicha causal[66]
o entendida la terminación de los mismos (los contratos laborales), ante la
iniciación del acto de apertura del proceso de liquidación judicial definitiva,
se deberán tener como derechos ciertos e indiscutibles tanto el pago de las
correspondientes liquidaciones y prestaciones sociales como las indemnizaciones
por despido unilateral atribuible al empleador.
4.7. De otro
lado, en esta ocasión es relevante recordar que esta Corporación en sede de
control concreto de tutela ha propendido también por conceder otras
prestaciones derivadas de la relación laboral a aquellos trabajadores cuya
situación frente a la empresa en liquidación se ve amenazada por una violación
a sus derechos fundamentales, tales como mínimo vital, seguridad social y
trabajo. Dicho amparo se han materializado bajo las siguientes premisas:
(i)
Es necesario garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores de
las empresas en liquidación y por tanto debe imponerse a su liquidador la
obligación de adelantar las gestiones tendientes al pago de las acreencias
laborales, dentro de las cuales se encuentran los aportes a la seguridad
social. Lo anterior por cuanto constituyen gastos de administración al interior
del trámite liquidatorio.[67]
(ii)
En el evento en que la empresa se haya comprometido con el pago de las
pensiones de sus trabajadores sin constituir las
garantías necesarias para asegurar el pago oportuno de las mesadas, o del mismo
modo, en caso de haber dejado de pagarlas oportunamente, es exigible la
realización de pagos de mesadas pensionales a cargo de la entidad, “en
consideración a los dineros disponibles que se vayan recaudando, sin que para
el efecto sea necesario esperar a la terminación del proceso de liquidación
obligatoria”.[68]
(iii)
No es suficiente con que la empresa que se encuentra en un proceso
concursal establezca un acuerdo de pago con las entidades administradoras de
pensiones referente a las mesadas dejadas de cancelar, ya que los derechos
constitucionales en juego sólo resultan debidamente protegidos a través del
pago efectivo de los aportes.[69]
(iv)
Es obligación del empleador asumir las prestaciones y reconocer los
perjuicios a que haya lugar, en relación con el suministro de prestaciones
médico asistenciales cuando se haya dejado de realizar oportunamente los
aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud; ya que, en dicho evento, son
las E.P.S las obligadas a hacerse parte dentro del proceso liquidatorio con el
fin de obtener el pago de las sumas adeudadas.[70]
En ese
sentido, esta Sala concluye de un lado, que ha ampliado notablemente la
protección a los trabajadores en los eventos en que las empresas entran en
liquidación y, de otro, que no existe duda alguna frente a la prelación de los
créditos laborales, que como derechos ciertos e indiscutibles se dan con
ocasión a lo preceptuado en el numeral 5 del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006
y comprenden salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.
5. Caso
Concreto: Configuración del defecto sustantivo[71]
en decisiones proferidas por la Superintendencia de Sociedades que ante la
negativa de a incluir las indemnizaciones por despido atribuible al empleador
dentro de la prelación de créditos, vulnera los derechos fundamentales de los
accionantes.
5.1.
Para el presente asunto corresponde a la Sala establecer si es procedente la
acción de tutela para controvertir la decisión de la Superintendencia de
Sociedades que negó la inclusión de la indemnización del artículo 64 del CST
correspondiente a los accionantes, quienes al ser despedidos invocándose la
causal de liquidación definitiva de la empresa y al no ser considerado dicho
derecho de indemnización como cierto e indiscutible dentro de la prelación de
créditos, vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo,
seguridad social y mínimo vital de los petentes. Lo anterior, por cuanto la
Superintendencia de Sociedades, al tener la calidad de juez concursal niega la inclusión
la indemnización, dando a su solicitud de pago, la calificación de derechos
“litigiosos”.
5.2.
Para desarrollar el anterior planteamiento, de acuerdo con lo analizado en el
primer acápite de la parte considerativa de esta providencia, esta Sala
determina que es procedente la presente acción de tutela, toda vez que de
acuerdo al precedente jurisprudencial, se debe estudiar de fondo la actuación
surtida por la Superintendecia de Sociedades en calidad de juez concursal, en
la medida en que los autos que profirió en este caso en concreto, son decisiones
judiciales que vulneran los derechos fundamentales de los
extrabajadores, toda vez que con el proferimiento de los Autos núm. 451-004975
del 13 de abril de 2010, el núm. 451-005050 de la misma fecha[72], y el núm. 405-016989[73], que niegan
la posibilidad a los ex trabajadores de acceder al pago de la indemnización por
despido imputable al empleador dentro de la prelación de créditos, se configura
un defecto sustantivo orgánico, realizarse una aplicación indebida del numeral
5 del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006; desconociendo la interpretación dada
por esta Corporación en la Sentencia C-071 de 2010.
Lo anterior teniendo en cuenta “que
la fase de liquidación judicial se inicia como consecuencia del incumplimiento
o fracaso del proceso de reorganización (Art. 47), durante el cual rige el
principio de continuidad de los contratos  (Art. 21)[74]” y que,
tal y como se constata con la carta dirigida a la Asamblea por parte del
promotor del acuerdo de reestructuración[75],
y a las cartas de terminación de los contratos laborales de los ahora
accionantes; dicho despido se realizó invocándose la causal de liquidación
definitiva de la empresa unos días después de haberse constatado el
incumplimiento o fracaso del acuerdo con los acreedores; y en esa medida como
lo ha explicado la jurisprudencia constitucional “cuando la decisión de
declarar terminados los contratos laborales sea concurrente con la declaratoria
judicial de “empresa en liquidación”, no demanda habilitación previa, judicial
o administrativa, proveniente de las autoridades del trabajo, ya que es el juez
del concurso quien adoptará dicha determinación una vez establezca el
incumplimiento del acuerdo de reorganización, el fracaso o incumplimiento del
concordato o de un acuerdo de reestructuración, o la configuración de
cualquiera de las causales de liquidación judicial inmediata previstas en la
ley (Art. 49).[76]
En tal sentido, lo que debió haber hecho la
Superintendencia de Sociedades fue haber tenido en cuenta los documentos
allegados por el representante legal de los extrabajadores, que fueron
aportados en el término que impone la ley[77], y del mismo modo, con la potestad que se le atribuye como juez del concurso haber
incluido el pago de las correspondientes indemnizaciones junto con la
cancelación de las prestaciones sociales dentro de la prelación de créditos
laborales. Ya que si bien se reconoce que el despido se dio con anterioridad al
acto de apertura del la liquidación judicial, materialmente éste obedeció a la
liquidación de la empresa, a tal punto que esa fue la causal invocada por el
promotor del acuerdo de reestructuración para ese entonces.
5.3. Así
las cosas, de acuerdo con los documentos allegados con el expediente y
contrario a lo afirmado por la Superintendencia de Sociedades en su
contestación, el solo hecho de haberse invocado la liquidación de la empresa
como causal de terminación unilateral del contrato laboral de los
extrabajadores y ahora petentes[78],
los hace acreedores de lo contenido en el numeral 5° del artículo 50 de la Ley
1116, comprendiendo su liquidación no solo el pago de salarios y prestaciones
sino también de la respectiva indemnización, ya que se constituyen estos tres
elementos en derechos ciertos e indiscutibles y no “litigiosos” como los
denominó la Superintendencia de Sociedades.
5.4. De
igual modo, atendiendo a lo dispuesto por la Corte en la Sentencia C-071 de
2010, que analizó la constitucionalidad del numeral 5° del artículo 50 de la
ley 1116 de 2006, se debieron incluir dentro de los créditos reconocidos a los
extrabajadores las respectivas indemnizaciones por despido unilateral atribuible
al empleador, ya que de obrarse de otra manera, dicha determinación
contrariaría los fines de la mencionada ley de Insolvencia Empresarial frente a
la protección de los trabajadores[79],
y se permitiría con dicha actuación la creación de un efecto perverso que
generaría la terminación de los contratos de trabajo por parte de las empresas
avocadas a la liquidación, con incluso un día de anterioridad al inicio de la
liquidación para dejar de lado la inclusión de la respectiva indemnización
dentro de la prelación de créditos ocasionando la vulneración de los derechos
de los trabajadores, máxime cuando como en el presente caso, éstos llevan
bastante tiempo prestando sus servicios[80].
Ello
confirma la existencia de un defecto sustantivo en razón a dos premisas
materializadas en este defecto: (i). que la aplicación final de
la regla hecha por la Superintendencia de Sociedades, es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) y
claramente perjudicial para los intereses legítimos de los trabajadores al
tornarse irrazonable y desproporcionada; y (ii) que la
Superintendencia de Sociedades al proferir sus autos desconoció la
interpretación dada en la Sentencia C-071 de 2010 emitida por esta Corporación
con efectos erga omnes.
5.5. En
consecuencia, con base en los artículos 53 y 228 de la Constitución y con el
propósito de salvaguardar los derechos laborales de especial protección
constitucional; se revocará la Sentencia proferida el 21 de julio de 2010, por
el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral que a su vez confirmó el proveído
por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, el 2 de junio de 2010;
para en su lugar conceder la acción de amparo solicitada y en esa medida, se ordenará
a la Superintendencia de Sociedades, si aún no lo hubiere hecho, que proceda a
incluir dentro de la liquidación obligatoria de la sociedad Tejidos Alnar
Ltda., el crédito laboral por concepto de indemnizaciones de los accionantes
Wilton Vifred Vergara Niño, Julia Inés Rodríguez Gómez, Luz Marina Lozano de
Prieto, Ana Marlene Segura Cuervo, María Felisa Rodríguez, Elvia María Casas
Ramírez y Amelia Niño de Vergara dándole la prelación prevista en la ley, lo
cual deberá adelantarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de la presente providencia.
III.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política.
PRIMERO. REVOCAR
la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, el 21
de julio de 2010, que a su vez confirmó el dictado por el Juzgado Quinto
Laboral del Circuito de Bogotá, el 2 de junio del mismo año. En su lugar, CONCEDER
el amparo solicitado dentro de la acción de tutela instaurada por Wilton Vifred
Vergara Niño, Julia Inés Rodríguez Gómez, Luz Marina Lozano de Prieto, Ana
Marlene Segura Cuervo, María Felisa Rodríguez, Elvia María Casas Ramírez y
Amelia Niño de Vergara contra la Superintendencia de Sociedades.
SEGUNDO.
ORDENAR a la Superintendencia de Sociedades, que en el evento en que no lo
hubiere hecho, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente providencia, proceda a incluir dentro de la
liquidación obligatoria de la sociedad Tejidos Alnar Ltda., el crédito laboral
por concepto de indemnizaciones causadas por el despido unilateral atribuible
al empleador, de los accionantes Wilton Vifred Vergara Niño, Julia Inés
Rodríguez Gómez, Luz Marina Lozano de Prieto, Ana Marlene Segura Cuervo, María
Felisa Rodríguez, Elvia María Casas Ramírez y Amelia Niño de Vergara dándole la
prelación prevista en la ley.
LÍBRENSE
las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE
IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Con aclaración de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
Auto 229/11
Referencia: expediente T-2768210
Acción de
tutela interpuesta por Wilton Vifred Vergara Niño, Julia Inés Rodríguez Gómez,
Luz Marina Lozano de Prieto, Ana Marlene Segura Cuervo, María Felisa Rodríguez,
Elvia María Casas Ramírez y Amelia Niño de Vergara contra la Superintendencia
de Sociedades.
Magistrado Sustanciador:
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil once
(2011).
La Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge
Iván Palacio Palacio, quien la preside, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
procede a levantar la suspensión de términos en el expediente de la referencia
con fundamento en los siguientes:
ANTECEDENTES
1.
El tres (3) de diciembre de 2010, mediante auto proferido por la
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional se ordenó:
2.
Primero. VINCULAR al Dr. Jorge Luis Maya Jiménez con el
fin de que en el término de tres (03) días hábiles, contados a partir de la
notificación de esta providencia, se pronuncie frente a las afirmaciones
hechas por los accionantes y la Superintendencia de Sociedades, ya que podría
verse afectado por la decisión que se adopte en sede de revisión.
Segundo. ORDENAR a la Secretaría General de esta
Corporación que ponga en conocimiento del Dr. Jorge Luis Maya Jiménez el
contenido del expediente de tutela T-2768210.
Tercero. ORDENAR al liquidador Dr. Jorge Luis Maya
Jiménez que de inmediato allegue a la Corte Constitucional un informe detallado
del estado actual de ejecución del Auto 405-016989 proferido el 22 de
septiembre de 2010 por la Superintendencia de Sociedades.
Cuarto. ORDENAR a la Superintendencia de sociedades,
que en el término de 48 horas, remita a esta Corporación copia del expediente
contentivo del proceso de reorganización y liquidación realizado en la empresa
Tejidos Alnar Ltda.
Quinto. ORDENAR a la Superintendencia de sociedades
que, en el término de 48 horas, informe a esta Corporación si durante el
proceso de reorganización el deudor (Tejidos Alnar Ltda.), solicitó el permiso
consagrado en el artículo 21 de la ley 1116 de 2006, para dar por terminados
los contratos de trabajo de los ex trabajadores Wilton Vifred Vergara Niño,
Julia Inés Rodríguez Gómez, Luz Marina Lozano de Prieto, Ana Marlene Segura
Cuervo, María Felisa Rodríguez, Elvia María Casas Ramírez y Amelia Niño de
Vergara.
Sexto.
SUSPENDER el término para fallar el presente asunto, hasta tanto
sean allegadas y valoradas las pruebas aquí ordenadas.
Por la Secretaría General de esta Corporación, líbrese el oficio
correspondiente.
Notifíquese y comuníquese.
3.
Una vez se realizó la respectiva valoración de las pruebas, se
obtuvieron los elementos de juicio que se requerían para adoptar la decisión
definitiva y se profirió la Sentencia T-558 de 2011. Sin embargo, en la parte
resolutiva de la Sentencia no se ordenó el respectivo levantamiento de
términos.
4.
CONSIDERACIONES
1.
Para garantizar la seguridad jurídica a quienes intervienen en los
procesos judiciales, las sentencias una vez proferidas, agotan la competencia
funcional del juez que las dictó, de tal suerte que se hacen intangibles, al
punto que no pueden ser revocadas ni reformadas por quien las pronunció.
Principio este que sin embargo, no es de carácter absoluto, ya que, la propia
ley autoriza que, dentro del término de la ejecutoria, a petición de parte o de
oficio, se puedan aclarar en auto complementario frases o conceptos que se
encuentren contenidos en la parte resolutiva de la sentencia cuando la
sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de
cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de
pronunciamiento, de manera que se genere un entendimiento pleno y el
cumplimiento de lo decidido en el fallo en cuestión, tal como lo establece el
artículo 311 del Código de Procedimiento Civil[81].
2.
Teniendo en cuenta que en la parte resolutiva de la Sentencia T-568
de 2011, proferida por esta Sala se omitió ordenar el levantamiento de términos
correspondiente, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política:
RESUELVE
ADICIONAR a
la parte resolutiva de la Sentencia T-568 de 2011 el siguiente numeral:
TERCERO.
LEVANTAR la suspensión de términos ordenada en el presente trámite de
revisión.
Por la Secretaría
General de esta Corporación, líbrese el oficio correspondiente.
Notifíquese
y comuníquese.
JORGE
IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
Con
aclaración de voto
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL
MAGISTRADO
NILSON
PINILLA PINILLA
A
LA SENTENCIA T-568/11
Referencia:
expediente T-2768210
Acción de
tutela instaurada por Wilton Vifred Vergara Niño, Julia Inés Rodríguez Gómez,
Luz Marina Lozano de Prieto, Ana Marlene Segura Cuervo, María Felisa Rodríguez,
Elvia María Casas Ramírez y Amelia Niño de Vergara contra la Superintendencia
de Sociedades
Magistrado
ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Habiendo
votado positivamente y firmado el proyecto presentado en este caso por el
Magistrado ponente, estimo necesario consignar por escrito una muy sucinta
aclaración sobre el sentido de mi voto en el presente asunto.
Si bien
participo de las resolución adoptada, por cuanto comparto la percepción de que
existían razones que justificaran invalidar la interpretación que dentro de un
asunto de su competencia efectuó la Superintendencia de Sociedades, debo
aclarar mi voto pues siempre he disentido frente al enfoque amplificado de la
noción de “vía de hecho” y en relación con algunas de las
argumentaciones que se exponen para arribar a la decisión adoptada.
Particularmente,
tal como lo he explicado con más amplitud frente a otras decisiones[82], no comparto
el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se reconoce por parte
de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra decisiones judiciales,
y que en el caso de la sentencia a que me vengo refiriendo se pone de presente
en la cita que se efectúa (páginas 20 y 21) de la sentencia C-590 de junio 8 de
2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyas consideraciones discrepo parcialmente
desde cuando fue expedida.
Mi desacuerdo con dicha sentencia,
que el actual fallo invoca como parte de la fundamentación, radica en el hecho
de que, en la práctica, especialmente las llamadas “causales especiales de
procedibilidad” a que dicha providencia se refiere en su punto 25, abarcan
todas las posibles situaciones que podrían justificar la impugnación común
contra una decisión judicial, dejando así la imagen de que esta Corte estima
que la acción de tutela constituye un recurso complementario, añadible a los
establecidos en el proceso de que se trata.
Con ello, la solicitud y trámite de
la acción de tutela al amparo de tales enunciados, deviene simplemente en una
(o más) nueva(s) oportunidad(es) que se confiere(n) a quien se ha visto desfavorecido
por la decisión adoptada por el juez competente, o lo que es lo mismo, en una
(o varias) instancia(s) adicional(es), no prevista(s) en absoluto en el
respectivo proceso debido, situación que difiere, de lejos, del propósito de
protección subsidiaria a los derechos fundamentales que animó al constituyente
de 1991, que vino a quedar reflejado en el artículo 86 superior.
Además, no sobra acotar que si bien
esta corporación con fundamento en la sentencia C-590 de 2005 aduce
sistematizar una línea jurisprudencial construida y decantada a partir de las
consideraciones que se dejaron planteadas en la sentencia C-543 de 1992, ello
no es exacto, ya que en realidad ese pronunciamiento[83], de suyo sólo argüible
frente a la casación penal por ser ésta la institución regulada en el precepto
parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de 2004), se ha
interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó decidido en la
C-543 de 1992.
En efecto, mientras que en esa
providencia de 1992 se consideró, con firmeza de cosa juzgada constitucional
(art. 243 Const.), que no puede ser quebrantada, que la tutela contra
decisiones judiciales atentaba contra la seguridad jurídica y contra otros
importantes valores constitucionales, como el “principio democrático de la
autonomía funcional del juez”, “la independencia y desconcentración que
caracterizan a la administración de justicia” y “la función
garantizadora del Derecho” que cumple el proceso, y en consecuencia se
declaró inexequible la preceptiva que reglamentaba tal posibilidad, en la C-590
de 2005 se presenta un amplio listado de situaciones, creyéndose que de
inferirse la materialización de alguna de ellas, en opinión de quien realiza el
control tutelar, de por sí le está permitido remover o dejar sin efecto la
decisión judicial, cual si aplicara un recurso ordinario más, con lo cual se ha
desquiciado gravemente su carácter excepcionalísimo y, en la práctica, se ha
abatido la seguridad jurídica, que es también un derecho fundamental.
Por lo anterior, dado que la decisión
adoptada con mi acuerdo y participación incluye algunas consideraciones con
alcances de tal índole, que no comparto, aclaro el voto en el caso de la
referencia.
Con mi acostumbrado
respeto,
Fecha ut
supra
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
[1] Ver folios 266,267, 268, 269, y 270 del Anexo 6, cuaderno 2, de
Acuerdo de reestructuración, enviado por la Superintendencia de Sociedades durante el trámite de revisión.
[2] Ver folios 271, 272, 273 y 274, del Anexo 6, cuaderno 2, de Acuerdo de
reestructuración, enviado por la Superintendencia de Sociedades durante el trámite de revisión.
[3] Wilton Vifred Vergara Niño, Julia Inés
Rodríguez Gómez, Luz Marina Lozano de Prieto, Ana Marlene Segura Cuervo, María
Felisa Rodríguez, Elvia María Casas Ramírez y Amelia Niño.
[4] Los oficios de despidos obrantes en los folios 48, 49, 50,51, 52 y 53
del cuaderno de primera instancia contienen el texto que se transcribe a
continuación:  “Reciba un cordial saludo, tal y como es de su conocimiento,
la empresa TEJIDOS ALNAR LTDA., en acuerdo de reestructuración, se encuentra avocada
a la liquidación definitiva, dada la situación financiera por la cual
atraviesa, dificultades éstas que son ocasionadas por la inexistencia total de
pedidos y de cuentas por cobrar  que le permitan asumir o por lo menos cubrir
los costos de operación.
Todo
contrato, incluido el de trabajo, lleva envuelta una condición resolutoria, por
lo cual habiendo desaparecido la razón que motivó la celebración de su contrato
de trabajo y no existiendo ninguna actividad que encargarle en la empresa,
TEJIDOS ALNAR Ltda. en acuerdo de reestructuración, con base en la
justificación expuesta, da por terminado el contrato individual de trabajo a
término indefinido celebrado con usted, a partir de la fecha. Sea esta la
oportunidad para desearle éxitos en sus futuras actividades. Atentamente,
ALVARO CAMILO ALJURE BECERRA. Representante legal. ”
[5] Al dársele la palabra al representante de la DIAN, éste manifestó que quería dejar constancia que durante esa Asamblea de acreedores se
contempló la posibilidad de solicitar una alternativa diferente a la
liquidación judicial, y considera que el promotor debió citar a una reunión
previa para construir dicha alternativa. Sin embargo, este no lo hizo,
apresurándose a citar a la Asamblea, cuando era otro el escenario procedimental
para hacer dicha propuesta; agregó, además, que no es extraña la situación de
la empresa, en la medida en que los efectos de la precariedad económica
afrontada por México afectan directamente las exportaciones de la Empresa.
[6] Esta trascripción se tomó de los folios 287, 288, 289 y 290 del Anexo
6, cuaderno 2, de Acuerdo de reestructuración, enviado por la Superintendencia de
Sociedades durante el trámite de revisión.
[7] A folio 45 se encuentra el oficio radicado ante la Superintendencia de
Sociedades en la que los accionantes expresan: “… por medio de la presente
le informamos que la mencionada empresa dio por terminados unilateralmente los
contratos de trabajo a término indefinido que habíamos suscrito, y, que se han
negado a cancelarnos las acreencias laborales a que tenemos derecho, es decir
indemnizaciones, vacaciones, primas legales, cesantías, intereses a la
cesantía, subsidio de transporte y las demás resultantes del contrato de
trabajo y del despido sin causa justa por parte del empleado. Es por ello que
para el presente proceso de liquidación de la ya mencionada empresa se nos
tenga en cuenta como acreedores de primer orden teniendo en cuenta nuestra
calidad de ex trabajadores que estuvimos con la modalidad de contratos de
trabajo a término indefinido, según ellos por acuerdo de reestructuración,
desconociendo para este evento los derechos laborales adquiridos e
irrenunciables, es por ello que ponemos en conocimiento de esta situación a
usted señor Superintendente para que tome las medidas pertinentes en derecho y
así evitar posible vulneración a nuestros derechos como trabajadores que están
consagrados a la Constitución Nacional, la ley, y, en los tratados
Internacionales que hacen que estos derechos no sean vulnerados y, con ello
garantizar la premisa mayor de nuestro Estado Social de Derecho.
[8] Ver folio 40 del cuaderno de primera instancia.
[9] Esto en razón a que las acreencias laborales son consideradas como
gastos de administración. Corte Constitucional Sentencia C-071 de 2010.
[10] ARTÍCULO 50. EFECTOS DE LA APERTURA DEL
PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL. La declaración judicial del proceso de
liquidación judicial produce:
(…)
5. La terminación de los contratos de trabajo, con el
correspondiente pago de las indemnizaciones a favor de los trabajadores, de
conformidad con lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, para lo cual
no será necesaria autorización administrativa o judicial alguna quedando
sujetas a las reglas del concurso, las obligaciones derivadas de dicha
finalización sin perjuicio de las preferencias y prelaciones que les
correspondan.
[11] Audiencia de resolución de objeciones no conciliadas en el
proceso de liquidación judicial de la Sociedad  Tejidos Alnar Ltda., mencionada
con anterioridad y que fue  llevada a cabo el 13 de abril de 2010.
[12] Folio 137 cuaderno de primera instancia. La Superintendencia de
Sociedades en su resolución proferida, frente a las objeciones
presentadas por el apoderado de los accionantes, expresó concretamente: “Al
respecto si bien es cierto que el apoderado de los trabajadores ante distintas
autoridades puso de presente posibles irregularidades frente al manejo del despido
de los trabajadores, también lo es que no hizo uso de su carga procesal de
presentarse al proceso liquidatorio en el término que la ley señala aportando
prueba del derecho litigioso que pretende, derivado de la demanda ordinaria
laboral que interpuso ante autoridades competentes”
[13] “Poder para actuar, oficio radicado a la Superintendencia de
Sociedades con fecha del 7 de abril de 2009, liquidaciones laborales (6),
Estado de cuenta de la deuda laboral de la señora Amelia Niño de Vergara,
reportes de semanas cotizadas en pensiones del ISS”
[14] El término para presentar los documentos que soportan los créditos,
vencía el 4 de agosto del 2009 y el apoderado de los ex trabajadores presentó
los documentos el 23 de julio del mismo año.
[15] Ver folios 110,111, y 112 del cuaderno de
revisión.
[16] Ahora accionantes en la presente acción de tutela.
[17] Ver folios 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 y 126 del
cuaderno de revisión.
[18] Las indemnizaciones.
[19] Mediante los cuales se resolvieron las objeciones
presentadas al proyecto de calificación y graduación de créditos y se
resolvieron unos recursos, negando la inclusión de las indemnizaciones por
despido atribuible al empleador, dentro de la prelación de créditos laborales
en la liquidación.
[20]
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en
el artículo 86 de la Constitución Política.
[21] Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992.
[22]
“Artículo 25. Protección Judicial. ║
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la
ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. ║ 2. Los
Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente
prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda
persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de
recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.
[23] Incorporado al derecho colombiano por la Ley 74 de 1968.
[24]Corte Constitucional, Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-231 de
1994, T- 008 de 1998, T-567 de 1998, T-960 de 2000, T-1009 de 2000, T-1031 de
2001, SU-014 de 2001, SU-1184 de 2001, SU-1185 de 2001, SU-1299 de 2001, SU-159
de 2002, SU-058 de 2003, T-108 de 2003,  T-088 de 2003, T-116 de 2003,  T-201
de 2003, T-382 de 2003, T-441 de 2003, T-598 de 2003, T-420 de 2003, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-677 de 2003, T-678 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de
2004, T-606 de 2004, T-774 de 2004, T-453 de 2005, T-091 de 2006, SU-540 de
2007, T-793 de 2007, SU-813 de 2007, T-1033 de 2007, SU-038 de 2008, T-1240 de
2008, T-202 de 2009, T-555 de 2009, T-310 de 2009, T-459 de 2009, entre muchas
otras.
[25] Corte Constitucional, Sentencia T-264 de
2009.
[26] Corte Constitucional, Sentencia T-033 de
2010.
[27] “El presupuesto básico para la procedencia
del amparo es la vulneración o la amenaza de vulneración a un derecho
fundamental y en ese sentido puede anotarse que las causales genéricas de
procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales deben estar
inescindiblemente relacionadas con la vulneración de derechos fundamentales, lo
que implica que para lograr el amparo constitucional, no basta acreditar la
concurrencia de una de las vulneraciones genéricas señaladas –que bien podrían
ser subsanadas a través de los mecanismos y recursos ordinarios-es necesario
también, que tal defecto en la providencia vulnere derechos fundamentales (Art.
86 C.P.)” Sentencia C-701 de 2004. Ver también Sentencia T-381 de 2004,
reiterada en Sentencia T-590 de 2006.
[28] Corte Constitucional, Sentencia T-693 de
2009 y T-033 de 2010, entre otras.
[29] Sobre defecto sustantivo pueden consultarse
las sentencias T-784 de 2000, T-1334 de 2001, SU.159 de 2002, T-405 de 2002,
T-408 de 2002, T-546 de 2002, T-868 de 2002, T-901 de 2002, entre otras (cita
original de la jurisprudencia trascrita).
[30]  Sobre defecto fáctico, pueden consultarse
las siguientes sentencias: T-260 de 1999, T-488 de 1999, T-814 de 1999, T-408
de 2002, T-550 de 2002, T-054 de 2003 (cita original de la jurisprudencia
trascrita).
[31]  Al respecto, las sentencias SU-014 de 2001,
T-407 de 2001, T-759 de 2001, T-1180 de 2001, T-349 de 2002, T-852 de 2002,
T-705 de 2002 (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[32]  Sobre defecto sustantivo, pueden consultarse
las sentencias: T-260 de 1999, T-814 de 1999, T-784 de 2000, T-1334 de 2001,
SU-159 de 2002, T-405 de 2002, T-408 de 2002, T-546 de 2002, T-868 de 2002,
T-901 de 2002 (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[33]  Corte Constitucional, Sentencias T-522 de
2001 y T-462 de 2003 (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[34] Corte Constitucional, Sentencias T-769 de 2008, T-592 de 2009 y T-619
de 2009, entre muchas otras.
[35] Corte Constitucional, Sentencia T-125 de 2010.
[36] Corte Constitucional, Sentencia T- 489 de 2006.
[37] Corte Constitucional, Sentencia T-125 de 2010.
[38] ARTICULO 90. COMPETENCIA.
<Título II. derogado por el artículo 126 de la  Ley 1116 de 2006, a
partir del 28 de junio de 2007> La Superintendencia de Sociedades asume la
función jurisdiccional en uso de la facultad concebida en el artículo 116,
inciso 3o. de la Constitución Política.
Será competente de manera privativa para tramitar los
procesos concursales de todas las personas jurídicas, llámense sociedades,
cooperativas, corporaciones, fundaciones, sucursales extranjeras, siempre que
no estén sujetas a un régimen especial de intervención o liquidación. Los jueces
civiles especializados, o en su defecto, los jueces civiles del circuito,
tramitarán los procedimientos concursases de las personas naturales.
[39] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-441 de 2002.
[40] Ver Consejo de Estado, Sección Primera, Auto de siete de septiembre de
2000, radicación No 6413, Consejero Ponente: Juan Alberto Polo Figueroa. En
esta ocasión el Consejo de Estado conoció de la impugnación de un auto que rechazaba
de plano por falta de competencia la demanda de nulidad contra el auto de
aprobación de acuerdo concordatario de la Sociedad FIVRES Ltda. y sus
acreedores bajo la vigencia de la Ley 222 de 1995. El Consejo de Estado
confirmó la providencia impugnada, por no encontrar la naturaleza de acto
administrativo en el acto del cual se solicitaba su nulidad) En el mismo
sentido, ver Consejo de Estado, Sección Primera, Juan Alberto Polo Figueroa,
Auto de 20 de enero de 2000, Radicación: 5939 (En esta ocasión el Consejo de
Estado confirmó la declaratoria de nulidad de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la providencia de la Superintendencia de
Sociedades mediante el cual se aprobó el acuerdo concordatario celebrado entre
la sociedad SAMYTEX LTDA y sus acreedores y del auto 410 -2672 mediante el cual
se rechazó el recurso de reposición interpuesto. La nulidad fue confirmada por
la carencia de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo
para conocer de tales asuntos.
[41] El artículo 348 del Código de Procedimiento Civil consagra: “El auto
que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que
contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán
interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.”
[42] Ver artículo 90 de la Ley 222 de 1995 y 6º de
la Ley 1116 de 2006.
[43] Nuevamente, remite la Sala a las sentencias T-757 de 2009 y T-803 de
2004.
[44] ARTÍCULO 50. EFECTOS
DE LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL. La
declaración judicial del proceso de liquidación judicial produce: (…)5. La
terminación de los contratos de trabajo, con el correspondiente pago de las
indemnizaciones a favor de los trabajadores, de conformidad con lo previsto en
el Código Sustantivo del Trabajo, para lo cual no será necesaria autorización
administrativa o judicial alguna quedando sujetas a las reglas del concurso,
las obligaciones derivadas de dicha finalización sin perjuicio de las
preferencias y prelaciones que les correspondan.
[45] ARTICULO 25. El trabajo
es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la
especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en
condiciones dignas y justas.
[46] ARTICULO 53. El
Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en
cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores;
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de
trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre
derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la
maternidad y al trabajador menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago
oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.
Los convenios internacionales del trabajo
debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y
convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni
los derechos de los trabajadores.
[47] Sentencia T-881de 1999. Al respecto, ver entre otras las Sentencias
T-458 de 1997, T-307 de 1998, T-658 de 1998, T-025 de 1999, T-014 de 1999,
T-146 de 2000, SU-636 de 2003, T-330 de 2005, T-360 de 2007 y T-299 de 2007.
[48] Sentencia C-071 de 2010.
[49] ARTÍCULO 2495.
<CRÉDITOS DE PRIMERA CLASE>. La primera clase de
crédito comprende los que nacen de las causas que en seguida se enumeran:
1. Las costas judiciales que se causen en el interés
general de los acreedores.
2. Las expensas funerales necesarias del deudor
difunto.
3. Los gastos de la enfermedad de que haya fallecido
el deudor.
Si la enfermedad hubiere durado más de seis meses,
fijará el juez, según las circunstancias, la cantidad hasta la cual se extienda
la preferencia.
4. <Numeral subrogado por el artículo 36 de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> Los salarios, sueldos y todas
las prestaciones provenientes de contrato de trabajo.
5. Los artículos necesarios de subsistencia,
suministrados al deudor y a su familia durante los últimos tres meses.
<Texto derogado por el Artículo 217 de la Ley 1098
de 2006, norma que rige a partir del 8 de mayo de 2007. Ver Legislación
Anterior para el texto vigente hasta esta fecha>
El juez, a petición de los acreedores, tendrá la facultad
de tasar este cargo si le pareciere exagerado.
6. Lo créditos del fisco y los de las municipalidades por impuestos
fiscales o municipales devengados.
[50] Artículo 157 del Código Sustantivo del
Trabajo, subrogado por el artículo 36 de la Ley 50 de 1990: CAPÍTULO V.
PRELACIÓN DE LOS CRÉDITOS POR SALARIOS. ARTICULO 157. PRELACIÓN DE CRÉDITOS POR SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.  <Artículo
modificado por el artículo 36 de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el
siguiente:> Los créditos causados o exigibles de los trabajadores por
concepto de salarios, las cesantías y demás prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales pertenecen a la primera clase que establece el
artículo 2495 del Código Civil y tienen privilegio excluyente sobre todo los
demás.//El juez civil que conozca del proceso de concurso de acreedores o de
quiebra dispondrá el pago privilegiado y pronto de los créditos a los
trabajadores afectados por la quiebra o insolvencia del {empleador}. //Cuando
la quiebra imponga el despido de trabajadores, los salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones se tendrán como gatos pagaderos con preferencia
sobre los demás créditos. //Los créditos laborales podrán demostrarse por
cualquier medio de prueba autorizado por la ley y, cuando fuera necesario,
producidos extrajuicio con intervención del juez laboral o del inspector de
trabajo competentes. //PARÁGRAFO. En los procesos de quiebra
o concordato los trabajadores podrán hacer valer sus derechos por sí mismos o
por intermedio del Sindicato, Federación o Confederación a que pertenezcan,
siempre de conformidad con las leyes vigentes.
[51] Sentencia C-071 de 2010.
[52] Artículo 11 del Convenio 95 de la OIT, aprobado por Colombia mediante
la Ley 54 de 1962 y ratificado el 7 de junio de 1963.
[53] Exposición de Motivos de la Ley 1116 de 2006:
Gaceta del
Congreso No. 943 del 23 de diciembre de 2005: “Una de las materias que merecen mayor protección en
este tipo de procesos, es la laboral y pensional. En este orden de ideas la ley
consagra como medidas especiales las siguientes:
1. Como requisito para acceder al procedimiento de
insolvencia, el deudor debe estar al día en las obligaciones que correspondan a
descuentos efectuados a los trabajadores, o a lo adeudado por el deudor a favor
de las entidades de seguridad social.
2. En cuanto a la prelación, el proyecto establece que
esta solo podrá modificarse sobre créditos diferentes a los pensionales,
laborales, y seguridad social (...).
3. Los acuerdos de reorganización que suscriban los
empleadores que tenga a su cargo pasivos pensionales, deberán incluir un
mecanismo de normalización de pasivos pensionales”.
[54] Art. 1° Ley 1116 de 2006.
[55] Art. 2° Ley 1116 de 2006.
[56] Esta Superintendencia actúa en uso de facultades jurisdiccionales de
conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 116 de la
Constitución Política, y conoce de la insolvencia, como juez del concurso,
respecto de todas las sociedades, empresas unipersonales, y sucursales de
sociedades extranjeras y, a prevención, tratándose de deudores personas
naturales comerciantes.
[57] Perteneciente al domicilio del deudor conoce en los demás casos no
excluidos del proceso.
[58] Artículo 5° de la Ley 1116 de 2006.
[59] Los efectos son: (i) terminación de
los contratos de trabajo; (ii) pago de las indemnizaciones
correspondientes de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo; (iii)
prescindencia de autorización judicial o administrativa previa de la autoridad
laboral para la toma de esas determinaciones; (iv) sujeción de las
obligaciones derivadas de la finalización de los contratos laborales a las
reglas del concurso, atendiendo las preferencias y prelaciones que
correspondan.
[60] Código Sustantivo del trabajo: (i).CAPÍTULO V.
PRELACIÓN DE LOS CRÉDITOS POR SALARIOS. ARTÍCULO
157. PRELACIÓN DE CRÉDITOS POR SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.  <Artículo
modificado por el artículo 36 de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el
siguiente:> Los créditos causados o exigibles de los trabajadores por
concepto de salarios, las cesantías y demás prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales pertenecen a la primera clase que establece el
artículo 2495 del Código Civil y tienen privilegio excluyente sobre todo los
demás.//El juez civil que conozca del proceso de concurso de acreedores o de
quiebra dispondrá el pago privilegiado y pronto de los créditos a los
trabajadores afectados por la quiebra o insolvencia del {empleador}. //Cuando
la quiebra imponga el despido de trabajadores, los salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones se tendrán como gatos pagaderos con preferencia
sobre los demás créditos. //Los créditos laborales podrán demostrarse por
cualquier medio de prueba autorizado por la ley y, cuando fuera necesario,
producidos extrajuicio con intervención del juez laboral o del inspector de
trabajo competentes. //PARÁGRAFO. En los procesos de
quiebra o concordato los trabajadores podrán hacer valer sus derechos por sí
mismos o por intermedio del Sindicato, Federación o Confederación a que
pertenezcan, siempre de conformidad con las leyes vigentes. (ii) ARTÍCULO
64. TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA.
<Artículo modificado por el artículo 28  de la Ley 789 de 2002. El nuevo
texto es el siguiente:> En todo contrato de trabajo va envuelta la condición
resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a
cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y
el daño emergente.//En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin
justa causa comprobada, por parte del empleador o si éste da lugar a la
terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas
contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización en los
términos que a continuación se señalan://En los contratos a término fijo, el
valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el
plazo estipulado del contrato; o el del lapso determinado por la duración de la
obra o la labor contratada, caso en el cual la indemnización no será inferior a
quince (15) días.//En los contratos a término indefinido la indemnización se
pagará así://a) Para trabajadores que devenguen un salario inferior a diez (10)
salarios mínimos mensuales legales://1. Treinta (30) días de salario cuando el
trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de un (1) año.//2. Si el
trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo se le pagarán veinte
(20) días adicionales de salario sobre los treinta (30) básicos del numeral 1,
por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y
proporcionalmente por fracción;//b) Para trabajadores que devenguen un salario
igual o superior a diez (10), salarios mínimos legales mensuales.//1. Veinte
(20) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no
mayor de un (1) año.//2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio
continuo, se le pagarán quince (15) días adicionales de salario sobre los
veinte (20) días básicos del numeral 1 anterior, por cada uno de los años de
servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.
[61] ARTÍCULO 50. EFECTOS DE LA APERTURA DEL
PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL. La declaración judicial del
proceso de liquidación judicial produce: (…)5. La terminación de los contratos
de trabajo, con el correspondiente pago de las indemnizaciones a favor de los
trabajadores, de conformidad con lo previsto en el Código Sustantivo del
Trabajo, para lo cual no será necesaria autorización administrativa o judicial
alguna quedando sujetas a las reglas del concurso, las obligaciones derivadas
de dicha finalización sin perjuicio de las preferencias y prelaciones que les
correspondan.
[62] Decisión que debe someterse al régimen de indemnizaciones que la ley
sustantiva laboral prevé para la terminación del contrato sin justa causa.
[63] Confróntese con la Sentencia C- 071 de 2010
que al respecto señaló: “La disolución de la persona
jurídica privada que es objeto de liquidación,  no puede constituirse en un
espacio para el desconocimiento o la vulneración de los derechos de las
personas que allí laboraban. Los derechos consagrados en los artículos 25 y 53
de la Constitución y el derecho al mínimo vital, hacen imperativo que el
proceso liquidatorio sea respetuoso de los derechos de los trabajadores,
particularmente en lo concerniente al reconocimiento de la prelación de los
créditos de carácter laboral, sobre cualquier otra obligación”.
[64] “Al respecto establece el artículo 24 de la Ley 1116 de
2006:“Calificación y graduación de créditos y derechos de voto. Para el
desarrollo del proceso, el deudor deberá allegar con destino al promotor un
proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, en el
cual estén detalladas claramente las obligaciones y los acreedores de las
mismas, debidamente clasificados para el caso de los créditos, en los términos
del Título XL del Libro Cuarto del Código Civil[64]
y demás normas que lo modifiquen o adicionen”.
[65] Artículo 157 del Código Sustantivo del
Trabajo: Subrogado por el artículo 36 de la Ley 50 de 1990. “Prelación de
créditos por salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. Los
créditos causados o exigibles de los trabajadores por concepto de salarios, la
cesantía y demás prestaciones sociales e indemnizaciones laborales pertenecen a
la primera clase que establece el artículo 2495 del Código Civil y tienen
privilegio excluyente sobre todos los demás. El juez civil que conozca del proceso
de concurso de acreedores o de quiebra dispondrá el pago privilegiado y pronto
de los créditos a los trabajadores afectados por la quiebra o insolvencia del
empleador. Cuando la quiebra imponga el despido de trabajadores, los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones se tendrán como gastos pagaderos con
preferencia a los demás créditos”.
[66] Causal de liquidación definitiva de la
empresa.
[67] Sentencias T-503 de 2002, T-051 de 2004, T-229 de 2005.
[68] Corte Constitucional Sentencias T-658 de 1998 y SU-1023 de 2001.
[69] Corte Constitucional Sentencias T-658 de 1998 y SU-1023 de 2001.
[70] Corte Constitucional Sentencias T-167 de 2000 y SU-636 de 2006.
[71] Corte Constitucional Sentencia T-064 de 2010:
“Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo
que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión
que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le
reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto,
bien sea, por ejemplo  (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún
efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente
inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional[71] o, (v) porque, a pesar
de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica
a la cual se aplicó, porque a la norma empleada, por ejemplo, se le reconocen
efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.
La construcción dogmática del defecto
sustantivo como causal de procedibilidad de la acción de tutela, parte del
reconocimiento que la competencia asignada a las autoridades judiciales para
interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el principio de
autonomía e independencia judicial, no es en ningún caso absoluta. Por tratarse
de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia,
la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho.
En este orden de ideas ha precisado que, pese
a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al
caso en concreto, para determinar su forma de aplicación, y para establecer la
manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, no les es dable en
esta labor, apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley. Ha
recordado que la justicia se administra con sujeción a los contenidos,
postulados y principios constitucionales de forzosa aplicación, tales como, de
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, de favorabilidad, pro
homine, entre otros. (Artículos 6°, 29, 228 y 230 de la Constitución Política).
Adicionalmente, la Corte ha restringido la configuración del defecto
sustantivo cuando se estructura a partir de la interpretación que el juez
ordinario ha dado a la disposición legal. En efecto, la sentencia T-295 de 2005
estableció: “La Corte
Constitucional ha indicado que la interpretación indebida de normas jurídicas
puede conducir a que se configure una vía de hecho por defecto sustantivo. Así,
en la sentencia T-462 de 2003 se expresó al respecto: “En otras palabras, una
providencia judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma
aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el
fallador, (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de
la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y finalmente
(iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto
de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre
la que pesa la cosa juzgada respectiva.”
[72] Mediante los cuales se resolvieron las
objeciones presentadas al proyecto de calificación y graduación de créditos y se resolvieron unos recursos, negando la inclusión de las
indemnizaciones por despido atribuible al empleador, dentro de la prelación de
créditos laborales en la liquidación.
[73] Auto proferido por la Superintendencia de
Sociedades el 22 de septiembre de 2010 en
el cual se determinó: (i). que el “proyecto de adjudicación presentado” sólo
fue votado por un total de acreedores con vocación de pago que representa el 9
% y el 5.73%, lo cual no es suficiente; (ii). que dicha liquidación no se
ajusta a las reglas de adjudicación previstas en el artículo 58 de la ley 1116
de 2006 y en consecuencia lo que procede es que el juez del concurso, haciendo
uso del principio inquisitivo que rige el proceso, dicte la providencia de
adjudicación conforme a la normatividad de prelación legal de pago; (iii). que
se realice la relación de los activos disponibles para la adjudicación, además
de la manera en que debía ejecutarse su entrega reconociendo simplemente las
acreencias laborales sin incluir las respectivas indemnizaciones.
[74] Sentencia C-071 de 2010.
[75] “En
atención al cumplimiento de mis funciones establecidas en la Ley 550 de 1999 me
permito informarles las siguientes situaciones ocurridas en la empresa TEJIDOS
ALNAR LTDA, C,I. EN REESTRUCTURACIÓN en Marzo de 2009:
A mediados del mes de marzo del presente año fui informado
por el doctor Gerardo Buitrago, supervisor delegado para Tejidos Alnar Ltda.
sobre algunas informaciones presentadas por algunos empleados de esta empresa
en las oficinas de la Superintendencia de Sociedades, relacionada con la falta
de operación de la empresa, ante la ausencia de pedidos. A partir de esta
información entre en contacto con el representante legal de la empresa el señor
Camilo Aljure para coordinar una visita con el fin de verificar dicha
información. El señor Camilo Aljure me manifestó que en verdad la fábrica no
estaba produciendo debido a la reducción drástica de pedidos de clientes
nacionales y principalmente por la reducción de los pedidos del cliente del
exterior (México). Dado lo anterior convoque a una reunión del Comité de Vigilancia
que se celebró el día 19 de Marzo del presente año al que asistieron la
representante del Banco de Bogotá, el promotor y el representante legal de la
empresa.
En la reunión del Comité de Vigilancia antes
mencionado el representante legal informa:
1.
la empresa no pudo cumplir
con los acuerdos de pago celebrados para la modificación del Acuerdo celebrado
en Diciembre 4 de 2008 por falta de liquidez.
2.
Las necesidades de compra
de los clientes nacionales se redujeron drásticamente, pese al desarrollo de
nuevos modelos, originado por la crisis económica general.
3.
En Marzo 04 en reunión que
el señor Aljure tuvo en Medellín con el cliente de México fue informado que
debido a la devaluación del peso Mexicano las importaciones se habían vuelto
muy costosas y que desafortunadamente las compras a Colombia se verían
drásticamente disminuidas y que en conclusión de las 18.000 unidades compradas
en el año 2008 se reducirían a 2000 unidades en el año 2009, pedido que no fue
aceptado por Tejidos Alnar.
4.
Que dada la situación
financiera de la empresa pone en conocimiento del Comité de Vigilancia la
necesidad de buscar alternativas para reducir el costo laboral de la empresa.
5.
Los pasivos de la empresa
son superiores a los activos de lamisca y presenta la solicitud de poder llegar
a una liquidación acordada y en conjunto con los acreedores donde se buscaría
garantizar el pago de la mayor cantidad de deudas adquiridas bajo la
supervisión que la ley disponga.
Después de la reunión del Comité de Vigilancia realicé
una visita a las instalaciones de la empresa comprobando que efectivamente
estaba en un cese de operaciones de aproximadamente 95%.
Con base en lo anterior de acuerdo con lo establecido
en la Ley 550 de 1999 se publicó un aviso en el Diario La República el día 03
de Abril de 2009, convocando a los acreedores a esta reunión con el fin de
decidir sobre El Acuerdo de Reestructuración de Tejidos Alnar, el cual fue
modificado en Reunión de Acreedores el día 04 de Diciembre de 2008.
(…)
Adicionalmente les informo que a la fecha de la
presente Asamblea el personal que laboraba en la empresa fue retirado en su
totalidad, con excepción del representante legal.
Las anteriores conclusiones indican que:
1.
La empresa no está en
capacidad de normalizar sus acreencias pos operacionales por falta de liquidez
para solicitar una segunda modificación al Acuerdo de Reestructuración de
acreencias.
2.
La compañía queda sin
capacidad de comercialización y por lo tanto sin expectativas de crecimiento a
corto plazo, que le permitieran cumplir con el Acuerdo de Reestructuración.
Me permito transcribir parte de mi concepto de
viabilidad emitido a los acreedores para la firma del Acuerdo de
Reestructuración de las Acreencias en el numeral 5, literal b): Aunque la
ejecución de las proyecciones financieras son viables éstas están sujetas a:
Conservar la relación comercial con los clientes del exterior, quienes
representan la mayor parte de las ventas. Esta relación ha sido sólida por más
de doce años (12).”
De acuerdo con lo informado anteriormente, y obrando
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del Art. 35 de la ley 550 de
1999 que establece “Cuando se incumpla el pago de una acreencia causada con
posterioridad a la fecha de iniciación de la negociación , y el acreedor no
reciba el pago dentro de los tres meses siguientes al incumplimiento, o no
acepte la fórmula de pago que le sea ofrecida, de conformidad con lo dispuesto
en una reunión de acreedores”, Bajo este marco legal, en esta Reunión de
Acreedores que se celebra hoy 13 de abril de 2009 a las 10:00 A.M. en las
instalaciones de la Superintendencia de Sociedades , se dan las condiciones
para terminar el acuerdo de Reestructuración de Tejidos Alnar Ltda. En
Reestructuración celebrado el día 06 de Octubre y modificado en Reunión de
Acreedores el día 04 de Diciembre de 2008 en las instalaciones de la
Superintendencia de Sociedades.”
[76] Corte Constitucional, Sentencia C-071 de 2010.
[77] El día 23 de julio de 2009, el apoderado de los accionantes, radica
ante el Dr. Jorge Luís Maya, liquidador de la Sociedad Tejidos Aldar Ltda., la
solicitud de incorporación de acreencias laborales dentro del proceso de
liquidación judicial, es decir antes de culminar el tiempo dado por el aviso
[78] Ver folios 48 al 51, en los que se observan las cartas de terminación
de los contratos laborales  invocando la causal de liquidación de la empresa.
[79] Ley 1116 de 2006.
[80] Wilton Vifred Vergara Niño, inició su contrato a
termino indefinido como operario el 8 de agosto de 1989 y le fue terminado el 3
de abril de 2009; Julia Inés Rodríguez Gómez, inició su contrato a termino
indefinido como operaria el 3 de mayo de 1989 y le fue terminado el 3 de abril
de 2009; Luz Marina Lozano de Prieto inició su contrato a termino indefinido
como operaria el 14 de febrero de 1994 y le fue terminado el 3 de abril de
2009; Ana Marlene Segura Cuervo inició su contrato a termino indefinido como
operaria el 31 de marzo de 1997 y le fue terminado el 3 de abril de 2009; María
Felisa Rodríguez inició su contrato a termino indefinido el 8 de junio de 1992
y le fue terminado el 3 de abril de 2009, Elvia María Casas Ramírez inició su
contrato a termino indefinido como operaria el 12 de enero de 1988 y le fue
terminado el 3 de abril de 2009.
[81]En la Sentencia C-404 de 1997, esta Corporación analizó la
constitucionalidad del inciso final del artículo 311 del Código de
Procedimiento Civil y al respecto expresó: “Precisamente el artículo 311, al
permitir al juez adicionar la sentencia, dentro del término de ejecutoria, con
otra complementaria, permite que se cumpla esta obligación de resolver sobre
todos los hechos y asuntos debatidos en el proceso. Obsérvese que el artículo
supone que el debate se cumplió siguiendo las reglas del debido proceso, y que
el juez, al momento de fallar, incurrió en una omisión.”
[82] Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado
sobre las sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794
de 2007; T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222
y A-256 de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto
ante las sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871,
T-925, T-945, T-1029, T-1263 y T-1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249,
T-364, T-517, SU-811, T-904 y T-906 de 2009; T-103, T-119 T-148, T-653, T-707,
T-769, SU- 817, T-954, T-1054 de 2010; T-388, T-464, 510, T-512, T-513 y T-520
de 2011, entre otras.
[83] C-590 de 2005.