T-259-20
Sentencia
T-259/20
Referencia:
Expediente
T-7.575.016
Asunto: Acción de tutela interpuesta por Dayro Camilo
Barrera Arias y otros contra la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres
de Bogotá.
Magistrada
Ponente:
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de
dos mil veinte (2020)
La Sala Séptima de Revisión de tutelas
de la Corte Constitucional conformada por los magistrados José Fernando Reyes
Cuartas, Alberto Rojas Ríos y la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la
Constitución Política, profiere la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo
proferido el 17 de junio de 2019 por el Juzgado Veintitrés Penal Municipal de
Conocimiento de Bogotá, en única instancia, dentro del trámite de tutela
promovido por el señor Dayro Camilo Barrera Arias y otros contra la Cárcel
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá. El expediente fue
seleccionado para su revisión mediante auto del 19 de noviembre de 2019 por la
Sala de Selección Número Once, conformada por los magistrados Gloria Stella
Ortiz Delgado y Alejandro Linares Cantillo.
I.
ANTECEDENTES
1.
Hechos
1.1.
El
señor Dayro Camilo Barrera Arias y otros 107 internos, actuando en nombre
propio y en representación de sus familiares y amigas visitantes, interpusieron
acción de tutela contra la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de
Bogotá. En el escrito señalan, por un lado, que el personal de custodia y
vigilancia vulneró sus derechos fundamentales y los de las mujeres visitantes a
la dignidad, intimidad, libre desarrollo de la personalidad y familia debido a
los abusos cometidos durante las requisas. Por otro lado, manifiestan que el
establecimiento carcelario vulneró sus derechos fundamentales a la dignidad, presunción
de inocencia y resocialización al imponer el uso obligatorio de uniforme a
todos los internos sin considerar las diferentes situaciones jurídicas en que
se encuentran.
1.2.
Denuncian
que el domingo 26 de mayo de 2019 sus familiares y amigas fueron víctimas de
graves abusos y atropellos por parte de las vigilantes de la Cárcel Distrital. Ese
día varias visitantes fueron tocadas en sus partes íntimas y forzadas a
desnudarse y hacer flexiones con las piernas (sentadillas). Indican, además, que
el personal de seguridad impidió que dos mujeres ingresaran con prendas de vestir
oscuras por considerar que éstas no eran adecuadas según el artículo 73 del
Reglamento Interno de la Cárcel Distrital.[1] En
el caso de la primera mujer, “la ingresaron en sólo ropa interior, casi al
desnudo” y a la segunda “le tocó dejar su ropa interior e ingresar en
pantalón”[2].
Afirman que las requisas abusivas han provocado que sus familiares y amigas se
abstengan de volver a visitarlos, lo cual afecta directamente sus derechos
fundamentales.
1.3.
Aunado
a lo anterior, los accionantes sostienen que en el mes de abril de 2019 ellos fueron
obligados a desnudarse, ubicarse de espaldas a los guardias y hacer de 3 a 5 sentadillas
con las manos en la cabeza. En desarrollo de las requisas los guardias les
ordenaron darse vuelta y exhibir sus partes íntimas (en sus palabras, fueron
obligados a: “levantarnos los testículos y correr el prepucio del pene hacia
atrás”[3])
para verificar visualmente que no estaban ocultando elementos o sustancias prohibidas.
Todo esto pese a que la Cárcel Distrital cuenta con diferentes herramientas
tecnológicas no invasivas como arcos y sillas detectores de metales, perros
entrenados para detectar narcóticos, entre otros.
1.4.
En
relación con los uniformes, los accionantes manifiestan su inconformidad con el
uso obligatorio para todos los internos de overoles con el distintivo de la
Alcaldía de Bogotá. Aducen que el pabellón Autonomía de la Cárcel Distrital –en
el que se encuentran recluidos los 108 firmantes de la acción de tutela– está
conformado por internos con situaciones jurídicas diferentes, sin embargo, la
Cárcel Distrital impone a todos (detenidos y condenados) el uso homogéneo del
uniforme dentro y fuera de prisión.[4]
Advierten que los internos que tienen medida de aseguramiento deben asistir a
las audiencias judiciales y a las citas médicas con el mismo uniforme que usan
los internos que han sido condenados
1.5.
Con
base en lo expuesto, solicitan al juez de tutela prohibir al personal de
vigilancia de la Cárcel Distrital desnudar y tocar las partes íntimas de las personas
privadas de la libertad y de las visitantes durante las requisas. A sí mismo, piden
que se implemente la grabación en audio y video de los procedimientos de
seguridad con el fin de salvaguardar sus derechos fundamentales. Por último, demandan
que se prohíba el uso obligatorio de uniformes en las audiencias judiciales y
citas médicas para los internos que no han sido condenados.
2.
Traslado
y contestación de la acción de tutela
El Juzgado
Veintitrés Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá, mediante auto
del 04 de junio de 2019, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la
parte accionada para que ejerciera su derecho a la defensa. De igual forma,
vinculó al proceso a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de la
Alcaldía de Bogotá (en adelante SSCJ o Secretaría de Seguridad), al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante INPEC) y al Ministerio de
Justicia y del Derecho.
2.1. Respuesta de la Secretaría de
Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía de Bogotá
2.1.1. La directora
jurídica de la SSCJ aclaró que la Cárcel Distrital se encuentra adscrita a la
referida entidad distrital y no al INPEC. Indicó que el Decreto 413 de 2016
estableció la estructura de la referida secretaría, encontrándose dentro de ella
la Cárcel Distrital. De igual forma, precisó que el funcionamiento interno de
esta entidad se encuentra regulado por la Resolución 1806 de 2011 (Reglamento
Interno de la Cárcel Distrital de Bogotá) y los procedimientos de
seguridad se ajustan al cumplimiento de dicha resolución.
2.1.2. En relación con
los hechos descritos por los accionantes, aseguró que solo se trataban de
inconformidades con el cumplimiento de los procedimientos de seguridad y
vigilancia del establecimiento carcelario. Refirió que a la fecha se habían
realizado varias capturas de personal femenino visitante por intentar ingresar
escondidas en su ropa y su cuerpo sustancias estupefacientes, siendo “este
el motivo principal por el cual se encuentran molestos e insatisfechos los
privados de la libertad y proceden a instaurar este tipo de tutelas”[5].
Agregó que, si bien el 26 de mayo de 2019 algunas mujeres habían intentado
ingresar con un vestuario inadecuado y con sustancias prohibidas, en ningún
momento se habían vulnerado sus derechos fundamentales.
2.1.3. Como prueba de
lo anterior, la directora jurídica de la SSCJ adjuntó el informe presentado por
el comandante de guardia que prestó sus servicios en la fecha de los hechos. En
el informe se lee que el ingreso de visitantes al pabellón Autonomía de la
Cárcel Distrital inició a las 13:30 y terminó a las 14:15 del 26 de mayo de
2019, con el ingreso de 140 personas de un total de 153. Las personas que no
ingresaron fueron devueltas por dar “señal activa de los caninos para olor a
narcóticos” o por no estar registradas en el sistema de visitas. Ese
día, el único caso de una mujer que intentó ingresar estupefacientes (131
gramos de marihuana) fue registrado para otro pabellón.[6]
2.1.4. La directora jurídica
concluye su respuesta afirmando que no son ciertos los hechos mencionados por
los accionantes sobre el ingreso de mujeres en ropa interior o desnudas. No
obstante, precisó que el artículo 73 del Reglamento Interno de la Cárcel
Distrital establece en su literal d) la prohibición de ingresar “prendas de
vestir de color azul oscuro o negro”. Finalmente, en cuanto a los
uniformes, recordó que éstos hacen parte de las dotaciones entregadas a los
internos y su uso es obligatorio de conformidad con los artículos 12 y 40 del
reglamento interno.
3.2. Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario
3.2.1. El jefe de la Oficina Asesora
Jurídica del INPEC señaló que los accionantes no se encuentran a cargo de la
entidad que representa, la cual no tiene competencia sobre la custodia y
protección de sus derechos fundamentales. Precisó que en virtud del Decreto 368
de 2001 la Cárcel Distrital depende de la SSCJ de la Alcaldía de Bogotá,
condición que la hace diferente del resto de cárceles del país. En
consecuencia, solicitó al juez de tutela desvincular del proceso al INPEC.
3.3. Ministerio de Justicia y del
Derecho
3.3.1. El director (e) de Política
Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho, Nicolás
Murgeito Sicard, solicitó desvincular del proceso de tutela a la entidad por
falta de legitimación en la causa por pasiva. Señaló que el Ministerio no tiene
injerencia alguna en el manejo del régimen disciplinario interno de los
establecimientos carcelarios, por lo que la solicitud de amparo de los
accionantes no se encuadra dentro de las competencias constitucionales y
legales de la entidad.
3.
Decisión
judicial de única instancia objeto de revisión
El Juzgado 23 Penal Municipal de
Conocimiento de Bogotá, mediante sentencia del 17 de junio de 2019, negó el
amparo solicitado por los accionantes. A su juicio, las mujeres afectadas por
las requisas son ciudadanas que pueden solicitar directamente la protección de
sus derechos fundamentales, por lo que en el presente caso no era aplicable la
figura de la agencia oficiosa. Igualmente, precisó que en el informe de las
visitas del 26 de mayo de 2019 enviado por la SSCJ no evidenció ningún abuso
por parte del personal de seguridad, y agregó que, en todo caso, las requisas
son necesarias para mantener el orden interno y la seguridad de los
establecimientos carcelarios. Por último, frente al uso obligatorio de los
uniformes, expuso que es normal que los derechos de los internos se vean
limitados en virtud de la relación especial de sujeción que tienen con el
Estado. La sentencia no fue impugnada por los accionantes.
4.
Actuaciones
en sede de revisión
4.1. Insistencia para la selección del
expediente
4.1.1. El magistrado
Antonio José Lizarazo Ocampo, en aplicación del artículo 33 del Decreto 2591 de
1991, insistió la selección del expediente de la referencia para su revisión
por parte de la Corte Constitucional. En su escrito, llamó la atención sobre la
posible existencia de tratos arbitrarios por parte del personal de seguridad de
la Cárcel Distrital que desconocieron el derecho fundamental a la dignidad
humana de los accionantes y las mujeres visitantes. Expuso que, si bien el
registro de personas es una medida que contribuye a garantizar la convivencia pacífica
y la seguridad ciudadana, ella se encuentra limitada por derechos y principios constitucionales,
así como por obligaciones internacionales relacionadas con la protección de las
personas privadas de la libertad. Por consiguiente, las requisas intrusivas denunciadas
en la acción de tutela debían ser analizadas por la Corte para determinar si se
sobrepasaron los límites mínimos establecidos por la jurisprudencia
constitucional.
4.2. Autos del 17 de febrero y del 23 de
marzo de 2020
4.2.1. La magistrada ponente, mediante
auto del 17 de febrero de 2020[7],
solicitó al director(a) de la Cárcel Distrital que respondiera varios
interrogantes relacionados con: (i) los mecanismos y métodos utilizados por el
establecimiento carcelario para requisar a los internos y a las personas que
acuden a visitarlos; (ii) la separación física de los internos entre detenidos
y condenados; y (iii) las razones que sustentan la prohibición del literal d)
del artículo 73 del Reglamento Interno de la Cárcel Distrital. De igual forma,
solicitó a la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Bogotá que enviara el
Informe final de auditoría realizada por la Oficina de Control Interno a la
Cárcel Distrital en el año 2019 y que complementara, si así lo deseaba, las
respuestas a las preguntas formuladas al director(a) de la Cárcel Distrital.
4.2.2. Mediante informe del 26 de
febrero de 2020, la Secretaría General de la Corte Constitucional comunicó al
despacho de la magistrada ponente que durante el término indicado en el auto
del 17 de febrero de 2020 no se había recibido comunicación alguna.[8] En
atención a lo anterior, la Sala Séptima de Revisión profirió el auto del 23 de marzo
de 2020 en el que requirió a las autoridades accionadas que enviaran la
información solicitada y suspendió por un (1) mes los términos del proceso de
revisión. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del
Reglamento Interno de la Corte Constitucional.
4.3.
Respuesta
de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía de Bogotá
4.3.1. La directora jurídica y
contractual de la SSCJ, Sonia Stella Romero, envió a la Corte Constitucional el
pronunciamiento de la directora de la Cárcel Distrital a los interrogantes
planteados. De igual forma, remitió el informe final de auditoría realizado a
la Cárcel Distrital en el año 2018 por la Oficina de Control Interno de la
entidad. Este informe es el trabajo más reciente de evaluación que tiene la
SSCJ sobre los procesos de seguridad del establecimiento penitenciario.
4.4.
Respuesta
de la Cárcel Distrital de Bogotá
4.4.1. La
directora de la Cárcel Distrital, Sonia Patricia Peñón Niño, señala que el
procedimiento de requisa de los visitantes y las personas privadas de la
libertad se efectúa conforme a los estándares de seguridad, custodia y
vigilancia señalados en la Resolución 6349 de 2016 del INPEC, el Reglamento Interno
de la Cárcel Distrital y el protocolo interno de seguridad I-CVS-6.[9] Sobre
el proceso de requisa de los visitantes, señaló que éste se desarrolla en tres
etapas:
i.
Los
visitantes deben pasar primero por la inspección de un ejemplar canino
entrenado para detectar cualquier tipo de sustancia con olor a narcótico. Si el
canino da positivo, la persona es devuelta y no se le permite el ingreso por
ese día al establecimiento penitenciario. En estos casos, según la directora de
la Cárcel Distrital, no se somete al visitante a ningún otro procedimiento.
ii.
Luego
de superar la inspección canina, los visitantes deben removerse el calzado y
pasar por un arco detector de metales. En caso de que lleven paquetes para las
personas privadas de la libertad (alimentos, elementos de aseo personal, entre
otros), estos deben ser puestos en la banda de la máquina de rayos x. Los
guardias revisan visual y manualmente el contenido de los paquetes que portan
las visitantes.
iii.
Finalmente,
los visitantes son conducidos a cubículos individuales donde un miembro del
personal de seguridad –guardia hombre o mujer de acuerdo con el sexo de la
persona– realiza “un cacheo o registro superficial sobre las prendas de
vestir”[10].
Si se detecta una sustancia psicoactiva que supera la dosis mínima, la persona
es puesta a disposiciones de las autoridades competentes para su respectiva
judicialización. Como consecuencia de esta conducta se levanta el respectivo
informe y se inicia un proceso para suspender la visita de esta persona hasta
por un año.
4.4.2. La directora aclara que la requisa
“no prevé inspecciones sin ropa ni la orden a los visitantes para que
realicen cuclillas o sentadillas”[11].
Agrega, así mismo, que el personal de custodia y vigilancia está capacitado
para realizar sus funciones respetando en todo momento los derechos
fundamentales de la población carcelaria y de las personas que acuden a
visitarlos. Por último, afirma que no ha tenido conocimiento de denuncias o
quejas sobre tratos inhumanos o degradantes ocurridos durante las requisas.
4.4.3. Por otra parte, refiere que el
procedimiento de requisa al personal privado de la libertad después de las
visitas consiste en reunir a todos los internos en el centro del pabellón,
donde se les solicita que se remuevan el uniforme (quedando en medias y ropa
interior) y lo ubiquen frente a ellos. Con el apoyo de un ejemplar canino los
guardias inspeccionan las prendas y elementos de cada interno. Si adelantado “el
procedimiento de registro existen indicios de que un privado de la libertad
oculta algún elemento o sustancia prohibida, es conducido por un guardia hacia
la consola del pabellón donde se le persuade para que haga entrega de dicho
elemento” [12].
Este procedimiento se realiza de forma individual y separada. En caso de
hallarse elementos que justifiquen el inicio de una acción penal, el personal
de la guardia deberá realizar el informe correspondiente, anexando la evidencia
física, y comunicar el caso a las autoridades competentes para su respectiva
judicialización.
4.4.4. En relación con las herramientas
tecnológicas con que cuenta la Cárcel Distrital para detectar la tenencia de
elementos o sustancias prohibidas, la directora señala que en la mayoría de los
casos la identificación la hacen los ejemplares caninos. Sin embargo, la cárcel
también cuenta una máquina de rayos x para revisar los paquetes, así como
detectores de metales. En todo caso, aclara que “las requisas no pueden
eliminarse cuando hay indicios de porte de elementos o sustancias prohibidas
que requieren de una inspección complementaria”[13]. Sobre
la adquisición de nuevas herramientas tecnológicas, se limita a contestar que
la SSCJ es la que se ha encargado de realizar las gestiones necesarias para
comprar de nuevos equipos tecnológicos que optimicen la labor de la requisa
garantizando el respeto por la dignidad humana.
4.4.5. Frente al registro de los
procesos de seguridad, la directora sostiene que todas las actividades quedan
anotadas en los libros de minuta que hay en cada pabellón.[14] En
estos libros se consignan los procesos de seguridad y las novedades o los casos
particulares que requieren una mención detallada. Destaca que la Cárcel
Distrital cuenta con cámaras de vigilancia ubicadas en puntos estratégicos que
permiten controlar la relación entre los guardianes, las personas privadas de la
libertad y los visitantes, y de esta manera salvaguardar la sana convivencia,
respetar los derechos y garantizar la seguridad del establecimiento
penitenciario. Agrega que la Secretaría de Seguridad tiene acceso directo desde
el nivel central a los registros audiovisuales, los cuales son conservados por
un periodo no mayor a un mes.
4.4.6. En relación con el pabellón
Autonomía –donde se encuentran recluidos los 108 accionantes–, la directora precisa
que no es cierto que se encuentren mezcladas personas con detención preventiva
y personas condenadas. En este pabellón únicamente están recluidas personas
sindicadas.[15]
Expone que “una vez la Cárcel Distrital es informada de la firmeza de la sentencia
condenatoria por parte de los juzgados de ejecución de penas y medidas de
seguridad, se procede a realizar el traslado de la persona al pabellón Opción
en el que se encuentran los condenados” [16].
Este traslado implica, además, el cambio en el color del uniforme, pasando de
naranja a café como forma de diferenciación entre detenidos y condenados.
4.4.7. En cuanto a la prohibición de
ingresar prendas de vestir azul oscuro o negro, la directora aclara que esta
medida obedece a la necesidad de diferenciar a los visitantes del cuerpo de
custodia y vigilancia. Los uniformes de los guardias son de color oscuro, por
lo que evitar cualquier confusión al interior del establecimiento es un motivo central
de seguridad; no obstante, aclara que esta prohibición se refiere única y
exclusivamente a al vestuario exterior y no incluye la ropa interior. Agrega
que la información sobre el color de las prendas de vestir que se encuentran
prohibidas para el ingreso está expuesta a la entrada del establecimiento para
el conocimiento de todos los visitantes.
4.4.8. La directora adjunta una copia
del protocolo interno de seguridad I-CVS-6 –mencionado anteriormente– y un
memorando elaborado por el teniente José Joaquín Bernal González, comandante
del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia de la Cárcel Distrital. El protocolo
I-CVS-6 establece unos lineamientos precisos de actuación que deben seguir los
guardias durante el proceso de requisa. De este protocolo es importante citar
los siguientes apartes:
“El registro
de personas y sus bienes podrá incluir el contacto físico de acuerdo con la
normatividad vigente. (…) El personal de guardia podrá utilizar medios técnicos
o tecnológicos para el registro de personas y bienes tales como detector de
metales, escáner de rayos x, sensores especiales y caninos entrenados para tal
fin.”[17]
Sobre
el empleo de la unidad canina, el protocolo indica:
“En
el momento que el canino de una alerta o señal positiva a esta persona se le
realiza una nueva requisa más rigurosa. Si la señal persiste, se diligencia el
formato de prohibición de ingreso de la persona al establecimiento carcelario.”
En
relación con el uso de las herramientas tecnológicas para el procedimiento de
requisa establece lo siguiente:
“El
personal de custodia y vigilancia, previo a la utilización de la Silla II BOSS,
Arcos detectores de metales y Garret, debe verificar el funcionamiento de los
mismos e informar si se presentan novedades al profesional asignado para su
respectiva calibración.”
El protocolo enfatiza que “[e]n el
momento de la requisa no se podrá atentar contra la dignidad humana y la
integridad física de las personas privadas de la libertad, por ello están
prohibidas las inspecciones intrusivas.” [18] (Subrayado
fuera del texto original)
4.4.9. Por otra parte, el teniente José
Joaquín Bernal González afirma en su memorando que antes de la implementación
de la unidad canina y la compra de los equipos tecnológicos se incautaban a las
personas privadas de la libertad más de 500 gramos de sustancias prohibidas
(marihuana, bazuco, cocaína y pastillas) en cada operativo de requisa. Actualmente
se encuentran durante los registros cantidades mucho menores de sustancias que
seguramente son ingresadas a través de las visitas. Sostiene que con la adquisición
de las herramientas y ayudas tecnológicas “se ha logrado que cada vez el
personal de guardia tenga menos contacto físico al realizar los controles; no
obstante, siempre se hará necesaria la requisa cuando existan serias sospechas
del porte o tenencia de elementos prohibidos por parte las personas privadas de
la libertad y/o los visitantes”[19].
4.4.10. El teniente adjunta copia de los
informes correspondientes a las actividades de seguridad realizadas en el mes
abril del año 2019, así como el informe de seguridad del domingo 26 de mayo del
mismo año. Explica que en estos informes no se registran denuncias o
situaciones relacionadas con la práctica de registros degradantes e inhumanos.
Señala que en el libro de “Minuta de actividades de seguridad y control” se
registró lo siguiente con respecto al pabellón Autonomía:
“El
02 de abril, registro No.1 ‘informa el cabo García Omar Alberto que en el
pabellón incautó 1 celular y 1 cargador para celular (sin responsable).
El 16
de abril, hora 22:00, el sargento Velásquez Matallana Camilo y el cabo Pinzón
Carreño Wilson realizaron requisa en la celda 305 encontrando 1 cargador para
celular, 1 manos libres y 1 porción de sustancia aparentemente cocaína con un
peso de 2.5 gramos (sin responsable).
El 28
de abril, hora 16:35, el comandante ordena una requisa al pabellón Autonomía
hallando 036 papeletas de marihuana con un peso de 7,8 gramos (sin
responsable).”[20]
4.4.11. Por último, el teniente indica
que él mismo realizó el informe correspondiente al domingo 26 de mayo de 2019
luego de finalizado el proceso de ingreso de los visitantes. Afirma que
especificó los motivos de todas las novedades y devoluciones presentadas, y “nunca
se conoció que para ese día se hubiera presentado queja alguna por parte de las
visitantes, como tampoco de los privados de la libertad”[21]. Sin
más detalles, el teniente cierra su escrito adjuntado los informes de los 10
últimos casos en los que se identificó el ingreso de elementos sustancias
prohibidas a visitantes y a reclusos. En casi todos los casos la identificación
se realizó a través de los ejemplares caninos y la requisa posterior.[22]
4.5.
Informe
final de auditoría sobre los procesos internos de la Cárcel Distrital
4.5.1. El informe de auditoría realizado
en 2018 tuvo como objetivo evaluar la gestión administrativa y el grado de
cumplimiento de los procedimientos misionales de la Cárcel Distrital. Entre las
actividades evaluadas por la Oficina de Control Interno de la Secretaría de
Seguridad se destacan, para efectos del presente proceso de tutela, las
siguientes: (i) ejecución presupuestal y estado de la contratación, (ii) estado
de las cámaras de vigilancia y (iii) evaluación del proceso de ingreso y egreso
de los visitantes. En la elaboración del informe varios integrantes de la Oficina
de Control Interno visitaron el establecimiento carcelario entre julio y
octubre de 2018, aproximadamente seis meses antes de que sucedieran los hechos
objeto de la presente acción de tutela.
4.5.2. En primer lugar, el informe señala
que para el año 2018 a la Cárcel Distrital le fue asignado un presupuesto de
operación de $8.370’877.550 para brindar atención integral al 100% de la
población privada de la libertad. Entre los diferentes componentes de
inversión, el informe resalta los contratos de alimentos y prestación de
servicios profesionales. Dentro de estos últimos, durante el ejercicio de
auditoría se encontró que no existen evidencias de cumplimiento de cinco (5)
contratos celebrados con abogados para “asistir y prestar apoyo jurídico de
forma permanente los días de visita” [23]
a las personas privadas de la libertad. La Oficina de Control Interno llama la
atención sobre este punto, pues al consultar con los abogados contratados todos
respondieron que la dirección de la Cárcel Distrital no les había asignado
actividades relacionadas con esa obligación.[24]
4.5.3. En segundo lugar, el informe
advierte una debilidad importante en el sistema de videovigilancia que dificulta
los controles internos de seguridad e incrementa los riesgos en la Cárcel
Distrital. En efecto, el 35% del total de las cámaras del establecimiento
penitenciario se encuentran fuera de línea o presentan fallas de visión en los
monitores y en la bodega se encuentran 30 cámaras nuevas que no han sido
instaladas.[25]Aunado
a ello, el equipo auditor criticó el hecho de que el sistema de vigilancia solo
ofrece un historial de almacenamiento de 30 días de los videos. Finalmente, el equipo
recomienda ampliar y mejorar el sistema de videovigilancia para salvaguardar la
seguridad interna del establecimiento y, a la vez, garantizar la protección de
los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
4.5.4. En tercer lugar, el informe subraya
las deficiencias tecnológicas del establecimiento carcelario que dificultan el
proceso de requisa de los visitantes. A fin de evaluar el proceso de registro
de ingreso y egreso, los miembros del equipo auditor realizaron tres pruebas de
vulnerabilidad en las que intentaron ingresar (i) un teléfono celular oculto
bajo el cinturón, (ii) un elemento metálico cortopunzante oculto en la manga de
la chaqueta y (iii) dinero en efectivo ($150.000 COP). Los elementos fueron
ingresados sin problema, lo que “dejó al descubierto la vulnerabilidad del
arco detector de metales, (…) así como el detector de metales Garrett [detector
portátil] que no fue utilizado en la requisa en el segundo control de
acceso a los pabellones”[26].
En respuesta a estas graves falencias, la Cárcel Distrital se comprometió a acelerar
el proceso de adquisición de nuevos equipos.[27]
4.5.6. La Oficina de Control Interno recomienda
a la Cárcel Distrital ejecutar los recursos pendientes asignados para la
vigencia de 2018 y fortalecer el componente tecnológico de seguridad. En
particular, llama la atención sobre “el atraso y la falta de mantenimiento
en los elementos de seguridad que afectan directamente los tiempos y
movimientos (…) [por lo que es necesario] gestionar la
adquisición de equipos de seguridad electrónica e identificación biométrica que
permitan llevar a cabo un adecuado procedimiento de requisa, sin vulnerar la
dignidad de las personas y disminuyendo tiempos y movimientos de ingreso y
egreso”[28].
II.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
y procedencia de la acción de tutela
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas
de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela
adoptados en el proceso de la referencia, en desarrollo de las facultades conferidas
en los artículos 86 y 241 de la Constitución Política, y en virtud de la
selección y del reparto verificado en la forma establecida por el reglamento de
la Corporación.
1.1.
Legitimidad
en la causa por activa y por pasiva
1.1.1.
De
acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de
1991, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario que tiene toda
persona para solicitar, de manera directa o por quien actúe legítimamente a su
nombre, la protección de sus derechos fundamentales. Adicionalmente, la acción
de amparo debe ser dirigida “contra la autoridad o el representante del
órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental”[29].
1.1.2.
La
solicitud de amparo fue presentada por Dayro Camilo Barrera Arias y otros 107
internos actuando en nombre propio y en representación de sus familiares y
amigas contra la Cárcel Distrital. Alegaron que el establecimiento carcelario
vulneró sus derechos fundamentales y los de las mujeres visitantes por los
siguientes hechos: (i) las requisas abusivas realizadas a las mujeres que
acudieron a visitarlos el 26 de mayo de 2019, (ii) las requisas abusivas realizadas
contra ellos durante el mes de abril de 2019 y (iii) el uso obligatorio de
uniformes para todos los internos sin considerar las diferentes situaciones
jurídicas en que se encuentran. El Juzgado 23 Penal Municipal de Conocimiento
de Bogotá negó el amparo solicitado en el caso de los hechos (ii) y (iii),
mientras que en el caso del hecho (i) declaró improcedente la solicitud por
considerar que no se cumplían los requisitos normativos para la aplicación de
la figura de la agencia oficiosa.
1.1.3.
La
Sala encuentra que la presente acción de tutela sí cumple con el requisito de
legitimación en la causa por activa en relación con todos los hechos, pues los
accionantes solicitaron en nombre propio la protección de sus derechos
fundamentales a la dignidad, intimidad, familia, resocialización y presunción
de inocencia. La conexión expuesta en el escrito de tutela entre las actuaciones
de la Cárcel Distrital y la supuesta vulneración de estos derechos es notoria
en los hechos (ii) y (iii), sin embargo, en el hecho (i), es necesario detenerse
a analizar con mayor detalle lo expuesto por los accionantes para entender de
qué manera la requisa a las mujeres visitantes también pudo vulnerar directamente
sus derechos fundamentales.
1.1.4.
El
juez de tutela declaró improcedente la protección de los derechos de las
mujeres visitantes debido a que los accionantes no demostraron la existencia de
impedimentos físicos o mentales que justificara la solicitud de amparo en su nombre
y representación. En esta decisión, no obstante, el juez no tuvo en cuenta la
complejidad del escenario fáctico planteado y la vulneración simultánea de
varios derechos fundamentales. En efecto, en el caso de las requisas del 26 de
mayo de 2019 si bien los accionantes invocaron la protección de los derechos a
la dignidad e intimidad de sus familiares y amigas, también invocaron la
protección de sus propios derechos fundamentales a la familia y a la
resocialización. En relación con estos hechos manifestaron estar solicitando el
amparo constitucional:
“en
pro de lograr la garantía de nuestros derechos fundamentales y de las mujeres,
ya que con ese agravio se cansan y no vuelven a visitarnos más (…) y los
perjudicados somos nosotros los reclusos quedando sin visita. Inclusive varias
mujeres prefirieron no ingresar al pabellón al ver los abusos a otras mujeres.
Y hay (sic) se soslayan nuestros derechos a la familia y a la resocialización.”[30]
1.1.5.
Es
claro, entonces, que los accionantes también pueden resultar directamente
afectados con las requisas a sus familiares y amigas por parte del personal de
seguridad y vigilancia de la Cárcel Distrital. La posible existencia de abusos
durante el ingreso a un establecimiento carcelario disuade a los visitantes de
volver a someterse al mismo procedimiento, lo que termina por afectar los
derechos a la familia y el proceso de resocialización de las personas privadas
de la libertad.[31]
Esta Corporación ha enfatizado que un Estado Social de Derecho fundado en la
dignidad humana exige que “las sanciones penales estén orientadas a la
resocialización de los condenados, lo cual implica el deber del
Estado de garantizar que los privados de la libertad no pierdan el contacto con
sus familias”[32].
1.1.6.
En
el mismo sentido, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional reiteró
que la visita familiar es una garantía de los internos que actúa en directa
conexidad con la protección de su derecho fundamental a la familia y contribuye
a su resocialización.[33]
Las visitas son una parte esencial de la vida de las personas privadas de la
libertad, pues constituyen el lazo de comunicación primordial con sus familias
y con la sociedad. De ahí que las actuaciones arbitrarias que dificulten o
desincentiven las visitas de familiares y amigos también vulneran los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad.[34]
1.1.7.
En
resumen, los accionantes expusieron adecuadamente la presunta vulneración
directa de sus derechos fundamentales por lo que frente a cada una de las
circunstancias descritas en el escrito de tutela se cumple con el requisito de
legitimación por activa. Por su parte, la acción de tutela fue
presentada contra la Cárcel Distrital de Bogotá, autoridad legitimada por
pasiva en el presente proceso por ser el establecimiento carcelario donde se
encuentran recluidos los accionantes.
1.2.
Inmediatez
1.2.1.
De
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela debe
interponerse en un término prudencial contado a partir de la acción u omisión
que amenaza o genera una afectación a los derechos fundamentales. Sobre el
particular, la sentencia SU-961 de 1999 estimó que “la inexistencia de un
término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba
interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está
determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada
caso concreto”[35].
1.2.2.
En
este caso, el señor Dayro Camilo Barrera Arias y los otros accionantes
consideraron que la vulneración de sus derechos fundamentales se concretó el 26
de mayo de 2019 cuando las mujeres que acudieron a visitarlos fueron requisadas
de manera abusiva por el personal de seguridad de la Cárcel Distrital. Estos
hechos provocaron la denuncia de otras inconformidades acumuladas, relacionadas
con las requisas hechas durante el mes de abril de 2019 y el uso obligatorio
del uniforme para todos los internos. Los accionantes presentaron la acción de
tutela el 29 de mayo de 2019. Es decir que, entre uno y otro evento
transcurrieron tres (3) días, término que la Sala estima razonable.
1.3.
Subsidiariedad
1.3.1.
El
artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o
cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable. Por su parte, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991
establece el mismo principio de procedencia y agrega, no obstante, que la
existencia de otro medio de defensa será apreciada en concreto por el juez en
cuanto a su idoneidad y eficacia, máxime cuando el titular de los derechos
fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de especial protección
constitucional. En desarrollo de lo anterior, esta Corporación ha entendido que
la existencia de “un medio judicial únicamente excluye la acción de tutela
cuando sirve en efecto y con suficiente aptitud a la salvaguarda del derecho
fundamental invocado”[36].
1.3.2.
El
asunto planteado por los accionantes reviste especial relevancia constitucional
debido a que involucra el goce efectivo de los derechos fundamentales de personas
privadas de la libertad. Respecto de este grupo poblacional la Constitución
consagra una protección especial dada su condición de sujeción e indefensión
frente al Estado y los múltiples factores de vulneración a los que están
expuestos.[37]
La Corte Constitucional ha destacado que las personas privadas de la libertad “enfrentan
obstáculos materiales reales que deben ser tenidos en cuenta al momento de
evaluar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad de una acción de tutela
para la protección de sus derechos”[38];
de igual forma, ha señalado que este mecanismo de defensa cumple un propósito
adicional en estos casos, pues “permite a las autoridades tener noticia de
graves amenazas que están teniendo lugar en los establecimientos carcelarios”[39].
1.3.3.
Expuesto
lo anterior, la Sala Séptima de Revisión observa que la presente acción de
tutela es procedente dado que los accionantes no cuentan con ningún otro
mecanismo de defensa judicial que resulte idóneo y eficaz para proteger sus
derechos, encontrándose cumplido, por esta razón, el requisito de
subsidiariedad de la acción constitucional.
2.
Problemas
jurídicos
De acuerdo con los antecedentes
expuestos corresponde a la Sala de Revisión
resolver los siguientes problemas jurídicos:
1.     ¿Los
guardias de un establecimiento penitenciario vulneran el derecho fundamental a
la dignidad de las personas privadas de la libertad y de las personas
visitantes si durante las requisas de control tocan sus partes íntimas, los
obligan a desnudarse y a hacer sentadillas?
2.     ¿Obligar
a las personas detenidas preventivamente a usar durante las audiencias
judiciales y las citas médicas el uniforme de prisión vulnera sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la presunción de inocencia?
Para resolver los problemas jurídicos
planteados la Sala estudiará a continuación: (i) los derechos fundamentales de
las personas privadas de la libertad en el marco de la relación especial de
sujeción con el Estado; (ii) la prohibición de someter a las personas privadas
de la libertad y a sus visitantes a tratos crueles, inhumanos o degradantes y (iii)
el principio de presunción de inocencia y el derecho de los detenidos a vestir
de civil durante el juicio.
3.
Los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en el marco de
la relación especial de sujeción con el Estado
En este apartado la Sala estudiará las
características de la relación especial de sujeción con el Estado y sus
implicaciones para los derechos fundamentales. En primer lugar, hará referencia
al desarrollo que este concepto ha tenido en la jurisprudencia constitucional,
así como sus alcances y límites. En segundo lugar, abordará las principales
normas de derecho internacional que regulan el trato mínimo que el Estado debe
brindar a las personas privadas de la libertad. Finalmente, hará un breve
resumen sobre la dignidad humana como enunciado normativo de aplicación directa
y susceptible de ser protegido mediante acción de tutela.
3.1.    La
relación especial de sujeción en la jurisprudencia de la Corte Constitucional
3.1.1. En ejercicio de
su facultad punitiva, y bajo ciertas condiciones, el Estado puede limitar
temporalmente el derecho a la libertad de los ciudadanos. Esta limitación
supone la reclusión en un establecimiento carcelario y la consecuente
obligación de garantizar unas condiciones dignas de reclusión. Entre las
personas privadas de la libertad y el Estado surge entonces una “relación
especial de sujeción” [40].
Este concepto ha sido utilizado en reiteradas ocasiones por la Corte
Constitucional para explicar la naturaleza del vínculo entre internos y
autoridades carcelarias. Según la jurisprudencia, la relación especial de
sujeción se caracteriza por la “inserción del administrado dentro de la
organización administrativa. Lo anterior determina que el administrado queda
sometido a un régimen jurídico especial por la intensidad con que la
Administración puede regular y modular sus derechos y obligaciones”[41].
3.1.2. La limitación de
los derechos no es absoluta y obedece estrictamente al cumplimiento de los
objetivos constitucionales y legales por los cuales se ha impuesto a la persona
una pena privativa de la libertad. En la sentencia T-596 de 1992 la Corte se
refirió por primera vez al concepto de relación especial de sujeción. Este
fallo estableció que, si bien en los contextos carcelarios existe el
sometimiento de una parte a la otra, esto no significa la inexistencia de
derechos y deberes. Así mismo, subrayó que la cárcel no es un lugar ajeno al ordenamiento
jurídico ni las personas recluidas en un establecimiento penitenciario han sido
eliminadas de la sociedad. La Corte enfatizó lo siguiente:
“Nada
más alejado del concepto de dignidad humana y del texto constitucional mismo
que esta visión dominante sobre las violaciones a los derechos de los presos. (…)
Los presos no tienen derechos de menor categoría; tienen derechos restringidos
o limitados y cuando esto no sucede, es decir cuando la pena impuesta no se
encuentra en contradicción con el ejercicio pleno de un derecho, este debe ser
tan protegido y respetado como el de cualquier otra persona. Es necesario, pues,
eliminar la perniciosa justificación del maltrato carcelario que consiste en
aceptar como válida la violación del derecho cuando se trata de personas que
han hecho un mal a la sociedad. La efectividad del derecho no termina en las
murallas de las cárceles. El delincuente, al ingresar a la prisión, no entra en
un territorio sin ley.”[42]
3.1.3. Este
pronunciamiento sirvió de referente para el desarrollo de los postulados
constitucionales en los contextos carcelarios. En los fallos de tutela
posteriores, la Corte afianzó la protección de las personas privadas de la
libertad y reconoció la situación de debilidad manifiesta que se configura con
ocasión de la reclusión.[43]
Precisó que el hecho de que una persona se encuentre sometida a una medida
restrictiva de la libertad no afecta la obligación del Estado de garantizar sus
derechos fundamentales. Las autoridades se ubican en una posición preponderante
que las obliga a asegurar a los reclusos unas condiciones de existencia mínimas
que se acompasen con su dignidad humana.[44]
Con excepción de las limitaciones que sean evidentes y necesarias para
garantizar la seguridad, salubridad y orden interno del establecimiento
carcelario, los reclusos siguen gozando plenamente –e incluso de manera
reforzada– de los derechos y libertades consagrados en la Constitución
Política.[45]
3.1.4. En otras
palabras, las personas privadas de la libertad deben ser tratadas con el mismo
respeto con que se trata al resto de los miembros de la sociedad. Si bien es
claro que algunos de sus derechos están limitados debido a la reclusión, esta
circunstancia no menoscaba su condición humana. El Estado tiene la obligación irrenunciable
de evitar que se cometan atropellos y abusos contra los derechos fundamentales
al interior de los establecimientos carcelarios. [46]
3.1.5. El respeto por la
dignidad es el fundamento del ordenamiento jurídico colombiano y el elemento
definitorio del Estado Social de Derecho.[47]
Este mandato fue debidamente desarrollado por el legislador en al ámbito del
derecho penal. El Código Penal y el Código de Procedimiento Penal señalan en sus
artículos primeros que el respeto por la dignidad humana es su principio rector.[48] Por
su parte, el Código Penitenciario y Carcelario establece en su artículo 5° lo siguiente:
“Artículo
5o. Respeto a la dignidad humana. En los establecimientos de reclusión
prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y
a los Derechos Humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de
violencia síquica, física o moral.
Las
restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad estarán limitadas
a un estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales a los objetivos
legítimos para los que se han impuesto.
Lo
carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión
vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.”
3.1.6.
Con
el ingreso del individuo a prisión, las autoridades penitenciarias asumen la
obligación de respetar su dignidad, proteger sus derechos y garantizarle unas
condiciones mínimas de existencia. En el mismo sentido, al estar sometidos a la
guardia del Estado, los presos deben soportar que sus derechos sean limitados y
cumplir con las disposiciones disciplinarias.[49]
En el marco de la relación especial de sujeción surgen entonces deberes y
obligaciones recíprocas entre los reclusos y el Estado. Ahora, la pregunta gira
en torno a cuáles son exactamente los derechos que pueden ser limitados y cuáles
son los derechos que deben permanecer intactos en el régimen penitenciario. Sobre
este punto, la Corte ha elaborado en su jurisprudencia tres categorías[50]:
(i)
Los derechos que pueden ser suspendidos como consecuencia directa de la
pena impuesta, lo que se justifica constitucional y legalmente por los fines de
la sanción penal. Por ejemplo, el derecho a la libre locomoción o los derechos
políticos como el derecho al voto.
(ii)
Los derechos restringidos por la especial sujeción del interno al
Estado, con lo cual se pretende contribuir al proceso de resocialización y
garantizar la disciplina, la seguridad y la salubridad en las cárceles. Entre
estos derechos se encuentran el de la intimidad personal y familiar; la unidad
familiar, de reunión, de asociación; el libre desarrollo de la personalidad, el
derecho al trabajo, a la educación y a la comunicación. Estos derechos no están
suspendidos, y por tanto una faceta de ellos debe ser garantizada.
(iii)
Los derechos intocables, esto es, que derivan directamente de la
dignidad del ser humano y por lo tanto no son susceptibles de suspensión o
limitación, como los derechos a la vida, a la integridad personal, a no ser
sometidos a tratos o penas crueles humillantes o degradantes, a la salud, a la
igualdad, a la libertad religiosa, a la personalidad jurídica, de petición, al
debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
3.1.7. En síntesis, la
relación especial de sujeción supone el sometimiento de una persona a la
autoridad y tutela del Estado. Los prisioneros tienen suspendido el derecho
fundamental a la libertad física como consecuencia de la reclusión. Aparejada a
esta suspensión tienen restringidos otros derechos fundamentales que, no
obstante, “permanecen intactos en su núcleo esencial”[51]. En
todo caso, existe un grupo de derechos fundamentales que son intocables y no
pueden ser afectados en ningún sentido debido a su vínculo con la dignidad
humana. El Estado, en contrapartida al ejercicio de su poder punitivo, debe
respetar la dignidad de las personas privadas de la libertad, garantizar sus
derechos fundamentales y asegurarles unas condiciones mínimas de existencia que
contribuyan a su resocialización.[52]
3.2.    Los derechos
de las personas privadas de la libertad en el derecho internacional de los
derechos humanos
3.2.1.
En el ámbito internacional existe un reconocimiento claro y
reiterado de los derechos de las personas privadas de la libertad y el rol del
Estado como principal garante de éstos. Si bien es claro que quien comete un
delito incurre en un acto grave que lo hace acreedor a una sanción, esta no
puede ser de tal carácter que atente contra la dignidad e integridad del
infractor. En ese sentido, entre los principales instrumentos internacionales
que han establecido límites al ejercicio del poder punitivo del Estado es
importante destacar:
a)
El Pacto de Derechos Civiles y Políticos[53],
que en el numeral 1 de su artículo 10 señala: “Toda persona
privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano”.
b)
La Convención Americana de Derechos Humanos,[54]
la cual dispone en el numeral 2 de su artículo 5: “Nadie debe ser
sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda
persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano”.
c)
La Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre la Protección de las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes[55], que en su artículo 5 establece: “En el
adiestramiento de la policía y otros funcionarios públicos responsables de las
personas privadas de su libertad, se asegurará que se tenga plenamente en
cuenta la prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes”.
d)
Los
Principios básicos para el tratamiento de los reclusos[56],
los cuales establecen en su artículo 1°: “Todos los
reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor
inherentes de seres humanos” y en su artículo 5°
e)
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), que establecen
como regla principal: “Todos los reclusos serán tratados con el respeto que
merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos”.
3.2.2. Lo anterior ha
sido reafirmado y profundizado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en casos como “Instituto de Reeducación del Menor Vs.
Paraguay”[57],
“Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú”[58]
y “Fleury y otros Vs. Haití”[59].
En estos fallos la Corte IDH determinó que el Estado debe garantizar,
especialmente, el goce efectivo de los derechos que no pueden ser restringidos
en ninguna circunstancia –los denominados derechos intocables–, los cuales
incluyen el derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad personal y al
debido proceso.
3.2.3.  Ahora, también es
importante recordar que en distintas disposiciones internacionales se hace
referencia a la posibilidad de limitar algunos derechos de las personas
privadas de la libertad con ocasión de la reclusión. Así, por ejemplo, en el
Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en
las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se afirma que
en virtud de la sujeción especial del recluso frente al Estado, este último es
el “garante de todos aquellos derechos que no quedan restringidos por el
acto mismo de la privación de libertad”; sin embargo, también se sostiene
que el recluso “queda sujeto a determinadas obligaciones legales y
reglamentarias que debe observar”[60].
3.2.4. En el mismo
sentido, la Corte IDH ha establecido que los derechos de las personas privadas
de la libertad pueden ser restringidos siempre y cuando estas restricciones
sean compatibles con el respeto a la dignidad de los reclusos. En el caso “Instituto
de Reeducación del Menor Vs. Paraguay” dicha corporación reiteró las
limitaciones prohibidas a la luz del derecho internacional de los derechos
humanos:
“La
privación de libertad trae, como consecuencia ineludible, la afectación del
goce de otros derechos humanos además del derecho a la libertad personal.
Pueden, por ejemplo, verse también restringidos parcialmente los derechos de
privacidad y de intimidad. La restricción de otros derechos, por el contrario
–como la vida, la dignidad e integridad personal, la libertad religiosa y el
debido proceso– no sólo no tiene justificación fundada en la privación de
libertad, sino que también está prohibida por el derecho internacional. Dichos
derechos deben ser efectivamente respetados y garantizados como los de
cualquier persona no sometida a privación de libertad.”[61]
3.3.    El
respeto por la dignidad humana en el marco de la relación especial de sujeción
3.3.1. De lo expuesto
en los acápites precedentes se extrae que el respeto por la dignidad humana constituye
el pilar central de la relación especial de sujeción con el Estado. Si
bien el contenido jurídico de este concepto es bastante amplio, esta Corporación
ha buscado delimitar su ámbito de aplicación. En la sentencia T-881 de 2002 la
Sala Séptima de Revisión expuso que una de las formas de hacer efectiva la
expresión normativa “dignidad humana” es entendiéndola en escenarios concretos
de protección. En ese sentido señaló lo siguiente:
“[L]
Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres
lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como
autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según
sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana
entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir
bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los
bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).”[62]
3.3.2. En los contextos
carcelarios, la vulneración del derecho a la dignidad de los internos suele presentarse
principalmente en los dos últimos escenarios: (i) la carencia de unas condiciones
mínimas materiales de existencia (vivir bien) y (ii) los tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes (vivir sin humillaciones). En el primero,
por ejemplo, se encuentra la acción de tutela presentada por una persona
privada de la libertad que por problemas de hacinamiento tenía que dormir en el
piso húmedo, cerca de los baños y por donde pasaban los otros reclusos.[63] En el
segundo, se encuentran, entre otros, los casos donde las personas privadas de
la libertad son obligados a desnudarse o son sometidos a revisiones intrusivas durante
las requisas.[64]
3.3.3. En síntesis, la
Sala resalta el deber del Estado de respetar la dignidad y proteger los
derechos de las personas privadas de la libertad establecida en la
Constitución, la ley y la jurisprudencia constitucional, así como en los
sistemas de protección de derechos humanos internacional e interamericano. En
virtud de la relación especial de sujeción, las autoridades carcelarias deben
garantizar a los reclusos unas condiciones de vida digas y tratarlos de la
misma manera que a los demás miembros de la sociedad, con las excepciones
lógicas y necesarias de la reclusión. Esta última obligación está íntimamente
conectada con la prohibición consagrada en el artículo 12 superior: “Nadie
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes”, la cual constituye un contenido concreto del
derecho a la dignidad humana –en el sentido de vivir sin humillaciones– de
aplicación directa y susceptible de ser protegido mediante acción de tutela.
4.
La
prohibición de someter a las personas privadas de la libertad y a sus
visitantes a tratos crueles, inhumanos o degradantes
La Sala Séptima de Revisión observa que uno
de los problemas jurídicos plantados en la presente acción de tutela versa
sobre circunstancias que han sido analizadas varias veces por esta Corporación.
En los siguientes acápites se hará una breve referencia al marco normativo de
las requisas, para luego citar los casos análogos donde la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado reglas aplicables específicamente a las requisas
de internos y visitantes en establecimientos carcelarios.
4.1.    Marco
jurídico
4.1.1. El artículo 55
de la Ley 65 de 1993, por la cual se expidió el Código Penitenciario y
Carcelario, modificado por el artículo 73 de la Ley 1709 de 2014, establece las
reglas generales de las requisas a las personas en los establecimientos
carcelarios. Al respecto, señala lo siguiente:
“Artículo
55. REQUISA Y PORTE DE ARMAS. Toda persona que ingrese a un centro de reclusión
o salga de él, por cualquier motivo, deberá ser razonablemente requisada
y sometida a los procedimientos de ingreso y egreso. Nadie sin excepción, en
situación normal podrá entrar armado a un centro de reclusión. Ningún vehículo
podrá ingresar o abandonar el establecimiento, ni paquete o documento alguno ni
volumen de carga, saldrá de él, sin constatación y requisa. Los internos deben
ser requisados rigurosamente después de cada visita.” (Cursiva no es del
texto original).
4.1.2. El artículo 112
de la mencionada ley consagra, por su parte, el régimen de visitas de las
personas privadas de la libertad. Precisa que las visitas deben realizarse de
conformidad con las exigencias de seguridad del respectivo establecimiento, sin
que ello implique “la vulneración de los derechos fundamentales de las
personas”. En su inciso tercero señala, puntualmente, que las requisas y
cualquier otra medida de seguridad deben darse “dentro de un marco de
respeto a la dignidad humana y a la integridad física de las personas”. Finalmente,
prohíbe expresamente “las requisas al desnudo” y permite
excepcionalmente las requisas intrusivas “únicamente [mediante]
el uso de medios electrónicos”.
4.1.3. En la misma
línea de las disposiciones anteriores está el Reglamento General del INPEC. Por
mandato del artículo 65 del Código Penitenciario y Carcelario, el director del
INPEC expidió la Resolución 6349 de 2016, a la cual deben sujetarse los
reglamentos internos de los diferentes establecimientos de reclusión en
Colombia. Esta Resolución señala en su artículo 121 que todas las requisas que
se realicen en el establecimiento penitenciario deben darse dentro de un marco
de respeto por la dignidad humana y la integridad física y moral de las
personas.
4.2.    La
prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes durante las requisas a
internos y visitantes: jurisprudencia constitucional
4.2.1. En la sentencia
T-702 de 2001 la Sala Sexta de Revisión estudió una acción de tutela
interpuesta por una persona privada de la libertad contra la Penitenciaría
Nacional de Valledupar por tratos denigrantes durante las requisas. El
accionante expuso que él y los otros internos eran obligados por el personal de
seguridad a desnudarse y hacer sentadillas; además, adujo que durante las
requisas eran obligados a “levantarse los testículos, bajar el pene y correr
el prepucio”[65].
La Sala centró sus consideraciones en el concepto de dignidad humana y precisó que
éste no es solo un principio constitucional sino también un derecho fundamental
autónomo, de eficacia directa y susceptible de ser amparado mediante acción de
tutela. Enfatizó que la prohibición de someter a las personas a tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes establecida en el artículo 12 de la
Constitución es un contenido concreto de la dignidad humana y una regla de
obligatorio cumplimiento para las autoridades carcelarias.
4.2.2. Esta sentencia
se hizo referencia por primera vez a la Circular No. 035 del 26 de marzo de
1997 emitida por el director del INPEC –ampliamente citada en sentencias
posteriores–, en donde se establecen directrices claras y concretas sobre registros
personales en los establecimientos penitenciarios. Vale la pena citar algunos fragmentos
de esta circular:
“Por
ningún motivo se permitirá la requisa genital o de tacto vaginal, toda vez que
se cuenta con otros mecanismos para detectar armas, o sustancias
estupefacientes, que deben ser agotados antes de utilizar procedimientos, que
además de inútiles, constituyen un trato denigrante para las personas a quienes
se les práctica, aunado al hecho de la falta de consideración de quienes la
realizan.
Tales
circunstancias han llevado nuevamente a reiterar la ineficacia de tales
medidas, las que a la postre, han generado tutelas y reclamaciones, al dejarse
al descubierto, que son conductas que atentan contra el derecho fundamental de
dignidad personal, derecho que debe ser pilar de todos los funcionarios del
Instituto preservar.
Así
las cosas, por medio de esta circular, se reitera y ordena que, a partir de la
fecha, se dejen de practicar estas requisas genitales o de tacto vaginal y en
su lugar se practique una requisa general a la persona por encima de la ropa,
sin necesidad de desnudar al visitante. En cuanto al interno, deberá
requisársele minuciosamente observando los mismos parámetros, una vez haya
concluido la visita.”
4.2.3. Al resolver el
caso concreto, la Sala puntualizó que la rutina de hacer desnudar a las
personas privadas de la libertad y obligarlos a exhibir sus partes íntimas es una
clara vulneración del artículo 12 de la Constitución. Estas prácticas, aunque
son realizadas con el propósito de garantizar la seguridad del establecimiento
carcelario, no son constitucionalmente admisibles habida cuenta del trato
inhumano y humillante que ellas suponen. Precisó que las requisas intrusivas
son innecesarias debido a que existen mecanismos menos invasivos y más
eficientes para detectar sustancias y elementos prohibidos, como las máquinas
de rayos x y los detectores de metales. Por consiguiente, amparó el derecho
fundamental a la dignidad humana del accionante y ordenó al establecimiento carcelario
a dar estricta aplicación a la Circular No. 035 de 1997, expedida por el director
general del INPEC.
4.2.4. En la sentencia
T-269 de 2002 la Sala Sexta de Revisión se refirió nuevamente al tema de los
abusos cometidos durante las requisas en los establecimientos carcelarios. En
esta oportunidad estudió el caso de una visitante que durante una requisa fue tocada
abusivamente, obligada a mostrar sus senos y a hacer sentadillas. La Sala
reiteró su jurisprudencia sobre la prohibición de realizar requisas que impliquen
el contacto físico y visual sobre el cuerpo desnudo, existiendo otros
mecanismos tecnológicos para garantizar la seguridad. En relación con el
respeto a la dignidad humana de las personas visitantes precisó lo siguiente:
“Siguiendo
el desarrollo del respeto del derecho a la dignidad humana en los establecimientos
carcelarios, esta Sala estima que no solamente los reclusos deben ser tratados
acorde a la dignidad humana. Las personas que acuden a visitarlos, bien sea
periódicamente, bien esporádicamente, también son merecedoras de un trato digno
más aún cuando estas no tienen restringidos sus derechos en virtud de una pena
privativa de la libertad. Es decir, tienen garantizado el ejercicio pleno de
sus derechos y, por tanto, los funcionarios de los establecimientos carcelarios
deben obrar en consecuencia garantizando la efectividad de estos (art. 2
Constitución Política).”[66]
4.2.5. En la sentencia
T-690 de 2004 la Sala Octava de Revisión estudió el caso de una persona privada
de la libertad que, actuando en nombre propio y en representación de las
mujeres visitantes, solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la
dignidad y a la familia debido las requisas ofensivas a las que eran sometidos
por los guardias.[67] En
este fallo la Sala se preguntó si el establecimiento penitenciario demandado,
pese a no contar con las herramientas tecnológicas necesarias para respetar la
dignidad e integridad moral de los internos y los visitantes, podía obligarlos
a desnudarse, hacer sentadillas y explorar sus cuerpos con el fin de garantizar
la seguridad y el orden internos.[68]
4.2.6. En sus
consideraciones, la Sala reiteró que las requisas o cacheos superficiales sobre
la ropa de los reclusos y de los visitantes están permitidas. Así como las
requisas sobre los elementos que poseen o pretenden ingresar. Por el contrario,
están prohibidas las “injerencias visuales o por contacto sobre los cuerpos
desnudos de internos y visitantes, como las intervenciones, comprobaciones y
registros corporales, en tanto son medidas restrictivas de la intimidad
corporal, de la libertad personal, de la integridad física, moral y jurídica”[69].
De igual forma, puntualizó que la realización de requisas intrusivas sobre el
cuerpo humano requiere de “intervención judicial, atendiendo las
pautas y lineamientos constitucionales y legales sobre el punto, en aras de
garantizar el respeto de los derechos fundamentales que tales procedimientos
comprometen”[70].
4.2.7. En dicho
pronunciamiento la Sala amparó los derechos fundamentales del accionante y sus
familiares visitantes a no ser sometidos a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes. Así mismo, con el propósito de evitar futuras vulneraciones y
debido a lo ineficiente de las requisas corporales, ordenó al INPEC dotar al
establecimiento carcelario accionado con “la tecnología que permite detectar
armas, explosivos y sustancias adictivas, sin someter a las personas que deben
soportar las requisas a prácticas contrarias a su dignidad (…), salvo las
requisas de sus ropas, objetos personales y los elementos que pretenden
ingresar al penal”[71].
4.2.8. Poco después, en
las sentencias T-622 y T-624 de 2005, la Sala Octava de Revisión volvió a
referirse a las requisas denigrantes en establecimientos carcelarios al
estudiar varias acciones de tutela interpuestas por mujeres visitantes. En
estos fallos la Sala reiteró su jurisprudencia y condenó el hecho de que los
tratos humillantes en los establecimientos penitenciarios se hubieran
convertido en una práctica generalizada. Por ello, en la parte resolutiva de ambos
pronunciamientos ordenó al INPEC dotar los establecimientos carcelarios
accionados “de la tecnología apropiada (…) que les permiten determinar la
presencia de elementos prohibidos sin someter a los reclusos o a los visitantes
a tratos crueles, inhumanos y degradantes”[72].
4.2.9. En la sentencia
T-848 de 2005 la Sala Tercera de Revisión estudió nuevamente varias acciones de
tutela interpuestas por mujeres visitantes a establecimientos penitenciarios que
denunciaron el desconocimiento de sus derechos fundamentales durante los
procedimientos de requisa. En esta oportunidad, la Sala reiteró su
jurisprudencia y elaboró unas reglas básicas con el fin de evitar los tratos
crueles, humillantes o degradantes durante las requisas. Esto, luego de constatar
los atropellos sistemáticos contra las personas que se venían cometiendo en las
cárceles del país.[73]
4.2.10.
En
primer lugar, esta sentencia precisó que la prohibición del artículo 12 de la
Constitución no contradice la legítima facultad estatal de practicar requisas
razonables y proporcionadas. La posibilidad de requisar toda persona que
ingrese a un centro de reclusión se encuentra contemplada en el artículo 55 del
Código Penitenciario y Carcelario. Esta norma diferencia el grado de
profundidad de las requisas según el sujeto: mientras la requisa de las
personas privadas de la libertad debe ser “rigurosa,” la requisa de los
visitantes debe ser “razonable”. En cualquier caso, los procedimientos de
registro no pueden implicar por ningún motivo tratar de manera humillante o
degradante a las personas. Al respecto, la Sala expuso:
“[S]i
bien algunos de los derechos fundamentales de las personas sometidas a penas
privativas de la libertad se restringen en razón de su situación, las personas
que desean ingresar a los establecimientos carcelarios y aquellos que tienen
derecho a hacerlo gozan de la plenitud de sus derechos y garantías
constitucionales, salvo respecto de las medidas ‘absolutamente
indispensables’ para mantener el orden y la disciplina de los establecimientos
carcelarios. Así pues, el análisis de la razonabilidad y proporcionalidad de
una requisa es más estricto cuando ésta se practica a los visitantes de una
penitenciaría o una cárcel que cuando se trata de reclusos.”[74]
4.2.11.
En
segundo lugar, reiteró que los límites a las requisas corporales establecidos
por la jurisprudencia fueron correctamente resumidos por el INPEC en la
Circular 035 de 1997. Este documento dejó claro que no están permitidas las
requisa que impliquen contacto físico o visual con el cuerpo desnudo de las
personas y sus partes íntimas, puesto “que existen medios alternativos para
alcanzar el mismo fin, que no implican una limitación tan grande de los
derechos de la persona requisada. (…) [y] estas requisas, en
todo caso, no son un medio adecuado para obtener el fin perseguido, pues como
lo indica el propio INPEC son ‘ineficaces’”[75]. Aunque
proteger la seguridad y el orden del establecimiento penitenciario es un fin
legítimo, las requisas que impliquen desnudar a las personas y obligarlas a
hacer sentadillas o tocar sus partes íntimas están prohibidas en tanto vulneran
la dignidad humana y existen otros medios menos lesivos para alcanzar el mismo
objetivo.
4.2.12.
En
tercer lugar, la Sala reconoció que excepcionalmente puede llegar a ser necesaria
una requisa intrusiva sobre el cuerpo humano siempre que existan razones
fundadas, el establecimiento carcelario no cuente con otra alternativa que
permita alcanzar el mismo fin y se practique por un profesional de la salud sin
ofender el pudor personal. Se trata de ocasiones donde resulte absolutamente imprescindible
realizar una requisa de esta naturaleza para garantizar la seguridad del
establecimiento penitenciario. En ese orden de ideas, las requisas que supongan
contacto físico con las partes íntimas o visual con el cuerpo desnudo deben
llevarse a cabo en cumplimiento de unas condiciones específicas de legalidad,
tiempo, modo y lugar, a saber:
“La
primera condición [legalidad] para llevar a cabo una requisa de este
tipo es que sea posible jurídicamente, es decir, que sea practicada por una
autoridad declarada competente para hacerlo, de manera general y previa por
parte de la ley, y de manera concreta y actual por parte de una autoridad
judicial. La segunda condición [tiempo], obliga a las autoridades a
practicarla de manera breve y eficiente, de tal suerte, por ejemplo, que la
requisa no se podría prolongar más allá de lo necesario. La tercera condición [modo],
reclama, por ejemplo, que la requisa sea practicada por un profesional de la
salud debidamente capacitado; que la persona que la lleve a cabo esté dotada de
los instrumentos y medios necesarios para llevar a cabo correctamente el
procedimiento; que se haga en condiciones de higiene y salubridad y en
condiciones de privacidad, evitando, por ejemplo, la presencia de cualquier
persona que no sea estrictamente necesaria para llevar a cabo esta requisa. La
persona que será sometida a este procedimiento tiene derecho a saber que las
condiciones en que se va a realizar son las adecuadas. Por último, la cuarta
condición [lugar] supone que la requisa se realice en un sitio
acondicionado especialmente para el efecto, de tal suerte, por ejemplo, que sea
cerrado y garantice la privacidad de la persona y que al momento de realizar la
requisa se encuentre en condiciones de limpieza, higiene y salubridad óptimas.”
(Negrilla fuera del texto original).[76]
4.2.13.
Por
tratarse de acciones de tutela interpuestas contra el mismo establecimiento
carcelario demandando en la sentencia T-622 de 2005, la Sala reiteró en la
sentencia T-848 de 2005 la orden dirigida al INPEC de dotar dicho
establecimiento con la tecnología apropiada para identificar la presencia de
elementos prohibidos sin someter a los reclusos o a los visitantes a tratos
crueles, inhumanos y degradantes. Además, indicó que las nuevas herramientas
disponibles, tales como detectores metálicos, máquinas de rayos x, entre otras,
debían recibir el mantenimiento apropiado para asegurar su correcto
funcionamiento.
4.2.14.
Pese
a los anteriores pronunciamientos, los abusos durante las requisas a las
personas privadas de la libertad y sus visitantes son una práctica persistente en
los establecimientos penitenciarios del país. A esta conclusión llegó la
sentencia T-388 de 2013, por medio de la cual se declaró nuevamente el estado
de cosas inconstitucional en el sistema carcelario colombiano.[77] Este
pronunciamiento indicó que uno de los factores determinantes de dicho estado de
cosas era la vulneración masiva y generalizada del derecho a la dignidad humana.
En el apartado sobre la institucionalización de prácticas inconstitucionales
destacó, entre otras, las requisas indignas en las cárceles:
“Los
tratos indignos no son únicamente para las personas sometidas a penas
privativas de la libertad. Sus familiares y amigos están sometidos a
restricciones similares y a violaciones de sus derechos fundamentales. Por
ejemplo, con el legítimo e imperioso interés de evitar el ingreso de objetos
prohibidos, entre otras razones por los riesgos y peligros que representan para
la propia población carcelaria, se ha sometido a requisas indignas y
degradantes a las personas que visitan a quienes están recluidos en
establecimientos penitenciarios y carcelarios.”[78]
4.2.15.
De
manera reciente, en la sentencia T-609 de 2019, la Sala Sexta de Revisión
estudió el caso de un interno y su pareja que fueron sometidos a requisas
abusivas antes y después de la visita íntima. El accionante señaló que el
personal de seguridad y custodia tocó las partes íntimas de su pareja y de
otras mujeres visitantes durante el proceso de ingreso al establecimiento
carcelario. Luego de la visita, todos los reclusos fueron obligados a formar
una fila y permanecer en ropa interior mientras los guardias pasaban un
detector de metales rozando sus partes íntimas.
4.2.16.
En
este pronunciamiento la Sala reiteró la prohibición de obligar a las personas a
desnudarse o tocar sus partes íntimas durante las requisas. Estos actos
constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes que atentan contra el
derecho fundamental a la dignidad y se encuentran expresamente prohibidos por
el artículo 12 de la Constitución. La Sala subrayó igualmente la importancia de
las herramientas tecnológicas para prevenir la ocurrencia de abusos y maltratos
durante los procedimientos de control. En esta ocasión se ordenó al
establecimiento carcelario accionado utilizar en todas las requisas las
herramientas tecnológicas disponibles. En la sentencia se dijo lo siguiente:
“En
términos generales, ninguna requisa se realiza al desnudo, todas deben ser
adelantadas por medios electrónicos y está prohibido cualquier contacto directo
con la piel o el roce de las partes íntimas. El incumplimiento de estas reglas
por parte de los funcionarios acarreará la investigación disciplinaria
correspondiente por omisión del deber. (…) [L]a Sala llama la atención acerca
de la necesidad de dar estricto cumplimiento al reglamento en lo que respecta a
los registros a visitantes e internos, no sólo en lo que tiene que ver con las
conductas prohibidas, sino también con el uso de los instrumentos
electrónicos.”[79]
4.2.17.
Por
último, es importante mencionar la sentencia proferida en 2018 por el Consejo
de Estado en la que ordenó al INPEC indemnizar a una persona privada de la
libertad cuyos derechos fueron vulnerados durante una requisa. El demandante
interpuso acción de reparación directa contra el establecimiento carcelario en
el que se encontraba recluido debido a que durante un procedimiento de registro
fue obligado a desnudarse completamente.[80]
El daño alegado fue la vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad
humana y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Actuando
como tribunal de apelación, el Consejo de Estado encontró que el
establecimiento penitenciario incurrió en una falla en el servicio y le ocasionó
un daño moral al accionante con el procedimiento de requisa efectuado. En
efecto, expuso lo siguiente:
“Es
incuestionable que el actor padeció un perjuicio inmaterial que pertenece al
ámbito interno, por cuanto el personal de guardia atentó contra su dignidad
humana al ser sometido a un trato cruel, inhumano y degradante como fue el
hecho de exigírsele que se desnudara, proceder proscrito por las normas
constitucionales y los tratados internacionales sobre derechos humanos, las
disposiciones pertinentes del Código Penitenciario y Carcelario y las
circulares del INPEC”[81]
4.2.18.
En
resumen, el Estado tiene la facultad legítima y la obligación de practicar
requisas razonables y proporcionadas en los establecimientos carcelarios. Estas
requisas, por disposición del artículo 55 del Código Carcelario y
Penitenciario, deben ser “rigurosas” en el caso de las personas privadas de la
libertad y “razonables” en el caso de los visitantes. En cualquier caso, por
implicar una vulneración del derecho a no ser sometido a tratos crueles,
inhumanos o degradantes, no está permitido que los guardias del establecimiento
penitenciario realicen personalmente requisas intrusivas sobre el cuerpo humano
como obligar a las personas (recluso o visitante) a desnudarse, a hacer
flexiones de piernas o mantener contacto físico o visual con sus partes
íntimas.
4.2.19.
La
jurisprudencia constitucional ha admitido excepcionalmente la posibilidad de
realizar registros intrusivos siempre y cuando existan razones fundadas, sean absolutamente
necesarias para garantizar la seguridad del establecimiento y no se cuente con
otra alternativa menos invasiva. En dicho escenario, las requisas deben
llevarse a cabo en cumplimiento estricto de las condiciones legales, de tiempo,
modo y lugar señaladas en el párrafo 4.2.12 ut supra.
5.
El
principio de presunción de inocencia y el derecho de los detenidos a vestir de
civil durante el juicio
5.1. El principio de presunción de
inocencia hace parte del derecho fundamental al debido proceso y es la base
sobre la cual se edifica el sistema penal colombiano. El inciso cuarto del
artículo 29 de la Constitución Política expresamente establece: “Toda
persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente
culpable”. En términos similares, el artículo 7° del Código de
Procedimiento Penal señala: “Toda persona se presume inocente y debe ser
tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre
su responsabilidad penal”. Por su parte, la Corte Constitucional ha entendido
que la presunción de inocencia constituye “una de las columnas sobre las
cuales se configura el Estado de Derecho y es, de igual modo, uno de los
pilares fundamentales de las democracias modernas”[82].
5.2. Los principales doctrinantes de
derecho penal consideran que la presunción de inocencia es el “postulado
fundamental de la ciencia procesal y el presupuesto de todas las demás
garantías del proceso”[83].
La posibilidad del Estado de ejercer su facultad punitiva presupone la
existencia de una prueba obtenida legalmente que establezca más allá de toda
duda, y a través de las formalidades propias de cada juicio, la culpabilidad de
una persona. Hasta entonces, deberá entenderse que el sujeto no cometió el
hecho ilícito que se le imputa. En ese sentido, la presunción de inocencia no
es otra cosa que “un corolario lógico del fin racional asignado al proceso
penal y, al mismo tiempo, de la primera y fundamental garantía que el
procedimiento debe asegurar a un ciudadano: hasta prueba en contrario”[84].
5.3. La presunción de inocencia es una
garantía que protege a las personas de las posibles arbitrariedades del Estado
en el ejercicio del ius puniendi. De este modo, no solo protege el
derecho fundamental al debido proceso, sino también otros derechos
fundamentales que podrían resultar eventualmente afectados como la dignidad
humana, la libertad, la honra y el buen nombre.[85] Las
autoridades deben tratar como inocente a quien se le imputa la comisión de un
delito hasta tanto no se demuestre en un juicio lo contrario. La única forma de
desvirtuar dicha presunción es mediante una sentencia condenatoria en firme.
Según Cesare Beccaria, “un ser humano no puede ser llamado reo antes de la
sentencia del juez”[86].
5.4. La jurisprudencia constitucional ha
señalado que el principio de presunción de inocencia está compuesto por tres
garantías básicas, a saber:
“(i)
Nadie puede considerarse culpable a menos que se haya demostrado la
responsabilidad mediante proceso legal fuera de toda duda razonable, (ii) la
carga de la prueba acerca de la responsabilidad recae sobre la acusación y (iii)
el trato a las personas bajo investigación por un delito debe ser acorde con
este principio.”[87]
5.5. La garantía referente al trato
de las personas que no han sido condenadas y se encuentran detenidas de manera
preventiva es un tema que merece especial atención. Sobre este punto, es importante
comenzar haciendo una distinción entre detenidos y condenados. Un sujeto se
encuentra recluido en un establecimiento carcelario por uno de los siguientes dos
motivos: (i) porque se le ha impuesto una pena como consecuencia de una
sentencia condenatoria o (ii) porque se le ha impuesto una medida de aseguramiento
de manera cautelar en el marco de un proceso penal. Mientras que en el primer
caso se ha desvirtuado el principio de presunción de inocencia, en el segundo caso
esto no ha sucedido y, por tanto, el sujeto merece ser tratado como inocente
pese a estar sometido a una medida restrictiva de la libertad.
5.6. La pena significa que el sujeto
procesado ha sido vencido en un juicio, declarado culpable y condenado al final
del proceso penal. Existe entonces una sentencia condenatoria. La medida de
aseguramiento es un mecanismo preventivo que se impone a una persona indiciada
o investigada de manera excepcional para garantizar su comparecencia al
proceso, proteger a las víctimas y la sociedad o preservar la prueba. En este
caso la persona aún no ha sido condenada. Si bien la pena y la medida de
seguridad son expresiones del ius puniendi, es importante precisar que las
dos tienen finalidades diferentes en términos de prevención.[88]
5.7. La pena supone haber desvirtuado la
presunción de inocencia, mientras que a quien se le impone una medida de
aseguramiento se le presume inocente. Los artículos 9° y 11 del Código
Carcelario y Penitenciario señalan estas diferencias: el primero dispone: “La
pena tiene función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la
resocialización”; y el segundo: “La detención preventiva tiene por
objeto asegurar la comparecencia de los imputados al proceso penal, la
conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las
víctimas, y la efectividad de la pena impuesta”. No son entonces figuras
iguales, ni pueden serlo. Por consiguiente, el tratamiento que merecen las
personas que no han sido condenadas debe ser diferente.
5.8. En relación con el uso de uniformes,
por ejemplo, no existe una disposición normativa que obligue a las personas
detenidas preventivamente a usar estas prendas. El artículo 65 del Código
Penitenciario y Carcelario se limita a señalar lo siguiente sobre el uso de
uniformes:
“Artículo
65. Uniformes. Los condenados sin excepción vestirán uniformes. Estos serán
confeccionados en corte y color que no riñan con la dignidad de la persona
humana. Serán adecuados a las condiciones climáticas, así como al estado de
salud de los internos, garantizando dentro de los límites razonables y
proporcionales sus demás derechos fundamentales. Habrá uniformes diferenciados
para hombres y mujeres.”
5.9. Por su parte, el artículo 90 del
Reglamento General del INPEC (Resolución 6349 de 2016), al cual deben sujetarse
los reglamentos internos de los diferentes establecimientos carcelarios, prevé
lo siguiente: “Los sindicados vestirán sus propias prendas en estado de
limpieza. El ingreso de ropa al establecimiento será conforme a lo dispuesto en
el reglamento interno”. Es decir que, en principio, las personas que se encuentran
recluidas como consecuencia de una media de aseguramiento tienen la libertad de
elegir no utilizar los uniformes que les ofrece el establecimiento carcelario
y, en su lugar, usar su propia ropa. El director del respectivo establecimiento
podrá definir en el reglamento interno esta posibilidad, sin perjuicio de que
por motivos de seguridad y salubridad haga obligatorio el uso de uniformes exclusivamente
al interior del establecimiento.
5.10. Lo que no está permitido en
ninguna circunstancia es obligar a las personas detenidas a usar fuera del
establecimiento carcelario el uniforme reglamentario que les es proporcionado. Esta
medida constituye una vulneración del principio de presunción de inocencia, en
tanto las autoridades estatales tienen el deber constitucional de tratar
como inocentes a las personas que no han sido condenadas. Para hacer
verdaderamente efectiva esta garantía es importante prestar atención a los
detalles que pueden socavar la imparcialidad del proceso penal. En la
administración de justicia, los jueces y tribunales “deben protegerse
cuidadosamente contra la disolución del principio de que la culpabilidad debe
establecerse mediante pruebas probatorias y más allá de una duda razonable”[89].
5.11. Las personas con medida de
aseguramiento tienen el derecho a no ser presentados ante el juez con el
uniforme de prisión o cualquier otro elemento de encarcelamiento que sugiera culpabilidad.
Al
respecto, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha reconocido de manera
uniforme que juzgar a un acusado en su ropa de la cárcel es contrario al
derecho al debido proceso. En el caso Estelle vs. Williams dicha
corporación dictaminó que el acusado no podía ser obligado a ser juzgado con el
uniforme de prisión, por lo que se violó su derecho al debido proceso.[90] Por
su parte, en el caso Brooks vs. State of Texas indicó lo siguiente:
“Es inherentemente
injusto juzgar a un acusado por un delito mientras está vestido con su uniforme
de la cárcel, especialmente cuando su ropa civil está a la mano. No se deben
mostrar insinuaciones, indicaciones o implicaciones que sugieran culpa ante el
juez, aparte de las pruebas admisibles y los argumentos permitidos.”[91]
5.12. En resumen, como el sindicado se
presume inocente durante el juicio es lógico que tenga derecho a ser llevado
ante el juez con la apariencia y la dignidad una persona inocente. Es impropio
de un Estado Social de Derecho obligar a la persona a acudir al juicio donde se
discute su inocencia vestido con el uniforme reglamentario de prisión. Este
detalle tiene verdadera importancia simbólica y constituye una condición
necesaria para garantizar un juicio justo e imparcial. Así las cosas, en desarrollo
del principio de inocencia, las personas detenidas tienen derecho a vestir de
civiles en todos los escenarios judiciales externos al establecimiento
penitenciario.
6.
Caso
concreto
6.1.    Resumen
de los hechos relevantes
6.1.1. El señor Dayro
Camilo Barrera y otros 107 accionantes, actuando en nombre propio y en
representación de sus familiares y amigas visitantes, interpusieron acción de
tutela contra la Cárcel Distrital de Bogotá por la vulneración de sus derechos
fundamentales a la dignidad, intimidad, familia, presunción de inocencia y
resocialización. Señalaron, por un lado, que ellos y las visitantes fueron
sometidos por los guardias a requisas abusivas y humillantes. Además, dos
mujeres fueron obligadas a quitarse las prendas de vestir para poder ingresar a
la cárcel, quedando una de ellas en ropa interior. Por otro lado, los
accionantes indicaron que el establecimiento carcelario los obliga a utilizar
el uniforme en las audiencias judiciales y las citas médicas sin considerar las
diferentes situaciones jurídicas en que se encuentran.
6.1.2.  En su respuesta
a la acción de tutela, la directora de la Cárcel Distrital negó los hechos
descritos por los accionantes y desestimó sus solicitudes aduciendo que éstas
se debían a una inconformidad relacionada con la incautación reciente de
sustancias prohibidas. Adujo que no tenía conocimiento de quejas relacionadas
con requisas abusivas o el ingreso de mujeres en ropa interior. En cuanto a los
uniformes, recordó que éstos hacen parte de las dotaciones entregadas a los
internos y su uso es obligatorio dentro y fuera de prisión. El juez de tutela
negó la solicitud de amparo por considerar que no existía vulneración de los
derechos fundamentales de los accionantes, puesto que las requisas y el uso de
uniformes hacían parte de las limitaciones propias de la relación de especial
sujeción entre las personas privadas de la libertad y el Estado.
6.1.3. En sede de
revisión, la directora de la Cárcel Distrital reiteró que los hechos descritos
en la acción de tutela no eran ciertos. Manifestó que las requisas se hacen
exclusivamente sobre la ropa, con el apoyo de unidades caninas y arcos y sillas
detectores de metales debidamente calibrados. En cuanto a la prohibición de
ingresar prendas de vestir de color oscuro, aclaró que esta es una medida de
seguridad que obedece a la necesidad de evitar confusiones entre visitantes y
el cuerpo de custodia y vigilancia. Precisó que las prohibiciones de ciertas
prendas de vestir están publicadas a la entrada de la cárcel y su
incumplimiento es una causal para impedir el ingreso.
6.1.4. La directora
señaló, además, que el pabellón Autonomía donde se encuentran ubicados los 108
accionantes está conformado exclusivamente por personas sindicadas con medida
de aseguramiento. Una vez la Cárcel Distrital tiene conocimiento de una
sentencia condenatoria procede a reubicar a la persona en el pabellón Opción,
por lo que no era cierto que en el pabellón Autonomía estuvieran mezcladas
personas detenidas y condenadas. De igual forma, aclaró que los uniformes
asignados a los reclusos difieren en el color: naranja para detenidos y café
para condenados. No obstante, reiteró que los uniformes hacen parte de las dotaciones
entregadas a los internos y su uso es obligatorio dentro y fuera de prisión
para todos los reclusos.
6.1.5. Por último, la
Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia de la Alcaldía de Bogotá remitió
a la Corte Constitucional el informe de auditoría realizado a la Cárcel
Distrital en 2018. En este informe, la Oficina de Control Interno recomienda al
establecimiento carcelario ejecutar los recursos presupuestales pendientes y
fortalecer el componente tecnológico de seguridad con el fin de evitar posibles
vulneraciones a la dignidad humana durante los procedimientos de requisa.
6.2.    Solución
de los problemas jurídicos
6.2.1. La
Sala debe comenzar por advertir que la sentencia de tutela que se revisa será
revocada y, en su lugar, se tutelarán los derechos fundamentales de los
accionantes a la dignidad, en el sentido de no
ser sometidos a tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, y a la
presunción de inocencia. Para
efectos de sustentar esta decisión se desarrollarán los siguientes temas: (i)
el desconocimiento por parte de la Cárcel Distrital de las reglas establecidas
en la jurisprudencia en materia de requisas intrusivas a los reclusos y a los
visitantes, (ii) la vulneración del principio de presunción de inocencia de los
accionantes detenidos preventivamente y, por último, (iii) la decisión y
el alcance de sus efectos.
El desconocimiento de las
condiciones de legalidad, tiempo, modo y lugar elaboradas por la jurisprudencia
constitucional y la vulneración de los derechos de los accionantes
6.2.2. Para empezar el
análisis, la Sala considera necesario hacer referencia a los métodos de control
de seguridad utilizados por la Cárcel Distrital. De acuerdo con el material
probatorio recibido, el personal de guardia y seguridad del establecimiento
carcelario se apoya principalmente en los ejemplares caninos y en las requisas
corporales para detectar la tenencia de elementos o sustancias prohibidas. Las
herramientas tecnológicas son utilizadas como un apoyo secundario que rara vez
contribuyen en este propósito. En efecto, ante la pregunta formulada por la
magistrada ponente sobre los últimos 10 casos en los que se decomisaron
elementos o sustancias a reclusos y visitantes, los representantes de la cárcel
señalaron que dicha identificación se había hecho en todos los casos a través
de los dos métodos de control antedichos: señal activa de los ejemplares
caninos y la posterior requisa por parte de los guardias.[92]
6.2.3. En las
respuestas de la directora de la Cárcel Distrital y del teniente José Joaquín
Bernal González, comandante del cuerpo de seguridad y vigilancia, la Sala
observa un énfasis en la importancia y la necesidad de requisar a las personas
privadas de la libertad y a los visitantes. Si bien aclaran que en principio
las requisas solo suponen un registro superficial sobre las prendas de vestir,
los dos admiten la necesidad de profundizar la búsqueda sobre el cuerpo humano
en ciertos casos. La directora sostiene que “las requisas no pueden
eliminarse cuando hay indicios de porte de elementos o sustancias prohibidas
que requieren de una inspección complementaria”. Por su parte, el
teniente señala que, aunque las herramientas tecnológicas han reducido el
contacto físico, “siempre se hará necesaria la requisa”[93].
De hecho, el mismo protocolo I-CVS-6 aportado por la directora establece que “[e]n
el momento que el canino de (sic) una alerta o señal positiva a esta persona se
le realiza una nueva requisa más rigurosa”[94].
6.2.4. La Sala destaca
en las respuestas de los representantes de la Cárcel Distrital la falta de
referencia a las condiciones mínimas exigidas por la jurisprudencia
constitucional para evitar durante las requisas tratos crueles, inhumanos o
degradantes. Luego de la señal positiva del ejemplar canino, existe una zona
gris sobre el procedimiento que deben seguir los guardias para realizar la
inspección “complementaria” o la requisa “más rigurosa”. El
protocolo I-CVS-6 no ofrece información adicional, y la directora y el teniente
no complementan este vacío. En ningún momento señalan, por ejemplo, la
necesidad de contar con un profesional de la salud debidamente capacitado ni la
existencia de un sitio acondicionado que garantice condiciones de privacidad e
higiene para realizar requisas intrusivas.[95]
6.2.5. Es claro que los
representantes del establecimiento penitenciario no tienen conocimiento de las
condiciones específicas de legalidad, tiempo, modo y lugar desarrolladas por la
jurisprudencia para evitar abusos (párrafos 4.2.12., 4.2.16. y
4.2.17. ut supra). La ausencia de límites claros al momento de “complementar”
o hacer “más rigurosa” la requisa representa un factor de riesgo que
aumenta las probabilidades de someter a las personas a tratos crueles, humillantes
y degradantes. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el personal de seguridad
del establecimiento carcelario se apoya casi exclusivamente en las requisas
corporales para controlar el ingreso de elementos y sustancias prohibidas. En
lugar de utilizar las herramientas tecnológicas disponibles para evitar el
contacto físico (arcos y sillas detectoras de metales), los guardias acuden
directamente a la requisa sobre el cuerpo –sin un protocolo claro– para
comprobar la señal positiva elevada por los ejemplares caninos.
6.2.6. Al respecto, la
Sala trae a colación las falencias en los procesos de seguridad de la Cárcel
Distrital identificadas por la Oficina de Control Interno en su informe final
de auditoría. Este informe advierte sobre las deficiencias de seguridad luego
de que el equipo auditor lograra ingresar sin problema varios elementos
prohibidos como parte de una prueba de vulnerabilidad. En sus conclusiones, el
informe recomienda al establecimiento carcelario ejecutar los recursos
presupuestales pendientes para adquirir nuevos equipos tecnológicos “que
permitan llevar a cabo un adecuado procedimiento de requisa sin vulnerar la
dignidad de las personas, y disminuyendo tiempos y movimientos de ingreso y
egreso”[96].
6.2.7. El principal
problema jurídico planteado en la acción de tutela es el trato abusivo al que
son sometidas las personas durante las requisas en la Cárcel Distrital. Los
accionantes denuncian que sus familiares y amigas visitantes fueron tocadas en
sus partes íntimas y obligadas a desnudarse y hacer sentadillas durante una
requisa. Ellos mismos también han sido obligados desnudarse y a mostrar sus
partes íntimas en varias oportunidades. Para la Sala, la ocurrencia de estos
hechos es cierta si se consideran los métodos utilizados por el establecimiento
penitenciario para detectar la tenencia de elementos y sustancias prohibidas.
Ante la falta de herramientas tecnológicas confiables que permitan reducir el
contacto físico, el cuerpo de custodia y vigilancia de la Cárcel Distrital
acude casi exclusivamente a las requisas corporales sin tener claridad sobre los
límites constitucionales. Esta situación representa un riesgo real de
vulneración de los derechos fundamentales de los reclusos y los visitantes.
6.2.8. Los
representantes de la Cárcel Distrital negaron la ocurrencia de los hechos
denunciados por los accionantes. Desestimaron sus afirmaciones con el argumento
de que la acción de tutela era una represalia por la incautación de elementos y
sustancias prohibidas. La directora del establecimiento carcelario aseguró que
las requisas abusivas no habían sucedido, puesto que en las minutas de
seguridad correspondientes a los meses de abril y mayo de 2019 no se habían consignado
quejas sobre
la práctica de registros degradantes e inhumanos. En oposición a estas
afirmaciones, la Sala comprobó la existencia de serias falencias en los
procedimientos de seguridad y control de la Cárcel Distrital relacionadas con la
falta de herramientas tecnológicas y, sobre todo, con el desconocimiento de los
límites establecidos por la jurisprudencia constitucional para evitar abusos
durante las requisas. Estas circunstancias se encuentran
acreditadas en el expediente y permiten a la Sala concluir que la respuesta de
la entidad accionada no tiene el peso suficiente para desvirtuar las
afirmaciones hechas por los accionantes en su escrito.
6.2.9. Es cierto que
los establecimientos carcelarios tienen la facultad legítima y la obligación de
practicar requisas con el fin de salvaguardar la seguridad y el orden interno.
Sin embargo, como se explicó en la parte motiva, esta obligación no conlleva la
posibilidad de someter a las personas privadas de la libertad y a los
visitantes a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las requisas, por
disposición del artículo 55 del Código Carcelario y Penitenciario, deben ser
“rigurosas” en el caso de las personas privadas de la libertad y “razonables”
en el caso de los visitantes. Está permitido requisar superficialmente la ropa
de los visitantes y, en el caso de las personas privadas de la libertad,
solicitarles que se remuevan el uniforme y queden en ropa interior. No
obstante, está prohibido superar estos límites y obligar a las personas
(reclusos o visitantes) a desnudarse o tocar sus partes íntimas.
6.2.10.
La
jurisprudencia constitucional ha sido enfática al señalar que las requisas
intrusivas se encuentran prohibidas por ser un método de control excesivamente
lesivo para los derechos de las personas requisadas y, además, ineficiente.[97] La
sentencia T-848 de 2005 expuso que excepcionalmente se podrá realizar una
requisa intrusiva siempre y cuando se tengan motivos fundados, el
establecimiento carcelario no cuente con alternativas menos gravosas que
permitan alcanzar el mismo fin y se practique por un profesional de la salud
sin ofender el pudor personal.[98]
Se trata de ocasiones donde resulte absolutamente imprescindible realizar una
requisa de esta naturaleza para garantizar la seguridad del establecimiento
penitenciario. Si existen sospechas sobre la tenencia de elementos o sustancias
prohibidas, lo indicado es dialogar con la persona y confrontarla con las
alertas elevadas por los ejemplares caninos, los detectores de metales y las
máquinas de rayos x, en lugar de tocar sus partes íntimas u obligarla a
desnudarse y hacer sentadillas.
6.2.11.
En
este proceso se encuentra probado que en la Cárcel Distrital existen fallas en
las herramientas tecnológicas que obligan a los guardias a apoyarse
excesivamente en los ejemplares caninos y las requisas corporales para
controlar la tenencia de elementos y sustancias prohibidas.[99] Así
mismo, por las respuestas de la directora y el teniente José
Joaquín Bernal González, los guardias del establecimiento carcelario realizan
requisas “complementarias” o “más rigurosas” sobre el cuerpo
humano en casos de sospecha. Sin embargo, estas requisas son realizadas sin
tener claridad sobre las reglas establecidas por la
jurisprudencia constitucional para evitar tratos ofensivos o humillantes. Lo anterior
permite a la Sala inferir que los hechos descritos por los accionantes sí
sucedieron y sus derechos y los de las visitantes fueron, en efecto,
vulnerados.
6.2.12.
Las
anteriores circunstancias dan credibilidad a la versión de los accionantes
sobre los abusos cometidos contra ellos y las visitantes durante las requisas.
Aunque la Cárcel Distrital negó cualquier queja relacionada con la vulneración
del derecho fundamental a la dignidad humana, también omitió hacer referencia a
las deficiencias en materia de seguridad identificadas por la Oficina de
Control Interno y a la compensación de estos vacíos con el registro riguroso de
las personas. Si bien proteger la seguridad y el orden del establecimiento
penitenciario es un fin legítimo, las requisas en las que los guardias tocan
las partes íntimas de las personas, las obligan a desnudarse o hacer
sentadillas están prohibidas en tanto vulneran la dignidad humana y existen
otros medios menos lesivos para lograr el mismo fin.[100]
6.2.13.
La
Sala advierte la necesidad de tomar medidas efectivas para evitar vulneraciones
futuras a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y
sus visitantes durante los procedimientos de requisa. Por consiguiente, entre
otras medidas que serán detalladas más adelante, ordenará a la Cárcel Distrital
modernizar sus herramientas tecnológicas y adquirir por lo menos un escáner de
rayos x para personas.
El derecho fundamental de las
personas detenidas a vestir ropa de civil en las audiencias judiciales
6.2.14.
En
relación con el segundo problema jurídico, los accionantes consideran que la
Cárcel Distrital vulnera su derecho fundamental a la presunción de inocencia al
obligarlos a asistir a las audiencias judiciales y a las citas médicas con el
uniforme de prisión. La directora del establecimiento penitenciario señaló, en
efecto, que los uniformes hacen parte de las dotaciones entregadas a los
internos y su uso permanente es obligatorio de conformidad con los artículos 12
y 40 del Reglamento Interno de la Cárcel Distrital. Además, precisó que todos
los accionantes se encuentran privados de la libertad en el pabellón Autonomía
con medida de aseguramiento.
6.2.15.
En
la parte motiva, se expuso que el principio de presunción de inocencia hace
parte del derecho fundamental al debido proceso y es la base sobre la cual se
edifica el sistema penal colombiano. En efecto, el inciso cuarto del artículo
29 de la Constitución Política expresamente establece: “Toda persona se
presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”.
Mientras que el artículo 7° del Código de Procedimiento Penal señala: “Toda
persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en
firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal”. Las
autoridades estatales tienen la obligación de respetar este principio y tratar
a las personas que no han sido condenadas como si fueran inocentes, incluso si
se encuentran detenidas preventivamente.
6.2.16.
En
el presente caso, la Sala observa que la Cárcel Distrital no está garantizando
la presunción de inocencia de los accionantes. En efecto, el hecho de que pese
a no haber sido condenados estén siendo obligados a asistir a las audiencias
judiciales con el uniforme de prisión es una clara vulneración de este
principio. Esta situación, además, supone una vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, la dignidad, la honra y el buen nombre. Al
estar sometidos a una medida de aseguramiento, los accionantes están vinculados
a un proceso penal en calidad de sindicados o acusados y su inocencia no ha
sido desvirtuada. Por ello, tienen el derecho de comparecer ante el juez con la
apariencia y la dignidad de una persona inocente.
6.2.17.
El
derecho que tienen los accionantes de comparecer ante el juez con ropa de civil
se encuentra relacionado con la carga simbólica que tiene juzgar a una persona
mientras está vestida con el uniforme de la cárcel. En efecto, es impropio de
un Estado Social de Derecho obligar a una persona a acudir al escenario donde
se discute su inocencia vestido con el uniforme reglamentario de prisión. En el
marco del proceso penal no se deben mostrar insinuaciones, indicaciones o
implicaciones que sugieran culpa ante el juez, aparte de las pruebas admisibles
y los argumentos jurídicos. La presunción de inocencia hace parte del derecho
al debido proceso por su importancia para garantizar al acusado un juicio justo
e imparcial.
6.2.18.
En
resumen, la carga simbólica del uniforme de prisión se hace especialmente
lesiva en el escenario judicial cuando la persona no ha sido condenada. La
afectación a la presunción de inocencia no se hace tan intensa, en cambio,
durante las citas médicas o las salidas externas que no estén directamente
relacionadas con el proceso penal. En consecuencia, la Sala tutelará el derecho
fundamental de los accionantes a la presunción de inocencia únicamente en
relación la asistencia a las audiencias judiciales.
La decisión y el alcance de sus
efectos
6.2.19.
En
primer lugar, la Sala revocará la sentencia proferida en
única instancia por el Juzgado Veintitrés Penal Municipal de Conocimiento de
Bogotá y, en su lugar, tutelará los derechos de los accionantes a no
ser sometidos a tratos o penas crueles inhumanos o degradantes y a la
presunción de inocencia. Como consecuencia de lo anterior, y con el fin de
ofrecer una solución definitiva a la vulneración de los derechos y evitar la
ocurrencia de hechos similares en el futuro, la Sala ordenará a la directora de
la Cárcel Distrital de Bogotá que adelante los trámites necesarios para adquirir
por lo menos un escáner de rayos x para personas. Esta herramienta, al reducir
sustancialmente el contacto físico, permitirá al personal de vigilancia y
custodia controlar el ingreso de elementos y sustancias prohibidas sin tener
que someter a las personas a tratos crueles, humillantes y degradantes durante
las requisas.
6.2.20.
Esta
decisión se emite única y exclusivamente para la Cárcel Distrital de Bogotá y
obedece a los hallazgos y recomendaciones hechas por la Oficina de Control
Interno de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia en su
informe de auditoría. Este documento puso de presente las falencias en materia
de seguridad tecnológica del establecimiento carcelario y señaló explícitamente
la posibilidad de utilizar los recursos presupuestarios que no son ejecutados
para la adquisición de nuevos equipos. Si bien ha pasado un poco más de un año
desde que se publicó dicho informe, la Sala considera que las recomendaciones
en materia de seguridad siguen vigentes y su cumplimiento resulta urgente y
necesario para proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertad y sus visitantes.
6.2.21.
Cabe
anotar que la Corte Constitucional ha ordenado en decisiones anteriores la
adquisición de herramientas tecnológicas con el fin de evitar los abusos
durante las requisas. En la parte motiva se citaron, entre otras, las
sentencias T-622, T-624 y T-848 de 2005 en las que esta Corporación ordenó al
INPEC dotar los establecimientos carcelarios accionados “de la tecnología
apropiada que les permita determinar la presencia de elementos prohibidos sin
someter a los reclusos o a los visitantes a tratos crueles, inhumanos y
degradantes”[101].
De igual forma, es importante reiterar que el INPEC en la Circular 035 de 1997
enfatizó que las requisas que supongan desnudar a las personas o tocar sus
partes íntimas además de estar prohibidas son ineficaces.
6.2.22.
En
segundo lugar, la Sala ordenará a la directora de la Cárcel Distrital de Bogotá
elaborar un nuevo protocolo de seguridad para los procedimientos de requisas en
el que incluya las condiciones de legalidad, tiempo, modo y lugar establecidas
por la jurisprudencia constitucional citadas en la parte motiva de esta
sentencia (párrafos 4.2.12., 4.2.16 y 4.2.17.). Así mismo, ordenará a la
directora ubicar esta información en un lugar visible para las personas
privadas de la libertad y los visitantes. De llegar a ser necesario practicar
una requisa intrusiva que suponga tactos al cuerpo desnudo de la persona y la revisión
de sus cavidades corporales –es decir, porque no se ha adquirido aún el escáner
de rayos x para personas–, ésta debe llevarse a cabo de acuerdo con las
condiciones de legalidad, tiempo, modo y lugar antedichas.
6.2.23.
En
tercer y último lugar, se ordenará a la directora de la Cárcel Distrital de
Bogotá que reforme el reglamento interno del establecimiento penitenciario y
adelante todas las actividades administrativas que sean necesarias para garantizar
a las personas detenidas preventivamente la posibilidad de asistir con ropa de
civil a las audiencias judiciales.
6.1.    Levantamiento
de la suspensión de términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura
con ocasión de la emergencia sanitaria
6.3.1. El Ministerio de Salud y
Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19 en el territorio nacional por medio de la Resolución 385 del 12 de
marzo de 2020. La emergencia sanitaria fue posteriormente prorrogada por el mismo
Ministerio hasta el 31 de agosto de 2020 mediante la Resolución 844 del 26 de
mayo.  En atención a estas medidas, el Consejo Superior de la Judicatura,
mediante los acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519,
PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20- 11529,
PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556, PCSJA20-11567 y
PCSJA20-11581suspendió los términos judiciales en la Corte Constitucional para
decidir sobre la revisión de acciones de tutela hasta el 30 de julio de 2020.
6.3.2. El presidente de la República en
ejercicio de las facultades previstas en el artículo 215 de la Constitución
expidió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 “por el cual se declara un
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio
nacional”. El artículo 1° de este decreto autorizó a la Sala Plena de la
Corte Constitucional a levantar la suspensión de los términos judiciales
ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura cuando fuere necesario para
el cumplimiento de sus funciones constitucionales. En desarrollo de esta
potestad, mediante el Auto 121 de 2020 la Sala Plena autorizó a las Salas de
Revisión para disponer el levantamiento de la suspensión de términos respecto
de ciertos casos mediante decisión motivada y previo cumplimiento de que los
siguientes criterios objetivos: (i) la urgencia de adoptar una decisión de
fondo o una medida provisional dirigida a la protección de los derechos
fundamentales;  (ii) la importancia nacional que revista el caso; y (iii) la
posibilidad material de que el asunto pueda ser tramitado y decidido de forma
compatible con las condiciones actuales de aislamiento preventivo obligatorio,
sin que ello implique la imposición de cargas desproporcionadas a las partes o
a las autoridades concernidas.
6.3.3. El presente caso cumple con los
criterios (i) y (iii) para disponer el levantamiento de la suspensión de
términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura. Los hechos sucedieron
entre abril y mayo de 2019, por lo que resulta urgente emitir una decisión definitiva
encaminada a proteger los derechos fundamentales de los accionantes y evitar la
ocurrencia de hechos similares en el futuro. Así mismo, las ordenes emitidas no
son incompatibles con las medidas de aislamiento preventivo decretadas por el
Gobierno Nacional en el Decreto 990 de 2020. El numeral 24 del artículo 3° de
este decreto autoriza “el funcionamiento de la prestación
de los (…) servicios carcelarios y penitenciarios”. Mientras que el
numeral 44 del mismo artículo permite “[e]l desplazamiento y
comparecencia de funcionarios y personas en la gestión de actividades que
garanticen la protección de derechos fundamentales, colectivos y actuaciones
administrativas”.
III.       DECISIÓN
En conclusión, la Sala reitera la
jurisprudencia constitucional en materia de requisas en los establecimientos
carcelarios. La Cárcel Distrital vulneró el derecho a la dignidad humana (en el
sentido de vivir sin humillaciones) de los accionantes
y sus amigas y familiares visitantes. Lo anterior debido a que durante las
requisas de abril y mayo de 2019 fueron tocados(as) en sus partes íntimas, obligados(as)
a desnudarse y hacer sentadillas por los guardias. La Cárcel Distrital también
vulneró los derechos fundamentales al principio de inocencia, debido proceso,
honra y buen nombre de los accionantes con medida de aseguramiento al
obligarlos a usar el uniforme reglamentario de prisión durante las audiencias
judiciales en las que se discute su inocencia.
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de
la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. LEVANTAR la suspensión de términos en el asunto de la referencia.
SEGUNDO. REVOCAR la sentencia proferida el 17 de junio de 2019 por el Juzgado Veintitrés
Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá, en única instancia, dentro del
trámite de tutela promovido por el señor Dayro Camilo Barrera Arias y otros
contra la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá. En su lugar,
TUTELAR sus derechos fundamentales a la dignidad, en el sentido de no
ser sometidos a tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, a la presunción
de inocencia, al
debido proceso, a la honra y al buen nombre.
TERCERO. ORDENAR al director(a) de la Cárcel Distrital de Bogotá que tome de
inmediato todas las medidas necesarias para evitar que los guardias de
seguridad sometan a las personas privadas de la libertad y a los visitantes a
tratos crueles, humillantes y degradantes. Entre otros tratos, el director(a)
debe prohibir que las personas sean tocadas en sus partes íntimas o que sean
obligadas a desnudarse y a hacer sentadillas.
CUARTO.ORDENAR al director(a) de la Cárcel Distrital de Bogotá que, en el término máximo
de seis (6) meses contados a partir de la notificación del presente fallo,
adquiera al menos un escáner corporal de rayos x que permita eliminar el
contacto físico entre guardias y reclusos o visitantes durante las requisas. Para
el efectivo cumplimiento de esta orden, la Secretaría de Seguridad Convivencia
y Justicia de la Alcaldía de Bogotá prestará al establecimiento carcelario toda
la asistencia administrativa, presupuestal y logística que se requiera.
QUINTO. ORDENAR al director(a) de la Cárcel Distrital de Bogotá que, en el término de siete
(7) días contados a partir de la notificación del presente fallo, asegure el
adecuado funcionamiento y calibración de las sillas y arcos detectores de
metales con que cuenta actualmente el establecimiento penitenciario. Estos
elementos tecnológicos deberán ser utilizados obligatoriamente por el personal
de seguridad y vigilancia antes de proceder a la requisa superficial de las prendas
de vestir.
SEXTO. ORDENAR al director(a) de la Cárcel Distrital de Bogotá que, en el término de quince
(15) días contados a partir de la notificación del presente fallo, elabore un
nuevo protocolo de seguridad para los procedimientos de requisas en el que
incluya las condiciones de legalidad, tiempo, modo y lugar señaladas en la
parte motiva de la presente sentencia (párrafos 4.2.12., 4.2.16 y 4.2.17). En este
protocolo debe indicarse con claridad que las requisas intrusivas llevadas a
cabo por parte de la guardia del establecimiento carcelario se encuentran
constitucionalmente prohibidas. La información del nuevo protocolo referente a
las requisas deberá ser ubicada en un lugar visible para las personas privadas
de la liberad y los visitantes.
SÉPTIMO. ORDENAR al director(a) de la Cárcel Distrital de Bogotá que, en el término de
treinta (30) días contados a partir de la notificación del presente fallo, reforme
el reglamento interno del establecimiento penitenciario y adelante todas las
actividades administrativas que sean necesarias para garantizar a las personas
detenidas preventivamente la posibilidad de asistir con ropa de civil a las
audiencias judiciales.
OCTAVO. Por intermedio
de la Secretaría General de la Corte Constitucional, COMPULSAR copias a
la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación a fin
de que se adelanten las investigaciones a que haya lugar, y se esclarezca si
las conductas denunciadas en el proceso de la referencia fueron cometidas por
el personal de vigilancia de la Cárcel Distrital.
NOVENO. LIBRAR, por intermedio de la Secretaría General, las comunicaciones previstas en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Magistrado
Con aclaración de voto
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE
VOTO DEL MAGISTRADO
JOSE FERNANDO
REYES CUARTAS
A LA SENTENCIA
T-259/20
1.
Con
el acostumbrado y debido respeto por las decisiones de la sala de revisión de
la Corte Constitucional presento aclaración de voto a la sentencia T-259 de
2020. Se trata del estudio del caso de Dayro Camilo Barrera Arias y otros 107
internos, actuando en nombre propio y en representación de sus familiares y
amigas visitantes, contra la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de
Bogotá por la vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad,
intimidad, libre desarrollo de la personalidad y familia.
2.
Los
accionantes, quienes se hallaban privados de la libertad en el mencionado
establecimiento penitenciario, sostuvieron que el domingo 26 de mayo de 2019
sus familiares y amigas fueron víctimas de graves abusos por parte de las
vigilantes de la Cárcel Distrital. En concreto, denunciaron las actividades
irregulares de requisa al ingreso. Entre otras, se les exigió desnudarse, se
les practicaron toqueteos en sus partes íntimas, se les forzó a hacer flexiones
con las piernas (sentadillas) y se les prohibió el ingreso con prendas de
vestir oscuras[102].
3.
Adicionalmente,
indicaron que en el mes de abril de 2019 a los internos se les ordenó formar en
el patio, desnudarse y hacer de tres a cinco sentadillas con las manos en la
cabeza. Asimismo, relataron que los guardias les ordenaron darse vuelta y exhibir
sus partes íntimas. Lo anterior, pese a que la Cárcel Distrital cuenta con
diferentes herramientas tecnológicas no invasivas, como arcos y sillas
detectores de metales y perros entrenados para detectar narcóticos, entre
otros.
4.
Los
accionantes también manifestaron su inconformidad con el uso obligatorio -para
todos los internos del pabellón Autonomía- de overoles con el distintivo de la
Alcaldía de Bogotá́. Esta obligación se impone sin diferenciar la situación
jurídica en la que ellos se encuentran (detenidos o condenados). Lo anterior,
inclusive dentro o fuera de prisión. Advirtieron que los internos bajo medida
de aseguramiento son obligados a asistir a las audiencias judiciales y a las
citas médicas con el mismo uniforme que usan los internos que han sido
condenados.
5.
Mediante
la sentencia de la referencia, la Sala Séptima de Revisión de tutela de la
Corte Constitucional resolvió revocar los fallos de instancia y conceder el
amparo de los derechos fundamentales a la dignidad, a no ser sometidos a tratos
o penas crueles inhumanos o degradantes, a la presunción de inocencia, al
debido proceso, a la honra y al buen nombre. Además, la Corte le ordenó a la
Cárcel Distrital de Bogotá evitar la repetición de requisas intrusivas sobre
las personas; la adquisición de, al menos, un escáner corporal de rayos x y
calibrar las sillas y arcos detectores de metales con que cuenta actualmente el
establecimiento. A su vez, esta Sala de Revisión le ordenó a la Cárcel accionada
tanto la elaboración de un nuevo protocolo de seguridad que proscriba las
requisas intrusivas como la reforma del reglamento interno del establecimiento
penitenciario para que se garantice que las personas detenidas asistan con ropa
de civil a las audiencias judiciales. Por último, la Corte ordenó compulsar
copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la
Nación para que se investigue las presuntas conductas que vulneraron los
derechos fundamentales.
6.
Si
bien comparto la mayoría de lo expuesto en la sentencia de tutela proferida por
la Corte, considero necesario aclarar un aspecto puntual. Se trata de la
omisión de investigar las conductas realizadas por el personal de guardia del
establecimiento carcelario. En mi criterio, esa investigación también se debió
realizar dentro de la Cárcel Distrital de Bogotá.
7.
El
principal problema jurídico planteado en la acción de tutela era el trato
abusivo al que fueron sometidas las personas durante las requisas en la Cárcel
Distrital de Varones de Bogotá. Frente a los cuestionamientos formulados por la
Corte a la entidad accionada, esta afirmó que, al no haber quedado consignadas
dichas prácticas en la minuta de seguridad, tales conductas no ocurrieron. Sin
embargo, la sentencia reconoció que la respuesta de la entidad accionada no
tiene el peso suficiente para desvirtuar las afirmaciones hechas por los
accionantes en su escrito de amparo.
8.
Para
la Corte quedó claro que en la Cárcel Distrital de Bogotá no existen
herramientas menos invasivas que la requisa corporal tanto a las personas
privadas de la libertad como a las y los visitantes que pretenden ingresar al
Centro Penitenciario. Este Tribunal llegó a esta conclusión cuando evidenció la
existencia de serias falencias en los procedimientos de seguridad y control de
la Cárcel Distrital. Estas se relacionan con la falta de herramientas
tecnológicas y, sobre todo, con el desconocimiento de los límites establecidos
por la jurisprudencia constitucional para evitar abusos durante las requisas.
En efecto, esta situación representa un riesgo real de vulneración de los
derechos fundamentales de los reclusos y los visitantes.
9.
Frente a las requisas, es pertinente resaltar que
estas tienen como propósito “identificar la tenencia de elementos prohibidos
con los que se puede llegar a afectar los intereses de la sociedad y la vida e
integridad física de los internos, funcionarios y visitantes”[103].
Es abundante y reiterada la jurisprudencia constitucional que ha fijado las
reglas especiales para desarrollar este tipo de requisas intrusivas[104]. Así, las requisas intrusivas
solo:
“son viables siempre que i) medie consentimiento
informado del afectado; ii) se realicen sin transgredir su integridad física;
iii) exista un mandato legal; iv) se verifique supervisión judicial; v) que sea
llevada a cabo por autoridad competente;[105] vi) se realice de manera breve y eficiente; vii) se
utilicen los instrumentos y medios necesarios en condiciones de higiene,
salubridad y privacidad y viii) en un lugar acondicionado para este fin”[106].
10.
La Convención Americana de Derechos Humanos (en
adelante CADH) ha fijado límites precisos respecto de los registros corporales
dentro de los centros penales. El objetivo de esos parámetros es evitar
violaciones al derecho a la dignidad humana. En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
CIDH) profirió la resolución 1/08 sobre los “Principios y Buenas Prácticas
sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”. La
CIDH prohíbe los registros intrusivos vaginales y anales. Además, la CIDH
indica que las requisas corporales “deberán obedecer a los criterios de
necesidad, razonabilidad y proporcionalidad”[107]. Asimismo, los
registros corporales a las personas privadas de libertad y a los visitantes de
los centros penitenciarios deberán ser compatibles con la dignidad humana y con
el respeto a los derechos fundamentales[108].
11.
Por
su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH)
profirió la Resolución del 23 de noviembre de 2016 “Medidas Provisionales
Respecto De Brasil Asunto Del Complejo Penitenciario De Curado”. En esa
decisión, el tribunal interamericano determinó que “la sola existencia de
instrumentos legales en este sentido es insuficiente para garantizar que los
internos y los visitantes de las cárceles no sean sometidos a requisas
humillantes; es necesario que en la práctica las autoridades se abstengan de
realizarlas”[109].
12.
Asimismo,
la CIDH publicó el Informe No. 38/96 del Caso 10.506 Argentina[110]. En
ese caso, la Comisión Interamericana no cuestionó la necesidad de requisas
generales para el ingreso a los centros penitenciarios. Sin embargo, la
CIDH subrayó que los visitantes o familiares que ejerzan su derecho a la
familia no se deben convertir automáticamente en sospechosos de actos ilícitos
al ingresar a los centros penitenciarios, no se les puede considerar como una
amenaza grave para la seguridad.
13.
El
Tribunal Europeo de Derechos Humanos también se ha pronunciado en términos
similares. En efecto, el tribunal de Estrasburgo ha indicado que la inspección
corporal debe estar orientada por una intervención razonable y legítima.
En todo caso, esta debe respetar, al menos: i) los derechos de las personas;
ii) la legalidad de las restricciones a los derechos; iii) la necesidad y
proporcionalidad de la restricción de cara a la acción realizada y iv) el
consentimiento del afectado[111].
14.
Los
hechos acreditados dentro del trámite de tutela evidenciaban que los
funcionarios de la Cárcel Distrital de Varones de Bogotá se extralimitaron en
sus funciones y desconocieron los preceptos legales y jurisprudenciales sobre
el tema. En este sentido, así como se puede configurar la comisión de los
delitos de constreñimiento ilegal y el abuso de autoridad por acto arbitrario e
injusto, tales hechos merecen absoluto rechazo, inclusive, de las directivas y
autoridades administrativas a cargo del centro de reclusión. Los entes
penitenciarios deben actuar siempre con el objetivo de lograr la
resocialización como el fin de la pena establecido por el ordenamiento jurídico
colombiano. De manera que es inaceptable que, pese a la regulación legal y
jurisprudencial sobre las requisas, se sigan generando este tipo de
trasgresiones en los centros penitenciarios en el país.
15.
Desde
luego que la sentencia expuso las extralimitaciones ocurridas en las requisas
realizadas a las personas privadas de la libertad y a los visitantes durante
los meses de abril y mayo de 2019. Sin embargo, en mi criterio, estas conductas
deben ser investigadas, inclusive, dentro del centro penitenciario. El objetivo
es que se adopten medidas contundentes contra la acción irregular de las
autoridades del centro penitenciario y se ofrezcan las garantías efectivas de
no repetición. Considero que obligar a los
internos y a sus visitantes a tolerar requisas intrusivas en contra de su
voluntad, sin estar obligados a soportarlas, vulnera flagrantemente el derecho
a la dignidad humana.
16.
De
manera que, en los términos de esta aclaración de voto, suscribo la posición de
la mayoría de la sala plena en la sentencia T-259 de 2020.
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
[1]
Resolución 1806 del 25 de julio de 2011 “Por medio del cual se adopta el nuevo
Reglamento de Régimen Interno de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de
Mujeres de Bogotá D.C.”.
[2]
Cuaderno de primera instancia del expediente folios 1 (reverso) y 2.
[3] Cuaderno
de primera instancia del expediente, folio 5 (reverso).
[4]
Cuaderno de primera instancia del expediente, folio 3.
[5]
Cuaderno de primera instancia del expediente, folio 32 (reverso).
[6]
Cuaderno de primera instancia del expediente, folios 32 y 33.
[7] En el
referido auto se resolvió lo siguiente: “PRIMERO. Por intermedio de la
Secretaría General de la Corte Constitucional, ORDENAR al director(a) de
la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá que, en el término
de cinco (5) días contados a partir de la notificación del presente auto,
responda lo siguiente: [1] ¿Cómo es el procedimiento de requisa a las mujeres
que acuden a visitar a las personas privadas de la libertad? [2] ¿Cómo es el
procedimiento de requisa a las personas privadas de la libertad luego de que
son visitadas por sus familiares y amigos? [3] ¿Cómo detectan el ingreso de
elementos y sustancias prohibidas? ¿Con qué tipo de herramientas tecnológicas
cuentan actualmente para detectar el ingreso de elementos y sustancias
prohibidas? [4] ¿A la fecha se ha gestionado la adquisición de nuevos equipos
de seguridad que permitan llevar a cabo un adecuado procedimiento de requisa,
sin vulnerar la dignidad de las personas y disminuyendo tiempos de ingreso y
egreso? [5] ¿Existe registro audiovisual de los procedimientos de requisa de
las personas privadas de la libertad y de los visitantes? ¿Cómo se documentan
estas requisas? [6] Detalle los últimos 10 casos en los que se identificó el
ingreso de elementos sustancias prohibidas a visitantes y a reclusos. Explique
cómo fueron detectados estos elementos y sustancias. [7] Explique los motivos
por los cuales en el pabellón Autonomía de la Cárcel Distrital las personas con
detención preventiva no se encuentran separadas físicamente de las personas condenadas
penalmente. ¿Cuáles son las razones que justifican la prohibición estipulada en
el literal d) del artículo 73 del Reglamento Interno de la Cárcel Distrital,
según el cual se no se permite el ingreso de “Cualquier tipo de prendas de
vestir de color azul oscuro o negro (…)”? ¿Esta prohibición incluye la ropa
interior? // SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría General de la
Corte Constitucional, ORDENAR a la Secretaría de Seguridad, Convivencia
y Justicia de la Alcaldía de Bogotá que, en el término de cinco (5) días
contados a partir de la notificación del presente auto, remita a esta
Corporación: (i) los Informes finales de auditoría de los años 2018 y 2019
realizados por la Oficina de Control Interno sobre la Cárcel Distrital y (ii)
complemente, si así lo desea, las respuestas a las preguntas formuladas al
director(a) de la Cárcel Distrital en el numeral anterior”.
[8]
Cuaderno de revisión del expediente, folio 19.
[9] La
directora adjunta a su respuesta un documento en el que se describe el proceso
estándar que debe ser obedecido por el personal de custodia y vigilancia
durante las requisas en el establecimiento penitenciario. Este documento,
denominado I-CVS-6, fue elaborado por la Alcaldía de Bogotá y entró en vigor el
11 de noviembre de 2019. Cuaderno de revisión del expediente, folios 72 a 77.
[10]
Cuaderno de revisión del expediente, folio 28 (reverso).
[11] Ibidem.
[12] Ibidem.
[13]
Cuaderno de revisión del expediente, folio 29.
[14]
Estos libros se denominan “Minuta de radicación de actividades que se llevan a
cabo en cumplimiento del plan de gestión en cuanto a seguridad y control”.
Cuaderno de revisión del expediente, folio 29 (reverso).
[15]
Entre el material probatorio remitido a la Corte Constitucional, se encuentra
una tabla denominada “Organización en pabellones - Cárcel Distrital de Varones
y Anexo de Mujeres” en la que se especifica la distribución interna de las
personas privadas de la libertad en cada pabellón y su respectiva situación
jurídica. Esta tabla, con corte al 08 de mayo de 2019, señala que en el
pabellón Autonomía de la Cárcel Distrital se encuentran recluidos 144 hombres,
todos en calidad de sindicados por la presunta comisión de delitos sexuales.
Cuaderno de revisión del expediente, folio 88.
[16] La
directora señala que la Cárcel Distrital envía periódicamente listados al INPEC
con las personas privadas de la libertad cuya condena se encuentra en firme y
ejecutoriada con el fin de que les sea fijado el establecimiento carcelario
donde deberán cumplir su condena. Cuaderno de revisión del expediente, folio
30.
[17]
Cuaderno de revisión del expediente, folio 74.
[18] Ibidem.
[19]
Cuaderno de revisión del expediente, folio 78.
[20]
Cuaderno de revisión del expediente, folio 78 (reverso).
[21] Ibidem.
[22] Ibidem,
folios 89 a 102.
[23]
Cuaderno de revisión del expediente, folios 35 y ss.
[24] Cabe
señalar que en las conclusiones del informe el equipo auditor señaló que “el
71% de los contratos de prestación de servicios (…) no tienen registradas en
los informes de ejecución algunas obligaciones, sobre todo la de capacitar a
las personas privadas de la libertad en temas jurídicos relacionados con
derecho y procedimiento penal”. Cuaderno de revisión del expediente, folio 68.
[25]
Cuaderno de revisión del expediente, folio 43.
[26]
Cuaderno de revisión del expediente, folio 56.
[27] Ibidem.
[28]
Cuaderno de revisión del expediente, folios 68 y 70.
[29] Decreto 2591 de 1991,
art. 13.
[30]
Cuaderno de primera instancia del expediente, folio 5 (reverso).
[31] De
acuerdo con una investigación realizada en 2016 por el Instituto Rosarista de
Acción Social –SERES–, las visitas “juegan un rol definitivo en la
resocialización de la persona privada de la libertad por representar una red de
apoyo durante y después de la reclusión”. Iván
Abaunza Forero, Giovanny Paredes Álvarez, Paola Bustos Benítez y Mónica Mendoza
Molina, Familia y privación de la libertad en Colombia, Editorial Universidad
del Rosario Bogotá, 2016, p. 85.
[32]
Corte Constitucional, sentencia T-894 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[33]
Corte Constitucional, sentencia T-194 de 2019, M.P. José Fernando Reyes. En
esta providencia la Corte subrayó que “la visita familiar constituye un derecho
de los reclusos que debe ser procurado y garantizado por el Estado como
mecanismo de resocialización y como parte del fortalecimiento de la unidad
familiar”.
[34] En
la sentencia T-153 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, se consideró que “(…)
tanto el derecho a la dignidad como el de no recibir tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes se ven quebrantados por el hacinamiento y las malas
condiciones de la estructura física y de servicios públicos que se encuentra en
los centros de reclusión; el derecho a la familia es quebrantado por la
sobrepoblación carcelaria y las deficiencias administrativas, condiciones éstas
que implican que los visitantes de los reclusos han de soportar prolongadas
esperas, bajo las inclemencias del clima, para poder ingresar al centro, y que dificultan
en grado extremo las visitas conyugales y familiares” (Subrayado no es del
original).
[35]
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[36] Corte Constitucional,
sentencias T-311 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y SU-772 de
2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[37]
Constitución Política, artículo 13, inciso tercero: “El Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos y maltratos que contra ellas se cometan.” y Corte Constitucional,
sentencia T-267 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
[38]
Corte Constitucional, sentencia T-720 de 2017, M.P. Diana Fajardo Rivera.
[39]
Corte Constitucional, sentencia T-686 de 2016, M.P. María Victoria Calle.
[40] El
concepto de “relación especial de sujeción”, como oposición al concepto de
“relación de general sujeción”, fue elaborado en el siglo XIX por el jurista
alemán Otto Mayer con el fin de describir un espacio en el cual el Estado tiene
el poder de restringir los derechos de los ciudadanos de manera más acentuada. Pedro
Adamy, Special Institutional Subjection and Fundamental Rights, Journal of
Public Policy, University Center of Brasilia, 2018, Vol. 8, p. 364. Sobre
el desarrollo del concepto de relación especial de sujeción de los reclusos
frente al Estado ver las sentencias: T-705 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz; T-153 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-136 de 2006, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra; T-023 de 2010, M.P. Humberto Sierra Porto; T-035 de 2013,
M.P. Jorge Iván Palacio;  T-077 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada; T-815 de
2013, M.P. Alberto Rojas Ríos y T-049 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio, entre
muchas otras.
[41]
Corte Constitucional, sentencia T-153 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[42] Corte
Constitucional, sentencia T-596 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
[43] “Las personas
detenidas se encuentran en una situación de desventaja relativa para ejercer
sus derechos, y, por lo tanto, en su caso se aplica lo previsto en la hipótesis
planteada por el artículo 13 de la Carta, según el cual, el Estado tiene el
deber de enderezar esfuerzos y disponer recursos para proteger a las personas
que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta”. Corte
Constitucional, sentencia T-324 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[44] “El prisionero es una
persona que se encuentra a cargo del Estado y este no puede, de manera
negligente y fundado en una moral utilitarista, poner a dichas personas a
soportar una vida por debajo de las condiciones mínimas de existencia.” Corte
Constitucional, sentencia T-420 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Cabe
reiterar la importancia de la sentencia T-596 de
1992 como pronunciamiento central en la protección de los derechos de las
personas privadas de la libertad. En esta sentencia la Corte dejó claro que “el
Estado no sólo tiene la obligación negativa de no lesionar la esfera
individual, también tiene la obligación positiva de contribuir a la
realización efectiva de los derechos fundamentales. La razón jurídica que
explica este compromiso positivo del Estado se encuentra en el mandato
constitucional según el cual, el Estado colombiano se funda en el valor de la
dignidad humana, lo cual determina, no sólo un deber negativo de no intromisión
sino también un deber positivo de protección y mantenimiento de condiciones de
vida digna de las personas privadas de la libertad”.
[45] En
relación con la limitación a los derechos de las personas privadas de la
libertad, la Corte precisó: “Según el Artículo 13 de la Constitución Política,
todas las personas nacen iguales ante la ley y recibirán la misma protección y
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Es de
esperar entonces, que todas las personas recluidas en los centros
penitenciarios del país estén recibiendo de las autoridades el mismo trato y
estén disfrutando de la protección igual que dichas autoridades deben prestar
al goce de los derechos, libertades y oportunidades que expresa y legalmente no
se les suspendieron o limitaron.” Corte Constitucional, sentencia T-273 de
1993, Carlos Gaviria Díaz.
[46] La
relación especial de sujeción supone, por un lado, que las personas privadas de
la libertad deban soportar la suspensión y restricción de sus derechos como
consecuencia del ejercicio punitivo del Estado y, por otro lado, que el Estado
asuma el cuidado y la protección de estas personas durante el tiempo que se
encuentren bajo su tutela. Con fundamento en ello esta Corporación ha indicado
lo siguiente: “las violaciones a los derechos fundamentales que sufren los
reclusos por no existir un adecuado sistema penitenciario no son
responsabilidad de los reclusos, son responsabilidad del Estado”. Corte
Constitucional, sentencia T-848 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[47] Así lo dispone el
artículo 1° de la Constitución Política y así lo ha reconocido desde sus
inicios la Corte Constitucional: “El sujeto, razón y fin de la Constitución de
1991 es la persona humana. No es pues el individuo en abstracto, aisladamente
considerado, sino precisamente el ser humano en su dimensión social, visto en
la tensión individuo-comunidad, la razón última de la nueva Carta Política. Es
a partir del ser humano, su dignidad, su personalidad jurídica y su desarrollo
(artículos 14 y 16 de la Constitución), que adquieren sentido los derechos,
garantías y los deberes, la organización y funcionamiento de las ramas y
poderes públicos”. Corte Constitucional, sentencia T-002 de 1992, M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[48] Los
artículos primeros del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal
señalan, respectivamente: “El derecho penal tendrá como fundamento el respeto a
la dignidad humana” y “Los intervinientes en el proceso penal serán tratados
con el respeto debido a la dignidad humana”.
[49] La
limitación de los derechos se encuentra justificada en el propósito de hacer
efectivos los fines de la relación penitenciaria, a saber, “la resocialización
del interno y la conservación del orden, la disciplina y la convivencia dentro
de las prisiones”. Corte Constitucional, sentencia C-026 de 2016, M.P. Luis
Guillermo Guerrero.
[50] Esta
distinción ha sido reiterada por la Corte en múltiples sentencias, entre las
cuales se destacan las siguientes: T-035 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio;
T-077 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada; T-857 de 2013, M.P. Alberto Rojas
Ríos; T-049 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio y T-276 de 2017, M.P. Aquiles
Arrieta.
[51]
Corte Constitucional, sentencia T-065 de 1995, M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[52]
Corte Constitucional, sentencia T-065 de 1995, M.P. Alejandro Martínez
Caballero. Reiterada en las sentencias T-317 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa y, de manera reciente, en la sentencia T-049 de 2016, M.P. Jorge Iván
Palacio.
[53] Ratificado por Colombia
mediante la Ley 74 de 1968.
[54] Ratificada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972.
[55]
Ratificado por Colombia Ley 405 de 1997.
[56] Principios
básicos para el tratamiento de los reclusos. Adoptados y proclamados por la
Asamblea General en su resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990.
[57] Caso “Instituto de
Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Sentencia del 2 de septiembre de 2004
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
[58] Caso
del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 25 de noviembre de 2006.
[59] Corte Interamericana
de Derechos Humanos Caso Fleury y otros vs. Haití sentencia de 23 de noviembre
de 2011 (fondo y reparaciones).
[60] Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre los Derechos Humanos de las
Personas Privadas de la Libertad en las Américas, Ser.L/V/II. Doc. 64 31,
diciembre, 2011, p. 18.
[61] Caso
“Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre
de 2004, párr. 151 y 152. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas).
[62]
Corte Constitucional, sentencia T-881 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[63] Corte
Constitucional, sentencia T-296 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
Citada como ejemplo por la sentencia T-848 de 2005.
[64] En
las sentencias T-702 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-269 de 2002,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-690 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-622
y T-624 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis, entre otras, se estudió si las
requisas abusivas e intrusivas en el cuerpo humano –similares a las denunciadas
en el presente proceso– violaban derechos funda­mentales de reclusos y
visitantes.
[65]
Corte Constitucional, sentencia 702 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[66]
Corte Constitucional, sentencia T-269 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[67] El
accionante señaló que los internos eran obligados a “desvestirse totalmente y
hacer genuflexiones (sentadillas) varias veces” y las mujeres visitantes era
obligadas a “despojarse de sus prendas íntimas, realizar
genuflexiones y, en algunas ocasiones, a permitir tactos vaginales
por el propio personal femenino de la guardia sin intervención de profesionales
de la medicina de manera discrecional y sin autorización judicial”. Corte
Constitucional, sentencia T-690 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[68] Los
jueces de instancia consideraron que el establecimiento carcelario no podía
dejar de practicar las requisas en la forma que el accionante denunciaba, dada
la complejidad que comporta mantener el orden y la disciplina y debido a que “los
medios tecnológicos avanzados utilizados en países desarrollados no han llegado
a nuestro país”.
[69]
Corte Constitucional, sentencia T-690 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
Consideraciones, apartado 3.2.
[70] Ibidem.
[71]
Corte Constitucional, sentencia T-690 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[72]
Numerales segundo y cuarto de la parte resolutiva de las sentencias T-622 y
T-624 de 2005, ambas con ponencia de Álvaro Tafur Galvis.
[73] En
la sentencia T-848 de 2005 se señala lo siguiente: “La práctica de requisas
degradantes, terminantemente prohibidas por las disposiciones constitucionales,
legales y reglamentarias son, desafortunadamente, un hecho notorio, conocido
por la Corte Constitucional, el INPEC y los órganos del Estado, que aún no ha
podido ser erradicado y que ha llevado a esta Corporación a tomar medidas
incluso en casos en los cuáles no se probó los alegatos de la persona que
interpuso la acción de tutela”.
[74]
Corte Constitucional, sentencia T-848 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[75]
Corte Constitucional, sentencia T-848 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa. Consideraciones, apartado 3.7.
[76] Ibidem,
apartado 8.4.6 de las consideraciones. Esta posición fue originalmente adoptada
por la Corte en la sentencia T-690 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis. En
aquella sentencia se indicó lo siguiente: “[L]as intervenciones, registros,
injerencias, comprobaciones o extracciones sobre los cuerpos no están
permitidas, salvo por razones fundadas, siempre que medie el consentimiento
informado del afectado y el registro se practique de modo que el pudor y el
decoro personal no resulten ofendido, ni la integridad física y jurídica
vulnerada, condicionamientos éstos que demandan un mandato legal, la
supervisión judicial, la intervención de personal experto y el uso de
instrumental y condiciones sanitarias adecuadas, porque los tratos crueles,
inhumanos y degradantes están proscritos y su prohibición es absoluta”.
[77] La
primera declaratoria del estado de cosas inconstitucional en el sistema
penitenciario y carcelario colombiano lo hizo la Corte constitucional en la
sentencia T-153 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[78]
Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013, M.P. María Victoria Calle.
[79]
Corte Constitucional, sentencia T-609 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz.
[80] La
sentencia presenta la siguiente descripción fáctica: “El 20 de junio de 2006
los guardianes del establecimiento carcelario Peñas Blancas de Calarcá
realizaron una requisa masiva a los internos del patio No. 6, entre quienes se
encontraba el accionante. El recluso solicitó al personal de guardia que fuera
inspeccionado en un cuarto privado, lugar en el que se le ordenó que se
despojara por completo de su ropa, hecho al cual se rehusó, por considerar ese
procedimiento violatorio de sus derechos fundamentales a la dignidad humana y a
la intimidad personal. Ante su negativa a tal exigencia, uno de los guardianes
procedió de manera arbitraria a despojarlo integralmente de su ropa y lo obligó
además a realizar flexiones de pierna, lo que provocó que mostrara sus partes
íntimas a los otros dragoneantes y a los demás internos que se encontraban en
el lugar.”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14
de marzo de 2018, Radicación No. 41548, C.P. María Adriana Marín.
[81] Ibidem.
[82]
Corte Constitucional, sentencia T-827 de 2005, M.P. Humberto Sierra Porto.
[83]
Franciso de Carrara, citado en: Luigi Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del
garantismo penal, Editorial Trotta, Madrid, p. 549.
[84]
Luigi Lucchini, citado por Luigi Ferrajoli, Op cit, p. 549.
[85]
Corte Constitucional, sentencia C-276 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz.
[86]
Citado por Luigi Ferrajoli, Op cit, p. 550.
[87]
Corte Constitucional, sentencia C-121 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Reiterada por la sentencia C-342 de 2017, M. P. Alberto Rojas Ríos.
[88] La Sala no puede dejar
pasar por alto la evidente paradoja entre el principio de presunción de
inocencia y la posibilidad de someter a prisión preventiva a una persona que no
ha sido condenada. Sobre la contradicción de castigar antes de juzgar,
Ferrajoli expuso lo siguiente: “Es un mísero paralogismo decir que la cárcel
preventiva no contradice el principio nulla poena sine iudicio porque no
es una pena sino otra cosa: medida cautelar, procesal o en todo caso no penal.
Con parecidos fraudes de etiquetas, se ha disuelto en el nuestro como en otros
ordenamientos la función de tutela del derecho penal y el papel mismo de la
pena como medida punitiva exclusiva (…) El interrogante que debemos volver a
plantear es entonces si la prisión preventiva es verdaderamente una injusticia
necesaria, como pensaba Carrara, o si en cambio es sólo el producto de
una inconfesada concepción inquisitiva del proceso que quiere al imputado en
situación de inferioridad respecto de la acusación, inmediatamente sujeto a
pena ejemplar y sobre todo, más allá de las virtuosas proclamaciones
contrarias, presunto culpable.” Luigi Ferrajoli, Op cit, pp. 555 y 556.
[89] Andrew
Scott Hanen, Wearing Jail Clothes and Handcuffs in a Criminal Trial: Changes
in the Presumption of Innocence, Baylor Law Review, vol. 29, No. 2, 1977,
p. 410-422. Consultado
en: HeinOnline.
[90] Ibidem,
p. 411.
[91] Ibidem,
p. 412.
[92] Ver
párrafo 4.4.11.
[93]
Cuaderno de revisión del expediente, folio 78.
[94]
Cuaderno de revisión del expediente, folio 74.
[95]
Sobre las condiciones de legalidad, tiempo, modo y lugar para realizar requisas
intrusivas ver los párrafos 4.2.12., 4.2.16. y 4.2.17.
[96] Ver
párrafo 4.5.6. de los antecedentes.
[97] El
mismo comandante del cuerpo de seguridad y vigilancia de la Cárcel Distrital
señala que la compra en el pasado de equipos tecnológicos ayudó a aumentar la
detección de elementos y sustancias prohibidas. Ver párrafo 4.4.9. de los
antecedentes.
[98] Las
requisas que supongan contacto físico con las partes íntimas o visual con el
cuerpo desnudo solo pueden llevarse a cabo en cumplimiento de las condiciones
específicas de legalidad, tiempo, modo y lugar señaladas en los párrafos
4.2.12., 4.2.16. y 4.2.17. de la parte motiva de la presente sentencia.
[99] Por
ejemplo, las pruebas de vulnerabilidad practicadas por el equipo de auditoria
en las que lograron ingresar hasta los pabellones una segueta, un celular y
dinero en efectivo luego de pasar por varios detectores de metales. Ver párrafo
4.5.4. del presente fallo.
[100] En
este punto es importante hacer referencia a otras alternativas tecnológicas más
eficientes y menos lesivas para los derechos, tales como: (i) sillas detectoras
de metales debidamente calibradas para registrar cavidades corporales (sillas
B.O.S.S. por sus siglas en inglés: Body Orifice Security Scanner. Ver:
https://bodyorificescanner.com/) y (ii) escáneres de rayos x para personas, los
cuales permiten detectar elementos no metálicos (Ver:
https://www.odsecurity.com/ y
http://vmisecurity.com/product-detail/spectrum-bodyscan-sv-dv/).
[101] Ver
párrafos 4.2.1. y ss.
[102] Por considerar que estas no eran adecuadas
según el artículo 73 del Reglamento Interno de la Cárcel Distrital.
[103] Aclaración de voto a la sentencia T-609 de 2019.
[104] Sentencias
T-622 de 2005, T-624 de 2005, T-848 de 2005, C-789 de 2006, T-609 de 2019,
entre otras.
[105] Sentencia
T-848 de 2005.
[106] Sentencia T-609 de 2019.
[107] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Principios y Buenas
Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las
Américas, Aprobado por la CIDH en 131 Periodo de Sesiones, celebrado del 3
al 14 de marzo de 2008. Principio XXI.
[108] Ibíd.
[109] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Medidas provisionales
respecto de Brasil. Asunto del Complejo Penitenciario de Curado. 23 de
noviembre de 2016. Párr.: 47.
[110] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No. 38/96
del Caso 10.506 Argentina del 15 de octubre de 1996.
[111] Cfr. Asunto Thomas
McFeeley y otros contra el Reino Unido de 1980, asunto Iwaczuk contra
Polonia de 2001 y asunto Valašinas contra Lituania de 2011.