T-952-03
Ref
Sentencia
T-952/03
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Alcance/LIBERTAD DE ASOCIACION SINDICAL-Alcance
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Libertad para afiliarse o retirarse
El
derecho de asociarse a un sindicato sea éste de industria, de base o de
cualquier otra categoría, según la clasificación legal, es un derecho
fundamental y el mismo se vulnera cuando se le impide a un trabajador afiliarse
a un sindicato o cuando se le obliga a hacerlo. Existe entonces,  la libertad
de no pertenecer o de retirarse de una asociación, cuando se es parte de ésta.
La libertad sindical comprende tanto la libertad para afiliarse como para
retirarse de la agrupación sindical respectiva, pues en ella se involucra el
libre ejercicio de la voluntad del individuo para tomar la determinación en
cualquier sentido sea este positivo o negativo.
DERECHO
DE ASOCIACION SINDICAL-Garantías
LEGITIMACIÓN
POR ACTIVA DEL SINDICATO-Presentación de tutela
ACCION
DE TUTELA-Vulneración o amenaza de derechos
fundamentales/ACCION DE TUTELA-Diferencias entre vulneración y amenaza
La tutela procede para la protección de los derechos
fundamentales que se encuentren no solo vulnerados sino también amenazados.
Ahora bien, los términos “vulneración” y “amenaza”  no se pueden equiparar
entre sí, pues en tanto la vulneración lleva implícito el concepto de daño o
perjuicio, la amenaza es una violación potencial que se presenta como inminente
y próxima. De esta manera resulta entonces que se “vulnera” un derecho cuando
el bien jurídico que constituye su objeto es lesionado y se “amenaza” un
derecho cuando ese mismo bien jurídico, sin ser destruido, es puesto en trance
de sufrir mengua.
ACCION DE TUTELA-Improcedencia general para resolver
controversias laborales
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional para resolver
controversias laborales
ACCION DE TUTELA-Procedencia contra amenaza de derechos
La acción de tutela está llamada a prosperar, cuando
los hechos que pueden implicar violación de los derechos fundamentales no se
han producido, pero existe razón objetiva, fundada y claramente establecida en
cuya virtud se pueda considerar - con miras a su protección- que existe una
amenaza cierta y contundente contra ellos. Se puede deducir, que la amenaza a
un bien jurídico requiere para poder ser considerada como perjuicio
irremediable, que al menos presente un grado efectivo de evidencia que permita
concluir que de no protegerse el derecho se sigan para el actor consecuencias
irreversibles.
ACCION DE TUTELA-Hostigamiento de empleador para evitar que
sus empleados se afilien o renuncien al sindicato
ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Procedencia para que cesen las amenazas a
trabajadores
Debe concederse el amparo solicitado como mecanismo
transitorio y mientras la justicia ordinaria decide sobre el asunto, con el fin
de que de manera inmediata cesen las amenazas, persecuciones y constreñimiento
contra los trabajadores afiliados a "SINTRAINAGRO" por parte del
demandado y en tal medida se respete y garantice el derecho fundamental que le
asiste a los trabajadores de formar parte de una asociación sindical
Referencia: expediente T-677353
Acción de
tutela instaurada por el Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Industria Agropecuaria “SINTRAINAGRO” Seccional Ciénaga contra el Sr. Carlos
Lacouture Dangond.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá D. C., diecisiete (17) de octubre dos mil tres
(2003).
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados, Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo
Rentería y Álvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos adoptados por
los Juzgados Segundo Penal Municipal y Segundo Penal del Circuito de Ciénega
(Magdalena) dentro de la acción de tutela instaurada por el Presidente del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria “SINTRAINAGRO”
Seccional Ciénaga contra el Sr. Carlos Lacouture Dangond.
I    ANTECEDENTES
Robinson Olivero Carpintero, actuando como Presidente
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria
“SINTRAINAGRO” Seccional Ciénaga, en representación de los trabajadores de las
fincas bananeras denominadas “SARA BRETAÑA” y “LA ISLA” ubicadas en el
corregimiento de Orihueca (Zona Bananera), instaura acción de tutela contra el
Sr. Carlos Lacouture Dangond, propietario y gerente de los citados predios, a
fin de que, se amparen los derechos fundamentales a la vida,  a la integridad
personal, al trabajo y a la asociación sindical, consagrados en los artículos
11, 12, 25 y 39 de la Constitución Política, pues fueron amenazados por el
demandado al pretender afiliarse a un sindicato.
1.  Hechos:
1.  El actor señala que los trabajadores de las
mencionadas fincas, vienen padeciendo desde hace bastante tiempo, de
condiciones laborales indignas e injustas, pues no cuentan con afiliación a la
seguridad social por parte del empleador y se les viene realizando el pago
extemporáneo de salarios hasta de cinco (5) quincenas acumuladas, igualmente no
se les reconocen ni cancelan las prestaciones sociales de ley, y no se les
entregan dotaciones de calzado y uniformes etc.
2. Sostiene que estos hechos motivaron la
decisión de la gran mayoría de los empleados de las fincas bananeras
mencionadas, de solicitar a "SINTRAINAGRO", Seccional Ciénaga, el
apoyo en labores de asesoría y capacitación para hacer valer sus derechos
frente al empleador, consagrados en la Constitución Política y la Ley.  Fue así
como 50 personas decidieron afiliarse en forma masiva a la organización
sindical, durante los días 11 y 13 de Julio de 2002.
3.  Con base en esta decisión se organizaron en cada
una de esas fincas, comités obreros, los cuales comenzaron a trabajar una
propuesta de pliego de peticiones en las condiciones y términos que prescribe
el Código Sustantivo del Trabajo.
4. Como producto de la discusión y el consenso
democrático que se surtió entre las bases sindicales de esas fincas, se eligió
una comisión negociadora que los representara en la futura negociación
colectiva ante el empleador, pliego que surtiría el trámite respectivo ante el
empleador y la oficina Seccional del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
(hoy de la Protección Social). Los pliegos de peticiones respectivos, fueron
presentados ante los representantes del empleador de cada finca y se depositó
un ejemplar de cada uno de ellos ante la oficina del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, el día 15 de Julio de 2002 por parte de la organización
sindical.
5. Aduce que el 16 de Julio de 2002, el demandado, a
través del Administrador General de las mencionadas fincas hizo llegar un
documento que fue leído a los trabajadores que se aprestaban a iniciar las
labores cotidianas, con el propósito de que estos lo firmasen y lo devolvieran
cuanto antes al Sr. Lacouture Dangond.
6. Dicho escrito tenía como destinatario al mismo
empleador, con copia a la Inspección del Trabajo y Seguridad Social de Ciénaga
y al Sindicato de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, destacándose en la
parte baja de su contenido 25 espacios con los nombres transcritos en
computador de los trabajadores y su cédula de ciudadanía y donde hacía mención
entre otros puntos a lo siguiente: "Un grupo de personas, varias de las
cuales portaban metralletas, se hizo presente en la finca “La Isla” el día 11
de julio del año  2002, reuniendo a todos los trabajadores y al inicio de la
jornada a las 6:00 a.m., un vocero del mencionado grupo que dijo hablar en
nombre del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AGROPECUARIA SINTRAINAGRO",
nos arengó para que nos afiliáramos al mismo y defender nuestros
derechos", (..) "Los suscritos bajo el natural temor que inspiran las
armas y sin disponer de tiempo y capacidad deliberante para tomar una decisión
libre y espontánea suscribimos unos formatos en el que aparecen nuestros
nombres, cédulas de ciudadanía y otros datos. De esta manera se produjo, sin
previo aviso, nuestra afiliación al mencionado sindicato.  Igualmente, nos
hicieron escoger de entre nosotros los trabajadores que presidiríamos una
asamblea que supuestamente habíamos conformado, cuya finalidad era aprobar un
pliego de peticiones que ya traían elaborado, en cuya redacción no tuvimos
ninguna participación” (...). Mediante la presente deseamos expresar a usted
que desautorizamos nuestras firmas, tanto las que aparecen en los formatos de
afiliación, en los cuales nos comprometemos a cumplir fielmente con los
estatutos del sindicato los cuales no conocemos, como las que estampamos en el
listado, de que se habló antes.”
7. Narra, que el Sr. Lacouture Dangond, visitó en esa
misma semana, las oficinas del DAS Magdalena, informando a este organismo de la
presencia en esas fincas de personal armado, de la misma manera como lo redactó
en la carta remitida a los trabajadores.  Lo que condujo a que el DAS, enviara
una comisión a cada una de estas fincas, cerciorándose que las personas
"armadas y que portaban metralletas" eran escoltas y funcionarios de
la misma institución y de la policía nacional que prestaban sus servicios
permanentes de seguridad a los dirigentes sindicales de
"SINTRAINAGRO"
8. Que igualmente el  demandado, se presentó a las
fincas de su propiedad “SARA BRETAÑA” y “LA ISLA”, el día 6 de Agosto de 2002,
ordenando a su administrador reunir a todos los trabajadores allí presentes,
procediendo y actuando en cada una de ellas de la misma forma, como a
continuación lo describe: ¿YA FIRMARON TODOS LA CARTA DE RENUNCIA AL SINDICATO?
a continuación, pronunció las siguientes frases:
"YO NO GUSTO DE LOS SINDICATOS", (...)
" DENSE CUENTA DE LOS PROBLEMAS QUE SE ACARREAN CUANDO SE FORMAN LOS
SINDICATOS", "A MIS OFICINAS  LLEGARON UNAS PERSONAS DE LAS
AUTODEFENSAS y ME SOLICITARON LA LISTA DE TODAS LAS PERSONAS AFILIADAS AL
SINDICATO y PARTICULARMENTE DE SUS DIRECTIVOS, PUES A ELLOS TAMPOCO LES GUSTAN
LOS SINDICATOS".  En el mismo acto, aprovechándose del nerviosismo de los
trabajadores, les recordó que: "UNA VEZ SE INTENTO FORMAR UN SINDICATO EN
ESTA ZONA y LLEGARON LAS AUTODEFENSAS y LOS AMENAZARON (..) terminó finalmente
invitando a los presentes a desafiliarse del sindicato, ofreciéndoles
"PAGAR TODO LO QUE SE LE DEBIA AL PERSONAL y NO HA PASADO NADA”.  Así
mismo, ofreció unos “préstamos inmediatos”.  Los trabajadores allí presentes,
asustados le manifestaron que si las cosas iban a darse con él en adelante de
esa manera, mejor iban a renunciar y que les pagaran todas sus prestaciones.  A
lo que él les respondió: "HOMBRE, TAMPOCO ES PARA TANTO, TAN SOLO LES
ESTOY ADVIRTIENDO".  Muchas personas de las presentes, atemorizadas, le
comenzaron a firmar el documento en mención.
9. Posteriormente el Sr. Carlos Lacouture Dangond
siguió su recorrido, llegando hasta el sitio donde realizaba sus labores un
trabajador que no había alcanzado a estar en la reunión, el Sr. Carlos Eduardo
Cantillo Echeverría, sacó un fajo de dinero y le entregó en calidad de
"préstamo" la suma de $ 200.000 citándolo a la oficina de la finca
inmediatamente que terminara su labor.  Allí le sacó la misma carta que le
había mostrado a los demás trabajadores en las reuniones anteriores,
presionándolo de entrada para que la firmase.  Como dicho trabajador se negó,
el Sr.  Carlos Lacouture Dangond, le manifestó lo siguiente: "Ten mucho
cuidado, dese (sic) cuenta de lo que le pasó a su hermano ultimado a tiros,
recientemente en Orihueca".  A lo que el trabajador le expresó: "QUE
PARA NO CORRER ENTONCES PELIGRO, MEJOR LE ENTREGARA SU LIQUIDACION Y EL SE
RETIRABA VOLUNTARIAMENTE” respondiéndole el Sr. CARLOS LACOUTURE DANGOND, lo
siguiente : "QUE ESO NO ERA TAN FACIL LIQUIDARLO PORQUE EL NO TENIA
DISPONIBLE TANTO DINERO, Y QUE DE PRONTO LO PODRIA HACER A MAS TARDAR EL
VIERNES PROXIMO Y QUE NO PODIA RESPONDER MIENTRAS TANTO POR SU VIDA.”
10. Que dada la anterior presión de parte del Sr.
Lacouture Dangond, muchos trabajadores de esas fincas, al día siguiente de los
hechos, se presentaron ante las oficinas del Sindicato, ubicada en el casco
urbano de Ciénaga, especialmente, los integrantes de los comités obreros y de
las comisiones negociadoras de los pliegos, quienes informaron a la Junta
Directiva de la Seccional los sucesos ocurridos en la tarde anterior en los
predios de la fincas.
11. Que el 9 de Agosto del  2002, una comisión de
trabajadores de ambas fincas, liderada por el Sr. Carlos Alberto Arévalo Arias
(Presidente de la comisión negociadora de la finca "SARA BRETAÑA', se
presentó ante las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación -Seccional
Ciénaga-, procediendo a denunciar la actuación realizada por el Señor Lacouture
Dangond.
12. De conformidad con los hechos descritos, se
configura la amenaza de los derechos fundamentales de los trabajadores
afiliados a "SINTRAINAGRO", pertenecientes a las fincas denominadas
“SARA BRETAÑA” y “LA ISLA”, por parte de su propietario y empleador
especialmente en lo que hace alusión a la vida, a la integridad personal, al
trabajo y a la asociación sindical, consagrados en los artículos 11, 12, 25 y
39 de la Constitución Política de 1.991. Igualmente se pretende desconocer los
artículos 1º y 2º del Convenio No. 98 de la Organización Internacional del
Trabajo (O.I.T.), incorporado al derecho interno colombiano a través de la ley
27 de 1.976, como los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia, contemplados en el Art. 93 de la C. P.
13. Pasa luego el accionante a explicar las razones
por las cuales considera que se vulnera cada uno de los derechos invocados en
la demanda, así:
i) Respecto a la vida y a la integridad personal,
aduce que el empleador amenazó de manera indirecta a los trabajadores, con
retaliaciones por parte de grupos paramilitares que operan en la zona en caso
de que se organice algún sindicato en sus predios o de continuar afiliado a
"SINTRAINAGRO", lo cual coloca a estas personas en condiciones de
vulnerabilidad y como objetivo militar por parte de estos grupos, que como es
sabido operan en la zona al margen de la ley.
ii) En cuanto al trabajo en condiciones dignas y
justas, puesto que se pretende desconocer por parte del empleador, la adecuada
y especial protección de que gozan los trabajadores contra todo acto de
discriminación de sus derechos laborales, induciéndoles mediante presión a
aceptar las condiciones de hecho denigrantes impuestas por el empleador por
costumbre en cada una de sus fincas o en caso contrario, se verían expuestos a
renunciar forzosamente a sus empleos.
iii) En relación a la asociación sindical, señala que
el Sr. CARLOS LACOUTURE DANGOND, viene promoviendo con su comportamiento, la
desafiliación de sus trabajadores a la organización sindical, presionando a
través de chantajes, amenazas, dádivas o promesas el retiro de los mismos del
sindicato; igualmente coacciona y menoscaba la libertad sindical de sus
empleados para que no se afilien o renuncien a "SINTRAINAGRO",
obstaculizando la misión que le es propia, de representar los intereses
económicos comunes de sus asociados.
14. Aduce que se interpone esta acción como mecanismo
transitorio a fin de evitar que se ocasione un perjuicio irremediable contra
los trabajadores que laboran en las fincas “SARA BRETAÑA” y “LA ISLA” afiliados
a "SINTRAINAGRO," puesto que el propósito esencial de ésta, es la de
neutralizar oportuna y urgentemente las amenazas a los derechos fundamentales
que se ciernen contra los trabajadores de dichos predios, de tal manera que
este amparo sea una respuesta proporcional, oportuna e impostergable frente a
la situación de indefensión en que se encuentran las personas mencionadas
frente, a las actuaciones que pueda emprender el Sr. Lacouture Dangond.
15. Por último precisa que el sindicato a través de su
representante legal, se encuentra legitimado en la causa para demandar la
tutela en favor de los derechos fundamentales aludidos de sus afiliados,
amparado en el concepto de la subordinación indirecta frente el empleador, pues
sus miembros en este caso, son trabajadores de la empresa en cuestión.
16.  Con fundamento en los hechos descritos, solicita
al Juez Constitucional, tutelar los derechos invocados, disponiendo y ordenando
al empleador, que en el término de 48 horas computadas a partir de la emisión
del presente fallo:
- Cese las amenazas, persecuciones y constreñimiento
contra la vida e integridad personal de los trabajadores que laboran en las
fincas “SARA BRETAÑA” y “LA ISLA” afiliados a "SINTRAINAGRO".
- Respete y garantice el derecho fundamental que le
asiste a los trabajadores de las fincas “SARA BRETAÑA” y “LA ISLA” de formar
parte de una asociación sindical legítimamente constituida.
- Se abstenga de tomar medidas represivas contra los
trabajadores de las fincas “SARA BRETAÑA” y “LA ISLA” posteriores a la emisión
del presente fallo.
2.     Pruebas:
1. Fotocopia Nit.  SINTRAINAGRO.
2. Fotocopias del Acta de elección de última Junta
Directiva de Sintrainagro Sub Directiva Ciénaga.
3. Fotocopias de los 50 formularios de afiliación a
Sintrainagro diligenciados por los trabajadores pertenecientes a las fincas
denominadas “SARA BRETAÑA” y “LA ISLA.”
4. Fotocopias del listado de los trabajadores
pertenecientes a las fincas denominadas “SARA BRETAÑA” y “LA ISLA”
suministrados por el demandante.
5. Fotocopias de los dos oficios dirigidos por parte
de Sintrainagro al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con fecha de
recibidos del día 15 de Julio de 2002.
6. Fotocopias del pliego de peticiones presentado a
las fincas denominadas “SARA BRETAÑA” y “LA ISLA.”
7. Fotocopia del Oficio del Julio 18 de 2002,
dirigido al señor Lacouture Dangond en el cual los trabajadores de las
mencionadas fincas desautorizan la afiliación a  Sintrainagro.
8 . Denuncia No. 96, del 9 de agosto 9 de 2002, realizada
ante la Fiscalía General de la Nación- Seccional Ciénaga, por parte del Sr.
CARLOS ALBERTO ARIAS y OTROS, contra CARLOS LACOUTURE DANGOND.
3.
Intervención del accionado ante el Juez de Primera Instancia.
Manifiesta el demandado, que la acción instaurada
persigue que se tutelen los derechos fundamentales a la vida, a la integridad
personal, al trabajo y a la asociación sindical pero aduce que
independientemente de que algunas de las afirmaciones efectuadas en la demanda
resulten ciertas, tales como las relativas al incumplimiento de obligaciones de
carácter social, no ve de qué manera se haya incurrido en trasgresión de los
preceptos constitucionales que tutelan el derecho a la vida (art. 11, 12, 25 y
39 de la C. P.), que se reputan como  violados.
Indica que frente a la denuncia penal interpuesta por
el señor Carlos Arévalo Arias contra el demandado, por los presuntos delitos de
amenazas contra la vida, la integridad personal, el trabajo y el derecho de
asociación sindical de que da cuenta el escrito introductor de la acción de
tutela, se estaría frente a un caso en que el Fiscal sería el llamado a
calificar las conductas que se le imputan.
Señala que el numeral lº  del artículo 6º del Decreto
2591 de 1.991, establece que, la acción de tutela no procederá cuando existan
otros medios de defensa judicial, luego afirma, que si desde el 9 de
agosto de 2.002 existe una querella penal en la cual se denuncian como violados
los derechos a la vida, integridad personal, trabajo y asociación sindical, ya los
interesados acudieron a lo que la norma parcialmente transcrita denomina
"medios de defensa judiciales" y en esa medida, la tutela - en cuanto
mecanismo - subsidiario o residual- no cabría en el presente caso.
Como respuesta a la demanda, informa además,
que para la época en la que él adquirió el dominio de los predios rurales
denominados "Sara Bretaña" y "La Isla", los trabajadores se
encontraban en una situación deplorable en comparación con la que ahora gozan,
así esta última no sea la mejor, dadas las condiciones en las que le
correspondió asumir el manejo de tales predios.
Manifiesta que por problemas que en este momento no
son objeto de análisis, los anteriores propietarios de las mencionadas fincas
tuvieron que abandonarlas y los trabajadores quedaron cesantes, sin que
existiera alguien que les suministrara siquiera con qué atender su
subsistencia.
Sostiene el demandado, que con el lastre de un pasivo
laboral muy grande y en un acto que califica de quijotesco, emprendió la tarea
de recuperar las fincas, tras más de dos años de haber sido abandonadas, y en
forma lenta, pero progresiva se ha venido sacando adelante tal propósito.
Señala además, que lo primero que tuvo que hacer, en un momento de depresión
del mercado mundial del banano, fue conseguir una comercializadora
internacional a quien venderle la fruta.  De igual manera indica, que se han
venido adelantando las gestiones y trabajos necesarios para aumentar la
productividad de manera que resulte rentable, tanto para el propietario como
para los trabajadores, mantener las empresas.
Destaca que la colaboración de los trabajadores de las
fincas ha sido un factor decisivo, pues la comprensión de los mismos de la
difícil situación económica y la paciencia que han demostrado frente al
restablecimiento pleno de sus derechos sociales, ha sido un elemento que ha
permitido mantener el ritmo de recuperación.
Aduce que con los trabajadores se ha llegado a un
acuerdo mediante el cual, el propósito es que en el mes de diciembre del año
2002 queden al día los salarios, que actualmente acusan un retraso de tres (3)
catorcenas y no cinco (5) quincenas como se afirma en la demanda; las
dotaciones de calzado y uniformes; las afiliaciones a la seguridad social y, en
general, al pago de cualquier otra prestación social.
Precisa que esta situación es terreno fértil para que
los activistas sindicales, prometiendo remediar todas las carencias anotadas,
obtengan de los trabajadores un voto de confianza, lo cual resulta una falacia,
pues en virtud de la sindicalización de los trabajadores - cosa que en ningún
momento ha tratado de impedir -, no se van a obtener los recursos necesarios
para solucionar lo debido.
En relación con la afiliación masiva de los
trabajadores de estas dos fincas a SINTRAINAGRO, durante los días 11 y 13 de
julio del año 2002, anota que alguien está mintiendo: o lo hacen los
trabajadores o lo hace la organización sindical, puesto que fueron aquellos
quienes informaron al administrador de las fincas que entre las 5:30 y 6: 00
a.m., de los mencionados días unos señores acompañados de personas, sin ningún
tipo de distintivos, que portaban metralletas, habían hecho presencia en los
predios de las fincas y luego de arengarlos les entregaron un formato para que
lo firmaran.  De esta manera lograron la afiliación al citado sindicato.
Afirma que la libertad de asociación sindical se
predica tanto frente al patrono como frente a los sindicatos, de suerte que la
mayoría de los trabajadores manifestaron que se sintieron intimidados con la
presencia de las personas armadas y que debido a ello, habían suscrito los
mencionados formatos de afiliación.
Expresa que ante tal situación naturalmente el
empleador les expreso a los trabajadores que si eso era cierto existía la
manera de renunciar al sindicato. Y agrega que si eso es persecución sindical
entonces la actitud de “SINTRAINAGRO” para lograr la afiliación lo es aún en
mayor grado.
Señala que los mismos días en que
los miembros de “SINTRAINAGRO” se presentaron a las fincas "Sara
Bretaña" y "La Isla", llevaban redactado el pliego de peticiones
para ambas fincas, luego es falso que haya existido consenso sobre estos, pues
los pliegos que presentaron no son más que el modelo que la organización
sindical de marras ha elaborado y presentado en todas las fincas.
Aduce que como la mayoría de los trabajadores de ambas
fincas manifestaron su deseo de renunciar al sindicato y sus conocimientos en
esta materia son escasos, solicitaron que les redactaran el escrito a que se
hace mención en la demanda de tutela, exclusivamente con base en las
informaciones que los trabajadores suministraron y las razones que tenían para
desautorizar las firmas que habían colocado en los formatos de afiliación.
Indica que después de las reuniones de los
trabajadores realizadas los días 11 y 13 de julio de 2002, circuló en las
fincas el rumor de que las personas armadas que acompañaban a los dirigentes
sindicales eran agentes del DAS.  Para corroborar este aserto concurrió al DAS
y esta institución confirmó el hecho, ante lo cual manifiesta que sugirió a
dicha entidad, que en tal caso los escoltas debían portar un distintivo que los
identificaran como tales, pues dadas las condiciones de inseguridad reinantes
en la región la presencia de personas armadas naturalmente infundía temor e
intimidación.
Precisa que no es cierto que haya presionado a los
trabajadores para que se desafiliaran del sindicato y que al señor Carlos
Eduardo Cantillo Echeverría le prestó la suma de $ 200.000, por calamidad
doméstica, en razón de que el trabajador le solicitó esta suma para atender
deudas por gastos ocasionados por la muerte de un hermano suyo acaecida unos
días antes. Aduce que el mejor indicio de que tal dinero no tenía como
finalidad lograr que el citado trabajador firmara la carta de desafiliación al
sindicato, es que éste no la suscribió.
De otra parte indica que a su juicio “SINTRAINAGRO”
carece de personería para actuar en nombre de los trabajadores afiliados al
mismo, ya que conforme a los registros que obran en su poder de la finca
"La Isla" sólo cinco (5) trabajadores estarían afiliados y de la
"Sara Bretaña" seis (6) trabajadores lo estarían, lo que significa
que no tienen la representación de los trabajadores de las fincas, pues no
tienen el número requerido exigido por la ley para que en las citadas fincas
existan comités sindicales.
Señala que “no es cierto que el suscrito haya
amenazado directa ni indirectamente a ningún trabajador de las fincas, pues no
ha sido costumbre mía amenazar a nadie y menos en forma colectiva y pública,
pues conozco las consecuencias de todo orden, en especial en el campo del
derecho penal, que tal acto encierra.  De otra parte, a quién se le ocurriría
pensar que pueda amenazar a uno o más trabajadores con retaliaciones por parte
de grupos paramilitares operantes en la zona, cuando soy de los primeros en
repudiar todo tipo de violencia en contra de los derechos patrimoniales y
extrapatrimoniales de las personas e incluso de ejercer violencia contra las
cosas.”
Manifiesta que “hace aproximadamente dos años algunos
trabajadores de esas fincas entablaron una denuncia penal contra el suscrito
por supuestas amenazas contra la vida e integridad personal de los denunciantes
y la Fiscalía a la que correspondió conocer el asunto precluyó la investigación
por inexistencia del supuesto delito.”
Concluye que “para el caso la tutela no procede ni aún
como mecanismo transitorio en razón a que como lo previene el artículo 8o. del
Decreto 2591 de 1.991, en armonía con el artículo lo. del Decreto número 306 de
1.992, se requiere de que exista un perjuicio irremediable que para el caso de
autos no aparece por parte alguna, en relación con los cargos de amenazas
indirectas contra la vida e integridad personal, y el derecho al trabajo o a la
asociación sindical.”
4.
DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
4.1    Fallo de primera instancia
El Juzgado Segundo Penal Municipal de Ciénaga
(Magdalena), en providencia del 5 de septiembre de 2002, encuentra procedente
la acción de tutela impetrada con fundamento en los siguientes razonamientos:
Considera el A-quo, que en atención a lo dispuesto por
el artículo 42-9 del decreto 2591 de 1991, para el caso es procedente conceder
el amparo al considerar que el accionante en representación de los trabajadores
de las fincas “Sara Bretaña” y “La Isla” se encuentran en situaciones de
subordinación respecto del accionado señor Carlos Lacouture Dangond,
propietario y gerente de las precitadas fincas.
En lo que respecta a la vulneración del derecho de
Asociación Sindical que aduce el accionante actuando como presidente del
Sindicato Nacional de Trabajadores (Sintrainagro) y en representación de los
trabajadores de las fincas bananeras  “Sara Bretaña” y “La Isla”, indica que
ello tiene su fundamento en el artículo 39 de la Constitución Política, que
asegura a todos los trabajadores que tienen derecho de constituir sindicatos,
lo que está en armonía con lo expresado en reiterados fallos por la Corte
Constitucional, según lo cual, su ejercicio se requiere como algo indispensable
que los promotores de la Asociación actúen con libertad inclusive en el
interior de las instalaciones de la empresa siempre que lo hagan pacíficamente
en busca de la solidaridad de los demás empleados con el definido propósito de
fortalecer y ensanchar la organización, todo lo cual, hace parte de su derecho
y en modo alguno riñe con la lealtad hacia la empresa, ni con el debido
desenvolvimiento de las actividades laborales.
Advierte que es ilegítima toda conducta por parte de
los patronos que tienda a obstaculizar, prohibir o sancionar, las reuniones
indispensables para constituir el sindicato o para desarrollar su actividades
y recuerda que el mismo debe ejercerse en términos razonables y sin que las
reuniones que celebren degenere en perturbaciones de orden público en daños a
las personas o a las cosas, o impidan el curso normal de las labores en la
empresa, así las cosas deduce que se lesiona el uso de la libertad sindical,
cuando se consagran o aplican restricciones absolutas que lo hagan imposible o
que convierta las deliberaciones de los promotores sindicales o las de los
actuales o eventuales afiliados en actos riesgosos para su estabilidad laboral.
De otra parte, el fallo hace hincapié a que dentro del
expediente aparece una carta dirigida al empleador de fecha 18 de julio de
2002, en donde los trabajadores de las referidas fincas, desautorizan las
firmas que aparecen en los formatos de afiliación, como explicación de la
misma, el accionante indica que con base a la afiliación masiva a la
organización sindical comenzaron a trabajar una propuesta de pliego de
peticiones, pero que el señor Carlos Lacouture los presionó para llenar el
mencionado documento, el cual fue leído por el administrador ante los grupos de
trabajadores, el mismo contenía los nombres de los trabajadores y hacía alusión
a que un grupo de personas los cuales portaban metralletas se hicieron presente
en la finca "La Isla" el día 11 de julio del 2002 y “los arengó para
que se afiliaran al mismo”, manifestando el accionado no ser cierto este hecho,
en virtud de que la gran mayoría de los trabajadores de las fincas manifestaron
su deseo de renunciar al sindicato, pero sí acepta haber elaborado el escrito
en mención, a solicitud de los trabajadores porque los conocimientos de ellos
son escasos.
Señala el Juzgado de instancia, que para dilucidar el
asunto y despejar algunas dudas, se citó a varias personas a efectos que
rindieran sus testimonios, pero como no fue posible su comparencia entra a
resolver el asunto dando aplicación al artículo 39 de la Constitución Política,
que establece que los trabajadores y empleados tienen derecho a constituir
sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado.
Anota que todo trabajador es libre de asociarse a
sindicatos, pero estima que para el caso de que los trabajadores desautoricen
sus firmas de afiliación, su consentimiento, es un acto democrático, pero nunca
bajo coacción como lo afirma el accionante y estableciéndose con su proceder un
derecho conculcado por el accionado.
En lo que hace relación a la seguridad social incoada
por el accionante en representación de los trabajadores de la industria
Agropecuaria "Sintrainagro" considera que es un derecho irrenunciable
de los trabajadores, la efectividad en este derecho no solo corresponde al
trabajador sino también al empleador quien tiene la obligación de afiliar a sus
empleados al Seguro Social.
Así las cosas, estima que el derecho a la seguridad
social es un derecho que se debe prestar al trabajador desde el mismo instante
que se suscribe el contrato de trabajo con el empleador y en el caso concreto
el demandado ha omitido ese deber conculcando este derecho fundamental
íntimamente relacionado con la vida.
En cuando a las amenazas de muerte a las que alude el
actor, precisa que no se pudieron establecer pruebas dentro de la demanda de
tutela, pero como en el plenario se observa una copia de la denuncia formulada
ante la Fiscalía, considera el despacho, que existen otros medios de defensa
judicial a los cuales se puede recurrir con tal propósito.
Por las anteriores razones declara procedente la
acción de tutela instaurada por el actor en representación de los trabajadores
de la Industria Agropecuaria Sintrainagro en contra del señor Carlos Lacouture
Dangond, por la violación de los derechos fundamentales a la vida derivado de
la seguridad social, al trabajo y la asociación sindical.
4.2
Impugnación.
Lo primero que el impugnante cuestiona, es que si como
lo afirma la propia falladora reconoce que no fue posible recaudar pruebas,
entonces se pregunta en qué se basó la sentencia, pues afirma, que si el
sindicato accionante no probó los extremos de la acción de tutela no queda sino
la palabra del accionante contra la del accionado y viceversa, lo que significa
que el fallo no ha debido conceder la protección solicitada.
Precisa que en la demanda de tutela se alude a la
violación de los derechos fundamentales al trabajo, a la integridad personal, a
la vida y a la asociación sindical, y aclara que, aparte de lo manifestado en
la contestación de la demanda de tutela en relación con el primero de los
derechos enunciados, donde se explicaron las dificultades económicas por las
que desde hace varios años atraviesan las fincas "Sara Bretaña" y
"La Isla" y el esfuerzo que se está realizando en concurso con los
trabajadores para la recuperación de las mismas, situación que condujo a que no
se haya cumplido con todas las obligaciones sociales de los trabajadores, sin
que por ello, se pueda predicar que haya existido en forma deliberada la
vulneración de derechos fundamentales y nada de los restantes cargos resultan
ser ciertos y nada se probó por parte del accionante.
En lo relativo a la falta de afiliación de los
trabajadores al sistema de seguridad social, señala que a los trabajadores
nunca les faltó la asistencia médica, ni el suministro de medicamentos, pues
las empresas los han prestado directamente, pese a que en muchas ocasiones las
erogaciones por tales conceptos han sido más onerosas que las que hubieran
resultado del pago de los respectivos aportes a la seguridad social.
De otra parte afirma, que si lo que quiso decir el
fallo de primera instancia al que califica de incoherente, es que la parte
empleadora tiene, frente a la omisión de afiliar a sus trabajadores al sistema
de seguridad social, la obligación de satisfacer los riesgos de enfermedad,
vejez y muerte de los trabajadores, manifiesta que esto es lo que ha venido
haciendo la empresa y que por tanto, no se da la vulneración al derecho
fundamental a la vida, derivada de la falta de seguridad social.
No obstante lo anterior, informa que el empleador con
base en lo ordenado en el fallo de tutela ha dispuesto lo necesario para
afiliar a todos los trabajadores a las respectivas empresas prestadoras de los
servicios de salud, pensión y a la A.R.P. del Instituto de Seguros Sociales.
En lo que respecta a lo afirmado por él, en la
contestación de la demanda en torno al acuerdo entre trabajadores y empleador
para ponerse al día en sus obligaciones y cuya prueba la juez de primera
instancia no tuvo en cuenta al expedir el fallo, manifiesta que  entre las
partes se llegó a un acuerdo verbal conforme al cual durante el año 2.002 las
empresas se pondrían al día en todas las obligaciones laborales. Pero destaca
que lo raro es que la falladora no haya tenido en cuenta lo anterior para
proferir la sentencia, no sólo la falta de la prueba del mencionado acuerdo,
sino la de las afirmaciones del sindicato accionante, ya que con declaraciones
extrajuicio - no ratificadas dentro del trámite de la tutela- tampoco es
posible formarse un convencimiento razonable, pues se violaría, también el
derecho fundamental al debido proceso y el derecho de defensa.
Con fundamento en los anteriores planteamientos el
demandado impugna el fallo de tutela de la referencia, en tanto que protege,
sin haber sido violados, los derechos a la vida (derivada de la falta de
afiliación a salud), al trabajo y a la asociación sindical.  Ello en razón de
que el primero no ha sido violado, porque el servicio de salud lo ha prestado
en forma directa; el segundo porque el alegado retardo en el pago de los
salarios (tres catorcenas y no cinco, como se afirma en la tutela), no
significa que a los trabajadores no se les pague, pues en cada uno de los
mencionados períodos reciben sus pagos, sino que los salarios muestran un
retraso y la propia Corte Constitucional ha sostenido que sólo "el cese
prolongado de pago de salarios hace presumir vulneración" ; y el tercero
por las razones que se dieron al contestarse el escrito de tutela. Añade además
que en la actualidad existe una negociación colectiva con SINTRAINAGRO en
representación de los trabajadores que se encuentran afiliados al mismo.
Por último reitera lo expresado en su escrito de 28 de
agosto de 2002, donde se dijo que SINTRAINAGRO carece de legitimación para
actuar en nombre de los trabajadores de las plantaciones bananeras "Sara
Bretaña" y "La Isla", no sólo por la incertidumbre que existe
acerca de si los mismos están afiliados o no al citado sindicato de industria,
sino -mayormente- porque aún estándolo, los derechos reclamados, concretamente
el de la afiliación al sistema general de salud, constituye un derecho
individual del trabajador, en cuyo caso, la acción para reclamarlo le
corresponde a él, pues los sindicatos tienen la facultad para representar en
juicio a sus afiliados cuando se trate de "intereses económicos o
generales", según lo establece el artículo 375-5 del Código Sustantivo del
Trabajo.
4.3  Fallo de Segunda Instancia.
Mediante sentencia del primero de octubre de 2002, el
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga resuelve revocar en todas sus
partes el fallo de primera instancia, fundamenta su decisión en lo siguiente:
- Lo primero que advierte el Ad quem, es que el
accionante no allegó al expediente prueba que acredite la existencia de la
Organización Sindical, para el caso, la Personaría Jurídica de la Constitución
del Sindicato, ni el Registro Sindical con nota de vigencia, para determinar la
existencia y representación Legal de la Organización Sindical a nivel general y
a nivel Seccional, lo cual de ipso facto lo ilegitima para incoar la acción en
referencia. Aduce que si bien es cierto que en el proceso se presentó fotocopia
simple del Nit de dicha organización y fotocopia simple de un acta de elección
de Junta Directiva, tales documentos debieron gozar de la autenticidad que para
tales efectos exigen las normas de procedimiento civil (art. 217 y 279 del C.
P. C), pues proviniendo de particulares su falta de autenticación solo prestará
valor de prueba sumaria siempre y cuando haya sido suscrita ante dos testigos.
- De otra parte, indica que tampoco se allegaron
pruebas que certifiquen la aceptación por parte de la Organización Sindical de
la solicitud de afiliación o ingreso que hicieran los diferentes trabajadores
de las bananeras “SARA BRETAÑA” y “LA ISLA” en fechas diversas, pues al
plenario solo se allegaron los formularios de solicitud de vinculación,
afiliación o inscripción de dichos trabajadores a esa Organización Sindical,
pero no obra certificación, constancia o aprobación alguna por parte del
Sindicato, de que evidentemente esa solicitud fue acogida positivamente,
igualmente destaca que tampoco se anexaron los Estatutos que gobiernan a esa
persona jurídica que le permita determinar a ese despacho, cuál es el proceso
de inclusión de nuevos afiliados a esa Organización Sindical, y en gracia de
discusión advierte que en el hipotético caso que solo fuera suficiente con la
presentación suscrita por el solicitante ante la organización sindical estos
carecen de la firma del Representante Legal de dicha persona jurídica que
permita presumir que hubo aceptación de los nuevos miembros.
- Manifiesta que las organizaciones sindicales son
agremiaciones de personas que se organizan mediante asambleas de trabajadores
en las cuales se debaten los hechos de más importancia que les atañen y
propendan al beneficio de sus afiliados, y precisamente uno de estos tiene que
ver con el ingreso de nuevos afiliados o exclusión o retiro de los que ya están
inscritos como miembros de la Organización Sindical, pues son los trabajadores
afiliados los que dan vida a la persona jurídica del sindicato como tal, por lo
que el procedimiento de ingreso o retiro de un grupo de individuos a una
Organización Sindical lejos del formalismo que pudiera revestir implica una
aceptación expresa de la Directiva que gobierna y representa a la Persona
Jurídica, lo cual implica que lo mínimo que debió allegarse al plenario para
establecer la relación con la organización sindical es constatar que los
trabajadores por los cuales estaba accionando por vía de tutela realmente son
miembros afiliados.
- Así
mismo señala, que el accionante no identifica, ni individualiza en los términos
que para tal efecto determina la ley a los miembros afiliados trabajadores de
dichas fincas a los cuales él representa, si bien es cierto que se allegaron
solicitudes de afiliación al Sindicato esto no es suficiente, pues en su
concepto se requería en el libelo de tutela por lo menos la identificación e
individualización de estas personas, puesto que puede ser probable que en
dichas fincas existan otros trabajadores que laboran y que no hicieron
solicitudes a esa misma Organización Sindical para que se les afiliase,
manifiesta que el término "LOS TRABAJADORES DE LAS FINCAS “SARA BRETAÑA” y
“LA ISLA" encierra un aspecto general y abstracto que no puede ser
susceptible de protegerse por vía de tutela, porque se estaría desnaturalizando
la esencia de este instrumento jurídico de proteger de manera abstracta
derechos fundamentales de colectividades sin individualizar, en ese sentido ha
sido claro el Legislador y el Constituyente de 1.991, cuando consagró la acción
de tutela como mecanismo de protección de las personas cuando quiera que estos
estuvieren siendo amenazados o conculcados por autoridades públicas o por los
particulares.
- De otro lado sostiene, que no admite discusión que
los Derechos a la Vida, Integridad Personal, Seguridad Social, Salud, Trabajo
son derechos individuales, por tanto, solo pueden ser susceptibles de ser
reclamados por el afectado de manera individual, bien sea por él directamente o
a través de un apoderado, o por quien tenga la Representación Legal del
individuo cuando quiera que sea menor de edad o que se hallare bajo una legal
causal de incapacidad.  Luego deduce que la Organización Sindical frente a la
reclamación de estos derechos carece de legitimidad, como bien lo ha reclamado
el recurrente en su recurso de alzada.
- En el caso que se resuelve encuentra además el
despacho, que igualmente resulta improcedente conceder el amparo solicitado en
relación con las acreencias laborales, ya que en el expediente no se ha logrado
determinar con exactitud cuál es el monto que puede adeudársele a los
trabajadores, y en gracia de discusión si hubiera unidad de criterio entre lo
afirmado por las partes en relación con la deuda, los trabajadores cuentan con
la vía ordinaria para reclamar sus derechos y por ello no prospera el cargo que
se hace en relación al derecho al  trabajo.
- Advierte que en relación a los derechos
fundamentales que se aducen como vulnerados, que para el caso no se ha
acreditado que evidentemente se hallen en grave riesgo o que se estén
vulnerando por parte del demandado, no obstante se diga por parte del
accionante que éste se está valiendo de su condición de empleador para hostigar
a sus trabajadores lanzando frases relacionadas con la presencia en la zona de
grupos extremistas al margen de la Ley, para lo cual se allegó al proceso copia
de la denuncia incoada ante la Fiscalía de Ciénaga, pero estos hechos por sí
solos no acreditan que esté en riesgo la vida de estas personas, además
considera que corresponde al Estado a través de sus agentes la obligación de
proteger la integridad, honra y bienes de las personas y al acudir los
trabajadores ante la Fiscalía General de la Nación y presentar la
correspondiente denuncia se demuestra que estas personas están haciendo uso y
cuentan con otro medio de defensa judicial de sus derechos, por lo que resulta
improcedente cobijarlos por vía de tutela.
- Con relación a la protección del derecho a la vida
derivado de la Seguridad Social, observa que el patrono ha reiterado que este
riesgo lo prestan directamente las empresas para las cuales laboran los
trabajadores no obstante al plenario tampoco se allegó una prueba que permita
concluir que los trabajadores de las Fincas “SARA BRETAÑA” y “LA ISLA” vengan
padeciendo enfermedades o se hallen en situaciones de grave salubridad producto
de la labor que desempeñan, se presumen sus buenas condiciones físicas y de
salud, por el simple hecho de ser trabajadores activos que diariamente laboran
para el empleador, lo cual permite concluir que no se hallan frente a una
manifiesta condición de insalubridad, debilidad manifiesta o grave situación de
quebrantamientos de salud, que pudiera pensarse pongan en peligro su vida, el
simple hecho de no hallarse afiliados a una E. P.S, o similar que pueda cubrir
sus riesgos de salud, no es indicador que por este solo hecho esté en peligro
la vida.
- Así las cosas, para el Ad quem la Acción de tutela
no debió prosperar por cuanto el accionante actuando en representación de una
Persona Jurídica, no acreditó al expediente su legitimidad para actuar en legal
forma, ni la existencia de la persona jurídica que representa, y mucho menos la
certeza de que las personas por las que dice actuar sean miembros de la
organización sindical “SINTRAINAGRO.”
- Consecuente con lo anterior revoca en su integridad
el fallo de primera instancia no sin antes indicar que igualmente la acción de
tutela no procede en relación a la liquidación y pago de las obligaciones
laborales, toda vez que este tipo de controversias han de resolverse delante
del estrado judicial competente.
5.   Pruebas solicitadas por la Corte.
5.1  Esta Corporación, con el fin de tener
mayores elementos de juicio en el proceso de la referencia procedió a oficiar
al señor ROBINSON OLIVERO CARPINTERO, Presidente del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria Agropecuaria “SINTRAINAGRO” Seccional Ciénaga,
para que bajo los apremios legales enviara copia de los Estatutos de la
mencionada Organización Sindical así como también informe sobre cuáles
trabajadores de las fincas “SARA BRETAÑA” y “LA ISLA” se encuentran afiliados a
dicha organización sindical y si actualmente se está adelantando algún tipo de
negociación colectiva entre el empleador y los trabajadores de las mencionadas
fincas afiliados a SINTRAINAGRO.
Mediante oficio radicado en esta
Corporación el 15 de mayo de 2003 el actor da respuesta al oficio de la
referencia en la que señala que si bien se ha venido adelantando una
negociación colectiva entre el empresario y los trabajadores de las fincas
“SARA BRETAÑA” y “LA ISLA” afiliados a Sintrainagro, el empresario demandado
sigue incumpliendo con la ley laboral, sigue despidiendo trabajadores
sindicalizados, reteniendo salarios y prestaciones sociales y continúa con las
amenazas a los trabajadores sindicalizados para que se desafilien de la
organización sindical.
Como anexos envía copia de los Estatutos
del Sindicato Nacional de la Industria Agropecuaria Sintrainagro y fotocopia de
los formatos de  afiliación al sindicato de  los trabajadores de los
mencionados predios.
5.2  Igualmente se ordenó que por
Secretaría General se oficiara al Señor CARLOS LACOUTURE DANGOND, para que
informara a este despacho sobre el total de los trabajadores vinculados a las
fincas “SARA BRETANA” y “LA ISLA”, indicando el nombre de los trabajadores
sindicalizados y no sindicalizados, así como los aspectos que considere sean
del caso destacar en relación con el asunto.
Al
oficio en mención dió repuesta el Dr. Carlos Becerra Barona asesor jurídico del
mismo en razón a que según afirma el Señor Carlos Lacouture Dangond se
encuentra fuera del país.
En
dicha respuesta señala que de la finca “SARA BRETAÑA” están sindicalizados los
siguientes trabajadores: Carlos Jader Arias, Silfredo Arias Teherán,  Luis
Arredondo Torres, Carlos Cantillo Echeverría, Pedro Castellano Coronado,
Domínguez Charris Murieles,  Libardo Escorcia Manga, Alcides Gómez Cantillo,
Héctor Gómez Navas, Manuel Guzmán Álvarez, Leoncio Hernández Lora, Ever Púa
Hernández, Hernán Jiménez Mercado, José Manjares López, Carlos Martes Castillo,
José Montenegro, Julio Padilla Soto, Elías Piña Rodríguez, Adolfo Rivera
Monsalvo, Deibys Rivera Monsalvo, Maximiliano Rojas, Oscar Villamil.
Como
trabajadores no sindicalizados de dicha finca figuran los siguientes: Jorge
Verdugo Pérez, Zoraida Díaz Pacheco, Lequido Guerrero, Martín Hernández,
Octavio Hernández, Carlos Santamaría Sánchez, Daine Torres Hernández, Francisco
Utria Mendoza.
Según
la misma información  de la finca “LA ISLA” están sindicalizados los siguientes
trabajadores: Luciano Arenas, Julio Cesar Arias Bolívar, Sinibaldo Ayola
Carranza, Alejandro Barrios Carrillo, Gabriel Blanco Álvarez, Enrique de la Hoz
Cabarca, Alexis Echeverría Rua, Gustavo Escorcia Obeso, Mario Guillot Retomozo,
Aquilino Meriño Cáceres, Gladis Montalvo Hernández, Dagoberto Morales Piña,
Jonás Narváez Valdés, Julio Pacheco Salas,  Ricardo Pedroza Barrios, Ernesto
Polo Caballero, Javier Rodríguez, Eduardo Ruiz Estrada.
Como trabajadores no sindicalizados se
encuentran: Sigilfredo Castro Leal, Jairo Cortés, Gómez Aguilar (sic), Libardo
Hernández, Eduardo Martínez, Alexis Sandoval Barrios, César Visbal, José Yépez,
José Zamora.
De otra parte comunica, que el señor Carlos
Lacouture Dangond en su calidad de empresario suscribió convenciones colectivas
de trabajo con los representantes de ambas fincas quienes estuvieron asesorados
por las directivas de SINTRAINAGRO, Seccional Ciénega y entre ellos
precisamente por el demandante en esta tutela.
Por último hace mención a que remitirá la
providencia proferida en el proceso penal que se adelanta que se inició por
SINTRAINAGRO contra el señor Lacouture Dangond sin que a la fecha se haya
recibido el mencionado documento.
5.3  Se ordenó además a través de la Secretaría
General, oficiar al Ministerio de Protección Social, para que enviara con
destino al proceso de la referencia, la información relacionada con la
constitución del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria
Agropecuaria “SINTRAINAGRO” Seccional Ciénaga así como sobre su situación
actual, igualmente se le requirió para que informara, lo que le constara en
relación con los pliegos de peticiones presentados el día 15 de julio de 2002,
por el Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria
Agropecuaria “SINTRAINAGRO” Seccional Ciénaga, en nombre de los trabajadores de
las fincas bananeras denominadas “SARA BRETAÑA” y “LA ISLA” ubicadas en el
corregimiento de Orihueca (Zona Bananera), mediante los cuales se inició al
trámite encaminado a lograr una negociación de Convención Colectiva entre
“SINTRAINAGRO” y el Señor CARLOS LACOUTURE DANGOND, así como de las actuaciones
que puedan haberse surtido posteriormente.
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo
Legislativo del Ministerio de la Protección Social, dio respuesta a la
solicitud de información relacionada con el sindicato denominado Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria " SINTRAINAGRO"
Seccional Ciénaga en los siguientes términos:[1]
1. En lo relativo con la inscripción de la citada
organización sindical señala que ésta tiene la personería jurídica No. 002581
del 24 de julio de 1975, y que mediante Resolución No. 003 del 2001, se
inscribió la Junta Directiva Sindical en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Cienaga-Magdalena, siendo su Presidente el señor ROBINSON OLlVEROS
CARPINTERO y la  Vicepresidente ROSA AMADOR.
2. En lo relacionado con la problemática del sindicato
en mención con el señor Carlos Aurelio Lacouture Dangond propietario de las
Fincas “SARA BRETAÑA” y “LA ISLA” en el Municipio de la Zona Bananera informa
lo siguiente:
“Desde el año 2001 el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social hoy Ministerio de la Protección Social a través de
su Dirección Territorial del Magdalena, adelantó una serie de gestiones en
procura de mejorar la calidad de vida a los trabajadores de las fincas antes
citadas. Para ello el ex Ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor
ANGELlNO GARZON, comisionó al Jefe de la Unidad Especial de Inspección y
Vigilancia, para que en compartía de varios funcionarios de la Dirección
Territorial de Trabajo del Magdalena lograra en su gestión que el señor CARLOS
DANGOND LACOUTURE. se sentara a dialogar con los representantes del sindicato
de una parte y por la otra la organización sindical encontrándose dentro de los
términos legales de la convención votaron la huelga que tuvo una duración de
dieciocho (18) días, lográndose negociar el mínimo legal y lo extraconvencional
se negociara para el año 2003, situación que a la fecha no ha tenido solución.
Para la constatación del Cese de
actividades que se iniciaba en las fincas citadas, se comisionó a un Inspector
de Trabajo, quien levantó el acta respectiva el 10 de octubre del 2002, para el
efecto adjunto el documento. La huelga fue levantada, según constatación
realizada por los Inspectores de Trabajo comisionados, el día 29 del mes de
octubre del 2002, situación que resolvió el conflicto mediante la suscripción
respectiva de las convenciones colectivas de trabajo en las fincas citadas, el
dia 28 de octubre de 2002, conforme a los documentos que adjunto.
El 6 de mayo de 2002, el Señor ROBINSON
OLIVEROS, presenta denuncia de violación de la convención colectiva ante la
inspectora de Ciénaga.
El día 8 de mayo de 2003, se levanta el
acta de diligencia administrativo laboral, en la cual la organización
sindical" SINTRAINAGRO, en cabeza de su presidente ROBINSON OLIVEROS
CARPINTERO, formaliza la denuncia de irregularidades por parte del señor CARLOS
LACOUTURE DANGOND propietario de la las fincas SARA BRETAÑA e ISLA,
consistentes en retención de algunos sueldos a trabajadores, prestaciones
sociales, vacaciones, subsidio familiar y seguridad social, reintegro de tres
(3) trabajadores, persecución sindical, retiro de algunos que han suscrito
convención colectiva. No se llega a ningún acuerdo. Se anexa el acta levantada.
A las partes se les notifica la realización de una inspección ocular para el
día siguiente, 9 de mayo.”
5.4 Igualmente se ordenó que por
Secretaría General se oficie a la Fiscalía General de la Nación, Seccional
Ciénaga (Magdalena), para que informe con destino al proceso de la referencia,
si en esa Fiscalía cursa actualmente investigación por denuncia penal
instaurada por el Señor Carlos Alberto Arévalo Arias y otros, contra el Señor
Carlos Lacouture Dangond, indicando el punible y el estado en que se encuentra
dicha investigación.
En respuesta dada el 22 de mayo de 2003,
por la Fiscalía General de la Nación a través de su Delegado, el Fiscal 20
Seccional, se informa que esa fiscalía adelanta actualmente un proceso penal
conforme a la denuncia formulada por el señor ROBINSON OLIVERO C., en su
calidad de presidente de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la
Industria Agropecuaria SINTRAINAGRO, Seccional Ciénega, contra el señor Carlos
Lacouture, por el presunto delito de violación de los derechos de reunión y asociación
sindical (art. 200 C.P.), el cual señala fue abierto el 12 de diciembre de 2002
con el número de radicación 6651 de esa Fiscalía y en la actualidad la
investigación en curso se encuentra en etapa de instrucción y no aparece
denuncia penal instaurada por el señor CARLOS ALBERTO ARÉVALO ARIAS.
5.5 De igual manera se comisionó al
Juzgado Segundo Penal Municipal de Ciénaga, para que practicara un
interrogatorio a los trabajadores de las fincas “SARA BRETAÑA” y “LA ISLA”
ubicadas en el corregimiento de Orihueca (Zona Bananera), a fin de probar si
estos trabajadores fueron o no objeto de presión por parte del Señor Carlos
Lacouture Dangond, para que renunciaran al Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Industria Agropecuaria “SINTRAINAGRO” .
En la declaración juramentada rendida ante
ese despacho los días 14, 15, 19 y 20 de mayo de 2003 y en relación con la
pregunta formulada por el Juzgado en mención sobre si habían sido presionados o
no por el señor Carlos Lacouture Dangond para renunciar al Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Industria Agropecuaria respondieron de la siguiente
forma:
- El señor Domingo Sebastián Charris
Morales señala que “sí fui presionado por el señor Lacouture Dangond, él se
presentó en la finca con el ejército y nos puso a firmar una carta para que
renunciáramos y ofreció dinero”
- El señor Elías Moisés Piña Rodríguez
dijo que “sí  fui presionado por el señor Lacouture Dangond, él se presentó
en la finca con el ejército y nos puso a firmar una carta para que
renunciáramos y ofreció dinero para que renunciáramos y si no lo hacíamos dijo
que iba haber una masacre”
- El señor Carlos Arturo Martes Castillo
afirmó “sí  fui presionado por el señor Lacouture Dangond y nos dijo a todos
los trabajadores que si no lo hacíamos nos votaba (sic) a todos como perros”(folio
16 cuaderno 2º)
- Los señores Julio Cesar Padilla Soto y
Carlos Alberto Arévalo Arias manifestaron de manera individual cada uno lo
siguiente: “sí fui presionado por el señor Lacouture Dangond, él se presentó
en la finca con el ejército y nos puso a firmar una carta para que
renunciáramos y si no lo hacíamos nos vota(sic)  del trabajo” (folios 18 y
20 cuaderno 2º)
- El
señor Leoncio Antonio Hernández Lora afirmó: “sí fue cierto que don Carlos
nos hizo firmar una carta para renunciar al sindicato y el día de la huelga,
metió al ejército.”
- El señor Enrique Manuel de la Hoz Cabarca declaró
que el demandado llegó a la finca ofreció plata para que se retiraran del
sindicato y como ellos manifestaron que no porque les debía seis quincenas
entonces volvió a ir a la finca y volvió a recordarles “que si no se
retiraban de SINTRAINAGRO que se acordaran de lo que pasó en la finca el Tiempo
y de ahí metió a la policía y al ejército, diciéndoles que ya había ido “el
jefe de los paracos donde él por la lista de ellos.”
- El señor Carlos Eduardo Cantillo Echeverría indicó
que sí fue presionado para renunciar a la organización sindical y lo otro fue
una amenaza por lo de la metida del ejército a la finca donde estaban en paro,
y una advertencia que le hizo sobre su hermano que le habían matado en esos
días. Entonces, le dijo que se diera cuenta lo que le había pasado con su
hermano.
- El señor Eusebio Santiago León Morales manifiesta
que sí fueron amenazados por parte del señor Lacouture Dangond para que
renunciaran al sindicato y llevó al ejército y la policía, pero que ellos no
hicieron nada en contra de nosotros, pues se dieron cuenta que ellos estaban
luchando por una causa que les pertenecía, porqué él no les quería pagar y
agrega que él fue retirado de la empresa y que de los dos años ocho meses que
trabajó apenas le canceló un año.
- En igual sentido se pronunciaron los señores Pedro
Antonio Castellano Coronado, Salvador José de Andreis Pacheco, Deivis Enrique
Rivera Monsalvo, Adolfo Antonio Rivera Monsalvo, Juan Alberto Mendoza
Hernández, Oscar Villamil Figueroa, Alejandro Fidel Barrios Carrillo, Luciano
Arenas, Cinibaldo Antonio Ayola Carranza, Jonás Narváez Valdez, Julio César Arias
Bolívar, Eduardo Jerónimo Ruiz Estrada, Aquilino Rafael Meriño Cáceres, Javier
Enrique Rodríguez Navas, Ricardo Antonio Pedroza Barrios, Julio Manuel Pacheco
Salas, Gabriel José Blanco Álvarez, Ernesto Emilio Polo Caballero, Alexi José
Echeverría Rua, Manuel Antonio Durán Prado.
- Por su parte el señor Ever Enrique Hernández Pua a
la misma pregunta respondió que no fue presionado.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.     Competencia.
La Corte Constitucional a través de esta
Sala es competente para revisar las anteriores providencias, en desarrollo de
las facultades conferidas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
2.       Problema jurídico.
En su condición de Presidente de la Junta Directiva de
"SINTAINAGRO" Seccional Ciénaga Magdalena, el señor Robinson Oliveros
Carpintero interpuso acción de tutela como mecanismo transitorio en favor de
los trabajadores de las Fincas “Sara Bretaña” y “La Isla” para que se amparen
sus derechos fundamentales al trabajo, a la asociación sindical, a la vida y a
la integridad personal, los que considera están siendo conculcados por el señor
CARLOS LACOUTURE DANGOND, propietario de las fincas bananeras donde
estos trabajan, pues además de éste no cumplir con sus obligaciones patronales
de afiliarlos a la seguridad social, de pagar oportunamente los salarios y las
prestaciones sociales que les corresponden, ha realizado actos de represión
para impedir que sus trabajadores puedan de manera legítima ejercer el derecho
que tienen de afiliarse a una Organización Sindical en procura de ver
solucionados los problemas laborales que los aquejan.
Le corresponde a esta Sala determinar, si
la acción de tutela es el mecanismo procesal adecuado para  proteger de manera
transitoria los derechos fundamentales que se estiman violados.
En ese orden de ideas, varios son los temas
que son necesarios analizar para poder definir el caso concreto.
1. El derecho de asociación y libertad
sindical. Concepto.
La Constitución Política de 1991, reconoce
el derecho a la libertad de asociación sindical como un derecho fundamental que
se predica, tanto de los trabajadores como de los empleadores para constituir
sindicatos o agremiaciones profesionales.
En
efecto el artículo 39 de la Constitución Política consagra tal derecho en los
siguientes términos:
“Los trabajadores y empleadores tienen
derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su
reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de
constitución.
La estructura interna y el funcionamiento
de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden
legal y a los principios democráticos.
La cancelación o la suspensión de la
personería jurídica sólo procede por vía judicial.
Se reconoce a los representantes sindicales
el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.
No gozan del derecho de asociación sindical
los miembros de la Fuerza Pública.”
Cabe destacar que en el tema de la
sindicalización la Constitución de 1991, introdujo un cambio de gran
trascendencia al reconocer expresamente el derecho de los empleadores y de
todos los trabajadores - sean estos públicos o privados -, de constituir
organizaciones sociales con la sola excepción de los miembros de la fuerza
pública.
La protección constitucional que se deriva
del artículo 39 Superior en cita, está además en armonía con lo señalado en los
artículos 93 y 53 de la Constitución Política que establecen que los Tratados y
Convenios Internacionales que reconocen derechos humanos,[2] prevalecen sobre el
orden interno, y que las disposiciones constitucionales se deben interpretar en
consonancia con éstos, así mismo establecen que los convenios internacionales
del trabajo, debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.[3]
En tal sentido debe precisarse además que
nuestro país es miembro de la Organización Internacional del Trabajo[4], y que como tal ha
aprobado, entre otros, los Convenios sobre la libertad sindical (N. 087 de
1948), y protección del derecho de sindicalización y negociación colectiva (N.
098 de 1949) adoptados por dicha organización e incorporados en nuestro régimen
jurídico interno a través de las Leyes 26 y 27 de 1976.[5]
De acuerdo con el Convenio 87,[6] relativo a la libertad
sindical, los Estados Partes se comprometieron: i) a que trabajadores y
empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, puedan
constituir las organizaciones que estimen convenientes, y afiliarse a las ya
constituidas con la sola condición de observar los estatutos de las mismas, ii)
a abstenerse de entorpecer y limitar el ejercicio de unos y de otros de
conformar organizaciones dotadas de personalidad jurídica, redactar sus
estatutos, elegir sus directivas y formular su plan de acción y iii) a adoptar
las medidas necesarias y apropiadas para garantizarles a trabajadores y
empleadores el libre ejercicio de su derecho de asociación.[7]
El Convenio 98,[8] relativo a la aplicación
de los principios ya expuestos, prevé, entre otros aspectos, que como los
trabajadores deben gozar de una adecuada protección contra los actos tendientes
a menoscabar su libertad sindical, los Estados Partes deben tomar las medidas
conducentes para impedir: i) que los trabajadores sean despedidos o
perjudicados a causa de su afiliación a las organizaciones sindicales, ii) que
el empleo o las condiciones laborales se sujeten al ejercicio de la libertad de
asociación, y, iii) que los empleadores interfieran en las organizaciones de
trabajadores y las coloquen bajo su control.
Lo afirmado está en concordancia con lo
establecido en el articulo 23-4 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, en el artículo 8º Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
en el artículo 8º Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, en la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Protocolo
de San Salvador, que establece: i) que toda persona tiene derecho a asociarse
libremente y a constituir sindicatos en defensa de sus intereses, ii) que, para
el efecto, los trabajadores deben gozar de total libertad de elección, iii) que
los requisitos para fundar e ingresar a un sindicato solo pueden ser establecidos
por la propia organización, iv) que la ley puede establecer restricciones al
derecho de asociación sindical en interés de la seguridad nacional y en defensa
del orden público, y iv) que los Estados Partes, que a su vez son miembros del
Convenio de la Organización Internacional del Trabajo[9] no pueden adoptar
medidas legislativas que menoscaben la libertad sindical y el derecho a la
asociación sindical.[10]
En armonía con los artículos 1, 2 y 3
del Convenio 98 de la O.I.T., tanto el Código Sustantivo del Trabajo como en el
Código Penal, establecen sanciones administrativas y penales, respectivamente,
para quienes atentan contra los derechos de asociación y libertad sindical.
En efecto en la Ley 599 de 2000 (Código Penal)
establece  en sus artículos 198 y 200 lo siguiente:
Artículo 198. Violación de la
libertad de trabajo. El que mediante violencia o maniobra engañosa
logre el retiro de operarios o trabajadores de los establecimientos donde
laboran, o por los mismos medios perturbe o impida el libre ejercicio de la
actividad de cualquier persona, incurrirá en multa.
Si como consecuencia de la conducta
descrita en el inciso anterior sobreviniere la suspensión o cesación colectiva
del trabajo, la pena se aumentará hasta en una tercera parte, sin sobrepasar
las diez (10) unidades multa.
(..)
Artículo 200. Violación de los derechos
de reunión y asociación.
El que impida o perturbe una reunión lícita o el ejercicio de los derechos que
conceden las leyes laborales o tome represalias con motivo de huelga, reunión o
asociación legítimas, incurrirá en multa.
Por
su parte el articulo 1º de la Ley 362 de 1997 definió los asuntos que le
corresponde conocer a la jurisdicción laboral:
“ARTÍCULO 1o. El artículo 2o. del Código Procesal del
Trabajo quedará así:
"Artículo 2o. Asuntos de
que conoce esta jurisdicción. La jurisdicción del trabajo está instituida para
decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del
contrato de trabajo.
También conocerá de la ejecución de las
obligaciones emanadas de la relación de trabajo; de los asuntos sobre fuero
sindical de los trabajadores particulares y oficiales y del que corresponde a
los empleados públicos; de las sanciones de suspensión temporal y de las
cancelaciones de personerías, disolución y liquidación de las asociaciones
sindicales; de los recursos de homologación en contra de los laudos arbítrales;
de las controversias, ejecuciones y recursos que le atribuya la legislación
sobre el Instituto de Seguro Social; y de las diferencias que surjan entre las
entidades públicas y privadas, del régimen de Seguridad Social Integral y sus
afiliados.
Serán también de su competencia
los juicios sobre reconocimiento de honorarios y remuneraciones por servicios
personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación jurídica o
motivo que les haya dado origen, siguiendo las normas generales sobre
competencia y demás disposiciones del Código Procesal del Trabajo. Conocerá
igualmente de la demanda de reconvención que proponga el demandado en esta
clase de juicios de reconocimientos de honorarios y remuneraciones, cuando la
acción o acciones que en ella se ejerciten provengan de la misma causa que
fundamenta la demanda principal.
Será de su competencia el
conocimiento de los procesos de ejecución de las multas impuestas a favor del
Servicio Nacional de Aprendizaje, por incumplimiento de las cuotas
establecidas, sobre el número de aprendices, dictadas conforme al numeral 13
del artículo 13 de la Ley 119 de 1994.
También conocerá de la
ejecución de actos administrativos y resoluciones, emanadas por las entidades
que conforman el Sistema de Seguridad Social Integral que reconozcan pensiones
de jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes; señalan
reajustes o reliquidaciones de dichas pensiones; y ordenan pagos sobre
indemnizaciones, auxilios e incapacidades.
PARÁGRAFO PRIMERO. El trámite de los juicios
sobre reconocimiento de honorarios y remuneraciones será el correspondiente al
del Proceso Ordinario Laboral.
La demanda ejecutiva del acreedor de los honorarios o
remuneraciones de que trata el presente artículo tendrá el procedimiento
establecido para el Proceso Ejecutivo Laboral.”
PARÁGRAFO SEGUNDO. El trámite de los procesos de
Fuero Sindical para los empleados públicos será el señalado en el Título 11
Capítulo XVI del Código Procesal del Trabajo.
En el
artículo 1º de la Ley 584 de 2000 “por la cual se derogan y se modifican
algunas disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo” mediante el cual
se modificó el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo, se dispone lo
siguiente:
“ Artículo 353. Derecho de Asociación.
1. De
acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política los empleadores y los
trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus
intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos; estos poseen el
derecho de unirse o federarse entre sí.
2. Las
asociaciones profesionales o sindicatos deben ajustarse en el ejercicio de sus
derechos y cumplimiento de sus deberes, a las normas de este título y están sometidos
a la inspección y vigilancia del Gobierno, en cuanto concierne al orden
público.
Los
trabajadores y empleadores, sin autorización previa, tienen el derecho de
constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de
afiliarse a éstas con la sola condición de observar los estatutos de las
mismas.
Artículo
2°. Modifíquese el artículo 358 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual
quedará así:
Artículo
358. Libertad de afiliación.
Los sindicatos son organizaciones de libre ingreso y retiro
de los trabajadores. En los estatutos se reglamentará la coparticipación en
instituciones de beneficio mutuo que hubiere establecido el sindicato con
aportes de sus miembros.”
Así mismo esta Corporación en diversos
fallos, tanto de tutela como de constitucionalidad[11] ha señalado que los
valores en que se funda el Estado Social de Derecho tales como el trabajo, la
justicia social, la libertad le dan sentido y finalidad al ordenamiento
jurídico y en aplicación de estos, la interpretación de los conflictos
laborales, así como de las normas que conforman el derecho laboral, sea este
colectivo o individual,  ha de efectuarse por parte del operador jurídico,
teniendo siempre en cuenta que deben prevalecer los principios de la dignidad
humana, igualdad y pluralismo, así como los derechos fundamentales de los
trabajadores y de los patronos.
Bajo esta perspectiva resulta
de gran importancia destacar los derechos de libre asociación y
sindicalización, así lo ha reconocido esta Corte en diferentes oportunidades
tales como en las sentencias C-473 de 1994, C-450 de 1995 y T-502 de 1998, que
se caracterizan porque en ellas siempre se ha protegido el ejercicio del
derecho de asociación sindical en las relaciones obrero-patronales, como una
manifestación suprema del Estado Social de Derecho.
2. Libertad y autonomía para la afiliación
a un sindicato. Proceso democrático y participativo en la toma de decisión.
A este respecto, resulta conveniente
reiterar la jurisprudencia constitucional[12]
según la cual, el artículo 39 de la Constitución Política que consagra el
derecho fundamental de asociación sindical de los trabajadores como una
modalidad del derecho de libre asociación está en armonía con lo establecido
en el artículo 38 Superior, dado que aquél consagra la libre voluntad o
disposición de los trabajadores para constituir formalmente organizaciones
permanentes que los identifiquen y los una, en defensa de los intereses comunes
de la respectiva profesión u oficio, sin autorización previa o la injerencia o
intervención del Estado, o de los empleadores.[13]
En efecto en las sentencias T-527 de 2001 y
C-797 de 2000 la Corte precisa el concepto y diferencia entre derecho de
asociación y libertad sindical, siendo éste último una manifestación de aquel:
“En la sentencia C-385/200[14] la Corte precisó la
relación entre derecho de asociación y libertad sindical de la siguiente
manera:
“En el derecho de asociación sindical
subyace la idea básica de la libertad sindical que amplifica dicho derecho,
como facultad autónoma para crear organizaciones sindicales, ajena a toda
restricción, intromisión o intervención del Estado que signifique la imposición
de obstáculos en su constitución o funcionamiento. Ello implica, la facultad
que poseen las referidas organizaciones para autoconformarse y autoregularse
conforme a las reglas de organización interna que libremente acuerden sus
integrantes, con la limitación que impone el inciso 2 del art. 39, según el
cual la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos se sujetan al
orden legal y a los principios democráticos”.
Considera la Corte, en consecuencia, que la
libertad sindical comporta: i) el derecho de todos los trabajadores, sin
discriminación ni distinción alguna, para agruparse a través de la constitución
de organizaciones permanentes que los identifican como grupos con intereses
comunes, y cuya defensa propugnan. Este derecho implica  la libertad tanto para
afiliarse como para retirarse de dichas organizaciones; ii) la facultad de
constituir y organizar estructural y funcionalmente las referidas
organizaciones y conformarlas automáticamente como personas jurídicas, sin la
injerencia, intervención o restricción del Estado; iii) el poder de las
organizaciones de trabajadores de determinar: el objeto de la organización,
condiciones de admisión, permanencia, retiro o exclusión de sus miembros,
régimen disciplinario interno, órganos de gobierno y representación,
constitución y manejo del patrimonio, causales de disolución y liquidación,
procedimiento liquidatorio, y otros aspectos que atañen con su estructura,
organización y funcionamiento, que deben ser, en principio, libremente
convenidos por los miembros de las asociaciones sindicales al darse sus propios
estatutos o reformarlos, salvo las limitaciones que válidamente pueda imponer
el legislador conforme al inciso 2 del art. 39; iv) La facultad de las
asociaciones sindicales para formular las reglas relativas a la organización de
su administración, así como las políticas, planes y programas de acción que
mejor convengan a sus intereses, con la señalada limitación; v) la garantía de
que las organizaciones de trabajadores no están sujetas a que la cancelación o
la suspensión de la personería jurídica sea ordenada por la autoridad
administrativa, sino por vía judicial; vi) el derecho de las organizaciones
sindicales para constituir y afiliarse a federaciones y confederaciones
nacionales e internacionales; vii) la inhibición, para las autoridades
públicas, incluyendo al legislador, de adoptar regulaciones, decisiones o
adelantar acciones que tiendan a obstaculizar el disfrute del derecho a la libertad
sindical.
No es admisible reconocer el carácter
absoluto de la libertad sindical, en la medida en que la propia Constitución
establece como limitación, concretable por el legislador, que “la estructura
interna de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al
orden legal y a los principios democráticos” (art. 39 inciso 2) y que, los
Convenios Internacionales sobre derechos humanos autorizan que por vía
legislativa puedan imponerse restricciones a los derechos, en cuanto ellas sean
necesarias, mínimas, indispensables y proporcionadas a la finalidad  que se
persiga, para garantizar la seguridad nacional, el orden, la salud o moral
públicos, los derechos y deberes ajenos y, en general, el cumplimiento de
cualquier finalidad que se estime esencialmente valiosa. Por lo tanto, se
advierte, que las aludidas restricciones o limitaciones no pueden, en modo
alguno, afectar lo que se considera el núcleo esencial del derecho a la
libertad sindical, de modo que la desnaturalicen o impidan su normal y adecuado
ejercicio”.
Así las cosas se tiene que: i) toda persona
tiene derecho a pertenecer o no a determinada asociación. ii) La libertad de
asociación es un derecho fundamental susceptible de tutela, cuando éste se
encuentra vulnerado o amenazado, en sus aspectos tanto negativo como positivo o
sea de impedimento de asociación como de coacción por la fuerza para
afiliarse.
Ello en razón a que de acuerdo con la
Constitución, la Ley y los
Tratados Internacionales suscritos por Colombia en relación con este tema,[15] están proscritos todos
los actos discriminatorios en contra de la libertad sindical, pues la decisión
de afiliarse o no a los mismos, debe darse dentro de un ambiente libre de
coerciones o limitaciones en los procesos de negociación colectiva.
Consecuente
con lo anterior, se tiene que el derecho de asociarse  a un  sindicato sea éste
de industria, de base o de cualquier otra categoría, según la clasificación
legal, es un derecho fundamental y el mismo se vulnera cuando se le impide a un
trabajador afiliarse a un sindicato o cuando se le obliga a hacerlo.
En tal medida existe entonces,  la libertad
de no pertenecer o de retirarse de una asociación, cuando se es parte de ésta.
En efecto la Corte Constitucional ha manifestado al respecto lo siguiente:
“...el derecho de asociación, entendido
como el ejercicio libre y voluntario de los ciudadanos encaminado a fundar o
integrar formalmente agrupaciones permanentes con propósitos concretos,
incluye también un aspecto negativo: que nadie pueda ser obligado directa o
indirectamente a formar parte de una asociación determinada. Si no fuere así,
no podría hablarse del derecho de asociación en un sentido constitucional, pues
es claro que se trata de un derecho de libertad, cuya garantía se funda en la
condición de voluntariedad.”[16].
De
acuerdo a la jurisprudencia citada, tenemos que la libertad sindical comprende
tanto la libertad para afiliarse como para retirarse de la agrupación sindical
respectiva, pues en ella se involucra el libre ejercicio de la voluntad del
individuo para tomar la determinación en cualquier sentido sea este positivo o
negativo.
Sobre las garantías al ejercicio del
derecho de asociación sindical recientemente se dijo en la sentencia T-701 de
2003, lo siguiente:
“La Constitución de 1991 en su artículo 39,
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948[17], el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[18], el
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”[19], y los
Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobados por
Colombia mediante Leyes núm. 26 de 1976 y 27 del mismo año, garantizan la
libertad de asociación sindical.
Este derecho fundamental presenta una
dimensión individual[20],
que se traduce en la posibilidad de ingresar, permanecer y retirarse de un
sindicato y una dimensión colectiva, en el sentido de que de los trabajadores
organizados en un sindicato deciden, de conformidad con el orden legal y los
principios democráticos, la estructura interna y el funcionamiento del mismo,
es decir, una facultad para autogobernarse. Al respecto, la Corte en sentencia
C-201 de 2002, con ponencia del Magistrado Jaime Araujo Rentería consideró lo
siguiente:
“Como todo derecho fundamental, el de
asociación sindical no es absoluto y, por ende, admite restricciones, siempre y
cuando no se vulnere su núcleo esencial. El mismo artículo 39 de la
Constitución consagra un condicionamiento a su ejercicio, al señalar que “la
estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones
sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios
democráticos.”
Según lo anterior, los sindicatos no pueden
contradecir, en ejercicio de la autonomía sindical, los principios rectores de
una sociedad democrática sino, por el contrario, deben integrar a sus políticas
y a su organización mecanismos para hacerlos efectivos, procurando así la
efectiva participación de todos los trabajadores en las decisiones que los
afectan, toda vez que los sindicatos a los que éstos pertenecen actúan como sus
representantes en la consecución de condiciones laborales más favorables a sus
intereses.
Lo anterior encuentra su justificación en
el hecho de que los principios pluralistas, democráticos y participativos
tienen un alcance extenso, en la medida en que están llamados a aplicarse en
los espacios más cercanos a la persona humana, como manifestación del “traslado
de la democracia desde el ámbito del Estado hacia la sociedad.”
De igual manera, el derecho de asociación
sindical presenta una dimensión instrumental, en la medida que “se crea sobre
la base de un vínculo jurídico, necesario para la consecución de unos fines que
las personas van a desarrollar en el ámbito de la formación social”[21], en
especial, la negociación y suscripción de una convención colectiva.
Este derecho constitucional fundamental
goza, de igual manera, de unas garantías constitucionales como son, entre
otras, que el reconocimiento jurídico del sindicato se producirá con la simple
inscripción del acta de constitución; que la cancelación o la suspensión de la
personaría jurídica sólo procede por vía judicial y que los representantes del
sindicato gozarán de fuero y “las demás garantías necesarias para el
cumplimiento de su gestión”.
En tal sentido, la normatividad interna
colombiana, en especial el C.S.T. y el Código Penal, así como los tratados
internacionales que reconocen el derecho de asociación sindical, describen
algunos comportamientos de los empleadores que lesionan el ejercicio de este
derecho fundamental.”
A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
ha sostenido lo siguiente:[22]
“156. La libertad de asociación, en materia
sindical, consiste básicamente en la facultad de constituir organizaciones
sindicales y poner en marcha su estructura interna, actividades y programa de
acción, sin intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el
ejercicio del respectivo derecho. Por otra parte, esta libertad supone que cada
persona pueda determinar sin coacción alguna si desea o no formar parte de la
asociación. Se trata, pues, del derecho fundamental de agruparse para la realización
común de un fin lícito sin presiones o intromisiones que puedan alterar o
desnaturalizar su finalidad. (...)”[23]
3. Legitimación en la causa por parte de los
directivos sindicales en la acción de tutela.
En esta oportunidad, considera la Sala
importante recordar, lo expuesto por esta Corporación en su doctrina
jurisprudencial[24]
acerca de la legitimación en la causa que tienen los directivos sindicales para
instaurar la acción de tutela, cuando resulte evidente que se han adelantado
acciones que tiendan a obstaculizar o entorpecer el disfrute del derecho a la
libertad sindical.
Los sindicatos a través de sus
representantes legales están legitimados para actuar, cuando lo solicitado
tenga relación con los intereses colectivos de los trabajadores pero cuando se
trate de la defensa de sus propios derechos fundamentales - como trabajadores
individualmente considerados -, corresponde es a estos últimos reclamar sus
derechos directamente.
Sobre el particular esta Corte en la Sentencia T-929
de 2002, manifestó lo siguiente:
“En reiteradas oportunidades la Corte ha señalado que
el representante legal de los sindicatos está legitimado para interponer acción
de tutela en su nombre y en representación de sus afiliados[25]. Las
organizaciones sindicales se encuentran en una situación de subordinación
frente a la empresa e incluso en algunos casos también se hallan en condiciones
de indefensión que hacen procedente la acción de tutela[26].
(..)
En efecto, los sindicatos se hallan
perfectamente legitimados para acudir al mecanismo de protección previsto en la
Constitución Política, ya sea en defensa de los derechos que puedan
corresponderle en tanto persona autónoma o independiente, o en procura de la
protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados a sus
afiliados.
Lo anterior, por cuanto “si a todos los
sindicalizados o a un número significativo de ellos les están siendo vulnerados
o amenazados sus derechos fundamentales, nada se opone a que el Sindicato, en
cuanto persona jurídica surgida justamente para fortalecerlos frente al patrono,
tome a cargo la representación de los afectados, ante comportamientos de aquél
que sean contrarios al ordenamiento jurídico o violatorios de sus derechos
fundamentales, con el objeto de solicitar a los jueces que impartan las órdenes
conducentes al inmediato amparo constitucional”[27].
De lo dicho se desprende entonces, que cuando se trata
de asuntos en que esté comprometido el interés colectivo, el legitimado para
invocar la violación de los derechos es la Asociación Sindical como titular del
mismo y en representación de sus asociados y para tal evento inclusive resulta
improcedente la acción de tutela - por falta de legitimación activa- de los propios
actores para reclamar derechos colectivos, pero a la inversa se estima, que
cuando se trate del ejercicio de derechos individuales, el llamado a
reclamarlos será el trabajador afectado y la vía expedita en principio será la
jurisdicción ordinaria.
La
legitimación para actuar del sindicato en procura de salvaguardia del derecho
de asociación sindical y los intereses colectivos de los trabajadores se limita
a actuar a nombre del propio sindicato o de sus asociados, pero no resultaría
vinculante sus actuaciones en relación a trabajadores no sindicalizados o que
hayan renunciado a tal calidad.
4.  ACCION DE TUTELA - Amenaza a derechos fundamentales.
El artículo 86 de la Constitución Política
expresamente señala que “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública...”
En armonía con lo preceptuado en el ordenamiento
Superior, el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991 establece que:  “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en
los casos que señale este Decreto.”
Consecuente con lo expresado, debe señalarse, que la
tutela procede para la protección de los derechos fundamentales que se
encuentren no solo vulnerados sino también amenazados.
Ahora bien, los términos
“vulneración” y “amenaza”  no se pueden equiparar entre sí, pues en tanto la
vulneración lleva implícito el concepto de daño o perjuicio, la amenaza es una
violación potencial que se presenta como inminente y próxima.[28]
De esta manera resulta
entonces que se “vulnera” un derecho cuando el bien jurídico que constituye su
objeto es lesionado y se “amenaza” un  derecho cuando ese mismo bien jurídico,
sin ser destruido, es puesto en trance de sufrir mengua. [29]
Para que se configure la hipótesis jurídica
de una amenaza a los derechos fundamentales se requiere la confluencia de
elementos subjetivos - convicción íntima de la existencia de un riesgo o
peligro - como objetivos - condiciones fácticas que razonablemente permitan
inferir la existencia de un riesgo o peligro.[30]
5.  Análisis caso concreto.
- Esta Corporación[31] ha sostenido, de
manera reiterada, que el mecanismo constitucional de protección de los derechos
fundamentales resulta en principio improcedente para resolver las controversias
que surgen con ocasión de las relaciones laborales, porque el ordenamiento
jurídico cuenta con mecanismos ordinarios eficaces para el restablecimiento de
tales derechos.
- Lo anterior, no implica sin embargo, que
la tutela deba ser declarada improcedente en todos los casos, pues si se prueba
que el afectado se encuentra ante la inminencia de sufrir un perjuicio
irremediable, cabe el amparo tutelar como medio transitorio de protección de
los derechos fundamentales vulnerados o amenazados.
- Consecuente con lo anterior, cabe precisar entonces
que corresponde al Juez de Tutela, evaluar y analizar las circunstancias
particulares del caso concreto con el fin de constatar si existe un
incumplimiento de los deberes constitucionales que vulnera o amenaza un derecho
fundamental. En caso afirmativo, el juez podrá hacer exigible inmediatamente
los deberes consagrados en la Constitución, con miras a la protección efectiva
de los derechos fundamentales.
- De igual manera debe señalarse, que la acción de
tutela está llamada a prosperar, cuando los hechos que pueden implicar
violación de los derechos fundamentales no se han producido, pero existe razón
objetiva, fundada y claramente establecida en cuya virtud se pueda considerar -
con miras a su protección- que existe una amenaza cierta y contundente contra
ellos.
De otra parte cabe precisar que la Corte
Constitucional[32]
ha establecido en los siguientes términos los dos componentes de las amenazas:
“..Para que se configure la hipótesis jurídica
de una amenaza a los derechos fundamentales se requiere la confluencia de
elementos subjetivos - convicción íntima de la existencia de un riesgo o
peligro -, como objetivos - condiciones fácticas que razonablemente permitan
inferir la existencia de un riesgo o peligro.”[33]
De lo afirmado se puede deducir, que la amenaza a un
bien jurídico requiere para poder ser considerada como perjuicio irremediable,
que al menos presente un grado efectivo de evidencia que permita concluir que
de no protegerse el derecho se sigan para el actor consecuencias irreversibles.
En este sentido ha expresado la Corte:
“Ha de insistirse en que las amenazas
únicamente pueden dar lugar a la tutela si son graves y actuales, es decir, si
en el caso concreto resulta inminente un daño al derecho fundamental en juego
sin que su titular esté en capacidad de hacer nada para evitarlo y si, además,
el peligro gravita sobre el derecho en el momento en que se ejerce la acción,
pues de no ser así, ésta podría ser inútil o extemporánea. De allí que no
tengan tal carácter los hechos susceptibles de ser controlados por la propia
actividad de la persona ni tampoco los que ya tuvieron ocurrencia, ni los que
representan apenas una posibilidad remota o distante.” [34]
Así las cosas resulta entonces, que cuando un
particular, vulnera o amenaza derechos fundamentales de otra persona - para el
caso trabajadores -, la intervención oportuna de los jueces constitucionales
puede resultar necesaria para impedir la consumación de un perjuicio
irremediable.
Ahora bien, para el caso concreto debe
señalarse que está debidamente acreditado que el Sr. CARLOS LACOUTURE DANGOND,
a través de diferentes modalidades -tales como amenazas, dádivas o promesas-,
viene promoviendo la no afiliación de sus trabajadores a la organización
sindical y de esta manera coaccionando y menoscabando la libertad sindical de
sus empleados, para que, o bien no se afilien, o en su defecto si ya están
afiliados renuncien a "SINTRAINAGRO."
Tal apreciación se hace, porque en el expediente obran
una serie evidencias que demuestran las existencia de diferentes formas de
hostigamientos por parte del demandado, que van desde la redacción de
documentos en nombre de los trabajadores para que renuncien al sindicato, hasta
amenazas de despido y de retaliaciones por parte de grupos paramilitares que
operan en la zona, con el concebido propósito de disuadir a los trabajadores de
que sigan afiliados al sindicato “SINTRAINAGRO.”
Tales actuaciones no pueden ser avaladas por la Corte,
ya que desde todo punto de vista dichas conductas resultan absolutamente
reprochables y si bien en principio podría argumentarse, que en tanto con las
mismas no se ha producir ningún daño -pues la mayoría de los trabajadores
siguen vinculados a las fincas y afiliados al sindicato-, por lo que sería
improcedente la tutela, considera la Sala, que para el caso si es procedente la
acción, por cuanto existen razones objetivas, que demuestran que se está
efectivamente en presencia de una serie de amenazas ciertas, contundentes y
permanentes contra los trabajadores que laboran en las fincas “SARA BRETAÑA” y
“LA ISLA” afiliados a "SINTRAINAGRO"
Con fundamento en lo anterior, esta Sala estima que
debe concederse el amparo solicitado como mecanismo transitorio y mientras la
justicia ordinaria decide sobre el asunto, con el fin de que de manera
inmediata cesen las amenazas, persecuciones y constreñimiento contra los
trabajadores que laboran en las fincas “SARA BRETAÑA” y “LA ISLA” afiliados a
"SINTRAINAGRO" por parte del demandado y en tal medida se respete y
garantice el derecho fundamental que le asiste a los trabajadores de las fincas
“SARA BRETAÑA” y “LA ISLA” de formar parte de una asociación sindical  y se
abstenga de tomar medidas represivas contra los trabajadores de las fincas
“SARA BRETAÑA” y “LA ISLA” posteriores a la emisión del presente fallo.
Ahora bien, toda vez que se considera, que el deber de
velar porque la vida de las personas no sea amenazada es una obligación
objetiva del Estado, se ordenará poner en conocimiento del Ministro del
Interior y de Justicia el presente fallo, con el objeto específico de que dicho
Ministerio, tome las medidas administrativas que le correspondan dentro del
marco de su competencia (Decreto 200 de 2003), para evitar que conductas como
las aquí denunciadas se repitan y, por ende, se garanticen los derechos
fundamentales que se invocan en la demanda y en especial el de protección a la
vida y la integridad personal de los de los trabajadores de las fincas
bananeras denominadas “SARA BRETAÑA” y “LA ISLA.”
De igual manera se ordenará poner en conocimiento del
Ministerio de la Protección Social el presente fallo, con el objeto específico
de que dicho Ministerio, tome a la mayor brevedad posible, las medidas
administrativas que le correspondan dentro del marco de su competencia (art.
353 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo), para evitar que conductas
como las aquí denunciadas se repitan y, por ende, se garanticen los derechos
fundamentales que se invocan en la demanda de tutela en especial los
relacionados con el derecho al trabajo y a la asociación sindical de los trabajadores
de las fincas bananeras denominadas “SARA BRETAÑA” y “LA ISLA”.
Así mismo como se tiene conocimiento de que la
Fiscalía General de la Nación a través de su Delegado, el Fiscal 20 Seccional
de Cienaga (Magdalena), adelanta un proceso penal conforme a la denuncia
formulada por el señor ROBINSON OLIVERO C., en su calidad de Presidente de la
Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Industria Agropecuaria
SINTRAINAGRO, Seccional Ciénega, contra el señor Carlos Lacouture -Radicación
6651-, por el presunto delito de violación de los derechos de reunión y
asociación sindical (art. 200 C.P.), se ordenará poner en conocimiento de dicha
entidad los acontecimientos reseñados en esta providencia para lo de su
competencia.
RESUELVE:
Primero: REVOCAR  la sentencia proferida por el
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga el 1º de octubre de 2002, dentro
de la acción de tutela instaurada por el Presidente del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria Agropecuaria “SINTRAINAGRO” - Seccional Ciénaga -,
contra el Sr. Carlos Lacouture Dangond, y en su lugar se concede como mecanismo
transitorio mientras la justicia ordinaria decide sobre los hechos de la
demanda, el amparo a los derechos fundamentales a la vida, a la integridad
personal, al trabajo y a la asociación sindical de los trabajadores de las
fincas bananeras denominadas “SARA BRETAÑA” y “LA ISLA” ubicadas en el
corregimiento de Orihueca (Zona Bananera) de Ciénega (Magdalena).
Segundo. ORDENASE el Sr. Carlos Lacouture Dangond que
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del
presente fallo si aún no lo ha hecho, cese las amenazas, persecuciones y
constreñimiento en contra de los trabajadores que laboran en las fincas “SARA
BRETAÑA” y “LA ISLA” afiliados a "SINTRAINAGRO" y en tal medida se
respete y garantice el derecho fundamental que le asiste a los trabajadores de
las fincas “SARA BRETAÑA” y “LA ISLA” de formar parte de una asociación
sindical  y se abstenga de tomar medidas represivas contra los trabajadores de
las fincas “SARA BRETAÑA” y “LA ISLA” posteriores a la emisión del presente
fallo.
Tercero. ORDENASE poner en conocimiento del Ministerio
del Interior y de Justicia el presente fallo, con el objeto específico de que
dicho Ministerio a la mayor brevedad posible, tome las medidas que le
correspondan dentro del marco de su competencia (Decreto 200 de 2003), para
proteger los derechos fundamentales invocados en la demanda y en especial los
relacionados con las amenazas a los derechos a la vida y a la integridad
personal de los trabajadores de las fincas bananeras denominadas “SARA BRETAÑA”
y “LA ISLA” ubicadas en el corregimiento de Orihueca (Zona Bananera). Para el
efecto, remítase copia de todo lo actuado.
Cuarto. ORDENASE poner en conocimiento del Ministerio
de la Protección Social el presente fallo, con el objeto específico de que
dicho Ministerio, a la mayor brevedad posible, tome las medidas administrativas
que le correspondan dentro del marco de su competencia(art. 353 y siguientes
del Código Sustantivo del Trabajo), para proteger los derechos fundamentales
invocados en la demanda y en especial los relacionados con el derecho al
trabajo y a la asociación sindical de los trabajadores de las fincas bananeras
denominadas “SARA BRETAÑA” y “LA ISLA” ubicadas en el corregimiento de Orihueca
(Zona Bananera) de Ciénega (Magdalena). Para el efecto, remítase copia de todo
lo actuado.
Quinto. Para lo de su competencia, ORDENASE igualmente
poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación a través de su
Delegado, el Fiscal 20 Seccional de Cienaga (Magdalena), los acontecimientos
reseñados en esta providencia. Para el efecto, remítase copia de todo lo
actuado.
Sexto. Líbrense las comunicaciones previstas en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
[1]
A la respuesta se adjuntaron además los siguientes documentos:
1-Copia de la Resolución No. 003 del 2001 de
fecha 11 de mayo de 2001, suscrita por la Dra. Julia Esther Mejía Montaño,
Inspectora de Trabajo y Seguridad Social de Ciénaga.
2-Acta de verificación de Cese de actividades
levantada el día 10 de octubre de 2002, en las fincas LA ISLA Y SARA BRETAÑA,
suscrita por la Inspectora de Trabajo y otros.
3-Acta de levantamiento de cese de
actividades de fecha 29 de octubre de 2002, realizada en las fincas LA ISLA Y
SARA BRETAÑA, suscrita por la Dra. Julia Esther Mejía Montaño, Inspectora de
Trabajo y Seguridad Social de Ciénaga y otros.
4-Constancia de presentación personal y
Convención Colectiva de trabajo de fecha 28 de octubre de 2002, suscrito entre
los trabajadores afiliados a SINTRAINAGRO, finca la ISLA y el empleador CARLOS
LACOUTURE DANGOND.
5-Constancia de presentación personal y
Convención Colectiva de trabajo de fecha 28 de octubre de 2002, suscrito entre
los trabajadores afiliados a SINTRAINAGRO, finca la SARA BRETAÑA y el empleador
CARLOS LACOUTURE DANGOND.
6- Denuncia de violación de convención
colectiva de fecha 6 de mayo de 2003, suscrita por el Señor ROBINSON OLlVEROS ,
presidente de "Sintrainagro," dirigida a la Dra. Julia Esther Mejía
Montaño, Inspectora de Trabajo de Ciénaga.
7- Acta de diligencia administrativo laboral
suscrita en la Dirección territorial de Magdalena, el día 8 de mayo de 2003,
entre MARGARITA LACOUTURE DANGOND por parte de la Empresa, ROBINSO OLIVEROS
CARPINTERO, por el sindicato SINTRAINAGRO, autorizada por la Directora
Territorial doctora DANCY DE JESÚS PALACIO.
[2] Debe anotarse que libertad sindical, la protección del trabajo
forzado y la no discriminación figuran entre los principios humanos
fundamentales consagrados en el Preámbulo de la Constitución de la OIT. La
libertad sindical como principio humano fundamental fue reafirmada junto con la
libertad de expresión en la Declaración de Filadelfia. Debido a la importancia
del principio la OIT tiene establecidos procedimientos especiales para el
examen de las quejas referentes a la aplicación de los Convenios y al
acatamiento de las Recomendaciones.
[3] Sobre el bloque de constitucionalidad se puede consultar la
sentencia C-191 de 1998, y respecto del punto, pero en materia de libertad
sindical y derecho de asociación las sentencias T-418 de 1992, C-593 de 1993,
C-225 de 1995, T-568 de 1999, C-381, 385 y 1211 de 2000, y T-474 y 784 de 2001,
entre otras.
[4] La Conferencia de la Paz de París de 1919 creó una Comisión de
Legislación Internacional del Trabajo para que presentara proyectos que se
incluirían en el Tratado de Versalles, fue así como en la parte XIII se creó la
Organización Internacional del Trabajo. En 1946 pasó a ser el primer organismo
especializado de las Naciones Unidas. Entre sus fines se cuentan el de
contribuir a una paz duradera a través de la justicia social y entre los medios
para lograr la paz se afirma el principio de libertad de asociación sindical
–Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, Las Normas Internacionales del Trabajo,
Ediciones Alfaomega 1998.
[5]
Los Convenios sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación –número 87-, y sobre el derecho de sindicación y negociación
colectiva –número 98- fueron adoptados por la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo el 9 de julio de 1948, y 1º de julio de
1949, entraron en vigor el 4 de julio de 1950 y el 18 de julio de 1951
respectivamente, y fueron aprobados por las Leyes 26 y 27 de 1976. En 1998,
según informe de la Oficina Internacional del Trabajo habían sido ratificados
por 121 y 137 países en su orden. En 1987, la Conferencia Internacional del
Trabajo exhortó mediante una Resolución a los Estados Miembros que no habían ratificado
estos Convenios a emprender las gestiones necesarias para hacerlo dada su
trascendencia, y a los Estados Partes a darles estricto cumplimiento -idem-.
[6]
El artículo 11 del Convenio 87, relativo a la libertad sindical y a la
protección del derecho de sindicación, aprobado mediante Ley 26 de 1976, se
estipula: "Artículo 11. Todo miembro de la Organización
Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio se
obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a
los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de
sindicación".
[7]
Ver Sentencias T-135 de 2002, M.P. Alvaro Tafur Galvis y C-201/02, M.P. Jaime
Araujo Rentería.
[8]
El artículo 1 del Convenio 98, relativo a la aplicación de los principios del
derecho de sindicación y de negociación colectiva, aprobado mediante Ley 27 de
1976, dispone en su artículo 1º:
1. Los
trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de
discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su
empleo.
2. Dicha
protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por
objeto:
a) sujetar el
empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a
la de dejar de ser miembro de un sindicato (..).”
[9]
La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, los Pactos
Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, Económicos Sociales y
Culturales fueron abiertos a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, mediante resolución 2200A (XXI) de 16 de
diciembre de 1966, la Convención Americana de los Derechos Humanos fue adoptada
por la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos reunida
en San José el 22 de noviembre de 1969, -Leyes 74 de 1968 y 16 de 1972
respectivamente.
[10] Sentencia C-201/02, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[11] SU-342  de 1995, C-593  de 1993,   C-377 de 1998.
[12] Ver entre otras las sentencias T-527/01,T-797/00 y C-385/00.
[13] Sentencia C-385/00, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[14] Idem.
[15] Con la expedición de las leyes 26 y 27 de 1976, Colombia ratificó
los Convenios 87 y 98 de la O.I.T., relativos a la libertad sindical y al
derecho de negociación colectiva, respectivamente, los cuales hacen parte de la
legislación interna, al tenor del artículo 53 de la Constitución Política.
[16] Corte Constitucional, sentencia C-606 de 1992. M. P. doctor Ciro
Angarita Barón
[17] El artículo 23.4 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos dispone que “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a
sindicarse para la defensa de sus intereses”.
[18] El artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de 1966 dispone lo siguiente que los Estados Partes se
comprometen, entre otras cosas, a garantizar “el derecho de toda persona a
fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a
los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus
intereses económicos y sociales....”.
[19] El artículo 8 del Protocolo de San Salvador dispone que los Estados
Partes garantizarán “el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y
a afiliarse al de su elección para la protección y promoción de sus
intereses...”.
[20] Sentencia T-1328 de 2001.
[21] Cfr. Ibíd. Sentencia  T-441 de 1992.
[22] Sentencia C-201/02, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[23] Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia del 2 de febrero de 2001.
Citada por: Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos. “Compilación de jurisprudencia y doctrina nacional e
internacional” Volumen II. Bogotá, 2001, Pg. 24.
[24] Ver entre otras la Sentencia T-526/99 M.P. Fabio Morón Díaz .
[25] Cfr. Sentencias T-443 del 6 de julio de 1992, T-550 del 30 de
noviembre de 1993 (M.P.: José Gregorio Hernández Galindo), T- 201 del 9 de mayo
de 1996 (M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa), T-330 del 17 de julio de 1997 (M.P.:
José Gregorio Hernández Galindo), T-322 del 2 de julio de 1998 (M.P.: Alfredo
Beltrán Sierra), T-345 del 9 de julio de 1998 (M.P.: Carlos Caviria Díaz), T-474
del 8 de septiembre de 1998 (M.P.: José Gregorio Hernández Galindo), T-681 del
18 de noviembre de 1998 (M.P.: Alejandro Martínez Caballero), T-526 de 23 de
julio de 1999 (M.P.: Fabio Morón  Díaz) y T-480 del 2 de mayo de 2000 (M.P.:
Alvaro Tafur Galvis) entre muchas otras.
[26] Sobre los conceptos de subordinación e indefensión se puede
consultar la Sentencia T-290 del 28 de julio de 1993 (M.P.: José Gregorio
Hernández Galindo).
[27] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-474 del 8 de septiembre de
1998 (M.P.: José Gregorio Hernández Galindo).
[28] Una amenaza se configura con hecho o conductas consistes “en dar a
entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a otro.” OSSORIO.
Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Heliasta S.R.L
Buenos Aires. 1981. Pág. 52
[29] Sentencia No. T-096/94
[30] Sentencia No. T-308 de 1993.
[31] Sentencia T-135/02 MP Alvaro Tafur Galvis.
[32] Sentencia T-383/01.
[33] Sentencia T - 308/93. Subrayado fuera de texto original.
[34] Sentencia T -403/94.