T-071-16
Sentencia
T-071/16
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD
DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
El carácter
superior de la Constitución y la aplicación directa de algunos de sus mandatos
y prohibiciones, vinculan a los funcionarios judiciales. Por eso es posible que
una decisión pueda discutirse en sede de tutela cuando desconozca o aplique
indebida e irrazonablemente tales postulados.
INSTITUCION FAMILIAR-Concepto y alcance
La
jurisprudencia constitucional ha determinado que la institución familiar ha
sido “considerada siempre como la expresión primera y fundamental de la
naturaleza social del hombre”, de manera que tanto el Estado como la sociedad
se encuentran en la obligación de servir a su bienestar y velar por su
integridad, supervivencia y conservación, objetivos de los que “depende en gran
medida la estable y armónica convivencia en el seno de la sociedad”. Asimismo,
se ha concebido a la familia como un presupuesto de existencia y legitimidad de
la organización socio-política del Estado, lo que entraña para éste la
responsabilidad prioritaria de prestarle su mayor atención y cuidado en aras de
preservar la estructura familiar, debido a que toda la comunidad se beneficia
de sus virtudes, así como se perjudica por los conflictos que surjan de la
misma.
PROTECCION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE FAMILIA-Marco constitucional y desarrollo jurisprudencial/FAMILIA-Protección
interna, doctrinal e internacional
La institución familiar
se encuentra protegida por la Constitución como fundamento de la sociedad, y
responde a una construcción dinámica y plural cuyo resguardo no distingue entre
las diversas formas de origen, como la biológica, jurídica o de hecho. A su
vez, el Estado tiene un deber de protección y preservación frente a esta que
cobija el derecho a no ser separado de la familia y preservar el vínculo
familiar, particularmente para los menores de edad. Excepcionalmente, el Estado
está habilitado para intervenir en la institución, pero sólo para proteger
derechos constitucionales en juego y cuando existan razones imperativas como el
orden público o el bien común, y se cuente con el consentimiento de sus integrantes.
FILIACION-Concepto/FILIACION-Alcance
VINCULO FILIAL-Matrimonial, de hecho y
adoptivo
DERECHO A LA IDENTIDAD-Contenido
FILIACION-Garantía del derecho a la
identidad, libre desarrollo de la personalidad, dignidad humana
RELACIONES PATERNO FILIALES-Deberes de
los hijos con los padres y deberes de los padres con los hijos
De la filiación, surgen una serie de
deberes y derechos entre padres e hijos, denominadas “relaciones
paterno-filiales”. Estas obligaciones comenzaron como conductas recomendadas
como sanas por el Legislador, pero con el paso del tiempo, se han convertido en
deberes entre padres e hijos. Estos deberes, según el orden impartido por el
Código Civil (Título XII), se encuentran divididos en deberes de los hijos con
los padres y en deberes de los padres con los hijos. Dentro de los deberes de
los hijos con los padres, se encuentra: (i) respeto y obediencia; (ii) cuidado
y auxilio; y (iii) socorro a los demás ascendientes.  Por su lado, los deberes
de los padres con los hijos son la: (i) crianza; (ii) educación; y (iii) la
corrección. Estos deberes, fueron ampliados a través del artículo 14, del C.I.A., el cual determinó que
la responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad y comprende
la obligación de orientación, cuidado y acompañamiento de los menores de edad
en formación e implica la responsabilidad de padre y madre de garantizar los
derechos de éstos. Estas
obligaciones de padres a hijos, se entienden satisfechas o cumplidas, cuando
los hijos están en capacidad directa e inmediata de atender su propia
subsistencia de una manera adecuada y congruente con la situación económica y
familiar del individuo.
ADOPCION EN COLOMBIA-Régimen jurídico
ADOPCION SIMPLE-Concepto/ADOPCION
PLENA-Concepto
EFECTOS JURIDICOS DE LA ADOPCION
La Ley 1098
de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia (en adelante C.I.A),
normativa vigente y aplicable en la materia, conserva de manera general la
figura de la adopción que consagraba el Código del Menor, pero extiende el
parentesco a todos los grados, líneas y clases, de modo que el hijo adoptado,
pasa a ser integrante de la familia, equiparable al hijo biológico y todas
aquellas normas aplicables a los parientes se aplican a los parientes de
adopción.
PROCESO DE ADOPCION-Fases
El proceso de
adopción de menores de edad cuenta con dos fases. La primera de ellas, se surte
ante el ICBF o ante las entidades avaladas por dicha entidad. Este
procedimiento, se encuentra regulado por la Resolución 3778 de 2010  que
determina una serie de pasos en los cuales se examina la idoneidad de los
adoptantes y una vez se supera esa etapa se estudia la compatibilidad entre
adoptantes y adoptado para realizar la asignación, la cual es analizada y de
ser positiva se realiza un encuentro y un proceso de integración, antes de
proceder a expedir la resolución de adopción.
PROCESO DE ADOPCION DE MAYORES DE EDAD-Requisitos
ADOPCION EN EL DERECHO COMPARADO
DERECHO A TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADO DE ELLA-Caso de proceso de adopción de mayor de edad quien solicita no se
extinga vínculo familiar y filial con madre biológica
PRESUNCION A FAVOR DE LA FAMILIA BIOLOGICA-Caso de proceso de adopción de mayor de edad quien solicita no se
extinga vínculo familiar y filial con madre biológica
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por violación directa de la Constitución, al eliminar
vínculo familiar y filial con madre biológica en proceso de adopción de mayor
de edad
Referencia: expediente T-5.146.888
Acción de tutela presentada por Diego Andrés Morales Gil como apoderado judicial de
Yudit Lorena Cedeño Sánchez y Alcibiades Cedeño Zuleta.
Procedencia:
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Asunto: Tutela contra providencia judicial, por presunta vulneración
a la Constitución.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO.
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de
febrero de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub, Jorge Iván Palacio Palacio y la Magistrada Gloria
Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En la
revisión de la sentencia de segunda instancia, proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 5 de agosto de 2015 y de la sentencia de primera
instancia, dictada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, el 11 de junio de 2015, dentro de la acción de tutela promovida por Diego Andrés Morales Gil como apoderado
judicial de Yudit Lorena Cedeño Sánchez y Alcibiades Cedeño Zuleta contra el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva (Sala Quinta de
Decisión-Civil, Familia, Laboral) y el Juzgado 3º de Familia del Circuito de
Neiva.
El asunto llegó
a esta Corte por remisión que efectuó la secretaría del citado Juzgado, en
virtud de lo ordenado por los artículos 86 (inciso 2°) de la Constitución y 32
del Decreto 2591 de 1991. Mediante auto del 31 de julio de 2015, la Sala Número
Siete de Selección de Tutelas de esta
Corporación lo escogió para su revisión y lo asignó a este despacho para su
sustanciación.
I. ANTECEDENTES
Diego Andrés Morales Gil, apoderado judicial de Yudit
Lorena Cedeño Sánchez y Alcibiades Cedeño Zuleta, presentó acción de tutela en
contra de las sentencias proferidas en primera instancia por el Juzgado 3º de
Familia del Circuito de Neiva, y en segunda instancia por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Neiva, Sala Quinta de Decisión-Civil, Familia,
Laboral. El señor Morales Gil, manifestó que dichas
providencias vulneraron los derechos de sus poderdantes a la familia, al nombre, al libre desarrollo de
la personalidad, a la filiación y a la identidad, toda vez que dentro del
proceso voluntario de adopción que adelantaron ante los precitados despachos,
los jueces de instancia resolvieron eliminar el vínculo filial y familiar de la
madre biológica de Yudit Lorena Cedeño, sin que ello hubiere sido solicitado
dentro del respectivo proceso[1].
Asimismo, indicó
que las sentencias incurren en la causal de violación directa de la Constitución,
ya que los jueces de instancia “debieron apartarse del supuesto normativo
del precepto legal que sirvió de referente para acceder a la pretensión de
adopción de mayor de edad, concluyéndola como plena”[2]. En
otras palabras, argumentó que los jueces debieron aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, dado que los efectos de la adopción plena, establecida en
la Ley 1098 de 2006, afecta los derechos fundamentales de la señora Cedeño Sánchez,
y más específicamente, desconocen el hecho de que la presente situación, tiene
como finalidad la adopción de una persona mayor de edad sin que ello implique
la eliminación de los vínculos familiares con su madre biológica.
Hechos y
solicitud
Yudit Lorena
Cedeño Sánchez, nació el 24 de septiembre de 1983 de una relación extramatrimonial
entre la señora Yeaneth Sánchez Arias y el señor Gregorio Cedeño Zuleta[3].
Manifestó el
apoderado de la tutelante que a partir de la fecha de nacimiento de la señora
Cedeño Sánchez, su crianza y manutención estuvo a cargo de Amalia Arias Lozano
y su cónyuge, Alcibiades Cedeño Zuleta. Lo anterior ocurrió porque al momento
de su nacimiento su madre biológica, Yeaneth Sánchez Arias, contaba con 17 años
de edad y su padre, Gregorio Cedeño Zuleta, nunca respondió por sus
obligaciones como progenitor, al punto que en la actualidad no existe una
relación entre ellos[4].
La accionante indicó
que el señor Alcibiades Cedeño Zuleta, ha sido siempre quien ha respondido por
su cuidado, protección y manutención, pues con su trabajo como conductor de una
entidad oficial del municipio y de otras labores independientes, pudo costear
todo “lo necesario para la accionante durante el transcurrir de su vida,
hasta los 25 años, edad en la cual la señora CEDEÑO SANCHEZ abandonó el hogar
materno y decidió vivir de manera independiente”[5].
Insistió en que
su padre biológico, nunca se preocupó por su bienestar y tampoco cumplió sus
obligaciones como padre, de manera que ella siempre ha reconocido al señor
Alcibiades Cedeño Zuleta como su papá, función que ha cumplido a cabalidad.
El apoderado
informó que, debido a la estrecha relación filial y familiar entre la señora
Cedeño Sánchez y el señor Cedeño Zuleta, decidieron formalizar dicho vínculo, a
través de un proceso de jurisdicción voluntaria que tenía por objeto la
adopción de aquella. Como consecuencia de ello, el 12 de diciembre de 2012 presentaron
una demanda de adopción de mayor de edad, que por reparto le correspondió al
Juzgado 3º de Familia del Circuito de Neiva.
El mencionado
despacho, a través de la sentencia del 28 de octubre de 2013, declaró a Yudit
Lorena Cedeño Sánchez hija adoptiva de Alcibiades Cedeño Zuleta, ordenó cambiar
los apellidos de ésta por los de Cedeño Zuleta y además, suprimir el nombre de
la madre biológica de su registro civil de nacimiento, y así eliminar el
vínculo filial y familiar con su madre.
Como
consecuencia de lo anterior, se interpuso un recurso de apelación con el objetivo
de que se revocara la decisión de suprimir el nombre de la madre biológica de
la señora Cedeño Zuleta de su registro civil de nacimiento, ya que ellos
siempre han “llevado relaciones normales en calidad de madre e hija”[6].
Sin embargo, el
juez de segunda instancia, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva,
Sala Quinta de Decisión-Civil, Laboral y Familia, confirmó la decisión, al
estimar que uno de los efectos de la adopción plena es la extinción de todo
parentesco consanguíneo.
Igualmente,
argumentó que la figura de la adopción simple (contenida en el artículo 276 de
la Ley 5ª de 1975) que permitía que el adoptado continuara formando parte de su
familia consanguínea, conservando en ella sus derechos y obligaciones, fue
derogada por la Ley 1098 de 2006 que establece a la adopción plena, como el único
mecanismo de adopción vigente.
Así pues, el
apoderado judicial afirmó que las decisiones anteriormente descritas, vulneran
los derechos fundamentales de la señora Yudit Lorena Cedeño Sánchez al nombre,
al libre desarrollo de la personalidad, a la filiación y a la familia, de
manera que pretende que se dejen sin efectos las sentencias mencionadas y se
permita que la señora Yudit Lorena Cedeño mantenga los apellidos de su madre
biológica y la relación familiar y filial con ésta, sin que ello implique que
se desconozca su vínculo familiar con el señor Alcibiades Cedeño Zuleta.
II.  ACTUACIONES PROCESALES
La Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto del 13 de mayo de
2015,  admitió la acción de tutela, ordenó correr traslado a los juzgados accionados para que se pronunciara en
relación con los hechos y pretensiones de la acción de tutela y ordenó tener
como pruebas los documentos aportados al trámite.
A.
CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Juzgado 3º de
Familia del Circuito de Neiva
La jueza, Sol
Mary Rosado Galindo, manifestó que durante el proceso de jurisdicción voluntaria
de adopción, se garantizó en todo momento el derecho al debido proceso, ya que
al ser éste un proceso que tiene por objeto la adopción de una persona mayor de
edad, no era necesario que se contara con el consentimiento de los padres
biológicos de la misma.
Asimismo, indicó
que del material probatorio se desprendió la posibilidad de que la señora Yudit
Lorena Cedeño Sánchez fuera adoptada por Alcibiades Cedeño. Sin embargo,
precisó que “la única adopción existente en nuestro ordenamiento jurídico es
la adopción plena, la cual acarrea consigo efectos jurídicos, tales como el
cambio de los apellidos del adoptado pues este adquiere los apellidos del
adoptante, y la extinción de todo parentesco de consanguinidad”[7].
De conformidad
con lo anterior, la jueza indicó que el despacho no vulneró ningún derecho
fundamental, y por ende, solicitó declarar improcedente la acción de tutela.
Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva (Sala Quinta de Decisión-Civil,
Familia, Laboral)
Guardó silencio
y por ende se presumieron por ciertos los hechos de la acción de tutela, en
virtud de lo dispuestos en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991[8].
B.
SENTENCIAS EN SEDE DE TUTELA
Sentencia de
primera instancia
La Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 10 de
junio de 2015, negó la acción de tutela, por considerar que “no está
demostrada la presencia del defecto enrostrado [violación a la Constitución],
por cuanto la exposición de los motivos decisorios al efecto manifestados se
guarecen en tópicos que regulan el preciso tema abordado en el litigio
planteado, [de manera que] la sentencia se observa coherente no solo con las
pretensiones que se fundó la demanda, sino que determinó conforme a lo
estipulado en el numeral 4º del artículo 64 del Código de la Infancia y la
Adolescencia (Ley 1098 de 2006), que la consecuencia de la adopción que había
sido peticionada, constituye la extinción de cualquier vínculo de
consanguinidad con la familia de origen (…)”[9].
En este sentido,
indicó que de llegar a acceder a lo pretendido por el accionante, se estaría
vulnerando el derecho al debido proceso, toda vez que en la demanda de
adopción, los interesados nunca solicitaron lo que ahora alegan por vía de
tutela (adopción simple), de manera que acceder a dicho reclamo que solo fue
alegado en la apelación, sería constituir una incongruencia en el fallo.
Impugnación
El 11 de junio de
2015, el accionante presentó un escrito por medio del cual impugnó la decisión
de primera instancia.
Sentencia de
segunda instancia
Mediante
providencia del 5 de agosto de 2015, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, confirmó el fallo de primera instancia, al estimar que las
decisiones adoptadas en el proceso de adopción, se fundaron en la legislación
aplicable en la materia, en la Ley 1098 de 2006, la cual determina que uno de
los efectos de la adopción es la extinción de todo parentesco de consanguinidad
con la familia biológica.
Igualmente,
indicó que “la adopción plena constituye un nuevo estado civil que es
irrevocable, mediante el cual se confiere al adoptado los apellidos del
adoptante y los mismos derechos, obligaciones y parentesco que la filiación
sanguínea, extinguiéndose en consecuencia los vínculos jurídico con la familia
de orden del adoptado (…)”[10].
C.
ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN
La Sala de
Revisión, mediante auto del 9 de diciembre de 2015, determinó vincular a Yeaneth Sánchez Arias,
toda vez que la solicitud de la acción de tutela busca el restablecimiento del
vínculo familiar entre la tutelante y la señora Sánchez Arias, su madre
biológica.
Igualmente, le
solicitó al ICBF que indicara sí actualmente se surtían procesos de adopción
simple, y que en caso de que se encontraran vigentes, cuál es la forma en que
realizan.
Yeaneth
Sánchez Arias
La señora
Sánchez Arias, manifestó que era de su interés vincularse al proceso de tutela,
ya que se sus derechos fundamentales a la familia y a la unidad familiar
también habían sido vulnerados con el pronunciamiento hecho por las
correspondientes instancias judiciales.
Indicó que “a
pesar de que la mayoría de la crianza de mi hija estuvo por cuenta de mi madre
y su esposo, ello nunca representó que yo me ausentara de su entorno, pues como
siempre hemos sido una familia muy unida, yo continué viviendo en la casa
materna, cuidándola, ayudando en su crianza, en su formación, acompañándola, y
brindándole lo que estuviera a mi alcance desde el momento en que empecé a
trabajar, de manera permanente. Incluso, después de que formé un hogar con mi
esposo JUAN JOSÉ CAMILO SÁNCHEZ RIVEROS, del cual nació el menor JUAN
DIEGO SÁNCHEZ SÁNCHEZ-hermano de YUDIT-mi relación con mi hija se mantuvo” (negrilla
en el texto original). [11]
En este
sentido, reiteró que aunque no viven juntas, siempre ha existido la unidad
familiar y ha sido muy fuerte. De esta manera, señaló que la adopción plena de
Yudit Lorena Cedeño y Alcibiades Cedeño, genera que se pierda el parentesco con
ella, lo que viola sus derechos fundamentales y los de su hija, pues ambas
quieren mantener su vínculo y la unidad familiar.
Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF-
La jefe de la
Oficina Jurídica de la precitada entidad, informó “que en la actualidad no
se surten procesos de adopción simple, dado que esta figura no se encuentra
vigente en la legislación colombiana”[12].
La información
suministrada, fue respaldada en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
y de esta Corporación, específicamente en la sentencia C-831 de 2006,
Magistrado Ponente, Rodrigo Escobar Gil.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1.
Corresponde a la Corte Constitucional
analizar, en Sala de Revisión, las sentencias proferidas dentro de la acción de
tutela en referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto
objeto de revisión y problema jurídico
2.
Yudit Lorena Cedeño Sánchez
y Alcibiades Cedeño Zuleta, obrando mediante apoderado judicial, presentaron
acción de tutela en contra de las sentencias proferidas en primera instancia
por el Juzgado 3º de Familia del Circuito de Neiva, y en segunda instancia por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva (Sala Quinta de
Decisión-Civil, Familia, Laboral).
El
apoderado manifestó que dichas providencias vulneraron
los derechos de sus poderdantes a
la familia, al nombre, al libre desarrollo de la personalidad, a la filiación y
a la identidad, toda vez que dentro del proceso de adopción, los jueces de
instancia eliminaron el vínculo filial y familiar de la madre biológica de la
señora Yudit Lorena Cedeño, y procedieron a cambiar en el registro civil de
nacimiento los apellidos de su madre biológica, sin que ello hubiere sido
solicitado dentro del respectivo proceso.
En consecuencia, solicitó que se dejaran sin efectos las
sentencias proferidas en primera instancia por el Juzgado 3º de Familia del Circuito de Neiva, y en segunda
instancia, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Quinta
de Decisión-Civil, Familia, Laboral, y que en su lugar, se mantuviera intacto
el vínculo familiar y filial entre la señora Yudit Lorena Cedeño y su madre
biológica, sin que ello afecte la adopción realizada entre Yudit Lorena y el
señor Alcibiades Cedeño Zuleta.
Por otro lado, el Juzgado 3º de Familia del Circuito de Neiva, indicó que la sentencia
proferida no incurrió en ningún defecto, ya que siempre estuvo ajustada a los
lineamientos normativos de la Ley 1098 de 2006, la cual determina que solo existe la adopción
plena en la legislación colombiana, y ésta tiene el efecto jurídico de eliminar
todo tipo de parentesco familiar y filial con la familia biológica del
adoptado.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala
Quinta de Decisión-Civil, Familia, Laboral, guardó silencio en relación con los
hechos y pretensiones de la acción de tutela.
3.
La presente situación
fáctica le exige a la Sala primero resolver si se cumple con los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
En caso de ser procedente, la
Sala debe entrar a determinar si ¿las decisiones proferidas por el Juzgado 3º
de Familia del Circuito de Neiva y el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva (Sala Quinta de Decisión-Civil, Familia, Laboral), vulneraron el
derecho al debido proceso por violación directa de la Constitución por el presunto
desconocimiento de los derechos a la familia, a la filiación y al libre
desarrollo de la personalidad, al eliminar el vínculo familiar de una mayor de
edad con su madre biológica tras una solicitud de adopción?
4.
De ser procedente la acción, la Sala abordará el
siguiente marco constitucional para resolver el problema jurídico planteado: (i) el concepto y alcance de la institución familiar y del
derecho a la unidad familiar, (ii) el concepto y alcance de la filiación (iii) el
régimen jurídico de la adopción en Colombia; (iv) el proceso de adopción; (v)
la adopción en el derecho comparado y (vi) el caso concreto.
La
procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias judiciales.
Reiteración de jurisprudencia[13]
5. El artículo
86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela como un mecanismo
de protección de derechos fundamentales, cuando quiera que resulten amenazados
o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, incluidas las
autoridades judiciales.
En desarrollo de
este precepto, los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 previeron la
posibilidad de que la tutela procediera cuando los jueces emitieran decisiones
que vulneraran garantías fundamentales. Sin embargo, la Corte Constitucional
mediante la Sentencia C-543 de 1992[14]
declaró la inexequibilidad de los referidos artículos. En este fallo la
Corte precisó que, permitir el ejercicio de la acción de tutela contra
providencias judiciales transgredía la autonomía y la independencia judicial y
contrariaba los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
6. No obstante,
en tal providencia esta Corporación también estableció la doctrina de las vías
de hecho, mediante la cual se planteó que la acción de tutela sí puede ser
invocada contra una providencia judicial, cuando ésta sea producto de una
manifiesta situación de hecho, creada por actos u omisiones de los jueces, que
implica la trasgresión o amenaza de un derecho fundamental.
7. En esa
medida, a partir de 1992 se permitió la procedencia de la acción de tutela para
atacar, por ejemplo, sentencias que se hubieran basado en normas inaplicables,
proferidas con carencia absoluta de competencia o bajo un procedimiento ajeno
al fijado por la legislación vigente. Tales vías de hecho fueron
identificadas caso a caso[15].
8. Más adelante,
esta Corte emitió la Sentencia C-590 de 2005[16], en la que
la doctrina de las vías de hecho fue replanteada en los términos de los
avances jurisprudenciales que se dieron en ese interregno. En dicho fallo, la
Corte diferenció dos tipos de requisitos de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, así: i) requisitos generales de procedencia,
con naturaleza procesal y ii) causales específicas de procedibilidad, de naturaleza
sustantiva, los cuales se proceden a explicar:
Requisitos
generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
9. La Sentencia
C-590 de 2005[17]
buscó hacer compatible el control por vía de tutela de las decisiones
judiciales, con los principios de cosa juzgada, independencia y autonomía
judicial y seguridad jurídica. Por ello estableció diversas condiciones
procesales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
que deben superarse en su totalidad, a fin de avalar el estudio
posterior de las denominadas causales específicas.
10. Los requisitos de carácter
general son: i) que la cuestión
sea de relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los
medios de defensa judiciales al alcance; iii) que se cumpla el principio
de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que la
misma sea decisiva en el proceso; v) que se identifiquen, de manera
razonable, los hechos que generaron la vulneración de derechos fundamentales y vi)
que no se trate de una tutela contra otra tutela.
10.1. Frente a
la exigencia de que lo discutido sea de evidente relevancia
constitucional, esta Corte ha dicho que ello obedece al respeto por la
órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones. Debe el juez de tutela, por lo tanto, establecer clara y
expresamente si el asunto puesto a su consideración es realmente una cuestión
de relevancia constitucional, que afecte los derechos fundamentales de las
partes.
10.2. El deber de agotar todos
los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance del
afectado, guarda relación con la excepcionalidad y subsidiariedad de la
acción de tutela, pues de lo contrario ella se convertiría en una alternativa
adicional para las partes en el proceso. Esta exigencia trae consigo la
excepción consagrada en el artículo 86 Superior, que permite que esa exigencia
pueda flexibilizarse cuando se trata de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable.
10.3. Adicionalmente, el juez
debe verificar que la acción de tutela se invoque en un término razonable y
proporcionado, contado a partir del hecho vulnerador, a fin de cumplir el
requisito de la inmediatez. De no ser así, se pondrían en juego la
seguridad jurídica y la institución de la cosa juzgada, pues las decisiones
judiciales estarían siempre pendientes de una eventual evaluación
constitucional.
10.4 Así mismo, cuando se trate
de una irregularidad procesal, ésta debe haber sido decisiva o determinante
en la sentencia que se impugna y debe afectar los derechos fundamentales
del peticionario. Este requisito busca que sólo las irregularidades
verdaderamente violatorias de garantías fundamentales tengan corrección por vía
de acción de tutela, de manera que, se excluyan todas aquellas que pudieron
subsanarse durante el trámite, o que no se alegaron en el proceso.
10.5. También se exige que la
parte accionante identifique razonablemente los hechos que generaron la
vulneración de derechos fundamentales. Este requisito pretende que el actor
ofrezca plena claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
se imputa a la decisión judicial. En este punto, es importante que el juez de
tutela verifique que los argumentos se hubieren planteado al interior del
proceso judicial, de haber sido esto posible.
10.6. La última exigencia de
naturaleza procesal que consagró la tipología propuesta en la C-590 de 2005,
que la sentencia atacada no sea de tutela. Así se buscó evitar la
prolongación indefinida del debate constitucional, más aún cuando todas las
sentencias de tutela son sometidas a un proceso de selección ante esta
Corporación, trámite después del cual se tornan definitivas, salvo las
escogidas para revisión.
La acción de
tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad para tutelas
contra providencias judiciales
11. Ahora bien, la Sala observa que en el presente
caso se reúnen todos los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales que han sido fijados por la
jurisprudencia de esta Corporación, tal y como se pasa a explicar:
En primer lugar, la cuestión
objeto de debate es de evidente relevancia constitucional, ya que se
encuentran involucrados los derechos fundamentales de Yudit
Lorena Cedeño a la
familia, al libre desarrollo de la personalidad y a la filiación.  Lo anterior,
ya que su reclamo apunta a restablecer el vínculo biológico con su madre, el
cual fue extinguido por las sentencias que se reprochan. La eliminación de un
vínculo familiar biológico comprende un asunto de relevancia constitucional por
los intereses jurídicos en juego.
En segundo lugar, se cumple con el requisito de haber agotado todos los mecanismos judiciales de defensa,
pues en el proceso de adopción no sólo se presentó el recurso ordinario de
apelación, sino también se interpuso el recurso extraordinario de casación, el
cual fue negado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala
Quinta de Decisión Civil, Familia, Laboral, con fundamento en que el proceso de
adopción es de jurisdicción voluntaria y el recurso de casación solamente procede
en procesos ordinarios[18].
En tercer lugar,
el requisito de inmediatez también se cumple, ya que la acción de tutela
fue interpuesta dentro de un término razonable. Las sentencias que se
cuestionan, son del 28 de octubre de 2013 (primera instancia) y del 23 de
octubre de 2014 (segunda instancia), la cual quedó ejecutoriada el 2 de
diciembre de 2014, cuando se negó el recurso extraordinario de casación
presentado por el apoderado judicial. La acción de tutela se presentó el 11 de
mayo de 2015, es decir, cuatro meses y 26 días después de proferida la decisión
de segunda instancia[19].
Para la Sala, es
necesario aclarar que la verificación del cumplimiento del requisito de
inmediatez se debe hacer caso a caso. En este sentido, esta Corporación ha
admitido tutelas contra providencias hasta un año después de la ejecutoria de
las mismas. En este ocasión la tutela fue interpuesta 4 meses y 26 días desde
la declaración de improcedencia del recurso de casación. Este término no es
excesivo ni desproporcionado en el sentido de que pueda afectar la seguridad jurídica, o que se convierta la tutela en
un mecanismo para corregir la desidia del peticionario.
En cuarto lugar, el apoderado identificó de manera
razonable los hechos que generaron la supuesta vulneración de los derechos de
su poderdante, así como la irregularidad que –estima- hace
procedente la acción de tutela, por lo que también se cumple con este requisito.
Los hechos están claramente detallados en la tutela y debidamente soportados en
las pruebas documentales aportadas.
Adicionalmente, explicó el defecto por violación a la
Constitución que atribuyó a las sentencias dictadas en primera instancia por el
Juzgado 3° Familia de Neiva y en segunda instancia por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Neiva Sala Civil, Familia y Laboral.
Particularmente, el apoderado indicó de manera
detallada y precisa que las sentencias de adopción, desconocieron la voluntad
de su poderdante de continuar con el vínculo familiar y filial con su madre
biológica. Además, manifestó que el proceso de adopción recae sobre una persona
mayor de edad, de modo que los fines que se persiguen a través de éste, son
diferentes, ya que no busca amparar o prohijar al adoptado, sino reconocer un
vínculo familiar que ha existido en la práctica.
En quinto y
último lugar, la acción de
tutela no se trata de una irregularidad procesal ni
se dirige contra un fallo de tutela, pues se alega una violación
directa de la Constitución por parte de las sentencias de primera y segunda
instancia, dictadas en un proceso de jurisdicción
voluntaria de adopción, por eliminar el vínculo materno-filial y reconocer únicamente
un nuevo vínculo paterno.
12. Después de haber
verificado el cumplimiento de cada uno de los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela en contra de providencias judiciales en el presente
caso, la Sala pasa a reiterar los requisitos específicos de la tutela en contra
de providencias y a abordar los temas planteados anteriormente.
Requisitos
específicos de procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia[20]
13. En relación
con las causales específicas de procedibilidad, esta Corporación ha emitido innumerables fallos[21]
en los que ha fijado los parámetros a partir de los cuales el operador
jurídico puede identificar aquellos escenarios en los que la acción de tutela
resulta procedente para controvertir los posibles defectos de las
decisiones judiciales, para con ello determinar si hay o no lugar a la
protección excepcional y restrictiva de los derechos fundamentales, por vía de
la acción de tutela[22].
14. Así las cosas, la
jurisprudencia entendía que existían básicamente cuatro defectos, el
sustantivo, el orgánico, el procedimental y el fáctico; sin embargo, producto
de una labor de sistematización sobre la materia, en la Sentencia C-590 de
2005 se indicó que procede la tutela contra
providencias judiciales cuando se presenta alguna de las siguientes causales:
·
Defecto orgánico que ocurre cuando el funcionario judicial
que profirió la sentencia impugnada carece, en forma absoluta, de
competencia.
·
Defecto procedimental absoluto que surge cuando el juez
actúa totalmente al margen del procedimiento previsto por la ley.
·
Defecto fáctico que se presenta cuando la decisión
impugnada carece del apoyo probatorio que permita aplicar la norma en que se
sustenta la decisión o cuando se valora la prueba de manera absolutamente
irrazonable.
·
Defecto material o sustantivo que tiene lugar cuando la
decisión se toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o
cuando existe una contradicción evidente y grosera entre los fundamentos y la
decisión.
·
El error inducido que acontece cuando la autoridad
judicial fue objeto de engaños por parte de terceros, que la condujeron a
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales.
·
Decisión sin motivación que se presenta cuando la
sentencia atacada carece de legitimación, debido a que el servidor judicial
incumplió su obligación de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
que la soportan.
·
Desconocimiento del precedente que se configura cuando por
vía judicial se ha fijado un alcance sobre determinado tema, y el funcionario
judicial, desconoce la regla jurisprudencial establecida. En estos eventos, la
acción de tutela busca garantizar la eficacia jurídica del derecho fundamental
a la igualdad.
·
Violación directa de la Constitución que se deriva del
principio de supremacía de la Constitución, según el cual la Carta Política es
una norma plenamente vinculante y con fuerza prevalente. Este defecto se
estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce los
postulados de la Constitución.
Así pues, queda
claro que actualmente se puede presentar una acción de tutela contra una
providencia judicial con fundamento en alguno(s) de los defectos anteriormente
mencionados.
15. Ahora bien,
en consideración a que en el presente caso, el accionante invocó una presunta
vulneración de la Constitución por parte de las sentencias enjuiciadas, la Sala
procederá a realizar un análisis más minucioso y exhaustivo de este defecto.
Violación
directa de la Constitución
16. Este defecto
se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades de
velar por el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4° de la Carta
Política, según el cual “la Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales”.
La procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales por violación directa de
la Constitución, en principio fue considerada como un defecto sustantivo[23].
Posteriormente, en la Sentencia T-949 de 2003[24] se determinó como una
causal específica de procedibilidad de la acción de tutela de carácter
independiente y autónomo[25].
Esta interpretación se consolidó en la Sentencia C-590 de 2005, en la
que la Corte incluyó definitivamente la violación directa de la Constitución
como un defecto autónomo que justifica la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales. Este Tribunal indicó que: “(…) la violación directa
de la Constitución opera en dos circunstancias: uno (i),
cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto,
dos (ii), al aplicar la ley al margen de los dictados de la Constitución”.
La jurisprudencia constitucional
también ha sostenido que procede la tutela contra providencias
judiciales por violación directa de la Constitución cuando:
“(a) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una
disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (b) se trata
de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (c) el juez en sus
resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de
interpretación conforme con la Constitución. En el segundo caso, el juez debe
tener en cuenta en sus fallos, que con base en el artículo 4 de la C.P, la
Constitución es norma de normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o
se le interpele sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe
aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales
mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad”[26]
17. En
conclusión, el carácter superior de la Constitución y la aplicación
directa de algunos de sus mandatos y prohibiciones, vinculan a los funcionarios
judiciales. Por eso es posible que una decisión pueda discutirse en sede de
tutela cuando desconozca o aplique indebida e irrazonablemente tales postulados.
Concepto y alcance de la institución
familiar y del derecho a la unidad familiar
18. La Constitución desde sus
artículos 5º, 13º y 42º protege la institución familiar como pilar de la
sociedad y sin distinciones sobre la forma en que se haya constituido, ya sea
por vínculos jurídicos, biológicos o de hecho, lo que cobija los diferentes
tipos de familia y además proscribe cualquier distinción injustificada entre
ellos[27].
En esta línea, la jurisprudencia
constitucional ha determinado que la institución familiar ha sido “considerada
siempre como la expresión primera y fundamental de la naturaleza social del
hombre”[28], de
manera que tanto el Estado como la sociedad se encuentran en la obligación de
servir a su bienestar y velar por su integridad, supervivencia y conservación,
objetivos de los que “depende en gran medida la estable y armónica
convivencia en el seno de la sociedad”[29].
Asimismo, se ha concebido a la
familia como un presupuesto de existencia y legitimidad de la organización
socio-política del Estado, lo que entraña para éste la responsabilidad
prioritaria de prestarle su mayor atención y cuidado en aras de preservar la
estructura familiar, debido a que toda la comunidad se beneficia de sus
virtudes, así como se perjudica por los conflictos que surjan de la misma[30].
19. En otras palabras, la jurisprudencia
constitucional ha definido a la familia como “aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos
naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la
solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga
íntimamente a sus integrantes más próximos”[31].
Además, es una institución que responde a una realidad
dinámica y variada que incluye “familias originadas en el matrimonio, en las uniones maritales de
hecho, así como a las constituidas por parejas del mismo sexo, teniendo en
cuenta que el concepto de familia no puede ser entendido de manera aislada,
sino en concordancia con el principio del pluralismo. En ese
sentido, la familia debe ser especialmente protegida
independientemente de la forma en la que surge”[32].
Incluso, el
mismo Constituyente determinó que la protección que el Estado y la sociedad le
deben brindar a la familia como institución básica y fundamental de la
sociedad,  no se agota “en un tipo determinado de familia estructurada a
partir de vínculos amparados en ciertas solemnidades religiosas y/o
legales, sino que se extendería también a aquellas relaciones que, sin
consideración a la naturaleza o a la fuente del vínculo, cumplen con las funciones básicas de la
familia (…)”[33].
En este sentido, la Corte Constitucional ha afirmado
que la protección a los diferentes tipos de familia debe ser entendida en
concordancia con el principio del pluralismo, por lo que no es plausible
identificar a la familia únicamente como aquella institución surgida del vínculo
jurídico o biológico, sino a partir de diversos vínculos[34]. Estos incluyen las relaciones de hecho que acogen las
dinámicas familiares que se basan en el afecto, el respeto, la protección y la
solidaridad con el objetivo de una unidad de vida o destino y surgen, por
ejemplo, de la convivencia y de diferentes realidades[35]. Así, la jurisprudencia de esta
Corporación ha determinado el concepto de familia como dinámico, que se dota de
contenido con fundamento en la evolución de las relaciones humanas[36].
En esta misma línea, esta Corporación en la Sentencia
C-026 de 2016[37], al delimitar el ámbito de protección constitucional de la familia,
mientras analizaba la constitucionalidad de la prohibición de visitas de
menores de edad a personas privadas de la libertad por fuera del primer grado
de consanguinidad o primero civil, reiteró que “el concepto de familia no
incluye tan sólo la comunidad natural compuesta por padres, hermanos y
parientes cercanos, sino que se amplía, incorporando aun a personas no
vinculadas por los lazos de la consanguinidad, cuando faltan todos, o alguno de
aquéllos integrantes, o cuando, por diversos problemas –entre otros los
relativos a la destrucción interna del hogar por conflictos entre los padres, y
obviamente los económicos-, resulta necesario sustituir al grupo familiar de
origen por uno que cumpla con eficiencia, y hasta donde se pueda con la misma o
similar intensidad, el contenido de brindar al niño un ámbito acogedor y
comprensivo dentro del cual pueda desenvolverse en las distintas fases de su
desarrollo físico, moral, intelectual y psíquico”[38].
En atención a lo anterior, el artículo 42 de la
Constitución protege a la familia diversa. En este sentido, la disposición y su
desarrollo constitucional no sólo reconocen la protección a la familia que se
constituye por vínculos naturales o jurídicos, sino también protege a la
familia que se surge “de la voluntad libre de conformarla”. Igualmente,
la Carta Superior otorga una protección integral a la familia, lo que contempla
su conformación mediante vínculos de hecho, creados a partir del ejercicio de
la autonomía y fundados esencialmente en el amor y en el cuidado. Entonces,
esta protección integral cobija diferentes formas de familia que se rigen por
una realidad dinámica que responde a los cambios sociales donde los roles no
solamente se guían por vínculos jurídicos y naturales sino también por las
circunstancias de hecho con relevancia jurídica. No obstante, es indudable que este
amparo privilegia primae facie los vínculos naturales que la componen,
los que deben ser tenidos especialmente en cuenta al establecer la adopción.
20. Tanto el derecho
internacional de los derechos humanos como la jurisprudencia nacional reconocen
la importancia de la familia en la estructura social y el deber de protección a
la misma. De esta manera, en el plano internacional, se tiene que la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (artículos 11, 17 y 19), el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos7, 10 y
11) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 17, 23
y 24), establecen que es una obligación de los Estados parte conceder la más
amplia protección y asistencia posible a la familia, así como adoptar las
medidas que aseguren la igualdad y la protección de los hijos.
En el plano nacional, la
jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que el Estado tiene la obligación
de preservar y proteger la existencia y el desarrollo de esta institución como
básica de la sociedad[39],
de manera que su intromisión o injerencia en el círculo familiar está
circunscrito a la protección de derechos constitucionales[40].
21. Ahora bien, uno de los derechos que se desprende
del derecho a la familia es el de no ser separado de ella y mantener el vínculo
familiar. En otras palabras, la unidad familiar es el derecho fundamental de
toda persona, especialmente de los menores de edad, a no ser separado de su
núcleo familiar y de que se respete y garantice este vínculo[41].
Debido a ello, se ha entendido por esta Corporación
que el deber de protección del Estado hacia esta institución familiar, se debe
hacer en condiciones de igualdad, lo cual implica que la misma no sea
desvertebrada sin que medie una justa causa basada en razones de peso como la
decisión libre y voluntaria de quienes la conforman o el bien común[42].
No obstante, se ha considerado
que el derecho a la unidad familiar no es formal, pues se deben preservar los
intereses que lo fundamentan, como el interés superior de la institución[43], de suerte que se logre
consolidar el vínculo familiar e impedir que ésta sea disuelto por las
injerencias del Estado a través de sus autoridades o de la misma sociedad sin
una razón justificada. A su vez, se debe propender porque esta protección
respete y refleje el concepto flexible y dinámico de la familia.
22. En conclusión, la
institución familiar se encuentra protegida por la Constitución como fundamento
de la sociedad, y responde a una construcción dinámica y plural cuyo resguardo
no distingue entre las diversas formas de origen, como la biológica, jurídica o
de hecho. A su vez, el Estado tiene un deber de protección y preservación frente
a esta que cobija el derecho a no ser separado de la familia y preservar el
vínculo familiar, particularmente para los menores de edad. Excepcionalmente,
el Estado está habilitado para intervenir en la institución, pero sólo para
proteger derechos constitucionales en juego y cuando existan razones
imperativas como el orden público o el bien común, y se cuente con el
consentimiento de sus integrantes.
Concepto y alcance de la
filiación
23. El concepto de filiación, proviene del latín “filius”,
el cual significa ‘hijo’, y ha sido definido por la doctrina como “el
estado de familia que se deriva de la relación entre dos personas de las cuales
una es el hijo (a) y otra el padre o la madre del mismo”[44].
La jurisprudencia constitucional, ha sostenido de manera reiterada que
la filiación es
un derecho fundamental y uno de los atributos de la personalidad, que se
encuentra indisolublemente ligada al estado civil de las personas[45] e inclusive con el nombre.
En otras palabras,
el “derecho a la filiación, como elemento integrante del estado civil de las
personas, es un atributo de la personalidad, y por ende es un derecho
constitucional deducido del derecho de todo ser humano al reconocimiento de su
personalidad jurídica”[46].
24. El vínculo filial puede ser clasificado en 3
grupos: matrimonial, de hecho y adoptivo[47]. La filiación matrimonial es
aquella que se genera del nacimiento de un niño luego de celebrado el
matrimonio o inclusive 300 días después de disuelto[48].
A su vez, este vínculo se extiende al hijo nacido en una unión marital de
hecho, cuando la misma ha sido declarada, para quienes también se aplica la
presunción de paternidad de los cónyuges o compañeros permanentes[49].
La filiación extramatrimonial, hace
referencia al vínculo que se contrae por fuera del matrimonio o de la unión
marital de hecho declarada, es decir, que los hijos que hubieren sido
procreados por fuera de alguna de estas dos figuras, son extramatrimoniales, a
menos que por vía de legitimación se entiendan como matrimoniales.
La filiación adoptiva, es aquella que se
adquiere en virtud de la adopción, es decir, que una vez se haya surtido todo
el trámite de la adopción entre adoptantes y adoptado, estos adquieren un vínculo
filial. En otras palabras, es la forma de integrar a una familia, sujetos que
no fueron procreados por los padres y que por tanto no comparten los mismos
lazos de consanguinidad.
25. Si bien existen diferentes
tipos de filiación, ello no es un impedimento o límite para que la familia que
se hubiere construido a partir de estos lazos, juegue un papel preponderante y
fundamental en la identidad de las personas.
En este sentido, la
jurisprudencia de esta Corporación, ha sostenido que la filiación permite que
las personas obtengan su nombre, ya que fuera del denominado “nombre de pila”,
permite que al individuo le sean reconocidos sus apellidos, los cuales definen
su filiación. En otras palabras, el nombre es de especial importancia, ya que
demuestra la relación del hijo con sus progenitores, de quienes toma sus
apellidos[50].
Inclusive, el Código de la
Infancia y la Adolescencia, establece en su artículo 25 que “[l]os niños, las niñas y los adolescentes
tienen derecho a tener una identidad y a conservar los elementos que la
constituyen como el nombre, la nacionalidad y filiación conformes a la ley
(…)”. De esta manera, la
filiación es fundamental en la garantía de la identidad de todas las personas,
pero sobretodo de los menores de edad.
En este sentido, el derecho a la identidad se encuentra inescindiblemente
ligado con el estado civil, la personalidad jurídica, el derecho al nombre, y
por supuesto a la filiación.
26. El derecho a la identidad, ha sido definido como la posibilidad de
identificar “a la persona como un ser que se autodetermina, se autoposee, se
autogobierna, es decir que es dueña de sí y de sus actos. Solo es libre quien
puede autodeterminarse en torno al bien porque tiene la capacidad de entrar en
sí mismo, de ser consciente en grado sumo de su anterioridad, de sentirse en su
propia intimidad”[51].
Así pues, este
derecho alberga una serie de calidades de carácter biológico y personal que
permiten individualizar e identificar a la persona en relación con los demás
sujetos de la sociedad. En relación con los aspectos de la personalidad de cada
ser humano, la familia toma un papel primordial, pues al ser éste el núcleo
esencial de la sociedad, es allí donde la persona empieza su proceso de
formación como ser social y adquiere el conjunto de valores, creencias,
pensamientos y principios que lo determinan e identifican.
27.
Desde este acercamiento, la familia es generalmente la vertiente social de la
identidad, ya que es la primera institución con la cual el ser humano tiene
contacto y empieza a desarrollar su proceso de formación, de manera que luego
de sostener una vida familiar y de haber adquirido pensamientos, valores o
creencias, se forman una serie de características que trazan la identidad del
mismo[52].
En
consecuencia, las características personales de cada individuo marcan los roles
que adopta en la sociedad mediante su historia como padre, hijo, madre, hermana
que lo inscriben en un grupo social y determinan y caracterizan quién y cómo es.[53] Este proceso
de construcción de identidad, implica relacionarse con las demás personas,
compartir experiencias o desarrollar sentimientos de pertenencia en función de
lo que se comparte con ellos. Así pues, los factores emocionales, sociales y
culturales que se adquieren dentro del núcleo familiar ayudan a tomar
conciencia de quién es cada uno y cómo se relaciona con los demás.
En este orden de
ideas, el individuo tiene derecho a ser reconocido como ente distinto y distinguible
frente a la familia y a la sociedad, y ello se logra a través de sus rasgos
biológicos o personales, o simplemente, identificándolo a través de su nombre y
apellidos.
28. En este contexto, la
filiación es un presupuesto para la garantía de la identidad. Así pues, esta
Corporación ha sostenido que la filiación garantiza el disfrute
de otros derechos constitucionales como el libre desarrollo de la personalidad,
la dignidad humana y la igualdad entre otros. También erigió la filiación como
presupuesto para el disfrute de otros derechos como los derivados de la
condición de hijo, el derecho a alimentos, el derecho a heredar y así mismo los
derivados de la condición de padre, los dos se enmarcan en las obligaciones de cuidado y solidaridad
que rigen la familia.
29. Así las cosas, de este tipo de vínculos, surgen una serie de deberes y
derechos entre padres e hijos, denominadas “relaciones paterno-filiales”.
Estas obligaciones comenzaron como conductas recomendadas como sanas por el
Legislador, pero con el paso del tiempo, se han convertido en deberes entre
padres e hijos.
30. Estos deberes, según el orden
impartido por el Código Civil (Título XII), se encuentran divididos en deberes
de los hijos con los padres y en deberes de los padres con los hijos. Dentro de
los deberes de los hijos con los padres, se encuentra: (i) respeto y obediencia[54];
(ii) cuidado y auxilio[55]; y (iii) socorro a los demás
ascendientes[56].
31.
Por su lado, los deberes de los padres con los hijos son la: (i) crianza; (ii)
educación[57]; y (iii) la corrección[58].
Estos deberes, fueron ampliados a través del artículo 14, del C.I.A., el cual determinó que la
responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad y comprende la
obligación de orientación, cuidado y acompañamiento de los menores de edad en
formación e implica la responsabilidad de padre y madre de garantizar los
derechos de éstos[59].
Estas
obligaciones de padres a hijos, se entienden satisfechas o cumplidas, cuando
los hijos están en capacidad directa e inmediata de atender su propia
subsistencia de una manera adecuada y congruente con la situación económica y
familiar del individuo. Igualmente, los padres quedan exonerados de cumplir con
dichas obligaciones cuando carezcan de los medios suficientes para ello, o
cuando los hijos ingresan por adopción o por cualquier otra forma de
incorporación legítima a otro grupo familiar. Sin embargo, los deberes paternos
continúan aun cuando se cumpla con la mayoría de edad, cuando el hijo se encuentre
en alguna situación de discapacidad que le impida defenderse por sí mismo.
32. Respecto de estos deberes
paterno-filiales, la jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que “tanto
la maternidad como la paternidad constituyen condiciones reconocidas y
protegidas por el sistema jurídico colombiano, que deriva de ellas claros
derechos para los progenitores, entre los cuales se destacan el derecho a
recibir el respeto y la obediencia de sus hijos, el derecho a ser cuidado por
ellos en su ancianidad, en el estado de demencia, y en todas las circunstancias
de la vida en que necesitaren sus auxilios, el derecho a escoger el tipo
de educación que recibirán sus hijos menores, y los derechos sucesorales
reglamentados por el Código Civil. Por esta razón, el derecho a la familia ha
sido catalogado como un derecho de “doble vía” que asiste a todos los miembros
del grupo familiar”[60].
33. Igualmente, es
necesario destacar que el alcance de los derechos de los padres, se evalúa en
función del cumplimiento de los deberes y responsabilidades propios de su condición.
Es indiscutible que la condición de padre o madre, acarrea una serie de
responsabilidades para quienes lo detentan, y es por ello, que la
jurisprudencia ha afirmado que la paternidad y la maternidad exceden el ámbito
biológico y comprende una actitud afectiva y espiritual que implica la
protección y promoción del niño o niña, fundada en el amor. Así, también ha
dicho que tal como existen quienes adquieren este vínculo mediante la adopción
hay quienes a pesar del vínculo sanguíneo no ostentan esta calidad[61].
34. En síntesis, la
filiación es el vínculo familiar que existe entre padres e hijos, y puede ser
catalogada como matrimonial, extramatrimonial o adoptiva. Este lazo además de
generar derechos y deberes entre padres e hijos y viceversa, también traza rasgos
importantes de la identidad de las personas desde el punto de vista biológico como
personal, puesto que la familia juega un papel preponderante en la formación
personal de los seres humanos.
Régimen jurídico de la
adopción en Colombia
35.
La figura de la adopción ha estado regulada por diferentes disposiciones como el
Código Civil de la Nación, la Ley 140 de 1960, la Ley 5ª de 1975, el Decreto
2737 de 1989 o Código del Menor y la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y
la Adolescencia, actualmente vigente.
36.
El Código Civil de la Unión, reguló la adopción en su título XIII, artículos
269 a 287, y dentro de éstos establecía, entre otras, que: "la adopción
es el prohijamiento de una persona o la admisión en lugar de hijo del que no lo
es por naturaleza"[62].
Asimismo, establecía que mediante “la adopción adquieren adoptante y
adoptivo, los derechos y obligaciones de padre o madre e hijo legítimo, con las
limitaciones a que se refieren los artículos 284 y 285 (…) El adoptivo llevará
como apellido el del adoptante, salvo que el padre o la madre de sangre hayan
consentido la adopción simple y se convenga en que el adoptivo conserve su
apellido original, al que podrá agregar el del adoptante”[63].
37.
Posteriormente, con la expedición de la Ley 140 de 1960, que sustituyó el
título XIII del Código Civil, se cambió el sentido de la adopción, pues el
principal motivo de ésta, ya no era buscar mantener la continuidad de un
apellido, sino permitir que el adoptado obtuviera todo el afecto del adoptante[64]. Sin
embargo, dicha disposición normativa mantuvo la idea de que la adopción era el
prohijamiento o la admisión como hijo de quien por naturaleza no lo era, es decir,
recogió íntegramente el artículo 269 del Código Civil de la Unión.
Frente
a los efectos de la adopción, el artículo 286 de la Ley 140 de 1960 determinó
que “la adopción sólo establece relaciones de
parentesco entre el adoptante y el adoptado [y] El adoptivo [o adoptado]
continuará formando parte de su familia de origen, conservando en ella sus
derechos y obligaciones”.
38.
Con la expedición de la Ley 5ª de 1975, que derogó la Ley 140 de 1960, se
cambió la aproximación a la figura para hacer explícito que los valores e
intereses que se buscan proteger son los de los menores de edad. Por lo tanto,
la adopción se consagró como una medida de protección para los niños que carecen
de una familia, que fueron abandonados, o que han sido entregados voluntariamente
por sus padres.
Además,
se establecieron dos tipos o clases de adopción. La primera de ellas, definida
como la “adopción plena”, entendida como la forma en que los adoptivos
se integran a la familia del adoptante y pierden los vínculos familiares,
considerándose como hijos legítimos y extendiendo el parentesco  a los demás
consanguíneos del adoptante.[65]
La
segunda de ellas, la “adopción simple”, fue descrita como una medida de
apoyo dirigida a aquellos que se encontraban en situación de dificultad
económica, de manera que el adoptante asumía al adoptado y le daba el carácter
de hijo sin que por ello perdiera los vínculos con su familia biológica.[66]
39.
Con la expedición de la Ley 56 de 1988, se le concedieron facultades
extraordinarias al Presidente para expedir el Código del Menor. Dicha Ley
estableció que se debía realizar una “modificación, adición o sustitución de
las normas sustantivas y procedimientos vigentes en materia de adopción y la
abolición de la adopción simple”[67]
(negrilla fuera del texto original). En este sentido, el ejecutivo tenía
la tarea de expedir un Decreto que eliminara la figura de la adopción simple
que se encontraba vigente en la Ley 5ª de 1975 en su artículo 277. [68]
Dentro
de la exposición de motivos de la norma, se determinó que era necesario
suprimir la adopción simple para: (i) evitar la dualidad de derechos y
obligaciones respecto a los padres adoptivos y biológicos en razón a la
coexistencia de las relaciones consanguíneas y civiles; (ii) ser consecuentes
con la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de
Adopción[69];
(iii) evitar la confusión en el ejercicio de la patria potestad[70];
(iv) evitar que dicha figura se usara con fines fraudulentos, toda vez que estaba siendo empleada por parte del
adoptante para obtener ventajas económicas por cuenta del fisco[71]; y (iv)
cumplir con el objetivo de la protección efectiva y
absoluta sobre el adoptivo, lo que se consideraba que no se lograba mediante la
figura de la adopción simple.
40.
De conformidad con lo anterior, el Decreto 2737 de 1989, llamado "Código
del Menor", derogó las anteriores formas de adopción y estableció una
sola, la cual fue entendida como una medida de protección con integración a la
familia del adoptante, asimilable a la “adopción plena”[72]. No
obstante, en el artículo 101 indicó que las adopciones simples que hubieren
sido ventiladas a través de la ley anterior conservarían esos efectos, pero la
patria potestad sobre quienes fueron prohijados de esta forma sería de los
adoptantes[73].
Igualmente, contempló la posibilidad de dar plenos efectos a esas adopciones
mediante solicitud ante el juez competente y con el consentimiento del menor
púber[74].
41.
Finalmente, la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia (en
adelante C.I.A), normativa vigente y aplicable en la materia, conserva de
manera general la figura de la adopción que consagraba el Código del Menor,
pero extiende el parentesco a todos los grados, líneas y clases, de modo que el
hijo adoptado, pasa a ser integrante de la familia, equiparable al hijo
biológico y todas aquellas normas aplicables a los parientes se aplican a los
parientes de adopción[75].
El
proceso de adopción
42.
El proceso de adopción de menores de edad cuenta con dos fases. La primera de
ellas, se surte ante el ICBF o ante las entidades avaladas por dicha entidad.
Este procedimiento, se encuentra regulado por la Resolución 3778 de 2010[76]
que determina una serie de pasos en los cuales se examina la idoneidad de los
adoptantes y una vez se supera esa etapa se estudia la compatibilidad entre
adoptantes y adoptado para realizar la asignación, la cual es analizada y de
ser positiva se realiza un encuentro y un proceso de integración, antes de
proceder a expedir la resolución de adopción[77].
43.
La segunda etapa, se surte ante el juez de familia, de conformidad con lo
señalado en el artículo 119 y siguientes del C.I.A. Estos
indican que el trámite judicial es un proceso de única instancia que se
inicia por el Defensor de Familia, el representante legal del menor de edad o
por la persona que lo tenga bajo su cuidado[78]
y tiene como fin la homologación de la resolución que declara la adoptabilidad
del niño, niña o adolescente. La declaratoria de adopción produce respecto de
los padres biológicos, la terminación de la patria potestad del adoptado, lo
que deberá ser inscrito en el registro civil de nacimiento.
44.
Ahora bien, en relación con la adopción de los mayores de edad, el artículo 69
del mencionado Código, señala que es necesario que el adoptante haya tenido
bajo su cuidado personal al adoptado y que tanto el adoptante como el adoptado
hayan convivido por lo menos dos años antes de que el adoptado cumpliera 18
años. Para esta situación, no se requiere de un proceso administrativo ante el
ICBF o alguna entidad avalada por éste, sino se puede acudir directamente ante
el juez de familia[79].
45. Como se ha advertido las adopciones bajo este régimen son
plenas, es decir que extinguen los vínculos biológicos anteriores. No obstante,
aunque en la actualidad no se encuentra vigente la figura de la adopción
simple, la ley y la jurisprudencia[80] han permitido que las adopciones que
se dieron bajo dicha modalidad, se mantengan vigentes en el ordenamiento
jurídico.
La adopción en el
derecho comparado
46.
El Código Civil de Argentina, modificado en lo pertinente por la Ley 27.779 de
1997, mantiene las figuras de la adopción simple y de la adopción plena[81]. Para el
caso de los menores de edad, la adopción plena con su correspondiente anulación
de los vínculos biológicos, procede cuando: (i) se han muerto el padre y la
madre; (ii) no hay filiación acreditada; (iii) se ha desatendido el cuidado
material y moral del niño y este se encuentra en una institución por más de un
año; (iv) se da la expresión de la voluntad; y (v) se ha privado a los padres
de la patria potestad. Este tipo de adopción es irrevocable.
En
relación con la figura de la adopción simple, el Código contempla la
posibilidad de que la misma sea declarada por el juez o tribunal, cuando sea lo
más conveniente para el menor de edad o a petición de parte fundada[82], es
revocable y confiere a la persona la calidad de hijo biológico, pero no genera
parentesco entre éste y la familia del adoptante, sino sólo en lo expresamente regulado.
En cuanto a la familia biológica, la adopción simple extingue la patria
potestad pero no los derechos y deberes del vínculo biológico[83].
47.
En México, el Código Civil para el Distrito Federal vigente sólo admite la
adopción plena que es irrevocable, inimpugnable y sustituye a la de origen, al
crear un vínculo de parentesco equiparable al consanguíneo[84]. No obstante lo
anterior, esta regulación tiene algunas particularidades. Por ejemplo,
contempla la adopción del hijo del cónyuge, pero señala que no se extinguen las
consecuencias jurídicas que resultan de la filiación consanguínea respecto del
progenitor biológico, lo que combina características de la adopción plena y la
simple[85].
También establece la adopción de mayor de edad, siempre que se dé el
consentimiento y se otorgue en beneficio del adoptante y adoptado[86].
48. En Chile, la Ley 19620 de 1999 regula la
adopción y sólo la contempla para los menores de 18 años de edad[87]
y con la extinción de todos los vínculos biológicos anteriores[88].
A su vez, la norma incluye como una causal explícita de adopción de la
descendencia consanguínea[89].
Igualmente, establece que la adopción se lleva a cabo mediante un procedimiento
judicial que declara la adoptabilidad del niño[90].
Una vez se agota el anterior requisito, se continúa con el proceso de adopción,
también ante un juez[91].
Estas disposiciones derogaron la Ley 18703 de 1988, que sí contemplaba la
adopción simple, y determinan que los adoptados bajo dicho régimen seguirán
sujetos a esas disposiciones inclusive en lo relativo a la sucesión. Sin
embargo, contemplan la posibilidad de que se les apliquen los efectos de la
adopción plena, sin importar la edad, si cumplen unos requisitos.
49. Recientemente, en España, la Ley 26 de
2015 modificó la regulación relativa a la adopción. La nueva norma modifica el
Código Civil y contempla la adopción de menores de edad con efectos
irrevocables mediante un procedimiento judicial.  Excepcionalmente, admite la
adopción de mayores de edad o menores emancipados cuando “inmediatamente
antes de la emancipación, hubiere existido una situación de acogimiento con los
futuros adoptantes o de convivencia estable con ellos de, al menos, un año”[92].
Asimismo, la regulación establece como
requisitos de procedibilidad: (i) una edad mínima de veinticinco años y una
diferencia de edad de entre los adoptantes y el adoptado de entre dieciséis y
cuarenta y cinco años[93];
(ii) la declaración de idoneidad para ejercer la patria potestad; y (iii) la
propuesta de la entidad pública de los adoptantes para el proceso, a menos que
el menor de edad sea huérfano y pariente del adoptado en tercer grado de
consanguinidad, se haya encontrado por un mínimo de un año bajo la guarda o
tutela con intención de adopción, sea mayor de edad o menor emancipado o sea
hijo del cónyuge o de la persona unida al adoptante[94].
A su vez, requiere la manifestación expresa del consentimiento del adoptante/s
y adoptado ante un juez, cuando el último es mayor de 12 años. También
establece como requisito el asentimiento del conyugue del adoptante o su
equivalente cuando no se vaya a formalizar la adopción de forma conjunta y de
los progenitores de los niños no emancipados, a menos que se les haya privado
de la patria potestad[95].
De otra parte, determina que los efectos de
la adopción extinguen los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de
origen excepto cuando el adoptado sea hijo del cónyuge o de la persona unida al
adoptante por análoga relación de afectividad a la conyugal, aunque el consorte
o la pareja hubiera fallecido y “cuando sólo uno de los progenitores haya
sido legalmente determinado, siempre que tal efecto hubiera sido solicitado por
el adoptante, el adoptado mayor de doce años y el progenitor cuyo vínculo haya
de persistir”[96].
50. En Estados Unidos, la
regulación sobre la adopción con su procedimiento y requisitos varía para cada
Estado federado. No obstante, en general, se contemplan dos tipos de adopción:
la abierta y la cerrada[97]. La adopción abierta, se
refiere a la posibilidad de compartir información y/o mantener contacto
afectivo o social entre los padres biológicos y el hijo adoptado y este
intercambio de información o contacto puede darse antes,
después o durante toda la vida del adoptado[98].
Sin embargo, en este tipo de adopción no se mantienen los vínculos jurídicos
con la familia biológica.
Asimismo, contempla la
posibilidad de que los padres biológicos y adoptantes se conozcan o que firmen
acuerdos, para que una vez finalizado el proceso de adopción, el hijo adoptado
pueda seguir teniendo contacto con sus padres biológicos. El grado o nivel de
apertura en el intercambio se define antes de iniciar el proceso, ya que puede
ser abierta o semi abierta, dependiendo del nivel de información que se quiera
compartir[99].
Por ejemplo, para el caso de la adopción semi abierta se puede determinar que
el contacto o la información con los padres biológicos se den con la presencia de
un abogado o una institución de adopción, con el objetivo de preservar la
construcción de los nuevos vínculos familiares.
La adopción cerrada, no permite
que los padres biológicos conozcan la identidad de los padres adoptantes y
éstos pierden todo tipo de contacto con el adoptado. En otras palabras, se
extinguen los derechos de la familia biológica y se permite que el Estado,
mediante sus entidades administrativas, conduzca el proceso de adopción como
mejor lo considere.
La adopción de adultos es permitida en la
mayoría de los Estados y sus requisitos son distintos en cada caso. Por
ejemplo, para algunos estados la adopción de adulto está condicionada a condiciones
de discapacidad[100].
A pesar de las diferencias en los requisitos, se ha entendido que la finalidad
de este tipo de adopción está ligada a los efectos patrimoniales del vínculo
filial, para procurar cuidados de largo plazo, o simplemente
para formalizar una relación.
51. El anterior recuento de
diferentes regímenes sobre la adopción muestra, en general, la prevalencia del
principio del mejor interés del niño y su protección, el reconocimiento de la
responsabilidad parental como figura que rige las relaciones entre padres e
hijos y el objetivo de otorgar la mayor cantidad de protecciones a los menores
de edad, y a su vez la protección de la familia como institución pilar de la
sociedad, desde el pluralismo y la diversidad. Igualmente, esta descripción da
cuenta de cómo las diferentes normas, si bien en su mayoría han eliminado la
figura de la adopción simple, contemplan formas mixtas para los efectos de la
adopción en las que existen casos que permiten que se mantengan los vínculos
familiares anteriores a la adopción en razón al mayor interés del niño o por
motivos justificables en el beneficio del adoptante y adoptado.
De otra parte, la adopción
en adultos no cobra mucha relevancia en los anteriores regímenes, pues parte de
decisiones amparadas por la autonomía que se encuentran en el ámbito de
libertad de las personas siempre que se respeten los derechos involucrados. No
obstante, las anteriores regulaciones también dan cuenta de cómo la adopción es
un mecanismo que busca satisfacer el derecho a vivir en familia y donde el
reconocimiento jurídico de los lazos familiares traza las líneas de esa
protección, lo cual no es un derecho exclusivo de los menores de edad. Así, el
objeto de ese reconocimiento jurídico, entre otras cosas, forja la identidad
tanto del adoptado como del adoptante o adoptantes. En este sentido, la
protección de la familia mediante la adopción protege la identidad dinámica de
las personas, sin dejar a un lado que el principio rector es el de privilegiar
la identidad de origen. Esta protección es importante, tanto para los menores
como para los mayores de edad, pues busca amparar el derecho a beneficiarse del
reconocimiento jurídico de los vínculos familiares, pero de forma acorde con
los cambios estructurales de la familia contemporánea, que sin duda presenta
nuevas formas de organización familiar.
Pasa ahora la Sala a
abordar el caso concreto de acuerdo con el marco constitucional expuesto.
Caso concreto
52. Yudit Lorena
Cedeño Sánchez y Alcibiades Cedeño Zuleta, actuando mediante apoderado judicial, interpusieron
acción de tutela en contra de las decisiones proferidas por el Juzgado 3º de Familia del Circuito de Neiva y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Neiva, Sala Quinta de Decisión-Civil, Laboral y Familia en el proceso de adopción voluntaria que
declaró la adopción de Yudit Lorena Cedeño Sánchez,
mayor de edad, por el señor Alcibiades Cedeño Zuleta y la extinción del vínculo filial y familiar de la adoptada con su
madre biológica. El apoderado indicó que estas decisiones incurren en una
violación al debido proceso por violación directa de la Constitución, ya que la
anulación de dicho vínculo y la consecuente eliminación de su apellido materno en
su registro civil, viola la Constitución por desconocer los derechos de la
adoptada a la familia, a la filiación y al libre desarrollo de la personalidad.
Durante el trámite de la acción de tutela, el Juez de
primera instancia que declaró la adopción plena y eliminó el vínculo biológico,
sostuvo que no era posible mantener dicho vínculo, ya que “la única adopción existente en nuestro ordenamiento jurídico es
la adopción plena, la cual acarrea consigo efectos jurídicos, tales como el
cambio de los apellidos del adoptado pues este adquiere los apellidos del
adoptante, y la extinción de todo parentesco de consanguinidad”[101].
De conformidad con lo expuesto, el apoderado solicita
que se dejen sin efectos las sentencias mencionadas y
se permita que la señora Yudit Lorena Cedeño mantenga los apellidos de su madre
biológica y la relación familiar y filial con ésta. A su vez, solicita que se
deje en firme la adopción de la tutelante con el señor Alcibiades Cedeño Zuleta,
toda vez que como fue reconocido en el respectivo proceso, desde su nacimiento
éste ha respondido por su cuidado, protección y manutención como un padre,
mientras que su padre biológico nunca respondió por sus obligaciones, al punto
de que en la actualidad en no existe una relación entre los mismos[102].
53. Las
decisiones de instancia negaron las pretensiones de la solicitud de tutela por
considerar que no se había demostrado la violación de la Constitución y que las
decisiones se adoptaron de acuerdo a lo establecido en la Ley.
54. En sede de
revisión, esta Sala vinculó a la señora Yeaneth Sánchez Arias, madre biológica
de la tutelante, quién manifestó coadyuvar en todo las pretensiones de la
acción de tutela y reclamar también la violación de sus derechos, ya que “el
que se hayan establecido vínculos de crianza con su abuela y el señor Cedeño,
no quiere decir que los haya perdido conmigo”[103].
Asimismo,
sostuvo que “a pesar de que la mayoría de la crianza de mi hija estuvo por
cuenta de mi madre y su esposo, ello nunca representó que yo me ausentara de su
entorno, pues como siempre hemos sido una familia muy unida, yo continué
viviendo en la casa materna, cuidándola, ayudando en su crianza, en su
formación, acompañándola, y brindándole lo que estuviera a mi alcance desde el
momento en que empecé a trabajar, de manera permanente” [104].
De igual manera,
Yudit Lorena Cedeño indicó que la relación con su madre biológica “Es una
relación de hija a madre, puesto que estuvo presente como tal en mi desarrollo
y formación hasta los 13 años, a partir de este momento y ante mi decisión de
permanecer viviendo con mi papá y mi mamá AMALIA, la relación se mantuvo con la
distancia propia de vivir en hogares separados, en la actualidad y dada la
juventud de mi mamá YEANETH, quien tiene para esta época 39 años, somos amigos,
mantenemos contacto permanente (…) pese a que me independicé mantengo mis lazos
afectivos con mi mamá AMALIA, mi papá ALCIBIADES y mi mamá YEANETH a quienes
reconozco como mi núcleo familiar inmediato (…)”[105].
55. La Sala considera que en este caso, las
providencias judiciales incurrieron en una violación directa a la Constitución
por haber desconocido el principio de interpretación conforme a la Carta
Superior, según el cual podía haberse hecho una lectura de la legislación
vigente en armonía con los derechos a la familia, a no ser separado de ésta, a
la filiación y al libre desarrollo de la personalidad que permitieran que la
tutelante conservara el vínculo familiar y filial con su madre biológica. Lo
anterior en particular desarrollo del principio de presunción a favor de la
familia biológica, en donde, especialmente los menores de edad, tienen el
derecho a no ser separados de su familia y el Estado se encuentra en la
obligación de adoptar medidas para mantenerlos en la familia de origen, es decir
el Estado debe propender por la unidad familiar, con una especial protección a
los vínculos biológicos[106].
56. Es importante subrayar que el contexto de las
decisiones judiciales cuestionadas responde al de la adopción de una mayor de
edad, que como se advirtió en líneas anteriores, es permitido por el C.I.A, cuando
el adoptante haya tenido su cuidado personal y convivido bajo el mismo techo
con éste, por lo menos dos años antes de que cumpliera la mayoría de edad, y
siempre que exista el consentimiento entre adoptante y adoptivo. Lo anterior es
relevante, en la medida en que los objetivos y la finalidad de la adopción de
menores de edad son diferentes a la de los mayores de edad y buscan proteger
bienes jurídicos distintos.
En este sentido, la adopción reconocida en las
providencias acusadas no buscaba la protección de una menor de edad en relación
con los beneficios del cuidado y educación bajo la institución familiar, sino
el reconocimiento de un vínculo de amor, cariño, solidaridad y respeto que
había sido formado durante años entre una persona que en la actualidad goza de
la mayoría de edad y quien fungió como su padre durante el tiempo que ésta se
encontraba bajo su cuidado.
57. Igualmente, en este caso tampoco se está frente a
una situación en la que se buscara la guía y las responsabilidades del
ejercicio de la patria potestad y de la responsabilidad parental mediante la
adopción, sino del reconocimiento jurídico de un lazo que tuvo sus orígenes
tiempo atrás.
De otra parte, las pruebas allegadas en la declaración
de la madre biológica de la tutelante permiten concluir que tanto la señora Yeaneth Sánchez como Yudit Lorena Cedeño han
mantenido sus lazos familiares incólumes, pues además de compartir
constantemente e identificarse como una “familia muy unida”, también
reconocen que la figura materna de la señora Sánchez ha estado presente en la
vida de Yudit Lorena.
La Sala advierte que el reconocimiento que los
tutelantes y la vinculada reclaman se ampara bajo el derecho a la familia, particularmente
a no ser separado de ésta y de su debida protección sin distinción por su
origen biológico, jurídico o de hecho. Esta protección también se encuentra
ligada a los derechos a la filiación y al libre desarrollo de la personalidad
como la facultad de identificarse mediante los vínculos familiares. Por lo
tanto, el objetivo del reconocimiento que buscan se desprende de la visión que
la tutelante tiene de sí misma y de su núcleo familiar, conformado por su
abuela materna, su padre adoptivo y su madre biológica, en la que quiere que se
vea reflejada y protegida jurídicamente esa realidad.
58. En este caso, la protección a no ser separado de
la familia busca que simultáneamente se mantenga el reconocimiento jurídico de
su realidad paterna y su vínculo familiar materno como una cuestión de
identidad, como un espejo de su núcleo familiar que se debe reflejar en su
nombre, como atributo de la personalidad. Así pues, este reconocimiento de los
vínculos familiares no se trata solamente de un símbolo, como un distintivo de
la tutelante que revela su historia y las características de su ser, sino que
además busca que se mantengan los vínculos de la filiación, que acarrean
consecuencias jurídicas diversas.
En este sentido, la mayoría de edad supone que los principales
deberes de los padres respecto de los hijos en relación con la crianza,
educación y corrección han culminado. Sin embargo, los deberes de los hijos
respecto de los padres tales como el cuidado el auxilio y socorro se activan.
Esta relación de doble vía en la que en instancias unos tienen más deberes que
otros acordes al ritmo que la vida representa, los deberes de la solidaridad de
la institución familiar, que a su vez conlleva el objetivo de la unidad de vida
o destino, adquiere una relevancia constitucional ineludible, al tenor de lo
dispuesto en el artículo 42 Superior.
59. Más allá, los vínculos familiares o filiales con una
persona, no solo representan una serie de obligaciones y responsabilidades como
las descritas en el Código Civil. Estos también implican una serie de
beneficios en aspectos patrimoniales y de seguridad social, pues el Sistema de
Seguridad Social en Salud y Pensión, ha contemplado la posibilidad de que los
familiares de una persona, se vean beneficiados en diferentes aspectos, lo cual
concreta los deberes solidarios de las relaciones familiares.
Por
ejemplo, el artículo 163º de la Ley 100 de 1993[107]
establece la cobertura familiar en
el régimen contributivo y dispone que podrán ser beneficiarios del
contribuyente incluso los hijos mayores de 18 años. De igual forma, el
artículo 47º de la misma ley[108]
determina quiénes pueden ser beneficiarios de la pensión de sobreviviente entre
los cuales están la madre o el padre, civilmente reconocidos.
En
este orden de ideas, es evidente que el ordenamiento jurídico contempla una
serie de beneficios en aspectos como la seguridad social y la salud para el
grupo familiar del trabajador que no puede ser extendido a personas que se
encuentren excluidos del objeto y fin de las normas. Estos beneficios, reflejan
los deberes de solidaridad entre quienes hacen parte del mismo grupo familiar y
en la edad adulta sirven para cumplir con los deberes de cuidado hacia los
padres que se desprenden de la filiación y de la familia, como derechos de
doble vía.
60. En el caso particular, y como fue
reconocido por las decisiones el proceso voluntario, los tutelantes querían
reconocer jurídicamente los vínculos que se habían generado entre éstos durante
la crianza de la adoptada y que siguen vigentes. En este sentido, las decisiones
que determinan y confirman la adopción de la señora Yudit Lorena Cedeño Sánchez
efectivamente reflejan el rol que el señor Alcibiades Cedeño ha cumplido
durante toda su vida de afecto, cuidado, protección, educación y manutención.
Esta decisión también representa el reconocimiento del carácter dinámico y
flexible de la familia mediante el cual se entiende que el amor, el cuidado y
la convivencia continua consolidan núcleos familiares de hecho. No obstante, el
anterior reconocimiento no puede desconocer el vínculo materno filial biológico
que también ha hecho parte de la vida de la tutelante, y que también se
mantiene. Es decir, no puede dejar de lado el principio de presunción a favor
de la familia biológica, que impone al estado el deber de mantener los vínculos
biológicos en los casos en los que es posible y no existe justificación para no
hacerlo.
61. El reconocimiento de las dos realidades
está ligado al ejercicio de los derechos a la familia y a no ser separado de
ésta, a la identidad y a la filiación los cuales son vulnerados con la
determinación de extinguir el vínculo familiar materno entre la tutelante y la
vinculada. Si bien la jurisprudencia constitucional ha desarrollado ampliamente
estos derechos en el ámbito de los menores de edad también se reputan frente a
los mayores de edad. Como se ha visto, el reconocimiento jurídico de los
vínculos familiares y filiales es esencial para la autodeterminación de la
tutelante, quién ha vivido una realidad familiar durante toda su vida y desea
que la misma sea reconocida jurídicamente, para que sean exigibles tanto los
derechos como los deberes de esta relación, pero primordialmente porque esa
realidad ha determinado su identidad y hace parte de su autodeterminación.
Como fue explicado por el juez de instancia
en el proceso de adopción, la determinación de la extinción del vínculo
familiar biológico con la madre se fundamenta en que el C.I.A establece que los
efectos de la adopción extinguen todos los vínculos biológicos anteriores, ya
que la legislación actual solamente contempla la figura de la adopción plena[109].
62. Igualmente, como se afirmó en el acápite
sobre el derecho comparado, si bien el derecho de familia se ha dirigido hacia
la eliminación de la adopción simple, con el objetivo de proteger los intereses
del menor de edad, de que exista claridad sobre la titularidad de la patria
potestad y en aras de la protección de la igualdad entre los hijos adoptivos y
los hijos biológicos para que se extienda el parentesco civil a todas las líneas y grados a los consanguíneos, adoptivos o afines de estos,
dicho acercamiento se ha flexibilizado, en razón al mejor interés de la persona
y a las nuevas realidades de la institución familiar.  No obstante, en este
caso el reconocimiento del vínculo familiar y filial entre la tutelante y su
madre biológica no implica revivir la adopción simple, como lo determinan las
decisiones que se demandan, implica reconocer que existen relaciones de
solidaridad familiar que, según las circunstancias del caso, ameritan el
reconocimiento de relaciones de amor, mutuo cuidado y protección desinteresada
que construyen verdaderos vínculos de afecto que deben ser reconocidos y
protegidos por el Estado, al margen de si son lazos enteramente consanguíneos o
civiles y simultáneamente aplicar la presunción a favor de la familia biológica
y su protección.
La Sala considera que en este caso el
reconocimiento de los derechos fundamentales de la tutelante y de su madre
biológica a la unidad familiar, a la filiación y al libre desarrollo de la
personalidad, debieron ser tenidos en cuenta como criterios de interpretación
al aplicar las normas sobre adopción durante el proceso. En la aplicación del
artículo 64 del C.I.A. se debió tener en cuenta la presunción a favor de los
vínculos biológicos y el correlativo deber del Estado de protegerlo,
particularmente en el contexto de un adulto que quiere mantener sus vínculos
familiares con una persona consanguínea. La determinación de aplicar el
artículo 64 mencionado y extinguir el vínculo familiar y filial de la tutelante
con su madre implica desconocer el vínculo biológico que se ha fundado en el
amor, el respeto, la solidaridad y la unidad de vida y así una desprotección al
derecho a no ser separado de la familia. La anterior determinación no podía
abordar la realidad de los accionantes de forma aislada, so pena de incurrir en
una violación de la Constitución y de los derechos fundamentales de la
tutelante y su madre.
En otras palabras, la Sala no busca utilizar
la excepción de inconstitucionalidad para inaplicar la figura de la adopción
plena consagrada en el C.I.A., sino pretende realizar una interpretación sistemática
y armónica del artículo 42º de la Constitución con el artículo 64 del C.I.A, de
manera que se brinda una lectura amplia, extendida y diversa del concepto de
familia, y con ello se garantice la protección de los derechos fundamentales de
los accionantes. Pero particularmente que se dé aplicación a la presunción a
favor de la familia biológica, en las que éstos vínculos, sin excluir otros, se
reconocen como aquellos que gozan de una especial protección. Lo cual, se torna
aún más relevante cuando el caso presenta a una persona mayor de edad que en el
ejercicio de su autonomía, quiere mantener esos lazos.
63. En este sentido, la situación familiar entre
su madre biológica y Yudit Lorena Cedeño Sánchez, muestra que ha cumplido su
papel como tal en atención de todos sus deberes y obligaciones como madre,
mientras simultáneamente el señor Alcibiades Cedeño Zuleta también los ha
cumplido como padre, aun cuando entre éstos no existiera una relación de pareja
y la tutelante no fuera su hija biológica. Esta realidad responde al pluralismo
que fundamenta la institución familiar, como una institución dinámica y variada
que puede surgir de situaciones de hecho. Así pues, el derecho a no ser
separado de la familia, como una obligación para el Estado también debe
respetar estas dinámicas familiares flexibles, siempre que se respeten todos
los derechos y deberes en juego.
64. De conformidad con lo expuesto, la Sala revocará
las sentencias del 10 de junio de 2015 y del 5 de agosto del mismo año,
proferidas por la Sala de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de
Justicia. En su lugar, concederá el amparo de los derechos fundamentales de
Yudit Lorena Cedeño Sánchez, Alcibiades Cedeño Zuleta y Yeaneth Sánchez Arias,
a la unidad familiar, a la filiación y al libre desarrollo de personalidad.
Como consecuencia, dejará sin efectos la
determinación de las sentencias proferidas el 28 de octubre de 2013 por el
Juzgado 3° de Familia del Circuito de Neiva y el 23 de octubre de 2014 por el
Tribunal Superior de Neiva (Sala Quinta de Decisión Civil, Laboral y Familia). De
esta manera, se ordenará al Juzgado 3° de Familia del Circuito de Neiva que
dentro de los cinco (5) siguientes a la notificación del presente fallo,
profiera una nueva sentencia en la que tenga en cuenta los criterios trazados
en esta decisión.
Conclusión
65. La Sala Quinta de Revisión, concluye que
las decisiones proferidas por el Juzgado 3° de Familia del Circuito de Neiva y
el Tribunal Superior de Neiva (Sala Quinta de Decisión Civil, Laboral y
Familia) incurrieron en un defecto por violación a la Constitución, en tanto
afectaron los derechos fundamentales de Yudit Lorena Cedeño Sánchez, Yeaneth
Sanchez Arias y Alcibiades Cedeño Zuleta a la familia, a la unidad familiar, a
la filiación y al libre desarrollo de personalidad.
Lo
anterior, como quiera que la adopción entre la señora Yudit Lorena Cedeño y el
señor Alcibiades Cedeño Zuleta, permitió que se extinguiera el vínculo familiar
y filial con la madre biológica de Yudit, sin que hubiere existido una voluntad
de las mismas por extinguirlo, y más aún, cuando entre estas ha existido lazos
afectivos de madre e hija, que aún se encuentran vigentes.
66. Así pues, para la Sala es claro que los
jueces de instancia, omitieron considerar que la adopción entre Yudit Lorena
Cedeño y Alcibiades Cedeño Zuleta, se hizo cuando ella ya era mayor de edad, lo
que significaba que la adopción perseguía reconocer una situación de hecho que
podía protegerse y comprenderse dentro del concepto de familia amparado por la
Constitución. Así, la adopción pretendía reconocer un vínculo real que se había
formado durante años entre adoptado y adoptante, y que además, permitiría que
la señora Cedeño retribuyera el amor, cariño y apoyo que le había brindado su
padre adoptante durante su crecimiento y proceso de formación mediante las
obligaciones que surgen de la filiación.
67. Finalmente, las sentencias recurridas
limitaron el núcleo familiar, privilegiando sus lazos de hecho respecto de sus
lasos biológicos, con lo cual se impidió que la nueva realidad filial de la
accionante refleje su realidad familiar, quien se identifica y vincula como familia
de Alcibiades Cedeño Zuleta y Yeaneth Sánchez, pues han sido estos, en compañía
de su abuela materna, quienes le han brindado el cariño, el amor y el apoyo a
lo largo de su vida.
IV.- DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-  REVOCAR las
sentencias del 10 de junio de 2015 y del 5 de agosto del mismo año, proferidas
por la Sala de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En su
lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de Yudit Lorena
Cedeño Sánchez, Alcibiades Cedeño Zuleta y Yeaneth Sánchez Arias.
Segundo.- Como
consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la determinación de las
sentencias proferidas el 28 de octubre de 2013 por el Juzgado 3° de Familia del
Circuito de Neiva y el 23 de octubre de 2014 por el Tribunal Superior de Neiva
(Sala Quinta de Decisión Civil, Laboral y Familia), dentro del proceso de adopción
que se llevó a cabo entre Yudit Lorena Cedeño y Alcibiades Cedeño Zuleta.
Tercero.-  ORDENAR al Juzgado
3° de Familia del Circuito de Neiva que dentro de los cinco (5) siguientes a la
notificación del presente fallo, profiera una nueva sentencia en la que tenga
en cuenta los criterios trazados en esta decisión y aplique el concepto
dinámico de familia que la Constitución protege.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta
de la Corte Constitucional y cúmplase.
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Cabe aclarar
que el señor Alcibiades Cedeño Zuleta, es un tercero interviniente en el
proceso de tutela, pero que para los efectos, le otorgó poder general al señor
Diego Andrés Morales Gil, tal y como se evidencia en el Folio 125 del Cuaderno
1.
[2] Cuaderno 1.
Folio 123. Acción de tutela.
[3] Cuaderno 1.
Folio 38. Registro Civil de Nacimiento de Yudit Lorena Cedeño Sánchez.
[4] Cuaderno 1.
Folio 40. Declaración juramentada Nº 3403 con fines extraprocesales, tomada por
la Notaria 5 del Circuito de Neiva el 11 de diciembre de 2012, a la señora
Yudit Lorena Cedeño.
[5] Cuaderno 1.
Folio 115. Acción de tutela.
[6] Cuaderno 1.
Folio 116. Acción de tutela.
[7] Cuaderno 1.
Folio 138. Contestación de la acción de tutela, proferida por el Juzgado 3º de
Familia de Neiva, el 14 de mayo de 2015.
[8] Artículo 20. Presunción de veracidad. Si el informe no
fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los
hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria
otra averiguación previa.
[9] Cuaderno 1.
Folio 154. Sentencia de primera instancia, proferida por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 10 de junio de 2015.
[10]
Cuaderno 2. Folio 5. Sentencia de segunda instancia, proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 5 de agosto de 2015.
[11]
Cuaderno 2. Folio 33. Respuesta enviada por Yeaneth Sánchez Arias el 12 de
Enero de 2016.
[12]
Cuaderno 2. Folio 38. Respuesta enviada por Luz Katerine Fernández Castillo,
Jefe de la Oficina Jurídica del ICBF.
[13] Con
el objetivo de respetar el precedente constitucional, promover una mayor
eficiencia en la administración de justicia y teniendo en cuenta que la Corte
Constitucional ya ha decantado un estándar para resumir de manera detallada las
reglas jurisprudenciales sobre la procedibilidad de la acción de tutela en
contra de sentencias judiciales se tomará como modelo de reiteración el fijado
por la magistrada sustanciadora en la sentencia  SU-242 de 2015 M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[14] M.
P. José Gregorio Hernández Galindo
[15] Al
respecto ver, entre otras, las sentencias SU-159 de 2002 y T-522 de 2001, en
ambas M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-462 de 2003 y T-1031 de 2001, en
ambas M. P. Eduardo Montealegre Lynett y T-1625 de 2000, M. P. Martha Victoria
Sáchica Méndez.
[16] M.
P. Jaime Córdoba Triviño. En este fallo se declaró inexequible una expresión
del artículo 185 de la Ley 906 de 2004, que impedía el ejercicio de cualquier
acción, incluida la tutela, contra las sentencias proferidas por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[17] MP:
Jaime Córdoba Triviño.
[18]
Cuaderno 1. Folio 34. Auto del 2 de diciembre de 2014, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala
Quinta de Decisión Civil, Familia, Laboral
[19] El
conteo hecho por la Sala, se hace de conformidad con la vacancia judicial que
transcurrió en el año 2014 desde el 19 de diciembre hasta el 12 de enero de
2015.
Lo anterior, de
conformidad con el literal b del artículo 1° de la Ley 31 de 1971, el cual
dispone que: “Artículo 1o. El artículo 20. del Decreto número 546 de 1971, quedará
así: Para todos los efectos legales, los días de vacancia judicial son los
siguientes: b) Los días comprendidos entre el 20 de diciembre de cada año y el
10 de enero siguiente, inclusive, lapso en el cual los funcionarios y empleados
de la rama civil, contencioso administrativo, laboral y los de la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Aduanas y Salas Penales de
los Tribunales de Distrito, así como los respectivos agentes del ministerio
público que corresponden a tales despachos, disfrutarán colectivamente de la
prestación social de vacaciones anuales”.
[20] Con
el objetivo de respetar el precedente constitucional, promover una mayor
eficiencia en la administración de justicia y teniendo en cuenta que la Corte
Constitucional ya ha decantado un estándar para resumir de manera detallada las
reglas jurisprudenciales sobre la procedibilidad de la acción de tutela en
contra de sentencias judiciales se tomará como modelo de reiteración el fijado
por la magistrada sustanciadora en las sentencias  SU-242 de 2015 y T-667 de
2015.
[21] Ver
entre muchas otras las sentencias T-620 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio; T-612 de 2012, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-584 de 2012, M.
P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-661 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio;
T-671 de 2010; , M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-217 de 2010, M. P.
Gabriel Eduardo Martelo Mendoza; T-949 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo;
T-555 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva;
T-584 de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-796 de 2008, M. P.
Clara Inés Vargas Hernández; T-233 de
2007, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1027 de 2006, M. P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; T-812 de 2005, M. P. Rodrigo Escobar Gil;
[22]Entre
otras, pueden consultarse las sentencias T-419 de 2011, M. P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo y T-1257 de 2008, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[23] Sentencia
SU-159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[24] M.P.
Eduardo Montealegre Lynett.
[25]Ver
también la Sentencia T-462 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[26]Sentencia
T-809 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. Esta causal de procedibilidad
también ha sido aplicada en las Sentencias T-747 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; T-555 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-071 de 2012,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre otras.
[27] Sentencia
C-577 de 2011 MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo: “merece por sí misma la
protección del Estado, con independencia de la forma en que se haya
constituido, es decir, sin que se prefiera la procedente de un vínculo jurídico
sobre aquélla que ha tenido origen en lazos naturales”.
[28] Sentencia
T-278/94 M.P. Hernando Herrera Vergara
[29] Sentencia
C-371/94 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[30] Sentencia C-371/94
M.P. José Gregorio Hernández Galindo:
“La familia, ámbito natural y propicio para el desarrollo del
ser humano, merece la protección especial y la atención prioritaria del Estado,
en cuanto de su adecuada organización depende en gran medida la estable y
armónica convivencia en el seno de la sociedad. Es la
comunidad entera la que se beneficia de las virtudes que se cultivan y afirman
en el interior de la célula familiar y es también la que sufre grave daño a
raíz de los vicios y desordenes que allí tengan origen”.
[31] Sentencia
C-271 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[32]
Sentencia C-278 de 2014 M.P. Mauricio González Cuervo
[33] Subcomisión preparatoria 0405 Informe final. En:
Presidencia de la República. "Propuestas de las Comisiones
Preparatorias". Bogotá, Colombia. Enero de 1991 pp. 370,371.
[34] Sentencias T-572 de 2009 M.P. Humberto
Sierra Porto. T-070 de 2015. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
Particularmente, la sentencia C-071 de 2015 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio,
sostuvo que “La nueva conceptualización de la
noción de familia, a partir de una interpretación evolutiva y sociológica
fundada en la cláusula de Estado Social de Derecho, el pluralismo y la
diversidad cultural, condujo a la Corte a reconocer que las parejas del mismo sexo
que asumen compromisos de afecto, solidaridad y respeto, también conforman una
familia”.  Asimismo, indicó que “la Constitución no solo
reconoce la familia conformada a partir del contrato matrimonial, sino que
existen otros vínculos filiares que también se encuentran constitucionalmente
protegidos (familia de crianza, extendida, monoparental, ensamblada, uniones de
hecho, etc.). De otra parte, la heterosexualidad deja de ser un requisito para
el entendimiento del concepto de familia, que adquiere una dimensión
sociológica fundada en el pluralismo, donde que las parejas del mismo sexo
pueden conformar una familia cuando media la decisión responsable de hacerlo,
es decir, bajo pilares de amor, respeto y solidaridad. Y finalmente, se
reconoce que las parejas del mismo sexo adolecen de un déficit de protección
para conformar su vínculo familiar, aunque inicialmente se confía en el
Legislador el diseño de las reglas para su  reconocimiento y
configuración”.
[35]
Sentencia C-026 de 2016 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[36]
Sentencia C-026 de 2016 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[37] M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez
[38]
Sentencia T-049 de 1999 MP. José Gregorio Hernández Galindo
[39] Sentencia C-660
de 2000. M.P. Álvaro Tafur Galvis. “Respecto
de la familia surgen para el Estado precisos cometidos de preservación y
protección que se orientan a garantizar la existencia y el desarrollo de esta
institución como básica de la sociedad”.
[40]
Sentencia C-273 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[41] Sentencia
T-608 de 1995 M.P. Fabio Morón Díaz.
[42] Sentencia
T-477 de 1994 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. “la familia no puede ser
desvertebrada en su unidad ni por la sociedad ni por el Estado, sin justa causa
fundada en graves motivos de orden público y en atención al bien común y sin el
consentimiento de las personas que la integran, caso en el cual dicho consenso
debe ser conforme al derecho.”
En este mismo
sentido, la sentencia T-408 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, sostuvo que “que los mandatos constitucionales
relativos a la familia consagran de manera directa y determinante el derecho
inalienable de los niños -aún los de padres separados- a mantener relaciones
personales y contacto directo con sus dos progenitores”
Frente a las
intromisiones del Estado y la sociedad en la unidad familiar, la sentencia
T-562 de 2009 (MP Humberto Sierra Porto) dijo que se debía evitar “el
internamiento de los padres en sitios de reclusión, traslados laborales,
alejamiento de menores del seno de la familia a efectos de protegerles frente a
situaciones de maltrato y abandono, extradición o deportación de sus
integrantes”, de manera que con ello se garantice la preservación del
núcleo familiar.
[43]
Sentencia T-523 de 1992 M.P. Ciro Angarita Barón: “Pero la unidad de la familia no se le
puede atribuir un valor exclusivamente formal; debe hacerse el esfuerzo de
investigar el interés o los intereses que están en su base: el denominado
interés superior de la familia y/o el potenciamiento de la personalidad
individual.”
[44] MORENO R., J.A., “Derecho De Familia”, Asunción,
Paraguay: Ed. Intercontinetal, 3ra, 2009, página 519 Tomo II
[45] Ver
entre otras: C-004 de 1998. M.P. Jorge Arango Mejía, T-329 de 1995. M.P. José
Gregorio Hernández, T-488 de 1999 M.P. Martha Victoria Sáchica, T-183 de 2001.
M.P. Alfredo Beltrán Sierra, C-243 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-641 de
2001 M.P.  Jaime Córdoba Triviño, T-966 de 2001. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[46]
C-109 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[47] En la sentencia
C-577 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza, se refirió a la igualdad que
existe entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, en los siguientes
términos: “(…) en materia de filiación rige
un principio absoluto de igualdad, porque, en relación con los hijos, no cabe
aceptar ningún tipo de distinción, diferenciación o discriminación, en razón de
su origen matrimonial o no matrimonial”.
[48]
MEDINA. J.E. “Derecho Civil. Derecho de familia”. Bogotá; Colombia. Ed.
Universidad del Rosario. 4ta. (2014) Página 375. “Dependiendo de la
condición de los progenitores en el momento de la concepción, los hijos serán
matrimoniales cuando el nacimiento se produzca luego de celebrado el matrimonio
y no más de trescientos días después de disuelto y el padre de la criatura será
el esposo de la madre (…)”
[49] Ley
1060 de 2006 “por la cual se modifican las normas que regulan la impugnación
de la paternidad y la maternidad” Artículo 1°. “El hijo concebido
durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho tiene por
padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo
contrario en un proceso de investigación o de impugnación de paternidad”.
(Subrayado fuera del texto original).
[50] Sentencia T-191
de 1995. M.P. José Gregorio Hernández
[51] Sentencia T-477
de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[52] Al respecto, la
sentencia T-098 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández) sostuvo que: “Fácil es entender que lo aprendido en el hogar se
proyecta necesariamente en las etapas posteriores de la vida del individuo,
cuyos comportamientos y actitudes serán siempre el reflejo del conjunto de
influencias por él recibidas desde la más tierna infancia. El ambiente en medio
del cual se levanta el ser humano incide de modo determinante en la
estructuración de su personalidad y en la formación de su carácter. (…) [l]os
valores, que dan sentido y razón a la existencia y a la actividad de la persona,
no germinan espontáneamente. Se requiere que los padres los inculquen y
cultiven en sus hijos, que dirijan sus actuaciones hacia ellos y que estimulen
de manera”
[53]
Gómez Bengoechea, Blanca. “Derecho a la identidad y a la filiación. Búsqueda
de orígenes en adopción internacional y en otros supuesto de filiación
transfronteriza”. Editorial: Dykinson. Madrid, España (2007). “Todo
individuo, en virtud de sus características personales, cumple con distintos
roles en el entorno social a través de su historia (hijo, hermano, marido,
padre, amigo, trabajador, ciudadano...) y forma parte de un determinado grupo
social (según su raza, su ocupación, género, religión, nacionalidad...), de
manera que esos roles y grupos sociales también determinan y caracterizan quién
es y cómo es”.
[54] Artículo
250. Obligaciones de los hijos. Modificado por el art. 18, Decreto 2820
de 1974. El nuevo texto es el siguiente: Los hijos deben respeto y obediencia a
sus padres (…)
[55] Artículo
251. Cuidado y auxilio a los padres. Aunque la emancipación dé al
hijo el derecho de obrar independientemente, queda siempre obligado a cuidar de
los padres en su ancianidad, en el estado de demencia, y en todas las
circunstancias de la vida en que necesitaren sus auxilios.
[56] Artículo 252. Derechos de otros
ascendientes. Tienen derecho al mismo socorro todos los
demás ascendientes legítimos, en caso de inexistencia o de insuficiencias de
los inmediatos descendientes.
[57] Artículo 253. Crianza y educación de los
hijos. Toca de consuno a
los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza
y educación de sus hijos legítimos
[58] Artículo 262. Vigilancia, corrección y
sanción. Modificado por el art. 21, Decreto 2820 de 1974. El
nuevo texto es el siguiente: Los padres o la persona encargada del
cuidado personal de los hijos, tendrán la facultad de vigilar su conducta,
corregirlos y sancionarlos moderadamente.
[59]
Código de la Infancia y la Adolescencia. Artículo 14. “La responsabilidad
parental es un complemento de la patria potestad establecida en la legislación
civil. Es además, la obligación inherente a la orientación, cuidado,
acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su
proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria
del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes
puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos (…)”.
[60]
Sentencia T-510 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[61] Sentencia
T-266 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
“La Corte ha
señalado que la patria potestad es uno de los instrumentos a los que ha
recurrido el Estado para garantizar el desarrollo armónico e integral del menor
de edad. Esta institución  -ha dicho la Corporación- encuentra fundamento en el
inciso 8° del artículo 42 de la Carta, el cual le impone a la pareja el deber
de sostener y educar a los hijos mientras sean menores de edad o incluso
durante su formación profesional. Es, por ende,  una institución jurídica
creada no en favor de los padres sino en interés de los hijos no emancipados,
para facilitar a los primeros la observancia adecuada de los deberes impuestos
por el parentesco y la filiación. Así las cosas, “los derechos que componen la
patria potestad no se han otorgado a los padres en provecho personal, sino en
el del interés superior del hijo menor, facultades que están subordinadas a
ciertas condiciones y tienen un fin determinado”.  Desde este punto de vista la
patria potestad se constituye en el instrumento adecuado para permitir el
cumplimiento de las obligaciones de formación de la personalidad de los niños,
niñas y adolescentes, atribuidos en virtud de la relación parental, a la
autoridad de los padres. Como consecuencia de lo anterior, las facultades
derivadas de la patria potestad no constituyen, en realidad, un derecho
subjetivo en cabeza de los padres, sino que se trata de derechos concedidos a
favor de los niños y niñas, razón por la cual su falta de ejercicio o su
ejercicio inadecuado puede derivar en sanciones para el progenitor”.
[62] Artículo
269. La adopción es el prohijamiento de una persona, o la admisión en lugar
de (sic) hijo, del que no lo es por naturaleza.
El que hace la
adopción se llama padre o madre, hijo adoptivo o simplemente adoptivo o
adoptado.
[63] Artículo 287. Por la adopción adquieren adoptante y adoptivo, los
derechos y obligaciones de padre o madre e hijo legítimo, con las limitaciones
a que se refieren los artículos 284 y 285.
El adoptivo llevará como apellido
el del adoptante, salvo que el padre o la madre de sangre hayan consentido la
adopción simple y se convenga en que el adoptivo conserve su apellido original,
al que podrá agregar el del adoptante.
[64] Artículo 279. Otorgada legalmente la escritura de adopción adquieren,
respectivamente, el adoptante y el adoptado, los derechos y obligaciones de
padre o madre e hijo legítimo, con las limitaciones establecidas en este
Título. Si el adoptado estuviere bajo patria potestad o guarda, saldrá de ella,
quedando bajo la potestad del adoptante. El adoptante no gozará del usufructo
sobre los bienes del adoptivo
[65] Artículo 278. Por
la adopción plena el adoptivo cesa de pertenecer a su familia de sangre, bajo
reserva del impedimento matrimonial del ordinal 9o del artículo 140. En consecuencia:
1o. Carecen los padres y demás
parientes de sangre de todo derecho sobre la persona y bienes del adoptivo.
2o. No podrá ejercerse la acción
de impugnación de la maternidad de que tratan los artículos335 a 338, ni la de reclamación de estado del
artículo 406, ni reconocimiento o acción alguna encaminada a establecer la filiación de sangre del
adoptivo. Cualquier declaración o fallo a este respecto carece de valor.
Artículo 279. La adopción plena establece
relaciones de parentesco entre al adoptivo, el adoptante y los parientes de
sangre de éste.
Artículo 285. El
adoptante en la adopción plena tiene en la sucesión del adoptivo los derechos
hereditarios que les hubieran podido corresponder a los padres de sangre.
En la adopción simple el
adoptante recibirá la cuota que corresponda a uno de aquellos. A falta de
padres de sangre, ocupará el lugar de éstos.
El adoptante es legitimario del
adoptivo.
Artículo 280. El juez, a petición del
adoptante, decretará la adopción simple o la adopción plena. En la sentencia de
adopción plena se omitirá el nombre de los padres de sangre, si fueren
conocidos.
La adopción simple
solo establece parentesco entre el adoptante, el adoptivo y los hijos de éste.
[66] Artículo 276. Por la
adopción adquieren adoptante y adoptivo, los derechos y obligaciones de padre o
madre e hijo legítimo, con las limitaciones a que se refieren los
artículos 284 y 285.
El adoptivo llevará como apellido
el del adoptante, salvo que el padre o la madre de sangre hayan consentido la
adopción simple y se convenga en que el adoptivo conserve su apellido original,
al que podrá agregar el del adoptante.
Artículo 277. Por la
adopción simple el adoptivo continúa formando parte de su familia de sangre,
conservando en ella sus derechos y obligaciones.
Artículo 281. La adopción simple podrá
convertirse en adopción plena si así lo solicitare el adoptante.
[67] Ley
56 de 1988. Artículo 1º,  numeral 5º.
[68] ARTICULO 277. Por la adopción simple el adoptivo continúa formando parte
de su familia de sangre, conservando en ella sus derechos y obligaciones.
[69] Colombia
ratificó la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de
Adopción, mediante la Ley 47 de 1987. La finalidad de dicha Convención fue
privilegiar la figura de la adopción plena, pero tal y como quedó establecido
en su artículo 2°, es posible que los Estados partes contemplen otro tipo de
adopciones diferentes a la adopción plena. Cabe resaltar que Colombia no
presentó ningún tipo de reserva frente a dicho tratado, a diferencia de lo
hecho por Chile y Honduras, quienes manifestaron que solo aceptan a la adopción
plena o una figura similar como institución jurídica aplicable en su
ordenamiento jurídico.
[70]
Exposición de motivos de la Ley 56 de 1988. La extinción de esta figura en la
legislación nacional, obedeció a que “las más modernas legislaciones del
mundo [no contemplaban la adopción simple], ya que con esta figura, que crea
confusión en cuanto a los efectos de la patria potestad, no se obtiene la
debida protección jurídica del menor”.
[71]
Historia de las Leyes, Legislatura de 1988. Tomo III. Dirigido por: Rosa Alicia
Portilla Rosero. “Proyecto de Ley Nº 178 de 1987. Ponencia para primer
debate”. Bogotá (1990). La exposición
afirma que “ se debe reglamentar la adopción simple, de tal manera que no
pueda ser utilizada para fines fraudulentos, contrarios al espíritu que informa
el sentido de la adopción (…) además, se debe autorizar expresamente al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que promueva los procesos de
revisión de las adopciones simples autorizadas durante los dos años anteriores
a la expedición de esta ley de facultades, cuando existan indicios de que las
mismas tuvieron por objeto, más que la protección al menor, la obtención de
ventajas económicas con cargo al fisco, por parte del adoptante, y para que, en
concordancia con el espíritu de la ley, se consiga la declaratoria de nulidad
de las que se demostraren fraudulentas”.
[72]Artículo 103.A partir de la vigencia del presente código, elimínase la
figura de la adopción simple y, en consecuencia, los procesos respectivos que
no hubieren sido fallados se archivarán. Con todo, si los adoptantes
manifiestan su voluntad de convertirla en la adopción reglamentada por el
presente estatuto, el proceso continuará en los términos en él previstos.
[73] Artículo
101. Las adopciones realizadas de acuerdo con la Ley 5a.
de 1975, que no hubieren tenido la calidad de plenas, continuarán teniendo,
bajo el imperio de este Código, los mismos efectos que aquella otorgaba a las
calificadas de simples, pero la patria potestad sobre quienes fueron prohijados
mediante adopción simple corresponderá al adoptante o adoptantes.
[74]
Decreto 2737 de 1989. Artículo 112.
[75] Artículo 64. Efectos
jurídicos de la adopción. La adopción produce los siguientes
efectos:
1. Adoptante y adoptivo
adquieren, por la adopción, los derechos y obligaciones de padre o
madre e hijo.
2. La adopción establece
parentesco civil entre el adoptivo y el adoptante, que se extiende en todas las
líneas y grados a los consanguíneos, adoptivos o afines de estos.
3. El adoptivo
llevará como apellidos los de los adoptantes. En cuanto al nombre, sólo podrá
ser modificado cuando el adoptado sea menor de tres (3) años, o consienta en
ello, o el Juez encontrare justificadas las razones de su cambio.
4. Por la adopción, el adoptivo
deja de pertenecer a su familia y se extingue todo parentesco de
consanguinidad, bajo reserva del impedimento matrimonial del ordinal 9° del
artículo 140 del Código Civil.
5. Si el adoptante es el
cónyuge o compañero permanente del padre o madre de sangre del adoptivo,
tales efectos no se producirán respecto de este último, con el cual conservará
los vínculos en su familia.
[76] “Por
la cual se expide el lineamiento técnico para adopciones en Colombia”,
[77] Los
pasos específicos son:
1. Se radican
los papeles por parte de los interesados ante el ICBF o una entidad que sea
avalada por dicha entidad.
2. El grupo de
adopciones asigna un profesional en la materia para que estudie la idoneidad
moral, social y física de los solicitantes.
3. La
Subdirectora de Intervenciones Directas, comunica la decisión acerca de los
puntos anteriormente referidos.
4. En caso de
que los adoptantes no superen los criterios de idoneidad, pueden presentar una
reconsideración para el estudio del caso; en caso de que aprueben, se expide un
certificado en el que se indique la idoneidad de los mismos.
5. Con el
concepto favorable, entra a la lista de espera del Comité de Adopciones, el
cual realiza un nuevo estudio para identificar la compatibilidad entre el
adoptado y el adoptante.
6. El Comité le
envía su informe a la autoridad central y/o organismos y  a la familia, la
asignación del adoptado.
7. La autoridad
central u organismo, tiene 2 meses para determinar si acepta o no la solicitud
de adopción.
8. En caso de
que sea adoptada la solicitud, se prepara el encuentro entre el menor de edad y
los futuros padres. A su vez, se realiza una integración por 5 días y al
finalizar dicho encuentro, se expide un certificado de integración.
9. Finalmente,
se expide una resolución, en la cual se determina la adopción del menor de
edad, la cual debe ser llevada posteriormente ante el juez de familia para su
homologación.
Al respecto, la
Sentencia SU-617 de 2014 (MP: Luis Guillermo Guerrero), resumió las etapas
descritas, de la siguiente manera: “i) En la primera de ellas se recibe y
evalúa la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos de
adopción, ante la Defensoría de Familia; en caso de entenderlos satisfechos,
esta autoridad da el visto bueno de legalidad y ordena la continuación del
procedimiento, y en caso negativo, lo concluye anticipadamente mediante la
declaratoria de improcedencia de la petición; posteriormente, (ii) se procede a
la evaluación de la familia del solicitante por un equipo interdisciplinario de
profesionales; por último, (iii) el Comité de Adopciones efectúa una evaluación
integral del caso, y aprueba o no la petición, para que, en caso afirmativo, se
adelante la etapa judicial; esta decisión supone un análisis global que
comprende no solo el estudio estrictamente legal, sino también el examen de la
valoración sicológica, moral y social de la familia, ejecutado por el equipo
técnico”.
[78] Los
artículos 124 y 125 del C.I.A., determinan cuáles son los documentos
indispensables y necesarios que los solicitantes (tanto nacionales como
extranjeros), deben aportar al proceso de adopción.
[79] El
proceso judicial de adopción de mayor de edad, se surte de la siguiente manera:
1. Se presente
la demanda por alguno de los sujetos que se encuentran legitimados en la causa
por activa para ello (defensor de familia, representantes legales o personas
que tengan a cargo los menores de edad).
2. Una vez se
admite la demanda, se corre traslado al Defensor de Familia por un término de 3
días hábiles para que éste se pronuncie al respecto. En caso de que éste se
allane, el juez dictará sentencia dentro de los 10 días hábiles siguientes.
3. El juez a su
discrecionalidad, podrá decretar un término de 10 días para la práctica de
pruebas. Una vez vencido el término, tomará la correspondiente decisión.
4. El proceso
podrá suspenderse, así como de terminarse anticipadamente, en caso de que el
peticionario fallezca en el curso de éste. En caso de que uno de los
solicitantes sobreviva y continúe con el interés de seguir con el proceso, los
efectos de la sentencia solamente irradiaran sobre éste.
5. Una vez
emitida la sentencia, la cual se notificará personalmente, se procederá a
inscribir en el registro civil de nacimiento y anulará el antiguo registro del
adoptado. De esta manera, se producirá todos los derechos y obligaciones
propios de la relación paterno o materno-filial, desde la fecha de presentación
de la demanda.
[80] En
este sentido, la Sentencia C-831 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil dijo que “las
adopciones simples realizadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5ª de
1975 corresponden a situaciones jurídicas consolidadas y, pese al cambio de
Constitución, tales situaciones deben ser respetadas, pues se refieren al
estado civil de las personas que es de orden público y se rige por las
disposiciones vigentes al momento de su consolidación”.
[81]
Código Civil Argentina. “Artículo 323. La adopción plena, es irrevocable.
Confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de origen. El adoptado
deja de pertenecer a su familia biológica y se extingue el parentesco con los
integrantes de ésta así como todos sus efectos jurídicos, con la sola excepción
de que subsisten los impedimentos matrimoniales. El adoptado tiene en la
familia del adoptante los mismos derechos y obligaciones del hijo biológico”.
[82]
Código Civil Argentina. “Artículo 330. El juez o tribunal, cuando sea más
conveniente para el menor o a pedido de parte por motivos fundados, podrá
otorgar la adopción simple”.
[83]
Código Civil Argentina. “Artículo. 331. Los derechos y deberes que resulten
del vínculo biológico del adoptado no quedan extinguidos por la adopción con
excepción de la patria potestad, inclusive la administración y usufructo de los
bienes del menor que se transfieren al adoptante, salvo cuando se adopta al
hijo del cónyuge”.
[84]
Código Civil para el Distrito Federal de México. “Artículo 395.- La adopción
produce los efectos jurídicos siguientes:
I. Constitución
plena e irrevocable entre adoptado y adoptante de todos los derechos y obligaciones
inherentes entre padre e hijos consanguíneos;
II. Constitución
del parentesco consanguíneo en los términos del artículo 293 de este Código;
III. Obligación
de proporcionar al adoptado un nombre y apellidos de los adoptantes, salvo que
por circunstancias específicas y a juicio del Juez se estime inconveniente; y
IV. Extinción de
la filiación entre el adoptado y sus progenitores y el parentesco con la
familia de éstos, salvo los impedimentos de matrimonio. En el supuesto de que
el adoptante esté casado o tenga una relación de concubinato con alguno de
los progenitores del adoptado, no se extinguirán los derechos, obligaciones y
demás consecuencias jurídicas que resulten de la filiación consanguínea.”
[85]
Ibídem.
[86]
Código Civil para el Distrito Federal de México. “Artículo 393. Podrán ser
adoptados: I. El niño o niña menores de 18 años:
a) Que carezca
de persona que ejerza sobre ella la patria potestad;
b) Declarados
judicialmente en situación de desamparo o bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Distrito Federal;
c) Cuyos padres
o abuelos se les hayan sentenciado a la pérdida de la patria potestad; y
d) Cuyos padres o tutor o quienes
ejerzan la patria potestad otorguen su consentimiento.
II. El mayor de edad incapaz.
III. El mayor de edad con Plena
capacidad jurídica y a juicio del Juez de lo Familiar y en atención del
beneficio del adoptante y de la persona adoptada procederá a la adopción”.
[87]
Artículo 8º.- Los menores de 18 años, que pueden ser adoptados, son los
siguientes:
a) El menor
cuyos padres no se encuentran capacitados o en condiciones de hacerse cargo
responsablemente de él y que expresen su voluntad de entregarlo en adopción
ante el juez competente.
b) El menor que
sea descendiente consanguíneo de uno de los adoptantes, de conformidad al
artículo 11.
c) El menor que
haya sido declarado susceptible de ser adoptado por resolución judicial del tribunal
competente, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 12 y siguientes”.
[88] Ley
19620 de 1999 de Chile. “Artículo 37.- La adopción confiere al adoptado el
estado civil de hijo de los adoptantes, con todos los derechos y deberes
recíprocos establecidos en la ley, y extingue sus vínculos de filiación de
origen, para todos los efectos civiles, salvo los impedimentos para contraer
matrimonio establecidos en el artículo 5º de la Ley de Matrimonio Civil, los
que subsistirán. Para este efecto, cualquiera de los parientes biológicos que
menciona esa disposición podrá hacer presente el respectivo impedimento ante el
Servicio de Registro Civil e Identificación desde la manifestación del
matrimonio y hasta antes de su celebración, lo que dicho Servicio deberá
verificar consultando el expediente de adopción. La adopción producirá sus
efectos legales desde la fecha de la inscripción de nacimiento ordenada por la
sentencia que la constituye.
[89] Ley
19620 de 1999  de Chile. “Artículo 8º.- Los menores de 18 años, que pueden
ser adoptados, son los siguientes:
a) El menor
cuyos padres no se encuentran capacitados o en condiciones de hacerse cargo responsablemente
de él y que expresen su voluntad de entregarlo en adopción ante el juez
competente.
b) El menor que
sea descendiente consanguíneo de uno de los adoptantes, de conformidad al
artículo 11.
c) El menor que
haya sido declarado susceptible de ser adoptado por resolución judicial del
tribunal competente, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 12 y siguientes”.
[90] Ley
19620 de 1999  de Chile. De los procedimientos previos a la adopción. Artículo
9. Y Artículo 13 “Artículo 13.- El procedimiento que tenga por objeto
declarar que un menor es susceptible de ser adoptado, se
iniciará de
oficio por el juez, a solicitud del Servicio Nacional de Menores o a instancia
de las personas
naturales o
jurídicas que lo tengan a su cargo. Cuando el procedimiento se inicie por
instituciones públicas o privadas que tuvieren a su cargo al menor, la
solicitud deberá ser presentada por sus respectivos directores.
Cuando el
procedimiento se inicie por personas naturales, éstas deberán acompañar a la
solicitud el Art. único Nº 5 respectivo informe de idoneidad, a que se refiere
el artículo 23, que los habilite como padres adoptivos.
En el caso de
los menores de filiación no determinada respecto de ninguno de sus padres, sólo
podrá iniciar el procedimiento el Servicio Nacional de Menores o el organismo
acreditado ante éste bajo cuyo cuidado se encuentren.”
[91] Ley
19620 de 1999  de Chile. “Artículo 23.- Será competente para conocer de la
adopción el juez de letras, con competencia en materias de familia, del
domicilio del menor. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º de la
presente ley, la adopción tendrá el carácter de un procedimiento no contencioso,
en el que no será admisible oposición.
La solicitud de
adopción deberá ser firmada por todas las personas cuya voluntad se requiera
según lo
dispuesto por
los artículos 20, 21 y 22.
A la solicitud
deberán acompañarse los siguientes antecedentes:
1. Copia
íntegra de la inscripción de nacimiento de la persona que se pretende adoptar.
2. Copia
autorizada de la resolución judicial que declara que el menor puede ser
adoptado, dictada en virtud del artículo 8º, letras a) o c); o certificados que
acrediten las circunstancias a que se refiere la letra b) del artículo 8º, en
su caso.
3. Informe de
evaluación de idoneidad física, mental, psicológica y moral del o los
solicitantes, emitido por alguna de las instituciones aludidas en el artículo
6º. En caso de que dos o más menores que se encuentren en situación de ser
adoptados sean hermanos, el tribunal procurará que los adopten los mismos
solicitantes. Si distintas personas solicitan la adopción de un mismo menor,
las solicitudes deberán acumularse, a fin de ser resueltas en una sola
sentencia.”
[92] Ley 26 de 2015.
Artículo 2.  Diecinueve.
Se modifica el artículo 175.
[93] Ley 26 de 2015.
Artículo 2.  Diecinueve.
Se modifica el artículo 175.
[94] Ley
26 de 2015 de España. “Veinte. Se modifica el artículo 176, que queda
redactado como sigue:
«Artículo 176.
1. La adopción
se constituirá por resolución judicial, que tendrá en cuenta siempre el interés
del adoptando y la idoneidad del adoptante o adoptantes para el ejercicio de la
patria potestad.
2. Para iniciar
el expediente de adopción será necesaria la propuesta previa de la Entidad
Pública a favor del adoptante o adoptantes que dicha Entidad Pública haya
declarado idóneos para el ejercicio de la patria potestad. La declaración de
idoneidad deberá ser previa a la propuesta.
No obstante, no
se requerirá tal propuesta cuando en el adoptando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
1.ª Ser huérfano
y pariente del adoptante en tercer grado por consanguinidad o afinidad.
2.ª Ser hijo del
cónyuge o de la persona unida al adoptante por análoga relación de afectividad
a la conyugal.
3.ª Llevar más
de un año en guarda con fines de adopción o haber estado bajo tutela del
adoptante por el mismo tiempo.
4.ª Ser mayor de
edad o menor emancipado.
3. Se entiende
por idoneidad la capacidad, aptitud y motivación adecuadas para ejercer la
responsabilidad parental, atendiendo a las necesidades de los menores a
adoptar, y para asumir las peculiaridades, consecuencias y responsabilidades
que conlleva la adopción.
La declaración
de idoneidad por la Entidad Pública requerirá una valoración psicosocial sobre
la situación personal, familiar, relacional y social de los adoptantes, así
como su capacidad para establecer vínculos estables y seguros, sus habilidades
educativas y su aptitud para atender a un menor en función de sus singulares
circunstancias. Dicha declaración de idoneidad se formalizará mediante la
correspondiente resolución.
No podrán ser
declarados idóneos para la adopción quienes se encuentren privados de la patria
potestad o tengan suspendido su ejercicio, ni quienes tengan confiada la guarda
de su hijo a la Entidad Pública.
Las personas que
se ofrezcan para la adopción deberán asistir a las sesiones informativas y de
preparación organizadas por la Entidad Pública o por Entidad colaboradora
autorizada.
4. Cuando
concurra alguna de las circunstancias 1.ª, 2.ª o 3.ª previstas en el apartado 2
podrá constituirse la adopción, aunque el adoptante hubiere fallecido, si éste
hubiese prestado ya ante el Juez su consentimiento o el mismo hubiera sido otorgado mediante documento público o en testamento.
Los efectos de la resolución judicial en este caso se retrotraerán a la fecha
de prestación de tal consentimiento.”
[95] Ley
26 de 2015 de España. Artículo 2. “Veintidós. Se modifica el artículo 177,
que queda redactado como sigue: “Artículo 177. 1. Habrán de consentir la
adopción, en presencia del Juez, el adoptante o adoptantes y el adoptando mayor
de doce años.
2. Deberán
asentir a la adopción:
1.º El cónyuge o
persona unida al adoptante por análoga relación de afectividad a la conyugal
salvo que medie separación o divorcio legal o ruptura de la pareja que conste
fehacientemente, excepto en los supuestos en los que la adopción se vaya a
formalizar de forma conjunta.
2.º Los
progenitores del adoptando que no se hallare emancipado, a menos que estuvieran
privados de la patria potestad por sentencia firme o incursos en causa legal
para tal privación. Esta situación solo podrá apreciarse en el procedimiento
judicial contradictorio que se tramitará conforme a la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
No será
necesario el asentimiento cuando los que deban prestarlo se encuentren
imposibilitados para ello, imposibilidad que se apreciará motivadamente en la
resolución judicial que constituya la adopción.
Tampoco será
necesario el asentimiento de los progenitores que tuvieren suspendida la patria
potestad cuando hubieran transcurrido dos años desde la notificación de la
declaración de situación de desamparo, en los términos previstos en el artículo
172.2, sin oposición a la misma o cuando, interpuesta en plazo, hubiera sido
desestimada.”
[96] Ley
26 de 2015 de España. “Artículo 178. 1. La adopción produce la extinción de
los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de origen.
2. Por excepción
subsistirán los vínculos jurídicos con la familia del progenitor que, según el
caso, corresponda:
a) Cuando el
adoptado sea hijo del cónyuge o de la persona unida al adoptante por análoga
relación de afectividad a la conyugal, aunque el consorte o la pareja hubiera
fallecido.
b) Cuando sólo
uno de los progenitores haya sido legalmente determinado, siempre que tal
efecto hubiera sido solicitado por el adoptante, el adoptado mayor de doce años
y el progenitor cuyo vínculo haya de persistir.
3. Lo
establecido en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo
dispuesto sobre impedimentos matrimoniales.
4. Cuando el
interés del menor así lo aconseje, en razón de su situación familiar, edad o
cualquier otra circunstancia significativa valorada por la Entidad Pública,
podrá acordarse el mantenimiento de alguna forma de relación o contacto a
través de visitas o comunicaciones entre el menor, los miembros de la familia
de origen que se considere y la adoptiva, favoreciéndose especialmente, cuando
ello sea posible, la relación entre los hermanos biológicos.
En estos casos
el Juez, al constituir la adopción, podrá acordar el mantenimiento de dicha
relación, determinando su periodicidad, duración y condiciones, a propuesta de
la Entidad Pública o del Ministerio Fiscal y con el consentimiento de la
familia adoptiva y del adoptando si tuviera suficiente madurez y siempre si
fuere mayor de doce años. En todo caso, será oído el adoptando menor de doce
años de acuerdo a su edad y madurez. Si fuere necesario, dicha relación se
llevará a cabo con la intermediación de la Entidad Pública o entidades
acreditadas a tal fin. El Juez podrá acordar, también, su modificación o
finalización en atención al interés superior del menor. La Entidad Pública
remitirá al Juez informes periódicos sobre el desarrollo de las visitas y comunicaciones,
así como propuestas de mantenimiento o modificación de las mismas durante los
dos primeros años, y, transcurridos estos a petición del Juez.
Están
legitimados para solicitar la suspensión o supresión de dichas visitas o
comunicaciones la Entidad Pública, la familia adoptiva, la familia de origen y
el menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere mayor de doce años.
En la
declaración de idoneidad deberá hacerse constar si las personas que se ofrecen
a la adopción aceptarían adoptar a un menor que fuese a mantener la relación
con la familia de origen”.
[97]
Cornell University Law School. Legal Information Institute. En
línea: https://www.law.cornell.edu/wex/adoption
[98]
Demick, J., and Wapner, S. Open and Closed adoption: A developmental
conceptualization. Family Process (1988).
[99]
Sorich, C.J. and Siebert, R. Toward humanizing adoption. Child
Welfare
(1982).
[100]
U.S.A, Code of Alabama 26-10A-1, et seq; U.S.A. Code of Ohio 3107.01, et seq. Por ejemplo,
Alabama restringe la adopción de personas adultas, a las personas que estén en
condición de discapacidad; Ohio permite la adopción de un adulto, solamente
cuando ésta se encuentre en condición de discapacidad, se trata de un
hijastro(a) o de una persona a quien se le cuidó cuando era menor de edad.
[101]
Cuaderno 1. Folio 138. Contestación de la acción de tutela, proferida por el
Juzgado 3º de Familia de Neiva, el 14 de mayo de 2015.
[102] Cuaderno
1. Folio 40. Declaración juramentada Nº 3403 con fines extraprocesales, tomada
por la Notaria 5 del Circuito de Neiva el 11 de diciembre de 2012, a la señora
Yudit Lorena Cedeño.
[103] Cuaderno
2, folio 33. Respuesta enviada por Yeaneth Sánchez Arias el 12 de enero de
2016.
[104] Cuaderno
2, folio 33. Respuesta enviada por Yeaneth Sánchez Arias el 12 de enero de
2016.
[105]
Cuaderno 1. Folio 79 y 81. Interrogatorio hecho a Yudit Lorena Cedeño el 21 de
marzo de 2013 por el Juzgado 3° de Familia de Neiva.
[106] En
este sentido, el artículo 56 de la Ley 1098 de 2006 establece que: “Artículo
56. Ubicación  en medio familiar.  <Artículo modificado por el artículo 217
de la Ley 1753 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:>  Es la ubicación
del niño, niña o adolescente con sus padres, o parientes cuando estos ofrezcan
las condiciones para garantizarles el ejercicio de sus derechos y atendiendo su
interés superior.
La búsqueda de
parientes para la ubicación en medio familiar, cuando a ello hubiere lugar, se
realizará en el marco de la actuación administrativa, esto es, durante los
cuatro meses que dura la misma, o de la prórroga si fuere concedida, y no será
excusa para mantener al niño, niña o adolescente en situación de declaratoria
de vulneración. Los entes públicos y privados brindarán acceso a las
solicitudes de información que en dicho sentido eleven las Defensorías de
Familia, las cuales deberán ser atendidas en un término de diez (10) días. El
incumplimiento de este término constituirá causal de mala conducta.
Si de la
verificación del estado de sus derechos se desprende que la familia carece de
recursos económicos necesarios para garantizarle el nivel de vida adecuado, la
autoridad competente informará a las entidades del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar para que le brinden a la familia los recursos adecuados
mientras ella puede garantizarlos”. La sentencia C-477 de 1999
M.P. Carlos Gaviria Díaz, al establecer el ámbito de la adopción determinó que
en los casos en los que los menores no cuenten con la familia para su
protección es el Estado quien debe entrar a ejercer la defensa de sus
derechos”. El Preámbulo de la Convención de la Haya de 1993 sobre la adopción
internacional establece que los Estados tienen la obligación de adoptar las
medidas adecuadas para mantener a los menores de edad en la familia de origen.
[107]
Artículo modificado por el artículo 218º de la Ley 1753 de 2015  “Por la
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo
país”.
[108] Ley 100 de 1993 “Por la cual se
crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones” ARTICULO.
47.- Modificado por el art. 13, Ley 797 de 2003 Beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes.  Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1889 de
1994. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a)  En forma vitalicia,
el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.
En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida
marital con el causante por lo menos desde el momento en que éste cumplió
con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o
invalidez hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de
dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado
uno o más hijos con el pensionado fallecido;
b)  Los hijos menores
de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados
para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del
causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si dependían
económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez;
c)  A falta del
cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste, y
d)  A falta de cónyuge,
compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán
beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente
de éste.
[109]
Código de la Infancia y Adolescencia. Artículo 64. “(…) 4. Por la adopción,
el adoptivo deja de pertenecer a su familia y se extingue todo parentesco de
consanguinidad, bajo reserva del impedimento matrimonial del ordinal 9° del
artículo 140 del Código Civil (…)”.