T-893-13
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-893/13
ACCION DE
TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ A ENFERMO DE VIH/SIDA-Procedencia
por ser el mecanismo idóneo para la defensa de los derechos fundamentales del
accionante y para lograr el reconocimiento de la prestación pensional
Atenta contra los postulados
que predican la vigencia y el goce efectivo de los derechos fundamentales, que
el juez de tutela aplique mecánicamente la cláusula de improcedencia de la
acción para debatir el reconocimiento de acreencias prestacionales, alegando la
posibilidad de acudir en todos los casos a la jurisdicción laboral. Más aún
cuando la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades ha comprobado la
existencia de patologías que debido a sus características sitúan a la personas
que las padecen en unas condiciones tan precarias, que hace injusto obligarlas
a agotar un trámite judicial ordinario para acceder al reconocimiento de sus
derechos. Ejemplo de lo anterior es el caso del VIH-SIDA.
PENSION DE
INVALIDEZ-Evolución de los requisitos
La pensión de invalidez por
accidentes de trabajo y enfermedad profesional está consagrada en el capítulo I
del libro tercero de la Ley 100. Este, en síntesis, establece que la
calificación del estado de invalidez derivado de un accidente de trabajo o de
una enfermedad profesional se sujeta a lo dispuesto para calificación de la
invalidez de origen común. Así las cosas, si bien existen diferencias
sustanciales en torno al porcentaje de la prestación, el titular de la
obligación y el reconocimiento de derechos, a grandes rasgos podría
establecerse que los requisitos para acceder a la pensión de invalidez por
enfermedad o accidente de origen laboral, son los mismos que contempla el
artículo 39 de la ley 100 de 1993.
PENSION DE
INVALIDEZ Y PRINCIPIOS DE FAVORABILIDAD Y PROGRESIVIDAD-Regla jurídica para
determinar régimen legal aplicable para su reconocimiento en el caso en que
personas que habiendo sido declaradas inválidas continuaron realizando aportes
al sistema pensional
La Corte ha evidenciado a
través de su jurisprudencia que existe un problema de aplicación legal que se
presenta cuando se está en presencia de enfermedades degenerativas, cuyos
primeros síntomas o diagnóstico son disímiles de la fecha en que efectivamente
la persona no puede seguir desarrollando su trabajo. Así las cosas, a modo de
ejemplo puede que una persona sea diagnosticada con el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el año 2003, pero sus efectos nocivos solo se
evidencien hasta el presente, eso quiere decir que si bien se descubrió la
enfermedad una década antes, no significa también que esta sea la fecha en la
que efectivamente la persona no pudo seguir trabajando por haber perdido su
capacidad laboral. En el caso de lo que comúnmente se
conoce como SIDA, hay que precisar que un aspecto inicial de la enfermedad es
la detección de la inoculación del virus del VIH, caso en el cual el paciente
adquiere el carácter de seropositivo, lo cual no significa que automáticamente
se diezme su sistema inmunológico. Esto en razón a que hasta el día de
hoy no existe una vacuna 100% efectiva que elimine la patología del sistema, y
lo que ocurre es que “eventualmente, un seropositivo desarrollará los síntomas
del sida en el lapso de 5 a 8 años o más después de la infección”, más no en el
momento del contagio. En este contexto, es posible que en razón del
carácter progresivo y degenerativo de la enfermedad, se den casos en donde el
paciente diagnosticado como seropositivo
continúe trabajando y cotizando al sistema de seguridad social por años e
incluso décadas, y solo se le imposibilite desempeñar sus labores cotidianas hasta
mucho tiempo después. En este evento debe entenderse la fecha de estructuración
desde el momento en que efectivamente no pudo seguir trabajando, y no en la
fecha en que fue detectada la enfermedad.
ENFERMO DE
VIH-SIDA-Continuó trabajando y aportando al Sistema hasta el momento en que
por el progreso de su enfermedad tuvo que solicitar la pensión de invalidez
DERECHO A LA
PENSION DE INVALIDEZ-Inaplicación del requisito de 50 semanas cotizadas con
anterioridad a la fecha de estructuración por cuanto el accionante, a pesar de
la enfermedad padecida, continuó cotizando al sistema
PENSION DE
INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA, DEGENERATIVA O CONGENITA-Fecha
de estructuración de la invalidez desde el momento de la pérdida permanente y
definitiva de la capacidad laboral
DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL, MINIMO VITAL Y A LA VIDA DIGNA-Orden a Colpensiones
reconocer y pagar pensión por invalidez al accionante quien cumple requisitos
DERECHO A LA
PENSION DE INVALIDEZ Y FECHA DE ESTRUCTURACION DEL ESTADO DE INVALIDEZ PARA
PERSONAS CON VIH
DERECHO AL
MINIMO VITAL Y A LA VIDA DIGNA-Orden a Colpensiones reconocer y pagar
pensión de invalidez a enfermo VIH/SIDA de forma definitiva
Referencia: expedientes T-3.942.900,
T-3.994.183, y T-4.001.758 acumulados
Acciones de
tutela interpuestas por Luis Fernando Cañar Cerón, Mercedes Villamarín Herrera,
y Fernando Alberto Herrera Zapata, contra
COLPENSIONES y otros.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.
Bogotá, D.C.,
tres (3) de diciembre de dos mil trece (2013).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados NILSON PINILLA PINILLA, JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB y, quien la
preside, JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9º de la Constitución, así como 33 y concordantes del Decreto ley
2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA:
Dentro del
proceso de revisión de los fallos de tutela emitidos en única instancia por: el
Juzgado 12° Laboral del Circuito de Medellín (expediente T-4.001.758) y el
Juzgado Especializado en Restitución de Tierras de Pasto (expediente T-3.942.900).
En segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá
(expediente T-3.994.183).
ANTECEDENTES
Mediante auto del 15 de agosto de
2013, la Sala de Selección número ocho decidió acumular los expedientes T-3.942.900,
T-3.994.183 y T-4.001.758 para ser fallados dentro de una misma
sentencia, luego de advertir que existe conexidad temática entre ellos.
I.
Expediente T-3.942.900.
1. Hechos.
1.1. El señor
Luis Fernando Cañar Cerón interpone acción de tutela en contra del Departamento
de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales - Seccional Cúcuta y
COLPENSIONES, al considerar que dichas entidades vulneraron sus derechos
fundamentales a la seguridad social, petición, a la subsistencia digna y al
mínimo vital.
1.2. Afirma
que elevó reclamación escrita ante el ISS (hoy COLPENSIONES), solicitando la
determinación de su pérdida de capacidad laboral[1].
1.3. Mediante
resolución del 15 de junio de 2012, le fue reconocida pérdida de capacidad
laboral del 67.70% por la Comisión Médico Laboral  de la Gerencia Nacional de
Atención al Pensionado del ISS, por ser portador de la enfermedad VIH- SIDA,
cuya fecha de estructuración data del 9 de marzo de 2012.
1.4. El
accionante, mediante escrito del 2 de noviembre de 2012, solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, aportando para el efecto los
documentos requeridos por la ley.
1.5.
Posteriormente, el 15 de noviembre de 2012, el Gerente Nacional de
COLPENSIONES resolvió negar la pensión de invalidez considerando que si bien el
actor acreditaba un porcentaje de discapacidad equivalente al 67.70%, no
cumplía con el tiempo requerido de cotizaciones para acceder a ese beneficio.[2]
1.6. El señor
Luis Fernando Cañar Cerón, el día 23 de noviembre de 2012, interpuso el recurso
de apelación ya que en su entender deben aplicársele las disposiciones
contenidas en el artículo 6º del decreto 758 de 1990.
1.7. El
peticionario cotizó al sistema 391 semanas durante su vida laboral, por lo cual
considera tener derecho a la prestación requerida.
1.8.
COLPENSIONES, mediante oficio del 27 de febrero de 2013, le comunicó al actor
que debido al proceso de liquidación del ISS, a la fecha se encuentra en la
etapa de recibo de expedientes pensionales.
1.9. Por la
situación anteriormente referida, presentó acción de tutela solicitando que se
resuelva de fondo el recurso de apelación interpuesto y que mediante acto
administrativo se le ordene pagar a COLPENSIONES la mesada pensional de
invalidez, teniendo en cuenta que acreditó los requisitos legales previstos en
el artículo 6º del decreto 758 de 1990.
Actuaciones
del juez de única instancia.
Mediante auto
de fecha 1º de abril de 2013, el Juzgado Único Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Pasto decidió: (i) admitir la acción de
tutela y (ii) vincular al Departamento de Pensiones del Instituto de
Seguros Sociales Seccional Cúcuta y a COLPENSIONES.
2.
Respuesta de las entidades accionadas.
2.1. A través
de oficio S.C. 19 P.E, número 583 del 10 de abril de 2013, el Instituto de
Seguros Sociales en liquidación - Seccional Cúcuta - manifestó que el
expediente de afiliación en cuestión fue “exportado” a la administradora
COLPENSIONES desde el 4 de octubre de 2012, por lo cual debía ser desvinculado
del trámite tutelar.
2.2.
COLPENSIONES guardó silencio en esta etapa procesal.
3. Pruebas
relevantes aportadas al proceso
Fotocopia del informe que
determina la pérdida de capacidad laboral del accionante en un 67.70%,
elaborado por la Comisión Médico Laboral del ISS (folio 8 y 9, cuaderno 1).
Copia del reporte de semanas
cotizadas, expedido por COLPENSIONES  desde el año 1967 hasta el 22 de
noviembre de 2012 (folios 12 al 15, cuaderno 1).
Fotocopia del recurso presentado
por el accionante ante COLPENSIONES, solicitando que se reconozca su pensión
aplicando la normatividad contenida en el decreto 758 de 1990 (folio 16 y 17,
cuaderno 1).
4. DECISIÓN
JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN
4.1.
Decisión de única instancia
El Juzgado
Único Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto,
mediante sentencia del 15 de abril de 2013, resolvió: (i) tutelar el
derecho de petición del accionante y en consecuencia, ordenó al Gerente
Nacional de COLPENSIONES que en el término de 48 horas diera una respuesta de
fondo, clara, concreta y detallada de la solicitud presentada y (ii) denegó
la solicitud de amparo a los demás derechos, al considerar que el accionante no
cumplía con las condiciones legales para acceder a la pensión.
Ese despacho
consideró que la acción de tutela era procedente dada la condición especial del
accionante, en especial por padecer VIH-SIDA, sin embargo, no accedió a
reconocer la pensión de invalidez debido a que el señor Luis Fernando Cañar
Cerón no cotizó 50 semanas en los últimos 3 años.
II.
Expediente T-3.994.183
1. Hechos.
1.1. La señora Mercedes Villamarín Herrera mediante apoderado judicial,
formuló acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones
-COLPENSIONES-, al considerar que dicha entidad vulneró sus derechos
fundamentales a la vida, a la seguridad social y al mínimo vital.
1.2. La
accionante padece una enfermedad de deterioro progresivo que afecta su estado
de salud, específicamente aduce que sufre de “artritis reumatoidea, diabetes
mellitus, e hígado graso medicamentoso”.
1.3. Afirma
que debido a su precario estado de salud, mediante resolución número 3036 del
24 de marzo de 2000; fue calificada con una pérdida de capacidad laboral del
57.5%, con fecha de estructuración del 13 de noviembre de 1997.
1.4. La
accionante afirma haber seguido trabajando con mucho esfuerzo en sus labores
con ayuda de un bastón, hasta que en el año 2009, le fue cada vez más difícil
adelantar cualquier tipo de actividad, por lo cual presentó una tutela que
conoció y falló el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá, en la que
se ordenó a la Gerencia Nacional de Atención al Pensionado del I.S.S. realizar
un nuevo dictamen de invalidez.
1.5. En este
segundo examen se le informó que tenía una pérdida de capacidad laboral del
60,34%, con la misma fecha de estructuración del primer dictamen, es decir, el
13 de noviembre de 1997.
1.6. La
accionante posteriormente, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez, aportando para el efecto los documentos requeridos por ley.
1.7. Mediante
resolución número 5032 del 22 de febrero de 2010, el I.S.S. resolvió no acceder
a la solicitud de la señora Mercedes Villamarín, ya que a pesar de haber
aumentado la pérdida de capacidad laboral a un 60.34%, no cumplía a la fecha de
estructuración de la invalidez, con los requisitos establecidos en la ley 100
de 1993.
1.8. La
accionante considera que desde la fecha de la primera estructuración y el
último dictamen han trascurrido 11 años, durante los cuales trabajó y cotizó
activamente, razón por la cual actualmente cuenta con 627 semanas, 50 de ellas
cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha del último examen.
1.9. Por la
situación anteriormente referida presentó acción de tutela solicitando que se
le reconociera su pensión de invalidez, tomando como fecha la del último
dictamen practicado, esto en virtud al carácter degenerativo de la enfermedad
que padece.
Actuaciones
del juez de primera instancia.
Mediante auto
del 14 de mayo de 2013, el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá
decidió admitir la acción de tutela e informar a la Administradora Colombiana
de Pensiones -COLPENSIONES-, del trámite adelantado.
2.
Respuesta de la entidad accionada.
La Administradora
Colombiana de Pensiones no se pronunció respecto de los hechos contenidos en la
acción de tutela.
3. Pruebas
relevantes aportadas al proceso
Fotocopia del informe que
determina la pérdida de capacidad laboral de la accionante en un 60.34%,
elaborado el 2 de diciembre de 2009, por la Gerencia Nacional de Atención al
Pensionado del ISS (folios 11 y 12, cuaderno 1).
Copia del reporte de semanas
cotizadas, expedido por COLPENSIONES  desde el año 1967 hasta el 31 de marzo de
2012 (folios 14 al 17, cuaderno 1).
Fotocopia de la resolución número
5032 del 22 de febrero de 2010, expedida por el ISS, por medio de la cual se
denegó la solicitud de reconocimiento de la pensión (folio 18 al 20, cuaderno
1).
Copia de las órdenes clínicas de
la señora Mercedes Villamarín Herrera expedidas por la EPS Sanitas y CIREI
(folios 26 al 42, cuaderno 1).
4. DECISIÓN
JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN
4.1.
Decisión de primera instancia
El Juzgado
Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 22 de mayo
de 2013, negó la solicitud de protección de los derechos a la vida, a la
seguridad social, y al mínimo vital. Argumentó que la acción de tutela no era
procedente para lograr el reconocimiento de la pensión de invalidez, debido a
la existencia de mecanismos ordinarios de defensa.
4.2.
Impugnación
Contra la
mencionada decisión, la apoderada de la accionante en el término legal,
interpuso la impugnación manifestando que la tutela era procedente en el asunto
específico debido al precario estado de salud de la señora Mercedes Villamarín,
el cual no le permite obtener los medios necesarios para subsistir.
4.3.
Decisión de segunda instancia
El Tribunal
Superior del Distrito Superior de Bogotá, Sala de Decisión Laboral, mediante
providencia del 28 de junio de 2013, confirmó el fallo del a-quo. Las
razones que llevaron a adoptar dicha determinación fueron las siguientes:
(i) la imposibilidad del juez constitucional de sustituir los mecanismos
ordinarios de defensa y (ii) la inexistencia de un perjuicio
III.
Expediente T-4.001.758.
1. Hechos.
1.1. El señor
Fernando Alberto Herrera Zapata interpone acción de tutela en contra de
COLPENSIONES, al considerar que dicha entidad vulneró sus derechos
fundamentales a la seguridad social, a la dignidad humana, a la igualdad y al
mínimo vital.
1.2. El
accionante afirma que mediante resolución del 18 de mayo de 2012, le fue
reconocida por la Comisión Médico Laboral de la Gerencia Nacional de Atención
al Pensionado del ISS,  pérdida de capacidad laboral del 71.10%, por ser
portador de la enfermedad VIH- SIDA, cuya fecha de estructuración data del 30
de diciembre del año 2000.
1.3 En virtud
a lo anterior, el día 19 de julio de 2012, envió a COLPENSIONES los documentos
exigidos por la ley, solicitando el reconocimiento de la pensión de invalidez.
1.4.
Posteriormente, el 16 de noviembre de 2012, el Gerente Nacional de
Reconocimiento de la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de
COLPENSIONES resolvió negar la pensión de invalidez considerando que si bien el
señor Fernando Herrera acreditaba un porcentaje de discapacidad equivalente al
71.10%, este no cumplía con el tiempo requerido de cotizaciones para acceder a
ese beneficio de conformidad al artículo 39 de la ley 100 de 1993, ni según lo
dispuesto en el artículo 6 del decreto 758 de 1990.
1.5. El señor
Fernando Herrera considera que en concordancia con la reiterada jurisprudencia
de la Corte Constitucional, en su caso no debe tenerse en cuenta, como fecha de
estructuración, la contemplada en el dictamen, es decir el 30 de diciembre del
año 2000, sino el momento de la resolución médica, la cual data del 16 de
noviembre de 2012.
1.6. Por la
situación anteriormente referida, presentó acción de tutela solicitando que se
le reconozca la pensión de invalidez a la cual tiene derecho, en razón a las
cotizaciones aportadas en los 2.610 días que ha trabajado y cotizado con
posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez.
Actuaciones
del juez de única instancia.
Mediante auto
de fecha 20 de mayo de 2013, el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Medellín
decidió: (i) admitir la acción de tutela y (ii) vincular a COLPENSIONES
al trámite judicial.
2.
Respuesta de la entidad accionada.
La
Administradora Colombiana de Pensiones no se pronunció respecto de los hechos
contenidos en la acción de tutela.
3. Pruebas
relevantes aportadas al proceso
Fotocopia del informe que
determina la pérdida de capacidad laboral del accionante en un 71.10%,
elaborado por la Gerencia de Atención al Pensionado del ISS (folios 12 y 13,
cuaderno 1).
Copia del reporte de semanas
cotizadas, expedido por COLPENSIOONES  desde el año 1977 hasta el 31 de julio
de 2012 (folios 10 al 11, cuaderno 1).
4. DECISIÓN
JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN
4.1.
Decisión de instancia única
El Juzgado 12
Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 30 de mayo de 2013,
resolvió: (i) no tutelar los derechos fundamentales invocados en razón a
su incompetencia funcional para determinar la ilegalidad de las resoluciones
dictadas por el ISS y (ii) debido a la existencia de otros mecanismos de
defensa judicial.
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia.
Esta Sala es competente para
analizar los fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido en
los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y los artículos 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
2.
Planteamiento del problema jurídico.
En el presente caso
todos los accionantes, en diferentes circunstancias, han solicitado el
reconocimiento de la pensión de invalidez. Sus pretensiones fueron negadas
teniendo en cuenta que a primera, vista no reúnen el número de semanas exigidas
en la ley para acceder a la prestación. Los actores censuran las resoluciones
mediante las cuales se les negó las prestaciones pensionales, debido a que la
A.F.P. desconoció las particularidades propias de sus asuntos, específicamente
no tuvo en cuenta que a pesar de sufrir de ciertas enfermedades de carácter
degenerativo todos ellos han efectuado aportes al sistema, con posterioridad a
la supuesta fecha de estructuración los cuales ahora son ignorados por
COLPENSIONES.
Teniendo en
cuenta lo anterior, le corresponde a la Corte dar solución a los siguientes
problemas jurídicos:
¿La acción de
tutela procede para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez a
personas portadoras del virus de inmunodeficiencia humana u otra enfermedad de
carácter degenerativo?
¿Se desconocen
los derechos fundamentales a la seguridad social, vida y mínimo vital de las
personas que padecen VIH  u otra enfermedad de carácter degenerativo, cuando el
Fondo de Pensiones se niega a reconocer las semanas cotizadas después de la
estructuración de la invalidez?
Por otra
parte, es necesario que esta Sala determine ¿cuáles son los criterios que deben
emplear los Fondos de Pensiones al momento de establecer la fecha de
estructuración y el régimen legal aplicable al momento de reconocer o negar una
pensión de invalidez?
Para dar respuesta a lo anterior,
la Corte abordará los siguientes aspectos: (i) la  procedencia de
la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de prestaciones de orden
pensional a personas que padecen VHI-SIDA u otra enfermedad de carácter
degenerativo; (ii) los requisitos necesarios para acceder
a la pensión de invalidez contenidos en la legislación; (iii) la
aplicación de los principios de progresividad y primacía de la realidad
respecto de personas declaradas inválidas, cuando estas han continuado realizando
aportes al sistema general de pensiones; (iv) el principio
de favorabilidad en este contexto y (v) finalmente se dará
solución al caso concreto.
3. Procedencia de la acción de tutela para
ordenar el reconocimiento de la pensión de invalidez a personas que padecen
VHI-SIDA u otra enfermedad de carácter degenerativo. Reiteración de
jurisprudencia
El principio de subsidiariedad de
la tutela aparece claramente expresado en el artículo 86 de la Constitución, al
precisarse que: “esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
Respecto al anterior mandato,
este tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que el juez debe analizar
en cada caso si el accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, o
en su defecto, si aún existiendo estos, no resultan eficaces para lograr la
protección de los derechos fundamentales presuntamente conculcados.
Así lo sostuvo en sentencia T-235
de 2010, al indicar:
“Para que
la acción de tutela sea procedente como mecanismo principal, el demandante debe
acreditar que, o no tiene a su disposición otros medios de defensa judicial, o
teniéndolos, éstos, no resultan idóneos y eficaces para lograr la protección de
los derechos fundamentales presuntamente conculcados. A su turno, el ejercicio
del amparo constitucional como mecanismo transitorio de defensa iusfundamental,
implica que, aún existiendo medios de protección judicial idóneos y eficaces,
estos, ante la necesidad de evitar un perjuicio irremediable, pueden ser
desplazados por la acción de tutela[3]”.
Cabe señalar
que en materia de amparo judicial de los derechos fundamentales hay una regla
general, la tutela es un mecanismo excepcional de defensa al que puede acudir
un afectado, ya que solo después de ejercer infructuosamente todos los medios
ordinarios, o ante la inexistencia de los mismos, es procedente la acción. Así
lo consideró la Corte Constitucional por ejemplo en la sentencia T-480 de 2011:
“La
jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar que, en virtud del
principio de subsidiariedad de la tutela, los conflictos jurídicos relacionados
con los derechos fundamentales deben ser en principio resueltos por las vías
ordinarias -jurisdiccionales y administrativas- y sólo ante la ausencia de
dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo
constitucional. En efecto, el carácter subsidiario de la acción de tutela
impone al interesado la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner
en marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales. Tal imperativo
constitucional pone de relieve que para acudir a la acción de tutela el
peticionario debe haber actuado con diligencia en los procesos y procedimientos
ordinarios, pero también que la falta injustificada de agotamiento de los
recursos legales deviene en la improcedencia del mecanismo de amparo
establecido en el artículo 86 superior”.
Igualmente, este tribunal ha
manifestado que cuando el accionante logra demostrar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable procede la acción de tutela como mecanismo transitorio a
pesar de existir vías judiciales alternas, como cuando las condiciones
físicas del peticionario permiten deducir que se encuentra en un especial
estado de indefensión “y de no intervenir de inmediato el juez
constitucional se produciría un daño irremediable”[4].
En lo relativo a la idoneidad y
eficacia del instrumento judicial ordinario, esta corporación expresó en
sentencia T-569 de 2011 que:
“El deber
del juez de tutela es examinar si la controversia puesta a su consideración:
(i) puede ser ventilada a través de otros mecanismos judiciales y (ii) si a
pesar de existir formalmente, aquellos son o no suficientes
para proveer una respuesta material y efectiva a la disputa puesta a su
consideración. Por consiguiente, no es suficiente, para excluir la tutela, la mera
existencia formal de otro procedimiento o trámite de carácter judicial. Para
que ello ocurra es indispensable que ese mecanismo sea idóneo y eficaz, con
miras a lograr la finalidad específica de brindar inmediata y plena protección
a los derechos fundamentales, de modo que su utilización asegure los efectos
que se lograrían con la acción de tutela. No podría oponerse un medio judicial
que colocara al afectado en la situación de tener que esperar por varios años
mientras sus derechos fundamentales están siendo violados.”
3.2.
Acogiendo lo anterior, esta corporación ha determinado que por regla general la
acción de tutela no procede para ordenar el reconocimiento de pensiones, ya que
existen medios ordinarios idóneos para resolver dicha pretensión. Sin embargo,
excepcionalmente, cuando la pensión adquiere relevancia constitucional, por
estar relacionada directamente con la protección de derechos fundamentales como
la vida, la integridad física, el mínimo vital, el trabajo y la igualdad, su
reconocimiento y pago pueden ser reclamados mediante el ejercicio del amparo
constitucional, para evitar un perjuicio irremediable.[5]
En este orden de ideas, el
derecho a la pensión de invalidez en excepcionalísimos casos puede ser exigido
a través de la acción de tutela, cuando se está en presencia de sujetos que por
haber perdido parte considerable de su capacidad de trabajo, no pueden esperar
o tramitar un proceso ordinario.
Sobre este
aspecto la sentencia T-456 de 2004 determinó lo siguiente:
“debemos
recordar que la misma jurisprudencia constitucional ha señalado que no resulta
aceptable someter a las personas con una particular condición de
vulnerabilidad, al agotamiento de actuaciones administrativas o judiciales de
carácter ordinario, que por su dispendioso y lento trasegar judicial, no surgen
como el medio más adecuado e idóneo para proteger de manera oportuna y efectiva
sus derechos fundamentales, pues de someterlas a dichos trámites se podría llegar
a comprometer hasta su propia dignidad.”
En desarrollo de lo anterior, atenta
contra los postulados que predican la vigencia y el goce efectivo de los
derechos fundamentales, que el juez de tutela aplique mecánicamente la cláusula
de improcedencia de la acción para debatir el reconocimiento de acreencias
prestacionales, alegando la posibilidad de acudir en todos los casos a la
jurisdicción laboral. Más aún cuando la Corte Constitucional en reiteradas
oportunidades ha comprobado la existencia de patologías que debido a sus
características sitúan a la personas que las padecen en unas condiciones tan
precarias, que hace injusto obligarlas a agotar un trámite judicial ordinario
para acceder al reconocimiento de sus derechos.
Ejemplo de lo anterior es el caso
del VIH-SIDA, patología que ha sido descrita por esta corporación de la
siguiente manera:
“El
SIDA constituye un mal de inconmensurables proporciones que amenaza la
existencia misma del género humano, frente al cual el derecho no debe
permanecer impasible, sino ofrecer fórmulas de solución. La dimensión creciente
de la amenaza para la salud pública que representa el SIDA está dada por su
carácter de enfermedad epidemiológica, mortal y sin tratamiento curativo.
El
infectado o enfermo de SIDA goza de iguales derechos que las demás personas.
Sin embargo, debido al carácter de la enfermedad, las autoridades están en la
obligación de darle a estas personas protección especial con miras a garantizar
sus derechos humanos y su dignidad.
La Corte ha
tenido la oportunidad de pronunciarse en casos de personas que padecen dicha
enfermedad y ha manifestado que esa patología coloca a quien lo padece en un
estado de deterioro permanente con grave repercusión sobre la vida misma,
puesto que ese virus ataca el sistema de defensas del organismo y lo deja
totalmente desprotegido frente a cualquier afección que finalmente termina con
la muerte”[6].
Así las cosas, debido a la
naturaleza degenerativa e incurable del Virus de Inmunodeficiencia Humana, esta
corporación ha accedido en diversas oportunidades a reconocer acreencias
laborales y pensionales por medio de la acción de tutela. Esto cuando se
demuestra que la enfermedad se encuentra en una fase avanzada, ya que someter
al peticionario a agotar los mecanismos ordinarios de defensa judicial seria en
muchas ocasiones una carga desproporcionada. En la sentencia T-452 de 2009 este
tribunal manifestó que “dadas las características de esta enfermedad, no
resulta coherente con un esquema de solidaridad en materia de seguridad social
y, por el contrario, resulta desproporcionado exigir a los peticionarios en
estas condiciones que acudan a la justicia ordinaria o contenciosa, motivo por
el cual en estos casos no puede admitirse que la protección de sus derechos
fundamentales quede supeditada y postergada a la definición de este tipo de
litigios”.
Siguiendo con este mismo
precedente, la Corte Constitucional en sentencia T-509 de 2010 aceptó la
procedencia de la acción de tutela en un caso con los siguientes supuestos de
hecho: (i) el accionante era portador del virus del SIDA; (ii) había
solicitado el reconocimiento de su pensión de invalidez debido a que el ISS
había reconocido una pérdida de capacidad laboral del 60%; (iii) el
fondo de pensiones negó el reconocimiento de dicha prestación alegando que para
la fecha de estructuración, el peticionario no contaba con las semanas de
cotización requeridas y (iv) el accionante, debido al estado avanzado de
su enfermedad, solicitaba que el juez de tutela ordenara el reconocimiento de
la prestación, ya que evidentemente se había aplicado un régimen legal
incorrecto. En el asunto bajo estudio esta corporación determinó que:
“Frente a
este panorama y ante la imposibilidad actual de desarrollar una actividad
productiva que le permita cubrir sus gastos de seguridad social, y el
sostenimiento de su esposa e hijos, Juan interpuso la presente acción de
tutela, solicitando la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la
salud, a la seguridad social y a la igualdad, lo cual se logrará con el
reconocimiento de su pensión de invalidez.
La Corte
Constitucional ha considerado, de manera excepcional, la viabilidad de la
acción de tutela para ordenar el reconocimiento, restablecimiento y pago de
derechos pensionales, aún en presencia de otros medios de defensa judicial,
cuando se ha advertido que de tal reconocimiento depende la protección de otros
derechos de raigambre constitucional. Así, en el caso de la pensión de
invalidez, la posición jurisprudencial es distinta, pues cuando se ha impartido
la orden de reconocer y pagar una pensión de invalidez, ello ha sido en razón
de que esta prestación, además de gozar de una garantía constitucional
reforzada cuando está en juego el mínimo vital de su titular y el de su núcleo
familiar
(…)
Recordado
el marco fáctico y las decisiones de tutela que se revisan, considera la Sala
de Revisión que a la luz de los planteamientos jurídicos y jurisprudenciales
expuestos en las precedentes consideraciones, la presente acción de tutela sí
es el mecanismo idóneo para la defensa de los derechos fundamentales del
accionante y para lograr el reconocimiento de su pensión de invalidez.”
Finalmente en la sentencia T-138
de 2012 la Corte manifestó en relación a la procedencia de la acción de tutela
para obtener el reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez, respecto
de personas que padecen VIH-SIDA que:
“hay
algunos grupos especiales para quienes el constituyente consagró un deber de
especial protección y reconoció en la acción de tutela el mecanismo propicio de
protección de los derechos vulnerados cuando quiera que el reconocimiento o
restablecimiento y pago de una pensión suponga la protección de un derecho de
alcance constitucional. Uno de estos grupos de especial protección lo conforman
las personas con VIH-SIDA, por lo que esta Corporación, atendiendo a las
características particulares de esta enfermedad, ha señalado que el enfermo de
VIH-SIDA no sólo goza de iguales derechos que las demás personas, sino que las
autoridades están en la obligación de ofrecerle a las personas afectadas con
esta patología, protección especial con el fin de defender su dignidad”.
(…)
Ahora bien,
desde la perspectiva de cuál es prima facie la acción jurídica de reclamo, la
pensión de invalidez se presenta, -se insiste- prima facie, como un derecho de
origen legal que busca una compensación de carácter económico por la pérdida o
disminución considerable de la capacidad laboral, por lo cual en principio
corresponde al juez laboral analizar su procedencia. Pero, adquiere relevancia
constitucional  para ser debatido en sede de tutela, entre otros casos, cuando
su reconocimiento es solicitado por personas en situación de especial
protección como los enfermos de VIH, por lo que hace pertinente la procedencia
de la tutela para lograr el eventual reconocimiento del mismo y evitar con ello
la ocurrencia de un perjuicio irremediable”.
En concordancia con esta línea
argumentativa, este tribunal no sólo ha determinado la viabilidad de la acción
de tutela respecto de personas que padecen VIH, sino que también ha garantizado
la procedibilidad del amparo constitucional para quienes sufren de otras
enfermedades congénitas o degenerativas que afectan las posibilidades de auto
sostenimiento. Al respecto, en la sentencia T-561 de 2010 este tribunal conoció
de una accionante que padecía de “esquizofrenia esquizo-afectiva” y
solicitaba el reconocimiento de la pensión a través del trámite tutelar. En
dicha oportunidad se precisó que:
“En el
presente caso se observa que la esquizofrenia esquizo-afectiva, que es la
patología que aqueja a la persona necesitada de la protección tutelar, es una
condición que afecta al paciente haciéndole difícil diferenciar entre
experiencias reales e irreales, pensar de manera lógica, tener respuestas
emocionales apropiadas ante los estímulos generados por otras personas y
comportarse normalmente en situaciones sociales
Considerados
estos factores, el derecho a la pensión de invalidez adquiere el carácter de
derecho fundamental por sí mismo, por tratarse de personas que por haber
perdido parte considerable de su capacidad laboral, no pueden acceder al
mercado de trabajo, de modo que dicha pensión se convierte en la única fuente
de ingresos con la que cuentan para la satisfacción de sus necesidades básicas
y las de su familia, así como para proporcionarse los controles y tratamientos
médicos requeridos. Esta penosa situación coloca a dichos individuos en un
completo estado de indefensión y vulnerabilidad que hace indispensable la
adopción de medidas urgentes para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable."
Por esas razones, es evidente que
no resulta viable que el juez de tutela mecánicamente niegue por improcedente
un amparo constitucional aduciendo la existencia de otros medio de defensa, sin
antes sopesar las particularidades propias de la enfermedad que aqueja al
paciente, las cuales, como anteriormente se advirtió, pueden verse reflejadas
en el porcentaje de pérdida decretado en el dictamen de disminución de la capacidad
laboral.
4. Evolución de los requisitos
para acceder al derecho a la pensión
Establecida así la procedibilidad
excepcional de la acción de tutela para solicitar prestaciones económicas que
surgen del derecho a la seguridad social en pensiones, es necesario hacer un
breve recuento de la evolución normativa de este derecho.
La implementación del sistema
pensional en Colombia se remonta al año 1946, cuando se creó la Caja Nacional
de Previsión Social (Cajanal) y se establecen otras cajas a nivel local, que
cubrían únicamente a los empleados del sector público. De esta manera se
fundaron 1040 cajas de previsión, tanto nacionales como territoriales, que se
financiaban principalmente con aportes del Estado Colombiano y de los
trabajadores públicos[7].
En cuanto al desarrollo
legislativo del sector privado y consecuentemente del público, la Ley 6 de 1945 señaló en sus artículos 14 y 17 que los
trabajadores que laboraran en empresas cuyo capital excediera un
millón de pesos, al igual que los empleados y obreros nacionales de carácter
permanente tendrían derecho a la pensión de jubilación si llegaban: “a los
cincuenta (50) años de edad después de veinte (20) años de servicios continuos
o discontinuos” y tendrían derecho a una pensión vitalicia de jubilación
“equivalente a las dos terceras partes del promedio de los salarios devengados,
sin bajar de treinta pesos ($ 30) ni exceder de doscientos pesos ($ 200), en
cada mes”.
Para el año de
1950, con la expedición de el Decreto 2663 de 1950 (Código Sustantivo del
Trabajo), el riesgo de invalidez de los trabajadores, fue asumido por el
Instituto de los Seguros Sociales de conformidad con el artículo 259, numeral
2° el cual establece que: “las pensiones de jubilación, el auxilio de
invalidez y el seguro de vida colectivo obligatorio dejaran de estar a cargo de
los empleadores cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto
de los Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que
dicte el mismo Instituto”.
En desarrollo
de dicha disposición y mediante Decreto 3041 de 1966 se expidió el reglamento
general del ISS, el cual contemplaba  los requisitos y formas en que se
reconocerían las pensiones de vejez e invalidez. Así las cosas el artículo 11
establecía que tendrían derecho a la pensión de vejez: “los asegurados que
reúnan los siguiente requisitos: (i) tener 60 años, o más de edad si es varón y
55 o más años si es mujer, y (ii) haber acreditado un número de 500
semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 años anteriores al
cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil
semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”.
El sistema de financiación del
fondo común para el pago de las pensiones de jubilación fue modificado mediante
los Decretos 433 de 1971 y 1935 de 1973, por medio de los cuales se exoneró al
Estado de los aportes para la financiación de los seguros pensionales,
radicando las cotizaciones en cabeza del trabajador y el patrono. El modelo
estaba sustentado en la existencia de un fondo común del que se pagaban las
prestaciones[8].
Por su parte, el artículo 5° del Decreto
3041 de 1966 consagró que tendrían derecho a la pensión de invalidez los
asegurados que: (i) fuesen inválidos de carácter permanente conforme a
lo preceptuado en la ley 90 de 1948 y (ii) tuviesen acreditadas 150
semanas de cotización dentro de los 6 años anteriores a la invalidez, setenta y
cinco (75) de las cuales deben corresponder a los últimos 3 años.
Posteriormente,
se expidió el Decreto 232 de 1984, el cual ajustó los requisitos de cotización
para asegurar el reconocimiento de una pensión de invalidez, específicamente
dispuso que “la persona declarada invalida tenía derecho al reconocimiento
de una pensión de invalidez si acreditaba 150 semanas de cotización- para los
riesgos de invalidez,
vejez y muerte I. V. M., dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez o 300 semanas de
cotización en cualquier época.”
A los pocos
años, se dictó el Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049 de 1990
dictado por el Consejo Nacional de Seguros Obligatorios, norma que no realizó
cambios sustanciales en los requisitos para el reconocimiento de la pensión de
invalidez, es decir, conservó las 150 semanas de cotización dentro de los 6
años anteriores y las 300  en cualquier época.
Sin embargo,
con la expedición de la Constitución de 1991, se alteró sustancialmente el
paradigma legal y normativo que regía a la seguridad social, específicamente la
Carta, en su artículo 48, consagró esta garantía como un derecho y como un
servicio público de carácter obligatorio que se presta conforme a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
La seguridad
social se encuentra prevista en la Constitución como un derecho económico y
social. En virtud de tal reconocimiento, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que: “en cuanto a su naturaleza jurídica el mismo se identifica
como un derecho prestacional[9].
Ello es así, por una parte, porque todas las personas tienen el derecho de
exigir un conjunto de prestaciones a cargo de las entidades que integran el
sistema de seguridad social, no solamente dirigidas a garantizar los derechos
irrenunciables de las personas, sino también a obtener una calidad de vida
acorde con el principio de la dignidad humana[10],
y por la otra, porque para asegurar su efectiva realización, se requiere en la
mayoría de los casos acreditar el cumplimiento de normas presupuestales,
procesales y de organización, que lo hagan viable y, además, permitan mantener
el equilibrio económico y financiero del sistema[11]”.
Bajo la
vigencia de la nueva Constitución se expidió la Ley 100 de 1993. Esta
normatividad concretó en sus artículos 38 y 39 los requisitos mínimos para
lograr el reconocimiento de la pensión de invalidez.
Para considerar a una persona
inválida (art 38):
“se
considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional,
no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad
laboral”.
Para acceder a
la pensión de invalidez se requiere (art 39):
“Que el
afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por  menos
veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez.
Que habiendo
dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos
veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se
produzca el estado de invalidez.”
Ley 100 de
1993, tuvo dos reformas. La primera, con la expedición de la Ley 797 de 2003,
que en su artículo 11 había dispuesto nuevas y más rigurosas exigencias para el
reconocimiento de la pensión de invalidez, fue declarada inexequible por la
Corte Constitucional, en sentencia C-1056 de ese mismo año, por haber incurrido
en vicios de trámite durante su expedición[12].
Posteriormente,
la ley 860 de 2003 señaló los nuevos requisitos para acceder a la pensión de
invalidez, los cuales pueden ser sintetizados así: (i) invalidez causada
por enfermedad o accidente de origen común cuando el beneficiario tiene 20 o
más años, requiere de 50 semanas de cotización dentro de los últimos 3 años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración; (ii) si la
invalidez es causada por enfermedad o accidente de origen común, cuando el
beneficiario es menor de 20 años de edad, requiere de 26 semanas de cotización
en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su
declaratoria; (iii) si el afiliado cotizó el 75% de las semanas mínimas
requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya
cotizado 25 semanas en los últimos 3 años, y (iv) fidelidad del 20% al
sistema después de tener 20 años de edad.
Sin embargo, ante la evidente
regresividad que planteaba el requisito de fidelidad al sistema, la Corte, en
sentencia C-428 de 2009, estudió el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 y
consideró “resultaba contrario al principio de no
regresividad consagrado en el artículo 48 de la Constitución y otros postulados
de carácter internacional, en relación con lo anteriormente contemplado en el
precepto 39 de la Ley 100 de 1993”, por lo
cual declaró inexequible este último requisito.
La pensión de invalidez por
accidentes de trabajo y enfermedad profesional está consagrada en el capítulo I
del libro tercero de la Ley 100. Este, en síntesis, establece que la
calificación del estado de invalidez derivado de un accidente de trabajo o de
una enfermedad profesional se sujeta a lo dispuesto para calificación de la
invalidez de origen común. Así las cosas, si bien existen diferencias sustanciales
en torno al porcentaje de la prestación, el titular de la obligación y el
reconocimiento de derechos, a grandes rasgos podría establecerse que los
requisitos para acceder a la pensión de invalidez por enfermedad o accidente de
origen laboral, son los mismos que contempla el artículo 39 de la ley 100 de
1993.
5. La aplicación de los
principios de progresividad y primacía de la realidad respecto de personas
declaradas inválidas, cuando estas han continuado realizando aportes al sistema
general de pensiones
5.1. Una vez expuesta la
evolución normativa concerniente a la pensión de invalidez y los requisitos que
se deben reunir para su reconocimiento, es pertinente hacer claridad sobre la
aplicación del principio de progresividad en la misma.
Sobre la definición legal de
invalidez e incapacidad, el artículo 2º del Decreto 917 de 1999 establece lo
siguiente:
“Se
considera con invalidez la persona que por cualquier causa, de cualquier
origen, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50% o más de su
capacidad laboral.
Se
considera con incapacidad permanente parcial a la persona que por cualquier
causa, de cualquier origen, presente una pérdida de la capacidad laboral igual
o superior al 5% e inferior al 50%.
Se entiende
por capacidad laboral del individuo el conjunto de las habilidades, destrezas,
aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le permiten
desempeñarse en un trabajo habitual.
Se entiende
como trabajo habitual aquel oficio, labor u ocupación que desempeña el
individuo con su capacidad laboral, entrenamiento y/o formación técnica o
profesional, recibiendo una remuneración equivalente a un salario o renta, y
por el cual cotiza al Sistema Integral de Seguridad Social”.
Así las cosas, puede decirse que
de conformidad al artículo 38 de la ley 100 de 1993 y 2º del Decreto 917 de
1999, para que una persona acceda a los beneficios consagrados en la pensión de
invalidez se requiere como primer elemento, una pérdida de capacidad mayor al
50%, que merme su fuerza laboral, trayendo como consecuencia la imposibilidad
de desempeñar un trabajo u oficio.
Igualmente, el artículo 3° del
Decreto en mención señala que el momento de estructuración de la invalidez de
una persona es “la fecha en que se genera en el individuo una pérdida
en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier
contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los
exámenes clínicos y de ayuda diagnostica, y puede ser anterior o corresponder a
la fecha de calificación”.
Cabe señalar que a nivel
jurisprudencial se ha definido que una persona es inválida cuando no puede
obtener los medios necesarios para su subsistencia ejerciendo la actividad que
habitualmente desempeñaba, por la disminución o pérdida de sus capacidades
intelectuales y/o físicas. Desde antaño, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia advirtió que “una persona es declarada inválida,
el día en que le sea imposible procurarse los medios económicos de subsistencia[13]”.
Respecto a este planteamiento, es
evidente que quien ha perdido su capacidad laboral en razón al intempestivo y
súbito detrimento de sus más elementales funciones físicas o psíquicas, no
podrá seguir aportando al sistema general de seguridad social, ni en riesgos
profesionales ni en pensiones, por la evidente razón de que el asegurado,
debido al acontecimiento ajeno y externo ya no puede seguir laborando.
De este modo, en la mayoría de
casos no existe duda de la fecha exacta de estructuración de la invalidez, ya
que esta surge en un momento preciso. Sin embargo, existen varios supuestos que
han sido analizados por la jurisprudencia, en los cuales la fecha de
estructuración no puede ser determinada empleando los criterios comunes de
valoración médica. Téngase lo señalado por esta corporación en sentencia T-885
de 2011:
“Cuando se
trata de accidentes o de situaciones de salud que generan la pérdida de
capacidad de manera inmediata, la fecha de estructuración de la invalidez
coincide con la fecha de la ocurrencia del hecho; sin embargo, existen casos en
los que la fecha en que efectivamente una persona está en incapacidad para
trabajar, es diferente a la fecha que indica el dictamen de calificación de
pérdida de capacidad laboral”
En este sentido la Corte ha
evidenciado a través de su jurisprudencia que existe un problema de aplicación
legal que se presenta cuando se está en presencia de enfermedades
degenerativas, cuyos primeros síntomas o diagnóstico son disímiles de la fecha
en que efectivamente la persona no puede seguir desarrollando su trabajo. Así
las cosas, a modo de ejemplo puede que una persona sea diagnosticada con el
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el año 2003, pero sus efectos
nocivos solo se evidencien hasta el presente, eso quiere decir que si bien se
descubrió la enfermedad una década antes, no significa también que esta sea la
fecha en la que efectivamente la persona no pudo seguir trabajando por haber
perdido su capacidad laboral.
En el
caso de lo que comúnmente se conoce como SIDA[14], hay que precisar que un aspecto
inicial de la enfermedad es la detección de la inoculación del virus del VIH,
caso en el cual el paciente adquiere el carácter de seropositivo, lo cual no
significa que automáticamente se diezme su sistema inmunológico. Esto en
razón a que hasta el día de hoy no existe una vacuna 100% efectiva que elimine
la patología del sistema, y lo que ocurre es que “eventualmente, un
seropositivo desarrollará los síntomas del sida en el lapso de 5 a 8 años o más después de la infección[15]”,
más no en el momento del contagio.
En este
contexto, es posible que en razón del carácter progresivo y degenerativo de la
enfermedad, se den casos en donde el paciente diagnosticado como seropositivo continúe trabajando y cotizando al sistema de
seguridad social por años e incluso décadas, y solo se le imposibilite
desempeñar sus labores cotidianas hasta mucho tiempo después. En este evento
debe entenderse la fecha de estructuración desde el momento en que
efectivamente no pudo seguir trabajando, y no en la fecha en que fue detectada
la enfermedad.
En desarrollo de lo anterior, este tribunal reitera
lo señalado en la sentencia T-699A de 2007, al analizar un caso en el que una
persona enferma de SIDA, había cotizado al sistema con posterioridad a la fecha
de estructuración de su invalidez:
“Pueden
darse casos, como el presente, en los que, no obstante que de manera
retroactiva se fije una determinada fecha de estructuración de la invalidez, la
persona haya conservado capacidades funcionales, y, de hecho, haya continuado
con su vinculación laboral y realizado los correspondientes aportes al sistema
de seguridad social hasta el momento en el que se le practicó el examen de
calificación de la invalidez. Así pues, el hecho de que la estructuración sea
fijada en una fecha anterior al momento en que se pudo verificar la condición
de inválido por medio de la calificación de la junta, puede conllevar a que el
solicitante de la pensión acumule cotizaciones durante un periodo posterior a
la fecha en la que, según los dictámenes médicos, se había estructurado la
invalidez, y durante el cual se contaba con las capacidades físicas para
continuar trabajando y no existía un dictamen en el que constara la condición
de invalidez”.
Siguiendo ese
mismo precedente, en la sentencia T-710 de 2009, la Corte en un asunto en el
cual una persona que padecía VIH solicitaba el reconocimiento de la pensión
mediante la acción de tutela, determinó:
“La
jurisprudencia de esta Corporación ha valorado positivamente el hecho de que,
no obstante las especiales circunstancias que rodean a las personas contagiadas
de VIH-SIDA, las mismas continúen trabajando y cotizando al sistema hasta tanto
el progreso de la enfermedad les impida seguir con su vida laboral, situación
ésta frente a la cual se ven precisados ineludiblemente, de solicitar la
pensión de invalidez y someterse a una calificación de su discapacidad. En
estos eventos, la Corte constitucional ha considerado que no tener en cuenta
los aportes hechos con posterioridad a la determinación de la invalidez y
permitir que el sistema se beneficie de dichas cotizaciones, resulta contrario
a los lineamientos constitucionales”.
Igualmente, en la sentencia T-885 de 2011, este
tribunal analizó un asunto con los siguientes supuestos de hecho: (i) el
accionante era portador de VIH para el año de 1997; (ii) la enfermedad
era asintomática, por lo tanto no le presentó ningún tipo de problema que le
impidiera trabajar; (iii) en el 2009 empezó el deterioro de su salud, lo
que le impidió continuar desempeñándose normalmente; (iv) el ISS le
diagnosticó pérdida de capacidad laboral del 66.15%, estructurada a partir del
24 de noviembre de 1998, (v) la interpretación adoptada por el Seguro
Social desconocía las cotizaciones realizadas por el accionante durante los
últimos 12 años que aportó al sistema.
En dicha providencia se determinó
lo siguiente:
“En estos
eventos, por tratarse de enfermedades cuyas manifestaciones empeoran con el
tiempo, la persona puede continuar su vida laboral con relativa normalidad,
hasta el momento en que por su condición de salud le es imposible continuar
cotizando al sistema. Así, aunque legalmente una persona adquiere el derecho a
la pensión de invalidez cuando pierde la capacidad para continuar trabajando,
las Juntas de Calificación de Invalidez crean la ficción de situar el momento a
partir del cual se considera que una persona no podrá seguir trabajando, en una
etapa de la enfermedad en que la persona sigue siendo un trabajador productivo
y funcional, y puede aportar al sistema.
(…)
Existen
casos en los que la fecha en que efectivamente una persona está en incapacidad
para trabajar, es diferente a la fecha que indica el dictamen de calificación
de pérdida de capacidad laboral. Lo anterior se presenta, generalmente, cuando
se padecen enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, en donde la
pérdida de capacidad laboral es paulatina. Frente a este tipo de situaciones, la
Corte ha evidenciado que las Juntas de Calificación de Invalidez establecen
como fecha de estructuración de la invalidez aquella en que aparece el primer
síntoma de la enfermedad, o la que se señala en la historia clínica como el
momento en que se diagnosticó la enfermedad”
En concordancia con esta línea
jurisprudencial, en la sentencia T-138 de 2012 esta corporación determinó:
“la fecha
de la invalidez debe corresponder al momento preciso en que la persona pierde
la capacidad de laboral; por lo cual resulta errado que las juntas de
calificación tomen como fecha de estructuración de la invalidez la fecha en que
diagnosticó la enfermedad. En este orden, lo primero que se debe aclarar es que
la fecha de estructuración de una enfermedad de deterioro progresivo
establecida por las juntas de calificación no necesariamente describe el
momento en que se diagnosticó la enfermedad como tal.”
Ahora bien, esta corporación no
solo ha aplicado estos precedentes en supuestos en los que el accionante es
portador de la enfermedad VIH-SIDA, ya que en reiteradas oportunidades lo ha
aplicado en asuntos donde el peticionario padece de una enfermedad degenerativa
y de deterioro progresivo. Ejemplo de lo anterior es la sentencia T-561 de 2010
en la cual este tribunal falló un asunto con los siguientes antecedentes: (i)
la accionante se afilió al ISS en el año de 1983 y cotizó de manera
ininterrumpida por más de 23 años; (ii) fue declarada inválida por
padecer una enfermedad de origen mental; (iii) la fecha de
estructuración se fijó en el mismo año de la afiliación, es decir 1983;
(iv) por esa razón se determinó la imposibilidad de conceder
el derecho a la pensión.
En dicha providencia la Corte
expuso lo siguiente:
“Ahora bien, la
negativa del Seguro Social a reconocer la pensión de invalidez reclamada, se
justifica en el hecho de que según el dictamen expedido por la respectiva Junta
de Calificación, la fecha de estructuración de la invalidez de la actora se
fijó en una fecha transcurrida casi 21 años atrás, reduciendo a tan sólo 17
semanas el tiempo cotizado por la actora con antelación a la estructuración de
tal invalidez, no cumpliéndose por ello con las cotizaciones mínimas exigidas
por la normatividad vigente para la época, para asegurar ese reconocimiento
pensional.
Con todo, la
posición asumida por el Seguro Social en el caso de la señora Currea Peñuela,
desconoce ilegítimamente sus derechos fundamentales y la expone a una situación
tan grave como insostenible. Recuérdese que de tiempo atrás se ha definido que
una persona es inválida cuando no puede seguir ofreciendo su fuerza laboral,
por la disminución sustancial de sus capacidades físicas e intelectuales para
desarrollar una actividad laboralmente remunerada.
(…)
En casos
como el de la señora Currea Peñuela, es evidente que si su intención hubiese
sido la de defraudar al sistema de seguridad social en pensiones, iniciando
aportes a pensión con el único fin de acumular apenas las semanas requeridas
por la ley para obtener el reconocimiento prestacional, se hubiere justificado
una decisión como la proferida por el Seguro Social. Además, posiblemente
hubiera abandonado la cotización una vez transcurrido el tiempo mínimo
requerido, en lugar de prolongarla por más de veinte años en forma
ininterrumpida, como en este caso ocurrió”.
5.2. Así las cosas, esta Sala
evidencia que existe un problema de aplicación de la ley, consistente en la
inobservancia de los anteriores precedentes al momento de determinar la fecha de
estructuración de la pérdida de capacidad laboral cuando se está en presencia
de enfermedades de carácter degenerativo. Suele adoptarse como momento en que
el paciente quedó inválido el día en el aparecieron los síntomas o cuando es
detectada la enfermedad, desconociendo de esa forma el deber de garantizar la
primacía de la realidad y la obligación de actuar conforme al principio de
buena fe. Sobre esta práctica contraria a la constitución la sentencia T-885 de
2011 determinó:
“Cuando se
trata de accidentes o de situaciones de salud que generan la pérdida de
capacidad de manera inmediata, la fecha de estructuración de la invalidez
coincide con la fecha de la ocurrencia del hecho; sin embargo, existen casos en
los que la fecha en que efectivamente una persona está en incapacidad para
trabajar, es diferente a la fecha que indica el dictamen de calificación de
pérdida de capacidad laboral Lo anterior se presenta, generalmente, cuando se
padecen enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, en donde la pérdida
de capacidad laboral es paulatina. Frente a este tipo de situaciones, la
Corte ha evidenciado que las Juntas de Calificación de Invalidez establecen
como fecha de estructuración de la invalidez aquella en que aparece el primer
síntoma de la enfermedad, o la que se señala en la historia clínica como el
momento en que se diagnosticó la enfermedad, a pesar de que en ese tiempo,
no se haya presentado una pérdida de capacidad laboral permanente
y definitiva -Decreto 917 de 1999-. Esta situación genera una
desprotección constitucional y legal de las personas con invalidez.”
Sobre este último aspecto, la
Corte en sentencia T-594 de 2011 reiteró el deber de garantizar la aplicación
del principio de primacía de la realidad al momento de estructurar el dictamen
de invalidez tratándose de enfermedades degenerativas. Sobre el particular
expuso:
“Actualmente pueden acceder al derecho a la pensión de
invalidez quienes logren demostrar: (a) que han perdido el 50% o más de su
capacidad laboral y (b) que han realizado cotizaciones iguales o superiores a
50 semanas en los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez o, en algunos casos, para enfermedades de
tipo progresivo, teniendo en cuenta la fecha de la calificación de la misma[16].
Esta última
subregla, aparentemente extraña al contenido de la Ley 100, se ha fundado
dentro de la jurisprudencia constitucional a partir de los principios de
favorabilidad y de primacía de la realidad sobre las formas,
contenidos en el artículo 53 de la Carta, y en desarrollo de la premisa según
la cual los dictámenes de pérdida de la capacidad laboral no son intangibles y
deben respetar los derechos de los trabajadores y el debido proceso”
Y es que debido a esta aplicación
incorrecta por parte de algunas Juntas Calificadoras sobre el momento en que se
estructura la invalidez, actualmente la jurisprudencia de esta corporación ha
tenido que intervenir para remediar este defecto de aplicación de las garantías
a las personas que padecen enfermedades degenerativas.
Sobre este aspecto la T-509 de
2010 manifestó:
“La
determinación de la fecha de estructuración de invalidez ha de establecerse de
manera exacta, y no debe confundirse con una simple situación incidental o un
episodio clínico aislado, que repose o esté acreditado en la historia clínica
de la persona, pues si bien esta información es un testimonio documental del
motivo de una enfermedad, que puede ser el origen y causa de la posterior
invalidez, en ese momento, la aparición de esa enfermedad, no tiene la entidad
suficiente para que sea la razón para declarar la invalidez de la persona, y
por ello, no podrá ser tenido como la fecha en que tal invalidez se estructuró.
Se hace
esta claridad, pues en enfermedades que por su evolución y complejidad suelen
ser degenerativas y catastróficas, como es el caso del VIH-SIDA, la persona
diagnosticada como portadora de esta enfermedad, puede continuar con una vida
relativamente normal, y seguir trabajando y realizando cotizaciones por
periodos de tiempo bastante largos, cotizaciones que son lo suficientemente
importantes y valiosas como para que, llegado el momento en que definitivamente
su enfermedad le impida seguir laborando, no sean  tenidas en cuenta al momento
de ser calificada como persona inválida.”
Cualquier tipo de interpretación
que desconozca los aportes efectivamente realizados por las personas que
padecen enfermedades de carácter degenerativo debe ser reprochado por el juez
constitucional. Sobre este aspecto las sentencias  T-699A de 2007 y T-833 de
2011 determinaron:
“Es evidente
que el juez constitucional no debe olvidar la especial condición de
vulnerabilidad del sujeto que reclama la protección de sus derechos, y del
enorme esfuerzo que, en no pocos casos, estas personas hacen al insistir en
seguir cotizando al SGSS, a pesar del avance progresivo de la enfermedad y del
inevitable cese de su actividad laboral ante el contundente deterioro de su
salud, lo que los obliga en ese momento, a solicitar la pensión de invalidez y
someterse a una calificación. En estos eventos, la Corte constitucional ha
considerado que no tener en cuenta los aportes hechos con posterioridad a la
determinación de la invalidez y permitir que el sistema se beneficie de dichas
cotizaciones, resulta contrario a los lineamientos constitucionales”.
Por último, se debe resaltar que
la anterior forma de computar las cotizaciones efectuadas se refiere a aquellos
casos en los que las enfermedades de tipo degenerativo permitieron al
beneficiario seguir trabajando y cotizando al sistema de seguridad social, ya
sea porque en los primeros años de la enfermedad esta no manifestaba sus
síntomas, o bien porque el accionante superó las limitaciones y logró ejercer
su labor por una continuidad de tiempo considerable. Esta tesis no aplica cuando
una persona a la que ya se le hubiere practicado la calificación en la que
constase el estado de invalidez pretenda que se tengan en cuenta las
cotizaciones que, ilegalmente, pudiese haber hecho después de la certificación
de la misma.
6. Principio de
favorabilidad respecto de personas declaradas inválidas
La Ley 6 de 1945 estableció la favorabilidad en la legislación
colombiana, al señalar en su artículo 36 que “Las disposiciones de esta
sección y de la sección segunda, en cuanto sean más favorables a los
trabajadores (empleados y obreros) tanto oficiales como particulares, se
aplicarán de preferencia a cualquier otra que regulen la materia a que aquella
se refieren a su turno, estas últimas se aplicarán de preferencia  a las referidas
secciones de la presente ley, en cuanto fueran más favorables a los
trabajadores”. Por su parte, el artículo 21 del Código Sustantivo del
Trabajo prevé que: “en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de
normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador, evento en
el que la regulación que se adopte deberá aplicarse en su integridad”.
Esta
corporación ha detallado la naturaleza y alcance del principio de favorabilidad
en materia laboral. Sobre este aspecto en la sentencia SU-1185 de 2001 la Sala
Plena sostuvo lo siguiente:
“En el ámbito
de los conflictos de trabajo, por ejemplo, la Corte ha sido enfática en
sostener que, so pretexto de interpretar el alcance de las normas jurídicas, no
le es dable al operador jurídico desconocer las garantías laborales reconocidas
a los trabajadores por la Constitución Política y las leyes, ni tampoco actuar
en contradicción con los principios superiores que lo amparan como son, entre
otros, los de igualdad de trato y favorabilidad. En este sentido, puede
afirmarse que el Estatuto Superior se ha preocupado por garantizar un mínimo de
derechos a los trabajadores, los cuales no pueden ser ignorados, disminuidos o
transgredidos por las autoridades públicas y, en particular, por los jueces y
magistrados de la República en su función constitucional de aplicar y valorar
el alcance de la ley”
El principio de favorabilidad en materia laboral
opera en caso de duda, tanto en la aplicación como en la interpretación de las
fuentes formales del derecho. Su razón de ser es la protección al trabajador
debido a su situación de debilidad económica o material[17].
Este tribunal ha señalado que existe un problema de interpretación cuando “hay
duda sobre cuál sea la ley aplicable, pero también cuando la norma en cuestión
admite más de una lectura y se duda cuál de estas se debe aplicar al caso concreto.
Sin embargo cuando la discusión involucra los derechos de los (las)
trabajadores(as), por mandato constitucional, se debe seleccionar entre
dos o más entendimientos posibles de una norma aquel que favorece al
trabajador(a) y no el que lo (la) desfavorece o perjudica”[18].
En concordancia con esta línea argumentativa, el
artículo 3° del decreto 917 de 1999, establece que el momento de estructuración
de la invalidez es “la fecha en que se genera en el individuo una  pérdida
en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva.”. A su vez la
Corte Constitucional, ha determinado que el régimen jurídico aplicable al
momento de reconocer una pensión de invalidez en principio, es el vigente al
momento de estructurarse la misma. La sentencia T-043 de 2007 sobre ese aspecto
manifestó lo siguiente:
“De manera general y salvo la norma aplicable en cada caso, la ley
de estructuración  es la vigente al momento del acaecimiento de la condición
que hace exigible la prestación, es decir, la fecha de estructuración de la
discapacidad, declarada por la junta de calificación correspondiente[19]”
Actualmente,
los requisitos para acceder a la pensión de invalidez se encuentran consagrados
en el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley
100 de 1993. La norma dispone que “tendrá derecho a la pensión de invalidez
la persona que sea declarada inválida, por enfermedad o por accidente”, y
que “haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres
(3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.”.
Sin embargo,
este tribunal se ha pronunciado sobre la pensión de invalidez de las personas
cuando se evidencia la expedición de una normatividad que consagra requisitos
más gravosos para acceder a una prestación propia de la seguridad social.
Específicamente se ha analizado la relación existente entre la aplicación del
principio de favorabilidad cuando existe sucesión de leyes en el tiempo,
detallando el efecto nocivo de la ausencia de un régimen de transición respecto
de supuestos en los que la normatividad posterior desconoce la previa
consolidación de prestaciones. Expuso esta corporación en la sentencia T-1064
de 2006 lo siguiente:
“Se ha
manifestado que frente a los cambios normativos que puedan presentarse respecto
a los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, la Ley 100 de 1993 no
previó un régimen de transición, el cual no resulta indispensable cuando la
nueva normatividad implica cambios favorables y progresivos en materia de
seguridad social. Sin embargo, cuando se establecen medidas regresivas como la
imposición de requisitos más gravosos para acceder a la pensión, el legislador
debe en principio prever un régimen de transición atendiendo la prohibición
prima facie de retrocesos frente al nivel de protección constitucional
alcanzado, y más en tratándose de regulaciones que afecten a sujetos de
especial protección constitucional como son los disminuidos físicos. Régimen de
transición que debe predicarse del régimen anterior, estableciendo periodos que
permitan acoplarse a las exigencias del nuevo régimen y salvaguarde así las
expectativas legítimas de quienes estaban próximos a cumplir los requisitos
para pensionarse. Bajo tal situación, como la Corte lo ha expuesto en dos
sentencias de revisión[20],
lo procedente es aplicar el régimen pensional anterior que resulta más
favorable, inaplicando para el caso la normatividad legal vigente para la fecha
de estructuración de la invalidez”.
En torno al
cumplimiento de los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión, se
debe distinguir entre dos tipos de sujetos, ya que por un lado, están las
personas que ingresaron al sistema de seguridad social antes de que se
expidiera la nueva legislación, pero no cumplieron con los requisitos que la
primera disposición establecía. A este tipo de personas no podría cobijársele
de alguna manera con los beneficios consagrados en la anterior ley, ya que en
ningún momento se consolidó algún tipo de expectativa para ellos.
Por otro lado, están las personas
que cumplieron a cabalidad con las semanas de cotización y el tiempo de
permanencia al sistema que consagraba la anterior ley, pero debido a la
modificación, en la nueva disposición se hizo más gravoso acceder a las
prestaciones que consagra la nueva normatividad. A este tipo de sujetos y
dependiendo de las características propias de la incapacidad, las semanas y
aportes con las que contribuyó al sistema, podrían aplicársele las
disposiciones contenidas en el anterior régimen legal, en razón al principio de
favorabilidad.
Sobre este
aspecto la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral ha manifestado lo siguiente[21]:
“Se debe
tener en cuenta que para acceder a la pensión de invalidez, así como a la
causada por muerte, no resulta válido considerar  como único parámetro para
determinar si existe o no el derecho correspondiente, la fecha del
respectivo acontecimiento (incapacidad para laborar o deceso); es necesario
adicionalmente observar el conjunto de postulados y la naturaleza misma del
derecho a la seguridad social, con miras a lograr el amparo y  la  asistencia
propuestos constitucionalmente, y a los cuales se arriba con la puesta en vigor
de las instituciones legalmente previstas.
Sería una
paradoja jurídica entender que quien había cotizado dentro del régimen
anterior con abundancia de semanas, como acontece con la actual demandante,
quede privada de la pensión por falta de las 26 semanas exigidas en el nuevo
régimen, ya que de antemano tenía consolidado un amparo para
sobrellevar la invalidez dentro del régimen antiguo, amparo éste que ni los
principios constitucionales tutelares del trabajo humano ni la Justicia y la
equidad permiten desconocer. Más aun cuando la entidad obligada a reconocer la
pensión de invalidez ya lo estaba dentro del antiguo régimen, sin que ahora
pueda escudarse en el nuevo, para abstenerse de cumplir ese deber jurídico que
de antemano ya pesaba sobre tal entidad”.
Sobre este último
aspecto, es decir respecto del deber de aplicar el principio de favorabilidad
cuando el accionante cumplió con los requisitos bajo la anterior legislación,
esta corporación en sentencia T-062A de 2011 manifestó:
“Si el afiliado
había cumplido requisitos más estrictos, al amparo de una legislación anterior,
para acceder a la pensión de invalidez, no resultaba proporcionado ni conforme
a los principios constitucionales de la seguridad social, entre ellos el de la
condición más beneficiosa, que se negara la prestación con base en la
aplicación del nuevo régimen, incluso en el evento que la estructuración de la
invalidez hubiera acaecido bajo la vigencia de la Ley 100/93”
Siguiendo ese
mismo precedente, recientemente en la sentencia T-138 de 2012 la Corte
estableció que en determinados casos se debe aplicar la ley más favorable
independientemente de que esta haya sido derogada, si la nueva disposición no
consagra un régimen de transición que permita a los afectados adaptarse a esta
nueva situación, siempre y cuando esta sea más restrictiva. En ese caso se
determinó que:
“En efecto
el numeral 1° del artículo 1° de la ley 860 de 2003 exige un mayor número de
semanas para acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez, afectando a
las personas que han cumplido con los requisitos de las normas anteriores y por
efecto de la declaratoria de pérdida de la capacidad laboral no pueden
continuar cotizando para obtener la pensión de invalidez y con ocasión de los
cambios legislativos resultan gravemente afectados. Esta situación ha sido
considerada como una medida regresiva y por ello en ciertos casos especiales se
ha dado aplicación al principio de favorabilidad en la medida que los
requisitos exigidos en el artículo 39 de la ley 100 de 1993 resultan menos
gravosos que las disposiciones actuales en materia de pensión de invalidez”.
Así las cosas el principio de
favorabilidad en la interpretación y aplicación de las normas además de ser un
mandato constitucional, encuentra respaldo en la legislación y en toda la
doctrina y jurisprudencia laboral y de seguridad social. Por esto, debe ser
empleado cuando se presentan los supuestos anteriormente referenciados, esto
con el fin de amparar las garantías constitucionales de las personas que
previamente habían consolidado dichas prerrogativas en su favor.
7. Casos en
concreto
7.1. Expediente T-3.994.183
El primer
caso[22]
hace parte del conjunto de expedientes que fueron acumulados mediante auto del
15 de agosto de 2013 por la Sala de Selección de Tutelas número ocho. Consiste
en la solicitud de protección de derechos elevada por una persona, que pese a
tener una pérdida de la capacidad laboral del 57.5%, según consta en el primer
dictamen que se le realizó, no tuvo acceso a la pensión de invalidez debido a
que la fecha de estructuración fue estimada para el 13 de noviembre de 1997,
cuando a la actora se le descubrió una enfermedad de deterioro progresivo
conocida como: “artritis reumatoidea, diabetes mellitus, e hígado graso
medicamentoso”.
No obstante pese a las
restricciones propias de su condición que le hacen difícil desplazarse dentro
de cualquier espacio laboral, la actora afirma y prueba que pudo continuar
trabajando durante más de 9 años continuos, lapso durante el cual se vio
obligada a efectuar las cotizaciones respectivas al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones.
La AFP demandada niega la
prestación y la vulneración de los derechos fundamentales, con base en la fecha
de estructuración de la invalidez que arrogaron los dos dictámenes practicados.
En su entender para el momento en que perdió su capacidad de trabajo (13 de
noviembre de 1997) Mercedes Villamarín Herrera no contaba con los requisitos
que contemplaba el artículo 39 de la ley 100.
Las instancias judiciales que
conocieron de la solicitud de amparo cotejaron que la fecha de estructuración
impide el reconocimiento de la prestación y argumentaron que la acción de
tutela no es procedente para lograr el reconocimiento de la pensión de invalidez,
debido a la existencia de mecanismos ordinarios de defensa judicial.
Como consecuencia de lo expuesto
y teniendo en cuenta el contenido de los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de
1993, esta Sala evidencia que la discusión que subyace la protección de los
derechos en el presente caso se limita a una sola de las exigencias de la
pensión, es decir, la fecha de estructuración de la invalidez. Para la actora
constituye vulneración de sus derechos y un enriquecimiento ilícito de COLPENSIONES
que esta AFP desconozca las cotizaciones que ha realizado durante más de 9
años. La demandada no presentó excepciones en el proceso de tutela.
En primer lugar y previo a
definir qué criterios jurisprudenciales son aplicables a la definición de la
fecha de estructuración de la invalidez, la Sala advierte que el asunto
presentado por la ciudadana Mercedes Villamarín Herrera refleja claramente la
existencia de una afectación múltiple a sus derechos fundamentales, lo cual amerita
la procedencia de la acción de tutela en los términos expresados por la
jurisprudencia de esta corporación. Esto en razón a que no hay duda que debido
a la condición de discapacidad que aqueja a la peticionaria, aunada a las
afectaciones físicas y corporales que ha venido acumulando con el tiempo,
implican la existencia de una situación que requiere medidas urgentes e
impostergables. Basta con contemplar la historia clínica que fue adjuntada con
el escrito de tutela[23],
para comprobar que se trata de una persona que ha acumulado afecciones
delicadas, que indubitable y progresivamente le han impedido seguir trabajando
y que inexorablemente le dificultan a un grado extremo desarrollar cualquier
tipo de actividad en este momento.
Ninguno de los fallos de
instancia analizó las particularidades propias del caso, específicamente lo
complejo y agresivo de la enfermedad, la cual pasó de mermar las capacidades de
la accionante de un 57.5% en el primer examen realizado, a un 60,34% en el
segundo, lo cual evidencia la gravedad e inminencia del perjuicio que se le
causaría a la peticionaria si tuviese que soportar un proceso ordinario laboral
para que se le reconozca la pensión de invalidez. En su lugar, sin detenerse a
reconocer que su condición le impide trabajar en la actualidad, asumieron que
la tutelante podía derivar por sí misma su propia subsistencia.
En contraste, para esta Sala el
desconocimiento de tales circunstancias y la conclusión de que su vida laboral
puede proseguir de manera normal sin el reconocimiento de la pensión de
invalidez, implican el desconocimiento de las garantías constitucionales
consagradas en la Carta del 91. Con fundamento en lo anterior, esta corporación
considera que en el asunto específico procede la acción de tutela como
mecanismo definitivo  para cuestionar la negativa de COLPENSIONES en reconocer
la prestación solicitada.
En este sentido, la Corte
Constitucional ha considerado, de manera excepcional, la viabilidad de la
acción de tutela para ordenar el reconocimiento, restablecimiento y pago de
derechos pensionales, aún en presencia de otros medios de defensa judicial, “cuando
se ha advertido que de tal reconocimiento depende la protección de otros
derechos de raigambre constitucional”[24].
Ahora bien, una vez establecida
la procedencia específica de la acción de tutela en el caso concreto, la Sala
debe abordar si la fecha de estructuración de la invalidez decretada por la AFP
cumple con los estándares jurisprudenciales esbozados por esta corporación, es
decir, a este tribunal le corresponde determinar si COLPENSIONES vulneró los
derechos fundamentales de la accionante al desconocer los aportes y
cotizaciones que esta realizó durante 9 años, o si por el contrario debe
confirmar las decisiones de instancia.
Sobre el asunto específico se
debe recordar que en sentencias T-671 de 2011, T-885 de 2011 y T-163 de 2011 se
resaltó que:
“La jurisprudencia
ha explicado que las regulaciones sobre el tema disponen que la fecha de la
invalidez corresponde al momento preciso en que la persona pierde la capacidad
laboral. Por ello, explica la Corte, en algunos casos ha resultado errado que
las juntas de calificación tomen como fecha de estructuración de la invalidez
la fecha en que diagnosticó la enfermedad. Pues, dicha fecha no representa el
momento en que la persona ya no puede laborar más. Por lo cual, se deben contar
las cotizaciones realizadas hasta el momento en que se dictamina la
calificación de la invalidez en un porcentaje superior al 50%. Y, a partir de
dicha fecha (de la calificación) exigir el requisito de las cotizaciones
mínimas. Esto, en tanto que el diagnóstico de una enfermedad de deterioro
progresivo no significa per se la incapacidad de seguir laborando.”
Cuando se presentan asuntos como
el actual, reconocer la buena fe de la actora es un elemento esencial para poder
disponer del amparo constitucional, ya que no en todos los casos en los que se
registren cotizaciones después de que se estructure la fecha de incapacidad,
cuando existe una enfermedad degenerativa, se genera “per se” la
legalidad de las mismas. Sin embargo, en el caso concreto los jueces de
instancia empleando criterios como la sana critica y la lógica de lo común
habrían podido inferir del expediente que la peticionaria lejos de quererse
aprovechar ilegítimamente del sistema, al cotizar a sabiendas de que era una
persona que supuestamente había perdido el 50% de su capacidad laboral, ha sido
una trabajadora que con posterioridad a su primera calificación siguió
laborando durante más de 9 años.
Aunado a lo anterior, en
contraste con lo estimado por las instancias, y siguiendo la línea de
jurisprudencia recopilada en la sentencias T-163 de 2011 y T-710 de 2009, la
Sala estima que la fecha de estructuración establecida en el dictamen no tiene
ánimo vinculatorio para determinar el acceso a la pensión de invalidez, en
razón a que es contraria a la constitución política.
Respecto a la fecha de
estructuración de la primera invalidez establecida el 13 de noviembre de 1997 subyace
un razonamiento de carácter inconstitucional, que consiste en que quien sufra
de deformaciones en las extremidades[25]
queda automáticamente excluido de toda expectativa laboral y, como
consecuencia, de cualquier esperanza de cobertura de la seguridad social. Esta
postura es contraria a los principios constitucionales reconocidos en nuestra
Carta, en la medida en que niega la posibilidad de que las personas en
situación de discapacidad puedan integrarse y desempeñarse en el empleo formal.
En aplicación del principio de
primacía de la realidad, la fecha de estructuración de la invalidez “debe
comprobarse en términos materiales y no solamente formales”[26].  En
estos términos, para la Corte Constitucional es claro que el solo diagnóstico
de  “artritis reumatoidea” en el año de 1997 no constituyó una pérdida
de la capacidad de tal magnitud, que le impidiera acceder a un empleo; en su
lugar, es menester definir un momento diferente, de manera que sea compatible
con criterios técnicos y, por supuesto, con los postulados constitucionales y
legales respectivos. La Sala no pasa por alto que habrá eventos en los cuales
una discapacidad efectivamente constituya la imposibilidad real de desempeñar
un empleo específico, pero “solo cada caso y según sus circunstancias, puede
mostrar al calificador las limitaciones y restricciones a la empleabilidad[27]”.
Asunto que conforme a lo detallado anteriormente no es el caso de la señora
Mercedes Villamarín Herrera.
Así las cosas, de acuerdo con lo
expuesto, es evidente que a la peticionaria se le están vulnerando sus derechos
fundamentales invocados en el escrito de tutela, debido a la decisión contraria
a la constitución adoptada por COLPENSIONES. Así las cosas, la Corte tomara
como fecha de estructuración de invalidez, aquella en la cual se profirió la
última resolución, es decir, el 22 de febrero de 2010.
Bajo tales condiciones, la Sala
comprueba que la accionante reúne los requisitos para acceder de manera definitiva
a la pensión de invalidez de conformidad con los artículos 38 y 39 de la ley
100 de 1993, en razón a que posee más de 50 semanas de cotización en los
últimos tres años, si se toma como fecha de estructuración la del momento en el
cual se expidió el dictamen de invalidez.
En este orden de ideas y de
conformidad a lo anteriormente expuesto, se ordenará a COLPENSIONES reconocer y
pagar a la actora la pensión de invalidez como mecanismo definitivo debido a la
existencia de una afectación múltiple a sus derechos fundamentales. Por ello,
revocará el fallo de segunda instancia y, en su lugar, prescribirá que la AFP
accionada en el término de 48 horas inicie los trámites pertinentes para que la
señora Mercedes Villamarín Herrera disfrute de la prestación solicitada, lo
cual no podrá exceder el término de 20 días calendario.
7.2. Expediente  T-4.001.758.
Al igual que
en el caso anterior, en este asunto el señor Fernando Alberto Herrera Zapata
solicita el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Particularmente,
en este evento pone de presente que padece la enfermedad VIH-SIDA y que ha sido
calificado con un 71.10% de pérdida de la capacidad laboral, cuya fecha de
estructuración data del 30 de diciembre del año 2000 según dictamen expedido
por la Comisión Médico Laboral, de la Gerencia
El juez de instancia única que
conoció del amparo denegó la protección por la existencia de otros medios
judiciales de defensa y debido a que no evidenció la existencia de un hecho que
justifique no acudir a los mismos.
Siguiendo los criterios expuestos
y atendiendo las pruebas allegadas con el expediente, el cual se compone
principalmente de los dictámenes de pérdida de la capacidad laboral practicados
por la Gerencia de Atención al Pensionado del ISS y el listado de semanas
cotizadas, expedido por COLPENSIONES, la Sala concluye que la acción de tutela
impetrada es procedente como mecanismo definitivo debido a la existencia de una
afectación múltiple a los derechos fundamentales del actor, más aún si se tiene
en cuenta la naturaleza de la enfermedad que padece y el alto grado de
invalidez que lo afecta.
De las pruebas aportadas la Sala
comprueba que en el caso del señor Fernando Alberto Herrera Zapata, el momento
en que se estructuró la supuesta pérdida de capacidad hasta el día de hoy ha
cotizado más de 325.72 semanas[28],
es decir ha laborado y aportado al sistema de seguridad social durante más de
82 meses, en otros términos, durante casi 7 años. Sin embargo, como se observa,
gran parte de las cotizaciones efectuadas por el actor son desconocidas por el
fondo de pensiones bajo el entendido de que la enfermedad se estructuró hace
más de 13 años.
Al respecto, en un caso similar
al presente en la sentencia T-699A de 2007  la Corte señaló que:
“Es posible
que, en razón del carácter progresivo y degenerativo de la enfermedad, pueden
darse casos, como el presente, en los que, no obstante que de manera
retroactiva se fije una determinada fecha de estructuración de la invalidez, la
persona haya conservado capacidades funcionales, y, de hecho, haya continuado
con su vinculación laboral y realizado los correspondientes aportes al sistema
de seguridad social hasta el momento en el que se le practicó el examen de
calificación de la invalidez”
Así las cosas, de acuerdo con lo
expuesto es evidente que al peticionario se le están desconociendo los casi 7
años que trabajó y aportó al sistema, debido a que la decisión de COLPENSIONES
es contraria a la constitucion, ya que: (i) está probado en el
expediente que el accionante continuó prestando sus servicios  y (ii) la
Corte entiende que una persona que realmente tenga una pérdida de capacidad
laboral del 71.10%, jamás habría podido efectivamente laborar durante el tiempo
y periodo en el que lo hizo el actor.
Así las cosas, de acuerdo con lo
expuesto, es evidente que a al peticionario se le están vulnerando sus derechos
fundamentales invocados en el escrito de tutela, debido a la decisión contraria
a la constitución adoptada por COLPENSIONES. En este orden de ideas, la Corte
tomara como fecha de estructuración de invalidez, aquella en la cual se
profirió la última resolución, es decir, el 18 de mayo de 2012.
Bajo tales condiciones, la Sala
comprueba que el peticionario reúne los requisitos para acceder de manera definitiva
a la pensión de invalidez de conformidad con los artículos 38 y 39 de la ley
100 de 1993, en razón a que posee más de 50 semanas de cotización en los
últimos tres años, si se toma como real fecha de estructuración, la del momento
en el cual se practicó el dictamen de invalidez.
Con fundamento en lo anterior y de
conformidad a lo expuesto, se ordenará a COLPENSIONES reconocer y pagar al
señor Fernando Alberto Herrera Zapata la pensión de invalidez. Por ello,
revocará el fallo de única instancia y, en su lugar, ordenará que en el término
de 48 horas inicie los trámites pertinentes para que la actora disfrute de la
prestación solicitada, lo cual no podrá exceder el término de 20 días
calendario.
7.3. Expediente
T-3.942.900.
En este
último asunto la solicitud de protección de derechos es elevada por una persona
que mediante resolución del 15 de junio de 2012, le fue reconocida pérdida de
capacidad laboral del 67.70% por la Comisión Médico Laboral  de la Gerencia
Nacional de Atención al Pensionado del ISS, por ser portador de la enfermedad
VIH- SIDA, cuya fecha de estructuración data del 9 de marzo de 2012.
En este
evento, a diferencia de las múltiples ocasiones en las que ha conocido esta
corporación de sujetos que han sido declarados inválidos por padecer la
enfermedad VIH, la censura de la fecha de estructuración es extrañamente
reciente. Esta conducta, en el mejor de los casos, sería un buen ejemplo de las
prácticas que deben seguir los fondos de pensiones cuando determinan el momento
exacto de estructuración de enfermedades de carácter degenerativo, sin embargo,
COLPENSIONES considera que el accionante no cumple con los requisitos
establecidos en la ley, ya que sólo ha cotizado 41 semanas en los últimos 3
años.
Ahora bien,
el accionante solicita mediante la acción de tutela que se le apliquen las
disposiciones contenidas en el artículo 6 del decreto 758 de 1990[29]. Según el
Luis Fernando Cañar Cerón está plenamente demostrado que ha cotizado al sistema
de seguridad social más de 300 semanas en cualquier época, por lo cual debe
reconocerse la prestación solicitada. Sin embargo y tal como se explicó en la
parte motiva de esta sentencia, si bien la Corte ha permitido que en aplicación
del principio de favorabilidad en un caso concreto se empleen las disposiciones
del anterior régimen de pensión, esto solo sucede cuando “este resulta más
favorable” y “cuando previamente el accionante cumplía los requisitos
que contemplaba la anterior disposición”.
En el asunto específico está
demostrado que el accionante, para el momento de expedirse la normatividad en
mención, no había cumplido con los requisitos que contempla el citado decreto,
razón por la cual no podría accederse a su pretensión. Téngase lo señalado por
esta corporación en sentencia C-168 de 1995:
“La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto
entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica
fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias
interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad, ya
que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear
una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador.”(Negrillas y
cursiva fuera de texto)
Sin embargo, esta Sala después de
observar detalladamente el material probatorio obrante en el expediente,
evidencia que el señor Luis Fernando Cañar Cerón, desde su iniciación en la
vida laboral ha cotizado en diversas oportunidades, prueba de ello es que a la
fecha tiene reportadas más de 452 semanas al sistema. Si analizamos su última
vinculación laboral podríamos afirmar que desde el 1º de mayo de 2011 hasta la
fecha, el peticionario ha cotizado más de 102 semanas.
Así las cosas en el presente caso
está demostrado que el accionante ha seguido desempeñado su trabajo hasta la
actualidad. Razón por la cual no debe desconocerse que tratándose del virus del
VIH- SIDA la pérdida de capacidad laboral no es inmediata sino progresiva, y en
ese contexto es inconstitucional que el fondo de pensiones no tenga en cuenta
las cotizaciones que el accionante realizó desde la estructuración de la
invalidez hasta que efectivamente se presentó la disminución real de capacidad
laboral.
Así lo consideró la Corte
Constitucional, por ejemplo, en la sentencia T-509 de 2010.
“No resulta
aceptable que en los procesos de reconocimiento de las pensiones de invalidez,
el sistema de seguridad social, y en particular sus operadores, desconozcan o
no tengan en cuenta, por razones de una interpretación literal y rígida de las
normas, los pocos o muchos aportes que puedan causarse, entre la fecha de
estructuración de la invalidez, y la fecha en se profiere el dictamen que
determina dicha estructuración
No es
consecuente con los principios que rigen el Sistema General de Seguridad Social
(SGSS) que las cotizaciones que se hubiesen causado durante el tiempo
transcurrido entre la fecha de estructuración de la invalidez y la fecha de la
calificación de ésta, no sean contabilizadas como aportes válidos para el
reconocimiento pensional que se pueda llegar a reclamar.
(…)
En el caso
particular de las enfermedades degenerativas, que como sucede con el VIH-SIDA,
permiten que quien sea portador o padezca una enfermedad de estas
características, logre desarrollar una actividad económicamente productiva, y
que a consecuencia de su actividad laboral, realice aportes o cotizaciones al
sistema pensional, en periodos de tiempo que pueden extenderse hasta por varios
años[30]”
Bajo tales condiciones, la Sala
concluye que en este caso también procede la protección de los derechos
fundamentales invocados, en razón a que se comprueba que el peticionario reúne
los requisitos para acceder de manera definitiva a la pensión de invalidez de
conformidad al Decreto 2591 de 1990.
En virtud a lo anterior este
tribunal procederá a revocar el fallo de única instancia y ordenará a
COLPENSIONES que en el término de 48 horas proceda a iniciar el trámite
necesario para reconocer y pagar la pensión del señor Luis Fernando Cañar Cerón.
Este trámite no podrá superar el término de 20 días calendario.
V.  DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero. Dentro del
expediente T-3.994.183, REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Superior de Bogotá, Sala de Decisión Laboral del 28 de
junio de 2013, que confirmó el fallo proferido por el Juzgado Veintisiete
Laboral del Circuito de Bogotá, del 22 de mayo de 2013, que denegó la
protección de los derechos fundamentales invocados por la señora Mercedes
Villamarín Herrera.  En su lugar, CONCEDER la tutela de sus derechos
fundamentales a la vida, a la seguridad social, y al mínimo vital y ORDENAR
a COLPENSIONES que, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos en esta
providencia, en el término de 48 horas inicie los trámites pertinentes para que
a la actora le sea reconocida de manera definitiva y empiece a pagársele la
pensión de invalidez, lo cual no podrá exceder el término de 20 días
calendario.
Segundo. Dentro del
expediente T-4.001.758, REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 12
Laboral del Circuito de Medellín del 30 de mayo de 2013, que denegó la
protección de los derechos fundamentales invocados por el señor Fernando
Alberto Herrera Zapata.  En su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos
fundamentales a la seguridad social, a la dignidad humana, a la igualdad y al
mínimo vital, y ORDENAR a COLPENSIONES que teniendo en cuenta los
argumentos esgrimidos en esta providencia, en el término de 48 horas inicie los
trámites pertinentes para que al actor le sea reconocido de manera definitiva y
empiece a pagársele la pensión de invalidez, lo cual no podrá exceder el
término de 20 días calendario.
Tercero.  Dentro del
expediente T-3.942.900, REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado
Único Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto, del
15 de abril de 2013, denegó la protección de los derechos fundamentales
invocados por el señor Luis Fernando Cañar Cerón.  En su lugar, CONCEDER la
tutela de los derechos fundamentales a la seguridad social, al derecho de
petición, a la subsistencia digna y al mínimo vital por los argumentos
presentados en esta providencia. y ORDENAR a la COLPENSIONES que en el
término de 48 horas inicie los trámites pertinentes para que el actor le sea
reconocido de manera definitiva la pensión de invalidez, este procedimiento no
podrá exceder el término de 20 días calendario.
Cuarto. Por Secretaría líbrese la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1.991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] La acción de tutela no refiere la
fecha en la que el actor elevó la solicitud, ni de las pruebas en el expediente
puede determinarse.
[2] La resolución expedida por
COLPENSIONES no establece qué régimen cobija la solicitud del actor, pero se
entiende que la decisión adoptada se fundamentó en el artículo 39 de la ley 100
de 1993, con sus actuales reformas.
[3] Sentencias T-225 de 1993 y SU-544 de 2001.
[4] Sentencia T-145 de 2011.
[5] Cfr. Sentencia T-106 de 1993.
[6] Sentencias T-505 de 1992 y T-271 de 1995.
[7] Sentencia C-258 de 2013.
[8] Sentencia C-258 de 2013.
[9] Sentencias: T-102 de
1998, T-560 de 1998, SU-819 de 1999, SU-111 de 1997 y  SU-562 de 1999.
[10] Sentencia C-432 de 2004.
[11] Sentencia C-227 de 2004
Y  C-111 de 2006.
[12] El contenido
del referido artículo 11 de la Ley 797 de 2003, disponía lo siguiente: Artículo
11. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la
pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el
artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
(1). Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado 50 semanas en los
últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su
fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del 25% del tiempo
transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la
primera calificación del estado de invalidez. (2). Invalidez causada por
accidente: Que haya cotizado 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente
anteriores al hecho causante de la misma. Parágrafo. Los menores de 20 años de
edad sólo deberán acreditar que han cotizado 26 semanas en el último año
inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.”
[13] Sentencia Corte
Suprema de Justicia Sala de Casación del 17 de agosto de 1954
[14] El SIDA no es el virus
que diezma al sistema inmune, el Sida es el conjunto de enfermedades que
ingresan al organismo como producto de la infección causada por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH).
[15] Cfr. Mercedes Diez Ruiz-Navarro y Asunción Díaz Franco,
«Evolución del sida en España», Investigación y Ciencia, 442, julio de
2013, págs. 60-64 (61)
[17]  Sentencia T-138 de 2012.
[18] Sentencia T-545
de 2004.
[19] Cfr. Sentencia T-043 de
2007.
[20] Sentencias T-1291 de
2005 y T-221 de 2006.
[21] Corte
Suprema De Justicia Sala De Casación Laboral., Radicación No.
24280, Bogotá, D.C, cinco (5) de julio de dos mil cinco
(2005)
[22] Se debe aclarar que si bien el expediente T-3.942.900
fue radicado antes que el proceso T- 3.994.183. Por cuestiones metodológicas y
con el fin de lograr una mayor comprensión de la aplicación contraria a derecho
que se evidencia en los asuntos acumulados, se expondrá inicialmente el expediente
de referencia, independientemente del orden en el que haya llegado a esta
corporación.
[23]  Folio 26 al 42.
[24] Sentencia T-726
de 2007.
[25] En los folios 37 al 42,
aparecen imágenes de la deformación en las articulaciones de la actora.
[26] Cfr.  Ibídem.
[27] T-594 de 2011.
[28] Información obtenida de
el historial del accionante, https://hla.colpensionestransaccional.gov.co.
Fecha de consulta 23 de octubre de 2013.
[29] Tendrán derecho a la
pensión de invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes
condiciones: a) Ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o
gran inválido y, b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte,
ciento cincuenta (150) emanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha
del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con
anterioridad al estado de invalidez”.