C-801-09
Sentencia C-801/09
Sentencia
C-801/09
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE REGLAS DE PROCEDIMIENTO Y PRUEBA Y LOS ELEMENTOS DE
LOS CRIMENES DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL-Alcance de la competencia
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Características
El control de
constitucionalidad que debe llevar a cabo la Corte  sobre los tratados
internacionales y sus leyes aprobatorias, presenta unas características
especiales, entre las que se destacan las siguientes: (i) es previo al
perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la expedición de la ley
aprobatoria y a su  sanción; (ii) es automático; (iii) es integral; (iv) tiene
fuerza de cosa juzgada; (v) es condición necesaria para la ratificación del
tratado; y (vi) cumple una función preventiva.
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Control formal
y control material
La Corte
Constitucional ejerce dos tipos de control: (i) un control de
constitucionalidad formal y (ii) un control de constitucionalidad material. El
formal conlleva el análisis de aspectos tales como: (i) la debida
representación del Estado Colombiano en los procesos de negociación y
celebración del tratado; (ii) el trámite surtido por el proyecto de ley en el
Congreso de la República; (iii) la sanción presidencial; y, finalmente, (iv) el
envío de la ley y el tratado a la Corte Constitucional; y si bien los proyectos
de leyes aprobatorias de tratados internacionales y demás instrumentos
internacionales de similar contenido no se encuentran sometidos a un trámite
especial de aprobación, si se exige el inicio de su trámite en el Senado de la
República. En cuanto hace al control de constitucionalidad material, éste
consiste, en confrontar las disposiciones del instrumento internacional y de su
ley aprobatoria, con el contenido integral de la Constitución, para así
determinar si las mismas se ajustan o no a la Carta Política.
LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Legislador no puede alterar el contenido
introduciendo nuevas cláusulas
La Corte ha
puntualizado que, tratándose de las leyes aprobatorias, por razón de su
naturaleza especial, no le está permitido al legislador, a través de ellas,
alterar el contenido de los tratados, introduciendo nuevas cláusulas o
modificando las existentes, pues su función en este campo se limita a aprobar o
improbar tales instrumentos internacionales.
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON EL
ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL-Carácter
especial y particular/NORMA CONSTITUCIONAL-Adición como requisito para
hacer compatible el Estatuto de Roma con el ordenamiento jurídico interno/CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON EL
ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL-Procedencia de
tratamientos diferentes
Mediante
Sentencia C-578 de 2002, esta Corporación llevó a cabo el control de
constitucionalidad del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y de su
ley aprobatoria, la Ley 742 de 2002, y en dicho fallo precisó, que el control
de constitucionalidad que ejerce sobre los instrumentos internacionales
relacionados con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el
tratado propiamente dicho y los acuerdos complementarios que se integran a él,
presentan algunas variaciones frente al que tradicionalmente se lleva a cabo
sobre los demás tratados y sus respectivas leyes aprobatorias, variación que se
evidencia en tratándose del control material, cuya justificación tiene como
referente el Acto Legislativo 02 de 2001, reforma constitucional a través de la
cual se autorizó al Estado a reconocer la jurisdicción de la Corte Penal
Internacional, habida cuenta que ciertas medidas incorporadas al Estatuto
podían resultar ajenas a la tradición jurídica nacional y a ciertos valores
superiores, resultando del mandato del constituyente derivado, la admisión de
un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de
Roma, y en su función de control, respecto del citado estatuto, la Corte debe
limitarse a constatar si existe alguna diferencia entre éste y la Constitución
Política, y en caso de que exista, y se trate de una materia sustancial dentro
del ámbito de lo regulado por el Estatuto, no se procede a declarar su
inexequibilidad, teniendo en cuenta que el propósito de la reforma
constitucional fue, precisamente, la de permitir un tratamiento diferente
siempre y cuando ésta opere exclusivamente dentro del ámbito de aplicación del
Estatuto de Roma. De ahí que de encontrar tratamientos diferentes entre los
instrumentos internacionales contentivos del Estatuto de Roma y la Constitución,
lo que le corresponde hacer a la Corte, es delimitar sus contornos y precisar
su ámbito de aplicación, y, además, declarar que ellos han sido autorizados
especialmente por el constituyente derivado en el acto legislativo 02 de 2001.
Ello sobre la base de que los tratamientos diferentes sólo están llamados a
producir efectos dentro del propio ámbito de la Corte Penal internacional y no
se proyectan sobre el derecho interno del Estado.
ESTATUTO
DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL-Principales tratamientos diferentes
CORTE
PENAL INTERNACIONAL-Competencia
sobre crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en
conjunto/CORTE PENAL INTERNACIONAL-Categorías de los crímenes
internacionales sobre los que tiene competencia/ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE
PENAL INTERNACIONAL-Imprecisión en descripción de las conductas de los
delitos y principio de legalidad/ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL-Principios para el juzgamiento de crímenes internacionales/ESTATUTO
DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL-Disposiciones ajenas a la tradición
jurídica nacional y a ciertos principios constitucionales
En relación con
el contenido de los artículos en los que se describen tres de las categorías de
crímenes internacionales sobre las cuales la Corte Penal Internacional podrá
ejercer su competencia: (i) el genocidio, (ii) los crímenes de lesa humanidad y
(iii) los crímenes de guerra, destacó la Corte en su sentencia C-578 de 2002
que las descripciones de tales delitos “denotan un grado de precisión, certeza
y claridad aceptado en el derecho penal internacional que resulta menos
estricto que el exigido en nuestro ordenamiento interno”, y señaló que, aun
cuando el Estatuto de Roma consagra los principios de legalidad y prohibición
de la analogía, como principios básicos para el juzgamiento de crímenes
internacionales, y en las disposiciones sobre tales crímenes se recogen la
experiencia y definiciones del derecho internacional, algunas de las conductas
descritas en los artículos 6, 7 y 8, tienen un grado de imprecisión que parece
sugerir que éstas responde a un estándar diferente del principio de legalidad
que orienta el derecho penal, particularmente en el ámbito nacional. No
obstante, aclaró que la posible diferencia que se pudiera generar frente al
principio de legalidad, en relación con las citadas expresiones, ha sido
aceptada por el derecho internacional y, además, fue autorizada expresamente
por el Acto Legislativo No. 02 de 2001 y aclaró, además, que la expedición de
los elementos de los crímenes, por parte de la Asamblea General de Estados
partes, “ayudará a la interpretación y aplicación del mismo, y seguramente
reducirá los problemas que tienen algunas de las definiciones empleadas en el
Estatuto”.
CORTE
PENAL INTERNACIONAL-Competencia
complementaria de las jurisdicciones penales nacionales
La Corte Penal
Internacional actúa como una jurisdicción complementaria e instrumento de
justicia y paz, en el sentido de que entra a suplir o complementar, los
sistemas penales de los Estados, en la sanción de los victimarios, en la
reparación a las víctimas y en el restablecimiento de los derechos, sólo cuando
quienes sean responsables de cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad y
crímenes de guerra, no hubieren sido o no hayan podido ser juzgados en el ámbito
interno de sus respectivos países.
REGLAS
DE PROCEDIMIENTO Y PRUEBA Y LOS ELEMENTOS DE LOS CRIMENES DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL-Competencia
para su adopción/REGLAS DE PROCEDIMIENTO Y PRUEBA Y LOS ELEMENTOS DE LOS
CRIMENES DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL-Procedimiento especial de adopción
y aprobación
Las
reglas de procedimiento y prueba y los elementos de los crímenes de la Corte
Penal Internacional,
son instrumentos internacionales que fueron expedidos y aprobados por la
Asamblea de los Estados Partes, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 9° y 51 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en los
que, precisamente, se previeron las reglas de adopción de los citados
instrumentos, como el requisito para su aprobación del voto favorable de las
dos terceras partes de los Estados miembros de la Asamblea
REGLAS DE PROCEDIMIENTO Y PRUEBA Y LOS ELEMENTOS DE
LOS CRIMENES DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL-Características
Las reglas de
procedimiento y prueba y los elementos de los crímenes de la Corte Penal
Internacional se adoptan y aprueban mediante un procedimiento especial, que los
Estados Partes aceptan en el momento mismo de la ratificación del tratado del
Estatuto de Roma,  que no es común a este tipo de instituciones internacionales;
tales instrumentos, deben ser compatibles con lo establecido en el Estatuto de
Roma y no lo modifican, como tampoco suponen una enmienda del Estatuto, ni
complementan la definición de los crímenes contenidos en sus artículos 6°, 7° y
8°, en el caso de los elementos de los crímenes, pues se trata de aspectos de
carácter indicativo para la Corte, referente a lo que le corresponde probar en
cada caso; cualquiera de los Estados, por razones de orden jurídico o de
conveniencia, pueden expresar su desacuerdo con alguna disposición de estos
instrumentos, o no hacer parte de los países que finalmente hayan integrado la
mayoría que los adopte, pero tales circunstancias no afectan su condición de
Estados Partes, y por tanto, no los libera del compromiso de cumplir con los
derechos y obligaciones que se derivan del tratado. Sin embargo, conforme a las
reglas que los regulan, con posterioridad a su aprobación y dentro del término
que estime prudencial, es posible que un Estado Parte presente enmiendas, las cuales
también entran en vigor después de su aprobación por las dos terceras partes de
los miembros de la Asamblea. A partir de estas características, las Reglas de
Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes no están llamados a
modificar el Estatuto, no cumplen la función de los llamados acuerdos
bilaterales de simple ejecución (o acuerdos simplificados), ni son reglamentos
establecidos directamente por la Corte Penal Internacional. Se trata de
instrumentos cuya adopción depende de la voluntad de una mayoría calificada de
los Estados Parte reunidos en Asamblea, y cuya entrada en vigor está sujeta a
que se alcance dicha mayoría (la de las dos terceras partes).
ACUERDOS
BILATERALES DE SIMPLE EJECUCION O ACUERDOS SIMPLIFICADOS-Concepto
ACUERDOS
BILATERALES DE SIMPLE EJECUCION O ACUERDOS SIMPLIFICADOS-No sujetos a aprobación
por el Congreso ni a Control de Constitucionalidad
INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES QUE CREAN, MODIFIQUEN, ADICIONEN O COMPLEMENTEN OBLIGACIONES-Sujetos a
procedimientos constitucionales de aprobación por el Congreso y revisión de
Constitucionalidad
La
Corte ha dejado en claro que, aun tratándose de instrumentos internacionales
que son desarrollo de otros, si a través de los mismos se crean nuevas
obligaciones, o se modifican, adicionan o complementan las previstas en el
respectivo convenio o tratado del que hacen parte, esos también deben someterse
a los procedimientos constitucionales de aprobación por el Congreso y revisión
automática de constitucionalidad por parte de esta Corporación, en razón a que
implican para los Estados partes, la asunción de nuevos compromisos, que deben
ser avalados en los términos previstos por la Carta Política. En estos casos,
la Corte ha considerado que los mismos se miran como verdaderos tratados, aun
cuando no estén sometidos al trámite de la ratificación, y, por tanto, deben
someterse al procedimiento interno de incorporación al ordenamiento jurídico.
En el caso de las Reglas de Procedimiento y Prueba, y los Elementos de los
Crímenes, aun cuando tales instrumentos deben ser compatibles con lo
establecido en el Estatuto de Roma, y no lo modifican, no por ello actúan como
acuerdos bilaterales de simple ejecución. Ello, en razón a que los mismos le
imponen a los Estados Partes, y en particular a Colombia, la asunción de
compromisos adicionales, circunscritos al hecho de tener que someterse a un
procedimiento especial de adopción, aprobación y enmienda, que implica a su
vez  una nueva participación en los debates, deliberaciones y decisiones, y la
fijación de posiciones jurídicas y políticas sobre el contenido de los
precitados instrumentos, que además podrían incidir en la relación del Estado
con la Corte establecida en el Estatuto.
LEY
APROBATORIA DE
REGLAS DE PROCEDIMIENTO Y PRUEBA Y LOS ELEMENTOS DE LOS CRIMENES DE LA CORTE
PENAL INTERNACIONAL-Trámite legislativo cumplió requisitos formales
exigidos por la Constitución Política
El Proyecto de
Ley que concluyó con la expedición de la Ley 1268 de 2008, cumplió con los
requisitos formales exigidos por la Constitución Política, toda vez que inició
su trámite en el Senado de la República, siendo asignado a la Comisión Segunda
Constitucional Permanente de relaciones internacionales, comercio exterior y
defensa nacional; se efectuaron las publicaciones oficiales, conforme lo
establece el numeral 1° del artículo 157 Superior y demás normas concordantes;
se cumplieron los términos previstos en el inciso 1° del artículo 160 de la
Constitución respecto de los días que deben mediar entre el primero y el
segundo debate en una misma cámara y entre aprobación del proyecto en una
Cámara y la iniciación del debate en la otra; el proyecto fue discutido y su
aprobación fue conforme al quórum y a las mayorías exigidas y fue considerado en máximo dos legislaturas, como
lo exige el Artículo 162 de la Carta Política.
REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Reglas de interpretación de su cumplimiento
REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento
REGLAS
DE PROCEDIMIENTO Y PRUEBA Y LOS ELEMENTOS DE LOS CRIMENES DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL-Naturaleza
jurídica/REGLAS DE PROCEDIMIENTO Y PRUEBA Y LOS ELEMENTOS DE LOS CRIMENES DE
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL-Objeto
Las
reglas de procedimiento y prueba, y los elementos de los crímenes constituyen
instrumentos que son desarrollo del Estatuto de Roma, sometidos al mismo en
todas sus partes, y tienen como función ayudar a interpretar y aplicar las
disposiciones del Estatuto, además de otorgar a la Corte Penal Internacional,
las herramientas que requiere para la materialización de sus funciones
judiciales, en procura de garantizar la defensa y protección de los derechos
humanos en el escenario universal. Así, el contenido de las reglas de
procedimiento y Prueba está dirigido a regular (i) todo lo relacionado con la
organización interna de la Corte, (ii) el procedimiento penal aplicable en el
ámbito de su competencia, y (iii) los regímenes de complementariedad y
cooperación, en el entendido que, para fines de investigación, la Corte Penal
Internacional debe acudir a los sistemas judiciales nacionales, y para la
ejecución de las medidas de afectación provisional de la libertad y de la
ejecución de la pena, a los sistemas carcelarios de los Estados parte. Las
mismas cubren la mayoría de asuntos a los que se refiere el Estatuto de Roma y
por su intermedio, se establece el procedimiento que debe seguirse en las
distintas etapas de los procesos que se adelantan ante la Corte Penal
Internacional. En el caso de los Elementos de los Crímenes, éstos sirven a la
interpretación de los artículos 6°, 7° y 8° del Estatuto, en los que se
contienen los crímenes de competencia de la Corte. En ese contexto, se limitan
a especificar los componentes de cada delito de que conoce la Corte Penal
Internacional, determinado los elementos materiales constitutivos de las
diversas modalidades de delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y
crímenes de guerra, definiendo, en su orden, la conducta, las consecuencias y
las circunstancias correspondientes a cada crimen.
CORTE
PENAL INTERNACIONAL-Efectos
del ejercicio de competencia
Se ha
manifestado que la competencia de la Corte Penal Internacional es
complementaria de las jurisdicciones nacionales, ya que quienes inicialmente
tienen el deber jurídico de investigar, juzgar y sancionar los comportamientos
delictivos son los propios Estados; y tan pronto como la Corte admite la
competencia para conocer de un caso, surge para los Estados Partes la
obligación de cooperar con el organismo. Particularmente, si se tiene en cuenta
que la Corte no cuenta con mecanismos propios para la ejecución de su poder
punitivo, ni con facultades de policía, ni tampoco con establecimientos
carcelarios, dependiendo así de los Estados, para la recolección de evidencias,
entrega de personas y cumplimiento de las sentencias impuestas.
ESTATUTO
DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL-Disposiciones ajenas a tradición
jurídica nacional y ciertos principios constitucionales
NORMA
CONSTITUCIONAL-Adición
GENOCIDIO-Concepto
GENOCIDIO-Modalidades
GENOCIDIO-Elementos de
cada modalidad
GENOCIDIO-Dolo especial
como elemento estructural del tipo penal
CRIMENES
DE LESA HUMANIDAD-Concepto
CRIMENES
DE LESA HUMANIDAD-Modalidades
CRIMENES
DE LESA HUMANIDAD-Elementos
de cada modalidad
CRIMENES
DE GUERRA-Concepto
CRIMENES
DE GUERRA-Modalidades
CRIMENES
DE GUERRA-Elementos
de cada modalidad
CRIMENES
DE GUERRA-Comprende
los crímenes cometidos en conflictos armados tanto internos como
internacionales
REGLAS
DE PROCEDIMIENTO Y PRUEBA Y ELEMENTOS DE LOS CRIMENES DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL-Producen
efectos sólo dentro ámbito de competencia de la Corte Penal Internacional
REGLAS
DE PROCEDIMIENTO Y PRUEBA Y ELEMENTOS DE LOS CRIMENES DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL-Sin
incidencia en el derecho interno de los Estados
Tal
y como sucede con el Estatuto de Roma al que complementan, las Reglas de
Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes, sólo están llamadas a
producir efectos dentro del propio ámbito de competencia de la Corte Penal
Internacional y, por tanto, no tiene incidencia en el derecho interno de los
Estados. Sus contenidos, operan exclusivamente en el marco de aplicación del
Estatuto de Roma y no obligan a las autoridades del país a observarlas en los
casos que se procesen y juzguen en su territorio. Asi se reitera, que las
disposiciones del Estatuto de Roma y los instrumentos que hacen parte del
mismo, no remplazan ni modifican las leyes nacionales de tal manera que a quien
delinca en el territorio nacional se le aplicará el ordenamiento jurídico
interno y las autoridades judiciales competentes al efecto son las que integran
la administración de justicia colombiana.
REGLAS DE PROCEDIMIENTO Y PRUEBA Y ELEMENTOS DE LOS
CRIMENES DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL-Tratamientos sustanciales diferentes operan
exclusivamente dentro del ámbito de aplicación del Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional
REGLAS
DE PROCEDIMIENTO Y PRUEBA Y ELEMENTOS DE LOS CRIMENES DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL-Identificación
de algunos tratamientos sustanciales diferentes autorizados por Acto
Legislativo 02 de 2001
Atendiendo a lo
decidido por la Corporación en la Sentencia C-578 de 2002, el instrumento bajo
examen contiene algunos tratamientos sustanciales diferentes frente a la Carta
Política, que llevan a la Corte a identificarlos y a precisar su ámbito de
aplicación, limitándose a declarar que los mismos han sido autorizados por el
Acto Legislativo No. 02 de 2001. Advierte la Corte que los tratamientos
diferentes se presentan en algunas de las Reglas de Procedimiento y Prueba, que
regulan aspectos relacionados con el ejercicio del derecho a la defensa técnica
en diferentes instancias del proceso, sobre la base de que la asistencia
letrada no constituye un derecho irrenunciable del detenido e imputado, y
dejando en manos del órgano judicial la facultad para autorizar su ejercicio,
las mismas presentan un tratamiento diferente frente al contenido del artículo
29 de la Constitución Política, que consagra el derecho a la defensa técnica
para todo el que tenga la condición de sindicado, durante la investigación y el
juzgamiento, sin ningún tipo de limitaciones, y sin que el goce efectivo de tal
derecho dependa de la decisión del órgano judicial que tiene a su cargo la
sustanciación del proceso. De igual manera se presenta un tratamiento diferente
en la imposición de penas, pues el Estatuto de Roma, le atribuye a la Corte
Penal Internacional la facultad de imponer la pena de reclusión a perpetuidad,
bajo la consideración de que el artículo 34 de la Constitución Política, de
manera expresa, prohíbe la pena de prisión perpetua en Colombia. Estos
tratamientos diferentes fueron autorizados por el Acto Legislativo No. 02 de
2001 para los casos que lleguen al conocimiento de la Corte Penal
Internacional, pero no habilita a las autoridades nacionales a aplicar la pena
perpetua cuando juzguen alguno de los crímenes señalados en el Estatuto de
Roma.
ESTATUTO
DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL-Tratamiento diferente que opera
exclusivamente dentro del ámbito de aplicación del Estatuto
Referencia:
expediente LAT-344
Asunto: Revisión  de
constitucionalidad de la Ley 1268 de 2008, por medio de la cual se aprueban “las
reglas de procedimiento y prueba” y los “elementos de los crímenes de la
Corte Penal Internacional” aprobados por la Asamblea de los Estados Parte
de la Corte Penal Internacional, en Nueva York, del 3 al 10 de septiembre de
2002
Magistrado
Ponente:
Dr. GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D.C.,
diez (10) de noviembre de dos mil nueve (2009).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, y de los
requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En cumplimiento
de lo previsto en el numeral 10º del artículo 241 de la Constitución Política,
el día 14 de enero de 2009, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la
República, remitió a esta Corporación copia auténtica de la Ley número 1268 del
31 de diciembre de 2008, por medio de la cual, se aprueban las “reglas de
procedimiento y prueba y los elementos de los crímenes de la Corte Penal
Internacional aprobados por la Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal
Internacional, en Nueva York” del 3 al 10 de septiembre de 2002.
En desarrollo de
dicho mandato constitucional, el Magistrado Sustanciador, mediante Auto del
doce (12) de febrero de dos mil nueve (2009), asumió el conocimiento del
presente asunto y dispuso: (i) oficiar a las Secretarías Generales del
Senado de la República y de la Cámara de Representantes, así como a los
secretarios de las Comisiones Segundas de las citadas Corporaciones, para que
remitan copia del expediente legislativo, (ii) solicitar las certificaciones
acerca de las fechas de las sesiones, el quórum deliberatorio y decisorio, el
desarrollo exacto y detallado de las votaciones con sus correspondientes
anuncios, así como el número de las Actas y Gacetas donde constan dichos actos.
De igual manera,
requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores para que certificara quienes
suscribieron a nombre de Colombia el instrumento internacional materia de
revisión, cuáles eran sus poderes, y si sus actos fueron confirmados por el
Presidente de la República[1].
Adicionalmente,
se ordenó la fijación en lista para efectos de permitir la intervención
ciudadana y se dispuso la comunicación de la iniciación del presente asunto al
Presidente del Congreso para los fines del artículo 244 de la Constitución
Política, al Ministro de Relaciones Exteriores, al Ministro del Interior y de
Justicia y al Fiscal General de la Nación para los efectos señalados en el
artículo 11 del Decreto 2067 de 1991.
Finalmente, se
dio traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el
concepto de su competencia, en los términos del artículo 7° del Decreto 2067 de
1991.
Efectuados los
trámites constitucionales y legales propios de este asunto, y previo concepto
del Procurador General de la Nación, procede esta Corte a decidir sobre la
exequibilidad del tratado y de la ley que lo aprueba.
II.      TEXTO
DE LA LEY Y DEL TRATADO OBJETO DE REVISIÓN
El texto de las
“Reglas de Procedimiento y prueba” y los “elementos de los crímenes de la Corte
Penal Internacional”, y su ley aprobatoria, sometidos a revisión por parte de ésta
Corporación,
según la publicación efectuada en el Diario Oficial No. 47.219 del 31 de diciembre
de 2008, son los siguientes:
LEY 1268 DE 2008
(diciembre 31)
Diario Oficial No. 47.219 de
31 de diciembre de 2008
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se
aprueban las “reglas de procedimiento y prueba” y los “elementos de los
crímenes de la Corte Penal Internacional”, aprobados por la Asamblea de
los Estados Parte de Corte Penal Internacional, en Nueva York, del 3 al 10 de
septiembre de 2002.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
Visto
el texto de las “Reglas de Procedimiento y Prueba” y los “elementos de los
crímenes de la Corte Penal Internacional”, aprobados por la Asamblea de los
Estados Partes de Corte Penal Internacional, en Nueva York, del 3 al 10 de
septiembre de 2002, que a la letra dicen:
(Se
adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado)
RAMA
EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA
Bogotá,
D. C.,
Autorizado.
Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para los
efectos constitucionales.
(Fdo.)
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La
Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.)
María Consuelo Araújo Castro.
DECRETA:
Artículo 1o. Apruébense las
“Reglas de Procedimiento y Prueba” y los “Elementos de los Crímenes de la Corte
Penal Internacional”, aprobados por la Asamblea de los Estados Partes de Corte
Penal Internacional, en Nueva York, del 3 al 10 de septiembre de 2002.
Artículo 2o. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, las Reglas de
Procedimiento y Prueba” y los “Elementos de los Crímenes de la Corte Penal
Internacional”, aprobados por la Asamblea de los Estados Partes de Corte Penal
Internacional, en Nueva York, del 3 al 10 de septiembre de 2002, que por el
artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en
que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3o. La presente ley
rige a partir de la fecha de su publicación.
El
Presidente del honorable Senado de la República,
El
Presidente del honorable Senado de la República,
HERNÁN FRANCISCO ANDRADE SERRANO.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
EMILIO OTERO DAJUD.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
GERMÁN VARÓN COTRINO.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO.
REPUBLICA
DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte
Constitucional, conforme al artículo 241-10
de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de diciembre de 2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones Exteriores,
JAIME BERMÚDEZ MERIZALDE.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, encargado de las funciones del Despacho del Ministro del Interior y
de Justicia,
BERNARDO MORENO VILLEGAS.
Dada
su extensión, se anexa fotocopia de las Reglas de Procedimiento y Prueba” y los
“Elementos de los Crímenes de la Corte Penal Internacional”, a la presente
sentencia. (Diario Oficial No.
47.219)
III.    INTERVENCIONES
1.
Ministerio del Interior y
de Justicia
Mediante escrito remitido a esta
Corporación el 5 de mayo de 2009, el Director de Ordenamiento Jurídico del
Ministerio del Interior y de Justicia, intervino en el proceso de la
referencia, para pronunciarse a favor de la exequibilidad de la Ley 1268 de
2008, de conformidad con los argumentos que a continuación se reseñan.
El interviniente comienza por hacer un
análisis detallado del cada una de las etapas que se surtieron en el Congreso
de la República durante el trámite de aprobación de la norma objeto de
revisión, para concluir que se cumplieron las exigencias establecidas en la
Constitución Política y la Ley 5 de 1992 para el proceso de formación de las
leyes, esto es, (i) la iniciativa para presentar el proyecto de ley; (ii) la publicación
oficial antes de darle curso en la comisión respectiva; (iii) la aprobación  en
primer debate en la correspondiente Comisión Permanente de cada Cámara, y en
segundo debate en la Plenaria de la respectiva Corporación; (iv) la
conformación del quórum y las mayorías exigibles; (v) el anuncio de los
debates; (vi) los plazos entre los distintos debates y  (vii) la obtención de la
Sanción Presidencial.
Así mismo, señala que para el análisis
de constitucionalidad de la Ley aprobatoria de “las reglas de procedimiento y
prueba”  y “los elementos de los crímenes de la Corte Penal Internacional”, se
debe tomar como marco lógico de referencia el planteamiento expuesto en la Sentencia
C-578 del 30 de julio de 2002, en donde la Corte Constitucional desglosa el
contenido del Estatuto de Roma, a partir de la naturaleza, alcance e
importancia de un tribunal penal con fuerza extraterritorial como la Corte
Penal Internacional.
Asevera, que las previsiones contenidas
en la Ley 1268 de 2008, se avienen al Estatuto Superior, en particular al
artículo 9º de la Carta, que establece que las relaciones exteriores del Estado
se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación
de los pueblos y en el reconocimiento de los principios de derecho
internacional aceptados por Colombia.
En relación con el instrumento
internacional, refiere que no puede considerarse como contrario a los mandatos
constitucionales, toda vez que recoge en su contenido, muchos de los postulados
que sustentan al Estado Social de Derecho y, otros que son la base misma de la
función de éste, con miras a la consecución de los fines que trata la
Constitución Política.
En este sentido, para el Ministerio del
Interior y de Justicia es claro que, la adopción del Instrumento por medio de
la cual se aprueban las Reglas de Procedimiento y Prueba  y los Elementos de
los Crímenes de la Corte Penal Internacional, se armoniza con la consecución de
los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 2° Superior, en
particular, con la garantía de efectividad de los principios, derechos y
deberes establecidos en la Carta, la defensa de la independencia nacional, el
mantenimiento de la integridad territorial, el aseguramiento de la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo.
Por lo expuesto, solicita a la Corte
Constitucional que declare exequibles las normas que se revisan, por ajustarse
al ordenamiento constitucional, tanto en su aspecto formal como material.
2.
Ministerio de Relaciones
Exteriores
El apoderado del Ministerio de
Relaciones Exteriores, mediante escrito dirigido a esta Corporación el 15 de
junio de 2009, se pronunció a favor de la declaratoria de exequibilidad de la
norma objeto de revisión.
De manera preliminar, manifiesta que
las “reglas de procedimiento y prueba” y “los elementos de crímenes de la Corte
Penal Internacional”  son un instrumento importante para precisar y
complementar las conductas punibles contenidas en el Estatuto de Roma, el cual
fue objeto de estudio por parte de esta Corporación, a través de la Sentencia
C-578 del 30 de julio de 2002, en la que se declaró su exequibilidad.
Así, sostiene que los elementos de los
crímenes se refieren tanto al elemento material como al elemento subjetivo de
los tipos penales contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma.
Respecto del elemento material, señala
que los “Elementos de los Crímenes” se estructuran a partir de tres
tipos de componentes materiales: conducta, consecuencias y circunstancias.
En relación con el elemento subjetivo,
afirma que éste se estructura a partir del artículo 30 del Estatuto de Roma que
exige que el elemento material de cada crimen se realice con intención y
conocimiento.
De igual manera, el interviniente
señala que las Reglas de procedimiento y prueba son un instrumento importante
para la aplicación del Estatuto de Roma, puesto que contienen pautas que le
permiten a la Corte Penal Internacional ser más operativa.
Para concluir su intervención, el
Ministerio de Relaciones Exteriores hace énfasis en que los “elementos de los
crímenes” buscan garantizar el principio de legalidad “nullum crimen sine
lege”, debido a que la Corte Penal Internacional no crea un nuevo derecho
penal internacional, sino que se incorpora al derecho penal internacional
preexistente.
Adicionalmente, expresa que las “Reglas
de procedimiento y prueba” buscan facilitar el logro de los objetivos de la
Corte Penal Internacional, mediante el establecimiento de disposiciones de
carácter procesal que permiten la aplicación práctica del Estatuto de Roma, de
acuerdo con las normas y principios fundamentales del debido proceso.
Aunado a lo anterior, y en cumplimiento
de lo resuelto en el Auto del 09 de de octubre de 2009, la Directora de Asuntos
Jurídicos Internacionales, mediante oficio del 16 de octubre de 2009, amplió la
información suministrada, en el sentido de señalar que Colombia participó en la
Primera Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional, que se llevó
a cabo del 3 al 10 de septiembre de 2002, en la que se aprobaron las Reglas de
Procedimiento y Prueba” y los “Elementos de los Crímenes de la Corte Penal
Internacional”, por mandato de los artículos 9, 51, y 52 del Estatuto de Roma,
los cuales establecen que los mismos serán aprobados por una mayoría de dos
tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes, razón por la cual
no se trataba de un nuevo instrumento internacional.
Así mismo, afirma que tanto las Reglas
de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes de la Corte Penal
internacional, fueron aprobados por consenso, el 9 de septiembre de 2002, por
recomendación del grupo de trabajo plenario.
En relación con la representación de
Colombia, informó que estuvo liderada por el Señor Alfonso Valdivieso Sarmiento,
Embajador, Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en el
momento de la Asamblea, y que la acreditación se efectuó en calidad de
observadores, por lo que ésta es suficiente, toda vez que, a la luz del
artículo 7 de la Convención de Viena  sobre el Derecho de los Tratados,
ratificada por Colombia el 10 de abril de 1985, se considera que una persona
representa al Estado “si se deduce de la práctica seguida por los Estados
interesados, o de otras circunstancias, que la intención de esos Estados ha
sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos y
prescindir de la presentación de plenos poderes”.
En
virtud de lo anterior, el Ministerio de Relaciones exteriores solicita que se
declare exequible la Ley 1268 del 31 de diciembre de 2008, por medio de la
cual se aprueban las “reglas de procedimiento y prueba” y los “elementos de los
crímenes de la Corte Penal Internacional”, aprobados por la Asamblea de los
Estados Parte de Corte Penal Internacional, en Nueva York, del 3 al 10 de
septiembre de 2002.
3.
Intervención de la Comisión
Colombiana de Juristas
El
Director de la Comisión Colombiana de Juristas, mediante escrito remitido a
esta Corporación el 5 de mayo de 2009, intervino en el trámite de la presente
acción, con el fin de defender la constitucionalidad del instrumento
internacional que se estudia.
En
efecto, considera que debe declararse la constitucionalidad de las “reglas de
procedimiento y prueba y los elementos de los crímenes de la Corte Penal
Internacional”, como quiera que son herramientas necesarias e idóneas para la
efectividad de la labor de la Corte Penal Internacional, y además son
compatibles plenamente con la Constitución Política.
El
interviniente comienza por señalar, que el Acto Legislativo No. 02 de 2001,
adicionó al artículo 93 de la Carta Política una disposición que permitió la
incorporación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional al
ordenamiento jurídico interno, lo cual implica que se ejerza un tipo de control
de constitucionalidad especial para el Estatuto de Roma y los instrumentos que
de él se derivan.
De
esta manera, refiere que dicho control constitucional debe limitarse a
identificar los tratamientos diferentes, cuando versen sobre una materia
sustancial dentro del ámbito de regulación de la competencia de la Corte Penal
Internacional, sin pronunciarse sobre inconstitucionalidades, inexequibilidades
o incompatibilidades de las normas contenidas en el Estatuto.
Por
tanto, señala que la Corte Constitucional carece de competencia para determinar
si alguna disposición de los “Elementos de los Crímenes  y las Reglas de
Procedimiento y Prueba” es inconstitucional.
Finalmente,
para el Director de la Comisión Colombiana de Juristas, el Estado colombiano
debe orientar su actividad hacia la erradicación de la impunidad y la
protección de los derechos a la justicia, la verdad y la reparación de las
víctimas de crímenes atroces, a través de diversos mecanismos, entre los cuales
se incluye el establecimiento de medidas legislativas tendientes a la adopción
de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Bajo
esta premisa, considera que la aprobación de los “Elementos de los Crímenes” y
las “Reglas de Procedimiento y Prueba” constituye una acción indispensable para
el buen funcionamiento de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en el
País.
4.   Intervención Ciudadana
El Grupo Asesor de Derecho
Internacional Público (GADIP) intervino en el proceso de la referencia, para
solicitarle a la Corte que se inhiba para conocer del presente asunto, y
subsidiariamente, que declare la inexequibilidad de la Ley 1268 de 2008, por
medio de la cual se aprueban  las “Reglas de Procedimiento y Prueba” y los
“Elementos de los Crímenes de la Corte Penal Internacional”.
Lo anterior, por considerar que los
instrumentos aprobados mediante la Ley 1268 de 2008 no son tratados
internacionales, y por lo tanto, el Congreso de la República carece de
competencia para aprobarlos, y la Corte Constitucional para decidir acerca de
su constitucionalidad.
En efecto, señala que las “reglas de
procedimiento y prueba” y los “elementos de los crímenes de la Corte Penal
Internacional” son actos unilaterales de una organización internacional,
adoptados de conformidad con el Estatuto de Roma, del cual Colombia hace parte,
y por esta razón, no requieren la ratificación del Estado Colombiano para que
surta efectos en el ordenamiento jurídico interno.
Así mismo, afirma el interviniente, que
los “elementos de los crímenes de la Corte Penal Internacional” no tienen
fuerza vinculante propia, sino que se limitan a especificar los componentes de
cada delito tipificado en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma.
En suma, manifiesta que una sentencia
de constitucionalidad que se pronunciara sobre aspectos materiales de “reglas
de procedimiento y prueba” y los “elementos de los crímenes de la Corte Penal
Internacional”, en lugar de asegurar la efectividad de los derechos
fundamentales, sólo tendría la potencialidad de obstaculizar la futura
cooperación de Colombia  con la Corte Penal Internacional en la lucha contra la
impunidad, en contravía de los artículos 2, 9 y 93 de la Carta Política.
IV.    CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador
General de la Nación, en concepto No. 4781, recibido en la Secretaría General
de esta Corporación, el 2 de junio de 2009,  solicita  a la Corte declarar la
exequibilidad del instrumento internacional objeto de revisión y de su ley
aprobatoria.
Comienza su
intervención, haciendo el análisis formal del convenio, para lo cual se
remitió, en primer lugar, a la adopción del instrumento internacional. En dicho
aparte, expuso que “las reglas de procedimiento y prueba” y los “elementos de
los crímenes de la Corte Penal Internacional” fueron aprobados por la Asamblea
de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional, en Nueva York, del 3 al
10 de septiembre de 2002.
Así mismo,
sostuvo que con la aprobación ejecutiva del 9 de noviembre de 2007, el
Presidente de la República dispuso someter el Convenio a consideración del
Congreso de la República para los efectos constitucionales, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 150, numeral 16, de la Carta Política.
En segundo
lugar, realizó un breve recuento del trámite del proyecto de ley en el Congreso
de la República, radicado bajo los números 187 de 2007/Senado y 338 de
2008/Cámara, teniendo en cuenta la información contenida en las Actas y Gacetas
del Congreso. A manera de conclusión, al estudiar el tránsito del Proyecto de
ley número 187/Senado 338/Cámara en el Congreso de la República, que dio origen
a la Ley 1268 de 2008, la vista fiscal encuentra que se ajusta a los preceptos
constitucionales como quiera que, se cumplen todos los requisitos exigidos por la
Constitución y la ley para convertirse en parte integrante del ordenamiento
jurídico interno.
En relación con
el análisis del contenido material del instrumento internacional, afirma, que
las “reglas de procedimiento y prueba” y los “elementos de los crímenes de la
Corte Penal Internacional”, así como su ley aprobatoria, se ajustan al
Ordenamiento Superior, por dos razones: de una parte, porque el Estado
Colombiano reconoce la importancia de darle operatividad y eficacia a la
jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en
Estatuto de Roma, tal y como lo desarrolla el artículo 93 de la Constitución
política en su inciso final; y por otra, en razón, a que los instrumentos
internacionales se celebran con la finalidad de otorgar a la Corte Penal
Internacional las herramientas necesarias para la materialización de su acción,
frente a lo cual, el Estado colombiano, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 2 de la Carta Política, debe buscar mecanismos para asegurar la
realización de sus fines esenciales.
De igual manera,
sostiene, que en concordancia con el artículo 9° de la Carta Política, el
presente instrumento internacional salvaguarda la soberanía del Estado
Colombiano en la medida en que su aplicación está sujeta al ordenamiento
jurídico interno.
Finalmente, afirma, que el Instrumento
Internacional es el producto del acuerdo de voluntades entre dos Estados, del
cual surge un compromiso con efectos jurídicos, regido por el derecho
internacional, elementos que, de conformidad con la Convención de Viena de
1969, constituyen un tratado, por lo que es procedente efectuar la revisión del
mismo y de su ley aprobatoria.
V.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
De
acuerdo con el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para ejercer un control integral, previo y
automático sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las
leyes que los aprueben.
En
la presente causa, la Competencia de la Corte para pronunciarse acerca de la
constitucionalidad de las “Reglas de Procedimiento y Prueba” y los “Elementos
de los Crímenes de la Corte Penal Internacional”, así como de su ley
Aprobatoria, la Ley 1268 de 2008, es cuestionada por uno de los intervinientes,
quien ha solicitado a esta Corporación, que “se inhiba para conocer
sobre el asunto de la referencia, y subsidiariamente, que declare inexequible
la Ley 1268 de 2008”. Afirma que tales instrumentos son actos
unilaterales de una organización internacional, adoptados de conformidad con el
Estatuto de Roma, y, en consecuencia, “no son tratados internacionales,
por lo cual el Congreso carece de competencia para ‘aprobarlos’ y esta Corte
carece asimismo de competencia para revisarlos”.
La
mencionada solicitud, presentada dentro del término de intervención ciudadana,
sumada a otros aspectos relacionados con la aprobación y posterior juzgamiento
del Estatuto de Roma de la Corte Penal internacional, le imponen a la Corte la
carga de pronunciarse previamente acerca de su competencia para decidir sobre
la constitucionalidad de los instrumentos internacionales sometidos a juicio, y
sobre el alcance de dicha competencia.
2.
El
control de constitucionalidad en materia de tratados  y de sus leyes
aprobatorias
2.1. Presupuestos generales del
Control de constitucionalidad de los tratados y sus leyes aprobatorias
2.1.1.
Según lo ha señalado esta Corporación, en abundante y reiterada jurisprudencia,
el control de constitucionalidad que debe llevar a cabo la Corte  sobre los
tratados internacionales y sus leyes aprobatorias, presenta unas
características especiales, entre las que se destacan las siguientes: (i)
es previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la
expedición de la ley aprobatoria y a su  sanción, lo cual significa que se
ejerce después de que el proyecto de ley es aprobado por el Congreso y
sancionado por el Presidente de la República, pero antes de su
perfeccionamiento internacional; (ii) es automático,
por cuanto no requiere del ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, sino que la ley, junto con el respectivo tratado, debe
ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte, dentro
de los seis días siguientes a la sanción; (iii) es integral,
ya que la ley y el tratado incorporado en ella son analizados formal y
materialmente, confrontándolos con todo el texto de la Constitución; (iv)
tiene fuerza de cosa juzgada, pues la decisión que adopte la
Corte sobre la exequibilidad o inexequibilidad es definitiva, excluyendo cualquier
revisión posterior por vía de la acción pública de inconstitucionalidad; (v)
es condición necesaria para la ratificación del tratado, pues sin el
respectivo control de constitucionalidad, el tratado no puede ser ratificado
por el Gobierno ni surgir como acto jurídico en el concierto internacional; y (vi) cumple
una función preventiva, en el sentido de que su objetivo es
garantizar la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de los
compromisos internacionales del Estado colombiano.
2.1.2.
Conforme se anotó, por expresa disposición de la Carta, sobre los tratados
internacionales y sus leyes aprobatorias, la Corte Constitucional ejerce dos
tipos de control: (i) un control de constitucionalidad formal y (ii) un control
de constitucionalidad material.
2.1.3.
El control de constitucionalidad formal conlleva el análisis de los siguientes
aspectos: (i) la debida representación del Estado Colombiano en los procesos de
negociación y celebración del tratado; (ii) el trámite surtido por el proyecto
de ley en el Congreso de la República; (iii) la sanción presidencial; y,
finalmente, (iv) el envío de la ley y el tratado a la Corte Constitucional.
En
relación con dicho control, la Corte ha precisado que, salvo la exigencia
constitucional de iniciar su trámite en el Senado de la República, los
proyectos de leyes aprobatorias de tratados internacionales y demás
instrumentos internacionales de similar contenido, no se encuentran sometidos a
un trámite especial de aprobación, lo que permite concluir que para efectos de
su discusión, aprobación y sanción, debe seguirse el procedimiento legislativo
ordinario o común, es decir, el previsto para las leyes ordinarias.
De
acuerdo con esa interpretación, la jurisprudencia constitucional viene
sosteniendo que el examen de control formal comprende: (i) la remisión del
instrumento internacional y su respectiva ley aprobatoria por parte del
Gobierno Nacional; (ii) la validez de la representación del Estado Colombiano
en el proceso de negociación del tratado, así como la competencia de los
funcionarios intervinientes; (iii) la iniciación del trámite en la Cámara
correspondiente; (iv) la publicación del proyecto de ley y su correspondiente
exposición de motivos, de las Actas donde constan las ponencias, los anuncios y
debates, así como los textos definitivos, en la Gaceta del Congreso; (v) la
aprobación del proyecto en cuatro debates, en las comisiones y plenarias de
cada cámara; (vi) el anuncio previo a la votación del proyecto en cada debate;
(vii) el quórum deliberatorio y decisorio, al igual que las mayorías con las
que fue aprobado el proyecto; (viii) el cumplimiento del plazo establecido
entre el primero y el segundo debate, y entre la aprobación del proyecto en una
de las cámaras y la iniciación del debate en la otra; (ix) la consideración del
proyecto en por lo menos dos legislaturas;  (x) la sanción presidencial; y (xi)
el envío de la ley y el tratado a la Corte Constitucional.
2.1.4.
En cuanto hace al control de constitucionalidad material, éste se refiere al
examen de fondo que le corresponde realizar a esta Corporación sobre el
contenido del tratado y de su ley aprobatoria. Consiste, entonces, en confrontar
las disposiciones del instrumento internacional y de su ley aprobatoria, con el
contenido integral de la Constitución, para así determinar si las mismas se
ajustan o no a la Carta Política. El análisis de fondo de las disposiciones
jurídicas adoptadas como resultado de las negociaciones internacionales de los
Estados, se refiere a la confrontación de aquellas con el ordenamiento superior
vigente, a partir de criterios eminentemente jurídicos[2], haciendo
abstracción de consideraciones de conveniencia y oportunidad, por ser éstas
ajenas al juicio de inconstitucionalidad.
En punto a
orientar este tipo de control, la Corte ha puntualizado que, tratándose de las
leyes aprobatorias, por razón de su naturaleza especial, no le está permitido
al legislador, a través de ellas, alterar el contenido de los tratados,
introduciendo nuevas cláusulas o modificando las existentes, pues su función en
este campo se limita a aprobar o improbar tales instrumentos internacionales.
También ha precisado la jurisprudencia, que si  “el
tratado es multilateral, es posible, en principio, introducir reservas, a menos
que estén expresamente prohibidas, aun cuando siempre es posible hacer
declaraciones interpretativas.[3]”[4]
2.2.
Presupuestos particulares para llevar a cabo el control de constitucionalidad
de los instrumentos internacionales relacionados con el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional
2.2.1.
Como es sabido, mediante Sentencia C-578 de 2002, esta Corporación llevó a cabo
el control de constitucionalidad del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional y de su ley aprobatoria, la Ley 742 de 2002, procediendo a
declarar su exequibilidad.
2.2.2.
En dicho fallo, la Corte precisó, que el control de constitucionalidad que
ejerce sobre los instrumentos internacionales relacionados con el Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional, el tratado propiamente dicho y los
acuerdos complementarios que se integran a él, presentan algunas variaciones
frente al que tradicionalmente se lleva a cabo sobre los demás tratados y sus
respectivas leyes aprobatorias.
Explicó
al respecto, que la aludida variación se justifica en razón a que, mediante el
Acto Legislativo 02 de 2001, se llevó a cabo en Colombia una reforma
constitucional, a través de la cual se autorizó al Estado a reconocer la jurisdicción
de la Corte Penal Internacional, en los términos del tratado firmado en Roma el
día diecisiete (17) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998), durante la
Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas.
2.2.3.
En la Sentencia C-400 de 1998, en la que se adelantó el control de
constitucionalidad de Ley 406 de 1997, por la cual se aprobó la “CONVENCION
DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS ENTRE ESTADOS Y ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES O ENTRE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES”, esta misma
Corporación tuvo oportunidad de puntualizar que, en caso de existir algún tipo
de incompatibilidad entre la Constitución y alguno de los compromisos internacionales
adquiridos por Colombia, las autoridades políticas del país deben llevar a cabo
alguna de las siguientes actuaciones: (i) modificar el compromiso
internacional de nuestro país a fin de ajustarlo a la Carta, o, en su defecto, (ii)
proceder a reformar la Constitución, de manera que ésta se adecue a las
obligaciones internacionales que hayan sido adquiridas por Colombia o que tenga
interés en adquirir. Ello, en razón a que, por una parte, en el plano interno, la
supremacía de la Carta, prevista en el artículo 4° Superior, implica que un
tratado contrario a la Constitución debe ser inaplicado por las autoridades. Y,
por la otra, que, en virtud del principio Pacta sunt servanda, en los
casos de incompatibilidad entre un tratado y la Constitución, las autoridades
colombianas están obligadas a emprender las acciones del caso para honrar sus
compromisos internacionales.
2.2.4.
Como se anotó, a la figura de la reforma constitucional acudieron las
autoridades políticas del país, para hacer compatible el tratado de Roma de la
Corte Penal Internacional con la Carta Política. Con ese propósito, el Gobierno
y el Congreso, este último en su condición de constituyente derivado, se dieron
a la tarea de expedir el
Acto Legislativo 02 de 2001, introduciendo, por su intermedio, un nuevo
contenido normativo al artículo 93 Superior.
2.2.5.
La reforma constitucional en referencia, que se adelantó antes de que
formalmente fuera aprobado el tratado, quiso entonces hacer compatible el
Estatuto de Roma con el ordenamiento jurídico interno, en el entendido de que,
frente a ciertas materias, algunas de sus disposiciones establecían un
tratamiento diferente al previsto por la propia Constitución Política.
Según
lo explicó la Corte, aun cuando de manera general, los fines que inspiraron la
creación de la Corte Penal Internacional están en armonía con los postulados
constitucionales, y a la vez, sus disposiciones siguen los distintos
instrumentos de derecho internacional[5] que en materia
penal y de procedimiento han sido ratificados por Colombia, el constituyente
derivado consideró que ciertas medidas incorporadas al Estatuto, podían
resultar ajenas a la tradición jurídica nacional y a ciertos valores
superiores. Tal es el caso, por ejemplo, de las normas que prevén: (i) la
posibilidad de imponer la reclusión perpetua como pena; (ii) la
imprescriptibilidad de las acciones derivadas de la comisión de hechos punibles
sancionados en el Estatuto; y (iii) la inmutabilidad de las decisiones
judiciales internas. Conforme con ello, convino entonces el constituyente
derivado, en adicionar con un inciso final el artículo 93 de la Constitución Política,
para permitir y facilitar el proceso de ratificación del Tratado de Roma, única
y exclusivamente, con el fin de dar vía libre a la aplicación del Estatuto de la
Corte Penal Internacional.
La
norma, en el aparte adicionado, es del siguiente tenor:
Art. 93.- Los tratados y convenios internacionales
ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben
su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se
interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia.
Inc. Final. Adicionado. Acto Legislativo 02 de 2001,
art. 1°. El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal
Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17
de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas
y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento
establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en
materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las
garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro
del ámbito de la materia regulada en él. (Negrillas y subrayas fuera de
texto original).
2.2.6.
Tal y como lo precisó la Corte en la citada Sentencia C-578 de 2002, el
contenido de la reforma constitucional, que entró en vigencia el 27 de
diciembre de 2001, tiene cuatro componente normativos básicos que son
determinantes para efectos de fijar el alcance del control de
constitucionalidad de los instrumentos internacionales relacionados con el
Estatuto de Roma. Dos de naturaleza competencial y dos de contenido material.
En
relación con los componentes de naturaleza competencial, se explicó que el
primero (i) consiste en una autorización al Estado colombiano para
reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y para hacerlo
exactamente en los términos previstos en el Estatuto de Roma, mientras el
segundo (ii) es una facultad al mismo Estado para ratificar el tratado
de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución Política.
Respecto de los componentes materiales, dijo la Corporación, que el primero (iii)
permite la admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por
parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la
Constitución, en tanto el segundo, (iv) limita los alcances del
tratamiento diferente, al consagrar que éste tendrá efectos exclusivamente
dentro del ámbito de la materia regulada en el Estatuto de Roma.
Alrededor
de los mencionados componentes normativos, la Corte destacó algunos otros
aspectos que se derivan de la referida reforma constitucional, y que también
son relevantes para el análisis de constitucionalidad de los instrumentos
internacionales relacionados con el Estatuto de Roma. Dijo sobre este
particular que:
-
La ubicación
del Acto Legislativo 02 de 2001, en el artículo 93 Superior, significa que las
medidas adoptadas en ese acto, especialmente las de naturaleza material o
sustantiva, tienen carácter permanente y vocación de continuidad, además, por
cuanto no se le reconocieron a tales medidas alcance transitorio, ni se ubican
en la parte de disposiciones con ese alcance.
-
La finalidad
principal de la reforma fue la de introducir una base constitucional sólida
para que el Estado colombiano pudiese reconocer la competencia de la Corte
Penal Internacional conforme con el Estatuto de Roma.
-
La misma
reforma también tuvo como propósito, que el tratamiento especial sólo produjera
efectos dentro del propio ámbito del Estatuto.
-
El contenido
del acto legislativo no deroga ni sustituye a la Constitución, sino que se
incorpora a ella, siguiendo la técnica de la adición de una disposición de la
Carta, para el caso, al referido artículo 93. Tal adición, al precisar que el “Estado
colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”,
no deja duda sobre el hecho de que el propósito último del acto legislativo, no
fue precisamente el de incorporar directamente a la Constitución el tratado y
los instrumentos que hagan parte de él, sino facultar al Estado para
suscribirlo y ratificarlo.
2.2.7.
A partir del contenido del Acto Legislativo 02 de 2001, y de la interpretación
constitucional hecha sobre el mismo, la Corte aclaró el alcance de sus
funciones en el ámbito del control de constitucionalidad del Estatuto de Roma,
destacando que el fundamento jurídico de dicha competencia aparece determinado,
tanto por el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución, en virtud del
cual le corresponde a esta Corporación “[d]ecidir definitivamente sobre la
exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben”,
como por el propio artículo 93 del mismo ordenamiento Superior, que facultó al
Estado colombiano para “ratificar este tratado”, con la condición de
hacerlo “de conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución”.
2.2.8.
En ese contexto, en punto al control formal de los instrumentos internacionales
relacionados con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se dijo
que la Corte Constitucional mantiene su competencia para verificar lo
relacionado con el procedimiento de celebración del tratado (i), y con el
trámite surtido por el proyecto de ley aprobatoria en el Congreso de la
República (ii), incluyendo lo correspondiente a la sanción presidencial (iii)
y al envío de la respectiva ley y el tratado a la Corte Constitucional (iv).
2.2.9.
Por su parte, tratándose del control material, sostuvo la Corporación que allí
se marca una clara y evidente distinción frente al control que de ordinario
ejerce la Corte con respecto a los demás tratados y sus leyes aprobatorias.
Definió al respecto, que en una primera fase, el estudio de constitucionalidad
de los instrumentos internacionales relacionados con el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, está circunscrito a interpretar los alcances del
instrumento (a) y a realizar una descripción y análisis que permita
armonizar el acto legislativo de reforma con el resto de la Constitución
Política (b). Sobre esa base, en una segunda fase, le corresponde a la
Corte proceder a determinar el ámbito del tratado (c), limitándose sólo
a identificar los tratamientos diferentes, en caso de que existan, y cuando
versen sobre una materia sustancial dentro del ámbito de regulación de la
competencia de la Corte Penal Internacional, precisar que la diferencia opera exclusivamente
dentro del ámbito de aplicación del Estatuto de Roma (d). Ello, “en
lugar de pronunciarse sobre inconstitucionalidades, inexequibilidades o
incompatibilidades de las normas contenidas en el tratado[6]”.
2.2.10.
Se reiteró en el fallo, que el análisis de constitucionalidad respecto de los
instrumentos internacionales del Estatuto de Roma, se distingue de los demás
ejercidos por esta Corte, en cuanto existe un referente constitucional específico,
que a su vez presenta unas características y unos alcances jurídicos precisos. En
este sentido -dijo la Corte-, el mandato del constituyente derivado, referente
a “la admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por
parte del Estatuto de Roma”, no deja duda a cerca de que, respecto del citado
estatuto, en su función de control, la Corte debe limitarse a constatar si
existe alguna diferencia entre éste y la Constitución Política, y en caso de
que ésta exista, y se trate a su vez de una materia sustancial dentro del
ámbito de lo regulado por el Estatuto, no se procede a declarar su
inexequibilidad, teniendo en cuenta que el propósito de la reforma
constitucional fue, precisamente, la de permitir “un tratamiento diferente”,
siempre y cuando éste opere exclusivamente dentro del ámbito de aplicación del
Estatuto de Roma.
2.2.11.
Por eso, de encontrar tratamientos diferentes entre los instrumentos
internacionales contentivos del Estatuto de Roma y la Constitución, lo que le
corresponde hacer a la Corte, es delimitar sus contornos y precisar su ámbito
de aplicación, y, además, declarar que ellos han sido autorizados especialmente
por el constituyente derivado en el acto legislativo 02 de 2001. Ello sobre la
base de que los tratamientos diferentes sólo están llamados a producir efectos
dentro del propio ámbito de la Corte Penal internacional y no se proyectan
sobre el derecho interno del Estado.
2.2.12.
Puntualizó la Corte, que, a pesar de sus particularidades, el análisis material
de los instrumentos internacionales contentivos del Estatuto de Roma está
gobernado por dos principios fundamentales, a saber: “(i) ‘garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución’, como lo dispone el artículo 2 de la Carta relativo a los fines
esenciales del Estado; y (ii) cumplir sus funciones en desarrollo del principio
de colaboración armónica entre las ramas del poder público y dentro del respeto
a la independencia de los órganos que las componen (artículo 113 C.N.)[7]”.
2.2.13.
Aplicando la metodología explicada, en la citada Sentencia C-578 de 2002, la
Corte identificó las disposiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
que contienen tratamientos diferentes a los previstos en la Constitución
Política, reconociendo que, en todo caso, los mismos fueron expresamente
autorizados por el Acto Legislativo No. 02 de 2001, siempre que se entienda que
están llamados a surtir efectos, exclusivamente, dentro del ámbito del citado
Estatuto.
Así,
encontró la Corte la existencia de tratamientos diferentes en los siguientes
artículos:
1.     En el artículo
27,
que regula la improcedencia del cargo oficial como excusa para sustraerse del
juzgamiento de la Corte Penal Internacional, con lo cual se entiende que el
Estatuto de Roma se aplica por igual a todos sin distinción alguna basada en el
cargo oficial. De acuerdo con dicha norma, el cargo oficial de una persona, sea
Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento,
representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso eximirá de
responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Precisó la Corporación que dicho mandato prevé un tratamiento diferente a los
fueros especiales, a las inviolabilidades de los congresistas y al régimen de
investigación y juzgamiento de otros altos funcionarios, consagrados en nuestra
Carta en los artículos 174, 185, 186, 199, 221, 251.1 y 235-2-3-4. Sin embargo,
dicho tratamiento diferente fue autorizado por el Acto Legislativo No. 02 de
2001, en tanto se entienda que sólo será aplicable en el evento en que la Corte
Penal Internacional ejerza su competencia complementaria y no modifica las
disposiciones internas correspondientes.
2.     En el artículo
28,
que se ocupa, de una parte, de la responsabilidad de jefes militares, ya sea de
un ejército regular o de un grupo armado irregular, por crímenes de competencia
de la Corte Penal Internacional cometidos por fuerzas bajo su mando; y de otra,
de extender la responsabilidad del comandante a superiores civiles respecto de
crímenes cometidos por sus subordinados en las circunstancias establecidas en
el Estatuto de Roma. En relación con el primer aspecto, la Corte no encontró
objeción alguna, por cuanto la jurisprudencia constitucional ha desarrollado y
aplicado la doctrina penal de la llamada “posición de garante” referida a la
fuerza pública, concretamente, en la Sentencia SU-1184 de 2001. De acuerdo con
dicha sentencia, en Colombia, “la responsabilidad del jefe o superior tiene
cabida respecto del jefe militar, oficial o de facto”. Sin embargo, tratándose
del segundo aspecto, por su intermedio se fija un sistema de responsabilidad
especial, no previsto en el ordenamiento jurídico colombiano, en el sentido de
que “los civiles que tengan subordinados bajo su autoridad o control efectivo
también pueden ser hallados responsables por no ejercer un control apropiado de
éstos en las condiciones establecidas en el literal b) del artículo 28 del
Estatuto de Roma”. Dijo la Corte, entonces, que se trata, en este último caso,
de un parámetro de responsabilidad diferente, que fue autorizado por el Acto
Legislativo No. 02 de 2001 para los casos que lleguen al conocimiento de la
Corte Penal Internacional.
3.
En el
artículo 29,
mediante el cual se establece la imprescriptibilidad de los crímenes de
competencia de la Corte Penal Internacional. Según lo mencionó esta Corporación,
la citada disposición consagra un tratamiento diferente al previsto en el
artículo 28 de la Constitución Política, que prohibe la aplicación en Colombia
de penas y medidas de seguridad imprescriptibles, el cual sólo será aplicable
por la Corte Penal Internacional cuando ejerza su competencia complementaria
para investigar y juzgar cualquiera de los crímenes previstos en el Estatuto,
así la acción penal o la sanción penal para los mismos haya prescrito según las
normas jurídicas nacionales. Como se mencionó en el fallo, se trata de un
tratamiento especial que fue expresamente autorizado por el constituyente derivado
a través del Acto Legislativo No. 02 de 2001, en el ámbito de la competencia
complementaria de la Corte Penal Internacional, ya que la actual Carta Política
(art. 28) no autoriza la aplicación en Colombia de penas y medidas de seguridad
imprescriptibles.
4.     En los artículos
31, 32 y 33,
que establecen un tratamiento diferente al previsto en la Constitución
Política, pero sólo respecto de las causales eximentes de responsabilidad penal
en ellos consagradas, referidas a la legítima defensa de la propiedad en casos
de crímenes de guerra (numeral 1, literal c) del artículo 31 del ER) y la
regulación del principio de obediencia debida (artículo 33 del ER). A juicio de
la Corte, esas dos causales eximentes de responsabilidad penal, “han sido
sometidas a requisitos concretos que difieren de los establecidos en la
Constitución, como por ejemplo, el hecho de que sólo se aplica a crímenes de
guerra”. No obstante, ese tratamiento especial “fue autorizado por el Acto
Legislativo No. 02 de 2001 y, en virtud del principio de complementariedad,
dichas causales podrán ser esgrimidas, de conformidad con el Estatuto de Roma,
ante la Corte Penal Internacional, una vez ésta haya asumido el conocimiento de
un caso concreto”.
5.     En los
artículos 61, párrafo 2, literal b) y 67, párrafo 1, literal d), los cuales
admiten la posibilidad de que la Corte Penal Internacional determine si es en “interés
de la justicia” que una persona investigada o enjuiciada por ella esté
representada por un abogado. Conforme lo precisó esta Corporación, la referida
atribución “abre la puerta no sólo para un tratamiento diferente al previsto en
el artículo 29 de la Constitución en materia de derecho a la defensa técnica,
sino para que los colombianos que eventualmente queden sometidos a la
competencia de la Corte Penal Internacional no gocen efectivamente de este
derecho”. Recordó la Corporación, que, aun cuando el espíritu que anima el
Estatuto de Roma es garantista de los derechos de los investigados o
enjuiciados, y no se discute el trato digno que la Corte penal Internacional le
otorgará a las personas sometidas a su competencia, el  derecho a la defensa
técnica aparece expresamente consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política, para todo el que tenga la condición de sindicado, durante la
investigación y el juzgamiento, sin ningún tipo de limitaciones, y sin que el
goce efectivo de tal derecho dependa de la decisión del órgano judicial.
6.     Y en el
artículo 77.1, literal b), que le atribuye a la Corte Penal Internacional la
facultad de imponer la pena de reclusión a perpetuidad. De acuerdo con lo dicho
por la Corte, “[e]ste tratamiento diferente de la prohibición de la prisión
perpetua que consagra el artículo 34 de la Carta, fue autorizado por el Acto
Legislativo No. 02 de 2001, pero no habilita a las autoridades nacionales a
aplicar este tipo de pena cuando juzguen alguno de los crímenes señalados en el
Estatuto de Roma”.
2.2.14.
En el acápite correspondiente a las conclusiones de la Sentencia C-578 de 2002,
la Corte reiteró “que los tratamientos diferentes en materias sustanciales
fueron permitidos por el Acto Legislativo N° 02 de 2001 exclusivamente dentro
del ámbito del ejercicio de las competencias de la Corte Penal Internacional, razón
por la cual, los mismos no “menoscaba[n] el alcance de las garantías
establecidas en la Constitución respecto del ejercicio de las competencias
propias de las autoridades nacionales”.
2.2.15.
Conforme con ello, este Tribunal consideró que no era necesario que el Jefe de
Estado, como director de las relaciones internacionales, efectuara
declaraciones interpretativas en relación con cada uno de los tratamientos
diferentes identificados en esta sentencia, al momento de ratificar el tratado.
Sin embargo, sobre la base de que el Acto Legislativo N° 02 de 2001 forma parte
de la Constitución y, por tanto, debía interpretarse de forma que guarde
consonancia con las otras disposiciones de la Carta, la Corte señaló las
materias respecto de las cuales recomendaba la adopción de varias declaraciones
interpretativas que permitieran armonizar la Constitución con el Estatuto de
Roma. En todo caso, se aclaró en el fallo que tal señalamiento, en ningún caso
suponía la existencia de una inconstitucionalidad parcial del Estatuto, sino
que obedecía al doble propósito de: “asegurar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución (artículo 2 de la C.N.)” y “de
concretar el mandato de colaboración armónica entre los órganos que integran
las ramas del poder público, dentro del respeto a las órbitas de competencia de
cada uno, en este caso, de la Corte Constitucional a la cual se le ha confiado
la guarda de la integridad y supremacía de la Carta y del Presidente de la
República al cual se le ha atribuido la dirección de las relaciones
internacionales de Colombia (artículo 113 C.N)”.
Las
materias fueron enunciadas de la siguiente manera por la Sentencia:
“(1)
Ninguna de las disposiciones del Estatuto de Roma sobre el ejercicio de las
competencias de la Corte Penal Internacional impide la concesión de amnistías,
indultos o perdones judiciales por delitos políticos por parte del Estado
Colombiano, siempre y cuando dicha concesión se efectúe de conformidad con la
Constitución Política y los principios y normas de derecho internacional
aceptados por Colombia.
(2)
Siempre será en interés de la justicia que a los nacionales colombianos les sea
garantizado plenamente el derecho de defensa, en especial el derecho a ser
asistido por un abogado durante las etapas de investigación y juzgamiento por
parte de la Corte Penal Internacional (artículo 61, párrafo 2, literal b, y
artículo 67, párrafo 1, literal d).
(3)
Si llegare a darse el caso de que un colombiano haya de ser investigado y
enjuiciado por la Corte Penal Internacional, procede la interpretación del
Estatuto de Roma de conformidad con los principios y normas que integran el
derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos
humanos, siempre y cuando éstos no sean incompatibles con dicho Estatuto ni
restrinjan el alcance de sus disposiciones.
(4)
En relación con el artículo 17, párrafo 3, del Estatuto de Roma, las “otras
razones” a fin de determinar la incapacidad del Estado para investigar o
enjuiciar un asunto se refieren a la ausencia evidente de condiciones objetivas
necesarias para llevar a cabo el juicio.
(5)
Como el ámbito del Estatuto de Roma se limita exclusivamente al ejercicio de la
competencia complementaria atribuida a la Corte Penal Internacional y a la
cooperación de las autoridades nacionales con ésta, el tratado no modifica el
derecho interno aplicado por las autoridades judiciales colombianas en
ejercicio de las competencias nacionales que les son propias dentro del
territorio de la República de Colombia.
(6)
Los artículos 9 y 51 del Estatuto de Roma, relativos a los Elementos del Crimen
y a las Reglas de Procedimiento y Prueba cuya adopción compete a la Asamblea de
los Estados Partes por una mayoría de los dos tercios de sus miembros, no
sustraen dichos instrumentos de la aprobación por el Congreso de la República
ni del control constitucional previstos en la Constitución Política.”
2.2.16.
Por fuera de las disposiciones que contienen tratamientos diferentes a los
previstos en la Carta, en la misma Sentencia C-578 de 2002, la Corte llevó a
cabo un análisis especial de los siguientes asuntos contenidos también en el
Estatuto de Roma: (i) la competencia complementaria de la Corte Penal
Internacional (artículos 17, 18 y 19 del ER); (ii) las relaciones de la
Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad (artículos 13, literal b) y
16 del ER); (iii) la posibilidad de que el Fiscal de la Corte Penal Internacional
inicie de oficio investigaciones por los crímenes asignados a dicha Corte
(artículo 15 del ER); (iv) el establecimiento de responsabilidad penal
por la comisión de tales crímenes, en principio, sólo cuando hayan sido
cometidos con “intención y conocimiento” (artículo 30 del ER); (v)
la detención de personas por orden de la Corte Penal Internacional (artículo 58
del ER) y su entrega a ésta (artículo 89 del ER); (vi) así como las
condiciones de reclusión que podrán imponer los Estados que acepten recibir
condenados por la Corte Penal Internacional (artículo 106 del ER). Respecto de
tales asuntos, la Corte concluyó que los mismos “no establecen prima
facie y en abstracto tratamientos diferentes a los previstos en nuestro
ordenamiento constitucional”. En ese contexto, consideró que ellos “se
encuentran en armonía con los artículos 9 y 93 de la Carta, en materia de
respeto a la soberanía y a los compromisos internacionales aceptados por
Colombia; con el artículo 2, que consagra el deber de protección que incumbe a
las autoridades estatales respecto de la vida, la libertad, la honra y los
bienes y derechos de los residentes en Colombia; del artículo 228, sobre
independencia judicial; del artículo 28, sobre hábeas corpus; del artículo 29,
que consagra el derecho al debido proceso; así como con los demás derechos y
libertades consagrados en la Carta”.
2.2.17.
Comentario particular hizo la Corte a la regulación de la presunción de
inocencia prevista en el artículo 66 del citado Estatuto, destacando que “se
encuentra dentro del margen que la Constitución reconoce al legislador”. De
acuerdo con tal disposición, la Corte Penal Internacional puede condenar a una
persona responsable de los crímenes que le compete investigar, cuando no exista
duda razonable sobre su responsabilidad. Al respecto, dijo este Tribunal que,
“[a]un cuando dicho tratamiento difiere de la regla de carácter legal que
comúnmente se aplica en el derecho penal colombiano según la cual sólo es
posible dictar sentencia condenatoria cuando obre en el proceso prueba que
conduzca a la certeza del hecho punible y la responsabilidad del sindicado, el
artículo 29 constitucional no impide que el legislador establezca un criterio
distinto también respetuoso de la presunción de inocencia”.
2.2.18.
En relación con el contenido de los artículos 6, 7 y 8, en los que se describen
tres de las categorías de crímenes internacionales sobre las cuales la Corte
Penal Internacional podrá ejercer su competencia: (i) el genocidio, (ii)
los crímenes de lesa humanidad y (iii) los crímenes de guerra, destacó la
Corte que, de manera general, las descripciones de tales delitos “denotan un
grado de precisión, certeza y claridad aceptado en el derecho penal
internacional que resulta menos estricto que el exigido en nuestro ordenamiento
interno”. Señaló al respecto que, aun cuando el Estatuto de Roma, en los
artículos 22 y 23, consagra los principios de legalidad y prohibición de la
analogía, como principios básicos para el juzgamiento de crímenes
internacionales, y en las disposiciones sobre tales crímenes se recogen la
experiencia y definiciones del derecho internacional, algunas de las conductas
descritas en los artículos 6, 7 y 8, tienen un grado de imprecisión que parece
sugerir que éstas responde a un estándar diferente del principio de legalidad
que orienta el derecho penal, particularmente en el ámbito nacional. No
obstante, aclaró que, en todo caso, la posible diferencia que se pudiera generar
frente al principio de legalidad, en relación con las citadas expresiones, ha
sido aceptada por el derecho internacional y, además, fue autorizada
expresamente por el Acto Legislativo No. 02 de 2001. Aclaró, además el fallo,
que la expedición de los elementos de los crímenes, por parte de la Asamblea
General de Estados partes, “ayudará a la interpretación y aplicación del mismo,
y seguramente reducirá los problemas que tienen algunas de las definiciones
empleadas en el Estatuto”.
2.2.19.
Dentro del contexto explicado, pasa la Corte a determinar si es competente para
decidir sobre la constitucionalidad del instrumento contentivo de “las
reglas de procedimiento y prueba y los elementos de los crímenes de la Corte
Penal Internacional”.
2.3. El control de constitucionalidad sobre las
reglas de procedimiento y prueba y los elementos de los crimenes de la Corte
Penal Internacional
2.3.1.
Los instrumentos internacionales que son objeto de control en esta causa, “las
reglas de procedimiento y prueba y los elementos de los crímenes de la Corte
Penal Internacional”, fueron expedidos y aprobados por la Asamblea de los
Estados Partes, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9° y 51 del
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en los que, precisamente, se
previeron las reglas de adopción de los citados instrumentos.
Los
artículos 9 y 51 del Estatuto de Roma, son del siguiente tenor literal:
“Artículo
9 Elementos de los crímenes
1.
Los Elementos de los crímenes, que ayudarán a la Corte a interpretar y aplicar
los artículos 6, 7 y 8 del presente Estatuto, serán aprobados por una
mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes.
2.
Podrán proponer enmiendas a los Elementos de los crímenes:
a)
Cualquier Estado Parte;
b)
Los magistrados, por mayoría absoluta;
c)
El Fiscal.
Las
enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por una mayoría
de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes.
3.
Los Elementos de los crímenes y sus enmiendas serán compatibles con lo
dispuesto en el presente Estatuto”.  (subrayado fuera de texto)
“…”
“Artículo
51 Reglas de Procedimiento y Prueba
1.
Las Reglas de Procedimiento y Prueba entrarán en vigor tras su aprobación por
mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes.
2.
Podrán proponer enmiendas a las Reglas de Procedimiento y Prueba:
a)
Cualquier Estado Parte;
b)
Los magistrados, por mayoría absoluta; o
c)
El Fiscal.
Las enmiendas entrarán en vigor tras su aprobación
en la Asamblea de los Estados Partes por mayoría de dos tercios.
3.
Una vez aprobadas las Reglas de Procedimiento y Prueba, en casos urgentes y
cuando éstas no resuelvan una situación concreta suscitada en la Corte, los
magistrados podrán, por una mayoría de dos tercios, establecer reglas provisionales
que se aplicarán hasta que la Asamblea de los Estados Partes las apruebe,
enmiende o rechace en su siguiente período ordinario o extraordinario de
sesiones.
4.
Las Reglas de Procedimiento y Prueba, las enmiendas a ellas y las reglas
provisionales deberán estar en consonancia con el presente Estatuto. Las
enmiendas a las Reglas de Procedimiento y Prueba, así como las reglas
provisionales, no se aplicarán retroactivamente en detrimento de la persona que
sea objeto de la investigación o el enjuiciamiento o que haya sido condenada.
5.
En caso de conflicto entre las disposiciones del Estatuto y las de las Reglas
de Procedimiento y Prueba, prevalecerá el Estatuto”. (subrayado fuera de
texto)
2.3.2.
Dichas normas, como también los demas contenidos normativos del tratado
contentivo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, fueron
declaradas exequibles por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-578 de
2002. Respecto de las razones que dieron lugar a la expedición de los citados
artículos, en el mencionado fallo, este Tribunal hizo algunas precisiones que
en esta causa es necesario reiterar y complementar.
2.3.3.
Explicó la Corte, que durante la discusión de los crímenes que deberían quedar
incluidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, un gran número de
delegaciones expresaron su preocupación porque en el texto del Estatuto,
algunos de los crímenes que habrían de ser juzgados por la Corte, no habían
quedado definidos con suficiente especificidad y claridad, de manera que
alcanzaran los altos estándares del derecho penal interno en los respectivos
países, permitiendo asegurar que los principios de legalidad de los delitos y
de las penas se garantizaran plenamente.[8]
2.3.4.
Conforme con ello, distintas delegaciones propusieron que se incluyera en el
Estatuto, una disposición en la que se precisaran los elementos de los crímenes
de competencia de la Corte Penal Internacional, con el fin de darle a la Corte
suficientes elementos de juicio -guías positivas- para la interpretación de
tales crímenes. No obstante, las delegaciones no lograron llegar a un acuerdo
sobre el contenido que debía tener la norma, ni tampoco sobre la necesidad de
incluirla en el Estatuto.
2.3.5.
En atención a que algunas delegaciones insistían en la necesidad de precisar
los elementos de los crímenes, se optó finalmente por crear un procedimiento
especial para la redacción de tales elementos. Así, se le asignó a la Comisión
Preparatoria de la Corte Penal Internacional, la labor de redactar el texto de
los elementos de los crímenes, y se dispuso que el mismo debía ser puesto a
consideración de los Estados, para proceder luego a su adopción por las dos
terceras partes de la Asamblea de Estados Partes.[9] Dentro de esa
dinámica, se decidió también asignarle a la Comisión, la misión de elaborar las
reglas de procedimiento y prueba, con miras a su discusión y posterior
adopción, también por las dos terceras partes de la Asamblea de los Estados
Partes. En relación con los dos instrumentos, se previó la posibilidad de que
los Estados Partes pudieran proponer enmiendas, en caso de existir diferencias
frente a lo aprobado, las cuales entrarían en vigor tras su aprobación por la
Asamblea de los Estados Partes, con una mayoría de las dos terceras partes.
2.3.6.
Sobre la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional[10], destacó la
Corte, que la misma fue aprobada por la Conferencia Diplomática de
Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte
Penal Internacional, el 17 de julio de 1998. De conformidad con el párrafo 2 de
la resolución F de la Conferencia, la Comisión Preparatoria está integrada por
representantes de los Estados que firmaron el Acta Final de la citada
Conferencia, así como también, por otros Estados que fueron invitados a
participar en la Conferencia.
2.3.7.
Para efectos de preparar los denominados instrumentos de los Elementos de los
Crímenes y Reglas de Procedimiento y Prueba, la Comisión Preparatoria se reunió
en la Sede de las Naciones Unidas, del 16 al 26 de febrero, del 26 de julio al
13 de agosto y del 29 de noviembre al 17 de diciembre de 1999; del 13 al 31 de
marzo, del 12 al 30 de junio y del 27 de noviembre al 8 de diciembre de 2000; y,
finalmente, del 26 de febrero al 9 de marzo y del 24 de septiembre al 5 de octubre
de 2001, de conformidad con lo dispuesto en las Resoluciones de la Asamblea
General 53/105, de 8 de diciembre de 1998, y 54/105, de 9 de diciembre de 1999.[11]
2.3.8.
Colombia participó activamente en la Comisión Preparatoria, tanto para la
elaboración de los Elementos de los Crímenes, como para la redacción de las
Reglas de Procedimiento y Prueba, presentando más de 50 documentos con
comentarios y propuestas.[12] De igual
manera, formo parte del consenso que primero adoptó y luego aprobó la versión
final de los citados instrumentos.
Respecto
de tales instrumentos, en la citada Sentencia C-578 de 2002, la Corte se
refirió a sus características particulares, a partir de los elementos de
regulación previstos en los artículos 9° y 51 del Estatuto. Hizo sobre el
particular, las precisiones siguientes:
-
Su
adopción es competencia exclusiva de la Asamblea de Estados Partes, requiriendo
para su aprobación del voto favorable de las dos terceras partes de los
miembros de dicha Asamblea. Precisó al respecto, que tal exigencia marca una
clara diferencia frente a experiencias anteriores sobre la existencia de
tribunales penales internacionales, pues aspectos centrales que tocan con el
funcionamiento de éstos, como es precisamente el de definir las reglas de
procedimiento y prueba y los elementos de los crímenes, podían ser
adoptados directamente por los propios tribunales, mediante la forma de
reglamentos internos del respectivo órgano judicial internacional.[13] Ello, por
supuesto, no es lo que ocurre en el caso de la Corte Penal Internacional, pues,
como se ha visto, para la adopción de las reglas de procedimiento y prueba y
los elementos de los crímenes, el Tratado previó un procedimiento especial de
adopción y aprobación, que no es común a este tipo de instituciones
internacionales.
-
Tales
instrumentos, deben ser compatibles con lo establecido en el Estatuto de Roma y
no lo modifican. No suponen, por tanto, una enmienda del Estatuto, ni tampoco
complementan la definición de los crímenes contenidos en sus artículos 6°, 7° y
8°, en el caso de los elementos de los crímenes, pues se trata de aspectos de
carácter indicativo para la Corte, referente a lo que le corresponde probar en
cada caso.
-
Los
Estados Partes aceptan su procedimiento de adopción, así como las reglas sobre
su entrada en vigor, en el momento de la ratificación del tratado del Estatuto
de Roma.
-
Las
reglas de procedimiento y de prueba, y los elementos de los crímenes, tienen
como función ayudar a interpretar y aplicar las disposiciones del Estatuto. En
el caso de los Elementos de los Crímenes, éstos sirven a la interpretación de
los artículos 6°, 7° y 8° del Estatuto, en los que se contienen los crímenes de
competencia de la Corte. En ese contexto, se limitan a especificar los
componentes de cada delito de que conoce la Corte Penal Internacional. Tratándose
de las Reglas de Procedimiento y Prueba, las mismas cubren la mayoría de
asuntos a los que se refiere el Estatuto de Roma. Por su intermedio, se
establece el procedimiento que debe seguirse en las distintas etapas de los
procesos que se adelantan ante la Corte Penal Internacional.
-
Cualquiera
de los Estados, por razones de orden jurídico o de conveniencia, pueden
expresar su desacuerdo con alguna disposición de estos instrumentos, o no hacer
parte de los países que finalmente hayan integrado la mayoría que los adopte.
Tales circunstancias no afectan su condición de Estados Partes, y por tanto, no
los libera del compromiso de cumplir con los derechos y obligaciones que se
derivan del tratado. Sin embargo, conforme a las reglas que los regulan, con
posterioridad a su aprobación y dentro del término que estime prudencial, es
posible que un Estado Parte presente enmiendas, las cuales también entran en
vigor después de su aprobación por las dos terceras partes de los miembros de la
Asamblea.
2.3.9.
A partir de las características que los identifican, la Corte precisó que, si
bien las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes, no
están llamados a modificar el Estatuto, no cumplen la función de los llamados
acuerdos bilaterales de simple ejecución (o acuerdos simplificados), ni son
reglamentos establecidos directamente por la Corte Penal Internacional. Se
trata de instrumentos cuya adopción depende de la voluntad de una mayoría
calificada de los Estados Partes reunidos en Asamblea, y cuya entrada en vigor
está sujeta a que se alcance dicha mayoría (la de las dos terceras partes).
Esto
para significar que, en razón a las circunstancias especiales que determinan su
proceso de adopción y aprobación, y los propósitos que persiguen, los
instrumentos en los que se regulan las Reglas de Procedimiento y Prueba y los
Elementos de los Crímenes, no se sustraen del procedimiento interno de
aprobación de los tratados internacionales previstos en la Carta Política, es
decir, de su aprobación por el Congreso de la República mediante ley, y del
sometimiento al respectivo control de constitucionalidad.
2.3.10.
De acuerdo con reiterada jurisprudencia de esta Corporación[14], los acuerdos internacionales que desarrollan tratados públicos,
entre los que se cuentan los llamados acuerdos bilaterales de simple
ejecución o acuerdos de forma simplificada, se caracterizan por ser
instrumentos que buscan dar cumplimiento a las cláusulas sustantivas de un
tratado vigente, y que no dan origen a obligaciones nuevas ni puede exceder las
ya contraídas por el Estado colombiano.
Respecto
de este tipo de acuerdos internacionales, la Corte ha dejado en claro que, en
cuanto los mismos no estén destinados a modificar los tratados que los prevén,
ni tampoco a adicionarlos, puede prescindirse del trámite de aprobación
parlamentaria y del control de constitucionalidad por parte de esta
Corporación, en razón a que no generan compromisos adicionales para el país, por ser consecuencia directa de un tratado negociado,
suscrito, aprobado y revisado en la forma prevista en la Constitución Política.
En
efecto, aun cuando los acuerdos simplificados o de simple ejecución son
instrumentos de negociación reconocidos por el derecho internacional y, por
tanto, verdaderos acuerdos internacionales con eficacia jurídica (Convención de
Viena de 1969, arts. 11 y 12 y Convención de Viena de 1986, arts. 12 y 13),
esta Corporación ha reconocido que los mismos se diferencian de los tratados o
acuerdos propiamente dichos, tanto por la forma como se adoptan, como por el
contenido de los mismos. Ha explicado al respecto, que mientras los tratados
son “actos jurídicos complejos, no sólo por cuanto se desarrollan en diversos
momentos sino además porque involucran diferentes órganos del Estado y están
sometidos a normas tanto internacionales como constitucionales”[15], los acuerdos
en forma simplificada son actos no solemnes, no sometidos al trámite de
ratificación, “en los cuales el consentimiento se manifiesta por la mera forma
de quienes son titulares de plenos derechos para ellos”[16].
2.3.11.
Conforme con ello, ha precisado la Corte que los tratados solemnes, previo
cumplimiento del procedimiento de aprobación constitucional, es el único
mecanismo previsto por la Carta Política para que el Estado colombiano pueda
comprometerse internacionalmente[17], esto es, pueda
adquirir obligaciones internacionales o modificarlas, siendo los acuerdos de
forma simplificada, instrumentos a través de los cuales se busca darle
desarrollo y adecuada ejecución al tratado internacional propiamente dicho.
En
punto a los instrumentos internacionales que hacen parte de un tratado
(acuerdos simplificados), y que no generan nuevas obligaciones para el país,
dijo la Corte en la Sentencia C-363 de 2000:
“A
juicio de la Corporación, si se trata de un instrumento internacional que no
genera nuevas obligaciones para Colombia, por ser desarrollo directo de un
tratado negociado, suscrito, aprobado y revisado en la forma prevista en la
Constitución Política  ( artículos 189, numeral 2., 150, numeral 16., 241,
numeral 10)  puede prescindirse del trámite de aprobación parlamentaria y
ponerse en vigor por el Presidente de la República, en ejercicio de la
competencia que posee para la dirección de las relaciones internacionales. Al
igual que cuando se trata de declaraciones de enunciados políticos, de actos
unilaterales del Estado colombiano o de acuerdos verbales, instrumentos que no
están sometidos a la formalidad de la aprobación legislativa, la cual se aplica
únicamente a los tratados propiamente dichos. Ni menos aún a control
constitucional por parte de esta Corporación.
En
efecto, si se trata de instrumentos en los que simplemente se contempla la
ejecución por el Jefe de la Rama Ejecutiva de actividades que le son propias en
virtud de sus funciones y de sus competencias exclusivas y discrecionales, no
hay lugar a que la Corporación sea llamada a confrontar dichas acciones con la
Carta.”
Esta
posición ha sido reiterada y aplicada por la Corte en diferentes
pronunciamientos, entre otros, en las Sentencias C-1439 de 2000, C-303 de 2001,
C-862 de 2001 y C-071 de 2003, en la primera de las cuales manifesto:
“Esta Corporación ya se ha pronunciado sobre la validez de los
acuerdos internacionales que desarrollan tratados públicos. En sentencia C-363
de 2000 (M.P. Alvaro Tafur Galvis), la Corte señaló:
‘Esos acuerdos complementarios o de desarrollo de tratados ya
incorporados a la legislación colombiana corresponden a una de las clases de
los llamados procedimientos simplificados que como se ha dicho y surge del
texto del  Convenio sujeto a análisis son instrumentos que buscan dar
cumplimiento a las cláusulas sustantivas de un tratado vigente y que no dan
origen a obligaciones nuevas ni puede exceder las ya contraídas por el Estado
colombiano; la otra clase de procedimientos simplificados se integra por aquellos
acuerdos relativos a materias que son de la órbita exclusiva del Presidente de la
República, directamente o por delegación, como director de las relaciones
internacionales.
A juicio de la Corporación, si se trata de un instrumento
internacional que no genera nuevas obligaciones para Colombia, por ser
desarrollo directo de un tratado negociado, suscrito, aprobado y revisado en la
forma prevista en la Constitución Política (artículos 189, numeral 2., 150,
numeral 16., 241, numeral 10)  puede prescindirse del trámite de aprobación
parlamentaria y ponerse en vigor por el Presidente de la República, en
ejercicio de la competencia que posee para la dirección de las relaciones
internacionales. Al igual que cuando se trata de declaraciones de enunciados
políticos, de actos unilaterales del Estado colombiano o de acuerdos verbales,
instrumentos que no están sometidos a la formalidad de la aprobación
legislativa, la cual se aplica únicamente a los tratados propiamente dichos. Ni
menos aún a control constitucional por parte de esta Corporación.
A esta categoría de instrumentos de ejecución es a la que se
refiere el citado inciso, pues definido en el Convenio en revisión el marco de
cooperación entre ambos gobiernos, para su desarrollo se estipuló la
posibilidad de concertar ‘acuerdos complementarios’, que como su misma
denominación lo indica se circunscriben a servir de instrumentos de ejecución
de proyectos específicos dentro del marco del acuerdo sin que impliquen la
asunción de nuevos compromisos por parte de los Estados partes. En este caso,
dichos acuerdos forman parte de un tratado que cumplió con los pasos previstos
en la Constitución (arts. 189-2 y 150-16) y ahora sometido a la revisión
constitucional ordenada en el artículo 241-10 del ordenamiento superior. Así
las cosas, resulta claro que las obligaciones genéricas de cada parte se fijan
en el tratado marco, de suerte que el país no adquirirá obligaciones distintas
a las inicialmente estipuladas y en este sentido, el inciso tercero del
artículo I no contradice ningún precepto constitucional.”
2.3.12.
No obstante lo anterior, también la Corte ha dejado en claro que, aun
tratándose de instrumentos internacionales que son desarrollo de otros, si a
través de los mismos se crean nuevas obligaciones, o se modifican, adicionan o
complementan las previstas en el respectivo convenio o tratado del que hacen
parte, esos también deben someterse a los procedimientos constitucionales de
aprobación por el Congreso y revisión automática de constitucionalidad por
parte de esta Corporación, en razón a que implican para los Estados partes, la
asunción de nuevos compromisos, que deben ser avalados en los términos
previstos por la Carta Política. En estos casos, la Corte ha considerado que
los mismos se miran como verdaderos tratados, aun cuando no estén sometidos al
trámite de la ratificación, y, por tanto, deben someterse al procedimiento
interno de incorporación al ordenamiento jurídico.
Sobre
este particular, en la Sentencia C-1439 de 2000, la Corte, al adelantar el
estudio de constitucionalidad de la Ley 577 de 2000 "Por medio de la
cual se aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre la
República de Colombia y la República del Perú, suscrito en Lima el doce (12) de
diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997)”, hizo las siguientes
precisiones:
“Sin embargo, en este punto hay que precisar, de acuerdo con la
jurisprudencia de esta Corporación[18],
que existen una serie de instrumentos también denominados “acuerdos
simplificados” (Convención de Viena de 1986) que no entran en esa modalidad,
pues a pesar de que son desarrollo de otro tratado, no se restringen a su mera
ejecución sino que implican para los Estados partes la asunción de compromisos
adicionales a los estipulados en el tratado principal, razón por la cual de
conformidad con la Constitución, deben ser sometidos a la aprobación del
Congreso, al control automático de constitucionalidad y demás reglas del
derecho internacional en materia de tratados”.
En
el mismo sentido se pronunció la Corte en la Sentencia C-071 de 2003,  al
adelanatar la revisión constitucional de la Ley 740 del 24 de mayo de 2002 “Por
medio de la cual se aprueba el “PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA
BIOTECNOLOGIA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA”, hecho en Montreal,
el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000)”:
El
artículo 14 que prevé la posibilidad de que las partes concierten acuerdos o
arreglos bilaterales, regionales y multilaterales relativos a los movimientos
transfronterizos de organismos vivos modificados, siempre que no sean
contrarios a los principios establecidos en el Protocolo; al tiempo que  el
artículo 24 que establece la posibilidad de que los Estados Partes del
Protocolo celebren acuerdos con otros Estados que no son partes en el mismo, en
tanto sean compatibles con el objeto del mismo Protocolo.
Al
respecto  cabe precisar que en la medida en que dichos  acuerdos no pueden
considerarse como acuerdos complementarios o de desarrollo del Protocolo sub
examine  y que pueden dar  origen a obligaciones nuevas para el  Estado
colombiano,  de conformidad con la Constitución,
deben ser sometidos a la aprobación del Congreso, al control automático de
constitucionalidad y demás reglas del derecho internacional en materia de
tratados[19].
2.3.13.
En el caso de las Reglas de Procedimiento y Prueba, y los Elementos de los
Crímenes, como ya se mencionó, en la citada Sentencia C-578 de 2002, la Corte sostuvo
que, aun cuando tales instrumentos deben ser compatibles con lo establecido en
el Estatuto de Roma, y no lo modifican, no por ello actúan como acuerdos
bilaterales de simple ejecución. Ello, en razón a que los mismos le imponen a
los Estados Partes, y en particular a Colombia, la asunción de compromisos
adicionales, circunscritos al hecho de tener que someterse a un procedimiento
especial de adopción, aprobación y enmienda, que implica a su vez  una nueva participación
en los debates, deliberaciones y decisiones, y la fijación de posiciones
jurídicas y políticas sobre el contenido de los precitados instrumentos, que
además podrían incidir en la relación del Estado con la Corte establecida en el
Estatuto.
2.3.14. La forma
escogida por la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional,
para adoptar las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los
Crímenes, constituye una novedad frente a experiencias anteriores sobre la
existencia de tribunales penales internacionales, pues aspectos centrales
relacionados con su funcionamiento, como son precisamente los citados, eran
definidos directamente por los propios tribunales, mediante la forma de
reglamentos internos. En ese sentido, la preparación de tales instrumentos, su
adopción y la posibilidad de enmienda, a cargo de la Asamblea de Estados
Partes, por una mayoría calificada de las dos terceras partes, no es un
elemento común a este tipo de instituciones internacionales, e implica,
necesariamente, una carga de responsabilidad adicional para los Estados Partes.
Al respecto, este
Tribunal destacó, que podía darse el caso de que el Estado colombiano, por
razones de orden jurídico o de conveniencia, no compartiera alguna de las
medidas adoptadas o no hubiera hecho parte del consenso mayoritario que votó las
Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes. Aun cuando
tales circunstancias no están llamadas a modificar su condición de Estado
Parte, ni lo liberan del compromiso de cumplir los derechos y obligaciones
derivados del Tratado, de acuerdo con las reglas previstas para la expedición de
tales instrumentos, sí le es permitido manifestar su inconformidad (con el voto
en contra) y proponer cambios, mediante el mecanismo de las futuras enmiendas,
las cuales también entran en vigor después de su aprobación por las dos
terceras partes de los miembros de la Asamblea.
En efecto, los
artículos 9 y 51 del Estatuto de Roma, además de establecer un procedimiento
especial para su adopción y aprobación, de manera expresa, prevén la
posibilidad de proponer enmiendas, tanto a los Elementos de los Crímenes como a
las Reglas de Procedimiento y Prueba, indicando a su vez los sujetos
habilitados para proponerlas (cualquier Estado parte, los magistrados  -por
mayoría absoluta- y el Fiscal), la forma como las mismas deben ser aprobadas
(por una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados
Partes) y la necesidad de que las enmiendas propuestas sean compatibles con el
Estatuto.
2.3.15. A juicio
de la Corte, las mencionadas actuaciones, dadas con posterioridad al
perfeccionamiento del Estatuto de Roma, por supuesto, deben ser sometidas al
trámite interno de aprobación previsto por la Constitución, pues sólo de esa
manera se entiende definida y consolidada la voluntad del Estado frente a los
compromisos internacionales que puedan surgir como consecuencia de la
aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Esta
posición fue explicada por la Corporación en la Sentencia C-578 de 2002, en los
siguientes términos:
“Si
bien los Elementos de los Crímenes y las Reglas de Procedimiento y Prueba no
están, a diferencia de las enmiendas sobre el crimen de agresión, llamados a
modificar el Estatuto, tampoco cumplen la función de los acuerdos bilaterales
de simple ejecución ni son reglamentos adoptados por la Corte Penal Internacional.
Dependen de la voluntad de una mayoría calificada de los Estados Parte reunidos
en Asamblea y su entrada en vigor esta sujeta a que se alcance dicha mayoría.
Cuando
el Estado colombiano participe en dicha Asamblea podrá expresar su posición a
partir tanto de criterios relativos a la conveniencia como a la conformidad con
el derecho internacional y el derecho constitucional nacional, en especial,
respecto de la salvaguarda de los derechos de las personas.
Puede
ocurrir que el Estado colombiano, por razones de orden jurídico o de
conveniencia, exprese su desacuerdo con alguna disposición de estos
instrumentos o no se haya encontrado dentro de los países que finalmente
integraron la mayoría que los adoptó. Ello no afecta su condición de Estado
Parte con los derechos y obligaciones que se derivan del tratado. En este caso,
el propio Estatuto de Roma admite la posibilidad de que, posteriormente y
dentro del término que estime prudencial, un Estado Parte presente enmiendas a
tales instrumentos, las cuales también entran en vigor después de su aprobación
por las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea.
En
este orden de ideas, la Corte concluye que, los artículos 9 y 51 del Estatuto
de Roma, relativos a los Elementos del Crimen y a las Reglas de Procedimiento y
Prueba cuya adopción compete a la Asamblea de los Estados Partes por una
mayoría de los dos tercios de sus miembros, no sustraen dichos instrumentos de
la aprobación por el Congreso de la República ni del control constitucional
previstos en la Constitución Política”.
2.3.16.
La decisión adoptada por la Corte en la Sentencia C-578 de 2002, de considerar
que los instrumentos contentivos de los Elementos de los Crimenes y de las
Reglas de Procedimiento y Prueba, deben someterse a la aprobación por el
Congreso de la República y al control de constitucionalidad por parte de esta
Corporación, hace parte de la ratio dicidendi del citado fallo, en
cuanto ese fue el entendimiento dado por la Corporación a los artículos 9° y 51
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y la manera como
consideró que los mismos armonizan con la Constitución Política.
Precisamente,
en al acápite correspondiente a las “CONCLUSIONES FINALES”, la Corte hizo
comentarios sobre los tratamientos diferentes detectados en materias
sustanciales del Estatuto de Roma, que fueron permitidos por el Acto
Legislativo 02 de 2001, e igualmente, sobre algunas otras situaciones que
merecían ser destacadas de manera especial para fijar el entendimiento de
algunas disposiciones del tratado frente a la Constitución. En ese contexto,
aun cuando precisó que no era necesario que el Presidente de la República
hiciera declaraciones interpretativas sobre las materias diferentes y las
situaciones especiales, se refirió a ellas de manera precisa y concreta, con el
fin de armonizar el Acto Legislativo 02 de 2001 con las demás normas de la
Carta. Conforme con ello, en el apartado (6) de dichas conclusiones, la Corte incluyó
el punto sobre la necesidad de someter los instrumentos contentivos de los
Elementos de los Crimenes y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, a su
aprobación previa por parte del Congreso de la República y al control oficioso
de constitucionalidad. Estableció que, respecto de los artículos 9° y 51 del
Tratado, su interpretación conforme con la Constitución, estaba precisamente en
ese aspecto y en ninguno otro; es decir, en el entendimiento que tales instrumentos
debían cumplir con el trámite de aprobación dispuesto por la Carta Política
para los tratados públicos. Mencionó sobre el particular:
“Al
terminar el análisis del contenido del Estatuto de Roma, la Corte
Constitucional reitera que los tratamientos diferentes en materias sustanciales
fueron permitidos por el Acto Legislativo 2 de 2001 exclusivamente dentro del
ámbito del ejercicio de las competencias de la Corte Penal Internacional. Por
lo tanto, no se menoscaba el alcance de las garantías establecidas en la
Constitución respecto del ejercicio de las competencias propias de las
autoridades nacionales. Así, la declaratoria de exequibilidad de las
disposiciones del Estatuto de Roma que contienen tales tratamientos diferentes
no autorizan ni obligan, por ejemplo, a los jueces nacionales a imponer la pena
de prisión perpetua ni al legislador colombiano a establecer la
imprescriptibilidad de las penas. Por consiguiente, la Corte Constitucional
concluye que no es necesario que el Jefe de Estado, como director de las
relaciones internacionales, efectúe declaraciones interpretativas en relación
con cada uno de los tratamientos diferentes identificados en esta sentencia, al
momento de ratificar el tratado.
No
obstante se advierte que, como el Acto Legislativo citado forma parte del
cuerpo permanente de la Constitución y, por tanto, ha de ser interpretado de
tal forma que guarde consonancia con las otras disposiciones de la Carta, la
Corte señala las materias respecto de las cuales procede, sin que ello
contraríe el Estatuto, que el Presidente de la República, en el ámbito de sus
atribuciones, declare cuáles son las interpretaciones de algunos apartes del
mismo que armonizan plenamente la Constitución con el Estatuto de Roma. Dicho
señalamiento por la Corte en ningún caso supone que existe una
inconstitucionalidad parcial del Estatuto. Esta determinación obedece al
cumplimiento del principio fundamental según el cual todas las autoridades
tienen como finalidad asegurar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución (artículo 2 C.N.), así como al propósito de
concretar el mandato de colaboración armónica entre los órganos que integran
las ramas del poder público, dentro del respeto a las órbitas de competencia de
cada uno, en este caso, de la Corte Constitucional a la cual se le ha confiado
la guarda de la integridad y supremacía de la Carta y del Presidente de la
República al cual se le ha atribuido la dirección de las relaciones
internacionales de Colombia (artículo 113 C.N). Tales materias son las
siguientes:
“…”
“(6)
Los artículos 9 y 51 del Estatuto de Roma, relativos a los Elementos del Crimen
y a las Reglas de Procedimiento y Prueba cuya adopción compete a la Asamblea de
los Estados Partes por una mayoría de los dos tercios de sus miembros, no sustraen
dichos instrumentos de la aprobación por el Congreso de la República ni del
control constitucional previstos en la Constitución Política”.
En
pronunciamiento anterior al que ahora se adopta, concretamente en la Sentencia
C-1156 de 2008, al adelantar el control de constitucionalidad del “Acuerdo
Previo Sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional”, la
Corporación ya había destacado que, tratándose de los instrumentos relacionados
con ese organismo internacional, los mismos no están exentos de su aprobación
por el Congreso ni del control de constitucionalidad, por adquirir la
connotación de verdaderos tratados públicos. Se dijo al respecto en el fallo:
“De
ahí que la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional haya elaborado
el presente Acuerdo, que vino a ser adoptado por la Asamblea de los Estados
Partes el 9 de septiembre de 2002, y dada su importancia que reviste se alienta
a todos los Estados a ratificarlo, adherirse o implementarlo.
Ello permite a la Corte concluir que el
Acuerdo constituye un tratado internacional[20] de
carácter independiente y complementario al Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional. Constituye nuevos desarrollos normativos que buscan
esencialmente precisar un tema de vital importancia como son los privilegios e
inmunidades de la Corte y el personal asociado al mismo”.
2.3.17.
En estos términos, no queda duda que el instrumento contentivo de las Reglas
de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes de la Corte Penal Internacional,
deben ser aprobados por el Congreso mediante ley, como en efecto ocurrió, y,
luego, tanto su ley aprobatoria como el instrumento internacional que los
contiene, someterse a la Revisión oficiosa de constitucionalidad por parte de la
Corte Constitucional.
2.4. Ambito de competencia de la Corte para juzgar
la constitucionalidad de las reglas de procdimiento y prueba y los elementos de
los crímenes de la Corte Penal Internacional
2.4.1.
Conforme con lo previsto por este Tribunal en la Sentencia C-578 de 2002, la
Corte Constitucional es competente para conocer y decidir acerca de la
constitucionalidad del instrumento contentivo de las Reglas de Procedimiento y
Prueba y los Elementos de los Crímenes de la Corte Penal Internacional,
aprobados por la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal
Internacional, en Nueva York, del 3 al 10 de setiembre de 2002, así como de su
ley Aprobatoria, la Ley 1268 de 2008.
2.4.2.
Según se mencionó en el apartado 2.2 de esta providencia, de acuerdo con el
contenido del Acto Legislativo 02 de 2001, el fundamento jurídico de dicha
competencia aparece determinado, tanto por el numeral 10° del artículo 241 de la
Constitución, en virtud del cual le corresponde a esta Corporación “[d]ecidir
definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las
leyes que los aprueben”, como por el propio artículo 93 del mismo
ordenamiento Superior, que facultó al Estado colombiano para ratificar el
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con la condición de hacerlo “de
conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución”.
2.4.3.
Sobre  las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes de la
Corte Penal Internacional, quedó definido que la Corte ejerce los dos tipos de
control: el formal y el material.
2.4.4.
En relación con el control formal, la Corporación mantiene su competencia para
verificar lo relacionado con el procedimiento de celebración del instrumento
internacional (i), y con el trámite surtido por el proyecto de ley
aprobatoria en el Congreso de la República, (ii) incluyendo lo
correspondiente a la sanción presidencial, (iii) y al envío de la
respectiva ley y el tratado a la Corte Constitucional (iv).
De
acuerdo con ello, el examen de control formal comprende: a) la remisión del
instrumento internacional y su respectiva ley aprobatoria por parte del
Gobierno Nacional; b) la forma como fueron adoptados los respectivos
instrumentos, teniendo en cuenta las reglas que los gobiernan; c) la iniciación
del trámite en la Cámara correspondiente; d) la publicación del proyecto de ley
y su correspondiente exposición de motivos, de las Actas donde constan las
ponencias, los anuncios y debates, así como los textos definitivos, en la
Gaceta del Congreso; e) la aprobación del proyecto en cuatro debates, en las
comisiones y plenarias de cada cámara; f) el anuncio previo a la votación del
proyecto en cada debate; g) el quórum deliberatorio y decisorio, al igual que
las mayorías con las que fue aprobado el proyecto; h) el cumplimiento del plazo
establecido entre el primero y el segundo debate, y entre la aprobación del
proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra; i) la consideración
del proyecto en por lo menos dos legislaturas;  j) la sanción presidencial; y
k) el envío de la ley y el tratado a la Corte Constitucional.
2.4.5.
Con respecto al control material, existe una marcada diferencia frente al que
en forma habitual y corriente lleva a cabo la Corte sobre los demás
instrumentos internacionales. Por virtud del Acto Legislativo 02 de 2001,
mediante el cual se adicionó el artículo 93 Superior, la Corte debe limitarse
en este caso a: (i) interpretar el alcance de cada instrumento, (ii)
adelantar una descripción y análisis de los mismos, (iii) identificar su
ámbito de aplicación y, finalmente, (iv) constatar si existe alguna
diferencia entre los mencionados instrumentos y la Constitución Política, y de
encontrar que existe, y se trate a su vez de una materia sustancial, no
proceder a declarar su inexequibilidad, teniendo en cuenta que el propósito de la
reforma constitucional fue, precisamente, la de permitir “un tratamiento
diferente”, siempre y cuando éste opere exclusivamente dentro del ámbito de
aplicación del Estatuto de Roma.
En
consecuencia, frente a la eventualidad de tratamientos diferentes entre las Reglas
de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes de la Corte Penal
Internacional y la Constitución Política, la competencia de la Corte llega
hasta el punto de delimitar sus contornos y precisar su ámbito de aplicación y,
además, declarar que ellos han sido autorizados especialmente por el
constituyente derivado en el Acto Legislativo 02 de 2001.
Sobre
esto último, es de interés destacar que la declaratoria de tratamientos
diferentes en relación con las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos
de los Crímenes, de existir, se hará teniendo en cuenta los tratamientos
diferentes declarados por la Corte en la Sentencia C-578 de 2002 para el
Estatuto de Roma, por ser tales instrumentos desarrollo del citado estatuto y
estar sometido al mismo.
2.4.6.
Bajo las condiciones expuestas, procede la Corte a adelantar el control de
constitucionalidad de las “Reglas de Procedimiento y Prueba” y los “Elementos
de los Crímenes de la Corte Penal Internacional”, así como también de su ley
aprobatoria, la Ley 1268 de 2008.
3.
Estudio
de constitucionalidad formal de la Ley 1268 del 31 de diciembre de 2008,
aprobatoria de las Reglas de Procedimiento y Prueba y de los Elementos de los
Crímenes de la Corte Penal Internacional aprobados por la Asamblea de los
Estados Parte de la Corte Penal Internacional, en Nueva York, del 3 al 10 de
septiembre de 2002
3.1.
Remisión
del instrumento internacional y su ley aprobatoria por parte del Gobierno
Nacional
3.1.1.
El numeral 10° del artículo 241 de la Constitución Política, le atribuye a la
Corte Constitucional, la función de decidir definitivamente sobre la
exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueban.
Para efectos de cumplir con dicha competencia, la misma norma Superior le
impone al Gobierno Nacional, el deber jurídico de remitir tales textos a la
mencionada Corporación, “dentro de los seis días siguientes a la sanción de
la ley”.
3.1.2.
En el caso de la Ley 1268 de 2008, por medio de la cual se aprueban las “reglas
de procedimiento y prueba” y los elementos de los crímenes de la Corte Penal
Internacional”,  aprobados por la Asamblea de los Estados partes de la
Corte Penal Internacional, en Nueva York, del 3 al 10 de septiembre de 2002, la
misma fue sancionada por el Presidente de la República, el día 31 de diciembre
de 2008. De igual manera, la  mencionada ley, junto con los respectivos
instrumentos internacionales incorporados a ella, fue remitida a la Corte
Constitucional por el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, el
día 7 de enero de 2009, apareciendo radicada en la Corporación, luego de
cumplido el periodo de vacaciones colectivas para la Rama Judicial, el día 13
de enero de 2009.
3.1.3.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte encuentra cumplido el requisito de
remisión previsto por el numeral 10° del artículo 241 Superior, en cuanto que,
el Gobierno Nacional, hizo llegar el texto de la Ley 1268 de 2008, junto con
los instrumentos internacionales a ella incorporados, el primer día hábil luego
de haber sido sancionada, es decir, dentro del término de los seis días. Ello,
teniendo en cuenta que esta Corporación permaneció en vacancia judicial,
durante el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2008 y el 10 de
enero de 2009, correspondiendo los días 11 y 12 de enero de 2009, a los días
domingo y lunes festivo.
3.2.
Negociación y celebración del tratado internacional
3.2.1.  Adopción de los
Instrumentos Internacionales
3.2.1.1.
Según lo ha dicho la Corte, el control formal de constitucionalidad de los
tratados internacionales y sus leyes aprobatorias, comprende, por regla
general, la revisión de las facultades del
representante del Estado colombiano para negociar, adoptar el articulado
mediante su voto y autenticar el instrumento internacional respectivo, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 7 a 10 de la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969, y los artículos 7 a 10 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986.
3.2.1.2.
En el presente caso, no hay lugar a darle aplicación a las citadas normas, en
razón a que, como ya se mencionó, el propio Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, a través de sus artículos 9° y 51, establece el procedimiento de
adopción de los instrumentos internacionales que son objeto del control
constitucional en la presente causa. Las citadas disposiciones, prevén que la
adopción de las “Reglas de Procedimiento y Prueba” y los “Elementos de los
Crímenes”, es competencia exclusiva de la Asamblea de los Estados Partes de la
Corte Penal Internacional, y que para su aprobación requieren del voto
favorable de las dos terceras partes de los miembros de dicha Asamblea.
3.2.1.3.
Conforme lo señaló esta Corporación en la Sentencia C-578 de 2002, Colombia es
Estado Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y, en esa
condición, se encuentra comprometido a cumplir las obligaciones derivadas del
mencionado tratado.
3.2.1.4.
De acuerdo con ello, lo que le corresponde a la Corte en este acápite, es
verificar si las “Reglas de Procedimiento y Prueba” y los “Elementos de los
Crímenes”, fueron adoptados conforme a los parámetros previamente fijados por
el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
3.2.1.5. Sobre
el particular, la Coordinadora del “Area de Tratados” del Ministerio de
Relaciones Exteriores, mediante oficio N° OPC – 74/09, del 27 de febrero de
2009, le informó a la Corte que: “la Asamblea de los Estados Partes, reunida
en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, durante su primer periodo de
sesiones que tuvo lugar entre el 3 y el 10 de septiembre de 2002, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 51 del Estatuto de Roma,
aprobó por consenso los “Elementos de los Crímenes y las Reglas de
Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional”. [21]
3.2.1.6.
De igual manera, la Directora de Asuntos Jurídicos
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, apoyada en el
Memorando DPM N° 5665, de fecha 15 de octubre de 2009, proveniente de la
Dirección de Asuntos Políticos Multilaterales del mismo ministerio, le reiteró
a esta Corporación, en comunicación del 16 de octubre de 2009, que: “Tanto
las ‘Reglas de Procedimiento y Prueba’ como los ‘Elementos de los Crímenes de
la Corte Penal Internacional’, fueron aprobados por Consenso, el 9 de septiembre
de 2002, por recomendación del Grupo de Trabajo Plenario.”
3.2.1.7.
Aun cuando no resulta relevante para efectos de verificar el cumplimiento del
requisito de la adopción de los instrumentos en revisión, en el mismo documento
se precisó que: “Colombia participó en la Primera Asamblea de Estados Parte
de la Corte Penal Internacional, que se llevó a cabo del 3 al 10 de septiembre
de 2002, en la que se aprobaron las ‘Reglas de Procedimiento y Prueba’ y los
‘Elementos de los Crímenes de la Corte Penal Internacional’ por mandato de los
artículos 9, 51 y 52 del Estatuto de Roma, los cuales establecen que los mismos
serán aprobados por la mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de
los Estados Parte…”. Complementó dicha información señalando que, en todo
caso, “La representación de Colombia estuvo Liderada por el señor Alfonso
Valdivieso Sarmiento, Embajador, Representante Permanente de Colombia ante
Naciones Unidas en el momento de la Asamblea”.
3.2.1.8. En los
términos citados, la Corte encuentra cumplido el requisito referido a la forma
de adopción de los instrumentos internacionales objeto de control
constitucional, pues estos fueron aprobados por consenso, por la Asamblea de
Estados Parte de la Corte Penal Internacional, el día 9 de septiembre de 2002.
Adicionalmente, Colombia participó en la Asamblea, en calidad de observador, a
través del Embajador, Representante permanente de Colombia ante Naciones
Unidas.
3.2.2. La aprobación
Presidencial de los instrumentos sometidos a juicio
3.2.2.1.
Según lo prevé el numeral 2° del artículo 189 de la Constitución Política, el
Presidente de la República, en su condición de Jefe de Estado, es el encargado
de dirigir las relaciones internacionales y, en ese contexto, es la autoridad
facultada para celebrar con otros estados y entidades de derecho internacional
tratados o convenios que, luego debe someter a la aprobación del Congreso de la
República mediante ley.
3.2.2.2. En
cumplimiento de este mandato, el día 9 de noviembre de 2007, el Presidente de la
República impartió la Aprobación Ejecutiva a las “Reglas de Procedimiento y
Prueba” y los “Elementos de los Crímenes” de la Corte Penal Internacional, y
ordenó someterlos a la consideración del Congreso de la República para su
aprobación.
3.3.
Trámite
de la Ley 1268 del 31 de diciembre de 2008, aprobatoria de las Reglas de
Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes de la Corte Penal
Internacional aprobados por la Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal
Internacional, en Nueva York, del 3 al 10 de septiembre de 2002, en el Congreso
de la República
De
acuerdo con las certificaciones que fueron remitidas por el Senado y la Cámara
de Representantes, los antecedentes legislativos, y las actas publicadas en las
Gacetas del Congreso de la República, la Corte pudo determinar que el trámite
surtido en esa Corporación para la expedición de la Ley 1268 de 2008 fue el
siguiente:
3.3.1.  Trámite en el
Senado de la República
3.3.1.1.
Radicación y publicación del proyecto de ley y la exposición de motivos
El
Proyecto de ley aprobatorio de las “reglas de procedimiento y prueba” y
de los “elementos de los crímenes de la Corte Penal Internacional”,
aprobados por la Asamblea de los Estados partes de la Corte Penal
Internacional, en Nueva York, del 3 al 10 de septiembre de 2002, inició su
trámite en el Senado de la República. El mismo fue radicado en la Secretaría
General de esa Corporación, el día 9 de noviembre de 2007, por el Gobierno
Nacional, a través del entonces Ministro del Interior y de Justicia, Doctor Carlos
Holguín Sardi, y el Viceministro de Relaciones Exteriores encargado de las
funciones del Despacho del señor Ministro de Relaciones Exteriores, Doctor
Camilo Reyes Rodríguez, correspondiéndole el número de radicación 187  de 2007
Senado.
Acto
seguido, se efectuó el reparto del referido proyecto de ley, el cual fue
asignado a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de relaciones
internacionales, comercio exterior y defensa nacional. inas 9 y 28.n la Gaceta No, 178 de 2008, p a esa fecha y publicada en la
Gaceta del Congreso No. 178_______________________
El
texto original del proyecto y su correspondiente exposición de motivos, fueron
publicados en la Gaceta del Congreso No. 574 del 14 de noviembre de 2007 (Pág.
5-59, a folios 7-61 del cuaderno de pruebas No. 5).
3.3.1.2
Ponencia para primer debate
La
ponencia favorable para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la
República, fue presentada por el Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda, y
publicada en la Gaceta del Congreso No. 139 del 14 de abril de 2008. En dicho
texto, se propone a la Comisión Segunda del Senado de la República “dar primer
debate al Proyecto de ley 187 de 2007 Senado”  (Folios 62-68 del cuaderno de
pruebas No. 5).
3.3.1.3
Anuncio para votación en primer debate
En
cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del
Proyecto de Ley 187 de 2007 Senado, por parte de la Comisión Segunda del
Senado, fue anunciada el 22 de abril de 2008, para llevarse a cabo en la
próxima sesión, esto es, en la sesión del 29 de abril de 2008, tal como consta
en el Acta No. 23 del 22 de abril de 2008, publicada en la Gaceta No. 454 del
mismo año (Pág. 2, a folios 83-99 del cuaderno de pruebas No. 5). El siguiente
es el texto del anuncio:
“Discusión
y votación de proyectos de ley.
Sigo
con el anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima
sesión, de acuerdo con el Acto Legislativo número 01 del 2003.
(…)
Se
anuncian también los proyectos de ley:
-Proyecto
de ley número 187 de 2007 Senado, por medio de la cual se aprueban las
Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes de la Corte
Penal Internacional, aprobados por la Asamblea de los Estados Parte de la Corte
Penal Internacional, en Nueva York, del 3 al 10 de septiembre de 2002”. [22]
3.3.1.4
Aprobación en primer debate
En
la sesión de la Comisión Segunda del Senado de la República, del 29 de abril de
2008, tuvo lugar la discusión y aprobación, en primer debate, del Proyecto de
Ley 187 de 2007 Senado, de conformidad con el anuncio que se realizó en la
sesión inmediatamente anterior, esto es, en la sesión del 22 de abril de 2008.
El proyecto fue aprobado por votación unánime de los diez (10) senadores
presentes, de los trece (13) senadores que conforman la citada Comisión, tal y
como consta en el Acta No. 24 de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso No. 454
del 24 de julio de 2008.
Respecto
de los quórum deliberatorio y decisorio, el Secretario General de la Comisión
Segunda del Senado le informó a esta Corporación que: “en relación al quórum
deliberatorio y decisorio, se informa que al no haber existido solicitud de
verificación de quórum deliberatorio y decisorio durante la discusión del
referido Proyecto de Ley, éste quedó integrado por diez (10) de los trece (13)
Senadores que conforman la citada Comisión, algunos de los cuales contestaron a
lista al iniciar la sesión y otros que se hicieron presentes durante el
transcurso de la misma”(Folios 1 y 2, Cuaderno de pruebas No. 5).
Como
se anotó, la aprobación del proyecto se destaca en el Acta No. 24, en los
siguientes términos:
“El
señor secretario, continúa con el siguiente punto del Orden del Día:
El
siguiente proyecto sería el Proyecto de ley número 187 de 2007 Senado,
por medio de la cual se aprueban las Reglas de Procedimiento y Prueba y los
Elementos de los Crímenes de la Corte Penal Internacional, aprobados por la
Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional, en Nueva York,
del 3 al 10 de septiembre de 2002.
(..)
La
señora Presidenta (E) somete a consideración de los Senadores de la Comisión,
el informe con el cual termina la ponencia. La aprueban los Senadores la
Comisión.
El
señor Secretario informa a la presidencia que hay solicitud de omisión, dé
lectura al articulado.
La
señora Presidenta, Senadora Adriana Gutiérrez Jaramillo, somete a consideración
de los Senadores de la Comisión la omisión de la lectura del articulado. Lo
aprueba la comisión.
El
señor Secretario, informa a la Presidenta que ha sido aprobada la omisión de la
lectura del articulado.
La
señora Presidenta, somete a consideración de los Senadores, el articulado del
proyecto. Aprueban los Senadores el articulado del proyecto.
El
señor Secretario, informa a la presidencia, que ha sido aprobado el articulado
del proyecto.
Lectura
del título el proyecto.
El
señor Secretario da lectura al título del proyecto:
“por
medio de la cual se aprueban las Reglas de Procedimiento y Prueba y los
Elementos de los Crímenes de la Corte Penal Internacional, aprobados por la
Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional, en Nueva York,
del 3 al 10 de septiembre de 2002”.
La
señora Presidenta, pregunta a los Senadores de la Comisión, ¿quieren que este
proyecto tenga segundo debate en la Plenaria del Senado?
El
señor Secretario responde que la Comisión sí quiere que el proyecto pase a
segundo debate en la Plenaria del Senado.
En
consecuencia la señora Presidenta, nombra como ponente para segundo debate al
Senador Carlos Emiro Barriga”.[23]
3.3.1.5.
Ponencia para segundo debate
La
ponencia para segundo debate en la Plenaria del Senado, fue presentada por el
Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda y publicada en la Gaceta del Congreso
No. 243 del 09 de mayo de 2008, en la cual se propuso “dar segundo debate al
Proyecto de ley número 187 de 2007 Senado”.
3.3.1.6.
Anuncio para votación en segundo debate
En
cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del
Proyecto de Ley 187 de 2007 Senado, por parte de la Plenaria del Senado, fue
anunciada el día 17 de junio de 2008, para llevarse a cabo en la próxima
sesión, esto es, en la sesión del 18 de junio de 2008, tal como consta en el
Acta No. 55, publicada en la Gaceta del Congreso No. 562 del 29 de agosto de
2008. El texto del anuncio es el siguiente:
“Por
instrucciones de la presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número
01 de 2003, la Secretaría anuncia los Proyectos de ley que se discutirán y
aprobarán en la próxima sesión.
Sí
señor presidente para la Sesión de mañana.
(…)
·  Proyecto de ley
número 187 de 2007 Senado,, por medio de la cual se aprueban las Reglas de
Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes de la Corte Penal
Internacional, aprobados por la Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal
Internacional, en Nueva York, del 3 al 10 de septiembre de 2002.
Hasta
aquí los Proyectos para segundo debate”.
(…)
Se
levanta la Sesión y se convoca para mañana a las 12 del día con almuerzo
incluido, invitación de la Presidenta del Senado y Dirección Administración”.[24]
3.3.1.7.
Aprobación en segundo debate
La aprobación
del Proyecto  de Ley 187 de 2007 Senado, por parte de la Plenaria del Senado de
la República, ocurrió de acuerdo con el anuncio que debidamente se realizó en
la sesión inmediatamente anterior. En consecuencia, el proyecto fue aprobado en
la sesión siguiente a la del 17 de junio de 2008, es decir, en la sesión
ordinaria del 18 de junio de 2008, tal y como consta en el Acta número 56 de la
misma fecha, publicada en la Gaceta del congreso No. 563 del 29 de agosto de
2008. De acuerdo con la certificación expedida por el Secretario General del
Senado, del 24 de febrero de 2009, la aprobación se llevó a cabo por votación
unánime de los noventa y tres (93) senadores presentes, de los ciento dos (102)
senadores que conforman la Corporación.
El acta consigna
la aprobación del proyecto de la siguiente manera:
“Proyecto
de ley número 187 de 2007 Senado, por medio de la cual se aprueban las
Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes de la Corte
Penal Internacional, aprobados por la Asamblea de los Estados Parte de la Corte
Penal Internacional, en Nueva York, del 3 al 10 de septiembre de 2002.
La
Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador ponente, Carlos
Emiro Barriga Peñaranda.
(…)
La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a la proposición con que termina
el informe.
Por
Secretaria se da lectura a la proposición positiva con que termina el informe
de ponencia.
La
Presidencia somete a consideración de la Plenaria la proposición leída y,
cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.
Se
abre segundo debate
(..)
Por
solicitud del honorable Senador Aurelio Iragorri Hormaza, la Presidencia
pregunta a la plenaria si se declara en sesión permanente y, cerrada su
discusión, esta le imparte aprobación.
La
Presidencia somete a consideración de la plenaria omitir la lectura del
articulado y, cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.
La
Presidencia somete a consideración de la plenaria el articulado del proyecto, y
cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto? Y
esta responde afirmativamente.
La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por
Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 187 de 2007
Senado, por medio de la cual se aprueban las Reglas de Procedimiento y Prueba y
los Elementos de los Crímenes de la Corte Penal Internacional, aprobados por la
Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional, en Nueva York,
del 3 al 10 de septiembre de 2002.
Leído
este, la Presidencia los somete a consideración de la plenaria, y cerrada su
discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el título leído? Y
estos le imparten su aprobación.
Cumplidos
los tramites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia
pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el Proyecto de ley aprobado sea
Ley de la República? Y estos responden afirmativamente.
La
Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente proyecto del
Orden del Día”.[25]
De
igual manera, el Secretario General del Senado de la República, mediante
escrito remitido a esta Corte el 24 de febrero de 2009, certifica que el texto
aprobado en la Sesión Plenaria del 18 de junio de 2008, fue publicado en la
Gaceta del Congreso número 505 del martes 5 de agosto de 2008.
3.4
Trámite en la Cámara de Representantes
3.4.1.
Radicación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes
El Proyecto de
Ley 187 de 2007 Senado, aprobatorio de las “Reglas de Procedimiento y Prueba” y
los “Elementos de los Crímenes de la Corte Penal Internacional”, aprobados por la
Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional, en Nueva York,
del 3 al 10 de septiembre de 2002”, fue radicado en la Cámara de
Representantes, el día 15 de julio de 2008, con el número 338 de 2008 Cámara.
3.4.2. Ponencia
para tercer debate
La ponencia para
tercer debate del Proyecto de  Ley número 338 de 2008 Cámara, fue presentada
ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes por el Representante
Crisanto Pizo Bazabuel, y publicada en la Gaceta del Congreso No. 701 del 03 de
octubre de 2008.
3.4.3. Anuncio
para votación en tercer debate
En cumplimiento
del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del Proyecto de
Ley 338 de 2008 Cámara, por parte de la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes, fue anunciada el día 4 de noviembre de 2008, para llevarse a
cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del 5 de noviembre de 2008,
tal y como se desprende del Acta No. 14 del 4 de noviembre de 2008, publicada
en la Gaceta del Congreso número 156 del 25 de marzo de 2009.[26] El texto del
anuncio es el siguiente:
“Hace uso de la palabra el
Secretario General (E.), doctor Iván Jiménez Zuluaga:
Tercer punto del Orden del Día: Anuncios de proyectos
de ley para discusión y aprobación en primer debate en próxima sesión.
(…)
2). Proyecto de ley 187 de 2007 Senado, 338 de 2008
Cámara, por medio de la cual se aprueban las reglas de procedimiento y
prueba y los elementos de los crímenes de la Corte Penal Internacional aproba­dos
por la Asamblea de los Estados partes de Corte Penal Internacional en Nueva
York del 3 al 10 de di­ciembre del 2002.
(…)
Están hechos los anuncios señor Presidente
para la próxima sesión de Comisión”.
3.4.4.
Aprobación en tercer debate
La
aprobación del Proyecto de Ley 338 de 2008 Cámara, por parte de la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes, ocurrió de
acuerdo con el anuncio que debidamente se realizó en la sesión inmediatamente
anterior. En consecuencia, el proyecto fue aprobado en la sesión siguiente a la
del 4 de noviembre de 2008, es decir, se aprobó en la sesión del 5 de
noviembre de 2008, tal y como consta en el Acta No. 15 del 5 de noviembre de
2008, publicada en la Gaceta del Congreso número 203 del 14 de abril de 2009,
De
igual manera, el Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes, a través de escrito que remitió a esta Corporación, el 20 de
febrero de 2009,[27] informó que el
Proyecto en mención fue aprobado por votación unánime de quince (15)
Representantes que asistieron a la sesión.
La citada acta,
consigna la aprobación del proyecto de la siguiente manera:
“Hace uso de la palabra el Secretario
General de la Comisión, (E.) Doctor Iván Jiménez Zuluaga:
Proyecto de ley número 187 de 2007
Senado, 338 de 2008 Cámara, por medio de la
cual se aprueban las reglas de procedimiento y prueba y los elementos de los
crímenes de la Corte Penal Internacional aprobados por la asamblea de los
estados partes de Corte Penal Internacional, en Nueva York, del 3 al 10 de
septiembre de 2002.
Hace uso de la palabra el Presidente de la
Comisión, honorable Representante Julio E. Gallardo Archbold:
Se somete a consideración de la Comisión
segunda la proposición con la que termina el informe de ponencia; se abre la discusión.
Tiene el uso de la palabra el Representante Crisanto Pizo.
(…)
Hace uso de la palabra el Presidente de la
Comisión, honorable Representante Julio E. Gallardo Archbold:
A usted Representante Crisanto. Continúa
la discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueba la honorable
Comisión la proposición con que termina la ponencia?
Hace uso de la palabra el Secretario
General de la Comisión, (E.) doctor Iván Jiménez Zuluaga:
Ha sido aprobada la proposición con que
termina el informe de ponencia de primer debate señor Presidente.
Hace uso de la palabra el Presidente de la
Comisión, honorable Representante Julio E. Gallardo Archbold:
Articulado del proyecto.
Hace uso de la palabra el Secretario
General de la Comisión, (E.) doctor Iván Jiménez Zuluaga:
El proyecto de ley que aprueba el
tratado contiene tres artículos fue publicado en la Gaceta 701 de 2008,
debidamente repartida en las oficinas de los honorables Representantes.
Hace uso de la palabra el Presidente de la
Comisión, honorable Representante Julio E. Gallardo Archbold:
¿Tiene alguna proposición señor
Secretario?
Hace uso de la palabra el Secretario
General de la Comisión, (E.) doctor Iván Jiménez Zuluaga:
No señor Presidente, no hay ninguna
proposición al respecto.
Hace uso de la palabra el Presidente de la
Comisión, honorable Representante Julio E. Gallardo Archbold:
Se somete a consideración de la Comisión
el articulado de este proyecto, se da la discusión, continúa, anuncio que se va
a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueba la Comisión el articulado del proyecto?
Hace uso de la
palabra el Secretario General de la Comisión (E.) doctor Iván Jiménez Zuluaga:
Está aprobado el articulado del proyecto
señor Presidente.
Hace uso de la palabra el Presidente de la
Comisión honorable Gallardo Archbold:
Título del proyecto.
Hace uso de la palabra el Secretario
General de la Comisión, (E.) doctor Iván Jiménez Zuluaga:
por medio de la cual se aprueban las
reglas de procedimiento y prueba y los elementos de los Crímenes de la Corte
Penal Internacional aprobados por la Asamblea de los Estados partes de Corte
Penal Internacional, en Nueva York, del 3 al 10 de septiembre de 2002.
Está leído el
título del proyecto señor Presidente.
Hace uso de la palabra el Presidente de la
Comisión, honorable Representante Julio E. Gallardo Archbold:
Se somete a consideración de la
honorable Comisión el título del proyecto, se da la discusión, continúa la
discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueba la Comisión el
título de proyecto?
Hace uso de la palabra el Secretario
General de la Comisión, (E.) doctor Iván Jiménez Zuluaga:
Está aprobado el título del proyecto de
ley señor Presidente
Hace uso de la palabra el Presidente de la
Comisión, honorable Representante Julio E. Gallardo Archbold:
Quiere la Comisión que este proyecto se
convierta en ley de la República.
Hace uso de la palabra el Secretario
General de la Comisión, (E.) doctor Iván Jiménez Zuluaga:
Sí lo quiere señor Presidente”. [28]
3.4.5.
Ponencia para cuarto debate
La
ponencia para cuarto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, del
Proyecto de Ley número 338 de 2008 Cámara, fue presentada por el Representante
Crisanto Pizo Mazabuel,  y publicada en la Gaceta de Congreso No. 832 del 21 de
noviembre de 2008 (Pág. 18-23, a folios 136-141 del Cuaderno de Pruebas 6).
3.4.6.
Anuncio para votación en cuarto debate
En
cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del
Proyecto de Ley 338 de 2008 Cámara, por parte de la Plenaria de la Cámara de
Representantes, fue anunciada el día 25 de noviembre de 2008, para llevarse a
cabo en la sesión del día 2 de diciembre próximo, o en su defecto, “para la
siguiente sesión”.  Aun cuando la Plenaria de la Cámara tenía previsto
sesionar el día 26 de noviembre de 2008, no anunció proyectos para ser votados
en dicha sesión, en razón a que estaba previsto que en ella se adelantara un
debate de control político. Así consta en el Acta No. 153 de la misma fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso número 15 del 30 de enero de 2009. El texto
del anuncio para votación, y la razón por la cual no había sesión el día 26 de
noviembre, aparece en la citada acta, en los siguientes términos:
La
Subsecretaria General de la Cámara de Representantes, doctora Flor Marina Daza
Ramírez, procede a anunciar los proyectos:
Señor
Presidente, se anuncian los proyectos para el próximo 2 de diciembre o para
la siguiente Sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos
legislativos.
Informes
de conciliación:
(…)
·  Proyecto de ley
338 de 2008 Cámara, 187 de 2007 Senado, por medio de la cual se
aprueban las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes
de la Corte Penal Internacional, aprobados por la Asamblea de los Estados Parte
de la Corte Penal Internacional, en Nueva York, del 3 al 10 de septiembre de
2002.
(…)
Señor
Presidente, están anunciados los proyectos de ley.
Damos
por terminada la sesión y se convoca para el día de mañana a las 3:00 de la
tarde para debate de control político. Muchas gracias[29].
3.4.7. Aprobación
en cuarto debate
La
aprobación del Proyecto de Ley 338 de 2008 Cámara, por parte de la Plenaria de la
Cámara de Representantes, tuvo lugar en los términos del anuncio que
debidamente se realizó en la sesión del 25 de noviembre de 2008.
En
efecto, considerando que el día 2 de diciembre de 2008 no hubo sesión plenaria,
el proyecto fue aprobado en la “sesión siguiente”, es decir, en la
sesión del día 3 de diciembre de 2008, tal como consta en el Acta No. 155 de la
misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 35 del 16 de febrero de
2009.
Para
efectos de confirmar tal afirmación, es necesario recordar, inicialmente, que,
de acuerdo con el anuncio de votación, el Proyecto de Ley 338 de 2008 Cámara,
debía ser debatido y aprobado en la sesión del día 2 de diciembre o, en su
defecto, en la siguiente sesión plenaria.
Revisado
por esta Corporación el consecutivo de actas expedidas entre los días 25 de
noviembre y 3 de diciembre de 2008, se observa lo siguiente: (i) el Acta 153
del 25 de noviembre de 2008, corresponde a la sesión plenaria de la misma
fecha, en la cual se hizo el anuncio para votación del citado proyecto de Ley
338 de 2008 Cámara; (ii) el acta que le sigue en orden, el Acta 154 del 26 de
noviembre de 2008, corresponde a la sesión plenaria de esa misma fecha, en la
que no se debatieron proyectos de ley, pues estaba convocado un debate de
control político; y, el acta subsiguiente, (iii) el Acta 155, corresponde a la
sesión que tuvo lugar el 3 de diciembre de 2008, en la cual se aprobó el
Proyecto de Ley 338 de 2008/Cámara.
De
acuerdo con el orden y contenido de las Actas 153, 154 y 155, se sacan las
siguientes dos conclusiones. La primera, que, en efecto, el día 2 de diciembre
de 2008, la Plenaria de la Cámara no sesionó y, según consta en el Acta 155, no
lo hizo “como señal de duelo por la muerte del ex representante y senador
José Gonzalo Gutiérrez”. La segunda, que la sesión que siguió a la fallida
del 2 de diciembre, fue la del día 3 de ese mismo mes.
Por
lo tanto, en cumplimiento a lo previsto en el anuncio, dado que no hubo sesión
el día 2 de diciembre, lo que correspondía era que el Proyecto de Ley 338 de
2008 Cámara, fuera votado en la sesión siguiente, la del 3 de diciembre, como
se previó en el anuncio y como en efecto ocurrió.
Como
ya se mencionó, la discusión y aprobación del citado proyecto en la Sesión
Plenaria del 3 de diciembre de 2008, consta en el Acta No. 155 de la misma
fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 35 del 16 de febrero de 2009;
acta en la que también se mencionan los motivos por los cuales la Plenaria de la
Cámara no sesionó el día 2 de diciembre de 2008. En cuanto a la votación del
proyecto, se lee en dicha acta:
“La
Secretaría General informa (doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo):
Proyecto
de ley, por medio de la cual se aprueban las Reglas de Procedimiento y Prueba y
los Elementos de los Crímenes de la Corte Penal Internacional, aprobados por la
Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional, en Nueva York,
del 3 al 10 de septiembre de 2002.
El
informe de ponencia es como sigue. Proposición: Dése segundo debate al proyecto
de ley, por medio de la cual se aprueban las Reglas de Procedimiento y Prueba y
los Elementos de los Crímenes de la Corte Penal Internacional, aprobados por la
Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional, en Nueva York,
del 3 al 10 de septiembre de 2002.
Firma:
Crisanto Pizo  Mazabuel, Representante a la Cámara.
Dirección
de la Sesión por la Presidencia (doctor Lidio García Turbay):
En
consideración a la proposición con la que termina el informe, se abre su
discusión.
(…)
Continúa
la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, ¿La aprueba la Cámara?
La
Secretaría General informa (doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo):
Aprobada
señor Presidente.
Dirección
de la Sesión por la Presidencia (doctor Lidio García Turbay):
El
articulado, señor Secretario.
La
Secretaría General informa (doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo):
Se
compone de tres artículos, no tiene proposiciones.
(..)
Dirección
de la Sesión por la Presidencia (doctor Lidio García Turbay):
Continúa
la discusión.
(…)
El
articulado señor Secretario.
La
Secretaría General informa (doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo):
Tres
artículos, no tiene proposiciones, pregunte a la Plenaria si autoriza la
omisión de su lectura.
Dirección
de la Sesión por la Presidencia (doctor Lidio García Turbay):
¿Quiere
la Plenaria que se omita la lectura del articulado?
La
Secretaría General informa (doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo):
Sí
lo quiere.
Dirección
de la Sesión por la Presidencia (doctor Lidio García Turbay):
En
consideración al articulado, se abre su discusión, anuncio que va a cerrarse,
queda cerrada, ¿Lo aprueba la Cámara?
La
Secretaría General informa (doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo):
Aprobado,
señor Presidente.
Dirección
de la Sesión por la Presidencia (doctor Lidio García Turbay):
Título
del proyecto, señor Secretario.
La
Secretaría General informa (doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo):
Por
medio de la cual se aprueban las reglas de procedimiento y los Elementos de los
Crímenes de la Corte Penal Internacional, aprobados por la Asamblea de los
Estados Parte de la Corte Penal Internacional, en Nueva York, del 3 al 10 de
septiembre de 2002.
Ha
sido leído el título.
Dirección
de la Sesión por la Presidencia (doctor Lidio García Turbay)
En
consideración al título del proyecto, se abre su discusión, anuncio que va a
cerrarse, queda cerrada, ¿Lo aprueba la Cámara?
La
Secretaría General informa (doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo):
Aprobado,
señor Presidente.
Dirección
de la Sesión por la Presidencia (doctor Lidio García Turbay)
¿Quiere
la Cámara que el proyecto sea ley de la República?
La
Secretaría General informa (doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo):
Así
lo quiere, señor Presidente”.
Con
respecto a las razones por las cuales no hubo sesión Plenaria el día 2 de
diciembre, se lee en el Acta 155:
“La
Secretaría deja constancia que los proyectos que hoy se van a estudiar y a
discutir fueron anunciados en la sesión del miércoles anterior para el día
martes 2 de diciembre o para la sesión siguiente en que se discutieran o
votaran proyectos de ley, en razón a que el día de ayer martes 2 no hubo sesión
como señal de duelo por la muerte del ex representante y senador José Gonzalo
Gutiérrez.”
Conforme
con la certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de
Representantes, remitida a este Tribunal el 26 de febrero de 2009[30], en la Sesión
Plenaria del 3 de diciembre de 2008, el Proyecto de Ley 338 de 2008 Cámara, fue
considerado y aprobado, por mayoría de los presentes, y mediante votación
ordinaria, con la asistencia a la sesión de ciento cincuenta (150)
Representantes.
El
texto definitivo del proyecto aprobado en la Plenaria de la Cámara de
Representante, aparece publicado en la Gaceta del Congreso No. 937 del 12 de
diciembre de 2008.[31]
3.5.
Sanción
Presidencial
Finalmente, el
día 31 de diciembre de 2008, el Presidente de la República sancionó la Ley
1268, “por medio de la cual se aprueban las Reglas de Procedimiento y Prueba
y los Elementos de los Crímenes de la Corte Penal Internacional, aprobados por la
Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional, en Nueva York,
del 3 al 10 de septiembre de 2002”.
4.
Conclusiones en relación con el trámite legislativo surtido en el Congreso de
le República
De
la secuencia legislativa anterior, encuentra la Corte que el Proyecto de Ley
187 de 2007 Senado – 338 de 2008 Cámara, que concluyó con la expedición de la
Ley 1268 de 2008, cumplió con los requisitos formales exigidos por la
Constitución Política. Veamos:
4.1.   Inició
su trámite en el Senado de la República, conforme lo dispone el artículo 154 de
la Carta, y el proyecto fue asignado a la Comisión Segunda Constitucional
Permanente de relaciones internacionales, comercio exterior y defensa nacional,
como lo exige la Ley 3ª de 1992.
4.2.   Se
efectuaron las publicaciones oficiales, conforme lo establece el numeral 1° del
artículo 157 Superior y demás normas concordantes. En efecto, las publicaciones
se dieron de la siguiente manera: (1) antes de darle curso en la respectiva
Comisión del Senado, el proyecto fue publicado, junto con la exposición de
motivos, en la Gaceta del Congreso No. 574 del 14 de noviembre de 2007;  (2) la
ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado fue publicada en la
Gaceta del Congreso No 139  del 14 de abril de 2008; (3) el texto aprobado en
primer debate fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 454 del 24 de julio
de 2008; (4) la ponencia para segundo debate en la plenaria del Senado de la
República fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 243 del 9 de mayo de
2008; (5) el texto definitivo aprobado en la plenaria del Senado de la
República fue publicado en la Gaceta No. 505 del 5 de agosto de 2008; (6) la
ponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes fue publicada en la Gaceta No. 701 del 3 de octubre de 2008; (7)
el texto aprobado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue
publicado en la Gaceta No. 203 del 14 de abril de 2008; (8) la ponencia para
segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes fue publicada en la
Gaceta del Congreso No. 832 del 21 de noviembre de 2008; y (9) el texto
definitivo aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes fue publicado
en la Gaceta No. 937 del 12 de diciembre de 2008.
4.3.   Se cumplieron
los términos previstos en el inciso 1° del artículo 160 de la Constitución.
Tanto el de los 8 días que deben mediar entre el primero y el segundo debate en
una misma Cámara, como el de los 15 días que deben transcurrir entre la
aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del debate en la otra.
4.3.1. Ciertamente,
mientras el  primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República se
realizó el día 29 de abril 2008, el segundo debate en la Plenaria del Senado se
llevó a cabo el 18  de junio de 2008, transcurriendo entre ellos más de 8 días.
Lo mismo ocurrió en el trámite surtido en la Cámara de Representantes, habida
cuenta que, mientras el primer debate en Comisión se cumplió  el 5 de noviembre
de 2008, el segundo debate en Plenaria se efectuó el 3 de diciembre de 2008,
existiendo una diferencia de más de 8 días.
4.3.2. Por otra parte,
entre la aprobación del proyecto en la Plenaria del Senado de la República, que
tuvo lugar el 29 de abril de 2008, y la iniciación del debate en la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes, el 5 de noviembre de 2008, transcurrió
un tiempo notoriamente superior a los 15 días que exige la Constitución.
4.4.   El proyecto fue
discutido y aprobado en cuatro debates, en Comisiones y Plenarias de ambas
Cámaras, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 157 Superior. En cuanto a
su discusión y aprobación, lo fue conforme al quórum y a las mayorías exigidas
por los artículos 146 y 147 de la Carta y el Reglamento del Congreso. Su
votación se dio en algunos casos por consenso, y en otros por mayoría de los
congresistas asistentes, tal como consta en las Actas referenciadas en el
acápite anterior, y como lo ratifican las certificaciones expedidas por los
respectivos secretarios generales de las comisiones y plenarias anexas al
expediente.
4.5. El proyecto fue considerado en máximo dos legislaturas, tal como lo
exige el Artículo 162 de la Carta Política. Lo anterior se verifica al observar
la fecha  en la que el proyecto de ley fue radicado en el Senado de la
República, lo cual tuvo ocurrencia el día 9 de noviembre de 2007, y la fecha en
que fue aprobado en la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes, lo que
sucedió el día 3 de diciembre de 2008. Así, se tiene que el mismo inició su
trámite en la legislatura que comenzó el 20 de julio de 2007 y que concluyó el
20 de junio de 2008, al tiempo que fue aprobado en la legislatura que empezó el
20 de julio de 2008 y que finalizó en 20 de junio de 2009, habiendo sido
debatido y aprobado, entonces, dentro del término de dos legislaturas y no más
allá.
4.6.
Como
se indicó previamente, el Proyecto de Ley que culminó con la expedición de la
Ley 1268 de 2008,
obtuvo
la correspondiente sanción presidencial, el 31 de diciembre de 2008,
cumpliéndose de esta manera con lo previsto en el numeral 4 del artículo 157
Superior.
4.7.
En
cuanto hace a la observancia del requisito del anuncio previo, previsto en el
artículo 8° del Acto Legislativo N° 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 de
la Constitución, la Corporación considera necesario hacer las siguientes
consideraciones previas:
Según lo
dispone el inciso 5° del artículo 160 de la Carta Política, tal y como el mismo
fue adicionado por el artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, “Ningún
proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que
previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a
votación lo dará la presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a
aquella en la cual se realizará la votación”.
La Corte ha
justificado la incorporación de dicho mandato al ordenamiento jurídico,
señalando que con el mismo se persigue, “[p]or una parte, permitir que los
congresistas conozcan con la debida anticipación los proyectos y demás asuntos
sometidos a su consideración, evitando que sean sorprendidos con votaciones no
anunciadas e intempestivas. Y por la otra, garantizar a los ciudadanos y a las
organizaciones sociales que tengan interés en los proyectos tramitados por el
Congreso, una participación política oportuna, de manera que puedan incidir a
tiempo en su proceso de aprobación, dando a conocer sus opiniones e ideas y
manifestando su acuerdo o desacuerdo con lo debatido”[32].
En distintos
pronunciamientos sobre la materia, este Tribunal ha sostenido que el requisito
de anuncio reúne unos presupuestos básicos,[33] los cuales
deben ser observados por el Congreso y posteriormente verificados por el órgano
de control constitucional. Tales presupuestos son: (i) que se anuncie la
votación del proyecto en cada uno de los debates reglamentarios; (ii) que el
anuncio lo haga la presidencia de la Cámara o de la respectiva Comisión en una
sesión diferente y previa a aquella en la cual debe realizarse la votación del
proyecto; (iii) que la fecha de la votación sea cierta, determinada o, en su
defecto, determinable; y (iv) que el proyecto no sea votado en sesión distinta
a la anunciada previamente.
Alrededor
de los citados presupuestos, la propia jurisprudencia constitucional ha
construido unas reglas objetivas de valoración, dirigidas a permitir que tanto
la interpretación como el juzgamiento del requisito de anuncio, sea el
resultado de un proceso lógico y racional.
a)
- Ha dicho, que el anuncio no tiene que hacerse a través de una determinada
fórmula sacramental o de cierta expresión lingüística[34], en razón a que
la Constitución no prevé el uso de una locución específica para cumplir el
mandato constitucional. Si el propósito del anuncio es prevenir oportunamente a
los miembros de las cámaras y a la comunidad sobre los asuntos que tramita el
Congreso, lo que coadyuva a ese fin, es que la expresión utilizada permita tener
noticia clara sobre esos hechos. Por eso, la jurisprudencia ha dicho, que
utilizar la expresión “anuncio”, para referirse a los proyectos que
serán debatidos y votados en otra sesión, puede entenderse como circunscrita a
la intención del Congreso de dar cumplimiento al requisito de anuncio, pues se
trata de una expresión lingüística utilizada sólo para anunciar votaciones.
b)
- También ha sostenido, que es posible considerar cumplido el requisito de
anuncio, cuando del contexto de los debates surgen elementos de juicio que
permiten deducir que la intención de las mesas directivas ha sido la de
anunciar la votación de ciertos proyectos para una sesión posterior.
c) - Afirma,
igualmente, que el anuncio debe permitir determinar la sesión futura en la cual
va a tener lugar la votación del proyecto de ley en trámite[35], con lo cual,
sólo la imposibilidad para establecer la sesión en que habría de tener
ocurrencia dicho procedimiento, hacen de aquél un anuncio no determinado ni
determinable, y, en consecuencia, contrario al requisito previsto en el
artículo 160 de la Carta[36]. Para definir
lo que debe entenderse por la expresión “determinable”, la Corporación
ha señalado[37] que expresiones
como: “para la siguiente sesión” o “en la próxima sesión”, permiten
entender que sí fue definida la fecha y la sesión en la cual el proyecto de ley
debe ser votado, con lo cual se considera cumplido el requisito del aviso.
d)
- Finalmente, ha manifestado, que cuando la consideración y votación de un
proyecto se aplaza indefinidamente, de forma tal que no se realiza en la sesión
inicial para la cual fue anunciada, las mesas directivas deben continuar con la
cadena de anuncios. Ello significa, que deben reiterar el anuncio de votación
en cada una de las sesiones que antecedan a aquella en que efectivamente se
lleve a cabo la aprobación del proyecto, pues sólo de esa forma se garantiza el
fin constitucional del aviso. En relación con este último aspecto, la
jurisprudencia ha dejado claro que, en los casos en que no se ha realizado la
votación del proyecto en el día señalado en el anuncio, por el hecho de no
haber tenido lugar la respectiva sesión, no existe el deber de renovar el
anuncio, siempre y cuando se proceda a votar el proyecto en la primera ocasión
en que se reanuden las sesiones para debate y aprobación de proyectos[38].
4.7.1.
A la luz de
las anteriores premisas, y de acuerdo con la descripción del proceso de
formación de la Ley 1268 de 2008, constata la Corte que en el trámite de
aprobación de la citada ley, se cumplió con el requisito del aviso previo.
4.7.2. En el primer
debate en la Comisión Segunda del Senado, (i) se anunció debidamente el
proyecto al emplearse las expresiones “anuncio de discusión y votación de
proyectos de ley”; (ii) el anuncio se realizó en sesión distinta (22 de
abril de 2008) y previa a la votación (29 de abril de 2008); (iii) la fecha de
la votación resulta claramente determinable al haberse hecho uso de la
expresión “para la próxima sesión”; y (iv) la votación se llevó a cabo
en la sesión indicada en el anuncio, ya que éste se hizo el 22 de abril de
2008, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del 29
de abril de 2008, donde efectivamente se votó.
4.7.3.
En
segundo debate en la Plenaria del Senado, (i) el anuncio del proyecto se llevó
a cabo en forma debida, al utilizarse las expresiones “anuncia los proyectos
de ley que se discutirán y aprobaran”; (ii) el anuncio se realizó en sesión
distinta (17 de junio de 2008) y previa a la votación (18 de junio de 2008);
(iii) la fecha de la votación resulta claramente determinable al haberse hecho
uso de la expresión “en la próxima sesión”; y (iv) la votación se llevó
a cabo en la sesión indicada en el anuncio, ya que éste se hizo el 17 de junio
de 2008, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del
18 de junio de 2008, donde efectivamente se votó.
4.7.4. En el tercer
debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, (i) se anunció
debidamente el proyecto al emplearse las expresiones “Anuncios de proyectos
de ley para discusión y aprobación”; (ii) el anuncio se realizó en sesión
distinta (4 de noviembre de 2008) y previa a la votación (5 de noviembre de
2008); (iii) la fecha de la votación resulta claramente determinable al haberse
utilizado la expresión “en próxima sesión”; y (iv) la votación se llevó
a cabo en la sesión indicada en el anuncio, ya que éste se hizo el 4 de
noviembre de 2008, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la
sesión del 5 de noviembre de 2008, donde efectivamente se votó.
4.7.5. En el cuarto
debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, (i) también se anunció
debidamente el proyecto, al emplearse las expresiones “se anuncian los
proyectos”; (ii) el anuncio se realizó en sesión distinta (25 de noviembre
de 2008) y previa a la votación (3 de diciembre de 2008); (iii) la fecha de la
votación resulta claramente determinable al haberse utilizado la expresión “para
el próximo 2 de diciembre o para la siguiente Sesión Plenaria”; y (iv) la
votación se llevó a cabo en la sesión indicada en el anuncio, ya que éste se
hizo el 25 de noviembre de 2008, y en la medida en que no hubo sesión plenaria
el día 2 de diciembre, el proyecto se votó en la sesión siguiente, esto es, en
la sesión del 3 de diciembre de 2008.
Con
respecto al cuarto debate, cabe precisar que, para esta Corporación, se cumple
cabalmente el requisito del anuncio previo. Esto, por cuanto la fecha señalada
para discutir y votar el proyecto, era el día 2 de diciembre o la siguiente
sesión plenaria donde se debatieran proyectos, y en la medida en que no hubo
sesión el 2 de diciembre, en señal de duelo por el fallecimiento de un Senador
y ex Representante, por expreso mandato del anuncio, la Plenaria estaba
habilitada para votarlo en la siguiente sesión,  como en efecto sucedió al
haberse aprobado el proyecto el 3 de diciembre.
La
posición adoptada en este punto, resulta conforme con la jurisprudencia
constitucional, pues, según se mencionó en precedencia, la Corte ha dicho que, en
los casos en que no se ha realizado la votación del proyecto en el día señalado
en el anuncio, por el hecho de no haber tenido lugar la respectiva sesión, no
existe el deber de renovar el anuncio, siempre y cuando se proceda a votar el
proyecto en la primera ocasión en que se reanuden las sesiones para debate y
aprobación de proyectos. Tratándose del cuarto debate  del proyecto bajo
examen, la situación es todavía más clara, si se tiene en cuenta que fue en el
propio anuncio, donde se previo la posibilidad de que el proyecto fuera
finalmente votado en la sesión siguiente a la fecha inicialmente señalada.
4.8.
En los términos señalados, la Corte concluye que la Ley 1268 de 2008, “Por
medio de la cual se aprueban las Reglas de Procedimiento y Pruebas y los
Elementos de los Crímenes de la Corte Penal Internacional aprobados por la
Asamblea de los Estados Partes de la Corte penal Internacional, en Nueva York,
del 3 al 10 de septiembre de 2002”,  cumplió con los requisitos formales
impuestos por la Constitución Política para la aprobación de las leyes.
Pasa
entonces la Corte a examinar si el instrumento que contiene los documentos
citados, y su respectiva ley aprobatoria, cumplen desde el punto de vista
material, las previsiones especiales señaladas por la Constitución y la
jurisprudencia para todo lo relacionado con el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional.
5.      Revisión
material de las Reglas de procedimiento y Pruebas y de los elementos de los
crímenes de la Corte Penal Internacional, aprobados por la Ley 1268 de 2008
5.1.   Presupuestos
generales para llevar a cabo el control material de constitucionalidad del
instrumento internacional objeto de análisis
5.1.1.
Como ya ha sido explicado, el control material de constitucionalidad sobre los
instrumentos que desarrollan y complementan el Estatuto de Roma, como es el
caso de las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes, presenta
unas características especiales frente al que de manera general ejerce la Corte
sobre los demás tratados o convenios internacionales. Atendiendo a los mandatos
previstos en el Acto Legislativo 02 de 2001, mediante el cual se autorizó al
Estado a reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en los
términos del tratado firmado en Roma el día diecisiete (17) de julio de mil
novecientos noventa y ocho (1998), dicho control se encuentra limitado a: (i)
interpretar el alcance de cada instrumento, (ii) adelantar una descripción y
análisis de los mismos, (iii) identificar su ámbito de aplicación y,
finalmente, (iv) constatar si existe alguna diferencia entre los
mencionados instrumentos y la Constitución Política, caso en el cual debe
proceder a declarar que ellos han sido autorizados especialmente por el
constituyente derivado en el Acto Legislativo 02 de 2001, pues el propósito de la
reforma constitucional fue, precisamente, la de permitir “un tratamiento
diferente”, siempre y cuando éste opere exclusivamente dentro del ámbito de
aplicación del Estatuto de Roma.
5.1.2.
Frente a la posible declaratoria de tratamientos diferentes sobre las Reglas de
Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes, también se precisó que
las mismas deben hacerse, a partir de los tratamientos diferentes declarados
por la Corte en la Sentencia C-578 de 2002 para el Estatuto de Roma, en cuanto
que, según se ha expresado, tales instrumentos son desarrollo del citado
estatuto y están sometido al mismo en todas sus partes.
5.1.3.
Precisamente, en la ya citada Sentencia C-578 de 2002, la Corte identificó las
disposiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que contienen
tratamientos diferentes a los previstos en la Constitución Política,
reconociendo que, en todo caso, los mismos fueron expresamente autorizados por
el Acto Legislativo No. 02 de 2001, siempre que se entienda que están llamados
a surtir efectos, exclusivamente, dentro del ámbito del citado Estatuto. En
dicho fallo, la Corte declaró la existencia de tratamientos diferentes respecto
de algunos apartes de los siguientes artículos:
1.     En el artículo
27, que regula la improcedencia del cargo oficial como excusa para sustraerse
del juzgamiento de la Corte Penal Internacional, con lo cual se entiende que el
Estatuto de Roma se aplica por igual a todos sin distinción alguna basada en el
cargo oficial. De acuerdo con dicha norma, el cargo oficial de una persona, sea
Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento,
representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso eximirá de
responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Precisó la Corporación que dicho mandato prevé un tratamiento diferente a los
fueros especiales, a las inviolabilidades de los congresistas y al régimen de
investigación y juzgamiento de otros altos funcionarios, consagrados en nuestra
Carta en los artículos 174, 185, 186, 199, 221, 251.1 y 235-2-3-4. Sin embargo,
dicho tratamiento diferente fue autorizado por el Acto Legislativo No. 02 de
2001, en tanto se entienda que sólo será aplicable en el evento en que la Corte
Penal Internacional ejerza su competencia complementaria y no modifica las
disposiciones internas correspondientes.
2.     En el artículo
28, que se ocupa, de una parte, de la responsabilidad de jefes militares, ya
sea de un ejército regular o de un grupo armado irregular, por crímenes de
competencia de la Corte Penal Internacional cometidos por fuerzas bajo su
mando; y de otra, de extender la responsabilidad del comandante a superiores
civiles respecto de crímenes cometidos por sus subordinados en las
circunstancias establecidas en el Estatuto de Roma. En relación con el primer
aspecto, la Corte no encontró objeción alguna, por cuanto la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado y aplicado la doctrina penal de la llamada
“posición de garante” referida a la fuerza pública, concretamente, en la
Sentencia SU-1184 de 2001. De acuerdo con dicha sentencia, en Colombia, “la
responsabilidad del jefe o superior tiene cabida respecto del jefe militar,
oficial o de facto”. Sin embargo, tratándose del segundo aspecto, por su
intermedio se fija un sistema de responsabilidad especial, no previsto en el
ordenamiento jurídico colombiano, en el sentido de que “los civiles que tengan
subordinados bajo su autoridad o control efectivo también pueden ser hallados
responsables por no ejercer un control apropiado de éstos en las condiciones
establecidas en el literal b) del artículo 28 del Estatuto de Roma”. Dijo la
Corte, entonces, que se trata, en este último caso, de un parámetro de
responsabilidad diferente, que fue autorizado por el Acto Legislativo No. 02 de
2001 para los casos que lleguen al conocimiento de la Corte Penal
Internacional.
3.     En el artículo
29, mediante el cual se establece la imprescriptibilidad de los crímenes de
competencia de la Corte Penal Internacional. Según lo mencionó esta
Corporación, la citada disposición consagra un tratamiento diferente al
previsto en el artículo 28 de la Constitución Política, que prohíbe la
aplicación en Colombia de penas y medidas de seguridad imprescriptibles, el
cual sólo será aplicable por la Corte Penal Internacional cuando ejerza su
competencia complementaria para investigar y juzgar cualquiera de los crímenes
previstos en el Estatuto, así la acción penal o la sanción penal para los
mismos haya prescrito según las normas jurídicas nacionales. Como se mencionó
en el fallo, se trata de un tratamiento especial que fue expresamente
autorizado por el constituyente derivado a través del Acto Legislativo No. 02
de 2001, en el ámbito de la competencia complementaria de la Corte Penal
Internacional, ya que la actual Carta Política (art. 28) no autoriza la
aplicación en Colombia de penas y medidas de seguridad imprescriptibles.
4.     En los artículos
31, 32 y 33, que establecen un tratamiento diferente al previsto en la
Constitución Política, pero sólo respecto de las causales eximentes de
responsabilidad penal en ellos consagradas, referidas a la legítima defensa de
la propiedad en casos de crímenes de guerra (numeral 1, literal c) del artículo
31 del ER) y la regulación del principio de obediencia debida (artículo 33 del
ER). A juicio de la Corte, esas dos causales eximentes de responsabilidad
penal, “han sido sometidas a requisitos concretos que difieren de los
establecidos en la Constitución, como por ejemplo, el hecho de que sólo se
aplica a crímenes de guerra”. No obstante, ese tratamiento especial “fue
autorizado por el Acto Legislativo No. 02 de 2001 y, en virtud del principio de
complementariedad, dichas causales podrán ser esgrimidas, de conformidad con el
Estatuto de Roma, ante la Corte Penal Internacional, una vez ésta haya asumido
el conocimiento de un caso concreto”.
5.     En los artículos
61, párrafo 2, literal b) y 67, párrafo 1, literal d), los cuales admiten la
posibilidad de que la Corte Penal Internacional determine si es en “interés
de la justicia” que una persona investigada o enjuiciada por ella esté
representada por un abogado. Conforme lo precisó esta Corporación, la referida
atribución “abre la puerta no sólo para un tratamiento diferente al previsto en
el artículo 29 de la Constitución en materia de derecho a la defensa técnica,
sino para que los colombianos que eventualmente queden sometidos a la
competencia de la Corte Penal Internacional no gocen efectivamente de este
derecho”. Recordó la Corporación, que, aun cuando el espíritu que anima el
Estatuto de Roma es garantista de los derechos de los investigados o
enjuiciados, y no se discute el trato digno que la Corte penal Internacional le
otorgará a las personas sometidas a su competencia, el  derecho a la defensa
técnica aparece expresamente consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política, para todo el que tenga la condición de sindicado, durante la
investigación y el juzgamiento, sin ningún tipo de limitaciones, y sin que el
goce efectivo de tal derecho dependa de la decisión del órgano judicial.
6.     Y en el artículo
77.1, literal b), que le atribuye a la Corte Penal Internacional la facultad de
imponer la pena de reclusión a perpetuidad. De acuerdo con lo dicho por la
Corte, “[e]ste tratamiento diferente de la prohibición de la prisión perpetua
que consagra el artículo 34 de la Carta, fue autorizado por el Acto Legislativo
No. 02 de 2001, pero no habilita a las autoridades nacionales a aplicar este
tipo de pena cuando juzguen alguno de los crímenes señalados en el Estatuto de
Roma”.
5.2.
Descripción
general del Instrumento
5.2.1.
El instrumento internacional objeto de revisión, las Reglas de Procedimiento y
Pruebas y los Elementos de los Crímenes de la Corte Penal Internacional, hecho
en Nueva York, del 3 al 10 de septiembre de 2002, consta de dos partes. La
primera, denominada “Reglas de Procedimiento y Prueba”,  la cual cuenta
con 12 capítulos y 225 reglas, y constituye un instrumento para la aplicación
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, al cual está subordinado
en todas sus partes. La segunda, denominada “Elementos de los Crímenes”,
cuenta con una estructura temática especial, diseñada como un instrumento de
ayuda a la interpretación y aplicación de los artículos 6°, 7° y 8° del
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en forma compatible con dicho
estatuto. De acuerdo con ello, está conformado por 3 artículos que hacen
alusión a los elementos constitutivos de los delitos de genocidio, crímenes de
lesa humanidad y crímenes de guerra, contenidos en los artículos 6, 7 y 8 del
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
5.2.2.
A las Reglas de Procedimiento y Prueba hace referencia expresa el artículo 51
del Estatuto de Roma, mientras que a los Elemento de los Crímenes se refiere el
artículo 9° del mismo Estatuto, en los cuales se reguló su proceso de adopción
y aprobación.
5.2.1. Contenido
de las Reglas de Procedimiento y Prueba
5.2.1.1.
Como consecuencia de la expedición y suscripción del Estatuto de Roma (en
adelante ER), de manera general, las Reglas de Procedimiento y Prueba pretenden
desarrollar las relaciones que surgen entre la Corte Penal Internacional y los
Estados Partes y no Partes, como también fijar los elementos de interacción de
tal organismo. Aun cuando la competencia de la Corte Penal Internacional es
complementaria de las jurisdicciones nacionales, pues quienes inicialmente
tienen el deber jurídico de investigar, juzgar y sancionar los comportamientos
delictivos son los propios Estados, tan pronto como la Corte admite la
competencia para conocer de un caso, surge para los Estados Partes la
obligación de cooperar con el organismo. Particularmente, si se tiene en cuenta
que la Corte no cuenta con mecanismos propios para la ejecución de su poder
punitivo, ni con facultades de policía, ni tampoco con establecimientos
carcelarios, dependiendo así de los Estados, para la recolección de evidencias,
entrega de personas y cumplimiento de las sentencias impuestas.
5.2.2.2.
En ese contexto, el contenido de las reglas de procedimiento y Prueba está
dirigido a regular (i) todo lo relacionado con la organización interna de la
Corte, (ii) el procedimiento penal aplicable en el ámbito de su competencia, y
(iii) los regímenes de complementariedad y cooperación, en el entendido que,
como ya se mencionó, para fines de investigación, la Corte Penal Internacional
debe acudir a los sistemas judiciales nacionales, y para la ejecución de las
medidas de afectación provisional de la libertad y de la ejecución de la pena,
a los sistemas carcelarios de los Estados parte.  Según quedó dicho, el
instrumento cuenta con 12 capítulos y 225 reglas, cuya distribución y contenido
es el siguiente:
-
El
capítulo 1,
trata sobre las disposiciones generales y contiene 3 reglas. La regla 1,
se refiere a los términos empleados para los efectos del entendimiento
del instrumento, estableciendo el alcance de las siguientes palabras: “artículo”,
“sala”, “parte”, “Magistrado Presidente”, “Presidente”,
“reglamento” y “reglas”. Las reglas 2 y 3, hacen
referencia, tanto a la autenticidad de los textos que se encuentran escritos en
los idiomas oficiales de la Corte, como a las enmiendas que pueden hacerse a
las reglas y a la traducción de tales enmiendas.
-
El
capítulo 2,
se refiere a la composición y administración de la Corte, y está integrado por
cinco secciones. La Sección I, contiene las reglas generales relativas a
la composición y administración de la Corte (reglas 4, 5, 6, 7 y 8). La
Sección II, contiene las reglas sobre la Fiscalía, su funcionamiento (regla
9), la conservación de la información y pruebas (regla 10), y la delegación de
funciones (regla 11). La Sección III, trae las reglas sobre la
Secretaría, en 3 Subsecciones. En la Subsección 1, las reglas generales sobre
elección, del Secretario y el Secretario Adjunto, condiciones que deben reunir,
funciones, funcionamiento de la dependencia y registros (reglas 12 a 15). En la
Subsección 2, las reglas sobre la Dependencia de Víctimas y Testigos (reglas 16
a 19). En la Subsección 3, las reglas sobre abogados defensores (reglas 20 a
22). La Sección IV, contiene las reglas relacionadas con las situaciones
que pueden afectar el funcionamiento de la Corte, en 3 Subsecciones. En la
Subsección 1, las reglas sobre separación del cargo y medidas disciplinarias
(reglas 23 a 32). En la Subsección 2, las reglas sobre dispensa, recusación,
fallecimiento y dimisión de un magistrado, del fiscal, de un fiscal adjunto, el
secretario o el secretario adjunto (reglas 33 a 37). En la Subsección 3, reglas
sobre las sustituciones y magistrados suplentes (reglas 38 y 39). La Sección
V, contiene las reglas sobre publicación, idiomas y traducciones (reglas 40
a 43).
-
El
capítulo 3,
trata sobre la competencia y la admisibilidad de los asuntos de conocimiento de
la Corte, y está integrado por tres secciones. La Sección I, contiene
las reglas generales relativas a las declaraciones y remisiones relativas a los
artículos 11, 12, 13 y 14 del ER (reglas 44 y 45). La Sección II,
contiene las reglas sobre el inicio de una investigación de conformidad con el
artículo 15 del ER (reglas 46 a 50). La Sección III, trae las reglas
sobre las impugnaciones y decisiones preliminares con arreglo a los artículos
17, 18 y 19 del ER (reglas 51 a 62).
-
El
capítulo 4,
contiene las disposiciones relativas a las diversas etapas del procedimiento
aplicable a los asuntos de conocimiento de la Corte, y está integrado por
cuatro secciones. La Sección I, contiene las reglas generales relativas
a la prueba (reglas 63 a 75). La Sección II, contiene las reglas sobre
la divulgación de documentos o información (reglas 76 a 84). La Sección III,
trae las reglas sobre víctimas y testigos, en 4 Subsecciones. En la Subsección
1, las reglas sobre definición de víctimas y principio general aplicable
(reglas 85 y 86). En la Subsección 2, las reglas sobre protección de las
víctimas y los testigos (reglas 87 y 88). En la Subsección 3, las reglas sobre
participación de las víctimas en el proceso (reglas 89 a 93). En la Subsección
4, las reglas sobre reparación de víctimas (reglas 94 a 99). La Sección IV,
contiene las reglas relacionadas con asuntos diversos como son: el lugar del
juicio (regla 100), plazos (regla 101), comunicaciones que no consten por
escrito (regla 102), y Amicus Curiae y otras formas de presentar
observaciones (regla 103).
-
El
capítulo 5,
desarrolla lo referente  a la investigación y el juzgamiento, a través de seis
secciones. La Sección I, contiene las reglas sobre decisión del Fiscal
respecto del inicio de una investigación de conformidad con los parágrafos 1 y
2 del artículo 53 del ER (reglas 104 a 106). La Sección II, refiere a
las reglas relacionadas con el procedimiento de revisión de conformidad con el
parágrafo 3 del artículo 53 del ER (reglas 107 a 110). La Sección III,
trae las reglas sobre reunión de pruebas (reglas 111 a 116). La Sección IV,
incluye las reglas sobre los procedimientos relativos a la restricción y
privación de la libertad (reglas 117 a 120). La Sección V, contiene las
reglas sobre el procedimiento de confirmación de los cargos de conformidad con
el artículo 61 del ER (reglas 121 a 126). La Sección VI, se refiere a
aquellas reglas que regulan la conclusión de la fase previa al juicio (reglas 127
a 130).
-
El
capítulo 6,
se ocupa de lo relacionado con el procedimiento aplicable en el juicio: (-)
expedientes, (-) reuniones con las partes, (-) impugnación de la admisibilidad
o de la competencia, (iv) peticiones relacionadas con la sustanciación del
juicio, (-) reconocimiento médico del acusado, (-) acumulación y separación de
autos, (-) expediente de las actuaciones del juicio, (-) custodias de las
pruebas, (-) decisión sobre la declaración de culpabilidad, (-) instrucciones
para la diligencia de prueba y testimonio, (-) cierre del periodo de prueba y
alegatos finales, (-) deliberaciones, (-) audiencias adicionales sobre
cuestiones relativas a la imposición de la pena o la reparación y (-) anuncio
de las decisiones (reglas 131 a 144).
-
El
capítulo 7,
trata lo relativo a las penas, refiriéndose de manera específica a su
imposición, a la imposición de multas de acuerdo con el artículo 77 del ER, a
las órdenes de decomiso, y a la orden de transferencia de las multas o decomiso
al Fondo Fiduciario (reglas 145 a 148).
-
El
capítulo 8,
regula todo lo relativo a la apelación y la revisión de las decisiones
adoptadas por la Corte, a través de cuatro secciones. La Sección I,
contiene las reglas sobre disposiciones generales, concretamente, en lo
relativo al procedimiento que debe seguirse en la Sala de Apelaciones (regla
149). La Sección II, fija las reglas de la apelación de la sentencia
condenatoria o absolutoria, de la pena o de la decisión de otorgar reparación
(reglas 150  a 153). La Sección III, contiene las reglas sobre apelación
de otras decisiones (reglas 154 a 158). La Sección IV, señala las reglas
sobre la revisión de la sentencia condenatoria o de la pena (reglas 159 a 161).
-
El
capítulo 9,
trata de los delitos contra la administración de justicia  y faltas de conducta
en la Corte con arreglo a los artículos 70 y 71 del ER, lo que desarrolla en
dos secciones. La Sección I, fija las reglas relativas a los delitos
contra la administración de justicia con arreglo al artículo 70 del ER (reglas 162
a 169). La Sección II, señala las reglas sobre las faltas de conducta en
la Corte con arreglo al artículo 71 del ER. En este último caso, se desarrollan
las faltas de: (i) alteración del orden en las actuaciones de la Corte, (ii)
negativa a cumplir una orden de la Corte y (iii) y la conducta a que se
refieren los artículos 70 y 71 del Estatuto (reglas 170 a 172).
-
El
capítulo 10,
se ocupa del tema de las indemnizaciones del detenido o condenado,
concretamente, en lo que tiene que ver con la solicitud de indemnización, el
procedimiento para solicitarla y el monto de la misma (reglas 173 a 175).
-
El
capítulo 11,
a través de seis secciones, regula los aspectos relacionados con la cooperación
internacional y la asistencia judicial. La Sección I, contiene las
reglas sobre las solicitudes de cooperación con arreglo al artículo 87 del ER
(reglas 176 a 180). La Sección II, comprende las reglas sobre entrega,
tránsito y solicitudes concurrentes con arreglo a los artículos 89 y 90 del ER
(reglas 181 a 186). La Sección III, fija las reglas relativas a los
documentos que acompañan a la solicitud de detención y entrega con arreglo a
los artículos 91 y 92 del ER (reglas 187 a 189). La Sección IV, contiene
las reglas  relacionadas con la cooperación con arreglo al artículo 93 del ER
(reglas 190 a 194). La Sección V, hace mención a las reglas de
cooperación con arreglo al artículo 98 del ER (regla 195). La Sección VI,
desarrolla las reglas concernientes a la especialidad con arreglo al artículo
101 del ER (reglas 196 a 197).
-
El
último capítulo, el capítulo 12, compuesto también de seis secciones,
trata el tema de la ejecución de la pena. La Sección I, contiene las
reglas sobre la función de los Estados en la ejecución de penas privativas de
la libertad y cambio en la designación del Estado de ejecución con arreglo a
los artículos 103 y 104 del ER (reglas 198 a 210). La Sección II,
refiere las reglas sobre ejecución de la pena, supervisión y traslado con
arreglo a los artículos 105, 106 y 107 del ER (reglas 211 a 213). La Sección
III, contiene las reglas relativas a las limitaciones al enjuiciamiento o
la sanción por otros delitos con arreglo al artículo 108 del ER (reglas 214 a
216). La Sección IV, prevé las reglas sobre ejecución de multas y
órdenes de decomiso o reparación (reglas 217 a 222). La Sección V,
establece las reglas sobre el examen de la reducción de la pena con arreglo al
artículo 110 del ER (reglas 223 a 224). La Sección VI, hace relación a
las reglas sobre evasión con arreglo al artículo 111 del ER (regla 225).
5.2.2. Contenido
de los Elementos de los Crímenes
5.2.2.1.
La segunda parte del instrumento internacional que se estudia, es el denominado
Elementos de los Crímenes de la Corte Penal internacional, el cual está
conformado por 3 artículos. Ellos contienen los elementos materiales
constitutivos de las diversas modalidades de delitos de genocidio, crímenes de
lesa humanidad y crímenes de guerra[39], definiendo, en
su orden, la conducta, las consecuencias y las circunstancias correspondientes
a cada crimen. Como lo define el propio instrumento en el acápite de la
introducción general, el objetivo de los Elementos de los Crímenes, es “ayudar…
a la Corte a interpretar y a aplicar los artículos 6, 7 y 8 en forma compatible
con el Estatuto”.
5.2.2.2.
En la Introducción General del documento contentivo de los elementos de los
Crímenes, se fijan los parámetros conforme a los cuales deben ser interpretados
y aplicados los contenidos de los 3 artículos. Se señala al respecto, lo
siguiente:
-
El
propósito de los Elementos de los Crímenes es ayudar a la Corte a interpretar y
aplicar los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma, en donde se consagran, en
su orden, los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra;
interpretación y aplicación que, además, debe hacer en forma compatible con el
Estatuto de Roma (ER) (enunciado 1).
-
De
acuerdo con lo señalado en el artículo 30 del Estatuto, salvo disposición en
contrario, una persona será penalmente responsable y podrá ser penada por un
crimen de la competencia de la Corte, sólo si los elementos materiales del
crimen se realizaron con intención y conocimiento. Cuando no se hace referencia
en los elementos de los crímenes a un elemento de intencionalidad para una
conducta, consecuencia o circunstancia indicada, se entenderá aplicable el
elemento de intencionalidad que corresponda según el artículo 30, esto es, la
intención, el conocimiento o los dos (enunciado 2).
-
La
existencia de la intención y el conocimiento puede inferirse de los hechos y
las circunstancias del caso (enunciado 3).
-
Con
respecto a los elementos de intencionalidad relacionados con elementos que
entrañan juicios de valor, no es necesario que el autor haya procedido
personalmente a hacer un determinado juicio de valor, a menos que se indique
otra cosa (enunciado 4).
-
Los
elementos correspondientes a cada crimen no se refieren en general a las
circunstancias eximentes de responsabilidad penal o a su inexistencia
(enunciado 5).
-
El
requisito de ilicitud establecido en el Estatuto o en otras normas de derecho
internacional, en particular del derecho internacional humanitario, no está en
general especificado en los elementos de los crímenes (enunciado 6).
-
El
término “autor”, tal y como se emplea en los elementos de los crímenes,
es neutral en cuanto a la culpabilidad o la inocencia. Los elementos, incluidos
los de intencionalidad que procedan, son aplicables, mutatis mutandis, a
quienes hayan incurrido en responsabilidad penal en virtud de los artículos 25
y 28 del Estatuto (enunciado 8).
-
Una
determinada conducta puede configurar uno o más crímenes (enunciado 9).
-
La
utilización de expresiones abreviadas para designar a los crímenes en los
títulos no surtirá ningún efecto jurídico (enunciado 10).
5.2.2.3.
Tratándose del enunciado 7 de la Introducción General, en él se fijan, además,
los principios que determinan la estructura de los elementos de los crímenes.
Esos principios son: (i) en cuanto los Elementos de los Crímenes se
centran en la conducta, las consecuencias y las circunstancias correspondientes
a cada crimen, por regla general tales elementos están enumerados en ese orden;
(ii) cuando se requiera un elemento de intencionalidad específico, éste
aparecerá después de la conducta, la consecuencia o la  circunstancia
correspondiente; y (iii) las circunstancias de contexto se enumerarán en
último lugar.
De
esta manera, los Elementos de los Crímenes siguen el siguiente orden: (i)
la descripción de la conducta constitutiva del correspondiente delito; (ii)
la consecuencia o las circunstancias correspondientes; (iii) el elemento
de intencionalidad en los casos que se requiera; y (iv) las
circunstancias de contexto.
5.2.2.4.
Frente al contenido de los 3 artículos, estos deben seguir, entonces, la
estructura fijada en el acápite de la Introducción General y los principios
allí previstos (enunciado 7). Ya se manifestó, que los mismos desarrollan los
elementos de los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional,
fijados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma, en su orden, genocidio,
crímenes de lesa humanidad y crímenes de Guerra; normas que ya fueron juzgadas
por la Corte en la Sentencia C-578 de 2002, que las encontró ajustadas a la
Constitución.
5.2.2.5. El primer artículo de los Elementos de
los Crímenes, se identifica como “ARTICULO 6”, por corresponder
al artículo 6 del Estatuto de Roma, y en él se fijan los elementos del crimen
de genocidio, en las distintas modalidades de comisión: (1) genocidio mediante
matanza -art. 6 a)-, (2) genocidio mediante lesión grave a la integridad física
o mental -art. 6 b)-, (3) genocidio mediante sometimiento intencional a
condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física -art. 6
c)-, (4) genocidio mediante la imposición de medidas destinadas a impedir
nacimientos -art. 6 d)- y (5) genocidio mediante el traslado por la fuerza
pública -art. 6 e)-.
El crimen de genocidio, aparece definido en el artículo 6
del Estatuto de Roma, en el que también se mencionan sus distintas modalidades.
Tal definición, se tomó directamente de la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio  del 9 de diciembre de 1948, incorporada a
nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 28 de 1959. De los elementos de
los crímenes de genocidio, no se infiere nada distinto a la definición general
del delito, prevista en el Estatuto.
La
definición del crimen de genocidio contiene tres elementos: (i)
perpetrar actos contra un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como
tal; (ii) tener la intención de destruir a dicho grupo, en parte o en su
totalidad; y (iii) cometer uno o más actos de matanza, lesión grave a la
integridad física o mental de los miembros de un grupo, sometimiento
intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su
destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos
en el seno de un grupo y, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro
grupo.
De acuerdo con la Convención contra el Genocidio, y con
el Estatuto de Roma, el genocidio requiere de un dolo especial, conforme con el
cual, para que se configure la conducta, se requiere que la persona haya actuado
con la intención de destruir un grupo en su totalidad o en parte. En
complemento de lo anterior, no es necesario que se alcance la destrucción
completa del grupo de que se trate, como quiera que lo relevante es la
intención del autor de obtener ese resultado y no su consecución. Por ello,
tampoco se exige para su estructuración, que se realicen acciones de manera
sistemática.
No sobra recordar, que el artículo 6 del Estatuto de
Roma, contentivo del delito de genocidio, fue declarado exequible por la Corte
en la Sentencia C-578 de 2002, por encontrar que el mismo: “...reafirma la
inviolabilidad del derecho a la vida (artículo 11, CP), protege el pluralismo
en sus diferentes manifestaciones (artículo 1 CP), y garantiza el cumplimiento
de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia (artículo 9, CP) al
ratificar la Convención de Genocidio y otros instrumentos internacionales para
la protección de los Derechos Humanos,[40] así como de los Convenios de Ginebra de 1949 y
sus Protocolos I y II de 1977”.
Los elementos de los distintos
tipos de crímenes de Genocidio se describen en el siguiente cuadro:
6 a)  Genocidio mediante matanza
Elementos:
1. Que el autor haya dado muerte a una o más personas.
2. Que esa persona o personas hayan pertenecido a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso determinado.
3. Que el autor haya tenido la intención de destruir, total o parcialmente, a
ese grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.
4. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de una pauta manifiesta
de conducta similar dirigida contra ese grupo o haya podido por sí misma
causar esa destrucción.
6 b) Genocidio mediante lesión grave a la integridad física o mental
Elementos:
1. Que el autor haya causado lesión grave a la integridad física
o mental de una o más personas.
2. Que esa persona o personas hayan pertenecido a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso determinado.
3. Que el autor haya tenido la intención de destruir, total o parcialmente, a
ese grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.
4. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de una pauta manifiesta
de conducta similar dirigida contra ese grupo o haya podido por sí misma
causar esa destrucción.
6 c) Genocidio mediante sometimiento intencional a condiciones
de existencia que hayan de acarrear su destrucción física
Elementos:
1. Que el autor haya sometido intencionalmente a una o más
personas a ciertas condiciones de existencia.
2. Que esa persona o personas hayan pertenecido a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso determinado.
3. Que el autor haya tenido la intención de destruir, total o parcialmente, a
ese grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.
4. Que las condiciones de existencia hayan tenido el propósito de acarrear la
destrucción física, total o parcial, de ese grupo.
5. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de una pauta manifiesta
de conducta similar dirigida contra ese grupo o haya podido por sí misma
causar esa destrucción.
6 d) Genocidio mediante la imposición de medidas destinadas a
impedir nacimientos
Elementos:
1. Que el autor haya impuesto ciertas medidas contra una o más
personas.
2. Que esa persona o personas hayan pertenecido a un grupo
nacional, étnico, racial o religioso determinado.
3. Que el autor haya tenido la intención de destruir, total o
parcialmente, a ese grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.
4. Que las medidas impuestas hayan estado destinadas a impedir
nacimientos en el seno de grupo.
5. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de una pauta
manifiesta de conducta similar dirigida contra ese grupo o haya podido por sí
misma causar esa destrucción.
6 e) Genocidio mediante el traslado por la fuerza de niños
Elementos:
1. Que el autor haya trasladado por la fuerza a una o más
personas.
2. Que esa persona o personas hayan pertenecido a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso determinado.
3. Que el autor haya tenido la intención de destruir, total o parcialmente, a
ese grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.
4. Que el traslado haya tenido lugar de ese grupo a otro grupo.
5. Que los trasladados hayan sido menores de 18 años.
6. Que el autor supiera, o hubiera debido saber, que los trasladados eran
menores de 18 años.
7. Que los actos hayan tenido lugar en el contexto de una pauta manifiesta
de conducta similar dirigida contra ese grupo o haya podido por sí misma
causar esa destrucción.[41]
5.2.2.6. El segundo
artículo de los Elementos de los Crímenes, se identifica como “ARTICULO 7”,
por corresponder al artículo 7 del Estatuto de Roma, y en él se describen los
elementos de los crímenes de lesa humanidad, en las distintas modalidades de
comisión: (1) Crímenes de lesa humanidad de asesinato; (2) de exterminio; (3)
de esclavitud; (4) de deportación o traslado forzoso de población; (5) de
encarcelación u otra privación grave de la libertad física; de tortura; (6) de
violación; (7) de esclavitud sexual; (8) de prostitución forzada; (9) de
embarazo forzado; (10) de esterilización forzada; (11) de violencia sexual;
(12) de persecución; (13) de desaparición forzada de personas; (14) de
apartheid; (15) de otros actos inhumanos.
Los crímenes de lesa humanidad,
aparecen definidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, en el que también se
mencionan sus distintas modalidades. La definición de los delitos de lesa
humanidad, prevista en el Estatuto, según la cual, ocurren este tipo de
crímenes cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático
contra una población civil, y con conocimiento, es precisada en la parte
introductoria del artículo 7 de los elementos de los Crímenes (parágrafo 3), en
el sentido de señalar que se entiende por ataque contra la población civil, la
referencia a que el ataque debe tener como propósito cumplir o promover la
política de un Estado o de una organización, de cometer el ataque.
Conforme
con el Estatuto de Roma, los crímenes de lesa humanidad hacen referencia, en
forma general, a los actos inhumanos cometidos, como parte de un ataque
generalizado o sistemático, contra una población civil, en tiempo de guerra
externa o de conflicto armado interno o en tiempo de paz.  El Estatuto incluye,
en la definición de crímenes de lesa humanidad, expresamente las ofensas
sexuales, (distintas a la violación), el apartheid y las desapariciones
forzadas.[42] Ese
ordenamiento, además, precisa que estos crímenes pueden ser cometidos en
tiempos de paz o de conflicto armado, y que no exigen para su configuración el
ser cometidos en conexión con otros, salvo que se trate del enjuiciamiento de
cualquier grupo o colectividad, el cual debe estar relacionado con otro de los
actos enumerados en el artículo 7.1 del Estatuto, o cualquier otro delito de la
competencia de la Corte Penal Internacional.
Específicamente, la descripción que el  Estatuto de Roma
hace de los  crímenes de lesa humanidad, está integrada por seis elementos: (1)
ataque generalizado o sistemático; (2) dirigido contra la población
civil; (3) que implique la comisión de actos inhumanos[43];
(4 ) conocimiento de que se trata de un ataque sistemático o
generalizado contra una población civil; (5) para los actos de
persecución solamente, se han de tomar en cuenta los fundamentos políticos,
raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género; (6)
el contexto dentro del cual puede ocurrir un crimen de lesa humanidad puede ser
en tiempos de paz, de guerra internacional o de conflicto interno. No
necesariamente se comete en conexión con otro crimen. Una excepción es el
enjuiciamiento de cualquier grupo o colectividad; el cual debe estar
relacionado con otro acto enumerado en el artículo 7.1, o cualquier otro delito
de la competencia de la Corte Penal Internacional.
Es menester precisar, que el
artículo 7 del Estatuto de Roma, en el que se regula y define los crímenes de
lesa humanidad, fue declarado exequible por la Corte en la Sentencia C-578 de
2002, al considerar: “que las definiciones sobre crímenes de lesa humanidad que
trae el Estatuto protegen la efectividad del derecho a la vida, la prohibición
de torturas y desapariciones, la igualdad y la prohibición de la esclavitud.
Igualmente, al dotar al sistema de protección de derechos humanos con una
herramienta adicional para la lucha contra la impunidad en materia de graves
violaciones a los derechos humanos, reiteran los compromisos de Colombia como
parte del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968), de la
Convención Americana de Derechos Humanos (Ley 16 de 1972), de los Convenios de Ginebra
de 1949 (ley 6 de 1960) y sus Protocolos I y II de 1977 (Leyes 11 de 1992 y 171
de 1994), la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes (Ley 76 de 1986), la Convención sobre la represión y castigo del
Apartheid (Ley 26 de 1987), y la Convención Internacional sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación racial (Ley 22 de 1981), entre otras”.
Los elementos de los
crímenes de Lesa Humanidad se describen en el cuadro que se cita a
continuación:
7 1)a) Crimen de lesa humanidad de asesinato
Elementos:
1. Que el autor haya dado muerte a una o más personas.
2. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o
sistemático dirigido contra una población civil.
3. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un
ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya
tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo.
7 1)b) Crimen de lesa humanidad de exterminio
Elementos:
1. Que el autor haya dado muerte a una o más personas.
2. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o
sistemático dirigido contra una población civil.
3. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un
ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya
tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo.
7 1)c) Crimen de lesa humanidad de esclavitud
Elementos:
1. Que el autor haya ejercido uno de los atributos del derecho
de propiedad sobre una o más personas, como comprarlas, venderlas, prestarlas
o darlas en trueque, o todos ellos, o les haya impuesto algún tipo similar de
privación de libertad.
2. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o
sistemático dirigido contra una población civil.
3. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un
ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya
tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo.
7 1)d) Crimen de lesa humanidad de deportación o traslado forzoso
de población
Elementos:
1. Que el autor haya
deportado o trasladado por la fuerzahttp://www1.umn.edu/humanrts/instree/Scrimeelementsicc.html
- _ftn13#_ftn13, sin motivos autorizados por el derecho
internacional y mediante la expulsión u otros actos de coacción, a una o más
personas a otro Estado o lugar.
2. Que esa o esas
personas hayan estado presentes legítimamente en la zona de la que fueron
deportadas o trasladadas.
3. Que el autor haya
sido consciente de las circunstancias de hecho que determinaban la
legitimidad de dicha presencia.
4. Que la conducta
se haya cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido
contra una población civil.
5. Que el autor haya
tenido conocimiento de que la conducta era parte de un ataque generalizado o
sistemático dirigido contra una población civil o haya tenido la intención de
que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo.
7 1) e) Crimen de lesa humanidad de encarcelación u otra
privación grave de la libertad física
Elementos:
1. Que el autor haya encarcelado a una o más personas o las haya
sometido de otra manera, a una privación grave de la libertad física.
2. Que la gravedad de la conducta haya sido tal que constituya una infracción
de normas fundamentales del derecho internacional.
3. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que
determinaban la gravedad de la conducta.
4. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o
sistemático dirigido contra una población civil.
5. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un
ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya
tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo.
7 1)f) Crimen de lesa humanidad de tortura
Elementos:
1. Que el autor haya infligido a una o más personas graves
dolores o sufrimientos físicos o mentales.
2. Que el autor tuviera a esa o esas personas bajo su custodia o control.
3. Que el dolor o el sufrimiento no haya sido resultado únicamente de la
imposición de sanciones legítimas, no fuese inherente ni incidental a ellas.
4. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o
sistemático dirigido contra una población civil.
5. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un
ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya
tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo.
7 1) g)-1 Crimen de lesa humanidad de violación
Elementos:
1. Que el autor haya invadido el cuerpo de una persona mediante
una conducta que haya ocasionado la penetración, por insignificante que
fuera, de cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor con un órgano
sexual o del orificio anal o vaginal de la víctima con un objeto u otra parte
del cuerpo.
2. Que la invasión haya tenido lugar por la fuerza, o mediante la amenaza de
la fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia,
la intimidación, la detención, la opresión sicológica o el abuso de poder,
contra esa u otra persona o aprovechando un entorno de coacción, o se haya
realizado contra una persona incapaz de dar su libre consentimiento.
3. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o
sistemático dirigido contra una población civil.
4. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un
ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya
tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo.
7 1)g)-2 Crimen de lesa humanidad de esclavitud sexual
Elementos:
1. Que el autor haya ejercido uno de los atributos del derecho
de propiedad sobre una o más personas, como comprarlas, venderlas, prestarlas
o darlas en trueque, o todos ellos, o les haya impuesto algún tipo similar de
privación de libertad.
2. Que el autor haya hecho que esa o esas personas realizaran uno o más actos
de naturaleza sexual.
3. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o
sistemático dirigido contra una población civil.
4. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un
ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya
tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo.
7 1)g)-3 Crimen de lesa humanidad de prostitución forzada
Elementos:
1. Que el autor haya hecho que una o más personas realizaran uno
o más actos de naturaleza sexual por la fuerza, o mediante la amenaza de la
fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la
intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder
contra esa o esas personas u otra persona, o aprovechando un entorno de
coacción o la incapacidad de esa o esas personas de dar su libre
consentimiento.
2. Que el autor u otra persona haya obtenido, o esperaran
obtener, ventajas pecuniarias o de otro tipo a cambio de los actos de
naturaleza sexual o en relación con ellos.
3. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque
generalizado o sistemático dirigido contra una población civil.
4. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era
parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población
civil o haya tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque
de ese tipo.
7 1)g)-4  Crimen de lesa humanidad de embarazo forzado
Elementos:
1. Que el autor haya confinado a una o más mujeres que hayan
quedado embarazadas por la fuerza, con la intención de modificar la
composición étnica de una población o de cometer otra infracción grave del
derecho internacional.
2. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque
generalizado o sistemático dirigido contra una población civil.
3. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era
parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población
civil o haya tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque
de ese tipo.
7 1)g)-5
Crimen de lesa humanidad de esterilización forzada
Elementos:
1. Que el autor haya privado a una o más personas de la
capacidad de reproducción biológica.
2. Que la conducta no haya tenido justificación en un tratamiento médico o
clínico de la víctima o víctimas ni se haya llevado a cabo con su libre
consentimiento.
3. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o
sistemático dirigido contra una población civil.
4. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un
ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya
tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo.
7 1)g)-6 Crimen de lesa humanidad de violencia sexual
Elementos:
1. Que el autor haya realizado un acto de naturaleza sexual
contra una o más personas o haya hecho que esa o esas personas realizaran un
acto de naturaleza sexual por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza o
mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la
intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder,
contra esa o esas personas u otra persona o aprovechando un entorno de
coacción o la incapacidad de esa o esas personas de dar su libre
consentimiento.
2. Que esa conducta haya tenido una gravedad comparable a la de los demás
crímenes del artículo 7 1) g) del Estatuto.
3. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que
determinaban la gravedad de la conducta.
4. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o
sistemático dirigido contra una población civil.
5. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un
ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya
tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo.
7 1)h) Crimen de lesa humanidad de persecución
Elementos:
1. Que el autor haya privado gravemente a una o más personas de
sus derechos fundamentales en contravención del derecho internacional.
2. Que el autor haya dirigido su conducta contra esa persona o personas en
razón de la identidad de un grupo o colectividad o contra el grupo o la
colectividad como tales.
3. Que la conducta haya estado dirigida contra esas personas por motivos
políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género,
según la definición del párrafo 3 del artículo 7 del Estatuto, o por otros
motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho
internacional.
4. Que la conducta se haya cometido en relación con cualquier acto de los
señalados en el párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto o con cualquier crimen
de la competencia de la Corte.
5. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o
sistemático dirigido contra una población civil.
6. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un
ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya
tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo.
7 1)i) Crimen de lesa humanidad de desaparición forzada de
personas
Elementos:
1. Que el autor:
a) Haya aprehendido, detenido, o secuestrado a una o más
personas; o b) Se haya negado a reconocer la aprehensión, la detención o el
secuestro o a dar información sobre la suerte o el paradero de esa persona o
personas.
2. a) Que tal aprehensión, detención o secuestro haya sido
seguido o acompañado de una negativa a reconocer esa privación de libertad o
a dar información sobre la suerte o el paradero de esa persona o personas; o
b) que tal negativa haya estado precedida o acompañada de esa privación de
libertad.
3. Que el autor haya sido consciente de que: a) Tal aprehensión,
detención o secuestro sería seguido en el curso normal de los acontecimientos
de una negativa a reconocer la privación de libertad o a dar información
sobre la suerte o el paradero de esa persona o personas; o b) Tal negativa
estuvo precedida o acompañada de esa privación de libertad.
4. Que tal aprehensión, detención o secuestro haya sido
realizado por un Estado u organización política o con su autorización, apoyo
o aquiescencia.
5. Que tal negativa a reconocer la privación de libertad o a dar
información sobre la suerte o el paradero de esa persona o personas haya sido
realizada por un Estado u organización política o con su autorización o
apoyo.
6. Que el autor haya tenido la intención de dejar a esa persona
o personas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado.
7. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque
generalizado o sistemático dirigido contra una población civil.
8. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era
parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población
civil o haya tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque
de ese tipo.
7 1)j) Crimen de lesa humanidad de apartheid
Elementos:
1. Que el autor haya cometido un acto inhumano contra una o más
personas.
2. Que ese acto fuera uno de los mencionados en el párrafo 1 del artículo 7
del Estatuto o fuera de carácter semejante a alguno de esos actos.
3. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que determinaban
el carácter del acto.
4. Que la conducta se haya cometido en el contexto de un régimen
institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial
sobre uno o más grupos raciales.
5. Que con su conducta el autor haya tenido la intención de mantener ese
régimen.
6. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o
sistemático dirigido contra una población civil.
7. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un
ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya
tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo.
7 1)k) Crimen de lesa humanidad de otros actos inhumanos
Elementos:
1. Que el autor haya causado mediante un acto inhumano grandes
sufrimientos o atentado gravemente contra la integridad física o la salud
mental o física.
2. Que tal acto haya tenido un carácter similar a cualquier otro de los actos
a que se refiere el párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto.
3. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que determinaban
el carácter del acto.
4. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o
sistemático dirigido contra una población civil.
5. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un
ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya
tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo[44].
5.2.2.7.  El tercero y
último de los artículos de los Elementos de los Crímenes, se identifica como “ARTICULO
8”, por corresponder al artículo 8 del Estatuto de Roma, y en él
se describen los elementos de los crímenes de guerra, en las distintas
modalidades de comisión: (1) Crímenes de guerra de homicidio intencional; (2) de
tortura; (3) de tratos inhumanos; (4) de someter a experimentos biológicos; (5)
de causar deliberadamente grandes sufrimientos; (6) de destrucción y
apropiación de bienes; (7) de obligar a servir en fuerzas enemigas; (8) de
denegación de un juicio justo; (9) de deportación o traslado ilegales; (10) de
detención ilegal; (11) de toma de rehenes; (12) de dirigir ataques contra la
población civil; (13) de dirigir a taques contra objetos de carácter civil; (14)
de dirigir ataques contra personal o bienes participantes en una misión de
mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria; (15) de causar
incidentalmente muertes, lesiones o daños excesivos; (16) de atacar lugares no
defendidos; (17) de causar la muerte o lesiones a una persona que este fuera de
combate; (18) de utilizar de modo indebido una bandera blanca; (19) de utilizar
de modo indebido una bandera, insignia o un uniforme del enemigo; (20) de
utilizar de modo indebido una bandera, un insignia o un uniforme de las
Naciones Unidas; (21) de utilizar de modo indebido los emblemas distintivos de
los Convenios de Ginebra; (22) de traslado, directa o indirectamente, por la
potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa, o la
deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del
territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio; (23) de atacar bienes
protegidos; (24) de mutilaciones; (25) de someter a experimentos médicos o
científicos; (26) de matar o herir a traición; (27) de no dar cuartel; (28) de
destruir bienes de enemigo o apoderarse de bienes del enemigo; (29) de denegar
derechos o acciones a los nacionales de la parte enemiga; (30) de obligar a
participar en operaciones bélicas; (31) de emplear veneno o armas envenenadas; (32)
de emplear gases, líquidos, materiales o dispositivos prohibidos; (33) de
emplear balas prohibidas; (34) de emplear armas, proyectiles, materiales o
métodos de guerra enumerados en el anexo del Estatuto; (35) de cometer
atentados contra la dignidad personal; (36) de violación; (37) de esclavitud
sexual; (38) de prostitución forzada; (39) de embarazo forzado; (40) de
esterilización forzada; (41) de violencia sexual; (42) de utilizar a personas
protegidas como escudos; (43) de atacar bienes o personas que utilicen los
emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra; (44) de hacer padecer hambre
como método de guerra; (45) de utilizar, reclutar o alistar niños en las
fuerzas armadas; (46) de homicidio; (47) de tratos crueles; (48) de atentados
contra la dignidad personal; (49) de condenar o ejecutar sin garantías
judiciales; (50) de dirigir ataques contra bienes o personas que utilicen los
emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra; (51) de dirigir ataques
contra personal o bienes participantes en una misión de mantenimiento de la paz
o de asistencia humanitaria; (52) de dirigir ataques contra objetos protegidos;
(53) de utilizar, reclutar o alistar niños; (54) de desplazar a personas
civiles.
El
Estatuto de Roma, recoge dentro de la categoría de crímenes de guerra,
violaciones a los principios y usos fundamentales de la guerra previstos en los
Convenios de la Haya de 1899 y 1907, de Ginebra de 1925, los Convenios de
Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos Adicionales, así como definiciones
consagradas en otras normas convencionales sobre el uso de ciertas armas de
guerra.
Sobre
el particular, el instrumento penaliza, tanto los crímenes de guerra cometidos
en conflictos armados internos, como internacionales, de tal forma que la
expresión guerra incluye los dos escenarios. A su vez, la definición de cuándo
un enfrentamiento es considerado conflicto armado interno o no, es resuelta
conforme con las reglas que el Estatuto establece.
Específicamente,
con relación a los crímenes de guerra cometidos en el marco de conflictos
armados internos, resulta relevante destacar que sus descripciones típicas
incluyen a organizaciones armadas no estatales, lo que significa que, los
miembros de grupos armados irregulares, al igual que los integrantes de la
fuerza pública regular, pueden ser sujetos activos de estos. Así mismo, con
relación a ese tipo de confrontaciones, es importante precisar que el
ordenamiento comentado, no incluye las condiciones de control territorial y
mando responsable que describe el Protocolo II, razón por la cual, se amplía el
ámbito de conflictos internos en los que pueden estructurar este tipo de
conductas.
El
artículo 8 del Estatuto de Roma, que define y desarrolla los crímenes de
guerra, fue también declarado exequible por la Corte en la Sentencia C-578 de
2002, bajo la siguiente consideración: “las definiciones sobre crímenes de
guerra protegen la efectividad del derecho a la vida (artículo 11), a la
integridad física; el respeto a la prohibición de desapariciones y torturas
(artículo 12), y a la prohibición de la esclavitud (artículo 17). Igualmente,
propenden por el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de
respeto al derecho internacional humanitario asumidos soberanamente por
Colombia al ratificar los Convenios de Ginebra de 1949 (Ley 6 de 1960) y sus
Protocolos I y II de 1977 (Leyes 11 de 1992 y 171 de 1994). Adicionalmente, como
los eventos descritos como conflicto armado de carácter internacional e interno
pueden dar lugar a la aplicación de medidas propias de los estados de excepción
(artículo 212 y 213, CP), las normas del Estatuto que describen las conductas
tipificadas como crímenes de guerra garantizan la prevalencia y efectividad de
los derechos cuya suspensión se prohíbe aun durante dichos estados (artículo 93
CP). La condición de que las políticas de orden público sean adelantadas por
cualquier medio siempre que este sea ‘legítimo’, reafirma este propósito de
propender por el respeto al marco jurídico democrático nacional e internacional”.
Los elementos de los distintos tipos de crímenes de Guerra se
describen en el siguiente cuadro:
8 2) a) i) Crimen de guerra de homicidio
intencional
Elementos:
1. Que el autor haya dado muerte a una o más personas.
2 Que esa persona o personas hayan estado protegidas en virtud de uno o más
de los Convenios de Ginebra de 1949.
3. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que
establecían esa protección.
4. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional
y haya estado relacionada con él.
5. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado.
8 2) a) ii)–1 Crimen de guerra de tortura
Elementos:
1. Que el autor haya causado grandes dolores o sufrimientos
físicos o mentales a una o más personas.
2. Que el autor haya causado los dolores o sufrimientos con una finalidad tal
como la de obtener información o una confesión, castigar a la víctima, intimidarla
o ejercer coacción sobre ella o por cualquier otra razón basada en
discriminación de cualquier tipo.
3. Que esa persona o personas hayan estado protegidas en virtud de uno o más
de los Convenios de Ginebra de 1949.
4. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que
establecían esa protección.
5. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional y haya estado relacionada con él.
6. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que establecían
la existencia de un conflicto armado.
8 2) a) ii)–2 Crimen de guerra de tratos
inhumanos
Elementos:
1. Que el autor haya infligido grandes dolores o sufrimientos
físicos o mentales a una o más personas.
2. Que esa persona o personas hayan estado protegidas en virtud de uno o más
de los Convenios de Ginebra de 1949.
3. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que
establecían esa protección.
4. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional y haya estado relacionada con él.
5. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado.
8 2) a) ii)–3 Crimen de guerra de someter a
experimentos biológicos
Elementos:
1. Que el autor haya sometido a una o más personas a un
determinado experimento biológico.
2. Que el experimento haya puesto en grave peligro la salud física o mental o
la integridad de la persona o personas.
3. Que el experimento no se haya realizado con fines terapéuticos, no
estuviera justificado por razones médicas ni se haya llevado a cabo en
interés de la persona o personas.
4. Que esa persona o personas hayan estado protegidas en virtud de uno o más
de los Convenios de Ginebra de 1949.
5. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que
establecían esa protección.
6. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional y haya estado relacionada con él.
7. Que el autor haya tenido conocimiento de circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado.
8 2) a) iii) Crimen de guerra de causar
deliberadamente grandes sufrimientos
Elementos:
1. Que el autor haya causado grandes dolores o sufrimientos físicos o
mentales o haya atentado gravemente contra la integridad física o la salud de
una o más personas.
2. Que esa persona o personas hayan estado protegidas en virtud de uno o más
de los Convenios de Ginebra de 1949.
3. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que
establecían esa protección.
4. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional y haya estado relacionada con él.
5. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado.
8 2) a) iv) Crimen de guerra de destrucción
y apropiación de bienes
Elementos:
1. Que el autor haya destruido bienes o se haya apropiado de ellos.
2. Que la destrucción o la apropiación no haya estado justificada por
necesidades militares.
3. Que la destrucción o la apropiación se haya cometido a gran escala y
arbitrariamente.
4. Que los bienes hayan estado protegidos en virtud de uno o más de los
Convenios de Ginebra de 1949.
5. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que
establecían esa protección.
6. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional y haya estado relacionada con él.
7. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado.
8 2) a) v) Crimen de guerra de obligar a
servir en fuerzas enemigas
Elementos:
1. Que el autor haya obligado a una o más personas, mediante
hechos o ame­nazas, a participar en operaciones bélicas dirigidas contra el
país o las fuerzas armadas de esa persona o personas, o a servir en las
fuerzas de una potencia enemiga.
2. Que esa persona o personas hayan estado protegidas en virtud de uno o más
de los Convenios de Ginebra de 1949.
3. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que
establecían esa protección.
4. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional y haya estado relacionada con él.
5. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado
8 2) a) vi) Crimen de guerra de denegación
de un juicio justo
Elementos:
1. Que el autor haya
privado a una o más personas de un juicio justo e imparcial al denegarles las
garantías judiciales que se definen, en particular, en los Convenios de
Ginebra Tercero y Cuarto de 1949.
2. Que esa persona o
personas hayan estado protegidas en virtud de uno o más de los Convenios de
Ginebra de 1949.
3. Que el autor haya
conocido las circunstancias de hecho que establecían esa protección.
4. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya
estado relacionada con él.
5. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) a) vii)–1 Crimen de guerra de
deportación o traslado ilegales
Elementos:
1. Que el autor haya deportado o trasladado a una o más personas
a otro Estado o a otro lugar.
2. Que esa persona o personas hayan estado protegidas en virtud de uno o más
de los Convenios de Ginebra de 1949.
3. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que
establecían esa protección.
4. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional y haya estado relacionada con él.
5. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado.
8 2) a) vii)–2 Crimen de guerra de
detención ilegal
Elementos:
1. Que el autor haya detenido o mantenido detenidas en
determinado lugar a una o más personas.
2. Que esa persona o personas hayan estado protegidas en virtud de uno o más
de los Convenios de Ginebra de 1949.
3. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que
establecían esa protección.
4. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional y haya estado relacionada con él.
5. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado.
8 2) a) viii) Crimen de guerra de toma de
rehenes
Elementos:
1. Que el autor haya capturado, detenido o mantenido en calidad
de rehén a una o más personas.
2. Que el autor haya amenazado con matar, herir o mantener detenida a esa
persona o personas.
3. Que el autor haya tenido la intención de obligar a un Estado, a una
organización internacional, una persona natural o jurídica o un grupo de
personas a que actuaran o se abstuvieran de actuar como condición expresa o
tácita de la seguridad o la puesta en libertad de esa persona o personas.
4. Que esa persona o personas hayan estado protegidas en virtud de uno o más
de los Convenios de Ginebra de 1949.
5. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que
establecían esa protección.
6. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional y haya estado relacionada con él.
7. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado.
8 2) b) i) Crimen de guerra de dirigir
ataques contra la población civil
Elementos:
1. Que el autor haya lanzado un ataque.
2. Que el ataque haya sido dirigido contra una población civil en cuanto tal
o contra personas civiles que no participaban directamente en las
hostilidades.
3. Que el autor haya tenido la intención de dirigir el ataque contra la
población civil en cuanto tal o contra civiles que no participaban
directamente en las
hostilidades.
4. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional y haya estado relacionada con él.
5. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado.
8 2) b) ii) Crimen de guerra de dirigir
ataques contra objetos de carácter civil
Elementos:
1. Que el autor haya lanzado un ataque.
2. Que el objeto del ataque hayan sido bienes de carácter civil, es decir,
bienes que no fuesen objetivos militares.
3. Que el autor haya tenido la intención de dirigir el ataque contra tales
bienes de carácter civil.
4. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional y haya estado relacionada con él.
5. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado.
8 2) b) iii) Crimen de guerra de dirigir
ataques contra personal o bienes participantes en una misión de mantenimiento
de la paz o de asistencia humanitaria
Elementos:
1. Que el autor haya lanzado un ataque.
2. Que el objeto del ataque haya sido personal, instalaciones, material,
unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o
de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
3. Que el autor haya tenido la intención de dirigir el ataque contra tal
personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en la
misión.
4. Que el personal, las instalaciones, el material, las unidades o los
vehículos mencionados hayan tenido derecho a la protección otorgada a
personas civiles o bienes de carácter civil con arreglo al derecho
internacional de los conflictos armados.
5. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que
establecían esa protección.
6. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional y haya estado relacionada con él.
7. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado.
8 2) b) iv) Crimen de guerra de causar
incidentalmente muertes, lesiones o daños excesivos
Elementos:
1. Que el actor haya lanzado un ataque.
2. Que el ataque haya sido tal que causaría pérdidas
incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil
o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural de magnitud
tal que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar
concreta y directa de conjunto prevista.
3. Que el autor haya sabido que el ataque causaría pérdidas incidentales de
vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil o daños
extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural de magnitud tal que
serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta
y directa de conjunto que se prevea.
4. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional y haya estado relacionada con él.
5. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado.
8 2) b) v) Crimen de guerra de atacar
lugares no defendidos
Elementos:
1. Que el autor haya atacado una o más ciudades, aldeas,
viviendas o edificios.
2. Que las ciudades, las aldeas, las viviendas o los edificios hayan estado
abiertos a la ocupación sin resistencia.
3. Que las ciudades, las aldeas, las viviendas o los edificios no hayan
constituido objetivos militares.
4. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional y haya estado relacionada con él.
5. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado.
8 2) b) vi) Crimen de guerra de causar la
muerte o lesiones a una persona que esté fuera de combate
Elementos:
1. Que el autor haya causado la muerte o lesiones a una o más
personas.
2. Que esa persona o personas hayan estado fuera de combate.
3. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que
establecían esa condición.
4. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional y haya estado relacionada con él.
5. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado.
8 2) b) vii)–1Crimen de guerra de utilizar
de modo indebido una bandera blanca
Elementos:
1. Que el autor haya utilizado una bandera blanca.
2. Que el autor haya hecho tal utilización para fingir una intención de
negociar cuando no tenía esa intención.
3. Que el autor haya sabido o debiera haber sabido que estaba prohibido
utilizar la bandera blanca de esa forma.
4. Que la conducta haya causado la muerte o lesiones graves a una o más
personas.
5. Que el autor haya sabido que esa conducta podría causar la muerte o
lesiones graves a una o más personas.
6. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional y haya estado relacionada con él.
7. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado.
8 2) b) vii)–2 Crimen de guerra de utilizar
de modo indebido una bandera, insignia o uniforme del enemigo
Elementos:
1.   Que el
autor haya utilizado una bandera, insignia o uniforme del enemigo.
2. Que el autor haya hecho tal utilización en forma prohibida por el derecho
internacional de los conflictos armados, mientras llevaba a cabo un ataque.
3. Que el actor haya sabido o debiera haber sabido que estaba
prohibido utilizar la bandera, insignia o uniforme de esa forma
4. Que la conducta haya causado la muerte o lesiones graves a una o más
personas.
5. Que el autor haya sabido que esa conducta podría causar la muerte o
lesiones graves a una o más personas.
6. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un
conflicto armado internacional y haya estado relacionada con él.
7. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado.
8 2) b) vii)–3 Crimen de guerra de utilizar
de modo indebido una bandera, una insignia o un uniforme de las Naciones
Unidas
Elementos:
1. Que el autor haya utilizado una bandera, una insignia o un
uniforme de las Naciones Unidas.
2. Que el autor haya hecho tal utilización en forma prohibida por el derecho
internacional de los conflictos armados.
3. Que el autor haya sabido que estaba prohibido utilizar la bandera, la
insignia o el uniforme de esa forma.
4. Que la conducta haya causado la muerte o lesiones graves a una o más
personas.
5. Que el autor haya sabido que esa conducta podría causar la muerte o
lesiones graves a una o más personas.
6. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional y haya estado relacionada con él.
7. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado.
8 2) b) vii)–4 Crimen de guerra de utilizar
de modo indebido los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra
Elementos:
1. Que el autor haya utilizado los emblemas distintivos de los
Convenios de Ginebra.
2. Que el autor haya hecho tal utilización para fines de combate en forma
prohibida por el derecho internacional de los conflictos armados.
3. Que
el autor haya sabido o debiera haber sabido que estaba prohibido utilizar los
emblemas de esa forma.
4. Que la conducta haya causado la muerte o lesiones graves a una o más
personas.
5. Que el autor haya sabido que esa conducta podría causar la muerte o
lesiones graves a una o más personas.
6. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional y haya estado relacionada con él.
7. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado.
8 2) b) viii) El traslado, directa o
indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su población civil al
territorio que ocupa, o la deportación o el traslado de la totalidad o parte
de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio
Elementos:
1. Que el autor haya:
a) Trasladado, directa o indirectamente, parte de su propia población al
territorio que ocupa; o
b) Deportado o trasladado la totalidad o parte de la población del territorio
ocupado, dentro o fuera de ese territorio.
2. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional y haya estado relacionada con él.
3. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que establecían
la existencia de un conflicto armado.
8 2) b) ix) Crimen de guerra de atacar
bienes protegidos
Elementos:
1. Que el autor haya lanzado un ataque.
2. Que el ataque haya estado dirigido contra uno o más edificios dedicados a
la religión, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia, los
monumentos históricos, los hospitales o los lugares en que se agrupe a
enfermos y heridos que no sean objetivos militares.
3. Que el autor haya tenido la intención de dirigir el ataque contra tales
edificios dedicados a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias o
la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales o los lugares en
que se agrupa a enfermos y heridos que no sean objetivos militares.
4. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional y haya estado relacionada con él.
5. Que el autor haya sido consciente de que había circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado.
8 2) b) x)–1 Crimen de guerra de
mutilaciones
Elementos:
1. Que el autor haya mutilado a una o más personas, en
particular desfigurándolas o incapacitándolas permanentemente o les haya
extirpado un órgano o amputado un miembro.
2. Que la conducta haya causado la muerte a esa persona o personas o haya
puesto en grave peligro su salud física o mental.
3. Que la conducta no haya estado justificada en razón del tratamiento
médico, dental u hospitalario de esa persona o personas ni se haya llevado a
cabo en su interés.
4. Que esa persona o personas estén en poder de una parte adversa.
5. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional y haya estado relacionada con él.
6. Que el autor haya sido consciente de que había circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado.
8 2) b) x)–2 Crimen de guerra de someter a
experimentos médicos o científicos
Elementos:
1. Que el autor haya sometido a una o más personas a un
experimento médico o científico.
2. Que el experimento haya causado la muerte de esa persona o personas o haya
puesto en grave peligro su salud física o mental o su integridad.
3. Que la conducta no estuviera justificada en razón del tratamiento médico,
dental u hospitalario de esa persona o personas ni se haya llevado a cabo en
su interés.
4. Que esa persona o personas se encontraran en poder de una parte adversa.
5. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional y haya estado relacionada con él.
6. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado.
8 2) b) xi) Crimen de guerra de matar o
herir a traición
Elementos:
1. Que el autor se haya ganado la confianza de una o más
personas y les haya hecho creer que tenían derecho a protección o que él
estaba obligado a protegerlas en virtud de las normas del derecho
internacional aplicable a los conflictos armados.
2. Que el autor haya tenido la intención de traicionar esa confianza.
3. Que el autor haya dado muerte o herido a esa persona o personas.
4. Que el autor al matar o herir, haya aprovechado la confianza que se había
ganado.
5. Que esa persona o personas hayan pertenecido a una parte enemiga.
6. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional y haya estado relacionada con él.
7. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado.
8 2) b) xii) Crimen de guerra de no dar
cuartel
Elementos:
1. Que el autor haya dado una orden o hecho una declaración en
el sentido de que no hubiese supervivientes.
2. Que la orden o la declaración se haya dado o hecho para amenazar a un
adversario o para proceder a las hostilidades de manera de que no quedasen
sobrevivientes.
3. Que el autor estuviera en situación de mando o control efectivos respecto
de las fuerzas subordinadas a las que haya dirigido la orden o la
declaración.
4. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional o haya estado relacionada con él.
5. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado.
8 2) b) xiii) Crimen de guerra de destruir
bienes del enemigo o apoderarse de bienes del enemigo
Elementos:
1. Que el autor haya destruido un bien o se haya apoderado de un
bien.
2. Que ese bien haya sido de propiedad de una parte enemiga.
3. Que ese bien haya estado protegido de la destrucción o apropiación en
virtud del derecho internacional de los conflictos armados.
4. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que
establecían la condición del bien.
5. Que la destrucción o apropiación no haya estado justificada por
necesidades militares.
6. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional y haya estado relacionada con él.
7. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado.
8 2) b) xiv) Crimen de guerra de denegar
derechos o acciones a los nacionales de la parte enemiga
Elementos:
1. Que el autor haya abolido, suspendido o declarado
inadmisibles ante un tribunal ciertos derechos o acciones.
2. Que la abolición, suspensión o declaración de inadmisibilidad hayan estado
dirigidas contra los nacionales de una parte enemiga.
3. Que el autor haya tenido la intención de que la abolición, suspensión o
declaración de inadmisibilidad estuvieran dirigidas contra los nacionales de
una parte enemiga.
4. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional y haya estado relacionada con él.
5. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado.
8 2) b) xv) Crimen de guerra de obligar a
participar en operaciones bélicas
Elementos:
1. Que el autor haya obligado a una o más personas, mediante
hechos o amenazas, a participar en operaciones bélicas contra su propio país
o sus propias fuerzas.
2. Que esa persona o personas hayan sido nacionales de una parte enemiga.
3. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado
internacional y haya estado relacionada con él.
4. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que
establecían la existencia de un conflicto armado.
8 2) b) xvi) Crimen de guerra de saquear
Elementos:
1. Que el autor se haya
apropiado de un bien.
2. Que el autor haya
tenido la intención de privar del bien a su propietario y de apropiarse de él
para su uso privado o personal.
3. Que la apropiación haya
tenido lugar sin el consentimiento del propietario.
4. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya
estado relacionada con él.
5. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) b) xvii) Crimen de guerra de emplear
veneno o armas envenenadas
Elementos:
1. Que
el autor haya empleado una sustancia o un arma que descargue una sustancia
como resultado de su uso.
2. Que la sustancia sea
tal que, en el curso normal de los acontecimientos, cause la muerte o un daño
grave para la salud por sus propiedades tóxicas.
3. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya
estado relacionada con él.
4. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) b) xviii) Crimen de guerra de emplear
gases, líquidos, materiales o dispositivos prohibidos
Elementos:
1. Que el autor haya
empleado un gas u otra sustancia o dispositivo análogo.
2. Que el gas, la
sustancia o el dispositivo haya sido tal que, en el curso normal de los
acontecimientos, cause la muerte o un daño grave para la salud por sus
propiedades asfixiantes o tóxicas.
3. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya
estado relacionada con él.
4. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) b) xix) Crimen de guerra de emplear
balas prohibidas
Elementos:
1. Que el autor haya
empleado ciertas balas.
2. Que las balas hayan
sido tales que su uso infrinja el derecho internacional de los conflictos
armados porque se abren o aplastan fácilmente en el cuerpo humano.
3. Que el autor haya
tenido conocimiento de que la naturaleza de las balas era tal que su uso
agravaría inútilmente el sufrimiento o la herida.
4. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya
estado relacionada con él.
5. Que el autor haya tenido
conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) b) xx) Crimen de guerra de emplear
armas, proyectiles, materiales o métodos de guerra enumerados en el
anexo del Estatuto
Elementos:
[Los
elementos se redactarán cuando se hayan indicado en un anexo del Estatuto las
armas, proyectiles, materiales o métodos de guerra.]
8 2) b) xxi) Crimen de guerra de cometer
atentados contra la dignidad personal
Elementos:
1. Que
el autor haya sometido a una o más personas a tratos humillantes o
degradantes o haya atentado de cualquier otra forma contra su dignidad.
2. Que el trato humillante
o degradante o el atentado contra la dignidad haya sido tan grave que esté
reconocido generalmente como ultraje contra la dignidad de la persona.
3. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya
estado relacionada con él.
4. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) b) xxii)–1 Crimen de guerra de
violación
Elementos:
1. Que
el autor haya invadido  el cuerpo de una persona mediante una conducta que
haya ocasionado la penetración, por insignificante que fuera, de cualquier
parte del cuerpo de la víctima o del autor con un órgano sexual o del
orificio anal o genital de la víctima con un objeto u otra parte del cuerpo.
2. Que la invasión se haya
cometido por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza o mediante
coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la
detención, la opresión psicológica o el abuso de poder, contra esa persona u
otra persona o aprovechando el entorno coercitivo, o se haya realizado en condiciones
en que la persona era incapaz de dar su genuino consentimiento.
3. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya
estado relacionada con él.
4. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) b) xxii)–2 Crimen de guerra de
esclavitud sexual
Elementos:
1. Que
el autor haya ejercido todos los atributos del derecho de propiedad sobre una
o más personas, como comprarlas, venderlas, prestarlas o darlas en trueque, o
imponerles algún tipo similar de privación de la libertad, o cualquiera de
dichos atributos.
2. Que el autor haya hecho
que esa persona o esas personas realizaran uno o más actos de naturaleza
sexual.
3. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya
estado relacionada con él.
4. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) b) xxii)–3 Crimen de guerra de
prostitución forzada
Elementos:
1. Que el autor haya hecho
que una o más personas realizaran uno o más actos de naturaleza sexual por la
fuerza o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la
causada por temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión
psicológica o el abuso de poder, contra esa o esas personas o contra otra o
aprovechando un entorno coercitivo o la incapacidad de esa o esas personas de
dar su genuino consentimiento.
2. Que el autor u otra
persona hayan obtenido o esperado obtener ventajas pecuniarias o de otro tipo
a cambio de los actos de naturaleza sexual o en relación con ellos.
3. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya
estado relacionada con él.
4. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) b) xxii)–4 Crimen de guerra de
embarazo forzado
Elementos:
1. Que el autor haya
confinado a una o más mujeres que hayan quedado embarazadas por la fuerza,
con la intención de modificar la composición étnica de una población o de
cometer otra infracción grave del derecho internacional.
2. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya
estado relacionada con él.
3. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) b) xxii)–5 Crimen de guerra de
esterilización forzada
Elementos:
1. Que el autor haya
privado a una o más personas de la capacidad de reproducción biológica.
2. Que la conducta no haya
tenido justificación en un tratamiento médico u hospitalario de la víctima o
víctimas ni se haya llevado a cabo con su genuino consentimiento.
3. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya
estado relacionada con él.
4. Que el autor haya
tenido conocimiento de las circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) b) xxii)–6Crimen de guerra de
violencia sexual
Elementos:
1. Que
el autor haya realizado un acto de naturaleza sexual contra una o más
personas o haya hecho que esa o esas personas realizaran un acto de
naturaleza sexual por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza o mediante
coacción, como la causada por el miedo a la violencia, la intimidación, la
detención, la opresión psicológica o el abuso de poder, contra esa o esas
personas o contra otra o aprovechando un entorno de coacción o la
incapacidad de esa o esas personas de dar su genuino consentimiento.
2. Que la conducta haya
tenido una gravedad comparable a la de una infracción grave de los Convenios
de Ginebra.
3. Que el autor haya
tenido conocimiento de las circunstancias de hecho que determinaban la
gravedad de su conducta.
4. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya
estado relacionada con él.
5. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) b) xxiii) Crimen de guerra de utilizar
a personas protegidas como escudos
Elementos:
1. Que el autor haya
trasladado a uno o más civiles o a otras personas protegidas en virtud del
derecho internacional de los conflictos armados o haya aprovechado su
presencia de alguna otra manera.
2. Que el autor haya
tenido la intención de proteger un objetivo militar contra un ataque o
proteger, favorecer o entrabar operaciones militares.
3. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya
estado relacionada con él.
4. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) b) xxiv) Crimen de guerra de atacar
bienes o personas que utilicen los emblemas distintivos de los Convenios
de Ginebra
Elementos:
1. Que
el autor haya atacado a una o más personas, edificios, unidades o vehículos
sanitarios u otros objetos que utilizaban de conformidad con el derecho
internacional un emblema distintivo u otros métodos de identificación que
indicaba que gozaban de protección con arreglo a los Convenios de Ginebra.
2. Que el autor haya
tenido la intención de atacar a esas personas, edificios, unidades o
vehículos u otros objetos que utilizaban esa identificación.
3. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya estado
relacionada con él.
4. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) b) xxv) Crimen de guerra de hacer
padecer hambre como método de guerra
Elementos:
1. Que
el autor haya privado a civiles de objetos indispensables para su
supervivencia.
2. Que
el autor haya tenido la intención de causar la muerte por inanición de
civiles como método de guerra.
3. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya
estado relacionada con él.
4. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) b) xxvi) Crimen de guerra de utilizar,
reclutar o alistar niños en las fuerzas armadas
Elementos:
1. Que el autor haya
reclutado o alistado a una o más personas en las fuerzas armadas nacionales o
las haya utilizado para participar activamente en las hostilidades.
2. Que esa o esas personas
hayan sido menores de 15 años.
3. Que el autor haya
sabido o debiera haber sabido que se trataba de menores de 15 años.
4. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya
estado relacionada con él.
5. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) c) i)–1 Crimen de guerra de homicidio
Elementos:
1. Que el autor haya dado
muerte a una o más personas.
2. Que esa persona o
personas hayan estado fuera de combate o hayan sido civiles, personal médico
o personal religioso que no tomaban parte activa en las hostilidades.
3. Que el autor haya
tenido conocimiento de las circunstancias de hecho que establecían esa
condición.
4. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya
estado relacionada con él.
5. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) c) i)–2 Crimen de guerra de
mutilaciones
Elementos:
1. Que el autor haya
mutilado a una o más personas, en particular desfigurándolas o incapacitándolas
permanentemente o les haya extirpado un órgano o amputado un miembro.
2. Que la conducta no haya
estado justificada en razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de
la persona o personas ni se haya llevado a cabo en su interés.
3. Que la persona o
personas hayan estado fuera de combate o hayan sido civiles, personal médico
o personal religioso que no tomaban parte activa en las hostilidades.
4. Que el autor haya
tenido conocimiento de las circunstancias de hecho que establecían esa
condición.
5. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya
estado relacionada con él.
6. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) c) i)–3 Crimen de guerra de tratos
crueles
Elementos:
1. Que el autor haya
infligido graves dolores o sufrimientos físicos o mentales a una o más
personas.
2. Que esa persona o
personas hayan estado fuera de combate o hayan sido civiles, personal médico
o personal religioso que no tomaban parte activa en las hostilidades.
3. Que el autor haya
conocido las circunstancias de hecho que establecían esa condición.
4. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya
estado relacionada con él.
5. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) c) i)–4 Crimen de guerra de tortura
Elementos:
1. Que el autor haya
infligido graves dolores o sufrimientos físicos o mentales a una o más
personas.
2. Que el autor haya
infligido el dolor o sufrimiento a los fines de obtener información o una
confesión, como castigo, intimidación o coacción o por cualquier otra razón
basada en discriminación de cualquier tipo.
3. Que esa persona o
personas hayan estado fuera de combate o hayan sido civiles, personal médico
o personal religioso que no tomaban parte activa en las hostilidades.
4. Que el autor haya
conocido las circunstancias de hecho que establecían esa condición.
5. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya
estado relacionada con él.
6. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) c) ii) Crimen de guerra de atentados
contra la dignidad personal
Elementos:
1. Que el autor haya
sometido a una o más personas a tratos humillantes o degradantes o haya
atentado de cualquier otra forma contra su dignidad.
2. Que el trato
humillante, degradante o el atentado contra la dignidad haya sido tan grave
que esté reconocido generalmente como ultraje contra la dignidad de la
persona.
3. Que esa persona o
personas hayan estado fuera de combate o hayan sido civiles, personal médico
o personal religioso que no tomaban parte activa en las hostilidades.
4. Que el autor haya
conocido las circunstancias de hecho que establecían esa condición.
5. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya
estado relacionada con él.
6. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) c) iii) Crimen de guerra de toma de
rehenes
Elementos:
1. Que el autor haya
capturado, detenido o retenido como rehén a una o más personas.
2. Que el autor haya
amenazado con matar, herir o seguir deteniendo a esa persona o personas.
3. Que el autor haya
tenido la intención de obligar a un Estado, una organización internacional,
una persona natural o jurídica o un grupo de personas a que actuaran o se
abstuvieran de actuar como condición expresa o tácita de la seguridad o la
puesta en libertad de esa persona o personas.
4. Que esa persona o
personas hayan estado fuera de combate o hayan sido civiles, personal médico
o personal religioso que no tomaban parte activa en las hostilidades.
5. Que el autor haya
conocido las circunstancias de hecho que establecían esa condición.
6. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya
estado relacionada con él.
7. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) c) iv) Crimen de guerra de condenar o
ejecutar sin garantías judiciales
Elementos:
1. Que el autor haya
condenado o ejecutado a una o más personas.
2. Que esa persona o
personas hayan estado fuera de combate o hayan sido civiles, personal médico
o personal religioso que no tomaban parte activa en las hostilidades.
3. Que el autor haya
conocido las circunstancias de hecho que establecían esa condición.
4. Que no haya habido
fallo previo dictado por un tribunal o el tribunal que lo haya dictado no
estuviera "constituido regularmente", es decir, no ofreciera las
garantías esenciales de independencia e imparcialidad o no ofreciera todas
las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables de
conformidad con el derecho internacional.
5. Que el autor haya
sabido que no había fallo previo o no se habían ofrecido las garantías
correspondientes y el hecho de que eran esenciales o indispensables para un
juicio imparcial.
6. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya
estado relacionada con él.
7. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) e) i) Crimen de guerra de dirigir
ataques contra la población civil
Elementos:
1. Que el autor haya
lanzado un ataque.
2. Que el objeto del
ataque haya estado constituido por una población civil en cuanto tal o por
civiles que no participaban directamente en las hostilidades.
3. Que el autor haya
tenido la intención de dirigir el ataque contra la población civil en
cuanto a tal o contra civiles que no participaban directamente en las hostilidades.
4. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no era de índole
internacional y haya estado relacionada con él.
5. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) e) ii) Crimen de guerra de dirigir
ataques contra bienes o personas que utilicen los emblemas distintivos
de los Convenios de Ginebra
Elementos:
1. Que
el autor haya atacado a una o más personas, edificios, unidades o vehículos
sanitarios u otros objetos que utilizaban de conformidad con el derecho
internacional un emblema distintivo u otro método de identificación que
indicaba que gozaban de protección con arreglo a los Convenios de Ginebra.
2. Que el autor haya
tenido la intención de atacar esas personas, edificios, unidades o vehículos
u otros objetos que utilizaban esa identificación.
3. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no era de índole internacional
y haya estado relacionada con él.
4. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) e) iii) Crimen de guerra de dirigir
ataques contra personal o bienes participantes en una misión de
mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria
Elementos:
1. Que el autor haya
lanzado un ataque.
2. Que el objeto del
ataque haya sido personal, instalaciones, material, unidades o vehículos
participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia
humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
3. Que el autor haya
tenido la intención de dirigir el ataque contra el personal, las
instalaciones, el material, las unidades o los vehículos participantes en la
misión.
4. Que el personal, las
instalaciones, el material, las unidades o los vehículos hayan tenido derecho
a la protección otorgada a civiles u objetos civiles con arreglo al derecho
internacional de los conflictos armados.
5. Que el autor haya
tenido conocimiento de las circunstancias de hecho que establecían esa
protección.
6. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no era de índole
internacional y haya estado relacionada con él.
7. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) e) iv) Crimen de guerra de dirigir
ataques contra objetos protegidos
Elementos:
1. Que el autor haya
lanzado un ataque.
2. Que el ataque haya
estado dirigido contra uno o más edificios dedicados al culto religioso, la
instrucción, las artes o la beneficencia, los monumentos, los hospitales o
los lugares en que se agrupe a enfermos y heridos que no sean objetivos
militares.
3. Que el autor haya
tenido la intención de dirigir el ataque contra esos edificios dedicados al
culto religioso, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia,
monumentos históricos, hospitales o lugares en que se agrupa a enfermos y
heridos que no sean objetivos militares.
4. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no era de índole
internacional y haya estado relacionada con él.
5. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) e) v) Crimen de guerra de saquear
Elementos:
1. Que el autor se haya
apropiado de un bien.
2. Que el autor haya
tenido la intención de privar del bien a su propietario y de apropiarse de él
para su uso privado o personal.
3. Que la apropiación haya
tenido lugar sin el consentimiento del propietario.
4. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no era de índole
internacional y haya estado relacionada con él.
5. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) e) vi)–1 Crimen de guerra de violación
Elementos:
1. Que el autor haya
invadido el cuerpo de una persona mediante una conducta que haya ocasionado
la penetración, por insignificante que fuera, de cualquier parte del cuerpo
de la víctima o del autor con un órgano sexual o del orificio anal o genital
de la víctima con un objeto u otra parte del cuerpo.
2. Que la invasión se haya
cometido por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza o mediante
coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la
detención, la opresión psicológica o el abuso de poder, contra esa persona u
otra persona o aprovechando el entorno coercitivo, o se haya realizado en
condiciones en que la persona era incapaz de dar su genuino consentimiento.
3. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no era de índole
internacional y haya estado relacionada con él.
4. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) e) vi)–2 Crimen de guerra de
esclavitud sexual
Elementos:
1. Que el autor haya
ejercido uno de los atributos del derecho de propiedad sobre una o más
personas, como comprarlas, venderlas, prestarlas o darlas en trueque, o
imponerles algún tipo similar de privación de la libertad.
2. Que el autor haya hecho
que esa persona o esas personas realizaran uno o más actos de naturaleza
sexual.
3. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no era de índole
internacional y haya estado relacionada con él.
4. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) e) vi)–3 Crimen de guerra de
prostitución forzada
Elementos:
1. Que el autor haya hecho
que una o más personas realizaran uno o más actos de naturaleza sexual por la
fuerza o mediante la amenaza del uso de la fuerza o mediante coacción, como
la causada por temor a la violencia, la intimidación, la detención, la
opresión psicológica o el abuso de poder, contra esa o esas personas o contra
otra o aprovechando un entorno coercitivo o la incapacidad de esa o esas
personas de dar su genuino consentimiento.
2. Que el autor u otra
persona hayan obtenido o esperado obtener ventajas pecuniarias o de otro tipo
a cambio de los actos de naturaleza sexual o en relación con ellos.
3. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no era de índole
internacional y haya estado relacionada con él.
4. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) e) vi)–4 Crimen de guerra de embarazo
forzado
Elementos:
1. Que
el autor haya confinado a una o más mujeres que hayan quedado embarazadas por
la fuerza, con la intención de modificar la composición
étnica de una población o de cometer otra infracción grave del
derecho internacional.
2. Que
la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no
era de índole internacional y haya estado relacionada con él.
3. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) e) vi)–5 Crimen de guerra de
esterilización forzada
Elementos:
1. Que el autor haya
privado a una o más personas de la capacidad de reproducción biológica.
2. Que la conducta no haya
tenido justificación en un tratamiento médico o clínico de la víctima o
víctimas ni se haya llevado a cabo con su genuino consentimiento.
3. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no era de índole
internacional y haya estado relacionada con él.
4. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) e) vi)–6 Crimen de guerra de violencia
sexual
Elementos:
1. Que el autor haya
realizado un acto de naturaleza sexual contra una o más personas o haya hecho
que esa o esas personas realizaran un acto de naturaleza sexual por la fuerza
o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por
el miedo a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión
psicológica o el abuso de poder, contra esa o esas personas o contra otra o
aprovechando un entorno de coacción o la incapacidad de esa o esas personas
de dar su genuino consentimiento.
5. Que la conducta haya
tenido una gravedad comparable a la de una infracción grave de los Convenios
de Ginebra.
6. Que el autor haya
tenido conocimiento de las circunstancias de hecho que determinaban la
gravedad de su conducta.
7. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no era de índole
internacional y haya estado relacionada con él.
8. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) e) vii) Crimen de guerra de utilizar,
reclutar o alistar niños
Elementos:
1. Que el autor haya
reclutado o alistado a una o más personas en fuerzas armadas o grupos o las
haya utilizado para participar activamente en las hostilidades.
2. Que esa o esas personas
hayan sido menores de 15 años.
3. Que el autor haya
sabido o debiera haber sabido que se trataba de menores de 15 años.
4. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no era de índole
internacional y haya estado relacionada con él.
5. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) e) viii) Crimen de guerra de desplazar
a personas civiles
Elementos:
1. Que el autor haya
ordenado el desplazamiento de una población civil.
2. Que la orden no haya
estado justificada por la seguridad de los civiles de que se trataba o por
razones militares.
3. Que el autor haya
estado en situación de causar ese desplazamiento mediante la orden.
4. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no haya sido de índole
internacional y haya estado relacionada con él.
5. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) e) ix) Crimen de guerra de matar o
herir a traición
Elementos:
1. Que el autor se haya
ganado la confianza de una o más personas y les haya hecho creer que tenían
derecho a protección en virtud de las normas del derecho internacional
aplicable a los conflictos armados, o que estaba obligado a protegerlos.
2. Que el autor haya
tenido la intención de traicionar esa confianza.
3. Que el autor haya dado
muerte o herido a esa persona o personas.
4. Que el autor, al matar
o herir, haya aprovechado la confianza que se había ganado.
5. Que esa persona o
personas haya pertenecido a una parte enemiga.
6. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no era de índole
internacional y haya estado relacionada con él.
7. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) e) x) Crimen de guerra de no dar
cuartel
Elementos:
1. Que el autor haya dado
una orden o hecho una declaración en el sentido de que no quedasen
sobrevivientes.
2. Que la orden o la
declaración se haya dado o hecho para amenazar a un adversario o para
proceder a las hostilidades de manera de que no quedasen sobrevivientes.
3. Que el autor haya
estado en situación de mando o control efectivos respecto de los subordinados
a los que haya dirigido la orden o la declaración.
4. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no era de índole
internacional o haya estado relacionado con él.
5. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) e) xi)–1 Crimen de guerra de
mutilaciones
Elementos:
1. Que el autor haya
mutilado a una o más personas, en particular desfigurando o incapacitándolas
permanentemente o les haya extirpado un órgano o amputado un miembro.
2. Que la conducta haya
causado la muerte a esa persona o personas o haya puesto en grave peligro su
salud física o mental.
3. Que la conducta no haya
estado justificada en razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de
esa persona o personas ni se haya llevado a cabo en su interés.
4. Que esa persona o
personas hayan estado en poder de una parte enemiga.
5. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no era de índole
internacional y haya estado relacionado con él.
6. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
8 2) e) xi)–2 Crimen de guerra de someter a
experimentos médicos o científicos
Elementos:
1. Que el autor haya
sometido a una o más personas a un experimento médico o científico.
2. Que el experimento haya
causado la muerte de esa persona o personas o haya puesto en grave peligro su
salud o integridad física o mental.
3. Que la conducta no haya
estado justificada en razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de
esa persona o personas ni se haya llevado a cabo en su interés.
8 2) e) xii) Crimen de guerra de destruir
bienes del enemigo o apoderarse de bienes del enemigo
Elementos:
1. Que el autor haya
destruido o confiscado un bien.
2. Que ese bien haya sido
de propiedad de una parte enemiga.
3. Que ese bien haya
estado protegido de la destrucción o confiscación en virtud del derecho
internacional de los conflictos armados.
4. Que el autor haya
tenido conocimiento de las circunstancias que establecían la condición del
bien.
5. Que la destrucción o
confiscación no haya sido necesaria por razones militares.
6. Que la conducta haya
tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no era de índole
internacional y haya estado relacionada con él.
7. Que el autor haya
tenido conocimiento de que había circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
5.3.   Conformidad
de las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes, y su
ley aprobatoria 1268 de 2008, con la Constitución Política. Existencia de
algunos tratamientos diferentes
5.3.1.
Tal y como se ha mencionado en distintos apartados de esta providencia, a
través de la Sentencia C-578 de 2002, la Corte Constitucional adelantó el
control de constitucionalidad del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, y de su ley Aprobatoria, la Ley 742 de 2002, encontrando que
ambos textos se ajustaban a la Constitución en los términos del Acto
Legislativo 02 de 2001, razón por la cual procedió a declarar su exequibilidad.
5.3.2.
En dicho fallo, la Corporación tuvo oportunidad de referirse a la Corte Penal
Internacional, resaltando sus bondades en el contexto internacional de
protección de los derechos humanos, y lo importante que resulta para Colombia
hacer parte de dicho organismo.
Precisó al respecto, que la creación de una Corte
Penal Internacional, como órgano judicial de carácter permanente e
independiente, con vocación de universalidad, fue finalmente “el resultado de
un prolongado proceso de construcción de consensos en el seno de la comunidad
internacional”[45], ante la indiscutible necesidad
de brindar garantías de protección efectiva a la dignidad humana, frente a
actos de barbarie y de proscripción de los más graves crímenes internacionales,
conviertiéndose así, en un importante instrumento para avanzar en una
protección efectiva de los derechos humanos básicos, de las leyes de guerra y del
respeto al derecho internacional humanitario.
Destacó
igualmente, que entre los aspectos sobresalientes para la construcción del
consenso de la comunidad internacional, en torno a la creación de una Corte
Penal Internacional para la protección de los valores de la dignidad humana y
de repudio a la barbarie, estuvo “el reconocimiento de un conjunto de graves
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario como
crímenes internacionales, cuya sanción interesa a toda la comunidad de naciones
por constituir un core delicta iuris gentium, es decir, el cuerpo fundamental
de ‘graves crímenes cuya comisión afecta a toda la humanidad y ofende la
conciencia y el derecho de todas las naciones’[46]”[47].
5.3.3.
Bajo estos parámetros, la Corte Penal Internacional actúa como una jurisdicción
complementaria e instrumento de justicia y paz, en el sentido de que entra a
suplir o complementar, los sistemas penales de los Estados, en la sanción de
los victimarios, en la reparación a las víctimas y en el restablecimiento de
los derechos, sólo cuando quienes sean responsables de cometer genocidio,
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, no hubieren sido o no hayan
podido ser juzgados en el ámbito interno de sus respectivos países.
5.3.4.
En la precitada Sentencia C-578 de 2002, este Tribunal destacó que Colombia es
Estado Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y, bajo esa
condición, participó del consenso que permitió la adopción y aprobación del
mencionado Estatuto y de los demás instrumentos complementarios al mismo,
haciendo explícito el interés de reconocer la importancia de la Corte Penal
Internacional, y de coadyuvar en el propósito de darle operatividad y eficacia,
en los términos del Estatuto de Roma y en plena armonía con la Constitución
Política (art. 93).
También
resaltó que, a pesar de la protesta de ciertos sectores minoritarios, que
consideraron que en las negociaciones del Estatuto se hicieron concesiones
contrarias a la filosofía que inspira la Creación de la Corte Penal
Internacional, existe un verdadero consenso en torno al hecho de pensar, que
ese órgano representa un gran logro hacia la protección efectiva y real de la
dignidad del ser humano; convirtiéndose en el mecanismo más expedito y útil
para erradicar los actos de barbarie y los más crueles crímenes, evitando a su
vez la impunidad de quienes, abusando del poder o protegidos por éste, incurren
en este tipo de conductas. Este Tribunal dejo claro, que el consenso sobre la
existencia de la Corte Penal Internacional, en los términos del Estatuto de
Roma, encuentra un amplio respaldo en razones históricas, éticas, políticas y
jurídicas, que explicó de la siguiente manera:
“Primero, por
una razón histórica. La creación de una Corte Penal Internacional con
jurisdicción permanente marca un hito en la construcción de instituciones
internacionales para proteger de manera efectiva el núcleo de derechos mínimos,
mediante juicios de responsabilidad penal individual, por una Corte que no es
creada ad hoc, ni es el resultado del triunfo de unos estados sobre
otros al final de una guerra, ni es la imposición de las reglas de unos estados
poderoso a los habitantes de otro, como sucedió con los Tribunales Militares de
Nuremberg, de Tokio, o más recientemente, en los Tribunales de Ruanda y
Yugoslavia, creados mediante resolución del Consejo de Seguridad. A diferencia
de sus antecesores, la Corte Penal Internacional surgió del consenso de la
comunidad internacional relativo a la creación de una instancia internacional,
independiente y de carácter permanente, para el eventual juzgamiento de
responsables de graves crímenes internacionales.
Segundo, por una
razón ética. Las conductas punibles de competencia de la Corte Penal
Internacional comprenden las violaciones a los parámetros fundamentales de
respeto por el ser humano que no pueden ser desconocidos, ni aun en situaciones
de conflicto armado internacional o interno, los cuales han sido gradualmente
identificados y definidos por la comunidad internacional a lo largo de varios
siglos con el fin de superar la barbarie.
Tercero, por una
razón política. El poder de quienes en el pasado han ordenado, promovido,
coadyuvado, planeado, permitido u ocultado las conductas punibles de
competencia de la Corte Penal Internacional, también les sirvió para impedir
que se supiera la verdad o que se hiciera justicia. La Corte Penal
Internacional ha sido creada por un estatuto que cuenta dentro de sus
propósitos medulares evitar la impunidad de los detentadores transitorios de
poder o de los protegidos por ellos, hasta la más alta jerarquía, y garantizar
la efectividad de los derechos de las víctimas y perjudicados a conocer la
verdad, a obtener justicia y a recibir una reparación justa por los daños que
dichas conductas les han ocasionado, a fin de que dichas conductas no se
repitan en el futuro.
Cuarto, por una
razón jurídica. El Estatuto de Roma representa la cristalización de un proceso
de reflexión, a cargo de juristas de diversas tradiciones, perspectivas y
orígenes, encaminado a ampliar el ámbito del derecho internacional con la
edificación de un régimen de responsabilidad penal individual internacional
respaldado por una estructura orgánica institucionalmente capaz de administrar
justicia a nivel mundial, respetando la dignidad de cada nación pero sin
depender de autorizaciones políticas previas y actuando bajo la égida del
principio de imparcialidad.”
5.3.5.
Pues bien, a la dimensión jurídica de la Corte Penal Internacional, pertenecen
las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes, objeto
del presente control automático de constitucionalidad. Como ya se mencionó, el instrumento
internacional que les dio vida, se adoptó y aprobó, por la Asamblea de los
Estados Partes de la Corte Penal Internacional, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 9° y 51 del Estatuto de Roma, en los que, precisamente, se
previeron las reglas especiales para su expedición.
5.3.6.
Esta Corporación ya había destacado, en pronunciamiento anterior[48],  el hecho de
que los Estados reunidos en Roma, para la suscripción del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, habían decidido postergar el desarrollo de las
reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes, para su
incorporación a un instrumento posterior, distinto del propio Estatuto.
En
la Sentencia C-578 de 2002, se explicaron las razones que llevaron a la
Asamblea de Estados Partes, no solo a excluir del texto del tratado las reglas
de procedimiento y prueba y los elementos de los crímenes, sino también a fijar
un procedimiento especial de adopción, a cargo de la propia Asamblea. En el
mismo pronunciamiento, se hizo igualmente referencia al alcance del instrumento
y a las caracteristicas particulares que lo identifican.
Aun
cuando ya en el apartado 2.3 de esta sentencia, la Corte trató el punto, a
propósito de la necesidad de definir su competencia para juzgar el instrumento,
en este momento del juicio, resulta relevante recordar algunos aspectos
puntuales, que tienen incidencia en el análisis material del mismo.
Según
quedó anotado, las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los
Crímenes, son el resultado de las diferencias surgidas al interior de la
Asamblea durante las discusiones del Estatuto de Roma, por cuenta de un grupo
de Estados Partes, quienes consideraban que los crímenes de competencia de la
Corte, no habían quedado definidos con suficiente especificidad y claridad en
el Estatuto. Con este propósito, inicialmente se propuso incluir en el
Estatuto, una disposición en la que se precisaran los elementos de los crímenes
de competencia de la Corte Penal Internacional, buscando con ello, darle a la
Corte suficientes elementos de juicio para la interpretación de tales crímenes.
Dado
que no hubo consenso sobre el contenido que debía tener la norma, ni siquiera
sobre su inclusión en el Estatuto, se optó entonces por asignarle a la Comisión
Preparatoria de la Corte Penal Internacional, la labor de redactar el texto de
los elementos de los crímenes, y se dispuso que el mismo debía ser puesto a
consideración de los Estados, para proceder luego a su adopción por las dos
terceras partes de la Asamblea de Estados Partes. Definido ese punto, se
decidió también asignarle a la Comisión, la función de elaborar las reglas de
procedimiento y prueba, con miras a su discusión y posterior adopción, también por
las dos terceras partes de la Asamblea de los Estados Partes.
No
sobra reiterar aquí, que Colombia tuvo una activa participación en la Comisión
Preparatoria, tanto para la elaboración de los Elementos de los Crímenes, como
para la redacción de las Reglas de Procedimiento y Prueba, presentando más de
50 documentos con comentarios y propuestas. De igual manera, formo parte del
consenso que primero adoptó y luego aprobó la versión final de los citados
instrumentos, con lo cual, también en este escenario, evidenció el interés de
ser partícipe de la Corte Penal Internacional, y de coadyuvar en el propósito
de darle operatividad y eficacia, en especial, a sus elementos complementarios,
en los términos del Estatuto de Roma y en plena armonía con la Constitución
Política (art. 93).
En
el documento de Ayuda Memoria sobre el Estatuto de Roma, elaborado a propósito
de la reunión conjunta de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara, para la
consideración del Proyecto de Ley aprobatoria del Estatuto de Roma, del 13 de
septiembre de 2002, se lee sobre este particular: “El Gobierno de Colombia
participó activamente en las sesiones de la Comisión preparatoria de la Corte
Penal Internacional (PRECOM), desde que éste órgano inició sus actividades,
luego de adoptado el Estatuto de Roma, hasta la X reunión celebrada del 1° al
12 de julio de 2002. Así mismo, Colombia participó en la I Asamblea de Estados
Partes del Estatuto, llevada acabo entre el 3 y el 10 de septiembre de 2002 La
participación colombiana se orientó principalmente a lo atinente al aspecto
sustantivo de las distintas disposiciones del instrumento relativo a los
Elementos de los Crímenes así como a la consagración de las correspondientes
garantías procesales en el instrumento titulado Reglas de Procedimiento y
Prueba, proyectos que fueron aprobados en la PRECOM y adoptados por la Asamblea
de Estados Partes”.
De
la misma manera, en la Comunicación número 452/265/18, del 8 de mayo de 2002,
enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores por el Embajador, Representante
Permanente de Colombia ante las Naciones Unidad, a propósito del segundo
periodo de sesiones (16), se afirma que: “[l]a participación de Colombia en
este segundo periodo de sesiones de la Comisión fue excepcional. Presentamos en
total (…) de 12 propuestas sobre reglas de procedimiento y prueba (…) La
mayoría de las propuestas fueron acogidas por otras delegaciones e incorporadas
a los textos evolutivos preparados por los coordinadores de los Grupos de
Trabajo”.
5.3.7.
Partiendo de la regulación prevista en los artículos 9° y 51 del Estatuto de
Roma, desde el punto de vista sustancial, las Reglas de Procedimiento y Prueba
y los Elementos de los Crímenes, se caracterizan por constituir un instrumento
complementario del Estatuto de Roma, compatible con el mismo y que no lo
modifican. Por lo tanto, no pueden entenderse como una enmienda del citado
Estatuto, ni tampoco como una adición a la definición de los crímenes
contenidos en sus artículos 6°, 7° y 8°, en el caso de los Elementos de los
Crímenes, pues trata sólo aspectos de carácter indicativo para la Corte,
referente a lo que le corresponde probar en cada caso.
5.3.8.
Las reglas de procedimiento y de prueba, y los elementos de los crímenes, se
dirigen a garantizar el principio de legalidad “nullun crimen sine lege”.
En ese contexto, tienen como función principal, ayudar a interpretar y aplicar
las disposiciones del Estatuto, coadyuvando al correcto funcionamiento de la
Corte Penal Internacional, y permitiendo a su vez que ésta pueda cumplir
adecuadamente con las competencias que en materia penal y con carácter
complementario y supletivo le han sido asignadas.
5.3.9.
En el caso específico de los Elementos de los Crímenes, éstos buscan ayudar a la
Corte a interpretar y aplicar los artículos 6°, 7° y 8° del Estatuto, en los
que se contienen los crímenes de competencia de la Corte. En ese contexto, se
limitan a especificar los componentes de cada delito de que conoce la Corte
Penal Internacional, de manera que una persona será penalmente responsable y
podrá ser condenada por un crimen de competencia de la Corte, sólo si los
elementos materiales del crimen se llevaron a cabo con conocimiento de causa y
con intención, conforme lo prevé el Estatuto, y siempre que la conducta se
enmarque dentro de las descripciones previstas para cada uno de los delitos.
Siguiendo
los principios de legalidad y tipicidad, en los Elementos de los Crímenes se
fijan, de manera clara, precisa e inequívoca, los elementos materiales
constitutivos de las diversas modalidades de delitos de genocidio, crímenes de
lesa humanidad y crímenes de guerra, definiendo, en su orden, la conducta, las
consecuencias y las circunstancias correspondientes a cada uno de los crímenes.
Aun
cuando la Corte, en la Sentencia C-578 de 2002, hizo algunas observaciones en
torno a la descripción que en el Estatuto de Roma se hacía de los delitos de
competencia de la Corte Penal Internacional (ER. Arts. 6, 7 y 8), sobre la base
de que los mismos denotaban un grado de precisión aceptado por el derecho penal
internacional, pero menos estricto al exigido en nuestro ordenamiento interno,
también aclaró en el mismo fallo, que la expedición de los Elementos de los
Crímenes, por parte de la Asamblea General de Estados partes, ayudaría a la
interpretación y aplicación de tales delitos y reduciría los problemas que
tienen algunas de las definiciones que fueron empleadas en el Estatuto.
Tal
cuestionamiento fue en efecto plenamente satisfecho, pues, como ya se anotó, en
el instrumento contentivo de los Elementos de los Crímenes, se describen de
manera cierta y clara, la conducta, las consecuencias y las circunstancias
correspondientes a cada uno de los crímenes, con lo cual, el citado
instrumento, se aviene a los principio de legalidad estricta y tipicidad, pues
en él se establece con precisión en qué circunstancias una conducta resulta
punible, esto es, constitutiva de un delito de competencia de la Corte Penal
Internacional[49].
5.3.10.
Tratándose de las Reglas de Procedimiento y Prueba, las mismas son un
instrumento para la aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, al cual está subordinado en todas sus partes. Están llamadas a cubrir
la mayoría de asuntos a los que se refiere el Estatuto, y, por su intermedio,
se establece el procedimiento que debe seguirse en las distintas etapas de los
procesos que se adelantan ante la Corte Penal Internacional, se señalan los
órganos que la integran y las funciones de éstos, y se fijan las reglas de
cooperación judicial. Conforme con ello, tales reglas complementan a los
elementos de los crímenes y coadyuvan al cumplimiento y éxito de la labor de
investigación y juzgamiento asignada a la Corte Penal Internacional.
5.3.11.
Esta Corporación ha dicho que, conforme con el principio de legalidad,
el comportamiento sancionable, las sanciones propiamente dichas, los criterios
para su determinación y los procedimientos previstos para su imposición, deben
estar previamente definidos, en forma suficientemente clara, por la ley, con el
fin de que sus destinatarios sepan a ciencia cierta cuándo deben responder por
las conductas prohibidas por la ley. El Estatuto de Roma y el instrumento
complementario que contiene las Reglas de Procedimiento y Prueba y los
Elementos de los Crímenes, se acogen a dicho principio, en  cuanto que, de
forma sistemática y armónica, los mismos se ocupan de regular en forma clara,
todos los aspectos relacionados, tanto con los delitos de competencia de la
Corte Penal Internacional, como con la investigación, juzgamiento y sanción de
los mismos.
5.3.12.
Valga advertir, tal y como sucede con el Estatuto de Roma al que complementan,
que las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes, sólo
están llamadas a producir efectos dentro del propio ámbito de competencia de la
Corte Penal Internacional y, por tanto, no tiene incidencia en el derecho
interno de los Estados. Sus contenidos, operan exclusivamente en el marco de
aplicación del Estatuto de Roma y no obligan a las autoridades del país a
observarlas en los casos que se procesen y juzguen en su territorio.
A
propósito de esto último, esta Corporación expresó, en la Sentencia C-578 de
2002, que el campo de acción del Estatuto de Roma, se circunscribe
exclusivamente al ejercicio de la competencia complementaria atribuida a la
Corte Penal Internacional, y a la cooperación de las autoridades nacionales con
ésta, motivo por el cual, el tratado y los instrumentos que lo complementan, no
están llamados a modificar las normas internas que le corresponde aplicar a las
autoridades jurisdiccionales colombianas, en ejercicio de las competencias que
le son propias.
Explicó
este Tribunal en esa oportunidad, y ahora lo reitera, que las
disposiciones del Estatuto de Roma y los instrumentos que hacen parte del
mismo, “no remplazan ni modifican las leyes nacionales de tal manera que a
quien delinca en el territorio nacional se le aplicará el ordenamiento jurídico
interno y las autoridades judiciales competentes al efecto son las que integran
la administración de justicia colombiana[50]”. Para ilustrar tal premisa, la
Corte manifestó que, por ejemplo, “ningún juez penal nacional adquiere en
virtud del Estatuto de Roma la facultad de imponer la pena de reclusión a
perpetuidad”, pues esto sólo “puede hacerlo la Corte Penal Internacional en
ejercicio de la competencia complementaria a ella atribuida por el Estatuto,
cuando se den las condiciones y se cumplan los requisitos en él previstos”[51].
Sobre
el particular, en la Sentencia C-578 de 2002, la Corte hizo las siguientes
precisiones:
“Rebasa los alcances del presente
análisis material entrar a señalar hipótesis específicas en las cuales puedan
llegar a presentarse controversias particulares en los linderos de la relación
entre el Estatuto y el ordenamiento interno. En cambio, sí estima necesario la
Corte subrayar que, sin perjuicio de la cooperación y la asistencia judicial,
existe una frontera entre el ámbito del Estatuto, es decir, el de la
competencia complementaria de la Corte Penal Internacional, y el ámbito del
derecho nacional, es decir, el de la competencia primigenia de la justicia
nacional.
Por
lo tanto, resulta procedente advertir que, como el ámbito del Estatuto de Roma
se limita exclusivamente al ejercicio de la competencia complementaria
atribuida a la Corte Penal Internacional y a la cooperación de las autoridades
nacionales con ésta, el tratado no modifica el derecho interno aplicado por las
autoridades judiciales colombianas en ejercicio de las competencias nacionales
que les son propias dentro del territorio de la República de Colombia. Esto
será recogido cuando se resuman las declaraciones interpretativas en el
capítulo V de la presente providencia”.
5.3.13.
Así las cosas, las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elemento de los
Crímenes, tal y como ocurre con el propio Estatuto de Roma, solo están llamados
a producuir efectos dentro del ámbito de competencia de la Corte Penal
internacional. Ello significa que sus disposiciones y reglas no reemplazan ni
modifican el derecho interno y, por tanto, tampoco son aplicables por las
autoridades jurisdiccionales colombianas en el territorio de la República, en
el ejercicio de sus funciones y competencias.
5.3.14. Lo anterior no implica, sin embargo, que las
autoridades colombianas, en el campo exclusivo de la Cooperación con la Corte
Penal Internacional, no puedan aplicar las disposiciones del tratado y de los
demás instrumentos que lo desarrollan dentro de lo regulado en ellos. Como ya
lo había señalado esta Corporación en la Sentencia C-578 de 2002, “[e]n algunas
materias, estas disposiciones del Estatuto pueden requerir desarrollos
normativos internos para facilitar la cooperación. De ahí que el artículo 88
del mismo establezca que ‘los Estados Parte se asegurarán de que en el derecho
interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas
en la presente parte’ ”.
En
este sentido, las actividades que desarrollen los Tribunales Nacionales a
solicitud de la Corte Penal Internacional, dentro del ámbito de la Cooperación
internacional prevista en el Estatuto de Roma (arts. 88, 89 y 103), deben
regirse por los procedimientos internos, para lo cual los Estados parte, como
es el caso de Colombia, tienen el deber de ajustar sus procedimientos internos
a las exigencias de esa Cooperación.
5.3.15.
En los términos expuestos, la Corte concluye que, de manera general, tanto el
Instrumento Internacional que contiene las Reglas de Procedimiento y Prueba y
los Elementos de los Crímenes de la Corte Penal Internacional, como su ley
aprobatoria, la Ley 1268 de 2008, resultan ajustados a la Constitución, en
cuanto constituyen elementos valiosos para  garantizar el funcionamiento
independiente de la Corte Penal Internacional.
5.3.16.
Dicho Instrumento, agrupa en su contenido y propósito, distintos postulados que
comportan principios fundantes y fines esenciales del Estado Social de Derecho,
como la dignidad humana, la efectividad de los derechos humanos, la convivencia
pacífica y la consecución de un orden justo (C.P arts. 1° y 2°).
5.3.17.
Respeta, además, el mandato previsto en el artículo 9 Superior, en el que se
prevé que las “relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la
soberanía nacional”, en cuanto su aplicación está subordinada al
ordenamiento jurídico, no sólo por el hecho de someterse al trámite complejo de
incorporación interna -aprobación por el Congreso y control de
constitucionalidad-, sino también, porque sus contenidos no se proyectan ni
inciden sobre las acciones y decisiones internas que le corresponda adoptar a
las autoridades del País.
5.3.18.
Sus contenidos también se inscriben dentro del marco del artículo 93 Superior,
tal como fue adicionado por el Acto Legislativo 02 de  2001, en la medida que
el citado Instrumento tiene la finalidad de otorgar a la Corte Penal
Internacional, las herramientas que requiere para la materialización de sus
funciones judiciales, en procura de garantizar la defensa y protección de los
derechos humanos en el escenario universal. Como ya se mencionó, la función
principal de las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los
Crímenes, es la de ayudar a interpretar y aplicar las disposiciones del
Estatuto de Roma y, por esa vía, contribuir al correcto funcionamiento de la
Corte Penal Internacional, facilitando que la misma pueda asumir adecuadamente
las competencias que en materia penal y con carácter supletivo le han sido
asignadas.
5.3.19.
El instrumento bajo examen, en términos generales, también se encuentra en
armonía con el artículo 29 Superior, en cuanto respeta las garantías propias
del debido proceso, con el artículo 228 del mismo ordenamiento, en razón a que
no afecta el principio de autonomía e independica judicial, así como con los
demás derechos y libertades consagrados en la Constitución Política.
5.3.1. Identificación de algunos tratamientos
diferentes
5.3.1.1.
No obstante lo dicho, atendiendo a lo decidido por la Corporación en la
Sentencia C-578 de 2002, el instrumento bajo examen contiene algunos
tratamientos sustanciales diferentes frente a la Carta Política, que llevan a la
Corte a identificarlos y a precisar su ámbito de aplicación, limitándose a
declarar que los mismos han sido autorizados por el Acto Legislativo No. 02 de
2001.
5.3.1.2.
Cabe reiterar que, tratándose de la declaratoria de tratamientos diferentes
sobre las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes, tal
declaratoria debe llevarse a cabo, tomando como base los tratamientos
diferentes declarados por la Corte en la Sentencia C-578 de 2002 para el
Estatuto de Roma, toda vez que los citados instrumentos son desarrollo del
mismo y se encuentran sometidos a él en todas sus partes. A este respecto, el
artículo 9 del Estatuto de Roma señala expresamente que: “los Elementos de
los crímenes y sus enmiendas serán compatibles con lo dispuesto en el presente
Estatuto”, al tiempo que el artículo 51 del mismo ordenamiento prevé que: “[l]as
Reglas de Procedimiento y Prueba, las enmiendas a ellas y las reglas
provisionales deberán estar en consonancia con el presente Estatuto”.
5.3.1.3.
Bajo ese entendido, advierte la Corte que los tratamientos diferentes se
presentan en algunas de las Reglas de Procedimiento y Prueba, que regulan
aspectos concretos relacionados con el derecho a la defensa técnica y la
imposición de penas, que a su vez son desarrollo de normas del Estatuto de
Roma, respecto de las cuales la Corte declaró la existencia de tratamientos
diferentes en la Sentencia C-578 de 2002.
5.3.1.3.1.
Se recuerda que en el citado fallo, la Corte declaró la existencia de un
tratamiento diferente en relación con los artículos 61, párrafo 2, literal b) y
67, párrafo 1, literal d),  del Estatuto de Roma, en cuanto los mismos parecen
dejar al criterio de la Corte Penal Internacional, la determinación de si un
investigado o enjuiciado requiere de un abogado para que lo asista y defienda
en el proceso, lo cual no es consecuente con el derecho a la defensa técnica
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, que lo reconoce a
favor de toda persona que tenga la condición de sindicado, durante la
investigación y el juzgamiento, sin ningún tipo de limitaciones, y sin que su
goce efectivo dependa de la decisión del órgano judicial.
Pues
bien, los citados artículos 61, párrafo 2, literal b) y 67, párrafo 1, literal
d),  del Estatuto de Roma, fueron a su vez desarrollados por las siguientes
Reglas de Procedimiento y Prueba:
-
Por
el numeral 3° de la Regla 21, que al regular lo referente a la asignación de
asistencia letrada sobre personas sometidas a la jurisdicción de la Corte Penal
Internacional, prevé que: “Se podrá pedir a la Presidencia que revise la
decisión de no dar lugar a la solicitud de nombramiento de abogado. La decisión
será definitiva. De no darse lugar a la solicitud, se podrá presentar al
Secretario una nueva en razón de un cambio en las circunstancias”.
-
Por
el numeral 2° de la Regla 117, que al señalar la forma como se lleva a cabo la
detención de personas en un Estado, establece que: “En cualquier momento
después de la detención, el detenido podrá pedir a la Sala de Cuestiones
Preliminares que se designe un abogado para que le preste asistencia en las
actuaciones ante la Corte y la Sala decidirá qué curso dará a esa solicitud”.
-
Por
el numeral 2°, literal a) de la Regla 121, que al fijar el procedimiento previo
a la audiencia de confirmación de cargos, consagra que: “El imputado podrá
contar con la asistencia o la representación del abogado que haya elegido o le
haya sido asignado”.
-
Por
el numeral 2° de la Regla 126, en cuanto ésta, al describir los criterios
aplicables a la Audiencia de confirmación de los cargos en ausencia del
imputado, dispone que: “Si la Sala de Cuestiones preliminares admitiera la
participación del abogado del imputado en las actuaciones, éste ejercerá en
representación del imputado todos los derechos que le asisten”.
Dado
que las citadas reglas regulan aspectos relacionados con el ejercicio del
derecho a la defensa técnica en diferentes instancias del proceso, sobre la
base de que la asistencia letrada no constituye un derecho irrenunciable del
detenido e imputado, y dejando en manos del órgano judicial la facultad para
autorizar su ejercicio, las mismas presentan un tratamiento diferente frente al
contenido del artículo 29 de la Constitución Política, pues, como se ha
explicado, éste consagra el derecho a la defensa técnica para todo el que tenga
la condición de sindicado, durante la investigación y el juzgamiento, sin
ningún tipo de limitaciones, y sin que el goce efectivo de tal derecho dependa
de la decisión del órgano judicial que tiene a su cargo la sustanciación del
proceso.
5.3.1.3.2.
De igual manera, en la Sentencia C-578 de 2002, la Corte declaró la existencia
de un tratamiento diferente en relación con el artículo 77.1, literal b), del
Estatuto de Roma, que le atribuye a la Corte Penal Internacional la facultad de
imponer la pena de reclusión a perpetuidad. Ello, bajo la consideración de que
el artículo 34 de la Constitución Política, de manera expresa, prohíbe la pena
de prisión perpetua en Colombia. Según lo manifestó la Corporación en el citado
fallo, el tratamiento diferente de la prohibición de la prisión perpetua que
consagra el artículo 34 de la Carta, fue autorizado por el Acto Legislativo No.
02 de 2001, pero no habilita a las autoridades nacionales a aplicar la pena
perpetua cuando juzguen alguno de los crímenes señalados en el Estatuto de
Roma.
El
contenido del artículo 77.1, literal b), del Estatuto de Roma, aparece a su vez
desarrollado por las siguientes Reglas de Procedimiento y Prueba:
-
Por
el numeral 3° de la Regla 145, que al regular lo referente a la imposición de
la pena, prevé que: “Podrá imponerse la pena de reclusión perpetua cuando lo
justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del
condenado puestas de manifiesto por la existencia de una o más circunstancias
agravantes.
-
Y por el numeral
5° de la Regla 146, que al regular lo referente al no pago deliberado de la
pena de multa por el condenado, y prever la prolongación de la reclusión como
último recurso para forzar dicho pago, en su apartado final establece “[q]ue
la prolongación no será aplicable cuando se trate de una pena de reclusión a
perpetuidad”.
En
la medida que las citadas reglas se ocupan de aspectos relacionados con la
aplicación de la pena de prisión a perpetuidad, las mismas presentan, entonces,
un tratamiento diferente frente al contenido del artículo 34 de la Constitución
Política, puesto que, como ya se ha señalado, éste prohíbe expresamente la
aplicación de la pena de prisión perpetua en Colombia.
5.3.1.4.
Así las cosas, en relación el numeral 3° de la Regla 21, el numeral 2° de la
Regla 117, el numeral 2° literal a) de la Regla 121 y el numeral 2° de la Regla
126, la Corte declara que se presenta un tratamiento diferente frente al
derecho a la defensa técnica en los términos de lo consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política. Sin embargo dicho tratamiento diferente fue
autorizado expresamente por el Acto legislativo 02 de 2001, para los casos que
lleguen al conocimiento de la Corte Penal Internacional, pero no habilita a las
autoridades nacionales a aplicar ese tipo de medidas cuando juzguen alguno de
los crímenes consagrados en el Estatuto de Roma.
5.3.1.5.
También con respecto al numeral 3° de la Regla 145 y el numeral 5° de la Regla
146, la Corte declara que existe un tratamiento diferente en relación con el
artículo 34 de la Carta, que prohíbe expresamente la aplicación de la pena de
prisión perpetua en Colombia. No obstante, el mencionado tratamiento diferente
fue autorizado expresamente por el Acto legislativo 02 de 2001, para los casos
que lleguen al conocimiento de la Corte Penal Internacional, pero no habilita a
las autoridades nacionales a aplicar la pena de prisión perpetua cuando juzguen
alguno de los crímenes consagrados en el Estatuto de Roma.
5.3.1.6.
Frente a los restantes tratamientos diferentes declarados por la Corte en la
Sentencia C-578 de 2002, se advierte que los mismos no fueron objeto de
desarrollo por parte del instrumento contentivo de las Reglas de Procedimiento
y Prueba y los Elementos de los Crímenes de la Corte Penal Internacional.
En
efecto, los temas referentes a: (i) la improcedencia del cargo oficial
como excusa para sustraerse del juzgamiento de la Corte Penal Internacional
(art. 27 ER); (ii) la extensión de la responsabilidad del comandante a
superiores civiles respecto de crímenes cometidos por sus subordinados en las
circunstancias establecidas en el Estatuto de Roma (art. 28 del ER); (ii)
la imprescriptibilidad de los crímenes de competencia de la Corte Penal
Internacional (art. 29 del ER); y (iv) las causales eximentes de
responsabilidad penal referidas a la legítima defensa de la propiedad en casos
de crímenes de guerra y la regulación del principio de obediencia debida
(numeral 1, literal c del artículo 31 y artículo 33 del ER), son aspectos que
fueron regulados directamente en el Estatuto de Roma, y que no se encuentran
reproducidos ni desarrollados por el instrumento sujeto al presente juicio de
constitucionalidad, razón por la cual, con respecto a tales tratamientos
diferentes, se atiene la Corte a lo decidido sobre ellos en la citada
Sentencia C-578 de 2002.
5.3.1.7.
Esta Corporación debe reiterar la posición fijada en la sentencia antes citada,
en el sentido que señalar que los tratamientos diferentes en materias
sustanciales fueron expresamente autorizados por el Acto Legislativo 02 de 2001,
“exclusivamente dentro del ámbito del ejercicio de las competencias de la Corte
Penal Internacional”, razón por la cual “no se menoscaba el alcance de las garantías
establecidas en la Constitución respecto del ejercicio de las competencias
propias de las autoridades nacionales”. Bajo ese entendido, no se requiere que
el Jefe de Estado, en su condición de director de las relaciones
internacionales (C.P. art. 189-2), lleve a cabo declaraciones interpretativas
respecto de los tratamientos diferentes que fueron identificados en el presente
fallo.
5.3.1.8.
En los términos expuestos, la Corte concluye que el Instrumento Internacional
que contiene las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los
Crímenes de la Corte Penal Internacional, como su ley aprobatoria, la Ley 1268
de 2008, resultan ajustados a la Constitución, razón por la cual se procede a
declarar su exequibilidad.
VII.   DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R
E S U E L V E
PRIMERO. Declarar EXEQUIBLE
la Ley No. 1268 del 31 de diciembre de 2008, “POR MEDIO DE LA CUAL SE
APRUEBAN LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO Y PRUEBA Y LOS ELEMENTOS DE LOS CRIMENES
DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL APROBADOS POR LA ASAMBLEA DE LOS ESTADOS PARTES
DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, EN NUEVA YORK, DEL 3 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2002”.
SEGUNDO. Declarar EXEQUIBLES
las “REGLAS DE PROCEDIMIENTO Y PRUEBA Y LOS ELEMENTOS DE LOS CRÍMENES DE LA
CORTE PENAL INTERNACIONAL”, aprobados por la Asamblea de los Estados Partes
de la Corte Penal Internacional, en Nueva York, del 3 al 10 de septiembre de
2002.
TERCERO. Disponer que
se comunique inmediatamente esta sentencia al Presidente de la República para
lo de su competencia, así como al Presidente del Congreso de la República.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
NILSON
PINILLA PINILLA
Presidente
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
Con salvamento de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente en comisión
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO HUMBERTO ANTONIO SIERRA
PORTO A LA SENTENCIA C-801 DE 2009
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE REGLAS DE PROCEDIMIENTO Y PRUEBA Y LOS ELEMENTOS DE
LOS CRIMENES DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL-Complejos tratamientos diferentes
previstos en las reglas justificaban un control material estricto (Salvamento
de voto)
REGLAS
DE PROCEDIMIENTO Y PRUEBA Y LOS ELEMENTOS DE LOS CRIMENES DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL-Objetivos
y funciones (Salvamento de voto)
REGLAS
DE PROCEDIMIENTO Y PRUEBA Y LOS ELEMENTOS DE LOS CRIMENES DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL-Naturaleza
jurídica (Salvamento de voto)
REGLAS
DE PROCEDIMIENTO Y PRUEBA Y LOS ELEMENTOS DE LOS CRIMENES DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL-Actos
jurídicos unilaterales emanados de un órgano de una organización internacional
(Salvamento de voto)
REGLAS
DE PROCEDIMIENTO Y PRUEBA Y LOS ELEMENTOS DE LOS CRIMENES DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL-No
participan de la naturaleza de los tratados internacionales (Salvamento de
voto)
Si bien las
reglas de procedimiento y prueba y los elementos de los crímenes de la Corte
Penal Internacional son instrumentos internacionales adoptados en el seno de un
órgano (Asamblea de Estados Partes) de una organización internacional (Corte
Penal Internacional) con la finalidad de complementar y precisar el alcance y
el sentido de las disposiciones consagradas en el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional, no son verdaderos tratados internacionales por cuanto se
trata de actos jurídicos unilaterales adoptados por una Organización
Internacional.
REGLAS
DE PROCEDIMIENTO Y PRUEBA Y LOS ELEMENTOS DE LOS CRIMENES DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL-Carecen
de los efectos jurídicos de los tratados internacionales (Salvamento de voto)
ESTATUTO
DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL-Antinomias o tratamientos diferentes en
relación con la Constitución autorizados por Acto Legislativo 02 de 2001
(Salvamento de voto)
Referencia: expediente LAT-344
Revisión
de constitucionalidad de la Ley 1268 de 2008, por medio de la cual se aprueban
“las reglas de procedimiento y prueba” y los “elementos de los crímenes de la
Corte Penal Internacional”, aprobados por la Asamblea de los Estados Parte de la
Corte Penal Internacional en Nueva York, del 3 al 10 de septiembre de 2002.
Magistrado
Ponente:
DR.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.
Con el
acostumbrado respeto, paso a exponer las razones por las cuales decidí salvar
el voto a la sentencia C-801 de 2009, mediante la cual se resolvió declarar
exequibles la Ley 1268 de 2008, así como “las reglas de procedimiento y prueba”
y los “elementos de los crímenes de la Corte Penal Internacional”, aprobados
por la Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional en Nueva York,
del 3 al 10 de septiembre de 2002.
Al respecto, es
preciso aclarar que, buena parte de las observaciones que le realicé al
proyecto inicial de fallo, y sobre las cuales se soportaba mi decisión de
salvar el voto, fueron acogidas, enhorabuena, en el texto final de la
sentencia.  No obstante lo anterior, considero que subsisten algunas
divergencias conceptuales importantes con el fallo, las cuales motivan la
adopción de un salvamento de voto. En efecto, por las razones que paso a
explicar, estimo que la Corte debió haber adelantado un examen mucho más
detenido y profundo en relación con la constitucionalidad de cada una de las
disposiciones que conforman las Reglas de Procedimiento y Prueba (en adelante,
las RPP) y los Elementos de los Crímenes (en adelante, los EC), estudio que, de
haberse realizado, hubiese implicado adoptar otro tipo de decisiones en la
parte resolutiva de la sentencia.
1.     Naturaleza
jurídica de las Reglas de Procedimiento y Prueba y de los Elementos de los
Crímenes de la CPI y su control de constitucionalidad.
Las Reglas de
Procedimiento y Prueba (en adelante, las RPP) y los Elementos de los Crímenes
(en adelante, los EC) son instrumentos internacionales adoptados por la
Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional, cuya finalidad es complementar
y precisar el alcance y el sentido de las disposiciones consagradas en el
Estatuto de Roma de la CPI. Las normas pertinentes del Estatuto de Roma en la
materia son las siguientes:
Artículo
9
Elementos
del crimen
1.
Los Elementos del crimen, que ayudarán a la Corte a
interpretar y aplicar los artículos 6, 7 y 8 del presente Estatuto, serán
aprobados por una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea
de los Estados Partes.
2.
Podrán proponer enmiendas a los Elementos del crimen:
a)
Cualquier Estado Parte;
b)
Los magistrados, por mayoría absoluta;
c)
El Fiscal.
Las
enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por una mayoría de dos
tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes.
3. Los Elementos del crimen y sus enmiendas serán
compatibles con lo dispuesto en el presente Estatuto.
Artículo
21
Derecho
aplicable
1. La
Corte aplicará:
a) En primer lugar, el presente Estatuto, los Elementos del
Crimen y sus Reglas de Procedimiento y Prueba;
b) En segundo lugar, cuando proceda, los tratados y los principios
y normas de derecho internacional aplicables, incluidos los principios
establecidos del derecho internacional de los conflictos armados;
c) En su defecto, los principios generales del derecho que derive la
Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, incluido, cuando
proceda, el derecho interno de los Estados que normalmente ejercerían
jurisdicción sobre el crimen, siempre que esos principios no sean incompatibles
con el presente Estatuto ni con el derecho internacional ni las normas y
principios internacionalmente reconocidos.
Artículo
51
Reglas
de Procedimiento y Prueba
1. Las Reglas de Procedimiento y Prueba entrarán en vigor
tras su aprobación por mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea
de los Estados Partes.
2. Podrán proponer enmiendas a las Reglas de Procedimiento y
Prueba:
a) Cualquier Estado Parte;
b) Los magistrados, por mayoría absoluta; o
c) El Fiscal.
Las enmiendas entrarán en vigor tras su aprobación en la Asamblea
de los Estados Partes por mayoría de dos tercios.
3. Una vez aprobadas las Reglas de Procedimiento y Prueba, en
casos urgentes y cuando éstas no resuelvan una situación concreta suscitada en la
Corte, los magistrados podrán, por una mayoría de dos tercios, establecer
reglas provisionales que se aplicarán hasta que la Asamblea de los Estados
Partes las apruebe, enmiende o rechace en su siguiente período ordinario o
extraordinario de sesiones.
4. Las Reglas de Procedimiento y Prueba, las enmiendas a ellas
y las reglas provisionales deberán estar en consonancia con el presente
Estatuto. Las enmiendas a las Reglas de Procedimiento y Prueba, así como
las reglas provisionales aprobadas de conformidad con el párrafo 3, no se
aplicarán retroactivamente en detrimento de la persona que sea objeto de la
investigación o el enjuiciamiento o que haya sido condenada.
5. En caso de conflicto entre las disposiciones del Estatuto y las
de las Reglas de Procedimiento y Prueba, prevalecerá el Estatuto.
Un examen atento
de las anteriores disposiciones convencionales nos permiten afirmar que: (i)
las RPP y los EC son instrumentos internacionales adoptados en el seno de  un
órgano (Asamblea de Estados Partes) de una Organización Internacional (CPI), de
conformidad con un sistema de mayorías (2/3 de los Estados Partes); (ii) dentro
del sistema de fuentes de la CPI, se encuentran ubicados debajo del Estatuto de
Roma, no pudiendo contrariarlo; y (iii) su función es aquella de ser un
criterio de interpretación del Estatuto de Roma, pudiendo, en algunos casos,
complementar sus disposiciones, sin contrariarlas.
Ahora bien, la
doctrina especializada[52] señala
los objetivos que buscaron los Estados al momento de prever la existencia de
los EC:
-
Complementar
las descripciones típicas de los crímenes de genocidio (art. 6 del ERCPI); de lesa
humanidad (art. 7 del ERCPI) y de los crímenes de guerra (art. 8 del
ERCPI).
-
Garantizar,
en mejor medida, la vigencia del principio de legalidad penal en el orden
internacional.
-
Orientar
la labor del Fiscal y de los Jueces de la CPI.
-
Asegurar
unos mayores estándares internacionales en materia de debido proceso penal, a
diferencia de lo sucedido con los tribunales penales internacionales anteriores
(Nûremberg, Tokio, Yugoslavia y Ruanda).
Por
su parte, las RPP están llamadas a cumplir las siguientes funciones:
-
Precisar
aspectos relacionados con el estatus de los Magistrados y del Fiscal de la CPI.
-
Puntualizar
determinadas normas procesales del Estatuto de Roma, referentes a la
competencia y admisibilidad de un caso ante la CPI; las fases de investigación
y juzgamiento; las pruebas, su recepción y valoración; las penas y los recursos
contra ella; los delitos contra la administración de justicia internacional, al
igual que la cooperación de los Estados con la CPI.
-
Ofrecerle
a las partes en el proceso mayores claridades y garantías acerca de la
naturaleza jurídica del proceso penal internacional.
Ahora bien, una
vez aclarados los fundamentos normativos de las RPP y de los EC, viene la
pregunta central: ¿estamos en presencia de verdaderos tratados
internacionales?. La respuesta es negativa, por las siguientes razones:
La Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados (1969) o “Viena
I” describe un tratado internacional en los siguientes términos:
“Artículo 2.
Términos empleados.
1. Para los efectos de
la presente Convención:
a) se entiende por "tratado" un acuerdo
internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho
internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos
conexos y cualquiera que sea su denominación particular;
A su vez, la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales (1986) o
“Viena II”, dispone lo siguiente:
Artículo 2º
Términos
empleados
1.
Para los efectos de la presente Convención:
a)  se
entiende por "tratado" un acuerdo internacional regido por el
derecho internacional y celebrado por escrito:
i)
entre
uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales; o
ii)
entre organizaciones internacionales,
ya conste ese
acuerdo en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y
cualquiera que sea su denominación particular;
Ahora bien, las
RPP y los EC, si bien son adoptadas por Estados, no son tratados
internacionales por cuanto (i) su adopción se realiza en el seno de un órgano
de una organización internacional, donde cada Estado tiene un voto; (ii) se
trata, en consecuencia, de actos jurídicos unilaterales adoptados por una
Organización Internacional; (iii) vinculan incluso a los Estados que votaron en
contra de su adopción, por cuanto deben someterse a la regla de la mayoría.
Por el
contrario, si se tratase, en gracia de discusión de un “tratado internacional
multilateral”, se requeriría que todos los Estados estuvieran de acuerdo,
por cuanto en derecho internacional un grupo de Estados no puede imponerle
obligaciones a otro sin su consentimiento (art. 34[53]
de la Convención de Viena de 1969).
Así pues, desde
la perspectiva del sistema de fuentes del derecho internacional público (art.
38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia), las RPP) y los EC son
actos jurídicos unilaterales emanados de un órgano de una organización
internacional (la CPI), denominado la Asamblea de Estados Partes. De allí que,
técnicamente, no puedan ser calificados como “tratados internacionales”,
ni en los términos del artículo 1 de la Convención de Viena sobre Derecho de
los Tratados (Convención de Viena I), ni tampoco a la luz de la Convención de
Viena de 1986.
Ahora bien,
desde la óptica del derecho internacional[54], al no
ser tratados internacionales, carecen de los efectos jurídicos propios de
éstos, lo que significa que (i) no están sometidos al principio “pacta sunt
servanda”; (ii) se incorporan a los ordenamientos jurídicos estatales de
manera automática (tal y como sucede con las costumbres internacionales; y
(iii) su vulneración no compromete la responsabilidad internacional de los
Estados.
Ahora bien,
tomando en cuenta que las RPP y los EC no son tratados internacionales y que la
Constitución de 1991 prevé la existencia de un control de constitucionalidad
únicamente en relación con aquéllos, ¿cuáles son los fundamentos normativos que
le permiten a la Corte asumir competencia para conocer de la conformidad de
dichos instrumentos internacionales con la Carta Política?. Las razones son las
siguientes.
La incorporación
del Estatuto de Roma de la CPI resultó ser distinta de aquella que usualmente
se sigue en Colombia en materia de tratados internacionales. En efecto, a
diferencia de los demás instrumentos internacionales, la recepción del citado
Estatuto requirió una modificación previa de la Constitución (Acto Legislativo
02 de 2001), amén de la adopción de la correspondiente ley aprobatoria y el
ejercicio del control de constitucionalidad sobre esta última y el tratado
internacional. Lo anterior por cuanto, como lo señaló la Corte en sentencia
C-578 de 2002, el Estatuto de Roma presenta diversos “tratamientos diversos”,
es decir, regulaciones que terminan siendo contrarias a la Constitución, motivo
por el cual fue necesario reformar la Constitución con el objetivo de permitir
que aquéllos fuesen aplicados exclusivamente en el ámbito de competencia de la
CPI.
Así pues, la
manera sui generis como se incorporó el tratado internacional al
ordenamiento jurídico interno, además de las divergencias existente entre éste
y la Constitución en diversos aspectos (vgr. imprescriptibilidad de la acción
penal y de la pena, responsabilidad de los superiores por omisión, fueros de
juzgamiento, entre otros) explica y justifica que, actos jurídicos unilaterales
que lo complementan y que precisan el sentido y el alcance de algunas de sus
disposiciones, sean igualmente sometidos al control de la Corte.  No se trata,
por tanto, como parece deducirse de la sentencia de la cual me aparto, que el
fundamento de la competencia de la Corte se encuentre en los acuerdos
complementarios, figura sustantiva completamente diferente en el derecho
internacional público de aquella de los actos jurídicos unilaterales.
En suma, por
regla general, en Colombia no se ejerce un control de constitucionalidad previo
sobre los actos unilaterales adoptados por organizaciones internacionales, por
cuanto estos últimos, al igual que sucede en el derecho comparado, se
incorporan automáticamente al orden jurídico interno. Tal regla se exceptuó, en
el presente caso, debido únicamente a las particularidades que ofreció la
recepción del Estatuto de Roma a nuestro sistema jurídico, al igual que a la
necesidad de ejercer un control de constitucionalidad material estricto sobre
todas sus disposiciones que los integran debido a que el tratado que les sirve
de fundamento, esto es, el Estatuto de Roma, presenta diversos tratamientos
diversos frente a la Constitución.
2.     Contenido e
intensidad del control de constitucionalidad que debió ejercerse sobre los
instrumentos internacionales.
Tomando
en consideración, como se ha explicado, que el Estatuto de Roma presenta
diversos “tratamientos diversos” o antinomias en relación con la Constitución
de 1991, y que aquellos fueron autorizados mediante Acto Legislativo 02 de 2001,
pero únicamente para ser aplicados en el ámbito competencial de la CPI mas no
en el orden interno colombiano, no se entendería que sobre las RPP y los EC, en
tanto que instrumentos normativos que complementan y aclaran el sentido del
Estatuto de Roma, no se ejerciera un control de constitucionalidad sobre todas
y cada una de sus disposiciones, lo cual no se hizo en la sentencia de la cual
me aparto. Además era necesario, que tampoco se llevó a cabo, que la
Corte precisara en este fallo la jerarquía que ocupa en nuestro sistema de
fuente el Estatuto de Roma, al igual que las RPP y los EC, es decir, aclarando
si hacían parte del bloque de constitucionalidad; si se trataba de criterios
auxiliares de interpretación, y en algunos casos, declarar que presentaban
igualmente “tratamientos diferentes”, motivo por el cual resultaban
inaplicables en el ordenamiento jurídico interno colombiano.
En efecto, en
sentencia C- 578 de 2002, la Corte constató la existencia de varios “tratamientos
diferentes” entre el Estatuto de Roma y la Constitución de 1991, es decir,
antinomias, las cuales habrían sido superadas con la adopción del Acto Legislativo
núm. 2 de 2001. Con todo, recuérdese que la misma Corte recomendó la adopción
de varias declaraciones interpretativas. De allí que siendo las RPP y los EC
ejecuciones y complementos de diversas cláusulas del Estatuto de Roma, no se
entendería que, algunas de sus disposiciones no ofrezcan las mismas
dificultades que afectan al tratado internacional que desarrollan. Veamos
algunos ejemplos.
Las RPP disponen
lo siguiente en materia de penas:
“Capítulo 7
De las penas
Regla 145
Imposición de la pena
1.   La
Corte, al imponer una pena de conformidad con el párrafo 1 del artículo 78:
a)   Tendrá
presente que la totalidad de la pena de reclusión o multa, según proceda, que
se imponga con arreglo al artículo 77 debe reflejar las circunstancias que
eximen de responsabilidad penal;
b)   Ponderará
todos los factores pertinentes, entre ellos los atenuantes y los agravantes, y
tendrá en cuenta las circunstancias del condenado y las del crimen;
c)    Además
de los factores mencionados en el párrafo 1 del artículo 78, tendrá en cuenta,
entre otras cosas, la magnitud del daño causado, en particular a las víctimas y
sus familiares, la índole de la conducta ilícita y los medios empleados para
perpetrar el crimen, el grado de participación del condenado, el grado de
intencionalidad, las circunstancias de modo, tiempo y lugar y la edad,
instrucción y condición social y económica del condenado.
2.   Además
de los factores mencionados en la regla precedente, la Corte tendrá en cuenta,
según proceda:
a)   Circunstancias
atenuantes como las siguientes:
i)    Las circunstancias que no
lleguen a constituir causales de exoneración de la responsabilidad penal, como
la capacidad mental sustancialmente disminuida o la coacción;
ii)   La conducta del condenado
después del acto, con inclusión de lo que haya hecho por resarcir a las
víctimas o cooperar con la Corte;
b)   Como
circunstancias agravantes:
i)    Cualquier condena anterior
por crímenes de la competencia de la Corte o de naturaleza similar;
ii)   El
abuso de poder o del cargo oficial;
iii)  Que el crimen se haya
cometido cuando la víctima estaba especialmente indefensa;
iv)  Que el crimen se haya
cometido con especial crueldad o haya habido muchas víctimas;
v)   Que el crimen se haya
cometido por cualquier motivo que entrañe discriminación por algunas de las
causales a que se hace referencia en el párrafo 3 del artículo 21;
vi)  Otras circunstancias que,
aunque no se enumeren anteriormente, por su naturaleza sean semejantes a las
mencionadas.
3.   Podrá imponerse la pena de reclusión
a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las
circunstancias personales del condenado puestas de manifiesto por la existencia
de una o más circunstancias agravantes”. (negrillas y subrayados
agregados).
Como se puede
advertir, las RPP prevén la imposición de la reclusión a perpetuidad, lo cual
no está permitido en Colombia.
Veamos otro
ejemplo: la Regla núm. 75 de las RPP dispone lo siguiente:
Regla 75
Inculpación por
familiares
1.   El testigo que comparezca ante la Corte y sea
cónyuge, hijo o padre o madre de un acusado no podrá ser obligado por la
Sala a prestar una declaración que pueda dar lugar a que se inculpe al acusado.
Sin embargo, el testigo podrá hacer voluntariamente esa declaración. (negrillas
y subrayados agregados).
2.   Al evaluar un testimonio, la Sala podrá tener en
cuenta si el testigo a que se hace referencia en la subregla 1 se negó a
responder una pregunta formulada con el propósito de que se contradijera de una
declaración anterior o si optó por elegir qué preguntas respondería.
Por el
contrario, el artículo 33 constitucional dispone lo siguiente:
ARTICULO 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí
mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. (negrillas y subrayados agregados).
Como se puede
observar, la protección constitucional en materia de testimonio es más amplia
que aquella establecida en las RPP.
Otro caso
controversial: la posibilidad de testigos “sin rostro”. Al respecto, la
Regla 87 sobre “Medidas de protección” dispone:
“Subsección 2
Protección de las víctimas y los testigos
Regla 87
Medidas de protección
1.   La
Sala, previa solicitud del Fiscal o de la defensa, de un testigo o de una
víctima o su representante legal, de haberlo, o de oficio, y previa consulta
con la Dependencia de Víctimas y Testigos, según proceda, podrá, de conformidad
con los párrafos 1 y 2 del artículo 68, ordenar que se adopten medidas para
proteger a una víctima, un testigo u otra persona que corra peligro en razón
del testimonio prestado por un testigo. La Sala, antes de ordenar la medida de
protección, y, siempre que sea posible, recabará el consentimiento de quien
haya de ser objeto de ella.
2.   La
solicitud que se presente en virtud de la subregla 1 se regirá por la
regla 134, salvo que:
a)   Esa
solicitud no será presentada ex parte;
b)   La
solicitud que presente un testigo o una víctima o su representante legal, de
haberlo, será notificada tanto al Fiscal como a la defensa y ambos tendrán la
oportunidad de responder;
c)    La
solicitud que se refiera a un determinado testigo o una determinada víctima
será notificada a ese testigo o víctima o a su representante legal, de haberlo,
así como a la otra parte, y se dará a todos ellos oportunidad de responder;
d)   Cuando
la Sala actúe de oficio se notificará al Fiscal y a la defensa, así como al
testigo o la víctima que hayan de ser objeto de la medida de protección o su representante legal, de haberlo, a
todos los cuales se dará oportunidad de responder; y
e)    Podrá
presentarse la solicitud en sobre sellado, caso en el cual seguirá sellada
hasta que la Sala ordene otra cosa. Las respuestas a las solicitudes
presentadas en sobre sellado serán presentadas también en sobre sellado.
3.   La
Sala podrá celebrar una audiencia respecto de la solicitud presentada con
arreglo a la subregla 1, la cual se realizará a puerta cerrada, a fin de
determinar si ha de ordenar medidas para impedir que se divulguen al público o a
los medios de prensa o agencias de información la identidad de una víctima, un
testigo u otra persona que corra peligro en razón del testimonio prestado por
uno o más testigos, o el lugar en que se encuentre; esas medidas podrán
consistir, entre otras, en que:
a)   El
nombre de la víctima, el testigo u otra persona que corra peligro en razón del
testimonio prestado por un testigo o la información que pueda servir para
identificarlos sean borrados del expediente público de la Sala;
b)   Se
prohiba al Fiscal, a la defensa o a cualquier otro participante en el
procedimiento divulgar esa información a un tercero;
c)    El
testimonio se preste por medios electrónicos u otros medios especiales, con
inclusión de la utilización de medios técnicos que permitan alterar la
imagen o la voz, la utilización de tecnología audiovisual, en particular las
videoconferencias y la televisión de circuito cerrado, y la utilización
exclusiva de medios de transmisión de la voz;
d)   Se
utilice un seudónimo para una víctima, un testigo u otra persona que corra
peligro en razón del testimonio prestado por un testigo; o (negrillas y
subrayados agregados).
e)    La
Sala celebre parte de sus actuaciones a puerta cerrada.
En otras palabras,
se admiten los testigos sin rostro o anónimos.
Esta
breve presentación, de diversos complejos “tratamientos diferentes” que
ofrecen, en especial, las RPP frente a la Constitución, justificaban la realización
de un control de constitucionalidad material  frente a las mismas, labor que no
se llevó a cabo en la sentencia de la cual me aparto.
Fecha
ut supra,
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ACLARACION DE
VOTO DE LOS MAGISTRADOS
MARIA VICTORIA
CALLE CORREA Y
JORGE IVAN
PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA
C-801 de 2009
REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Contenido y alcance (Aclaración de voto)
REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-La
expresión “próxima sesión” adquiere un carácter indeterminado que no cumple con
los requisitos constitucionales exigidos por el Acto Legislativo 01 de 2003
(Aclaración de voto)
REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Interpretación de la expresión “próxima sesión”
(Aclaración de voto)
REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Interpretación de la expresión “próxima sesión”
(Aclaración de voto)
REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento (Aclaración de voto)
Referencia: expediente LAT-344
Revisión de constitucionalidad de la Ley
1268 de 31 de diciembre de 2008, “Por medio de la cual se aprueban las
reglas de procedimiento y prueba y los elementos de los crímenes de la Corte
Penal Internacional” aprobados por la Asamblea de los Estados Parte de la Corte
Penal Internacional, en Nueva York, del 3 al 10 de septiembre de 2002”
Magistrado
Ponente:
Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo
1. Con el acostumbrado respeto, a continuación exponemos
las razones que nos  llevan a aclarar el voto en la presente sentencia. La
posición mayoritaria a pesar de que reconoce un patrón irregular en la forma
como se realizó el anuncio previo que exige el artículo 8 del Acto Legislativo
de 2003 para la votación del proyecto de ley en la Plenaria de la Cámara,
consideró que tal irregularidad no implicaba un desconocimiento de dicho
requisito constitucional. En efecto, la sentencia describe cómo en el cuarto
debate, la sesión en la que debía votarse el proyecto no tuvo lugar por razón
del fallecimiento de un congresista y la votación se hizo en la sesión
inmediatamente siguiente sin que hubiese sido repetido el anuncio. Dado que
este requisito no es una mera formalidad, sino que cumple una finalidad
constitucional relevante para garantizar la transparencia del debate
democrático y en esa medida está dirigido tanto a los congresistas como a los ciudadanos,
el cambio de fechas realizado de manera informal y por fuera de las sesiones
previstas para la votación de un proyecto, afecta el derecho a participar
efectivamente. La Corte ha señalado la necesidad de repetir el anuncio, cuando
la sesión no se realiza por falta de quórum, o cuando la votación se aplaza por
decisión de la plenaria. Aquí estamos ante una situación en la que la Mesa
Directiva de una Corporación cancela la sesión, por razones de duelo o por
otras, sin repetir el anuncio previo. Sobre este punto la ponencia afirma que
la jurisprudencia ha señalado que en esos casos no es necesario repetir el
anuncio.
En nuestra
opinión, tal interpretación no es compatible con la finalidad constitucional
del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en la materia, y vuelve inocuo el requisito del aviso previo y
determinado de votación de los proyectos de ley. Por ser pertinente, nos
remitimos a las consideraciones hechas por los mismos Despachos, en el
Salvamento de Voto a la sentencia C-011 de 2010 (MP. Juan Carlos Henao Pérez),
de las cual resalto lo siguiente:
“2.
Acerca del cumplimiento del requisito del anuncio previo de que trata el
artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 de la
Carta,[55]
la Corte Constitucional ha señalado en varias oportunidades que esta
disposición ordena (1) que la fecha de votación de los proyectos de ley sea
previamente anunciada; (2) que el anuncio de tal votación se realice en sesión
distinta a la de la sesión en que es sometido a su aprobación; y, (3) que la
votación debe surtirse el día en que se anuncie.[56]
“La Corte ha
señalado además como requisitos mínimos que debe cumplir ese anuncio previo, el
que sea realizado por el Presidente de la respectiva célula legislativa, o
cuando menos, por el Secretario por instrucciones del Presidente de la Comisión
o de la Plenaria.[57]
Dado que el texto constitucional no exige una fórmula sacramental específica
que emplee los términos votación o aprobación, se ha aceptado que se empleen
expresiones análogas, de las cuales sea posible inferir para qué están siendo
convocados los congresistas y que se está dando cumplimiento a lo ordenado en
el Acto Legislativo 01 de 2003. Finalmente, el anuncio para la votación de un
proyecto de ley debe hacerse para una sesión posterior a aquella en la que se
hace el anuncio, “siempre y cuando se convoque para (…) una fecha futura
prefijada y determinada, o por lo menos, determinable”.[58]
“3. Este
requisito consagrado en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, no sólo
fue un tema sobre el cual existió un amplísimo consenso en el Congreso de la
República durante el trámite de esta reforma constitucional en el Congreso,
sino que además, fue considerado como uno de los instrumentos necesarios para
alcanzar uno de los objetivos principales de dicha reforma: el fortalecimiento
y la racionalización de la actividad del Congreso de la República, mediante la
introducción de mecanismos que, como el del aviso previo, garantizaran una
mayor transparencia, publicidad y respeto de los derechos de las minorías
políticas en el proceso de formación de las leyes en Colombia.[59]
“Por otra parte,
la Corte ha dicho que el anuncio citado “facilita a los ciudadanos y
organizaciones sociales que  tengan interés en influir en la formación de la
ley y en la suerte de ésta, ejercer sus derechos de participación política
(Artículo 40 CP) con el fin de incidir en el resultado de la votación, lo cual
es importante para hacer efectivo el principio de democracia participativa
(Artículos 1 y 3 CP.)”[60]
(…)
“No nos pasa
desapercibido que en varias sentencias de esta Corporación se ha entendido que
se cumple con el requisito constitucional cuando a pesar de no efectuarse la
votación por la no realización de la sesión en la fecha prevista finalmente,
ésta ocurre en la primera ocasión en que vuelve a sesionarse, es decir, en la
próxima sesión, para lo cual se examina el orden sucesivo de las actas.[61]
Sin examinar en detalle si en cada uno de esos casos el contexto permitía
inferir cuándo se realizaría la sesión de votación, considero que la evolución
jurisprudencial frente a tal interpretación ha ido permitiendo que se entienda
como “fecha determinable”, cualquier fórmula en la que se emplee la expresión
“próxima sesión”, sin verificar si del contexto esa expresión permite obtener
el grado de certeza sobre cuándo se realizará la sesión de votación del
proyecto exigido hasta ahora por la jurisprudencia.
“Ciertamente, si
la finalidad del anuncio es alertar a los Congresistas y a la ciudadanía sobre
los proyectos que habrán de debatirse y votarse en una sesión determinada o
determinable, es claro que cualquier expresión verbal que inequívocamente
transmita dicha idea garantiza el cumplimiento de la exigencia constitucional.
La prevalencia de lo sustancial sobre lo formal (art. 228 CP.), inscrita como
principio de ejercicio de la función jurisdiccional, impide que el juez
constitucional exija la adopción de una frase específica para obtener un
resultado que puede lograrse de maneras distintas, utilizando expresiones
sinónimas.
“No obstante, el
hecho de que no exista una expresión específica diseñada para cumplir con el
requisito del artículo 160 constitucional no significa que cualquier expresión
verbal vinculada con éste tema supla la exigencia de anuncio impuesta por la
Carta. Más allá de la discusión acerca de las frases o expresiones sinónimas
que pudieran transmitir la idea de que la respectiva plenaria o comisión desean
anunciar los proyectos que serán votados en una sesión específica, la Corte ha
admitido la posibilidad de dar por cumplido el requisito del artículo 160
cuando el contexto de la sesión permite inferir que la intención de la mesa
directiva ha sido la de anunciar determinados proyectos con el fin de
someterlos a votación, en una sesión determinada o determinable.
“La apelación al
contexto del debate como elemento de identificación del anuncio se predica
tanto de la fórmula empleada para el anuncio, en sí mismo considerado, como de
la fecha de votación y de la intención misma de someter a votación el proyecto
específico; lo cual es independiente de que, en cada caso concreto, el contexto
permita identificar con éxito el cumplimiento de cada uno de dichos elementos.
En todo caso, dado que las exigencias constitucionales sobre el anuncio se
refieren a lo que debe ocurrir en la sesión de la célula legislativa en la que
éste se realiza, es claro que el contexto relevante para determinar qué tan
preciso es el anuncio, es lo ocurrido en la sesión en la que se realiza el
anuncio, no los hechos ocurridos por fuera de esta.
“En el caso
examinado en la sentencia de la cual nos apartamos, ni el empleo de la
expresión “próxima sesión” ni el contexto permitían realmente tener certeza
sobre cuándo se produciría la votación. La convocatoria se hizo inicialmente
para una sesión que tendría lugar en una fecha determinada. La expectativa de
los congresistas y del público en general era que en la fecha prefijada
ocurriera la votación. Cuando la sesión no se produjo, ni los congresistas ni
el público tenían un contexto con base en el cual obtener claridad sobre cuándo
se produciría la votación. En ese evento, la expresión “próxima sesión” que
cobija cualquier sesión futura, la cual puede ocurrir al día siguiente, la
próxima semana, o el mes siguiente. Es por ello que dicha expresión adquiere un
carácter indeterminado, que no cumple con los requisitos constitucionales
exigidos por el Acto Legislativo 01 de 2003.”
Dejamos, así
expuestas las razones que nos llevan a disentir de la decisión mayoritaria
adoptada por esta Corporación en el asunto de la referencia.
Fecha ut supra,
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
JORGE IVAN
PALACIO PALACIO
Magistrado
l
[1] Como quiera
que, en respuesta a la citada providencia, el documento remitido por el
Ministerio de Relaciones Exteriores no contenía toda la forma solicitada, el
Magistrado Sustanciador, mediante Auto del 9 de octubre de 2009, dispuso cumplir
estrictamente lo ordenado.
[2]
Sobre el punto se pueden consultar, entre otras, las Sentencias Sentencia C-333 de 1994 y C-187 de 1999.
[3] El artículo 19
de la Convención de 1969 sobre derecho de los tratados dice: “ Un Estado podrá
formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un
tratado o de adherirse al mismo, a menos: a) que la reserva esté prohibida por
el tratado; b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse
determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trata
(...)” En la práctica las soluciones convencionales son diversas: ciertos
tratados prohíben cualquier tipo de reservas (como
la Convención de Montego Bay de 1982 sobre el Derecho del Mar o las
convenciones de Nueva York y Río de Janeiro sobre Diversidad Biológica y
Cambios Climático); otros autorizan las reservas sobre ciertas disposiciones
únicamente (por ejemplo el artículo 42 de la Convención sobre Refugiados de
1951) y algunos excluyen ciertas categorías de reservas (como el artículo 64 de
la Convención Europea de Derechos Humanos que prohíbe las reservas de carácter
vago.). De manera general, una reserva expresamente permitida por las cláusulas
finales del tratado no requiere ser aprobada o aceptada por los demás Estados
(Artículo 20 párrafo 1 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986).
[4] Sentencia C-578
de 2002.
[5]
Respecto de tratados internacionales, la sentencia cita el Pacto de Derechos
Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos
Adicionales de 1977. Con respecto a resoluciones de la Asamblea General de
Naciones Unidas, entre otras, se destacan la Declaración Universal de Derechos
Humanos, las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de la Personas
Privadas de la Libertad, los Principios de la ONU para la Protección de Todas
las Personas Bajo Cualquier Forma de Detención o Privación de Libertad, la
Declaración de la ONU sobre la Independencia Judicial, las Pautas de la ONU
sobre el Papel de los Fiscales, y los Principios Básicos de la ONU sobre el
Papel de los Defensores.
[6] Sentencia C-578
de 2002.
[7] sEntencia C-578
de 2002.
[8]
Una inquietud similar ya había sido planteada por varios estados cuando la Comisión de Derecho
Internacional de las Naciones Unidas solicitó comentarios sobre el Proyecto de
Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad de 1991, que llevó
al Proyecto de Código adoptado en 1996.
[9]
Ver entre otros, Sunga, Lyal S. La jurisdicción “ratione materiae” de la Corte
Penal Internacional. En Ambos, Kai y Guerrero, Oscar Julián, comp. El Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional. Universidad Externado de Colombia,
1999, páginas 236-237 y 266
[10] De
conformidad con el párrafo 2 de la resolución F de la Conferencia, la Comisión
Preparatoria está integrada por representantes de Estados que firmaron el Acta
Final de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas
sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional y de otros Estados
que fueron invitados a participar en la Conferencia.
[11] De acuerdo con el
párrafo 6 de la resolución 53/105 y el párrafo 5 de la resolución 54/105 de la
Asamblea General, el Secretario General invitó a representantes de
organizaciones a participar en la Comisión Preparatoria en calidad de
observadores en sus períodos de sesiones y en sus trabajos. También invitó a
representantes de organizaciones intergubernamentales regionales interesadas y
a otros órganos internacionales interesados, incluidos los tribunales
internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda.
[12] Entre otros,
Colombia presentó más de 50 documentos con comentarios y propuestas para las
Reglas de Procedimientoy Prueba y para la definición delos Elementos del
Crimen: PCPICC/1999/WGRPE/DP.2,
PCPICC/1999/WGRPE/DP.4, PCPICC/1999/WGRPE/DP.8, PCPICC/1999/WGRPE/DP.9,
PCPICC/1999/WGRPE/DP.14, PCPICC/1999/WGRPE/DP.15, PCPICC/1999/WGRPE/DP.16,
PCPICC/1999/WGRPE/DP.24, PCPICC/1999/WGRPE/DP.28, PCPICC/1999/WGRPE/DP.30,
PCPICC/1999/WGRPE/DP.33, PCPICC/1999/WGRPE/DP.36, PCPICC/1999/WGRPE/DP.37,
PCPICC/1999/WGRPE/DP.38, PCPICC/1999/WGRPE/DP.39, PCPICC/1999/WGRPE/DP.40,
PCPICC/1999/WGRPE/DP.41, PCPICC/1999/WGRPE/DP.42, PCPICC/2000/WGRPE(2)/DP.1,
PCPICC/2000/WGRPE(2)/DP.2, PCPICC/2000/WGRPE(2)/DP.3,
PCPICC/1999/WGRPE(4)/DP.5, PCPICC/2000/WGRPE(4)/DP.1,
PCPICC/2000/WGRPE(4)/INF/1, PCPICC/2000/WGRPE(5)/DP.1,
PCPICC/2000/WGRPE(6)/DP.1, PCPICC/2000/WGRPE(6)/INF/1, PCPICC/2000/WGRPE/(7)/
DP.1, PCPICC/2000/WGRPE(8)/ DP.1, PCPICC/2000/WGRPE(9)/DP.1,
PCPICC/1999/WGRPE(10)/DP.4, PCPICC/2000/WGRPE(10)/INF/1, PCPICC/1999/WGEC/DP.2,
PCPICC/1999/WGEC/DP.3, PCPICC/1999/WGEC/DP.15,
PCPICC/1999/WGEC/DP.16, PCPICC/1999/WGEC/DP.23, PCPICC/1999/WGEC/DP.26,
PCPICC/1999/WGEC/DP.28, PCPICC/1999/WGEC/DP.29, PCPICC/1999/WGEC/DP.30,
PCPICC/1999/WGEC/DP.31, PCPICC/1999/WGEC/DP.32, PCPICC/1999/WGEC/DP.33,
PCPICC/1999/WGEC/DP.34, PCPICC/1999/WGEC/DP.40, PCPICC/1999/WGEC/DP.41,
PCPICC/1999/WGEC/DP.43, PCPICC/1999/WGEC/DP.44, PCPICC/2000/WGEC/DP.1,
PCPICC/2000/WGEC/DP.2, PCPICC/2000/WGEC/DP.3, PCPICC/2000/WGEC/DP.4
[13] Por ejemplo,
ver el artículo 15 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional Ad Hoc para la
ex Yugoslavia, el artículo 14 del Estatuto del Tribunal correspondiente para
Ruanda y el artículo 13 de la Carta del Tribunal Militar Internacional de
Nuremberg.
[14] Sobre el punto
se pueden consultar, entre otras, las siguientes Sentencias: C-363 de 2000,
C-1439 de 2000, C-303 de 2001, C-862 de 2001 y C-071 de 2003.
[15] Sentencia C-400
de 1998.
[16] Sentencia C-175
de 1995.
[17] De acuerdo con
el artículo 224 de la Carta Política, los tratados propiamente dichos, con el
cumplimiento de todas las formalidades previstas en la misma Carta, son el
único mecanismo que le permite al Estado colombiano asumir o modificar sus
obligaciones internacionales. Excepcionalmente, de acuerdo con la misma norma
citada, el Presidente de la República puede aplicar provisionalmente los
tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de
organismos internacionales que así lo dispongan, debiendo, en todo caso, una
vez entren en vigor, ser enviados al Congreso para su aprobación posterior.
[18]
Auto 018/94, Sentencias C-400/98, C-710/98 y C-187/99.
[19]
Ver al respecto las sentencias C-363/00 M.P. Alvaro Tafur Galvis, C-1439/00
M.P. Martha Sáchica Mendez  C-303/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, C-862/01
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[20] Convención  de
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, art. 2, numeral 1, literal a).
[21] Folio 1 del
cuaderno de pruebas No. 2
[22] Gaceta del
Congreso No. 454 de 2008
[23] ”.
Gaceta del Congreso No. 454 de 2008, Pág. 18
[24] Gaceta del
Congreso No. 562, Pág. 66.
[25] Gaceta del
Congreso No. 563, Pág. 26.
[26]
http://winaricaurte.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.nivel_3
[27] Folio 1,
Cuaderno de pruebas No. 6
[28]
http://winaricaurte.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.nivel_3
[29] Gaceta del
Congreso No. 15 de 2009, Pág. 55
[30] Folio 3,
cuaderno de pruebas No. 1.
[31] Gaceta del
Congreso No. 937 de 2008, Pág. 55
[32]
Auto 119 de 2007.
[33] Cfr. las Sentencias
C-644 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), C-576 de 2006 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa) y C-864 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[34] Cfr. las
sentencias C-473 de 2005 (M.P. ), C-241 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra) y C-322 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). También se puede
consultar el Auto 311 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[35]
Cfr. las Sentencias
C-780 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y C-649 de 2006
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). En el mismo sentido se puede consultar
también el
Auto 311 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[36] Cfr. Auto 089
de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[37] Cfr. las
Sentencias C-533 de 2004  (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y C-473 de 2005 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[38] Consultar,
entre otras, las Sentencias C-309 de 2007, C-502 de 2007 y C-615 de 2009.
[39] Al crimen de
agresión, previsto en el artículo 5° del Estatuto de Roma, no se hace
referencia en este fallo, en razón a que sus elementos están en proceso de
negociación y no han sido aprobados por la Asamblea de los Estados parte del
Estatuto de Roma, en los términos previstos por el propio Estatuto.
[40] Entre otros, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968), la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley 16 de 1972).
[41] Con
respecto al último de los elementos de cada crimen, el artículo 6° precisa que:
(i) la expresión “en el contexto de” incluiría los actos
iniciales de una serie que comienza a perfilarse; (ii)  la expresión “manifiesta”
es una calificación objetiva y (iii) pese a que el artículo 30 exige
normalmente un elemento de intencionalidad, y reconociendo que el conocimiento
de las circunstancias generalmente se tendrá en cuenta al probar la intención
de cometer genocidio, el requisito eventual de que haya un elemento de
intencionalidad con respecto a esta circunstancia es algo que habrá de decidir la
Corte en cada caso en particular.
[43] El Estatuto enumera los actos que podrían constituir
crímenes de lesa humanidad dentro del contexto de un ataque:
i)
Asesinato
ii)
Exterminio
iii)
Esclavitud
iv)
Deportación o traslado forzoso de población
v)
Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional
vi)
Tortura
vii)
Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado,
esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad.
viii)
Desaparición forzada de personas
ix)
El crimen de apartheid
x)
Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes
sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental
o física
[44] En relación con
los elementos de los crímenes de Lesa Humanidad, el artículo 7 objeto de análisis
precisa lo siguiente: (i) los dos últimos elementos de cada crimen de
lesa humanidad describen el contexto en que debe tener lugar la conducta. Esos
elementos aclaran la participación requerida en un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y el conocimiento de dicho ataque. No
obstante, el último elemento no debe interpretarse en el sentido de que
requiera prueba de que el autor tuviera conocimiento de todas las
características del ataque ni de los detalles precisos del plan o la política
del Estado o la organización. En el caso de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil que esté comenzando, la cláusula de
intencionalidad del último elemento indica que ese elemento existe si el autor
tenía la intención de cometer un ataque de esa índole.
(ii) Por “ataque contra una población civil” en el contexto de esos
elementos se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple
de los actos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto contra una
población civil a fin de cumplir o promover la política de un Estado o de una
organización de cometer ese ataque. No es necesario que los actos constituyan
un ataque militar. Se entiende que la “política …de cometer ese ataque”
requiere que el Estado o la organización promueva o aliente activamente un
ataque de esa índole contra una población civil.
[45]
Sentencia C-578 de 2002.
[46] La
expresión delicta iuris gentium fue acuñada en el juicio contra Adolph
Eichmann por la Corte de Israel al señalar la necesidad de contar con una
jurisdicción universal para juzgar crímenes atroces en los siguientes términos:
“Los crímenes atroces se definen como tales tanto en el derecho de Israel como
en el de otras naciones. Aquellos crímenes cuya comisión afecta a toda la
humanidad y ofende la conciencia y el derecho de todas las naciones constituyen
“delicta iuris gentium”. Por lo tanto, el derecho internacional antes
que limitar o negar la jurisdicción de los Estados con respecto a tales crímenes,
y en ausencia de una corte internacional para juzgarlos, requiere que los
órganos legislativos y judiciales de cada Estado creen las condiciones para
llevar a estos criminales a juicio. La jurisdicción sobre estos crímenes es
universal” (Traducción no oficial). En Cr.C (Jm) 40/61, The State of Israel
v. Eichmann, 1961, 45 P.M.3, part. II, para. 12, citado por Brown, Bartram. The
Evolving Concept of Universal Jurisdiction. En New England Law Review, Vol
35:2, página 384. Ver también http://www.nizkor.org/hweb/people/eichmann-adolph/transcripts/judgement-002/html.
El
término “core” fue adicionado posteriormente para referirse al conjunto
de crímenes que como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los
crímenes de guerra más graves son objeto de jurisdicción universal por los
Estados, independientemente de la nacionalidad del autor o de las víctimas y
del lugar en donde fueron cometidos, incluidos la piratería, la esclavitud, la
tortura y el apartheid. El Estatuto de Roma reconoce la jurisdicción de la
Corte Penal Internacional sobre algunos de esos crímenes.
[47] Sentencia
C-578 de 2002.
[48] Sentencia
C-1156 de 2008.
[49] En relación con
el Crimen de Guerra de emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de
guerra que, por su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos
innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho,
contenido en el artículo 8, literal xx) del Estatuto de Roma, y en el artículo
8 2) b) xx) de los Elementos de los Crímenes, por expreso mando de las normas
citadas, encuentra condicionada su aplicación, a condición de que esas armas o
esos proyectiles, materiales o métodos de guerra, sean objeto de una
prohibición completa y estén incluidos en un anexo del Estatuto de Roma, en
virtud de una enmienda aprobada de conformidad con las disposiciones que, sobre
el particular, figuran el los artículos 121 y 123 del Estatuto de Roma.
[50] Sentencia C-578
de 2002.
[51] Sentencia C-578
de 2002.
[52] AAVV, The International Criminal Court.
Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, New York, 2007.
[53]
Convención de Viena de 1969 Art. 34. Norma general concerniente a terceros
Estados. Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado
sin su consentimiento.
[54] D. Carreau, Droit International, París,Ed. Pedone,  2000.
[55]
El artículo 160 de la Constitución fue adicionado por el artículo 8 del Acto
Legislativo 01 de fecha 3 de julio de 2003 así: “Artículo 8°. El
artículo 160 de la Constitución Política tendrá un inciso adicional del
siguiente tenor: ║ Ningún proyecto de ley será sometido a votación en
sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que
un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o
Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.”
[56] Véase entre
muchas otras las sentencias C-644 de 2004 (MP: Rodrigo Escobar Gil,
SV: Rodrigo Uprimny Yepes); C-549 de 2006 (MP: Manuel José Cepeda Espinosa);
C-172 de 2006 (MP: Jaime Córdoba Triviño); C-241 de 2006 (MP: Marco Gerardo
Monroy Cabra)  y los Autos 038 de 2004 y 089 de 2005 (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa).
[57] Ver por ejemplo
las sentencias  C-533 de 2004 (MP. Álvaro Tafur Galvis); C-661 de
2004, (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra);  C-780 de 2004 (MP. Jaime Córdoba
Triviño, SV. Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y SPV. Rodrigo
Uprimny Yepes); C-333 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño); C-400 de
2005 (MP. Humberto Sierra Porto);  C-930 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño); C-1040 de 2005
(MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy
Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas
Hernández, SV. Jaime Araujo Rentería, SV. Alfredo Beltrán Sierra, SV. Jaime
Córdoba Triviño, SPV y AV. Humberto Antonio Sierra Porto); C-241 de 2006 (MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra);  C-276 de 2006 (MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa
y Marco Gerardo Monroy Cabra, SV. Jaime Araujo Rentería, SV. Alfredo Beltrán
Sierra y SV. Humberto Antonio Sierra Porto); C-322 de 2006 (MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra, SV. Jaime Araujo Rentería y SV. Alfredo Beltrán Sierra); C-337 de
2006 (MP. Clara Inés Vargas Hernández, SV. Jaime Araujo Rentería);  C-576 de
2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SPV. Jaime Araujo Rentería); C-649 de
2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, AV. Jaime Araujo Rentería);  C-676
de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa); C-863 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa, SV. Jaime Araujo Rentería); C-864 de 2006 (MP. Rodrigo
Escobar Gil, SV. Jaime Araujo Rentería); C-933 de 2006 (MP. Rodrigo
Escobar Gil); C-309 de 2007 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra, SV.
Jaime Araujo Rentería, SV. Humberto Antonio Sierra Porto); C-502
de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Jaime Araujo Rentería);  C-718 de
2007 (MP. Nilson Pinilla Pinilla); C-927 de 2007 (MP. Humberto Antonio Sierra
Porto);  C-387 de 2008 (MP: Rodrigo Escobar Gil); C-799 de 2008 (MP. Clara Inés
Vargas Hernández); C-031 de 2009 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto); C-150 de
2009 (MP. Mauricio González Cuervo); C-195 de 2009 (MP. Jorge Iván Palacio
Palacio); C-248 de 2009 (MP. Luís Ernesto Vargas Silva); C-376 de 2009 (MP.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). También ver autos de Sala
Plena Nos. 232 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño, SV. Jaime Araujo Rentería);
145 de 2007 (MP. Nilson Pinilla Pinilla); A-119 de 2007 (MP. Rodrigo
Escobar Gil, SV. Jaime Araujo Rentería); A-053 de 2007 (MP. Jaime
Córdoba Triviño, SV. Jaime Araujo Rentería); y A-311 de 2006
(MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra, SV. Humberto Antonio Sierra Porto, SV. Clara Inés
Vargas Hernández).
[58] Corte
Constitucional. Sentencia C-644 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil, SV: Rodrigo
Uprimny Yepes). Ver también la sentencia C-930 de 2005 (MP. Jaime
Córdoba Triviño SV: Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil y Álvaro
Tafur Galvis).
[59] Auto 013 de 2007
(MP. Humberto Antonio Sierra Porto).
[60] Auto 089 de
2005, MP. Manuel José Cepeda Espinosa; SV: Jaime Araujo, Alfredo Beltrán, Jaime
Córdoba y Clara Inés Vargas.
[61] Ver entre otras
las sentencias C-533
de 2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), C-639 de 2009 (MP. Jorge Iván
Palacio Palacio), C-615 de 2009 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto).