T-028-99
Sentencia T-028/99
Sentencia
T-028/99
ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto
DERECHO A LA
PERSONALIDAD JURIDICA-Alcance
DERECHO A LA
PERSONALIDAD JURIDICA-Corrección
registro de nacimiento de menor por equivocación en la identificación del sexo
Referencia:
Expediente T-182529
Peticionaria: María
Liliana Ovalle Camacho
Magistrado Ponente:
Dr. FABIO MORON DIAZ
Santafé de Bogotá, D.C., enero veintiseis
(26)  de mil novecientos noventa y nueve (1999)
La Sala Número Ocho de Revisión de Tutelas,
integrada por los H. Magistrados  FABIO MORON DIAZ, VLADIMIRO NARANJO MESA y
ALFREDO BELTRAN SIERRA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre el proceso de
tutela instaurado por el señor Personero Municipal de Tocaima Cundinamarca, a
nombre de la menor MARIA LILIANA OVALLE CAMACHO, contra el Notario Unico
del Círculo de ese mismo municipio, señor JORGE ALBERTO GIRALDO GOMEZ.
1. ANTECEDENTES
LA PRETENSION Y LOS HECHOS
El señor Personero Municipal de Tocaima
Cundinamarca, interpuso, a nombre de la menor MARIA LILIANA OVALLE CAMACHO,
acción de tutela contra el Notario Unico de ese municipio, a quien acusa de
violar el derecho a la personalidad jurídica de dicha menor, derecho que,
señala, debe ser protegido conforme lo ordena la Constitución Política.
Sustentó su solicitud de protección para el
derecho fundamental consagrado en el artículo 14 del Ordenamiento Superior en
los siguientes hechos :
Señala el demandante, que la menor a nombre
de la cual interpuso la acción de tutela, quien nació el 19 de diciembre de
1982, fue registrada por sus padres, ambos ya fallecidos, en la Notaría Unica
del Círculo de Tocaima, tal como se lee en el registro civil cuya copia
auténtica reposa en el expediente al folio No.4.
Que tal como se aprecia en dicho documento,
no obstante que en el mismo se registro el nacimiento de MARIA LILIANA
OVALLE CAMACHO, en el recuadro de sexo se marcó la casilla correspondiente
a sexo masculino.
Que su representada se presentó en agosto
del presente año ante el demandado, solicitándole que se corrigiera el
mencionado error, pero éste se negó argumentando que por ser ella menor de edad
ese trámite sólo era posible si la solicitud la presentaban sus padres.
Que la menor requiere con urgencia su
documento de identidad, entre otras cosas para presentarlo al establecimiento
educativo en el que cursa estudios, el cual no será expedido por la
Registraduría Nacional del Estado Civil hasta tanto no se corrija el error en
cuestión.
Que ante la negativa del Notario de
proceder a efectuar la corrección que le solicitó la menor que representa y
dado que los padres de la misma ya fallecieron, la única posibilidad con la que
ella cuenta para que se le proteja de manera inmediata su derecho fundamental a
la personalidad jurídica, es que él mismo se le tutele, pues de  lo contrario
tendría que esperar hasta cumplir los diez y ocho años para que ese derecho se
le hiciera efectivo, lo cual transgrede las disposiciones del ordenamiento
superior.
2. EL FALLO QUE SE REVISA
UNICA INSTANCIA.
El Juzgado Penal Municipal de Tocaima, a
través de Sentencia de fecha siete (7) de septiembre de 1998 y previa la
práctica de algunas pruebas que consideró pertinentes[1], decidió denegar la
tutela interpuesta por el señor el Personero de ese municipio a nombre de la
menor MARIA LILIANA OVALLE CAMACHO. Los fundamentos que sirvieron de
base a dicha decisión son en resumen los siguientes:
- Anota el a-quo, que de acuerdo con las
declaraciones rendidas a su despacho por el representante de la Registraduría
Nacional del Estado Civil en esa localidad y el notario accionado, cuando se
presenta  un error que haga necesaria una corrección o una aclaración en el
registro civil de nacimiento, siempre que el error sea mecanográfico,
ortográfico o de aquellos que se establezcan con la sola comparación del folio
antecedente o su lectura, lo procedente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 4 del Decreto 999 de 1988, es que el interesado, o su representante
legal si se trata de un menor de edad, presenten por escrito la correspondiente
solicitud.
Otro tipo de errores, en cambio, deben
corregirse a través de escritura pública, documento que deben otorgar los
interesados o sus representantes legales si aquellos son menores de edad.
Ahora bien, si como en el caso que se
examina, la interesada en la corrección es menor de edad, cuyos padres
fallecieron, ésta, de conformidad con las disposiciones del artículo 30 del
Decreto 2737 de 1989 se encuentra en situación irregular por carecer de
representante legal, caso en el cual, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 277 del citado Código del Menor, dicha representación debe asumirla el
Defensor de Familia y en aquellos lugares en los que no exista ese funcionario
el Personero Municipal, quien tiene entre sus funciones específicas la de
solicitar la corrección de los registros civiles de esos menores.
Teniendo en cuenta los anteriores
presupuestos, concluye la juez de instancia, en primer lugar que siendo el
derecho notarial un “derecho rogado”, esto es que el notario no puede actuar
sino a solicitud de parte, éste no podía acceder a la corrección de un registro
civil atendiendo la solicitud que al efecto le presentaba una menor de edad,
pues en esos casos debía acudir su representante legal y de no existir éste el
Defensor de Familia; ahora bien, si en la localidad no existe dicho funcionario
le corresponde hacerlo al Personero Municipal, quien, según la ley, en esos
casos debe asumir la función de velar por los derechos de los menores de edad,
conforme a lo dispuesto en la ley 24 de 1992.
Por lo anterior, el a-quo le indica al
Personero Municipal de Tocaima, que de conformidad con la ley cuenta con dos
vías jurídicas distintas a la tutela, inmediatas y efectivas para resolver el
problema de la menor, por lo que debe recurrir a una de ellas, concluyendo así
la improcedencia de la acción de tutela.
El referido fallo de primera instancia, no
fue impugnado, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991, el mismo fue remitido a esta Corporación para su eventual
revisión.
3. LA COMPETENCIA DE LA SALA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos
86 y 241-9 de la Constitución Política, en armonía con los artículos 31, 33, 34
y 35 del Decreto-Ley 2591 de 1991, la Sala es competente para revisar la
sentencia de la referencia. Su examen se hace en virtud de la selección que de
la misma practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se efectúo de
conformidad con el reglamento de esta Corporación.
4. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Primera. La Materia
En esta oportunidad le corresponde a la
Sala revisar el fallo de única instancia, producido en el proceso de la
referencia, el cual denegó la acción de tutela interpuesta por el Personero
Municipal de Tocaima a nombre de la menor MARIA LILIANA OVALLE CAMACHO,
para quien dicho funcionario solicitó la protección inmediata de su derecho
fundamental a la personalidad jurídica, el cual consideró vulnerado por la
negativa del Notario Unico de esa localidad, de corregir, a petición de su
representada, el error consignado en su registro civil, en el cual aparece
marcada la casilla correspondiente a sexo masculino.
Segunda. Sustracción de materia en la
revisión.
El despacho del Magistrado Sustanciador en
el asunto de la referencia, para mejor proveer, consideró pertinente indagar
sobre la actuación de la Personería del Municipio de Tocaima después del fallo
del a-quo, por lo que le solicitó al titular de ese organismo, informar cómo
había procedido en relación con la solicitud de corrección del registro civil
de la menor a cuyo nombre había impetrado la acción de tutela que se revisa.
El 3 de diciembre de 1998, el señor
Procurador del Municipio de Tocaima remitió a esta Corporación el oficio
distinguido con el No. 870 en el cual manifiesta lo siguiente:
“...me permito
informar que acatando el fallo de tutela proferido por la Juez Penal de
Tocaima, de fecha septiembre 7 de 1998, en la acción que instaure contra el
Notario Unico del Círculo de Tocaima, para aclaración del Registro Civil de la
menor MARIA LILIANA OVALLE CAMACHO, que una vez notificado el mismo procedí a
solicitar mediante escrito de fecha 2 de octubre de 1998, al señor Notario
Unico de esta localidad, fuese corregido el respectivo registro civil de
nacimiento de la menor en mención, con respecto a que se había inscrito con
sexo masculino y en realidad es de sexo femenino.
“Dicha solicitud fue
atendida por el señor Notario quien efectúo la corrección solicitada el día 10
de octubre de 1998, y como prueba de ello adjunto el registro civil correspondiente.
“Cordialmente.
“ ( ...)”
Fdo MIGUEL ARTURO
FLOREZ LOAIZA
Personero Municipal.
En efecto, al escrito al que pertenece el
fragmento que se transcribió se adjuntó copia del registro civil de nacimiento
de la menor para quien se solicitó protección vía tutela, en el cual, en la
casilla correspondiente a sexo se lee “femenino”. [2]
Como lo ha sostenido la Corte en anteriores
oportunidades,
“...la decisión del
juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra
que la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto
afectado intentara la acción, se han modificado sustancialmente, de tal manera
que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o de daño a los derechos
fundamentales. Siendo la defensa de éstos la justificación y el propósito de
esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto,
ningún sentido tiene que el fallador imparta órdenes de inmediato cumplimiento
en relación con unas circunstancias que pudieron configurarse en el pasado pero
que, al momento de cumplirse la sentencia, no existen o, cuando menos,
presentan características totalmente diferentes a las iniciales.” (Corte
Constitucional, Sentencia T-01 de 1996, M.P. Dr. José Gregorio Hernández
Galindo)
En el caso que se revisa, como quedó
demostrado, el Personero Municipal de Tocaima, acogiendo lo señalado por el
a-quo en su sentencia del 7 de septiembre de 1998, procedió, de conformidad con
lo establecido en la ley 24 de 1992, que le señala como una de sus funciones la
de velar por los derechos de los menores y específicamente la de solicitar la
corrección de los registros civiles en los casos en que a ello haya lugar
cuando en su localidad no exista defensor de familia, a solicitarle al Notario
Unico de ese municipio, en nombre de la menor MARIA LILIANA OVALLE CAMACHO,
quien carece de representante legal dada la muerte de sus dos padres, que
corrigiera el error que sobre el sexo de su representada se había consignado en
su registro civil de nacimiento, solicitud que fue atendida inmediata y
positivamente por el citado funcionario.
Quiere decir lo anterior, que en el momento
de proferir la presente sentencia, los supuestos de hecho a los que aludió el
actor para fundamentar su solicitud de protección para el derecho fundamental a
la personalidad jurídica de su representada han desaparecido, pues no sólo él
mismo, acogiendo las directrices impartidas por el a-quo, en cumplimiento de la
ley asumió la representación de la menor y solicitó la corrección de su
registro civil de nacimiento, sino que el Notario Unico de Tocaima la atendió
de manera inmediata, con lo que se hizo efectiva la solución que para el
problema que originaba la vulneración del derecho fundamental a la personalidad
jurídica de la accionante reclamaba el Personero, en defensa de los derechos
fundamentales de la menor para la que solicitó protección dado que carece de
representante legal.
En consecuencia, la Sala se limitará a
confirmar la decisión de instancia, dado que no tendría objeto análisis alguno
acerca de las posibilidades de modificarla o revocarla.
Tercera. La personalidad jurídica es un
derecho fundamental cuya amenaza o vulneración atenta contra la dignidad misma
del individuo.
Vale la pena señalar, que en el caso que se
revisa la controversia se origina en la vulneración por omisión de un derecho
fundamental íntimamente ligado a la condición de dignidad de la persona humana,
para el cual, en los casos en que su titular sea un menor de edad, la ley
consagra instrumentos específicos y expeditos de defensa a cargo del Estado y
sus instituciones, instrumentos que se traducen en mandatos a los que se les
atribuye la  categoría de normas de orden público.
Ello es consecuente con la decisión del
Constituyente de brindar una protección especial a los menores, consignada en
el artículo 44 de la Constitución, que garantiza la efectividad de sus derechos
de manera inmediata y eficaz, no obstante la vulnerabilidad que puedan tener
dada su condición, especialmente cuando carecen de padres y/o representantes
legales.
Dicho artículo del ordenamiento superior,
estipula la prevalencia de los derechos de los niños frente a los derechos de
los demás, siendo uno de ellos el consagrado en el artículo 14 de la Carta, el
cual, como lo ha señalado esta Corporación, no se reduce al reconocimiento de
la capacidad de la persona humana de ingresar al tráfico jurídico y ser titular
de derechos y obligaciones.
En efecto, al pronunciarse sobre el
contenido y alcance del artículo 14 de la Constitución Política, ha dicho la
Corte :
“La doctrina
considera que el derecho a la personalidad jurídica no se reduce únicamente a
la capacidad de la persona humana a ingresar al tráfico jurídico y ser titular
de derechos y obligaciones sino que comprende, además, la posibilidad de que
todo ser humano posea, por el simple hecho de existir e independientemente de
su condición, determinados atributos que constituyen la esencia de su
personalidad. Por consiguiente, cuando la Constitución consagra el derecho de
toda persona natural a ser reconocida como persona jurídica (C.N. art.14) está
implícitamente estableciendo que todo ser humano tiene derecho a todos los
atributos propios de la personalidad jurídica. ...”
“Los atributos que
la doctrina reconoce a la persona son : el nombre, el domicilio, el estado
civil, el patrimonio, la nacionalidad y la capacidad. No puede haber personas a
quienes se les niegue la personalidad jurídica, ya que ello equivaldría a
privarles de capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones...” (Corte
Constitucional, Sentencia C-109 de 1995, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero)
En esa perspectiva, la negativa del Notario
a corregir un dato del registro civil de nacimiento de la menor para quien se
solicitó protección vía tutela, no obstante tratarse de un error protuberante,
impedía que dicha persona pudiera aspirar a obtener su documento de identidad,
lo que implicaba la vulneración de su derecho a que algunos de los atributos de
su personalidad, el nombre y el estado civil, fueran efectiva y correctamente
reconocidos.
Tal actuación, en principio podría
concluirse que desconoció la prevalencia de los derechos de la menor sobre los
formalismos que se pueden derivar del ordenamiento legal que rige la actividad
notarial, máxime cuando la corrección solicitada correspondía a aquellas en las
que basta confrontar la realidad con la información consignada en el documento
que contiene el dato equivocado, sin embargo, es claro que el notario no podía
desconocer los preceptos legales que le ordenan, para proceder a efectuar
correcciones en los registros de nacimiento que haya expedido, exigir, cuando
se trata de menores de edad, que la solicitud emane de los padres o
representantes legales del mismo, máxime cuando el legislador ha tenido
cuidado, como quedó demostrado, de diseñar mecanismos ágiles y eficaces que le
permiten al menor en situación irregular contar con una representación legal
inmediata, en caso de ausencia definitiva de sus padres, la cual deberá asumir
el defensor de familia y cuando éste no existe en la respectiva localidad, en
el Personero Municipal.
Por lo anterior, la Sala encuentra acertada
la decisión del a-quo, que denegó la acción de tutela dada la existencia de
vías jurídicas alternativas, inmediatas y eficaces, para solucionar el problema
planteado, las cuales le señaló de manera expresa al actor para que éste
procediera de conformidad.
En virtud de lo expuesto, la Sala número
Ocho de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. CONFIRMAR, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia, el fallo proferido el 7 de
septiembre de 1998 por la titular del Juzgado Penal Municipal de Tocaima, que
denegó la tutela interpuesta por el señor Personero de esa localidad en nombre
de la menor MARIA LILIANA OVALLE CAMACHO.
Segundo.  LIBRAR por Secretaría las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] El a-quo en el proceso
de tutela que se revisa, decretó la práctica de las siguientes pruebas:
declaración de la menor para la que se solicitó protección de su derecho
fundamental a la personalidad jurídica, del accionado, el Notario Unico de
Tocaima, y del funcionario representante de la Registraduría Nacional del
Estado Civil en dicho municipio.
[2] El escrito remitido por
el Personero Municipal de Tocaima, a solicitud del Despacho del Magistrado
Sustanciador, junto con la copia del registro civil de nacimiento de la menor
para la que se solicitó protección vía tutela, debidamente corregido, reposan a
los folios 31 y 32 del expediente.