T-217-18
Sentencia T-217/18
COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL Y TEMERIDAD-Configuración
Esta Corporación ha señalado que existe temeridad
cuando entre dos o más acciones de tutela se presentan los siguientes
escenarios: (i) identidad de partes; (ii) identidad de causa; (iii) identidad
de objeto; y (iv) ausencia
de justificación en la formulación de la nueva demanda, vinculada a un actuar
doloso o de mala fe por parte del accionante. La interposición de acciones de
tutela temerarias atenta contra el principio de cosa juzgada constitucional.
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Sujetos de especial protección constitucional
DERECHO DE PETICION ANTE ORGANIZACIONES
PRIVADAS-Alcance
Es posible elevar una petición ante organizaciones privadas con o
sin personería jurídica (i) cuando prestan servicios públicos o cuando, debido
a su actividad, ejercen funciones públicas y son asimilables a las
autoridades y (ii) cuando a través del ejercicio del derecho de petición
se busca garantizar otros derechos fundamentales. También es posible interponer
una petición ante una persona natural, cuando existe una relación de
subordinación e indefensión o cuando esa persona natural está ejerciendo una
posición dominante frente al peticionario.
PREVALENCIA DE DERECHOS
FUNDAMENTALES DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD EN CONJUNTOS
RESIDENCIALES
DERECHOS DE PERSONAS EN
SITUACION DE DISCAPACIDAD EN CONJUNTO RESIDENCIAL-Orden a Administración de conjunto
residencial asignar un parqueadero permanente cerca del lugar de residencia del
accionante, debido a su condición de salud
Referencia: Acciones de tutela instauradas por Carlos Hernando Ospina Pinzón contra la Administración del
conjunto residencial El Trébol (Expediente T-6.500.163);
y por FCP, en representación de su menor hijo MACP, contra la agrupación
unifamiliar La Magdalena (Expediente T-6.510.452).
Magistrado Ponente:
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá, D.C., cinco
(5) de junio de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Octava de Revisión de
tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Carlos Bernal
Pulido, Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas,
quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro de los procesos de
revisión de los fallos emitidos por el Juzgado Civil Municipal de Mosquera[1] y
el Juzgado Civil del Circuito de Funza[2], en la acción de tutela interpuesta por
Carlos Hernando Ospina Pinzón contra la Administración, el Comité de Convivencia y el Consejo de
Administración del conjunto residencial El Trébol (Expediente T-6.500.163) y por el
Juzgado Cuarenta Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Bogotá[3]y
el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de la misma ciudad[4],
dentro del amparo constitucional impetrado por FCP, en
representación de su hijo menor de edad MACP, contra la agrupación unifamiliar
La Magdalena (Expediente T-6.510.452).
I.
ANTECEDENTES
Expediente
T-6.500.163
Hechos y pretensiones
1. Señaló el accionante que es una persona enferma que padece “diabetes
mellitus o de tipo 2 y enfermedad renal crónica que no debe levantar objetos
pesados ni hacer jornadas largas de caminatas, adicionalmente se comprobó
que tiene un catéter de “nefrostomía con pielografia”[5].
2. Manifestó que el 27 de abril
de 2017 radicó derecho de petición ante la Administración del conjunto
residencial El Trébol, Manzana 6, mediante el cual solicitó un parqueadero
permanente en la Zona 1 cerca de su vivienda, del cual aseguró no haber
recibido respuesta. Además indicó en los numerales 1 y 2 de este documento, que
su esposa debe salir con él a urgencias, incluso a altas horas de la noche y
que el desplazamiento que deben realizar hasta el medio de transporte se
dificulta cuando se les asigna un parqueadero en la Zona 2 o no se les asigna ninguno
y deben salir del conjunto, perdiendo minutos importantes para su vida, pues su
esposa no puede cargarlo hasta el vehículo. Indicó que la accionada dio
respuesta a la solicitud dos meses después negando la misma, por cuanto no
acreditó la condición de discapacidad, con los respectivos soportes
probatorios.
3. Afirmó que,
el 14 de julio de 2017, elevó nuevamente una petición ante la Administración,
el Comité de Convivencia y el Consejo de Administración del mencionado conjunto
residencial, por medio de la cual solicitó la asignación de un parqueadero para
personas en condición de discapacidad dentro del conjunto. Aseguró que no ha
recibido respuesta a este último derecho de petición.
4. Con base en lo anteriormente
expuesto, interpuso acción de tutela el 9 de agosto de 2017 contra la
Administración, el Consejo de Administración y el Comité de Convivencia del
conjunto residencial El Trébol, Manzana 6, por considerar que los mismos
vulneraron sus derechos fundamentales de petición,  a la igualdad y a la
protección de las personas en situación de discapacidad. Como consecuencia
pidió que se ordenara a las accionadas que den respuesta a la petición
interpuesta el 14 de julio de 2017 y le sea asignado un parqueadero para
persona en condición de discapacidad.
Trámite
procesal
5. Mediante auto del 10 de agosto de
2017, el Juzgado Civil Municipal de Mosquera admitió la acción de tutela. En
dicha providencia se ordenó oficiar a los accionados para que se pronunciaran
sobre las pretensiones del accionante y específicamente sobre los hechos en que
se fundó la misma. Igualmente, solicitó a la EPS Colsanitas que allegara la
historia clínica y certificara “si el señor Ospina Pinzón tiene alguna
afectación o restricción en su movilidad o si existe alguna prescripción médica
sobre los desplazamientos o movimiento que pueda efectuar el accionante”[6].
6. El actor aportó como pruebas su
historia clínica, donde en fecha 18 de julio de 2017 se certificó “que
el señor Carlos Ospina es paciente crónico con Dx de Diabetes Mellitus tipo II
y enfermedad renal, el cual es atendido en nuestra IPS y lleva sus controles al
día haciéndolo paciente crónico controlado”[7].
Respuestas a la acción.
7.
El 15 de agosto de 2017, el Comité de Convivencia y el Consejo de Administración del conjunto
residencial El Trébol, Manzana 6, de forma separada se opusieron a la
prosperidad de la acción en atención al principio de subsidiariedad, resaltando
que el actor podía adelantar un proceso verbal sumario (artículo 390 del Código
General del Proceso) y que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional los
conflictos relacionados con la afectación de derechos fundamentales deben ser
resueltos por las vías ordinarias y solo ante la ausencia de estas o cuando las
mismas no resulten idóneas para evitar un perjuicio irremediable se puede
acudir a la tutela.  Adicionalmente, aseguraron que “no se ha transgredido
este derecho -de petición- , pues la petición elevada el 14 de julio de
2017 por el señor Carlos Hernando Ospina Pinzón está en tiempo de ser
contestada (…)”[8]. Lo anterior, por cuanto decidieron tramitarla
como una consulta según lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 14 de la Ley
1755 de 2015, por lo que estimaron que tenían 30 días para resolver.
Además,
expresaron que “(…) no es cierto que el señor Carlos Hernando Ospina Pinzón
pertenezca a este grupo poblacional de especial protección, ya que en ningún
momento anexa certificado expedido por autoridad competente en el que se
legitime su tipo de incapacidad o por lo menos su grado”[9]. (Subrayado hace parte del
texto original)
Finalmente,
tanto el Comité de Convivencia como el Consejo de Administración resaltaron que lo que se indica en la
historia clínica es que el paciente no debe hacer jornadas largas de caminatas.
Sin embargo “(…) el trayecto recorrido por el accionante de su casa a
cualquiera de los parqueaderos asignados, de forma aleatoria, tomaría menor de
2 minutos”[10].
Sentencias objeto de revisión
Primera
instancia.
8. El 23 de agosto de 2017, el Juzgado Civil Municipal de Mosquera amparó el
derecho fundamental de petición presuntamente vulnerado tras concluir que la
accionada tenía 15 días para dar respuesta y no 30, pues no podía tramitar el
derecho de petición como una consulta: “se evidencia que transcurrido el
término para contestar de conformidad a lo establecido por el Art. 14 de la ley
1755 de 2015, y no se le ha otorgado contestación por parte de órganos
accionados (sic) por lo cual deberá concederse la presente acción frente
a este derecho predicado”[11]
Asimismo
protegió el “derecho de persona discapacitada” al considerar que “(…)
conforme se evidencia en su historia clínica y en el concepto emitido por el
médico tratante, el actor cuenta con una enfermedad crónica de carácter renal y
diabetes, por las cuales se le han efectuado diferentes procedimientos médicos
y quirúrgicos, los cuales han desencadenado deficiencias físicas para ejecutar
algunos actos, dado que en la actualidad tiene instalados unos catéteres con el
fin de suministrarle unos medicamentos con lo que amerita que se deba denominar
al aquí actor como una persona con discapacidad (…)”·[12]
Adicionalmente
indicó que “el médico tratante especificó que el paciente no debería
efectuar largas caminatas, si bien es cierto el médico no especificó bien sea
en tiempo o distancia a que se refería, debemos entender de forma lógica y
conforme las afecciones que dicho paciente debe realizar los trayectos menos
posible o mínimos y mucho menos prolongados, como acertadamente lo estableció (sic)
los entes accionados, al indicar que el accionante al tener un parqueadero al
interior del conjunto residencial, realiza desplazamientos cortos en distancia
y tiempo, lo cual contribuye a su estado de salud y con el fin de no realizar
desplazamiento que puedan afectar sus padecimientos y por lo cual al contar con
dicho espacio para aparcar el vehículo le puede aliviar sus dolencias, es
pertinente establecer que en caso de una emergencia médica que amerita un
traslado de inmediato, es vital contar con dicho automotor en un lugar cercano
a la residencia del señor Ospina (…)”[13].
En virtud de
lo anterior, ordenó a la Administración del conjunto residencial El Trébol,
Manzana 6 “que en el término de 48 horas contadas a partir de la
notificación del presente provisto, proceda a asignar un parqueadero al
accionante conforme lo indicado en la parte considerativa de esta providencia”[14].
Impugnación.
9. El 29 de
agosto de 2017[15], la administradora del conjunto
residencial El Trébol, Manzana 6 impugnó el fallo de primera instancia bajo los
siguientes argumentos:
i) Frente al
derecho de petición: la solicitud debía tramitarse como consulta porque se
buscaba modificar el manual de convivencia y para ello se contaba con un plazo
de 30 días.
ii) Respecto
al uso de parqueaderos: no se logró demostrar a través del material probatorio
que el actor tenga una discapacidad, además de que no agotó el mecanismo
ordinario de defensa judicial.
Segunda
instancia.
10. Mediante
fallo de 29 de septiembre de 2017, el Juzgado Civil del Circuito de Funza “se
modificará el fallo emitido por el Juzgado Civil Municipal de Mosquera,
conforme a las consideraciones previamente expuestas, indicando que sólo
procede el amparo frente al derecho de petición insoluto, y de otra parte, se
revocará la orden de asignarle un parqueadero de discapacitados, por ser
improcedente, pues le corresponde a éste agotar la vía ante la asamblea de
copropietarios y/o otras vías amigables como el intercambio de parqueadero con
otro, y si es del caso, impugnar el acta a que haya lugar, antes de promover
una nueva acción de tutela para tal efecto”[16].
En relación
con el derecho de petición, precisó que “sin duda alguna el accionante busca
una respuesta asertiva o negativa sobre si se  le puede asignar un parqueadero
de discapacitados, por lo que es claro que el término para contestar era de 15
días (…)[17]”.
Respecto de
la asignación del parqueadero, para el juez “no se logra establecer cuál es
el perjuicio irreparable o irremediable que puede ocasionar el caminar por 5
minutos al parqueadero que por ahora tiene asignado, y de cara a la
recomendación médica, no se observa que esto le pueda llegar a ocasionar una
daño irreparable”[18].
Pruebas que obran en el
expediente
11. El despacho sustanciador
recibió un cuaderno[19] que integra el expediente
T-6.500.163, el cual contiene las actuaciones de primera y segunda instancia
surtidas en sede de tutela por el Juzgado Civil Municipal de Mosquera y el Juzgado
Civil del Circuito de Funza respectivamente. Las pruebas que obran en el
expediente son las siguientes:
i) Copia del resultado de nefrostomía
percutánea y pielografía directa, procedimientos realizados por el
médico Yonhn Leonardo Montaño Duarte de fecha 15 de abril de 2016[20].
ii) Copia del resultado de cambio
de catéter de nefrostomía y pielografía procedimientos realizados
por el médico Yonhn Leonardo Montaño Duarte de fecha 15 de abril de 2016[21].
iii) Copia del resultado de pielografía
directa y nefrostomía percutánea, procedimientos realizados por el
médico Mauricio Lozano Barriga de fecha 2 de junio de 2016[22].
iv) Copia del resultado de pielografía
directa y nefrostomía percutánea, procedimientos realizados por el
médico Yonhn Leonardo Montaño Duarte de fecha 11 de enero de 2017[23].
v) Copia de la solicitud de
parqueadero permanente Zona 1 cerca de su vivienda enviada por el señor Carlos
Ospina al Consejo de Administración y al Comité de Convivencia del conjunto
residencial El Trébol, de fecha 26 de abril de 2017[24].
vi) Copia del recetario emitido
por la IPS Corvesalud[25] de fecha 26 de abril de 2017 y
firmada por el médico general A. Molina, mediante el cual se certifica “que
el señor Carlos Ospina es paciente crónico con Dx de Diabetes Mellitus tipo II
y enfermedad renal, el cual es atendido en nuestra IPS y lleva sus controles al
día haciéndolo paciente crónico controlado”.
vii) Copia del recetario emitido
por la IPS Corvesalud[26] de fecha 26 de abril de 2017 y
firmada por el médico general A. Molina, mediante el cual se certifica “que
el señor Carlos Ospina es paciente crónico con Dx de Diabetes Mellitus tipo II
y enfermedad renal, el cual es atendido en nuestra IPS y lleva sus controles al
día haciéndolo paciente crónico controlado”.
viii) Copia de la incapacidad
emitida por la IPS Corvesalud[27] de fecha 13 de julio de 2017 y
firmada por el médico cirujano Alexander Reyes Cruz, mediante la cual se
dignostica que se trata de un “paciente con DM tipo 2, enfermedad renal
crónica, croliticfis, nefrostomía. Paciente quien no debe levantar objetos
pesados, ni hacer jornadas largas de caminata”.
ix) Copia del derecho de petición
elevado por el accionante a los órganos accionados de fecha 14 de julio de 2017[28].
x) Copia de la historia clínica[29] de fecha 18 de
julio de 2017 y firmada por el médico general A. Molina, mediante el cual se
certifica “que el señor Carlos Ospina es paciente crónico con Dx de Diabetes
Mellitus tipo II y enfermedad renal, el cual es atendido en nuestra IPS y lleva
sus controles al día haciéndolo paciente crónico controlado”.
xi) Copia de la contestación del
derecho de petición instaurado por el señor Carlos Ospina, firmado por la
Presidenta del Consejo de Administración de 29 de julio de 2017, mediante la
cual se niega la solicitud porque el actor “no aportó junto con la petición prueba
sobre su estado actual de salud (…) y la cual usted se comprometió a
entregar a más tardar el día martes 13 de junio de 2017 con el diagnóstico
vigente”[30].
xii) Copia de la cédula de
ciudadanía del señor Carlos Hernando Ospina Pinzón[31].
xiii) Copia de los requisitos
para el uso de los parqueaderos establecidos por la Administración del conjunto
residencial El Trébol[32].
xiv) Copia del manual de
convivencia del conjunto residencial El Trébol, Manzana 6[33].
Actuaciones en sede de
revisión
Decreto de
pruebas.
12. Durante
el trámite adelantado en esta sede, el Magistrado Sustanciador consideró
necesario contar con suficientes elementos de juicio para mejor proveer. En ese
sentido ordenó mediante auto de 8 de febrero de 2018 la práctica de las
siguientes pruebas:
- Solicitar a los órganos accionados un informe sobre: (i) por qué no se
ha dado respuesta a la petición interpuesta por el actor el 14 de julio de 2017
y las razones por las cuales se le negó la asignación de un parqueadero
exclusivo para persona en condición de discapacidad; (ii) si existen
parqueaderos exclusivos para persona en condición de discapacidad dentro del
conjunto residencial y cómo se asignan; (iii) si existen más solicitudes en
curso de personas en dicha condición que reclaman el uso de un parqueadero dentro
del conjunto; y (iv) las medidas que se han adoptado en favor de estas personas
para que puedan acceder a los parqueaderos.
- Solicitar al accionante que especifique en qué consiste su
discapacidad y cuáles son las barreras que debe enfrentar por no contar con un
cupo de parqueadero dentro del conjunto residencial[34].
13. Mediante escrito allegado a la Secretaría de
la Corte Constitucional el 22 de febrero de 2018, la representante legal del
conjunto residencial El Trébol, Manzana 6, absolvió los cinco interrogantes
planteados por la Sala Octava de Revisión de la siguiente manera[35]:
i) El derecho de petición elevado el 14 de julio
de 2017 por el accionante fue respondido el 25 de agosto de la misma anualidad
negando la solicitud por cuanto no demostró la necesidad real y médica
para solicitar un uso exclusivo de un parqueadero. Sin embargo, la administradora del conjunto, de forma verbal, le indicó
al señor Ospina Pinzón que aportara más documentos que constataran la
necesidad de un parqueadero fijo, sin que estos fueran allegados (historia
clínica, concepto médico de restricción -no incapacidad-, ni concepto de junta
de médicos que hagan constar efectivamente una discapacidad). Agregó que al
señor Ospina Pinzón no se le ha negado el derecho a usar la
zona común de parqueadero, es más el señor es cumplidor del deber como
copropietario y ha merecido en los últimos meses permanecer en la rotación del
parqueadero. Sin embargo no existe razón para que se le asigne un parqueadero
exclusivo dado que la casa del propietario está al frente del parqueadero
comunal, tal como se evidencia de la prueba aportada[36].
ii) Los copropietarios al interior del área del conjunto no tienen
un parqueadero propio. No obstante, la Asamblea y el Consejo de Administración
han determinado dos parqueaderos para discapacitados porque dos familias
demostraron que tienen el derecho y la necesidad de mantener un vehículo
permanente en caso de una urgencia médica. La asignación de uno de los
parqueaderos para uso exclusivo “la generó de forma directa la
administración (de facto), porque la esposa del propietario enfermo entregó los
documentos médicos y evidenció el dolor de sentir un ser querido con la
necesidad de atención médica prioritaria”[37] . Por otro
lado, el actor no demuestra de forma fáctica o por medio de documentación legal
y/o médica que su condición de salud no le permite caminar tramos largos.
iii) A la fecha no tiene la Administración más solicitudes
especiales de este tipo.
iv) Destacó que existen 2 parqueaderos para personas en condición de
discapacidad, 32 parqueaderos de visitantes, 38 parqueaderos de uso exclusivo
(acceso externo) y 0 parqueaderos privados, por tanto la Asamblea no tiene un
procedimiento establecido para este tipo de solicitudes.
14. Por medio de comunicación allegada a la
Secretaría de esta Corporación el 22 de febrero de 2018, el señor Carlos
Hernando Ospina Pinzón dio respuesta a las preguntas realizadas por la Sala
Octava de Revisión de la siguiente manera[38]:
i) Indicó que en su historia clínica está consignado
que es un paciente con nefrolitiasis desde el año 2007 y debido a esta
patología ha requerido unos procedimientos específicos para tratarla. Además es
una persona con diabetes mellitus tipo 2, con una enfermedad renal crónica, que
no debe levantar objetos pesados, ni hacer periodos cortos ni largos de
caminatas.
Lo anterior quiere decir que su riñón izquierdo
funciona en un 30% y el derecho en un 40% y adicionalmente tiene en su cuerpo
un catéter de nefrostomía que al realizar fuerza se le sueltan los seguros del
catéter lo que le provoca dolor y fiebres. En caso de que se tapone la
nefrostomía tiene síntomas graves, como pérdida de la respiración, vómito y es
necesario realizar un procedimiento para evitar que los riñones se envenenen. A
raíz de lo anterior requiere desplazarse a su vehículo de manera urgente para
dirigirse al centro de salud más cercano.
ii) Presenta barreras (a) actitudinales,
por la forma en que es tratado por algunas personas del conjunto, como el ex
administrador que a pesar de conocer su discapacidad no permitía que su carro
tuviera un lugar para discapacitados y que si lo quería tenía que pagar el
valor de $180.000 mensuales; (b) comunicativas, porque la administración
en su momento se negó a darle respuesta a sus derechos de petición a pesar de
que en varias oportunidades solicitó a la Administración y al Consejo de
Administración soluciones favorables para ambas partes, pero siempre se las
negaron; (c) físicas, por cuanto la Administración le niega la
asignación de un parqueadero, (d) de transporte,  debido a que con la
negación del parqueadero le vulneran el acceso al transporte eficaz y oportuno,
(e) sociales,  toda vez que su condición y la solicitud de un
parqueadero ha generado un tipo de persecución por parte de la Administración,
asesor jurídico y miembros del Consejo de Administración.
15. Una vez
recibido y valorado el material probatorio aportado por las partes, el
Magistrado Sustanciador encontró necesaria la práctica de pruebas adicionales,
por lo que mediante auto de 15 de marzo de 2018 ordenó:
- Solicitar a la EPS Sanitas que allegue el certificado de
discapacidad del accionante, con un informe detallado sobre la afectación o
restricción sobre los desplazamientos del mismo y remita la historia clínica.
- Solicitar a
las accionadas que alleguen el reglamento de propiedad horizontal en lo que
respecta al uso de parqueaderos del conjunto residencial.
- Solicitar al actor que allegue el certificado de
discapacidad expedido por la EPS.
16. Mediante escrito recibido en la Secretaría de esta
Corporación el 13 de marzo de 2018[39], la representante legal del conjunto residencial se
pronunció sobre la respuesta dada a este Tribunal por parte del accionante,
así:
(i) El señor asume como cierta una historia
clínica que reposa en la EPS donde lo atienden y por el cual los médicos
tratantes exponen que el señor está sujeto a tratamiento de Nefrolitiasis para
sus riñones (sin embargo, no tiene un concepto definitivo y/o calificador sobre
el caso). A pesar que la conducta diaria del actor indica salud, movilidad
autónoma y sin ningún tipo de acompañamiento humano o mecánico (entiéndase
muletas, sillas de ruedas, etc.).
(iii) Sobre las barreras físicas indicadas, no se
trata de que el señor deba demostrar con dolencias o con decaimientos su estado
de enfermedad, pero la Asamblea de copropietarios ha notado ciertos
comportamientos por parte de la persona accionante que se desbordan de los
derechos fundamentales y soslayan los intereses generales de todos los vecinos
de este conjunto.
(iii) En la barrera de transporte el actor indica
que se le está negando un parqueadero así como el acceso eficaz y oportuno, sin
embargo esto nunca ha sucedido porque en los últimos 10 meses no le ha faltado
el parqueadero comunal y él a su vez ha cumplido con el pago respectivo.
17. A través de correo electrónico de 31 de marzo
de 2018[40], el accionante
aportó dos certificaciones de misma fecha (26 de marzo de 2018) mediante las
cuales: (i) la EPS Sanitas confirmó que el señor Carlos Hernando Ospina Pinzón
presenta “discapacidad permanente secundaria” debido a “diabetes
mellitus / nefrostomía que limita su movilidad en el uso de transporte público”.
El tipo de discapacidad es motora. Asimismo, (ii) la EPS Sanitas manifestó que “en
cumplimiento de la Circular Externa 000009 de 2017, expedida por la
Superintendencia Nacional de Salud y con el fin de registrar las personas en
condición de discapacidad permanente se permite certificar que Carlos Hernando
Ospina Pinzón con C.C. 79.266.833 presenta la siguiente condición:
-
Tipo de discapacidad:
física
-
Código de diagnóstico:
E109/N200
-
Fecha de expedición: 26 de
marzo de 2018
-
Nombre médico: Jhoana A.
Chaves G.
-
Registro: 2852/09.”
Expediente
T-6.510.452
ACLARACIÓN PREVIA
Teniendo en cuenta que en el expediente T-6.510.452
se estudiará la situación de un menor de
edad en situación de discapacidad y a quien presuntamente se le ha negado el
derecho a la igualdad, la Sala advierte que como medida de protección a su
intimidad, se debe suprimir de esta providencia el nombre del menor y el de su
padre, al igual que los datos e informaciones que permitan identificarlos. En
consecuencia, para efectos de individualizarlos y para mejor comprensión de los
hechos que dieron lugar a esta tutela, se cambiará el nombre del menor y el de
su padre por las iniciales de sus nombres.
Adicionalmente, se hace necesario advertir que en
el caso bajo estudio se podría presentar una eventual temeridad toda vez que se
han presentado varias acciones de tutela en favor del menor de edad, al parecer
por los mismos hechos, mismas partes y mismas pretensiones, situación que será
analizada más adelante.
Hechos y pretensiones
18. Manifestó
el señor FCP que su hijo de 6 años de edad padece de autismo, deficiencia del
sistema nervioso central, limitación permanente en la actividad, retraso en el
desarrollo motor y cognitivo, restricción permanente en la participación y
trastorno para la movilidad en comunidad, entre otras.
19. Afirmó
que en su condición de propietario del inmueble ubicado en la agrupación
unifamiliar La Magdalena en varias oportunidades ha presentado solicitudes
verbales y por escrito ante el Consejo de Administración, mediante las cuales pide
la asignación de un cupo de parqueadero permanente para su vehículo particular
con el fin de poder desplazar a su hijo de manera urgente cuando este presenta episodios
de crisis.
20. Indicó
que el 19 de septiembre de 2016 recibió un correo electrónico por medio del
cual la accionada le comunicó que podría hacer uso del parqueadero comunal
hasta el fin del mes y que en esa fecha debía presentar a la administración del
conjunto los trámites del traspaso de la matrícula de Chía a Bogotá so pena de
no poder ingresar el vehículo al conjunto.
21. Con
fundamento en lo expuesto, el señor FCP actuando en
representación de su menor hijo MACP, interpuso acción
de tutela el 18 de mayo de 2017 contra la agrupación
unifamiliar La Magdalena por considerar vulnerados los derechos
fundamentales a la igualdad y a la protección de las personas en situación de
discapacidad, con base en la negativa de la accionada de otorgarle un
parqueadero permanente dentro de la urbanización para transportar a su hijo en
caso de emergencia.
22. Además de
lo anterior, solicitó que se advierta al Consejo de Administración y/o
representante legal del conjunto residencial que se abstenga de incurrir en
hechos similares atentatorios de las garantías constitucionales.
Trámite
procesal
23. A través de auto del 18 de mayo de
2017, el Juzgado 40 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá admitió la acción de tutela. En dicha providencia se ordenó notificar a
la entidad accionada y le solicitó pronunciarse sobre los hechos denunciados,
asimismo sobre la situación del señor FCP respecto del parqueadero solicitado.
24.
Una vez vencido el término otorgado, la accionada guardó silencio.
Sentencias objeto
de revisión
Primera
instancia.
25. El 1 de
junio de 2017, el Juzgado 40
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá negó el
amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor FCP. Estimó que no
se cumplió el requisito de subsidiariedad·[41]
Sin embargo,
advirtió al representante legal y al Consejo de Administración de la agrupación
unifamiliar La Magdalena “que las decisiones que se llegaren a tomar, si
fuere del caso, dentro de la Asamblea de Copropietarios, el Consejo de
Administración o cualquier otro órgano de la propiedad horizontal, en relación
con los hechos objeto de la presente tutela, debe realizarse con fundamento en
la normatividad que rige la propiedad horizontal, sin condicionamientos
adicionales a los establecidos en el reglamento y no puede afectar o menoscabar
derechos de rango constitucional”[42].
Impugnación.
26. El 5 de
junio de 2017, el señor FCP impugnó el fallo de primera instancia al considerar
que no ha obtenido respuesta positiva por parte de la agrupación unifamiliar
respecto de la asignación permanente de un cupo en el parqueadero del conjunto
residencial del cual fue desvinculado el 3 de mayo de 2017, debido a que no se
encontró “un concepto concluyente o por un fallo positivo de una sentencia
jurídica”[43]. Adicionalmente el actor resaltó que “la
no asignación de este cupo permanente me ha generado un gasto adicional a los
que ya tengo como cabeza de hogar y teniendo en cuenta que al parquear mi
vehículo en un lado más lejos mi hijo inicia su crisis convulsionando sin poder
tener a la mano una ayuda cercana por parte de los familiares que se encuentran
en la casa, ya que los demás parqueaderos son a más de tres cuadras, los cuales
impiden la libre movilización de mi hijo”[44].
Segunda
instancia.
27. El 17 de
julio de 2017, el Juzgado 3º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá confirmó la sentencia
proferida por el juez de primera instancia. Consideró que “[n]o se cumplen
los requisitos de procedibilidad de la Acción Constitucional en razón a que la
adjudicación de un parqueadero al actor es una controversia evidentemente
relacionada con el reglamento de propiedad horizontal, para lo cual el
Accionante cuenta con otro mecanismo ordinario de defensa judicial al que puede
acudir, como lo es la Jurisdicción Ordinaria Civil (…)”[45].
Pruebas que obran en el
expediente
28. El despacho sustanciador
recibió dos cuadernos[46] que integran el expediente
T-6.510.452, el primero contiene las actuaciones de primera instancia surtidas
en sede de tutela por el Juzgado 40 Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Bogotá y el segundo aquellas de segunda instancia realizadas por
el Juzgado 3º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de la misma ciudad. Las pruebas que obran
en el expediente son las siguientes:
i) Copia de la cédula de
ciudadanía del señor FCP, padre del menor MACP[47].
ii) Solicitud de verificación en
el registro para la localización y caracterización de persona con discapacidad
del menor MACP elevada por el actor al Hospital del Sur- vigilancia salud
pública[48].
iii) Copia de la certificación
emitida por la médica fisiatra Valentina Velasco Gómez[49] de fecha 19 de
junio de 2015 mediante la cual se establece que el menor MACP “presenta
discapacidad permanente dada por diagnóstico médico de: RETRASO EN EL
NEURODESARROLLO AUTISMO CIE 10: G800 Deficiencia en el sistema nervioso
central, limitación permanente en la actividad por retraso en el desarrollo
motor y cognitivo conductual y restricción permanente en participación por
trastorno para movilidad en comunidad”. (Mayúsculas hacen parte del texto
original).
iv) Copia de la respuesta de la
Coordinación de Salud Pública de la Alcaldía de Bogotá al radicado No. 3283 del
13 de junio de 2015[50] de fecha 8 de julio de 2015 por medio
de la cual se comunica “que el menor [MACP] (…) según consulta
realizada en el Aplicativo Distrital y Nacional del Registro para la
Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, se encuentra
registrado desde el 23 de junio de 2015”. (Negrillas hacen parte del texto
original).
v) Copia de la historia clínica
emitida por el centro médico Carlos Eduardo Rangel SAS[51] de fecha 8 de
febrero de 2016 y firmada por Marcela Rodríguez, medicina física y
rehabilitación, mediante la cual se diagnostica trastorno generalizado del
desarrollo no especificado.
vi) Copia de la historia clínica
emitida por la EPS Compensar[52] de fecha 4 de agosto de 2016 y
firmada por el especialista en medicina física y rehabilitación, Luis Carlos
Rodríguez Hernández mediante la cual se concluye que es “un paciente con
antecedente de retraso global del desarrollo, trastorno del espectro autista en
estudio”[53].
vii) Copia del derecho de
petición elevado por el señor FCP de fecha 29 de septiembre de 2016 a través
del cual solicita “continuar con el uso del parqueadero de manera permanente
cumpliendo siempre con las obligaciones acordadas con la administración”[54].
viii) Copia de la constancia de
no acuerdo de conciliación llevada a cabo en la Personería de Bogotá el 28 de
septiembre de 2016 entre el señor FCP y el representante legal de la agrupación
unifamiliar La Magdalena[55].
Actuaciones
en sede de revisión
Decreto de
pruebas.
29. Durante
el trámite adelantado en esta sede, el Magistrado Sustanciador consideró
necesario contar con suficientes elementos de juicio para mejor proveer. En ese
sentido ordenó mediante auto de 8 de febrero de 2018 la práctica de las
siguientes pruebas:
- Solicitar a la accionada un informe sobre: (i) la razón por la
que le negaron el acceso al parqueadero del conjunto al señor FCP desde el 3 de
mayo de 2017; (ii) las razones por las que no se llegó a un acuerdo en la
audiencia de conciliación llevada a cabo en la Personería de Bogotá el 2 de
noviembre de 2016; (iii) por qué se le negó la asignación de un parqueadero
exclusivo para persona en condición de discapacidad al señor FCP; (iv) si en la actualidad existen parqueaderos exclusivos
para personas en condición de discapacidad dentro de la Agrupación y cómo se
realiza la asignación de cupos de los mismos a los propietarios; y (v) si
existen más solicitudes en curso de personas en condición de discapacidad que
reclaman el uso de un parqueadero dentro del conjunto.
- Solicitar al señor FCP que indique en
qué consiste la discapacidad de su menor hijo y en concreto cuáles son las
barreras que debe enfrentar él y su familia por no contar con un cupo de
parqueadero dentro de la agrupación.
30. Por medio de comunicación aportada a la Secretaría de esta
Corporación el 16 de febrero de 2018[56], el representante legal de la agrupación unifamiliar La Magdalena, dio respuesta a
lo requerido, así:
i) Que no se ha prohibido el ingreso al
parqueadero al señor FCP, como se evidencia en el reporte del sistema contable
de la copropiedad, en donde se demuestra que lo ha utilizado y ha pagado los
valores correspondientes.
ii) No se encuentra en el archivo de la
copropiedad el acta de conciliación ante personería de Bogotá el día 2 de
noviembre de 2016.
iii) No se ha asignado parqueadero para discapacitados de manera
permanente porque el hijo del actor presenta discapacidad cognitiva y porque
diferentes despachos se han pronunciado sobre el tema y lo han negado. Como lo
demuestra la sentencia de tutela Nº 2017-00148[57]. (Negrillas
dentro de texto).
iv) La copropiedad cuenta con 82 espacios de parqueadero comunal, de los
cuales se destinan los que se necesiten para uso exclusivo de discapacitados.
La asignación de estos se hace de manera trimestral una vez cumplidos los
requisitos exigidos por el reglamento de propiedad horizontal y manual de
convivencia. Para las personas con movilidad reducida se les asigna de manera
automática, demostrando la condición sin mayores requisitos.
v) A la fecha, el propietario de la casa 28, cuenta con un espacio de
parqueadero permanente, ya que presenta discapacidad por lesión de columna y no
se tiene ninguna otra solicitud de asignación de espacios de parqueadero
permanente por personas con movilidad reducida.
Además de lo anterior, el representante legal de la Administración
aportó un extracto de los pagos realizados por concepto de parqueadero comunal
del señor FCP correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, agosto y diciembre de 2017 y enero y febrero de 2018[58].
31. Mediante escrito allegado a la Corte Constitucional el 20 de febrero
de 2018, el señor FCP en representación de su menor hijo, dio respuesta a los
interrogantes formulados, a saber:
i) Afirmó que el menor de edad es persona en condición de discapacidad,
toda vez que tiene distintas patologías como autismo, deficiencia del sistema
nervioso central, retraso en el desarrollo motor y cognitivo conductual, y
trastorno para movilidad en comunidad. “[C]omo consecuencia de lo
descrito anteriormente, el menor es propenso a sufrir CONVULSIONES, en estos
episodios infortunados, el cerebro del menor puede sufrir afectaciones
irremediables e irreparables, razón por la cual, cuando suceden, es necesario
prestarle atención médica URGENTE, pues cualquier demora, por mínima que sea,
en dicha atención, puede ocasionarle retrasos en su condición de discapacidad,
pues por la complejidad del cerebro humano, la convulsión podría dejarlo de
forma permanente en estado de cuadriplejia trayendo consigo un desmejoramiento
a su calidad de vida, a su vida digna y a todo nuestro núcleo familiar, es más,
en el peor de los casos podría ocasionarle la muerte, trayendo consigo un daño
irremediable[59]”. (Subraya y mayúsculas hacen
parte del texto).
ii) Relató que la agrupación decidió hacer un concurso anual, donde
incluye los números de placas de los vehículos y aquellos que pierdan, no
gozaran de parqueadero en el transcurso del año, debido a la cantidad de
vehículos y a los pocos espacios de parqueadero. Además señaló que cuando no ingresan
el vehículo al parqueadero, se ven forzados a pagar el alquiler de un
parqueadero ajeno y lejano a la propiedad, [p]ero, como era de esperarse, el
menor sufrió un episodio de convulsión, y tuve que desplazarme con mi menor
hijo en hombros por aproximadamente 6 cuadras  de distancia (…)”.
iii) Puntualizó que la agrupación cuenta con tres (3) parqueaderos
destinados para personas en condición de discapacidad y que uno de ellos
siempre está ocupado con un vehículo carpado con pijama vehicular, en estado de
abandono, haciendo uso de este las 24 horas del día.
iv) Finalizó diciendo que el inmueble se encuentra a paz y salvo por
todo concepto con la agrupación unifamiliar y que su familia siempre ha sido
ejemplar y cumplidora con sus obligaciones, pero le han sido vulnerados sus
derechos.
Además el 7 de marzo de 2018, el señor FCP controvirtió las pruebas que
se pusieron a consideración de las partes y señaló, entre otras cosas que:
i) Según comunicaciones, fechadas y firmadas por la accionada, se le manifestó
que no puede ingresar al conjunto ni hacer uso del parqueadero, así: “Nuevamente
le reitero que hice hasta lo imposible para convencerlos a los señores del
consejo exponiendo el derecho que usted como representante del menor en
condición de discapacidad tiene, esta fue rechazada porque el menor no es el
propietario ni el conductor del vehículo. Tenido en cuenta que existen varias
notificaciones de juzgados, personería el consejo de administración determinó
que se le prohíba pernoctar dentro de la agrupación durante las 24 horas del
día a partir de la fecha, so pena de que el vehículo sea sacado en grúa por los
organismos de tránsito, ya que el conjunto tiene parqueaderos de uso comunal
destinados a los propietarios y visitantes”. [SIC]
ii) La accionante afirmó que de conformidad con el reglamento de la
copropiedad, se asigna de manera automática cupo de parqueadero a personas en
condición de discapacidad que demuestren dicha condición. Sin embargo para la
parte accionada eso no es suficiente, pues exigen una sentencia judicial que
ordene la asignación del parqueadero.
32. Una vez recibido y valorado
el material probatorio aportado por las partes, el Magistrado Sustanciador
encontró necesaria la práctica de pruebas adicionales, por lo que mediante auto
de 15 de marzo de 2018 ordenó:
- Solicitar a la accionada que allegue
el reglamento de propiedad horizontal de la Agrupación.
33. De las pruebas allegadas, la
accionada destacó la parte resolutiva del fallo de tutela 2017-00148 proferido
el 3 de noviembre de 2018, por el Juzgado 70 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Bogotá, como resultado de la solicitud de amparo
elevada por el señor Yader Giovanny Ruiz Simbaqueva, en representación del
menor de edad MACP contra la agrupación unifamiliar La Magdalena. Con base en
lo anterior, el Magistrado Sustanciador ofició al Juzgado 70 Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Bogotá[60] para que hiciera llegar a esta
Corporación copia de la referida sentencia en su integridad.
Mediante correo electrónico de 21
de marzo de 2018, el mencionado despacho judicial envió un documento compuesto
de 75 folios el cual constaba de: (i) una acción de tutela interpuesta por el
señor Yader Giovanny Ruiz Simbaqueva como agente oficioso del menor MACP en
contra de la agrupación unifamiliar La Magdalena[61], la cual terminó
con fallo del 3 de noviembre de 2017 que negó la tutela[62], (ii) providencia
del 24 de agosto de 2017 que declaró improcedente el amparo solicitado por
Yader Eduardo Ruiz Muñoz contra la agrupación unifamiliar La Magdalena,
proferida por el Juzgado 43 Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de la misma ciudad[63]; y (iii) sentencia del 1º de junio de
2017 que negó la acción constitucional interpuesta por FCP en representación de
su hijo MACP contra la agrupación unifamiliar La Magdalena, emitida por el
Juzgado 40 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá[64].
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
La Sala es competente
para analizar los fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido
en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto
Estatutario 2591 de 1991.
Presentación del
caso y planteamiento del problema jurídico
34. En el asunto T-6.500.163
el señor Carlos Hernando Ospina Pinzón interpuso acción de tutela contra
la Administración, el Consejo de Administración y el Comité de Convivencia del
conjunto residencial El Trébol, Manzana 6 en el que reside, por
considerar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad y petición, toda
vez que los entes accionados se niegan a asignarle un parqueadero permanente
dentro de la urbanización bajo el argumento que no está demostrado que sea una
persona en condición de discapacidad.
El juez de
primera instancia amparó los derechos fundamentales invocados por el actor,
toda vez que es posible denominarlo como una persona en situación de discapacidad
debido a su condición médica. En virtud de lo anterior, ordenó a la
Administración del conjunto residencial asignar un parqueadero al accionante.
El juez de segunda instancia amparó
el derecho fundamental de petición del accionante y ordenó a la Administración
del conjunto residencial pronunciarse de fondo el derecho de petición elevado
por el actor el 14 de julio de 2017, sin embargo revocó la solicitud de
asignación de un parqueadero para personas en condición de discapacidad porque
no agotó el mecanismo ordinario de defensa judicial.
A partir de lo expuesto, corresponde en este caso a la
Sala Octava de Revisión resolver dos problemas jurídicos, a saber:
(i) Determinar si procede la tutela para
solicitar la protección del derecho fundamental a la igualdad y de petición de
una persona en condición de discapacidad que solicita la asignación de un
parqueadero dentro del conjunto residencial en el que vive; y (ii) si el
conjunto residencial El Trébol, Manzana 6 vulneró los derechos fundamentales a
la igualdad y de petición del señor Ospina Pinzón, al negarle la asignación de
un parqueadero permanente dentro de las instalaciones del conjunto porque no
acreditó su condición de discapacidad.
35. En el asunto T-6.510.452
el señor FCP actuando en representación de su menor hijo MACP interpuso
acción de tutela contra la agrupación unifamiliar La Magdalena,
en la cual reside, por considerar vulnerados los derechos fundamentales
a la igualdad y a la protección de las personas en situación de discapacidad,
toda vez que los entes accionados se niegan a asignarle un parqueadero
permanente dentro de la urbanización para transportar a su hijo en caso de
emergencia.
El juzgado de primera instancia negó el amparo de los
derechos invocados por el accionante al considerar que no cumplió con el
requisito de subsidiariedad.
El juzgado de segunda instancia confirmó la sentencia
proferida por el juez de primera instancia toda vez que no se cumplió el
requisito de subsidiariedad para que proceda la acción de tutela.
Para este asunto la Corte analizará (i)
si procede la tutela para solicitar la protección del derecho fundamental a la
igualdad y a la protección de las personas en situación de discapacidad,
de cara a la figura de la temeridad, toda vez que se presentaron tres tutelas
similares en 5 meses; y en caso de cumplirse esta condición, (ii) establecer si
la agrupación unifamiliar La Magdalena vulneró los derechos fundamentales a la
igualdad y dignidad humana del hijo menor de edad del señor FCP, el cual padece
distintas patologías, al negarle el uso del cupo de parqueo comunal de forma
permanente con base en que otras autoridades judiciales ya se habían
pronunciado de fondo.
En orden a los problemas
jurídicos propuestos, la Corte abordará, en materia de procedencia, los
fundamentos jurídicos alusivos a: (i) legitimación en la causa; (ii)
inmediatez; (iii) subsidiariedad; y (iv) temeridad.
En lo que respecta al análisis de
fondo se abordaran los siguientes temas: (i) los sujetos de especial protección
constitucional específicamente las personas en condición de discapacidad; (ii)
el derecho de petición ante organizaciones privadas; (iii) las decisiones de
los conjuntos residenciales sobre asuntos relacionados con la discapacidad; y
(iv) los casos concretos.
Procedencia de la acción de
tutela
Legitimación en
la causa
36. El artículo 86 de la Carta
Política[65], estableció la acción de
tutela como el mecanismo que tienen las personas para la protección inmediata
de un derecho fundamental que se encuentra lesionado o en riesgo de ser
vulnerado. No obstante, es una herramienta subsidiaria que busca evitar que se reemplacen los
caminos ordinarios para resolver controversias jurídicas y se convierta en un
instrumento supletorio cuando no se han empleado oportunamente dichos medios[66],
salvo que no resulten idóneos ni eficaces para amparar las garantías
constitucionales.
37. Por
su parte, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 regula la legitimación para
el ejercicio de la acción de tutela, en el sentido de que la solicitud de
amparo puede ser presentada: (i) a nombre propio; (ii) a través de
representante legal; (iii) por medio de apoderado judicial; (iv) mediante
agente oficioso; y (v) procure la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales.
38. En los casos en que
el amparo constitucional no pueda ejercerse de manera directa por el afectado,
este podrá acudir a otra persona para que actúe en su nombre. Cuando se trata
de menores de edad cuyos padres en ejercicio de la patria potestad presentan la
acción de tutela para hacer efectivos sus derechos fundamentales, la
jurisprudencia ha reconocido que esta condición se da atendiendo a lo consagrado en el artículo 62
núm. 1 del Código Civil[67],
donde se establece que los padres ejercerán la patria potestad de sus hijos
menores, y en la ausencia de uno de ellos el otro será quien la asuma.
Requisito de
inmediatez
39.
El artículo 86 de la Constitución establece la procedencia de la acción de
tutela para solicitar la protección inmediata de derechos fundamentales, cuando
quiera que estos resulten amenazados o afectados por la actuación u omisión de
una autoridad o un particular; pese a que el mecanismo por regla general no
cuenta con término de caducidad, esta Corte ha establecido que procede dentro
de un término “razonable y proporcionado” a partir del hecho que originó
la vulneración[68]. Así, cuando el titular de manera
negligente ha dejado pasar un tiempo excesivo o irrazonable desde la actuación
irregular que trasgrede sus derechos, se pierde la razón de ser del amparo[69] y consecuentemente
su procedibilidad[70].
Requisito de
subsidiariedad
40. El artículo
86 superior debe interpretarse en concordancia con los artículos 13 y 47
constitucionales, ya que existen personas que por sus condiciones requieren una
especial protección por parte del Estado[71]. En relación con
estas personas no es posible hacer el examen de subsidiariedad con la misma
rigurosidad que se aplica para los demás.
Por ello, el
requisito de subsidiariedad no puede dejar sin contenido al trato preferencial
que reciben los sujetos de especial protección constitucional. Un análisis
riguroso de este principio de cara a dicho grupo acentuaría su condición de
debilidad, toda vez que el juez de tutela aplicaría los mismos criterios que al
común de la sociedad. Es por eso que su valoración no debe ser exclusivamente
normativa. La evaluación debe prever los aspectos subjetivos del caso[72].
Por tanto, cuando de los elementos del asunto se concluya que la persona que
solicita el amparo es un sujeto de especial protección, el análisis se hace más
flexible para el sujeto pero más riguroso para el juez, ya que debe considerar
circunstancias adicionales a las que normalmente valora.
Si bien, las
decisiones que toma la Asamblea de Copropietarios o el Consejo de
Administración pueden ser controvertidas en la jurisdicción civil (proceso
verbal sumario)[73], exigir que las
personas en situación de discapacidad acudan a un proceso ante la jurisdicción
ordinaria civil para dirimir una controversia surgida con un conjunto
residencial no solo les tomará mucho tiempo sino que su condición de salud se
puede agravar y su vida correr peligro.
Temeridad
y cosa juzgada en tutela
41. El artículo 38 del Decreto
2591 de 1991[74] establece que la presentación de
acciones de tutela sucesivas idénticas sin justificación constituye una
conducta temeraria y que quien incurra en dicha actuación está sujeto a las
sanciones previstas en los artículos 72 y 73 del Código de Procedimiento Civil.
La finalidad de esta norma es evitar el uso indiscriminado del
amparo constitucional por parte de los ciudadanos, que no solo conlleve al
aumento de la congestión judicial, sino también a restringir los derechos de
los demás asociados.
Al respecto esta Corporación ha
señalado que existe temeridad cuando entre dos o más acciones de tutela se
presentan los siguientes escenarios: (i) identidad de partes; (ii) identidad de
causa; (iii) identidad de objeto; y (iv) ausencia de
justificación en la formulación de la nueva demanda, vinculada a un actuar
doloso o de mala fe por parte del accionante[75].
42. En
relación con lo anterior este Tribunal ha precisado que una actuación es dolosa
o de mala fe cuando: “(i) resulta amañada, en la
medida en que el actor se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas
que convalidan sus pretensiones[76]; (ii) denote el
propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda
costa, jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que, entre
varias, pudiera resultar favorable[77]; (iii) deje al
descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de
mala fe se instaura la acción[78]; o finalmente
(iv) se pretenda a través de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los
administradores de justicia”[79].
43. Esta Corporación ha indicado también que una actuación no es temeraria cuando aun existiendo dicha duplicidad, la
acción de tutela se funda: “(i) en la ignorancia del accionante; (ii) el
asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o (iii) por el
sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones
en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de
defender un derecho”[80].
En estos casos, si bien la tutela debe ser declarada improcedente, la
actuación no se considera temeraria y no conlleva a la imposición de una
sanción en contra del demandante.
44. Por otro lado, en sentencia
T-1034 de 2005 la Corte estableció que una persona puede interponer nuevamente
una acción de tutela siempre que se cumpla alguno de estos presupuestos: (i) surgimiento de adicionales
circunstancias fácticas o jurídicas; (ii) cuando la jurisdicción constitucional
no se pronunció sobre la pretensión de fondo del accionante. “Es más, un
hecho nuevo puede ser, y así lo ha considerado la Corte[81], la
consagración de una doctrina constitucional que reconoce la violación de
derechos fundamentales en casos similares”[82].
45. Cabe señalar que la interposición de acciones de tutela temerarias
atenta contra el principio de cosa juzgada constitucional, que ha sido definido
por esta Corporación en los siguientes términos:
“La cosa
juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las
decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el
carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se
conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la
terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad
jurídica.
De esta
definición se derivan dos consecuencias importantes. En primer lugar, los
efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal
derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación,
y en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor
definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento
jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y
eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio.
De esta
manera se puede sostener que la cosa juzgada tiene como función negativa,
prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto,
y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico”[83].
En este sentido, en la sentencia C-774 de 2011, la Corte señaló que una
providencia pasa a ser cosa juzgada frente a otra, cuando se dan tres
presupuestos, a saber: identidad de objeto[84],
de causa petendi[85]
y de partes[86].
Específicamente, las decisiones proferidas dentro de una acción de tutela
constituyen cosa juzgada cuando este Tribunal “adquiere conocimiento de
los fallos de tutela adoptados por los jueces de instancia, y decide excluirlos
de revisión o seleccionarlos para su posterior confirmatoria o revocatoria”[87].
Entonces, las
figuras de temeridad y de cosa juzgada buscan poner un límite a la presentación
de varias y sucesivas solicitudes de amparo que versen sobre las mismas partes,
hechos y pretensiones, siendo indispensable que el juez constitucional constate
en cada caso la actuación desleal o deshonesta del accionante.
Los sujetos de especial
protección constitucional específicamente las personas en condición de
discapacidad
46. La Constitución de 1991 se ha
caracterizado por ser garante de los derechos fundamentales de sus habitantes y
ha otorgado un lugar especial a los sujetos de especial protección
constitucional, entre los cuales se encuentran los menores de edad, los adultos
mayores, las personas con enfermedades graves, las mujeres en estado de
gestación, los grupos étnicos, los afrodescendientes y las personas en
situación de discapacidad. Ahora bien, en sustento de lo anterior, el artículo
13 de la Constitución menciona lo siguiente:
“Todas las
personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
Con base en lo anterior se funda
la protección especial a las personas en condición de discapacidad,
convirtiéndolas en sujetos de especial protección constitucional, en los que
recaen todas las garantías y prerrogativas que se deben brindar por parte del
Estado para garantizar el goce de sus derechos en igualdad de condiciones con aquellas
que pueden hacer pleno uso de sus facultades físicas o mentales.
47. Además de lo anterior, en el
artículo 47 de la Carta se señala que “El Estado adelantará una política de
previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que
requieran”.
Ha de entenderse entonces que el
principal encargado y responsable de las personas en situación de discapacidad
es el Estado, pues este cuenta con todas las facultades para garantizar el
pleno goce y ejercicio de sus derechos, elevándolos al mismo nivel del resto de
la población, mediante políticas públicas, programas y planes, que evidencien
las condiciones en que se encuentran estas personas y realicen las actividades
necesarias para su protección.
Personas en situación de
discapacidad
48. Es importante aclarar que las
personas en situación de discapacidad presentan una condición de salud física,
psíquica, intelectual, sensorial u otras que al interactuar con diversas
barreras contextuales, actitudinales y ambientales, soportan restricciones en
su participación plena y activa en la sociedad.
49. Mediante la Ley 762 de 2002
por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad”[88], se hace especial mención a la
definición de discapacidad, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO
I. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por:
1.
Discapacidad. El término “discapacidad” significa una deficiencia física,
mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la
capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que
puede ser causada o agravada por el entorno económico y social (…)”.
Ahora bien, la misma Convención
establece qué debe entenderse por “discriminación contra personas con
discapacidad” señalando que:
“a) El
término "discriminación contra las personas con discapacidad"
significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad,
antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción
de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de
impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas
con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales” (…).
De lo anterior, se evidencia la
relación directa y negativa que existe entre discriminación y vulneración de
derechos fundamentales, siendo intrínseco el menoscabo de garantías
constitucionales en actos de exclusión que se cometen con las personas en
condición de discapacidad.
50. En cuanto a las clases de
discapacidad que existen, es importante señalar que a través de la Ley 1346 de
2009 por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las
personas con Discapacidad[89]”,
se establecen cuáles son los diversos tipos de dicha condición:
“Artículo
1° Propósito. El propósito de la presente Convención es promover, proteger y
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y
promover el respeto de su dignidad inherente.
Las
personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. (Subrayado
fuera de texto).
Se evidencia así, la
trascendencia y alcance de la palabra discapacidad, que abarca tanto
deficiencias físicas y mentales, como sensoriales, convirtiendo a todas las
personas con cualquier tipo de estas carencias, en sujetos de especial
protección constitucional por parte del Estado y la sociedad.
Como se mencionó anteriormente,
por su condición, las personas en situación de discapacidad, deben tener
preferencia en cuanto al goce oportuno y real de sus derechos, en comparación a
los demás ciudadanos que están en pleno uso de sus facultades físicas y
mentales, y es por esto, que el Estado debe garantizar por todos los medios, la
plena satisfacción de los derechos constitucionales de este grupo. Sobre ello,
la Ley 1618 de 2016[90] dispone que:
“Artículo
7. Derechos de los niños y niñas con discapacidad. De acuerdo con la
Constitución Política, la Ley de Infancia y Adolescencia, el artículo 7° de la
Ley 1346 de 2009, todos los niños y niñas con discapacidad deben gozar
plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás niños y
niñas. Para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños y
niñas con discapacidad, el Gobierno Nacional, los Gobiernos Departamentales y
Municipales, a través de las instancias y organismos responsables, deberán
adoptar las siguientes medidas:
1 Integrar
a todas las políticas y estrategias de atención y protección de la primera
infancia, mecanismos especiales de inclusión para el ejercicio de los derechos
de los niños y niñas con discapacidad.
2.
Establecer programas de detección precoz de discapacidad y atención temprana
para los niños y niñas que durante la primera infancia y tengan con alto riesgo
para adquirir una discapacidad o con discapacidad (…)”.
51. La investigación realizada
por el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social –PAIIS– de la
Universidad de los Andes (mayo de 2015) sobre el artículo 26 de la Ley 361 de
1997 estableció que “[L]a ley estatutaria 1618 de 2013 fue adoptada como consecuencia
de la Ley 1346 del 2009 que aprueba la Convención sobre los derechos de
personas con discapacidad. Es por esto que la definición que adoptan de
discapacidad se encaja en el modelo social, pues reconoce que la discapacidad
surge de la interacción de una persona con diversas barreras sociales. El fin
de la ley es garantizar el ejercicio efectivo de todos los derechos a las
personas con discapacidad y su inclusión (…)”.
52. En el derecho comparado puede
rescatarse lo consignado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, que en su artículo 26 señala: “[L]a Unión reconoce y respeta el
derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen
su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida
de la comunidad”.
Por otro lado, el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea estipuló que la Unión, tratará de luchar
contra toda discriminación por razón de discapacidad[91] y
podrá adoptar acciones adecuadas para combatirla[92].
53. En el ámbito nacional, en la
sentencia C-042 de 2017, la Corte puso de presente lo siguiente:
“[P]ara la
Constitución Política, todos los seres humanos son iguales en derechos; son
seres completos, integrales, y dignos. La diversidad hace parte de la especie
humana y enriquece a la sociedad colombiana.
Bajo ese entendido, la concepción
actual de la discapacidad, que resulta además más cercana a la protección y el
respeto de la dignidad humana, aborda la discapacidad como el efecto de las
barreras sociales que impiden el pleno goce de los derechos en condiciones de
igualdad y limitan la integración social como respuesta al funcionamiento
orgánico o funcional diferente al de la mayoría de las personas (…)”.
54. En la sentencia T-285 de
2003, la Corte estudió el caso de una persona con una limitación para caminar
que interpuso una acción constitucional en contra del conjunto residencial en
el que vivía debido a que este se negó a reconstruir una rampa que le permitía
entrar y salir de su apartamento en forma segura. De acuerdo con los hechos de
la tutela, la rampa ya había sido construida, no obstante por decisión de los
copropietarios se ordenó su demolición, al no cumplir, al parecer, las
exigencias funcionales y estéticas requeridas. Esta Corporación concedió el
amparo tras considerar que la entidad accionada no había tomado las medidas
pertinentes que la comprometieran con el respeto debido al derecho a la
igualdad que demandaba la accionante. De ahí que fuera imperativo ordenarle (a
la Junta Administradora del conjunto residencial Avenida Suba), que en el
término de 48 horas, iniciara los trámites correspondientes a la construcción
de una rampa de acceso en la entrada del bloque donde residía la actora,
teniendo en cuenta para ello, que en el expediente existían conceptos
favorables de arquitectos, que así lo indicaban.
55. Más adelante, en las sentencias T-810 de
2011 y T-416 de 2013, este Tribunal reiteró la postura proteccionista anterior.
En estas providencias, se pronunció sobre el caso de 2 personas que reclamaban
la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la dignidad
humana ya que el edificio en el cual residían no contaba con una rampa de
acceso para personas que se movilizaban en silla de ruedas y por este motivo,
se veían forzadas a ingresar y salir del mismo con la ayuda de terceros y en
algunos casos por el acceso vehicular al parqueadero. En múltiples
oportunidades solicitaron a los órganos de dirección y administración de la
propiedad horizontal la construcción de una rampa para que pudieran acceder a
la edificación de manera autónoma y segura. Sin embargo, las respuestas siempre
fueron negativas. En ambos casos, la Corte concedió el amparo y señaló que los
edificios de uso residencial, en virtud del principio de solidaridad debían
considerar e implementar en un escenario participativo las
diferentes posibilidades de readecuación física del espacio que se presentaba
como una barrera física o arquitectónica, con el ánimo de permitir la
integración real y efectiva de la población en situación de discapacidad. Una
actuación contraria supondría aceptar la idea excluyente de que este sector de
la sociedad debía adaptarse a un entorno físico construido para la población “normal”.
56. Recientemente, en la sentencia T-062 de
2018, esta Corporación estudió el caso de un señor de 66 años, con una pérdida
de capacidad laboral del 74.5%, que sufría distintas patologías tales como
hipotiroidismo, dislipidemiasolona, hipertensión arterial, cardiopatía
hipertensiva, EPOC y síndrome de apnea obstructiva del sueño. El actor solicitó
el uso de un parqueadero permanente dentro del conjunto residencial por
encontrarse en una situación de discapacidad. La Corte negó la petición de
asignarle de manera exclusiva uno de los parqueaderos comunes con los que
contaba el conjunto residencial y en su lugar ordenó incluir acciones
afirmativas en la asignación de espacios de parqueadero de residentes,
garantizando, como mínimo, la asignación del 2% de los mismos a las personas en
situación de discapacidad.
57. Ahora bien, esta Corporación también ha
abordado el tema de los sujetos de especial protección, y más concretamente,
sobre los niños. En sentencia T-974 de 2010, se señaló lo siguiente:
“Todos los
niños y niñas gozan de una protección constitucional especial por mandato
directo de la Constitución. Tratándose de los niños y niñas con discapacidad,
esta protección es aún más reforzada. En este respecto, esta Corporación ha
mencionado lo siguiente:
La protección
constitucional a los menores se ve reforzada de manera especial cuando éstos
sufren de alguna clase de discapacidad, puesto que en tal evento quedan
amparados también por el mandato constitucional de proteger especialmente a
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta”.
Dicho lo anterior, si los adultos
en condición de discapacidad son sujetos de especial protección constitucional,
los niños en condición de discapacidad, con mayor importancia y trascendencia
deben ser protegidos por el Estado y los ciudadanos.
El derecho de petición ante
organizaciones privadas
58. Según lo establecido en el
artículo 23 de la Constitución, toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o particular y
a obtener una pronta resolución. Del mismo modo, dicha norma estableció este
derecho ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.
59. El derecho fundamental de
petición tiene un lugar importante dentro de la jurisprudencia de esta
Corporación. Tiene su origen en el acceso a la información[93],
toda vez que las personas pueden conocer el proceder de la administración o de
los particulares cuando así lo establece la Ley. Por lo mismo es considerado
por la jurisprudencia como un derecho de tipo instrumental, puesto que es uno
de  los mecanismos de participación más importantes para la ciudadanía, al ser
el principal medio que tiene para exigir a las autoridades el cumplimiento de
sus deberes.
60. Este Tribunal ha indicado que
este se compone de 3 elementos: (i) la posibilidad de formular la petición;
(ii) la respuesta de fondo; y (iii) la resolución dentro del término legal
junto con la notificación de la respuesta al peticionario.
i) Con el primero, se protege la posibilidad
cierta y efectiva que tienen las personas de presentar solicitudes respetuosas
ante las autoridades y los particulares, sin que estos se puedan negar a
recibirlas y a tramitarlas. En ese sentido, están obligados a acoger las
peticiones interpuestas. Al respecto, la sentencia C-951 de 2014 indicó que “los
obligados a cumplir con este derecho tienen el deber de recibir toda clase de
petición, puesto que esa posibilidad hace parte del núcleo esencial del derecho”.
ii) Asimismo, las autoridades y los
particulares están obligados a resolver de fondo las peticiones interpuestas,
es decir que deben brindar una respuesta que aborde de manera clara y detallada
cada una de las solicitudes y/o interrogantes puestos en su conocimiento. La
jurisprudencia ha indicado que una respuesta de fondo deber ser: “(i) clara,
esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii)
precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en
información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii)
congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea
conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha
surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de
petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la
cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta
como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta
relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por
las cuales la petición resulta o no procedente”[94].
iii) El último elemento se divide en dos
situaciones: (i) la oportuna resolución de la petición y (ii) la notificación
de la respuesta al interesado. La primera implica que las peticiones deben ser
resueltas dentro del término legal establecido para ello y según la Ley 1755 de
2015[95]
toda petición deberá resolverse en 15 días hábiles.
61. En segundo lugar, la notificación del
peticionario implica la obligación de las autoridades y de los particulares de
poner en conocimiento del interesado la resolución de fondo de su solicitud. En
efecto, si el peticionario no tiene acceso a la respuesta, puede considerarse
que nunca se hizo efectivo el derecho, pues existe la obligación de informarle
de manera cierta sobre la decisión, para que este pueda ejercer, si así lo
considera, los recursos que la ley prevé en algunos casos o, en su defecto,
demandarla ante la jurisdicción competente. En ese sentido, este Tribunal en la
sentencia C-951 de 2014 indicó que: “el ciudadano debe conocer la decisión
proferida por las autoridades para ver protegido efectivamente su derecho de
petición, porque ese conocimiento, dado el caso, es presupuesto para impugnar
la respuesta correspondiente. La notificación es la vía adecuada para que la
persona conozca la resolución de las autoridades, acto que debe sujetarse a lo
normado en el capítulo de notificaciones de la Ley 1437 de 2011”.
62. En conclusión, hacer uso del derecho de
petición permite que las personas puedan reclamar el cumplimiento de otras
prerrogativas de carácter constitucional, como por ejemplo solicitar el
cumplimiento de ciertas obligaciones o acceder a determinada información de las
autoridades y de los particulares. En ese orden de ideas, el núcleo esencial de
este derecho está compuesto por la posibilidad de presentar las solicitudes,
obtener una respuesta clara y de fondo y, por último, la oportuna resolución de
la petición y su respectiva notificación.
63. Desde 1996 la Corte comenzó a fijar las
condiciones en las cuales una persona podía interponer una petición ante una
organización privada. En la sentencia T-105 de 1996 señaló que las reglas para
el ejercicio del derecho de petición ante autoridades, también serían
aplicables para las solicitudes ante los particulares, cuando estos “(i)
presten un servicio público o desarrollen actividades similares que comprometan
el interés general y debido a ello (ii) ostentan una condición de superioridad
frente a los demás coasociados, que puede generar una amenaza o vulneración de
uno o varios derechos fundamentales”.
64. Posteriormente en la sentencia T-374 de
1998, resolvió la acción de tutela interpuesta por un ex-trabajador de la
Federación Nacional de Cafeteros, por la omisión de esta última de resolver una
solicitud sobre el reconocimiento de su pensión de jubilación. Sobre el
particular, la Corte consideró que la acción de tutela procede para la
protección del derecho fundamental de petición interpuesto contra un
particular, cuando a través de este se pretenda hacer efectivo un derecho
fundamental, sin importar si el particular presta o no un servicio público.
65. En ese mismo sentido, en la sentencia
SU-166 de 1999, se sistematizaron por primera vez las reglas de procedencia de
la petición ante organizaciones privadas. Al respecto, se establecieron dos
supuestos: (i) cuando la organización privada tenga a su cargo la prestación de
un servicio público, o cuando en atención a la actividad que desempeña,
adquiera el status de autoridad y (ii) cuando el derecho de petición sea el
instrumento para hacer efectivos otros derechos fundamentales.
66. En la sentencia T-163 de 2002, la Sala
estudió la tutela interpuesta por un ex trabajador de Industrias Kent y
Sorrento que había solicitado a través de petición la expedición de un
certificado laboral y que, debido a la falta de contestación, decidió acudir al
amparo constitucional. Al estudiar de fondo el caso, se encontró que, en
efecto, la empresa accionada había vulnerado el derecho fundamental de
petición, puesto que “el accionante no
sólo se encuentra en estado de subordinación, dada su calidad de ex - empleado,
que depende de su antiguo patrono para obtener una respuesta que sólo este
puede dar y que resuelve la petición como tal, sino que además, es evidente su
estado de indefensión, dada la ausencia de medios jurídicos eficaces para
repeler la conducta del particular demandado”.
En efecto, en esa
oportunidad la Corte consideró que cuando el peticionario se encuentra en
estado de subordinación o indefensión respecto de la autoridad privada, puede
interponer peticiones tal y como lo establece el artículo 23 de la
Constitución.
67. En la sentencia T- 268 de 2013 este
Tribunal reiteró las reglas que hasta ese momento habían sido desarrolladas por
la jurisprudencia respecto de las peticiones ante organizaciones privadas y
creó una nueva hipótesis relativa a la petición ante particulares en los casos
que reglamente el legislador.
68. De lo anterior, se puede concluir que
hasta el año 2014 la jurisprudencia constitucional había desarrollado 4 casos
en los cuales los particulares estaban obligados a recibir y contestar las
peticiones: (i) cuando la petición se presentaba ante un particular que
prestaba un servicio público o que realizaba funciones públicas; (ii) cuando se
pretendía la protección de otro derecho fundamental; (iii) en casos en los que
se presentaba subordinación e indefensión y (iv) por fuera de estos supuestos,
en cualquier caso, siempre que así lo haya reglamentado el legislador.
69. El 30 de junio de 2015, el legislador
expidió la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual reguló el ejercicio del
derecho de petición, norma en la que se reglamentó la petición ante
organizaciones privadas[96]
desarrollando el mandato establecido en el artículo 23 de la Constitución.
70. En dicha norma, el legislador consignó
las reglas respecto de la procedencia de las peticiones ante particulares. En
esa medida, estableció que es posible elevar una petición ante organizaciones
privadas con o sin personería jurídica (i) cuando prestan servicios públicos o
cuando, debido a su actividad, ejercen funciones públicas y son asimilables a
las autoridades[97]
y (ii) cuando a través del ejercicio del derecho de petición se busca
garantizar otros derechos fundamentales[98].
También es posible interponer una petición ante una persona natural, cuando
existe una relación de subordinación e indefensión o cuando esa persona natural
está ejerciendo una posición dominante frente al peticionario[99]. La segunda conclusión
es que el legislador reglamentó el procedimiento para la resolución de estas
peticiones al determinar que opera igual que ante las entidades públicas.
71. La sentencia C-951 de 2014 manifestó que
“Para la Corte es claro que en las diversas situaciones de orden fáctico en
las [que] una persona se encuentre en situación de desprotección, frente
a otra persona natural, respecto de la cual ésta tiene un deber constitucional,
debe proceder el derecho de petición en procura de garantizar los derechos
fundamentales. Esto hace parte de la eficacia horizontal de los derechos
fundamentales ante particulares, como expresión del derecho a la igualdad”.
Esta tesis es reforzada con la expedición de la Ley 1755 de 2015 mediante la
cual se estableció la procedencia de la petición ante particulares cuando
existe subordinación, indefensión o posición dominante. Lo anterior, como
quiera que en el parágrafo 1 del artículo 32 de la citada norma, se estableció
de manera expresa que esta hipótesis también es viable cuando se interpone la
petición ante una persona natural.
72. Respecto de este punto, la sentencia
T-726 de 2016 recalcó que “aunque la norma en comento determinó que las
peticiones que se presenten por el estado de subordinación e indefensión del
solicitante deben dirigirse a otra persona natural y amplió el campo de
aplicación de dicha disposición a las personas naturales que ejerzan posición
dominante, lo anterior no quiere decir que si una persona tiene una relación de
subordinación o indefensión con una persona jurídica, o en caso de que esa
persona jurídica ejerza posición dominante, el afectado no pueda acudir al
derecho de petición, comoquiera que esos eventos quedan comprendidos en el
primer supuesto analizado”.
73. En suma, con la entrada en vigencia de la
Ley 1755 de 2015 el derecho de petición puede ser interpuesto ante (i)
particulares que presten servicios públicos o cuando, en razón de sus
ocupaciones, realicen funciones públicas y sean asimilables a las autoridades;
(ii) organizaciones privadas con o sin personería jurídica cuando a través de
la petición se garanticen otros derechos fundamentales y (iii) cuando exista
subordinación, indefensión o posición dominante, caso en el cual podrán ser
interpuestas ante personas naturales o jurídicas.
Las decisiones de los conjuntos residenciales
sobre asuntos relacionados con la discapacidad
74. En cuanto a las decisiones que se puedan
tomar por parte de los administradores de conjuntos residenciales, es
importante manifestar que las mismas, deben estar ajustadas al ordenamiento
jurídico y a la Constitución debiendo guardar una estrecha relación con la
protección que brinda el Estado a los sujetos de especial protección
constitucional y tener concordancia con el principio de solidaridad que hace
parte de las bases de la normatividad estatal.
75. En la sentencia
T-810 de 2011, esta Corporación indicó que:
“[L]os conjuntos residenciales
deben adoptar las medidas que se requieran a efectos de garantizar que las
personas con limitaciones físicas tengan facilidades de circulación de las
zonas comunes a las zonas de su propiedad. Ha señalado que “se puede establecer
un deber prima facie de los conjuntos residenciales, en virtud del deber
constitucional de solidaridad que fundamenta el Estado social de derecho, de
considerar e implementar en un escenario participativo las diferentes
posibilidades de readecuación física que permita la integración real y efectiva
de la población en condición de discapacidad”.
En efecto, cuando una persona en condición de
discapacidad, eleva una petición respetuosa ante administradores o
representantes legales de conjuntos residenciales en los cuales habiten, espera
que estos se pronuncien de fondo respecto de la solicitud, teniendo en cuenta
que, al estar en una posición dominante, es su obligación dar respuesta a su
petición.
76. Sin embargo, cuando un conjunto
residencial toma una decisión que afecta negativamente la vida y desarrollo
social de una persona en situación de discapacidad, el juez constitucional
puede intervenir para salvaguardar los derechos fundamentales de estos y
garantizar el goce efectivo de los mismos, como se desprende de la providencia
anteriormente citada:
“En el caso en que la
discriminación se dé a consecuencia de una omisión de trato más favorable, el
juez constitucional debe verificar en la práctica, entre otros aspectos: (i) un
acto - jurídico o de hecho - de una autoridad pública o de un particular, en
los casos previstos en la ley; (ii) la afectación de los derechos de personas
con limitaciones físicas o mentales; (iii) la conexidad directa entre el acto,
positivo u omisivo, y la restricción injustificada de los derechos, libertades
u oportunidades de los discapacitados”.
77. En suma, si se evidencia que una decisión
tomada por un conjunto residencial, el cual es una autoridad privada, se deriva
de una petición elevada por un sujeto de especial protección constitucional
(persona en condición de discapacidad), pero además dicha decisión, afecta
directamente las garantías constitucionales de estas personas, en el entendido
de disminuir su capacidad de movilidad dentro del conjunto, o lo discrimina por
su condición física o sensorial, los administradores no tendrán justificación
alguna que los exonere de responsabilidad, y se deberá efectuar la intervención
del juez constitucional para restablecer los derechos del ciudadano,
concediendo las pretensiones que haya solicitado, que se ajusten a la ley, con
el fin de contar con las mismas oportunidades y condiciones que las demás
personas que se muevan en el mismo entorno social y espacial.
Principio de solidaridad
78. Esta Corporación ha resaltado que desde
la Constitución de 1991 el principio de solidaridad ha sido un elemento
esencial del Estado Social de Derecho, tal como está consagrado en el artículo
1º de la Carta[100]. En este sentido, la Corte ha
definido este principio como: “un deber, impuesto a toda persona por el
solo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la
vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros
asociados o en interés colectivo. La dimensión de la solidaridad como
deber, impone a los miembros de la sociedad la obligación de coadyuvar con sus
congéneres para hacer efectivos los derechos de éstos, máxime cuando se trata
de personas en situación de debilidad manifiesta, en razón a su condición
económica, física o mental”.
79. Asimismo, la jurisprudencia ha
manifestado que el principio de solidaridad se concreta en una serie de
obligaciones exigidas a los distintos componentes de la sociedad, orientadas
hacia la consecución de los fines esenciales de la organización política consagrados
en el artículo 2º de la Constitución[101].
Además, ha establecido que “este principio se traduce en la exigencia
dirigida especialmente al Estado, de intervenir a favor de los más
desaventajados de la sociedad cuando éstos no pueden ayudarse por sí mismos[102]”. De esta manera “impone una serie de
deberes fundamentales al poder público y a la sociedad para la satisfacción
plena de los derechos[103]”.
80. La solidaridad es un derecho,
también es un deber y un principio rector sustentado en la Constitución[104]. La Carta Política
proyecta este deber de solidaridad, de manera específica, a partir de los
mandatos constitucionales que establecen una obligación de especial protección
para personas en situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, como las
mujeres cabeza de familia, los menores de edad, las personas enfermas y en
condición de discapacidad, las personas de la tercera edad, entre otros[105].
La Constitución establece un
régimen de protección para este grupo poblacional fundamentado en el principio
de solidaridad, orientado al logro de los fines esenciales de la organización
política, el derecho fundamental a la igualdad que se traduce en la protección
de personas en condición de debilidad manifiesta y la tutela frente a los
discapacitados.
Casos concretos
Expediente T-6.500.163
81. En el
presente caso el accionante pretende el amparo de sus derechos fundamentales,
al considerar que las entidades accionadas deben otorgarle el uso de un
parqueadero para personas en condición de discapacidad cerca a su lugar de
residencia debido a su condición de paciente crónico renal y con diabetes y a
las recomendaciones de su galeno de no realizar caminatas largas.
82.
Respecto del análisis de procedencia de la acción de tutela, la Sala encuentra
que los requisitos fueron satisfechos, así:
i)
Legitimación en la causa: el señor Ospina Pinzón actúa en nombre propio, toda
vez que sus derechos fundamentales a la igualdad y de petición presuntamente
vulnerados por la Administración, el Consejo de Administración y el Comité de
Convivencia del conjunto residencial El Trébol. El Consejo es el ente encargado
de vigilar el cumplimiento del reglamento de copropiedad y tanto la
Administración como el Comité de Convivencia son los encargados de dirimir los
conflictos que surjan entre los miembros de la comunidad. Por lo anterior, es
posible imputarles la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección
se solicita.
ii) Inmediatez: el actor interpuso la acción de tutela el 9
de agosto de 2017, tras haber recibido contestación el día 29 de junio de 2017,
al derecho de petición elevado el 27 de abril de la misma anualidad ante la
Administración del conjunto residencial El Trébol y mediante el cual le fue
negada la asignación de un parqueadero. Asimismo, se encuentra satisfecho el
requisito de inmediatez frente al derecho de petición, puesto que el amparo fue
impetrado el 9 de agosto de 2017 y el actor presentó el derecho de petición que
no fue respondido el 14 de julio de 2017.
iii) Subsidiariedad: El
señor Ospina Pinzón es un sujeto de especial protección constitucional que se
encuentra en una situación de debilidad manifiesta, ya que es un paciente
crónico renal con diabetes, que no puede realizar caminatas largas debido al
catéter que tiene instalado en su cuerpo, el cual en caso desajustarse puede
ocasionar un daño en su salud que incluso puede llevarlo a perder la vida. Lo
que quiere decir que si al actor no le es posible acceder a su vehículo de
manera urgente, porque el parqueadero asignado se encuentra lejos de su lugar
de residencia, se puede terminar por limitar el acceso a un centro de salud en
caso de una emergencia y comprometer su vida.
En este caso particular, si
bien, en principio, se está frente a una controversia sobre la asignación de un
parqueadero dentro de un conjunto residencial, la cual debería dirimirse a
través de un proceso verbal sumario, lo cierto es que de cara a las condiciones
particulares del accionante, y la negativa de asignar un cupo de parqueadero a
un propietario en condición de discapacidad cerca de su lugar de residencia,
podría dar lugar a la afectación de la vida en condiciones dignas y
eventualmente constituir una forma de discriminación, más aun cuando existe un
parqueadero asignado a otro residente que se encuentra también en situación de
discapacidad. De ahí que ese mecanismo de defensa judicial no resulte ni eficaz
ni idóneo para el caso bajo estudio.
83. De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso el
actor ha interpuesto dos derechos de petición (27 de abril de 2017 y 14 de
julio de 2017) con el fin de solicitarles a la Administración, al Consejo de
Administración y al Comité de Convivencia del conjunto residencial El Trébol
que le sea asignado un espacio fijo en el parqueadero comunal que corresponda a
un lugar para persona en condición de discapacidad física[106].
84. Mediante derecho de petición del 14 de julio de 2017,
el señor Ospina Pinzón aseveró que su requerimiento de fecha 27 de abril de
2017 solo fue resuelto por el Consejo de Administración dos meses después[107] por
medio del cual se le negó la asignación de un “parqueadero para
discapacitados” bajo el argumento que no acreditaba dicha condición, porque
no había aportado los documentos requeridos, sin embargo el actor indicó que “para
no entrar en discrepancias los anexare nuevamente junto con este derecho de
petición”.
Las entidades accionadas dieron respuesta al primer derecho
de petición el 29 de junio de 2017, efectivamente dos meses después de haberlo
elevado.
85. De las
pruebas recibidas en el trámite de revisión constitucional[108], la
Corte pudo verificar que el derecho de petición interpuesto del 14 de julio de
2017 por el accionante, fue contestado y entregado a la dirección del señor
Ospina Pinzón el día 28 de agosto de 2017. Mediante dicha respuesta la
representante legal del conjunto residencial negó nuevamente la solicitud de
asignación de un parqueadero para persona en condición de discapacidad, al respecto
reiteró “la necesidad de recibir por parte suya un documento legal, que nos
certifique al conjunto su grado de discapacidad ya que tenemos en la
copropiedad personas en estado de discapacidad evidente que requieren el
espacio que usted solicita[109]”.
Se concluye que las accionadas respondieron el segundo
derecho de petición el 28 de agosto de 2017, un mes y medio después de su
interposición, es decir por fuera del término establecido por la ley (15 días
hábiles).
86. De
entrada, encuentra esta Corporación que los órganos accionados abusaron de su
posición dominante en cuanto dieron respuesta a los derechos de petición
instaurados por el actor por fuera del término establecido por la ley (15 días)
y cabe recordar que según la Ley 1755 de 2015 “Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados
en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta
resolución completa y de fondo sobre la misma (…) Salvo norma legal especial y
so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los
quince (15) días siguientes a su recepción”. Al no dar una respuesta dentro
del lapso de la ley se vulnera el derecho fundamental de petición de la persona
que lo eleva.
87.
Ahora bien, según lo señalado en el fundamento jurídico 58 y siguientes de esta
providencia, el derecho de petición tiene un carácter fundamental y el mismo
puede ser utilizado para exigir el reconocimiento de otros derechos, por lo que
el llamado a resolverlo debe emitir una respuesta de fondo en la que se valoren
todas las circunstancias fácticas que envuelven la solicitud. En tal medida,
correspondía a las accionadas analizar específicamente las condiciones
personales y de salud del actor, con el fin de resolver de fondo sobre su
derecho a un parqueadero para persona en condición de discapacidad, de cara a
sus necesidades especiales y en procura de alcanzar una vida digna. Así las
cosas, no hubo vulneración del derecho fundamental de petición toda vez que fue
respondido, pero de forma tardía y sin respetar los término establecidos en la
Ley 1755 de 2015.
88. Para la Corte, el actor puede ser considerado como un
sujeto de especial protección constitucional debido a la situación en la que se
encuentra, pues como lo demostró por medio de distintos documentos médicos, es
un paciente crónico renal, que además sufre de diabetes mellitus tipo 2, que ha
sido sometido a distintos procedimientos quirúrgicos y que hoy en día debe convivir
con un catéter en su cuerpo ya que sus riñones presentan una afectación[110] . La
necesidad de tener un parqueadero para persona en condición de discapacidad
cercano a su lugar de residencia, es evitar que acaezca un daño irremediable en
su salud e incluso en su vida, toda vez que en el momento de ocurrirle una
urgencia médica ocasionada por las múltiples patologías que sufre, pueda ser
conducido por su esposa o por algún familiar al vehículo y dirigirse al centro
de salud más cercano.
89. El hecho de que el señor Ospina Pinzón cancele todos
los meses las cuotas correspondientes al parqueadero comunal demuestra que es
un copropietario responsable, que cumple con los deberes establecidos por la
Administración del conjunto residencial y entrar a la rotación que realiza la
misma de manera mensual denominado “cabeza y cola”, lo sitúa en un escenario de
discriminación respecto de las personas que están en una situación de debilidad
manifiesta como él y que les ha sido asignado un parqueadero para persona en
condición de discapacidad.
90. En el plenario se puede evidenciar que cuando al
accionante no le es asignado ningún parqueadero porque no ganó la rotación
mensual denominado cabeza y cola de los espacios para
vehículos, debe buscar uno particular por fuera del conjunto, el cual queda muy
alejado de su residencia, le genera un gasto adicional y esto una vez más lo
pone en una situación de debilidad manifiesta.
91.
Para la Sala, negarle la asignación de un parqueadero a una persona bajo el
argumento que no acreditó su condición de discapacidad cuando si lo demostró[111], resulta
discriminatorio y atenta contra los derechos fundamentales a la igualdad y a
los de persona en condición de discapacidad física. Además re-victimiza al
actor al exigirle el concepto de la junta de médicos que hagan constar tal
discapacidad, puesto que este aportó los distintos procedimientos médicos a los
cuales ha sido sometido, la historia clínica y una incapacidad médica en la que
consta su patología y hasta la EPS Sanitas certificó la condición de discapacidad
permanente del accionante[112].
92. Así las cosas para la Corte es claro que, debido
a la condición de salud que tiene el señor Carlos Hernando Ospina Pinzón y la
alta probabilidad de que se presente una emergencia en cualquier momento, es de
vital importancia que su vehículo esté ubicado dentro del conjunto residencial
y en un parqueadero cerca a su lugar de residencia.
93. Por lo anterior, la Sala confirmará parcialmente
la sentencia de segunda instancia proferida el 29 de
septiembre de 2017 por el Juzgado Civil del Circuito de Funza que modificó el
fallo de 23 de agosto de 2017, emitido por el Juzgado Civil Municipal de
Mosquera, en cuanto amparó el derecho de petición del señor Carlos Hernando
Ospina Pinzón. Adicionalmente revocará parcialmente el fallo de segunda
instancia proferido el 29 de septiembre de 2017 por el Juzgado Civil del
Circuito de Funza, que modificó la sentencia emitida por el Juzgado
Civil Municipal de Mosquera, el 23 de agosto de 2017, en relación con el
derecho a la igualdad del señor Carlos Hernando Ospina Pinzón. En consecuencia,
confirmará el de primera instancia, en tanto amparó el derecho fundamental a la
igualdad. Por lo anterior, se ordenará a la Administración
del conjunto residencial El Trébol, Manzana 6 que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente
providencia, proceda a asignar un parqueadero permanente cerca del lugar de
residencia del señor Carlos Hernando Ospina Pinzón conforme lo indicado en las
consideraciones de la misma.
Expediente T-6.510.452
94. La presente acción de tutela
fue presentada por FCP, padre y representante del menor MACP de 6 años de edad,
quien padece distintas patologías, entre las cuales puede citarse: autismo,
deficiencia del sistema nervioso central, limitación permanente en la
actividad, retraso en el desarrollo motor y cognitivo conductual, restricción
permanente en la participación y trastorno para movilidad en comunidad. El
accionante solicitó al Consejo de Administración de la Agrupación unifamiliar
La Magdalena la asignación de un cupo de parqueadero permanente para su
vehículo con el fin de transportar a su hijo en caso de una emergencia.
95. Respecto del
análisis de procedencia de la acción de tutela, la Sala encuentra que los
requisitos fueron satisfechos, toda vez que:
i) Legitimación en la causa: El señor FCP está habilitado para ejercer el
mecanismo constitucional como representante de su hijo en contra del Consejo de
Administración de la agrupación unifamiliar La Magdalena.
ii) Inmediatez: El Consejo de Administración le informó al actor el 19 de
septiembre de 2016 que el uso del parqueadero comunal para su vehículo lo
tendría hasta el 30 de septiembre del mismo año. Acto seguido, el accionante
citó al representante legal de la agrupación a una conciliación en la
Personería de Bogotá el 2 de noviembre de la misma anualidad, la cual resultó
fallida. Lo anterior demuestra que la situación es continua y actual pues la
acción de tutela fue interpuesta el 18 de mayo de 2017, y, según las pruebas[113],
la salud del menor se ha visto afectada debido a la condición médica que
padece.
iii) Subsidiariedad: El menor MACP es un sujeto de especial protección
constitucional, no solo porque tiene 6 años de edad, sino porque se encuentra
en condición de discapacidad por las patologías citadas. De las pruebas
valoradas se pudo evidenciar que el actor citó a una conciliación ante la
Personería de Bogotá al representante legal de la agrupación La Magdalena pero ésta,
el señor FCP puede acudir a la vía ordinaria y someterse a un proceso verbal
sumario. Sin embargo, para este Tribunal constitucional, dicho medio de defensa
no es el idóneo ni el eficaz para la protección invocada, pues en tal escenario
se adelantaría un juicio de legalidad en orden a determinar si dentro del esquema
de rotación y asignación de parqueaderos le corresponde a la parte accionante acceder
al mismo, de cara una confrontación entre el reglamento de propiedad horizontal
y la solicitud elevada, sin embargo, tal situación no involucraría la especial
condición del menor y tampoco la urgencia de otorgar una protección a su favor,
por lo que exigirle al padre que acuda ante la jurisdicción ordinaria civil
resulta desproporcionado y va en contravía de los presupuestos constitucionales
establecidos a favor de los sujetos de especial protección constitucional, dado
el particular cuidado que requiere el menor de edad, máxime cuando se debe
evitar que se presente un episodio grave como el que tuvo lugar cuando no le
dejaron ingresar el automotor al parqueadero, su hijo convulsionó y tuvo que
desplazarse con el niño en hombros aproximadamente 6 cuadras.
iv) Finalmente, respecto de la
presunta temeridad la Corte comprueba la interposición de varias acciones de
tutela de forma sucesiva, así:
- La tutela uno, la cual
es objeto de la presente revisión, fue interpuesta por el señor FCP actuando
como representante de su hijo MACP menor de edad, contra la agrupación
unifamiliar La Magdalena, la cual fue declarada improcedente por el Juzgado 40
Penal Municipal con Función de Control de Garantías el 1º de junio de 2017 y
confirmada por el Juzgado 3º Penal del Circuito con Función de Conocimiento el
17 de julio de 2017. Los hechos que fundamentaron la acción fueron la negación
de la accionada de otorgarles un parqueadero permanente a los propietarios del
inmueble dentro del conjunto residencial toda vez que su menor hijo se
encuentra en situación de discapacidad y debe trasladarlo al hospital por
diferentes eventualidades médicas.
- La tutela dos fue
presentada por Yader Eduardo Ruiz Muñoz como agente oficioso del menor MACP,
contra la agrupación unifamiliar La Magdalena, la cual fue negada porque el
Juzgado 43 Penal Municipal con Función de Control de Garantías el 24 de agosto
de 2017 determinó que el actor contaba con otros mecanismos de defensa
judicial. Para fundamentar el amparo, el actor indicó que la accionada vulneró
los derechos fundamentales al interés superior e igualdad del menor MACP al
negarle el uso del parqueadero permanente en la agrupación, así como permitirle
el acceso del vehículo desde el interior hacia el exterior sin ningún tipo de
barreras.
- En la tutela tres el
señor Yader Giovanny Ruiz Simbaqueva, en representación del menor MACP,
interpuso acción constitucional en contra de la agrupación unifamiliar La
Magdalena, la cual fue negada por el Juzgado 70 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías mediante providencia del 3 de noviembre de 2017 bajo el
argumento que operó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
96. De lo anteriormente expuesto se evidencia en principio
que se cumplen con los presupuestos de la triple identidad, como son: (i) la
identidad de partes, toda vez que la tutela uno fue interpuesta por
el padre del menor quien actuó como representante de su hijo MACP, contra la
agrupación unifamiliar La Magdalena y en las tutelas dos y tres actuaron
dos abogados distintos uno como agente oficioso y otro en representación del
menor MACP contra la misma agrupación; (ii) la identidad de hechos, ya que en los tres casos se indicó que los propietarios
del inmueble son los padres de un menor de edad que padece múltiples patologías
y que por la condición del niño necesitan de un cupo de parqueadero permanente;
(iii) la identidad de pretensiones, puesto que en las tutelas se reitera
la asignación de un parqueadero permanente.
Lo anterior, podría llevar a declarar la
figura de la temeridad, no obstante, encuentra la Sala que el presente asunto
objeto de revisión, no ha hecho tránsito a cosa juzgada, la cual ha sido definida
como una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a una
decisión plasmada en una sentencia el carácter de inmutable, vinculante y
definitiva[114]. En materia de tutela, este
principio se materializa cuando el juez de instancia resuelve un asunto
concreto y posteriormente la Corte decide sobre su selección o en caso
de estarse surtiendo la revisión, esta no ha culminado[115].
Entonces, en el
caso particular no es posible predicar que tal situación ocurrió, pues la
tutela bajo estudio aún no cuenta con un pronunciamiento definitivo, por lo que
no se trata de un debate zanjado, además no es posible establecer la temeridad
respecto de este asunto en la medida que fue la primera solicitud de amparo
elevada y en consecuencia no configura una actuación desleal y/o
deshonesta del actor.
97. Retomando el caso objeto de
estudio, la Sala se encuentra frente a un asunto en el que el niño MACP es un
sujeto de especial protección constitucional debido a la situación en la que se
encuentra, pues no solo tiene 6 años de edad sino que además sufre de distintas
enfermedades desde que nació, , entre las cuales: autismo, deficiencia
del sistema nervioso central, limitación permanente en la actividad, retraso en
el desarrollo motor y cognitivo conductual, restricción permanente en la
participación y trastorno para movilidad en comunidad.
Dichas patologías le comprometen su salud física y mental, al punto que tiene
episodios de convulsiones, lo que implica que en determinados momentos sea
inminente su trasladado al centro de salud más cercano en aras de preservar su
vida. Esta situación se encuentra debidamente acreditada, como se expuso en el
acápite probatorio respectivo y que ahora se reitera.
- Copia de la certificación
emitida por la médica fisiatra Valentina Velasco Gómez[116] de fecha 19 de
junio de 2015 mediante la cual se establece que el menor MACP “presenta
discapacidad permanente dada por diagnóstico médico de: RETRASO EN EL
NEURODESARROLLO AUTISMO CIE 10: G800. Deficiencia en el sistema nervioso
central, limitación permanente en la actividad por retraso en el desarrollo
motor y cognitivo conductual y restricción permanente en participación por
trastorno para movilidad en comunidad”. (Mayúsculas hacen parte del texto
original).
- Copia de la respuesta de la
Coordinación de Salud Pública de la Alcaldía de Bogotá al radicado No. 3283 del
13 de junio de 2015[117] de fecha 8 de julio de 2015 por
medio de la cual se comunica “que el menor [MACP] (…) según consulta
realizada en el Aplicativo Distrital y Nacional del Registro para la
Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, se encuentra
registrado desde el 23 de junio de 2015”. (Negrillas hacen parte del texto
original).
- Copia de la historia clínica
emitida por el centro médico Carlos Eduardo Rangel SAS[118] de fecha 8 de
febrero de 2016 y firmada por Marcela Rodríguez E, medicina física y
rehabilitación, mediante la cual se diagnostica al menor MACP con trastorno
generalizado del desarrollo no especificado.
- Copia de la historia clínica
emitida por la EPS Compensar[119] de fecha 4 de agosto de 2016 y
firmada por el especialista en medicina física y rehabilitación, Luis Carlos
Rodríguez Hernández mediante la cual se concluye que el menor es “un
paciente con antecedente de retraso global del desarrollo, trastorno del
espectro autista en estudio”[120].
98. De las pruebas allegadas se
comprobó que cuando el accionante es excluido del sorteo mensual, este debe
guardar su vehículo en un parqueadero particular, alejado de su lugar de
residencia y correr el riesgo de que su hijo tenga un episodio médico que lo
obligue a salir de prisa con él “en hombros” para llegar al estacionamiento
ubicado fuera de la urbanización que habita. Lo anterior lo refuerza la
situación de debilidad manifiesta que aqueja a dicho grupo familiar.
Entonces, la necesidad y
urgencia de asignarle un parqueadero al núcleo familiar del menor de edad se
fundamenta en la especial condición de salud que presenta y la latente
necesidad de contar con un medio de transporte que, ante cualquier situación,
permita a sus padres tener fácil y rápido acceso al vehículo familiar, con el
objetivo de trasladarlo de forma inmediata a la entidad de salud respectiva.
99. Esta Sala de Revisión
encuentra que no otorgarle el cupo de un parqueadero permanente al padre de un
menor de edad en condición de discapacidad porque: (i) su discapacidad es
exclusivamente cognitiva; (ii) “en diferentes actuaciones diferentes
despachos se ha negado el amparo”; y (iii) “el menor no es el
propietario ni el conductor del vehículo”[121] resulta
violatorio de los derechos fundamentales a la igualdad, la vida digna y a la
especial protección que se debe otorgar a las persona en condición de
discapacidad, así como un desconocimiento al deber de solidaridad propio del
Estado social de derecho, por lo que no es aceptable este tipo de respuesta,
máxime al tratarse de una agrupación unifamiliar que supuestamente propende por
la convivencia pacífica y por la garantía de los derechos fundamentales de los
copropietarios.
100. Por lo anterior, para esta
Corporación el derecho del menor prima entre cualquier derecho reclamado por
parte de la agrupación, por lo que a causa de su situación de debilidad
manifiesta y por la urgencia de poder acceder al vehículo de su padre de manera
fácil e inminente, es trascendental que dicho vehículo de su núcleo familiar se
encuentre dentro de la agrupación y a una distancia razonable de su residencia.
Además, para este Tribunal es inadmisible que de los 3 parqueaderos destinados
para personas en condición de discapacidad, uno de ellos esté ocupado
permanentemente con una pijama vehicular y no pueda ser asignado a una familia
que realmente lo necesite al haber acreditado condiciones médicas, tal como
sucede en este asunto particular.
101. Por todo lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de segunda instancia proferida el 17 de julio de 2017 por el Juzgado 3º
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, la cual confirmó la
del Juzgado 40 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de la misma
ciudad, que negó el amparo impetrado por el señor FCP en representación de su
hijo MACP, para en su lugar ordenar la protección a los derechos fundamentales
invocados.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero: CONFIRMAR
PARCIALMENTE la sentencia de segunda instancia proferida el 29 de septiembre de 2017 por el
Juzgado Civil del Circuito de Funza, que modificó el fallo de 23 de
agosto de 2017, emitido por el Juzgado Civil Municipal de Mosquera, en cuanto
amparó el derecho de petición del señor Carlos Hernando Ospina Pinzón, en el
marco de la acción de tutela interpuesta por el referido ciudadano contra la
Administración del conjunto residencial El Trébol (Exp. T-6.500.163).
Segundo:
REVOCAR PARCIALMENTE el
fallo de segunda instancia proferido el 29 de
septiembre de 2017 por el Juzgado Civil del Circuito de Funza, que modificó la
sentencia emitida por el Juzgado Civil Municipal de Mosquera, el 23 de
agosto de 2017, en relación con el derecho a la igualdad del señor Carlos
Hernando Ospina Pinzón. En consecuencia, CONFIRMAR el fallo de primera
instancia, en tanto amparó los derechos fundamentales a la igualdad y a la vida
digna.
Tercero: ORDENAR a
la Administración del Conjunto Residencial El Trébol, Manzana 6 que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
la presente providencia, proceda a asignar un parqueadero permanente cerca del
lugar de residencia del señor Carlos Hernando Ospina Pinzón conforme lo
indicado en las consideraciones de la misma.
Cuarto: REVOCAR
la sentencia de segunda instancia emitida el 17 de
julio de 2017 por el Juzgado 3º Penal del Circuito con Función de Conocimiento
de Bogotá, la cual confirmó la dictada por el Juzgado 40 Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de la misma ciudad el 1º de junio de
2017, que negó el amparo impetrado por el señor FCP en
representación de su hijo MACP (Exp. T-6.510.452).
Quinto: AMPARAR los derechos fundamentales del menor de edad MACP a la igualdad,
vida digna y a los de persona en condición de
discapacidad y ordenar al Consejo de Administración de la agrupación
unifamiliar La Magdalena que en el término de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a
convocar una reunión extraordinaria de copropietarios para asignar un
parqueadero al accionante conforme lo indicado en las consideraciones de la
misma.
Sexto: ORDENAR por Secretaría General a todas las instituciones y
entidades que de una u otra manera han intervenido en este proceso, que se
encarguen de salvaguardar la intimidad del padre y del menor, manteniendo la
reserva sobre todos los datos que permitan identificarlos.
Séptimo: ORDENAR
a la Secretaría General de la Corte
Constitucional, ABSTENERSE de
mencionar en el texto público de esta sentencia el nombre del accionante y de
su hijo, con el fin de salvaguardar su intimidad, como también OMITIR el
nombre del accionante y de su hijo y de las demás personas relacionadas con los
hechos del caso en las reproducciones que se hagan del presente texto, salvo en
las destinadas a las partes y a las autoridades vinculadas.
Comuníquese y cúmplase,
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Veintitrés (23) de
agosto de 2017.
[2] Veintinueve (29) de
septiembre de 2017.
[3] Primero (1º) de junio de 2017.
[4] Diecisiete (17) de julio de 2017.
[5] Cuaderno principal,
folios 14, 16 y 17.
[6] Cuaderno principal,
folio 46.
[7] Cuaderno principal, folio 16.
[8] Cuaderno principal,
folio 53.
[9] Cuaderno principal,
folio 54.
[10] Ibídem.
[11] Cuaderno principal, folio 85.
[12] Ibídem.
[13]Cuaderno principal, folio 85.
[14] Cuaderno principal, folio 86.
[15] Cuaderno principal, folio 88.
[16] Cuaderno principal, folio 133.
[17] Cuaderno principal, folio 130.
[18] Cuaderno principal, folio 133.
[19] Con un total de 156 folios.
[20] Cuaderno principal, folio 18.
[21] Cuaderno principal, folio 20.
[22] Cuaderno principal, folio 19.
[23] Cuaderno principal, folio 17.
[24] Cuaderno
principal, folios 10 y 11.
[25] Cuaderno principal, folio 15.
[26] Cuaderno principal, folio 15.
[27] Cuaderno principal, folio 14.
[28] Cuaderno principal, folio 12.
[29] Cuaderno principal, folio 16.
[30] Cuaderno principal, folios 21 y 22.
[31] Cuaderno principal, folios 23.
[32] Cuaderno principal, folios 149 a 155.
[33] Cuaderno principal, folios 142 a 148.
[34] Auto de 8 de febrero de 2018.
[35] Cuaderno de
revisión, folios 33 a 46.
[36] Plano de la copropiedad donde se
evidencia el área del conjunto residencial.
[37] Cuaderno de
revisión, folio 34.
[38] Cuaderno de
revisión, folios 98 a 102.
[39] Cuaderno de
revisión, folios 25 a 28.
[40] Cuaderno de
revisión, folios 191 a 197.
[41] Cuaderno principal, folio 35.
[42] Cuaderno principal, folio 37.
[43] Cuaderno principal, folio 42.
[44] Ibídem.
[45] Cuaderno de
instancia, folio 5.
[46] Con un total de 62 folios.
[47] Cuaderno principal, folio10.
[48] Cuaderno
principal, folio 11.
[49] Cuaderno principal, folio 18.
[50] Cuaderno principal, folio 19.
[51] Cuaderno principal, folios 12 y 13.
[52] Cuaderno principal, folio 14.
[53] Cuaderno principal, folios 16 y 17.
[54] Cuaderno principal, folio 22.
[55] Cuaderno principal, folios 25 y 26.
[56] Cuaderno de revisión, folios 22 a 25.
[57] No especifica de qué juzgado es el
expediente.
[58] Cuaderno de revisión, folios 27 a 29.
[59] Cuaderno de revisión folios 31 a 39.
[60] Mediante auto de 22 de marzo de 2018.
[61] Cuaderno de revisión, folios 87 a
109.
[62] Cuaderno de revisión, folios 150 a 154.
El juez negó el amparo solicitado porque operó el fenómeno de la cosa juzgada.
[63] Cuaderno de
revisión, folios 135 a 141. El juez declaró improcedente la acción de tutela
porque un mes antes en una actuación anterior el padre del menor, actuando como
su representante instauró acción de tutela contra la Agrupación unifamiliar La
Magdalena y tanto el juez de primera instancia (juez cuarenta penal municipal
con función de control de garantías) como el de segunda instancia (juez tercero
penal del circuito con función de conocimiento) negaron el amparo solicitado y
se advirtió al actor como a los padres del menor que en próximas oportunidades
se abstuvieran de incurrir en actuaciones que pudieran resultar temerarias so
pena de incurrir en las sanciones legales pertinentes.
[64] Cuaderno de revisión, folios 143 a
149. El juez negó la tutela porque el actor contaba con otros mecanismos de
defensa judicial.
[65] “La acción
de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el defensor del pueblo y los
personeros municipales.”
“Artículo
390 del Código General del Proceso: Se tramitarán por el procedimiento verbal
sumario los asuntos contenciosos de mínima cuantía, y los siguientes asuntos en
consideración a su naturaleza: 1. Controversias sobre propiedad horizontal de
que tratan los artículos 18 y 58 de la Ley 675 de 2001”.
[66] Ver sentencias
T-858 de 2002, T-313 de 2005, T-774 de 2010, T- 826 de 2012, T-268
de 2013, T-179 de 2015, T-244 de 2015, T-597 de 2015, T-690
de 2015 y T-691 de 2015, entre otras.
[67] “Representantes
de Incapaces: “1o. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 772 de 1975.
El nuevo texto es el siguiente: Por los padres, quienes ejercerán
conjuntamente la patria potestad sobre sus hijos menores de 21 años. Si falta
uno de los padres la representación legal será ejercida por el otro”
[68] Sentencia T-219 de 2012.
[69] Sentencia T-743 de 2008.
[70] La
Sala Plena de la Corte Constitucional ha inferido tres reglas para el análisis
de la inmediatez: “En primer término, la
inmediatez es un principio orientado a la protección de la seguridad jurídica y
los intereses de terceros, y no una regla o término de caducidad, posibilidad
opuesta a la literalidad del artículo 86 de la Constitución. En segundo lugar,
la satisfacción del requisito debe analizarse bajo el concepto de plazo
razonable y en atención a las circunstancias de cada caso concreto. Finalmente,
esa razonabilidad se relaciona con la finalidad de la acción, que supone a su
vez la protección urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental”.
Sentencia SU-189 de 2012, reiterada
en la sentencia T-246-15.
[71] Sentencia T-1316 de 2001.
[72] Sentencia T-662
de 2013. No puede olvidarse
que las reglas que para la sociedad son razonables, para sujetos de especial
protección “pueden tener repercusiones de mayor trascendencia que
justifican un “tratamiento diferencial positivo”, y que amplía a su
vez el ámbito de los derechos fundamentales susceptibles de protección por vía
de tutela. Así, en el caso de los niños, la recreación o la alimentación
balanceada, por ejemplo, cobran una particular importancia que generalmente no
es la misma para el caso de los adultos (C.P. artículo 44).  De igual
forma, la protección a la maternidad en sus primeros meses adquiere una gran
relevancia, que justifica un tratamiento preferencial en favor de la mujer
(C.P. artículo 43)”.
[73] Artículo 58 de la
Ley 675 de 2001.
[74] Artículo 38. Actuación temeraria. “Cuando sin motivo expresamente justificado la
misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante
ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente
todas la solicitudes (…)”.
[75] Sentencias
T-883 de 2001; T-662 de 2002; T-1303 de 2005; SU-713 de 2006; T-634 de 2008; T-507 y T-926 de 2010; T-053 de 2012;
T-304 de 2014; T-008, SU-055, T-057, T-069, T-096 y T-537 de 2015, entre otras.
[76] Sentencia
T-149 de 1995
[77] Sentencia
T-308 de 1995.
[78] Sentencia
T-443 de 1995.
[79] Sentencia
T-001 de 1997.
[80] Sentencia T-185 de
2013.
[81] Sentencia
T-009 de 2000.
[82] Sentencia
T-1034 de 2005.
[83] Sentencia C-774 de 2001.
[84] “[L]a demanda
debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se
predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un
derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una
relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente”.
[85] “[L]a demanda y
la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos
o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta
nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos,
caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa
juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa”.
[86] “[A]l proceso
deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y
obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada
exige que se presente la identidad de partes, no reclama la identidad física
sino la identidad jurídica”.
[87] Sentencia T-649 de 2011.
[88] Suscrita
en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 7 de junio de 1999.
[89] Adoptada por la Asamblea General
de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
[90] Cuyo objetivo
es “garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las
personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción
afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación
por razón de discapacidad”.
[91] “Artículo
10. En la definición y ejecución de sus políticas y acciones,
la Unión tratará de luchar contra toda discriminación por
razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual”.
[92] “Artículo 19. 1. Sin perjuicio de
las demás disposiciones de los Tratados y dentro de los límites de
las com­ petencias atribuidas a la Unión por los mismos, el Consejo, por
unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa
aprobación del Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas
para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen
racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual”.
[93] Artículo 74 de la Constitución.
[94] T-430 de 2017.
[95] “Artículo 14. Términos para resolver las distintas
modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción
disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15)
días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la
resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de
documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario,
se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha
sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la
entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se
entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones
mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.
Parágrafo. Cuando excepcionalmente
no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la
autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento
del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando
a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto”.
[96] “CAPÍTULO III. Derecho de petición ante organizaciones e
instituciones privadas. Artículo 32. Derecho de
petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para
garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin
personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones,
asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones
financieras o clubes. Salvo norma legal especial, el trámite y resolución de
estas peticiones estarán sometidos a los principios y reglas establecidos
en el Capítulo I de este título. Las organizaciones privadas solo podrán
invocar la reserva de la información solicitada en los casos expresamente
establecidos en la Constitución Política y la ley. Las peticiones ante las
empresas o personas que administran archivos y bases de datos de carácter
financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de terceros
países se regirán por lo dispuesto en la Ley Estatutaria del Hábeas Data.
PARÁGRAFO 1o. Este
derecho también podrá ejercerse ante personas naturales cuando frente a ellas
el solicitante se encuentre en situaciones de indefensión, subordinación o la
persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente
al peticionario.
PARÁGRAFO 2o. Los
personeros municipales y distritales y la Defensoría del Pueblo prestarán
asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para garantizarle
el ejercicio del derecho constitucional de petición que hubiere ejercido o
desee ejercer ante organizaciones o instituciones privadas.
PARÁGRAFO
3o. Ninguna entidad privada podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes
y peticiones respetuosas, so pena de incurrir en sanciones y/o multas por parte
de las autoridades competentes.
Artículo 33. Derecho de petición
de los usuarios ante instituciones privadas. Sin perjuicio de lo dispuesto en
leyes especiales, a las Cajas de Compensación Familiar, a las Instituciones del
Sistema de Seguridad Social Integral, a las entidades que conforman el sistema
financiero y bursátil y a aquellas empresas que prestan servicios públicos y
servicios públicos domiciliarios, que se rijan por el derecho privado, se les
aplicarán en sus relaciones con los usuarios, en lo pertinente, las
disposiciones sobre derecho de petición previstas en los dos capítulos
anteriores”.
[97] Artículo 33 de la Ley 1755 de 2015.
[98] Artículo 32 de la Ley 1755 de 2015.
[99] Ibídem.
[100] “Colombia es un
Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia
del interés general”.
[101] “Artículo 2. Son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial
y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares”.
[102] Sentencia T-225 de 2005.
[103] Sentencia T-413 de 2013.
[104] Artículos 2 y 95 de
la Constitución Política.
[105] Sentencia T-658 de 2013.
[106] Cuaderno de revisión, folios 98 a
102.
[107] Cuaderno de instancia, folio 12.
[108] Respuesta
al derecho de petición por la representante legal del conjunto residencial El
Trébol, Manzana 6 y certificado de entrega del derecho de petición de la
empresa de correos Interrapidisimo S.A. al señor Carlos Ospina el 28 de
agosto de 2017.
[109] Cuaderno de revisión, folio 38.
[110] Cuaderno de revisión, folios 98 y 99.
[111] El accionante aportó la historia
clínica, incapacidades generadas por los médicos tratantes, certificación de la
EPS que da cuenta de su situación de discapacidad.
[112] Cuaderno de revisión, folios 142 a
144.
[113] Cuaderno de revisión, folios 31 a 39.
[114] Sentencia T-280 de 2017.
[115] Si la Corte selecciona el trámite
para revisión, la cosa juzgada constitucional se produce con la ejecutoria del
fallo de la Corte. Por el contrario, cuando la acción no es seleccionada este
fenómeno opera a partir de la ejecutoria del auto que niega la selección. Así
se estableció en la sentencia SU-219 de 2001, citada en la sentencia T-001 de
2016.
[116] Cuaderno principal, folio 18.
[117] Cuaderno principal, folio 19.
[118] Cuaderno principal, folios 12 y 13.
[119] Cuaderno principal, folio 14.
[120] Cuaderno principal, folios 16 y 17.
[121] Cuaderno de revisión, folio 44.