T-714-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-714/13
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO MATERIAL O
SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
Frente a la configuración del defecto sustantivo se
reitera que, si
bien es cierto, los jueces dentro de la esfera de sus competencias, cuentan con
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas
jurídicas, dicha facultad no es ningún caso absoluta. Por tratarse de una
atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la
misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente,
por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual
Estado Social de Derecho.  El defecto sustantivo también se presenta
cuando se interpreta una norma en forma incompatible con las circunstancias
fácticas, y por tanto, la exégesis dada por el juez resulta a todas luces
improcedente.
DEFECTO SUSTANTIVO POR INDEBIDA O
EQUIVOCADA INTERPRETACION DE LA LEY-Caracterización
La jurisprudencia constitucional
ha sido enfática en indicar que no cualquier interpretación tiene la
virtualidad de constituir una vía de hecho, sino que ésta debe ser abiertamente
arbitraria. En consecuencia, ha dicho la Corte que el juez de tutela, en
principio, no está llamado a definir la forma correcta de interpretación del
derecho; sin embargo, en aquellos eventos en los que la interpretación dada por
el juez ordinario carezca de razonabilidad y cuando se cumplen los requisitos
anteriormente mencionados, se hace procedente la intervención del juez
constitucional. Se colige entonces, que pese a la autonomía de los jueces para
elegir las normas jurídicas pertinentes al caso en concreto, para determinar su
forma de aplicación, y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, no les es dable en esta labor, apartarse de las
disposiciones consagradas en la Constitución o la ley, pues de hacerlo, se
constituye en una causal de procedencia de la acción de tutela contra la
decisión adoptada.
DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
PRECEDENTE JUDICIAL Y ANTECEDENTE
JUDICIAL-Diferencias
El antecedente se refiere a una
decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es
que contiene algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de
preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de
estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no
significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de
fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para apartarse,
en virtud de los principios de transparencia e igualdad. Por su parte, el precedente,
por regla general, es aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan
similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones
fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha
fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para
solucionar el nuevo caso.
PRECEDENTE HORIZONTAL Y VERTICAL-Diferencias
Esta Corporación ha diferenciado
entre dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical, de conformidad
con quién es el que profiere la providencia previa. El primero hace referencia
a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo
operador judicial, y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por
las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la
respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de
asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es
determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como
órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos en los que
no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los
tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los
operadores judiciales inferiores.
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL-Es orientador y
obligatorio
PROCESO ARBITRAL-Aspectos
constitucionales/ARBITRAMENTO-Fundamentos constitucionales
El artículo 116 de la
Constitución Política junto con la Ley 446 de 1998, desarrollan la figura del
arbitramento, entendido como un mecanismo alternativo de solución de
controversias mediante el cual las partes involucradas resuelven voluntaria y
libremente sustraer de la justicia estatal la solución de un conflicto, a fin
de que un tercero particular, revestido temporalmente de función
jurisdiccional, adopte una decisión de carácter definitivo y vinculante para
las partes. Los árbitros se pronuncian sobre los hechos que dieron lugar a la
controversia, resuelven las pretensiones de las partes, practican y valoran las
pruebas, resuelven el litigio con fundamento en los mandatos constitucionales y
legales o atendiendo a los principios de equidad, y sus decisiones hacen
tránsito a cosa juzgada. Por estas razones, la jurisprudencia constitucional ha
considerado que la decisión arbitral es eminentemente jurisdiccional y equivale
a una providencia judicial. La Corte Constitucional ha considerado que el
arbitramento es un mecanismo idóneo no únicamente para descongestionar los
despachos judiciales, sino también para lograr que las partes en forma pacífica
pongan fin a sus controversias.
PACTO ARBITRAL-Concepto/CLAUSULA
COMPROMISORIA-Definición
El pacto arbitral es una
institución jurídica, que surge de la cláusula compromisoria y/o el compromiso,
en la cual las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un
Tribunal Arbitral, renunciando a hacer valer sus pretensiones ante los jueces.
En este orden, la cláusula compromisoria hace referencia al pacto contenido en
un contrato o en un documento anexo a él, en virtud del cual los contratantes
acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan surgir con ocasión del
mismo, a la decisión de un tribunal arbitral. A su vez, el compromiso es un
negocio jurídico por medio del cual las partes involucradas en un conflicto
presente y determinado, convienen resolverlo a través de un tribunal arbitral.
Así entonces, el pacto arbitral es un negocio jurídico en el que las partes
acuerdan someter sus controversias actuales o futuras al conocimiento y decisión
de árbitros, es decir, de particulares que transitoriamente administran
justicia.  Con base en el arbitramento, ya sea que se acuerde en cláusula
compromisoria o en compromiso, se genera un proceso declarativo en el que hay
lugar a conformación del contradictorio, a una etapa probatoria, a una etapa de
alegación y, finalmente, a la emisión del laudo arbitral.  El laudo tiene valor
de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo ante los jueces ordinarios.
RECURSO
DE ANULACION-Naturaleza
El ordenamiento jurídico consagra
varios recursos extraordinarios que proceden contra el laudo arbitral, de los
que conoce la justicia ordinaria o contencioso administrativa según sea el
caso. De esta manera, en materia laboral existe el recurso de homologación que
se surte ante la sala laboral de los Tribunales Superiores o ante la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según se trate de
convocatorias voluntarias u obligatorias de tribunales de arbitramento. Por su
parte, en materia civil, comercial y contencioso administrativa procede el
recurso de anulación que se surte ante los Tribunales Superiores o ante el
Consejo de Estado si se trata de contratos estatales. Y, finalmente, contra la
sentencia que decide el recurso de anulación procede el recurso de revisión, el
cual dependiendo de la autoridad judicial que profiera la decisión de anulación
contempla causales especiales contempladas en el artículo 380 del Código de
Procedimiento Civil o en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.
RECURSO DE ANULACION CONTRA LAUDO
ARBITRAL-Causales
Las causales de anulación están
expresa y taxativamente señaladas en el artículo 163 del Decreto 1818 de 1998,
y comportan un carácter restrictivo, es decir, solo podrá solicitarse la
anulación por las taxativas causales señaladas, y las mismas solo deberán girar
en torno a la verificación de los errores procedimentales cometidos en el
proceso arbitral. Esa limitación de las facultades del juez que conoce del
recurso de anulación es una clara manifestación del carácter dispositivo del
proceso arbitral y constituye una garantía para las partes pues aquél no podrá
pronunciarse sobre materias que éstas han acordado someter a la decisión de
árbitros. De igual manera, esa limitación de las facultades del juez ordinario
reafirma la autonomía, independencia y sujeción a la ley de los particulares
constituidos en tribunal de arbitramento.
RECURSO DE ANULACION CONTRA LAUDO
ARBITRAL-Características
El recurso de anulación comporta
las siguientes características: (i) Es un recurso extraordinario; (ii) Solo
procede por las causales señaladas taxativamente por la ley; (iii) No se puede
revisar al aspecto sustancial o de fondo del litigio porque no es una segunda
instancia sino que se decide en única instancia; (iv) Solo procede por errores in
procedendo y no por errores in iudicando; (v) En la anulación no puede haber
debate probatorio sobre la aplicación o interpretación de la ley, y, (vi) Está
sujeto a formalidades o requisitos establecidos en la ley.
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA-Concepto/PRINCIPIO
DE CONGRUENCIA-Inobservancia conlleva a vulneración del derecho al debido
proceso
El principio de congruencia es
uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido proceso
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, “en la medida que
impide determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por
no responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó” En
este orden, se erige con tal importancia el principio de congruencia que su
desconocimiento es constitutivo de las antes denominadas vías de hecho, hoy
causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN PROCESO
ARBITRAL-Inobservancia
conlleva a vulneración del derecho al debido proceso
El principio de congruencia forma
parte fundamental del derecho al debido proceso y debe, en este orden, ser
acatado por todos los Jueces de la República, independientemente de la
jurisdicción a la que pertenezcan, vale la pena precisar que de igual forma
rige las actuaciones adelantadas por los tribunales de arbitramento, por
cuanto, tal como se expuso en capítulos precedentes de esta providencia, el
artículo 116 Constitucional faculta a los árbitros, transitoriamente, para que
ejerzan la función pública de administrar justicia en los términos que
determine la ley. De igual forma, el artículo 121 Superior establece que
ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que
atribuyen la Constitución y las leyes. Es así como debe tenerse en cuenta que
aun cuando el procedimiento arbitral se caracteriza por ser más flexible en
relación con los procedimientos de la vía judicial ordinaria, en tanto los
fines impuestos por la Constitución Política se encuentran dirigidos a
colaborar con la rama judicial, no solamente para descongestionar la
administración de justicia, sino para rendirla pronta y eficazmente, los
árbitros deben respetar tanto las disposiciones legislativas que regulan su
ejercicio, como todas aquellas que tengan que ver con el orden público y con
los derechos fundamentales de las personas.
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA-Desconocimiento,
según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
por defecto sustantivo de Tribunal, al dar una aplicación errónea de la causal
de anulación en laudo arbitral, vulnerando debido proceso
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
por desconocimiento de precedente vertical fijado por la Corte Suprema, al dar
una aplicación errónea de la causal de anulación en laudo arbitral, vulnerando
debido proceso
Es claro que la Corte Suprema de
Justicia ha sostenido que los jueces que conocen del recurso de anulación no
pueden revisar el fondo del asunto decidido por los árbitros y que el
arbitramento no puede considerarse como una decisión de primera instancia que
pueda ser modificado por la justicia ordinaria. Entonces, teniendo claras las
circunstancias de las sentencias alegadas como precedentes, la Sala concluye
que en efecto, y tal como se demostró en el análisis del defecto sustantivo por
indebida aplicación de la norma, el Tribunal desconoció los parámetros
establecidos por la jurisprudencia para la procedencia y decisión del recurso
de anulación, y sin justificación valida, entró a realizar un estudio de la
materia ya decidida por el tribunal de arbitramento. En hilo de lo dicho,
insiste la Sala en que todo desconocimiento del precedente por parte de un
funcionario judicial, sin explicar las razones por las cuales se aparta,
incurre en un defecto sustantivo causal de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
Referencia: expediente
T- 3.870.954
Acción de Tutela instaurada por la Sociedad  BRM S.A. en contra de la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá.
Derechos invocados:
derecho fundamental al debido proceso.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C.,
diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013)
La Sala
Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub  -quien la
preside-, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, y específicamente de las
previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de la Sentencia proferida el veinte (20) de febrero de dos mil trece
(2013), por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual confirmó el fallo del trece (13) de diciembre de dos mil
doce (2012) de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto tuteló el derecho fundamental al debido proceso de la Sociedad BRM S.A.
1.
ANTECEDENTES
De acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Seis de la Corte Constitucional, mediante Auto del veintiocho (28) de junio de dos mil
trece (2013), escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la
referencia.
En consecuencia,
y de conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de
Revisión procede a dictar la Sentencia correspondiente.
1.1.
SOLICITUD
La Sociedad BRM S.A., a través
de apoderado judicial, presenta acción de tutela el 29 de febrero de 2013, solicitando
al juez constitucional proteger su derecho fundamental al debido proceso,
presuntamente vulnerado por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil de
Descongestión, al proferir sentencia de anulación del laudo arbitral que
había dirimido las controversias surgidas con ocasión de un contrato  celebrado con la Sociedad Young & Rubicam Brands Ltda.
Explica que la
autoridad judicial demandada declaró fundado parcialmente el recurso
de anulación interpuesto contra el laudo arbitral, arguyendo para ello la falta
de congruencia entre lo demandado y lo decidido, toda vez que las pretensiones
inicialmente planteadas se encontraban dirigidas a declarar el incumplimiento
del contrato denominado “Acuerdo de afiliación y licencia de marca”, y,
el tribunal de arbitramento determinó la existencia de un contrato de agencia
comercial.
Sostiene la accionante que en el
recurso de anulación cuestionado no se tuvo en cuenta que en la demanda de
sustitución se pretendió principalmente la declaratoria de que entre las partes
se había celebrado un contrato de agencia mercantil, pretensión sobre la cual
se pronunció  la parte convocada y frente a lo cual se basó el fallo del
tribunal de arbitramento.
De
esta manera, sustenta su solicitud en los siguientes hechos y argumentos
de derecho:
1.1.1.  Hechos y
argumentos de derecho
1.1.1.1.
Relata
la sociedad accionante que el 31 de diciembre de 2004, suscribió un contrato
denominado “Acuerdo de afiliación y licencia de marca” con la Sociedad Young & Rubicam Brands Ltda., el cual fue posteriormente modificado mediante un
otrosí del 28 de julio de 2005, siendo pactada cláusula compromisoria para la
resolución de los conflictos suscitados con ocasión del mismo.
1.1.1.2.
El
objeto principal del mencionado contrato consistía en que la Sociedad BRM S.A. prestaba bajo la marca “Wunderman” los servicios de Costumer Relationship
Management a todos los clientes que la Sociedad Young & Rubicam Brands Ltda. le refería o remitía.
1.1.1.3.
Dentro
del contrato se pactó que la Sociedad BRM S.A. tendría el uso exclusivo de la
marca “Wunderman” dentro de todo el territorio colombiano, obligándose
en consecuencia la Sociedad Young & Rubicam Brands a no prestar
directamente o por intermedio de otra persona diferente a BRM S.A. los
servicios de Costumer Relationship Management (CRM), o cualquiera de los otros
servicios previstos en el otrosí del 28 de julio de 2005.
1.1.1.4.
En
este orden, consideró la sociedad accionante que el contrato descrito fue
incumplido por la Sociedad Young & Rubicam Brands Ltda., al prestar
directamente o por interpuesta persona diferente a ella, los servicios de CRM y
los demás previstos en el otrosí, aunado al hecho de que tampoco referenció o
remitió clientes a la sociedad aun cuando la clientela así lo solicitó.
1.1.1.5.
Advierte
que el anterior incumplimiento le ha causado perjuicios que ascienden a la suma
de $2.000.000.000., que corresponden a la utilidad que la sociedad BRM S.A.
hubiera percibido al prestar los servicios de CRM en los términos del contrato
celebrado.
1.1.1.6.
Por
lo anterior, convocó a tribunal de arbitramento, el cual fue integrado por un
árbitro designado por la Cámara de Comercio de Bogotá, según lo convenido.
1.1.1.7.
De
esta manera, el día 13 de agosto de 2010, presentó demanda primigenia ante el
tribunal de arbitramento, solicitando, entre otros: PRIMERO: “DECLARAR
que la sociedad convocada YOUNG & RUBICAMBRANDS LTDA., incumplió el
contrato denominado “ACUERDO DE AFILIACIÓN Y LICENCIA DE MARCA” que
celebró el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil cuatro (2004), con
la sociedad convocante BRM S.A., y adicionado con el “otrosí”, suscrito el 28
de julio de 2005.”  Ordenar que la sociedad convocada Young & Rubicam Brands
Ltda., cumpla estrictamente con el contrato inmediatamente citado”. SEGUNDO:
“ORDENAR  que la sociedad convocada YOUNG & RUBICAM BRANDS LTDA
cumpla estrictamente el contrato denominado “ACUERDO DE AFILIACIÓN Y LICENCIA
DE MARCA” que celebró el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil cuatro
(2004), con la sociedad convocante BRM S.A., y adicionado con el “otrosí”,
suscrito el 28 de julio de 2005”. (Negrilla y subrayado fuera de texto
original).
1.1.1.8.
Posteriormente,
encontrándose dentro de la oportunidad para hacerlo, el día 13 de septiembre de
2010, sustituyó integralmente la demanda, pretendiendo en consecuencia: PRIMERO:
“DECLARAR que el contrato que celebró la sociedad convocada YOUNG
&RUBICAM BRANDS LTDA., con la sociedad convocante BRM S.A., el treinta y
uno(31) de diciembre del año dos mil cuatro(2004), adicionado con el “otro sí”
suscrito el 28 de julio de 2005, es un contrato de agencia comercial
aunque las partes lo hayan denominado “ACUERDO DE AFILIACIÓN Y LICENCIA DE
MARCA”.SEGUNDO“DECLARAR que la sociedad convocada YOUNG
& RUBICAM BRANDS LTDA. incumplió el contrato de agencia comercial que
celebró con la sociedad convocante BRM S.A. el treinta y uno (31) de diciembre
del año dos mil cuatro (2004), adicionado con el “otro sí” suscrito el 28 de
julio de 2005, al darlo por terminado de manera unilateral y sin justa
causa.(…)”. Por lo que, en esta oportunidad, sus demás pretensiones
estuvieron encaminadas a declarar la existencia del contrato de agencia
comercial y las respectivas condenas derivadas de su incumplimiento. (Negrilla
y subrayado fuera de texto original).
1.1.1.9.
La
demanda fue admitida mediante Auto del 17 de septiembre de 2010, mediante el
cual se ordenó correr traslado a la parte convocada en los términos de los
artículos 428 y concordantes del Código de Procedimiento Civil.
1.1.1.10.
El
3 de octubre de 2011 fue proferido laudo arbitral, en el que se despachó
favorablemente la pretensión formulada respecto a la declaración de la
existencia de un contrato de agencia comercial.
1.1.1.11.
Contra
el fallo arbitral, la Sociedad Young & Rubicam Brands Ltda. presentó
recurso de anulación ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, quien
mediante Sentencia del 20 de abril de 2012, anuló el laudo arbitral referido.
1.1.1.12.
Indica
la accionante que la causal de anulación que el Tribunal accionado encontró
probada, fue la contenida en el numeral 8° del artículo 163 del Decreto 1818 de
1998, esto es, “Haberse recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la
decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido.”
1.1.1.13.
Dentro
de los argumentos expuestos por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, se encuentra que “luce descaminada la conclusión del árbitro que declaró
la agencia comercial, siendo que los fundamentos fácticos esgrimidos en la
demanda sustituta, apuntaban en esencia a sustentar la primera acción incoada
por la misma actora, en aquella oportunidad para procurar la declaratoria de
incumplimiento del contrato de “acuerdo de afiliación y licencia de marca”,
transportándose todos ellos a la segunda demanda sustitutiva, a la que sólo
agregaron algunos otros, de naturaleza meramente enunciativa.”
Agregó, que para comprobar la real
existencia de un contrato de agencia comercial “se requería de una
sustentación fáctica acorde con la especie del convenio que se intentaba
perfilar en el libelo sustituto, aspecto que descuidó el accionante, faltando
incluso a la técnica que la ley exige para la interposición de toda demanda, y
que el árbitro soslayó al admitirla a trámite, sin detenerse a subsanar ese
defecto que no solo tornaba la acción improcedente, sino que además,
viabilizaba una futura incongruencia, como la que aquí se ha puesto de
relieve.”
1.1.1.14.
De
esta manera, concluyó el despacho judicial accionado, fundado parcialmente el
recurso de anulación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal
de Arbitramento de fecha 3 de octubre de 2011.
1.1.1.15.
Considera
la sociedad peticionaria que la decisión proferida por el Tribunal Superior de
Bogotá comporta un error ostensible, injustificable e inexcusable, trasgresor
de su derecho fundamental al debido proceso.
1.1.1.16.
Sostiene
que de la simple lectura de la primera pretensión contenida en la demanda que
sustituyó el primer libelo presentado y de la primera excepción propuesta por
la sociedad convocada, se colige que el litigio arbitral versaba sobre la
existencia o no de un contrato de agencia comercial, por lo que el tribunal de
arbitramento debía decidir sobre lo expuesto.
1.1.1.17.
Al
respecto, explica que la primera pretensión de la demanda arbitral consistía en
“Declarar que el contrato que celebró la sociedad convocada Young & Rubicam
Brands Ltda., con la sociedad convocante BRM S.A., el 31 de diciembre de 2004,
adicionado con el “otro sí” suscrito el 28 de julio de 2005, es un contrato de
agencia comercial aunque las partes lo hayan denominado acuerdo de afiliación y
licencia de marca”. Encontrándose las siguientes pretensiones encaminadas a
la declaratoria de incumplimiento del respectivo contrato de agencia comercial
y a las indemnizaciones y condenas derivadas de la eventual prosperidad de esta
pretensión.
1.1.1.18.
Del
mismo modo, advierte que en la primera excepción propuesta en la demanda de
contestación realizada por la Sociedad Young & Rubicam Brands Ltda., se
señaló que “la intención de las partes al suscribir el contrato de
afiliación el 31 de diciembre de 2004 no consistía en celebrar un contrato de
agencia mercantil”. Igualmente, en la segunda excepción propuesta, se
indicó que “las partes no ejecutaron un contrato de agencia mercantil”.
1.1.1.19.
Afirma
que, en este orden, mal podría endilgársele al laudo arbitral anulado haber
fallado incongruente con lo demandado o ultra petita, al declarar que
entre las partes existió un contrato de agencia comercial.
1.1.1.20.
Alega
que el Tribunal Superior de Bogotá, en el citado recurso de anulación,
desconoció la legislación aplicable en materia arbitral así como la reiterada
jurisprudencia de las Altas Cortes en ese sentido. Al respecto, explica que los
recursos de anulación contra laudos arbitrales se circunscriben a unas
específicas causales que deben interpretarse de forma restrictiva, puesto que
dicho no recurso no está instituido como una segunda instancia en la que se
discuta el fondo de la decisión arbitral, sino que se encuentra destinado a
verificar la eventual ocurrencia de las taxativas causales señalas por la ley.
1.1.1.21.
Cuestiona
que la sentencia atacada no tuvo en cuenta la norma jurídica que permite que la
demanda sea corregida, adicionada o sustituida en determinada etapa procesal,
por lo cual el Tribunal Superior de Bogotá  no podía basarse en el hecho de que
la solicitud de declaratoria de existencia de un contrato de agencia comercial,
no hubiese sido puesta de presente desde el primer libelo de demanda.
1.1.1.22.
Adicionalmente,
destaca que la sociedad convocada, dentro del término de contestación, se
pronunció sobre la existencia del contrato de agencia mercantil, lo cual indica
que pudo exponer sus argumentos de defensa en relación con el objeto de
decisión  por parte del tribunal de arbitramento.
1.1.1.23.
Asevera
que el despacho judicial demandado se centró únicamente en censurar el orden en
el que se habían expuesto los hechos y la falta de explicación detallada de
cada uno de los elementos esenciales del contrato de agencia comercial, sin
tener en cuenta la correspondencia existente entre las pretensiones, las
excepciones y la decisión adoptada por el árbitro.
1.1.1.24.
Resalta
que analizado el laudo arbitral objeto del recurso de anulación, se observa que
desde la página 40 hasta la 78, el árbitro se detiene a discernir
concienzudamente sobre la naturaleza y los elementos del contrato de agencia
comercial, cotejando los elementos probatorios aportados así como los
recaudados en el proceso arbitral, lo que permitió concluir que realmente el
contrato celebrado entre las partes tenía una naturaleza jurídica diversa a la
inicialmente dada.
1.1.1.25.
Manifiesta
que contrario sensu si el árbitro no se hubiera detenido a estudiar la
naturaleza jurídica del contrato, sí se habría presentado un problema de
congruencia, puesto que no se habría pronunciado sobre las pretensiones y
excepciones propuestas en el proceso arbitral.
1.1.1.26.
Aduce
que el actuar de la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá
vulnera su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, en la
medida en que previamente había acordado acudir a la figura del arbitramento
para la resolución de los eventuales conflictos suscitados con ocasión del
contrato celebrado con la Sociedad Young & Rubicam Brands Ltda. y, el
Despacho accionado, contrariando lo establecido en la ley y en la
jurisprudencia, asumió lo decidido por el tribunal de arbitramento como si
fuese una decisión de primera instancia.
1.1.1.27.
De
conformidad con lo reseñado, asegura que la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá desconoció su derecho fundamental
al debido proceso, por incurrir en(i)un defecto sustantivo, al entender
erradamente la causal de anulación del laudo acusado, refiriéndose al análisis
del fondo del asunto resuelto por el tribunal de arbitramento y no verificando
si el árbitro se había o no extralimitado en sus funciones, y (ii) en un
desconocimiento del precedente, al desconocer la reiterada jurisprudencia
que ha sostenido que el recurso de anulación de laudos arbitrales es
notablemente restringido tanto en las causales contempladas para su procedencia
como en su interpretación.
1.1.1.28.
Frente
al defecto sustantivo, indica la sociedad actora que al ser la causal de
anulación invocada, la contenida en el numeral 8° del artículo 163 del Decreto
1818 de 1998, esto es, versar el fallo sobre asuntos no sometidos a
consideración de los árbitros, el Tribunal Superior de Bogotá ha debido ceñirse
a constatar si el árbitro al decidir la existencia del contrato de agencia
comercial, resolvió sobre un asunto que no formaba parte del debate judicial,
por cuanto no había sido propuesto como pretensión o excepción.
Así, no podía el despacho judicial
accionado entrar a analizar si el árbitro había acertado o no en sus
consideraciones que lo llevaron a concluir que se estaba frente a un contrato
de agencia mercantil, puesto que ello es una aplicación de la norma errada e
infundada.
1.1.1.29.
En
lo atinente al desconocimiento del precedente, la sociedad reclamante recordó
que la jurisprudencia de las Altas Cortes ha sido unánime y enfática en señalar
que: en el recurso de anulación de los laudos arbitrales los jueces no pueden
cuestionar el fondo del asunto decidido, pues el recurso se limita a analizar
los posibles errores in procedendo cometidos; el arbitramento es una
forma válida de administración de justicia, que no puede desnaturalizarse en
virtud de los recursos de anulación o revisión y; la justicia arbitral excluye
válidamente la jurisdicción ordinaria, por lo que el desacuerdo con el sentido
del fallo no es impugnable, salvo en los errores procedimentales que pudieran
haberse cometido, con el fin de salvaguardar el debido proceso arbitral.
1.2.
TRASLADO
Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
Mediante Auto del 30 de noviembre de
2012, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado de la misma a la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá; de igual manera, ordenó vincular
al árbitro único que profirió el laudo arbitral objeto del recurso de anulación
cuestionado.
1.2.1.  Los miembros de la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá manifestaron que reiteraban los
argumentos esgrimidos en el fallo dictado el 20 de septiembre de 2012, que
desató el recurso de anulación interpuesto contra el laudo dictado dentro del
proceso arbitral promovido por BRM S.A. en contra de Young & Rubicam Brands
Ltda.
1.2.2.  El apoderado
judicial de la Sociedad Young & Rubicam Brands Ltda., como tercero
interesado en la decisión, contestó la acción de tutela solicitando negar lo
pretendido, con fundamento en los siguientes argumentos:
Inicialmente, señaló que la sociedad
accionante parte de una premisa abiertamente equivocada, en la medida en que
indica que en la sentencia que declaró fundado el recurso de anulación se tuvo
como presupuesto la configuración de un error in judicando del laudo
arbitral, y no de un error in procedendo, como lo establece la ley.
Explicó que el recurso de anulación se sustentó
exclusivamente en la configuración de un error in procedendo,
específicamente en lo relacionado con la causal de anulación prevista en el
numeral 8° del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, el cual se derivó del
error in procedendo, en virtud del cual el árbitro único “recreó,
inventó o imaginó unos hechos que no fueron invocados en la demanda para
declarar probados los hechos que, en la parte resolutiva del laudo arbitral,
abrieron paso a la prosperidad de las pretensiones.”. De esta manera, la
sentencia cuestionada en sede de tutela se limitó a analizar el error
procedimental cometido en el laudo arbitral.
Resaltó que la doctrina especializada ha
establecido esta clase de yerros como una evidente incongruencia de la
sentencia o, en este caso, del laudo arbitral. Así, referenció lo sostenido por
el profesor Pedro Aragones en el sentido que “La sentencia que condena de
conformidad con la pretensión es incongruente cuando se basa en hechos no
aducidos o no probados, en su caso, por el demandante o que estime la
pretensión, no obstante la existencia actual del derecho”.
De igual forma, citó, entre otros, un
extracto de la sentencia del 10 de mayo de 2004, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado[1],
la cual establece que el fallo debe ser una respuesta acompañada con cada una
de las pretensiones aducidas y de las excepciones propuestas, así como “con
los fundamentos de hecho que se hayan alegado como causa petendi pues si se
funda en supuestos fácticos que no fueron oportunamente invocados por las
partes lesionaría gravemente el derecho de defensa del adversario al
sorprenderlo con hechos de los que, por no haber sido alegados, no se la habría
dado oportunidad para contradecirlos.”
En este orden, concluyó que la sentencia
atacada se fundamentó en la grosera configuración de un error in procedendo
referido a la incongruencia del laudo por conceder pretensiones fundadas en
hechos no alegados por la parte convocada.
Por otra parte, aseguró que la sentencia
atacada por vía de tutela no configuró ningún defecto sustantivo, puesto que
falló teniendo en cuenta normas que fueron debidamente interpretadas y
aplicadas de conformidad con la ley y la Constitución.
Finalmente, argumentó que de haberse
mantenido la decisión del laudo arbitral, se hubiera vulnerado el derecho
fundamental al debido proceso de la Sociedad Young & Rubicam Brands Ltda., por cuanto no habría podido ejercer su derecho de defensa frente a los hechos “recreados
o imaginados” por el árbitro, los cuales se vieron reflejados en las
condenas realizadas en el respectivo laudo.
1.3.
PRUEBAS
DOCUMENTALES
En el expediente obran como
pruebas, entre otros, los siguientes documentos:
1.3.1.  Copia
de la primera demanda arbitral presentada por la Sociedad BRM S.A. en la cual se indicaron las siguientes pretensiones: PRIMERO: “DECLARAR que
la sociedad convocada YOUNG & RUBICAM BRANDS LTDA., incumplió el contrato
denominado “ACUERDO DE AFILIACIÓN Y LICENCIA DE MARCA” que celebró el treinta y
uno (31) de diciembre del año dos mil cuatro (2004), con la sociedad convocante
BRM S.A., y adicionado con el “otrosí”, suscrito el 28 de julio de 2005.”  Ordenar que la sociedad convocada Young & Rubicam Brands Ltda., cumpla estrictamente con
el contrato inmediatamente citado”. SEGUNDO: “ORDENAR  que la
sociedad convocada YOUNG & RUBICAM BRANDS LTDA cumpla estrictamente el
contrato denominado “ACUERDO SDE AFILIACIÓN Y LICENCIA DE MARCA” que celebró el
treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil cuatro (2004), con la sociedad
convocante BRM S.A., y adicionado con el “otrosí”, suscrito el 28 de julio de 2005”. TERCERO: “ORDENAR, como
consecuencia de lo anterior, que la convocada YOUNG & RUBICAM BRANDS LTDA:
a) Se abstenga en lo sucesivo de ofrecer o prestar en Colombia, directamente o
por interpuesta persona diferente a la convocante BRM S.A. los servicios
denominados Costumer Relationship Management (CRM) (…) b) Remita inmediatamente
a BRM S.A todos los clientes a los cuales les éste prestando, directamente o
por interpuesta persona deferente a la convocante, los servicios de CRM (…) c)
Emita las respectivas órdenes de trabajo para que BRM S.A. preste los servicios
de CRM (…) d) en lo sucesivo pague, en el término de treinta (30) días contados
a partir del recibo de la respectiva factura, el valor de los servicios que se
presten en los casos previstos en el literal inmediatamente anterior.” CUARTO: “CONDENAR  a la
sociedad convocada YOUNG & RUBICAM BRANDS LTDA  a pagar a la sociedad
convocante BRM S.A. el valor de los perjuicios causados con el incumplimiento
del contrato, los que estima en la suma de DOS MIL MILLONES DE PESOS
($2.000.000.000). QUINTO:
“DECLARAR
que la sociedad convocada YOUNG & RUBICAM BRANDS LTDA durante la vigencia
del contrato de afiliación y licencia de marca que celebró el 31 de diciembre
de2004, con la sociedad convocante BRM S.A., y adicionado con el “otrosí”,
suscrito el 28 de julio de 2005, no puede hacer uso de la marca “WUNDERMAN” en
el territorio de la República de Colombia, toda vez que concedió el uso
exclusivo de esa marca convocante. SEXTO: “ORDENAR, como
consecuencia de la anterior declaración, que la convocada YOUNG & RUBICAM
BRANDS LTDA se abstenga de usar la marca “WUNDERMAN” en el territorio de la República de Colombia, mientras esté vigente el contrato de afiliación y licencia de marca
que celebró el 31 de diciembre de2004, con la sociedad convocante BRM S.A., y
adicionado con el “otrosí”, suscrito el 28 de julio de 2005.” SÉPTIMO: “ORDENAR que la
convocada YOUNG & RUBICAM BRANDS LTDA pague el valor del costo financiero
que la convocante BRM S.A. debió asumir por el retardo en la emisión y pago de
las facturas correspondientes a las órdenes de trabajo que fueron emitidas por
aquella, o por las compañías pertenecientes a su grupo empresarial
internacional, cuyo valor asciende a TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS
($300.000.000). OCTAVO:
“CONDENAR
a la convocada YOUNG & RUBICAM BRANDS LTDA al pago de las costas
procesales.”.
1.3.2.  Copia
de la demanda arbitral sustituta presentada por la Sociedad BRM S.A., a través de la cual se solicitó lo siguiente: PRIMERO: “DECLARAR que
el contrato que celebró la sociedad convocada YOUNG &RUBICAM BRANDS LTDA.,
con la sociedad convocante BRM S.A., el treinta y uno (31) de diciembre del año
dos mil cuatro (2004), adicionado con el “otro sí” suscrito el 28 de julio de
2005, es un contrato de agencia comercial aunque las partes lo hayan denominado
“ACUERDO DE AFILIACIÓN Y LICENCIA DE MARCA”. SEGUNDO“DECLARAR que
la sociedad convocada YOUNG & RUBICAM BRANDS LTDA. incumplió el contrato de
agencia comercial que celebró con la sociedad convocante BRM S.A. el treinta y
uno (31) de diciembre del año dos mil cuatro (2004), adicionado con el “otro
sí” suscrito el 28 de julio de 2005, al darlo por terminado de manera
unilateral y sin justa causa. TERCERO: “Como consecuencia de la
anterior declaración, CONDENAR a la sociedad convocada YOUNG & RUBICAM
BRANDS LTDA. a pagar a la sociedad convocante BRM S.A. el valor de la cláusula
penal pactada, cuyo monto se estima bajo la gravedad del juramento en la suma
de QUINIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS ($515.000.000). CUARTO: “CONDENAR
a la sociedad convocada YOUNG & RUBICAM BRANDS LTDA. a pagar a la sociedad
convocante BRM S.A. una suma de dinero equivalente a la doceava parte del
promedio de la utilidad percibida por BRM S.A. en los últimos tres años, por
cada uno de vigencia del contrato, cuyo monto se estima bajo la gravedad del
juramento en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($350.415.533). QUINTO: “CONDENAR
a la sociedad convocada YOUNG & RUBICAM BRANDS LTDA. a pagar a la sociedad
convocante BRM S.A la indemnización equitativa prevista en el inciso segundo
del artículo 1324 del Código de Comercio como retribución por los esfuerzos de
ésta para acreditar la marca WONDERMAN y, en general, por acreditar los
servicios que fueron materia del contrato, cuyo monto se estima bajo la
gravedad del juramento en la suma de DIECINUEVE MIL SETENTA Y DOS MILLONES DE
PESOS ($19.072.000.000). SEXTO: “DECLARAR que por haber terminado
unilateralmente y sin justa causa el contrato de agencia comercial que celebró
con BRM S.A. el 31 de diciembre de 2004, adicionado con el “otro sí” suscrito
el 28 de julio de 2005, la convocada YOUNG & RUBICAM BRANDS LTDA. no puede
derivar a su favor provecho alguno de la obligación prevista en el literal d)
de la cláusula II. Y SÉPTIMO: “CONDENAR  a la convocada YOUNG
& RUBICAM BRANDS LTDA al pago de las costas procesales.”
1.3.3.  Copia
del laudo arbitral proferido el 3 de octubre de 2011, por medio del cual se
dirimió las diferencias surgidas entre BRM S.A. y Young & Rubicam Brands
Ltda.
1.3.4.  Escrito
por medio del cual se sustentó el recurso de anulación interpuesto por la Sociedad Young & Rubicam Brands Ltda., contra el laudo arbitral del 3 de octubre de
2011,  por medio del cual se dirimió las diferencias surgidas con la Sociedad BRM S.A.
1.3.5.  Copia
de la Sentencia del 20 septiembre de 2012, proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, por medio de la cual se declaró
fundado el recurso de anulación interpuesto contra el laudo arbitral que
dirimió las diferencias surgidas entre BRM S.A. y Young & Rubicam Brands
Ltda.
2.
DECISIONES
JUDICIALES
2.1.
DECISIÓN
DE PRIMERA INSTANCIA – SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
La
Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia proferida
el doce (12) de diciembre de dos mil doce (2012), decidió conceder
la acción ejercida por la Sociedad BRM S.A. en contra de la decisión proferida
por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá del 20 de
septiembre de 2012.
2.1.1.  De
manera preliminar, reiteró el carácter excepcional de la acción de tutela y, en
ese orden, resaltó que no cualquier desatino de la autoridad judicial da lugar
a la prosperidad del amparo constitucional, puesto que únicamente cuando se
trate de un “error grosero o un yerro superlativo o mayúsculo que, abrupta y
paladinamente cercene el ordenamiento positivo” y, cuando no exista otro
medio de defensa judicial, habrá lugar a interponer la acción de tutela.
2.1.2.  De
igual forma, puso de presente el carácter restringido del recurso
extraordinario de anulación, el cual obliga al juez de conocimiento a
circunscribirse a las limitadas causales establecidas en la ley para el efecto,
lo cual implica que no puede encaminar la decisión por fuera de los estrictos
caminos señalados por el ordenamiento jurídico.
De esta manera, indicó que lo
perseguido a través de la acción de tutela estudiada no se encontraba dirigido
a una simple inconformidad con la decisión adoptada por el Tribunal Superior de
Bogotá, sino que apuntaba a señalar un verdadero desbordamiento de los límites
de la actividad inherente a la decisión en sede de anulación.
En este sentido, advirtió que lo
cuestionado en sede tutelar es el hecho de que el Tribunal Superior de Bogotá
no se circunscribió al estudio de las causales invocadas para la procedencia
del recurso de anulación, sino que se inmiscuyó en el fondo del proceso
arbitral.
2.1.3.  Recordó
que la jurisprudencia de esa Sala de Casación ha sido clara y coherente en
señalar que la atribución que para el efecto se concede al juzgador del recurso
de anulación no se extiende al tema objeto del debate arbitral, es decir, que
lo que allí se enjuicia no es la materia sometida a consideración de los
árbitros, sino la actuación surtida por ellos.
De conformidad
con lo explicado, indicó que una vez revisado el expediente y la sentencia cuestionada,
se determinó la prosperidad del amparo de tutela promovido, por cuanto la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia que resolvió el
recurso extraordinario de anulación, efectivamente vulneró el derecho
fundamental al debido proceso de la Sociedad BRM S.A.
La anterior conclusión, la
sustentó en el hecho de que el Tribunal Superior realizó una valoración del mérito
de la labor del juzgamiento realizada por el árbitro, y no como le
correspondía, una evaluación respecto de la correspondencia entre las
pretensiones realizadas por la parte convocante, su soporte fáctico y
finalmente lo decidido por éste.
2.1.4.  Indicó
que en los tribunales de arbitramento, como en cualquier decisión de instancia,
debe respetarse el principio de congruencia establecido en el artículo 305 del
Código de Procedimiento Civil, por lo que se tiene la obligación de resolverse
en el caso concreto las pretensiones planteadas, tengan o no suficiente soporte
en los hechos descritos.
Así las cosas,
cuestionó que en la sentencia atacada, el juez de conocimiento realizó un
análisis de la correspondencia entre los hechos y las pretensiones, lo cual no
es susceptible de realizar dentro del recurso de anulación, puesto que se
carece de atribuciones para resolver sobre el mérito de la pretensión sometida
a arbitramento, siendo lo único procedente estudiar y decidir sobre las
acusaciones formuladas con base en las causales taxativas del recurso, que, en
todo caso, se encuentran dirigidas a censurar la actividad o procedimiento y no
el juzgamiento realizado por el tribunal de arbitramento.
Sostuvo que
puede incurrirse en un vicio de incongruencia cuando el juez falla con apoyo de
hechos que no fueron propuestos en la demanda, más no cuando el juez resuelve
sobre las pretensiones sometidas a su consideración.
Ahora bien, frente a la supuesta
incongruencia resaltó que revisadas las pretensiones expuestas en la demanda
arbitral puede concluirse que las mismas hacen referencia inequívocamente al
tema de la agencia comercial y sus elementos esenciales, lo cual hace más
notorio el yerro cometido por el despacho judicial accionado, en cuanto anuló
el laudo arbitral proferido aduciendo para ello falta de soporte en materia de
agenciamiento comercial.
2.1.5.  Aunado
a lo anterior, mencionó que la sociedad convocada al trámite arbitral propuso
excepciones relacionadas con el contrato de agencia comercial, por lo que
indudablemente pudo ejercer su derecho de defensa y contradicción,
circunstancia que indica que no fue sorprendida con la decisión del árbitro
único designado.
2.1.6.  En
corolario, determinó que el Tribunal Superior de Bogotá no evaluó adecuadamente
el sentido ni el alcance de la institución arbitral, ni tampoco ejerció en
debida forma las facultades del juez de anulación, a la vez que dejó de
analizar aspectos relevantes en el expediente, motivo por el cual decidió dejar
sin efectos la sentencia cuestionada y ordenó proferir un nuevo fallo dentro de
la órbita de competencias de los jueces de anulación y excluyendo como
fundamento la correspondencia entre los hechos y las pretensiones formuladas
ante la justicia arbitral.
2.2.
IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
El apoderado
judicial de la Sociedad Young & Rubicam Brands Ltda.,  impugnó el fallo de
primera instancia, reiterando los mismos argumentos esgrimidos en la
contestación de la demanda de tutela.
2.3.
DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA- SALA DE CASACIÓN
LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
La Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo del veinte
(20) de febrero de dos mil trece (2013), confirmó la decisión del a
quo, acogiéndose a las consideraciones expuestas en la sentencia
impugnada.
2.3.1.  De
manera adicional, realizó un recuento de los hechos que dieron lugar a la
sentencia de anulación cuestionada en sede de tutela. De esta manera, describió
las pretensiones expuestas en la demanda arbitral, las excepciones propuestas
por la sociedad convocada y las consideraciones realizadas por el tribunal de
arbitramento, para concluir con ello, que el árbitro no excedió de ninguna
manera su competencia, al resolver el conflicto suscitado entre las sociedades,
puesto que, por el contrario, simplemente se ajustó a las pretensiones, hechos
y excepciones propuestas por cada una de las partes.
2.3.2.  Concluyó
entonces, que el tribunal de arbitramento actuó ajustado a la ley y, en
consecuencia, los motivos señalados en la sentencia de anulación carecen de
sustento jurídico.
3.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
3.1.
COMPETENCIA
Y OPORTUNIDAD
La Sala
Séptima de Selección de Tutelas de la Corte Constitucional,
en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral
9°, de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela
adoptados en el proceso de esta referencia.
3.2.    PROBLEMA JURÍDICO
En el asunto de la referencia,
corresponde a esta Sala de Revisión determinar si la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, vulneró el derecho fundamental
al debido proceso de la Sociedad BRM S.A., al anular el laudo arbitral mediante
el cual se había declarado la existencia de un contrato de agencia comercial
con la Sociedad Young & Rubicam Brands Ltda., sin tener en consideración
que dicha declaratoria había constituido la pretensión principal de la demanda
que convocó al tribunal de arbitramento y, que frente a ella, a las excepciones
propuestas en ese sentido y a los hechos presentados, el árbitro designado
profirió laudo arbitral.
Acorde con los argumentos esgrimidos por
la sociedad accionante, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional examinará si la decisión proferida por el Tribunal Superior de Bogotá,
en su Sala Civil de Descongestión, mediante la cual se declaró fundado el
recurso de anulación del laudo arbitral que había dirimido las controversias
entre las Sociedades BRM S.A y Young & Rubicam Brands Ltda., incurrió en un
defecto sustantivo, al aplicar indebidamente la causal de anulación invocada y,
en un desconocimiento del precedente, al ignorar lo establecido por la
jurisprudencia respecto al carácter restrictivo de las causales de anulación y
su consecuente interpretación y aplicación.
Con el fin de solucionar el problema
jurídico planteado, esta Sala estudiará: primero, la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; segundo, los
requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, haciendo especial énfasis en el defecto
sustantivo y en el desconocimiento del precedente; cuarto, aspectos
constitucionales del  acuerdo de arbitraje; quinto, la naturaleza del recurso
de anulación procedente contra laudos arbitrales; sexto, el principio de
congruencia y; séptimo, el caso concreto.
3.2.1.  PROCEDENCIA
EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES.
La procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencias judiciales es un tema que ha sido abordado por
esta Corporación en múltiples ocasiones, por lo que la Sala repasará las premisas en que se fundamenta esta posibilidad, y las reglas establecidas
para el examen de  procedibilidad en un caso concreto.
3.2.1.1.      La Corte Constitucional, mediante
Sentencia C-543 de 1992, declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y
40 del Decreto 2591 de 1991 referidos a la caducidad y competencia especial de
la tutela frente a providencias judiciales, por considerar que contrariaban
principios constitucionales de gran valía como la autonomía judicial, la
desconcentración de la administración de justicia y la seguridad jurídica.
3.2.1.2.      No obstante,
reconoció que las autoridades judiciales a través de sus sentencias pueden
desconocer derechos fundamentales, por lo cual  admitió como única excepción
para que procediera el amparo tutelar, que la autoridad hubiese incurrido en lo
que denominó una vía de hecho.
3.2.1.3.      A partir de este
precedente, la Corte construyó una línea jurisprudencial sobre el tema, y
determinó progresivamente los defectos que configuraban una vía de hecho. Por
ejemplo, en la sentencia T-231 de 1994, la Corte dijo: “Si este comportamiento - abultadamente deformado respecto del postulado en la
norma - se traduce en la utilización de un poder concedido al juez por el
ordenamiento para un fin no previsto en la disposición (defecto sustantivo), o
en el ejercicio de la atribución por un órgano que no es su titular (defecto
orgánico), o en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos
determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la actuación por fuera
del procedimiento establecido (defecto procedimental), esta sustancial carencia
de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una
manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario
judicial, aparejará su descalificación como acto judicial”[2]. En casos posteriores,
esta Corporación agregó otros tipos de defectos constitutivos de vías de hecho.
En virtud de esta línea jurisprudencial,
se ha subrayado que todo el ordenamiento jurídico debe sujetarse a lo dispuesto
por la Constitución en razón a lo dispuesto en el artículo 4 de la Carta Fundamental. Además, se ha indicado que uno de los efectos del principio de Estado
Social de Derecho en el orden normativo está referido a que los jueces, en
sus providencias, definitivamente están obligados a respetar los derechos
fundamentales.
3.2.1.4.      Por un amplio
periodo de tiempo, la Corte Constitucional decantó de la anterior  manera el
concepto de vía de hecho. Posteriormente, un análisis de la evolución de la
jurisprudencia constitucional acerca de las situaciones que hacían viable
la acción de tutela contra providencias judiciales llevó a concluir que las
sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la acción de tutela por
causa de otros defectos adicionales, y que, dado que esos nuevos defectos no
implican que la sentencia sea necesariamente una decisión arbitraria y
caprichosa del juez, era más adecuado utilizar el concepto de causales
genéricas de procedibilidad de la acción que el de vía de hecho.
3.2.1.5.      Con el fin de
orientar a los jueces constitucionales y determinar unos parámetros uniformes
que permitieran establecer en qué eventos es procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en las sentencias C-590 de 2005[3] y SU-913 de
2009[4], sistematizó y
unificó los requisitos de procedencia y las razones o causales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Actualmente no “(…)
sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su
voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se
aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su
discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados (arbitrariedad)”[5].
De esta forma, la Corte ha distinguido, en primer lugar, unos requisitos de orden procesal de carácter
general[6]
orientados a asegurar el principio de subsidiariedad de la tutela -requisitos
de procedencia- y, en segundo lugar, unos de carácter específico[7], centrados en
los defectos de las actuaciones judiciales en sí mismas consideradas que
desconocen derechos fundamentales -causales de procedibilidad.
3.2.2.  Requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De esta manera, la Corte, en la sentencia C-590 del 8 de junio de 2005,  hizo alusión a los requisitos generales
y especiales para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Sobre los requisitos generales de procedencia
estableció:
“Los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a.       Que la cuestión
que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se
mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[8]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b.       Que se hayan
agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial
al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable[9].  De allí que
sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así,
esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de esta última.
c.   Que se cumpla el
requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[10].  De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún
años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d.  Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora[11].  No obstante,
de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales,
tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación
del juicio.
e.   Que la parte
actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[12].  Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse
de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f.     Que no se trate
de sentencias de tutela[13].  Esto por
cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas
son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso
en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión
de la sala respectiva, se tornan definitivas.”[14]
3.2.3. Requisitos
especiales de procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
De igual forma, en la sentencia C-590
del 8 de junio de 2005, además de los requisitos generales, se señalaron las
causales de procedibilidad especiales o materiales del amparo tutelar contra
las decisiones judiciales. Estas son:
“…Ahora, además de los requisitos
generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una
sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta
cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que
se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como
son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[15]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
e. Error inducido, que se presenta
cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese
engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f.  Decisión sin motivación, que implica
el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g.  Desconocimiento del precedente,
hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[16].
h.  Violación directa de la Constitución.
Estos eventos en que procede la acción
de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de
vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.”[17]
Siempre que concurran los requisitos
generales y, por lo menos, una de las causales específicas de procedibilidad
contra las providencias judiciales, es procedente conceder la acción de tutela
como mecanismo excepcional por vulneración de derechos fundamentales.
En el caso bajo estudio, la sociedad
tutelante asegura que el Tribunal Superior de Bogotá incurrió en un defecto
sustantivo y en un desconocimiento del precedente, al estudiar el fondo del
asunto dirimido por un tribunal de arbitramento, sin tener en consideración que
dicha atribución escapa a la naturaleza de las causales de anulación y
adicionalmente, la decisión del árbitro cuestionada en el recurso de anulación
se encontraba ajustada a derecho, por cuanto el fallo se sustentó en las
pretensiones de la demanda arbitral, los hechos expuestos y las excepciones
propuestas dentro del proceso.
Por esta razón, a continuación la Sala analizará en más detalle cuándo se presentan los defectos enunciados.
3.2.4.  Defecto
material o sustantivo en la jurisprudencia constitucional.
3.2.4.1.      Nuestro
ordenamiento jurídico, específicamente la Carta Política, contempla un complejo y extensivo reparto de competencias designadas a los
diferentes órganos de la rama judicial del poder público, reconociendo un
amplio margen de interpretación y aplicación del derecho a su cargo.
3.2.4.2.      Sin
embargo, esta Corporación ha sido reiterativa en señalar que la autonomía de la
que gozan las autoridades judiciales, no es absoluta, puesto que las mismas
deben someterse al imperio del Estado de Derecho[18].
3.2.4.3.      El
defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó,
cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o
infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta
inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su interpretación
o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga
omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la
que pesa la cosa juzgada.
En otras
palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
“(i)
cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en
cuenta por el fallador,
(i)
cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación
contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de
las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente,
(ii)
cuando el fallador desconoce las sentencias con
efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en
el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva[19].”(Negrillas
fuera de texto).
Frente a la
configuración de este defecto se reitera que, si bien es cierto, los jueces
dentro de la esfera de sus competencias, cuentan con autonomía e independencia
judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es
ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la
función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el
orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
3.2.4.4.      Con fundamento
en lo anterior, el defecto sustantivo también se presenta cuando se interpreta
una norma en forma incompatible con las circunstancias fácticas, y por tanto,
la exégesis dada por el juez resulta a todas luces improcedente.
De esta manera, la Sentencia SU-962 de 1999 manifestó que las decisiones que incurren en una vía de hecho por
interpretación “carece(n) de fundamento objetivo y razonable, por basarse en
una interpretación ostensible y abiertamente contraria a la norma jurídica
aplicable.”
Por su parte, la Sentencia T-567 de 1998 precisó que “cuando la labor interpretativa realizada por el juez
se encuentra debidamente sustentada y razonada, no es susceptible de ser
cuestionada, ni menos aún de ser calificada como una vía de hecho, y por lo
tanto, cuando su decisión sea impugnada porque una de las partes no comparte la
interpretación por él efectuada a través del mecanismo extraordinario y
excepcional de la tutela, ésta será improcedente.”
Esta posición fue reiterada por la Corte en la Sentencia T-295 de 2005 al señalar:
“La Corte Constitucional ha indicado que la interpretación indebida de normas jurídicas puede
conducir a que se configure una vía de hecho por defecto sustantivo. Así, en la
sentencia T-462 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) se expresó al
respecto: “En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los
intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y
finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga
omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la
norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva.”
3.2.4.5.      Respecto al
defecto sustantivo que se presenta como consecuencia de una errada
interpretación, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en
indicar que no cualquier interpretación tiene la virtualidad de constituir una
vía de hecho, sino que ésta debe ser abiertamente arbitraria.
En consecuencia, ha dicho la Corte que el juez de tutela, en principio, no está llamado a definir la forma correcta de
interpretación del derecho; sin embargo, en aquellos eventos en los que la
interpretación dada por el juez ordinario carezca de razonabilidad y cuando se
cumplen los requisitos anteriormente mencionados, se hace procedente la
intervención del juez constitucional. En este sentido, en Sentencia T-1222 de
2005 la Corte consideró:
“Como lo ha señalado reiteradamente la Corte, no es el juez constitucional el funcionario encargado de definir la correcta interpretación
del derecho legislado. En particular, la jurisprudencia ha reconocido que es la Corte Suprema de Justicia la intérprete autorizada del derecho civil y comercial.
Teniendo en cuenta lo anterior, se
procederá a estudiar si se produce alguna clase de defecto cuando en un proceso
ejecutivo de ejecución de providencia judicial, el juez de apelación revoca el
mandamiento de pago, al considerar que le entidad demandada en el proceso
ordinario carecía de capacidad para ser parte en él.
En este sentido, no sobra indicar que,
en todo caso, los jueces civiles son intérpretes autorizados de las normas que
integran esta rama del derecho y el juez constitucional no puede oponerles su
propia interpretación salvo que se trate de evitar una evidente arbitrariedad o
una clara violación de los derechos fundamentales de las partes. En este caso
el juez constitucional tiene la carga de demostrar fehacientemente la
existencia de una vulneración del derecho constitucional de los derechos
fundamentales como condición previa para poder ordenar la revocatoria de la
decisión judicial impugnada.
En suma, ante una acción de tutela
interpuesta contra una decisión judicial por presunta arbitrariedad en la
interpretación del derecho legislado -vía de hecho sustancial por
interpretación arbitraria- el juez constitucional debe limitarse exclusivamente
a verificar que la interpretación y aplicación del derecho por parte del
funcionario judicial no obedezca a su simple voluntad o capricho o que no viole
los derechos fundamentales. En otras palabras, no puede el juez de tutela, en
principio, definir cuál es la mejor interpretación, la más adecuada o razonable
del derecho legislado, pues su función se limita simplemente a garantizar que
no exista arbitrariedad y a proteger los derechos fundamentales y no a definir
el sentido y alcance de las normas de rango legal.”
Se colige entonces, que pese a la
autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso en
concreto, para determinar su forma de aplicación, y para establecer la manera
de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, no les es dable en esta
labor, apartarse de las disposiciones consagradas en la Constitución o la ley, pues de hacerlo, se constituye en una causal de procedencia de la
acción de tutela contra la decisión adoptada.
3.2.4.6.      Ahora bien, la
jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que también el
desconocimiento sin debida justificación del precedente judicial configura un
defecto sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligación de
todas las autoridades judiciales –sea éste precedente horizontal o vertical-,
en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe[20].
A propósito de esta modalidad en la cual
se configura un defecto sustantivo, la Sala considera necesario examinar la
diferencia entre los conceptos de antecedente y precedente.
3.2.4.6.1.
El
antecedente se refiere a una decisión de una controversia anterior a la
que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de
vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho
(e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez
para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un
carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta
por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar
las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e
igualdad.
Esta noción fue esbozada en la
sentencia T-292 de 2006, en la que la Corte, ante la pregunta de “¿debe
entenderse por precedente cualquier antecedente que se haya fijado en la
materia, con anterioridad al caso en estudio?”, indicó:
“La respuesta a esta inquietud es
negativa por varias razones. La primera, es que no todo lo que dice una
sentencia es pertinente para la definición de un caso posterior, como se ha
visto (vgr. la ratio es diferente al obiter dicta). La segunda, es que aunque
se identifique adecuadamente la ratio decidendi de una sentencia, resulta
perentorio establecer para su aplicabilidad, tanto en las sentencias de
constitucionalidad como en las de tutela, qué es aquello que controla la
sentencia, o sea cual es el contenido específico de la ratio. En otras
palabras, si aplica tal ratio decidendi para la resolución del problema
jurídico en estudio o no”.
3.2.4.6.2.
Por
su parte, el precedente, por regla general, es aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de
escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en
las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.
Esta noción ha sido adoptada en
sentencias como la T-794 de 2011, en la que la Corte indicó los siguientes criterios a tener en cuenta para identificar el precedente:
“(i) la ratio decidendi de la sentencia
que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el
caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico
semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del
caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto
de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente”.
3.2.4.6.3.
Esta
Corporación ha diferenciado entre dos clases de precedentes, el horizontal y el
vertical, de conformidad con quién es el que profiere la providencia previa. El
primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la
misma jerarquía o el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los
lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar
jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional.
Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los
funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su
respectiva jurisdicción. En los casos en los que no son susceptibles de ser
revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de
establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.
En este orden, debe resaltarse
que el precedente no sólo es orientador sino obligatorio, como se explica a
continuación.
3.2.4.6.3.1.   La primera razón
de la obligatoriedad del precedente se relaciona con el artículo 230 superior.
De acuerdo con este precepto de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la
ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para
fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia
de la Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella
emitida por el legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho
incluidas las sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los
órganos de cierre de cada jurisdicción.
3.2.4.6.3.2.   La segunda razón
se desprende de los principios de igualdad, debido proceso y buena fe. El
precedente es una figura que tiene como objetivo principal garantizar la
confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el
ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa
es un principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la
igualdad  en la aplicación de la ley y por otras prescripciones
constitucionales. En palabras de la Corte Constitucional:
“La fuerza vinculante del precedente en
el ordenamiento jurídico colombiano, se explica entonces, al menos, por cuatro
razones principales: (i) en virtud del principio de igualdad en la aplicación
de la ley (artículo 13 C.P.), que exige tratar de manera igual situaciones
sustancialmente iguales; (ii) por razones de seguridad jurídica, ya que las
decisiones judiciales debe ser “razonablemente previsibles”; (iii) en atención
a los principios de buena fe y de confianza legítima (artículo 84 C.P.), que demandan respetar las expectativas generadas por las reglas judiciales en la comunidad;
y finalmente, (iv) por razones de rigor judicial, en la medida en que es
necesario un mínimo de coherencia en el sistema jurídico”.
3.2.4.6.3.3.   La tercera razón
es que la respuesta del precedente es la solución más adecuada que existe hasta
ese momento al problema jurídico que se presenta, y en esa medida, si un juez,
ante circunstancias similares, decide apartarse debe tener unas mejores y más
razonables razones que las que hasta ahora han formado la solución para el
mismo problema jurídico o similares. En ese orden la doctrina ha establecido
como precedente: “tratar las decisiones previas como enunciados
autoritativos del derecho que funcionan como buenas razones para decisiones
subsecuentes” y “exigir de tribunales específicos que consideren ciertas
decisiones previas, sobre todo las de las altas cortes, como una razón
vinculante”.
3.2.5.  ASPECTOS CONSTITUCIONALES
DEL PROCESO ARBITRAL.
3.2.5.1.      El artículo 116
de la Constitución Política junto con la Ley 446 de 1998, desarrollan la figura
del arbitramento, entendido como un mecanismo alternativo de solución de
controversias mediante el cual las partes involucradas resuelven voluntaria y
libremente sustraer de la justicia estatal la solución de un conflicto, a fin
de que un tercero particular, revestido temporalmente de función
jurisdiccional, adopte una decisión de carácter definitivo y vinculante para
las partes.
3.2.5.2.      Los árbitros se
pronuncian sobre los hechos que dieron lugar a la controversia, resuelven las
pretensiones de las partes, practican y valoran las pruebas, resuelven el
litigio con fundamento en los mandatos constitucionales y legales o atendiendo
a los principios de equidad, y sus decisiones hacen tránsito a cosa juzgada.
Por estas razones, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la
decisión arbitral es eminentemente jurisdiccional y equivale a una providencia
judicial.[21]
3.2.5.3.      La Corte Constitucional ha considerado
que el arbitramento es un mecanismo idóneo no únicamente para descongestionar
los despachos judiciales, sino también para lograr que las partes en forma
pacífica pongan fin a sus controversias.
Bajo este entendido, se ha
considerado el arbitramento como un “mecanismo alterno de solución de
conflictos” que “implica la  derogación que hacen las partes de la
jurisdicción que, en cabeza de los jueces ejerce el Estado, para que frente a
un conflicto determinado  o precaviendo uno futuro, sean terceros distintos de
los jueces, quienes con carácter definitivo resuelvan la controversia
suscitada, mediante una decisión –fallo arbitral- que al igual que las
decisiones de los jueces de la República, haga tránsito a cosa juzgada”[22].
En la misma línea, la Sentencia T-570-94 señaló: “...el artículo 116 de la Carta Política permite a los particulares sustraerse a la aplicación de justicia por los
funcionarios de la Rama Judicial y optar -escapando a la regla general en los
casos autorizados por la ley-, por someter sus diferencias a la decisión de un
tribunal ad-hoc compuesto por árbitros, que son particulares y no adquieren la
calidad de servidores públicos, a pesar de cumplir transitoriamente con la
función pública de dispensar justicia”.
3.2.5.4.      El pacto
arbitral es una institución jurídica, que surge de la cláusula
compromisoria y/o el compromiso, en la cual las partes se obligan a someter
sus diferencias a la decisión de un Tribunal Arbitral, renunciando a hacer
valer sus pretensiones ante los jueces.
3.2.5.4.1.
En
este orden, la cláusula compromisoria hace referencia al pacto contenido
en un contrato o en un documento anexo a él, en virtud del cual los
contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan surgir con
ocasión del mismo, a la decisión de un tribunal arbitral. A su vez, el compromiso
es un negocio jurídico por medio del cual las partes involucradas en un
conflicto presente y determinado, convienen resolverlo a través de un tribunal
arbitral.[23]
3.2.5.5.      Así entonces, el
pacto arbitral es un negocio jurídico en el que las partes acuerdan someter sus
controversias actuales o futuras al conocimiento y decisión de árbitros, es
decir, de particulares que transitoriamente administran justicia.  Con base en
el arbitramento, ya sea que se acuerde en cláusula compromisoria o en
compromiso, se genera un proceso declarativo en el que hay lugar a conformación
del contradictorio, a una etapa probatoria, a una etapa de alegación y,
finalmente, a la emisión del laudo arbitral.  El laudo tiene valor de cosa
juzgada y presta mérito ejecutivo ante los jueces ordinarios.
3.2.5.6.      El proceso
arbitral es un proceso de única instancia, por lo que, en estricto sentido, no
existan superiores de los particulares constituidos en tribunal de
arbitramento.  Por este motivo, ejecutoriado el laudo arbitral debe procederse
a su cumplimiento en el plazo indicado por el tribunal.
La Corte ya se ha
pronunciado sobre el carácter de jueces de única instancia de los Tribunales de
Arbitramento.  En ese sentido, en la Sentencia T-570-94, con ponencia del Magistrado Carlos Gaviria Díaz, manifestó:  “...el artículo 116 de la Carta Política permite a los particulares sustraerse a la aplicación de justicia por los
funcionarios de la Rama Judicial y optar -escapando a la regla general en los
casos autorizados por la ley-, por someter sus diferencias a la decisión de un
tribunal ad-hoc compuesto por árbitros, que son particulares y no adquieren la
calidad de servidores públicos, a pesar de cumplir transitoriamente con la
función pública de dispensar justicia.  Al hacer uso de esa excepción regulada
por la ley en desarrollo del mandato constitucional, los particulares se
someten a la decisión judicial de una corporación esencialmente transitoria,
que no tiene superior jerárquico y, por ende, quienes a ella acuden, optan por
una organización excepcional de la administración de justicia, donde la
naturaleza de las cosas hace imposible la aplicación de la regla general de la
doble instancia (a través del recurso ordinario de apelación), que rige en la Rama Judicial (artículo 3° del Código de Procedimiento Civil)”.
3.2.5.7.      Es importante
destacar que al ser el proceso arbitral de única instancia no es posible
interponer los recursos que se instauran contra las sentencias proferidas por
los jueces, lo cual encuentra justificación en las características
anteriormente señaladas del proceso arbitral, esto es, entre otras, que el
arbitraje es un mecanismo que brinda una solución más pronta que los recursos
judiciales ordinarios; el proceso es transitorio e independiente y, se acude a
él por voluntad expresa de las partes.
3.2.5.8.      Ahora bien, no
obstante no ser un proceso de doble instancia, el arbitraje debe respetar la
garantía constitucional del debido proceso predicable de toda actuación
judicial, por este motivo, cuenta con recursos extraordinarios como lo son la
anulación y la revisión, que constituyen medios de control de legalidad sobre
el procedimiento llevado a cabo por los tribunales de arbitramento, los cuales
serán abordados a continuación.
3.2.6. NATURALEZA DEL
RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDOS ARBITRALES.
3.2.6.1.      El ordenamiento
jurídico consagra varios recursos extraordinarios que proceden contra el laudo
arbitral, de los que conoce la justicia ordinaria o contencioso administrativa
según sea el caso.
3.2.6.1.1.
De
esta manera, en materia laboral existe el recurso de homologación que se surte
ante la sala laboral de los Tribunales Superiores o ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según se trate de convocatorias
voluntarias u obligatorias de tribunales de arbitramento.
3.2.6.1.2.
Por
su parte, en materia civil, comercial y contencioso administrativa procede el
recurso de anulación que se surte ante los Tribunales Superiores o ante el
Consejo de Estado si se trata de contratos estatales.
3.2.6.2.      Y, finalmente,
contra la sentencia que decide el recurso de anulación procede el recurso de
revisión, el cual dependiendo de la autoridad judicial que profiera la decisión
de anulación contempla causales especiales contempladas en el artículo 380 del
Código de Procedimiento Civil o en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo.
3.2.6.3.      El recurso de
anulación fue inicialmente establecido en la reforma de 1970 realizada al Código
de Procedimiento Civil. Su interposición y trámite se encuentra consagrado en
el Decreto 1818 de 1998, en sus artículos 161 y siguientes.
3.2.6.4.      Este recurso si
bien, no comporta los mismos formalismos procesales de los recursos
extraordinarios de casación y revisión, sí requiere invocar acertadamente la
causal que sustenta su invocación. De esta manera, expresó el Consejo de Estado
que “la norma solo exige enunciar las causales que se hacen valer
posteriormente al sustentar el recurso”[24].
3.2.6.5.      En este sentido,
las causales de anulación están expresa y taxativamente señaladas en el
artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, y comportan un carácter restrictivo, es
decir, solo podrá solicitarse la anulación por las taxativas causales
señaladas, y las mismas solo deberán girar en torno a la verificación de los
errores procedimentales cometidos en el proceso arbitral.
3.2.6.6.      Esa limitación
de las facultades del juez que conoce del recurso de anulación es una clara
manifestación del carácter dispositivo del proceso arbitral y constituye una
garantía para las partes pues aquél no podrá pronunciarse sobre materias que
éstas han acordado someter a la decisión de árbitros.  De igual manera, esa
limitación de las facultades del juez ordinario reafirma la autonomía,
independencia y sujeción a la ley de los particulares constituidos en tribunal
de arbitramento.
De lo anterior, se colige tal
como lo ha señalado la doctrina[25],
que el recurso de anulación comporta las siguientes características:
(i)
Es
un recurso extraordinario;
(ii)
Solo
procede por las causales señaladas taxativamente por la ley;
(iii)
No
se puede revisar al aspecto sustancial o de fondo del litigio porque no es una
segunda instancia sino que se decide en única instancia;
(iv)
Solo
procede por errores in procedendo y no por errores in iudicando;
(v)
En
la anulación no puede haber debate probatorio sobre la aplicación o
interpretación de la ley, y,
(vi)
Está
sujeto a formalidades o requisitos establecidos en la ley.
3.2.7.  EL PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA
3.2.7.1.      La
jurisprudencia constitucional ha definido el principio de congruencia como un
axioma nuclear dentro del proceso civil, en virtud del cual “el juez, en su
sentencia, no puede reconocer lo que no se le ha pedido (extra petita) ni más
de lo pedido (ultra petita). Lo demás, significa desbordar, positiva o
negativamente, los límites de su potestad. De otra parte, el derecho
fundamental de acceso a la justicia no se satisface si el juez deja de
pronunciarse sobre el asunto sometido a su decisión, quedando éste
imprejuzgado”. Posición que aparece reiterada y pacífica en la
jurisprudencia posterior, dentro de lo que al proceso civil se refiere[26].
Este planteamiento jurisprudencial se
edifica a partir de la consagración legal contenida en el artículo 305 del
Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 281 del Código General del Proceso[27], en los
siguientes términos:
"La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las
demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No
podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al
pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta. Si lo
pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo
último. En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o
extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido
después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que
haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de
conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al
Despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio".(Negrillas fuera
de texto)
3.2.7.2.      Sin embargo,
este principio no es exclusivo del derecho procesal civil, sino que, por el
contrario, se puede afirmar que informa la teoría procesal en general, sin
distinguir en áreas particulares del derecho. Es así como recibe especial
desarrollo en el Derecho penal, tal como se puede ver en la Sentencia SU-327 de 1995[28], que señala el
principio de “no reformatio in pejus” como “una manifestación del
principio de congruencia, según el cual  las pretensiones del recurrente y su
voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que
conoce del mismo”. De manera que “lo que el procesado estime lesivo de
sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad
quem: “Tantum devolutum quantum appellatum”. Es decir, que para que el juez de
segundo grado pueda pronunciarse, no sólo debe mediar un recurso válido, sino
que él debe ser presentado por parte legítima, esto es, aquélla que padezca un
perjuicio o invoque un agravio y persevere en el recurso.”
3.2.7.3.      Por otra parte,
se presenta también como una exigencia incluida dentro del debido proceso
administrativo, íntimamente relacionado con la exigencia de motivación de los
actos administrativo, bajo el entendido de que “carece de sentido [la
exigencia de motivación] si la administración pública puede, sin consecuencias
exigibles judicialmente, no deducir lógicamente las implicaciones de los
argumentos que emplea en la parte motiva. Es decir, no tiene sentido prescribir
un deber de motivación en los actos administrativos, si la parte resolutiva de
los mismos queda intacta aun cuando contradiga o ignore los razonamientos
plasmados en la parte considerativa.”[29].[30]
3.2.7.4.      Mientras que en
el área laboral se refiere el principio de consonancia[31], íntimamente
ligado con el principio de congruencia, cuya interpretación, según el sentido
que le da esta Corporación, implica que “debe entenderse que el examen que
efectúa el superior no se limita a los asuntos desfavorables del fallo de
primera instancia sobre los cuales versa la impugnación, sino a todos aquellos
aspectos desfavorables al trabajador que involucran beneficios mínimos
irrenunciables los cuales deben entenderse siempre incluidos en el recurso de
alzada.”[32]
3.2.7.5.      Es así como bien
puede afirmarse que el principio de congruencia es uno de los elementos
constitutivos del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Política, “en la medida que impide
determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no
responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó”[33].
En este orden,
se erige con tal importancia el principio de congruencia que su desconocimiento
es constitutivo de las antes denominadas vías de hecho, hoy causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Según el
desarrollo jurisprudencial “es evidente que si la sentencia o providencia
judicial recae sobre materias no debatidas en el proceso, ausentes de la
relación jurídico-procesal trabada, la incongruencia, además de sorprender a
una de las partes, la coloca en situación de indefensión que, de subsistir,
pese a la interposición de los recursos, y con mayor razón cuando éstos no
caben o se han propuesto infructuosamente, se traduce inexorablemente en la
violación definitiva de su derecho de defensa”[34].(Negrillas
fuera de texto)
3.2.7.6.      Sin
embargo, no cualquier tipo de disparidad torna procedente la acción de tutela
contra providencia judicial por violación del principio de congruencia, pues el
“estándar de congruencia exigido” varía ya sea que estemos en el campo de la
jurisdicción ordinaria o en el escenario de tutela. Esa “disparidad entre lo
pedido, lo debatido y lo probado [debe ser] protuberante, i.e., carente de
justificación objetiva y relativa a materias medulares objeto del proceso. De
lo contrario, el grado y el tipo de desajuste entre la sentencia y lo pedido,
lo debatido y lo probado en el proceso, será insuficiente para que se configure
una vía de hecho judicial, así pueda existir una irregularidad dentro del
proceso”[35].
A este efecto
resulta pertinente referir lo planteado por la Sentencia T-231 de 1994[36],
que resulta ser la providencia que dio origen a este desarrollo jurisprudencial.
Al decir de esta:
“En el plano constitucional y,
específicamente, en el marco de la acción de tutela, el vicio de incongruencia
atribuible a determinada acción u omisión judicial no puede suscitarse con la
extensión que le es propia en la legislación civil, y que en esa misma medida
puede ser objeto de impugnación ante la jurisdicción ordinaria. La
incongruencia que es capaz de tornar en simple vía de hecho la acción del juez
reflejada en una providencia, es sólo aquella que subvierte completamente
los términos de referencia que sirvieron al desarrollo del proceso, generando
dicha alteración sustancial, dentro de la respectiva jurisdicción, la quiebra
irremediable del principio de contradicción y del derecho de defensa. En
efecto, el proceso debe conservarse, desde su apertura hasta su culminación,
abierto y participativo, de modo que se asegure la existencia del debate y de
la contradicción - que le son consustanciales y que son el presupuesto de una
sentencia justa - sobre una base de lealtad y de pleno conocimiento de sus
extremos fundamentales. Es evidente que si la sentencia o providencia judicial
recae sobre materias no debatidas en el proceso, ausentes de la relación
jurídico-procesal trabada, la incongruencia, además de sorprender a una de las
partes, la coloca en situación de indefensión que, de subsistir, pese a la
interposición de los recursos, y con mayor razón cuando éstos no caben o se han
propuesto infructuosamente, se traduce inexorablemente en la violación
definitiva de su derecho de defensa (CP art. 29).
Sólo si concurren estas condiciones
podrá predicarse un radical desajuste entre lo debatido y lo finalmente
resuelto, con suficiente entidad para hacer seguir de la falta de
contradicción, la violación del derecho de defensa de una de las partes en el
proceso que pueda ser ventilado a través de la acción de tutela. Si dentro del
procedimiento ordinario, atendidas las circunstancias del caso, la indefensión
producto del vicio de incongruencia, puede reconocerse e impugnarse, la parte
agraviada debe hacerlo; si no lo hace, no se configura el estado de
indefensión, pues mal puede alegarse esa circunstancia por quien ha tenido los
medios de defensa y se ha abstenido de utilizarlos. Es bien sabido que si existen
medios eficaces de defensa en la legislación ordinaria, la acción de tutela es
improcedente; tampoco prospera normalmente, en este evento, como mecanismo
transitorio, ya que la existencia de recursos puede restarle la nota de
irremediabilidad al perjuicio. La acción de tutela, en suma, frente a vías de
hecho judiciales, se reduce a los casos en los cuales contra la providencia en
la que se haga patente la arbitrariedad o defecto absoluto antes aludido, no
exista medio ordinario de defensa o que pese a estar consagrado y a ejercitarse
con ese objeto, la situación irregular se mantenga y, por ende, el
quebrantamiento del derecho fundamental subsista y los medios ordinarios de
defensa se encuentren ya agotados.” (Negrillas fuera de texto)
3.2.7.7.      No obstante, no
es suficiente el calificativo de “protuberante” para identificar cuándo
la incongruencia de una sentencia vulnera de tal manera un derecho que el mismo
resulte tutelable, por ello la ya reseñada Sentencia T-773 de 2008[37]postula unos elementos
que pueden resultar relevantes al estudiar en un caso concreto la procedencia
de la acción de tutela. Así, debe valorarse:
“(1.) la naturaleza de las pretensiones
hechas -lo pedido- y el campo de aplicación de los derechos en juego;
(2.) si la sentencia o providencia
judicial recae sobre materias no demandadas, debatidas o probadas en el
proceso; y,
(3.) si el proceso conservó, desde su
apertura hasta su culminación, un espacio abierto y participativo para las
partes en contienda, de modo que se asegure la existencia del debate y de la
contradicción -que le son consustanciales y que son el presupuesto de una
sentencia justa- sobre una base de lealtad y de pleno conocimiento de sus
extremos fundamentales.”
3.2.7.8.      Ahora bien, el
principio de congruencia no solo ha sido objeto de desarrollo a nivel
constitucional, pues como ya se hizo mención, hace parte del debido proceso en
general. Por ello resulta relevante y necesario ver el análisis que de los
mismos se ha hecho en la jurisprudencia ordinaria y contencioso administrativa:
3.2.7.8.1.
Según
la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia del veintidós (22)
de enero de dos mil siete (2007)[38],
el“principio
de congruencia constituye un verdadero límite de competencia para la función
decisoria del juez, al propender porque cuando se desate un conflicto, el fallo
definitorio no se pronuncie sobre más (ultra petita), deje de resolver sobre
algo pedido (citrapetita), o decida sobre un aspecto diferente al planteado por
las partes (extra petita); en tanto esta forma de invasión en la esfera de
potestades de las partes, además de representar un proceder inconsulto y
desmedido, apareja la vulneración del derecho a la defensa de los demandados”, y continua
afirmando que el articulo 305 C.P.C. dispone en ultimas que “las partes
mediante los actos por los cuales se definen los perfiles del litigio limitan
la competencia del Juez, de modo que éste queda vinculado, y su poder de
jurisdicción sólo comprende el campo de las pretensiones, las excepciones y las
cuestiones oficiosas, nada más, pero tampoco nada menos.”
Más aún, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil reconoce que “el juez halla sometida su actividad a variados límites
de diferente entidad y naturaleza”, dentro de los cuales se encuentran, por
ejemplo, la necesidad de demanda de parte para poder proferir sentencia,
reconocida desde el derecho romano bajo la máxima según la cual “no se puede
juzgar de oficio; no se puede juzgar sin actor”[39]. Así mismo, “el
fallador no puede decidir nada distinto de lo que las partes le han sometido,
es decir no puede exceder ni las pretensiones formuladas, ni los medios de
defensa propuestos, ni la causa petendi que soporta a éstas y aquellas. En
otras palabras, no puede desconocer el principio de la congruencia, claro está
que teniendo en cuenta las facultades de pronunciamiento oficioso reconocidas
por la ley”.[40]
De esto último se deduce que si bien la actividad del juez se encuentra
limitada por diferentes factores, que en últimas no son más que mecanismos
protectores del debido proceso, el juez, en virtud de las facultades oficiosas
reconocidas en la ley, puede en determinados casos pronunciarse sobre asuntos
no mencionados por las partes. Esto en consonancia con el denominado principio “iuranovit
curia”, que sin embargo no permite “variar o distorsionar el contenido
medular de lo pretendido por las partes, […] o lo que es lo mismo, sin
desatender el axioma de la congruencia.”
Bajo estos parámetros, es claro en la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que los límites que impone la
congruencia de la sentencia no se erigen como barreras absolutas, sino que se
encuentran moderados por las facultades oficiosas y el principio iuranovit
curia, de tal forma que no son vulneradoras de este límite “las
decisiones jurisdiccionales que, partiendo de bases fácticas aducidas en los
escritos rectores del proceso, seleccionan los preceptos que estiman justos y
adecuados al caso concreto así esa selección no coincida con el tipo de
alegaciones jurídicas de parte aludido”, de manera que “el acatamiento
del deber de congruencia reclama que el juicio jurisdiccional emitido en la
sentencia se ajuste, no sólo a los hechos litigados sino también a la
pretensión entablada de tal modo que no sean alterados los elementos que
individualizan a esta última.”[41]
El alcance que en esta jurisprudencia se
le da al principio de congruencia implica que puede llegar a ser desconocido
por:
“1. Resolver sobre elementos o puntos no
comprendidos en la relación jurídico-procesal (extra petita);
2. Proveer  más de lo que el demandante
pide (ultra petita); y
3. Ser deficiente por dejar de proveer,
positiva o negativamente, acerca de puntos integrantes de la demanda o sobre
las excepciones que, además de aparecer probadas, hayan sido alegadas por el
demandado cuando así lo exija la ley (citrapetita).”[42]
Los anteriores supuestos se pueden
evidenciar con relativa facilidad, comparando el contenido de fondo de la
relación jurídico-procesal y lo resuelto por el juzgador en el respectivo fallo[43]. Valga decir
que en los primeros dos supuestos se da un exceso en el ejercicio
jurisdiccional, mientras que en el último hay un defecto u omisión más conocido
como fallo omiso o diminuto.
3.2.7.8.2.
Los
planteamientos que sobre estos puntos presenta la jurisprudencia de lo
contencioso administrativo no distan por mucho de lo que hasta ahora se ha
presentado, pues “los artículos 304 y 305 del C.P.C., [resultan] aplicables
a los asuntos de competencia de esta jurisdicción por expresa remisión del
artículo 207 del C.C.A.”[44]A partir de
esto, entiende esta jurisdicción que “la sentencia que ponga fin al proceso
deberá estar acorde con los hechos y las pretensiones de la demanda, toda vez
que en relación con ellos, el demandado ejerció su derecho de defensa y
contradicción.”[45]
De manera que las partes determinan los
límites de acción del juez, por fuera de los cuales el mismo estaría actuando
con vulneración del principio de congruencia, ya sea por resolver más allá de
lo pedido, o por dejar de pronunciarse sobre parte o todo ello.[46]
Igualmente, se considera que “La
congruencia de las providencias judiciales se establece mediante el proceso
comparativo entre la relación jurídico procesal y lo resuelto por el fallador,
teniendo en cuenta que la materia litigiosa, comprende también los asuntos que
el legislador atribuye al juez y que son complemento obligado y necesario de lo
suplicado expresamente.” Es decir, coincide en este concepto con lo
considerado por la jurisprudencia constitucional y ordinaria, en tanto si bien
la congruencia limita la acción del juez, ello no excluye lo que a él le
compete en virtud de las facultades oficiosas que le concede la ley.
Por otro lado, la sentencia del 16 de
junio 1994[47]
del Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, señaló que la congruencia
supone, por lo tanto:
"Que el fallo no contenga más de lo
pedido por las partes: "neeatijudex ultra petitapartium", pues si así
lo hiciera incurriría en incongruencia positiva, la que existe cuando la
sentencia concede o niega lo que nadie ha pedido, dando o rechazando más,
cuantitativa o cualitativamente, de lo que se reclama, v. g., se pide la
nulidad de un contrato y se falla declarando esta nulidad y condenando al pago
de daños y perjuicios; se pide la entrega de una cantidad y se falla condenando
al abono de cantidad superior.
"Que el fallo no contenga menos de
lo pedido por las partes: "Ne eatiudex citra petitapartium", pues si
así lo hiciera incurriría en incongruencia negativa, la que se da cuando la
sentencia omite decidir sobre alguna de las pretensiones procesales; en
principio, esto podría ocurrir tanto cualitativa como cuantitativamente, v. g.,
se pide la rescisión de un contrato y la devolución de una cosa y se condena
sólo a lo primero y se guarda silencio sobre lo segundo, se pide la entrega de
una cantidad y se concede o se niega una cantidad menor y nada se falla sobre
el resto; no obstante, por la inteligencia de que la petición de una cifra
supone la petición subsidiaria implícita de todas las menores y de que la
concesión de una cifra supone la denegación implícita de todas las superiores,
no es incongruente la sentencia que ante la reclamación de una cantidad condena
(no absuelve) a cifra menor de la reclamada. Por su parte, según la
jurisprudencia del Tribunal Supremo afirma, las sentencias plenamente
absolutorias y plenamente condenatorias no pueden considerarse nunca como
incongruentes.
"Que el fallo no contenga algo
distinto de lo pedido por las partes: "Ne eatiudex extra petitapartium",
pues si así lo hiciera incurriría en incongruencia mixta, combinación de la
positiva y la negativa, lo que sucede cuando las sentencias fallan sobre objeto
diferente al pretendido, verbigracia, se pide la nulidad de un contrato y en la
parte dispositiva de la sentencia se declara su rescisión".
3.2.7.9.      Así las cosas,
determinado claramente que el principio de congruencia forma parte fundamental
del derecho al debido proceso y debe, en este orden, ser acatado por todos los
Jueces de la República, independientemente de la jurisdicción a la que
pertenezcan, vale la pena precisar que de igual forma rige las actuaciones
adelantadas por los tribunales de arbitramento, por cuanto, tal como se expuso
en capítulos precedentes de esta providencia, el artículo 116 Constitucional
faculta a los árbitros, transitoriamente, para que ejerzan la función pública de
administrar justicia en los términos que determine la ley. De igual forma, el
artículo 121 Superior establece que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer
funciones distintas de las que atribuyen la Constitución y las leyes.
Es así como debe tenerse en cuenta que
aun cuando el procedimiento arbitral se caracteriza por ser más flexible en
relación con los procedimientos de la vía judicial ordinaria, en tanto los
fines impuestos por la Constitución Política se encuentran dirigidos a
colaborar con la rama judicial, no solamente para descongestionar la
administración de justicia, sino para rendirla pronta y eficazmente, los
árbitros deben respetar tanto las disposiciones legislativas que regulan su
ejercicio, como todas aquellas que tengan que ver con el orden público y con
los derechos fundamentales de las personas[48].
Por tanto, como se dijo anteriormente,
las actuaciones de los árbitros se encuentran sujetas al cumplimiento de la ley
y a las garantías propias del debido proceso, incluido el respeto al principio
de congruencia, por lo que sus actos son sujetos de control de legalidad a
través de los recursos extraordinarios contemplados por la ley para el efecto,
los cuales responden a unas características específicas en atención a la
especial naturaleza de la justicia arbitral.
Con base en los fundamentos
jurídicos expuestos, la Sala Séptima de Revisión pasará a examinar el asunto
puesto a su consideración.
4.
CASO CONCRETO
4.1.    OBSERVACIONES
GENERALES.
4.1.1.  La Sociedad BRM S.A. interpuso
acción de tutela contra la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de
Bogotá, alegando la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso,
por haber declarado el despacho judicial fundado el recurso de anulación
interpuesto contra el laudo arbitral que había declarado la existencia de un
contrato de agencia comercial con la Sociedad Young & Rubicam Brands Ltda.
Argumentó que la sentencia de anulación
cuestionada por esta vía incurrió en varias causales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Específicamente, advirtió la
configuración de un defecto sustantivo y un desconocimiento del precedente
jurisprudencial, que se traducen en la evidente vulneración a su debido
proceso.
En este sentido, precisó que el Tribunal
Superior de Bogotá dio una indebida interpretación y aplicación a la causal de
anulación invocada para sustentar el recurso. Lo anterior, por cuanto entró a
estudiar de fondo la decisión adoptada por el tribunal de arbitramento,
determinando que el árbitro se había equivocado en sus consideraciones, y no se
limitó a verificar si el laudo arbitral cuestionado había recaído sobre puntos
no sujetos a la decisión o había concedido más de lo pretendido, tal como lo
establece la causal 8ª de anulación consagrada en el artículo 163 del Decreto
1818 de 1998.
En ese orden, destacó que el despacho
judicial accionado desconoció el precedente jurisprudencial, en virtud del cual
se ha establecido que el recurso de anulación procedente contra los laudos
arbitrales es de carácter restrictivo, no sólo en la medida en que debe
sujetarse a las causales taxativas señaladas por la ley, sino además respecto a
la interpretación y aplicación que de las mismas se realice, que, en todo caso,
deben ceñirse a la verificación del procedimiento adelantado por los árbitros.
4.1.2.  En sede
constitucional, ambas instancias desempeñadas por las Salas de Casación Civil y
Laboral de la Corte Suprema de Justicia respectivamente, concedieron el amparo
al
derecho fundamental al debido proceso de la Sociedad BRM S.A., considerando para ello que efectivamente el Tribunal Superior de Bogotá,
al decidir el recurso de anulación cuestionado, se apartó de las competencias
asignadas en esta materia a los jueces de anulación. Esto, por cuanto realizó
un análisis de la decisión adoptada por el árbitro y no se ciñó a la simple
confrontación del procedimiento adelantado para llegar a ella, que constituye
su verdadera finalidad.
Con fundamento en este recuento
fáctico, corresponde entonces a la Sala Séptima de Revisión determinar si la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá desconoció el derecho fundamental
al debido proceso de la Sociedad BRM S.A.
Para atender el problema jurídico
expuesto, la Sala examinará dos aspectos centrales a la luz de las reglas
anteriormente señaladas. En primer lugar, establecerá si en el presente caso se
cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales señalados en la parte motiva de esta providencia.
Posteriormente, si se satisface dicha exigencia, determinará si el despacho
judicial accionado incurrió en un defecto sustantivo y en un desconocimiento
del precedente jurisprudencial.
4.2.    EN EL PRESENTE
CASO SE REÚNEN TODOS LOS REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
4.2.1.  El asunto
debatido reviste relevancia constitucional.
El problema jurídico puesto a
consideración es de evidente relevancia constitucional, puesto que la
controversia versa sobre la protección del derecho fundamental al debido
proceso de la Sociedad BRM S.A.
4.2.2.  La tutela no se
dirige contra una sentencia de tutela
La presente acción de tutela se dirige
contra una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en el curso
de un recurso de anulación interpuesto contra un laudo arbitral, y no contra un
fallo de tutela.
4.2.3.  Existió
inmediatez entre los hechos y el ejercicio de la acción de tutela
Sobre este punto, es pertinente recordar
que esta Corporación ha establecido como requisito de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales el principio de
inmediatez, el cual se traduce en el deber de solicitar el amparo
constitucional tan pronto como sea posible, atendiendo las particularidades del
hecho que genera la violación.[49] Es
por ello que, como bien lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia
constitucional, no existe un plazo objetivo para la interposición de la acción
de tutela[50].
En el presente
caso, encuentra
la Sala que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá atacada data del 20
septiembre de 2012
y la acción de tutela fue presentada el 29 de febrero de
2013,
es decir, cinco meses después.
Atendiendo lo anterior, la Sala considera que los 5 meses transcurridos entre la fecha de la decisión de la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá y el momento de presentación de
la solicitud de amparo, es un término razonable y oportuno que no pugna con el
principio de inmediatez, puesto que se requiere de un tiempo prudencial para la
elaboración de argumentos jurídicos encaminados a la demostración de la
existencia de una supuesta causal específica de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones arbitrales.
4.2.4.  El tutelante
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance.
Frente al requisito de subsidiariedad
debe la Sala reiterar, como ya se expuso, que uno de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela exige que no existan otros medios de
defensa judiciales para la protección de los derechos fundamentales cuya lesión
se alega, o que existiendo éstos, no sean idóneos o eficaces, o que sea
evidente el perjuicio irremediable para el actor, si la acción de tutela se
presenta de manera transitoria.
En el asunto
bajo estudio, se observa que la decisión cuestionada fue proferida por un
tribunal superior, por lo que en virtud de lo establecido en el artículo 379
del Código de Procedimiento Civil es susceptible del recurso extraordinario de
revisión.
De conformidad
con el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, son causales de revisión:
“1. Haberse
encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado
la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al
proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2.  Haberse
declarado falsos por la justicia penal documentos que fueren decisivos para el
pronunciamiento de la sentencia recurrida.
3.  Haberse basado
la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso
testimonio en razón de ellas.
4.  Haberse dictado
la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en la producción de dicha prueba.
5.  Haberse dictado
sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento
de la sentencia recurrida.
6.  Haber existido
colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se
dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre
que haya causado perjuicios al recurrente.
7.  Estar el
recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de
notificación o emplazamiento contemplados en el artículo 152, siempre que no haya saneado la
nulidad.
8.  Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de
recurso.
9.  Ser la sentencia
contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada, siempre que el recurrente no hubiera podido
alegar la excepción en el segundo proceso por habérsele designado curador ad
litem y haber ignorado la existencia de dicho proceso. Sin embargo no habrá
lugar a revisión cuando en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa
juzgada y fue rechazada.”
Para la Sala, ninguno de los supuestos de hecho enunciados que hacen procedente el recurso de
revisión se presentan en el sub examine, puesto que lo pretendido por la Sociedad BRM S.A. es la indebida interpretación de las normas sustantivas referentes al
recurso de anulación y la incompetencia de la autoridad judicial accionada para
pronunciarse sobre asuntos que no están contemplados en el referido recurso. De
esta forma, como bien se observa, lo cuestionado en sede de tutela no se
enmarca dentro de ninguna de las causales del recurso de revisión.
Así las cosas la Sala observa que la sociedad accionante no cuenta con otros mecanismos diferentes a la acción
de tutela para hacer valer las referidas circunstancias, por lo que se colige
se encuentra satisfecho el requisito del agotamiento de los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial.
4.3.
EXISTENCIA
DE UN DEFECTO SUSTANTIVO EN EL PRESENTE CASO.
En el sub examine, debe indicar la Sala de Revisión que la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá
incurrió
en un defecto sustantivo, por las razones que a continuación se explican:
Tal como se expuso precedentemente, el
defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece cuando la autoridad
judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables
en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación
indebida, por un error grave en su interpretación o por el desconocimiento del
alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada.
La sociedad demandante considera que el
Tribunal Superior de Bogotá  incurrió en un defecto sustantivo en su decisión
de declarar fundado el recurso de anulación interpuesto contra el laudo
arbitral que decidió que entre las sociedades BRM S.A. y Young & Rubicam Brands
Ltda., existió un contrato de agencia mercantil.
Sostuvo la parte actora que la decisión
proferida por el Tribunal Superior de Bogotá fue producto de una errónea
interpretación y aplicación de la causal de anulación invocada. Al respecto,
explicó que en la decisión atacada por tutela se realizó un análisis de los
argumentos expuestos por el árbitro que lo llevaron a concluir la existencia de
un contrato de agencia mercantil. Argumentos frente a los cuales, concluyó el
despacho judicial no se encontraban sujetos al principio procesal de
congruencia, puesto que estaban dirigidos a determinar la configuración de un
contrato que no había sido solicitado en las pretensiones de la demanda
arbitral.
Al respecto, se observa que la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá efectuó el siguiente análisis
para concluir que el laudo arbitral puesto a su conocimiento debía ser anulado,
puesto que carecía de congruencia en relación con las pretensiones formuladas:
(i)
Inicialmente,
destacó que el mecanismo del recurso de anulación origina una nueva relación
procesal diferente a la del arbitramento y encargada exclusivamente de corregir
eventuales excesos por degeneración o extralimitación en el ejercicio de la
potestad arbitral, advirtiendo en todo caso, que en el desarrollo del recurso
extraordinario de anulación no se puede “interferir en todo el proceso de
elaboración intelectual del laudo si no hay de por medio, verificable con naturalidad
y sin la ayuda de habilidosos rodeos, un exceso de poder con influencia notoria
de la decisión.”
(ii)
Paso
seguido, enfatizó que el recurso de anulación del laudo tiene un campo de
acción más restringido que el del recurso de casación, puesto que a diferencia
de éste, no se consiente la formulación de cargos por violación del derecho
sustancial, con lo cual se excluye la posibilidad de abrir un nuevo debate
sobre eventuales o posibles errores de hecho o de derecho en la apreciación de
la prueba.
(iii)
En
ese orden, advirtió que la estructura básica del recurso de anulación equivale
a una especie de “apelación extraordinaria”, cuya operancia responde a pautas
muy similares a las que rigen el recurso de casación apoyado en defectos in
procedendo, siendo solo posible argumentar desviaciones en la actuación de
los árbitros que entrañen un verdadero abuso o desfiguración de los poderes que
recibieron por las partes que acordaron llevar sus conflictos a la justicia
arbitral.
(iv)
Luego
de realizar las anteriores consideraciones conceptuales en torno a la
procedencia y finalidad del recurso de anulación, indicó, sin realizar
previamente alguna otra referencia, que la causal octava de anulación invocada
estaba llamada a prosperar, puesto que, en su concepto, los fundamentos
fácticos esgrimidos en la demanda sustituta por la parte convocante del
arbitramento “apuntaban en esencia a sustentar la primera acción incoada por
la misma actora, en aquella oportunidad para procurar la declaratoria de
incumplimiento del contrato de “acuerdo de afiliación y licencia de marca”,
trasportándose todos ellos a la segunda demanda sustitutiva, a la que sólo
agregaron algunos otros, de naturaleza meramente enunciativa, en los que se
afirma la existencia del contrato de agenciamiento, y el no cumplimiento del
mismo”.
(v)
Bajo
esta línea argumentativa, aseveró que en la demanda arbitral sustituta no se
desarrollaron hechos reveladores del contrato de agencia comercial,
cuestionando en este sentido, el hecho de que era deber del demandante arbitral
derribar la certeza del contrato de “afiliación y licencia de marca” ya
existente y, de esta manera, probar que el convenio acordado entre las partes
era realmente el de la agencia comercial, el cual además requería de la
demostración de unos elementos propios que debían ser enlistados en el escrito
de demanda, tendientes a la comprobación procesal de su existencia.
(vi)
Para
sustentar la afirmación anterior, realizó un breve recuento de lo considerado
por la jurisprudencia en relación con la naturaleza del contrato de agencia
comercial y de sus elementos principales según lo establecido por la doctrina,
para concluir con ello, que la parte convocante del proceso arbitral no
comprobó la real existencia del precitado contrato de agencia mercantil,
circunstancia que soslayó el árbitro al admitir la demanda a trámite, sin
considerar que ese defecto no solo tornaba improcedente la acción sino que
además evidenciaba un futuro problema de incongruencia.
(vii)
Recordó
que para la declaración de la presencia de un contrato de agencia comercial, no
es suficiente realizar su enunciación sino que deben demostrarse todos y cada
uno de los requisitos señalados por la doctrina para el efecto, siendo ello una
carga del demandante que no se evidencia en el proceso arbitral que culminó con
el laudo considerado nulo.
(viii)     De esta manera,
consideró que la conclusión adoptada por el árbitro frente a la declaratoria de
existencia de un contrato de agencia comercial, no fue acertada, por cuanto los
hechos alusivos a la existencia de aquél no fueron suficientemente explicados y
carecieron de total sustento probatorio.
(ix)
Sin
ninguna otra argumentación, determinó el Tribunal Superior de Bogotá fundado el
laudo arbitral objeto del recurso por haberse configurado la circunstancia
descrita en la causal 8ª de anulación.
Para la Sala Séptima de Revisión de Tutelas, las consideraciones expuestas por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, constituyen un defecto
sustantivo que hace procedente la acción de tutela en el presente caso, toda
vez que, como pasará a explicarse, están fundamentadas en una aplicación
manifiestamente equivocada de las causales de anulación, lo cual genera
injustificadamente una vulneración al derecho fundamental al  debido proceso de
la sociedad accionante.
No comparte la Sala la aplicación dada por el despacho judicial accionado a la causal 8ª de anulación,
invocada para sustentar el recurso de anulación, y se hace referencia a la
aplicación, mas no al entendimiento de la misma, por cuanto a pesar de que el
tribunal accionado realiza un recuento pertinente y acertado sobre las
características del recurso, y reconoce sin lugar a dudas que el mismo no está
instituido para controvertir las decisiones de fondo adoptadas en el trámite
arbitral, sino que se limita o restringe a la verificación de errores
procedimentales que constituyan “un verdadero abuso o desfiguración de los
poderes” atribuidos a los árbitros por las partes que acudieron al proceso
arbitral, sin realizar ningún tipo de discernimiento adicional que desvirtúe lo
manifestado, concluye que el laudo recayó en puntos no sujetos a la decisión
del árbitro o falló más allá de lo pedido por las partes.
Cuestiona la Sala que pese a ser las causales de anulación taxativas y claras en cuanto a su
configuración, y ello ser aceptado por el despacho judicial accionado, en la
medida en que manifestó que en el recurso de anulación “la viabilidad del
recurso requiere, por regla general, la comprobada existencia en el laudo de
los vicios denunciados por el recurrente que, además, corresponden a los
taxativamente previstos por el legislador”[51],
amparado en la presencia de la causal 8ª de anulación, realizó un estudio de
fondo sobre las razones o argumentos que tuvo el árbitro para declarar la
existencia de un contrato de agencia comercial, así:
“no podía seguirse la inferencia a la
que arribó el árbitro, mucho menos, cuando al ser trasladados los primeros
dieciséis hechos, de la primera demanda, que le servían de pábulo al actor en
ese escenario primigenio, para sustentar el incumplimiento de la accionada al
contrato de “acuerdo de afiliación y licencia de marca” (…) circunstancia que
es bien ilustrativa de la ausencia de una confrontación fáctica ajustada a la
nueva realidad que planteaba la acción substituta”[52].
En efecto, debe reiterarse lo indicado
en la parte motiva de esta sentencia, en relación con que las facultades del
juez que conoce del recurso de anulación se limitan a la verificación de las
causales de nulidad invocadas por el actor, causales que han sido consagradas
por el legislador y que son de interpretación restrictiva.
En este orden de ideas, se tiene que la
causal 8ª de anulación indica literalmente “Haberse recaído el laudo sobre
puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo
pedido”. Por lo que, en atención a la misma, era función del Tribunal
Superior de Bogotá simplemente verificar si efectivamente el laudo arbitral
cuestionado había tocado puntos que no fueron expuestos en la demanda arbitral
o que había culminado con una decisión alejada de las pretensiones expuestas.
Sobre este punto, contrario a lo
afirmado por el Tribunal Superior de Bogotá, el laudo arbitral que dirimió las
controversias suscitadas entre las sociedades BRM S.A. y Young & Rubicam Brands
Ltda. no adoleció de la hipótesis contemplada en la causal 8ª de anulación. Lo
anterior, por cuanto indudablemente el árbitro se pronunció sobre los puntos
puestos a su conocimiento tanto en las pretensiones de la demanda como en las
excepciones propuestas por la parte convocada.
De esta manera, se observa claramente
que desde la primera pretensión contenida en el libelo de la demanda arbitral
se expone que la controversia gira en torno a declarar la existencia de un
contrato de agencia comercial entren las partes, así: “DECLARAR que el
contrato que celebró la sociedad convocada YOUNG &RUBICAM BRANDS LTDA., con
la sociedad convocante BRM S.A., el treinta y uno (31) de diciembre del año dos
mil cuatro (2004), adicionado con el “otro sí” suscrito el 28 de julio de 2005,
es un contrato de agencia comercial aunque las partes lo hayan denominado
“ACUERDO DE AFILIACIÓN Y LICENCIA DE MARCA”.[53]
De igual manera, tal como consta en los
antecedentes descritos en el laudo arbitral, las excepciones de mérito
formuladas en la contestación de la demanda estuvieron encaminadas a desvirtuar
la alegada existencia del contrato de agencia comercial, de la siguiente
manera: “1. La intención de las partes al suscribir el contrato de afiliación
el 31 de diciembre de 2004 no consistía en celebrar un contrato de agencia
mercantil. 2. Las partes no ejecutaron un contrato de agencia mercantil. (…)”.
[54]
No entiende la Sala pues, el por qué el Tribunal Superior de Bogotá afirma que la discusión de la existencia
de un contrato de agencia comercial no fue puesto en conocimiento del árbitro,
puesto que, se repite, el problema jurídico sí fue señalado desde la primera
pretensión de la demanda y fue adicionalmente controvertido por la parte
llamada al tribunal.
Así las cosas, la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá distorsionó abiertamente la
intención de las partes, cual era debatir la configuración de un contrato
celebrado entre ellas y, como consecuencia de esta errada concepción atribuyó
una consecuencia adversa a lo decidido por el tribunal de arbitramento.
En efecto, no estaba autorizado el juez
de anulación entrar a determinar si las razones por las cuales se concluyó que
había existido un contrato de agencia comercial eran o no razonables, o se
encontraban o no carentes de sustentos fácticos o probatorios, pues esto
constituye una intromisión no permitida en lo decidido por el arbitramento y
desnaturaliza la finalidad del recurso de anulación, que es verificar que en el
procedimiento adelantado en el trámite arbitral no se comentan yerros
ostensibles.
En realidad, lo que debió realizar el
tribunal accionado fue simplemente corroborar si el contrato de agencia
comercial se encontraba dentro de las pretensiones esgrimidas en la demanda
arbitral, puesto que la labor de analizar y comprobar la existencia de dicho
contrato se encuentra en cabeza del árbitro asignado para el efecto, siendo
vedado en el recurso de anulación hacer consideraciones sobre la validez de lo
concluido, toda vez que se insiste, este recurso no puede constituirse en una
segunda instancia arbitral.
Es pertinente entonces, traer a colación
la naturaleza y finalidad del contrato arbitral, que, en todo caso hace
referencia a que las partes de manera libre y autónoma deciden acudir a medios
de solución de
controversias alternativos a la justicia estatal, para solucionar las
diferencias suscitadas en relación con la ejecución de determinados contratos.
En consecuencia, la Sala concluye que el Tribunal Superior de Bogotá en su Sala Civil de Descongestión, al dar
una aplicación errónea de la causal de anulación invocada, incurrió en un
defecto sustantivo, ya que conforme a lo reseñado, basta con que las partes
hubieran incluido como pretensión el contrato de agencia comercial para que el
árbitro debiera hacer decidido sobre el mismo, tal como ocurrió,
desconociéndose en consecuencia por parte del Tribunal el contenido de lo
señalado en el numeral 8° del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998.
Ahora bien, aun si se
estableciera que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá simplemente se
limitó a analizar el presunto error procedimental cometido en el laudo arbitral
precitado y, en este orden, determinó la incongruencia del laudo, por cuanto,
en sus palabras, se presentó “ausencia de una confrontación fáctica ajustada
a la nueva realidad que planteaba la acción substituta”,
encuentra la Sala Séptima de Revisión que dicha conclusión se aleja, de una
parte, de los requisitos establecidos por la jurisprudencia de las Altas Cortes
para determinar la falta de congruencia en las decisiones judiciales y de otra
parte, de los requisitos señalados por la Corte Constitucional para efectos de determinar cuándo la mentada ausencia de congruencia es vulneratoria
del derecho fundamental al debido proceso.
En este orden, se reitera que la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en señalar que se
desconoce el principio de congruencia al:
“1. Resolver sobre elementos o puntos no
comprendidos en la relación jurídico-procesal (extra petita);
2. Proveer  más de lo que el demandante
pide (ultra petita); y
3. Ser deficiente por dejar de proveer,
positiva o negativamente, acerca de puntos integrantes de la demanda o sobre
las excepciones que, además de aparecer probadas, hayan sido alegadas por el
demandado cuando así lo exija la ley (citrapetita).”[55]
Así mismo, en atención al principio de
congruencia, ha señalado la Sala de Casación Civil de esa Corporación que son
las partes del litigio quienes limitan la competencia del juez, de tal manera
que su poder de jurisdicción “sólo comprende el campo de las pretensiones, las excepciones
y las cuestiones oficiosas (...)”[56]
En igual sentido, ha manifestado que “el
acatamiento del deber de congruencia reclama que el juicio jurisdiccional
emitido en la sentencia se ajuste, no sólo a los hechos litigados sino también
a la pretensión entablada de tal modo que no sean alterados los elementos que
individualizan a esta última.”[57]
Por su parte, la Corte Constitucional ha indicado que para efectos de estudiar la procedencia de la acción de
tutela por el desconocimiento del principio procesal de congruencia, deben
tenerse en cuenta en el estudio de los casos los siguientes elementos:
“(1.) la naturaleza de las pretensiones
hechas -lo pedido- y el campo de aplicación de los derechos en juego;
(2.) si la sentencia o providencia
judicial recae sobre materias no demandadas, debatidas o probadas en el
proceso; y,
(3.) si el proceso conservó, desde su
apertura hasta su culminación, un espacio abierto y participativo para las
partes en contienda, de modo que se asegure la existencia del debate y de la
contradicción -que le son consustanciales y que son el presupuesto de una
sentencia justa- sobre una base de lealtad y de pleno conocimiento de sus
extremos fundamentales.”[58]
De esta manera, observa la Sala que el laudo arbitral objeto del recurso de anulación cuestionado en sede de tutela,
acató el principio de congruencia y en consonancia con ello profirió una
decisión. A la anterior conclusión se arriba luego de revisar las pretensiones
de la demanda arbitral, los hechos expuestos para fundamentar lo pretendido,
las excepciones planteadas por la parte convocada y, por ultimo lo resuelto por
el árbitro.
En este orden, se tiene que las
pretensiones de la demanda arbitral presentada se circunscriben a:
“PRIMERO: “DECLARAR que el
contrato que celebró la sociedad convocada YOUNG &RUBICAM BRANDS LTDA., con
la sociedad convocante BRM S.A., el treinta y uno (31) de diciembre del año dos
mil cuatro (2004), adicionado con el “otro sí” suscrito el 28 de julio de 2005,
es un contrato de agencia comercial aunque las partes lo hayan
denominado “ACUERDO DE AFILIACIÓN Y LICENCIA DE MARCA”. SEGUNDO“DECLARAR
que la sociedad convocada YOUNG &RUBICAM BRANDS LTDA., incumplió el
contrato de agencia comercial que celebró con la sociedad convocante BRM S.A.
el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil cuatro (2004), adicionado
con el “otro sí” suscrito el 28 de julio de 2005, al darlo por terminado de
manera unilateral y sin justa causa. TERCERO: “Como consecuencia
de la anterior declaración, CONDENAR a la sociedad convocada YOUNG &
RUBICAM BRANDS LTDA. a pagar a la sociedad convocante BRM S.A. el valor de la
cláusula penal pactada, cuyo monto se estima bajo la gravedad del juramento en
la suma de QUINIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS ($515.000.000). CUARTO: “CONDENAR
a la sociedad convocada YOUNG & RUBICAM BRANDS LTDA. a pagar a la sociedad
convocante BRM S.A. una suma de dinero equivalente a la doceava parte del
promedio de la utilidad percibida por BRM S.A. en los últimos tres años, por
cada uno de vigencia del contrato, cuyo monto se estima bajo la gravedad del
juramento en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($350.415.533). QUINTO: “CONDENAR
a la sociedad convocada YOUNG & RUBICAM BRANDS LTDA. a pagar a la sociedad
convocante BRM S.A la indemnización equitativa prevista en el inciso segundo
del artículo 1324 del Código de Comercio como retribución por los esfuerzos de
ésta para acreditar la marca WONDERMAN y, en general, por acreditar los
servicios que fueron materia del contrato, cuyo monto se estima bajo la
gravedad del juramento en la suma de DIECINUEVE MIL SETENTA Y DOS MILLONES DE
PESOS ($19.072.000.000). SEXTO: “DECLARAR que por haber terminado
unilateralmente y sin justa causa el contrato de agencia comercial que celebró
con BRM S.A. el 31 de diciembre de 2004, adicionado con el “otro sí” suscrito
el 28 de julio de 2005, la convocada YOUNG & RUBICAM BRANDS LTDA. no puede
derivar a su favor provecho alguno de la obligación prevista en el literal d)
de la cláusula II. Y SÉPTIMO: “CONDENAR  a la convocada YOUNG
& RUBICAM BRANDS LTDA al pago de las costas procesales.”[59](Negrilla y
subrayado fuera de texto)
Dentro de los hechos expuestos para
sustentar las anteriores pretensiones se resaltan los siguientes:
“2.) El 31 de diciembre del año 2004 la
sociedad YOUNG &RUBICAM BRANDS LTDA celebró con la sociedad BRM S.A un
contrato que las partes denominaron “ACUERDO DE AFILIACIÓN Y LICENCIA DE
MARCA”.
3) El objeto principal del citado
contrato era que BRM S.A prestara, bajo la marca “WUNDERMAN” los servicios de
Costumer Relatioship Management (CRM) a todos los clientes que YOUNG 6 RUBICAM
BRANDS LTDA le refiera o le remita.
(…)
6) Para efectos que la sociedad BRM S.A.
pudiera prestar los servicios de CRM, o cualquiera otro de los previstos en el
“otro si” suscrito el 28 de julio de 2005, bajo la marca “WUNDERMAN” la
convocada YOUNG & RUBICAM BRANDS LTDA le concedió el uso exclusivo de esa
marca dentro del territorio de la República de Colombia. (…)
(…)
10) En el contrato que las partes
denominaron de afiliación y licencia de marca, la convocada YOUNG & RUBICAM
BRANDS LTDA se obligó a no prestar directamente, ni por interpuesta persona
diferente a BRM S.A. los servicios de CRM, o cualquiera otro de los previstos
en el “otro si” suscrito el 28 de julio de 2005, en el territorio de la República de Colombia y en consecuencia se obligó además a remitir y a referir aq la convocante
BRM S.A todos los clientes que le solicitaran la prestación de esos servicio en
ese lugar.
(…)
16) Como puede observarse, en virtud del
contrato celebrado, BRM S.A asumió en forma independiente y de manera estable y
exclusiva, el encargo de promover y explotar en el territorio de la República de Colombia, bajo la marca WUNDERMAN, la prestación de los servicios de CRM (
Costumer Relatioship Management), telemercadeo, interactividad, dialogo con el
consumidor, análisis de datos, creatividad, insigth, promociones, planeación y,
en general, los relacionados con un contrato directo con el consumidor.
17) Todo lo anterior determina que la
verdadera naturaleza del contrato celebrado por las partes fuera la de una
agencia comercial.
18) La convocada YOUNG & RUBICAM
BRANDS LTDA había incumplido el contrato de agencia comercial (…) toda vez que
estaba prestando directamente en Colombia o por interpuesta persona diferente a
la convocante BRM S.A los servicios de CRM y los demás previstos en el referido
“otro sí”, pese a las reclamaciones de esta última.
19) También YOUNG & RUBICAM BRANDS
LTDA había incumplido el contrato porque no había remitido ni referido los
clientes a BRM S.A. para la prestación de los servicios de CRM, y de los demás
mencionados en el otro sí suscrito el 28 de julio de 2005, a pesar de que la clientela había concurrido ante la convocada para ello.
20) En efecto, YOUNG & RUBICAM
BRANDS LTDA le ha prestado tales servicios en Colombia a (…), entre otros. (…)”[60].
A su vez, en la contestación de la
demanda la parte convocada formuló las siguientes excepciones de mérito:
“1. La intención de las partes al
suscribir el contrato de afiliación el 31 de diciembre de 2004 no
consistía en celebrar un contrato de agencia mercantil.
2. Las partes no ejecutaron un
contrato de agencia mercantil.
3. No es necesario interpretar el
contrato de afiliación.
4. Regular, oportuna y justificada
terminación del contrato de afiliación
5. Excepción del contrato no cumplido.
6. Compensación.
7. Temeridad” (Negrilla y
subrayado fuera de texto)
De lo anteriormente reseñado, puede
apreciarse que en efecto: i) las pretensiones de la demanda se
encontraban encaminadas a la declaratoria de la existencia de un contrato de
agencia comercial; ii) la parte demandante, BRM S.A., presentó en un
amplio escrito los hechos que consideró relevantes para la configuración de un
contrato de agencia mercantil; iii) la sociedad convocada, YOUNG &
RUBICAM BRANDS LTDA, presentó demanda de reconvención, propuso excepciones de mérito
y solicitó pruebas[61], todo lo cual,
como se aprecia de la relación de las excepciones de mérito presentadas, estuvo
dirigido a desvirtuar la existencia de un contrato de agencia comercial, y; iv)
finalmente, el árbitro del litigio, tras realizar el análisis y valoración de
los elementos ante él expuestos por las partes procesales, función para la cual
está instituido, profirió una decisión acorde con lo pretendido y lo debatido
probatoriamente dentro del trámite arbitral.
Respecto a la apreciación realizada o el
valor probatorio otorgado por el tribunal de arbitramento tanto al contenido de
los hechos relacionados, como a las pruebas aportadas al proceso como muestra
de la alegada relación contractual entre las partes, se recuerda que no es función
del juez que conoce del recurso de anulación entrar a estudiar las razones
jurídicas que dieron lugar a lo decidido, sino ser garante de que en el proceso
se haya respetado el debido proceso de las partes.
En este orden, puede sostenerse que
dentro del proceso arbitral estudiado no se presentó un desconocimiento del
debido proceso de ninguna de las partes, específicamente del principio de
congruencia, puesto que, establecida la relación jurídico procesal a debatir,
planteada desde las pretensiones, hechos y pruebas presentadas en la demanda,
la parte convocada tuvo varias oportunidades de controvertir lo solicitado,
respetándose así su garantía de defensa y contradicción.
Por otra parte, como se dijo en líneas
anteriores, el defecto sustantivo igualmente se configura cuando la autoridad
judicial desconoce en su actuación el precedente jurisprudencial, circunstancia
que se presenta  como se mencionó, cuando un juez de menor jerarquía desconoce
el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que
hubiese permitido una decisión diferente a la acogida por la jurisprudencia.
En este sentido, como bien trae a
colación la parte accionante, la jurisprudencia proferida por la Corte Suprema de Justicia en materia del recurso extraordinario de anulación es uniforme y
reiterativa respecto a las características restrictivas del mismo.
Así, se invoca el desconocimiento del
precedente sustentándose en lo sostenido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia del 21 de julio de 2005, M.P. Edgardo Villamil Portilla[62], cuyas
consideraciones han sido reiteradas por múltiples sentencias proferidas por la
misma Sala de Casación[63].
Ahora, para establecer si estos
pronunciamientos constituyen precedente vertical, es primero importante
recordar: (i) qué debe entenderse como “precedente” y (ii) cuándo
una decisión es relevante para resolver un caso posterior.
Como se señaló en la parte considerativa
de esta providencia, precedente es aquella
sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo
objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos y problemas jurídicos, y
en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia[64]. El precedente
puede consolidarse en una línea jurisprudencial cuando de forma reiterada se
emplea la misma ratio decidendi para resolver problemas jurídicos
similares.
Una vez identificada una sentencia o
grupo de sentencias que constituyen precedente, se debe establecer si son
relevantes o no para resolver el nuevo caso objeto de examen. Para ello deben
analizarse los siguientes elementos:
“a) En la ratio decidendi de la
sentencia se encuentra una regla relacionada con el caso a resolver
posteriormente, b) La ratio debió haber servido de base
para solucionar un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional
semejante, c) Los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia
anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que
debe resolverse posteriormente. En este sentido será razonable que cuando en
una situación similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan
con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante
el precedente”[65].
Estos tres elementos hacen que una
sentencia o grupo de sentencias anteriores se constituyan en un precedente
aplicable a un caso concreto, y, en esa medida, que sean vinculantes en virtud
de los principios de igualdad y debido proceso, entre otros. De allí que se
pueda definir el precedente aplicable.
Realizadas estas consideraciones, procede
esta Sala de Revisión a verificar si en el caso concreto existía un precedente
que obligara al Tribunal Administrativo de Bogotá, y si el Tribunal se apartó
del mismo e inobservó las reglas jurisprudenciales establecidas para tal fin.
De la lectura de las sentencias
precitadas, se destaca que el Máximo Tribunal de lo jurisdicción ordinaria ha
indicado que en el recurso de anulación tan solo se pueden controlar vicios de
procedimiento en que pudieron incurrir los árbitros.
Así, lo señaló ese Alto Tribunal:
“lo hasta aquí  discurrido ayuda a entender los límites de la intervención
del juez del Estado cuando asume conocimiento del recurso de anulación del
laudo arbitral, dada la precisión de las causales consagradas legalmente (…).
Es evidente entonces que la naturaleza extraordinario de anulación se
incorporen objeciones propias del recurso de apelación, tales como errores en
la apreciación de la demanda o de la prueba; menos respecto de la naturaleza
jurídica del contrato, o sobre el acierto en la elección del marco normativo
apropiado para dispensar la solución al litigio.”[66].
De cara a la naturaleza del
recurso de anulación y frente a su procedencia, la misma providencia citada
estableció que: “está restringida en gran medida y de manera particular,
porque sólo es dable alegar a través de él las precisas causales que
taxativamente enumera la ley, con lo que es bastante para destacar que se trata
de un recurso limitado y dispositivo. Su naturaleza jurídica especial así
advertida, sube más de punto si se observa que a través de dichas causales no
es posible obtener, stricto sensu, que la cuestión material dirimida por los árbitros
´pueda ser rexaminada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial que
conozca de la impugnación. No se trata, pues, de un recurso para revisar
o replantear lo que ya fue objeto de decisión mediante arbitramento,
como que en tal caso, entre otras cosas, muy difícil quedaría desnaturalizar la
teología de acudir a ese tipo de administración de justicia. Si tal se
permitiese, ciertamente en nada habrían avanzado las partes. Por el
contrario, las causales de anulación del laudo miran es el aspecto procedimental
del arbitraje, y están inspiradas porque los más preciados derechos de
los litigantes no hayan resultado conculcados por la desviación procesal del
arbitramento.”(Negrilla y subrayado fuera de texto original).
De esta forma, es claro que la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que los jueces que conocen del recurso de anulación no
pueden revisar el fondo del asunto decidido por los árbitros y que el
arbitramento no puede considerarse como una decisión de primera instancia que
pueda ser modificado por la justicia ordinaria.
Entonces, teniendo claras las
circunstancias de las sentencias alegadas como precedentes, la Sala concluye que en efecto, y tal como se demostró en el análisis del defecto sustantivo por
indebida aplicación de la norma, el Tribunal Superior de Bogotá desconoció los
parámetros establecidos por la jurisprudencia para la procedencia y decisión
del recurso de anulación, y sin justificación valida, entró a realizar un estudio
de la materia ya decidida por el tribunal de arbitramento.
En hilo de lo dicho, insiste la Sala en que todo desconocimiento del precedente por parte de un funcionario judicial, sin
explicar las razones por las cuales se aparta, incurre en un defecto sustantivo
causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
En consecuencia, concluye la Sala Séptima de Revisión de Tutelas que la sentencia de anulación del 20 de septiembre de
2012, proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de
Bogotá incurrió en un defecto sustantivo en la modalidad de indebida aplicación
de la norma, desconociendo además el precedente jurisprudencial fijado por la Corte Suprema de Justicia.
Dicho defecto se tradujo en la
vulneración insalvable del derecho fundamental del debido proceso de la
sociedad accionante, toda vez que, en razón a haber declarado fundado el
recurso de anulación se dejó sin efectos el laudo arbitral que ya había
dirimido, de acuerdo a la decisión voluntaria de las partes, las controversias
relativas al contrato objeto de debate.
En virtud de lo
expuesto, debido a que quedó demostrado que el Tribunal Superior de Bogotá, vulneró el
derecho fundamental al debido proceso de la Sociedad BRM S.A., la Sala Séptima de Revisión de Tutelas confirmará la decisión adoptada elveinte
(20) de febrero de dos mil trece (2013) por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual concedió el amparo del derecho fundamental
al debido proceso de la sociedad accionante y, en consecuencia, dejó
sin efectos la sentencia cuestionada y ordenó proferir un nuevo fallo dentro de
la órbita de competencias de los jueces de anulación, excluyendo como
fundamento la correspondencia entre los hechos y las pretensiones formuladas
ante la justicia arbitral.
5.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR por las razones
expuestas en esta providencia, la Sentencia proferida el veinte
(20) de febrero de dos mil trece (2013) por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual confirmó la decisión del trece
(13) de diciembre de dos mil doce (2012) proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto concedió
la tutela impetrada
por la Sociedad BRM S.A. en contra del Tribunal Superior de Bogotá.
SEGUNDO. LÍBRESE
las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para
los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con
salvamento de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
SALVAMENTO
DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
A LA
SENTENCIA T-714/13
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Se debió declarar la improcedencia por
cuanto no se acreditó que Tribunal aplicara erróneamente las causales de
anulación de laudo arbitral (Salvamento de voto)
Con
el respeto acostumbrado por las decisiones de la Sala Séptima de Revisión, me
permito salvar el voto en el asunto de la referencia.
En
mi criterio, en el presente caso no están reunidas las condiciones dispuestas
por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de fondo de la acción
de tutela contra providencias judiciales. Estimo que el Tribunal Superior de
Bogotá justificó la decisión de anulación del laudo arbitral de manera
coherente y adecuada con el ordenamiento jurídico, máxime si a partir de las
pruebas allegadas al trámite entendió que la sociedad convocante no probó la
existencia de un contrato de agencia mercantil.
Entonces,
para que se configurara una vulneración iusfundamental en el asunto bajo
estudio era menester que el Tribunal aplicara erróneamente las causales de
anulación, lo que no acaeció. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte la
intervención del juez constitucional en el ámbito de decisión de los jueces
ordinarios o contenciosos administrativos es excepcional, pues la Carta
salvaguarda intensamente la independencia y autonomía de las autoridades
judiciales. De este modo, no podía esta Sala anteponer su criterio frente al
expuesto por el Tribunal demandado, ya que, se reitera, no se evidenció la
existencia de un defecto sustantivo.
Atendiendo
a estas razones, salvo el voto en la sentencia de la referencia.
Fecha
ut supra,
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
[1]Exp. No. 8004
[2] Corte Constitucional, sentencia
T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[3] Sentencia del 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[4] Sentencia del 11 de diciembre de
2.009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez
[5]Sentencia T-774 de 2004, MP.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[6] Sentencia SU-813 de 2007: Los criterios
generales de procedibilidad son requisitos de carácter procedimental
encaminados a garantizar que no exista abuso en el ejercicio de la acción de tutela
dentro de un proceso judicial donde existían mecanismos aptos y suficientes
para hacer valer el derecho al debido proceso. A juicio de esta Corporación, la
razón detrás de estos criterios estriba en que “en estos casos la acción se
interpone contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que
en principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constitución.”
[7] Sentencia T-1240 de 2008: los criterios
específicos o defectos aluden a los errores o yerros que
contiene la decisión judicial cuestionada, los cuales son de la entidad
suficiente para irrespetar los derechos fundamentales del reclamante.
[8]  Sentencia 173/93.
[9] Sentencia T-504/00.
[10] Sentencia T-315/05
[11] Sentencias T-008/98 y
SU-159/2000
[12] Sentencia T-658-98
[13] Sentencias T-088-99 y SU-1219-01
[14] Corte Constitucional, sentencia
C-590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[15] Sentencia T-522/01
[16]Sentencias
T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y  T-1031/01.
[17] Corte Constitucional, sentencia
C-590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[18] Ver entre otras Sentencias
T-033, T-328 y T-709 de 2010.
[19] Sentencia SU-159 del 6 de marzo
de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[20] Ver entre otras, sentencias
T-049 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-288 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-464 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio, C-634 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[21] Ver al respecto las sentencias
T-244 del 30 de marzo de  2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, y T-058 del
2 de febrero de 2009, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[22]Sentencia C-1436-00 M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
[23] Artículos 115, 116 y 117 de la Ley 446 de 1998.
[24] Auto del 11/94 del Consejo de
Estado, Sección Tercera. M.P. Daniel Suárez Hernández.
[25]Marco Gerardo Monroy Cabra: El
Contrato de Arbitraje. Universidad del Rosario. Editorial Legis. 2005. Páginas
671-678.
[26] Referido inicialmente en la Sentencia T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, reiterado, por ejemplo, por las
sentencias T-450 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, y T-590 de 2006. M.P. Jaime Araujo Rentería, y otras que aquí se citan.
[27] Ley 1564 de 2012
[28] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[29] Sentencia T-964 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.
[30] En igual sentido se pronuncia la
sentencia T-033 de 2002. M.P. Rodrigo
Escobar Gil. Según la cual “El Código Contencioso Administrativo
consagró la regla de la congruencia, en los siguientes términos (artículo 59 C.C.A): “...la decisión [que agota la vía gubernativa] resolverá todas las cuestiones que hayan
sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan
sido antes.”
Aunque
en principio parece que la norma permite resolver sobre materias no
solicitadas, al disponer que la decisión puede abarcar cuestiones “.que
aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes.” la
disposición no tiene dicho alcance, pues se está refiriendo, exclusivamente, a
asuntos que si bien no fueron inicialmente pedidos, guardan una relación de
conexidad directa con el recurso y por lo tanto, son susceptibles de
resolución.
Para
la Corte, la congruencia es una regla que condiciona la competencia otorgada a
las autoridades públicas, y en este sentido, delimitan el contenido de las
decisiones que deben proferir, de tal manera que: a) solamente pueden resolver
sobre lo solicitado o, b) en relación directa con aspectos vinculados a lo
pedido por los interesados y que se encuentren debidamente probados.”
[31] Esta referencia sin perjuicio de
la presentación que posteriormente se hará sobre el principio de consonancia.
[32] Sentencia C-968 de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Al estudiar la constitucionalidad del principio de
consonancia consagrado en el art 66 A de la Ley 712 DE 2001.
[33] Sentencia T-773 de 2008. M.P. Mauricio González Cuervo. Que a su vez reitera lo dicho en las Sentencias T-450 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-025 de 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otras.
[34] Sentencia T-086 de 2007. M.P Manuel José Cepeda Espinosa. Y T-773 de 2008 M.P. Mauricio González Cuervo, ambas
reiterativas de la Sentencia T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[35] Sentencia T-450 de 2001
[36] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[37]M.P. Mauricio González Cuervo
[38] Sala de casación civil, Exp No.04851-01.M.P. Edgardo Villamil Portilla.
[39]“neprocedatiudex ex
officio; nemoiudex sine actore”. Recogida
en el artículo 2 del Código de Procedimiento Civil.
[40]Sentencia del 19 de febrero de
1999, Sala de Casación Civil, expediente 5099.
[41] Sentencia del 19 de febrero de
1999, Sala de Casación Civil,
expediente No. 5099
[42] Sentencia del 16 de junio de
1999, Sala de Casación Civil, expediente 022.
[43] Sentencia del 28 de junio de
2000, Sala de Casación Civil, expediente 5348.
[44] Sentencia del 14 de febrero de
2011, expediente 16651, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subseccion B, Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo.
[45] Ibídem
[46] Así, por ejemplo, la sentencia 3
de noviembre de 2011, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Consejera ponente: María Claudia Rojas Lasso. En la cual se resuelve sobre la
correcta aplicación del principio de congruencia al declarar la nulidad de la Resolución No. 0371 de mayo 31 de 2002 y de la Resolución No. 021 del 5 de febrero de 2002, actos demandados, y no hacerla extensiva a la Resolución 0793 de 2004. Por cuanto la alusión a esta última dentro del proceso no permite su
nulidad ya que no fue demandada como sí ocurrió frente a las que finalmente se
declararon nulas.
[47]Exp 6751, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. Consejero Ponente: Juan De Dios Montes
Hernández
[48] Sentencia C-294 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[49] Sentencias T-680 de 2010, T-607
de 2008, T-825 de 2007, T-1009 de 2006, T-403 de 2005 y T-1089 de 2004, entre
muchas otras.
[50] Sentencia T-1112 de 2008.
[51]Página 17 de la sentencia de
anulación.
[52] Página 20 de la sentencia de
anulación.
[53] Folio 253, Cuaderno 2 del
Expediente.
[54] Folio 121, Cuaderno 2 del
Expediente.
[55] Sentencia del 16 de junio de
1999, Sala de Casación Civil, expediente 022.
[56] Sentencia del 22 de enero de 2007 Sala de casación civil, Exp No.04851-01.M.P. Edgardo Villamil Portilla.
[57] Sentencia del 19 de febrero de
1999, Sala de Casación Civil,
expediente No. 5099
[58] Sentencia T-773 de 2008. M.P. Mauricio González Cuervo
[59] Folios 252 al 254 Cuaderno 2 del
expediente
[60] Folios 255 al 274  del cuaderno
2 del expediente
[61] Folio 109  del cuaderno 2 del
expediente
[62]Exp.
1101-02-03-000-2004-00034-01
[63] Sentencia del 29 de julio de
1997, expediente No. 6125; sentencia del 4 de septiembre de 2000, expediente
5602; sentencia del 19 de enero de 2005, expediente 7854 y sentencia del 15 de
julio de 2008, expediente 1100102030002007-00037-00.
[64] La sentencia T-292 de 2006 se
afirma que la ratio decidendi es la “formulación del principio, regla
o razón general de la sentencia que constituye la base de la decisión
judicial”.
[65] Cfr. Sentencia T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver además sentencia T-110 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[66]Sentencia del 21 de julio
de 2005, M.P. Edgardo Villamil Portilla. Exp. 1101-02-03-000-2004-00034-01