C-603-16
Sentencia C-603/16
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-Medidas de suspensión y cancelación de
personería jurídica a establecimientos abiertos al público presuntamente
dedicados total o parcialmente a actividades delictivas/CODIGO DE
PROCEDIMIENTO PENAL-Facultad de la víctima para solicitar que previo
cumplimiento de requisitos legales, se suspenda la personería jurídica o cierre
de establecimiento abierto al público presuntamente dedicado total o
parcialmente a actividades delictivas
Resulta razonable que una solicitud de suspensión de
la personería jurídica o de cierre de establecimientos o de locales abiertos al
público pueda verse como un obstáculo al desarrollo exitoso del programa
metodológico de investigación criminal o a su ejecución efectiva, pues puede
significar la terminación de actividades sujetas a indagación judicial. Por
tanto, es comprensible que no pueda presentarse desde el inicio de la etapa de
investigación y con independencia del plan investigativo que haya proyectado la
Fiscalía. No menos importante es considerar que una solicitud de la víctima
para la adopción de medidas consignadas en la disposición bajo examen puede
fundarse en información que indique una amenaza apremiante o una situación
actual de vulneración efectiva de bienes jurídicos de alta trascendencia
constitucional. Es entonces necesario garantizar al mismo tiempo los derechos
de las víctimas sin interponer obstáculos significativos a la función
investigativa de la Fiscalía, y por lo mismo debe asegurarse un equilibrio
entre ambos principios. Ese equilibrio razonable se puede obtener si se admite
la solicitud directa de las medidas por parte de las víctimas desde la
imputación, pues esto de un lado contribuye a desarrollar el programa
metodológico y la investigación criminal, sin que al tiempo les cierre a las
víctimas la posibilidad de solicitar medidas de protección pues pueden pedir
otras distintas de las contempladas en las disposiciones bajo examen (CPP arts.
11 y 342), y preservan la posibilidad de pedir, por medio del fiscal, las que
contempla la norma acusada (CP art 250 num 7 y CPP art 134).
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-Derechos de las víctimas en el proceso
penal
MEDIDAS DE PROTECCION Y PREVENCION DEL
DELITO-Contenido y alcance
MEDIDAS CAUTELARES O PREVENTIVAS EN
MATERIA PENAL-Finalidad
MEDIDAS CAUTELARES O PREVENTIVAS EN
MATERIA PENAL-Jurisprudencia
constitucional
MEDIDAS
DE SUSPENSION Y CANCELACION DE PERSONERIA JURIDICA A ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS
AL PUBLICO PRESUNTAMENTE DEDICADOS TOTAL O PARCIALMENTE A ACTIVIDADES
DELICTIVAS-Mecanismo de
protección de intereses difusos y primordial de las víctimas en un proceso
penal
MEDIDAS DE SUSPENSION Y CANCELACION DE
PERSONERIA JURIDICA A ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PUBLICO PRESUNTAMENTE
DEDICADOS TOTAL O PARCIALMENTE A ACTIVIDADES DELICTIVAS-Semejanza con el comiso y por tanto se
sujeta a las reglas del mismo
COMISO-Contenido y alcance
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION
LEGISLATIVA RELATIVA-Exigencias
La jurisprudencia
constitucional ha sostenido que para definir si el legislador ha incurrido en
una omisión relativa es preciso (i) que
exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la
misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser
asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o
que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la
Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos
de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un
principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad
genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa
frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y
(v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico
impuesto por el constituyente al legislador.
SUSPENSION Y CANCELACION DE PERSONERIA
JURIDICA A ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PUBLICO PRESUNTAMENTE DEDICADOS TOTAL O
PARCIALMENTE A ACTIVIDADES DELICTIVAS-Instrumento del comiso
LEGITIMACION DE LAS VICTIMAS PARA SOLICITAR
EL COMISO-Jurisprudencia
constitucional
VICTIMAS-No están por principio excluidas por completo de
ninguna de las etapas del proceso penal/VICTIMAS-Términos en que pueden
intervenir en el proceso penal
VICTIMAS-Restricción de facultades procesales en el juicio
oral/VICTIMAS-Disposiciones legales que no les reconocen derecho a
ejercer
PARTICIPACION DE LAS VICTIMAS EN EL
PROCESO PENAL-Jurisprudencia
constitucional
Referencia: Expediente D-11392
Actor: Juan Sebastián Serna Cardona.
Acción pública de
inconstitucionalidad contra el artículo 91 (parcial) de la Ley 906 de 2004 ‘Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal’.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., dos (2) de noviembre de dos
mil dieciséis (2016)
La Sala Plena
de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y de los trámites establecidos en el
Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
1. En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad consagrada en los artículos 40-6, 241-4 y 242-1 de la
Constitución, el ciudadano Juan Sebastián Serna Cardona demanda el artículo 91
(parcial) de la Ley 906 de 2004 ‘Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal’. En su concepto, esta norma
vulnera los artículos 2, 13, 29, 228 y 229 de la Carta Política, 14 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y 8º de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Mediante auto del 23 de mayo de 2016, la Corte Constitucional
admitió la demanda y ordenó comunicar la iniciación del proceso al Presidente
del Congreso de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al
Ministerio del Interior, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al
Instituto de Derecho Penal y Ciencias Criminalísticas de la Universidad Sergio
Arboleda, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, al
Consultorio Jurídico de la Universidad EAFIT, a la Facultad de Derecho de la
Universidad Externado de Colombia, al Grupo de Investigación en Derecho Penal
de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y a la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional. Por último, se ordenó correr traslado al
Procurador General de la Nación con el fin de que rindiera concepto sobre el
asunto, y fijar en lista el proceso para efectos de las intervenciones
ciudadanas (CP art 242 nums 1 y 2).
2. Cumplidos los trámites constitucionales y legales
propios de los procesos de constitucionalidad, la Sala Plena de la Corte
Constitucional procede a decidir la demanda de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe y resalta la
norma acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 45.658 de 1º de septiembre de 2004:
“LEY
906 DE 2004
(agosto 31)
‘Por
la cual se expide el Código de Procedimiento Penal’
El Congreso de Colombia
DECRETA:
[…]
ARTICULO
91. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA
PERSONERÍA JURÍDICA. En
cualquier momento y antes de presentarse la acusación, a petición de la
Fiscalía, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad
competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos
para ello, proceda a la suspensión de la personería jurídica o al cierre
temporal de los locales o establecimientos abiertos al público, de personas
jurídicas o naturales, cuando existan motivos fundados que permitan inferir que
se han dedicado total o parcialmente al desarrollo de actividades delictivas.
Las anteriores medidas se dispondrán con carácter definitivo
en la sentencia condenatoria cuando exista convencimiento más allá de toda duda
razonable sobre las circunstancias que las originaron”.
III. LA DEMANDA
3. El ciudadano Juan Sebastián Serna
Cardona instaura acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 91
(parcial) de la Ley 906 de 2004 ‘Por
la cual se expide el Código de Procedimiento Penal’. En su concepto, dicha norma vulnera los artículos 2,
13, 29, 228 y 229 de la Constitución, 14 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sus
acusaciones se fundan en los siguientes motivos:
3.1. El artículo 91 (parcial) cuestionado faculta
a la Fiscalía para solicitar, “en cualquier momento y antes de presentarse
la acusación”, las medidas de suspensión de la personería jurídica y cierre
temporal de locales o establecimientos abiertos al público, bajo determinadas
condiciones allí previstas. La Ley no les reconoce esa misma atribución a las
víctimas, pese a que según la jurisprudencia constitucional relevante,
establecida por ejemplo en las sentencias C-209 de 2007[1] y C-839 de 2013[2], la Constitución les
garantiza la posibilidad de solicitar de manera directa ante el juez medidas de
protección de sus derechos, como las que contempla la disposición censurada. Esta
posibilidad, en concepto del actor, se deriva de la naturaleza de la medida y de
los principios constitucionales de igualdad ante los Tribunales (art 13),
defensa (CP art 29) y acceso a una justicia efectiva (CP arts. 2, 228 y 229).
El legislador omitió entonces legitimar a las víctimas, como si lo hizo
respecto del fiscal, para pedir directamente ante el juez las medidas de
protección consistentes en la suspensión de la personería jurídica y el cierre
temporal de locales o establecimientos abiertos al público.
3.2. En concepto del ciudadano, este caso
reúne todas las condiciones precisadas por la jurisprudencia constitucional
para declarar una omisión legislativa relativa, por las siguientes razones: (i)
existe una norma de la cual se predica el cargo, que sería el artículo 91 de la
Ley 906 de 2004; (ii) esta última excluye de sus consecuencias jurídicas un
caso como el de la solicitud de las víctimas, que por ser asimilable al que
está efectivamente prevista (la solicitud de la Fiscalía) debía estar regulado;
(iii) esa exclusión carece de un principio de razón suficiente, pues incluir a
las víctimas en el grupo de legitimados para solicitar la medida que contempla
el artículo 91 de la Ley no supondría alterar o modificar la estructura del
proceso penal ni la igualdad de armas, como puede inferirse del hecho de que se
hace ante el juez y en una etapa anterior al juicio, como ocurre con otras
medidas de protección que ahora puede solicitar la víctima, en virtud de la
Constitución, tal como ha sido interpretada por la jurisprudencia
constitucional; (iv) la ausencia de justificación objetiva y suficiente de la
exclusión de las víctimas de la posibilidad de pedir esta medida les genera
además una desigualdad negativa por cuanto pueden estar interesadas en requerir
que se decreten la suspensión de la personería jurídica o el cierre temporal de
los locales o establecimientos abiertos al público, allí donde se desarrollan
actividades que directamente afectan sus bienes jurídicos; (v) finalmente, la
omisión es resultado del incumplimiento del deber del legislador de proteger
los derechos de las víctimas. Sintetiza la vulneración de los principios
constitucionales invocados en los siguientes términos:
“privar a las víctimas de la posibilidad de solicitar
la suspensión de la personería jurídica o el cierre temporal de los locales o
establecimientos abiertos al público, de personerías jurídicas o naturales,
cuando existan motivos fundados que permitan inferir que se han dedicado total
o parcialmente al desarrollo de actividades delictivas, desconoce: a. El
derecho al restablecimiento del derecho, que se vulnera si se permite que
personas jurídicas o establecimientos comerciales sigan funcionando así se
estén dedicando a la comisión de actividades delictivas, lo que aumenta los
perjudicados y las víctimas. b. El derecho a la integridad personal de la
víctima, ello porque permitir el funcionamiento de personas jurídicas o
establecimientos comerciales dedicados a la comisión de actividades delictivas
puede ocasionar un peligro para la integridad o la vida del ofendido. c. El
derecho a la no repetición, ello porque permitir el funcionamiento de personas
jurídicas o establecimientos comerciales dedicados a la comisión de actividades
delictivas, puede llegar a ocasionar una re victimización o afectación
constante y frecuente a[l] ofendido de la conducta punible”.
3.3. Solicita que se declare la
constitucionalidad condicionada del artículo 91 de la Ley 906 de 2004 “en el
entendido que la víctima también puede solicitar la suspensión de la personería
jurídica o el cierre temporal de los locales o establecimientos abiertos al
público, de personas jurídicas o naturales, cuando existan motivos fundados que
permitan inferir que se han dedicado total o parcialmente al desarrollo de
actividades delictivas”.
IV. intervenciones
Ministerio de Justicia y del Derecho
4. El Ministerio de Justicia y del Derecho
solicita a la Corte inhibirse o, en su defecto, declarar la exequibilidad del
precepto acusado. Sostiene en primer lugar que la demanda no precisa las
razones por las cuales la disposición cuestionada es inconstitucional. Señala
además que la jurisprudencia más reciente sobre la materia, representada a su
juicio en la sentencia C-616 de 2014[3],
es clara en declarar que las víctimas no tienen derecho fundamental a acceder a
todas las etapas del proceso penal, por lo cual debía argumentarse por qué sí deberían
tenerlo para solicitar las medidas contempladas en la disposición censurada. De
hecho, aduce que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional sobre omisión
legislativa relativa, uno de los requisitos primordiales que deben acreditarse
es que el legislador haya omitido, al regular una institución, incluir una
condición o ingrediente esencial para armonizarla con la Constitución. Ese
requisito, en su concepto, no se satisface en el presente caso toda vez que los
derechos de las víctimas a acceder al proceso penal no son indiferentes ni a la
estructura del proceso penal ni a la clase de medida regulada, y por lo mismo
concluye que no es necesario proceder a examinar las demás condiciones de la
omisión legislativa relativa.
Fiscalía General de la Nación
5. La Fiscalía General de la Nación
solicita declarar la exequibilidad condicionada de la norma, en el entendido “que
las víctimas también pueden solicitar ante el juez de control de garantías la
suspensión de la personería jurídica o el cierre temporal de establecimiento
abierto al público, siempre y cuando estas solicitudes se presenten después de
efectuada la imputación y antes de que se formule la acusación”. Sostiene
que la disposición cuestionada tiene su antecedente legislativo en el artículo
65 de la Ley 600 de 2000, en el cual también se establecía la facultad judicial
de ordenar la cancelación de la personería jurídica o el cierre del local
cuando hubiese pruebas suficientes de su dedicación a actividades ilícitas. Esa
previsión fue objeto de una acción de inconstitucionalidad, la cual fue
resuelta por la sentencia C-558 de 2004[4].
En esa oportunidad, la Corte caracterizó a las referidas como medidas
preventivas, de protección o cautelares adecuadas para garantizar bienes
jurídicos de la víctima o de la colectividad. La norma ahora cuestionada no se
diferencia, en lo relevante, de la examinada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-558 de 2004[5],
razón por la cual puede concluirse que las medidas contenidas en la regulación
bajo examen son también preventivas, de protección o cautelares.
6. Por lo anterior, considera la Fiscalía
que debe aplicársele a la disposición bajo control la jurisprudencia sobre
derechos de las víctimas a solicitar directamente ante el juez la aplicación de
medidas de protección, cautelares o preventivas. En particular, debe observarse
la jurisprudencia originada en la sentencia C-209 de 2007[6] que les reconoció a las
víctimas el derecho constitucional a solicitar directamente medidas de
protección. Ahora bien, junto con esta decisión ha habido otras en virtud de
las cuales la Corte ha señalado que la intervención de la víctima no puede
afectar la estructura del proceso penal, ni restringir otros principios
constitucionales relevantes en la persecución criminal como los derechos del
acusado o la naturaleza adversarial del sistema. Con fundamento en este
entendimiento, por ejemplo, la Corte ha considerado que las víctimas tienen una
intervención restringida durante el juicio oral [menciona las sentencia C-209
de 2007[7]
y C-782 de 2012[8]].
En este caso, la Fiscalía considera igualmente que las víctimas deben entonces
poder solicitar directamente las medidas consagradas en la norma bajo examen, pero
no en cualquier etapa. Observa que la posibilidad de pedirlas antes de la
imputación podría “afectar las indagaciones o el programa metodológico de la
Fiscalía en cada caso concreto, por cuanto puede dar al traste con operaciones
encubiertas, trabajos de infiltración o interceptaciones legales”. Además,
dado que se solicitaría en un escenario en el cual solo habría procesalmente
una denuncia, se pondrían en riesgo la propiedad privada y la libre actividad
económica. Por lo cual considera que el derecho a solicitar esta medida tendría
que activarse una vez se haya efectuado la imputación, pero antes de la
acusación, pues en el juicio oral el carácter adversarial del sistema y la
igualdad de armas se verían distorsionados con la participación directa de la
víctima.
Instituto Colombiano de Derecho Procesal
–ICDP
7. El ICDP conceptúa que el precepto demandado efectivamente
es inconstitucional en cuanto omite facultar a las víctimas para solicitar la
suspensión de la personería jurídica y el cierre temporal de locales o
establecimientos abiertos al público. Señala que conforme a la jurisprudencia
constitucional, desde la sentencia C-228 de 2002[9]
pero en especial con fundamento en las sentencias C-454 de 2006[10], C-209 de 2007[11] y C-516 de 2007[12], las víctimas no son
un sujeto pasivo de protección por parte de la Fiscalía, sino intervinientes
activos en el proceso penal. Tras referir los elementos característicos de la
omisión legislativa relativa, considera que en este caso se cumplen, pues (a)
la disposición cuestionada excluye una situación, como la de solicitud por la
víctima de las medidas allí contempladas, que debería estar amparada; (b) esta
regulación no tiene una justificación objetiva y suficiente, y en cambio sí
contraría la posición jurisprudencial de la Corte sobre integración positiva de las víctimas
en el proceso penal; (c) la ausencia de facultad expresa para solicitar las
medidas mencionadas en la norma afecta el derecho de las víctimas a la tutela
judicial efectiva, pues no puede elevar una petición en ese sentido pese a que
pueden estar comprometidos sus derechos sustanciales; (d) con lo cual se
incumple el mandato constitucional de ajustar la configuración procesal a los
derechos de las víctimas a acceder a la justicia.
Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario
8. La Directora del Consultorio Jurídico de la
Universidad del Rosario le pide a la Corte declarar exequible la norma
cuestionada con la condición de que se interprete que “la víctima también
puede solicitar la suspensión de la personería jurídica o el cierre temporal de
los locales o establecimientos abiertos al público”, bajo los requisitos en
ella previstos. Además, considera que la Corte debe integrar la unidad
normativa con el artículo 34 de la Ley 1474 de 2011, que se refiere a estas
mismas medidas cuando las personas naturales o jurídicas involucradas en la
actuación penal se hayan buscado beneficiar de la comisión de delitos contra la
Administración Pública o de cualquier delito relacionado con el patrimonio público,
disposición respecto de la cual debe recaer el mismo condicionamiento. Señala
al respecto que no es clara la naturaleza de la medida regulada por la norma
acusada, aunque por su disposición en el Código y sus características internas
puede concebirse como un instrumento procesal semejante al comiso. Observa que
según la sentencia 41369 del 9 de diciembre de 2014 de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, las víctimas no tienen derecho a
solicitar el comiso, toda vez que se trata de una decisión que implica
trasferir la propiedad de los bienes al dominio del Estado y no tiene un
vínculo claro con los derechos de las víctimas. No obstante, precisa que a su
juicio las víctimas sí tienen interés en pedir la implementación de decisiones
como las reguladas por la norma acusada, por cuanto pueden resultar afectadas
si no se conceden o si no les permite acceder directamente a la justicia para
solicitarlas. Además, resalta que es de interés de toda la comunidad generar
mayores responsabilidades en cabeza de las personas jurídicas, y darle a la
víctima la posibilidad de solicitar las medidas mencionadas en la disposición
demandada pues contribuiría al logro de esa finalidad.
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
9. El Procurador General de la Nación, en
su Concepto 6136, le solicita a la Corte declarar exequible la norma censurada.
Considera que las medidas contempladas en el artículo 91 de la Ley 906 de 2004
no tienen una finalidad cautelar ni de protección de las víctimas, sino que son
instrumentos judiciales para evitar la comisión de nuevos ilícitos, incluso con
víctimas indeterminadas, lo cual trasciende el interés exclusivo de la víctima
en el proceso penal en curso. Agrega que la disposición demandada puede
eventualmente exigir la concurrencia de terceras personas, interesadas en la
continuidad de una actividad comercial, con el fin de probar que la persona
jurídica o el establecimiento de comercio se han destinado total o parcialmente
a la comisión de delitos, y no se vería qué legitimidad puede tener la víctima
para activar esa hipótesis, además de que su presencia allí es incompatible con
la naturaleza adversarial del proceso penal con tendencia acusatoria.[13]
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. La Corte Constitucional es competente para conocer
de la presente demanda en virtud del artículo 241 numeral 4 de la Carta.
Asuntos previos. Solicitudes de inhibición e
integración de la unidad normativa
2. El Ministerio de Justicia y del Derecho
le solicita a la Corte inhibirse de emitir un fallo de fondo, toda vez que en
su opinión la demanda no precisa las razones por las cuales la disposición
cuestionada es inconstitucional, y en algunos pasajes se limita a presentar
posiciones subjetivas de inconformidad con la norma legal. Sostiene que según
la jurisprudencia sobre la materia, las víctimas no tienen derecho fundamental
a acceder a todas las etapas del proceso penal, por lo cual debía argumentarse
por qué sí debería tenerlo para solicitar las medidas contempladas en la
disposición censurada y, dado que el actor no lo hizo, sus cuestionamientos son
insuficientes. Ningún otro interviniente, ni tampoco el Ministerio Público,
comparte esta posición pues solicitan a la Corte un pronunciamiento de fondo
sobre las acusaciones. Por otra parte, el Consultorio Jurídico de la Facultad
de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario considera que la Corte debe integrar la unidad
normativa con el artículo 34 de la Ley 1474 de 2011, que se refiere también a
las medidas contempladas en la disposición acusada pero en casos de personas
naturales o jurídicas involucradas en la actuación penal que se hayan buscado
beneficiar de la comisión de delitos contra la Administración Pública o de
cualquier delito relacionado con el patrimonio público. La Sala Plena debe entonces resolver estos
dos puntos antes de examinar el fondo del asunto.
3. En criterio de la Sala, la demanda reúne
todas las condiciones necesarias y suficientes de aptitud. Primero, es clara
pues expresa un argumento de omisión legislativa comprensible, según el cual la
norma cuestionada no faculta a las víctimas para solicitar las medidas de suspensión
de la personería jurídica y cierre temporal de locales o establecimientos
abiertos al público, bajo determinadas condiciones allí previstas. Segundo, es cierta
toda vez que precisamente censura el hecho de que la disposición acusada
consagra el conjunto de legitimados para pedir las medidas referidas, pero no
incluye a la víctima y, sin perjuicio de lo que pueda decirse en un examen de
fondo, esta proposición ciertamente se infiere de lo previsto en el artículo 91
de la Ley 906 de 2004, precepto que solo le confiere facultades para esos
efectos a la fiscalía. Tercero, es una demanda pertinente pues en su
parte central propone una confrontación entre la norma censurada y otras
previsiones del orden superior, en particular los artículos 2, 13, 29, 228 y
229 de la Constitución, 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 8º
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cuarto, la acción pública es
suficiente y específica, por cuanto plantea un cargo por omisión
legislativa relativa, y tras identificar los criterios que ha decantado la
jurisprudencia intenta señalar por qué se reúnen. Sin perjuicio de lo que pueda
decirse al respecto sobre el mérito, esto es entonces suficiente en términos de
argumentos y especificidad, para que una acción ciudadana de carácter público
sea estudiada de fondo.
4. En cuanto a la solicitud de integración
de la unidad normativa, la
competencia de la Corte Constitucional se limita en principio al control de las
normas legales que hayan sido demandadas por los ciudadanos (CP art 241 núm.
4). Por otra parte, el Decreto 2067 de 1991, ‘Por
el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que
deban surtirse ante la Corte Constitucional’, prevé en su artículo
6º que una acción
pública puede no admitirse cuando “no incluye las normas que deberían ser
demandadas para que el fallo en sí mismo no sea inocuo”. No obstante, la
jurisprudencia ha sostenido que si la Corte advierte esta circunstancia solo
tras admitir la demanda, por ejemplo como consecuencia de las intervenciones
ciudadanas, en la sentencia puede integrar la unidad normativa con las normas o
segmentos normativos que contribuyan a evitar un fallo inocuo. En la sentencia
C-539 de 1999,[14]
precisamente, esta Corporación sostuvo que la integración de la unidad
normativa en la sentencia se justifica por ejemplo cuando “la disposición cuestionada se encuentra
reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas. Esta
hipótesis pretende evitar que un fallo de inexequibilidad resulte inocuo”.[15]
La jurisprudencia no ha exigido que la disposición legal demandada sea
reproducida exacta e integralmente por otra como presupuesto de procedencia de
la integración normativa, sino que lo haya sido “en lo relevante” o que
exista entre ambas “identidad de materia”, de tal suerte que “las razones de exequibilidad o inexequibilidad s[ea]n igualmente aplicables a ambas disposiciones”.[16] Pues bien,
eso es justamente lo que ocurre en el presente caso.
5. En efecto, el artículo 91 (parcial) de la Ley 906 de
2004 – cuestionado -autoriza a la fiscalía a solicitar las medidas de
suspensión de la personería jurídica y de cierre temporal de locales o
establecimientos abiertos al público, bajo las condiciones allí previstas, pero
omite reconocerles la misma facultad a las víctimas. La Corte advierte, por otra parte, que una regulación
similar en lo relevante está contenida en el inciso 1º del artículo 34 de la Ley 1474 de 2011 ‘Por la cual
se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de
la gestión pública’. Esta última norma, tal como fue modificada por la Ley
1778 de 2016, dice en lo pertinente: “las medidas contempladas en el
artículo 91 de la Ley 906 de 2004 se aplicarán a las
personas jurídicas que se hayan buscado beneficiar de la comisión de delitos
contra la Administración Pública, o cualquier conducta punible relacionada con
el patrimonio público, realizados por su representante legal o sus
administradores, directa o indirectamente”. Como se observa, dispone que las medidas de
suspensión de la personería jurídica y cierre temporal de locales o
establecimientos abiertos al público, mencionadas en el artículo 91 de la Ley
906 de 2004, pueden aplicarse a las personas jurídicas que hayan buscado
beneficiarse de delitos contra la administración pública o relacionados con el
patrimonio público, y realizados por su representante legal o sus
administradores. La norma remite expresamente al artículo 91 de la Ley 906 de
2004, acusado en este proceso, y no incluye de forma explícita a las víctimas
entre los legitimados para solicitar las medidas allí previstas. Por lo cual puede
decirse que el artículo 34 inciso 1 de la Ley 1474 de 2011 reproduce en lo
relevante el cuestionado artículo 91 de la Ley 906 de 2004, y en consecuencia
la Corte lo integrará al juicio.
Presentación del caso y planteamiento del problema
jurídico
6. La acción de inconstitucionalidad se dirige contra
el artículo 91 (parcial) de la Ley 906 de 2004 - que en lo relevante es
reproducido por el artículo el inciso 1º del artículo 34 de la Ley 1474 de 2011- por cuanto autoriza
a la fiscalía para solicitar las medidas de suspensión de la personería
jurídica y el cierre temporal de locales o establecimientos abiertos al
público, pero no les reconoce la misma facultad a las víctimas, aun cuando en
su criterio son medidas preventivas o de protección para bienes jurídicos de
los cuales pueden ser titulares, y a pesar de que en tal virtud la
jurisprudencia a su juicio ha previsto que se les deben garantizar a las
víctimas vías de acceso directo a la justicia, y no mediado por la Fiscalía
General de la Nación. El demandante, le solicita a la Corte declarar exequible
la norma acusada con la condición de que se interprete que las víctimas también
pueden pedir directamente la adopción de dichas medidas. Esta postura es
coadyuvada en el presente proceso por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal
y la Fiscalía General de la Nación, aunque esta última precisa que la
participación de las víctimas para los efectos de la norma demandada debe darse
después de efectuada la
imputación y antes de que se formule la acusación. El Ministerio de Justicia y
del Derecho y el Procurador General de la Nación, en contraste, se oponen a la
demanda en síntesis porque a su juicio las víctimas no tienen derecho a
participar directamente en cualquier etapa del proceso penal, sino en ciertos
casos y bajo determinadas condiciones, y las medidas de la norma censurada no
se dictan en interés de ellas sino de la sociedad, además de que por sus
repercusiones su imposición puede tener que sujetarse a un procedimiento en
igualdad de condiciones, lo cual se desvirtuaría con la autorización a las
víctimas para desempeñarse como un segundo acusador adicional a la Fiscalía.
7. La demanda, las intervenciones y el Concepto Fiscal
le plantean a la Corte el siguiente problema jurídico: ¿Incurre el legislador
en una omisión legislativa relativa, violatoria de los principios
constitucionales de igualdad (art 13), defensa (art 29) y acceso a una justicia
efectiva (arts. 2, 228 y 229), cuando autoriza a la Fiscalía para solicitar,
bajo ciertas condiciones previstas en la ley, en cualquier momento y antes de
la acusación, la suspensión de la personería jurídica o el cierre de locales o
establecimientos abiertos al público, pero no incluye una facultad equivalente
para las víctimas, en un contexto en el cual estas medidas podrían dictarse en
beneficio de la sociedad en general y, por su impacto, desatarían el derecho de
los afectados a contar con un debido proceso? Para resolver esta cuestión, la
Corte en primer lugar expondrá el contenido de la norma, y luego se referirá a
los cargos sintetizados en el problema jurídico.
El contenido normativo de los artículos 91 de la Ley
906 de 2004 y 34 de la Ley 1474 de 2011, la naturaleza de las medidas allí
contempladas y la oportunidad para decretarlas
8. El artículo 91 de la Ley 906 de 2004 le atribuye a
la fiscalía la facultad para solicitar ante el “juez de control de garantías”
que, previo el cumplimiento de los requisitos legales previstos para ello, le
ordene a la autoridad competente la suspensión de la personería jurídica o el
cierre temporal de establecimientos o locales abiertos al público, de personas
naturales o jurídicas, “cuando existan motivos fundados que permitan inferir
que se han dedicado total o parcialmente al desarrollo de actividades
delictivas”. Estas mismas medidas se pueden adoptar “con carácter
definitivo” en la sentencia condenatoria “cuando exista convencimiento
más allá de toda duda razonable sobre las circunstancias que la originaron”.
El artículo 34 de la Ley 1474 de 2011 precisa que las medidas contempladas en el artículo 91 de la Ley 906 de 2004 “se aplicarán a
las personas jurídicas que se hayan buscado beneficiar de la comisión de
delitos contra la Administración Pública, o cualquier conducta punible
relacionada con el patrimonio público, realizados por su representante legal o
sus administradores, directa o indirectamente”. Ninguna de estas dos
disposiciones faculta a las víctimas para solicitar directamente las medidas
indicadas. El Código de Procedimiento Penal, por otra parte, consagra un grupo de
derechos de las víctimas, pero en ninguna de sus normas está prevista de forma
expresa la posibilidad de solicitar directamente las medidas del
precepto acusado.
9. En efecto, el Capítulo IV del Título IV Libro I de
esa codificación establece que las víctimas tienen derecho a que la Fiscalía
General de la Nación adopte las medidas necesarias para su atención, su
seguridad personal y familiar y su protección frente a actos de publicidad que
afecten su vida privada o dignidad (CPP art 133). También prevé la posibilidad
de solicitar al juez de control de garantías, “por conducto del fiscal”,
las medidas indispensables para su atención y protección, incluso “durante
el juicio oral y el incidente de reparación integral” (CPP art 134). Del
mismo modo, las víctimas tienen derecho a que el fiscal les comunique las
medidas de atención y protección adoptadas, y a que se les informe sobre sus
facultades y derechos frente a los perjuicios causados con el injusto (CPP art
135). La ley les da a la víctimas igualmente el derecho a recibir información,
de la policía judicial y la Fiscalía General de la Nación, sobre organizaciones
de apoyo, clases de apoyo y de servicios que puedan recibir, lugar y modo de
presentar una denuncia o querella, las actuaciones subsiguientes a su denuncia,
las formas de solicitar protección, las condiciones para recibir asistencia
jurídica o psicológica, los requisitos para obtener una indemnización, los
mecanismos de defensa disponibles, el trámite a que se sujetan su denuncia o
querella, los elementos que le permitan seguir el desarrollo de la actuación en
caso de preclusión o acusación, la fecha y hora del juicio oral, el derecho a
promover incidente de reparación integral, la fecha de la audiencia de
dosificación de la pena y de la sentencia, la sentencia, y los riesgos que
implica para ellas la puesta en libertad del inculpado (CPP art 136).
10. También forma parte de los derechos de las
víctimas el de intervenir “en todas las fases de la actuación penal” en
garantía de sus derechos a la verdad, justicia y reparación. En específico, el
Código de Procedimiento Penal prevé el derecho a “solicitar al fiscal en
cualquier momento de la actuación medidas de protección frente a probables
hostigamientos, amenazas o atentados en contra o de sus familiares”; a que
el interrogatorio que se les haga en su condición de víctimas respete su
situación personal, derechos y dignidad; a ser representadas por un abogado, lo
cual se convierte en requisito de actuación a partir de la audiencia
preparatoria; a que se les designe un abogado de oficio, en caso de que no
cuenten con los medios suficientes para contratarlo y la representación
judicial sea necesaria; a que, en forma excepcional y en consideración a las
circunstancias del caso, se celebre el juicio a puerta cerrada; a formular ante
el juez de conocimiento el incidente de reparación integral, una vez concluida
la responsabilidad penal del acusado (CPP art 137); a recibir en el procedimiento
un trato humano y digno; a la protección de su intimidad, a la garantía de su
seguridad, y a la de sus familiares y testigos a favor; a una pronta e integral
reparación de los daños sufridos; a recibir información pertinente y oportuna
para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos; a que
se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el
ejercicio de la persecución del injusto; a ser informadas sobre la decisión
definitiva relativa a la persecución penal; a acudir, en lo pertinente, ante el
juez de control de garantías, y a interponer los recursos ante el juez de
conocimiento, cuando a ello hubiere lugar; a ser asistidas durante el juicio y
el incidente de reparación integral, por
un abogado que podrá ser designado de oficio; a recibir asistencia
integral para su recuperación en los términos que señale la ley; a ser
asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete si no conocen el idioma
oficial, o no pueden percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos (CPP arts.
11 y 144).
11. El Código de Procedimiento Penal, igualmente,
establece a lo largo de sus disposiciones diversas garantías puntuales de las
víctimas. La ley contempla el derecho de las víctimas al cambio de radicación
de la actuación procesal en caso de que su radicación inicial implique riesgo
para la seguridad o integridad personal de las víctimas (CPP arts. 46 y ss.), a
que las medidas materiales o jurídicas orientadas a garantizar el comiso
faciliten la devolución de los bienes que les correspondan (CPP art 83), a solicitar
medidas de aseguramiento (CPP arts. 92 y conc), a ser beneficiarias de medidas
patrimoniales (CPP art 99), a que el Fiscal adopte o solicite adoptar en su
favor medidas de asistencia y protección (CPP art 114), a no ser excluidas de
las audiencias de juzgamiento (CPP art 149), a ser acompañada por la policía
judicial en caso de requerirse un examen médico – legal (CPP art 205), a no someterse
a procedimientos de extracción de sangre o toma de muestras sin su
consentimiento libre e informado en los casos previstos en la Constitución y la
ley (CPP art 250), a ser consultadas antes de definir una solicitud de
procedimiento a prueba y a que se ejecuten las condiciones en beneficio suyo
que son presupuesto del mismo (CPP arts. 325 y ss.), a ser oídas al definir
sobre la aplicación del principio de oportunidad (CPP art 328),  a intervenir
en la audiencia de preclusión (CPP art 333), a que se les entregue copia del
escrito de acusación (CPP art 337), a que una vez formulada la acusación el
juez decrete medidas de protección a su favor (CPP art 342), a presentar
alegatos finales (CPP art 443). Como se observa, el Código de Procedimiento
Penal, y en particular su artículo 91 demandado parcialmente, no les confiere a
las víctimas la facultad, que sí le otorga a la fiscalía, de solicitar
directamente al juez medidas de suspensión de la personería jurídica y cierre
temporal de establecimientos o locales abiertos al público, bajo las condiciones
de la ley.
12. La norma acusada contempla medidas de protección y
prevención del delito. En la sentencia C-558 de 2004[17], la Corte
decidió una demanda contra el antecedente legislativo del artículo 91 ahora
acusado. Se trataba del artículo 65 de la Ley 600 de 2000, también referido a
la cancelación de personería jurídica de
sociedades u organizaciones dedicadas al desarrollo de actividades delictivas,
o cierre de sus locales o establecimientos abiertos al público. La disposición
fue cuestionada sobre la base de que vulneraba el debido proceso por cuanto era
vista por los actores como una consecuencia jurídica susceptible de imponerse
de plano, sin recursos, sin límite temporal de vigencia y con implicaciones
desproporcionadas. La Corte señaló entonces que eran medidas de carácter
provisional, y de hecho las caracterizó como “medidas preventivas” o de
naturaleza “cautelar”, y con fundamento en esta caracterización concluyó
que no eran fundadas las razones de la acusación, pues la imposición de medidas
provisionales de naturaleza preventiva o cautelar no debe estar precedida de
las mismas garantías que una consecuencia jurídica sancionatoria, con vocación
de ser definitiva.[18]
Dijo entonces:
“la
disposición acusada es un instrumento de carácter procesal, previsto para
procurar el restablecimiento del derecho perturbado, desarrollando de manera
concreta tanto la Constitución como los principios generales del procedimiento
penal, específicamente los consagrados en su artículo 21, como quiera que con
la toma de las medidas allí contempladas, de manera específica se procura que
"cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible, las
cosas vuelvan al estado anterior...", realizando los fines del
Estado. || Por lo tanto, las medidas preventivas consagradas en la norma
acusada, buscan la consecución de un fin constitucionalmente legítimo,
consistente en proteger los derechos de la sociedad de las actuaciones
delictivas que se vienen realizando por medio de personas jurídicas, sociedades
u organizaciones, o sus locales o establecimientos abiertos al público, pues al
paralizarse dicha conducta punible, se impide que el hecho delictivo se siga prolongando
en el tiempo y continúe afectando bienes jurídicos que la Constitución ha
querido proteger, procurándose de tal manera el restablecimiento del derecho y
el cumplimiento por parte del Estado de los deberes constitucionales de
protección, en los términos del artículo 2 de la Carta Política.
Aceptar la pretensión del actor, en el sentido de
considerar como contraria a la Constitución la toma de medidas en el curso de
un proceso a fin de paralizar una actividad delictiva, implicaría aceptar que
el delito puede ser fuente de derechos o de enriquecimiento, y que pese a
encontrarse demostrado en cualquier momento del proceso penal, que sociedades u
organizaciones o sus locales o establecimientos abiertos al público, se
encuentran dedicados total o parcialmente al desarrollo de actividades
ilícitas, debe el Estado permanecer inerme permitiendo la consecución de tales
actividades hasta que se profiera la sentencia respectiva, lo cual daría al
traste con los fines propios del Estado de asegurar, en todo momento, la
vigencia de un orden social justo así como los derechos fundamentales, e
impediría igualmente que cumpla con el deber de protección respecto de la vida,
honra y bienes de todas las personas”.
13. Estas medidas pueden adoptarse con el fin de
proteger no solo el interés de la sociedad sino también, en específico, el de
las víctimas del proceso en curso. Hay delitos que pueden desarrollarse a
través de personas jurídicas o en uso de establecimientos o locales abiertos al
público, y que pueden suponer una cierta violación continuada de los bienes
jurídicos protegidos por la ley penal de una o varias víctimas ya presentes en
una actuación procesal. Por ejemplo, los delitos de constreñimiento ilegal (C. Penal
art 182), violación ilícita de comunicaciones (arts. 192 y ss.), extorsión (art
244), contra los derechos de autor (arts. 270 y ss.), de usurpación de marcas y
patentes (art 306), de uso ilegítimo de patentes (art 307), de violación de la
reserva industrial o comercial (art 308), entre otras. En otros casos, la
actividad delictiva que se considera en curso a través de las personas
jurídicas o de establecimientos o locales abiertos al público puede no afectar
directa o exclusivamente a la víctima pero sí a sus familiares o a todos como
integrantes de la colectividad, como ocurre por ejemplo con los delitos de
inducción y constreñimiento a la prostitución (arts. 213 y s), falsificación de
moneda (arts. 273 y ss.), acaparamiento (art 297), agiotaje (art 301), utilización
indebida de fondos captados del público (art 314), contaminación ambiental (art
332), entrenamiento para actividades ilícitas (art 341), amenazas (art 347),
entre muchos otros. La solicitud de medidas de suspensión de la personería
jurídica o cierre temporal de establecimientos o locales abiertos al público no
es entonces solo un mecanismo de protección de intereses difusos, sino que
también puede adoptarse en interés específico y primordial de las víctimas de
un proceso penal en curso.
14. En este proceso se adujo que las medidas reguladas
por la norma acusada, por su disposición en el Código y sus características
internas, se asemejan al comiso y, por lo mismo, deben sujetarse a las reglas
del comiso. La Corte Constitucional observa que, en efecto, el artículo 91
acusado forma parte del Libro I, Título II, Capítulo II, del Código de
Procedimiento Penal, que versa sobre el ‘Comiso’. El comiso está
regulado en primer lugar en el Código Penal, donde se configura como un acto
sancionatorio de atracción por parte del Estado del poder sobre los
instrumentos y efectos que no tengan libre comercio, o aunque lo tengan en los
delitos dolosos, con los que se haya cometido la conducta punible o que provengan
de su ejecución (C Penal art 100).[19]
El Código de Procedimiento Penal precisa que el comiso versa sobre bienes y
recursos del penalmente responsable que sean producto directo o indirecto del
delito o sobre aquellos usados o destinados a ser usados en delitos dolosos
como instrumentos de ejecución, sin perjuicio de los derechos que tengan sobre
ellos los sujetos pasivos o terceros de buena fe (CPP art 82). También procede
el comiso sobre bienes del penalmente responsable por un valor equivalente al
de los que son de procedencia ilícita, cuando estos últimos no puedan
localizarse, identificarse o afectarse materialmente o cuando no proceda el
comiso de otra forma. Una vez decretado el comiso, los bienes pasan en forma definitiva
a la Fiscalía General de la Nación, a través del fondo especial de
administración de bienes, salvo que la ley disponga su destrucción o les asigne
una destinación diferente.
15. El comiso es en cuanto tal una medida definitiva,
pues el Código de Procedimiento Penal prevé que se puede imponer en la
sentencia o “en decisión con efectos equivalentes” (CPP art 90). La
Corte Constitucional, en la sentencia C-782 de 2012[20], señaló
como decisiones equivalentes a la sentencia las
que ponen fin al proceso y hacen tránsito a cosa juzgada, como son por ejemplo
las que se emiten como consecuencia de acuerdos realizados entre imputado o
acusado y la Fiscalía General de la Nación (CPP art 446), la que es producto de
una solicitud de preclusión por parte del fiscal del caso (CPP art 332), e
incluso la decisión por la cual la Fiscalía aplica el principio de oportunidad,
una vez sometida al control del juez de garantías (CPP arts. 327 y 329).[21]
No obstante, en aras de garantizar su eficacia, la ley contempló también un
grupo de medidas previas de carácter cautelar o provisional con fines de comiso,
tanto materiales como jurídicas, entre las cuales se encuentran la incautación,
la ocupación o la suspensión del poder dispositivo (CPP arts. 83 y 84).[22]
Las medidas contempladas en el artículo 91 del Código de Procedimiento Penal,
consistentes en la orden de suspensión de la personería jurídica y en el cierre
temporal de establecimientos y locales comerciales, son también aptas como
instrumentos cautelares para materializar el comiso, y de hecho se advierte que
ese puede ser uno de sus efectos principales. Pero, fuera de su ubicación en el
Código, no hay nada en su configuración normativa que les asigne esa única
función, y que circunscriba su valor instrumental a los fines del comiso.
16. El tenor literal del artículo 91
del Código de Procedimiento Penal no prevé que la suspensión de la personería
jurídica o el cierre temporal de establecimientos y locales abiertos al público
tengan solo fines de garantizar el comiso, como sí lo prevé expresamente el
artículo 83 de la misma codificación que precisamente contempla las medidas
cautelares sobre los bienes susceptibles de comiso. En sus antecedentes
legislativos puede observarse además que la norma homóloga de la Ley 600 de
2000 – anterior Código de Procedimiento Penal- hacía parte de un Capítulo más
general sobre ‘Bienes’, dentro del cual se incluían no solo el comiso
sino también el embargo y secuestro, el desembargo, la prohibición de enajenar,
la cancelación de registros obtenidos fraudulentamente y la extinción de
dominio. Las medidas que contempla la norma acusada son además apropiadas, como
antes se vio, para controlar y prevenir el delito, y proteger a la sociedad y a
las víctimas, y en consecuencia son instrumentos aptos más que para asegurar el
comiso. Por lo mismo, no ve la Corte razón alguna que la conduzca a delimitar
injustificadamente su alcance solo al comiso, de modo que su caracterización
debe ser más general, hasta incluir su potencial contribución como medidas de
protección o preventivas.
17. La solicitud de suspensión de la
personería jurídica o el cierre temporal de establecimientos o locales abiertos
al público puede presentarse “[e]n cualquier momento y antes de presentarse
la acusación”. En principio, parece que puede presentarse entonces solo antes
de la acusación, sin que dentro de esa faceta haya restricción alguna para la
fiscalía, que es la actualmente facultada para hacerlo. Por tanto, la Corte
Constitucional procede a definir a continuación si es constitucional que las
víctimas estén marginadas de esa posibilidad.
El derecho de las víctimas a
solicitar directamente las medidas de suspensión de la personería jurídica y el
cierre temporal de establecimientos y locales abiertos al público
18. La demanda plantea un problema de
omisión legislativa relativa. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que
para definir si el legislador ha incurrido en una omisión relativa es preciso (i)
que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii)
que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser
asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o
que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la
Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos
de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un
principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad
genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa
frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y
(v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico
impuesto por el constituyente al legislador.[23] La
Corte Constitucional procede entonces a verificar si estos requisitos se
cumplen en el presente caso.
19. (i) En primer lugar, la omisión legislativa se
predica del artículo 91 de la Ley 906 de 2004, y en concepto de la Sala es algo
verificable. (ii) Esa disposición legal establece que la fiscalía está
legitimada para solicitar medidas de suspensión de la personería jurídica y
cierre temporal de establecimientos o locales abiertos al público, bajo las
condiciones normativas en ella previstas, y no les reconoce la misma facultad a
las víctimas. Tampoco se las reconoce el cuerpo normativo restante del Código
de Procedimiento Penal. La Corte ha señalado que la víctima no actúa en el
proceso penal como parte sino como “interviniente especial” (CP art 250
num 7).[24]
No obstante, esto no es por sí mismo suficiente para negarle ciertas facultades
que tienen las dos partes, o una de ellas en particular, o además el Ministerio
Público. En principio, la víctima ha de ser asimilable a la fiscalía, la
defensa o el Ministerio Público cuando se trata de solicitar medidas de
protección a su favor o en beneficio de intereses suyos, de sus familiares o de
sus allegados en un grado relevante para la Constitución y la ley. Esto puede
inferirse de la jurisprudencia sobre el derecho de las víctimas para solicitar
directamente medidas de protección. Por una parte, en la sentencia C-209 de
2007[25]
la Corte sostuvo que las medidas de protección cuya solicitud estaba, según la
ley, solo en cabeza de la fiscalía debían poder pedirlas también directamente
las víctimas.[26]
Por otra parte, en la sentencia C-839 de 2013[27]
la Corporación decidió que la medida de suspensión del poder adquisitivo de los
bienes sujetos a registro, radicada en la ley procesal solo en la fiscalía, debían
poder solicitarla directamente también las víctimas.[28]
En este proceso se ha indicado que las medidas de
suspensión de la personería jurídica y cierre temporal de establecimientos y
locales abiertos al público son instrumentales al comiso. Por lo cual, una de
las intervenciones ha señalado que debe tenerse en cuenta la sentencia 41369
del 9 de diciembre de 2014 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en la que esta Corporación a su juicio sostuvo que las víctimas no
tenían derecho a solicitar directamente medidas de comiso.[29]
La Corte Constitucional observa que en dicho fallo, la Corte Suprema de
Justicia ciertamente afirmó que las víctimas no tienen legitimación para solicitar
la extinción de dominio o el comiso de los bienes comprometidos por el acto
delictivo por cuanto en su criterio se trata de instrumentos procesales que no
tienen ninguna relación con los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación de las víctimas, pues buscan específicamente “que la propiedad de los bienes sobre los
cuales recaen pase a poder del Estado”.
Sin embargo, debe destacarse de un lado que el proceso penal entonces resuelto
se surtió conforme a la Ley 600 de 2000, respecto de cuyas disposiciones no ha
habido un desarrollo jurisprudencial en torno a los derechos de las víctimas a
acceder directamente a la justicia como el que han tenido las previsiones
pertinentes de la Ley 906 de 2004.[30]
De otro lado, en esa oportunidad se examinaba la legitimación de las víctimas
para pedir el comiso, mientras en este caso el examen recae sobre
medidas provisionales que pueden servir al comiso y a otros fines. De hecho, como
consecuencia accesoria de la infracción penal el comiso decomiso o confiscación
consiste en la privación definitiva de un bien poseído por su titular, derivada
de su vinculación con un hecho antijurídico, la suspensión de la personería
jurídica y el cierre temporal de establecimientos y locales abiertos al público
sí tienen relación razonable con los derechos de las víctimas, en tanto pueden
funcionar como instrumentos de política criminal para la cesación de
actividades delictivas que las afectan.
Debe resaltarse que la relación circunstancial de las
medidas contempladas en la norma bajo control con el comiso no excluye por sí
misma la participación directa de las víctimas. En la sentencia C-782 de 2012[31],
la Corte Constitucional debía examinar una norma que regulaba la facultad de
solicitar la adición de la sentencia o de la decisión jurisdiccional con
efectos equivalentes cuando omitiera pronunciarse sobre los bienes afectados
con comiso, en la cual se les asignaba esa atribución al fiscal, al
Ministerio Público y a la defensa, pero no a la víctima. La disposición era
cuestionada precisamente por una supuesta omisión legislativa relativa, por
cuanto no incluía a la víctima en la clase de los legitimados para solicitar
directamente la adición de la sentencia. Como se observa, se planteaba entonces
un problema  relacionado con la participación directa de las víctimas en un
acto procesal estrecha y objetivamente vinculado con el comiso. Pese a lo cual,
esta Corporación decidió que había una omisión legislativa inconstitucional,
razón por la cual declaró exequible el precepto “en el entendido que también la víctima podrá solicitar
en la audiencia de que trata esta norma, la adición de la sentencia o de la
decisión con efectos equivalentes, que omita un pronunciamiento definitivo
sobre los bienes afectados con fines de comiso, con el fin de obtener el
respectivo pronunciamiento”.[32]
Sin perjuicio entonces de lo que pueda decirse en el control constitucional
sobre la legitimación de las víctimas para pedir de forma directa el comiso, es
claro conforme a la jurisprudencia que no es automáticamente extensible a otras
medidas relacionadas circunstancialmente con el comiso, como la acusada en este
caso.
20. (ii) La no consideración de las
víctimas como legitimadas para solicitar las medidas contempladas en la norma
bajo examen carece por otra parte de un principio de razón suficiente. La jurisprudencia
constitucional ha señalado que las víctimas no están por principio excluidas
por completo de ninguna de las etapas del proceso penal, pues la Constitución
precisamente establece que “la
ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso
penal”, sin que el ordenamiento superior circunscriba sus derechos de
participación únicamente a algunas de sus fases (CP art 250 num 7). En la
sentencia C-209 de 2007[33] la Corte sostuvo en concordancia que
“la intervención de las víctimas
difiere de la de cualquier otro interviniente, en la medida en que éstas pueden
actuar, no solo en una etapa, sino “en el proceso penal.” El artículo 250 no
prevé que la participación de las víctimas esté limitada a alguna de las etapas
del proceso penal, sino que establece que dicha intervención se dé en todo el
proceso penal”.[34] Sin embargo, la jurisprudencia
también ha resaltado que el acceso directo de las víctimas a la justicia debe
ser armónica con la estructura del proceso acusatorio y, más en general, con
los demás principios constitucionales. Como consecuencia de ello, “la posibilidad de intervención directa [de las víctimas] es mayor en las etapas previas o
posteriores al juicio, y menor en la etapa del juicio”.
Lo cual quiere decir entonces que las víctimas no están completamente excluidas
del juicio oral, aunque hay mayores restricciones, y que tienen en principio
derecho a intervenir directamente en cualquier fase anterior o posterior al
juicio, si su intervención es compatible con el orden constitucional.
Es así
entonces que, por ejemplo, la jurisprudencia ha considerado constitucionales
algunas disposiciones legales que no les reconocen a las víctimas derecho a
ejercer directamente facultades procesales en el juicio oral como controvertir
elementos probatorios, interrogar testigos, oponerse a las preguntas (C-209 de 2007),[35]
designar sin limitaciones el número de apoderados en caso de existir un número
plural de víctimas (C-516 de 2007),[36] presentar réplicas a los alegatos de
conclusión de la defensa (C-616 de 2014)[37] o
pruebas de refutación (C-473 de 2016).[38] Entre
tanto, al mismo tiempo, ha señalado por ejemplo que es razonable la previsión
legislativa de conferirle al apoderado de la víctima el derecho a presentar
alegatos de conclusión en el juicio oral (C-209 de 2007).[39]
En contraste, en general la Corte ha admitido como constitucionalmente
obligatoria la participación directa de las víctimas en fases anteriores al
juicio oral, como por ejemplo para solicitar la práctica de pruebas en la
audiencia de preclusión, para intervenir en la audiencia de formulación de
imputación, para hacer observaciones y fijar su posición sobre el
descubrimiento de elementos probatorios (C-209 de 2007);[40]
o incluso para hacerlo en etapas estrictamente posteriores, como por ejemplo
para referirse, una vez declarado el sentido condenatorio del fallo, a las
condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes
del responsable (C-250 de 2011),[41] o para solicitar la adición de la sentencia
en caso de haberse omitido un pronunciamientos de los bienes sujetos a comiso
(C-782 de 2012).[42] No obstante, la participación de las
víctimas tampoco es absoluta en las etapas anteriores o posteriores al juicio oral,
pues por ejemplo la Corte ha señalado que la Constitución no consagra un deber
de garantía de la intervención de las víctimas en la etapa de ejecución penal (C-233
de 2016).[43]
Pues bien,
con fundamento en lo anterior, la pretensión de que las víctimas sean
legitimadas para pedir directamente la suspensión de la personería jurídica o
el cierre de establecimientos o de locales abiertos al público no afecta la
estructura del proceso penal, ni altera la igualdad de armas, ni su carácter
adversarial, ni los principios del debido proceso del imputado. En efecto, la
solicitud se dirige a la adopción de una medida de protección, y en
consecuencia no es un argumento o elemento de prueba que soporte la pretensión
punitiva o determine por sí misma la responsabilidad del procesado. Para
decretar las medidas es ciertamente preciso tener motivos fundados para inferir
que la persona jurídica o los establecimientos o locales abiertos al público se
han dedicado al desarrollo de actividades delictivas. Pero esos motivos pueden
existir con independencia de que se soliciten las medidas descritas en la
norma, y por lo mismo la petición de las víctimas al juez para que las imponga
no contribuye a definir la responsabilidad del procesado. Además, conforme al
texto legal cuestionado, las medidas referidas han de solicitarse “antes de
presentarse la acusación”, y este sentido normativo se ajusta plenamente a
las características constitucionales del proceso penal. No puede decirse
entonces que una facultad de las víctimas de pedir las medidas citadas
desequilibre el proceso, desvirtúe su naturaleza adversarial o desconozca su
estructura, pues por su configuración está llamada a ejercerse antes del juicio
oral. Por otra parte, la Corte sostuvo en la sentencia C-558 de 2004[44]
que las mencionadas en la disposición controlada son medidas provisionales cuya
imposición se ajusta al derecho fundamental al debido proceso del implicado toda
vez que dentro del trámite puede defenderse de los motivos que la originan y su
impacto es proporcionado.[45] Ahora lo ratifica, y agrega que
cuando se decida imponer estas medidas con carácter definitivo debe haberse
agotado previamente un proceso debido.
21. (iii) La
falta de justificación de la no legitimación de las víctimas para solicitar la
suspensión de la personería jurídica y el cierre de establecimientos o de
locales abiertos al público genera para ellas una situación de desprotección.
En efecto, las víctimas pueden quedar desprotegidas ante omisiones del fiscal,
o ante circunstancias que requieran una actuación urgente y directa en las
cuales no sea posible acudir ante el fiscal del caso, sino inmediatamente ante
el juez. No se trata entonces de privar a las víctimas de una facultad
procesal, sino de hecho de restringirles el acceso directo a medidas que pueden
servir –como antes se indicó- para la protección de sus derechos y bienes
jurídicos sustanciales, o de los de sus familiares o allegados en un grado
jurídicamente relevante. (v) Finalmente, la omisión es el resultado del
incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al
legislador, pues la Constitución establece que la ley debe fijar los términos en
que las víctimas podrán intervenir en el proceso penal (CP art 250 num 7), sin
que le sea dado al Congreso establecer en este sentido términos de intervención
directa de las víctimas que las excluyan injustificadamente de ciertos recursos
procesales importantes para su protección. Por lo demás, esta es también una
obligación derivada de su derecho al debido proceso (CP art 29) y a acceder a
la justicia (CP art 229). Existía entonces un deber específico de garantizar el
acceso directo de las víctimas a la justicia para obtener una protección
adecuada, y el legislador lo incumplió.
22. La Corte
concluye por tanto que el legislador incurrió en una omisión legislativa
relativa, la cual debe ser colmada en virtud de la Constitución. Es entonces
preciso declarar que la norma demandada es exequible en el entendido de que las
víctimas deben poder solicitar la suspensión de la personería jurídica o el cierre temporal de locales o
establecimientos abiertos al público, cuando existan motivos fundados que
permitan inferir que se han dedicado total o parcialmente al desarrollo de
actividades delictivas. No obstante, es preciso tener en cuenta dos
limitaciones. Por una parte, el Ministerio Público considera que el fin de las
medidas referidas es la protección de la sociedad en general, y no de las
víctimas en específico, razón por la cual estas no tienen una legitimación
particular para solicitar su imposición. Ya se vio que esto no es necesariamente
así, pues en algunas ocasiones la suspensión de la personería jurídica o el cierre
temporal de locales o establecimientos abiertos al público puede obrar como una
medida de protección de las víctimas, sus familiares o allegados. No obstante,
es innegable que esta relación es apenas contingente, en el sentido de que
puede o no presentarse, y en consecuencia es parcialmente cierto lo que señala
el Procurador General de la Nación, pues esas medidas pueden adoptarse en
interés abstracto de la sociedad, y no concreto de las víctimas. En tales
hipótesis, las víctimas del proceso en curso no estarían por principio en
mejores condiciones que el resto de integrantes de la colectividad para
solicitar las medidas, y sería entonces una prerrogativa injustificada
conferirles a ellas la facultad de elevar directamente la solicitud y no hacer
lo propio con los demás. Y a su turno desnaturalizaría el proceso penal
reconocer un derecho a la intervención pública o popular para pedir estas
medidas. Por lo cual es preciso que las víctimas, como ocurre en la regulación
de las medidas cautelares sobre bienes, solo puedan pedir las directamente las
que contempla el artículo 91 de la Ley 906 de 2004 cuando acrediten ante el
juez interés específico para obrar.[46]
23. Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación
en el presente proceso ha señalado que si bien esta posibilidad es imperativa a
la luz de la Constitución, debe ser posterior a la imputación y antes de que se
formule la acusación. Lo primero, por cuanto las medidas de suspensión temporal
de la personería jurídica o el cierre temporal de locales y establecimientos
abiertos al público podría obstruir el programa metodológico de investigación
criminal o su ejecución efectiva. Lo segundo, debido a que la intervención de
las víctimas para hacer estas solicitudes después de presentarse la acusación
podría desestructurar el juicio. En cuanto al extremo final, la Corte considera
que ese es, de hecho, el límite procesal que en principio se prevé expresamente
en el texto de la norma legal cuestionada. El artículo 91 de la Ley 906 de 2004
establece de forma explícita que las solicitudes de imposición de dichas
medidas deben formularse antes de presentarse la acusación, y por tanto resultaría
infundado un condicionamiento en el mismo sentido. Los condicionamientos se
producen para prever algo no estatuido en la norma, que la ajuste a la
Constitución, y no para reproducir los contenidos ya consignados en la ley. En
cambio, no forma parte del precepto examinado la limitación inicial que la
Fiscalía considera debe ser introducida para la víctima, cual es que las
solicitudes pertinentes para la adopción de las medidas contempladas en el
artículo 91 de la Ley 906 de 2004 deban presentarse después de la formulación
de imputación. La Sala debe evaluar esta postura.
24. En
la ley colombiana, la persecución penal -entendida en su sentido más amplio- se
compone de dos grandes etapas: la investigación y el juicio. La etapa de
investigación se integra a su vez de dos fases: la indagación y la
investigación propiamente dicha. La indagación comienza con la noticia
criminal, o cuando se produzcan hechos que revistan las características de un
delito. La investigación en sentido estricto comienza con una formulación de
imputación, ante un juez de control de garantías, lo cual implica de acuerdo
con el Código individualizar al sujeto, relacionar clara y sucintamente los
hechos jurídicamente relevantes, y comunicarle su nueva condición procesal de
imputado. En este contexto, tener el estatus de “indiciado” significa
ser sujeto de una indagación, y el de “imputado” haber sido sujeto de un
acto procesal de imputación. Durante las etapas de indagación e investigación
la Fiscalía está a cargo precisamente de investigar la validez de la hipótesis
de delito que origina el proceso penal (CP art 250). Para ello puede adelantar
técnicas de investigación de diversa índole, como inspecciones, exhumaciones,
allanamientos, registros, interceptaciones de comunicaciones, seguimientos,
operaciones encubiertas, tomas de muestras, vigilancia de personas o cosas, recuperación
de información dejada al navegar en dispositivos de telecomunicaciones, búsquedas
selectivas en bases de datos, inspecciones corporales, entre otras. El éxito de
algunas de estas técnicas puede depender de que las personas sujetas por
distintas razones a los procedimientos inquisitivos desarrollen sus actividades
espontáneamente, y en ocasiones puede incluso depender del secreto de las
operaciones, como ocurre con las vigilancias, los seguimientos, las actuaciones
encubiertas, entre otras.
25. Es entonces razonable que una solicitud de
suspensión de la personería jurídica o de cierre de establecimientos o de locales
abiertos al público pueda verse como un obstáculo al desarrollo exitoso del
programa metodológico de investigación criminal o a su ejecución efectiva, pues
puede significar la terminación de actividades sujetas a indagación judicial. Por
tanto, es comprensible que no pueda presentarse desde el inicio de la etapa de
investigación y con independencia del plan investigativo que haya proyectado la
Fiscalía. No menos importante es considerar que una solicitud de la víctima para
la adopción de medidas consignadas en la disposición bajo examen puede fundarse
en información que indique una amenaza apremiante o una situación actual de
vulneración efectiva de bienes jurídicos de alta trascendencia constitucional. Es
entonces necesario garantizar al mismo tiempo los derechos de las víctimas sin
interponer obstáculos significativos a la función investigativa de la Fiscalía,
y por lo mismo debe asegurarse un equilibrio entre ambos principios. Ese
equilibrio razonable se puede obtener si se admite la solicitud directa de las
medidas por parte de las víctimas desde la imputación, pues esto de un lado
contribuye a desarrollar el programa metodológico y la investigación criminal,
sin que al tiempo les cierre a las víctimas la posibilidad de solicitar medidas
de protección pues pueden pedir otras distintas de las contempladas en las
disposiciones bajo examen (CPP arts. 11 y 342), y preservan la posibilidad de
pedir, por medio del fiscal, las que contempla la norma acusada (CP art 250 num
7 y CPP art 134).
26. En consecuencia, la Corte declarará la
exequibilidad de los artículos 91 (parcial) de la Ley 906 de 2004 y 34 (parcial) de la Ley 1474 de 2011 con la condición de que las víctimas
pueden solicitar directamente las medidas provisionales allí consignadas cuando
acrediten ante el juez un interés específico para obrar, después de la
formulación de imputación.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de
la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados,
la expresión “En cualquier momento y antes de presentarse la acusación
de la Fiscalía” contenida en el artículo 91 (parcial) de la Ley 906 de 2004 y 34 (parcial) de la Ley 1474 de 2011 EN EL ENTENDIDO de que
las víctimas pueden solicitar directamente las medidas provisionales allí
consignadas cuando acrediten ante el juez un interés específico para obrar,
después de la formulación de imputación.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase y archívese el
expediente.
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Presidenta
AQUILES ARRIETA
GÓMEZ
Magistrado (E)
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Magistrado
ALBERTO ROJAS
RIOS
Magistrado
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[2] MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[3] MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[4] MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[5] MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[6] MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[7] MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[8] MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[9] MPs. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett. AV.
Jaime Araujo Rentería.
[10] MP. Jaime Córdoba Triviño.
[11] MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[12] MP. Jaime Córdoba Triviño. SPV. Jaime
Araujo Rentería.
[13] Dice expresamente el Ministerio Público en su intervención: “la
facultad o posibilidad procesal contemplada en la norma en estudio inclusive
puede requerir que se haga comparecer al juicio a terceros que pueden tener interés
en la actividad comercial que se considera plena o parcialmente ilícita y que,
por esta razón tienen el derecho de ejercer su derecho de defensa ante una
medida como aquella. Y, en tal sentido, una medida como la acusada implica la
probanza de elementos que evidentemente desbordan la simple comisión del delito
que se investiga, ya que no es lo mismo demostrar que se cometió un delito a
demostrar que una persona jurídica o un establecimiento abierto al público ha
sido destinado total o parcialmente a la comisión de delitos. Situación que no
sólo excede sino que, además, podría desnaturalizar el papel de la víctima como
sujeto especial, si es que ella estuviese facultada para solicitarla, y por
ello ésta posibilidad es incompatible con el proceso adversarial o, por lo
menos, justifica que sea razonable que el legislador no haya querido
habilitarla para ello. || En efecto, se puede advertir que en el marco del
proceso penal, donde el encargado de sancionar y prevenir el delito es el
Estado, la potestad de vincular a terceros interesados en la personería
jurídica o en la actividad de un establecimiento es superior a toda o cualquier
capacidad procesal de la víctima, de donde se sigue que hay razones suficientes
para que su titularidad recaiga exclusivamente en el aparato estatal”.
[14] MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. SV Alfredo Beltrán Sierra, Carlos
Gaviria Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa.
[15] Sentencia C-539 de 1999 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. SV Alfredo
Beltrán Sierra, Carlos Gaviria Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa). ). En ese fallo
se fijaron del siguiente modo las hipótesis en las cuales procede la
integración normativa por parte de la Corte: “[…] En
primer lugar, procede la integración de la unidad normativa cuando un ciudadano
demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico
claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta
absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra
disposición que no fue acusada. En estos casos es necesario completar la
proposición jurídica demandada para evitar proferir un fallo inhibitorio. || En
segundo término, se justifica la configuración de la unidad normativa en
aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra
reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas. Esta
hipótesis pretende evitar que un fallo de inexequibilidad resulte inocuo. ||
Por último, la integración normativa procede cuando pese a no verificarse
ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra
intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta
serias dudas de constitucionalidad. En consecuencia, para que proceda la
integración normativa por esta última causal, se requiere la verificación de
dos requisitos distintos y concurrentes: (1) que la norma demandada tenga una
estrecha relación con las disposiciones no cuestionadas que formarían la unidad
normativa; (2) que las disposiciones no acusadas aparezcan, a primera vista,
aparentemente inconstitucionales.  A este respecto, la Corporación ha
señalado que ‘es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de
la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie
de una dudosa constitucionalidad’”.
[16] Sentencia C-043 de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra. Unánime).
En ese caso se demandaba una disposición que solo les reconocía determinados
beneficios a los concejales llamados a colmar vacancias absolutas, por cuanto
excluía de ellos a quienes siendo concejales llenaran vacancias temporales. No
se demandó una norma de la misma Ley, que también reconocía ciertos beneficios
a los ‘concejales titulares’, pero no a los demás. La Corte consideró que entre
las dos normas había “identidad de materia […]
porque ambas prescriben que sólo quienes ejercen  de forma permanente el
cargo de concejal son cobijados por el beneficio de ciertos seguros”, e integró en consecuencia la unidad
normativa con base en la causal que lo permite “cuando
la disposición acusada está reproducida en otra u otras”. Sentencia
C-714 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa. Unánime). En esa ocasión la
Corte Constitucional integró al juicio una norma no demandada, al advertir que
“reproduce en lo relevante las expresiones cuestionadas”.
[17] MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[18] Sentencia C-558 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández. Unánime).
La Corte finalmente declaró exequible el precepto acusado, “en el entendido que los efectos definitivos de la
cancelación se deben determinar en la sentencia, y mientras tanto, esta orden tiene
efectos de suspensión”.
[19] La Ley penal establece además que “[e] En las
conductas culposas, los vehículos automotores, naves o aeronaves, cualquier
unidad montada sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio, se
someterán a los experticios técnicos y se entregarán provisionalmente al
propietario, legítimo tenedor salvo que se haya solicitado y decretado su
embargo y secuestro. En tal caso, no procederá la entrega, hasta tanto no se
tome decisión definitiva respecto de ellos. || La entrega será definitiva
cuando se garantice el pago de los perjuicios, se hayan embargado bienes del
sindicado en cuantía suficiente para atender al pago de aquellos, o hayan
transcurrido diez y ocho (18) meses desde la realización de la conducta, sin
que se haya producido la afectación del bien” (Código Penal art 100).
[20] MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[21] Sentencia C-782 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva. Unánime). En
ese caso, precisamente, se controlaba el artículo 90 del Código de
Procedimiento Penal que consagra el grupo de legitimados para solicitar una
adición de la providencia respectiva cuando omita pronunciarse sobre los bienes
afectados “con fines de comiso”.
[22] El artículo 83 del Código de Procedimiento Penal prevé: “Se tendrán
como medidas materiales con el fin de garantizar el comiso la incautación y
ocupación, y como medida jurídica la suspensión del poder dispositivo”.
[23] Sentencia C-185 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil. Unánime). En ese
caso la Corte se inhibió de resolver el fondo de un cargo por omisión
legislativa relativa, por cuanto la supuesta omisión no era predicable de la
norma acusada. En ese contexto, la Corporación recogió la jurisprudencia sobre
la materia y le dio a la noción de omisión legislativa relativa consistencia
terminológica. Desde entonces, esta Corporación ha reiterado ese test en
distintas ocasiones. Ver, por ejemplo, materia de omisiones legislativas
relativas en el procedimiento penal por darle determinadas facultades al fiscal
(o al fiscal, la defensa y el Ministerio Público) pero no a las víctimas, las
sentencias C-454 de 2006 (MP. Jaime Córdoba Triviño), C-250 de 2011 (MP.
Mauricio González Cuervo), C-839 de 2013 (MP. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), C-233 de 2016 (MP. Luis
Ernesto Vargas Silva), entre otras.
[24] Sentencia C-209 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. Unánime).
En esa ocasión, la Corte Constitucional debía resolver diversos cargos por
supuesta omisión legislativa relativa, dirigidos contra distintas normas del
Código de Procedimiento Penal que les asignaban a una de las partes, a las dos
o al Ministerio Público facultades que no se les reconocían a las víctimas. En
ese contexto, al caracterizar el rol de las víctimas en el proceso penal, las
consideró como ‘intervinientes especiales’.
[25] MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[26] Sentencia C-209 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa. Unánime).
En particular se cuestionaban los artículos 306, 316 y 342 del Código de
Procedimiento Penal, que regulaban respectivamente las facultades para
solicitar medidas de aseguramiento (los dos primeros) y de protección (el
tercero). Ninguno de los cuales le reconocía a la víctima el derecho a solicitar
directamente las medidas. La Corte decidió, no obstante, en relación con el
artículo 342 sobre medidas de protección para las víctimas que también podían
ser pedidas directamente por ellas, sin necesidad de intermediación del fiscal
del caso. La razón para considerar asimilables, en lo relevante, a la fiscalía
y las víctimas fue esta: “la fórmula escogida por el legislador deja desprotegida a la víctima ante
omisiones del fiscal, o ante circunstancias apremiantes que puedan surgir y
frente a las cuales la víctima cuente con información de primera mano sobre
hostigamientos o amenazas recibidas que hagan necesaria la imposición de la
medida correspondiente, o sobre el incumplimiento de la medida impuesta, o la
necesidad de cambiar la medida otorgada.”
[27] MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[28] Sentencia C-839 de 2013 (Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub. Unánime). En esa ocasión, la Corte sostuvo que las víctimas
eran asimilables a la fiscalía, en cuanto a su legitimación para solicitar la
suspensión del poder adquisitivo de los bienes sujetos a registro. Tuvo en
cuenta los siguientes factores para la asimilación: (i) que el papel asignado a
la fiscalía no excluye la intervención de las víctimas, (ii) que la medida
tenía estrecha relación con derechos sustanciales de las víctimas, (iii) que en
la audiencia en que se pretendía la participación de la víctima se reivindicaba
un aspecto patrimonial y no la responsabilidad penal del procesado, (iv) que la
medida no tenía incidencia en el juicio oral, y (v) que la introducción de las
víctimas en ese escenario en nada alteraba los principios constitucionales del
proceso penal.
[29] Se
refiere a la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, dictada el 9 de diciembre de 2014, SP16740- 2014, Radicación n° 41369 (MP. María
del Rosario González Muñoz).
[30] El
fallo de casación dice en lo pertinente: “Pide el letrado declarar la extinción de dominio y el
comiso de la sociedad TRASAN S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo
67 del Código de Procedimiento Penal de 2000, dado que dicha empresa sirvió́
de instrumento para cometer la conducta punible”.
[31] MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[32] Sentencia C-782 de 2012 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva. Unánime).
[33] MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[34] Sentencia C-209 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa. Unánime),
antes referida.
[35] Ídem. En ese caso controlaba, entre otras
previsiones, los artículos 378 (sobre contradicción de la prueba en el juicio
oral), 391 (sobre interrogatorio cruzado de testigos) y 395 (sobre facultades
para oponerse a las preguntas del interrogador), por cuanto no le asignaban a
la víctima la facultad de ejercer esas facultades directamente. La Corte señaló
que esa supuesta omisión estaba justificada: “dado que la posibilidad de
ejercer estas facultades ocurre en la etapa del juicio oral, sí existe una
razón objetiva que justifica la limitación de los derechos de la víctima, como
quiera que su participación directa en el juicio oral implica una modificación
de los rasgos estructurales del sistema penal acusatorio que comporta una
alteración sustancial de la igualdad de armas y convierte a la víctima en un
segundo acusador o contradictor en desmedro de la dimensión adversarial de
dicho proceso”.
[36] Sentencia C-516 de 2007 (MP Jaime Córdoba
Triviño. SPV Jaime Araújo Rentería). En ese caso se sujetaba a control el
artículo 340 del Código de Procedimiento Penal, en cuya virtud en caso de haber
un número plural de víctimas el juez podía determinar un número igual al de
defensores para intervenir en el juicio oral. La Corte encontró exequible esa
limitación a la posibilidad de las víctimas de escoger el número de apoderados,
en atención a la naturaleza del juicio oral y debido a que los derechos de las
víctimas se encontraban protegidos: “encuentra la Corte que la medida
que se analiza no grava de manera desproporcionada el interés de la víctima de
intervenir de manera efectiva en el juicio oral; por el contrario, ella resulta
compatible con los rasgos del sistema adversarial que se proyectan de manera
preponderante en esta etapa del proceso en donde la intervención de la víctima
se canaliza (para efectos de la contradicción de la prueba y de la presentación
de la teoría del caso) a través del fiscal.  La ley prevé la posibilidad
de que el representante de la víctima presente directamente los alegatos
finales (Art. 443), momento en el que operará el umbral de intervención
numérica a que se refiere el precepto examinado. Esta  medida resulta razonable,
en cuanto promueve un desarrollo equilibrado y eficiente del juicio, sin que a
la vez genere una intolerable restricción de los derechos de las víctimas que
se encuentran garantizados, mediante sus aportes previos  para la
construcción del caso, la intervención del fiscal, y la vocería concertada de
las víctimas en el juicio oral.”
[37] Sentencia C-616 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Unánime). En ese caso, la Corte sostuvo que la ley procesal penal se ajustaba a
la Constitución, pese a que no le confería a la víctima el derecho a presentar
réplicas a los alegatos de conclusión, como los tenían las partes, precisamente
por la naturaleza igualitaria y adversarial del juicio oral en el proceso con
tendencia acusatoria del orden constitucional.
[38] Sentencia C-473 de 2016 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva. SPV Jorge Iván Palacio Palacio). En ese caso la Corte declaró
exequible la norma legal cuestionada, que no les confería a las víctimas la
oportunidad de presentar pruebas de refutación, por cuanto se trataba de una
facultad propia del juicio oral, y la no adjudicación de la misma a las
víctimas se justificaba en la necesidad de garantizar la igualdad de armas.
[39] Sentencia C-209 de 2007 MP. Manuel José Cepeda Espinosa,
referida. Dijo al respecto: “Advierte la Corte que el artículo 443 de la
Ley 906 de 2004 prevé la posibilidad de que el abogado de las víctimas
intervenga para hacer alegatos finales al concluir el juicio. Esta
participación del abogado de la víctima no introduce un desbalance en el juicio
ni le resta su dinámica adversarial puesto que ella se presenta al final de
esta etapa, con miras precisamente a que la voz de las víctimas se escuche
antes de concluir esta etapa del proceso”.
[40] Ídem. En esa ocasión la Corte controlaba, además de otras, los
artículos 333 (sobre práctica de pruebas en la audiencia de preclusión), 289
(sobre intervinientes en la audiencia de formulación de imputación), 356 (sobre
intervenciones en la audiencia preparatoria para hacer observaciones y fijar su
posición en torno al descubrimiento de elementos probatorios). Las
disposiciones cuestionadas no facultaban a las víctimas para intervenir en
estos escenarios o ejercer las referidas facultades procesales. La Corporación
declaró exequibles las previsiones con la condición de que las víctimas
pudieran participar también de esos escenarios, en diversos sentidos, por
cuanto no encontraba razón para excluirlas por completo.
[41] Sentencia C-250 de 2011 (MP Mauricio González Cuervo. Unánime). La
Corte declaró exequible “el artículo 100 de la Ley 1395 de 2010, en el
entendido de que las víctimas y/o sus representantes en el proceso penal,
podrán ser oídos en la etapa de individualización de la pena y sentencia”.
[42] Sentencia C-782 de 2012 MP. Luis Ernesto
Vargas Silva, antes referida.
[43] Sentencia C-233 de 2016 (MP. Luis Ernesto
Vargas Silva. Unánime). En ese caso se cuestionaban normas relativas a la
responsabilidad en la ejecución de penas y medidas de seguridad, a la decisión
sobre libertad condicional y a la posibilidad de apelar decisiones que toma el
juez de ejecución de penas en relación con mecanismos sustitutivos de privación
de la libertad y la rehabilitación. Señaló: “[e]sta Corporación declarará
exequibles los apartes demandados de los artículos 459, 472 y 478 de la Ley 906
de 2004, luego de concluir que respecto de los mismos no se configura una
omisión legislativa relativa por haber excluido a las víctimas del injusto
penal de intervenir en la fase ejecución de la sentencia y presentar recursos
contra las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de
seguridad en relación con los mecanismos sustitutos de la pena privativa de la
libertad. Lo anterior porque el legislador cuenta con un amplio margen de
configuración para regular la fase de ejecución de la sentencia, como en efecto
lo hizo sin vulnerar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación
que le asisten a las víctimas, ni la igualdad ante los tribunales ni el acceso
a recursos efectivos. Además, éstas pueden ser representadas de forma indirecta
por el Ministerio Público en dicha fase, quien tiene la obligación legal de
velar por los intereses de las víctimas”.
[44] MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[45] Sentencia C-558 de 2004 MP. Clara Inés Vargas Hernández, referida.
[46] En efecto, obsérvese que el artículo inmediatamente posterior al
demandado; es decir, el artículo 92 de la Ley 906 de 2004 ciertamente faculta a
las víctimas para pedir directamente al juez de control de garantías el decreto
de medidas cautelares sobre los bienes del imputado o acusado que sean
necesarias para proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios
causados con el delito. Esa disposición establece que, para el efecto, “[l]a
víctima acreditará sumariamente su condición de tal, la naturaleza del daño
recibido y la cuantía de su pretensión”. Si bien las medidas de suspensión de
la personería jurídica y cierre temporal de locales y establecimientos abiertos
al público no tiene la función explícita de asegurar la reparación patrimonial
de las víctimas, tiene en común con las reguladas en el artículo 92 referido su
carácter circunstancialmente cautelar. Por lo cual puede observarse que esta
decisión de la Corte además tendría coherencia con el espíritu del Código.