T-582-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-582/08
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias
laborales
DERECHO AL MINIMO VITAL DEL TRABAJADOR-Presunción de afectación por ausencia
prolongada en pago de salarios
EMPLEADOR-Situación económica o presupuestal no es óbice para
desconocer obligaciones laborales
ACCION DE TUTELA-Procedencia pago de acreencias laborales
adeudadas correspondientes a los tres meses anteriores a la fecha de
interposición de la tutela así como los que a futuro se causen
Referencia: expediente T-1815627
Acción de tutela interpuesta por Consuelo Yaneth  San Juan Polo contra de la
Alcaldía Municipal de Ciénaga.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá D.C.,
doce (12) de junio de dos mil ocho (2008).
La Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime
Araujo Rentería y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas
en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los
artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA.
Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela, en el asunto de
la referencia, dictado por el Juzgado Primero Civil Municipal de Ciénaga
Magdalena, el 4 de octubre de 2007, en única instancia.
I.
ANTECEDENTES
Hechos
1.
La ciudadana Consuelo Yaneth San Juan Polo, se encuentra
vinculada en calidad de docente, a la Institución Educativa “Isabel de la
Trinidad”, ubicado en el corregimiento de la Sierra Nevada, del municipio de Ciénaga
– Magdalena (Fl. 9).
2.
Relata que el municipio
de Ciénaga (la Alcaldía), no le ha cancelado los salarios correspondientes
desde el mes de julio de 2006 hasta la fecha de presentación de la tutela (21
de septiembre de 2007).
3.
La ciudadana San Juan Polo
tiene un hijo de 14 años de edad (Fl. 12), que padece de una enfermedad que
requiere tratamientos y medicamentos permanentes (Fl. 10).
4.
Por lo anterior,
interpone acción de tutela contra el municipio en mención, y solicita al juez
de amparo que le ordene cancelar los salarios adeudados.
5.
El municipio contestó
la demanda de tutela, y alegó únicamente que la pretensión de la actora debe tramitarse
por la acción laboral, pues el amparo constitucional se ha instituido para
proteger la vulneración de derechos fundamentales, y no para dirimir
controversias laborales.
6.
El juez de tutela negó
la tutela, pues consideró que no se encontraba acreditada la vulneración del
mínimo vital de la tutelante, por lo que procedía acudir al juez laboral.
Pruebas
relevantes que obran en los expedientes.
1.     Escrito de la demanda de tutela (Fls. 3 a 6)
2.     Respuesta a la demanda de tutela, por parte
de la entidad accionada (Fls. 18)
3.     Certificación laboral expedida por la Institución Educativa “Isabel de la Trinidad”.  (Fl. 9).
4.     Registro civil del hijo de la demandante (Fl. 12)
5.     Prescripción médica del estado de salud del hijo menor de la
tutelante, de enero de 2001 (Fl. 10)
6.     Sentencia de tutela dictada por el Juzgado Primero Civil Primero
Municipal de Ciénaga Magdalena, el 4 de octubre de 2007 (Fls. 20 a 29)
Fundamentos
de la Tutela
La demandante alega que su salario representa
su medio de subsistencia, por lo cual se ha vulnerado su derecho al mínimo
vital, así como el de su hijo, por el incumplimiento en el pago de los salarios
que se le adeudan. Explica que de lo anterior se deriva la urgencia de la
protección, que busca evitar la configuración de un perjuicio irremediable.
Agrega que el estado de salud de su hijo
menor, imprime cargas adicionales, por las cuales debe responder. Y, sin
acceder a su salario de manera cumplida, y con el atraso tan significativo (más
de un año) en el cumplimiento de su pago, esta situación se ha exacerbado. Por
ello, considera igualmente vulnerados los derechos de su hijo menor.
Respuesta de la Alcaldía del Municipio de
Ciénaga – Magdalena.
El apoderado judicial de la Alcaldía del
Municipio de Ciénaga – Magdalena, aduce que la tutela no demuestra que la
protección deba brindarse en la jurisdicción constitucional. Encuentra que no
se probaron las afirmaciones según las cuales el salario es la única fuente de
medios económicos para la actora. Lo cual quiere decir que no queda certeza en
el proceso de tutela, de la configuración de un perjuicio irremediable.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
Competencia.
1.- Esta
Corte es competente para revisar el presente fallo de tutela de conformidad con
lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, el Decreto
2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.
Planteamiento del caso y del problema jurídico.
2.- La ciudadana Consuelo Yaneth San Juan Polo certifica que se encuentra vinculada como
docente al Municipio de Ciénaga y que desde julio de 2006 no le cancelan los
salarios correspondientes. Alega que su salario configura la única fuente de
ingresos, y que tiene un hijo menor de edad que padece de una enfermedad que
requiere tratamientos y medicamentos permanentes. El municipio demandado aduce
que no se demostró la vulneración del mínimo vital de la actora, luego el caso
no cumple con el requisito de urgencia, para autorizar la intervención del juez
de tutela, y a su vez desplazar al juez laboral. Por su lado, el juez de amparo
consideró que no se habían aportado las pruebas que respaldaran las
afirmaciones según las cuales, el único medio de subsistencia de la tutelante
es su salario. Por ello, el juez de amparo concluye que la demandante debe
acudir a la jurisdicción ordinaria laboral.
Problema Jurídico
3. De conformidad con lo anterior, esta Sala de
Revisión deberá determinar si procede reclamar el pago de los salarios
adeudados a la demandante, por vía de tutela, o si por el contrario su caso
debe tramitarse ante el juez laboral.
Para resolver el anterior interrogante la Sala hará
una breve referencia a las líneas jurisprudenciales sobre (i) el derecho al
pago oportuno del salario y (ii) la presunción de la vulneración del derecho al
mínimo vital ante la mora en el pago de los salarios. Luego de ello se
analizará el caso objeto de revisión.
Procedencia excepcional de la tutela para
reclamas acreencias laborales y derecho fundamental al pago oportuno de
salarios. Reiteración
de jurisprudencia
4.- Ha afirmado la Corte Constitucional en
anteriores ocasiones, que el derecho de todo trabajador a que su empleador
remunere sus labores por medio del pago oportuno del salario tiene carácter
fundamental, toda vez que “el derecho de
todos los trabajadores al pago oportuno de su remuneración salarial, es una
garantía que no se agota en la simple enunciación de un deber surgido de la
relación laboral, sino que se trata de un verdadero derecho fundamental. La
cumplida cancelación del salario está íntimamente ligada a la protección de
valores y principios básicos del ordenamiento jurídico”[1].
Debido a su carácter fundamental, el
Estado tiene el deber de asegurar que el pago oportuno de la remuneración
originada en una relación laboral se encuentre protegida contra violaciones o
amenazas, en concordancia con las obligaciones de respeto y garantía de los
derechos humanos de sus habitantes[2] y
con el artículo 2 de la Carta Política.
5.- Ahora bien, en sede de tutela, para una adecuada resolución de
debates en torno al pago oportuno del salario, la Corte Constitucional ha
expresado que la noción de salario abarca “todas las sumas que sean generadas en virtud de
la labor desarrollada por el trabajador, sin importar las modalidades o
denominaciones que puedan asignarles la ley o las partes contratantes”[3], por lo cual el juez de tutela debe
entender, al decidir un caso, que el salario incluye los conceptos de primas,
vacaciones, cesantías, y horas extra, entre otros[4].
6.- Por otra parte, como lo ha determinado esta Corte, el
desconocimiento del derecho fundamental al pago oportuno del salario no afecta
necesariamente tan solo al trabajador que con su fuerza de trabajo adquiere tal
derecho, toda vez que el “incumplimiento prolongado pone al trabajador y a
su núcleo familiar en una situación de indefensión”[5].
En tal sentido, si bien el derecho al pago oportuno del salario
tiene carácter fundamental, la Corte ha manifestado que, frente a su vulneración,
en virtud del principio de subsidiariedad de la acción de tutela, en principio
es la jurisdicción ordinaria laboral la competente y llamada a decidir sobre
tales casos[6], pues es frente a ella
que pueden instaurarse las acciones diseñadas por el ordenamiento jurídico
colombiano para exigir el pago de acreencias laborales.
Sin embargo, la aplicación de la anterior regla general se exceptúa
cuando el desconocimiento de la obligación patronal de pagar los salarios de
sus trabajadores afecta el mínimo vital –u otros derechos fundamentales- del
empleado[7] y de su familia[8].
Respecto al núcleo familiar al cual pertenece el trabajador, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que “[e]l
mínimo vital es entendido por la jurisprudencia de la Corte como aquella
porción del ingreso del trabajador que permite cubrir sus necesidades básicas
y las del núcleo familiar que de él depende”[9] (se subraya).
Por ello, en reiteradas ocasiones[10] se ha señalado
“la procedencia excepcional de la acción de tutela para la reclamación efectiva
de acreencias laborales, cuando quiera que el no pago de las mismas pone en
peligro o atenta en contra de los derechos fundamentales a la vida digna, al
mínimo vital y a la subsistencia, particularmente cuando los salarios impagados
se constituyen, por lo general, en la única fuente de recursos económicos para
sufragar las necesidades básicas, personales y familiares.”[11]
Presunción de vulneración del derecho al mínimo
vital, ante el incumplimiento en el pago de salarios. Reiteración de
jurisprudencia
7.- Para establecer si en determinado caso, relativo a la falta de
pago de los salarios de un trabajador, se encuentra afectado o amenazado su
derecho al mínimo vital o el de su familia dependiente económicamente de él, la
Corte ha establecido los casos en que opera la presunción de afectación del
mínimo vital, lo cual hace procedente la acción de tutela para exigir y ordenar
al empleador que cancele los montos adeudados. Según la jurisprudencia, la
afectación del derecho fundamental al mínimo vital como consecuencia de la
falta de pago de la remuneración salarial se presume cuando el incumplimiento
sea “prolongado o indefinido”[12].
Esta presunción, sin embargo, se desvirtúa en dos eventos:
a) Cuando el incumplimiento “no se
haya extendido por más de dos meses, excepción hecha de la remuneración
equivalente a un salario mínimo”[13].
b) Cuando el demandado demuestre o el juez encuentre que “la
persona posee otros ingresos o recursos con los cuales puede atender sus
necesidades primarias vitales y las de su familia”[14].
Es pertinente reiterar que las afectaciones al mínimo vital no se restringen
a casos relacionados con el salario mínimo[15]. Lo anterior
se fundamenta en la consideración de que “el
derecho a la subsistencia no se circunscribe a la satisfacción de las
necesidades de simple subsistencia biológica de la persona, habrá de entenderse
que tal derecho comporta igualmente el ejercicio y la realización de los
valores y propósitos de vida individual, razón por la cual su falta compromete
las aspiraciones legítimas del grupo familiar que depende económicamente del
trabajador”[16].
Debido a la mencionada falta de identidad entre el mínimo vital y el salario
mínimo, un fallador de tutela no podrá declarar improcedente la acción por la
mera consideración de que el trabajador en cuestión recibe un salario con un
monto mayor al mínimo legal.
8.- Así,  “esta Corporación ha entendido el derecho al
mínimo vital como el conjunto de necesidades básicas indispensables para
garantizar la subsistencia digna de la persona y de su familia[17].
Refiriéndose al alcance de
este concepto la Corte ha manifestado que, sin un ingreso adecuado a ese mínimo
no es posible asumir los gastos más elementales, como los correspondientes a
alimentación, salud, educación o vestuario, en forma tal que su ausencia atenta
en forma grave y directa contra la dignidad humana.[18]
Además, sostuvo la Corte recientemente en la sentencia T-229 de 2007:
“Debido a la importancia que comporta el concepto de mínimo vital en
nuestro sistema constitucional, la Corte ha sido cuidadosa en identificar los
criterios con los cuales puede establecerse, en el caso concreto, su
afectación.  Así, en la sentencia T-148 de 2002, se identificaron una serie de
hipótesis mínimas que permiten establecer la vulneración de esta garantía.
Tales condiciones han sido desarrolladas por la jurisprudencia en varias oportunidades
y las mismas constituyen  herramientas fundamentales con las que cuenta el juez
de tutela para constatar la afectación del mínimo vital. Estas son: (i)
existencia de un incumplimiento salarial;  (ii) el incumplimiento afecta el
mínimo vital del trabajador; (iii) se presume la  afectación al mínimo vital,
si el incumplimiento es prolongado o indefinido; (iv) se entiende por
incumplimiento prolongado o indefinido, aquel que se extiende por más de dos
meses, con excepción de aquella remuneración equivalente a un salario mínimo; y
(v) los argumentos fundamentados en problemas de índole económico, presupuestal
o financieros no justifican el incumplimiento salarial.”
9.- Por último, conviene recordar, que
en reiteradas ocasiones la Corte ha manifestado que el incumplimiento del pago
salarial no puede justificarse por consideraciones de índole económica,
presupuestal o financiera[19].
Por último, cabe resaltar, que con el
anterior argumento se ha concedido la tutela, incluso cuando las empresas
deudoras de los salarios se hayan incursas en procesos de reestructuración bajo
la ley 550 de 1999, por cuanto “‘cuando una
persona tiene reconocido su derecho al salario o a la mesada pensional,
aspectos no sustanciales al propio reconocimiento, no pueden menoscabar el
mínimo vital del interesado, pues, de ser ello así, se pone en situación de
indefensión, o de subordinación, según el caso, y resulta procedente que el
juez de tutela conceda el amparo buscado”[20]. La Corte consideró que sí procede el amparo del derecho al pago
oportuno del salario cuando la entidad demandada se encuentra inmersa en un
proceso o trámite de liquidación obligatoria, entre otros; luego, con mayor
razón es viable cuando procesos de esta índole no han iniciado aún, por cuanto
tan sólo se ha solicitado a la Superintendencia competente la apertura del
trámite.
En aplicación de los principios
jurisprudenciales desarrollados, se estudiará el caso revisado mediante la
presente sentencia.
Análisis del caso concreto.
10.- En el presente caso la ciudadana Consuelo Yaneth San Juan Polo, afirma que
no le cancelan los salarios correspondientes, derivados de su vinculación laboral
con el municipio de Ciénaga, como docente. Alega que su salario configura la
única fuente de ingresos, y que tiene un hijo menor de edad que padece de una
enfermedad que requiere tratamientos y medicamentos permanentes. El ente
demandado aduce que no se demostró la vulneración del mínimo vital de la
actora, luego no precede la acción de tutela, sino una acción laboral. Por su
lado, el juez negó el amparo, tras considerar que no se habían aportado pruebas
que demostraran que el único medio de subsistencia de la actora es su salario,
y en consecuencia debía acudir a la jurisdicción ordinaria laboral.
11.- De conformidad con lo explicado, esta
Sala encuentra que se han dejado aplicar los criterios jurisprudenciales
constitucionales, en relación con el alcance del derecho fundamental al pago
oportuno del salario, y lo relativo a la presunción de vulneración del derecho
al mínimo vital, en los supuestos en que un trabajador no recibe el pago de su
salario por prolongado tiempo, a causa del incumplimiento del empleador. De
ahí, que se encuentren vulnerados los derechos fundamentales de la demandante,
además de que su situación amerita la intervención de juez de tutela, pues
resulta urgente garantizar el pago mencionado.
Vulneración del derecho al mínimo vital de
la demandante y de su núcleo familiar.
12.- En efecto, se encuentra que la
demandante afirma en el escrito de la demanda de tutela, que con la omisión del
municipio demandado, en cuanto al pago de su salario, se afecta su mínimo vital
y el de su hijo que requiere atenciones y prestaciones medicas permanentes. El
juez y el demandado, consideran que dicha afirmación carece de certeza porque
no se aportan pruebas que la respalden. Lo que, a juicio de la Corte, resulta
desproporcionado pues, las relaciones laborales sugieren la dependencia económica
del salario como regla general. La excepción, por el contrario, es que una
persona suscriba una relación laboral, cuyos ingresos salariales no pretendan
solventar sus necesidades económicas.
Por lo anterior, la jurisprudencia constitucional
ha establecido la presunción según la cual, el incumpliendo prolongado de un
empleador en el pago de los salarios, conlleva la vulneración de los derechos
fundamentales del trabajador. En dicho sentido, se invierte la carga de la
prueba en relación con la verificación de la situación descrita, cual es la
dependencia económica del salario.
En estos casos, ha sostenido la Corte, es
el juez de tutela quien debe indagar y recolectar pruebas, para demostrar que
el trabajador no depende de su salario para suplir sus necesidades básicas. O,
como no ocurrió en presente caso, el demandado debe aportarlas o solicitarlas,
si es que considera que aquella persona con quien ha suscrito una relación
laboral, trabaja pero no satisface sus necesidades con el salario.
Con base en lo anterior, la Corte considera
que se han vulnerado los derechos fundamentales de la actora, por lo que resulta
procedente conceder el amparo y ordenar al municipio de Ciénaga-Magdalena la
cancelación de los salarios adeudados.
13.- No obstante lo anterior, en supuestos
de hecho como el que se configura en el presente caso, la Corte ha optado por
una formula de reparación de la vulneración de los derechos fundamentales,
consistente en ordenar el pago de acreencias laborales adeudadas,
correspondientes a los tres meses anteriores de la fecha de la interposición de
la tutela, así como los que hacia futuro de causen en virtud de la misma
relación laboral o derecho que sustente la acreencia.
El fundamento de lo anterior, lo ha
explicado este Tribunal Constitucional, por el carácter subsidiario y el
principio de inmediatez de la acción de tutela, cuyo procedimiento desplaza de
manera parcial el procedimiento idóneo de la jurisdicción laboral, con el único
fin de brindar una protección de urgencia, en atención a la presunción de la
vulneración del derecho al mínimo vital. Esto, sin perjuicio de las acciones
laborales que se puedan iniciar por los salarios no pagados, anteriores los
tres meses en mención.
Sobre el particular, y en casos de mesadas
pensionales, se señaló recientemente la Corte en sentencia T-563 de 2008: “En
la sentencia T - 205 de 2006 se señaló que por vía de la acción de tutela sólo
es procedente ordenar el pago de aquellas mesadas pensionales cuya no cancelación
afecta  actual y efectivamente el mínimo vital de la actora y de su núcleo
familiar. Por tanto, es necesario determinar en cada caso el momento a
partir del cual se produce la vulneración a este derecho fundamental, la cual
se presume a partir del tercer mes anterior a la presentación de la acción de
tutela, sin perjuicio de que con elementos probatorios se demuestre que el
periodo de vulneración es superior.” [Subrayas fuera de texto]
14.- En el caso sub judice, se tiene
que el auto admisorio de tutela interpuesta por la actora es de fecha 21 de
septiembre de 2007[21], por lo cual se ordenará
al municipio del pago de los salarios adeudados a la demandante a partir del 21
de junio de 2007, y hasta la fecha en que haya cesado el incumplimiento. Se
insiste, sin perjuicio de que la actora solicite al juez laboral el
reconocimiento de los salarios adeudados, correspondientes a meses anteriores a
la fecha señalada.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO:
REVOCAR, por las razones expuestas en la presente sentencia, el
fallo dictado en el proceso de tutela de la referencia, por el Juzgado Primero Civil Municipal de
Ciénaga Magdalena, el 4 de octubre de 2007, en única instancia.
SEGUNDO.- ORDENAR al municipio de Ciénaga Magdalena, o a
quien resulte responsable de dicha obligación, que dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación del presente fallo, y si no lo hubiere hecho aún,
cancelar los salarios adeudados desde el 21 de junio de 2007 hasta la fecha en
que haya cesado el incumplimiento, a la señora Consuelo Yaneth  San Juan Polo por concepto de su
labor como docente inscrita en dicho municipio.
TERCERO.- LÍBRESE por Secretaría la comunicación de que trata el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
Ausente en comisión
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
Sentencia SU-995 de 1999.
[2]
Obligaciones contenidas, entre otros, en el artículo 1.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, cuyo desconocimiento acarrea la
responsabilidad internacional del Estado colombiano.
[3]
Sentencia SU-995 de 1999.
[4]
Ibid.
[5]
Sentencia T-992 de 2005.
[6] Sentencias T-065 de 2006, T-087 de 2006 y T-148 de 2002, entre otras.
[7]
Sentencias T-148 de 2002 y T-065 de 2006, entre otras.
[8]
Sentencia T-992 de 2005.
[9]
Sentencia T-065 de 2006.
[10] Ver entre otras, las sentencias  T-593-01, T-306-01, T-04 de 2004,
T-567 de 2004, T-050 de 2005.
[11] T-229 de 2007
[12]
Sentencias T-065 de 2006 y T-992 de 2005, entre otras.
[13]
Ibid.
[14]
Sentencia T-065 de 2006.
[15]
Sentencia T-148 de 2002.
[16]
Sentencia T-948 de 2005.
[17] Ver sentencias T-426 de 1992,  T-011  y T-384 de 1998 y T-1001 de
1999.
[18]
Sentencia T-818 de 2000.
[19] Sentencia T-065 de 2006.
[20]
Sentencia T-948 de 2005.
[21] Fl. 15