T-362-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-362/13
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-En la sentencia C-590/05 la Corte
Constitucional sistematizó y unificó los requisitos de procedencia y motivos de
procedibilidad
Lo esencial para determinar la procedencia de la
acción de tutela en contra de una sentencia judicial, es la concurrencia de
tres situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos formales de
procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o algunas de las causales
genéricas establecidas por la Corporación para hacer procedente el amparo
material y, (iii) el requisito, consistente en la necesidad de intervención del
juez de tutela, para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental. En
ese marco, corresponde al juez constitucional evaluar los presupuestos de
procedibilidad en cada caso concreto, la acreditación de una causal genérica y
la necesidad de evitar un perjuicio irremediable.
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO ORGANICO/DEFECTO ORGANICO-Configuración
En múltiples oportunidades esta
Corporación se ha referido al defecto orgánico como causal de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales. Esta irregularidad se configura, entre
otros supuestos, cuando la autoridad judicial que emitió la providencia, (i)
carecía absolutamente de competencia para conocer y definir el asunto, esto es,
desconoce su competencia, (ii) asume una competencia que no le corresponde, así
como cuando (iii) adelanta alguna actuación o emite un pronunciamiento por
fuera de los términos dispuestos jurídicamente para que se surta cierta
actuación. En estos casos, excepcionalmente las providencias judiciales pueden
ser atacadas en sede de tutela por vulneración del debido proceso.
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES/ DEFECTO FACTICO-Dimensión
negativa y positiva
De acuerdo
con la jurisprudencia de la Corporación, este defecto se produce cuando el juez
toma una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el supuesto de hecho
que legalmente la determina, como consecuencia de una omisión en el decreto o
valoración de las pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los
medios probatorios. La Corte ha manifestado que existen dos dimensiones en las
que se presenta el defecto fáctico: un ámbito negativo, que ocurre en las
situaciones en las que el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria,
irracional y caprichosa u omite su valoración  y sin razón valedera da por no
probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez. De otro lado, una dimensión positiva que acontece cuando el juez
aprecia pruebas esenciales y determinantes para el fallo en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, adolecen de nulidad por
ilicitud o en los eventos en que se da por ciertos los hechos, sin que exista
el material probatorio que respalde su decisión.
DEFECTO
FACTICO POR OMISION Y POR ACCION
JUZGADOS
PENALES DE DESCONGESTION-Competencia
para conocer delitos relacionados con el Sistema General de Pensiones
suscitados en Cajanal, según acuerdo de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura
(i)El cargo formulado en la acción de
tutela por defecto orgánico por desconocimiento del principio de juez natural,
no concurre en el caso analizado, puesto que las reglas de reparto al juez del
conocimiento tienen soporte legal y constitucional, y ii) la ley ordena que el
juez penal del circuito de descongestión Foncolpuertos – Cajanal, resuelva los
procesos penales por delitos cometidos contra Cajanal, como los que
efectivamente adelantó contra las accionantes.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Improcedencia por inexistencia de defecto orgánico y fáctico
en proceso penal por adquirir pensión gracia otorgada por Cajanal, de manera
fraudulenta
Referencia: expedientes
T-3731414, T-3731415 y T-3731416.
Acciones de tutela instauradas por Lidia Mercedes
Córdoba López, Laura Eugenia Mopán Palacios y Ana Genis Córdoba López contra la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C.,
veintiséis (26) de junio de dos mil trece (2013).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por la magistrada María Victoria Calle Correa, y los magistrados
Mauricio González Cuervo y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión de las acciones de tutela presentadas por las ciudadanas Lidia
Mercedes Córdoba López, Laura Eugenia Mopán Palacios y Ana Genis Córdoba López,
contra la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal de la
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Aclaración
previa:
La presente
acción de tutela fue inicialmente presentada ante la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia y rechazada sin darle trámite, mediante Auto del 9 de
noviembre de 2012. Por esta razón, en aplicación de lo dispuesto en el Auto 100
de 2008 de la Corte Constitucional, la acción fue presentada ante la Secretaría
General de esta Corporación para que se surtiera el trámite fijado en las
normas correspondientes al proceso de selección.
I.
ANTECEDENTES.
Lidia
Mercedes Córdoba López, Laura Eugenia Mopán Palacios y Ana Genis Córdoba López,
obrando a través de apoderado judicial, presentaron acción de tutela en contra
de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, invocando la protección de su derecho
fundamental al debido proceso, que consideran vulnerado por las accionadas,
debido a la condena que se les impuso por los delitos de peculado por
apropiación en calidad de intervinientes, en concurso con fraude procesal en
calidad de coautoras, ocultamiento y destrucción de documento público en
calidad de coautoras, uso de documento público falso en calidad coautoras y
falso testimonio, de conformidad con los siguientes:
Hechos:
1.
Presentación general de los procesos acumulados.
Ante el
conocimiento de irregularidades al interior de la Caja Nacional de Previsión
(en adelante Cajanal) en el reconocimiento y pago de pensiones, la directora de
ese establecimiento puso en conocimiento de la Unidad Nacional Anticorrupción
de la Fiscalía General de la Nación, los casos en que evidenció la práctica de
procedimiento ilegales para la adjudicación de prestaciones sociales,
concretamente el otorgamiento de pensión gracia[1] a docentes del
orden nacional, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para
tal fin.
Con base en
ello, la Fiscalía General de la Nación ordenó la apertura de la investigación
correspondiente y dispuso la práctica de allanamientos, así como la
interceptación de líneas telefónicas de los investigados. Esto con el propósito
de recopilar material probatorio suficiente para esclarecer las situaciones
denunciadas por Cajanal.
Como quiera
que la investigación demostrara irregularidades en el reconocimiento de
pensiones a miembros del magisterio, la Fiscalía ordenó la detención preventiva
de docentes que para el reconocimiento de una pensión gracia, habían contratado
los servicios de un consorcio de abogados, compuesto, entre otros, por Franklyn
Gaviria y Aura Cecilia Nates.
Dicho
consorcio efectuaba diferentes funciones con el propósito de que a sus clientes
les fuera reconocida una pensión gracia, de manera fraudulenta, sin el lleno de
los requisitos exigidos por la ley para dicho efecto. De acuerdo con lo probado
en el proceso penal, se evidenció que la distribución del trabajo al interior
del mismo se efectuaba de la siguiente forma:
i)       La
ciudadana Nates cumplía con la función de conseguir clientes en su ciudad
[Popayán] y recaudar los poderes, debidamente firmados para iniciar los
trámites de reconocimiento de pensiones gracia ante Cajanal. También  hacía
firmar a los interesados un contrato de prestación de servicios en el cual se
establecía que en el evento que les fuera reconocida la prestación, los
docentes debían pagar por concepto de honorarios una cifra igual al 100% del
valor del retroactivo de la pensión. En caso de no tener éxito en el objeto del
contrato el contratante, debía pagar la suma de un millón de pesos (1.000.000)
por los servicios prestados.
ii)
Una
vez recibida la solicitud de pensión gracia, el consorcio, con la ayuda de
personal interno de Cajanal, realizaba acciones con el propósito de desaparecer
documentos que reposaban al interior de los archivos de esa entidad, falsificar
documentos de tiempos de servicio y en algunas ocasiones modificar las fechas
de nacimiento de los docentes, para que esa entidad expidiera actos
administrativos que concedían la prestación reclamada.
iii)     También
interponían acciones de tutela a favor de sus clientes, para que esa entidad
pagara mesadas atrasadas, pagos retroactivos, indexaciones, reliquidaciones, o
empezara a pagar las pensiones que había reconocido.
iv)     Cuando
se efectuaba el desembolso de los dineros pagados, por concepto de pensión
gracia, Aura Nates acompañaba a los docentes a retirar las sumas y les exigía
las sumas de dinero estipuladas en el contrato de prestación de servicios.
v)      Finalmente,
Aura Nates consignaba una parte del dinero al consorcio, apropiándose del
restante a manera de pago por sus servicios.
Entre las
personas detenidas se encontraban las accionantes, a las cuales se vinculó a la
investigación en razón a que en diligencia de allanamiento[2] se encontraron contratos
de prestación de servicios, entre estas y el referido consorcio, con el objeto
de que les fuera reconocida la pensión gracia de la que en ese momento eran
beneficiarias.
La Unidad
Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, prosiguió la respectiva
investigación penal, que concluyó con la detención preventiva y acusación de
las aquí accionantes y posterior etapa de juicio, la cual correspondió en un
primer momento al Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bogotá, quien corrió el
traslado[3]
contemplado en el artículo 400 del Código de Procedimiento Penal[4] y fijó fechas para la
audiencia preparatoria, la cual se efectuó el 15 de mayo de 2007. No obstante,
al estudiar las disposiciones de los Acuerdos 1799 del 14 de mayo de 2003 y
4101 del 11 de junio de 2007, decidió que el proceso debía ser asumido por los
Juzgados de Descongestión Foncolpuertos -Cajanal, razón por la cual, remitió la
actuación a esos despachos.
Correspondió
al Juzgado Primero Penal de Descongestión (Foncolpuertos – Cajanal) del
Circuito de Bogotá, asumir el conocimiento del proceso[5] y pronunciarse sobre la
solicitud de nulidad presentada por las procesadas[6], en razón de la supuesta
vulneración del principio del juez natural. Esta solicitud fue resuelta de
manera adversa a sus intereses y posteriormente confirmada en apelación por la
Sala Penal de Descongestión (Foncolpuertos – Cajanal) del Tribunal Superior del
Distrito de Bogotá, mediante proveído del 22 de octubre de 2007.
En audiencia
de juicio llevada a cabo el 31 de marzo de 2009, las procesadas fueron
absueltas de los cargos presentados por la Fiscalía. Ello debido a que no
confluyeron elementos suficientes para generar certeza sobre la existencia de
una conducta dolosa y que las pruebas recaudadas le llevaron a concluir que el
consorcio de abogados encabezado por Franklyn Gaviria y Aura Cecilia Nates,
había engañado a los docentes al practicar maniobras fraudulentas para el
reconocimiento de la pensión gracia, sin que ello fuera consentido por las
accionantes. Así, en criterio del juez de primera instancia, dentro del proceso
penal, “…los maestros actuaron conforme a la convicción que en ellos generó
Aura Cecilia Nates Cruz y se limitaron a aportar la documentación por ella
solicitada, sin ningún tipo de alteración, con la creencia errada de tener
derecho al reconocimiento de la pensión gracia conforme lo relataron en sus
indagatorias, sin siquiera haber tenido contacto con funcionarios de Cajanal.”,
de la misma manera expuso que “no puede dejarse de lado, el resaltar que
la misma Aura Cecilia Nates Cruz y Franklyn Gaviria fueron los que con sus
declaraciones bajo juramento colocaron de presente que los poderes iban en
blanco, que tenían formatos para declaraciones extraprocesales, y que ellos
manejaban esa documentación de acuerdo a su conveniencia” (cuaderno
principal de la demanda, folio 311).
Como
consecuencia de ello, se ordenó su inmediata libertad, hecho ante el cual el
representante del Ministerio Público, el apoderado de la parte civil y el
Fiscal Primero Delegado de la Unidad Nacional de Delitos contra la
Administración Pública, interpusieron recurso de apelación el cual fue
concedido, para ser resuelto por la Sala Penal de Descongestión (Foncolpuertos
– Cajanal) del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá (en adelante Tribunal
de Descongestión). Este Tribunal, mediante sentencia del 19 de mayo de 2010,
revocó el fallo de primera instancia y condenó a las sindicadas a pena
privativa de la libertad en establecimiento carcelario, argumentando que: i)
actuaron de manera dolosa, debido a que tenían conocimiento de la falta de
requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia que les fue reconocida y
aún así, pusieron en marcha un plan para defraudar a Cajanal[7]; y ii) el pago de
cuantiosas sumas de dinero a los abogados, encargados de tramitar el reconocimiento
y pago de la pensión gracia ante Cajanal, deja entrever que las sindicadas
sabían que los medios que se emplearían para el reconocimiento de la prestación
solicitada eran ilícitos[8].
Así las
cosas, las condenadas interpusieron recurso extraordinario de casación ante la
Corte Suprema de Justicia, cuyos hechos, al igual que los suscitados en el
proceso de acción de tutela, se expondrán de manera individual, atendiendo a
las particularidades de cada caso concreto.
2.      Presentación
particular de los casos objeto de revisión
2.1    Hechos
Expediente
T-3731414:
Por medio de
apoderado judicial, Lidia Mercedes Córdoba López, de 61 años de edad, presentó
demanda de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para
que fuera revocada la decisión adoptada por el Tribunal de Descongestión, cuya
sentencia condenatoria le impuso pena privativa de su libertad por un período
de 68 meses de prisión, multa de diez (10) salarios mínimos legales mensuales
vigentes y setenta (70) meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas, por los delitos de peculado por apropiación en calidad de
interviniente, en concurso con fraude procesal en calidad de coautor,
ocultamiento y destrucción de documento público en calidad de coautora y uso de
documento público falso en calidad coautora.
La sentencia
fue casada parcialmente,[9]
debido a que la Corte Suprema encontró un error aritmético en el cómputo de la
pena, pues la suma individual de los delitos impuestos por cada uno de los
delitos cometidos era una cifra distinta a la expuesta por el Tribunal “se
partió de 48 meses, se aumentaron 10 por peculado tentado y 8 por el uso de
documento falso, pero se totalizó 68, cuando lo correcto es 66”. No obstante, se confirmó el sentido de la decisión adoptada por el Tribunal, se devolvió la
actuación al juzgado de origen y se advirtió que contra esa decisión no
procedía recurso alguno en la jurisdicción ordinaria.
Expediente
T-3731415:
Por medio de
apoderado judicial, Laura Eugenia Mopán Palacios, de 65 años de edad, presentó
demanda de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,
solicitando que se revocara la decisión proferida por el Tribunal de
Descongestión, cuya sentencia condenatoria le impuso pena privativa de su
libertad por un período de 93 meses de prisión,  multa de 48.183.039 pesos,
pago de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y sesenta (60)
meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
Ello por la comisión de los delitos de falso testimonio en calidad de autora,
interviniente a título de determinadora de peculado por apropiación y coautora
de uso de documento público falso y fraude procesal.
La sentencia
fue casada parcialmente, porque se consideró que condenar a la procesada
por el delito de falso testimonio desconocía el principio de congruencia, en
razón a que las declaraciones extraproceso rendidas por ésta, sobre su
situación económica, no incidieron en el sentido del fallo. Así las cosas,
decidió suprimir de la condena el delito referenciado y en su lugar condenar a
la actora a 83 meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación en
calidad de interviniente, uso de documento público falso y fraude procesal en
calidad de coautora.  Al igual que en el caso anterior, se advirtió que esa
decisión ponía fin al proceso, por lo cual no procedía recurso contra ella en
la jurisdicción ordinaria.
Expediente
T-3731416:
Por medio de
apoderado judicial, Ana Genis Córdoba López, de 64 años de edad, presentó
demanda de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el
propósito de que se revocara la sentencia proferida por el Tribunal de
Descongestión, quien la condenó a 83 meses de prisión, multa de 36.632.500
pesos, pago de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y setenta
(70) meses de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas,
por los delitos de uso de documento público falso y fraude procesal en calidad
de autora y peculado por apropiación en calidad de determinadora.
La Corte
Suprema de Justicia inadmitió la demanda, argumentando que más que una omisión
del Tribunal en su valoración “lo que se desea discutir es el valor
probatorio que le dio a cada uno de ello. La alusión que de esos elementos
probatorios hace el memoralista tiene el propósito de soportar su tesis
personal en torno al actuar de los procesados y a la inexistencia de
responsabilidad, intentando convencer, como si fuese alegato de insistencia,
que no cometieron las conductas punibles por las que fueron llamados a
juicio.(…) el falso juicio de existencia por omisión tiene ocurrencia cuando el
juez no apreció una prueba que se halla materialmente en el expediente, ya
porque no la vio o la ignoró por completo. De manera que si el juzgador hizo
mención a ello pero al hacer el proceso contemplativo extractó conclusiones
diversas a las del casacionista, se escogió la vía equivocada para recurrir en
casación”
También
precisó que la condena se mantenía incólume, razón por la cual la actuación se
devolvió al juzgado de origen, y advirtió que contra esa decisión no procedía
recurso alguno, en la jurisdicción ordinaria.
2.2    De
las acciones de tutela:
Inconformes
con la decisiones adoptadas, las ciudadanas Lidia Mercedes Córdoba López, Laura
Eugenia Mopán Palacios y Ana Genis Córdoba López presentaron acción de tutela
ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Esto con el
objeto que se les amparara su derecho al debido proceso, presuntamente
vulnerado con las decisiones adoptadas por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Descongestión, en el cual se
investigó su responsabilidad por los delitos ya relacionados.
Afirmaron que
las colegiaturas accionadas decidieron sin argumentos de fondo. Esto es,
extralimitándose en el ejercicio de su discrecionalidad interpretativa en
perjuicio de la investigación integral realizada en la etapa de juicio, al
ignorar las pruebas y desestimar los argumentos defensivos principales con los
cuales demostraron su inocencia. Ello aunado a que el proceso, lejos de ser un
escenario de debate imparcial, se encaminó a demostrar su culpabilidad a como
diera lugar, sin observancia de las garantías fundamentales mínimas para
adoptar una decisión ajustada a derecho.
Reiteraron
las causales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y presentaron los cargos con los cuales pretenden demostrar que las
entidades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales. El primero de
ellos, por violación al debido proceso, por falta de competencia del
funcionario judicial que presidió el juicio, argumentando que de conformidad
con los artículos 77 literal b y 91 de la Ley 600 de 2000[10] los procesos debieron
tramitarse en Popayán, porque el supuesto delito más grave se cometió en esa
ciudad, violándose la norma rectora del juez natural.
Manifestaron
que la transgresión invocada es la nulidad, consagrada en el artículo 306 de la
Ley 600 de 2000[11],
la cual afectó el proceso en su totalidad debido a que no puede subsanarse. Exponen
que ésta fue alegada en el transcurso del proceso, de manera recurrente, sin
que hiciera reparo en ello. Por tanto, invocaron el amparo vía tutela, porque
consideran que no existe otro mecanismo procesal para reparar el referido
defecto.
Con relación
al segundo cargo, violación al debido proceso por error fáctico en la
sentencia, afirmaron que el Tribunal de Descongestión, no valoró algunas[12] de las
pruebas pertinentes para establecer la inocencia de las accionantes. A fin de
sustentar esta afirmación, manifestaron que la sentencia de segunda instancia
no tuvo en cuenta: i) el certificado de tiempos de servicio de una de las accionantes[13], expedido
por la Secretaría Administrativa y Financiera de la Gobernación del Cauca
(cuaderno principal de la demanda, folio 328), ii) los interrogatorios
practicados a Aura Cecilia Nates y Franklyn Gaviria Rosero y, iii) los
documentos incautados en allanamiento a la residencia de Aura Cecilia Nates en
Popayán.
Afirmaron que
el Tribunal vulneró su derecho al debido proceso, al omitir la valoración de
esas pruebas, porque al sustraer las mismas se desconoció que las accionantes
no sólo son inocentes de los cargos que se les imputaron sino que fueron objeto
de un engaño a gran escala, por parte de Aura Nates y el consorcio de abogados
para el cual trabajaba.
De manera
específica la ciudadana Lidia Mercedes Córdoba López (Expediente T-3731414)
expone que el error en la apreciación de las pruebas recae en que el Tribunal,
omitió el interrogatorio practicado a la ciudadana Nates Cruz, en el cual
relató que fue ella quien elaboró el formato dirigido a Cajanal y adjuntó los
documentos, declarados como falsos y requeridos para el reconocimiento de la
pensión gracia. En el mismo interrogatorio Nates Cruz afirmó que fue ella
personalmente la que radicó los papeles de la profesora, razón por la cual la
accionante afirma que no supo que la documentación que se entregó a Cajanal era
falsa, pues no se le informó sobre ello.
También
afirma, que el Tribunal omitió la valoración del certificado de tiempos de
servicio expedido por la Gobernación del Cauca, en el cual se prueba que: i) la
accionante ingresó al servicio público como docente antes del 31 de diciembre
de 1980, ii) Que en un primer momento se desempeñó como maestra nacionalizada,
iii) Que a partir del 4 de febrero de 1980 fue profesora de la Normal de
Varones José Eusebio Caro por un período de 19 años, hasta el momento en que
esa institución se transformó en colegio, iv) Que de acuerdo a la Ley 116 de
1928 tanto los profesores de primaria como los empleados y profesores de las
normales se encuentran en igualdad de condiciones para acceder a la pensión
gracia[14].
A partir de lo expuesto, asevera que cumple con los requisitos para acceder al
beneficio prestacional de la pensión gracia, razón por la cual no tenía ninguna
intención en defraudar al Estado y es inocente de los delitos que se le
imputan.
De otra
parte, la ciudadana Laura Eugenia Mopán Palacios (Expediente T-3731415) considera
que el error en la apreciación de las pruebas recae en que el Tribunal reprochó
que ella se presentara ante el Notario Segundo de Popayán y declarara bajo la
gravedad de juramento no haber sido sancionada en su cargo, para efectos de que
obtener la pensión gracia que efectivamente le fue reconocida. Al respecto,
manifiesta que el Tribunal incurre en error, ya no se trata de una
falsificación, porque no está ocultando información alguna puesto que el
certificado de tiempos de servicio presentado, no tenía necesariamente que
contener información sobre antecedentes disciplinarios, como la suspensión que
recae sobre ella por abandono del cargo en 1978.
Expone
que en los documentos que encontró e incautó la Fiscalía en la diligencia de
allanamiento[15],
obtuvo los certificados No. 0408 del 15 de febrero de 2002 con la siguiente
anotación “por abandono del cargo se nombró en su reemplazo a Esther Inés
Fernández mediante Resolución 0183-78”; certificado 0265 del 26 de febrero
de 2004 sin anotación, certificado No. 0265 del 23 de febrero de 2004 con la
siguiente anotación: “por abandono del cargo se nombró en su reemplazo a Esther
Inés Fernández mediante Resolución 0183-78”; copias de declaración extraprocesal en la que ella afirmó bajo la gravedad de juramento que no había sido
sancionada, para efectos de obtener la prestación. No obstante, estos no fueron
usados, ni aportados a Cajanal para acceder a la pensión gracia, puesto que no
aparecen en su expediente interno administrativo.
También
afirma que no se valoró el testimonio rendido por Aura Cecilia Nates y Franklyn
Gaviria, en los que se demostró que las docentes no elaboraron los documentos
falsos y que el consorcio de abogados estaba tan bien organizado que no
sospecharon que estaban siendo objeto de una estafa.
Finalmente,
la ciudadana Ana Genis Córdoba López (Expediente T-3731416) manifiesta que el
Tribunal incurrió en un defecto fáctico porque omitió la valoración de los
testimonios practicados a Aura Cecilia Nates y Franklyn Gaviria, en los cuales
se comprobó que ella no allegó la documentación falsa a Cajanal. Asevera que su
condena “está motivada en la proscrita responsabilidad objetiva, puesto que la
Sala dejó de lado la investigación integral que realizó el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Bogotá [el cual las absolvió], quien si inmedió la
práctica de las pruebas, para adoptar la defectuosa y nugatoria resolución de
acusación que había sido desvirtuada en su totalidad en la etapa del juicio.”[16]
Afirma
que el Tribunal “teorizó y tergiversó el contenido de los actos
administrativos que demuestran la historia laboral de la profesora que
constatan su condición de educadora departamental antes de 1980 y nacional
después de esa fecha y supuso sin ningún respaldo probatorio, que la educadora
sabía que su condición de docente nacional le impedía acceder a la pensión
gracia.”[17]
Ahora bien, en
relación al tercer cargo “violación al debido proceso por falta de
motivación de la sentencia”, todas las accionantes exponen que se presentó
porque la fiscalía no logró consolidar un material probatorio suficiente para
demostrar la autoría directa o indirecta de los ilícitos que se les imputan, ni
la voluntad de llevar a cabo las conductas punibles.
Aseveraron
que el Tribunal presumió que actuaron con dolo y transcribieron las
conclusiones a las éste llegó, respecto de cada uno de los procesos, así: Para
el caso de Lidia Mercedes Córdoba López, “contrató a Nates Cruz para obtener
el reconocimiento y pago de una pensión gracia variando su condición de
nacional a nacionalizada en la certificación de servicios y alterando la fecha
de vinculación, derecho que le había sido negado por la entidad en junio de
2003 por ser docente en tal carácter. Así como el resto de los involucrados
suscribió contrato de prestación de servicios con ella comprometiéndose a
pagarle por concepto de honorarios el 100% del valor del retroactivo,
suscribiendo en su favor letra de cambio y pagaré por cincuenta millones de
pesos ($ 50.000.000) además de haberle pagado un millón (1.000.000) como un seguro
por si no cumple el objeto del contrato. || Es evidente que actuó dolosamente,
teniendo conocimiento que le había sido negada la prestación por Cajanal por
ser docente nacional, entonces aceptó la propuesta de Nates consistente en
allegar documentos con información falsa invocando la calidad de nacionalizado (sic)
con vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, obteniendo de manera
fraudulenta el reconocimiento de la prestación, aunque no recibió dinero por
circunstancias ajenas a su voluntad, quedando su conducta en la modalidad de
tentativa.” (Cuaderno principal de la demanda, folio 26)
Respecto de Laura
Eugenia Mopán Palacios, el Tribunal concluyó que, “se presentaron ante
Cajanal certificaciones falsas de servicios en las que omite referenciar la
sanción por abandono del cargo que tuvo la docente en 1978 cuando por dicha
razón se nombró en su reemplazo a Esther Inés Fernández e igualmente se varió
su condición de docente nacional a nacionalizada con el fin de acceder a la
prestación, logrando el pago de 28.733.513, mas 33 mesadas para un total de
64.124.052, habiendo contratado para ello a través de Nates Cruz al abogado
Franklyn Gaviria Rosero suscribiendo contrato de prestación de servicios por
valor del 100% del retroactivo y declarando ante el Notario Segundo de Popayán
bajo la gravedad de juramento no haber sido sancionada para efectos de poder
obtener la pensión. ||Contrario a lo afirmado en su indagatoria, los elementos
probatorios recaudados permiten establecer que la docente tenía conocimiento de
las maniobras fraudulentas ejecutadas por el consorcio encabezado por Nates
Cruz para obtener la pensión gracia, no de otra manera se explica la Sala como
es que contrata a abogado a quien no conoce a través de Nates, obligándose a
cancelarle por concepto de honorarios el equivalente al 100% del retroactivo
sin tener certeza siquiera de que le sería reconocida la prestación, ello por
contera permite concluir que aceptó la propuesta delictiva de esta consistente
en alterar su información para lograr de Cajanal la expedición de un acto
administrativo contrario a tal derecho y así obtener el pago de dinero
proveniente del patrimonio económico de la Nación.” (Cuaderno principal de
la demanda, folio 184)
Finalmente,
con relación a la situación de Ana Genis Córdoba López, el Tribunal concluyó
que ésta “solicitó la pensión gracia ante Cajanal allegando constancia
laboral No. 114 alterando la fecha de su ingreso y cambiando su condición de
nacional a nacionalizada, misma documentación que fue allegada ante el juez de
tutela que amparó el derecho fundamental de petición de la docente dando lugar
a la expedición de la Resolución No. 00019 del 5 de enero de 2005 mediante la
cual se reconoció en su favor la prestación. ||(…) El material probatorio
recaudado permite establecer que Ana Genis Córdoba López, a sabiendas de su
condición de docente nacional y de que la misma le impedía acceder a la pensión
gracia como se lo hizo saber Cajanal en forma previa al negarle el derecho en
virtud de tal circunstancia, decidió acudir a los servicios del consorcio
liderado por Aura Cecilia Nates Cruz para acceder a como diera lugar a una
prestación a la que no tenía derecho, sin importarle tener que pagar una
cuantiosa suma correspondiente al 100% de su retroactivo por concepto de
honorarios, lo que refleja la ilegalidad de su comportamiento, pues ello
refleja que era conocedora de las maniobras fraudulentas desplegadas por los
abogados, para obtener el beneficio, no de otra manera se explica la Sala como
es que accede a cancelar tan alta suma de dinero por la simple presentación de
una solicitud de pensión, habiendo obtenido en forma ilegal el pago de cuarenta
y ocho millones provenientes del patrimonio económico de la Nación.” (Cuaderno
principal de la demanda, folio 172)
Debido a los
defectos que en opinión de las accionantes presentan las sentencias, solicitaron
ante el juez constitucional (i) que dejara sin efectos jurídicos la sentencia
proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
proferida el 17 de noviembre de 2011. ii) que se dejara sin efectos jurídicos
la sentencia proferida por el Tribunal de Descongestión, dictada el 19 de mayo
de 2010, que revocó la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado Primero
Penal de Descongestión (Foncolpuertos – Cajanal) del Circuito de Bogotá y
condenó a las accionantes[18],
por los delitos de uso de documento público falso y fraude procesal en calidad
de autora y peculado por apropiación en calidad de determinadora, y iii) se
declare su inocencia o en su defecto, quede en firme la sentencia absolutoria
que profirió el juez de primera instancia, el 31 de marzo de 2009, y se ordene
su libertad inmediata.
3. Trámite
dado a las acciones de tutela interpuestas
En sentencia
del 9 de noviembre de 2012, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia resolvió no admitir las acciones de tutela, argumentando que esa
corporación tiene la calidad de órgano límite y cierre de la jurisdicción
ordinaria, razón por la cual sus decisiones no pueden ser objeto de nueva
revisión o examen por ella misma o por otras autoridades, puesto que no hay
otro organismo que pueda disputarle las decisiones adoptadas dentro de su
propio ámbito; cuestión que adquiere mayor relevancia en el campo penal, donde
la protección de los derechos fundamentales puede darse aún de oficio en el
recurso extraordinario de casación.
Consideró que
no debían remitirse las acciones de tutela, para su eventual revisión ante la
Corte Constitucional, debido a que no se resolvió de fondo la solicitud de amparo
presentada. Por ello, las accionantes, mediante escrito recibido en la
Secretaria General de esta Corporación el 23 de noviembre de 2012, solicitaron
que se efectuara el trámite de revisión de la presente acción de tutela, con
base en el Auto 100 de 2008 proferido por esta Corte, que faculta a las
personas para: “solicitar ante la Secretaría General (…) que radique para
selección la decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia en la cual se
concluyó que la acción de tutela era absolutamente improcedente, con el fin de
que se surta el trámite fijado en las normas correspondientes al proceso de
selección. Para este efecto, el interesado adjuntará a la acción de tutela, la
providencia donde se plasmó la decisión que la tutela era absolutamente
improcedente, así como la providencia objeto de la acción de tutela.”.
La Sala de
Selección número uno de la Corte Constitucional, por medio de Auto del 30 de
enero de 2013, seleccionó para revisión los procesos de la referencia y ordenó
que se acumularan y fallaran en una sola sentencia, correspondiendo al suscrito
magistrado presentar el proyecto para fallo.
4.
Actuación en sede de revisión
En
cumplimiento del Auto del 30 de enero de 2013, proferido por la Sala de
Selección número uno, se seleccionaron los expedientes de la referencia para su
revisión y se ordenó la acumulación de los mismos para que fueran fallados en
una única sentencia. El reparto de éstos fue asignado a este despacho el cual
se dispone a resolver de fondo la situación planteada.
4.1
Solicitud de pruebas
Con el objeto
de contar con mayores elementos de juicio para proferir una decisión, esta Sala,
en Auto del 17 de mayo de 2013, ofició al Juzgado Primero Penal de Descongestión
(Foncolpuertos –Cajanal) del Circuito de Bogotá, para que remitiera a esta
Corporación, en calidad de préstamo, el expediente (con la totalidad de las
actuaciones surtidas) del proceso penal adelantado por la Unidad Nacional de
Delitos contra la Administración Pública – Estructura Apoyo Foncolpuertos –
Cajanal, de la Fiscalía General de la Nación, contra las ciudadanas Lidia
Mercedes Córdoba López, Laura Eugenia Mopán Palacios y Ana Genis Córdoba López,
referencia: Sentencia Causa 2007 – 0271.
II. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
Esta Corte es competente para conocer del fallo
objeto de revisión, de conformidad con lo determinado en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en el Auto de la Sala de Selección número uno, proferido el 30 de
enero de 2013.
De la misma manera, su competencia radica en las
atribuciones conferidas por medio del Auto 100 de 2008, entre las cuales se
encuentra el revisar las acciones de tutela, que la Corte Suprema de Justicia
declaró improcedentes por presentarse contra decisiones proferidas por esa
entidad.[19]
2. Planteamiento del caso y presentación del problema
jurídico
De
conformidad con la situación expuesta, esta Sala de revisión deberá determinar
si las acciones de tutela, objeto de estudio, cumplen con los requisitos de
procedencia (generales y específicos) para los casos en que se pretendan
revisar providencias judiciales, de conformidad con la jurisprudencia de esta
Corporación. Si la acción de tutela llegare a ser procedente formalmente, esta
Sala analizará si los fallos proferidos por la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia y el Tribunal de Descongestión, presentan un defecto orgánico por
vulnerar el principio de juez natural, al permitir que el conocimiento del
proceso fuera asumido por el Juzgado Primero Penal de Descongestión
(Foncolpuertos – Cajanal) del Circuito de Bogotá cuando según las accionantes
debía llevarse a cabo por un juez de la ciudad de Popayán porque en ese lugar
sucedió el delito más grave, es decir, el peculado.
También
deberá determinar si las providencias objeto de revisión incurrieron en un
defecto fáctico, por omisión en la valoración de las pruebas, concretamente, se
estudiará si las sentencias proferidas tuvieron en cuenta los interrogatorios
practicados a Aura Cecilia Nates Cruz y Franklyn Gaviria Rosero, y los
certificados de tiempos de servicio expedidos por la Gobernación del Cauca
(Secretaría Administrativa y Financiera). De presentarse esto, deberá
determinarse si las pruebas sobre las cuales se debate producían tal grado de
certeza que podían incidir en el sentido del fallo.
Para resolver
estas cuestiones, la Sala reiterará su jurisprudencia sobre: i) Procedencia de
la acción de tutela contra sentencias judiciales, ii) Caracterización de la
causal genérica de procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales
por defecto orgánico, iii) Procedencia de la acción de tutela contra fallos
judiciales por defecto fáctico y, finalmente estudiará el caso concreto.
3.
Reiteración de jurisprudencia. Procedencia de la acción de tutela contra
sentencias judiciales[20].
Esta Sala se
ha pronunciado con anterioridad sobre la existencia del defecto fáctico en las
providencias judiciales. En sentencia T-757 de 2009, se expuso que la Corte
Constitucional, como intérprete autorizado de la Constitución Política y
guardiana de la integridad del texto superior ha desarrollado una doctrina bien
definida sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales.[21]
Esta  línea se basa en la búsqueda de un equilibrio adecuado entre dos
elementos fundamentales del orden constitucional: la primacía de los derechos
fundamentales y el respeto por los principios de autonomía e independencia
judicial[22].
Para lograr
este adecuado equilibrio, la Corte ha partido de los principios generales de
procedencia de la acción, subsidiariedad e inmediatez, haciéndolos
particularmente exigentes en el caso de que se pretenda controvertir una
providencia judicial; por otra parte, ha ido determinando los eventos en los
cuales es posible que una providencia judicial vulnere los derechos
fundamentales. Esto con el fin de evitar acusaciones infundadas y mantener un
nivel adecuado de coherencia y entendimiento entre los diversos operadores
judiciales. Por último, ha recalcado constantemente que la acción sólo procede
cuando se encuentre acreditada la amenaza a un derecho fundamental.
A continuación,
se reiterará brevemente la jurisprudencia de la Corporación, sistematizada por la
Sala Plena en la decisión de constitucionalidad C-590 de 2005[23]:
La tutela
contra sentencias judiciales es procedente, tanto desde un punto de vista
literal e histórico[24],
como desde una interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad[25] e, incluso,
a partir de la ratio decidendi[26]
de la sentencia C-543 de  1992[27],
siempre que se presenten los eventos ampliamente desarrollados por la
jurisprudencia constitucional.
Así, al
estudiar la procedencia de la acción, el juez debe constatar que se cumplen los
siguientes requisitos formales[28],
que no son más que los requisitos generales de procedibilidad de la acción,
adecuados a la especificidad de las providencias judiciales:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional.” Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”
“b. Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable.”
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.”
“d. Cuando se trate de una irregularidad procesal,
debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.”
“e. Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible.”
“f. Que no se trate de sentencias de tutela.”[29][30]
Que se
presente alguna de las causales genéricas de procedibilidad, ampliamente
elaboradas por la jurisprudencia constitucional: defecto orgánico[31]
sustantivo[32],
procedimental[33]
o fáctico[34];
error inducido[35];
decisión sin motivación[36];
desconocimiento del precedente constitucional[37];
y violación directa a la constitución[38].
Sobre la
determinación de los defectos, es claro para la Corte que no existe un límite
indivisible entre ellos, pues resulta evidente que la aplicación de una norma
inconstitucional o el desconocimiento del precedente constitucional, pueden
implicar, a su vez, el desconocimiento de los procedimientos legales o, que la
falta de apreciación de una prueba, puede producir una aplicación indebida o la
falta de aplicación de disposiciones normativas relevantes para la solución de
un caso específico[39].
No sobra
señalar que el criterio sostenido en la ratio decidendi de la sentencia
C-543 de 1992 se mantiene incólume: la preservación de la supremacía de los
derechos fundamentales, a través de un entendimiento sustancial de los
principios de seguridad jurídica e independencia judicial[40]. Por ello, el ámbito
material de procedencia de la acción es la vulneración grave a un derecho
fundamental y el ámbito funcional del estudio, se restringe a los asuntos de
evidente relevancia constitucional.
De
acuerdo con las consideraciones precedentes, lo esencial para determinar la procedencia
de la acción de tutela en contra de una sentencia judicial, es la concurrencia
de tres situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos formales de
procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o algunas de las causales
genéricas establecidas por la Corporación para hacer procedente el amparo
material y, (iii) el requisito, consistente en la necesidad de
intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental.[41].
En ese marco, corresponde al juez constitucional evaluar los presupuestos de
procedibilidad en cada caso concreto, la acreditación de una causal genérica y
la necesidad de evitar un perjuicio irremediable.
Ahora bien, una vez reiterados los requisitos generales
para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, esta
Sala estudiará los requisitos específicos, propuestos por las accionantes, los
cuales refieren a la violación al principio de juez natural por la presencia de
un defecto orgánico y vulneración al debido proceso por la existencia de un
defecto fáctico por omisión en la valoración de las pruebas.
4. Breve
caracterización de la causal específica de procedencia de la acción de tutela
contra fallos judiciales por defecto orgánico.
En múltiples oportunidades esta Corporación
se ha referido al defecto orgánico como causal de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales. La mencionada irregularidad se configura, entre
otros supuestos, cuando la autoridad judicial que emitió la providencia, (i)
carecía absolutamente de competencia para conocer y definir el asunto, esto es,
desconoce su competencia, (ii) asume una competencia que no le corresponde, así
como cuando (iii) adelanta alguna actuación o emite un pronunciamiento por
fuera de los términos dispuestos jurídicamente para que se surta cierta
actuación. En estos casos, excepcionalmente las providencias judiciales pueden
ser atacadas en sede de tutela por vulneración del debido proceso.
En Sentencia T-757
de 2009[42]
se reiteró que, la probada incompetencia del funcionario judicial configura un
defecto orgánico que afecta el derecho al debido proceso, en tanto “el grado
de jurisdicción correspondiente a un juez, tiene por finalidad delimitar el
campo de acción de la autoridad judicial para asegurar así el principio de
seguridad jurídica que “representa un límite para la autoridad pública que
administra justicia, en la medida en que las atribuciones que le son conferidas
sólo las podrá ejercer en los términos que la Constitución y la ley establecen”[43][44]
Y agregó “la
extralimitación de la esfera de competencia atribuida a un juez quebranta el
debido proceso y, entre otros supuestos, se produce cuando “los jueces
desconocen su competencia o asumen una que no les corresponde”[45] y
también cuando adelantan alguna actuación o emiten pronunciamiento por fuera de
los términos jurídicamente dispuestos para que se surtan determinadas
actuaciones.”[46]
En
consecuencia, la actuación judicial está enmarcada dentro de una competencia
funcional y temporal, determinada, constitucional y legalmente, que de ser
desbordada conlleva la configuración de un defecto orgánico, y por ende, el
desconocimiento del derecho al debido proceso.
5. Breve
caracterización de la causal específica de procedencia de la acción de tutela
contra fallos judiciales por defecto fáctico.
Esta
Sala reiterará su jurisprudencia, específicamente lo dispuesto en Sentencia
T-118 de 2012, frente a esta causal específica para la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial. El defecto fáctico o probatorio ocurre
cuando el juez “toma una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de una omisión
en el decreto o valoración de las pruebas, de una valoración irrazonable de las
mismas, de la suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorio.”[47]
Es
importante resaltar que, esta causal es una de las más exigentes para su
comprobación, debido a que la valoración de las pruebas en un proceso judicial
es uno de los ámbitos en que el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de
la autonomía e independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las
reglas de la lógica y la sana critica[48].
De hecho, esta
Corporación ha identificado que “el yerro en la apreciación del material
probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante, protuberante y
manifiesto, a tal punto que en razón de él se desconozca “la realidad
probatoria del proceso”[49].
De acuerdo con la jurisprudencia
de la Corporación[50],
este defecto se produce cuando el juez toma una decisión, sin que se halle
plenamente comprobado el supuesto de hecho que legalmente la determina[51], como
consecuencia de una omisión en el decreto[52]
o valoración de las pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los
medios probatorios.
En razón de
lo anterior, la Corte ha manifestado que existen dos dimensiones en las que se
presenta el defecto fáctico[53]:
un ámbito negativo, que ocurre en las situaciones en las que el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa[54] u omite su valoración [55] y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente[56].
Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el
juez[57].
De otro lado, una dimensión positiva que acontece cuando el juez aprecia
pruebas esenciales y determinantes para el fallo en la providencia cuestionada
que no ha debido admitir ni valorar porque, adolecen de nulidad por ilicitud o
en los eventos en que se da por ciertos los hechos, sin que exista el material
probatorio que respalde su decisión.[58]
Adicionalmente,
la jurisprudencia ha delimitado las modalidades en las que puede presentarse el
defecto fáctico o probatorio, así:
“… defecto
fáctico por omisión cuando el juzgador se
abstiene de decretar pruebas. Lo anterior trae como consecuencia 'impedir la
debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para
la solución del asunto jurídico debatido'. Existe defecto fáctico por
no valoración del acervo probatorio, cuando el juzgador omite
considerar pruebas que obran en el expediente bien sea porque 'no los advierte
o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión
respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su
análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría
sustancialmente. Hay lugar al defecto fáctico por valoración
defectuosa del material probatorio cuando o bien 'el
funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el
asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva'
dando paso a un defecto fáctico por no excluir o valorar una prueba
obtenida de manera ilícita” [59]
En cuanto a
los fundamentos y al marco de intervención que compete al juez de tutela, en
relación con la posible ocurrencia de un defecto fáctico, la Corte ha sentado
los siguientes criterios[60],
que encuentran plena armonía con las consideraciones antes expuestas:
a. El fundamento de la
intervención radica en que, a pesar de las amplias facultades discrecionales que
tiene el juez de conocimiento para el análisis del material probatorio, este
debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir,
con base en criterios objetivos y racionales.[61]
b. No obstante, como ya se ha
indicado, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por
el juez de conocimiento debe ser de carácter extremadamente reducido. En primer
término, porque el respeto por el principio de autonomía judicial y el
principio del juez natural, impiden que el juez de tutela realice un examen
exhaustivo del material probatorio.[62]
En segundo lugar, ha destacado que las diferencias de valoración en la
apreciación de una prueba, no constituyen errores fácticos. Frente a
interpretaciones diversas y razonables, el juez del conocimiento debe
determinar, conforme con los criterios señalados, cuál es la que mejor se
ajusta al caso concreto. El juez, en su labor, no solo es autónomo, sino que
sus actuaciones se presumen de buena fe[63].
En consecuencia, el juez de tutela debe partir de la corrección de la decisión
judicial, así como de la valoración de las pruebas realizadas por el juez
natural[64].
c. Por último, para que la tutela
resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el juicio valorativo
de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues
el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la
actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto”[65]
[66]
Ahora bien,
una vez caracterizados los requisitos generales y específicos para la
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, esta Sala analizará
si éstos se encuentran acreditados en el caso sometido a consideración.
6. Estudio
del caso concreto
6.1
Síntesis de la situación planteada
Con el
propósito de hacerse acreedoras de una pensión gracia, las ciudadanas Lidia
Mercedes Córdoba López, Laura Eugenia Mopán Palacios y Ana Genis Córdoba López,
contrataron los servicios de un consorcio de abogados que por medio de
maniobras fraudulentas consiguieron el reconocimiento de esa prestación social
por parte de Cajanal EICE. Debido a ello, la Unidad Anticorrupción de la
Fiscalía General de la Nación, inició la respectiva investigación penal que
concluyó con la detención preventiva de las aquí accionantes y posterior etapa
de juicio.
El
conocimiento del proceso correspondió en un primer momento al Juzgado Décimo
Penal del Circuito de Bogotá, quien con posteridad consideró que de conformidad
con las disposiciones establecidas en los acuerdos 1799 del 14 de mayo de 2003
y 4101 del 11 de junio de 2007, el conocimiento de los procesos debía ser
asumido por los Juzgados Penales de Descongestión (Foncolpuertos – Cajanal) del
Circuito de Bogotá. Ante ello, las accionantes  solicitaron la nulidad de lo
actuado por violación al principio del juez natural, la cual fue denegada y
posteriormente confirmada en apelación por la Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito de Bogotá Foncolpuertos Cajanal, mediante proveído del 22 de
octubre de 2007.
En sentencia
del 31 de marzo de 2009, las sindicadas fueron absueltas de cada uno de los
cargos formulados por la fiscalía, decisión que fue apelada por el
representante del Ministerio Público, el apoderado de la parte civil y el
Fiscal Primero Delegado de la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración
Pública. Correspondió al Tribunal Superior del Distrito de Bogotá Foncolpuertos
Cajanal resolver el recurso de apelación. Este tribunal, en sentencia del 19 de
mayo de 2010, revocó los fallos de primera instancia y condenó a las sindicadas
a pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario además del pago
de multas e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas.
Las tutelantes
interpusieron recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de
Justicia, la cual casó parcialmente el proceso de Lidia Mercedes Córdoba al
encontrar un error aritmético en el cómputo de la sentencia. A su vez, en el
caso de Laura Eugenia Mopán Palacios, se tomó una decisión similar, al
considerarse que condenar a la procesada por el delito de falso testimonio
desconocía el principio de congruencia. Respecto de Ana Genis Córdoba López,  inadmitió
la demanda, advirtiendo que la ciudadanía pretendía debatir valoraciones
probatorias cuando el momento procesal para ello había concluido. En lo demás,
las decisiones del Tribunal permanecieron incólumes, el sentido del fallo no
fue modificado, razón por la cual se confirmó la condena impuesta por éste.
Inconformes
con la decisiones adoptadas, las ciudadanas Lidia Mercedes Córdoba López, Laura
Eugenia Mopán Palacios y Ana Genis Córdoba López presentaron acción de tutela
ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, invocando la
protección de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado
con las decisiones adoptadas por las accionadas. Aunado a ello,  solicitaron que
declarara su inocencia, o en su defecto quedara en firme la sentencia
absolutoria que profirió el juez de primera instancia el 31 de marzo de 2009, y
como consecuencia se ordenara su libertad inmediata.
En sentencia
del 9 de noviembre de 2012, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia resolvió no admitir las acciones de tutela argumentando que esa Corporación
tiene la calidad de órgano límite y cierre de la jurisdicción ordinaria. Debido
a ello, las accionantes solicitaron a esta Corte que se efectuara el trámite de
revisión de la presente acción de tutela, con base en el Auto 100 de 2008
proferido por esta Corporación.
La Sala de
Selección número uno de la Corte Constitucional, por medio de Auto del 30 de
enero de 2013, seleccionó para revisión los procesos de la referencia y ordenó
que se acumularan y fallaran en una sola sentencia, correspondiendo al suscrito
magistrado presentar el proyecto para fallo.
6.2
Consideraciones para resolver el caso concreto
En el asunto
que ahora ocupa la atención de la Sala, se discute si la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa, y al acceso a la administración de justicia de las ciudadanas Lidia Mercedes
Córdoba López, Laura Eugenia Mopán Palacios y Ana Genis Córdoba López.
Entonces,
conforme a las circunstancias fácticas del presente asunto se procederá a
aplicar las reglas jurisprudenciales establecidas por esta Corporación para
evaluar la procedibilidad de las tutelas contra providencias judiciales. En ese
orden de ideas, inicialmente la Sala verificará en el caso objeto de examen las
condiciones jurídicas generales para que se pueda ingresar en el fondo del
problema iusfundamental que el fallo plantea, a fin de constatar el
defecto que se acusa.
Si
llegase a satisfacer los requisitos generales para la procedibilidad de la
acción de tutela, se procederá a analizar si las sentencias objeto de revisión
presentan los defectos específicos que las accionantes exponen, esto es,
defecto fáctico, por omisión en la valoración de las pruebas y defecto orgánico
por vulneración al principio de juez natural.
6.3
De la aplicación de las consideraciones al caso concreto
6.3.1
Requisitos generales de procedibilidad:
En primer lugar, de conformidad con
las pruebas obrantes en el plenario se evidencia que la cuestión que se discute
resulta de evidente relevancia constitucional, comoquiera que se encuentran en
discusión los derechos fundamentales de las ciudadanas Lidia Mercedes Córdoba
López, Laura Eugenia Mopán Palacios y Ana Genis Córdoba López, como son el
debido proceso, la defensa y al acceso a la administración de justicia, esto en
el marco de un proceso penal. Es de resaltar que sólo con la intervención del
juez de tutela en el presente caso se evitaría la configuración de un perjuicio
irremediable a los derechos de la solicitante. Esto, por supuesto, a condición
que se evidencie en las sentencias cuestionadas, la presencia de vicios
constitutivos para la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales.
Ahora
bien, en lo que concierne con los requisitos generales de agotamiento de
recursos y de inmediatez[67],
se evidencia que las accionantes hicieron uso, de todos los mecanismos que la
ley penal prevé para este tipo de situaciones. Así, presentaron i) solicitud de
nulidad (cuaderno principal de la demanda, Laura Eugenia Mopán Palacios, folio
11) con ocasión del traslado del proceso, del Juzgado Décimo Penal del Circuito
de Bogotá en Abril de 2007 al Juzgado Primero Penal del Circuito de
Descongestión Foncolpuertos – Cajanal, y ii) Recurso Extraordinario de Casación
ante la Corte Suprema de Justicia.
En relación al
requisito de la inmediatez, la acción de tutela se interpuso once meses después
del fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. No
obstante, tratándose de personas en condiciones de
especial protección[68],
la Corte Constitucional ha expuesto que la evaluación debe efectuarse de
conformidad con las particularidades de cada caso concreto y atendiendo a las
condiciones específicas enunciadas en su jurisprudencia[69], las cuales han
sido desarrolladas así:
(i) Que se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el
hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación
de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus
derechos, continúa y es actual
(ii) que en razón a la especial situación de aquella persona a quien se le han
vulnerado sus derechos fundamentales y que se encuentre en estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otros, dificulte la interposición de los mecanismos de defensa.
Al respecto la Sala considera que se cumplen las dos
situaciones expuestas en el párrafo inmediatamente anterior, porque i) la
vulneración alegada por las accionantes sigue causando efectos, toda vez que en
la actualidad se encuentran privadas de la libertad, y ii) (que es consecuencia
del primero) las accionantes al encontrarse recluidas en establecimiento
carcelario tienen dificultad para adelantar las acciones legales (como la
acción de tutela) en un corto período de tiempo[70]. Aunado a ello, las
actoras motivaron de manera clara, porque (en su criterio) las decisiones
adoptadas por las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales de
las accionantes y se enunciaron los defectos que las accionantes consideraron
que presentaban las decisiones objeto de revisión.
Así las
cosas, la Sala concluye se encuentran debidamente cumplidos los requisitos
generales para la procedencia esta acción de tutela contra las providencias
judiciales de la referencia. Por tanto, procederá a estudiar el cumplimiento de
los requisitos específicos de conformidad a la situación planteada, esto es, la
existencia de los defectos orgánico y fáctico.
6.3.2 Requisitos
específicos:
6.3.2.1
Cargo primero: Defecto orgánico por vulneración del principio del juez natural.
Las accionantes manifiestan que el juez de
primera instancia no era competente para adelantar el proceso penal, porque ello
vulneró el principio de juez natural. Para ello, exponen que de conformidad con
la Ley 600 de 2000, el territorio es factor de competencia en forma excluyente
y preferente para llevar a cabo la etapa de juicio. Por tanto, consideran que correspondía
al Juez Penal del Circuito de Popayán adelantar la causa, porque en ese sitio
se cometió el delito más grave, es decir, el peculado.
La Sala considera importante recordar que por
mandato expreso de los artículos primero y sexto del Acuerdo PSAA07-4101 de
2007, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, la competencia para
conocer sobre los delitos cometidos contra Cajanal, corresponde a los Juzgados
Penales del Circuito de Descongestión Cajanal – Foncolpuertos, conforme la
disposición que se transcribe enseguida:
“ARTÍCULO PRIMERO.- Los Juzgados
Penales del Circuito de Descongestión creados por Acuerdo No.1799 de 2003,
Juzgado Penal de Circuito Especializado de Descongestión creado por el Acuerdo
No.1886 de 2003 y Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, creada mediante Acuerdo No.2573 de 2004,
conocerán, adicionalmente, del trámite y fallo de los procesos penales
adelantados por delitos relacionados con el sistema de pensiones de la Caja
Nacional de Previsión Social –CAJANAL-. De igual manera, conocerán de las
causas con Resolución de Acusación y de las actas de formulación de cargos por
sentencia anticipada, proferidas por los fiscales competentes en el territorio
nacional, en relación con los mismos delitos.”
“ARTÍCULO SEXTO.- Las sentencias
que pongan fin a los procesos deberán ser proferidas y suscritas por el
Despacho de Descongestión.
Los despachos de descongestión realizarán
la notificación de la sentencia y resolverán sobre la concesión de los recursos
pertinentes, en caso de ser interpuestos.”
Aunado a ello, la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia expuso de manera clara y suficiente que en ese caso no se
vulneró el principio de juez natural con el conocimiento de los casos de
Cajanal por parte de los juzgados de descongestión en razón a que no
existe una variación de la competencia por el factor objetivo y funcional
establecido en la ley procesal. Las razones que sustentan esta postura son, en
lo sustancial, son las siguientes:
1. Que la Constitución, en el propósito de
hacer operante el postulado de que la justicia debe ser pronta y eficaz,
autorizó al Consejo Superior de la Judicatura, en su artículo 257 numerales 2°
y 3°, para crear, suprimir, fusionar, trasladar cargos en la administración de
justicia y, dictar los reglamentos necesarios para su eficaz funcionamiento.
2. Que dentro de ese marco constitucional,
el artículo 63 de la Ley 270 de 1996, defirió al Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Administrativa, las facultades de redistribuir los asuntos que
las corporaciones judiciales tengan para fallo, y de crear con carácter
transitorio cargos de jueces y magistrados sustanciadores o de fallo, en casos
de congestión, para la realización de los fines de prontitud y eficiencia de la
administración de justicia.
3. Que la Corte Constitucional, mediante
sentencia C-037 de 1996, declaró la exequibilidad del referido artículo 63,
bajo el entendido que constituye una interpretación del principio
constitucional de que la administración de justicia debe ser pronta y eficaz, y
que bajo este propósito la Sala Administrativa puede redistribuir los asuntos
pendientes para fallo entre los distintos tribunales y despachos. Ello siempre
y cuando no se altere las garantías procesales con las que cuentan los
asociados para la solución de sus conflictos.
4. Que con fundamento en esas atribuciones
constitucionales y legales, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura expidió los Acuerdos 1799 del 14 de mayo de 2003 y 2573 del 25 de
agosto de 2004, cuya vigencia fue prorrogada a través de los Acuerdos 2562 de
10 de agosto de 2004 y 2740 del 21 de diciembre del mismo año, por medio de los
cuales adoptó medidas de descongestión en relación con los asuntos penales
asociados con el proceso de liquidación de la Empresa Puertos de Colombia y el
Acuerdo PSAA07-4101 de 2007, que dispuso que debería conocer de los asuntos
penales asociados con delitos pensionales, del Sistema General de Pensiones
cometidos contra Cajanal.
Con ocasión a lo expuesto, esta Sala
observa que existe una norma específica que regula la materia, esto es, el
Acuerdo PSAA07-4101 de 2007, que establece que la competencia para conocer de
los procesos penales adelantados por los delitos relacionados con el Sistema
General de Pensiones suscitados en Cajanal, corresponde a los Juzgados Penales
del Circuito de Descongestión. A su vez, la jurisprudencia de esta Corte ha
expuesto que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura tiene
la facultad de expedir dichos acuerdos, por las razones expuestas, sin que ello
implique violación alguna del principio del juez natural.
Adicionalmente se encuentra debidamente acreditado
que:
a. Las accionantes exponen en qué consiste
la supuesta falta de competencia para conocer y definir el asunto, pero no
explican por qué la norma general (Ley 600 de 2000) debe privar sobre una norma
especial (Acuerdo PSAA07-4101 de 2007) que establece unas competencias
específicas en cabeza de los Juzgados Penales de Descongestión para delitos
cometidos contra Cajanal. Por tanto, esta Sala no evidencia la existencia de
alguna disposición de orden legal o constitucional que impida al Consejo
Superior de la Judicatura establecer que despachos judiciales deben conocer de
ese tipo de procesos.
b. No existe evidencia que dentro del
proceso el proceso el juez conociera de alguna situación que no le competía.
c. No hay prueba que indique que, el juez
emitiera un pronunciamiento por fuera de los términos legales para que surta
alguna actuación.
Ahora bien, respecto a la oportunidad de
debatir sobre la competencia para adelantar el proceso penal, esta Sala
encontró que en el expediente (Cuaderno principal de la demanda, folio 224) se
acreditó que el Juzgado Primero Penal de Descongestión Foncolpuertos – Cajanal,
estudió la posible nulidad del proceso por falta de competencia el 18 de
septiembre de 2007, la cual fue negada y confirmada por la Sala Penal de
Descongestión Foncolpuertos – Cajanal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante
proveído del 22 de octubre de 2007.[71]
Con base en lo expuesto, se concluye que: i)
el cargo formulado en la acción de tutela por defecto orgánico por
desconocimiento del principio de juez natural, no concurre en el caso
analizado, puesto que las reglas de reparto al juez del conocimiento tienen
soporte legal y constitucional, y ii) la ley ordena que el juez penal del
circuito de descongestión Foncolpuertos – Cajanal, resuelva los procesos
penales por delitos cometidos contra Cajanal, como los que efectivamente
adelantó contra las accionantes.
Así las cosas, estos argumentos son
razones suficientes para que esta Sala concluya que el cargo por defecto
orgánico propuesto por las actoras no prospere, debido a que no se encontró una
violación al derecho fundamental al debido proceso, en su componente de
juzgamiento por juez natural.
6.3.2.2        Cargo
segundo: Defecto fáctico por omisión en la valoración de las pruebas.
6.3.2.2.1     Presupuestos
y metodología
Las
accionantes manifiestan que la Sala Penal de Descongestión Foncolpuertos -
Cajanal del Tribunal Superior de Bogotá, no valoró las pruebas relacionadas
conforme a las reglas de la sana crítica y la experiencia. Por esa razón,
argumentan que las sentencias proferidas en su contra presentan un defecto
fáctico por omisión del material probatorio que demostraría su inocencia.
Cada
uno de los casos presenta particularidades respecto de las conductas efectuadas
por las accionantes y con relación a las condenas impuestas a cada una de ellas.
Por tanto, en un primer momento, se expondrá el material probatorio con base en
el cual se adoptaron las respectivas decisiones, tanto de instancia como del
recurso extraordinario de casación. Luego se sintetizará las valoraciones
probatorias tomadas en cuenta para proferir los respectivos fallos de cada una
de las entidades accionadas. Finalmente se procederá a examinar si las
decisiones que se atacan por medio de esta acción de tutela están en armonía con
los postulados constitucionales que esta Corporación defiende.
6.3.2.2.2     Examen
de los procesos frente al cargo de defecto fáctico.
Las
decisiones proferidas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y Sala
Penal Tribunal Superior de Bogotá Foncolpuertos - Cajanal, se cuestionan por
omitir valorar material probatorio determinante para demostrar la inocencia de
las accionantes. También se censura que las pruebas se hayan estudiado sin
tener en cuenta los criterios de la lógica y la sana crítica. Frente a ello, se
expondrán los elementos de juicio que esta Sala identificó, a partir del
estudio del material probatorio, que motivaron a las entidades accionadas a
condenar a las actoras, que se resumen así:
a.
Elementos probatorios Expediente T-3731414: Lidia Mercedes Córdoba López:
Las
pruebas recaudadas por la Fiscalía contra la ahora accionante, se encuentran
consignadas en el cuaderno original del juicio (Expediente 17575-04). En este
se puede encontrar:
1. Certificación
de vinculación a la docencia, de carácter falso en razón a la variación de la
calidad de la docente la cual aparece como nacionalizada, cuando en realidad es
nacional.
2. Declaración
juramentada sobre sus recursos económicos No. 1607 expedida por la Notaría
Primera del Círculo de Popayán del 20 de marzo de 2004, en la cual expone que
carece de recursos económicos (requisito para poder acceder a la prestación).
3. Evidencia
de la desaparición del expediente que había negado el reconocimiento de la
pensión gracia por el incumplimiento de requisitos exigidos por la ley para tal
efecto.
4.
Reconocimiento de la pensión gracia mediante Resolución 10338 del 16 de marzo
de 2005, expedida por Cajanal.
5. Copia
de los testimonios practicados a Aura Cecilia Nates y Franklyn Gaviria.
Aunado
a lo expuesto, se consignó que por motivos ajenos a su voluntad la procesada no
alcanzó a recibir mesadas atrasadas.[72]
b.
Elementos probatorios Expediente T-3731415: Laura Eugenia Mopán Palacios:
Las
pruebas recaudadas por la Fiscalía contra la ahora accionante, se encuentran
consignadas en el cuaderno original del juicio (Expediente 4097-02). En este se
puede encontrar:
1.
Certificación de vinculación a la docencia, de carácter falso en razón a la
variación de la calidad de la docente la cual aparece como nacionalizada, cuando
en realidad es nacional. Se resalta el hecho que en dicho documento no aparezca
anotación por abandono del cargo (cuando la realidad es que la funcionaria
había sido sancionada por ello)
2.
Declaración juramentada sobre sus recursos económicos (requisito para poder
acceder a la prestación).
3.
Evidencia de la desaparición del expediente que había negado el reconocimiento
de la pensión gracia por el incumplimiento de requisitos exigidos por la ley
para tal efecto.
4.
Reconocimiento de la pensión gracia mediante Resolución No. 16778 del 3 julio
de  2002, expedida por Cajanal.
5.
Documentos que acreditan que la ciudadana Mopán Palacios recibió en mayo de
2005 la suma de sesenta y tres millones seiscientos veinte un mil cuatrocientos
sesenta y ocho (63.621.468) pesos, por concepto de pago retroactivo de pensión
gracia.
6.
Copia de los testimonios practicados a Aura Cecilia Nates y Franklyn Gaviria[73].
c.
Elementos probatorios Expediente T-3731416: Ana Genis Córdoba López:
Las
pruebas recaudadas por la Fiscalía contra la ahora accionante, se encuentran
consignadas en el cuaderno original del juicio (Expediente 16982-04). En este
se puede encontrar:
1.
Certificación de vinculación a la docencia, de carácter falso en razón a la
variación de la calidad de la docente la cual aparece como nacionalizada,
cuando en realidad es nacional.
2.
Declaración juramentada sobre sus recursos económicos (requisito para poder
acceder a la prestación).
3.
Evidencia de la desaparición del expediente que había negado el reconocimiento
de la pensión gracia por el incumplimiento de requisitos exigidos por la ley
para tal efecto.
4.
Reconocimiento de la pensión gracia mediante Resolución 0019 del 5 de enero de
2005, expedida por Cajanal.
5.
Copia de los testimonios practicados a Aura Cecilia Nates y Franklyn Gaviria[74].
6.3.2.2.3     Valoración
probatoria efectuada por la Sala Penal de Descongestión Foncolpuertos - Cajanal
del Tribunal Superior de Bogotá.
A
partir del material probatorio referenciado, el Tribunal determinó en el fallo
de segunda instancia, que el dolo en la conducta de las procesadas “no
radica en el hecho de contratar al consorcio de abogados para tramitar las
pensiones, sino que consistió en hacerlo siendo conscientes de no llenar los
requisitos legales para acceder a la prestación y aún así buscar la obtención
de un acto administrativo contrario a derecho mediante el despliegue de
artificios consistentes en alterar en algunos casos la edad y tiempo de
servicios y en otros, aseverar que se trataba de docentes nacionalizados cuando
eran nacionales, cambiando además las fechas de vinculación.”[75]
También
expuso que a las procesadas no les asistía responsabilidad en la falsificación
de los documentos que fueron presentados a Cajanal, ya que ello fue obra del
consorcio de abogados y demás miembros de la empresa criminal. “Sin embargo
comprometieron sumas obtenidas a través del ilícito, consintiendo en el uso de
tales documentos apócrifos para obtener un provecho ilícito y apoderarse de
dineros de la Nación.”[76]
Aunado
a ello, manifestó que las docentes “no repararon en suscribir contratos de
prestación de servicios absolutamente leoninos en su clausulado[77],
autenticando su firma ante notario, obligándose a pagar a los ‘abogados’ por
concepto de honorarios el 100% del valor de las mesadas atrasadas que Cajanal
girara a nombre del pensionado, además de pagar un millón de pesos (1.000.000)
al momento de suscribir los mentados contratos como seguro ‘por si no se cumple
el objeto…’, garantizando tales obligaciones mediante la suscripción de un
pagaré y una letra de cambio, lo que a juicio de cualquier persona con
formación académica como la de los maestros involucrados, resulta a todas luces
exagerado y desproporcionado, descartándose así la buena fe en la conducta de
estos.”[78]
Sobre
la base de lo expuesto la Sala Penal de Descongestión Foncolpuertos - Cajanal
del Tribunal Superior de Bogotá, llegó a las siguientes conclusiones:
a. Que
las procesadas dedicadas al ejercicio de la docencia con un amplio trayecto en
el ejercicio de su profesión, tenían conocimiento que no cumplían con los
requisitos para obtener el reconocimiento de la pensión gracia, razón
por la cual no podía afirmarse que había sido objeto de un engaño.
b. Que
Cajanal les había negado con anterioridad dicha prestación por el
incumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a la misma y aún así
consintieron que se presentara una nueva solicitud.
c. Que
sin una explicación razonable aceptaron pagar una cifra desproporcionada, para
que el consorcio de abogados tramitara la pensión, equivalente al 100% del
retroactivo por las mesadas dejadas de percibir, o la suma de un millón de
pesos (1.000.000) en caso que no se lograra dicho reconocimiento.
6.3.2.2.4     Valoración
probatoria efectuada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Las
procesadas interpusieron el recurso extraordinario de casación en el cual
invocaron un yerro por falso juicio de existencia por omisión, en el
cual se mostraron inconformes frente a los argumentos expuestos por el Tribunal
para desvirtuar su presunción de inocencia. La causal que invocaron tiene lugar
cuando el juez deja de valorar una prueba que materialmente se halla dentro de
la actuación. En esos eventos le corresponde al demandante demostrar que no
sólo se produjo ese olvido en la estimación de la prueba, sino que, además, de
no haberse incurrido en ello, tanto las imputaciones fácticas así como las
jurídicas del fallo habrían sido distintas.
Las afectadas
manifestaron que el Tribunal incurrió en ese yerro porque: i) no se apreciaron
los testimonios de Aura Cecilia Nates Cruz y Franklin Gaviria Rosero; ii) no se
tuvo en cuenta la Sentencia C-479 de 1998 de esta Corte, con la cual pretendían
demostrar que las procesadas tenían derecho al reconocimiento de la pensión
gracia; iii) se omitió considerar una resolución de Cajanal, en la que se
reconoció esa prestación a un profesor adscrito al orden nacional. Elementos
que en su concepto eran fundamentales para establecer su inocencia.
El
cargo no fue admitido porque contrario a lo expuesto por las recurrentes el
Tribunal sí tuvo en cuenta la sentencia de constitucionalidad citada, así como
otras sentencias de tutela proferidas por esta Corporación, sobre el tema de pensión
gracia. Aunado ello, expone que en el fallo hizo mención a diferentes
normas expedidas en torno a esa prestación, entre ellas las leyes 114 de 1913,
116 de 1928 y 37 de 1933[79].
Adujo que al iniciar el acápite de las consideraciones y luego de precisar
aspectos relativos a la participación del extraño como sujeto activo no
calificado, el Tribunal disertó sobre la pensión gracia, así como sobre las
normas que la contemplan, los requisitos para acceder a ella y, en relación con
el reconocimiento para aquellos docentes que no recibieran remuneración alguna
de la Nación, citó la Sentencia C-479 de 1998, de la que incluso transcribió
algunos de sus apartes.[80]
Con
base en lo anterior, la accionada concluyó que el Tribunal tenía elementos
probatorios conducentes para determinar que los acusados sabían que no cumplían
con los requisitos, para que de conformidad con las disposiciones legales
vigentes, les fuera concedida la pensión gracia y aún así gestionaron
reconocimiento. Por tanto, aseveró que sí se estudió la sentencia de esta Corte,
cosa distinta es que luego de analizarla en conjunto con el material probatorio
que reposa en los expedientes, se llegó a una conclusión distinta que la
propuesta por las accionantes, es decir, que ellas cumplían a cabalidad con los
requisitos para ser beneficiarias de la misma.
En lo
referente a los testimonios de Aura Cecilia Nates Cruz y Franklyn Gaviria
Rosero, afirma que aunque no fueron señalados directamente por el Tribunal en
sus consideraciones, ello no indica que hayan sido ignorados al momento de
practicarse el estudio de los casos, puesto que sí se refirió a los puntos que
en torno a esa declaración la defensa considera relevantes. Con el propósito de
sustentar esa afirmación, expuso que con base en esa declaración se concluyó
que los procesados no participaron directamente en la alteración de la
información contenida en los documentos, sino a través de un consorcio dirigido
por Aura Cecilia Nates Cruz y para ello transcribió parte de su contenido, como
pasará a observarse:
“Está
claro como lo dedujo la falladora porque no obra prueba en contrario, que los
procesados no les asiste responsabilidad en la falsificación de los documentos
que fueron presentados a Cajanal, que ello fue obra de Nates Cruz en asocio con
Paulino Albarracín y demás miembros de la empresa criminal dirigida por la
falsa abogada por lo cual ya fueron condenados, tal y como aquella lo admitiera
en declaración, sin embargo comprometieron sumas obtenidas a través del ilícito
y apoderarse de dineros de la nación.”[81]
Frente
a ello concluye que la Corte tiene definido que no debe entenderse que las
pruebas han dejado de ser consideradas cuando en el texto de la providencia no
se encuentran referidas por su denominación, porque lo esencial es que el
juzgador aborde objetiva y explícitamente su contenido en lo que corresponde al
tema examinado.
Sobre
la base de lo expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, llegó a las siguientes conclusiones:
a. Que
los cargos de nulidad, violación indirecta de la ley sustancial por falso
juicio de identidad, falso juicio de existencia por omisión y error de hecho
por falso juicio de existencia fueron inadmitidos, porque no se evidenció que
el Tribunal haya omitido alguna prueba o hubiere valorado las mismas al margen
los criterios de la lógica y la sana crítica. Tampoco encontró que éste
construyera el sentido de la decisión con premisas inexistentes o con base en
material probatorio que no se encuentre dentro del expediente.
b. Que
a pesar que algunas pruebas no aparezcan referenciadas de manera directa en la
motivación de la decisión, ello no quiere decir que no hayan sido valoradas.
c. Que
las pruebas que la defensa indica que no fueron valoradas, como el testimonio
de Aura Cecilia Nates Cruz y Franklyn Gaviria Rosero, sí fueron objeto de
estudio, y tuvieron consecuencias en la modificación de la imputación efectuada
a las procesadas (con base en esa prueba se desestimó el delito de falsedad en
documento público).
6.3.2.2.5     Examen
del cargo segundo: Defecto fáctico por omisión en la valoración de las pruebas.
Esta
Sala ha estudiado de manera atenta las pruebas que obran en los expedientes,
los indicios y la apreciación valoratoria efectuada por las entidades
accionadas. También efectuó un examen sobre los cargos expuestos por las
accionantes y la procedencia de los mismos. Finalmente expondrá las
conclusiones a la que ha llegado y motivará el sentido de su decisión.
A
partir de la lectura de los fallos proferidos por las entidades accionadas
puede concluirse que, las decisiones adoptadas por éstas se construyeron a
partir de las siguientes pruebas documentales, testimoniales e indiciarias:
1. Las
accionantes son personas de reconocidas calidades académicas y profesionales,
se dedicaron al ejercicio de la docencia y algunas de ellas tenían formación de
posgrado.[82]
2. Que
afirmaron tener derecho a la prestación solicitada, esto es, la pensión gracia,
por lo cual conocían los requisitos para acceder a la misma y al monto
aproximado de dinero que recibirían por concepto de mesadas dejadas de percibir.[83]
3. Que
a las accionadas les había sido negada con anterioridad la pensión gracia por
no cumplir con los requisitos para ello.[84]
4. Que
las aquí peticionarias suscribieron contratos de prestación de servicio, para
que un consorcio de abogados les tramitara el reconocimiento de la pensión
gracia y para ello se obligaron a pagar una suma que ascendió al 100% del valor
del retroactivo, así:[85]
Laura
Eugenia Mopán Palacios:      63.621.468 de pesos.[86]
Ana
Genis Córdoba López:             48.843.333 de pesos.[87]
Lidia Mercedes Córdoba López:      No
alcanzó a recibir dinero, pero firmó un pagaré por valor de 50.000.000 de
pesos.[88]
5. Que
se comprometieron a pagar la suma de un millón  (1.000.000) de pesos, en caso
que no se lograra el reconocimiento de la prestación.[89]
6. Que,
como lo concluyó el Tribunal accionado, a partir del estudio de estos contratos
se construye  el indicio según el cual, las accionantes tenían conocimiento que
para el reconocimiento de la prestación reclamada [pensión gracia]  se
efectuarían maniobras ilícitas, puesto que para una persona con una formación
académica como la de las docentes involucradas, resulta a todas luces exagerado
y desproporcionado, pagar tan exageradas sumas de dinero, descartándose así la
buena fe en la conducta de  estos.[90]
7. Que es
un hecho judicialmente probado en los casos analizados, que para el
reconocimiento de la pensión gracia a las aquí accionantes, se falsificaron,
ocultaron y destruyeron documentos, con el propósito de borrar de las bases de
datos de Cajanal, cualquier evidencia sobre los actos administrativos que
alguna vez negaron la prestación a las procesadas.[91]
8. Que con
base en la valoración probatoria de los testimonios rendidos por Aura Cecilia
Nates Cruz y Franklyn Gaviria Rosero, se determinó que el hecho material de la falsificación
de documentos expuesta en el párrafo anterior no fue materializada por las
accionantes y por lo tanto no se les imputó el delito de falsedad en documento
público.[92]
9. Que
por medio de Acto Administrativo Cajanal reconoció pensión gracia a las
accionadas, como se puede observar a continuación:
a.
Lidia Mercedes Córdoba López, Resolución No. 10338 del 16 de marzo de 2005.[93]
b.
Laura Eugenia Mopán Palacios, Resolución No. 16778 del 3 julio de  2002.[94]
c.
Ana Genis Córdoba López, Resolución No. 0019 del 5 de enero de 2005.[95]
10. Que
en el caso de Ana Genis López, se interpuso acción de tutela para que se le pagara
de manera inmediata la pensión gracia que le fue reconocida, más las sumas de
dinero dejadas de percibir desde el reconocimiento del derecho, mas el pago
retroactivo desde que se causó la prestación.[96]
11. Que
a partir de los hechos contenidos en los numerales 8° y 9°, nace el indicio,
según el cual, las accionadas tenían conocimiento de la falsa información que
contenían los actos administrativos que les reconocieron la pensión gracia,
tales como su fecha de vinculación y su condición de docentes nacionalizadas y
aún así no dieron aviso de ello.[97]
Este
material probatorio, así valorado, creó en los despachos judiciales accionados certeza
sobre la culpabilidad de las procesadas. Posición que no comparten las
accionantes porque consideran que se omitieron pruebas con la potencialidad de
demostrar su inocencia, específicamente se censura la falta de valoración de
los testimonios rendidos por Aura Cecilia Nates Cruz y Franklyn Gaviria Rosero.
Con el
propósito de garantizar el debido proceso, esta Sala efectuó el respectivo
estudio de las pruebas que las accionantes afirman no fueron tenidas en cuenta
para construir el sentido del fallo y en razón a las cuales consideran que las
sentencias impugnadas presentan un defecto fáctico. Respecto del particular, se
concluyó que los fallos objeto de revisión tuvieron en cuenta las siguientes
premisas:
De
la indagatoria absuelta por Aura Cecilia Nates[98]:
1. Su
profesión era Administradora de Empresas y engañaba a sus clientes haciéndose
pasar por abogada.
2.
Hacía firmar a sus clientes las letras de cambio, pagares y contratos de
prestación de servicios por el trámite de las pensiones ante Cajanal.
3. Trabajaba
para un consorcio de abogados, en el cual su función principal era conseguir
clientes y hacerles firmar el poder para iniciar los trámites pensionales.
4. Hacía
acuerdos con los docentes para recopilar los documentos necesarios para la
pensión y dar trámite a la solicitud.
5. Los
docentes no elaboraron el formato para la reclamación de la prestación ante
Cajanal.
De
la indagatoria absuelta por Franklyn Gaviria Rosero[99]:
1. Que
conocía a la señora Aura Cecilia Nates.
2. Que
la referida conseguía clientes en Popayán y mandaba los poderes debidamente
firmados a su oficina.
3. Que
no conocía de manera personal a las accionadas.
4.
Nates Cruz era la encargada de cobrar a los docentes los honorarios y consignar
en la cuenta del consorcio esos dineros.
Con
base en esa prueba, la Sala Penal de Descongestión (Cajanal – Foncolpuertos)
del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, relevó a las acusadas del delito
de falsedad en documento público, como puede observarse en el proceso de
segunda instancia (contenido en el cuaderno principal de la demanda, folio 180)
cuyo contenido por ser fundamental para la resolución de esta controversia se
transcribe en su totalidad:
“Está
claro como lo dedujo la falladora porque no obra prueba en contrario, que a
los procesados no les asiste responsabilidad en la falsificación de los
documentos que fueron presentados a Cajanal, que ello fue obra de Nates Cruz en
asocio con Paulino Albarracín y demás miembros de la empresa criminal dirigida
por la falsa abogada por lo cual ya fueron condenados, tal y como aquella lo
admitiera en declaración,[100]
sin embargo comprometieron sumas obtenidas a través del ilícito, consintiendo
en el uso de tales documentos apócrifos para obtener un provecho ilícito y
apoderarse de dineros de la Nación.”[101]
Frente
a este elemento probatorio y de conformidad con lo expuesto, esta Sala llega a
la conclusión que el Tribunal no incurrió en la omisión probatoria que alegan
las accionantes, por el contrario la prueba fue valorada y determinante en la
tipicidad de la conducta imputada a las actoras. Del estudio de la prueba
referenciada se concluyó que las procesadas no eran culpables del delito de
falsedad en documento público.
De otra
parte, con relación al caso de la ciudadana Laura Eugenia Mopán Palacios, esta
Sala advierte que el asunto que pretende debatir por medio de esta acción de
tutela, es decir, sobre una certificación que presentó para efectos de obtener
el reconocimiento de la pensión gracia, en la cual se ocultó información relativa
a una sanción que le fue impuesta por abandono del cargo, no tiene relevancia
alguna en el sentido de la decisión que se profirió en su contra. Sobre el
particular, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de
casación del mismo proceso, estudió el mismo argumento y concluyó que a pesar
que la demandante consideró que se incurrió en un error porque, en su concepto
el Tribunal ignoró dos elementos probatorios: el certificado de Coordinación de
Control Interno Disciplinario de la Gobernación del Cauca y la copia auténtica
de la hoja de vida de Mopán Palacios, “es claro que [el reclamo]
tampoco puede admitirse a curso porque ningún argumento exhibió para demostrar cómo
ello tuvo incidencia en la decisión adoptada y cómo de haber sido apreciados el
sentido del fallo habría sido totalmente diverso y a favor de los intereses de
la acusada”.[102][103]
Así las
cosas, se observa que las entidades accionadas no incurrieron en arbitrariedad
alguna, puesto que esas pruebas no fueron tenidas en cuenta para condenar a la
accionada. Contrario a lo expuesto por ésta, su condena no se produjo por la
presentación de un certificado de tiempos de servicio. La declaratoria de
responsabilidad radica en otros elementos como la variación de su calidad de
docente nacional a nacionalizada y el pago de exageradas sumas de dinero al
consorcio de abogados para que le tramitaran el reconocimiento de la pensión
gracia, entre otros ya expuestos.
Aunado
a ello, la Corte Suprema de Justicia casó oficiosamente el fallo proferido por
el Tribunal con relación a la situación de Laura Eugenia Mopán Palacios, pues
en virtud a lo expuesto no era congruente que se le condenara por el delito de
falso testimonio, en razón a que la certificación alegada por la accionante no
fue entregada a Cajanal.
Finalmente,
sobre el argumento propuesto por las accionantes según el cual tenían derecho
al reconocimiento de la pensión gracia, esta Sala considera que es una
discusión propia de la justicia ordinaria laboral, que no tiene incidencia
alguna en el sentido de la decisión proferida, puesto que dolo de las
accionantes radicó en querer apropiarse de dineros de la Nación con medios
fraudulentos, como se expuso en su oportunidad.
A
partir de lo expuesto esta Sala encuentra que la decisión proferida por la Sala
Penal de Descongestión (Cajanal – Foncolpuertos) del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, fue debidamente motivada y que se construyó a
partir criterio lógicos y de sana crítica. De igual modo está demostrado que
las pruebas fueron valoradas en su conjunto y llevaron a los jueces a la
certeza de la culpabilidad a partir de argumentos que se muestran razonables.
Sobre
este preciso particular la Corte debe enfatizar en que el hecho que el Tribunal
haya llegado a una conclusión distinta a la del juez de primera instancia,
quien no condenó a las procesadas, no es un elemento que indique que la
valoración efectuada sea incorrecta o arbitraria, puesto que en un primer
momento se absolvió a las aquí accionantes por el hecho de existir duda sobre
la ocurrencia de los hechos. Esta situación se revirtió en segunda instancia,
cuando del análisis integral del material probatorio se concluyó que los
hechos, documentos e indicios eran suficientes para establecer la culpabilidad
de las procesadas.
De esta
manera, la Sala no encontró debidamente probado la existencia de un defecto
fáctico por omisión en la valoración de las pruebas y en ese sentido el cargo
propuesto no está llamado a prosperar.
7. La
decisión que debe adoptar la Sala en el presente caso
En
concordancia con lo expuesto, al no encontrarse acreditados los defectos
orgánico y fáctico propuestos por las accionante, frente a las providencias
judiciales proferidas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la
Sala Penal de Descongestión (Cajanal – Foncolpuertos) del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, esta Corte confirmará en su totalidad las
referidas sentencias y negará el amparo reclamado al no encontrar violación
alguna al debido proceso u otros derechos de carácter fundamental.
III.
DECISIÓN
Con
fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada por
medio de Auto del 17 de mayo de 2013, proferido por esta Sala de revisión para
decidir el asunto de la referencia.
SEGUNDO.- NEGAR el amparo de los derechos fundamentales
reclamados por las ciudadanas Lidia Mercedes Córdoba López, Laura Eugenia Mopán
Palacios y Ana Genis Córdoba López.
TERCERO.- CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencias
proferidas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 17 de noviembre
de 2011 y la Sala Penal de Descongestión (Cajanal – Foncolpuertos) del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 20 de mayo de 2010, dentro del
proceso penal adelantado contra las ciudadanas Lidia Mercedes Córdoba
López, Laura Eugenia Mopán Palacios y Ana Genis Córdoba López, con ocasión a
delitos cometidos contra Cajanal, relacionados con el reconocimiento de
pensiones.
CUARTO.- LÍBRENSE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional y cúmplase,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
[1]
La pensión gracia de jubilación fue consagrada mediante la Ley 114 de 1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan
prestado sus servicios en el Magisterio por un término no menor de 20 años;
dicha normatividad establece condiciones especiales en materia pensional sobre
la cuantía, la posibilidad de acumular servicios prestados en diversas épocas,
los requisitos que deben acreditarse y ante quién deben comprobarse. El
artículo 6º de la Ley 116 de 1928, extendió el beneficio de la pensión gracia a
los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción
pública.  Consagró ésta norma, que para el cómputo de los años de servicio, se
podrán sumar los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la
enseñanza primaria como en la normalista, al igual que el laborado en la
inspección. El artículo 3º inciso segundo de la Ley 37 de 1933, amplió el reconocimiento de la pensión gracia, a los maestros que hayan
completado los años de servicio señalados en la ley, en establecimientos de
enseñanza secundaria. Por último, el literal a) del numeral 2 del artículo 15
de la Ley 91 de 1989, preceptúa que los docentes vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980, que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y
cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081
de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aun en el
evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación. Se colige, hasta ahora, que la pensión gracia no
puede limitarse a los maestros de primaria, como se concibió en un principio,
sino que ella cobija a aquellos que hubieren prestado servicios como docentes o
empleados normalistas o inspectores educativos, y que el tiempo de servicios
puede completarse, en todos los casos, con el prestado en educación secundaria
o, incluso, puede haberse laborado sólo en este nivel.
[2]
Cuaderno principal de la demanda, folio 218 – 220.
[3]
Por medio de Auto del 30 de marzo de 2007.
[4] Ley 600 del 2000, artículo 400: “Con la ejecutoria de
la resolución de acusación comienza la etapa del juicio y adquieren competencia
los jueces encargados del juzgamiento y el Fiscal General de la Nación o su delegado la calidad de sujeto procesal.
Al
día siguiente de recibido el proceso por secretaría se pasarán las copias del
expediente al despacho y el original quedará a disposición común de los sujetos
procesales por el término de quince (15) días hábiles, para preparar las
audiencias preparatoria y pública, solicitar las nulidades originadas en la
etapa de la investigación y las pruebas que sean procedentes.”
[5]
Auto del 21 de agosto de 2007
[6]
Radicada el 18 de septiembre de 2007.
[7]
“está demostrada la responsabilidad de los procesados en los delitos de
peculado por apropiación en calidad de intervinientes, uso de documento público
falso, fraude procesal y falso testimonio, pues no se configuró ninguna de las
causales de ausencia de responsabilidad enlistadas en el artículo 32 del Código
Penal, ya que obraron de manera voluntaria, consciente con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de pensiones de gracia a sabiendas de no llenar los
requisitos exigidos por la Ley, en detrimento del patrimonio económico de la Nación, la Fe Pública y la Recta y Eficaz Impartición de Justicia tutelados por el legislador,
por lo que se revocará parcialmente en los términos aludidos en la decisión y
se proferirá fallo de condena.” (cuaderno principal de la demanda, folio
141)
[8]
“Haberse obligado por el 100% del valor del retroactivo deja en evidencia
que estaba seguro de que la resolución saldría en su favor por una cantidad
millonaria, como así ocurrió (sic), descartándose que haya actuado de buena fe
o bajo engaño, pues si carecía de medios de subsistencia según su condición
socio económica, no entiende la Sala cómo es que compromete la totalidad de las
mesadas atrasadas.”. (Cuaderno principal de la demanda, folio 131).
[9]
Teniendo en cuenta que al momento de resolver el caso concreto la Sala hará un estudio detallado de los argumentos planteados por la Sala de Casación Penal, esta Sentencia sintetizará en dicho apartado las razones de las
decisiones proferidas por la autoridad judicial accionada, para cada uno de los
expedientes objeto de revisión, esto es, T-3731415, T-3731416, T-3731417.
[10] Artículo 77: “Los jueces
de circuito conocen: 1. En primera instancia: a) De los procesos penales contra
los alcaldes, cuando la conducta punible se haya cometido en ejercicio de sus
funciones o por razón de ellas, y b) De los delitos cuyo juzgamiento no esté
atribuido a otra autoridad.”
Artículo 91: “Cuando deban
investigarse conductas punibles conexas conocerá de ellas el funcionario de
mayor jerarquía de acuerdo con la competencia por razón del fuero legal o la
naturaleza del asunto; si corresponden a la misma jerarquía será factor de
competencia el territorio, en forma excluyente y preferente en el siguiente
orden: donde se haya cometido el delito más grave; donde se haya realizado el
mayor número de delitos; donde se haya producido la primera aprehensión o donde
se haya proferido primero apertura de instrucción.”
[11] Ley 600 de 2000,
artículo 306: “Son causales de nulidad: 1. La falta de competencia del
funcionario judicial.
Durante la investigación no
habrá lugar a nulidad por razón del factor territorial. 2. La comprobada
existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. 3. La
violación del derecho a la defensa
[12] En su criterio no se
tuvieron en cuenta: i) Certificado expedido por la Gobernación del Cauca Secretaría Administrativa y Financiera Unidad de Personal Oficina de
Kardex; ii) Interrogatorios de Aura Cecilia Nates y Franklin Gaviria Rosero.
[13] Certificado de tiempos
de servicio perteneciente a Laura Eugenia Mopán Palacios.
[14] Cuaderno principal de la
demanda. Folios 16 – 26.
[15] AZ-1 Folio 210 – 142;
AZ-2 Folio 24 -32, 33 a 51, 397, AZ-3 Folio 44-60; AZ-4 Folio 283-297; AZ-5
Folio 23, Folio 234 a 251; AZ-6 Folio 492-493.
[16] Cuaderno principal de la
demanda, folio 16.
[17] Ibíd.
[18]Lidia Mercedes Córdoba a
la pena de 66 meses de prisión por los delitos de Peculado por
apropiación en grado de tentativa, fraude procesal y uso de documento público
falso; Laura Eugenia Mopán Palacios a 93 meses de prisión
por los delitos de falso testimonio en calidad de autora, interviniente
a título de determinadora de peculado por apropiación y coautora de uso de
documento público falso y fraude procesal; y a Ana Genis Córdoba López a 83
meses de prisión y multa de 36.632.500 pesos, así como al pago de diez (10)
salarios mínimos legales mensuales vigentes y setenta (70) meses de
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas,
[19] Por medio del referido
Auto se estableció que, cuando la Corte Suprema de Justicia no admita a trámite una acción de tutela contra una de sus providencias
[20] Cfr.
Sentencia T-156 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, en el que la Corte concluyó que se encontró acreditado el defecto fáctico por la falta de análisis del
Tribunal Administrativo de Bolívar de las providencias del Consejo de Estado
sobre la jurisdicción competente y las consecuencias sobre la caducidad de la
acción de reparación directa. Sentencia T-1112 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño. En donde este Despacho estudió la configuración de una vía de hecho
por desconocimiento del precedente jurisprudencial pues se había desvinculado a
un servidor público en provisionalidad sin motivación. En el mismo sentido, se
puede consultar la sentencia T-018 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño, en la que la Corte dejó sin efectos una decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que negaba el reconocimiento de la pensión de
invalidez al aplicar una norma que había sido declarada inexequible pero que al
momento de la estructuración de la invalidez se encontraba vigente.
[21] Sentencia T-757 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[22] Al respecto
ver sentencia T-018 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño
[23] Se trata de
una exposición sintetizada de la sentencia C-590 de 2005.
[24] “En la citada norma superior (artículo 86 C.P.) es evidente que el constituyente no realizó distinciones entre los distintos ámbitos de la
función pública, con el fin de excluir a alguno o algunos de ellos de la
procedencia de ese mecanismo de protección de los derechos fundamentales.
Precisamente por ello en la norma superior indicada se habla de  “cualquier”
autoridad pública.  Siendo ello así, la acción de tutela procede también contra
los actos que son manifestación del ámbito de poder inherente a la función
jurisdiccional y específicamente contra las decisiones judiciales, pues los
jueces y tribunales, en su cotidiana tarea de aplicación del derecho a
supuestos particulares, bien pueden proferir decisiones que se tornen
constitucionalmente relevantes por desbordar el estricto marco de aplicación de
la ley y afectar derechos fundamentales”. Cfr. Sentencia C-590 de 2005
(M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[25] “La procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales está legitimada no sólo por la Carta Política sino también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana de Derechos Humanos”. Ibíd.
[26] Sobre los
conceptos de ratio decidendi y obiter dicta, consultar la sentencia SU-047 de
1999  (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[27] “Al proferir la Sentencia C-593-92, la decisión de la Corte no fue excluir la tutela contra decisiones
judiciales”. Cfr. Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
[28] Siempre,
siguiendo la exposición de la Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[29] Sentencia C- 590 de 2005 M.P, Jaime Córdoba Triviño.
[30] Cfr. Sentencia T-722 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[31] Hace
referencia a la carencia absoluta de competencia por parte del funcionario que
dicta la sentencia.
[32] Cuando se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o en los fallos que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión. (Ver, Sentencia C-590 de 2005); igualmente, los fallos T-008 de 1998 M.P. (Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-079 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[33] El defecto
procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial se aparta por
completo del procedimiento legalmente establecido. Al respecto, ver sentencias
T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa), T-196 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-996 de 2003 M.P. (Clara Inés Vargas Hernández), T-937 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda).
[34] Referido a
la producción, validez o apreciación del material probatorio. En razón a la
independencia judicial, el campo de intervención del juez de tutela por defecto
fáctico es supremamente restringido.
[35] También
conocido como vía de hecho por consecuencia, hace referencia al evento en el
cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte del funcionario
judicial, se produce una decisión violatoria de derechos fundamentales, bien
sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración entre los órganos del poder
público. Ver, principalmente, sentencias SU-014 de 2001 (M.P. Martha Victoria
Sáchica Hernández), T-1180 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y SU-846
de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[36] En tanto la
motivación es un deber de los funcionarios judiciales, así como su fuente de
legitimidad en un ordenamiento democrático. Ver T-114 de 2002 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett).
[37] “(se
presenta cuando) la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance”. Ver sentencias SU-640 de 1998 y SU-168 de
1999.
[38] Cuando el
juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario a la
constitución, sentencias SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000 (M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez) y T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), o cuando no
se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber
sido solicitada por alguna de las partes en el proceso. Ver, sentencia T-522 de
2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[39] Ver
Sentencia T-701 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
[40] Es decir,
que las sentencias judiciales deben tener un mínimo de justicia material,
representado en el respeto por los derechos fundamentales.
[41] Sentencia
C-590 de 2005. (M.P. Jaime Córdoba Triviño). En el mismo sentido, sentencia
T-701 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
[42] Sentencia T-757 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[43] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencia T-1057 de 2002. M. P. Jaime Araújo Rentaría.
[44] Sentencia
T-929 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[45] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencia T-446 de 2007. M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[46] Sentencia
T-929 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[47] Sentencias SU-159 de 2002 M.P Alfredo Beltrán Sierra, T-302 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-510 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[48] El
ejercicio epistemológico que precede al fallo es un tarea que involucra, no
solo la consideración acerca de las consecuencias jurídicas que, en materia
probatoria, impone el ordenamiento jurídico positivo, sino también la
valoración que de los hechos del caso realice el funcionario judicial, a partir
de su propia experiencia y de su conocimiento sobre el área del derecho
correspondiente, tópicos que suelen reunirse bajo el concepto de sana
crítica. Sentencia T-310 de 2009, M.P, Luis Ernesto Vargas Silva.
[49]
Sentencia T-790 de 2010 M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[50] Ver, entre otras, las
sentencias T-231 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-442 de 1994. (M.P.
Antonio Barrera Carbonell), T-567 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-008
de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes  Muñoz), SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa), T-025 de 2001, T-109 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra) y T-639  de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[51] Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-159 de 2002, se define el defecto fáctico como “la aplicación del derecho sin
contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal a partir de
pruebas válidas”.
[52] Cabe resaltar que si
esta omisión obedece a una negativa injustificada de practicar una prueba
solicitada por una de las partes, se torna en un defecto procedimental, que
recae en el ejercicio del derecho de contradicción.
[53]
Sentencia T-078 de 2010, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
[54] Ibidem.
[55]Sentencia T-239 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Para la Corte es claro que, “cuando un juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera
determinante en su decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en
cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada
procede la acción de tutela. La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura
deliberada del equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta
indefensión frente a las determinaciones que haya de adoptar el juez, en
cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales
para su causa, son excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora,
fortaleciendo injustificadamente la posición contraria”.
[56]Sentencia T-576 de 1993 M.P. Jorge Arango Mejía y T-078 de 2010.
[57]Sentencia T-442 de 1994 M.P. Antonio Barrera Carbonell y T-078 de 2010.
[58] Sentencias T-538 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa se explico de la siguiente manera: “(ii) Se produce  un defecto fáctico en una
providencia, cuando de la actividad probatoria ejercida por el juez se
desprende, - en una dimensión negativa -, que se omitió la “valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez. En esta situación se incurre cuando se produce “la negación o
valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba  que se presenta
cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración,  o cuando
sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente”. En una dimensión positiva, el defecto
fáctico tiene lugar, cuando “la valoración de pruebas igualmente esenciales
que el juzgador no se puede apreciar, sin desconocer la Constitución”. Ello ocurre generalmente cuando el juez “aprecia pruebas que no ha debido
admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas
(artículo 29 C.P.).  En estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una
acción de tutela  por vía de hecho cuando se “observa que de una manera manifiesta,
aparece arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la
correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
“debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo
debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia”.
[59]Esta posición fue
reiterado en sentencias T-902 de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-1065 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T- 458 de 2007 M.P. Alvaro Tafur Galvis, T-078 DE 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-288 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-513 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio,  T-465 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-118 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[60] Sentencia
T-310 de 2009, M.P, Luis Ernesto Vargas Silva.
[61] Sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[62] En la sentencia T-055 de 1997[62], la Corte  determinó que, en tratándose del análisis
del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y
trascendencia.
[63] “En el plano de lo
que constituye la valoración de una prueba, el juez tiene autonomía, la cual va
amparada también por la presunción de buena fe” Sentencia T-336 de 1995
(M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), reiterada por la T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[64] Sobre el particular, ha señalado la Corte:“(…) al paso que el juez ordinario debe partir de la inocencia plena del implicado,
el juez constitucional debe hacerlo de la corrección de la decisión judicial
impugnada, la cual, no obstante, ha de poder ser cuestionada ampliamente por
una instancia de mayor jerarquía rodeada de plenas garantías” (Sentencia
T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). Reiterada en la sentencia T-636 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[65] Ibid.
[66] Ibíd.
[67] Ver capítulo 3, pág. 15.
[68] La Sala considera que las accionantes son sujetos de especial protección en razón a su edad. (Lidia
Mercedes Córdoba López, de 61 años; Laura Eugenia Mopán Palacios, de 65 años;
Ana Genis Córdoba López, de 64 años).
[69] Sentencias T-158 de 2006 M.P., Humberto Antonio Sierra Porto; Sentencia T-158 de 2011, M.P., Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
[70] De conformidad con la jurisprudencia de esta Sala,
específicamente la Sentencia T-062 de 2013, la acción de tutela, debe ser presentada,
de manera general, dentro de un término oportuno, justo y razonable, “dentro del cual se presuma que la
afectación del derecho fundamental es inminente y realmente produce un daño
palpable.” Tratándose de tutela contra decisiones judiciales el análisis
sobre la oportunidad se hace más exigente y se incrementa la carga
argumentativa para el demandante. No existe un parámetro que permita establecer a priori el plazo razonable para la
interposición, pero sí criterios que pueden ayudar a establecer la
razonabilidad del plazo como son: la carga desproporcionada de interposición de
la tutela respecto de la situación de indefensión del accionante, la afectación
de derechos de terceros, la justificación para la interposición tardía; la vulneración
prolongada en el tiempo. (Corte Constitucional, Sentencias SU-961 de
199M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-1229 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero), T-173 de 2002 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-797 de 2002
(M.P. Jaime Córdoba Triviño); T-558 de 2002, T-684 de 2003, T-1000 de 2006,
T-1050 de 2006, T-1056 de 2006, T-185 de 2007 y T-364 de 2007  (M.P. Jaime
Araújo Rentaría); T-681 de 2007 (Manuel José Cepeda Espinosa) , T-095 de 2009
(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-265 de 2009 (Humberto Antonio
Sierra Porto), entre muchas otras).
[71] Cuaderno segunda
instancia, folios 7 al 15, o folios 167 a 175 del Cuaderno original, juicio número 4.
[72] Cuaderno principal de la
demanda. Primera instancia, folio 219.
[73] Ibíd., folio 220.
[74] Ibíd., folio 220.
[75] Cuaderno principal de la
demanda. Folio 187. Proceso No. 2007-000271-03. Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá. Sala Penal. M.P. Esperanza Najar Moreno.
[76] Ibíd.
[77] Folios. 30 C.O. 21, 47. C.O. 13, 120 C.O. 12 y SS.
[78] Óp. Cit. Folio 188.
[79] Cuaderno del Tribunal,
folios 53 y 54.
[80] Cuaderno del Tribunal,
folio 16 del proveído.
[81] Cuaderno principal de la
demanda. Sentencia de Casación 37695. Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Folio 18.
[82] Cuaderno primera
instancia, folios 4-8. Sentencia Causa 2007-0271.
[83] Cuaderno segunda
instancia, folio 18. Proceso No. 2007-000271-09.
[84] Ibíd. Folio 18, 24.
[85] Ibíd. Folio 18.
[86] Ibíd. Folio 21.
[87] Ibíd. Folio 17.
[88] Ibíd. Folio 20.
[89] Ibíd. Folio 23.
[90] Ibíd. Folio 18, 20, 22,
26.
[91] Ibíd. Folio 25.
[92] Ibídem.
[93] Cuaderno segunda
instancia, folio 20. Proceso No. 2007-000271-09
[94] Ibíd. Folio 21.
[95] Ibíd. Folio 22.
[96] Ibíd. Folio 17.
[97] Ibíd. Folio 25.
[98] Cuaderno acción de
tutela. Folio 22.
[99] Prueba testimonial
recaudada en audiencia pública del 19 de junio de 2008 por el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá (Foncolpuertos – Cajanal) en la
etapa de juicio del proceso penal No. 20070271 obrante en el cuaderno de juicio
original #6 folios 229 a 246.
[100] Subrayas nuestras.
[101] Cuaderno segunda
instancia, folio 25. Proceso No. 2007-000271-09
[102] Casación 37.695. Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia. Folio 97.
[103] Subrayas nuestras.