T-516-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-516/08
Referencia: expediente T- 1641707
Acción de tutela instaurada por Jaime
Torralvo Suárez contra el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Montería.
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ.
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil ocho
(2008).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, JAIME ARAÚJO
RENTERÍA y MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, en particular las contenidas en los artículos 86 y
241, numeral 9, de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, profiere la
siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los
fallos proferidos por la Sub-sección ‘B’ de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por
Jaime Torralvo Suárez contra el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Montería.
I. ANTECEDENTES.
El señor Jaime Torralvo Suárez, a través
de apoderado especial, interpuso acción de tutela contra el Consejo Nacional
Electoral y el Tribunal Superior de Montería, por considerar que dichas
autoridades colegiadas incurrieron en violación de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder
político, al desarrollar actuaciones que dieron lugar
a la posesión como Gobernador del Departamento de Córdoba del señor Libardo
José López Cabrales, desconociendo su condición de Mandatario Departamental, electo y en ejercicio,
en dicho ente territorial. Para fundamentar su petición expuso los
siguientes
1. Hechos.
Manifiesta que el 26 de
octubre de 2003, el señor Libardo José López Cabrales fue elegido Gobernador
del Departamento de Córdoba para el periodo constitucional 2004-2007, ocupando
el cargo hasta cuando quedó en firme la sentencia de agosto 24 de agosto de
2005 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, la cual decidió en única
instancia las demandas de nulidad electoral formuladas en su contra
(expedientes acumulados 3229 y 3230), declarando la nulidad del acto de
elección, esto es, el Acuerdo N° 003 de diciembre 17 de 2003 del Consejo Nacional
Electoral y cancelándole a aquél  la credencial respectiva.
Señala que ante la ejecutoria y firmeza de
la anterior decisión, mediante decreto 563 de febrero 23 de 2006, el Gobierno
Nacional convocó para el día 09 de abril de 2006 nuevas elecciones con el fin
de elegir Gobernador para el periodo restante que culminaba el 31 de diciembre
de 2007, a las cuales se presentó como candidato, resultando elegido y tomando
posesión el 17 de abril de 2006.
Dice que contra la sentencia de agosto 24
de 2005, el señor López Cabrales instauró acción de tutela, la cual fue
rechazada por improcedente mediante sentencia de octubre 20 de 2005 de la
Sección Primera del Consejo de Estado.
Comenta que al no ser impugnada la
sentencia de tutela mencionada, fue remitida a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, siendo seleccionada al efecto. Que en sentencia T-284 de
abril 05 de 2006, la Sala Octava de Revisión, decidió:
“Primero.- REVOCAR
la sentencia de tutela proferida por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso
Administrativo- del H. Consejo de Estado, el veinte (20) de octubre del año dos
mil cinco (2005), que decidió negar el amparo de los derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso (art. 29 C.P.), a ser elegido y a ejercer
cargos públicos (art. 40
C.P.) invocados por el ciudadano Libardo José López Cabrales, y en su lugar CONCEDER
el amparo solicitado.
Segundo.- Como consecuencia de lo
anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 24 de agosto de 2005,
proferida por la Sección Quinta -Sala de lo Contencioso Administrativo- del H.
Consejo de Estado, que declaró la nulidad del acto de elección del señor
Libardo José López Cabrales como Gobernador del Departamento de Córdoba, para
el periodo constitucional 2004-2007 y canceló su credencial para actuar como
Gobernador expedida por la Organización Electoral.
Tercero.- ORDENAR a título de restablecimiento de los derechos fundamentales
conculcados al ciudadano Libardo José López Cabrales, sea reintegrado a su
cargo de Gobernador del Departamento de Córdoba, a fin de culminar su período
constitucional, sin perjuicio de que se haya o no adelantado un nuevo proceso
electoral para elegir gobernador. Para estos efectos infórmese a la Organización
Nacional Electoral”.
Menciona que la sentencia de revisión fue
comunicada al Consejo de Estado y al Consejo Nacional Electoral mediante los
oficios de junio 14 y 20 de 2006, respectivamente.
Afirma que el 21 de junio de 2006, el
Consejo Nacional Electoral “pretendiendo dar cumplimiento al fallo en que
ninguna orden se impartió para cumplimiento a cargo suyo” y arrogándose
“la función que la ley inequívocamente atribuye como competencia exclusiva
del juez de instancia en el procedimiento de tutela”, expidió el Oficio
CNE-P-352 dirigido al Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Montería, informando que en sesión de la fecha, por unanimidad dicho Consejo
había determinado “solicitar a los señores magistrados del Tribunal Superior
de Montería el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional” y
expidió el Oficio CNE-P-350 dirigido al señor Libardo José López Cabrales
informando sobre lo dispuesto en el anterior.
Cuenta que en respuesta a una solicitud
formulada por el Ministerio del Interior y de Justicia de “fijar su posición
respecto a la actual validez o no del acto de elección del Gobernador de Córdoba
realizado el 9 de abril de 2006 y la credencial entregada por el Consejo
Nacional Electoral, como consecuencia de los resultados electorales”, el
Consejo Nacional Electoral expidió el Boletín de Prensa N° 09 donde consignó
que había solicitado al Tribunal Superior de Montería, el cumplimiento de la
sentencia T-284 de 2006, conforme al artículo 92 del decreto 1222 de 1986.
Sostiene que además de la incompetencia
del Consejo Nacional Electoral para actuar en la forma como lo hizo, la
interpretación que este organismo dio al fallo de revisión fue inadecuado, pues
otorgó a la locución adverbial “sin perjuicio” utilizada por la Corte en
la sentencia T-284 de 2006 un sentido contrario al que le está adjudicado en el
habla castellana. Agrega que el organismo electoral parece haber entendido la
mencionada locución como si se impusiera el reintegro en cualquier hipótesis,
aún si para el momento se hubiera producido el reemplazo del señor López
Cabrales mediante una elección constitucionalmente realizada, lo cual
implicaría atribuirle un “alcance constitucionalmente imposible de ordenar
el atropello a la voluntad popular del pueblo de Córdoba” que ya lo había
elegido a él como nuevo gobernante. Que si tal hubiera sido el mandato de la
Corte, no lo habría expresado mediante salvedad, que imprime a la frase un
alcance diverso.
Relata que el 22 de junio de 2006,
siguiendo la instrucción del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Montería dio posesión al señor López Cabrales como
Gobernador de Córdoba, “no obstante la inexistencia de vacante por estar a
la sazón en ejercicio legal de dicho cargo el Gobernador elegido el 9 de abril
inmediatamente anterior”.
Afirma que el día en que se posesionó el
señor López Cabrales, la Asamblea Departamental de Córdoba se encontraba
reunida en desarrollo del segundo periodo ordinario anual de sesiones previsto
por la ley 617 de 2000, por lo que considera que la posesión fue ilegal, pues
la competencia del Tribunal es subsidiaria, según el artículo 92 del decreto
1222 de 1986. Agrega que el yerro del Tribunal y del posesionado “corrobora
la relación de causa a efecto que media entre las instrucciones impartidas por
el CNE y la actuación irregular del Tribunal”.
Asegura que fue desplazado ilegalmente del
desempeño de su cargo de Gobernador en ejercicio “sin que previamente
hubiera sido anulado su título ni demeritada en forma alguna la elección que le
discernió el Cuerpo Electoral. (…) Ni la convocatoria de los comicios
celebrados el 9 de abril de 2006 en el Departamento de Córdoba, ni los
resultados electorales, ni la declaratoria de elección del candidato JAIME
TORRALVO SUAREZ fueron jamás objeto de demanda alguna, ni por la vía
contencioso administrativa, la única jurídicamente viable para afectar la
elección, ni por cualquier otro procedimiento”.
Conforme a lo anterior, solicita:
“1. Declarar nulas y sin ningún efecto las
comunicaciones mediante las cuales el CNE determinó la toma de posesión de la
Gobernación de Córdoba por parte del doctor LIBARDO JOSÉ LÓPEZ CABRALES, cuyo
título fue anulado en virtud de Sentencia de la Sección Quinta de la Sala
Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, así como declarar nulo y sin
efecto el acta de posesión celebrado ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Montería el día 22 de junio de 2006.
2. A título de restablecimiento al doctor
JAIME TORRALVO SUÁREZ de los derechos fundamentales conculcados por los actos
cuya nulidad se establece, disponer que la Asamblea Departamental de Córdoba (o
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería en caso de que aquella
corporación no se encuentre reunida a la sazón del fallo o de su cumplimiento),
dé posesión al Gobernador electo, doctor JAIME TORRALVO SUÁREZ, para que ejerza
el cargo por el resto del período constitucional hasta su terminación natural
hasta el 31 de diciembre de 2007.
3. Comunicar el fallo, a fin de que presten
su concurso al cumplimiento del mismo en lo que corresponda a sus respectivas
funciones, al señor Presidente de la República, al Ministro del Interior y de
Justicia, al Presidente de la Asamblea Departamental de Córdoba y al Presidente
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, a quien además se le
debe notificar en su condición de autoridad tutelada”.
2. Trámite procesal.
Mediante Auto de noviembre 27 de 2006, el Magistrado
Ponente de la Sala Sección Tercera -Subsección B- del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, admitió la demanda y dispuso el traslado de la misma a las autoridades
accionadas para que se pronunciara sobre los hechos allí consignados.
Durante el trámite de primera instancia, la Red de
Veedores y Veedurías Ciudadanas de Colombia, presentó escrito de coadyuvancia a
la tutela presentada por el actor, exponiendo similares argumentos a los
señalados en la demanda y solicitando “se amparen los
derechos constitucionales fundamentales vulnerados al accionante Dr. Jaime
Torralvo Suárez, (…) y de los ciudadanos que conforman el censo electoral”, al considerarse colateralmente afectados
por las actuaciones controvertidas mediante la acción de tutela.
Igualmente, en el curso de la segunda instancia, el
Magistrado sustanciador del proceso, mediante Auto de febrero 23 de 2007, para mejor proveer ordenó
vincular al señor Libardo José López Cabrales, como tercero interesado en las
resultas del proceso.
2.1. Respuesta del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Montería.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Montería, por intermedio de su Presidente, a través de oficio de noviembre 29
de 2006, solicitó desestimar
la tutela por improcedente, dado que sobre estos hechos “se pronunciaron los Juzgados Primero, Segundo y Tercero Penal del
Circuito de Montería, mediante providencias de fechas 15 de agosto y 30 del
mismo mes y año, el primero y último; desconociendo en el momento la fecha de
la providencia del Juzgado faltante. En la primera decisión se decidió NEGAR
POR IMPROCEDENTE la tutela instaurada, y en las subsiguientes, se abstuvieron
los despachos de hacer pronunciamiento sobre el tema planteado por existir
decisión de fondo que ponía fin a lo debatido”.
Posteriormente, durante el trámite de segunda
instancia, mediante oficio de marzo 16 de 2007, el Presidente del Tribunal
complementa su respuesta señalando que la posesión del señor López Cabrales, no
puede considerarse como ilegal, pues el artículo 92 de Decreto 1222 de 1986,
dispone que los Gobernadores de los departamentos, se posesionan ante las Asambleas
Departamentales y en su defecto ante el Tribunal Superior. Por tanto, considera
que el legislador quiso dar varias opciones para tomar posesión a quien por
haber sido electo, tiene derecho a ocupar el cargo, ya sea porque la Asamblea
no se encuentre en sesiones o se abstenga o dilate en el tiempo la respectiva
posesión.
Dice que independientemente de que se comparta o no
la sentencia T-284 de 2006 de la Corte Constitucional, y sin pretender tomar
partido en la disputa entre el Gobernador saliente y el entrante, debe
recordarse que la Constitución de 1991 creo la acción de tutela para
efectivizar los derechos reconocidos a las personas en el ordenamiento
superior, que se materializan con el obligatorio cumplimiento de las decisiones
de los jueces constitucionales, por lo que en este caso el juez de tutela “no puede estar sujeto a interpretaciones que permitan que el estado
de cosas que pretendió remediar continúen como si no se hubiese interpuesto la
acción. Esa no fue la filosofía que inspiró al constituyente”.
Agrega que resultaba razonable que el señor López
Cabrales tomara posesión del cargo como Gobernador, pues además de las
comunicaciones dirigidas por el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal “tenía copia del fallo de tutela que le amparaba sus derechos
fundamentales” y ordenaba su
reintegro, no pudiendo el Tribunal “entrar a discutir
si la decisión de la Corte Constitucional era o no ajustada a derecho”. Además, expone que del cumplimiento de
la sentencia de revisión, no resultaba lógico que además del reintegro al cargo
de Gobernador al señor López Cabrales, se desprendiera que “continuaría en el mismo cargo, sin solución de continuidad el Dr.
Jaime Torralvo”.
2.2. Respuesta del Consejo Nacional Electoral.
El
Consejo Nacional Electoral, a través de su Asesor Jurídico, mediante escrito de
diciembre 1° de 2006, se opuso a la prosperidad de la demanda. Considera que las
actuaciones efectuadas por el organismo colegiado no desconocen los derechos
invocados por el actor, pues a la entidad no le asistió interés distinto “a cumplir el fallo de la Honorable Corte
Constitucional T-284 de 2006, por tratarse de un asunto conexo con las
elecciones y con la atribución que le corresponde de velar por el desarrollo de
los procesos electorales, en condiciones de plenas garantías –numeral 5° del artículo
265, máxime que el doctor Libardo López Cabrales hizo llegar a esta Corporación
copia del fallo con el fin de que se surtiera lo correspondiente”.
Sostiene
que las comunicaciones del organismo que pretende dejar sin efectos el
accionante, “no tienen el
carácter de acto administrativo”, pues con estas “no se surten efectos jurídicos, los que ya habían sido generados por
la decisión en cuyo cumplimiento actuó el Consejo Nacional Electoral”. Agrega que ellas
simplemente muestran “la
gestión de esta Corporación –por tratarse de un asunto electoral- en estricto
cumplimiento de un fallo de tutela, máxime tratándose de una revisión de la
Corte Constitucional”.
Asimismo,
sostiene que las pretensiones del actor están dirigidas a dejar sin efectos las
actuaciones de los entes accionados, las cuales “no deben ser ventiladas y decididas a través de una
acción de tutela, por cuanto su objeto no está dirigido a la protección de un
derecho fundamental sino a atacar un acto administrativo, súmase a lo anterior
que para el logro de la nulidad de los actos administrativos, supuestamente
afectados de nulidad, existen acciones propias de la jurisdicción contencioso
administrativa, máxime que ni siquiera se insinuó la existencia de un perjuicio
irremediable, mucho menos se probó el mismo”.
2.3. Respuesta del señor Libardo José López Cabrales.
El señor Libardo José López Cabrales, a través de
apoderado, anteponiendo su “interés legítimo en esta
demanda de tutela”, en
escrito de febrero 28 de 2007, solicita
se deniegue la tutela incoada, al estimar que lo realmente demandado con la
acción es la sentencia T-284 de 2006 de la Corte Constitucional, lo cual es
improcedente.
Puntualiza que las comunicaciones emitidas por el
Consejo Nacional Electoral no son actos administrativos, pues no tienen la
virtualidad de crear, modificar o extinguir una situación jurídica.
Refiere que en el evento de considerarse como actos
administrativos las comunicaciones atacadas, “no sería
la tutela la vía adecuada para demandar su nulidad. Pues bien se ha dicho por
diferentes corporaciones judiciales que para esta clase de acción de nulidad de
los actos administrativos existe la vía ordinaria contenciosa”. Agrega que la tutela no fue presentada como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual incluso no
fue alegado ni probado.
Señala
que el actor ya había formulado otra tutela contra la Corte Constitucional y
contra la Organización Nacional Electoral, la cual fue resuelta en segunda
instancia por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura.
II. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISION.
1. Decisión de primera instancia.
La Subsección “B” de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en sentencia de diciembre 06 de 2006, decide
denegar el amparo solicitado. Luego de transcribir apartes de la sentencia
T-284 de abril 05 de 2006 de la Corte Constitucional que resolvió la acción de
tutela presentada por el señor Libardo José López Cabrales contra la sentencia
de agosto 24 de 2005 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, señala que
cuando la Corte allí dispuso que el amparo se otorgaba “sin perjuicio de que
se hubiere o no adelantado con anterioridad un proceso electoral para elegir
Gobernador”, el reintegro del señor López Cabrales “debía hacerse a
pesar de haberse llevado a cabo un nuevo proceso electoral”, razón por la
cual debía darse cumplimiento a la decisión, más aún cuando la Corte
Constitucional “hizo claridad respecto del reintegro y del proceso electoral
que pudo haberse llevado a cabo con anterioridad (sic) a la sentencia, además,
en la parte motiva de la misma se dejó claro que la decisión tomada se apartaba
de aquella tomada en decisiones tales como las sentencias SU-640 de 1998 y
SU-168 de 1999”.
Igualmente, refiere a las comunicaciones del Consejo
Nacional Electoral, estimando que ellas se profirieron en cumplimiento de la
sentencia de tutela y no se evidencia que hayan violado ningún derecho
fundamental del actor. Idéntica consideración hace en torno al acto de posesión
del señor López Cabrales, de lo cual concluye que se realizó en cumplimiento de
una orden judicial, no existiendo fundamento para dejarlo sin efecto.
Finalmente, considera que si el actor cree que “el
reintegro al cargo de Gobernador del señor Libardo López Cabrales le ocasionó
algún perjuicio, él tiene las acciones legales pertinentes correspondientes
para obtener el resarcimiento del mismo, ya que la acción de tutela no procede
cuando el actor tenga otros mecanismos judiciales para obtener la protección de
sus derechos”.
2. Decisión de segunda instancia.
Sin exponer las razones de inconformidad respecto de
la anterior decisión, el actor a través de su apoderado, la impugna.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia de marzo 22 de 2007,
decide revocar la providencia impugnada, resolviendo lo siguiente:
“AMPÁRANSE los derechos fundamentales a la
participación en la conformación, ejercicio y control del poder político y al
debido proceso del señor Jaime Torralvo Suárez consagrados en los artículos 40
y 29 de la Constitución Política, vulnerados por el Consejo Nacional Electoral
y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería. En consecuencia:
1.
DECLÁRASE sin efecto jurídico, a partir de la
notificación de esta providencia, la posesión del 22 de junio de 2006 del señor
Libardo José López Cabrales como Gobernador del Departamento de Córdoba
suscrita ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería.
2.
DECLÁRASE que el señor Jaime Torralvo Suárez, elegido
popularmente, está válidamente posesionado y acreditado como Gobernador del
Departamento de Córdoba, por lo que debe reasumir inmediatamente las funciones
propias de su cargo. Por tanto, a partir de la notificación de esta decisión,
el señor Libardo José López Cabrales, cesa en sus funciones. Por lo mismo, el
actor las reasume, sin que se requiera solemnidad adicional.
3.
COMUNÍQUESE esta decisión al señor Presidente de la
República, al Ministro del Interior y de Justicia, al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Montería, a la Asamblea Departamental de Córdoba, al
Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al
señor Libardo José López Cabrales y al actor, con el fin de que presten su
concurso al cumplimiento de esta sentencia.
4.
ORDÉNASE al Consejo Nacional Electoral que expida un
boletín de prensa en donde inserte la parte resolutiva de esta sentencia.
5.
RECONÓCESE
PERSONERÍA para actuar
al Abogado Carlos Julio Caballero López, en los términos del poder otorgado por
el señor Libardo José López Cabrales.
6.
NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más expedito.
7.
ENVÍESE a la Corte Constitucional para lo de su
cargo.
Mediante auto de mayo 03 de 2007, ante solicitud de
adición y aclaración del accionante, la parte resolutiva transcrita es
adicionada con un inciso del siguiente tenor: “NÍEGANSE las demás
pretensiones de la acción de tutela”.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, previo a
abordar el fondo del asunto, refiriéndose a la procedibilidad de la tutela, afirma
que no existe otro mecanismo de defensa judicial al cual pudiera recurrir el
actor, pues la misma no esta dirigida contra providencias judiciales ni contra
actos administrativos, sino contra las comunicaciones emitidas por el Consejo
Nacional Electoral que “son solamente solicitudes e informaciones”. Al
respecto señala:
“En efecto, del contenido de los citados oficios, no
se puede concluir que allí se exteriorice la manifestación de la voluntad
unilateral de la Administración y que adicionalmente, cree, modifique o extinga
una situación jurídica. Por ello, no pueden ser tenidos como tales, ya que no
son susceptibles de ninguna acción ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa. Así las cosas, debe rechazarse el argumento de que habría otros
mecanismos de defensa judicial. Entonces, la tutela es procedente y debe
entrarse a analizar el fondo de lo que allí se debate”.
Luego de hacer un recuento de los presupuestos
fácticos de la acción, la Sección Cuarta estima que el derecho a la
participación en la conformación, ejercicio y control del poder político, le
fue desconocido al accionante “al ser desplazado del cargo de Gobernador
electo de Córdoba y en ejercicio de sus funciones”, “sin que el acto de su
elección hubiese sido demandado ni se hubiera revocado su mandato, hecho
instruido por el Consejo Nacional Electoral y consumado por el Tribunal
Superior de Montería al posesionar al anterior gobernador cuya condición había
sido extinguida y su credencial anulada por la Sección Quinta del Consejo de
Estado en una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada”.
Para llegar a la anterior conclusión la Sección Cuarta
consideró que el Consejo Nacional Electoral omitió actuar como máxima autoridad
electoral, “pues desconoció los nuevos escrutinios que se practicaron y que
dieron lugar a declarar la elección del accionante como Gobernador del
Departamento de Córdoba”. Asimismo, que para la fecha en que se profirió la
Sentencia T-284 de 2006 de la Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional (5 de abril), ya el Gobierno Nacional había convocado a
elecciones para reemplazar al señor López Cabrales, y que a la Registraduría
Nacional del Estado Civil no le fue notificada la decisión ni recibió
comunicación alguna que le ordenara suspender el proceso electoral. Agrega que
cuando se notificó y quedó ejecutoriada la decisión de la Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional (19 de junio de 2006), ya era un hecho
cumplido y público el resultado del proceso electoral y democrático del 9 de
abril de 2006, en el que resultó elegido el señor Jaime Torralvo Suárez. En esa
medida, considera que “el acto que declaró la elección del señor Jaime
Torralvo Suárez está revestido de la presunción de legalidad, no desvirtuada
judicialmente, en ejercicio de la acción de nulidad electoral” y sobre el
cual, “la sentencia de tutela T-284 de 2006 no produce ningún efecto”.
En este orden, considera que la conducta del Consejo
Nacional Electoral desconoció los derechos fundamentales del actor, pues “como
suprema autoridad electoral debía hacer respetar el pronunciamiento del pueblo,
que eligió un nuevo Gobernador para lo cual había sido convocado, elección que
se realizó con el pleno de los requisitos de ley. La Corte Constitucional no
tomó medidas tendientes a evitar que cuatro días después de la fecha de la
providencia, se realizaran los comicios”.
De otra parte, sostiene que el Consejo Nacional Electoral se extralimitó al
solicitar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería que le diera
posesión al señor López
Cabrales, porque el artículo 92 del
Decreto 1222 de 1986 – Régimen Departamental – señala que “Los Gobernadores
de los Departamentos se posesionarán ante las Asambleas Departamentales, y en
su defecto, ante el respectivo Tribunal Superior, residente en el lugar”.
Que según esta norma, en
principio compete a la Asamblea Departamental dar posesión a los Gobernadores y
sólo a falta de ella, la posesión se surte ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial respectivo.
Además,
pone de presente que al trámite de tutela se allegó constancia suscrita por el
Secretario de la Asamblea Departamental de Córdoba quien certifica que el día
22 de junio de 2006, fecha de la posesión del señor Libardo José López Cabrales
como Gobernador del Departamento de Córdoba, esa Corporación Administrativa se
encontraba en su segundo período de sesiones ordinarias, el cual empezó el 1°
de junio de 2006 y que no existe ninguna constancia o documento –ni siquiera el
acta de posesión ante el Tribunal– en donde se indique por qué éste actuó en
defecto de la Asamblea Departamental.
Finalmente,
considera que al accionante se le vulneró su derecho al debido proceso, por las
razones que sintetiza así:
a.
Al señor Jaime Torralvo
Suárez no se le podía retirar de su cargo, sino en razón de la declaratoria de
nulidad de su elección o de la revocatoria del mandato y esto nunca sucedió. En
efecto, el acto de elección no fue anulado por organismo judicial competente y
goza de plena validez.
b.
El señor Jaime Torralvo
Suárez no pudo ejercer su derecho de defensa pues no fue vinculado en calidad
de candidato, así como ninguno de los demás, a la tutela que resolvió la Corte
Constitucional, pese a tener un interés como tercero que se vería afectado con
las resultas del proceso.
c.
Sin que mediara
requerimiento alguno o se le hubiese anulado su elección o credencial, al señor Jaime Torralvo Suárez se le ocasionó un perjuicio
irremediable porque fue despojado de su cargo el 22 de junio de 2006,
cuando se posesionó nuevamente el señor Libardo José López Cabrales ante el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, tras la información
remitida por el Consejo Nacional Electoral”.
III. PRUEBAS.
1. Pruebas relevantes aportadas en la demanda.
§  Copia del “Acta General Escrutinios Departamentales de
la Elección Atípica del Gobernador de Córdoba del 09 de abril de 2006” (folios 25
a 29).
§  Copia del Decreto 563 de 2006, por el cual se convoca
la elección de Gobernador del departamento de Córdoba (folio 30).
§  Copia de la sentencia proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado el 24 de agosto de 2005, que resolvió las demandas
promovidas contra el acto de elección del señor Libardo José López Cabrales
como Gobernador del Departamento de Córdoba (folios 31 a 79).
§  Copia del Acta de Posesión del señor Jaime Torralvo
Suárez como Gobernador del Departamento de Córdoba (Periodo 2006-2007) (folio
80).
§  Copia del Acta N° 056 de junio 21 de 2006,
correspondiente a la sesión de la fecha adelantada por la Sala Plena del
Consejo Nacional Electoral, donde se estudia una comunicación enviada a dicho
organismo por el señor López Cabrales, referente a la sentencia T-284 de 2006
(folios 88 a 117).
§  Copia de las comunicaciones CNE-350 y 351 de junio 21
de 2006, emitidas por el Presidente del Consejo Nacional Electoral y dirigidas
al señor Libardo José López Cabrales y al Presidente del Tribunal Superior de
Montería, respectivamente. Dicen:
- Comunicación CNE-P-352:
“El Consejo Nacional Electoral en su Sesión de la
fecha y con ocasión de la Sentencia No. T-284 de 2006 en la acción de tutela
instaurada por Libardo José López Cabrales contra el fallo de la Sección Quinta
Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, determinó por
unanimidad solicitar a los señores magistrados del Tribunal Superior de
Montería el cumplimiento de la Sentencia de la Corte Constitucional” (folios 86).
- Comunicación CNE-P-350:
“El Consejo Nacional Electoral en su Sesión de la
fecha y con ocasión de la Sentencia No. T-284 de 2006 en la acción de tutela
instaurada por Libardo José López Cabrales contra el fallo de la Sección Quinta
Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, determinó por
unanimidad solicitar a los señores magistrados del Tribunal Superior de Córdoba
(sic) en cumplimiento de la Sentencia de la
Corte Constitucional, dar posesión al doctor LIBARDO JOSÉ LÓPEZ CABRALES, como
Gobernador del Departamento de Córdoba” (folio 118).
§  Copia del Boletín de Prensa N° 09 de junio 28 de 2006,
del Consejo Nacional Electoral, en donde se informa lo acordado por la Sala
Plena de dicho Consejo respecto a la solicitud presentada por el Ministro del
Interior y de Justicia, de “fijar su posición respecto a la actual validez o
no del acto de elección de Gobernador de Córdoba realizado el 9 de abril de
2006 y la credencial entregada por el Consejo Nacional Electoral, como
consecuencia de los resultados electorales” (folios 119 y 120).
§  Copia del Acta de posesión del señor López Cabrales
como Gobernador del Departamento de Córdoba, ante el Tribunal Superior de
Montería el día 22 de junio de 2006 (folios 121 y 122).
§  Constancia original expedida por el Secretario General
de la Asamblea Departamental de Córdoba, de noviembre 08 de 2006, donde se hace
constar que dicho ente sesionó en forma ordinaria del 1° al 31 de junio de 2006
(folio 123).
2. Pruebas recaudadas en sede de revisión.
Para mejor proveer, esta Sala de Revisión, mediante
auto de octubre 01 de 2007 ordenó la practica de pruebas, solicitando a los Juzgados
1°, 2° y 3° Penales del Circuito de Montería informaran “si en cada despacho judicial el señor Jaime Torralvo Suárez
interpuso acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral y/o el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Montería en el año 2006, y, en caso
afirmativo, se señalen los presupuestos fácticos y las pretensiones de las
demandas, adjuntando copia de las decisiones adoptadas”. Asimismo, se solicitó a la Secretaría General del
Consejo de Estado informara “las actuaciones que a
solicitud de parte o de oficio haya adelantado dicha Sección [4°] -como juez de
primera instancia- dentro de la acción de tutela interpuesta por el señor
Libardo José López Cabrales contra la Sección Quinta de la misma Corporación,
para el cumplimiento de la sentencia T-284 de 2006, proferida por la Sala
Octava de Revisión de la Corte Constitucional dentro de dicho proceso”. A efectos de la practica de estas
pruebas, en el mismo Auto se dispuso la suspensión de términos para fallar el
presente asunto.
La Secretaría General de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, a través de oficio 6124 de octubre 08 de
2007, informó a esta Corporación que “en cumplimiento de la sentencia T-284
de 2006, proferida por la Sala Octava de Revisión (…), en esta Secretaría se
han desarrollado las siguientes actuaciones”:
“NOTIFICACIONES.
. Al señor Rafael Calixto Toncel, mediante
teleg. N° 8246 de 20 de junio de 2006.
. Al señor Libardo José López Cabrales,
mediante telegrama N° 8247 de 20 de junio de 2006.
. Al señor Presidente de la Organización
Nacional Electoral, mediante telegrama N° 8265 de 20 de junio de 2006.
[Los Consejeros de Estado de las Secciones
1°, 3° y 5° fueron notificados mediante el Acta de notificación N° 1851 de
junio 21 de 2006].
. Al señor Presidente del Consejo Nacional
Electoral, mediante telegrama N° 8805 de 4 de julio de 2006.
. Al señor Registrador del Estado Civil,
mediante tel. N° 8805 de 4 de julio de 2006.
Al señor Carlos Mario Isaza Serrano,
mediante teleg N° 8808 de 4 de julio de 2006.
. Al señor Rodrigo Molina Cardozo, mediante
teleg. N° 8809 de 4 de julio de 2006.
.Al señor Carlos Alfonso Valero Pérez,
mediante tele N° 8810 de 4 de julio de 2006.
. Al señor Emiro Jesús Madera Reyes,
mediante tel. N° 8811 de 4 de julio de 2006”.
ACTUACIONES POSTERIORES.
. El 27 de junio de 2006, se recibe derecho
de petición dirigido al Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado,
suscrito por Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
. El 28 de junio de 2006, se recibe derecho
de petición dirigido al Presidente del Consejo de Estado, suscrito por
Reginaldo Enrique Montes Alvarez, Representante a la Cámara por el Departamento
de Córdoba.
. Mediante providencia calendada 5 de julio
de 2006, el Presidente del Consejo de Estado, doctor Ramiro Saavedra Becerra,
autoriza la expedición de certificación solicitada por el señor Jorge Ignacio
Pretelt Chajub.
. El 5 de julio de 2006, mediante
providencia proferida por el Presidente del Consejo de Estado, doctor Ramiro
Saavedra Becerra, se autoriza la expedición de certificación y copia auténtica,
solicitada por el señor Reginaldo Enrique Montes.
. Con oficio N° 4867 de 14 de julio de
2006, se expide certificación dirigida al señor Montes Alvarez y con oficio N°
5171 de 26 de julio de 2006, se remite copia del derecho de petición al señor
Presidente del Tribunal Administrativo de Sucre, para que diera respuesta a los
puntos 2 y 3 de su escrito.
. El 3 de agosto de 2006, se recibe vía fax
oficio N° 2095 suscrito por Audith Pérez Martínez, Secretaria del Tribunal
Administrativo de Sucre, en el cual se informa sobre la Acción de Tutela de la
referencia” (Se anexaron copias de las notificaciones, derechos de
petición y oficios aludidos) (folios 68 a 102 del cuaderno de revisión).
Por su parte, los Juzgados 1°, 2° y 3° Penales del
Circuito de Córdoba, mediante oficios 1196, O-1853 y 1540 de octubre 17 de
2007, respectivamente, informaron a esta Corporación que una vez revisados los
libros radicadores que se llevan en cada despacho, se constató que no aparece
anotación alguna referente a acción de tutela interpuesta por el señor Jaime
Torralvo Suárez contra el Consejo Nacional Electoral y/o el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Montería (folios 45, 66 y 67 del cuaderno de revisión).
Se aportaron los fallos de tutela de fecha agosto 15 y
30, de septiembre 28 de 2006 y de enero 31 de 2007, de los Juzgados 1° Civil
del Circuito, 2° Penal del Circuito, 3° Civil del Circuito de Montería y de la
Sala de Conjueces del Tribunal Superior de Montería, que denegaron las tutelas
interpuestas por  Olga Lucía Doria Castrillón y Eliécer Doria Ferrer contra el
Presidente del Tribunal Superior de Montería (folios 129 y 130, 134 a 153, 174
a 181 y 194 a 197 del cuaderno de revisión).
IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
JURÍDICOS.
1. Competencia.
Esta
Corte es competente para revisar los fallos mencionados, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en las demás disposiciones
pertinentes.
2. Presentación del caso y
planteamiento del problema jurídico.
2.1.
El señor Jaime Torralvo Suárez
solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
participación en la conformación, ejercicio y control del poder político (C.
P., artículos 29 y 40), que considera vulnerados de una parte, por el Consejo
Nacional Electoral, en cuanto libró las comunicaciones CNE-P-352 de junio 21 de
2006 dirigida al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería y la
CNE-P-350 de la misma fecha, con destino al señor Libardo José López Cabrales,
en presunto cumplimiento de la sentencia T-284 de 2006 de la Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional que en sede de revisión, accedió a la
tutela del señor Libardo José López Cabrales y dejó sin efectos la sentencia de
agosto 24 de 2005 de la Sección Quinta del Consejo de Estado que anuló su
elección como Gobernador del Departamento de Córdoba. Y, de otra parte, por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería que el 22 de junio de 2006,
atendiendo al Consejo Nacional Electoral, lo desplazó del cargo de Gobernador
de Córdoba para el que había sido elegido popularmente, al posesionar en el
mismo cargo al señor Libardo José López Cabrales sin que se hubiera decretado
la vacancia del mismo y sin tener competencia para ello, pues según el artículo
92 del Decreto 1222 de 1986, la posesión se debía surtir ante la Asamblea
Departamental de Córdoba.
A su turno, el Tribunal accionado solicitó
desestimar la tutela por improcedente, dado que sobre estos hechos ya se habían
pronunciado “los Juzgados Primero, Segundo y Tercero Penal del Circuito de
Montería”. Asimismo, indicó que la posesión del señor López Cabrales no
puede considerarse como ilegal, pues el artículo 92 de Decreto 1222 de 1986 da varias
opciones para posesionar en el cargo de Gobernador, no siendo irrestrictamente
ante la Asamblea Departamental. Dice que resultaba razonable que el señor López
Cabrales tomara posesión del cargo como Gobernador, pues además de la
comunicación dirigida por el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal “tenía
copia del fallo de tutela que le amparaba sus derechos fundamentales” y
ordenaba su reintegro, no pudiendo el Tribunal “entrar a discutir si la
decisión de la Corte Constitucional era o no ajustada a derecho”.
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral señaló que
al organismo no le asistió interés distinto “a cumplir
el fallo de la Honorable Corte Constitucional T-284 de 2006, por tratarse de un
asunto conexo con las elecciones y con la atribución que le corresponde de
velar por el desarrollo de los procesos electorales, en condiciones de plenas
garantías –numeral 5° del artículo 265, máxime que el doctor Libardo López
Cabrales hizo llegar a esta Corporación copia del fallo con el fin de que se
surtiera lo correspondiente”.
Igualmente, sostiene que las
pretensiones del actor están dirigidas a dejar sin efectos las actuaciones de
los entes accionados, las cuales en el evento de considerarse como actos
administrativos, deben ser controvertidas ante la jurisdicción contencioso
administrativa.
El señor Libardo José López Cabrales estima que lo
realmente demandado con la presente tutela es la sentencia T-284 de 2006 de la
Corte Constitucional, lo cual resulta improcedente. Aduce que las
comunicaciones emitidas por el Consejo Nacional Electoral no son actos
administrativos, pues no crean, modifican o extinguen una situación jurídica,
pero que llegarse a la conclusión contraria, “no sería
la tutela la vía adecuada para demandar su nulidad. Pues bien se ha dicho por
diferentes corporaciones judiciales que para esta clase de acción de nulidad de
los actos administrativos existe la vía ordinaria contenciosa”. Dice que la tutela no fue presentada
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual
incluso no fue alegado ni probado. Agrega que  el actor ya había formulado otra tutela contra la
Corte Constitucional y contra la Organización Nacional Electoral, la cual fue
resuelta en segunda instancia por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura.
El a-quo denegó la tutela invocada, pues refiriéndose a la
sentencia T-284 de 2006, encontró que la Corte allí
dispuso claramente que para el restablecimiento de los derechos del señor López
Cabrales, éste debía reintegrarse al cargo “sin perjuicio de que se hubiere
o no adelantado con anterioridad un proceso electoral para elegir Gobernador”,
razón por la cual debía darse cumplimiento a la decisión, más aún cuando la Sala
de Revisión dejó claro que los obiter dicta de las sentencias SU-640 de
1998 y SU-168 de 1999, no la comprometían. Igualmente, refirió
a las comunicaciones del Consejo Nacional Electoral, estimando que ellas se
profirieron en cumplimiento de la sentencia de tutela, sin que se advirtiera
ninguna violación de los derechos fundamentales del actor. Similar
consideración hizo en torno al acto de posesión del señor López Cabrales, de lo
cual concluyó que se realizó en cumplimiento de una orden judicial, no
existiendo fundamento para dejarlo sin efecto.
Por su parte, el ad quem revocó la anterior
decisión, concediendo el amparo solicitado, dejando sin efectos “la posesión
del 22 de junio de 2006 del señor Libardo José López Cabrales como Gobernador
del Departamento de Córdoba suscrita ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Montería” y declarando que “el señor Jaime Torralvo Suárez,
elegido popularmente, está válidamente posesionado y acreditado como Gobernador
del Departamento de Córdoba, por lo que debe reasumir inmediatamente las
funciones propias de su cargo”. Dispuso además que “el señor Libardo
José López Cabrales, cesa en sus funciones”.
El ad quem advirtió que en este caso no
procedía otro mecanismo de defensa judicial porque las actuaciones
controvertidas no constituían actos administrativos dado que no creaban,
modificaban o extinguían una situación jurídica. Consideró que el actor fue “desplazado
del cargo de Gobernador electo de Córdoba y en ejercicio de sus funciones”,
“sin que el acto de su elección hubiese sido demandado ni se hubiera revocado
su mandato, hecho instruido por el Consejo Nacional Electoral y consumado por
el Tribunal Superior de Montería al posesionar al anterior gobernador cuya
condición había sido extinguida y su credencial anulada por la Sección Quinta
del Consejo de Estado en una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada”. Adujo
que el Consejo Nacional Electoral “como suprema autoridad electoral debía
hacer respetar el pronunciamiento del pueblo, que eligió un nuevo Gobernador
para lo cual había sido convocado, elección que se realizó con el pleno de los
requisitos de ley”. Aseguró que el Consejo Nacional Electoral se extralimitó al solicitar al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Montería que le diera posesión al señor López
Cabrales, porque según el Régimen Departamental, le compete a la Asamblea Departamental dar posesión a
los Gobernadores y sólo a falta de ella, la posesión se surte ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial respectivo.
2.2. De
acuerdo con la situación fáctica planteada y las decisiones adoptadas por los
jueces de instancia, para resolver el caso concreto, la Corte recordará
previamente (i) a lo que tiene
establecido la jurisprudencia respecto a la duplicidad en la interposición de
la acción de tutela; (ii) a la importancia del
cumplimiento de las sentencias y en especial al incumplimiento de las
decisiones de tutela; (ii) a la improcedencia de la acción de tutela contra acciones de tutela; y, (iii) al valor de la revisión de los fallos de
tutela por la Corte Constitucional.
3. La duplicidad en el ejercicio de la acción de tutela.
3.1. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, en materia de tutela,
considera contrario al Ordenamiento Superior, el uso abusivo e indebido de la acción de tutela, que se concreta en
la duplicidad del ejercicio de la acción de amparo
constitucional entre las
mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. Dispone, al
respecto, la norma en cita:
“Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma
acción de tutela se presente por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas
las solicitudes”.
La Corte al examinar la constitucionalidad
de ese inciso primero en la sentencia C-054 de 1993 y del inciso segundo en la
sentencia C-155A de 1993, expuso que dada la naturaleza y los principios que
reviste a la acción de tutela (art. 86 superior), como los artículos 83, 95 y
209 de la Constitución, las actuaciones temerarias deben controlarse a efectos
de salvaguardar la eficiencia en el funcionamiento del Estado y, por ende, en
la administración de justicia para así atender los requerimientos del resto de
la sociedad civil. Además, se manifiesta en dichas decisiones que resulta
inadmisible la presentación simultánea o posterior de la misma petición con
base en idénticos hechos para obtener múltiples pronunciamientos toda vez que
dicho comportamiento resulta desleal y deshonesto por comprometer las acciones
y capacidades judiciales del Estado y la remoción inmediata de la afectación de
los derechos fundamentales. Concretamente recuerdan el tenor del artículo 95 de
la Carta, consistente en que el ejercicio de los derechos y libertades
constitucionales implica responsabilidades uno de cuyos deberes está
precisamente en respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.
Para esta Corporación es indiscutible que una
actuación de esta naturaleza, esto es, constitutiva de temeridad en el
ejercicio del derecho de acción, no sólo atenta contra la economía procesal,
sino también contra los principios de eficiencia y eficacia en la prestación
del servicio público de administración de justicia, como garantías inherentes a
la moralidad procesal.
Ahora bien, la jurisprudencia
constitucional[1] ha considerado que la actuación temeraria
prevista en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, le otorga al juez de
instancia la facultad de rechazar o decidir desfavorablemente la solicitud,
siempre que la presentación de más de una acción de amparo constitucional entre
las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto (i)
envuelva una actuación amañada, reservando para cada acción aquellos argumentos
o pruebas que convaliden sus pretensiones[2]; (ii) denote el propósito desleal de “obtener
la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la
eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar
favorable”[3]; (iii) deje al descubierto el "abuso
del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la
acción”[4]; o finalmente (iv) se pretenda a través de
personas inescrupulosas asaltar la “buena fe de los administradores de
justicia”[5].
De manera que para la configuración de una
actuación temeraria deben presentarse las siguientes causales: i) identidad de
partes, ii) identidad de causa petendi, iii) identidad de objeto, y iv) sin
motivo expresamente justificado. En este evento procede rechazar o decidir
desfavorablemente la solicitud o declarar la improcedencia de la acción e
imponer las sanciones correspondientes[6].
Esta Corporación ha señalado algunos casos
en que a pesar de existir la triple identidad en los asuntos no se configura la
actuación temeraria toda vez que se funda i) en las condiciones del actor que
lo coloca en estado de ignorancia o de especial vulnerabilidad o indefensión en
que actúa por miedo insuperable o la necesidad extrema de defender sus derechos,
ii) en el asesoramiento equivocado de los profesionales del derecho, iii) en
nuevos eventos que aparecen con posterioridad a la acción o que se omitieron en
el trámite de la misma u otra situación que no se hubiere tomado como
fundamento para decidir la tutela anterior que involucre la necesidad de
protección de los derechos, y iv) en la presentación de una nueva acción ante
la existencia de una sentencia de unificación de la Corte Constitucional[7].
En
efecto, de encontrarse que sin motivo justificado, la misma acción se presenta
por la misma persona a través de representante legal ante varios jueces o
tribunales, habrá lugar a la imposición de la sanción de que trata el inciso
segundo del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.
4. La obligación de cumplir las sentencias judiciales. El
incumplimiento de las decisiones de tutela implica vulneración de la
Constitución.
Esta Corporación ha sostenido, en reiterada
jurisprudencia, que el cumplimiento de las decisiones judiciales se erige en
garantía fundamental del Estado Social de Derecho, habida cuenta que constituye
un imperativo de orden constitucional tendiente a la concreción del valor de la
justicia y a la materialización de los principios superiores de buena fe y
confianza legítima[8].
En efecto, a la luz de los principios consagrados en la
Carta Política, las órdenes proferidas por las autoridades judiciales son de
obligatorio cumplimiento por parte de los particulares y de los funcionarios
del Estado. Al respecto, ha dicho esta Corporación:
“El obligado cumplimiento de lo resuelto
por los jueces y tribunales es una garantía institucional del Estado de Derecho
y, al mismo tiempo, un derecho fundamental de carácter subjetivo que se deduce
de los artículos 29 y 58 de la Constitución.
La obligación de toda persona de cumplir la
Constitución y las leyes (CP art. 95) se realiza - en caso de reticencia- a
través de la intervención del poder judicial. No es posible hablar de Estado de
Derecho cuando no se cumplen las decisiones judiciales en firme o cuando se les
atribuye un carácter meramente dispositivo.
La ejecución de las sentencias es una de
las más importantes garantías de la existencia y funcionamiento del Estado
social y democrático de Derecho (CP art. 1) que se traduce en la final sujeción
de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución. El incumplimiento
de esta garantía por parte de uno de los órganos del poder público constituye
un grave atentado al Estado de Derecho.
El sistema jurídico tiene previstos
diversos mecanismos (CP arts. 86 a 89) para impedir su autodestrucción. Uno de
ellos es el derecho fundamental al cumplimiento de las sentencias comprendido
en el núcleo esencial del derecho a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas consagrado en el artículo 29 de la Constitución (CP. Preámbulo,
arts. 1, 2, 6, 29 y 86).
Los derechos procesales fundamentales no
restringen su efectividad a la existencia de un proceso. Ellos incluyen tanto
el derecho a acceder a la justicia[9]
(CP art. 228) como el derecho a la ejecución de las sentencias en firme (CP
arts. 1, 2 y 29). Lo contrario llevaría a restarle toda fuerza coercitiva a las
normas jurídicas, convirtiendo las decisiones judiciales y la eficacia de los
derechos en ellas reconocidos, en formas hueras, carentes de contenido.
La capital importancia que para el interés
público tiene el cumplimiento de las sentencias obliga a los jueces y
tribunales adoptar las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la plena
efectividad de los derechos fundamentales, lo mismo que a la autoridad
condenada al cumplimiento oportuno”[10].
De igual forma, esta Corporación ha señalado que el cumplimiento
de los fallos debe hacerse de buena fe, circunstancia que comporta el respeto
íntegro de las providencias judiciales, sin que le esté permitido a la parte
condenada o a terceros, entrar a analizar la oportunidad, la conveniencia, o
sus propios intereses, a fin de modificar el alcance del fallo.
De tal suerte, esta Corporación ha indicado que el
incumplimiento de los fallos judiciales, de una parte, atenta contra el
principio de la buena fe porque quien acude ante un juez lo hace con el pleno
convencimiento de que la decisión final será obedecida en su totalidad por la
autoridad competente o el particular a quien corresponda y, de otra, viola los
principios de seguridad jurídica y cosa juzgada porque le resta legitimidad y
efectividad a la orden dada por la autoridad competente.
Así, en los eventos en que una autoridad se rehúsa a
ejecutar lo dispuesto en la providencia judicial que le fue adversa, no sólo
vulnera los derechos que a través de esta última se han reconocido a quien
invocó la protección constitucional, sino que incurre en desacato de una
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada. Sobre el particular, ha referido
esta Corporación:
“(...) Por razones de principio, una
entidad pública está en el deber constitucional y legal de ejecutar las sentencias
en firme (C.C.A. art. 176). La misión de los jueces de administrar justicia
mediante sentencias con carácter obligatorio exige de los entes ejecutivos una conducta
de estricta diligencia en el cumplimiento de las mismas, con el fin de
mantener vigente el Estado de Derecho, actuar en concordancia con sus fines
esenciales e inculcar en la población una conciencia institucional de
respeto y sujeción al ordenamiento jurídico. La legitimidad de cualquier
Estado se vería resquebrajada si los mismos órganos del poder público, ya por
su inactividad ora por su  indolencia, estimulan el desacato de las decisiones
de los jueces y la práctica de hacer caso omiso del imperativo constitucional
de colaborar armónicamente para la realización de los fines del Estado (CP art.
113).
Es atentatorio de los derechos
fundamentales condicionar la efectividad de éstos a exigencias o procedimientos
contrarios a los fines esenciales del Estado y a la función de los servidores
públicos (CP arts. 2 y 123). Ello sucede, cuando una entidad oficial es
condenada a reintegrar laboralmente a una persona y no lo hace, a pesar de
quedar obligado el Estado a indemnizar integralmente al afectado mientras no se
de cumplimiento efectivo a la sentencia. (...)”[11]
Ahora bien, tratándose de sentencia de tutela[12], la Corte también ha señalado[13] que las órdenes de estas decisiones dirigidas a la
protección de los derechos, tienen que cumplirse sin excepción, y que el
incumplimiento de las mismas conlleva una violación sistemática de la
Constitución[14] en tanto frustra la consecución material de los fines esenciales del
Estado, entre los cuales se destaca la realización efectiva de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Carta, el mantenimiento de la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo (Preámbulo, arts. 1° y 2°), el respeto
de la justicia como valor, y de los derechos al debido proceso y al acceso
efectivo a la administración de justicia, pilares fundamentales del modelo de
Estado Social de Derecho. Dijo la Corte[15]:
“2.2.7. Cabe destacar que, en Colombia,
para el efectivo cumplimiento de los fallos de tutela, el Decreto 2591 de 1991,
reglamentario de esta acción, ha establecido un procedimiento específico y
concordante con el espíritu de las normas constitucionales que regulan la
materia (arts. 86 y 241), pues, en palabras de la Corte, “no tendría sentido
que en la Constitución se consagraran derechos fundamentales si,
aparejadamente, no se diseñaran mecanismos por medio de los cuales dichos
derechos fuesen cabal y efectivamente protegidos.”[16]
2.2.8. En esa línea, el artículo 3° del
citado estatuto se refiere a los principios que gobiernan el trámite de la
acción de tutela, señalándose que ésta debe desarrollarse con arreglo a los
principios de “publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía,
celeridad y eficacia”; los cuales a su vez - lo dijo esta Corporación-
“guardan una relación directa con la orden urgente que debe dar una sentencia
cuando reconoce que se ha violado un derecho fundamental”[17],
y además, en virtud de la informalidad, permiten la utilización por parte del
juez de “procedimientos no registrados, siempre y cuando apunten a que se haga
efectivo el derecho material”[18] (Subrayado no original).
La Corte ha dejado claro en sus
providencias que “el Estado de Derecho no puede operar si las providencias
judiciales no son acatadas, o si lo son según el ánimo y la voluntad de sus
destinatarios. Estos, a juicio de la Corte, no pueden tener la potestad de
resolver si se acogen o no a los mandatos del juez que conduce determinado
proceso, independientemente de las razones que puedan esgrimir en contra, pues
el camino para hacerlas valer no es la renuencia a ejecutar lo ordenado sino el
ejercicio de los recursos que el sistema jurídico consagra”.[19] Así, ha manifestado:
"Todos los funcionarios estatales,
desde el más encumbrado hasta el más humilde, y todas las personas, públicas y
privadas, tienen el deber de acatar los fallos judiciales, sin entrar a evaluar
si ellos son convenientes u oportunos. Basta saber que han sido proferidos por
el juez competente para que a ellos se deba respeto y para que quienes se
encuentran vinculados por sus resoluciones contraigan la obligación perentoria
e inexcusable de cumplirlos, máxime si están relacionados con el imperio de las
garantías constitucionales.
“De allí se desprende necesariamente que si
la causa actual de la vulneración de un derecho está representada por la
resistencia de un funcionario público o de un particular a ejecutar lo
dispuesto por un juez de la República, nos encontramos ante una omisión de las
que contempla el artículo 86 de la Carta, como objeto de acción encaminada a la
defensa efectiva del derecho constitucional conculcado. Al fin y al cabo, se
trata de acudir a una instancia dotada del suficiente poder como para lograr
que de manera cierta e indudable tengan vigencia en el caso concreto las
prescripciones abstractas de la Constitución.
“El acceso a la administración de justicia,
garantizado en el artículo 229 Superior, no implica solamente la posibilidad de
acudir ante el juez para demandar que deduzca de la normatividad vigente
aquello que haga justicia en un evento determinado, sino que se concreta en la
real y oportuna decisión judicial y, claro está, en la debida ejecución de
ella. Esto, a la vez, representa una culminación del debido proceso, que no admite
dilaciones injustificadas en el trámite de los asuntos puestos en conocimiento
de los jueces ni, por supuesto, en el cabal y pleno desarrollo de lo que se
decida en el curso de los juicios. (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-329
del 18 de julio de 1994)”.
Finalmente, debe destacarse que la acción
de tutela se ejerce y desarrolla a través de la jurisdicción constitucional, la
cual, por expresa disposición superior la integran todos los jueces de la República
(art. 86), quienes a su vez “son jerárquicamente inferiores a la Corte
Constitucional”, por cuanto dicho Tribunal actúa como órgano límite o de
cierre de esa jurisdicción, a través de la revisión de las decisiones
judiciales que por la vía del amparo se profieran; atribución que ejerce la
Corte en forma libre y discrecional “con el fin de unificar la
jurisprudencia sobre la materia y de sentar bases sólidas sobre las que los
demás administradores de justicia se puedan inspirar al momento de pronunciarse
acerca de los derechos fundamentales dentro del ordenamiento jurídico colombiano”.
5. Las improcedencia de acciones de
tutela contra decisiones de tutela.
Esta Corporación ha sostenido de manera
reiterada[20] que no procede la acción de tutela
encaminada a infirmar las decisiones adoptadas en una acción similar.  Al
respecto, en la Sentencia SU-1219 de 2001[21] la Sala Plena de esta Corporación unificó
la jurisprudencia constitucional relativa a la improcedencia general de la
acción de tutela contra sentencias de tutela, en el sentido de dejar en claro
que la competencia de esta Corte para revisar las sentencias proferidas por los
jueces constitucionales en el ámbito de las acciones de amparo previstas en el
artículo 86 de la Carta Política es exclusiva y excluyente.
Expuso esta Corte, en la oportunidad que se
reseña, que la improcedencia de la acción de tutela contra decisiones de
amparo, además de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por
hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales confiada por la
Carta Política a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la
justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las
órdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien
reclama sobre la protección constitucional que el asunto de la vulneración de
sus derechos fundamentales será resuelto de una vez.[22]
Resulta pertinente transcribir los
principales apartes de dicha Sentencia de Unificación sobre este punto.
“3.1 Es incontestable que, tratándose de fallos de
tutela, un juez también puede equivocarse. Los jueces de tutela no son
infalibles en sus decisiones y actuaciones, como tampoco inmunes a las
reclamaciones por violación de derechos fundamentales.
No obstante, hay diferencias de competencia y de
procedimiento entre las actuaciones de los jueces ordinarios y las actuaciones
de los jueces de tutela que justifican la existencia de mecanismos diferentes
para la protección de los derechos fundamentales ante un error judicial.
En efecto, las actuaciones judiciales de los jueces
ordinarios al decidir, principalmente, sobre asuntos de orden legal
eventualmente pueden representar un desconocimiento absoluto de los derechos
constitucionales fundamentales y constituir en situaciones extremas vías de
hecho susceptibles de impugnación mediante la acción de tutela. Tal conclusión
se impone por la necesidad de proteger los derechos constitucionales
fundamentales – que no son el referente usual e inmediato de los jueces ordinarios
– y de acompasar la jurisprudencia y la legislación a la Constitución. La razón
de esta exigencia de unidad y coherencia es obvia: el ordenamiento jurídico es
uno sólo y la legislación debe interpretarse y aplicarse de conformidad con la
Constitución.
En el caso de los fallos de tutela, en cambio, el
objeto principal y específico es precisamente la protección de los derechos
fundamentales. En el proceso de tutela se aplica de manera directa la
Constitución al análisis de las acciones u omisiones de autoridades públicas o
de ciertos particulares. La principal característica de la acción de tutela, su
rasgo definitorio, es su especificidad: la acción de tutela es un mecanismo
cuya función esencial es asegurar el respeto y el goce efectivo de los derechos
constitucionales fundamentales y, en ese sentido, su razón de ser específica es
lograr la aplicación directa de los derechos constitucionales, no de las leyes,
sin que ello signifique que las leyes sean irrelevantes en el análisis
constitucional de cada caso concreto.
Ahora bien, los jueces de tutela también pueden
incurrir en arbitrariedades inexcusables al proferir una sentencia de tutela,
que sitúan su conducta en los extramuros del derecho. Frente a esta posibilidad
la persona no debe quedar inerme. En este evento, el ordenamiento jurídico
colombiano ha establecido un mecanismo de control para evitar la vulneración de
los derechos fundamentales mediante sentencias de tutela, en nombre de la
defensa de los mismos. Es así como la misma Constitución en su artículo 86
inciso 2, segunda oración, dispone:
"El fallo, que será de inmediato cumplimiento,
podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la
Corte Constitucional para su eventual revisión."
El mecanismo constitucional diseñado para controlar
las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden
sobre las acciones de tutela, por decisión del propio Constituyente, es el de
la revisión por parte de la Corte Constitucional. Esta regulación, no sólo
busca unificar la interpretación constitucional en materia de derechos
fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como máximo tribunal de
derechos constitucionales y como órgano de cierre de las controversias sobre el
alcance de los mismos. Además, excluye la posibilidad de impugnar las
sentencias de tutela mediante una nueva acción de tutela – bajo la modalidad de
presuntas vías de hecho - porque la Constitución definió directamente las
etapas básicas del procedimiento de tutela y previó que los errores de los
jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos
constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un órgano
creado por él – la Corte Constitucional – y por un medio establecido también
por él – la revisión.
3.2 La intención del legislador colombiano, cuando
reguló el procedimiento de la acción de tutela en el Decreto 2591 de 1991, fue
excluir tajantemente la posibilidad de tutela contra fallos de tutela (art. 40,
parágrafo 4º del D. 2591 de 1991). Pese a la declaratoria de
inconstitucionalidad del mencionado artículo 40, por considerar la Corte que la
tutela contra providencias judiciales era contraria a la Constitución –,[23]
lo cierto es que la doctrina de la tutela por las vías de hecho contra
decisiones judiciales se ha impuesto jurisprudencialmente.[24]
Sin embargo, es pertinente recordar que la inexequibilidad del parágrafo que
prohibía la presentación de acciones de tutela contra fallos de tutela resultó
de la integración normativa que en la C-543 de 1992 efectuó la Corte. En ningún
caso hubo un estudio de fondo sobre este punto preciso ni juzgó que sí debería
proceder la tutela contra fallos de tutela.
Ahora bien, la importancia de evitar que toda
sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con
lo que la resolución del conflicto se prolongaría indefinidamente en desmedro
tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos
fundamentales, radica en la necesidad de brindar una protección cierta, estable
y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o
amenazados. De allí la perentoriedad de los plazos para decidir, la
informalidad del procedimiento y el mecanismo de cierre encomendado a la propia
Corte Constitucional, v.gr. el trámite procesal de la revisión eventual, con
miras a garantizar la unificación de criterios y la supremacía constitucional.
Todo ello por decisión del Constituyente, que optó por regular de manera
directa la acción de tutela y no siguió la técnica tradicional de deferir al
legislador estos aspectos de orden procedimental.”
En la misma sentencia la Corte señaló:
6.1 La Corte ha admitido en el pasado la
posibilidad de interponer acciones de tutela contra las actuaciones judiciales
arbitrarias, incluso de los jueces de tutela, pero no respecto de sentencias de
tutela. En efecto, en sentencia T-162 de 1997, la Corte concedió una tutela
contra la actuación de un juez de tutela consistente en negarse a conceder la
impugnación del fallo de tutela de primera instancia con el argumento de que el
poder presentado para impugnar no era auténtico, pese a que el Decreto 2591 de
1991 establece al respecto una presunción de autenticidad que no fue
desvirtuada en el proceso. Por otra parte, en sentencia T-1009 de 1999, se
concedió una acción de tutela contra la actuación de un juez de tutela
consistente en no vincular al correspondiente proceso a un tercero
potencialmente afectado por la decisión. En ese caso, la Corte declaró la
nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la acción de tutela.
6.2 En el presente caso, sin embargo el
problema jurídico es distinto: la Corte debe decidir si contra una sentencia de
tutela procede una nueva acción de tutela basada exclusivamente en el argumento
de que al concederla se incurrió en una vía de hecho porque la tutela era desde
el principio improcedente. Se observa cómo el cuestionamiento al fallo de
tutela versa sobre el juicio de procedencia de la acción como elemento
constitutivo e inescindible del fallo, sin que se cuestionen actuaciones del
juez de tutela diferentes a la sentencia misma. En consideración a lo expresado
anteriormente, la única alternativa para manifestar inconformidad con la
sentencia de tutela de segunda instancia propiamente dicha que se encuentra en
firme, es la intervención de la parte interesada en el proceso de selección
para revisión ante la Corte Constitucional por las razones anteriormente
expuestas.
En efecto, de la Constitución se concluye
que no procede la acción de tutela contra fallos de tutela.
7. Doctrina constitucional y ratio
decidendi. No hay tutela contra sentencias de tutela
7.1 La conclusión anterior no es más que
una regla derivada del propio texto constitucional que reguló directa y
específicamente el procedimiento que habrían de seguir las acciones de tutela,
el cual fue desarrollado por el Decreto 2591 de 1991 que tiene rango
estatutario.
Ante la controversia sobre la posibilidad
de interponer acción de tutela contra sentencias de tutela es necesario hacer
claridad sobre el fundamento de la doctrina constitucional sentada por la
Corte, a saber, el propio texto constitucional. Resulta pertinente citar los
artículos constitucionales, además del artículo 86, trascrito anteriormente
(subrayado fuera de texto).
“Artículo 4.- La Constitución es norma
de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley
u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.”
“Artículo 230.-
Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.
La equidad, la
jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son
criterios auxiliares de la actividad judicial.”
“Artículo 241-. A la Corte
Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con
tal fin, cumplirá las siguientes funciones:
(...)
9. Revisar, en la forma que determine la ley, las
decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales.”
Ahora bien, la
Ley – aquí el Decreto Ley 2591 de 1991 – estableció que “(l)as decisiones
de revisión que revoquen o modifiquen el fallo, unifiquen la jurisprudencia
constitucional o aclaren el alcance general de las normas constitucionales
deberán ser motivadas” (artículo 35 inciso 1).
Las anteriores
premisas normativas permiten sostener que en la revisión de las decisiones
judiciales relacionadas con la acción de tutela la Corte ejerce la guarda de la
integridad y supremacía de la Constitución (art. 241 C.P.) y actúa como órgano
de cierre de la jurisdicción constitucional de tutela mediante la unificación
de la jurisprudencia constitucional. En esta tarea la Corte debe fijar, como
intérprete autorizado de la Constitución, las reglas constitucionales que
sirvan para ilustrar la Constitución en casos dudosos y asegurar su fuerza
normativa (art. 4° C.P.). Por su parte, los jueces al estar sujetos al imperio
de la ley (art. 230 C.P.), lo están a su vez a la Constitución y a su
interpretación autorizada.[25]
Así lo ha expuesto la Corte de manera clara y reiterada en el pasado:
“El papel que
cumple la Corte Constitucional cuando aborda la revisión eventual consagrada en
los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Carta Política no es otro que el de
unificar a nivel nacional los criterios judiciales en la interpretación y
aplicación de las normas constitucionales, precisando el alcance de los
derechos fundamentales, trazando pautas acerca de la procedencia y desarrollo
del amparo como mecanismo de protección y efectividad de los mismos y
estableciendo la doctrina constitucional, que, según el artículo 8º de la Ley
153 de 1887, declarado exequible por Sentencia C-083 del 1 de marzo de 1995, es
obligatoria para los jueces en todos los casos en que no haya normas legales
exactamente aplicables al asunto controvertido.”[26]
Cuando la Corte
Constitucional se pronuncia sobre una materia respecto de la cual debe unificar
jurisprudencia y obrar como cabeza de la jurisdicción constitucional, sus
decisiones tienen un alcance mayor a las que adopta generalmente en salas de
revisión de tutela. El sistema de control constitucional adoptado en Colombia
es mixto en la medida en que combina elementos del sistema difuso y del sistema
concentrado. No es necesario abundar en los elementos concentrados del sistema
colombiano. Es suficiente con subrayar que la opción del constituyente de 1991
de crear una Corte Constitucional fortaleció en forma significativa esta
dimensión concentrada de nuestro sistema. Al haberle atribuido a ese órgano de
cierre de las controversias relativas a la interpretación de la Constitución la
facultad de conocer cualquier acción de tutela no sólo reafirmó este elemento
de concentración en materia de derechos constitucionales fundamen­tales, sino
que le confirió una trascendencia especial a la unificación de jurisprudencia
en estos asuntos. Cuando la Corte Constitucional decide en Sala Plena sobre
estas materias desarrolla su misión constitucional y por lo tanto está obligada
a asumir su responsabilidad como órgano unificador de la jurisprudencia[27].
(…)
7.3 La ratio decidendi en este caso excluye
la acción de tutela contra sentencias de tutela. El afectado e inconforme con
un fallo en esa jurisdicción, puede acudir ante la Corte Constitucional para
solicitar su revisión.[28]
En el trámite de selección y revisión de las sentencias de tutela la Corte
Constitucional analiza y adopta la decisión que pone fin al debate
constitucional. Este procedimiento garantiza que el órgano de cierre de la
jurisdicción constitucional conozca la totalidad de las sentencias sobre la
materia que se profieren en el país y, mediante su decisión de no seleccionar o
de revisar, defina cuál es la última palabra en cada caso. Así se evita la
cadena de litigios sin fin que se generaría de admitir la procedencia de
acciones de tutela contra sentencias de tutela, pues es previsible que los peticionarios
intentarían ejercerla sin límite en busca del resultado que consideraran más
adecuado a sus intereses lo que significaría dejar en la indefinición la
solicitud de protección de los derechos fundamentales. La Corte
Constitucional, como órgano de cierre de las controversias constitucionales,
pone término al debate constitucional, e impide mantener abierta una disputa
que involucra los derechos fundamentales de la persona, para garantizar así su
protección oportuna y efectiva (artículo 2 C.P.).
Además, de aceptarse que la tutela procede
contra sentencias de tutela ésta perdería su efectividad como mecanismo de
acceso a la justicia para amparar los derechos fundamentales. El derecho a
acceder a la justicia no comprende tan sólo la existencia formal de acciones y
recursos sino ante todo que las personas puedan obtener de los jueces una
decisión que resuelva las controversias jurídicas conforme a derecho. Si la
acción de tutela procediera contra fallos de tutela, siempre sería posible
postergar la resolución definitiva de la petición de amparo de los derechos
fundamentales, lo cual haría inocua ésta acción y vulneraría el derecho
constitucional a acceder a la justicia. La Corte Constitucional tiene la misión
institucional de impedir que ello ocurra porque lo que está en juego no es nada
menos que la efectividad de todos los derechos constitucionales, la cual
quedaría indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de
tutela decidiera no insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le
fue adverso para buscar que su posición coincida con la opinión de algún juez.
En este evento, seguramente el anteriormente triunfador iniciará la misma
cadena de intentos hasta volver a vencer.” [29]
6. El valor de la revisión de los fallos de
tutela por la Corte Constitucional.
En la misma sentencia de Unificación 1219
de 2001 la Corte hizo importantes precisiones  sobre el valor de la revisión de
los fallos de tutela por la Corte Constitucional.
Por ser claramente pertinente para el
presente caso la Corte igualmente  transcribe a continuación las
consideraciones efectuadas en dicha Sentencia:
“El valor de la revisión de los fallos de tutela
por la Corte Constitucional
4.1 La Constitución misma previó un proceso especial
contra cualquier falta de protección de los derechos fundamentales: la revisión
de las sentencias de tutela proferidas por los jueces constitucionales (art. 86
inciso 2º C.P.). La revisión que lleva a cabo la Corte Constitucional incluye
las vías de hecho de los mismos jueces de tutela. Se trata de un mecanismo
especial para garantizar el cierre del sistema jurídico por el órgano
constitucional encargado de salvaguardar la supremacía de la Constitución.
4.2 La revisión de las sentencias de tutela abarca
tres dimensiones: 1) el deber de remitir a la Corte Constitucional la totalidad
de los fallos de tutela adoptados por los jueces de la República para su
eventual revisión; 2) los efectos de la decisión de la Corte respecto de cada
uno de los casos a ella remitidos y 3) el ámbito del control ejercido por la
Corte cuando decide revisar un fallo de tutela.
Primero, el deber de remisión de todos los fallos de
tutela a la Corte Constitucional obedece a la necesidad de que sea un órgano
centralizado al cual se le confió la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución el que finalmente determine cuáles son los fallos de tutela que
representan una aplicación adecuada de los derechos constitucionales y así
ejerza la tarea de unificación jurisprudencial en materia de derechos
fundamentales y de desarrollo judicial de la Constitución. Con esta decisión el
Constituyente ha creado el mecanismo más amplio, y a la vez eficaz, para evitar
que los derechos fundamentales no obtengan la protección que merecen como
principios medulares de la organización política colombiana. Es así como la
Corte Constitucional debe mirar la totalidad de las sentencias de tutela, bien
sea para seleccionar las sentencias que ameritan una revisión o para decretar
su no selección pero en cualquiera de estos dos eventos debe estudiar el fallo
de instancia y adoptar una decisión al respecto. Por otra parte, en el proceso
de selección, cualquier persona tiene la posibilidad de elevar una petición
ante la Corte para que una determinada sentencia sea escogida porque, a su
juicio, incurrió en un error, incluso si éste no tiene la entidad y la gravedad
para constituir una vía de hecho.[30]
Segundo, la decisión de la Corte Constitucional
consistente en no seleccionar para revisión una sentencia de tutela tiene como
efecto principal la ejecutoria formal y material de esta sentencia, con lo que
opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Salvo la eventualidad de
la anulación de dicha sentencia por parte de la misma Corte Constitucional de
conformidad con la ley, la decisión de excluir la sentencia de tutela de la
revisión se traduce en el establecimiento de una cosa juzgada inmutable y
definitiva. De esta forma se resguarda el principio de la seguridad jurídica y
se manifiesta el carácter de la Corte Constitucional como órgano de cierre del
sistema jurídico.
Tercero, el ámbito del control que ejerce la Corte
cuando adelanta el proceso de selección de fallos de tutela es mucho más amplio
que el efectuado respecto de las vías de hecho. En otras palabras, la Corte no
se limita a seleccionar los fallos de tutela arbitrarios, sino que además
escoge fallos que así no se hayan situado en los extramuros del orden jurídico,
representan interpretaciones de los derechos que plantean un problema valioso
para el desarrollo jurisprudencial de la Constitución ya que el Decreto 2591 le
confiere esa facultad. Pero, obviamente, cuando un fallo de tutela constituye
una vía de hecho, éste es contrario a la Constitución y existen poderosas
razones para que forme parte de las sentencias de instancia seleccionadas para
ser revisadas por esta Corte. Así la institución de la revisión se erige,
además de las funciones ya mencionadas, como una control específico e idóneo de
los fallos de instancia que violan de manera grosera la Constitución, esto es,
son una vía de hecho.
4.3 El procedimiento de revisión es, por tanto, un mecanismo
expresamente regulado en la Constitución con el fin de brindar una protección
óptima a los derechos fundamentales en atención a la importancia que ellos
tienen para las personas y el sistema democrático y constitucional de derecho.
Ninguna otra acción, sea constitucional o legal, goza de un mecanismo
equivalente al de la revisión de la decisión judicial. Y no podía ser de otra
manera, dada la función confiada a la  Corte Constitucional para la constante
defensa de los derechos fundamentales”.
Como se aprecia, corresponde entonces única y
exclusivamente a esta Corporación, como intérprete autorizado de la
Constitución Política y por expresa disposición de este ordenamiento, revocar o
confirmar las órdenes ejecutoriadas de amparo mediante el mecanismo de la
revisión, el que ha sido previsto para unificar la interpretación en materia de
derechos fundamentales y para garantizar la efectiva protección de los mismos,
como quiera que de aceptarse que la decisión de un juez constitucional pueda
demandarse ante otra autoridad judicial se haría nugatorio el inmediato
cumplimiento de los fallos de tutela y se prolongaría en el tiempo y de manera
indefinida la vulneración del ordenamiento constitucional[31]. En consecuencia, las sentencias
ejecutoriadas de tutela sólo pueden ser revisadas por esta Corporación, como
interprete autorizado de la Constitución Política y por expresa disposición de
este ordenamiento.
En la misma sentencia  en cuanto al alcance de cosa
juzgada constitucional que tiene la decisión de la Corte de revisar o no
revisar las decisiones de instancia proferidas por los jueces de tutela  la
Corte señaló:
“Cosa juzgada constitucional y cosa juzgada
ordinaria.
5.1 Admitir que los fallos de tutela
definitivamente decididos o excluidos para revisión sean luego objeto de una
nueva acción de tutela, sería como instituir un recurso adicional ante la Corte
Constitucional para la insistencia en la revisión de un proceso de tutela ya
concluido, lo cual es contrario a la Constitución (art. 86 C.P.), a la ley
(art. 33 del Decreto 2591 de 1991) y a las normas reglamentarias en la materia
(arts. 49 a 52 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional). Las Salas de
Selección de la Corte Constitucional, salvo sus facultades legales y
reglamentarias, no tienen la facultad de seleccionar lo que ya ha sido excluido
de selección para revisión ni una acción de tutela contra uno de sus fallos de
tutela. Esto por una poderosa razón. Decidido un caso por la Corte
Constitucional o terminado el proceso de selección para revisión y precluido el
lapso establecido para insistir en la selección de un proceso de tutela para
revisión (art. 33 del Decreto 2591 de 1991 y art. 49 a 52 del Reglamento
Interno de la Corte Constitucional), opera el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado
definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisión judicial de la
Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido.
5.2. A este respecto, es importante
distinguir entre el fenómeno de la cosa juzgada en materia ordinaria y el mismo
fenómeno en materia constitucional. Mientras que en el primer caso es
generalmente admitida la procedencia de la acción de tutela por vías de hecho,
en el segundo caso, tratándose de un proceso judicial constitucional, donde se
persigue en forma explícita y específica la protección de los derechos
fundamentales y la observancia plena del orden constitucional, la oportunidad
para alegar la existencia de vías de hecho en los fallos de tutela es hasta la
finalización del término de insistencia de los magistrados y del Defensor del
Pueblo respecto de las sentencias no seleccionadas. Una vez terminados
definitivamente los procedimientos de selección y revisión, la sentencia hace
tránsito a cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.), y se torna,
entonces, inmutable y definitivamente vinculante.”  (Subrayas fuera de texto)
A partir de los anteriores presupuestos procede la
Corte a efectuar el análisis del asunto  sub examine.
6. Análisis del caso concreto.
6.1. El accionante, en esta oportunidad, presentó por intermedio de
apoderado acción de tutela por considerar que sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la participación en la conformación, ejercicio y control del
poder político fueron vulnerados por el Consejo Nacional Electoral, en cuanto
libró las comunicaciones CNE-P-352 de junio 21 de 2006 dirigida al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Montería y la CNE-P-350 de la misma fecha,
con destino al señor Libardo José López Cabrales, y por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Montería por cuanto el día 22 de junio de 2006,
atendiendo al Consejo Nacional Electoral, “desplazó” del cargo de Gobernador de
Córdoba al accionante, al posesionar en el mismo cargo al señor López Cabrales
sin que se hubiera decretado la vacancia del mismo y sin tener competencia para
ello, pues según el artículo 92 del Decreto 1222 de 1986, la posesión se debía
surtir ante la Asamblea Departamental de Córdoba.
6.2.
Para una mayor claridad en el asunto que se entra a tratar, la Sala estima
conveniente efectuar un breve recuento del trasegar que antecedió la
interposición de la presente acción de tutela.
-
Mediante sentencia de única instancia de agosto 24 de 2005 de la Sección Quinta
del Consejo de Estado (Exp. Acum. 3229, 3230), se anuló el acto de elección del
ciudadano Libardo José López Cabrales como Gobernador del Departamento de
Córdoba, para el período constitucional 2004-2007, contenido en el Acuerdo N°
003 del 17 de diciembre de 2003 del Consejo Nacional Electoral[32].
-
Debido a lo anterior y como quiera que restaban más de 18 meses de período
constitucional (hasta el 31 de diciembre de 2007), a través del Decreto 563 del
23 de febrero de 2006, el Gobierno Nacional convocó la elección del Gobernador
del Departamento de Córdoba, indicando que los comicios serían el 9 de abril de
2006.
-
Contra la sentencia de agosto 24 de 2005, el señor Libardo José López Cabrales
interpuso acción de tutela, al considerar que en la misma se incurrió en vía de
hecho. Ésta se rechazó por improcedente en primera instancia en fallo del 20 de
octubre de 2005 de la Sección Primera del Consejo de Estado.
-
Al revisar la anterior decisión, la Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, en sentencia T-284 de abril 05 de 2006 la revocó, concedió el
amparo, dejó sin efectos la sentencia atacada y ordenó a título de restablecimiento de los
derechos fundamentales conculcados, el reintegro del señor Libardo José López Cabrales
como Gobernador del Departamento de Córdoba, “a fin de culminar su
período constitucional, sin perjuicio de que se haya o no adelantado un nuevo
proceso electoral para elegir gobernador. Para estos efectos infórmese a la
Organización Nacional Electoral” (la parte resolutiva de
esta sentencia se encuentra transcrita en la página 2 de esta providencia).
-
El Gobierno Nacional dispuso en el Decreto 563 del 23 de febrero de 2006 que
las elecciones se efectuarían el 09 de abril de 2006 y en ellas resultó elegido
el señor Jaime Torralvo Suárez, tal como lo certifica el Acta General de
Escrutinios Departamentales de la Elección Atípica de Gobernador de Córdoba de la
Comisión Escrutadora Departamental del 16 de abril de 2006; por ello, se le
entregó su credencial (folios 25 a 29) y tomó posesión del cargo el 17 de abril
de 2006 ante la Asamblea Departamental de Córdoba (folio 80).
-
El 21 de junio de 2006, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, ante “comunicación enviada por el doctor Libardo
López Cabrales, en la cual manifiesta que anexa copia de la sentencia T-284 de
2006, expediente T-124452, proferida por la Corte Constitucional “con el fin de
que se surta lo que a esta Organización corresponda de conformidad con lo
ordenado por el instancia constitucional” (folio 89), aprobó la siguiente
proposición: “Enviar una
comunicación por la Presidencia del Consejo Electoral informando al doctor
Libardo López Cabrales que se presente al Tribunal para que tome posesión del
cargo en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional y al Tribunal
Superior de Córdoba (sic) informando de la sentencia ya referida” (folio 90).
-
El Presidente del Consejo Nacional Electoral, el mismo 21 de junio de 2006,  expidió
el comunicado CNE-P-352 dirigido al Presidente del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Montería informando que en sesión de la fecha, por
unanimidad el Consejo había determinado “solicitar a los señores magistrados del Tribunal
Superior de Montería el cumplimiento de la Sentencia de la Corte
Constitucional”
y expidió el comunicado CNE-P-350 dirigido al señor Libardo José López Cabrales
informando sobre lo dispuesto en el anterior (el contenido de estos comunicados
se encuentra transcrito en la página 11 de esta providencia).
-
En respuesta a una solicitud formulada por el Ministerio del Interior y de
Justicia de “fijar su posición
respecto a la actual validez o no del acto de elección del Gobernador de
Córdoba realizado el 9 de abril de 2006 y la credencial entregada por el Consejo
Nacional Electoral, como consecuencia de los resultados electorales”, el Consejo Nacional
Electoral expidió el Boletín de Prensa N° 09 donde consignó que había
solicitado al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería el
cumplimiento de la sentencia T-284 de 2006.
-
El 22 de junio de 2006 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería
dio posesión al señor Libardo José López Cabrales (folios 121 y 122).
- El 23
de junio de 2006, el
apoderado especial del señor Jaime Torralvo Suárez, formuló incidente de nulidad contra la sentencia
T-284 de 2006, el cual le fue rechazado mediante Auto 256 de 2006, proferido por la Sala Plena de la Corte Constitucional, entre otras cosas porque el peticionario carecía
de legitimación sustantiva[33].
-
El 27 de junio de 2006, el señor Torralvo Suárez presentó acción de tutela contra
la sentencia T-284 de 2006 de la Corte Constitucional, la cual fue declarada
improcedente por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, en primera instancia, y confirmada por el Consejo
Superior de la Judicatura, en segunda instancia (tutela reseñada en el punto 3.1.2.
de esta providencia).
6.3. Del recuento efectuado se observa en primer lugar, que el señor Jaime
Torralvo Suárez presentó el 16 de junio de 2006, una acción de tutela contra el
Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional, la cual fue decidida en
sentencia de julio 11 de 2006, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca que la declaró improcedente[34]; decisión que fue confirmada
por el Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria, mediante
providencia de 30 de agosto de 2006[35]. Esta tutela no fue seleccionada
para revisión por esta corporación[36].
6.4. La presente tutela fue presentada por el mismo
señor Jaime Torralvo Suarez, por intermedio de apoderado, en noviembre de 2006,
y durante su curso, el apoderado
del señor Libardo José López Cabrales y el Presidente del Tribunal Superior de
Montería, ponen de presente el
posible ejercicio múltiple de la misma acción de tutela por parte del actor
ante distintas autoridades judiciales, juzgados 1º, 2º y 3º Penal del Circuito
de Montería, lo que motivó que la Sala Novena de Revisión dispusiera el decreto
de algunas pruebas orientadas a esclarecer dicha circunstancia con incidencia
en la decisión que habría de adoptarse, mediante auto de primero de octubre de
dos mil siete[37].
6.5. Conforme a las pruebas ordenadas en sede
de revisión, los Juzgados
1°, 2° y 3° Penales del Circuito de Córdoba, informaron a esta corporación que
una vez revisados los libros radicadores que se llevan en cada despacho, se
constató que no aparece anotación alguna referente a acción de tutela
interpuesta por el señor Jaime Torralvo Suárez contra el Consejo Nacional
Electoral y/o el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería. No
obstante, se aportaron al expediente algunos fallos de tutela proferidos por
tales Juzgados, pero correspondientes a demandas presentadas por los señores
Olga Lucía Doria Castrillón y Eliécer Doria Ferrer contra el Presidente del
Tribunal Superior de Montería.
En efecto, la sentencia de agosto 15 de 2006,
proferida por el Juzgado 2° Penal del Circuito de Montería, fue interpuesta por
la señora Doria Castrillón como agente oficiosa del señor Doria Ferrer contra
el Tribunal Superior, en la cual solicita se restablezca en el cargo de
Gobernador al señor Torralvo Suárez, dado que el Tribunal le dio posesión al
señor López Cabrales “pretextando que había recibido una orden del C.N.E.”.
Dicha tutela fue denegada por improcedente luego de considerar el Juzgado que
la actuación del Tribunal obedeció al cumplimiento de su deber legal, como lo
era hacer efectiva la sentencia T-284 de 2006, tal como se lo había encomendado
el Consejo Nacional Electoral (folios 134 a 153 del cuaderno de revisión).
Asimismo, el Juzgado 1° Civil del Circuito de
Montería, mediante providencia de agosto 30 de 2006, frente a una nueva acción
de tutela presentada por la señora Doria Castrillón, decidió “abstenerse de
pronunciarse acerca del fallo de la demanda de acción de tutela propuesta por
la señora Olga Lucía Doria Castrillón contra el Presidente del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Montería”, dado que la demanda fue
temeraria puesto que “ya fue decidida en el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de esta ciudad, mediante fecha de agosto 15 de 2006” (folios 129 y
130 del cuaderno de revisión).
En el mismo sentido, el Juzgado 3° Civil del Circuito
de Montería, en sentencia de septiembre 28 de 2006, denegó la acción de tutela
presentada por el señor Doria Ferrer, por cuanto “se constató que el Dr.
Eliécer Doria Ferrer, directamente o a través de la Dra. Olga Lucía Doria
Castrillón, instauró varias tutelas, respecto de los mismos hechos y derechos”
(folios 174 a 181 del cuaderno de revisión). Esta decisión fue impugnada,
correspondiéndole a la Sala Constitucional de Tutela del Tribunal Superior de
Montería conocer de la misma, quien a través de fallo de enero 31 de 2008 la
confirmó, bajo los mismos argumentos (folios 194 a 197 del cuaderno de revisión).
6.4. Observa la Corte que se presentaron varias
acciones de tutela, si bien  unas por el señor Doria Ferrer y la señora Doria
Castrillón, y otra por el señor Torralvo Suarez, con variantes no
significativas, todas ellas se orientaban a la misma finalidad, impedir el
cumplimiento de la sentencia T-284 de 2006, y restablecer de todas maneras en
el cargo de Gobernador de Córdoba al señor Jaime Torralvo Suárez, pudiéndose
presentar una temeridad material en el ejercicio de la acción de tutela, pues
el mismo fin persigue la ahora presentada por Torralvo Suarez por intermedio de
apoderado, como pasa a explicarse.
6.5. Al respecto de la acción de tutela
interpuesta en la presente oportunidad, la Corte observa que las actuaciones
tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal Superior del Disctrito
Judicial de Montería, que son objeto de la presente tutela, fueron proferidas
para darle cumplimiento de la sentencia T-284 de 2006 de la Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, que en sede de revisión accedió a la
tutela interpuesta por el señor Libardo López Cabrales, y como consecuencia
dejó sin efectos la sentencia de agosto 24 de 2005 de la Sección Quinta del
Consejo de Estado que anuló su elección como Gobernador del Departamento de
Córdoba y ordenó el restablecimiento de los derechos fundamentales del señor
Libardo López Cabrales.
6.6. Como se desprende de la lectura de la demanda, el
señor Torralvo Suárez invocando la vulneración de sus derechos al debido
proceso y participación, busca que los actos proferidos por el Consejo Nacional
Electoral y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, tendientes
a darle cumplimiento a la sentencia de revisión T-284 de 2006 sean dejados sin
efecto, y solicita en consecuencia darle posesión a él como Gobernados de
Córdoba y así poder seguir ostentando dicho cargo.
En
efecto, las peticiones de la presente tutela, se dirigen a sustraer los efectos
de la citada sentencia T-284 de 2006, pues van  en contravía del
restablecimiento de los derechos amparados al señor López Cabrales y así
dispuesto por la citada sentencia. Para ello, el accionante arguye que las
actuaciones de las autoridades colegiadas accionadas fueron inadecuadamente
adelantadas, pues por una parte el Consejo Nacional Elecoral no tenía
competencia para hacer cumplir el fallo de la Corte y, por el otro, el Tribunal
Superior de Montería no podía dar posesión a López Cabrales dado que dicha
formalidad debía efectuarse en principio ante la Asamblea Departamental.
6.7. La presente demanda de tutela, orientada a en
apariencia a cuestionar los actos de cumplimiento de la sentencia T-284 de
2006, realmente se dirige contra la sentencia T-284 de 2006, que además de
resultar improcedente no vulneran derechos fundamentales del actor, pues éste
carece de legitimación para oponerse y controvertir los actos realizados para
dar posesión como Gobernados de Córdoba a Libardo López Cabrales, que de haber
resultado irregulares pudieren comportar la vulneración de los derechos
fundamentales de éste y no del actor, y conllevaban la solicitud de realizarlos
en debida forma, pero no, so pretexto de su irregularidad, solicitar su
anulación para lograr la posesión del actor con una particular interpretación
de cómo debían entenderse los efectos de la citada sentencia de tutela.
6.8. Cabe recordar, que el señor Torralvo Suarez, había
presentado ante la sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, el 27 de junio de 2006, acción de tutela contra la Corte
Constitucional, entre otros, la que fue rechazada por cuanto “…no procede la
tutela contra sentencias de la misma índole…”, decisión que por el mismo
motivo fue confirmada por el Consejo Superior de la Judicatura; se consideró en
ésta instancia, que había operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional
y “…contra las sentencias de tutela          que profiere la Corte
Constitucional no procede recurso alguno y tampoco existe actuación posterior
ante ella para la ejecucución de sus fallos.”
Y, que
el mismo señor Torralvo Suarez, presentó solicitud de nulidad contra la
sentencia T-284 de 2006, la que le fue negada por la Sala Plena de esta
Corporación en el Auto A-256 de 2006, por falta de legitimación, pues  “no fue demandado por el tutelante, ni
intervino en el proceso, ni fue objeto de la orden dada en dicha sentencia”;
en tal medida, como tercero ajeno
a la misma, si no tenía legitimación para pedir la
nulidad de la decisión, tampoco la tiene ahora para pretender invalidar los actos de cumplimiento de dicho fallo por los supuestos defectos que señala, cuando es al señor López Cabrales a quien le incumbía de manera exclusiva la forma en como debía cumplirse el fallo que amparó sus derechos fundamentales.
Téngase en cuenta que “no puede alegarse vulneración de los
propios derechos con base en los de otro”, así como que “(i) El interés en la defensa de los
derechos fundamentales, (...) radica en su titular y no en terceros y, por otra
parte, (ii) la relación de vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
debe ser directa y no transitiva ni por consecuencia”[38].
6.9. En este caso, el señor Torralvo Suárez supone que el
Consejo Nacional Electoral usurpó la competencia del juez de primera instancia,
a quien le toca velar por el cumplimiento de las sentencias de revisión,
asimismo, que conforme a la ley, correspondía a la Asamblea Departamental darle
posesión al señor López Cabrales y no al Tribunal Superior de Montería. No
obstante, el accionante en la presente tutela no solicita que las actuaciones
mencionadas se invaliden para que sea el juez de primera instancia quien
indique como ha de cumplirse la sentencia T-284 de 2006 o para que el señor Libardo
López se posesione ante el Cabildo Departamental, sino que pide “a título de
restablecimiento” que la Asamblea o el Tribunal le de a él posesión como
Gobernador para ejercer el cargo “por el resto del periodo constitucional
hasta su terminación natural el día 31 de diciembre de 2007”.
Así
entonces, independientemente del acierto o desacierto de las disquisiciones
ahora alegadas, no le correspondía al señor Torralvo Suárez oponerse al
cumplimiento del fallo de revisión que amparó los derechos fundamentales del
señor López Cabrales, el cual debía ser cumplido sin excepción alguna.
6.10. A pesar de que el actor ahora intenta camuflar el
ataque a la sentencia T-284 de 2006, lo cual ya había intentado infructíferamente
de forma abierta y directa mediante la solicitud de nulidad y mediante otra demanda
de tutela que le fue declarada improcedente, en este caso bajo el manto de
aparentes irregularidades en los actos de cumplimiento de la decisión, la Sala
relieva que la causa eficiente que dio lugar a las actuaciones de los entes
accionados, como se desprende en sana lógica, remite ineluctablemente a la
sentencia de revisión, que como aflora de las mismas comunicaciones y acto de
posesión, fue la razón del proceder ahora reprochado por el actor. En esa
medida, para la Corte el accionante con los argumentos esgrimidos en la
presente tutela no hizo sino controvertir la sentencia T-284 de 2006, para entorpecer
su efectivo cumplimiento y lograr nuevamente su posesión como Gobernador de
Córdoba. En otras palabras, bajo el velo de presuntas irregularidades en la
posesión para el reintegro al cargo de Gobernador de Córdoba del señor López
Cabrales, se impugnó la sentencia de revisión citada. Sentencia de tutela sobre
la cual ya se había presentado directamente el por el señor Torralvo Suarez
otra tutela con anterioridad (27 de junio de 2006 ante el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca –Sala Disciplinaria), y contra la cual también
presentaron acciones de tutela en varias oportunidades los señores Doria Ferrer
y Doria Castrillón (Juzgados 1º, 2º, y 3º Penal del Circuito de Montería).
6.11. Cabe recordar, que en la sentencia T-284 de 2006, la
Corte dispuso el restablecimiento de los derechos fundamentales del señor
Libardo López Cabrales, vulnerados por la decisión del Consejo de Estado al
anular el acto de su elección como Gobernador de Córdoba, quien también había
sido electo por votación popular, el 26 de octubre de 2003, para el período
constitucional 2004-2007, y en consecuencia ordenó el reintegro al cargo, sin
señalar solemnidad alguna para ello, pues se entendía que su derecho se encontraba
restablecido en virtud de dicha decisión y a partir de la notificación de la misma,
pudiendo asumir sus funciones sin restricción alguna. Expresamente en dicha sentencia de tutela, la Sala Novena consideró, “Asimismo,
a título de restablecimiento de los derechos fundamentales conculcados al
actor, se ordenará su reintegro al cargo de Gobernador del Departamento de
Córdoba, a fin de culminar su período constitucional, sin perjuicio de que se
haya o no adelantado un nuevo proceso electoral para elegir gobernador.”.
No
obstante, como en dicha sentencia de revisión se decidió informar a la  Organización Nacional
Electoral “para estos efectos”, dado que es quien conforme a la
Constitución y la ley vigila, controla y registra todo lo relacionado con los
acontecimientos en la materia, en especial el otorgamiento de las credenciales
correspondientes.
Tanto el señor López Cabrales como el Ministro del Interior solicitaron
al Consejo Nacional Electoral fijar posición respecto a la sentencia T-284 de
2006, cuya postura ya conocemos que fue la de solicitar al Tribunal Superior de
Córdoba dar cumplimiento a dicha providencia. Para la Sala no resulta
arbitrario que el organismo electoral haya contribuido al cumplimiento del
fallo de tutela, pues además de cumplir con sus deberes legales[39], su conducta no implicó una trasgresión
al orden constitucional, más aún cuando la sentencia de revisión se debía
cumplir con o sin su intervención, tendiente al reintegro como Gobernador del
señor López Cabrales, finalidad que se debía alcanzar sin importar las
formalidades que supuso el Consejo Nacional Electoral y que de todas formas no se
oponían el cumplimiento del fallo. Desde otra perspectiva, en la hipótesis de
que fuera procedente dejar sin efectos las actuaciones de los entes accionados
mediante la acción de tutela, como lo pretende el actor, en nada hubiera
variado el inevitable cumplimiento del fallo de revisión, que ordenó el
reintegro al cargo de Gobernador al señor López Cabrales.
Cabe
recordar los artículos 23 y 27 del Decreto 2691 de 1991, que se refieren al
contenido que deben tener los fallos de tutela y a las garantías de su
cumplimiento, como se ordenó en la sentencia T-284 de 2006, disponen a saber: El
primero (art. 23) establece que cuando la solicitud vaya dirigida contra
una acción de autoridad, el fallo que concede la tutela tendrá por objeto “garantizar
al agraviado el pleno goce de su derecho, y volver al estado anterior a la
violación, cuando fuere posible”. Asimismo, destaca que si lo impugnado es
la denegación de un acto o una omisión, el fallo tendrá que ordenar su
realización o desarrollar la acción adecuada, y en caso de que la autoridad no
expida el acto administrativo, el juez deberá disponer lo necesario “para
que el derecho sea libremente ejercido sin más requisitos”. En el evento de
tratarse de una actuación material, o de una amenaza, le impone al juez el
deber de ordenar su inmediata cesación así como evitar toda nueva amenaza,
violación, perturbación o restricción. En su último inciso, la norma le otorga
competencia al juez para que, de todas maneras, establezca los demás efectos
del fallo según las condiciones imperantes en el asunto sometido a juicio.
“El segundo (art. 27) dispone que una vez proferido el fallo que
concede la tutela, la autoridad responsable del agravio lo deberá cumplir sin
demora, precisando que si ello no ocurre, el juez debe dirigirse al superior
del responsable para que lo haga cumplir y abra el respectivo proceso
disciplinario en su contra. Si el superior no procede conforme a lo ordenado, la
norma le permite a la autoridad judicial ordenar que se abra proceso
disciplinario en su contra y “adopta[r] directamente todas las medidas para
el cabal cumplimiento del mismo”, pudiendo sancionar por desacato al
responsable y al superior hasta que den cumplimiento al fallo. Prevé el
precepto en cita que, en todo caso, “el juez establecerá los demás efectos
del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté
completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”.
(Negrillas y subrayas fuera de texto original).
6.12. Adicionalmente, hay que recalcar que siendo función de las autoridades
garantizar los derechos de los ciudadanos, ellas deben evitar, como en este
caso, que éstos continúen soportando la vulneración de sus derechos
fundamentales. Debe señalarse que los actos de ejecución de la sentencia de
revisión, independientemente de la autoridad que se involucre en tal finalidad,
no aparejan la vulneración de los derechos del señor Torralvo Suárez, pues como
ya se destacó, dentro del proceso de tutela cuya decisión busca cumplirse, éste
no hizo parte ni mucho menos en tal providencia se le impartió orden alguna.
No sobra
recordar que la convocatoria a elecciones efectuada mediante el decreto 563 de
2006, y de la cual resultó electo el señor Torralvo Suárez, obedeció a que la
sentencia de agosto 24 de 2005 de la Sección Quinta del Consejo de Estado
despojó del cargo de Gobernador a López Cabrales, no obstante tal sentencia fue
dejada sin efectos por la sentencia T-284 de 2006, por lo que la decisión que
legitimó dicha convocatoria perdió su fundamento así como todos los actos
posteriores que de allí se derivaban. En otros términos, a partir de un hecho
inconstitucional no se podía derivar una presunta legitimación reforzada. Así
entonces, tal y como se dispuso en dicha providencia, se imponía el reintegro
al cargo de Gobernador de Córdoba del Departamento de Córdoba al señor Libardo
José López Cabrales “a título de restablecimiento de sus derechos
fundamentales conculcados”, independientemente de que pudiera haber para el
momento una persona electa en dicho cargo, es decir, “a fin de culminar su período
constitucional, sin perjuicio de
que se haya o no adelantado un nuevo proceso electoral para elegir gobernador”. Téngase presente que la Corte en la sentencia referida, como claramente
se desprende de la ratio decidendi y del decisum, resolvió el
reintegro al cargo como medida restablecimiento, siendo ahora inaceptable que
se pretenda tergiversar dicha orden o trastocar su sentido, como por ejemplo suponiendo
que el restablecimiento nunca implicaba el reintegro al cargo.
6.13. De otra parte, para la Sala resultan reprochables
los argumentos plasmados por el ad quem en su decisión, pues a pesar de
actuar como inferior jerárquico dentro de la jurisdicción constitucional
respecto de esta Corporación, sólo se dirigieron a oponerse, a cuestionar, a sustraerle
efectos a la sentencia de tutela proferida por la Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, con una particular contraria interpretación de la misma,
para en últimas, avalar una acción de tutela contra una decisión de tutela. En
efecto, como resultado del fallo del juez de segunda instancia, una sentencia
de tutela conllevó a la ineficacia material de un fallo de revisión, proferido
por el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, en desmedro tanto de la seguridad
jurídica como del goce efectivo de los derechos fundamentales amparados.
El
ad quem aprovechó el tránsito
del proceso a su cargo, para cuestionar sin competencia ni oportunidad para
ello, el procedimiento adelantado y los argumentos esbozados por la Corte
Constitucional para proferir la sentencia T-284 de 2006, a pesar de que tales
señalamientos ya habían sido despejados en el auto que resolvió la solicitud de
nulidad, pues adujo que en el proceso de tutela “el
señor Jaime Torralvo Suárez no pudo ejercer su derecho de defensa pues no fue
vinculado en calidad de candidato, así como ninguno de los demás, a la tutela
que resolvió la Corte Constitucional, pese a tener un interés como tercero que
se vería afectado con las resultas del proceso”. Así, el juez de segunda instancia
desconoció a la Corte como órgano de cierre en la jurisdicción constitucional,
frente a la cual ninguna autoridad u órgano de la misma jurisdicción puede discutir
sus decisiones.
Asimismo,
el ad quem estimó que a las elecciones efectuadas y en donde resultó
electo Jaime Torralvo, se les aplicaba lo señalado en las sentencias SU-640 de
1998 y SU-168 de 1999, a pesar de que en la sentencia T-284 de 2006, se indicó
que “esta
decisión difiere de lo tratado en las sentencias SU-640 de 1998 y SU-168 de
1999, puesto que para decidir la protección que el señor López Cabrales reclama
no se requirió confrontar una decisión judicial proferida en violación de un
precedente judicial sobre el periodo de alcaldes y gobernadores, tema allí
tratado, sino que refirió sobre su derecho al debido proceso ante el
desconocimiento del principio de legalidad en materia de inhabilidades
electorales y su derecho fundamental a ser elegido, que deben garantizarse sin
importar que en el curso del proceso se haya o no designado el reemplazo para
el cargo que ocupaba el actor. Si bien en las sentencias de unificación quedó
resuelto que los alcaldes de las poblaciones que allí se mencionan serían
reintegrados a sus cargos “en el caso de que aún no se haya realizado la
elección popular de nuevo alcalde para dicho municipio”, esto último no fue
planteado en los proceso, de lo que se sigue que se trató de una manifestación
circunstancial, y por ende sin carácter de precedente jurisprudencial de
obligatorio acatamiento”.
Así
entonces, para la Sala es inadmisible que el ad quem falle en contravía
de las sentencias de revisión de la Corte Constitucional, y mucho menos que con
sus decisiones se deje sin eficacia jurídica la protección de los derechos
fundamentales de una persona, por ella impartida en un proceso diferente. No se olvide que de acuerdo con los
artículos 239 y siguientes de la Constitución, en concordancia con los
artículos 43 y siguientes de la Ley 270 de 1996 -Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia-, la Corte Constitucional, como guardiana de la
integridad y supremacía de la Constitución, es el órgano de cierre de la
jurisdicción constitucional. En este orden de ideas, tiene a su cargo fijar el
alcance de los derechos fundamentales reconocidos en la Carta Política y sus
decisiones constituyen la última instancia en materia de protección de los
mismos, siendo de obligatorio cumplimiento.
En ese orden de ideas, como se
desprende de  las consideraciones hechas en la Sentencia SU-1219 de 2001 y en
la jurisprudencia que la ha constantemente reiterado[40] no cabe duda que la
Sección Cuarta del Consejo de Estado actuando como juez de tutela incurrió en
una vía de hecho, no solo al decidir una acción de tutela instaurada contra un
fallo de tutela en clara oposición a la jurisprudencia constitucional de
Unificación sentada en la sentencia SU-1219 de 2001, sino además al restarle
toda eficacia jurídica, sin competencia para ello, a la sentencia de revisión
T-284 de 2006, desconociendo así tanto la cosa juzgada constitucional como la
competencia exclusiva de la Corte en este campo.
Por todo lo anterior, la Sala procederá a revocar la
sentencia de marzo 22 de 2007, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, que concedió la tutela solicitada, e igualmente la sentencia de la
Sección Tercera Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
proferida el 06 de diciembre de 2006, que denegó la misma, para en su lugar
rechazar la presente tutela por improcedente.
6.14. Ahora bien. El hecho de que hubiere entrado a ejercer el cargo de
Gobernador el señor Jaime Torralvo Suárez, por virtud de la sentencia que es
objeto de esta revisión, la cual se revocará, no implica que el señor Libardo
López Cabrales no pudiera ejercer el cargo de Gobernador de Córdoba por todo el
período constitucional 2004-2007, pues la nulidad de su elección se dejó sin
efectos mediante la sentencia T-284 de 2008, por haberse incurrido en una vía
de hecho en tal determinación, y por lo tanto no pesaba sobré el impedimento
alguno.
6.15.  Como es un hecho notorio que hubo elecciones generales para
Gobernadores y Alcaldes, para el período constitucional 2008-2011, y pese a que
se revocará la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
que concedió la tutela a Torralvo Suarez, ya no es posible restablecer el señor
Libardo López Cabrales en el cargo de Gobernador de Córdoba, se hace necesario advertir
que el señor López Cabrales tiene todo el derecho para ser considerado como
Gobernador del Departamento de Córdoba por el período constitucional 2004-2007,
sin solución de continuidad, durante todo el tiempo en que fue privado de éste
cargo a raíz del fallo de segunda instancia proferido en este proceso, por lo
que el señor López Cabrales podrá iniciar las acciones que considere
pertinentes, en las cuales podrá incluir como demandado al señor Torralvo
Suárez, para establecer su responsabilidad en la presentación de acciones de
tutela orientadas a la misma finalidad, hacer nugatoria la sentencia de tutela
T-284 de 2006, y restablecerlo en el cargo de Gobernador de Córdoba, las cuales
resultaron improcedentes.
6.16. Advierte la Corte finalmente, que en todo momento en que haya de
disponerse la designación de gobernadores Ad-hoc, o en interinidad mientras se
deciden controversias judiciales, como en el caso de cualquier funcionario de
elección popular, el nominador debe respetar la filiación política del
funcionario público que debe reemplazarse definida por el movimiento o partido
político por el cual fue inscrito, con el fin de no desconocer la voluntad
popular expresada democráticamente en la circunscripción electoral
correspondiente.
V.  DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión
de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos ordenada mediante auto de octubre
01 de 2007, en el proceso de la referencia.
Segundo.- REVOCAR las sentencia de marzo 22 de 2007, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que concedió el amparo de los derechos
fundamentales invocados por el señor Jaime Torralvo Suárez dentro de la acción
de tutela interpuesta contra el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal
Superior de Montería, y la de diciembre 06 de 2006, proferida por la Sección
Tercera Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó la
acción de tutela de la referencia.
Tercero.- En su lugar, Rechazar por improcedente la presente
tutela.
Cuarto.- DECLARAR que el señor Libardo López Cabrales podrá iniciar las acciones que considere
pertinentes, en las cuales podrá incluir como demandado al señor Torralvo
Suárez, para establecer su responsabilidad en la presentación de acciones de
tutela orientadas a la misma finalidad, hacer nugatoria la sentencia de tutela
T-284 de 2006, y restablecerlo en el cargo de Gobernador de Córdoba, las cuales
resultaron improcedentes.
Quinto.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
A LA SENTENCIA T-516 de
2008
Referencia:
Expediente T-1641707
Acción de tutela instaurada por Jaime
Torralvo Suárez contra el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Montería.
Magistrada Ponente:
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Si bien comparto enteramente la presente sentencia,
constaté que el día 01 de octubre se dictó un auto mediante el cual se
decretaron unas pruebas y se suspendieron los términos para fallar. Yo hubiera
disentido de tal auto porque estimo que la sentencia habría surtido mayor
efecto si se hubiera proferido antes de las elecciones realizadas en octubre de
2007. Como para la fecha de dicho auto me encontraba cumpliendo la comisión en
el exterior aprobada por la Corte  para participar en el Seminario sobre
Constitucionalismo Global en la Universidad de Yale, no estuve presente en la
sesión correspondiente de la Sala de Revisión y no pude expresar mi descuerdo
al respecto.
No obstante, respeto la apreciación de los magistrados
que consideraron necesario decretar pruebas, cuya cuidadosa valoración permitió
concluir que se presentaron por diversas personas varias tutelas – todas
encaminadas a impedir el cumplimiento de la sentencia T-284 de 2006 – por lo
cual en la presente sentencia se señala la responsabilidad del señor Jaime
Torralvo Suárez respecto de estos hechos.
Fecha ut
supra,
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
[1] Ver entre otras
la Sentencia T-184 de 2005.
[2] Sentencia T-149
de 1995.
[3] Sentencia T-308
de 1995.
[4] Sentencia T-443
de 1995.
[5] Sentencia T-001
de 1997.
[6]
Sentencias T-362 de 2007, T-301 de 2007, T-184 de 2007, T-089 de 2007, T-1022
de 2006, T-878 de 2006, T-568 de 2006, T-433 de 2006, T-1221 de 2005.
[7] Sentencias
T-362 de 2007, T-301 de 2007 y T-184 de 2007.
[8] Cfr. Sentencia
T-916 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[9] Sentencia T-431
de 1992.
[10] Sentencia T-554
de 1992.
[11] Sentencia T-554
de 1992.
[12]
El proteger los fallos de tutela tiene su respaldo en el literal c) del
artículo 25  de la Convención Americana de Derechos Humanos que obliga a los
Estados Partes a “garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente  el recurso
(de amparo o tutela)”.
[13] Cfr. Sentencia T-469
de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[14]
Sentencia SU.1158/03: “La jurisdicción constitucional  es aquella que está
instituida para asegurar el respeto de las normas básicas constitucionales,
tanto las orgánicas como las dogmáticas y, por supuesto, las tendientes a la
convivencia pacífica y a la garantía de los derechos fundamentales. Ello
implica asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos
(leyes, sentencias, actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas
constitucionales sino a los valores, principios y derechos y este sería el
objeto de la jurisdicción. Lo importante para la persona que acude al amparo
constitucional es que se ejercite esa jurisdicción constitucional funcional.
Por consiguiente, las decisiones de los jueces competentes, respecto a la
garantía real de los derechos fundamentales, hacen parte de la jurisdicción
constitucional funcional o material”.
[15] Auto del 6 de
agosto de 2003. Sala Primera de Revisión (M.P. Jaime Araujo Rentería) y
Sentencia SU-1158 de 2003.
[16] Ibídem.
[17] Sentencia
SU-1158 de 2003.
[18] Sentencia
Ibídem.
[19] Sentencia T-262
de 1997.
[20] Consultar, entre otras las sentencias SU-1219/01 M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-021/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-192/02
M.P. Eduardo Montealegre Lynett., T-217/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-354/02 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-432/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-623/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-200/03.
M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-1028/03  y T-1164/03, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra, T-502/03 M.P. Jaime Araujo
Rentería, T-582/04, T-536/04 y T-368/05 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-944/05 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-059/06 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[21] M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa. En esta oportunidad la Sala Plena de esta Corporación
revocó la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la H. Corte
Suprema de Justicia, que revocaba la sentencia de amparo proferida por el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena para disponer sobre la
liquidación conforme a derecho de los salarios y prestaciones de un trabajador,
en razón de que a la luz del artículo 86 de la Carta Política y en atención a
los dictados del Decreto 2591 de 1991 no resulta “posible interponer acción
de tutela por vías de hecho contra fallos de tutela”.
[22] Ver Sentencia
T-059/06 M.P. Alvaro Tafur Galvis
[23] Sentencia C-543
de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[24] Sentencias
C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández; T-079 de 1993, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz; T-055 de 1994, M.P., Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-538 de 1994,
M.P., Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-518 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo; T-401
de 1996, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa; T-567 de 1998, M.P. Dr. Eduardo
Cifuentes Muñoz; Corte Suprema de Justicia: Sala de Casación Civil, Sentencia
del veintitrés (23) de febrero de 1995; Consejo de Estado: Sentencia del 10 de
octubre de 1996, Expediente No AC-3944,C.P. Juan Alberto Polo
Figueroa.
[25] Sentencia T-221
de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara: “La interpretación constitucional
fijada por la Corte determina el contenido y alcance de los preceptos de la
Carta y hace parte, a su vez, del "imperio de la ley" a que están
sujetos los jueces.”
[26] Sentencia T-068
de 2000, M.P. José Gregorio Hernández.
[27] La Corte
Constitucional incluso ha admitido que los fallos de tutela proferidos por sus
salas de revisión son excepcionalmente anulables precisamente cuando éstos se
apartan de la doctrina que en sede de unificación ha sentado la Sala Plena de la
Corporación. Esto se debe a que el art. 34 del Decreto 2591 de 1991 establece
claramente que los cambios de jurisprudencia deben ser adoptados por la Sala
Plena a quien corresponde la función de unificar jurisprudencia. La seguridad
jurídica, la consistencia que debe guiar el ejercicio de la función
jurisdiccional, el sometimiento de los jueces a la Constitución y la
efectividad del derecho a la igualdad así lo exigen.
[28] Art.
86 C.P., y arts. 32
y 33 del Decreto 2591de 1991. Además, sentencia C-1716 de 2000, MP Carlos
Gaviria Díaz.
[29] SU-1219 de 2001
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[30] Así lo hacen
diariamente muchas personas, cuyos memoriales son estudiados al momento de
analizar el expediente antes de elaborar el informe que la Unidad de Tutela le
presenta a los magistrados para que estos seleccionen los fallos que habrán de
ser revisados.
[31] Ver Sentencia
C-059/06 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[32] En esa decisión
se concluyó que el demandado incurrió en la causal de inhabilidad prevista en
el numeral 4° del artículo 30 de la Ley 617 de 2000, pues actuando en interés
propio y de terceros, dentro del año anterior a su elección, celebró contratos
con la entidad pública Ecogestar Ltda., cuya ejecución debía cumplirse dentro
del departamento de Córdoba, por el cual resultó elegido.
[33] Sala Plena,
Auto 256 de 2006: “…el
solicitante no invoca su condición de parte, interviniente o destinatario de la
orden impartida en la sentencia T-284 de 2006 para reclamar que dicha sentencia
sea invalidada, por no haber sido citado o notificado para que pudiera
defenderse en el proceso de tutela. Lo anterior tiene su explicación en que el
señor Torralvo Suárez no fue demandado por el tutelante, ni intervino en el
proceso, ni fue objeto de la orden dada en dicha sentencia. Ciertamente,
por tratarse de una tutela contra una providencia judicial, el demandado fue el
órgano judicial que profirió la correspondiente sentencia, es decir, la Sección
Quinta del Consejo de Estado”. Asimismo, porque la sentencia de
revisión fue proferida mucho antes de la fecha en que “se realizaron los comicios para la elección de Gobernador en
Córdoba, en la que resultó electo el señor Torralvo Suárez, fue día 09 de abril
de 2006, es decir, con posterioridad al pronunciamiento de la Sala de Revisión.
En esa medida, el solicitante de la nulidad no tenía porque ser notificado o
citado al proceso de tutela, ni en las instancias ni en sede de revisión. Finalmente, se señaló que “resulta
obvio que la sentencia T-284 de 2006 no haya impartido orden alguna a Torralvo
Suárez, pues además de no haber sido el destinatario de la acción, ni haber
intervenido en el proceso, no existía ningún vestigio del interés que ahora
alega. Recálquese que la tutela no estaba encaminada a controvertir actuaciones
en las que haya participado de alguna manera el solicitante, sino a rebatir una
decisión judicial proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, la que
precisamente decretó la nulidad de la elección como Gobernador de Córdoba a
López Cabrales, para que este en amparo de sus derechos fundamentales, pudiera
continuar ejerciendo su cargo como lo venía haciendo desde antes del fallo
contencioso”.
[34] Folios 245 a 258 del
Cdno. 1
[35] Folios 273 a 287 del
cdno. 1
[36] Tutela
radicada en la Corte Constitucional con el número T-1438968 y no seleccionada
mediante Auto de 12 de octubre de 2006
[37] Folios 38 a 40 Cdno. 2
[38] Sentencias T-674 de
1997, T-658 de 2002 y T-768 de 2003.
[39]
La Organización Electoral, conformada por el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría
Nacional del Estado Civil y los demás organismos que establezca la ley, tiene a
su cargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Constitución
Política, la organización de las elecciones, lo mismo que su dirección y
vigilancia; además de esta atribución general de la Organización Electoral, el
artículo 265 de la Carta Política, consigna otras atribuciones especiales. De
manera que al Consejo Nacional Electoral, en su condición de máxima autoridad
de la Organización Electoral, le corresponden importantes tareas en el marco de
la organización, dirección y vigilancia de los procesos de elecciones, pues no
sólo ejerce la suprema inspección y vigilancia de la Organización Electoral
como tal -cuyas funciones específicas se entienden, principalmente, al servicio
de tales procesos-, sino velar por el desarrollo de los procesos electorales en
condiciones de plenas garantías.
[40] Consultar, entre otras las sentencia SU-1219/01 M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa, T-021/02 M.P. Álvaro Tafur
Galvis, T-192/02 M.P. Eduardo Montealegre Lynett., T-217/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-354/02 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-432/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-623/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-200/03.
M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-1028/03  y T-1164/03, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra, T-502/03 M.P. Jaime Araujo
Rentería,. T-536/04, T-582/04 y T-368/05 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-944/05 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-059/06 M.P. Álvaro Tafur Galvis.