T-947-09
Sentencia T-947/09
Sentencia T-947/09
(Diciembre 16; Bogotá D.C.)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional/ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Evolución jurisprudencial
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Reiteración de jurisprudencia
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Improcedencia para el caso por no existir duplicidad
de acciones
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Alcance y contenido
FUERO SINDICAL Y DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Protección
FUERO SINDICAL-Finalidad/FUERO
SINDICAL-Formas de protección del trabajador aforado
PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE FUERO SINDICAL-Notificación personal del auto admisorio de la demanda
debe hacerse al demandado y al sindicato
NOTIFICACION CUANDO EL TRABAJADOR Y EL SINDICATO SON LA
MISMA PERSONA-Deben ser notificados
en forma independiente
Qué
pasa si el trabajador y el representante del sindicato son la misma persona?
¿Incurre el juez laboral en una violación del debido proceso por no notificar
al mismo ciudadano, en sus diferentes roles, a pesar de haberlo notificado
debidamente en una primera oportunidad? Procesal y jurídicamente, la respuesta
es afirmativa, ya que es deber del juez notificar tanto al trabajador, como al
sindicato, independientemente de que el representante legal del organismo
sindical y el trabajador demandado sean la misma persona. El rol procesal de
ambas partes es distinto, y la forma de comparecer al proceso también lo es. Se
trata de dos personas diversas, cuya personería para actuar procesalmente es
independiente, por lo que  cada una de ellas debe ser vinculada al trámite
judicial en debida forma, en respeto a sus derechos fundamentales de
contradicción y defensa.
NULIDADES PROCESALES-Saneables e insaneables
FALTA DE NOTIFICACION EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE
FUERO SINDICAL-Se notificó al
trabajador pero no al sindicato
El
peticionario fue debidamente notificado por el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Bogotá, una vez le correspondió el reparto del proceso de
levantamiento del fuero sindical, el 10 de febrero de 2005. La notificación
oportuna al trabajador, fue confirmada por el apoderado de la organización
sindical mencionada, en la solicitud de nulidad del proceso en su conjunto,
presentada el 12 de enero de 2007[1]. La notificación, no
obstante, sólo se hizo en calidad de trabajador aforado, y no se vinculó al
sindicato en esa oportunidad. Así, desde el inicio del proceso de levantamiento
de fuero sindical en el 2005, hasta el 28 de agosto de 2006, SINTRAINDEGA
no había sido vinculado al proceso. Dada
la aparente confusión frente a la identidad procesal del demandado y su
notificación, con todo, ello no libera al  juez laboral de acuerdo con el
artículo 48 CPT, de ser quien debe “asumir la dirección del proceso” y asegurar
las garantías procesales dentro del mismo, a fin de propender por el respeto de
los derechos fundamentales de las partes y lograr el equilibrio entre ellas.
Por lo tanto, el cumplimiento de lo previsto en el artículo 118B del C.P.T., de
conformidad con la sentencia C-240 de 2005, sobre el deber de notificación
sindical, era necesario, so pena de verse expuesto a una nulidad por falta de
notificación del sindicato
DEBIDO PROCESO-Vulneración
por cuanto si bien posteriormente se notificó al sindicato, el juzgado profirió
sentencia sin esperar a que se cumpliera el término del traslado para
intervenir en el proceso
El Juez, de acuerdo a su competencia legal para
“garantizar el respeto de los derechos fundamentales” (Art. 48 C.P.T.) y para
precaver una eventual nulidad absoluta del proceso, decidió realizar una
notificación directa al órgano sindical mencionado, ya avanzado el trámite. Ese
proceder, de acuerdo con las normas procesales generales, tenía el propósito
efectivo de sanear la nulidad, al permitir al sindicato esgrimir su derecho de
defensa y de contradicción en debida forma, y articular las garantías
sustanciales del proceso. Hasta aquí, el proceder hubiese sido
indiscutiblemente probo y salvaguardado de cualquier disquisición jurídica. No
obstante, a partir de allí se generaron nuevas reglas procesales, que el
Juzgado accionado debía respetar. La notificación del 28 de agosto de 2006, al
Presidente de SINTRAINDEGA, daba a esa organización sindical la oportunidad de
intervenir en el proceso, contestando o no la demanda. El término previsto para
ello, era el establecido en el artículo 114 del C.P.T, según el cual la
audiencia en la cual se contestará la demanda “tendrá lugar dentro del quinto
(5) día hábil siguiente a la notificación.” Sin embargo, sin esperar que se
cumpliera el término del traslado indicado y sin que el sindicato hubiese sido
oído, el Juzgado accionado profirió sentencia en audiencia celebrada el 1º de
septiembre de 2006, cuando el quinto día habil siguiente a la notificación era el
4 de septiembre de 2006, por lo que la organización de trabajadores alega, que
se le vulneró el debido proceso y el derecho de defensa que le correspondía
como parte procesal vinculada.
PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE FUERO SINDICAL-Se vulnera el derecho de defensa cuando no se respetan
los términos para intervenir en un proceso
Los términos procesales y las reglas que establece el
juez laboral como director del procedimiento judicial en consonancia con el
artículo 48 del Estatuto Procesal del Trabajo, deben ser cumplidas y
respetadas, en atención a la lealtad procesal y el respeto al debido proceso
que es una garantía fundamental de las personas naturales y jurídicas. El
derecho de defensa, en consecuencia, puede verse claramente comprometido,
cuando el término para intervenir en un proceso, a fin de presentar excepciones
o pruebas, no se respeta. Las nuevas circunstancias procesales generadas por el
juzgado a partir de la nueva notificación personal del 28 de agosto de 2006,
habilitaban ciertamente al sindicato a exigir la garantía de cumplimiento del
término procesal  establecido por el legislador para promover sus recursos. La
notificación al sindicato se hizo el 28 de agosto de 2006 y la sentencia de
primera instancia se profirió en audiencia pública el 1º de septiembre de 2006,
por lo que sólo habían transcurrido 4 días desde la notificación de la demanda,
a pesar de que la norma ya citada establece que la audiencia en la que se
contestará la demanda debe citarse dentro del quinto día hábil siguiente a la
notificación. El sindicato, contaba todavía con un día para que se surtiera el
término completo de traslado y para  participar en el proceso, si era del caso,
y ese término no le fue respetado. El desconocimiento de los términos en contra
del sindicato demandante, significa  por parte del Juzgado, una violación
flagrante del debido proceso de esa organización, ya que claramente se cometió
una irregularidad que tuvo como efecto privar al sindicato de su defensa procesal.
La irregularidad, afectó los derechos fundamentales del sindicato, porque
impidió que éste fuera oído en el juicio e hizo inocua la extemporánea
notificación personal que intentó el juzgado, dado que la finalidad prevista
con la solución procesal propuesta por el fallador no se cumplió, al impedir
que la organización sindical finalmente participara en el proceso.
DEBIDO PROCESO-La
nulidad procesal que alega el sindicato es procedente por no haberse cumplido
en su totalidad el término del traslado
La nulidad que alega el sindicato, es predicable de la
sentencia de primera instancia, porque sin haberse cumplido en su totalidad el
término de traslado para la organización enunciada, no existió otra oportunidad
procesal para que ese organismo pudiese invocar la nulidad por violación del
derecho de defensa. La sentencia, en consecuencia, conculcó la oportunidad del
sindicato de presentar razones para su defensa y de ser oído en el juicio. En
el mismo sentido, significó un tratamiento desigual frente a las demás partes,
dado que en los procesos laborales, no puede celebrarse ninguna audiencia de
trámite o juzgamiento, si con anterioridad no se ha señalado la fecha de su
realización (Artículo 45 del C.P.T.).
Referencia: Expediente T-1.925.349.
Accionantes: Martín Emilio Muñoz y otros[2].
Accionados: La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma
ciudad.
Tema:
Derechos presuntamente vulnerados: debido proceso, defensa, igualdad, asociación sindical
y acceso a la justicia.
Vulneración invocada: aparente vía de hecho por defecto fáctico, sustantivo
y procedimental en las decisiones del
Tribunal Superior de Bogotá y del Juzgado Segundo Laboral de la misma ciudad, dentro
del proceso especial de levantamiento de fuero sindical seguido contra el
Presidente y Representante Legal del Sindicato Nacional de Trabajadores
SINTRAINDEGA, -Martín Emilio Muñoz Jiménez-, por parte de la empresa Panamco
Colombia S.A.
Pretensión: que se dejen sin efectos las
sentencias proferidas por los mencionados despachos judiciales; se rehaga el
proceso judicial anterior de modo que se permita la intervención de la
organización sindical SINTRAINDEGA, y se ordene a la empresa Panamco Colombia
S.A. reintegrar al señor Martín Emilio Muñoz Jiménez al mismo cargo que
desempeñaba antes del despido, junto con el reconocimiento de los salarios y
prestaciones dejados de percibir desde el momento del despido hasta que se haga
efectivo el reintegro.
Fallo objeto de Revisión: Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, del 1 de abril de 2008, que confirmó la decisión de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del 4 de marzo de
2008.
Magistrados de la Sala Quinta de
Revisión: Mauricio González Cuervo,
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Nilson Pinilla Pinilla.
Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.
I.
ANTECEDENTES.
1.
Demanda y pretensión de los accionantes.
El señor Martín Emilio Muñoz Jiménez, obrando en su
propio nombre y en el del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa
Panamco Colombia S.A., SINTRAINDEGA, en
su calidad de Presidente[3], actuando además junto con los otros 9 directivos
sindicales de esa agremiación[4], interpuso acción de
tutela[5] en contra de las
decisiones de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá y del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esa misma ciudad, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
asociación sindical y acceso a la justicia, en el proceso de levantamiento de
fuero sindical que Panamco S.A. adelantó en contra del Presidente del
Sindicato, Martín Emilio Muñoz Jiménez. Asimismo, aducen el desconocimiento del
derecho de defensa de esa agremiación dentro del proceso especial de
levantamiento del fuero sindical, por no habérsele permitido aparentemente a
esa organización, presentar sus opiniones y descargos dentro del proceso
Consideran, entonces, que existe un defecto fáctico y
sustantivo en dichas providencias, toda vez que el Tribunal Superior de Bogotá dio
por probado, sin estarlo, que el actor no laboró el 22 de diciembre de 2004, autorizando
con ello su despido. A juicio de los demandantes, la ausencia laboral que se
predica no fue debidamente constatada en el proceso y en caso de haberse tenido
por cierta, sólo le permitía a la empresa aplicar una sanción de tres días de
inasistencia y no dar por terminado el contrato laboral, en los términos de la
convención colectiva de trabajo. Por ende, estiman que se desconoció con ese
hecho el procedimiento establecido en la convención, en cuanto a la existencia
de justa causa para el despido. Igualmente, sostienen que existe un defecto
procedimental en las providencias laborales enunciadas, puesto que se afectó el
derecho del sindicato al debido proceso y su derecho de defensa con la
actuación del Juzgado Segundo Laboral del Circuito, ya que se profirió la
providencia de primera instancia, dentro del término que el sindicato tenía
para contestar la demanda. Afirman que con ello se desconoció la sentencia
C-240 de 2005 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
Esta queja se extiende al Tribunal, porque se
desestimó indebidamente su solicitud de nulidad por esta causa, cuando en
varios procesos de fuero sindical adelantados en el mismo órgano colegiado, la
indebida notificación o la no notificación del sindicato, ha dado lugar a la
anulación de las decisiones de primera instancia. Finalmente invocan la
existencia de un defecto procedimental en las providencias, por la no
aplicación del artículo 118 B del Código de Procedimiento Laboral.
Señalaron entre otras consideraciones, que hacen parte
de la Junta Directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa
Panamco Colombia SINTRAINDEGA, la
cual fue inscrita mediante Resolución No. 078 del 1° de diciembre de 2006, en
la que se renovó al señor Martín Emilio Muñoz Jiménez, como Presidente de la
Organización Sindical.
Indican que la Empresa
Panamco Colombia S.A., el 8 de febrero de 2005, inició demanda para levantar el
fuero sindical a Martín Emilio Muñoz Jiménez, proceso que le correspondió al
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, el cual dictó sentencia el 1 de
septiembre de 2006. En ella se resolvió despachar desfavorablemente las
pretensiones de la demandante y desestimar la justa causa para su despido. La
empresa demandante apeló la decisión, mientras que la Organización sindical
propuso nulidad de la sentencia, por habérsele pretermitido la oportunidad para
contestar la demanda; solicitud que fue negada por extemporánea por el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, el 9 de marzo de 2007, y posteriormente
confirmada por el superior funcional el 15 de agosto de 2007.
Advierten que la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial, al resolver la apelación interpuesta por el apoderado de
la Empresa Panamco Colombia S.A., decidió por su parte revocar la providencia
de primera instancia, y en su lugar autorizar a la Empresa demandante a
despedir a Martín Emilio Muñoz Jiménez. Sostienen que el tribunal de oficio
debía haber decretado la nulidad con base en la falta de notificación de la
organización sindical del proceso laboral, sumado a la ausencia de valoración
probatoria por parte de las autoridades judiciales enunciadas.
Para concluir, solicitan que se dejen sin efecto por
vía de tutela, las sentencias mencionadas y que se ordene a Panamco reintegrar
al actor. Como petición especial, solicitan la medida provisional de reintegro
del señor Muñoz Jiménez a la labor en Panamco S.A., durante el trámite de la
tutela.[6]
2.
Intervenciones
2.1.
Respuesta del Juzgado Segundo Laboral del Circuito.
El
juzgado accionado se opuso a las pretensiones de los accionantes, argumentando
que al señor Martín Emilio Muñoz Jiménez se le notificó como persona natural y
como Presidente del sindicato y, sin embargo, nunca interpuso recurso ni
propuso incidente durante el trámite del proceso de fuero sindical.[7]
2.2. Sociedad Panamco Colombia S.A. (Hoy Industria Nacional de Gaseosas
S.A.)
La
Sociedad Panamco Colombia S.A. por intermedio de su apoderado especial se opuso
a la acción de tutela, con base en los siguientes argumentos:
El
señor Martín Emilio Muñoz Jiménez fue desvinculado de la empresa, en virtud de
una justa causa, la cual, una vez tramitada, dio lugar a obtener la
correspondiente autorización judicial de levantamiento de fuero sindical que
culminó con una autorización de desvinculación.
Destaca
que el señor Muñoz Jiménez  presentó de manera individual otra acción de tutela[8]
en contra de la empresa[9], buscando impedir el
cumplimiento de la decisión proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, que
concedía el permiso para su despido, decisión que se encontraba debidamente
ejecutoriada y que era imposible revocar. Indica que esta acción fue conocida
en primer instancia por el Juzgado 72 Civil Municipal de la ciudad[10],
quien accedió parcialmente a las pretensiones, “concretamente, a que se le
reconocieran unos salarios”, decisión que al ser impugnada por la empresa
fue revocada en su integridad y denegada por el superior jerárquico de conocimiento,
que fue el Juzgado 25 Civil del Circuito[11]. Con base en lo
anterior, afirma que se han instaurado dos tutelas bajo las mismas
pretensiones.
Resalta
con respecto a la nulidad solicitada, que esta “no es la vía ni el momento”,
toda vez que no es procedente buscar atacar por este medio “decisiones
judiciales ya terminadas y legalmente ejecutoriadas”. De igual forma señala
que no es acertado afirmar que la entidad sindical no fue notificada, cuando en
el plenario obra acto de notificación que hiciera el juzgado, al igual que el
correo enviado a la organización sindical.
Agrega
el apoderado que “de aceptar –en gracia de discusión – el discurrir de la
acción, no es clara la razón por la que la organización sindical no hizo
oposición ni adujo nulidad en la oportunidad procesal correspondiente, esto es,
antes o en la audiencia de juzgamiento en la primera instancia (1° de septiembre
de 2006) para, posteriormente aparecer intentándolo en la segunda instancia”.
No obstante lo anterior, “el Tribunal Superior dispuso devolver el
expediente al Juzgado para que le diera trámite respectivo al incidente, y una
vez cumplido el ritual fue negado por improcedente. Resuelto el incidente, el
sindicato (el mismo señor Muñoz) tampoco promueve ninguna actuación para
reclamar por el supuesto derecho vulnerado, todo lo cual, sin lugar a dudas
encierra actuaciones alejadas de toda buena fe, al contrario, resultan
apartadas del orden jurídico”.
Así
mismo expone que los hechos que dieron lugar a la solicitud de permiso para
despedir al señor Muñoz Jiménez, tiene que ver con que éste dejo de prestar sus
servicios sin excusa alguna el 22 de diciembre de 2004. Y según sostiene, “simultáneamente
recurre a maniobras engañosas frente al empleador intentando justificar su
inasistencia aduciendo que se encontraba en un lugar distinto cumpliendo
funciones cuando, al proceso quedó fielmente acreditado que no fue así, que se
encontraba en la parte exterior de la empresa realizando actividades contra los
intereses de su empleador, fijando material visual no permitido” y faltando
a la verdad cuando rindió los descargos. Por lo que afirma que el actuar del
accionante es impropio.
Para
concluir resalta que “las decisiones que ataca el accionante, como el
procedimiento cumplido dentro del proceso de fuero sindical se ajustaron a
derecho”, motivo por el cual solicita desestimar la acción constitucional
interpuesta.[12]
3. Hechos relevantes y medios de prueba.
3.1. El señor Martín Emilio Muñoz Jiménez se vinculó a
la sociedad Industrial de Gaseosas S.A., hoy Panamco Colombia S.A., el ocho (8)
de Marzo de 1993, mediante contrato de trabajo escrito, a término indefinido.
El cargo a desempeñar por el señor Muñoz Jiménez desde ese momento, fue el de
Prevendedor, en la ciudad de Bogotá.
3.2. El
Sindicato Nacional de Trabajadores de Panamco Indega S.A.,  SINTRAINDEGA, es un sindicato de primer grado y de empresa,
constituido en febrero de 1996[13]. En el 2001, el
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social ordenó la inscripción de la junta
directiva de ese Sindicato[14], y desde esa fecha fue
elegido como Presidente de SINTRAINDEGA,
el señor Martín Emilio Muñoz Jiménez[15].
3.3. Panamco
Colombia S.A. inició un proceso especial de levantamiento del fuero sindical en
contra del señor Martín Emilio Muñoz en el 2005, por considerar que el
trabajador incumplió sus obligaciones laborales, al dejar de asistir a su lugar
de trabajo, el 22 de diciembre de 2004. En ese proceso, solicitó que se
ordenara el levantamiento del fuero sindical del actor y se autorizara a
Panamco Colombia S.A. a despedirlo.
3.4. En
efecto, el 22 de diciembre de 2004, el
Inspector 5º de Trabajo acudió a la sede de la empresa en Bogotá, para
constatar un mitin en sus instalaciones. En desarrollo de esa visita, el
inspector levantó un “Acta de Constatación” en la que se lee, entre otros
aspectos,  lo siguiente:
“Siendo las 7 a.m. del 22 de diciembre me dirigí a la
portería de Oficinas centrales en compañía del Dr. Cesar Augusto Gómez Cardona,
Inspector 5º, donde pudimos verificar que se encontraban sentados los señores
Martín Emilio Muñoz, Raúl Martínez, Manuel Roberto Martínez y Hernando Vanegas.
La empresa solicitó la presencia del Ministerio por un presunto cese de
actividades del cual se constató que a las 7 a.m. se encontraban los cuatro
trabajadores ya mencionados frente a las instalaciones de la empresa con 11
pancartas alusivas a la empresa entre las cuáles se pueden destacar las
siguientes leyendas: “Por la reubicación de los compañeros de Villavicencio SINTRAINDEGA presente”,
“Contra la persecución sindical en Coca- Cola SINTRAINDEGA presente”, (…) y otras
leyendas”.
3.5. El
superior jerárquico del señor Martín E.
Muñoz, Francisco Javier Zapata, certificó que el señor Muñoz no se presentó a
laborar el 22 de diciembre de 2004  a las 6 a.m. que era su hora laboral usual.
Para entonces, señaló, “no tenía autorización para no presentarse a trabajar” y
que “con motivo de su ausencia y teniendo en cuenta que los clientes que él
debía atender iniciando la mañana estaban desatendidos en un día de ventas
crítico, se procedió a asignar a la señorita Johanna Saquero Supernumeraria de la
Gerencia C, para que realizara las funciones del Señor Muñoz”.
3.6. El 24
de diciembre de 2004, el señor Francisco Javier Zapata, superior del demandado,
informó a la Jefatura de Recursos Humanos de la empresa que el 22 de diciembre
el señor Muñoz no se presentó a trabajar  durante todo el día sin haber
informado o justificado su ausencia.
3.7. Por la
falta cometida, el señor Martín E. Muñoz fue citado a descargos mediante
comunicación del 24 de diciembre del 2004, para el 27 de diciembre del mismo
año a la 10 de la mañana. La falta fue descrita así: “El día 22 de diciembre
de 2004, usted no se presentó a laborar en su sitio habitual de trabajo a la
hora de ingreso 6 am., en cambio se encontraba desde tempranas horas  en la
Oficina Central adelantando una jornada de protesta con amplio material gráfico
y visual alusivo a la Empresa.  A las 7:00 am., hora en la cual usted debería
estar laborando, usted continuaba adelantando la protesta mencionada  frente a
las oficinas centrales de la Empresa (…)”. El 27 de Diciembre de 2004, se
cumplió efectivamente la diligencia de descargos del señor Muñoz Jiménez quien
manifestó en su defensa ser objeto de una persecución empresarial.
3.8. El
proceso especial de fuero sindical promovido por Panamco Colombia S.A. fue
conocido en primera instancia por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Bogotá, quien mediante sentencia del primero (01) de septiembre de 2006[16],
absolvió al demandado de todas y cada una de las pretensiones de la demanda y
denegó el levantamiento del fuero sindical del actor. Así mismo declaró “que
en razón de las resultas del proceso, se hace innecesario el estudio de las
excepciones propuestas por el demandado”.
Para el efecto, el juzgado laboral, en sus consideraciones,
destacó que: (a) Se encontraba probada la existencia del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Empresa Industrial de Gaseosas S.A. Indega –SINTRAINDEGA- y la designación del señor Muñoz Jiménez como
Presidente, de tal manera que era indiscutible la calidad de aforado del
demandado. (b) Que el problema jurídico se centraba en determinar si existía o
no justa causa para autorizar el despido. Al respecto el fallador de instancia,
a partir de un análisis de los hechos y de las pruebas aportadas, consideró que
no era claro que el señor Muñoz Jiménez se hubiese ausentado totalmente de su
jornada de trabajo el 22 de diciembre de 2004, y que se hubiese dado el
consiguiente incumplimiento de sus obligaciones laborales. Por lo que al
existir dudas sobre estos hechos, debía darse aplicación al principio in
dubio pro operario.(c) Que si bien el demandado tuvo participación en la
instalación de pancartas frente a las instalaciones de la entidad demandante,
no se demostró que se hubiera causado un perjuicio en contra de la empresa, ya
que se constató por el Ministerio de la Protección Social, la normalidad de sus
actividades, resaltando que las actuaciones del demandado, se realizaron “en
desarrollo de sus funciones como miembro de la junta directiva de la
organización sindical” y en “ejercicio de las garantías del derecho de
asociación sindical”. (d) Adicionalmente, se consideró que no se demostró
procesalmente que la conducta imputada al trabajador deviniera en el
incumplimiento total de las obligaciones contractuales laborales, que pudieran
originar el retiro del mismo y que, como no se había cumplido a cabalidad el
procedimiento autorizado por la Convención Colectiva para aplicar sanciones, era
necesaria la desestimación de las pretensiones de la demanda.
3.9. Con
posterioridad a esta decisión, SINTRAINDEGA,
actuando mediante apoderado, solicitó la nulidad de la sentencia de primera
instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá, el 12 de enero de 2007[17].
La razón que se adujo, fue el hecho de que el juzgado laboral notificó
tardíamente a la organización sindical del proceso de levantamiento de fuero
sindical, como quiera que mediante auto del 28 de febrero de 2005 admitió la
demanda y sólo hasta el 28 de agosto de 2006 notificó a la organización
sindical de la misma. En igual sentido, indicó que el juzgado profirió
sentencia, sin haberse cumplido el término de traslado para contestar la
demanda correspondiente, ya que habían transcurridos solo tres (3) días desde
la notificación, vulnerándose con ello el debido proceso y los términos
concedidos por el legislador a las organizaciones sindicales para intervenir en
los procesos.
3.10. El
Tribunal devolvió al Juzgado Segundo Laboral del Circuito el proceso, para que
resolviera en primera instancia, el incidente de nulidad correspondiente[18].
Mediante decisión del 9 de marzo de 2007, el juzgado laboral señaló que en
virtud del artículo 142 del C.P.C., el incidente de nulidad procede sólo hasta
antes de proferirse la sentencia. Como el sindicato propuso la nulidad luego de
expedida esa providencia, la solicitud resultaba extemporánea y en consecuencia
la petición de nulidad debía ser rechazada[19]. El Sindicato apeló esa
decisión, ante el superior jerárquico, precisando que (a) estaba demostrado que
el Sindicato tenía 5 días para contestar la demanda, término que no le fue
respetado; (b) que el fallador de instancia profirió sentencia sin garantizar ni
el debido proceso, ni el derecho de defensa del sindicato, al proferir
sentencia a los tres días de notificarle el proceso, cuando no se había
cumplido aún, el término para hacer efectivo  su derecho de defensa. Por último
afirmó, (c) que en estos casos, es aplicable el artículo 140 numeral 6 del
C.P.C. por remisión del artículo 145 del C.P.T., que señala que procede la
nulidad, “cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o
practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión”[20].
3.11. El
Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, el 15 de agosto de 2007[21],
en decisión proferida en audiencia pública, confirmó la providencia del juez de
primera instancia  en lo concerniente al incidente de nulidad, alegando que en
la apelación, no se atacó por el Sindicato el tema de la decisión de rechazo
por extemporaneidad de la nulidad invocada por el juez, sino que se presentaron
argumentos exclusivamente dirigidos a argüir de fondo la nulidad mencionada,
por lo que frente al tema de la extemporaneidad se debía confirmar la decisión
del fallador de primera instancia. El Sindicato, por intermedio de apoderado,
presentó recurso de reposición contra la decisión del Tribunal que resolvió el
incidente de nulidad, el 21 de agosto del 2007[22]. El Tribunal Superior de
Bogotá, Sala Laboral, el 28 de septiembre de 2007, señaló sobre esa petición,
que el a quo “con arreglo a los principios de autonomía e independencia tomó
la decisión correspondiente, impugnándose por la parte ahora recurrente,
garantizándose su derecho de defensa, distinto a que finalmente la decisión no
fuera exitosa, no siendo viable ahora, en gracia de discusión, revivir
nuevamente los términos; lo que desde luego conduce a desatender la petición
incoada a través de recurso de reposición”.[23]
3.12. Panamco
Colombia S.A., por su parte, propuso en su oportunidad, recurso de apelación en
contra de la sentencia de primera instancia, que negó el levantamiento del
fuero sindical del actor, proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Bogotá.
Para el efecto, invocó las siguientes razones: (a) que el fallador incurrió en
grave error jurídico al considerar que la terminación del contrato de trabajo
es una sanción y que es la más grave, porque ello es contrario a la
jurisprudencia laboral, en la que no puede confundirse la solicitud de despido
con la imposición de un procedimiento disciplinario. (b) El procedimiento convencional,
en consecuencia, se cumplió en su totalidad. Además, de todas las diligencias
adelantadas por la empresa y de las pruebas recaudadas, se colige que el actor
cometió faltas que permiten la terminación de su contrato de trabajo[24].
3.13. El
Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, en audiencia celebrada el 16 de
noviembre de 2007[25], resolvió la apelación
de la sentencia en el proceso de fuero sindical adelantado por Panamco. En esa
decisión, el Tribunal revocó la providencia del Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Bogotá del 1º de septiembre de 2006 y concedió permiso a la empresa
enunciada, para despedir al trabajador Martín Emilio Muñoz Jiménez.
El Tribunal fundamentó la revocatoria de la sentencia
de primera instancia, en los siguientes argumentos: revisados el literal a) del
artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, el reglamento de trabajo y los pactos o
convenciones vigentes, y analizado además el cumplimiento del procedimiento
establecido para el efecto en la Convención Colectiva de Trabajo, artículo 15,
vigente para el año 2004, era necesario concluir que: (a) el hecho de que el
demandante y el sindicato se hayan abstenido de ir a la reunión convocada con
el Gerente de Unidad Operativa de Bogotá Norte a la que ambos fueron
oportunamente citados, en cumplimiento de los preceptos convencionales, no es
un incumplimiento empresarial de la norma convencional. La empresa cumplió
entonces, en su momento, con los procedimientos señalados en esa norma
extralegal.[26] (b) El Tribunal constató
que no existía para la ausencia del actor el 22 de diciembre de 2004, permiso
sindical; que ese día se encontraba adelantando una jornada de protesta
corroborada por el Inspector 5° del Ministerio de la Protección Social; que
aunque el demandado alegó que su presencia obedeció al desplazamiento de las
unidades operativas de Bogotá Sur y Bogotá Norte, según el video de seguridad
de la empresa, él se encontraba colocando los pendones de la protesta ese día.
(c) Para el Tribunal, el señor Martín Emilio Muñoz Jiménez, además, no demostró
de forma alguna que hubiese trabajado el día 22 de diciembre de 2004, ni que
hubiese cubierto las rutas asignadas por la empresa, es decir que cumpliera las
labores de Prevendedor en la zona del Minuto de Dios. Tampoco demostró que los
cargos en su contra significaran una real persecución sindical por parte de la
empresa. Por el contrario, a juicio del Tribunal, Panamco estaba en el deber de
solicitarle explicación al demandante por la falta de cumplimiento de sus obligaciones
como Prevendedor, máxime si se tiene en cuenta que en diciembre se aumenta el
volumen de la venta de productos que comercializa la compañía.
Con base en los anteriores consideraciones, concluyó que
el actor incurrió en la violación del numeral 6º del artículo 7º del aparte a)
del Decreto 2351 de 1965[27], pues faltó al trabajo
sin justa causa y sin permiso del empleador  (Art. 58 del C.S.T.). Sólo en los
casos de huelga, según afirmó esa instancia, podía abandonar el actor su lugar
de trabajo, circunstancia no predicable de la situación del señor Martín E.
Muñoz ya que no se constató cese de actividades por el Inspector 5º  de Trabajo
que acudió ese día al lugar. Por estas razones el Tribunal revocó el fallo de
primera instancia y autorizó el despido del trabajador aforado.
Como consecuencia de la decisión adoptada, se
declararon no probadas las excepciones propuestas por el demandado inclusive la
de prescripción, atendiendo que la entidad accionante “tuvo conocimiento del
hecho que constituye la justa causa el 22 de diciembre de 2004 y la demanda se
presentó el 8 de febrero de 2005, es decir, dentro de los 2 meses consagrados
en el Art. 118 A del C.P.T., adicionado por el Art. 49 de la Ley 712/2001.
Advirtiéndose así mismo, que en todo caso la empresa si cumplió con el trámite
procedimental previsto en el art. 15 de la Convención Colectiva (fl. 89),
vigente para la época”[28].
3.14. La
empresa Panamco Colombia S.A. procedió en consecuencia, a dar por terminado el
contrato de trabajo del señor Martín Emilio Muñoz Jiménez, el 1 de diciembre de
2007. Decisión que le fue notificada el 5 de diciembre de ese mismo año[29].
3.15.
Finalmente, el actor presentó ante el juzgado 72 Civil Municipal de Bogotá, en
el 2008, otra acción de tutela[30] con el fin de que se le
protegiera su derecho al mínimo vital, a la igualdad, al trabajo y a la
asociación sindical, alegando que la empresa había incurrido en “la
prohibición de mi ingreso a las instalaciones de la compañía, además de las
suspensiones del contrato de trabajo”, desconociendo que al ser presidente
de la organización sindical, SINTRAINDEGA,
“no he sido suspendido del cargo de directivo sindical, por tanto, la
accionada no puede prohibirme el ingreso a las instalaciones para que pueda
ejercer libremente el derecho de asociación sindical”. Entre otras
pretensiones el actor solicitó igualmente, “que se me permita hacer las
funciones propias de mi cargo con los elementos necesarios para desarrollar las
actividades dentro del puesto que vengo desempeñando en la empresa Industria
Nacional de Gaseosas y que se les ordene pagarme los salarios dejados de
percibir”. La Empresa invocó su derecho a proceder conforme a las
decisiones judiciales impugnadas. Además, alegó que estatutariamente sólo
pueden ser parte del sindicato, quienes sean trabajadores de esa empresa. El
fallador de primera instancia concedió el pago de las acreencias laborales
adeudadas, pero el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá, en segunda
instancia, revocó esa decisión, por considerar que existía justa causa para la
terminación del contrato del actor y que las acreencias laborales debían
solicitarse, entonces, a través de los medios ordinarios de defensa judicial. Con
base en lo anterior, Panamco alegó en el trámite tutelar,  que el demandante había
instaurado dos tutelas bajo las mismas pretensiones.
4. Fallos objeto de
revisión.
4.1.
Sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del 4
de marzo de 2008. (Primera instancia)
[31]
La
Sala de tutela de primera instancia negó la acción por improcedente, con base
en los siguientes argumentos:
Sostuvo
la Sala que las simples discrepancias entre las partes con respecto a una
decisión judicial, no justifican la acción de tutela, toda vez que esta acción
constitucional tiene un carácter excepcional, y sólo procede en casos concretos
en los que por las actuaciones u omisiones de los jueces, se transgredan, en
forma evidente, derechos de rango superior.
Así
las cosas, destacó que la acción de tutela no puede ser considerada como un
medio ni como un pretexto para abolir la independencia del juez natural; y
afirmó que no toda irregularidad procesal es óbice para sustentar la
vulneración de derechos fundamentales, especialmente cuando la propia parte es
la que “no propone dentro de la oportunidad legal prevista para el efecto la
solicitud de nulidad, e instaura el recurso constitucional para subsanar su
inactividad, se olvida que este no es un dispositivo para revivir términos, ni
replantear un debate que, por demás, como en el presente caso se afirma, se
surtió en las respectivas instancias”.
Por
las razones anteriormente expuestas, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, desestimó las pretensiones del demandante en la presente
acción constitucional.
4.2. Impugnación.
Mediante
oficio del 6 de marzo de 2008, la Junta Directiva del Sindicato Nacional de
Trabajadores de Panamco Colombia S.A. –SINTRAINDEGA–, impugnó la decisión adoptada por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 4 de marzo de 2008.
(Primera instancia)[32]. El recurso fue sustentado el 25 de marzo de 2008, con
base en los siguientes argumentos:
Los
accionantes manifiestan su desacuerdo con la decisión de la Sala que negó la
medida provisional solicitada en la demanda, toda vez que a su juicio reúnen
los requisitos para que esta proceda. Sostienen en cuanto a los argumentos de
fondo, que desde que se admitió la demanda se omitió la notificación del
sindicato por parte del despacho de primera instancia, “y el libelista de la
demandante tampoco realizó ninguna diligencia para subsanar la protuberante
falencia”. Por lo tanto consideran  que se vulneraron los derechos de esa
organización sindical, ya que se encuentra probado en el expediente que a la
organización sindical SINTRAINDEGA, “se
le notificó de la demanda el día 28 de agosto de 2006, y que la
sentencia de primera instancia es de fecha 1° de septiembre de 2006…, es
decir [que] solo habían transcurrido cuatro (4) días [para su intervención].,
desconociendo lo plasmado en el artículo 118 B del Código Sustantivo del
Trabajo y la Seguridad Social, adicionado por la ley 712 de 2001, artículo 50.
y el mismo Estatuto Procesal del Trabajo en su artículo 114, modificado por la
Ley  712 de 2001, artículo 45”.
(Subrayas fuera del original)
Reiteran
que no puede el juez de instancia afirmar que esta organización sindical fue
indiferente frente a las decisiones tomadas en su contra, porque “adelantó
la nulidad de la sentencia a pesar de que lo favorecía, exigiéndole a los
despachos judiciales su intervención, lo cual fue infructuoso, y término
cercenándoseles los derechos fundamentales hoy alegados”.
Manifiestan
respecto a la falta endilgada al señor Martín Emilio Muñoz Jiménez, que la
penalidad impuesta por el Tribunal al autorizar su despido resulta ser
exagerada, más aún cuando la misma empresa para este tipo de faltas, tiene
establecido en el artículo 68 del Reglamento Interno de Trabajo, que la “ausencia
total al trabajo durante un día o jornada, sin excusa suficiente, cuando no
cause perjuicio de consideración a la  empresa, implica para el infractor por
primera vez, suspensión en el trabajo hasta por tres (3) días y por segunda
vez, suspensión en el trabajo hasta por dos (2) meses”[33].
Para
concluir, afirman, luego de reseñar otros procesos adelantados frente a este
tribunal en los que se accedió a decretar la nulidad[34]
de segunda instancia  por no haberse notificado al sindicato según el art. 118B
del C.P.T, que  con esa decisión se desconoce su derecho a la igualdad.[35]
4.3.
Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 1º
de abril de 2008. (Segunda instancia)[36]
El
fallador de segunda instancia, confirmó la sentencia proferida el 4 de marzo
de 2008 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia con
base en los mismos argumentos del a quo. Destacó, en efecto, que no se
vislumbra violación alguna a los derechos de los accionantes, toda vez que “admitido
el libelo presentado por la Sociedad Panamco Colombia S.A., el 28 de agosto de
2006 se le corrió traslado de manera personal al demandado, esto es, al
Presidente y representante legal de “SINTRAINDEGA” MARTÍN EMILIO
MUÑOZ JIMÉNEZ[37], quien guardó silencio y sólo hasta el 12 de junio de
2007 confirió poder a un abogado, profesional del derecho que manifestó
contestar “la demanda de la referencia y particularmente presentar nulidad
contra la sentencia proferida en primera instancia…[38]”. Además, el hecho de que el Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Bogotá haya despachado desfavorablemente sus pretensiones no es
razón suficiente para señalar esa actuación como arbitraria o injusta, que
amerite la intervención del juez de tutela, principalmente si se tiene en
cuenta que dicho pronunciamiento fue avalado por su superior funcional y que su
soporte jurídico estaba dado por las previsiones establecidas en el artículo
142 del C de P. C.
Asimismo
señaló el ad quem que las decisiones adoptadas por la sala accionada,
tanto al confirmar la decisión proferida por el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Bogotá que negó por extemporaneidad la nulidad, como la de conceder
el permiso a la empresa Panamco Colombia S.A. para despedir al accionante, se
encuentran debidamente sustentadas, como quiera que esa Sala logró explicar de
forma razonada, los motivos por los que las normas aplicables la respaldaban.
Para concluir, destaca esa Sala que “la proyección
material del principio de autonomía de la función jurisdiccional imposibilita
deslegitimar lo decidido por la simple circunstancia de no ser compartido por
quien ahora formula el reproche y para que en sede de la acción de tutela se
efectúe una nueva valoración sobre el asunto reseñado, como si dicho mecanismo
fuera el escenario natural para intentar imponer su criterio particular; menos
aún cuando no existe razón para sostener la existencia de vías de hecho, tal
como ya se dijo”.[39]
5. Trámite y pruebas, en sede de Revisión.
5.1. Mediante oficio
presentado el 22 de agosto de 2008, el señor Martín Emilio Muñoz Jiménez
solicitó a la Corte Constitucional la imposición de una medida provisional
mientras la Sala Quinta de Revisión resolvía sobre la acción de tutela
interpuesta contra las sentencias proferidas por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá y del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá.
En
su petición, le requirió a la Sala, “suspender en todos los efectos, las
sentencias proferidas por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá y
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala laboral, dentro del
proceso de levantamiento de fuero sindical iniciado por Panamco Colombia S.A.
contra Martín Emilio Muñoz Jiménez y ordenar provisionalmente, mientras se
tramita el proceso de tutela, el reintegro del actor a la empresa Panamco en el
mismo cargo que desempeñaba antes del despido”.
Para
sustentar su solicitud, el actor explicó que se encontraba despedido y
desempleado, sin seguridad social, y que lo mismo ocurría con su núcleo
familiar y en particular con sus menores hijos. Adujo además, la imposibilidad
de cumplir con sus obligaciones personales y que el sindicato no contaba con un
representante legal que asegurara una gestión efectiva a raíz de su
devinculación. Por ende, solicitó a la Sala imponer como medida provisional
para conjurar esa situación,  la suspensión de las dos sentencias de instancia
en el proceso de fuero sindical, impugnadas en sede de tutela.[40]
Mediante
Auto del 31 de octubre de 2008[41], la Sala Quinta de
Revisión de la Corte Constitucional[42] denegó la petición
elevada por el señor Martín Emilio Muñoz Jiménez, tendiente a que se decretaran
medidas provisionales dentro del proceso de la referencia. La Sala consideró
-en principio- que como la inconformidad del peticionario se fundaba en su
desacuerdo con la desestimación de una aparente nulidad procesal y la
discrepancia interpretativa en cuanto a la valoración probatoria dentro de un
proceso especial de levantamiento de fuero sindical, tales circunstancias
no permitían que se coligiera a priori, un perjuicio que no puede remediarse,
ni un arbitrario desconocimiento de la Constitución y la Ley, que ameritara la
aplicación de las medidas provisionales de que trata el artículo 7º del Decreto
2591 de 1991. Esas razones motivaron la desestimación de su solicitud.
5.2. Adicionalmente la Sala
Quinta de Revisión ordenó la práctica de una inspección judicial[43],
el día 6 de noviembre de 2008, al expediente 02 2005 00105 03, en el proceso de
levantamiento de fuero sindical, que reposaba en el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, promovido por Panamco Colombia S.A.
en contra de Martín Emilio Muñoz Jiménez. Adelantada esa diligencia[44]
se constató que el expediente había sido enviado al Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Bogotá, motivo por el cual, mediante Auto del 11 de noviembre de
2008[45], la Sala Quinta de
Revisión ordenó nuevamente la práctica de la diligencia, pero esta vez, en ese
Juzgado Laboral correspondiente.
5.3. El día 19 de noviembre
de 2008, se realizó ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, la
diligencia en mención, en la que se recabaron, entre otras, las siguientes
pruebas[46]:
-Oficio
enviado al señor Martín Emilio Muñoz Jiménez por el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito, para informarle de la existencia del proceso de fuero sindical
-acción de despido- en su contra, para que en un término de 5 días hábiles
compareciera ante este juzgado para realizar la notificación del Auto Admisorio
de la demanda[47].
-Telegrama
enviado por la secretaría del Juzgado Segundo Laboral del Circuito a SINTRAINDEGA, informándole de la existencia del Proceso de
levantamiento de fuero sindical en contra del señor Martín Emilio Muñoz Jiménez
con el fin de que hiciera valer las pruebas  a que creyera tener derecho.[48]
-Diligencia
de Notificación Personal realizada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito
al señor Martín Emilio Muñoz Jiménez –en calidad de demandado-, el 17 de marzo
de 2005, con el fin de que contestara la demanda impuesta en su contra.[49].
-Auto
de la Audiencia Pública Especial, celebrada el 15 de junio de 2006 en la que se
reconoció Personería Jurídica a la Dra. Ana Milena López Molano, como apoderada
sustituta de la parte demandada dentro del Proceso  Fuero Sindical.
-Auto
de la Audiencia Pública Especial de Continuación, celebrada el 18 de julio de
2006, en donde se resuelve “no dar curso a la petición de la parte demandada
en cuanto a la queja” y señalar el 23 de agosto de 2006, como fecha para
llevar a cabo la Audiencia de Juzgamiento.[50]
-Auto
proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, el 23 de agosto de 2006,
durante la Audiencia de Juzgamiento llevada a cabo dentro del Proceso Especial
de Fuero Sindical, Acción de Levantamiento y Permiso para Despedir, mediante el
cual se suspendió esa audiencia por considerar que “se evidencia en el
plenario, que no se ha enterado a la organización sindical, SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A.
“SINTRAINDEGA”, sobre la existencia del
presente proceso, de conformidad con lo ordenado por la Sentencia C-240 de
2000, (sic) así como lo establecido en el artículo 50 de la Ley 712 de 2001”, motivo por el cual, se ordenó a la Secretaría de ese
despacho judicial notificar personalmente a la organización sindical de la
existencia de ese proceso y se estableció que la Audiencia de Juzgamiento, se
continuaría el día 1° de septiembre de 2006[51].
-Diligencia
de Notificación Personal realizada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito
al señor Martín Emilio Muñoz Jiménez –en calidad de Presidente-, el 28 de
agosto de 2006, invocando la existencia del proceso de fuero sindical
instaurado por Panamco Colombia S.A[52].
-Oficio
presentado por el señor Martín Emilio Muñoz Jiménez, por intermedio de su
apoderada, el 13 de agosto de 2006, ante el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito, con el propósito de que ese despacho judicial tuviese en cuenta
dentro del Proceso Especial de Fuero Sindical, las siguientes consideraciones:
Manifiesta
la procuradora judicial del señor Muñoz Jiménez que “[S]e puede catalogar
como grave, que un trabajador se ausente de su sitio de trabajo por espacio
máximo de tres horas, (entre las 6 a.m y las 9 a.m), estando como prueba con
todos y cada uno de los testigos y el video que se encontraba en las
instalaciones de la Empresa, más cuando este es el presidente del Sindicato SINTRAINDEGA y se verifica expresamente por parte de la Empresa,
que está cumpliendo con los derechos consagrados en la Constitución, como lo
son la protesta justa, la libertad de asociación y la libre expresión, pues sin
ellos la actividad sindical estaría siendo nugatoria y los derechos de los
trabajadores quedaría en manos de incomprensibles e intolerantes empleadores”. Agrega, que la actividad que cumplía su defendido
junto con sus compañeros, en horas de la mañana del día 22 de diciembre, “había
sido autorizada por la Alcaldía Zonal, y simplemente estaban colocando unas
pancartas y por razón de la seguridad de las mismas, unos trabajadores
afiliados al Sindicato y que se encontraban de descanso, las cuidaban”.
Destaca que nunca “se había programado un cese de actividades en la Empresa, y
esto es tan cierto, que el Inspector del Ministerio de la Protección Social que
se desplazó a la misma, así lo confirmó”.
Respecto
a que el hecho de que su poderdante no se presentara a su sitio de trabajo
“ocasionó perjuicios graves a la compañía”, sostiene la apoderada que esto no
es cierto, toda vez que asignada a la misma ruta se encontraba la señora
Johanna Patricia Baquero, supernumeraria que lo remplazó el día 22 de diciembre
de 2004, adicionalmente destaca que existen testimonios de compañeros de éste
que señalan que se lo encontraron en la ruta asignada, ese día a las 10 de
mañana, testimonios que asegura el demandado no fueron desvirtuados por la
demandante. Así mismo resalta que la empresa demandante no cumplió a cabalidad
con lo consagrado en el artículo 15 de la Convención Colectiva de trabajo
vigente, que en el parágrafo 1° establece: “En el evento de sanción, o
despido con justa causa y antes de procederse a una determinación, se dará
oportunidad de intervenir ante el gerente de la planta al Sindicato al que
pertenezca el trabajador”. Con base en lo anterior considera se vulneró su
debido proceso.
Resaltó
además, que la empresa demandante ha registrado antecedentes de persecución
sindical contra los miembros del sindicato y en especial contra los
trabajadores que forman parte de la Junta Directiva, precisando que en enero de
1996, la demandanda dio por terminado el contrato de trabajo, sin justa causa,
a todos y cada uno de los trabajadores fundadores del sindicato SINTRAINDEGA, entre los que se encontraba su representado junto
con los otros trabajadores fundadores del sindicato; siendo el señor Muñoz
Jiménez reintegrado aproximadamente en el año 2000.
Para
concluir, indica que durante el año inmediatamente anterior a esta demanda, al
accionado “se lo llama a descargos prácticamente una vez por mes, [A]si como
a sus compañeros de Junta directiva”. En este orden de ideas solicita al
Juzgado de conocimiento negar las pretensiones demandadas.[53]
-Oficio
mediante el cual el señor Martín Emilio Muñoz Jiménez, por intermedio de su
apoderada, da contestación a la demanda dentro del Proceso Especial de
Levantamiento de Fuero Sindical[54].
-Informe
sobre la realización de mitin frente a las instalaciones de la empresa Panamco
Colombia S.A. presentado por el Sindicato de Trabajadores de la empresa Panamco
a la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá.[55]
-
-Acta
de los cargos y descargos, rendidos por el señor Martín Emilio Muñoz Jiménez, el 27 de diciembre de 2004,  ante la
empresa Panamco Colombia S.A.[56]
-Oficio
enviado a SINTRAINDEGA por la Jefe de
Recursos Humanos de la empresa, con el fin de invitarlos a intervenir toda vez
que el demandado ya había rendido descargos, esto en cumplimiento del artículo
15 literal b parágrafo 1 de la Convención Colectiva de Trabajo.[57]
II. CONSIDERACIONES.
1. Competencia.
Esta
Sala es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción
de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241, numeral
9, de la Constitución Política; el Decreto 2591 de 1991, artículos 33 a 36 y el
Auto del 31 de julio de 2008 de la Sala de Selección de Tutela No. Siete de la
Corte Constitucional.
2. El Problema Jurídico.
2.1.   De acuerdo con los hechos relatados por el actor y SINTRAINDEGA, de un lado, y la respuesta de las autoridades
judiciales accionadas y de Panamco S.A., del otro, corresponde a la Corte
Constitucional establecer en esta oportunidad, si las decisiones judiciales que
denegaron la nulidad procesal invocada por los actores, proferidas tanto por el
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá como del Tribunal Superior del
Distrito Judicial, Sala Laboral, así como la sentencia de Segunda Instancia en
el proceso especial de levantamiento de fuero sindical, acusadas de defecto
fáctico, sustantivo y procedimental, vulneraron o no los derechos al debido
proceso, defensa, igualdad, asociación sindical y acceso a la justicia, del
Sindicato SINTRAINDEGA y del señor Martín
Emilio Muñoz, quien obra como su Presidente. Lo anterior, teniendo en cuenta
que las autoridades judiciales accionadas y Panamco Colombia S.A. afirman que
el incidente de nulidad propuesto por el sindicato para el efecto fue
debidamente resuelto, ya que no existió una alegación oportuna del sindicato.
Así mismo, estiman que se dio una valoración adecuada de las pruebas y de la
definición de la justa causa, en ese trámite laboral.
Para
resolver el interrogante sobre la existencia o no de los defectos invocados, la
Corte deberá establecer en primer lugar, (i) si la acción que interpone el
señor Martín Emilio Muñoz y el sindicato contra las providencias judiciales
enunciadas, cumple con las exigencias constitucionales de procedibilidad
conforme a la jurisprudencia. En el mismo sentido, (ii) deberá revisar la
acusación de Panamco S.A. relacionada con la existencia de una sentencia de
tutela anterior por los mismos hechos, a fin de precaver si existe o no el
fenómeno de la temeridad. Abordadas estas consideraciones, y de ser procedente
un estudio de fondo del amparo invocado, la Sala examinará si se incurrió o no
por parte de las autoridades judiciales señaladas, en la vulneración de los
derechos fundamentales del sindicato y del actor, con ocasión de los defectos
que se le endilgan a las providencias señaladas, por vicio procedimental
– ante la no declaración de la nulidad procesal y falta de notificación y
defensa del sindicato- y fáctico y sustantivo –por la indebida valoración
probatoria y desconocimiento de la gradación de las faltas en la convención
colectiva- dentro del proceso especial del levantamiento del fuero sindical en
segunda instancia.
Para
el efecto, la Corte revisará entre otros asuntos, el de la procedibilidad
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y en
especial, el tema de la tutela en materia de fuero sindical. Estudiados estos
aspectos, entrará la Sala en concreto a resolver el asunto de la referencia.
3.  Consideraciones previas.
3.1. El carácter excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
3.1.1. La acción de tutela es un mecanismo de protección
constitucional de naturaleza subsidiaria y excepcional[58],
que sólo procede en situaciones en que no exista otro mecanismo judicial idóneo
para salvaguardar un derecho fundamental vulnerado o amenazado, o cuando
existiendo ese otro medio de defensa judicial, la persona afectada se encuentra
ante un perjuicio irremediable.
En
el caso específico del amparo contra providencias judiciales, la seguridad
jurídica y la autonomía judicial, como valores indispensables en la consolidación
y fortalecimiento de la administración de justicia, están soportados en la
existencia de actuaciones judiciales legítimas que permitan la solución
efectiva de controversias ciudadanas en los términos de la Constitución y la
ley. Es por esto que decisiones que entren en contradicción con el compromiso
constitucional impuesto a todas las autoridades de propender por la realización
de los derechos fundamentales y de ajustarse al ordenamiento jurídico (Art. 2
C.P.), son susceptibles en los términos del artículo 86 Superior, de acción de
tutela. El mandato de ese artículo constitucional, de hecho, asegura la
protección de los derechos fundamentales de las personas que “resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública”, incluyendo entre ellas, a las autoridades judiciales.
3.1.2. En la extensa jurisprudencia constitucional en la
materia, se ha recordado además, que si bien en la sentencia C-543 de 1992
(M.P. José Gregorio Hernández Galindo) la Corte Constitucional estudió los
artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991 y declaró inexequibles las
disposiciones acusadas por considerar que desvirtuaban las reglas de
competencia fijadas por la Constitución Política, lo cierto es que en la ratio
decidendi[59] de esa misma providencia
se reconoció la eventual procedencia de la tutela contra actuaciones
judiciales, cuando ellas fueran producto de una vía de hecho[60],
es decir, de una actuación judicial ajena
al derecho, que vulnerase en forma directa derechos fundamentales.
Ese
precedente[61] y los artículos 2º y 86 de la Carta que autorizan la
tutela contra cualquier autoridad pública en los términos allí descritos, han
permitido  a la Corte Constitucional consolidar una extensa línea jurisprudencial
que hoy se mantiene en materia de tutela contra providencias judiciales[62].
Esa
figura además, que se conoció bajo el
concepto exclusivo de “vía de hecho”[63] judicial en sus
orígenes, en la actualidad recibe el nombre genérico de “causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales”[64],
a fin de no asociar indebidamente al mero capricho y arbitrariedad judicial
la existencia de defectos en las providencias judiciales.
3.1.3. Actualmente son concebidas como causales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en los términos
de la jurisprudencia constitucional descrita, aquellas de carácter
general orientadas a asegurar el principio de subsidiariedad de la acción
de tutela y la seguridad jurídica; y en segundo lugar, aquellas de fondo o
específicas, relacionadas en concreto con los defectos en los que
puede incurrir una providencia judicial. Constatadas las primeras y alguno de
los defectos propios de las segundas en una decisión judicial, será pertinente
el amparo constitucional a los derechos invocados y la protección tutelar
frente a las providencias judiciales correspondientes.
Así,
los requisitos de procedibilidad general de la tutela en tales situaciones son,
(1) el agotamiento de los medios de defensa disponibles en el proceso[65] y (2) el respeto al principio de inmediatez, en la
invocación de la acción constitucional.
En el primer caso, se recuerda que la acción de tutela
no puede ser considerada como una instancia más en el trámite jurisdiccional,
ni  como un camino excepcional para remediar yerros u omisiones de las partes[66]
o para corregir etapas vencidas en los procesos. En efecto, dado que en el ámbito
de los procesos ordinarios también se concreta la protección y garantía de los
derechos de los ciudadanos, la tutela contra providencias judiciales no puede
ser concebida como un escenario adicional para el estudio de una controversia
ya desatada bajo la égida jurisdiccional, o como una tercera instancia en
materia procesal. Es una acción a la que se debe acudir exclusivamente en
situaciones en las que efectivamente una determinación judicial implique una
vulneración o amenaza de derechos fundamentales de las personas, y no en los
casos en que se pretendan solventar oportunidades procesales perdidas o
discutir argumentos que nunca fueron objeto del debate judicial en su sede
natural. El agotamiento de los medios de defensa disponibles como requisito previo,
responde por ende, al principio de subsidiariedad de la tutela, que
impide que el juez constitucional entre a reemplazar a la autoridad competente
para resolver aquello que la ley[67] le autoriza, especialmente
si los mecanismos para solucionar las posibles deficiencias en los procesos no
han sido utilizados por las partes de acuerdo a las competencias que les asigna
la ley.
El
agotamiento efectivo de los recursos y mecanismos ordinarios de defensa
judicial, resulta ser por consiguiente, no sólo una exigencia mínima y
justificable de diligencia de los ciudadanos frente a sus propios asuntos[68],
sino un requisito necesario para la procedencia de la acción de tutela
contra sentencias, salvo que por razones extraordinarias no imputables a quien
alega la vulneración, la persona se haya visto privada de la posibilidad de
utilizar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso judicial[69],
circunstancia que no obstante, deberá ser debidamente acreditada en la acción
de tutela[70].
Se
concluye entonces respecto a este primer asunto, que puede ser procedente la
tutela contra una providencia judicial, cuando ante la vulneración de derechos
fundamentales medien acciones u omisiones de los operadores jurídicos[71],
no exista otro medio de defensa judicial idóneo para proteger los derechos
fundamentales invocados y la actuación judicial acusada constituya una vía de
hecho; o, cuando se emplee como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable en materia de derechos fundamentales.[72]
En este último caso, si a la fecha de presentación  de la tutela aún está
pendiente alguna diligencia o instancia procesal, pero la protección
constitucional provisional se requiere de manera urgente para evitar el perjuicio
irremediable, eventualmente puede ser procedente la protección constitucional
de manera transitoria[73].
3.1.4. Ahora bien, la inmediatez, como segunda
exigencia general de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales,  es una figura que se relaciona con el paso del tiempo entre la
solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de derechos fundamentales.
Como su nombre lo indica, se exige que la tutela se presente en un lapso de
tiempo razonable luego de la última decisión judicial, con el propósito de que
se garantice la inminencia de la protección constitucional que se invoca y la
seguridad jurídica. De hecho, permitir que entre una reclamación constitucional
y la supuesta afectación judicial medie un periodo de tiempo desmedido, no sólo
desvirtúa la necesidad de la protección judicial inmediata y el perjuicio
irremediable que  se alega, sino que además hace irrazonable y desproporcionado
un control constitucional de la actividad judicial por la vía de tutela[74]
frente a decisiones judiciales  consolidadas.
Por
ende quien solicite la protección de sus derechos por esa vía, debe interponer
la acción de tutela contra providencias judiciales tan pronto se produce la
vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales, o en un plazo prudencial justificado, porque de lo contrario, la
urgencia y necesidad de la protección por vía de tutela queda en entredicho. La
inmediatez resulta ser una exigencia ineludible en la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales[75], que permite promover y
no desvirtuar, la seguridad  jurídica  del ordenamiento.
3.1.5. Ahora
bien, recientemente la jurisprudencia constitucional ha considerado que exigir
que la parte actora haya alegado la vulneración que ahora se invoca, en el
proceso judicial que se controvierte, -siempre que esto hubiere sido posible-,
también es un requisito pertinente de procedibilidad. La razón de ser de
esa exigencia, está soportada en que la acción de tutela no debe ser contraria
a su naturaleza, por lo que los asuntos por los que se ataca una providencia,
deben haberse planteado al interior del proceso y no ser sorpresivamente nuevos
en esta instancia constitucional[76].
3.1.6. En
cuanto a las causales específicas y de fondo de la tutela contra providencias
judiciales relacionadas con los eventuales defectos en los que pueden
incurrir las actuaciones judiciales, existen conforme a la jurisprudencia de
esta Corporación los siguientes defectos: (i) sustantivo; (ii) fáctico; (iii)
orgánico y (iv) procedimental. Tales defectos pueden ser descritos
genéricamente, en los términos de la sentencia T-086 de 2007, de la siguiente
forma:
-
Existe un defecto sustantivo en una decisión judicial, cuando la
actuación controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable[77], ya sea porque[78]
(a) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley[79]
o  (b) porque el contenido de la disposición utilizada no tiene
conexidad material con los presupuestos del caso[80].
También puede darse en aquellas circunstancias en las que a pesar del
amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, se produce (c) un grave error en la interpretación
de la norma[81], el cual puede ocurrir
por desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes[82]
o cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación contraria a la
Constitución[83].
Es
igualmente un defecto sustantivo el hecho de que la providencia judicial tenga
problemas determinantes relacionados con (d) una insuficiente
sustentación, congruencia o justificación de la actuación[84]
que afecte derechos fundamentales; (e) cuando se desconoce el
precedente judicial[85] sin ofrecer un mínimo
razonable de argumentación, que hubiese permitido una decisión diferente si se
hubiese acogido la jurisprudencia[86]; o (f) cuando
el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante
una violación manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su
declaración por alguna de las partes en el proceso[87].
- Por otra parte, se produce  un defecto fáctico en
una providencia, cuando en la actividad probatoria ejercida por el juez, se omitió[88]
la “valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados”[89] o cuando “la
valoración de pruebas igualmente esenciales no se puede apreciar, sin
desconocer la Constitución”[90]. Este último
evento ocurre cuando el juez “aprecia pruebas que no ha debido admitir ni
valorar, porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29
C.P.).
Con
todo, en lo concerniente al defecto fáctico, sólo es posible decretar una vía
de hecho en tales casos, cuando la valoración probatoria hecha por el juez resulta
arbitraria de una manera manifiesta. Ello sólo ocurre cuando el error en el
juicio valorativo de la prueba resulta ser “ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues
el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la
actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia[91]”[92].
- El llamado
defecto orgánico, tiene lugar, cuando el funcionario judicial que profirió
la sentencia que se controvierte, carece totalmente de competencia para
ello conforme a la ley.
- El defecto procedimental, por su parte,
ocurre, cuando el juez de instancia actúa completamente ajeno al
procedimiento establecido[93], es decir, se desvía de
su deber de cumplir con las “formas propias de cada  juicio”[94],
generando con ello la  violación o amenaza a los derechos fundamentales de
las partes. En estas circunstancias, el error procesal debe ser
manifiesto, debe extenderse  a la decisión final, y no puede ser en modo alguno
atribuible al afectado.
Adicionalmente a las causales anteriores, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido otras más[95].
La vía de hecho por consecuencia ocurre, cuando la aparente violación de
los derechos fundamentales que se alegan con una providencia judicial, son producto
de la inducción al error de la que es víctima el juez de la causa[96]
en el proceso. En tal situación, si bien el defecto no es atribuible al
funcionario judicial, la actuación final sí resulta errada[97]
por lo que puede ser susceptible de acción de tutela para proteger los
derechos fundamentales lesionados.
Finalmente, -aunque no menos importante-, debe
recordarse que el asunto que se discuta como un posible defecto de una
providencia ya definida, debe tener relevancia constitucional. El juez, de
hecho, no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia a nivel superior, porque corre el riego, entonces, de inmiscuirse
indebidamente en competencias que  corresponden a otras jurisdicciones. Por lo
tanto, el juez de tutela debe indicar con toda claridad por qué la cuestión que
entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que pueda
llegar a afectar los derechos fundamentales de las partes.
3.1.6.
Vistas las características básicas de las causales de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales y los requisitos de procedibilidad para que
pueda ser posible un amparo constitucional en tales casos, concluye la Sala que
en esta oportunidad, se cumplieron los requisitos previos de procedibilidad de
la tutela contra sentencias judiciales. En efecto, (i) lo actores agotaron los
medios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico para dirimir la
eventual afectación del derecho de defensa y debido proceso que ahora invocan,
como ocurrió con el incidente de nulidad propuesto. En el mismo sentido, de
acuerdo con lo establecido en el Código Procesal del Trabajo, contra la
providencia del Tribunal Superior que resuelve el recurso de apelación dentro
de un proceso de fuero sindical, no cabe recurso alguno, razón por la cual en esta
oportunidad el demandante y el sindicato carecen de otro medio ordinario de
defensa, estando habilitados entonces para acudir a la acción de tutela[98].
Ello significa a la par, (ii) que los motivos de la acción de tutela que hoy se
discuten, fueron asuntos debatidos en el proceso laboral especial de
levantamiento del fuero sindical correspondiente.  A su vez, (iii)  para la
Corte es claro que como los sindicatos pueden acudir a la acción de tutela para
obtener la protección  de sus derechos[99], así como lo hace el ex
trabajador aforado, el debate que se registra en este caso es constitucional,
en la medida en que involucra la eventual vulneración de los derechos al debido
proceso, defensa y libertad sindical dentro del proceso de asociación sindical,
tanto para la organización colectiva como para  el actor, por lo que es una
reflexión posible en sede de tutela, ya que impacta los derechos
constitucionales de esa organización sindical. Finalmente (iv) se presentó el
amparo respetando el requisito de inmediatez, dado que la providencia de
segunda instancia en el proceso de levantamiento de fuero sindical fue
proferida el 16 de noviembre de 2007 y la tutela se presentó el 11 de febrero
de 2008, lo que es un plazo razonable para interponer la acción constitucional,
ya que fue inferior a 3 meses. De este modo se concluye que se cumplen los
requisitos previos de procedibilidad para adelantar el análisis de fondo de la
presente acción constitucional.
3.2.
De la existencia de una tutela previa y de la alegación de duplicidad tutelar
de Panamco Colombia  S.A.
3.2.1. La temeridad
es una actitud contraria  a los artículos 83[100], 95[101]
y 209 de la Constitución, que compromete el principio de buena fe
constitucional[102], la eficacia y la
agilidad del funcionamiento de la administración de justicia.
Según el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991[103],
la temeridad se describe como la interposición de tutelas idénticas, sin motivo
expresamente justificado, y cuyo efecto es el rechazo o la negación de todas
las solicitudes que se presentan. El uso abusivo e indebido de la acción de
tutela para obtener múltiples pronunciamientos a partir de un mismo caso, no
sólo se opone a la prevalencia del interés general y la moralidad procesal, sino que genera un perjuicio para toda la administración de justicia al
requerir un  innecesario estudio de casos idénticos de manera paralela.
Esta situación ha llevado a la Corte a considerar que
la temeridad, revela “un propósito desleal de obtener la satisfacción del
interés individual a toda costa” y constituye “un asalto inescrupuloso a
la buena fe de los administradores de justicia”[104].
3.2.2. De
este modo, para determinar si una tutela se ha interpuesto en contravención de
la prohibición prevista en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, se debe
examinar en principio, la identidad de los siguientes elementos en las acciones
puestas en conocimiento de los jueces: (i) las partes y demandados[105];
(ii) la identidad de la causa petendi[106], es decir, que las
solicitudes de amparo se fundamenten en los mismos hechos o en la misma causa[107]. (iii) Que el accionante busque a través de las acciones de
tutela interpuestas, la obtención de las mismas pretensiones y la protección de
los mismos derechos fundamentales y (iv) que la presentación de la nueva acción
carezca de justificación válida y suficiente para su interposición, que permita
convalidar la duplicidad de acciones[108].
3.2.3. Ahora bien, la simple presentación de varias tutelas
por los mismos hechos y derechos no genera automáticamente la configuración de
una actuación temeraria[109]. Sólo en el caso de que
el juez de tutela determine que la interposición de las múltiples acciones
obedeció a una actuación dolosa por parte del actor, procede la declaratoria de
improcedencia de la acción de tutela y la aplicación de las sanciones previstas
para dicha conducta.
En
este asunto encuentra la Corte que el señor Martín Emilio Muñoz presentó ante
el juzgado 72 Civil Municipal de Bogotá, otra acción de tutela con el fin de
que se le protegiera su derecho al mínimo vital, a la igualdad, al trabajo y a
la asociación sindical, en contra de Panamco S.A., alegando que la empresa le
había prohibido el ingreso a las instalaciones de la Compañía, -después de la
decisión laboral especial-, desconociendo aparentemente que él era aún el
presidente de la organización sindical SINTRAINDEGA. También alegó el no pago de unas sumas salariales
debidas, por la compañía accionada. Como pretensiones específicas, el señor
Martín Emilio Muñoz Jiménez solicitó el amparo de los derechos fundamentales
mencionados, mientras la jurisdicción laboral decidía de fondo la acción
ordinaria. Requirió que se le permitiera hacer las funciones propias del cargo de
directivo sindical en la empresa y que se ordenara el pago de los salarios
dejados de percibir. Además que la empresa se abstuviera de continuar con la “estrategias
atentatorias contra el derecho de asociación sindical”[110].
Como es evidente, -independientemente de lo alegado
por Panamco S.A.-, entre la  tutela previamente señalada y la que ahora ocupa a
la Sala, no hay identidad de partes demandadas, ni el accionante buscaba la obtención de pretensiones similares a las que ahora
se invocan. Por lo tanto, mal podría alegarse la existencia de duplicidad de
acciones, ni temeridad alguna que impida continuar con el análisis
constitucional.
Dado
que esta acción cumple entonces con los requisitos de procedimiento previamente
expuestos y no hay objeciones procesales para el análisis de fondo de la
demanda, entra la Sala a evaluar las razones que motivaron a SINTRAINDEGA y al señor Martín Emilio Muñoz a alegar defectos
procedimentales y fácticos frente a las providencias judiciales acusadas, en el
proceso de levantamiento de fuero sindical.
4.  Consideraciones de
fondo.
4.1. El  derecho de
asociación sindical y la protección al fuero sindical.
4.1.1. La libertad de asociación en materia sindical,
dentro del marco de protección constitucional (Art. 39 y 53 C.P.), consiste
básicamente en la facultad de empleadores y trabajadores de constituir
organizaciones sindicales para la defensa de sus intereses legítimos y de poner
en marcha su estructura interna, sin distinción alguna o autorización previa,
dentro del ámbito señalado por la ley. El artículo 39 de la Constitución,
precisamente, consagra el derecho fundamental a la asociación sindical de los trabajadores
y empleadores, que es una modalidad del derecho a la libre asociación[111],
que permite fundar sindicatos, reconociendo el principio de autonomía o no
intervención del Estado en los asuntos propios de esas entidades, y la
posibilidad de que un sindicato nazca a la vida jurídica desde su fundación[112].
La
asociación sindical, en consecuencia, tiene un carácter voluntario y también un
carácter relacional, ya que de un lado aparece como un derecho subjetivo de
carácter individual y del otro, se ejerce con otros ciudadanos de manera
colectiva.
4.1.2. Ahora bien, así como los sindicatos gozan de
autonomía para autorregularse, funcionar y organizarse conforme al orden legal,
el ordenamiento jurídico por su parte, debe respetar la autonomía sindical y
proteger el derecho de asociación indicado. Por ello se prevé
constitucionalmente, la existencia de distintas maneras de llevar a efecto esa
protección de los intereses ligados con el derecho de asociación: (i) la
protección al trabajador y de su libertad de asociarse o no al sindicato (art.
25, 39-1 y 53 C.P.); (ii) de las organizaciones sindicales en sí mismas
consideradas, en cuanto a las garantías para su operatividad y funcionamiento
(Art. 39-2) y (iii) la protección de sus directivos sindicales (Art. 39-3). En
el caso de estos últimos, se protege tanto a los fundadores  de la asociación
sindical, como a los directivos y a los miembros de las comisiones de reclamos,
en caso de los conflictos colectivos, a partir de la presentación del pliego de
peticiones[113]. A todos ellos se les
reconoce un fuero de protección, a fin de que no sean objeto de represalias por
su gestión[114], en defensa de los
intereses de los trabajadores (Art. 406 C.S.T.).
La
Corte Constitucional en varias oportunidades ha resaltado, precisamente, el
nexo existente entre la protección especial para las asociaciones sindicales y
el fuero sindical. De hecho, ha especificado que se atenta contra el derecho de
asociación sindical, cuando se despide, suspende o se modifican las condiciones
de trabajo del personal sindicalizado  con el objeto de impedir y dificultar el
ejercicio de sus derechos[115].
4.1.3. El fuero sindical, en consecuencia, conforme a su
definición legal en el artículo 405 del estatuto del trabajo[116],
es una garantía de protección jurídica de la que gozan algunos trabajadores,
establecida en favor de la organización colectiva a la que pertenecen. Tiene el
objetivo de evitar que los trabajadores aforados puedan ser despedidos,
desmejorados en sus condiciones laborales o trasladados sin justa causa,
calificada previamente por un juez del trabajo (Art. 405 CST). Su propósito,
más que proteger el interés personal del trabajador aforado, es el de
garantizar el derecho de asociación sindical en su conjunto. De hecho, esta
institución, consagrada en el artículo 39 de la Carta, es el resultado de la
protección que el Estado le confiere a los sindicatos para que puedan actuar en
defensa de sus afiliados de manera efectiva.
Por
ende, la defensa jurídica reforzada que ofrece la Carta y la ley, promueve que
los sindicatos puedan realizar las actividades propias de su gestión, sin el
temor a la represalia de los empleadores. Así, conforme a lo preceptuado en los
artículos 39 y 53 superiores, la Corte ha hecho efectiva la protección de los
trabajadores para constituir sindicatos y asociaciones, continuar con ellos y
negociar en los conflictos laborales, en equilibrio con la posición dominante
del empleador y la subordinación del trabajador, a fin de que éste no pueda ser
despedido caprichosamente ni padezca agravios, en especial, quienes ejercen
labor sindical, en representación de los derechos de todos los trabajadores[117].
Por
lo tanto, la Carta de 1991 confiere una especial jerarquía a esta figura, en la
medida en que no se trata de una institución puramente legal, sino que se ha
convertido en un mecanismo de rango constitucional, que protege la libertad
sindical y el derecho de asociación de los trabajadores. No es pues una
casualidad que la misma disposición constitucional que reconoce el derecho de
sindicalización, a saber el artículo 39, prevea también el fuero para los
representantes sindicales, a fin de que éstos puedan cumplir sus gestiones[118].
A ese respecto, la sentencia C-320 de 2000, señaló lo siguiente:
“El fuero sindical, en la medida en que representa una figura
constitucional para amparar el derecho de asociación, es un mecanismo establecido
primariamente en favor del sindicato, y sólo secundariamente para proteger la
estabilidad laboral de los representantes de los trabajadores. O, por decirlo
de otra manera, la ley refuerza la protección a la estabilidad laboral de los
representantes sindicales como un medio para amparar la libertad de acción de
los sindicatos. Por ello esta Corte ha señalado que este “fuero constituye una
garantía a los derechos de asociación y libertad sindical, antes que la
protección de los derechos laborales del trabajador sindicalizado”.
4.1.4. Entre los trabajadores aforados se encuentran por
determinación de la ley, los fundadores de los sindicatos, naturalmente, y los
miembros de las Juntas Directivas, entre otros (Art. 406 C.S.T.)[119].
El Presidente de un sindicato, en ese sentido, es uno de los trabajadores
aforados que señala la ley.
Ahora
bien, la protección a la que alude la Carta para el trabajador aforado, se
concreta jurídicamente de dos maneras: (a) mediante el procedimiento
especial de levantamiento de fuero sindical, que exige al empleador
solicitar autorización al juez del trabajo para despedir o desmejorar a un
trabajador, sobre la base de la existencia de una justa causa para el efecto, o
(b) mediante una acción de reintegro, que permite al trabajador aforado
que ha sido indebidamente despedido o desmejorado, solicitar su reintegro en
las mismas condiciones previas a la situación reprochada y el pago de los
salarios dejados de percibir en el interregno (Art. 408 CST). La estabilidad
laboral de los trabajadores aforados y la garantía del fuero sindical, se le
confía entonces a los jueces.
Esta
calificación judicial resulta ser, en consecuencia, una de las características
definitorias del fuero sindical, ya que corresponde al fallador ordinario
determinar si se configuró o no la justa causa para el despido, traslado o
desmejora. Por ende, cualquier decisión que en ese sentido tome el empleador
sin un aval judicial, significa la vulneración de los derechos de asociación
sindical y debido proceso, entre otros[120].
4.1.5. Internacionalmente, tal como lo describe la
sentencia T-249 de 2008, la regla general de estabilidad que rige las
relaciones de trabajo cobra especial importancia frente a la necesidad de
garantizar a los representantes sindicales total independencia en el desarrollo
de su gestión, a la luz del artículo 39 constitucional y de las Convenciones de
la OIT. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de
la Organización Internacional del Trabajo ha señalado que:
“202. La
protección que se brinda a los trabajadores y a los dirigentes sindicales
contra los actos de discriminación antisindical es un elemento esencial del
derecho de sindicación porque tales actos pueden dar lugar en la práctica a la
negación de las garantías previstas en el Convenio núm. 87. Ello implica, en
particular, que los despidos antisindicales no pueden considerarse del mismo
modo que otros tipos de despido, ya que el derecho de sindicación es un derecho
fundamental. A juicio de la Comisión, ello implica distinciones en lo que
atañe, por ejemplo, a las modalidades de prueba, a las sanciones y a las
medidas de subsanación.
203. El
artículo 1, párrafo 1, del Convenio núm. 98 establece, en términos generales,
que "los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo
acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación
con su empleo". En el párrafo 2 del mismo artículo se delimita el alcance
de esa protección (Nota 4). De estas disposiciones se desprende que los
trabajadores deben gozar de protección adecuada contra toda medida de
discriminación antisindical tanto en el momento de ser contratados como
mientras ejerzan su empleo, ya que el reconocimiento de la libertad sindical
por el consignatario del contrato de trabajo constituye el corolario
indispensable del reconocimiento de la libertad sindical por el Estado.”
4.1.6. Precisamente, y en relación con lo anterior, la
jurisprudencia constitucional ha señalado, además, que la protección reforzada
a las directivas de las organizaciones de trabajadores, es un derecho
fundamental en defensa de la institución sindical[121].
La
organización de trabajadores de la cual emane el fuero, puede en consecuencia,
intervenir en los procesos de fuero sindical, por conducto de su representante
legal, de distintas formas: (i) instaurando la acción por el trabajador aforado
o (ii) participando en el proceso de fuero sindical. En este último caso, el
auto admisorio de la demanda instaurada por el empleador o por el trabajador
aforado, debe notificársele al sindicato, con el fin de que si lo
considera pertinente, intervenga o no en el proceso. Podrá asimismo (iii) como
sindicato, efectuar los actos procesales que le están permitidos al trabajador
aforado en el proceso, menos disponer de los derechos del litigio.
Antes
de la vigencia de la Carta de 1991, el Código de Procedimiento Laboral no
preveía nada sobre la participación de los sindicatos en los procesos de fuero
sindical. Esa posibilidad se introdujo mediante la Ley 712 de 2001 que en su
artículo 118 B[122] permite que la
organización sindical pueda intervenir en los procesos de fuero sindical[123].
A
este respecto debe recordarse que con la sentencia C-381 de 2000, se dijo
precisamente que los sindicatos debían ser parte en tales procesos[124].
Posteriormente la sentencia C-240 de 2005[125], que declaró la
constitucionalidad condicionada del artículo 118 B del CPT indicado, enunció
que los sindicatos, en los procesos especiales de fuero sindical, no eran
simples terceros en el trámite, sino que debían tener la oportunidad legal de
participar en la controversia como partes, en garantía del derecho de
asociación. Se dijo entonces en esa providencia, que si el fuero se instituye
como garantía de los derechos constitucionales fundamentales descritos, los
sindicatos debían poder ser parte en ellos, a fin de hacer efectiva esa
protección  constitucional. De acuerdo con la sentencia:
“Ello implica,
entonces, que en los procesos sobre fuero sindical donde el sindicato
respectivo no sea el demandante, su participación en los procesos debe estar
plenamente garantizada en todas las etapas del mismo. Es decir el auto
admisorio de la demanda habrá que notificársele al representante  legal de la
organización sindical a la cual pertenezca el trabajador aforado. Esa
citación al proceso con notificación del auto admisorio de la demanda no puede
realizarse a destiempo sino oportunamente. Es decir que el sindicato ha de
tener la posibilidad jurídica de actuar luego de la notificación de ese auto en
igualdad de condiciones al demandado, esto es, con término igual para que
su participación no resulte inocua, aparente, vacía de contenido.
Desde luego,
el ejercicio del derecho de contradicción en el proceso de fuero sindical, al
igual que el derecho de acción para la iniciación de un proceso no implican el
deber jurídico de actuar, pues es claro que a nadie se puede obligar a demandar
como tampoco a darle contestación a la demanda (…)”[126].
Para
la mencionada providencia, el derecho de contradicción se satisface con la
oportunidad jurídica de conocer la demanda y sus anexos, en virtud del traslado
al demandado y de la notificación del auto admisorio correspondiente. Por ello,
la sentencia concluyó, que notificar al sindicato del auto admisorio de la
demanda y correrle traslado de la misma, era forzoso para el juez de la
causa, en virtud del artículo 118 B del C.P.T. Se dijo además, que la
finalidad de esa norma no era otra que darle al sindicato la oportunidad de
intervenir en el proceso de fuero sindical, como parte, para la defensa del
derecho de asociación. Con fundamento en esas razones, se declaró
exequiblemente condicionado el artículo 118 B del Código Procesal del Trabajo,
“en el entendido según el cual la notificación de dicho auto debe realizarse
en la misma oportunidad procesal en que se notifique al demandado”.
Revisadas
las características generales del derecho de asociación y la protección
constitucional a la libertad sindical, así como lo concerniente al fuero
sindical y a la participación de las organizaciones de trabajadores en los
procesos laborales, entra pues la Corte a revisar las particularidades del caso
de la referencia.
5.
Examen del caso concreto
5.1. De las razones de la
tutela.
5.1.1. El
señor Martín Emilio Muñoz Jiménez, obrando en su propio nombre y como
presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa Panamco
Colombia S.A., SINTRAINDEGA, actuando
además  junto con los otros 9 directivos sindicales y como representante de esa
agremiación, advierte frente a las decisiones del Tribunal Superior de Bogotá y
del Juzgado Segundo Laboral, lo siguiente: (a) que existe un defecto fáctico
en tales providencias, porque el Tribunal dio por probado sin estarlo, según su
opinión, que el actor no laboró el 22 de diciembre de 2004; evento que además
sólo daría derecho a la empresa de acuerdo con la convención colectiva de
trabajo,  a aplicar una sanción de tres días y no a obtener la terminación del
contrato laboral. Bajo ese supuesto consideran que se desconoció el
procedimiento establecido en la convención colectiva para el efecto. (b)
Adicionalmente, alegan un defecto procedimental, porque se vulneró el
derecho del sindicato al debido proceso y defensa, ya que se profirió la sentencia
dentro del término que el sindicato tenía para contestar la demanda. Este hecho
según SINTRAINDEGA, desconoció la
sentencia C-240 de 2005 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), en especial cuando en
varios procesos de fuero sindical adelantados en ese mismo Tribunal, la
indebida notificación o la no notificación del sindicato, sí ha dado lugar a la
anulación de las decisiones de primera instancia. Finalmente (c) alega defecto procedimental
por la no aplicación del artículo 118 B del Código de Procedimiento Laboral. En
mérito de lo expuesto, solicita que se invaliden o dejen sin efecto las
sentencias mencionadas y que se ordene a Panamco Colombia S.A., reintegrar al
actor.
5.2. Primer asunto: el defecto fáctico y sustantivo
invocado por el sindicato,  frente a la sentencia de segunda instancia.
5.2.1. El
demandante y el sindicato alegan el yerro del Tribunal Superior de Bogotá, Sala
Laboral, en la sentencia de segunda instancia, dentro del proceso de
levantamiento de fuero sindical del actor, por dar por probado sin estarlo, que
el señor Martín Emilio Muñoz no había laborado el día 22 de diciembre de 2004,
cuando está documentado en el expediente, según se alega, que “ese día en
las primeras horas de la mañana atendió en las instalaciones de la demandante
una querella administrativa, en calidad de representante del Sindicato,
diligencia que terminó pasadas la 9 a.m.”[127].
Por ende, a juicio del sindicato, el fallador no puede
señalar que ese día no trabajó, teniendo en cuenta que en las primeras horas de
la mañana cumplía las labores descritas. Además, no está probado en el proceso,
qué pasó después de las 9 de la mañana, por lo que la afirmación del Tribunal
no se compadece con la realidad. Si en gracia de discusión se admitiera que el
Presidente del sindicato efectivamente no laboró en esa fecha, esa situación en
todo caso no era suficiente para motivar la terminación de su contrato por
justa causa, ya que según el reglamento interno de trabajo, ello significaba
tan sólo una sanción por tres días.
Alegan los demandantes, en consecuencia, que el defecto
fáctico se consolidó en la definición probatoria ya descrita, cuando el
Tribunal afirmó una ausencia laboral que no fue probada y el sustantivo,
cuando la instancia judicial admitió la justa causa para el despido, siendo que
en su caso lo aplicable era el artículo 68 del reglamento interno de trabajo
sobre faltas disciplinarias, que sólo autorizaba la suspensión laboral hasta
por 3 días por la ausencia laboral de un día, si ello hubiese ocurrido.
5.2.2. La
sentencia controvertida por el sindicato y el demandante, -del 16 de noviembre
de 2007-, surgió a propósito del recurso de apelación presentado por Panamco
Colombia S.A., en contra de la decisión del Juzgado 2º Laboral del Circuito de
Bogotá, que había declarado no probada la justa causa para autorizar el despido
del trabajador aforado. Para Panamco, el juzgado incurrió en un error jurídico
al considerar que la terminación de un contrato de trabajo era igual a una
sanción. El texto del reglamento interno fija el procedimiento para imponer
sanciones, pero ello es independiente al despido  en sí mismo.
En la providencia anunciada, el Tribunal decidió
verificar si existía o no la justa causa invocada por la empresa, para dar por
terminado el contrato de trabajo del señor Martín Emilio Muñoz. En la
providencia, esa Sala de decisión tuvo en cuenta para afirmar la inasistencia
del actor a sus labores del 22 de diciembre de 2004, entre otras las siguientes
pruebas: (a) una grabación en video de esa fecha tomada en las dependencias de
Panamco en la que aparece el señor Muñoz antes de las 7 a.m., colgando
pancartas de protesta. (b) El acta del Inspector 5º de Trabajo que certificó
que el trabajador se encontraba en la entrada principal de la empresa ese día a
las 7 a.m. (c) Testimonios de compañeros de trabajo del actor. (d) La
diligencia de descargos del ex trabajador aforado ante la empresa, por su no
comparecencia, en la que el demandante declara que todo se trata de una
persecución sindical. (e) Informes de la empresa de que no compareció a
trabajar ese día y que su labor la llevó a cabo otra persona y (f) la falta de
pruebas del actor de que hubiese trabajado el 22 de diciembre de 2004.
El Tribunal señaló por lo tanto que del acervo
probatorio podía inferir que:
“[E]l actor incurrió en violación de numeral 6º del Art. 7 aparte a)
del Decreto 2351/65 pues faltó al trabajo sin justa causa, o sin permiso del
empleador No 4º Art. 58 del CST., sólo en los casos de huelga puede abandonar
el lugar de trabajo, evento dentro del cual no se encuentra el demandado, no se
constató cese de actividades por el Inspector 5 de trabajo (…), actitud que
igualmente ha de calificarse como una violación grave a sus obligaciones, pues
tal como lo consignó el jefe de ventas inmediato superior del demandado, la
labor debía empezar a las 6 de la mañana, los clientes se encontraban desatendidos,
en un día de ventas crítico. (…) Lo anterior lleva a la Sala a concluir que se
constituye una de las justas causas para dar por terminado el contrato de
trabajo, se revocará en fallo recurrido”.
5.2.3. Así
las cosas, a juicio de la Sala de Revisión,  los defectos fáctico y sustantivo
que alega el actor y el sindicato respecto de la providencia del Tribunal no se
configuran en modo alguno, dado que:
-  Las
consideraciones vertidas en la sentencia de segunda instancia, demuestran que
el Tribunal adelantó un estudio detallado del material probatorio, concluyendo
de manera cuidadosa y seria, las razones que lo llevaron a estimar la
existencia de una justa causa para la autorización del despido. Más allá de
esas consideraciones, el juez de tutela no tiene la posibilidad de examinar detalles
del proceso laboral, ya que con ello se desnaturalizaría su función constitucional
y se invadiría el ámbito de competencia funcional de los jueces ordinarios.
En
tal sentido, la formación del convencimiento del Tribunal está debidamente
soportado en la reglamentación legal de la prueba, la motivación razonada de la
sentencia y las circunstancias de controversia del proceso. La realidad
procesal es una confrontación entre dos partes y ambas tienen la obligación de
probar sus afirmaciones. Panamco afirmó que el actor no se presentó a laborar y
de las pruebas presentadas se evidenció que en principio el actor: (a) no
compareció al lugar de trabajo a primera hora de la mañana como era su
obligación, (b) hay prueba de que estaba en lugar distinto al de laborar
colocando unas pancartas (video). (c) Se ausentó sin permiso, (d) Esa ausencia
estaba planeada desde días antes, (d) los clientes de la ruta habitual fueron
cubiertos por otra persona que reemplazó al actor y (e) el actor no logró
probar que sí había laborado ese día. De tales resultados, la valoración del
Tribunal no puede considerarse equivocada o violatoria de los derechos del
demandante, ya que para que se configure un defecto fáctico, éste debe ser “ostensible,
flagrante y manifiesto” y tener, una incidencia directa en la decisión[128],
lo que no se desprende en modo alguno de la valoración del Tribunal[129].
- Así
mismo, no cabe tampoco hacer reproche sobre la interpretación sustancial de las
normas procesales invocadas por la autoridad judicial accionada. Tal como lo
señaló la sentencia T-1101 de 2005, “vale reconocer que si bien en relación
con el supuesto que le fue planteado al juez laboral se podría formular una
tesis jurídica que condujera a una decisión opuesta o diferente a la que
finalmente se adoptó por la autoridad accionada, ello no conduce a que el juez
de tutela adquiera competencia para imponerle una opinión “mejor” y para
resolver el asunto”. Porque de acogerse una tesis semejante, no se podrían
adoptar decisiones divergentes entre las autoridades judiciales. Así, la
interpretación de las normas laborales en que se soportó la decisión, tampoco contradice
principios y valores constitucionales; ni impone criterios irracionales o
desproporcionados que impliquen un defecto, en desmedro evidente de los
derechos sustantivos del litigio.
Ninguna
de estas circunstancias se evidencian en el presente caso, por lo que la
intervención del juez constitucional para imponer la interpretación de otras
normas que considere ajustadas, además de ser una tarea ajena a su competencia,
desconocería abiertamente el principio de autonomía e independencia de la
función judicial; conforme al cual las autoridades tienen la facultad de
interpretar y aplicar las normas jurídicas con los límites del orden jurídico
superior (C.P. arts. 228 y 230).
5.3. Segundo asunto: los defectos procedimentales
invocados en contra de las providencias del Juzgado Segundo Laboral del
Circuito y del Tribunal Superior, Sala Laboral de Bogotá.
5.3.1.
Incumplimiento del deber prescrito en el artículo 118 B del C.P.T., de
notificar oportunamente al sindicato.
El
demandante y el sindicato, propusieron dos tipos de defectos procedimentales en
contra de las providencias que decidieron negar la nulidad procesal invocada[130].
El primero de tales defectos era el aparente incumplimiento del artículo 118B,
que ordena la notificación oportuna al sindicato. Y el segundo, la violación
del derecho de defensa del sindicato, por no respetarse el término del traslado
de la demanda necesario para que la organización sindical interviniera en el
proceso. La Sala revisará  a continuación, el primer aspecto.
5.3.1.1.       Conforme
a lo previsto por el inciso primero del artículo 29 de la Constitución
Política, “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas”. De esta forma, las actuaciones que adelanten
todas las autoridades, deben observar como garantía de ese derecho, la plenitud
de formas de cada juicio previstas por la ley y procedimientos, y la garantía
del derecho de defensa y contradicción de las partes, so pena de que se
vulneren preceptos constitucionales fundamentales.
En el proceso de levantamiento de fuero sindical, en
consecuencia, la notificación personal al demandado y al sindicato del auto admisorio de la demanda, es una exigencia necesaria, en virtud de los
artículos 41 y 118B del CPT, con fundamento en la sentencia de
constitucionalidad previamente analizada. Las razones, ya las vimos: el
sindicato debe ser notificado oportunamente como parte del proceso promovido
contra un trabajador aforado, para que decida si interviene o no como garante
del derecho de asociación sindical. Lo
que verdaderamente le garantiza el artículo 118 B del C.P.T. al sindicato, en
consecuencia, es el derecho de la organización a intervenir como parte o de
abstenerse de hacerlo, salvo la disposición del derecho de litigio.
5.3.1.2. En reiteradas ocasiones la Corte ha señalado que el
representante legal de un sindicato está legitimado para interponer acciones en
nombre y representación de sus afiliados -con limitaciones[131]-
y claro está, en el nombre del sindicato en sí mismo[132].
Las asociaciones y fundaciones comparecen a los juicios, por medio de la
persona que de acuerdo con los estatutos lleva la representación legal (Art. 639
C.C.). En el caso de los sindicatos, quien ostenta generalmente esta
representación es el Presidente, por lo que será dicha autoridad sindical quien
deba ser notificada, conforme a lo previsto en el artículo 118 B del C.P.T. Esa
notificación debe ser personal, en virtud de lo dispuesto en el literal A. del
artículo 41 del C.P.T.
Ahora bien, bajo tales supuestos, surgen las
siguientes inquietudes: ¿qué pasa si el trabajador y el representante legal del
sindicato, -esto es, quien tiene la capacidad legal para actuar a nombre y en
representación de la agremiación a la que pertenece-, son la misma persona?
¿Está obligado el juez de instancia a hacer dos notificaciones al mismo
ciudadano, una en calidad de trabajador y otra en calidad de Presidente
sindical? O por el contrario, ¿basta con una sola notificación para que tanto
el trabajador como el sindicato se sientan parte del proceso? Estas preguntas, prima
facie, parecen irrelevantes, pero en realidad son problemáticas, porque
tienen que ver con los derechos de defensa y contradicción de personas
naturales y jurídicas, como se ha visto en esta oportunidad.
En términos generales, cuando se trata de los demás
trabajadores aforados, distintos al Presidente de la organización sindical, la
inquietud desaparece. Ninguno de ellos en sí mismo, tiene la representación
legal del sindicato, ni detenta la capacidad de actuar en su nombre, por lo que
se trata de dos personas independientes, a quienes se les ha de dar a conocer
el inicio del proceso de manera separada. Un ejemplo de ello, es el  caso de un
miembro de la Junta Directiva de una organización sindical, que resulta
demandado. La identidad como trabajador y líder sindical, independientemente de
su cercanía con la organización a la que pertenece, no puede ser confundida, ya
que  no ostenta la representación jurídica de su organización. Así, en virtud
de la ley, ambas partes – trabajador y sindicato -, deberán ser notificados de
manera pronta y expedita, de acuerdo al artículo 118B del CPT, a fin de que los
derechos fundamentales de contradicción y defensa sean garantizados para ambos.
Ahora bien, ¿qué pasa si el trabajador y el
representante del sindicato son la misma persona? ¿Incurre el juez laboral en
una violación del debido proceso por no notificar al mismo ciudadano, en sus
diferentes roles, a pesar de haberlo notificado debidamente en una primera
oportunidad? Procesal y jurídicamente, la respuesta es afirmativa, ya que es deber
del juez notificar tanto al trabajador, como al sindicato, independientemente
de que el representante legal del organismo sindical y el trabajador demandado
sean la misma persona. En materia comercial, una disquisición semejante no
tendría duda: una cosa es la sociedad y otros sus asociados, así el
representante sea uno de sus socios. El rol procesal de ambas partes es
distinto, y la forma de comparecer al proceso también lo es. Se trata de dos
personas diversas, cuya personería para actuar procesalmente es independiente,
por lo que  cada una de ellas debe ser vinculada al trámite judicial en debida
forma, en respeto a sus derechos fundamentales de contradicción y defensa.
Normativamente, de hecho, dos disposiciones procesales diferentes regulan el
cumplimiento de esta exigencia en el proceso laboral: el artículo 41 del CPT,
para el caso del trabajador demandado,  y el artículo 118B del CPT, para el
caso del sindicato.
5.3.1.3. La
notificación personal es además, una garantía procesal que asegura la comparecencia
al trámite, en calidad de parte, de quien es convocado, contribuyendo también a
la protección del derecho de defensa de los involucrados. Bajo ese supuesto, la
no notificación al sindicato, genera nulidad del proceso, en virtud de lo
señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-240 de 2005, que fija
los alcances interpretativos del artículo 118B del CPT. Por lo tanto, lo
prudente y debido conforme a la ley, es notificar al ciudadano, tanto en su calidad
de Presidente sindical, como en la de trabajador aforado,  desde el inicio del
proceso, para asegurar en cualquier sentido que los derechos de las partes
vinculadas a él, están debidamente  protegidos. Con ello, se habrá cumplido con
el propósito de permitir la defensa, contradicción y la comparecencia de ambas
partes al proceso, en condiciones de igualdad.
5.2.1.4.
Esta aclaración exige además que la Sala revise otros temas importantes y
relacionados con que el proceso laboral es de carácter especial, por lo que en
principio, deben aplicarse las reglas del Código de Procedimiento Laboral de
manera preferente. Sin embargo, el artículo 145 del CPT[133]
autoriza que ante la falta de disposiciones especiales pertinentes, se apliquen
las normas del procedimiento civil que sean del caso. En materia de nulidades,
se acogen entonces, las reglas generales del Código de Procedimiento Civil.
Las
nulidades procesales en materia civil, se encuentran reseñadas en el artículo 140
del C.P.C.[134] Son nulidades
saneables, aquellas que con ocasión del cumplimiento de circunstancias establecidas por el legislador, permiten desvirtuar la aparente  lesión a los derechos de defensa o
al debido proceso de las partes, por lo que las irregularidades derivadas de
ellas se entienden subsanadas o convalidadas, a fin de asegurar la eficacia de
los procesos judiciales y favorecer la economía procesal.
Las insaneables, debido a su jerarquía en la estructura procesal y
su relación directa con las garantías judiciales mínimas reconocidas por la
legislación y la Carta, son situaciones que constatadas por los jueces[135],
deben ser decretadas de oficio por el fallador en cualquier etapa procesal
antes de la sentencia[136]. Una
decisión en ese sentido, genera la nulidad de lo actuado desde la configuración
de la causal y la necesidad de reconfigurar el proceso desde el evento que
generó la indebida situación procesal.
Entre las nulidades procesales reseñadas
en el artículo 140 del C.P.C., se encuentra la de indebida notificación al accionado del auto que admite la
demanda. Dicha circunstancia, es una clara irregularidad procesal que genera
ineficacia de las actuaciones judiciales que se surtan con posterioridad a ese
hecho, a fin de proteger el debido proceso y el derecho de defensa de la parte
que invoca esta causal. El enjuiciamiento del demandado, en ausencia de su
participación en el proceso, como es evidente, implica una grave infracción a
una formalidad esencial del procedimiento judicial y, por lo tanto, una
afectación al derecho fundamental del accionado, garantizado por el artículo 29
superior.
Las
nulidades, adicionalmente, se convalidan en los siguientes casos: (a) cuando no
fueron alegadas oportunamente por la parte que podía reclamarla. (b) Cuando la
parte que no haya sido bien representada, citada o emplazada, actúa en el
proceso sin alegar la nulidad. Y, (c) cuando el acto procesal cumplió con su
finalidad y no se violó el derecho de defensa, a pesar de la irregularidad. En
efecto, de acuerdo con el artículo 144 del C.P.C., “si la parte que podía
alegar [la] no lo hizo oportunamente” o si “la persona indebidamente
representada, citada o emplazada, actúa en el proceso sin alegar la nulidad
correspondiente”, se entiende saneada la nulidad. En tales casos desaparece
el motivo de la misma, porque la persona queda en capacidad de controvertir y
defender su derecho. (Art 144 C.P.C).
Tales
nulidades, según el artículo 142 del C.P.C., no obstante, deben alegarse en
principio, en “cualquiera de las instancias, antes de que se dicte
sentencia, o durante la actuación posterior a ésta si ocurrieron en ella”.
5.3.1.5. Vistas
estas consideraciones, debe recordar esta Sala que en la causa objeto de
análisis, tanto el trabajador demandado, como quien preside el Sindicato de
Trabajadores SINTRAINDEGA, es el señor
Martín Emilio Muñoz Jiménez, Presidente de esa organización sindical como
aparece en autos. El señor Muñoz Jiménez, fue debidamente notificado por el
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá[137],
una vez le correspondió el reparto del proceso de levantamiento del fuero
sindical, el 10 de febrero de 2005. La notificación oportuna al trabajador, fue
confirmada por el apoderado de la organización sindical mencionada, en la
solicitud de nulidad del proceso en su conjunto, presentada el 12 de enero de
2007[138]. La notificación, no
obstante, sólo se hizo en calidad de trabajador aforado, y no se vinculó al
sindicato en esa oportunidad. Así, desde el inicio del proceso de levantamiento
de fuero sindical en el 2005, hasta el 28 de agosto de 2006, SINTRAINDEGA
no había sido vinculado al proceso, como lo confirmó
el mismo Juez Segundo Laboral en el acta del 23 de agosto de 2006, en la que
suspende la audiencia de juzgamiento y ordena la notificación sindical[139].
Procesalmente,
podría afirmarse que la razón de la no participación del Sindicato en el
trámite judicial hasta ese momento, se debió a la total ausencia de
notificación personal y vinculación de la organización sindical al proceso, tal
y como lo predica SINTRAINDEGA hasta esa
fecha. En sentido contrario, podría considerarse, - no sin cierta razón-, que
sencillamente el Sindicato ejerció su derecho a participar o no dentro del
proceso judicial, puesto que era imposible que el Presidente de dicha
organización  no supiera de su vinculación al debate procesal en curso, desde
hacía más de un año[140], habiendo sido él el directamente
demandado y teniendo él mismo, la facultad de comparecer o no en el proceso a
nombre del sindicato. Nótese además, que el sindicato había sido informado del
proceso laboral, mediante telegrama[141].
Si
bien ambas afirmaciones pueden ser ciertas, dada la aparente confusión frente a
la identidad procesal del demandado y su notificación, con todo, ello no libera
al  juez laboral de acuerdo con el artículo 48 CPT, de ser quien debe “asumir
la dirección del proceso” y asegurar las garantías procesales dentro del
mismo, a fin de propender por el respeto de los derechos fundamentales de las
partes y lograr el equilibrio entre ellas. Por lo tanto, el cumplimiento de lo
previsto en el artículo 118B del C.P.T., de conformidad con la sentencia C-240
de 2005, sobre el deber de notificación sindical, era necesario, so pena de
verse expuesto a una nulidad por falta de notificación del sindicato[142].
En ese sentido, y en aras de: (i) promover la
seguridad jurídica y la transparencia procesal; (ii) asegurar la celeridad y
eficacia de la justicia; y, (iii) evitar disquisiciones que puedan incluso
contribuir a un eventual uso estratégico y no querido de las nulidades en los
procesos de fuero sindical, estima la Corte que lo prudente en estos casos, es
realizar una doble notificación a las partes o especificar el doble rol con el
que se notifica al demandado, en circunstancias como éstas, en las que la
comparecencia al proceso del sindicato y del trabajador dependen de la misma
persona. Lo anterior, con el propósito de asegurar que la regla general de la
notificación personal a todas las partes, prevista en el artículo 118B del
C.P.T. y fijada por la sentencia C-240 de 2005, sea debidamente acatada y no
sea un motivo de controversia o de excepción en cualquier sentido.
Con
todo, una conclusión semejante no puede ser entendida automáticamente, como la
aceptación de la nulidad de los procesos en los que no se de el tipo de
notificaciones descritas en las circunstancias previamente revisadas.
Recordemos, de hecho, que hay situaciones procesales que a pesar de ser
irregulares, no necesariamente implican la nulidad de lo actuado. Por ejemplo,
existe la opción de que las nulidades hayan sido convalidadas, como cuando el
representante sindical actúa dentro del proceso en su calidad de tal, sin
alegar la nulidad procesal. Así, la afectación cierta de un proceso por vicios
de nulidad, debe generar consecuencias ciertas sobre los derechos de las partes,
de un modo en que trasciendan en la  finalidad del proceso y en los derechos
fundamentales de quienes comparecen en él.
De
este modo, entiende la Sala que si el Presidente del sindicato, en el caso que
nos ocupa, hubiese actuado en el proceso en calidad de tal, y no hubiese
alegado la nulidad, podría plantearse el presunto saneamiento de la misma (Art.
144 C.P.C).  Así las cosas, ante un eventual incidente en ese sentido en el
momento procesal anterior al 28 de agosto de 2006, eventualmente hubiese sido
posible considerar el saneamiento, como lo afirman algunas autoridades
judiciales, ante la inactividad sindical.
5.3.1.5. Con todo, independientemente de estas
disquisiciones, lo cierto es, que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Bogotá, reconoció para ese momento la ausencia de notificación al sindicato, y
como director del proceso, trató de sanear la irregularidad, realizando una
notificación directa y expresa a SINTRAINDEGA en ese momento. En efecto, en la audiencia pública de juzgamiento que
tuvo lugar el 23 de agosto de 2006,  el Juez Segundo Laboral señaló lo
siguiente:
“Sería esta la
oportunidad procesal respectiva para entrar a proferir la sentencia que ponga
fin a la litis, si no fuera porque se evidencia en el plenario, que no se ha
enterado a la organización sindical “SINTRAINDEGA” sobre la existencia del
presente proceso, de conformidad con lo ordenado por la Sentencia C-240 de 2000
(sic), así como lo establecido en el artículo 50 de la Ley 712 de 2001.
Así las cosas,
con el objeto de garantizar el debido proceso y evitar posibles nulidades,
el despacho considera pertinente suspender la presente audiencia de
juzgamiento, con el objeto de que por Secretaría a la mayor brevedad posible se
entere a la organización sindical (…) SINTRAINDEGA, de la existencia del
presente proceso.
En
consecuencia, para que tenga lugar la Audiencia Pública de Juzgamiento, dentro
de la que se proferirá decisión de fondo que ponga fin a la instancia, señálese
la hora de las tres de la tarde del día primero de septiembre del corriente año
dos mil seis.
Por secretaría
líbrese oficio con destino a la organización sindical…Notifíquese por anotación
en Estado”.[143]  (Subrayas fuera del
original).
El señor Muñoz Jiménez, fue notificado personalmente,
el 28 de agosto de 2006, “en calidad de Presidente” del sindicato, de la
existencia del proceso en su contra[144]. El primero de
septiembre de 2006, “estando dentro de la hora de las tres (3:00) de la
tarde, fecha y hora señalados en el auto anterior”, el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Bogotá, en audiencia pública de juzgamiento, profirió
sentencia de primera instancia[145].Veamos a continuación,
en este nuevo escenario, las alegaciones del sindicato sobre los defectos
procedimentales de las decisiones que serían tomadas por el Juzgado accionado y
el Tribunal, a raíz del alegato de nulidad.
5.3.2. La solicitud de nulidad, ante el
desconocimiento del término de traslado dado al sindicato para participar en el
proceso.
5.3.2.1. Evidenciada
la irregularidad procesal que se ha descrito hasta el momento, por ausencia de
notificación al Sindicato en el proceso de levantamiento del fuero sindical en
curso, el Juez Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, de acuerdo a su
competencia legal para “garantizar el respeto de los derechos fundamentales”
(Art. 48 C.P.T.) y para precaver una eventual nulidad absoluta del proceso[146],
decidió realizar una notificación directa al órgano sindical mencionado, ya
avanzado el trámite. Ese proceder, de acuerdo con las normas procesales
generales, tenía el propósito efectivo de sanear la nulidad, al permitir al
sindicato esgrimir su derecho de defensa y de contradicción en debida forma, y
articular las garantías sustanciales del proceso. Hasta aquí, el proceder
hubiese sido indiscutiblemente probo y salvaguardado de cualquier disquisición
jurídica.
No
obstante, a partir de allí se generaron nuevas reglas procesales, que el
Juzgado accionado debía respetar. La notificación del 28 de agosto de 2006, al
Presidente de SINTRAINDEGA, daba a esa organización sindical la oportunidad de
intervenir en el proceso, contestando o no la demanda. El término previsto para
ello, era el establecido en el artículo 114 del C.P.T, según el cual la
audiencia en la cual se contestará la demanda “tendrá lugar dentro del
quinto (5) día hábil siguiente a la notificación.” Sin embargo, sin esperar
que se cumpliera el término del traslado indicado y sin que el sindicato
hubiese sido oído, el Juzgado accionado profirió sentencia en audiencia
celebrada el 1º de septiembre de 2006, cuando el quinto día habil
siguiente a la notificación era el 4 de septiembre de 2006, por lo que la
organización de trabajadores alega, que se le vulneró el debido proceso y el
derecho de defensa que le correspondía como parte procesal vinculada.
5.3.3.2. El 12 de  enero de 2007, el Sindicato, mediante
apoderado, presentó solicitud de nulidad en contra la sentencia de primera
instancia, ante el Tribunal Superior de Bogotá, aduciendo la violación de su
derecho de defensa por las razones expuestas. En efecto, en virtud de la
apelación presentada por Panamco Colombia S.A., en contra de la sentencia de
primera instancia favorable al trabajador,  el proceso se encontraba  ahora en
esa sede judicial. El Tribunal envió al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Bogotá la solicitud del Sindicato, para que resolviera el incidente de nulidad
correspondiente. Mediante auto del 9 de mayo de 2007, en fallador de
primera instancia decidió lo siguiente:
“El artículo 142 del
C.P.C. aplicable por analogía según lo dispuesto por el artículo 145 del CPT,
(sic) el incidente de nulidad procede hasta antes de proferirse la sentencia y
se tiene que en este proceso el demandado (Sindicato) propuso la nulidad cuando
ya la sentencia se habría proferido por este despacho, lo que convierte la
acción en extemporánea, motivo que conlleva su rechazo”[147]
Contra
el auto del Juez Segundo Laboral del Circuito que rechazó la nulidad, el
sindicato presentó recurso de apelación, invocando la causal de nulidad
establecida en el artículo 140-6 del C.P.C., que se refiere, a “cuando se
omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para
formular alegatos de conclusión”. Tomando en cuenta este hecho, el
apoderado solicitó la nulidad de todo lo actuado en el proceso, ante la
imposibilidad de ejercer de algún modo el derecho de defensa del Sindicato.
La
apelación fue resuelta por Tribunal Superior, Sala Laboral[148],
el 15 de agosto de 2007. En esa providencia, el Tribunal afirmó que como
el Sindicato en su solicitud de apelación nunca controvirtió el tema de la
extemporaneidad, que fue la razón por la que el A-quo rechazó la solicitud de
nulidad, estaba en la obligación de confirmar la decisión de primera instancia.
En consecuencia, dijo ese Tribunal lo siguiente:
“[A]l no existir
decisión de fondo vertida por el A quo, mal haría la Sala en sustituirla,
pronunciándose sobre el tema, irrespetando los cánones de la ortodoxia, pues
tal y como se dispuso (…) era el A-quo quien debía pronunciarse en primera
instancia acerca del incidente, su decisión fue rechazarlo, punto que no
controvirtió el recurrente, así que a la Sala, en virtud del principio de
consonancia le está vedado pronunciarse sobre el proveído dictado por el A-quo,
siendo las motivaciones del recurso ajenas a lo decidido por éste; de
asumir el tribunal el examen de las argumentaciones, se convertiría la alzada
en primera instancia, en desmedro del debido proceso”.  (El resaltado es ajeno
al original).
Estas
razones llevaron al tribunal a confirmar la decisión del Juzgado Segundo, por
lo que quedó en firme el incidente de nulidad.
El
apoderado del sindicato presentó, no obstante,  recurso de reposición[149]
contra el auto que resolvió el recurso de apelación del Tribunal, indicando que
“en el asunto bajo examen la extemporaneidad no se da, pues es la misma
sentencia la que vulnera los derechos fundamentales de la organización sindical
tales como el debido proceso y el derecho de defensa”.
El Tribunal Superior, Sala Laboral, en decisión del 28
de septiembre de 2007, profirió una nueva providencia para dar respuesta al
recurso anterior, señalándole al apoderado sindical,  que la decisión del juez
de primera instancia ya había sido conocida en apelación por ese cuerpo
colegiado, “garantizándose su derecho de defensa, distinto finalmente a que
la decisión no fuere exitosa, no siendo viable ahora, en gracia a la discusión,
revivir nuevamente los términos, lo que desde luego conduce a desatender la
petición incoada”[150].
5.3.3.3.
Teniendo en cuenta que las providencias anteriores, tanto del Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Bogotá como del Tribunal Superior, son las que han sido
acusadas de defecto procedimental, concluye la Sala en este aspecto, lo
siguiente:
- Los términos procesales y las reglas que establece
el juez laboral como director del procedimiento judicial en consonancia con el
artículo 48 del Estatuto Procesal del Trabajo, deben ser cumplidas y
respetadas, en atención a la lealtad procesal y el respeto al debido proceso
que es una garantía fundamental de las personas naturales y jurídicas.
- El derecho de defensa, en consecuencia, puede verse
claramente comprometido, cuando el término para intervenir en un proceso, a fin
de presentar excepciones o pruebas, no se respeta. En este caso, aunque el
sindicato como se dijo, tuvo un año para intervenir en el proceso y no lo hizo,
- y ello en gracia de discusión hubiese permitido un eventual saneamiento de la
causal de nulidad del art. 140-8 del C.P.C.-,  las nuevas circunstancias
procesales generadas por el juzgado a partir de la nueva notificación personal
del 28 de agosto de 2006, habilitaban ciertamente al sindicato a exigir la
garantía de cumplimiento del término procesal  establecido por el legislador
para promover sus recursos. La notificación al sindicato se hizo el 28 de
agosto de 2006 y la sentencia de primera instancia se profirió en audiencia
pública el 1º de septiembre de 2006, por lo que sólo habían transcurrido 4 días
desde la notificación de la demanda, a pesar de que la norma ya citada
establece que la audiencia en la que se contestará la demanda debe citarse
dentro del quinto día hábil siguiente a la notificación. El sindicato, contaba
todavía con un día para que se surtiera el término completo de traslado y para
participar en el proceso, si era del caso, y ese término no le fue respetado.
El desconocimiento de los términos en contra del
sindicato demandante, significa  por parte del Juzgado, una violación flagrante
del debido proceso de esa organización, ya que claramente se cometió una
irregularidad que tuvo como efecto privar al sindicato de su defensa procesal.
La irregularidad –independientemente de lo absurda que pueda parecer dadas las
características del caso-, afectó los derechos fundamentales del sindicato,
porque impidió que éste fuera oído en el juicio e hizo inocua la extemporánea
notificación personal que intentó el juzgado, dado que la finalidad prevista
con la solución procesal propuesta por el fallador no se cumplió, al impedir
que la organización sindical finalmente participara en el proceso. Bajo tales
supuestos, el sindicato presentó solicitud de nulidad procesal ante el
Tribunal, ahora bajo la causal del artículo 140-6 del C.P.C., que difiere de la
anterior, por indebida notificación, por las razones expuestas.
-
Ahora bien, en los términos del artículo 142 del C.P.C., es cierto que las
nulidades procesales deben alegarse, en principio, “antes de que se dicte
sentencia, o durante la actuación posterior a ésta, si ocurrieron en ella”.
El
Juzgado Laboral alegó que la solicitud era extemporánea y el Tribunal confirmó
dicha decisión, precisando que no podía controvertir lo indicado por el
Juzgado, en la medida en que el sindicato no había presentado razones en contra
de tal  extemporaneidad.
A
este respecto considera la Sala que el sindicato tiene razón en estimar
conculcados sus derechos de defensa y debido proceso, con las decisiones
proferidas en el  incidente de nulidad, porque la decisión del juez de la
causa, de hacer una nueva notificación al sindicato, el 28 de agosto de 2006,
dirimió cualquier controversia sobre la identidad entre sindicato y trabajador
que pudiera predicarse decidiendo sobre su diferencia. Con ello, impuso la
necesidad de un trato procesal idéntico para todos los sujetos procesales – ya
escindidos-, a partir de ese momento. Por lo tanto:
La
nulidad que alega el sindicato, es predicable de la sentencia de primera
instancia, porque sin haberse cumplido en su totalidad el término de traslado
para la organización enunciada, no existió otra oportunidad procesal para que
ese organismo pudiese invocar la nulidad por violación del derecho de defensa.
La sentencia, en consecuencia, conculcó la oportunidad del sindicato de
presentar razones para su defensa y de ser oído en el juicio. En el mismo
sentido, significó un tratamiento desigual frente a las demás partes, dado que
en los procesos laborales, no puede celebrarse ninguna audiencia de trámite o
juzgamiento, si con anterioridad no se ha señalado la fecha de su realización
(Artículo 45 del C.P.T.). Ello es entendible, porque en las audiencias
laborales, se efectúan y deciden los actos del proceso, se dictan las
providencias y se notifica a las partes, por lo que éstas no pueden verse
sorprendidas en ellas, si sus fechas no han sido fijadas con anterioridad. No
obstante, en el caso del Sindicato, una vez notificado, le era dable entender
que la audiencia se celebraría el 4 de septiembre de 2006, por así disponerlo
la ley, y no el 1º como en efecto ocurrió.
-
Adicionalmente, en la
interpretación de las normas procesales, debe tenerse en cuenta, que el objeto
de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en la ley
sustancial, por lo que es un contrasentido, que se haya pensado en la necesidad
de notificar al sindicato en debida forma para evitar una nulidad y a renglón
seguido no se le haya permitido finalmente el ejercicio de los derechos que se
derivan de dicha notificación, como son la contradicción, la defensa y la
participación en la actuación judicial
- El poder conferido entonces en el 2007, a un
apoderado judicial para atacar por nulidad la providencia de primera instancia,
no fue un procedimiento extemporáneo, porque en los términos del artículo 142
del C.P.C., las nulidades procesales que ocurrieron en virtud de la sentencia,
pueden ser invocadas “durante la actuación posterior a ésta”, como lo
era el trámite de segunda instancia. La decisión del Tribunal Superior
de abstenerse de revocar la providencia del A-quo, por respeto a la decisión
autónoma del juez de primera instancia, sobre el incidente y porque no se atacó
su extemporaneidad, cuando es de su competencia el control de todo el proceso
en segunda instancia, estando de por medio derechos fundamentales omitidos de
manera evidente, desconoció la prevalencia del derecho sustancial del sindicato
y su debido proceso.
- Así las cosas, no le queda otro remedio a la Sala en
vista de los hechos evidentes, a su pesar, -porque reconoce la inactividad del
Sindicato en la primera etapa procesal-, que señalar que en este caso se
advierte efectivamente un defecto procesal que controvierte las providencias
judiciales enunciadas, por desconocimiento de la procedencia de la nulidad
invocada por el sindicato, por violación del debido proceso y su derecho de
defensa en la primera instancia, en virtud del artículo 142 del C.P.C.
Por estas razones, la Corte Constitucional declarará
la nulidad de lo actuado en el proceso laboral de la referencia, a partir del
auto de notificación al sindicato del 28 de agosto de 2006.
5.4. Conclusiones.
En consideración a lo anterior, las decisiones de
tutela de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, del 1º de
abril de 2008, que confirmó la decisión de la Sala de Casación Laboral de la mima
Corporación del 4 de marzo de 2008, dentro de la acción de tutela promovida por
Martín Emilio Muñoz y SINTRAINDEGA,
contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, serán revocadas, y en su lugar, se
concederá la protección constitucional al derecho de defensa, libertad sindical
y debido proceso de SINTRAINDEGA,
representado por el señor Martín Emilio Muñoz. Por consiguiente, se declarará  nulo
y sin valor ni efecto el proceso laboral que culminó con la sentencia proferida
por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, del
15 de agosto de 2007, a partir de la notificación personal al sindicato del 28
de agosto de 2006, a fin de que se garantice el principio de contradicción y el
derecho de defensa de la mencionada organización laboral.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política.
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR
la suspensión de términos decretada en el proceso de la referencia.
Segundo.- REVOCAR el fallo de tutela proferido por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 1º de abril de 2008,
que confirmó la decisión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia del 4 de marzo de 2008, dentro de la acción de tutela promovida por Martín
Emilio Muñoz y SINTRAINDEGA, contra la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Bogotá, y, en su lugar, TUTELAR los derechos al
debido proceso, derecho de defensa y asociación sindical de SINTRAINDEGA, por las razones expuestas en esta providencia.
En consecuencia declarar nulo y sin valor ni efecto el
proceso laboral, que culminó con la sentencia proferida por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, el 15 de agosto de 2007,
desde la notificación personal al sindicato, del 28 de agosto de 2006 en
adelante, -lo que implica la nulidad de la sentencia del primero (1) de
septiembre de 2006 del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá y del
trámite de segunda instancia-, a fin de que se garantice el principio de
contradicción y el derecho de defensa del mencionado Sindicato.
Tercero. ORDENAR
a Panamco Colombia S.A., proceder al reintegro del actor al cargo que
ocupaba al momento de su despido o a uno de igual o de superior categoría, sin
solución de continuidad. Su permanencia en el cargo quedará condicionada a lo
que defina el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá y/o el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá, sobre el levantamiento del fuero
sindical, una vez se rehaga el proceso de conformidad con lo ordenado en el
numeral anterior.
Cuarto. Por
Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ponente
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
Salvamento
de voto
MARTA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO DEL
MAGISTRADO
NILSON PINILLA PINILLA A LA SENTENCIA T-947 DE 2009
Referencia: expediente T-1.925.349
Acción de tutela instaurada por Martín Emilio Muñoz
Jiménez contra el Juzgado 2° Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá.
Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.
Respetuosamente, debo manifestar que me aparto del
fallo proferido en el caso de la referencia por la Sala Quinta de Revisión de
la Corte Constitucional que integro junto con los Magistrados Mauricio González
Cuervo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Las razones de mi discrepancia son
fundamentalmente dos, las cuales expongo brevemente a continuación.
1. Teniendo en cuenta que la acción de la referencia
se dirigió a cuestionar decisiones judiciales, debo reiterar[151]
que no comparto el alcance, en mi opinión desbordado, que en estos asuntos se
ha reconocido por parte de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra
tales decisiones, y que en el caso del fallo a que me vengo refiriendo emerge
de la extensa explicación contenida el punto 3.1 de su parte considerativa bajo
el título de “El carácter excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales” (páginas 19 a 25), en la que se alude a las ahora
llamadas causales de procedibilidad de la acción de tutela contra tales
providencias, concepto que, según allí se explica, habría reemplazado la
originalmente denominada vía de hecho.
Mi
desacuerdo con dichos planteamientos, que el actual fallo invoca como parte de
la fundamentación, radica en el hecho de que, en la práctica, especialmente las
llamadas “causales especiales de procedibilidad” a las que esta y otras
providencias se han referido a propósito del tema, abarcan todas las posibles
situaciones que podrían justificar la impugnación común contra una decisión
judicial, dejando así la imagen de que esta Corte estima que la acción de
tutela constituye un recurso complementario, añadible a los establecidos en el
proceso de que se trata.
Con
ello, la solicitud y trámite de la acción de tutela al amparo de tales
enunciados, deviene simplemente en una (o más) nueva(s) oportunidad(es) que se
confiere(n) a quien se ha visto desfavorecido por la decisión adoptada por el
juez competente, o lo que es lo mismo, en una (o varias) instancia(s)
adicional(es), no prevista(s) en absoluto en el respectivo proceso debido,
situación que difiere, de lejos, del propósito de protección subsidiaria a los
derechos fundamentales que animó al constituyente de 1991, que vino a quedar reflejado
en el artículo 86 superior.
Además,
no sobra acotar que si bien esta corporación con fundamento en el fallo C-590
de 2005 (citado sólo en forma marginal en la providencia de la cual disiento)
aduce sistematizar una línea jurisprudencial construida y decantada sobre las
consideraciones que se dejaron planteadas en la sentencia C-543 de 1992, ello
no es exacto, ya que en realidad aquel pronunciamiento, de suyo sólo argüible
frente a la casación penal por ser ésta la institución regulada en el precepto
parcialmente declarado inexequible (art. 185 de la Ley 906 de 2004), se ha
interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó decidido por esta
corporación en la C-543 de 1992.
En
efecto, mientras que en esa providencia de 1992 se consideró, con firmeza de
cosa juzgada constitucional (art. 243 Const.), que no puede ser quebrantada,
que la tutela contra decisiones judiciales atentaba contra la seguridad
jurídica y contra otros importantes valores constitucionales, como el “principio
democrático de la autonomía funcional del juez”, “la independencia y
desconcentración que caracterizan a la administración de justicia” y “la
función garantizadora del Derecho” que cumple el proceso, y en consecuencia
se declaró inexequible la preceptiva que reglamentaba tal posibilidad, en la
sentencia C-590 de 2005 se presenta un amplio listado de situaciones,
creyéndose que de inferirse la materialización de alguna de ellas, de por sí
está permitida la tutela contra la decisión judicial, como si fuera un recurso
ordinario más, con lo cual se ha desquiciado gravemente su carácter
excepcionalísimo y, en la práctica, se ha abatido la seguridad jurídica, que es
también un derecho fundamental.
2. En
lo atinente al tema de fondo que en este caso dio lugar a la presentación de la
tutela, tampoco comparto la apreciación de los restantes integrantes de esta
Sala de Revisión en torno a la supuesta ocurrencia de defectos
procedimentales, presuntamente suficientes para justificar la concesión del
amparo solicitado.
Como
quedó dicho, tales situaciones tuvieron lugar con ocasión de un proceso de
levantamiento de fuero sindical iniciado por la empresa Panamco Colombia S. A.
contra el aquí tutelante, Martín Emilio Muñoz Jiménez, miembro y a la sazón
Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de aquella empresa, acción
que fuera oportunamente notificada al señor Muñoz Jiménez en su calidad de
demandado, pero no al sindicato del que éste era no sólo asociado sino además
representante legal. Debe recordarse además que, posteriormente, al advertir el
posible error que esta circunstancia podría implicar, el juez de conocimiento
procedió a notificar separadamente al sindicato, pero en lugar de esperar la
repetición del derecho de defensa, procedió a dictar el fallo de fondo antes del
vencimiento del respectivo traslado.
A
partir de lo brevemente memorado, mi desacuerdo parte de considerar que en este
caso, en adición a lo previsto en los artículos 114, 118B y demás normas
concordantes del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social,
resultaba aplicable la regla contenida en el artículo 329 del Código de
Procedimiento Civil, de acuerdo con la cual “Siempre que una persona figure
en el proceso como representante de varias, o actúe en su propio nombre y como
representante de otra, se considerará como una sola para los efectos de las
notificaciones, traslados, requerimientos y diligencias semejantes”.
El
texto y contenido de esta norma son absolutamente claros, así como su
aplicabilidad al caso concreto vía el artículo 145 del mismo Código Procesal
del Trabajo, puesto que el señor Muñoz Jiménez reunía la doble calidad de
sujeto procesal, a título personal y como representante de otro sujeto
procesal. Así las cosas, ha debido entenderse, para todos los efectos, y sin
lugar a dudas, que la notificación a él realizada en su calidad de demandado,
implicaba así mismo la notificación del sindicato al que aquél pertenecía y del
cual era además representante legal, sin que fuera menester ningún otro tipo de
diligencia que tuviera por objeto subsanar una supuesta falta de notificación.
Ahora
bien, al margen de los efectos de esta norma procesal, que no es citada en
ningún aparte de la sentencia de la cual discrepo, esta providencia contempla
la posibilidad de entender que en virtud de su transitoria doble
representación, podría asumirse que la notificación hecha al señor Muñoz
Jiménez en su calidad de demandado permitiera haber tenido por notificado al
sindicato por él representado, a partir de lo cual sería dable deducir que el
silencio y la no participación del ente sindical durante el proceso laboral de
marras fueron producto de una opción consciente de sus representantes.
No
obstante, la Sala de Revisión descarta esta posibilidad a partir del proceder
del juez accionado, que próximo a dictar sentencia advierte el supuesto error y
ordena practicar la notificación que estaría haciendo falta. Más adelante, en
la decisión mayoritaria se concluye que si bien la hipótesis de la doble y
simultánea notificación podría haber sido posible, el error del juez laboral
que falla a continuación de la nueva notificación y sin haber aguardado el
vencimiento del correspondiente traslado constituye un defecto procedimental,
que más allá de especulaciones, justificaba la concesión del amparo tutelar.
Sin
embargo, considero que de haberse tenido en cuenta el efecto del precitado
artículo 329 del estatuto procesal civil, y la claridad que sobre la supuesta
necesidad de doble notificación brindaba esa norma a los sujetos procesales
participantes del trámite de levantamiento de fuero sindical que antecedió a
esta acción de tutela, como el trabajador demandado y el sindicato al que
pertenecía, y por supuesto al conductor del proceso, el juez de tutela ha
debido desestimar, o mejor aún poner en su justa dimensión el error del juez
laboral, que fue principalmente haber ordenado la práctica de una notificación
que en realidad era innecesaria, y en consecuencia, negar la tutela solicitada.
En
adicional sustento de esta conclusión, debo resaltar que resulta contrario a la
lealtad procesal y, por lo mismo, no puede constituir fundamento de una acción
de amparo, que un ente cuyo representante legal tenía pleno conocimiento de la
acción que supuestamente dejó de notificarse, diga ser completamente ajeno a
dicha actuación, y con ello alcance, una vez concluida ésta, la posibilidad de
ejercitar mecanismos de defensa que en su momento se abstuvo de utilizar,
pudiendo hacerlo. No en vano, es justamente para prevenir este tipo de
situaciones injustas y desproporcionadas que el legislador estableció hace casi
cuatro décadas una regla como la contenida en al artículo 329 del Código de
Procedimiento Civil, cuya aplicación en este caso habría ciertamente conducido
a una decisión diferente a la contenida en la sentencia T-947 de 2009, objeto
de esta salvedad.
También
considero como excesivamente formalista que por el prurito de garantizar el
derecho de defensa de un sujeto procesal, que en realidad nunca lo tuvo en
peligro, se anule y retrotraiga una ya extensa actuación judicial, y se afecte
con ello a quien la impulsó, y ninguna responsabilidad tuvo en el supuesto
error judicial que justificó la concesión de esta acción de tutela.
Evidentemente, una situación de este tipo no encuadra dentro de las importantes
finalidades de protección constitucional para cuyo logro se estableció la
acción de tutela en la carta política de 1991.
En
suma, y de vuelta al exceso que según comenté en la primera parte de este
salvamento, implica la postura mayoritaria de esta corporación en torno a la
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, considero que
en este evento no concurrían los supuestos a partir de los cuales puede
excepcionalmente tramitarse y concederse el amparo tutelar en tales casos.
Con mi acostumbrado respeto,
Fecha ut supra
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
[1] Folio 85, cuaderno No 2 de pruebas. Dijo el apoderado: “Sometida a
reparto la mencionada demanda le correspondió por reparto al Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Bogotá, quien adelantó los trámites excepto tardíamente
la notificación a la organización sindical SINTRAINDEGA”.
[2] Miguel Rivera Gómez, Elbert Jimmy Bello, José Alirio Aponte Aponte,
Carlos Enrique Vega Ramos, Edgar Arley Romero Toloza, Julio Hernán Abelló
Pinzón, Jorge Enrique Torres Pardo, John Jairo Santana Ramírez  y Luis Felipe
Báez Gómez  y el Sindicato SINTRAINDEGA.
[3] Folio 221 cuaderno No 1. Constancia Ministerio de Trabajo.
[4] Según poderes y constancias, Folios 17 y 24 a 26,  Cuaderno No 5. Los
demás directivos sindicales son: Miguel Rivera Gómez, Elbert Jimmy Bello, José
Alirio Aponte Aponte, Carlos Enrique Vega Ramos, Edgar Arley Romero Toloza,
Julio Hernán Abelló Pinzón, Jorge Enrique Torres Pardo, John Jairo Santana
Ramírez  y Luis Felipe Báez Gómez.
[5] El 11 de febrero de 2008. Ver folio 229 a 243 del cuaderno No 1.
[6] Acción de tutela presentada el 12 de febrero de 2008. Ver folios 229 a
244 del cuaderno No 1.
[7] Ver folio 49 del cuaderno No 5.
[8] Folios 55 a 70 del cuaderno No 5.
[9] Las pretensiones del señor Martín Emilio Muñoz Jiménez en esta acción
de tutela eran entre otras: “1-Como mecanismo definitivo …se le tutelaran
sus derechos fundamentales, 2-Subsidiariamente, como mecanismo transitorio,
para evitar un perjuicio irremediable, se amparen los derechos fundamentales
mencionados, mientras la jurisdicción laboral decide de fondo la acción
ordinaria que oportunamente se instaurara contra la retensión arbitraria de
salarios, suspensiones del contrato de trabajo, estas decisiones ilegales
impuestas por la empresa hoy INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A., 3- Que se me
permita hacer las funciones propias de mi cargo con los elementos necesarios
para desarrollar las actividades dentro del puesto que vengo desempeñando en la
empresa (…), y que se les ordene pagarme los salarios dejados de percibir  (…),
además de todas las primas legales y extralegales dejadas de percibir. 4. Que
se le ordene a la empresa (…) permitirme el ingreso a las instalaciones de la
compañía mientras ocupe un cargo de directivo sindical y abstenerse de
continuar con estas estrategias atentatorias contra el derecho de asociación
sindical”.
[10] Ver folios 71 a 83 del cuaderno No 5.
[11] Ver folios 84 a 83 del cuaderno No 5.
[12] Ver folios 51 a 54  del cuaderno No 1.
[13] Ver certificación 14330 expedida por el Coordinador del Grupo
de Archivo Sindical, el 25 de enero de 2008. Folio 1 del cuaderno No 1.
[14] Ver providencia proferida por el Inspector de Trabajo y
Seguridad Social de Zipaquirá –Cundinamarca, el 1° de diciembre de 2006. Folios
2 y 3, 220 y 221 del cuaderno No 1.
[15] Ver acta de la Asamblea Nacional de Delegados de SINTRAINDEGA,
celebrada el 28 de enero de 2001. Folios 30 a 32 del cuaderno No 1.
[16] Ver folios 69 a 81, cuaderno No  1.
[17] Ver folios 82 a 86 del cuaderno No 1 y 45 a 49 del cuaderno No 7.
[18] Ver folios 50 a 51 del cuaderno No 7.
[19] Folio 88 del  cuaderno No 1.
[20] Folios 89 a 91, del cuaderno No 1.
[21] Folios 98 a 101 del cuaderno No 1.
[22] Folios 102 a 105 del cuaderno No  1.
[23] Folios 106 a 107 del cuaderno No  1.
[24] Reseña del Tribunal, folios 112 a 113 del cuaderno
No  1.
[25] Ver folios 97 a 115 el cuaderno No 5.
[26] Procedimiento convencional previsto en el artículo 15 de la Convención
Colectiva vigente para el periodo comprendido entre el 1° de abril de 2004 al
31 de marzo de 2006. Ver folios 129 a 193 del cuaderno No  1.
[27] El artículo séptimo del Decreto 2351de 1965,
literal a) numeral 6º, dice lo siguiente: “Terminación del contrato por
justa causa. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el
contrato de trabajo: A) Por parte del patrono: (…) 6. Cualquier violación grave
de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de
acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o
cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas,
fallos arbítrales, contratos individuales o reglamentos”.
[28] Ver folios 407 a 425 del cuaderno No 5.
[29] Ver folio 128 del cuaderno No 1.
[30] Folios 55 a 70 del cuaderno No 5.
[31] Ver folios 124 a 133 del cuaderno No  1.
[32] Ver folios 124 a 133 del cuaderno No 1.
[33] Ver Reglamento Interno de Trabajo de Empresa Panamco S.A. Folios 35 a
67 del cuaderno No 1.
[34] Decisiones, ver folios 195 a 218 del cuaderno No  1.
[35] Ver folios 170 a 174 del cuaderno No  5.
[36] Ver folios 152 del cuaderno No  9.
[37] Ver diligencia de notificación personal al señor Martín Emilio Muñoz
Jiménez, el 28 de agosto de 2006 folio 68 del cuaderno No 1.
[38] “FLS 82 a 87 ib.”
[39] Folio  3 a 12 del cuaderno No  6.
[40] Ver oficio folios 19 a 22 del cuaderno principal y cuentas de cobro
del colegio de dos de las hijas del actor y registro civiles de 4 de las hijas
menores de edad del accionante.
[41] Ver folios 29 a 33 y 55 a 64 del cuaderno principal.
[42]Por
Acuerdo 03 de 2007, la Sala Plena de la Corte Constitucional modificó la integración
de las Salas de Revisión a partir de enero de 2008, por lo que al Magistrado
Ponente le corresponde decidir actualmente en la Sala Quinta, mencionada.
[43] El artículo 57 del Acuerdo 05 de 1992, “PRUEBAS EN
REVISION DE TUTELAS. Con miras a la protección inmediata y efectiva del derecho
fundamental vulnerado y para allegar al proceso de revisión de tutela elementos
de juicio relevantes, el Magistrado sustanciador, si lo considera conveniente,
decretará pruebas. En este evento, la Sala respectiva podrá ordenar que se
suspendan los términos del proceso, cuando ellos fuere necesario.”
[44] Ver acta de inspección judicial del 6 de noviembre de 2008, folio 40
del cuaderno principal.
[45] Ver folios 53 y 54 del cuaderno principal.
[46] Ver acta de inspección judicial del 19 de noviembre de 2008, folio 40
del cuaderno principal.
[47] Ver folio 25 del cuaderno No 7.
[48] Telegrama sin fecha legible, folio 27 del cuaderno No 7.
[49] Ver folio 24, cuaderno No 7.
[50] Ver folios 7 al 10, cuaderno  No 7.
[51] Ver folios 2 y 3 cuaderno  No 7.
[52] Ver folio 1 cuaderno No 7.
[53] Ver folios 4 a 6 del cuaderno No 7.
[54] Ver folios 13 a 23 del cuaderno No 7.
[55] Ver folio 28 del cuaderno No 7.
[56] Ver folios 30 a 33 y 35 a 38  del cuaderno No 7.
[57] Ver folio 34 cuaderno No 7.
[58] Consultar las sentencias  C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-231 de 1994,
T-329 de 1996, T-483 de 1997, T-008 de 1998, T-567 de 1998, T-458 de 1998,
SU-047 de 1999, T-1031 de 2001, SU-622 de 2001, SU-1299 de 2001, SU-159 de
2002, T-108 de 2003, T-088 de 2003,  T-116 de 2003,  T-201 de 2003, T-382 de
2003 y T-441 de 2003, entre muchas otras.
[59] Sentencia T-086 de 2007.
[60] Dijo la sentencia C-543 de 1992  al respecto, que:  “(…) nada obsta para que por la vía de la
tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la
adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con
diligencia los térmi­nos judiciales, ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho
imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los
derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela
pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la
Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo
por el juez ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º
del Decreto 2591 de 1991).  En hipótesis como éstas no puede hablarse de
atentado alguno contra  la seguridad jurídica de los asociados, sino que se
trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia.” (Las subrayas
fuera original).
[61] Ver entre otras, las sentencias C-800 A de 2002 y T-292 de 2006.
[62] Ver las sentencias C-037 de 1996, que declaró exequible de manera
condicionada el artículo 66 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia y C-384 de 2000 en la que la Corte condicionó la exequibilidad de las
normas acusadas, a que se admitiera la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales. Ver además, la sentencia T-158 de 1993, T-173 de 1993,
T- 231 de 1994, T-008 de 1998, SU-1185 de 2001, la SU-159 de 2002 y T-292 de
2006, entre otras.
[63] Sentencia T-231 de 1994.
[64]La expresión original de vía de hecho, se sustituyó  en la
jurisprudencia reciente de esta Corporación, por la de causales de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, con el propósito
de superar una percepción restringida de esta figura,
asociada indebidamente al mero capricho judicial. En efecto,
puede verse que la vía de hecho por consecuencia no puede ser atribuida al
capricho de la autoridad judicial. Ver entre otras, las sentencias T-774 de
2004, T-200 de 2004 y C-590 de 2005.
[65]
Ver sentencias T-441 de 2003, T-742 de 2002 y T-606 de 2004,  entre otras.
[66]
Sentencias C-543 de 1992;  T-567 de 1998; T-511 de 2001; SU-622 de 2001 y
T-108 de 2003, entre otras.
[67] Sentencia T-038 de 1997.
[68] Sentencia T-116 de 2003.
[69] Sentencia T-440 de 2003.
[70] Sentencia
T-086 de 2007.
[71] Cfr. Sentencia T-1009 de 2000.
[72] Cfr. Sentencias  SU -1159 de 2003 y  T-578 de
2006.
[73] Cfr.Sentencia
T-086 de 2007.
[74] Cfr. Sentencia T-578 de 2006.
[75] Cfr. Sentencia
T-086 de 2007.
[76] Cfr. Sentencia T-249 de 2008.
[77] Sentencia T-774 de 2004.
[78] Sentencia SU-120 de 2003.
[79] Vgr. ha sido derogada o declarada
inexequible.
[80] Sentencia SU-1185 de 2001.
[81] En la
sentencia T-1031 de 2001, la Corte decidió que la acción de tutela procede
contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes
aplicables al caso o cuando “su discrecionalidad interpretativa se desborda
en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados”. Puede verse además la sentencia T- 1285 de
2005 y la sentencia T-567 de 1998.
[82] Sentencia T-292 de 2006.
[83] Sentencias SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y
T-1031 de 2001. También la T-047 de 2005.
En estos casos, si bien el  juez de la causa es quien fija el alcance a la
norma que aplica, no puede hacerlo en oposición a los valores, principios y
derechos constitucionales, de manera que, debiendo seleccionar entre dos o más
entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aquél que se ajuste a la
Carta.
[84] Sentencia T-114 de 2002. Sentencia T- 1285 de 2005.
[85] Ver la sentencia T-292 de 2006. También las sentencias SU-640 de 1998
y  T-462 de 2003.
[86] Sentencia T- 1285 de 2005. En la sentencia T-193 de 1995, esta
Corporación señaló: "Es razonable exigir, en aras del principio de
igualdad en la aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios que
consideren autónomamente que deben apartarse de la línea jurisprudencial
trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de
manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de lo contrario, estarían
infringiendo el principio de igualdad (CP Art.13). A través de los recursos que
se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede ventilarse este evento de
infracción a la Constitución”. Sobre este tema, también puede consultarse
la sentencia T -949 de 2003.
[87] Sobre el tema pueden consultarse además las sentencias SU-1184 de
2001; T-1625 de 2000; T-522 de 2001;  T-047 de 2005.
[88] Sentencia SU-159 de 2002.
[89] Sentencia T-442 de 1994.
[90] Ibídem.
[91] Sentencia T-442 de 1994.
[92] Sentencia SU-159 de 2002.
[93] Sentencia T-774 de 2004.
[94] Sentencia SU-1185 de 2001.
[95] Sentencias T-462 de 2003 y T-441 de
2003 y T-047 de 2005, entre otras.
[96] Ver entre otras las Sentencias SU-014 de 2001;
T-407 de 2001; T-1180 de 2001.
[97] Sentencia T-1285 de 2005.
[98] Cfr.  Sentencia T-1101 de 2005.
[99] Cfr. Sentencia T-929 de 2002.
[100] El artículo 83 de la Carta reza lo siguiente: “Las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a
los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante  éstas”.
[101] El artículo 95 de la Carta reza lo siguiente: “[...]
Son deberes de la persona y del ciudadano, respetar los derechos ajenos y no
abusar de los propios” y “colaborar con la administración de justicia.
[102] En la sentencia T-1014 de 1999, la Corte señaló que
la presunción de la buena fe dentro del proceso y el respeto al juramento,
implica a su vez lealtad, buena fe, veracidad, probidad y seriedad.
[103] Dice el artículo 38 citado: “Actuación Temeraria.
Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
Esta norma  fue declarada exequible en la  sentencia C-054 de 1993.
[104] Sentencia T-009 de 2000.
[105] Sentencia T-362 de 2007.
[106] Sentencia T-184 de 2005.
[107] Sentencia T-433 de 2006.
[108] Ver, entre otras, las sentencias T-707 de 2003, T-
812 de 2005 y T-433 de 2006. Sobre
este punto se recuerda que en la parte inicial del artículo 38 del Decreto 2591
de 1991, se hace énfasis en la posibilidad de justificación de la interposición
de varias acciones de tutela.
[109] Ver las sentencias T-080 de 1998,  T-502 de 2003,
T-1134 de 2005 y T-706 de 2006,  entre otras.
[110] Folios 55 a 70 del cuaderno No 5.
[111] Cfr. Sentencia C-385 de 2000.
[112] Cfr. Sentencia T-789 de 2001.
[113] Cfr. Sentencia C-240 de 2005.
[114] Cfr. Sentencia C-240 de 2005.
[115] Cfr. Sentencia T-330 de 2005.
[116] Artículo
405.- Modificado por el Decreto 204 de 1957,
Artículo 1o. Definición. Se denomina fuero sindical la garantía de que gozan
algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones
de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un
municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el juez de
trabajo. (Nota: Declarado exequible por los cargos analizados por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-201 del 19 de marzo de 2002).
[117] Cfr. Sentencia T-383 de 2007.
[118] Cfr. Sentencia C-710 de 1996.
[119]Artículo 406. (Modificado por la Ley 584 de 2000, artículo 12). Trabajadores
amparados por el fuero sindical. //Están amparados por el fuero sindical: //a)
Los fundadores de un sindicato, desde el día de su constitución hasta dos (2)
meses después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de seis
(6) meses; // b) Los trabajadores que, con anterioridad a la inscripción en el
registro sindical, ingresen al sindicato, para quienes el amparo rige por el
mismo tiempo que para los fundadores;//c) Los miembros de la junta directiva y
subdirectivas de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos, sin
pasar de cinco (5) principales y cinco (5) suplentes, y los miembros de los
comités seccionales, sin pasar de un (1) principal y un (1) suplente. Este
amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y seis (6) meses más;
(Nota: Ver Sentencia C-673 de 2008.). //d) Dos (2) de
los miembros de la comisión estatutaria de reclamos, que designen los
sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales, por el mismo período
de la junta directiva y por seis (6) meses más, sin que pueda existir en una
empresa más de una (1) comisión estatutaria de reclamos. //Parágrafo 1°. Gozan
de la garantía del fuero sindical, en los términos de este artículo, los
servidores públicos, exceptuando aquellos servidores que ejerzan jurisdicción,
autoridad civil, política o cargos de dirección o administración. // Parágrafo
2°. Para todos los efectos legales y procesales la calidad del fuero sindical
se demuestra con la copia del certificado de inscripción de la junta directiva
y/o comité ejecutivo, o con la copia de la comunicación al empleador.
[120] Cfr. Sentencia T-330 de 2005.
[121] Cfr. Sentencia T-330 de 2005.
[122] Artículo
118B. (Adicionado por la Ley 712 de 2001, artículo 50). Parte Sindical. La
organización Sindical de la cual emane el fuero que sirva de fundamento a la
acción, por conducto de su representante legal podrá intervenir en los
procesos de fuero sindical así: (…) 1. Instaurando la acción por delegación del
trabajador. // 2. De toda demanda, instaurada por el empleador o por el
trabajador aforado, deberá serle notificado el auto admisorio por el
medio que el Juez considere más expedito y eficaz para que coadyuve al aforado
si lo considera.  // Podrá
efectuar los actos procesales permitidos para el trabajador aforado, salvo la
disposición del derecho en litigio.
[Nota: Los apartes
resaltados en negrilla fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-240 del 15 de marzo de 2005.
En la misma Providencia se declaró exequible condicionalmente el aparte
resaltado en negrilla y subrayado]
[123] Cfr. Sentencia C-240 de 2005.
[124] Cfr. Sentencia M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[125] En esa oportunidad la Corte conoció de una demanda de
inconstitucionalidad parcial  en contra del artículo 50 de la Ley 712 de 2001,
mediante el cual se introdujo una disposición  nueva con el número  118B del
C.P.T. y de la Seguridad Social. A juicio del actor, el artículo 50 de la Ley
712 de 2001, en cuanto no hacía imperativa sino meramente potestativa la
intervención de la organización sindical, por conducto de su representante en
los procesos de fuero sindical, al usar el apelativo podrá, desconocía
la garantía constitucional del artículo 39 superior. En efecto, para el
demandante, el tratamiento dado por la norma al sindicato, - de coadyuvante  y
no de parte- excluía la notificación personal del auto admisorio de la demandan
al representante legal de la asociación sindical, como lo ordena el artículo 41
del mismo código.  La Corte además en cuanto a que la vinculación del sindicato
debía hacerse por el medio más expedito posible, sostuvo que, para que la norma
no quedara vacía de contenido, debía dársele la oportunidad al sindicato de
intervenir como parte. Por las anteriores consideraciones, la Corte declaró la
constitucionalidad de las expresiones “podrá” del inciso primero del artículo
118 B del C.P.T., así como el numeral 3º del mismo artículo. La expresión “por
el medio que el juez considere más expedito y eficaz para que coadyuve al
aforado si así lo considera”, se declaró exequible en el entendido de que la
notificación de dicho auto debe realizarse en la misma oportunidad procesal en
que se notifique al demandado.
[126] Cfr. Sentencia C-240 de 2005.
[127] Cfr. Demanda de tutela.
[128] Sentencia SU-159 de 2002.
[129] El principio de in dubio pro operario según
sentencia de abril 28 de 1983 de la C.S.J. se aplica a las situaciones en las
que existe conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo,
pero “no tiene aplicación entre nosotros en materia probatoria y no puede ser
utilizado para suplir (…) las omisiones  o deficiencias que puedan presentarse
en el campo probatorio”.
[130] Auto del 9 de marzo de 2007 proferido por el Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Bogotá
[131] Cfr. Sentencia T-929 de 2002.
[132] Cfr. Sentencia T-929 de 2002.
[133] Artículo
145 CST.-Aplicación analógica. A falta de disposiciones especiales en el
procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas de este decreto, y,
en su defecto, las del Código judicial (Código de Procedimiento Civil).
[134] Artículo
140-Modificado por el Decreto 2282 de 1989,
Artículo 1. núm. 80. Causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en
los siguientes casos: //1. Cuando corresponda a distinta jurisdicción. //2. Cuando
el juez carece de competencia. //3. Cuando el juez procede contra providencia
ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite
íntegramente la respectiva instancia. //4. Cuando la demanda se tramite por
proceso diferente al que corresponde. //5. Cuando se adelanta después de
ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o
si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida. //6. Cuando se
omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para
formular alegatos de conclusión. //7. Cuando es indebida la representación de
las partes. Tratándose de apoderados judiciales esta causal sólo se configurará
por carencia total de poder para el respectivo proceso. //8. Cuando no se
practica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o al
apoderado de aquél o de éste, según el caso, del auto que admite la demanda o
del mandamiento ejecutivo, o su corrección o adición. //9. Cuando no se
practica en legal forma la notificación a personas determinadas, o el
emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser
citadas como partes, o de aquellas de deban suceder en el proceso a cualquiera
de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al
Ministerio Público en los casos de ley. //Cuando en el curso del proceso se
advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta de la que
admite la demanda, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida,
pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo
que la parte a quien se dejó de notificar haya actuado sin proponerla. //Parágrafo.-Las
demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas, si no se impugnan
oportunamente por medio de los recursos que este Código establece. (Subrayas
fuera del original).
[135] Artículo 144 C.P.C. […] “No podrán sanearse las nulidades  de que
tratan las nulidades 3 y 4 del artículo 140, ni la proveniente de falta de
jurisdicción o de competencia funcional”.
[136] Artículo
145. C.P.C. –Modificado por el Decreto 2282 de 1989,
Artículo 1. Num. 85. Declaración oficiosa de la nulidad. En cualquier estado del proceso antes de
dictar sentencia, el juez deberá declarar de oficio las nulidades insaneables
que observe. […]”
[137] Folio 24, cuaderno No 7. La notificación personal se surtió el 17 de
marzo e 2005.
[138] Folio 85, cuaderno No 2 de pruebas. Dijo el apoderado: “Sometida a reparto
la mencionada demanda le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Bogotá, quien adelantó los trámites excepto tardíamente la
notificación a la organización sindical SINTRAINDEGA”.
[139] Folio 2, Cuaderno 7.
[140] Folio 25 cuaderno 7. La notificación surtida por el Despacho se hizo
en general al señor Martín Emilio Muñoz. No se especificó en calidad de qué se
notificaba, por lo que en principio la idea de que la notificación
[141] Folio 27, cuaderno 7.
[142] Podría
pensarse que se trató de una notificación por conducta concluyente, que es una
forma subsidiaria de notificación, que de configurarse, suple la carencia de
una notificación personal efectiva. En materia laboral esta existe, conforme al
Art. 41 C.P.T. y puede resumirse así: en  el caso de que la notificación principal,
es decir la personal, no se pudo llevar a cabo o se adelantó de manera
irregular, pero la persona sobre quien recaen los efectos de la decisión o su
defensor, no actuaron en su momento pero lo hacen en diligencias posteriores o
interponen recursos o se refieren al texto de la providencia en sus escritos o
alegatos verbales, el legislador entiende que en ese caso la persona tuvo
conocimiento de la decisión”. En tal sentido, la Sala Civil de la Corte Suprema
de Justicia, en sentencia de 16 de Octubre de 1987 consideró: “La notificación
por conducta concluyente establecida de modo general en el artículo 330 del C.
de P.C. emerge, por esencia, del conocimiento de la providencia que se le debe
notificar a una parte, porque está así lo ha manifestado de manera expresa,
verbalmente o por escrito, de modo tal que por aplicación del principio de
economía procesal, resulte superfluo acudir a otros medios de notificación
previstos en la ley”. En este caso la notificación en esta forma sería
discutible porque no se dieron pronunciamientos “del sindicato” en el proceso.
El debate seguiría girando sobre la identidad personal del líder sindical y del
trabajador, y si sus pronunciamientos procesales afectan al sindicato.
[143] Folio 2, Cuaderno 7.
[144] Folio 68, cuaderno 1.
[145] Folio 69, cuaderno No 1.
[146] Ver las copias de autos del Tribunal Superior de Bogotá, aportados por
el Sindicato, en donde ante la ausencia de notificación sindical, el Tribunal
se veía forzado a declarar la nulidad procesal de todo actuado Cfr. Folios 191
a 216, cuaderno 2.
[147] Folio 87, cuaderno No 1.
[148] Folio 88, Cuaderno 2.
[149] Folio 101, cuaderno 2.
[150] Folio 91, Cuaderno 2.
[151] Ver en el mismo sentido, entre muchos otros, los salvamentos de voto
del suscrito Magistrado respecto de las sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840
de 2006, T-247, T-680 y T-794 de 2007, T-402 y T-891 de 2008 y de los autos
A-222 y A-256, ambos de 2006 y A-045 de 2007, así como las aclaraciones de voto
ante los fallos T-987 y T-1066 de 2007, T-012, T-240, T-350, T-831, T-871,
T-925, T-945, T-1029, T-1263 y T-1265 de 2008, T-093, T-095, T-199, T-249,
T-364, T-517, SU-811, T-904 y T-906 de 2009.