T-242-00
Sentencia T-242/00
Sentencia T-242/00
DERECHO A LA
SALUD-Omisión práctica de
cirugía por negligencia administrativa
Parece sorprendente que el Seguro Social no
conozca cuáles de sus aportantes están al día en el pago de sus obligaciones, y
cuáles han incurrido en mora, lo que denota una evidente falla en la prestación
del servicio público que le ha sido encomendada, y un desorden e ineficiencia
administrativos inaceptable. Ello ha generado, en el caso particular, la
afectación del derecho al habeas data del peticionario, por manejo de una
información errada que ha conducido a la exclusión del servicio de salud.
DERECHO A LA
SALUD-Cirugía con eximer
laser
Puede ser que la intervención quirúrgica
que requiere el demandante no sea de tal entidad, que la no práctica de la
misma suponga inminente peligro de muerte -premisa de la cual partió el juez de
instancia para negar el amparo-, pero no es posible desconocer que se está ante
una actitud arbitraria de quien está encargado del servicio público de
seguridad social en salud, que comporta violación de los derechos al habeas
data y a la igualdad y desconoce el principio de la buena fe. Además, se trata
de un trabajador que fue afiliado al sistema de seguridad social y que presta
sus servicios personales, resulta desproporcionado obligarlo a acudir ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo para que inicie un largo y
costoso proceso, cuando la arbitrariedad del demandado es tan palmaria, como se
ha podido ver.
INSTITUTO DE
SEGUROS SOCIALES-Actualización
base de datos
Se ordenará al demandado la actualización y
rectificación de la información en la base de datos, para que no vuelva
incurrir en conductas como las descritas.
Referencia:
expediente T-258172
Acción de tutela
incoada por José Germán Calderón Triviño contra el Seguro Social.
Magistrado Ponente:
Dr. JOSÉ GREGORIO
HERNÁNDEZ GALINDO
Santa Fe de Bogotá, D.C., tres (3) de marzo
de dos mil (2000).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso
de revisión del fallo dictado en el asunto de la referencia por el Juzgado
Cincuenta y Dos Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
José Germán Calderón Triviño instauró
acción de tutela contra el Seguro Social, por estimar violados los derechos a
la vida y a la salud.
Afirmó el actor que desde hace
aproximadamente 16 años está afiliado al Seguro Social. Aseveró que la médica
tratante ordenó la práctica de una cirugía "CX. Refractiva con Eximer Laser
A.O.", y que el ente demandado se ha negado a efectuar dicha operación, a
pesar de que el actor se encuentra al día en el pago de sus aportes en salud.
Por su parte, el Seguro alegó que el
peticionario se encontraba en mora en el pago de sus aportes. Sin embargo, el
demandante desvirtuó esa afirmación aportando  prueba de haberlos cancelado.
II. DECISION JUDICIAL QUE SE REVISA
El Juzgado 52 Civil Municipal de Santa Fe
de Bogotá, mediante fallo del 20 de mayo de 1999, negó la protección
solicitada, por cuanto de los hechos descritos no se infería violación del
derecho a la vida del actor. Consideró que "la aludida cirugía no toca con
lo que podría  considerarse la esencia o el aspecto vital del derecho a la
salud, cuando es considerado como fundamental".
En consecuencia, afirmó el juez que el
demandante podía intentar la reclamación directa ante la dirección de la
entidad demandada o, en su defecto, como mecanismo alternativo, podía instaurar
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, previo agotamiento de la vía gubernativa.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION
Violación de los derechos a la igualdad y
al habeas data, así como al principio de la buena fe.  Amenaza del derecho a la
salud
En el presente evento, la Sala encuentra
que al actor, a pesar de cumplir todos los requisitos legales y de encontrarse
al día en sus aportes al sistema de seguridad social en salud, el Seguro le
negó la practica de la cirugía ordenada por el médico tratante, actitud que
resulta a todas luces arbitraria.
En efecto, la negativa de la empresa
promotora de salud, como logró demostrarlo el demandante (ver folios 18 a 36
del expediente), no tiene justificación alguna. Es más, las afirmaciones hechas
por aquélla en el informe rendido ante el juez de instancia, no resultaron
ajustadas a la verdad.
Parece sorprendente que el Seguro Social no
conozca cuáles de sus aportantes están al día en el pago de sus obligaciones, y
cuáles han incurrido en mora, lo que denota una evidente falla en la prestación
del servicio público que le ha sido encomendada, y un desorden e ineficiencia
administrativos inaceptable (artículo 209 de la Carta). Ello ha generado, en el
caso particular, la afectación del derecho al habeas data del
peticionario, por manejo de una información errada que ha conducido a la
exclusión del servicio de salud.
Al no encontrar respaldo normativo, la
omisión acusada puede ser catalogada como discriminatoria (artículo 13 C.P.) y
desconocedora del principio de la buena fe (artículo 83 ibídem). En
efecto, el actor cumplió las obligaciones a su cargo, y por ello estaba
convencido de que, si se veía en la necesidad de recurrir al Seguro Social, en
busca de atención médica u hospitalaria, dicha entidad también cumpliría las
prestaciones a las que se encontraba obligada por la ley. Sin embargo, ello no
ocurrió, y el trabajador se encontró desprotegido y burlado en su buena fe.
Ahora bien, puede ser que la intervención
quirúrgica que requiere el demandante no sea de tal entidad, que la no práctica
de la misma suponga inminente peligro de muerte -premisa de la cual partió el
juez de instancia para negar el amparo-, pero no es posible desconocer que se
está ante una actitud arbitraria de quien está encargado del servicio público
de seguridad social en salud, que comporta violación de los derechos al habeas
data y a la igualdad y desconoce el principio de la buena fe.
Además, en el presente asunto debe
resaltarse que, según prueba documental (ver folios 17 y 36 del expediente), se
trata de un trabajador que gana $286.476 mensuales, que fue afiliado al sistema
de seguridad social por "Contratemos -Cooperativa de Trabajo
Asociado-" y que presta sus servicios personales, por cuenta de ésta, a
"Ciudad Limpia" como "escobita". Así que, vistas las
particularidades del caso, resulta desproporcionado obligarlo a acudir ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo para que inicie un largo y
costoso proceso, cuando la arbitrariedad del demandado es tan palmaria, como se
ha podido ver.
Además, la reclamación directa ante el
Seguro Social no es otro medio de defensa judicial, y debe recordarse que,
precisamente la decisión de ese ente es lo que en este proceso constitucional
se controvierte.
En conclusión, se revocará el fallo de
instancia y se dispondrá la atención inmediata del peticionario. Se ordenará al
demandado la actualización y rectificación de la información en la base de
datos, para que no vuelva incurrir en conductas como las descritas.
Se correrá traslado al Procurador General
de la Nación para que investigue lo que ocurre en el Seguro Social con el
manejo de archivos sobre las cotizaciones de los afiliados.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR el fallo proferido
el 20 de mayo de 1999 por el Juzgado 52 Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá,
mediante el cual se negó la protección solicitada. En su lugar, se concede la
tutela de los derechos a la igualdad, al habeas data, y el principio de
la buena fe, en conexión con los derechos a la salud y a la seguridad social .
En consecuencia, se ORDENA al Seguro
Social que, si ya no lo hubiese hecho, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación del presente Fallo, proceda a autorizar que se
practique al paciente la cirugía ordenada por la médica tratante, bajo la
vigilancia científica y la responsabilidad profesional de ésta.
Segundo.- SE ORDENA al Seguro Social
que actualice y rectifique la información que tiene del peticionario en la base
de datos que esa institución lleva, con el fin de evitar que se vuelva a
incurrir en hechos como los que dieron origen a la instauración de la acción de
tutela en referencia.
Tercero.- ENVIENSE copias al
Procurador General de la Nación para lo de su cargo.
Cuarto.- DESE cumplimiento a lo
previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO                                             FABIO MORON DIAZ
Magistrado
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General