T-546-16
Sentencia
T-546/16
ACCION
DE TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO EXISTE UNA RELACION DE INDEFENSION O
SUBORDINACION-Jurisprudencia
constitucional sobre procedencia excepcional
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE EXPRESION Y DE INFORMACION-Reiteración de
jurisprudencia
DERECHO
A LA LIBERTAD DE INFORMACION Y DERECHO DE OPINION-Diferencias
La jurisprudencia de este Tribunal ha destacado que existen
diferencias entre las libertades de opinión y de información, por cuanto cada
una de ellas recae sobre un objeto diverso y, por ello están sometidas a
límites también diferenciables. Mientras la libertad de opinión,
protege “la transmisión de pensamientos, opiniones, ideas e informaciones
personales de quien se expresa”, la libertad de información ampara “la
comunicación de versiones sobre hechos, eventos, acontecimientos, gobiernos,
funcionarios, personas, grupos y en general situaciones, en aras de que el
receptor se entere de lo que está ocurriendo”. Así, la libertad de opinión
tiene por objeto “proteger aquellas formas de comunicación en las que predomina
la expresión de la subjetividad del emisor: de sus valoraciones, sentimientos y
apreciaciones personales sobre determinados hechos, situaciones o personas”; y
la libertad de información salvaguarda “aquellas formas de comunicación en las
que prevalece la finalidad de describir o dar noticia de lo acontecido”. En
consideración a lo anterior, se exige que la libertad de información transmita
información veraz e imparcial, además de verificable y que en lo posible,
explore las diversas perspectivas o puntos de vista desde los cuales puede ser
visto un mismo hecho. La distinción entre la información sobre hechos y su
valoración no sólo ha sido empleada para distinguir el ámbito protegido por las
libertades de información y opinión, respectivamente, sino también para
circunscribir el alcance del derecho a la rectificación, que procede respecto
de informaciones inexactas o erróneas, más no respecto de las opiniones, las
cuales pueden ser controvertidas a través del ejercicio de la réplica
DISCURSOS
ESPECIALMENTE PROTEGIDOS EN MEDIOS DE COMUNICACION
LIBERTAD
DE EXPRESION-Importancia
de la protección del discurso político
DERECHO
A LA INFORMACION-Personajes
públicos
DERECHO
A LA INTIMIDAD PERSONAL, A LA HONRA, BUEN NOMBRE Y AL MANEJO DE LA PROPIA
IMAGEN-Reiteración
de jurisprudencia
DERECHOS
A LA INTIMIDAD, BUEN NOMBRE Y HONRA FRENTE A LIBERTAD DE EXPRESION Y OPINION-Límites
DERECHOS
AL BUEN NOMBRE, INTIMIDAD, HONRA E IMAGEN-No vulneración por publicación de
fotografía del accionante en la carátula del libro “La comunidad del anillo”
por ser figura pública
Referencia:
Expediente T-5.608.527
Acción de tutela
instaurada por Rodolfo Palomino López contra Jesús Rafael Vergara Padilla y la
Editorial La Oveja Negra Ltda.
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C., once (11) de octubre de
dos mil dieciséis (2016).
La
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Alberto Rojas Ríos, Aquiles Arrieta Gómez y Jorge Iván Palacio
Palacio, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º,
de la Constitución Política, y 33 y concordantes del Decreto Estatutario 2591
de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión del fallo dictado por el Juzgado Décimo
Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá, en el proceso
de tutela de la referencia.
I. Antecedentes
Rodolfo Palomino
López promovió acción de tutela contra Jesús Rafael Vergara Padilla y la
Editorial La Oveja Negra Ltda., al considerar vulnerados los derechos fundamentales
a la intimidad personal y familiar, honra, buen nombre y dignidad humana.
Para sustentar
la solicitud de amparo relata los siguientes:
1.
Hechos.
1.1
Señala que el 1º de abril de 2016, la Editorial La Oveja Negra Ltda.
publicó el libro “La comunidad del anillo”, escrito por Jesús Rafael Vergara
Padilla el cual está siendo ofertado en distintas librerías a nivel nacional.
1.2
Menciona que en la portada del libro se colocó la foto del demandante,
quien se desempeñó como Director General de la Policía Nacional entre los años
2013 y 2016; junto con la del ex Viceministro del Interior Carlos Ferro y del
ex Jefe de Seguridad del Congreso de la República Coronel Gerson Jair
Castellanos.
1.3  Afirma
que la carátula de la publicación con la imagen del actor portando las
insignias propias del cargo que ostentaba, aunada al título y al contexto
social donde actualmente se investiga una presunta red de prostitución masculino
al interior de la Escuela de Cadetes General Santander, envía un mensaje
directo de que es el líder de la denominada “comunidad del anillo”.
1.4  Advierte
que la editorial utilizó su foto sin contar con la debida autorización, con lo
cual está afectando al demandante, a su familia y a la Policía Nacional.
1.5  Por
lo anterior, solicita prohibir la publicación del libro “La comunidad del
anillo” escrito por Jesús Vergara Padilla de la editorial La Oveja Negra
Ltda. y recoger el material impreso que se encuentre en las librerías para la
venta.
2.
Pruebas aportadas con la demanda.
2.1
Documentales
2.1.1.
Ejemplar del libro “La comunidad del anillo” escrito por
Jesús Vergara Padilla, publicado por la editorial La Oveja Negra Ltda.
3.
Actuaciones de instancia.
3.1. Admisión de la tutela
3.1.1. Mediante auto del
6 de mayo de 2016 el Juzgado Décimo Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Bogotá, admitió la acción de tutela y corrió traslado a Jesús Rafael
Vergara Padilla y al representante legal de la editorial La Oveja Negra Ltda.
3.2.
Respuesta de los demandados.
3.2.1. Jesús Rafael Vergara
Padilla contestó la tutela oponiéndose a las pretensiones del demandante bajo
el argumento de que no es la publicación del libro la que vincula al General
Rodolfo Palomino López sino las declaraciones públicas que hizo el Procurador
General de la Nación cuando abrió investigación disciplinaria en su contra por
la presunta creación y puesta de una red de prostitución masculina denominada
periodísticamente “La comunidad del anillo”.
El
demandado explicó que fue a propósito del comunicado de prensa de la
Procuraduría, que unido a otros documentos periodísticos en los diarios El
Espectador y La Opinión, que junto a columnas de opinión en la revista Semana, dieron
lugar a la publicación del libro. Adicionalmente, advierte que en las páginas
del texto también se incorporaron apartes de la entrevista en el programa de
televisión “Pregunta Yamid” del Cana Uno, donde el actor defiende su
posición.
El
accionado afirmó que la presunta vulneración de los derechos del demandante
debe sopesarse con la libertad de expresión y la garantía de las víctimas y la
sociedad a ser informadas. El libro tiene como propósito informar y está
documentado con base en fuentes serias. Además, señaló en Colombia no existe
ningún antecedente de que un libro haya sido retirado de las vitrinas en virtud
de un fallo de tutela.
En
relación con la foto del demandante publicada en la carátula de la publicación manifestó
que fue tomada de la página oficial de la Policía Nacional (www.policia.gov.co) y estaba disponible
en la web bajo los principios de gratuidad y uso público establecidos en la Ley
1712 de 2014.[1]
Finalmente,
solicitó que se proteja el derecho a la libre expresión y circulación de la
publicación, que se ampara en la Constitución -arts. 70 y 71-, la Ley 98 de
1993 -art. 1º lit. f-, así como en los convenios internacionales suscritos por
el Estado colombiano que garantizan la libre circulación de los libros.
3.2.2. El representante
legal de la editorial La Oveja Negra Ldta. contestó la tutela respaldando los
argumentos expuestos por Jesús Rafael Vergara Padilla y solicitando proteger la
libre expresión y circulación de la publicación “La comunidad del anillo”.
Afirmó que de acuerdo con el contrato de publicación, los derechos de autor y
patrimoniales le corresponden exclusivamente a Jesús Rafael Vergara Padilla,
quien entregó el manuscrito de su autoría para realizar la publicación, de lo
cual quedó constancia en la página de textos legales del libro, donde se indica
que “El texto, las fotografías, los facsímiles fueron en su totalidad
aportados para este libro por el autor”.
3.3.
Única
instancia.
3.3.1. El Juzgado Décimo
Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá, en sentencia de 23 de
mayo de 2016 negó el amparo en razón a que no existió vulneración a los
derechos fundamentales del actor.
El
Juez abordó el análisis del caso desarrollando la acción de tutela y su
carácter residual, así como los parámetros de procedencia determinados por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional. Luego, abordó los derechos a la
imagen, la honra, la intimidad, el buen nombre y la libertad de información,
para así exponer que la resolución de las pretensiones del demandante quedaban
condicionadas a determinar: (i) que los hechos hubiesen trascendido a la
opinión pública; (ii) se trate de un personaje público; y (iii) el ejercicio de
la libertad de información. Para el fallador de instancia, no se infringieron
los derechos fundamentales alegados por el demandante, toda vez que como
Director General de la institución policiva tenía reducido su ámbito de privacidad
y, además, la libertad de expresión e información gozan de protección.
II. ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN.
1.
Actuaciones surtidas por la Sala de Revisión
1.1.
Mediante auto de 16 de agosto de
2016 el Magistrado Sustanciador dispuso: (i) vincular al presente trámite a la
Policía Nacional, como tercero interviniente y eventualmente interesado en las
resultas del caso; (ii) oficiar al juez de instancia con el fin de que
informara si el libro “La comunidad del Anillo” fue aportado con la
demanda, en caso de respuesta afirmativa, el Juzgado Décimo Penal Municipal con
Funciones de Conocimiento de Bogotá debía remitirlo a esta Corporación y rendir
un informe sobre por qué no se hizo el envío del expediente junto con sus
anexos; y (iii) solicitar a Dejusticia y las Facultades de Derecho de las
Universidades Nacional y de los Andes rendir su concepto. Asimismo, a la
Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- a fin de conocer su visión desde la
óptica de la libertad de expresión y el uso de la imagen.
1.  Contestación
a las solicitudes y requerimientos.
1.1.    La Policía
Nacional a través del Secretario General informó que la entidad se haría parte
como tercero interesado en la presente acción de tutela.
1.2.    El Director
Ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP rindió el concepto
solicitado por la Corte, manifestando que el presente caso plantea una tensión
entre los derechos a la libertad de expresión del accionado y del público en
general, y a la intimidad, honra y buen nombre del demandante, que debe ser
resuelta negando el amparo invocado, bajo los argumentos que se sintetizan a
continuación.
El reproche del
demandante recae sobre la portada del libro “La comunidad del anillo” no
sobre su contenido, sin embargo, en criterio de la FLIP el uso de la imagen no
puede desligarse del contenido de la publicación porque es una sola unidad que
no puede ser fraccionada ni alterada por orden judicial ya que ello vulneraría
el derecho a la integridad de la obra, como se dejó expuesto en la sentencia SU-056
de 1995 al decidir el caso del libro “La bruja” de Germán Castro
Caycedo, en la cual hacía referencia a prácticas espiritistas que se realizaban
en el municipio de Fredonia, identificando con nombres a las personas que
participaban de ello, por lo que se pretendía modificar las menciones
personales realizadas en la publicación.
Anota
que la citada sentencia estableció que a fin de determinar si la publicación de
un libro lesiona injustificadamente derechos fundamentales de las personas
referidas en él, debe hacerse una ponderación entre la libertad de expresión y
los demás derechos involucrados, analizando las características de la obra y
las circunstancias en que se encuentra el afectado, considerando también si se
trata de una figura pública o si los datos concernientes a ella son de
conocimiento público.[2]
El
derecho a la libertad de expresión cumple una función primordial en los
regímenes democráticos porque permite el intercambio libre de ideas y la
búsqueda de la verdad, razón por la cual ostenta un carácter privilegiado en el
ordenamiento jurídico y, por ello, se establecen presunciones como: (i) la
libertad de expresión prima sobre otros derechos; (ii) toda expresión sin
importar lo impactante o escandalosa que sea está cobijada por tal garantía; y
(iii) toda limitación al derecho constituye una sospecha de inconstitucionalidad.
De
otra parte, informa que el derecho a la intimidad protege la injerencia
indebida de terceros en la esfera privada del individuo y su familia. En esa
medida, la reserva se mantendrá “a menos que los hechos o circunstancias
relevantes o concernientes a dicha intimidad sean conocidos por terceros por
voluntad del titular del derecho o porque han trascendido al dominio de la
opinión pública”. Ahora bien, cuando se trata de una tensión entre el
derecho a la información versus la intimidad de una figura pública, la Corte ha
privilegiado el derecho a la información basada en la posición que ocupa el
individuo en la sociedad y el interés general involucrado.[3]
En
igual sentido, explica que ha sido la postura del Tribunal Constitucional que cuando
se presenta una tensión entre los derechos a la libertad de información y el
buen nombre y la honra de un personaje público o de notoriedad, estos últimos deben
ceder a favor del primero.[4]
Acerca
del derecho a la imagen como derivación del reconocimiento de la personalidad
jurídica y del libre desarrollo de la personalidad, recuerda que la Corte ha
establecido que toda persona tiene derecho a su propia imagen y a que esta no
sea apropiada, expuesta, reproducida o comercializada sin su consentimiento. No
obstante, tal garantía debe ceder ante la necesidad de realizar las libertades
de información y de expresión en aspectos vinculados con: (i) la divulgación de
hechos noticiosos derivados de la actuación pública de la persona; o (ii) la
exhibición de fotografías como expresión artística.[5] Hizo
hincapié en que el Tribunal Constitucional reiteró su jurisprudencia en la
sentencia T-312 de 2015 acogiendo los planteamientos realizados por la Corte
Interamericana de Justicia en el caso Kimmel vs. Argentina.[6]
En
el caso concreto, según la FLIP la libertad de expresión prevalece sobre los
derechos individuales del demandante porque el libro “La comunidad del
anillo” trata un tema de amplia cobertura en los medios de comunicación que
trascendió con alto impacto en la opinión pública. Además, las personas
involucradas en la supuesta red de prostitución para entonces eran funcionarios
públicos, factores que amplían el alcance de la libertad de expresión generando
que la publicación de la imagen ligada al tema del libro sea un discurso
protegido. Circunstancia en la cual los derechos del actor deben ceder, máxime
si se tiene en cuenta que la imagen usada en la carátula de la publicación
proviene de los archivos de la Policía Nacional y, por tanto, constituye
información pública, sin que esté de más advertir que la foto por sí misma no
reproduce actos ni sucesos propios de la intimidad del demandante.
En
criterio de la Fundación para la Libertad de Prensa, el libro “La comunidad
del anillo” es una sola unidad y su portada está directamente relacionada
con su contenido, por lo que no es procedente hacer un examen de veracidad e
imparcialidad de la imagen sin verificar el contenido del libro, el cual
reproduce asuntos que no fueron creación del autor sino la compilación de
artículos periodísticos referidos a la investigación formal que inició la
Procuraduría General de la Nación en contra de Rodolfo Palomino López -quien
para entonces era Director General de la Policía Nacional-.[7]
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1.
Competencia.
Esta Corte es competente
para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido
en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución, y 31 a 36 del Decreto
Estatutario 2591 de 1991.
2. Planteamientos de la acción y
problema jurídico.
La Corte observa que el presente caso se centra en el reclamo
formulado por Rodolfo Palomino López -Ex Director General de la Policía
Nacional- en contra de  Jesús Rafael Vergara Padilla y la Editorial La Oveja
Negra Ltda., por haber colocado su foto en la carátula del libro “La
comunidad del anillo”. El demandante reprocha la forma en que es utilizada
su imagen, ya que esta unida al título de la publicación y al contexto social donde
actualmente se investiga una presunta red de prostitución al interior de la
Escuela de Cadetes General Santander, envían el mensaje directo de que es el
líder de la mencionada red.
El actor afirma que la editorial utilizó su foto sin contar
con la debida autorización, además que le está dando un uso indebido a la
imagen lo cual le está afectando a él y a su familia, así como a la Policía
Nacional. En consecuencia, solicita prohibir la publicación del libro “La
comunidad del anillo” escrito por Jesús Vergara Padilla de la editorial La
Oveja Negra Ltda. y recoger el material impreso que se encuentre en las
librerías para la venta.
Los
demandados se oponen a las pretensiones de la tutela bajo el argumento de que no
es la publicación del libro la que vincula al General (r) Rodolfo Palomino
López sino las declaraciones públicas que hizo el Procurador General cuando
abrió una investigación disciplinaria en su contra por la presunta creación y
puesta de una red de prostitución masculina denominada periodísticamente “La
comunidad del anillo”. En ese orden, fue dicha información la que aunada a
otros documentos periodísticos dieron lugar a la publicación del libro.
El
accionado afirma que la foto publicada en la carátula de “La comunidad del
anillo” fue tomada de la página oficial de la Policía Nacional y estaba
disponible en la web bajo los principios de gratuidad y uso público establecidos
en la Ley 1712 de 2014.
En
instancia, el Juzgado Décimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de
Bogotá negó el amparo solicitado en razón a que no existió vulneración a los
derechos fundamentales del actor, en razón a que se está frente a un personaje
público y los hechos que dieron lugar a la publicación trascendieron y fueron
ampliamente debatidos en los medios de comunicación, circunstancia que
disminuyó su espacio de privacidad y además, ante eventos como este deben ser
protegidas las libertades de expresión e información.
Con
base en lo expuesto, le corresponde a la Sala Sexta de Revisión determinar si
Jesús Vergara Padilla y la Editorial La Oveja Negra Ltda. desconocieron los
derechos fundamentales a
la intimidad personal y familiar, honra, buen nombre y dignidad humana de
Rodolfo Palomino López –ex director general de la Policía Nacional, al exponer
su foto en la carátula del libro “La comunidad del anillo”, que compendió
noticias y columnas de opinión surgidas a propósito de la investigación
iniciada en su contra por la presunta red de prostitución al interior de la
Policía Nacional.
A
fin de dar respuesta a lo anterior, la Corte abordará los siguientes aspectos:
(i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra particulares; (ii);
el derecho fundamental a la libertad de expresión y de información; (iii) los
discursos especialmente protegidos y la información relacionada con hechos
sometidos a investigación judicial; (iv) los derechos a la propia imagen, la
intimidad, la honra y al buen nombre como límites al ejercicio de la libertad
de expresión e información; y finalmente, (v) resolverá el caso concreto.
3. Procedencia excepcional
de la acción de tutela contra particulares.
La acción de
tutela es el dispositivo constitucional por medio del cual las personas
reclaman ante los jueces, mediante un trámite preferente y sumario, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando resulten vulnerados
o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o los particulares,
en los casos previstos en la ley.
La procedencia
debe ser valorada por el juez constitucional y está determinada por: 1) la
legitimación en la causa; 2) la subsidiariedad, es decir, que solo opera ante:
(i) la inexistencia de otro medio de defensa judicial; o (ii) cuando a pesar de
existir otro mecanismo judicial este no resulta idóneo ni eficaz para otorgar
el amparo solicitado; (iii) la ocurrencia de un perjuicio irremediable; y 3) la
inmediatez, la cual supone que el lapso trascurrido entre los hechos que dan
lugar a la tutela y el ejercicio de la misma resulte razonable.
El artículo 86 Superior[8] establece
que el amparo procederá contra particulares únicamente cuando esté
dirigida en contra de: (i) quien se encuentra a cargo de la prestación de
servicios públicos; (ii) cuando la conducta del particular afecta
grave y directamente el interés colectivo; o (iii) se configure una
relación de subordinación o una situación de indefensión.[9]
Acerca del estado de indefensión, la
Corte ha señalado que es aquel en que una persona, debido a las circunstancias,
se encuentra impotente o sometida en relación con la otra, impidiéndole
efectivamente contrarrestar la vulneración o amenaza de sus derechos.[10]
En otras palabras “el estado de indefensión se puede configurar
cuando los medios que existen para hacer frente a la amenaza o vulneración de
los derechos fundamentales son insuficientes o cuando simplemente el sujeto
agredido no cuenta con mecanismos para su protección. En efecto la Corte desde
sus primeros estudios al respecto, en sentencia T-290 de 1993 indicó que la
situación de indefensión “(…) no tiene su origen en la obligatoriedad
derivada de un orden jurídico o
social determinado sino en situaciones de naturaleza
fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho
carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de respuesta efectiva ante
la violación o amenaza de que se trate (...)”.[11]
Conforme a lo anterior, hay lugar a la
acción de amparo cuando la persona afectada no dispone de medios físicos o
jurídicos que le permitan dar una  “respuesta oportuna, inmediata y efectiva
ante la vulneración o amenaza de la que se trate”,[12]
o cuando está expuesta a una “asimetría de poderes tal” que “no está
en condiciones materiales de evitar que sus derechos sucumban ante el poder del
más fuerte”.[13]
En todo caso, los anteriores
planteamientos deben ser valorados por el juez constitucional en cada caso
concreto,  determinando si en el asunto particular existen otros
medios judiciales con idoneidad para repeler el agravio y satisfacer las
pretensiones de la parte demandante, en caso de que tuviese derecho a ello.
4.
El derecho fundamental a la libertad de expresión y de
información
El derecho fundamental a la
libertad de expresión y de información está previsto en el artículo 20 de la
Constitución[14]
y en instrumentos internacionales sobre derechos humanos que integran el bloque
de constitucionalidad[15],
que reconocen la amplia protección a la libertad de expresión, v. g. el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos[16] -arts. 19[17] y 20[18]- y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos[19] -art. 13-[20], entre
otras.[21]
En desarrollo de los anteriores parámetros normativos, la
Corte ha establecido que la libertad de expresión constituye una categoría
genérica que agrupa un conjunto de derechos y libertades.[22] Por su
importancia para el presente análisis se destacan, la libertad de opinión, también
llamada “libertad de expresión en sentido estricto”, que comprende la
libertad para expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones e ideas, sin
limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión; la libertad de
información que protege la libertad de buscar, transmitir y recibir
información veraz e imparcial sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole.[23]
Tanto la libertad de opinión como la de información,
pueden ser ejercidas por cualquier persona y a través de cualquier medio de
expresión, y de acuerdo con la sentencia T-015 de 2015 presentan una doble
dimensión:
(i)
la individual de quien se expresa o informa, “comprende no solamente
el derecho formal a expresarse como tal sin interferencias arbitrarias, sino el
derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el propio
pensamiento, no se agota por lo tanto en el reconocimiento del derecho a hablar
o escribir, sino que va ligada al derecho a utilizar cualquier medio adecuado
para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.
Al ser la expresión y el medio de difusión de dicha expresión, indivisibles,
las restricciones sobre las posibilidades de divulgación constituyen,
igualmente, una limitación de la libertad de expresión. Igualmente esta
libertad también abarca el derecho a escoger la forma y el tono que se
prefieran para expresar las ideas, pensamientos, opiniones e informaciones
propias”[24].
Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su dimensión
individual su ejercicio “[r]equiere (…) que nadie sea arbitrariamente
menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por
tanto, un derecho de cada individuo”.[25]
(ii)
la colectiva, de los receptores del mensaje que se está difundiendo, “la
libertad de expresión en estricto sentido, incorpora el derecho de todas las
personas a ser receptoras de tales pensamientos, ideas, opiniones e
informaciones de parte de quien las expresa. En términos de la Corte
Interamericana, esta dimensión colectiva “implica también (…) un derecho
colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del
pensamiento ajeno”[26],
o “el derecho de todas [las personas] a conocer opiniones, relatos y
noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la
opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a
difundir la propia”.[27]
La jurisprudencia de este Tribunal ha destacado que
existen diferencias entre las libertades de opinión y de información, por
cuanto cada una de ellas recae sobre un objeto diverso y, por ello están
sometidas a límites también diferenciables. [28] Mientras la
libertad de opinión, protege “la transmisión de pensamientos, opiniones,
ideas e informaciones personales de quien se expresa”, la libertad de
información ampara “la comunicación de versiones sobre hechos, eventos,
acontecimientos, gobiernos, funcionarios, personas, grupos y en general
situaciones, en aras de que el receptor se entere de lo que está ocurriendo”.[29]
Así, la libertad de opinión tiene por objeto “proteger
aquellas formas de comunicación en las que predomina la expresión de la
subjetividad del emisor: de sus valoraciones, sentimientos y apreciaciones
personales sobre determinados hechos, situaciones o personas”; y la
libertad de información salvaguarda “aquellas formas de comunicación en las
que prevalece la finalidad de describir o dar noticia de lo acontecido”. En
consideración a lo anterior, se exige que la libertad de información transmita
información veraz e imparcial, además de verificable y que en lo posible, explore
las diversas perspectivas o puntos de vista desde los cuales puede ser visto un
mismo hecho.[30]
La distinción entre la información sobre hechos y su
valoración no sólo ha sido empleada para distinguir el ámbito protegido por las
libertades de información y opinión, respectivamente, sino también para
circunscribir el alcance del derecho a la rectificación, que procede
respecto de informaciones inexactas o erróneas, más no respecto de las
opiniones, las cuales pueden ser controvertidas a través del ejercicio de la
réplica.[31]
Sin embargo, en la práctica no es fácil establecer una
distinción tajante entre actos comunicativos que constituyan manifestaciones de
ejercicio de la libertad de opinión, o de información, respectivamente, en
tanto “toda opinión lleva, de forma más o menos explícita, un contenido
informativo, y toda información, un contenido valorativo de opinión, sin el
cual la información ni siquiera se justifica como actividad social”.[32]
En consecuencia, aunque se admite que la libertad de opinión no está sujeta a
los límites constitucionales que recaen sobre quienes se dedican a informar, porque
por definición no se puede reclamar veracidad e imparcialidad de los juicios de
valor, se exige a quienes expresan sus opiniones -máxime cuando lo hacen a
través de medios masivos de comunicación- es que se aseguren de la veracidad de
los hechos sobre los que se fundan y rectifiquen en caso de que sus opiniones se
hayan basado en informaciones inexactas o erróneas.[33]
Igualmente, a quienes se dedican a la actividad informativa se les exige que la
presenten de modo tal que los receptores puedan distinguir entre la descripción
de los hechos y la valoración por parte del comunicador.[34]
Para la Corte la libertad de expresión ocupa un lugar
preferente dentro del Estado social de derecho y es objeto de protección
reforzada no solo por su valor intrínseco, sino debido a que constituye un
medio para el logro de otras finalidades como la búsqueda de la verdad, el funcionamiento
de la democracia, la dignidad y autorrealización individual, la preservación y
aumento del patrimonio cultural y científico de la sociedad, y los motivos
históricos[35].
En este sentido, en la sentencia T-015 de 2015 se afirmó: “Así, la libre
circulación de ideas y opiniones favorece la búsqueda del conocimiento y es
condición de existencia de una sociedad pluralista donde puedan coexistir
diversas concepciones sobre lo correcto, lo bueno y lo bello. Adicionalmente,
la libre expresión de pensamientos, opiniones y puntos de vista permite el
desarrollo de la autonomía individual, al hacer posible que todas las personas
puedan tener voz y someterse, ante todo, a su propio criterio al momento de
decidir aquello que comunican a otros. Pero es sin duda, el estrecho vínculo
entre libertad de expresión y democracia, el argumento que con mayor fuerza y
frecuencia se esgrime para justificar la especial protección que se otorga a
este derecho en el constitucionalismo contemporáneo”.[36]
La Corte en la sentencia T-015 de 2015 reiteró lo decidido
en los fallos T-391 de 2007, T-602 de 2005, SU-1721 de 2000 Y SU-1723 de 2000,
que ha derivado en una “presunción” a favor de esta garantía fundamental,
consistente en:
“La multiplicidad de razones que justifica otorgar a la
libertad de expresión en sentido genérico un lugar privilegiado dentro del
ordenamiento constitucional colombiano, tiene una consecuencia práctica
inmediata: existe una presunción constitucional a favor de la libertad de
expresión. Los principales efectos jurídicos de esta presunción son tres:
1.3.1.
Presunción de cobertura de una expresión por el ámbito de protección del
derecho constitucional. En principio, toda expresión se presume cubierta por la
libertad consagrada en el artículo 20 Superior, salvo que se demuestre en cada
caso concreto y de forma convincente que, por sus características, se justifica
la limitación de tal expresión (…).
1.3.2.
Presunción de primacía de la libertad de expresión frente a otros derechos, valores
y principios constitucionales en casos de conflicto. Cuandoquiera que el
ejercicio de la libertad de expresión entre en conflicto con otros derechos,
valores o principios constitucionales, su posición privilegiada exige que se
haya de otorgar, en principio, una primacía a la libertad de expresión; dicha
primacía cesará cuando se demuestre que el otro derecho, valor o principio
constitucional adquiere mayor peso en el caso concreto, a la luz de las
circunstancias generales en que el conflicto se ha suscitado, y con
cumplimiento de las condiciones constitucionales que admiten la limitación de
esta libertad.
De esta
forma, en varias oportunidades la Corte ha explicado que cuando se presenta un
conflicto entre la libertad de expresión y otro derecho fundamental, se ha de
proceder a un ejercicio de ponderación sobre la base de la primacía de la
libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones.[37]
1.3.3.
La prohibición de la censura en tanto presunción imbatible. Si bien las
anteriores presunciones pueden ser desvirtuadas, si se cumple la elevada carga
de justificación mencionada, la propia Carta enuncia en forma contundente una
presunción que no admite ser desvirtuada: la censura previa está prohibida de
tal forma que cualquier regulación estatal o decisión de un funcionario del
Estado que constituya censura implica, ipso jure, una violación del derecho a
la libertad de expresión.”[38]
Por
ejemplo en la sentencia T-602 de 1995 la Corte aplicó la presunción de primacía
de la libertad de expresión en casos de conflicto con otros derechos, donde se explicó
que la libertad de expresión en un Estado democrático y liberal, por lo
general, prima sobre los derechos al buen nombre y a la honra, salvo que se
demuestre una intención dañina o una negligencia al presentar hechos falsos, parciales,
incompletos o inexactos que violan o amenazan los derechos fundamentales.[39]
De otra
parte, en la sentencia T-391 de 2007 se señaló que si bien todo ejercicio
comunicativo, cualquiera sea su contenido, valor y forma de expresión, en
principio está amparado por la libertad de expresión, ciertos discursos son
merecedores de especial protección constitucional debido a su importancia para
promover la participación ciudadana, el debate y el control de los asuntos
públicos, los cuales gozan de un mayor grado de protección
constitucional. Al respecto, se sostuvo:
“Dada
la amplitud del campo de protección de la libertad de expresión stricto senso,
que abarca prácticamente todo el espectro de la comunicación humana, múltiples
formas de discurso y modos de expresión reciben protección constitucional. Sin
embargo, por razones tanto históricas como jurídicas, dentro del espectro de
expresión protegida, ciertos tipos de discurso o de comunicación reciben un
amparo constitucional especialmente reforzado, lo cual tiene un impacto directo
sobre la regulación estatal admisible respecto de dichas formas de expresión,
sobre las cargas que debe cumplir la autoridad que pretenda limitarlas, y sobre
el estándar de control constitucional –particularmente estricto- al que se han
de sujetar las limitaciones.
Dentro
del rango de tipos de discursos protegidos por la libertad de expresión en
sentido estricto, el mayor grado de protección se provee al discurso político,
al debate sobre asuntos de interés público, y a los discursos que constituyen
un ejercicio directo e inmediato de derechos fundamentales adicionales que se
vinculan necesariamente a la libertad de expresión para poder materializarse”.
El discurso
político y el debate sobre asuntos de interés público. Las expresiones de
contenido político, o que contribuyen al debate abierto sobre asuntos de
interés público o general, reciben –y han recibido tradicionalmente- un nivel
especialmente alto de protección constitucional frente a todo tipo de
interferencia. Es claro que el discurso de contenido político, o que forma
parte del debate público, no se agota en las publicaciones y discursos
políticos relacionados con temas electorales; esta categoría cubre toda
expresión relevante para el desarrollo de la opinión pública sobre los asuntos
que contribuyan a la vida pública, política y social de la nación”.
A su
turno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha reconocido que
todas las formas de expresión están protegidas por el derecho a la libertad de
expresión y que algunas de ellas están especialmente garantizadas por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Así ocurre por ejemplo con el
discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre
candidatos a ocupar cargos públicos; el discurso político, “el que versa
sobre asuntos de interés público, y el discurso que configura un elemento de la
identidad o la dignidad personales de quien se expresa”[40].[41]
El carácter de derecho de “doble vía” que se predica de la
libertad de expresión cobra todo su sentido en presencia de este tipo de
discursos, ya que en tales casos la libertad de expresión no sólo ampara el
derecho de quienes transmiten información y opiniones críticas sobre temas que
involucran el interés público, sino también, y muy especialmente, el derecho de
todos los ciudadanos a tener acceso a estos discursos.[42]
En esas condiciones, la libertad de expresión y de información son
derechos de especial relevancia dentro de las democracias porque su ejercicio permite
la materialización de otras garantías de orden constitucional, por lo cual su
radio de protección es amplio y se determina por la aplicación de las
presunciones creadas por la jurisprudencia. Especialmente, en asuntos de
interés público o referidos a una figura reconocida por razón de su función,
labor u empleo público, las formas de expresión constituyen un discurso
protegido que garantiza a la sociedad el acceso a la información no solo porque
es un asunto que le atañe sino porque a través de este puede ejercer los
mecanismos de control político.
5.  Los
discursos especialmente protegidos
De
acuerdo con lo expuesto en líneas anteriores, por la supremacía del derecho a
la libertad de expresión todos los discursos están protegidos
independientemente de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y
estatal con la que cuenten. Sin embargo, dentro del amplio rango de expresiones
posibles existen algunos, destacados tanto por el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos como por la Corte Constitucional, que gozan de un especial
nivel de protección por su importancia crítica para el funcionamiento de la
democracia, como medio de control ciudadano o para el ejercicio de los demás
derechos.[43]
Estos son:
(i)
Discursos políticos y sobre asuntos de interés público: comprende
tanto aquellos de contenido electoral como toda expresión relacionada con el gobierno y,
con mayor razón, las críticas hacia el Estado y los funcionarios públicos. En
consecuencia, toda restricción en su contra es vista con sospecha, debido a que
“(i) a través de ellos no sólo se manifiesta el estrecho vínculo entre
democracia y libertad de expresión, sino que se realizan todas las demás
finalidades por las cuáles se confiere a ésta una posición preferente en los
estados constitucionales; (ii) este tipo de discursos suelen ser los más
amenazados, incluso en las democracias más vigorosas, por cuanto quienes
detentan mayor poder social, político o económico pueden llegar a ser afectados
por tales formas de expresión y, en consecuencia, verse tentados a movilizar su
poder para censurar dichas manifestaciones y reprimir a sus autores”[44].
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que la protección
reforzada de este discurso obedece al ejercicio activo que se espera de los
ciudadanos en un sistema democrático y a la eficacia de la denuncia pública en
el control de la corrupción: “El funcionamiento de la democracia exige el
mayor nivel posible de discusión pública sobre el funcionamiento de la sociedad
y del Estado en todos sus aspectos, esto es, sobre los asuntos de interés
público. En un sistema democrático y pluralista, las acciones y omisiones
del Estado y de sus funcionarios deben sujetarse a un escrutinio riguroso, no
sólo por los órganos internos de control, sino también por la prensa y la
opinión pública. La gestión pública y los asuntos de interés común deben ser
objeto de control por la sociedad en su conjunto. El control democrático de
la gestión pública, a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de
las actividades del Estado y la responsabilidad de los funcionarios públicos
sobre sus actuaciones, y es un medio para lograr el máximo nivel de
participación ciudadana. De allí que el adecuado desenvolvimiento de la
democracia requiera la mayor circulación de informes, opiniones e ideas sobre
asuntos de interés público[45].
En este mismo sentido, la jurisprudencia interamericana ha definido la libertad
de expresión como, “el derecho del individuo y de toda la comunidad a
participar en debates activos, firmes y desafiantes respecto de todos los
aspectos vinculados al funcionamiento normal  y armónico de la sociedad”;
ha enfatizado que la libertad de expresión es una de las formas más eficaces
de denuncia de la corrupción; y ha señalado que en el debate sobre asuntos de
interés público, se protege tanto la emisión de expresiones inofensivas y bien
recibidas por la opinión pública, como aquellas que chocan, irritan o inquietan
a los funcionarios públicos, a los candidatos a ejercer cargos públicos, o
a un sector cualquiera de la población[46]”.[47]
(Subrayado fuera del original).
Así
las cosas, este Tribunal a través de su jurisprudencia ha precisado que para
calificar un asunto como uno de valor público debe examinarse que el contenido
de la información sea de interés público, real, serio y actual de conformidad
con la trascendencia e impacto en la sociedad, “Así, la libertad de
información toma ventaja cuando de la magnitud misma de los hechos surge la
necesidad de conocimiento público y se despierta el interés general”[48].[49]
(ii)
Discurso sobre funcionarios o personajes públicos: comprende a quienes
por razón de sus cargos, actividades y desempeño en la sociedad se convierten
en centros de atención con notoriedad pública e inevitablemente han aceptado el
riesgo de ser afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas, en
razón a que buena parte del interés general ha dirigido la mirada a su conducta
ética y moral.[50]
Además, su mayor exposición en el escenario público fomenta la transparencia de
las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios
sobre su gestión.[51]
En estos eventos, ha dicho la Corte Constitucional, el derecho a informar se
torna más amplio[52].
Dada
la connotación de figura reconocida públicamente se entiende que
voluntariamente se sometieron al escrutinio de su vida pública y de aquellos
aspectos de su fuero privado sobre los cuales le asiste a la ciudadanía un
legítimo derecho a conocer y debatir, por estar referidos: “(i) a las
funciones que esa persona ejecuta; (ii) al incumplimiento de un deber legal
como ciudadano; (iii) a aspectos de la vida privada relevantes para evaluar la
confianza depositada en las personas a las que se confía el manejo de lo
público; (iv) a la competencia y capacidades requeridas para ejercer sus
funciones[53]”.[54]
Ahora
bien, ello no quiere decir que cualquier tipo de información relacionada con la
persona pública está amparada por el discurso de relevancia pública, ya que
existe el riesgo de afectar la intimidad, el honor o cualquier otro derecho del
individuo. Para resolver esta tensión, la Corte en la sentencia T-312 de 2015
reiteró la T-904 de 2013 que acogió la jurisprudencia sobre las diferentes
esferas de intimidad de la que goza un individuo así como el correspondiente
nivel de injerencia permitido:
“Adicionalmente,
para graduar el nivel de protección del derecho “a ser dejado solo” y a no ser
objeto de injerencias ajenas, en función de los espacios los que las personas
desarrollan sus actividades, la Corte se ha valido de la doctrina del Tribunal
Constitucional alemán que distingue tres (3) ámbitos: (i) la esfera más íntima,
que corresponde a los pensamientos o sentimientos más personales que un
individuo sólo ha expresado a través de medios muy confidenciales, como cartas
o diarios estrictamente privados, ámbito dentro del cual la garantía de la
intimidad es casi absoluta, de suerte que sólo situaciones o intereses
excepcionalmente importantes justifican una intromisión; (ii) la esfera privada
en sentido amplio, que corresponde a la vida en ámbitos usualmente considerados
reservados, como la casa o el ambiente familiar de las personas, en donde
también hay una intensa protección constitucional, pero hay mayores
posibilidades de injerencia ajena legítima; (iii) la esfera social,
que corresponde a las características propias de una persona en sus relaciones
de trabajo o más públicas, en donde la protección constitucional a la intimidad
es mucho menor, aun cuando no desaparece, pues de esta mayor exposición a los
demás no se infiere que los medios de comunicación estén autorizados para
indagar, informar y opinar sobre todo lo que una persona hace por fuera de su casa,
sin violar su intimidad”[55].
Específicamente,
tratándose de hechos sometidos a investigación por parte de los entes de
control y judiciales -por imputaciones de conductas punibles, administrativas o
civiles- la Corte ha manifestado que la información que se divulgue sobre el
particular, requiere de un especial manejo porque si bien es cierto que pueden resultar
de relevancia pública, también lo es que generan un debate en torno a la
conducta de los órganos de administración de justicia o de control ,y en la
reputación que se tiene de una persona, sobre todo cuando la noticia alude o al
trámite de procesos penales o disciplinarios en curso.[56]
En
ese sentido, también la Corte ha sostenido que los medios de comunicación, y
los ciudadanos en general, tienen derecho a denunciar públicamente los hechos y
actuaciones irregulares de los que tengan conocimiento en virtud de su función,
por lo que no están obligados a esperar a que se produzca un fallo para hacer
pública la información al respecto[57].
En
la sentencia T-213 de 2004 se decidió la acción de amparo instaurada por una
Fiscal en contra de la publicación de un libro -“La corrupción de la justicia
en Colombia”- que reprochaba su desempeño al interior del ente acusador. En
esa oportunidad la Corte admitió incluso que dentro de un Estado Social y Democrático
de Derecho, los comunicadores, periodistas y formadores de opinión pueden
legítimamente reprochar una conducta que consideren irregular, amañada o
maliciosa, pese a que la situación haya sido ya dirimida en sentido contrario
ante los órganos jurisdiccionales del Estado, por cuanto nadie se puede
atribuir el dominio exclusivo sobre el conocimiento y la rectitud:
“Ya se
indicó antes que en una sociedad multicultural y pluralista no existe un
monopolio sobre la verdad (Fundamento 18). En la democracia
constitucional el respeto por el pluralismo valorativo de la sociedad, no puede
conducir a que se entienda que la definición de la corrección de la conducta de
los funcionarios públicos se limite a su conformidad con la ley. La
sociedad tiene derecho a (y requiere) controlar la actuación de tales
funcionarios y de valorar si, a pesar de que no ha incurrido en conductas
irregulares en términos jurídicos, su comportamiento resulta inaceptable en
otros términos sociales.
(…)
De una
parte, que en una democracia constitucional no es posible centralizar en el
sistema jurídico la calificación de la conducta de las personas. La separación
entre derecho y moral, así como del derecho del sistema de valores religiosos,
(separación indispensable para lograr una sociedad plural), obliga a aceptar
que a partir de cada sistema social es posible realizar juicios de valor
respecto de la conducta de las personas y, en particular, de los funcionarios
estatales.
(…)
Por otra
parte, pretender un monopolio absoluto sobre el reproche en cabeza del
sistema jurídico, conduciría a paralizar el proceso de transformación del
sistema de valores de la sociedad, en la medida en que sólo resultarían
legítimos los reproches jurídicamente sancionados”. (Subrayado fuera del original).
Asimismo,
la providencia en cita advierte que tratándose de procesos judiciales y la
información que sobre ello se publique debe satisfacer condiciones de veracidad
y credibilidad. Lo cual, necesariamente supone un límite al ejercicio de las
libertades de expresión e información, así: “Por ello se avanzó sobre la
imposibilidad de que se prohíba o restrinja el ejercicio de la libertad de
opinión respecto de la administración de justicia misma. La cuestión es cuál
debe ser el límite de la libertad de expresión. Para la Corte, dicho límite se
define con base en la plausibilidad (la Corte advierte que no se trata de
corrección) de tales opiniones a partir del contexto descrito. Según se ha
precisado en la sentencia C-489 de 2002, la afectación del buen nombre parte de
informaciones falsas o erróneas, que distorsionan el concepto público sobre un
individuo. También se indicó que bajo el amparo del derecho al buen nombre, las
opiniones meramente insultantes, están proscritas (fundamento 15)”.
En
la sentencia T-312 de 2015 la Corte acogió los anteriores planteamientos al
decidir la acción de tutela instaurada por un Fiscal que pretendía impedir la
transmisión del episodio denominado “Borrando la evidencia” producido
por el programa Séptimo Día del canal Caracol TV, que relata cronológicamente
los principales sucesos alrededor de la muerte de dos menores de edad en
Medellín y el desempeño del fiscal del caso, quien inconforme con el trabajo
periodístico acudió al amparo con el fin de impedir su trasmisión en
televisión. Al respecto, se concluyó:
“En
primer lugar, esta Corporación advierte que la nota periodística difundida por
Séptimo Día el 28 de septiembre de 2014 y titulada “Borrando la evidencia” se
enmarca dentro del discurso sobre asuntos de interés público, por lo que merece
una protección reforzada de parte del Estado. En efecto, no solo aborda una
posible conducta criminal que conmocionó a la ciudad de Medellín, por la edad
de las víctimas y la manera en que se produjo el deceso, sino que también
cuestiona la actuación y diligencia de las autoridades públicas en el
esclarecimiento del deceso.
Como
se mencionó en los acápites anteriores, una de las principales misiones que
explican la trascendencia de la libertad de prensa dentro de un ordenamiento
democrático tiene que ver con la veeduría social que lleva a cabo sobre el
gobierno de la polis y, con mayor razón, las críticas hacia el Estado
y sus funcionarios públicos, con el objetivo de promover la responsabilidad y
la mayor transparencia posible. En este contexto, aunque por momentos las
observaciones de los periodistas pudiesen resultar chocantes e irritantes a los
miembros de la administración de justicia, su libre ejercicio resulta ser un
imperativo y un beneficio para el Estado, en su conjunto.
Visto
lo anterior, esta Sala concluye que el medio de comunicación demandado exhibió
un mínimo de diligencia para buscar la verdad de los hechos así como para
contrastar las distintas fuentes. Fue más allá del relato de las víctimas -cuyo
dolor y reclamos son apenas entendibles por el paso del tiempo y las terribles
condiciones en que fallecieron sus hijas menores de edad-, indagando también
por la versión de las amigas y personas cercanas a las jóvenes, y luego,
intentando obtener la correspondiente explicación de las autoridades y
servidores públicos responsables (investigador del CTI, fiscal y juez). Esta
Corporación valora positivamente que también se haya acudido a un experto
forense con el objetivo de contar con un concepto técnico e imparcial de los
hechos. En esta medida, Séptimo Día no presentó una versión unilateral, acabada
y pre-valorada, sino un trabajo periodístico legítimo.
6.3. No se vulnera el derecho a la vida, al buen
nombre, a la honra y a la imagen propia cuando se proyectan imágenes de la
esfera pública y se hacen referencias al desempeño de un funcionario público en
labores propias de su cargo.
6.3.1. Aunque no fue posible obtener copia de
la grabación que se hizo el 14 de agosto de 2014 en el Palacio de Justicia de
Medellín[58],
no se observa prima facie que la misma haya vulnerado los derechos a la vida,
al buen nombre, a la honra y a la imagen propia, invocados por el accionante.
En
efecto, (i) el periodista Juan Guillermo Mercado de Séptimo Día se presentó con
un camarógrafo en un lugar público, a saber, el Palacio de Justicia de Medellín
donde se desempeñaba como Fiscal el señor Jesús Aureliano Gómez Jiménez. Como
lo reconoce el propio accionante, (ii) el comunicador se aproximó con el fin de
cuestionarlo sobre sus decisiones y diligencia en el proceso de investigación
por la muerte de las dos jóvenes en el barrio Boston, es decir, por cuestiones
propias de su cargo[59].
El
evento tiene como escenario la esfera social del accionante, que corresponde a
las características propias de una persona en sus relaciones de trabajo, en
donde la protección constitucional a la intimidad es mucho menor. Más aún,
cuando se trata de un funcionario público quien es cuestionado por temas
inherentes a su cargo. Adicionalmente, urge resaltar que el periodista se
identificó debidamente en horas laborales, dando incluso su número de celular
para posterior contacto y precisando el objeto de su reportaje, luego no puede
calificarse como una maniobra subrepticia ni abrupta.
El
amparo iusfundamental impetrado por el señor Jesús Aureliano Gómez no está
llamado a prosperar. En su condición de funcionario público ha de estar
expuesto a las preguntas, el control e incluso el reproche ciudadano, sobretodo
cuando se trata de procesos de notorio interés general. En este contexto, está
en el deber de atender los requerimientos de las víctimas y de explicar en un
lenguaje accesible, según los parámetros del ente acusador y la
confidencialidad del proceso, sus actuaciones.
La
Corte Constitucional, consciente de la importancia del aparato de justicia,
también ha reivindicado la labor del juez en el Estado social y democrático de
derecho[60]
y de los demás funcionarios responsables del aparato judicial en sentido
amplio. Más aún, destaca los desafíos y dificultades a los que diariamente se
enfrentan funcionarios, empleados e investigadores judiciales -y con mayor
razón aquellos inmersos en el derecho penal-, pero todo esto no los convierte
en “intocables” dentro del foro público de deliberación”.
En
suma, presentar la información y valorar hechos es legítimo así como cuestionar
decisiones o pronunciamiento judiciales, por cuanto ninguna autoridad
pública es intocable ni perfecta;[61]
pero no lo es distribuir contenido falso o presentar opiniones deliberadamente
insultantes que defrauden el derecho de la comunidad a recibir información
veraz e imparcial.
Finalmente,
en cuanto a los procesos penales o disciplinarios aún en trámite se reitera que
“merecen
un especial cuidado por parte de los medios de comunicación, los cuales deben
realizar una verificación juiciosa de los hechos y abstenerse de sustituir a
las autoridades de la República en la adjudicación de responsabilidades de
orden legal. Lo anterior no obsta para que los medios divulguen los datos
disponibles, sin tener que esperar que se profiera el fallo correspondiente, e
incluso, una vez publicado este, continúen reprochando una determinada conducta
desde otras esferas de control social.[62]
6.
Los derechos al buen nombre, a la intimidad, a la honra y a la
propia imagen como límites al ejercicio de la libertad de expresión e
información.
6.1.
El derecho al buen nombre y a la intimidad personal y familiar.
El artículo 12 de la Constitución prevé
que toda persona tiene derecho al buen nombre y a su intimidad personal y
familiar y, por tanto, el Estado tiene la obligación de garantizarlos y
hacerlos respetar. Esto por cuanto guarda una estrecha relación con la
salvaguarda de otros derechos y principios también de rango fundamental como la
dignidad humana.[63]
La Corte ha manifestado que la privacidad de la vida personal y familiar de una
persona es una manifestación del derecho a la intimidad, e implica un deber de
abstención por parte del Estado y de terceros de intervenir de manera
arbitraria o injustificada en dicha esfera y también, de publicar o divulgar
sin autorización asuntos relacionados con el ámbito privado de los individuos.[64]
En la sentencia SU-089 de 1995 este
Tribunal sostuvo que esta garantía abarca múltiples y diversos aspectos de la
vida de la persona, incluyendo no solo la proyección de su imagen, sino también
la reserva de sus distintos espacios privados en los cuales solo recae el
propio interés, al respecto afirmó que“(…)constituyen aspectos de la órbita privada,  los asuntos
circunscritos a las  relaciones  familiares de la persona,  sus
costumbres y prácticas sexuales, su salud, su domicilio, sus comunicaciones
personales, los espacios limitados y legales para la utilización  de datos
a nivel informático, las creencias religiosas, los secretos profesionales y en
general  todo "comportamiento del sujeto  que no es conocido por
los extraños  y que de ser conocido originaría críticas  o
desmejoraría la apreciación" que  éstos tienen de aquel”.
De acuerdo con la jurisprudencia
constitucional establecida en la sentencias T-050 de 2016, T-634 de 2013 y T-787 de
2004, el
derecho a la intimidad: comprende distintos grados: (i) el personal,
referido a la salvaguarda del derecho a ser dejado solo y poder guardar
silencio, lo cual implica que ningún individuo debe divulgar o publicar
aspectos íntimos de su vida, salvo que lo autorice; (ii) familiar, que alude al
secreto y a la privacidad en el núcleo familiar, una de cuyas principales
manifestaciones es el derecho a la inmunidad penal: “nadie podrá ser
obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o
parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad, segundo de afinidad o
primero civil”; (iii) social, referida a las relaciones del sujeto en un
entorno social determinado, por ejemplo “las sujeciones atinentes a los
vínculos laborales o públicos derivados de la interrelación de las personas con
sus congéneres en ese preciso núcleo social, a pesar de restringirse -en estos
casos- el alcance del derecho a la intimidad, su esfera de protección se
mantiene vigente en aras de preservar otros derechos constitucionales
concomitantes, tales como, el derecho a la dignidad humana”; y (iv)
gremial, relacionada con las libertades económicas que “involucra la
posibilidad de reservarse -conforme a derecho- la explotación de cierta
información, siendo, sin lugar a dudas, uno de sus más importantes exponentes,
el derecho a la propiedad intelectual (C.P. art. 61)”.[65]
Con base en lo expuesto, esta
Corporación ha concluido que el derecho a la intimidad puede restringirse
cuando se cuente con el consentimiento libre de su titular o exista orden
dictada por la autoridad competente. En ese orden, la legítima y adecuada
divulgación o publicación de la información personal debe observar los
principios de: (i) libertad, en virtud del cual los datos de una persona
no pueden ser divulgados ni registrados, salvo que medie el consentimiento del
interesado o exista un fin constitucionalmente legítimo; (ii) finalidad,
el cual supone que la publicación o divulgación de los datos personales esté
sustentada en un fin constitucionalmente legítimo; (iii) necesidad, esto
es si los datos que se van a revelar guardan relación con un soporte
constitucional: (iv) veracidad, que exige que la publicación de
información personal que se ajuste a la realidad o sea correcta; e (v) integridad,
que significa que no puede evidenciarse parcialidad o fragmentación en los
datos que se suministran, en otras palabras, la información debe ser completa.[66]
No obstante lo anterior, cuando se trata
de personajes públicos la sentencia T-437 de 2004 señaló que si bien es claro
que éstos tienen derecho a solicitar la protección de su derecho fundamental a
la intimidad, su espacio de privacidad, en virtud de su desarrollo social, se
ve reducido[67],
reiterando lo expuesto en los fallos T–1202 de 2000 y T-066 de 1998, que
señalaron:
“Cuando se presentan conflictos entre el derecho a la información
y los derechos a la honra, el buen nombre y la intimidad, en el caso de las
personas y los hechos de importancia públicos, predomina prima facie el
primero. En estos eventos, el derecho de información debe ser preferido, en
principio, en razón del papel de control del poder que se asigna socialmente a
los medios de comunicación. Del reconocimiento de que los medios cumplen en
este campo una función importantísima para la vigencia del sistema democrático
se deriva que ellos deben gozar de amplia libertad en la tarea de supervisión
de las entidades estatales - y de los poderes privados. Si se impusieran
fuertes restricciones sobre la prensa en estas áreas se perjudicaría en medida
notable su capacidad de vigilancia sobre el correcto desempeño de estos
poderes. No desconoce la Corte que la referida amplitud de la libertad de
prensa en estos campos puede llegar a afectar los derechos de las personas que
se desempeñan en posiciones de notoriedad e interés público. No obstante, en
principio habrá de responderse que estas personas, al aceptar su situación
social, han consentido tácitamente en una cierta restricción de esos derechos.
En efecto, su papel de figuras públicas los convierte en objeto del interés
general, por lo cual es de esperar que tanto sus actividades públicas como su
vida privada sean observadas de manera minuciosa por parte de la sociedad.
De otra parte, el derecho al buen
nombre ha sido definido por la Corte como un derecho-valor[68],
referido a la salvaguarda de toda persona a una buena opinión o fama, adquirida
como consecuencia de su trayectoria y acciones, por lo que guarda una estrecha
relación con la dignidad humana y otros derechos de rango superior. En otras
palabras, está referido al concepto que los demás se forman sobre un individuo,
es decir, su reputación, la cual se ve afectada cuando de manera personal o a
través de los medios de comunicación, se divulga información falsa o errónea, o
se utilizan de expresiones ofensivas o injuriosas que conlleva a que el
prestigio social se distorsione afectando su imagen personal.[69]
Asimismo, la jurisprudencia de este
Tribunal ha señalado que “difícilmente puede considerarse violado el derecho
al buen nombre o a la honra[70]
cuando es la persona directamente quien le ha impuesto el desvalor a sus conductas
y ha perturbado su propia imagen ante la colectividad”.[71]
Es decir, que en eventos en que el individuo con su actuar ha perdido su
prestigio o la aceptación de la que gozaba en sociedad, mal podría pretender
callar las voces que expresan su realidad.[72]
En ese orden, tratándose de la
vulneración al buen nombre de una persona por divulgación de información, le
corresponde al juez de tutela valorar la situación fáctica que se le presenta, analizando
si las afirmaciones divulgadas son falsas, equivocadas o contrarias al
prestigio que el individuo a construido con su actuar, situación en la cual debe
proceder al restablecimiento y protección del derecho.[73]
6.2.
El derecho a la honra
Los
artículos 2° y 21 superiores establecen el derecho a la honra y el deber de las
autoridades públicas de protegerlo. Al respecto, este Tribunal ha manifestado
que alude al valor intrínseco del individuo frente a sí mismo y ante la
sociedad, el cual debe ser protegido para lograr una correcta apreciación de
este dentro de la colectividad.[74]
A pesar de la similitud que guarda con el derecho al buen hombre, la honra está
referida a “la
estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona
debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le
tratan.”[75]
La
distinción sobre los alcances de los derechos al buen nombre y a la honra,
genera unas consecuencias tanto en su ámbito de protección como en su relación
con otros derechos. Así fue explicado por la Corte en la sentencia C-442 de
2011: “La
distinción entre los ámbitos protegidos del buen nombre y la honra tiene
repercusiones en cuanto a las conductas restringidas en aras de su protección.
En la mencionada sentencia C-489 de 2002 la Corte precisó que “el derecho al
buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona,
se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin
fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo”. Ello
implica que la afectación del buen nombre se origina, básicamente, por la
emisión de información falsa o errónea y que, a consecuencia de ello, se genera
la distorsión del concepto público. || Por el contrario, la honra se afecta
tanto por la información errónea, como por las opiniones manifiestamente
tendenciosas respecto a la conducta privada de la persona o sobre la persona en
sí misma. No es necesario en este caso, que la información sea falsa o errónea,
se cuestiona la plausibilidad de la opinión sobre la persona”.
Conforme
a lo expuesto, la afectación del derecho a la honra, necesariamente, conlleva
la vulneración del buen nombre y la dignidad humana, al difundir información
tendenciosa o parcializada encaminada a menguar la integridad del individuo,
evento en el cual, el juez de tutela deberá verificar en el caso concreto el
contenido de la divulgación y sus efectos sobre la dignidad de la persona.
Finalmente,
en relación con la vulneración de los derechos fundamentales al buen nombre, a
la intimidad y a la honra por la publicación de libros, es preciso traer a
colación la sentencia SU-056 de 1995, en la cual este Tribunal manifestó que
por regla general no resulta admisible la corrección o rectificación del
contenido porque el libro como expresión artística es una unidad, es decir, que
no puede desligarse el título de la carátula o estos de su contenido, salvo
cuando se revela información que no debía ser conocida por el público en general,
así:
“A
diferencia de la publicación o difusión de hechos y de opiniones por los medios
de comunicación, los libros que revelan una elaboración intelectual y personal
constituyen una creación de sus autores. Por ello, los libros de esta
naturaleza constituyen una unidad inescindible, cuya autoría es producto de la
creatividad intelectual, propósito e intención del autor y su contenido no
puede ser modificado por una autoridad pública o un particular. En tales
condiciones, no es jurídicamente admisible que se pueda solicitar por algún
interesado la rectificación o corrección de su contenido, a través del
ejercicio de la acción de tutela, salvo que so pretexto de la creación
literaria o artística el autor consigne en el libro, total o parcialmente, una información
que no sea veraz e imparcial, o que no obstante reunir estas características
afecte la intimidad u otro derecho fundamental; en tal virtud, la
intangibilidad de la obra, si revela datos personales no susceptibles de ser
conocidos de otro modo, se desvanece si ella afecta dichos derechos.
Este
planteamiento es consistente con la jurisprudencia de la Corte que sobre el
particular, ha sostenido:
".....
toda persona puede reclamar el derecho a publicar libros, en los cuales
aparezcan plasmados los resultados de su creación intelectual. Bien sea en el
campo científico, en el político en el religioso o en cualquier otro expresando
como a bien tenga sus criterios y conceptos o suministrando información, sin
que autoridad alguna se halle facultado por la Carta para imponer la censura a
tales publicaciones".
"Pero
si, como se ha dicho el escritor no ejerce un derecho absoluto, está sujeto a
las restricciones que le impone la propia Constitución cuando consagra derechos
en cabeza de todos los asociados. Entonces, no le será lícito hacer uso de la
obra para revelar detalles de la vida íntima de otro individuo o de su familia,
o para proferir calumnias, injurias o amenazas. Atenta contra los derechos
constitucionales consagrados si en la publicación juega con la honra o el buen
nombre  de personas o instituciones, pues éstas, en ejercicio de las
prerrogativas que la misma Constitución les reconoce, están en posición de
acudir al juez para que haga valer sus derechos e imparta las órdenes
necesarias para que cese la violación"[76]
Se
reitera, que el pronunciamiento que hace la Corte en esta oportunidad no
contradice la anterior jurisprudencia, toda vez que en la sentencia a que ella
alude se juzgó que el libro "PERDUTE" (Perdidas), no constituía en
esencia una creación literaria, sino una información particular y concreta
referente a las menores Shani y Maya Ospina Fei y a sus relaciones con sus
padres y terceros que vulneraba sus derechos a la intimidad personal y familiar
y algunos de los que particularmente se reconocen a los niños en el art. 44 de
la Constitución Política.
Para
establecer si la publicación de un libro que contiene una información en
relación con datos personales de algún individuo en concreto, lesiona
gravemente derechos constitucionales fundamentales, como la intimidad personal
o familiar, la honra o el buen nombre de una persona, es necesario analizar
tanto las características de la obra, como las circunstancias en que se
encuentra el afectado.
La
ponderación entre la libertad de expresar y difundir el pensamiento y la
opinión y los derechos fundamentales de las personas eventualmente concernidas
en la narrativa de un libro, exige establecer si la persona presuntamente
afectada por la publicación es identificada plenamente o si por la descripción
que de ella se hace es fácilmente identificable. Además debe tenerse en cuenta
si se trata de una figura pública o si los datos concernientes a ella son de
conocimiento público, y si lo divulgado o afirmado concierne exclusivamente a
su ámbito personal o familiar o constituye una evidente afectación a su honra y
buen nombre”.
6.3.
El derecho a la propia imagen
El
derecho a la propia imagen no está consagrado expresamente en la Constitución.
Sin embargo, de la lectura sistemática de la Carta y a partir del artículo 94
Superior[77],
la Corte ha concluido que este derecho es reconocido en el ordenamiento
jurídico colombiano como expresión directa de la individualidad e identidad de
la persona[78]
y, en esa medida, guarda estrecha relación con el libre desarrollo de la
personalidad y el reconocimiento de la personalidad jurídica.[79]
Así, ha sido entendido como un derecho personalísimo[80]
que guarda una estrecha relación con la dignidad humana y la cláusula general
de libertad y puede ser vulnerado en forma independiente -como garantía
autónoma- o concurrente con otros derechos como la intimidad, el buen nombre y
la honra.[81]
En
cuanto al contenido de este derecho, esta Corporación ha enfatizado su
reconocimiento a través de tres facetas:[82] (i) la
autodefinición de la imagen propia: la autonomía de cada individuo para
determinar desde el punto de vista estético su propia imagen o autodefinir su
ser, como quiere verse y como que lo perciban los demás, la dimensión de
autodefinición del ser (en cuanto a su aspecto físico, el nombre, la voz, entre
otras);[83]
(ii) la utilización de la imagen, que incluye dos aspectos, a) el positivo
relacionado con la potestad de la persona de decidir qué parte de su imagen
será difundida y qué parte no -ya sea de manera onerosa o gratuita-, pudiendo
incluso autorizar a un tercero la utilización de su imagen, y b) negativo,
referido a la posibilidad de prohibir la obtención, utilización o reproducción
no autorizada de la imagen de una persona; y (iii) la imagen social, que
comprende la caracterización que una persona logra de sí misma en la sociedad y
que le permite identificarse plenamente frente a los demás.[84]
Acerca
de la protección de esta garantía, la sentencia T-090 de 1996 dijo que toda
persona tiene derecho a su propia imagen y a que no sea apropiada, reproducida,
comercializada o expuesta por otro sin su consentimiento. No obstante lo
anterior, en el fallo T-739 de 2013, concluyó que tal salvaguarda admite
limitaciones, relacionadas con la “prohibición del abuso del derecho,
la preservación del orden jurídico, las exigencias de la sociabilidad humana y,
en ciertos casos, con la realización de algún interés público de raigambre superior,
cuyo peso o valor dentro del Estado Social del Derecho justifica la existencia
de una limitación o restricción, como ocurre, entre otras, con la búsqueda del
conocimiento o el acceso libre a la información”.
En
relación con las figuras públicas, en la sentencia T-322 de 1996 esta Corte explicó
que “[t]ratándose
del derecho a la imagen, en personas con proyección pública, si en un debate
parlamentario se resaltan o aún se exageran las facetas que hacen de ese
hombre público la personificación de una idea, no se ve la violación al derecho
fundamental de la imagen. Esa imagen política está dentro del ámbito político y
si lo que se pone en tela de juicio está en relación con esos actos públicos,
ya más que de imagen lo que se trata es de actividad política”.
Luego, en la
sentencia T-379 de 2013 al decidir el caso de un artista musical cuya
trayectoria era utilizada en redes sociales para promocionar una orquesta de la
que en sus inicios hizo parte, este Tribunal reiteró la jurisprudencia en
relación con el derecho a la propia imagen, afirmando que cada persona decide
que quiere dar a conocer o publicar (dimensión positiva) y que nadie puede
reproducir, exponer, comercializar o difundir la imagen de otros sin la
autorización del titular (dimensión negativa). No obstante, esta Corporación
sostuvo que dicha garantía no es absoluta al encontrar restricciones en “la
salvaguarda de los derechos de los demás, la prohibición del abuso del derecho,
la preservación del orden jurídico, las exigencias de la sociabilidad humana y,
en ciertos casos, con la realización de algún interés público de raigambre
superior, cuyo peso o valor dentro del Estado Social del Derecho justifica la
existencia de una limitación o restricción, como ocurre, entre otras, con la
búsqueda del conocimiento o el acceso libre a la información”.
Sobre
los límites del derecho a la propia imagen, la citada providencia afirma que
puede ser restringido para salvaguardar las libertades de información y
expresión, por ejemplo en asuntos vinculados con: (i) la divulgación de hechos
noticiosos derivados de la actuación pública de una persona[85]; (ii)
la exhibición de fotografías, como expresión artística, en la que no se revela
la identidad de los transeúntes y mucho menos las cualidades o características
personales de quienes aparecen[86];
y (iii) la exposición de imágenes o fotografías que simplemente resaltan
acontecimientos ocurridos o que exhiben momentos de camaradería social, sin que
se pretenda reflejar una característica o cualidad especial de una persona.[87]
Asimismo, concluyó que tratándose de actuaciones públicas o de personajes con
relevancia o notoriedad cuyas imágenes son difundidas precisamente a propósito
del rol que desempeñan en la sociedad no se vulnera el derecho, al respecto,
sostuvo:
“No
ocurre lo mismo con las personas que deciden actuar en el ámbito público, pues
en relación con ellas su comportamiento puede ser captado e incluso exhibido,
en algunos casos, como ya se dijo, como expresión de las exigencias
de la sociabilidad humana y, en otros, como manifestación
del ejercicio de las libertades de información y expresión.
En este
contexto, no podría alegarse la violación del derecho a la imagen de una
persona pública, en aquellos casos en que simplemente se menciona su historia
laboral o se resaltan sus aportes a la sociedad, pues es claro que nadie puede
desligarse de lo vivido. Este análisis es distinto, por obvias razones, cuando
de lo que se trata es de proteger su vida privada, ya que, en dichos casos, su
intimidad personal o familiar, prima facie¸ no tiene por qué ser afectada,
tocada o referida por terceros, ni utilizada para alegar algún vínculo con
ella.
En suma,
quien exhiba o explote la imagen de una persona vulnerando la intimidad de su
hogar o su trabajo, vulnera también este derecho. Sin embargo, si deciden
actuar en el ámbito público, su comportamiento puede ser captado e incluso
exhibido como expresión de las exigencias de la sociabilidad humana
o como manifestación
del ejercicio de las libertades de información y expresión. Finalmente, cuando
se trata de una figura pública y se hace referencia a su historia
laboral, trayectoria o información relacionada con el ejercicio de sus
funciones no se infringe la garantía superior de la imagen, dado que el ámbito
de privacidad se ha visto reducido por razón del rol que cumple dentro de la
sociedad”.
El referido fallo T-379 de 2013 plantea algunas
diferencias en relación con el uso de la imagen y las circunstancias en que se
afecta, al establecer que, en principio, utilizar, explotar o exhibir la imagen
de las personas sin la debida autorización, implica la vulneración de este
derecho. Sin embargo, expone situaciones excepcionales cuando se trata de: (i)
actuaciones que son captadas en el ámbito público; o (ii) de una figura pública
haciendo referencia a su
historia laboral, trayectoria o información relacionada con el ejercicio de sus
funciones, donde el ámbito de privacidad se ha reducido por razón del rol que
cumple dentro de la sociedad.
Lo expuesto fue
reiterado en la sentencia T-050 de 2016, al insistir que la imagen es un
derecho autónomo, en virtud del cual, a menos que se encuentre dentro
de los límites consagrados y legítimos, se requiere de autorización por parte
del titular para su exhibición, explotación o utilización y su lesión también
puede estar vinculada a la vulneración de los derechos al buen nombre,
intimidad y honra.
En suma, la jurisprudencia de esta Corporación sobre
la materia ha establecido que el derecho a la propia imagen es una garantía
autónoma de raigambre fundamental y goza de protección por parte del
ordenamiento jurídico cuando terceros la difunden o publican sin que medie la
autorización del sujeto que fue captado[88].
Empero, tal prerrogativa no es absoluta porque existen situaciones donde si
bien la exhibición o utilización de la imagen no cuenta con el beneplácito de
la persona, no compromete la afectación del derecho, tratándose de: (i) la
divulgación de hechos noticiosos derivados de la actuación pública de una
persona[89];
(ii) la exhibición de fotografías, como expresión artística, en la que no se
revela la identidad de los transeúntes y mucho menos las cualidades o características
personales de quienes aparecen[90];
(iii) la exposición de imágenes o fotografías que simplemente resaltan
acontecimientos ocurridos o que exhiben momentos de camaradería social, sin que
se pretenda reflejar una característica o cualidad especial de una persona[91];
o (iv)
de una figura pública haciendo referencia a su historia laboral, trayectoria o
información relacionada con el ejercicio de sus funciones y en el contexto del
rol que cumple dentro de la sociedad, lo cual excluye las imágenes captadas en
el ámbito privado de ese personaje reconocido[92].
En consecuencia, le corresponde al juez determinar
en cada caso concreto si la difusión de una imagen[93],
sin previa autorización, de una figura pública vulnera sus derechos
fundamentales, para lo cual deberá evaluar si los acontecimientos que reflejan
tienen repercusión social y el personaje retratado se encuentra en relación o
en ejercicio de la función que le fue encomendada, así como la relevancia de la
información que contiene.[94]
7.  Caso
concreto
7.1.
Procedencia de la acción de tutela en el caso concreto
En
la presente acción de tutela Rodolfo Palomino López -ex director general de la
Policía Nacional- solicita el amparo de sus derechos fundamentales a la intimidad
personal y familiar, honra, buen nombre y dignidad humana, que alega vulnerados
por Jesús Rafael Vergara Padilla y la editorial La Oveja Negra Ltda., al
publicar el libro “La comunidad del anillo” en cuya carátula se expone
la foto del demandante sin que hubiese otorgado su consentimiento. Dicho
documento es un compendio periodístico efectuado a partir del comunicado de
prensa del Procurador General que informa a la opinión pública, haber dado
inicio a una investigación disciplinaria en contra del actor, porque
presuntamente está involucrado en una red de prostitución masculina que
funciona al interior de la Policía Nacional.
7.1.1.
La Corte encuentra que el demandante está legitimado en la causa para
ejercer la acción de tutela porque es quien afirma la conculcación de sus
derechos fundamentales con la publicación del libro, por ello dirige la demanda
contra Jesús Rafael Vergara Padilla, el autor de “La comunidad del anillo”
y a quien acusa de haber utilizado su imagen sin autorización. Además, fueron
vinculadas la Editorial La Oveja Negra Ltda. y la Policía Nacional como
terceros interesados, quienes pudieron ejercer su derecho de defensa y
contradicción.
7.1.2.
La solicitud de amparo cumple con el requisito de la inmediatez, en la
medida que fue interpuesta el 5 de mayo de 2016, es decir, un mes después de que
fuese publicado y saliera al mercado el libro “La comunidad del anillo”
-el 1° de abril del mismo año-.
7.1.3.
Satisface el presupuesto de subsidiariedad, ya que el recurso ante la
jurisdicción civil -demanda de responsabilidad civil extracontractual a fin de
obtener una indemnización por los perjuicios sufridos con la publicación- o
penal -denuncia penal por injuria o calumnia porque el libro incrimina
falsamente al demandante-, no garantizarían una protección oportuna de los
derechos que según el actor le están siendo vulnerados, siendo la tutela el
mecanismo idóneo y eficaz para conceder la protección solicitada.
7.1.4.
En el asunto sub examine es procedente la acción de tutela contra un
particular, dado el estado de indefensión en que se encuentra el demandante
respecto de la publicación y puesta en venta del libro “La comunidad del
anillo”. Esto porque al encontrarse expuesto en las librerías ofertándose
al público coloca al actor en una posición de indefensión, ya que no está en
condiciones de repeler o detener la publicación que presuntamente lo afecta.
7.2.
El libro “La comunidad del anillo”
7.2.1.
La carátula: Contiene el título del libro y las fotos del demandante, el
Coronel Gerson Jair Castellanos y Carlos Ferro.
7.2.2. El
contenido:
El abogado Jesús Rafael Vergara
Padilla trascribió apartes de investigaciones, datos periodísticos, columnas de
opinión, comunicados de prensa y entrevistas realizadas por órganos de control
y distintos medios de comunicación en relación con la denuncia pública realizada
por la presunta red de prostitución masculina al interior de la Policía Nacional
denominada periodísticamente como “la comunidad del anillo”, nombre que
recibe el libro. Dichas investigaciones involucran a figuras públicas
reconocidas por su servicio al Estado -para la época de los hechos- como el
demandante quien fue director general de la Policía Nacional, el ex viceministro
del interior Carlos Ferro y el ex jefe de seguridad del Congreso de la
República Gerson Jair Castellanos. A estos dos últimos están referidos los
cinco primeros capítulos de la publicación y los apartes del contenido en los
que menciona al General (R) Rodolfo Palomino López son los siguientes:
1.       Capítulo VI “Procuraduría abre investigación contra el
general Rodolfo Palomino por la “Comunidad del anillo””, en el que cita
textualmente el comunicado de prensa del Procurador General de la Nación donde
informa que abrió investigación disciplinaria formal en contra del General (R)
Rodolfo Palomino López –para entonces Director General de la Policía Nacional
(págs. 91-92).[95]
“COMUNICADO DE PRENSA (16 DE FEBRERO)
Comunicado 08
Fuente:PGN
Fecha Publicación: martes, 16 febrero 2016 06:46 AM
Con base en la indagación preliminar que
abrió la Procuraduría General de la Nación contra el señor general Rodolfo
Bautista Palomino López, director general de la Policía Nacional, en diciembre
pasado, se han recaudado diferentes pruebas producto de visitas especiales y
testimonios, entre ellos la declaración del capitán Anyelo Palacios Montero,
referenciado por el capitán en retiro John Fabio Marín Larrahondo, quien
presentó la queja, la cual fue incorporada a esta actuación.
Luego de analizar las pruebas, el despacho
del procurador general de la Nación abrió hoy investigación disciplinaria
formal contra el señor general Rodolfo Bautista Palomino López, director
general de la Policía Nacional, por diversas irregularidades que están
relacionadas en tres aspectos especiales:
1. Posible incremento patrimonial
injustificado
2. Presuntos seguimientos e
interceptaciones ilegales a periodistas
3. La creación y puesta en marcha de
una supuesta red de prostitución masculina denominada periodísticamente “La
Comunidad del Anillo”
Sobre esta última línea de investigación,
y con las limitaciones que impone la reserva sumarial, este despacho ordenó
remitir copias a la Fiscalía General de la Nación de esta decisión junto con la
declaración del capitán Anyelo Palacios Montero y un video, el cual no solo
sería una de las pruebas de la supuesta red de prostitución masculina
denominada periodísticamente “La Comunidad del Anillo”, sino que también
involucraría a ciertos miembros del Congreso de la República, en complicidad
con algunos oficiales de la Policía Nacional.
En esta decisión disciplinaria se dejaron
claras las razones por las cuales este organismo de control se abstuvo de
iniciar una actuación disciplinaria por los hechos relacionados con el video,
en la medida en que los eventos informados por el capitán Palacios Montero, en
lo que respecta al Congreso de la República, habrían ocurrido entre los años
2004 y 2008.
Ahora bien, también se dejó en claro en la
decisión de este despacho que si en lo sucesivo de esta investigación aparecen
otras pruebas que determinen que dichas prácticas continuaron ocurriendo en esa
corporación legislativa, este despacho iniciará las averiguaciones
disciplinarias correspondientes.
A juicio de la Procuraduría General de la
Nación, los hechos informados a la Fiscalía General de la Nación tienen
relevancia en el ámbito penal por cuanto por estas conductas podrían encuadrar
en diversos delitos como PROXENETISMO, INDUCCIÓN A LA PROSTITUCIÓN Y TRATA DE
PERSONAS de miembros de la Policía Nacional, comportamientos en los que
presuntamente habría participado un senador de la República, quien actualmente
se desempeña en un alto cargo del Gobierno Nacional. Este modus operandi habría
tenido lugar presuntamente con la ayuda y complicidad de oficiales de la
Policía Nacional, incluso del señor director general de la Policía Nacional,
Rodolfo Bautista Palomino López.
2.  Capítulo VII
denominado “Rodolfo Palomino”, en el que trascribe apartes del artículo
judicial publicado en el periódico El espectador el 20 de febrero de 2016,
donde relata sobre los lotes adquiridos por el General (R) Rodolfo Palomino
López a Gerson Castellanos, resaltando que la Procuraduría General de la Nación
investiga si aquellos negocios están asociados a la presunta red de
prostitución que existe al interior de la Policía Nacional (págs. 93-95).[96]
“En este contexto
surge otro de los presuntos implicados en la Comunidad del Anillo: el exsenador
y, hasta el pasado martes, viceministro del Interior, Carlos Roberto Ferro
Solanilla. El 3 de octubre de 2003 adquirió el lote número 4 de El Pedregal de
San Ángel, de mil metros cuadrados, negocio realizado en sociedad con el
general (r) Alonso Arango Salazar. Dos meses después, ese alto oficial pasó a
ser el subdirector de la Policía, cargo del que salió en mayo de 2007, cuando
el Gobierno removió a 11 generales y nombró como director al general (r) Óscar
Naranjo, tras comprobar que en la Policía se realizaban interceptaciones
ilegales. Según las escrituras, el excongresista Carlos Ferro vendió su parte a
su socio el 27 de abril de 2006. En cuanto a la Comunidad del Anillo, el
exsenador Ferro ha rechazado cualquier nexo con esa red; aunque este lote
demuestra que sus relaciones con algunos policías son de vieja data”.
3.  Trascribe el artículo
publicado el 27 de octubre de 2015 en el diario La Opinión, que citando al
portal digital de la emisora La f.m., menciona que existen conversaciones grabadas
entre policías que mencionan las presiones  del General (R) Palomino López para
recibir favores sexuales (págs. 95-99).[97]
4.
Trascribe la entrevista del General (R) Rodolfo Palomino López en el
programa “Pregunta Yamid” transmitido en el Canal Uno el 27 de diciembre
de 2015 a las 8:38 p.m., donde el demandante afirma que “Acusarme de acoso
homosexual es una canallada” (págs. 99-102).
“¿A
qué atribuye las acusaciones que se han hecho y que van desde acoso sexual
hasta el seguimiento a periodistas, y desde el retiro de miles de policías
hasta el origen de los bienes que tiene?
Parte
del origen de los ataques está en algunos retirados inconformes por decisiones
que ha sido necesario tomar. Además, los éxitos contra el crimen organizado, al
atacarlo estructuralmente, y otros escenarios altamente sensibles pueden estar
generando también dificultades.
¿Cuáles
son las decisiones a las que se refiere?
Fundamentalmente,
retiros. Durante los últimos tres años, hemos tomado decisiones que claramente
generan enemistades, como la destitución de 2.500 policías producto de nuestras
propias investigaciones. También hay resentimiento criminal de las bandas a las
que llegamos con mucha contundencia, como el “clan Úsuga”, golpeado de manera
significativa: capturamos a 599 integrantes, incautamos 20 toneladas de cocaína
y abatimos a 25 de estos delincuentes. Los despojamos de 154 bienes por 187.000
millones de pesos.
Creo
que estas acciones influyen en la campaña de desprestigio, sin desconocer que
hay cuadros de insatisfacción individual por parte de algunos integrantes de la
institución.
¿Ocasionados
por qué?
Por
las expectativas de ascenso, especialmente de los patrulleros. Esa es una de
las grandes preocupaciones mías y del Gobierno Nacional. Para 2015 logramos
ascender a 3.848 patrulleros al grado de subintendente. Pero también debo hacer
énfasis en logros como la prima de antigüedad, becas universitarias y la
posibilidad de acceder a intercambios académicos en el extranjero.
Pero
si estas situaciones han ocurrido siempre, ¿por qué tanto ruido ahora?
Hay
una situación muy compleja. Retirados han demandado y, en algunos casos, los
tribunales han dispuesto reintegros y ascenso. Varias de esas decisiones (sic)
desconocieron los motivos legales de los retiros. Por eso hemos acudido al
Consejo de Estado para preservar los intereses de la Policía. Los magistrados
nos han dado la razón, y esa es otra circunstancia que incomoda a algunos en
sus pretensiones.
Cronológicamente,
la primera acusación que se le hizo fue acoso homosexual…
Eso
es una canallada. Ese exoficial, Reynaldo Gómez, hizo solicitud de unas pruebas
dentro de un proceso investigativo en su contra y en el último párrafo acudió a
una serie de calumnias. Fue una afirmación tan perversa que ordené la
formulación de una denuncia. Cuando esa denuncia se presentó, la fiscal que la
recibió dijo que el asunto no trascendía penalmente y se podía solucionar
escuchando al oficial. Se hizo la reunión, y esa es la grabación que ya conocen
las autoridades. Gómez la concibió y la conservó durante cinco meses para
incluirla en el desprestigio contra mí, que maquinaba.
¿Y
que hizo usted?
Tan
pronto la conocí, la entregué a la Procuraduría para que iniciara de inmediato
las investigaciones correspondientes.
¿Qué
decía la grabación?
Esa
grabación evidencia un escenario inaceptable. De hecho, los oficiales
involucrados fueron apartados de sus cargos y están sujetos a las
investigaciones. Pero déjeme contarle algo: ese coronel Reynaldo Gómez tenía el
propósito de hacer de su hijo un torero y necesitaba ir a España para
acompañarlo en su formación. Es el mismo teniente coronel, que siendo mayor, en
la escuela de Facatativá agredió a unos policías haciéndolos consumir estiércol
porque creía que esa salvaje acción serviría de bautizo para los carabineros.
Esa persona es la que me acusa de acoso, 17 años después y valiéndose de
mentiras, para alcanzar sus propósitos personales.
General,
si uno tiene un enemigo dentro de la institución, podría acusarlo de cualquier
otra cosa –maltrato, insulto- pero no de acoso sexual. ¿No le parece?
Claro.
Eso es lo que indigna y por eso formulé la denuncia. Cuando los oficiales que
hablaron con él le dijeron que había dicho una barbaridad y que cómo se atrevía
a hacer semejante acusación, aseguró que creía que lo iban a sancionar y tenía
que defenderse.
Al
margen del coronel Gómez ¿qué es eso de la Comunidad del Anillo?
Hace
referencia a unos hechos presuntamente ocurridos hace nueve años en la Escuela
General Santander y que la Fiscalía investiga. No entiendo por qué han querido
vincularme con esas denuncias que vengo a conocer ahora que son difundidas en
los medios de comunicación.        Para la época, ni siquiera me encontraba en
Colombia porque era el agregado de Policía en México.
¿Cómo
o de dónde surgió?
No
lo sé. Eso es que esperamos que la Fiscalía, con su orientación, nos permita
conocer por el bien de las familias de los cadetes, la institución y la
sociedad.
¿No
existen grupos de homosexuales dentro de la Policía?
Grupos,
no. Asumo que hay integrantes con orientaciones sexuales diversas, tal cual lo
ampara la Constitución. Pero aprovecho esta oportunidad para negar esas
infamias y cobardes señalamientos que han afectado mi honra, mi dignidad y la
tranquilidad de mi familia. Colombia sabe quién es el general Palomino.
Otra
acusación. ¿Cómo explica los lotes que ha comprado?
Son
dos lotes en Fusagasugá, de mil metros cuadrados cada uno. Los compré en 2006,
al valor comercial del momento. Me costaron 40 millones de pesos, y los pagué
con ahorros familiares y cesantías de trabajo.
¿Por
qué los compró?
Es
un conjunto donde varios oficiales tienen propiedades. Algunos compraron más
barato –en 25 o 30 millones- porque tenían el dinero. A mí me tocó esperar y
ahorrar un poco más.
¿Y
los que adquirió en Sopó?
Encontré
un lote en venta, pero la mitad era un pozo. Solo se puede aprovechar una parte
para construir. Me costó 200 millones de pesos. Yo tengo 58 años y pienso que
no son muchos los años de trabajo que tendré. He pensado tener una vida más
tranquila cuando me retire, para reponerles algo a mi esposa y mis hijos del
tiempo que les he sustraído por dedicarlo al servicio de los colombianos. Los
compré con anticipos de cesantías, primas de navidad y vacaciones y ahorros
familiares. Tengo soportada detalladamente cada transacción. He declarado mis
propiedades como lo exige la ley.
Para
concluir ¿por qué tantos cargos contra usted?
Durante
38 años, en la Policía no he tenido ningún señalamiento. Jamás. Ahora, al
finalizar el año, cuando quizás algunos creen que es hora de mi partida,
aparecen estas cosas.
¿Usted
quiere irse?
No
le pedí a Dios que me hiciera director. Lo único que le pido es que, en el
tiempo que me corresponda hacerlo, me permita seguir cumpliendo con total
decoro y efectividad.
¿Pero
usted cree que le llegó el momento de retirarse?
El
tiempo solo lo sabe Dios. Detrás de algunos de estos señalamientos hay infamias
que quieren empañar una trayectoria y una vida limpia. Es una acción perversa,
ruin e indignante. Mi cargo depende solo de la decisión del señor Presidente,
del señor Ministro de Defensa y del afecto de los colombianos.
¿Pero
es una campaña?
Claro
que es una campaña, con señalamiento que quieren dañar a una persona que lo
único que ha procurado en su vida es prepararse y ser efectivo en el servicio a
los colombianos. El día en que me toque pasar al retiro, estaré con la
tranquilidad de haber cumplido con el juramento de servir a la patria, y
haberlo hecho bien y fielmente.
¿Le
pediría al Presidente que no lo retire ahora en los cambios de la cúpula?
Yo
jamás le pediría al señor Presidente que esperara mientras limpio mi nombre.
No. Mi nombre está limpio desde que nací”.
5.
Capítulo VIII “General Rodolfo Palomino y el Capital Jhon Lasso”,
trascribe apartes de la columna de opinión de Daniel Coronell titulada “La
ropa verde se lava en casa”, publicada por la Revista Semana el 2 de mayo
de 2015 (págs. 108-109).[98]
“Dos allegados al director de la Policía Nacional, general
Rodolfo Palomino, están involucrados en un episodio de desacato a la autoridad
de un sencillo patrullero de la institución. Lo peor es que se trata de
policías. Son dos oficiales que han sido miembros del círculo inmediato del
director. El primero era hasta hace un mes su asistente personal y el segundo
es su hermano.
La historia está contada en el reporte del
patrullero Julián Andrés López, adscrito al CAI Contador.
Eran las cuatro de la mañana y el patrullero,
junto con otro policía, estaba en una operación rutinaria de control en el
norte de Bogotá. De pronto un carro BMW, de placa DCC 802, no hizo caso a su
orden de detenerse y aceleró. El automóvil sospechoso se detuvo unas cuadras
adelante frente a un conjunto residencial. Siguiendo los protocolos los agentes
llegaron hasta el lugar para pedirle que se identificara.
(…)
De acuerdo con los registros ese carro pertenece
a Jhonn Jorge Lasso Lara, capitán de la Policía Nacional oriundo del Huila como
el señor Cerquera. (Ver certificado)
El capitán Lasso, en el momento de los hechos,
no era su secretario privado -cargo que por jerarquía corresponde a un coronel-
pero sí su asistente personal.
(…)
Hasta ahí sería suficiente para configurar el
atropello pero sucedió algo más. Varias unidades policiales acudieron,
teóricamente para respaldar a los patrulleros. Entre ellos un alto oficial: “De
igual forma llega al lugar mi coronel J-4 MEBOG”. (Ver informe policial)
Ese código corresponde al oficial de supervisión
de la Policía Bogotá. Esa noche, la función estaba a cargo del coronel José
Luis Palomino, hermano del director.
(…)
Cuando le pregunté al general Palomino por los hechos -hasta
ahora inéditos- me dijo que el capitán Lasso desde hace un mes ya no es su
asistente, que está de vacaciones y que en los próximos días pasará a la
Policía de Bogotá. Reconoció que había hablado con su hermano, el coronel
Palomino, sobre el tema. Me aseguró que hay una investigación abierta en la
Inspección General de la Policía que decidirá la responsabilidad de ellos
independientemente, sin su intervención, y respetando el debido proceso”.
6.
En el mismo capítulo anterior trascribe apartes de la columna de opinión
de Daniel Coronell titulada “Estrenando Lasso”, publicada por la Revista
Semana el 2 de mayo de 2015 (pág. 110).[99]
“El
asistente personal del general Palomino, el capitán Jhonn Jorge Lasso, fue
destituido en primera instancia. La segunda rápidamente anuló su caso. Hoy está
en un gran puesto en Ameripol.
El general Rodolfo Palomino ha usado su poder para
proteger a sus amigos y perseguir a quienes han permitido que se conozcan las
irregularidades de su administración. Dentro de la crisis de corrupción que
vive la Policía Nacional quizás el episodio de “usted no sabe quién soy yo”
–que involucra al asistente personal del general Palomino y a su propio
hermano– sea un tema menor. Sin embargo, el tratamiento que se les ha dado a
los protagonistas retrata cómo se maneja el poder en la institución.
El asistente del general Palomino fue trasladado
a un puesto mejor. El hermano del general fue premiado con una comisión de
varios meses en el exterior. Mientras tanto, un intendente y un coronel
–sospechosos de haber filtrado parte de esta información a la prensa– fueron
rastreados con celeridad, investigados sumariamente y el coronel ya fue
expulsado de la Policía”.
7.  Trascribe
el artículo del diario El Espectador titulada “Comunidad del anillo ya no es
un mito”, publicada el 18 de febrero de 2016 (pág. 143-146).[100]
“Camilo Ospina, ministro de
Defensa para la época en que supuestamente existió la red de prostitución en la
Policía, asegura que nunca tuvo información de esa naturaleza.
Fue una admisión sutil y breve, acompañada de “creo” y
“aparentemente”. Pero admisión al fin y al cabo. Quien la hizo fue el ministro
de Defensa, Luis Carlos Villegas. Y así se refirió a la supuesta red de
prostitución dentro de la Policía, que pasó a conocerse como la Comunidad del
Anillo y que ha puesto la credibilidad de la Policía en la picota,
especialmente en los últimos meses: “Ese fue un tema que aparentemente existió,
que tuvo vínculos internos de la institución a un nivel relativamente alto,
pero que hoy no tenemos ninguna evidencia de que siga funcionando”.
Las palabras del ministro Villegas se escucharon en
RCN Radio, cuando el alto funcionario le daba una entrevista a su mesa de
trabajo. De esa manera se convirtió en el primer funcionario del gobierno
Santos en aceptar que las denuncias de los medios sobre este tema, que se vienen
haciendo desde hace más de dos años, pueden ser ciertas. “Lo que se ha
investigado apunta a que sí era una red”, agregó, aunque de inmediato aclaró:
“No tenía, por supuesto, conocimiento la Dirección ni de ese momento, ni la que
salió, ni la que acaba de entrar, pero sí funcionó durante un tiempo,
haciéndole gran daño a la institución”.
Según las denuncias que se han hecho hasta ahora, la
llamada Comunidad del Anillo era una red de prostitución en la que algunos
altos oficiales de la Policía habrían explotado sexualmente a cadetes y
alféreces, es decir, estudiantes de la Escuela General Santander, y los
clientes, se supone, eran miembros del Congreso de la República. Las pesquisas
que buscan establecer si existió o no esa red, sin embargo, apenas están
tomando forma. El ministro Villegas aseguró que él no tenía detalles, que eran
investigaciones en curso encabezadas por las “instituciones de control
competentes”.
(…)
En la Fiscalía, sin embargo, el tema ha avanzado con
lentitud. Un año y cuatro meses después de que las indagaciones comenzaran, el
organismo llamó a interrogatorio al coronel (r) Jerson Castellanos, quien ha
sido señalado por todos los denunciantes de la red de prostitución de haber
sido su “cerebro”. De hecho, el pasado martes, La FM reveló que cinco capitanes
activos de la Policía habían ratificado sus denuncias ante la Fiscalía, y en
todas aparecía mencionado el coronel (r) Castellanos, quien fue jefe de
seguridad del Congreso.
(…)
La declaración del ministro Villegas, además, contradice
lo que el coronel (r) Castellanos ha manifestado desde que las denuncias
salieron a flote. “No creo que exista una red de prostitución en la Policía.
Que yo sepa, no. El cuento de la Comunidad del Anillo apareció cuando me
endilgaron el supuesto acoso”, dijo Castellanos hace unos días, cuando el tema
volvió a ocupar la agenda de los medios tras el anuncio de la Procuraduría de
que el general Palomino sería investigado formalmente. Un día después, el
general dimitió a la Dirección de la Policía.
(…)
Uno de los testimonios cruciales es el del capitán
Ányelo Palacios, quien ha denunciado, entre otras cosas, que el coronel (r)
Castellanos abusó sexualmente de él. Lo paradójico es que, mientras el tema de
la Comunidad del Anillo ni siquiera había llegado a ser un proceso formal en la
Policía, la Inspección General de esa entidad abrió una investigación contra el
capitán Palacios por, supuestamente, haber omitido su deber de denunciar las
irregularidades que conocía. En ese proceso incluso ha habido audiencias
públicas.
Otra afirmación clave del ministro Villegas fue: “Ese
fenómeno pareciera haber sido erradicado de la Policía hace casi ocho, nueve
años. Hoy tengo esa tranquilidad”. Lo que quiere decir que ubicó la red de
prostitución en la época de Camilo Ospina, el antecesor de Juan Manuel Santos
como ministro de Defensa. El Espectador contactó al exministro Ospina, que
dijo: “Denuncias de ese tipo jamás me llegaron, lo hubiera reportado
inmediatamente. Nunca recibí ninguna información de esa naturaleza”.
La versión que dio ayer el ministro de Defensa es
fundamental, pero dejó muchas dudas en el aire. ¿De qué manera se desmanteló
esa red? ¿Con base en qué elementos afirma que ya no existe? Si las
investigaciones apenas están tomando forma, ¿cómo puede asegurar desde ya que
la Dirección de la Policía no conocía del tema? El Espectador intentó
comunicarse con él con insistencia y le envió a su oficina de prensa estos
interrogantes, pero no recibió respuesta.
Las denuncias de posibles abusos sexuales contra policías
siguen surgiendo. El expresidente del Congreso Hernán Andrade resultó aceptando
en Noticias Caracol que en 2008 el entonces director de la Policía, general (r) Óscar
Naranjo, le advirtió que le retiraba el esquema de seguridad a un congresista
porque había acosado sexualmente a un uniformado que ejercía como escolta. La
revelación de Andrade, junto con tantas otras declaraciones que ya tienen en su
poder las autoridades, indica que en este tema todavía hay mucha información
por desmadejar.”
7.3.
Resolución del caso concreto
Rodolfo
Palomino López -ex Director General de la Policía Nacional- instaura la acción
de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la intimidad
personal y familiar, honra, buen nombre y dignidad humana, vulnerados por Jesús
Rafael Vergara Padilla y la Editorial La Oveja Negra Ltda., al colocar la foto
del demandante en la carátula del libro “La comunidad del anillo”, que
contiene un compendio de las noticias publicadas a propósito de la
investigación iniciada por la presunta red de prostitución al interior de la
Policía Nacional.
El
reproche del demandante
se centra en la utilización de su imagen sin el debido consentimiento, ya que
la foto unida al título de la publicación y al contexto social donde
actualmente se investiga la mencionada presunta red de prostitución masculina
al interior de la Escuela de Cadetes General Santander, envía un mensaje
directo a los lectores de que él es el líder de la denominada “comunidad del
anillo”.
El actor pretende que como medida de protección para sus
derechos fundamentales, el juez de tutela disponga prohibir la publicación del
libro “La comunidad del anillo” escrito por Jesús Vergara Padilla y
editado por La Oveja Negra Ltda., recogiendo el material impreso que se
encuentre en las librerías para la venta.
Tanto
Jesús Rafael Vergara Padilla como la Editorial La Oveja Negra Ltda. se oponen a
las pretensiones de la tutela bajo el argumento de que la foto del demandante
expuesta en la carátula de “La comunidad del anillo” fue tomada de la
página oficial de la Policía Nacional y estaba disponible en la web bajo
los principios de gratuidad y uso público establecidos en la Ley 1712 de 2014,
“Por medio de la cual se crea la
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional
y se dictan otras disposiciones”.
Además,
los demandados afirman que no es la publicación del libro la que vincula al
General (r) Rodolfo Palomino López, sino las declaraciones públicas que hizo el
Procurador General de la Nación cuando abrió la investigación disciplinaria en
su contra por la presunta creación y puesta en marcha de una red de
prostitución masculina denominada periodísticamente “La comunidad del anillo”.
En ese orden, fue dicha información la que aunada a otros documentos
periodísticos dieron lugar a la publicación del libro.
En
instancia, el Juzgado Décimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de
Bogotá negó el amparo solicitado en razón a que no existió vulneración a los
derechos fundamentales del actor, toda vez que la publicación involucra a una
figura pública y los hechos narrados en el libro fueron ampliamente difundidos
por los medios de comunicación, evento en el cual prevalece la libertad de
expresión e información sobre los derechos a la intimidad, buen nombre y honra
que reclama el demandante.
El
libro “La comunidad del anillo” de autoría del abogado Jesús Rafael
Vergara Padilla, publicado por la editorial La Oveja Negra Ltda., contiene en
la carátula el título junto con las fotos del demandante; la del ex Viceministro
del Interior, Carlos Ferro y del ex Jefe de Seguridad del Congreso de la
República, Coronel Gerson Jair Castellanos. En su interior, presenta un
compendio de las noticias publicadas por diferentes medios de comunicación (periódicos,
emisoras, noticieros y columnas de opinión) a propósito de la investigación
iniciada por la presunta red de prostitución al interior de la Policía
Nacional.
En
primer lugar, la Sala debe precisar que el general (r) Rodolfo Palomino ha
ocupado distintos cargos de mando al interior de la estructura de la Policía
Nacional, como Director de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C., Director de
la Policía de Carreteras y Director General de la Policía Nacional, último
cargo que desempeñó por un lapso de más de dos años. Por razón de su función
pública, el demandante ha estado constantemente figurando en los medios de
comunicación y, en virtud de ello, se identifica como una figura pública con
todo lo que de ello se deriva, incluyendo, en principio, la reducción del
ámbito de su intimidad, así como la exposición a un mayor escrutinio en su
actuar por parte de la sociedad en general.
Ahora
bien, en ejercicio del control político que ejerce la sociedad directamente o a
través de los medios de comunicación, fueron ampliamente difundidas las
denuncias públicas formuladas en contra del general (r) Rodolfo Palomino López,
que lo acusan de haber hecho parte de una estructura de prostitución al
interior de la institución policial. Esos hechos derivaron en la apertura
formal de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General
de la Nación en contra del demandante, la cual también fue divulgada y es la
que dio origen al libro “la comunidad del anillo”, que se centra en
algunas noticias relacionadas con este episodio.
Así
las cosas, las trascripciones de noticias que trae el libro “la comunidad
del anillo” no contienen datos o información reservada que comprometa el
ámbito privado del actor -la intimidad- ni tampoco su buen nombre, la honra o
la presunción de inocencia, sino que desarrolla una denuncia pública respecto
de un personaje reconocido por razón de las funciones que para entonces cumplía,
las cuales, valga decirlo tratándose de una institución como la Policía
Nacional, exigen que el escrutinio y control político que ejerzan los
ciudadanos sea protegido por el ordenamiento jurídico, debido a que es
importante para asegurar la transparencia y eficiencia en el servicio público.
Dada
la trascendencia de la información contenida en el libro, previamente difundida
por los medios de comunicación e incluso conocida y controvertida por el
accionante en sede del mismo escenario periodístico, se concluye que no
comporta por sí misma la afectación de las garantías a la intimidad, el buen
nombre y a la honra de Rodolfo Palomino López, no solo porque su ámbito de
intimidad se hubiere reducido por razón de su oficio, sino porque esta se
limita a relacionar sucesos divulgados, conocidos y publicados por la opinión
pública con anterioridad al libro.
En
otras palabras, primero fue la apertura de la investigación por parte de la
autoridad administrativa y las denuncias contra el actor -figura pública- por
parte de los medios de comunicación y, después, la publicación del libro que las
narra. De manera que mal podría concluirse que el texto “la comunidad del
anillo” afecta la intimidad del demandante al vincularlo con el escándalo
de la presunta red de prostitución, ya que la conexión entre ambos existe y es
anterior a la puesta en venta del mencionado libro.
Previo
a analizar la utilización de la imagen del actor en la carátula de “la
comunidad del anillo”, es preciso traer a colación lo expresado por esta
Corporación en la sentencia SU-056 de 1995, que decidió el caso del libro “La
bruja” de Germán Castro Caycedo y las acciones de tutela instauradas para
modificar los nombres de las personas allí mencionadas. Acerca de los libros
como una obra que expresa al autor, esta Corte manifestó que constituyen una
unidad inescindible y por tal virtud, no son susceptibles de ser
modificados por una autoridad pública o un particular. Así las cosas, del fallo
en mención se deriva que en principio los libros constituyen una unidad
inescindible, producto de la creatividad intelectual, propósito e intención del
autor, cuyo contenido no puede ser modificado; y excepcionalmente, podría
ordenarse la rectificación o corrección de su contenido cuando la información allí
consignada no sea veraz e imparcial, o que no obstante reunir estas
características afecte la intimidad u otro derecho fundamental y por ello, haya
lugar a levantar la intangibilidad de la obra a fin de salvaguardar garantías
superiores.[101]
A
diferencia de la obra literaria “La bruja” que, tomando como base testimonios
y reportajes periodísticos, narra a modo de novela la historia de la bruja del
municipio Fredonia, el narcotráfico y la política nacional de la época; el
libro “La comunidad del anillo” es un compendio meramente periodístico sobre
un episodio de relevancia nacional sobre la presunta red de prostitución al
interior de la Policía Nacional.
En
esa medida, el precedente de la sentencia SU-056 de 1995 resulta parcialmente
aplicable al caso concreto, de modo que la garantía de intangibilidad de la
obra, será analizada en el presente asunto aun reconociendo que “La
comunidad del anillo” no constituye una obra literaria, sino una
recopilación de noticias publicadas a propósito del escándalo en el que se vio
envuelto el entonces Director de la institución policial junto con otros dos
servidores públicos para la época de los hechos.
Así
las cosas, “La comunidad del anillo”, entendida como una publicación y,
por tal razón, susceptible de ser amparada por la garantía de la
intangibilidad, constituye una unidad inescindible no susceptible de
modificación salvo que afecte garantías de raigambre fundamental.
Revisado
el contenido del texto, la Sala Sexta de Revisión concluye que este revela
hechos que previo a la puesta en venta del libro, habían sido difundidos por
los medios de comunicación e, incluso, controvertidos por el demandante, lo
cual de ninguna manera pone en riesgo o afecta los derechos a la intimidad, el buen
nombre, la imagen y la honra del General (R) Rodolfo Palomino López y, en
consecuencia, no hay lugar a ordenar ninguna modificación o rectificación al
respecto.
De
otra parte, atendiendo al planteamiento de la acción donde el demandante
manifiesta que se usó su imagen en la carátula del libro, la Sala Sexta de
Revisión reiterando la jurisprudencia sobre el derecho a la
propia imagen, trae a colación los parámetros que debe atender el juez de
tutela para determinar si la utilización de una foto vulnera dicha garantía,
así: (i) para utilizar, difundir, exponer o publicar imágenes de una persona,
por regla general, se requiere de su expreso consentimiento; excepto tratándose
de: (ii) la divulgación de hechos noticiosos derivados de la actuación pública
de una persona[102];
(iii) la exhibición de fotografías, como expresión artística, en la que no se
revela la identidad de los transeúntes y mucho menos las cualidades o
características personales de quienes aparecen[103];
(iv) la exposición de imágenes o fotografías que simplemente resaltan
acontecimientos ocurridos o que exhiben momentos de camaradería social, sin que
se pretenda reflejar una característica o cualidad especial de una persona[104];
o (vi) de una figura pública haciendo referencia a su historia laboral,
trayectoria o información relacionada con el ejercicio de sus funciones y en el
contexto del rol que cumple dentro de la sociedad, lo cual excluye las imágenes
captadas en el ámbito privado de ese personaje reconocido[105].
Con
base en lo anterior, la Corte observa que en el presente caso se trata de una
figura pública, cuya foto retrata el ejercicio de las funciones que desempeñaba
como Director General de la Policía Nacional, labor por la que era reconocido
en la sociedad, de lo cual se concluye que la carátula del libro no explota o
reproduce una imagen privada del personaje público que represente una
intromisión en su vida personal, por lo que no había lugar a solicitar el
consentimiento del actor para su uso.
La
fotografía completa está disponible en la web y según el rastreo que se
hace en los distintos motores de búsqueda en internet, fue usada por los
distintos medios de comunicación como una de las imágenes con las que se
presentaba constantemente al demandante, ya que porta la indumentaria propia de
la misión policial que cumplía. Dicha imagen tiene como escenario su esfera
pública, refleja a las características propias de un funcionario público no
de la vida privada del General Palomino López, por lo que su utilización  no afecta
el derecho a la propia imagen, ni la intimidad, la honra y el buen nombre
invocados.
Adicionalmente,
es necesario advertir que el contenido del libro “La comunidad del anillo”
se enmarca dentro del discurso sobre asuntos de interés público, que según la jurisprudencia
de este Tribunal, tienen una protección reforzada por parte del Estado dada la
importancia que tienen como mecanismo de control político dentro de un Estado
democrático. En efecto, no solo aborda una posible red de prostitución al
interior de la Policía Nacional que conmocionó al país, sino que también
cuestiona la actuación de las autoridades públicas implicadas.
Con
base en lo expuesto concluye la Sala que el General (r) Rodolfo Palomino López,
en su condición de funcionario público así como los otros dos implicados -para
la época del episodio denominado periodísticamente “La comunidad del anillo”
haciendo alusión a una presunta red de prostitución al interior de la Policía
Nacional- están expuesto a las preguntas, al control e incluso al reproche
ciudadano, principalmente cuando se trata de procesos de notorio interés
general y más cuando han sido formalmente vinculados a las investigaciones que
por tales episodios se adelantan.[106]
Además, las noticias referenciadas en el libro aparecen plausibles dentro del
marco de la libertad de expresión y la misión que cumplen los medios de
comunicación -porque satisfacen los mínimos de veracidad e imparcialidad-, sin
que se vislumbre la afectación de las garantías fundamentales de los implicados.[107]
En
consecuencia, la Corte dará aplicación a la regla jurisprudencial expuesta en
líneas anteriores, en virtud de la cual la publicación de hechos de relevancia
e interés público sobre personajes con proyección o reconocimiento social por
la función o rol que desempañan, goza de una protección especial por parte del
Estado siempre que consulten mínimos de veracidad e imparcialidad y no
involucren la afectación de los derechos fundamentales a la honra, la
intimidad, el buen nombre y la imagen propia.
Así
las cosas, la Sala concluye que el libro “La comunidad del anillo” no
afecta las garantías fundamentales del actor dado que este se funda en la
investigación disciplinaria que inició la Procuraduría General de la Nación y
en las noticias que a propósito de ello se publicaron. En otras palabras, no es
el libro ni el título, la carátula o su contenido el que asocia al demandante a
la presunta red de prostitución al interior de la Policía Nacional, sino que
este es la consecuencia del escándalo difundido por los medios de comunicación,
cuyo nombre fue acuñado por los periodistas y no por el autor.
Lo
anterior permite afirmar que la publicación del libro no afecta la intimidad,
el buen nombre, la honra y la dignidad de Rodolfo Palomino López porque la
recopilación de información que contiene, previo a la puesta en venta del
texto, había sido ampliamente difundida por los medios de comunicación y no hay
evidencia de que se estén infringiendo las condiciones mínimas de veracidad e
imparcialidad exigidas por la jurisprudencia constitucional.
Finalmente,
se repite que aun cuando se analizara la carátula del libro de manera
independiente, la conclusión sería la misma porque la imagen que utiliza no
necesitaba el consentimiento o autorización de uso por parte del actor, en
razón a que la fotografía está disponible en la web y refleja el
ejercicio de la función pública que desempeñaba, es decir, tiene como escenario
la esfera pública del demandante y no puede catalogarse como una imagen
incriminatoria ni mucho menos como una intromisión en el escenario privado e
íntimo del actor, lo cual de ninguna manera soslaya las garantías invocadas en
la presente acción de tutela.
En
esas condiciones, la Corte confirmará la sentencia de 23 de mayo de
2016, proferida por el
Juzgado
Décimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá,  que negó la
acción de tutela instaurada por Rodolfo Palomino López contra Jesús Rafael
Vergara Padilla, por las razones expuestas en este proveído.
VI. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la
sentencia de 23 de mayo de 2016, proferida por el Juzgado Décimo
Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá,  que negó la acción de
tutela instaurada por Rodolfo Palomino López contra Jesús Rafael Vergara Padilla,
por las razones expuestas en este proveído.
SEGUNDO: LÍBRESE por
Secretaría General la comunicación prevista en el Artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
TERCERO: Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (E)
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO
DEL MAGISTRADO
ALBERTO ROJAS RÍOS
A LA SENTENCIA
T-546/16
DERECHO
A LA LIBERTAD DE EXPRESION-Límites cuando se confronta con derechos
fundamentales de igual jerarquía como la honra, el buen nombre, la imagen y la
dignidad humana (Salvamento de voto)
DERECHO
A LA LIBERTAD DE EXPRESION-No hay una posición definida en la cual
prevalezca en la ponderación con el derecho a la honra y al buen nombre
(Salvamento de voto)
DERECHOS
A LA INTIMIDAD, BUEN NOMBRE Y HONRA FRENTE A LIBERTAD DE EXPRESION Y OPINION-La Corte
ha mantenido una postura intermedia a partir de la cual se valora la tensión en
cada caso concreto (Salvamento de voto)
INTANGIBILIDAD
E INESCINDIBILIDAD DE LA OBRA-El análisis de la afectación que una
obra literaria cause en el derecho al buen nombre se debe realizar de manera
integral (Salvamento de voto)
DERECHOS
A LA INTIMIDAD, BUEN NOMBRE Y HONRA FRENTE A LIBERTAD DE EXPRESION Y OPINION-La
garantía de la intangibilidad de la obra no debe establecerse como regla
general en el ámbito de la posible afectación de derechos fundamentales
originados en una publicación (Salvamento de voto)
INTANGIBILIDAD
E INESCINDIBILIDAD DE LA OBRA-Impide valorar aquellos eventos en que
el hecho o mensaje que resulta vulnerador de derechos fundamentales se deriva
de un componente de la obra individualmente considerado (Salvamento de voto)
DERECHOS
A LA INTIMIDAD, BUEN NOMBRE Y HONRA FRENTE A LIBERTAD DE EXPRESION Y OPINION-El juez
constitucional debería ser el llamado a valorar en cada caso si la vulneración
tiene origen en un elemento específico de la obra (Salvamento de voto)
VERACIDAD
E IMPARCIALIDAD DE LA INFORMACION-El mensaje debe ajustarse a estos
principios aun si se trata de información de interés público (Salvamento de
voto)
DERECHOS
A LA INTIMIDAD, BUEN NOMBRE Y HONRA FRENTE A LIBERTAD DE EXPRESION Y OPINION-Debió
darse un pronunciamiento sobre el deber de diligencia que incumple quien
publica una información que se encuentra en estudio como verdadera (Salvamento
de voto)
VERACIDAD
E IMPARCIALIDAD DE LA INFORMACION-Exige una comprobación razonable
de la información y el respeto a la presunción de inocencia (Salvamento de
voto)
DERECHOS
A LA INTIMIDAD, BUEN NOMBRE Y HONRA FRENTE A LIBERTAD DE EXPRESION Y OPINION-Debió
analizarse si la portada del libro independientemente considerada transmite un
mensaje que tiene la capacidad de vulnerar los derechos fundamentales del actor
(Salvamento de voto)
VERACIDAD
E IMPARCIALIDAD DE LA INFORMACION-Una valoración de la portada
permite concluir razonablemente que da a entender que el accionante se
encuentra vinculado al título de la obra (Salvamento de voto)
DERECHOS
A LA INTIMIDAD, BUEN NOMBRE Y HONRA FRENTE A LIBERTAD DE EXPRESION Y OPINION-Debió
tenerse en cuenta la diferencia entre mensajes implícitos y explícitos y su
capacidad para afectar el derecho al buen nombre (Salvamento de voto)
DERECHOS
A LA INTIMIDAD, BUEN NOMBRE Y HONRA FRENTE A LIBERTAD DE EXPRESION Y OPINION-Derecho
a la libertad de expresión puede conducir a abusos en el poder y acciones
irresponsables de los medios (Salvamento de voto)
Referencia:
Expediente No.
T-5.608.527
Acción de tutela
instaurada por el ciudadano Rodolfo Palomino López en contra de Jesús Rafael
Vergara Padilla y la Editorial La Oveja Negra.
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
“El video está transformando al homo
sapiens, producto de la cultura escrita, en un homo videns para el
cual la palabra está destronada por la imagen. Todo acaba siendo visualizado.”[108]
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones adoptadas por los miembros de la Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, en esta oportunidad me aparto de la decisión mayoritariamente
adoptada, en virtud de la cual, se negó la acción de tutela invocada por un
ciudadano con fundamento en la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al buen nombre, honra e imagen, como consecuencia de la
publicación del libro titulado “La Comunidad del Anillo” en cuya portada
se exponía claramente su fotografía.
En primer lugar, estimo pertinente
destacar que mi postura no desconoce la especial importancia del derecho a la
libertad de expresión al interior de un Estado Democrático y Liberal de Derecho
como el que nos concita; la cual resulta a todas luces evidente si se tiene en
cuenta que nuestra Constitución Política, en su artículo 20, le ha reconocido
la condición de derecho fundamental al interior del ordenamiento jurídico
colombiano, y que, en adición a ello, se trata de una prerrogativa que cuenta
con una especial protección en el derecho internacional al haber sido objeto de
desarrollo en diversos y numerosos instrumentos internacionales[109].
Relevancia que se ve reforzada, dada la
naturaleza multidimensional de este derecho, el cual propende por: (i)
la democratización del debate y la constitución de espacios de discusión que
permitan la contradicción de las ideas y, en ese sentido, desde un punto de
vista epistemológico, la evolución y transformación del pensamiento que enmarca
a una sociedad; (ii) ser condición de posibilidad de una verdadera
autonomía individual al garantizar que las distintas opciones y modelos de vida
sean conocidos por la generalidad de la población, así como enriquecidos tras
su construcción dialéctica; y (iii) la materialización de un verdadero
Estado Democrático y Participativo en el cual el debate público no solo funja
como mecanismo de control al poder político y a los eventuales abusos en los
que este pueda incurrir, sino que, además, permita la formación de una voluntad
democrática informada sobre las situaciones que competen a la comunidad[110].
No obstante la especial importancia que
se ha conferido a la libertad de expresión como género que contiene otras
prerrogativas particulares de no menor trascendencia[111],
se ha reconocido que, como todos los derechos subjetivos, éste encuentra
igualmente un límite en las inevitables tensiones en las que suele entrar con
derechos fundamentales de igual jerarquía como la honra, el buen nombre, la
imagen y la dignidad humana de terceros que, con su ejercicio, puedan verse
afectados.
Considero pertinente destacar en esta
ocasión que, a la luz de la doctrina constitucional desarrollada por esta
Corporación, en Colombia no hay una posición definida que favorezca
concretamente a una determinada postura en la ponderación entre el derecho a la
libertad de expresión, y los derechos a la honra y el buen nombre.
En ese sentido, no se ha adoptado por
la jurisprudencia colombiana una determinación análoga a la del libre mercado
de las ideas propuesta icónicamente por el juez Holmes[112]
y que terminó por influenciar el modelo norteamericano, en virtud del cual,
existe una primacía o presunción en favor de la libertad de expresión[113].
Ni tampoco, se ha dado prelación al modelo alemán[114]
que ha favorecido los derechos individuales a la honra y a la dignidad humana
en general[115].
Al respecto, considero que esta Corte
ha preferido los beneficios que brinda una postura intermedia, representada por
el desarrollo de una ponderación que en realidad valore caso a caso la tensión
en concreto; pues, de esta manera se permite al juez de la causa apreciar
autónomamente, y sin ningún tipo de tarifa legal, las particularidades del
asunto y establecer si las circunstancias que lo enmarcan ameritan inclinar la
balanza hacía un lado o el otro.
La providencia objeto de salvamento, si
bien reconoció específicamente la existencia de los límites anteriormente
referenciados y procuró hacer un estudio de las particularidades que el caso en
estudio comporta, partió de una tesis o premisa que, en mi criterio, es
equivocada y, como producto de ello, arribó a una decisión de la cual me
aparto.
La sentencia cimentó su argumentación
en lo que denominó como la “garantía de la intangibilidad”, prerrogativa
en virtud de la cual, el análisis que se haga de la afectación que una obra
literaria tenga en los derechos al buen nombre, honra e imagen de un individuo,
debe necesariamente ser realizado de manera integral, esto es,
apreciando la obra como una unidad, como un todo (su título, portada y
contenido en conjunto).
Sin embargo, esto no permite valorar
que existen eventos en los cuales, por la particular manera en que una obra fue
compuesta, es posible que el hecho o el mensaje, que se reputa vulnerador de
los derechos fundamentales, pueda derivarse de un componente de la obra
individualmente considerado, el cual puede llegar a transmitir, por sí mismo,
un mensaje o discurso propio.
Considero que la “inescindibilidad y
la intangibilidad de la obra” no debe ser planteada como una regla general
y absoluta en el ámbito de la posible afectación de los derechos fundamentales
de quienes puedan verse dañados por la publicación de un determinado contenido.
Por el contrario, un criterio garantista, permitiría que sea el juez
constitucional de la causa quien valore, en cada caso en concreto, las particularidades
de su presunta vulneración, de forma que éste cuente con las facultades para
discernir que, en algunos casos, un elemento específico de un libro podría
tener la virtualidad de transgredir, por sí solo, los límites del derecho a la
información, entendidos como una afectación desmedida a derechos como la honra,
el buen nombre, la imagen y la dignidad humana.
Sobre el particular, estimo pertinente
traer a colación lo resuelto por esta Corte mediante Sentencia T-259 de 1994,
en la que, a propósito de la publicación de una noticia cuyo titular se
consideró podía enviar un mensaje diferente al expuesto por su contenido, se
concluyó que la veracidad e imparcialidad de la información deben predicarse de
la totalidad del material publicado, pues “de nada sirve que el contenido de
la noticia sea exacto si el titular usado para encabezarla no lo es y viceversa”.
Dichas consideraciones pueden ser
traídas análogamente al caso que nos ocupa en esta ocasión, pues al igual que
los titulares de una noticia, la portada de un libro puede determinar de manera
irreversible el criterio que un observador desprevenido pueda crearse respecto
del fenómeno objeto de comunicación. Por ello, mal haría el juez de la causa al
excluir de su análisis el mensaje que autónomamente se puede inferir de la
portada de un libro, a pesar de que su contenido intente matizar dicha
información y comunique adecuadamente la idea que se cuestiona.
Por otro lado, si bien la
jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado que, cuando se trata de la
comunicación de información de asuntos de interés público (y, en especial,
cuando ésta tiene como objetivo hacer control político), debe hacerse una
valoración de la tensión mencionada que favorezca la libertad de expresión y el
principio democrático, se ha reconocido que dicho favorecimiento no debe ser
entendido en términos absolutos, pues para ello es menester verificar que el
mensaje se ajuste a los principios de veracidad e imparcialidad.
En consecuencia, considero que la Sala
desaprovechó una valiosa oportunidad para pronunciarse respecto del nivel de
diligencia exigible a quien ejercita su derecho a la libertad de expresión en
relación con la consecución y publicación de una información[116].
Ello, en cuanto resulta necesario concluir que constituye una falta a esta
diligencia[117], el hecho de transmitir o
comunicar ciertos fenómenos que se encuentran en estudio (o que desde una
perspectiva epistemológica, solo tiene el carácter de hipótesis) como verdades,
cuando en realidad se trata de cuestiones que carecen de constatación.
De ahí que la carga de veracidad
exigible a quien pretenda ejercer su derecho a la libertad de expresión en
cualquiera de sus variantes, implica el despliegue de  una diligencia mínima
para corroborar la información que recibe y transmitirla de manera que evite
inducir al error a quien pueda ser su receptor. Por ello, considero que, dentro
de la exigencia de veracidad, es necesario que se demande evitar el uso de
expresiones que puedan generar dudas o carezcan de la claridad suficiente, al
punto que puedan poner en tela de juicio la honorabilidad de una persona,
máxime cuando el asunto se encuentra siendo objeto de investigación y no se
trata de una situación consolidada.
Al respecto, estimo pertinente destacar
que, en el campo de experiencias comparadas, el Tribunal Constitucional Español
mediante Sentencia 219 del 3 de diciembre de 1992, resolvió un recurso de
amparo en el que un medio de comunicación transmitió una noticia en la que
hacían relación a una persona a quien titulaban como “autor” de la comisión de
un delito, cuando, en realidad, tan solo estaba siendo investigado por las
autoridades competentes. Este Tribunal concluyó que el deber de veracidad exige
de quien pretende ejercer su libertad de expresión, una comprobación razonable
de la información, la cual debe respetar el derecho de todos a la presunción
de inocencia, pues no resulta admisible que se califique a una persona como
“autor” de un delito en el momento en el que tan solo se investigaba su posible
comisión (sobre todo cuando con posterioridad se verificó la absolución del
peticionario). En conclusión, para el Tribunal en mención, la verificación del
principio de veracidad exige de quien se ampara en el ejercicio de su libertad
de expresión para realizar una publicación, no omitir hechos relevantes como lo
puede ser la distinción entre “autor” y “presunto autor” y, de esta manera,
respetar la presunción de inocencia que está en cabeza de todos los ciudadanos.
En ese sentido, hacer tal
diferenciación puede tener una enorme connotación para la defensa del derecho a
la honra de un individuo, sobre todo, teniendo en cuenta que, el daño que pueda
generar la imprecisión del medio de comunicación respecto de la imagen de una
persona, cuando se trata de una noticia que se hace de manera reiterativa (o en
el caso de un libro, que tiene vocación de permanencia en el tiempo),
usualmente no encuentra un mecanismo idóneo para su efectiva reparación, pues,
muchas veces, la rectificación que se pueda realizar no logra el mismo nivel de
aprehensión e impacto social que el pronunciamiento inicialmente publicado.
Por su parte, considero igualmente
relevante destacar que la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de
Casación Civil, en Sentencia del 13 de diciembre de 2002[118]
condenó a un medio de televisión a indemnizar a una persona a quien, con base
en la información que al respecto fue suministrada por las bases de datos de la
Fiscalía General de la Nación, fue señalado públicamente como jefe de una banda
delincuencial; muy a pesar de que, hasta el momento, tan solo estaba siendo
investigada por la comisión de unas determinadas conductas delictivas. De esta
manera, la Corte Suprema de Justicia consideró que el medio de comunicación no
valoró adecuadamente la información recibida al omitir aclarar que el actor
estaba siendo investigado, sin que, en realidad, hubiera sido condenado por las
conductas que se le imputaban. Con base en ello, la Corte decidió que el medio
de comunicación había sido imprudente con el manejo de la información y, en ese
sentido, no había superado el estudio del requisito de veracidad.
Ahora bien, en el presente caso resulta
diáfano para el suscrito, como lo reconoce la providencia en estudio, que el
contenido del libro se encuentra limitado únicamente a realizar una exposición
y transcripción de los acontecimientos de relevancia pública
respecto del fenómeno periodístico denominado como “la comunidad del anillo” y,
por tanto, éste supera el racero de los principios de veracidad e imparcialidad
que ha reconocido esta Corporación como factores para medir la posible
afectación que un determinado contenido pueda generar.
En contraste, me he apartado de la
decisión en esta ocasión adoptada por cuanto, es la portada del libro
independientemente considerada la que tiene la capacidad de vulnerar los
derechos fundamentales del actor y, por tanto, era menester que la Sala hubiera
valorado si dicho elemento de la obra tenía la virtualidad de transmitir, por
sí mismo, un mensaje que debiera haber sido objeto de un estudio autónomo.
Una valoración hermenéutica de la
portada individualmente considerada, conduce a concluir razonablemente que, al
colocarse la foto del actor bajo el título de “La Comunidad del Anillo” se da a
entender claramente al observador desprevenido, que éste se encuentra
indiscutiblemente vinculado a ella, ya sea como gestor, miembro o director, sin
que de ella sea posible inferir la precisión de que se trata de un acontecimiento
que está siendo objeto de investigación por parte de las autoridades y que no
existe certeza alguna respecto de su responsabilidad.
En ese sentido, de la portada de la
obra no es posible inferir que el actor únicamente esté siendo investigado por
hechos relacionados con el fenómeno periodístico así definido y, en ese
sentido, era necesario que la providencia en comentario reconociera que,
mientras se mantenga incólume la presunción de inocencia, su imagen y buen
nombre deben ser respetados.
En consecuencia, considero que era necesario que la
Sala se preguntara si la imagen del accionante, expuesta en la
portada de un libro titulado “la comunidad del anillo”, envía por sí misma un
mensaje equívoco que difiere de aquel que establece el contenido del libro y
que permite identificar al actor no solo como alguien que está siendo
investigado por unas determinadas conductas aún no probadas civil, penal, ni
disciplinariamente, sino como responsable directo de las mismas. En ese
sentido, era indispensable valorar si ello termina por desconocer su presunción
de inocencia, sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre y dignidad
humana, y desinforma a la sociedad, la cual, sin preocuparse por el contenido
del libro, y a partir de valoraciones que se fundan únicamente en la percepción
o el sentimiento, puede llegar a conclusiones erradas con un simple vistazo de
la portada del libro.
La providencia objeto de discrepancia
desconoce el poder particular que, en la actualidad, tienen las imágenes para
enviar o transmitir discursos, razón por la cual, considero que la omisión de
este estudio significó prescindir de un análisis de las diferencias que existen
entre los mensajes explícitos e implícitos que pueden ser expresados en
ejercicio de la libertad de expresión y que pueden tener la capacidad de
afectar los derechos fundamentales al buen nombre, honra e imagen de un
determinado individuo.
De igual manera, se omitió valorar
aspectos tenidos en cuenta por esta Corporación en la Sentencia T-611 de 1992,
mediante la cual se sostuvo que los medios de comunicación tienen una “inmensa
capacidad de penetración en las distintas capas de la sociedad”, ya que al
ejercer el dominio de la información influyen sobre la configuración de
opiniones y creencias sociales.
Al respecto, Noam Chomsky[119],
al referirse al control y poder que ejercen los medios de comunicación sobre la
población en general, llama la atención en que éstos, al ser quienes presentan
la información y moldean la perspectiva desde la que ésta será expresada y
entendida, tienen la facultad de crear e inculcar una determinada concepción de
una idea, un sujeto o, incluso, de la realidad misma que nos
circunscribe[120].
De ahí que sea necesario considerar que
la publicación de información imprecisa en la portada de un libro permite que
el observador concluya erróneamente la culpabilidad del actor respecto de
conductas de las que, hasta ahora, tan solo está siendo investigado, creando
así una perspectiva social imprecisa de la imagen y honra del accionante, en
cuanto, al afectar su presunción de inocencia, se le está condenando
públicamente (con las graves e irremediables connotaciones que dicho juicio
puede tener).
Es
de destacar que, en abstracto, el buen nombre de una persona se construye por
el merecimiento y aceptación social de su accionar, esto es, se crea a partir
de la conducta que ha observado la persona en su desempeño como miembro de la
sociedad (dentro de paradigmas culturales o normativos que constituyen el
acervo ético de la misma). En ese orden de ideas, se evalúa su comportamiento y
sus actuaciones de acuerdo con unos patrones de admisibilidad de conductas en
el medio social.
Por
ello, las calificaciones que mediante la portada de un libro se hagan con
expresiones e imágenes que directa o indirectamente traslucen de manera imprecisa
la situación actual de una persona, termina por configurar y grabar en la
conciencia social su proceder honesto/correcto o deshonesto/incorrecto.
A
partir de lo anterior, resulta acertada la reclamación realizada por el actor
respecto de la protección a su buen nombre, imagen y dignidad humana, más aún
cuando el comportamiento que hasta el momento había desplegado al interior de
la sociedad le había permitido ejercer las más altas dignidades en una
institución como lo es la Policía Nacional.
Por otro lado, estimo que era
igualmente relevante que esta Corte considerara que, en un contexto como el que
nos circunscribe, esto es, tratándose de una sociedad con un modelo económico
basado en el mercado, quienes ejercitan su derecho a la libertad de expresión
pueden llegar a priorizar la masificación de su producto y, para subsistir ante
la competencia, verse forzados a presentar, aún en menoscabo de los derechos
fundamentales de terceros, información que, sin ser enteramente veraz, resulta
altamente atractiva a diversos grupos sociales y, en especial, a sus
potenciales consumidores. Cuestión que, de manera diáfana, resulta inadmisible
en un Estado Constitucional que cimienta sus instituciones en el respeto a la
dignidad intrínseca del individuo.
De igual manera, se omitió considerar
que lo anteriormente indicado puede llevar a un abuso en el poder, o al menos a
un accionar irresponsable de los medios y, en general, de todo el que ejerce su
libertad para expresarse, quienes para cautivar a su audiencia, crean sanciones
sociales que no están mediadas de un debido proceso y afectan desmedidamente
los derechos de quienes son objeto de su juicio.
Lo expuesto, termina siendo
especialmente grave en el caso en concreto en cuanto se trata de una obra
literaria que, en su portada expresa de manera imprecisa una noticia en virtud
de la cual se condena públicamente el obrar de una persona a quien aún no se ha
desvirtuado su presunción de inocencia.
Como conclusión de todo lo anterior,
justo habría sido que mediante el amparo de los derechos fundamentales al buen
nombre, honra, imagen y dignidad humana del accionante, la Sala Sexta de
Revisión hubiera dispuesto ordenes en virtud de las cuales se introdujeran
modificaciones en la portada de la obra objeto de estudio. Ello, con la
finalidad de ajustarla a los presupuestos de veracidad e imparcialidad que le
son imperativos, de forma que a partir de su aclaración y rectificación, se
delimite el alcance y contenido del mensaje que ésta, individualmente
considerada, presenta, con las decisiones consecuenciales de rigor.
En estos términos dejo sentados los
argumentos que sustentan mi voto disidente en esta ocasión.
Fecha ut supra,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
[1] “Por medio de la cual se crea la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se
dictan otras disposiciones.”
[2] Sentencia SU-056 de
1995.
[3] Sentencia T-036 de 2002.
[4] Ibídem
[5] Sentencia T-379 de 2013.
[6] Al respecto, la FLIP señala que
en el ámbito internacional en el año 2000 el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos al decidir el caso News Verlags Gmbh & Co.KG vs Austria, No.
31457/96, encontró que la Corte de Apelaciones de Viena había violado el
artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos referente a la
libertad de expresión al prohibir a una revista la publicación de las
fotografías de una persona acusada de ser responsable de una campaña de cartas
bomba. Se determinó que si bien se pretendía proteger la reputación y los
derechos del acusado, lo cierto es que la prohibición de publicar las
fotografías, en conexión con el reportaje del avance del proceso penal,
constituía una limitación desproporcionada del derecho de expresión e
información de la revista. Posteriormente, en el año 2002 el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos al decidir el caso News Verlags Gmbh & Co.KG vs
Austria, No. 34315/96, donde a una revista le prohibieron publicar la imagen de
un político junto a un artículo periodístico en el que se le vinculaba a un
caso de corrupción. En esa oportunidad el Tribunal determinó que hay poco
margen para las limitaciones a los discursos sobre asuntos de interés público y
en relación con las imágenes advirtió que, no existían razones válidas para
prohibir la publicación, especialmente porque esta nos revelaban ningún detalle
de la vida privada del político y porque su imagen y hoja de vida estaban
disponibles en la página del Parlamento de Austria.
[7] Trajo a colación el caso Herrera
Ulloa vs. Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia
de 2 de julio de 2014, donde se sostuvo que no se debe prohibir la publicación
de noticias que tienen como fuente otros medios de comunicación, mientras no se
pruebe que los hechos son falsos y que existió mala fe del periodista que los
reproduce.
[8] Desarrollado por el artículo 42 del Decreto
Estatutario 2591 de 1991.
[9] Sentencias T-312 de
2015, T-012 de 2012, T- 735 de 2010, T-405 de 2007, T-1196 de 2004 y T-1085 de
2004.
[10] Sentencias T-050 de 2016 y T-015
de 2015.
[11] Sentencias T-050 de 2016, T-277
de 2015, T-312 de 2015, 015 de 2015, T-040 de 2013 y T-290 de 1993.
[12] Sentencias T-050 de
2016, T-277 de 2015, T-735 de 2010, T-160 de 2010, T-179 de 2009, T-405 de 2007
y T-290 de 1993.
[13] Sentencias T-050 de
2016, T-312 de 2015, T-277 de 2015, T-379 de 2013, T-798 de 2007 y T-405 de
2007.
[14] “Se garantiza a toda persona la libertad de
expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir
información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”.
[15] Artículo 93 Superior.
[16] Incorporado mediante la
Ley 64 de 1978.
[17] “1.
Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene
derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o
por cualquier otro procedimiento de su elección. // 3. El ejercicio del derecho
previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que
deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias
para: (a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
(b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la
moral públicas.”
[18] “1. Toda propaganda a
favor de la guerra estará prohibida por la ley. // 2. Toda apología del odio
nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la
hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.”
[19] Incorporado mediante la
Ley 16 de 1972.
[20] “Libertad de Pensamiento y de Expresión. 1.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de
su elección. // 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no
puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las
que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección
de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. //
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para
periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en
la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a
impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. // 4. Los
espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. //
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a
la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o
grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión,
idioma u origen nacional.”
[21] Sentencias T-391 de 2007
y T-1319 de 2000.
[22] La sentencia T-391 de
2007 decidió la tutela instaurada contra el programa radial “El Mañanero de
la Mega” por considerar que sus contenidos procaces afectaban los derechos
de los niños, la Corte efectuó un análisis de los contenidos normativos,
fundamentos y límites a la libertad de expresión. La reseña jurisprudencial se
actualizó con referencias jurisprudenciales más recientes aplicables.
[23] Sentencias T-904 de 2013
y T-391 de 2007.
[24] Sentencia C-442 de 2011.
[25] Corte Interamericana de
Derechos Humanos, “La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29
Convención Americana sobre Derechos Humanos)”. Opinión Consultiva OC-5/85 del
13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 30.
[26] Corte Interamericana de
Derechos Humanos, “La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29
Convención Americana sobre Derechos Humanos)”. Opinión Consultiva OC-5/85 del
13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 30.
[27] Corte Interamericana de
Derechos Humanos, caso de “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y
Otros), sentencia del 5 de febrero de 2001. En idéntico sentido, ver: Corte
Interamericana de Derechos Humanos, caso de Ivcher Bronstein, sentencia del 6
de febrero de 2001; y el caso Herrera Ulloa v. Costa Rica, sentencia del 2 de
julio de 2004.
[28] Sentencia T-015 de 2015
[29] Sentencias T-015 de
2015, T-904 de 2013 y T-391 de 2007.
[30] Sentencias T-015 de 2015
y T-904 de 2013.
[31] Sentencias T-015 de
2015, T-391 de 2007, SU-1721 de 2000 y SU-056 de 1995.
[32] Balaguer Callejón, María
Luisa. El derecho fundamental al honor, Madrid, Tecnos, 1992, citado en
la sentencia SU-1723 de 2000 en la que se negó la tutela interpuesta por el
cantante Diomedes Díaz a raíz de la transmisión de una serie de televisión
basada en el libro “El Cacique y la Reina”, donde se mencionan los hechos que
rodearon la muerte de una joven y la investigación penal en la que se vio
involucrado el demandante.
[33] Sentencias T-218 de
2009, T-1198 de 2004, T-1721 de 2000 y T-602 de 1995.
[34] Sentencia T-015 de 2015.
[35] Sentencias T-015 de 2015
y T-391 de 2007.
[36] La sentencia C-650 de
2003 presenta una exposición de las funciones que desempeña la libertad de
expresión en una sociedad democrática, al señalar que aquella: (i)  permite buscar
la verdad y desarrollar el conocimiento; (ii) hace posible el principio
de autogobierno; (iii) promueve la autonomía personal; (iv) previene
abusos de poder y (v) constituye una “válvula de escape” que
promueve la confrontación pacífica de las decisiones estatales o sociales que
no se compartan, lo que favorece la resolución racional y pacífica de los
conflictos, como resultado del debate público y no de la confrontación
violenta.
[37] Así lo ha explicado en
anteriores oportunidades la Corte Constitucional; así, en la sentencia SU-1721
de 2000, se señaló que cuando se presenta un conflicto entre la libertad de
expresión ejercida a través de los medios de comunicación y otros derechos
fundamentales, en principio prima la libertad de expresión, por la importancia de
la prensa para una democracia: “Tratándose de los supuestos de conflicto de
la libertad de expresión a través  de los medios de comunicación,- aún de la
libertad de  información con los derechos a la honra y al buen nombre, estos
últimos deben ceder ante aquel, dada la función primigenia de control social
que cumple la prensa”. En igual sentido, en la sentencia T-602 de 1995, la
Corte explicó que la libertad de expresión, en un Estado democrático y liberal,
por lo general prima sobre los derechos al buen nombre y a la honra, salvo que
se demuestre una intención dañina o una negligencia al presentar hechos falsos,
parciales, incompletos o inexactos que violan o amenazan los derechos
fundamentales: “El artículo 20 de la Constitución consagra el derecho de toda
persona a expresar libremente su pensamiento y sus opiniones. En un Estado
democrático y liberal como el nuestro, este derecho es prevalente, y
generalmente se le otorga primacía sobre los derechos al buen nombre y a la
honra, con los cuales frecuentemente resulta enfrentado, "salvo que se
demuestre por el afectado la intención dañina o la negligencia al presentar
hechos falsos, parciales, incompletos o inexactos que vulneran o amenazan sus
derechos fundamentales" (Sentencia T-80 de 1993. Magistrado ponente
Eduardo Cifuentes Muñoz)”. En el mismo sentido la sentencia SU-1723 de 2000
señaló: “…la restricción de cualquier derecho solo es jurídicamente aceptada
cuando antecede una ponderación con otros derechos o bienes constitucionales, y
ésta privilegia la información o la libertad de expresión”.
[38] Sentencia T-391 de 2007,
reitera SU-1721 de 2000; SU-1723 de 2000 y T-602 de 2005.
[39] Sentencia T-080 de 1993, reiterada
en la sentencia T-602 de 1995.
[40] Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Caso Tristán Donoso contra Panamá, Sentencia del 27 de Enero de 2009.
[41] Sentencia T-015 de 2015.
[42] Ibídem.
[43] Sentencia T-312 de 2015.
[44] Sentencias T-312 de 2015
y T-904 de 2013.
[45] Corte I.D.H., Caso Kimel
Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párrs. 57 y 87;
Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de
septiembre de 2006. Serie C No. 151, párrs. 84, 86 y 87; Corte I.D.H., Caso
Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No.
135, párr. 83; Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2
de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 127
[46] Corte I.D.H., Caso Kimel
Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 88; Corte
I.D.H., Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile.
Sentencia de 5 de febrero de 2001, Serie C No. 73, párr. 69; Corte I.D.H., Caso
Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74,
párr. 152; Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de
agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 83
[47] Marco jurídico
interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión. Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. (OEA documentos oficiales; OEA Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.)(OAS official
records; OEA Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.) ISBN 978-0-8270-5457-8. Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/temas/estandares.asp
[48] Sentencia SU-1723 de
2000.
[49] Sentencia T-312 de 2015.
[50] Ibídem.
[51] Ibídem.
[52] Sentencias T-312 de
2015 y SU-1723 de 2000.
[53] Sentencia T-256 de 2013.
[54]  Corte I.D.H., Caso
Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párrs.
86- 88; Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de
noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 83; Corte I.D.H., Caso “La Última
Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de
febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 69; Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein
Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párrs. 152 y 155,
Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de
2004. Serie C No. 111, párr. 83; Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa
Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párrs. 125 a 129; Corte
I.D.H., Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie
C No. 151, párr. 87; Corte I.D.H., Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009
Serie C No. 193, párr. 115
[55] Sentencia T-904 de
2013.
[56] Sentencias T-312 de 2015, T-040
de 2013, T-626 de 2007 y -512 de 1992.
[57] Sentencia T-040 de 2013.
[58] Esto manifestó el Canal
Caracol en su respuesta ante la Corte: “No se aporta la grabación sin editar
del día 14 de agosto de 2014 solicitada por su despacho, por cuanto, una vez
editada el material audiovisual y se emite el programa, se vuelven a utilizar
los discos de almacenamiento para realizar nuevas grabaciones”.
[59] En la demanda de tutela
el accionante relata que: “[el
periodista] de manera arbitraria me abordó en el baño, me estrujó hasta que
llegué a mi Despacho, indagándome por el proceso que tuvo esta Fiscalía en
adelantar por la muerte de las menores […] En su acoso me preguntó qué
por qué no se había condenado al responsable de este hecho, que si no era
injusto que el responsable estuviera en libertad, que por qué no se había hecho
nada”. Cuaderno de primera instancia, folio 2.
[60] Ver, por ejemplo,
sentencia SU-768 de 2014.
[61] Sentencia T-312 de 2015.
[62] Sentencia T-312 de 2015.
[63] Sentencias T-050 de
2016, T-277 de 2015, T-634 de 2013, T-233 de 2007 y T-787 de 2004.
Dicha garantía también está consagrada
en múltiples instrumentos internacionales de protección de derechos humanos,
como en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en
donde se señala que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su
honra o a su reputación”, indicando a su vez que “Toda persona tiene
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. De
igual forma, el artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos prescribe:“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales
en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de
ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.” También fue
consagrado en el artículo 8.1 del Convenio para la protección de los Derechos
Humanos y las libertades fundamentales, donde se dispuso que “Toda persona
tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su
correspondencia” y el artículo 11.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, dispone que “Nadie puede ser objeto de injerencias
arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio
o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos
ataques.”
[64] Sentencias T-050 de 2016, T-277
de 2015 y T-634 de 2013.
[65] Sentencias T-050 de 2016, T-634
de 2013 y T-787 de 2004.
[66] Sentencias T-050 de 2016, T-277
de 2015 y T-634 de 2013.
[67] Sentencias T-734 de 2004
y T-696 de 1996.
[68] Sentencia T-977 de 1999.
[69] Sentencias T-050 de 2016, T-277
de 2015, T-634 de 2013, T-437 de 2004 y SU-1723 de 2000.
[70] Ibídem.
[71] Sentencia T-977 de 1999.
[72] Sentencia T-411 de 1995.
[73] Sentencias T-050 de 2016
y T-277 de 2015.
[74] Sentencia T-050 de 2016.
[75] Sentencias T-050 de 2016, T-015
de 2015 y T-634 de 2013.
[76] Corte Constitucional
Sentencia T-293/94.
[77]“La enunciación de los
derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios
internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo
inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”.
[78] En la
sentenciaT-090 de 1996, esta Corporación expresó que “La consideración
conjunta de los artículos 14 y 16 de la C.P., obligan a concluir que la
personalidad a que aluden ambos es una personalidad diferenciada -desde luego,
sin perjuicio de que el derecho en sí mismo sea abstracto y universal-, en el
sentido de que ella no es ajena a las características físicas, sociales y a los
demás elementos relevantes que son distintivos y propios de un individuo y que
objetivamente son susceptibles de ser reconocidos y apreciados en su medio. Las
dos disposiciones, una en sentido estructural y la otra en sentido funcional y
dinámico, amparan el derecho a la propia identidad y la consiguiente facultad
de obrar contra su injusto falseamiento. Igualmente, el interés en la verdad
biográfica, puede en ciertos eventos preservarse a través del ejercicio del
derecho de rectificación de informaciones falsas, inexactas o imparciales
(C.P., art. 20), lo que demuestra que la autenticidad personal (lo mismo que la
necesidad social de conocer a la persona tal cual es) corresponde a una
pretensión que tiene relevancia constitucional y que ésta es indisociable de la
particular concepción del sujeto que alienta toda la Constitución”.
[79] Sentencias T-050 de 2016, T-634
de 2013 y T-379 de 2013.
Al respecto, la sentencia T-379 de 2013, explica lo
siguiente: “En cuanto al primero, en la medida en que consagra “la cláusula
general de libertad”[79],
la cual permite a toda persona autodeterminarse como sujeto y alcanzar la
búsqueda de una identidad propia. Así las cosas, el libre desarrollo de la
personalidad habilita la formación autónoma de una imagen física, sin más
limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.
La expresión autónoma de dicha libertad apunta a construir una imagen social
que refleje una forma de vida y que sustente el camino que se ha decidido
recorrer por un sujeto, como ocurre, por ejemplo, cuando se elige ejercer una
determinada profesión u oficio, o se exponen ciertas convicciones políticas o
se manifiesta pacíficamente en la colectividad.  En cuanto al segundo, al
admitirse que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, abarca
la protección de los atributos de la persona, entre ellos, la identidad
manifestada en la imagen de un sujeto único y diferenciable frente al resto de
personas”.
[80] Al
respecto la sentencia T-439 de 2009, afirmó: Según la
jurisprudencia, este derecho es inherente a la persona en cuanto constituye una
expresión directa de su individualidad e identidad, y se encuentra
estrechamente vinculado a su dignidad y libertad “bajo el amparo del artículo
14 de la Carta Política[80]”.
Precisó además, que "la relativa disponibilidad de la propia imagen, en
cuanto se realice, traduce una forma de autodeterminación del sujeto, e
igualmente podría entrar en la órbita del derecho al libre desarrollo de la
personalidad"[80].
Adicionalmente, si la imagen reproduce actos o sucesos propios de la intimidad
de una persona, su difusión, en contra de su voluntad, vulnera el derecho
fundamental a la intimidad.
[81] Sentencias T-379 de 2013 y T-405
de 2007.
[82] Sentencia T-379 de 2013.
[83] La sentencia T-379 de
2013, cita a:
BLASCO GASCO, F. de P. Algunas
cuestiones del Derecho a la Propia Imagen”. Texto visible en:
http://www.derechocivil.net/esp/ALGUNAS%20CUESTIONES%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20PROPIA%20IMAGEN.pdf
(última consulta: 13.06.13)
[84] Sentencias T-379 de 2013 y T-090
de 1996.
[85] Sentencia T-066 de 1998.
[86] Sentencia T-1233 de
2001.
[87] Sentencia T-379 de 2013.
[88] Sentencias T-050 de 2016, T-379
de 2013, T-439 de 2009, T-1233 de 2001T-066 de 1998 y T-090 de 1996.
[89] Sentencias T-379 de 2013
y T-066 de 1998.
[90] Sentencia T-379 de 2013
y T-1233 de 2001.
[91] Sentencia T-379 de 2013.
[92] Idem.
[93] NOGUEIRA, Humberto. El derecho
a la propia imagen como derecho fundamental implícito. Fundamentación y
caracterización. En la Revista Ius Et Praxis - Año 13 - N° 2. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
Universidad de Talca.
[94]
NOGUEIRA. “La
captación y difusión de la imagen de una persona no puede justificarse por si
misma, sino solo en virtud de los acontecimientos o acciones en que esté
involucrada la persona, vale decir, cuando dichas acciones carecen de
repercusión social o relevancia pública, la difusión de la imagen carece de
sentido y protección jurídica. Ello nos permite sostener que la difusión de
imágenes es legítima cuando reflejan acontecimientos que tiene repercusión
social y el protagonista cuya imagen se difunde se encuentra en relación
directa con la comunidad o en el ejercicio de una función pública. Por tanto,
en esta materia cabe un rol muy importante al juez, el cual debe examinar con
prudencia la respectiva acción o acontecimiento y su repercusión y relevancia
social para resolver el respectivo caso. En efecto, en esta materia es
conveniente citar un caso español, referente a la publicación en una revista de
las fotos de un conocido empresario y una señora de habitual presencia en
revistas de la prensa rosa en una reserva federal de Kenia, fotos que habían
sido tomadas por un pariente del empresario, sin que pudiera saberse por que
cauce llegaron a una Agencia, la cual las vendió a la revista, dejándose claro
que ellas no fueron facilitadas ni por los fotografiados ni por el autos de las
fotografías
Esta
sentencia pone en evidencia que las personas públicas tienen derecho a la
propia imagen cuando no están en el ejercicio de sus funciones públicas, aún
cuando se encuentren en lugares públicos, ya que tienen al igual que cualquier
otra persona derecho a la protección de la propia imagen como cualquier otro
particular que se encuentra de vacaciones en el extranjero, sin perjuicio de
contar también con el derecho a la protección de su vida privada, en los cuales
el público no tiene ningún interés relevante en conocer. Siempre será legítimo
captar la imagen de una persona, reproducirla o publicarla por cualquier medio
cuando ella se encuentre en el ejercicio de un cargo o función pública o el
ejercicio de una profesión de proyección pública y la imagen se capte durante
el desarrollo de actos públicos o en lugares abiertos al público con objeto de
información a la ciudadanía, con la excepción de aquellas personas que
desempeñan funciones que por su naturaleza necesitan del anonimato del
individuo que las realiza. En todo caso, es necesario señalar que la captación,
reproducción y publicación de dichas imágenes solo pueden emplearse para el uso
informativo, siendo contrario al ordenamiento jurídico utilizarlas para efectos
comerciales, publicitarios o análogos, sin el consentimiento de la persona
afectada. Asimismo, es necesario precisar que hay hechos o acontecimientos de
personeros o funcionarios públicos desarrollados en lugares de acceso al
público que carecen de relevancia pública, en cuyo caso, su imagen no puede ser
socializada sin su consentimiento, ya que en nada contribuye a la formación de
una opinión pública libre ni al desempeño de funciones o actividades públicas,
careciendo la imagen de interés general público o la información no confirma o
refuta la consistencia de aspectos de su vida que la persona o figura pública
ha expuesto al público, siendo tales imágenes de carácter estrictamente
privado. Asimismo consideramos que es lícita la información gráfica de
acontecimientos públicos cuando la imagen de una persona determinada aparece
como elemento meramente accesorio de la misma.
Por otra
parte, hay funcionarios públicos que en virtud de la naturaleza de la función
que desempeñan deben ser protegidos en su anonimato en virtud de las tareas de
orden público o seguridad nacional encomendadas, como puede ser un ejemplo los
agentes encubiertos en tareas de investigación de delitos de narcotráfico o de
actos terroristas, dentro de la normativa legal vigente y compatible con la
sociedad democrática. Finalmente, consideramos lícito el uso de caricaturas de
personajes públicos o que desarrollan funciones públicas, ya que ellas se
justifican en el derecho que tiene la comunidad, dentro de un sistema
democrático, de opinar y criticarlos, cuando está presente el animus criticandi
o iocandi pero no el animus injuriandi o su utilización como escarnio o en un
sentido ultrajante, todo lo cual debe considerar el uso social en dicha
sociedad, lo que debe ser analizado caso a caso”.
[95] http://www.procuraduria.gov.co/portal/COMUNICADO-DE_PRENSA__16_DE_FEBRERO.news
[96] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/conjunto-de-generales-y-escandalos-articulo-617751
[97]http://www.laopinion.com.co/colombia/coronel-denuncio-al-general-palomino-por-presiones-100936#ATHS
[98] http://www.semana.com/opinion/articulo/daniel-coronell-la-ropa-verde-se-lava-en-casa/426055-3
[99] http://www.semana.com/opinion/articulo/daniel-coronell-general-palomino-protege-jhonn-jorge-lasso/453235-3
[100] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/comunidad-del-anillo-ya-no-un-mito-articulo-617425
[101] Sentencia SU-056 de 1995.
[102] Sentencias T-379 de 2013
y T-066 de 1998.
[103] Sentencia T-379 de 2013
y T-1233 de 2001.
[104] Sentencia T-379 de 2013.
[105] Idem.
[106] Sentencia T-315 de 2015.
[107] Ibídem.
[108] Giovanni Sartori, Homo Videns: La Sociedad Teledirigida. Editorial
Taurus. Primera Edición en lengua Castellana, 1998. Prefacio, página 11.
[109] Se evidencia que se trata de una prerrogativa de tal importancia que
ha sido objeto de protección a través de: (i) la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de la ONU 1948, Artículo 19; (ii) el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (aprobado mediante
la Ley 74 de 1968 y ratificado el 29 de octubre de 1969), Artículo 4; (iii)
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19 (aprobado
mediante la Ley 74 de 1968 y ratificado el 29 de octubre de 1969); (iv)
la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, artículo
13, (aprobado mediante Ley 16 de 1972, ratificado el 31 de julio de 1973 y
entró en vigencia en 1975); e igualmente (v) a través de la Declaración
de Derechos del hombre y del Ciudadano, de 1789, artículo 2, (la cual si bien
no tiene efectos vinculantes sirve como marco de referencia para denotar la
especial importancia que este derecho ha tenido desde el inicio de las
revoluciones liberales).
[110] Rodrigo Uprimny, Catalina Botero y Juan Fernando Jaramillo, Libertad
de información en la jurisprudencia colombiana: una perspectiva comparada. En
el libro Constitución, democracia y derechos. Primera Edición (2016). Bogotá.
Editorial Dejusticia.
[111] Jurisprudencialmente y doctrinariamente se ha expresado que la
libertad de expresión constituye el género y, por lo tanto, comprende otros
derechos como la libertad de información (la cual está relacionada con la libre búsqueda, transmisión y recepción de información cierta e
imparcial sobre todo tipo fenómenos) y la libertad de opinión (que comprende la
posibilidad de poder difundir o divulgar, a través de cualquier medio de
comunicación, las propias ideas, opiniones y pensamientos).
[112] Desarrollado inicialmente en la decisión del caso Abrams Vs los
Estados Unidos de América, el 10 de noviembre de 1919.
[113] Posición que ha sido favorecida por el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos.
[114] Actualmente similar al modelo que maneja la Corte Europea de Derechos
Humanos.
[115] De conformidad con el análisis realizado por el escrito Libertad de información
en la jurisprudencia colombiana: una perspectiva comparada por parte de: Rodrigo
Urprimny, Catalina Botero y Juan Fernando Jaramillo. En el libro Constitución,
democracia y derechos. Primera Edición (2016). Bogotá. Editorial Dejusticia.
[116] Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-066 de 1998,
concluyó que, “En muchos casos no se puede determinar a ciencia cierta la
exactitud de una noticia. En esos eventos, la condición de veracidad se cumple
si el medio demuestra que obró diligentemente en la búsqueda de la verdad y que
fue imparcial en el momento de producir la noticia.”
[117] E incluso podría llegar a configurar un accionar de mala fe tendiente
a dañar los derechos de terceros.
[118] Magistrado Ponente Silvio Fernando Trejos Bueno, Radicación: 7692.
[119] Noam Chomsky, en El Control de los Medios de Comunicación. Al
interior del libro “Como nos venden la moto: información, poder y concentración
de medio. Edición 15. Octubre de 2002. Editorial Icaria.
[120] En ese sentido, considera que esto les permite ser un agente creador
de consenso y manipular así la perspectiva popular respecto de un determinado
asunto. Al respecto, referencia el caso Norte Americano en el que, tras la
elección del presidente Woodrow Wilson en 1916 y a partir de la creación de la
“comisión de propaganda gubernamental”, se logró convertir, en menos de seis
meses, “una población pacífica en otra histérica y belicista que quería ir a
la guerra a destruir todo lo que oliera a alemán”.