T-463-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-463/13
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Consejo
Seccional de la Judicatura es competente para conocer y tramitar acción de
tutela contra la Corte Suprema de Justicia, según auto 004 de 2004 y 100 de
2008
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES PARA INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL-Procedencia
excepcional
INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL COMO DERECHO CONSTITUCIONAL DE CARACTER UNIVERSAL-Reiteración de jurisprudencia
La indexación de la primera mesada pensional se aplica
a las pensiones reconocidas en cualquier tiempo y cualquiera que sea su
naturaleza, de modo tal que es indiferente si fueron reconocidas con base en
normas que no consagraban el referido beneficio (pensiones causadas antes de la
Constitución de 1991), o si son de origen legal, convencional o sanción, como
quiera que el carácter constitucional de este derecho impone la obligación a
todos los operadores jurídicos de aplicarla de manera directa y, en tal
sentido, indexar las mesadas pensionales con el fin de corregir las lesiones
que el transcurso del tiempo y el efecto de la inflación puedan reflejarse en
la capacidad adquisitiva y al mínimo vital de los pensionados.
INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL-Fórmula
adoptada por la Corte Constitucional mediante sentencia T-098 de 2005
INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL-Fórmula
de cálculo establecida en sentencia SU.1073/12
INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL Y MINIMO VITAL-Orden para reconocer y pagar la indexación de la primera mesada
pensional según precedente fijado en sentencia SU.1073/12
Referencia: expedientes T-3002838, T-3049442,
T-3057617, T-3057628, T-3060206, T-3060828 y T-3109513 (acumulados)
Demandantes: José Jairo Suárez Murillo (T-3002838),
Vicente Tello Escobar (T-3049442), Julio César Peña González (T-3057617), Luis
Edgardo Calvo Trejos (T-3057628), Luis Eduardo Niño Moreno (T-3060206), José
Carlos Díaz Barragán (T-3060828) y Rubén Darío Maya Restrepo (T-3109513)[1]
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá,
D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil trece (2013).
La Sala Cuarta de Revisión
de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Nilson Elías Pinilla Pinilla, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En
el trámite de revisión de los fallos de segunda instancia proferidos por
distintos despachos judiciales del país, dentro de los asuntos de la
referencia.
I.
ANTECEDENTES
Los
demandantes, actuando algunos en causa propia, y otros por intermedio de
apoderado judicial, lo cual se precisará en cada caso en el acápite de los
hechos, presentaron acciones de tutela contra diferentes autoridades
judiciales, administrativas y particulares, solicitando la protección de sus
derechos fundamentales supuestamente vulnerados con la negativa de indexar o
actualizar su primera mesada pensional. Las solicitudes de protección
constitucional, se apoyan en los siguientes
1.
Hechos
1.1.
Expediente T-3002838
Actuando
a través de apoderada judicial, el señor José Jairo Suárez Murillo, presentó
acción de tutela contra el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral
y el Banco Comercial Antioqueño S. A., ulteriormente Banco Santander S. A., a
fin de que sean restablecidos sus derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso y remuneración vital y móvil.
Refiere
el actor que prestó sus servicios como empleado en el Banco Comercial
Antioqueño S. A., posteriormente Banco Santander S. A., desde el 14 de
diciembre de 1956 hasta el 2 de mayo de 1977, percibiendo como ingreso mensual
la suma de $ 9.413¨, para el momento de su retiro. Anota que la citada entidad,
accedió al reconocimiento de su pensión de jubilación a partir del 14 de enero
de 1994, en la suma de $ 98.700¨, que era el salario mínimo legal mensual
vigente para la época, desconociendo que para el momento de su desvinculación percibía
alrededor de 5.3 veces el salario mínimo legal.
En
tal virtud, señala, solicitó ante la jurisdicción ordinaria laboral la
indexación de la suma recibida como promedio salarial al momento de la
terminación del contrato laboral, “con el porcentaje causado desde mayo de
1977 hasta el mes de enero de 1994”[2],
con el fin de acceder al 75% de la pensión a la que tiene derecho.
Indica
que tanto el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del
7 de septiembre de 1999, como el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, en fallo del 12 de noviembre de
1999, absolvieron a la citada entidad financiera, argumentando que el pago de
la mesada pensional solamente se hizo exigible en el momento en el que cumplió
55 años de edad, “sencillamente porque ésta aún no había nacido a la vida
jurídica.”[3]
Pone
de presente que es una persona de la tercera edad, y que la mengua de sus
ingresos afecta el sostenimiento propio y el de su familia. Así mismo, indica
que el otrora Banco Santander S. A., unilateralmente o en cumplimiento de
decisiones judiciales, ha reconocido la indexación de la primera mesada pensional
a otras personas que se encuentran en su misma situación, inclusive algunas
fueron compañeras de trabajo, bajo el criterio de que fueron pensiones surgidas
con posterioridad a la Constitución de 1991.
Para
terminar, precisa que la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia y la
Corte Constitucional, es uniforme en indicar que la primera mesada pensional
debe ser indexada, con independencia de que la prestación económica haya sido
obtenida por vía legal o convencional.
1.1.1.
Pruebas relevantes que reposan en el expediente
-
Sentencias dictadas por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 7 de septiembre y 12 de
noviembre de 1999, respectivamente, que no accedieron a la indexación de la
primera mesada pensional (folios 7 a 20 del cuaderno principal).
-
Resolución N° 000255 del 14 de enero de 2000, mediante la cual el Instituto de
Seguros Sociales, Seccional Santander, reconoció la pensión por vejez al señor
José Jairo Suárez Murillo (folio 22 ibídem).
1.1.2.
Actuación procesal
La
acción de tutela fue admitida por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, el 23 de noviembre de
2010, y dispuso correr traslado a los demandados. Durante el término conferido,
no se presentó ningún escrito de contestación de la acción.
1.1.3.
Decisión judicial objeto de revisión
1.1.3.1.
Sentencia de primera instancia
El
3 de diciembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
declaró la improcedencia de la acción de tutela promovida por el actor, bajo el
argumento de que desconoció el requisito de inmediatez previsto en el artículo
86 de la Constitución, en la medida en que las decisiones objeto de reproche
constitucional datan del 7 de septiembre de 1999 (Juzgado Décimo Laboral del
Circuito de Medellín), y 12 de noviembre de la misma anualidad (Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral),
por lo que “supera excesivamente la temporalidad que como razonable ha
venido señalando la jurisprudencia de esta Sala, sin que se tenga por
acreditada la existencia de un motivo válido que justifique la inactividad de
la parte hoy demandante, tampoco que se vulnere el núcleo esencial de derechos
de terceros afectados, y mucho menos, la existencia de nexo causal entre tales
aspectos”[4].
1.1.3.2.
Impugnación
Dentro
del término previsto en el Decreto 2591 de 1991 (art. 31), la apoderada del
demandante impugnó la decisión por considerar que (i) la razón de la tardanza
para promover la acción de tutela derivó de la constante jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, en el sentido de declarar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, postura que progresivamente fue
cambiando; y (ii) porque para el momento en el que fue proferida la sentencia
de segunda instancia dentro del proceso laboral, dicha corporación no accedía a
la indexación de la primera mesada pensional. Por tal razón, indicó, su
defendido no había acudido a este mecanismo constitucional para buscar la
actualización de su derecho prestacional, en tanto hasta ahora “hay una
verdadera seguridad jurídica”[5].
1.1.3.3.
Sentencia de segunda instancia
En
fallo del 24 de febrero de 2011, la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, confirmó la decisión del a
quo, toda vez que “la demanda constitucional fue presentada el 22 de
noviembre de 2010, luego de transcurridos más de diez (10) años contados a
partir de la segunda providencia”[6],
lapso que a su juicio, no resulta razonable. Adicionalmente, estimó que el
argumento al que acudió el peticionario, relativo a los cambios
jurisprudenciales que se han presentado en torno a la indexación de la primera
mesada pensional, no es de recibo, teniendo en cuenta que “desde el año 2007
la Sala de Casación Laboral, en Decisión Mayoritaria, ha admitido la
actualización de las pensiones legales y extralegales o convencionales, siempre
que se cumplan los presupuestos legales aplicables a cada caso, y el demandante
promovió esta demanda tres años después de estar vigente esa línea
jurisprudencial sin expresar una razón válida atendible”[7], lo cual desvirtúa, de
igual manera, la existencia de un perjuicio irremediable.
1.2.
Expediente T-3049442
El
señor Vicente Tello Escobar presentó, a través de apoderado judicial, acción de
tutela contra el Banco Central Hipotecario en liquidación o Previsora de
Seguros, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Seguro Social, con el
fin de que sean protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, seguridad social, igualdad y vida digna.
Refiere
que cuenta con 85 años de edad y que laboró de manera ininterrumpida en el
Banco Central Hipotecario, desde el 19 de enero de 1949 hasta el 26 de abril de
1976, fecha en la que fue reconocida la pensión de jubilación, la cual fue
pagada en su totalidad por dicha entidad financiera hasta el 11 de septiembre
de 1985, cuando cumplió sesenta (60) años de edad. A partir de ese momento, el
Seguro Social mediante Resolución N° 02036 del 27 de octubre de 1987, comenzó a
compartir el pago de la pensión de jubilación, bajo la figura de la pensión de
vejez, es decir, el anotado Banco cedió el 41.21% del pago de la pensión y el
Seguro asumió el restante 58.79%.
Destaca
que la primera mesada pensional recibida en abril de 1976 fue de $ 12.417.62,
suma equivalente, en ese entonces, a 7.96 veces el salario mínimo legal mensual
vigente para esa anualidad[8].
Agrega que en la actualidad, la pensión de jubilación que percibe es de $
1’686.430, de los cuales $ 1’103.966¨ son pagados por el Banco Central
Hipotecario, a través del Seguro Social en razón del contrato de conmutación
existente, y $ 582.464¨ por concepto de pensión de vejez, a cargo del Seguro
Social. De esta manera, anota, queda demostrado que la capacidad de pago y de
adquisición ha disminuido en un 69.58% del valor que devengaba en 1976, esto
es, $ 3’857.030¨ menos de capacidad o poder adquisitivo de la pensión
originalmente decretada, en tanto el monto real de su pensión para el año 2011,
debe ser $ 5’543.460¨.
Finalmente,
dice el actor que su esposa de más de 80 años de edad depende económicamente de
él y que el único ingreso mensual con el que cuentan para su subsistencia, es
el que deriva de la mencionada prestación económica, por lo que “padecen una
difícil situación económica derivada de la disminución del poder adquisitivo de
su pensión, afectándose notoriamente, (…) su congrua subsistencia.”[9]
1.2.1.
Pretensión
El
accionante, con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicita al juez
constitucional que ordene a las entidades demandadas, que entre ellas definan
cuál es la competente para estudiar, reconocer y pagar los incrementos
correspondientes a fin de actualizar y nivelar el valor de la pensión a que
tiene derecho, de conformidad con los incrementos del salario mínimo legal
mensual. Así mismo, que en caso de no lograr un acuerdo, se ordene a la Superintendencia Financiera que defina, con fuerza vinculante, el conflicto o colisión de
competencias para estudiar, reconocer y pagar su prestación económica.
Finalmente, pide que sea el juez de tutela el que defina la competencia para
que se disponga la indexación de la primera mesada pensional.
1.2.2.
Pruebas relevantes que reposan en el expediente
-
Resolución N° 02036 del 27 de octubre de 1987, por medio de la cual se concede
la pensión de vejez al señor Vicente Tello Escobar (folio 29
a 31 del cuaderno principal).
-
Sentencias dictadas por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá y
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, el 8 de
agosto de 2003 y el 19 de marzo de 2004, respectivamente, que no accedieron a
la indexación de la primera mesada pensional (folios 40
a 56 ibídem).
1.2.3.
Actuación procesal
Mediante
proveído del 21 de febrero de 2011, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, Sala Penal avocó el conocimiento de la acción de tutela promovida
por el accionante, y dispuso oficiar a las entidades demandadas, con el objeto
de que se pronunciaran acerca de los hechos y las pretensiones formuladas en su
escrito.
1.2.4.
Oposición de la demanda[10]
En
escrito del 23 de febrero de 2011, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
solicitó de manera principal, la declaratoria de improcedencia de la tutela
promovida por el accionante, a través de apoderado judicial, o
subsidiariamente, que no ha existido la vulneración de los derechos fundamentales
alegada. Los motivos en los que apoyó su defensa, fueron de manera sintética,
los siguientes:
En
primer término, destacó que la indexación de la primera mesada pensional no
debe ser entendida como un derecho fundamental, razón por la cual su protección
no puede alcanzarse mediante el ejercicio de la acción de tutela, a lo que se
agregó, la imposibilidad de que opere esta figura respecto de las pensiones
reconocidas con antelación a la Constitución de 1991.
De
otra parte, señaló que esa cartera ministerial no tiene relación jurídica
alguna con el peticionario, ni es el administrador de los derechos pensionales
de los ex trabajadores del Banco Central Hipotecario, y que la discusión ahora
planteada en sede constitucional, fue ventilada en su momento, ante la
jurisdicción ordinaria, que en dos instancias judiciales desestimó las
pretensión de actualización de la pensión de jubilación.
En
tercer lugar, precisó que la condición de persona de la cuarta edad,
aducida en la solicitud de tutela por el actor, carece de relevancia jurídica,
en la medida en que en el marco del derecho de las pensiones, es suficiente con
el cumplimiento de los requisitos para acceder a derechos de naturaleza
prestacional, teniendo en cuenta que una vez alcanzada determinada edad, “la
fuerza laboral está lo suficientemente debilitada lo que margina a la persona
de cualquier opción de ir por un empleo.”[11]
Finalmente,
advierte que fue desconocido el requisito de inmediatez, toda vez que la acción
de tutela fue promovida 35 años después de que el peticionario recibiera la
primera mesada pensional, sin tener noticia en los últimos 20 años (desde la
entrada en vigencia de la Constitución de 1991), de que el actor haya intentado
acceder a este mecanismo constitucional.
1.2.5.
Decisión judicial objeto de revisión
1.2.5.1.
Sentencia de primera instancia
El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, en sentencia del
3 de febrero de 2011, negó la acción de tutela promovida por el actor, por
considerar que fue desconocido el requisito de subsidiariedad. Luego de
precisar que la solicitud del demandante realmente está encaminada a que se
ordene la actualización de su pensión, señaló que se trata de una petición que
no ha presentado ante la entidad que efectúa el pago de la misma. De igual
modo, destacó que lo pedido por el peticionario es lo mismo que fue decidido en
el proceso ordinario laboral, en el que no fueron acogidas las pretensiones, no
siendo en consecuencia la tutela el cauce procesal adecuado para reabrir un
debate que se encuentra cerrado, pues ello desconocería que existe una
sentencia que hace tránsito a cosa juzgada.
Para
terminar, indicó que diferente hubiera sido la discusión si la acción de tutela
estuviera orientada a reprochar la constitucionalidad de las sentencias
dictadas por los jueces ordinarios, que valga indicar, la segunda instancia fue
del 19 de marzo de 2004, es decir, han transcurrido cerca de 7 años, pasando
por alto el requisito de inmediatez.
1.2.5.2.
Impugnación
El
apoderado del accionante presentó escrito de impugnación contra la sentencia
dictada por el a quo, en el que ratificó los argumentos expuestos en la
solicitud de tutela.
1.2.5.3.
Sentencia de segunda instancia
El
6 de abril de 2011, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
consideró que la acción de tutela promovida por el señor Vicente Tello Escobar,
en realidad debe entenderse dirigida contra el fallo dictado por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, que no accedió a la
indexación de la primera mesada pensional.
Empero,
confirmó la decisión impugnada, bajo la consideración de que el amparo
constitucional deprecado no puede ser utilizado como una tercera instancia, a
lo que agregó, que no se advierte arbitrariedad o capricho por parte del
aludido funcionario judicial. Por el contrario, la motivación se muestra
razonable y apoyada en el marco normativo.
Finalmente,
indicó que igualmente fue desatendida la inmediatez, en tanto la acción fue
promovida cerca de 7 años después de haber sido dictada la decisión que no
accedió a la actualización de la pensión, “nada más desfasado que una tal
reclamación, porque desatendió que el amparo constitucional depende de su
ejercicio oportuno.”[12]
1.3.
Expediente T-3057617
A
través de apoderado judicial, el señor Julio César Peña González, quien afirma
ser mayor de 71 de años de edad, presentó acción de tutela con el fin de que
sean protegidos los derechos fundamentales a la igualdad, libre desarrollo de
la personalidad, petición, trabajo, debido proceso, seguridad social y
favorabilidad laboral, supuestamente vulnerados con ocasión de la sentencia
dictada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral[13], el 4 de
mayo de 2010 (exp. N° 41082), por haber incurrido, supuestamente, en un defecto
sustantivo en tanto basó su decisión en normas claramente inaplicables. Así
mismo, demandó a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, en
liquidación, actualmente representada por el Fondo Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, por ser la responsable del reconocimiento
de la pensión de jubilación que pretende sea indexada, así como de efectuar su
respectivo pago.
Señala
el actor que laboró al servicio de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero,
entre el 28 de abril de 1960 y el 9 de agosto de 1984, último extremo en el que
devengaba un salario de $ 73.601,54¨, equivalente a más de 6,51 veces el
salario mínimo de ese entonces, que ascendía a $ 11.298¨.
Indica
que a partir del 3 de enero de 1986, al momento de cumplir los requisitos para
acceder a la pensión de jubilación, la citada entidad le reconoció la primera
mesada pensional por valor de $ 55.201,16, respecto del cual solicitó la
indexación con base en la variación del IPC, el incremento del salario mínimo
legal mensual o la devaluación de la moneda nacional, entre la fecha de retiro
y la del cálculo de la primera mesada pensional, petición que no fue atendida
favorablemente. En tal virtud, sostiene, acudió a la justicia ordinaria laboral,
con otros ex trabajadores que se encontraban en análogas condiciones, para que
con base en los principios de equidad y justicia[14], accediera a su
reconocimiento tal como había ocurrido en otros casos semejantes.
Para
concluir, señala el accionante que la decisión judicial objeto de reproche
constitucional ha agraviado sus derechos fundamentales, en la medida en que el
monto de la prestación económica que percibe, no le permite acceder a una
congrua subsistencia, y menos aún, para atender el conjunto de obligaciones
familiares que afronta, lo cual desconoce, así mismo, el reiterado precedente
de la Corte Constitucional contenido en las sentencias SU-120 de 2003, T-290 de
2003, T-663 de 2003 y C-862 de 2006. Así las cosas, recalca que la acción de
tutela es la “última esperanza de justicia”[15].
1.3.1.
Pretensiones
Con
fundamento en los hechos narrados, el demandante solicita al juez
constitucional dejar sin efecto la sentencia dictada por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, el 4 de mayo de 2010, y
que proceda directamente a dictar la sentencia de reemplazo accediendo a la
indexación de la primera mesada pensional y los reajustes a que haya lugar, de
tal manera que sean pagados directamente por la
Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en liquidación, representada por
el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
1.3.2.
Prueba relevante que reposan en el expediente
-
Sentencia emanada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, el
4 de mayo de 2010, que no accedió a la indexación de la primera mesada
pensional en el trámite del recurso extraordinario de casación promovido por el
accionante (folios 63 a 67 del cuaderno de copias).
1.3.3.
Actuación procesal
En
providencia del 28 de enero de 2011, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, avocó el
conocimiento de la acción de tutela promovida por el señor Julio César Peña
González y dispuso correr traslado a los demandados a fin de garantizar su
derecho de defensa. Del mismo modo, vinculó oficiosamente al trámite
constitucional al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
Laboral, y los Juzgados 16 Laboral del Circuito y 3° Laboral de Descongestión del
Circuito, ambos de Bogotá, agencias judiciales que actuaron en primera y
segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral, adelantado por el
accionante, que tampoco accedieron a la indexación de la primera mesada
pensional.
1.3.4.
Oposición de la demanda[16]
Mediante
escrito del 4 de febrero de 2011, el Director General del Fondo de Pasivo
Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, solicitó la declaratoria de
improcedencia de la acción de tutela promovida por el accionante. En su
criterio, la decisión objeto de tutela hizo tránsito a cosa juzgada, razón por
la cual no es posible adelantar ningún trámite ni acción que la ponga en
entredicho. De igual forma, señaló que la única posibilidad de controvertir la
juridicidad de una providencia judicial, es siempre y cuando el juez haya
actuado de manera arbitraria, caprichosa y apartándose del ordenamiento
jurídico, lo cual no ocurrió en esa oportunidad, por lo que no es de la
naturaleza de este mecanismo constitucional, revivir controversias que ya han
sido decididas.
En
ese orden de ideas, consideró que la solicitud de amparo constitucional
promovida por el peticionario, no es el mecanismo de defensa judicial para
solicitar la indexación de la mesada pensional, en tanto se trata de una
discusión que ya fue resuelta en la jurisdicción ordinaria laboral.
Para
terminar, apoyando su argumento con jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, aludió a la improcedencia
de la indexación de las pensiones reconocidas antes de la vigencia de la
Constitución de 1991, supuesto en el que se encuentra el demandante.
1.3.5.
Decisión judicial objeto de revisión
1.3.5.1.
Sentencia de primera instancia
El
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, en sentencia del 9 de febrero de 2011, declaró la improcedencia
del amparo constitucional deprecado, por haber sido desatendido el requisito de
inmediatez, teniendo en cuenta que la acción de tutela fue promovida por
segunda vez (luego de haber sido rechazada por la
Corte Suprema de Justicia), más de 8 meses después de haber sido dictada la
sentencia objeto de reparo constitucional, sin que exista justificación alguna
de la tardanza o se pueda inferir del escrito de tutela.
1.3.5.2.
Impugnación
A
través de escrito del 14 de febrero de 2011, el apoderado del demandante
impugnó la sentencia, para lo cual hizo referencia, en primer término, a los
trámites que debió surtir dentro del proceso ordinario laboral, antes de la
presentación de la solicitud de amparo constitucional, a fin de desvirtuar la
supuesta presentación inoportuna. En segundo lugar, hizo hincapié en que la
jurisprudencia constitucional (T-014 de 2008 y T-129 de 2008), ha sido prolija
en señalar que el requisito de inmediatez no es aplicable, cuando se trata del
reconocimiento del derecho a la indexación de la primera mesada pensional.
1.3.5.3.
Sentencia de segunda instancia
En
decisión del 9 de febrero de 2011, el Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, revocó el fallo impugnado, y en
su lugar, negó la tutela impetrada, teniendo en cuenta que (i) la solicitud fue
promovida dentro del término de 6 meses que ha fijado la jurisprudencia, razón
por la cual no fue desatendido el requisito de inmediatez; y (ii) la sentencia
objeto de reproche constitucional consideró inviable la indexación de la
primera mesada pensional causada antes de la
Constitución de 1991, por lo que con independencia de que se trate de una
razón jurídica que no sea compartida por el accionante, no deviene ilegal o
arbitraria. Así las cosas, concluyó que el proveído de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, es “producto del
ponderado y juicioso análisis de los presupuestos de ley”[17], por lo que está
cobijado por el principio de autonomía funcional, y que la intención del actor
es convertir al juez constitucional en una instancia adicional, dado que acudió
a argumentos similares a los planteados ante la jurisdicción ordinaria.
1.4.
Expediente T-3057628
El
señor Luis Edgardo Calvo Trejos, actuando por intermedio de apoderado judicial,
presentó acción de tutela con el fin de que sean restablecidos sus derechos
fundamentales a la vida, salud, igualdad, libre desarrollo de la personalidad,
trabajo, debido proceso, protección especial a las personas de la tercera edad,
seguridad social, derechos adquiridos de los trabajadores y al pago oportuno de
las mesadas pensionales, conculcados, al parecer, por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral[18], en la sentencia dictada
el 20 de abril de 2010 (exp. N° 40707), que no casó la sentencia que decidió no
acceder a la indexación de la primera mesada pensional. De igual manera,
demandó al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia,
que tiene a su cargo el pago de las prestaciones reconocidas por la
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.
Señala
el demandante que trabajó en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero,
desde el 17 de enero de 1972 hasta el 17 de febrero de 1987, para un total de
15 años y 30 días, devengando como ultimo salario $ 56.609¨, que equivalía a
2.7 salarios mínimos mensuales[19],
y que por orden judicial, la citada entidad dispuso el reconocimiento de la
pensión de jubilación, a partir del 10 de abril de 2002, mediante resolución N°
02460 del 28 de abril de 2003. En ese orden de ideas, la primera mesada
pensional pagada fue por valor de $ 309.000¨, monto que es inferior al 75% de
los salarios mensuales que devengaba para el momento del retiro laboral, y que
para el momento de su reconocimiento equivalía a un salario mínimo.
Por
último, expresa que la falta de indexación de la primera mesada pensional por
parte de la autoridad judicial demandada, además de desconocer el precedente
constitucional contenido en las sentencias SU-120 de 2003, T-906 de 2005, C-862
de 2006, C-891A de 2006 y T-129 de 2008, afecta su digna subsistencia, lo cual
le ha imposibilitado, del mismo modo, atender las obligaciones familiares que
tiene a su cargo.
1.4.1.
Pretensión
Con
fundamento en la situación fáctica expuesta, el demandante solicita al juez
constitucional que deje sin efecto la sentencia emanada de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, el 20 de abril de 2010, y
en su lugar, ordene la indexación de la primera mesada pensional, desde el 10
de abril de 2002, así como los reajustes subsiguientes hacia el futuro, con
base en la fórmula matemática prevista en el Decreto 1748 de 1995 (arts. 1 y
11).
1.4.2.
Pruebas relevantes que reposan en el expediente
-
Sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
el 20 de abril de 2010, que no accedió a la indexación de la primera mesada
pensional en el trámite del recurso extraordinario de casación promovido por el
demandante (folios 16 a 24 del cuaderno de anexos).
-
Resolución N° 02460 del 28 de abril de 2003, dictada por la
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, por medio de la cual reconoce la
pensión sanción de jubilación al actor (folios 25
a 27 ibídem).
1.4.3.
Actuación procesal
Mediante
auto del 13 de diciembre de 2010, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, admitió a
trámite la acción de tutela promovida por el señor Luis Edgardo Calvo Trejos, y
dispuso comunicar a los demandados para que ejercitaran su derecho de defensa.
Así mismo, citó oficiosamente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
Sala Laboral, al Juzgado Quince Laboral del Circuito de la misma ciudad, por
tratarse de los despachos judiciales que no accedieron, en el trámite de
instancia, a la indexación de la primera mesada pensional, y al liquidador de la
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.
1.4.4.
Oposición de la demanda
1.4.4.1.
Corte Suprema de Justicia
En
escrito del 14 de diciembre de 2010, los magistrados de la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, solicitaron la declaratoria de
nulidad de todo lo actuado por falta de competencia, para asumir el
conocimiento de la acción de tutela, y en consecuencia, que se remita a esa
corporación, teniendo en cuenta lo establecido en el inciso 2° del numeral 2°
del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.
Para
concluir, pusieron de presente que solamente a ese tribunal le corresponde
conocer del recurso de casación, atribución prevista en el artículo 235 de la
Constitución, por lo que cualquier otro órgano de justicia no puede actuar
como tribunal de casación. En ese orden de ideas, destacó que las decisiones
dictadas como órgano límite, no puede ser modificadas, anuladas o desconocidas
por ninguna autoridad, “pues la propia Constitución les da el sello de
intangibilidad, de modo que son últimas y definitivas dentro de la respectiva
especialidad, dado que, adicionalmente, no existe órgano judicial superior (…).
No es, entonces, jurídicamente posible que cualquier autoridad judicial
pretenda imponerle a la Corte Suprema de Justicia un criterio interpretativo
contrario a su jurisprudencia.”[20]
1.4.4.2.
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
El
4 de febrero de 2011, el Director General solicitó la declaratoria de
improcedencia de la acción de tutela promovida por el accionante. A su juicio,
la decisión objeto de tutela hizo tránsito a cosa juzgada, razón por la cual no
es posible adelantar ningún trámite ni acción que pretenda controvertirla. De
igual forma, señaló que la única posibilidad de rebatir la constitucionalidad
de una providencia judicial, es siempre y cuando el juez haya actuado de manera
arbitraria, caprichosa y apartándose del ordenamiento jurídico, lo cual no
ocurrió en esa oportunidad, por lo que no es de la naturaleza de este mecanismo
constitucional, revivir discusiones que ya han finalizado.
Así
las cosas, expresó que la autoridad judicial demandada no incurrió en la vía de
hecho alegada, en la medida en que la decisión se ajustó al marco normativo y
teniendo en consideración las pruebas aportadas al proceso.
Con
todo, sostuvo que la acción de tutela no es la vía procesal para solicitar la
indexación de la mesada pensional, en tanto se trata de un asunto que debe
dirimir la jurisdicción ordinaria laboral, lo cual ya ocurrió sin que hubiera
sido acogida la pretensión del accionante, por lo que no es de la esencia de
este mecanismo constitucional, sustituir los procedimientos y dejar sin efectos
una sentencia que es cosa juzgada.
1.4.5.
Decisión judicial objeto de revisión
1.4.5.1.
Sentencia de primera instancia
El
13 de enero de 2011, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, tuteló los
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, mínimo vital, vida digna y
seguridad social del señor Luis Edgardo Calvo Trejos. Las razones en las que
apoyó su decisión, se pueden sintetizar así:
Como
aspecto inicial, no accedió a la declaratoria de nulidad pedida por la
corporación demandada, por lo que dispuso inaplicar el inciso segundo, numeral
2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, con el propósito de garantizar la
protección de los derechos a la igualdad, acceso a la administración de
justicia y la efectividad de los derechos consagrados en la
Constitución.
De
otra parte, haciendo extensa referencia a la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, ordenó la reliquidación del monto de la primera mesada
pensional, con base en la fórmula adoptada por la misma corporación en la
sentencia T-098 de 2005, precisando que su pago corresponderá efectuarlo al
Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales, y que incluya en nómina
todos los valores adeudados al accionante.
Finalmente,
precisó que en caso de haber sido planteada la excepción previa de prescripción
en el proceso ordinario laboral, “se tendrá en cuenta la interrupción
extrajudicial o judicial de la prescripción causada con el reclamo hecho al
empleador, o la presentación de la demanda en su caso, respecto del término de
tres (3) años transcurridos con antelación y que se encuentren probados en el
proceso ordinario laboral.”[21]
1.4.5.2.
Impugnación
En
escrito del 20 de enero de 2011, el Director General del Fondo de Pasivo Social
de Ferrocarriles de Colombia, solicitó la revocatoria de la sentencia dictada
por el a quo, acudiendo para el efecto, a los argumentos expuestos en la
solicitud de tutela.
1.4.5.3.
Sentencia de segunda instancia
El
Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en fallo
del 9 de marzo de 2011, revocó la sentencia impugnada, y en su lugar, declaró
la improcedencia de la tutela solicitada por el peticionario, bajo el argumento
de que el demandante no presentó la solicitud dentro de un término razonable,
lo cual es contrario a la inmediatez que prevé el artículo 86 de la
Constitución.
1.5.
Expediente T-3060206
El
señor Luis Eduardo Niño Moreno presentó acción de tutela contra el Fondo de
Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, con el fin de que sean amparados los derechos
fundamentales a la dignidad humana, vida, mínimo vital, trabajo en condiciones
dignas, pago oportuno de las pensiones, petición y seguridad social, vulnerados
supuestamente, en razón de la falta de indexación de la primera mesada
pensional y de los reajustes.
Indica
el peticionario que laboró como empleado de la
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, por un lapso de 22 años y 245
días, produciéndose su retiro el 27 de junio de 1999, como consecuencia de la
liquidación de la citada entidad.
Comenta
que cumplidos los requisitos de tiempo y edad para acceder a la pensión
convencional, solicitó su reconocimiento al Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, entidad que mediante resolución N° 2211
del 4 de agosto de 2009, accedió al reconocimiento de la pensión de jubilación
indexada entre el retiro y el momento en el que adquirió el derecho, mesada que
ascendió a $ 1’612.797,17, a partir del 19 de marzo de 2009.
Refiere
que la citada decisión administrativa condicionó el pago de los valores
reconocidos a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, realice el
análisis y los ajustes necesarios al cálculo actuarial aprobado, a fin de
trasladar la reserva estimada para la indexación. Sin embargo, agrega, el monto
de la pensión de jubilación que viene percibiendo, solamente corresponde al
valor liquidado como pensión de jubilación, es decir, la suma de $ 879.655,28,
para el año 2010, y $ 897.248,39, en el año 2011, sin incluir la indexación
ordenada.
Manifiesta
el actor, que la anotada mesada no le permite sufragar las obligaciones
económicas (incluidas las de su esposa e hijos), en tanto ni siquiera equivale
a dos salarios mínimos, por lo que ha tenido que recurrir a préstamos bancarios
y particulares, afectándose de esta manera su derecho al mínimo vital y el de
su familia.
Sostiene
que el director del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia, remitió comunicación N° 2009-19438, en la que expresó que “[a]
efecto de cancelar la mesada indexada, le pido su comprensión, pues es
necesaria la elaboración de un cálculo actuarial individual, que será sometido
a la aprobación del Ministerio de Hacienda previamente a la inclusión en
nómina. Tan pronto dicho cálculo reciba la aprobación, el Fondo, con la mayor
diligencia posible procederá a incluirle en nómina de pensionados.”[22] En el
mismo sentido, obtuvo respuesta del Patrimonio Autónomo de FIDUPREVISORA,
mediante misivas N° FPSE-2009-025489 del 23 de diciembre de 2009 y N°
FPSE-2010-005737 del 12 de abril de 2010.
Para
terminar, precisa que ha transcurrido un año y medio, aproximadamente, desde
que fue reconocido el citado derecho prestacional, sin que haya recibido el
pago de la respectiva indexación, causándose un grave perjuicio, manifestado en
la imposibilidad de subsistir dignamente con su esposa e hijos, lo que ha
conllevado la iniciación de procesos ejecutivos, en su contra, y el embargo de
sus pocos enseres.
1.5.1.
Pretensión
Apoyado
en la situación fáctica expuesta, el accionante solicita al juez de tutela que
sean amparados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, solidaridad,
vida, mínimo vital, trabajo en condiciones dignas, pago oportuno de las
pensiones, petición y seguridad social, y que ordene a la respectiva autoridad,
el pago de la indexación de la pensión de jubilación reconocida desde el 19 de
marzo de 2009, así como de los reajustes a que haya lugar.
1.5.2.
Pruebas relevantes que reposan en el expediente
-
Resolución N° 2211 del 4 de agosto de 2009, expedida por el Fondo de Pasivo
Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, que reconoció a favor del
accionante la pensión de jubilación convencional (folios 2
a 6 del cuaderno principal).
-
Derecho de petición formulado por el peticionario ante FIDUPREVISORA Patrimonio
Autónomo de Remanentes de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero (PAR
de la Caja Agraria en liquidación), el 3 de diciembre de 2009, en el que
solicita el pago de los valores adeudados de la pensión de jubilación,
debidamente indexados (folios 8 y 9 ibídem).
1.5.3.
Actuación procesal
El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en auto del 2 de
febrero de 2011, admitió la acción de tutela promovida por el señor Luis
Eduardo Niño Moreno, y solicitó a los demandados la rendición de un informe en
el que se pronuncien acerca de los hechos y pretensiones de la solicitud, como
garantía del derecho de defensa y contradicción. De la misma manera, vinculó
oficiosamente al PAR de la Caja Agraria en liquidación.
1.5.4.
Oposición de la demanda
1.5.4.1.
PAR de la Caja Agraria en liquidación
A
través de escrito del 4 de febrero de 2011, el apoderado general de
FIDUPREVISORA S. A., solicitó la declaratoria de improcedencia del amparo
constitucional solicitado por el demandante. En su sentir, la naturaleza
jurídica del PAR no hace posible considerarlo como sucesor o subrogatorio de
las obligaciones de la Caja Agraria en liquidación, a lo que agregó, que la
entidad a la que corresponde efectuar el pago de la prestación reclamada, es el
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
1.5.4.2.
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
En
escrito del 4 de febrero de 2011, el Director General de la entidad pidió al
juez constitucional la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela,
por haber operado el fenómeno de la carencia actual de objeto, en tanto la
función del Fondo se circunscribe al reconocimiento, no al pago, de las
respectivas prestaciones económicas, lo cual ocurrió con el demandante,
habiéndose remitido oportunamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
el cálculo actuarial de la indexación de la mesada, con las respectivas
correcciones solicitadas por la aludida cartera ministerial. Del mismo modo,
destacó que la razón de la tardaza en la aprobación del cálculo, radica en que
el citado organismo ha puesto en tela de juicio que las pensiones
convencionales puedan ser indexadas, en tanto se trata de una posibilidad que
no está contemplada en la respectiva convención.
Por
otra parte, hizo referencia a las gestiones que han sido realizadas por el
Fondo ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se apruebe
el pago de la mesada indexada, las cuales han sido oportunamente informadas al
actor.
Finalmente,
reitera, que al no ser de su competencia el pago de las mesadas pensionales,
fuerza concluir que no ha vulnerado ningún derecho fundamental, por lo que solicitó
requerir al anotado ministerio, para que, se pronuncie en relación con la
aprobación del cálculo actuarial, de tal manera que sea posible la indexación
de la primera mesada pensional del peticionario.
1.5.4.3.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El
4 de febrero de 2011, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó la
declaratoria de improcedencia de la tutela, por considerar que (i) la discusión
relativa a la procedencia o no de la indexación de pensiones de naturaleza
convencional, debe ventilarse mediante otro medio de defensa judicial, por lo
que se trata de una cuestión que no es debatible en el marco de la acción de
amparo constitucional; y (ii) sólo resulta procedente la aprobación del cálculo
actuarial de aquellas pensiones reconocidas judicialmente, excluyendo las que
se apoyan en un acto administrativo, “lo cual no quiere decir que la pensión
no continuará pagándose tal como hoy viene haciéndose sino que el excedente que
corresponde a la indexación deberá pagarse por el Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia con cargo a los propios recursos, teniendo
en cuenta que se trata de actos administrativos de reconocimiento de indexación
expedidos por éste en forma oficiosa.”[23]
1.5.5.
Decisión judicial objeto de revisión
1.5.5.1.
Sentencia de primera instancia
El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en fallo del 15
de febrero de 2011, tuteló los derechos fundamentales al mínimo vital y
seguridad social en pensiones del tutelante, “toda vez que el monto que
recibe no es suficiente para cubrir los gastos personales y familiares; por lo
que acudir al trámite ordinario podría en peligro su propia subsistencia y la
de las personas que se encuentran a su cargo.”[24]
De
otra parte, destacó que el reconocimiento de la pensión de jubilación
convencional indexada, debe entenderse como un derecho adquirido, cuyo
desconocimiento afecta el mínimo vital y la vida en condiciones dignas del
actor, pues según afirmó en su escrito, es la única fuente de ingresos para él
y su familia, afirmación que no fue desvirtuada por los demandados. Así mismo,
precisó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público inobservó un acto
administrativo dictado por otra autoridad administrativa, no existiendo en
consecuencia, otro mecanismo de protección de los derechos fundamentales del
peticionario.
En
definitiva, ordenó al citado ministerio proceder a impartir aprobación al
cálculo actuarial de la indexación de la mesada pensional del demandante, y
autorizar a la entidad pagadora el desembolso del monto de la pensión de
jubilación y del retroactivo a que haya lugar.
1.5.5.2.
Impugnación
El
22 de febrero de 2011, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó la
revocatoria del fallo, y en consecuencia, que se declare la improcedencia de la
tutela incoada.
Pone
de presente que es equivocada la decisión, cuando no escinde correctamente lo
que es la mesada pensional, en sí misma, y el mayor que produce la aplicación
de la indexación. También, considera que la decisión parte de un equívoco, al
indicar que el monto que recibe el accionante, no es suficiente para garantizar
su subsistencia, y cuando le otorga un carácter universal a la indexación,
pasando por alto que aquellos pensionados que causaron su derecho, es decir,
cumplieron los requisitos antes de la entrada en vigencia de la
Constitución de 1991, no les asiste ese derecho.
En
los demás, ratificó los argumentos presentados en el escrito de contestación de
la solicitud de amparo constitucional.
1.5.5.3.
Sentencia de segunda instancia
La Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, el 24 de marzo de 2011, revocó la decisión
del a quo, y en su lugar, denegó la tutela solicitada.
La
razón en la que se apoyó dicha corporación para dictar su decisión, consistió
en el que el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial, donde se
puede definir lo relativo a la indexación pensional, sin que exista prueba que
demuestre la afectación del derecho al mínimo vital, en la medida en que el
actor está percibiendo su pensión, aunque no sea indexada. Del mismo modo,
resaltó que la discusión ventilada es de naturaleza legal, por lo que existen
vías ordinarias que son los causes procesales idóneos para que sea desatada.
1.6.
Expediente T-3060828
Actuando
por intermedio de apoderado judicial, el señor José Carlos Díaz Barragán,
interpuso acción de tutela con el fin de que sean restablecidos los derechos
fundamentales a la vida, salud, igualdad, debido proceso, seguridad social y
pago oportuno y completo de las mesadas pensionales, supuestamente vulnerados
por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la sentencia
dictada el 21 de septiembre de 2010 (exp. N° 43773), que no accedió a la
indexación de la primera mesada pensional, decisión que en su sentir, le ha
impedido “disfrutar la pensión por un valor equivalente al que disfrutaba en
la fecha de[l] retiro”[25].
Manifiesta
que laboró en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, hasta el 30 de
junio de 1981, devengado un salario de $ 37.722,55, equivalente a 6.6 salarios
mínimos[26],
y que el reconocimiento de la pensión de jubilación tuvo lugar mediante
resolución N° 3591 del 8 de agosto de 1985, percibiendo en el año 2011, la suma
de $ 663.548¨, cuando en realidad la mesada debería ser de $ 2’651.220¨.
Con
el fin de que se corrigiera dicha inequidad, el demandante presentó demanda
ordinaria laboral, con la pretensión de que se actualizara la mesada pensional,
siendo negada en primera y segunda instancia, decisiones que se apoyaron en el
fallo del 18 de agosto de 1999 (exp. N° 11818), de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, “[el] cual
afirma que en nuestra legislación CASI no existe norma que respalde la
indexación”[27],
postura jurisprudencial que más tarde fue objeto de rectificación el 20 de
abril de 2007 (exp. N° 29470), para quedar en consonancia con la sentencia
SU-120 de 2003, emanada de la
Corte Constitucional. Dice que en ese momento no recurrió en casación, “porque
para esas fechas la mayoría de magistrados que negaba la indexación era
monolítica en su decisión y fijaba unas costas muy altas que no podía asumir el
demandante.”[28]
Empero,
recurrió por segunda vez ante la misma jurisdicción planteando igual reclamo,
siendo acogida la excepción previa de cosa juzgada en el trámite de instancia.
Agrega que con ocasión del recurso extraordinario de casación promovido, la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, confirmó la decisión,
apoyada en el mismo argumento. Sobre este último particular, destaca el actor
que dicha excepción no se ha configurado, lo cual se demuestra con la
imposibilidad de que aún no puede recibir su pensión actualizada, y que se
trata de una figura procesal (la cosa juzgada) que en los procesos de
indexación de la primera mesada pensional, se ha venido tramitando de manera
superficial, “porque los abogados que la esgrimen y los jueces que la
dirimen, simplemente alegan y verifican, que los demandantes y demandados de
ahora sean los mismos del anterior y que las peticiones sean idénticas y versen
sobre el mismo objeto, pero no se detienen en analizar las realidades del nuevo
proceso y, sin más, declaran la prosperidad de la excepción, sin darse cuenta
de su precipitud y desatención a la nueva pretensión”.[29]
Finalmente,
advierte el actor que la sentencia objeto de reproche constitucional, desconoce
que la finalidad del derecho laboral es lograr la efectividad de los derechos
consagrados en ese ordenamiento específico, y que tal como lo contempla la
Constitución Política, es deber del Estado garantizar a los habitantes del
territorio nacional el derecho irrenunciable a la seguridad social, manifestado
en este caso, en la indexación de la primera mesada pensional, derecho que a su
juicio, le asiste.
1.6.1.
Pretensión
Apoyado
en la situación fáctica reseñada, el actor pretende que el juez de tutela
declare sin efectos la sentencia dictada por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, el 21 de septiembre de
2010, y en su lugar, ordene al director del Fondo de Pasivo Social de los
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, indexar su primera mesada pensional desde
el 24 de junio de 1985, incluidos los respectivos reajustes de cada año.
1.6.2.
Pruebas relevantes que reposan en el expediente
-
Sentencia emanada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, el
21 de septiembre de 2010, que no accedió a la indexación de la primera mesada
pensional en el trámite del recurso extraordinario de casación promovido por el
accionante (folios 33 a 38 del cuaderno principal).
-
Resolución N° GG-P 3591 del 8 de agosto de 1985, por medio de la cual la
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, reconoció la pensión de
jubilación mensual y vitalicia al demandante (folio 42 ibídem).
1.6.3.
Actuación procesal
La Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, mediante auto del 24 de marzo de 2011, avocó
el conocimiento de la acción de tutela, y ordenó comunicar dicha determinación
a las autoridades accionadas, a fin de que ejercieran su derecho de defensa y
contradicción. De igual modo, vinculó oficiosamente a los Juzgados Cuarto y
Octavo Laborales del Circuito de Bogotá, y al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala Laboral, agencias judiciales que actuaron en el
trámite de instancia dentro del proceso ordinario laboral.
1.6.4.
Oposición de la demanda
1.6.4.1.
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
En
escrito del 28 de marzo de 2011, el Director General solicitó a la jurisdicción
constitucional la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela
instaurada por el accionante. Las razones en que fundamentó su escrito, fueron
las siguientes:
Destacó
que la sentencia objeto de tutela hizo tránsito a cosa juzgada, razón por la
cual no es posible adelantar ningún trámite ni acción que la ponga en
entredicho, pues ello comprometería el principio de autonomía funcional. De
igual forma, señaló que la única posibilidad de controvertir la juridicidad de
una providencia judicial, es siempre y cuando el juez haya actuado de manera
arbitraria, caprichosa y apartándose del ordenamiento jurídico, lo cual no
ocurrió en esa oportunidad, por lo que no es de la naturaleza de este mecanismo
constitucional, revivir controversias que ya han sido decididas.
En
ese orden de ideas, consideró que la solicitud de amparo constitucional
promovida por el peticionario, no es el mecanismo de defensa judicial para
solicitar la indexación de la mesada pensional, en tanto se trata de una
discusión que ya fue resuelta en la jurisdicción ordinaria laboral.
Para
terminar, apoyando su argumento en jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, aludió a la improcedencia
de la indexación de las pensiones reconocidas antes de la vigencia de la
Constitución de 1991, lo cual ocurrió con el demandante, en tanto la pensión
convencional de jubilación fue reconocida a partir del 8 de agosto de 1985.
1.6.4.2.
Corte Suprema de Justicia
El
Magistrado Carlos Ernesto Molina Monsalve, solicitó la declaratoria de
improcedencia de la acción de tutela, bajo el argumento de que la sentencia que
resolvió el recurso de casación se profirió de manera razonada y con apego a la
Constitución y la ley, sin que se advierta la existencia de arbitrariedad y el
desconocimiento de derecho fundamental alguno.
Finalmente,
indicó que más allá de la discrepancia que pueda existir respecto de una
providencia, la solicitud de amparo solamente está instituida para proteger
derechos fundamentales, y no para controvertir decisiones judiciales, más aún
cuando se trata de una construcción jurisprudencial efectuada como tribunal de
casación.
1.6.5.
Sentencia objeto de revisión
El
5 de abril de 2011, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, negó
la tutela de los derechos fundamentales del accionante. Luego de hacer
referencia a la procedencia excepcionalísima de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en tanto sobre el presunto afectado recae el deber de
demostrar la presencia de una o varias causales que ha acogido la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, concluyó que la finalidad del
demandante es reabrir una discusión que está amparada por el principio de la
cosa juzgada, el cual está en estrecha armonía con el postulado de la seguridad
jurídica “pilar fundamental de una sociedad que sentó sus bases
constitucionales en el presupuesto de la legalidad, al cual están atados los
jueces de la república”[30].
1.7.
Expediente T-3109513
El
señor Ruben Darío Maya Restrepo, presentó acción de tutela con el fin de que
sean amparados sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, mínimo
vital y móvil y seguridad social[31],
vulnerados según indica, por el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogotá, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, Sala Civil-Laboral-Familia,
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, y los Almacenes
Generales de Depósito de Café (ALMACAFE), al no accede al reconocimiento de la
indexación de la primera mesada pensional.
Sostiene
que prestó sus servicios mediante contrato de trabajo en ALMACAFE, entre el 26
de enero de 1970 y el 30 de noviembre de 1990, cuando fue desvinculado
unilateralmente y sin justa causa, acumulando en total 18 años, 10 meses y 5
días de cotización a fin de acceder a la pensión de jubilación, y devengando
como último salario $ 701.823,75, monto que equivalía para la época a 27.37
salarios mínimos del año 1988[32].
Comenta
que el 23 de noviembre de 1994, presentó demanda ordinaria laboral en la que
solicitó el reconocimiento de la pensión restringida de jubilación contemplada
en la Ley 171 de 1961 (art. 8°), pretensión que no fue acogida por los
despachos judiciales de instancia (Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogotá y
Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, Sala
Civil-Familia-Laboral). Agrega que al recurrir en casación, la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia del 2 de
febrero de 2010, accedió parcialmente al recurso, con la precisión que en caso
de que la prestación económica reclamada se reconociera a partir del 30 de
junio de 2001, no sería objeto de actualización, por tratarse de una cuestión
que no hacía parte de la pretensión, igual que el reconocimiento de los
intereses moratorios. De esta manera, el monto de la mesada reconocida ascendió
a $ 420.774,52, equivalente a 1.4 salarios mínimos del año 2001, dejando de
incluir la indexación del salario base que percibió desde el 1° de noviembre de
1988 hasta el 30 de julio de 1991, extremo último en el que la mesada de la
pensión de jubilación equivaldría a $ 4’976.548,45, mensuales.
Admite
que presentó acción de tutela con anterioridad, apoyándose exclusivamente en la
legislación nacional, “por algunos hechos relacionados en esta demanda, sin
que se me hubiese atendido favorablemente mi solicitud de indexación, en un
trato evidentemente discriminatorio de los señores jueces de tutela”[33], mientras
que en esta ocasión el fundamento normativo se basa fundamentalmente en
instrumentos internacionales que hacen parte del ordenamiento jurídico interno.
Finalmente,
el peticionario alude a la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la
Convención sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), así
como a la sentencia C-862 de 2006 dictada por la
Corte Constitucional, con el fin de que sean amparados sus derechos
fundamentales.
1.7.1.
Pretensiones
Apoyado
en la situación fáctica expuesta, el actor pide al juez constitucional dejar
sin efecto jurídico la sentencia del 2 de febrero de 2010, dictada por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, únicamente en lo que se
refiere al no reconocimiento del derecho a mantener el poder adquisitivo de la
mesada pensional, y al no reconocimiento de los intereses moratorios
consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, que
ordene a la sociedad ALMACAFE indexar directamente la pensión de jubilación
reconocida a partir del 30 de julio de 2001, atendiendo la fórmula precisada en
su jurisprudencia por la
Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.
1.7.2.
Pruebas relevantes que reposan en el expediente
-
Sentencias emitidas por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, Sala Civil-Familia-Laboral,
y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, el 8 de abril de
2005, 14 de agosto de 2007 y 2 de febrero de 2010, respectivamente, dictadas
dentro del proceso ordinario laboral iniciado por el demandante en contra de
ALMACAFE (folios 17 a 47 y 73 a 82 del cuaderno anexo N° 1).
-
Sentencias dictadas por el Consejo Seccional de la
Judicatura y el Consejo Superior de la
Judicatura, Salas Jurisdiccionales Disciplinarias, el 9 de junio y 14 de julio
de 2010, en su orden, que decidieron la primera acción de tutela promovida por
el accionante en contra de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, negando el amparo constitucional solicitado (folios 40
a 77 del cuaderno anexo N° 2).
1.7.3.
Actuación procesal
El
9 de febrero de 2011, el Consejo Seccional de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, avocó el conocimiento de la
acción de tutela instaurada por el actor, y dispuso notificar a los demandados
a fin de garantizar el ejercicio del derecho de defensa y contradicción. En la
misma providencia, vinculó oficiosamente al Fondo Nacional de Cafeteros, por
considerar que con la decisión de mérito podía resultar afectado.
1.7.4.
Oposición de la demanda
1.7.4.1.
Corte Suprema de Justicia
En
escrito del 14 de febrero de 2011, los Magistrados de la
Sala de Casación Laboral, no asintieron en la solicitud de amparo promovida
por el demandante, por las siguientes razones:
Como
cuestión inicial, advirtieron la falta de competencia para conocer acciones de
tutela en su contra, lo cual tiene sustento en lo consagrado en el inciso
segundo del numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, que establece
que lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia será repartido a la misma
corporación y se resolverá por la Sala de Decisión que corresponda, de
conformidad con el reglamento. En tal virtud, indican, la acción será repartida
a la Sala de Casación que siga en orden alfabético.
De
otra parte, precisaron que la función que ha sido encomendada a esa
corporación, es la de poner fin, mediante el recurso extraordinario de
casación, a materias de naturaleza civil, laboral y penal, labor que se
encuentra legitimada desde la
Constitución. En consecuencia, las decisiones dictadas como órgano cúspide de
la jurisdicción ordinaria, no pueden de manera alguna ser revocadas, anuladas o
desconocidas por ninguna autoridad, en tanto son intangibles.
Por
último, llamaron la atención de que la decisión objeto de tutela, fue dictada
con apego al ordenamiento jurídico, y aún cuando puede discreparse de la misma,
no es posible confrontarla mediante el ejercicio de la acción de tutela, en la
medida en que su ámbito de aplicación es proteger derechos fundamentales.
1.7.4.2.
Almacenes Generales de Depósito de Café S. A. (ALMACAFE)
Mediante
escrito del 14 de febrero de 2011, el apoderado judicial de ALMACAFE solicitó
que la tutela presentada por el accionante se deniegue, por considerar que (i)
la pretensión de dejar sin efectos la sentencia de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, proferida el 2 de febrero
de 2010, fue planteada previamente en este mismo escenario constitucional,
habiendo sido denegada por los jueces de tutela; (ii) la jurisdicción
disciplinaria carece de competencia para conocer del amparo deprecado por el
peticionario, en la medida en que el Decreto 1382 de 2000 establece que el
conocimiento de las acciones de tutela dirigidas contra la
Corte Suprema de Justicia, le corresponde a la misma corporación; (iii) el
demandante desconoció el requisito de la inmediatez, como presupuesto formal de
procedencia de la acción de tutela, teniendo en cuenta que han transcurrido
doce meses, aproximadamente, desde el momento en el que fue proferida la
sentencia objeto de reproche constitucional; (v) la discusión que ventiló el
accionante en el proceso ordinario, es la misma que ahora pretende trasladar a
la acción de tutela; (vi) no se configura ninguno de los defectos materiales
precisados por la jurisprudencia constitucional, siendo improcedente el
reconocimiento del derecho a la indexación de la primera mesada pensional,
únicamente porque la postura jurisprudencial de la
Corte Suprema de Justicia fue rectificada; y (vii) no se configura la supuesta
vulneración del debido proceso, por el hecho de que decisión objeto de tutela
no hubiera ordenado de manera oficiosa el reconocimiento de dicha garantía.
1.7.5.
Decisión judicial objeto de revisión
1.7.5.1.
Sentencia de primera instancia
El
Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en fallo
del 22 de febrero de 2011, declaró improcedente el amparo constitucional
iniciado por el accionante y se abstuvo de declarar la temeridad de su
actuación.
En
relación con la supuesta falta de competencia alegada por los intervinientes en
el trámite constitucional, hizo referencia a la jurisprudencia constitucional
que ha establecido la distinción entre las normas que establecen reglas de
competencia (decreto 2591 de 1991, art. 37) y administrativas de reparto
(decreto 1382 de 2000), para concluir que la petición efectuada por los
demandados no tiene vocación de prosperidad.
Para
terminar, señaló que la improcedencia de la acción constitucional radica en que
al haber sido promovida con antelación acción de tutela con el mismo objeto,
operó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, a lo que agregó el
desconocimiento del requisito de inmediatez, en tanto el amparo fue interpuesto
casi un año después de haber sido dictada la sentencia de casación.
1.7.5.2.
Impugnación
A
través de escrito del 25 de febrero de 2011, el peticionario solicitó la
revocatoria de la sentencia de primera instancia, reiterando para el efecto que
el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional, debe
realizarse a partir de los cánones establecidos en los instrumentos
internacionales precisados en la solicitud de tutela.
1.7.5.3.
Solicitud de adición
El
apoderado de ALMACAFE, en misiva del 16 de mayo de 2011, solicitó la adición de
la sentencia que declaró la improcedencia del amparo, en el sentido de imponer
las sanciones que establece la ley al accionante, por haber incurrido en
temeridad.
1.7.5.4.
Sentencia de segunda instancia
El
Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en
sentencia del 27 de abril de 2011, confirmó en su integridad la sentencia
dictada por el a quo, por considerar que (i) no se configuró la falta de
competencia alegada por los demandados, tomando en consideración los autos 124
y 198 de 2009 y la sentencia T-594 de 2009, providencias dictadas por la
Corte Constitucional, que han fijado reglas precisas de competencia en materia
de tutela; y (ii) se presentó duplicidad de acciones de tutela presentadas por
el actor, por lo que el demandante incurrió en una actuación temeraria.
II.
REVISIÓN DE LAS DECISIONES JUDICIALES POR LA
CORTE CONSTITUCIONAL
Los
expedientes de tutela fueron seleccionados y repartidos a este despacho para su
estudio. Durante el trámite de revisión, se han dictado las siguientes
providencias.
1.
Auto del 21 de octubre de 2011
La Sala Cuarta de Revisión,
decidió oficiar por la Secretaría General de esta Corporación, al Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria,
para que, remitiera copia de la acción de tutela y todos sus anexos, presentada
el segundo semestre de 2010, por el señor Rubén Darío Maya Restrepo, radicada
bajo el número 110011102000259500, con destino al expediente T-3109513. De
igual manera, dispuso la suspensión de los términos hasta tanto la
Sala reciba y evalúe las pruebas solicitadas.
2.
Auto del 31 de octubre de 2011
En
los expedientes T-3002838, T-3057617, T-3057628, T-3060206, T-3060828 y
T-3109513, el magistrado sustanciador estimó necesario conformar en debida
forma el contradictorio, razón por la cual ordenó poner en conocimiento el
contenido de las solicitudes de tutela al Seguro Social. Así mismo, que
informara si a los demandantes les fue reconocida la pensión de vejez, y en
caso positivo, que informara la fecha en la que fueron afiliados a esa
institución, las semanas cotizadas, el ingreso base de cotización (IBC) sobre
el que efectuaron los aportes, si tomó los últimos 10 años para liquidar la
pensión o la forma en la que haya realizado la liquidación.
En
el expediente T-3002838, solicitó a la misma entidad que informara si el señor
Vicente Tello Escobar se encuentra pensionado, precisando la fecha en que fue
afiliado por el Banco Central Hipotecario (BCH), las semanas cotizadas, el IBC
sobre el que hicieron los aportes y si tomó los últimos 10 años o toda la vida
laboral, para liquidar la pensión o la forma en la que haya realizado la
liquidación. En caso de ser positiva la respuesta, pidió copia del acto
administrativo. También ordenó oficiar al BCH, para que, indicara si el
accionante laboró para esa entidad entre el 16 de enero de 1949 y el 26 de
abril de 1976.
En
el expediente T-3002838, requirió al Banco Santander a fin de que allegara
información a la Sala relativa a la historia laboral del señor José Jairo Suárez
Murillo, y copia de la convención colectiva que le permitió acceder a la
pensión de jubilación. Finalmente, que indicara cuándo comenzó a realizar
aportes al Seguro Social, especificando el IBC sobre el que efectuó los aportes
a pensiones.
Finalmente,
ofició al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales, para que,
informara si las personas que a continuación aparecen relacionadas, laboraron
para la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, en los períodos anotados:
EXPEDIENTE
DEMANDANTE
LAPSO
T-3057617
Julio César Peña González
28 de abril de 1960 al 9 de agosto de 1984
T-3057628
Luis Edgardo Calvo Torres
17 de enero de 1972 al 17 de febrero de 1987
T-3060206
Luis Eduardo Niño Moreno
23 de octubre de 1976 al 27 de junio de 1999
T-3060828
José Carlos Díaz Barragán
1° de octubre de 1953 al 30 de junio de 1981
De
la misma manera, en caso de que hubiera sido reconocida a su favor la pensión
de jubilación, la Corte solicitó copia de la convención colectiva que les
permitió acceder a ese derecho, e información en la que se indique con
precisión a partir de qué momento comenzó a realizar aportes al Seguro Social,
indicando el IBC sobre el que realizó los aportes a pensiones.
3.
Auto del 22 de noviembre de 2011
Como
quiera que los informes solicitados no fueron remitidos a la
Corte, dentro del término estipulado, el Magistrado Ponente dispuso requerir a
cada una de las entidades, “teniendo en cuenta que, para dictar sentencia es
necesario obtener respuesta de las partes del proceso”[34].
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Esta
Sala de la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias
dictadas dentro de los asuntos de la referencia, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Problema jurídico
Visto
el contexto en el que se inscribe el amparo invocado, en esta oportunidad, le
corresponde a la Corte determinar si en relación con cada uno de los actores se
vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la
seguridad social y al debido proceso, por el hecho de no haberse reconocido la
indexación de sus primeras mesadas pensionales como un derecho derivado de la
Constitución Política.
Para efectos de dar respuesta al citado interrogante, la
Sala comenzará por examinar la jurisprudencia constitucional respecto de (i)
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y (ii)
el derecho a la indexación de la primera mesada pensional para, posteriormente,
analizar las circunstancias particulares de los asuntos objeto de revisión.
Antes
de entrar a abordar la solución del problema jurídico planteado, es pertinente
aclarar la competencia de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior y Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca para conocer de las acciones de tutela formuladas
dentro de los expedientes T-3057628 y T-3109513.
3.
Cuestión relativa a
la competencia de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior y Seccional de la
Judicatura para conocer de las acciones de tutela formuladas dentro de los
expedientes T-3.057.628 y T-3.109.513
Para la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca carece de competencia para pronunciarse en primera
instancia, sobre acciones de tutela contra sus providencias, pues estima que la
Constitución Política elevó a dicha corporación como máximo tribunal de la
jurisdicción ordinaria, razón por la cual ningún juez de la
República puede imponerle, cuando decide no tramitar demandas de tutela contra
providencias judiciales, un criterio interpretativo contrario a su
jurisprudencia.
La Corte se
aparta de dicho criterio, por cuanto la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior y Seccional de la
Judicatura están plenamente habilitadas para conocer de las acciones de tutela
formuladas dentro de estos asuntos, en virtud de lo dispuesto por el Auto 004
de 2004, proferido por la Sala Plena de esta corporación, mediante el cual se
decidió que cuando la Corte Suprema de Justicia se niegue a tramitar y remitir
a esta Corte los fallos relacionados con las solicitudes de amparo presentadas
contra sus propias decisiones, los demandantes, de conformidad con lo
establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, podrán acudir ante
cualquier juez, bien sea unipersonal o colegiado, incluyendo una corporación de
igual jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar la protección de
sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la actuación de una de
las salas de casación, tal y como aconteció en el caso de Rubén Darío Maya Restrepo
y Luis Edgardo Calvo Trejos.
En el
citado Auto, la Sala Plena de esta corporación se pronunció en los siguientes
términos:
“Por lo tanto, si la
Constitución Política (art. 86), el Decreto 2591 de 1991 (art. 1º), y el
Decreto Reglamentario 1382 de 2000, establecen que la tutela procede contra cualquier
autoridad pública y no solo en contra de las autoridades administrativas, y
así lo han reiterado la Corte Constitucional en sus sentencias sobre la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales por vía de hecho y el
Consejo de Estado en la sentencia anteriormente citada, es evidente que lo
resuelto por las diferentes Salas de Casación de la
Corte Suprema de Justicia al no admitir a trámite las acciones de tutela que
interponen las personas contra providencia judicial proferida por una Sala de
dicha corporación, les vulnera su derecho constitucional fundamental de acceso
a la administración de justicia (C.N., art. 229) y a obtener la tutela judicial
efectiva de sus derechos fundamentales, de conformidad con los Tratados
Internacionales (Convención Americana de Derechos Humanos, art. 25), y las
Opiniones Consultivas de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-11/90, OC-16/99).
Le corresponde por lo tanto a la
Corte Constitucional, como máximo órgano de la
Jurisdicción Constitucional, impedir que continúe la violación advertida, dado
que las solicitudes de tutela en los casos en que las diferentes Salas de
Casación de la Corte Suprema de Justicia resuelven no admitir su trámite, no
pueden quedar sin solución alguna. Pese a lo anterior, no es posible, como
regla general, que la respectiva Sala de Selección disponga lo pertinente sin
que las tutelas hubieren surtido el trámite propio de las instancias.
En estos casos entonces, con fundamento en el artículo 37 del
decreto 2591 de 1991, que dispone que son competentes para conocer de la acción
de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar
donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la
solicitud, y con el fin de que las personas logren que se pueda disponer lo
pertinente en relación con la revisión de dichas acciones de tutela, los
accionantes tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o
colegiado), incluida otra corporación de igual jerarquía, solicitando la tutela
del derecho fundamental que consideran violado. Es claro que el juez escogido
por el actor o actores no podrá suscitar conflicto de competencia con la
Corte Suprema de Justicia pues es la autoridad que ya con anterioridad ha
resuelto no admitir su trámite.
Tampoco podrá negarse la tutela respectiva con fundamento en la
temeridad o mala fe del accionante, por cuanto para estos casos, al no existir
una decisión de fondo, la vulneración sobreviniente del derecho de acceso a la
administración de justicia justifica la nueva interposición de la acción de
tutela.
Finalmente, es necesario dar un tratamiento igual a otros ciudadanos
que puedan encontrarse en la misma situación aquí advertida. Por ello, para los
casos en que exista la misma situación de vulneración del derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia y la no tutela judicial efectiva de
sus derechos fundamentales, los ciudadanos tienen el derecho de acudir ante
cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluyendo una corporación de igual
jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar mediante una acción de
tutela la protección del derecho fundamental que consideran violado con la
actuación de una Sala de casación de la
Corte Suprema de Justicia.”
Posteriormente, a través del
Auto 100 de 2008, precisó:
“Debido a la efectiva conculcación de los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial
efectiva de los accionantes que puede tener lugar en casos similares al
estudiado en la presente decisión, en el cual a pesar que el peticionario hizo
uso de la regla fijada en el Auto 04 de 2004 y ante la negativa de la
Corte Suprema de Justicia a admitir la acción instaurada acudió ante otras
autoridades judiciales las cuales tampoco avocaron el conocimiento de la
petición presentada, en adelante, cuando se presente una situación semejante en
la cual la Corte Suprema de Justicia no admita a trámite una acción de tutela
contra una de sus providencias, el tutelante tendrá la opción de
(i)
acudir a la regla fijada
en el Auto 04 del 3 de febrero de 2004, es decir, presentar la acción de tutela
ante cualquier juez (unipersonal o colegiado) o incluso ante una corporación
judicial de la misma jerarquía de la
Corte Suprema de Justicia; o
(ii)
solicitar ante la
Secretaría General de la
Corte Constitucional, que radique para selección la decisión proferida por la
Corte Suprema de Justicia en la cual se concluyó que la acción de tutela era
absolutamente improcedente, con el fin de que surta el trámite fijado en las
normas correspondientes al proceso de selección. Para este efecto, el
interesado adjuntará a la acción de tutela, la providencia donde se plasmó la
decisión que la tutela era absolutamente improcedente, así como la providencia
objeto de la acción de tutela.”
En ese orden de ideas, considera
esta Corte, que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior y
Seccional de la Judicatura sí tenían competencia para conocer de las solicitudes
de tutela que tramitaron en algunos de los procesos aquí demandados.
4. Procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Reiteración jurisprudencial
La posibilidad de controvertir las decisiones
judiciales mediante el ejercicio de la acción de tutela, ha sido objeto de un
amplio proceso de elaboración jurisprudencial por parte de este tribunal, tanto
por vía de control concreto de constitucionalidad, como a través del control
abstracto. Bajo esta premisa, se ha concluido que la acción de tutela contra
providencias judiciales constituye un mecanismo idóneo y eficaz para garantizar
la primacía, prevalencia y efectividad de los derechos constitucionales
fundamentales, cuya realización es uno de los pilares esenciales del Estado Social
y Democrático de Derecho[35].
No obstante, la propia jurisprudencia constitucional
ha precisado que el ejercicio de la acción de tutela, a fin de controvertir las
decisiones judiciales, tiene, en todo caso, un carácter excepcional y
restrictivo. Lo anterior, en razón de la necesidad de respetar el principio de
cosa juzgada y de preservar la seguridad jurídica, la autonomía e independencia
de la actividad jurisdiccional del Estado, así como el sometimiento general de
los conflictos a las competencias ordinarias de cada juez.
Sobre el particular, ha dicho la
Corte que, “los jueces,
como las demás autoridades del Estado, han sido instituidos para garantizar a
todas las personas sus derechos y garantías constitucionales, razón por la cual
todas sus actuaciones ‘constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y
realización de los derechos fundamentales’[36], sometidas al
principio de legalidad, es decir, al imperio de la
Constitución y la ley. Por encontrarse sometidas al imperio de la
Constitución y la ley, las decisiones de las autoridades judiciales son
autónomas e independientes, libres de cualquier injerencia por parte de otra
autoridad, y se encuentran amparadas por el alcance de la cosa juzgada, que
conlleva que una vez agotado el trámite procesal, las mismas adquieran firmeza,
no pudiendo ser nuevamente revisadas, generando de este modo seguridad jurídica
al ordenamiento”.[37]
Así mismo, ha sostenido que, dada la
naturaleza supletiva de la acción constitucional, la misma no puede ser
empleada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los
establecidos en el ordenamiento jurídico para la defensa de los derechos de
manera preferente, porque su ejercicio, no tiene como finalidad reemplazar los
mecanismos ordinarios o especiales y, menos aun, pretermitir los procedimientos
que dentro de éstos se han establecido para controvertir las decisiones que se
adopten[38].
Bajo este contexto, el carácter excepcional y
restrictivo al que se ha hecho referencia, permite afirmar que solo procederá
la acción de tutela contra providencias judiciales, “en aquellos eventos en
que se establezca una actuación del juzgador, manifiestamente contraria al
orden jurídico y violatoria de derechos fundamentales, en especial, de los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En
estos casos, el control en sede de amparo constitucional se justifica, toda vez
que los pronunciamientos judiciales que no se ajustan a las reglas
preestablecidas, y que afectan de forma indebida los derechos fundamentales,
constituyen en realidad una desfiguración de la actividad judicial, que termina
por deslegitimar la autoridad confiada al juez para administrar justicia, y que
debe ser declarada constitucionalmente para dar primacía al derecho sustancial
y salvaguardar los derechos fundamentales de los administrados”[39].
Así las cosas, para la
Corte, la procedencia excepcional de la acción constitucional contra
providencias judiciales adquiere fundamento y se justifica, en la necesidad de
hallar un equilibrio que permita armonizar principios constitucionales como el
de seguridad jurídica y autonomía judicial con el deber de protección efectiva
de los derechos fundamentales, cuando se advierta que éstos son amenazados o
vulnerados por la actuación de las autoridades judiciales al dirimir los
asuntos de su competencia.
Por lo anterior, desde sus inicios, esta Corporación
ha venido consolidando una abundante doctrina jurisprudencial, en relación con
los eventos y condiciones que deben cumplirse para que sea posible controvertir
las decisiones judiciales por vía de la acción constitucional, de manera
excepcional. Así en la Sentencia C-590 de 2005, proferida con fundamento en los
precedentes recogidos a partir de la
Sentencia C-543 de 1992, y varias veces reiterada, la
Corte diferenció entre requisitos generales y causales específicas para su
procedencia.
En relación con los primeros, conocidos también como
requisitos formales, indicó que son aquellos presupuestos cuya observancia
forzosa es condición necesaria para que el juez constitucional pueda entrar a
valorar de fondo el asunto puesto en su conocimiento. Respecto de los segundos,
llamados requisitos materiales, indicó que corresponden, específicamente, a los
vicios o defectos en los que incurre el fallo judicial y que constituyen la
fuente de vulneración de los derechos fundamentales[40].
Así, de conformidad con la mencionada providencia,
para que un fallo proferido por cualquier juez de la
República pueda ser objeto de cuestionamiento a través del ejercicio de la
acción de tutela, se necesario que cumpla los requisitos generales que a
continuación se exponen:
“a. Que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones[41]. En consecuencia, el
juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[42].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[43].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aun años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[44]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión
de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de
tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el
litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[45]. Esta exigencia es comprensible pues, sin
que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de
tutela[46]. Esto por cuanto los debates sobre la
protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un
riguroso proceso de selección ante esta corporación, proceso en virtud del cual
las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas”[47]
(Negrilla fuera del
texto original).
Observados los anteriores requisitos, el juez de
tutela debe verificar, en el caso particular y concreto, si se configura
cualquiera de las causales específicas de procedibilidad o defectos materiales
señalados por la jurisprudencia constitucional. Los mismos han sido reiterados
recientemente por esta Sala de Revisión, en las Sentencias T-018 de 2011, T-973
de 2011 y T-1086 de 2012 así:
“a. Defecto orgánico. El cual se configura cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente,
de competencia para ello. Dicho en otras palabras, tal defecto se estructura en
los eventos en que la decisión cuestionada vía tutela, ha sido proferida por un
operador jurídico jurídicamente incompetente.
b. Defecto procedimental absoluto. Que se origina cuando el juez ha actuado
completamente al margen del procedimiento establecido, es decir, cuando este se
aparta abiertamente y sin justificación válida, de la normatividad procesal que
era aplicable al caso concreto. Sobre este defecto, ha expresado la
Corte, que al ignorar
completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez termina dictando
una sentencia contraria a derecho, arbitraria, que vulnera derechos
fundamentales. No obstante, también la jurisprudencia ha precisado que para
configurar el defecto, el desconocimiento del procedimiento debe atender a los
siguientes requisitos: (i) debe ser un error trascendente y manifiesto, que
afecte de manera grave el derecho al debido proceso y tenga a su vez una
influencia directa en la decisión de fondo adoptada; y (ii) y que la
deficiencia no resulte atribuible al afectado.
Así, por ejemplo, la
Corte ha encontrado que se configura un defecto procedimental, en los
siguientes casos: (i) cuando se deja de notificar una decisión judicial a raíz
de lo cual la parte pierde arbitrariamente la oportunidad de controvertir dicha
decisión. Sin embargo, si la falta de notificación no tiene efectos procesales
importantes, o si se deriva de un error del afectado, o si la misma no produjo
verdaderamente un efecto real, lo cual puede ocurrir porque el afectado tuvo
oportunidad de conocer el acto por otros medios, no procederá la tutela; (ii)
cuando existe una dilación injustificada, tanto en la adopción de decisiones
como en el cumplimiento de las mismas por parte del juez; cuando la autoridad
judicial pretermite la recepción y el debate de unas pruebas cuya práctica
previamente había sido ordenada; y (iii) cuando resulta evidente que una
decisión condenatoria en materia penal, se produjo como consecuencia de una
clara deficiencia en la defensa técnica, siempre que sea imputable al Estado.
c. Defecto fáctico. Este surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión. Se estructura, entonces, siempre que existan fallas
sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias
del proceso. Según esta Corporación, el fundamento de la intervención del juez
de tutela por deficiencias probatorias en el proceso, radica en que, no
obstante las amplias facultades
discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el análisis del material
probatorio, este debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica,
es decir, con base en criterios objetivos y racionales. En ese contexto, La
Corte ha explicado que las deficiencias probatorias pueden generarse como
consecuencia de: (i) una omisión
judicial, como puede ser la falta de práctica y decreto de pruebas conducentes
al caso debatido, presentándose una insuficiencia probatoria; (ii) o por vía de
una acción positiva, como puede ser la errada interpretación de las pruebas
allegadas al proceso, o la valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho
o que son totalmente inconducentes al caso concreto, presentándose, en el
primer caso, un defecto por interpretación errónea, y en el segundo, un defecto
por ineptitud e ilegalidad de la prueba.
En punto a los fundamentos y al margen de intervención
que tiene el juez de tutela para configurar la ocurrencia de un defecto
fáctico, la Corte ha fijado los siguientes criterios de aplicación:
-
La intervención del juez de tutela,
frente al manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter
extremadamente reducido. El respeto por el principio de autonomía judicial y el
principio del juez natural, impiden que en sede de tutela se lleve a cabo un
examen exhaustivo del material probatorio.
-
Las diferencias de valoración
que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni
calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y
razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios
de la sana critica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que
mejor se ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus
funciones, no solo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el
principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de
asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la
valoración de las pruebas realizadas por aquel es razonable y legítima.
-
Para que la acción de tutela pueda
proceder por error fáctico, ‘[e]l
error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto’[48].
d. Defecto sustantivo o material. Se presenta cuando la decisión judicial
adoptada por el juez, desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen, al sustentarse aquella en disposiciones
claramente inaplicables al caso concreto. Sobre el particular, esta Corporación
ha sostenido, que cuando una decisión judicial se soporta en una norma jurídica
manifiestamente equivocada, que la excluye del marco de la juridicidad y de la
hermenéutica, aquella pasa a ser una simple manifestación de arbitrariedad, que
debe dejarse sin efectos, para lo cual la acción de tutela pasa a ser el
mecanismo idóneo y apropiado. Al respecto, ha explicado la
Corte que tal situación de arbitrariedad se presenta cuando se aplica: (i) una norma inexistente; (ii) o que ha sido derogada
o declarada inexequible; (iii) o que estando vigente, resulta inconstitucional
frente al caso concreto y el funcionario se haya abstenido de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad; (iv) o que estando vigente y siendo
constitucional, la misma es incompatible con la materia objeto de definición
judicial.
f. Error inducido o por consecuencia. Tiene lugar, en los casos en que el juez
o tribunal ha sido víctima de un engaño por parte de terceros, y ese engaño lo
conduce a la adopción de una decisión que afecta derechos fundamentales. En
estos eventos, la providencia judicial se soporta en hechos o situaciones en
cuya realización participan personas obligadas a colaborar con la
administración de justicia -autoridades o particulares-, y cuyo manejo
irregular induce en error al funcionario judicial, con grave perjuicio para los
derechos fundamentales de alguna de las partes o de terceros.
g. En una decisión sin motivación. Se configura frente al incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones, en el entendido que, precisamente, en tal motivación reposa
la legitimidad de su órbita funcional y, por tanto, de las providencias que les
competen proferir.
h. En desconocimiento del precedente judicial.
Se presenta en aquellos casos en los cuales la autoridad judicial, a través de
sus pronunciamientos, se aparta del precedente jurisprudencial que le resulta
aplicable al caso, sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación jurídica
que justifique tal cambio de jurisprudencia. Ocurre, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Se
presenta igualmente, cuando el juez del proceso ignora el alcance de una ley,
fijado por la Corte Constitucional con efectos erga omnes.
i. En violación directa de la
Constitución. La misma tiene lugar, entre otros eventos, cuando, amparada en la discrecionalidad interpretativa, la decisión judicial
se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados
amparados por la Carta Política.”[49]
De las consideraciones precedentes, se colige que la
acción de tutela, como mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, procede excepcionalmente para controvertir el sentido y alcance
de las decisiones judiciales, siempre que (i) se observen los requisitos
generales de procedibilidad, (ii) se evidencie que la providencia
cuestionada incurrió en una o varias de las causales específicas, y (iii)
se determine que el vicio o defecto es de tal trascendencia que lleva a la
amenaza o la vulneración de derechos fundamentales.
5. La indexación de la primera mesada pensional como un derecho
constitucional de carácter universal. Reiteración jurisprudencial
La
indexación de la primera mesada pensional ha sido un tema profusamente
desarrollado en la jurisprudencia de este tribunal, no solo en el ámbito de
revisión de las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de
los derechos constitucionales, sino también, en el ejercicio del control de
constitucionalidad, que han tratado el tema desde la relevancia constitucional
hasta la existencia de mecanismos que permitan mantener la capacidad
adquisitiva de las pensiones.
En
efecto, la
Corte ha señalado que, de conformidad con el mandato establecido en los
artículos 48 y 53 de la
Constitución Política, la indexación de la primera mesada pensional es un
procedimiento cuya finalidad es evitar el deterioro o pérdida del valor
adquisitivo de las pensiones, en aquellas situaciones en las que el trabajador,
aun con anterioridad a la vigencia del Sistema General de Pensiones establecido
en la Ley 100 de 1993 y con independencia del régimen pensional al que
pertenecía, cumplía con el requisito de tiempo de servicios para acceder a la
pensión de vejez y, con posterioridad, alcanzaba la edad requerida para
consolidar tal derecho[50].
Una de aquellas situaciones se presenta
en los trabajadores particulares no afiliados al Instituto de Seguros Sociales
-ISS-, que se pensionaban conforme con lo dispuesto por el numeral 2° del
artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo -vigente antes de la expedición
de la Ley 100 de 1993-, pues éstos no tenían derecho a que se indexara su
primera mesada pensional porque no existía una disposición legal que así lo
autorizara.
De acuerdo con el numeral 1º del artículo
260 del referido ordenamiento, el trabajador que prestara sus servicios a “una misma empresa (…), que llegue o haya llegado a los
cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años
si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos,
anteriores o posteriores a la vigencia de este Código, tiene derecho a una
pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión de vejez, equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el
último año de servicio.”
Así mismo, en el numeral 2º del mismo artículo se
dispuso que “el trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin
haber cumplido la edad expresada tiene derecho a la pensión al llegar a dicha
edad, siempre que haya cumplido el requisito de los veinte (20) años de
servicio.”
La aplicación del numeral 2º del citado artículo 260
del CST, implicaba un inconveniente para quienes se retiraban de sus labores
una vez cumplido el requisito de tiempo de servicio, pero no el de la edad de
jubilación. Por ello, al momento de la consolidación de su derecho veían
mermado el monto de su pensión, con respecto al último salario devengado, como
consecuencia de que no existía norma legal que permitiera actualizar su primera
mesada pensional.
Así las cosas, si el trabajador se retiraba o era
retirado del servicio habiendo cumplido el requisito de tiempo y no el de edad,
tenía derecho al reconocimiento de la pensión únicamente cuando cumpliera el requisito
faltante. Así, la mesada correspondía nominalmente al último salario devengado
al momento de retirarse del servicio, pero cuando cumplía el requisito de edad,
esta cifra resultaba ostensiblemente menor en términos reales a la última
recibida, por causa atribuible, generalmente, a la pérdida del valor
adquisitivo de las unidades monetarias. No obstante, en estas situaciones, la
norma mencionada no preveía la posibilidad de indexar el valor de la primera
mesada pensional. La actualización del valor correspondiente a la primera
mesada se hacía necesaria por efecto de la inflación registrada en el período
comprendido desde la fecha de retiro del servicio y el reconocimiento de la
pensión, lo cual ocasionaba una pérdida de su poder adquisitivo. Por tanto, la
primera mesada pensional correspondía a un valor real menor al que recibía años
atrás por concepto de salario.
Frente a este evento, desde el año 1982, la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia venía adoptando el criterio jurisprudencial según el
cual, la indexación de la primera mesada pensional es procedente “cuando el
cálculo pertinente se basa en un salario antiguo y por lo mismo envilecido, que
ha perdido su poder adquisitivo al punto de que la pensión se reduciría a la
mínima legal, no obstante que el salario, en su momento, superaba en varias
veces ese mínimo”[51].
Esa línea interpretativa fue extendida no solo en relación con la pensión
prevista en el artículo 260 del CST, sino también respecto de la pensión
sanción y las pensiones convencionales.
Sin embargo, en el año 1999, la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia modificó su postura frente a este tema y sostuvo que
la indexación de la primera mesada pensional no tiene alcance general y
únicamente opera tratándose de pensiones reconocidas a partir de la
Constitución de 1991 porque fue en dicho ordenamiento que se introdujo la
única base de liquidación pensional[52].
La modificación en la línea
jurisprudencial consolidada por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, sobre el particular, suscitó numerosas acciones de
tutela cuyo conocimiento, en sede de revisión, fue asumido por la
Corte Constitucional.
Así, en las sentencias SU-120 de 2003
y C-862 de 2006, y en la reciente sentencia de unificación  de
jurisprudencia SU-1073 de 2012, citando solo algunos de los más
importantes pronunciamientos sobre la materia, se concluyó que el derecho a la
indexación de la primera mesada pensional es una manifestación de diversos
postulados constitucionales, tales como el principio de Estado Social de Derecho, de igualdad, de dignidad
humana y de in dubio pro operario, de los cuales se deduce el derecho constitucional de
los pensionados a mantener el poder adquisitivo de sus pensiones, conforme fue
reconocido en los artículos 48 y 53 de la
Constitución Política.
Acorde con lo anterior, el derecho a mantener el poder
adquisitivo de las pensiones no se circunscribe a la actualización de las
mesadas pensionales una vez han sido reconocidas por la entidad competente, sino
que también incluye la actualización del salario base para la liquidación de la
primera mesada pensional.
Igualmente, este tribunal concluyó que la indexación
de la primera mesada pensional está relacionada, de manera intrínseca, con la
garantía del derecho al mínimo vital de las personas de la tercera edad, por
cuanto permite a los pensionados recibir un ingreso mensual justo y
actualizado, con el cual satisfacer sus necesidades más elementales y las de su
familia, ante el impacto económico que genera la inflación.
Bajo este contexto, la jurisprudencia
constitucional ha reconocido el carácter
universal del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, de tal
suerte que no puede ser entendido como una garantía exclusiva de cierta
categoría de pensionados, como quiera que una diferenciación en este sentido no
cuenta con fundamento constitucional y comporta un trato discriminatorio.
En esta medida, la indexación de la primera mesada
pensional se aplica a las pensiones reconocidas en cualquier tiempo y
cualquiera que sea su naturaleza, de modo tal que es indiferente si fueron
reconocidas con base en normas que no consagraban el referido beneficio
(pensiones causadas antes de la Constitución de 1991), o si son de origen
legal, convencional o sanción, como quiera que el carácter constitucional de
este derecho impone la obligación a todos los operadores jurídicos de aplicarla
de manera directa y, en tal sentido, indexar las mesadas pensionales con el fin
de corregir las lesiones que el transcurso del tiempo y el efecto de la
inflación puedan reflejarse en la capacidad adquisitiva y al mínimo vital de
los pensionados.
Sobre el particular, en la sentencia C-862 de 2006,
reiterada  recientemente en las sentencias T-183 de 2012, T-374 de 2012 y
SU-1073 de 2012, la Corte se pronunció en los siguientes términos:
“El derecho a la actualización de la mesada pensional
no puede ser reconocido exclusivamente a determinadas categorías de
pensionados, porque un trato diferenciado de esta naturaleza carecería de
justificación constitucional, y se torna por tanto en un trato discriminatorio.
En efecto, desde la perspectiva constitucional resulta insostenible la tesis
que la actualización de las pensiones es un derecho constitucional del cual
solo son titulares aquellos pensionados que el Legislador determine, precisamente
porque tal postura acarrearía la vulneración de los restantes principios a los
que se ha hecho mención y de los derechos fundamentales de aquellas personas
excluidas del goce de la actualización periódica de sus pensiones. Si bien el
derecho a la actualización de la mesada pensional surge en virtud de lo que la
doctrina ha denominado el proceso de especificación en el reconocimiento de los
derechos, de manera tal que su titularidad se reserva a un determinada
categoría de sujetos –los pensionados- dentro de tal categoría su titularidad
ha de ser universal, y por lo tanto exclusiones derivadas del tránsito
legislativo carecen de justificación”.
Ahora bien, respecto de la manera cómo
debe efectuarse la indexación de la primera mesada pensional por causa de la
pérdida de su valor adquisitivo, en el período comprendido entre la fecha de
retiro del servicio y el reconocimiento de la pensión, esta coproración adoptó
una fórmula que, ajustada a los criterios
de justicia, equidad y a los principios generales del derecho laboral, permite
una verdadera actualización de la base de liquidación de la primera mesada
pensional, de tal manera que se mantenga el poder adquisitivo de las pensiones.
Así, dispuso que en estos casos, debe darse aplicación
a la fórmula que a continuación se expone, de acuerdo con los lineamientos que
el Consejo de Estado ha empleado en relación con la actualización de
obligaciones y condenas de contenido dinerario.
“La suma insoluta o dejada de pagar, será objeto de
ajuste al valor, desde la fecha en que se dejó de pagar hasta la notificación
de esta sentencia, dando aplicación a la siguiente fórmula:
R=   Rh    índice final
índice inicial
Donde el valor presente de la condena (R) se determina
multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de pagar al pensionado,
por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor
vigente a la fecha de notificación de esta sentencia,  entre el índice
inicial, que es el vigente al causarse cada mesada pensional.
Por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, la
entidad demandada aplicará la fórmula separadamente, mes por mes, empezando por
la primera mesada pensional que devengó el actor sin actualizar, y para los demás
emolumentos (primas), teniendo en cuenta que el índice aplicable es el vigente
al causarse cada una de las prestaciones.[53]”
Bajo
este contexto, el criterio vigente en la jurisprudencia constitucional se
dirige a que el derecho a la indexación de la primera mesada pensional, es una
garantía constitucional que se deriva del contenido normativo de los artículos
48 y 53 de la Carta Política, normas que elevan a rango constitucional el
derecho al reajuste periódico de las pensiones, así como de la interpretación
sistemática de otros mandatos superiores que coadyuvan a ese propósito. Dicha
prerrogativa no solo se predica de los pensionados que adquirieron tal status
en vigencia de la Constitución de 1991, sino también respecto de aquellos que
consolidaron ese derecho con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma,
cualquiera que sea la naturaleza de la prestación. Lo anterior, sobre la base
del carácter universal del derecho a la indexación de la primera mesada
pensional, el cual se explica en la concepción de que las consecuencias del
fenómeno inflacionario afectan a todos los pensionados por igual[54].
A continuación, pasará la
Sala a abordar el estudio de los casos concretos. Si la acción de tutela se
dirige contra providencias judiciales, verificará en primer lugar, si se
cumplen en su totalidad los requisitos generales de procedencia de la misma que
habilitan al juez constitucional para efectuar un análisis de fondo de los
hechos materia de controversia y, en segundo término, si se configura
cualquiera de las causales específicas de procedibilidad o defectos materiales
anteriormente enunciados para así determinar si se justifica que se adopten
medidas de protección de los derechos fundamentales invocados por los
demandantes.
6.
Análisis de los casos concretos
6.1.
Expediente T-3.002.838
Como
quedó expuesto, el señor José Jairo Suárez Murillo, presentó acción de tutela
contra el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral y el Banco
Comercial Antioqueño S. A., ulteriormente Banco Santander S. A., a fin de que
sean amparados sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y
remuneración vital y móvil.
El
demandante prestó sus servicios como empleado en el Banco Comercial Antioqueño
S. A., posteriormente Banco Santander S. A., desde el 14 de diciembre de 1956
hasta el 2 de mayo de 1977, percibiendo como ingreso mensual la suma de $
9.413¨, para el momento de su retiro. Dicha entidad, le reconoció su pensión de
jubilación a partir del 14 de enero de 1994, en la suma de $ 98.700¨, que era
el salario mínimo legal mensual vigente para la época, desconociendo que para
el momento de su desvinculación percibía alrededor de 5.3 veces el salario
mínimo legal.
En
tal virtud, señala, solicitó ante la jurisdicción ordinaria laboral la
indexación de la suma recibida como promedio salarial al momento de la
terminación del contrato laboral, “con el porcentaje causado desde mayo de
1977 hasta el mes de enero de 1994”, con el propósito de acceder al 75% de
la pensión a la que tiene derecho.
El
Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del 7 de
septiembre de 1999, como el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, en fallo del 12 de noviembre de
1999, absolvieron a la citada entidad financiera al considerar que el pago de
la mesada pensional solamente se hizo exigible hasta el momento en el que
cumplió 55 años de edad.
Como
se mencionó en la parte general de esta providencia, la acción de tutela, como
mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, procede
excepcionalmente para controvertir el sentido de las decisiones judiciales,
siempre que (i) se cumplan los requisitos generales de procedibilidad, (ii)
se advierta que la providencia cuestionada incurrió en una o varias de las
causales específicas, y (iii) se determine que el vicio o defecto es de
tal trascendencia que conlleva la amenaza o la vulneración de derechos
fundamentales.[55]
De
conformidad con lo expuesto, en primer lugar, se tendrá que analizar la
procedencia de la presente acción de tutela, teniendo en cuenta los requisitos
generales de procedibilidad de la misma los cuales habilitan al juez
constitucional para realizar un análisis de fondo de los hechos materia de
discusión.
Partiendo del primer test de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, encuentra la
Sala que en el presente asunto, se cumplen en su totalidad los requisitos
generales de procedencia de la misma.
En efecto, se evidencia que la cuestión que se discute
(i) resulta de indudable relevancia constitucional, toda vez que
se persigue la protección efectiva de los derechos fundamentales al mínimo
vital y a la seguridad de una persona de la tercera edad, que, ante la falta de
la debida actualización de sus mesadas pensionales, el ingreso que actualmente
perciben resulta insuficiente para satisfacer dignamente sus necesidades
personales y las de su familia; (ii) en este caso el accionante
cumplió con el requisito de subsidiariedad exigido para que la acción de tutela
sea procedente, pues, aun cuando no presentó recurso extraordinario de casación
contra la sentencia proferida por la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota el 12 de
noviembre de 1999, frente al derecho a la indexación de la primera
mesada pensional, sólo desde el año 2009 la
Corte Suprema de Justicia reconoció el derecho a la indexación de forma
amplia, para las pensiones legales, las pensiones convencionales y la pensión
sanción. Por consiguiente, el único recurso judicial efectivo al alcance del
demandante es la interposición de la presente acción de tutela, pues es claro
que le hubiese resultado infructuoso haber interpuesto recurso extraordinario
de casación contra la sentencia proferida por el mencionado tribunal; (iii)
en relación con el cumplimiento del requisito de la inmediatez, si bien es
cierto no se acudió oportunamente a la acción constitucional, ha de destacarse
que la protección impetrada recae sobre derechos imprescriptibles cuya
vulneración no ha cesado y se basa en hechos nuevos derivados del cambio
jurisprudencial en materia de indexación de la primera mesada pensional; (iv)
el peticionario identificó claramente los hechos que, a su juicio, generaron la
vulneración alegada y los derechos fundamentales presuntamente infringidos,
aspectos que fueron abordados en el proceso ordinario laboral; (v)
finalmente, es claro que las providencias objeto de reproche no corresponden a
un fallo de tutela.
Ahora
bien, resuelto el punto de la procedibilidad de la presente acción de tutela,
compete dilucidar si los hechos que se han puesto de presente en ésta,
encuadran en alguna o varias de las causales específicas de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
En
el presente asunto, se observa que las autoridades judiciales demandas, al
resolver en primera y segunda instancia el proceso ordinario laboral promovido
por el actor, desestimaron la pretensión de indexación de su primera mesada
pensional, al considerar que para la fecha en que le fue reconocida la pensión
de jubilación, es decir, el 14 de enero de 1994, no había entrado en vigencia la
Ley 100 de 1993, que establecía mecanismos de actualización del salario base
para liquidar pensiones.
Como ya se indicó en la parte considerativa de esta
providencia, el defecto material por violación directa de la constitución
que habilita la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, se configura, entre otros eventos, cuando, amparada en la discrecionalidad
interpretativa, la decisión judicial desconoce, de forma específica, postulados
de la Carta Política y se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales
de los asociados. En otras palabras, se presenta cuando “(i) se deja de
aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, o (ii) [se] aplica
la ley al margen de los dictados de la Constitución”[56].
A este respecto, cabe señalar que “el actual modelo
de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos
superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación
directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los
particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una decisión judicial
pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica
indebida e irrazonablemente tales postulados” [57].
Así
pues, importante es reiterar que en materia de indexación de la primera mesada
pensional, los artículos 48 y 53 de la Carta, elevan a rango constitucional el
derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, el cual, no se limita
a la actualización de las mesadas pensionales una vez han sido reconocidas por
la entidad competente, sino que también comprende la actualización del salario
base para la liquidación de la primera mesada pensional.
Esta corporación, interpretando el alcance de dichos
mandatos superiores, ha
reconocido el carácter universal del
derecho a la indexación de la primera mesada pensional y, en esa medida, ha
precisado que se extiende a todas las categorías de pensionados, cualquiera que
sea la naturaleza de la prestación, pues sostener lo contrario implicaría un
trato discriminatorio, carente de justificación razonable. Por tanto, la
indexación de la primera mesada pensional es una garantía constitucional que se
predica respecto de pensiones reconocidas en cualquier tiempo (antes y después
de la Constitución de 1991), sin importar si son de naturaleza legal,
convencional o de cualquier otro tipo, pues se entiende que el fenómeno
inflacionario afecta a todos los pensionados por igual.
Así
las cosas, concluye la Sala que las decisiones proferidas por el Juzgado Décimo
Laboral del Circuito de Medellín y la
Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, en
el asunto objeto del presente pronunciamiento, adolecen de un defecto material
por violación directa de la Constitución, al no haberse aplicado el mandato
contenido en los artículos 48 y 53 de la
Carta Política, conforme con el alcance fijado por la jurisprudencia
constitucional, frente a la pretensión de indexación de la primera mesada
pensional formulada por el actor en el respectivo proceso ordinario laboral.
Por si lo anterior no fuera suficiente para conceder
el amparo invocado en la presente causa, las decisiones judiciales que en esta
oportunidad se cuestionan también se enmarcan en lo que la jurisprudencia
constitucional ha denominado defecto material por desconocimiento del
precedente judicial. Sobre este particular, cabe destacar que se origina en aquellos casos en los cuales la
autoridad judicial, a través de sus pronunciamientos, se aparta del precedente
jurisprudencial que le resulta aplicable al caso, sin ofrecer un mínimo
razonable de argumentación jurídica que justifique tal cambio de
jurisprudencia. Ello ocurre, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance.
Tal
y como se indicó en la parte considerativa de esta providencia, a través de las
Sentencias SU-120 de 2003 y C-862 de 2006, la
Corte fijó el sentido y alcance del derecho constitucional a la indexación de
la primera mesada pensional. Por tal razón, una decisión proferida por la
jurisdicción ordinaria laboral no podía limitar o desconocer, como lo hicieron
los jueces de instancia en el presente caso, el alcance de tal derecho,
apartándose del precedente jurisprudencial que resulta aplicable a dichos
asuntos, sin incurrir en violación del derecho fundamental al debido proceso y,
como tal, en una causal de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
La
exigencia de acatar los precedentes constitucionales, entendidos como reglas
judiciales emanadas de la interpretación de una norma superior para la solución
de un caso concreto, cumple funciones de carácter
fundamental en los ordenamientos jurídicos, incluso en los sistemas de derecho
legislado como el colombiano[58].
De una parte, “se dirige a (i) suplir elementales consideraciones de
seguridad jurídica y de coherencia del sistema jurídico y, por otra, a (ii)
impedir una caprichosa variación de los criterios de interpretación que ponga
en riesgo la libertad individual, así como la estabilidad de los contratos y de
las transacciones económicas, pues las personas quedan sometidas a los
cambiantes criterios de las autoridades judiciales, con lo cual ellas
difícilmente pueden programar autónomamente sus actividades. También va
encaminada a (iii) asegurar la vigencia del principio de igualdad, puesto que
no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo
juez”[59].
En
virtud de las consideraciones precedentes y encontrándose plenamente acreditada
la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a
la seguridad social y al debido proceso de José Jairo Suárez Murillo, con
ocasión de las decisiones judiciales proferidas por el Juzgado Décimo Laboral
del Circuito de Medellín y la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal
Superior de la misma ciudad, para efectos de la decisión que ha de proferirse
en la presente causa, la Corte procederá de la siguiente manera:
En
primer lugar, revocará el fallo de tutela proferido
por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, dentro del expediente T-3.002.838 y, en su
lugar, tutelará los derechos fundamentales invocados por José Jairo Suárez
Murillo.
En segundo término, dejará sin efectos las sentencias
dictadas por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín y la
Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad,
dentro del proceso ordinario laboral que promovió contra el Banco Santander de
Colombia S.A. y, en consecuencia, ordenará al Representante Legal del Banco
Santander de Colombia S.A. o, quien
haga sus veces, que, en el término de diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación de la presente providencia, proceda a indexar el monto
de la primera mesada pensional reconocida a José Jairo Suárez Murillo, de
conformidad con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, en particular, aplicando la fórmula adoptada en la
Sentencia T-098 de 2005.
Para efectos de la decisión adoptada en el presente
asunto, la Corte aclarará que el reajuste resultante del aumento de las mesadas
pensionales se aplicará hacia el futuro, reconociéndose el pago retroactivo del
mayor valor que resulte únicamente de las mesadas pensionales correspondientes
a los tres (3) años anteriores a la fecha de expedición de esta sentencia.
Ello, conforme con los lineamientos expuestos en la sentencia SU-1073 del 12 de
diciembre de 2012.
6.2. Expediente
T-3.049.442
El
señor Vicente Tello Escobar, de 88 años de edad, presentó acción de tutela
contra el Banco Central Hipotecario (BCH) en liquidación o Previsora de
Seguros, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Instituto de Seguro
Social ISS, en aras de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso administrativo, a la seguridad social, a la igualdad y  a la
vida digna, que considera vulnerados por las entidades accionadas al negarse a
efectuar la indexación pensional.
El
accionante, actuando a través de apoderado judicial, manifiesta que laboró, de
manera ininterrumpida, en el Banco Central Hipotecario durante los periodos
comprendidos entre 19 de enero de 1949 y el 26 de abril de 1976, fecha en la
cual le fue reconocida su pensión de jubilación con un salario base de
cotización $15.552.83, la cual fue pagada en su totalidad por el empleador.
Seguidamente,
señaló que al cumplir los 60 años de edad, el Banco Central Hipotecario
compartió el pago de su pensión con el Seguro Social-ISS- y, a partir de ese
momento, le cedió el 41.21% del pago pensional quedando a su cargo el 58.79%
restante. En tal virtud, el Instituto de Seguro Social ISS, mediante Resolución
No. 02036, de 27 de octubre de 1987, le reconoció, a partir del 11 de
septiembre de 1985, su pensión de vejez.
Destaca
el actor que la primera mesada pensional, le fue reconocida por el monto de
$12.417.62 suma equivalente a 7.96 veces el valor del salario mínimo legal
mensual vigente para el año 1976[60]
y que, a la fecha de presentación de la tutela, su pensión semeja $1.686.430
correspondiente a 3.14 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año
2011[61].
Al
respecto, el accionante advierte que a la fecha el pago de su mesada pensional
se realiza de la siguiente manera:
-
$1.103.966 pagados por el Banco
Central Hipotecario en liquidación, a través del Instituto de Seguro Social
ISS, en razón a un contrato de conmutación celebrado entre las partes y,
-
$582.464 pagados por el Instituto
de Seguro Social por reconocimiento de pensión de vejez.
Inconforme
con su mesada pensional, el actor instauró proceso ordinario laboral contra las
entidades accionadas, demanda que le correspondió en primera instancia al
Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que,
mediante sentencia proferida el 8 de agosto de 2003, decidió absolver a la
parte pasiva de todas las pretensiones. A su vez, la
Sala Laboral del Tribunal Superior del mismo Distrito Judicial, al resolver la
alzada, decidió, mediante providencia de 19 de marzo de 2004, confirmar en
todas su partes la sentencia apelada.
En
desacuerdo con las decisiones judiciales, el actor promovió acción de tutela
con mirar a obtener el ajuste de su mesada pensional de conformidad con el
mismo promedio de salarios mínimos legales mensuales vigentes que le fueron
reconocidos originalmente, en su pensión de jubilación, por el Banco Central
Hipotecario en liquidación.
Al
respecto, considera la Sala oportuno señalar que las pretensiones esbozadas en
el mecanismo de amparo fueron negadas por la
Sala Penal del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia de 3 de febrero de
2011, decisión que fue confirmada por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del
6 abril de la misma anualidad.
Expuesta
las circunstancias fácticas del caso concreto, procede la
Sala Cuarta de revisión a determinar si la acción de tutela instaurada por el
señor Vicente Tello Escobar es procedente, para efectos de obtener el
reconocimiento de la indexación.
En
ese orden de ideas, esta Sala de Revisión estima que en el caso sub examine se
configuran los presupuestos necesarios para la procedencia de la acción de
tutela, ello en consideración a las razones que a continuación se exponen.
Frente
a lo expuesto, es pertinente aclarar que en el presente caso, efectivamente, se
agotó el mecanismo ordinario de defensa judicial con que contaba el actor ante
la jurisdicción ordinaria laborar, no obstante, es necesario advertir que si
bien es cierto que no cabe por vía de la tutela controvertir asuntos
previamente definidos a través de otros mecanismos judiciales, no es menos
cierto que, en el caso bajo estudio, la solicitud de amparo se sustenta en la
afectación actual de derechos fundamentales, en la medida en que subsiste una
disyuntiva entre el contenido de las decisiones judiciales y la
Constitución, como consecuencia del no reconocimiento de la indexación. Lo
anterior, pone de presente que la acción de tutela incoada por el señor Vicente
Tello Escobar cumple con el principio de subsidiaridad constituyéndose entonces
en el medio judicial idóneo para reconocer sus prerrogativas.
De
tal manera que, no obstante que la controversia planteada fue decidida en su
momento por los jueces laborales mediante providencias que, en principio, no
son susceptibles de revisión por vía de al acción de tutela, el efecto de
dichas decisiones todavía se proyecta sobre la cuantía de una prestación que es
actual y cuyo deterioro en el tiempo supone un problema jurídico de relevancia
constitucional[62].
Aunado
a lo anterior, esta Sala reitera la situación particular del actor, pues se
trata de una persona de 88 años que, por su avanzada edad, requiere de un trato
especial constitucional y que, además, tiene a su cargo a su esposa de 80 años
quien depende económicamente de él y no cuentan con ningún otro ingreso del que
puedan derivar su sustento.
Por
otra parte, considera esta Sala que en el caso sub examine no es de
recibo el argumento de falta de inmediatez en el ejercicio de la acción de
tutela toda vez que, tal y como quedó expuesto en las consideraciones generales
de esta providencia, el requisito de inmediatez no resulta exigible en
tratándose de reconocimiento del derecho a la indexación, pues es de tener en
cuenta que en él se reclama el poder adquisitivo de una prestación económica
periódica, cuyo incumplimiento ha sido prolongado en el transcurso del tiempo.
Una
vez determinada la procedencia de la acción de tutela, entra la
Sala Cuarta de Revisión a establecer si el Banco Central Hipotecario (BCH) en
liquidación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Instituto de
Seguro Social ISS, vulneraron los derechos fundamentales del accionante al
negarle la prestación que considera le asiste.
Al
respecto, es preciso tener en cuenta que la vulneración se predica, no a partir
de lo ya decidido en la jurisdicción ordinaria laboral, sino en el hecho de que
se produjo una evolución jurisprudencial que supuso el cambio de la realidad
objetiva en relación con el reconocimiento de la indexación de la primera
mesada pensional.
Así
las cosas, procede la Sala a resaltar que en materia de indexación, los
artículo 48 y 53 superiores elevaron a rango constitucional el derecho a
mantener el poder adquisitivo de las pensiones, el cual comprende la
actualización de la primera mesada pensional.
En
tal virtud, la Corte Constitucional, al reconocer el carácter universal del
derecho a la indexación, ha señalado que esta es una garantía constitucional
que se predica respecto de pensiones reconocidas en cualquier tiempo (antes y
después de la constitución de 1991), independientemente de si son de naturaleza
legal, convencional o de cualquier otro tipo, pues se entiende que el fenómeno
inflacionario afecta a todos los pensionado por igual y, por ende, sostener lo
contrario configuraría un trato discriminatorio.
Tal
y como se indicó en la parte considerativa de esta providencia, a través de las
Sentencias SU-120 de 2003 y C-862 de 2006, la
Corte fijó el sentido y alcance del derecho constitucional a la indexación de
la primera mesada pensional. Por tal razón, esta Sala estima que la decisiones
adoptadas por las entidades accionadas de negar el reconocimiento de la
indexación, vulnera los derechos fundamentales del accionante, pues no es de
recibo que las entidades encargadas de pagar la pensión compartida se aparten
de los lineamientos  jurisprudenciales que se han fijado en torno a las
pretensiones esbozadas en el mecanismo de amparo.
En
este orden de ideas, se concluye que las entidades accionadas, incumplieron el
deber de aplicar la interpretación que la
Corte ha hecho  del derecho constitucional a la indexación. Así pues, teniendo
en cuenta que el precedente constitucional constituye una fuente obligatoria de
derecho, esta Sala evidencia que deberá el Banco Central Hipotecario, quien
conmutó la pensión del accionante con el Instituto de Seguro Social ISS,
indexar la mesada pensional.
En
virtud de las consideraciones precedentes y encontrándose plenamente acreditada
la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a
la seguridad social y al debido proceso de Vicente Tello Escobar, con ocasión
de la negativa de las entidades demandadas de indexar su primera mesada
pensional, para efectos de la decisión que ha de proferirse en la presente
causa, la Corte procederá de la siguiente manera:
En
primer lugar, revocará el fallo de tutela proferido
por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, dentro del expediente
T-3.049.442 y, en su lugar, tutelará los derechos fundamentales
invocados por Vicente Tello Escobar.
En
segundo Término, Ordenará al representante legal del Banco Central Hipotecario
en liquidación o, a quien haya asumido su pasivo que, en el término de diez
(10) días hábiles,  proceda a indexar las mesadas pensionales que esa entidad
le reconoció, el 24 de abril de 1976, al señor Vicente Tello Escobar, de
conformidad con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, aplicando la fórmula adoptada en la
Sentencia T-098 de 2005.
Para
efectos de la decisión adoptada en el presente asunto, la
Corte aclarará que el reajuste resultante del aumento de las mesadas
pensionales se aplicará hacia el futuro, reconociéndose el pago retroactivo del
mayor valor que resulte deducido de lo que viene recibiendo del Seguro Social
únicamente de las mesadas pensionales correspondientes a los tres (3) años
anteriores a la fecha de expedición de esta sentencia. Ello, conforme con los
lineamientos expuestos en la sentencia SU-1073 del 12 de diciembre de 2012.
6.3.
EXPEDIENTE T-3.057.617
Como
quedó expuesto, el señor Julio César Peña González solicita la protección de
sus garantías fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad
social y al debido proceso, las cuales considera vulneradas con ocasión de la
providencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, el 4 de mayo de 2010, dentro del proceso ordinario laboral por el
promovido contra la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en Liquidación,
actualmente representada por el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales
de Colombia.
El
actor, de sesenta y un años de edad, actuando a través de apoderado judicial,
manifiesta que laboró en la caja de crédito accionada, durante el periodo
comprendido entre el 28 de abril de 1960 y el 9 de agosto de 1984, momento en
el que percibía un salario mensual de $73.601,54, equivalente a más de 6,51
veces el salario mínimo legal mensual para tal fecha, el cual ascendía a
$11.298.
Mediante
Resolución Nº 017 del 24 de enero de 1986 y de conformidad con la convención
colectiva vigente, la entidad demandada le reconoció la pensión de jubilación
convencional, a partir del 3 de enero de 1986, fecha en la que cumplió la edad
requerida (47 años de edad), en cuantía de $55.201.16, monto que equivalía al
75% de un promedio de $73.601.54 y a 3.2 veces el salario mínimo legal mensual
vigente.
Seguidamente,
señaló que durante los meses de diciembre de 2004 y enero de 2005, le mesada
reconocida le fue reajustada a veinte pensionados que se encontraba en las
mismas condiciones suyas.
En
tal virtud, indica que promovió proceso ordinario laboral contra la caja de
crédito en mención, demanda que le correspondió al Juzgado Tercero Laboral de
Descongestión del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que el 31 de diciembre
de 2007, absolvió a la parte pasiva de todas las pretensiones. Al conocer en
apelación de esa sentencia, la misma fue confirmada en todas sus partes por la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 13 de
marzo de 2009.
En
ese orden de ideas, el señor Peña González instauró recurso de casación ante la
Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Corporación que mediante providencia
del 4 de mayo de 2010 desestimó sus pretensiones y resolvió no casar la
sentencia proferida por el ad quem al considerarla acorde con la línea
jurisprudencial desarrollada por el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria,
en el sentido de considerar inviable la indexación de la primera mesada
pensional cuando esta se causa antes de la vigencia de la
Constitución de 1991.
Inconforme
con la anterior decisión, el actor promovió acción de tutela con miras a que se
ajustara el valor de su primera mesada pensional, aplicando al salario promedio
devengado al momento del retiro el valor de la devaluación monetaria causada,
cimentando su solicitud en que la providencia en discusión, proferida por la
autoridad judicial accionada, constituye una vía de hecho por defecto
sustantivo, toda vez que basó su decisión en normas claramente inaplicables.
Al
respecto, resulta imperioso anotar que la acción tuitiva fue resuelta de manera
adversa por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia el 14 de septiembre de 2010, decisión frente a la
cual se presentó recurso de impugnación, resuelto mediante sentencia del 20 de
octubre de 2010 proferida por la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia, la cual declaró la nulidad de todo lo actuado y la
rechazó de plano.
Por
tal motivo, el actor presentó nuevamente acción de tutela el 26 de enero de
2011, cuyo conocimiento fue avocado por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, autoridad que
en cumplimiento de lo dispuesto por la
Corte Constitucional en Auto del 3 de febrero de 2004 (Auto 100), mediante
sentencia del 9 de febrero de 2011 resolvió declarar improcedente el mecanismo
tutelar por haber sido desatendido el requisito de inmediatez.
Inconforme
con lo anterior, presentó recurso de impugnación arguyendo que la
jurisprudencia constitucional ha señalado que el requisito de inmediatez no es
aplicable en tratándose de reconocimiento del derecho a la indexación de la
primera mesada pensional.
Finalmente,
el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria,
mediante sentencia del 9 de marzo de 2011, revocó el fallo impugnado y en su
lugar negó la tutela, con fundamento en que aun cuando no se desatendió el
requisito de inmediatez, la circunstancia que el accionante disienta de las
razones jurídicas esgrimidas en la sentencia materia de discusión, no implica per
se que la decisión sea ilegal o arbitraria, pues lo resuelto por la
Corte Suprema de Justicia es producto del ponderado y juicioso análisis de los
presupuestos de la ley.
Como
se mencionó en la parte general de esta providencia, la acción de tutela, como
mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, procede
excepcionalmente para controvertir el sentido de las decisiones judiciales,
siempre que (i) se cumplan los requisitos generales de procedibilidad, (ii)
se advierta que la providencia cuestionada incurrió en una o varias de las
causales específicas, y (iii) se determine que el vicio o defecto es de
tal trascendencia que conlleva la amenaza o la vulneración de derechos
fundamentales.
De
conformidad con lo expuesto, en primer lugar se tendrá que analizar la
procedencia de la presente acción de tutela, teniendo en cuenta los requisitos
generales de procedibilidad de la misma los cuales habilitan al juez
constitucional para realizar un análisis de fondo de los hechos materia de
discusión.
Partiendo
del primer test de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, esta Sala de Revisión, estima que en el caso sub examine se
configuran los requisitos necesarios para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales por las razones que a continuación se exponen.
Se evidencia que la cuestión que se discute (i)
resulta de indudable relevancia constitucional, toda vez que se persigue la
protección efectiva de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la
seguridad de una persona de la tercera edad, que, ante la falta de la debida
actualización de sus mesadas pensionales, el ingreso que actualmente perciben
resulta insuficiente para satisfacer dignamente sus necesidades personales y
las de su familia; (ii) el actor agotó todos los medios ordinarios
y extraordinarios de defensa judicial que tenía a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales, de ahí que lo que en esta oportunidad se
cuestione sea, precisamente, el hecho de que se haya desestimado el recurso
extraordinario de casación formulado ante la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia; (iii) en relación con el cumplimiento
del requisito de la inmediatez, si bien es cierto no se acudió oportunamente a
la acción constitucional, ha de destacarse que la protección impetrada recae
sobre derechos imprescriptibles cuya vulneración no ha cesado y se basa en
hechos nuevos derivados del cambio jurisprudencial en materia de indexación de
la primera mesada pensional; (iv) el peticionario identificó
claramente los hechos que, a su juicio, generaron la vulneración alegada y los
derechos fundamentales presuntamente infringidos, aspectos que fueron abordados
en el proceso ordinario laboral; (v) finalmente, es claro que las
providencias objeto de reproche no corresponden a un fallo de tutela.
Ahora
bien, resuelto el punto de la procedibilidad de la presente acción de tutela,
compete dilucidar si los hechos que se han puesto de presente en ésta,
encuadran en alguna o varias de las causales específicas de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
Respecto
a la vía de hecho invocada, esta Sala de Revisión estima que sí se constituyó,
toda vez que se configuró el defecto material por violación directa de la
Constitución, pues la decisión adoptada por la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, se cimentó en la posición jurídica sostenida por
dicha Corporación, según la cual, al haber sido reconocida  la pensión con
anterioridad a la entrada en vigencia de la
Constitución de 1991, la indexación de la primera mesada pensional resulta
improcedente, pues fue a partir de dicho momento que se consagró el derecho
constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada,
tesis que no es de recibo para esta Corporación.
Aunado
a lo anterior, es de tener en cuenta que la
Corte Constitucional ha sido reiterativa al sostener que el defecto material
por violación directa de la Constitución que torna procedente el mecanismo
tutelar contra providencias judiciales, se configura, entre otros eventos,
cuando se deja de aplicar una disposición iusfundamental a un caso
concreto o se aplica la ley al margen de los dictados de la
Constitución .
Así
las cosas, es de resaltar que en materia de indexación de la primera mesada
pensional, los artículos 48 y 53 superiores elevaron a rango constitucional el
derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, el cual comprende
incluso la actualización del salario base para la liquidación de la primera
mesada pensional.
En
tal virtud, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, al reconocer el
carácter universal del derecho a la indexación de la primera mesada pensional,
ha señalado que esta es una garantía
constitucional que se predica respecto de pensiones reconocidas en cualquier
tiempo (antes y después de la Constitución de 1991), independientemente de si
son de naturaleza legal, convencional o de cualquier otro tipo, pues se
entiende que el fenómeno inflacionario afecta a todos los pensionados por igual
y, por ende, sostener lo contrario configuraría un trato discriminatorio
injustificable.
En
consonancia con lo anterior, esta sala de revisión estima que la decisión
proferida por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, adolece de un defecto material por violación
directa de la Constitución, al desconocer el mandato consagrado en los artículos
48 y 53 superiores, conforme con el alcance fijado por la jurisprudencia
constitucional, frente a la pretensión de indexación de la primera mesada
pensional formulada por el señor Julio César Peña González.
De
igual manera, resulta imperioso destacar que la sentencia objeto de censura
también adolece de un defecto material por desconocimiento del precedente
judicial, por cuanto la autoridad demandada se apartó de lo reiterado por la
Corte Constitucional en diversos pronunciamientos, entre ellos, en las
Sentencias SU-120 de 2003 y C-862 de 2006, en los cuales fijó el sentido y
alcance del derecho constitucional a la indexación de la primera mesada
pensional. Por tal motivo, no es de recibo que la decisión de la
Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, limite o desconozca el alcance de tal
derecho, apartándose del precedente jurisprudencial que resulta aplicable a
dicho asunto, transgrediendo así con su actuar la garantía fundamental al
debido proceso del accionante y, por ende, resultando procedente la acción de
tutela, máxime si se tiene en cuenta que es deber del juez ordinario acatar los
precedentes constitucionales, pues estos constituyen reglas judiciales emanadas
de la interpretación de una norma superior para la solución de un caso
concreto, que propenden a garantizar los principios de seguridad jurídica e
igualdad e impedir la arbitrariedad de las autoridades judiciales.
En
virtud de las consideraciones precedentes y encontrándose plenamente acreditada
la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a
la seguridad social y al debido proceso de Julio César Peña González, con
ocasión de la decisión judicial proferida por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, para efectos de la
decisión que ha de proferirse en la presente causa, la
Corte procederá de la siguiente manera:
En
primer lugar, revocará el fallo de tutela proferido
por el Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, dentro del expediente T-3057617 y, en su lugar, tutelará los
derechos fundamentales invocados por Julio César Peña González.
En
segundo término, dejará sin efectos la sentencia dictada por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, dentro del proceso
ordinario laboral promovido contra la Caja de Crédito Agrario Industrial y
Minero y, en consecuencia, ordenará al Representante Legal del mencionado fondo
o, quien haga sus veces que, en el
término de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la presente
providencia, proceda a indexar el monto de la primera mesada
pensional reconocida a Julio César Peña González, de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular, aplicando la fórmula
adoptada en la Sentencia T-098 de 2005.
Para efectos de la decisión adoptada en el presente
asunto, la Corte aclarará que el reajuste resultante del aumento de las mesadas
pensionales se aplicará hacia el futuro, reconociéndose el pago retroactivo del
mayor valor que resulte únicamente de las mesadas pensionales correspondientes
a los tres (3) años anteriores a la fecha de expedición de esta sentencia.
Ello, conforme con los lineamientos expuestos en la sentencia SU-1073 del 12 de
diciembre de 2012.
6.4. Expediente T- 3.057.628
El
señor Luis Edgardo Calvo Trejos, actuando por intermedio de abogado, interpuso
acción de tutela con el objetivo de que le sean protegidos los derechos
fundamentales a la vida, a la salud, a la igualdad, al libre desarrollo de la
personalidad, al trabajo, al debido proceso, a la protección especial de las
personas de la tercera edad, a la seguridad social, a los derechos adquiridos
de los trabajadores y al pago oportuno de las mesadas, presuntamente vulnerados
por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia y el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, al no acceder a la indexación de la primera mesada
pensional.
El
accionante trabajó en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, desde el
17 de enero de 1972 hasta el 17 de febrero de 1987, para un total de 15 años y
30 días, devengando como último salario $56.609, valor que equivalía a 2.7
salarios mínimos mensuales[63].
Mediante Resolución No. 02460 del 28 de abril de 2003, le fue reconocida una
pensión, por orden judicial, a partir del 10 de abril de 2002,
a cargo de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.
En
esa medida, la primera mesada pensional pagada fue por valor de $309.000, monto
inferior al 75% de los salarios mínimos mensuales vigentes para el momento de
su retiro y, que para el momento del reconocimiento, equivalía a un salario
mínimo.
Ante
el panorama descrito, el actor instauró demanda laboral contra la
Caja Agraria, en la que solicitó la indexación de la primera mesada. Dicho
proceso fue conocido por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá, el
cual mediante sentencia del 23 de mayo de 2008, absolvió a la entidad
accionada. Dicha decisión fue apelada por el actor y mediante providencia del
27 de febrero de 2009, el Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá,
resolvió confirmar el fallo del a quo, salvo el numeral segundo el cual
revocó.[64]
Ante
la negativa de las autoridades judiciales, el señor Calvo Trejos, presentó
recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, quien mediante sentencia del 20 de abril de 2010, decidió no casar la
providencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá del 27 de
febrero de 2009.
Posteriormente,
el 28 de junio de 2010, el accionante interpuso acción de tutela ante la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en la cual atacaba los
fallos proferidos por las autoridades judiciales dentro del proceso ordinario
laboral. El 13 de julio de 2010, dicha acción fue fallada de manera negativa,
por lo cual el señor Calvo la impugnó correspondiendo su decisión a la
Sala de Casación Civil de la misma corporación, quien a través de la
providencia del 13 de agosto de 2010, declaró la nulidad de todo lo actuado
desde el auto admisorio y dispuso no admitirla a trámite.
Como
consecuencia de ello, el actor acudió nuevamente al mecanismo de amparo
constitucional, esta vez interpuesto ante el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, quien concedió el amparo y ordenó la indexación de
la primera mesada pensional, no obstante, dicha decisión fue impugnada y
decidida por el Consejo Superior de la
Judicatura, el cual revocó la decisión del a quo.
Como
se mencionó en la parte general de esta providencia, la acción de tutela, como
mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, procede
excepcionalmente para controvertir el sentido de las decisiones judiciales, siempre
que (i) se cumplan los requisitos generales de procedibilidad, (ii)
se advierta que la providencia cuestionada incurrió en una o varias de las
causales específicas, y (iii) se determine que el vicio o defecto es de
tal trascendencia que conlleva la amenaza o la vulneración de derechos
fundamentales.
En
ese sentido, en primer lugar se tendrá que analizar la procedencia de la
presente acción de tutela, teniendo en cuenta los requisitos generales de
procedibilidad de la misma los cuales habilitan al juez constitucional para
realizar un análisis de fondo de los hechos materia de discusión.
Así,
se observa que la cuestión que plantea el actor (i) resulta de
indudable relevancia constitucional, toda vez que se persigue la protección
efectiva de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad de una
persona de la tercera edad, que, ante la falta de la debida actualización de su
mesada pensional, el ingreso que actualmente percibe resulta insuficiente para
satisfacer dignamente sus necesidades personales y las de su familia; (ii)
el actor agotó los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial que
tenía a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales, de ahí que
lo que en esta oportunidad se cuestione sea, precisamente, el hecho de que se
haya desestimado el recurso extraordinario de casación formulado ante la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia; (iii) así mismo, se cumple con el
requisito de inmediatez, toda vez que la acción de tutela fue presentada dentro
de un término razonable, luego de haberse desestimado el recurso extraordinario
de casación por parte de la autoridad judicial demandada; (iv)
adicionalmente, el señor Calvo Trejos identificó claramente los hechos que, a
su juicio, generaron la vulneración alegada y los derechos fundamentales
presuntamente infringidos, aspectos que, a su vez, fueron abordados en el
proceso ordinario laboral; (v) finalmente, es evidente que las
providencias objeto de censura no corresponden a un fallo de tutela.
Ahora
bien, resuelto el punto de la procedibilidad de la presente acción de tutela,
compete dilucidar si los hechos que se han puesto de presente en ésta,
encuadran en alguna o varias de las causales específicas de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
Dentro de la situación fáctica expuesta la decisión proferida por la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, se fundamentó en que la indexación de la primera
mesada pensional no es procedente toda vez que se trata de una pensión
reconocida con anterioridad a la promulgación de la
Constitución de 1991 y, en ese sentido, fue a partir de ese momento que se
consagró expresamente en los artículo 48 y 53 de dicho ordenamiento, el derecho
constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada
pensional.[65]
Para
lo que interesa a la presente causa, resulta imperioso recordar, que la
Corte, en relación con el defecto material por violación directa de la
constitución que habilita la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, ha señalado que se configura, entre otros eventos, cuando, amparada en la
discrecionalidad interpretativa, la decisión judicial desconoce, de forma
específica, postulados de la Carta Política y se desborda en perjuicio de los
derechos fundamentales de los asociados. En otras palabras, se presenta cuando ‘(i)
se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, o (ii)
[se] aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución’[66].
En
esa medida, esta corporación ha reiterado que en materia de indexación de la
primera mesada pensional, los artículos 48 y 53 de la
Carta, elevan a rango constitucional el derecho a mantener el poder
adquisitivo de las pensiones, el cual, no se limita a la actualización de las
mesadas pensionales una vez han sido reconocidas por la entidad competente, sino
que también comprende la actualización del salario base para la liquidación de
la primera mesada pensional.
Esta
corporación a través de su jurisprudencia ha reconocido el
carácter universal del derecho a la indexación de la primera mesada pensional
y, en esa medida, ha precisado que se extiende a todas las categorías de
pensionados, cualquiera que sea la naturaleza de la prestación, pues sostener
algo diferente conllevaría un trato discriminatorio. Por tanto, la indexación
de la primera mesada pensional es una garantía constitucional que se pregona
respecto de pensiones reconocidas en cualquier tiempo (antes y después de la
Constitución de 1991), sin importar si son de naturaleza legal, convencional o
de cualquier otro tipo, pues se entiende que el fenómeno inflacionario afecta a
todos los pensionados por igual.
En
consecuencia, esta Sala observa que las decisiones proferidas por Sala de
Casación Laboral de la Corte de Justicia en el presente asunto, adolece de un
defecto material por violación directa de la
Constitución, al no haberse aplicado el mandato contenido en los artículos 48
y 53 de la Carta Política, conforme con el alcance fijado por la jurisprudencia
constitucional, frente a la pretensión de indexación de la primera mesada
pensional formulada por el actor en el respectivo proceso ordinario laboral.
Adicionalmente
a lo expuesto, esta Sala encuentra que las decisiones judiciales demandadas,
desconocen el precedente constitucional emanado por esta corporación en las
Sentencias SU-120 de 2003 y C-862 de 2006, en las que se fijó el sentido y
alcance del derecho constitucional a la indexación de la primera mesada
pensional, sin ofrecer un
mínimo razonable de argumentación jurídica que justifique tal cambio por parte
de los jueces.
En
síntesis, esta Sala encuentra que las decisiones atacadas a través de la acción
de tutela interpuesta por el señor Luis Edgardo Calvo Trejos, adolecen de un
defecto material por violación directa de la
Constitución y por desconocer el precedente jurisprudencial dispuesto por esta
corporación, específicamente en las sentencias SU-120 de 2003 y C-862 de 2006.
En
virtud de las consideraciones precedentes y encontrándose plenamente acreditada
la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a
la seguridad social y al debido proceso de Luis Edgardo Calvo Trejos, con
ocasión de la decisión judicial proferida por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral para efectos de la
decisión que ha de proferirse en la presente causa, la
Corte procederá de la siguiente manera:
En
primer lugar, revocará el fallo de tutela proferido
por el Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, dentro del expediente T-3057628 y, en su lugar, tutelará los
derechos fundamentales invocados por Luis Edgardo Calvo Trejos.
En segundo término, dejará sin efectos la sentencia
dictada por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso ordinario laboral que promovió
el señor Luis Edgardo Calvo Trejos  contra la
Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, y, en consecuencia, ordenará al
Director General del Fondo de Pasivo
Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia o, quien haga sus veces, entidad
responsable del Patrimonio Autónomo Público de la
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero -en liquidación-, que, en el
término de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la presente
providencia, proceda a emitir un acto administrativo, en el cual se indexe el monto
de la primera mesada pensional reconocida a Luis Edgardo Calvo Trejos de
conformidad con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, en particular, aplicando la fórmula adoptada en la
Sentencia T-098 de 2005.
Para efectos de la decisión adoptada, el reajuste
resultante del aumento de la mesada pensional se aplicará hacia el futuro,
reconociéndose el pago retroactivo del mayor valor resultante únicamente de las
mesadas pensionales correspondientes a los tres (3) años anteriores a la fecha
de expedición de esta sentencia. Ello, conforme con los lineamientos expuestos
en la sentencia SU-1073 del 12 de diciembre de 2012.
6.5.
Expediente T-3.060.206
Tal y como se expuso en los antecedentes de esta
providencia, el señor Luis Eduardo Niño Moreno solicita la protección de sus
derechos fundamentales a la dignidad humana, solidaridad, vida, mínimo vital,
trabajo en condiciones dignas, pago oportuno de las pensiones, petición y
seguridad social, presuntamente vulnerados por el Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia y el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, al no indexar la pensión convencional que le fue reconocida.
Afirma que laboró para la
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero durante el periodo comprendido
entre el 23 de octubre de 1976 y el 27 de junio de 1999 haciéndose acreedor a
la pensión de jubilación consagrada en el artículo 41[67] de la convención
colectiva de trabajo, por el tiempo de servicios, la cual le sería reconocida
cuando cumpliera 55 años de edad.
Al respecto, el artículo 9 del Decreto 2721 de 2008
dispone que “mientras se implementa la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, que tendrá a su cargo el
reconocimiento de las pensiones y la administración de la nomina de pensionados
de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en Liquidación, el Fondo del
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, reconocerá las pensiones
que estaban a cargo de la Caja Agraria en Liquidación…”
En virtud de lo anterior, el 4 de agosto de 2009, el
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, mediante
Resolución No. 2211, reconoció a favor del accionante la pensión de jubilación
convencional debidamente indexada por un valor de $ 1.612.797,
a partir del 19 de marzo del mismo año, sin embargo, sujetó el pago de los
valores reconocidos hasta cuando la
Dirección de Regulación Económica de Seguridad Social del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público apruebe y realice el análisis y los ajustes
necesarios al calculo actuarial individual aplicado.
En varias oportunidades, el señor Luis Eduardo Niño
Moreno ha solicitado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Fondo de
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia el pago de la mesada
pensional indexada, sin que hasta el momento haya encontrado solución a su
requerimiento, pues desde su reconocimiento solo recibe el valor de dicha
prestación sin indexar y con descuentos de seguridad social, para un total de $
789.648.
El actor de cincuenta y nueve años de edad, manifiesta
que tiene a cargo a su esposa y a sus hijos, además que su única fuente de
ingresos es la pensión de jubilación convencional.
El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales
de Colombia aduce que en virtud del Decreto 2721 de 2008 no le corresponde
pagar sino reconocer las pensiones que estaban a cargo de la
Caja Agraria, es por ello, que una vez se le reconoció al accionante la
pensión de jubilación convencional, la entidad remitió el calculo actuarial al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el objeto de que se aprobara la
reserva y por consiguiente el pago de la mesada indexada a través del Consorcio
Fopep.
El 21 de junio de 2010, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público no aprobó el cálculo actuarial de las indexaciones reconocidas
por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia mediante
vía administrativa, dentro de las cuales está la del accionante, al considerar
que “no se encuentra claro el fundamento para que está indexación se haya
realizado por vía administrativa y pueda ser pagada con recursos del FOPEP, en
la medida en que se trata de pensiones convencionales respecto de las cuales no
estaba prevista la indexación en la convención respectiva”.
En desacuerdo con lo anterior, el señor Luis Eduardo
Niño Moreno promovió acción de tutela con el fin de que se indexe el valor de
su pensión de jubilación convencional, la cual conoció, en primera instancia,
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Civil, que
mediante sentencia proferida el 15 de febrero de 2011, recurrida, concedió el
amparo solicitado, al advertir que no existe la menor duda sobre la titularidad
del derecho reclamado por cuanto el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia reconoció la pensión de jubilación convencional indexada
al accionante.
Por su parte, la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, al resolver la impugnación,
en sentencia de 24 de marzo de 2011, decidió revocar íntegramente el
pronunciamiento del a quo, al considerar que el accionante cuenta con
otros mecanismos judiciales para la defensa de sus derechos.
La Corte Constitucional al
interpretar de forma sistemática los preceptos previstos en el preámbulo y en
los artículos 1°, 25, 48 y 53 de la
Constitución Política se ha pronunciado,
sobre el carácter constitucional del derecho al mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones, una de cuyas manifestaciones más importantes es
el derecho a obtener su actualización.
Así, por ejemplo, en sentencia SU-1073 de 2012, el
máximo órgano de la jurisdicción constitucional, señaló “La indexación se constituye en uno de los instrumentos
para hacer frente a los efectos de la inflación en el campo de las obligaciones dinerarias[68], es decir,
de aquellas que deben satisfacerse mediante el pago de una cantidad de moneda
determinada -entre las que se cuentan por supuesto, las obligaciones laborales.
Lo anterior, en la medida en que la inflación produce una pérdida de la
capacidad adquisitiva de la moneda. Tal actualización se lleva a cabo mediante
distintos mecanismos, los cuales permiten la revisión y corrección periódica de
las prestaciones debidas, uno de los cuales es la indexación”.
Aunado a lo anterior, el alto tribunal en sentencia C-862 de
2006 determinó que el derecho a la indexación de la primera mesada pensional es
universal, por cuanto este beneficio se debe aplicar a las pensiones
reconocidas en cualquier tiempo y sin que importe su origen, sea éste
convencional o legal,
toda vez que el fenómeno de pérdida de poder adquisitivo que es consecuencia de
la inflación, afecta por igual a todos los jubilados.
En ese orden de ideas, advierte la
Sala que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público desconoce la referida
jurisprudencia constitucional y vulnera el derecho fundamental del accionante a
que su pensión de jubilación convencional sea indexada.
En
virtud de las consideraciones precedentes y encontrándose plenamente acreditada
la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a
la seguridad social y al debido proceso de Eduardo Niño Moreno, con ocasión de
la negativa de las entidades demandadas de indexar su primera mesada pensional,
para efectos de la decisión que ha de proferirse en la presente causa, la
Corte procederá de la siguiente manera:
En
primer lugar, revocará el fallo de tutela proferido
por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, dentro del expediente
T-3.060.206 y, en su lugar, tutelará los derechos fundamentales
invocados por Eduardo Niño Moreno.
En
segundo término, Ordenará al señor Ministro
de Hacienda y Crédito Público que, en el término de diez (10) días hábiles siguientes
a la notificación de la presente providencia, proceda a impartir aprobación al
calculo actuarial referente a la indexación de la pensión de jubilación
convencional reconocida al señor Luis Eduardo Niño Moreno por el Fondo de
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, mediante Resolución No.
2211 de 4 de agosto de 2009, así mismo, proceda a autorizar a la respectiva
entidad pagadora, el desembolso de la mesada indexada y del retroactivo a que
haya lugar
Para
efectos de la decisión adoptada en el presente asunto, la
Corte aclarará que el reajuste resultante del aumento de la mesada pensional
se aplicará hacia el futuro, reconociéndose el pago retroactivo del mayor valor
resultante únicamente de las mesadas pensionales correspondientes a los tres
(3) años anteriores a la fecha de expedición de esta sentencia. Ello, conforme
con los lineamientos expuestos en la sentencia SU-1073 del 12 de diciembre de
2012.
6.6.
Expediente T-3.060.828
El
señor José Carlos Díaz Barragán, adquirió el estatus de pensionado mediante
Resolución No. 3591 del 8 de agosto de 1985, luego de que prestara sus
servicios a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, hasta el 30 de
junio de 1981, fecha en la cual decidió retirarse de manera voluntaria del
servicio.
Sin
embargo, el accionante se encontró inconforme con el valor asignado,
percibiendo en el año 2011, la suma de $663.548, por cuanto su salario, en el
último cargo desempeñado, equivalía a seis punto seis (6.6) salarios mínimos de
la época y, por consiguiente, solicitó la indexación de su primera mesada
pensional, teniendo en cuenta que, con el tiempo transcurrido entre el momento
en que dejó de prestar sus servicios a la entidad y el día en que le fue
reconocida su prestación económica, aunado al fenómeno inflacionario, se le
afectó, según sostuvo, su poder adquisitivo, y se le generó un perjuicio
irremediable a su mínimo vital.
En
ese sentido, solicitó a la entidad demandada la indexación o actualización de
su mesada pensional, la cual no prosperó y lo obligó a recurrir ante la
jurisdicción ordinaria laboral en el año 2001, con el propósito de que le fuera
reconocida la actualización de su mesada pensional, derecho que le fue denegado
en primera y segunda instancia, en aplicación al pronunciamiento emitido por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, expuesto en la sentencia
del 18 de agosto de 1999 (Exp No. 11818), en la que se asumió una postura ambigua
a la que se venía acogiendo en relación con las solicitudes de indexación y, en
la que se indicó, que no es viable acceder al amparo de tales pretensiones
cuando: (i) el derecho se hizo exigible con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 y (ii) cuando surgió de un acuerdo
voluntario entre las partes en el que no se consagró ninguna forma de
corrección monetaria. Circunstancias que se configuraban en el caso particular
del actor y que hacían nugatoria su solicitud. Contra la anterior decisión no
interpuso el recurso extraordinario de casación, como quiera que, para la época
era evidente y conocido que no iban a prosperar sus pretensiones y, por el
contrario, sería condenado en costas.
No
obstante, a pesar de la negativa mencionada y con ocasión a la permanente
afectación de sus garantías fundamentales y al pronunciamiento de la
Corte Constitucional contenido en la sentencia SU-120 de 2003[69], solicitó nuevamente,
por vía judicial, la corrección monetaria de su primera mesada pensional,
demanda que le correspondió conocer al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de
Bogotá, toda vez que en su sentir, en la precitada providencia la corte aclara el
alcance del derecho a la indexación y, además, le brinda el soporte necesario
para controvertir los argumentos que, en su momento, le sirvieron de base a los
jueces ordinarios para que le negaran su solicitud. Petición que no tuvo
acogida por parte de los referidos operadores jurídicos, por cuanto
consideraron que en el presente caso se había presentado una cosa juzgada,
figura jurídica que a su vez decretó probada el fallador mediante sentencia del
4 de julio de 2008.
Decisión
contra la cual, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el 20 de agosto de 2009,
confirmando la decisión del a quo, sentencia que fue objeto del recurso
extraordinario de casación ante la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, cuerpo colegiado que mediante sentencia No. 43.773
del 21 de septiembre de 2010, no casó la decisión, postura que considera
transgrede su derecho al debido proceso, pues, a su juicio, se incurre en una
vía de hecho, por cuanto (i) no dio aplicación al precedente
jurisprudencial de la Corte Constitucional contenido en la
Sentencia SU-120 de 2003, que permitía desvirtuar los argumentos aludidos en
el proceso ordinario laboral que había adelantado y que servían de sustento
para decretar la cosa juzgada y, (ii) con su decisión se quebrantan y se
violan de manera directa los postulados constitucionales que le reconocen el
derecho pretendido.
Situación
que lo llevó a presentar la actual demanda de tutela, el 23 de marzo de 2011,
con el propósito de que se deje sin efectos la sentencia proferida por la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, el 21 de septiembre de 2010, que no accedió a la
indexación de la primera mesada pensional en el trámite del recurso
extraordinario de casación y, del mismo modo, se ordene el amparo de sus
derechos fundamentales y el reconocimiento y pago de la indexación de su
primera mesada pensional, desde el 24 de junio de 1985, incluidos los
respectivos reajustes de cada año.
Como
se mencionó en la parte general de esta providencia, la acción de tutela, como
mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, procede
excepcionalmente para controvertir el sentido de las decisiones judiciales,
siempre que (i) se cumplan los requisitos generales de procedibilidad, (ii)
se advierta que la providencia cuestionada incurrió en una o varias de las
causales específicas, y (iii) se determine que el vicio o defecto es de
tal trascendencia que conlleva la amenaza o la vulneración de derechos
fundamentales.[70]
De
conformidad con lo expuesto, en primer lugar, se tendrá que analizar la
procedencia de la presente acción de tutela, teniendo en cuenta los requisitos
generales de procedibilidad de la misma los cuales habilitan al juez
constitucional para realizar un análisis de fondo de los hechos materia de
discusión.
Partiendo del primer test de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, encuentra la
Sala que en el presente asunto, se cumplen en su totalidad los requisitos
generales de procedencia de la misma.
En efecto, se evidencia que la cuestión que se discute
(i) resulta de indudable relevancia constitucional, toda vez que
se persigue la protección efectiva de los derechos fundamentales al mínimo
vital y a la seguridad de una persona de la tercera edad, que, ante la falta de
la debida actualización de sus mesadas pensionales, el ingreso que actualmente
perciben resulta insuficiente para satisfacer dignamente sus necesidades
personales y las de su familia; (ii) agotó todos los medios judiciales a su alcance para
la defensa de sus derechos, pues promovió dos procesos ordinarios laborales, el
primero, en el año 2001, anualidad en la que presentó una demanda tendiente a
obtener la actualización de su primera mesada pensional, la cual los operadores
jurídicos de instancia le despacharon de manera desfavorable, con sustento en
los lineamientos contenidos en una reciente sentencia proferida por la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia y, el segundo, en el año 2008, cuando también llevó
hasta su culminación un proceso ordinario, con las mismas pretensiones, que
nuevamente le fueron denegadas, esta vez, por cuanto, a juicio de los
falladores de instancia, se incurría en la excepción previa de cosa juzgad ; (iii)
en relación con el cumplimiento del requisito de la inmediatez, si bien es
cierto no se acudió oportunamente a la acción constitucional, ha de destacarse
que la protección impetrada recae sobre derechos imprescriptibles cuya
vulneración no ha cesado y se basa en hechos nuevos derivados del cambio
jurisprudencial en materia de indexación de la primera mesada pensional; (iv)
el peticionario identificó claramente los hechos que, a su juicio, generaron la
vulneración alegada y los derechos fundamentales presuntamente infringidos,
aspectos que fueron abordados en el proceso ordinario laboral; (v)
finalmente, es claro que las providencias objeto de reproche no corresponden a
un fallo de tutela.
Ahora,
con relación a las causales especiales de procedencia se denota dentro del
plenario que el peticionario alegó estar incurso en dos de ellas, consistentes
en (i) la concurrencia de un defecto material o sustantivo y (ii) la
falta de observancia y aplicación del precedente constitucional.
Como ya se indicó en la parte considerativa de esta
providencia, el defecto material por violación directa de la constitución
que habilita la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, se configura, entre otros eventos, cuando, amparada en la discrecionalidad
interpretativa, la decisión judicial desconoce, de forma específica, postulados
de la Carta Política y se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales
de los asociados. En otras palabras, se presenta cuando “(i) se deja de
aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, o (ii) [se] aplica
la ley al margen de los dictados de la Constitución”[71].
Resulta de vital importancia, reiterar que en materia de indexación de la primera
mesada pensional, los artículos 48 y 53 de la
Carta, elevan a rango constitucional el derecho a mantener el poder
adquisitivo de las pensiones, el cual, no se limita a la actualización de las
mesadas pensionales una vez han sido reconocidas por la entidad competente, sino
que también comprende la actualización del salario base para la liquidación de
la primera mesada pensional.
La Corte, al interpretar el
alcance de dichos mandatos superiores, ha reconocido el
carácter universal del derecho a la indexación de la primera mesada pensional
y, en esa medida, ha precisado que se extiende a todas las categorías de
pensionados, cualquiera que sea la naturaleza de la prestación, pues sostener
lo contrario implicaría un trato discriminatorio, carente de justificación
razonable. Por tanto, la indexación de la primera mesada pensional es una
garantía constitucional que se predica respecto de pensiones reconocidas en
cualquier tiempo (antes y después de la
Constitución de 1991), sin importar si son de naturaleza legal, convencional o
de cualquier otro tipo, pues se entiende que el fenómeno inflacionario afecta a
todos los pensionados por igual.
Así
las cosas, concluye la Sala que la decisión proferida por la
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en el asunto sub
examine, adolece de un defecto material por violación directa de la
Constitución, al no haberse aplicado el mandato contenido en los artículos 48
y 53 de la Carta Política, conforme con el alcance fijado por la jurisprudencia
constitucional, frente a la pretensión de indexación de la primera mesada
pensional formulada por el actor en el respectivo proceso ordinario laboral.
Además, la decisión que en esta oportunidad se
cuestiona también se enmarca en lo que la jurisprudencia constitucional ha
denominado defecto material por desconocimiento del precedente judicial.
Sobre este particular, cabe destacar que se origina en aquellos casos en los cuales la autoridad judicial,
a través de sus pronunciamientos, se aparta del precedente jurisprudencial que
le resulta aplicable al caso, sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación
jurídica que justifique tal cambio de jurisprudencia. Ello ocurre, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance.
Tal
y como se indicó en la parte considerativa de esta providencia, a través de las
Sentencias SU-120 de 2003 y C-862 de 2006, la
Corte fijó el sentido y alcance del derecho constitucional a la indexación de
la primera mesada pensional. Por tal razón, una decisión proferida por la
jurisdicción ordinaria laboral no podía limitar o desconocer, como lo hicieron
los jueces de instancia en el presente caso, el alcance de tal derecho,
apartándose del precedente jurisprudencial que resulta aplicable a dichos
asuntos, sin incurrir en violación del derecho fundamental al debido proceso y,
como tal, en una causal de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Por esta razón,
no cabía alegar la excepción previa de cosa juzgada por cuanto, aunque
existieron decisiones judiciales ordinarias sobre la materia, que en su momento
fueron controvertidas por el actor y no obstante, confirmaron los resultados
negativos iniciales, lo cierto es que dentro del nuevo proceso que adelantó le
era aplicable los contenidos de las mencionadas providencias.
En
virtud de las consideraciones precedentes y encontrándose plenamente acreditada
la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a
la seguridad social y al debido proceso de José Carlos Díaz Barragán, con
ocasión de la decisión judicial proferida por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral para efectos de la
decisión que ha de proferirse en la presente causa, la
Corte procederá de la siguiente manera:
En
primer lugar, revocará el fallo de tutela proferido
por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, dentro del expediente T-3.060.828 y, en su
lugar, tutelará los derechos fundamentales invocados por José Carlos Díaz
Barragán.
Dejará sin efectos la sentencia dictada por la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso ordinario laboral que promovió
el señor José Carlos Díaz Barragán contra la
Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, y, en consecuencia, ordenará al
Director General del Fondo de Pasivo
Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia o, quien haga sus veces, entidad
responsable del Patrimonio Autónomo Público de la
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero -en liquidación-, que, en el
término de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la presente
providencia, proceda a emitir un acto administrativo, en el cual se indexe el monto
de la primera mesada pensional reconocida a José Carlos Díaz Barragán de
conformidad con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, en particular, aplicando la fórmula adoptada en la
Sentencia T-098 de 2005.
Para efectos de la decisión adoptada, el reajuste
resultante del aumento de la mesada pensional se aplicará hacia el futuro,
reconociéndose el pago retroactivo únicamente del mayor valor resultante de las
mesadas pensionales correspondientes a los tres (3) años anteriores a la fecha
de expedición de esta sentencia. Ello, conforme con los lineamientos expuestos
en la sentencia SU-1073 del 12 de diciembre de 2012.
6.7.
Expediente T-3.109.513
El
señor Rubén Darío Maya Restrepo, presentó acción de tutela en procura de
obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso, mínimo vital y móvil y seguridad social, vulnerados según indica, por
el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogotá, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de San Gil, Sala Civil-Laboral-Familia, la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, y los Almacenes Generales
de Depósito de Café S.A. -ALMACAFE-, al no acceder al reconocimiento de la
indexación de la primera mesada pensional.
El
señor Maya Restrepo prestó sus servicios mediante contrato de trabajo en
ALMACAFE, entre el 26 de enero de 1970 y el 30 de noviembre de 1990, cuando fue
desvinculado unilateralmente y sin justa causa, acumulando en total 18 años, 10
meses y 5 días de cotización a fin de acceder a la pensión de jubilación, y
devengando como último salario $ 701.823,75, monto que equivalía para la época
a 27.37 salarios mínimos del año 1988.
El
23 de noviembre de 1994, presentó demanda ordinaria laboral en la que solicitó
el reconocimiento de la pensión restringida de jubilación contemplada en la
Ley 171 de 1961 (art. 8°), pretensión que no fue acogida por los despachos
judiciales de instancia (Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogotá y Tribunal
Superior del Distrito Judicial de San Gil, Sala Civil-Familia-Laboral). Al
recurrir en casación, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
en sentencia del 2 de febrero de 2010, accedió parcialmente al recurso, con la
precisión que en caso de que la prestación económica reclamada se reconociera a
partir del 30 de junio de 2001, no sería objeto de actualización, por tratarse
de una cuestión que no hacía parte de la pretensión, igual que el
reconocimiento de los intereses moratorios. Así, el monto de la mesada
reconocida ascendió a $ 420.774,52, equivalente a 1.4 salarios mínimos del año
2001, dejando de incluir la indexación del salario base que percibió desde el
1° de noviembre de 1988 hasta el 30 de julio de 1991, extremo último en el que
la mesada de la pensión de jubilación equivaldría a $ 4’976.548,45, mensuales.
Advierte
que presentó una solicitud de amparo con anterioridad, con fundamento
exclusivamente en la legislación nacional, “por algunos hechos relacionados
en esta demanda, sin que se me hubiese atendido favorablemente mi solicitud de
indexación, en un trato evidentemente discriminatorio de los señores jueces de
tutela”, mientras que en esta ocasión se apoyó en instrumentos
internacionales que hacen parte del ordenamiento jurídico interno.
En
primer lugar, le corresponde a la Sala analizar, si en este caso se predica
temeridad por parte del señor Maya Restrepo, toda vez que se evidencia la
utilización de la acción de tutela en tres ocasiones.
En
efecto, de conformidad con las pruebas allegadas al proceso, se demuestra que,
Ruben Darío Maya Restrepo, en un primer momento, interpuso acción de tutela
contra la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, la
Sala Civil-Laboral-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San
Gil, el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá y Almacenes Generales
de Depósito de Café S.A. -ALMACAFÉ-, esencialmente, para que se deje sin efecto
la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, el 2 de febrero de 2010, solo en lo que tiene que
ver con el reconocimiento del derecho constitucional a mantener el poder
adquisitivo de la mesada pensional o a la indexación de la primera mesada. La
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia,
el 15 de abril de 2010, negó el amparo solicitado al considerar que frente a la
jurisprudencia que en casación emite este tribunal, “la acción de tutela tiene
un espectro restringido, que irradia solo la protección de derechos
fundamentales en el caso concreto, pero de ninguna manera puede afectar el
contenido general de la posición jurídica sentada por la corporación”. En
segunda instancia, la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, el 12 de mayo del citado año, decidió declarar la
nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda bajo la
consideración según la cual las sentencias proferidas por las salas
especializadas de la Corte Suprema de Justicia, como órgano límite o de cierre
de la jurisdicción ordinaria, no son susceptibles de ser controvertidas a
través de la acción constitucional y dispuso no admitirla a trámite.
A
juicio de esta Sala, respecto de esta primera acción de tutela, son suficientes
las consideraciones vertidas en los Autos 004 de 2004 y 100 de 2008 proferidos
por la Corte Constitucional para concluir que el demandante, no incurrió en
temeridad al presentar de nuevo la solicitud de amparo ante el  Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria,
quien mediante sentencia del 9 de junio de 2010, declaró improcedente el amparo
bajo el argumento según el cual la decisión que se ataca fue debidamente
sustentada fáctica y jurídicamente y se encuentra amparada por el principio de
autonomía judicial. En segunda instancia, el Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el 14 de julio del citado año,
modificó la decisión impugnada, y en su lugar, negó la acción tutelar al
considerar que la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, no omitió en su juicio de valoración las reglas
formuladas. De ahí que,  no se configura un defecto por inaplicación del
precedente.
Posteriormente,
el señor Maya Restrepo, promueve una tercera acción de tutela contra la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, la
Sala Civil-Laboral-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San
Gil, el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá y Almacenes Generales
de Depósito de Café S.A. -ALMACAFÉ- con el fin de que sean amparados sus
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, mínimo vital y móvil y
seguridad social y en consecuencia se deje sin efecto la sentencia del 2 de
febrero de 2010 proferida por la
Corte Suprema de Justicia, por cuanto no resolvió sobre el tema de mantener el
poder adquisitivo de la mesada pensional o indexación del salario promedio que
sirve como base para obtener la primera mesada pensional, así como el referente
al no reconocimiento de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141
de la Ley 100 de 1993 y el valor de la liquidación de dichos intereses. Esta
solicitud fue presentada ante al Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, quien mediante
sentencia del 22 de febrero de 2011, declaró improcedente el amparo
constitucional, toda vez que al haber sido promovida con antelación solicitud
de tutela con el mismo objeto, operó el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional, a lo que agregó el desconocimiento del requisito de inmediatez,
en tanto el amparo fue interpuesto casi un año después de haber sido dictada la
sentencia de casación y se abstuvo de declarar la temeridad de su actuación.
Así mismo, señaló que sí es competente para conocer del asunto de conformidad
con la jurisprudencia constitucional que ha establecido la distinción entre las
normas que establecen reglas de competencia y administrativas de reparto. En
segunda instancia, el Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el 27 de abril del citado año,
confirmó la decisión impugnada por las mismas razones ya expuestas en punto a
la competencia para conocer de la acción tutelar, pero contrario a lo sostenido
por el a quo, estimó que el demandante sí incurrió en una actuación
temeraria al promover duplicidad de acciones.
Para la Sala, a pesar de que se puede predicar
semejanza en las acciones de tutela promovidas por el señor Maya Restrepo, no obstante, resulta pertinente recordar, que la
jurisprudencia constitucional ha establecido casos excepcionales en los cuales
a pesar de constatar que las tutelas han sido interpuestas con base en
idénticos hechos y partes y con el mismo objeto, ha resuelto el fondo del
asunto. La salvedad aplicable a este caso consiste en que, cuando el caso versa
sobre personas que se encuentran en estado de especial vulnerabilidad y sus
derechos fundamentales continúan siendo vulnerados, resulta justificable la
interposición de otra acción de tutela como resulta palmario en este caso, dada
la edad del peticionario y la continua negativa de mantener el valor adquisitivo de su pensión. Por estas razones se considera que la segunda acción
de tutela no es temeraria.
Como
se mencionó en la parte general de esta providencia, la acción de tutela, como
mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, procede
excepcionalmente para controvertir el sentido de las decisiones judiciales,
siempre que (i) se cumplan los requisitos generales de procedibilidad, (ii)
se advierta que la providencia cuestionada incurrió en una o varias de las
causales específicas, y (iii) se determine que el vicio o defecto es de
tal trascendencia que conlleva la amenaza o la vulneración de derechos
fundamentales.
En
ese sentido, en primer lugar se tendrá que analizar la procedencia de la
presente acción de tutela, teniendo en cuenta los requisitos generales de
procedibilidad de la misma los cuales habilitan al juez constitucional para
realizar un análisis de fondo de los hechos materia de discusión.
Se evidencia que la cuestión que se discute (i)
resulta de indudable relevancia constitucional, toda vez que se persigue la
protección efectiva de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la
seguridad de una persona de la tercera edad, que, ante la falta de la debida
actualización de sus mesadas pensionales, el ingreso que actualmente perciben
resulta insuficiente para satisfacer dignamente sus necesidades personales y
las de su familia; (ii) el actor agotó todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial que tenían a su alcance para
la protección de sus derechos fundamentales, de ahí que lo que en esta
oportunidad se cuestione sea, precisamente, el hecho de que se haya desestimado
el recurso extraordinario de casación formulado ante la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia; (iii) en relación con el cumplimiento
del requisito de la inmediatez, si bien es cierto no se acudió oportunamente a
la acción constitucional, ha de destacarse que la protección impetrada recae
sobre derechos imprescriptibles cuya vulneración no ha cesado y se basa en
hechos nuevos derivados del cambio jurisprudencial en materia de indexación de
la primera mesada pensional; (iv) el peticionario identificó
claramente los hechos que, a su juicio, generaron la vulneración alegada y los
derechos fundamentales presuntamente infringidos, aspectos que fueron abordados
en el proceso ordinario laboral; (v) finalmente, es claro que las
providencias objeto de reproche no corresponden a un fallo de tutela.
Ahora
bien, resuelto el punto de la procedibilidad de la presente acción de tutela,
compete elucidar si los hechos expuestos en esta decisión, se enmarcan en
alguna o varias de las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales.
La
sentencia atacada por esta vía, proferida por la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual se resolvió el recurso de
casación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de San Gil, el 14 de agosto de 2007, en el proceso promovido
por el recurrente contra Almacenes Generales de Depósito de Café S.A.
-ALMACAFE- accedió parcialmente al recurso, con la precisión que en caso de que
la prestación económica reclamada se reconociera a partir del 30 de junio de
2001, no sería objeto de actualización, por tratarse de una cuestión que no
hacía parte de la pretensión, igual que el reconocimiento de los intereses
moratorios.
Como ya se indicó en la parte considerativa de esta
providencia, el defecto material por violación directa de la constitución
que habilita la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, se configura, entre otros eventos, cuando, amparada en la discrecionalidad
interpretativa, la decisión judicial desconoce, de forma específica, postulados
de la Carta Política y se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales
de los asociados. En otras palabras, se presenta cuando “(i) se deja de
aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, o (ii) [se] aplica
la ley al margen de los dictados de la Constitución”[72].
Así
pues, importante es reiterar que en materia de indexación de la primera mesada
pensional, los artículos 48 y 53 de la Carta, elevan a rango constitucional el
derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, el cual, no se limita
a la actualización de las mesadas pensionales una vez han sido reconocidas por
la entidad competente, sino que también comprende la actualización del salario
base para la liquidación de la primera mesada pensional.
Esta corporación, interpretando el alcance de dichos
mandatos superiores, ha
reconocido el carácter universal del
derecho a la indexación de la primera mesada pensional y, en esa medida, ha
precisado que se extiende a todas las categorías de pensionados, cualquiera que
sea la naturaleza de la prestación, pues sostener lo contrario implicaría un
trato discriminatorio, carente de justificación razonable. Por tanto, la
indexación de la primera mesada pensional es una garantía constitucional que se
predica respecto de pensiones reconocidas en cualquier tiempo (antes y después
de la Constitución de 1991), sin importar si son de naturaleza legal,
convencional o de cualquier otro tipo, pues se entiende que el fenómeno
inflacionario afecta a todos los pensionados por igual.
Así
las cosas, concluye la Sala que la decisión proferida por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en el asunto objeto del
presente pronunciamiento, adolece de un defecto material por violación directa
de la Constitución, al no haberse aplicado el mandato contenido en los
artículos 48 y 53 de la Carta Política, conforme con el alcance fijado por la
jurisprudencia constitucional, frente a la pretensión de indexación de la
primera mesada pensional formulada por el actor en el respectivo proceso
ordinario laboral.
Además,
la decisión que se ataca por esta vía, desconoció el precedente constitucional
emanado por esta corporación en las Sentencias SU-120 de 2003 y C-862 de 2006,
en las que se fijó el sentido y alcance del derecho constitucional a la
indexación de la primera mesada pensional, sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación
jurídica que justifique tal cambio por parte de los jueces.
En
síntesis, esta Sala encuentra que la providencia judicial contra la que el
señor Rubén Darío Maya Restrepo promovió la acción constitucional, adolece de
un defecto material por violación directa de la
Constitución y por desconocer el precedente jurisprudencial dispuesto por esta
corporación, específicamente en las sentencias SU-120 de 2003 y C-862 de 2006.
En
virtud de las consideraciones precedentes y encontrándose plenamente acreditada
la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a
la seguridad social y al debido proceso de Rubén Darío Maya Restrepo, con
ocasión de la decisión judicial proferida por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, para efectos de la
decisión que ha de proferirse en la presente causa, la
Corte procederá de la siguiente manera:
En
primer lugar, revocará el fallo de tutela proferido
por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria,
dentro del expediente T-3109513 y, en su lugar, tutelará los derechos
fundamentales invocados por Rubén Darío Maya Restrepo.
Dejará sin efectos la sentencia dictada por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, dentro del proceso
ordinario laboral promovido por Rubén Darío Maya Restrepo contra Almacenes
Generales de Depósito de Café S.A. -ALMACAFE- y, en consecuencia, ordenará al
Representante de dicha empresa que, en
el término de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la
presente providencia, proceda a indexar el monto de la primera
mesada pensional reconocida a Rubén Darío Maya Restrepo, de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular, aplicando la fórmula
adoptada en la Sentencia T-098 de 2005.
Para efectos de la decisión adoptada en el presente
asunto, la Corte aclarará que el reajuste resultante del aumento de las mesadas
pensionales se aplicará hacia el futuro, reconociéndose el pago retroactivo del
mayor valor resultante únicamente de las mesadas pensionales correspondientes a
los tres (3) años anteriores a la fecha de expedición de esta sentencia. Ello,
conforme con los lineamientos expuestos en la sentencia SU-1073 del 12 de
diciembre de 2012.
IV DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Cuarta de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. LEVANTAR la suspensión de términos para fallar el
presente asunto.
SEGUNDO.
REVOCAR la sentencia de tutela proferida por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, el 24 de febrero de 2011 y,
en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo
vital, a la seguridad social y al debido proceso de José Jairo Suárez Murillo,
con fundamento en las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO. DEJAR sin
efectos las sentencias dictadas por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de
Medellín y la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de la
misma ciudad, dentro del proceso ordinario laboral que promovió José Jairo
Suárez Murillo contra el Banco Santander de Colombia S.A.
CUARTO. ORDENAR al
Representante Legal del Banco Santander de Colombia S.A. o, quien haga sus veces, que, en el término de diez
(10) días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia,
proceda a indexar el monto de la primera mesada pensional
reconocida a José Jairo Suárez Murillo, de conformidad con la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, en particular, aplicando la fórmula adoptada en la
Sentencia T-098 de 2005. El reajuste resultante del aumento de las mesadas
pensionales se aplicará hacia el futuro, reconociéndose el pago retroactivo del
mayor valor que resulte únicamente de las mesadas pensionales correspondientes
a los tres (3) años anteriores a la fecha de expedición de la sentencia SU-1073
de diciembre 12 de 2012.
QUINTO. REVOCAR la
sentencia de tutela proferida por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, el 6 de abril de 2011 y, en
su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo
vital, a la seguridad social y al debido proceso de Vicente Tello Escobar, con
fundamento en las razones expuestas en esta providencia.
SEXTO.
ORDENAR al representante legal del Banco Central Hipotecario
en liquidación o, a quien haya asumido su pasivo que, en el término de diez
(10) días hábiles,  proceda a indexar las mesadas pensionales que esa entidad
le reconoció, el 24 de abril de 1976, al señor Vicente Tello Escobar, de
conformidad con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, aplicando la fórmula adoptada en la
Sentencia T-098 de 2005. El reajuste resultante del aumento de las mesadas
pensionales se aplicará hacia el futuro, reconociéndose el pago retroactivo del
mayor valor que resulte deducido de lo que viene recibiendo del Seguro Social
únicamente de las mesadas pensionales correspondientes a los tres (3) años
anteriores a la fecha de expedición de la sentencia SU-1073 de diciembre 12 de
2012.
SÉPTIMO.
REVOCAR la sentencia de tutela proferida por el Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el 9 de marzo de 2011 y, en su
lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo
vital, a la seguridad social y al debido proceso de Julio César Peña González,
con fundamento en las razones expuestas en esta providencia.
OCTAVO. DEJAR
sin efectos la sentencia dictada por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, dentro del proceso
ordinario laboral promovido por Julio César Peña González contra la
Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en Liquidación.
NOVENO.
ORDENAR al Director General del Fondo
de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia o, quien haga sus
veces, Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero –en liquidación-, que, en
el término de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la
presente providencia, proceda a emitir un acto administrativo, en el cual se
indexe el monto de la primera mesada pensional reconocida a Julio César Peña González,
de conformidad con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, en particular, adoptando la fórmula adoptada en la
Sentencia T-098 de 2005. El reajuste resultante del aumento de las mesadas
pensionales se aplicará hacia el futuro, reconociéndose el pago retroactivo del
mayor valor que resulte únicamente de las mesadas pensionales correspondientes
a los tres (3) años anteriores a la fecha de expedición de la sentencia SU-1073 de diciembre 12 de 2012.
DÉCIMO.
REVOCAR la sentencia de tutela proferida por el Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el 9 de marzo de 2011 y, en su
lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo
vital, a la seguridad social y al debido proceso de Luís Edgardo Calvo Trejos,
con fundamento en las razones expuestas en esta providencia.
UNDÉCIMO.
DEJAR sin efectos la sentencia dictada por la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso ordinario laboral que promovió
el señor Luis Edgardo Calvo Trejos  contra la
Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero
DUODÉCIMO.
ORDENAR al Director General del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales
de Colombia o, quien haga sus veces, entidad responsable del Patrimonio
Autónomo Público de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero -en
liquidación-, que, en el término de diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación de la presente providencia, proceda a emitir un acto
administrativo, en el cual se indexe el monto de la primera
mesada pensional reconocida a Luis Edgardo Calvo Trejos de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular, aplicando la fórmula
adoptada en la Sentencia T-098 de 2005. El reajuste resultante del aumento de
la mesada pensional se aplicará hacia el futuro, reconociéndose el pago
retroactivo del mayor valor resultante únicamente de las mesadas pensionales
correspondientes a los tres (3) años anteriores a la fecha de expedición de la
sentencia SU-1073 de diciembre 12 de 2012.
DÉCIMOTERCERO. REVOCAR el fallo de tutela proferido por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, el 24 de marzo de 2011, y,
en su lugar TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, al
mínimo vital, a la seguridad social y al debido proceso de Luis Eduardo Niño
Moreno, con fundamento en las razones expuestas en esta providencia.
DÉCIMOCUARTO.
ORDENAR al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público que, en el término de
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia,
proceda a impartir aprobación al calculo actuarial referente a la indexación de
la pensión de jubilación convencional reconocida al señor Luis Eduardo Niño
Moreno por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia,
mediante Resolución No. 2211 de 4 de agosto de 2009, así mismo, proceda a
autorizar a la respectiva entidad pagadora, el desembolso de la mesada indexada
y del retroactivo a que haya lugar. El reajuste resultante del aumento
de la mesada pensional se aplicará hacia el futuro, reconociéndose el pago
retroactivo del mayor valor resultante únicamente de las mesadas pensionales
correspondientes a los tres (3) años anteriores a la fecha de expedición de la
sentencia SU-1073 de diciembre 12 de 2012.
DÉCIMOQUINTO.
REVOCAR el fallo de tutela proferido
por  la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, el 5 de abril de
2011, y, en su lugar TUTELAR los
derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social y
al debido proceso de José Carlos Díaz Barragán, con fundamento en las razones
expuestas en esta providencia.
DÉCIMOSEXTO. DEJAR sin efectos la
sentencia dictada por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso ordinario laboral que promovió
el señor José Carlos Díaz Barragán contra la
Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero,
DÉCIMOSÉPTIMO.
ORDENAR al Director General del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales
de Colombia o, quien haga sus veces, entidad responsable del Patrimonio
Autónomo Público de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero -en
liquidación-, que, en el término de diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación de la presente providencia, proceda a emitir un acto
administrativo, en el cual se indexe el monto de la primera
mesada pensional reconocida a José Carlos Díaz Barragán de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular, aplicando la fórmula
adoptada en la Sentencia T-098 de 2005. El reajuste resultante del aumento de
la mesada pensional se aplicará hacia el futuro, reconociéndose el pago
retroactivo únicamente del mayor valor resultante de las mesadas pensionales
correspondientes a los tres (3) años anteriores a la fecha de expedición de la
sentencia SU-1073 de diciembre 12 de 2012.
DÉCIMOOCTAVO. REVOCAR el fallo de tutela proferido por  el Consejo
Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el 27 de abril de
2011, y, en su lugar TUTELAR los derechos fundamentales a la
igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social y al debido proceso de Rubén
Daría Maya Restrepo, con fundamento en las razones expuestas en esta
providencia.
DÉCIMONOVENO.
DEJAR sin efectos la sentencia dictada por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, dentro del proceso
ordinario laboral promovido por Rubén Darío Maya Restrepo contra Almacenes
Generales de Depósito de Café S.A. -ALMACAFE-.
VIGÉSIMO. ORDENAR al Representante de dicha empresa que, en el término de diez (10) días hábiles siguientes a
la notificación de la presente providencia, proceda a indexar el monto
de la primera mesada pensional reconocida a Rubén Darío Maya Restrepo, de
conformidad con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, en particular, aplicando la fórmula adoptada en la
Sentencia T-098 de 2005. El reajuste resultante del aumento de las mesadas pensionales
se aplicará hacia el futuro, reconociéndose el pago retroactivo del mayor valor
resultante únicamente de las mesadas pensionales correspondientes a los tres
(3) años anteriores a la fecha de expedición de la sentencia SU-1073 de
diciembre 12 de 2012.
VIGÉSIMOPRIMERO. LÍBRENSE por la
Secretaría General de esta Corporación, en cada uno de los procesos, la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional, y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con aclaración de voto
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con aclaración de voto
NILSON ELÍAS PINILLA PINILLA
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA
SENTENCIA T-463/13
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Para los casos seleccionados con posterioridad a la
sentencia SU1073/12, se debe contabilizar desde el momento de expedición de la
respectiva sentencia de revisión, en aras de garantizar la sostenibilidad
financiera del sistema (Aclaración de voto)
Referencia: expedientes T-3002838 y acumulados
Acciones de tutela presentadas por  José Jairo Suárez Murillo y otros contra el
Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral y otros
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A
modo de aclaración de voto me permito formular las siguientes consideraciones
atañaderas específicamente al tema de la prescripción en la medida en que en la
sentencia T-463 de 2013 se incluyó una expresa directriz al respecto.
Comparto
plenamente el sentido de la decisión adoptada, en la medida en que se garantiza
el derecho de los demandantes a la indexación de la primera mesada pensional
por ser un derecho derivado de los artículos 25 y 53 de la
Constitución Política y en cumplimiento de los principios de equidad y
justicia en las relaciones de trabajo.
No
obstante, al momento de fijar el alcance del amparo, en la
Sentencia T-463 de 2013 se consideró que “[e]l reajuste  resultante del
aumento de las mesadas pensionales se aplicará hacia el futuro, reconociéndose
el pago retroactivo del mayor valor que resulte únicamente de las mesadas
pensionales correspondientes a los tres años anteriores a la fecha de
expedición de la Sentencia SU-1073 de diciembre 12 de 2012”,
con lo cual estuve de acuerdo, porque la
Corte seleccionó para revisión los expedientes decididos en esta providencia
en la misma época en que también lo fueron los resueltos en la sentencia de
unificación SU-1073 de 2012, sin que hubiera sido posible acumularlos al fallo
proferido por la Sala Plena de esta Corporación.
Esta
precisión es necesaria porque, considero respecto del límite temporal del pago
de mesadas dejadas de percibir, que debe contarse para los casos seleccionados
con posterioridad a la Sentencia SU-1073 de 2012 desde el momento de expedición
de la respectiva sentencia de revisión, en aras de garantizar la sostenibilidad
financiera del sistema.
Fecha
ut supra
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO
DEL MAGISTRADO
NILSON PINILLA PINILLA
A LA
SENTENCIA T-463/13
Referencia: expediente T-3002838.
Acción de tutela acumulada presentada
independientemente por José Jairo Suárez Murillo, Vicente Tello Escobar, Julio
César Peña González, Luis Edgardo Calvo Trejos, Luis Eduardo Niño Moreno, José
Carlos Díaz Barragán y Rubén Darío Maya Restrepo.
Magistrado ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Habiendo votado positivamente y firmado el proyecto
presentado en este caso por el Magistrado sustanciador, estimo necesario
consignar por escrito una muy sucinta aclaración sobre el sentido de mi voto en
el presente asunto.
Si bien participo de la resolución adoptada, por
cuanto comparto la percepción de que las tutelas fueron presentadas, en estos
casos, como mecanismo de protección de los derechos fundamentales de todos los
accionantes que solicitaban la indexación de sus primeras mesadas pensionales,
debo aclarar mi voto, pues siempre he disentido frente al enfoque amplificado
de la noción de “vía de hecho” y en relación con algunas de las
argumentaciones que se exponen para arribar a la decisión adoptada.
Particularmente, tal como lo he explicado con más
amplitud frente a otras decisiones[73],
no comparto el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se
reconoce por parte de la
Corte Constitucional a la acción de tutela contra decisiones judiciales
(consideración 4ª), a partir de las cuales podría evocarse la sentencia C-590
de junio 8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyas consideraciones
discrepo parcialmente desde su expedición.
Mi
desacuerdo con dicha sentencia, que el actual fallo invoca directamente como
parte de la fundamentación, al referirse a la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales (páginas 31
a 37), radica en el hecho de que, en la práctica, especialmente las llamadas “causales
especiales de procedibilidad” a que dicha providencia se refiere en su
punto 25, abarcan todas las posibles situaciones que podrían justificar la
impugnación común contra una decisión judicial, dejando así la imagen de que
esta Corte estima que la acción de tutela constituye un recurso complementario,
añadible a los establecidos en el proceso de que se trata.
Con
ello, la solicitud y trámite de la acción de tutela al amparo de tales
enunciados, deviene simplemente en una (o más) nueva(s) oportunidad(es) que se
confiere(n) a quien se ha visto desfavorecido por la decisión adoptada por el
juez competente, o lo que es lo mismo, en una (o varias) instancia(s)
adicional(es), no prevista(s) en absoluto en el respectivo proceso debido,
situación que difiere, de lejos, del propósito de protección subsidiaria a los
derechos fundamentales que animó al constituyente de 1991, que vino a quedar
reflejado en el artículo 86 superior.
Además,
no sobra acotar que si bien esta corporación con fundamento en la sentencia
C-590 de 2005 aduce sistematizar una línea jurisprudencial construida y
decantada a partir de las consideraciones que se dejaron planteadas en la
sentencia C-543 de 1992, ello no es exacto, ya que en realidad ese
pronunciamiento[74],
de suyo sólo argüible frente a la casación penal por ser ésta la institución
regulada en el precepto parcialmente declarado inexequible (art. 185
L. 906 de 2004), se ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que
quedó decidido en la C-543 de 1992.
En
efecto, mientras que en esa providencia de 1992 se consideró, con firmeza de
cosa juzgada constitucional (art. 243 Const.), que no puede ser quebrantada,
que la tutela contra decisiones judiciales atentaba contra la seguridad jurídica
y contra otros importantes valores constitucionales, como el “principio
democrático de la autonomía funcional del juez”, “la independencia y
desconcentración que caracterizan a la administración de justicia” y “la
función garantizadora del Derecho” que cumple el proceso, y en consecuencia
se declaró inexequible la preceptiva que reglamentaba tal posibilidad, en la
C-590 de 2005 se presenta un amplio listado de situaciones, creyéndose que de
inferirse la materialización de alguna de ellas, en opinión de quien realiza el
control tutelar, de por sí le está permitido remover o dejar sin efecto la
decisión judicial, cual si aplicara un recurso ordinario más, con lo cual se ha
desquiciado gravemente su carácter excepcionalísimo y, en la práctica, se ha
abatido la seguridad jurídica, que es también un derecho fundamental.
Por lo
anterior, dado que la decisión adoptada con mi acuerdo y participación incluye
algunas consideraciones con alcances de tal índole, que no comparto, aclaro el
voto en el caso de la referencia.
Con mi
acostumbrado respeto,
Fecha ut supra
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA T-463/13
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Declaración oficiosa de prescripción de mesadas
causadas tres años antes de la notificación de la sentencia SU1073/12 vulnera
el principio in dubio pro operario, derechos de personas de la tercera edad,
igualdad y mínimo vital (Aclaración de
voto)
Referencia: expedientes T-3002838 y acumulados.
Acciones de tutela instauradas por José Jairo Suárez
Murillo y otros, contra el Banco Santander S.A. y otros.
Magistrado Ponente
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.
Con el respeto acostumbrado por las decisiones que
toma esta Corporación, me permito disentir del fallo adoptado por la Sala
Cuarta de Revisión dentro del asunto de la referencia, especialmente en lo que
concierne a la forma como se ordenó aplicar los términos de la prescripción.
Las razones que apoyan mi postura son las siguientes:
En la sentencia
SU-1073 de 2012, se resolvió el asunto referente a la procedencia de la
indexación de la primera mesada pensional para aquellas prestaciones
reconocidas antes de la entrada en vigencia de la Constitución Política de
1991.
En
esa oportunidad la Sala Plena concedió el amparo de los derechos fundamentales
invocados por los peticionarios; para ello tuvo en cuenta diferentes fallos de
Tutela, de constitucionalidad y sentencias de unificación, en los cuales se
había estudiado la procedencia de la tutela para que procediera el
reconocimiento del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, sin
importar la fecha de causación de la prestación, debido a que el mismo  deriva
de los postulados superiores contenidos en los artículos 13, 25, 48 y 53 de la
Constitución Política; lo que además refleja el principio de equidad que debe
imperar en las relaciones de trabajo.
Comparto
plenamente lo allí resuelto, en cuanto se determinó que la indexación de la primera
mesada pensional, procede tanto para pensiones reconocidas antes de la entrada
en vigencia de la Constitución de 1991, como para aquellas que nacieron con
posterioridad a la Carta Política vigente.
Con
el ánimo de respectar el precedente fijado por la Sala Plena de la Corporación
en la SU-1073 de 2012, en la sentencia T-463 de 2013, la Sala Cuarta de
Revisión aplicó los mismos criterios de procedencia y se garantizaron los
derechos de los accionantes, los cuales presentaban situaciones análogas a las
decididas en la SU referida.
No
obstante, me aparto de la decisión tomada por la mayoría, en cuanto se
determinó que se debía declarar de oficio la prescripción de las mesadas
causadas tres años antes de la notificación de la sentencia SU-1073 de 2012. Aclaro
que no comparto los argumentos en los que se justificó el desconocimiento de
las mesadas no prescritas, basados en la necesidad de preservar la
sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social y en la presunta
falta de certeza del derecho a la indexación para aquellas prestaciones que
fueron reconocidas con anterioridad a la promulgación de la Constitución de
1991.
Lo
primero, por cuanto esta Corporación en la Sentencia C-288 de 2012, fue
enfática en indicar que dicho principio no se puede utilizar para desconocer
los derechos constitucionales
de los colombianos.
Lo segundo, por cuanto la prescripción declarada de oficio por parte de la
Corte Constitucional, opera en este caso, como una sanción para los
trabajadores; pese a que la mayoría de ellos acudieron prontamente a los
estrados judiciales con el fin de obtener la protección judicial de sus
derechos, agotando todas las etapas procesales, las cuales duraron varios años,
sin que sus pretensiones fueran acogidas. Ello sin sumar el tiempo que tardó la
corte para resolver su asunto en particular.
En
tal sentido la corporación olvidó las pautas que el Legislador ha establecido
en materia de prescripción, y que deben ser observadas por esta corporación:
(i)
La prescripción
es una excepción que no puede ser declarada de oficio.
(ii)
La prescripción se
suspende por una sola vez con el reclamo administrativo del trabajador, por un
período de tres años.
(iii)
Se suspende
indefinidamente cuando se presenta la demanda laboral.
(iv)
En materia de
tutela, no existen reglas sobre la prescripción, pero sin embargo el juez
constitucional está llamado a aplicar las normas laborales que rigen la
materia.
Por
lo anterior, considero que en todos los casos en que se estudie la indexación
de la primera mesada pensional, la prescripción se debe aplicar tal como el
legislador la ha concebido, sin que se deba acudir a interpretaciones que
limiten los derechos de los trabajadores; esto con el fin de hacer   prevalecer
los distintos postulados constitucionales, tales como, el principio in dubio
pro operario, el principio de estado constitucional de derecho, la especial
protección constitucional a las personas de la tercera edad, la igualdad y el
mínimo vital de los pensionados.
En
los anteriores términos dejo argumentada mi postura, como ya lo había hecho en
oportunidad anterior, en lo que respecta a la forma de contabilizar los
términos de prescripción en materia de indexación, cuando se trata de resolver
asuntos que han sido llevados a la jurisdicción ordinaria, sin obtener la
protección de los derechos fundamentales conculcados; la cual considero
suspendida desde el momento en que se realiza la reclamación ante el patrono y
en su defecto desde el momento mismo de iniciado el proceso laboral.
Fecha
ut supra,
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
[1]
Por tratarse de varios demandados, se hará referencia a ellos
en cada uno de los expedientes objeto de revisión.
[2]
Folio 3 del cuaderno principal.
[3]
Folio 4 ibídem.
[4]
Folio 20 del cuaderno de primera instancia.
[5]
Folio 37 ibídem.
[6]
Folio 7 del cuaderno de segunda instancia.
[7]
Folio 9 ibídem.
[8]
El salario mínimo legal mensual vigente de la época ascendía a
$ 1.200¨.
[9]
Folio 2 del cuaderno principal.
[10] El Seguro Social y el
Banco Central Hipotecario, en liquidación, no presentaron escrito de
contestación de la acción de tutela.
[11] Folio 85 del cuaderno
principal.
[12] Folio 10 del cuaderno de
segunda instancia.
[13] La acción de tutela fue
presentada inicialmente ante la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, el 31 de agosto de 2010,
que en sentencia del 14 de septiembre del mismo año, negó las pretensiones de
la demanda. Impugnada la decisión, la Sala de Casación Civil de la misma
corporación, en providencia del 20 de octubre de 2010, declaró la nulidad de
todo lo actuado desde el auto admisorio de la solicitud de amparo, inclusive, y
dispuso no admitirla a trámite. Por tal razón, el demandante presentó
nuevamente la acción de amparo constitucional ante el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el 26 de enero
de 2011, despacho judicial que conoció en primera instancia, y como juez ad
quem actuó el Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
[14] Consagrados
según precisó el actor, en la Ley 153 de 1887 (art. 8°), Código Sustantivo del
Trabajo (art. 19), Ley 6 de 1945 (art. 11), Ley 171 de 1961 (art. 8°), Decreto
3135 de 1968 (art. 27), Decreto 1848 de 1969 (art. 74), Ley 33 de 1985 y Ley
100 de 1993 (arts. 14 y 36). Cfr. folio 9 del cuaderno principal.
[15] Folio
11 ibídem.
[16] Los despachos judiciales
demandados, no presentaron escrito de contestación de la acción de tutela.
[17] Folio 24 del cuaderno de
segunda instancia.
[18] La acción de tutela fue
presentada inicialmente ante la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, el 28 de junio de 2010, que
en sentencia del 13 de julio del mismo año, negó las pretensiones de la
demanda. Impugnada la decisión, la Sala de Casación Civil de la misma
corporación, en providencia del 13 de agosto de 2010, declaró la nulidad de
todo lo actuado desde el auto admisorio de la solicitud de amparo, inclusive, y
dispuso no admitirla a trámite. Por tal razón, el demandante presentó
nuevamente la acción de amparo constitucional ante el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el 9 de
diciembre de 2010, despacho judicial que conoció en primera instancia, y como
juez ad quem actuó el Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
[19] Sostiene
que el salario mínimo de la época, ascendía a $ 20.509¨.
[20] Folio
58 del cuaderno principal (reverso).
[21] Folio 123 ibídem.
[22] Folio
19 del cuaderno principal.
[23] Folio
100 ibídem (reverso).
[24] Folio 118 ibíd.
[25] Folio 1
del cuaderno principal.
[26] Señala
que el salario mínimo de ese entonces, era de $ 5700¨.
[27] Folio 2
del cuaderno principal.
[28] Folio 5
ibídem.
[29] Folio 4
ibíd.
[30]
Folio 89 ibíd.
[31] La acción de tutela fue
presentada inicialmente ante la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, que en sentencia del 15 de
abril de 2010, negó las pretensiones de la demanda. Impugnada la decisión, la
Sala de Casación Civil de la misma corporación, en providencia del 12 de mayo
de 2010, declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio de la
solicitud de amparo, inclusive, y dispuso no admitirla a trámite. Por tal
razón, el demandante presentó nuevamente la acción de amparo constitucional
ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, el 4 de febrero de 2011, despacho judicial que conoció en
primera instancia, y como juez ad quem actuó el Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
[32] El
salario mínimo era de $ 25.637,40.
[33] Folio
12 del cuaderno principal.
[34] Folio
39 del cuaderno de revisión (exp. T-3002838).
[35] Sobre el particular, consultar, entre otras, las
Sentencias T-217 de 2010, T-285
2010, T-707 de 2010,  T-018 de 2011 y T-973 de 2011.
[36] Sentencia
C-590 de 2005.
[37] Ver Sentencias T-217 de 2010, T-707 de 2010 y T-018 de
2011.
[38] Ver entre
otras, las Sentencias T-500 de 1995 y T-285 de 2010.
[39] Ver Sentencia T-217 de 2010.
[40] Sobre
el particular, consultar, entre otras, las Sentencias C-590 de 2005, T-789 de
2008, T-217 de 2010 y T-285 de 2010.
[41] Sentencia 173 de 1993, cuyo
pronunciamiento ha sido reiterado en la
Sentencia T-707 de 2010.
[42] Sentencia T-504 de 2000.
[43] Ver entre otras la
Sentencia T-315 de 2005.
[44] Sentencia T-008 de 1998, reiterada
recientemente en las Sentencias T-707 de 2010 y T-018 de 2011.
[45] Sentencia T-658 de 1998, reiterada recientemente en las Sentencias T-707 de 2010
y T-018 de 2011.
[46] Sentencias T-088 de 1999 y SU-1219 de 2001.
[47] Sentencia C-590 de 2005.
[48] “Sentencia T-590 del 2009.
[49] Acápite contenido en la
Sentencia T-217 de 2010.
[50] Al respecto, consultar,
entre otras, las Sentencias SU-120 de 2003, T-696 de 2007 y T-313 de 2008.
[51] Sentencia del 11 de
diciembre de 1996, Rad. 9083, Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia.
[52] Sentencia del 18 de
agosto de 1999, Rad. 11818, Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia.
[53]
Sentencia T-098 de 2005.
[54]
Sentencias T-459 de 2009, T-628 de 2009, T-632 de 2010 y SU-1073 de 2012.
[55]
Corte Constitucional, sentencia T-1086 de 2012.
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[56]
Sentencia T-747 de 2009.
[57]
Sentencias T-555 de 2009, T-1028 de 2010, T-111 de 2011 y T-178 de 2012.
[58]
Sentencias T-193 de 1995 y  C-400 de 1998.
[59]
Sentencia T-130 de 2009.
[60] El Salarió Mínimo Legal
Mensual Vigente en 1976 correspondía a  $1.560.
[61] El Salario Mínimo Legal
Mensual Vigente en el 2011 correspondía a $535.600.
[62]
Al respecto, ver sentencia T-425 de 2009
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[63] Afirma que el salario
mínimo de la época, ascendía a $20.509.
[64] El numeral segundo de la
sentencia proferida por el Juez Quince Laboral del Circuito de Bogotá, declaró
probada la excepción de cosa juzgada.
[65] Ibídem.
[66] Sentencia T-747 de 2009.
[67]“Pensión de Jubilación
Requisitos: A partir del 16 de enero de 1992, los trabajadores de la
Caja Agraria, cuando cumplan veinte (20) años de servicio a la
Caja, continuos o discontinuos, y lleguen a la edad de 50 años las mujeres y
55 años los varones, tendrán derecho a que la caja les pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios
devengados durante el ultimo año de servicios”
[68] La doctrina distingue
entre las obligaciones dinerarias y las obligaciones de valor, en las primeras
“el acreedor obtiene, con la prestación de la suma de dinero que constituye el
objeto de su crédito, un poder adquisitivo abstracto; en otras palabras, el
dinero asume el carácter de una auténtica mercancía que se adquiere como tal y
se constituye en objeto de la obligación del deudor, mientras que en las
segundas “el dinero no es el objeto propio, pero como la moneda tiene la
función de ser el común denominador de todos los valores, ella entra a ocupar
el lugar del objeto propio, o sea, que no es la prestación originaria sino una
prestación sustitutiva”. Ernesto Jiménez
Díaz, “La indexación en los conflictos laborales” en Revista de
Derecho Social, No. 32, diciembre de 1991, p. 23-24.
[69]
M. P. Álvaro Tafur Galvis.
[70]
Corte Constitucional, sentencia T-1086 de 2012.
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[71]
Sentencia T-747 de 2009.
[72]
Sentencia T-747 de 2009.
[73]
Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado sobre las
sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794 de 2007;
T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222 y A-256
de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto ante las
sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871, T-925,
T-945, T-1029, T-1263 y T-1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249, T-364,
T-517, SU-811, T-904 y T-906 de 2009; T-103 y T-119 de 2010; T-464, T-703 y
T-786 y T-867 de 2011; T-010, T-948 y T-1086 de 2012; T-035, SU-198 y SU-539 de
2013.
[74]
C-590 de 2005.