C-594-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-594/14
INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES-Autoridades competentes para operación
técnica, así como del procesamiento de la misma/AUTORIDADES ENCARGADAS DE
REALIZAR OPERACION TECNICA DE INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES-Inexistencia
de omisión legislativa relativa/AUTORIDADES ENCARGADAS DE REALIZAR OPERACION
TECNICA DE INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES-No vulnera el debido proceso,
ni desconoce el derecho a la intimidad/NORMA EN BLANCO-Configuración
Para la Corte, no existe una omisión legislativa, sino
una norma en blanco que puede ser complementada a través de una interpretación
sistemática de la disposición demandada junto a las Leyes 906 y 938 de 2004 y
al artículo 250 de la Constitución. Si bien el artículo 52 de la Ley 1453 de
2011 no determina específicamente cuáles son las autoridades encargadas de
realizar la operación técnica de la interceptación de comunicaciones, el
artículo 46 de la Ley 938 de 2004 señala que dicha competencia recae en las
autoridades de policía judicial, las cuales son definidas en los artículos 201,
202 y 203 de la Ley 906 de 2004. El demandante señala que existe un vacío importante
en la determinación de la autoridad competente para realizar las
interceptaciones, pues la Fiscalía podría delegar esta función en cualquier
entidad pública y con ello cualquier autoridad pública en Colombia podría
realizar interceptación de comunicaciones. Sin embargo, esta facultad de
delegación se encuentra contemplada en el artículo 250 de la Constitución
Política y fue justificada claramente por la Asamblea Nacional Constituyente. No
se vulnera el derecho al debido proceso pues: (i) la autoridad de policía
judicial en el sistema acusatorio realiza una simple labor operativa
administrativa bajo la absoluta dirección de la Fiscalía General de la Nación
(ii) el requisito del juez natural no se puede extender a la definición
específica de todas las autoridades que pueden realizar interceptaciones de
comunicaciones, pues la propia Constitución abre la puerta para que sea la
Fiscalía y no el legislador quien determine a qué autoridades puede delegar
transitoriamente labores de policía judicial. No se desconoce el derecho a la
intimidad por los siguientes motivos: (i) esta garantía no es absoluta,
por lo cual puede ser objeto de restricciones, dentro de las cuales se ha
reconocido la posibilidad de realizarlas en interés de la justicia para
investigar la comisión de conductas punibles; (ii) la restricción del derecho a
la intimidad a través de la interceptación de comunicaciones está avalada por
la propia Constitución que en su artículo 250 permite a la Fiscalía General “adelantar registros, allanamientos, incautaciones e
interceptaciones de comunicaciones”; (iii) la facultad del Fiscal
General de la Nación de asignar en otras entidades públicas la realización de
funciones de policía judicial como la interceptación de comunicaciones está
contemplada en el propio artículo 250 de la Constitución y (iv) las operaciones
de interceptación requieren un estricto control judicial.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aptitud de la demanda
DEBIDO PROCESO EN MATERIA PENAL-Alcance/DEBIDO PROCESO-Definición/DEBIDO
PROCESO-Finalidad
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Derechos que comprende
DERECHO AL JUEZ NATURAL–Características/JUEZ NATURAL-Definición/JUEZ
NATURAL-Principios para su determinación/JUEZ NATURAL-Principios de
especialidad y predeterminación legal/DERECHO AL JUEZ NATURAL-Doble
garantía/DERECHO AL JUEZ NATURAL-Finalidad
DEBIDO PROCESO-Concepto de las formas propias de cada juicio/DERECHO
A SER JUZGADO CON LA PLENITUD DE LAS FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO-Reglas
mínimas
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
DEBIDO PROCESO-Distinta regulación en diferentes materias
jurídicas
La sola consagración del debido proceso como derecho
fundamental, no puede derivarse, en manera alguna, una idéntica regulación de
sus distintos contenidos para los procesos que se adelantan en las distintas
materias jurídicas pues, en todo aquello que no haya sido expresamente previsto
por la Carta, debe advertirse un espacio apto para el ejercicio del poder de
configuración normativa que el pueblo ejerce a través de sus representantes.
La distinta regulación del debido proceso a que pueda haber lugar en las
diferentes materias jurídicas, siempre que se respeten los valores superiores, los
principios constitucionales y los derechos fundamentales, no es más que el
fruto de un proceso deliberativo en el que, si bien se promueve el consenso,
también hay lugar para el disenso pues ello es así ante la conciencia que se
tiene de que, de cerrarse las puertas a la diferencia, se desvirtuarían los
fundamentos de legitimidad de una democracia constitucional.
DERECHO A LA DEFENSA-Concepto/DERECHO DE DEFENSA-Modalidades/DERECHO
A LA DEFENSA MATERIAL-Definición/DERECHO A LA DEFENSA
TECNICA-Definición/DERECHO A LA DEFENSA TECNICA-Carácter intemporal
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD DE LA FUNCION
PUBLICA E INDEPENDENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ-Alcance/DEBIDO PROCESO-Derecho a obtener
decisiones ceñidas exclusivamente al ordenamiento jurídico
DEBIDO PROCESO-Derecho a que las decisiones se adopten en un término
razonable, sin dilaciones injustificadas/DEBIDO PROCESO-Observancia de
los términos judiciales
DERECHO A LA INTIMIDAD-Protección constitucional y sus límites
DERECHO A LA INTIMIDAD-Elementos
DERECHO A LA INTIMIDAD-Contenido y alcance
DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Dimensiones
El derecho fundamental a la intimidad se proyecta en
dos dimensiones: (i) como secreto que impide la divulgación ilegítima de
hechos o documentos privados, o (ii) como libertad, que se realiza en el
derecho de toda persona a tomar las decisiones que conciernen a la esfera de su
vida privada. En este sentido, el derecho a la intimidad es un derecho de status
negativo, o de defensa frente a cualquier invasión indebida de la esfera
privada, a la vez que un derecho de status positivo, o de control sobre las
informaciones que afecten a la persona o la familia. Mediante este derecho se
asegura a la persona y a su familia un reducto o espacio físico inexpugnable,
en el que es posible encontrar el recogimiento necesario para proyectar
libremente la personalidad, sin las intromisiones propias de la vida en
sociedad.
DERECHO A LA INTIMIDAD-Garantías para su protección
El artículo 15 de la Constitución establece una serie
de garantías para su protección: (i) el deber del Estado y de los particulares
de respetarlo; (ii) la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de
comunicación privada, salvo el registro o la interceptación por orden judicial,
en los casos y con las formalidades de ley y; (iii) la reserva de libros de
contabilidad y demás documentos privados, salvo su exigibilidad para efectos
tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e
intervención del Estado, "en los términos que señale la ley".
DERECHO A LA INTIMIDAD-Instrumentos internacionales
Algunos instrumentos internacionales de
derechos humanos, consagran la mencionada garantía constitucional, como son:
(i) La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 12 señala que: “Nadie
será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o
ataques”. (ii) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su
artículo 17.1 establece que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni
de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de ley contra esas injerencias o esos ataques”. (iii) La Convención
Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 11.2 prevé: “Nadie puede ser
objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su
familia, en su domicilio o en su correspondencia, no de ataques ilegales a su
honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra
esas injerencias o esos ataques.
DERECHO A LA INTIMIDAD-Grados en que se clasifica/DERECHO A LA
INTIMIDAD PERSONAL-Alcance/DERECHO A LA INTIMIDAD FAMILIAR-Alcance/DERECHO
A LA INTIMIDAD SOCIAL-Alcance/DERECHO A LA INTIMIDAD GREMIAL-Alcance
Dependiendo del nivel en que el individuo cede parte de su
interioridad hacia el conocimiento público, se presentan distintos grados de
intimidad. Dichos grados de intimidad se suelen clasificar en cuatro distintos
niveles, a saber: la intimidad personal, familiar, social y gremial (C.P. art.
15). La primera, alude precisamente a la salvaguarda del derecho de ser dejado
sólo y de poder guardar silencio, es decir, de no imponerle a un determinado
sujeto, salvo su propia voluntad, el hecho de ser divulgados, publicados o
fiscalizado aspectos íntimos de su vida. La segunda, responde al secreto y a la
privacidad en el núcleo familiar, una de cuyas principales manifestaciones es
el derecho a la inmunidad penal, conforme al cual, “nadie podrá ser obligado a
declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes
entro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.
La tercera, involucra las relaciones del individuo en un entorno social
determinado, tales como, las sujeciones atenientes a los vínculos labores o
públicos derivados de la interrelación de las personas con sus congéneres en
ese preciso núcleo social, a pesar de restringirse-en estos casos-el alcance
del derecho a la intimidad, su esfera de protección se mantiene vigente en aras
de preservar otros derechos constitucionales concomitantes, tales como, el derecho
a la dignidad humana. Finalmente, la intimidad gremial se relaciona
estrechamente con las libertades económicas e involucra la posibilidad de
reservarse-conforme a derecho-la explotación de cierta información, siendo, sin
lugar a dudas, uno de sus más importantes exponentes, el derecho a la propiedad
intelectual.
DERECHO A LA INTIMIDAD-Restricciones/DERECHO A LA INTIMIDAD-No es absoluto/DERECHO A LA INTIMIDAD-Limitaciones deben respetar principios de
razonabilidad y proporcionalidad
DERECHO A LA INTIMIDAD-Principios que lo protegen/PRINCIPIO DE
LIBERTAD-Concepto/PRINCIPIO DE FINALIDAD-Concepto/PRINCIPIO
DE NECESIDAD-Concepto/PRINCIPIO DE VERACIDAD-Concepto/PRINCIPIO
DE INTEGRIDAD-Concepto
Son cinco los principios que
sustentan la protección del derecho a la intimidad, y sin los cuales, se
perdería la correspondiente intangibilidad del contenido garantista de la
inmunidad del individuo frente a la innecesaria injerencia de los demás. Ellos
se clasifican y explican en los siguientes términos: El principio de libertad,
según el cual, los datos personales de un individuo, sólo pueden ser
registrados o divulgados con el consentimiento libre, previo, expreso o tácito
del titular, a menos que el ordenamiento jurídico le imponga la obligación de
relevar dicha información, en aras de cumplir un objetivo constitucionalmente
legítimo. En este contexto, la obtención y divulgación de datos personales, sin
la previa autorización del titular o en ausencia de un claro y preciso mandato
legal, se consideran ilícitas. El principio de finalidad, el cual se expresa en
la exigencia de someter la recopilación y divulgación de datos, a la
realización de una finalidad constitucionalmente legítima, lo que impide obligar
a los ciudadanos a relevar datos íntimos su vida personal, sin un soporte en el
Texto Constitucional que, por ejemplo, legitime la cesión de parte de su
interioridad en beneficio de la comunidad. De conformidad con el principio de
necesidad, la información personal que deba ser objeto de divulgación, se
limita estrechamente a aquella que guarda relación de conexidad con la
finalidad pretendida mediante su revelación. Así, queda prohibido el registro y
la divulgación de datos que excedan el fin constitucionalmente legítimo.
Adicionalmente, el principio de veracidad, exige que los datos personales que
se puedan divulgar correspondan a situaciones reales y, por lo mismo, se
encuentra prohibida la divulgación de datos falsos o erróneos. Por último, el
principio de integridad, según el cual, la información que sea objeto de
divulgación debe suministrarse de manera completa, impidiendo que se registre y
divulgue datos parciales, incompletos o fraccionados.
DERECHO A COMUNICARSE-Afectación/DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y
FAMILIAR-Libertad de comunicación
INTERCEPTACION DE
COMUNICACIONES-Alcance
y límites/INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES-Alcance
INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES Y DERECHO
A LA INTIMIDAD-Condiciones de validez/INTERCEPTACION
ILEGAL DE COMUNICACIONES-Contraria a principios democráticos que protegen a
individuos de arbitrariedad de agentes estatales/INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES-Condiciones
y procedimientos expresamente señalados en la Constitución Política y en la
ley, como garantía de los derechos fundamentales
En cuanto a
la protección de las comunicaciones privadas contra interceptaciones
arbitrarias, esta Corporación ha reiterado que el derecho a la intimidad
garantiza a los asociados una esfera o espacio de su vida privada, inmune a la
interferencia arbitraria de otros, en especial si la interceptación es
realizada por agentes del Estado, pero también cuando esa interferencia es
realizada por personas privadas, como cuando, por ejemplo, se divulgan a través
de los medios de comunicación situaciones o circunstancias que sean de
exclusivo interés de la persona o sus allegados. Esa doctrina constitucional
también ha reconocido que el derecho a la intimidad no es absoluto y ha
señalado, por ejemplo, que cuando se trata de personas y hechos de importancia
pública, el derecho a la información prevalece prima facie sobre el derecho a
la intimidad. La interceptación ilegal de comunicaciones es entonces una
práctica contraria a los principios democráticos que protegen a los individuos
de la arbitrariedad de los agentes estatales. Por ello, la interceptación de
comunicaciones, sólo puede ser realizada bajo las condiciones y procedimientos
expresamente señalados en la Carta y en la ley, como garantía de los derechos fundamentales,
en especial del derecho a la intimidad.
INVESTIGACION DE CONDUCTAS DELICTIVAS A
TRAVES DE INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES-Jurisprudencia constitucional
NECESIDAD DE CONTROL DE LAS
INTERCEPTACIONES-Contenido/INTERCEPTACION
DE COMUNICACIONES-Concurrencia de las tres ramas del poder
público
COMUNICACIONES PRIVADAS-Interceptación por orden judicial
INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES-Límites materiales
Todas las interceptaciones
están sujetas a una serie de límites materiales independientemente de cuál sea
la autoridad que las realice, derivadas de la ley y de los principios que rigen
la restricción del derecho a la intimidad: (i) Las autoridades encargadas de la
operación técnica no podrán actuar de manera autónoma, sino que han de
realizarlas con estricta sujeción a las formalidades de la orden y de la Ley.
(ii) Requieren un control posterior del juez de control de garantías como
máximo en las treinta y seis (36) horas siguientes a su realización en virtud
de lo dispuesto en el artículo 250 de la Constitución. (iii) En virtud del
principio de finalidad deben realizarse exclusivamente para efectos de la
investigación. En este sentido, el artículo 235 de la Ley 906 de 2004 que
señala que: “el fiscal podrá ordenar, con el
único objeto de buscar elementos materiales probatorios y evidencia física, que
se intercepten mediante grabación magnetofónica o similares las comunicaciones
telefónicas, radiotelefónicas y similares que utilicen el espectro
electromagnético”. (iv) De acuerdo al principio de necesidad no pueden
divulgarse para fines distintos al proceso, lo cual es igualmente consagrado en
la parte final del artículo 235 de la Ley 906 de 2004 que permite la
interceptación de comunicaciones “cuya
información tenga interés para los fines de la actuación”. En este
sentido, la Corte Constitucional ha señalado: “Esa legitimación no
alcanza para justificar la divulgación o uso abusivo de la información
almacenada, la cual en tanto privada mantiene la garantía de protección que le
brinda la Constitución a su titular, cosa distinta es que quepa dentro de lo
dispuesto en el último inciso del artículo 15 de la Carta, que establece que
para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección,
vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros
de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.
(v) En virtud del principio de veracidad, los datos personales que se puedan
divulgar en el proceso deben corresponder a situaciones reales y, por lo mismo,
se encuentra prohibida la divulgación de datos falsos o erróneos. (vi) Por
último, de acuerdo al principio de integridad, la información que sea objeto de
divulgación en el proceso debe suministrarse de manera completa, impidiendo que
se registren y divulguen datos parciales, incompletos o fraccionados.
INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES-Desarrollo normativo
POLICIA JUDICIAL-Contenido/POLICIA JUDICIAL-Acepciones
En el ordenamiento jurídico colombiano la
policía judicial tiene dos (2) acepciones, la orgánica y la funcional, las
cuales son diferentes pero están muy relacionadas entre sí: (i) Desde el punto
de vista orgánico la policía judicial implica el conjunto de autoridades que
colaboran con los funcionarios judiciales en la investigación de los delitos y
en la captura de los delincuentes. En este sentido, la concepción moderna de la
policía judicial es la de un cuerpo que requiere la aplicación de principios de
unidad orgánica y, sobre todo, de especialización científica y que actúa bajo
la dirección funcional de los fiscales o los jueces. La Corte Constitucional ha
precisado que la policía judicial debe desempeñarse por servidores públicos
especializados y bajo la dirección, coordinación y responsabilidad funcional de
la Fiscalía General de la Nación, que, por mandato de la Constitución forma
parte de la rama judicial del poder público. (ii) Desde el punto de vista
funcional la policía judicial constituye un elemento necesario para la
investigación judicial y, por ello, queda dentro de la órbita propia de la
función judicial del Estado. Constituye en este aspecto la actividad
desarrollada con ocasión de la comisión de un delito, encaminada a su
esclarecimiento e individualización de los presuntos responsables, operación que
no es característica ni propia de la policía, aun cuando miembros de esta
institución en sus dependencias especializadas puedan ser investidos de tal
función o supletoriamente la tengan que ejercer, lo cual es ocasional y
excepcional. La labor encomendada a la policía judicial tiene una naturaleza investigativa,
así ésta se realice bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de
la Nación. En este aspecto, según las exigencias de cada fase del proceso, la
ley atribuye a la policía judicial una mayor iniciativa propia, que luego se
torna menor y finalmente desaparece. En todo caso, se orienta sustancialmente a
la comprobación de hechos y circunstancias relevantes para el juzgamiento. De
esta manera, la policía judicial es concebida por la propia Ley 906 de 2004,
inciso final de su artículo 200, como la función que cumplen las entidades del
Estado para apoyar la investigación, dependiendo funcionalmente del Fiscal
General de la Nación y sus delegados.
LEGISLACION PROCESAL PENAL-Tipos de autoridades que ejercen funciones
de policía judicial
La
legislación procesal penal distingue tres tipos de autoridades que ejercen
funciones de policía judicial: Las
que lo hacen de manera permanente y general como la Policía Judicial de la
Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General
de la Nación y todos los servidores que desempeñen funciones judiciales siempre
y cuando guarden relación con la naturaleza de su función. Los que ejercen funciones especiales de policía
judicial, en asuntos de su competencia: “1. La Contraloría y la Procuraduría
General de la Nación. 2.   Las autoridades de tránsito. 3.   Las entidades
públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control. 4. Los alcaldes e
inspectores de policía. 5. Los directores nacional y regional del Inpec, los
directores de los establecimientos de reclusión y el personal de custodia y
vigilancia, conforme a lo señalado en el Código Penitenciario y Carcelario”.
Adicionalmente, el Fiscal General de la Nación, en ejercicio de la potestad que
le confiere el artículo 251-4 Superior, les atribuye funciones transitorias de
policía judicial a las entidades públicas, tal como reconoció la Sentencia
C-1506 de 2000. En todo
caso, no todos los servidores de las entidades públicas que ejerzan funciones
de vigilancia y control, como en el caso de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales ejercen dichas funciones sino solamente aquellos que el Director de
la entidad en coordinación con el Fiscal General de la Nación determine y que
en estos casos es solamente en relación con los asuntos de competencia de
dichas entidades que esta función se cumple. En este sentido, no toda la Policía Nacional, ni todos
los integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de
la Nación, desempeñan funciones de policía judicial, sino sólo quienes estén
específicamente capacitados para ese efecto, es decir, quienes constituyan
dentro de las entidades respectivas un cuerpo especial, el de “policía
judicial”.
Referencia: expediente D-10055
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 52
(parcial) de la Ley 1453 de 2011 “por medio de la cual se reforma el Código Penal, el
Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas
sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de
seguridad”.
Actor: Dagoberto José Lavalle Navarro
Magistrado
Sustanciador:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá, D.C., veinte (20) de agosto de dos
mil catorce (2014).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Luis
Ernesto Vargas Silva -quien la preside-, María Victoria Calle Correa, Mauricio
González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub y Martha Victoria Sáchica Méndez, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con
fundamento en los siguientes,
1.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, el ciudadano Dagoberto José Lavalle Navarro, miembro del
Grupo de Litigio Estratégico y de Interés Público de la Universidad del Norte,
demandó el artículo 52 de la Ley 1453 de 2011, al considerar que se configura
una omisión legislativa relativa que vulnera los artículos 15 y 29 de la Carta
Política. La demanda fue radicada con el número 10055.
1.1.
NORMA DEMANDADA
El texto de los apartes demandados es el
siguiente (Se subraya lo acusado)
“LEY 1453 DE 2011
(junio 24)
por medio de la cual se reforma el Código
Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia,
las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en
materia de seguridad.
Diario Oficial No. 48.110 de 24 de junio de 2011
EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:
Artículo 52. Interceptación de comunicaciones. Reglamentado
por el Decreto Nacional 1704 de 2012.
El artículo 235
de la Ley 906 de 2004 quedará así:
Artículo 235. Interceptación de comunicaciones. El fiscal podrá ordenar, con el objeto de buscar
elementos materiales probatorios, evidencia física, búsqueda y ubicación de
imputados, indiciados o condenados, que se intercepten mediante grabación
magnetofónica o similares las comunicaciones que se cursen por cualquier red de
comunicaciones, en donde curse información o haya interés para los fines de la
actuación. En este sentido, las autoridades competentes serán las
encargadas de la operación técnica de la respectiva interceptación así como del
procesamiento de la misma. Tienen la obligación de realizarla inmediatamente
después de la notificación de la orden y todos los costos serán a cargo de la
autoridad que ejecute la interceptación.
En todo caso, deberá fundamentarse por escrito. Las
personas que participen en estas diligencias se obligan a guardar la debida
reserva.
Por ningún motivo se podrán interceptar las
comunicaciones del defensor.
La orden tendrá una vigencia máxima de seis (6) meses,
pero podrá prorrogarse, a juicio del fiscal, subsisten los motivos fundados que
la originaron.
La orden del fiscal de prorrogar la interceptación de
comunicaciones y similares deberá someterse al control previo de legalidad por
parte del Juez de Control de Garantías”.
1.2.
DEMANDA
El demandante considera que la expresión “autoridades
competentes” contemplada en el artículo 53 de la Ley 1453 de 2011 no
determina quiénes son las entidades autorizadas para realizar una
interceptación de comunicaciones, lo cual configuraría una omisión legislativa
relativa que desconoce los derechos al debido proceso y a la intimidad por los
siguientes motivos:
1.2.1.
Señala que la expresión
“autoridades competentes” contemplada en el inciso segundo del artículo
53 de la Ley 1453 de 2011 es ambigua y genera una indeterminación normativa,
pues no indica quiénes son los organismos encargados de llevar a cabo las
interceptaciones de comunicaciones, lo cual vulnera gravemente el debido
proceso y el derecho a la intimidad.
1.2.2.
Expresa que se
estructura una omisión legislativa en el entendido que la expresión “autoridades
competentes” es indeterminada y manifiesta una carencia injustificada de la
regulación de la materia, pues no se incluyó un ingrediente que de acuerdo con
la Constitución es esencial para armonizar el texto legal con los derechos al
debido proceso y a la intimidad.
1.2.3.
Argumenta que la
indeterminación sobre quiénes pueden llevar a cabo las operaciones de
interceptación implica la exclusión de un ingrediente normativo esencial que es
la radicación de las competencias para realizar la actuación, lo cual genera
una zona de oscuridad sobre el supuesto de quién, determinada y
específicamente, debe desplegar la interceptación. En este sentido, manifiesta
que no debe permitirse esa incertidumbre en un tema tan álgido, delicado y
sensible como lo es la competencia para interceptar comunicaciones, y menos en
un Estado Social de Derecho, cuyo fin esencial es garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes de los ciudadanos.
1.2.4.
Arguye que si bien
el numeral 4° del artículo 46 de la Ley 938 de 2004 señala que las
interceptaciones de comunicaciones son llevadas a cabo por las autoridades de
policía judicial, existe una gran indeterminación y una amplia discrecionalidad
en este aspecto, ya que son muchas las entidades que pueden interceptar una
comunicación y al estar presentes tantos órganos, resulta reprochable que no se
vigile y se proteja el derecho a la intimidad y el debido proceso.
1.2.5.
En particular
cuestiona que en virtud de lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley 906 de
2004 la Fiscalía puede autorizar que cualquier entidad pública en Colombia
pueda tener funciones de policía judicial, por lo cual cualquier ente público
en Colombia podría realizar una interceptación de comunicaciones, circunstancia
que afectaría de manera grave el debido proceso y el derecho a la intimidad.
1.2.6.
Argumenta que se
vulnera el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, ya que éste
exige que se consagren unos procedimientos claros, los cuales deben ser
respetados por la administración. En este sentido, afirma que la expresión “autoridades
competentes” es ambigua y genera una indeterminación normativa, por cuanto
no se indica ni se plantea quiénes son los encargados de llevar a cabo las
interceptaciones de comunicaciones.
1.2.7.
Estima que la
expresión “las autoridades competentes” genera un choque injustificado
entre lo transcrito y el derecho a la intimidad, lo cual es consecuencia de la
indeterminación y la amplitud de la expresión. En este aspecto recuerda que el
artículo 15 de la Constitución consagra que “La correspondencia y demás
formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o
registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que
establezca la ley”.
1.2.8.
A partir de la
falta de claridad al simplemente señalar “las autoridades competentes”, nos
encontramos, según el accionante, frente a un desacato injustificado de lo
señalado por nuestro ordenamiento jurídico positivo, que reconoce la
importancia de la vida privada, de la intimidad y de las comunicaciones que
tenga la persona, resaltando que cuando se transgrede esta privacidad de manera
legal y legítima, el Estado debe ser garantista y preservar los procedimientos
de la mejor manera.
1.2.9.
Por lo expresado,
menciona el accionante que debe reducirse la discrecionalidad de quien será la
autoridad encargada y competente para desarrollar la labor de interceptación y “establecer
competencias regladas en forma clara, fundamentándose en el deber de garantizar
el Derecho a la intimidad”.
1.3.
INTERVENCIONES
1.3.1.  MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DEL DERECHO
El Director de Desarrollo del Derecho y del
Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicita a la
Corte Constitucional que declare la constitucionalidad de la norma demandada
por los siguientes motivos:
1.3.1.1.   Indica que por
el hecho de efectuarse una remisión normativa tácita a otras normas, como el
Código de Procedimiento Penal, para poder establecer quiénes son los encargados
de operar técnicamente la interceptación y el procesamiento de la misma, no se
incurre en una omisión legislativa que vulnere el debido proceso ni la
intimidad.
1.3.1.2.   Señala que la
expresión acusada tiene el efecto pleno de una remisión normativa tácita que se
entiende y resulta coherente en el marco sistémico de las normas preexistentes
dentro de las que se encuentran el Código de Procedimiento Penal.
1.3.1.3.   Afirma que
consagrar que el Fiscal General de la Nación tiene la potestad de ordenar la
interceptación de comunicaciones que serán operadas técnicamente y procesadas
por las autoridades competentes implica que tales organismos cuenten con la
facultad legal de operar técnicamente la interceptación y procesarla.
1.3.1.4.   Manifiesta que
cuando el artículo 235 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 52 de
la Ley 1453 de 2011, menciona a las autoridades competentes, se refiere de
manera obvia y exclusiva a las autoridades de Policía Judicial que tratan los
artículos 201, 202 y 203 del mismo Código.
1.3.1.5.   Indica que es
propio del ordenamiento procesal penal actual establecer de manera clara y
expresa las autoridades de policía judicial que son legalmente competentes para
operar técnicamente y procesar la interceptación de comunicaciones que ordene
con anterioridad el Fiscal General, por lo cual no es cierto que la expresión
acusada carezca de contenido normativo delimitado por el legislador.
1.3.2.  INTERVENCIÓN DE
LA UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
El doctor Fernando Velásquez Velásquez, como
Director del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la
Universidad Sergio Arboleda, considera que se debe declarar la exequibilidad de
la norma demandada por los siguientes argumentos:
1.3.2.1.
Señala que el
numeral segundo del artículo 250 de la Constitución determina que la Fiscalía
General de la Nación tiene como obligaciones adelantar registros,
allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones que realice como
consecuencia de su deber de investigar los hechos que tengan características de
delito.
1.3.2.2.
Manifiesta que con
el Acto Legislativo 03 de 2002 fueron modificados los artículos 116, 250 y 251
de la Constitución Política, adoptándose un sistema procesal penal de carácter
acusatorio que le otorga la función de investigar y acusar a la Fiscalía
General de la Nación y relega las decisiones que restringen derechos, la
preclusión y la emisión de la sentencia a los jueces y tribunales.
1.3.2.3.
Expresa que el
artículo 114 del actual Código de Procedimiento Penal establece atribuciones en
cabeza de la Fiscalía General dentro de las que se encuentran la de ordenar
registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones
para el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales que se le
asignaron.
1.3.2.4.
Afirma que el poder
de investigación en el proceso penal lo mantiene la Fiscalía General de la
Nación ya que tiene la responsabilidad de realizar la investigación de posibles
violaciones a la Ley penal tal como lo determina el artículo 200 de la Ley 906
de 2004 en el que se señala que la entidad direccionará y coordinará las
actividades que desarrollen los organismos de policía judicial.
1.3.2.5.
Aduce que la Ley
define a la policía judicial como una función pública en cabeza del Estado y no
como una institución pública determinada, la cual es ejercida y cumplida por
entidades del Estado con el propósito de apoyar la investigación penal.
1.3.2.6.
Expone que por las
necesidades de investigación propias de todo proceso penal, la dirección y
coordinación de las funciones de policía judicial le fueron confiadas por la
Constitución al Fiscal General de la Nación para que las realice de manera
permanente por la Policía Nacional o por otros organismos que establezca la
Ley.
1.3.2.7.
Indica que mediante
el artículo 201 de la Ley 906 de 2004 se establece que los servidores públicos
con función de policía judicial adscritos al Cuerpo Técnico de Investigación de
la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional son las autoridades
competentes para desarrollar y adelantar labores de investigación dentro del
sistema procesal penal ya que ejercen funciones permanentes de policía
judicial.
1.3.2.8.
Expone que de la
interpretación del aparte “autoridad competente” contenida en el inciso
segundo del artículo 235 de la Ley 906 de 2004 se compagina con el artículo 237
del Código de Procedimiento Penal y con el artículo segundo del decreto 1702 de
2012.
1.3.2.9.
Por lo anterior,
considera que la interpretación de las normas no se puede efectuar aisladamente
sino que debe hacerse en unión con las demás disposiciones normativas.
1.3.2.10.
Señala que la norma
acusada no vulnera los derechos fundamentales a la intimidad, al debido proceso
y al habeas data por cuanto el procedimiento para solicitar y practicar una
interceptación de comunicaciones está determinado en la Constitución y en la
Ley, requiriendo de un control judicial posterior de acuerdo al artículo 250
Superior y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema
de Justicia.
1.3.2.11.
Indica que como
consecuencia de la naturaleza controlada y vigilada de la interceptación de
comunicaciones, se deben cumplir con unos requisitos indispensables
establecidos en el artículo 235 de la Ley 906 de 2004, entre los cuales se destacan:
(i) la existencia de una orden del fiscal indicando los fines de la
interceptación, (ii) una fundamentación escrita de la orden, (iii)
la determinación de la información que se busca, (iv) una notificación
de la orden del fiscal a las entidades de operación técnica, (v) se debe
realizar mediante grabación magnetofónica o similar, y (vi) debe contar
con control posterior del juez de control de garantías frente a la orden
emitida, la ejecución y los hallazgos.
1.3.2.12.
Aduce que el inciso
segundo del artículo 52 de la Ley 1453 de 2011 regula el procedimiento para
adelantar las operaciones técnicas de la interceptación de comunicaciones
solicitada por el fiscal.
1.3.2.13.
Considera que el
aparte demandado no implica una afectación al derecho de intimidad o al debido
proceso ya que estos derechos se pueden ver vulnerados en los casos
particulares en la forma como cada funcionario de policía judicial adelante
dichas actividades y no frente a cuáles funcionarios de policía judicial las
realizan.
1.3.2.14.
Adicionalmente,
señala que no existe una omisión legislativa relativa ya que no se cumplen los
requisitos establecidos por esta Corporación para que se genere, esto es que se
haya regulado de manera insuficiente o incompleta un mandato constitucional o cuando
por tal motivo se genere una violación al derecho a la igualdad.
1.3.2.15.
Concluye indicando
que la inexistencia de la omisión legislativa se genera por cuanto la norma
demandada le asigna a los órganos con funciones de policía judicial la
obligación de realizar las operaciones técnicas que sean necesarias para
interceptar comunicaciones solicitadas por el fiscal.
1.3.3.  INTERVENCIÓN DE
LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Los profesores Francisco Bernate Ochoa y
Ricardo Medina Rico, miembros del área penal de la Facultad de Jurisprudencia
de la Universidad del Rosario consideran que la norma demandada debe ser
declarada constitucional por los siguientes motivos:
1.3.3.1.
Indican
que la expresión “autoridades competentes”, contenida en el artículo
demandado requiere una definición y delimitación del concepto de autoridad en
nuestro ordenamiento jurídico. Por lo anterior citan las definiciones de
“autoridad” que señalan el diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, y los profesores Libardo Rodríguez Rodríguez y Guillermo Cabanellas.
1.3.3.2.
Afirman
que cuando el artículo 52 de la ley 1453 de 2011, que modifica el artículo 235
de la ley 906 de 2004, consagra la expresión “autoridades competentes”,
hace alusión a una persona, entidad, órgano o sujeto de Derecho que cumple con
una función pública y que puede ser considerada como una “autoridad” que debe
estar facultada por la Ley para poder ejecutar la interceptación, es decir una
norma que elimine esa incompetencia que se genera como regla general y le
permita, expresa y contundentemente llevar a cabo la interceptación.
1.3.3.3.
Aducen
que la interceptación de comunicaciones es un mecanismo para asegurar la
consecución de elementos materiales probatorios conducentes a probar la
comisión de una conducta punible. Por lo anterior, expresan que  a pesar de ser
una intromisión en la intimidad de la persona, el Estado está  legitimado para
llevarla a cabo cumpliendo los requisitos que exige la Ley ya que en él recae
el ius puniendi.
1.3.3.4.
Afirman
que el derecho a la intimidad debe ser protegido y tutelado por el Estado y los
diferentes organismos que lo conforman por lo que consideran que tal derecho no
es un derecho absoluto, pero que tampoco puede ser vulnerado sin tomar las
medidas adecuadas y sin hacer un análisis de menor lesividad para la persona
afectada.
1.3.3.5.
Resaltan
la importancia del control jurisdiccional para poder ejecutar la labor
investigativa en mención y que la orden de la misma puede ser prorrogada
siempre y cuando exista un control previo de legalidad, hecho por parte de un
juez constitucional como lo es el juez de control de garantías.
1.3.3.6.
Expresan
que es el Estado el encargado de señalar quiénes son los competentes para
llevar a cabo las interceptaciones y otras medidas tendientes a obtener
elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente
obtenida, por lo que se trata de una discrecionalidad administrativa y no de una
arbitrariedad administrativa.
1.3.3.7.
Resaltan
que la interceptación de comunicaciones, es permitida en nuestro país a pesar
de implicar una intromisión en la intimidad de las personas, debido a que es
necesario activar la acción penal y culminarla de manera satisfactoria, con el
fin de obtener justicia.
2.
CONCEPTO
DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Procurador General de la Nación le
solicita a la Corte Constitucional se declare inhibida para pronunciarse sobre
la presente demanda por las siguientes razones:
2.1.
Manifiesta que los
cargos planteados por el accionante carecen de certeza ya que la expresión
demandada no es vaga o indeterminada sino una norma en blanco, situación que es
constitucionalmente diversa.
2.2.
Señala que se debe
diferenciar el fenómeno de la vaguedad normativa, con el de la tipificación de
normas en blanco, ya que el primero implica una textura abierta y la segunda
obedece a una norma que es plenamente concreta, pero que sólo completa su
contenido con otra disposición.
2.3.
Resalta que el
demandante confundió los dos fenómenos anteriormente expuestos ya que no logró
establecer la vaguedad de la disposición, ni la inconstitucionalidad del
reenvío como norma en blanco, por lo que considera que la Corte no podría
efectuar un verdadero pronunciamiento de fondo.
2.4.
Indica que los
cargos que se formulan frente a las exigencias procedimentales para llevar a
cabo las interceptaciones son inciertos e insuficientes por cuanto los
requerimientos técnicos para ejecutarlas no hacen parte del contenido deóntico
de la expresión acusada y la demanda no logra proponer los estándares mínimos
que se han transgredido.
2.5.
Añade que los
cargos no tienen certeza por omitir evaluar el tratamiento de los datos a la
luz del proceso penal que adelanta la Fiscalía.
2.6.
Afirma que no puede efectuarse una integración
normativa con las normas que hacen parte de la norma en blanco, ya que existe
una verdadera insuficiencia de cargos por cuanto el aparte demandado
deónticamente puede completarse más no se generan las razones que hagan
sospechar de su inconstitucionalidad.
2.7.
Indica que si se
genera el fenómeno de la integración normativa, esta Corporación se
extralimitaría al construir el cargo examinado, como un requisito formal con el
cual se pueda iniciar el juicio de constitucionalidad.
2.8.
Señala que algunos
apartes que no fueron demandados del artículo que se estudia, podrían adolecer
de inconstitucionalidad, como por ejemplo lo sería la autorización para que
la Fiscalía efectuara interceptaciones sin orden o sin control posterior del
juez de garantías, sin embargo este ataque no se deriva de los cargos
propuestos y por lo tanto implica un problema jurídico diverso al que se expuso
en la demanda no pudiendo discutirse en el presente caso.
3.
CONSIDERACIONES
3.1.
COMPETENCIA
La Corte Constitucional es competente, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la
Constitución, para pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad
presentada.
3.2.
EXAMEN DE LA
APTITUD DEL CARGO FORMULADO
3.2.1.
El artículo 2° del
Decreto 2067 de 1991 señala los elementos indispensables que debe contener la
demanda en los procesos de control de constitucionalidad[1]. Concretamente, el ciudadano que ejerce la
acción pública de inconstitucionalidad contra una disposición determinada debe
indicar con precisión el objeto demandado, el concepto de la
violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer
del asunto.
3.2.2.
Por otro lado, en
la Sentencia C-1052 de 2001, esta Corporación señaló las características que
debe reunir el concepto de violación formulado por el demandante, estableciendo
que las razones presentadas por el actor deben ser claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes, posición acogida por
esta Corporación en jurisprudencia reiterada[2].
En este caso, el actor indicó con precisión
el objeto demandado, el cual corresponde a la expresión “autoridades
competentes” contemplada en el artículo 53 de la Ley 1453 de 2011; señaló
las razones por las cuales la Corte Constitucional es competente y; explicó el
concepto de la violación al expresar que vulnera los derechos al debido proceso
y a la intimidad, por cuanto considera que no se estableció de manera clara y
determinada cuáles son las autoridades competentes para realizar una
interceptación de comunicaciones.
3.2.3.
Así mismo, esta
Corporación considera que la demanda cumple con los requisitos indicados por la
Corte Constitucional para estudiar el cargo de formulado por las siguientes
razones:
3.2.3.1.Se presenta el requisito de certeza, pues la
afirmación del actor que es el punto de partida de la demanda, es cierta, ya
que la expresión cuestionada no determina cuáles son las autoridades encargadas
de realizar una interceptación telefónica, interrogante que no puede
solucionarse completamente a través de una interpretación sistemática con otras
normas del procedimiento penal colombiano, pues en cualquier caso la Fiscalía
puede delegar a otra autoridad pública para la realización de una
interceptación telefónica.
En este aspecto, debe señalarse que
efectivamente a través de una interpretación sistemática de la expresión
demandada con el numeral 4° del artículo 46 de la Ley 938 de 2004 las
autoridades competentes para realizar una interceptación de comunicaciones son
las investidas de funciones de policía judicial, sin embargo, se conserva la
indeterminación teniendo en cuenta que el artículo 203 de la Ley 906 de 2004
permite que la Fiscalía General de la Nación delegue esta función en cualquier
autoridad pública: “Ejercen funciones de
policía judicial, de manera transitoria, los entes públicos que, por resolución
del Fiscal General de la Nación, hayan sido autorizados para ello”.
3.2.3.2.Se presentan los requisitos de claridad y
especificidad, pues el demandante expone de manera comprensible sus argumentos
para considerar que la expresión demandada es inconstitucional.
3.2.3.3.Se configura el requisito de pertinencia
constitucional, pues el cargo evidencia la posible afectación de los derechos
al debido proceso y a la intimidad a través de una omisión legislativa
relativa.
3.2.3.4.Finalmente el cargo tiene suficiencia, pues expone
argumentos necesarios para hacer un juicio de constitucionalidad. En este
aspecto debe señalarse que la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido la
exigencia de 5 requisitos especiales para argumentar la existencia de una
omisión legislativa[3], los cuales fueron señalados por el
demandante:
(i)
Que exista una
norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo: en este caso la
expresión “autoridades
competentes” contemplada
en el artículo 53 de la Ley 1453 de 2011.
(ii) Que la misma excluya de sus consecuencias
jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos
en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un
ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial
para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta: lo cual fue
señalado por el demandante al manifestar que se omitió definir cuáles son las
autoridades específicamente competentes para realizar una interceptación.
En este aspecto, el demandante reconoce que
si bien a través de una interpretación sistemática se puede concluir que las
entidades encargadas de realizar una interceptación de comunicaciones son
aquellas investidas de la función de policía judicial, en virtud del artículo
203 de la Ley 906 de 2004 cualquier entidad pública podría llegar a realizar
una interceptación por orden de la Fiscalía General de la Nación, situación que
es cuestionada por el actor, pues afectaría los derechos al debido proceso y a
la intimidad.
(iii) Que la exclusión de los casos o ingredientes
carezca de un principio de razón suficiente, lo cual también fue manifestado
por el demandante, quien señala que no existe justificación alguna para que no
se determine de manera específica la entidad encargada de hacer las
interceptaciones.
(iv) Que la falta de justificación y
objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una
desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las
consecuencias de la norma: en este caso el demandante expresó que en particular
la norma permitiría la existencia de vacíos en la determinación de la autoridad
competente para llevar a cabo la interceptación, lo cual afectaría el derecho
al juez natural como componente del debido proceso.
(v) Finalmente se exige que la omisión
sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el
constituyente al legislador, el cual el demandante señala que es el deber
constitucional de protección de los derechos al debido proceso y a la intimidad
consagrados en los artículos 29 y 15 de la Constitución Política.
3.3.
PROBLEMA
JURÍDICO
El demandante señala que la expresión “autoridades
competentes” contemplada en el artículo 53 de la Ley 1453 de 2011 no
determina cuáles son las entidades autorizadas para realizar una interceptación
de comunicaciones, lo cual configuraría una omisión legislativa relativa que
desconoce los derechos al debido proceso y a la intimidad. Por lo anterior, la
Corte debe establecer si la no determinación específica de las autoridades
competentes para realizar una interceptación vulnera los derechos al debido
proceso y a la intimidad.
Para resolver este problema jurídico, se
abordarán los siguientes aspectos: (i) el alcance del derecho al debido proceso en materia
penal, (ii) la protección constitucional del derecho a la intimidad y
sus límites, (iii) el alcance y los límites de la interceptación de
comunicaciones, (iv) la policía judicial en el ordenamiento jurídico
colombiano y (v) el análisis de la norma demandada.
3.4.
EL ALCANCE DEL
DEBIDO PROCESO EN MATERIA PENAL
El debido proceso es un
derecho fundamental[4], que se ha definido como “una
serie de garantías que tienen por fin sujetar las actuaciones de las
autoridades judiciales y administrativas a reglas específicas de orden
sustantivo y procedimental, con el fin de proteger los derechos e intereses de
las personas en ellas involucrados”[5]. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado:
“El respeto al derecho fundamental al debido
proceso, le impone a quien asume la dirección de la actuación judicial o
administrativa, la obligación de observar, en todos sus actos, el procedimiento
previamente establecido en la ley o en los reglamentos, “con el fin de
preservar las garantías -derechos y obligaciones- de quienes se encuentran
incursos en una relación jurídica, en todos aquellos casos en que la actuación
conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la
imposición de una sanción"[6]
Este derecho tiene por finalidad
fundamental: “la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P)”[7].
Por lo anterior, la
importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo, por
lo cual deben respetarse los principios procesales de publicidad,
inmediatez, libre apreciación de la prueba, y, lo más importante: el derecho
mismo[8]. En este sentido, esta Corporación ha
señalado:
“El debido proceso
compendia la garantía de que todos los demás derechos reconocidos en la Carta
serán rigurosamente respetados por el juez al resolver asuntos sometidos a su
competencia, como única forma de asegurar la materialización de la justicia,
meta última y razón de ser del ordenamiento positivo”[9].
Las garantías que integran el
debido proceso, y entre ellas el derecho de defensa, son de estricto
cumplimiento en todo tipo de actuaciones, ya sean judiciales o administrativas,
pues constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor
superior del ordenamiento jurídico[10]. Debe destacarse que la tutela
constitucional de este derecho no se dirige a proteger el riguroso seguimiento
de reglas de orden simplemente legal, sino el manejo de reglas procesales para
tomar decisiones que puedan justificarse jurídicamente, es decir, hay que ver
el debido proceso desde el ámbito constitucional[11].
La jurisprudencia de esa
Corporación ha señalado que las siguientes garantías hacen parte del debido
proceso[12]:
i)
El
derecho al juez natural, es la garantía de ser juzgado por el
juez legalmente competente para adelantar el trámite y adoptar la decisión de
fondo respectiva, el cual debe ser funcionalmente independiente, imparcial y
estar sometido solamente al imperio de la ley (Arts. 228 y 230 C. Pol.)[13].
En este sentido, el juez
natural es aquél a quien la
Constitución o la Ley le han asignado el conocimiento de ciertos asuntos para
su definición, cuya determinación está regida por dos principios: la especialidad,
pues el legislador deberá consultar como principio de razón suficiente la
naturaleza del órgano al que atribuye las funciones judiciales, y de otro lado,
la predeterminación legal del Juez que conocerá de
determinados asuntos, lo cual supone: “i) que el órgano judicial sea
previamente creado por la ley; ii) que la competencia le haya sido atribuida
previamente al hecho sometido a su decisión; iii) que no se trate de un juez
por fuera de alguna estructura jurisdiccional (ex post) o establecido
únicamente para el conocimiento de algún asunto (ad hoc); y iv) que no se
someta un asunto a una jurisdicción especial cuando corresponde a la ordinaria
o se desconozca la competencia que por fuero ha sido asignada a determinada
autoridad judicial.”[14]
La exigencia
de que se haya asignado normativamente competencia no basta para definir este
concepto, pues el derecho en cuestión exige adicionalmente que no se altere “la
naturaleza de funcionario judicial” y que no se establezcan jueces o
tribunales ad-hoc. Ello implica que previamente se definan quiénes son los
jueces competentes, “que estos tengan carácter institucional y que una vez
asignada –debidamente- competencia para conocer un caso específico, no les sea
revocable el conocimiento del caso, salvo que se trate de modificaciones de
competencias al interior de una institución”[15].
En virtud de lo anterior,
el derecho al juez natural comprende una doble garantía en el entendido de que
asegura “al sindicado el derecho a no ser juzgado por un juez distinto a los
que integran la Jurisdicción, evitándose la posibilidad de crear nuevas
competencias distintas de las que comprende la organización de los jueces; e
igualmente una garantía para la Rama Judicial en cuanto impide la violación de
principios de independencia, unidad y "monopolio" de la jurisdicción
ante las modificaciones que podrían intentarse para alterar el funcionamiento
ordinario”[16].
Por otro lado, la garantía
del juez
natural tiene una finalidad más sustancial que formal,  habida
consideración que lo que protege  no es solamente el claro establecimiento
de la jurisdicción encargada del juzgamiento previamente a la comisión del
hecho puniblehttp://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-200-02.htm
- _ftn44, sino la seguridad de un juicio imparcial y con plenas
garantías para el procesado[17].
ii)
El derecho a
ser juzgado con la plenitud de las formas propias de cada juicio. Dentro de estos elementos se destaca el
establecimiento de esas reglas mínimas procesales[18],
entendidas como “(...) el conjunto de reglas señaladas en la ley que, según
la naturaleza del juicio, determinan los procedimientos o trámites que deben
surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas.” [19].
De esta forma, dicho presupuesto se erige en garantía del principio de
legalidad que gobierna el debido proceso, el cual “(...) se ajusta al
principio de juridicidad propio del Estado de Derecho y excluye, por
consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem” [20].
Cabe resaltar que los principios contenidos
en la Constitución constituyen el fundamento de todas las actuaciones que se surtan ante las autoridades
públicas “pero estas disposiciones constitucionales
del debido proceso se desarrollan y concretan mediante la incorporación legal,
pues es la ley la que se encarga de realizar las previsiones procesales que
permitan a todas las personas el acceso a la justicia y la definición de
derechos bajo el amparo de este principio constitucional.”[21]  La
inobservancia de las reglas que gobiernan cada proceso, “no sólo cuando se
adelanta uno diferente al que legalmente corresponde, sino cuando dentro del
pertinente no se siguen las secuencias que le son propias por ley, es lo que
constituye una violación y un desconocimiento al principio del debido proceso,
erigido por la Constitución en derecho fundamental”.[22]
En este sentido, se puede concluir que “el derecho
al debido proceso, que se plantea como el límite material por naturaleza, que
impide el posible abuso de las autoridades del Estado, comporta un conjunto de
reglas mínimas de carácter sustantivo y procedimental que deben ser seguidas
fielmente por las autoridades en el ámbito judicial o administrativo,
garantizando así, los derechos e intereses de las personas vinculadas a los
diferentes procesos”[23].
iii)
El
derecho a la defensa, consiste en la facultad de pedir y
allegar pruebas y controvertir las que se aporten en su contra, formular
peticiones y alegaciones e impugnar las decisiones que se adopten. El ejercicio
de este derecho tiene como presupuesto indispensable la publicidad del proceso,
mediante las citaciones para obtener comparecencia, los traslados de actos
procesales de las partes o de los auxiliares de la justicia, y las
notificaciones, comunicaciones y publicaciones de las decisiones adoptadas[24].
Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 29 la Constitución Política,
el cual destaca que: “[q]uien sea sindicado tiene derecho a la defensa”
y en el artículo 8° de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o
Pacto de San José, el cual señala que toda persona tiene derecho a ser oída,
con las debidas garantías judiciales y dentro de un plazo razonable, y a contar
con la oportunidad y el tiempo para preparar su defensa[25].
Al respecto, cabe dar cuenta de que si bien el derecho
a la defensa debe ser garantizado por el Estado en el ámbito de cualquier
proceso o actuación judicial o administrativa, éste se proyecta con mayor
intensidad y adquiere mayor relevancia en el escenario del proceso penal[26]; entendiéndose de tal manera desde el
escenario internacional, donde los múltiples tratados de derechos humanos “hacen
un especial reconocimiento al derecho a la defensa en materia penal, como
ocurre, por ejemplo, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y con la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporados a nuestro
ordenamiento interno a través de las Leyes 74 de 1968 y 16 de 1972,
respectivamente, los cuales a su vez forman parte del Bloque de
Constitucionalidad por mandato expreso del artículo 93 de la Constitución
Política.”[27]
En materia penal, el derecho a la defensa
tiene dos (2) modalidades: (i) la defensa material, entendida como
aquella que le corresponde ejercer directamente al sindicado y; (ii) la
defensa técnica, vista como “la que ejerce en nombre de aquél un abogado
escogido por el sindicado, denominado defensor de confianza, o bien a través de
la asignación de un defensor público proporcionado directamente por el Estado a
través del Sistema Nacional de Defensoría Pública”[28].
El
derecho a la defensa técnica es intemporal, no tiene límites en el tiempo,
puesto que el ejercicio de este surge desde que se tiene conocimiento que se
cursa un proceso en contra de una persona y solo culmina cuando finaliza dicho
proceso; dando cabida para interpretar que este derecho “implica que se puede ejercer desde antes
de la imputación, en las etapas pre y procesal, sin que resulte relevante para
el ordenamiento constitucional la denominación jurídica que se le asigne al
individuo al interior de todas y cada una de las actuaciones penales, pues lo
importante y trascendental es que se le garantice a lo largo de todas ellas el
ejercicio del derecho a la defensa sin limitaciones ni dilaciones
injustificadas”[29].
iv)
El
derecho a obtener decisiones ceñidas exclusivamente al ordenamiento jurídico, derivado de
los principios de legalidad de la función pública y de la independencia
funcional del juez, con prevalencia del derecho sustancial (Arts. 6º, 121, 123,
228 y 230 C. Pol.)
Al hablar de esta garantía encontramos el principio
rector de la separación de poderes que conlleva a sostener la necesidad de un
juez independiente, lo cual “solo tiene efectivo reconocimiento cuando
los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de
administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al
ejecutivo y al legislativo”[30], y se evidencia a la hora
de que el juez o funcionario debe decidir con fundamento en los hechos, de
acuerdo con los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni
prevenciones, presiones o influencias ilícitas[31].
v)
El derecho a que
las decisiones se adopten en un término razonable, sin dilaciones injustificadas. Este derecho ha sido consagrado
expresamente en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
según el cual: “toda
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
La relevancia del derecho al plazo razonable ha sido
reconocida en numerosas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos[32], la cual ha establecido tres criterios que
deben ser tenidos en cuenta para establecer la razonabilidad del plazo:“(i)
la complejidad del asunto, (ii) la actividad procesal del interesado y (iii) la
conducta de las autoridades nacionales”[33].
En este aspecto, la Corte Constitucional ha precisado
que la inobservancia de los términos judiciales, constituye una vulneración del
derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la
Constitución: "La inobservancia de los términos judiciales -como lo ha
sostenido la Corte Constitucional en varias oportunidades-, constituye una
vulneración del derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el
artículo 29 de la Constitución. El principio de celeridad que es base
fundamental de la administración de justicia debe caracterizar los procesos
penales. Ni el procesado tiene el deber constitucional de esperar
indefinidamente que el Estado profiera una sentencia condenatoria o
absolutoria, ni la sociedad puede esperar por siempre el señalamiento de los
autores o de los inocentes de los delitos que crean zozobra en la comunidad”.[34]
3.5.
PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA INTIMIDAD Y SUS LÍMITES
3.5.1.
ELEMENTOS
GENERALES DEL DERECHO A LA INTIMIDAD
3.5.1.1.
Concepto y
alcance
El derecho a la intimidad hace parte de la esfera
o espacio de vida privada no susceptible de la interferencia arbitraria de las
demás personas, que al ser considerado un elemento esencial del ser, se
concreta en el derecho a poder actuar libremente en la mencionada esfera o
núcleo, en ejercicio de la libertad personal y familiar, sin más limitaciones
que los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico[35].
Por lo anterior, el derecho a la intimidad
hace referencia al ámbito personalísimo de cada individuo o familia, es decir,
a aquellos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones que normalmente
están sustraídos a la injerencia o al conocimiento de extraños[36].
El derecho a la intimidad implica la
facultad de exigir de los demás el respeto de un ámbito exclusivo que incumbe
solamente al individuo, que es resguardo de sus posesiones privadas, de sus
propios gustos y de aquellas conductas o actitudes personalísimas que no está
dispuesto a exhibir, y en el que no caben legítimamente las intromisiones externas[37].
El derecho fundamental a la intimidad se
proyecta en dos dimensiones: (i) como secreto que impide la divulgación
ilegítima de hechos o documentos privados, o (ii) como libertad, que se
realiza en el derecho de toda persona a tomar las decisiones que conciernen a
la esfera de su vida privada[38]. En este sentido, el derecho a la
intimidad es un derecho de status negativo, o de defensa frente a
cualquier invasión indebida de la esfera privada, a la vez que un derecho de status
positivo, o de control sobre las informaciones que afecten a la persona o
la familia. Mediante este derecho se asegura a la persona y a su familia un
reducto o espacio físico inexpugnable, en el que es posible encontrar el
recogimiento necesario para proyectar libremente la personalidad, sin las
intromisiones propias de la vida en sociedad[39].
3.5.1.2.
Consagración
El artículo 15 de la Constitución Política
consagra, entre otras garantías, el derecho de toda persona a su intimidad
personal y familiar, al tiempo que estipula que la correspondencia y demás
formas de comunicación privada son inviolables, por lo que sólo pueden
ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las
formalidades que establezca la ley[40].
En este sentido, el artículo 15 de la
Constitución establece una serie de garantías para su protección: (i) el
deber del Estado y de los particulares de respetarlo; (ii) la
inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación privada,
salvo el registro o la interceptación por orden judicial, en los casos y con
las formalidades de ley y; (iii) la reserva de libros de contabilidad y
demás documentos privados, salvo su exigibilidad para efectos tributarios o
judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del
Estado, "en los términos que señale la ley"[41].
Adicionalmente, la intimidad también está
relacionada con otros derechos como la autodeteminación y la dignidad, pues: “...encuentra
su razón de ser y su fundamento último en el ámbito de autodeterminación y
libertad que el ordenamiento jurídico reconoce al sujeto como condición
indispensable para el libre desarrollo de su personalidad y en homenaje
justiciero a su dignidad”[42].
Así mismo, cabe recordar que algunos
instrumentos internacionales de derechos humanos, consagran la mencionada
garantía constitucional, como son:
(i)
La Declaración
Universal de Derechos Humanos en su artículo 12 señala que: “Nadie será
objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia su domicilio o
su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona
tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
(ii)
El Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 17.1 establece que:
“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada,
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su
honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de ley contra
esas injerencias o esos ataques”.
(iii)
La Convención
Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 11.2 prevé: “Nadie puede ser
objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su
familia, en su domicilio o en su correspondencia, no de ataques ilegales a su
honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra
esas injerencias o esos ataques.”[43]
En todo caso, el Constituyente
reservó al Legislador la facultad de determinar el alcance de las garantías
constitucionales para la protección de las diversas formas de comunicación y de
documentos privados. Esta reserva de ley, no obstante, debe ser ejercida de tal
forma que no desconozca el núcleo esencial del derecho a la intimidad personal
y familiar[44].
3.5.1.3.
Niveles y grados
en relación con el derecho a la intimidad
En relación con el derecho a la intimidad,
la Corte distinguido entre diferentes niveles de privacidad de la información
de los particulares. Así, en primer lugar, la Corte ha dicho que la esfera
personalísima del derecho a la intimidad está integrada por “aquellos fenómenos,
comportamientos, datos y situaciones que normalmente están sustraídos a la
injerencia o al conocimiento de extraños”[45]. No obstante, en
su afán por sistematizar la dogmática sobre lo que debe considerarse íntimo, en
su sentido más estricto, y lo que, siendo personal, puede ser objeto de
conocimiento público, la Corte ha sostenido que la información que atañe a un
individuo puede delimitarse en grados de reserva[46].
La Sentencia T-787 de 2004[47] además de señalar que entre los
denominados “grados de intimidad” se encuentran el personal, el
familiar, el social y el gremial, delimita el núcleo esencial de esa garantía,
indicando que “supone la existencia y goce de una órbita reservada a cada
persona, exenta del poder de intervención del Estado o de las intromisiones
arbitrarias de la sociedad, que le permita a dicho individuo el pleno
desarrollo de su vida personal, espiritual y cultural. En efecto, aun cuando se
reconoce en el hombre la tendencia natural hacia la socialización, no por ello
en un Estado social demócrata puede obligarse a las personas a darle publicidad
a los aspectos más íntimos y propios de su proyecto de vida personal, pues en
ciertas ocasiones los individuos prefieren el ser dejados solos y adoptar
comportamientos como el guardar silencio ante las inquietudes de los demás.”[48]
El aspecto personal permite la salvaguarda
del derecho “a ser dejado solo y de poder guardar silencio, es decir, de no
imponerle a un determinado sujeto, salvo su propia voluntad, el hecho de ser
divulgados, publicados o fiscalizados aspectos íntimos de su vida”,
mientras que a nivel familiar, apunta a la privacidad del núcleo familiar,
dentro de estas, el derecho a la inmunidad penal[49].
Ahora bien, el derecho a la intimidad se
realiza en diferentes niveles que merecen protección constitucional y dentro de
los cuales se encuentra el relativo a la intimidad del núcleo familiar[50]:
“Dependiendo del nivel en que el individuo
cede parte de su interioridad hacia el conocimiento público, se presentan
distintos grados de intimidad. Dichos grados de intimidad se suelen clasificar
en cuatro distintos niveles, a saber: la intimidad personal, familiar, social y
gremial (C.P. art. 15). La primera, alude precisamente a la salvaguarda del derecho
de ser dejado sólo y de poder guardar silencio, es decir, de no imponerle a un
determinado sujeto, salvo su propia voluntad, el hecho de ser divulgados,
publicados o fiscalizado aspectos íntimos de su vida. La segunda, responde al
secreto y a la privacidad en el núcleo familiar, una de cuyas principales
manifestaciones es el derecho a la inmunidad penal, conforme al cual, “nadie
podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero
permanente o parientes entro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil”. La tercera, involucra las relaciones del individuo
en un entorno social determinado, tales como, las sujeciones atenientes a los
vínculos labores o públicos derivados de la interrelación de las personas con
sus congéneres en ese preciso núcleo social, a pesar de restringirse-en estos
casos-el alcance del derecho a la intimidad, su esfera de protección se
mantiene vigente en aras de preservar otros derechos constitucionales
concomitantes, tales como, el derecho a la dignidad humana. Finalmente, la
intimidad gremial se relaciona estrechamente con las libertades económicas e
involucra la posibilidad de reservarse-conforme a derecho-la explotación de
cierta información, siendo, sin lugar a dudas, uno de sus más importantes
exponentes, el derecho a la propiedad intelectual”[51].
3.5.2.
RESTRICCIONES
DEL DERECHO A LA INTIMIDAD
El derecho a la intimidad no es absoluto[52], como quiera que puede limitarse cuando
entra en conflicto con derechos de terceros o con la defensa de intereses
superiores del ordenamiento[53]. En este sentido, la Corte Constitucional ha
establecido que este derecho “puede ser objeto de limitaciones”
restrictivas de su ejercicio “en guarda de un verdadero interés general que
responda a los presupuestos establecidos por el artículo 1º de la
Constitución"[54], sin que por ello se entienda que se puede
desconocerse su núcleo esencial.[55]
Por su parte, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el Caso Escher y Otros vs. Brasil señaló al respecto que “el
derecho a la vida privada “no es un derecho absoluto y, por lo tanto, puede ser
restringido por los Estados siempre que las injerencias no sean abusivas o
arbitrarias; por ello, deben estar previstas en ley, perseguir un fin legítimo
y ser  [idóneas, proporcionales] y necesarias en una sociedad democrática; […]
trayendo como consecuencia que la  falta de alguno de dichos requisitos implica
que la injerencia es contraria a la Convención”.
El reconocimiento de que el derecho a la
intimidad se vea sometido a restricciones significa, que cierta información del
individuo interesa jurídicamente a la comunidad. Admitir que este derecho no es
absoluto, implica asentir que en ciertas ocasiones, cuando el interés general
se ve comprometido y se perjudica la convivencia pacífica o se amenaza el orden
justo, cierta información individual puede y debe ser divulgada. Por lo
anterior, la Corte ha señalado que “en el desarrollo de la vida corriente,
las personas se ven impelidas a sacrificar parte de su intimidad como
consecuencia de las relaciones interpersonales que las involucran. En otros
casos, son razones de orden social o de interés general o, incluso, de
concurrencia con otros derechos como el de la libertad de información o
expresión, las que imponen sacrificios a la intimidad personal”.[56]
En todo caso, el ámbito  ontológico de la
intimidad solo puede ser objeto de limitaciones o interferencias por razones de
“interés general, legítimas y debidamente justificadas constitucionalmente”.
De ahí que la Corte haya manifestado que “salvo las excepciones
previstas en la Constitución y la ley, que obliguen a las personas a revelar
cierta información a partir de su reconocimiento o valoración como de
importancia o relevancia pública; el resto de los datos que correspondan al
dominio personal de un sujeto no pueden ser divulgados, a menos que el mismo
individuo decida revelar autónomamente su acceso al público”.[57]
Igualmente ha indicado que las limitaciones al derecho a la intimidad, al igual
que de cualquier otro derecho fundamental, deben respetar los principios de
razonabilidad y proporcionalidad en el contexto del sistema democrático[58]:
“…Por consiguiente, una primera conclusión
al estudio de la intimidad, permite fijar la siguiente regla: salvo las
excepciones previstas en la Constitución y la ley, que obliguen a las personas
a revelar cierta información a partir de su reconocimiento o valoración como de
importancia o relevancia pública; el resto de los datos que correspondan al
dominio personal de un sujeto no pueden ser divulgados, a menos que el mismo
individuo decida revelar autónomamente su acceso al público.
(…)
Por consiguiente, una segunda conclusión al
estudio de la intimidad, permite fijar la siguiente regla: El alcance del
derecho a la intimidad de un sujeto, depende de los límites que se impongan a
los demás, como exigencia básica de respeto y protección de la vida privada de
una persona. La existencia del núcleo esencial de dicho derecho, exige que
existan espacios medulares en donde la personalidad de los sujetos pueda
extenderse en plena libertad, pues deben encontrarse excluidos del dominio
público. En aquellos espacios la garantía de no ser observado (el derecho a ser
dejado sólo) y de poder guardar silencio, se convierten en los pilares
esenciales que permiten asegurar el goce efectivo del derecho a la intimidad” [59].
En este sentido, la Sentencia T-787 de
2004 recogió cinco principios que permiten determinar la legitimidad de la
intervención pública en esferas de lo íntimo:
“…Son cinco los principios que sustentan la
protección del derecho a la intimidad, y sin los cuales, se perdería la
correspondiente intangibilidad del contenido garantista de la inmunidad del individuo frente a la
innecesaria injerencia de los demás. Ellos se clasifican y explican en los siguientes
términos:
El principio de libertad, según el cual,
los datos personales de un individuo, sólo pueden ser registrados o divulgados
con el consentimiento libre, previo, expreso o tácito del titular, a menos que
el ordenamiento jurídico le imponga la obligación de relevar dicha información,
en aras de cumplir un objetivo constitucionalmente legítimo. En este contexto,
la obtención y divulgación de datos personales, sin la previa autorización del
titular o en ausencia de un claro y preciso mandato legal, se consideran
ilícitas.
El principio de finalidad, el cual se
expresa en la exigencia de someter la recopilación y divulgación de datos, a la
realización de una finalidad constitucionalmente legítima, lo que impide obligar
a los ciudadanos a revelar datos íntimos su vida personal, sin un soporte en el
Texto Constitucional que, por ejemplo, legitime la cesión de parte de su
interioridad en beneficio de la comunidad. (…)
De conformidad con el principio de
necesidad, la información personal que deba ser objeto de divulgación, se
limita estrechamente a aquella que guarda relación de conexidad con la
finalidad pretendida mediante su revelación. Así, queda prohibido el registro y
la divulgación de datos que excedan el fin constitucionalmente legítimo.
Adicionalmente, el principio de veracidad,
exige que los datos personales que se puedan divulgar correspondan a
situaciones reales y, por lo mismo, se encuentra prohibida la divulgación de
datos falsos o erróneos.
Por último, el principio de integridad,
según el cual, la información que sea objeto de divulgación debe suministrarse
de manera completa, impidiendo que se registre y divulgue datos parciales,
incompletos o fraccionados.
El conjunto integrado de los citados
principios, permite no solo garantizar el acceso legítimo a la información
personal, sino también la neutralidad en su divulgación y, por ende, asegurar
un debido proceso de comunicación.” [60].
3.6.
EL ALCANCE Y LOS
LÍMITES DE LA INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES
3.6.1.  La inviolabilidad de las comunicaciones
El secreto de las comunicaciones es
considerado como un derecho individual resultado del status libertatis
de la persona, que garantiza a ésta un espacio inviolable de libertad y
privacidad frente a su familia, a la sociedad y al Estado[61].
Una eficaz protección del
derecho que todos tienen a establecer comunicaciones entre sí, no solamente
comprende la garantía del libre acceso a los medios aptos para esa finalidad,
sino que exige la libertad de los sujetos que participan en la comunicación,
frente a las arbitrarias interferencias de organismos estatales o de personas
privadas[62]. En este sentido, el
libre ejercicio del derecho a comunicarse se afecta, hasta el extremo de
hacerlo inútil, cuando el contenido de la comunicación carece de la necesaria
espontaneidad, por el temor a la injerencia extraña o a la exposición pública
del mensaje o del intercambio de expresiones, lo que implica, obviamente,
vulneración del derecho, también fundamental, a la intimidad[63].
La protección constitucional
de este derecho guarda relación con principios como la inviolabilidad del
domicilio (artículo 23 de la Constitución de 1886) y la prohibición de
interceptar la correspondencia confiada a los correos y telégrafos salvo
mandato judicial con arreglo a la ley (artículo 38 Ibidem). Estas dos formas de
garantizar el reducto íntimo de la persona y la familia están consignadas,
también como derechos fundamentales, en los artículos 28, inciso 1º, y 15,
inciso 3º, de la Carta vigente, aplicables en relación con los más modernos
adelantos de las telecomunicaciones[64].
En cuanto a la protección de las
comunicaciones privadas contra interceptaciones arbitrarias, esta Corporación
ha reiterado que el derecho a la intimidad garantiza a los asociados una esfera
o espacio de su vida privada, inmune a la interferencia arbitraria de otros, en
especial si la interceptación es realizada por agentes del Estado[65],
pero también cuando esa interferencia es realizada por personas privadas, como
cuando, por ejemplo, se divulgan a través de los medios de comunicación
situaciones o circunstancias que sean de exclusivo interés de la persona o sus
allegados[66].
Esa doctrina constitucional también ha reconocido que el derecho a la intimidad
no es absoluto y ha señalado, por ejemplo, que cuando se trata de personas y
hechos de importancia pública, el derecho a la información prevalece prima
facie sobre el derecho a la intimidad[67].
La interceptación ilegal de
comunicaciones es entonces una práctica contraria a los principios democráticos
que protegen a los individuos de la arbitrariedad de los agentes estatales. Por
ello, la interceptación de comunicaciones, sólo puede ser realizada bajo las
condiciones y procedimientos expresamente señalados en la Carta y en la ley,
como garantía de los derechos fundamentales, en especial del derecho a la
intimidad[68].
3.6.2.
La investigación
de las conductas delictivas a través de la interceptación de las comunicaciones
El interés de la sociedad en que se
investiguen las conductas delictivas y se sancione a sus responsables, en
procura de preservar la vigencia de un orden justo es un bien tutelado por  la
Constitución. En este sentido, el acopio de información en relación con las
personas puede ser eventualmente un medio necesario para la satisfacción de ese
interés constitucionalmente protegido[69].
En el caso de investigaciones de carácter
judicial, dirigidas a verificar la existencia de conductas punibles, el acceso
a sistemas de información por parte de las respectivas autoridades se legitima,
pues el objetivo de dichas investigaciones no es otro que salvaguardar el
interés general, en la medida en que pretenden frenar y sancionar conductas
tipificadas como delitos dados los nefastos efectos sociales que ellas producen[70].
En virtud de ello, el numeral 2° del artículo 250 de
la Constitución Política señala que la Fiscalía General de la Nación, en
cumplimiento de sus funciones, puede “adelantar registros, allanamientos,
incautaciones e interceptaciones de comunicaciones”, evento en el cual el
Juez de Control de Garantías efectuará el examen posterior respectivo, dentro
del término perentorio de las treinta y seis horas siguientes. Se presenta
entonces un control amplio e integral de la medida, como fuera señalado por
esta corporación mediante la Sentencia C-1092 de 2003[71], es decir, se adelanta un examen de la
orden y de su cumplimiento[72].
El legislador en materia penal al regular
el tema ha señalado que el Fiscal puede ordenar, fundadamente y por escrito, la
interceptación “mediante grabación magnetofónica o similares las
comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y similares que utilicen el
espectro electromagnético”, para buscar elementos materiales probatorios y
evidencia física, para la búsqueda y ubicación de imputados o indiciados,
debiendo comparecer ante el Juez de Garantías dentro de las 24 horas siguientes
al diligenciamiento de la orden, para que se realice la revisión de la
legalidad de lo actuado, así como dentro de igual término una vez cumplida la
misión, para que se adelante el mismo control[73].
Las intervenciones que se producen mediante
los registros, interceptaciones y allanamientos con fines de investigación
penal entran en tensión con el derecho a la intimidad, en tanto que las
intervenciones que se realizan sobre los datos personales pueden comprometer el
derecho al habeas data y el derecho a la intimidad, que como se explicará a
continuación, no obstante derivar uno y otro su validez del artículo 15 de la
Carta,  conservan su propia autonomía[74].
Por lo anterior, el recaudo de información
debe realizarse con escrupuloso acatamiento de las cautelas que la propia
Constitución ha establecido para la protección de los derechos fundamentales
especialmente expuestos a su afectación, vulneración o mengua en el contexto de
una investigación criminal[75]. El requerimiento de autorización judicial
que implique afectación de derechos fundamentales es una de esos controles que
el legislador debe acatar al configurar las reglas orientadas a regular la
actividad investigativa del Estado[76].
3.6.3.
La necesidad de
control de las interceptaciones
La Constitución Política, en su artículo
15, inciso tercero, señala de manera precisa y perentoria que las
comunicaciones privadas no pueden ser objeto de interceptación o registro, sino
mediante orden judicial, por un caso específicamente autorizado por la ley y
siempre y cuando se cumplan de manera estricta las formalidades señaladas en
ella[77].
En este sentido, han de concurrir para
proteger ese derecho fundamental, las tres ramas del poder público: (i)
el legislador, que debe señalar en cuáles casos y de acuerdo con cuáles
formalidades; (ii) el juez, que ante la situación concreta no puede
proceder sino cuando la cuestión fáctica se enmarca dentro de la legislación, y
(iii) el ejecutor de la orden impartida que para la interceptación o
registro ha de hacerlo con estricta sujeción a las formalidades de la orden[78].
El artículo 14 de la Ley 906 de 2004 consagra, dentro
de los principios rectores y garantías procesales, el de la intimidad, negando
la posibilidad de que se efectúen registros, allanamientos o incautaciones en
domicilio, residencia o lugar de trabajo, sin la orden escrita del Fiscal
General de la Nación o su delegado, imponiendo además el acatamiento de las
formalidades y motivos previamente definidos en ese código, exceptuando eventos
de flagrancia y demás contemplados en la ley[79].
En virtud de lo anterior, en cumplimiento
del artículo 250.2 superior, en el inciso 3° del referido artículo 14 se indica
que en los eventos señalados en los incisos arriba descritos, deberá
adelantarse la respectiva audiencia ante el Juez de Control de Garantías,
dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, con el fin de determinar la
legalidad formal y material de la actuación[80].
En consecuencia, debe
señalarse que todas las interceptaciones están sujetas a una serie de límites
materiales independientemente de cuál sea la autoridad que las realice,
derivadas de la ley y de los principios que rigen la restricción del derecho a
la intimidad:
(i)
Las autoridades
encargadas de la operación técnica no podrán actuar de manera autónoma, sino
que han de realizarlas con estricta sujeción a las formalidades de la orden y
de la Ley[81].
(ii)
Requieren un
control posterior del juez de control de garantías como máximo en las treinta y
seis (36) horas siguientes a su realización en virtud de lo dispuesto en el
artículo 250 de la Constitución.
(iii)
En virtud del
principio de finalidad deben realizarse exclusivamente para efectos de la
investigación. En este sentido, el artículo 235 de la Ley 906 de 2004 que
señala que: “el fiscal podrá ordenar, con el
único objeto de buscar elementos materiales probatorios y evidencia física, que
se intercepten mediante grabación magnetofónica o similares las comunicaciones
telefónicas, radiotelefónicas y similares que utilicen el espectro
electromagnético”.
(iv)
De acuerdo al
principio de necesidad no pueden divulgarse para fines distintos al proceso, lo
cual es igualmente consagrado en la parte final del artículo 235 de la Ley 906
de 2004 que permite la interceptación de comunicaciones “cuya información tenga interés para los fines de la
actuación”. En este sentido, la
Corte Constitucional ha señalado:
“Esa legitimación no alcanza para
justificar la divulgación o uso abusivo de la información almacenada, la cual
en tanto privada mantiene la garantía de protección que le brinda la
Constitución a su titular, cosa distinta es que quepa dentro de lo dispuesto en
el último inciso del artículo 15 de la Carta, que establece que para efectos
tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e
intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de
contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley[82].
(v)
En virtud del
principio de veracidad, los datos personales que se puedan divulgar en el
proceso deben corresponder a situaciones reales y, por lo mismo, se encuentra
prohibida la divulgación de datos falsos o erróneos.
(vi)
Por último, de
acuerdo al principio de integridad, la información que sea objeto de
divulgación en el proceso debe suministrarse de manera completa, impidiendo que
se registren y divulguen datos parciales, incompletos o fraccionados.
3.6.4.  Evolución de la regulación de las
interceptaciones en Colombia
3.6.4.1.
La
Constitución de 1886 no se refería a la inviolabilidad de las
comunicaciones, sino que contemplaba la inviolabilidad de la correspondencia confiada a los telégrafos y correos. En este sentido
consagraba que “las cartas y papeles privados no podrán ser interceptados ni
registrados, sino por la autoridad, mediante orden de funcionario competente,
en los casos y con las formalidades que establezca la ley, y con el único
objeto de buscar pruebas judiciales”[83].
3.6.4.2.
En este marco, el
primer Código de Procedimiento Penal de Colombia, Ley 94 de 1938, regulaba la
detención y la interceptación de la correspondencia privada postal o
telegráfica en los siguientes aspectos: (i) permitía que el funcionario
de instrucción ordenara la detención de la correspondencia que el procesado
recibía o remitía[84],
(ii) autorizaba que el funcionario instructor ordenara en las oficinas telegráficas que se le
facilitaran copias de los telegramas transmitidos o recibidos por ellos, si
fueren conducentes al descubrimiento o comprobación de los hechos que se
investigaban[85].
Ambas modalidades requerían en todo caso dos requisitos: (i) que se
dictara a través de acto motivado por el juez y (ii) que se citara al
interesado[86].
3.6.4.3.
El Decreto 409
de 1971 reguló por primera
vez de manera específica la interceptación de comunicaciones exigiendo que
fuera ordenada por el funcionario judicial de instrucción con el objeto de buscar pruebas judiciales.
Estas grabaciones se trasladaban al expediente por medio de escrito certificado
por el juez[87].
3.6.4.4.
El
Decreto 050 de 1987 contempló nuevamente la posibilidad de que el funcionario de instrucción pudiera ordenar
que se intercepten mediante grabación magnetofónica, las comunicaciones que se
hagan o reciban en determinado teléfono y que se agreguen al expediente las
grabaciones que tengan interés para los fines del proceso. En todo caso,
contempló tres restricciones especiales: (i) no se podrán interceptar
las comunicaciones del defensor, (ii) el instructor dispondrá la
práctica de las pruebas necesarias para identificar a las personas entre
quienes se hubiere realizado la comunicación telefónica llevada al proceso de
grabación y (iii) las grabaciones se trasladarán al expediente por medio
de escrito certificado por el juez[88].
En todo caso se disponía que los autos
motivados mediante los cuales se disponga el allanamiento y el registro, la
retención de correspondencia postal o telegráfica, o la interceptación de comunicaciones
telefónicas, no se darán a conocer a las partes hasta tanto el juez considere
que ello puede interferir el desarrollo de la respectiva diligencia y que
contra dichos autos no procede recurso alguno[89].
3.6.4.5.
La Constitución
de 1991, extendió la garantía de la inviolabilidad a todas las “formas
de comunicación privada”, de manera tal que su interceptación o registro
sólo pueda realizarse “mediante orden judicial”, lo que restringe la
competencia para ello a los funcionarios de la rama jurisdiccional, pero con
una limitación establecida por el legislador, pues ellos no pueden ordenar la
interceptación o registro sino “en los casos y con las formalidades que
establezca la ley”[90].
3.6.4.6.
El Decreto 2700
de 1991 reguló en este nuevo contexto la interceptación de comunicaciones señalando que “el funcionario judicial podrá ordenar, con
el único objeto de buscar pruebas judiciales, que se intercepten mediante
grabación magnetofónica las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y
similares, que se hagan o reciban y que se agreguen al expediente las
grabaciones que tengan interés para los fines del proceso”. Sin embargo, teniendo en cuenta la
inclusión de la Fiscalía General de la Nación en las investigaciones  se señaló
que cuando se trate de interceptación durante la etapa de la investigación, la
decisión debe ser aprobada por la Dirección Nacional de Fiscalías, exigiendo
simplemente que la decisión se fundamente por escrito.
Adicionalmente, tal y como sucedía en el
Decreto 050 de 1987 se estableció que: (i)
no se podrán interceptar las comunicaciones del defensor, (ii) el
instructor dispondrá la práctica de las pruebas necesarias para identificar a
las personas entre quienes se hubiere realizado la comunicación telefónica
llevada al proceso de grabación y (iii) las grabaciones se trasladarán
al expediente por medio de escrito certificado por el juez[91].
3.6.4.7.
La Ley 600 de
2000 consagró también de manera expresa la interceptación de comunicaciones, señalando que el funcionario judicial podrá ordenar que
se intercepten mediante grabación magnetofónica las comunicaciones telefónicas,
radiotelefónicas y similares que utilicen el espectro electromagnético y que se
agreguen al expediente las grabaciones que tengan interés para los fines del
proceso. En el caso de que la interceptación la realice la Fiscalía la
decisión debe ser remitida dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a
la Dirección Nacional de Fiscalías[92].
Se consagran así mismo una serie de requisitos y
restricciones: (i) deberá
fundamentarse por escrito, (ii) se debe guardar reserva, (iii) no
se podrán interceptar las comunicaciones del defensor, (iv) el
funcionario dispondrá la práctica de las pruebas necesarias para identificar a
las personas entre quienes se hubiere realizado la comunicación telefónica
llevada al proceso en grabación, las grabaciones se trasladaran al expediente,
por medio de escrito certificado por el respectivo funcionario y, (v) contra dichas providencias no procede recurso alguno.
Adicionalmente se señala que las providencias motivadas mediante
las cuales se disponga la interceptación no se darán a conocer a las partes
mientras el funcionario considere que ello puede interferir en el desarrollo de
la respectiva diligencia[93].
3.6.4.8.
El
Acto Legislativo 02 de 2003 intentó realizar una modificación en el
artículo 15 de la Constitución dentro de la cual cabe destacar que se
incorporaba el siguiente párrafo: “Con el fin de prevenir la comisión de actos
terroristas, una ley estatutaria reglamentará la forma y condiciones  en
que las autoridades que ella señale, con fundamento en serios motivos, puedan
interceptar o registrar la correspondencia y demás formas de comunicación
privada, sin previa orden judicial, con aviso inmediato a la Procuraduría
General de la Nación y control judicial posterior dentro de las treinta y seis
(36) horas siguientes. Al iniciar cada período de sesiones el Gobierno rendirá
informe al Congreso sobre el uso que se haya hecho de esta facultad.  Los
funcionarios que abusen de las medidas a que se refiere este artículo
incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las demás responsabilidades a
que hubiere lugar”.
Sin embargo, este acto legislativo fue declarado inexequible
por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-816 de 2004[94], por un vicio de procedimiento
ocurrido en el sexto debate de la segunda vuelta.
3.6.4.9.
La
introducción del sistema acusatorio en Colombia requirió una serie de ajustes
en el artículo 250 de la Constitución que se realizaron a través del Acto Legislativo 03 de 2002, pues en el
nuevo sistema la Fiscalía General de la Nación no tiene facultades
jurisdiccionales y por ello requiere actuar bajo la tutela y control del juez
de control de garantías. En virtud de esta
situación se señaló que el Fiscal General de la Nación puede adelantar
interceptaciones pero con un control posterior a más tardar en las treinta y
seis (36) horas siguientes:
“En ejercicio de sus
funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:
(…)
2. Adelantar registros,
allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos
eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el
control posterior respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36)
horas siguientes, al solo efecto de determinar su validez”.
En todo caso, la Sentencia C­1092 de 2003 declaró
inexequible  la expresión “al solo
efecto de determinar su validez”[95], pues significó
una restricción del concepto del control de garantías.
3.6.4.10.
La Ley 906 de
2004, promulgada en desarrollo del modelo incorporado en el Acto
Legislativo 03 de 2002, contempla una regulación mucho más amplia de las
interceptaciones telefónicas y del procedimiento que debe realizarse para su
práctica:
(i)
El artículo 15
exige que para realizar una interceptación de comunicaciones se actué en virtud
de orden escrita del Fiscal General de la Nación o su delegado, con arreglo de
las formalidades y motivos previamente definidos en este código.
(ii)
El artículo 114 le
atribuye a la Fiscalía General de la Nación, para el cumplimiento de sus funciones
constitucionales y legales, la facultad de: “Ordenar registros,
allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones, y poner a
disposición del juez de control de garantías los elementos recogidos, para su
control de legalidad dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes”.
(iii)
El
artículo 146 exige que la
interceptación de comunicaciones sea registrada y reproducida mediante cualquier medio
técnico que garantice su fidelidad, genuinidad u originalidad.
(iv)
El artículo 154 requiere
que se tramite en audiencia preliminar “El
acto de poner a disposición del juez de control de garantías los elementos
recogidos en registros, allanamientos e interceptación de comunicaciones
ordenadas por la Fiscalía, para su control de legalidad dentro de las treinta y
seis (36) horas siguientes”.
(v)
El artículo 155
señala que serán de carácter reservado las
audiencias de control de legalidad sobre la interceptación de comunicaciones.
(vi)
El
artículo 235 establece que el fiscal
podrá ordenar, con el único objeto de buscar elementos materiales probatorios y
evidencia física, que se intercepten mediante grabación magnetofónica o
similares las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y similares que
utilicen el espectro electromagnético, cuya información tenga interés para los
fines de la actuación. Adicionalmente se regulan los siguientes aspectos: (i)
las entidades encargadas de la operación técnica de la respectiva
interceptación tienen la obligación de realizarla inmediatamente después de la
notificación de la orden; (ii) deberá fundamentarse por escrito; (iii)
las personas que participen en estas diligencias se obligan a guardar la debida
reserva; (iv) por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones
del defensor; (v) La orden tendrá una vigencia máxima de tres (3) meses,
pero podrá prorrogarse hasta por otro tanto si, a juicio del fiscal, subsisten
los motivos fundados que la originaron.
3.6.4.11.
La Ley 1142 de
2007 realizó algunas modificaciones puntuales al régimen de
interceptaciones contemplado en la Ley 906 de 2004:
(i)
En primer lugar, efectuó
una pequeña reforma al señalar que la interceptación se puede ordenar no
solamente con el objeto de
buscar elementos materiales probatorios y evidencia física, sino también para
la búsqueda y ubicación de imputados o indiciados[96].
(ii)
En segundo lugar,
consagra que la orden expedida por el Fiscal para efectuar la interceptación de
comunicaciones telefónicas y similares tiene una vigencia máxima de tres meses,
prorrogables hasta por otro tanto si, a juicio del fiscal, subsisten los
motivos fundados que la originaron[97].
En este sentido, faculta al Fiscal para que
“a su juicio” prorrogue la orden de interceptación de comunicaciones
telefónicas y similares, hasta por otros tres meses, siempre que subsistan los
motivos fundados que la originaron. Para tal efecto deberá tener presente los
parámetros establecidos en el artículo 221 de la Ley 906 de 2004, sobre el
respaldo probatorio para los motivos fundados[98].
La Corte Constitucional declaró exequible
la expresión “a juicio del fiscal” del artículo 15 de la Ley 1142 de
2007, por medio del cual se modificó el 235 de la Ley 906 de 2004, en el
entendido de que en todo caso, la orden del fiscal de prorrogar la
interceptación de comunicaciones y similares deberá estar sometida al control
previo de legalidad por parte del Juez de Control de Garantías[99].
3.6.4.12.
El artículo 52
de la Ley 1453 de 2011 agregó la ubicación de los condenados como otras de
las finalidades de la interceptación, adicionando la expresión “las comunicaciones que se cursen por
cualquier red de comunicaciones, en donde curse información o haya interés para
los fines de la actuación”. Así mismo se agregó la expresión: “En este sentido, las autoridades
competentes serán las encargadas de la operación técnica de la respectiva
interceptación así como del procesamiento de la misma. Tienen la obligación de
realizarla inmediatamente después de la notificación de la orden y todos los
costos serán a cargo de la autoridad que ejecute la interceptación.”
Finalmente agregó un párrafo según el cual: “La orden del fiscal de prorrogar la
interceptación de comunicaciones y similares deberá someterse al control previo
de legalidad por parte del Juez de Control de Garantías”.
3.7.
LA POLICÍA
JUDICIAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO
El numeral 4° del artículo 46 de la Ley 938
de 2004 señala que las autoridades que tengan atribuciones de policía judicial
son las encargadas de practicar interceptaciones en Colombia por orden del
fiscal o el juez competente, situación que según el demandado resulta
problemática en la medida en que según el artículo 203 del Código de
Procedimiento Penal, la Fiscalía podrá autorizar la realización de funciones de
policía judicial a cualquier entidad pública. Por lo anterior, a continuación
se analizarán las autoridades que cumplen funciones de policía judicial en
Colombia y el alcance de la coordinación que sobre las mismas ejerce la
Fiscalía General de la Nación.
3.4.1. Concepto y alcance de la policía
judicial
En el ordenamiento jurídico colombiano la
policía judicial tiene dos (2)  acepciones, la orgánica y la funcional, las
cuales son diferentes pero están muy relacionadas entre sí:
3.7.1.1.
Desde el punto de
vista orgánico la policía judicial implica el conjunto de autoridades que
colaboran con los funcionarios judiciales en la investigación de los delitos y
en la captura de los delincuentes[100]. En este sentido, la concepción moderna de
la policía judicial es la de un cuerpo que requiere la aplicación de principios
de unidad orgánica y, sobre todo, de especialización científica y que actúa
bajo la dirección funcional de los fiscales o los jueces[101].
La Corte Constitucional ha precisado que la
policía judicial debe desempeñarse por servidores públicos especializados y
bajo la dirección, coordinación y responsabilidad funcional de la Fiscalía
General de la Nación, que, por mandato de la Constitución forma parte de la
rama judicial del poder público[102].
3.7.1.2.
Desde el punto de
vista funcional la policía judicial constituye un elemento necesario para la
investigación judicial y, por ello, queda dentro de la órbita propia de la
función judicial del Estado[103]. Constituye en este aspecto la actividad desarrollada
con ocasión de la comisión de un delito, encaminada a su esclarecimiento e
individualización de los presuntos responsables, operación que no es
característica ni propia de la policía, aun cuando miembros de esta institución
en sus dependencias especializadas puedan ser investidos de tal función o
supletoriamente la tengan que ejercer, lo cual es ocasional y excepcional[104].
La labor encomendada a la policía judicial
tiene una naturaleza investigativa, así ésta se realice bajo la dirección y
coordinación de la Fiscalía General de la Nación. En este aspecto, según las
exigencias de cada fase del proceso, la ley atribuye a la policía judicial una
mayor iniciativa propia, que luego se torna menor y finalmente desaparece. En
todo caso, se orienta sustancialmente a la comprobación de hechos y
circunstancias relevantes para el juzgamiento[105].
De esta manera, la policía judicial es
concebida por la propia Ley 906 de 2004, inciso final de su artículo 200, como
la función que cumplen las entidades del Estado para apoyar la investigación,
dependiendo funcionalmente del Fiscal General de la Nación y sus delegados[106].
3.7.2.
Autoridades que cumplen funciones de policía judicial
La legislación procesal penal distingue tres tipos de
autoridades que ejercen funciones de policía judicial:
3.7.2.1.
Las que lo hacen de manera
permanente y general como la Policía Judicial de la Policía Nacional, el Cuerpo
Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y todos los
servidores que desempeñen funciones judiciales siempre y cuando guarden
relación con la naturaleza de su función.
3.7.2.2.
Los que ejercen funciones
especiales de policía judicial, en asuntos de su competencia: “1. La
Contraloría y la Procuraduría General de la Nación. 2.   Las autoridades de tránsito.
3.   Las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control. 4.
Los alcaldes e inspectores de policía. 5. Los directores nacional y regional
del Inpec, los directores de los establecimientos de reclusión y el personal de
custodia y vigilancia, conforme a lo señalado en el Código Penitenciario y
Carcelario”[107].
3.7.2.3.
Adicionalmente, el Fiscal
General de la Nación, en ejercicio de la potestad que le confiere el artículo
251-4 Superior, les atribuye funciones transitorias de policía judicial a las
entidades públicas[108],
tal como reconoció la Sentencia C-1506 de 2000.
En todo caso, no todos los  servidores  de las
entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control, como en el
caso de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ejercen dichas funciones
sino  solamente aquellos que el Director de la entidad en coordinación con el
Fiscal General de la Nación determine  y que en estos casos es solamente en
relación con los asuntos de competencia de dichas entidades que esta función se
cumple[109].
En este sentido, no toda la Policía Nacional, ni todos
los integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de
la Nación, desempeñan funciones de policía judicial, sino sólo quienes estén
específicamente capacitados para ese efecto, es decir, quienes constituyan
dentro de las entidades respectivas un cuerpo especial, el de “policía
judicial”[110].
3.7.3.
Coordinación por
la Fiscalía General de la Nación
De conformidad con el artículo 250.3 de la
Constitución, corresponde a la Fiscalía General de la Nación dirigir y
coordinar las funciones de policía judicial que se desarrollen en forma
permanente, y en virtud del artículo 251.4 ibídem, compete al Fiscal General
otorgar en forma transitoria a otros despachos públicos las atribuciones de
policía judicial que sean del caso, bajo la responsabilidad y dependencia
funcional de la institución que él encabeza[111].
La Constitución Política en el
numeral 3º del artículo 250 establece como función de la Fiscalía General de la
Nación la de dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma
permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley
y como función especial del Fiscal General se encuentra la de otorgar
atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir misiones de
policía judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la
Fiscalía General de la Nación (art. 251.4 CP)[112].  En este sentido, la Asamblea
Nacional constituyente señaló:
"La Policía Judicial estará bajo la
dirección de la Fiscalía General, como instrumento eficaz para adelantar
investigaciones de tipo técnico. Pero como existen actividades muy complejas se
faculta expresamente al fiscal general de la Nación para señalar los casos en
los cuales otros organismos oficiales no pertenecientes a la Fiscalía, puedan
asumir transitoria o permanentemente y bajo su dirección y responsabilidad,
funciones de Policía Judicial. Tales serían los casos, por vía de ejemplo, de
los superintendentes (Bancario, de Sociedades, de Notariado y Registro, de
Industria y Comercio y Control de Cambios) de la Contraloría General de la
República, de los inspectores de Trabajo, de la Sijin y de la Dijin". (Gaceta Constitucional No. 51, 16 de abril
de 1991, pág. 16)[113].
En este
aspecto el artículo 33 de la
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia consagra las funciones de
dirección, coordinación y control de las funciones de policía judicial en
cabeza del Fiscal General de la Nación:
“El Fiscal General de la Nación o sus
delegados tienen a su cargo dirigir, coordinar y controlar las funciones de
policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional, demás
organismos previstos en la Ley y los restantes entes públicos a los cuales de
manera transitoria el Fiscal General les haya atribuido tales funciones, todas
las cuales ejercerá con arreglo la ley, de manera permanente, especial o
transitoria directamente o por conducto de los organismos que ésta señale.
La omisión en el cumplimiento de las
órdenes, directrices, orientaciones y términos que imparta la Fiscalía para el
cumplimiento de las funciones de policía judicial, constituye causal de mala
conducta, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, penal y civil del
infractor.
El Fiscal General de la Nación, bajo su
responsabilidad, separará en forma inmediata de las funciones  de policía
judicial al servidor público que omita el cumplimiento de tales órdenes,
directrices,  orientaciones y términos. Si tal servidor no es funcionario
o empleado de la Fiscalía, el Fiscal que dirija la investigación lo pondrá a
disposición de su nominador quien iniciará el proceso disciplinario
correspondiente, sin perjuicio de las demás investigaciones a que haya lugar.
PARAGRAFO. Se exceptúa de lo dispuesto en
este artículo la estructura y funciones de Policía Judicial de la Procuraduría
General de la Nación, de acuerdo con lo señalado por el artículo 277 de la
Constitución Política”.
Esta norma fue analizada por
la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996 y fue declarada constitucional por
los siguientes motivos:
“De conformidad con las prescripciones
contenidas en la Carta Política, el Estado ejerce el monopolio de la acción
penal por conducto de la Fiscalía General de la Nación (Arts. 249 y s.s.). Para
el debido desarrollo de esa responsabilidad, al ente acusador se le confía,
entre otras, la misión de dirigir y coordinar las funciones de policía judicial
que estén a cargo de la Policía Nacional o de los demás organismos que defina
la ley (Art. 250-3 C.P.).
El inciso primero de la norma que se revisa
se limita a reiterar lo dispuesto en la norma superior citada. La parte
restante se encarga de conceder algunas facultades que, no sólo son de
naturaleza disciplinaria, sino que se convierten en instrumento efectivo para
que el fiscal general de la Nación pueda ejercer las labores de dirección y
coordinación de la policía judicial, dentro de un marco organizativo y conexo,
de forma tal que los responsables de investigar y acusar conozcan y puedan
decidir oportunamente acerca de las gestiones que se adelanten respecto de un
asunto en particular. Se trata, pues, de atribuciones que sí ameritan ser
incluidas dentro de una ley estatutaria de justicia y que, por lo demás,
encuentran pleno respaldo constitucional en la naturaleza de las materias
asignadas a la Fiscalía y, en especial, a su titular. Sin embargo, no sobra
advertir que las decisiones disciplinarias que al respecto adopte el señor
fiscal general, deberán siempre respetar el derecho fundamental de defensa y de
contradicción, integrantes del debido proceso (Art. 29 C.P.), el cual es
aplicable tanto a los asuntos de orden penal como, en este caso, a los
administrativos”[114].
La intervención del Fiscal General de la Nación o de
su delegado en la incursión o seguimiento pasivo por parte de funcionarios
judiciales o de policía judicial en actividades relacionadas con la preparación
de un hecho punible, le permite como cabeza máxima de la actividad de policía
judicial, coordinar las labores de inteligencia, pesquisas, operaciones
especiales a través de agentes encubiertos, y en general la utilización de las
técnicas desarrolladas por la policía judicial, con el fin de que se lleven a
cabo ajustándose a los requerimientos del debido proceso, sin que ello implique
la punición de esos actos, ni la calificación previa de elementos que puedan
eventualmente ser considerados como prueba, ni el peso relativo que puedan
tener en el contexto de un proceso penal en caso de que a ello haya lugar, por
cuanto esas actividades de seguimiento previo solamente podrán ser tenidas como
criterios orientadores de la investigación, sin perjuicio de que el Fiscal
General pueda a partir de esos informes producir dentro del proceso la prueba
requerida a fin de esclarecer la veracidad de los hechos que han dado lugar a
la procedencia de la acción penal cuando fuere el caso[115].
En ese orden de ideas, cuando el Fiscal General o su
delegado ordena a un funcionario judicial o de policía judicial realizar
labores de inteligencia sobre actividades sospechosas de estar encaminadas a la
vulneración de bienes jurídicos tutelados, individuales o colectivos, encuentra
una finalidad constitucionalmente válida cual es la de buscar pruebas con fines
judiciales o la de prevenir la comisión de delitos, constituyéndose en una
herramienta valiosa de política criminal que el legislador en ejercicio de su
libertad de configuración encontró importante delegar en el ente acusador con
el fin de identificar, individualizar o capturar los autores o partícipes,
desarticular empresas criminales, impedir la ejecución o consumación de
conductas punibles, determinar la procedencia de la acción penal, recaudar
pruebas, atender solicitudes de asistencia judicial, determinar el origen de
los bienes y ubicar víctimas[116].
3.8.
ANÁLISIS DEL
CARGO
3.8.1.  INEXISTENCIA DE UNA OMISIÓN LEGISLATIVA
El demandante señala que la expresión “autoridades
competentes” contemplada en el artículo 53 de la Ley 1453 de 2011 no
determina cuáles son las entidades autorizadas para realizar una interceptación
de comunicaciones, lo cual configuraría una omisión legislativa relativa que
desconoce los derechos al debido proceso y a la intimidad. En este caso, el
demandante señala que la norma omitió un ingrediente o condición que resulta
esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta constituido
por la determinación de cuáles son las autoridades competentes para realizar
las operaciones técnicas de interceptación.
Si
bien la norma no determina específicamente cuáles son las autoridades
encargadas de realizar la operación técnica de la interceptación de
comunicaciones, el artículo 46 de la Ley 938 de 2004 señala que dicha
competencia recae en las autoridades de policía judicial:
“En desarrollo del artículo 201 y 203 del
C.P.P., las entidades que tengan atribuciones de Policía Judicial ejercen las
siguientes funciones: (…) 4. Dar cumplimiento, de conformidad con las normas
vigentes a las órdenes de captura, allanamiento, intervención telefónica,
registro de correspondencia, vigilancia electrónica y demás actuaciones
inherentes, requeridas en las investigaciones de los hechos delictuosos que
adelanten bajo las órdenes del Fiscal o del Juez competente”.
En
virtud de lo anterior, es necesario señalar que en virtud de una interpretación
sistemática las autoridades encargadas de realizar interceptaciones de
comunicaciones son aquellas investidas de las funciones de policía judicial,
las cuales son mencionadas en los artículos 201 a 203 del Código de
Procedimiento Penal:
(i)
En
primer lugar, los órganos de policía judicial permanentes indicados en el
artículo 201 de la Ley 906 de 2004, es decir, los servidores
investidos de esa función, pertenecientes al Cuerpo Técnico de Investigaciones
de la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional por intermedio de
sus dependencias especializadas.
(ii)
En
segundo lugar, los órganos de policía judicial que ejercen sus funciones de
manera permanente pero especial dentro de su competencia, los cuales están
señalados en el artículo 202 de la Ley 909 de 2004: “1. La
Procuraduría General de la Nación. 2. La Contraloría General de la República.
3. Las autoridades de tránsito. 4. Las entidades públicas que ejerzan funciones
de vigilancia y control. 5. Los directores nacional y regional del INPEC, los
directores de los establecimientos de reclusión y el personal de custodia y
vigilancia, conforme con lo señalado en el Código Penitenciario y Carcelario.
6. Los alcaldes.7. Los inspectores de policía”.
(iii)
En
tercer lugar, los órganos que ejercen
transitoriamente funciones de policía judicial en virtud de resolución del
Fiscal General de la Nación: “Ejercen funciones de policía judicial, de manera transitoria,
los entes públicos que, por resolución del Fiscal General de la Nación, hayan
sido autorizados para ello. Estos deberán actuar conforme con las
autorizaciones otorgadas y en los asuntos que hayan sido señalados en la
respectiva resolución”[117].
En
este aspecto, el demandante señala que existe un vacío importante en la
determinación de la autoridad competente para realizar las interceptaciones,
pues la Fiscalía podría delegar esta función en cualquier entidad pública y con
ello cualquier autoridad pública en Colombia podría realizar interceptación de
comunicaciones. Sin embargo, esta facultad de delegación se encuentra
justificada desde la propia Constitución cuyo artículo 250 señala:
“Son funciones especiales
del Fiscal General de la Nación: (…) 5. Otorgar, atribuciones transitorias a entes públicos que
puedan cumplir funciones de Policía Judicial, bajo la responsabilidad y
dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación”[118].
Esta potestad fue
explicada ampliamente en la Asamblea Nacional Constituyente de la siguiente
manera:
“La Policía Judicial estará bajo la
dirección de la Fiscalía General, como instrumento eficaz para adelantar
investigaciones de tipo técnico. Pero como existen actividades muy complejas se
faculta expresamente al fiscal general de la Nación para señalar los casos en
los cuales otros organismos oficiales no pertenecientes a la Fiscalía, puedan
asumir transitoria o permanentemente y bajo su dirección y responsabilidad,
funciones de Policía Judicial. Tales serían los casos, por vía de ejemplo, de
los superintendentes (Bancario, de Sociedades, de Notariado y Registro, de
Industria y Comercio y Control de Cambios) de la Contraloría General de la
República, de los inspectores de Trabajo, de la Sijin y de la Dijin"[119].
Por
lo anterior, es claro que no existe una omisión legislativa, sino una norma en
blanco que puede ser complementada a través de una interpretación sistemática
de la disposición demandada junto a las leyes 906 y 938 de 2004 y al artículo
250 de la Constitución.
3.8.2.  INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN A LOS DERECHOS
AL DEBIDO PROCESO Y A LA INTIMIDAD
El demandante señala que la ambigüedad de la expresión
autoridades competentes implica una grave vulneración de los derechos al debido
proceso y a la intimidad, posición que no comparte esta Corporación por los
siguientes motivos:
3.8.2.1.
En relación con el
debido proceso, el demandante ha señalado que se vulnera la garantía del juez
natural, pues no se estaría determinando concretamente la autoridad operativa
técnica que podría realizar una interceptación. Para definir este aspecto lo
primero que debe hacerse es distinguir plenamente la función de los tres (3)
entes que están involucrados en la interceptación: (i) la fiscalía emite
la orden y dirige la operación, (ii) la autoridad de policía judicial
realiza la operación técnica en virtud de la orden y (iii) el juez
efectúa el control sobre la actuación[120].
En virtud de lo anterior, quien dirige la
interceptación no es la autoridad operativa técnica, sino la Fiscalía General
de la Nación que por la propia Constitución está autorizada para “adelantar registros, allanamientos, incautaciones e
interceptaciones de comunicaciones” directamente
o a través de la policía judicial.
Por lo anterior, la autoridad de policía judicial en el
sistema acusatorio realiza una simple labor operativa administrativa bajo la
absoluta dirección de la Fiscalía General de la Nación, cuya complejidad
técnica ha hecho que la propia Constitución le permita a la Fiscalía que en
cada caso determine qué entidad pública la pueda realizar.
En este sentido, el requisito del juez
natural no se puede extender a la definición específica de todas las
autoridades que pueden realizar interceptaciones de comunicaciones, pues la
propia Constitución abre la puerta para que sea la Fiscalía y no el legislador
quien determine a qué autoridades puede delegar transitoriamente labores de
policía judicial. En este sentido, exigir que el legislador determine
puntualmente las autoridades encargadas de realizar funciones de policía
judicial como las interceptaciones implicaría desconocer de manera grave la
competencia que la propia Constitución le asigna en su artículo 250 a la
Fiscalía General de la Nación para asignar transitoriamente funciones de
policía judicial a otra entidad pública.
3.8.2.2.
Frente
al derecho a la intimidad el demandante señala que la indeterminación de la
autoridad competente para realizar la interceptación implicaría que fueran
muchas las entidades que puedan realizarla y con ello se afectaría el derecho a
la intimidad, argumento que no se comparte por las siguientes razones:
3.8.2.2.1.
El derecho a la
intimidad no es absoluto, por lo cual puede ser objeto de restricciones dentro
de las cuales se ha reconocido la posibilidad de realizarlas en interés de la
justicia para investigar la comisión de conductas punibles, tal como se explicó
previamente en esta sentencia.
3.8.2.2.2.
La restricción del
derecho a la intimidad a través de la interceptación de comunicaciones está
avalada por la propia Constitución que en su artículo 250 permite a la Fiscalía
General “adelantar registros, allanamientos,
incautaciones e interceptaciones de comunicaciones”.
3.8.2.2.3.
La facultad del
Fiscal General de la Nación de asignar en otras entidades públicas la
realización de funciones de policía judicial como la interceptación de
comunicaciones está contemplada en el propio artículo 250 de la Constitución.
Adicionalmente pese a que la Constitución permita esta delegación siempre se
deberá actuar bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la
Nación.
3.8.2.2.4.
Finalmente debe
destacarse que las operaciones de interceptación requieren un estricto control
judicial con el fin de determinar la legalidad formal y material de la
actuación[121], por lo cual el juez se convierte en ese
momento en un garante de que se hayan respetado los procedimientos y no se
hayan vulnerado los derechos fundamentales del intervenido.
3.9.
CONCLUSIONES
3.9.1.  El demandante
señala que la expresión “autoridades competentes” contemplada en el
artículo 53 de la Ley 1453 de 2011 no determina cuáles son las entidades
autorizadas para realizar una interceptación de comunicaciones, lo cual
configuraría una omisión legislativa relativa que desconoce los derechos al
debido proceso y a la intimidad.
3.9.2.  No existe una
omisión legislativa, sino una norma en blanco que puede ser complementada a
través de una interpretación sistemática de la disposición demandada junto a
las Leyes 906 y 938 de 2004 y al artículo 250 de la Constitución. Si bien el
artículo 52 de la Ley 1453 de 2011 no determina específicamente cuáles son las
autoridades encargadas de realizar la operación técnica de la interceptación de
comunicaciones, el artículo 46 de la Ley 938 de 2004 señala que dicha
competencia recae en las autoridades de policía judicial, las cuales son
definidas en los artículos 201, 202 y 203 de la Ley 906 de 2004.
El demandante señala que existe un vacío
importante en la determinación de la autoridad competente para realizar las
interceptaciones, pues la Fiscalía podría delegar esta función en cualquier
entidad pública y con ello cualquier autoridad pública en Colombia podría
realizar interceptación de comunicaciones. Sin embargo, esta facultad de
delegación se encuentra contemplada en el artículo 250 de la Constitución
Política y fue justificada claramente por la Asamblea Nacional Constituyente.
3.9.3.  No se vulnera el
derecho al debido proceso pues: (i) la autoridad de policía judicial en
el sistema acusatorio realiza una simple labor operativa administrativa bajo la
absoluta dirección de la Fiscalía General de la Nación (ii) el requisito
del juez natural no se puede extender a la definición específica de todas las
autoridades que pueden realizar interceptaciones de comunicaciones, pues la
propia Constitución abre la puerta para que sea la Fiscalía y no el legislador
quien determine a qué autoridades puede delegar transitoriamente labores de
policía judicial.
3.9.4.  No se desconoce
el derecho a la intimidad por los siguientes motivos: (i) esta garantía
no es absoluta, por lo cual puede ser objeto de restricciones, dentro de las
cuales se ha reconocido la posibilidad de realizarlas en interés de la justicia
para investigar la comisión de conductas punibles; (ii) la restricción
del derecho a la intimidad a través de la interceptación de comunicaciones está
avalada por la propia Constitución que en su artículo 250 permite a la Fiscalía
General “adelantar registros, allanamientos,
incautaciones e interceptaciones de comunicaciones”; (iii) la
facultad del Fiscal General de la Nación de asignar en otras entidades públicas
la realización de funciones de policía judicial como la interceptación de
comunicaciones está contemplada en el propio artículo 250 de la Constitución y (iv)
las operaciones de interceptación requieren un estricto control judicial.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, cúmplase y archívese el expediente.
4.     DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. Declarar EXEQUIBLE la expresión “las autoridades competentes” contemplada en el artículo 52 de la Ley
1453 de 2011 por el cargo
analizado en la presente sentencia.
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrada
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Magistrado
Magistrado
SONIA VIVAS PINEDA
Secretaria General ( e )
[1] Artículo 2º del Decreto 2067 de 1991: “Las
demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por
escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas
como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un
ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las
normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las
cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el
señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del
acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la
Corte es competente para conocer de la demanda.”
[2] Sentencias de la Corte Constitucional C –
480 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C – 656 de 2003, M.P. Clara Inés
Vargas Hernández; C – 227 de 2004, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa;  C – 675
de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentaría; C – 025 de 2010, M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto; C – 530 de 2010, M.P. Juan
Carlos Henao Pérez; C – 641 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; C – 647 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C – 649 de 2010, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto; C – 819 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio; C – 840 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C – 978 de 2010, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva; C – 647 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y C
– 369 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[3] Sentencias
de la Corte Constitucional C-427 de 2000,
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-780 de
2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-800 de 2005,
M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-192 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño;
C-891 A de 2006, M.P. Rodrigo Escobar
Gil; C-1043 de 2006,
m.p. Rodrigo Escobar Gil; C-240 de 2009,
M.P. Mauricio González Cuervo; C-936 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva; C-090 de 2011, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub; C-100
de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa; C-127 de 2011, M.P. María
Victoria Calle Correa; C-600 de 2011, M.P. María
Victoria Calle Correa  y C-619 de
2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[4] Sentencia de la Corte Constitucional C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[5] Sentencias de la Corte Constitucional T-458 de 1994, M.P.
Jorge Arango Mejía; T-458 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía; C-339 de 1996, M.P.
Julio Cesar Ortiz Gutiérrez; C-1512 de 2000  M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-383 de
2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[6] Sentencia de la Corte Constitucional C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[7] Sentencia de la Corte Constitucional C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo
[8] Sentencia de la Corte Constitucional T-280 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero
[9] Sentencia de la Corte Constitucional C-252 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[10] Sentencia de la Corte Constitucional C-131 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño
[11] Sentencia de la Corte Constitucional T-280 de 1998, M.P. Alejandro Martínez
Caballero
[12] Sentencias de la Corte Constitucional C-1083 de 2005, M.P. Jaime Araujo Renteria
y T-954 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[13] Sentencias de la Corte Constitucional C-1083 de 2005, M.P. Jaime Araujo Renteria
y T-954 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[14] Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 2014. M.P. Alberto Rojas
Ríos
[15] Corte Constitucional. Sentencia T-058 de 2006. M.P. Dr. Álvaro
Tafur Galvis
[16] Corte Constitucional. Sentencia C- 200 de 2002. M.P. Dr. Álvaro
Tafur Galvis
[17] Corte Constitucional. Sentencia C- 200 de 2002. M.P. Dr. Álvaro
Tafur Galvis
[18] Sentencia de la Corte Constitucional C-383 de 05, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Ver también las
Sentencias de la Corte
Constitucional C-680 de 1998
M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-131 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño en la que
se señaló “La sola consagración del debido proceso como derecho fundamental,
no puede derivarse, en manera alguna, una idéntica regulación de sus distintos
contenidos para los procesos que se adelantan en las distintas materias
jurídicas pues, en todo aquello que no haya sido expresamente previsto por la
Carta, debe advertirse un espacio apto para el ejercicio del poder de
configuración normativa que el pueblo ejerce a través de sus representantes.
La distinta regulación del debido proceso a que pueda haber lugar en las
diferentes materias jurídicas, siempre que se respeten los valores superiores,
los principios constitucionales y los derechos fundamentales, no es más que el
fruto de un proceso deliberativo en el que, si bien se promueve el consenso,
también hay lugar para el disenso pues ello es así ante la conciencia que se
tiene de que, de cerrarse las puertas a la diferencia, se desvirtuarían los
fundamentos de legitimidad de una democracia constitucional.”
[19] Sentencias de la Corte Constitucional C-562 de 1997 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-383 de
2005,  M.P. Álvaro Tafur Galvis
[20] Sentencia de la Corte Constitucional T-001 de 1993 M.P. Jaime Sanín Grafestein
[21] Corte Constitucional. Sentencia T-445 de 1992 M.P. Ciro Angarita
Barón.
[22] Corte Constitucional. Sentencia T-431de 1993
M.P. Hernando Herrera Vergara.
[23] Sentencia de la Corte Constitucional T-954 de 2006 M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[24] Sentencias de la Corte Constitucional C-1083 de 2005, M.P. Jaime Araujo Renteria
y T-954 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[25] Sentencia de la Corte Constitucional C-838 de 2013. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[26] Sentencia de la Corte Constitucional C-838 de 2013. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[27] Sentencia de la Corte Constitucional C-127 de 2011. M.P. Maria
Victoria Calle Correa.
[28] Sentencia de la Corte Constitucional C-127 de 2011. M.P. Maria
Victoria Calle Correa.
[29] Sentencia de la Corte Constitucional C-127 de 2011. M.P. Maria
Victoria Calle Correa.
[30] Sentencia de la Corte Constitucional C-980 de 2010 M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo
[31] Sentencia de la Corte Constitucional C-980 de 2010 M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo
[32] Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador., Caso Myrna
Mack Chang Vs. Guatemala., Caso Genie
Lacayo Vs. Nicaragua., Caso
Forneron e Hija Vs. Argentina, Caso
González Medina y familiares Vs. República Dominicana, Caso Ibsen
Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia, Caso Vélez
Loor Vs. Panamá, Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala.,
Caso López Mendoza Vs. Venezuela., Caso Fleury
y otros Vs. Haití., Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile., Caso Pacheco
Teruel y otros Vs. Honduras
[33] Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El
Salvador: 67. Con respecto al
principio del plazo razonable contemplado en el artículo 8.1 de la Convención
Americana, este Tribunal ha establecido que es preciso tomar en cuenta tres
elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un
proceso: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c)
conducta de las autoridades judiciales”. Cfr. Caso Tibi, supra nota 20, párr.
175; Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111,
párr. 141; y Caso 19 Comerciantes, supra nota 15, párr. 190. En igual sentido
cfr. Wimmer v. Germany, no. 60534/00, §23, 24 February 2005; Panchenko v.
Russia, no. 45100/98, § 129, 08 February 2005; y Todorov v. Bulgaria, no.
39832/98, § 45, 18 January 2005.
[34] Sentencias de la Corte Constitucional T-450 de 1993, M.P. Alejandro
Martínez Caballero y T-368 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[35] Sentencias de la Corte Constitucional C-517 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero;
C-692 de 2003, M.P., Marco Gerardo Monroy Cabra; C-872 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y C-850 de 2013, M.P. Mauricio
González Cuervo.
[36] Sentencia de la Corte Constitucional SU-056 de 1995, M.P. Antonio
Barrera Carbonell
[37]  La sentencia citada remite a su vez a las sentencias de la Corte
Constitucional T-530 de 1992, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-552 de 1997, M.
P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-913 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[38] Sentencia de la Corte Constitucional T-414 de 1992, M.P. Ciro
Angarita Barón.
[39] Sentencia de la Corte Constitucional T-210 de 1994, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz y C-489 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[40] Sentencia de la Corte Constitucional C-131 de 2009, M.P. Nilson
Pinilla Pinilla y C-540 de 2012,
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[41] Sentencia de la Corte Constitucional C-489
de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[42] Sentencias de la Corte
Constitucional T-022 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón y C-1490 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz.
[43] Sentencia
de la Corte Constitucional C-438 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[44] Sentencia de la Corte Constitucional C-489
de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[45] Sentencia de la Corte Constitucional SU-056 de 1995, M.P.
Antonio Barrera Carbonell
[46] Sentencia de la Corte Constitucional C-1153 de 2005,
M.P. Margo Gerardo Monroy Cabra.
[47] M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[48] Sentencias de la Corte Constitucional T-787 de 2004, M. P. Rodrigo
Escobar Gil y C-131 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[49] Sentencia de la Corte Constitucional C-131 de 2009, M.P. Nilson
Pinilla Pinilla.
[50] Sentencia
de la Corte Constitucional C-438 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[51] Sentencia de la Corte
Constitucional T-787 de 2004. Así, por ejemplo, en la sentencia C-660 de
2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis a propósito del derecho a la intimidad respecto
de la relación entre cónyuges, esta Corporación señaló: “El régimen
constitucional de la familia, cuya piedra angular es el artículo 42, en
concordancia con el artículo 5°, busca hacer de esta institución el ámbito
adecuado para que dentro de un clima de respeto, no violencia, e igualdad, sus
integrantes puedan desarrollarse a plenitud como seres humanos, con la garantía
de intimidad que permita el transcurso de la dinámica familiar sin la
intromisión de terceros. Busca, así mismo, lograr un equilibrio entre la estabilidad
necesaria para el desarrollo de sus miembros con la dignidad y el libre
desarrollo de la personalidad a que tienen derecho cada uno de sus integrantes,
aspecto éste donde cobra especial importancia la existencia de un ambiente de
respeto por cada persona y de libre expresión de los afectos y emociones.
Porque la Constitución Nacional reconoce en la familia una institución
esencialmente dinámica y vital, donde cobran especial importancia los derechos
fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de
conciencia, el derecho a la intimidad”. Ver también Sentencia de la Corte Constitucional C-438 de 2013, M.P.
Alberto Rojas Ríos.
[52] Sentencias de la Corte
Constitucional C-394 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-517 de
1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-453 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; T-158A de 2008,
M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-540 de
2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
[53] Sentencia de la Corte
Constitucional C-501 de 1994 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-505 de 1999,
M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-692 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra y  C-336 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[54] Sentencia de la Corte Constitucional T-414 de 1992. M.P.: Dr.
Ciro Angarita Barón.
[55] Sentencia de la Corte Constitucional C-501 de 1994 M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa; C-692 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y  C-336
de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[56] Sentencia de la Corte Constitucional T-552 de 1997 M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa y C-692 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[57] Sentencia de la Corte
Constitucional, T-787 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[58] Sentencia de la Corte
Constitucional T-453 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-158A de 2008,
M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-640 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo; C-540 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio y C-850 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.
[59] Sentencias de la Corte Constitucional T-787 de 2004, M.P. Rodrigo
Escobar Gil y C-640 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
[60] Sentencias de la Corte Constitucional T-787 de 2004, M.P. Rodrigo
Escobar Gil; C-640 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo; C-438 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos y
C-850 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo
[61] Sentencias de la Corte Constitucional T-349 de 1993 M.P. Dr. José
Gregorio Hernández Galindo y C-179 de 1994, M.P.
Carlos Gaviria Díaz.
[62] Sentencia de la Corte Constitucional C-626
de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[63] Sentencias de la Corte Constitucional C-626
de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y C-1024
de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[64] Sentencias de la Corte Constitucional T-611 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y C-626 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo
[65] Sentencia de la Corte Constitucional T-349 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En
este fallo la Corte protege el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de
la correspondencia de los reclusos, la cual sólo podía ser interceptada si se
cumplía con 3 requisitos: 1. Que medie orden judicial;  2. Que se presente
alguno de los casos establecidos en la ley; 3.  Que se cumplan las formalidades
señaladas en la ley. Ver también la Sentencia de la Corte Constitucional C-179
de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz. En la revisión constitucional del proyecto
de ley estatutaria No. 91/92 Senado y 166/92 Cámara "Por la cual se
regulan los estados de excepción en Colombia", donde se examinó
puntualmente la interceptación de comunicaciones.
[66] Sentencia de la Corte Constitucional
T-611 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández. En este fallo la Corte tuteló el
derecho a la intimidad de los familiares de un personaje público que había sido
asesinado, frente a la difusión de información privada que hicieran distintos
medios de comunicación.
[67] Sentencia de la Corte Constitucional
T-066 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, donde la Corte dijo que cuando se
presentaban “conflictos entre el derecho a la información y los derechos a
la intimidad, la honra y el buen nombre, en casos relacionados con personas y
hechos de importancia pública, prevalece prima facie el derecho a la
información”. Al respecto ver también la
sentencia SU-159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[68] Sentencia de la Corte
Constitucional SU-159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[69] Sentencia de la Corte
Constitucional C-336 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[70] Sentencia de la Corte
Constitucional C-1490 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz.
[71] M. P. Álvaro Tafur Galvis.
[72] Sentencia de la Corte Constitucional C-131 de 2009, M.P. Nilson
Pinilla Pinilla.
[73] Sentencia de la Corte Constitucional C-131 de 2009, M.P. Nilson
Pinilla Pinilla.
[74] Sentencia de la Corte
Constitucional C-540 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
[75] Sobre las injerencias
en  la vida privada el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos ha señalado: “(…)7. Como todas las personas viven
en sociedad, la protección de la vida privada es por necesidad relativa. Sin
embargo, las autoridades públicas competentes sólo deben pedir aquella
información relativa a la vida privada de las personas cuyo conocimiento
resulte indispensable para los intereses de la sociedad en el sentido que
tienen con arreglo al Pacto. En consecuencia, el Comité recomienda que los
Estados señalen en sus informes las leyes y reglamentos que regulan las
injerencias autorizadas en la vida privada.
8. Incluso con respecto a las injerencias que sean conformes al Pacto, en la
legislación pertinente se deben especificar con detalle las circunstancias
precisas en que podrán autorizarse esas injerencias. La decisión
correspondiente competerá sólo a la autoridad designada por la ley a ese
efecto, que dará la autorización necesaria tras examinar cada caso en
particular. El cumplimiento del artículo 17 exige que la integridad y el
carácter confidencial de la correspondencia estén protegidos de jure y de
facto. La correspondencia debe ser entregada al destinatario sin ser
interceptada ni abierta o leída de otro modo. Debe prohibirse la vigilancia,
por medios electrónicos o de otra índole, la intervención de las comunicaciones
telefónicas, telegráficas o de otro tipo, así como la intervención y grabación
de conversaciones. Los registros en el domicilio de una persona deben limitarse
a la búsqueda de pruebas necesarias y no debe permitirse que constituyan un
hostigamiento”. (Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 16). (…)
[76] Sentencia de la Corte
Constitucional C-336 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[77] Sentencia de la Corte Constitucional C-1024 de 2002, M.P.
Alfredo Beltrán Sierra.
[78] Sentencia de la Corte Constitucional C-1024 de 2002, M.P.
Alfredo Beltrán Sierra.
[79] Sentencia de la Corte Constitucional C-131 de 2009, M.P. Nilson
Pinilla Pinilla.
[80] Sentencia de la Corte Constitucional C-131 de 2009, M.P. Nilson
Pinilla Pinilla.
[81] Sentencia de la Corte Constitucional C-1024 de 2002, M.P.
Alfredo Beltrán Sierra.
[82] Sentencia de la Corte
Constitucional C-1490 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz.
[83] Artículo 43 de la Constitución Política
de Colombia de 1886.
[84] Artículo 340 de la Ley
94 de 1938.
[85]Artículo 341 de la Ley 94 de 1938.
[86]Artículo 343 de la Ley
94 de 1938.
[87]Artículo 376 del Decreto 409 de 1971.
[88]
Artículo 375 del Decreto 050 de 1987.
[89]Artículo 367 del
Decreto 050 de 1987.
[90] Sentencia de la Corte Constitucional C-1024 de 2002, M.P.
Alfredo Beltrán Sierra.
[91] Artículo 351 del Decreto 2700 de 1991.
[92] Artículo 301 de la Ley 600 de 2000.
[93] Artículo 293 de la Ley
600 de 2000.
[94] M.P. Jaime
Córdoba Triviño y Rodrigo Uprimny Yepes.
[95] Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis
[96] Artículo 235. Interceptación de
Comunicaciones Telefónicas Y Similares. El fiscal podrá ordenar, con el objeto
de buscar elementos materiales probatorios, evidencia física, búsqueda y
ubicación de imputados o indiciados, que se intercepten mediante grabación
magnetofónica o similares las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y
similares que utilicen el espectro electromagnético, cuya información tengan
interés para los fines de la actuación. En este sentido, las entidades
encargadas de la operación técnica de la respectiva interceptación tienen la
obligación de realizarla inmediatamente después de la notificación de la orden.
En todo
caso, deberá fundamentarse por escrito. Las personas que participen en estas
diligencias se obligan a guardar la debida reserva.
Por
ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del defensor.
La
orden tendrá una vigencia máxima de tres (3) meses, pero podrá prorrogarse
hasta por otro tanto si, a juicio
del fiscal, subsisten los motivos fundados que la originaron.
[97] Sentencia de la Corte Constitucional C-131 de 2009, M.P. Nilson
Pinilla Pinilla.
[98] Sentencia de la Corte Constitucional C-131 de 2009, M.P. Nilson
Pinilla Pinilla.
[99] Sentencia de la Corte Constitucional C-131 de 2009, M.P. Nilson
Pinilla Pinilla.
[100] Sentencias de la Corte Constitucional C-024 de 1994  M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-404 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-429 de
2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y C-789 de 2006, M.P. Nilson Pinilla
Pinilla.
[101] Sentencias de la Corte Constitucional C-024 de 1994  M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-1506 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-429 de
2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y C-789 de 2006, M.P. Nilson Pinilla
Pinilla.
[102] Sentencia de la Corte Constitucional C-404 de
2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[103] Sentencias de la Corte Constitucional C-1024 de 2002 M.P. Alfredo Beltrán Sierra y C-431 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[104] Sentencia de la
Corte Constitucional C-789 de 2006, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[105] Sentencia de la Corte Constitucional C-034
de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[106] Sentencia de la
Corte Constitucional C-789 de 2006, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[107] Sentencia de la Corte Constitucional C-404 de
2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[108] Sentencia de la Corte Constitucional C-1506 de
2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[109] Sentencia de la Corte Constitucional C-404 de
2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[110] Sentencia de la Corte Constitucional C-404 de
2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[111] Sentencia de la Corte Constitucional C-1506 de
2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[112] Sentencia de la Corte Constitucional C-024 de 1994  M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[113] Sentencia de la Corte Constitucional C-034
de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[114] Sentencia de la Corte Constitucional C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[115] Sentencia de la Corte Constitucional C-431 de 2003, M.P. Alfredo
Beltrán Sierra.
[116] Sentencia de la Corte Constitucional C-431 de 2003, M.P. Alfredo
Beltrán Sierra.
[117] Artículo 203 de la Ley 906 de 2004.
[118] Artículo 250 Constitución Política de Colombia.
[119] (Gaceta Constitucional No. 51, 16 de abril de 1991, pág. 16)
[120] Sentencia de la Corte Constitucional C-1024 de 2002, M.P.
Alfredo Beltrán Sierra.
[121] Sentencia de la Corte Constitucional C-131 de 2009, M.P. Nilson
Pinilla Pinilla.