C-221-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-221/13
CONVENIO Y PROTOCOLO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y
EVASION FISCAL EN LOS IMPUESTOS DE RENTA Y PATRIMONIO ENTRE COLOMBIA Y LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS-Se ajustan a
fines, principios y derechos reconocidos en la Constitución y que orientan las
relaciones internacionales
CONVENIO CON LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA EVITAR LA
DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL Y SU PROTOCOLO-Carácter tributario
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Características del control constitucional
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Alcance del control constitucional
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite de ley ordinaria con inicio de debates en el
Senado de la República
Por no encontrarse regulado en el ordenamiento
constitucional un procedimiento legislativo especial para la expedición de una
ley aprobatoria de un tratado internacional, es por lo que se aplica el trámite
de una ley ordinaria en el cual se requiere: (i) el inicio del procedimiento
legislativo en la comisión constitucional correspondiente del Senado de la
República; (ii) la publicación oficial del proyecto de ley y las ponencias;
(iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias
de cada una de las Cámaras mediante votación nominal y pública conforme a lo
establecido en el Auto 242 del 17 de octubre de 2012 de la Corte
Constitucional; (iv) que entre el primer y segundo debate medie un lapso no
inferior a ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una de las
Cámaras y la iniciación del debate en la otra transcurran por lo menos quince
días; (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los
debates; y (vi) la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte
Constitucional dentro de los seis días siguientes.
LEY APROBATORIA DEL CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE
IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL ENTRE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS-Cumplimiento de requisitos
de trámite previstos
En
cuanto al trámite de la Ley 1568 de 2012 aprobatoria del Convenio entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio” y su Protocolo, la Corte no le encuentra
reparo alguno de constitucionalidad, toda vez que en su trámite se cumplió a
cabalidad con las exigencias previstas en la Constitución y en el Reglamento
del Congreso para la aprobación de este tipo de normas, a saber: su radicación
en el Senado e iniciación del debate en esta célula legislativa, siendo
repartido el proyecto a la Comisión Segunda Constitucional del Senado; las publicaciones
oficiales del proyecto y las ponencias; los anuncios previos a la votación que
se efectuaron de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo
160 de la Carta Política; aprobación en los debates y verificación de mayorías
exigidas, al igual que el cumplimiento del deber de votación nominal y pública,
o su excepción en caso de votación unánime; cumplimiento de los plazos que
deben mediar entre los debates; las sanción presidencial, su publicación y la
remisión a la Corte Constitucional.
LAPSO ENTRE DEBATES EN TRAMITE LEGISLATIVO-Reglas
VOTACIONES EN TRAMITE LEGISLATIVO-Exigencias/VOTACIONES EN TRAMITE LEGISLATIVO-Nominal
y pública asegura principios de publicidad y transparencia/VOTACIONES EN
TRAMITE DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento
A partir de la modificación que el Acto Legislativo 01
de 2009 introdujo al artículo 133 de la Constitución se exige que, con las
excepciones que señale la ley, la votación de un proyecto sea nominal y
pública, con lo que se pretende asegurar los principios de publicidad y
transparencia, de manera que se conozca el sentido del voto emitido por cada
uno de los congresistas, permitiendo el escrutinio de sus actuaciones por parte
de la ciudadanía en general y de sus electores en particular. Asimismo, el
artículo 1º de la Ley 1431 de 2011, que modificó el artículo 129 de la Ley 5ª
de 1992 en lo relativo a la votación nominal y pública, dispuso en su numeral
16 que una de las excepciones a esta clase de votación se presenta, justamente,
cuando existe unanimidad en la votación, sea en la respectiva comisión o
plenaria. En el caso específico de la Ley aprobatoria del Convenio para evitar
la doble imposición entre Colombia y los Estados Unidos Mexicanos se evidenció
su cumplimiento ya que siendo aprobado por unanimidad ninguno de los miembros de Senado o Cámara solicitó
votación nominal ni verificación de quórum, ni se registraron votos negativos o
impedimentos, lo que lleva a concluir que este requisito, en el caso
particular, se encuentra debidamente satisfecho.
TRATADOS DE INTEGRACION Y DE DERECHO COMUNITARIO-No constituyen parámetros de control de
constitucionalidad/DECISION DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CAN-No
constituye parámetro de control de constitucionalidad
La Corte ha precisado que los tratados de integración
ni el derecho comunitario se acomodan a los supuestos estipulados en el
artículo 93 de la Carta por cuanto la finalidad de los mismos no es el
reconocimiento de derechos humanos sino la regulación de aspectos económicos,
fiscales, aduaneros, monetarios, técnicos, etc., lo que hace carente de
sustento la prevalencia del derecho comunitario sobre el ordenamiento interno.
Así, se tiene que la Decisión número 40 de la CAN no hace parte del Bloque de
Constitucionalidad, lo que la excluye como parámetro para ejercer el control de
constitucionalidad, por cuanto no versa sobre derechos humanos y así, aun
cuando algunas disposiciones resulten contradictorias con lo previsto en los
tratados que rigen la Comunidad Andina de Naciones, tal incompatibilidad no
afecta la constitucionalidad del instrumento internacional y de la ley que lo
aprueba.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL
Y LEY APROBATORIA-Ejercicio
independiente de consideraciones de conveniencia, oportunidad y efectividad
Como
ya lo ha explicado la Corte, en el juicio de constitucionalidad que lleva a
cabo  en virtud del artículo 241, numeral 10º, de la Carta Política, no se
tiene en cuenta aspectos de conveniencia, oportunidad o efectividad de los
tratados, puesto que los mismos escapan a las funciones que le fueron otorgadas
a la Corte Constitucional, correspondiendo la valoración de tales criterios al
Presidente de la República y al Congreso.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL
Y LEY APROBATORIA-Negociación,
celebración y aprobación ejecutiva/TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Remisión
a la Corte Constitucional
En
lo que hace a la negociación y celebración del “Convenio entre la República de
Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio”, y su Protocolo, se tiene que fueron suscritos por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, sin que
fueran expedidos plenos poderes por parte del Presidente de la República, y con
posterioridad el señor Presidente de la República de Colombia impartió la
Aprobación Ejecutiva y dispuso someter el tratado a consideración del Congreso
para su aprobación, con lo que la aprobación del Convenio y de su Protocolo por
el Presidente de la República resulta válida a la luz del literal a) del
numeral 2º del artículo 7º de la Convención de Viena sobre el derecho de los
Tratados entre Estados y en consecuencia, desde esta perspectiva formal, no
existe reparo alguno de constitucionalidad. Asimismo, la remisión para el
control constitucional se efectuó dentro del término previsto en el artículo
241-10 de la Carta Política, esto es dentro de los seis (6) días siguientes a
la sanción de la ley.
DOBLE TRIBUTACION INTERNACIONAL-Concepto/DOBLE TRIBUTACION INTERNACIONAL-Configuración
La doble tributación internacional implica la
aplicación de dos o más normas tributarias por parte de diferentes Estados
sobre un mismo supuesto fáctico (hecho generador). Este conflicto de aplicación
de la ley se suma a la presencia de los llamados “elementos de conexión”,
definidos como: “relaciones existentes entre las personas, los objetos y los
hechos con los ordenamientos tributarios de dos o más Estados, pudiendo
ser subjetivos, si se vinculan con las personas (nacionalidad o la
residencia), u objetivos, si reportan a las cosas y a los hechos
(fuente de producción o pago de la renta, lugar del ejercicio de la actividad,
ubicación de los bienes, localización del establecimiento permanente o sitio de
celebración del contrato)”. Así, la doble tributación puede presentarse en
virtud del ejercicio de la jurisdicción tributaria de la fuente y de la
jurisdicción tributaria de la residencia. En el primer caso, un Estado grava
los ingresos percibidos por una persona natural o jurídica que no es residente
de dicho Estado, pero cuyo ingreso económico proviene de la venta o uso de bienes,
servicios, capital y otros recursos a personas dentro de su territorio; es
decir, se obtiene un beneficio o aprovechamiento de los servicios de ese
Estado, por lo que este considera necesario exigir el pago de una obligación
fiscal. En el segundo evento, el Estado grava los ingresos que perciben sus
propios residentes, ya que además de estar presente la circunstancia del
aprovechamiento de los bienes y servicios para ejercer la actividad que le
genera tales beneficios, se suma el hecho de existir mayor facilidad de
obtenerlos para un residente que para una persona que no lo es.
CONVENIOS O ACUERDOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION-Definición/CONVENIOS O ACUERDOS PARA EVITAR LA
DOBLE TRIBUTACION-Naturaleza Jurídica/CONVENIOS O ACUERDOS PARA EVITAR LA
DOBLE TRIBUTACION-Objeto
Los Acuerdos o Convenios para evitar la doble imposición
o tributación han sido definidos como “acuerdos solemnes entre los Estados
Contratantes que tienen una naturaleza jurídica dual, puesto que son tratados
internacionales y al mismo tiempo forman parte del ordenamiento jurídico
interno, cuyo objetivo principal es el de eliminar los conflictos positivos de
tributación, originados por el ejercicio de la soberanía fiscal de los
Estados”. Por regla general los Convenios para evitar la doble imposición se
encuentran dirigidos a propender porque el gravamen de las utilidades obtenidas
por las empresas sea impuesto por el Estado de la residencia, es decir, aquel
donde reside el titular de los ingresos, aunque excepcionalmente se permite que
el Estado de la fuente imponga  dichos gravámenes sobre las actividades que
ejercen empresas extranjeras en su territorio de manera constante, a través del
establecimiento permanente.
CONVENIOS O ACUERDOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION-Objetivos
Los objetivos principales de este tipo de acuerdos
fueron definidos por esta Corporación, así: Mecanismo de solución de conflictos
entre normas tributarias, pues su propósito es el de fungir como medio para
solucionar los conflictos que se presenten en la aplicación de normas
tributarias de diferentes Estados que permiten la imposición del ingreso que
percibe una persona por un mismo hecho generador y por el mismo periodo de
tiempo; Control a la evasión fiscal: ya que mediante las disposiciones
incluidas en el Acuerdo se busca incluir a través de diversas reglas, fórmulas
para prevenir la evasión fiscal y de esta forma evitar que los contribuyentes
que realicen actividades que les reportan un beneficio económico en más de un
país trasladen a la jurisdicción de menor imposición rentas carentes de
cualquier factor de conexión con aquella; Eficiencia y seguridad jurídica, en
la medida que permiten aumentar la competitividad de un Estado, puesto que el
carácter de uniformidad con el que cuentan las reglas consagradas en el
Convenio evitan que la estructura propia del sistema tributario de un país se
convierta en un factor que influya en la decisión para las inversiones
extranjeras; y Estímulo a la inversión, al reducir los niveles de tributación
se estimula la inversión extranjera, particularmente en países con niveles
medios o bajos de desarrollo.
CONVENIOS O ACUERDOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION-Carácter preferente en cuanto a la especialidad de los
impuestos que consagran
En cuanto a la aplicación de este tipo de tratados
internacionales dentro de la legislación interna, esta Corte ha explicado que
la misma es de carácter preferente en virtud del criterio de especialidad, esto
es, únicamente respecto de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, siendo
aplicable para los demás casos las disposiciones nacionales pertinentes.
DOBLE TRIBUTACION-Formas según la doctrina/DOBLE TRIBUTACION-Mecanismos para
evitarla según la doctrina
Esta Corporación ya ha hecho referencia a la
clasificación realizada por la doctrina respecto de las formas en que puede
manifestarse el conflicto de la doble imposición, precisando que: “La doctrina especializada ha reconocido al menos tres
formas de doble imposición, a saber: (i) conflicto fuente – fuente; (ii)
conflicto residencia – residencia; (iii) conflicto fuente –
residencia. El conflicto fuente – fuente surge cuando dos
jurisdicciones tributarias, de conformidad con sus normas fiscales internas, consideran
que el ingreso se generó dentro de su territorio. De esta forma, ambos países
aducen ser la fuente generadora de dicha renta. El conflicto residencia –
residencia, por otro lado, ocurre cuando dos jurisdicciones tributarias afirman
ser del país de la residencia del sujeto generador del ingreso gravable. Y
finalmente, el conflicto fuente – residencia se suscita cuando una
jurisdicción tributaria grava determinado ingreso por haber sido percibido por
uno de sus sujetos residentes, mientras que otra lo somete a un impuesto porque
la renta se generó dentro de sus fronteras”. Para solucionar los conflictos mencionados los Estados
acuden a diferentes métodos a través de su legislación interna. En primer
lugar, se ha apelado a la  exención tributaria total de aquellos ingresos
percibidos por un residente de un Estado pero que provengan de una fuente
extranjera; de esta manera, los residentes de ese Estado únicamente estarían
obligados a pagar obligaciones tributarias respecto de las ingresos generados
dentro de ese territorio. Adicionalmente, se usan otras figuras tales como el
método denominado “foreing tax credit”, que busca solucionar el conflicto
fuente – residencia al descontar los impuestos que son pagados en el exterior,
donde la jurisdicción tributaria de la residencia del contribuyente tiene la
facultad de gravar los ingresos percibidos tanto en su territorio como en el de
cualquier otro Estado, pero permitiendo que los impuestos pagados por la renta
generada fuera del territorio sean descontados para efectos de calcular la
obligación tributaria a pagar. Un segundo método es el llamado “tax sparing”,
mediante el cual es permitido descontar los impuestos efectivamente pagados en
el exterior así como aquellos que se hubieran pagado de no existir una exención
tributaria. Estas soluciones, vistas desde el derecho interno, han sido
acompañadas por otro mecanismo adicional constituido para dirimir los
conflictos de doble tributación, esta vez a nivel internacional, a través de
los Convenios para evitar la Doble Imposición (CDI),  también conocidos como
Acuerdos para evitar la Doble Tributación (ADT).
ACUERDOS Y CONVENIOS SOBRE DOBLE TRIBUTACION ADT Y CDT
O CDI-No reconocen beneficios
tributarios/REQUISITO DE ANALISIS DEL IMPACTO FISCAL EN TRAMITE DE PROYECTOS
DE LEY APROBATORIAS DE TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DOBLE TRIBUTACION O DOBLE
IMPOSICION-Improcedencia de su exigencia
Ya
la Corte había determinado que los Acuerdos o Convenios de Doble Tributación no
reconocen beneficios tributarios y como consecuencia de ello no debía cumplirse
con el requisito de la Ley 819 de 2003 al momento de ser aprobados por el
Congreso de la República, siendo estos instrumentos internacionales dirigidos,
por un lado, a solucionar un concurso de normas tributarias de diversos
Estados, y por el otro, a combatir la evasión fiscal internacional.
MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMATICAS EN CONVENIOS SOBRE
DOBLE TRIBUTACION-Reconocimiento de
privilegios fiscales
Referencia: expediente LAT-393
Revisión de constitucionalidad del “Convenio entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio” y el “Protocolo del Convenio entre
la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio”, hechos en Bogotá D.C., a los trece
(13) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009), así como de la Ley
aprobatoria número 1568 del 2 de agosto de 2012.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá
D. C., diecisiete (17) de abril  de dos mil trece (2013)
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y una vez cumplidos los requisitos y trámites establecidos en
el Decreto Ley 2067 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
En
el proceso de revisión constitucional del “Convenio entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio” y el “Protocolo del Convenio entre
la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio”, hechos en Bogotá D.C., a los trece
(13) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009), así como de la Ley
aprobatoria número 1568 del 2 de agosto de 2012.
I.
ANTECEDENTES
En
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la
Constitución Política,  la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República remitió a esta Corporación fotocopia autenticada de la Ley 1568 de
2012, “Por medio de la cual se aprueba el ´Convenio entre la República de
Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio” y el “Protocolo del Convenio entre la República de
Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio´, hechos en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de agosto
de dos mil nueve (2009)”.
En
desarrollo de dicho mandato constitucional, el Despacho al que fue repartido el
asunto, mediante providencia del 3 de septiembre de 2012, dispuso: (i) avocar el conocimiento del Convenio, del
Protocolo y de su ley aprobatoria; (ii) decretar la práctica de algunas
pruebas; (iii) fijar en lista el asunto bajo revisión y simultáneamente correr
traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de
rigor; (iv) comunicar la iniciación del asunto al Presidente de la República,
al Presidente del Congreso, al Ministro del Interior y de Justicia, al Ministro
de Relaciones Exteriores,  al Ministro de Hacienda y Crédito Público, y a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con lo previsto en
los artículos 244 de la Constitución y 11 del Decreto Ley 2067 de 1991; y
finalmente, (v) invitar al Instituto Colombiano
de Derecho Tributario, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, así como a
las facultades de Derecho de las universidades de los Andes, Externado de Colombia, del Rosario y Sergio Arboleda,
para que aportaran sus opiniones sobre la constitucionalidad del asunto de la
referencia.
Una
vez revisada y analizada la totalidad del material probatorio allegado se
dispuso continuar adelante con el proceso de revisión constitucional.
Cumplidos
los trámites constitucionales y legales propios de este asunto, y previo
concepto del Ministerio Público, la Corte Constitucional procede a decidir en
relación con el mismo.
II.
TEXTO DEL PROTOCOLO Y DE SU LEY APROBATORIA
“LEY 1568 DE 2012
(agosto 2)
Diario Oficial No. 48.510 del 2 de agosto de 2012
Por
medio de la cual se aprueba el "Convenio entre la República de Colombia y
los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la
evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio" y el "Protocolo del convenio entre la República de
Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la rentoy sobre
el patrimonio", hechos en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de
agosto de dos mil nueve (2009).
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
“Visto
el texto del "Convenio entre la República de Colombia y los Estados
Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión
fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y
"su Protocolo” hechos en Bogotá, D. C, a los trece (13) días del mes
de agosto de dos mil nueve (2009), que a la letra dice:
(Para
ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa del texto original del
Convenio, la cual consta de 23 folios, documento que reposa en los archivos del
Área de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores
“CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN
FISCAL EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO
La
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, deseando concluir un
Convenio para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en
relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.
Han acordado lo siguiente:
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO
ARTICULO 1
PERSONAS COMPRENDIDAS
El presente Convenio se
aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados Contratantes.
ARTICULO 2
IMPUESTOS COMPRENDIDOS
1.
Este Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio
exigibles por cada uno de los Estados Contratantes, cualquiera que sea el
sistema de exacción.
2.
Se consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio los que gravan la
totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los mismos,
incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de
bienes muebles o inmuebles.
3.
Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son, en particular:
a)
en México:
i)
el impuesto sobre la renta federal;
ii)
el impuesto empresarial a tasa única;
(en
adelante denominado el "impuesto mexicano"); y
b)
en Colombia:
i)
el Impuesto sobre la Renta y Complementarios;
ii)
el Impuesto de orden nacional sobre el Patrimonio; (en adelante denominado el
"impuesto colombiano").
4.
El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o
análoga e impuestos que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma
del mismo, y que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades
competentes de los Estados Contratantes se comunicarán mutuamente las
modificaciones sustanciales que se hayan introducido en sus respectivas
legislaciones impositivas.
DEFINICIONES
ARTICULO 3
DEFINICIONES GENERALES
1. A los efectos de este
Convenio, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente:
a)
el término "México" significa los Estados Unidos Mexicanos; empleado
en un sentido geográfico, significa el territorio de los Estados Unidos
Mexicanos, comprendiendo las partes integrantes de la Federación; las islas,
incluyendo los arrecifes y los cayos en los mares adyacentes; las islas de
Guadalupe y de Revillagigedo, la plataforma continental y el fondo marino y los
zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; las aguas de los mares
territoriales y las marítimas interiores y más allá de las mismas, las áreas
sobre las cuales, de conformidad con el derecho internacional, México puede ejercer
derechos soberanos de exploración y explotación de los recursos naturales del
fondo marino, subsuelo y las aguas suprayacentes, y el espacio aéreo situado
sobre el territorio nacional, en la extensión y bajo las condiciones
establecidas por el derecho internacional;
b)
el término "Colombia" significa la República de Colombia y, utilizado
en sentido geográfico comprende además del territorio continental, el
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Isla de Malpelo y
demás islas, islotes, cayos, morros, y bancos que le pertenecen, así como el
subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la
zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el espectro electromagnético o
cualquier otro espacio donde ejerza o pueda ejercer soberanía, de conformidad
con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas;
c)
las expresiones "un Estado Contratante" y "el otro Estado
Contratante" significan, según lo requiera el contexto, México o Colombia;
d)
el término "persona" comprende las personas naturales o físicas, las
sociedades y cualquier otra agrupación de personas;
e)
el término "sociedad" significa cualquier persona jurídica o moral o
cualquier entidad que se considere persona jurídica o moral para efectos
impositivos;
f)
el término "empresa" se aplica a la explotación de cualquier
actividad empresarial;
g)
las expresiones "empresa de un Estado Contratante" y "empresa
del otro Estado Contratante" significan, respectivamente, una empresa
explotada por un residente de un Estado Contratante y una empresa explotada por
un residente del otro Estado Contratante;
h)
la expresión "tráfico internacional" significa todo transporte
efectuado por un buque o aeronave explotado por un residente de un Estado
Contratante, salvo cuando dicho transporte se realice exclusivamente entre
puntos situados en el otro Estado Contratante;
i)
el término "actividad empresarial" incluye la prestación de servicios
profesionales y otras actividades que tengan el carácter de independiente;
j)
la expresión "autoridad competente" significa:
i)
en México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
ii)
en Colombia, el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su representante
autorizado;
k)
el término "nacional" significa:
i)
cualquier persona natural o física que posea la nacionalidad de un Estado
Contratante; o
ii)
cualquier persona jurídica o moral, sociedad de personas o asociación
constituida conforme a la legislación vigente de un Estado Contratante.
2.
Para la aplicación del Convenio en cualquier momento por un Estado Contratante,
todo término o expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su
contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese
momento le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos que
son objeto del Convenio, prevaleciendo el significado atribuido por la
legislación fiscal sobre el que resultaría de otras ramas del Derecho de ese
Estado.
ARTICULO 4
RESIDENTE
1. A los efectos de este
Convenio, la expresión "residente de un Estado Contratante" significa
toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a
imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de
dirección, lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza
análoga e incluye también al propio Estado y a cualquier subdivisión política o
autoridad local. Sin embargo, esta expresión no incluye a las personas que
estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que
obtengan de fuentes situadas en el citado Estado, o por el patrimonio situado
en el mismo.
2.
Cuando, en virtud de las disposiciones del párrafo 1, una persona natural o
física sea residente de ambos Estados Contratantes, su situación se resolverá
de la siguiente manera:
a)
dicha persona será considerada residente sólo del Estado donde tenga una
vivienda permanente a su disposición; si tuviera vivienda permanente a su
disposición en ambos Estados, se considerará residente sólo del Estado con el
que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de
intereses vitales);
b)
si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de
sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición
en ninguno de los Estados, se considerará residente sólo del Estado donde viva
habitualmente;
c)
si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos,
se considerará residente sólo del Estado del que sea nacional;
d)
si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, las
autoridades competentes de los Estados Contratantes resolverán el caso de común
acuerdo.
3.
Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1 una persona, que no sea
persona natural o física, sea residente de ambos Estados Contratantes, los
Estados Contratantes harán lo posible, mediante un procedimiento de acuerdo
mutuo, por resolver el caso. En ausencia de acuerdo mutuo entre las autoridades
competentes de los Estados Contratantes, dicha persona no tendrá derecho a
ninguno de los beneficios o exenciones impositivas contempladas por este
Convenio.
ARTICULO 5
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
1. A los efectos de este
Convenio, la expresión "establecimiento permanente" significa un
lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su
actividad.
2.
La expresión "establecimiento permanente" comprende, entre otros:
a)
las sedes de dirección;
b)
las sucursales;
c)
las oficinas;
d)
las fábricas;
e)
los talleres; y
f)
las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar
en relación con la exploración o explotación de recursos naturales.
3.
La expresión "establecimiento permanente" también incluye:
a)
una obra o proyecto de construcción, instalación o montaje, así como las
actividades de supervisión relacionadas con ellos, pero sólo cuando dicha obra,
proyecto de construcción o actividad tenga una duración superior a seis meses;
b)
la prestación de servicios por parte de una empresa, incluidos los servicios de
consultaría, por intermedio de empleados u otras personas naturales o físicas
encomendados por la empresa para ese fin en el caso de que tales actividades
prosigan en un Estado Contratante durante un período o períodos que en total
excedan de 183 días, dentro de un período cualquiera de doce meses; y
c)
la prestación de servicios profesionales u otras actividades de carácter
independiente, realizados por una persona natural o física pero sólo en el caso
de que dichos servicios o actividades prosigan en un Estado Contratante durante
un periodo o periodos que en total excedan de 183 días, dentro de un periodo
cualquiera de doce meses.
A
los efectos del cálculo de los límites temporales a que se refiere el párrafo
3, las actividades realizadas por una empresa asociada a otra empresa en el
sentido del artículo 9, serán agregadas al período durante el cual son
realizadas las actividades por la empresa de la que es asociada, si las
actividades de ambas empresas son idénticas o similares.
4.
No obstante lo dispuesto anteriormente en este artículo, se considera que la
expresión "establecimiento permanente" no incluye:
a)
la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o
entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;
b)
el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la
empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;
c)
el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la
empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;
d)
el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar
bienes o mercancías, o de recoger información, para la empresa;
e)
el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de hacer
publicidad, suministrar información o realizar investigaciones científicas para
la empresa, si esa actividad tiene un carácter preparatorio o auxiliar;
f)
el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar
cualquier combinación de las actividades mencionadas en los subapartados a) a
e), a condición de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios
que resulte de esa combinación conserve su carácter auxiliar o preparatorio.
5.
No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, cuando una persona, distinta de
un agente independiente al que le sea aplicable el párrafo 7, actúe por cuenta
de una empresa y ostente y ejerza habitualmente en un Estado Contratante
poderes que la faculten para concluir contratos por cuenta de la empresa, se
considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado
respecto de cualquiera de las actividades que dicha persona realice para la
empresa, a menos que las actividades de esa persona se limiten a las
mencionadas en el párrafo 4 y que, de ser realizadas por medio de un lugar fijo
de negocios, dicho lugar fijo de negocios no fuere considerado como un
establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de ese párrafo.
6.
No obstante las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que una
empresa aseguradora residente de un Estado Contratante tiene, salvo por lo que
respecta a los reaseguros, un establecimiento permanente en el otro Estado
Contratante si recauda primas en el territorio de este otro Estado o si asegura
riesgos situados en él por medio de un representante distinto de un agente
independiente al que se aplique el párrafo 7.
7.
No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un
Estado Contratante por el mero hecho de que realice sus actividades en ese
Estado por medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro
agente independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del marco
ordinario de su actividad, y que en sus relaciones comerciales o financieras
con dichas empresas no se pacten o impongan condiciones aceptadas o impuestas que
sean distintas de las generalmente acordadas por agentes independientes.
8.
El hecho de que una sociedad residente de un Estado Contratante controle o sea
controlada por una sociedad residente del otro Estado Contratante, o que
realice actividades empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio de un
establecimiento permanente o de otra manera), no convierte por sí solo a
cualquiera de estas sociedades en establecimiento permanente de la otra.
IMPOSICIÓN DE LAS RENTAS
ARTÍCULO 6
RENTAS DE BIENES INMUEBLES
1.
Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes
inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas, forestales o
silvícolas) situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a
imposición en ese otro Estado.
2.
Para los efectos de este Convenio, la expresión "bienes inmuebles"
tendrá el significado que le atribuya el derecho del Estado Contratante en que
los bienes estén situados. Dicha expresión incluye en todo caso los bienes
accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y el equipo utilizado en
explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que sean aplicables
las disposiciones de derecho general relativas a los bienes raíces, el
usufructo de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos variables o fijos
por la explotación o la concesión de la explotación de yacimientos minerales,
fuentes y otros recursos naturales. Los buques o aeronaves no se considerarán
bienes inmuebles.
3.
Las disposiciones del párrafo 1 son aplicables a las rentas derivadas de la
utilización directa, el arrendamiento o aparcería, así como cualquier otra
forma de explotación de los bienes inmuebles.
4.
Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas
derivadas de los bienes inmuebles de una empresa.
ARTICULO 7
BENEFICIOS EMPRESARIALES
1.
Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden
someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su
actividad empresarial en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento
permanente situado en él. Si la empresa realiza o ha realizado su actividad
empresarial de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a
imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que puedan atribuirse a
ese establecimiento permanente.
2.
Sujeto a lo previsto en el párrafo 3, cuando una empresa de un Estado
Contratante realice su actividad empresarial en el otro Estado Contratante por
medio de un establecimiento permanente situado en él, en cada Estado Contratante
se atribuirán a dicho establecimiento los beneficios que este hubiera podido
obtener de ser una empresa distinta y separada que realizase las mismas o
similares actividades, en las mismas o similares condiciones y tratase con
total independencia con la empresa de la que es establecimiento permanente.
3.
Para la determinación de los beneficios del establecimiento permanente se
permitirá la deducción de los gastos en que se haya incurrido para la
realización de los fines del establecimiento permanente, comprendidos los
gastos de dirección y generales de administración para los mismos fines, tanto
si se efectúan en el Estado en que se encuentre el establecimiento permanente
como en otra parte.
4.
Mientras sea usual en un Estado Contratante determinar los beneficios
atribuibles a un establecimiento permanente sobre la base de un reparto de los
beneficios totales de la empresa entre sus diversas partes, lo establecido en
el párrafo 2 no impedirá que ese Estado Contratante determine de esta manera
los beneficios imponibles; sin embargo, el método de reparto adoptado habrá de
ser tal que el resultado obtenido sea conforme a los principios contenidos en
este artículo.
5.
No se atribuirá ningún beneficio a un establecimiento permanente por el mero
hecho de que este compre bienes o mercancías para la empresa.
6. A efectos de los párrafos
anteriores, los beneficios atribuibles al establecimiento permanente se
calcularán cada año con el mismo método, a no ser que existan motivos válidos y
suficientes para proceder de otra forma.
7.
Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros
artículos de este Convenio, las disposiciones de aquellos no quedarán afectadas
por las de este artículo.
ARTICULO 8
TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO
1.
Los beneficios que obtenga un residente de un Estado Contratante procedentes de
la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo pueden
someterse a imposición en ese Estado.
2.
Los beneficios a que se refiere el párrafo 1, no incluyen los beneficios que se
obtengan de la prestación del servicio de hospedaje, así como los provenientes
del uso de cualquier otro medio de transporte terrestre.
3.
Para los fines de este artículo:
a)
El término "beneficios" comprende los ingresos brutos que se deriven
directamente de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional;
y
b)
La expresión "explotación de buques o aeronaves" por una empresa,
comprende también:
i)
El fletamento o arrendamiento de buques o aeronaves a casco desnudo;
ii)
El arrendamiento de contenedores y equipo relacionado, siempre que dicho flete
o arrendamiento sea accesorio a la explotación, por esa empresa, de buques o
aeronaves en tráfico internacional.
4.
Las disposiciones del párrafo 1 se aplican también a los beneficios procedentes
de la participación en un "pool", en una explotación en común
o en una agencia de explotación internacional.
ARTICULO 9
EMPRESAS ASOCIADAS
1.
Cuando
a)
Una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la
dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado Contratante;
o
b)
Las mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el
control o el capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa
del otro Estado Contratante y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus
relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas
que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los
beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir
dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas,
podrán incluirse en los beneficios de esa empresa y someterse a imposición en
consecuencia.
2.
Cuando un Estado Contratante incluya en los beneficios de una empresa de ese
Estado, y somete, en consecuencia, a imposición, los beneficios sobre los
cuales una empresa del otro Estado Contratante ha sido sometida a imposición en
ese otro Estado, y los beneficios así incluidos son beneficios que habrían sido
realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las
condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que se hubiesen
convenido entre empresas independientes, ese otro Estado, si está de acuerdo
con el ajuste efectuado por el Estado mencionado en primer lugar, practicará el
ajuste correspondiente de la cuantía del impuesto que ha percibido sobre esos
beneficios. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás
disposiciones de este Convenio y las autoridades competentes de los Estados
Contratantes se consultarán en caso necesario.
ARTICULO 10
DIVIDENDOS
1.
Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un
residente del otro Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en
este otro Estado.
2.
Las disposiciones del párrafo 1 no afectan la imposición de la sociedad
respecto de los beneficios con cargo a los que se paguen los dividendos.
3.
El término "dividendos" en el sentido de este artículo significa las
rentas de las acciones u otros derechos, excepto los de crédito, que permitan
participar en los beneficios, así como las rentas de otros derechos sujetos al
mismo régimen tributario que las rentas de las acciones por la legislación del
Estado del que la sociedad que hace la distribución sea residente.
4.
Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario
efectivo de los dividendos, residente de un Estado Contratante, realiza en el
otro Estado Contratante, del que es residente la sociedad que paga los
dividendos, una actividad empresarial a través de un establecimiento permanente
situado allí y la participación que genera los dividendos está vinculada
efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso, son aplicables
las disposiciones del artículo 7.
5.
Cuando una sociedad residente de un Estado Contratante obtenga beneficios o
rentas procedentes del otro Estado Contratante, ese otro Estado no podrá exigir
ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la
medida en que esos dividendos se paguen a un residente de ese otro Estado o la
participación que genera los dividendos esté vinculada efectivamente a un
establecimiento permanente situado en ese otro Estado.
ARTICULO 11
INTERESES
1.
Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del
otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2.
Sin embargo, dichos intereses pueden también someterse a imposición en el
Estado Contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero
si el beneficiario efectivo de los intereses es residente del otro Estado
Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del:
a)
5 por ciento del importe bruto de los intereses si el beneficiario efectivo de
estos es un banco o una compañía de seguros;
b)
10 por ciento del importe bruto de los intereses en todos los demás casos.
3.
No obstante las disposiciones del párrafo 2, los intereses mencionados en el
párrafo 1 sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que
es residente el beneficiario efectivo de los intereses, si:
a)
El beneficiario efectivo es uno de los Estados Contratantes, una subdivisión
política o una entidad local o territorial del mismo, o el Banco Central de un
Estado Contratante;
b)
Los intereses son pagados por cualquiera de las entidades mencionadas en el
inciso a);
c)
Los intereses proceden de Colombia y son pagados respecto de un préstamo
otorgado, garantizado o asegurado, por el Banco de México, el Banco Nacional de
Comercio Exterior, S. N. C., Nacional Financiera, S. N. C., o el Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos, S. N. C., o por cualquier otra institución
acordada por las autoridades competentes de los Estados Contratantes; o
d)
Los intereses proceden de México y son pagados respecto de un préstamo
otorgado, garantizado o asegurado, por el Banco de la República, por entidades
financieras públicas o por cualquier otra institución acordada por las
autoridades competentes de los Estados Contratantes.
4.
El término "intereses", en el sentido de este artículo significa las
rentas o rendimientos de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía
hipotecaria, y en particular, las rentas o rendimientos de valores públicos y
las rentas o rendimientos de bonos, así como cualquiera otra renta o
rendimiento que la legislación del Estado de donde procedan los intereses
asimile a las rentas o rendimientos de las cantidades dadas en préstamo. El
término "intereses" no incluye las rentas o rendimientos comprendidos
en el artículo 10.
5.
Las disposiciones de los párrafos 1, 2 y 3 no son aplicables si el beneficiario
efectivo de los intereses, residente de un Estado Contratante, realiza en el
otro Estado Contratante, del que proceden los intereses, una actividad
empresarial por medio de un establecimiento permanente situado allí y el
crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho
establecimiento permanente. En tal caso, son aplicables las disposiciones del
artículo 7.
6.
Los intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el
deudor sea residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los
intereses, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado
Contratante un establecimiento permanente en relación con el cual se haya
contraído la deuda por la que se pagan los intereses, y estos se soportan por
el establecimiento permanente, dichos intereses se considerarán procedentes del
Estado Contratante donde esté situado el establecimiento permanente.
7.
Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el
beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el
importe de los intereses exceda, por cualquier motivo, el importe que hubiera
convenido el deudor y el acreedor en ausencia de tales relaciones, las
disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe.
En tal caso, la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con
la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás
disposiciones de este Convenio.
ARTICULO 12
REGALÍAS
1.
Las regalías procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del
otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2.
Sin embargo, estas regalías pueden también someterse a imposición en el Estado
Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de este Estado, pero
si el beneficiario efectivo es residente del otro Estado Contratante, el
impuesto así exigido no puede exceder del 10 por ciento del importe bruto de
las regalías.
3.
El término "regalías" empleado en este artículo significa las
cantidades de cualquier clase pagadas por el uso, o el derecho al uso, de
derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas
las películas cinematográficas o películas, cintas y otros medios de
reproducción de imagen y el sonido, las patentes, marcas, diseños o modelos,
planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por el uso o derecho al uso, de
equipos industriales, comerciales o científicos, o por informaciones relativas
a experiencias industriales, comerciales o científicas. Se considerarán dentro
de este concepto los servicios prestados por asistencia técnica, servicios
técnicos y servicios de consultaría.
4.
Las disposiciones de los párrafos 1 y 2, no son aplicables si el beneficiario
efectivo de las regalías, residente de un Estado Contratante, realiza en el
Estado Contratante del que proceden las regalías una actividad empresarial por
medio de un establecimiento permanente situado allí, y el bien o el derecho por
el que se pagan las regalías está vinculado efectivamente a dicho
establecimiento permanente. En tal caso son aplicables las disposiciones del
artículo 7.
5.
Las regalías se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el
deudor es un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando quien paga las
regalías, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en uno de los
Estados Contratantes un establecimiento permanente en relación con el cual se
haya contraído la obligación de pago de las regalías y dicho establecimiento
permanente soporte la carga de las mismas, las regalías se considerarán
procedentes del Estado donde esté situado el establecimiento permanente.
6.
Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el
beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe
de las regalías, habida cuenta del uso, derecho o información por los que se
pagan, exceda del que habrían convenido el deudor y el beneficiario efectivo en
ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se
aplicarán más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso
podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado
Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones de este Convenio.
ARTÍCULO 13
GANANCIAS DE CAPITAL
1.
Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la
enajenación de bienes inmuebles a que se refiere el artículo 6, situados en el
otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este último Estado.
2.
Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte
del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado
Contratante tenga en el otro Estado Contratante, comprendidas las ganancias
derivadas de la enajenación de este establecimiento permanente (solo o con el
conjunto de la empresa de la que forme parte), pueden someterse a imposición en
ese otro Estado.
3.
Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en
tráfico internacional, o de bienes muebles afectos a la explotación de dichos
buques o aeronaves, sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante
donde resida el enajenante.
4.
Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga por la
enajenación de acciones u otros derechos representativos del capital de una
sociedad residente del otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición
en ese otro Estado Contratante si:
a)
Provienen de la enajenación de acciones cuyo valor se derive directa o
indirectamente en más de un 50 por ciento de bienes inmuebles situados en el
otro Estado Contratante; o
b)
El perceptor de la ganancia ha poseído, en cualquier momento dentro del período
de doce meses precedentes a la enajenación, directa o indirectamente, acciones
u otros derechos consistentes en un 20 por ciento o más del capital de esa
sociedad.
Cualquiera
otra ganancia obtenida por un residente de un Estado Contratante por la
enajenación de acciones u otros derechos representativos del capital de una
sociedad residente en el otro Estado Contratante también pueden someterse a
imposición en ese otro Estado Contratante, pero el impuesto así exigido no
podrá exceder del 20 por ciento del monto de la ganancia.
5.
Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de
los mencionados en los párrafos 1, 2, 3 y 4 solo pueden someterse a imposición
en el Estado Contratante en que resida el enajenante.
ARTICULO 14
RENTAS DE UN EMPLEO
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15,17 y 18, los sueldos,
salarios y otras remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado
Contratante por razón de un empleo sólo pueden someterse a imposición en ese
Estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante. Si el
empleo se ejerce de esa forma, las remuneraciones derivadas del mismo pueden
someterse a imposición en ese otro Estado.
2.
No obstante las disposiciones del párrafo 1, las remuneraciones obtenidas por
un residente de un Estado Contratante en razón de un empleo ejercido en el otro
Estado Contratante se gravarán exclusivamente en el primer Estado si:
a)
El perceptor permanece en el otro Estado durante un periodo o períodos cuya
duración no exceda en conjunto de 183 días en cualquier período de doce meses
que comience o termine en el año fiscal considerado;
b)
Las remuneraciones se pagan por, o en nombre de una persona empleadora que no
sea residente del otro Estado; y
c)
Las remuneraciones no se soporten por un establecimiento permanente que una
persona empleadora tenga en el otro Estado.
3.
No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las remuneraciones
obtenidas por un residente de un Estado Contratante por razón de un empleo
realizado a bordo de un buque o aeronave explotado en tráfico internacional
podrán someterse a imposición en ese Estado.
ARTICULO 15
PARTICIPACIONES DE DIRECTORES
Los
honorarios de directores o consejeros y otros pagos similares que un residente
de un Estado Contratante obtenga como miembro de un directorio, consejo de
administración o de un órgano similar de una sociedad residente del otro Estado
Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
ARTICULO 16
ARTISTAS Y DEPORTISTAS
1.
No obstante lo dispuesto en los artículos 7 y 14, las rentes que un residente
de un Estado Contratante obtenga del ejercicio de sus actividades personales en
el otro Estado Contratante en calidad de artista, tal como de teatro, cine,
radio o televisión, o músico, o como deportista, pueden someterse a imposición
en ese otro Estado. Las rentas a que se refiere este párrafo incluyen las rentas
que dicho residente obtenga de cualquier actividad personal ejercida en el otro
Estado Contratante relacionada con su renombre como artista o deportista.
2.
No obstante lo dispuesto en los artículos 7 y 14, cuando las rentas
derivadas de las actividades personales de los artistas o los deportistas, en
esa calidad, se atribuyan no al propio artista o deportista sino a otra
persona, dichas rentas pueden someterse a imposición en el Estado Contratante
en que se realicen las actividades del artista o el deportista.
3.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, los ingresos obtenidos por
un residente de un Estado Contratante en su calidad de artista o deportista
estarán exentos en el otro Estado Contratante siempre que la visita a ese otro
Estado esté totalmente financiada por fondos públicos del Estado mencionado en
primer lugar o una subdivisión política o entidad local o territorial del
mismo, o cualquier órgano o dependencia gubernamental.
ARTICULO 17
PENSIONES
Sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 18, las pensiones y
otras remuneraciones similares pagadas a un residente de un Estado Contratante
por razón de un empleo anterior, sólo pueden someterse a imposición en ese
Estado.
ARTICULO 18
FUNCIONES PÚBLICAS
1. a) Los sueldos, salarios y
otras remuneraciones, excluidas las pensiones, pagados por un Estado
Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o autoridades locales a
una persona natural o física por razón de servicios prestados a ese Estado o a
esa subdivisión o autoridad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
b)
Sin embargo, dichos sueldos, salarios y otras remuneraciones sólo pueden
someterse a imposición en el otro Estado Contratante si los servicios se prestan
en ese Estado y la persona natural o física es un residente de ese Estado que:
(i)
Es nacional de ese Estado; o
(ii)
No ha adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para prestar
los servicios.
2.
Lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 se aplica a los sueldos, salarios
y otras remuneraciones pagados por razón de servicios prestados en el marco de
una actividad empresarial realizada por un Estado Contratante o por una de sus
subdivisiones políticas o autoridades locales.
ARTICULO 19
ESTUDIANTES
Los
estudiantes o personas en prácticas que se encuentren en un Estado Contratante
con el único fin de proseguir sus estudios o formación y que sean o hubieran
sido inmediatamente antes de esa visita residentes del otro Estado Contratante,
estarán exentos de imposición en el Estado mencionado en primer lugar por las
cantidades que perciban para su manutención, estudios o formación.
ARTICULO 20
OTRAS RENTAS
Las
rentas de un residente de un Estado Contratante no mencionadas en los artículos
anteriores de este Convenio y que provengan del otro Estado Contratante,
también pueden someterse a imposición en ese otro Estado Contratante.
IMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO
ARTICULO 21
PATRIMONIO
1.
El patrimonio constituido por bienes inmuebles, que posea un residente de un
Estado Contratante y que esté situado en el otro Estado Contratante, puede
someterse a imposición en ese otro Estado.
2.
El patrimonio constituido por bienes muebles, que formen parte del activo de un
establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga en el
otro Estado Contratante, puede someterse a imposición en ese otro Estado.
3.
El patrimonio constituido por buques o aeronaves explotados en el tráfico
internacional y por bienes muebles afectos a la explotación de tales buques o
aeronaves, sólo puede someterse a imposición en el Estado Contratante del cual
la empresa que explota esos buques o aeronaves es residente.
4.
Todos los demás elementos del patrimonio de un residente de un Estado
Contratante sólo pueden someterse a imposición en este Estado.
MÉTODOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN
ARTICULO 22
ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN
1.
Con arreglo a las disposiciones y sin perjuicio de las limitaciones
establecidas en la legislación de México, conforme a las modificaciones
ocasionales de esta legislación que no afecten sus principios generales, México
permitirá a sus residentes acreditar contra el impuesto mexicano:
a)
El impuesto colombiano pagado por ingresos provenientes de Colombia, en una
cantidad que no exceda del impuesto exigible en México sobre dichos ingresos; y
b)
En el caso de una sociedad que detente al menos el 10 por ciento del capital de
una sociedad residente de Colombia y de la cual la sociedad mencionada en
primer lugar recibe dividendos, el impuesto colombiano pagado por la sociedad
que distribuye dichos dividendos, respecto de los beneficios con cargo a los
cuales se pagan los dividendos.
2.
En Colombia, la doble imposición se evitará de la manera siguiente: Cuando un
residente de Colombia obtenga rentas o posea elementos patrimoniales que, con
arreglo a las disposiciones de este Convenio puedan someterse a imposición en
el otro Estado Contratante, Colombia permitirá, dentro de las limitaciones
impuestas por su legislación interna:
a)
El descuento del impuesto sobre la renta efectivamente pagado por ese residente
por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en México;
b)
El descuento del impuesto sobre el patrimonio de ese residente por un importe
igual al impuesto pagado en México sobre esos elementos patrimoniales;
c)
El descuento del impuesto sobre la renta efectivamente pagado por una sociedad
que reparte los dividendos correspondientes a los beneficios con cargo a los
cuales dichos dividendos se pagan.
Sin
embargo, dicho descuento no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la
renta o del impuesto sobre el patrimonio, calculados antes del descuento,
correspondiente a las rentas o a los elementos patrimoniales que puedan
someterse a imposición en el otro Estado Contratante.
3.
Cuando con arreglo a cualquier disposición de este Convenio las rentas
obtenidas por un residente de un Estado Contratante o el patrimonio que posea
estén exentos de impuestos en dicho Estado Contratante, este podrá, no
obstante, tomar en consideración las rentas o el patrimonio exentos para calcular
el impuesto sobre el resto de las rentas o el patrimonio de ese residente.
DISPOSICIONES ESPECIALES
ARTICULO 23
NO DISCRIMINACIÓN
1.
Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado
Contratante a ninguna imposición u obligación relativa a la misma que no se
exija o que sea más gravosa que aquellas a las que estén o puedan estar
sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas
condiciones, en particular con respecto a la residencia. No obstante las disposiciones
del Artículo 1, la presente disposición también es aplicable a las personas que
no sean residentes de uno o de ambos Estados Contratantes.
2.
Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado Contratante tenga
en el otro Estado Contratante no serán sometidos en ese Estado a una imposición
menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas
actividades. Nada de lo establecido en este artículo podrá interpretarse en el
sentido de obligar a un Estado Contratante a conceder a los residentes del otro
Estado Contratante las deducciones personales, desgravaciones y reducciones
impositivas que otorgue a sus propios residentes en consideración a su estado
civil o cargas familiares.
3. A menos que se apliquen las
disposiciones del párrafo 1 del Artículo 9, del párrafo 7 del Artículo
11 o del párrafo 6 del Artículo 12, los intereses, las regalías o demás gastos
pagados por una empresa de un Estado Contratante a un residente del otro Estado
Contratante son deducibles, para determinar los beneficios sujetos a imposición
de esta empresa, en las mismas condiciones que si hubieran sido pagados a un
residente del Estado mencionado en primer lugar. Igualmente, las deudas de una
empresa de un Estado Contratante contraídas con un residente del otro Estado
Contratante serán deducibles para la determinación del patrimonio sometido a
imposición de dicha empresa en las mismas condiciones que si se hubieran
contraído con un residente del Estado mencionado en primer lugar.
4.
Las sociedades que sean residentes de un Estado Contratante cuyo capital esté,
total o parcialmente, poseído o controlado, directa o indirectamente, por uno o
varios residentes del otro Estado Contratante, no se someterán en el Estado mencionado
en primer lugar a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se
exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar
sometidas otras sociedades similares del Estado mencionado en primer lugar.
5.
No obstante lo dispuesto por el Artículo 2, las disposiciones del presente
artículo se aplicarán a los impuestos de cualquier naturaleza y denominación.
ARTICULO 24
PROCEDIMIENTO DE MUTUO ACUERDO
1.
Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos
Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no
esté conforme con las disposiciones de este Convenio, con independencia de los
recursos previstos por el derecho interno de esos Estados, podrá someter su
caso a la autoridad competente del Estado Contratante del que sea residente o,
si fuera aplicable el párrafo 1 del artículo 23, a la del Estado Contratante del que sea nacional. El caso deberá ser presentado dentro de los
dieciocho meses siguientes a la primera notificación de la medida que implique
una imposición que no sea acorde con lo dispuesto por el presente Convenio.
2.
La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si no puede por
sí misma encontrar una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la
cuestión mediante un procedimiento de acuerdo mutuo con la autoridad competente
del otro Estado Contratante, a fin de evitar una imposición que no se ajuste a
este Convenio.
3.
Las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo posible por
resolver las dificultades o las dudas que plantee la interpretación o
aplicación del Convenio mediante un procedimiento de acuerdo mutuo.
4.
Las autoridades competentes de los Estados Contratantes podrán comunicarse
directamente a fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los párrafos
anteriores.
5.
No obstante lo dispuesto en cualquier otro tratado del que los Estados
Contratantes sean o puedan ser partes, cualquier controversia sobre una medida
adoptada por un Estado Contratante, que se relacione con alguno de los impuestos
comprendidos en el artículo 2, o en el caso de no discriminación, cualquier
medida fiscal adoptada por un Estado Contratante, incluyendo una controversia
sobre la aplicabilidad del presente Convenio, deberá ser resuelta únicamente de
conformidad con el procedimiento previsto en el presente artículo, a no ser que
las autoridades competentes de los Estados Contratantes acuerden otra cosa.
ARTICULO 25
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
1.
Las autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambiarán la
información que previsiblemente pueda resultar de interés para aplicar lo
dispuesto en el presente Convenio, o para la administración o la aplicación del
Derecho interno relativo a los impuestos de toda naturaleza o denominación
exigibles por los Estados Contratantes, sus subdivisiones políticas o entidades
locales o territoriales, en la medida en que la imposición así exigida no sea
contraria al Convenio. El intercambio de información no está limitado por los
artículos 1 y 2.
2.
La información recibida por un Estado Contratante en virtud del párrafo 1 será
mantenida secreta de la misma forma que la información obtenida en virtud del
Derecho interno de este Estado y sólo se comunicará a las personas o
autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) que tienen
interés en la gestión, determinación o recaudación de los impuestos
establecidos por ese Estado, de los procedimientos declarativos o ejecutivos
relativos a estos impuestos o de la resolución de los recursos en relación con
los mismos, o de la vigilancia de todo lo anterior. Estas personas o
autoridades sólo utilizarán esta información para dichos fines. Podrán revelar
la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias
judiciales.
3.
En ningún caso las disposiciones de los párrafos 1 y 2 podrán interpretarse en
el sentido de obligar a un Estado Contratante a:
a)
Adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica
administrativa, o a las del otro Estado Contratante;
b)
Suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia
legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las
del otro Estado Contratante;
c)
Suministrar información que revele secretos comerciales, industriales,
empresariales o profesionales, procedimientos comerciales o informaciones cuya
comunicación sea contraria al orden público.
4.
Cuando la información sea solicitada por un Estado Contratante de conformidad
con este artículo, el otro Estado Contratante obtendrá la información a que se
refiere la solicitud en la misma forma como si se tratara de su propia
imposición, sin importar el hecho de que este otro Estado, en ese momento, no
requiera de tal información. La obligación precedente está limitada por lo
dispuesto en el párrafo 3 excepto cuando tales limitaciones impidieran a un
Estado Contratante proporcionar información exclusivamente por la ausencia de
interés nacional en la misma.
5.
En ningún caso, las disposiciones del párrafo 3 deberán interpretarse en el
sentido de permitir que un Estado Contratante se niegue a proporcionar
información únicamente debido a que la misma está en poder de un banco, otra
institución financiera, beneficiario u otra persona que actúe en calidad de
agente o fiduciario, o porque dicha información se relaciona con la tenencia de
una participación en una persona.
ARTICULO 26
NORMAS ANTIABUSO
1.
Los residentes de cualquiera de los Estados Contratantes tienen derecho a los
beneficios de este Convenio. En el caso de una persona (distinta de una persona
natural o física) que aplique los beneficios del Convenio tendrá que cumplir
con cualquiera de las condiciones previstas en los apartados a) o b):
a)
(i) que más del 50 por ciento de las participaciones en dicha persona (o en el
caso de una sociedad, más del 50 por ciento del número de acciones de cada
clase de las acciones de la sociedad) esté detentada, directa o indirectamente,
por cualquier combinación de una o más:
(A)
Personas naturales o físicas que sean residentes de uno o de ambos Estados
Contratantes;
(B)
Sociedades a que se refiere el apartado b) de este párrafo;
(C)
Uno de los Estados Contratantes, sus subdivisiones políticas o autoridades
locales; y
(ii)
En el caso de los beneficios previstos por los Artículos 10 (dividendos), 11
(intereses) y 12 (regalías), no más del 50 por ciento del ingreso bruto de
dicha persona sea utilizado para efectuar pagos, directa o indirectamente, de
dividendos, intereses o regalías a personas distintas de las descritas en las
cláusulas (A) a (C) anteriores; o
b)
sea una sociedad residente de un Estado Contratante cuya clase principal de
acciones se cotice sustancial y regularmente en un mercado de valores
reconocido.
2.
En caso de que la persona no cumpla con las condiciones previstas en el párrafo
1, podrá aplicar los beneficios previstos en el Convenio siempre que demuestre
que la constitución, adquisición y mantenimiento de esta persona y el
desarrollo de sus operaciones, no tuvieron como principal objeto el obtener los
beneficios del mismo.
3.
Para los efectos del apartado b) del párrafo 1, la expresión "mercado de
valores reconocido" significa:
a)
La Bolsa Mexicana de Valores, en el caso de México;
b)
La Bolsa de Valores de Colombia, en el caso de Colombia;
c)
Cualquier otro mercado de valores acordado por las autoridades competentes de
los Estados Contratantes.
4.
Antes de que a un residente de un Estado Contratante se le nieguen los
beneficios del Convenio debido a lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, las
autoridades competentes de los Estados Contratantes se consultarán mutuamente.
5.
En el evento de que las disposiciones del Convenio sean usadas en forma tal que
otorguen beneficios no contemplados ni pretendidos por él, las autoridades
competentes de los Estados Contratantes deberán, en conformidad al
procedimiento de acuerdo mutuo del artículo 24, recomendar modificaciones
específicas al Convenio. Los Estados Contratantes además acuerdan que
cualquiera de dichas recomendaciones será considerada y discutida de manera
expedita con miras a modificar el Convenio en la medida en que sea necesario.
ARTICULO 27
ASISTENCIA EN LA RECAUDACIÓN
1.
Los Estados Contratantes se prestarán asistencia mutua en la recaudación de
créditos fiscales. Esta asistencia no está limitada por los Artículos 1 y 2.
Las autoridades competentes de los Estados Contratantes podrán, mediante
acuerdo mutuo, establecer la forma de aplicación del presente Artículo.
2.
La expresión "crédito fiscal" empleada en el presente Artículo, significa
un monto adeudado respecto de impuestos de cualquier naturaleza y descripción
exigido por cualquiera de los Estados Contratantes, o de sus subdivisiones
políticas o entidades locales o territoriales, en la medida en que la
imposición así exigida no sea contraria al presente Convenio o cualquier otro
instrumento del que sean partes los Estados Contratantes, así como los
intereses, penas administrativas y costos por recaudación y por medidas
cautelares relacionados con dicho monto.
3.
Cuando un crédito fiscal de un Estado Contratante sea exigible de conformidad
con la legislación de ese Estado y sea adeudado por una persona que, en ese
momento, no pueda, de conformidad con la legislación de ese Estado, impedir su
cobro, dicho crédito fiscal deberá, a solicitud de la autoridad competente de
ese Estado, ser aceptado para efectos de cobro por la autoridad competente del
otro Estado Contratante. Dicho crédito fiscal deberá cobrarse por ese otro
Estado de conformidad con las disposiciones de su legislación interna aplicable
a la ejecución y recaudación de sus propios impuestos, como si se tratara de un
crédito fiscal de ese otro Estado.
4.
Cuando un crédito fiscal de un Estado Contratante sea un crédito respecto del
cual ese Estado pueda adoptar, de conformidad con su legislación, medidas
cautelares con el fin de garantizar su cobro, dicho crédito deberá, a solicitud
de la autoridad competente de ese Estado, ser aceptado por la autoridad
competente del otro Estado Contratante para efectos de adoptar las medidas
cautelares necesarias. Ese otro Estado deberá adoptar las medidas cautelares
necesarias en relación con ese crédito fiscal de conformidad con las
disposiciones de su legislación interna, como si se tratara de un crédito
fiscal de ese otro Estado, incluso cuando, al momento de aplicar dichas
medidas, el crédito fiscal no sea exigible en el Estado mencionado en primer
lugar o se adeude por una persona que tiene derecho a impedir su cobro.
5.
No obstante las disposiciones de los párrafos 3 y 4, un crédito fiscal aceptado
por un Estado Contratante para efectos de los párrafos 3 ó 4, no estará sujeto
en ese Estado a la prescripción o prelación aplicables a los créditos fiscales,
conforme a su derecho interno, por razón de su naturaleza como tal. Asimismo, un
crédito fiscal aceptado por un Estado Contratante para efectos de los párrafos
3 ó 4, no disfrutará en ese Estado de las prelaciones aplicables a los créditos
fiscales en virtud del derecho del otro Estado Contratante.
6.
Las acciones relacionadas con la existencia, validez o el monto de un crédito
fiscal de un Estado Contratante, únicamente deberán presentarse ante los
tribunales o cuerpos administrativos de ese Estado. Nada de lo dispuesto en el
presente Artículo deberá interpretarse en el sentido de crear u otorgar algún
derecho a presentar dichas acciones ante cualquier tribunal o cuerpo
administrativo del otro Estado Contratante.
7.
Cuando, en cualquier momento posterior a la formulación de una solicitud por un
Estado Contratante de conformidad con los párrafos 3 ó 4, y antes de que el
otro Estado Contratante haya cobrado y remitido el crédito fiscal
correspondiente al Estado mencionado en primer lugar, dicho crédito fiscal deje
de ser:
a)
En el caso de una solicitud de conformidad con el párrafo 3, un crédito fiscal
del Estado mencionado en primer lugar que sea exigible de conformidad con las
leyes de ese Estado y se adeude por una persona que, en ese momento, conforme a
las leyes de dicho Estado, no pueda impedir su cobro; o
b)
En el caso de una solicitud de conformidad con el párrafo 4, un crédito fiscal
del Estado mencionado en primer lugar respecto del cual ese Estado, de
conformidad con su legislación interna, pueda adoptar medidas cautelares con miras
a garantizar su cobro, la autoridad competente del Estado mencionado en primer
lugar deberá notificar inmediatamente dicho hecho a la autoridad competente del
otro Estado y, a elección del otro Estado, el Estado mencionado en primer lugar
suspenderá o retirará su solicitud.
8.
En ningún caso, las disposiciones del presente Artículo podrán interpretarse en
el sentido de imponer a un Estado Contratante la obligación de:
a)
adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación y práctica
administrativa, o a las del otro Estado Contratante;
b)
adoptar medidas que serían contrarias al orden público;
c)
proporcionar asistencia si el otro Estado Contratante no ha agotado todas las
medidas posibles de cobro o cautelares, según sea el caso, disponibles bajo su
propia legislación y prácticas administrativas;
d)
proporcionar asistencia en aquellos casos en los que la carga administrativa
para ese Estado sea visiblemente desproporcionada al beneficio que obtendrá el
otro Estado Contratante.
ARTICULO 28
MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y DE OFICINAS
CONSULARES
Las
disposiciones de este Convenio no afectarán a los privilegios fiscales de que
disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas
consulares de acuerdo con los principios generales del derecho internacional o
en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales.
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 29
ENTRADA EN VIGOR
El
presente Convenio entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de
recepción de la última de las comunicaciones mediante las cuales los Estados
Contratantes notifiquen, a través de la vía diplomática, el cumplimiento de los
procedimientos exigidos por su legislación nacional para tal efecto. Las
disposiciones del Convenio se aplicarán:"
a)
en México,
(i)
respecto de los impuestos retenidos en la fuente, sobre las rentas pagadas o
acreditadas a partir del primer día de enero del año calendario siguiente a
aquel en que entre en vigor el presente Convenio;
(ii)
respecto de otros impuestos, en cualquier ejercicio fiscal que inicie a partir del
primer día de enero del año calendario siguiente a aquel en que entre en vigor
el presente Convenio.
b)
en Colombia,
(i)
Con respecto a los impuestos sobre las rentas que se obtengan y a las
cantidades que se paguen, abonen en cuenta, se pongan a disposición o se
contabilicen como gasto; a partir del primer día del mes de enero del año
calendario inmediatamente siguiente a aquel en que el Convenio entre en vigor;
(ii)
En los demás casos, desde la entrada en vigor del Convenio.
ARTICULO 30
DENUNCIA
Este
Convenio permanecerá en vigor indefinidamente, a menos que un Estado
Contratante lo dé por terminado. Cualquier Estado Contratante puede darlo por
terminado, a través de la vía diplomática, dando aviso de la terminación al
menos con 6 meses de antelación al final de cualquier año calendario siguiente
a la expiración de un período de cinco años contados a partir de la fecha de su
entrada en vigor. En este caso, las disposiciones del Convenio dejarán de
surtir efecto:
a)
en México,
(i)
respecto de los impuestos retenidos en la fuente, sobre las rentas pagadas o
acreditadas, a partir del primer día de enero del año calendario siguiente a
aquel en que se realice la notificación de terminación;
(ii)
respecto de otros impuestos, en cualquier ejercicio fiscal que inicie a partir
del primer día de enero del año calendario siguiente a aquel en que se realice
la notificación de terminación
b)
en Colombia,
(i)
Con respecto a los impuestos sobre las rentas que se obtengan y a las
cantidades que se paguen, abonen en cuenta o se contabilicen como gasto; a
partir del primer día del mes de enero del año calendario inmediatamente
siguiente a aquel en que se da el aviso;
(ii)
En los demás casos, desde la fecha en que se da el aviso.
EN
FE DE LO CUAL, los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado
este Convenio.
Hecho
en Bogotá, D. C., a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil nueve
(2009), en duplicado, siendo ambos textos igualmente auténticos.
POR
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
Jaime
Bermúdez Merizalde, Ministro de
Relaciones Exteriores.
POR
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
Patricia
Espinosa Cantellano, Secretaria de
Relaciones Exteriores.
_______
_______
PROTOCOLO DEL CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIR LA
EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL
PATRIMONIO
En
el momento de proceder a la firma del Convenio entre la República de Colombia y
los Estados Unidos Mexicanos en Bogotá, D. C., el 13 de agosto para evitar la
doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio, han convenido en las siguientes disposiciones que forman parte
integrante del Convenio:
1.
En relación con el Artículo 7 se entiende que:
a)
Para efectos del párrafo 1, también podrán atribuirse los beneficios
procedentes de la venta de bienes o mercancías en el Estado Contratante donde
se encuentre el establecimiento permanente que sean del mismo o similar tipo a
aquellos bienes o mercancías vendidas a través de ese establecimiento
permanente, salvo cuando se demuestre que dichas ventas han sido realizadas por
razones distintas a las de obtener un beneficio del presente Convenio.
b)
Para la determinación de los beneficios del establecimiento permanente a que se
refiere el párrafo 3, no serán deducibles los pagos que efectúe, en su caso, el
establecimiento permanente (que no sean los hechos por concepto de reembolso de
gastos efectivos) a la oficina central de la empresa o alguna de sus otras
sucursales, a título de regalías, honorarios u otros pagos análogos a cambio
del derecho de utilizar patentes u otros derechos, o a título de comisión, por
la prestación de servicios específicos o por gestiones hechas o, salvo en el
caso de una empresa bancaria, a título de intereses sobre dinero prestado al
establecimiento permanente. Asimismo, no se tomarán en cuenta para la determinación
de los beneficios del establecimiento permanente, las cantidades cobradas por
el establecimiento permanente (que no sean por concepto de reembolso de gastos
efectivos) a la oficina central de la empresa o alguna de sus otras sucursales,
a título de regalías, honorarios u otros pagos análogos a cambio del derecho a
utilizar patentes u otros derechos, o a título de comisión, por la prestación
de servicios específicos o por gestiones hechas o, salvo en el caso de una
empresa bancaria, a título de intereses sobre dinero prestado a la oficina
central de la empresa o alguna de sus otras sucursales.
c)
Respecto del párrafo 3 del artículo 7, la deducibilidad de los gastos del
establecimiento permanente constituye un simple reconocimiento para efectos
fiscales del principio del método de asimilación a una empresa independiente.
En consecuencia, la deducibilidad de los gastos del establecimiento permanente,
procede previo el cumplimiento de los requisitos, condiciones y limitaciones a
que estén sujetos, de acuerdo con la legislación interna del Estado Contratante
en el cual se ubique.
2.
En relación con el Artículo 10 se entiende que:
Sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 10, para el caso de
Colombia, cuando la sociedad residente en Colombia no haya pagado el impuesto
sobre la renta sobre las utilidades que se repartan a los socios o accionistas
por tener una exención o por exceder el límite máximo no gravado contenido en
el artículo 49 y en el parágrafo 1 del artículo 245 del Estatuto Tributario, el
dividendo que se reparta podrá someterse a imposición en Colombia a la tarifa
del 33%, si el beneficiario efectivo del dividendo es un socio o accionista
residente en México.
3.
En relación con el Artículo 11 se entiende que:
Para
el caso de Colombia, el apartado a) del párrafo 3, se refiere a la Nación,
entidades territoriales y en general a una autoridad pública de cualquier
orden.
4.
En relación con el Artículo 12 se entiende que:
a)
En el caso de que Colombia, después de firmado este Convenio, acordara con un
tercer Estado una tasa impositiva sobre regalías aplicable a los pagos por
asistencia técnica y servicios técnicos que sea inferior a la establecida en el
artículo 12 del presente Convenio, o bien, considera dichos pagos con una
naturaleza distinta a la de regalías, esa nueva tasa impositiva o naturaleza se
aplicará automáticamente al presente Convenio como si constara expresamente en
el mismo y surtirá efectos desde la fecha en la que sean aplicables las
disposiciones del Convenio firmado con ese tercer Estado.
b)
El término "regalías" también incluye las ganancias obtenidas por la
enajenación de cualquiera de los derechos o bienes mencionados en el párrafo 3,
cuando dichas regalías estén condicionadas a la productividad, uso o posterior
disposición de las mismas.
5.
En relación con el Artículo 22 se entiende que:
En
el caso de que México, después de firmado este Convenio, acordara con un tercer
Estado un porcentaje de participación menor al 10 por ciento a que se refiere
el párrafo 1, apartado b), dicho porcentaje se aplicará automáticamente al
presente Convenio como si constara expresamente en el mismo y surtirá efectos
desde la fecha en la que sean aplicables las disposiciones del Convenio firmado
con ese tercer Estado.
6.
En general se entiende que:
Nada
de lo previsto en el Convenio podrá interpretarse en el sentido de impedir que
un Estado Contratante aplique las disposiciones de su legislación interna
relacionadas con la evasión y elusión fiscal, incluyendo aquellas relativas a
capitalización delgada y a empresas extranjeras controladas (en el caso de
México, regímenes fiscales preferentes).
Hecho
en Bogotá, D. C., a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil nueve
(2009), en duplicado, siendo ambos textos igualmente auténticos.
POR
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
(Fdo.)
Jaime Bermúdez Merizalde, Ministro de Relaciones Exteriores.
POR
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
(Fdo.)
Patricia Espinosa Cantellano, Secretaria
de Relaciones Exteriores.
_____
_____
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá,
D.C., 22 de junio de 2010
Autorizado.
Sométase a consideración del Congreso de la República para los efectos
constitucionales
(Fdo.)
ÁLVARO URIBE VELEZ.
(Fdo.)
JAIME BERMÚDEZ MERIZALDE. El Ministro de las Relaciones Exteriores.
DECRETA
Artículo
1°.- Apruébense el “Convenio
entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la
doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio " y el "Protocolo
del convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para
evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con
los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” hechos en Bogotá, D. C,
a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009).
Artículo
2°.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 1° de la Ley 7a de 1944, el “Convenio entre la República de
Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio " y el "Protocolo del convenio entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio” hechos en Bogotá, D. C, a los
trece (13) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009), que por el artículo
1° de esta ley se aprueba, obligarán al país a partir de la fecha en que
se perfeccione el vínculo internacional respecto de los mismos.
Artículo
3°.- La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
El
Presidente del Honorable Senado de la República,
Juan
Manuel Corzo Román.
El
Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio
Ramón Otero Dajud.
El
Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Simón
Gaviria Muñoz.
El
Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jesús
Alfonso Rodríguez Camargo.
REPUBLICA
DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese
y cúmplase.
Ejecútese,
previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la
Constitución Política.
Dada
en Bogotá, D. C., a 2 de agosto de 2012.
(Fdo.)
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente
de la República.
El
Ministro de Relaciones Exteriores,
María
Ángela Holguín Cuellar.
El
Ministro de Hacienda y Crédito Público
Juan
Carlos Echeverry Garzón”.
______
______
“RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá,
D.C., 22 de junio de 2010
Autorizado.
Sométase a consideración del Congreso de la República para los efectos
constitucionales
(Fdo.)
ÁLVARO URIBE VELEZ.
El
Ministro de las Relaciones Exteriores.
(Fdo.)
JAIME BERMÚDEZ MERIZALDE”
III.-
INTERVENCIONES
1.- Ministerio de
Relaciones Exteriores
El
ciudadano Álvaro Sandoval Bernal, actuando como Director de Asuntos Jurídicos
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita que se declare
la exequibilidad del Convenio entre Colombia y México para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio, y su Protocolo, así como de la ley
aprobatoria 1568 de 2012.
Hace
alusión al fenómeno de la doble imposición indicando que constituye un
obstáculo en el flujo de inversiones con destino al Estado colombiano, impone
una carga fiscal excesiva sobre los contribuyentes, desacelera el desarrollo
económico y desestimula la inversión extranjera.
En
su sentir, con la entrada en vigor del Convenio y del Protocolo se busca
“establecer mecanismos que proporcionen  estabilidad jurídica en los dos
Estados con el objetivo de garantizar a los inversionistas que las condiciones
pactadas en materia tributaria pervivan de forma estable en consulta con el
principio de seguridad jurídica”.
En
cuanto a los aspectos formales indica que los instrumentos internacionales bajo
referencia fueron suscritos en Bogotá D.C., el 13 de agosto de 2009, por el
entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, señor Jaime Bermúdez
Merizalde – sin que fuera necesaria la expedición de plenos poderes conforme a
lo dispuesto en el numeral 2°, literal a), del artículo 7° de la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 – y por la Secretaria de
Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, señora Patricia Espinosa
Castellano.
Agrega
que una vez realizada la Autorización Ejecutiva, el entonces Presidente de la
República autorizó y ordenó someter el proyecto a consideración del Congreso,
que finalmente aprobó la Ley 1568 de 2012, cumpliéndose así con los requisitos
previstos en la Constitución Política.
2.-
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El
ciudadano Francisco Morales Falla, actuando en su calidad de delegado del
Ministro de Hacienda y Crédito Público, solicita que se declare la exequibilidad
de la norma objeto de revisión, esto es, del Convenio entre Colombia y México
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con
los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, y su Protocolo, así como de
la ley aprobatoria 1568 de 2012 basándose en las siguientes consideraciones.
Inicia
con una breve referencia sobre la estructura propia del Convenio bajo estudio,
para luego hacer una especial mención a las diferentes cláusulas consagradas en
el mismo y que son de aceptación general en los tratados internacionales para
evitar la doble imposición tributaria, tales como la cláusula de no
discriminación, el procedimiento amistoso, el intercambio de información, en su
sentir de vital importancia para las administraciones tributarias en su lucha
por impedir la evasión fiscal, la cláusula anti abuso y la de la Nación más
favorecida.
En
cuanto a la cláusula anti abuso, el interviniente destaca su importancia en el
ejercicio de las facultades de fiscalización de la Administración Tributaria,
teniendo en cuenta que lo que busca el artículo 26 del Convenio es establecer
las condiciones mediante las cuales los beneficios derivados del Acuerdo se
puedan aplicar a una persona distinta de una persona natural, evitando que la
constitución, creación o mantenimiento de la misma se establezca con el único
objeto de obtener tales beneficios.
Respecto
de la cláusula de la Nación más favorecida, resalta la recomendación  emitida
por esta Corporación en Sentencia C-295 de 2012, mediante la cual se evalúa la
constitucionalidad del Convenio celebrado entre Colombia y Canadá para evitar
la doble imposición, en donde la Corte reitera el llamado al Gobierno y al
Congreso para que evalúen la pertinencia de este tipo de cláusulas en los
Acuerdos para evitar la doble tributación.
Basado
en lo anterior, el interviniente sugiere que en el asunto bajo estudio la Corte
Constitucional evalúe la pertinencia de realizar un pronunciamiento adicional a
dicha recomendación. Sin embargo, no aclara en qué sentido considera que debe
dirigirse tal pronunciamiento.
Finalmente,
señala que la norma objeto de análisis satisface los principios
constitucionales que regulan las relaciones internacionales, particularmente lo
consagrado en el artículo 226 de la Carta Política; y se desarrolla conforme a
lo establecido en el “Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el
Patrimonio”, elaborado por el Comité de Asuntos Fiscales de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
3.-
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
La
ciudadana Maritza Alexandra Díaz Granados, obrando como apoderada de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, solicita declarar exequible
la Ley 1568 de 2012 aprobatoria del Convenio entre Colombia y México para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con los
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.
En
su sentir, este tipo de Convenios hacen parte de las acciones que el Estado
colombiano desarrolla para el efectivo cumplimiento de los artículos 9, 226 y
227 de la Constitución Política, sobre el manejo de las relaciones
internacionales.
Respecto
del artículo 227, que consagra la obligación de promover la integración
económica, social y política con las demás naciones mediante la celebración de
tratados internacionales,  la interviniente cita como ejemplo la Sentencia
C-577 de 2009 para explicar la importancia de este tipo de acuerdos, ya que en
aquella jurisprudencia la Corte recuerda que la forma tradicional en la que
Colombia ha solucionado el problema de la doble tributación ha sido desde la
perspectiva del derecho interno sin existir un gran número de acuerdos con
otros Estados.
En
cuanto al artículo 226, que establece el deber de promover la
internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y
ecológicas  sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, cita
como ejemplo, por su similitud, la Sentencia C-383 de 2008. En dicha
providencia, la Corte consideró que las cláusulas aprobatorias sobre la doble
imposición en el Acuerdo suscrito con España se ajustaban a la Constitución,
dado que se basaban en el principio de reciprocidad, lo que significa que los
ciudadanos de uno y otro Estado gozan de los mismos privilegios, ventajas y
facilidades, así como las autoridades de ambos países que tienen iguales
obligaciones y prerrogativas. Lo anterior, a juicio de la interviniente,
también sucede con el Convenio que se somete a estudio.
Por
último, sostiene que una vez analizado el Convenio tanto en su aspecto formal
como material,  el mismo se ajusta a los preceptos constitucionales en razón a
que se adecua a los procedimientos exigidos por la Constitución y la ley,
además de seguir el objetivo del Convenio, que es evitar que a los ciudadanos y
a las empresas de los países signatarios se les imponga una doble tributación.
4.-
Instituto Colombiano de Derecho Tributario
El
Instituto Colombiano de Derecho Tributario presentó el concepto aprobado por el
Consejo Directivo de la institución, con ponencia de la doctora Ruth Yamile
Salcedo Younes, en el cual considera que la Ley 1568 de 2012 debe ser declarada
constitucional.
En
primer lugar, menciona las Sentencias C-383 de 2008, C-577 de 2009, C-460 de
2010 y C-295 de 2012, mediante las cuales la Corte ha precisado los objetivos
en relación con las leyes aprobatorias de los Convenios para evitar la doble
imposición, que a juicio del instituto también se encuentran incluidos en el
Convenio bajo estudio. Tales propósitos los resume así: (i) eliminar la doble
tributación que afecta las relaciones de los residentes de cada uno de los
estados signatarios, según los criterios de sujeción tributaria establecidos
por cada uno de los estados; (ii) evitar la evasión y elusión fiscal internacional;
y (iii) regular algunas materias específicas como, por ejemplo, las cláusulas
de no discriminación y la de la Nación más favorecida.
Señala
que este tipo de instrumentos constituye un mecanismo válido para el adecuado
manejo de las relaciones internacionales, dando cumplimiento de esta manera al
contenido de las disposiciones constitucionales que regulan la materia.
Más
adelante, hace una breve referencia sobre el modelo de Convenio de la OCDE, y
explica que el contenido del que en este caso se estudia tiene como soporte
fundamental las cláusulas de dicho modelo. Sin embargo, considera que a pesar
de la importancia de los Comentarios con los que cuenta el mismo y del valor
agregado que implica como instrumento de interpretación, estos no han sido
incorporados a la normativa colombiana, circunstancia que les sustrae el
carácter de texto legal.
Sobre
el particular, cita la sentencia C-460 de 2010, donde la Corte considera que
los Comentarios del modelo de la OCDE no son de obligatorio cumplimiento, sin
que por esto carezcan de relevancia sino que, por el contrario, hacen parte del
entorno del derecho tributario internacional y contienen un valor persuasivo en
la interpretación y aplicación de los convenios para evitar la doble
tributación.
Posteriormente
el instituto hace una mención específica a diferentes conceptos y cláusulas
establecidas en el Convenio, que a su juicio requieren un análisis detallado
por parte de la Corte Constitucional:
(i)
Respecto al establecimiento permanente, ratifica los conceptos emitidos con
anterioridad referidos a la necesidad de contar con una normativa interna que permita
aplicar debidamente esa figura con el fin de evitar dificultades en detrimento
del recaudo fiscal.
(ii)
En cuanto a los dividendos, considera que tal disposición da un tratamiento
equiparable entre los socios residentes en Colombia y los residentes en México
respecto al gravamen en Colombia, derivado de dividendos distribuidos por
sociedades colombianas.
(iii)
Al referirse a la cláusula anti abuso, aclara que si bien la misma no vulnera la
Constitución, sí existe una ausencia de normas internas que determinen
facultades específicas tanto de la administración tributaria como de los
jueces.
(iv)
Señala que si bien el procedimiento de mutuo acuerdo busca lograr la efectiva
aplicación del convenio, el mismo presenta poca eficacia práctica porque es
discrecional de la administración, no es obligatorio llegar a un acuerdo y no
se prevé el arbitramento como mecanismo para resolver el asunto de forma
definitiva.
(v)
Sobre la cláusula de la Nación más favorecida, se pregunta si por el hecho de
no establecerse un tratamiento equiparable para Colombia se vulneran los
principios de reciprocidad, equidad y conveniencia nacional. Advierte la
necesidad de evaluar si Colombia debe permitir que sus residentes no reciban
los beneficios que si serían aplicados a los residentes de otro Estado frente a
la misma circunstancia de hecho.
5.-
Academia Colombiana de Jurisprudencia
El
ciudadano Juan Rafael Bravo Arteaga, actuando en nombre de la Academia
Colombiana de Jurisprudencia, considera que el articulado del Convenio para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal entre Colombia y México
es constitucional.
Encuentra
que el Convenio bajo estudio tiene como objeto principal evitar la doble
tributación que puede afectar las relaciones económicas entre los residentes de
los Estados signatarios, por cuanto la doble imposición es un factor que opera
en contra de las inversiones extranjeras.
Señala
que el Convenio celebrado entre Colombia y México se basa en el modelo de la
OCDE y es similar a los convenios que fueron suscritos en anteriores
oportunidades con España (Ley 1082 de 2002), Chile (Ley 1261 de 2008), Suiza
(Ley 1344 de 2009) y Canadá (Ley 1459 de 2011).
Por
último, al abordar el análisis del articulado, el interviniente hace mención a
cada una de las disposiciones contenidas en el Acuerdo, encontrándolas
ajustadas a los postulados de la Carta Política.
6.-
Universidad Externado de Colombia
El
Director del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de
Colombia, profesor Julio Roberto Piza Rodríguez, emite concepto manifestando
que el Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal
entre Colombia y México debe declararse inexequible.
Respecto
del control formal, hace referencia a dos aspectos que considera de especial
relevancia. De un lado, plantea el interrogante acerca de si es necesario
cumplir con el artículo 5° de la Decisión 40 de la Comunidad Andina de
Naciones, según el cual “(…) los convenios para evitar la doble tributación
que suscriban los países miembros con otros Estados ajenos a la subregión, se
guiarán por el Convenio Tipo a que se refiere el artículo 2 de la presente
Decisión (… ) Cada país miembro celebrará consultas con los demás en el seno
del Consejo de Política Fiscal antes de suscribir dichos convenios”
El
interviniente reitera su posición y sugiere a la Corte solicitar al Tribunal
Andino de Justicia un concepto sobre la vigencia de la norma precitada, el
alcance de la expresión “se guiarán”, y la autoridad que reemplazaría al
extinto Consejo de Política Fiscal.
Lo
anterior, bajo el argumento de que la Decisión 40 de la CAN es un Tratado
Internacional Multilateral que no pudo ser derogado por la Decisión 578 de 2004,
conocida como “Régimen para evitar la doble tributación”, dado que en el
Derecho Comunitario no se aplica la derogatoria tácita. Agrega que aunque en la
Sentencia C-577 de 2009 se reconoce que ambas Decisiones tienen naturaleza
diferente, no se indica si una derogó a la otra; y aun cuando se aceptara tal
circunstancia, añade que aquella no se predicaría de los aspectos no regulados
por la Decisión 578, encontrándose dentro de estos el requisito de consulta a la
CAN previa suscripción de un Convenio de Doble Imposición (en adelante CDI).
De
otra parte, se pregunta si los CDI deben cumplir con los requisitos del
artículo 7° de la Ley 819 de 2003, según el cual el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público debe emitir un concepto sobre la viabilidad financiera de un
proyecto de ley y su compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo. Sobre
el particular, indica que la Corte ha mantenido la posición de considerar que
los CDI no son instrumentos internacionales contentivos de beneficios
tributarios por lo que, a pesar de su impacto fiscal sobre las finanzas
públicas, no precisan el cumplimiento de la exigencia mencionada como requisito
de trámite, dado que afectaría la capacidad legislativa del Congreso, lo que no
significa que este no evalúe el impacto de la decisión de gasto público, con
los medios que tenga a su alcance.
En
su sentir, el inconveniente radica en la discusión de lo que se considere como
“beneficio tributario”, puesto que la Corte se basa en una
interpretación gramatical de este concepto, desatendiendo la finalidad propia
del artículo 7° de la precitada ley. En tal sentido, no comparte tampoco la
posición de que los CDI no contienen beneficios tributarios, dado que si bien
es cierto que en muchos casos no se verá una reducción en la carga tributaria,
también lo es que estos convenios plantean la posibilidad de permitir una no
imposición o exención, generando una diferencia de tratamiento.
En
cuanto al control material, plantea tres cuestiones específicas: en primer
lugar, respecto de la regulación de los CDI, explica que  la misma no debe ser
únicamente sobre los aspectos procedimentales, sino también sobre asuntos
relacionados con la obligación tributaria sustancial y los aspectos
sancionatorios. Estima que es necesaria la expedición de una normativa interna
que permita aplicar debidamente los CDI, ya que en un futuro podría generarse “un
estado de cosas de inconstitucionalidad por el desbalance recaudatorio que
podría causar la ausencia de una legislación apropiada para aplicar los CDI”.
En
segundo lugar, encuentra una problemática en la relación de los CDI con el
ordenamiento tributario interno, porque al tener la misma jerarquía de una ley
ordinaria podría presentarse una antinomia entre el Estatuto Tributario y el
Convenio. Cita lo dicho por esta Corporación en Sentencia C-460 de 2010, según
la cual existe una especialidad en la aplicación del Convenio dado que se da
solamente respecto de los impuestos sobre la renta y patrimonio, aplicándose
para los demás casos la normativa nacional.
Sin
embargo, el interviniente considera que la dificultad radica en determinar la
mayor o menor especificidad teniendo en cuenta que puede presentarse un
conflicto con los criterios de ley posterior y de jerarquía, lo que significa
que dicho criterio no es suficiente para solucionar la problemática planteada.
Finalmente,
se refiere al requisito de reciprocidad que se traduce en la conveniencia para
el país de este tipo de acuerdos, manifestando que la Corte no cuenta con los
medios idóneos para conocer las variables económicas que determinarían dicha
conveniencia, tarea que a juicio del interviniente se facilitaría con la
aplicación del artículo 7° de la Ley de 819 de 2003, aunado al estudio de los
aspectos positivos y negativos, y basada en la información aportada por el
Gobierno, que es quien tiene la capacidad de brindarla.
IV.-
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
El
señor Procurador General de la Nación, mediante concepto 5491 recibido en la
Secretaría General el 6 de diciembre de 2012, solicita a la Corte
Constitucional declarar la exequibilidad del “Convenio entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la
renta y sobre el patrimonio” y su “Protocolo”, así como de su ley
aprobatoria, 1568 de 2012.
Señala
inicialmente que los instrumentos internacionales bajo estudio fueron firmados
en Bogotá D.C., por la República de Colombia el 13 de agosto de 2009 y
posteriormente contó con la Aprobación Ejecutiva del 22 de junio de 2010
mediante la cual el Presidente de la República dispuso su conocimiento a
consideración del Congreso, para su discusión y aprobación, siguiendo el
trámite previsto por la Constitución para las leyes ordinarias.
En
cuanto al trámite que cumplió el proyecto de Ley 233 de 2011 en el Senado y 263
de 2011 en la Cámara, el Procurador hace una reseña del procedimiento y
concluye que no existe vicio alguno.
Más
adelante se refiere al análisis material del Convenio y su Protocolo, acudiendo
a los pronunciamientos previos de esta Corporación sobre el asunto y recuerda
que tienen como objetivo principal “eliminar la sobreimposición, impedir la
evasión fiscal de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, así como
regular materias tales como las relacionadas con la cláusula de no
discriminación y la cláusula de la nación más favorecida”.
Considera
que son acuerdos solemnes entre Estados contratantes que cuentan con una
naturaleza jurídica dual, son tratados internacionales y al mismo tiempo hacen
parte del ordenamiento jurídico interno, teniendo como fin principal “el de
eliminar los conflictos positivos de tributación originados por el ejercicio de
la soberanía fiscal de los Estados”.
El
jefe del Ministerio Público agrega que el Convenio bajo estudio se incluye
dentro de los Convenios de la OCDE, los cuales tienen como regla general que
las utilidades de las empresas son gravadas exclusivamente por el Estado de la
residencia y no donde se genera la fuente, salvo lo establecido para la figura
del “establecimiento permanente”, en donde se permite de manera excepcional que
el Estado de la fuente imponga un tributo sobre los resultados de las
actividades que ejercen empresas extranjeras con instalación de un
establecimiento permanente.
Describe
el articulado del Convenio para concluir que su contenido no desconoce el
ordenamiento constitucional y por el contrario se ajusta a los principios y
directrices consagradas en la Carta Política, basando varios de sus comentarios
en lo dicho por la Corte Constitucional en Sentencias C-577 de 2009 y C-295 de
2012.
Finalmente,
hace una breve referencia al contenido del Protocolo y la adición que en él se
hace de la “cláusula de la nación más favorecida”. Al respecto, cita la
jurisprudencia constitucional en el mismo sentido que los otros intervinientes,
esto es, que el Convenio y su Protocolo no pueden valorarse a partir de una
lectura independiente  de cada uno de sus artículos, sino a partir de una
interpretación conjunta  e integral, donde además la Corte reitera el llamado
al Gobierno y al Congreso para evaluar la pertinencia de este tipo de cláusulas.
V.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.-
Competencia
De
acuerdo con lo previsto en el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución,
corresponde a la Corte decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los
tratados internacionales y de las leyes que los aprueban, en este caso la Ley
1568 de 2012 por medio de la cual se aprueba  el “Convenio entre la República
de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y
para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio” y su “Protocolo”.
1.1.- Alcance y características especiales
del control de constitucionalidad de tratados
De acuerdo con lo establecido en el
artículo 241, numeral 10° de la Constitución Política, una de las funciones de la
Corte Constitucional es decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los
tratados internacionales y de las leyes que los aprueben.  Al respecto
esta Corporación ha emitido numerosos pronunciamientos acerca  de las
características que de este control se predican y el alcance del mismo. Tales particularidades
ya fueron explicadas en jurisprudencia reciente, así:
“El control constitucional
de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias presenta algunas
particularidades que en reiteradas oportunidades han sido reseñadas por la
jurisprudencia de esta Corporación. Son ellas las siguientes: (i) es previo a
la ratificación que perfecciona el tratado, aunque posterior a la
aprobación del Congreso y la sanción del Gobierno; (ii) es automático, pues
debe remitirse por el Gobierno a la Corte Constitucional dentro de los seis
días siguientes a la sanción de la ley aprobatoria del tratado; (iii) es integral,
toda vez que se examinan los aspectos formales y materiales de la ley y del
tratado, confrontándolos con toda la Constitución, incluidas las normas que se
integran a ella; (iv) es preventivo, ya que busca garantizar
no sólo el principio de supremacía de la Constitución sino también el
cumplimiento de los compromisos del Estado colombiano frente a la comunidad
internacional; (v) es una condición sine qua non para la
ratificación del tratado y la consecuente obligación del Estado; y, finalmente,
(vi) tiene fuerza de cosa juzgada constitucional. Adicionalmente,
el examen de constitucional comprende un análisis formal y material tanto del
tratado como de su ley aprobatoria”[1] (Subrayado fuera de texto).
En cuanto al alcance del
control de constitucionalidad, se ha sostenido que comprende un análisis desde
dos puntos de vista. Por un lado, la Corte estudia el aspecto formal de los
instrumentos internacionales y sus leyes aprobatorias, incluida la verificación
de la validez en la representación del Estado colombiano para la negociación,
celebración y suscripción del tratado, y la revisión del cumplimiento del
trámite previo a la aprobación de la ley en el Congreso de la República.
Ahora bien, cabe aclarar que
en el ordenamiento constitucional no se encuentra regulado un procedimiento
legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de un tratado
internacional, razón por la cual se aplica el trámite de una ley ordinaria en
el cual se requiere: (i) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión
constitucional correspondiente del Senado de la República; (ii) la publicación
oficial del proyecto de ley; (iii) la aprobación reglamentaria en los debates
de las comisiones y plenarias de cada una de las Cámaras (Art. 157 C.N) mediante votación nominal conforme a lo establecido en el Auto 242 del 17 de octubre de 2012
de la Corte Constitucional[2]; (iv) que entre el primer y segundo
debate medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del
proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra
transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.P.); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi) la
sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro
de los seis días siguientes, (Art.  241-10 C.P.).[3]
Por otro lado, esta
Corporación examina el aspecto material del control de constitucionalidad,
mediante el cual se confrontan las disposiciones contenidas en el instrumento
internacional y su ley aprobatoria, con el ordenamiento constitucional para
determinar si se ajustan o no a esos postulados.
1.2.-
El asunto objeto de control
En
el presente caso se revisa la constitucionalidad del “Convenio entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio”, y del “Protocolo del convenio
entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la
doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio”, hechos en Bogotá D.C., a
los trece (13) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009), así como de su
Ley aprobatoria, 1568 del 2 de agosto de 2012.
Los
instrumentos sometidos a estudio corresponden efectivamente a tratados
internacionales. En consecuencia, la
Corte abordará el análisis de constitucionalidad del Convenio y el Protocolo,
así como de su ley aprobatoria, tanto desde el punto de vista formal como
material.
2.-
Revisión formal del Tratado
En
este apartado debe examinarse (i) la validez de la representación del Estado en
el proceso de negociación y celebración del acuerdo -competencia del
funcionario que lo suscribió- y (ii) la remisión oportuna del instrumento
internacional y de su ley aprobatoria a la Corte Constitucional para el control
de rigor (art. 241-10 CP).
2.1.-
Negociación, celebración y aprobación ejecutiva del Convenio y del Protocolo
2.1.1.-
De acuerdo con la comunicación remitida a la Corte Constitucional por la
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados – Dirección de Asuntos
Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores[4], el Convenio y su Protocolo fueron suscritos en
nombre del Estado colombiano por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores,
Jaime Bermúdez Merizalde, el día 13 de agosto de 2009, sin que fueran expedidos
plenos poderes por parte del Presidente de la República, de conformidad con lo
previsto en el literal a) del numeral 2° del artículo 7° de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados del año 1969, que dispone:
“[…]
Artículo 7
Plenos Poderes
[…]
2. En virtud de sus funciones, y sin tener que
presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado:
a)
Los jefes de Estado, jefes de
gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos
los actos relativos a la celebración de un tratado;
b)
Los jefes de misión diplomática,
para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el
Estado ante el cual se encuentran acreditados;
c)
Los representantes acreditados por
los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización
internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en
tal conferencia, organización u órgano.
[…]” (Subrayado fuera de texto).
2.1.2.- El 22 de junio de 2010 el señor Presidente de la
República de Colombia impartió la Aprobación Ejecutiva al “Convenio entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble
imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” y
su “Protocolo”, hechos en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de
agosto de 2009. En dicho acto, suscrito también por el Ministro de Relaciones
Exteriores, se dispuso someter el tratado a consideración del Congreso para su
aprobación.[5]
2.1.3.- Observa la Corte que la aprobación del
Convenio y de su Protocolo por el Presidente de la República es válida a la luz
del literal a) del numeral 2º del artículo 7º de la Convención de Viena sobre
el derecho de los Tratados entre Estados, aprobado en Colombia mediante la Ley
32 de 1985. En consecuencia, desde esta perspectiva formal no existe reparo
alguno de constitucionalidad.
2.2.-
Remisión del Tratado, del Protocolo y de su ley aprobatoria a la Corte
Constitucional
El
“Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para
evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio” y su “Protocolo” fueron aprobados por el Congreso de la
República mediante Ley 1568 del 2 de agosto de 2012 y publicada en el Diario
Oficial 48.510.
El
6 de agosto de 2012 la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República
remitió a la Corte Constitucional fotocopia autenticada de la Ley 1568 de 2012.
En consecuencia, la Sala observa que la remisión para efecto del control
constitucional fue dentro del término de los seis (6) días siguientes a la
sanción de la ley, ajustándose a lo previsto en el artículo 241-10 de la Carta
Política.
3.-
Trámite de la Ley 1568 del 2 de agosto de 2012
De
acuerdo con la documentación que reposa en el expediente, a continuación la
Corte reseña el trámite en el Congreso de la República del proyecto de ley 233
de 2011 Senado – 263 de 2011 Cámara, procediendo al examen formal de rigor
3.1.-
Presentación y publicación del proyecto
3.1.1.- Radicación del
proyecto: el proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el “Convenio
entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la
doble imposición y su Protocolo”, hechos en Bogotá D.C., el 13 de
agosto de 2009”, fue presentado ante el Senado de la República el día 31 de
marzo de 2011, por la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín
Cuellar, y el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverry
Garzón.  Fue radicado bajo el número 233 de 2011 Senado, repartido a la
Comisión Segunda Constitucional del Senado y se dispuso enviar una copia del
mismo a la Imprenta Nacional  con destino a su publicación.[6]
3.1.2.- Publicación: el texto
original del Convenio, del Protocolo, del proyecto de ley y de su exposición de
motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso 148 del 1° de abril de 2011
Senado.[7]
3.2.- Trámite del Proyecto
en Comisión Segunda del Senado
3.2.1.- Ponencia para
primer debate: la ponencia para primer debate en Comisión Segunda del Senado fue
presentada por el congresista Juan Francisco Lozano Ramírez, siendo publicada
en la Gaceta del Congreso 242 del 9 de mayo de 2011, Senado.[8]
3.2.2.- Anuncio Previo: el
anuncio de discusión y votación del proyecto se dio en la Sesión ordinaria del
miércoles 11 de mayo de 2011. De acuerdo con el Acta 32 del 11 de mayo
de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso 755 del 6 de octubre de 2011,
Senado[9], el anuncio para discusión y votación del
proyecto se realizó en los siguientes términos:
“Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley, por instrucciones del Presidente de la Comisión
Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de
proyectos de ley para la próxima sesión. (Artículo 8º del Ato
Legislativo número 01 de 2003).
2. Proyecto de ley número 233 de 2011 Senado,
por medio de la cual se aprueba el Convenio entre la República de Colombia y
los Estados Unidos Mexicanos, para evitar la doble imposición y prevenir la
evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio y su “Protocolo”, hechos en Bogotá a los 13 días del mes de agosto
de 2009.
(…)
El señor Presidente, Senador Guillermo García Realpe:
Informa que se levanta la sesión y se convoca para el
día martes a las 10:00 a.m., si de no haber sesión el martes, porque el Senador
Chavarro con el apoyo de la Senadora Alexandra Moreno Piraquive, han convocado
a una sesión de la Comisión Accidental al tema de seguimiento a la ola invernal,
tendremos sesión el día miércoles”. (Subrayado
fuera de texto)
3.2.3.-
Votación y aprobación: el proyecto fue debatido y aprobado el día martes 17 de
mayo de 2011, según consta en el Acta 33 de Sesión ordinaria de la
Comisión Segunda del Senado de la República, publicada en la Gaceta 755 del 6
de octubre de 2011, Senado.[10]
3.2.4.-
Quórum deliberatorio y decisorio: el quórum deliberatorio y decisorio para la
aprobación del proyecto fue de 10 de los 13 Senadores
que conforman esa Comisión, según consta en Acta 33 del 17 de mayo de 2011,
publicada en Gaceta 755 de 2011, Senado[11], en concordancia con el informe remitido a la Corte Constitucional
por el secretario General de la Comisión Segunda del Senado[12].
Asimismo,
el Secretario de la Comisión Segunda del Senado certificó lo siguiente:
“En relación a la solicitud del Honorable Magistrado
de certificar el quórum deliberatorio y decisorio, esta Secretaría se permite
certificar que una vez revisados los archivos y de acuerdo al Acto Legislativo
No. 1 de 2009, donde se exige votación nominal y pública, la proposición final
con que termina el informe de ponencia, tal como consta en el Acta No. 33 de 17
de mayo de 2011, publicada en la Gaceta No. 755 del 06 de octubre de 2011, la
cual se adjunta (págs.: 22-24); fue aprobada por los Honorables Senadores
presentes al momento de abrirse el registro, así:
VOTOS A FAVOR
VOTOS EN CONTRA
Avirama
Avirama Marco Aníbal
NINGUNO
Barriga
Peñaranda Carlos Emiro
NINGUNO
Espíndola
Niño Édgar
NINGUNO
García
Realpe Guillermo
NINGUNO
Lozano
Ramírez Juan Francisco
NINGUNO
Moreno
Piraquive Alexandra
NINGUNO
Motoa
Solarte Carlos Fernando
NINGUNO
Paredes
Aguirre Miryam Alicia
NINGUNO
Romero
Galeano Camilo
NINGUNO
Virgüez
Piraquive Manuel Antonio
NINGUNO
Siguiendo con la votación y sometidos a consideración,
discusión  y votación la proposición mediante la cual se omitió la lectura
del articulado, el texto del articulado propuesto, el título del proyecto y si
quieren que éste pase a segundo debate en la Plenaria del Senado, tal como
consta en el Acta No. 33 del 17 de mayo de 2011, publicada en la gaceta No. 755
del 06 de octubre de 2011, la cual se anexa (págs.: 22-24); fueron aprobados
por los honorables Senadores presentes al momento de abrirse el registro,
conforme al artículo 1º de la Ley 1431 de 2011
Constancia de esta votación  queda
registrada  en el Acta No. 33 del 17 de mayo de 2011, de Sesión Ordinaria
de la Comisión Segunda del Senado de esa fecha, publicada en la gaceta No. 755
del 06 de octubre de 2011, la cual se adjunta (págs.: 22-24)”[13]
Como
se observa, la votación en Primer Debate del Senado de la República se realizó
de manera nominal y pública, dando a conocer el sentido del voto de cada uno de
los Senadores presentes.
3.2.5.-
Publicación del texto aprobado. El texto aprobado en primer debate en Senado
fue publicado en la Gaceta del Congreso 326 del 30 de mayo de 2011, Senado.[14]
3.3.-
Trámite del Proyecto en Plenaria de Senado
3.3.1.-
Ponencia para segundo debate: la ponencia para segundo debate en Plenaria
del Senado fue presentada por el congresista Juan Francisco Lozano Ramírez y
publicada en la Gaceta del Congreso 326 del 30 de mayo de 2011, Senado[15].
3.3.2.-
Anuncio Previo: el anuncio de discusión y votación del proyecto se dio en la
sesión del miércoles 1° de junio de 2011, de acuerdo con al Acta 58 de
esa fecha, publicada en la Gaceta 483 del 6 de julio de 2011[16], en concordancia con el informe remitido a la Corte
Constitucional por el Secretario General del Senado[17], en los siguientes términos:
“Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad
con el Acto Legislativo número 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los
proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
(…)
Proyecto de ley número 233 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la
renta y sobre el patrimonio y su “Protocolo”, hechos en Bogotá a los 13 días
del mes de agosto de 2009.
(…)
Siendo las 4:40 p.m., la Presidencia levanta la sesión
y convoca para el día 7 de junio de 2011” (Subrayado fuera de texto).
3.3.3.-
Votación y aprobación: el proyecto fue efectivamente votado en la sesión del 7
de junio de 2011, según consta en el Acta 59 de esa fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso 484 del 6 de julio de 2011, Senado[18].
3.3.4.-
Quórum deliberatorio y decisorio: el quórum deliberatorio y decisorio para la
aprobación –por unanimidad- del proyecto fue de 98 de los 101 Senadores que
conformaron la Plenaria de esa Corporación, según consta en el Acta 59 del 7 de
junio de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso 484, Senado de esa fecha[19], en
concordancia con el informe remitido por el Secretario General del Senado[20].
En tal sentido, el Secretario General del Senado de la República certificó lo
siguiente:
“Que el proyecto de Ley 233 de 2011 Senado, por medio
de la cual se aprueba el Convenio entre la República de Colombia y los Estados
Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión
fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” y el
“Protocolo del Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos
Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en
relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio”, hechos en
Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009),
fue aprobado sin modificaciones en segundo debate con el lleno de los
requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, mediante votación
ordinaria, conforme al artículo 129 de la ley 5ª de 1992, con un quórum de 98
de 101 Senadores, en la sesión plenaria del día 7 de junio de 2011, como consta
en el Acta No. 59 de la fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 484 del
6 de julio de 2011 (pág. 10)”[21].
Ahora bien, a partir de la modificación
que el Acto Legislativo 01 de 2009 introdujo al artículo 133 de la Constitución
se exige que, con las excepciones que señale la ley, la votación de un proyecto
sea nominal y pública[22]. Con ello se pretende asegurar los principios de
publicidad y transparencia, de manera que se conozca el sentido del voto
emitido por cada uno de los congresistas, permitiendo el escrutinio de sus
actuaciones por parte de la ciudadanía en general y de sus electores en
particular[23].
Por su parte, el artículo 1º de la Ley
1431 de 2011, que modificó el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 en lo relativo
a la votación nominal y pública, dispuso en su numeral 16 que una de las
excepciones a esta clase de votación se presenta, justamente, cuando existe
unanimidad en la votación[24], como en efecto ocurrió.
De esta manera, como ninguno de los
Senadores solicitó votación nominal ni verificación de quórum, ni se
registraron votos negativos o impedimentos, este requisito se encuentra
debidamente satisfecho.
3.3.5.-
Publicación del texto definitivo: el texto definitivo aprobado en plenaria de
Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso 426 del 14 de junio de 2011,
Senado[25].
3.4.-
Trámite del Proyecto en Comisión Segunda de Cámara
3.4.1.-
Ponencia para primer debate: la ponencia para primer debate en Comisión Segunda
de Cámara de Representantes fue presentada por el congresista Augusto Posada
Sánchez, siendo publicada en la Gaceta del Congreso 847 del 10 de noviembre de
2011, Cámara[26] (Proyecto de
Ley 263 de 2011 Cámara).
3.4.2.-
Anuncio Previo: el anuncio de discusión y votación del proyecto se hizo en
sesión del 29 de noviembre de 2011, de acuerdo con el Acta 13 de esa
fecha, publicada en la Gaceta 100 del 23 de marzo de 2012[27], en los
siguientes términos:
“Hace uso de la palabra la Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
(…) Cuarto punto del Orden del Día, anuncio de
proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate.
Para la sesión del día de mañana honorables Representantes, estos anuncios se hacen
para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 8° del Acto Legislativo
número 01 de 2003.
- Proyecto de ley número 263 de 2011 Cámara, 233 de
2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio entre la República
de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio y su “Protocolo”, hechos en Bogotá a los 13 días del mes de
agosto de 2009.
(…)
Agotado el Orden del Día se levanta la sesión y se
cita para mañana miércoles a las 10 de la mañana.” (Subrayado fuera de texto).
3.4.3.-
Votación y aprobación: el proyecto fue votado en la sesión del día siguiente,
correspondiente al 30 de noviembre de 2011, según consta en el Acta 14
de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 134 del 30 de marzo de
2012, Cámara[28].
3.4.4.-
Quórum deliberatorio y decisorio: el quórum deliberatorio y decisorio para la
aprobación del proyecto fue de 15 Representantes, según consta en el Acta 14
del 30 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso 134 del 30 de
marzo de 2012, Cámara[29], en
concordancia con la certificación remitida por la Secretaría General de la Comisión
Segunda de la Cámara[30].
La
Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes
certificó lo siguiente:
“QUÒRUM Y VOTACIÓN EN PRIMER DEBATE EN CÁMARA
b. Certifico que en sesión del día 30 de noviembre de
2011, Acta Nº 14, publicada en Gaceta del Congreso Nº 134 del 30 de marzo de
2012, páginas 02 a 05 (Anexo Gaceta), con el quórum reglamentario se le dio
primer debate y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria de acuerdo a la
Ley 1431 de 2011, el Proyecto de Ley Nº 263/11 CÁMARA, 233/11 SENADO por medio de la cual se aprueba el Convenio
entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la
doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” y el “Protocolo del Convenio
entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la
doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio”, hechos en Bogotá D.C., a los
trece (13) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009), en los
siguientes términos con la presencia de 15 Honorables Representantes:
Leída la proposición con que termina el informe de
ponencia y escuchadas las explicaciones del ponente, Dr. Augusto Posada Sánchez,
se sometió a consideración y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria
Sometido a consideración, el articulado del Proyecto,
publicado en la Gaceta Nº 847 de 2011 se aprobó por unanimidad en votación
ordinaria
Leído el título del proyecto, sometido a consideración
se aprobó por unanimidad en votación ordinaria
Preguntada la comisión si quiere que este proyecto sea
Ley de la República, se aprobó por unanimidad en votación ordinaria”[31]
Tal
y como fue mencionado previamente, una de las excepciones al voto nominal se
presenta cuando existe unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria,
a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de los miembros.
En
el Primer Debate de la Cámara, como consta según oficio de la Secretaría, el
proyecto fue aprobado por unanimidad sin que se solicitara la verificación del
mismo o la realización de la votación nominal, por lo que no se advierte
ninguna irregularidad.
3.4.5.-
Publicación del texto aprobado. El texto aprobado en primer debate en Cámara
fue publicado en la Gaceta del Congreso 242 del 17 de mayo de 2012, Cámara[32].
3.5.-
Trámite del Proyecto en Plenaria de Cámara
3.5.1.-
Ponencia para segundo debate: la ponencia para segundo debate en Plenaria de Cámara
fue presentada por el congresista Augusto Posada Sánchez, siendo publicada en la
Gaceta del Congreso 242 del 17 de mayo de 2012, Cámara[33].
3.5.2.-
Anuncio Previo: el anuncio de discusión y votación del proyecto se dio en la
sesión plenaria del 6 de junio de 2012, de acuerdo con el Acta 129 de
esa fecha, publicada en la Gaceta 501 del 10 de agosto de 2012[34], en los
siguientes términos:
“Secretario, doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo,
informa:
Señor Presidente, dando cumplimiento al Acto
Legislativo número 01 de julio de 2003 procedemos a anunciar los siguientes
proyectos:
Proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el Convenio
entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio y su “Protocolo”, hechos en Bogotá a los
13 días del mes de agosto de 2009.
Se anuncian estos proyectos para ser debatidos y
votados en la sesión del próximo martes 12 de junio, o en la próxima sesión en la que se discutan
proyectos de ley o de actos legislativos.
(…)
Se levanta la Sesión Plenaria siendo las 9:50 p.m.” (Subrayado fuera de texto).
3.5.3.-
Votación y aprobación: el proyecto fue efectivamente votado en la sesión del 12
de junio de 2012, según consta en el Acta 130 de esa fecha, publicada en
la Gaceta del Congreso 541 del 23 de agosto de 2012, Cámara[35].
3.5.4.-
Quórum deliberatorio y decisorio: el quórum deliberatorio y decisorio para la
aprobación del proyecto fue de 159 de los 166 Representantes que conforman esa
Plenaria, según consta en el Acta 130 del 12 de junio de 2012, publicada en la
Gaceta del Congreso 541, Cámara de esa fecha[36], en concordancia con la certificación remitida por la
Secretaria General de la Cámara de Representantes[37].
La
Secretaria General (E) de la Cámara de Representantes certificó lo siguiente:
“Que en Sesión Plenaria de la H. Cámara de
Representantes del día 12 de junio de 2012,          que consta en el Acta Nº 130, a la cual se hicieron presentes ciento cincuenta y nueve (159) Honorables Representantes a la
Cámara, fueron considerados y aprobados por unanimidad, la ponencia para
segundo debate, el articulado, título y la pregunta “Quiere la Plenaria que
este tratado sea Ley de la República” del Proyecto de Ley No. 263 de 2011
Cámara – 233 de 2011 Senado, hoy Ley Nº 1568 de 2012 por medio de la cual se aprueba el Convenio entre la República de
Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio” y el “Protocolo del Convenio entre la República de Colombia y
los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la
evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio”, hechos en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de agosto de
dos mil nueve (2009)”
Como
se evidencia, en Plenaria de la Cámara fue aprobado el proyecto por unanimidad.
3.5.5.-
Publicación del texto definitivo: el texto definitivo aprobado en plenaria de
Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso 395 del 26 de
junio de 2012, Cámara[38].
3.6.-
Sanción Presidencial y remisión a la Corte Constitucional
Remitido
el proyecto al Presidente de la República, este impartió la sanción
correspondiente el 2 de agosto de 2012, convirtiéndose en la Ley 1568 de 2012, “Por
medio de la cual se aprueba el Convenio entre la República de Colombia y los
Estados Unidos Mexicanos
para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio y su Protocolo, hechos en Bogotá a los 13 días del mes de agosto
de 2009”.
La
nueva ley fue publicada en el Diario Oficial 48.510 del 2 de agosto de 2012 y
remitida a la Corte para control constitucional el 6 de agosto siguiente.
4.-
Revisión formal de la Ley 1568 de 2012. Cumplimiento de los requisitos de
trámite en el Congreso de la República.
En
esta etapa del control de constitucionalidad formal se evalúa el cumplimiento
de las reglas en el proceso de formación de la ley aprobatoria del tratado[39]. Para ello, salvo
en lo concerniente a la iniciación del debate en el Senado de la República
(art.154 CP), se debe observar el trámite propio de un proyecto de ley
ordinaria[40]. De esta
manera, el examen comprende el análisis de los siguientes aspectos del trámite
legislativo:
(i)
Iniciación del debate en la
Corporación correspondiente, en este caso en el Senado de la República (art. 154 CP);
(ii)
Publicaciones oficiales del
proyecto por el Congreso (art. 157 CP);
(iii)
Anuncio previo a la votación en
cada uno de los debates (art. 160 CP);
(iv)
Aprobación del proyecto en primer
y segundo debate en cada cámara (art. 157 CP), acompañada de la verificación
del quórum y de las mayorías con las que fue aprobado en cada instancia,
así como la verificación de
la votación nominal conforme a lo establecido en el Auto 242 del 17 de octubre
de 2012 de la Corte Constitucional;
(v)
Cumplimiento de los términos que
deben mediar para los debates en una y otra cámara (art. 160 CP);
(vi)
Sanción del Gobierno (art. 157
CP).
De
acuerdo con el trámite legislativo reseñado, la Corte observa lo siguiente:
4.1.-
Iniciación del trámite en el Senado de la República
El
inciso final del artículo 154 de la Constitución establece que “los
proyectos de ley relativos a tributos iniciarán su trámite en la Cámara de
Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales, en el
Senado”. En esta ocasión dicha exigencia se cumplió, por cuanto el proyecto
de ley fue presentado en el Senado de la
República, por el Gobierno (Ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín
Cuellar y el Ministro de Hacienda y Crédito Público Juan Carlos Echeverry
Garzón) el día 31 de marzo de 2011 donde se radicó bajo el número 233 de 2011. El asunto fue luego repartido a la Comisión Segunda
Constitucional Permanente de esa Corporación, donde continuó el trámite de
rigor.
4.2.-
Publicaciones oficiales
En
el trámite del proyecto de ley se efectuaron las publicaciones oficiales
conforme a la exigencia del numeral 1º del artículo 157 de la Constitución,
así:
4.2.1.-
Publicación del proyecto. El texto original del proyecto de ley junto con la
exposición de motivos fueron publicados
en la Gaceta del Congreso 148 del 1° de abril de 2011, Senado, antes de darle curso en la comisión respectiva.
4.2.2.-
Publicación de las ponencias y de los textos aprobados en cada una de las
cámaras.
-
La ponencia para debate en la Comisión Segunda del Senado fue publicada en la
Gaceta del Congreso 242 del 9 de mayo de 2011, Senado.
-
El texto aprobado en la Comisión Segunda del Senado fue publicado en la Gaceta
del Congreso 326 del 30 de mayo de 2011, Senado.
-
La ponencia para debate en la Plenaria del Senado fue publicada en la Gaceta
del Congreso 326 del 30 de mayo de 2011, Senado.
-
El texto definitivo aprobado en la Plenaria de Senado fue publicado en la
Gaceta del Congreso 426 del 14 de junio de 2011, Senado.
-
La ponencia para debate en la Comisión Segunda de Cámara fue publicada en la
Gaceta del Congreso 847 del 10 de noviembre de 2011, Cámara.
-
El texto aprobado en la Comisión Segunda de Cámara fue publicado en la Gaceta
del Congreso 242 del 17 de mayo de 2012, Cámara.
-
La ponencia para debate en la Plenaria de Cámara fue publicada en la Gaceta del
Congreso 242 del 17 de mayo de 2012, Cámara.
-
El texto definitivo aprobado en la Plenaria de Cámara fue publicado en la
Gaceta del Congreso 395 del 26 de junio de 2012, Cámara.
4.3.-
El anuncio previo a la votación de que trata el artículo octavo del Acto
Legislativo 1 de 2003
El
inciso final del art. 160 de la Constitución, modificado por el artículo 8º del
Acto Legislativo 01 de 2003, dispone:
“Ningún proyecto de ley será sometido a votación en
sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que
un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o
Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”.
Sobre
el anuncio previo en el trámite del proyecto en el Congreso de la República, la
Corte constata lo siguiente:
4.3.1.-
Comisión Segunda de Senado
En
la Comisión Segunda del Senado: (i) el anuncio fue realizado en debida forma el
día miércoles 11 de mayo de 2011, al emplearse la expresión “próxima sesión”;
(ii) el anuncio fue para la sesión siguiente de la Comisión, es decir, en fecha
diferente a la votación; (iii) la votación se llevó a cabo en la sesión inmediatamente
siguiente, esto es, el martes 17 de mayo de 2011, sin que se presentara la
circunstancia previamente mencionada. Todo ello puede verificarse según el
consecutivo de Actas (32 y 33) y en las Gacetas donde fueron publicadas.
Conforme
con lo anterior, la Corte considera que se cumplió con el requisito consagrado
en el artículo 160 de la Constitución, según el cual “ningún proyecto de ley
será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya
anunciado”[41]. En efecto, el anuncio previo se realizó para la “próxima
sesión”, de manera que la fecha de la misma era claramente determinable
para saber cuándo se realizaría la discusión y votación del proyecto anunciado.
4.3.2.-
Plenaria de Senado
En
Plenaria de Senado: (i) el anuncio fue realizado en debida forma el 1° de junio
de 2011, al emplearse la expresión “próxima sesión”; (ii) el anuncio fue
para la sesión siguiente, del 7 de junio de 2011, es decir, en fecha diferente
a la votación; (iii) la votación se llevó a cabo el día efectivamente
anunciado. Todo ello puede verificarse con el consecutivo de Actas 58 y 59, que
corresponden a las sesiones plenarias de los días 1° de junio de 2011 y 7 de
junio de 2011, respectivamente, así como en las Gacetas donde fueron
publicadas.
4.3.3.-
Comisión Segunda de Cámara
En
Comisión Segunda de Cámara de Representantes: (i) el anuncio fue realizado en
debida forma el 29 de noviembre de 2011, al emplearse la expresión “para la
sesión del día de mañana”; (ii) el anuncio fue hecho para la sesión
siguiente de la Cámara de Representantes, es decir, para una fecha diferente a
la votación; (iii) la votación se llevó a cabo al día siguiente, esto es, el 30
de noviembre de 2011. Todo ello puede verificarse con las Actas 13 y 14, que
corresponden a las sesiones de los días 29 y 30 de noviembre de 2011,
respectivamente, así como en las Gacetas donde fueron publicadas.
4.3.4.-
Plenaria de Cámara
En
Plenaria de Cámara: (i) el anuncio fue realizado en debida forma el 6 de junio
de 2012 al emplearse la expresión “para la sesión del próximo martes
12 de junio, o en la próxima sesión”; (ii) el anuncio fue hecho para una fecha
diferente a la votación; (iii) la votación se llevó a cabo el día efectivamente
anunciado, esto es, en la sesión del 12 de junio de 2012. Todo ello puede
verificarse con el consecutivo de Actas 129 y 130, que corresponden a las
sesiones plenarias de los días 6 de junio y 12 de junio de 2011,
respectivamente, así como en las Gacetas donde fueron publicadas.
En
síntesis, sobre este requisito la Corte concluye que los anuncios previos se
hicieron de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 160 de
la Carta Política, pues fueron realizados para la sesión siguiente de la
respectiva Comisión o Plenaria y en ellas efectivamente se procedió a la
discusión y votación del proyecto.
4.4.-
Aprobación del proyecto en todos los debates y verificación de mayorías
El
trámite reseñado conforme a las actas, gacetas y certificaciones remitidas por
el Congreso de la República permite a la Corte concluir que el proyecto de ley
fue aprobado en Comisión y Plenaria de Senado y Cámara de Representantes,
atendiendo el quórum y mayorías exigidas por los artículos 145 y 146 de la
Constitución y el Reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992), así como el deber de
votación nominal y pública, o su excepción en caso de votación unánime (art.
133 CP y numeral 16 del artículo 129 de la Ley 5 de 1992), así:
4.4.1.-
El quórum deliberatorio y decisorio para la aprobación del proyecto en primer
debate del Senado fue de 10 de los 13 Senadores que conforman esa Comisión, con
votación nominal y pública, según consta en Acta 33 del 17 de mayo de 2011,
publicada en Gaceta 755 de 2011, Senado.
4.4.2.-
El quórum deliberatorio y decisorio (por unanimidad) para la aprobación del
proyecto en Plenaria del Senado fue de 98 de los 101 Senadores que la
conforman, según consta en el Acta 59 del 7 de junio de 2011, publicada en la Gaceta
del Congreso 484.
4.4.3.-
El quórum deliberatorio y decisorio para la aprobación  (por unanimidad) del
proyecto en primer debate de la Cámara fue de 15 de los 19 Representantes que
conforman la Comisión, según consta en el Acta 14 del 30 de noviembre de 2011,
publicada en la Gaceta del Congreso 134 del 30 de marzo de 2012, Cámara.
4.4.4.-
El quórum deliberatorio y decisorio para la aprobación (por unanimidad) del
proyecto en Plenaria de la Cámara fue de 159 de los 166 Representantes que la
conforman, según consta en el Acta 130 del 12 de junio de 2012, publicada en la
Gaceta del Congreso 541, Cámara de esa fecha
4.5.-
Cumplimiento de los plazos constitucionales establecidos para cada debate
En
el trámite del proyecto analizado se cumplieron las exigencias del inciso
primero del artículo 160 de la Constitución, según el cual entre el primero y
el segundo debate en cada cámara legislativa debe transcurrir un lapso no
inferior a ocho (8) días, y entre la aprobación del proyecto en una de las
cámaras y la iniciación de la discusión en la otra deberán transcurrir por lo menos
quince (15) días. Cabe precisar que los plazos que deben mediar entre los
debates se contabilizan en días comunes y no hábiles[42]
-
En el Senado el primer debate en la Comisión fue el 17 de mayo de 2011 y en la
Plenaria el 7 de junio de 2011, de modo que transcurrieron más de 8 días.
-
En la Cámara el primer debate en la Comisión fue el 30 de noviembre de 2011 y
en la Plenaria el 12 de junio de 2012, de modo que transcurrieron más de 8
días.
-
La aprobación del proyecto en la Plenaria del Senado fue el 7 de junio de 2011
y la iniciación del debate en la Cámara fue el 30 de noviembre de 2011, de modo
que transcurrieron más de 15 días.
4.6.-
Sanción Presidencial
Por
último, el numeral 4º del artículo 157 de la Constitución establece que ningún
proyecto será ley sin haber obtenido la Sanción por el Gobierno Nacional. En
esta oportunidad, según fue reseñado, el Presidente de la República impartió la
sanción correspondiente el 2 de agosto de
2012 y su publicación como Ley 1568 de 2012 se hizo en el diario oficial 48.510
de la misma fecha.
4.7.-
Conclusión sobre la revisión formal de la ley
Examinado
el trámite surtido en el Congreso de la República al proyecto de Ley 233 de
2011 Senado – 263 de 2011 Cámara, “Por medio de la cual se aprueba el
Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con los
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su “Protocolo”, hechos en
Bogotá a los 13 días del mes de agosto de 2009” la Corte advierte que el mismo cumplió a cabalidad con las exigencias previstas en la Constitución y en el
Reglamento del Congreso (Ley 5ª de 1992) para las aprobación de este tipo de
normas. En consecuencia, desde el punto de vista formal se declarará la
exequibilidad de la Ley 1568 del 2 de agosto de 2012.
De
igual forma, es preciso hacer alusión a los diferentes interrogantes planteados
por el Director del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado
de Colombia, profesor Julio Roberto Piza Rodríguez respecto del control formal
de este tipo de Convenios, que implicarían el cumplimiento ciertos requisitos.
En cuanto a la referencia que ha hecho sobre la Decisión
número 40 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el interviniente considera
que existe una norma con naturaleza de Tratado Internacional Comunitario que
establece unos requisitos tanto de consulta a la CAN para la celebración de los
CDI como del seguimiento de un Modelo de Convenio[43], que ha sido incumplida por el Estado Colombiano y
por los demás Estados miembros. Además, este “requisito comunitario”, en su
parecer, no ha sido respetado por el Gobierno ni por el Congreso, o no ha
existido por lo menos una indagación sobre su vigencia.
Al respecto, tal y como lo reconoce el propio
interviniente, esta Corporación ya se ha manifestado sobre la discusión
planteada indicando que la Decisión núm. 40 no hace parte del Bloque de
Constitucionalidad, lo que la excluye como un parámetro para ejercer el control
de su competencia, porque no versa sobre derechos humanos cuya limitación se
prohíba en los estados de excepción, conforme a lo establecido en el artículo
93 de la Constitución Política.[44]
En este sentido, vale recordar lo mencionado en
Sentencia C-864 de 2006, en la cual se estudió la exequibilidad del Acuerdo
de Complementación Económica”, suscrito por Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay, Estados Partes de MERCOSUR, y Colombia, Ecuador y
Venezuela, Países Miembros de la COMUNIDAD ANDINA y del “Primer Protocolo
Adicional Régimen Solución de Controversias”. En dicha providencia esta
Corporación explicó que aun cuando las disposiciones del Acuerdo bajo estudio
resulten contradictorias con lo previsto en los Tratados que rigen la Comunidad
Andina de Naciones, tal incompatibilidad no afecta la constitucionalidad del
instrumento internacional y de la ley que lo aprueba, puesto que los mismos no
constituyen un parámetro para ejercer el control de constitucionalidad.
Lo anterior, indica la Corte, se traduce en que los
tratados de integración ni el derecho comunitario se acomodan a los supuestos
estipulados en el artículo 93 de la Carta por cuanto la finalidad de los mismos
no es el reconocimiento de derechos humanos sino la regulación de aspectos
económicos, fiscales, aduaneros, monetarios, técnicos, etc., lo que hace
carente de sustento la prevalencia del derecho comunitario sobre el
ordenamiento interno.[45]
Por otro lado, una intervención considera que la Corte
Constitucional no ha ofrecido una justificación adecuada para no dar
cumplimiento al requisito del artículo 7° de la Ley 819 de 2003, relativo al
Marco Fiscal de Mediano Plazo[46].
Esta norma exige que en la exposición de motivos de
todo proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gastos o conceda
beneficios tributarios, así como en cada una de sus ponencias para debate, se
incluyan los costos fiscales y la fuente de ingreso adicional para cubrir dichos
costos, explicando de esa manera el impacto fiscal de la ley que se intenta
introducir y su compatibilidad con  el Marco Fiscal de Mediano Plazo que dicta
anualmente el Gobierno Nacional. Para el efecto, requiere que durante el
trámite del proyecto se rinda concepto por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público en el cual exista un pronunciamiento acerca de dichos aspectos[47].
Sobre la importancia de esta norma se ha precisado que
la misma constituye una herramienta tanto para racionalizar el proceso
legislativo como para promover la aplicación y el cumplimiento de las leyes,
así como la implementación efectiva de las políticas públicas, sin que por esto
deba convertirse en un obstáculo para el ejercicio de la función legislativa o
en una carga adicional que recaiga únicamente sobre el Congreso. En otras
palabras, el análisis de compatibilidad de un proyecto con el Marco Fiscal le
corresponde exclusivamente al Ministerio de Hacienda, quien tiene la obligación
de intervenir en el proceso legislativo que considere puede resultar afectando
la economía del país y cuyas conclusiones corresponderá analizar y valorar al
Congreso de la República[48]. Esto significa, que no necesariamente resulta
afectada la validez del proceso legislativo ante la omisión del concepto por
parte del Ministerio de Hacienda, en tanto que no se considera necesaria su
emisión en todos y cada uno de los proyectos a los que hace referencia la
norma.
Tal y como es reseñado por el propio interviniente,
existen diferentes pronunciamientos en donde la Corte ha explicado las razones
por las cuales no es un requisito indispensable la emisión del concepto en
mención para la tramitación de una ley aprobatoria como la que se estudia, en
virtud de que la misma no implica un gasto público ni un beneficio tributario,
presupuestos  que son indispensables para la procedibilidad de dicho requisito.
Ahora, en virtud de la manifestación según la cual la
Corte ha basado su posición de no ser necesario el cumplimiento de la norma
bajo discusión en este acápite atendiendo únicamente a una interpretación
gramatical del concepto de “beneficio tributario”, sin tener en cuenta la
finalidad del artículo 7 en mención, que a su juicio y tratándose de los CDI
podría comprometer la estabilidad macroeconómica del Estado, la Corte retoma lo
explicado en las Sentencias C-577 de 2009 y C-460 de 2010, recordándole al
interviniente la aclaración realizada previamente respecto de la exclusión del
análisis constitucional de aspectos de conveniencia, oportunidad o efectividad
de los tratados.
Quiere decir lo anterior que el asunto planteado ya
fue analizado conforme a los postulados de la Carta Política y en dos
decisiones que versan sobre tratados internacionales de la misma naturaleza, a
saber: la revisión automática del “Convenio entre la República de Chile y la
República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la
evasión fiscal en relación al impuesto a la renta y al patrimonio, y su
Protocolo (Sentencia C-577 de 2009); y la del “Convenio entre la
República de Colombia y la Confederación Suiza para evitar la doble imposición
en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo” (Sentencia
C-460 de 2010).
Al
analizar el primer Convenio mencionado, en la Sentencia C-577 de 2009, la Corte
determinó que los Acuerdos de Doble Tributación (ADT) no reconocen beneficios
tributarios a favor de determinados contribuyentes y como consecuencia de ello
no debía cumplirse con el requisito de la Ley 819 de 2003 al momento de ser
aprobados por el Congreso de la República.
Lo
anterior por cuanto estos instrumentos internacionales están dirigidos, por un
lado, a solucionar un concurso de normas tributarias de diversos Estados, el
cual se presenta cuando “un mismo hecho se integra en la previsión de los dos
normas distintas”, es decir cuando se presenta la doble tributación,[49] y por el otro,
a combatir la evasión fiscal internacional.
Esta
posición fue acogida de manera integral en jurisprudencia posterior mediante la
sentencia C-460 de 2010.
5.-
Análisis material del Convenio
En
este acápite la Corte abordará el análisis material de constitucionalidad
del  Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos
Mexicanos, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su
“Protocolo” en adelante el Convenio y el Protocolo.
Como
ha sido explicado en pronunciamientos previos, dentro del juicio de constitucionalidad
que se llevará a cabo no se tendrán en cuenta aspectos de conveniencia,
oportunidad o efectividad de los tratados, puesto que los mismos escapan a las
funciones que le fueron otorgadas a la Corte Constitucional en virtud del
artículo 241, numeral 10°, de la Carta Política. La valoración de tales
criterios son competencia del Presidente de la República en el ejercicio de la
dirección de las relaciones internacionales conforme lo establecido en el
artículo 192, numeral 2°; y del Congreso, según lo estipulado en el artículo
150, numeral 16°, en cuanto a la decisión de aprobar o no tratados
internacionales mediante ley.
Lo
anterior significa que el examen realizado por la Corte respecto de los
tratados en materia económica, resultan de la comparación de las disposiciones
contenidas en el instrumento internacional y en la ley aprobatoria del mismo,
con el articulado previsto la Constitución, para posteriormente concluir si las
primeras se ajustan a esta última.
Una vez aclarados los anteriores aspectos, entrará la
Corte a señalar (i) los aspectos generales de los convenios para evitar la
doble tributación y su alcance normativo; (ii) la descripción general del
instrumento internacional y de su Protocolo; y (iii) el examen de constitucionalidad de las disposiciones del tratado
frente a la Carta Política.
5.1.- Aspectos generales sobre los Convenios para
evitar la doble tributación y su alcance normativo. Reiteración de
jurisprudencia.
Los Estados mediante la legislación interna  y
basándose en la facultad que poseen para establecer su propio sistema
tributario, buscan gravar los ingresos que obtengan sus ciudadanos, ya sea a
través de actividades que reportan un beneficio económico originadas en un país
diferente, o que se desarrollen dentro de su mismo territorio. Sin embargo, en
ejercicio de esta potestad, surgen conflictos de aplicación de la ley
tributaria en el espacio y de la pluralidad de elementos de conexión, dando
lugar al fenómeno de la doble tributación internacional.
La doble tributación internacional implica la
aplicación de dos o más normas tributarias por parte de diferentes Estados
sobre un mismo supuesto fáctico (hecho generador). Este conflicto de aplicación
de la ley se suma a la presencia de los llamados “elementos de conexión”,
definidos como: “relaciones existentes entre las personas, los objetos y los
hechos con los ordenamientos tributarios de dos o más Estados, pudiendo
ser subjetivos, si se vinculan con las personas (nacionalidad o la
residencia), u objetivos, si reportan a las cosas y a los hechos
(fuente de producción o pago de la renta, lugar del ejercicio de la actividad,
ubicación de los bienes, localización del establecimiento permanente o sitio de
celebración del contrato)”[50].
Lo anterior significa que la doble tributación puede
presentarse en virtud del ejercicio de la jurisdicción tributaria de la fuente
y de la jurisdicción tributaria de la residencia. En el primer caso, un Estado
grava los ingresos percibidos por una persona natural o jurídica que no es
residente de dicho Estado, pero cuyo ingreso económico proviene de la venta o
uso de bienes, servicios, capital y otros recursos a personas dentro de su
territorio; es decir, cuando se obtiene un beneficio o aprovechamiento de los
servicios de ese Estado, por lo que este considera necesario exigir el pago de
una obligación fiscal. En el segundo evento, el Estado grava los ingresos que
perciben sus propios residentes, ya que además de estar presente la
circunstancia del aprovechamiento de los bienes y servicios para ejercer la
actividad que le genera tales beneficios, se suma el hecho de existir mayor
facilidad de obtenerlos para un residente que para una persona que no lo es[51].
Ahora, vale decir que por regla general los Convenios
para evitar la doble imposición se encuentran dirigidos a propender porque el
gravamen de las utilidades obtenidas por las empresas sea impuesto por el
Estado de la residencia, es decir, aquel donde reside el titular de los
ingresos. Sin embargo, excepcionalmente se permite que el Estado de la fuente
imponga  dichos gravámenes sobre las actividades que ejercen empresas
extranjeras en su territorio de manera constante, a través del establecimiento permanente.
Esta Corporación ha hecho referencia a la
clasificación realizada por la doctrina respecto de las formas en que puede
manifestarse el conflicto de la doble imposición. Al respecto, en la sentencia
C-460 de 2010 se resumió el asunto de la siguiente manera:
“La doctrina especializada ha reconocido al menos
tres formas de doble imposición, a saber: (i) conflicto fuente – fuente;
(ii) conflicto residencia – residencia; (iii) conflicto fuente –
residencia. El conflicto fuente – fuente surge cuando dos
jurisdicciones tributarias, de conformidad con sus normas fiscales internas,
consideran que el ingreso se generó dentro de su territorio. De esta forma,
ambos países aducen ser la fuente generadora de dicha renta. El conflicto residencia
– residencia, por otro lado, ocurre cuando dos jurisdicciones tributarias
afirman ser del país de la residencia del sujeto generador del ingreso
gravable. Y finalmente, el conflicto fuente – residencia se
suscita cuando una jurisdicción tributaria grava determinado ingreso por haber
sido percibido por uno de sus sujetos residentes, mientras que otra lo somete a
un impuesto porque la renta se generó dentro de sus fronteras.[52]”
Para solucionar los conflictos mencionados los Estados
acuden a diferentes métodos a través de su legislación interna. En primer
lugar, se ha apelado a la  exención tributaria total de aquellos ingresos
percibidos por un residente de un Estado pero que provengan de una fuente
extranjera; de esta manera, los residentes de ese Estado únicamente estarían
obligados a pagar obligaciones tributarias respecto de las ingresos generados
dentro de ese territorio.
Adicionalmente, se usan otras figuras tales como el
método denominado “foreing tax credit”, que busca solucionar el
conflicto fuente – residencia al descontar los impuestos que son pagados en el
exterior, donde la jurisdicción tributaria de la residencia del contribuyente
tiene la facultad de gravar los ingresos percibidos tanto en su territorio como
en el de cualquier otro Estado, pero permitiendo que los impuestos pagados por
la renta generada fuera del territorio sean descontados para efectos de
calcular la obligación tributaria a pagar. Un segundo método es el llamado “tax
sparing”, mediante el cual es permitido descontar los impuestos
efectivamente pagados en el exterior así como aquellos que se hubieran pagado
de no existir una exención tributaria.[53]
Estas soluciones, vistas desde el derecho interno, han
sido acompañadas por otro mecanismo adicional constituido para dirimir los
conflictos de doble tributación, esta vez a nivel internacional, a través de
los Convenios para evitar la Doble Imposición (CDI),  también conocidos como
Acuerdos para evitar la Doble Tributación (ADT), definidos como “acuerdos
solemnes entre los Estados Contratantes que tienen una naturaleza jurídica
dual, puesto que son tratados internacionales y al mismo tiempo forman parte
del ordenamiento jurídico interno, cuyo objetivo principal es el de eliminar
los conflictos positivos de tributación, originados por el ejercicio de la
soberanía fiscal de los Estados”[54].
Los objetivos principales de este tipo de acuerdos
fueron definidos por esta Corporación en reciente jurisprudencia, así[55]:
Mecanismo de solución de conflictos entre normas
tributarias: su propósito es el de fungir como medio para solucionar los
conflictos que se presenten en la aplicación de normas tributarias de
diferentes Estados que permiten la imposición del ingreso que percibe una
persona por un mismo hecho generador y por el mismo periodo de tiempo.
Control a la evasión fiscal: mediante las
disposiciones incluidas en el Acuerdo se busca incluir a través de diversas
reglas, fórmulas para prevenir la evasión fiscal y de esta forma evitar que los
contribuyentes que realicen actividades que les reportan un beneficio económico
en más de un país trasladen a la jurisdicción de menor imposición rentas
carentes de cualquier factor de conexión con aquella[56].
Eficiencia y seguridad jurídica: permiten aumentar la
competitividad de un Estado, puesto que el carácter de uniformidad con el que
cuentan las reglas consagradas en el Convenio evitan que la estructura propia
del sistema tributario de un país se convierta en un factor que influya en la
decisión para las inversiones extranjeras.
Estímulo a la inversión: al reducir los niveles de
tributación se estimula la inversión extranjera, particularmente en países con
niveles medios o bajos de desarrollo.
En Colombia se ha hecho uso de esta clase de
instrumentos internacionales en varias oportunidades, a saber: el Convenio de
doble imposición entre Colombia y España, aprobado por la Ley 1082 de 2006
(Sentencia C- 383 de 2008); el Convenio de doble imposición entre Colombia y
Chile, aprobado por la Ley 1261 de 2008 (Sentencia C-577 de 2009); el Convenio
de doble imposición entre Colombia y Suiza, aprobado por la Ley 1344 de 2009
(Sentencia C-460 de 2010); y el Convenio de doble imposición entre Colombia y
Canadá, aprobado por la Ley 1459 de 2011 (Sentencia C-295 de 2012).
En cuanto a la aplicación de este tipo de tratados
internacionales dentro de la legislación interna, esta Corte ha explicado que
la misma es de carácter preferente, no porque se trate de una norma de mayor
jerarquía, sino en virtud del criterio de especialidad, esto es, únicamente
respecto de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, siendo aplicable para
los demás casos las disposiciones nacionales pertinentes[57].
5.3.-  Descripción general del Convenio y de su
Protocolo.
Para el desarrollo de los dos siguientes acápites,
teniendo en cuenta la similitud de los Convenios y dado que se trata de la
jurisprudencia más reciente al respecto, esta Corte se basará en el análisis
realizado en la Sentencia C-295 de 2012 sobre el Convenio entre Canadá y
Colombia, así como en la Sentencia C-460 de 2010 sobre el Convenio entre Suiza
y Colombia.
El Convenio entre la República de Colombia y los
Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la
evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio, está conformado por 30 artículos y un Protocolo.
Los artículos 1° y 2° definen el ámbito de aplicación
del Convenio. El primero regula las personas comprendidas en el mismo,
estableciendo como tales a los residentes de uno o de ambos Estados
Contratantes. El segundo hace referencia a los impuestos a los cuales les será
aplicado el Convenio, que son el patrimonio y la renta exigibles por cada uno
de los Estados Contratantes cualquiera que sea el sistema de exacción, así como
todos aquellos de naturaleza idéntica o análoga y los que se establezcan con
posterioridad a la fecha de la firma del mismo.
Más adelante se encuentran las definiciones generales
del Convenio: los términos “México”, “Colombia”, “Estado Contratante”,
“persona”, “sociedad”, “empresa”, “empresa de un Estado Contratante”, “tráfico
internacional”, “actividad empresarial”, “autoridad competente” y “nacional”
(artículo 3°); así como el significado de las expresiones “residente”
(artículo 4°) y “establecimiento permanente” (artículo 5°).
En los artículos 6 a 21 se encuentran estipuladas las rentas que serán sometidas a
imposición en virtud del Convenio Internacional: rentas de bienes
inmuebles (artículo 6); beneficios empresariales (artículo 7); transporte
marítimo y aéreo (artículo 8); empresas asociadas (artículo 9); dividendos
(artículo 10); intereses (artículo 11); regalías (artículo 12): ganancias de
capital (artículo 13); rentas de un empleo (artículo 14); participaciones de
directores (artículo 15); artistas y deportistas (artículo 16); pensiones
(artículo 17); remuneraciones por funciones públicas (artículo 18); estudiantes
(artículo 19) y otras rentas (artículo 20).
El artículo 21 describe los supuestos
bajo los cuales se realizará la imposición sobre el patrimonio, constituido por
bienes muebles, inmuebles, explotación de buques o aeronaves y los demás elementos del patrimonio de un residente de
un Estado Contratante que sólo puede someterse a imposición de ese Estado.
En cuanto a los métodos para evitar la doble
imposición, el artículo 22 fija las diferentes reglas que pueden seguir los
residentes de cada uno de los Estados Contratantes para el efecto.
Siguiendo la estructura del Convenio, en los artículos
23 a 28 se encuentran las disposiciones especiales referentes a la no discriminación (artículo 23); el
procedimiento de acuerdo mutuo (artículo 24); el
intercambio de información (artículo 25); las normas anti
abuso (artículo 26); la asistencia mutua en la recaudación (artículo 27); y la regulación de los privilegios fiscales de
miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares (artículo 28).
Como disposiciones finales se tienen las referentes a
la entrada en vigor del Convenio, estipulada en el artículo 29, y su
correspondiente denuncia, regulada en el artículo 30.
Por su parte, mediante el Protocolo del Convenio entre
Colombia y México se hacen precisiones respecto del alcance de los artículos 7,
10, 11, 12 y 22, referentes a: beneficios empresariales, dividendos, intereses,
regalías y métodos para evitar la doble imposición. Así mismo incluye una regla
general de interpretación del Convenio, todas ellas que serán explicadas más
adelante.
5.4.- Análisis constitucional del contenido del Convenio
y su Protocolo
Una vez reseñado el contenido del tratado entrará la
Corte a examinar cada una de sus disposiciones de conformidad con los lineamientos
fijados en la Constitución Política.
5.4.1.- Artículos 1º y 2º.
Definen el ámbito de aplicación del Convenio respecto
de las personas y los impuestos comprendidos en el mismo. Se encuentran acordes
con el principio de reciprocidad consagrado en el artículo 9° de la
Constitución puesto que, como se desprende de la lectura de ambas
disposiciones, el contenido del Convenio será aplicado a los residentes de
ambos Estados y al “impuesto sobre la renta federal” y el “impuesto
empresarial a tasa única”, para el caso de México, así como del “impuesto
sobre la renta y complementarios” y el “impuesto de orden nacional sobre
el patrimonio”, para el caso de Colombia, ampliando la aplicación a
aquellos de naturaleza idéntica o análoga y para los que surjan después de la
fecha de la firma del tratado. Además, incluye la comunicación mutua entre las
autoridades de ambos Estados sobre las modificaciones sustanciales en cada una
de sus legislaciones.
5.4.2.- Artículo 3º.
Contiene las definiciones generales usadas de manera
recurrente dentro del texto del tratado, sobre las cuales la Corte no considera
necesario hacer consideraciones adicionales dado que se trata de enunciados que
buscan aclarar e indicar la forma de interpretación de los términos en él
contenidos.
Además incluye una regla general de interpretación
establecida en el inciso 2º,
que permite acudir a la legislación tributaria interna para hallar el
significado de un término que no fuere definido en el tratado, a la cual se
deberá remitir de manera prevalente sobre las normas de otras ramas del derecho
u otros criterios auxiliares de interpretación.
5.4.3.- Artículo 4º.
Este artículo define el alcance de la
expresión “residente de un Estado Contratante” y las reglas mediante las cuales
se soluciona la situación de aquellas personas naturales o físicas que sean
residentes en ambos Estados, ajustándose a lo estipulado en el artículo 363 de la
Constitución. Al respecto debe decirse que la residencia constituye el factor
mediante el cual se determinará la jurisdicción tributaria facultada para
exigir el pago de la obligación, independientemente del lugar del cual
provienen, esto es, aun cuando la fuente de la misma se encuentre en el
exterior.[58]
5.4.4.- Artículo 5º
Define el “establecimiento permanente” como un lugar fijo de
negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad, e
indica los supuestos y actividades que se incluyen bajo dicho término y los que
no. La doctrina internacional ha establecido que en virtud de dicha figura “el
Estado de la fuente está excepcionalmente autorizado a tributar los resultados
de las actividades que se ejercen en su territorio con cierta intensidad,
materializada en la instalación de un establecimiento estable, de suerte tal
que las actividades meramente accidentales, ocasionales o que no presupongan
una base fija, escapan a su competencia tributaria”[59].
En este punto, es necesario hacer mención a otro de los interrogantes
planteados por la Universidad Externado de Colombia para el análisis de la
exequibilidad del Convenio que se estudia, relativo a si los CDI necesitan una
regulación legal o reglamentaria. En cuanto al “establecimiento permanente” la
Universidad considera que implica un problema de inconstitucionalidad definir
si esta figura crea o no un sujeto pasivo y si los aspectos material, espacial,
temporal y cuantitativo del hecho generador del tributo están plenamente
determinados en la ley interna.
Sobre el particular, en la Sentencia C-295 de 2012 la Corte expresó que
si bien la legislación interna no ha regulado el asunto, para interpretarlo se
ha acudido al artículo 471 del Código de Comercio, del cual se infiere que una
sociedad extranjera sin domicilio en Colombia pero que realiza sus actividades
en el país debe constituir una sucursal, la cual podrá ser gravada respecto de
las rentas de fuente nacional que aquellas obtengan. Adicionalmente menciona
las interpretaciones jurisprudenciales que se han hecho al respecto en las
Sentencias C-383 de 2008, C-577 de 2009 y C- 460 de 2010.
Es así como debe llegarse a la misma conclusión que resultó de las
providencias enunciadas, en el sentido de determinar que la falta de definición
en la normativa interna no es un argumento suficiente para declarar la
inconstitucionalidad del artículo, puesto que en el Convenio es descrito el
alcance del mismo. Pero no puede decirse que tal circunstancia exima al Legislador
del deber de regular la materia, como en varias oportunidades se ha hecho
énfasis, ante la necesidad de definir el término bajo discusión en cuanto a los
aspectos instrumentales, administrativos y sancionatorios, de los cuales no se
hace referencia en la disposición del Convenio, y que por lo mismo podría
presentar dificultades operativas para su implementación concreta con el fin de
lograr un adecuado y oportuno recaudo fiscal.
5.4.5.- Artículo 6º.
Esta disposición establece en su numeral 1º: “Las rentas que un
residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles (incluidas las
rentas de explotaciones agrícolas, forestales o silvícolas) situados en el otro
Estado pueden someterse a imposición en ese otro Estado”. Esto significa
que el Estado de la fuente, es decir, el lugar en el que se encuentran ubicados
los bienes, es el facultado para gravar las rentas que de ello se deriven. Lo
anterior no plantea reparos constitucionales por parte de esta Corporación.
5.4.6.- Artículo 7º.
Consagra otro supuesto bajo el cual prevalece la supremacía de la
jurisdicción tributaria de la residencia, puesto que los beneficios
empresariales percibidos pueden someterse a imposición del Estado del cual la
empresa es residente, salvo que las actividades empresariales en dicho
territorio se lleven a cabo mediante un “establecimiento permanente”, caso en
el cual el Estado de la fuente será el detentador de la renta generada. Por
otro lado, para la determinación de los beneficios del establecimiento
permanente se permite la deducción de los gastos en que haya incurrido para la
realización de dicho establecimiento. Las anteriores pautas se encuentran
ajustadas a la Constitución y en particular a los principios tributarios
establecidos en el artículo 363.
Esta disposición  es aclarada por el Protocolo, en el entendido que “también
pueden atribuirse los beneficios procedentes de la venta de bienes o mercancías
en el Estado Contratante donde se encuentre el establecimiento permanente que
sean del mismo o similar tipo a aquellos bienes o mercancías vendidas a través
de ese establecimiento”. Así mismo, indica en qué casos no serán deducibles
los gastos y aclara que la procedencia de deducibilidad depende del
cumplimiento de los requisitos, condiciones y limitaciones a que estén sujetos
de acuerdo a la legislación interna del Estado donde se ubique. Nada de ello
presenta problemas de orden constitucional.
5.4.7.- Artículo 8º.
Incluye otra manifestación mediante la cual se permite cobrar el
tributo a la jurisdicción tributaria de la residencia, esta vez en cuanto al
transporte marítimo y aéreo. Sobre el mismo la Corte no encuentra reparo
constitucional.
5.4.8.- Artículo 9º
Regula la figura de las empresas asociadas, la cual se presenta cuando
existe participación directa o indirecta de la empresa residente de un Estado
Contratante en la dirección, el control o el capital de una empresa residente
del otro Estado Contratante, lo que significa que pueden considerarse como
entidades asociadas las sociedades matrices, filiales y las sociedades
sometidas a control común.[60]
En la Sentencia C-295 de 2012 esta Corporación estudió un texto similar
contenido en el Convenio de Doble Imposición celebrado entre Colombia y Canadá.
En dicha providencia se explicó que al tratar la figura de las empresas
asociadas, que surgen como resultado de la globalización económica, se crean
vínculos en relación con los cuales se vuelve imperativo establecer normas de
reparto de soberanía tributaria. Por esto cuando las operaciones entre empresas
trascienden el ámbito territorial de un Estado es necesario determinar cuál de
ellos tiene competencia para someter a gravamen las rentas generadas de forma
que no se produzca la doble tributación internacional.
Adicionalmente, la Corte señalo que la norma pretende que se respete el
principio de la libre concurrencia en la aplicación de la normativa interna,
porque permite a los Estados presentar sus resultados contables, de forma que
se incluyan los beneficios o rentas de la empresa declarados en el importe
necesario para reflejar los beneficios o rentas que hubieran obtenido partes de
forma independiente para que puedan someterse a imposición.
Conforme a lo anterior la Sala considera que esta disposición no ofrece
ningún cuestionamiento de orden constitucional.
5.4.9.-
Artículos 10º y 11º.
El
primero permite a la jurisdicción tributaria de la fuente someter a imposición
los dividendos pagados por sociedades que residen en un Estado a los socios
residentes en el otro Estado contratante, aunque sometido al cumplimiento de
ciertos requisitos. Al respecto, el Protocolo aclara que para el caso
Colombiano “cuando la sociedad residente en Colombia no haya pagado el
impuesto sobre la renta sobre utilidades que se repartan a los socios o
accionistas por tener una exención o por exceder el límite máximo no gravado
contenido en el artículo 49 y en el parágrafo 1 del artículo 245 del Estatuto
Tributario, el dividendo que se reparta podrá someterse a imposición en
Colombia a la tarifa del 33% si el beneficiario efectivo del dividendo es un
socio o accionista residente en México”.
El
segundo dispone que “los intereses procedentes de un Estado
Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante pueden
someterse a imposición en ese otro Estado”. Es decir, permite al Estado del
que es residente el beneficiario de los intereses someterlos a imposición,
únicamente bajo las condiciones que en la disposición se mencionan. Una de
estas condiciones se encuentra contenida en el párrafo 3, literal a), del
artículo 11, según el cual  se permite tal imposición cuando “el
beneficiario efectivo es uno de los Estados  Contratantes, una subdivisión
política o una entidad local o territorial del mismo, o el Banco Central de un
Estado Contratante”[61].
Finalmente,
también permite que el Estado de la fuente someta a imposición los intereses
que de allí provengan y que sean pagados a un residente del otro Estado
Contratante, previo cumplimiento de los requisitos descritos para el efecto.
No
encuentra la Corte contradicción de esta disposición con la Carta Política ya
que en virtud de las mismas se limita la potestad tributaria de los Estados
Contratantes (de manera recíproca) respecto de
las rentas activas y pasivas allí comprendidas.
5.4.10.-
Artículos 12º a 20º.
Estas disposiciones indican
la manera en la que se llevará a cabo la imposición dependiendo de la actividad
sobre la cual se va a gravar. Para el caso de las regalías (artículo 12) se
prevé que las que provengan de un Estado Contratante y sean pagadas a un
residente del otro Estado puedan ser sometidas a imposición en este último, así
como también permite que las regalías sean sometidas a imposición del Estado de
la procedencia dependiendo de las condiciones fijadas en el artículo.
Por su parte, el artículo
13 establece que “las ganancias que un residente de un Estado Contratante
obtenga de la enajenación de bienes inmuebles a que se refiere el artículo 6,
situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este
último Estado”.
Estas y las demás disposiciones
se puede decir que se encuentran ajustadas a la Carta Política, debido a que
facilitan el ejercicio de diferentes actividades laborales y culturales
realizadas en ambos Estados con el fin de impedir que las mismas sean sometidas
a una doble imposición[62], esto es, para el caso de las rentas de un empleo,
las pensiones, los sueldos, salarios u otras remuneraciones por razón del
servicio prestado al Estado, las participaciones de directores de órganos consejeros
o de un órgano similar, las actividades de artistas y deportistas, los
estudiantes, entre otras rentas.
5.4.11.- Artículo 21º.
Limita la potestad
tributaria respecto del impuesto sobre el patrimonio, en el sentido de permitir
que el patrimonio constituido por bienes inmuebles que posea un residente de un
Estado pero que se encuentre ubicado en el otro Estado sea sometido a
imposición por este último. Al mismo tiempo consagra reglas relativas a la
imposición cuando se trata de patrimonios constituidos por bienes muebles y por
buques o aeronaves. Esta disposición se encuentra ajustada, en términos de
reciprocidad, a lo establecido en el artículo 9º de la Constitución.
5.4.12.- Artículo 22º.
Consagra los métodos que
servirán a cada uno de los Estados Contratantes para eliminar la doble
imposición.
Para el caso de México, señala
que permitirá a sus residentes acreditar contra el impuesto mexicano lo
siguiente: (i) el impuesto colombiano pagado por ingresos que provengan de
Colombia en una cantidad que no exceda del impuesto exigible en México sobre
tales ingresos; y (ii) cuando una sociedad que detente al menos el 10% del
capital de una sociedad residente en Colombia y de la cual la sociedad mencionada
en primer lugar recibe dividendos, el impuesto colombiano pagado por la
sociedad que distribuye dichos dividendos, respecto de los beneficios con cargo
a los cuales se pagan los dividendos.
Por su parte, Colombia
evitará la doble imposición así: cuando un residente de Colombia obtenga rentas
o posea elementos patrimoniales que, con arreglo a las disposiciones del
Convenio puedan someterse a imposición en el otro Estado Contratante, Colombia
permitirá, dentro de las limitaciones impuestas por su legislación interna: (i)
el descuento del impuesto sobre la renta efectivamente pagado por ese residente
por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en México; (ii) el
descuento del impuesto sobre el patrimonio de ese residente por un importe igual
al impuesto pagado en México sobre esos elementos patrimoniales; y (iii) el
descuento del impuesto sobre la renta efectivamente pagado por una sociedad que
reparte los dividendos correspondientes a los beneficios con cargo a los cuales
dichos dividendos se pagan.
Sobre el particular, es
preciso acudir a lo señalado respecto del mismo artículo en la Sentencia C-577
de 2009, que resulta aplicable para el caso bajo estudio:
“Los mencionados métodos y reglas se inscriben en
la evolución que ha conocido la práctica de la fiscalidad internacional,
encaminada a eliminar, o al menos atenuar, los efectos de la doble imposición
tributaria, sea por medio de la suscripción de un ADT, como en el presente
caso, o a falta de aquel, considerando la necesidad de colaboración y
cooperación internacionales. En tal sentido, se han ideado sistemas tales como
(i) exención de las rentas obtenidas en el exterior (exemptio method); (ii)
crédito por impuestos exonerados (tax credit); (iii) crédito por impuestos
exonerados (tax sparing credit); (iv) crédito por impuesto nacional (matching
credit); (v) crédito por inversiones en el exterior (investment tax credit);
(vi) reducción del impuesto (tax reduction); y (vii) sistema de aplazamiento (tax
deferral)84”
Estos métodos se encuentran ajustados a la Carta en
virtud de los principios de reciprocidad y equidad.
5.4.13.- Artículos 23º y
26º.
El primero contiene el
principio de no discriminación en materia tributaria, según el cual: “Los
nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado
Contratante a ninguna imposición u obligación relativa a la misma que no se
exija o que sea más gravosa que aquellas a las que estén o puedan estar
sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas
condiciones, en particular con respecto a la residencia”. En otras
palabras, las autoridades competentes en uno y otro Estado otorgarán a los
nacionales del otro Estado que deban tributar ante ellas un tratamiento
semejante al que darían a sus propios nacionales[63].
El segundo consagra las
normas anti abuso según las cuales los residentes de cualquiera de los Estados
Contratantes tienen derecho a los beneficios del Convenio, previo cumplimiento
de los requisitos allí establecidos.
Estos artículos no
contrarían la Carta Política y por el contrario se encuentran sujetos a lo
dispuesto en el artículo 9º la misma en virtud del principio de reciprocidad en
las relaciones internacionales.
5.4.14.- Artículo 24º.
Esta disposición se
ajusta a los postulados constitucionales dado que desarrolla una de las formas
para dirimir los conflictos que eventualmente se presenten entre los Estados
Contratantes en virtud de la aplicación del Convenio, esto es, a través del
procedimiento de mutuo acuerdo. Aunque el mismo no exige llegar a una solución
definitiva, si sugiere un mecanismo adicional de solución de controversias, que
en nada riñe con la Constitución.
5.4.15.- Artículo 25º.
Hace referencia a la
posibilidad que tienen las autoridades competentes de ambos Estados para
intercambiar información que pueda resultar de interés al aplicar las
disposiciones del Convenio, información que se mantendrá secreta. Por tratarse
de otro mecanismo para evitar la doble imposición, no encuentra la Corte la
necesidad de realizar un pronunciamiento adicional sobre el artículo.
5.4.16.-
Artículo 27º.
Prevé
la posibilidad de que los Estados Contratantes se presten asistencia mutua en
la recaudación de créditos fiscales, así como la facultad de establecer
mediante acuerdo mutuo la forma de dar aplicación al artículo.
Igualmente,
explica que la expresión crédito fiscal hace referencia a “un monto adeudado
respecto de impuestos de cualquier naturaleza y descripción, exigido por cualquiera
de los Estados Contratantes (…) en la medida en que la imposición así exigida
no sea contraria al presente Convenio o cualquier otro instrumento del que sean
partes los Estados Contratantes, así como los intereses, penas administrativas
y costos por recaudación y por medidas cautelares relacionadas con dicho monto”.
Una
vez más, encuentra la Corte que en el Convenio se incluye otra figura que se
ajusta al principio de reciprocidad en las relaciones internacionales, conforme
a lo consagrado en los artículos 9º y 226 Superiores.
5.4.17.-
Artículo 28º.
Con
esta disposición relativa a los miembros de las misiones diplomáticas y de las
oficinas consulares, se está garantizando la vigencia de los privilegios
fiscales que han sido reconocidos por el Estado Colombiano a otros Estados en
diferentes instrumentos internacionales, encontrándose el artículo ajustado a la
Constitución.
Dispone:
“Las disposiciones de este Convenio no afectarán a los privilegios fiscales
de que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas
consulares de acuerdo con los principios generales del derecho internacional o
en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales”.  Vale decir, que
5.4.18.-
Artículos 29º y 30º.
Regulan
la entrada en vigor del Convenio y su denuncia, respectivamente. Se ajustan a la Constitución por tratarse de
previsiones conformes con la práctica de los Estados en materia de instrumentos
internacionales[64].
5.4.19.- El Protocolo.
La Corte no encuentra reparo constitucional respecto
del Protocolo del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la
evasión fiscal en relación con los impuestos a la renta y al patrimonio, debido
a que en el mismo se encuentran contenidas diferentes precisiones y
aclaraciones de orden técnico sobre distintas previsiones del tratado, sin
modificar realmente su sentido y alcance.
Sin embargo, es necesario hacer una mención especial al
numeral 4º del Protocolo que contiene lo que podría determinarse como la “cláusula
de la nación más favorecida”. En virtud de esta adición, en el caso de que
Colombia acuerde con un tercer Estado una tasa impositiva que resulte inferior
a la establecida en el artículo 12 o dichos pagos son considerados con una
naturaleza diferente, esa nueva tasa se aplicará automáticamente al Convenio
como si constara en el mismo.
Sobre el particular la Corte ha señalado que no representa un
vicio de inconstitucionalidad y por el contrario se adecúa al principio de
reciprocidad, en la medida en que el Convenio y el Protocolo no pueden
valorarse a partir de una lectura independiente de cada una de sus
disposiciones. Este tipo de cláusulas requiere de una interpretación conjunta e
integral que armoniza con dicho principio al ser el resultado de los consensos
alcanzados[65].
6.-
Constitucionalidad de la Ley 1568 del 2 de agosto de 2012
La
Ley 1568 de 2012 aprobatoria del Convenio bajo estudio se compone de tres
artículos. El primero es la disposición mediante la cual se aprueba el Convenio
y su Protocolo; el segundo dispone que en
virtud del artículo 1º de la Ley 7 de 1994, sobre la vigencia en Colombia de
los tratados internacionales y su publicación, el Convenio y su Protocolo
“obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto del mismo”[66]; y el tercero señala que la ley empezará a regir a
partir de la fecha de su publicación.
Una
vez conocido el contenido de la Ley 1568
del 2 de agosto de 2012, mediante la cual se aprueba el Convenio entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición
y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta
y sobre el patrimonio” y el “Protocolo del Convenio entre la República
de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y
para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio”, hechos en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes
de agosto de dos mil nueve (2009), la Corte no encuentra reparo alguno de
constitucionalidad.
7.-
Conclusión
La
Corte concluye que el “Convenio entre la República de Colombia y los Estados
Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión
fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” y
el “Protocolo del Convenio entre la República de Colombia y los Estados
Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión
fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio”, hechos
en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil nueve
(2009), así como la Ley aprobatoria número 1568 del 2 de agosto de 2012, se
ajustan a los fines, principios y derechos que orientan las relaciones
internacionales y que se encuentran reconocidos en la Constitución Política,
razón por la cual se declarará su exequibilidad.
VI.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “Convenio entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio” y su “Protocolo”, hechos en
Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009).
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1568 del 2 de agosto
de 2012, por medio de la cual se aprueba el “Convenio
entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la
doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo del Convenio entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio”, hechos en Bogotá D.C., a los trece
(13) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009),
Tercero.-
Disponer que se comunique esta
Sentencia al Presidente de la República para lo de su competencia, así como al
Presidente del Congreso de la República.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese al Gobierno Nacional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente con excusa médica
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Magistrado (E)
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
NILSON ELÍAS PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Corte Constitucional. Sentencia C-460 de 2010. En aquella oportunidad la Corte declaró exequible el Convenio entre la República de Colombia y la Confederación Suiza para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio” y su “Protocolo”.  Cfr., entre
muchas otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-378 de 1996, C-682 de 1996, C-468 de 1997, C-400 de 1998, C-924 de
2000, C-206 de 2005, C-176 de 2006, C-958 de 2007, C-927 de 2007, C-859 de
2007, C-036 de 2008, C-464 de 2008, C-387 de 2008, C-383 de 2008, C-189 de
2008, C-121 de 2008 y C-1056 de 2008.
[2] Corte Constitucional. Auto 242 del 17 de octubre de 2012. Relativo a
las objeciones presidenciales al proyecto de ley núm. 095 de 2011 Senado y 024
de 2010 Cámara “Por medio del cual se adoptan medidas de
carácter fiscal para propietarios o poseedores de vehículos automotores
hurtados”
[3] Corte Constitucional. Sentencia C-577 de 2009
[4] Cuaderno principal, folios 40 y 41.
[5] Cuaderno Principal, Folios 41 y 42.
[6] Página 21 Gaceta 148. Ver Cuaderno 2. Comisión Segunda del Senado de la República.
[7] Páginas 1-21 Gaceta 148 Senado. Ver Cuaderno 2. Comisión Segunda del
Senado de la República.
[8] Páginas 1-22. Ver Cuaderno 2, Comisión Segunda
del Senado de la República.
[9] Páginas 3-13. Ver cuaderno 2, Comisión Segunda del Senado de la República.
[10]  Páginas 13, 15, 22-24. Ver Cuaderno 2, Comisión Segunda del Senado de
la República.
[11] Páginas 22-24. Ver Cuaderno 2, Comisión Segunda
del Senado de la República.
[12] Cuaderno 2. Oficio del 6 de septiembre de 2012, folios 1-3.
[13] Cuaderno 2. Oficio Nº. OPC-205 del 5 de septiembre de 2012. Secretaría
General del Congreso de la República.
[14] Página
31. Ver Cuaderno 2, Plenaria de Senado de la República.
[15] Página
1-30. Ver Cuaderno 2, Plenaria de Senado de la República.
[16] Página
5. Ver Cuaderno Principal, Plenaria de Senado de la República.
[17] Cuaderno Principal. Oficio del 18 de septiembre de 2012, folios
43 y 44.
[18] Página 10.
Ver Cuaderno Principal, Plenaria de Senado de la República.
[19] Páginas 10. Ver Cuaderno Principal. Plenaria de Senado de la República..
[20] Cuaderno Principal. Oficio del 18 de septiembre de 2012, folio
45
[21] Cuaderno Principal, folio 45.
[22] “Artículo 133.- Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien
común. El voto de sus miembros será nominal y público, excepto en los casos que
determine la ley. El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y
frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su
investidura”.
[23] Cfr. Corte Constitucional, Auto 242 de 2012.
[24] “Dice la norma: “(…) 16. Tampoco se requerirá votación nominal y
pública cuando en el trámite de un proyecto de ley exista unanimidad por parte
de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del
articulado de un proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por
alguno de sus miembros. Si la unanimidad no abarca la totalidad del articulado
se someterán a votación nominal y pública las diferentes proposiciones sobre
los artículos respecto de los cuales existan discrepancias”.
[25] Páginas 21-22. Ver Cuaderno Principal. Plenaria de Senado de la República.
[26] Páginas
3-32. Ver Cuaderno 3.
[27] Páginas
23 y 24. Ver Cuaderno 3.
[28] Páginas
2-5. Ver Cuaderno 3.
[29] Páginas
2-5. Ver Cuaderno 3.
[30] Cuaderno 3, folios 1-3.
[31] Cuaderno 3. Oficio No OPC – 206/12. Secretaria General Comisión
Segunda Cámara de Representantes.
[32] Página
30. Ver Cuaderno 3.
[33] Páginas
1 a 29. Ver Cuaderno 3, Plenaria Cámara de Representantes.
[34] Páginas
31 y 32. Ver Cuaderno 4, Plenaria Cámara de Representantes.
[35] Páginas 18-19. Ver Cuaderno 4, Plenaria de Cámara de Representantes.
[36] Páginas 18-19. Ver Cuaderno 4, Plenaria de Cámara de Representantes.
[37] Cuaderno 4, folio 3.
[38] Página 21. Ver Cuaderno 4, Plenaria de Cámara de Representantes.
[39] El artículo 150-14 de la Constitución señala que corresponde al Congreso la función de “Aprobar o improbar los
tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho
internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas
atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o
consolidar la integración económica con otros Estados”.
[40] La Ley Orgánica del Congreso, Ley 5 de 1992, dispone en su artículo 204: “TRÁMITE. Los proyectos
de ley orgánica, ley estatutaria, ley de presupuesto, ley sobre derechos
humanos y ley sobre tratados internacionales se tramitarán por el procedimiento
legislativo ordinario o común, con las especialidades establecidas en la Constitución y en el presente Reglamento”.
[41] Acto Legislativo 1 de 2003, artículo 8.
[42] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias
C-1153 de 2005 y C-309 de 2004, entre otras.
[43] El artículo 5 de la Decisión núm. 40 de la CAN versa lo siguiente: “Los convenios para evitar la doble tributación que
suscriban los Países Miembros con otros Estados ajenos a la Subregión, se guiarán por el Convenio Tipo a que se refiere el artículo 2 de la presente
Decisión. Cada País Miembro celebrará consultas con los demás, en el seno del
Consejo de Política Fiscal, antes de suscribir dichos convenios”.
[44]  Corte Constitucional, Sentencia C-460 de 2010, al respecto
expuso la Sala lo siguiente: “en cuanto a la referencia que se
ha hecho a la Decisión número 40 de la Comunidad Andina de Naciones, la Corte advierte que la misma no hace parte del Bloque de
Constitucionalidad, de modo que no constituye parámetro para el control
asignado a esta Corporación, por cuanto no versa sobre derechos humanos cuya
limitación se prohíba en los estados de excepción. Cfr., Sentencias C-225 de 1995, C-358 de 1997, C-191 de 1998, C-582 de
1999, C-177 de 2001, C-774 de 2001, T-1319 de 2001, C-200 de 2002, C-802 de
2002, C-067 de 2003, C-148 de 2005, C-401 de 2005, C-028 de 2006, C-047 de
2006, C-291 de 2007, C-425 de 2008 y C-488 de 2009, entre muchas otras.
[45] Corte Constitucional, Sentencia C-864 de 2006. Cfr.,
Sentencias C-256 de 1998 y C-327 de 1997
[46] Artículo 7, Ley 819 de 2003: “(…) El
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el
respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso
este concepto podrá ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este
informe será publicado en la Gaceta del Congreso (…)”
[47] Corte Constitucional. Sentencia C-373 de 2009. Cfr. Sentencias
C-874 de 2005, C-502 de 2007, C-315 de 2008 y C-731 de
2008
[48] Ibídem.
[49] En la Sentencia C-577 de 2009 la Corte citó el Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio”, elaborado por el Comité de
Asuntos Fiscales de la OCDE, según el cual la doble imposición jurídica
internacional es el resultado de la aplicación de impuesto similares, en dos
(o más) Estados, a un mismo contribuyente respecto de la misma materia
imponible y por el mismo período de tiempo
[50] Corte Constitucional. Sentencia C-577 de 2009
[51] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-460 de 2010.
[52] Roy Rohatgi, Principios básicos de tributación internacional.
Traducción de Juan Manuel Idrovo. (Bogotá: Legis, 2008), p. 32.
[53] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-460 de 2010.
[54] Instituto Colombiano de
Derecho Tributario. “Estudios
de derecho internacional tributario. Los convenios de doble imposición.” Legis Editores S.A. Pág. 9.
Cfr. Sentencia C-295 de 2012.
[55] Corte Constitucional Sentencia C-460 de 2010
[56] Cfr., Corte Constitucional,
Sentencias C-388 de 2008 y C-577 de 2009.
[57] Cfr., Corte Constitucional,
Sentencia C-460 de 2010. La sentencia explicó que el Convenio y su Protocolo
deben guardar total armonía con las disposiciones de la Carta Política, esto es, sin contravenir los preceptos que en ella se encuentran
incorporados, conforme a lo consagrado en el artículo 4 Superior. Además, su
cumplimiento debe ligarse con el principio de pacta sun servanda, según el cual
los compromisos internaciones a adquiridos por los Estados deben cumplirse de
buena fe.
[58] Cfr. Sentencias C-460 de 2010 y C-295 de 2012
[59]XAVIER; Alberto.”Derecho tributario
internacional”. Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma. Buenos Aires,
Argentina. 2005. Pág. 329. Cfr. Sentencia C-295 de 2012.
[60] Cfr. Sentencia C-295 de 2012.
[61] El Protocolo hace una aclaración en este punto, en el sentido de que
para el caso de Colombia este apartado se refiere a la Nación, entidades territoriales y en general a una autoridad de cualquier orden.
[62] Cfr. Sentencia C-295 de 2012.
[63] Cfr. Sentencia C-383 de 2008
[64] Cfr. Sentencia C-577 de 2009.
[65] Cfr. Sentencias C-383 de 2008, C-577 de 2009, C-460 de 2010 y C-295 de
2012. En esta última oportunidad la Corte sostuvo: “En lo que dice relación al
Protocolo del Convenio entre la República de Colombia y la República de Canadá, la Corte encuentra reparo de carácter constitucional. // Si bien en las
intervenciones se planteó objeción en relación con la letra g) del artículo 1º
del Protocolo, que establece la cláusula de “nación más favorecida” de carácter
unilateral en cabeza de Colombia, en virtud de la cual en el evento en que el
Estado colombiano suscriba un acuerdo de tipo impositivo con un tercer Estado
que contemple mejores condiciones, éstas se entenderán extendidas
automáticamente a la República del Canadá, país que por virtud de la misma
cláusula no se obliga a garantizar la igualdad de trato. Al respecto, la Corte considera que esa circunstancia no representa un vicio de inconstitucionalidad por sí
solo a la luz del principio de reciprocidad, porque tal como se señaló en a
sentencia C-460 de 2010, el Convenio y su Protocolo no pueden valorarse a
partir de una lectura independiente de cada uno de sus artículos, sino que se
exige una interpretación conjunta e integral del Acuerdo, que en este caso
armoniza con dicho principio al ser el resultado de los consensos alcanzados.
Sin embargo, se reitera el llamado al Gobierno y al Congreso de la República para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, evalúen la
pertinencia de este tipo de cláusulas en los tratados internacionales y
particularmente en los Acuerdos para evitar la doble tributación”.
[66] En concordancia norma con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 10
de la Constitución, según la cual: “(…) Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas (…)”, es
decir, el Gobierno sólo puede efectuar el canje de notas y perfeccionar el
vínculo internacional, una vez se haya adelantado el control constitucional
respectivo.