C-771-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-771/11
MECANISMOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL
PREVISTOS EN LEY 1424 DE 2010-Ambito
de aplicación
La Corte
encuentra que son exequibles, por los cargos analizados las disposiciones
acusadas de la Ley 1424 de 2010, con un condicionamiento en relación con un
aparte de lo acusado de su artículo 4°. En efecto, precisado el alcance del
artículo 1° de esta Ley, así como sus consecuencias en torno al universo de
destinatarios de los beneficios allí desarrollados, resulta acorde a la
Constitución que esa norma incluya el delito de concierto para delinquir
simple y agravado dentro de la lista de conductas punibles cuyos autores, en el
exclusivo y excluyente ámbito de quienes pueden desmovilizarse, podrán acogerse
a tales beneficios. De igual manera, tampoco vulnera la carta política la regla
contenida en el segundo inciso del artículo 4° de la
Ley 1424 de 2010, conforme a la cual la información que surja dentro del marco
de los Acuerdos de Contribución a la
Verdad Histórica y la Reparación no podrá ser usada como prueba contra la
persona que suscribe dicho Acuerdo, pues una garantía de este tipo resulta
adecuada dentro de un contexto de justicia transicional y además resguarda la
regla constitucional contenida en el artículo 33, conforme a la cual nadie podrá
ser obligado a declarar contra sí mismo. Ello por cuanto, cualquier utilización
de esa información respecto de tales personas defraudaría la intención con la
que, presumiblemente, estuvieron dispuestos a suscribir el Acuerdos de
Contribución a la Verdad Histórica y la
Reparación. Sin embargo, no ocurre lo mismo frente a la frase final de este
inciso, según la cual está igualmente prohibido utilizar esa información
respecto de actuaciones de terceros. A este respecto consideró la
Corte que si bien esta regla abarca casos en los que esa restricción resulta
justa y comprensible, su carácter global y no diferenciado alcanza también
otras situaciones, en las que sin duda se lesionarían de manera
desproporcionada, no sólo la obligación del Estado de ser eficiente en el
descubrimiento de las conductas punibles, en el restablecimiento de los bienes
jurídicos quebrantados (cuando ello fuere posible) y en la sanción de los
respectivos responsables, sino también los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación. Observó la
Sala que esta regla abierta facilita a los victimarios responsables de graves
conductas criminales, en especial a aquellos que no llenan los requisitos para
acceder a los beneficios previstos en esta ley, la posibilidad de impedir de
manera absoluta la utilización de cualquier información sobre el tema que
hubiere llegado a conocimiento de las autoridades mediante la suscripción de
Acuerdos por parte de personas que sí cumplen tales requisitos, si al así
hacerlo estas últimas hubieren relatado las circunstancias que determinarían la
responsabilidad de aquellos terceros victimarios. Por esta razón se
condicionará la exequibilidad de la frase “o en contra de terceros” en el
sentido de que se entienda que esos terceros sólo podrán ser los otros sujetos
a quienes se refiere el artículo 33 constitucional u otros desmovilizados del
mismo grupo armado al que pertenecía el suscriptor del Acuerdo. Finalmente,
encontró la Corte que las expresiones “en contra del cual no procede recurso
alguno”, contenidas en los artículos 6° y 7° de la
Ley 1424 de 2010, referidas a las decisiones de poner en conocimiento de las
partes e intervinientes las solicitudes elevadas por el Gobierno Nacional en
desarrollo de lo previsto en esas mismas normas, no resulta contraria a la
Constitución, ya que se trata de providencias de mero trámite cuya
inimpugnabilidad no restringe los derechos de las víctimas, y por cuanto esa
decisión normativa cae sin dificultad dentro del margen de configuración
constitucionalmente reconocido al órgano legislativo.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
JUSTICIA TRANSICIONAL-Concepto en
el derecho comparado/JUSTICIA TRANSICIONAL-Concepto/COMISIONES
DE LA VERDAD-Definición en el derecho comparado/JUSTICIA
TRANSICIONAL-Instrumentos
JUSTICIA TRANSICIONAL-Fundamento
constitucional/DERECHO A LA PAZ-Jurisprudencia constitucional/DERECHOS
DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACION-Jurisprudencia
constitucional
Si bien bajo circunstancias históricas específicas las
instituciones de justicia transicional pueden resultar benéficas para una
determinada sociedad, tales mecanismos son normalmente aceptados en el derecho
internacional y constitucional comparado como una situación excepcional, por lo
mismo transitoria, frente a lo que, en perspectiva eminentemente comparativa,
pudiera denominarse el derecho penal ordinario, vigente y aplicable a la
generalidad de las conductas punibles y directamente derivado de los principios
y pautas constitucionales que regulan la materia. A partir de esta reflexión,
resulta claro que la implantación de ese tipo de medidas en un determinado
Estado debe resultar aceptable dentro de su marco constitucional, pues lo
contrario implicaría una disminución de los estándares de justicia y de
protección de los derechos de las víctimas, que la sociedad tiene derecho a
asegurar, como consecuencia y realización de los preceptos, valores y
principios presentes en el texto superior, y de las reglas contenidas en los
tratados que integran el bloque de constitucionalidad. Así, frente a la
existencia de normas que el mismo legislador denominó disposiciones de justicia
transicional, cabe entonces preguntar de qué manera y bajo qué circunstancias la
Constitución Política y las demás reglas y normas que conforman el bloque de
constitucionalidad, admiten la posibilidad de que el legislador adopte una
preceptiva de tal contenido. No hay en la carta política colombiana ni en los
tratados tradicionales de preservación de los derechos humanos que integran el
bloque de constitucionalidad, una referencia directa a la justicia
transicional. Empero, sí existen, principalmente a nivel de los valores y
principios constitucionales y de su reflejo en los derechos y deberes de los
ciudadanos, pautas y elementos que al ser ponderados con otros criterios
relevantes, permiten apreciar la conformidad entre tal noción y los textos
constitucionales. En este sentido, la Corte encuentra en la normativa superior
al menos tres distintas referencias, con apoyo en las cuales puede admitirse la
vigencia de medidas de justicia transicional. La más notoria e importante de
ellas es la frecuente mención de la paz, como uno de los objetivos principales
del Estado colombiano, para cuyo logro se adopta en 1991 la nueva carta
política, y como prominente valor constitucional que se traduce en la
existencia de derechos y deberes ciudadanos encaminados a hacer posible y
sustentable, tanto en el presente como para el futuro, tan anhelada necesidad.
Sobre este tema existen además abundantes y reiteradas referencias a la paz
como propósito central del Derecho Internacional, especialmente en los
respectivos preámbulos de los instrumentos constitutivos de los principales
organismos internacionales, entre ellos la
Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la
Organización de Estados Americanos, como también en la
Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre los otros aspectos relevantes
que sirven como fundamento constitucional de la justicia transicional, no por
indirecto menos válido, puede mencionarse además la presencia en el texto
superior de instituciones como la amnistía y el indulto para delitos políticos,
que pese a su larga tradición podrían hoy ser en buena parte ubicados como
herramientas de justicia transicional, útiles y conducentes en la búsqueda y
creación de condiciones que hagan posible, o al menos faciliten, el logro de la
concordia y la paz política y social. También debe tenerse en cuenta la expresa
mención que la Constitución hace del concepto de política criminal del Estado,
a partir de la cual se clarifica que, siempre que se observen adecuados
criterios de proporcionalidad y razonabilidad y no se contravenga ninguna
prohibición ni limitación del texto superior, la mayor parte del contenido
específico de las normas penales, tanto sustanciales como procesales, no
dependerá directamente de aquellos preceptos, sino de lo que en cada momento
consideren adecuado y pertinente las distintos órganos constituidos que tienen
a su cargo el diseño, seguimiento y eventual ajuste de tales políticas. Desde
esta perspectiva, resulta entonces posible asumir que la implantación de
mecanismos propios de la justicia transicional es una alternativa válida dentro
del marco constitucional colombiano, siempre que queden a salvo los derechos de
las víctimas así lo juzguen las autoridades a quienes la norma superior asignó
la responsabilidad de formular esas políticas, por considerar que concurren las
especiales circunstancias que, según se explicó, justifican y hacen conveniente
la adopción de este tipo de medidas. En torno a la trascendencia y alcance de
la paz como valor constitucional, como derecho y deber ciudadano y como
criterio que justifica la existencia de instituciones de justicia transicional,
este tribunal vertió extensas reflexiones dentro de la ya citada sentencia
C-370 de 2006, mediante la cual decidió sobre la exequibilidad de distintas
disposiciones de la Ley 975 de 2005, usualmente conocida como Ley de Justicia y
Paz, que como ya se indicó, puede ser considerada como una norma de justicia
transicional. Estas consideraciones precedieron el análisis que la
Corte adelantó en ese caso respecto del alcance de los derechos a la verdad,
la justicia y la reparación, en el derecho internacional y en la jurisprudencia
constitucional e interamericana dentro de un contexto de justicia transicional,
razón por la cual resulta clara y directa su pertinencia frente al presente caso.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA
REPARACION-Obligaciones del Estado
JUSTICIA TRANSICIONAL-No es una forma especial de justicia, sino una
justicia adaptada a sociedades que se transforman a sí mismas después de un
período de violación generalizada de derechos humanos
JUSTICIA TRANSICIONAL-Ámbito de aplicación en el derecho comparado
JUSTICIA TRANSICIONAL-Validez
constitucional
DERECHO A LA PAZ-Características/DERECHO A LA PAZ-Propósito fundamental/DERECHO A LA PAZ-Instrumentos internacionales/DERECHO
A LA PAZ-Derechos de la tercera generación
DESMOVILIZADO-Definición
ACUERDOS DE CONTRIBUCION A LA VERDAD HISTORICA Y LA
REPARACION-Contenido y alcance
MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCION A LA VERDAD Y LA
MEMORIA HISTORICA-Contenido y alcance
MECANISMOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL
PREVISTOS EN LA LEY 1424 DE 2010-Beneficios jurídicos
MEDIDAS ESPECIALES RESPECTO DE LA
LIBERTAD EN EL MARCO DE JUSTICIA TRANSICIONAL-Contenido y alcance
SUSPENSION CONDICIONAL DE LA
EJECUCION DE LA PENA Y MEDIDAS DE REPARACION-Contenido y alcance
MECANISMOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL
PREVISTOS EN LA LEY 1424 DE 2010-Facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA
REPARACION EN EL MARCO DE JUSTICIA TRANSICIONAL-Contenido y
alcance/JUSTICIA TRANSICIONAL-Ponderación de principios y valores
Al emprender el estudio específico de los cargos
elevados en la demanda, y de cara al contenido de los derechos de las víctimas
cuya supuesta vulneración los sustenta, debe esta corporación reiterar la
necesidad de que, tratándose de instituciones concebidas dentro de un contexto
de justicia transicional, ese examen parta de una cuidadosa ponderación de los
principios e intereses constitucionales en juego, que en estos casos entran en
colisión. Los elementos objeto de esa ponderación son, de una parte, la paz
como valor constitucional y como derecho y deber ciudadano, en procura de la
cual se han establecido mecanismos como los contenidos en la
Ley 1424 de 2010 aquí parcialmente acusada, y de otra, los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, garantías que sin duda tienen
sólido fundamento, tanto en la
Constitución Política como en los instrumentos internacionales que integran el
bloque de constitucionalidad. En los años recientes esta corporación realizó un
ejercicio de ese mismo contenido, en la tantas veces citada sentencia C-370 de
2006, estudio que sirvió como referente de las decisiones allí adoptadas en
torno a la exequibilidad de las disposiciones de la
Ley 975 de 2005 que entonces habían sido demandadas, norma que como se ha
explicado, ha sido mayoritariamente considerada un típico instrumento de
justicia transicional. En esa oportunidad la
Corte se apoyó, como es del caso hacerlo también ahora, en el extenso análisis
que esa misma providencia efectuó en torno a la paz en sus distintas
dimensiones, y a la importancia que el constituyente de 1991 le atribuyó a ese
concepto, en atención al contexto histórico del momento, que también en esta
decisión ha sido rememorado. Sin embargo, al relievar también el valor e
importancia reconocidos por la
Constitución al concepto de justicia, y precisamente como resultado de ese
ejercicio de ponderación, señaló esta corporación que, pese a la enorme
importancia de la paz como valor, como derecho y como deber ciudadano, el
posible logro de ese objetivo no es razón suficiente para justificar cualquier
tipo de sacrificio de otros intereses igualmente protegidos por el ordenamiento
superior, específicamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia
y la reparación, como consecuencia de las acciones que les hubieren afectado.
Así las cosas, sin reducir el alcance que conforme al texto superior y al
derecho internacional tienen esos conceptos, este análisis acepta desde su
inicio que en casos concretos puede resultar válida una parcial restricción de
alguno(s) de esos derechos, por ejemplo del derecho a la justicia en la
dimensión relacionada con la efectiva sanción de los responsables de ciertos
delitos, o del derecho a la reparación en cuanto algunos de sus componentes
sean parcialmente reformulados, para dar espacio a las formas simbólicas y
colectivas de reparación, que pueden así mismo ser efectivas como garantía de
no repetición de los hechos vulneradores de los derechos humanos. Conforme a lo
explicado, el ejercicio de ponderación de los principios y valores
constitucionales en conflicto debe necesariamente realizarse frente a reglas de
derecho específicas y no de manera global, pues sólo mediante la apreciación
concreta de cada una de ellas puede evaluarse adecuadamente la razonabilidad y
aceptabilidad de las restricciones planteadas, en vista del beneficio
correlativo que a partir de ello pudiera obtener la sociedad dentro del ya
explicado contexto de la justicia transicional.
PROTECCION PENAL FRENTE A LA IMPUNIDAD DE DELITOS
GRAVES-Contenido y alcance/PROTECCION
PENAL FRENTE A LA IMPUNIDAD DE DELITOS GRAVES-Instrumentos
internacionales/IMPUNIDAD-Definición
Desde el preámbulo de la carta política y
particularmente en desarrollo de sus artículos 2º, 29, 228, 229 y 250, se
proclama la finalidad de asegurar la justicia, entre otros principios. En esa
línea, es imperativo que, dentro de un marco jurídico, se garantice un orden
social justo, uno de los fines por los cuales se expidieron las normas que
integran la Constitución. A su vez, destaca la trascendencia del referido
artículo 2º, que señala que es esencial al Estado, además de servir a la
comunidad, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes, al
igual que la vigencia de ese orden justo, todo lo cual conduce a la posibilidad
de que toda persona acceda a la administración de justicia, que debe ser
debida, oportuna y acertadamente impartida. Bajo tales supuestos, a todos los
jueces se les ha encomendado la dispendiosa e inexorable tarea de buscar la
verdad, hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el formal y lograr la
defensa y eficacia de los derechos constitucionales. Entonces, es obligación de
los operadores jurídicos, entre ellos quienes aplican el ius puniendi del
Estado, esclarecer la verdad en procura de la justicia material y la eficacia
de los derechos fundamentales, para que todo concluya en una decisión justa,
que también lo ha de ser para la sociedad y para la víctima. En el campo penal
se le ha reconocido a esta última, dentro de los dos sistemas procesales
penales vigentes en Colombia (Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004), al igual que en
la Constitución Política y en el bloque de constitucionalidad, los derechos de
acceder a la administración de justicia, conocer la verdad y obtener una
reparación integral. Así mismo, esta Corte ha explicado que el acceso a la
justicia naturalmente conlleva el derecho a obtenerla en cada caso concreto, lo
cual implica que el Estado tiene el deber de esclarecer lo sucedido y sancionar
adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos, con la opción de
recurrir efectivamente, en plena observancia de las reglas del debido proceso.
A su vez, el artículo 250 superior, modificado por el Acto Legislativo 03 de
2002, expresamente obliga a la
Fiscalía General de la Nación a adelantar el ejercicio de la acción penal y
realizar la investigación de todo hecho que revista las características de un
delito. Además, también por expreso mandato constitucional, le está proscrito
suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, salvo las
excepciones consagradas en la ley para la aplicación del principio de
oportunidad. Como génesis de todo lo anterior, debe recordarse que
diferentes instrumentos internacionales han reconocido el derecho que tiene
toda persona para hacer uso de un recurso efectivo ante tribunales competentes,
procurando obtener amparo frente a actos que atenten contra sus derechos
fundamentales. Así se ha establecido, entre otros, en el artículo 8º de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en la
Resolución 217 A (III) de diciembre 10 de 1948 y en el artículo 2º numeral 3º
literal a) del PIDCP, adoptado en la
Resolución 2200 A (XXI) de diciembre 16 de 1966, vigente en Colombia desde
marzo 23 de 1976, en virtud de la Ley 74 de 1968. Además, tal como se expresó
en la sentencia C-936 de noviembre 23 de 2010 (M. P. Luis Ernesto Vargas
Silva), existen en el ámbito internacional otros instrumentos que además de
precaver la comisión de graves vulneraciones a los derechos humanos, conminan a
los Estados a sancionarlos adecuadamente. Así, la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (adoptada en 1984 y vigente en Colombia en cumplimiento de la
Ley 70 de 1985), obliga a que todo comportamiento catalogable como tortura sea
tipificado y castigado con penas adecuadas a la gravedad de los hechos (art.
4º). Igualmente, la
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura (adoptada en 1985 y que rige en el país en virtud a la
Ley 409 de 1997), conmina a que ese tipo de conductas y aquellas que
constituyan tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, sean castigadas
con sanciones severas, que tengan en cuenta su gravedad (art. 6º). De otra
parte, el “Conjunto de Principios actualizados para la protección y la
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad” señala
como principios generales los derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación, que deben observarse y garantizarse por los Estados,
mediante la adopción de procedimientos tendientes a la lucha contra la
impunidad. A ese respecto, la precitada sentencia C-370 de 2006 catalogó ese
conjunto de Principios como “un marco conceptual de gran valor como fuente de
Derecho Internacional”. El preámbulo de tal conjunto de Principios define
impunidad como “la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad
penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad
civil, administrativa o disciplinaria”. Además, se advierte que la impunidad
surge cuando el autor de una violación a derechos humanos reconocidos se
mantiene ajeno a i) las investigaciones encaminadas a su inculpación, detención
o procesamiento; o, ii) en el caso de ser reconocido como culpable, a una pena
apropiada y/o a la indemnización del daño causado. El primer Principio de la
lucha contra la impunidad hace referencia a los deberes generales de los
Estados, en orden a adoptar medidas eficaces, siendo infracción a esos deberes
no investigar las violaciones de los derechos humanos, pues deben adoptar
“medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la
justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean
procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas”, además de “garantizar a
las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, de
garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las
medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones”. A su vez,
el Principio 9º señala el derecho a la justicia como uno de los principios
generales, el cual comporta como deber del Estado emprender “investigaciones
rápidas, minuciosas, independientes e imparciales de las violaciones de los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario” y adoptar  “las
medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia
penal, para que sean procesados, juzgados y condenados debidamente”. Acorde con
lo hasta ahora consignado, varios de los instrumentos internacionales que hacen
parte del bloque de constitucionalidad, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 93 de la
Constitución Política, además de otros que son también fuente de derecho
internacional, imponen al Estado la obligación de tipificar, investigar y
sancionar adecuadamente aquellos comportamientos que revistan las
características de delito (cfr. además art. 250 ib.). Como lo ha resaltado esta
Corte, esas obligaciones adquieren mayor relevancia cuando se trate de
comportamientos que afecten sensiblemente derechos humanos.
INVESTIGACION Y JUZGAMIENTO DE GRAVES COMPORTAMIENTOS
CONTRA DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE JUSTICIA TRANSICIONAL-Relevancia
internacional/PRINCIPIOS PARA LA PROTECCION Y LA PROMOCION DE LOS DERECHOS
HUMANOS MEDIANTE LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD-Jurisprudencia constitucional/VIOLACIONES
GRAVES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Conlleva a vulneración de
derechos fundamentales/VIOLACIONES GRAVES AL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia/CRIMENES DE
GUERRA Y DE LESA HUMANIDAD-Derecho comparado
Para
toda la humanidad resultan de gran impacto los comportamientos que conllevan
grave vulneración contra derechos fundamentales, por el ingente daño que
producen y su atrocidad, que generan conmoción interna y foránea, trascendiendo
las fronteras al quebrantar el derecho internacional humanitario y, aún,
convertirse en crímenes de lesa humanidad, ejecútense o no dentro de un
conflicto armado. Según el Conjunto de Principios para la
Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la
Impunidad que, como se ha manifestado, es una fuente de derecho internacional
reconocida por la Corte Constitucional, la expresión “delitos graves conforme
al derecho internacional” comprende relevantes quebrantamientos contra
previsiones de los Convenios de Ginebra de agosto 12 de 1949, o de su Protocolo
adicional I de 1977, por conductas relacionadas con los conflictos armados,
principalmente cometidas contra quienes no constituyen objetivo militar.
Además, constituyen ese tipo de conductas otros quebrantamientos del derecho
internacional, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y otros
relacionados con los Derechos Humanos internacionalmente protegidos, como la
tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la esclavitud.
De esa forma, tal como ha recalcado la jurisprudencia de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se distinguen entre
esa serie de atroces comportamientos dos clases de crímenes graves contra la
comunidad internacional: (i) los de guerra e infracciones graves al derecho
internacional humanitario y (ii), los de lesa humanidad (o contra la
humanidad). Hacia la mitad del siglo XX, conductas catalogadas como crímenes de
guerra y de lesa humanidad fueron sancionadas por los tribunales de Núremberg y
Tokio, cuyo campo de acción, lesivo del principio de juez natural, se
circunscribió a los delitos perpetrados por los vencidos durante la
Segunda Guerra Mundial. Los “Principios de derecho internacional reconocidos
por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Núremberg”, señalaron que
toda persona que por acción u omisión cometa un acto que constituya delito de
derecho internacional, será responsable y estará sujeto a sanción (Principio
I). Además, aunque el derecho interno no imponga una pena por el acto
atribuido, no se podrá eximir de responsabilidad a quien lo ejecutó (Principio
II). En ese conjunto de Principios fueron enunciados, no de forma taxativa,
algunos comportamientos constitutivos de delitos de derecho internacional, como
delitos contra la paz, delitos de guerra y delitos contra la humanidad
(Principio VI). Con todo, la jurisprudencia especializada, tanto foránea como
nacional, ha coincidido en señalar que los delitos de lesa humanidad no sólo
tienen lugar durante un conflicto armado, sino también en “tiempos de paz”. En
concordancia con lo anterior, el Estatuto de la
Corte Penal Internacional incluyó dentro de las conductas sujetas a su
competencia los “crímenes más graves de trascendencia para la comunidad
internacional en su conjunto” (art. 5°), dentro de los cuales se encuentran el
genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen
de agresión. Resulta evidente que una serie de instrumentos internacionales, prevalentes
sobre el ordenamiento jurídico interno y reafirmados en la
Constitución Política, imponen a Colombia tipificar, investigar, juzgar y
sancionar adecuadamente todos esos graves comportamientos, ya se trate de
graves violaciones a los derechos humanos o de serias infracciones al derecho
internacional humanitario. En consecuencia, el Estado colombiano será
responsable por acción o por omisión si no existe una investigación seria, acorde
con la normatividad nacional e internacional (cfr. C-370 de 2006). Entonces,
como ha indicado también la jurisprudencia de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, las violaciones graves
al derecho internacional humanitario deben ser castigadas “como atentados que
no sólo afectan la vida, la integridad física, la dignidad, la libertad de las
personas, entre otros bienes relevantes, sino que atentan contra valores
fundamentales reconocidos por la humanidad entera y compilados en el conjunto
de normas que conforma el llamado derecho internacional humanitario”.
Igualmente, en la precitada sentencia de la
Corte Constitucional C-936 de 2010 se recordó que los estándares
internacionales establecidos en materia de derechos de las víctimas y de la
sociedad frente a este tipo de graves conductas, han sido incorporados al
ordenamiento jurídico interno (bloque de constitucionalidad) y, por ende, son “un
marco referencial insoslayable para el diseño de la política pública en materia
penal”. Además, a renglón seguido, en la providencia citada esta corporación
reseñó esos principales compromisos del Estado frente a las víctimas de esas
censurables conductas que impactan a la comunidad internacional en general. En
esa decisión se consignó, al respecto: “Los tratados sobre derechos humanos y
derecho internacional humanitario establecen los siguientes deberes del Estado
en relación con las víctimas de violaciones a sus mandatos: (i) garantizar
recursos accesibles y efectivos para reivindicar sus derechos; (ii) asegurar el
acceso a la justicia; (iii) investigar las violaciones a los derechos humanos y
al derecho internacional humanitario; y (iv) cooperar en la prevención y
sanción de los delitos internacionales y las graves violaciones de derechos
humanos.” Partiendo de lo anterior, en la sentencia C-936 de 2010 recién
citada, se expresó que esas “exigencias deben ser consideradas e incorporadas
en el diseño de la política pública establecida para enfrentar de manera
permanente el fenómeno de la criminalidad”. Además, se aclaró: “No obstante, la
comunidad internacional ha advertido que se trata de garantías que no se
suspenden ni interrumpen en los modelos denominados de justicia transicional, y
en consecuencia los Estados deben asegurar, aún en estos contextos, estándares
mínimos en materia de justicia, verdad y reparación”. En ese mismo fallo la
Corte Constitucional precisó que la flexibilidad propia de la justicia
transicional no deslía las graves violaciones contra derechos humanos, ni puede
obstaculizar que los responsables contribuyan en la identificación de la verdad
y reciban “algún tipo de sanción”.
CONCIERTO PARA DELINQUIR EN LEY DE JUSTICIA
TRANSICIONAL-Alcance de la inclusión de beneficios
Encuentra la
Corte Constitucional que establecer que los desmovilizados de grupos armados
al margen de la ley, que hubieran incurrido únicamente, entre otros, en el
delito de “concierto para delinquir simple o agravado”, como consecuencia a su
pertenencia a dichas organizaciones, dentro del marco de la justicia
transicional, en procura de la paz perdurable y la satisfacción de los derechos
a la verdad, la justicia y la reparación no constituye per se afrenta o
desconocimiento de las obligaciones de perseguir y castigar graves
comportamientos contra Derechos Humanos. La proscripción de la impunidad
responde al clamor internacional por evitar que cualquier delito, en particular
los más censurables comportamientos contra esas preponderantes garantías, no
sea debidamente investigado, juzgado y sancionado, acorde con la gravedad de
las conductas, esto es, prever que sus responsables no se mantengan de hecho o
de derecho al margen de sus enjuiciamientos o de las penas adecuadas. En el
campo de la Ley 1424 de 2010 y respecto de aquellas personas que se encuadren
dentro de los presupuestos contenidos en su artículo 1°, lo cierto es que la
aplicación de los beneficios contenidos en la ley y que en esta providencia han
sido explicados, no implica que el Estado colombiano renuncie a la
investigación y juzgamiento de esas conductas, en particular el concierto para
delinquir, sea simple o agravado. Por el contrario, según resulta del artículo
5° de la misma preceptiva, es necesario que exista una actuación judicial y que
sea dentro del marco de ella, o incluso una vez culminada con sentencia
condenatoria, que se pueda examinar o no la suspensión de las órdenes de
captura u otorgar la suspensión condicional de la ejecución de la pena que se
hubiere impuesto. En efecto, en estos casos la pena correspondiente deberá ser
fijada por el juez de conocimiento, dentro de los límites, parámetros,
lineamientos y cuartos constitucionales y legales, ante un demostrado delito de
los relacionados en el artículo 1°, entre ellos el concierto para delinquir,
simple o agravado. Además, en estos casos, tanto la
Fiscalía General de la Nación como los jueces de la
República deberán velar no sólo por el respeto de las garantías fundamentales
de los acusados, sino por el reconocimiento de los derechos de las víctimas,
incluyendo la materialización de la reparación de los daños irrogados, en todos
sus aspectos, al punto que para que el Gobierno Nacional pueda hacer las solicitudes
correspondientes a las autoridades judiciales se exige, no sólo que existan
manifestaciones inequívocas de compromiso con la verdad y la paz, sino además
la indemnización de las víctimas, debiendo los jueces competentes no sólo negar
las concesiones pretendidas cuando no se verifiquen los presupuestos exigidos
en la propia ley, sino revocarlas cuando quiera que se incumplan las
obligaciones adquiridas por los beneficiarios. Quiere decir lo anterior que
para la aplicación de los supuestos de la
Ley 1424 de 2010 debe existir una acción penal formal, dentro de todos los
parámetros del debido proceso, con el reconocimiento de las víctimas y sus
derechos, tal como ocurre ante cualquier delito cometido por personas
diferentes a las relacionadas en el artículo 1°. Y que además, tratándose de
comportamientos correspondientes a graves infracciones al Derecho Internacional
Humanitario o crímenes de lesa humanidad, esos parámetros adquieren mayor
relevancia, sin que pueda dejarse de lado la oficiosidad que en todo momento es
exigible al Estado, pues en ningún caso podrán quedar sin investigar, juzgar y,
si fuere procedente, sancionar esas conductas. Acorde lo expuesto, el
reconocimiento de las prerrogativas contenidas en la
Ley 1424 de 2010 a quienes hayan incurrido en concierto para delinquir simple
o agravado, en las condiciones y circunstancias exigidas en el artículo 1° de
esta Ley, no desconoce las obligaciones internacionales adquiridas por el
Estado colombiano y que forman parte del ordenamiento jurídico e incluso
prevalecen sobre éste, en lo relacionado con la tipificación, investigación,
juzgamiento y sanción de comportamientos que constituyan delitos graves
conforme al derecho internacional.
Tampoco son vulnerados por ese
solo hecho los derechos de las víctimas a la reparación, la verdad y la
justicia, estas últimas predicables también de la sociedad, frente a graves
violaciones contra derechos humanos. En consecuencia, no se alteran las
condiciones que conducirían al orden justo y a la convivencia pacífica, máxime
si se tiene en cuenta que las altruistas finalidades del artículo 1° de la
Ley 1424 de 2010 son la paz perdurable y la satisfacción de esas garantías de
verdad, justicia y reparación, promoviendo coetáneamente la resocialización de
los desmovilizados.
ACUERDOS DE CONTRIBUCION A LA VERDAD HISTORICA Y LA
REPARACION-Alcance de la imposibilidad de utilizar como prueba
judicial la información surgida de dichos acuerdos
Atendiendo
la relevancia de los graves comportamientos vulneradores de derechos humanos en
el mundo, se ha concretado que las víctimas de esas nocivas conductas tienen no
sólo el derecho a la reparación y a la justicia, sino a la verdad y a la
memoria, como forma de evitar la repetición de esa clase de actos. En tal
sentido, el preámbulo del ya referido Conjunto de Principios actualizados para
la protección y la promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra
la impunidad, señala que en interés de las víctimas de las violaciones a ese
tipo de prerrogativas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional,
debe asegurarse el respeto efectivo no sólo del derecho a la justicia y a la
reparación, sino a un saber, materializado mediante el derecho a la verdad. De
lo contrario, no puede existir un verdadero recurso eficaz contra las nefastas
consecuencias de la impunidad. De ese modo, se consigna que la verdad es un
derecho inalienable de cada pueblo (Principio 1°), por cuyo respeto se permite
conocer las circunstancias que llevaron a la ejecución de crímenes
“aberrantes”, al tiempo que se establece una salvaguarda frente a la repetición
de esas conductas. Entonces, el referido Conjunto de Principios establece no
sólo la existencia de un derecho a la memoria y a la verdad, sino la de un
deber de recordar (Principio 2°), pues esos acontecimientos forman parte del
patrimonio de los pueblos. En consecuencia, cada Estado debe adoptar las
medidas necesarias para alcanzar la materialización de esas facultades. Así,
independientemente de las acciones judiciales que puedan generarse, tanto las
víctimas como sus familias y allegados tienen el derecho a conocer la verdad
acerca de las circunstancias en que se cometan las graves violaciones a
derechos humanos. Ello por cuanto, según se ha señalado, a los Estados les debe
corresponder el establecimiento de medidas, no necesariamente judiciales, para
hacer efectivo el derecho a saber. A ese respecto, el Principio 4° indica:
“Incumbe a los Estados adoptar las medidas adecuadas, incluidas las medidas
necesarias para garantizar el funcionamiento independiente y eficaz del poder
judicial, para hacer efectivo el derecho a saber. Las medidas apropiadas para
asegurar ese derecho pueden incluir procesos no judiciales que complementen la
función del poder judicial.” Dentro de esos lineamientos, se permite además la
creación de comisiones de la verdad, o de otras comisiones de investigación,
que no poseen carácter judicial. En el Conjunto de Principios se consigna como
definición que esas comisiones son aquellos “órganos oficiales, temporales y de
constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de
investigar abusos de los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan
cometido a lo largo de varios años” (negrilla fuera del texto original),
definición contrastada por los esfuerzos no gubernamentales que también puedan
desarrollarse. Así, las sociedades que hayan experimentado “crímenes odiosos”,
perpetrados masiva o sistemáticamente, podrán crear comisiones de la verdad u
otras de investigación, cuyo objeto sea “establecer los hechos relativos a esas
violaciones de manera de cerciorarse de la verdad e impedir la desaparición de
pruebas”. Con todo, “se debe garantizar la preservación de los archivos
relativos a las violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y
la posibilidad de consultarlos” (Principio 5°). Adicionalmente, esas comisiones
tienen objetivos y ámbito de acción limitados y no pueden, en modo alguno, reemplazar
a la justicia. Así se estatuye en el Principio 8°, en cuanto “únicamente los
tribunales penales tienen competencia para determinar la responsabilidad penal
individual a fin de pronunciarse, llegado el caso, sobre la culpabilidad y
seguidamente sobre la pena”. Dada la importancia de recopilar adecuadamente la
información obtenida por tales comisiones, también se ha consagrado una serie
de exigencias frente a la preservación de los archivos y su consulta, como
garantía y extensión del derecho a saber (Principio 14). Por ende, la consulta
de los archivos debe facilitarse, en interés general de la sociedad entera y,
en particular, de las víctimas y de sus familiares, al igual que de imputados y
acusados. Como quedó visto, dentro del Conjunto de Principios para la
Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la
Impunidad, marco conceptual de gran relevancia como fuente de Derecho
Internacional, se consagra que para el adecuado cumplimiento de las
obligaciones inherentes a cada Estado con relación a graves violaciones de
Derechos Humanos, se consagró el “derecho a saber”, que reafirma la verdad como
una garantía inalienable de los pueblos, tratándose del derecho imprescriptible
de las víctimas y sus familias “a saber” las circunstancias en las que se
cometieron esas violaciones (Principio 4º). Ahora bien, la
Corte Constitucional también ha indicado que el derecho a la verdad no sólo le
corresponde a de la víctima directa de una conducta punible, pues tal potestad
se extiende a sus familiares y a la sociedad. En ese sentido, en la ya referida
sentencia C-370 de 2006, al estudiar la constitucionalidad de la
Ley de Justicia y Paz, se estableció que la verdad implica i) el derecho de la
víctima “a conocer la verdad de lo sucedido, a saber quiénes fueron los agentes
del daño, a que los hechos se investiguen seriamente y se sancionen por el
Estado, y a que se prevenga la impunidad”; ii) para los familiares de la
víctima, “la posibilidad de conocer lo sucedido a ésta, y, en caso de atentados
contra el derecho a la vida, el derecho a saber dónde se encuentran sus restos;
en estos supuestos, este conocimiento constituye un medio de reparación y, por
tanto, una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la
víctima y a la sociedad como un todo”; y iii) para la sociedad, ese mismo
derecho se encamina a “la divulgación pública de los resultados de las
investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos”, además de
resguardar el interés de la comunidad a que se investigue, se recree la verdad
y se sancione el delito en los eventos en los que sea procedente. En igual
sentido, en la sentencia C-454 de junio 7 de 2006 (M. P. Jaime Córdoba Triviño)
se reitera que el derecho a la verdad es una garantía inalienable e
imprescriptible que, de no ser atendida, afecta la dignidad humana, como quiera
que priva de información vital a una persona que participa dentro de un
proceso, como el penal; de tal manera, “el acceso a la verdad aparece así
íntimamente ligado al respeto de la dignidad humana, a la memoria y a la imagen
de la víctima”.Visto todo lo anterior, no sólo en el marco de la justicia
transicional, sino en todo lo relacionado con graves violaciones a Derechos
Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se impone la
obligación de garantizar a las víctimas y a la sociedad los derechos a la
verdad y a la memoria, no sólo mediante los mecanismos judiciales ordinarios,
sino en otros, que no reemplazan a aquéllos.
INFORMACION OBTENIDA EN ACUERDOS DE CONTRIBUCION A LA
VERDAD HISTORICA EN JUSTICIA TRANSICIONAL-Limitación de su uso en
procesos en contra de quien suscribe acuerdo/PRINCIPIO DE NO
AUTOINCRIMINACION-Jurisprudencia constitucional
En desarrollo de políticas estatales encaminadas al
esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de responsables de la comisión de
delitos, resulte ajustado a la
Constitución, e incluso plausible, procurar la obtención de información,
otorgando ciertos beneficios al deponente, que respeten el principio superior
de la no auto-incriminación. En ese orden de ideas, permitir en el ámbito de la
justicia transicional que la información que un desmovilizado suministre en el
marco de los Acuerdos de contribución a la verdad histórica y la reparación, no
genere consecuencias adversas en su contra, más aún con las particularidades
previstas en la Ley 1424 de 2010, no contraviene la carta política y es, por el
contrario, acorde a los fines del Estado, pues se procura la paz perdurable, la
justicia, la verdad, la indemnización de las víctimas y la resocialización de
ex combatientes.
INFORMACION OBTENIDA EN ACUERDOS DE CONTRIBUCION A LA
VERDAD HISTORICA EN JUSTICIA TRANSICIONAL-Alcance sobre la utilización contra terceros
Contrario
a lo que ocurre cuando, según antes se explicó, se pretende utilizar la
información conocida a través de los Acuerdos en contra de la misma persona que
la hubiere provisto, cuando se trata de terceros, salvo las excepciones que
seguidamente se explicarán, no existe en realidad ningún tipo de justificación
constitucional para que esa información recaudada bajo los derroteros de los
artículos 2° y 3° de la Ley 1424 de 2010, no pueda ser empleada contra ellos.
Ciertamente, existen dos situaciones claramente identificadas, en las que sin
contravenir la preceptiva superior, terceras personas distintas a quien
suscribe el Acuerdo podrían ser beneficiarios de la garantía prevista en el
segmento normativo aquí analizado. Estas situaciones atañen, de una parte, a
los demás sujetos distintos al declarante, a quienes se refiere el artículo 33
de la carta política, esto es, el cónyuge o compañero permanente y los
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil; y de otra, a los demás personas que sin estar conectadas en la
forma antes indicada con quien ha provisto la información mediante la
suscripción de un Acuerdo, compartan con aquél la condición de desmovilizados,
del mismo grupo. En el caso de las otras personas listadas en el artículo 33
del texto superior, la razón que justifica el no uso de la información surgida
de los Acuerdos es en realidad la misma que sustenta esta garantía en el caso
del declarante mismo. En efecto, tanto como sucede en ese otro evento, es claro
que de no existir esa inmunidad, la posibilidad de utilizar este mecanismo (el
Acuerdo) en aras de contribuir al esclarecimiento de la verdad y el logro de la
paz podría dar lugar al enjuiciamiento de la pareja o de algún otro de los ya
indicados parientes, lo que más allá de generar una situación no querida por
quien suministró la información, implicaría transgresión de esta garantía
constitucional. Resulta, por tanto, necesario, que exista seguridad de que la
información que se suministre no será utilizada con este propósito, lo que
explicaría la salvedad que en este punto establece la regla acusada, y avalaría
la exequibilidad de la expresión que se estudia, en lo que a esta hipótesis se
refiere. De otra parte, se justifica también que la garantía de no uso de esa
información se extienda a los demás sujetos del mismo grupo armado organizado
al margen de la ley al que pertenecía el informador suscriptor del Acuerdo, que
conforme a las definiciones y supuestos antes explicados, sean desmovilizados,
tanto como aquél. En este caso la razón que explica esta exclusión es que de no
ser así, y teniendo entonces cada uno de los desmovilizados la latente
posibilidad de ser perseguido e incluso condenado por su participación en
hechos revelados por otros integrantes de su mismo grupo que comparten con él
la condición de desmovilizados, se frustraría entonces el propósito de
negociación de quienes suscriban los Acuerdos, que según se dijo, es válido
frente a la Constitución, al tratarse de una medida excepcional implementada
dentro del marco de un proceso de justicia transicional. Por el contrario, es
claro que en ausencia de las dos indicadas circunstancias de excepción, no
habría conforme a la Constitución derecho a esa inmunidad, y por el contrario,
existe un deber de colaboración con la administración de justicia y la
materialización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, que
conduce a la necesidad de que las autoridades procuren el máximo
aprovechamiento posible de esa información. En este sentido debe tenerse en
cuenta que despojar por completo de valor probatorio en contra de terceras
personas, a los relatos que los desmovilizados hagan al suscribir los Acuerdos,
impediría que a través de sus declaraciones estas personas cumplan también la
importante misión que la Constitución atribuye a todos los residentes en
Colombia, en el sentido de contribuir al buen funcionamiento de la administración
de justicia. Además, es claro que esta regla general afecta gravemente los
derechos de las víctimas y sus familias, ya que si bien podría generarse un
efecto positivo en lo que atañe al derecho a la verdad, ello sería a expensas
de la posibilidad de que los responsables de los crímenes relatados sean
efectivamente sancionados y reparen a sus víctimas, en cuanto la declaración
contenida en el Acuerdo debilitaría la posibilidad de condenar por tales hechos
a persona alguna. De otro lado, el choque entre esta regla impeditiva e
importantes valores de raigambre constitucional, se aprecia de manera evidente
al recordar que una de las premisas de los sistemas de justicia transicional,
es que la información recaudada debe facilitar, de manera efectiva, el
esclarecimiento de los hechos relacionados con la conformación de los grupos
armados organizados al margen de la ley y de todas las demás conductas o
actuaciones de que se tenga conocimiento, dada su pertenencia a esas
agrupaciones, que las más de las veces deben corresponder a graves delitos. De
igual manera, es necesario considerar también que esta regla, en la forma
genérica en que ha quedado redactada, resultaría abiertamente inconstitucional
si resguardara de la posibilidad de ser investigadas y enjuiciadas por sus
graves acciones criminales a todas las personas que hubieren tomado parte en
ellas, incluso a los comandantes, determinadores y ejecutores materiales, esto
es, a personas que no cumplan los criterios previstos en el referido artículo
1° para tener derecho a los beneficios regulados por esta ley. En realidad,
esta regla, de mantenerse en el ordenamiento jurídico, garantizaría que todo
hecho que sea revelado y sobre el cual se esclarezca la verdad a través de los
Acuerdos, quede efectivamente impune, pues la indistinta prohibición de usar
esa información “en contra de terceros”, alcanzaría a beneficiar a la totalidad
de los partícipes en esas acciones, independientemente de si se ajustan o no al
perfil requerido para tener acceso a los beneficios establecidos en esta
preceptiva, lo cual deviene contrario a la
Constitución. De otra parte, la información suministrada por los
desmovilizados debe servir para determinar la responsabilidad penal de los
autores o partícipes de graves delitos o que causen mayor impacto o
repercusión. Por ende, el hecho de que un elemento de convicción provenga de
los Acuerdos suscritos por aquellos, no puede ser óbice para que el Estado, a
través de los organismos competentes, emplee esos descubrimientos para,
escudriñada su verosimilitud, encaminar las indagaciones subsiguientes, claro
está, dentro del marco constitucional, legal y bajo las formas propias de cada
procedimiento correspondiente. Sin duda alguna, valores superiores como la
justicia, la verdad y la efectividad de los derechos y deberes de los
ciudadanos, se verían truncados en aquellos eventos en los cuales, sin existir
inmunidad penal ni otra consideración válida y con comparable respaldo en la
Constitución, se blinden de la posibilidad de ser castigadas conductas graves
perpetradas por terceros ajenos al Acuerdo de Contribución a la
Verdad Histórica y la Reparación, máxime cuando, según el marco teleológico de
la Ley 1424 de 2010, lo que se pretende con esos Acuerdos no sólo es la paz
duradera y la reintegración de los desmovilizados, sino “la satisfacción de las
garantías de verdad, justicia y reparación”. En consecuencia, la
Corte Constitucional declara exequible la expresión “o en contra de terceros”,
contenida en la parte final del inciso segundo del artículo 4° de la
Ley 1424 de 2010, pero bajo el entendido de que ese concepto cobija apenas a
las otras personas distintas al declarante relacionadas en el artículo 33
superior y a los demás desmovilizados del mismo grupo armado organizado al
margen de la ley al que hubiere pertenecido el deponente.
SOLICITUDES DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL OTORGAMIENTO
DE BENEFICIOS PREVISTOS EN LEY 1424 DE 2010-Alcance de la imposibilidad de interponer recursos/MARGEN DE CONFIGURACION NORMATIVA DEL
LEGISLADOR EN MATERIAS PROCESALES-Jurisprudencia constitucional/SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION
DE LA PENA PARA MIEMBROS DESMOVILIZADOS DE GRUPOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA
LEY EN JUSTICIA TRANSICIONAL-Imposibilidad de recursos
Aún bajo un esquema de justicia transicional y en
desarrollo de las normas constitucionales e internacionales que regulan la
materia, resulta determinante y trascendental que las víctimas de los delitos
que han dado lugar a las investigaciones dentro de las cuales se adoptarían
tales medidas tengan la posibilidad de ser oídas y, llegado el caso, oponerse a
la concesión de tales beneficios si, en su entender, no concurren los
requisitos a los que la ley condicionó su otorgamiento. Sin embargo, al revisar
en cada caso el texto completo del inciso del cual hace parte el segmento
normativo cuestionado, encuentra la Corte que le asiste razón a los
intervinientes que señalaron que las decisiones que no serán susceptibles de
recursos son sólo aquellas en las que se informa a las partes e intervinientes
de la solicitud formulada por el Gobierno para la concesión de estos
beneficios, y no las que contienen una decisión de fondo sobre lo solicitado.
En efecto, en uno y otro texto, lo demandado viene a continuación de la frase
“Mediante auto de sustanciación la autoridad competente, comunicará a las
partes e intervinientes acreditados en el proceso la solicitud de (…) a la que
hace referencia este artículo”; mientras que después de la expresión acusada se
lee, también en ambos eventos, “Por su parte, la decisión frente a la solicitud
de suspensión (…) será notificada a los mismos”, término este último, en
plural, que sin duda alude a las partes e intervinientes antes referidos. De
otra parte cabe recordar que, contrario a lo que ocurre con la decisión de
informar, y según antes se explicó, las resoluciones de fondo que los jueces
competentes adopten frente a lo pedido sí podrán ser objeto de impugnación,
pues contra ellas proceden los recursos ordinarios de reposición y apelación.
De otra parte, si bien la regla contenida en los artículos 6° y 7° de la
normativa que ahora es objeto de demanda, prevé que la decisión de informar
sobre la solicitud recibida no podrá ser impugnada, en realidad ello no podría
considerarse lesivo del interés de las víctimas pues, se reitera, la decisión
que las normas acusadas tornan inimpugnable es la de informar a tales personas
sobre la solicitud recibida, lo que lejos de perjudicarles, podría incluso
facilitar la defensa de sus intereses. Ello por cuando una vez notificados de
la solicitud presentada y no existiendo en la norma restricción a este
respecto, las personas que se sientan afectadas con la medida de libertad
solicitada por el Gobierno, bien podrían presentar un escrito o expresarse de
alguna otra manera, pidiendo a la autoridad judicial competente negar el
beneficio que se hubiere solicitado. De todo lo explicado resulta entonces que
la regla conforme a la cual no podrá ser objeto de recursos la decisión de
poner en conocimiento de las partes e intervinientes la solicitud de libertad
que hubiere elevado el Gobierno a la autoridad judicial competente, no afecta
el derecho de las víctimas a ser oídas frente a cuál debe ser el resultado de
tales solicitudes, y en tal medida, no supone menor eficacia del recurso
judicial que conforme a las disposiciones constitucionales e internacionales
debe procurarse a las víctimas, con el fin de garantizar los derechos que les
asisten a la verdad, la justicia y la reparación. A lo anterior se agrega la
consideración de que, tratándose de una regla especial que en tal condición
hará parte de la regulación aplicable a ciertos procesos penales, esa decisión
normativa cae sin dificultad dentro del margen de autonomía constitucionalmente
atribuida al legislador, que en estos temas ha sido reconocida como
especialmente amplia y sólo podría ser cuestionada por este tribunal en caso de
que se vulnere un mandato superior, situación que, según se explicó, no ocurre
en este caso.
Referencia: expediente D-8475
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
1°, 4°, 6° y 7° (todos parcialmente) de la
Ley 1424 de 2010, “Por la cual se dictan disposiciones de justicia
transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de
desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden
beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”.
Actores: Gustavo Gallón Giraldo y otros.
Magistrado Ponente:
NILSON PINILLA PINILLA
Bogotá, D. C.,  trece (13) de octubre de
dos mil once (2011)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067
de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública prevista en el
artículo 241 de la
Constitución Política los ciudadanos
Gustavo Gallón Giraldo, Juan Camilo Rivera Rugeles, María del Pilar Gutiérrez
Perilla, Carlos Germán Navas Talero, Iván Cepeda Castro, Soraya Gutiérrez
Argüello e Ingrid Vergara Chávez presentaron ante este tribunal demanda de
inconstitucionalidad contra sendos fragmentos de los artículos 1°, 4°, 6° y 7°
de la Ley 1424 de 2010, “Por la cual se dictan disposiciones de justicia
transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de
desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden
beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”.
Mediante auto de abril 7 de 2011 el
Magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó fijar en lista el presente
asunto, y correr traslado al Procurador General de la
Nación para que rindiera el concepto de rigor.
En esa misma decisión se ordenó también
comunicar la iniciación de este proceso a los señores Presidente de la
República, Presidente del Congreso y al entonces Ministro del Interior y de Justicia. También se extendió
invitación a la Fiscalía General de la
Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR, así como a las
facultades de Derecho de las Universidades del Rosario, Externado de Colombia,
de los Andes, Pontificia Javeriana, de Antioquia, Industrial de Santander, del
Norte y Nacional de Colombia, para
que, si lo consideraban pertinente, se pronunciaran sobre la constitucionalidad
de los preceptos demandados.
Cumplidos los trámites propios de esta clase de
procesos, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II.  LAS NORMAS DEMANDADAS
El siguiente es el texto de las normas
demandadas, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial N° 47.937
del 29 de diciembre de 2010, advirtiéndose que lo demandado es únicamente lo
resaltado en negrilla:
“LEY 1424 DE 2010
(diciembre 29)
“Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional
que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados
de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y
se dictan otras disposiciones”
EL CONGRESO DE
COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1o.
OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto contribuir al logro de la
paz perdurable, la satisfacción de las garantías de verdad, justicia y
reparación, dentro del marco de justicia transicional, en relación con la
conducta de los desmovilizados de los grupos armados organizados al margen de
la ley, que hubieran incurrido únicamente en los delitos de concierto para
delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias,
utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de
armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armados o de
defensa personal, como consecuencia de su pertenencia a dichos grupos, así como
también, promover la reintegración de los mismos a la sociedad.”
(…)                   (…)             (…)
ARTÍCULO 4o. MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA
MEMORIA HISTÓRICA. Créase un
mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica, con
el fin de recolectar, sistematizar, preservar la información que surja de los
Acuerdos de contribución a la verdad histórica y la reparación, y producir los
informes a que haya lugar.
La información que surja en el marco de los acuerdos
de que trata este artículo no podrá, en ningún caso, ser utilizada como prueba
en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe el Acuerdo de
Contribución a lo Verdad Histórica y a la
Reparación o en contra de terceros.
(…)                   (…)             (…)
ARTÍCULO 6o. MEDIDAS ESPECIALES RESPECTO DE LA
LIBERTAD. Una vez el desmovilizado haya manifestado su compromiso con el
proceso de reintegración a la sociedad y con la contribución al esclarecimiento
de la conformación de los grupos organizados al margen de la ley a los que se
refiere la presente ley, el contexto general de su participación y todos los
hechos o actuaciones de que tengan conocimiento en razón a su pertenencia, la
autoridad judicial competente, decretará a petición del Gobierno Nacional, a
través de la Alta Consejería para la
Reintegración o quien haga sus veces, dentro de los diez días siguientes a la
presentación de la solicitud, la suspensión de las órdenes de captura
proferidas en contra de desmovilizados de grupos armados organizados al margen
de la ley, incursos en los delitos que se establecen en el artículo 1o de la presente ley, siempre que estas hayan sido
proferidas con fundamento únicamente por esas conductas y concurra el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Encontrarse vinculado al proceso de Reintegración
Social y Económica dispuesto por el Gobierno Nacional.
2. Estar cumpliendo su ruta de reintegración o haber
culminado satisfactoriamente este proceso.
3. No haber sido condenado por delitos dolosos
cometidos con posterioridad a la fecha en que haya sido certificada su
desmovilización.
Lo aquí previsto también se aplicará para solicitar a
la autoridad judicial competente, que conozca de actuaciones en contra de los
beneficiarios de la presente ley, que se abstenga de proferir orden de capturo.
(Sic)
Mediante auto de sustanciación la autoridad
competente, comunicará a las partes e intervinientes acreditados en el proceso,
la solicitud de suspensión de la orden de captura a la que hace referencia este
artículo, en contra del cual no procede recurso alguno. Por su parte, la
decisión frente a la solicitud de suspensión de orden de captura será
notificada a los mismos.
PARÁGRAFO. La autoridad judicial prescindirá de la
imposición de la medida de aseguramiento, cuando el desmovilizado beneficiario,
únicamente haya incurrido en los delitos señalados en el artículo 1o de la presente ley, siempre y cuando haya cumplido
con los requisitos contemplados en los numerales 1, 2 y 3 del presente
artículo.
ARTÍCULO 7o. SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA
EJECUCIÓN DE LA PENA Y MEDIDAS DE REPARACIÓN. La autoridad judicial competente decidirá, de conformidad con los
requisitos establecidos en la presente ley, a petición del Gobierno Nacional, a
través de la Alta Consejería para la
Reintegración o quien haga sus veces, la suspensión condicional de la
ejecución de la pena por un período equivalente a la mitad de la condena
establecida en la Sentencia, una vez se verifique el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
1. Haber suscrito el Acuerdo de Contribución a la
verdad y la Reparación, así como estar vinculado al proceso de reintegración
social y económica dispuesto por el Gobierno Nacional y estar cumpliendo su
ruta de reintegración o haber culminado satisfactoriamente dicho proceso.
2. Ejecutar actividades de servicio social con las
comunidades que los acojan en el marco del proceso de reintegración ofrecido
por el Gobierno Nacional.
3. Reparar integralmente los daños ocasionados con los
delitos por los cuales fue condenado dentro del marco de la presente ley, a
menos que se demuestre que está en imposibilidad económica de hacerlo.
4. No haber sido condenado por delitos dolosos
cometidos con posterioridad a la fecha en que haya sido certificada su
desmovilización.
5. Observar buena conducta en el marco del proceso de
reintegración.
Mediante auto de sustanciación a la autoridad
competente, comunicará a las partes e intervinientes acreditados en el proceso,
la solicitud de suspensión condicional de la ejecución de la pena a la que hace
referencia este artículo, en contra del cual no procede recurso alguno.
Por su parte, la decisión frente a la solicitud de suspensión condicional de la
ejecución de la pena será notificada a los mismos.
PARÁGRAFO 1o. La suspensión condicional de la pena
principal conllevará también la suspensión de las penas accesorias que
correspondan. La custodia y vigilancia de la ejecución de la pena seguirá
siendo competencia del funcionario judicial y del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec), en los términos del Código Penitenciario y
Carcelario.
PARÁGRAFO 2o. Transcurrido el periodo de la suspensión
condicional de la ejecución de la pena, sin que el condenado incumpla las
obligaciones de que trata el presente artículo, la pena quedará extinguida
previa decisión judicial que así lo determine.”
III.    LA
DEMANDA
Los actores formularon tres distintos
cargos de inconstitucionalidad, el primero de ellos dirigido contra el inciso
demandado del artículo 4°, el segundo contra los fragmentos acusados de los
artículos 6° y 7° y el último contra la frase cuestionada del artículo 1°.
Previamente, incorporaron otras extensas consideraciones de carácter global, encaminadas
a contextualizar el alcance de tales cargos a partir del contenido y
antecedentes de la Ley 1424 de 2010, de pronunciamientos de esta corporación y
del análisis de algunas de las normas que en su concepto integran el parámetro
de constitucionalidad a partir del cual deberá evaluarse la exequibilidad de
las normas demandadas.
3.1. Consideraciones generales previas
En este primer aparte, los demandantes
señalaron que las disposiciones acusadas desconocen los deberes del Estado de
investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, así como
las infracciones al derecho internacional humanitario que ocurran en el
territorio nacional.
Explican que la iniciativa legislativa que
en su momento condujo a la expedición de la
Ley 1424 de 2010 surgió como consecuencia de la sentencia C-936 dictada por
esta corporación en noviembre 23 de ese mismo año, que declaró la
inexequibilidad de varias disposiciones contenidas en la
Ley 1312 de 2009, que permitían la aplicación del principio de oportunidad a
personas desmovilizadas de grupos armados al margen de la ley, por cuanto a
partir de tales reglas se “propiciaba un escenario de impunidad respecto de
posibles perpetradores de violaciones de derechos humanos, y además no
contribuía a la realización de los derechos a la verdad y a la reparación de
las víctimas”.
Sin embargo, señalan que la nueva Ley 1424
de 2010, y específicamente los apartes de sus artículos 1°, 4°, 6° y 7° que en
esta oportunidad son acusados, adolecen de defectos similares a los que
causaron la inexequibilidad de algunas de las normas analizadas en la sentencia
C-936 de 2010.
Seguidamente, los actores se refieren a las
normas de rango constitucional que en su concepto deberán ser tenidas en cuenta
al decidir sobre esta demanda. Aluden entonces a mandatos contenidos en
tratados internacionales, que en virtud a
la remisión contenida en preceptos constitucionales como el artículo 93,
integran el bloque de constitucionalidad.
En esta línea citan, entre otros, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (PIDCP) y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (CADH), destacando que
ambos instrumentos consagran el derecho de los ciudadanos de acceder a la
justicia mediante un recurso rápido y efectivo. Más adelante invocan también
otros tratados y convenciones que consideran relevantes, reseñando en cada caso
pronunciamientos de esta corporación en los que se habría reconocido que tales
instrumentos hacen parte del bloque de constitucionalidad. Añaden que no sólo
el texto de estos tratados deberá ser tenido en cuenta, sino también las
interpretaciones de tales contenidos que en cada caso hayan realizado los
órganos competentes para su aplicación, entre ellos el Comité de Derechos
Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Sobre estas bases, los actores efectúan consideraciones
de carácter general respecto de cómo las disposiciones acusadas serían
contrarias al derecho de acceso a la justicia en sus dimensiones de verdad,
justicia y reparación.
En páginas subsiguientes, realizan una presentación
sobre el alcance de las principales obligaciones del Estado respecto de sus
ciudadanos que estarían siendo desatendidas por efecto de los preceptos legales
acusados. Se refieren entonces a tres distintos deberes, a saber: i) el de
respetar y garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos; ii) el de
investigar, juzgar y sancionar adecuadamente las violaciones de derechos
humanos cometidas dentro de su territorio, y iii) el de garantizar los derechos
de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
En relación con la primera de estas obligaciones, los
actores citan los artículos 2.1 y 2.2 del PIDCP y 1° y 2° de la
CADH y transcriben algunos fragmentos de pronunciamientos de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que se destaca la obligación
de los Estados de garantizar el efectivo goce de los derechos humanos en su
territorio.
En torno a los deberes de investigar, juzgar y
sancionar adecuadamente las violaciones que contra tales derechos se cometan,
presentan el desarrollo que ellos han tenido, en los instrumentos
internacionales antes citados, en los pronunciamientos de los organismos
responsables de su interpretación y en la jurisprudencia de esta corporación, a
partir de lo cual destacan aspectos como los siguientes: i) que en los casos de
mayor gravedad, frente a delitos como la desaparición forzada, la tortura y
otras graves violaciones de los derechos humanos, estos deberes constituyen
incluso una obligación derivada del ius cogens; ii) que esta obligación
adquiere aún mayor importancia en los casos en que las personas afectadas son
sujetos especialmente vulnerables, como es el caso de los niños o cuando los
autores de las violaciones hayan sido servidores públicos en uso de su
investidura; iii) que para la investigación de estos hechos deben existir
recursos judiciales sencillos, efectivos, rápidos y sin dilaciones, pese a lo
cual debe recordarse que se trata de una obligación propia del Estado que debe
ser asumida oficiosamente y no apenas como resultado del impulso ejercido por
los afectados; iv) que la investigación y juzgamiento de estas conductas debe
ser asumida de manera oportuna, seria y efectiva, de tal manera que cumpla su
finalidad, y no como mero ritualismo cuyo resultado de antemano se sabe que
será infructuoso; v) que esta tarea debe apuntar al descubrimiento y efectiva
sanción de los determinadores y beneficiarios de los actos de violación de los
derechos humanos y de las estructuras criminales que los organizan y llevan a
cabo, y no solamente de los perpetradores inmediatos; vi) que el Estado debe
realizar los esfuerzos y acciones necesarias para luchar contra la impunidad en
relación con estas situaciones, que resulta intolerable en cuanto conduce a la
posible repetición de tales conductas y socava las bases fundamentales de las
sociedades democráticas y del Estado de derecho.
En lo que atañe al tercer aspecto, es decir el derecho
de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, los actores
subrayaron su origen y carácter constitucional, y se refirieron a su alcance e
interpretación en decisiones de los organismos internacionales y en la
jurisprudencia de este tribunal[1].
En esta línea, resaltaron que el derecho a conocer la verdad busca, tanto
dentro de la perspectiva individual como de la colectiva, preservar del olvido
los hechos que han causado daño a las personas y a las sociedades, los cuales
deben ser esclarecidos y explicados como condición necesaria para evitar su
impunidad. Que el derecho a la justicia implica el deber del Estado de
investigar todos los casos de grave violación de los derechos humanos y de
sancionar a sus responsables con penas adecuadas y proporcionadas a la gravedad
de sus acciones. Y que el derecho a la reparación no se agota en el puro
resarcimiento económico de los afectados, sino que también comprende medidas de
restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, tanto
para las víctimas como para la sociedad.
3.2. Cargo por vulneración del derecho de acceso a la
justicia por el incumplimiento del deber de investigar con debida diligencia
las violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y
violaciones al derecho internacional humanitario
Este primer cargo de la demanda se dirige contra el
inciso 2° del artículo 4° de la Ley 1424 de 2010, norma que regula lo relativo
al denominado mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria
histórica. Este artículo, después de trazar en su inciso primero los
objetivos que ese mecanismo perseguirá, los cuales consisten en recolectar,
sistematizar y preservar la información que surja de los Acuerdos de
contribución a la verdad histórica y la reparación (regulados por el
artículo 2°) y producir los informes a que haya lugar, establece en el inciso
segundo, objeto de cuestionamiento, que la información que surja en el marco de
tales acuerdos no podrá en ningún caso, ser utilizada como prueba en un proceso
judicial en contra del sujeto que suscribe el referido acuerdo, ni en contra de
terceros.
Consideran los accionantes que esta regla es contraria
a los artículos 2°, 29, 93 y 229 de
la Constitución Política, 1°, 2°, 8° y 25 de la
CADH y 2.1, 2.3 y 14 del PIDCP. Además, señalan que sería también violatoria
de las siguientes normas internacionales integrantes del pertinente parámetro
de constitucionalidad: i) los artículos 1°, 3° y 4° de la
Convención para la prevención y sanción del delito de Genocidio; ii) artículos
2.1, 4°, 6° y 7° de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; iii) artículo
1° de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada; iv)  artículo 3°
de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la
Tortura; v) artículos 8° y 10° de la
Declaración Universal de Derechos Humanos; vi) artículo 18 de la
Declaración Americana de Derechos del Hombre; vii) y el principio 19 del
Conjunto de Principios actualizados para la protección y la promoción de los
Derechos Humanos mediante la Lucha contra la
Impunidad.
Al desarrollar el concepto de la violación,
explican los accionantes que la imposibilidad de utilizar en procesos
judiciales información tan relevante sobre acciones de violación de los
derechos humanos, como la que saldrá a la luz con ocasión de los Acuerdos de
Contribución a la Verdad Histórica y la
Reparación y la consiguiente obligación de desechar dicha información,
obstruye de manera grave el cumplimiento de los deberes del Estado de
investigar y sancionar tales crímenes, y por esta vía, la satisfacción de los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Después de examinar el contenido de la
información que conforme al artículo 3° de esta misma ley deberá ser provista
para suscribir los Acuerdos de Contribución a la
Verdad Histórica y la Reparación y obtener los beneficios consiguientes,
así como la extensión de los crímenes y acciones que serían objeto de los
mismos, señalan la trascendencia que esa información tendría para el éxito de
las investigaciones sobre la materia, la que entienden como proporcional al
efecto que su ausencia tendría sobre esas mismas pesquisas. Resaltan de manera
especial el efecto que esa información tendría frente al propósito de descubrir
y desarticular las organizaciones criminales autoras de esas graves
violaciones, objetivo que ante la falta de esa información podría frustrarse de
manera absoluta.
Señalan también que el hecho de que la
información así recaudada no pueda ser utilizada como prueba, ni siquiera para
el procesamiento de personas diferentes a las que la hubieren provisto, aumenta
el impacto de la dificultad que este hecho generará para el cumplimiento de los
deberes del Estado de investigar y sancionar las violaciones de los derechos
humanos y las graves violaciones al derecho internacional humanitario, deberes
cuya importancia aumenta junto con la gravedad de las conductas que deberían
ser sancionadas.
De cara a los deberes de defender los
derechos humanos, investigar, juzgar y sancionar su desconocimiento y
garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación,
que en el punto anterior fueron explicados, señalan los demandantes que la
regla contenida en el inciso acusado impedirá adelantar las investigaciones
necesarias para dar oportuno cumplimiento a estos deberes, especialmente en lo
relativo a la debelación de las estructuras criminales y la efectiva sanción a
quienes corresponda.
En suma, consideran los accionantes que
esta restricción impide al Estado cumplir su deber de garantizar a los
ciudadanos un recurso judicial efectivo para la protección de sus derechos y la
sanción de los responsables de las graves violaciones de los mismos, lo que se
traduce en la deficiente o nula garantía de los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación de las personas afectadas por esas conductas y de la
sociedad en su conjunto. También incide negativamente en la posibilidad de
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, asegurar la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo
y el respeto a la dignidad humana.
En razón a estas circunstancias, los
actores solicitan a la Corte declarar inexequible el inciso 2° del artículo 4°
de la Ley 1424 de 2010, y para el caso en que esta corporación no acceda a
ello, como petición subsidiaria piden que se declare condicionalmente
exequible, bajo el entendido de que esta disposición no impedirá que la
información contenida en los Acuerdos de Contribución a la
Verdad Histórica y a la Reparación sea utilizada en la investigación y el
juzgamiento de hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos
humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
3.3. Cargo por vulneración del derecho de acceso a la
justicia por el desconocimiento del derecho a contar con un recurso judicial
efectivo
El segundo cargo de la demanda se dirige
contra la expresión “en contra del cual no procede recurso alguno”
contenida de manera coincidente en el texto de los artículos 6° y 7° de la
Ley 1424 de 2010. Estos dos artículos regulan de manera extensa y prolija dos
distintas situaciones que serían consecuencia del compromiso de reintegración a
la sociedad y contribución al esclarecimiento de los hechos expresado por personas
desmovilizadas dentro del marco de esta ley, la primera de ellas consistente en
la suspensión de las órdenes de captura que contra ellos se hubieren librado y
la segunda relativa a la suspensión condicional de la ejecución de la pena que
se hubiere impuesto.
En ambos casos la correspondiente decisión
judicial se tomará por solicitud del Gobierno Nacional, cumpliéndose así un
requisito de procedibilidad que obliga al juez a tomar una decisión sobre el
tema, sin que frente a tal solicitud pueda interponerse recurso alguno, que es
la regla que en este caso es objeto de reproche constitucional. Las normas
superiores que los actores consideran vulneradas son también los artículos 2°, 29, 93 y 229 de la Constitución Política, 1°, 2°, 8° y 25
de la CADH y 2.1, 2.3 y 14 del PIDCP, además de las otras cláusulas contenidas
en tratados internacionales que en el cargo anterior quedaron relacionadas.
Respecto del contenido de los artículos 6°
y 7° aquí parcialmente demandados, explican los actores que pese a utilizar un
lenguaje parcialmente distinto, pues el primero de ellos habla de que el juez
competente decretará la suspensión de las órdenes de captura, mientras
que el segundo establece que aquél decidirá sobre la suspensión
provisional de la ejecución de la pena y las medidas de reparación, lo que
parecería dejar un mayor margen de discrecionalidad, es notorio que en ambos
casos la correspondiente decisión dependerá en forma determinante de la
solicitud que al respecto haya presentado el Gobierno Nacional, más que del
criterio del juez competente. Según alegan, esta circunstancia refuerza la
necesidad de que tales decisiones puedan ser controvertidas por las personas afectadas,
posibilidad que los apartes acusados en este caso excluyen de manera absoluta.
Resaltan de manera especial que el derecho
de acceder a la justicia, que se deriva de los preceptos constitucionales que
en este caso se consideran infringidos, tiene como principal consecuencia la
existencia de un recurso judicial efectivo para la protección de los derechos
fundamentales. En apoyo de esta premisa citan pronunciamientos de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y de esta corporación, que resaltan
la necesidad de que se garantice la disponibilidad de este mecanismo. Frente a
la regla controvertida, señalan que si las personas afectadas por los crímenes
investigados no tienen la posibilidad de recurrir u oponerse a tan
trascendentales decisiones, como son la solicitud de suspensión de las órdenes
de captura o de las penas que hubieren sido impuestas, se hacen nugatorios los
derechos que la Constitución y la ley les reconocen a las víctimas, y que
comprenden la posibilidad de obtener verdad, justicia y reparación, como
consecuencia de las acciones criminales que les han afectado.
De otra parte, señalan que esta restricción
es contraria también al principio establecido en el artículo 2° de la
Constitución Política, relacionado con la posibilidad que las personas tienen
de participar en las decisiones que les afectan, por lo cual se opone a los
fundamentos del Estado social de derecho.
Al recapitular el contenido de este cargo,
agregan los accionantes, entre otras razones, que la restricción contenida en
los artículos 6° y 7° aquí demandados implica incumplimiento de los deberes del
Estado, en torno a la adopción de un marco jurídico que ofrezca a las personas
mecanismos efectivos para la defensa de sus derechos y permita evitar la
impunidad y la repetición de los hechos violatorios de aquéllos, y constituye
un obstáculo importante para el acceso de los ciudadanos a la justicia, razones
por las cuales la Corte debería declarar la inexequibilidad de esta regla en
ambos artículos.
3.4. Cargo por vulneración del derecho de acceso a la
justicia por el otorgamiento de beneficios penales desproporcionados a personas
desmovilizadas, miembros de grupos armados ilegales que hayan cometido delitos
de lesa humanidad
Este último cargo se dirige contra la
expresión concierto para delinquir simple o agravado, contenida en el
artículo 1° de la Ley 1424 de 2010, norma que lista los delitos cuyos autores y
responsables podrán tener derecho a los beneficios regulados por esta misma
ley.
En línea semejante a los cargos anteriores,
los preceptos superiores que serían vulnerados por esta norma son los artículos 2°, 13, 29, 93 y 229 de la Constitución Política, 1°, 2°, 8°, 24 y
25 de la CADH y 2.1, 2.3, 3° y 14 del PIDCP, así como las distintas cláusulas
de tratados internacionales que en el primer cargo fueron relacionadas.
La principal razón por la que los
demandantes consideran contrario a la
Constitución que los beneficios desarrollados en esta ley puedan ser otorgados
a los autores del delito de concierto para delinquir simple o agravado, radica
en el hecho de que esa conducta punible ha sido considerada como delito de lesa
humanidad, categoría a la que no podrían ofrecerse tan amplios beneficios, pues
ello supondría incumplimiento del deber del Estado de investigar y sancionar
tan graves comportamientos. De otra parte, mencionan también que el
otorgamiento de un trato tan benévolo hacia los responsables de estas acciones
infringe el principio de igualdad, al considerar la situación de personas
acusadas por crímenes de inferior gravedad, que sin embargo se encuentran
sometidos a un tratamiento punitivo mucho más estricto.
Al desarrollar este cargo, reiteran los
accionantes que los Estados tienen el deber indisponible de investigar, juzgar
y sancionar las conductas catalogadas como crímenes de lesa humanidad, que de
manera particular ofenden no sólo a las víctimas directas y a la sociedad a la
cual pertenecen, sino incluso a la humanidad entera. En apoyo de este mandato
invocan las normas pertinentes de la
Constitución colombiana, además de varios principios y mandatos contenidos en
diversos tratados internacionales aplicables, que páginas atrás fueron citados[2].
Señalan además que el alcance de estos
deberes suele ir en directa proporción a la gravedad de los delitos de que se
trata, por lo cual conductas como el concierto para delinquir simple o agravado
no podrían quedarse sin ser investigadas y debidamente sancionadas, pues su
gran implicación y trascendencia van más allá de lo que pudiera aceptarse como
tolerable bajo consideraciones políticas o de otro tipo[3].
Explican que en importantes decisiones de
los años recientes, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que, bajo
determinadas circunstancias, el delito de concierto para delinquir debe ser
considerado de lesa humanidad, siempre que las actividades para cuya comisión
se establece el acuerdo criminal tengan esa connotación, sus integrantes se
hayan involucrado voluntariamente y la mayoría de ellos hayan tenido
conocimiento de esas circunstancias. De allí que, según las prácticas conocidas
y documentadas durante años recientes, tanto los llamados grupos paramilitares
como los guerrilleros, sean responsables de conductas que merezcan este
calificativo, pese a lo cual sus autores podrían ser destinatarios de los
amplios beneficios contemplados en la Ley 1424 de 2010.
En este sentido, recuerdan el alcance de
las medidas desarrolladas de manera especial en los artículos 6° y 7° de esa
misma ley sobre suspensión de órdenes de captura y suspensión de la ejecución
de la pena, a las cuales se añadiría la exoneración del deber de denunciar los
hechos punibles que hubiere conocido, la cual, según explican, resulta de la
interpretación del inciso 2° del artículo 4° de la
Ley 1424 de 2010, también demandado dentro de la presente acción. Según
reiteran, estos beneficios resultan excesivos por su generosidad, frente a
aquellos de que podrán gozar personas acusadas o encontradas responsables de
conductas punibles sujetas a la aplicación de la ley penal ordinaria[4].
Respecto de las órdenes de captura, y
recordando la finalidad de las medidas de aseguramiento, señalan que la
posibilidad de que ellas sean suspendidas priva al Estado y a la
Rama Judicial de una trascendental herramienta para procurar el éxito de las
investigaciones criminales, lo que implica una deficiente protección de los
derechos de las víctimas, que en este caso es la humanidad entera, a la verdad,
la justicia y la reparación, en relación con las conductas criminales contra
ellas cometidas.
Bajo las anteriores consideraciones, los actores
solicitan a la Corte declarar inexequible la frase “concierto para delinquir
simple o agravado” que hace parte del artículo 1° de la
Ley 1424 de 2010, a partir de la cual se permite que se hagan acreedores a los
beneficios previstos en esta ley los desmovilizados que hubieren cometido este
delito.
IV. INTERVENCIONES
Durante el término de fijación en lista se
recibieron ocho escritos, provenientes de algunos ciudadanos y de entidades
públicas y privadas, que dieron su opinión sobre los planteamientos contenidos
en la demanda.
4.1. De la
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Esta organización intervino por conducto de
su representante legal, quien adhirió a los argumentos de la demanda y pidió a la
Corte declarar inexequibles la totalidad de las disposiciones demandadas.
En lo que atañe al inciso 2° del artículo
4° de la Ley 1424 de 2010, coincide en considerar que la imposibilidad de
utilizar como prueba judicial la información provista por los desmovilizados al
mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica,
es contraria a deberes esenciales del Estado, emanados tanto de las
disposiciones constitucionales como de la normatividad internacional, en cuanto
priva al sistema judicial y a las víctimas de la posibilidad de apoyarse en
información que resultaría decisiva para el esclarecimiento de los graves
hechos que deberían investigarse, sin la cual tales hechos podrían quedar
impunes.
En lo que respecta a la inclusión en el
artículo 1° del delito de concierto para delinquir simple o agravado,
dentro de las conductas punibles cuyos autores podrán tener derecho  a los
beneficios previstos en esta ley, suscriben también el razonamiento conforme al
cual este delito podría, según la más reciente jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, ser considerado como de lesa humanidad, postura que
se apoya en pronunciamientos de los organismos internacionales de derechos
humanos. Esta consideración impide beneficiar a los autores de tales delitos
con previsiones tan generosas como las contenidas en esta ley, estímulos que
además resultan desproporcionados frente a aquellos a los que tienen acceso los
responsables de delitos previstos en la legislación penal ordinaria, usualmente
de menor gravedad al que aquí se analiza.
Frente a la regla contenida en los
artículos 6° y 7° de esta ley, según la cual las decisiones judiciales que
informan sobre las solicitudes de suspensión de órdenes de captura y de
ejecución de las penas que el Gobierno hubiere formulado no son susceptibles de
recurso alguno, comparte también los argumentos según los cuales esta
restricción afecta gravemente el derecho de las víctimas a poder impulsar los
procesos judiciales originados en los hechos que las han afectado.
De otra parte, aporta reflexiones
adicionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a las
condiciones que permiten considerar efectivos los recursos que los ciudadanos,
y particularmente las víctimas, tendrán a su alcance para pretender y lograr la
protección de sus derechos, frente a lo cual afirma que la imposibilidad de
controvertir las aludidas decisiones resta la debida efectividad a los
mecanismos que el sistema judicial ofrece a las víctimas de graves violaciones
de los derechos humanos para garantizar sus derechos a la verdad, justicia y
reparación.
4.2. De la
Alta Consejería Presidencial para la
Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas
El representante de esta Consejería
presentó a consideración de la Corte un extenso escrito, a partir del cual le
solicitó declarar exequibles todas las disposiciones demandadas.
4.2.1. Previamente al análisis específico
de los cargos de la demanda, el interviniente presenta algunas consideraciones
generales que en su opinión son relevantes para entender el contexto dentro del
cual tuvo lugar la propuesta y expedición de la
Ley 1424 de 2010, de la que hacen parte las disposiciones acusadas.
En primer término, incorpora varios
fragmentos de la sentencia C-370 de 2006, por la cual esta corporación decidió
sobre la exequibilidad de distintas disposiciones de la
Ley 975 de 2005, conocida como de Ley de Justicia y Paz. El propósito
de estas citas es resaltar que dentro del contexto de la denominada justicia
transicional, dentro del cual se inscribe también la
Ley 1424 de 2010, debe hacerse una distinta ponderación de varios de los
conceptos planteados en la demanda, teniendo en mente que esas normas persiguen
el propósito de lograr la desmovilización voluntaria de los autores de graves
delitos con miras a la consecución de la paz, lo que sólo resultaría posible a
cambio del ofrecimiento de determinados beneficios a los infractores de la ley
penal cuyo sometimiento se pretende.
A continuación plantea también que con esta
intención existen actualmente en el derecho colombiano tres distintos sistemas
de justicia transicional, dirigidos de manera excluyente y complementaria a
diversos tipos de infractores de la ley penal, a saber: i) el inicialmente
contenido en la Ley 418 de 1997, que ha sido objeto de sucesivas prórrogas,
adiciones y reformas, la última de ellas contenida en la
Ley 1421 de 2010, que expresamente excluye de la aplicación de sus beneficios
a las personas que hubieren incurrido, entre otros, en delitos de genocidio,
secuestro, lesa humanidad o crímenes de guerra; ii) el previsto en la antes
referida Ley 975 de 2005 y iii) el recientemente desarrollado por la
Ley 1424 de 2010, objeto de la presente demanda. Sobre esos distintos
regímenes transcribe apartes de una decisión de la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que explica y resalta tales
diferencias.
Más adelante presenta un recuento de las
incidencias legislativas y judiciales ocurridas durante los años recientes que,
en su criterio, habrían determinado el rumbo de la normatividad existente en
materia de justicia transicional.
Explica que en su momento la
Ley 975 de 2005 fue aprobada con la intención de ofrecer alternativas a las
limitaciones existentes en el régimen previsto en la
Ley 418 de 1997, que desde sus inicios estuvo dirigida a personas investigadas
por delitos políticos y los conexos con éstos, y cuyo campo de acción había
quedado aún más restringido por posteriores reformas, especialmente la
contenida en la Ley 788 de 2002. La Ley de Justicia y Paz de 2005
tuvo entonces el propósito de ampliar la población que podría acogerse a ese
tipo de beneficios, y entre otros cambios incorporó el artículo 71, que
ampliaba la definición del delito de sedición, tradicionalmente considerado
como delito político, con el fin de abarcar un mayor cúmulo de situaciones.
Indica que si bien este artículo fue prontamente
declarado inexequible por vicios de forma[5],
el mismo continuó siendo aplicado por los jueces y fiscales durante algún
tiempo, con apoyo en el principio de favorabilidad, hasta que posteriores
decisiones de la Sala de Casación Penal[6]
impidieron continuar esta práctica. Más adelante, otra decisión de la
Corte Suprema de Justicia[7]
determinó que el tipo penal de concierto para delinquir agravado podría
considerarse un delito de lesa humanidad, lo que equiparó la conducta de los
simples combatientes a la de los comandantes de los grupos e igualmente redujo
las posibilidades de aplicación de tales beneficios.
En vista de estas circunstancias, se
expidió entonces la Ley 1312 de 2009, que introdujo reformas puntuales al
Código de Procedimiento Penal contenido en la
Ley 906 de 2004, una de las cuales tuvo que ver con la posibilidad de aplicar
el principio de oportunidad a los desmovilizados cuyo única conducta imputable
fuera su pertenencia a la organización armada, norma que sería aplicable
principalmente a combatientes rasos, no a comandantes. Sin embargo, esa
normativa fue también declarada inexequible por esta corporación, mediante
sentencia C-936 de noviembre 23 de 2010,
M. P. Luis Ernesto Vargas Silva[8].
Explica que todas estas situaciones han
afectado gravemente la credibilidad en el proceso de desarme y reintegración de
grupos de autodefensa, iniciado desde 2005, ante la creciente dificultad del
Gobierno Nacional de cumplir las expectativas y compromisos originalmente
planteados a las organizaciones cuya desmovilización se pretendía. Ante estas
dificultades, el Gobierno impulsó una nueva norma, sancionada como Ley 1424 de
2010, que busca salidas a la situación jurídica de los miembros rasos de las
organizaciones desmovilizadas con una perspectiva de justicia transicional, al
tiempo que protege los derechos de las víctimas, dentro del marco
jurisprudencial desarrollado por la
Corte Suprema de Justicia y por esta corporación.
Destaca los logros obtenidos durante los
últimos años en los procesos de desarme, desmovilización y reintegración
promovidos por el Gobierno Nacional, así como los peligros que podrían
afectarlo, resaltando la importancia de garantizar un marco jurídico sólido y
seguro, que ofrezca a los miembros de las organizaciones participantes certeza
sobre la existencia de salidas distintas a su encarcelamiento, que permitan su
reincorporación a la vida civil, sin afectar la garantía de los derechos de las
víctimas. Insiste en la necesidad de que la normatividad aplicable diferencie
de manera apropiada la situación de los cabecillas o comandantes, de la de
aquellos cuyo único delito ha sido su pertenencia a estas organizaciones,
quienes en vista de esa circunstancia deberían poder reintegrarse más
fácilmente a la vida civil, lo que adicionalmente permitiría a las autoridades
judiciales concentrarse en el trámite de los casos de mayor gravedad e impacto
para la sociedad.
4.2.2. Al abordar el estudio de los cargos
de la demanda, analiza en primer término el dirigido contra el 2° inciso del
artículo 4°, relacionado con la imposibilidad de usar como prueba judicial la
información de que se tenga conocimiento dentro del marco de los Acuerdos de
Contribución a la Verdad Histórica y la
Reparación, tema frente al cual incorpora algunos comentarios sobre los
alcances que la jurisprudencia constitucional e internacional reconocen a los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, reconociendo
que el margen de configuración del legislador se encuentra limitado por la
necesidad de garantizar esos derechos, que se incrementa en directa proporción
a la gravedad de los quebrantamientos cometidos. Resalta también que estas
garantías no pueden entenderse suspendidas ni derogadas en razón a la
existencia de un conflicto interno.
En relación con el denominado mecanismo
no judicial de contribución a la verdad histórica y la reparación, invoca
el artículo 22 de la
Constitución Política, según el cual la paz es un derecho y un deber de todos
los ciudadanos, por lo cual el Estado debe adoptar políticas públicas
encaminadas a restablecer y preservar el orden y la convivencia pacífica.
Explica que para contribuir al logro de la
paz, el establecimiento de mecanismos de justicia transicional debe garantizar
los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y que en
nuestro país existe el reto adicional de no haber concluido completamente el
conflicto que se busca superar, debiendo entonces sentarse las bases para la
preservación y consolidación del sistema democrático y para que esa terminación
resulte factible, pronta y sostenible.
Sobre estas bases, afirma que el indicado
mecanismo responde a esos propósitos, señala que este instrumento propende por
el logro de la verdad, en sus dimensiones individual y colectiva, pues así como
las víctimas directas tendrán la posibilidad de saber lo que pasó en su caso
concreto, la sociedad podrá también conocer las circunstancias en que
ocurrieron los hechos, lo que resulta determinante para asegurar la no
repetición de tales conductas, todo lo cual resulta consistente con la
jurisprudencia sobre la materia.
Explica que este mecanismo ofrece garantías
suficientes para la preservación de los derechos e intereses de todas las
partes, tanto las víctimas como los desmovilizados que buscan normalizar su
situación jurídica, por lo cual resulta respetuoso de los principios
consagrados en los artículos 2°, 29 y 229 de la
Constitución y de los preceptos contenidos en los tratados internacionales
pertinentes, principalmente la CADH (arts. 4° y 25) y el PIDCP (arts. 14 y 26)
que establecen la necesidad de garantizar a las víctimas la disponibilidad de
un mecanismo judicial efectivo para la defensa de sus derechos.
Sostiene que dentro de un contexto de
justicia transicional, es comúnmente aceptado que no todas las pruebas que
respecto de los hechos investigados se acopien sean apreciadas y tengan efecto
en el ámbito judicial. En esta misma línea, agrega que no resulta apropiado que
toda información suministrada dentro del marco de estos Acuerdos y del
comentado mecanismo sea objeto de evaluación por las autoridades
judiciales, pues ello violaría el debido proceso de quienes la proveyeron,
sería contrario a la garantía de no declarar contra sí mismo prevista en el
artículo 33 superior e inhibiría la posibilidad de que los desmovilizados
entreguen información conducente al esclarecimiento de los hechos y la gradual
consecución de una paz duradera, que son los objetivos que dentro del marco de
la justicia transicional animaron la aprobación de una iniciativa de este tipo.
Por todo lo anterior, solicita a la
Corte desechar el cargo dirigido contra el inciso 2° del artículo 4° de la
Ley 1424 de 2010, y proceder en cambio a declarar la exequibilidad de ese
precepto.
4.2.3. Seguidamente estudia el segundo
cargo de la demanda, dirigido contra apartes de los artículos 6° y 7° de esta
misma ley, que establecen la improcedencia de recursos contra las solicitudes
de suspensión de órdenes de captura y suspensión en la ejecución de penas
previamente impuestas, que formule el Gobierno Nacional ante el juez
competente. Al oponerse a este cargo el interviniente propone un análisis
integral de estos dos artículos, así como de las razones a partir de las cuales
el Congreso optó por dicha improcedencia, motivación que en su entender debe
prevalecer, pues nada en ella contradice los postulados constitucionales
invocados en la demanda.
En relación con este tema, resalta que los
beneficios regulados por los artículos 6° y 7° de la
Ley 1424 de 2010 sólo podrán concederse a personas procesadas por los delitos
listados en el artículo 1° de la misma Ley, que por regla general no tienen el
carácter de crímenes de lesa humanidad. Por ello, afirma que resultaría errado
asumir que las víctimas de tales delitos han sufrido lesión de sus derechos
humanos, para a partir de ello deducir las conclusiones que plantean los
demandantes en relación con la improcedencia de recursos frente a estas
decisiones.
De igual manera, subrayan que el
otorgamiento de los beneficios previstos en estas normas está sujeto al
estricto cumplimiento de los requisitos en ellas previstos, verificación que
corresponderá adelantar al juez competente, por lo cual resulta equivocado
presumir el desacierto de tales decisiones. Así mismo, sostienen que no puede
asumirse que el único escenario que satisface los derechos de las víctimas es
el encarcelamiento de los desmovilizados miembros de las organizaciones autoras
de tales acciones, frente a la certeza cada vez mayor, existente en muchos
países del mundo, sobre el escaso poder resocializador de la reclusión
intramural, que demuestra la conveniencia de implementar otro tipo de medidas
que no restrinjan la libertad.
Frente al tema del acceso a la justicia y
la garantía de un recurso judicial efectivo, transcribe y comenta distintos
pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de esta
corporación[9],
en los cuales se resaltaría que esta garantía consiste en la posibilidad de
participar durante todas las etapas del proceso, sin perjuicio de lo cual este
derecho puede ser objeto de razonable regulación legislativa, como habría
ocurrido en el presente caso. Puntualmente señala que estos derechos no
implican que deban existir recursos específicos contra determinadas decisiones
judiciales, como parecen entenderlo los demandantes[10].
Resalta además que según lo ha sostenido la
Corte Constitucional, el órgano legislativo puede, en ejercicio de su libertad
de configuración normativa, determinar autónomamente las etapas y reglas
aplicables a los procesos penales, salvo que al hacerlo infrinja las pautas y
derechos mínimos que de manera específica garantiza la
Constitución. En esta línea, transcribe y explica varias disposiciones de los
Códigos de Procedimiento Penal vigentes, las cuales clasifican las providencias
judiciales y establecen los recursos que en cada caso proceden, lo que
ejemplificaría el ejercicio de esta potestad.
Respecto del contenido preciso de las
normas demandadas, el interviniente llama la atención sobre el hecho de que las
providencias que estarían desprovistas de recursos no son aquellas mediante las
cuales se decide sobre la suspensión de las capturas o de la ejecución de las
penas, sino sólo las que disponen poner en conocimiento de las partes e
intervinientes la solicitud que en tal sentido haya formulado el Gobierno
Nacional, pronunciamientos que, conforme a su naturaleza, fueron definidos por
la misma Ley 1424 como autos de sustanciación. Afirma entonces que las normas
acusadas no restringen la posibilidad de impugnar las decisiones de fondo
acerca de estas solicitudes, las cuales sí podrían ser recurridas por los
interesados.
Por lo anterior, este interviniente pide a la
Corte declarar la exequibilidad de la frase “en contra de la cual no
procede recurso alguno”, que hace parte de los artículos 6° y 7° de la
Ley 1424 de 2010.
4.2.4. En torno al último cargo de la
demanda, relacionado con la inclusión del punible de concierto para delinquir
simple o agravado dentro del listado de delitos cuyos autores podrán acceder a
los beneficios previstos en esta ley,  este interviniente incluye en primer
lugar algunos fragmentos de la sentencia C-936 de 2010, en la que esta
corporación comenta y acoge la actual línea jurisprudencial de la
Corte Suprema de Justicia sobre la posible consideración del concierto para
delinquir agravado como delito de lesa humanidad.
Más adelante, resalta que el delito de
concierto para delinquir es una conducta autónoma, pues consiste en el acuerdo
que varias personas alcanzan para dedicarse a partir de ese momento a la
comisión de actividades delictivas, independientemente de que el objeto de
dicho acuerdo efectivamente se cumpla o no, y de las circunstancias en que ello
tenga lugar. Así, a partir de conceptos contenidos en otros pronunciamientos de
la misma Corte Suprema de Justicia, rebate la asimilación deducida más
recientemente por ese mismo tribunal, insistiendo en que el calificativo de
delitos de lesa humanidad, potencialmente aplicable a los delitos cometidos en
desarrollo del concierto para delinquir no puede extenderse a este último.
Posteriormente, transcribe y hace suyos
extensos apartes del salvamento de voto del Magistrado Humberto Sierra Porto
frente a la sentencia C-936 de 2010, en la que se acogió esa tesis, incluyendo
algunas referencias sobre la historia del concepto delitos de lesa humanidad,
así como fragmentos del texto del Estatuto de Roma, constitutivo de la
Corte Penal Internacional y de otros tratados, de los cuales resultaría la
imposibilidad de asignar este calificativo a la sola asociación para delinquir.
Finalmente señala que la asimilación
contenida en los pronunciamientos de la Sala de Casación Penal, que es
fundamento esencial de este último cargo de inconstitucionalidad, vulnera el
principio de legalidad previsto en el artículo 29 superior y en varias
estipulaciones de tratados internacionales relevantes, al deducir frente a
ciertos delitos consecuencias jurídicas no conocidas ni imaginables al momento
de su comisión. Igualmente, afirman que esta práctica es también contraria al
principio de confianza legítima, derivado del artículo 83 de la
Constitución Política, y reconocido por la jurisprudencia de esta corporación,
en cuanto su aplicación supone desconocer importantes presupuestos de los
procesos de desmovilización que en su momento quedaron planteados y que se
consideraron determinantes para la prosperidad de éstos.
Así las cosas, después de cuestionar en su
integridad el fundamento del cargo dirigido contra la expresión concierto
para delinquir simple o agravado, contenida en el artículo 1° de la
Ley 1424 de 2010, este interviniente pide a la
Corte declarar su exequibilidad.
4.3. Del Centro Internacional para la
Justicia Transicional – ICTJ
Esta organización internacional, obrando
por conducto de dos ciudadanos colombianos, uno de ellos su representante legal
en el país, intervino en calidad de amicus curie para expresar su
opinión sobre la exequibilidad de las disposiciones acusadas, previa una breve
presentación sobre la naturaleza de esa entidad y sobre los objetivos de su
actual trabajo en Colombia.
Antes de referirse a los cargos de la
demanda, realizan algunas reflexiones en torno al contexto en que, en su
criterio, fue propuesta y aprobada la Ley 1424 de 2010, de la cual hacen parte
los preceptos demandados.
Explican que esta Ley fue tramitada, en muy
corto tiempo, durante los meses de noviembre y diciembre de 2010, como
respuesta a la inexequibilidad de una norma contenida en la
Ley 1312 de 2009 que permitía la aplicación del principio de oportunidad a
desmovilizados de grupos armados al margen de la ley que cumplieran
determinadas condiciones, con el argumento de resolver la situación jurídica de
las personas afectadas por esa sentencia.
En la misma línea, se refieren a otras
normas que con ese mismo propósito quedaron incorporadas en la
Ley 975 de 2005, particularmente aquella que catalogaba como sedición, y por
lo tanto delito político, las acciones de conformación de grupos guerrilleros o
de autodefensa. Menciona también las decisiones que a ese respecto profirió la
Rama Judicial, en especial la sentencia C-370 de 2006 que declaró inexequible
tal precepto, y la decisión de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia de julio de 2007, según la cual la conducta de los
paramilitares no puede ser considerada como delito político, siendo ellos
responsables, al menos, del delito de concierto para delinquir agravado.
Señalan que al proponer y aprobar este
proyecto, el Gobierno presenta como extremadamente grave la situación derivada
de las decisiones judiciales antes referidas, afirmando que una gran cantidad
de personas comprometidas con los procesos de desmovilización estarían en un
limbo jurídico, frente al cual urge plantear alternativas. Consideran, en
cambio, que sí existen opciones para el procesamiento de esas personas, entre
ellas las previstas en el régimen penal ordinario, así como en la
Ley 975 de 2005, lo que implicaría la imposición de penas moderadas,
situaciones todas que resultarían beneficiosas para aquéllos.
También se refieren a la existencia de
generalizaciones e imprecisiones en torno a las situaciones que justificaban la
aprobación de este proyecto, entre ellas la falta de claridad en torno al
número de desmovilizados cuya situación jurídica requería alternativas de este
tipo, y la amplia diversidad de escenarios existente tras esa aparente
uniformidad de circunstancias. Llaman la atención, por ejemplo, sobre el hecho
de que la inexistencia de procesos contra algunos de ellos no necesariamente
significa que no han cometido conductas punibles, pudiendo en muchos casos
responder simplemente a falta de pruebas para su procesamiento o a otras
situaciones igualmente constitutivas de impunidad, así como sobre el hecho de
que no todas las personas que han sido presentadas como desmovilizados
pertenecían a las organizaciones que se afirma, casos en los cuales estarían
recibiendo beneficios jurídicos injustificados.
Más adelante, estos intervinientes plantean
algunas reflexiones sobre el contenido de la
Ley 1424 de 2010, sobre la cual afirman que pese a las intenciones expresadas
en su artículo 1°, no protege debidamente los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación ni observa los criterios propios de un
verdadero instrumento de justicia transicional. Destaca que todo el sistema
desarrollado a lo largo de esta ley busca asegurar que las personas procesadas
o condenadas por estos delitos no tengan que ser privadas de la libertad,
objetivo que afecta los derechos de las víctimas e incluso el derecho a la
igualdad en perjuicio de éstas, pues se centra exclusivamente en la situación y
los intereses de los victimarios.
Por lo anterior, afirman que la
Ley 1424 de 2010 resulta contraria a los artículos 1°, 2°, 5°, 29, 93, 94 y
229 de la
Constitución Política, y 1°, 2°, 8° y 25 de la
CADH.
Frente al contenido de los artículos 2° a
4°, los cuales regulan lo relativo a los Acuerdos de Contribución a la
Verdad Histórica y la Reparación y al llamado Mecanismo no Judicial de
Contribución a la Verdad y la
Memoria Histórica señala que esas figuras carecen de mecanismos que
permitan contrastar la veracidad de los hechos y circunstancias confesados, los
cuales son aceptados y producen efectos jurídicos favorables a quienes hubieren
provisto la información, sin haber sido objeto de verificación. De igual manera
señala que al no haberse regulado las consecuencias de una confesión
insuficiente o reticente no existe un estímulo efectivo para que estas
diligencias cumplan su propósito, lo que traerá como resultado una verdad
incompleta, resultante de la sola voluntad de los desmovilizados beneficiados,
y que por lo mismo no representa verdadera garantía de los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
De otra parte, reproducen algunas de las
consideraciones que este tribunal tuvo en cuenta en su sentencia C-936 de 2010
para declarar inexequible la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad
a los desmovilizados de grupos armados al margen de la ley, a efectos de resaltar
las condiciones que los mecanismos judiciales deben cumplir para ser
considerados conformes al principio que obliga al Estado a ofrecer instrumentos
realmente efectivos para la defensa de los derechos de las víctimas. A partir
de esas precisiones resaltan que los trámites previstos en la
Ley 1424 de 2010 buscan facilitar al extremo la obtención de la libertad por
parte de los sujetos desmovilizados, dejando en segundo plano el derecho de las
víctimas a lograr verdad, justicia y reparación.
Sostienen también que la
Ley 1424 de 2010 y particularmente sus artículos 6° y 7° no prevén mecanismos
a partir de los cuales las víctimas puedan participar de manera efectiva, y
llegado el caso, oponerse a la concesión de los beneficios solicitados por el
Gobierno a favor de los desmovilizados, lo que puede constatarse a partir de la
total ausencia de referencias al respecto y también de la regla establecida en
ambos artículos sobre la improcedencia de recursos contra las solicitudes del
Gobierno en este sentido. Afirman que por esta razón la ley parcialmente
acusada contiene en realidad un mecanismo de denegación de justicia.
En línea semejante, afirman que esas normas
tampoco contienen mecanismos que aseguren la reparación debida a las víctimas
de los delitos cometidos, que conforme a su naturaleza (los previstos en el
artículo 1° de esta ley) debe entenderse que es la sociedad entera. Ello por
cuanto, las escasas obligaciones que los interesados deberán cumplir para tener
derecho a los beneficios regulados por esta ley, entre ellos estar cumpliendo
su ruta de reintegración, ejecutar actividades de servicio social con las
comunidades que los acojan, e incluso la relativa a reparar integralmente los
daños ocasionados por los delitos por los cuales fue condenado carecen de
mecanismos de verificación, con lo cual no se observan las condiciones que esta
corporación ha señalado para que la reparación pueda ser considerada integral[11].
De otro lado, señalan que los artículos 1°,
2°, 3°, 6° y 7° de esta ley vulneran el principio constitucional de separación
de poderes, pues atribuyen al Gobierno Nacional la verificación de importantes
aspectos que tendrán determinante incidencia en la concesión de los beneficios
allí previstos, y que por su naturaleza deberían ser decididos por los jueces.
Entre esos aspectos citan, entre otros, el hecho de no haberse cometido delitos
diferentes a los previstos en el artículo 1°, la seriedad del compromiso
demostrado por el postulante y el alcance de su contribución al proceso de
esclarecimiento sobre la conformación de los grupos armados ilegales, el
contexto de su participación y otros semejantes. Afirma que la gran relevancia
de las funciones que esta ley asigna al Gobierno en todos esos campos anula y
desplaza la acción de las autoridades judiciales en relación con tales temas,
lo que resulta contrario al antes indicado principio constitucional.
Respecto del inciso 2° del artículo 4° y la
regla que allí se establece sobre la imposibilidad de utilizar en procesos
judiciales la información provista por los sujetos que suscriben los Acuerdos
de Contribución a la Verdad Histórica y la
Reparación, consideran que ello configura una obstrucción a la justicia y
desconoce el deber del Estado de investigar en toda su extensión los hechos de
grave violación de los derechos humanos. Afirman que este mandato resulta
contrario a lo establecido en los artículos 8° y 25 de la
CADH, conclusión que se vería reafirmada por varios pronunciamientos de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Señalan además que constituye un
contrasentido que en caso de que con ocasión de la suscripción de estos
acuerdos surja evidencia relevante de hechos violatorios de los derechos
humanos, ella deba ser desechada y no tenida en cuenta en la determinación de
las responsabilidades consiguientes. Sobre este tema refiere algunas
experiencias del derecho comparado, concretamente de procesos de reconciliación
adelantados en el pasado reciente en Argentina y en Sudáfrica, en las que se
procedió a perdonar o se renunció a investigar graves violaciones a los
derechos humanos, lo que condujo a la inestabilidad y poca eficacia de tales
procesos y motivó que años después se hiciera necesario disponer la reapertura
de las respectivas investigaciones.
Finalmente, indican que el texto de la
Ley 1424 de 2010 es extremadamente breve y escueto en lo relacionado con los
derechos de las víctimas, lo que podría conducir a que tales vacíos sean
suplidos mediante decretos reglamentarios que a la postre desvirtúen su
supuesta intencionalidad. Por esas razones concluyen solicitando que la
Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de varias de sus
disposiciones o module su contenido con el fin de evitar un retroceso enorme en
relación con lo avanzado en el proceso de satisfacción de los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, iniciado con la expedición
de la Ley 975 de 2005.
4.4. Del Ministerio del Interior y de
Justicia
Este Ministerio intervino, por conducto del
Viceministro de Justicia y del Derecho para solicitar a la
Corte que declare exequibles todas las disposiciones de la
Ley 1424 de 2010 aquí demandadas. También en este caso la consideración
concreta de los cargos de inconstitucionalidad está precedida de una extensa
contextualización previa.
Inicialmente, realiza una reflexión sobre
el concepto de justicia transicional y las circunstancias en que las sociedades
deben optar por este tipo de mecanismos, resaltando el hecho de que ello
siempre supone la toma de delicadas decisiones de carácter político, la
principal de las cuales estaría relacionada con el grado de impunidad que
resultaría aceptable para la sociedad siempre que a cambio se obtenga la
reconciliación de los bandos antes enfrentados, así como una pacificación
duradera y sostenible. También compara los modelos denominados de justicia penal
retributiva y justicia restaurativa, resaltando que mientras los primeros hacen
énfasis en la sanción de las personas responsables, los segundos atienden
especialmente a la situación de las víctimas, bajo el entendido de que lo que
más interesa y conviene a éstas no es necesariamente el castigo o expiación de
los victimarios sino la reparación integral del daño o perjuicio sufrido.
Sobre estas bases anota que dentro de los
sistemas de justicia transicional resulta más adecuado el enfoque restaurativo
que el retributivo, pues este último tiende a mantener los roles de vencedores
y vencidos, alimenta la idea de que la justicia tiene propósitos vindicativos y
supone la activa participación de los victimarios en un proceso que sólo puede
conducir a su sanción, resultados que suelen ser opuestos a los propósitos de
la justicia transicional.
Seguidamente analiza varias experiencias
del entorno internacional durante las décadas recientes, de las cuales podría
apreciarse cuál es el balance correcto entre la aplicación de mecanismos de
sanción penal o de carácter restaurativo, entre ellos los de Ruanda, Sudáfrica,
El Salvador y Chile. Según afirma a manera de conclusión, todas ellas han
dejado algún grado de insatisfacción entre los sectores involucrados en cada
uno de tales países, posiblemente por haber privilegiado de manera
desproporcionada alguno de los distintos componentes de los procesos de
transición, en el primer caso el enfoque retributivo y en los demás el perdón
de los victimarios. Concluye este punto señalando que en razón a esos
resultados, todos adversos al menos para algunos sectores de la población, se
recomienda asumir esos procesos desde un enfoque holístico y equilibrado que
consulte y pondere de manera adecuada esos distintos intereses.
A continuación y en esta misma línea aborda
el que, en su concepto, sería el actual balance de la situación en Colombia,
particularmente en lo que atañe a los derechos de las víctimas. Este aparte
comienza por explicar las distintas dificultades que afectarían la posibilidad
de realizar el juzgamiento completo y exhaustivo de todas las personas
involucradas desde distintas posiciones en los hechos de violencia atribuidos a
las organizaciones armadas al margen de la ley. Más adelante incorpora
fragmentos jurisprudenciales de esta corporación y de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como apartes del Conjunto de
Principios actualizados para la protección y la promoción de los Derechos
Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad[12],
en los cuales se insiste en la necesidad de ponderar los distintos intereses en
juego y de evitar las posturas extremas que privilegien uno de estos enfoques
sobre el otro.
En este punto señala también que las normas
que en años recientes han regulado estas materias han procurado observar estos
criterios, así como los estándares obligatorios resultantes de los tratados
internacionales ratificados por Colombia. A manera de ejemplo, señala que la
Ley 418 de 1997 y aquellas que la han prorrogado, modificado y adicionado se
aplican únicamente a los autores de delitos políticos y los conexos con ellos;
que la Ley 975 de 2005 si bien va dirigida a quienes hayan cometido graves
violaciones de los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional
Humanitario establece un procedimiento especial para investigar y juzgar tales
delitos y la imposición de sanciones adecuadas para las personas responsables;
y que la reciente Ley 1424 de 2010 aquí parcialmente demandada sólo admite el
otorgamiento de beneficios jurídicos en la medida en que los interesados
satisfagan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación.
Concluidas estas reflexiones, y al abordar
los cargos de la demanda, se refiere en primer término al cuestionamiento del
inciso 2° del artículo 4° del cual resulta la imposibilidad de usar como prueba
judicial la información conocida con ocasión de la negociación y suscripción de
los Acuerdos de Contribución a la
Verdad Histórica y la
Reparación. Sobre este tema plantea tres razones para oponerse a la
prosperidad del cargo, a saber: i) la necesidad de respetar el margen de
configuración normativa reconocido al legislador por la norma superior,
particularmente en lo que atañe a la determinación del régimen probatorio; ii)
el hecho de que esta restricción no impediría la investigación, juzgamiento y
sanción de las conductas constitutivas de graves violaciones a los derechos
humanos y al Derecho Internacional Humanitario; iii) el hecho de que
reconocerle valor probatorio a informaciones que no han sido recaudadas dentro
del marco de un proceso ni contrastadas dentro del mismo violaría el derecho al
debido proceso de las personas a que ellas se refieren.
Al explicar estas razones, señala que una
norma establecida por el órgano legislativo en ejercicio de su autonomía sólo
podría se declarada inexequible si resulta manifiestamente desproporcionada o
irrazonable. En su concepto, ello no ocurre en este caso, pues la regla sobre
imposibilidad de utilizar en juicio este tipo de información obedece a la
intención de estimular la contribución de los desmovilizados al esclarecimiento
de la verdad histórica, en interés de las víctimas, propósito que se
dificultaría gravemente si esa información pudiera luego ser usada en contra de
la persona que la suministró o de miembros de su organización. Por ello
considera que esta regla resulta proporcionada frente a la intención que
persigue, la cual tiene además claro sustento constitucional.
Indica también que la búsqueda de la verdad
histórica mediante mecanismos como los previstos en los artículos 2° a 4° de
esta ley no se opone al establecimiento de la verdad en el ámbito judicial,
pues según las reflexiones que previamente planteó, el éxito de un modelo de
justicia transicional radica en una adecuada combinación de instrumentos de
carácter retributivo y de tipo restaurativo. Así, aunque la regla comentada
privilegia este último, nada en la Ley 1424 de 2010 impide que paralelamente se
adelanten los procedimientos necesarios para el establecimiento de la verdad
procesal y la deducción de las responsabilidades consiguientes.
Finalmente, señala que la posibilidad de
hacer valer pruebas surgidas dentro de un entorno no judicial en ámbitos de esa
naturaleza violaría el derecho al debido proceso garantizado por la
Constitución, en cuanto no resulta posible apreciar de manera adecuada una
prueba recaudada bajo circunstancias tan diferentes. Además de ello resalta que
la persona que suministra información dentro de un ámbito no judicial lo hace
con la desprevención propia de tales espacios, y sin las formalidades y
cuidados propios de los trámites judiciales, lo que acentúa la inconveniencia
de dar ese uso a sus declaraciones.
En relación con el segundo cargo, invoca
también el principio de autonomía legislativa, indicando que según lo ha
reconocido la jurisprudencia, éste es especialmente amplio en lo que atañe al
señalamiento de los recursos procedentes al interior de las actuaciones
judiciales, siempre que ello se haga dentro de criterios de racionalidad y
proporcionalidad, como en su entender ocurre en este caso.
Bajo el supuesto de que la imposibilidad de
interponer recursos se refiere a las decisiones de suspender las órdenes de
captura o las penas previamente impuestas, considera el interviniente que esa
determinación legislativa atiende a la necesidad de facilitar la suscripción de
los ya referidos Acuerdos, propiciar el esclarecimiento de la verdad
histórica, y lograr garantías efectivas de no repetición de las conductas, por
lo cual habrá de considerarse una medida proporcionada a esos fines
constitucionales.
De igual manera considera que esa
improcedencia de recursos no obstaculiza el derecho de acceder a la justicia ni
de contar con un recurso judicial efectivo, pues ninguno de estos conceptos
supone necesariamente que los responsables de actos delictivos sean sancionados
con su reclusión intramuros, menos aún, que durante la investigación se
apliquen medidas de aseguramiento con este mismo contenido. Resalta que dentro
de un contexto de justicia transicional resulta válido que la responsabilidad
de los infractores tenga efectos distintos a los estrictamente carcelarios, por
lo que la decisión legislativa que impide recurrir decisiones que les otorguen
la libertad no resulta inconstitucional.
Frente al tercer y último cargo,
relacionado con la inclusión del delito de concierto para delinquir simple y
agravado dentro de aquellos cuyos autores podrán acceder a los beneficios
previstos en esta ley invoca también la autonomía normativa del legislador para
establecer las reglas aplicables dentro de los procesos de justicia
transicional. Al mismo tiempo, insiste en que esta norma, tanto como todas las
demás que conforman la Ley 1424 de 2010 pretende facilitar el logro de los
objetivos de ese modelo, dentro de los cuales se destaca la salvaguarda de los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Anota también que la posibilidad de acceder
a los beneficios previstos en esta ley no implica una completa exclusión de
responsabilidad penal, pues los autores de las conductas previstas en el
artículo 1° deberán ser investigados y juzgados por tales delitos, aun cuando
en desarrollo de tales procesos puedan hacerse acreedores a esos beneficios,
circunstancia que a su entender, garantiza los derechos de las víctimas dentro
del ya indicado contexto de justicia transicional.
Finalmente, en lo que atañe a la supuesta
vulneración del principio de igualdad en cuanto los delincuentes sujetos al
régimen penal ordinario no pueden acceder a beneficios comparables a los
explicados, resalta que entre ellos y los sujetos a quienes se dirige la
Ley 1424 de 2010 existen importantes diferencias fácticas que justifican el
distinto tratamiento normativo que la ley les asigna.
Con base en estas consideraciones, concluye
solicitando a la Corte declarar exequible la inclusión del tipo penal de
concierto para delinquir simple y agravado dentro de los delitos cuyos autores
podrán gozar de los beneficios previstos en la
Ley 1424 de 2010.
4.5. De la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
Este organismo se pronunció, mediante
concepto suscrito por su Coordinador Ejecutivo, en el que propone a la
Corte declarar condicionalmente exequibles las disposiciones acusadas. Como en
otros casos, esta opinión va precedida de una breve reflexión previa que
incorpora la visión de esta institución sobre los hechos que condujeron a la
expedición de la Ley 1424 de 2010.
El interviniente menciona, en su orden, los
siguientes hechos: i) la posibilidad establecida en el artículo 13 de la
Ley 782 de 2002 y reglamentada por el Decreto 128 de 2003, de que los
desmovilizados fueran beneficiarios de indulto o de otros beneficios jurídicos,
siempre que los hechos por los cuales estuvieren siendo procesados o hubieren
sido condenados pudieran catalogarse como delitos políticos; ii) la regla
contenida en el artículo 71 de la Ley 975 de 2005 que asimilaba al tipo penal
de la sedición la situación de los miembros de las guerrillas y grupos de
autodefensa, y la posterior decisión de esta Corte[13] de declarar inexequible
ese artículo por vicios de forma; iii) la decisión de la
Sala de Casación Penal de 11 de julio de 2007 en la cual se señaló que la
participación en la conformación de grupos paramilitares no es asimilable al
delito de sedición; iv) la aprobación de la
Ley 1312 de 2009 por la cual se hizo factible aplicar el principio de
oportunidad a estas misma personas y su declaratoria de inexequibilidad
mediante sentencia C-936 de 2010, de la cual se transcribieron algunas
consideraciones; v) la aprobación de la Ley 1424 de 2010, con la cual se
pretendió ofrecer una alternativa jurídica a los miembros de los grupos armados
al margen de la ley que se desmovilicen.
A continuación, señala que esta ley debe
entenderse como un instrumento válido desde la perspectiva de la justicia
transicional, siempre que se garanticen de manera adecuada los derechos de las
víctimas y se produzca una verdadera contribución a la reconstrucción de la
memoria histórica, en cuanto el denominado mecanismo no judicial debe conducir
al esclarecimiento del contexto en el que actuaron los grupos armados al margen
de la ley, y esa información se haga de conocimiento público.
Más adelante, realiza algunas consideraciones
en torno al contenido de los artículos parcialmente demandados, referidos a la
totalidad de tales textos y no únicamente a los apartes demandados.
En relación con el artículo 1° que
establece el campo de aplicación de esta ley, se refiere concretamente a la
frase “que hubieren incurrido únicamente”, de cuya comprobación depende
la posibilidad de que personas específicas puedan o no ser objeto de los
beneficios previstos en esta ley. A este respecto señala que la verificación de
las pruebas y antecedentes necesarios deberá realizarla la
Fiscalía General de la Nación, pues ese es el organismo en el cual recae, por
mandato constitucional la responsabilidad de investigar los delitos. Señala
también, citando pronunciamientos de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esta tarea deberá asumirse de
manera seria y exhaustiva, y no como una mera formalidad de incierto resultado.
Como conclusión propone que el artículo 1°
se declare condicionalmente exequible, bajo el entendido de que esa
verificación sea adelantada por la
Fiscalía General de la Nación, que su resultado debe permitir concluir más
allá de toda duda razonable que las personas postuladas sólo incurrieron en los
delitos allí previstos, y que con el fin de resguardar los derechos de las
víctimas, éstas puedan hacer parte y ser oídas dentro de ese proceso.
Respecto del artículo cuarto, considera que
si bien la información recogida dentro del Mecanismo no Judicial de
Contribución a la Verdad y la
Memoria Histórica no se recauda con el propósito de ser utilizada en los
ámbitos procesales, no existe un fundamento jurídico válido para impedir que
los funcionarios judiciales adelanten las investigaciones a que pudiera haber
lugar como resultado de esas informaciones. Por ello, propone a la
Corte que este artículo se declare exequible, bajo la advertencia de que en
caso de que con ocasión de este mecanismo se obtenga información sobre
violaciones a los derechos humanos y/o infracciones al DIH, la misma deberá ser
remitida con carácter urgente a las autoridades judiciales competentes para
iniciar la correspondiente investigación.
Por último, señala que los mecanismos
previstos en los artículos 6° y 7° de esta ley equivalen materialmente a una
amnistía o un indulto, figuras que como ha explicado esta corporación, son
objeto de un preciso y cuidadoso tratamiento constitucional, y sólo pueden
beneficiar a personas que hubieren cometido delitos políticos, situación que
según se ha explicado, no es la que se presenta en este caso. A partir de esta
reflexión, deja a consideración de la Corte la conclusión final sobre la
exequibilidad de estos mecanismos.
Sin embargo, al margen de este aspecto,
precisa que dado que las decisiones previstas en estos artículos que no podrán
ser impugnadas, son aquellas en las que se pone en conocimiento de los
interesados la solicitud que el Gobierno Nacional hubiere hecho en el sentido
de que se conceda uno de estos beneficios a una determinada persona, esta regla
de derecho no resulta contraria a la
Constitución, pues se trata de un simple acto de comunicación, y no de una
decisión de fondo sobre el otorgamiento de tales beneficios. Advierte en todo
caso que la Corte deberá dejar en claro que tales decisiones finales sí deberán
ser objeto de recursos por parte de las personas interesadas en oponerse a
ellas.
Por último, se pronuncia a favor de la
permanencia de la Ley 1424 de 2010, la que considera puede ser un adecuado
mecanismo de reconciliación y justicia transicional, siempre y cuando la
Corte realice los condicionamientos antes indicados con el fin de resguardar
adecuadamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación.
4.6. De los ciudadanos Julián Álvarez Ruiz
y Angélica del Pilar Suárez Mendoza
Estos ciudadanos presentaron de manera
conjunta un escrito en calidad de amicus curiae, en el que realizan
algunas reflexiones sobre el contexto y contenido de las disposiciones
demandadas, que solicitaron a la Corte tener en cuenta al momento de decidir
sobre la exequibilidad de la Ley 1424 de 2010.
En primer término, relatan también las
incidencias ocurridas a partir de la decisión de la
Corte Suprema de Justicia de julio 11 de 2007, la posterior aprobación de la
Ley 1312 de 2009, la declaratoria de inexequibilidad del artículo de ésta que
permitía la aplicación del principio de oportunidad a los desmovilizados de los
grupos paramilitares[14]
y la subsiguiente tramitación de la norma que vino a ser sancionada como Ley
1424 de 2010, la que según lo planteado por el Gobierno Nacional, pretendía
superar el limbo jurídico en que habrían quedado sumidas tales personas como
consecuencia de lo decidido en esa última sentencia de esta corporación.
Seguidamente, formulan algunas otras
consideraciones generales sobre el contexto y contenido de esta norma, con
especial referencia a los preceptos aquí demandados. Señalan que la
Ley 1424 de 2010 pretende instaurar mecanismos de justicia transicional,
cuando en realidad el país no se encuentra aún en una verdadera transición
post-conflicto, lo que distorsiona el efecto que ese tipo de medidas estarían
llamadas a tener. Anotan que en esas condiciones, esta ley no garantiza el
derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. También
llaman la atención sobre el hecho de que los delitos supuestamente menores
cuyos autores podrán gozar de los beneficios previstos en esta ley, podrían
incluir graves actos de violación de los derechos humanos.
Respecto de la figura prevista en el
artículo 4° de la ley parcialmente acusada, critican el hecho de que la
información surgida respecto de este mecanismo no judicial no pueda ser luego
tenida en cuenta en un proceso de esa naturaleza, lo que podría conducir a que,
mediante el relato parcial y amañado de hechos graves, y so pretexto de
contribuir al esclarecimiento de la verdad, se evite de manera definitiva la
investigación y sanción de tales hechos.
En torno a la inclusión del concierto para
delinquir simple o agravado dentro de los delitos cuyos autores podrán acceder
a los beneficios previstos en esta ley, recuerdan que según la jurisprudencia
vigente de la Corte Suprema de Justicia, esta conducta podría, bajo
determinadas condiciones, ser considerada como un delito de lesa humanidad, con
lo que el aparte del artículo 1° que así lo contempla sería contraria a los
desarrollos jurisprudenciales de esta corporación y del máximo tribunal
ordinario, así como a varias normas pertinentes del derecho internacional de
los derechos humanos.
Finalmente, señalan que las normas que
permiten que por solicitud del Gobierno Nacional se suspendan las órdenes de captura
o las condenas judiciales previamente impuestas a los desmovilizados
constituyen una indebida presión del Ejecutivo sobre la
Rama Judicial, que afecta la separación de poderes así como la autonomía e
independencia de los jueces, máxime cuando la norma prevé que ninguna persona
interesada podrá interponer recurso contra la decisión del Gobierno de
solicitar tales beneficios.
4.7. De los ciudadanos Martín Enrique
Rangel, Ana Milena Riveros Ramos, Didier Andrés Ducuara Mora y Ricardo Alfonso
Ramírez Robayo
Este grupo de ciudadanos presentó también
un memorial conjunto en el que solicitó a la
Corte declarar exequibles los preceptos acusados. Previamente y con este
propósito, afirman que la Ley 1424 de 2010 es un instrumento válido para el
logro de la verdad histórica y para la reconciliación.
En relación con el inciso 2° del artículo
4°, explican que según lo ha reconocido la jurisprudencia de esta corporación,
el derecho de acceder a la administración de justicia se satisface de varias
posibles maneras y no únicamente a través de las vías procesales. Así,
consideran que aun cuando no resulte posible invocar como prueba judicial los
testimonios o informaciones provistas dentro del marco de este mecanismo, ello
no menoscaba al derecho de las víctimas de acceder a la justicia, pues además
el referido mecanismo tendrá un poderoso efecto en el logro de los objetivos de
esta ley.
Respecto de la frase cuestionada dentro del
texto de los artículos 6° y 7°, precisan que las decisiones no susceptibles de
recurso serán sólo aquellas en que se pone en conocimiento de las partes la
solicitud que en cada caso haya formulado el Gobierno Nacional, y no la
decisión final de los jueces frente a tales solicitudes, las que entienden, sí
podrán ser impugnadas. Por lo anterior, consideran que esta regla se ajusta a la
Constitución.
Acerca de la glosa formulada frente a la
inclusión del concierto para delinquir simple o agravado dentro del listado
previsto en el artículo 1° de esta ley, citan un pronunciamiento de la
Corte Suprema de Justicia en el que se resalta el elemento intencional que
resulta necesario en relación con este y con cualquier otro delito. A partir de
esta premisa, alegan que no es posible afirmar que todo sujeto perteneciente a
los grupos de autodefensa conoce y comparte los objetivos de tales grupos al
margen de la ley, especialmente si se tiene en cuenta el fenómeno del
reclutamiento forzado, de amplia ocurrencia en el país.
En esa misma línea, controvierten la tesis
expuesta por la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que el delito de
concierto para delinquir sería catalogable como un delito de lesa humanidad, a
propósito de lo cual citan y respaldan las reflexiones suscritas por varios
miembros de esta corporación[15]
en el salvamento de voto por ellos presentado frente a la sentencia C-936 de
2010. Desde esta perspectiva, concluyen que la inclusión de este delito dentro
de los previstos en el artículo 1° de esta ley no es contraria a la
Constitución.
4.8. De la
Corporación Jurídica Libertad
Esta organización, obrando por conducto de
uno de sus integrantes, presentó un escrito en el que efectúa algunas
consideraciones y adhiere a lo planteado por los actores en relación con lo
acusado de los artículos 1° y 4°.
En relación con la regla que excluye la
posibilidad de invocar en los ámbitos judiciales la evidencia surgida dentro
del llamado Mecanismo no Procesal de Contribución a la
Verdad y la Memoria Histórica, afirmó que este mandato es contrario al
artículo 1° constitucional, en cuanto menoscaba la dignidad humana de las
víctimas del conflicto, las cuales deberán resignarse al dudoso logro de la
verdad histórica, pero renunciando a la efectividad de sus derechos a la
justicia y la reparación, e incluso la verdad. Señala que pese al loable
propósito de reconciliación que esta ley persigue, las víctimas pagarían un
precio demasiado alto a cambio de unos logros extremadamente inciertos.
Respecto de la inclusión del delito de
concierto para delinquir simple o agravado dentro del listado previsto en el
artículo 1° de la Ley 1424 de 2010, este interviniente transcribe e invoca los
pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia que han señalado que este
delito puede ser considerado un crimen de lesa humanidad, caso en el cual
resultaría inaceptable que a sus autores se les concedieran beneficios como los
previstos en esta ley.
Señala que frente al desarrollo reciente
del conflicto colombiano, es evidente que los integrantes de los grupos de
autodefensa contaron con apoyo paraestatal en la organización y comisión de los
actos que se les imputan, y tenían plena conciencia y conocimiento de sus
circunstancias, razones por las cuales las personas acusadas por este delito no
deberían obtener los generosos beneficios desarrollados por esta ley.
4.9. Intervenciones extemporáneas
Una vez vencido el término de fijación en lista se
recibieron cuatro escritos más, remitidos por la
Fiscalía General de la Nación y por las Facultades de Derecho de las
Universidades Pontificia Javeriana, del Rosario y del Norte.
En el primero de estos escritos, enviado por la
Jefe de la Oficina Jurídica del ente acusador se solicitó declarar inexequible
el 2° inciso del artículo 4° y exequibles las demás normas demandadas. Por su
parte, las intervenciones presentadas por sendos profesores de las
Universidades Javeriana y del Rosario pidieron a la
Corte declarar la exequibilidad de todos los preceptos acusados, mientras que
el de la Universidad del Norte de Barranquilla solicitó su inexequibilidad.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
En concepto Nº 5160 de fecha junio 1° de
2011 el jefe del Ministerio Público solicitó a esta corporación inhibirse de
decidir sobre la demanda dirigida contra fragmentos de los artículos 1°, 4°, 6°
y 7° de la Ley 1424 de 2010.
En primer término, después de transcribir
el texto completo de las normas acusadas y de plantear un breve resumen de los
cargos de inconstitucionalidad, el Procurador General se refiere a la sentencia
C-1052 de 2001, uno de los principales pronunciamientos en los que esta
corporación ha desarrollado los requisitos que deben observarse para que este
tribunal pueda decidir de fondo sobre lo planteado en las demandas, los cuales
han sido compendiados bajo los conceptos de claridad, certeza, especificidad,
pertinencia y suficiencia.
La vista fiscal considera que en el
presente caso no se cumplen esos requisitos. En relación con el tema señala que
los argumentos que presentan los actores “(i) no permiten hacer un contraste
directo y objetivo entre las normas demandadas y las normas constitucionales
invocadas; (ii) no constituyen auténticos reproches constitucionales, sino que
se basan en interpretaciones subjetivas, doctrinales y jurisprudenciales de las
normas constitucionales invocadas para suponer hipótesis y eventualidades que
superan el texto literal de las mismas; (iii) omiten dar cuenta de datos y
hechos relevantes sobre las normas parcialmente demandadas y, por ello, se
dirigen contra proposiciones deducidas por los actores y no contra
proposiciones jurídicas reales y existentes”.
En todo caso, en adición a estos
planteamientos, incluye estas reflexiones:
En primer término advierte que no existe ni
en la Constitución ni en los tratados internacionales invocados, precepto
alguno que impida al legislador expedir normas como las aquí cuestionadas, lo
cual considera válido en aplicación del principio de libre configuración de la
ley, especialmente si ello se hace en atención a objetivos como los anunciados
en el artículo 1° de esta ley, los cuales transcribe. En esta línea, señala que
el legislador es plenamente autónomo para otorgar beneficios judiciales o
investigativos, aún en materia criminal y para determinar los procedimientos
aplicables en cada caso.
Respecto de la parte cuestionada en el
texto del artículo 1°, sostiene que la Ley 1424 de 2010 no establece beneficio
alguno para los responsables de graves violaciones a los derechos humanos o al
derecho internacional humanitario, ya que ninguno de los delitos listados en
ese artículo tiene esa connotación conforme al derecho internacional. Agrega que
la interpretación que la Corte Suprema de Justicia ha realizado recientemente
respecto del concierto para delinquir no es suficiente para modificar esta
realidad, y que en esa medida no resulta posible especular sobre la
inexequibilidad de esta norma.
En relación con el cargo dirigido contra el
2° inciso del artículo 4° resalta que este mecanismo busca precisamente
materializar el derecho de las víctimas a conocer la verdad, razón por la cual
no se entiende cómo esa restricción podría considerarse contraria a ese
derecho, ni tampoco al derecho de las víctimas a obtener reparación. De otra
parte, anota que la referida regla es necesaria para el éxito y sostenibilidad
del proceso de reconciliación que se pretende, pues si no existe un estímulo de
esta naturaleza, los miembros de las organizaciones armadas no tendrían razón
para participar de este proceso.
Finalmente, en lo que atañe a la frase
cuestionada en el texto de los artículos 6° y 7°, resalta el Procurador que el
señalamiento de los recursos procedentes contra las distintas decisiones
judiciales es un tema del exclusivo resorte del legislador, que por lo tanto no
podría cuestionarse por su inconstitucionalidad. De otra parte, subraya que los
mismos artículos acusados precisan que la decisión final sobre concesión o
negación de los beneficios solicitados será notificada a las partes e
intervinientes, y que las decisiones que por efecto de estas normas son
inimpugnables son meros actos de comunicación de las solicitudes formuladas por
el Gobierno, los cuales resultaría desproporcionado pretender controvertir por
parte de las víctimas.
Pese a las anteriores consideraciones, el
Procurador General concluye reiterando su solicitud de que la
Corte se declare inhibida para decidir respecto de esta demanda.
VI. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
1.  Competencia.
Esta corporación es
competente para conocer de la presente demanda de conformidad con lo previsto
en el artículo 241 numeral 4° de la
Constitución, puesto que las disposiciones acusadas hacen parte de una ley de la
República.
2.  Los problemas jurídicos planteados.
Como se explicó, los actores consideran que los
apartes demandados de la Ley 1424 de 2010 vulneran varios preceptos
constitucionales relacionados con el acceso a la justicia y el alcance de los
derechos de las víctimas de ciertos hechos punibles a la verdad, la justicia y
la reparación. Lo anterior por cuanto las reglas que allí se establecen
permitirían otorgar a los autores y/o determinadores de graves delitos y
violaciones a los derechos humanos, ventajas y beneficios que resultarían
desproporcionados frente a la gravedad de sus acciones, y que en la misma
medida, restringirían el derecho que las víctimas tienen a conocer la verdad
sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos, a obtener justicia mediante
el castigo de las personas responsables y a recibir la plena reparación de los
perjuicios que se les hubieren causado.
Para resolver sobre los cargos de la demanda, y
teniendo en cuenta que desde su mismo título la
Ley 1424 de 2010 dice contener “disposiciones de justicia transicional”,
circunstancia que tendría importante incidencia para la presente decisión pero
que ha generado controversia entre los actores y varios de los intervinientes,
se hace necesario que esta Corte incorpore primero un conjunto de
consideraciones encaminadas a esclarecer este importante aspecto.
Así mismo, más adelante y también con propósitos de
contextualización, la Corte realizará una breve presentación sobre el contenido
de la Ley 1424 de 2010, teniendo en cuenta que de manera general el sentido y
efecto de las normas acusadas, así como la eventual prosperidad de los cargos
contra ellas formulados, pueden apreciarse mejor a partir de un análisis
integral sobre la intención, el sentido y la forma de operación de la ley de la
cual hacen parte.
Posteriormente, con apoyo en estos elementos y según
resulte de tales análisis, pasará la Sala a estudiar las glosas constitucionales
planteadas y a decidir sobre la exequibilidad de los preceptos acusados,
análisis que se desarrollará en el mismo orden que ocupan dentro de la
Ley 1424 de 2010 las distintas disposiciones demandadas, el cual difiere de
aquel que, según se explicó, siguieron los actores para la sustentación de sus
cargos.
Sin embargo, antes de proceder, deberá la
Corte decidir sobre las solicitudes elevadas por el Procurador General y por
uno de los intervinientes, conforme a las cuales esta corporación debería
inhibirse para decidir sobre lo planteado.
3. Precisión previa sobre las solicitudes de
inhibición.
Según quedó dicho, el Procurador General propone a la
Corte inhibirse de decidir sobre los cargos planteados en la demanda, al
considerar que no cumplen los mínimos requisitos necesarios para ello.
Adicionalmente, uno de los escritos de intervención ciudadana recibidos en
forma extemporánea[16]
sugiere también a esta corporación declararse inhibida en lo que respecta al
cargo dirigido contra la expresión “en contra del cual no procede recurso
alguno”, contenida en los artículos 6° y 7° de la ley acusada.
Primeramente, respecto de la solicitud elevada por el
Procurador General, estima la Sala que pese a la muy frecuente cita de tratados
internacionales, los que en caso de integrar el bloque de constitucionalidad
bien pueden ser invocados como referente de esta decisión, los cargos de la
demanda cumplen sin dificultad el mínimo de requisitos que para la admisión y
estudio de fondo de los cargos de constitucionalidad ha exigido la
jurisprudencia de esta Corte en decisiones como la sentencia C-1052 de 2001 y
en otras posteriores.
En efecto, estima la
Corte que los cargos propuestos llenan el requisito de claridad, dado
que bien puede entenderse, sin duda ni confusión, la razón de los
cuestionamientos planteados, así como el sustento constitucional de ellos.
Existe también certeza, en cuanto las normas acusadas ciertamente
generan los efectos explicados por los actores, entre ellos la posibilidad de
acceder a los beneficios previstos en esta ley para personas acusadas del
delito de concierto para delinquir simple y agravado, la restricción para usar
como prueba judicial la información surgida dentro del marco de los Acuerdos
de Contribución a la Verdad Histórica y la
Reparación y la improcedencia de recursos contra algunas de las decisiones
previstas en los artículos 6° y 7° de esta ley. Y se cumplen también los
criterios de especificidad y pertinencia, así como el de suficiencia,
dado que los cuestionamientos elevados son concretos y no vagos, se sustentan
en la presunta oposición existente entre las normas acusadas y los preceptos
constitucionales e internacionales cuya violación se aduce, y bastan para generar
duda sobre la exequibilidad de las disposiciones demandadas.
De otra parte, observa la
Corte que los demás razonamientos con los que la vista fiscal pretende
sustentar el incumplimiento de estos requisitos serían en realidad criterios a
partir de los cuales podría, eventualmente, perseguirse la declaratoria de
exequibilidad de las disposiciones acusadas. Por consiguiente, no convencen a la
Sala de la imposibilidad de fallar sobre esta demanda, que al cumplir con los
mínimos requisitos necesarios, fue en su momento admitida por el Magistrado
sustanciador. En consecuencia, la Corte no acogerá la propuesta de inhibición
formulada por el Procurador General.
En lo que atañe a la otra solicitud, restringida
además a lo que concierne a los apartes acusados de los artículos 6° y 7° de la
Ley 1424 de 2010, el pedido se sustenta en el hecho de que las expresiones
(idénticas entre sí) demandadas frente al texto de estos artículos no impiden,
como lo habrían entendido los actores, interponer recursos contra las
decisiones a través de las cuales las autoridades judiciales competentes
deciden sobre las solicitudes de suspensión de órdenes de captura y suspensión
de la pena o medida de reparación, pues en realidad las decisiones contra las
cuales no procede recurso son apenas aquellas a través de las cuales se
comunica a las partes e intervinientes la formulación de una solicitud del
Gobierno en tal sentido. Así las cosas, en concepto de esta interviniente, se
incumple en este caso el requisito de certeza del cargo formulado.
Frente a este particular, considera la
Corte que si bien podría parecer equívoco el entendimiento de los actores acerca
de cuáles decisiones específicas son las que por efecto de estas reglas quedan
desprovistas de recursos, en realidad la demanda no afirma que sean las
decisiones finales las que resulten inimpugnables. Por el contrario, parece
razonable entender que, aun bajo el supuesto de que las providencias sin
recurso son aquellas en las que se pone en conocimiento de las partes la
solicitud que en desarrollo de estas normas haya formulado el Gobierno, los
actores consideran que esa circunstancia resulta restrictiva de los derechos de
las víctimas al punto de justificar la inconstitucionalidad de tales reglas.
Desde esta perspectiva, y enteramente al margen de si
en realidad esos segmentos normativos serían contrarios a los preceptos
constitucionales e internacionales invocados en la demanda, tema que se
dilucidará en el espacio correspondiente, es claro para la
Corte que en este caso se cumple el requisito de certeza, único que
fuera puesto en duda por esta interviniente.
Por esas razones, la
Corte tampoco acogerá esta solicitud de inhibición.
4.  Precisiones sobre el concepto de justicia
transicional, sus elementos y consecuencias y sobre la aplicabilidad de este
concepto
Según se explicó, el título de la
Ley 1424 de 2010, de la cual hacen parte los preceptos demandados en este
caso, señala que las reglas allí contenidas son “disposiciones de justicia
transicional”, referencia que es luego reiterada en apartes no acusados de
los artículos 1°, 2° y 9° de la misma ley. Sobre esta circunstancia, cabe
anotar que si bien no es la primera vez que el Congreso de Colombia expide
normas que pudieran recibir ese calificativo por parte de la jurisprudencia, la
doctrina o la opinión pública[17],
sí es novedoso que el mismo legislador, explícitamente, le atribuya esa
intención a sus mandatos.
Como también se anunció, esta circunstancia resulta
trascendental para la resolución de los problemas de constitucionalidad
propuestos por los actores puesto que, según lo ha reconocido este tribunal[18],
el alcance y contenido de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia
y la reparación, sobre los cuales se sustentan los cargos formulados, podría en
casos concretos presentar algunas diferencias dependiendo de si los hechos
punibles de cuya comisión ellos se derivan han de investigarse y juzgarse
dentro de un contexto que pudiera denominarse ordinario, o en cambio, concurren
circunstancias bajo las cuales resultaría válida la aplicación de instituciones
de justicia transicional, las que por su misma naturaleza han de considerarse
excepcionales.
Teniendo en cuenta que, adicionalmente, ese carácter
de instrumentos de justicia transicional atribuido por la
Ley 1424 de 2010 a sus propias disposiciones, ha sido controvertido desde
distintas perspectivas por algunos de los intervinientes, para que la
Corte pueda resolver sobre los cargos de la demanda resulta necesario dilucidar
primero i) qué se entiende por justicia transicional a nivel del derecho
internacional y comparado, y ii) si existen en la
Constitución Política de Colombia y/o en los demás preceptos que integran el
bloque de constitucionalidad, fundamentos a partir de los cuales resulte válido
que el legislador decida implementar ese tipo de mecanismos, y en caso
afirmativo, bajo qué circunstancias fácticas podría hacerlo.
Más adelante, una vez analizado el contenido las
normas de la Ley 1424 de 2010, la Corte examinará si, a la luz de estos
conceptos, ellas pueden ciertamente considerarse instituciones de justicia
transicional.
Procede ahora la
Corte a analizar los aspectos que vienen de anunciarse.
4.1. Sobre el concepto de justicia transicional en el
derecho comparado
Para el entendimiento de la noción de justicia
transicional resulta útil comenzar por plantear una primera distinción de tipo
gramatical conforme a la cual mientras que el término justicia alude a
un sustantivo, lo transicional constituye un adjetivo o circunstancia
especial que particulariza el concepto primeramente referido. Desde esta básica
perspectiva, la justicia transicional sería entonces un sistema o tipo
de justicia de características específicas, que debe aplicarse de manera
excepcional, sólo bajo determinados escenarios.
En esta línea cabe entonces considerar el significado
de los dos términos que integran ese concepto. Así, justicia es definida como “Una
de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que le
corresponde o pertenece…; Derecho, razón, equidad…” [19],
mientras que por transición se entiende la “acción y
efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto”[20].
Unidos estos dos conceptos, se ha entendido que justicia transicional es “una
respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos
humanos”, que busca transformaciones radicales hacia un orden
político y social, con el objetivo principal de “reconocer a las
víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia”[21].
A su turno, la importancia del elemento justicia
en los procesos de transición, tal como lo ha explicado Kai Ambos[22],
debe ser comprendida ampliamente, tomándola como una “idea de
responsabilidad y equidad en la protección y vindicación de derechos y la
prevención y castigo de infracciones”. Así, la justicia implica,
entre otros aspectos, la consideración de los derechos del acusado, de los intereses
de las víctimas y del bienestar de la sociedad a largo plazo, dando aplicación
tanto a mecanismos judiciales formales como, y en la misma proporción, a
mecanismos tradicionales y novedosos de resolución de conflictos.
En esta misma línea, el referido autor señala que la
justicia de transición “supone mucho más que la justicia penal retributiva”
y abarca “a la justicia restaurativa en cuanto apunta a restaurar o incluso
reconstruir la comunidad (en el sentido de una justicia creativa)”. A
partir de estos elementos, puede entonces la justicia de transición ser
entendida como una justicia de excepción que aspira a superar la situación de
conflicto o posconflicto, pasando “de un peor a un mejor estado” [23].
Sobre el actual concepto de justicia transicional
pueden encontrarse antecedentes desde la época de la Primera Guerra Mundial[24].
Sin embargo, esta noción comienza a consolidarse a mediados del Siglo XX
durante el período de la segunda posguerra, cuando en criterio de algunos
autores se asigna esta denominación a los experimentos de justicia
“extraordinaria e internacional” a través de los cuales se procuró el
juzgamiento de los graves hechos sucedidos durante el conflicto, entre ellos el
Tribunal de Nuremberg. Luego, según señala Ruti G. Teitel: “La
Guerra Fría da término al internacionalismo de esta primera fase, o fase de la
posguerra, de la justicia transicional. La segunda fase o fase de la posguerra
fría, se asocia con la ola de transiciones hacia la democracia y modernización
que comenzó en 1989. Hacia finales del siglo XX, la política mundial se
caracterizó por una aceleración en la resolución de conflictos y un persistente
discurso por la justicia en el mundo del derecho y en la sociedad. La tercera
fase, o estado estable, de la justicia transicional, está asociada con las
condiciones contemporáneas de conflicto persistente que echan las bases para
establecer como normal un derecho de la violencia.” [25]
Con todo, el concepto de justicia transicional empezó
a ser utilizado con mayor frecuencia y precisión durante las dos últimas
décadas del siglo pasado, desde cuando su aplicación ha estado enmarcada dentro
de “un proceso vigoroso de discusión académica, institucionalización y
producción de políticas públicas que centran su atención en cuál debería ser la
forma como deben enfrentarse las atrocidades ocurridas en el pasado y dar paso
a un régimen más democrático”[26].
En tiempos más recientes, la
Organización de las Naciones Unidas a través de su Consejo de Seguridad ha
sostenido, en primer término, que la “justicia” alude a un ideal de
responsabilidad y equidad en la protección y reclamación de los derechos, y la
prevención y el castigo de las infracciones, que implica tener en cuenta los
derechos del acusado, los intereses de las víctimas y el bienestar de la
sociedad en su conjunto, desarrollando así “un concepto arraigado en todas
las culturas y tradiciones nacionales y, a pesar de que su administración normalmente
implica la existencia de mecanismos judiciales de carácter oficial, los métodos
tradicionales de solución de controversias son igualmente pertinentes. La
comunidad internacional ha venido colaborando durante más de medio siglo para
estructurar en forma colectiva los requisitos sustantivos y procesales de la
administración de justicia”. [27]
A su turno, frente a la noción de “justicia de
transición” este informe señala que abarca “toda la variedad de procesos
y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los
problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los
responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la
reconciliación”. Esos mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales,
tener distintos niveles de participación internacional y comprender “el
enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la
reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo
o combinaciones de todos ellos”[28].
Ahora bien, debe señalarse que el término justicia
transicional tuvo sus primeras manifestaciones frente a temas y
transformaciones puramente políticas[29].
Para algunos expertos[30]
este concepto es impreciso, “ya que se refiere más comúnmente a la ‘justicia
durante la transición’ que a alguna forma de justicia diferenciada o alterada”.
Así, cuando se habla de justicia transicional “el concepto de transición
generalmente se refiere a una transformación política significativa y a una
ruptura con el pasado”, que ayuda a fortalecer el proceso de equidad.
Ciertamente, el concepto de justicia transicional
es de tal amplitud que bajo esa genérica denominación pueden encuadrarse
experiencias y procesos muy disímiles, tanto como lo son los países y
circunstancias históricas en que ellos han tenido lugar. Sin embargo,
independientemente de sus particularidades, todos ellos coinciden en la
búsqueda del ya indicado propósito de hacer efectivos, al mayor nivel posible,
los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas frente a
un pasado de graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos,
teniendo como límite la medida de lo que resulte conducente al logro y
mantenimiento de la paz social.
Así, se consideran procesos de justicia transicional
las experiencias vividas en varios de los países del sur de Europa,
específicamente Grecia, Portugal y España, donde en la segunda mitad del Siglo
XX se adoptaron diversas políticas para sancionar a las élites autoritarias del
pasado reciente[31],
en Grecia y Portugal respecto de golpes militares y dictaduras que tuvieron
lugar en las décadas de los años 60 y 70 y en España frente a hechos
relacionados con la Guerra Civil y la posterior dictadura de Franco, lo cual
sólo fue posible con posterioridad a la muerte de éste en 1975.
En América Latina se destacan los procesos cumplidos
durante las dos últimas décadas del siglo XX como parte del tránsito de
dictaduras militares a gobiernos democráticos y de cara a la necesidad de
investigar y sancionar las desapariciones y otros abusos cometidos por los
gobernantes de facto, cuidando al mismo tiempo que el rigor de tales procesos
no diera al traste con las entonces incipientes experiencias democráticas, en
vista del gran poder que para entonces seguían detentando los autores y
beneficiarios de tales abusos[32].
Experiencias de este tipo, aunque con distintas
variantes, hubo durante esa época en Bolivia (1982-83), Argentina (1984),
Uruguay (1985), Chile (1990), Paraguay (1992), El Salvador (1992), Guatemala
(1994), Haití (1994) y Perú (2001 a 2005). En algunos casos las investigaciones
alcanzaron a tener efectos directamente sancionatorios sobre los responsables,
mientras que en otros procuraron al menos satisfacer el anhelo y la necesidad
colectiva de conocer la verdad, con el ánimo de lograr además garantías de no
repetición. La responsabilidad de conducir tales procesos estuvo en algunos
casos a cargo de comisiones parlamentarias, mientras que en otros hubo activa
participación de organizaciones no gubernamentales (ONG)[33].
Varias de estas experiencias estuvieron basadas en el trabajo de comisiones de
la verdad, sobre cuya naturaleza y alcances se comentará más adelante[34].
Durante la misma época, también algunos países de África
y Asia han emprendido esfuerzos para castigar a antiguos perpetradores de
violaciones a los derechos humanos y/o buscar la verdad acerca de los regímenes
represivos anteriores. En África, los poderes ejecutivo o legislativo de
Ruanda, Sierra Leona, Zimbabwe, Uganda, Chad, Etiopía, Burundi, Zambia, Nigeria
y Sudáfrica, crearon comisiones de investigación, con resultados desiguales[35].
De todo lo dicho puede observarse que la justicia
transicional se ocupa de procesos
mediante los cuales se realizan transformaciones radicales a una sociedad, bien
sea que ésta se encuentre en conflicto o post conflicto, en la consecución de
la paz, sufriendo y enfrentando grandes dilemas originados en la compleja lucha
por el equilibrio entre la paz y la justicia. Ello se hace,
principalmente, con el propósito de impedir que hechos acaecidos en el marco de
un conflicto vuelvan a ocurrir, para lo cual su función se concentra en el
conocimiento de la verdad y en la reparación, buscando así dar respuesta a los
problemas asociados a un legado de abusos de derechos humanos en un contexto
democrático y aplicando medidas, de naturaleza judicial o no judicial, a los
responsables de los crímenes.
De igual forma podría decirse que la justicia
transicional “no es una forma especial de justicia, sino una justicia
adaptada a sociedades que se transforman a sí mismas después de un período de
violación generalizada de los derechos humanos. En algunos casos esas
transformaciones suceden de un momento a otro; en otros, pueden tener lugar
después de muchas décadas”[36].
Lo
precedente permite tomar la dirección que conduce a analizar el concepto de
justicia en el marco transicional y con ella la efectividad de los fines primordiales de los derechos a la paz, la
verdad, la justicia y la reparación, en aquellas sociedades que han vivido o
viven en situación de conflicto.
De
lo anterior se deriva que todas las situaciones presentadas en busca de la paz
y la justicia deben entonces considerarse equitativamente sobre las condiciones
de posibilidad de un proceso transicional, “pues ignorarlas equivale a
desconocer el inmenso peso que tienen las particularidades del contexto
político en el éxito o fracaso de un proceso de ese tipo”.
Frente
al concepto de justicia transicional y sus aplicaciones, resulta relevante
analizar también los enfoques de otros autores, como los profesores Martha
Minow[37],
David A. Crocker[38]
y Rama Mani[39],
de reconocida experiencia en la materia[40].
En
opinión de la primera[41]
“los  mecanismos básicos de la justicia transicional constituyen un camino
intermedio para hacer frente a los horrores del pasado, un camino que evita
caer tanto en la venganza como en el perdón de los victimarios”. En su
concepto, la venganza es “un sentimiento comprensible pero inadecuado para
enfrentar las atrocidades pasadas; que puede generar respuestas
desproporcionadas, irrazonables e injustas, que pueden inclusive fomentar la
escalada de violencia, y que aun en el evento de ser proporcionadas pueden
resultar grotescas por emplear los mecanismos contra los cuales se pretende
reaccionar”.  Sobre el perdón afirma que “se trata de un acto admirable,
pero que no se le puede exigir a las víctimas, el cual debe aparecer como una
opción mas no como una obligación”.
Esta
misma autora sostiene que el objeto fundamental de la justicia transicional
sería “hallar una respuesta a las atrocidades que se ubique en un punto
intermedio entre la venganza y el perdón”, la cual es ofrecida por “la
justicia penal, las reparaciones y el esclarecimiento de la verdad que, dada su
importancia, no deben ser asumidas como una carga propia de los individuos sino
como parte del esfuerzo colectivo tendiente a superar el pasado”.
En
línea con este propósito, Minow propone entonces como herramientas políticas
idóneas para lidiar adecuadamente con un pasado de atrocidades, la justicia,
la verdad y la reparación, resaltando que se busca responder a
una preocupación que no sólo es de las víctimas sino de la sociedad entera;
esas herramientas se asumen como un imperativo en razón a la contribución que
ellas pueden representar frente a la garantía de no repetición de las
atrocidades.
Por
su parte David A. Crocker[42]
señala que es necesario identificar con precisión las metas de la justicia
transicional, las capacidades y limitaciones políticas e institucionales para
cumplirlas y, con base en ellas, escoger las herramientas que se aplicarán,
articularlas entre sí y definir su orden de prioridad y los tiempos de
aplicación.
Sobre
estas bases señala que los horrores del pasado deben ser enfrentados  con
mecanismos concretos, cuyo objetivo primordial sea la satisfacción de los “derechos
de las víctimas (verdad, justicia, reparación, dignificación) y la garantía de
no repetición de las atrocidades (Estado de derecho, reforma institucional,
reconciliación democrática, deliberación pública)”.
En
línea semejante, Rama Mani[43]
señala que la justicia transicional “parte de la premisa de que se han
violado los derechos humanos y que por ende es necesario hacer justicia, a
pesar de las a veces contradictorias exigencias políticas de restaurar el orden
después de la violencia o la represión. El derecho de los derechos humanos se
fundamenta en el concepto de equilibrio entre derechos y obligaciones: cada
derecho comporta la obligación de los signatarios de cumplir esa obligación y
de reparar a las víctimas en caso de que no se respete”. A partir de esta
reflexión sostiene que “el derecho de las víctimas a la reparación debería
constituir el pilar central de la justicia transicional”.
En
tal sentido, plantea entonces la noción de justicia reparadora como el concepto
más adecuado para atender la necesidad de resarcir a las víctimas de crímenes
atroces en contextos de justicia transicional, dado que en su criterio, la
justicia transicional tiende a dar poca importancia a las necesidades de
reparación de las víctimas, y a generar divisiones entre los actores sociales,
por lo cual plantea que es necesaria una nueva conceptualización de las
reparaciones que supere ambos problemas.
Del anterior recuento puede apreciarse la amplitud de
diferentes matices y conceptos existentes en torno a la aplicabilidad y
utilidad de la justicia transicional en tiempos de conflicto y/o post
conflicto, sobre el rol que corresponde a cada uno de los actores que
participarían en la implementación de este tipo de mecanismos y sobre las
alternativas disponibles frente a las dificultades especiales típicas de los
modelos de justicia transicional.
Examinado el concepto, debe señalarse que existen
instituciones usuales en la justicia transicional, la mayoría de las cuales
suelen adoptarse oficialmente por los Estados mediante la aprobación de leyes o
la expedición de normas jurídicas de otro tipo, incluso en algunos casos,
reformas constitucionales. Dentro de tales herramientas deben destacarse todas
aquellas normas de carácter penal, tanto sustanciales como procesales, que
implican un tratamiento punitivo más benigno que el ordinario, sea mediante la
imposición de penas comparativamente más bajas, la adopción de medidas que sin
eximir al reo de su responsabilidad penal y civil, hacen posible su libertad
condicional, o al menos el más rápido descuento de las penas impuestas.
De otra parte, incluso figuras tradicionales como el
indulto y la amnistía, normalmente reservadas para los denominados delitos
políticos, a través de las cuales se extinguen, respectivamente, las penas que
se hubieren decretado e incluso la acción penal, aunque muy anteriores a la
aparición de este concepto, podrían actualmente mirarse como posibles medidas
de justicia transicional, al menos en los casos en que tales beneficios se
ofrecen buscando propiciar un mejor entendimiento entre grupos y facciones
previamente enfrentados, en cuanto, tanto como en los otros mecanismos
comentados, se acepta a cambio mayor lenidad en la sanción de hechos
constitutivos de delito.
Son también instrumentos de justicia transicional las
estrategias a través de las cuales se busca privilegiar la búsqueda de la
verdad, especialmente en su dimensión colectiva, en algunos casos a cambio de
la aceptación de menores niveles de justicia y reparación para las víctimas.
Entre esas figuras pueden mencionarse: i) las comisiones de la verdad, que
tienen como fin primordial investigar e informar a la sociedad sobre
determinados hechos, normalmente constitutivos de graves violaciones a los
derechos humanos, paralelamente o en subsidio de las investigaciones
judiciales; ii) los programas de reparación, usualmente patrocinados por el
Estado, que ayudan a la reparación material y moral de los daños causados por
abusos del pasado; iii) la justicia de género, que promueve iniciativas contra
la impunidad de la violencia sexual y de género, y que propendan por la
igualdad de condiciones para el acceso de las mujeres a programas de reparación
por transgresiones a los derechos humanos, y iv) los actos de conmemoración,
entre ellos la realización de ceremonias y la erección de monumentos públicos,
a través de los cuales se busca preservar la memoria de las víctimas y aumentar
la conciencia moral sobre las violaciones cometidas contra la sociedad, como
dique de no repetición, entre otras.
Las denominadas comisiones de la verdad pueden
conformarse tanto por disposición legal, como por decisión de ciertos actores
sociales y políticos, oficiales o no, respecto de las cuales existen valiosas
experiencias en años recientes, tanto en países de América Latina como en otras
regiones del mundo. Estas comisiones se caracterizan por ser entes temporales “de constatación de los hechos
que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los
derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de
varios años. Se ocupan en particular de las víctimas y concluyen su labor con
la presentación de un informe final sobre las conclusiones de su investigación
y sus recomendaciones (…) pueden prestar una ayuda muy valiosa a las sociedades
con posterioridad a un conflicto al constatar los hechos relacionados con
infracciones de los derechos humanos en el pasado, fomentar la rendición de
cuentas, preservar las pruebas, identificar los autores y recomendar
indemnizaciones y reformas institucionales. También pueden servir de plataforma
pública para que las víctimas cuenten directamente al país sus historias
personales y pueden facilitar el debate público sobre como aceptar el pasado” [44].
Sobre este tema es del caso destacar, tal como se
hiciera en el Informe Final de la
Comisión de la Verdad sobre los Hechos del Palacio de Justicia de Colombia[45], el concepto que al
respecto diera en uno de sus pronunciamientos la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con el cual:
“… el establecimiento de una comisión de la verdad,
según el objeto, procedimiento, estructura y fin de su mandato, puede
contribuir a la construcción y preservación de la memoria histórica, el
esclarecimiento de hechos y la determinación de responsabilidades
institucionales, sociales y políticas en determinados períodos históricos de
una sociedad. Las verdades históricas que a través de ese mecanismo se logren,
no deben ser entendidas como un sustituto del deber del Estado de asegurar la
determinación judicial de responsabilidades individuales o estatales por los
medios jurisdiccionales correspondientes, ni con la determinación de
responsabilidad internacional que corresponda a este Tribunal. Se trata de
determinaciones de la verdad que son complementarias entre sí, pues tienen
todas un sentido y alcance propios, así como potencialidades y límites
particulares, que dependen del contexto en el que surgen y de los casos y
circunstancias concretas que analicen. En efecto, la
Corte ha otorgado especial valor a los informes de Comisiones de la
Verdad o de Esclarecimiento Histórico como pruebas relevantes en la
determinación de los hechos y de la responsabilidad internacional de los
Estados en diversos casos que han sido sometidos a su jurisdicción.”[46]
De esta manera, reafirmando que la plena realización
de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral es
responsabilidad primordial del Estado, la importancia de las comisiones de la
verdad radica en que permiten plantear un enfoque armónico necesario para
construir la verdad y enfrentar varios de los múltiples problemas surgidos al
interior de las sociedades post conflicto. Se establece así una verdad que
tiene en consideración las sucesivas fases de los crímenes y situaciones
sufridas, pudiendo también examinar casos individuales, desde diversos
conceptos de verdad, ya sea global, moral, objetiva o histórica, sirviendo así
de insumo para el cumplimiento sucedáneo de materializaciones que atañen a las
instancias estatales, entre ellas la implementación de medidas puntuales de
satisfacción y la garantía de no repetición de los hechos.
La experiencia latinoamericana proporciona varios
ejemplos del uso de las comisiones de la verdad como mecanis­mo para hacer
efectivo ese derecho y promover la superación de graves y prolongados hechos de
violencia, destacándose entre ellos las iniciativas surgidas en la década de
los años 80 del siglo pasado respecto de las masivas desapariciones ocurridas
durante las dictaduras militares en países como Bolivia y Argentina, y el
citado caso de Colombia respecto de los hechos del Palacio de Justicia,
sucedidos en noviembre de 1985.
Cabe mencionar además que en algunos casos el derecho
a la verdad ha sido exigido en el curso de un procedimiento penal ordinario,
mediante “instrumentos encaminados a obtener información del Estado, como la
acción de hábeas data, o bien a través de los llamados juicios de la verdad, esto
es, procedimientos ante tribunales penales con la única finali­dad de
investigar los hechos y sin aplicación de sanciones penales” [47].
Frente al particular, en torno a la justicia de
transición se han planteado diversas reflexiones sobre cómo enfrentar “la
tensión entre justicia y paz y, en particular, cómo resolver la contraposición
entre un derecho a la justicia concebido cada vez más de manera absoluta y la
necesidad de prescindir de la persecución penal (amnistías, etcétera) o de
garantizar reducciones considerables de pena (derecho penal premial) en ciertos
casos han rodeado todas las experiencias de transición latinoamericanas y en
los últimos tiempos han adquirido un particular fervor” [48].
Por tanto, la adecuada proporción entre justicia y la
obtención y preservación de la paz en el marco de una transición, muy
difícil de balancear, al extremo de que se llegue a expresar “tanta
justicia como la paz lo permita” [49],
lo que denota la trascendental importancia de la finalidad básica de la
transición y, aún más, continuando el apoyo en el enfoque recién citado, como
condición indispensable para la convivencia social y la subsistencia de un
Estado de derecho, pues “solo las circunstancias de cada caso concreto y las
relaciones de poder que existen en una sociedad en un momento histórico dado
podrán determinar si se debe renunciar a la justicia, a cuánto de justicia y
bajo qué condiciones para conservar la paz”.
De los anteriores conceptos y de la continua evolución
de la noción de justicia transicional puede concluirse que el derecho
comparado y la comunidad internacional la han entendido como una institución
jurídica a través de la cual se pretende hilvanar e integrar ingentes
esfuerzos, que aplican las sociedades para enfrentar las consecuencias de
violaciones masivas y abusos generalizados o sistemáticos en materia de
derechos humanos, sufridos en un conflicto, hacia una etapa constructiva de
paz, respeto, reconciliación y consolidación de la democracia, situaciones de
excepción frente a lo que resultaría de la aplicación de las instituciones
penales comunes, contexto en el cual se anuncia inscrita la
Ley 1424 de 2010 desde su título, cuya validez analizará esta Corte en el
punto 5.2 de la presente sentencia.
4.2. Sobre el fundamento constitucional de la justicia
transicional
Tal como se resaltó en el punto anterior, si bien bajo
circunstancias históricas específicas las instituciones de justicia
transicional pueden resultar benéficas para una determinada sociedad, tales
mecanismos son normalmente aceptados en el derecho internacional y
constitucional comparado como una situación excepcional, por lo mismo
transitoria, frente a lo que, en perspectiva eminentemente comparativa, pudiera
denominarse el derecho penal ordinario, vigente y aplicable a la generalidad de
las conductas punibles y directamente derivado de los principios y pautas
constitucionales que regulan la materia.
A partir de esta reflexión, resulta claro que la
implantación de ese tipo de medidas en un determinado Estado debe resultar
aceptable dentro de su marco constitucional, pues lo contrario implicaría una
disminución de los estándares de justicia y de protección de los derechos de
las víctimas, que la sociedad tiene derecho a asegurar, como consecuencia y
realización de los preceptos, valores y principios presentes en el texto
superior, y de las reglas contenidas en los tratados que integran el bloque de
constitucionalidad.
Así, frente a la existencia de normas que el mismo
legislador denominó disposiciones de justicia transicional, cabe
entonces preguntar de qué manera y bajo qué circunstancias la
Constitución Política y las demás reglas y normas que conforman el bloque de
constitucionalidad, admiten la posibilidad de que el legislador adopte una
preceptiva de tal contenido.
No hay en la carta política colombiana ni en los
tratados tradicionales de preservación de los derechos humanos que integran el
bloque de constitucionalidad, una referencia directa a la justicia
transicional. Empero, sí existen, principalmente a nivel de los valores y
principios constitucionales y de su reflejo en los derechos y deberes de los
ciudadanos, pautas y elementos que al ser ponderados con otros criterios
relevantes, permiten apreciar la conformidad entre tal noción y los textos
constitucionales.
En este sentido, la
Corte encuentra en la normativa superior al menos tres distintas referencias,
con apoyo en las cuales puede admitirse la vigencia de medidas de justicia
transicional. La más notoria e importante de ellas es la frecuente mención de
la paz, como uno de los objetivos principales del Estado colombiano,
para cuyo logro se adopta en 1991 la nueva carta política, y como prominente
valor constitucional que se traduce en la existencia de derechos y deberes
ciudadanos encaminados a hacer posible y sustentable, tanto en el presente como
para el futuro, tan anhelada necesidad[50].
Sobre este tema existen además abundantes y reiteradas
referencias a la paz como propósito central del Derecho Internacional,
especialmente en los respectivos preámbulos de los instrumentos constitutivos
de los principales organismos internacionales, entre ellos la
Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la
Organización de Estados Americanos, como también en la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Entre los otros aspectos relevantes que sirven como
fundamento constitucional de la justicia transicional, no por indirecto menos
válido, puede mencionarse además la presencia en el texto superior de
instituciones como la amnistía y el indulto para delitos políticos[51],
que pese a su larga tradición podrían hoy ser en buena parte ubicados como
herramientas de justicia transicional, útiles y conducentes en la búsqueda y
creación de condiciones que hagan posible, o al menos faciliten, el logro de la
concordia y la paz política y social.
Es muy significativo lo que al respecto quedó
estatuido, como expresa voluntad y determinación de la
Asamblea Nacional Constituyente, en el precitado (nota 44 de pie de página)
artículo transitorio 30 de la
Constitución (no está en negrilla en el texto original):
“Autorízase al Gobierno Nacional para conceder
indultos o amnistías por delitos políticos y conexos, cometidos con
anterioridad a la promulgación del presente Acto Constituyente, a miembros de
grupos guerrilleros que se reincorporen a la vida civil en los términos de la política
de reconciliación. Para tal efecto el Gobierno Nacional expedirá las
reglamentaciones correspondientes. Este beneficio no podrá extenderse a
delitos atroces ni a homicidios cometidos fuera de combate o aprovechándose del
estado de indefensión de la víctima.”
También debe tenerse en cuenta la expresa mención que la
Constitución hace del concepto de política criminal del Estado[52],
a partir de la cual se clarifica que, siempre que se observen adecuados
criterios de proporcionalidad y razonabilidad y no se contravenga ninguna
prohibición ni limitación del texto superior, la mayor parte del contenido
específico de las normas penales, tanto sustanciales como procesales, no
dependerá directamente de aquellos preceptos, sino de lo que en cada momento
consideren adecuado y pertinente las distintos órganos constituidos que tienen
a su cargo el diseño, seguimiento y eventual ajuste de tales políticas[53].
Desde esta perspectiva, resulta entonces posible
asumir que la implantación de mecanismos propios de la justicia transicional es
una alternativa válida dentro del marco constitucional colombiano, siempre que
queden a salvo los derechos de las víctimas así lo juzguen las autoridades a
quienes la norma superior asignó la responsabilidad de formular esas políticas,
por considerar que concurren las especiales circunstancias que, según se
explicó, justifican y hacen conveniente la adopción de este tipo de medidas.
En torno a la trascendencia y alcance de la paz como
valor constitucional, como derecho y deber ciudadano y como criterio que
justifica la existencia de instituciones de justicia transicional, este
tribunal vertió extensas reflexiones dentro de la ya citada sentencia C-370 de
2006, mediante la cual decidió sobre la exequibilidad de distintas
disposiciones de la Ley 975 de 2005, usualmente conocida como Ley de
Justicia y Paz, que como ya se indicó, puede ser considerada como una norma
de justicia transicional.
Estas consideraciones precedieron el análisis que la
Corte adelantó en ese caso respecto del alcance de los derechos a la verdad,
la justicia y la reparación, en el derecho internacional y en la jurisprudencia
constitucional e interamericana dentro de un contexto de justicia transicional,
razón por la cual resulta clara y directa su pertinencia frente al presente
caso. Por ello, es ilustrativo transcribir in extenso y reiterar los
siguientes apartes de esa reflexión (está en negrilla en el texto original):
“4.1. El derecho a la
Paz.
4.1.1. La
Paz puede ser considerada como uno de los propósitos fundamentales del Derecho
Internacional. Así se evidencia en el Preámbulo de la
Carta de las Naciones Unidas, en varias de las disposiciones de la misma
Carta, en el preámbulo de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el Preámbulo y en la
Carta constitutiva de la
Organización de Estados Americanos. También
en el contexto americano, tanto en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos,
como en el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, firmados en
1966, la Paz aparece como el fin al que se orienta el reconocimiento de los
derechos allí mencionados.
4.1.2. Por su parte, la
Constitución Política en su Preámbulo enuncia también que el pueblo de Colombia ‘en ejercicio de su poder
soberano, representado por sus delegatarios a la
Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el
fin de fortalecer...la paz...’ decreta sanciona y promulga la
Constitución. De esta manera, la paz en el orden interno constitucional ocupa
también la posición de valor fundamental, como bien lo ha resaltado la
Corte Constitucional de esta manera[54]:
‘En primer lugar, la
Corte constata que la paz ocupa un lugar principalísimo en el orden de valores
protegidos por la
Constitución. Dentro del espíritu de que la
Carta Política tuviera la vocación de ser un tratado de paz, la
Asamblea Constituyente protegió el valor de la paz de diferentes maneras en
varias disposiciones. Por ejemplo, en el Preámbulo la paz figura como un fin
que orientó al constituyente en la elaboración de toda la
Constitución. En el artículo 2 dicho propósito nacional cardinal se concreta
en un fin esencial del Estado consistente en ‘asegurar la convivencia pacífica
y la vigencia de un orden justo’. Además, el artículo 22 va más lejos al
establecer que ‘la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento’.
Dentro de los múltiples instrumentos para facilitar el logro de la paz, la
Constitución reguló procedimientos de resolución institucional de los
conflictos y de protección efectiva de los derechos fundamentales, como la
acción de tutela (artículo 86 CP.). Además, sin circunscribirse a un proceso de
paz, la Constitución permite que ‘por graves motivos de conveniencia pública’
se concedan amnistías o indultos por delitos políticos y estableció requisitos
claros para que ello se ajuste a la Carta...’
4.1.3. Ahora bien, la
Paz aceptada como propósito colectivo nacional e internacional puede
considerarse como ausencia de conflictos o enfrentamientos violentos (núcleo
mínimo), como efectiva armonía social proveniente del pleno cumplimiento de los
mandatos de optimización contenidos en las normas de Derechos Humanos
(desarrollo máximo) o como la atenuación de los rigores de la guerra y la
‘humanización’ de las situaciones de conflicto (Derecho Internacional
Humanitario como manifestación del derecho a la
Paz en tiempos de guerra)[55]. Estas diversas maneras de comprender la
Paz han derivado en distintos análisis jurídicos en torno del concepto, tanto
en el Derecho Internacional como en el Constitucional.
4.1.4. En efecto, desde un primer punto de
vista la Paz en el Derecho Internacional ha sido entendida como un derecho
colectivo en cabeza de la
Humanidad, dentro de
la tercera generación de derechos; en este sentido es importante señalar la relevancia doctrinal del
anteproyecto del Pacto Internacional que consagra los Derechos Humanos de
Tercera Generación, elaborado por la
Fundación Internacional de los Derechos Humanos, que reconoce a todos los
seres humanos tomados colectivamente el derecho a la paz, tanto en el plano
nacional como internacional. En este mismo sentido, también la
Constitución Política en su artículo 22 confiere a la
Paz este mismo carácter, al decir que es ‘un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento.’ Ciertamente, esta Corporación, explicando este alcance de la
Paz como derecho colectivo, que emana de esta disposición superior, ha vertido
las siguientes consideraciones[56]:
‘El artículo 22 de la
C.N., contiene el derecho a la paz y el deber de su obligatorio cumplimiento, derecho
éste que por su propia naturaleza pertenece a los derechos de la tercera
generación, y requiere el concurso para su logro de los más variados
factores sociales, políticos, económicos e ideológicos que, recíprocamente se
le pueden exigir sin que se haga realidad por su naturaleza concursal o
solidaria. Esta interpretación encuentra fundamento adicional en lo preceptuado
en el Art. 88 de la C. N. que consagra las Acciones Populares como mecanismo
especializado para la protección de los derechos e intereses colectivos
relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
pública... ‘y otros de similar naturaleza que definen en ella’.  Así lo
entendió el legislador al expedir el Decreto 2591 cuando señaló la
improcedencia de la Acción de Tutela para proteger derechos colectivos como la
paz y los demás contemplados en el artículo 88 de la
Constitución Política.’
4.1.5. No obstante lo anterior, la
Paz también se perfila cada vez más, tanto en el Derecho Internacional como en
la jurisprudencia constitucional, como un derecho subjetivo fundamental
de cada uno de los seres humanos individualmente considerados, a los cuales a
su vez les corresponde el correlativo deber jurídico de buscar la paz social[57].
…   …   …
En el mismo sentido, resulta interesante
doctrinalmente el antes mencionado anteproyecto de Pacto Internacional que
consagra los Derechos Humanos de Tercera Generación, elaborado por la
Fundación Internacional de los Derechos Humanos, que reconoce así mismo a
todos los seres humanos como individuos, el derecho a la paz.
4.1.6. De igual manera, la
Corte se ha referido a este aspecto subjetivo de la paz, señalando que ‘(e)l
mínimo a la paz constituye así un derecho fundamental ya que de su garantía
depende la efectividad de los demás derechos civiles y políticos de la persona’.[58] Y como deber jurídico de cada ciudadano, debe
recordarse que el artículo 95 superior, al enumerar los deberes de la persona y
del ciudadano, incluye en su numeral sexto el de ‘Propender al logro y
mantenimiento de la paz’. Sobre esta norma la
Corte ha indicado que la
paz no es algo que concierna privativamente a los organismos y funcionarios del
Estado, sino que atañe a todos los colombianos, como lo declara el artículo 22
de la Constitución, a cuyo tenor es un derecho de todos y un deber de
obligatorio cumplimiento.[59]
4.1.7. De esta manera, tanto en el Derecho
Internacional como en la
Constitución Política, la Paz tiene un carácter multifacético, pues es a la
vez un fin que persiguen tanto la comunidad internacional como la nacional, un
derecho colectivo dentro de la tercera generación de derechos, y bajo ciertos
aspectos un derecho subjetivo fundamental al que corresponde un deber personal.
A esta realidad se ha referido esta corporación de la siguiente manera[60]:
‘Una característica peculiar del derecho a la paz es
el de la multiplicidad que asume su forma de ejercicio. Es un derecho de autonomía en cuanto está vedado a la
injerencia del poder público y de los particulares, que reclama a su vez un
deber jurídico correlativo de abstención; un derecho de participación, en el
sentido de que está facultado su titular para intervenir en los asuntos públicos
como miembro activo de la comunidad política; un poder de exigencia frente al
Estado y los particulares para reclamar el cumplimiento de obligaciones de
hacer. Como derecho que pertenece a toda persona, implica para cada miembro
de la comunidad, entre otros derechos, el de vivir en una sociedad que excluya
la violencia como medio de solución de conflictos, el de impedir o denunciar la
ejecución de hechos violatorios de los derechos humanos y el de estar protegido
contra todo acto de arbitrariedad, violencia o terrorismo. La convivencia
pacífica es un fin básico del Estado y ha de ser el móvil último de las fuerzas
del orden constitucional. La paz es, además, presupuesto del proceso
democrático, libre y abierto, y condición necesaria para el goce efectivo de
los derechos fundamentales.’
4.1.8. En conclusión de todo lo anterior,
cabe afirmar que la Paz constituye (i) uno de los propósitos fundamentales del
Derecho Internacional; (ii) un fin fundamental de Estado colombiano; (iii) un
derecho colectivo en cabeza de la
Humanidad, dentro de
la tercera generación de derechos; (iv) un derecho subjetivo de cada uno de los seres humanos
individualmente considerados; y (v), un deber jurídico de cada uno de los
ciudadanos colombianos, a quienes les corresponde propender a su logro y
mantenimiento.”
A continuación de estas reflexiones, el mismo
pronunciamiento analizó así la validez constitucional de los esquemas de
justicia transicional, a partir de esa contextualización de la paz como valor
constitucional y como derecho y deber de los ciudadanos:
“4.2. La Justicia de transición hacia la paz en una democracia con
instituciones judiciales estables y sólidas.
4.2.1. A partir
de la segunda mitad del siglo XX, el derecho internacional ha evolucionado
hacia un aumento considerable de los compromisos de los estados en el respeto y
promoción de los derechos humanos, como garantía de la paz. Numerosos pactos y
convenios internacionales de carácter universal o regional vinculan desde
entonces a las naciones en este compromiso común. Además, se han fortalecido
los mecanismos judiciales para hacer efectivas las obligaciones internacionales
de los estados en esta materia, se ha evolucionado hacia el reconocimiento y
especial protección de la dignidad y los derechos humanos aun en tiempos de
guerra mediante la consolidación del derecho internacional humanitario, y se ha
aceptado universalmente la responsabilidad penal individual de los autores de
graves violaciones a los derechos humanos y la obligación de sancionarla.
4.2.2. Dentro de este panorama de evolución hacia la
protección internacional de los derechos humanos, la comunidad de las naciones
ha puesto su atención sobre aquellos Estados en que se adelantan procesos de
transición hacia la democracia  o de restablecimiento de la paz interna y
consolidación de los principios del Estado de Derecho. La comunidad
internacional ha admitido la importancia de alcanzar estos objetivos sociales
de Paz, pero ha hecho énfasis en que estas circunstancias de transición no
pueden conducir a un relajamiento de las obligaciones internacionales de los
Estados en el compromiso universal de respeto a la dignidad y a los derechos
humanos. En este contexto, se ha entendido que la necesidad de celebrar
acuerdos políticos de reconciliación con amplios grupos sociales exige cierta
flexibilidad a la hora de aplicar los principios que dominan el ejercicio de la
función judicial. Se aceptan con ciertas restricciones amnistías, indultos,
rebajas de penas o mecanismos de administración judicial más rápidos que los
ordinarios, que propicien el pronto abandono de las armas o de los atropellos,
como mecanismos que facilitan la recuperación de la armonía social. La
comunidad internacional ha reconocido esta realidad, admitiendo una forma
especial de administración de justicia para estas situaciones de tránsito a la
paz, a la que ha llamado ‘justicia transicional’ o ‘justicia de transición’,
pero no ha cedido en su exigencia de que las violaciones a los derechos
fundamentales sean investigadas, enjuiciadas y reparadas, y los autores de las
mismas contribuyan a identificar la verdad de los delitos cometidos y reciban
algún tipo de sanción.
…   …   …
4.2.4. La anterior declaración pone de
manifiesto la admisión de una nueva noción de Justicia en el contexto de la comunidad internacional, que
atiende a la necesidad de alcanzar la efectividad del derecho a la paz en
aquellas sociedades en situación de conflicto, pero que a la vez pretende
responder, aun en estas circunstancias, al imperativo de enjuiciar y reparar
las graves violaciones a los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario
y lograr el esclarecimiento de la verdad al respecto, nueva noción de Justicia
que opera dentro del tránsito de un período de violencia a otro de
consolidación de la paz y de vigencia del Estado de Derecho, o de autoritarismo
a otro de respeto al pluralismo democrático.
4.2.5. Así pues, la justicia transicional admite la
existencia de una tensión entre el objetivo social de lograr un tránsito
efectivo hacia la paz o la democracia, y los derechos de las víctimas a que las
violaciones de derechos sean investigadas, enjuiciadas y castigadas por el
Estado, y a que se logre una efectiva reparación. Para la resolución de esta
tensión, el Derecho Internacional, partiendo de la base de que los compromisos
de los Estados en el respeto de los Derechos Humanos no se suspenden ni
interrumpen por las circunstancias de transición,  formula ciertos lineamientos
a fin de asegurar estándares mínimos en materia de justicia, verdad y
reparación.”
Ahora bien, a los anteriores criterios, cuya validez y
pertinencia la Corte reafirma íntegramente, pueden añadirse otros que en
perspectiva más actual conducen en la misma dirección, esto es, a ratificar la
compatibilidad existente entre la carta política vigente y la existencia de
instituciones de justicia transicional, a través de las cuales se acepten
algunas restricciones y concesiones frente a los estándares de justicia, como
también eventualmente de verdad y reparación, extendiendo posibilidades
vigentes en todo tiempo, en lo que, simplemente por oposición, puede
considerarse como normalidad[61].
Uno de tales temas se refiere a varios de los hechos
que antecedieron y desencadenaron el proceso constituyente de 1990 y 1991,
particularmente la grave situación política y social imperante durante la
década inmediatamente anterior, la cual incluía la gran capacidad perturbadora
de grupos alzados en armas y organizaciones criminales, y la incapacidad de las
leyes entonces vigentes, de la Rama Judicial y de los demás organismos del
Estado para afrontar eficazmente tales condiciones, de todo lo cual derivó de
manera evidente que uno de los principales objetivos del establecimiento de una
nueva Constitución, compartido más allá de sus particulares matices por todos
los actores y sectores sociales que tomaron parte en dicho proceso, era el
logro y afianzamiento de la paz, propósitos y esperanza que quedaron reflejados
en las reiteradas alusiones a la paz, como valor y como derecho y deber
comunitario, contenidas en el texto superior, que ya hubo ocasión de analizar
extensamente.
De otro lado, debe ahora resaltarse que la carta de 1991
ha traído cambios de gran significación en la vida política y social de la
nación, destacándose entre ellos el paso de una democracia puramente
representativa a una participativa y pluralista, así como algunos importantes
avances en la deseada consecución de la paz. Por lo demás, estos procesos han
estado signados por la frecuente y frustrante expedición, aplicación y
replanteamiento de diversas normas, tanto a nivel legal como administrativo,
que si bien no han sido expresamente rotuladas como instrumentos de justicia
transicional, han estado visiblemente enmarcadas dentro de este propósito.
Este proceso ha sido especialmente activo durante la
última década, tiempo en el cual se expidió un conjunto de normas jurídicas y
se produjeron importantes pronunciamientos de las autoridades judiciales y
administrativas, que no en vano han sido profusamente relatados y comentados
por los actores e intervinientes dentro de este proceso, tal como quedó
reflejado en los antecedentes de esta providencia[62].
Sin perjuicio de esos avances, aún dos décadas después
subsisten graves conflictos y problemas sociales, políticos y éticos, que
impiden completar el propósito de alcanzar la paz y que esta sea duradera a
partir de los criterios presentes en la
Constitución, ampliamente expuestos en precedencia, que avalan y justifican la
insistencia en experimentos de justicia transicional.
Precisa en todo caso la
Corte que esta preliminar conclusión en manera alguna implica la conformidad
constitucional de cualquier norma que bajo ese propósito apruebe el legislador
o, dentro de sus respectivas competencias, los demás poderes y autoridades del
Estado, sino apenas la eficacia conceptual del planteamiento y la posibilidad
de expedir normas que establezcan instituciones de justicia transicional. Como
es natural, la validez de tales preceptos ante la
Constitución, deberá analizarse específicamente a la luz de los elementos y
criterios aplicables, tal como esta corporación lo hará en el punto 6 de las
presentes consideraciones.
5.1. Sobre el contenido de las disposiciones de la
Ley 1424 de 2010
Esclarecido
lo anterior, procede entonces la Corte a realizar un breve análisis normativo
del articulado de la ley parcialmente acusada para, a partir de ello, poder
adelantar el estudio de los cargos formulados por los actores contra algunas de
sus disposiciones.
Como
se ha indicado, según el título aprobado por el Legislador, la
Ley 1424 de diciembre 29 de 2010 adopta una serie de medidas de justicia
transicional para garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las
víctimas de desmovilizados de grupos armados al margen de la ley. Además, según
ese epígrafe, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones.
5.1.1.
Campo de aplicación
El
artículo 1° traza los objetivos de la referida ley, señalando que ella tiene
por objeto contribuir al logro de la paz perdurable y a la satisfacción de las
garantías de verdad, justicia y reparación, dentro de un marco de justicia
transicional, así como promover la reintegración a la sociedad, exclusivamente
de personas desmovilizadas de los grupos armados organizados al margen de la
ley, mediante el otorgamiento de determinados beneficios cuya promesa podría
inducir ese proceso de desmovilización.
El
mismo precepto delimita también el universo de sujetos a quienes esta ley se
aplicará, que en consecuencia serán las únicas personas que podrán invocar y en
cuyo favor habrán de concederse los beneficios jurídicos desarrollados por los
restantes artículos de la misma. Señala entonces ese artículo que esta ley se
aplicará respecto de la conducta de los desmovilizados[63]
de los grupos armados organizados al margen de la ley[64]
que hubieran incurrido, únicamente, en los delitos de concierto para delinquir
simple[65]
o agravado[66],
utilización ilegal de uniformes e insignias[67],
utilización ilícita de equipos trasmisores o receptores[68],
porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas
Armadas[69]
o de defensa personal[70],
como consecuencia de su permanencia a dichas agrupaciones.
Cabe
precisar, en relación con los destinatarios de esta ley, esto es, quienes
podrán solicitar la aplicación de los beneficios en ella establecidos, que debe
necesariamente tratarse de personas desmovilizadas, lo que según se
desprende de la definición antes citada[71],
supone como mínimo su anterior pertenencia a un grupo armado organizado al
margen de la ley, así como el porte de armas en desarrollo y como consecuencia
de esa actividad. Así las cosas, no podrán solicitar estos beneficios los
individuos cuya situación no encuadre en estos supuestos, entre ellos quienes
habiendo cometido los mismos delitos, por ejemplo, habiéndose concertado para
delinquir en la misma facción de los desmovilizados, o siendo beneficiarios
reales de tales conductas criminales, no tengan esa calidad.
De
igual manera debe resaltarse que la condición de desmovilizado tampoco
es suficiente para tener derecho a los beneficios establecidos en esta ley,
pues debe además concurrir la circunstancia de que aquellos hubieran cometido
únicamente uno o más de los delitos antes señalados. Se observa, entonces, que quienes
en la jerarquía interna de los grupos al margen de la ley hubieren ocupado la
posición de comandantes, tampoco podrán acceder a estos beneficios, si en
tal condición hubieren impartido instrucciones encaminadas a la comisión de
delitos objeto del concierto, pues ello necesariamente les haría responsables
de esos otros delitos, bien como autor, bien como partícipe, incumpliéndose así
la otra regla prevista en el artículo 1° en comento.
Esta
delimitación de sujetos resulta lógica y es consistente con la intención
expresada desde la presentación del proyecto de ley, a lo largo de su debate
parlamentario y dentro del presente proceso de constitucionalidad, en el
sentido de que a través de ella se buscaba ofrecer una alternativa a los así
llamados combatientes rasos, es decir, a aquellas personas cuyo accionar
delictivo se limita a su pertenencia al grupo ilegal y a las demás acciones
inherentes o necesariamente relacionadas con ella, sin haber cometido otras
conductas punibles, pues esa situación corresponde sin dificultad a la
hipótesis ya descrita, prevista en el referido artículo 1°.
5.1.2.
Acuerdos de Contribución a la
Verdad Histórica y la Reparación
Para
cumplir con los fines antes propuestos, el artículo 2° ibídem establece los
denominados Acuerdos de Contribución a la
Verdad Histórica y la Reparación, cuya suscripción será promovida por el
Gobierno Nacional, y estará abierta únicamente a las personas desmovilizadas
listadas en el artículo 1° de esta ley, al cual antes se hizo referencia. El
inciso 2° señala, de manera expresa, que esos acuerdos son un instrumento de
transición para poner en vigor los principios de verdad, justicia y reparación,
como complemento a los instrumentos jurídicos que se han establecido a tal
efecto, para contribuir al proceso de reconciliación nacional.
Respecto
de los requisitos y el cumplimiento de estos acuerdos, el artículo 3° establece
unos presupuestos de tipo formal y otros relacionados con su contenido. En
cuanto a lo primero, la norma prevé que los acuerdos (i) sean suscritos por el
Presidente de la República o su delegado y el desmovilizado, (ii) consten por
escrito, y (iii) se celebren durante el año siguiente a la expedición de la
Ley 1424 de 2010, es decir, dentro del período comprendido entre diciembre 29
de 2010 y ese mismo día de 2011.
En
lo que atañe al contenido, en cada uno de estos acuerdos, la persona
desmovilizada deberá comprometerse con (i) el proceso de reintegración a la
sociedad y (ii) la contribución al esclarecimiento de la conformación de los
grupos organizados al margen de la ley, y suministrar información sobre (iii)
el contexto general de su participación y (iv) todos los hechos o actuaciones
de que tenga conocimiento en razón de su pertenencia a esas agrupaciones.
5.1.3.
El mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica
Otra
de las medidas adoptadas por el Legislador mediante esta ley es la creación, en
el artículo 4°, de un Mecanismo no Judicial de Contribución a la
Verdad y la Memoria Histórica, cuyo principal insumo está conformado por
la información que surja de los Acuerdos individualmente suscritos con
los sujetos desmovilizados, en desarrollo de lo previsto en los artículos 2° y
3° de la misma ley. Además de la recolección, sistematización y preservación de
esa información, el denominado Mecanismo no Judicial deberá también
servir de base para la producción de ciertos informes, sobre materias no
especificadas.
Por
su parte, el 2° inciso de esta norma, cuya constitucionalidad se controvierte
dentro de este proceso, prohíbe de manera tajante que la información que se
conozca con ocasión de estos Acuerdos pueda ser servir de prueba en un
proceso judicial, contra el desmovilizado que los suscribió o contra terceros.
5.1.4.
Los beneficios jurídicos contenidos en la
Ley 1424 de 2010
También
para dar cumplimiento a los fines ya referidos, en adición a lo relativo a los Acuerdos
de Contribución a la Verdad Histórica y la
Reparación y el Mecanismo no Judicial de Contribución a la
Verdad y a la Memoria Histórica, esta ley consagra en sus artículos 6° y
7° unos beneficios jurídicos específicos, relativos a la libertad personal y la
ejecución de las penas impuestas a los sujetos previstos en su artículo 1°.
Según lo señala el artículo 9°, la aplicación de esas reglas se hará en forma
preferente respecto de lo previsto en otras normas contenidas en el
ordenamiento jurídico interno y sin atender al máximo de punibilidad que cabría
imponer.
Debe
en todo caso precisarse que, por expresa disposición del artículo 5° ibídem,
las personas desmovilizadas a quienes se otorguen estas ventajas serán
investigadas y/o juzgadas conforme a las normas aplicables en el momento de la
comisión de la conducta punible, indudablemente sin desconocer el principio de
favorabilidad, cuando a ello hubiere lugar. Ello significa entonces que la
Ley 1424 de 2010 aquí analizada no ofrece a sus destinatarios la impunidad de
sus acciones, ni tampoco una reducción en la duración de las penas que les
serían imponibles[72],
pero además que el otorgamiento o no de los beneficios relativos a la libertad
tendrá siempre lugar dentro de una actuación judicial, que se cumplirá en
ejercicio de la potestad punitiva del Estado.
En
primer término, el artículo 6° trata sobre las denominadas medidas
especiales respecto de la libertad, las cuales consisten en la suspensión
de las órdenes de captura proferidas en contra de los desmovilizados que se
encuentren bajo los supuestos del artículo 1° ya referidos, o en la posibilidad
de abstenerse de imponer medida de aseguramiento. Para ello, este precepto
plantea una serie de exigencias de tipo formal y sustancial.
Como
requisito inicial, el desmovilizado y presunto beneficiario de esa medida
deberá haber manifestado su compromiso respecto de todos aquellos aspectos que,
según se explicó, deben precisarse antes de suscribir el respectivo Acuerdo
de Contribución a la Verdad Histórica y la
Reparación.
Constatado
lo anterior, se requiere una petición formal por parte del Gobierno Nacional,
por intermedio de la Alta Consejería para la
Reintegración, o quien funja como tal, la cual constituye un requisito de
procedibilidad de este tipo de decisiones. Formulada esa solicitud y
verificados los requisitos del caso, dentro de los diez días siguientes el juez
competente decretará la suspensión de las órdenes de captura vigentes contra el
desmovilizado objeto de aquella.
Además
de los presupuestos hasta ahora indicados, la suspensión de las órdenes de
captura originadas en la comisión de los delitos antes referidos, tendrá lugar
solamente cuando el desmovilizado (i) se encuentre vinculado al proceso de
reintegración social, y (ii) esté cumpliendo su ruta de reintegración o haya
culminado satisfactoriamente ese proceso. También exige la norma que (iii) el
beneficiario no haya sido condenado por delitos dolosos cometidos con
posterioridad a la fecha en que haya sido certificada su desmovilización. Contrario
sensu, de no concurrir todos estos requisitos, deberá entonces proseguirse
con el cumplimiento de las órdenes de captura vigentes.
El
beneficio analizado también puede hacerse extensivo cuando el Gobierno
Nacional, expresamente, solicite a la autoridad judicial competente que conozca
de aquellas actuaciones en contra del desmovilizado, abstenerse de proferir
futuras órdenes de captura.
El
artículo 6° en comento también señala que la autoridad judicial que conozca de
la solicitud elevada por el Gobierno, deberá comunicarla a las partes e
intervinientes acreditados en el proceso penal, el cual, como ya se explicó, se
seguirá adelantando conforme a la normatividad vigente al momento de la comisión
del delito, según lo establecido en el artículo 5° de esta misma ley.
Esta
comunicación se hará mediante un auto de sustanciación o de trámite, que no
admite recursos; sin embargo, la decisión que resuelve sobre la suspensión o no
de las órdenes de captura deberá ser notificada a los mismos sujetos.
Un
segundo beneficio es el establecido en el artículo 7° de la ley que se estudia
y corresponde a la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Al
igual que frente a la medida relacionada con las órdenes de captura, en este
caso la norma exige una petición formal a la autoridad judicial competente por
parte del Gobierno Nacional, que deberá realizar la
Alta Consejería para la
Reintegración o quien haga sus veces.
Es
importante precisar que la situación acá prevista, coincide tanto en su
denominación como en su efecto práctico con aquella concordantemente
desarrollada en los artículos 63 de la Ley 599 de 2000 y 474 de la
Ley 906 de 2004, como uno de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa
de la libertad, pese a lo cual se rige por reglas propias, parcialmente
distintas a las contenidas en tales códigos. Así las cosas, la regulación
prevista en el artículo 7° de la Ley 1424 deberá entonces tenerse como referida
a una situación especial, la posibilidad de suspender la ejecución de las
sentencias impuestas a aquellas personas previstas en el artículo 1° de esta
ley, situación que en lo no previsto por el referido artículo 7° y las demás
disposiciones de esta Ley deberá regirse por las normas ordinarias, esto es,
las previstas en los Códigos Penal y de Procedimiento Penal a las que se ha
hecho referencia.
Según
lo prevé el artículo 7° en comento, esta suspensión en la ejecución de la pena
principal será también extensiva a las penas accesorias que correspondan, por
disposición expresa del parágrafo 1° de este artículo. Se establece también que
la custodia y vigilancia de la ejecución de la pena seguirá a cargo del
funcionario judicial competente y del Instituto Nacional Penitenciario y
carcelario INPEC, en los términos del Código Penitenciario y Carcelario[73].
Debe
precisarse que, según tradicionalmente lo ha entendido la jurisprudencia penal,
la solicitud de suspensión condicional de la ejecución de la pena y de las
penas accesorias debe ser decidida por la autoridad judicial competente, al
momento de proferir la respectiva sentencia.
Por
su parte el artículo 474 de la Ley 906 de 2004, norma que según se ha explicado
resultaría aplicable en lo no previsto por la
Ley 1424 de 2010, señala que para el otorgamiento de la suspensión condicional
de ejecución de la pena deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el Código
Penal y se fijará el término para que la persona beneficiada con ella repare
los daños ocasionados con el delito, salvo en el caso de que existan bienes
secuestrados, decomisados o embargados, que garanticen íntegramente la
indemnización. Por otra parte, el pago de la pena accesoria de multa es
requisito imprescindible para poder otorgar ese beneficio[74],
salvo las excepciones legal y jurisprudencialmente contempladas.
Ahora
bien, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia al estudiar el artículo 63 del Código Penal, norma
que no indica expresamente que la suspensión de la ejecución de la pena por un
período de prueba debe tener lugar en la sentencia condenatoria, como sí lo
hacía en su momento el artículo 68 del Decreto Ley 100 de 1980 (Código Penal
vigente antes de la expedición de la Ley 599 de 2000), ha señalado que el
análisis de la concesión de los otrora llamados subrogados penales, solamente
puede adelantarse en el marco del fallo[75].
También en el sistema procesal penal contenido en la
Ley 600 de 2000, se establece que la sentencia es la ocasión para resolver
sobre la procedencia de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la
libertad (art. 170, num. 9°).
De
acuerdo con lo anterior y por regla general, cuando en aplicación de los
supuestos relacionados con el artículo 7º de la
Ley 1424 de 2010 se deba analizar la viabilidad de suspender la ejecución de
la pena en un caso concreto, ese estudio debería consignarse en la sentencia
condenatoria respectiva, previa solicitud del ejecutivo y verificados los
presupuestos exigidos.
Sin
embargo, en atención a la naturaleza y las finalidades perseguidas por la
Ley 1424 de 2010, así como su carácter de instrumento de justicia
transicional, en procura de la paz perdurable, la satisfacción de los derechos
a la verdad, la justicia y la reparación de víctimas y la reintegración a la
sociedad de los beneficiarios de tal Ley, sería posible que aún con
posterioridad a la sentencia condenatoria, se solicite a la autoridad judicial
encargada de verificar el cumplimiento de la pena la aplicación al beneficio
consignado en el artículo 7° ibídem, previa postulación del Gobierno.
Lo anterior, siempre que concurran los condicionamientos y compromisos que
serán explicados a continuación.
Al
regular lo relacionado con la duración de la suspensión condicional de la
ejecución de la pena, el mismo artículo 7° consagra que ese beneficio podrá ser
otorgado por un período equivalente a la mitad de la condena establecida en la
respectiva sentencia. Más adelante, el parágrafo 2° de la misma norma señala
que luego de cumplido dicho lapso, sin que el desmovilizado que había sido
condenado incumpla las obligaciones inherentes (desarrolladas por el artículo
8°), la pena quedará extinta, previa decisión judicial que así lo determine.
También
en este caso, para conceder el referido beneficio, el operador judicial deberá
verificar el cumplimiento de los presupuestos establecidos en el mismo artículo
7° de la ley en comento, que pueden sintetizarse así: i) haber suscrito el Acuerdo
de Contribución a la Verdad Histórica y la
Reparación y estar vinculado al proceso de reintegración ofrecido por el
Gobierno; ii) adelantar actividades de servicio social con las comunidades que
acojan a los desmovilizados, dentro del referido marco de reintegración; iii)
haber reparado integralmente los daños ocasionados con los delitos por los cuales
fue condenado dentro del marco de esta ley, es decir, alguna de las conductas
previstas en su artículo 1°, salvo que demuestre la imposibilidad económica de
hacerlo; iv) no haber sido condenado por delitos dolosos cometidos después de
la fecha en la cual haya sido certificada la desmovilización; v) observar buena
conducta en el marco del proceso de reintegración.
Igual que sucede
con la petición de suspensión de las órdenes de captura, la solicitud
relacionada con la suspensión de la ejecución de la pena deberá ser comunicada
a las partes e intervinientes en el respectivo proceso penal, mediante auto de
trámite que no admite recurso. Y la decisión que finalmente recaiga sobre esa
petición deberá ser notificada a los mismos sujetos.
Junto
con el cumplimiento de los presupuestos y obligaciones contenidos en el
artículo 7° de esta Ley, el beneficiario de la suspensión en la ejecución de la
pena deberá cumplir otros compromisos. Por ejemplo, deberá informar todo cambio
de residencia a la autoridad que verifica el cumplimiento de la pena,
comparecer ante ésta cuando sea requerido y abstenerse de salir del país sin
autorización previa del funcionario encargado de su vigilancia. Además, se
establece que durante este período deberá observar buena conducta.
Con
todo, las prerrogativas otorgadas en los artículos 6° y 7° de esta Ley
(suspensión de las órdenes de captura y suspensión condicional de la ejecución
de la pena), pueden ser revocadas por la autoridad judicial competente, de
oficio, o también por petición de la
Alta Consejería para la
Reintegración o quien haga sus veces, en caso de que el beneficiario incumpla
cualquiera de los requisitos establecidos en esa normatividad, o con el
Mecanismo no Judicial de Contribución a la
Verdad y la Memoria Histórica, señalados en su artículo 9°. Esta regla es
análoga a la contenida en el artículo 66 del Código Penal vigente (Ley 599 de
2000), que establece los casos en los que habrá lugar a la ejecución de la
sentencia que previamente hubiere sido suspendida.
Finalmente debe anotarse, respecto de ambos casos, que
si bien las decisiones de poner en conocimiento de las partes las solicitudes
que formule el Gobierno en desarrollo de lo previsto en los referidos artículos
6° y 7° no serán susceptibles de recursos, cosa distinta sucede respecto de las
determinaciones que el juez competente adopte frente a tales solicitudes, pues
en realidad la misma norma tácitamente
deja a salvo la posibilidad de que estas últimas sean impugnadas. Ello resulta,
en primer término, de la ausencia inmediatamente después de los textos que
ordenan su notificación a las partes e intervinientes, de una regla que
restrinja o descarte la posibilidad de recursos contra la decisión que se
notifica, silencio que resulta elocuente en comparación con la norma aplicable
respecto de la decisión de informar sobre tales solicitudes. Pero también del
sentido de las reglas sobre medios de impugnación previstas en los Códigos de
Procedimiento Penal vigentes[76],
que al ser aplicadas a una situación especial como la aquí comentada darían
como resultado que frente a una resolución de este contenido y trascendencia
procedan los recursos ordinarios de reposición y apelación.
5.1.5.
Facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la
República
De
otro lado, con el ánimo de complementar y desarrollar las regulaciones
contenidas en esta Ley, su artículo 10° otorga al Presidente de la
República facultades extraordinarias por el término de seis meses contados a
partir de la fecha de su expedición, las cuales se rigen por lo previsto en el
numeral 10° del artículo 150 de la
Constitución Política.
Esta
habilitación legislativa tiene dos propósitos principales: de una parte, crear
y/o modificar el operador que se encargará de poner en marcha el Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad y la
Memoria Histórica, regular su funcionamiento y adoptar las medidas presupuestales
necesarias; de otra, permitir las modificaciones a la estructura orgánica, la
planta de personal y los presupuestos asignados a la
Fiscalía General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo y el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República - Alta Consejería para la
Reintegración, que son las entidades a las que corresponde el desarrollo e
implementación de esta Ley.
5.2. Las disposiciones contenidas en la
Ley 1424 de 2010 son normas de justicia transicional
Como quedó reseñado con anterioridad, la
Corte considera que si bien el título explicativo que conforme al artículo 169
superior precede al articulado de la Ley 1424 de 2010 señala que la misma
contiene disposiciones de justicia transicional, para efectos del
análisis de constitucionalidad de tales preceptos resulta importante determinar
si, en efecto, ellos tienen esa connotación.
Pues bien, al confrontar el concepto de justicia
transicional, según ha quedado explicado en el punto 4.1 de esta providencia,
con el contenido de los preceptos que integran la
Ley 1424 de 2010, parcialmente demandada, desarrollado en el punto 5.1
anterior, para la Sala resulta visible que dichos preceptos consagran típicos
mecanismos de justicia transicional.
En efecto, según quedó expuesto en el punto anterior, la
Ley 1424 de 2010 establece una serie de beneficios dirigidos a personas
desmovilizadas, antiguos integrantes de grupos armados organizados al margen de
la ley, que hubieren cometido únicamente uno o más de los delitos listados en
su artículo 1°, siendo la más notable de esas ventajas la posibilidad de ser
puestos en libertad a través de distintos mecanismos, dependiendo del momento
procesal en que se halle la respectiva actuación, e incluso en caso de haber
sido condenados.
Como contraprestación, se establecen dos reglas
cardinales: una de ellas, la contenida en el artículo 5° de la misma Ley,
conforme a la cual, sin perjuicio de las concesiones contenidas en los demás
artículos, “los desmovilizados de que trata el artículo 1° (…) serán
investigados y/o juzgados según las normas aplicables en el momento de la
comisión de la conducta punible”. La otra, la prevista en sus artículos 2°,
3° y 4°, que demanda de los beneficiarios de esta Ley un compromiso firme,
frente al propósito de reintegración a la sociedad y el esclarecimiento de los
hechos de que tenga conocimiento, que se concreta de manera especial en la
suscripción de los llamados Acuerdos
de Contribución a la Verdad Histórica y la
Reparación.
A su turno, el artículo 4° establece, como garantía
para las personas desmovilizadas que suscriban tales Acuerdos, la regla
según la cual la información que se conozca a través de ellos no podrá ser
utilizada como prueba judicial en contra de quien la proveyó, ni de terceras
personas.
Se observa entonces de manera patente que la
Ley 1424 de 2010 plantea a sus destinatarios -sospechosos, imputados, acusados
o responsables de posibles conductas punibles de gran trascendencia-, la
probabilidad de alcanzar una situación jurídica ampliamente favorable, tanto a
nivel individual como colectivo, exigiéndoles a cambio ciertos compromisos de
reciprocidad, especialmente encaminados al esclarecimiento de la verdad
histórica sobre los hechos investigados, poniendo así en movimiento medios de
negociación conducentes a una situación que podría estimarse de mutuo
beneficio, lo que constituye una práctica típica y propia de los sistemas de
justicia transicional.
Así las cosas, más allá de lo anunciado por el título
de la Ley 1424 de 2010 y de la intención explícitamente manifestada por los
autores del proyecto que se convirtió en dicha Ley, y por varios de los
miembros del Congreso que intervinieron en su trámite, estima la
Corte que la ley parcialmente acusada efectivamente contiene este tipo de
mecanismos, por lo que el análisis de su constitucionalidad habrá de tomar en
cuenta esa circunstancia.
6. Análisis de los cargos planteados: Del contenido
que dentro de un contexto de justicia transicional tienen los derechos de las
víctimas a la justicia, la verdad y la reparación
Al emprender el estudio específico de los cargos
elevados en la demanda, y de cara al contenido de los derechos de las víctimas
cuya supuesta vulneración los sustenta, debe esta corporación reiterar la
necesidad de que, tratándose de instituciones concebidas dentro de un contexto
de justicia transicional, ese examen parta de una cuidadosa ponderación de los
principios e intereses constitucionales en juego, que en estos casos entran en
colisión.
Los elementos objeto de esa ponderación son, de una
parte, la paz como valor constitucional y como derecho y deber ciudadano, en
procura de la cual se han establecido mecanismos como los contenidos en la
Ley 1424 de 2010 aquí parcialmente acusada, y de otra, los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, garantías que sin duda
tienen sólido fundamento, tanto en la
Constitución Política como en los instrumentos internacionales que integran el
bloque de constitucionalidad.
En los años recientes esta corporación realizó un
ejercicio de ese mismo contenido, en la tantas veces citada sentencia C-370 de
2006, estudio que sirvió como referente de las decisiones allí adoptadas en
torno a la exequibilidad de las disposiciones de la
Ley 975 de 2005 que entonces habían sido demandadas, norma que como se ha
explicado, ha sido mayoritariamente considerada un típico instrumento de
justicia transicional. En esa oportunidad la
Corte se apoyó, como es del caso hacerlo también ahora, en el extenso análisis
que esa misma providencia efectuó en torno a la paz en sus distintas
dimensiones, y a la importancia que el constituyente de 1991 le atribuyó a ese
concepto, en atención al contexto histórico del momento, que también en esta
decisión ha sido rememorado.
Sin embargo, al relievar también el valor e
importancia reconocidos por la
Constitución al concepto de justicia, y precisamente como resultado de ese
ejercicio de ponderación, señaló esta corporación que, pese a la enorme
importancia de la paz como valor, como derecho y como deber ciudadano, el
posible logro de ese objetivo no es razón suficiente para justificar cualquier
tipo de sacrificio de otros intereses igualmente protegidos por el ordenamiento
superior, específicamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia
y la reparación, como consecuencia de las acciones que les hubieren afectado
Así las cosas, sin reducir el alcance que conforme al
texto superior y al derecho internacional tienen esos conceptos, este análisis
acepta desde su inicio que en casos concretos puede resultar válida una parcial
restricción de alguno(s) de esos derechos, por ejemplo del derecho a la
justicia en la dimensión relacionada con la efectiva sanción de los responsables
de ciertos delitos, o del derecho a la reparación en cuanto algunos de sus
componentes sean parcialmente reformulados, para dar espacio a las formas
simbólicas y colectivas de reparación, que pueden así mismo ser efectivas como
garantía de no repetición de los hechos vulneradores de los derechos humanos.
Conforme a lo explicado, el ejercicio de ponderación
de los principios y valores constitucionales en conflicto debe necesariamente
realizarse frente a reglas de derecho específicas y no de manera global, pues
sólo mediante la apreciación concreta de cada una de ellas puede evaluarse
adecuadamente la razonabilidad y aceptabilidad de las restricciones planteadas,
en vista del beneficio correlativo que a partir de ello pudiera obtener la
sociedad dentro del ya explicado contexto de la justicia transicional.
Con base en estos criterios, procederá entonces la
Sala al análisis de los cargos de la demanda, a partir de lo cual determinará
si los beneficios y reglas establecidos en las disposiciones aquí demandadas de
la Ley 1424 de 2010 son compatibles con los preceptos constitucionales, y en
consecuencia, adoptará las decisiones correspondan.
6.1.
Aproximación a la
protección penal frente a la impunidad de delitos graves, conforme al derecho
internacional
Desde el preámbulo de la carta política y
particularmente en desarrollo de sus artículos 2º, 29, 228, 229 y 250, se
proclama la finalidad de asegurar la justicia, entre otros principios. En esa
línea, es imperativo que, dentro de un marco jurídico, se garantice un orden
social justo, uno de los fines por los cuales se expidieron las normas que
integran la Constitución. A su vez, destaca la trascendencia del referido
artículo 2º, que señala que es esencial al Estado, además de servir a la
comunidad, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes, al
igual que la vigencia de ese orden justo, todo lo cual conduce a la posibilidad
de que toda persona acceda a la administración de justicia, que debe ser
debida, oportuna y acertadamente impartida.
Bajo tales supuestos, a todos los jueces se les ha
encomendado la dispendiosa e inexorable tarea de buscar la verdad, hacer
prevalecer el derecho sustancial sobre el formal y lograr la defensa y eficacia
de los derechos constitucionales.
Entonces, es obligación de los operadores jurídicos,
entre ellos quienes aplican el ius puniendi del Estado, esclarecer la
verdad en procura de la justicia material y la eficacia de los derechos
fundamentales, para que todo concluya en una decisión justa[77], que también lo ha de ser para la sociedad y para la
víctima. En el campo penal se le ha reconocido a esta última, dentro de los dos
sistemas procesales penales vigentes en Colombia (Leyes 600 de 2000 y 906 de
2004), al igual que en la
Constitución Política y en el bloque de constitucionalidad, los derechos de
acceder a la administración de justicia, conocer la verdad y obtener una
reparación integral[78].
Así mismo, esta Corte ha explicado que el acceso a la
justicia naturalmente conlleva el derecho a obtenerla en cada caso concreto, lo
cual implica que el Estado tiene el deber de esclarecer lo sucedido y sancionar
adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos, con la opción de
recurrir efectivamente, en plena observancia de las reglas del debido proceso[79].
A su vez, el artículo 250 superior, modificado por el
Acto Legislativo 03 de 2002, expresamente obliga a la
Fiscalía General de la Nación a adelantar el ejercicio de la acción penal y
realizar la investigación de todo hecho que revista las características de un
delito. Además, también por expreso mandato constitucional, le está proscrito
suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, salvo las
excepciones consagradas en la ley para la aplicación del principio de
oportunidad[80].
Como génesis de todo lo anterior, debe recordarse que
diferentes instrumentos internacionales han reconocido el derecho que tiene
toda persona para hacer uso de un recurso efectivo ante tribunales competentes,
procurando obtener amparo frente a actos que atenten contra sus derechos
fundamentales. Así se ha establecido, entre otros, en el artículo 8º de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en la
Resolución 217 A (III) de diciembre 10 de 1948 y en el artículo 2º numeral 3º
literal a) del PIDCP, adoptado en la
Resolución 2200 A (XXI) de diciembre 16 de 1966, vigente en Colombia desde
marzo 23 de 1976, en virtud de la Ley 74 de 1968.
Además, tal como se expresó en la sentencia C-936 de
noviembre 23 de 2010 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva)[81], existen en el ámbito internacional otros
instrumentos que además de precaver la comisión de graves vulneraciones a los
derechos humanos, conminan a los Estados a sancionarlos adecuadamente.
Así, la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (adoptada en 1984 y vigente en Colombia en cumplimiento de la
Ley 70 de 1985), obliga a que todo comportamiento catalogable como tortura sea
tipificado y castigado con penas adecuadas a la gravedad de los hechos (art.
4º). Igualmente, la
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura (adoptada en 1985 y que rige en el país en virtud a la
Ley 409 de 1997), conmina a que ese tipo de conductas y aquellas que
constituyan tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, sean castigadas
con sanciones severas, que tengan en cuenta su gravedad (art. 6º)[82].
De otra parte, el “Conjunto de Principios
actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante
la lucha contra la impunidad”[83] señala como principios generales los derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación[84], que deben observarse y garantizarse por los Estados,
mediante la adopción de procedimientos tendientes a la lucha contra la
impunidad. A ese respecto, la precitada sentencia C-370 de 2006 catalogó ese
conjunto de Principios como “un marco conceptual de gran valor como fuente
de Derecho Internacional”.
El preámbulo de tal conjunto de Principios define
impunidad como “la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad
penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad
civil, administrativa o disciplinaria”. Además, se advierte que la
impunidad surge cuando el autor de una violación a derechos humanos reconocidos
se mantiene ajeno a i) las investigaciones encaminadas a su inculpación, detención
o procesamiento; o, ii) en el caso de ser reconocido como culpable, a una pena
apropiada y/o a la indemnización del daño causado.
El primer Principio de la lucha contra la impunidad
hace referencia a los deberes generales de los Estados, en orden a adoptar
medidas eficaces, siendo infracción a esos deberes no investigar las
violaciones de los derechos humanos, pues deben adoptar “medidas apropiadas
respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que
las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y
condenadas a penas apropiadas”, además de “garantizar a las víctimas
recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, de garantizar el
derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias
para evitar la repetición de dichas violaciones”.
A su vez, el Principio 9º señala el derecho a la
justicia como uno de los principios generales, el cual comporta como deber del
Estado emprender “investigaciones rápidas, minuciosas, independientes e
imparciales de las violaciones de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario” y adoptar  “las medidas apropiadas respecto
de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia penal, para que sean
procesados, juzgados y condenados debidamente”.
Acorde con lo hasta ahora consignado, varios de los
instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 93 de la
Constitución Política, además de otros que son también fuente de derecho
internacional, imponen al Estado la obligación de tipificar, investigar y
sancionar adecuadamente aquellos comportamientos que revistan las
características de delito (cfr. además art. 250 ib.). Como lo ha resaltado esta
Corte, esas obligaciones adquieren mayor relevancia cuando se trate de comportamientos
que afecten sensiblemente derechos humanos.
6.2.
La relevancia internacional
de la investigación y el juzgamiento de los graves comportamientos contra
derechos humanos, aún bajo los parámetros de la justicia transicional
Para
toda la humanidad resultan de gran impacto los comportamientos que conllevan
grave vulneración contra derechos fundamentales, por el ingente daño que
producen y su atrocidad, que generan conmoción interna y foránea, trascendiendo
las fronteras al quebrantar el derecho internacional humanitario y, aún,
convertirse en crímenes de lesa[85] humanidad, ejecútense o no dentro de un conflicto
armado.
Según
el Conjunto de Principios para la
Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la
Impunidad que, como se ha manifestado, es una fuente de derecho internacional
reconocida por la Corte Constitucional, la expresión “delitos graves
conforme al derecho internacional” comprende relevantes quebrantamientos
contra previsiones de los Convenios de Ginebra[86] de agosto 12 de 1949, o de su Protocolo adicional I
de 1977[87], por conductas relacionadas con los conflictos
armados, principalmente cometidas contra quienes no constituyen objetivo
militar.
Además,
constituyen ese tipo de conductas otros quebrantamientos del derecho
internacional, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y otros
relacionados con los Derechos Humanos internacionalmente protegidos, como la
tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la esclavitud.
De
esa forma, tal como ha recalcado la jurisprudencia de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[88], se distinguen entre esa serie de atroces
comportamientos dos clases de crímenes graves contra la comunidad
internacional: (i) los de guerra e infracciones graves al derecho
internacional humanitario y (ii), los de lesa humanidad (o contra la
humanidad).
Hacia
la mitad del siglo XX, conductas catalogadas como crímenes de guerra y de lesa
humanidad fueron sancionadas por los tribunales de Núremberg y Tokio, cuyo
campo de acción, lesivo del principio de juez natural, se circunscribió a los
delitos perpetrados por los vencidos durante la
Segunda Guerra Mundial.
Los
“Principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto y por las
sentencias del Tribunal de Núremberg”[89], señalaron que toda persona que por acción u omisión
cometa un acto que constituya delito de derecho internacional, será responsable
y estará sujeto a sanción (Principio I). Además, aunque el derecho interno no
imponga una pena por el acto atribuido, no se podrá eximir de responsabilidad a
quien lo ejecutó (Principio II).
En
ese conjunto de Principios fueron enunciados, no de forma taxativa, algunos
comportamientos constitutivos de delitos de derecho internacional, como delitos
contra la paz[90], delitos de guerra[91] y delitos contra la humanidad[92] (Principio VI).
Con
todo, la jurisprudencia especializada, tanto foránea como nacional, ha
coincidido en señalar que los delitos de lesa humanidad no sólo tienen lugar
durante un conflicto armado, sino también en “tiempos de paz”[93].
En
concordancia con lo anterior, el Estatuto de la
Corte Penal Internacional[94] incluyó dentro de las conductas sujetas a su
competencia los “crímenes más graves de trascendencia para la comunidad
internacional en su conjunto” (art. 5°), dentro de los cuales se encuentran
el genocidio, los crímenes de lesa humanidad[95], los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
Resulta
evidente que una serie de instrumentos internacionales, prevalentes sobre el
ordenamiento jurídico interno y reafirmados en la
Constitución Política, imponen a Colombia tipificar, investigar, juzgar y
sancionar adecuadamente todos esos graves comportamientos, ya se trate de
graves violaciones a los derechos humanos o de serias infracciones al derecho
internacional humanitario. En consecuencia, el Estado colombiano será responsable
por acción o por omisión si no existe una investigación seria, acorde con la
normatividad nacional e internacional (cfr. C-370 de 2006).
Entonces,
como ha indicado también la jurisprudencia de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, las violaciones graves
al derecho internacional humanitario deben ser castigadas “como atentados
que no sólo afectan la vida, la integridad física, la dignidad, la libertad de
las personas, entre otros bienes relevantes, sino que atentan contra valores
fundamentales reconocidos por la humanidad entera y compilados en el conjunto
de normas que conforma el llamado derecho internacional humanitario”[96].
Igualmente,
en la precitada sentencia de la
Corte Constitucional C-936 de 2010 se recordó que los estándares
internacionales establecidos en materia de derechos de las víctimas y de la
sociedad frente a este tipo de graves conductas, han sido incorporados al
ordenamiento jurídico interno (bloque de constitucionalidad) y, por ende, son “un
marco referencial insoslayable para el diseño de la política pública en materia
penal”.
Además,
a renglón seguido, en la providencia citada esta corporación reseñó esos
principales compromisos del Estado frente a las víctimas de esas censurables
conductas que impactan a la comunidad internacional en general. En esa decisión
se consignó, al respecto:
“Los tratados sobre derechos humanos y derecho
internacional humanitario establecen los siguientes deberes del Estado en
relación con las víctimas de violaciones a sus mandatos: (i) garantizar
recursos accesibles y efectivos para reivindicar sus derechos; (ii) asegurar el
acceso a la justicia; (iii) investigar las violaciones a los derechos humanos y
al derecho internacional humanitario; y (iv) cooperar en la prevención y
sanción de los delitos internacionales y las graves violaciones de derechos
humanos.”
Partiendo
de lo anterior, en la sentencia C-936 de 2010 recién citada, se expresó que
esas “exigencias deben ser consideradas e incorporadas en el diseño de la
política pública establecida para enfrentar de manera permanente el fenómeno de
la criminalidad”. Además, se aclaró: “No obstante, la comunidad
internacional ha advertido que se trata de garantías que no se suspenden ni
interrumpen en los modelos denominados de justicia transicional[97], y en consecuencia los Estados deben asegurar, aún en
estos contextos, estándares mínimos en materia de justicia, verdad y
reparación”.
En
ese mismo fallo la Corte Constitucional precisó que la flexibilidad propia de
la justicia transicional no deslía las graves violaciones contra derechos
humanos, ni puede obstaculizar que los responsables contribuyan en la
identificación de la verdad y reciban “algún tipo de sanción”. Lo
anterior quedó plasmado en los siguientes términos:
“25. De modo que, trátese de una estrategia político
criminal establecida para enfrentar de manera permanente el fenómeno de la
criminalidad, como explícitamente lo señalan el texto de la ley y los debates
legislativos que le precedieron, o de un mecanismo de justicia transicional,
como lo aducen algunos de los intervinientes, la
Ley 1312 de 2009 debe ceñirse a los estándares internacionales acogidos por el
ordenamiento interno, en materia de garantía y efectividad de los derechos de
las víctimas de grave criminalidad, pues tal como lo registra la jurisprudencia
de esta Corte, la comunidad internacional ha aceptado que ‘la necesidad de
celebrar acuerdos políticos de reconciliación con amplios grupos sociales exige
una cierta flexibilidad a la hora de aplicar los principios que dominan el
ejercicio de la función judicial.(…) pero no ha cedido en su exigencia de que
las violaciones a los derechos fundamentales sean investigadas, enjuiciadas y
reparadas, y los autores de las mismas contribuyan a identificar la verdad de
los delitos cometidos y reciban algún tipo de sanción’[98].”
Bajo
tales parámetros, procede la
Corte Constitucional a realizar el análisis de las expresiones demandadas.
6.3.
Sobre el posible exceso en
el otorgamiento de beneficios a los autores del delito de concierto para
delinquir simple o agravado, a partir de considerarlo como delito de lesa
humanidad.
Como
se explicó anteriormente, el artículo 1° de la
Ley 1424 de 2010 señala que esa preceptiva busca contribuir al logro de la paz
perdurable y a la satisfacción de las garantías de la verdad, la justicia y la
reparación, dentro del marco de la justicia transicional. Resulta así aplicable
a la conducta de las personas desmovilizadas de grupos armados al margen de la
ley, que hubieren incurrido, únicamente, en delitos de concierto para
delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias,
utilización ilícita de equipos trasmisores o receptores, porte ilegal de armas
de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa
personal, como consecuencia de su permanencia en dichas agrupaciones.
En
general, los ciudadanos demandantes plantean que el segmento normativo impugnado,
es decir, el que contempla el delito de concierto para delinquir simple o
agravado como uno de los que otorgan a sus autores derecho a los beneficios
contemplados por dicha ley, desconoce el deber del Estado de investigar, juzgar
y sancionar aquellos comportamientos que conlleven graves violaciones a los
Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Igualmente, consideran que también se conculcan los derechos de las víctimas a
la verdad, la justicia y la reparación.
Sostienen
los actores que la inclusión de este delito dentro de aquel listado, contraría
los artículos 2°, 13, 29, 93 y 229 de la
Constitución, así como algunos instrumentos internacionales que forman parte
del bloque de constitucionalidad, ampliamente referidos. En su sentir, esa
conducta ha sido catalogada como un delito de lesa humanidad y, por ende, no
puede permitirse a los responsables gozar de esas prerrogativas, habida cuenta
que ello implicaría un desconocimiento de la obligación del Estado de
investigar y sancionar tal tipo de comportamientos. Además, afirman que vulnera
el principio de igualdad frente a personas acusadas por delitos de menor
entidad, quienes resultan sometidos a un tratamiento más gravoso.
Algunos
intervinientes coadyuvan las pretensiones de la demanda, frente a las glosas
lanzadas contra ese segmento del artículo 1° de la
Ley 1424 de 2010, señalando que el concierto para delinquir ha sido catalogado
por la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, bajo ciertos supuestos, como un delito de lesa
humanidad y, por ende, los responsables de ese tipo de conductas no pueden recibir
tales beneficios. Además, el tratamiento resulta desproporcionado frente a
quienes cometen otro tipo de delitos menos graves.
En
contraste, el Procurador General de la
Nación y otros intervinientes consideran que la
Ley 1424 de 2010 no establece beneficios para quienes atenten contra los
Derechos Humanos, pues no en todos los casos el concierto para delinquir
conlleva, en sí misma, la ejecución de un delito de lesa humanidad. Igualmente,
algunos proponen que se efectúe una ponderación entre los fines perseguidos con
la justicia transicional y los beneficios reconocidos por esa Ley.
6.3.1.
Al respecto, como fue destacado al realizar el análisis sistemático del
articulado que conforma la Ley 1424 de 2010, si bien hay previsiones dadivosas,
no es exacto que estén graciosamente dirigidas a propiciar la impunidad ni a
afectar a las víctimas, sino que, una vez más, se está ensayando allanar un
camino hacia la paz.
Está
visto que cualquier comportamiento que pueda resultar subsumido en un tipo
penal, debe ser investigado por la
Fiscalía General de la Nación (art. 250 superior), salvo excepciones tales
como el hecho de requerirse querella o en caso de resultar aplicable el
principio de oportunidad. Adicionalmente, todos los servidores judiciales están
en la obligación de hacer efectivos los derechos sustanciales y alcanzar la
verdad, como forma de materialización de la justicia.
6.3.2.
En concordancia con lo anterior, el Estado se encuentra en la obligación de ser
eficaz en la lucha contra el crimen y en la erradicación  de la impunidad,
adoptando las medidas apropiadas para que las conductas punibles sean
esclarecidas y los responsables individualizados, de manera que, tras la plena
observancia de las garantías procesales y probada la autoría o participación
más allá de toda duda, se les condene e imponga una pena proporcional, propiciando
el restablecimiento del derecho y la consiguiente restauración.
Igualmente,
en concordancia con lo expuesto, deben ser garantizados los derechos de las
víctimas, no sólo para que les sean reparados los perjuicios sufridos, sino
para que se materialice la justicia y tengan cabal información sobre la verdad
de lo acaecido.
Todas
esas obligaciones adquieren mayor importancia cuando se trata de graves
violaciones a derechos humanos, más aún ante crímenes de guerra y delitos de
lesa humanidad, propios de un conflicto armado o en tiempos de paz, frente a
los cuales, como se explicó con antelación y quedó consignado en la sentencia
C-936 de 2010, esos deberes menos pueden ser desconocidos, ni aún en los casos
en que se de aplicación a mecanismos de justicia transicional. Por ende, no
puede existir inactividad estatal al respecto.
6.3.3.
Con todo, encuentra la Corte Constitucional que establecer que los
desmovilizados de grupos armados al margen de la ley, que hubieran incurrido
únicamente, entre otros, en el delito de “concierto para delinquir simple o
agravado”, como consecuencia a su pertenencia a dichas organizaciones,
dentro del marco de la justicia transicional, en procura de la paz perdurable y
la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación no
constituye per se afrenta o desconocimiento de las obligaciones de
perseguir y castigar graves comportamientos contra Derechos Humanos.
La
proscripción de la impunidad responde al clamor internacional por evitar que
cualquier delito, en particular los más censurables comportamientos contra esas
preponderantes garantías, no sea debidamente investigado, juzgado y sancionado,
acorde con la gravedad de las conductas, esto es, prever que sus responsables
no se mantengan de hecho o de derecho al margen de sus enjuiciamientos o de las
penas adecuadas.
En
el campo de la Ley 1424 de 2010 y respecto de aquellas personas que se
encuadren dentro de los presupuestos contenidos en su artículo 1°, lo cierto es
que la aplicación de los beneficios contenidos en la ley y que en esta
providencia han sido explicados, no implica que el Estado colombiano renuncie a
la investigación y juzgamiento de esas conductas, en particular el concierto
para delinquir, sea simple o agravado.
Por
el contrario, según resulta del artículo 5° de la misma preceptiva, es
necesario que exista una actuación judicial y que sea dentro del marco de ella,
o incluso una vez culminada con sentencia condenatoria, que se pueda examinar o
no la suspensión de las órdenes de captura u otorgar la suspensión condicional
de la ejecución de la pena que se hubiere impuesto.
En
efecto, en estos casos la pena correspondiente deberá ser fijada por el juez de
conocimiento, dentro de los límites, parámetros, lineamientos y cuartos
constitucionales y legales, ante un demostrado delito de los relacionados en el
artículo 1°, entre ellos el concierto para delinquir, simple o agravado.
Además,
en estos casos, tanto la
Fiscalía General de la Nación como los jueces de la
República deberán velar no sólo por el respeto de las garantías fundamentales
de los acusados, sino por el reconocimiento de los derechos de las víctimas,
incluyendo la materialización de la reparación de los daños irrogados, en todos
sus aspectos, al punto que para que el Gobierno Nacional pueda hacer las
solicitudes correspondientes a las autoridades judiciales se exige, no sólo que
existan manifestaciones inequívocas de compromiso con la verdad y la paz, sino
además la indemnización de las víctimas, debiendo los jueces competentes no
sólo negar las concesiones pretendidas cuando no se verifiquen los presupuestos
exigidos en la propia ley, sino revocarlas cuando quiera que se incumplan las
obligaciones adquiridas por los beneficiarios.
Quiere
decir lo anterior que para la aplicación de los supuestos de la
Ley 1424 de 2010 debe existir una acción penal formal, dentro de todos los
parámetros del debido proceso, con el reconocimiento de las víctimas y sus
derechos, tal como ocurre ante cualquier delito cometido por personas
diferentes a las relacionadas en el artículo 1°. Y que además, tratándose de
comportamientos correspondientes a graves infracciones al Derecho Internacional
Humanitario o crímenes de lesa humanidad, esos parámetros adquieren mayor
relevancia, sin que pueda dejarse de lado la oficiosidad que en todo momento es
exigible al Estado, pues en ningún caso podrán quedar sin investigar, juzgar y,
si fuere procedente, sancionar esas conductas.
Nótese
que en la exposición de motivos del proyecto de ley 202 de 2010 Senado - 149 de
2010 Cámara, que pasaría a convertirse en la
Ley 1424 de 2010, expresamente se insistió en que los mecanismos de justicia
transicional allí contenidos no sólo buscan la reintegración a la sociedad de
los individuos cobijados por esa normatividad, sino atender el clamor
consignado en la jurisprudencia de proteger y hacer efectivos los derechos de
las víctimas.
Al
respecto, en dicha exposición de motivos se advirtió[99]:
“Con el presente proyecto se pretende generar un
mecanismo no judicial que complemente los existentes en materia de Justicia
Transicional y, particularmente, hallar un equilibrio justo entre los dos
extremos en que se circunscribe la dinámica del actual proceso de transición, a
saber: por una parte, i) la satisfacción de los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación, y, por la otra, ii) los procesos de
reintegración a la vida civil de ex miembros de grupos armados organizados al
margen de la ley desmovilizados que no hubieren cometido delitos circunscritos
al ámbito de aplicación material de la Ley 975 de 2005.
La situación abordada por el texto del proyecto, y que
se pretende solucionar es, entonces, la continuidad efectiva de la política de
reintegración a la vida civil de los desmovilizados que no tengan pendientes
deudas con la justicia penal por conductas diferentes a las que se configuran
por su sola pertenencia a los grupos armados ilegales (concierto para delinquir
simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización
ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego
o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o de defensa personal),
sin que ello limite el ejercicio de la acción punitiva por parte del Estado y
la materialización de los derechos de las víctimas a la verdad, a la reparación
y a las garantías de no repetición.”
Acorde
con todo lo expuesto, el reconocimiento de las prerrogativas contenidas en la
Ley 1424 de 2010 a quienes hayan incurrido en concierto para delinquir
simple o agravado, en las condiciones y circunstancias exigidas en el
artículo 1° de esta Ley, no desconoce las obligaciones internacionales
adquiridas por el Estado colombiano y que forman parte del ordenamiento
jurídico e incluso prevalecen sobre éste, en lo relacionado con la
tipificación, investigación, juzgamiento y sanción de comportamientos que
constituyan delitos graves conforme al derecho internacional.
Tampoco
son vulnerados por ese solo hecho los derechos de las víctimas a la reparación,
la verdad y la justicia, estas últimas predicables también de la sociedad,
frente a graves violaciones contra derechos humanos. En consecuencia, no se
alteran las condiciones que conducirían al orden justo y a la convivencia
pacífica, máxime si se tiene en cuenta que las altruistas finalidades del
artículo 1° de la Ley 1424 de 2010 son la paz perdurable y la satisfacción de
esas garantías de verdad, justicia y reparación, promoviendo coetáneamente la
resocialización de los desmovilizados.
Entonces,
no le asiste razón a los demandantes, ni a quienes coadyuvan su petición de
declarar inexequible la expresión “concierto para delinquir simple o
agravado”, contenida en el artículo 1° de la
Ley 1424 de 2010, que la
Corte Constitucional declarará exequible, por los cargos invocados en la
demanda.
6.4. Sobre la imposibilidad de utilizar como prueba
judicial la información surgida en relación con los Acuerdos de Contribución
a la Verdad Histórica y la
Reparación.
El
artículo 4° de la Ley 1424 de 2010, parcialmente demandado, establece la
creación de un mecanismo no judicial de contribución a la “verdad y la
memoria histórica”, cuyo fin es recolectar, sistematizar y preservar la
información que surja de los Acuerdos de Contribución a la
Verdad Histórica y la Reparación, y emitir los informes a que haya lugar.
El
inciso 2° de esa disposición señala: “La información que surja en el marco
de los acuerdos de que trata este artículo no podrá, en ningún caso, ser
utilizada como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe
el Acuerdo de Contribución a la
Verdad Histórica y a la Reparación o en contra de terceros.”
Los
ciudadanos demandantes consideran que el inciso impugnado, al impedir que esa
información sea empleada en procesos judiciales contra quien suscribió el
acuerdo o contra terceros, tratándose de violaciones a los Derechos Humanos,
obstruye gravemente los deberes del Estado de investigar y juzgar esos
comportamientos y, por contera, la satisfacción de los derechos de las víctimas
a la verdad, la justicia y la reparación.
En
consecuencia, en la demanda se solicita declarar inexequible ese inciso segundo
del artículo 4° de la Ley 1424 de 2010. O, en subsidio, condicionar su
exequibilidad, bajo el entendido de que esa disposición no impedirá que la
información recaudada sea empleada como prueba cuando se trate de la
investigación y el juzgamiento de comportamientos relacionados con graves
violaciones a los Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de
guerra, petición que es apoyada por unos intervinientes. Otros consideran que
dicho mecanismo no tiene entidad suficiente para acreditar la veracidad de la
información contenida en los Acuerdos.
De
otro lado, el Procurador General de la
Nación y algunos intervinientes proclaman la exequibilidad de la norma, al
considerar que constituye un mecanismo para garantizar los derechos a la verdad
y a la reparación, al mismo tiempo que busca facilitar y garantizar el proceso
de resocialización. Otros, observan el mismo efecto al estimar que esa
información, al no ser compilada dentro de una actuación judicial no puede
tener efectos probatorios, pues constituiría una violación al debido proceso y
que la limitación contenida en la preceptiva demandada no afecta el deber
estatal de investigar y sancionar graves comportamientos.
En
el análisis de la expresión demandada, se debe recordar que atendiendo la
relevancia de los graves comportamientos vulneradores de derechos humanos en el
mundo, se ha concretado que las víctimas de esas nocivas conductas tienen no
sólo el derecho a la reparación y a la justicia, sino a la verdad y a la
memoria, como forma de evitar la repetición de esa clase de actos.
En
tal sentido, el preámbulo del ya referido Conjunto de Principios
actualizados para la protección y la promoción de los Derechos Humanos mediante
la lucha contra la impunidad, señala que en interés de las víctimas de las
violaciones a ese tipo de prerrogativas, tanto en el ámbito nacional como en el
internacional, debe asegurarse el respeto efectivo no sólo del derecho a la
justicia y a la reparación, sino a un saber, materializado mediante el derecho
a la verdad. De lo contrario, no puede existir un verdadero recurso eficaz
contra las nefastas consecuencias de la impunidad.
De
ese modo, se consigna que la verdad es un derecho inalienable de cada pueblo (Principio
1°), por cuyo respeto se permite conocer las circunstancias que llevaron a la
ejecución de crímenes “aberrantes”, al tiempo que se establece una
salvaguarda frente a la repetición de esas conductas.
Entonces,
el referido Conjunto de Principios establece no sólo la existencia de un
derecho a la memoria y a la verdad, sino la de un deber de recordar (Principio
2°), pues esos acontecimientos forman parte del patrimonio de los pueblos. En
consecuencia, cada Estado debe adoptar las medidas necesarias para alcanzar la
materialización de esas facultades.
Así,
independientemente de las acciones judiciales que puedan generarse, tanto las
víctimas como sus familias y allegados tienen el derecho a conocer la verdad
acerca de las circunstancias en que se cometan las graves violaciones a
derechos humanos. Ello por cuanto, según se ha señalado, a los Estados les debe
corresponder el establecimiento de medidas, no necesariamente judiciales, para
hacer efectivo el derecho a saber. A ese respecto, el Principio 4° indica:
“Incumbe a los Estados adoptar las medidas adecuadas,
incluidas las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento independiente
y eficaz del poder judicial, para hacer efectivo el derecho a saber. Las
medidas apropiadas para asegurar ese derecho pueden incluir procesos no
judiciales que complementen la función del poder judicial.”
Dentro
de esos lineamientos, se permite además la creación de comisiones de la verdad,
o de otras comisiones de investigación, que no poseen carácter judicial. En el
Conjunto de Principios se consigna como definición que esas comisiones son
aquellos “órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no
tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos
humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios
años” (negrilla fuera del texto original), definición contrastada por los
esfuerzos no gubernamentales que también puedan desarrollarse.
Así,
las sociedades que hayan experimentado “crímenes odiosos”, perpetrados
masiva o sistemáticamente, podrán crear comisiones de la verdad u otras de
investigación, cuyo objeto sea “establecer los hechos relativos a esas
violaciones de manera de cerciorarse de la verdad e impedir la desaparición de
pruebas”. Con todo, “se debe garantizar la preservación de los archivos
relativos a las violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y
la posibilidad de consultarlos” (Principio 5°).
Adicionalmente,
esas comisiones tienen objetivos y ámbito de acción limitados y no pueden, en
modo alguno, reemplazar a la justicia. Así se estatuye en el Principio 8°, en
cuanto “únicamente los tribunales penales tienen competencia para determinar
la responsabilidad penal individual a fin de pronunciarse, llegado el caso,
sobre la culpabilidad y seguidamente sobre la pena”.
Dada
la importancia de recopilar adecuadamente la información obtenida por tales
comisiones, también se ha consagrado una serie de exigencias frente a la
preservación de los archivos y su consulta, como garantía y extensión del
derecho a saber (Principio 14). Por ende, la consulta de los archivos debe
facilitarse, en interés general de la sociedad entera y, en particular, de las
víctimas y de sus familiares, al igual que de imputados y acusados.
Como quedó visto, dentro del Conjunto de Principios
para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha
contra la Impunidad, marco conceptual de gran relevancia como fuente de Derecho
Internacional, se consagra que para el adecuado cumplimiento de las
obligaciones inherentes a cada Estado con relación a graves violaciones de
Derechos Humanos, se consagró el “derecho a saber”, que reafirma la
verdad como una garantía inalienable de los pueblos, tratándose del derecho
imprescriptible de las víctimas y sus familias “a saber” las
circunstancias en las que se cometieron esas violaciones (Principio 4º).
Ahora bien, la
Corte Constitucional también ha indicado que el derecho a la verdad no sólo le
corresponde a de la víctima directa de una conducta punible, pues tal potestad
se extiende a sus familiares y a la sociedad. En ese sentido, en la ya referida
sentencia C-370 de 2006, al estudiar la constitucionalidad de la
Ley de Justicia y Paz, se estableció que la verdad implica i) el
derecho de la víctima “a conocer la verdad de lo sucedido, a saber quiénes
fueron los agentes del daño, a que los hechos se investiguen seriamente y se
sancionen por el Estado, y a que se prevenga la impunidad”; ii) para los
familiares de la víctima, “la posibilidad de conocer lo sucedido a ésta, y,
en caso de atentados contra el derecho a la vida, el derecho a saber dónde se
encuentran sus restos; en estos supuestos, este conocimiento constituye un
medio de reparación y, por tanto, una expectativa que el Estado debe satisfacer
a los familiares de la víctima y a la sociedad como un todo”; y iii) para
la sociedad, ese mismo derecho se encamina a “la divulgación pública de los
resultados de las investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos”,
además de resguardar el interés de la comunidad a que se investigue, se recree
la verdad y se sancione el delito en los eventos en los que sea procedente.
En igual sentido, en la sentencia C-454 de junio 7 de
2006 (M. P. Jaime Córdoba Triviño) se reitera que el derecho a la verdad es una
garantía inalienable e imprescriptible que, de no ser atendida, afecta la
dignidad humana, como quiera que priva de información vital a una persona que
participa dentro de un proceso, como el penal; de tal manera, “el acceso a
la verdad aparece así íntimamente ligado al respeto de la dignidad humana, a la
memoria y a la imagen de la víctima”.
Visto
todo lo anterior, no sólo en el marco de la justicia transicional, sino en todo
lo relacionado con graves violaciones a Derechos Humanos e infracciones al
Derecho Internacional Humanitario, se impone la obligación de garantizar a las
víctimas y a la sociedad los derechos a la verdad y a la memoria, no sólo
mediante los mecanismos judiciales ordinarios, sino en otros, que no reemplazan
a aquéllos.
6.4.1.
La información proveniente de los Acuerdos de contribución a la verdad
histórica y la reparación, no puede emplearse en un proceso judicial contra
el desmovilizado que lo suscribe.
Ahora
bien, aunque los actores y unos intervinientes afirman que el inciso 2° del
artículo 4° de la Ley 1424 de 2010 desconoce las obligaciones del Estado de
perseguir graves comportamientos, como los de relevancia trasnacional, lo
cierto es que, según se infiere de lo planteado al analizar de manera integral
dicha Ley, no se trasgrede la obligación del Estado de investigarlos, ni de
juzgarlos adecuadamente.
Bajo
esos supuestos, el hecho de que la información contenida en los “Acuerdos de
Contribución a la Verdad Histórica y la
Reparación”, no pueda “ser utilizada como prueba” en un proceso
judicial contra quien lo suscribe, no es óbice para que se surtan los
enjuiciamientos de graves comportamientos de trascendencia no solo local sino
internacional.
Recuérdese
que, incluso en el marco de la justicia transicional, las garantías mínimas de
las víctimas no pueden ser pasadas por alto, máxime cuando atañen a la
colectividad, por ser la verdad parte de su patrimonio y garantía de no
repetición.
Efectivamente,
en la justicia transicional, como antes fue definido y es propio de la
Ley 1424 de 2010, para alcanzar las loables finalidades de contribuir a la paz
perdurable, al igual que la satisfacción de las garantías de verdad, justicia y
reparación y la resocialización de los individuos a los cuales esta especial
preceptiva ha de aplicarse, se ha creado ese mecanismo transicional, que es el
denominado Acuerdo de Contribución a la
Verdad Histórica y la Reparación.
Se
procura de tal manera, que en favor de valores y derechos superiores como la
verdad, la memoria, la justicia y la reparación, dichos Acuerdos sean un
complemento jurídico hacia la reconciliación nacional. Para tal efecto, el
incentivo propuesto y el condicionamiento para acceder a las prerrogativas reconocidas
principalmente en los artículos 6° y 7° ibídem, es indispensable que el
interesado se comprometa con el proceso de reintegración a la sociedad,
contribuya al esclarecimiento de la conformación de los grupos armados
organizados al margen de la ley, su participación en la misma y todos los
hechos o actuaciones que le consten.
Dado
lo anterior, el hecho de que el inciso 2° del artículo 4° de la
Ley 1424 de 2010 no permita emplear la información contenida en esos Acuerdos
contra quien la suministró, guarda consonancia con el artículo 33 superior[100]
que consagra el principio de no auto incriminación, según el cual nadie puede
ser obligado a declarar contra sí mismo. De lo contrario, el ofrecimiento que
en procura de la paz se le brinda a los desmovilizados que cumplan los
supuestos del artículo 1° de esta ley, se trocaría en señuelo para una
auto-inculpación inducida, que desconocería esa máxima superior.
La Corte Constitucional ha
puntualizado que la inmunidad contenida en el artículo 33 de la
Constitución, extendida a asuntos criminales, correccionales, de policía[101]
y otros donde esté envuelta la potestad sancionatoria del Estado, conlleva que “toda
actuación de las autoridades tendiente a obtener su confesión involuntaria se
encuentra prohibida, sin que esta prohibición pueda entenderse como una excusa
para incumplir el deber de colaborar con la administración de justicia”[102].
En
esa misma sentencia C-422 de 2002, se recordó que esta Corte, mediante
sentencia C-052 de febrero 18 de 1993 (M. P. Jaime Sanín Greiffenstein),
declaró exequible el Decreto Legislativo 1833 de 1992, mediante el cual fueron
expedidas unas normas sobre concesión de beneficios por colaboración con la
justicia. Ese Decreto incluía un excepcional beneficio[103]
que se otorgaba a quienes rindieran declaraciones en asuntos de competencia de
la extinta justicia regional, según el cual el favorecido no sería objeto de
investigación, ni sometido a acusación por los hechos revelados en sus
manifestaciones.
En
la sentencia C-052 de 1993, frente al referido beneficio, se explicó:
“La esencia de la disposición consiste en la creación
de una garantía en favor del testigo que rinda declaración sobre la forma o
circunstancias en que se realizó un hecho punible del cual ha tenido
conocimiento y que sea de competencia de los jueces regionales, quién o quiénes
son los autores materiales o intelectuales del ilícito y cualquier otro hecho
que permita determinar la responsabilidad penal de los autores o partícipes de esos
delitos, que consiste en la prerrogativa de que no serán investigados o
acusados por los hechos sobre los cuales rindieron su versión.”
Así,
para explicar la constitucionalidad de aquella disposición, análoga a la que
ahora es estudiada, en el fallo citado se expuso que esa preceptiva guardaba
consonancia con el artículo 33 de la
Constitución, al tiempo que es una materialización de políticas del Estado
para la prosecución de delitos.
Con
relación a ello y por su relevancia para el presente asunto, debe recordarse
que la Corte Constitucional puntualizó en el referido fallo C-052 de 1993:
“Se trata, entonces, de una forma de respetar el
derecho de no autoincriminación, que garantiza el art. 33 constitucional, al
tiempo que se asegura la obtención de información de interés para las
investigaciones.
Tampoco halla la
Corte que los preceptos enunciados infrinjan mandato constitucional alguno,
pues el Estado está autorizado por razones de política criminal a conceder
beneficios especiales a cambio de la colaboración de la ciudadanía para el
esclarecimiento de hechos punibles y la determinación de la responsabilidad
penal de los autores o partícipes de los mismos, máxime si son de los que
conocen los jueces regionales, los cuales causan mayor impacto y repercusión en
la situación de orden público que hoy atraviesa el país y es así como en
ocasiones anteriores se han tomado medidas similares como por ejemplo la de
establecer recompensas en favor de quienes informen sobre los autores de
delitos, la rebaja de penas a quienes confiesen los hechos punibles que
hubieren cometido, la reserva de la identidad de testigos, etc.
El interés estatal con la expedición de esta
disposición, es entonces lograr el esclarecimiento de los hechos en forma
pronta y acertada para que no queden impunes innumerables delitos que en razón
a la falta de colaboración de los testigos, no es posible determinar el autor o
partícipe de los mismos y que por esta circunstancia, la administración de
justicia se ha visto perjudicada en su buen nombre y credibilidad por no haber
podido condenar y castigar a los responsables de tantos hechos ilícitos que
están ocurriendo a manos de las organizaciones de narcotraficantes y
guerrilleros, y que están alterando en forma considerable el orden público
interior.
Aun a falta de una norma positiva que en forma expresa
lo indique, es bien sabido y está del todo aceptado que al Estado corresponde
la función punitiva, mediante la cual define las conductas que quedan
prohibidas bajo sanción y establece, por lo tanto, el delito y la pena.
Esta tarea que se lleva a cabo en seguimiento de una
determinada política criminal y que corresponde a la defensa y protección de
ciertos valores y principios, puede encontrar que es necesario, para exigir la
responsabilidad del agente, no solo que exista una relación causal en el mundo
de la realidad sino que se compaginen otros factores, como la antijuridicidad
de los hechos y la culpabilidad del autor y es entonces cuando considera, por
ejemplo, los eventos clásicos y tradicionales de justificación de la conducta y
de inculpabilidad. Se admite que de la misma guisa, el legislador puede otorgar
exenciones y exoneraciones de la responsabilidad ya no por circunstancias
anteriores o coetáneas sino por otras que vengan después, lo que equivale a
conceder un verdadero perdón que extingue la acción penal a la que los hechos
habían dado lugar.”
Bajo esos parámetros, es claro que en
desarrollo de políticas estatales encaminadas al esclarecimiento de la verdad y
la búsqueda de responsables de la comisión de delitos, resulte ajustado a la
Constitución, e incluso plausible, procurar la obtención de información,
otorgando ciertos beneficios al deponente, que respeten el principio superior
de la no auto-incriminación.[104]
En ese orden de ideas, permitir en el
ámbito de la justicia transicional que la información que un desmovilizado
suministre en el marco de los Acuerdos de contribución a la verdad histórica
y la reparación, no genere consecuencias adversas en su contra, más aún con
las particularidades previstas en la Ley 1424 de 2010, no contraviene la carta
política y es, por el contrario, acorde a los fines del Estado, pues se procura
la paz perdurable, la justicia, la verdad, la indemnización de las víctimas y
la resocialización de ex combatientes.
En
consecuencia, la Corte Constitucional declarará exequible el segmento del
inciso segundo del artículo 4° de la Ley 1424 de 2010, por los cargos
analizados, según el cual la información “que surja en el marco de los
acuerdos de que trata este artículo no podrá, en ningún caso, ser utilizada
como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe el acuerdo
de contribución a la verdad histórica y a la reparación”.
6.4.2.
No acontece lo mismo frente a la
expresión “o en contra de terceros”, contenida en la parte final de ese
inciso segundo del artículo 4° de la Ley 1424 de 2010, como quiera que, al
menos en algunas de las hipótesis contempladas por ese genérico supuesto, impedir
que la información que surja de los Acuerdos de Contribución a la
Verdad Histórica y la Reparación, sea utilizada contra otras personas,
resultaría contrario al deber que tienen los asociados de colaborar con la
administración de justicia y desconocería los derechos de la víctima a la
reparación, la verdad y la justicia, que también atañen a la colectividad.
En
efecto, como se ha indicado, existe una obligación del Estado de investigar,
juzgar y sancionar todo comportamiento que revista características de delito
(arts. 2°, 29, 228, 229 y 250 Const.), en particular cuando se trate de graves
violaciones de derechos fundamentales, en procura de asegurar a los asociados
la justicia (preámbulo Const.), entre otros principios, valores y derechos.
Es
por ello que, contrario a lo que ocurre cuando, según antes se explicó, se
pretende utilizar la información conocida a través de los Acuerdos en
contra de la misma persona que la hubiere provisto, cuando se trata de
terceros, salvo las excepciones que seguidamente se explicarán, no existe en
realidad ningún tipo de justificación constitucional para que esa información
recaudada bajo los derroteros de los artículos 2° y 3° de la
Ley 1424 de 2010, no pueda ser empleada contra ellos.
Ciertamente,
existen dos situaciones claramente identificadas, en las que sin contravenir la
preceptiva superior, terceras personas distintas a quien suscribe el Acuerdo
podrían ser beneficiarios de la garantía prevista en el segmento normativo aquí
analizado. Estas situaciones atañen, de una parte, a los demás sujetos
distintos al declarante, a quienes se refiere el artículo 33 de la carta
política, esto es, el cónyuge o compañero permanente y los parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil; y de otra,
a los demás personas que sin estar conectadas en la forma antes indicada con
quien ha provisto la información mediante la suscripción de un Acuerdo,
compartan con aquél la condición de desmovilizados, del mismo grupo.
En
el caso de las otras personas listadas en el artículo 33 del texto superior, la
razón que justifica el no uso de la información surgida de los Acuerdos
es en realidad la misma que sustenta esta garantía en el caso del declarante
mismo.
En
efecto, tanto como sucede en ese otro evento, es claro que de no existir esa
inmunidad, la posibilidad de utilizar este mecanismo (el Acuerdo) en
aras de contribuir al esclarecimiento de la verdad y el logro de la paz podría
dar lugar al enjuiciamiento de la pareja o de algún otro de los ya indicados
parientes, lo que más allá de generar una situación no querida por quien
suministró la información, implicaría transgresión de esta garantía
constitucional. Resulta, por tanto, necesario, que exista seguridad de que la
información que se suministre no será utilizada con este propósito, lo que
explicaría la salvedad que en este punto establece la regla acusada, y avalaría
la exequibilidad de la expresión que se estudia, en lo que a esta hipótesis se
refiere.
De
otra parte, se justifica también que la garantía de no uso de esa información
se extienda a los demás sujetos del mismo grupo armado organizado al margen de
la ley al que pertenecía el informador suscriptor del Acuerdo, que
conforme a las definiciones y supuestos antes explicados, sean desmovilizados,
tanto como aquél. En este caso la razón que explica esta exclusión es que de no
ser así, y teniendo entonces cada uno de los desmovilizados la latente
posibilidad de ser perseguido e incluso condenado por su participación en
hechos revelados por otros integrantes de su mismo grupo que comparten con él
la condición de desmovilizados, se frustraría entonces el propósito de
negociación de quienes suscriban los Acuerdos, que según se dijo, es
válido frente a la Constitución, al tratarse de una medida excepcional
implementada dentro del marco de un proceso de justicia transicional.
Por
el contrario, es claro que en ausencia de las dos indicadas circunstancias de
excepción, no habría conforme a la
Constitución derecho a esa inmunidad, y por el contrario, existe un deber de
colaboración con la administración de justicia y la materialización de los
derechos a la verdad, la justicia y la reparación, que conduce a la necesidad
de que las autoridades procuren el máximo aprovechamiento posible de esa información.
En
este sentido debe tenerse en cuenta que despojar por completo de valor
probatorio en contra de terceras personas, a los relatos que los desmovilizados
hagan al suscribir los Acuerdos, impediría que a través de sus
declaraciones estas personas cumplan también la importante misión que la
Constitución atribuye a todos los residentes en Colombia, en el sentido de
contribuir al buen funcionamiento de la administración de justicia.
Además,
es claro que esta regla general afecta gravemente los derechos de las víctimas
y sus familias, ya que si bien podría generarse un efecto positivo en lo que
atañe al derecho a la verdad, ello sería a expensas de la posibilidad de que
los responsables de los crímenes relatados sean efectivamente sancionados y
reparen a sus víctimas, en cuanto la declaración contenida en el Acuerdo
debilitaría la posibilidad de condenar por tales hechos a persona alguna.
De
otro lado, el choque entre esta regla impeditiva e importantes valores de
raigambre constitucional, se aprecia de manera evidente al recordar que una de
las premisas de los sistemas de justicia transicional, es que la información
recaudada debe facilitar, de manera efectiva, el esclarecimiento de los hechos
relacionados con la conformación de los grupos armados organizados al margen de
la ley y de todas las demás conductas o actuaciones de que se tenga
conocimiento, dada su pertenencia a esas agrupaciones, que las más de las veces
deben corresponder a graves delitos.
De
igual manera, es necesario considerar también que esta regla, en la forma
genérica en que ha quedado redactada, resultaría abiertamente inconstitucional
si resguardara de la posibilidad de ser investigadas y enjuiciadas por sus
graves acciones criminales a todas las personas que hubieren tomado parte en
ellas, incluso a los comandantes, determinadores y ejecutores materiales, esto
es, a personas que no cumplan los criterios previstos en el referido artículo
1° para tener derecho a los beneficios regulados por esta ley. En realidad,
esta regla, de mantenerse en el ordenamiento jurídico, garantizaría que todo
hecho que sea revelado y sobre el cual se esclarezca la verdad a través de los Acuerdos,
quede efectivamente impune, pues la indistinta prohibición de usar esa
información “en contra de terceros”, alcanzaría a beneficiar a la
totalidad de los partícipes en esas acciones, independientemente de si se
ajustan o no al perfil requerido para tener acceso a los beneficios establecidos
en esta preceptiva, lo cual deviene contrario a la
Constitución.
De
otra parte, la información suministrada por los desmovilizados debe servir para
determinar la responsabilidad penal de los autores o partícipes de graves
delitos o que causen mayor impacto o repercusión. Por ende, el hecho de que un
elemento de convicción provenga de los Acuerdos suscritos por aquellos,
no puede ser óbice para que el Estado, a través de los organismos competentes,
emplee esos descubrimientos para, escudriñada su verosimilitud, encaminar las
indagaciones subsiguientes, claro está, dentro del marco constitucional, legal
y bajo las formas propias de cada procedimiento correspondiente.
Sin
duda alguna, valores superiores como la justicia, la verdad y la efectividad de
los derechos y deberes de los ciudadanos, se verían truncados en aquellos
eventos en los cuales, sin existir inmunidad penal ni otra consideración válida
y con comparable respaldo en la
Constitución, se blinden de la posibilidad de ser castigadas conductas graves
perpetradas por terceros ajenos al Acuerdo de Contribución a la
Verdad Histórica y la Reparación, máxime cuando, según el marco
teleológico de la Ley 1424 de 2010, lo que se pretende con esos Acuerdos
no sólo es la paz duradera y la reintegración de los desmovilizados, sino “la
satisfacción de las garantías de verdad, justicia y reparación”.
En consecuencia, la
Corte Constitucional declarará exequible la expresión “o en contra de
terceros”, contenida en la parte final del inciso segundo del artículo 4°
de la Ley 1424 de 2010, pero bajo el entendido de que ese concepto cobija
apenas a las otras personas distintas al declarante relacionadas en el artículo
33 superior y a los demás desmovilizados del mismo grupo armado organizado al
margen de la ley al que hubiere pertenecido el deponente.
6.5. Sobre la imposibilidad de recurrir las decisiones
que ponen en conocimiento de las partes las solicitudes del Gobierno Nacional
para el otorgamiento de beneficios previstos en la
Ley 1424 de 2010
Como quedó explicado, los actores consideran que las
frases “en contra del cual no procede ningún recurso”, que hacen parte
de los artículos 6° y 7° de la Ley 1424 de 2010, vulneran el derecho de acceso
a la justicia de las víctimas de los delitos durante cuya investigación o
juzgamiento se concedería el beneficio de suspensión de órdenes de captura o de
la ejecución de la pena y las medidas de reparación. Alegan que esta restricción
implica incumplimiento del deber que el Estado tiene de ofrecer a las víctimas
de violaciones de derechos fundamentales un recurso judicial efectivo para la
protección de tales derechos como al unísono lo exigen los principales tratados
de derechos humanos[105],
que además integran el bloque de constitucionalidad.
Si bien algunos de los intervinientes respaldaron la
solicitud de los actores al considerar que esa regla obstruye y dificulta la
actuación de las víctimas en defensa de sus derechos dentro de los procesos
penales, la mayoría de las opiniones, entre ellas la adicional del Procurador
General, respaldaron la validez constitucional de esta regla, en las dos
hipótesis planteadas, resaltando que las decisiones que no podrán ser
recurridas no son aquellas a través de las cuales se otorguen los beneficios
que en su momento hubiere solicitado a favor de algunos desmovilizados el
Gobierno Nacional, sino apenas los autos de trámite que se dirigen a poner en
conocimiento de las partes e intervinientes las solicitudes que en tal sentido
se hubieren recibido.
Al avocar este aspecto, resalta la
Corte la trascendencia de los beneficios previstos en los artículos 6° y 7° de
la ley parcialmente acusada, los que como ya se explicó, hacen posible la
libertad de las personas desmovilizadas cuyo historial delictivo se limite a
los casos previstos en el artículo 1°, pese a la presencia de circunstancias
que bajo cualquier otra consideración avalarían su aprehensión, sea como medida
de aseguramiento o en cumplimiento de la pena que por los delitos comprobados
se le hubiere impuesto.
Así las cosas, aún bajo un esquema de justicia
transicional y en desarrollo de las normas constitucionales e internacionales
que regulan la materia, resulta determinante y trascendental que las víctimas
de los delitos que han dado lugar a las investigaciones dentro de las cuales se
adoptarían tales medidas tengan la posibilidad de ser oídas y, llegado el caso,
oponerse a la concesión de tales beneficios si, en su entender, no concurren
los requisitos a los que la ley condicionó su otorgamiento.
Sin embargo, al revisar en cada caso el texto completo
del inciso del cual hace parte el segmento normativo cuestionado, encuentra la
Corte que le asiste razón a los intervinientes que señalaron que las
decisiones que no serán susceptibles de recursos son sólo aquellas en las que
se informa a las partes e intervinientes de la solicitud formulada por el
Gobierno para la concesión de estos beneficios, y no las que contienen una
decisión de fondo sobre lo solicitado. En efecto, en uno y otro texto, lo
demandado viene a continuación de la frase “Mediante auto de sustanciación
la autoridad competente, comunicará a las partes e intervinientes acreditados
en el proceso la solicitud de (…) a la que hace referencia este artículo”;
mientras que después de la expresión acusada se lee, también en ambos eventos, “Por
su parte, la decisión frente a la solicitud de suspensión (…) será notificada a
los mismos”, término este último, en plural, que sin duda alude a las
partes e intervinientes antes referidos.
De otra parte cabe recordar que, contrario a lo que
ocurre con la decisión de informar, y según antes se explicó, las resoluciones
de fondo que los jueces competentes adopten frente a lo pedido sí podrán ser
objeto de impugnación, pues contra ellas proceden los recursos ordinarios de
reposición y apelación.
De otra parte, si bien la regla contenida en los
artículos 6° y 7° de la normativa que ahora es objeto de demanda, prevé que la
decisión de informar sobre la solicitud recibida no podrá ser impugnada, en
realidad ello no podría considerarse lesivo del interés de las víctimas pues,
se reitera, la decisión que las normas acusadas tornan inimpugnable es la de
informar a tales personas sobre la solicitud recibida, lo que lejos de
perjudicarles, podría incluso facilitar la defensa de sus intereses. Ello por
cuando una vez notificados de la solicitud presentada y no existiendo en la
norma restricción a este respecto, las personas que se sientan afectadas con la
medida de libertad solicitada por el Gobierno, bien podrían presentar un
escrito o expresarse de alguna otra manera, pidiendo a la autoridad judicial
competente negar el beneficio que se hubiere solicitado.
De todo lo explicado resulta entonces que la regla
conforme a la cual no podrá ser objeto de recursos la decisión de poner en
conocimiento de las partes e intervinientes la solicitud de libertad que
hubiere elevado el Gobierno a la autoridad judicial competente, no afecta el
derecho de las víctimas a ser oídas frente a cuál debe ser el resultado de
tales solicitudes, y en tal medida, no supone menor eficacia del recurso
judicial que conforme a las disposiciones constitucionales e internacionales
debe procurarse a las víctimas, con el fin de garantizar los derechos que les
asisten a la verdad, la justicia y la reparación.
A lo anterior se agrega la consideración de que,
tratándose de una regla especial que en tal condición hará parte de la
regulación aplicable a ciertos procesos penales, esa decisión normativa cae sin
dificultad dentro del margen de autonomía constitucionalmente atribuida al
legislador[106],
que en estos temas ha sido reconocida como especialmente amplia y sólo podría
ser cuestionada por este tribunal en caso de que se vulnere un mandato
superior, situación que, según se explicó, no ocurre en este caso.
Como consecuencia de lo expuesto, no se abre paso la
censura constitucional contra los apartes demandados de los artículos 6° y 7°,
razón por la cual la Corte los declarará exequibles.
7. Conclusión
Habiéndose
estudiado en esta providencia la naturaleza de la justicia transicional, así
como la viabilidad de que, dentro del marco constitucional, el legislador
implemente excepcionalmente medidas de este tipo, y a partir del contenido que
dentro de ese contexto tienen los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia y la reparación, la Corte encuentra que son exequibles, por los cargos
analizados las disposiciones acusadas de la
Ley 1424 de 2010, con un condicionamiento en relación con un aparte de lo
acusado de su artículo 4°.
En
efecto, precisado el alcance del artículo 1° de esta Ley, así como sus
consecuencias en torno al universo de destinatarios de los beneficios allí
desarrollados, resulta acorde a la
Constitución que esa norma incluya el delito de concierto para delinquir
simple y agravado dentro de la lista de conductas punibles cuyos autores, en el
exclusivo y excluyente ámbito de quienes pueden desmovilizarse, podrán acogerse
a tales beneficios.
De
igual manera, tampoco vulnera la carta política la regla contenida en el
segundo inciso del artículo 4° de la Ley 1424 de 2010, conforme a la cual la
información que surja dentro del marco de los Acuerdos de Contribución a la
Verdad Histórica y la Reparación no podrá ser usada como prueba contra la
persona que suscribe dicho Acuerdo, pues una garantía de este tipo
resulta adecuada dentro de un contexto de justicia transicional y además
resguarda la regla constitucional contenida en el artículo 33, conforme a la
cual nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo. Ello por cuanto,
cualquier utilización de esa información respecto de tales personas defraudaría
la intención con la que, presumiblemente, estuvieron dispuestos a suscribir el Acuerdos
de Contribución a la Verdad Histórica y la
Reparación.
Sin
embargo, no ocurre lo mismo frente a la frase final de este inciso, según la
cual está igualmente prohibido utilizar esa información respecto de actuaciones
de terceros. A este respecto consideró la
Corte que si bien esta regla abarca casos en los que esa restricción resulta
justa y comprensible, su carácter global y no diferenciado alcanza también
otras situaciones, en las que sin duda se lesionarían de manera desproporcionada,
no sólo la obligación del Estado de ser eficiente en el descubrimiento de las
conductas punibles, en el restablecimiento de los bienes jurídicos quebrantados
(cuando ello fuere posible) y en la sanción de los respectivos responsables,
sino también los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación.
Observó
la Sala que esta regla abierta facilita a los victimarios responsables de
graves conductas criminales, en especial a aquellos que no llenan los requisitos
para acceder a los beneficios previstos en esta ley, la posibilidad de impedir
de manera absoluta la utilización de cualquier información sobre el tema que
hubiere llegado a conocimiento de las autoridades mediante la suscripción de Acuerdos
por parte de personas que sí cumplen tales requisitos, si al así hacerlo estas
últimas hubieren relatado las circunstancias que determinarían la
responsabilidad de aquellos terceros victimarios. Por esta razón se
condicionará la exequibilidad de la frase “o en contra de terceros” en
el sentido de que se entienda que esos terceros sólo podrán ser los otros
sujetos a quienes se refiere el artículo 33 constitucional u otros
desmovilizados del mismo grupo armado al que pertenecía el suscriptor del Acuerdo.
Finalmente,
encontró la Corte que las expresiones “en contra del cual no procede recurso
alguno”, contenidas en los artículos 6° y 7° de la
Ley 1424 de 2010, referidas a las decisiones de poner en conocimiento de las
partes e intervinientes las solicitudes elevadas por el Gobierno Nacional en
desarrollo de lo previsto en esas mismas normas, no resulta contraria a la
Constitución, ya que se trata de providencias de mero trámite cuya
inimpugnabilidad no restringe los derechos de las víctimas, y por cuanto esa
decisión normativa cae sin dificultad dentro del margen de configuración
constitucionalmente reconocido al órgano legislativo. En consecuencia se
declarará la exequibilidad de estas expresiones iguales, contenidas en las dos
normas antes indicadas, por los cargos analizados.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero: Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados,
la expresión “concierto para delinquir simple o agravado” contenida en
el artículo 1° de la Ley 1424 de 2010.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados,
el segundo inciso del artículo 4° de la Ley 1424 de 2010, en el entendido de
que los terceros allí referidos son únicamente los relacionados en el artículo
33 de la Constitución Política y los desmovilizados del mismo grupo armado
organizado al margen de la ley.
Tercero: Declarar EXEQUIBLES, por los cargos
analizados, las expresiones “en contra del cual no procede recurso alguno”
contenidas en los artículos 6° y 7° de la
Ley 1424 de 2010.
Cópiese, notifíquese, comuníquese
insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
MAURICIO GONZALEZ CUERVO                               Magistrado                                      Magistrado
Con salvamento de voto
Con aclaración  de voto
GABRIEL E. MENDOZA MARTELO
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado                                                            Magistrado
Con salvamento de voto                                            Con
salvamento de voto
NILSON
PINILLA PINILLA                      JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado                                               Magistrado
HUMBERTO
A. SIERRA PORTO                 LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado                                             Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
A LA
SENTENCIA C-771/11
CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO EN LEY DE
JUSTICIA TRANSICIONAL-Inclusión
de beneficios para infractores desmovilizados de grupos organizados al margen
de la ley genera impunidad y resulta desproporcionada (Salvamento de voto)
CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO EN
JUSTICIA TRANSICIONAL-Inclusión
de beneficios para infractores desmovilizados de grupos organizados al margen
de la ley constituye desconocimiento de los deberes del Estado frente a
violaciones de los derechos humanos (Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACION-No se vulnera cuando la confesión es libre y
voluntaria (Salvamento de voto)
INFORMACION OBTENIDA EN ACUERDOS DE
CONTRIBUCION A LA VERDAD HISTORICA EN JUSTICIA TRANSICIONAL-Limitación de su uso en procesos en contra
de quien los suscribe restringe el derecho a la justicia y genera impunidad
(Salvamento de voto)
ORDEN DE CAPTURA CONTRA MIEMBROS
DESMOVILIZADOS DE GRUPOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA
LEY EN JUSTICIA TRANSICIONAL-Suspensión mediante Auto que no admite recurso alguno constituye un
desbalance entre los derechos de los desmovilizados y sus víctimas (Salvamento
de voto)
SUSPENSION CONDICIONAL DE LA
EJECUCION DE LA PENA PARA MIEMBROS DESMOVILIZADOS DE GRUPOS ORGANIZADOS AL
MARGEN DE LA LEY EN JUSTICIA TRANSICIONAL-Decisión mediante Auto que no admite recurso alguno
constituye un desbalance entre los derechos de los desmovilizados y sus
víctimas (Salvamento de voto)
Si bien la finalidad que soporta la
Ley 1424 de 2010 es loable, considero que extender los beneficios de la
Ley a quienes hayan incurrido en el delito de concierto para delinquir
agravado constituye una desproporcionada afectación del valor de justicia y los
derechos de las víctimas, además de incurrir en el desconocimiento de las
obligaciones del Estado de perseguir, juzgar y sancionar las graves
vulneraciones de los derechos humanos.
Referencia: expediente
D-8475
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
1°, 4°, 6° y 7° (todos parcialmente) de la
Ley 1424 de 2010, “Por la cual se dictan disposiciones de justicia
transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de
desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden
beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”.
Magistrado Ponente:
NILSON PINILLA PINILLA
Con
el respeto acostumbrado con las decisiones que toma esta Corporación, me
permito disentir del fallo adoptado por la
Sala Plena dentro del expediente de la referencia.  Las breves razones que
apoyan mi postura son las siguientes:
Discrepo
con la decisión que toma la sentencia y considero que las normas demandadas
debieron declararse inexequibles, aunque debo aclarar que reconozco la utilidad
de implementar estrategias de justicia transicional razonables e integrales que
atiendan al conflicto armado que padece nuestro país.
Si
bien la finalidad que soporta la Ley 1424 de 2010 es loable, advierto que las
fórmulas demandadas incluidas en ella son desproporcionadas en cuanto
transgreden los estándares mínimos exigibles a la justicia, la verdad así como
la reparación de las víctimas, y en algunos casos desconocen los deberes
elementales del Estado frente a las violaciones graves de los derechos humanos.
Bajo
ese panorama me permitiré presentar los argumentos que llevan a apartarme de la
sentencia C-771 de 2011 en el siguiente orden: primero haré una síntesis de los
argumentos genéricos que componen la decisión y luego me referiré, uno a uno, a
los artículos que fueron demandados.
1.
Síntesis de los argumentos genéricos que soportan la sentencia C-771 de
2011.
La
primera parte de la providencia acude al derecho comparado para aportar un
concepto de justicia transicional. En síntesis, allí establece que este es un
instrumento para resolver las atrocidades del pasado y permitir la
transformación de sociedades en conflicto, de manera que se posibilite el
acceso y el mantenimiento de la paz, garantizando valores como la verdad, la
justicia y la reparación ‘al mayor nivel posible’.
De
las experiencias internacionales, la sentencia infiere que no existe un modelo
único que permita el equilibrio entre los intereses de las partes y que
garantice alcanzar una solución perenne. Además, en palabras de la
Corte, las diferentes fórmulas tienen la siguiente finalidad: “Ello se
hace, principalmente, con el propósito de impedir que hechos acaecidos en el
marco de un conflicto vuelvan a ocurrir, para lo cual su función se concentra
en el conocimiento de la verdad y en la reparación, buscando así dar respuesta
a los problemas asociados a un legado de abusos de derechos humanos en un
contexto democrático y aplicando medidas, de naturaleza judicial o no judicial,
a los responsables de los crímenes”.
Además,
con la cita de algunos párrafos de la sentencia C-370 de 2006, el fallo del que
me aparto desarrolla el soporte constitucional de la justicia transicional,
identifica a la Carta Política como un intento ejemplar de búsqueda de la paz y
a partir de la cita lacónica de algunos textos, reconoce la dificultad para
encontrar “la adecuada proporción” o el balance entre los valores de justicia y
paz. Sobre el particular solo transcribe que debe conseguirse “tanta
justicia como la paz lo permita”[107].
Finalmente,
la sentencia C-771 de 2011 hace una referencia a la naturaleza y alcances del
derecho de acceso a la administración de justicia e incluye, a partir de la
providencia C-936 de 2010, una síntesis de los instrumentos que conforman el
bloque de constitucionalidad sobre el deber del Estado de investigar las graves
violaciones de los derechos humanos. Allí reconoce que existe una disposición
que impide relajar, suspender o suprimir las garantías de las víctimas ante la
comisión de ese tipo de delitos.
2.
Razones que soportan la inexequibilidad de la expresión acusada del artículo
primero de la Ley 1424 de 2010.
Respecto
de la constitucionalidad de la expresión acusada del artículo 1º de la
Ley 1424 de 2010[108],
especialmente sobre los beneficios otorgados a quienes incurren en el delito de
“concierto para delinquir agravado”, la mayoría resolvió su
exequibilidad por lo siguiente:
(i)
No constituye impunidad;
(ii)
Toda conducta deberá ser
investigada por la Fiscalía General de la
Nación y
(iii)
En todo caso, en esos procesos
deberán garantizarse los derechos de las víctimas (argumento jurídico 6.3.2.).
Concretamente,
la Corte razonó que la norma “(…) no implica que el Estado colombiano
renuncie a la investigación y juzgamiento de esas conductas (…) [p]or el
contrario, según resulta del artículo 5° de la misma preceptiva, es necesario
que exista una actuación judicial y que sea dentro del marco de ella, o incluso
una vez culminada con sentencia condenatoria, que se pueda examinar o no la
suspensión de las órdenes de captura u otorgar la suspensión condicional de la
ejecución de la pena que se hubiera impuesto.” (argumento jurídico 6.3.3.).
En
síntesis, la exequibilidad de la expresión demandada se fundamentó en las
garantías consignadas en la Ley 1424 de 2010. Es cierto que conforme a su
artículo 5[109],
los crímenes cometidos por los desmovilizados deberían ser investigados y
juzgados. Sin embargo, considero que extender los beneficios de la ley a
quienes hayan incurrido en el delito de concierto para delinquir agravado
constituye una desproporcionada afectación del valor de justicia y los derechos
de las víctimas, además de incurrir en el desconocimiento de las obligaciones
del Estado de perseguir, juzgar y sancionar las graves vulneraciones de los
derechos humanos.
En
efecto, el artículo 340 del Código Penal dispone lo siguiente:
“ART. 340.— Modificado.
L. 733/2002, art. 8º. Concierto
para delinquir. Cuando
varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas
será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años.
INC. 2º— Modificado. L.
1121/2006, art. 19º. Cuando el concierto sea para cometer delitos de
genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado,
homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento
ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiamiento del
terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades
terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y
multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
(negrilla fuera de texto original)
La pena privativa de la libertad se aumentará en la
mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen,
constituyan o financien el concierto para delinquir.”
Buena
parte de los hechos delictivos consignados en el inciso segundo de este
artículo constituyen actos barbáricos, que tienen el poder de ofender los
valores más sensibles y elementales reconocidos por toda la comunidad
internacional e incluidos en nuestra Constitución. Si en verdad se pretendía
garantizar que esos delitos no se repitan dentro del conflicto que aún sufre
Colombia, se hacía imperioso valorar de manera cuidadosa el mensaje que la norma
demandada le envía a las organizaciones que todavía continúan activas.
Contrario
a lo que sostiene la decisión mayoritaria, permitir que crímenes como el
genocidio hagan parte del marco en las condiciones anotadas, no garantiza la
finalidad de la medida –paz y no repetición- sino que revela debilidad por
parte del Estado y la renuncia a castigar las graves afectaciones a los
derechos humanos. En otras palabras, esa política de justicia transicional
fragmentaria genera impunidad, por lo que debió ser declarada inexequible. Si
en este momento alguno de los cabecillas de las organizaciones criminales
decide exterminar a una comunidad que les haya hecho frente, tendrá la
expectativa razonable de que su delito será parte de un ‘acuerdo de
contribución a la verdad’ que podría ser juzgado pero no castigado.
De
otra parte, algunos de los crímenes que componen el concierto para delinquir
agravado hacen parte de la competencia de la
Corte Penal Internacional. Por tanto, absurdamente la ausencia de una medida
sancionatoria apropiada, podría activar la admisibilidad de ese Tribunal sobre
los actos que la Ley 1424 de 2010 pretende incluir dentro de la transición. En
suma, respecto de esos delitos esta Corporación ha avalado de manera implícita
la activación de la jurisdicción universal, en tanto ha permitido que el Estado
renuncie a la aplicación de un castigo material a los infractores
desmovilizados.
Debo aclarar que no me opongo a la implementación de
estrategias de justicia transicional sobre los delitos incluidos en el
concierto para delinquir agravado; estimo que para esos crímenes se debe
establecer un parámetro diferente, más exigente o riguroso, que haga posible la
desmovilización, los requerimientos mínimos de las víctimas y que también
asegure la no repetición de actos de esa naturaleza en el futuro.
Además, a partir de la ponderación de los valores
constitucionales en juego[110],
el fallo debió haber definido por qué es exequible que la ley establezca la
misma tipología de justicia transicional para delitos menores, como la
utilización ilegal de uniformes e insignias, y para el concierto para delinquir
agravado. En mi criterio establecer el mismo procedimiento para las dos clases
de crímenes, constituye un trato desproporcionado que no solo afecta los
derechos a la verdad, la justicia y la reparación, sino también el principio de
igualdad consignado en el artículo 13 de la
Carta Política.
Por
último, sin perjuicio de lo anterior, aunque esta sentencia reconoce la
existencia de algunas providencias que han analizado las instituciones de
justicia transicional, lamentablemente olvida identificar que en ellas se han
fijado algunos límites infranqueables. Solo a manera de ejemplo, en la
sentencia C-370 de 2006 se insistió en que la paz no es un valor absoluto y se
dijo lo siguiente sobre el delito de desaparición forzada de personas:
“6.2.2.1.7.8. De otra parte, cuando se
trata del delito de desaparición forzada de personas, el derecho a la verdad
apareja el derecho a conocer el destino final de la persona desaparecida. Según
lo ha establecido la jurisprudencia internacional, mantener a los familiares de
una víctima de desaparición forzada en la incertidumbre sobre el destino de su
ser querido, vulnera el derecho a no ser sometido a tratos crueles inhumanos o
degradantes.
(…)
6.2.2.2.3. Se pregunta la
Corte si, a la luz de las normas constitucionales, el legislador está
autorizado para conferir amplios beneficios penales a autores del delito de
desaparición forzada, sin exigirles como requisito previo para la obtención de
tales beneficios, no solo haber decidido desmovilizarse colectivamente sino que
señalen el paradero de las personas de cuya desaparición son responsables.
6.2.2.2.4. Como ya fue explicado en un
aparte anterior de esta decisión, el artículo 12 de la
Constitución, que prohíbe la desaparición forzada de personas y la
Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas[111], que hace parte del bloque de
constitucionalidad, aparejan, entre otras, la obligación del Estado de
investigar seriamente el delito de desaparición forzada de personas e informar
a las víctimas y sus familiares sobre el resultado de las investigaciones y el
destino de las personas desaparecidas. Este deber es de cumplimiento inmediato
y oficioso y no exige que las víctimas impulsen o promuevan las investigaciones[112].
Adicionalmente, el cumplimiento satisfactorio de este deber exige que el Estado
adopte las medidas que sean necesarias para dar con el paradero de las personas
desaparecidas en el menor tiempo posible, pues la dilación de la investigación
o de la entrega de información a las personas interesadas apareja, a su turno,
una violación del derecho a no ser objeto de tratos crueles en cabeza de los
familiares de la persona desaparecida, como lo reiteró la
Corte al revisar el proyecto de ley estatutaria sobre el mecanismo de búsqueda
urgente de personas desaparecidas[113].
6.2.2.2.5. En esa medida resulta
inconstitucional que el Estado colombiano otorgue beneficios penales a personas
que son responsables del delito de desaparición forzada, sin que exija, como
condición para el otorgamiento del beneficio, además de que hayan decidido
desmovilizarse en el marco de esta ley que los responsables del delito hubieren
indicado, desde el momento en el que se define su elegibilidad, el paradero de
las personas desaparecidas. En efecto, tal y como se señaló en el caso
anterior, el Estado no puede renunciar a utilizar todos los mecanismos a su
alcance para prevenir delitos de suma gravedad y, en el  caso en el cual se
hubieren cometido, para interrumpir sus efectos sobre la víctima o sobre sus
familiares.
(…)
6.2.2.2.7. En suma, por las razones
expresadas tanto en el presente como en el anterior aparte de esta sentencia, la
Corte considera que la omisión del legislador de la cual da cuenta la demanda,
es el resultado del incumplimiento de un deber constitucional específico en
cabeza del Estado. Este deber consiste en adoptar todas las medidas a su
alcance para establecer, en el menor tiempo posible, el paradero de las
personas desaparecidas. El silencio sobre este requisito a la hora de solicitar
la aplicación de la Ley demandada ante la decisión de desmovilizarse
colectivamente, equivale a una renuncia del Estado a cumplir este deber,
renuncia a la que el legislador no está autorizado.”
La sentencia de la que me aparto debió haber estimado
una subregla como la anterior para determinar si los beneficios de la
Ley 1424 de 2010 son compatibles con las exigencias mínimas en cabeza de las
víctimas; esto llevaba a establecer la modulación de la decisión respecto del
alcance de la expresión acusada del artículo 1º de esa norma.
3.
Argumentos en contra de la exequibilidad del inciso 2º del artículo 4º de la
Ley 1424 de 2010.
Otra
sección de la sentencia C-771 de 2011 de la que me aparto se refiere a la
solución de los cargos presentados contra el 2º inciso del artículo 4º de la
Ley 1424 de 2010[114],
disposición en la que se limita el uso judicial de la información que surja de
los “acuerdos de contribución a la verdad histórica”.
La Corte argumentó que esa
restricción tiene justificación en el derecho a conocer la verdad por parte de
las víctimas, sus familiares así como la sociedad, y por ello no constituye un
desconocimiento al deber de investigar las graves vulneraciones de los derechos
humanos.
De
manera equívoca se definió que el hecho que esos testimonios no puedan ser
utilizados como prueba contra quien los suscribe, “no es óbice para que se
surtan los enjuiciamientos  de graves comportamientos de trascendencia no solo
local sino internacional.” (argumento jurídico 6.4.1.). Adicionalmente, se
afirmó que la disposición acusada “guarda consonancia” con el principio de no
autoincriminación previsto en el artículo 33 de la
Constitución.
Aunque
se declaró la exequibilidad condicionada de la expresión “o en contra de
terceros”[115],
considero que la totalidad del inciso debió declararse inexequible atendiendo
que la utilización judicial de la información no afecta esa disposición
constitucional, restringe profundamente el derecho a la justicia en cabeza de
las víctimas y genera impunidad sobre delitos que constituyen grave afectación
de los derechos humanos.
En
efecto, con la decisión anotada la Corte desconoce que en varias providencias
de constitucionalidad se ha establecido que el principio de no
autoincriminación no se vulnera cuando la confesión es libre y voluntaria. De
hecho, en sentencia C-102 de 2005 se consideró lo siguiente:
“Para la Corte es claro que conforme a lo expuesto
en la sentencia C-422 de 2002, ya citada, la garantía constitucional a la no
autoincriminación no se opone en ningún caso a la confesión como medio de
prueba, siempre que ésta sea libre, es decir, sin que de manera alguna exista
coacción que afecte la voluntad del confesante, requisito igualmente exigible
en toda clase de procesos. La confesión, esto es la aceptación de hechos
personales de los cuales pueda derivarse una consecuencia jurídica
desfavorable, como medio de prueba no implica por sí misma una
autoincriminación en procesos civiles, laborales o administrativos. De la misma
manera, ese medio de prueba es admisible en el proceso penal, pero en todo
caso, en ninguna clase de procesos puede ser compelida la persona a la
aceptación de un hecho delictuoso, que es en lo que consiste la
autoincriminación, que la
Constitución repudia.”
Desafortunadamente
la sentencia de la que me aparto no estableció la naturaleza de los instrumentos
adoptados para materializar la justicia transicional. En mi criterio, es claro
que los acuerdos de contribución a la verdad histórica incluidos en la
Ley 1424 de 2010 son una expresión libre, consciente y voluntaria de los
desmovilizados. Por tanto, el artículo 33 Superior no justifica la
constitucionalidad del inciso demandado y por consiguiente, no sustenta la
restricción a la utilidad de la información que aquellos aportan para alcanzar
una paz duradera.
Bajo
ese contexto, observo que en realidad en nuestra Carta Política no existe un
referente para inferir la exequibilidad de la disposición. El efecto real de
ella es anteponer un obstáculo profundo sobre el derecho a la justicia de las
víctimas, quienes verán que el relato de los delitos, dentro de los que se
cuentan algunos que afectan gravemente los derechos humanos, no tendrá más
consecuencia que la de hacer parte de unos informes de contribución a la
memoria histórica.
Aunque
es cierto que la medida tiene fundamento en la búsqueda de la verdad, estimo
desproporcionado que dicha información no pueda hacer parte de un proceso
judicial, en la medida en que existen estrategias menos gravosas para
materializar ese valor.  La Ley 1424 de 2010 incluye un amplio catálogo de
garantías para que el desmovilizado no vea afectada su libertad dentro de la
investigación y culminación del proceso penal respectivo. Si la condena
atribuida a estas personas será simplemente formal, ¿qué utilidad tiene impedir
que su testimonio haga parte del trámite judicial? En otras palabras, pienso
que la norma consigna suficientes beneficios para que la narración de la verdad
no traiga consecuencias adversas al infractor, por lo que la disposición se
torna innecesaria y debía ser declarada inexequible por cercenar peligrosamente
el derecho a la justicia de las víctimas y por constituirse en fuente de
impunidad.
4.
Fundamentos de la inconstitucionalidad de las expresiones demandadas de los
artículos 6º y 7º de la Ley 1424 de 2010.
Finalmente,
considero que las frases “en contra del cual no procede ningún recurso”
consignadas en los artículos 6º y 7º de la
Ley 1424 de 2010[116]
también debieron declararse inexequibles en la medida en que plasman un desbalance
entre los derechos de los desmovilizados y sus víctimas.
En
efecto, teniendo en cuenta la amplitud de los beneficios consagrados en la ley
para los desmovilizados, deduzco que contra la solicitud de suspensión
condicional de la ejecución de la pena y de la orden de captura debió haberse
previsto un canal expedito para que las víctimas pudieran censurarla. La
intervención o participación activa de este sujeto procesal desde el inicio de
la actuación podía garantizar la satisfacción de sus derechos, la reparación de
su dolor y que los requisitos contemplados para acceder a los beneficios fueran
cumplidos rigurosamente y a cabalidad.
Fecha
ut supra,
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
MARIA VICTORIA CALLE CORREA, JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO Y LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA
SENTENCIA C-771/11
BENEFICIOS EN NORMAS DE LEY DE JUSTICIA
TRANSICIONAL DE REPARACION A VICTIMAS DE GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE
LA LEY-No aseguran estándares mínimos en materia de verdad, justicia y
reparación (Salvamento parcial de voto)/CONCIERTO PARA DELINQUIR
AGRAVADO EN LEY DE JUSTICIA TRANSICIONAL-Inclusión de beneficios para desmovilizados de grupos
armados al margen de la ley afecta el valor de la justicia y los derechos de
las víctimas (Salvamento parcial de voto)
Las normas cuestionadas no aseguran estándares mínimos en materia
de justicia, verdad y reparación frente a las conductas delictivas de los
desmovilizados de los grupos armados organizados al margen de la ley, en los
términos del artículo 1º de la Ley 975 de 2005. El hecho de incluir dentro de
los beneficiarios de las medidas a los desmovilizados de grupos armados al
margen de la ley que hubieren incurrido en el delito de “concierto para
delinquir agravado”, sin tener en cuenta que, bajo determinadas condiciones, de
este tipo penal pueden derivarse graves violaciones de los derechos humanos,
entraña indefectiblemente una desproporcionada afectación del valor de justicia
y, particularmente, de los derechos de las víctimas. De este modo, serían
beneficiarios de las medidas especiales de libertad y de suspensión de
ejecución de la pena, quienes también pudieron haber incurrido en crímenes de
lesa humanidad, lo cual se traduce en un franco desconocimiento de las
obligaciones del Estado de perseguir, juzgar, sancionar y castigar
efectivamente ese tipo de conductas.
RESTRICCIONES AL USO DE INFORMACION
OBTENIDA EN ACUERDOS PREVISTOS EN LEY DE JUSTICIA TRANSICIONAL-Imposibilitan llegar a la verdad y la
justicia, además de propiciar la impunidad frente a la investigación y sanción
de violaciones de los derechos humanos (Salvamento parcial de voto)
PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACION-No se vulnera por declaración producida de
manera consciente, libre y voluntaria (Salvamento parcial de voto)
NORMAS DE LEY DE JUSTICIA TRANSICIONAL DE
REPARACION A VICTIMAS DE DESMOVILIZADOS DE GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS AL MARGEN
DE LA LEY-Contienen un mayor grado de protección para los victimarios y
un desbalance para las víctimas (Salvamento parcial de voto)
Referencia:
Expediente D-8475
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
1°, 4°, 6° y 7° (todos parcialmente) de la
Ley 1424 de 2010, “Por la cual se dictan disposiciones de justicia
transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de
desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden
beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”.
Actores: Gustavo Gallón Giraldo y otros.
Magistrado Ponente:
NILSON PINILLA PINILLA
Con
el acostumbrado respeto, a continuación exponemos las razones que nos llevaron
a salvar el voto en la presente sentencia:
1.       En nuestra opinión, las normas
cuestionadas no aseguran estándares mínimos en materia de justicia, verdad y
reparación frente a las conductas delictivas de los desmovilizados de los
grupos armados organizados al margen de la ley, en los términos del artículo 1º
de la Ley 975 de 2005.
Sin desconocer que en el
marco del conflicto armado que vive Colombia resulta necesaria la adopción de
medidas de justicia transicional, tal régimen excepcional no puede implicar el
desbordamiento de los valores, principios y derechos fundamentales que hacen
parte de nuestro marco constitucional, ni tampoco un desconocimiento del orden
internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
El hecho de incluir dentro de los
beneficiarios de las medidas a los desmovilizados de grupos armados al margen
de la ley que hubieren incurrido en el delito de “concierto para delinquir
agravado”, sin tener en cuenta que, bajo determinadas condiciones, de este tipo
penal pueden derivarse graves violaciones de los derechos humanos, entraña
indefectiblemente una desproporcionada afectación del valor de justicia y,
particularmente, de los derechos de las víctimas. De este modo, serían beneficiarios
de las medidas especiales de libertad y de suspensión de ejecución de la pena,
quienes también pudieron haber incurrido en crímenes de lesa humanidad, lo cual
se traduce en un franco desconocimiento de las obligaciones del Estado de
perseguir, juzgar, sancionar y castigar efectivamente ese tipo de conductas.
No debe olvidarse que en un Estado de
derecho, las autoridades tienen la obligación ineludible de combatir “la
impunidad”, por todos los medios legales disponibles, ya que ésta propicia la
repetición de las violaciones de los derechos humanos y la total indefensión de
las víctimas y sus familiares. El no cumplimiento de la pena para esta clase de
crímenes, puede generar la responsabilidad internacional del Estado y habilitar
la jurisdicción universal a fin de establecer la responsabilidad penal
individual de los implicados, situación que se presenta en este caso por cuanto
los beneficiarios de las medidas, sin importar el tipo de conductas por el cual
se les juzgó, no pagarían ni un minuto de la pena impuesta. Se estaría,
entonces, hablando de justicia formal pero no material y pese a que los
procesos de búsqueda de conciliación tienen una finalidad que debe
privilegiarse, no puede conllevar la impunidad de los delitos de lesa
humanidad.
2.       En relación con la circunstancia de que no
pueda utilizarse como prueba en ningún caso, la información que surge de los
acuerdos previstos en la ley contra quienes los suscriben o en contra de
terceros, no garantiza la posibilidad de llegar realmente a la verdad en los
términos que lo exigen el ordenamiento constitucional, las normas
internacionales de derechos humanos y del derecho humanitario.
Uno de los elementos fundamentales de la
justicia transicional es precisamente el esclarecimiento de la verdad, tanto en
su dimensión histórica como judicial. Dado que la
Ley 1424 de 2010 sacrifica la obtención de la verdad judicial y asume que la
memoria histórica, por sí sola, satisface el derecho a la verdad de las
víctimas, sin tener en cuenta que tal visión también afecta las posibilidades
de justicia y de reparación. Tal como fue concebida y estructurada la
Ley 1424 de 2010, conduce a que los objetivos de verdad, justicia y reparación
sean puramente consideraciones retóricas sin contenido tangible al prohibir de
manera absoluta el uso probatorio de cualquier información que surja en el
marco de los acuerdos de contribución a la verdad y a la memoria histórica.
La medida señalada propicia la impunidad
frente a la investigación y sanción de posibles violaciones de los derechos
humanos. En ese contexto, en nada contrariaba las finalidades de la justicia
transicional que la información pudiera apreciarse como una de las pruebas en
el juzgamiento por delitos de lesa humanidad. Ello hubiera permitido armonizar
los objetivos de la justicia transicional con los principios y valores
constitucionales y con las obligaciones internacionales de Colombia en materia
de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Contrario a lo afirmado por la mayoría, no
puede sostenerse que se está protegiendo el principio de no autoincriminación,
toda vez que la declaración entregada por el desmovilizado se produce de manera
consciente, libre y voluntaria y, por tanto, constituye una confesión, la cual
debe también resultar completa y veraz. En este sentido, si de las
declaraciones surgidas al amparo de la ley demandada, resultaren conductas
delictivas e incluso constitutivas de graves violaciones de los derechos
humanos, es contrario al Estado de derecho y al derecho de las víctimas, que
las mismas no pudieran investigarse.
3.  La ley en su esencia, contiene un
mayor grado de protección para los victimarios y un desbalance para las
víctimas.
La posición mayoritaria, desconoce principios y valores que la
Corte ha salvaguardado celosamente en decisiones anteriores (C- 370 de 2006[117] y C-936 de 2010[118]) como son los deberes del Estado de
investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos y las
infracciones al derecho internacional humanitario. Adicionalmente, al avalar el
contenido de estas disposiciones como compatibles con la
Constitución, resulta imposible que los mecanismos punitivos previstos dentro
del sistema de justicia transicional, satisfagan plenamente los derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas y, por el contrario, se
convierten en instrumentos que amparan la impunidad.
Uno de los elementos fundamentales de un auténtico
proceso de justicia transicional es el esclarecimiento de la verdad, el
cual tiene una dimensión histórica, pero también una dimensión judicial. En
este último pilar descansan las reivindicaciones de justicia y de reparación de
las  víctimas. La Ley 1424 de 2010 solamente toma en consideración el
esclarecimiento histórico, pero sacrifica la obtención de la verdad judicial,
con el consiguiente impacto que esta dimensión del esclarecimiento tiene en
materia de justicia y de reparación.
En nuestra opinión, tal como está concebida y
estructurada la Ley 1424 de 2010, conduce a que los objetivos de verdad,
justicia y reparación que se insertan en el enunciado de la ley y en algunas de
sus disposiciones, se conviertan en simple retórica, toda vez que las
posibilidades reales de verdad judicial y por ende de justicia y
reparación, se ven dramáticamente menoscabadas por la disposición del inciso
segundo del artículo cuarto que prohíbe de manera absoluta el uso probatorio de
cualquier información que surja en el marco de los acuerdos de contribución a
la verdad y a la memoria histórica.
La decisión mayoritaria se sustenta en la cláusula
aparentemente tranquilizadora del artículo 5° del articulado, según la cual los
desmovilizados que se acojan a la ley “serán investigados y/o juzgados según
las normas aplicables en el momento de la comisión de la conducta punible.”
Sin embargo, en nuestra opinión este propósito se ve totalmente anulado con la
gravosa prohibición cuando el inciso final del artículo 4º priva a las víctimas
de la posibilidad de que la verdad declarada por los desmovilizados en
el marco de los acuerdos de contribución a la verdad histórica, se convierta en
una verdad judicialmente tramitada que proyecte sus efectos sobre sus legítimas
demandas de justicia y reparación.
Es por ello que consideramos que la declaratoria
parcial de inexequibilidad del inciso segundo del artículo 4° (expresión “o
en contra de terceros”), no restablece las posibilidades de obtención de la
verdad judicial en los términos que lo exigen los mandatos constitucionales e
internacionales que rigen la materia, comoquiera que bajo la norma quedarían
amparadas eventuales violaciones a los derechos humanos e infracciones al
derecho internacional humanitario cometidas por quienes se acojan a los “acuerdos
de contribución a la verdad histórica.”
Para nosotros, la decisión de inexequibilidad debió
cobijar incluso el artículo 1º de la ley demandada, toda vez que subsisten la
incertidumbre y ambigüedad en torno al ámbito de aplicación de la ley, tal como
fue advertido por la Corte Constitucional en la sentencia C-936 de 2010,
comoquiera que se insiste en incluir como destinatarios de los beneficios
penales a los perpetradores de concierto para delinquir agravado, sin
que se efectúe una precisión acerca del alcance de este delito, que según
algunas interpretaciones autorizadas podría englobar graves violaciones de
derechos humanos constitutivas de crímenes de lesa humanidad.
No es posible construir “la paz perdurable” ni
obtener alguna de las reivindicaciones a la que alude el precepto a favor de
las víctimas sobre la base de una verdad controlada por el Gobierno (art. 3°),
a la cual no pueden acceder los fiscales y jueces para administrar justicia, ni
siquiera en eventos en que la información recaudada evidencie la perpetración
de graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones al derecho
internacional humanitario.
Dejamos
así expuestas las razones que nos llevaron a salvar parcialmente el voto frente
a la decisión adoptada por esta Corporación en el asunto de la referencia.
Fecha ut supra,
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO  DEL MAGISTRADO
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
A LA
SENTENCIA C-771/11
BENEFICIOS EN NORMAS DE LEY DE JUSTICIA
TRANSICIONAL PARA DESMOVILIZADOS DE GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA
LEY-Reconocimiento para delitos de concierto para delinquir simple o
agravado no desconoce disposición constitucional alguna (Aclaración de voto)
BENEFICIOS O CONDICIONES ESPECIALES PARA
INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES ARMADAS-Antecedentes normativos y jurisprudenciales respecto
de su otorgamiento (Aclaración de voto)
BENEFICIOS EN NORMAS DE LEY DE JUSTICIA
TRANSICIONAL PARA DESMOVILIZADOS DE GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA
LEY-Se
inscriben en proceso de definición, adopción e implementación de medidas que
posibiliten la paz, la justicia y la reparación (Aclaración de voto)
Referencia: expediente
D-8475
Demanda
de inconstitucionalidad contra los artículos 1°, 4°, 6° y 7° (todos parcialmente)
de la Ley 1424 de 2010, “Por la cual se dictan disposiciones de justicia
transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de
desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios
jurídicos y se dictan otras disposiciones”.
Actores:
Gustavo Gallón Giraldo y otros.
Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla
Atendiendo las consideraciones contenidas en la
sentencia C-771 de 2011 en la que la Corte se pronunció respecto de la
constitucionalidad de algunos apartes de los artículos 1, 4, 6 y 7 de la ley
1424 de 2010 “Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional
que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados
de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y
se dictan otras disposiciones”, he estimado pertinente formular algunos
comentarios adicionales que explican las decisiones adoptadas por la
Corte en esta oportunidad y que, de manera particular, permiten identificar
que la medida adoptada en el artículo 1 de la ley 1424 se inscribe en un
complejo proceso de identificación de las estrategias adecuadas para hacer
posible, de una parte, la consecución de la paz y, de otra, la salvaguarda de
los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Alcanzar el equilibrio de las medidas adoptadas en
esta materia no es simple. En todo caso, el ordenamiento jurídico colombiano ha
sido sensible a la necesidad de diseñar instrumentos normativos que permitan
una adecuada ponderación de los intereses señalados. Las normas examinadas en
esta oportunidad se encuentran en esa dirección.
1. El otorgamiento de beneficios o condiciones
especiales a las personas integrantes de organizaciones armadas, tal y como lo
prevé el artículo 1 de la ley 1424 de 2010, se ajusta al esfuerzo de
ponderación referido. Una recapitulación de las principales medidas adoptadas
desde 1993, resulta relevante para comprender la decisión adoptada por la
Corte en esta oportunidad.
1.1 La ley 104 de 1993 contempló varias estrategias
que cabe referir. Así, su artículo 9 estableció que tendrían algunos
beneficios, referidos a la calificación penal de su conducta o al cumplimiento
de la pena, las personas vinculadas a grupos subversivos, de justicia privada o
denominados 'milicias populares rurales o urbanas' que abandonaran
voluntariamente la organización y se entregaran. Posteriormente, al precisar la
redacción y alcance de tal beneficio, la ley 241 de 1995 dispuso que tales
beneficios serían también aplicables “a las llamadas autodefensas”.
Además de ello, los artículos 48 y 57 de la misma ley
104 de 1993 establecieron la posibilidad de conceder indultos u otorgar
beneficios procesales – como la cesación del procedimiento, la resolución de
preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria- cuando se tratara de
delitos políticos de rebelión, sedición, asonada, conspiración, así como los
conexos con éstos. Además de ello  dispuso que el grupo guerrillero del cual
formara parte el solicitante debía demostrar su voluntad de reincorporarse a la
vida civil.
1.2 La ley 418 de 1997 –cuyo
propósito consistió en la consagración de instrumentos para la búsqueda de la
convivencia y la eficacia de la justicia- prorrogada y modificada en algunas de
sus disposiciones[119],
estableció en su artículo 50 que el Gobierno Nacional podría conceder, en cada
caso particular, el beneficio de indulto a los nacionales que hubieren sido
condenados por los delitos políticos de rebelión, sedición, asonada,
conspiración así como los conexos con éstos en los eventos en los cuales a la
organización al margen de la ley le fuera reconocido el carácter político y
hubiere demostrado su voluntad de reincorporarse a la vida civil. Ese
beneficio, según lo estableció el segundo inciso de la misma disposición,
podría concederse también a los nacionales que, individualmente y por decisión
voluntaria abandonaran sus actividades como miembros de las organizaciones
armadas al margen de la ley cuyo carácter político les hubiera sido reconocido
y que, adicionalmente, demostraran su voluntad de reincorporarse a la vida
civil.
Se estableció también que lo allí
dispuesto no se aplicaría a quienes realizaran conductas constitutivas de actos
atroces, de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, genocidios, homicidios
cometidos fuera de combate, o colocando a la víctima en estado de indefensión.
Además de lo anterior el artículo
60 de la citada ley contempló la posibilidad de conceder la cesación de
procedimiento, la resolución de preclusión de la instrucción o la resolución
inhibitoria, a quienes confesaran y hubieren sido –o lo fueran- denunciados o
procesados por hechos constitutivos de los delitos respecto de los cuales era
posible conceder el indulto y que, además de ello, no se encontraran aún
condenados mediante sentencia ejecutoriada.
1.3 Los artículos 50 y 60 de la ley 418 de 1997,
fueron modificados en algunos aspectos por los artículos 19 y 24 de la ley 782
de 2002. En la sentencia C-928 de 2005 esta Corporación se pronunció sobre el
segundo inciso del artículo 19 en el que se preveía, sin ninguna limitación
respecto del tipo de delito, la posibilidad de otorgar un indulto. El
demandante argumentaba que lo allí prescrito contrariaba el numeral 17 del
artículo 150 de la Constitución en el que se  autoriza el otorgamiento de
indultos solo para el caso de los delitos políticos.
En esa oportunidad señaló lo siguiente esta
Corporación:
“En
el presente caso el inciso 2º del Art. 50 de la
Ley 418 de 1997, modificado por el Art. 19 de la
Ley 782 de 2002, constituye una norma que tiene dos sentidos normativos:
i)
Un primer sentido, en virtud del cual el Gobierno Nacional puede conceder el
indulto por delitos no políticos, como se plantea en la demanda, el cual es
abiertamente contrario a lo dispuesto en los Arts. 150, Núm. 17, y 201, Núm. 2,
de la Constitución Política, por prever éstos expresamente que debe tratarse de
delitos políticos.
ii)
Un segundo sentido, según el cual el Gobierno Nacional sólo puede conceder el
indulto por delitos políticos, o sea, por rebelión, sedición y asonada. Este
sentido incluye obviamente el otorgamiento del beneficio por los delitos
conexos con los delitos políticos, de acuerdo con el criterio uniforme de la
doctrina jurídica.
Como
es evidente, este sentido normativo es el que se ajusta a la
Constitución, concretamente a los Arts. 150, Num. 17, y 201, Num. 2, por lo
cual, con fundamento en el principio de conservación del Derecho, es válido
considerar la procedencia de declarar en forma condicionada la citada norma,
bajo dicho entendimiento, con el fin de mantener en el ordenamiento jurídico el
sentido normativo respetuoso del Estatuto Superior y excluir de aquel el
sentido normativo contrario a este último.”
Con
fundamento en tal consideración la Corte adoptó una decisión de
constitucionalidad condicionada asignando al enunciado normativo la segunda de
tales interpretaciones. De esta manera el indulto solo resultaba posible para
el caso de los delitos políticos y aquellos que se calificaran como conexos[120].
1.4 Posteriormente el artículo 69 de la
ley 975 de 2005, mediante la cual se dictaron disposiciones para la
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley,
que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional,
dispuso que las personas que se
desmovilizaran dentro del marco de la Ley 782  de 2002 y que fueran
certificadas por el Gobierno Nacional, podrían ser beneficiarias de resolución
inhibitoria, preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento, según el
caso, por los delitos de concierto para delinquir, utilización ilegal de
uniformes e insignias, instigación a delinquir así como fabricación, tráfico y
porte de armas y municiones.
Se señaló adicionalmente que las personas
que hubieren sido condenadas por los mismos delitos y que reunieran las
condiciones establecidas en el artículo,  podrían también acceder a los
beneficios jurídicos previstos en la ley 782 de 2002.
1.5
Luego de ello, la ley 1312 de 2009 se ocupó de regular algunas de las
condiciones para la aplicación del principio de oportunidad durante el
desarrollo del proceso penal. Como se sabe, según el artículo 323 de la ley 906
de 2004 la aplicación del principio de oportunidad tiene como propósito
suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal.
El
inciso 1 del numeral 17 del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal
después de la reforma introducida por la ley 1312 de 2009, dispuso que dicho
principio podría ser aplicable al desmovilizado de un grupo armado organizado
al margen de la ley que, en los términos de la normatividad vigente, haya
manifestado con actos inequívocos su propósito de reintegrarse a la sociedad,
siempre que no hubiera sido postulado por el Gobierno Nacional al procedimiento
y beneficios establecidos en la Ley 975 de 2005 y no cursaran en su contra
investigaciones por delitos cometidos antes o después de su desmovilización,
con excepción de la pertenencia a la organización criminal. Se señalaba a
continuación que para efectos de esta ley tal pertenencia incluía la
utilización ilegal de uniformes e insignias y el porte ilegal de armas y
municiones.
La Corte Constitucional en
sentencia C-936 de 2010 declaró inexequible tal disposición al considerar,
entre otras cosas, que resultaba altamente indeterminada y no contenía los
elementos normativos requeridos para precisar las condiciones para su
aplicación en tanto, por ejemplo, la expresión “pertenencia a la organización
criminal” no hacía factible establecer cuáles eran los delitos por ella
comprendidos. Señaló en esa oportunidad:
“En
síntesis, la causal 17 del artículo 324 del C. de P.P., tal como fue establecida
por la Ley 1312 de 2009, es inconstitucional por violación del principio de
legalidad, debido a que no establece de forma taxativa e inequívoca todos y
cada uno de los elementos constitutivos de la causal, ni contempla criterios
objetivos que orienten el margen de discrecionalidad que se reconoce al  fiscal
en esta materia. La incertidumbre que genera el diseño de la causal impide que
el juez de control de garantías pueda ejercer un efectivo control sobre la
decisión del fiscal de dar aplicación al principio de oportunidad en
situaciones concretas. La Corte declarará, en consecuencia la inexequibilidad
del numeral 17 del artículo 324 del C.P.P., introducido por el artículo 2° de la
Ley 1312 de 2009.”
Adicionalmente, al pronunciarse sobre la disposición
que prescribía la imposibilidad de aplicar el principio de oportunidad en investigaciones o acusaciones por hechos
constitutivos de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario,
delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio, ni cuando tratándose
de conductas dolosas la víctima sea un menor de dieciocho (18) años, declaró la
Corte que el legislador había incurrido en una omisión legislativa relativa al
no introducir como límite las graves violaciones a
los derechos humanos.
Atendiendo tal consideración procedió a
establecer que el aparte demandado era exequible en el entendido de que también comprendía las
graves violaciones a los derechos humanos.
1.6
Más recientemente el artículo 11 de la ley 1421 de 2011, modificó el artículo
50 de la ley 418 de 1997 que, a su vez, había sido modificado por la ley 782 de
2002. Luego de reiterar, en general, las reglas relativas a la concesión de
indultos, estableció que los beneficios jurídicos –además de los
socioeconómicos establecidos por el Gobierno Nacional- no se aplicarían a
quienes hubieren incurrido en delitos de genocidio, secuestro, lesa humanidad,
crímenes de guerra o en los tipificados en el Título II del Libro II, Capítulo
Único del Código Penal, conforme a los tratados y convenios internacionales
ratificados, por el Estado colombiano.
A
su vez estableció que las personas que no pudieran ser destinatarias de tales
beneficios podrían acogerse al régimen transicional establecido en la
Ley 975  de 2005 y demás normas complementarias sin perjuicio de la facultad
de acudir a la jurisdicción a fin de recibir los beneficios jurídicos ordinarios
por confesión y colaboración con la justicia.
1.7
Finalmente la ley 1424 de 2010 objeto de examen constitucional en esta
sentencia estableció, entre otras cosas, beneficios jurídicos respecto de los
desmovilizados de los grupos armados organizados al margen de la ley que
hubieran incurrido únicamente en los delitos de concierto para delinquir simple
o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de
equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o
municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal, como
consecuencia de su pertenencia a dichos grupos.
De
esta manera se contempló allí, para las personas que cumplieran las condiciones
previstas en la ley, la suspensión de las órdenes de captura y, además de ello,
la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un período equivalente
a la mitad de la condena establecida en la sentencia.
En
la decisión que en esta oportunidad he acompañado, se reconoce que el establecimiento
de los beneficios que la ley 1424 de 2010 prevé para las personas que hubieren
incurrido en el delito de concierto para delinquir simple o agravado no
desconoce disposición constitucional alguna. De hecho, a partir de las
consideraciones expuestas en relación con la implementación de formas de
justicia transicional, encuentra dicha regulación plenamente compatible con las
obligaciones internacionales relativas a la satisfacción de los derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación[121].
2.
La síntesis expuesta evidencia entonces que las normas en esta oportunidad
evaluadas, se inscriben en un extendido proceso de definición, adopción e
implementación de medidas jurídicas para hacer posible la búsqueda de la paz
sin renunciar, de manera alguna, a la realización de los derechos a la verdad,
a la justicia y a la reparación. No se trata de una disposición legislativa
sorpresiva sino de una determinación que, acompañada de condiciones
particulares que habrán de contribuir a la fijación de la verdad, hace parte
del esfuerzo de las autoridades estatales por armonizar los diversos fines
constitucionales en juego.
Esa
armonización ha considerado pertinente en algunos casos prever el indulto. En
otros disponer medidas que inciden en las investigaciones penales en curso.
Igualmente ha establecido la posibilidad de reducir las restricciones a la
libertad de las personas que contribuyan a la búsqueda de la verdad sin que
ello implique, como ocurre en la presente oportunidad, una renuncia a la
protección del derecho a la justicia o del derecho a la reparación.
Las
disposiciones examinadas de la ley 1424 de 2010 así como la decisión de la
Corte, se integran entonces de manera precisa, adecuada y oportuna al marco
normativo propio de un proceso de justicia transicional, tal y como fue
reconocido en el epígrafe de la citada ley.
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
MAGISTRADO
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO Y ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA
SENTENCIA C-771/11
BENEFICIOS EN NORMAS DE LEY DE JUSTICIA TRANSICIONAL
DE REPARACION A VICTIMAS DE GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY-No aseguran estándares mínimos en materia
de verdad, justicia y reparación (Salvamento parcial de voto)/CONCIERTO PARA
DELINQUIR AGRAVADO EN LEY DE JUSTICIA TRANSICIONAL-Inclusión como
beneficiarios de medidas especiales a desmovilizados de grupos armados al
margen de la ley afecta el valor de la justicia y los derechos de las víctimas
(Salvamento parcial de voto)
RESTRICCIONES AL USO DE INFORMACION OBTENIDA EN
ACUERDOS PREVISTOS EN LEY DE JUSTICIA TRANSICIONAL-Imposibilitan llegar a la verdad y propician la
impunidad respecto de la investigación y sanción de violaciones de derechos
humanos (Salvamento parcial de voto)
PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACION-No se vulnera por declaración entregada por
desmovilizado de manera consciente, libre y voluntaria (Salvamento parcial de
voto)
SUSPENSION DE ORDEN DE CAPTURA Y CONDICIONAL DE LA
EJECUCION DE LA PENA EN LEY DE JUSTICIA TRANSICIONAL PARA DESMOVILIZADOS DE
GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY-Decisión de fondo sobre estas medidas sujetas a la procedencia de los
recursos de reposición y apelación (Aclaración de voto)
En relación con la decisión adoptada respecto de
los artículos 6º y 7º de la Ley 1424 de 2010, que tratan de la puesta en
conocimiento por el juez a las partes e intervinientes de la solicitud de
suspensión de la orden de captura o de suspensión de la condena, por
corresponder a una providencia de trámite, resulta razonable que contra ella no
proceda recurso alguno; pero en la medida en que ello no afecta la procedencia
de los recursos de reposición y apelación contra la “decisión” que resuelve
sobre la solicitud de suspensión de la orden de captura o de la ejecución de la
pena, ya que tales recursos vienen a constituir una garantía del debido
proceso, en cuanto permitan que la decisión definitiva sea revisada por vía
judicial, en primera y segunda instancia, cualquiera sea el sentido de la
misma.
Referencia: Expediente D-8475
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 1°, 4°, 6° y 7° (todos parcialmente) de la
Ley 1424 de 2010, “Por la cual se dictan disposiciones de justicia
transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de
desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden
beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”.
Actor: Gustavo Gallón Giraldo y otros.
Magistrado Ponente:
NILSON PINILLA PINILLA
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Corte, me permito presentar las razones que me llevaron a
salvar el voto respecto de lo resuelto en el asunto de la referencia frente a
los artículos 1°, 4° de la
Ley 1424 de 2010 y a aclararlo en relación con los artículos 6° y 7°.
Mi discrepancia con la decisión
mayoritaria en este caso, radica en que considero que las disposiciones
acusadas no aseguran estándares mínimos en materia de justicia, verdad y
reparación frente a las conductas delictivas de los desmovilizados de los
grupos armados organizados al margen de la ley, en los términos del artículo 1º
de la Ley 975 de 2005.
Como primera medida, estimo que incluir
dentro de los beneficiarios de las medidas especiales consagradas en la
referida normatividad a los desmovilizados de grupos armados al margen de la
ley, que hubieren incurrido en el delito de “concierto para delinquir
agravado”, sin especificar las circunstancias, afecta el valor de la justicia y
los derechos de las victimas, pues no se tiene en cuenta que de la realización
de dicha conducta, bajo determinadas condiciones, se pueden derivar graves
violaciones de derechos humanos. De este modo, serían beneficiarios de las
medidas especiales de libertad y de suspensión de ejecución de la pena, quienes
también pudieron haber incurrido en crímenes de lesa humanidad, lo que conlleva
desconocer las obligaciones del Estado de perseguir, juzgar, sancionar y
castigar efectivamente ese tipo de conductas. De manera que, a objeto de
simplificar el sustento de este parecer debo enfatizar que comparto lo esbozado
al respecto por los restantes magistrados disidentes en el documento que
contienen sus discrepancias.
En segundo término, consideró que el hecho
de que no se pueda utilizar la información que surja de los acuerdos previstos
en la ley como prueba contra quienes los suscriben o en contra de terceros,
impide que se conozca la verdad en los términos que lo exigen el ordenamiento
constitucional, las normas internacionales de derechos humanos y del derecho humanitario,
así mismo se propicia la impunidad respecto de la investigación y sanción de
posibles violaciones de derechos humanos. En ese contexto, la información
debería apreciarse como una de las pruebas en el juzgamiento por delitos de
lesa humanidad.
Al respecto, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia[122] señaló: “El Estado está en el deber jurídico de prevenir,
razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar
seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido
dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables,
de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada
reparación…”
“Las
obligaciones de investigar, procesar y sancionar judicialmente los graves
atentados en contra de los derechos humanos internacionalmente protegidos,
tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y
las desapariciones forzadas, son incompatibles con leyes o disposiciones de
cualquier índole que dispongan respecto de estos delitos amnistías,
prescripciones o causales excluyentes de responsabilidad. Este tipo de leyes o
disposiciones, por conducir a la indefensión de las víctimas y a la
perpetuación de la impunidad, conllevan una violación de los artículos 8 y 25
en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, y generan la responsabilidad
internacional del Estado. Además, por esas mismas razones, tal tipo de leyes “carecen
de efectos jurídicos…”.
En ese orden de ideas, no puede sostenerse
que con la disposición demandada se está protegiendo el principio de no
autoincriminación, toda vez que la declaración entregada por el desmovilizado
se produce de manera consciente, libre y voluntaria y, por tanto, constituye una
confesión, la cual debe también resultar completa y veraz. En este sentido, si
de las declaraciones surgidas al amparo de la ley demandada, resultaren
conductas delictivas e incluso constitutivas de graves violaciones de los
derechos humanos, es contrario al Estado de derecho y al derecho de las
víctimas, que las mismas no pudieran investigarse.
Por otra parte, en relación con la decisión
adoptada respecto de los artículos 6º y 7º de la
Ley 1424 de 2010, considero que los apartes demandados de las citadas
disposiciones resultan constitucionales, pero en la medida en que ello no
afecta la procedencia de los recursos de reposición y apelación contra la
“decisión” que resuelve sobre la solicitud de suspensión de la orden de captura
o de la ejecución de la pena, ya que tales recursos vienen a constituir una
garantía del debido proceso, en cuanto permitan que la decisión definitiva sea
revisada por vía judicial, en primera y segunda instancia, cualquiera sea el sentido
de la misma. En efecto, los apartes demandados de las mencionadas normas,
tratan simplemente de la puesta en conocimiento por el juez a las partes e
intervinientes de la solicitud de suspensión de la orden de captura o de
suspensión de la condena, y por corresponder a una providencia de trámite, es
razonable que contra ella no proceda recurso alguno. En cambio, distinta es la
situación, cuando una vez surtida la anterior etapa procesal, la autoridad
judicial entra a decidir sobre la procedencia o no de las medidas de libertad,
casos en los cuales, por tratarse de providencias interlocutorias, debe
garantizarse la interposición de los recursos respectivos.
Fecha
ut supra,
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1]
En relación con estos temas los actores citaron especialmente
las sentencias C-228 de 2002 y C-370 de 2006.
[2]
Cita de manera detallada todos los tratados internacionales a
los cuales se hizo referencia en el cargo primero de la demanda, páginas 7 y 8
de la presente providencia.
[3]
Sobre el concepto de delitos de lesa humanidad citan un
pronunciamiento del Tribunal Internacional constituido en relación con los crímenes
cometidos en la antigua República de Yugoslavia, que es objeto de traducción
libre por los demandantes, así como sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
[4]
Recuerdan que en condiciones normales la suspensión de la
ejecución de la condena sólo puede ser concedida en aquellos casos en que la
pena imponible sea inferior a tres años, lo que deja un buen número de
conductas, no catalogadas como delitos de lesa humanidad, sin acceso a
beneficios de comparable importancia.
[5]
Mediante sentencia C-370 de 2006.
[6]
Cita auto de segunda instancia de julio 11 de 2007, dentro del
proceso 26.945.
[7]
Cita auto de segunda instancia de abril 10 de 2008, dentro del
proceso 29.472.
[8]
Salvaron voto los Magistrados Humberto Antonio Sierra Porto, Mauricio González
Cuervo, Juan Carlos Henao Pérez y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[9]
Cita particularmente la sentencia C-454 de 2006 (M. P. Jaime
Córdoba Triviño).
[10]
En relación con este aspecto específico, cita dos decisiones
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la sentencia correspondiente al
caso Cantos vs. Argentina de 28 de noviembre de 2002 y la recaída en el caso
Censados del Congreso vs. Perú, de fecha 24 de noviembre de 2006.
[11]
En este punto citan entre otras la sentencia C-454 de 2006 (M.
P. Jaime Córdoba Triviño).
[12]
Documento aprobado por la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante su 61° período de
sesiones en el año 2005.
[13]
Sentencia C-370 de 2006.
[14]
Sentencia C-936 de 2010.
[15]
Magistrados Juan Carlos Henao Pérez, Humberto Antonio Sierra
Porto, Mauricio González Cuervo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[16]
Se refiere la Sala a la intervención presentada por una
profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la
Pontificia Universidad Javeriana.
[17]
Entre las normas anteriores a las que la jurisprudencia y/o la opinión pública
han dado este calificativo pueden mencionarse, sólo durante la última década,
las ya citadas Leyes 782 de 2002 y 975 de 2005.
[18]
Ver en este sentido las sentencias C-370 de 2006, fundamento
5.1 (Ms. Ps. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo
Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés
Vargas Hernández), y C-1199 de 2008 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla), fundamento
jurídico 10.1.
[19]
Diccionario de la Lengua Española, Real Academia, 22ª ed., 2001, octava tirada,
corregida, 2009, México.
[20]
Ibídem.
[21]
¿Qué es la
Justicia Transicional?,
enfoque del ICTJ, 2004: “La justicia transicional no es una forma especial
de justicia, sino una
justicia adaptada a sociedades que se transforman a sí mismas después de un
período de violación generalizada de los derechos humanos.”
[22]
“El marco jurídico de la Justicia de Transición”, en “Justicia de Transición - Con informes de América Latina, Alemania,
Italia y España”,  Kai Ambos y otros, Fundación
Konrad Adenauer, Montevideo, 2009.
[23]  Ibídem.
[24] “Transitional
Justice Genealogy”, publicado en Harvard Human
Rights Journal, Vol. 16, Spring 2003, Cambridge, MA, p.
69-94. Respecto a ejemplos
históricos, véase Teitel, nota 1 supra, págs. 31 y 39-40; en cuanto a
antecedentes más antiguos, véase también Michael Walzer, Regicide and
Revolution: Speeches On The Trial of Louis XVI (Michael Walzer ed., Marion
Rothstein trans., 1992).
[25]
Ibídem.
[26]
“Justicia Transicional desde abajo y con perspectiva de género”, documento elaborado como parte del proyecto” justicia de
género para las mujeres víctimas en Colombia”, financiado por la
Embajada de Canadá y coordinado por UNIFEM, Bogotá, 2009.
[27]
Informe del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, “El Estado
de derecho y la justicia de transición en
las
sociedades que sufren o han sufrido conflictos”, 3
de agosto de 2004.
[28]
Ibídem.
[29]
“Transiciones en Contienda. Dilemas de la
Justicia Transicional en Colombia”, ICTJ, Bogotá,
2010.
[30]
Entre ellos Louis Bickford, “Transiciones en
Contienda…”, p.  15.
[31]
“Verdad, Memoria y Reconstrucción. Estudios de caso
y análisis comparado”, ICTJ y el Fondo para la
Paz y la Seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio
Internacional de Canadá. 2008.
[32]
Ibídem.
[33]
En Argentina la transición inició en 1983 con una persecución judicial limitada
al enjuiciamiento de las cúpulas militares, conociendo todo lo ocurrido en lo
referente a las violaciones de derechos humanos, y destacándose el
funcionamiento de la Comisión de la  Verdad, que funcionó bajo el lema “Nunca
Más”. En Uruguay la transición fue calificada como tal hasta el año 2000, y
consistió fundamentalmente en un cambio de políticas de gobierno. En Chile se
adoptó un sistema mixto que contempla una doble vía paralela, de carácter penal
y administrativo, representada por la justicia penal y la existencia de
comisiones de la verdad. En Brasil se adoptaron medidas para superar el pasado,
siendo la transición política inicialmente conducida por los militares y posteriormente
por el poder civil. En Bolivia hubo reacciones penales y no penales, dentro de
un marco de permanente inestabilidad política, llegando a conformarse una
comisión de la verdad que no concluyó su informe final. En este caso podría
afirmarse que superada la época de las dictaduras, no hubo en realidad un
verdadero y efectivo proceso de reconciliación. En Perú el conflicto armado se
inició en 1980 y sufrió diversas transformaciones a partir de la lucha que el
Gobierno libraba contra los movimientos subversivos, después de lo cual (década
de 1990) se crearon mecanismos para la superación del pasado.
[34]
Durante la década de 1990 hubo experiencias de este tipo,
entre otros países, en El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití.
[35]
En el último, especialmente para superar todas las situaciones
derivadas de la política del apartheid, una vez el país decidió
oficialmente su desmonte.
[36]
“¿Qué es la
Justicia Transicional?”, ICTJ, 2004.
[37]
Decana de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Harvard.
[38]
Investigador senior del Instituto de Filosofía y Política
Pública de la Universidad de Maryland.
[39]
Investigadora asociada del Centro de Estudios Internacionales
de la Universidad de Oxford.
[40]
Las citas que a continuación se presentan fueron tomadas del texto titulado “Justicia Transicional”, el cual recoge sendos
ensayos de dichos autores más un estudio preliminar de autoría de la abogada
colombiana María Paula Saffon, Publicado por Nuevo Pensamiento Jurídico, Siglo
del Hombre Editores, la Universidad de los Andes y la
Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2011.
[41]
Notas tomadas del relato que sobre su ensayo efectúa María
Paula Saffon, ob. cit., páginas 24 a 35.
[42]
Notas tomadas del relato que sobre su ensayo hace María Paula
Saffon, ob. cit., páginas 36 a 47.
[43]
Notas y reflexiones tomadas directamente de su ensayo “La reparación como un
componente de la justicia transicional: la búsqueda de la ‘justicia reparadora’
en el postconflicto”, ob. cit., páginas 153
a 204.
[44]
“Report Secretary General Transitional Justice, par. 50”, citado en “El marco jurídico de la
Justicia de Transición”, en “Justicia de
Transición - Con informes de América Latina, Alemania, Italia y España”,  Kai Ambos y otros, ob. cit., p. 47.
[45]
Informe Final de la Comisión de la Verdad sobre los Hechos del Palacio de
Justicia, 2010. Jorge Aníbal Gómez Gallego, José Roberto Herrera Vergara y
Nilson Pinilla Pinilla.
[46] CIDH, caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, párr. 84,
nota al pie 37. Citando Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala; caso Zambrano
Vélez y otros, párr. 128, y caso La Cantuta, párr. 224.
[47]
CIDH, caso Almonacid Arellano contra Chile, 2006.
[48]
“El marco jurídico de la Justicia de Transición”, en “Justicia de Transición - Con informes de América Latina, Alemania,
Italia y España”,  Kai Ambos y otros, ob. cit., p.
47.
[49]
“Breves reflexiones sobre la justicia de transición  a partir de las
experiencias latinoamericana”, en “Justicia de
Transición - Con informes de América Latina, Alemania, Italia y España”, ob. cit., p. 442, no está en negrilla en el texto original.
[50]
Ver en este sentido el preámbulo, así como los artículos 2°, 22 y 95.6 de la
carta política.
[51]
Cfr. artículos 150 numeral 17, 201 numeral 2° y transitorio 30 de la
Constitución Política.
[52]
Cfr. en el actual texto, emanado del Acto Legislativo 03 de 2002, el inciso
primero del artículo 250 superior, en el cual se menciona la política criminal
del Estado como referente para la aplicación del principio de oportunidad, y el
numeral 4° del artículo 251, que establece en cabeza del Fiscal General de la
Nación la función de participar en el diseño de esa política criminal.
[53]
Sobre el inaplicado concepto de política criminal, sus
alcances y sus límites, ver entre muchos otros los fallos C-1404 de 2000 (M. P.
Carlos Gaviria Díaz), C-420 de 2002 (M. P. Jaime Córdoba Triviño), C-1116 de
2003, C-016 de 2004 y C-034 de 2005 (en todas estas M. P. Álvaro Tafur Galvis),
y más recientemente, C-936 de 2010 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva) y C-100 de
2011 (M. P. María Victoria Calle Correa). La
Corte ha señalado que como principal actor de la política criminal del Estado,
el legislador tiene una potestad de configuración amplia, aunque no absoluta,
sujeta a la Constitución, que aplica, entre otros aspectos, a la definición de
los bienes jurídicos que se protegerán mediante la legislación penal, la
descripción típica de los distintos delitos, el señalamiento de las penas imponibles
frente a cada uno de ellos, las causales de detención y/o libertad, y en
general, el establecimiento de las reglas de procedimiento aplicables a cada
tipo de procesos.
[54] En este punto esta corporación incluyó la reflexión
subsiguiente sobre el derecho a la paz, tomada de la sentencia C-578 de 2002 (M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa), por la cual se declaró exequible el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional y su Ley Aprobatoria 742 de 2002.
[55] Acá la Corte
incluyó una reflexión sobre el propósito de la humanización de la guerra como
proyección del derecho a la paz, e incluyó una cita de la sentencia C-225 de
1995 (M. P. Alejandro Martínez Caballero), por la cual se revisaron y declararon
exequibles el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12
de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos
armados sin carácter internacional (Protocolo II), hecho en Ginebra el 8 de
junio de 1977, y su Ley Aprobatoria 171 de 1994.
[56] La corporación incluyó esta otra cita sobre el sentido
del derecho a la paz, tomada de la sentencia T-008 de 1992 (M. P Fabio Morón
Díaz).
[57]
Sobre este punto, la sentencia C-370 de 2006 transcribió un
articulado parcial, que refleja la doble perspectiva de la paz como derecho
humano y como deber, que fue aprobado en 1997 por la
Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
[58]
En este punto la Corte citó la sentencia T-439 de 1992 (M. P. Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[59]
En este punto la Corte citó la sentencia C-283 de 1995 (M. P. José Gregorio
Hernández Galindo).
[60]
En este punto la Corte incluyó una transcripción parcial del
fallo T-102 de 1993 (M. P. Carlos Gaviria Díaz).
[61]
Con esta denominación se alude simplemente a aquellas circunstancias fácticas
en las que no se justificaría la existencia de instituciones de justicia
transicional.
[62]
La Corte alude principalmente a la
expedición de Leyes (782/02, 975/05, 1312/09 y 1424/10 estudiada ahora, así
como a la jurisprudencia generada durante el mismo tiempo por esta corporación
y por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, cada una dentro del ámbito de sus respectivas
competencias.
[63]
Si bien el Decreto 128 de 2003, reglamentario de la
Ley 782 de 2002 contiene en su artículo 2° una definición de qué se entiende
por desmovilizado, por razones de jerarquía normativa y por tratarse de
una norma posterior y más reciente, deberá preferirse la definición del vocablo
desmovilización contenida en el artículo 9° de la
Ley 975 de 2005 (por la cual se dictaron disposiciones para la reincorporación
de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan
de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictaron otras
disposiciones para acuerdos humanitarios). Según esa ley, la desmovilización se
define como “el acto individual o colectivo de dejar las armas y abandonar
el grupo armado organizado al margen de la ley, realizado ante autoridad
competente”. Sin embargo, según lo establece esta misma norma, los procesos
de desmovilización se realizarán de acuerdo con lo establecido en la
Ley 782 de 2002, “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la
Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la
Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones”.
[64] En relación con este concepto deben tenerse en cuenta
las definiciones consignadas en normas legales y particularmente las dos
siguientes, concordantes entre sí: El parágrafo 1° del artículo 3° de la
Ley 782 de 2002, según el cual “De conformidad con las normas del Derecho
Internacional Humanitario, y para los efectos de la presente ley, se entiende
por grupo armado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un mando
responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le
permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”; y el
artículo 1° de la Ley 975 de 2005 que establece que “Se entiende por grupo armado
organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una
parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras
modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate la
Ley 782 de 2002.”
[65]
El concierto para delinquir se encuentra tipificado dentro de los denominados
delitos contra la seguridad pública. El artículo 340 de la
Ley 599 de 2000 (Código Penal) ha sido modificado por el artículo 8° de la
Ley 733 de 2002 (inciso 1°) y por el artículo 19 de la
Ley 1121 de 2006, a partir de lo cual el texto hoy vigente es el siguiente: “Artículo
340. Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin
de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con
prisión de tres (3) a seis (6) años.”
[66]
Es concierto para delinquir agravado el que conforme a lo previsto en el
segundo inciso del mismo artículo 340, “sea para cometer delitos de
genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado,
homicidio, terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o para
organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley”,
caso en el cual “la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y
multa de dos mil (2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios mínimos mensuales
legales vigentes. La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad
para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o
financien el concierto o la asociación para delinquir.” Existe otra causal
de agravación, aplicable también al delito de entrenamiento para actividades
ilícitas (art. 341), que es la contenida en el artículo 342 ibídem, que se
configura cuando la conducta, en este caso el concierto para delinquir, es
cometida por miembros activos o retirados de la
Fuerza Pública o de organismos de seguridad del Estado. En esos casos, la pena
se aumentará de una tercera parte a la mitad.
[67]
La utilización ilegal de uniformes e insignias es otro delito contra la
seguridad pública, así contemplado en el artículo 246 del Código Penal: “El
que sin permiso de autoridad competente importe, fabrique, transporte,
almacene, distribuya, compre, venda, suministre, sustraiga, porte o utilice
prendas, uniformes, insignias o medios de identificación reales, similares o
semejantes a los de uso privativo de la fuerza pública o de los organismos de
seguridad del Estado, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años y multa
de cincuenta (50) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”
[68]
El artículo 197 del Código Penal, modificado por el artículo 8° de la
Ley 1453 de 2011, señala: “Utilización ilícita de equipos transmisores o
receptores. El que con fines ilícitos posea o haga uso de aparatos de
radiofonía o televisión, o de cualquier medio electrónico diseñado o adaptado
para emitir o recibir señales, incurrirá, por esta sola conducta, en prisión de
uno (1) a tres (3) años. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad
cuando la conducta descrita en el inciso anterior se realice con fines
terroristas.”
[69]
El delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso
restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos está regulado
en el artículo 366 de la Ley 599 de 2000, dentro de los delitos de peligro
común o que pueden ocasionar grave perjuicio para la comunidad. Esa disposición
ha sido modificada por los artículos 55 de la
Ley 1142 de 2007 y 20 de la Ley 1453 de 2011, disponiendo: “El que sin
permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, repare, almacene,
conserve, adquiera, suministre o porte armas o municiones de uso privativo de
las fuerzas armadas, incurrirá en prisión de tres (3) a diez (10) años. La pena
mínima anteriormente dispuesta se duplicará cuando concurran las circunstancias
determinadas en el inciso 2 del artículo anterior.”
[70]
La fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego, accesorios,
partes o municiones (en general) se encuentra tipificada en el artículo 365 del
Código Penal, que ha sido modificado por los artículos 38 y 19 de las Leyes
1142 de 2007 y 1453 de 2011, respectivamente, estatuyendo: “El que sin permiso
de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene,
distribuya, venda, suministre, repare o porte armas de fuego de defensa
personal, municiones o explosivos, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4)
años. La pena mínima anteriormente dispuesta se duplicará cuando la conducta se
cometa en las siguientes circunstancias: 1. Utilizando medios motorizados. 2.
Cuando el arma provenga de un delito. 3. Cuando se oponga resistencia en forma
violenta a los requerimientos de las autoridades, y 4. Cuando se empleen
máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la
dificulten.”
[71]
Ver cita 63 de pie de página de esta providencia.
[72]
Como sí ocurre en los casos cobijados por la
Ley 975 de 2005.
[73]
Igual tratamiento penitenciario está contenido en los artículos 469 de la
Ley 600 de 2000 y 459 de la Ley 906 de 2004, según los cuales la ejecución de
la sanción penal impuesta mediante sentencia ejecutoriada corresponde a las
autoridades penitenciarias, bajo la supervisión y control del INPEC, en
coordinación con el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Aunado a
lo anterior, en todo lo relacionado con la ejecución de la pena, el Ministerio
Público podrá intervenir e interponer los recursos que sean necesarios.
[74]
Mediante sentencia C-665 de junio 28 de 2005 (M. P. Rodrigo Escobar Gil) se
declaró exequible, entre otros preceptos, la expresión “su pago es requisito
imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional”,
contenida en el inciso segundo del artículo 474 de la
Ley 906 de 2004. En esa providencia se reiteró lo considerado en la sentencia
C-194 de marzo 2 de 2005 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[75]
Así lo ha puntualizado pacíficamente la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, entre otras oportunidades en el auto de octubre 27
de 2004, proferido dentro del asunto de radicación 22.804 (M. P. Yesid Ramírez
Bastidas); en el auto de junio 26 de 2001 (única instancia rad. 15.003,
M. P. Carlos Augusto Gálvez Argote); y en el auto de enero 21 de 1992
(casación rad. 6.990, M. P. Jorge Carreño Luengas).
[76]
Ver en relación con este aspecto los artículos 176 y 478 de la
Ley 906 de 2004, así como los 189 y 191 de la aún vigente Ley 600 de 2000.
[77] Esta corporación ha indicado que los servidores
judiciales no sólo deben mantener indemnes las formas propias del proceso
penal, sino buscar la realización de la justicia material. Al respecto, en la
sentencia C-591 de junio 9 de 2005 la
Corte Constitucional puntualizó, que en materia de investigación penal, “la
misión que corresponde desempeñar al Juez, bien sea de control de garantías o
de conocimiento, va más allá de la de ser un mero árbitro regulador de las
formas procesales, sino en buscar la aplicación de una justicia material, y
sobre todo, en ser un guardián del respeto de los derechos fundamentales del
indiciado o sindicado, así como de aquellos de la víctima, en especial, de los
derechos de ésta a conocer la verdad sobre lo ocurrido, a acceder a la justicia
y a obtener una reparación integral, de conformidad con la
Constitución y con los tratados internacionales que hacen parte del bloque de
constitucionalidad”. Con relación a la concreción de la justicia material,
esta Corte ha explicado que desde la perspectiva constitucional, su búsqueda es
propia del Estado social de derecho y se materializa cuando el proceso penal se
encamina al encuentro de la verdad fáctica, o al menos, cuando la decisión
judicial se acerca a ella (cfr. C-396 de mayo 23 de 2007,
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[78] En la sentencia C-228 de abril 3 de 2002, Ms. Ps.
Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett, se reafirmó que “tanto
en el derecho internacional, como en el derecho comparado y en nuestro
ordenamiento constitucional, los derechos de las víctimas y perjudicados por un
hecho punible gozan de una concepción amplia –no restringida exclusivamente a
una reparación económica– fundada en los derechos que ellas tienen a ser
tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y a
obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos, entre otros,
y que exige a las autoridades que orienten sus acciones hacia el
restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados por un
hecho punible. Ello sólo es posible si a las víctimas y perjudicados por un
delito se les garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la justicia y
a la reparación económica de los daños sufridos”.
[79]
C-454 de junio 7 de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[80]
Artículos 321 y siguientes de la Ley 906 de 2004.
[81]
En la referida providencia, la
Corte Constitucional declaró inexequible el numeral 17 del artículo 2º de la
Ley 1312 de 2009, que consagraba una causal para la aplicación del principio
de oportunidad, para ciertos desmovilizados de grupos armados al margen de la
ley. Igualmente, en esa sentencia se declaró exequible el parágrafo 2º de dicha
disposición, en el entendido de que no podrá aplicarse el principio de
oportunidad frente a comportamientos que conlleven graves violaciones a los
Derechos Humanos.
[82]
Igualmente, la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas (adoptada en 1992) y la
Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas (adoptada en
1994), exigen que los Estados parte tipifiquen ese delito y lo sancionen con
penas apropiadas, que tengan en cuenta su extrema gravedad).
[83]
Cfr. Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de
actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad.
E/CN.4/2005/102/Add.1 8 de Febrero de 2005, presentado a la
Comisión de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas.
[84]
Igualmente, la Comisión de Derechos Humanos de la
ONU aprobó con la Resolución 2005/35 de abril 19 de 2005, los “Principios y
directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas
de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”,
en la cual se consagra a favor de las víctimas (art. 11) los derechos a obtener
i) el acceso igual y efectivo a la justicia; ii) la reparación adecuada,
efectiva y rápida del daño sufrido; y, iii) el acceso a información pertinente
sobre las violaciones y los mecanismos de reparación.
[85]
El vocablo lesa proviene del latín “laesae”, participio presente del
verbo “laedo”, que significa “herir, injuriar, causar daño” (cfr.
Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia, sentencia de diciembre 3 de
2009, rad. 32.672, única instancia).
[86]
Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos son tratados internacionales que
fijan las reglas básicas mínimas que se deben respetar dentro de un conflicto
armado, en procura de disminuir la barbarie de la guerra. El Derecho
Internacional Humanitario nace del primer Convenio de Ginebra, firmado en 1864,
aplicable en todo tiempo y por todos los Estados, siempre que exista un
conflicto. Mediante esos tratados se protege a los combatientes heridos y
enfermos, para que sean socorridos y asistidos sin distinción alguna y sin
importar a qué pertenezcan. Además se consagra el “principio de distinción”
(cfr. C-291 de abril 25 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), que
conlleva respeto a las personas que no participan en el conflicto, como los
civiles, el personal sanitario y los miembros de las organizaciones
humanitarias. El primer Convenio protege a los heridos y a los enfermos de las
fuerzas armadas en campaña, durante la guerra; el segundo realiza la misma
protección frente a los náufragos de una fuerza armada; el tercero a los
prisioneros de guerra y el cuarto a los civiles. Cabe recordar que Colombia
adoptó los cuatro Convenios de Ginebra y los tres Protocolos adicionales (sobre
conflictos internacionales, conflictos no internacionales y emblemas
distintivos), mediante las Leyes 5ª de 1960, 11 de 1992 y 171 de 1994. Esos
tratados se complementan además con el Derecho de La
Haya o Derecho de la Guerra, relacionado con el manejo de las hostilidades
bélicas, nacido en las Convenciones de La
Haya de 1899 y 1907.
[87]
Este Protocolo hace referencia, entre otros aspectos, a la protección de las
víctimas de los conflictos armados internacionales, incluyendo los heridos, los
enfermos, los médicos, las unidades médicas y de transporte médico, y a las
misiones religiosas. Además, reconoce la protección de los emblemas distintivos
correspondientes. Ese instrumento es aplicable en Colombia en virtud de la
Ley 11 de 1992. Con todo, en aplicación del artículo 214.2 de la
Constitución, las reglas del derecho internacional humanitario deben
respetarse en todo caso, pues su validez es “absoluta y universal y no
depende de su consagración en el ordenamiento positivo” (cfr. Corte
Constitucional, sentencia C-574 de octubre 28 de 1992,
M. P. Ciro Angarita Barón). Así mismo, acorde con el artículo 93 superior,
aquellos tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia prevalecen en
el orden interno.
[88]
Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia, auto de segunda instancia de
septiembre 21 de 2009 (rad. 32.022, M. P. Sigifredo Espinosa Pérez).
[89]
Esos Principio fueron aprobados por la
Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en 1950 y presentados
a su Asamblea General (cfr.
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1950-ihl-nuremberg-5tdmhe.htm,
consultada en septiembre 27 de 2011).
[90]
Son delitos contra la paz: “i) Planear, preparar, iniciar o hacer una guerra
de agresión o una guerra que viole tratados, acuerdos o garantías
internacionales”; y “ii) Participar en un plan común o conspiración para
la perpetración de cualquiera de los actos mencionados en el inciso i)”.
[91]
Los delitos de guerra, según el liberal b) del Principio VI, son,
enunciativamente: “Las violaciones de las leyes o usos de la guerra, que comprenden,
sin que esta enumeración tenga carácter limitativo, el asesinato, el maltrato,
o la deportación para trabajar en condiciones de esclavitud o con cualquier
otro propósito, de la población civil de territorios ocupados o que en ellos se
encuentre, el asesinato o el maltrato de prisioneros de guerra o de personas
que se hallen en el mar, la ejecución de rehenes, el saqueo de la propiedad
pública o privada, la destrucción injustificable de ciudades, villas o aldeas,
o la devastación no justificada por las necesidades militares.”
[92]
El literal c) del Principio VI lista los delitos contra la humanidad: “El
asesinato, exterminio, esclavización, la deportación y otros actos inhumanos
cometidos contra cualquier población civil, o las persecuciones por motivos
políticos, raciales o religiosos, cuando tales actos sean cometidos o tales
persecuciones sean llevadas a cabo al perpetrar un delito contra la paz o un
crimen de guerra, o en relación con él.”
[93]
Así lo señaló la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia de Colombia en la sentencia de diciembre 3 de 2009
(rad. 32.672), reiterando lo consignado en el referido auto de septiembre 21 de
2009 y recordando que el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, mediante
sentencia de apelación del caso “Tadic” dictada en noviembre 14 de 1995,
“afirmó que no se requiere probar la relación de los delitos en cuestión con
situaciones de conflicto armado”.
[94]
Adoptado por la
Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas en Roma,
en julio 17 de 1998. Ese instrumento internacional fue ratificado por Colombia
mediante Ley 742 de 2002.
[95]
El artículo 7° del Estatuto de la
Corte Penal Internacional preceptúa:
“1.
A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por ‘crimen de lesa
humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un
ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento
de dicho ataque:
a) Asesinato;
b) Exterminio;
c) Esclavitud;
d) Deportación o
traslado forzoso de población;
e) Encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de
derecho internacional;
f)Tortura;
g)Violación, esclavitud
sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros
abusos sexuales de gravedad comparable;
h)Persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos,
raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el
párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con
arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en
el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la
Corte;
i)Desaparición forzada
de personas;
j)El crimen de
apartheid;
k) Otros actos inhumanos
de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten
gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
2.
A los efectos del párrafo 1:
a)Por ‘ataque contra una
población civil’ se entenderá una línea de conducta que implique la comisión
múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de
conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos
actos o para promover esa política;
b) El ‘exterminio’
comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del
acceso a alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a causar la destrucción
de parte de una población;
c) Por ‘esclavitud’ se
entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una
persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el
tráfico de personas, en particular mujeres y niños;
d)Por ‘deportación o
traslado forzoso de población’ se entenderá el desplazamiento de las personas
afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén
legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional;
e)Por ‘tortura’ se
entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos
o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin
embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven
únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de
ellas;
f) Por ‘embarazo
forzado’ se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha
dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición
étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho
internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las
normas de derecho interno relativas al embarazo;
g) Por ‘persecución’ se
entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en
contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de
la colectividad;
h) Por ‘el crimen de
apartheid’ se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los
mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen
institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial
sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen;
i) Por ‘desaparición
forzada de personas’ se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro
de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización,
apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de
libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con
la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.
3.
A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término
‘género’ se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la
sociedad. El término ‘género’ no tendrá más acepción que la que antecede.”
[96]
Auto de segunda instancia de septiembre 21 de 2009, ya referido.
[97]
“En el contexto de la comunidad internacional se ha admitido una nueva noción
de Justicia, que atiende a la necesidad de alcanzar la efectividad del derecho
a la paz en aquellas sociedades en situación de conflicto, pero que a la vez
pretende responder, aún en estas circunstancias, al imperativo de enjuiciar y
reparar las graves violaciones a los derechos humanos y del Derecho
Internacional Humanitario y lograr el esclarecimiento de la verdad. Esta noción
de Justicia, denominada de transición o justicia transicional opera dentro del
tránsito de un período de violencia a otro de consolidación de la paz y de
vigencia del Estado de Derecho, o de autoritarismo a otro de respeto al
pluralismo democrático. Sin embargo, se ha hecho énfasis ‘en que estas
circunstancias de transición no pueden conducir a un relajamiento de las
obligaciones internacionales de los Estados en el compromiso universal de
respeto a la dignidad y a los derechos humanos’ (C-370 de 2006). La
doctrina especializada ha advertido, sobre la importancia de que el concepto de
justicia transicional, construido en el contexto internacional, trascienda un
contenido meramente retórico para hacerlo ‘eficaz instrumentalmente y
observable en la realidad’. Los procesos de transición parten frecuentemente
del reconocimiento de la existencia de una situación de violación masiva y sistemática
de derechos humanos, y de la necesidad de poner fin a la impunidad. Este último
cometido solo se puede lograr de manera legítima a través de la materialización
de los derechos de las víctimas, ‘Se trata de un uso democrático de la justicia
transicional porque tiene el propósito de dar fin a la impunidad a través de la
materialización de los derechos de las víctimas y, al hacerlo, busca lograr el
reconocimiento y la efectiva protección de los derechos humanos en contextos en
los cuales estos derechos han sido violados masiva y sistemáticamente’.
(Uprimny Rodrigo, María Paula Saffon, Usos y Abusos de la
Justicia Transicional en Colombia. Bergsmo, M. y
Kalmanovitz, P. (eds.). 2007. Law in Peace Negotiations, FICJC Publication
Series 2 (2007), International Peace Research Institute in Oslo (PRIO).” (Está
en negrilla en el texto original.)
[98]
Corte Constitucional, sentencia C-936 de 2010.
[99]
Cfr. Gacetas del Congreso 978 de noviembre 29 de 2010 y 981 de
noviembre 30 siguiente.
[100]
Cfr., en el mismo sentido, arts. 14.3.g) del PIDCP y 8°.2.g)
de la CADH.
[101]
Cfr. C-426 de septiembre 4 de 1997 (M. P. Jorge Arango Mejía)
y C-622 de noviembre 4 de 1998 (M. P. Fabio Morón Díaz), reiteradas en C-422 de
mayo 28 de 2002 (M. P. Álvaro Tafur Galvis).
[102]
C-422 de 2002, precitada.
[103]
El artículo 1° del Decreto Legislativo 1833 de 1992 señalaba: “En
los procesos que se adelanten por los delitos de competencia de los jueces
regionales, el Fiscal General de la
Nación o el Vicefiscal podrán garantizar, previo concepto del Procurador
General de la Nación, que el testigo no será sometido a investigación ni acusación
por los hechos en relación con los cuales rinda declaración, cuando su versión
pueda contribuir eficazmente a determinar la responsabilidad penal de los
autores o partícipes de los mencionados delitos.
Las
personas beneficiarias de la garantía anterior, en ningún tiempo podrán ser
objeto de investigación o de acusación por los hechos respecto de los cuales
hubieren rendido declaración.
Si el
declarante  estuviere ya vinculado al proceso penal como presunto autor o
partícipe no podrá ser objeto de la garantía a que se refiere este artículo y
solamente podrá recibir los demás beneficios que prevén en el Código de
Procedimiento Penal o en otras leyes penales especiales.
La
garantía de que trata este artículo se concederá previo estudio de la
conveniencia y eficacia de la declaración del testigo.
Dicho
estudio se fundamentará, por lo menos, en alguno o algunos de los siguientes
aspectos:
a) El
valor de la declaración para incriminar al autor intelectual o a los demás
autores intelectuales del hecho punible.
b) La
gravedad del hecho punible y del daño social causado por éste.
c) Que
la declaración pueda conducir a la identificación de los autores a participes
de otros delitos.
La
garantía podrá concederse a testigos que se encuentren dentro o fuera del
territorio nacional.
Negada
la garantía, no podrán utilizarse las declaraciones previas que hubiere
efectuado el testigo.
El
Fiscal General de la Nación o el Vicefiscal, en su caso, de manera inmediata
deberá rendir informe escrito ante la
Corte Suprema  de Justicia, a través de su Presidente, sobre las razones por
las cuales otorgó la garantía en cada ocasión.”
[104]
Otras manifestaciones de esta corporación sobre la no
obligación de declarar contra sí mismo, pueden encontrarse en las sentencias
C-776 de 2001 y C-782 de 2005 (en ambas M. P. Alfredo Beltrán Sierra) y C-537
de 2006 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[105]
Entre ellos la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y la
Convención Americana de Derechos Humanos.
[106]
Sobre el margen de configuración normativa del legislador en
materias procesales ver, entre muchas otras, las sentencias C-742 de 1999,
C-111, C-384 y C-1270 de 2000; C-1104 de 2001; C-131 de 2002; C-204 y C-798 de
2003; C-662 de 2004; C-520 y C-807 de 2009; y C-470 de 2011.
[107]
Supra, nota a pie número 49.
[108]
“ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA
LEY. La presente ley tiene por objeto contribuir al logro de la paz
perdurable, la satisfacción de las garantías de verdad, justicia y reparación,
dentro del marco de justicia transicional, en relación con la conducta de los
desmovilizados de los grupos armados organizados al margen de la ley, que
hubieran incurrido únicamente en los delitos de concierto para
delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias,
utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de
armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armados o de
defensa personal, como consecuencia de su pertenencia a dichos grupos, así como
también, promover la reintegración de los mismos a la sociedad.” (La
expresión demandada se encuentra subrayada).
[109]
“ARTÍCULO 5o. NORMATIVA APLICABLE. Sin perjuicio de los beneficios
aquí contemplados, los desmovilizados de que trata el artículo 1o de la
presente ley, serán investigados y/o juzgados según las normas aplicables en el
momento de la comisión de la conducta punible”.
[110]
En la sentencia C-370 de 2006 se concluyó lo siguiente: “5.5. El método de
ponderación es apropiado para la resolución de los problemas que plantea este
caso, por cuanto no es posible materializar plenamente, en forma simultánea,
los distintos derechos en juego, a saber, la justicia, la paz, y los derechos
de las víctimas. El logro de una paz estable y duradera que sustraiga al país
del conflicto por medio de la desmovilización de los grupos armados al margen
de la ley puede pasar por ciertas restricciones al valor objetivo de la
justicia y al derecho correlativo de las víctimas a la justicia, puesto que de
lo contrario, por la situación fáctica y jurídica de quienes han tomado parte
en el conflicto, la paz sería un ideal inalcanzable; así lo ha demostrado
la experiencia histórica de distintos países que han superado conflictos
armados internos. Se trata de una decisión política y práctica del Legislador,
que se orienta hacia el logro de un valor constitucional.”
[111]
Adoptada por la Asamblea General de la OEA en Belém do Pará. Brasil, en 1994.
Aprobada mediante la Ley 707 de 2001, revisada mediante la
Sentencia C-580 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[112] Ver al respecto las normas y la
jurisprudencia coitada en el aparte anterior de esta providencia. En particular
se pueden consultar, entre otras, la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Godínez Cruz vs. Honduras
o en el caso Al respecto dice la citada decisión: “El Estado está, por otra parte,
obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos
humanos protegidos por la
Convención.  Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede
impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud
de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su
libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción.” Y mas
adelante continúa: “En ciertas circunstancias puede resultar difícil la
investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona.  La de
investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento
que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un
resultado satisfactorio.  Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como
una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa.  Debe tener un
sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una
simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal
de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos
probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.  Esta
apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente
atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son
investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder
público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado. Y
finalmente señala: “El deber de investigar hechos de este género subsiste
mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona
desaparecida.  Incluso si en el supuesto de que circunstancias legítimas del
orden jurídico interno no permitieran aplicar las sanciones correspondientes a
los individualmente responsables de delitos de esta naturaleza, el derecho de
los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su
caso, dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el
Estado debe satisfacer con los medios a su alcance.”
[113]
Ver la sentencia C-473 de 2005.
[114]
El texto demandado fue el siguiente: “La información que surja en el marco
de los acuerdos de que trata este artículo no podrá, en ningún caso, ser
utilizada como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe
el Acuerdo de Contribución a lo Verdad Histórica y a la
Reparación o en contra de terceros”.
[115]
La Corte determinó que esa expresión solo cobija a quienes se encuentran
previstos en el artículo 33 Superior (cónyuge, compañero (a) permanente o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil) y a las personas que compartan con el informante la condición de
desmovilizados.
[116]
El contexto de la expresión demandada en el artículo 6º es el siguiente: “Mediante auto de sustanciación la autoridad competente,
comunicará a las partes e intervinientes acreditados en el proceso, la
solicitud de suspensión de la orden de captura a la que hace referencia este
artículo, en contra del cual no
procede recurso alguno. Por su parte, la decisión frente a la solicitud de
suspensión de orden de captura será notificada a los mismos”. (se subraya el aparte demandado)
Por
su parte, del artículo 7º es importante destacar el siguiente inciso: “Mediante
auto de sustanciación a la autoridad competente, comunicará a las partes e
intervinientes acreditados en el proceso, la solicitud de suspensión
condicional de la ejecución de la pena a la que hace referencia este
artículo, en contra del cual no procede recurso alguno. Por su
parte, la decisión frente a la solicitud de suspensión condicional de la
ejecución de la pena será notificada a los mismos.” (se subraya el aparte
demandado)
[117]
MP´s. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil,
Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.
SV. Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Humberto Antonio Sierra
Porto.
[118]
MP. Luís Ernesto Vargas Silva. SPV. Humberto Antonio Sierra Porto. SV. Mauricio
González Cuervo y Juan Carlos Henao Pérez.
[119]
Así lo dispusieron las leyes 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010
[120]
En línea con tal consideración el artículo 13 de la ley 733 de 2002 dispuso que
en ningún caso el autor o partícipe de los delitos de terrorismo, secuestro,
extorsión, en cualquiera de sus modalidades, podrá ser beneficiado con
amnistías e indultos, ni podrán considerarse como delitos conexos con el delito
político dada su condición de atroces. Aunque se suscitó una divergencia
importante en relación con el margen de configuración del Congreso en materia
de definición de delitos políticos y conexos, la
Corte declaró la exequibilidad de la disposición demandada.
[121]
La postura de la Corte en esta oportunidad se encuentra de alguna manera
vinculada con la posición que sostuve al salvar el voto en la sentencia C-936
de 2010. Allí sostuve lo siguiente: “El delito de
concierto para delinquir agravado no es en sí mismo un delito de lesa
humanidad. Ciertamente, acorde con la evolución del derecho penal
internacional, la jurisprudencia del tribunal de Ruanda y el Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional, solamente ha sido catalogado como delito de
lesa humanidad el delito de concierto para delinquir con fines de genocidio,
eventualidad contemplada en la norma acusada. No puede equipararse a modo de
ejemplo a la persona que perteneciendo a una organización criminal funge como
campanero o aquella que cocina para otros respecto de aquel que ejecuta directamente
los actos de barbarie. No obstante, debe tenerse presente que para los
desmovilizados rasos no se estaba proponiendo ningún tipo de impunidad, ni
indulto o amnistía; sino la aplicación de una figura procesal como el principio
de oportunidad, acogida por el Código de Procedimiento Penal.”
[122]
Sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos del 14 de marzo de 2001