T-469-15
Sentencia
T-469/15
SEGURIDAD
SOCIAL EN PENSIONES CON ANTERIORIDAD Y POSTERIORIDAD DE LA LEY 100/93
DERECHO
A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES A LA LUZ DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
DERECHO
A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-Contenido/DERECHO
A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-Reseña histórica
ACCION
DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE VEJEZ-Reiteración
de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
PENSION
DE VEJEZ-Aprovisionamientos de capital para riesgos
de vejez antes de Ley 100/93/ACCION DE TUTELA CONTRA BANCOLOMBIA-Caso en
que no tuvo en cuenta el mandato de la Ley 6/45
Se
tiene que en
el presente asunto El Banco de Colombia, hoy Bancolombia,
como empleador de la accionante, no realizó el aprovisionamiento de capital
correspondiente a las semanas cotizadas por la accionante, para su posterior
traslado a la Caja de Previsión Social respectiva, la cual, una vez se creó el
Instituto de los Seguros Sociales, debió a su vez trasladar allí los saldos
respectivos para que se tuvieran en cuenta a la hora de reconocer el derecho
pensional a la actora.  Al desconocerse el mandato contenido en la Ley 6 de
1945, se desconoció con ello la obligación que tenía El Banco de Colombia, hoy
Bancolombia, como antiguo empleador de la demandante, de trasladar a la Caja de
Previsión Social de esa entidad financiera las cotizaciones por ella realizadas
por el periodo laborado antes de que la caja fuera creada. Así mismo, se dejó
de lado que la Caja de Previsión Social del Banco de Colombia, una vez la
accionante se trasladó al ISS, debió trasladar los aportes realizados por la
accionante, los cuales, de ser tenidos en cuenta, hubiesen configurado el
derecho pensional a su favor.
ACCION
DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE VEJEZ-Orden
a Bancolombia transferir a Colpensiones el valor actualizado -cálculo
actuarial- de acuerdo con salario que devengaba la demandante para época
de aportes dejados de cancelar
La Sala revocará la decisión proferida el 13 de febrero de 2015 por
la Sala Civil Familia de Decisión del Tribunal Superior del Distrito
Judicial, que confirmó el fallo del 29 de diciembre de 2014, proferido por el
Juzgado Promiscuo de Familia. En su lugar, se concederá el amparo de los
derechos fundamentales de la accionante al mínimo vital, a la vida digna y a la
seguridad social. En consecuencia, se ordenará a El Banco de Colombia, hoy
Bancolombia, que en el término de cuarenta
y ocho (48) horas contadas desde la notificación de este fallo, transfiera a COLPENSIONES el valor actualizado – cálculo
actuarial-, de acuerdo con el salario que devengaba la actora para la época de
los aportes para pensión dejados de cancelar durante su relación laboral (22 de
diciembre de 1971 a 8 de marzo de 1990), para que así, le sean contabilizadas
dentro de su tiempo de cotización para efectos del reconocimiento de su pensión
DERECHO
A LA SEGURIDAD SOCIAL-Empleador es responsable
del pago de aportes a pensión/EMPLEADOR FRENTE A RETENCION DE PAGO DE
APORTES A PENSION-Caso en que Bancolombia alega que el ISS no tenía
cobertura en Melgar -Tolima para hacer aportes de empleada
Una
vez el empleador haya retenido, de la asignación salarial, los valores que le
corresponde adoptar al empleado, surge para aquel la obligación de consignarlos
en la oportunidad señalada por la ley, junto con los que son de su cargo. Por
lo tanto, siendo el empleador quien efectúa los descuentos o retenciones, si
elude el pago a la entidad de seguridad social, tal omisión no le es imputable
al empleado, ni pueden derivarse contra éste consecuencias negativas que pongan
en peligro su derecho a la vida en condiciones dignas o a la salud, o a una
prestación económica de tanta importancia como lo es la pensión de vejez. No
obstante, aun cuando el empleador no haya aportado las cotizaciones del
empleado al fondo de pensiones -bien porque no las descontó o porque las
descontó y no las aportó al fondo de pensiones-, será el obligado directo a
responder por el pago de las cotizaciones causadas durante todo el tiempo que
duró la relación laboral. En efecto, El Banco de
Colombia, hoy Bancolombia, debe transferir al Instituto del Seguro Social, hoy
COLPENSIONES, el valor actualizado – cálculo actuarial-, de acuerdo con el
salario que devengaba la actora para la época de los aportes para pensión
dejados de cancelar, para que así, al actor le sean contabilizadas dentro de su
tiempo de cotización para efectos del reconocimiento de su pensión. En cuanto a lo
esgrimido por el ad quem, en el sentido de que la accionante no tiene derecho
al reconocimiento de su pensión de vejez, por cuanto “no existía cobertura del
ISS en el municipio de Melgar donde prestaba sus labores”, la Sala encuentra
que dicho argumento no es de recibo, pues por regla general, las obligaciones
derivadas del reconocimiento de la pensión de jubilación correspondía al
empleador, razón por la que la Ley 6 de 1945, que reguló las relaciones entre
los empleadores y trabajadores, impuso la obligación a los empleadores de hacer
los aprovisionamientos para el pago de dicha pensión a los empleados que
cumplieran ciertos requisitos en ella indicados
Referencia:
expediente
T- 4896248
Acción
de Tutela instaurada por Ruth Emperatriz Nieto Lozano contra COLPENSIONES y
Bancolombia.
Temas:
i) negación de pensión de vejez por no haberse tenido en cuenta el tiempo real
laborado; y ii) las obligaciones en cabeza de los empleadores respecto al
aseguramiento de los riesgos de vejez con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
Problemas
jurídicos:
i) ¿vulneraron
COLPENSIONES y Bancolombia algún  derecho fundamental de la accionante, al
negarle su pensión de vejez por no haberle tenido en cuenta el tiempo laborado
en un periodo específico, pese a la existencia de certificado laboral que
acredita el vínculo laboral en dicho periodo?; y ii) ¿tenía Bancolombia
como antiguo empleador de la actora, la obligación de hacer aprovisionamientos
de capital para el aseguramiento de los riesgos de vejez por los servicios
prestados antes de la Ley 100 de 1993?
Derechos
fundamentales invocados: petición, mínimo vital, seguridad social,
igualdad y debido proceso.
Magistrado
Ponente:
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá
D.C.,   veintiocho (28) de julio de dos mil quince (2015)
La Sala
Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los
Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Alberto Rojas
Ríos y Myriam Ávila Roldán (E), en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos
86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el
proceso de revisión del fallo proferido el 13 de febrero de 2015 por la Sala
Civil Familia de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué, Tolima, que confirmó la sentencia del 29 de diciembre de 2014,
proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Melgar, Tolima, que negó el
amparo de los derechos fundamentales de petición, igualdad, debido proceso,
seguridad social, mínimo vital y la protección especial de las personas de la
tercera edad de la accionante.
1.
ANTECEDENTES
De
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33
del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Cinco de la Corte
Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la
referencia.
1.1
SOLICITUD
La
señora Ruth Emperatriz Nieto Lozano interpuso acción de tutela
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, igualdad,
debido proceso, seguridad social, mínimo vital y la protección especial de las
personas de la tercera edad, presuntamente afectados por COLPENSIONES,
según los hechos que a continuación son resumidos:
1.1.1
Hechos
y argumentos de derecho
1.1.1.1.
Manifiesta
la accionante que trabajó para el Banco Colombia, hoy Bancolombia, durante el
periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 1971 y el 8 de marzo de 1990;
es decir que trabajó en forma ininterrumpida durante 18 años y 4 meses, para un
total de 6.600 días laborados, tal como lo certifica la entidad accionada en
una constancia laboral del 11 de marzo de 2014.
1.1.1.2.
Relata que en el 2012 inició proceso laboral en contra
de Bancolombia, para que se ordenara el reconocimiento y pago de su pensión de
vejez, pero en fallo de primera instancia del 24 de agosto de 2012, el Juzgado
Laboral Adjunto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar le reconoció el
tiempo laborado para la entidad financiera desde el 22 de diciembre de 1971
hasta el 8 de marzo de 1990, denegándole las demás pretensiones. Por su parte, la
Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué, quien fungió como juez de segunda instancia, confirmó el fallo
recurrido, argumentando que “la señora Ruth Emperatriz Nieto Lozano prestó
sus servicios al Banco de Colombia desde el 22 de diciembre de 1971 al 28 de
febrero de 1990, en tanto estuvo afiliada al ISS desde el 1 de enero de 1981 al
28 de febrero de 1990, de donde brota que desde el 22 de diciembre de 1971 al 1
de enero de 1981 no hubo más de 10 años de prestación de servicios, de modo que
la entidad accionada no era la obligada a responder por la prestación
deprecada, pues desde ésta última calenda ya había subrogado su obligación en
el ISS”.
1.1.1.3.
Indica
que en virtud de lo anterior, el 9 de diciembre de 2013 solicitó a COLPENSIONES
el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, pero dicha entidad, mediante resolución
GNR 53405 del 22 de febrero de 2014, le negó su derecho pensional porque sólo
tenía acreditada 478 semanas de cotización desde el 1º de enero de 1981 hasta
el 28 de febrero de 1990. Por tanto, “no se tuvo en cuenta el tiempo
laborado para Bancolombia desde el 22 de diciembre de 1971 hasta el 31 de
diciembre de 1980, pese a que con anterioridad había solicitado la corrección
de la historia laboral, lo que indica que COLPENSIONES no la corrigió”.
1.1.1.4.
Narra
que interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la
resolución GNR 53405 del 22 de febrero de 2014. El primero de ellos fue resuelto
a través de la resolución GNR 218450 del 13 de junio de 2014, en el sentido de
confirmar la decisión de primera instancia. Por su parte, el recurso de
apelación fue decidido mediante resolución VPB 19909 del 6 de noviembre de
2014, en el sentido de negarle a la accionante su derecho a la pensión,
argumentando que “no aportó pruebas suficientes para demostrar la
vinculación laboral con Bancolombia por el periodo reclamado”, hecho que
considera falso, pues alega haber aportado certificación laboral actualizada emitida
por la entidad bancaria, en la que consta que laboró al servicio de ella desde
el 22 de diciembre de 1971 hasta el 8 de marzo de 1990.
1.1.1.5.
Asegura
que, tal como lo reconoció COLPENSIONES en la resolución VPB 19909, es
beneficiaria del régimen de transición, en la actualidad carece de recursos
económicos para una digna subsistencia, pues no cuenta con ningún ingreso fijo,
a sus 63 años le es imposible conseguir trabajo y padece de varias enfermedades
como diabetes, hipertensión, artrosis y transtorno en la glándula tiroides.
1.2.
TRASLADO
Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
1.2.1.
Admitida
la solicitud de tutela, el Juzgado Promiscuo de Familia de Melgar, Tolima,
mediante auto del 12 de diciembre de 2014, corrió traslado de la misma a
COLPENSIONES y a Bancolombia para que ejercieran su derecho de defensa y
contradicción.
1.2.2.
Dentro
del término concedido, Bancolombia[1]
manifestó que en este caso operó el fenómeno de la cosa juzgada, en razón del
proceso judicial cursado con anterioridad, en desarrollo del cual se absolvió a
la entidad de las pretensiones de la demanda.
Al
respecto, agregó que aceptar lo pregonado por la accionante se traduciría en ir
en contravía de la seguridad jurídica y de la cosa juzgada de las decisiones
judiciales proferidas.
1.2.3.
También
manifestó que la falta de cobertura territorial del ISS en el municipio de
Melgar para algunos periodos en que se desarrolló la relación laboral de la
actora, demuestra que ninguna obligación tiene la entidad respecto del pago de
aportes al ISS, hoy COLPENSIONES, pues tal como se esgrimió en las decisiones
de instancia del proceso laboral, “para la época del 22 de diciembre de 1971
al 31 de diciembre de 1980 no existía cobertura del ISS en el municipio de
Melgar, es decir, la no afiliación no obedeció a negligencia u omisión
injustificada de la demandada, sino al hecho de que en el periodo indicado no
existía obligación del empleador de afiliar a sus trabajadores al ISS”.
1.2.4.
Como
fundamento de lo anterior, la entidad financiera citó in extenso jurisprudencia
sobre el tema, alegando también improcedencia de la presente acción por existir
otros mecanismos de defensa judicial, ausencia de inmediatez e improcedencia de
la acción de tutela por inexistencia de perjuicio irremediable.
1.3.
DECISIONES
DE INSTANCIA
1.3.1.
Sentencia
de primera instancia
1.3.1.1.
Mediante
fallo del 29 de diciembre de 2014, el Juzgado Promiscuo de Familia de Melgar,
Tolima, negó el amparo solicitado, argumentando que lo pretendido por la accionante
es que COLPENSIONES dé una respuesta positiva a su petición de reconocimiento
de pensión de vejez, sin cumplir con los requisitos para acceder a la misma, lo
cual es a todas luces desacertado, pues ello conllevaría al desconocimiento de
todo tipo de mandato constitucional y legal.
Por lo
anterior concluyó el a quo que en el presente caso no ha existido ningún
tipo de amenaza ni vulneración al derecho fundamental de petición de la actora,
pues se probó que COLPENSIONES ha dado respuesta a su solicitud de
reconocimiento de la pensión de vejez dentro de los lapsos establecidos en la
ley.
1.3.1.2.
En
cuando al derecho al debido proceso y a la defensa, manifestó el juzgado que no
han sido vulnerados por la entidad accionada, pues la tutelante ha contado con
la posibilidad de interponer los recursos de ley (reposición y en subsidio de
apelación), en contra de las decisiones administrativas que le negaron su
pensión de vejez, agotando con ello la vía gubernativa, y posteriormente, la
vía jurisdiccional.
1.3.1.3.
Concluye
el juez de primera instancia manifestando que “la existencia de cosa
juzgada, la improcedencia del pago de aportes a cargo de Bancolombia, la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial, los fallos proferidos en el
marco del proceso laboral que niegan la pensión de vejez de la accionante, y
las decisiones administrativas de COLPENSIONES, demuestran que la tutelante
tuvo los mecanismos legales y procedimentales a su mano para iniciar los
trámites de reconocimiento de su pensión, sin que fuera posible acceder a ella
por no cumplir con los requisitos de ley, por lo que sus garantías no han sido
amenazadas por la entidad accionada, pues no se le ha ocasionado ningún tipo de
daño o perjuicio”.
1.3.2.
Impugnación
1.3.2.1.   Dentro de la
oportunidad legal prevista, la señora Ruth Emperatriz Nieto Lozano impugnó la
sentencia de primera instancia, insistiendo en que COLPENSIONES vulneró su
derecho al debido proceso al no reconocer su historia laboral para efectos del
trámite de su pensión de vejez, máxime cuando aportó las pruebas de su
vinculación laboral con Bancolombia en el periodo comprendido entre el 22 de
diciembre de 1971 y el 31 de diciembre de 1980.
1.3.3.
Sentencia
de segunda instancia
1.3.3.1.
Mediante
sentencia del 13 de febrero de 2015, la Sala Civil-Familia de Decisión del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Tolima, confirmó el fallo
impugnado, argumentando que, revisado el procedimiento administrativo llevado a
cabo por COLPENSIONES, se evidencia que durante dicho trámite se dio respuesta
a la solicitud de la petente, así como a los cuestionamientos propuestos a
través de cada uno de los recursos por ella interpuestos.
Respecto
al material probatorio allegado por la accionante, manifiesta el juez de
segunda instancia que todas las pruebas fueron objeto de decisión a través de
los distintos actos administrativos que resolvieron negar el derecho pensional
a la accionante, por lo que dichos actos no pueden ser tildados de arbitrarios
o caprichosos, pues “a pesar de encontrarse acreditado que la señora Ruth
Emperatriz Nieto Lozano laboró para Bancolombia desde el 22 de diciembre de
1971 hasta el 8 de marzo de 1990, no existe evidencia de su afiliación desde el
22 de diciembre de 1971 hasta el 31 de diciembre de 1980, por lo que no fue
posible incluir dichos periodos en su historia laboral, razón por la cual no
accedió a lo pretendido”.
1.3.3.2.
Por
último, esgrime el ad quem que lo pretendido por la accionante ya fue
objeto de debate en la jurisdicción ordinaria laboral, en la que se concluyó
que “la demandante estuvo 9 años y 11 días sin afiliación al ISS por parte
de Bancolombia en razón a que para la época del 22 de diciembre de 1971 al 31
de diciembre de 1980, no existía cobertura del ISS en el municipio de Melgar
donde esta prestaba sus labores”, sin que se encuentre allí omisión alguna
de la entidad bancaria.
1.4.
PRUEBAS
DOCUMENTALES
En
el trámite de la acción de amparo se aportaron, entre otras, las siguientes
pruebas relevantes:
1.4.1.
Copia
de la cédula de ciudadanía de la señora Ruth Emperatriz Nieto Lozano.
1.4.2.
Copia
del registro civil de nacimiento de la señora Ruth Emperatriz Nieto Lozano.
1.4.3.
Certificado
expedido por Bancolombia en abril de 2014, en el que se manifiesta que la señora
Ruth Emperatriz Nieto Lozano laboró a su servicio desde el 22 de diciembre de
1971 hasta el 8 de marzo de 1990 y que estuvo afiliada al ISS, hoy
COLPENSIONES.
1.4.4.
Copia
del contrato de trabajo suscrito entre la señora Ruth Emperatriz Nieto Lozano y
Bancolombia.
1.4.5.
Copia
de la sentencia proferida por el Juzgado Laboral Adjunto al Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Melgar, en el marco del proceso ordinario laboral de
primera instancia iniciado por la señora Ruth Emperatriz Nieto Lozano contra
Bancolombia.
1.4.6.
Copia
del formulario de solicitud de correcciones de historia laboral emitido por
COLPENSIONES a favor de la señora Ruth Emperatriz Nieto Lozano.
1.4.7.
Copia
de la resolución GNR 53405 del 22 de febrero de 2014, proferida por
COLPENSIONES, por la cual negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez
a favor de la señora Ruth Emperatriz Nieto Lozano.
1.4.8.
Copia
de la resolución GNR 218450 del 13 de junio de 2014, proferida por
COLPENSIONES, por la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por la
señora Ruth Emperatriz Nieto Lozano en contra de la resolución 53405 del 22 de
febrero de 2014.
1.4.9.
Copia
de la resolución VPB 19909 del 6 de noviembre de 2014, proferida por
COLPENSIONES, por la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por la
señora Ruth Emperatriz Nieto Lozano en contra de la resolución 53405 del 22 de
febrero de 2014.
2.       CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
2.1.     COMPETENCIA
La
Corte es competente para revisar los presentes fallos de tutela, de conformidad
con los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, y con el Decreto 2591
de 1991.
2.2.
PROBLEMA
JURÍDICO
2.2.1.
Corresponde
a esta Sala establecer si ¿COLPENSIONES y Bancolombia  vulneraron los derechos
fundamentales a la vida digna, a la seguridad social, a la igualdad, al debido
proceso y al mínimo vital de la señora Ruth Emperatriz Nieto Lozano, al negarle
su pensión de vejez por no haberle tenido en cuenta el tiempo laborado para
Bancolombia desde el 22 de diciembre de 1971 hasta el 31 de diciembre de 1980,
pese a que aportó certificación laboral actualizada expedida por Bancolombia,
en la que acredita haber sido empleada de dicha entidad financiera para dicho
periodo?
2.2.2.
También
deberá la Sala determinar si ¿Bancolombia como antiguo empleador de la
accionante, tenía la obligación de hacer aprovisionamientos de capital para el
aseguramiento de los riesgos de vejez por los servicios prestados por sus
trabajadores antes de la Ley 100 de 1993?
2.2.3.
Para
resolver este problema jurídico, la Sala analizará: i) la seguridad
social en pensiones con anterioridad y posterioridad de la Ley 100 de 1993; ii)
el derecho a la seguridad social en pensiones a la luz de los instrumentos
internacionales; iii) el contenido del derecho a la seguridad social en
pensiones; iv) breve reseña histórica del desarrollo del derecho a la seguridad
social en pensiones; y v) la procedencia excepcional de la acción de tutela
para ordenar el reconocimiento de un derecho pensional. Posteriormente se
pasará a resolver el caso concreto.
2.3.
EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES
2.3.1.
Reconocimiento
internacional
2.3.1.1.
La aparición del sistema de Seguridad Social en Colombia se remonta
a los años 1945 y 1946, cuando se crearon la Caja Nacional de Previsión
(CAJANAL), el Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ISS) y las cajas de
previsión departamentales y municipales; sin embargo, fue hasta 1991 cuando se establece la seguridad social como un servicio público
de carácter obligatorio, irrenunciable y universal, y hasta 1993 cuando
con la expedición de la Ley 100 se creó el sistema general de pensiones, con el
fin de corregir las distorsiones que existían en el sistema.
2.3.1.2.
No
obstante lo anterior, desde antes de la adopción de la Constitución de 1991, el
Estado colombiano había reconocido el derecho a la seguridad social en
pensiones como un derecho humano, y se había obligado, a través de la
ratificación de algunos instrumentos internacionales, a implementar medidas
para asegurar que las personas recibieran protección frente a las contingencias
que le afectaran. Adicional a ello, se obligó a desarrollar la legislación
interna con el fin de que se promovieran las condiciones mínimas de previsión
social.
2.3.1.3.
Algunos
de los instrumentos internacionales que consagran el derecho a la seguridad
social y que crean obligaciones sobre la materia al Estado colombiano, son:
2.3.1.3.1.
La
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la cual fue acogida por los
Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, de la cual hace
parte Colombia. Este instrumento internacional, texto fundante del sistema
internacional de protección de los derechos humanos, en su artículo 22 estableció
que: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la
seguridad social, y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción
de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad
y al libre desarrollo de su personalidad”.
2.3.1.3.2.
Por
otra parte, en 1952, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó los
Convenios No. 102 y 128 sobre la Seguridad Social, en los que se establecen las
normas mínimas que deben estar presentes en las legislaciones internas, con el
propósito de dar aplicación al artículo 22 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos. Estos convenios sirven de base para todos los estados
respecto de la adopción de las normas de la seguridad social, en las que debe
preverse protección frente a las contingencias de vejez, invalidez y
sobrevivencia.
2.3.1.3.3.
El
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado
por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, en su artículo 9 manifiesta que: “Los
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la
seguridad social, incluso al seguro social”.
2.3.1.3.4.
La
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, aprobada por Colombia mediante la Ley 22
de 1981, en su artículo 5 consagra que: “En conformidad con
las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente
Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la
discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda
persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen
nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: i) El
derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario
por trabajo igual y a una remuneración equitativa y satisfactoria; iv) El
derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los
servicios sociales (…)”.
2.3.1.3.5.
Por
su parte, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de
todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, aprobada por Colombia
mediante la Ley 146 de 1994, en su artículo 61, numeral 3, establece que: “Con
sujeción a los acuerdos bilaterales o multilaterales que se les apliquen, los
Estados Partes procurarán conseguir que los trabajadores vinculados a un
proyecto estén debidamente protegidos por los sistemas de seguridad social de
sus Estados de origen o de residencia habitual durante el tiempo que estén
vinculados al proyecto. Los Estados Partes interesados tomarán medidas
apropiadas a fin de evitar toda denegación de derechos o duplicación de pagos a
este respecto”.
2.3.1.3.6.
El
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- “Protocolo de San
Salvador”-, aprobado por Colombia mediante la Ley 1319 de 1996, en su artículo
9 manifiesta que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad
social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad
que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar
una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones
de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.  2.
Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el
derecho a la seguridad social cubrirá al menos la
atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes
de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate
de mujeres, licencia retribuida por
maternidad
antes y después del parto”.
2.3.1.4.
De
la lectura de las normas transcritas, se deduce que Colombia de antaño ha
reconocido y protegido, en virtud de los compromisos adquiridos en los tratados
internacionales, el derecho a la seguridad social y, en particular, el derecho
a la pensión de vejez como parte de éste. Por tanto, los principios y garantías contenidos en esos instrumentos son
aplicables a las pensiones reconocidas antes y después de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, por cuanto el mandato comprendido en ellos fue
reconocido por el ordenamiento jurídico colombiano desde antes de la existencia
de aquella ley.
2.3.2.  Contenido
2.3.2.1.
En
cuanto al contenido del derecho a la seguridad social en pensiones, es de
recibo traer a colación la Sentencia C-258 de 2013[2], en la
que esta Corporación hizo un análisis cuidadoso de la composición y alcance de
esta garantía constitucional. En dicho fallo se expresó que:
“El artículo 48 Superior dispone que la
seguridad social (i) es un servicio público de carácter obligatorio que
se debe prestar bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, y (ii)
es a su vez un derecho constitucional fundamental, a cuyo cumplimiento se
compromete el Estado, según se infiere del siguiente texto “Se garantiza a
todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social” en
concordancia con varios instrumentos del bloque de constitucionalidad.
Del
texto constitucional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se
desprende que el derecho a la seguridad social en pensiones protege a las
personas que están en imposibilidad física o mental para obtener los medios de
subsistencia que le permitan llevar una vida digna a causa de la vejez, del
desempleo o de una enfermedad o incapacidad laboral, entre otras contingencias.
La
pensión de vejez es entonces uno de los mecanismos que, en virtud del derecho a
la seguridad social, protege a las personas cuando en razón de su edad, se
produce una esperable disminución de su capacidad laboral, lo que les dificulta
o impide obtener los recursos para disfrutar de una vida digna.
Para
poder brindar efectivamente protección frente a las contingencias señaladas, el
derecho a la seguridad social demanda el diseño de un sistema que cuente con
reglas, como mínimo, sobre (i) instituciones encargadas de la prestación
del servicio, (ii) procedimientos bajo los cuales el sistema debe
discurrir, y (iii) provisión de fondos que garanticen su buen
funcionamiento. En este punto cobra especial importancia la labor del Estado,
el cual, por medio de asignaciones de sus recursos fiscales, tiene la
obligación constitucional de brindar las condiciones necesarias para asegurar
el goce del derecho irrenunciable a la seguridad social.
Además,
el artículo 48 de la Carta indica que el sistema debe orientarse por los principios
de eficiencia, universalidad y solidaridad. Según el principio de universalidad,
el Estado –como sujeto pasivo principal del derecho a la seguridad social-
debe garantizar las prestaciones de la seguridad social a todas las personas,
sin ninguna discriminación, y en todas las etapas de la vida. Por tanto, el
principio de universalidad se encuentra ligado al mandato de ampliación
progresiva de la cobertura de la seguridad social señalado en el inciso tercero
del mismo artículo 48 constitucional, el cual a su vez se refiere tanto a la
ampliación de afiliación a los subsistemas de la seguridad social –con énfasis
en los grupos más vulnerables-, como a la extensión del tipo de riesgos
cubiertos.
Por su parte, el principio de eficiencia
requiere la mejor utilización social y económica de los recursos humanos,
administrativos, técnicos y financieros disponibles, para que los beneficios a
que da derecho la seguridad social, sean prestados en forma adecuada, oportuna
y suficiente. La jurisprudencia de esta Corporación ha definido la eficiencia
como la elección de los medios más adecuados para el cumplimiento de los
objetivos y la maximización del bienestar de las personas.
Finalmente, la solidaridad, hace
referencia a la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las
generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades. Este
principio tiene dos dimensiones: de un lado, como bien lo expresa el artículo 2
de la Ley 100 de 1993, hace referencia a que el Estado tiene la obligación de
garantizar que los recursos de la seguridad social se dirijan con prelación
hacia los grupos de población más pobres y vulnerables; de otro, exige que cada
cual contribuya a la financiación del sistema de conformidad con sus capacidades
económicas, de modo que quienes más tienen deben hacer un esfuerzo mayor”.
2.3.2.2.
Por otra parte, cabe resaltar que el derecho a la
pensión de vejez debe ser reconocido a todas las personas que acrediten los
requisitos establecidos en la ley aplicable al caso concreto, y no puede ser
protegido exclusivamente a determinadas personas, porque un trato diferenciado
de esta naturaleza, en virtud del carácter universal del derecho,
carecería de justificación constitucional, y se tornaría por tanto en un trato
discriminatorio.
2.3.3.  Breve reseña
histórica del desarrollo del derecho a la seguridad social en pensiones
2.3.3.1.   La
historia de la seguridad social en Colombia ha sido estudiada en diferentes
ocasiones por esta Corporación[3]. Al
respecto se puede advertir que la Constitución
Política de 1886 no contenía una norma directamente orientada a garantizar
plenamente la seguridad social, y en su artículo 19 solamente se pregonaba por “una
asistencia pública, encaminada a la protección de las personas incapacitadas
para trabajar”; por lo que se puede decir que el sistema de seguridad
social adquiere sustento constitucional con la promulgación de la Constitución
de 1991, pues es a partir de ella cuando se reconoce la seguridad social como
un servicio público y un derecho de carácter obligatorio, irrenunciable y
universal. Asimismo, con la Carta de 1991 se abre el camino para que la
jurisprudencia constitucional continúe desarrollando dicho derecho.
2.3.3.2.   A
continuación se hará un breve recuento de lo manifestado por esta Corporación
en la sentencia T-784 de 2010, posteriormente reiterada por las sentencias
T-125 de 2012 y T-754 de 2012[4],
entre otras, respecto a la historia de la seguridad social en Colombia, en
particular sobre la obligación de los empleadores de hacer aprovisionamientos
para el pago de las pensiones de jubilación de sus trabajadores y sobre la
obligación de afiliación a las diferentes entidades a cargo del reconocimiento
de las pensiones.
2.3.3.2.1.
Con
anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993 no existía un riguroso y
adecuado desarrollo normativo en la materia[5], lo
que se evidencia en la coexistencia de diferentes regímenes pensionales que
eran administrados por diversas entidades, y en el hecho de que a ciertos
empleadores les correspondía asumir directamente el pago de las pensiones[6].
2.3.3.2.2.
Así
las cosas, se tiene que en sus inicios, por regla general, las obligaciones
derivadas del reconocimiento de la pensión de jubilación, correspondían al
empleador[7],
motivo por el cual, con el fin de reglamentar las relaciones de los empleadores
con los trabajadores, se expidió la Ley 6º de 1945, considerada como el primer
Estatuto Orgánico del Trabajo. El artículo 14 de dicha ley estableció en
materia de pensiones de los trabajadores del sector privado:
“La
empresa cuyo capital exceda de un millón de pesos ($1.000.000) estará también
obligada:
a)
A sostener y establecer escuelas primarias para los hijos de sus trabajadores,
con sujeción a las normas del Ministerio de Educación, cuando el lugar de los
trabajos este situado a más de dos (2) kilómetros de las poblaciones en donde
funcionen las escuelas oficiales, y siempre que haya al menos veinte (20) niños
de edad escolar;
b)
A costear permanentemente estudios de especialización técnica relacionados con
su actividad característica, en establecimientos nacionales o extranjeros, a
sus trabajadores o a los hijos de estos, a razón de uno (1) por cada quinientos
(500) trabajadores o fracción;
c)
A pagar al trabajador que haya llegado o llegue a los cincuenta (50) años de
edad después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, una
pensión vitalicia de jubilación equivalente a las dos terceras partes del
promedio de los salarios devengados, sin bajar de treinta pesos ($ 30) ni
exceder de doscientos pesos ($ 200), en cada mes. La
pensión de jubilación excluye el auxilio de cesantía, menos en cuanto a los
anticipos, liquidaciones parciales, o préstamos que se le hayan hecho
lícitamente al trabajador, cuya cuantía se irá deduciendo de la pensión de
jubilación en cuotas que no excedan del 20% de cada pensión”
(negrita fuera del texto).
2.2.3.2.3. A su turno, el
artículo 17 dispuso que los trabajadores nacionales de carácter permanente
gozarían de varias prestaciones, entre las que se destaca la siguiente:
“b).
Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o
llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio
continuo o discontinuo, equivalente a las dos terceras partes del promedio de
sueldos o jornales devengados, sin bajar de treinta pesos ($30) ni exceder de
doscientos pesos ($200) en cada mes. La pensión de jubilación excluye el
auxilio de cesantía, menos en cuanto a los anticipos, liquidaciones parciales o
préstamos que se le hayan hecho lícitamente al trabajador, cuya cuantía se ira
deduciendo de la pensión de jubilación en cuotas que no excedan del 20% de cada
pensión.”
2.2.3.2.4.
Sin
embargo, el artículo 12 de la citada ley precisó que la
obligación de reconocer y pagar la pensión vitalicia de jubilación se
mantendría en cabeza de los patronos hasta la organización del seguro social
obligatorio, el cual reemplazaría al “patrono” en la asunción de la
prestación pensional y arrogaría los riesgos de vejez, invalidez, muerte,
enfermedad general, maternidad y riesgos profesionales de todos los
trabajadores.
2.2.3.2.5.
En
el artículo 18 de la ley en mención se consagró además que el Gobierno Nacional
procedería
a organizar la Caja de Previsión Social de los Empleados y Obreros Nacionales,
posteriormente llamada CAJANAL[8], a
cuyo cargo estaría el reconocimiento y pago de las pensiones de los empleados
oficiales[9].
2.2.3.2.6.
El
artículo
23 de dicha ley[10]
instituyó en cabeza de los departamentos, intendencias y
municipios
que
no tuvieran organizadas instituciones de previsión social, la obligación de
crearlas dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de dicha ley,
por lo que en Colombia
aparecieron centenares de cajas de previsión social del sector público a nivel
territorial.
2.2.3.2.7.
Finalmente,
el artículo 29 permitía la acumulación de tiempos laborados en distintas
entidades de derecho público, sin importar su orden, con el fin de acceder a
una pensión de jubilación[11].
2.2.3.2.8.
Posteriormente, con la expedición de la Ley 90 de 1946, se
instituyó el seguro social obligatorio para todos los individuos, nacionales y
extranjeros, que prestaran sus servicios a otra persona en virtud de un
contrato expreso o presunto de trabajo o aprendizaje[12], y se creó para su manejo el Instituto Colombiano de Seguros
Sociales[13]. Para efectos de esta ley, el artículo 3 precisó que estarían asimilados a trabajadores particulares los empleados y
obreros que prestaran sus servicios a la Nación, los departamentos y los
municipios en la construcción y conservación de las obras públicas, y en las
empresas o institutos comerciales, industriales, agrícolas, ganaderos y
forestales que aquellas entidades explotaran directa o indirectamente o de las
cuales fueran accionistas o copartícipes. El artículo 5 indicó que también
estarían sujetos al régimen de seguro obligatorio “los trabajadores
independientes (pequeños industriales, agricultores y comerciantes, maestros de
taller, artesanos, voceadores de periódicos, lustrabotas, loteros, vendedores
ambulantes, etc.), cuyos ingresos normales no excedan de mil ochocientos pesos
($ 1.800) por año”[14].
2.2.3.2.9. En el artículo 72
de esta ley se consagró además
un sistema de subrogación de riesgos de origen legal, al establecerse una
implementación gradual y progresiva del sistema de seguro social, pues se
indicó:
“Las
prestaciones reglamentadas en esta ley, que venían causándose en virtud de
disposiciones anteriores a cargo de los patronos, se seguirán rigiendo por
tales disposiciones hasta la fecha en que el seguro social las vaya
asumiendo por haberse cumplido el aporte previo señalado para cada caso.
Desde esa fecha empezarán a hacerse efectivos los servicios aquí
establecidos, y dejarán de aplicarse aquellas disposiciones anteriores” (negrilla
y subraya fuera del texto).
2.2.3.2.10. También se debe
recordar que la Ley 90 de 1946 reemplazó, para los cubiertos por el Instituto
Colombiano de Seguros Sociales, la pensión de jubilación por la de vejez, y
señaló en su artículo 76 que para que el Instituto pudiera asumir el riesgo
de vejez en relación con servicios prestados con antelación a la expedición de
esa ley, era necesario que el “patrono” aportara “las cuotas proporcionales
correspondientes”[15].
Este artículo también reiteró que las personas, entidades o empresas que de
conformidad con la legislación anterior estaban obligadas a reconocer pensiones
de jubilación a sus trabajadores, seguirían afectadas por esa obligación en los
términos de tales normas, respecto de los empleados y obreros que hubieran venido
laborando para ellos, hasta que el Instituto conviniera en subrogarlas en el
pago de esas pensiones eventuales[16].
2.2.3.2.11. Por último, el
artículo 82 autorizó la continuidad de las instituciones de previsión social
existentes en caso de que reconocieran prestaciones mayores o por lo menos
iguales a las determinadas en la Ley 90 de 1946[17].
2.2.3.2.12. Así las cosas, se
tiene que la Ley 90 de 1946, además de crear el Instituto Colombiano de Seguros
Sociales, introdujo una obligación en cabeza de los empleadores para con sus
trabajadores, consistente en hacer los aprovisionamientos de capital
correspondientes en cada caso para que éstos fueran entregados al Instituto con
el fin de que este pudiera sumir el aseguramiento de los riesgos de vejez e
invalidez por servicios prestados con anterioridad a la expedición de esa ley. Ello significaba
entonces, que al momento en que el ISS ampliara su cobertura a las
diferentes regiones del país, y llamara a los empleadores para afiliar a sus
trabajadores, el empleador debía entregar al ISS la provisión de recursos que
había hecho por cada trabajador a efectos de que el ISS previo el cumplimiento
de los requisitos establecidos por la ley, procediera al reconocimiento
pensional[18].
2.2.3.2.13. Es de recordar
además que en los casos en que el Instituto Colombiano de Seguros Sociales
hubiese asumido el aseguramiento de tales riesgos, los recursos para su
cubrimiento, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley 90 de 1946,
provendrían de un sistema tripartito de contribución forzosa por parte de los
asegurados, los patronos y el Estado; no obstante, el sistema de financiación
del fondo común para el pago de las pensiones de jubilación fue modificado
mediante los decretos 433 de 1971 y 1935 de 1973, por medio de los cuales se
exoneró al Estado de los aportes para la financiación de los seguros
pensionales, abandonando así el sistema tripartito y radicando únicamente las
cotizaciones en cabeza del trabajador y el patrono[19].
2.2.3.2.14. Posteriormente,
el Código Sustantivo del Trabajo[20], en su artículo 259, reiteró la regla de
que temporalmente el pago de las prestaciones sociales, tales como la pensión
de jubilación, estaría en cabeza del empleador, hasta que el riesgo correspondiente
fuera asumido por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. El precepto citado
consagraba que:
“1.
Los empleadores o empresas que se determinan en el presente Título deben pagar
a los trabajadores, además de las prestaciones comunes, las especiales que aquí
se establecen y conforme a la reglamentación de cada una de ellas en su
respectivo capítulo.
2.
Las pensiones de jubilación, el auxilio de invalidez y el seguro de vida
colectivo obligatorio dejaran de estar a cargo de los empleadores cuando el
riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto de los Seguros Sociales, de
acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo Instituto”  (negrilla
fuera de texto).
2.2.3.2.15.Adicionalmente, el
Código amplió la obligación de pago de la pensión de jubilación a las empresas
de capital de ochocientos mil pesos o superior –artículo 260-.
2.2.3.2.16.Por su parte, la
Ley 71 de 1988, “por la cual se expiden normas
sobre pensiones y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 7
permitió la acumulación de tiempos cotizados en distintas entidades de
previsión social y el Instituto de Seguros Sociales, al consagrar que:
“A partir de la vigencia de la presente
ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de
aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las
entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional,
departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el
Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación
siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y
cinco (55) años o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los
términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y
determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas”.
2.2.3.2.17. Posteriormente,
el Decreto 2709 de 1994, “por el cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley
71 de 1988”, estableció en su artículo 1º que: “La pensión a que se
refiere el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación
por aportes. Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al
cumplir 60 años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer,
acrediten en cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes
continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias
de las entidades de previsión social del sector público”[21].
2.2.3.2.18. En el
artículo 3, el mismo decreto consagró que: “La pensión de jubilación por
aportes es incompatible con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y
retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable
cuando haya concurrencia entre ellas”, y en su artículo 11 expresó lo
siguiente:
“Todas las entidades de previsión social a
las que un empleado haya efectuado aportes para obtener esta pensión, tienen la
obligación de contribuirle a la entidad de previsión pagadora de la pensión con
la cuota parte correspondiente.
Para el efecto de las cuotas partes a
cargo de las demás entidades de previsión, la entidad pagadora notificará el
proyecto de liquidación de la pensión a los organismos concurrentes en el pago
de la pensión, quienes dispondrán del término de quince (15) días hábiles para
aceptarla u objetarla, vencido el cual, si no se ha recibido respuesta, se
entenderá aceptada y se procederá a expedir la resolución definitiva de
reconocimiento de la pensión”.
2.2.3.2.19. Con la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 -1° de abril de 1994-, la mencionada disposición
del Código Sustantivo del Trabajo que establecía los requisitos para acceder a
la pensión de jubilación, fue reemplazada por el artículo 33, posteriormente
modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, que introdujo nuevos
requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez y algunas reglas
pertinentes para el cómputo de las semanas cotizadas en el régimen de prima
media, a saber:
“Para
tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las
siguientes condiciones:
Haber
cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si
es hombre.
A
partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y
siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el
hombre.
2.
Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A
partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50
y a partir del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar
a 1.300 semanas en el año 2015.
PARÁGRAFO
1o. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente
artículo, se tendrá en cuenta:
a)
El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema
general de pensiones;
b)
El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo los
tiempos servidos en regímenes exceptuados;
c)
El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de
la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de
la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se
haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
d)
El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores
que por omisión no hubieren afiliado al trabajador.
e)
El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que
antes de la Ley 100 de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la
pensión.
En
los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será
procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen,
con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se
afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará
representado por un bono o título pensional”[22].
2.2.3.2.20. Además de
acumular tiempo, la Ley 100 de 1993 materializó la obligación de los
aprovisionamientos mediante la inclusión de reglas sobre bonos pensionales.
Puede
afirmarse entonces que, en virtud de los principios de universalidad,
eficiencia, solidaridad, integralidad y unidad, la Ley 100 de 1993 tuvo como
objetivo fundamental la cohesión de los distintos regímenes pensionales que
existían en ese momento en el sistema pensional colombiano, con el fin de que
se superaran las dificultades que se avizoraban en el manejo de las referidas
prestaciones, lo que se traducía en inequidades y desventajas para los
trabajadores, debido, entre otros aspectos, a la desarticulación normativa y a que
en algunos casos especiales se impedía la acumulación semanas laboradas ante
distintos empleadores.
2.2.3.3. Pare efectos de
resolver el problema jurídico que ocupa la atención de la Sala, la Sala resalta
las siguientes conclusiones:
2.2.3.3.1. La Ley 6 de 1945
impuso la obligación a (i) los empleadores que tuvieran un
capital de más de un millón de pesos –artículo 14- y (ii) las entidades
públicas del orden nacional –artículo 17-, de hacer los aprovisionamientos
necesarios para el pago de la pensión de jubilación de los trabajadores que
cumplieran 50 años de edad y 20 años de servicios.
Esta
ley dispuso además que el pago de la pensión estaría a cargo de esos
empleadores privados hasta tanto se creara un seguro social obligatorio, el
cual los subrogaría en la obligación y se abrogaría los riesgos de vejez,
invalidez y muerte.
2.2.3.3.2. Por otra parte,
para los empleados y obreros nacionales, la ley dispuso la creación de la Caja
de Previsión Social de los Empleados y Obreros Nacionales, y en virtud de la
obligación contenida en su artículo 23, según la cual, “Los Departamentos,
Intendencias y Municipios a que se refiere el artículo 22, que no tengan
organizadas instituciones de previsión social similares a la que por esta Ley
se establece, deberán crearlas dentro de los seis meses siguientes a la
promulgación de la presente Ley, observando en lo pertinente las disposiciones
de ella”, se crearon además otras cajas de previsión del sector público a
nivel territorial, quienes tuvieron a su cargo el aseguramiento de los riesgos
de vejez, invalidez y muerte de dichos trabajadores. Como la introducción de
esas instituciones de previsión y el seguro social obligatorio sería futuro y
progresivo, en virtud de la Ley 6 de 1945, los empleadores –tanto privados como
públicos cobijados por la ley- mantuvieron el deber de realizar el
aprovisionamiento de los fondos necesarios para el pago de las pensiones de
jubilación de sus trabajadores.
2.2.3.3.3. La Ley 90 de 1946 creó el seguro social obligatorio para (i) todos
los trabajadores, nacionales y extranjeros, que prestaran sus servicios a otra
persona en virtud de un contrato expreso o presunto de trabajo o aprendizaje; (ii)
los empleados y obreros que prestaran sus servicios a la Nación,
los departamentos y los municipios en la construcción y conservación de las
obras públicas y en las empresas o institutos comerciales, industriales,
agrícolas, ganaderos y forestales; y (iii) los trabajadores independientes (pequeños industriales,
agricultores y comerciantes, maestros de taller, artesanos, voceadores de
periódicos, lustrabotas, loteros, vendedores ambulantes, etc.), cuyos ingresos
normales no excedieran de mil ochocientos pesos por año –en un comienzo para
estos trabajadores la afiliación era voluntaria-. Además,
la referida ley dispuso que el Instituto paulatinamente asumiría el cubrimiento
de las contingencias de vejez, invalidez y muerte de los trabajadores, una
vez el empleador cumpliera el aporte previo señalado para cada caso y que
correspondía a las semanas laboradas para ese empleador antes de que el
Instituto asumiera la obligación. La Ley 90 también autorizó que continuaran
funcionando algunas instituciones de previsión a cargo de tales riesgos creadas
con anterioridad a su entrada en vigencia.
2.2.3.3.4. Por tanto, esta ley impuso las siguientes obligaciones en cabeza
del empleador de los trabajadores cobijados: (i) afiliar al seguro
social obligatorio y pagar en lo sucesivo las cotizaciones respectivas, y (ii)
pagar a la respectiva entidad de seguridad social el aporte correspondiente
a las semanas trabajadas previamente desde que surgió la obligación de hacer
las provisiones, es decir, desde la Ley 6 de 1945 para los empleadores
que tuvieran un capital de más de un millón de pesos y las entidades
públicas del orden nacional, y desde la Ley 90 de 1946 para los empleadores de
los demás trabajadores cobijados por dicha ley –ver párrafo previo-.
2.2.3.3.5. El artículo 29 de
la Ley 6 de 1945 había permitido la acumulación de tiempos laborados en
distintas entidades de derecho público con el fin de acceder a una pensión de
jubilación.
Con la Ley 71 de 1988 fue posible además la acumulación de semanas cotizadas
ante diferentes cajas de previsión y el Instituto de Seguros Sociales.
2.2.3.3.6. La Ley 100 de
1993 unificó las reglas relativas a la seguridad sociales en pensiones –salvo
algunas excepciones- y creó dos regímenes: prima media con prestación definida
y ahorro individual con solidaridad. En su artículo 33, unificó las reglas para
el reconocimiento de la pensión de vejez en el régimen de prima media.
El
parágrafo del artículo 33 de la Ley 100 consagó que “Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el
presente artículo, y en concordancia con lo establecido en el literal f) del
artículo 13 se tendrá en cuenta: a)  El número de semanas cotizadas en cualesquiera
de los dos regímenes del sistema general de pensiones”, de donde se evidencia la reiteración de
parte de dicha ley, de la posibilidad de acumular tiempos laborados en los
sectores públicos y privados, con el fin de obtener el reconocimiento de la
pensión de vejez, y amplió las posibilidades de acumulación a hipótesis que no
habían sido previstas por las leyes 6 de 1945 y 71 de 1988. En efecto, la
primera ley autorizaba la acumulación de tiempos laborados en entidades de
derecho público, mientras la segunda permitía la acumulación de semanas
cotizadas en las cajas de previsión social y en el Instituto de Seguros
Sociales. El parágrafo del artículo 33 de la Ley 100 amplió esta posibilidad y
contempló hipótesis que habían sido pasadas por alto por las anteriores leyes,
como la acumulación de (i) las semanas laboradas para empleadores que
aún mantenían la obligación de reconocer directamente –por ejemplo en virtud de
una convención colectiva- la pensión de jubilación –literal c-, siempre y
cuando el contrato laboral se encontrara vigente al 1° de abril de 1994 o se iniciara
con posterioridad a esa fecha[23], y (ii)
las semanas trabajadas para un empleador que había omitido su obligación de
afiliar al trabajador al Instituto de Seguros Sociales antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 –literal d-.
Así
mismo, el artículo 115 de la Ley 100 contempló la posibilidad de pago de un
bono pensional, que se causa cuando los afiliados al Sistema General de
Pensiones se trasladan del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de
Ahorro Individual con Solidaridad. A saber:
“Los bonos pensionales constituyen aportes destinados
a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las
pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones.
Tendrán
derecho a bono pensional los afiliados que con anterioridad a su ingreso al
régimen de ahorro individual con solidaridad cumplan alguno de los siguientes
requisitos:
a)
Que
hubiesen efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales o las cajas o
fondos de previsión del sector público;
b)
Que
hubiesen estado vinculados al Estado o a sus entidades descentralizadas como
servidores públicos;
c)
Que
estén vinculados mediante contrato de trabajo con empresas que tienen a su
cargo el reconocimiento y pago de las pensiones;
d)
Que
hubiesen estado afiliados a cajas previsionales del sector privado que tuvieren
a su cargo exclusivo el reconocimiento y pago de pensiones.
PARÁGRAFO.
Los afiliados de que trata el literal a) del presente artículo que al momento
del traslado hubiesen cotizado menos de ciento cincuenta (150) semanas no
tendrán derecho a bono”.
2.4.
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA ORDENAR EL RECONOCIMIENTO
DE UN DERECHO PENSIONAL.
2.4.1. El
artículo 86 constitucional consagra la acción de tutela como un mecanismo de
protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas,
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los
casos establecidos en la Constitución y en la ley.
2.4.2. En
virtud de la subsidiariedad de la acción de tutela, esta Corporación ha
sostenido que por regla general esta acción resulta improcedente para el
reconocimiento de pensiones, pues para reclamar esa pretensión existen
mecanismos judiciales ordinarios. No obstante lo anterior, el amparo
constitucional será viable excepcionalmente cuando en el caso sujeto a examen
concurran las siguientes condiciones: i) cuando no existan
otras acciones legales, ii) cuando existiendo éstas no fueren idóneas
para
poner fin a la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales del
tutelante,
o iii) cuando la acción de tutela resulte necesaria para evitar la consumación
de un perjuicio irremediable.
2.4.3. Respecto a los
requisitos para la acreditación de la inminencia de perjuicio irremediable, la
Corte ha determinado que para que resulte comprobado este requisito debe
acreditarse en el caso concreto que dicho perjuicio es: (i) inminente, es
decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii)
grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico
de la persona sea de gran intensidad; (iii) de tal magnitud que las medidas que
se requieren para conjurarlo sean urgentes; y (iv) de tal magnitud que la
acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad”[24].
2.4.4. Ahora bien,
respecto al tema pensional, la jurisprudencia constitucional ha establecido
que, por regla general y en virtud del principio de subsidiariedad, la acción
de tutela no procede para lograr estas prestaciones, toda vez que el legislador
ha dispuesto medios de defensa ordinarios para solucionar este tipo de
conflictos, ya sea ante la jurisdicción ordinaria laboral o la contencioso
administrativa[25].
2.4.5. No obstante lo
anterior, también ha reconocido de manera reiterada la Corte, que los medios
ordinarios no son idóneos para la protección de un derecho fundamental, dada la
condición de sujeto de especial protección constitucional-especialmente en el
caso de las personas de la tercera edad y de los discapacitados- así como la
circunstancia de debilidad manifiesta en la que se encuentre el accionante[26]. De ahí
que, por ejemplo, cuando la pretensión se ciñe al reconocimiento de la pensión
de vejez, se estime que “el mecanismo ordinario resulta ineficaz si es
probable que la persona no exista para el momento en el que se adopte un fallo
definitivo tomando en cuenta el tiempo considerable que demora un proceso de
esta índole y la edad del actor. En este sentido, en concordancia con el
carácter fundamental del derecho a la seguridad social, se debe indicar que la
condición de sujeto de especial protección constitucional refuerza la necesidad
de conceder la protección invocada de manera definitiva y de ordenar las
medidas requeridas para la efectividad del derecho, pero no constituye un
criterio para examinar la procedibilidad de la acción de tutela”[27].
2.4.6. En la misma línea
de pensamiento, la Corte Constitucional en la sentencia T- 760 de 2014[28],
respecto a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para solicitar
el amparo de los derechos pensionales, estableció que el
juez constitucional debe analizar la eficacia e idoneidad de las acciones
judiciales ordinarias, teniendo en cuenta las circunstancias particulares que
rodeen al solicitante. De esta manera, en dicho precedente constitucional, se
identificaron ciertos elementos que permiten afirmar si el amparo es o no
procedente. Dichos elementos son:
“(i)
el estado de salud del solicitante; (ii) el tiempo que la autoridad pensional demoró en desatar el procedimiento
administrativo; (iii) la edad del peticionario; (iv) la composición del núcleo familiar, verbigracia el número de personas a cargo, o si ostenta
la calidad de cabeza de familia; (v) el potencial conocimiento de la titularidad de los derechos, al igual que las
acciones para hacerlos valer; y (vi) las circunstancias económicas del interesado, análisis que incluye el promedio
de ingresos frente a los gastos, el estrato socioeconómico y la calidad de
desempleo”[29].
(Subrayado fuera del
texto).
2.4.7. En este punto, es
necesario destacar que este Tribunal ha advertido que el juicio de
procedibilidad del amparo debe ser menos riguroso cuando se trata de sujetos de
especial protección constitucional, dentro de los que se encuentran los niños y
niñas, las personas que padecen alguna discapacidad, las mujeres embarazadas,
los adultos mayores y en general las personas que se encuentren en estado de
debilidad manifiesta. Precisamente, esta Corte ha manifestado que “existen
situaciones especiales en las que el análisis de la procedencia de la acción
debe desatarse de manera más amplia y permisiva, en atención a la especial
naturaleza de las personas que solicitan la protección de sus derechos
fundamentales”[30].
2.4.8. No obstante lo anterior, esta Corte en la citada sentencia T-760 de
2014, estimó que esta calidad o condición del peticionario no es suficiente para
que el amparo sea procedente en materia pensional. Por lo anterior, hizo
alusión a las siguientes reglas procesales para que la tutela sea
procedente[31]:
“a. La
falta de pago de la prestación o su disminución debe generar un alto
grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular, del
derecho al mínimo vital;
b. El
afectado debe haber desplegado cierta actividad administrativa y
judicial con el objeto de que le sea reconocida la prestación que
reclama;
c. Es necesario que se acredite
siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial
ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los
derechos fundamentales presuntamente afectados;
d. Debe
existir una mediana certeza sobre el cumplimiento de los
requisitos de reconocimiento del derecho reclamado”.
2.4.9. De esta forma,
esta Corporación ha insistido en el carácter excepcional de la procedencia de
la acción de tutela para lograr el reconocimiento de derechos prestacionales.
Por ello, es labor del juez determinar, a partir de un análisis detallado de
las circunstancias específicas del accionante, si ésta debe ser utilizada como
mecanismo para solicitar el amparo de los derechos pensionales. Además, deberá
verificar si el medio ordinario de defensa resulta eficaz e idóneo o si se
requiere una decisión para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
3.
CASO
CONCRETO
3.1.    Resumen
de los hechos
La
señora Ruth Emperatriz Nieto Lozano, quien en la actualidad tiene 63 años de
edad, carece de recursos económicos para una digna subsistencia y padece de
varias enfermedades como diabetes, hipertensión, artrosis y trastorno de la
glándula tiroides, relata que trabajó de forma ininterrumpida en
Bancolombia, durante el periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 1971
hasta el 8 de marzo de 1990, es decir, durante 18 años y 4 meses, según consta
en el certificado proferido por la entidad accionada en abril de 2014.
En el
2012 inició proceso laboral en contra de Bancolombia para que se le ordenara el
reconocimiento y pago de su pensión de vejez, pero en el fallo de primera
instancia se le reconoció el tiempo laborado para la entidad financiera desde
el 22 de diciembre de 1971 hasta el 8 de marzo de 1990, denegándosele las demás
pretensiones. En segunda instancia el ad quem confirmó el fallo, y
precisó que Bancolombia quedaba exonerada del pago de la pensión de la actora,
por cuanto la prestación estaba a cargo del ISS.
El 9 de
diciembre de 2013 solicitó a COLPENSIONES el reconocimiento y pago de su
pensión de vejez, pero dicha entidad mediante resolución GNR 53405 del 22 de
febrero de 2014, se la negó, porque sólo tenía acreditadas 478 semanas de
cotización desde el 1º de enero de 1981 hasta el 28 de febrero de 1990, es
decir “que no se tuvo en cuenta el tiempo laborado para Bancolombia desde el
22 de diciembre de 1971 hasta el 31 de diciembre de 1980, pese a que con
anterioridad había solicitado la corrección de la historia laboral, lo que
indica que COLPENSIONES no la corrigió”.
Contra la
resolución GNR 53405 del 22 de febrero de 2014 interpuso recurso de reposición
y en subido de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las
resoluciones GNR 218450 del 13 de junio de 2014 y VPB 19909 del 6 de noviembre
de 2014, negándole a la accionante su derecho a la pensión, argumentando que “no
aportó pruebas suficientes para demostrar la vinculación laboral con
Bancolombia por el periodo reclamado”, hecho que la accionante considera
falso, pues alega haber aportado certificación laboral actualizada emitida por
la entidad bancaria.
3.2.
PROCEDENCIA
DE LA ACCIÓN DE TUTELA
3.2.1.      Legitimación en la
causa por activa
Los
artículos 86 constitucional y 10 del Decreto 2591 de 1991 indican que es titular de
la acción de tutela cualquier persona a la que sus derechos fundamentales le
resulten vulnerados o amenazados. Estas personas pueden invocar directamente el
amparo constitucional o pueden hacerlo a través de terceros que sean sus
apoderados, representantes o agentes oficiosos, para el caso de las personas
que no se encuentran en condiciones de interponer la acción por sí mismas.
En
el caso sub examine se observa que Ruth Emperatriz Nieto Lozano, quien
es la titular de los derechos que se alegan vulnerados, interpuso
la acción de tutela por sí misma, por lo que la Sala encuentra que representa
sus propios intereses.
3.2.2.
Legitimación
por pasiva
Con
respecto a quién va dirigida la acción de tutela, el artículo 13 del Decreto
2591 de 1991 expresa que: “se dirigirá contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental (…)”.
En
el caso sub examine se demandó a COLPENSIONES y a Bancolombia, lo
cual es a todas luces acertado, pues dichas entidades son las presuntas
vulneradoras de los derechos fundamentales invocados, por tanto, son quienes
tienen que resolver
la reclamación de la peticionaria y a quien se atribuye la presunta vulneración
de derechos.
3.2.3.
Examen
de inmediatez
La
inmediatez es una condición de procedencia de la acción de tutela, creada por
la jurisprudencia de la Corte Constitucional como herramienta para cumplir con
el propósito de la Carta Política de hacer de la acción de tutela un medio de
amparo de derechos fundamentales que opere de manera rápida, inmediata y eficaz.
A
propósito de lo esgrimido anteriormente, la Sala encuentra que en el caso bajo
estudio se tiene que la última actuación que negó el derecho pensional de la
accionante, fue del 6 de noviembre de 2014, y que corresponde a la resolución proferida
por COLPENSIONES, por la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por
la señora Ruth Emperatriz Nieto Lozano en contra de la resolución 53405 del 22
de febrero de 2014, y la acción de tutela fue interpuesta 11 de diciembre de
2014; por tanto, el
tiempo transcurrido entre una y otra fecha demuestran que se trata de un término
razonable que hace que en esta oportunidad se cumpla con el requisito de
inmediatez.
Aunado
a lo anterior, puede afirmarse que la vulneración de los derechos de la accionante
se ha prolongado en el tiempo, pues todavía COLPENSIONES y Bancolombia no le ha
reconocido ni pagado la pensión de vejez a la que la peticionaria afirma tener
derecho.
3.2.4.
Examen
del cumplimiento del requisito de subsidiariedad
Conforme al artículo 86 de la Carta,
la acción de tutela está revestida de un carácter subsidiario, esto es, tal
como lo ha expresado la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, que
puede ser utilizada ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales
cuando: a) no exista otro medio judicial a través del cual se pueda resolver un
conflicto relacionado con la vulneración de un derecho fundamental, b) cuando
existiendo otras acciones, éstas no resultan eficaces o idóneas para la
protección del derecho de que se trate, o, c) cuando existiendo acciones
ordinarias, resulte necesaria la intervención del juez de tutela para evitar
que ocurra un perjuicio irremediable.
En este sentido, la subsidiariedad y
excepcionalidad de la acción de tutela reconocen la eficacia de los medios
ordinarios de protección judicial como mecanismos legítimos para la salvaguarda
de los derechos. Al existir tales mecanismos, a ellos se debe acudir
preferentemente, siempre que sean conducentes para conferir una eficaz protección
constitucional a los derechos fundamentales de los individuos. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales por esta vía, debe
haber agotado los medios de defensa disponibles para el efecto, exigencia que
pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada una instancia
adicional en el trámite procesal, ni un mecanismo de defensa que reemplace
aquellos diseñados por el legislador[32].
La
Sala nota que este caso cumple con el requisito de subsidiariedad, pues la
accionante ya hizo uso de la vía ordinaria laboral para que le fuera reconocida
y pagada su pensión de vejez de parte de Bancolombia, la cual fue negada por
los jueces de instancia.
No
obstante lo anterior, los jueces del proceso laboral precisaron que quien debía
responder por la solicitud pensional de la accionante era el entonces ISS,
razón por la que la actora directamente solicitó su pensión a esa entidad,
quien en varias oportunidades le negó el reconocimiento de su derecho, razón
por la que la actora acude a la acción de tutela.
Entonces,
se concluye que en este caso se hizo uso de los medios ordinarios de defensa
judicial al alcance de la accionante, como lo es la demanda ordinaria laboral,
y al no haber alcanzado el reconocimiento de sus derechos por esa vía, y al
tener en claro que cumple con los requisitos de ley para la adquisición de su
derecho pensional, la señora Nieto Lozano sólo cuenta con la acción de tutela
como mecanismo idóneo para lograr la protección solicitada, pues es de tenerse
en cuenta que la actora tiene
63 años de edad, por lo que, obligarla a interponer una acción por la vía
ordinaria en contra de COLPENSIONES y esperar una sentencia que finalice
positivamente, podría superar su expectativa probable de vida[33].
Además,
la señora Ruth Emperatriz Nieto Lozano, dada la edad que tiene, no puede acceder
al mercado laboral y, afirma no contar con algún ingreso que le permita
asegurar su mínimo vital.
Así
las cosas, la Sala estima que prolongar en el tiempo el reconocimiento del
derecho pensional de la accionante, después de que esperó la culminación de un
proceso laboral y de que en varias oportunidades ha solicitado a COLPENSIONES
su pensión de vejez, es contrario a los mandatos constitucionales y a las
garantías fundamentales pregonadas por un Estado Social de Derechos, lo que
hace necesario la intervención del juez de tutela.
Entonces,
para la Sala las condiciones planteadas precedentemente hacen necesaria la
intervención del juez constitucional.
3.3.
EXAMEN
DE LA PRESUNTA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA SEÑORA RUTH
EMPERATRIZ NIETO LOZANO
3.3.1. Analizando el caso concreto, la
Sala considera necesario comenzar por determinar el periodo en el que
realmente trabajó la señora Ruth Emperatriz Nieto Lozano con El Banco de
Colombia, hoy Bancolombia, para posteriormente pasar a precisar
cuáles eran las obligaciones de su empleador en materia pensional, pues de ello
depende que la accionante pueda o no acceder a la pensión de vejez que reclama,
y que se precise quién es el obligado a reconocerla.
Al respecto, la Sala encuentra
que en abril de 2014, Bancolombia expidió certificado laboral de la señora Ruth
Emperatriz Nieto Lozano, en el que hace constar que laboró al servicio de la
entidad financiera desde el 22 de diciembre de 1971 hasta el 8 de marzo de
1990, periodo en el que estuvo afiliada por los riesgos de IVM al ISS[34].
Así mismo, dentro del material probatorio
existe el contrato de trabajo suscrito entre la señora Ruth Emperatriz Nieto
Lozano y El Banco de Colombia, hoy Bancolombia, en el que consta que la
empleada ingresó a trabajar desde el 22 de diciembre de 1971 como “Auxiliar de
Oficina A”, en las instalaciones de la entidad financiera en Melgar, Tolima[35].
También se haya dentro del material
probatorio, que COLPENSIONES en la resolución GNR 53405 del 22 de febrero de
2014, “Por la cual se niega el reconocimiento y pago de una pensión de vejez”
solicitada por la señora Ruth Emperatriz Nieto Lozano, precisó como motivo de
la negación, que la accionante no cumplía con los requisitos de ley, por cuanto
sólo había cotizado 478 semanas, detalladas de la siguiente manera:
Entidad
laboró
Desde
Hasta
Novedad
Días
Banco de
Colombia
1981-01-01
1982-09-30
Tiempo
servicio
638
Banco de
Colombia
1982-00-01
1990-02-28
Tiempo
servicio
2708
3.3.2.      De lo
anterior, concluye la Sala que existe evidencia de que la señora Ruth
Emperatriz Nieto Lozano sí estuvo vinculada con El Banco de Colombia, hoy
Bancolombia, desde el 22 de diciembre de 1971 hasta el 8 de marzo de 1990, y no
desde el primero de enero de 1981 hasta el 28 de febrero de 1990 como lo
manifestó COLPENSIONES. Entonces, tal como lo ha expresado la actora, de ser
tenido en cuenta dicho periodo laboral, las semanas de cotización por ella acreditadas
superarían las 478 tenidas en cuenta por la entidad para el examen del
cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez reclamada.
3.3.3.      Precisado
lo anterior, pasará la Sala a determinar las obligaciones prestacionales del
entonces empleador de la señora Ruth Emperatriz Nieto Lozano.
3.3.3.1.
Para empezar, es pertinente hacer
alusión a que El Banco de Colombia, hoy Bancolombia, no tuvo en cuenta los
mandatos de la Ley 6 de 1945, en el sentido de que debió:
i)
Como
en un primer momento las obligaciones derivadas del
reconocimiento de la pensión de jubilación era asunto de los empleadores, al
crearse las Cajas de Previsión Social, el empleador debió hacer los
aprovisionamientos y traslados de capital correspondientes a
las semanas cotizadas por sus trabajadores a dichas cajas,
con el fin de que esas entidades de seguro social tuviesen en cuenta los
aportes realizados por el empleado para reconocerle su derecho pensional.
ii)
Una
vez la señora Ruth Emperatriz Nieto Lozano se trasladó al ISS, la  Caja de
Previsión Social a la que pertenecía, debió trasladar el saldo de los
aportes correspondientes
a las semanas cotizadas por la accionante, al ISS, para que éste los tuviera
en cuenta a efectos de reconocer la pensión de la interesada[36].
Lo anterior, en virtud de lo consagrado en la ya citada Ley 6 de 1945, que
estatuyó una
obligación importante para la relación de la entidad empleadora con sus
trabajadores, consistente en la necesidad de realizar la provisión
correspondiente en cada caso para que ésta fuera entregada a la caja de
previsión respectiva, cuando se asumiera por parte de ésta el pago de la
pensión de jubilación. Así como de la obligación contenida en el artículo
12 de dicha ley, que precisó que la obligación de reconocer
y pagar la pensión vitalicia de jubilación se mantendría en cabeza de los
patronos hasta la organización del seguro social obligatorio, el cual
reemplazaría al “patrono” en la asunción de la prestación pensional y arrogaría
los riesgos de vejez, invalidez, muerte, enfermedad general, maternidad y
riesgos profesionales de todos los trabajadores.
En
este sentido, se tiene que en el presente asunto El Banco de
Colombia, hoy Bancolombia, como empleador de la señora Ruth Emperatriz Nieto
Lozano, no realizó el aprovisionamiento de capital correspondiente a las
semanas cotizadas por la accionante, para su posterior traslado a la Caja de
Previsión Social respectiva, la cual, una vez se creó el Instituto de los
Seguros Sociales, debió a su vez trasladar allí los saldos respectivos para que
se tuvieran en cuenta a la hora de reconocer el derecho pensional a la actora.
Al
desconocerse el mandato contenido en la Ley 6 de 1945, se desconoció con ello
la obligación que tenía El Banco de Colombia, hoy Bancolombia, como antiguo
empleador de la señora Ruth Emperatriz Nieto Lozano, de trasladar a la Caja de
Previsión Social de esa entidad financiera las cotizaciones por ella realizadas
por el periodo laborado antes de que la caja fuera creada.
Así
mismo, se dejó de lado que la Caja de Previsión Social del Banco de Colombia,
una vez la accionante se trasladó al ISS, debió trasladar los aportes
realizados por la accionante, los cuales, de ser tenidos en cuenta, hubiesen
configurado el derecho pensional a su favor.
3.3.3.2.
Adicionalmente, respecto
a lo esgrimido por COLPENSIONES, en el sentido de que “no se encontró
registro de afiliación ni mucho menos de cotizaciones para los periodos
reclamados”[37],
la sala encuentra que, con relación al incumplimiento del pago de aportes por
los empleadores al ISS, la Corte en varias de sus sentencias[38], ha
dejado en claro que “no es endilgable al empleado, y menos aún, puede
derivarse contra éste una consecuencia negativa, por la mora del patrono o
empleador en hacer oportunamente el pago de la porción de los aportes que le
corresponden, junto con la parte que para el mismo efecto ha retenido de su
salario al empleado”.
Dicho
de otra forma, una vez el empleador haya retenido, de la asignación salarial, los
valores que le corresponde adoptar al empleado, surge para aquel la obligación
de consignarlos en la oportunidad señalada por la ley, junto con los que son de
su cargo. Por lo tanto, siendo el empleador quien efectúa los descuentos o
retenciones, si elude el pago a la entidad de seguridad social, tal omisión no
le es imputable al empleado, ni pueden derivarse contra éste consecuencias
negativas que pongan en peligro su derecho a la vida en condiciones dignas o a
la salud, o a una prestación económica de tanta importancia como lo es la
pensión de vejez.
No
obstante, aun cuando el empleador no haya aportado las cotizaciones del
empleado al fondo de pensiones -bien porque no las descontó o porque las descontó
y no las aportó al fondo de pensiones-, será el obligado directo a responder por
el pago de las cotizaciones causadas durante todo el tiempo que duró la
relación laboral[39].
En efecto, El Banco de Colombia, hoy Bancolombia, debe
transferir al Instituto del Seguro Social, hoy COLPENSIONES, el valor
actualizado – cálculo actuarial-, de acuerdo con el salario que devengaba la
actora para la época de los aportes para pensión dejados de cancelar, para que
así, al actor le sean contabilizadas dentro de su tiempo de cotización para
efectos del reconocimiento de su pensión.
3.3.3.3.
En
cuanto a lo esgrimido por el ad quem, en el sentido de que la accionante
no tiene derecho al reconocimiento de su pensión de vejez, por cuanto “no
existía cobertura del ISS en el municipio de Melgar donde prestaba sus
labores”, la Sala encuentra que dicho argumento no es de recibo, pues por
regla general, las obligaciones derivadas del reconocimiento de la pensión de
jubilación correspondía al empleador, razón por la que la Ley 6 de 1945, que
reguló las relaciones entre los empleadores y trabajadores, impuso la
obligación a los empleadores de hacer los aprovisionamientos para el pago de
dicha pensión a los empleados que cumplieran ciertos requisitos en ella
indicados.
Esta
ley dispuso además, que el pago de la pensión estaría a cargo de esos
empleadores privados hasta tanto se creara un seguro social obligatorio, el
cual los subrogaría en la obligación y se abrogaría los riesgos de vejez,
invalidez y muerte.
En
efecto, se tiene entonces que independientemente de que el ISS tuviera o no
cobertura en el municipio en donde el empleado prestaba sus servicios, lo
cierto es que antes de la creación de los seguros sociales a cargo de esa
entidad, quien tenía la obligación de hacer los aprovisionamientos de capital
para cubrir la contingencia de invalidez, vejez o muerte de los trabajadores,
eran directamente sus empleadores, por lo que no es de recibo argumentar que
una persona que laboró antes de que el Instituto de los Seguros Sociales
alcanzara su cobertura en todo el territorio nacional, no tiene derecho al
reconocimiento y pago de su pensión de vejez.
3.3.3.4.
Finalmente,
respecto a la supuesta vulneración del derecho de petición de la actora, la
Sala encuentra que ello no está acreditado; por el contrario, lo evidenciado es
que COLPENSIONES durante el procedimiento administrativo iniciado por la señora
Ruth Emperatriz Nieto Lozano dio respuesta a todas las peticiones presentadas
por ella.
3.3.3.5.
En virtud de lo antes dicho, la Sala revocará la decisión
proferida el 13 de febrero de 2015 por la Sala Civil Familia de Decisión del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Tolima, que
confirmó el fallo del 29 de diciembre de 2014, proferido por el Juzgado Promiscuo
de Familia de Melgar, Tolima. En su lugar, se concederá el amparo de los
derechos fundamentales de la señora Ruth Emperatriz Nieto Lozano al mínimo
vital, a la vida digna y a la seguridad social. En consecuencia, se ordenará a El Banco de Colombia, hoy
Bancolombia, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas desde la
notificación de este fallo, transfiera a
COLPENSIONES el valor actualizado – cálculo actuarial-, de acuerdo con el
salario que devengaba la actora para la época de los aportes para pensión
dejados de cancelar durante su relación laboral (22 de diciembre de 1971 a 8 de
marzo de 1990), para que así, le sean contabilizadas dentro de su tiempo de
cotización para efectos del reconocimiento de su pensión.
3.3.3.6.
También se ordenará a COLPENSIONES que en el término de diez (10)
días hábiles, contados desde la notificación de este fallo, proceda a actualizar
la historia laboral de la accionante, conforme al certificado expedido por
Bancolombia, y una vez actualizada la
historia laboral, realizar dentro de un (1) mes siguiente, las diligencias para
determinar si la señora Ruth Emperatriz Nieto Lozano tiene derecho al
reconocimiento de la pensión de vejez, sin que todos los trámites superen el
término de dos (2) meses contados a partir de la notificación de esta
sentencia. En caso tal de que la señora Ruth Emperatriz Nieto Lozano no
cumpla los requisitos de ley para acceder a su pensión de vejez, COLPENSIONES
deberá orientarla en el trámite que debe seguir para solicitar el pago
de la indemnización sustitutiva, que consiste en “el derecho que le asiste a
las personas que no logran acreditar los requisitos para obtener el
reconocimiento de una pensión de invalidez, de vejez y de sobreviviente, para
reclamar -en sustitución de dicha pensión- una indemnización equivalente a las
sumas cotizadas debidamente actualizadas”[40]
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo, y por mandato
de la Constitución Nacional.
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la
decisión proferida el 13 de febrero de 2015 por la Sala Civil Familia de
Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué,
Tolima, que confirmó el fallo del 29 de diciembre de 2014, proferido por el
Juzgado Promiscuo de Familia de Melgar, Tolima. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales de la señora Ruth Emperatriz Nieto Lozano
al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad social.
SEGUNDO: ORDENAR a El Banco de Colombia, hoy
Bancolombia, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas desde la
notificación de este fallo, transfiera a
COLPENSIONES el valor actualizado – cálculo actuarial-, de acuerdo con el
salario que devengaba la actora para la época de los aportes para pensión
dejados de cancelar durante su relación laboral (22 de diciembre de 1971 a 8 de
marzo de 1990), para que así, le sean contabilizadas dentro de su tiempo de
cotización para efectos del reconocimiento de su pensión.
TERCERO: ORDENAR a COLPENSIONES que en el término de diez (10) días hábiles,
contados desde la notificación de este fallo, proceda a actualizar la historia
laboral de la accionante, conforme al certificado expedido por Bancolombia, y una vez actualizada la
historia laboral, realizar dentro de un (1) mes siguiente, las diligencias para
determinar si la señora Ruth Emperatriz Nieto Lozano tiene derecho al
reconocimiento de la pensión de vejez, sin que todos los trámites superen el
término de dos (2) meses contados a partir de la notificación de esta
sentencia. En caso tal de que la señora Ruth Emperatriz Nieto Lozano no
cumpla los requisitos de ley para acceder a su pensión de vejez, COLPENSIONES
deberá orientarla en el trámite que debe seguir para solicitar el pago
de una indemnización sustitutiva.
CUARTO: Por Secretaría General, LÍBRESE
la comunicación a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese
y cúmplase.
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
MYRIAM
ÁVILA ROLDÁN
Magistrada
(E)
MARTHA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Folios 47-66 del cuaderno 2.
[2] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[3] Ver entre otras las sentencias T-784 de 2010. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, T-125 de 2012 y T- 754 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[4] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[5]Sentencias T-232 del 31 de marzo de 2011 y 719 del 23 de
septiembre de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[6] Sentencias T-232 del 31 de marzo de 2011. M.P. Nilson Pinilla
Pinilla; T -719 del 23 de septiembre de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-
125 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y T- 549 de 2012. M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[7]Artículos 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo, Derogados
por la Ley 100 de 1993.
[8] Ver el Decreto 2196 de 2009.
[9] Los artículos 21 y siguientes regularon
además el funcionamiento de las instituciones de previsión que ya existían. En
este sentido, el artículo 21 señaló: “Las instituciones de previsión social
de empleados y obreros oficiales, ya existentes, podrán, a su arbitrio, y por
decisión de sus organismos directivos, fundirse con la Caja que por la presente
Ley se crea, o continuar como entidades independientes, en cuyo caso los
empleados u obreros afiliados a ellas no gozarán sino de las prestaciones que
tengan establecidas las respectivas asociaciones o corporaciones”.
[10]“Artículo 23.- Los Departamentos, Intendencias y Municipios a que
se refiere el artículo 22, que no tengan organizadas instituciones de previsión
social similares a la que por esta Ley se establece, deberán crearlas dentro de
los seis meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, observando en
lo pertinente las disposiciones de ella”.
[11] “Artículo 29º.- Los servicios prestados sucesiva o alternativamente a
distintas entidades de derecho público, se acumularán para el cómputo del
tiempo en relación con la jubilación, y el monto de la pensión correspondiente
se distribuirá en proporción al tiempo servido y al salario o remuneración
devengados en cada una de aquellas. Los trabajadores cuyos salarios o
remuneraciones se paguen con cargo a fondos especiales que se formen con aporte
de varias entidades de derecho público, gozarán de las prestaciones más
favorables que éstas reconozcan a sus propios trabajadores, con cargo al mismo
fondo especial.
Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones se
liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante todo el
tiempo de servicio.”
[12]Artículo 2, Ley 90 de 1946: “Serán
asegurados por el régimen del seguro social obligatorio, todos los individuos,
nacionales y extranjeros, que presten sus servicios a otra persona en virtud de
un contrato expreso o presunto, de trabajo o aprendizaje, inclusive los
trabajadores a domicilio y los del servicio doméstico. Sin embargo, los
asegurados que tengan sesenta (60) años o más al inscribirse por primera vez en
el seguro, no quedarán protegidos contra los riesgos de invalidez, vejez y
muerte, ni habrá lugar a las respectivas cotizaciones”.
[13]Artículo 8, Ley 90 de 1946: “Para
la dirección y vigilancia de los seguros sociales, créase como entidad autónoma
con personería jurídica y patrimonio propio, un organismo que se denominará
Instituto Colombiano de Seguros Sociales, cuya sede será Bogotá”.
[14] El artículo 6 señaló los trabajadores que
estarían excluidos del seguro obligatorio: “No
quedan sometidos al régimen del seguro social obligatorio:
1o. El cónyuge, los padres y los hijos menores de catorce (14)
años del patrono, aunque figuren como asalariados de éste; 2o. Los demás
miembros de la familia del patrono, dentro del cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, que presten sus servicios exclusivamente por cuenta del
patrono y vivan bajo su mismo techo; 3o. Las personas que ejecuten trabajos
ocasionales extraños a la empresa del patrono; 4o. Los trabajadores cuyo número
de jornadas anuales sea inferior a noventa (90) días, y los que se ocupen en
labores agrícolas temporales, como las de siembra, cosecha y demás similares,
siempre que por otro concepto distinto no estén sujetos al seguro obligatorio. 5o.
Los empleados y obreros que, por estar afiliados a otra institución de
previsión social, gocen de mayores beneficios que los reconocidos por esta ley,
de conformidad con el artículo 78. 6o. Los trabajadores que sean excluidos
expresamente de este régimen por los reglamentos generales de la institución: a.
Por su carácter de representantes del patrono; y b. Por otras circunstancias
especiales que en esos mismos reglamentos se determinen; y 7o. Únicamente en
relación con los seguros de invalidez, vejez y muerte, los extranjeros que
vengan o hayan venido al país en virtud de contratos de duración fija no mayor
de un (1) año, mientras esté vigente el contrato original, y los que, por
depender de empresas subsidiarias o filiales de organizaciones extranjeras que
cubran varios países, estén sujetos a ser trasladados al Exterior en cualquier
tiempo, siempre que, además, la respectiva organización extranjera tenga
previsto para ellos algún régimen de seguro contra los mismos riesgos.”
[15] Artículo 76 de la Ley 90 de 1946: “El seguro de
vejez a que se refiere la Sección Tercera de esta ley, reemplaza la pensión de
jubilación que ha venido figurando en la legislación anterior. Para que el
Instituto pueda asumir el riesgo de vejez en relación con servicios prestados
con anterioridad a la presente ley, el patrono deberá aportar las cuotas
proporcionales correspondientes. Las personas, entidades o empresas que de conformidad
con la legislación anterior están obligadas a reconocer pensiones de jubilación
a sus trabajadores, seguirán afectadas por esa obligación en los términos de
tales normas, respecto de los empleados y obreros que hayan venido
sirviéndoles, hasta que el Instituto convenga en subrogarlas en el pago de esas
pensiones eventuales. En ningún caso las condiciones del seguro de vejez para
aquellos empleados y obreros que en el momento de la subrogación lleven a lo
menos diez (10) años de trabajo al servicio de las personas, entidades o
empresas que se trate de subrogar en dicho riesgo, serán menos favorables que
las establecidas para ellos por la legislación sobre jubilación, anterior a la
presente ley”.
[16] El artículo 72 de la Ley 90 de 1946 fue
declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia N° 70 del
9 de septiembre de 1982, proceso número 971, M.P. Ricardo Medina Moyano. En
este fallo se reconoció la obligación de paulatinamente ir afiliando a los
trabajadores al seguro social obligatorio. Al respecto, la Sala Plena de la
corporación manifestó: “-Así pues, desde el propio
comienzo de esta nueva etapa de la seguridad social en el país quedó también
suficientemente claro, además de la citada aspiración técnica, que los riesgos
originarios de las prestaciones sociales estarían a cargo del patrono
respectivo, solamente mientras se organizaba el Seguro Social obligatorio. Fue
así como el artículo 12 de la Ley 6ª de 1945, en cláusula repetida luego por
los artículos 193-2 y 259-2 del Código Sustantivo del Trabajo, dispuso que: "Mientras
se organiza el Seguro Social obligatorio, corresponderán al patrono las
siguientes indemnizaciones o prestaciones para con los trabajadores, ya sean
empleados u obreros".
Significa lo anterior que, por voluntad expresa e inequívoca del
propio legislador ordinario se crearon las siguientes situaciones jurídicas: a)
de una parte al régimen legal sobre prestaciones sociales se le daba un carácter
eminentemente transitorio, y b) Por otro lado, las prestaciones sociales
indicadas quedaban sometidas a una auténtica condición resolutoria, la cual
venía a cumplirse en la oportunidad en la cual el Instituto Colombiano de
Seguros Sociales asumiera los riesgos correspondientes. No se trata por lo
tanto a juicio de la Corte, como lo pretende la demanda de que, los reglamentos
del Instituto de Seguros Sociales, o más exactamente los decretos aprobatorios
de los mismos, expedidos por el Gobierno, modifiquen o deroguen las normas
legales en materia prestacional, sino que éstas por voluntad del propio
Congreso, autor de las mismas, dejan de regular los efectos de los contratos de
trabajo en la materia correspondiente, desde el momento en que se haga la subrogación
del riesgo respectivo. Por otra parte, no puede dejar de observarse que, la
vigencia transitoria de la norma legal se conserva, con la posibilidad natural
de su aplicación en todos aquellos casos en que no se haya realizado la
sustitución de la misma por el régimen del Seguro Social. No se trata por lo
tanto, como ya se indicó, de modificación de normas legales, sino de una
subrogación de riesgos, en virtud de la regulación integral de la respectiva
materia, progresivamente asumida por el régimen de la Seguridad Social.”
[17] Además, el artículo 82 otorgó al
siguiente facultad al Gobierno Nacional: “En todo
caso el Gobierno tiene facultad para revisar periódicamente aquellas
instituciones, con el fin de cerciorarse de su capacidad económica y exigir las
garantías que estime convenientes en defensa de los intereses de los asegurados,
y aun decretar su liquidación e incorporación al Instituto, si surgieren fundados
motivos de insolvencia o quiebra.”
[18] Sentencia T-651 de 2013. M.P. Alberto
Rojas Ríos.
[19] Sentencia T- 549 de 2012. M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[20] Decretos 2663 y 3743 de 1950, adoptados
por la Ley 141 de 1961.
[21] Artículo 1º de la Ley 71 de 1988.
[22] El literal f) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y el trascrito,
retomaron lo contemplado en el artículo 7° de la Ley 71 de 1988, que otorgaba
la posibilidad de acumulación de aportes para los trabajadores del sector
público y del sector privado que a partir de su vigencia, diciembre 19 de 1988,
acreditaran 20 años de aportes cotizados “en cualquier tiempo y acumulados
en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del
orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital
y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de
jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y
cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer”.
[23] El literal c del parágrafo 1°, del artículo 33 de la Ley 100 de
1993, fue modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, norma que
también fue objeto de pronunciamiento por esta Corporación en sentencia C-1024
de 2004, en la cual se resolvió estarse a lo resuelto en el fallo C-506 de
2001.
[24] Sentencia T-952 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[25] Sentencia T-037 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[26] Al respecto ver entre otras la sentencia T-607 de 2007. M.P.
Nilson Pinilla Pinilla; T-702 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; y
T-681 de 2008. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[27] Sentencia T-414 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[28] M.P. Martha Sáchica Méndez.
[29]Sentencia T-760 de 2014. M.P. Martha Sáchica Méndez.
[30] Sentencia T-515ª de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Ver también
Sentencia T- 037 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[31] Sentencia T-760 de 2014. M.P. Martha
Sáchica Méndez. Ver además las sentencias T- T-235 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T- 721
de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo; T- 722 de 2012. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva; T-1014 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T- 1069 de 2012.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-568 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[32] Sentencia T- 417 del 25 de mayo de 2010. M.P. María Victoria
Calle Correa.
[33] En la Sentencia T- 093 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, la Corte resolvió el caso de una accionante que instauró acción de tutela contra Cajanal EICE en
liquidación por considerar que estaba vulnerando sus derechos fundamentales a
la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana, al mínimo vital y a
la protección al adulto mayor al negarle el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente causada por el fallecimiento de su esposo. A juicio de la
accionada, el causante no reunía el tiempo suficiente exigido en la ley 12 de
1975 para que su beneficiaria accediera al derecho. Por tanto, solicitó se
tutelaran sus derechos fundamentales y se ordenara a Cajanal EICE – en
liquidación – el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a su favor. La
Sala advirtió que aunque existían otros medios judiciales a los que la
accionante podía acudir para solicitar se le garantizaran sus derechos
fundamentales, estos instrumentos resultaban ser los menos efectivos, expeditos
y eficaces para lograr dicha protección, teniendo en cuenta que la accionante
había cumplido ochenta (80) años de edad, así que, impetrar una acción por la
vía ordinaria, e incluso la contencioso administrativa, y esperar una sentencia
que finalizara positivamente, podría superar la expectativa probable de vida de
la petente, razón por la que accedió al amparo de sus derechos. También se
pueden consultar las Sentencia T- 138 de 2010. M.P. Mauricio González Cuervo, y
T-308 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras.
[34] Folio 12 del cuaderno 2.
[35] Folio 13 del cuaderno 2.
[36] Ver al respecto las siguientes
sentencias: T-712 de 2011. M.P. María Victoria Calle Correa; T- 748 de 2013.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T- 518 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; T- 493 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T- 760 de 2014.
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; y T- 360 de 2014. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[37] Folio 38 y 39 del cuaderno 2.
[38] Ver entre otras las sentencias T- 558 de
1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero y T-138 de 2013. M.P. Alexei Julio
Estrada.
[39] Sentencia T-125 de 2012. M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[40] Sentencia T- 080 de 2010. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva