C-916-01
Sentencia C-862/01
Sentencia C-916/01
ACUERDO POR EL
CUAL SE ESTABLECE EL CENTRO DE ASESORIA LEGAL EN ASUNTOS OMC-Suscripción y aprobación
LEY APROBATORIA
DE TRATADO INTERNACIONAL-Control
formal
PROYECTO DE LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Publicación oficial de ponencia después del debate/PROYECTO
DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Forma alternativa de
publicación de ponencia
PROYECTO DE LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Asentimiento de publicación oficial de ponencia
después del debate
PROYECTO DE LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Autorización por presidente de reproducción del
documento
PRINCIPIO DE
INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS EN PROYECTO DE LEY-Alcance/LEY-Formación
PROYECTO DE LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Falta de constancia escrita de autorización de
reproducción del documento
PROYECTO DE LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Saneamiento de vicio por falta de constancia escrita
de autorización de reproducción del documento
LEY-Vicio de procedimiento subsanable/LEY-Saneamiento
de vicio antes de aprobación del acto
ACUERDO POR EL
CUAL SE ESTABLECE EL CENTRO DE ASESORIA LEGAL EN ASUNTOS OMC-Contenido
ORGANIZACION
MUNDIAL DEL COMERCIO-Finalidad
ORGANIZACION
MUNDIAL DEL COMERCIO-Función
principal
CENTRO DE
ASESORIA LEGAL EN ASUNTOS OMC-Finalidad
CENTRO DE
ASESORIA LEGAL EN ASUNTOS OMC-Diferencias entre países miembros
CENTRO DE
ASESORIA LEGAL EN ASUNTOS OMC-Objetivo del sistema
CENTRO DE
ASESORIA LEGAL EN ASUNTOS OMC-Países menos desarrollados o con economías en transición
CENTRO DE
ASESORIA LEGAL EN ASUNTOS OMC-Objeto
La creación de un Centro de Asesoría Legal permite consolidar un
“sistema de capacitación jurídica, pericia y asesoría en asuntos relacionados
con la normativa de la OMC, rápidamente accesible a los países en desarrollo y
en particular los menos adelantados, y los países con econo­mías en transición”
CENTRO DE
ASESORIA LEGAL EN ASUNTOS OMC-Desarrollo pacífico de relaciones y conflictos entre miembros
La creación del Centro constituye un importante aporte para el desarrollo
pacífico de las relaciones y los conflictos entre sus Miembros, ya que por la
multiplicidad y dificultad de las temáticas, así como por los intereses
nacionales que están en juego, estas relaciones requieren, además del régimen
integrado de diferencias que hace parte de un acuerdo multilateral de
obligatorio cumplimiento y sobre el cual está prohibido hacer reservas, de un
sistema especializado de asesoría legal que permita a los países menos
desarrollados participar en igualdad de condiciones jurídicas al momento de
solucionar diferencias con otros Miembros, así como mantener una permanente
actualización respecto del desarrollo jurídico propio de una organización
internacional dinámica y compleja como la OMC. Por esa razón, todos los
Miembros de la OMC se beneficiarán con los servicios prestados por el Centro,
especialmente los países en desarrollo y los que tienen economías en
transición.
CENTRO DE
ASESORIA LEGAL EN ASUNTOS OMC-Promoción de internacionalización de relaciones económicas/CENTRO
DE ASESORIA LEGAL EN ASUNTOS OMC-Fomento de la equidad en solución de
diferencias
El Centro de asesoría legal contribuye a desarrollar relaciones con
los demás países Miembros de la OMC dentro de un marco pacífico de solución de
las diferencias, propias del desenvolvimiento de los negocios comerciales
internacionales y de los diversos acuerdos celebrados entre ellos. De igual
forma, favorece la posibilidad de acceder a dicho sistema integrado de
diferencias en igualdad de condiciones, ya que se garantiza la suficiente
preparación jurídica de nuestros representantes al momento de desatar una
controversia con un país desarrollado, que cuenta con el personal humano
calificado e instruido para ello. Dichos servicios estimulan la promoción de la
internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y
ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, como
lo establece el artículo 226 de la Constitución Política. Así mismo,
constituyen una herramienta importante para la integración con los demás países
y especialmente con los de América Latina y del Caribe. Se puede afirmar
entonces, que los objetivos y funciones del centro resultan acordes con el
proceso integracionista y de cooperación, especialmente, en materia de economía
y política colombiana dentro del contexto internacional, en armonía con los
mandatos de la Constitución.
ORGANIZACION
MUNDIAL DEL COMERCIO-Defensa de intereses
nacionales/CENTRO DE ASESORIA LEGAL EN ASUNTOS OMC-Defensa de intereses
nacionales
La
defensa de los intereses nacionales ante la OMC constituye para el Estado
colombiano un elemento propio de su soberanía, que requiere de la
implementación de mecanismos para que aquella pueda ser efectiva. En este
sentido, la asesoría que brinda el Centro permite a los representantes del
Gobierno estar debidamente capacitados para ejercer dicha defensa, en especial,
en relación con los países desarrollados.
CENTRO DE
ASESORIA LEGAL EN ASUNTOS OMC-Atenuación de desigualdad de grupos de países
CENTRO DE
ASESORIA LEGAL EN ASUNTOS OMC-Estructura
ACUERDO
INTERNACIONAL-Prohibición
de formular reservas
TRATADO
INTERNACIONAL-Prohibición
de formular reservas
Referencia:
expediente LAT-202
Revisión
constitucional de la Ley 639 de 2001, “por medio de la cual se aprueba el
‘Acuerdo por el que se establece el Centro de Asesoría Legal en Asuntos OMC’
hecho en Seattle, el 30 de noviembre de 1999”.
Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C.,
agosto veintinueve (29) de dos mil uno (2001)
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de
revisión de la ley 639 de 2001, “por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo
por el que se establece el Centro de Asesoría Legal en Asuntos OMC’ hecho en
Seattle, el 30 de noviembre de 1999.”
I.  ANTECEDENTES
Mediante oficio del once (11) de enero de
dos mil uno (2001), la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República
remitió a esta Corporación copia auténtica de la ley 639 de 2001, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Carta Política, para
efectos de su revisión constitucional.
Cumplidos los trámites
constitucionales y legales propios de este tipo de procesos, la Corte
Constitucional procede a decidir acerca del asunto de la referencia.
II. EL ORDENAMIENTO OBJETO DE
REVISIÓN
A continuación se transcribe el texto de
la ley sujeta a revisión, conforme a su publicación en el Diario Oficial N°
44281 del 4 de enero de 2001:
“LEY 639 DE 2001
(enero 4)
por medio de la cual se aprueba el
"Acuerdo por el que se establece el Centro de Asesoría Legal en Asuntos
OMC", hecho en Seattle, el 30 de noviembre de 1999.
El Congreso de Colombia
Visto el texto del "Acuerdo por el
que se establece el Centro de Asesoría Legal en Asuntos OMC", hecho en
Seattle, el 30 de noviembre de 1999.
«ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CENTRO
DE ASESORÍA LEGAL EN ASUNTOS OMC
Partes en el presente acuerdo
– Tomando nota de que con el Acuerdo por
el que se establece la Organización Mundial del Comercio (a continuación OMC)
se creó un sistema jurídico complejo y procedimientos elaborados para la
solución de diferencias;
– Tomando nota así mismo de que los países
en desarrollo y entre ellos en particular los menos adelantados, y los países
con economías en transición, cuentan con conocimientos limitados acerca de la
normativa de la OMC y el manejo de diferencias comerciales complejas, y que su
capacidad de dotarse de tales conocimientos impone severas obligaciones
financieras e institucionales;
– Conscientes de que un equilibrio
adecuado entre los derechos y las obligaciones que se derivan del Acuerdo por el
que se establece la OMC sólo se mantendrá si todos sus Miembros entienden
plenamente los derechos y obligaciones que de él se desprenden y pueden
recurrir en igualdad de condiciones a los procedimientos de solución de
diferencias de la OMC;
– Conscientes asimismo de que la
credibilidad y aceptabilidad de los procedimientos de solución de diferencias
de la OMC sólo pueden garantizarse si todos los Miembros de la OMC pueden
participar en éstos en forma efectiva;
– Resolvieron por consiguiente crear un sistema
de capacitación jurídica, pericia y asesoría en asuntos relacionados con la
normativa de la OMC, rápidamente accesible a los países en desarrollo y en
particular los menos adelantados entre ellos, y los países con economías en
transición.
Deciden lo siguiente:
Artículo 1
Establecimiento de un Centro de Asesoría
Legal en Asuntos de la OMC
Se establece por el presente Acuerdo el
Centro de Asesoría Legal en Asuntos relacionados con la normativa de la OMC
(denominado a continuación el "Centro").
Artículo 2
Objetivos y funciones del Centro
1. El Centro tiene por objeto proporcionar
capacitación, apoyo y asesoría jurídica en asuntos relacionados con la
normativa de la OMC y los procedimientos de solución de diferencias, a los
países en desarrollo y entre ellos en particular a los menos adelantados, así
como a los países con economías en transición.
2. El Centro deberá para ello:
– Proporcionar asesoría jurídica en
asuntos relacionados con la normativa de la OMC;
– Proporcionar apoyo a las partes y a
terceros en los procedimientos de solución de diferencias de la OMC;
– Capacitar a funcionarios gubernamentales
en asuntos relacionados con la normativa de la OMC por medio de seminarios
sobre derecho y jurisprudencia de la OMC, pasantías y otros medios apropiados;
y
– Desempeñar cualquier otra función que le
encomiende la Asamblea General.
Artículo 3
Estructura del Centro
1. El Centro tendrá una Asamblea General,
una Junta Directiva y un Director Ejecutivo.
2. La Asamblea General estará compuesta
por los representantes de los Miembros del Centro y los representantes de los
países en desarrollo que constan en el Anexo III al presente Acuerdo. La
Asamblea General se reunirá al menos dos veces al año para:
- Evaluar el trabajo del Centro;
- Elegir la Junta Directiva;
- Adoptar reglamentos propuestos por la
Junta Directiva;
- Adoptar el presupuesto anual propuesto
por la Junta Directiva, y
- Desempeñar las funciones que se le
encomiendan en otros artículos del presente Acuerdo.
La Asamblea General adoptará sus reglas de
procedimiento.
3. La Junta Directiva estará compuesta por
cuatro miembros, un representante de los países menos adelantados y un Director
Ejecutivo. Las personas que forman parte de la Junta Directiva desempeñarán su
cargo en su capacidad personal y serán elegidas por sus cualificaciones
profesionales en el ámbito del derecho de la OMC o de desarrollo y relaciones
comerciales internacionales.
4. La Asamblea General nombrará a los
miembros de la Junta Directiva y al representante de los países menos
adelantados. El director forma parte de la Junta Directiva ex oficio. El grupo
de Miembros que consta en el Anexo I y los tres grupos de Miembros que constan
en el Anexo II al presente Acuerdo pueden cada uno proponer un candidato a la
Junta Directiva para su designación por la Asamblea General. Los países menos
adelantados que constan en el Anexo III al presente Acuerdo podrán nominar su
representante a la Junta Directiva para designación por la Asamblea General.
5. La Junta Directiva informará a la
Asamblea General. La Junta Directiva se reunirá con la frecuencia necesaria
para:
– Tomar las decisiones necesarias para que
el Centro funcione de manera efectiva y eficiente, de conformidad con el
presente Acuerdo;
– Preparar el presupuesto anual del Centro
para aprobación por la Asamblea General;
– Examinar las apelaciones presentadas por
los Miembros a los que se haya denegado apoyo en un procedimiento de solución
de diferencias;
– Supervisar la administración del fondo
fiduciario del Centro;
– Nombrar a un auditor externo;
– Nombrar al Director Ejecutivo en
consulta con los Miembros;
– Proponer a la Asamblea General la
adopción de normas sobre:
– Los procedimientos de la Junta
Directiva;
– Los deberes y condiciones de servicio
del Director Ejecutivo, del personal del Centro y de los consultores que
contrate el Centro;
– La administración y la política de
inversiones del fondo fiduciario del Centro;
– Desempeñar las funciones que se le
asignen de conformidad a otras disposiciones del presente Acuerdo.
6. El Director Ejecutivo presentará
informe ante la Junta Directiva y estará invitado a participar en todas sus
reuniones. El Director Ejecutivo deberá:
– Administrar las actividades ordinarias
del Centro;
– Contratar, dirigir y despedir al
personal del Centro, con arreglo al reglamento del personal adoptado por la
Asamblea General;
– Contratar a consultores y supervisar su
labor;
– Someter a la Junta Directiva y a la
Asamblea General el estado de ingresos y gastos del presupuesto del año fiscal
anterior, previa auditoría independiente; y
– Representar externamente al Centro.
Artículo 4
Adopción de decisiones
1. La Asamblea General adoptará decisiones
por consenso. Cuando se considere la adopción de una propuesta en una reunión
de la Asamblea General se considerará adoptada por consenso, siempre y cuando
ningún Miembro del Centro o de la Junta Directiva haya presentado objeciones
formales durante la reunión. La presente disposición será aplicable también,
mutatis mutandi, a las decisiones de la Junta Directiva.
2. Cuando el (o la) Presidente de la
Asamblea General o de la Junta Directiva determine que no es posible tomar una
decisión por consenso, el (la) Presidente podrá decidir someter el asunto a
votación en la Asamblea General. En ese caso, la Asamblea General tomará una
decisión por mayoría de cuatro quintos de los Miembros presentes que voten.
Cada Miembro tiene derecho a un voto. Durante las reuniones de la Asamblea
General, la mayoría simple de los Miembros del Centro constituirá el quórum necesario
para proceder a una votación sobre cualquier asunto.
3. En caso de decisión acerca de
enmiendas, se aplicarán los procedimientos previstos en el apartado 1 del
artículo 11 del presente Acuerdo.
Artículo 5
Estructura financiera del Centro
1. Se creará un fondo fiduciario con
contribuciones de los Miembros, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
2 del artículo 6 del presente Acuerdo.
2. El Centro cobrará honorarios por los
servicios jurídicos prestados, de conformidad con la escala establecida en el
Anexo IV al presente Acuerdo.
3. El presupuesto anual del Centro se
financiará mediante los réditos obtenidos por el fondo fiduciario, los
honorarios cobrados por servicios prestados por el Centro, y las contribuciones
voluntarias de los gobiernos, organizaciones internacionales o patrocinadores
del sector privado.
4. El Centro tendrá un auditor externo.
Artículo 6
Derechos y obligaciones de los Miembros
1. Cada país Miembro en desarrollo y cada
uno de los Miembros con economías en transición que constan en el Anexo II al
presente Acuerdo tienen derecho a recurrir a los servicios que ofrece el
Centro, de conformidad con el reglamento adoptado por la Asamblea General, y
con arreglo a la escala establecida en el Anexo IV. Cada Miembro tiene derecho
a solicitar apoyo durante procedimientos de solución de diferencias de la OMC
en cualquiera de los tres idiomas oficiales de la OMC.
2. Los Miembros que hayan adoptado el
presente Acuerdo deberán abonar sin demora una contribución única al fondo fiduciario
del Centro y/o contribuciones anuales durante los cinco primeros años de
funcionamiento, de conformidad con la escala de contribuciones prevista en los
Anexos I y II al presente Acuerdo. Los Miembros que se adhieran al presente
Acuerdo harán contribuciones de conformidad con las disposiciones de su
instrumento de adhesión.
3. Los Miembros pagarán sin demora los
honorarios por servicios prestados por el Centro.
4. Cuando la Junta Directiva determine que
algún Miembro no ha cumplido alguna de las obligaciones suscritas en los
apartados 2 o 3 del presente artículo, podrá decidir privarlo del ejercicio de
los derechos que se derivan del apartado 1 del presente artículo.
5. Ninguna parte del presente Acuerdo se
interpretará dando a entender que los Miembros asumen más responsabilidad
financiera que la que se deriva de los apartados 2 y 3 del presente artículo.
Artículo 7
Derechos de los países menos adelantados
Cuando lo soliciten, los países menos
adelantados que constan en el Anexo III tendrán derecho a los servicios que
ofrece el Centro, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento adoptado por
la Asamblea General y la escala de honorarios contenida en el Anexo IV. Cada
uno de estos países podrá solicitar apoyo en procedimientos de solución de diferencias
de la OMC en cualquiera de los tres idiomas oficiales de la OMC.
Artículo 8
Prioridades en la atribución de apoyo
durante el transcurso de procedimientos de solución de diferencias de la OMC
Si dos países con derecho a recibir apoyo
en procedimientos de solución de diferencias de la OMC están involucrados en un
mismo procedimiento, tal apoyo se otorgará de conformidad con las siguientes
prioridades: en primer lugar, los países menos adelantados; en segundo lugar,
los Miembros que hayan aceptado el presente Acuerdo; en tercer lugar, los
Miembros que se hayan adherido al presente Acuerdo. La Asamblea General
adoptará un reglamento relativo a la prestación de apoyo en procedimientos de
solución de diferencias, donde incluirá estas prioridades.
Artículo 9
Cooperación con otras organizaciones
internacionales
El Centro cooperará con la Organización
Mundial del Comercio y con otras organizaciones internacionales, con miras a
fomentar los objetivos del presente Acuerdo.
Artículo 10
Condición jurídica del Centro
1. El Centro tendrá personalidad jurídica
y estará facultado, en particular, para contratar, adquirir y disponer de
bienes muebles e inmuebles, e instaurar procedimientos legales.
2. El Centro tendrá su sede en Ginebra,
Suiza.
3. El Centro tratará de concluir un
acuerdo con la Confederación Helvética acerca de la condición jurídica, y los
privilegios e inmunidades de que debe gozar. El (la) Presidente de la Asamblea
General podrá firmar el acuerdo, previa aprobación de la Asamblea General. El
acuerdo podrá estipular que la Confederación Helvética otorga al Centro, su
Director Ejecutivo y su personal, la condición jurídica, privilegios e
inmunidades que la Confederación Helvética otorga a las misiones diplomáticas
permanentes y a sus Miembros, o a las organizaciones internacionales y a su
personal.
Artículo 11
Enmiendas, denuncia y terminación
1. Cualquier Miembro del Centro o de la
Junta Directiva podrá presentar a la Asamblea General una propuesta para
enmendar una disposición de este Acuerdo. Las propuestas se notificarán sin
demora a los Miembros. La Asamblea General puede someter la propuesta a los
Miembros para su aprobación. La enmienda entrará en vigor el 30 día sucesivo a
la fecha en que el Depositario reciba los instrumentos de aceptación, de todos
los Miembros.
2. Si la situación financiera del Centro
lo requiriera, cualquier Miembro del Centro o de la Junta Directiva podrá
presentar ante la Asamblea General una propuesta con objeto de enmendar la
escala de contribuciones establecida en los Anexos I y II del presente Acuerdo
y la escala de honorarios dispuesta en el Anexo IV del presente Acuerdo. Dicha
enmienda entrará en vigor a partir del 30 día sucesivo a la fecha en que la
Asamblea General la haya adoptado por decisión unánime.
3. Los apartados 1 y 2 del presente
artículo se entiende sin prejuicio de la obligación de la Junta Directiva de
modificar los Anexos II y IV con arreglo a sus respectivas notas.
4. Los Miembros podrán denunciar el
presente Acuerdo en cualquier momento remitiendo notificación escrita al
Depositario, que a su vez informará al Director Ejecutivo y a los Miembros del
Centro de dicha notificación. La denuncia será efectiva a partir del 30 día
sucesivo a la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación. La
denuncia no tendrá efecto alguno en lo referente a la obligación de pagar los
honorarios por servicios ya prestados por el Centro, con arreglo al apartado 3
del artículo 6 del presente Acuerdo. El Miembro que denuncie el Acuerdo no
tendrá derecho a reembolso alguno de sus contribuciones al fondo fiduciario del
Centro.
5. La Asamblea General puede decidir la
terminación del presente Acuerdo. Tras la terminación, los bienes del Centro se
repartirán entre los Miembros presentes y  pasados del Centro, de forma
proporcional al total de las contribuciones de cada Miembro al fondo fiduciario
y al presupuesto anual del Centro.
Artículo 12
Disposiciones transitorias
1. Durante sus cinco primeros años de
operación, el presupuesto del Centro se alimentará mediante contribuciones
anuales de los Miembros, con arreglo al apartado 2 del artículo 6 del presente
Acuerdo y al Anexo I al mismo. Durante dicho periodo, los créditos del fondo
fiduciario y los honorarios percibidos por servicios prestados se destinarán al
fondo fiduciario.
2. Durante los cinco primeros años de
operación del Centro, la Junta Directiva tendrá cinco miembros, y durante ese
mismo periodo, los Miembros que constan en el Anexo I al presente Acuerdo
podrán nominar dos personas a la Junta Directiva.
3. La denuncia del presente Acuerdo por un
Miembro no afectará su obligación de abonar sus contribuciones anuales durante
los cinco primeros años de funcionamiento, de conformidad con el apartado 2 del
artículo 6 del presente Acuerdo y del Anexo I al mismo.
Artículo 13
Adhesión y entrada en vigor
1. Cualquier Estado o territorio aduanero
distinto que conste en el Anexo I, II o III al presente Acuerdo puede volverse
Miembro del Centro aceptando el presente Acuerdo, mediante firma, o firma
sujeta a ratificación, aceptación o aprobación  durante la tercera Conferencia
Ministerial de la OMC que se celebrará en Seattle entre el 30 de noviembre y el
3 de diciembre de 1999, y ulteriormente, hasta el 31 de marzo de 2000. El
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación deberá ser depositado a
más tardar el 30 de septiembre de 2002.
2. El presente Acuerdo entrará en vigor el
30 día sucesivo al cumplimiento de las siguientes condiciones:
– Cuando haya sido depositado el vigésimo
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, o firma no sujeta a
ratificación aceptación o aprobación; y
– Cuando el total de las contribuciones
únicas al fondo fiduciario del Centro que los Estados o territorios aduaneros
que han aceptado el presente Acuerdo tienen obligación de abonar, con arreglo
al apartado 2 del Artículo 6 del presente Acuerdo y sus Anexos I y II, exceda
los 6 millones de dólares de los Estados Unidos; y
– Cuando el total de las contribuciones
anuales que los Estados o territorios aduaneros que han aceptado el presente
Acuerdo tienen obligación de abonar, con arreglo al apartado 2 del artículo 6
del presente Acuerdo y su Anexo I, exceda los 3 millones de dólares de los
Estados Unidos.
3. Para cada uno de los Firmantes de este
Acuerdo que deposite su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación,
después de la fecha en que se hayan cumplido las condiciones establecidas en el
apartado 2 del artículo 6 del presente Acuerdo, el Acuerdo entrará en vigor el
30 día sucesivo a la fecha de depósito del instrumento de ratificación,
aceptación o (sic)
Artículo 14
Reservas
No se podrán formular reservas con
respecto a ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo.
Artículo 15
Anexos
Los Anexos al presente Acuerdo forman
parte integrante de este Acuerdo.
Artículo 16
Adhesión
Cualquier Miembro de la OMC y cualquier
Estado, o territorio aduanero distinto en proceso de adhesión a la OMC podrá
convertirse en Miembro del Centro, adhiriéndose al presente Acuerdo, según las
condiciones y exigencias que haya acordado con el Centro. Las adhesiones serán
efectivas tras la aprobación del instrumento de adhesión por la Asamblea
General. La Asamblea General aprobará el instrumento de adhesión, siempre y
cuando la Junta Directiva haya comprobado que la adhesión en cuestión no
acarrea problemas financieros u operativos para el Centro. El presente Acuerdo
se aplicará a afectos del Miembro de la OMC o a los Estados o territorios
aduaneros distintos en curso de adhesión a la OMC, el 30 día sucesivo a la
fecha de depósito del instrumento de adhesión.
Artículo 17
Depositario y Registro
1. El presente Acuerdo será depositado con
el Reino de los Países Bajos.
2. El presente acuerdo se registrará de
conformidad con las disposiciones del artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas.
Hecho en Seattle, a treinta de noviembre
de mil novecientos noventa y nueve, en un solo ejemplar, y en los idiomas
inglés, francés y español, siendo cada uno de los textos igualmente auténticos.
ANEXO I
CONTRIBUCIONES MINIMAS DE LOS PAISES
DESARROLLADOS MIEMBROS
Miembro de la OMC
Contribución al Fondo Fiduciario
Contribución al presupuesto anual
durante los cinco primeros años
Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
US$1,000,000
Comunidades europeas
Dinamarca
US$1,000,000
España
Estados Unidos de América
Finlandia
US$1,000,000
Francia
Grecia
Irlanda
US$1,000,000
US$1,250,000
Islandia
Italia
US$1,000,000
Japón
Liechtenstein
Luxemburgo
Noruega
US$1,000,000
US$1,250,000
Nueva Zelandia
Países Bajos
US$1,000,000
US$1,250,000
Portugal
Reino Unido
US$1,250,000
Suecia
US$1,000,000
Suiza
Nota: Si algún Miembro lo considera
necesario podrá abonar su contribución al Fondo Fiduciario en plazos anuales
iguales durante los tres años sucesivos a la entrada en vigor del presente
acuerdo.
ANEXO II
CONTRIBUCIONES MINIMAS DE LOS PAISES EN
DESARROLLO MIEMBROS Y LOS MIEMBROS DE ECONOMIAS EN TRANSICION
Criterios
Miembro de la OMC
% de la CATEGORIA
Contribución al Fondo Fiduciario
>1.5%
Corea
2.32
US$ 300,000
Hong Kong, China
3.54
US$ 300,000
México
1.51
US$ 300,000
Singapur
2.25
US$ 300,000
O ingresos elevados
Brunei Darussalam
0.04
US$ 300,000
Chipre
0.07
US$ 300,000
Emiratos Arabes Unidos
0.52
US$ 300,000
Israel
0.59
US$ 300,000
Kuwait
0.24
US$ 300,000
Macao
0.07
US$ 300,000
Qatar
0.06
US$ 300,000
CATEGORIA B
> 0. 15% < 1.5%
Argentina
0.47
US$ 100,000
Brasil
0.92
US$ 100,000
Checa, República
0.51
US$ 100,000
Chile
0.29
US$ 100,000
Colombia
0.25
US$ 100,000
Egipto
0.26
US$ 100,000
Eslovaquia, República de
0.17
US$ 100,000
Eslovenia
0.19
US$ 100,000
Filipinas
0.46
US$ 100,000
Hungría
0.32
US$ 100,000
India
0.57
US$ 100,000
Indonesia
0.87
US$ 100,000
Malasia
1.31
US$ 100,000
Mauricio
0.04
US$ 100,000
Nigeria
0.20
US$ 100,000
Pakistán
0.19
US$ 100,000
Polonia
0.48
US$ 100,000
Rumania
0.15
US$ 100,000
Sudáfrica
0.55
US$ 100,000
Tailandia
1.19
US$ 100,000
Turquía
0.60
US$ 100,000
Venezuela
0.32
US$ 100,000
o ingresos medios elevados
Antigua y Barbuda
0.03
US$ 100,000
Criterios
Miembro de la OMC
% de la CATEGORIA
Contribución al Fondo Fiduciario
Bahrein
0.09
US$ 100,000
Barbados
0.03
US$ 100,000
Gabón
0.04
US$ 100,000
Malta
0.05
US$ 100,000
Marruecos
0.16
US$ 100,000
St. Kitts y Nevis
0.03
US$ 100,000
Sta. Lucía
0.03
US$ 100,000
Trinidad y Tobago
0.04
US$ 100,000
Uruguay
0.06
US$ 100,000
CATEGORIA C
< 0.15%
Belice
0.03
US$ 50,000
Bolivia
0.03
US$ 50,000
Botswana
0.04
US$ 50,000
Bulgaria
0.11
US$ 50,000
Camerún
0.04
US$ 50,000
Congo
0.04
US$ 50,000
Costa Rica
0.07
US$ 50,000
Côte d’lvoire
0.07
US$ 50,000
Cuba
0.04
US$ 50,000
Dominica
0.03
US$ 50,000
Dominicana República
0.10
US$ 50,000
Ecuador
0.09
US$ 50,000
El Salvador
0.04
US$ 50,000
Estonia*
0.03
US$ 50,000
Fiji
0.03
US$ 50,000
Georgia*
0.03
US$ 50,000
Ghana
0.03
US$ 50,000
Granada
0.03
US$ 50,000
Guatemala
0.05
US$ 50,000
Guyana
0.03
US$ 50,000
Honduras
0.03
US$ 50,000
Jamaica
0.06
US$ 50,000
Kenya
0.05
US$ 50,000
Letonia
0.03
US$ 50,000
Mongolia
0.03
US$ 50,000
Namibia
0.03
US$ 50,000
Nicaragua
0.03
US$ 50,000
Panamá
0.14
US$ 50,000
Papua Nueva Guinea
0.05
US$ 50,000
Paraguay
0.05
US$ 50,000
Perú
0.12
US$ 50,000
República Kirguisia
0.03
US$ 50,000
San Vicente y Granadinas
0.03
US$ 50,000
Criterios
Miembro de la OMC
% de la CATEGORIA
Contribución al Fondo Fiduciario
Senegal
0.03
US$ 50,000
Sri Lanka
0.09
US$ 50,000
Suriname
0.03
US$ 50,000
Zwazilandia
0.03
US$ 50,000
Túnez
0.14
US$ 50,000
Zimbabwe
0.03
US$ 50,000
Los países menos adelantados que constan
en el Anexo III que hayan aceptado el presente acuerdo. US$50,000
A. *En espera de la presentación del
instrumento de ratificación.
Notas:
Si algún Miembro lo considera necesario,
podrá abonar su contribución al Fondo Fiduciario en plazos anuales iguales
durante los cuatro años sucesivos a la entrada en vigor del presente acuerdo.
La clasificación en Grupos A, B, C en que
se han subdividido los países Miembros en el presente anexo se basa en su
participación en el comercio mundial, con una corrección ascendente que refleja
sus ingresos per cápita, tal como se indica en la siguiente tabla. La cuota de
participación en el comercio mundial se determinó con base en la participación
en el comercio mundial que la OMC usó para determinar la participación de sus
Miembros en las contribuciones de la OMC. Los ingresos per cápita se basan en
las estadísticas del Banco Mundial. Teniendo en cuenta estos criterios y
fuentes estadísticas, la Junta Directiva examinará la clasificación de los
Miembros que constan en la lista del presente anexo por lo menos una vez cada
cinco años y, de ser necesario, modificará la clasificación para reflejar
cambios que se hayan producido en la participación en el comercio mundial y en
los ingresos per cápita de dichos Miembros.
Categoría
Cuota de mercado mundial
PNB per cápita
A
> = 1,5% o
Elevados
Países con ingresos
B
> = 0.15% y
<
Países con ingresos
C
1,5% < o 0,15%
medios elevados
Las disposiciones del artículo 7° del
presente acuerdo y de su Anexo IV se aplicarán de igual forma a los países
menos adelantados que constan en el Anexo III que no han aceptado el presente
acuerdo, así como a los países menos adelantados que constan en el Anexo III
que hayan aceptado el acuerdo.
Los Estados y territorios aduaneros
distintos que constan en el Anexo II y que no son Miembros del Centro podrán
solicitar el apoyo del Centro en procedimientos de solución de diferencias de
la OMC, debiendo pagar los honorarios previstos en el Anexo IV del presente
acuerdo. Tal apoyo se otorgará a condición de que ningún Miembro del Centro
esté involucrado en el mismo caso, o si cualquier Miembro involucrado en el
mismo caso autoriza al Centro a prestar apoyo a tal Estado o territorio
aduanero. Todos los demás servicios se prestarán exclusivamente a los Miembros
y a los países menos adelantados.
ANEXO III
PAISES MENOS ADELANTADOS QUE TIENEN
DERECHO A LOS SERVICIOS DEL CENTRO
Miembro de la
OMC
% de la contribución a la OMC
Angola
0.09
Bangladesh
0.09
Benim
0.03
Bhutan*
0.03
Burkina Faso
0.03
Burundi
0.03
Camboya*
0.03
Cabo Verde*
0.03
Centroafricana,
República
0.03
Chad
0.03
Congo, República
Democrática
0.03
Djibouti
0.03
Gambia
0.03
Guinea, República
de
0.03
Guinea-Bissau
0.03
Haití
0.03
Lao, República
Democrática Popular*
0.03
Lesotho
0.03
Madagascar
0.03
Malawi
0.03
Maldivas
0.03
Malí
0.03
Mauritania
0.03
Mozambique
0.03
Myanmar
0.03
Nepal*
0.03
Níger
0.03
Rwanda
0.03
Salomón, Islas
0.03
Samoa*
0.03
Sierra Leone
0.03
Sudan*
0.03
Tanzania
0.03
Togo
0.03
Uganda
0.03
Vanuatu*
0.03
Zambia
0.03
*En curso de adhesión a la OMC.
Nota: En caso de que las Naciones Unidas
designen a algún país que no conste en la lista del presente anexo como país
menos adelantado, la Junta Directiva lo añadirá a la lista del presente anexo,
siempre y cuando sea Miembro de la OMC o haya iniciado un proceso de adhesión a
la OMC. En caso de que algún país de la lista deje de ser considerado como
menos adelantado por las Naciones Unidas, se considerará que no es un país
listado en el presente anexo.
ANEXO IV
ESCALA DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS POR EL CENTRO
SERVICIO
HONORARIOS
(tarifa horaria)
Asesoría jurídica en asuntos
relacionados con la normativa de la OMC:
Miembros y países menos adelantados
de horas a ser
determinado
Gratuito hasta un máximo
por la Junta Directiva
Países en desarrollo no Miembros del
Centro:
Categoría A
US$350
Categoría B
US$300
Categoría C
US$250
Apoyo en procedimientos de solución de
diferencias de la OMC:
Se cobrará en función de las horas
trabajadas o por caso. Cuando se cobre por caso, se ofrecerá estimativos del
costo para cada una de las fases del procedimiento (p. ej. Etapa de grupo
especial, de apelación, etc.).
Cuando dos Miembros, o un Miembro y un
país menos adelantado, soliciten los servicios del Centro, y sea necesario
contratar a asesores jurídicos externos, se incrementarán los honorarios de
ambas partes en 20 por ciento.
1. Miembros y países menos adelantados:
Un porcentaje de la tarifa horaria
(US$250)
Descuento
Tarifa horaria por pagar
Categoría A
20%
US$200
Categoría B
40%
US$150
Categoría C
60%
US$100
Países menos adelantados
90%
US$25
2. Países en desarrollo no Miembros del
Centro:
Categoría A
US$350
Categoría B
US$300
Categoría C
US$250
* Seminarios sobre la jurisprudencia y
otras actividades de capacitación
Gratuito para los Miembros
Pasantías:
Países menos adelantados
Según disponibilidad de patrocinio.
El Centro sufragará gastos y salario.
Miembros:
Gastos y salarios sufragados por el
Estado del personal en formación, excepto cuando se disponga de patro-
cinadores.
Nota: La Junta Directiva podrá ajustar la
presente escala de honorarios para reflejar cambios en el índice de precios al
consumidor en Suiza.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly
authorized have signed this Agreement.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment
habilités, ont signé le Présent Accord.
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes,
debidamente autorizados, han firmado el presente acuerdo.
DONE at Seattle this thirtieth day of
November one thousand nine hundred and ninety-nine.
FAIT à Seattle, le trente novembre mille
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
HECHO en Seattle, el treinta de noviembre
de mil novecientos noventa y nueve.
Copias autenticadas del original en tres
(3) idiomas.
Firma ilegible.
El suscrito Jefe de la Oficina Jurídica
del Ministerio de Relaciones Exteriores,
HACE CONSTAR:
Que la presente reproducción es fiel copia
tomada del texto certificado del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CENTRO DE
ASESORIA LEGAL EN ASUNTOS OMC, hecho en Seattle, el 30 de noviembre de 1999,
documento que reposa en los archivos de la Oficina Jurídica de este Ministerio.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., el
quince (15) de febrero de dos mil (2000).
El Jefe Oficina Jurídica,
Héctor Adolfo Sintura Varela.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO -
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Santa Fe de Bogotá, D. C., 16 de marzo de
2000
Aprobado. Sométase a la consideración del
honorable Congreso Nacional, para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones Exteriores
(Fdo.),
Guillermo Fernández de Soto.
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el "Acuerdo
por el que se establece el Centro de Asesoría Legal en Asuntos OMC", hecho
en Seattle, el 30 de noviembre de 1999.
Artículo 2°. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el "Acuerdo por el que
se establece el Centro de Asesoría Legal en Asuntos OMC", hecho en
Seattle, el 30 de noviembre de 1999, que por el artículo primero de esta ley se
aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfecciones el
vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir
de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
Mario Uribe Escobar.
El Secretario General del honorable Senado
de la República,
Manuel Enríquez Rosero.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
Basilio Villamizar Trujillo.
El Secretario General de la Cámara de
Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
EJECUTESE, previa revisión de la Corte
Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de enero de
2001.
ANDRÉS PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones Exteriores,
Guillermo
Fernández de Soto.
El Viceministro de Comercio Exterior,
encargado de las funciones del Despacho de la Ministra de Comercio Exterior,
Santiago Rojas Arroyo.
III.  INTERVENCIONES
1. Intervención
del Ministerio de Relaciones Exteriores
La ciudadana
Janeth Mabel Lozano Olave, en su condición de apoderada del Ministerio de
Relaciones Exteriores, solicita a la Corte la declaración de constitucionalidad
de la ley 639 de 2001, “por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo por el que
se establece el Centro de Asesoría Legal en Asuntos OMC’ hecho en Seattle, el
30 de noviembre de 1999”, por las siguientes razones:
El citado
Acuerdo fue suscrito por la Ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía
Ramírez de Rincón, a quien el Presidente de la República le confirió plenos
poderes para el efecto. Este último le impartió la correspondiente aprobación
ejecutiva el 16 de marzo de 2000, iniciándose con el cumplimiento de este
requisito el trámite legislativo, el cual concluyó con la aprobación del
Convenio mediante la ley 639 de 2001.
El instrumento internacional,
objeto de  revisión, se ajusta a los preceptos constitucionales, en especial a
los artículos 9, 226 y 227, que se refieren a las relaciones internacionales
del estado. adicionalmente, respeta los artículos 150-16 y 189-2 de la carta
política.
En dicho
Convenio y con fundamento en las relaciones económicas y comerciales con la
Organización Mundial del Comercio (OMC), se crea un sistema de solución de
diferencias cuyo objeto es preservar los derechos y obligaciones de sus
miembros y la seguridad del sistema multilateral de comercio. por la naturaleza
contractual de los acuerdos de la OMC y la obligatoriedad de dicho sistema de
diferencias, es necesario que cada miembro de la organización asegure su
posibilidad de participar de manera activa y continua en él. El mecanismo de
participación activa se concentra en la asesoría especializada en el
ordenamiento jurídico de la OMC, que tiene como objetivo primordial el
entrenamiento y asesoría a los funcionarios de cada gobierno. De esta forma se
capacitan los representantes de los gobiernos que defienden sus intereses
nacionales.
Por tal razón,
el acuerdo citado se enmarca dentro de los principios generales del derecho
internacional, y desarrolla la internacionalización de las relaciones
políticas, económicas, sociales y ecológicas, sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional, constituyéndose en un paso para la
aplicación del principio de cooperación y asistencia internacional.
2. Intervención
del Ministerio de Comercio Exterior
La ciudadana
Marta Lucía Ramírez de Rincón, actuando como Ministra de Comercio Exterior,
solicita a la Corte se declare la constitucionalidad de la ley 639 de 2001, con
fundamento en las siguientes consideraciones:
El contenido del
ordenamiento objeto de revisión, respeta los principios fundamentales de
derecho internacional y permite que el Estado haga uso de las herramientas que
brinda el Acuerdo para facilitar la defensa de los derechos de Colombia, como
país miembro de la OMC.
La creación de
un Centro de Asesoría Legal obedece a la búsqueda del establecimiento de
situaciones equitativas, con el apoyo y respaldo adecuado para el buen
ejercicio de los derechos en el ámbito del Sistema de Solución de Diferencias
de la OMC, que en la mayoría de las ocasiones se hace difícil y costoso asumir.
En este orden, el Acuerdo se ajusta a lo preceptuado en el artículo 226 de la
Carta Política.
Así mismo, se
adecua al artículo 229 superior, que consagra el derecho a acceder a la
administración de justicia, en cualquiera de sus expresiones y manifestaciones,
siendo evidente que existe una tangible desigualdad entre las personas para
gozar de ese derecho, por las capacidades económicas disímiles entre los
colombianos.
En el mundo
globalizado aumenta cada vez más la necesidad de buscar la consolidación de
mecanismos que permitan a los Estados recurrir a una asesoría jurídica
calificada para la protección de sus intereses particulares, buscando
garantizar así un acceso más eficaz a la justicia y una mayor igualdad ante la
ley. Por lo anterior, el Acuerdo pretende matizar la desigualdad entre las
partes involucradas en un conflicto, en razón de la escasez de profesionales
especializados en una disciplina internacional nueva y de alto costo, en razón
a los temas que se ventilan ante la OMC.
Los países en
vías de desarrollo y los de economías en transición serán los principales
beneficiarios del Centro de Asesoría Legal, de tal manera que el Acuerdo
contribuye a establecer instrumentos jurídicos eficientes y efectivos que
mejorarán sus condiciones de defensa y a garantizar un clima de seguridad
jurídica entre los miembros de la OMC.
Por último,
resalta la importancia para nuestro país de la creación de dicho  Centro, no
sólo por las razones anotadas, sino porque es fruto de una idea colombiana que
fue acogida en el seno de la organización.
3. Intervención
del Ministerio de Desarrollo Económico
El ciudadano
Carlos Eduardo Serna Barbosa, en su calidad de Jefe de la Oficina Jurídica y
representante judicial del Ministerio de Desarrollo Econó­mico, solicita a la
Corte que declare la exequibilidad de la ley 639 de 2001, por considerar que no
existe razón para objetarla formal o materialmente. Además, considera que se
trata de un instrumento de absoluta conveniencia que, con su ejecución,
permitirá contribuir al desarrollo comercial del país.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
El Procurador General de la Nación,
mediante concepto No. 2518 recibido el 19 de abril de 2001, solicita a la Corte
la declaración de constitucionalidad de la Enmienda y de su ley aprobatoria,
para lo cual hace un análisis formal y material de la misma.
Respecto del cumplimiento de los
requisitos formales señala que no existe reparo de constitucionalidad alguno
sobre la competencia para la suscripción del instrumento internacional objeto
de revisión, por cuanto la Ministra de Comercio Exterior suscribió el Acuerdo
en ejercicio de plenos poderes conferidos por el Presidente de la República.
Posteriormente hace una enumeración de los
requisitos constitucionales y legales previstos para el trámite de leyes
ordinarias, para concluir que en el trámite y aprobación de la ley 639 de 2001
se cumplieron todos ellos, por lo que no se vulnera ningún precepto superior.
Sobre el aspecto material, defiende la
constitucionalidad del Acuerdo, señalando que la OMC es la encargada de
administrar dicho  instrumento, así como los demás acuerdos comerciales
multilaterales y plurilaterales que se celebren en el seno de la misma, siendo
los primeros de aceptación obligatoria por los miembros de la organización y
versan sobre comercio de mercancías y de servicios de propiedad industrial,
mientras que los segundos son de aceptación voluntaria y regulan materias
relacionadas con la contratación pública, productos lácteos y carne de bovino.
A la OMC también le corresponde administrar el entendimiento entre sus miembros
en torno a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de
diferencias entre ellos.
En consecuencia, considera que los
miembros de la OMC deben aceptar el acuerdo que la crea y sus acuerdos
multilaterales, así como participar obligatoriamente en el sistema integrado de
solución de diferencias. De este modo, ante la diversidad de acuerdos
existentes, la jurisprudencia, la complejidad y dinamismo de esta nueva área
del derecho internacional público, y las limitaciones que tienen los países en
vía de desarrollo respecto del recurso humano calificado en dicha área, era
necesaria la búsqueda de mecanismos que garantizaran condiciones de igualdad al
solucionar las diferencias.
Con dicho Acuerdo se busca aminorar
sustancialmente los costos de la representación y permite que la negociación
internacional se efectúe en condiciones de igualdad, reciprocidad y equidad,
respecto de los países desarrollados, razón por la cual el Centro de Asesoría
Legal en Asuntos OMC constituye un mecanismo real y efectivo para eliminar el
trato discriminatorio en las relaciones comerciales internacionales. Por todo
lo anterior, manifiesta  el Procurador que el Acuerdo y su ley aprobatoria se
ajustan a las prescripciones de los artículos 226 y 227 superiores.
En su criterio, el instrumento
internacional también facilita el acceso efectivo a la administración de
justicia y garantiza la igualdad de las partes involucradas en un conflicto, en
la medida en que países menos desarrollados como Colombia pueden acudir a un
organismo de justicia supranacional como el Consejo General de la OMC en
igualdad de condiciones. Por esta razón, es también acorde con lo prescrito en
el artículo 229 de la Carta Política.
Para finalizar señala que en relación con
el contenido de la ley bajo examen, no se observa ningún vicio de
inconstitucionalidad, pues ella se limita a aprobar el contenido del Acuerdo y
a señalar su vigencia.
V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Corte
Constitucional es competente para decidir sobre la constitucionalidad del
presente Acuerdo y su correspondiente ley aprobatoria, de conformidad con lo
establecido en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política y el
artículo 44 del decreto 2067 de 1991.
2. Suscripción y aprobación de la Enmienda
por parte del Gobierno Nacional
El Presidente de
la República confirió plenos poderes a la Ministra de Relaciones Exteriores,
doctora Martha Lucía Ramírez, 12 de noviembre de 1999, para suscribir el
“Acuerdo por el cual se establece el Centro de Asesoría Legal en Asuntos OMC”.
Posteriormente, el Presidente le impartió la correspondiente aprobación
ejecutiva el 16 de marzo de 2000, tal como consta en la certificación expedida
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, que
obra en el expediente. En consecuencia, no hay  reparo constitucional por este
aspecto.
3.  Revisión
formal de la ley aprobatoria: trámite en el congreso de la república
Del expediente
legislativo enviado por las Secretarías Generales del Senado de la República y
de la Cámara de Representantes, correspondiente al proceso de formación de la
ley 639 de 2001, se infiere que el trámite legislativo se cumplió con el lleno
de los requisitos constitucionales y legales, como se verá a continuación.
3.1 En el Senado de la República
- El proyecto
de ley fue presentado al Senado de la República por el Gobierno Nacional a
través del Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Guillermo Fernández de Soto,
y de la Viceministra de Comercio Exterior, encargada de las funciones del
Despacho de este Ministerio, Dra. Angela María Orozco Gómez y fue publicado,
con la respectiva exposición de motivos, en la Gaceta del Congreso No. 296 del
1° de agosto de 2000. El proyecto fue radicado bajo el número 37 de 2000 y
repartido por parte del Presidente del Senado a la Comisión Segunda de dicha
corporación.
- La ponencia
para primer debate en la Comisión Segunda del Senado fue presentada por el
Senador Fabio Granada Loaiza, fotocopia de la cual se entregó a cada uno de los
Senadores, según consta en la certificación expedida por el Secretario General
de esa Corporación, que obra en el expediente. Dicha ponencia fue publicada
posteriormente en la Gaceta del Congreso No. 360 del 8 de septiembre de 2000.
- El proyecto de ley fue aprobado en
primer debate, en la Comisión Segunda del Senado, el día 5 de septiembre de
2000, con un quórum deliberatorio y decisorio integrado por 10 de los 13
miembros de esa célula legislativa, por unanimidad, según consta en la
certificación expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda del
Senado, el 12 de febrero de 2000, que obra en el expediente.
- La ponencia para segundo debate en el
Senado de la República fue presentada por el mismo Congresista y aparece
publicada en la Gaceta del Congreso No. 368 del 14 de septiembre de 2000.
- El proyecto de ley fue aprobado en
segundo debate en la plenaria del Senado, con un quórum ordinario de 89 de los
102 senadores, según consta en la certificación expedida por el Secretario
General de esa Corporación, el 13 de febrero de 2001, que obra en el
expediente.
3.1.1. Cumplimiento de la forma
alternativa de publicidad. Hecho este recuento, observa la Corte que podrían
existir dos objeciones al trámite que se le dio al Proyecto de Ley. La primera
encontraría un reparo en el hecho de que la publicación de la ponencia para el
primer debate en el Senado, tal como se señaló, se publicó oficialmente después
del debate. En efecto, podría argüirse que cumplir el requisito de publicidad
exigido a toda ponencia para cualquier debate (artículo 160), no se cumple
cabalmente con repartir copias de la misma a los miembros de la Comisión. Sin
embargo en un caso similar, la Corte decidió que ello no es así, en atención a
las siguientes razones,
“La única
irregularidad que aparentemente podría existir es que la Comisión Segunda del
Senado aprobó el proyecto el 9º de mayo de 2000, mien­tras que la ponencia para
el primer debate en esa comisión fue publi­cada al día siguiente, esto es, el
10 de mayo de 2000.  Sin embargo, obra en el expediente una certificación
expedida por el Secretario Gene­ral de la Comisión Segunda del Senado, según la
cual, el 5º de mayo de 2000 se repartió a los congresistas de dicha Comisión,
fotocopia de la ponencia para primer debate del proyecto de ley No.176/99
Senado (fls. 86 a 88). Ese trámite se apoyó en el artículo 156 del Reglamento
del Congreso, que autoriza dicha reproducción, sin perjuicio de su posterior
publi­cación.
La Corte considera
entonces que, no obstante haberse publicado la ponen­cia con posterioridad a su
discusión y aprobación, el requisito exigido en el inciso final del artículo
160 de la Carta, es decir, la presen­tación previa de ponencia de cualquier
proyecto, fue observado durante esta etapa del trámite legislativo. En efecto,
conforme al princi­pio de instru­men­talidad de las formas, que esta
Corporación ha recono­ci­do que es relevante para estudiar el proceso de
formación de las leyes[1],
las reglas de aprobación de los proyectos no tienen un fin en sí mismo, y por
ello deben ser interpretadas a la luz de los valores sustantivos que esas
reglas pretenden realizar (CP art. 228). Ahora bien, es claro que el mandato
del artículo 160, según el cual, todo proyecto “deberá tener informe de
ponencia en la respectiva comisión encargada de tramitarlo” es una regla que
busca asegurar la publicidad de la ponencia, de tal manera que los miembros de
las comisiones conozcan con anterioridad el proyecto y su ponencia respectiva,
y puedan entonces debatir adecuada­mente la corres­pondiente iniciativa. Este
mandato cons­ti­tu­cional evita entonces que los congresistas sean sorprendidos
con proyectos y ponen­cias que no pudieron estudiar previamente. Ese obje­tivo
puede lograrse tanto con la publicación previa del proyecto en la Gaceta del
Congreso, como con su reparto previo a los congresistas y su publicación
posterior, tal y como lo autoriza expresamente el artículo 156 del Reglamento
del Congreso, y tal y como se hizo durante  el trámite de la presente ley.
En consecuencia, la
Corte concluye que la ley 638 del 4 de enero de 2001 fue aprobada y sancionada
según las exigencias constitucionales previs­tas para ello.”[2]
En el caso bajo estudio, el precedente
anteriormente citado es aplicable, pues se constató que la ponencia había sido
entregada a todos y cada uno de los miembros, lo cual se encuentra certificado
en el expediente. Adicionalmente, en el caso de la referencia ningún parla­mentario
protestó por consi­derar que se le hubiesen vulnerado sus derechos; todos
estuvieron de acuerdo con el trámite que se siguió. De tal suerte que no es
aceptable la primera objeción al tramite del proyecto en el Senado.
3.1.2. Saneamiento de la ausencia de
autorización previa. La segunda objeción consiste en señalar que si bien se
hizo la entrega de la copia de la ponencia según lo señalado en el artículo 156
del Reglamento del Congreso (Ley 5ª de 1992)[3],
no existe la autorización previa del Presidente de la Comisión exigida por la
misma disposición. Antes de entrar a estudiar la cuestión, se considera
pertinente recordar lo dicho por esta Corte con relación al principio de la
instrumentalidad de las formas, a propósito del trámite de las leyes en el Congreso,
“El principio de instrumentalidad de las formas, según
el cual, las formas procesales no tienen un valor en sí mismo y deben
interpretarse teleoló­gicamente al servicio de un fin sustantivo[4], tiene entonces plena
aplica­ción en la interpretación de las reglas constitucionales que gobier­nan
la aprobación de las leyes. Y de ese principio derivan al menos dos conse­cuencias,
en apariencia contradictorias, pero en realidad plena­mente complementarias.
De un lado, la Constitución consagra un Estado social
de derecho, que busca realizar ciertos principios y valores materiales (CP arts
1º y 2º), y señala explícitamente que en los trámites procesales prevalece el
derecho sustancial (CP art. 228). Por ello, esta Corte siempre ha inter­pre­tado
el alcance de las normas que gobiernan la formación de las leyes teniendo en
cuenta los valores materiales que esas reglas preten­den realizar. Esto
explica, por ejemplo, que esta Corporación haya seña­la­do, en forma constante,
que al estudiar si una ley viola o no el princi­pio de unidad de materia, la
noción de materia debe ser entendida en forma amplia, puesto que un entendimiento
demasiado riguroso de su alcance, obstaculizaría indebidamente la aprobación de
las leyes, con lo cual esa regla terminaría afectando el principio democrático
que ella mis­ma pretende realizar. Y de manera más general, esta Corte ha dicho
que “las normas constitucionales relativas al trámite legislativo nunca deben
interpretarse en el sentido de que su función sea la de entorpecer e impedir la
expedición de leyes, o dificultar la libre discusión demo­crá­tica en el seno
de las corporaciones representativas, pues ello equi­val­dría a desconocer la
primacía de lo sustancial sobre lo procedi­mental”[5].
Pero de otro lado,
lo anterior no significa que las formas procesales en general, y las normas
constitucionales que rigen la aprobación de las leyes en particular, sean
irrelevantes y puedan ser ignoradas. Por el contra­rio, ellas son importantes y
deben ser respetadas, precisamente porque protegen valores sustantivos
significativos.”[6]
Teniendo de presente las consideraciones
anteriores, concluye la Corte que tampoco encuentra fundamento a la segunda
objeción, pues si bien es cierto que no existe cons­tan­cia escrita de esta
autorización, teniendo en cuenta lo ocurrido y la forma como se desarrollan las
sesiones de las comisiones, es preciso concluir que las copias de la ponencia
fueron repartidas con el beneplácito del Presidente. Por una parte, la
elaboración del orden del día de las sesiones de comisión, incluidas aquellas
en las que se debatió el proyecto de ley que se estudia, son elaboradas por la
mesa directiva de la Comisión, conformada entre otros por al Presidente de la
misma.[7]
Por otra parte, si se tiene en cuenta las funciones asignadas por el reglamento
del Congreso al Presidente de la Comisión (presidir la respectiva Corporación, hacer
cumplir el reglamento y repartir los proyectos objeto de debate, por ejemplo),[8] no es posible que se
haya debatido el proyecto de ley y que el Presidente no se hubiera enterado y
no lo hubiera aprobado. Es decir, incluso en el caso en que, en gracia de
discusión, no se hubiese dado la autorización previa del Presidente, es claro
que al avalar el procedimiento, avaló la repartición previa de las copias de la
ponencia. Por lo tanto, si existió algún vicio de trámite en este sentido, el
mismo quedó saneado.
Es preciso señalar que para la Corte es
posible que se entienda saneado el vicio procedimental en este caso, por
cuanto, primero, se trata de una exigen­cia formal consignada en el reglamento
del Congreso (Ley 5ª de 1992) y no en la Constitución, y segun­do, su
inobservancia no conllevó el desconocimiento de los derechos de las minorías ni
de ningún otro parlamentario. A todos se les repartió a tiempo copia de la
ponencia, para que pudieran conocer el texto previamente, y no existe ningún
pronunciamiento o manifestación de protesta por parte de los miembros de la
Comisión.
Ahora bien, el que el vicio haya sido
saneado implica que no es aplicable el parágrafo del artículo 241 de la
Constitución, según el cual cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento
subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a
la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto
observado. Esta regla constitucional encuentra fundamento en la posibilidad de
que:  (a) la misma autoridad que profirió el acto  (b) subsane el vicio en que
incurrió, después de aprobado el acto sujeto a su control. En el presente caso,
si bien ya no es aplicable pues el vicio fue saneado antes de aprobado el acto,
sí se mantiene el espíritu de la regla consistente en que hay tipos de vicios,
unos por su gravedad insubsanables y otros de menor entidad, que pueden ser
subsanados después de expedido el acto o saneados por el propio Congreso en el
curso del trámite del proyecto.[9]
3.2 En la
Cámara de Representantes
- El proyecto de
ley fue radicado en esa corporación bajo el número 103 de 2000, siendo
designado ponente el Representante Omar Armando Baquero Soler. El texto de la
ponencia para primer debate fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 469 del
23 de noviembre de 2000.
- El proyecto
fue aprobado por unanimidad, en primer debate, en la Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes, en sesión del 29 de noviembre de 2000, con la
asistencia de 18 miembros de esa célula legislativa, según la certificación
expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda el 16 de febrero de
2001.
- La ponencia
para segundo debate fue presentada por el mismo Representante el 3 de diciembre
de 2000, la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 496 del 11 de
diciembre de 2000.
- El proyecto de ley fue aprobado en
segundo debate en esa Corporación, el día 15 de diciembre de 2000, con un quórum
deliberatorio y decisorio de 137 representantes, según la certificación
expedida por el Secretario General de esa Corporación, el día 31 de enero de
2001, que obra en el expediente.
Finalmente, el proyecto de ley fue
sancionado por el Presidente de la República el día 4 de enero de 2001 y
promulgada la ley en el Diario Oficial No. 44281 del 4 de enero de  2001.
Con lo anterior se evidencia que los
trámites surtidos ante el Congreso de la República para la aprobación de la ley
se ajustaron a las exigencias previstas en el artículo 157 de la Constitución.
Además, se observaron estrictamente los términos contemplados en el artículo
160 superior, pues entre el primero y segundo debate en cada cámara medió un
lapso superior a 8 días y entre la aprobación del proyecto en el Senado y la
iniciación del debate en la Cámara, transcurrió un término superior a 15 días.
En consecuencia, dicha ley no adolece de
vicios de procedimiento en su formación.
El Gobierno
envió el mencionado acuerdo y su ley aprobatoria a la corte constitucional para
efectos del respectivo control de constitucionalidad el día 11 de enero de
2001, esto es, dentro del término establecido en el numeral 10 del artículo 241
de la constitución política. no hay entonces, objeción constitucional alguna
por estos aspectos.
4. Revisión material del Acuerdo
Internacional
4.1 Contenido del Acuerdo
El instrumento
internacional bajo revisión, consta de un preámbulo, diecisiete artículos y
cuatro anexos, así:
En el artículo 1
se crea el Centro de Asesoría Legal en asuntos relacionados con la OMC, cuyo
objetivo es “proporcionar capacitación, apoyo y asesoría jurídica en asuntos
relacionados con la normativa de la OMC y los procedimientos de solución de
diferencias, a los países en desarrollo y entre ellos en particular a los menos
adelantados, así como a los países con economías en transición”, de conformidad
con el artículo 2 del mismo ordenamiento. En este mismo precepto se señalan las
funciones que debe cumplir el Centro para alcanzar sus objetivos,  entre ellas,
proporcionar apoyo a las partes y a terceros en los procedimientos de solución
de diferencias de la OMC, capacitar a funcionarios gubernamentales en asuntos
relacionados con la normativa de la Organización Mundial de Comercio por medio
de seminarios sobre temas jurídicos y jurisprudencia, pasantías y otros medios
apropiados.
En síntesis, el
Centro ofrece cuatro tipo de servicios: a) asesoría legal sobre el sistema
jurídico de la OMC; b) seminarios permanentes sobre jurisprudencia referente a
la Organización; c) asesoría legal durante procedimientos de solución de
diferencias; d) pasantías para funcionarios del Gobierno encargados de asuntos
legales de la OMC.
En el artículo 3
se define la estructura del Centro, la cual está conformada por una Asamblea
General, una Junta Directiva y un Director Ejecutivo, y se señalan las
funciones a cargo de cada uno de dichos órganos. El artículo 4 consagra el
procedimiento de adopción de decisiones al interior del Centro.
En el artículo 5
se traza la estructura financiera del Centro, señalando su presupuesto anual y
el financiamiento por medio de los réditos obtenidos por un fondo fiduciario
creado con contribuciones de los Miembros, de conformidad con el apartado 2 del
artículo 6 del instrumento, así como del cobro de honorarios por los servicios
jurídicos prestados, de acuerdo con la escala establecida en el Anexo IV del
Acuerdo y de las contribuciones voluntarias de los gobiernos, organizaciones
internacionales o patrocinadores del sector privado. Igualmente, se  establece
que el Centro tendrá un auditor externo.
El artículo 6
consagra los derechos y obligaciones de los Miembros, que se refieren, en
términos generales, al derecho a recurrir a los servicios que presta el Centro
y a las contribuciones económicas que se deben aportar para sufragar los
honorarios correspondientes. También se establecen los efectos del
incumplimiento de estos deberes. En los artículos 7 y 8 se resalta el carácter
especial de los países menos adelantados respecto del referido derecho a tener
acceso a la asesoría que presta el Centro.
En el artículo
10 se contempla que el Centro en mención goza de personalidad jurídica y como
tal está facultado para contratar, adquirir y disponer de bienes muebles e
inmuebles, e instaurar procesos legales. También se señala la sede del Centro,
que será Ginebra, Suiza.
De otra parte,
se establece que se deberá tratar de concluir un acuerdo con la Confederación
Helvética acerca de su condición jurídica y los privilegios e inmunidades que
se le otorgarán, lo cual podrá ser equivalente al tratamiento otorgado por
dicha Confederación a las misiones diplomáticas permanentes y a sus Miembros, o
a las organizaciones internacionales y a su personal.
El artículo 11
versa sobre las enmiendas, la denuncia y la terminación del Acuerdo, los
procedimientos para someter dichas medidas a consideración de los demás
miembros, la fecha de entrada en vigor, entre otras disposiciones.
El artículo 12
contiene normas transitorias y el 13 trata sobre la forma de adherirse al
Acuerdo, y la fecha en que puede hacerlo, así como la entrada en vigor del
mismo.
El artículo 14
consagra la prohibición de formular reservas frente a la totalidad de las disposiciones
del Acuerdo.
El artículo 15
señala que los anexos hacen parte del Acuerdo, a saber: Anexo 1. Contribuciones
mínimas de los países desarrollados Miembros; Anexo 2. Contribuciones mínimas
de los países en desarrollo Miembros y los Miembros de economías en transición;
Anexo 3. Países menos adelantados que tienen derecho a los servicios del
Centro; Anexo IV. Escala de honorarios por los servicios prestados por el
Centro.
Los artículos 16
y 17 tratan sobre la adhesión, el depósito y el registro del citado instrumento
internacional, respectivamente.
4.2  Constitucionalidad del Acuerdo
4.2.1 Los países en desarrollo frente a los
mecanismos para la solución de diferencias dentro de la OMC
El instrumento
internacional objeto de revisión se enmarca dentro de la normatividad de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual fue creada mediante Acuerdo
celebrado en Marruecos el 15 de abril 1994, aprobado a través de la ley 170/94,
declarados exequibles por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-137/95[10]. Para efectos de la
revisión constitucional del Acuerdo que hoy es objeto de estudio, mediante el
cual se establece el Centro de Asesoría Legal en Asuntos OMC, cabe recordar la
finalidad de dicha Organización, contenida en el Preámbulo de su instrumento de
creación:
"Las partes
en el presente Acuerdo, reconociendo que sus relaciones en la esfera de la
actividad comercial y económica deben tender a elevar los niveles de vida, a
lograr el pleno empleo y un volumen considerable y en constante aumento de
ingresos reales y demanda efectiva y a acrecentar la producción y el comercio
de bienes y servicios, permitiendo al mismo tiempo la utilización óptima de los
recursos mundiales, de conformidad con el objetivo de un desarrollo sostenible
y procurando proteger el medio ambiente e incrementar los medios para hacerlo,
de manera compatible con sus respectivas necesidades e intereses según los
diferentes niveles de desarrollo económico”.
(...)
Al tenor de estos
principios, la función principal de la OMC es la de aplicar los acuerdos
logrados en el ámbito del GATT -cuyas partes contratantes decidieron dar origen
a la Organización mencionada- así como la promoción de nuevos acuerdos. Dentro
de este marco, la OMC tiene la función de administrar el “Entendimiento
relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de
diferencias” o "ESD", de conformidad con el artí­culo 3, numeral 3
del Acuerdo que crea la mencionada Organización.
El Entendimiento comprende un sistema
jurídico complejo que consagra las normas, procedimientos y jurisprudencia en
materia de comercio internacional y solución de diferencias en el desarrollo de
las relaciones comerciales entre los Miembros, que exige una asesoría legal
especializada de carácter perma­nente para éstos. Reconociendo la complejidad
del sistema, decidieron acordar crear, mediante el Acuerdo que aquí se revisa,
el Centro de asesoría legal en asuntos OMC.
Debe tenerse en
cuenta que el sistema establecido para la solución de diferencias “es un
elemento esencial para aportar seguridad y previsibilidad al sistema
multilateral de comercio. Los Miembros reconocen que ese sistema sirve para
preservar los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los
acuerdos abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes de dichos acuerdos
de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho
internacional público” (Art. 3, num. 2 del Entendimiento para la solución de
diferencias).
En términos generales, una diferencia
entre los países Miembros surge cuando uno de éstos considera “que cualesquiera
ventajas resultantes para él directa o indirectamente de los Acuerdos abarcados
se hallan menoscabadas por medidas adoptadas por otro Miembro”, según lo
establece el numeral 3° del artículo 3° del Entendimiento. En consecuencia, la
creación no sólo de órganos encargados de solucionar tales conflictos, sino de
asesorar debidamente a las partes involucradas en ellos, resulta ampliamente
jutificada.
El objetivo del
sistema, como lo dispone el numeral 7 del artículo 3° del Entendimiento, radica
entonces en hallar una solución positiva a dichas diferencias. Por eso allí se
invita a los Miembros, antes de presentar una reclamación, a reflexionar sobre
la utilidad de actuar al amparo de los citados procedimientos establecidos.
De otra parte, teniendo presente la
naturaleza contractual de los acuerdos de la OMC y la obligatoriedad del
sistema de solución de diferencias, resulta legítimo que cada uno de los
Miembros de la Organización asegure su posibilidad de participar en él de
manera activa y continua. Los países menos desarrollados o con economías en
transición, requieren de una especial asesoría pues, como se reconoce en el
mismo Preámbulo del Acuerdo bajo estudio, estos países “cuentan con
conocimientos limitados acerca de la normatividad de la OMC y el manejo de
diferencias comerciales complejas”, y además “su capacidad de dotarse de tales
conocimientos impone severas obligaciones financieras e institucionales”.
Así lo consideró el Gobierno Nacional cuando presentó el proyecto de
ley para su aprobación por el Congreso, como se puede leer en la exposición de
motivos:
“No obstante la
importancia del sistema de solución de diferencias, la partici­pa­ción de los
países en desarrollo se ve limitada por tres factores básicos.
“En primer
lugar, la complejidad y dinamismo de esta nueva área del derecho internacional
público. Es un cuerpo legal que comprende 29 acuerdos relativos a las más
diversas áreas con una dinámica constante por desarrollos en la juris­pru­dencia.
En los primeros cinco años de existencia de la OMC se iniciaron más de 150
casos, con fallo adoptados en 30 de ellos. En segundo lugar, los países en
desarrollo tienen limitaciones en el recurso humano especializado en esta área
del derecho internacional público. Por ello para adelantar un procedi­miento
legal es necesario recurrir a asistencia legal externa, cuyos costos des­bor­dan
las posibilidades del sector público, así como las del exportador afec­tado. En
tercer lugar, ninguna agencia multilateral de desarrollo como el Ban­co
Mundial, la UNCTAD o la OMC, provee asistencia técnica para ca­sos de solución
de diferencias en la OMC.
Lo anterior
significa que eventualmente podemos vernos limitados en el ejercicio de
nuestros derechos o la defensa de nuestras actuaciones por falta de
conocimiento especializado o falta de recursos para la contrata­ción de
asesoría internacional. ambas situaciones generan un desequi­librio en el
ejercicio de los derechos y obligaciones adquiridas ante la omc.”
En este orden
de ideas, la creación de un Centro de Asesoría Legal permite consolidar un
“sistema de capacitación jurídica, pericia y asesoría en asuntos relacionados
con la normativa de la OMC, rápidamente accesible a los países en desarrollo y
en particular los menos adelantados, y los países con econo­mías en
transición”, como ya se ha anotado.
4.2.2  La
creación del Centro de Asesoría Legal en Asuntos OMC promueve la
internacionalización de las relaciones económicas y fomenta la equidad en la
solución de diferencias
La creación del
Centro en mención constituye un importante aporte para el desarrollo pacífico
de las relaciones y los conflictos entre sus Miembros, ya que por la multiplicidad
y dificultad de las temáticas, así como por los intereses nacionales que están
en juego, estas relaciones requieren, además del régimen integrado de
diferencias que, como se dijo antes, hace parte de un acuerdo multilateral de
obligatorio cumplimiento y sobre el cual está prohibido hacer reservas, de un
sistema especializado de asesoría legal que permita a los países menos
desarrollados participar en igualdad de condiciones jurídicas al momento de
solucionar diferencias con otros Miembros, así como mantener una permanente
actualización respecto del desarrollo jurídico propio de una organización
internacional dinámica y compleja como la OMC. Por esa razón, todos los
Miembros de la OMC se beneficiarán con los servicios prestados por el Centro,
especialmente, se repite, los países en desarrollo y los que tienen economías
en transición.
Dichos
servicios estimulan la promoción de la internacionalización de las relaciones
políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional, como lo establece el artículo 226 de la
Constitución Política. Así mismo, constituyen una herramienta importante para
la integración con los demás países y especialmente con los de América Latina y
del Caribe, de conformidad con el artículo 227 superior.
En efecto, el
Centro de asesoría legal contribuye a desarrollar relaciones con los demás
países Miembros de la OMC dentro de un marco pacífico de solución de las
diferencias, propias del desenvolvimiento de los negocios comerciales internacionales
y de los diversos acuerdos celebrados entre ellos. De igual forma, favorece la
posibilidad de acceder a dicho sistema integrado de diferencias en igualdad de
condiciones, ya que se garantiza la suficiente preparación jurídica de nuestros
representantes al momento de desatar una controversia con un país desarrollado,
que cuenta con el personal humano calificado e instruido para ello.
Así las cosas,
tal como se afirmó por el Gobierno el sistema especializado de asesoría legal
que brinda el Centro “es de gran importancia para la negociación de nuevos
acuerdos, el diseño de políticas nacionales acordes con nuestras necesidades y
obligaciones que se derivan de la normativa  OMC  y para la participación en
procedimientos en solución de diferencias, como demandantes en defensa de
nuestra oferta exportable o como demandados en defensa de nuestras políticas de
comercio exterior.”
Se puede
afirmar entonces, que los objetivos y funciones del centro resultan acordes con
el proceso integracionista y de cooperación, especialmente, en materia de
economía y política colombiana dentro del contexto internacional, en armonía
con los mandatos de la constitución.
La defensa de los intereses nacionales
ante la OMC constituye para el Estado colombiano un elemento propio de su
soberanía, que requiere de la implementación de mecanismos para que aquella
pueda ser efectiva. En este sentido, la asesoría que brinda el Centro permite a
los representantes del Gobierno estar debidamente capacitados para ejercer
dicha defensa, en especial, en relación con los países desarrollados.
Así pues, en el plano internacional, se
hace necesaria la adopción de mecanismos que busquen atenuar la desigualdad
entre los países desarrollados y los menos desarrollados o con economías en
transición, con miras a impulsar las relaciones económicas, políticas, sociales
y ambientales sobre bases de equidad; entre otras formas, en el derecho a
acceder a la solución de diferencias, si se tiene en cuenta que una solución
justa implica que los actores involucrados gocen de una efectiva igualdad ante
la ley, la cual se puede ver menguada por el empoderamiento de los países desarrollados
frente a los menos desarrollados, al contar con los suficientes medios y la
calificada asesoría legal para tales efectos.
La OMC reconoce expresamente la
desigualdad en que se encuentran los dos grupos de países mencionados, que a su
vez responde a los distintos niveles de desarrollo que éstos presentan. Esta la
razón para que en el Preámbulo del Acuerdo por el cual se crea dicha
organización se señalara:
"Reconociendo,
además, que es necesario realizar esfuerzos positivos para que los países en
desarrollo, y especialmente los menos adelantados, obtengan parte del
incremento del comercio internacional que corresponda a las necesidades de su
desarrollo económico".
(...)
Desigualdad que con la creación del centro
de asesoría se busca menguar, pues, como ya se ha afirmado, la desigualdad no
se traduce exclusivamente en las diferencias que se pueden medir en términos
cuantitativos, ni en la capacidad comercial de unos y otros, sino que además
comprende la imposibilidad para los representantes de los países en desarrollo
de desenvolverse dentro del marco de las relaciones internacionales con las
mismas capacidades y aptitudes que sus semejantes de los países desarrollados.
Y dentro de este contexto, específicamente, la imposibilidad de acceder a la
solución de diferencias en las mismas condiciones respecto de los demás
Miembros de la OMC.
En el mismo Preámbulo del Acuerdo bajo
estudio, se considera que las Partes son “conscientes de que un equilibrio
adecuado entre los derechos y las obligaciones que se derivan del Acuerdo por
el que se establece la OMC solo se mantendrá si todos sus Miembros entienden
plenamente los derechos y obligaciones que de él se desprenden y pueden
recurrir en igualdad de condiciones a los procedimientos de solución de
diferencias de la OMC” y de que “la credibilidad y aceptabilidad de los
procedimientos de solución de diferencias de la OMC sólo pueden garantizarse si
todos los Miembros de la OMC pueden participar en éstos en forma efectiva”.
Por todo lo anterior, la creación de un Centro de Asesoría Legal en
asuntos OMC no contraviene disposición constitucional alguna, por el contrario,
desarrolla la Carta Política, en especial los artículos 9, 226 y 227. En
conclusión, desde el punto de vista constitucional nada se opone a que el
Estado colombiano haga parte activa del citado Acuerdo.
En este orden de ideas, los artículos 1 y 2 del instrumento
internacional objeto de revisión, que establecen la creación del centro de
asesoría legal en asuntos OMC, así como sus objetivos y funciones, no se oponen
ala Carta, por el contrario, desarrollan los mandatos constitucionales
relativos a la internacionalización de las relaciones políticas, sociales,
económicas y ecológicas (arts. 226 y 227 C.P.)
- Respecto de los artículos 3 y 4 del Acuerdo, la Corte
reitera lo dicho en otras oportunidades[11],
al considerar que la creación de órganos directivos y
el señalamiento de los mecanismos y procedimientos para tomar decisiones
vinculantes para la totalidad de sus Miembros, así como el otorgamiento de
funciones específicas autónomas, es sin duda un elemento necesario de cualquier
estatuto cuyo objeto resida en la creación de un Centro que hace parte de una
organización internacional, siendo disposiciones que le permiten operar con
criterios propios e independientes, a fin de garantizar la primacía del interés
general del conjunto de los Estados miembros.
- El artículo 5 también se ajusta a las
normas constitucionales, por cuanto hace referencia a aspectos operativos y
financieros propios de cualquier organismo internacional, y se sujetan a los
principios superiores de autodeterminación de los pueblos, equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional, consagrados en los artículos 9, 226 y 227
de la Carta Política.
- Los derechos y obligaciones de los países Miembros,
en especial de los menos adelantados, consagrados en el Acuerdo, no comportan
una condición desfavorable para alguno de ellos, sino que fomentan el desarrollo
de las relaciones internacionales sobre bases de reciprocidad y equidad. Así
mismo, las prioridades en la atribución de apoyo durante el transcurso de
procedimientos de solución de diferencias de la OMC y la cooperación con otras
organizaciones internacionales son materias que se ajustan a la Constitución,
en especial a los artículos 9, 226 y 227. Por esta razón, son constitucionales
los artículos 6, 7, 8 y 9 del Acuerdo objeto de estudio.
- El artículo 10 tampoco viola la
Constitución, puesto que en el Acuerdo se puede establecer, respetando la
voluntad de quienes lo celebraron, que el Centro goce de personalidad jurídica
que le permita ejercer las facultades tendentes al cumplimiento de la función
que va a desarrollar al interior de la OMC, así como el lugar que, según su
conveniencia, sea el más idóneo para tener su sede.
- Las normas comprendidas en los artículos 11
a 17 del Acuerdo no merecen reproche alguno de constitucionalidad, toda vez que
consagran mecanismos de uso generalizado para la debida ejecución de los
tratados internacionales, propios del derecho internacional público.
4.2.3 La
prohibición de formular reservas contenida en el Acuerdo
En este punto cabe hacer referencia a la prohibición
de formular reservas respecto de la totalidad de las disposiciones del Acuerdo,
contenida en el artículo 14 del mismo. Esta prohibición se justifica en el
hecho de que la solución de diferencias al interior de la Organización implica
unificar las normas y procedimientos para que no quede excluido ninguno de sus
Miembros y evitar, de esta forma, cualquier desigualdad en el acceso al sistema
de asesoría legal establecido para la solución de diferencias.
Respecto de la constitucionalidad de la prohibición de
hacer reservas en instrumentos internacionales, la Corte ha señalado lo
siguiente:
“De conformidad con el artículo 2o., literal d) la
Convención de Viena de 1969, la reserva es un derecho de los Estados que se
ejerce mediante la declaración unilateral que hacen al firmar, ratificar,
aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con el objeto de excluir o
modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado. Así
mismo, esa Convención, y la posterior de Viena de 1986, establecen como sus
límites, los siguientes eventos: "a) que la reserva esté prohibida por el
tratado; b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas
reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate; c) que, en los
casos no previstos en los apartados a) y b), la reserva sea incompatible con el
objeto y el fin del tratado" (art. 19).
“Lo expuesto lleva a concluir que, como lo dijo ya
esta Corte[12],
la reserva no es un derecho absoluto sino relativo, cuyo ejercicio depende de
los acuerdos alcanzados por las partes en el respectivo instrumento
internacional o de la materia sobre la cual éste se refiera; de ahí que, su
prohibición no apareja una violación de los derechos de los Estados que
intervienen en su formación o posteriormente se adhieren a él, ni un
desconocimiento a los principios de soberanía nacional y autodeterminación de
los pueblos para llevar a cabo sus relaciones exteriores.”[13]
En conclusión,
el “Acuerdo por el que se establece el Centro de Asesoría Legal en Asuntos
OMC”, hecho en Seattle el 30 de noviembre de 1999, así como la ley 639 de 2001
que lo aprueba, no adolecen de vicio alguno de inconstitucionalidad y, por
tanto, serán declarados exequibles, por ajustarse a las disposiciones de la
Carta Política y de esta forma garantizar el cumplimiento de sus postulados
respecto de la promoción de las relaciones internacionales para el Estado
colombiano.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
R E S U E L V E:
PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo por el que se
establece el Centro de Asesoría Legal en Asuntos OMC”, hecho en Seattle el 30
de noviembre de 1999, así como la ley 639 de 2001, por medio de la cual aquél
se aprueba.
SEGUNDO.- Enviar copia de esta providencia al Presidente de la
República, al Ministro de Relaciones Exteriores y a la Ministra de Comercio
Exterior, para los fines pertinentes.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, archívese el expediente y
cúmplase.
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Presidente
JAIME ARAUJO
RENTARÍA
Magistrado
MANUEL JOSÉ
CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA
TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO
MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO
MONTEALEGRE LYNNET
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES
VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
Salvamento de voto a la Sentencia C-916/01
PROYECTO DE LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Publicación previa del informe de ponencia para
primer debate (Salvamento de voto)
PROCEDIMIENTO
PARLAMENTARIO-Análisis
constitucional (Salvamento de voto)
DEBATE
PARLAMENTARIO-Alcance
(Salvamento de voto)
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DEL DEBATE PARLAMENTARIO-Alcance (Salvamento de voto)
PROCEDIMIENTO
PARLAMENTARIO-Vigencia de
valores y principios constitucionales (Salvamento de voto)
PROYECTO DE LEY-Presentación y publicación de ponencia/PROYECTO
DE LEY-Iniciación del debate no tiene lugar antes de publicación del
informe (Salvamento de voto)
DEBATE
PARLAMENTARIO-Interesan a
la generalidad de comunidad política (Salvamento de voto)
PROYECTO DE LEY-Garantía de publicación previa del
informe de ponencia (Salvamento de voto)
DERECHO DE
PARTICIPACION POLITICA DEL CIUDADANO Y CONGRESISTA-Publicación previa del informe de ponencia para
primer debate (Salvamento de voto)
Expediente LAT-201
Revisión
Constitucional de la Ley 638 de 2001, “por medio de la cual se aprueba el
‘Protocolo Adicional entre la República de Colombia y el Reino de España
modificando el Convenio de Nacionalidad del veintisiete (27)de junio de mil
novecientos setenta y nueve (1979)’ firmado en Bogotá D.C., el 14 de septiembre
de 1998, y del ‘Canje de Notas entre los Gobiernos que corrige el título y el
primer párrafo del Preámbulo del Protocolo”, suscrito el veintisiete (27) de septiembre
de 1999.
Magistrado
sustanciador
EDUARDO MONTEALEGRE
LYNETT
Los suscritos
magistrados nos apartamos de la decisión mayoritaria de la Corte
Constitucional. Respetuosa pero objetivamente, exponemos los motivos de nuestra
discrepancia. Consideramos que esta Corporación avaló nuevamente la aprobación
de otro tratado internacional, sin que se hubiera publicado previamente el
informe de ponencia respectivo en la Gaceta del Congreso, indispensable para
darle primer debate y decidir acerca de la aprobación del tratado (Ley 5ª de
1992, art. 157).  Como se observa en el aparte denominado “El trámite de la
Ley”, en el penúltimo párrafo de la página 14 de la Sentencia de la cual nos
apartamos, el proyecto de ley fue aprobado en primer debate por unanimidad en
la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado el día nueve (9) de
mayo de 2000, mientras que el informe de ponencia para dicho debate fue
publicado sólo hasta el día siguiente en la Gaceta del Congreso No. 141, pp.
1-2.  El motivo que nos lleva a salvar nuestro voto en esta oportunidad es
exactamente igual al que nos llevó a hacerlo en la Sentencia C-953 de 2001, y
por ese motivo transcribimos in integrum los argumentos esbozados en dicha
oportunidad.
“Ahora bien,
podría ponerse en duda que la Constitución imponga al Congreso la obligación de
publicar previamente el informe de ponencia para iniciar el primer debate en
comisión, pues la Carta no contiene una regla específica que así lo ordene.
Sin embargo, este argumento –acogido por la sentencia- no es aceptable, pues el
análisis de constitucionalidad del procedimiento parlamentario no puede
realizarse exclusivamente a partir del cumplimiento de reglas constitucionales
específicas, contenidas en la parte orgánica de la Constitución.
“El debate parlamentario es el momento en
el cual se concreta y se hace efectiva la representación popular en el
procedimiento de creación legislativa.  En la medida en que es precisamente en
ese momento que los congresistas ejercen su mandato como representantes de
diversas corrientes políticas y filosóficas y de los intereses de sus
electores, el desarrollo regular de un debate parlamentario es un aspecto
fundamental para que nuestra democracia sea verdaderamente representativa (C.N.
art. 1º), y permita garantizar la efectividad de los derechos de participación
política de los electores (C.N. art. 40).  Para lograr este objetivo, es
necesario que antes de iniciar el debate los congresistas sean plenamente concientes
de las repercusiones sociales, políticas y jurídicas del texto sometido a su
aprobación, y la publicación previa del estudio presentado por el ponente en el
informe tiene esta finalidad.
“La relevancia constitucional del debate
parlamentario, y la importancia que éste tiene para darle legitimidad a toda la
organización del Estado, ameritan que el control constitucional que efectúa la
Corte deba hacerse desde una óptica más amplia que la simple comparación con
las normas orgánicas plasmadas positivamente en la parte orgánica de la
Constitución.  Es indispensable que en el análisis de constitucionalidad del
procedimiento parlamentario, y en particular en la evaluación del debate, se
tengan en cuenta todos aquellos valores, principios y reglas necesarios para
encaminar el sistema de representación popular en el legislativo hacia la
realización de los objetivos constitucionales.
“Estos valores y principios que se
encuentran en la parte dogmática de la Constitución, y en especial el principio
democrático, adquieren vigencia mediante la realización del procedimiento
parlamentario que, como cualquier procedimiento, se lleva a cabo mediante la
aplicación de reglas y trámites específicos.  Ante la imposibilidad de regular
detalladamente el procedimiento parlamentario en el texto de la Carta
Fundamental, pero conciente de la necesidad de evaluar su constitucionalidad
concretando estos valores y principios constitucionales al procedimiento
parlamentario, la jurisprudencia de esta Corporación ha integrado las
disposiciones legales orgánicas que lo regulan, como parámetros determinantes
en el análisis de constitucionalidad de dicho procedimiento.[14]
“En todo caso, aun aceptando la
aplicabilidad de las reglas contenidas en la Ley Orgánica del Reglamento del
Congreso al análisis de constitucionalidad, podría ponerse en duda la
obligatoriedad de la publicación previa de la ponencia como condición necesaria
para la iniciación del primer debate, pues de acuerdo con el artículo 156 de
dicho estatuto el presidente de la comisión puede autorizar que se reproduzca
el texto de la ponencia entre sus miembros, para efectos de agilizar el
debate.  Esta conclusión, a la cual llega la sentencia de la cual disentimos,
es consecuencia de una lectura ligera del texto, que si bien permite que el
presidente de la respectiva comisión otorgue dicha autorización, aclara que la
reproducción mecánica puede hacerse sin perjuicio de su “posterior y oportuna”
publicación en la Gaceta del Congreso.  Al respecto la disposición dice
textualmente:
‘“ARTICULO 156.
Presentación y publicación de la ponencia. El informe será presentado por
escrito, en original y dos copias al secretario de la Comisión Permanente. Su
publicación se hará en la Gaceta del Congreso dentro de los tres (3) días
siguientes.  Sin embargo, y para agilizar el trámite del proyecto, el
Presidente podrá autorizar la reproducción del documento por cualquier medio
mecánico, para distribuirlo entre los miembros de la Comisión; ello, sin
perjuicio de su posterior y oportuna reproducción en la Gaceta
del Congreso.”
“Ahora bien,
para determinar cuándo es oportuna la publicación en la Gaceta, es suficiente
leer la primera frase del artículo siguiente, que regula las condiciones y el
trámite necesarios para iniciar el primer debate.  En efecto, el artículo 157
establece a renglón seguido:
‘“ARTICULO 157.
Iniciación del debate. La iniciación del primer debate no tendrá lugar antes
de la publicación del informe respectivo.  No será necesario dar lectura a
la ponencia, salvo que así lo disponga, por razones de conveniencia, la
Comisión.  El ponente, en la correspondiente sesión, absolverá las preguntas y
dudas que sobre aquélla se le formulen, luego de lo cual comenzará el debate.
Si el ponente propone debatir el proyecto, se procederá en consecuencia sin
necesidad de votación del informe. Si se propone archivar o negar el proyecto,
se debatirá esta propuesta y se pondrá en votación al cierre del debate.”
‘“Al debatirse un
proyecto, el ponente podrá señalar los asuntos fundamentales acerca de los
cuales conviene que la Comisión decida en primer término.” (resaltado fuera de
texto)
“Esta exigencia del legislador orgánico,
según la cual la distribución de copias de la ponencia entre los miembros de la
comisión no exime de la publicación previa al debate, no es un mero formalismo
carente de relevancia constitucional.  El informe es el resultado de un estudio
efectuado por el ponente, quien ha sido delegado por la presidencia de la
respectiva comisión como responsable del trámite del proyecto.  La publicación
previa de las conclusiones de tal estudio en la Gaceta tiene como propósito
ilustrar sobre la conveniencia o inconveniencia, e incluso acerca de la
constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto que se va a debatir.
Sin embargo, la publicación no sólo se dirige a los miembros de la comisión, sino
a los demás congresistas que no conforman la respectiva célula legislativa y a
la comunidad en general, para que ejerzan su derecho a participar políticamente
en el debate.
“No se puede desconocer –como parece
haberlo hecho la Corte en esta oportunidad- que los debates parlamentarios son
públicos, y que interesan no sólo a los miembros de una determinada comisión,
sino a la generalidad de la comunidad política, que todos los ciudadanos tienen
derecho a conocer y a participar activamente durante todo el transcurso del
proceso parlamentario.  Así mismo, tampoco se puede dejar de tener en cuenta
que la sola presentación del texto de un proyecto de ley, en muchos casos
extenso y con un lenguaje técnico extraño al común de la población, resulta
insuficiente para garantizar la efectiva participación de grandes sectores de
la población en decisiones que de hecho los afectan, y que es una obligación
constitucional de todas las autoridades de la República “facilitar la
participación de todos” en la toma de tales decisiones (C.N. art. 2º).
Es por ello que la publicación previa del informe de ponencia constituye una
garantía indispensable para comunicar oportunamente al público en general la
importancia, conveniencia o inconveniencia o eventualmente la inconstitucionalidad
del proyecto sometido a primer debate, presentando el texto de tal forma que
toda la comunidad pueda hacerse una idea de las repercusiones que tiene su
aprobación.
“Si se permite que el estudio que hace el
ponente en su informe se haga público sólo después de que el respectivo debate
se ha llevado a cabo, cuando ya no hay oportunidad de que la sociedad se
manifieste, cerrando el acceso a dicho estudio a unos pocos congresistas, se
está restringiendo el derecho de participación política de los ciudadanos y de
los demás congresistas, específicamente, el de tener iniciativa en las
corporaciones públicas (C.N. art. 40.5).  Esta Sentencia, en cambio, ha dado un
aval a la posibilidad de restringir de facto este derecho fundamental, al
estimar que un proyecto pueda ser ley de la República sin el debido
cumplimiento de un mecanismo de publicidad que garantiza la participación
efectiva de toda la comunidad en las decisiones que las afectan mediante el
acceso oportuno al informe de ponencia de un proyecto de ley con su previa
publicación en la Gaceta del Congreso, en aras de preservar un criterio errado
de eficiencia en la creación de leyes.  Lo que resulta preocupante es que esta
práctica parlamentaria se ha vuelto sistemática, y que esta Corporación la está
avalando de manera reiterada en sus sentencias.”
Fecha Ut Supra,
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
[1] Ver sentencia C-737 de 2001, MP Eduardo Montealegre Lynett,
fundamentos 6 y ss.
[2] Sentencia C-915, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[3] ARTICULO 156. Presentación y publicación de la ponencia. El
informe será presentado por escrito, en original y dos copias al secretario de
la Comisión Permanente. Su publicación se hará en la Gaceta del Congreso dentro
de los tres (3) días siguientes. Sin embargo, y para agilizar el trámite del
proyecto, el Presidente podrá autorizar la reproducción del documento por
cualquier medio mecánico, para distribuirlo entre los miembros de la Comisión;
ello, sin perjuicio de su posterior y oportuna reproducción en la Gaceta del
Congreso.
[4] Cfr. Jaime
Bernal Cuéllar y Eduardo Montealegre Lynett. El Proceso Penal. Universidad
Externado de Colombia. Bogotá, 1995. Págs. 284 y 285.
[5] Sentencia C-055 de 1996. MP Alejandro Martínez Caballero.
Fundamento 6.
[6] Sentencia C-737 de 2001, MP Eduardo Montealegre Lynett
[7] Ley 5/92 — Artículo 80 — Elaboración y continuación. Las
respectivas Mesas Directivas fijarán el orden del día de las sesiones plenarias
y en las Comisiones Permanentes.  Cuando en una sesión no se hubiere agotado el
orden del día señalado para ella, en la siguiente continuará el mismo orden
hasta su conclusión.
[8] Ley 5/92 — Artículo 43 — Funciones. Los Presidentes de las
Cámaras Legislativas cumplirán las siguientes funciones: 1. Presidir la
respectiva Corporación.  2. Abrir y cerrar las sesiones, una vez instaladas.
3. Cuidar que los miembros que conforman la Corporación que presiden concurran
puntualmente a las sesiones, requi­riendo - con apremio si fuere el caso la
presencia de los ausentes que no estén legalmente excusados.  4. Cumplir y
hacer cumplir el Reglamento, mantener el orden interno y decidir las cuestiones
o dudas que se presenten sobre la aplicación del mismo.  5. Repartir los
proyectos presentados para el estudio legislativo y ordenar su debido trámite.
6. Suscribir los proyectos de acto legislativo y de ley aprobados en las
Comisiones y en plenarias, así como las respectivas actas. 7. Llevar la debida
representación de la Corporación. 8. Designar las Comisiones Accidentales que
demande la Corporación. 9. Dar curso, fuera de la sesión, a las comunicaciones
y demás documentos o mensajes recibidos. 10. Suscribir las comunicaciones
dirigidas al Presidente de la República, altos tribunales de justicia y a la
otra Cámara. 11. Cuidar de que el Secretario y demás empleados de la
Corporación cumplan debidamente sus funciones y deberes. 12. Desempeñar las
demás funciones dispuestas por la ley.
PARAGRAFO. En cuanto no se opongan
a estas atribuciones, similares funciones cumplirán los Presidentes de las
Comisiones.
[9] Salvo las consideraciones (3.1.1.) y (3.1.2.), el resto del fallo
corresponde al proyecto de sentencia so­me­tido originalmente a consideración
de la Sala Plena por el magistrado Jaime Araujo Rentería.
[10] M.P. Jorge Arango Mejía.
[11] Sentencia C-378 de 1996 M.P. Hernando Herrera Vergara.
[12] Sentencia C-154 de 1999.
[13] Sentencia C-991 de 2000 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[14] Ver entre otras las
Sentencias C-013/93 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); C-222/97 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo); C-155/98 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).