T-149-16
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-149/16
DERECHO AL
MINIMO VITAL DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Prelación constitucional
La Corte ha protegido y señalado el fundamento constitucional
de la prevalencia del derecho al mínimo vital de las personas de la tercera
edad al mínimo vital en numerosas sentencias.
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO
Y PAGO DE ACREENCIAS LABORALES-Procedencia excepcional por afectación del mínimo vital
ACCION DE TUTELA PARA EL PAGO DE
MESADAS PENSIONALES-Procedencia
excepcional por afectación del mínimo vital
REGIMEN DE INSOLVENCIA-Finalidad
REGIMEN DE INSOLVENCIA-Principios rectores
PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL-Etapas del proceso
EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD-Efectos frente al caso concreto
FALLOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN
SEDE DE CONTROL ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDAD-Carácter obligatorio y efectos erga
omnes
EFECTOS DE SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SEDE DE REVISION-Efectos inter partes y efectos inter comunis
CORTE CONSTITUCIONAL-Modula los efectos
de sus sentencias en tutela otorgando efectos inter comunis
ACCION DE TUTELA PARA EL PAGO DE
MESADAS PENSIONALES-Orden
de garantizar a pensionados el pago oportuno de mesadas pensionales adeudadas
por falta de liquidez de empresa
Referencia: expediente T-5220187
Demandante: Acción de tutela instaurada por el señor Walter
Sánchez contra Aluminios Reynolds Santodomingo - En Liquidación
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá
D.C., treinta y uno  (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Cuarta de Revisión de
la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Gloria Stella Ortiz Delgado, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de la decisión de tutela proferida por el Consejo
Seccional de la Judicatura del Atlántico, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en
relación con la acción de amparo constitucional formulada,  por Walter Sánchez,
en contra de Aluminios Reynolds Santodomingo S.A. - En Liquidación.
I. ANTECEDENTES
1.
La solicitud
El 11 de mayo de 2015, Walter Sánchez,
presentó acción de tutela contra Aluminios Reynolds Santodomingo - En
Liquidación, con el propósito de obtener el amparo de los derechos
fundamentales de petición, debido proceso, seguridad social, mínimo vital,
protección y asistencia de las personas de la tercera edad y a la subsistencia,
presuntamente vulnerados por dicha entidad al suspenderle el pago de las
mesadas de su pensión de jubilación.
2.
Fundamentos fácticos
2.1.
El Señor Walter Sánchez, fue
trabajador de la empresa Aluminios Reynolds Santodomingo - En Liquidación,
adquiriendo la calidad de pensionado por jubilación desde el mes de septiembre
de 1989.
2.2.
Desde el momento del reconocimiento
pensional, las mesadas estaban siendo pagadas junto con las cotizaciones al
sistema de seguridad social en salud.
2.3.
En el mes de febrero de 2015,
la accionada dejó de pagar las mesadas pensionales e inclusive las cotizaciones
al sistema de seguridad social integral.
2.4.
El actor, el 13 de abril de
2015, presentó un derecho de petición ante su último empleador solicitando el
pago de las mesadas pensionales desde el mes de febrero de esa anualidad.
2.5.
Ante la falta de respuesta de
la accionada, el demandante solicitó el acompañamiento y vigilancia especial de
la Personería Distrital de Barranquilla, como garantía de sus derechos
constitucionales.
2.6.
Al resolver la petición, la
empresa Aluminios Reynolds Santodomingo - En Liquidación, el 23 de abril de
2015, informó al actor que se agotaron los recursos en dinero en efectivo y que
en razón de ello no había sido posible seguir realizando los pagos y que por
otra parte, están a la espera de que el Ministerio del Trabajo emita
pronunciamiento sobre la solicitud realizada por la empresa, en torno a la
normalización de pasivos, a fin de proceder al pago mediante la adjudicación de
activos.
3.
Fundamentos de la acción
3.1.
El señor Walter Sánchez
considera que la actuación de la empresa Aluminios Reynolds Santodomingo - En
Liquidación vulnera sus derechos fundamentales y, así mismo, que el asunto
tiene una evidente relevancia constitucional, por cuanto su mesada pensional
constituía el único medio de subsistencia de él y de su esposa, y el no
recibirla lo ubica en un estado de indefensión.
3.2.
A continuación el actor, cita
una serie de sentencias de tutelas de la Corte Constitucional alusivas a la
procedencia excepcional de la acción de tutela frente a trabajadores que se
encuentran en circunstancias apremiantes que demandan la protección de las
entidades que tienen a su cargo el cumplimiento del pago de acreencias
laborales derivadas de un derecho adquirido, donde el sueldo y la mesada
constituye su único ingreso.
3.3.
Acto seguido, el demandante
manifiesta que constituye un acto contrario a la ley y al debido proceso el
incumplimiento injustificado del acto administrativo o resolución que le
reconoció constitucional y legalmente el derecho a la pensión.
3.4.
Sostiene el demandante, en
síntesis, que conforme al artículo 46 de la Carta Política, el Estado les
garantiza  a las personas de la
tercera edad, los
servicios de la seguridad social, en aras de procurar su adecuada y digna subsistencia,
no obstante lo cual estos individuos sufren de algún tipo de abandono social
pues muy pocas personas de la tercera edad tienen acceso a la seguridad social,
por lo que la tutela se puede aplicar como mecanismo transitorio en pro de
lograr la materialización de este derecho.
3.5.
En efecto, a juicio del actor,
las consideraciones de la jurisprudencia señalan que el derecho fundamental a
la salud se deriva del derecho a la vida, y genera el deber del Estado de
organizar, dirigir y reglamentar la prestación del servicio de salud por el
instrumento de la seguridad social, como un servicio público de carácter
obligatorio e irrenunciable para todos los habitantes de Colombia.
4.
Pretensiones
El
accionante solicita se amparen los derechos fundamentales de petición, debido
proceso, seguridad social, mínimo vital y móvil, protección y asistencia de las
personas de la tercera edad y a la subsistencia, vulnerados por parte de
Aluminio Reynolds S.A. (hoy en liquidación) representado por su Gerente
Liquidador Eduardo Jubiz Hazbún y que, en consecuencia, se le ordene que
reanude el pago de las mesadas pensionales adeudadas al actor desde el mes de
febrero de 2015, y los aportes al sistema de seguridad social en salud.
Adicionalmente, solicitó que se vinculara al Ministerio de la Protección
Social.
5. Oposición a la demanda de tutela
La acción de tutela fue admitida por el
Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barranquilla, a través de auto de catorce (14)
de mayo de dos mil quince (2015), en el que ordenó vincular al Ministerio del
Trabajo y teniendo en cuenta que la entidad vinculada es de orden nacional, dispuso
remitir la acción de tutela a la Oficina Judicial a fin de que fuera repartida
a los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, o corporaciones con rango
equivalente. Le correspondió surtir el trámite al Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el cual por medio
de auto de doce (12) de junio de dos mil quince (2015) corrió traslado a la
entidad demandada y vinculó al Gerente Liquidador de Aluminios Reynolds Santodomingo - En Liquidación y al
Ministro de Trabajo para efectos de  que ejercieran su derecho a la defensa.
5.1.
Ministerio del trabajo
Sobre los hechos expuestos por el
demandante sostuvo, que éste no radico ante la entidad ningún tipo de petición,
por lo que considera que, respecto de esta, se debe declarar la improcedencia de
la acción, por falta de legitimación por pasiva, y ausencia, bien sea por
acción o por omisión, de vulneración o amenaza alguna de los derechos
fundamentales invocados por el demandante.
Señala que, de conformidad con los
artículos 1 y 2 del Decreto 4108 de 2011, los objetivos y  funciones del
Ministerio del Trabajo, no incluyen asuntos relacionados con el reconocimiento
y pago con retroactividad de pensiones.
Por último, en lo concerniente a las funciones
administrativas, argumentó que el Ministerio cumple funciones de policía
administrativa laboral bajo los parámetros establecidos en los artículos 485 y
486 del CST y en consecuencia no puede invadir la órbita de la jurisdicción
ordinaria laboral, contenida en el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo
y que por ese motivo le está vedado el pronunciamiento de juicios de valor para
declarar los derechos de las partes o dirimir las controversias, función
netamente jurisdiccional.
5.2.  Liquidador de la sociedad Aluminios Reynolds
Santodomingo - En Liquidación.
Luego
de realizar una síntesis del proceso de liquidación obligatoria en el que se
halla la Sociedad Aluminios Reynolds Santodomingo - En Liquidación, informó al
juez de conocimiento que la sociedad propuso ante el Ministerio del Trabajo, como
fórmula de normalización pensional, el pago único mediante adjudicación de
activos, en el mes de septiembre del año 2014.
Seguidamente
realizó un recuento de las actuaciones que como liquidador ha surtido ante el
Ministerio del Trabajo con el fin de obtener concepto favorable para la
normalización del pasivo pensional de la empresa, enunciación que inicia desde
el 28 de noviembre de 2011 con la solicitud de autorización de pasivo
pensional, hasta el 22 de abril de 2015 con la radicación de una petición
solicitando al Ministerio del Trabajo, emitir concepto favorable para la
normalización del pasivo pensional.
Posteriormente,
y dado la demora para responder por parte del Ministerio del Trabajo sobre la
normalización del pasivo pensional la Superintendencia de Sociedades, mediante
auto de 405-010207 del 18 de julio de 2014, debió requerirlo para que se
pronunciara y aun así no lo ha hecho.
En lo concerniente a las mesadas
pensionales, entre otras obligaciones laborales, aseveró que las estuvo pagando
por tres años con los recursos obtenidos principalmente de dinero que estaba en
caja al inicio del proceso de liquidación, devoluciones de la DIAN y venta de
activos menores, pero ante la amplia demora del Ministerio del Trabajo en
conceptuar sobre la fórmula de normalización del pasivo pensional propuesta, se
agotaron los recursos con los que disponía la empresa para atender el pago, y
si bien está cuenta con los activos suficientes para normalizar el pasivo
pensional mediante adjudicación, la Superintendencia de Sociedades no puede
aprobar la nombrada normalización de pasivos sin el concepto previo del
Ministerio.
Finalmente, afirma que si algún derecho
fundamental de los pensionados de la sociedad Aluminios Reynolds Santodomingo -
En Liquidación, se ha vulnerado ha sido únicamente por la reiterada omisión del
Ministerio del Trabajo, el cual teniendo en cuenta que la Superintendencia de
Sociedades funge como juez del proceso de liquidación judicial, debe ser vinculado
al trámite de la acción de tutela.
6.
Pruebas que obran en el
expediente
Durante el trámite surtido en la primera instancia de
la acción de tutela, las partes allegaron los siguientes documentos:
-
Informe de 29 de abril de 2015,
sobre la asesoría jurídica suministrada al señor Walter Sánchez, por el
Personero Delegado para la Vigilancia del Interés Público del Distrito de
Barranquilla, en el caso de presunto perjuicio ocasionado por Aluminios Reynolds Santodomingo - En Liquidación debido
al no pago de mesadas pensionales.
-
Copia de la carta informativa
remitida por el Liquidador de Aluminios
Reynolds Santodomingo - En Liquidación, al actor, el 13 de noviembre de 2012, comunicándole
sobre la solicitud de concepto favorable al Ministerio del Trabajo para la
normalización del pasivo y así lograr la autorización de la Superintendencia de
Sociedades.
-
Copia de anexo sobre conceptos
generales en torno a las formas de normalización del pasivo pensional.
-
Copia de la carta informativa
sobre la petición radicada ante Aluminios
Reynolds Santodomingo - En Liquidación, remitida por el actor a la Personería
Distrital de Barranquilla.
-
Copia de fecha 23 de abril de
2015, contentiva de la respuesta a la petición elevada por el actor a Aluminios Reynolds Santodomingo - En Liquidación, en
la que se indica que los recursos en efectivo de la empresa se agotaron y que
están a la espera del concepto favorable del Ministerio del Trabajo sobre la
normalización de pasivo.
-
Auto Nº 0317 de 16 de octubre de
2014, por medio del cual el Ministerio del Trabajo archiva una investigación
iniciada a solicitud del señor Walter Sánchez por la presunta violación a la
normas laborales y de seguridad social por parte de Aluminios Reynolds Santodomingo - En Liquidación
-
Copias de los anexos del Auto Nº
0317 de 16 de octubre de 2014, consistentes en las diferentes solicitudes
realizadas por el señor Walter Sánchez, reclamando y denunciando el no pago de
sus mesadas pensionales.
-
Solicitud de 13 de febrero de 2013
elevada por Walter Sánchez ante Ministerio del Trabajo en la pide se cite al
Liquidador de Aluminios Reynolds Santodomingo S.A. – En Liquidación, para que
responda por lo referente a las mesadas pensionales dejadas de cancelar.
-
Misiva remitida el 17 de octubre
de 2014 por el Ministerio del Trabajo al señor Walter Sánchez, con el fin de
ser notificado del Auto Nº 0317 de 16 de octubre de 2014.
-
Fotocopia de la cédula de
ciudadanía del demandante Walter Sánchez, en la que consta que actualmente tiene
81 años de edad.
II. DECISIÓN JUDICIAL QUE SE REVISA
La
Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, mediante
providencia fechada el veintiséis (26) de junio de dos mil quince (2015)
resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela y ordenó notificar a
las partes de conformidad con lo preceptuado en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991, así como remitir las diligencias a la Corte Constitucional para su
eventual revisión de no ser impugnada la decisión.
Para
arribar a la decisión reseñada la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de
la Judicatura del Atlántico, consideró que la tutela no procede por cuanto “de
los argumentos expuestos por el accionante y de las pruebas documentales
obtenidas, no se desprende que éste, como consecuencia del no pago de las
mesadas pensionales por parte de la empresa Aluminio Reynolds Santodomingo S.A.
(En Liquidación), se encuentre ante la inminente presencia o riesgo de un
perjuicio irremediable que hiciera procedente la acción”.
Hizo
énfasis la Sala Disciplinaria, en el carácter residual y subsidiario de la
acción de tutela, y en las reglas de procedibilidad desarrolladas por la
jurisprudencia constitucional para que el juez aborde el examen de una petición
de amparo y, acorde con ello, advirtió, que la acción de tutela bajo examen no
cumple con el requisito de subsidiaridad, en razón a que el accionante cuenta
con otros mecanismos eficaces, dentro del ordenamiento jurídico, que le permite
reclamar la protección de sus derechos, por lo que se torna improcedente la
acción.
Luego
de invocar jurisprudencia relacionada con las causales de improcedencia de la
tutela, la corporación a quo señaló que “no puede existir concurrencia
de medios judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria; de ahí que se
afirme que la tutela no es un medio adicional o complementario”, indicando
además que “el primer llamado a proteger los derechos constitucionales no es el
juez de tutela, sino el ordinario y que la tutela está reservada para enfrentar
la absoluta inoperancia de los distintos mecanismos dispuestos para la
protección de los derechos de las personas, no para suplirlos.
Según
el criterio consignado en la providencia, el asunto del no pago de las mesadas
pensionales expuesto por el accionante, debe ser resuelto por el juez laboral,
y que aunque éste alegó ser una persona de la tercera edad y que la mesada es
su único medio de subsistencia, no aportó pruebas de encontrarse en presencia
de un perjuicio irremediable, no obstante que cuenta con otros mecanismos
jurídicos para el amparo de sus derechos.
Finalmente,
reiteró el criterio vertido en la sentencia T-225 de 1993 de la Corte
Constitucional, que explica lo referente a los elementos esenciales para que
concurra el perjuicio irremediable.
III.
PRUEBAS ORDENADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
Mediante Auto proferido el 14 de
diciembre de 2015, el Magistrado Sustanciador ordenó que por Secretaría se
oficiara a Aluminio Reynolds Santo Domingo S.A. (En liquidación), al
Superintendente de Sociedades, y al Ministerio del Trabajo a fin de que
informen a esta Corporación lo siguiente:
a) ¿Cuál es el estado actual del
proceso de liquidación de Aluminio
Reynolds  Santo Domingo S.A. (En liquidación)?
b) ¿Con posterioridad a la fecha de
la declaración de la liquidación de Aluminio
Reynolds  Santo Domingo S.A. (En liquidación), hubo
designación de algún otro liquidador o  fiduciaria?
c) i) ¿Cuál es la provisión de fondos
realizada, prevista o proyectada en el presupuesto de la sociedad para atender
las obligaciones que corresponden al pago de las mesadas pensionales pasadas
y/o futuras de los pensionados a cargos de Aluminio
Reynolds  Santo Domingo S.A. (En liquidación), ii) ¿Cuáles son
los recursos disponibles para cancelar estas obligaciones; los recursos futuros
y/o provisiones con que se podrá contar para realizar los pagos? iv) ¿Qué otra alternativa de provisión de
fondos se seleccionó o se encuentra prevista en el proceso de liquidación?
d) ¿Cuáles decisiones se han tomado
hasta la fecha y cuáles se proyectan para atender las obligaciones del pasivo
pensional a cargo de Aluminio Reynolds
Santo Domingo S.A. (En liquidación)?
e) Información sobre el número de
pensionados a cargo de Aluminio Reynolds
Santo Domingo S.A. (En liquidación), clasificados por edad y
monto de la mesada pensional; el monto y el número de las mesadas dejadas de
pagar hasta la fecha e individualizadas para cada pensionado; el costo global
mensual y anual de las mesadas pensionales.
f) ¿Fue iniciado a la fecha solicitud
o trámite de conmutación pensional? Si la respuesta es positiva indique ¿Cuál
es el estado en que se encuentra actualmente el respectivo proceso de
conmutación pensional y cuáles son las alternativas y/o condiciones previstas
para que el Seguro Social asuma estas obligaciones pensionales?
Teniendo en cuenta los supuestos
fácticos expuestos ante el a quo, por parte de Aluminio Reynolds  Santo Domingo S.A. (En
liquidación), se requirió al Ministerio del Trabajo a fin de que informará lo
siguiente:
¿En qué estado se
encuentra el trámite de la petición elevada en el mes de septiembre de 2014,
por Aluminio Reynolds Santo Domingo S.A. (En Liquidación), en el que la
sociedad solicitó “que conceptúe favorablemente sobre el mecanismo de
normalización del pasivo pensional de la empresa, con el fin de proceder al
pago mediante la adjudicación de los activos”? [1].
Y en caso que de haber dado respuesta a la misma, remita copia del concepto
referido.
En respuesta de lo anterior se recibieron las
siguientes comunicaciones:
1)
Superintendencia de
Sociedades
La Coordinadora del Grupo de Liquidadores dio
respuesta, en lo que compete a la Superintendencia de Sociedades, como juez del
proceso de insolvencia, mediante el oficio Nº 405-197822, manifestando lo
siguiente:
El estado actual del proceso de liquidación judicial está
a la espera del concepto previo que debe rendir el Ministerio del Trabajo a
objeto de la normalización del pasivo pensional, como obligación de la sociedad
frente a los pensionados a su cargo. La actuación respectiva reposa en dicha
entidad desde el 28 de noviembre de 2012.
El 4 de noviembre de 2011, se decretó la apertura del
proceso de liquidación judicial y se designó al Dr. Eduardo Antonio Jubiz Hazbún
como agente liquidador. Se agotaron las etapas de ley, hasta la venta de
activos, la cual fue parcial y para avanzar se requiere concepto del Ministerio
del Trabajo sobre la normalización de pasivos.
Para atender el pago de las mesadas pensionales
pasadas se utilizó el dinero disponible hasta el agotamiento del mismo, desde
la fecha de inicio del proceso de liquidación judicial hasta diciembre de 2014,
y para las mesadas futuras, que incluyen las causadas desde el mes de enero de
2015 a la fecha (que no se han pagado) y las que en el futuro se causen, los
recursos están representados de la siguiente manera:
DESCRPCION
VALOR COMERCIAL
Maquinaria y Equipo
$     23.869.785.200
Equipo de Oficina
$            74.242.493
Equipo de computación y
Comunicación
$            20.557.000
Equipo de Laboratorio
$            56.025.000
TOTAL DE BIENES
$24.120´609.963.oo
Reitera que a la fecha no existen dineros en efectivo disponibles
para realizar algún pago. Y que el despacho no procede con la adjudicación de
bienes de que trata el artículo 57 de la Ley 1116 de 2006 hasta tanto no se
encuentre cubierto la totalidad del pasivo pensional, por tanto, está provisto
el 100% del pasivo pensional y para lograrlo se requiere el concepto del
Ministerio de Trabajo, sin el cual este juez de insolvencia no puede proceder
con la etapa siguiente.
La única opción que trae para proceder a la mencionada
conmutación pensional, es la señalada en los Decretos 1260 de 2000 y el numeral
3º del artículo 1 del Decreto 1270 de 2009, en concordancia con la Ley 1116 de
2006. Para culminar con el proceso de liquidación es necesario proceder a la
normalización del pasivo pensional, para lo cual se requiere el concepto previo
del Ministerio del Trabajo, de acuerdo a lo exigido por el artículo 12 del Decreto
1260 de 2000, y se materializa en la aplicación del artículo 57 de la Ley 1116
de 2006.
En cuanto al deber de la Superintendencia de dar
aprobación del cálculo actuarial, que es uno de los documentos que se deben
presentar ante el Ministerio del Trabajo, con oficio 320.088239 del 27 de
septiembre de 2012,  informaron al liquidador y a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales de la ciudad de Barranquilla para lo de su cargo, la
aprobación del mencionado cálculo por valor ($8.341.679.154) m/cte., para
atender el pasivo pensional de los 165 pensionados a cargo de la concursada.
También señala que remitió oficio número 405-020132,
de 21 de febrero de 2013, dirigido a la Dirección de Pensiones y otras
Prestaciones de Ministerio de Trabajo solicitándole que emita el pronunciamiento
pendiente en uno de cuyos apartes se lee:
“este Despacho de manera respetuosa le solicita
efectuar las gestiones tendientes a pronunciarse sobre la normalización
pensional de la sociedad del asunto, en trámite ante su Despacho desde el 28 de
noviembre pensional de 2012, toda vez que en el proceso se encuentran inmersos
derechos pensionales y de trabajadores sindicalizados que necesitan resolverse
al interior del juicio liquidatorio, para poder continuar con las etapas
procesales señaladas en la ley 1116 de 2006.”
Igualmente, indica que mediante la remisión de oficios
solicitó a la Directora de Pensiones y Otras Prestaciones, reconsiderar la
decisión de no emitir pronunciamiento sobre la normalización pensional de la
sociedad en insolvencia – Aluminios Reynolds Santo Domingo S.A. (En Liquidación
Judicial) – la cual se basó en el hecho de no haberse resuelto los recursos de
ley interpuestos contra el acto administrativo Nº 00656 del 30 de agosto de
2013, exponiéndole, entre otras razones de orden constitucional, legal, social,
jurídico y económico, la siguiente:
“La Sociedad Aluminio Reynolds Santo Domingo S.A., en
liquidación judicial, tiene a su cargo 165 pensionados a quienes, por haberse
agotado el dinero disponible no se les pagan sus mesadas pensionales desde
enero de 2015 ni los aportes para salud, por lo que quedan en situación de
vulnerabilidad manifiesta”.
Frente al oficio anterior la Directora de Pensiones y
Otras Prestaciones del Ministerio del Trabajo, mediante escrito Nº
2015-01-256868 del 22 de mayo de 2015, informó que no emite pronunciamiento
sobre la normalización pensional de la concursada hasta tanto no se resuelvan
los recursos de ley interpuestos contra el acto administrativo Nº 00656 de 30
de agosto de 2013, que declara la unidad de empresa de la sociedad y otros. Lo
anterior ha retrasado el pago de las obligaciones de la sociedad Aluminio
Reynolds Santodomingo S.A. - En Liquidación, debido a que sin la mencionada
autorización por parte del Ministerio, no se pueden ordenar pagos de ninguna
índole.
Finalmente, ante el conocimiento de la revocatoria del
acto administrativo el 8 de mayo de 2015, mediante el cual se había declarado
la unidad de empresa, solicitaron nuevamente al Ministerio, el 28 de julio de
2015, el pronunciamiento definitivo sobre la normalización pensional de la
sociedad Aluminio Reynolds Santodomingo S.A. - En Liquidación, poniendo de
presente una vez más que mientras el Ministerio, mediante la Dirección de
Pensiones y Otras Prestaciones, no cumpla con ese pronunciamiento la
Superintendencia de Sociedades no puede adoptar ninguna decisión al respecto,
aunque la empresa cuente con los activos necesarios para la normalización del
pasivo. Igualmente los trabajadores han solicitado ante el Ministerio la
autorización para el pago único conforme a la normativa vigente, pero, respecto
a ello, tampoco ha habido pronunciamiento.
2. Sindicato Sintrametal
El Presidente del Sindicato Sintrametal, mediante
oficio de 16 de enero de 2016, expresó lo siguiente:
La empresa Aluminios Reynolds Santodomingo S.A., entró
en liquidación el 11 de noviembre de 2011, fecha en la cual fueron despedidos
los trabajadores sin el pago de sus prestaciones e indemnizaciones, iniciándose
un conflicto laboral con el Grupo Alúmina y Bancolombia.
Seguidamente, hace un resumen de cómo se dieron los hechos.
Al respecto asevera que los dueños iniciaron un proceso de descapitalización de
la sociedad, destacando que sacaron de los activos de la compañía los terrenos
donde funcionaba, por medio de una simulación consistente en la creación en el
mes de septiembre de 2008, de la empresa Armarcas, con domicilio en Itagüí con
un capital de dos (2.000.000, oo) millones de pesos, luego, en el mismo año,
Reynolds le cede a Armarcas, en calidad de aportes, todos los terrenos y como
contraprestación recibió la suma de diecinueve (19.000.000, oo) millones de pesos
representados en acciones. En el mismo acto jurídico Armarcas inmediatamente
vendió los terrenos a Leasing Bancolombia por valor de veintiocho mil
quinientos (28.500.000.000, oo) millones de pesos; posteriormente liquidaron la
empresa Armarcas y finalizada la liquidación, en el mes de septiembre de 2009,
Aluminios Reynolds Santodomingo S.A., recibe en calidad de accionista
mayoritario la suma de ciento cuatro (104.000.000, oo) millones de pesos. Un mes
antes de la solicitud de liquidación de Armarcas Leasing Bancolombia le vendió
los mismo terrenos a Bancolombia por el valor de treinta y dos mil setecientos
ochenta y cinco millones doscientos tres mil quinientos sesenta y ocho pesos
(32.785.203.568, oo).
Indica que todo lo anterior ocurrió sin que los
trabajadores se enteraran y solo tuvieron conocimientos luego de la liquidación
de Aluminios Reynolds Santodomingo S.A.
Destaca que con el valor de los terrenos la empresa
Aluminios Reynolds Santodomingo S.A., hubiese podido cancelar con suficiencia
las prestaciones laborales a todos sus trabajadores, y que por ello han
iniciado una serie de actuaciones jurídica como, en el año 2010, la
conformación de un sindicato de industria SINTRAMETAL, el cual ha sufrido
persecuciones, como por ejemplo, hicieron renunciar a los trabajadores que se
afiliaban con ofrecimiento de toda clases de dadivas y el despido de la
Comisión de Reclamos.
Por otra parte, también observaron la enajenación y/o
traslado de las maquinarias de Reynolds a IMUSA, empresa de Reynolds que se
fortaleció y que luego fue vendida a la multinacional francesa SEB y
desapareció un área completa en Reynolds donde trabajaban más de 50 personas.
Luego, los clientes de Reynolds procedieron a hacer los pedidos a otras
empresas como Alúmina y Emma; todo organizado por el Grupo Alúmina, aunque este
solo se legalizó hasta el año 2011.
La empresa informó que estaba en una precaria
situación económica por el ingreso al país de productos de China y Venezuela, a
menor precio. Para procurar una solución, el 19 de octubre de 2011, los
trabajadores realizaron reunión de alto nivel con el Gobierno Nacional para que
se interpusiera una barrera antidumping; sin embargo la empresa no quiso
esperar la decisión del Gobierno y el 26 de octubre de 2011 presentaron la
solicitud de liquidación. Seguidamente, el 08 de noviembre de 2011, se
estableció la barrera antidumping solicitada.
El acta de liquidación es del 4 de noviembre de 2011 a
las 8:00 a.m. en las instalaciones de la empresa y en las horas de la tarde la
Superintendencia de Sociedades profirió el auto por medio del cual se decretó
la liquidación. El sindicato considera que es sospechoso la celeridad con la
cual se dio este trámite, el cual dejó cerca de 400 trabajadores sin puestos de
trabajo, despedidos sin pago de prestaciones e indemnizaciones, solo con
anticipos que los han conllevado a sobrevivir en estado de pobreza, por cuanto
el promedio de edad y antigüedad era alto y la gran mayoría o son muy viejos
para conseguir otro trabajo o muy jóvenes para pensionarse.
Finalmente, advierte que las otras dos (2) empresas
del Grupo Alúmina son las que solicitaron la liquidación de Aluminios Reynolds
Santodomingo S.A., por deudas de esta última con aquellas, pero que son los
mismos funcionarios los que representan a las tres (3) empresas y que ello se
puede observar en el expediente de liquidación Nº 1685.
El sindicato ha desarrollado una serie de acciones,
las cuales resumen como: Protestas públicas, mitin, distribución de chapolas,
tomas a la sede de la Supersociedades y de Aluminios Reynolds Santodomingo, así
como demandas ante el Ministerio del Trabajo, juzgado civil,  y ante la
Supersociedades, denuncia penal, solicitud de nulidad por actos defraudatorios
y un informe presentado a los Representantes de los Estados Unidos James
Macgovern y George Miller en calidad de integrantes de la Comisión de
Seguimiento al Plan de Acción Laboral firmado por los Estados Unidos.
Solicitan se plantee una solución por parte de la
empresa y Bancolombia que consista en el pago con dinero en efectivo y no con
la adjudicación de las maquinarias que están bastante deterioradas y han
perdido valor respecto a lo que muestra el avaluó. Y un análisis de la Ley 1116
de 2006, por cuanto consideran que está sirviendo para que muchas empresas
violen los derechos de sus trabajadores.
2.1.) Anexos al escrito allegado por Sintrametal
-
Copia del documento de
constitución de la sociedad Armarcas S.A.U.
-
Copia de la tarjeta profesional de
contador de Alejandro Rodríguez.
-
Copia de la cédula de ciudadanía y
carta de aceptación del cargo de revisora fiscal de Lina Claudia Montoya
Patiño.
-
Copia del acta de constitución de
sociedad anónima el 23 de septiembre de 2008.
-
Copia de la escritura pública Nº
3.537, de 24 de diciembre de 2008, en la que se da un aporte en especie y
compraventa entre Aluminios Reynolds Santodomingo - En Liquidación y Armarcas
S.A.U.
-
Copia del acta de 29 de mayo de
2009, en la que consta la disolución anticipada de Armarcas por parte del su
accionista principal Aluminios Reynolds Santodomingo.
-
Copia del balance general de 1º de
enero hasta el 31 de octubre de 2009 de la empresa Armarcas S.A.U.
-
Copia de solicitud de intervención
estatal dirigida al Presidente Juan Manuel Santos, firmada por el Presidente de
Sintrametal Barranquilla.
-
Copia de la respuesta dada por la
Coordinadora del Grupo de Atención de Peticiones al Presidente de la Republica
en la que informa que remitió el documento al Viceministerio de Relaciones
Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo para que atiendan el
requerimiento de intervención para la solución laboral de cerca de 400
trabajadores.
-
Copia de la respuesta de 21 de
diciembre de 2015, en la que el Ministerio del Trabajo le informa al Presidente
del Sindicato Sintrametal sobre las acciones y vigilancias administrativas
pertinentes que están adelantando según su competencia.
3. Liquidador -Aluminios Reynolds Santodomingo - En
Liquidación
El liquidador de Aluminios Reynolds Santodomingo S.A.
(En Liquidación), mediante oficio del 12 de enero de 2016, manifestó lo
siguiente:
La sociedad fue admitida en proceso de liquidación
judicial por la Superintendencia de Sociedades mediante auto Nº 405-0017724 de
4 de noviembre de 2011. Desde el inicio les dieron aviso a los acreedores.
Desde el mes de noviembre de 2011 se iniciaron, los
trámites correspondientes para obtener concepto favorable por parte del
Ministerio del Trabajo para la normalización de pasivos pensionales. La empresa
continuó pagando las mesadas pensionales a su cargo (hasta el mes de mayo de
2015) con los recursos obtenidos por algunas ventas de activos y devoluciones
de la DIAN.
La Superintendencia de Sociedades aprobó la calificación
y graduación de créditos, la determinación de derechos de voto y de inventario
valorado de activos en la audiencia celebrada el 13 de julio de 2012. Siguió
la  aprobación del inventario valorado de bienes, gestión de ventas de la cual,
incluyendo subasta en internet, solo se logró vender una pequeña parte de los
activos.
Según el procedimiento estipulado en el artículo 57 de
la Ley 1116 de 2006, una vez cumplido el plazo de dos meses posteriores a la
venta de activos en el proceso de liquidación judicial, continua la elaboración
de un proyecto de adjudicación de activos para someterlo a la aprobación de los
acreedores y posteriormente ante la Superintendencia de Sociedades como juez
del proceso.
Actualmente no ha sido posible realizar la
adjudicación para la aprobación por parte de la Superintendencia de Sociedades,
pues, luego de transcurridos cuatro años el Ministerio del Trabajo no ha
emitido concepto sobre la propuesta de normalización de pasivo por adjudicación
y/o pago único; la última solicitud fue radicada por el Liquidador en el mes de
septiembre de 2014, acompañada de la documentación requerida por el Ministerio.
La empresa cuenta con activos representados en
maquinarias y equipos por un valor aproximado de 25 mil millones de pesos para
el pago de las mesadas pensionales, pero a la fecha no dispone de dinero en
efectivo.
Ante la omisión por parte del Ministerio del Trabajo,
el Liquidador procedió a interponer una acción de tutela con la coadyuvancia de
varios pensionados, para que se protejan los derechos fundamentales vulnerados
por esa omisión y lograr el pronunciamiento inmediato, la cual fue resuelta
favorablemente por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, quien ordenó al Ministerio del Trabajo que diera respuesta de
fondo a la solicitud de la empresa sobre la normalización de pasivos.
La propuesta realizada por parte del Liquidador al
Ministerio del Trabajo para efectos de la normalización de pasivos fue la de
“pago único”, al considerar el liquidador que es la mejor opción, como quiera
que la empresa actualmente solo cuenta con activos representados en maquinarias
y equipos. Y la figura jurídica de la conmutación pensional solo admite pagos
en dinero en efectivo a la entidad que asumiría el pago de las pensiones, por
lo que descartó esta alternativa.
Concluye indicando que el estado actual del proceso de
liquidación es el estudio por parte del Ministerio del Trabajo de la solicitud
elevada por el Liquidador para que emitan concepto favorable a la forma de
normalización pensional propuesta consistente en el pago único.
3.1.) Documentación allegada por parte del Liquidador
de Aluminio Reynolds S.A.
-
Copia de la notificación del fallo
de la acción de tutela Rad.00600-2015, interpuesta por el Liquidador de
Aluminio Reynolds Santodomingo S.A., y otros contra el Ministerio del Trabajo,
en el que la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla concede el amparo
y ordena al Ministerio dar respuesta de fondo a la solicitud de 28 de noviembre
de 2011.
-
Copia del listado de pensionados
compartidos con Colpensiones de fecha 31 de diciembre de 2015, en el que se
relacionan ciento cuarenta y cinco (145) pensionados.
-
Copia del listado de pensionados
directos de Aluminios Reynolds Santodomingo - En Liquidación (en liquidación
judicial) de fecha 31 de diciembre de 2015, en el que se relacionan veinte (20)
pensionados, encabeza el listado el actor Walter Sánchez.
5.
Ministerio del Trabajo
La Oficina Jurídica del Ministerio de Trabajo,
mediante oficio del 12 de enero de 2016, expresó lo siguiente:
Antes de dar respuestas a las preguntas de la Corte,
hace un recuento de la normativa aplicable, para lo cual cita los artículos 1 y
3 del Decreto 1270 de 2009, referentes a  la obligatoriedad de la normalización
de pasivos para el caso de entidades que tengan pasivos pensionales a su cargo
o cuando se dé un proceso de liquidación por adjudicación por no presentarse o
no confirmarse el acuerdo de normalización y a los mecanismos de normalización
de pasivos contenidos en la Ley 550 de 1990.
Cita los mecanismos de normalización pensional
contenidos en el artículo 6° del Decreto 1260 de 2000, resaltando la conmutación
pensional como una obligación de las empresas en liquidación que cuenten con
los recursos para el efecto y lo establecido en el artículo 4° del mismo Decreto
que determina la conmutación total con el objeto de que se paguen las mesadas
pensionales y que la empresa quede liberada de la obligación del pago de la
pensión.
Considera la conmutación total como el mecanismo
idóneo para garantizar, en forma vitalicia, el pago de las prestaciones
pensionales de los trabajadores y pensionados de la empresa en la medida que la
empresa en liquidación cuente con los recursos suficientes para adelantar la
normalización pensional a través de este mecanismo.
El pago único es un mecanismo subsidiario, que
consiste en asignar en proporción al monto de las acreencias pensionales de
cada trabajador y pensionado, los bienes y activos que posea la concursada, el
cual solo se aplica una vez se hayan agotado todas las instancias que permitan
la obtención de recursos líquidos para la conmutación pensional. El artículo 7° del Decreto 1260 de 2000, en el
inciso 4°, establece lo referente a la responsabilidad que, de acuerdo a la
ley, exista a cargo de los socios de la sociedad, conforme con el tipo de
sociedad, y cuando sea del caso la responsabilidad que se haya establecido por
la autoridad competente a cargo  de las sociedad matriz o de otras personas con
sujeción a la ley.
El artículo 12 del Decreto 1260 de 2000, dispone el
procedimiento que se debe adelantar para realizar la normalización del pasivo
pensional, señalando que corresponderá a la Superintendencia que ejerza la
inspección y vigilancia y control de la empresa que desee normalizar sus
pasivos pensionales autorizar el mecanismo que elija la empresa para la
normalización de su pasivo pensional, previo concepto favorable de la Dirección
General de Prestaciones Económicas y Servicios Sociales Complementarios del
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. <Hoy Dirección de Pensiones y
Otras Prestaciones del Ministerio del Trabajo>.
Expuesto lo anterior, da contestación a las preguntas
realizadas por la Corte, en el siguiente sentido:
La solicitud elevada por el liquidador de esta empresa
corresponde a un pago único (dación en pago), debido a que la entidad en
liquidación, a la fecha, solo posee unos bienes muebles valorados en $25.130’964.544,60
y no en efectivo, para proceder a realizar la conmutación pensional.
Desde la solicitud de normalización del pasivo
pensional de la concursada han venido insistiendo en que el mecanismo a aplicar
debe ser la conmutación pensional total, que incluya a todos los beneficiarios
del cálculo actuarial; de ahí que teniendo en cuenta que según lo informado
tanto por el liquidador como por la Superintendencia de Sociedades, la empresa
no cuenta con recursos en efectivo, el Ministerio del Trabajo, a fin de
determinar la responsabilidad de los socios, inició las actuaciones necesarias
que establecieran la existencia de unidad de empresa.
Finalmente, dentro del proceso se determinó que no se
configuraron los elementos señalados en el artículo 194 del Código Sustantivo
del Trabajo, subrogado por la Ley 50 de 1990, artículo 32., para declarar la
unidad de empresa.
En el ejercicio del deber de salvaguardar los
intereses de los trabajadores, ex trabajadores y pensionados de Aluminio
Reynolds Santodomingo, para el estudio y emisión de un concepto favorable
valoró las posibles alternativas existentes, máxime cuando las mismas pudieran
incidir notablemente en el mecanismo de normalización pensional, tal como era
el caso de la determinación de unidad de empresa de la concursada con la
empresa Alúmina, dado que si eso hubiera sido posible, el pasivo pensional y
laboral hubiera quedado en cabeza de esta última empresa, que se encuentra
operando normalmente.
Recalcó un aparte de la sentencia T-458 de1997, que
establece que tanto el Ministerio del Trabajo como la Superintendencia de
Sociedades deben velar porque en el trámite de un concordato, los derechos de
los pensionados que corresponden a gastos de administración, no resulten
amenazados o quebrantados con la aplicación de los mecanismos idóneos.
Estimó que a Aluminios Reynolds Santodomingo - En
Liquidación, le corresponde no afectar el mínimo vital de los pensionados a
quienes no les pagan las mesadas pensionales desde el mes de febrero de 2015, y
que efectivamente el Ministerio del Trabajo no ha emitido el concepto previo
para la normalización de ese pasivo a través de la dación en pago por cuanto se
ha considerado que en el evento de distribuirse los activos en la forma como lo
solicitó el liquidador, no se estaría protegiendo el mínimo vital de los
pensionados.
Teniendo en cuenta que los activos fijos que posee la
empresa están avaluados en ($25.130’964.544,60) cantidad que supera ampliamente
el valor del cálculo actuarial para la normalización de pasivo pensional
($8.075’302.934,oo), adicionalmente al estudio de la determinación de la unidad
de empresa, se procedió, el 29 de septiembre de 2015, a solicitarle  a la
Superintendencia de Sociedades que autorizara a la concursada para la
realización de venta de activos por un menor precio, de tal manera que
obtuviera los recursos necesarios, en efectivo, para garantizar a través del
mecanismo de conmutación pensional el pago del pasivo pensional de la sociedad
en liquidación y los pensionados continúen de esta forma recibiendo sus mesadas
pensionales.
En la respuesta emitida por la Superintendencia,
informó que la providencia que aprobó el avalúo valorado de bienes se encuentra
ejecutoriada y el término de venta de qué trata el artículo 57 de la Ley 1116
de 2006 que permite al liquidador proceder a enajenar los activos inventariados
por un valor no inferior al del avalúo,  en forma directa o acudiendo al
sistema de subasta privada, ya se encuentra vencido, siendo procedente dar
aplicación a la normatividad señalada respecto de la adjudicación de los bienes
que no pudieron ser enajenados en el término señalado, por un valor fijado en
el avalúo aprobado por el juez de insolvencia concluyendo que “teniendo en
cuenta que los términos y procedimientos en materia procesal son preclusivos y
perentorios no se puede acceder a su solicitud, máxime cuando es el estatuto de
insolvencia el que determina que los activos de la sociedad no pueden
enajenarse por valor inferior al avalúo aprobado”.
Por otra parte están pendientes por resolver dos
incidentes de desacato por la acciones de tutelas identificadas
(Rad.2015-00119-00. Accionante: Néstor Montaño Barraza, cursa en el Juzgado 10
Civil Municipal de Barranquilla), (Rad.2015-00142-00. Accionante: Humberto
Jiménez Meza, cursa en el Juzgado 19 Civil Municipal de Barranquilla). Y la
Tutela Rad.2015-00600. Accionante: Liquidador de Aluminios Reynolds
Santodomingo - En Liquidación, que se tramita ante la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
En todos los casos, inclusive dentro de la actual
acción constitucional, el Ministerio del Trabajo solicitó a los jueces de
tutela, ordenar por vía judicial al liquidador de la concursada, la venta de
activos por un menor valor, con el fin de obtener los recursos necesarios para
la conmutación pensional, que garantizaría el pago efectivo de las mesadas de
los pensionados de la sociedad. Y de manera subsidiaria que se determine otro
mecanismo alternativo que permita garantizar los derechos de los pensionados.
4.1.) Documentos allegados por parte del Ministerio
del Trabajo.:
-
Copia de un resumen de las
actuaciones adelantadas por el Ministerio del Trabajo respecto de la
liquidación judicial de Aluminios Reynolds Santodomingo - En Liquidación
-
Copia de la Resolución N° 000656,
de 30 de agosto de 2013, proferida por la Dirección Territorial del Atlántico
del Ministerio del Trabajo, por la cual se declaró la unidad de empresa entre
Aluminios Reynolds Santodomingo S.A. y Alúmina SA., y Emma y Cía., S.A.
-
Copia de la Resolución N° 000902,
de 13 de noviembre de 2013, proferida por la Dirección Territorial del
Atlántico del Ministerio del Trabajo, por la cual se rechaza, por extemporáneo,
un recurso de reposición, confirma la Resolución  N° 000656 de 30 de agosto de
2013, y concede el recurso de apelación.
-
Copia de la Resolución N° 01643,
de 8 de mayo de 2015, mediante la cual la Dirección de Inspección, Vigilancia,
Control y Gestión Territorial del Ministerio del Trabajo, resuelve un recurso
de apelación y revoca, en todas sus partes, la Resolución  N° 000656 de 30 de
agosto de 2013 que había declarado la unidad de empresa y ordena al Liquidador
de Aluminios Reynolds Santodomingo - En Liquidación, que informe al Ministerio
lo referente al cumplimiento de los pagos oportunos de las acreencias laborales
causadas y el procedimiento realizado para tal fin de forma trimestral hasta
que el proceso de liquidación culmine.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. La Competencia de la Sala Cuarta para proferir
sentencia de revisión
La Sala Cuarta de Revisión de Corte Constitucional es
competente para proferir sentencia de revisión dentro del expediente de la
referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
El actor arguye la violación de varios
derechos fundamentales, sin embargo, con fundamento en la reseña fáctica
expuesta y la decisión de tutela adoptada por el juez de instancia, en esta
oportunidad, le corresponde a la Sala de Revisión establecer, i) la procedencia
excepcional de la tutela para el pago de acreencia laborales ii) si la empresa Aluminios
Reynolds Santodomingo - En Liquidación, representada legalmente por el
Liquidador, vulneró el derecho fundamental  a
la seguridad social y al mínimo vital de las personas de la tercera edad, en su calidad de pensionados directos de la
empresa, por el no pago de las mesadas
pensionales causadas y por la ausencia de cotización a las entidades
prestadoras del servicio de salud por la no disposición de dinero en efectivo,
en medio del trámite del proceso de liquidación judicial establecido en la Ley 1116 de 2006, régimen de insolvencia
empresarial.
A efecto de resolver la
cuestión planteada, la Sala de Revisión recordará, sintéticamente, la doctrina
constitucional de importancia para el caso: (i) la prelación constitucional del
derecho fundamental al mínimo vital de las personas de tercera edad; (ii) el pago oportuno de las mesadas pensionales y la
procedencia excepcional de la tutela para el pago de acreencias laborales; (iii) finalidad y principios que rigen en el régimen de insolvencia; (iv) etapas que constituyen el proceso de
liquidación judicial inmediata;
(v) inaplicación por excepción de inconstitucionalidad, de la norma que
establece un límite de tiempo para que el liquidador proceda a enajenar los
activos inventariados por un valor no inferior al del avalúo, previa
aprobación del mismo; (vi) los efectos de las sentencias de revisión de
la Corte Constitucional.
3. Prevalencia
constitucional del derecho fundamental al mínimo vital de las personas de la
tercera edad. Reiteración de jurisprudencia
La jurisprudencia
constitucional ha sido consistente en el sentido de reconocer la existencia de
un derecho fundamental constitucional al mínimo vital en cabeza de las personas
de la tercera edad, derivado de múltiples mandatos constitucionales en los que se
reconocen, entre otros, los derechos a la vida digna (art. 11, C.P.), a la
integridad personal (art. 12, C.P.), a la seguridad social integral (art. 48,
C.P.) y a la salud (art. 49, C.P.). Así, por ejemplo, en la sentencia T-458 de
1997, se explicó la prelación constitucional del derecho al mínimo vital de las
personas de la tercera edad, como sujetos de especial protección
constitucional, así:
“El principio constitucional
de dignidad humana, sobre el que se establece el Estado social de derecho sirve
de fundamento al derecho al mínimo vital, cuyo objeto no es otro distinto que
el de garantizar las condiciones materiales más elementales, sin las cuales la
persona arriesga perecer y quedar convertida en un ser que sucumbe ante la
imposibilidad de asegurar autónomamente su propia subsistencia.
Con arreglo a los imperativos
de la igualdad material, la Carta reconoce que si bien el derecho fundamental
al mínimo vital es predicable de todos los ciudadanos en condiciones de
igualdad, existen determinados sectores de la población que, en razón de su
mayor vulnerabilidad, son susceptibles de encontrarse, con mayor facilidad, en
situaciones que comprometan la efectividad de su derecho. De ahí que algunas
normas de la C.P., consagran la obligación del Estado de otorgar una especial
protección a los grupos más vulnerables de la población.
En otras palabras, la
Constitución Política contempla una serie de sujetos que necesitan de un “trato
especial” por la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentran. En
particular, a este grupo pertenecen las personas de la tercera edad, quienes al
final de su vida laboral tienen derecho a gozar de una vejez digna y plena
(C.P. artículos 1º, 13, 46 y 48). En relación con estos sujetos, la Corte ha
sentado la doctrina del derecho fundamental a la seguridad social. Así se le ha
dado preciso alcance al mandato constitucional de defender, prioritariamente,
el mínimo vital que sirve, necesariamente, a la promoción de la dignidad de los
ancianos (C.P., artículos 1º, 13, 46 y 48)”.
La Corte ha protegido y
señalado el fundamento constitucional de la prevalencia del derecho al mínimo
vital de las personas de la tercera edad al mínimo vital en numerosas
sentencias, entre las cuales se pueden citar, a título de ejemplo, las siguientes:
T-484 de 1997, T-107 de 1998, T-120A de 1998, T-169 de 1998, T-221 de 1998,
T-364 de 1998, T-020 de 1999, T-126 de 2000, T-264 de 2000, T-282 de 2000,
T-542 de 2000, T-588 de 2000, T-719 de 2000, T-018 de 2001, T-1101 de 2002,
T-027 de 2003, T-744 de 2003, T-391 de 2004 y T-249 de 2005.
4. Pago
oportuno de las mesadas pensionales y la procedencia excepcional de la tutela
para el pago de acreencias laborales. Reiteración de jurisprudencia
Para obtención del pago de las
mesadas pensionales, la regla general es que se haga a través de un proceso
ejecutivo laboral, teniendo como fundamento probatorio del derecho pensional
(i) la declaración mediante sentencia judicial o (ii) el reconocimiento
mediante acto administrativo. Por lo tanto es excepcional la procedencia de la
acción de tutela con el fin de proteger el mínimo vital del pensionado.[2]
La vulneración al derecho
fundamental al mínimo vital del pensionado y su familia, es presumible si
existe una cesación prolongada en el pago de las mesadas pensionales y así lo
ha establecido la jurisprudencia de esta Corporación[3],  “en estos casos la
carga de la prueba se invierte, correspondiéndole a la entidad encargada de
pagar esta prestación desvirtuar dicha presunción”[4];  factores como la
dependencia económica del actor y su familia de la pensión, la edad del
pensionado se deben examinar para comprobar la procedencia de la acción de
tutela, en estos casos.
Sobre este tópico la
jurisprudencia de la Corporación ha señalado que:
“la valoración del mínimo vital
del pensionado no es una calificación objetiva, sino que depende de las
situaciones concretas del Sentencias T-011 de 1998, MP: José Gregorio
Hernández accionante. Por consiguiente, el concepto de mínimo vital no se
identifica con el monto de las sumas adeudadas o con “una valoración numérica
de las necesidades biológicas mínimas por satisfacer para subsistir, sino con
la apreciación material del valor de su trabajo.”[5]
Cuando se requiera evitar un perjuicio
irremediable, la acción de tutela es procedente, aunque exista otro medio de
defensa ordinario, idóneo y eficaz. La doctrina constitucional ha dispuesto, que
previa ponderación del juez, ello ocurre cuando se dan las siguientes
circunstancias:
“(i)                Se trata de una persona de la tercera edad,
considerada sujeto de especial  protección.
(ii)             El estado de salud del  solicitante y su familia.
(iii)           Las condiciones económicas del peticionario.
(iv)           La falta de pago de la prestación o su disminución,
genera un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular
del derecho al mínimo vital.
(v)             El afectado ha desplegado cierta actividad
administrativa y judicial, tendiente a obtener la protección de sus derechos, y
(vi)           El interesado acredita, siquiera sumariamente, las
razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la
protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados.[6]
Respecto
con la avanzada edad del peticionario(a), sobre todo si sobrepasa el índice de
promedio de vida en Colombia (71 años), la Corte ha dispuesto que el mecanismo
ordinario resulta ineficaz si es probable que la persona no exista para el
momento en el que se adopte un fallo definitivo tomando en cuenta el tiempo
considerable que demora un proceso de esta índole y la edad del actor(a).[7] (Subraya fuera del texto).
Igualmente,
esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que, en ciertos casos,
cuando la conducta desplegada por las entidades responsables del reconocimiento
de derechos pensionales, resulta evidentemente arbitraria e infundada al punto
de que se configura una vía de hecho administrativa, el mecanismo de amparo
resulta procedente aun cuando no se demuestre la afectación del mínimo vital,
toda vez que en estos casos la procedencia de la acción de tutela se
fundamenta, en primer lugar, en la necesidad de proteger al ciudadano de
determinaciones abiertamente contrarias al ordenamiento constitucional y, en
segundo término, en la protección de los derechos al debido proceso, igualdad,
y el principio de dignidad humana de los afectados”.[8]
5. Finalidad y principios que rigen en
el régimen de insolvencia. Reiteración de jurisprudencia
Al abordar el
análisis del  proceso de liquidación judicial, se deben tener en cuenta su
finalidad y principios rectores de manera que las
actuaciones administrativas y judiciales estén orientadas debidamente a la
mantener las garantías, el equilibrio y la igualdad de los participantes, es decir, el trámite de un proceso de
liquidación conlleva el conocimiento objetivo de los
hechos generadores de la medida, pero resaltando la responsabilidad de la
empresa  frente a los derechos de los trabajadores y acreedores, por lo que las
decisiones que se tomen deben ser coherentes con el cumplimiento de la
finalidad del régimen de insolvencia, evitando la vulneración
de derechos fundamentales.
“Después de una larga y compleja evolución, los
procesos concursales tienen como finalidad conciliar los intereses de los
deudores, los acreedores y la sociedad en su conjunto, en el evento de
insolvencia del deudor, con la finalidad de proteger el crédito, bien sea
mediante fórmulas de recuperación del deudor, que le permitan pagar
ordenadamente, o  a través de la liquidación de su patrimonio”[9].
‘La ley 1116 de 2006 regula el Régimen de
Insolvencia Empresarial, que en términos generales corresponde a una estrategia
–legítima- de intervención del Estado en la economía, diseñada con varios
objetivos: velar por la protección del crédito, recuperar y conservar la
empresa como unidad de explotación económica y fuente de empleo, normalizar las
relaciones comerciales y, de ser necesario, asegurar la liquidación pronta y ordenada
protegiendo la buena fe en las relaciones comerciales y sancionando conductas
contrarias a ella. Es así como el artículo 1º dispone:
“ARTÍCULO 1o. FINALIDAD DEL RÉGIMEN DE
INSOLVENCIA. El régimen judicial de insolvencia regulado en la presente
ley, tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y
conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente
generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización y de
liquidación judicial, siempre bajo el criterio de agregación de valor.
El proceso de reorganización pretende a
través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones
comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional,
administrativa, de activos o pasivos.
El proceso de liquidación judicial persigue
la liquidación pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del patrimonio
del deudor.
El régimen de insolvencia, además, propicia
y protege la buena fe en las relaciones comerciales y patrimoniales en general
y sanciona las conductas que le sean contrarias”. (…)
El cumplimiento de los objetivos allí trazados se
materializa a través de dos vías, no necesariamente concurrentes: (i) la
reorganización empresarial y (ii) la liquidación judicial. La primera se
dirige a la preservación de empresas viables, mediante la estabilización de las
relaciones comerciales y crediticias; por su parte, la liquidación busca
esencialmente aprovechar el patrimonio del deudor para atender equitativamente
las obligaciones de los acreedores cuando la empresa se ve avocada {sic} a su
extinción[10].
(Subraya fuera del texto original).
El régimen de insolvencia se inspira en los principios
de universalidad, igualdad, eficiencia, información, negociabilidad,
reciprocidad y gobernabilidad económica[11].
En virtud de la universalidad, debe concurrir al proceso la totalidad del
patrimonio del deudor (dimensión objetiva) y de los acreedores (dimensión
subjetiva), porque de otro modo difícilmente podría tenerse claridad acerca de la
situación real de una empresa y de las posibilidades de éxito ante un eventual
proceso de reestructuración.
Este principio guarda estrecha relación con el de
igualdad, según el cual ha de procurarse un tratamiento equitativo a los
acreedores (par conditio creditorum), sin perjuicio de la prelación de
créditos prevista en la ley. (…)’.[12]
6. Etapas del proceso de liquidación inmediata
Para dirigir el proceso de liquidación judicial, el legislador
[[13]],
revistió de autoridad jurisdiccional a la Superintendencia de Sociedades, en
consecuencia, sus actuaciones están regidas de conformidad con el Código
General del Proceso y la normativa especial correspondiente.
Del proceso de liquidación judicial existen
dos clasificaciones según las causas que den origen a su iniciación, por lo
cual se les denomina proceso de liquidación judicial y proceso de liquidación
judicial inmediata, temática ampliamente explicada por la jurisprudencia de
esta Corporación resaltando siempre la relevancia constitucional que tienen el
pago de los créditos de tipo laboral y la protección a la seguridad social en
el curso de este tipo de proceso.
“Es suficientemente sabido que en el proceso de
liquidación forzosa administrativa “el bien jurídico más importante a proteger
es el de la igualdad de los acreedores” (sentencia C-403 de 2001), lo que se
conoce como el  principio par conditio creditorum (igualdad
entre los acreedores en los procesos liquidatorios).
Las consecuencias que este objetivo trae consigo se
traducen en que los activos de la empresa en liquidación se convierten en
prenda común de todos los acreedores, y que ante la insuficiencia de activos,
los derechos de los acreedores se satisfacen a prorrata, es decir, a través de
la llamada “comunidad de pérdidas”.
Estos parámetros operan como regla general para todos
los acreedores, excepto, cuando se está ante créditos derivados de acreencias
laborales, dado que en estos casos, dicha clase de acreencias goza no sólo [sic]
de la prelación o privilegio reconocido por la ley, sino que, inclusive, cuando
se está ante una mora en el pago oportuno de mesadas pensionales o en el
pago de salarios, y éstos constituyen “la única fuente para satisfacer las
necesidades personales y familiares" (SU-995/99), el juez de tutela puede
amparar el pago oportuno, no obstante que la empresa responsable del pago se
encuentre en proceso concursal.
En efecto, la circunstancia de que la entidad se
encuentre en alguna de las modalidades del trámite concursal : (1) concordato o
acuerdo de recuperación de los negocios del deudor; o, (2) concurso
liquidatorio respecto de los bienes que conforman el patrimonio del deudor
(art. 89 de la Ley 222 de 1995), si  existe el vínculo entre el
incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o de
mesadas pensionales y la afectación del mínimo vital, el proceso de liquidación
no puede convertirse en patente de corso para sustraerse del cumplimiento de
estas obligaciones.” [14]
(Subraya fuera del texto).
El proceso de liquidación está constituido por varias
etapas procesales de conformidad con lo establecido en la Ley 1116 de 2006, las
cuales varían si se trata de un proceso de liquidación judicial o un proceso de
liquidación inmediata y si la entidad en liquidación tiene o no a su cargo el
pago de pensiones, caso en el cual resulta aplicable lo establecido por la Ley
550 de 1990 que instaura los mecanismo de normalización pensional y sus Decretos
Reglamentarios. Bajo estas premisas se resaltan las principales etapas del
proceso de liquidación judicial inmediata[15]
con deuda pensional, así:
Inicio
Providencia de apertura del proceso de liquidación
judicial, que no admite ningún recurso[16]
y debe ser inscrita en el registro mercantil.
Liquidador
Nombramiento del liquidador como representante legal
de la empresa en liquidación.
Medidas
cautelares
Recaen sobre los bienes del deudor, esta medida debe
ser inscrita en el registro mercantil correspondiente.
Notificación
A cargo del Juez, se realiza mediante aviso público
por el término de 10 días a fin de que los acreedores sepan dónde deben
presentar sus créditos.
Presentación
e inclusión de créditos
En el proceso se reconocen y admiten los acreedores,
aquellos que no estén incluidos tendrán un plazo de veinte (20) días a partir
de la des fijación del aviso, para presentarle al liquidador el crédito con
los soportes de ley.
Calificación
y graduación de créditos
En un plazo que no será inferior a un (1) mes, ni
superior a tres (3) meses, el Liquidador remitirá al juez del concurso todos
los documentos que le hayan presentado los acreedores, junto al proyecto de
calificación y graduación de créditos y derechos de voto.
El juez dentro de los quince (15) días siguientes,
proferirá auto de reconocimiento de los créditos, del voto y fijará el plazo
para presentación del acuerdo. Si se presentan objeciones se deberán tramitar
conforme a lo establecido para el trámite del acuerdo de reorganización.
Inventario
y avaluó
El liquidador cuenta con el término de treinta (30)[17]
días para presentar el inventario de los activos del deudor conforme al
avaluó, el juez del concurso correrá traslado del mismo por el término de
diez (10) días. Ante el acuerdo de reorganización fallido, el inventario de
créditos[18]
se realizará, desde la fecha del
vencimiento de la obligación hasta la de inicio del proceso de liquidación
judicial.
Normalización
de pasivos
En los casos que la entidad tenga a su cargo el pago
de mesadas pensionales, corresponderá acudir a los diferentes mecanismos de
normalización de pasivos.[19]
Etapa en la que se deberá aprobar el cálculo actuarial por parte de la
Superintendencia de Sociedades y presentada la propuesta de normalización de
pasivos por parte del liquidador, el Ministerio del Trabajo emitirá concepto
favorable a fin de que la Superintendencia proceda a su aprobación.
Enajenación
de activos
En un plazo de dos (2) meses[20]
contados a partir de la fecha en que quede en firme la calificación y
graduación de créditos y el inventario de bienes del deudor, el liquidador
procederá a enajenar los activos inventariados por un valor no inferior al
del avalúo, en forma directa o acudiendo al sistema de subasta privada.
Acuerdo
de adjudicación
El liquidador tendrá un plazo máximo de treinta (30)
días para presentar al juez del concurso, el acuerdo de adjudicación al que
hayan llegado los acreedores del deudor con la relación de los dineros
recibidos y los activos no enajenados. Este acuerdo de adjudicación deberá
ser aprobado por el juez para que se haga efectivo.
Providencia
de adjudicación.
De no aprobarse citado acuerdo, el juez dictará la
providencia de adjudicación[21]
dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del término
anterior.
Informe
de bienes no recibidos
El acreedor destinatario que opte por no aceptar la
adjudicación deberá informarlo al liquidador dentro de los cinco (5) días
siguientes a la ejecutoria de la providencia de adjudicación de bienes, de lo
cual, el liquidador presentará un informe al juez. Los bienes no recibidos
por aquellos dentro de los diez (10) días siguientes a la adjudicación serán
considerados vacantes o mostrencos según su naturaleza y recibirán el
tratamiento legal respectivo.
Redición
final de cuentas
Cumplido los plazos establecidos en las etapas
anteriores y cumplidas todas las órdenes emitidas por el juez del proceso de
liquidación judicial en el auto que ordenó la adjudicación de bienes, el
Liquidador deberá presentar al juez una rendición  final de cuentas finales
en el que incluya la relación de los pagos efectuados, con sus debidos
soportes.
En cuanto a los efectos jurídicos de la
apertura o iniciación del proceso de liquidación la jurisprudencia de la Corte
ha destacado los siguientes:
“(i) la disolución de la persona jurídica, (ii) la terminación de
contratos, (iii) la finalización de encargos fiduciarios, (iv) la interrupción
de los términos de prescripción y la inoperancia de la caducidad, (v) la
exigibilidad de todas las obligaciones a plazo del deudor, (vi) la prohibición
de disposición de cualquier bien que forme parte del patrimonio liquidable,
(vii) la remisión al juez del concurso de todos los procesos de ejecución que
estén siguiéndose contra el deudor, con el objeto que sean tenidos en cuenta
para la calificación y graduación de créditos y derechos de voto, de manera que
la continuación de los mismos por fuera del proceso de liquidación será nula y
corresponde ser declarada por el juez del concurso, (viii) la preferencia de
las normas del proceso de liquidación judicial sobre cualquier otra que le sea
contraria.
Otro de los efectos de naturaleza procesal de la
iniciación del proceso de liquidación judicial, consiste en la preferencia de
las normas del proceso de liquidación judicial sobre cualquier otra que le sea
contraria. Este efecto implica no solo que las normas del proceso concursal
tienen carácter especial y preferente frente a las demás normas de carácter
procesal general, sino también que por tener el proceso liquidatorio una
vocación universal tiene preferencia sobre cualquier otro proceso en el cual se
trate {sic} de hacer efectivas
las obligaciones en contra del deudor. Por lo tanto, una vez iniciado el
proceso concursal, no puede admitirse demanda alguna en la cual se pretenda la
apertura de otro proceso concursal o de uno de reorganización, ni tampoco es
posible que una vez iniciada la liquidación judicial haya lugar a la ejecución extra
concursal mediante procesos ejecutivos, como ya se mencionó en el apartado
anterior.
La terminación del proceso de liquidación judicial tiene lugar (i) una vez se encuentre ejecutoriada la
providencia de adjudicación, y (ii) por la celebración de un acuerdo de
reorganización. Una vez cumplido con el proceso se dispondrá el archivo del
expediente, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que proceda
contra el deudor, los administradores, socios y el liquidador, y se ordenará la
inscripción de la providencia en el registro mercantil o en el que corresponda.
Todo ello de conformidad con el artículo 63 de la Ley 1116 de 2006.
Finalmente, el artículo 126 de la Ley 1116 de 2006,
establece los términos para la entrada en vigencia de la misma ley, y consagra
una regla de prevalencia de las normas relativas al régimen de insolvencia,
reiterando que las normas del régimen en esa ley, que son normas especiales, “prevalecerán
sobre cualquiera otra de carácter ordinario que le sea contraria”.  [[22]]
Conforme a la normativa y jurisprudencia expuesta, se
vislumbra que en el proceso de liquidación judicial, el pago de las
obligaciones está sujeto a las resultas del proceso, y, estas dependen de la
idoneidad y eficacia de las propuestas de solución que se planteen, resaltando
la etapa de calificación y graduación de créditos, el avaluó de bienes y el
inventario de activos que debe presentar el Liquidador ante la Superintendencia
de Sociedades para su aprobación y posterior autorización para la enajenación
de estos últimos, a fin, de captar dinero en efectivo, para proveer la
disponibilidad de los recursos respecto a la deudas pendientes por pagar,
respetando la graduación y prelación de créditos establecida por la ley.
7. La norma que establece un límite de tiempo para que el liquidador
proceda a enajenar los activos inventariados por un valor no inferior al del
avalúo, previa  calificación y graduación de créditos, debe inaplicarse por
excepción de inconstitucionalidad
En cuanto a la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad
la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que esta “no
invade, de ninguna manera, la competencia de la Corte Constitucional o el
Consejo de Estado para decidir, de manera definitiva, sobre la
constitucionalidad de la norma. El respeto de la competencia radica en que la
excepción tiene efectos únicamente frente al caso concreto y solo se puede
aplicar en ausencia del pronunciamiento definitivo. Al contrario, el fallo
definitivo sobre la constitucionalidad de una norma tiene efectos erga omnes,
es posterior en el tiempo a la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad y no afecta la validez de las decisiones en las cuales se
aplicó la excepción de inconstitucionalidad, así la norma se encuentre ajustada
a la Carta Política”[[23]].
Igualmente, se ha concluido que “la
excepción de inconstitucionalidad puede aplicarse de oficio y que, en
consecuencia, su utilización “no comporta un exceso en los límites
materiales y personales del proceso en el cual ésta se verifica” [[24]], como tampoco
el desconocimiento del valor jerárquico normativo en que se estructura el
ordenamiento jurídico” [[25]].
Ahora bien, de conformidad con el
artículo 6° de la Ley 1116 de 2006, a la Superintendencia de Sociedades[26] le fue asignada la competencia para
conocer el proceso de insolvencia en única instancia como juez de cóncurso.
Los
artículos 3º y 6° del Decreto 1260 de 2000, establecen,
respectivamente, las formas de conmutación pensional total,
como mecanismo de normalización pensional y la
obligación de adoptar dicha medida por parte de entidades en liquidación, en
los casos que una empresa que tenga a su cargo el pago de pensiones y cuente con
los recursos para el efecto.
Es
claro que el numeral 11 del artículo 5 de la Ley 1116 de 2006[27],
le otorga a la Superintendencia de Sociedades atribuciones suficientes para
dirigir el proceso y lograr que se cumplan las finalidades del mismo,
resaltando para el caso la protección especial que se le debe brindar a los
pensionados de conformidad con las regla de prelación de créditos.
El artículo 57 de la
citada Ley señala explícitamente el tiempo que otorgó el legislador para que se
efectué, por parte del liquidador, la enajenación de los activos inventariados
por un valor no inferior al del avalúo, así:
“ARTÍCULO 57. ENAJENACIÓN DE ACTIVOS Y PLAZO PARA
PRESENTAR EL ACUERDO DE ADJUDICACIÓN. En
un plazo de dos (2) meses contados a partir de la fecha en que quede en firme
la calificación y graduación de créditos y el inventario de bienes del deudor,
el liquidador procederá a enajenar los activos inventariados por un valor no
inferior al del avalúo, en forma directa o acudiendo al sistema de subasta
privada.
Con relación a los dineros recibidos y los activos no
enajenados, el liquidador tendrá un plazo máximo de treinta (30) días para
presentar al juez del concurso, el acuerdo de adjudicación al que hayan llegado
los acreedores del deudor.
El acuerdo de adjudicación requiere, además de la
aprobación de los acreedores, la confirmación del juez del concurso, impartida
en audiencia que será celebrada en los términos y para los fines previstos en
esta ley para la audiencia de confirmación del acuerdo de reorganización.
De no aprobarse el citado acuerdo, el Juez dictará la
providencia de adjudicación dentro de los quince (15) días siguientes al
vencimiento del término anterior.
Para la Sala es indudable que para que tenga
viabilidad la conmutación pensional tal y como lo expuso en su respuesta, en
sede de revisión, el Ministerio del Trabajo, por ser este el mecanismo idóneo
para garantizar, en forma vitalicia, el pago de las prestaciones de los pensionados,
se requiere gestión que genere la disponibilidad de dinero en efectivo, y
teniendo en cuenta que en este caso la entidad solo cuenta con los activos
representados en maquinarias y equipos, es necesario que se opte por (i) otorgar
al liquidador  la autorización para realizar un nuevo avaluó de los bienes, y
luego de la subsiguiente aprobación del mismo por el Juez de Concurso; (ii) autorizar
la enajenación de los bienes, en los términos de la presente Ley.
Sin embargo, se advierte que en este momento se
encuentra vencido el término temporal establecido en el artículo 57 de la Ley
1116 de 2006, para adelantar dicho trámite, imposibilitándose la mencionada
conmutación lo cual pugna explícitamente con las normas superiores, contenidas
en los artículos 46, 48 y 53 constitucionales que consagran una protección
especial a los derechos
fundamentales a la seguridad social y al
mínimo vital de las personas de la tercera edad, pues mientras que la
disposición legal referida, niega la posibilidad de que se intente nuevamente
la enajenación de los bienes, con un avalúo ajustado al estado actual de las
maquinarias y equipos, para que con la obtención del dinero requerido, se logre
viabilizar la garantía efectiva y vitalicia del pago de las mesadas de los
pensionados, las referidas normas constitucionales pretenden garantizar la real
protección de los trabajadores pensionados  en las mejores condiciones a que
haya lugar.
8. Reiteración de jurisprudencia. Modulación
de los efectos de las sentencias que profiere la Corte Constitucional. Efectos
inter comunis
Por regla general, los efectos de las
providencias que profiere la Corte Constitucional en su labor de revisión de
las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela son inter
partes, es decir, que solo afectan las situaciones particulares de quienes
intervienen en el proceso de revisión.
Sin embargo, en los términos definidos por
la jurisprudencia de esta Corporación, la Corte, con estricto apego a la
Constitución, también puede determinar o modular los efectos de sus fallos,
decidiendo en un caso concreto cuál es el efecto que mejor protege los derechos
constitucionales fundamentales y garantiza su plena eficacia.
Haciendo uso de esa potestad, esta Corte
ha proferido numerosas sentencias de tutela a las que ha dotado de efectos que
tienen un alcance mucho mayor al meramente inter partes, cuando advierte,
en un determinado asunto, que amparar exclusivamente los derechos invocados por
quien promueve la acción, sin considerar los efectos que tal decisión tendría
respecto de quienes en circunstancias comunes no acudieron a dicho mecanismo,
podría implicar el desconocimiento de otras garantías fundamentales. A estos
efectos se les ha denominado inter comunis (entre comunes).
Sobre el particular, en Sentencia SU-1023
de 2001, se dijo lo siguiente:
“Existen circunstancias especialísimas
en las cuales la acción de tutela no se limita a ser un mecanismo judicial
subsidiario para evitar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales
solamente de los accionantes. Este supuesto se presenta cuando la protección de
derechos fundamentales de los peticionarios atente contra derechos
fundamentales de los no tutelantes. Como la tutela no puede contrariar su
naturaleza y razón de ser y transformarse en mecanismo de vulneración de
derechos fundamentales, dispone también de la fuerza vinculante suficiente para
proteger derechos igualmente fundamentales de quienes no han acudido
directamente a este medio judicial, siempre que frente al accionado se
encuentren en condiciones comunes a las de quienes sí hicieron uso de ella y
cuando la orden de protección dada por el juez de tutela repercuta, de manera
directa e inmediata, en la vulneración de derechos fundamentales de aquellos no
tutelantes.
En otras palabras, hay eventos
excepcionales en los cuales los límites de la vulneración deben fijarse en
consideración tanto del derecho fundamental del tutelante como del derecho
fundamental de quienes no han acudido a la tutela, siempre y cuando se
evidencie la necesidad de evitar que la protección de derechos fundamentales
del accionante se realice paradójicamente en detrimento de derechos igualmente
fundamentales de terceros que se encuentran en condiciones comunes a las de
aquel frente a la autoridad o particular accionado.”
Desde esa óptica, los efectos inter
comunis pueden definirse como aquellos efectos de un fallo de tutela que,
de manera excepcional, se extienden a situaciones concretas de personas que,
aun cuando no promovieron el amparo constitucional, se encuentran igualmente
afectadas por la situación de hecho o de derecho que lo motivó, producto del
actuar de una misma autoridad o particular, justificado en la necesidad de dar
a todos los miembros de una misma comunidad un trato igualitario y uniforme que
asegure el goce efectivo de sus derechos fundamentales.
Con fundamento en las consideraciones expuestas, la
Sala de Revisión pasa al análisis del caso concreto.
9.
Conclusiones y solución del caso concreto
De conformidad con los preceptos constitucionales,
normativa y jurisprudencia atrás enunciada, corresponde a la Sala de Revisión dilucidar
la procedencia del amparo de los derechos constitucionales amenazados por la suspensión,
desde el mes de enero del año 2015, del pago de las mesadas pensionales de
jubilación al actor, por parte del Liquidador de la empresa Aluminios Reynolds
Santodomingo - En Liquidación, por cuanto el juez de instancia denegó la
protección constitucional solicitada por considerar que no cumple con el
requisito de subsidiaridad, en razón de que el accionante cuenta con otros
mecanismos de defensa dentro del ordenamiento jurídico.
Como mecanismos de defensa jurídicos, este caso,
sometido al trámite de un proceso de liquidación judicial mediante el régimen
de insolvencia empresarial, tendría las siguientes opciones:
a)     Gestionar el pago pensional pretendido dentro de los
términos establecidos por el inciso tercero del artículo 116 de la Constitución
y la Ley 1116 de 2006, es decir, en el proceso de liquidación judicial que se
surte actualmente ante la Superintendencia de Sociedades.
b)    Controvertir ante la jurisdicción competente, la
presunción de unidad de empresa a fin de determinar la responsabilidad
solidaria de la matriz o controlante, de acuerdo con lo señalado en el
parágrafo del artículo 148 de la ley 222 de 1995 y normas concordantes.
c)     Acudir ante la jurisdicción competente para determinar
la procedencia de la figura de la responsabilidad subsidiaria del Estado, en
aplicación de lo previsto en el numeral 7º de la ley 573 de 2000, desarrollado
por el Decreto 254 de 2000.
Sin embargo, la problemática del presente asunto se desborda
por la situación de hecho informada por el Liquidador de Aluminios Reynolds
Santodomingo S.A., la cual fue ratificada por la Superintendencia de Sociedades
quien actúa como juez del proceso liquidatorio, y que, además, consta en la
documentación allegada al expediente en sede de revisión, consistente en que
actualmente en la empresa no existe dinero en efectivo disponible para realizar
ningún tipo de pago, por consiguiente, una eventual gestión del actor mediante
algunas de las alternativas jurídicas reseñadas, resultaría ineficaz frente a
la vulneración de los derechos que hoy reclama en sede de tutela.
Ahora bien, el actor cuenta con 81
años de edad, fue pensionado de forma directa por la empresa desde el año 1989,
y tanto él como su esposa, a quien sostiene, dependen económicamente de sus
mesadas pensionales,  supuestos facticos que evidencian una clara relevancia
constitucional, puesto que se trata de la situación de un pensionado por
jubilación que merece una protección especial debido a las circunstancias que
lo colocan en una posición de debilidad manifiesta, que se agrava por ser
una persona de la tercera edad; además, ponderadas las condiciones
específicas del caso, el accionante se encuentra, como se dijo anteriormente,
frente al trámite de un proceso de liquidación judicial de la empresa que tiene
a cargo el  pago de su pensión, que a la fecha, se ha extendido y complejizado,
lo que ha implicado la prolongación de sus circunstancias desfavorables que
impiden el pleno y cabal disfrute de sus derechos.
En razón de su avanzada edad es
evidente la imposibilidad en que se halla el actor para trabajar,  por lo que
la ausencia de otros recursos para él y su cónyuge  convierten a la mesada
pensional en la única garantía de una subsistencia digna. Factores que
denotan la urgente necesidad de protección a sus derechos fundamentales.
Como se dijo, la situación expuesta se desarrolla en
el contexto de un proceso de liquidación judicial que inició el 4 de noviembre
de 2011 ante la Superintendencia de
Sociedades y de acuerdo con las normas establecidas en la Ley 1116 de 2006.
Conforme a las pruebas decretadas en sede de revisión,
se allegaron al expediente de tutela los listados de los pensionados a cargo de
Aluminios Reynolds Santodomingo - En Liquidación, en los que consta: número
total de pensionados, tipo de pensionado, edad, valor mensual de la pensión,
número de mesadas pagadas entre enero y abril de 2015, número de mesadas
adeudadas hasta el 31 de diciembre de 2015, primas, valor de las mesadas, valor
de las primas y el total de las mesadas adeudadas; en el registro se puede
verificar la existencia de un total de
165 pensionados a cargo de Aluminios Reynolds Santodomingo S.A.- En Liquidación,
de los cuales 145 son pensionados ya compartidos con Colpensiones y  20 son
pensionados directos o plenos a cargo de la empresa.[28]
De acuerdo con el informe presentado por la
Superintendencia de Sociedades[29],
después de iniciado el proceso de liquidación, la empresa siguió pagando las
mesadas pensionales, sin embargo, entraron en cesación de pagos desde el mes de
enero de 2015[30]
hasta la actualidad.
El actor elevó petición al liquidador y en la
respuesta emitida por este[31],
no le concretó solución alguna, por lo que aquel acudió a la solicitud de
amparo a fin de reclamar el pago de sus mesadas pensionales. En igual situación
de falta total de pago se encuentran todos los demás 19 pensionados directos y,
parcialmente, los 145 pensionados compartidos. La cuantía de la deuda por el no
pago de las mesadas pensionales asciende, según el informe presentado por el
Liquidador,[32]
a la suma de $396’539.028 millones de pesos, para las pensiones compartidas y
$198’834.824 millones de pesos para las pensiones directas, para un total de
$595’373.870 millones de pesos, liquidadas hasta el mes de diciembre de 2015,
es decir sin incluir el monto correspondiente a las mesadas causadas en el año
2016, en curso.
Igualmente, consta en el informe presentado por parte
del Liquidador de la empresa,  que dentro de los meses siguientes a la
audiencia celebrada el 13 de julio de 2012[33]
en la que se determinó la aprobación del inventario y del avalúo de las maquinarias
y equipos en $24.120’609.963.oo millones de pesos, por parte de la
Superintendencia de Sociedades, intentaron la venta de estos activos, incluida
la subasta privada realizada por internet, pero no lograron enajenar todos los
activos. Por consiguiente, el Liquidador presentó como propuesta para la
normalización pensional, el pago único por medio de la adjudicación, porque la
empresa solo dispone de activos no dinerarios representados en maquinarias y
equipos.
El liquidador de la empresa y la Superintendencia
coinciden en afirmar que ya se encuentran agotadas las etapas de ley y que la
subsiguiente es la de adjudicación de bienes, pero, para que esta pueda
llevarse a cabo, previamente, se requiere que el Ministerio del Trabajo emita
un concepto favorable respecto a la propuesta presentada por el Liquidador para
la normalización del pasivo pensional y reitera que esperando la manifestación
de dicho concepto, los recursos en dinero se agotaron con el pago de las
mesadas pensionales y otros gastos de administración.
Ante estas circunstancias el Ministerio del Trabajo[34],
ha aceptado que no ha emitido el concepto previo para la normalización de ese
pasivo a través de la dación en pago, por dos motivos: i) considera que la
dación en pago o distribución de activos por adjudicación no protege el mínimo
vital de los pensionados, y, como Ministerio, vigilar que esa garantía se
cumpla es su principal función en este tipo de proceso liquidatorio, ii) debía
esperar que se surtiera el trámite referente al estudio de la declaración de
unidad de empresa, resolución de recursos, acciones de tutelas e incidentes de
desacatos.  Además, informa que procedió a solicitarle a la Superintendencia de
Sociedades que “autorizara a la concursada para que ésta pudiera realizar la
venta de activos por un menor precio, de tal manera que obtuviera los recursos
necesarios en efectivo para garantizar a través del mecanismo de
CONMUTACIÓN PENSIONAL  el pago del pasivo pensional de la sociedad en
liquidación y los pensionados continúen de esta forma recibiendo sus mesadas
pensionales”.
Respecto a la última solicitud que realizó el
Ministerio del Trabajo a la Superintendencia de Sociedades, esta le comunicó
que al encontrase aprobado el avalúo y vencido el término de venta establecido
en el artículo 57[35]
de la Ley 1116 de 2006 que le permite al liquidador proceder a enajenar los
activos por un valor no inferior al del avalúo aprobado por la Superintendencia
como juez de insolvencia, en forma directa o acudiendo al sistema de subasta
privada, lo que sigue es la etapa de adjudicación de los bienes que no pudieron
ser vendidos en el término indicado, porque los términos establecidos son
perentorios y el estatuto establece que los activos no pueden enajenarse por un
valor inferior al avalúo aprobado.
Es claro para la Corte que, constitucionalmente[36]
le corresponde a la empresa en liquidación asumir los pagos de las mesadas
pensionales con prevalencia en la protección de los derechos fundamentales, y
si bien, podría resultar más eficiente acoger en su totalidad la proposición
expuesta por el Ministerio del Trabajo en el sentido de que se ordene la
realización de la venta de los activos de la empresa en liquidación por medio
de subasta por un valor inferior al valor del avalúo, teniendo en cuenta que el
valor total del cálculo actuarial requerido ($8.075’302.934,00 millones de
pesos) es inferior al avalúo de los activos fijos que posee la empresa
($25.130’964.544,60 millones de pesos); no se puede ignorar el hecho de que en
el ejercicio de la facultad de configuración del legislador éste estableció una
prohibición expresa en el artículo 57 de la Ley 1116 de 2006, en el sentido de que
la enajenación de los activos inventariados solo procede por un valor no
inferior al del avalúo. En este caso, se está frente a una prohibición clara y
específica, que impide que se acuda a una propuesta que se encuentra por fuera
del régimen de insolvencia empresarial y conculca los principios de la misma.
La Sala observa que la falta de la emisión del
concepto por parte del Ministerio del Trabajo, en efecto, no ha permitido que
se avance a la etapa subsiguiente de adjudicación de activos en el proceso de
liquidación judicial; sin embargo, y de conformidad con los términos
establecidos en la Ley 1116 de 2006, para que se surta el trámite en mención el
término es de aproximadamente  ocho (8) meses, a menos que se presenten
circunstancias o hechos que dilaten en el tiempo su culminación, tales como
recursos, nulidades, incidentes, etc., como ha ocurrido en este caso, de manera
que, inicialmente, no se observó dilación injustificada o contraria a derecho,
puesto que la etapas se han surtido de conformidad con lo establecido en la
ley.
Sin embargo, el trámite administrativo referente a la
solicitud de declaratoria de unidad de empresa al que alude el Ministerio,
finalizó con la Resolución Nº01643, de 8 de mayo de 2015, mediante el cual la
Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial del
Ministerio del Trabajo, resolvió un recurso de apelación y revocó, en todas sus
partes, la Resolución N° 000656, de 30 de agosto de 2013, que había declarado
la unidad de empresa; es decir, que del 8 de mayo de 2015 hasta la fecha actual
han transcurrido aproximadamente diez (10) meses, tiempo suficiente para que el
Ministerio del Trabajo hubiese procedido a emitir el concepto para la normalización
del pasivo requerido y se pudiera continuar con las etapas del proceso de
liquidación. Igualmente, en ejercicio de sus facultades de control y vigilancia
también pudo instar al Liquidador y a los pensionados para que allegaran otras
fórmulas legales de arreglo.
Por otra parte, las gestiones desplegadas por parte
del Liquidador de la empresa Aluminio Reynolds Santodomingo, han estado acordes
con la naturaleza y términos establecidos por la ley para el proceso de
liquidación judicial y tuvieron como propósito el desarrollo de las etapas
correspondientes; sin embargo, resulta evidente
la vulneración, por parte de la empresa, del derecho que tienen los pensionados
al pago completo y oportuno de las mesadas pensionales y las cotizaciones al
sistema de seguridad social en salud, derechos estos que mantienen vigencia aun
cuando la empresa empleadora se encuentre en proceso de liquidación
obligatoria. Al respecto, ha señalado esta Corporación que la situación de
liquidación de una empresa no constituye excusa que haga legítimo el no pago de
los salarios y prestaciones a que tienen derecho los trabajadores.[37]
Es evidente que el tiempo transcurrido con
ocasión de la falta de pronunciamiento por parte del Ministerio del Trabajo es
un factor que  ha incidido en la dilación de los trámites finales del proceso,
y, consecuentemente, en el no pago de las mesadas pensionales y las
cotizaciones a salud, sumado a la situación económica de la empresa, por lo que
la Corte a partir de los elementos probatorios presentes, encuentra demostrada
la vulneración del mínimo vital y a la seguridad social de personas de la
tercera edad.
De acuerdo con lo anterior, ante la ausencia de
recursos económicos y la incertidumbre acerca de la terminación del proceso
liquidatorio, la Corte estima que se deben tomar las medidas necesarias para
garantizar a los pensionados el pago oportuno de sus mesadas adeudadas desde el
mes de enero de 2015, y si bien no se puede acoger la totalidad de la solicitud
del Ministerio del Trabajo, en el sentido que opere la venta de los activos por
un valor inferior al avaluó, es evidente que teniendo en cuenta el marco
normativo aplicable, tanto el Liquidador como el Ministerio del Trabajo con
aprobación de la Superintendencia de Sociedades, les corresponde recurrir a
todos los mecanismos previstos para la normalización de pasivos, entre los
cuales están: i) la constitución de reservas,  negociación y pago de pasivos,
conmutación total y/o parcial a través de la constitución de fiducias, la
constitución de patrimonios autónomos, conforme lo establecido en el artículo
41 de la Ley 550 de 1990 y al artículo 2 del Decreto 1260 de 2000. ii) la
conmutación pensional por medio de una compañía de seguros a través de una
renta vitalicia; iii) la prevista en la Ley 550 de 1999, que consiste en la
conciliación de las acreencias pensionales ante la autoridad administrativa del
trabajo debido a la evidente imposibilidad de llevar a cabo la conmutación
pensional con Colpensiones, por la insuficiencia de dinero en efectivo de la
empresa para realizar el pago total y/o parcial de contado, a que haya lugar, del
cálculo actuarial para el caso de los pensionados de la empresa, por cuanto es
un deber del Estado propiciar la participación de todas las partes implicadas y
que ven afectadas su vida económica, en ejercicio de la democracia
participativa para temas sociales[38].
Destaca la Corte el
deber del liquidador en procurar efectuar actuaciones que le permitan realizar
recaudos de dineros, la recuperación y productividad de los bienes representativos
de los activos de la empresa. En este sentido le corresponde obrar con la
diligencia de un “buen hombre de negocios, de conformidad con las funciones
establecidas en los artículos 22 y 23 de la Ley 222 de 1995.
Resulta importante
resaltar lo manifestado por el Sindicato Sintrametal, respecto al estado actual
de deterioro en el que posiblemente se encuentran las maquinarias y equipos, lo
que indica que el valor establecido en el avaluó inicial, a la fecha, ya no
correspondería con el valor real como consecuencia natural del paso del tiempo.
En efecto, conforme a
los supuestos fácticos establecido en sede revisión, en audiencia celebrada por
la Superintendencia de Sociedades el 13 de julio de 2012[39]
aprobó el inventario y el avalúo de las maquinarias y equipos en
$24.120’609.963.oo millones de pesos, es decir, que desde la fecha de la
audiencia hasta hoy han transcurrido tres (3) años y ocho (8) meses, lapso de
tiempo que pudo haber alterado el valor de los bienes en cuestión.
Se observa que el
Ministerio del Trabajo como veedor de los derechos de los trabajadores le ha
insistido a la Superintendencia de Sociedades que autorice al Liquidador para que
intente una nueva venta de las maquinarias y equipos, con el único objeto de
viabilizar la obtención de dinero en efectivo que permita realizar la
normalización del pasivo mediante la conmutación pensional, por ser este el
mecanismo más idóneo para garantizar en forma vitalicia el pago de las
pensiones, sin embargo, la Superintendencia de Sociedades se negó con
argumentos procesales y formales, referentes a que se venció el tiempo (dos 2
meses) para que el Liquidador pudiera vender.
Si bien es cierto que
la Superintendencia no podía autorizar la enajenación de los bienes por un
valor inferior al avalúo por la prohibición expresa del artículo 57 de la Ley
1116 de 2006, no lo es menos que esta entidad junto con el Ministerio del
Trabajo están en el deber de propiciar las mejores fórmulas de arreglo que
garanticen el cumplimiento de las obligaciones laborales de la empresa en
liquidación y, teniendo en cuenta que las maquinarias y equipos son los únicos
activos con los que cuenta Aluminio Reynolds Santodomingo S.A. - En Liquidación
Judicial, y que el Liquidador solo tuvo una oportunidad fallida de realizar la
venta a fin de recaudar el dinero en efectivo que se requiere para pagar los
derechos pensionales que se encuentran vulnerados, es claro que el argumento
expuesto por la Superintendencia de Sociedades para no autorizar una nueva
venta, sin contemplar siquiera una actualización del avalúo, no debe ser
impedimento para el mantenimiento, la creación y reconocimiento de las
garantías y derechos constitucionales.
Evidentemente, la
imposibilidad del Liquidador de intentar una nueva venta de los activos no
permite que la empresa pueda recaudar el dinero que requiere para responder por
el pago de las obligaciones a los ex trabajadores pensionados, dado a que para
ello requiere de la autorización de la Superintendencia de Sociedades como Juez
del proceso liquidatorio.
Así las cosas, no basta que se haya intentado por una sola vez la
enajenación de las maquinarias y equipos de la empresa en liquidación con
fundamento en  el avalúo señalado en la ley, aunque el valor allí consignado
junto con el inventario legalmente autorizado inicialmente por la
Superintendencia de Sociedades en audiencia celebrada
el 13 de julio de 2012,  pudiera
ser suficiente para satisfacer los derechos patrimoniales de los pensionados,
la idoneidad de ese valor depende, ante todo, de su correspondencia con el
precio real actualizado, lo que aumenta la posibilidad de que se dé la
enajenación para cubrir la suma adeudada y de esta forma proteger adecuadamente
los derechos fundamentales vulnerados.
Como consecuencia de lo anterior, cabe señalar que, sin perjuicio
de la obligación de adelantar el proceso de liquidación inmediata conforme a
las etapas establecidas en la ley, la finalidad del proceso de insolvencia es
lograr el pago de las acreencias, más si se trata de créditos
derivados de derechos laborales, “dado que en estos casos, dicha clase de
créditos gozan no solo de la prelación o privilegio reconocido por la ley, sino
que, inclusive, cuando se está ante una mora en el pago oportuno de mesadas pensionales o en el pago de
salarios, y éstos constituyen “la única fuente para satisfacer las necesidades
personales y familiares”[[40]], y si bien, al juez del proceso
liquidatorio le corresponde observar las formas procesales, ante todo le
incumbe asegurar la protección de los derechos pensionales y la posibilidad de
que el deudor se libere de tal obligación con el pago efectivo de tales
acreencias.
Por los argumentos expuestos, la Sala
hará uso de la excepción de inconstitucionalidad e inaplicará en este caso el
inciso primero del artículo 57 de la Ley 1116 de 2006. De manera que, aun
cuando ya se había vencido esta etapa, habilitará nuevamente el tiempo
establecido de (2 meses) para que se realice la enajenación de los bienes, incluyendo
la práctica de un nuevo avalúo y aprobación del mismo por parte de la
Superintendencia de Sociedades, para que, con el recaudo del dinero en
efectivo, previo concepto del Ministerio del Trabajo, se acceda a la
normalización del pasivo pensional mediante la conmutación pensional y se
garantice el pago de las prestaciones pensionales adeudadas por la empresa en
liquidación, con el fin de materializar la protección real y efectiva de los
derechos fundamentales a la seguridad social (art. 48), y al mínimo vital (art.
53) del actor, persona de la tercera edad (art. 46), sujeto de especial protección
constitucional por encontrarse en situación de debilidad manifiesta, dando
eficacia directa a la
Constitución[41], y en este caso, dadas las circunstancias especiales del
mismo, se inaplicará como ya se expresó el artículo 57 de la Ley 1116 de 2006, para los fines indicados.
Ahora
bien, en el año 2012, el primer intento de venta se realizó con un avalúo
catastral, que se consideró idóneo. Empero, el transcurso de más de 3 años, constituye
una particularidad relevante en virtud de la cual el valor en la actualidad de
esos bienes podría no ser el mismo, luego, atendiendo parcialmente la propuesta
del Ministerio del Trabajo, se
le ordenará a la Superintendencia de Sociedades que conforme a los términos
establecidos en la Ley 1116 de 2006, (i) emita con prelación las
órdenes judiciales pertinentes en este caso a fin de que destine los activos
suficientes y necesarios, de tal manera que se garantice el pago de las mesadas
pensionales adeudadas y las que sean exigibles hacia futuro; (ii) para que dentro
de los ocho (8) días siguientes a la notificación de esta sentencia,
profiera auto en el que 1) habilite el término de dos (2) meses para que dentro
del mismo, se practique un nuevo avaluó de las
maquinarias y equipos de Aluminio Reynolds Santodomingo S.A. - En Liquidación, que
eventualmente pueda facilitar su venta, y así cubrir el cálculo actuarial[42] lo que
haría efectiva la conmutación pensional; consecuentemente, 2) autorice al
Liquidador para que con base en el nuevo avaluó intente una nueva venta de los
activos representados en las maquinarias y equipos, también haciendo uso de las
plataformas tecnológicas y entidades que brinden la mayores garantías de éxito
en las ventas de los activos.
Igualmente, se ordenará al liquidador de la empresa Aluminios
Reynolds Santodomingo - En Liquidación que en el término de ocho (8) días
siguientes a la notificación de esta sentencia (i) elabore una nueva propuesta
de normalización de pasivos atendiendo lo expresado por el Ministerio del
Trabajo y lo ordenado en la presente providencia, y de conformidad con el
cumplimiento de las etapas del proceso atienda todas las opciones que prevé la
ley; (ii) emitido el concepto del Ministerio del Trabajo, avance prontamente en
las gestiones de las etapas subsiguientes en el proceso de liquidación y
realice un acompañamiento que garantice la fluidez en la atención oportuna de
las obligaciones de la empresa con los pensionados, para reconocer, liquidar y
pagar, con carácter preferente y oportuno, las mesadas de todos los pensionados
a su cargo, en los términos de esta sentencia.
Por las razones expuestas se le ordenará al Ministerio
del Trabajo que dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de
esta sentencia, (i) examine las propuestas presentadas por el Liquidador de Aluminios
Reynolds Santodomingo S.A. - En Liquidación, y en cumplimiento del deber
constitucional de propugnar por encontrar soluciones concertadas y acudir a
todas las opciones que prevé la ley, encamine las actuaciones y propuestas
necesarias para el pago de las mesadas a todos los pensionados a cargo de Aluminios
Reynolds Santodomingo S.A. - En Liquidación; (ii) cumpla con la obligación de
emitir concepto de normalización del pasivo pensional para la empresa Aluminios
Reynolds Santodomingo S.A. - En Liquidación; (iii) propicie la continuidad de
las etapas del proceso de liquidación judicial en curso sin dilaciones
injustificadas.
Por las condiciones particulares del caso, los efectos
de esta decisión harán extensión a todas las personas involucradas que se
hallen en la misma situación del demandante, lo cual se explica por las
circunstancias específicas y particulares de la sociedad en liquidación, entre
las cuales sobresalen, para este propósito, las siguientes:  la situación de
igualdad en que se encuentran los pensionados (compartidos y directos), a
quienes les asiste el derecho a participar en la distribución de los activos de
la compañía; rige el principio de solidaridad, además, se trata de una empresa
en proceso de liquidación obligatoria que ya tiene, por lo tanto, definida su
vocación de extinción. Por lo anterior, en esta oportunidad la decisión de la
Corte tendrá efectos inter comunis frente al proceso de liquidación obligatoria
de Aluminios Reynolds Santodomingo - En Liquidación, en consideración a que
todos los pensionados pertenecen a una comunidad, en situaciones de igualdad de
participación, y con el fin de evitar entre ellos desequilibrios
injustificados.
Finalmente,
en cuanto a la solicitud allegada a esta instancia por parte del sindicato
Sintrametal, referente a la posibilidad del pago a través de la compra y venta
de los terrenos en que funcionaba la empresa, deberán acogerse a lo dispuesto
en el artículo 74 de la ley 1116 de 2006, que consagra la posibilidad de que
durante un proceso de insolvencia se pueda demandar ante el juez del concurso
la revocación o simulación de ciertos actos o negocios celebrados por el deudor
durante los dieciocho (18) meses anteriores al inicio del proceso de
liquidación judicial, cuando hayan perjudicado a los acreedores o afectado el
orden en la prelación de pagos y el patrimonio del deudor sea insuficiente para
cubrir los créditos reconocidos[43].
IV. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR la providencia dictada por la
Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico de 26 de junio de 2015, que  declaró
improcedente la presente acción, y en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos a a la seguridad social y al mínimo vital del demandante
Walter Sánchez  y de los 164 pensionados a
cargo de Aluminios Reynolds Santodomingo - En Liquidación, personas
de la tercera edad, a quienes les adeudan las mesadas pensionales totales o
parciales, por falta de liquidez de la empresa.
SEGUNDO.- ORDENAR a la Superintendencia de Sociedades
para que conforme a lo establecidos en la Ley 1116 de 2006, (i) emita con prelación las órdenes judiciales pertinentes
en este caso a fin de que destine los activos suficientes y necesarios, de tal
manera que se garantice el pago de las mesadas pensionales adeudadas y las que
sean exigibles hacia futuro; (ii) dentro
de los ocho (8) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera auto en el que 1) habilite el término
de dos (2) meses para que dentro del mismo, se practique un nuevo avaluó de los activos representados en las
maquinarias y equipos de Aluminio Reynolds Santodomingo S.A. - En Liquidación; 2) faculte al Liquidador de Aluminios Reynolds S.A. - En Liquidación Judicial, para que con base en el nuevo
avaluó intente una nueva venta de los activos representados en las maquinarias
y equipos, haciendo uso de las plataformas tecnológicas y entidades
especializadas en venta de activos, que brinden la mayor garantías de éxito en
las ventas de los mismos, y con lo recaudado se cubra el cálculo actuarial y se
haga efectiva la conmutación pensional.
TERCERO.- ORDENAR al
Liquidador Aluminios Reynolds
Santodomingo - En Liquidación, que en el término de los ocho (8) días siguientes a la notificación de esta
sentencia i) elabore una nueva propuesta de normalización de pasivos atendiendo
lo expresado por el Ministerio del Trabajo, conforme lo ordenado en la presente
providencia, y en cumplimiento de las etapas del proceso atienda todas las
opciones que prevé la ley; ii) emitido el concepto del Ministerio del Trabajo,
avance prontamente en la gestión de las etapas subsiguientes en el proceso de
liquidación y realice un acompañamiento que garantice la fluidez en la atención
oportuna de las obligaciones de la empresa con los pensionados, para reconocer,
liquidar y pagar, con carácter preferente y oportuno, las mesadas de todos los
pensionados a su cargo, en los términos de esta sentencia.
CUARTO.-  ORDENAR
al Ministerio del Trabajo que dentro de
los ocho (8) días siguientes a la notificación de esta sentencia, (i) examine
las propuestas presentadas por el Liquidador de Aluminios Reynolds Santodomingo
S.A. - En Liquidación, y en cumplimiento del deber constitucional de propugnar
por encontrar soluciones concertadas y acudir a todas las opciones que prevé la
ley, encamine las actuaciones y propuestas necesarias para el pago de las
mesadas a todos los pensionados a cargo de Aluminios Reynolds Santodomingo S.A.
- En Liquidación; (ii) cumpla con la obligación de emitir concepto de
normalización del pasivo pensional para la empresa Aluminios Reynolds
Santodomingo S.A. - En Liquidación; (iii) propicie la continuidad de las etapas
del proceso de liquidación judicial en curso sin dilaciones injustificadas.
QUINTO.-  Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1]
Petición mencionada en el contenido de la repuesta enviada al
Sr. Walter Sánchez por Aluminio Reynolds Santo Domingo S.A. (En liquidación).
(Folio 12 del cuaderno principal de la acción de tutela).
[2]
Sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela con el fin de proteger
el mínimo vital de pensionado, la Corte Constitucional se ha pronunciado entre
otras en las Sentencias T-01 de 1997, MP:
José Gregorio Hernández; T-118 de 1997, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz; T-544 de
1998, MP: Vladimiro Naranjo Mesa; T-011 de 1998, MP: José Gregorio Hernández; T-387
de 1999, MP: Alfredo Beltrán Sierra; T-325 de 1999, MP: Fabio Morón Díaz; T-308
de 1999, MP: Alfredo Beltrán Sierra; SU-995 de 1999, MP: Carlos Gaviria Díaz;
T-751 de 2002. MP. Manuel José Cepeda; T-273 de 2003, MP. Jaime Córdoba
Triviño. T- 959 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[3] En materia presunción de afectación del mínimo vital
por la suspensión prolongada del pago de prestaciones laborales, la Corte ha
distinguido entre la situación de afectación de dicho mínimo cuando se trata de
mesadas pensionales y cuando se trata de otras acreencias laborales. En cuanto
a las mesadas pensionales, la Corte ha reiterado que la valoración del mínimo vital del pensionado no es una calificación
objetiva, sino que depende de las situaciones concretas del accionante (SU-090
de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz) Por consiguiente, la valoración de
factores como la edad del pensionado y la dependencia económica de la mesada
pensional, son elementos que deben ser examinados para determinar la
procedencia de dicha presunción. (Sentencias SU-995 de 1999 y T-011 de 1998). En la Sentencia
SU-995 de 1999, MP: Carlos Gaviria Díaz, la Corte señala, entre otras cosas, que existen circunstancias en las que se
presume la vulneración del mínimo vital y se invierte la carga de la prueba y
otras en las que se exige al actor probar mínimamente las circunstancias que
evidencian la vulneración, circunstancias que deben ser apreciadas por el juez
en cada caso concreto.
[4]
Sentencias T-308 de 1999, MP: Alfredo
Beltrán Sierra, T-259 de 1999, MP: Alfredo Beltrán Sierra y T-554 de 1998, MP:
Fabio Morón Díaz, entre otras.
[5]
Corte Constitucional, Sentencia SU-995 de
1999, MP: Carlos Gaviria Díaz.
[6]
Ver sentencias T-055 de 2006, T-529 de 2007,
T-149 de 2007, T-239 de 2008, T-052  de 2008.
[7]
Sentencia T-090 de 2009.
[8]
Doctrina Constitucional, reiterada entre otras en las
sentencias T-055 de 2006, T-529 de 2007,
T-149 de 2007, T-239 de 2008, T-052  de 2008, T-115
de 2011 y T-100 de 2015.
[9]
Corte Constitucional, Sentencia C-699 de 2007.  La Corte
declaró exequibles las normas de la ley 1116 de 2006 que excluyen del régimen
de insolvencia allí regulado a las personas naturales que no tienen la calidad
de comerciantes.
[10] “Cfr., Corte
Constitucional, Sentencia C-071 de 2010. La Corte declaró exequible el numeral
5° del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, que ordena la terminación de los
contratos laborales como consecuencia de la iniciación del proceso de
liquidación judicial”.
[11] “ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS
DEL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA. El régimen de insolvencia está orientado por los
siguientes principios: 1. Universalidad: La totalidad de los bienes del deudor
y todos sus acreedores quedan vinculados al proceso de insolvencia a partir de
su iniciación. // 2. Igualdad: Tratamiento equitativo a todos los acreedores
que concurran al proceso de insolvencia, sin perjuicio de la aplicación de las
reglas sobre prelación de créditos y preferencias. // 3. Eficiencia:
Aprovechamiento de los recursos existentes y la mejor administración de los
mismos, basados en la información disponible. // 4. Información: En virtud del
cual, deudor y acreedores deben proporcionar la información de manera oportuna,
transparente y comparable, permitiendo el acceso a ella en cualquier
oportunidad del proceso. // 5. Negociabilidad: Las actuaciones en el curso del
proceso deben propiciar entre los interesados la negociación no litigiosa,
proactiva, informada y de buena fe, en relación con las deudas y bienes del
deudor. // 6. Reciprocidad: Reconocimiento, colaboración y coordinación mutua
con las autoridades extranjeras, en los casos de insolvencia transfronteriza.
// 7. Gobernabilidad económica: Obtener a través del proceso de insolvencia,
una dirección gerencial definida, para el manejo y destinación de los activos,
con miras a lograr propósitos de pago y de reactivación empresarial”.
[12] Sala Plena. Corte Constitucional. Sentencia C-527 de 2013. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 74
(parcial) de la ley 1116 de 2006, “por la cual se establece el Régimen de
Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras
disposiciones”.
[13]
Artículo 116. La Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los
Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia
Penal Militar. El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.
Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias
precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será
permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los
particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de
administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales,
conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir
fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.
[14] Sala Segunda de Revisión. Corte Constitucional. Sentencia
T-575 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[15] ARTÍCULO 49. APERTURA DEL
PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL INMEDIATA. Procederá de manera inmediata en los
siguientes casos:
1. Cuando el deudor lo solicite
directamente, o cuando incumpla su obligación de entregar oportunamente la
documentación requerida, como consecuencia de la solicitud a un proceso de
insolvencia por parte de un acreedor.
2. Cuando el deudor abandone sus negocios.
3. Por solicitud de la autoridad que
vigile o controle a la respectiva empresa.
4. Por decisión motivada de la
Superintendencia de Sociedades adoptada de oficio o como consecuencia de la
solicitud de apertura de un proceso de reorganización, o cuando el deudor no
actualice el proyecto de reconocimiento y graduación de créditos y derechos de
voto requerida en la providencia de inicio del proceso de reorganización.
5. A petición conjunta del deudor y de un
número plural de acreedores titular de no menos del cincuenta por ciento (50%)
del pasivo externo.
6. Solicitud expresa de inicio del trámite
del proceso de liquidación judicial por parte de una autoridad o representante
extranjero, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.
7. Tener a cargo obligaciones vencidas,
por concepto de mesadas pensionales, retenciones de carácter obligatorio a
favor de autoridades fiscales, descuentos efectuados a los trabajadores, o
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, sin que las mismas fuesen
subsanadas dentro del término indicado por el Juez del concurso, que en ningún
caso será superior a tres (3) meses.
8. La providencia judicial que decreta la
apertura inmediata del trámite del proceso de liquidación judicial no admite
ningún recurso, con excepción de la causal prevista en los numerales 2 y 7 de
este artículo, evento en el que sólo cabrá el recurso de reposición.
Si el juez del concurso verifica
previamente que el deudor no cumple con sus deberes legales, especialmente en
cuanto a llevar contabilidad regular de sus negocios, conforme a las leyes
vigentes, podrá ordenar la disolución y liquidación del ente, en los términos
del artículo 225 y siguientes del Código de Comercio, caso
en el cual los acreedores podrán demandar la responsabilidad subsidiaria de los
administradores, socios o controlantes.
PARÁGRAFO 1o. El inicio del proceso de liquidación
judicial de un deudor supone la existencia de una situación de cesación de
pagos, conforme a lo
dispuesto en esta ley para el efecto en el proceso de reorganización.
PARÁGRAFO 2o. La solicitud de inicio del proceso de
liquidación judicial por parte del deudor o de este y sus acreedores deberá
venir acompañada de los siguientes documentos:
1. Los cinco (5) estados financieros
básicos, correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios y los dictámenes
respectivos, si existieren.
2. Los cinco (5) estados financieros
básicos, cortados al último día calendario del mes inmediatamente anterior a la
fecha de la solicitud.
3. Un estado de inventario de activos y
pasivos cortado en la misma fecha indicada en el numeral anterior, debidamente
certificado y valorado.
4. Memoria explicativa de las causas que
lo llevaron a la situación de insolvencia.
[16]El artículo 49 en los numerales 2 y 7 establece una excepción
a la regla general de que contra la providencia de apertura del proceso de
liquidación no procede recurso alguno.
[17]
Numeral 9º del artículo 48 de la Ley 1116 de 2006.
[18]
De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1116 de 2006.
[19]
Según lo establecido en el artículo 41 de la Ley 550 de 1990 y
sus Decretos reglamentarios. artículo 2 del Decreto 1260 de 200 y el artículo
1º del Decreto 1270 de 2009.
[20]De
conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1116 de 2006.
[21]
La adjudicación de bienes del deudor se encuentra regulada en el artículo 58 de
la Ley 1116 de 2006
[22]
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-773 de 2014.
Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[23] Corte Constitucional. Auto 015 de 2003, en el que se
dilucido un conflicto de competencia entre el Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Disciplinaria, y la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal y para resolver, se abordó el tema de los efectos de la
excepción de inconstitucionalidad sobre el caso concreto.
[24]
Ver la Sentencia T-067/98, M.P. Dr. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[25] Sentencia T-808/07, proferida por la Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional en la que se estudió la aplicación oficiosa
de la excepción de inconstitucionalidad.
[26]
Según lo establecido en el Artículo 116 de la Constitución Política de Colombia. “La Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los
Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia
Penal Militar. El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Excepcionalmente
la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas
autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la
instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser
investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la
condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de
árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en
equidad, en los términos que determine la ley”.
[27] ARTÍCULO 5o. FACULTADES Y
ATRIBUCIONES DEL JUEZ DEL CONCURSO. Para los efectos de la presente
ley, el juez del concurso, según lo establecido en el artículo siguiente de
esta ley, tendrá las siguientes facultades y atribuciones, sin perjuicio de lo
establecido en otras disposiciones:
1. Solicitar u obtener, en la forma que estime
conveniente, la información que requiera para la adecuada orientación del
proceso de insolvencia.
2. Ordenar las medidas pertinentes a proteger,
custodiar y recuperar los bienes que integran el activo patrimonial del deudor,
incluyendo la revocatoria de los actos y/o contratos efectuados en perjuicio de
los acreedores, con excepción de:
a) Aquellas transacciones sobre valores u otros
derechos de naturaleza negociable que hayan recibido una orden de transferencia
aceptada por el sistema de compensación y liquidación de que tratan los
artículos 2o,10 y 11 de
la Ley 964 de 2005;
b) Los actos y contratos que tengan como objeto o por
efecto la emisión de valores u otros derechos de naturaleza negociable en el
mercado público de valores de Colombia.
3. Objetar los nombramientos o contratos hechos por el
liquidador, cuando afecten el patrimonio del deudor o los intereses de los
acreedores.
4. Decretar la inhabilidad hasta por diez (10) años
para ejercer el comercio en los términos previstos en la presente ley. Los
administradores objeto de la inhabilidad podrán solicitar al juez del régimen
de insolvencia la disminución del tiempo de inhabilidad, cuando el deudor haya
pagado la totalidad del pasivo externo calificado y graduado.
5. Imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta
de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso,
a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos.
6. Actuar como conciliador en el curso del proceso.
7. Con base en la información presentada por el deudor
en la solicitud, reconocer y graduar las acreencias objeto del proceso de
insolvencia, de conformidad con lo establecido sobre prelación de créditos en
el Título XL del Libro Cuarto del Código Civil y demás normas legales que lo
modifiquen o adicionen, y resolver las objeciones presentadas, cuando haya
lugar a ello.
8. Decretar la sustitución, de oficio o a petición de
parte, de los auxiliares de la justicia, durante todo el proceso de
insolvencia, con ocasión del incumplimiento de las funciones previstas en la
ley o de las órdenes del juez del concurso, mediante providencia motivada en la
cual designará su reemplazo.
9. Ordenar la remoción de los administradores y del
revisor fiscal, según sea el caso, por incumplimiento de las órdenes del juez
del concurso o de los deberes previstos en la ley o en los estatutos, de oficio
o a petición de acreedor, mediante providencia motivada en la cual designará su
reemplazo.
10. Reconocer, de oficio o a petición de parte, los
presupuestos de ineficacia previstos en esta ley.
11. En general, tendrá atribuciones suficientes para
dirigir el proceso y lograr que se cumplan las finalidades del mismo.
[28]
Listado de pensionados a cargo de la empresa Aluminios
Reynolds Santodomingo S.A.  (En Liquidación).
Folios 73
al 77 del segundo cuaderno de tutela.
[29]
Respuesta de la Superintendencia de Sociedades. Folio 26 del
segundo cuaderno de tutela.
[30]
La cesación de pago de las mesadas pensionales inició en el
mes de enero del año 2015 y continúa hasta la fecha.
[31]
Respuesta emitida por el liquidador de Aluminio Reynolds Santodomingo dirigida
al señor Walter Sánchez. Folio 8 del cuaderno principal de
tutela.
[32]
Folio 76 y 77 del segundo cuaderno de tutela.
[33]
Recuento cronológico de las actuaciones llevadas a cabo en el
proceso de liquidación judicial de Aluminio Reynolds Santodomingo S.A.,
aportado por el liquidador a folio 81 del primer cuaderno de tutela.
[34]
Informe del Ministerio del Trabajo. Respaldo del folio 93 del
segundo cuaderno de tutela.
[35]
Ley 1116 de 2006, artículo 57. ENAJENACIÓN DE ACTIVOS Y PLAZO PARA
PRESENTAR EL ACUERDO DE ADJUDICACIÓN. En
un plazo de dos (2) meses contados a partir de la fecha en que quede en firme
la calificación y graduación de créditos y el inventario de bienes del deudor,
el liquidador procederá a enajenar los activos inventariados por un valor no
inferior al del avalúo, en forma directa o acudiendo al sistema de subasta
privada.
Con
relación a los dineros recibidos y los activos no enajenados, el liquidador
tendrá un plazo máximo de treinta (30) días para presentar al juez del
concurso, el acuerdo de adjudicación al que hayan llegado los acreedores del
deudor.
El
acuerdo de adjudicación requiere, además de la aprobación de los acreedores, la
confirmación del juez del concurso, impartida en audiencia que será celebrada
en los términos y para los fines previstos en esta ley para la audiencia de
confirmación del acuerdo de reorganización.
De
no aprobarse el citado acuerdo, el Juez dictará la providencia de adjudicación
dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del término anterior.
[36]
Constitución Política, artículo 4º y 5º, referentes a la supremacía de la
Constitución y a la primacía de los derechos inalienables de las personas.
[37] Corte Constitucional. Sentencia T-261 de 2000. Magistrado Ponente José
Gregorio Hernández Galindo, en la que se estudió el tema de la estabilidad
laboral reforzada de la mujer embarazada en el marco de un proceso concursal. Sentencia T-575 de 2003. Magistrado Ponente
Alfredo Beltrán Sierra, en esta ocasión la Corporación reiteró la procedencia de la acción de tutela
para el pago de salarios y mesadas pensionales por afectación del mínimo vital
en el trámite de un proceso concursal.
[38]
Corte Constitucional. Sentencia C-161 de 2000, con reiteración en  la
Sentencia C-377 de 1998 sobre la temática de la Democracia Participativa.
[39]
Recuento cronológico de las actuaciones llevadas a cabo en el
proceso de liquidación judicial de Aluminio Reynolds Santodomingo S.A.,
aportado por el liquidador a folio 81 del primer cuaderno de tutela.
[40]
Mediante la sentencia
T-575 de 2003, la Corte Constitucional, estudió el proceso de liquidación
forzosa administrativa o liquidación obligatoria y la procedencia del pago de
salarios y mesadas pensionales por afectación del mínimo vital.
[41]
Constitución Política de Colombia. Artículos 1° (Estado Social de derecho), 2° (fines
esenciales del Estado), 11 (vida), 13 (igualdad), 47 (salud), 48 (derecho a la
seguridad social) y 53 (derecho al mínimo vital)
[42]
El valor total del cálculo actuarial requerido de ($8.075’302.934,00) es
inferior al avalúo de los activos fijos que posee la empresa según el avalúo
inicial ($25.130’964.544,60).
[43]
Corte Constitucional. Sentencia C-527 de 2013. Declaró la
exequibilidad del artículo 74 de la ley 1116 de 2006, Núm. 1.- La
extinción de las obligaciones, las daciones en pago y, en general, todo acto
que implique transferencia, disposición, constitución o cancelación de
gravámenes, limitación o desmembración del dominio de bienes del deudor,
realizados en detrimento de su patrimonio, o contratos de arrendamiento o
comodato que impidan el objeto del proceso, durante los dieciocho (18) meses
anteriores al inicio del proceso de reorganización, o del proceso de
liquidación judicial, cuando no aparezca que el adquirente, arrendatario o
comodatario, obró de buena fe.