T-810-06
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-810/06
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Se presentó otra por los mismos hechos
PROCESO DE RESTITUCION DE BIEN INMUEBLE
ARRENDADO-Pago de cánones de arrendamiento para ser
oído/RESTITUCION DE BIEN INMUEBLE ARRENDADO-Excepción a la presentación
de recibos de pago o consignación de los cánones para ser oído en juicio
En varias ocasiones esta Corporación ha decidido
inaplicar la norma del Código de Procedimiento Civil que establece que el
demandado no será oído hasta que demuestre haber consignado a órdenes del
juzgado el valor de los cánones adeudados, de acuerdo con lo indicado en la
demanda, o hasta que aporte los recibos expedidos por el arrendador acerca del
pago del arriendo de los últimos tres meses o los recibos de las consignaciones
efectuadas de acuerdo con la ley. Así ocurrió en la Sentencia T-162 de 2005 que
citan los actores y, en los últimos meses, en las Sentencias T-323 de 2006 y
T-613 de 2006. En los tres casos, la Sala de Revisión respectiva decidió
inaplicar la norma porque encontró que las pruebas obrantes en el proceso
arrojaban dudas acerca de la existencia real del contrato de arrendamiento.
Referencia:
expediente T-1401620
Acción de tutela instaurada por Luis Alberto Zubieta
Rojas y Arcelia Pardo Chacón contra el Juzgado Cincuenta y Nueve Civil
Municipal de Bogotá
Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre
de dos mil seis (2006).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de
tutela proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá dentro del
proceso de tutela  instaurado por Luis Alberto Zubieta Rojas y Arcelia Pardo
Chacón contra el Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá.
I.
ANTECEDENTES
Los ciudadanos Luis Alberto Zubieta Rojas
y Arcelia Pardo Chacón instauraron una acción de tutela contra el Juzgado
Cincuenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá, bajo la consideración de que esta
autoridad judicial incurrió en una vía de hecho al darle trámite al proceso de
restitución de inmueble instaurado en su contra por Fabiola Mery Prieto
Mancera. Los hechos que dieron origen a la acción de tutela son los siguientes:
1. El día 17 de febrero de 2004, la señora Fabiola Mery Prieto Mancera
instauró una demanda de restitución de inmueble comercial contra los señores
Luis Alberto Zubieta Rojas y Arcelia Pardo Chacón. En la demanda se manifiesta
que, el 31 de octubre de 1999, la demandante le había arrendado a los
demandados un local identificado con los Nos. 8-93 de la calle 8ª  y 9-02 de la
carrera 9ª de Bogotá. El local contenía ciertos muebles y una mercancía con
valor superior a  $80.000.000.oo.
De acuerdo con la demanda, el canon de
arrendamiento inicialmente fijado fue de $50.000.oo diarios. Luego se decidió
aumentar el arriendo a $55.000.oo y se acordó que cada seis meses se elevaría
el canon en $5.000.oo diarios.
Plantea la demandante que los arrendatarios
pagaron únicamente hasta el 30 de junio de 2000. Anota que, a finales de 1999,
“la DIAN hizo una visita al almacén citado y le encontraron una mercancía que
no tenía permiso para su venta y desde ese momento comenzaron las autoridades
en la materia a hacerles visitas periódicas presentándoseles algunas
dificultades, luego cerraron el almacén para abrirlo después, pero aun no lo
han entregado ni han vuelto a pagar los cánones, por lo tanto deben desde (...)
el 15 de junio de 2000...”
Con base en los hechos descritos, en la
demanda se solicita, entre otras cosas: (i) que el juzgado declare que entre la
actora y los demandados existió un contrato de arrendamiento verbal; (ii) que
se decrete la restitución del inmueble a la arrendadora y el lanzamiento de los
demandados; y (iii) que se decrete el secuestro de los bienes muebles que se
encontraren dentro del local.
Como prueba de la existencia del contrato
verbal de arrendamiento se adjuntó una declaración extrajuicio rendida
conjuntamente, el 20 de octubre de 2001,  por Olga Esperanza Bernal Cortés y
Martha Lila Aragón Carrillo, en la que declaran que, el 31 de octubre de 1999,
la demandante “realizó un contrato de arrendamiento de la mercancía que se
encontraba en el local con el señor LUIS ALBERTO ZUBIETA ROJAS Y ARCELIA PARDO
CHACÓN para que ellos efectuaran la venta de la mercancía.” También se adjuntó
una copia incompleta e ilegible de un acta de conciliación celebrada entre las
partes en la Universidad La Gran Colombia.
2. El Juzgado
inadmitió la demanda y determinó un plazo para subsanarla. La demanda fue
corregida el 20 de abril de 2004. En el escrito se anota que la dirección del
inmueble es Carrera 9ª No 8-02 con Calle 8ª No 8-98 (esquina). También se
indica el valor de cada uno de los cánones adeudados desde el año 2000 hasta el
mes de abril de 2004, por un valor total superior a los cien millones de pesos.
Al escrito se
anexó una nueva declaración extrajuicio, rendida conjuntamente, el 27 de abril
de 2004, por Martha Lila Aragón Carrillo y Juliethe Magalle Caballero Prieto,
en la cual ellas declaran: “rendimos testimonio para probar sumariamente la
existencia del contrato de arrendamiento verbal celebrado el día 31 de octubre
del año 1999 entre las partes ARCELIA PARDO CHACÓN y LUIS ALBERTO ZUBIETA ROJAS
como arrendatarios y por otra parte FABIOLA MERY PRIETO MANCERA, como
arrendadora, de un local ubicado en la carrera 9 No 8-02 y –98 esta ciudad de
Bogotá.”
3. El 17 de
mayo de 2004, el juzgado de conocimiento, el Juzgado Cincuenta y Nueve Civil
Municipal de Bogotá, admitió la demanda y determinó el embargo y secuestro de
una serie de bienes inmuebles y muebles de propiedad de los demandados,
determinando que la medida se limitaría a la suma de $240.000.000.oo.
4. En la
contestación a la demanda, el 24 de mayo de 2005, el apoderado de los
demandados manifestó que no era cierto que la actora les hubiera arrendado un
local a sus poderdantes: “no se arrendó el local como tal, lo que se dio fue en
calidad de administrador al demandado fue una mercadería para su venta (...)
Además, en esa fecha fungía como administradora la demandante.”
También
desmintió que entre las partes se hubiera acordado un canon de arrendamiento,
pues “lo que se pactó fue una posible entrega de cuentas al finalizar la venta
de dicha mercadería.” De la misma manera, negó que hubieran pagado alguna vez
arriendos por el local: “Se reembolsó fue lo de las ventas. No se podía pagar
lo que no se debía como arriendo.” Igualmente, controvirtió la afirmación
acerca de que habían dejado de atender en el almacén después de la inspección
practicada por la DIAN. Al respecto manifestó que la dueña del establecimiento
era la madre de la demandante y que quien atendió la visita fue el señor
Zubetia, quien actuaba como administrador del local. Indica entonces que desde
la inspección – realizada en abril de 2000 – “el almacén quedó cerrado y NUNCA
MÁS se volvió a abrir, pues era de competencia de los arrendatarios originales
y la dueña del negocio el abrirlo.”
Por lo tanto,
manifiesta que se opone a las pretensiones de la demanda, pues “NUNCA existió
un contrato de arrendamiento (...) El verdadero arrendatario es el esposo de la
demandante y el almacén pertenece es a la señora madre de la demandante...”
También expone que no pueden restituir el inmueble porque “el local está bajo
el cuidado de la demandante quien lo tiene desocupado desde hace más de Cinco
(5) años, pero SÍ paga el arriendo por parte de su esposo .” Por eso manifiesta
que la demandante goza ya de los bienes que se encuentran dentro del local,
pues ella está en posesión del mismo y los bienes son de su propiedad.
Expone como
excepciones de mérito las de (i) ilegitimidad de la demandante por activa,
porque ella no es ni la propietaria ni la arrendataria original de inmueble;
(ii) causa y objeto ilícito, porque nunca existió un contrato de arrendamiento
del local, tal como se percibe al observar las contradicciones en que incurren
las declarantes extrajuicio; y (iii) demanda presentada en forma temeraria y de
mala fe, como se deduciría de las dos anteriores excepciones propuestas.
Finalmente, en
la contestación se solicita al juzgado que decrete distintas pruebas
testimoniales y documentales.
5. El mismo 24
de mayo de 2005, el apoderado de los demandados solicitó que se declarara la
nulidad del proceso, por cuanto las declaraciones extrajuicio allegadas por la
parte demandante se contradecían, puesto que las primeras hablaban de un
arrendamiento de mercancías, mientras que las presentadas en la corrección de
la demanda se referían al arrendamiento de un local. Al respecto manifiesta que
la testigo Martha Lila Aragón Carrillo había testimoniado dos veces y que se
contradecía en el punto anotado, con lo cual habría incurrido en distintos
delitos.
Considera que
de lo anterior surgen dudas serias acerca de la existencia del contrato, razón
por la cual solicita que se declare la nulidad del proceso. Solicita que se
aplique lo dispuesto en la sentencia T-162 de 2005 de la Corte Constitucional.
6. El 24 de
agosto de 2005, ratificó su declaración extrajudicial la señora Juliette
Magalle Caballero Prieto. Manifiesta que es hija de la demandante y dice que
ella “les arrendó el local y el almacén completo con todo, con vitrinas y
mercancía...” Además, anotó que “el canon que dijeron era de $50.000.oo diarios
y se recogían en las horas de la tarde, o cuando no se pasaba, se daban el día
que se pasaba, no más.” También señaló que los demandados pagaban los servicios
públicos y que “el arriendo del local lo pagábamos era nosotros, FABIOLA MERY
PRIETO MAZUERA, se le cancelaba al señor DAGOBERTO PARRADA, no más.”
También acudió
a rendir testimonio Martha Lila Aragón Carrillo. Ella anotó que trabajó para la
demandante y corroboró lo expresado por la anterior deponente. Anotó, sin
embargo, que el arriendo fue sobre tres almacenes: “uno ubicado en la carrera 9
# 9-02, por la calle tiene la otra entrada con # 9-98 llamado LA ESQUINA
MILITAR y uno por la calle 8, no recuerdo el número llamado EL LANCERO  y otro
por la CARRERA 9 No. 9-73 llamado PUBLIGRAD.”
7. El 30 de
agosto de 2005, el Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá dictó
sentencia. Consideró que las declaraciones extrajuicio allegadas probaban la
existencia del contrato de arrendamiento. De la misma forma, concluyó que la
manifestación de la demandante acerca del incumplimiento en el pago de los
cánones “se encuentra establecido con su afirmación.” Además, determinó:
“La no oposición
valedera por parte de los demandados, implica sentencia favorable al extremo
activo, atendiendo por ello a las pretensiones incoadas, en razón a haberse
formulado la demanda con el lleno de los requisitos  legales y presentado
prueba idónea acerca del contrato de arrendamiento, además, se reitera que el
incumplimiento por parte de la parte demandada  en el pago de los cánones
referidos en la demanda, conlleva a que no se tengan por oídos, como se
presentó en el presente asunto.”
Por lo tanto,
declaró terminado el contrato de arrendamiento y ordenó a la parte demandada
restituir el inmueble, para lo cual ordenó librar despacho comisorio. También
condenó en costas a los demandados.
8. El día 21
de noviembre de 2005, los mismos ciudadanos Luis Alberto Zubieta Rojas y
Arcelia Pardo Chacón iniciaron, a través de apoderado, un incidente de nulidad
constitucional contra todo el proceso adelantado en el Juzgado Cincuenta y
Nueve Civil Municipal de Bogotá. Solicitan que “se decrete la nulidad de toda
la actuación, a partir del auto admisorio de la demanda, fechado el 18 de mayo
de 2004, inclusive, ya que el Juzgado se equivocó flagrantemente al admitirla y
posteriormente comete una serie de yerros de orden procedimental en su trámite.
La causal que se invoca para obtener la declaratoria del vicio es la prevista
en el art. 29 de la C.N.” Como corolario, piden que ordene el desembargo de los
bienes de los demandados.
Posteriormente,
el 19 de diciembre de 2005, los demandados solicitaron que se decretara el
levantamiento de las medidas cautelares decretadas, por cuanto “la parte
demandante no cumplió con la carga procesal del artículo 35 de la Ley 820 de
2003, esto es que no presentó demanda ejecutiva dentro del término legal allí
contemplado.”
Ambas
peticiones fueron rechazadas por el Juzgado, por cuanto los demandantes no
habían acreditado el pago de los cánones atrasados, lo que impedía que fueran
oídos dentro del proceso.
9. El
apoderado de los demandados insistió en el levantamiento de las medidas
cautelares, puesto que ya habían transcurrido más de sesenta días desde la
ejecutoria de la sentencia, sin que la parte demandante hubiera iniciado el
proceso ejecutivo correspondiente, tal como lo establece el art. 35 de la Ley
820 de 2003.
El 27 de
febrero de 2006, el Juzgado rechazó nuevamente la solicitud. Afirmó que el
mencionado artículo dispone que cuando hay condena en costas el término de
sesenta días empieza a correr a partir de la ejecutoria del auto que las
apruebe y que en el proceso todavía no se había aprobado liquidación alguna.
10. El 24 de
enero de 2006, el Juzgado recibió un oficio de la Fiscalía 71 Seccional, en el
cual le informan “que se ha iniciado investigación penal la cual está
relacionada con lo pretendido dentro del proceso de restitución de inmueble que
allí cursa de Fabiola Mery Prieto Mancera en contra de Angélica Pardo Chacón y
Luis Alberto Zubiela Rojas. Lo anterior para los fines pertinentes.”
11. El día 19
de abril de 2006, Luis Alberto Zubieta Rojas y Arcelia Pardo Chacón instauraron
una acción de tutela contra el Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal de
Bogotá, bajo la consideración de que se habían vulnerado varios de sus derechos
fundamentales al dictar la sentencia dentro del proceso de restitución
instaurado contra ellos, con lo cual la providencia habría incurrido en una vía
de hecho.
En primer
lugar, expresan que conocen a la señora Prieto Mancera desde hace varios años,
“por ser dueña de algunos almacenes donde venden ropa y elementos de uso
privativo de las Fuerzas Militares, y porque nos contrató como administradores
para atender varios de dichos almacenes, es decir, por la existencia de una
relación laboral entre ella y los suscritos.” Agregan que luego de culminada la
relación laboral, la señora Prieto Mancera “hace un montaje de la presunta
existencia de un contrato de arrendamiento verbal, celebrado entre ella como
arrendadora y nosotros como arrendatarios...”
Manifiestan
que el Juzgado no debió haber admitido la demanda de restitución de inmueble,
pues las declaraciones extrajuicio aportadas son contradictorias, razón por la
cual no se puede decir que demostraban la existencia de un contrato verbal de
arrendamiento. Al respecto exponen que en las dos primeras declaraciones
extrajudiciales, que fueron aportadas con la demanda original, las deponentes
afirman que la señora Prieto Mancera había firmado con los dos actores de la
tutela un contrato de arrendamiento sobre las mercancías que se encontraban en
el local. Sin embargo, añaden, en las dos declaraciones aportadas
posteriormente, al corregir la  demanda, se indicó que el contrato era sobre el
local. Además, anotan que las declaraciones no coinciden en la fecha de inicio
del contrato, ni en la dirección del inmueble, ni en la determinación de si el
contrato era sobre un local comercial o sobre una  vivienda.
Por otra
parte, exponen que la demandante no cumplió con la exigencia señalada en el
artículo 2035 del Código Civil de requerir a los arrendatarios  para que se
constituyera la mora en el pago de los cánones.
Manifiestan,
además, que la parte actora solicitó múltiples embargos sobre bienes de
propiedad de los tutelantes, petición que fue atendida en todos los casos por
el Juzgado, “sin señalar límite alguno.” Al respecto expresan que “en estos
momentos tenemos embargados bienes por valor cercano a los $200.000.000.oo
M/cte. por una deuda que jamás adquirimos; ni el juzgado ni la demandante
hicieron las gestiones legales para enterarnos de la demanda, por lo que nos
enteramos por tercera persona de la existencia del proceso y concurrimos al
mismo.” Se quejan, entonces, de que la juez “NO NOS ESCUCHÓ por no haber pagado
los arriendos que se alegaban como debidos por la actora, o sea que no pudimos
defendernos y aún a la fecha de presentar esta acción, pese a que ya dictó
sentencia de lanzamiento, NO NOS ESCUCHA por la misma razón. La deuda por
arrendamientos, según las cuentas alegres que presenta la actora, superan la
suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000.oo) M/cte.””
Expresan
también que la jueza accedió a una solicitud de ratificación de testimonios
extrajuicio, a pesar de que esa prueba no había sido solicitada en la demanda
ni en su corrección. Agregan que causa curiosidad que solamente se hubiera
llamado a dos de las tres declarantes, precisamente a la hija de la actora y a
una empleada de la misma. Además, anotan que en la diligencia no se permitió
que las deponentes fueran contrainterrogadas.
Exponen su
inconformidad porque la jueza, “sin decretar PRUEBAS DE OFICIO, como lo ordena
la H. Corte Constitucional, para estos casos, procede a dictar sentencia
estimatoria de las súplicas de la demanda, cuando ha debido dictar una
inhibitoria o desfavorable al petitum de demanda, por cuanto la actora no
demostró la existencia de contrato de arrendamiento, no se efectuaron los dos
(2) requerimientos de que habla el artículo 2035 del C.C,. le dio plena
credibilidad a las declaraciones de la HIJA Y DOS EMPLEADAS, siendo estos
testigos sospechosos art. 219 del C.P.C. y lo más grave, que la actora no logró
identificar el inmueble conforme al art. 76 del C.P.C. pues en el expediente
aparecen más de ocho (8) direcciones...”
De la misma
manera, expresan que su abogado presentó una solicitud de nulidad
constitucional. Inicialmente, la jueza decidió correr traslado de ella a la
parte actora, pero después anuló ese auto y determinó no oírlos por no haber
pagado los arrendamientos alegados. Anotan que la diligencia de lanzamiento
todavía no se ha realizado porque no ha sido posible identificar plenamente el
inmueble.
Agregan,
entonces, que “[e]n estos momentos, la Juez, a pesar de haber terminado la
Restitución de Inmueble arrendado, con sentencia notificada y ejecutoriada, NO
NOS ESCUCHA, está creciendo la deuda por arriendos, por cuanto no se ha podido
evacuar al diligencia de lanzamiento, por falta de identificación plena del
inmueble en cuanto a ubicación, linderos y nomenclatura (art. 76 del C.P.C.) y,
a más de ello, como lo indica al apoderado de la actora, EL INMUEBLE ESTA
CERRADO DESDE EL AÑO 2000.”
Concluyen que
la jueza accionada incurrió en vías de hecho, por cuanto “no aplicó el art.
2035 del C.C., sin prueba de un contrato de arrendamiento, adelantó y terminó
el proceso respectivo, al no oír a los demandados, no decretó pruebas de
oficio, no se identificó plenamente el inmueble Art. 76 del C.P.C., decretó
todos y cada uno de los embargos pedidos abusando del derecho de litigar, etc.”
Por lo tanto,
solicitan:
“1. Por haber incurrido en VÍAS DE HECHO,
protuberantes, QUE SE INVALIDEN O SE DEJEN SIN VALOR NI EFECTOS, todas las
actuaciones subsiguientes al diecisiete (17) de mayo de dos mil cuatro (2004),
(...), proveído mediante el cual la Juez 59 Civil Municipal de Bogotá, en forma
equivocada, ADMITIÓ LA DEMANDA ABREVIADA de Restitución de Inmueble Arrendado
promovida por FABIOLA MERY PRIETO MANCERA contra ARCELIA PARDO CHACÓN Y LUIS
ALBERTO ZUBIETA ROJAS...
“2. Que, en
consecuencia, se ordene inmediatamente el RESTABLECIMIENTO  de nuestros
derechos conculcados por la Juez 59 Civil Municipal de Bogotá, en la
tramitación de referido Proceso, disponiendo el LEVANTAMIENTO O DESEMBARGO  de
todos nuestros bienes que en forma arbitraria nos han cautelado.
“3. Que se
señale el plazo perentorio para que la accionada cumpla con la orden imperiosa
impartida, el cual no puede exceder de cuarenta y ocho (48) horas.”
Al final, los
actores hacen la siguiente manifestación:
“Bajo la
gravedad del juramento nos permitimos manifestar a su señoría que esta misma
tutela, con los mismos hechos y petitum y con las mismas pruebas aportadas, no
ha sido formulada ante otra autoridad, intentando la protección de los
susodichos derechos constitucionales fundamentales. Pero le aclaramos sí al
Despacho que una acción anterior fue presentada por nosotros contra la misma
Juez, la cual nos fue elaborada por un estudiante de derecho de un consultorio
jurídico, donde se alegaban hechos diferentes, y por lo mal elaborada fue
negada. En consecuencia, no existe cosa juzgada constitucional pues no hay
identidad de hechos, pretensiones y pruebas.”
II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
12. Mediante
providencia del 5 de mayo de 2006, el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de
Bogotá rechazó la acción de tutela, por constituir una acción temeraria.
Además, hizo un llamado a los actores “para que en lo sucesivo se abstengan de
presentar acciones de tutela con fundamento en los mismos hechos, so pena de
hacerse acreedores de las medidas derivadas de una conducta temeraria.”
El Juzgado expone que entre esta tutela y
la fallada anteriormente – por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá,
que denegó la solicitud de amparo – existe identidad de partes, además de que
el tercero interesado en las resultas de los dos procesos es la misma persona,
la señora Fabiola Mery Prieto Mancera.
También asegura que hay identidad de
pretensiones, pues en las dos acciones se solicitó dejar sin efecto toda la
actuación surtida a partir del auto en que se admitió la demanda de
restitución. Sobre este punto anota: “Se debe señalar que aunque redactados de
manera distinta, los hechos en que se fundan amabas tutelas son los mismos e
incluso en ellos se sigue el mismo orden cronológico y son básicamente los
mismos (...) Se insiste en que la primera demanda de tutela reposa en el
cuaderno principal del proceso de restitución de inmueble que este despacho ha
estudiado para decidir.”
Afirma a continuación que hay identidad en
los derechos invocados, puesto que en la “primera acción de tutela se señalan
como vulnerados el debido proceso y el derecho de defensa, en la presente se
indica que el derecho violado es el debido proceso en razón a que se incurrió
en varias actuaciones que se pueden catalogar como vías de hecho.”
Finalmente, expresa que no existe ningún
fundamento para entablar una nueva acción de tutela, puesto que “desde la
presentación de la tutela inicial hasta la fecha en que se presenta la que se
estudia no han ocurrido hechos nuevos que puedan estimarse como vulneradores de
los derechos alegados.”
El juzgado advierte que la primera
sentencia de tutela fue dictada el 20 de septiembre de 2005. La sentencia
denegó el amparo impetrado. La decisión fue confirmada por el Tribunal Superior
de Bogotá, en providencia del 3 de noviembre de 2005.
13. Los
actores apelaron la decisión. En primer lugar, aseguran que su acción no fue
temeraria, pues dentro de la misma aclaran que ya habían instaurado otra acción
de tutela, lo cual significa que no pretendían engañar a la justicia.
Además,
señalan que hay divergencia entre las dos demandas, pues “si se revisan las
copias de la acción inicial (...) encontramos QUE EN LA MISMA NO SE FORMULAN
PRETENSIONES, como sí se hizo en la segunda. En cuanto a los hechos son
totalmente diferentes los alegados en una y otra, pues en la inicial no se
habló de VÍAS DE HECHO, FALTA DE REQUERIMIENTOS PRIVADOS O JUDICIALES de que
trata el artículo 2035 del CPC, concordante con el art. 424 del parágrafo 1
num 1 del CPC, NO IDENTIFICACIÓN PLENA DEL INMUEBLE, art. 76 del CPC, testigos
sospechosos, art. 219 del CPC, Decreto de pruebas de oficio como lo ordena la
Corte Constitucional, etc.” Igualmente, afirman que en la primera acción  “se
consideraron vulnerados el debido proceso y el derecho de defensa, mientras que
en esta segunda acción no se habló de derecho fundamental alguno...”
De la misma
manera, afirman que es errada la aseveración acerca de que no han ocurrido
hechos nuevos que justifiquen la presentación de una nueva acción. Al respecto
mencionan que las testigos se contradicen; que, el 21 de noviembre de 2005, su
apoderado formuló un incidente de nulidad constitucional que no fue tramitado
por el Juzgado; que se han agregado “nuevas direcciones con el fin de evacuar
la diligencia de lanzamiento”; que no se los escucha a pesar de haber terminado
el proceso, etc.
14. En su
sentencia del día 30 de junio de 2006, la Sala Civil del Tribunal Superior de
Bogotá confirmó el fallo de primera instancia. Además, ordenó que se
compulsaran copias de la totalidad del expediente a las autoridades penales.
Afirma el
Tribunal que “los actores ya habían instaurado una acción de tutela por los
mismos hechos, a pesar de que en una y otra difieren en la forma de plantearlos
pero que en el fondo son los mismos, invocando en ambas los mismos derechos
vulnerados (debido proceso y derecho de defensa), a pesar de que en la segunda
se abstiene de indicarlos en forma expresa y en cambio lo deja a merced del
juez de tutela...”
Afirma
entonces que los actores incurrieron en temeridad, con el agravante de que en
la última demanda manifiestan, bajo la gravedad del juramento, que no han
presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y petitum y con las
mismas pruebas.
Por
consiguiente, decide negar la solicitud de tutela, “por temeraria.” Además, en
la sentencia se señala: “Subsidiariamente debe compulsarse copias de todo lo
actuado en esta acción de tutela a la justicia penal para que adelante la
correspondiente investigación por el delito de falso testimonio en que pudieron
incurrir los accionantes LUIS ALBERTO ZUBIETA ROJAS Y ARCELIA PARDO CHACÓN.”
III. REVISIÓN POR PARTE DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
CONSIDERACIONES y fundamentos
Competencia
1. Esta Sala es
competente para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela
de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política.
Problema Jurídico
2. En el presente caso, la Sala de Revisión
debe concentrarse inicialmente en establecer si los actores incurrieron en
temeridad al presentar la segunda acción de tutela, tal como lo afirman los
jueces de tutela de primera y segunda instancia.
En caso de que se determine que los
demandantes no incurrieron en temeridad, la Sala habrá de determinar si el
Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá incurrió en una vía de hecho al admitir la
demanda de restitución de inmueble instaurada por Fabiola Mery Prieto Mancera
contra Luis Alberto Zubieta Rojas y Arcelia Pardo Chacón.
3. Puesto que en este caso ninguno de los
jueces de tutela objetó la facultad de los justicia de tutela para conocer
sobre demandas contra providencias judiciales, la Sala de Revisión no se detendrá
a reiterar la posición de la Corte Constitucional acerca de la procedencia de
la tutela contra sentencias.[1]
La tutela es temeraria y debe denegarse
4. El Juzgado Diecisiete Civil del Circuito
de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá concluyeron que la acción de tutela
era temeraria y, en consecuencia, decidieron denegarla. Por lo tanto, esta Sala
de Revisión debe dilucidar, en primer lugar, si la acción es temeraria. Para
ello habrá de analizarse la anterior demanda y su resolución por parte de la
justicia.
5. Pocos días
después de haberse dictado sentencia dentro del proceso de restitución de
inmueble, los ciudadanos Luis Alberto Zubieta Rojas y Arcelia Pardo Chacón
instauraron una acción de tutela contra el Juzgado Cincuenta y Nueve Civil
Municipal de Bogotá, bajo la consideración de que éste había vulnerado sus
derechos al debido proceso y a la defensa al dictar la sentencia dentro del
proceso de restitución instaurado contra ellos. En la demanda manifestaron:
“12. Por ello se
ataca la sentencia, pues hay un verdadero vicio de hecho y de derecho, una
verdadera vulneración al debido proceso y al derecho de defensa. Principios
constitucionales caros en la administración de justicia que fueron
inopinadamente echados de menos por el Juzgado 59 y de allí que se pide su
amparo, para que el Juez Constitucional REVOQUE O DECRETE LA NULIDAD DE TODO LO
ACTUADO POR no tener la prueba sumaria arrimada al proceso sustento legal
alguno y por el contrario ser un verdadero FRAUDE PROCESAL tal como se enunció
en los escritos de nuestro abogado que no se tuvieron en cuenta por el Juzgado.
“13. Y lo peor
de todo es que esta señora nos ha embargado varias propiedades, nos ha
bloqueado comercial y financieramente, todo con el propósito de cobrar lo que
en ningún momento se le está debiendo.”
En su escrito
afirmaron que el Juzgado debió haber rechazado la demanda desde un principio.
Expresan que en el primer momento la demanda se sustentó con dos declaraciones
extrajuicio, rendidas conjuntamente, que hablaban del arriendo de mercadería,
lo que significaba que la demandante había errado en la selección del  proceso
a seguir. Por eso, el Juzgado debía haberla rechazado. A pesar de ello, el
Juzgado se limitó a inadmitirla. A continuación, la demandante allegó nuevos
testimonios, en los que se hablaba ya del arrendamiento de un local. Anotan que
la testigo Martha Lila Aragón Carrillo se contradijo en las dos declaraciones
extrajuicio que presentó, pues en la primera ocasión afirmó que las partes
habían acordado un arrendamiento de mercancías, mientras en la segunda dijo que
el arrendamiento era sobre un local. Aseguran que este hecho debía haber
conducido al Juzgado a rechazar la demanda.
Anotan también
que el Juzgado debió haber citado a las tres declarantes a ratificarse en su
exposición, pero solamente citó a las dos que rindieron los testimonios
extrajudiciales que fueron presentados con la corrección de la demanda.
Igualmente, indican que el Juzgado “No contrastó lo vertido en el año 2001 con
lo vertido en el año 2004, ante Notario Público y bajo la gravedad del
juramento, principalmente de MARTHA LILA ARAGÓN CARRILLO y no se preocupó de
haberle preguntado el por qué de sus dos (2) versiones diametralmente
opuestas...” Agregan, además, que el Juzgado no debió haberles concedido tanta
credibilidad a los testimonios presentados dentro del proceso, pues una de las
deponentes era la hija de la actora y la otra trabajaba para ella en el momento
de los hechos.
Consideran
que, “dada la fragilidad de los testimonios y el contenido de los mismos”,  el
juzgado debió haber seguido el precedente judicial fijado en la sentencia T-162
de 2005, que dispuso que cuando hay “dudas sobre la existencia del contrato de
arriendo prevalece lo sustancial y no lo formal o adjetivo.”
Por todo lo anterior, manifiestan su
desacuerdo con la decisión del juez de no escucharlos dentro del proceso, por
no haber demostrado el pago de los cánones supuestamente debidos, y expresaron
que el Juzgado 59 Civil Municipal les había quebrantado sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa.
6. En su sentencia del 20 de septiembre de
2005, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá declaró improcedente la
acción. Manifestó al respecto:
“(...) tenemos que de los hechos objeto de
acción y presentes en el desarrollo del proceso de restitución bajo examen no
puede establecerse el desconocimiento al debido proceso, pues el juez de
conocimiento observó la ritualidad propia de los procesos de restitución y
valoró las pruebas legal y oportunamente aportadas al libelo de acuerdo a los
principios de la sana crítica, de tal forma que no es posible al juez de tutela
adentrarse al aspecto propio de la valoración de las pruebas por el fallador,
ya que tal cuestión no es de atinencia del juez de tutela, pues de no ser así
se desbordaría en los limites propios de la acción de tutela
“De allí que al juez de tutela no le
corresponde inmiscuirse en el estudio sustancial del fondo, para lo cual no
cuenta con el acompañamiento legal ni con las herramientas para definir a cuál
de las partes le asiste el derecho sustancial debatido, pues la acción de
tutela en torno al debido proceso se circunscribe a la observancia plena del
desarrollo procesal del derecho de defensa que le asiste al demandado y a la
aplicación de las normas legales para tal efecto, existiendo para las demás
cuestiones los recursos de la vía procesal, de lo cual se establece que no nos
encontramos ante un perjuicio irremediable, puesto que los litigantes deben
atenerse a las resultas del proceso y hacer uso de los recursos para impugnar
las decisiones.”
7. En su sentencia del 2 de noviembre de
2005, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la providencia de tutela.  Expuso
el Tribunal:
“6. Advierte la Sala de la revisión del
expediente que (...), contrario a lo afirmado en el escrito introductorio, no
se vislumbra vulneración de alguna garantía fundamental del accionante. Por
oposición a ello, impera un total acatamiento a la autoridad de la ley en las
actuaciones adelantadas, sin que se aprecie ningún vicio con entidad de
invalidar el trámite, el cual se ajusta al ordenamiento jurídico, que se siguió
hasta la restitución del bien inmueble dado en arriendo.
“7. Es evidente que el reclamante para
poder tener a su alcance los medios de defensa judicial idóneos que brinda el
proceso de restitución de inmueble arrendado que se prosigue en su contra,
debía cumplir el requisito de procedibidad impuesto por el legislador en el
numeral 2º del parágrafo 2º del artículo 264 del estatuto procesal, a efectos
de poder promover su defensa dentro del proceso, de ahí que si se omite dicha
carga no puede exigirse al juzgado accionado una conducta diferente de la de no
escuchar lo alegado por el reclamante demandado dentro de aquel proceso.”
8. El inciso primero del artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991 establece en relación con la actuación temeraria:
“Artículo 38.
Actuación temeraria. Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción
de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios
jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las
solicitudes.”
Como bien lo indican los jueces de tutela, la jurisprudencia ha
señalado que para establecer si se presenta temeridad en un proceso determinado
ha de observarse si existe identidad de las partes, identidad de pretensiones e
identidad de los derechos invocados, y si no se han presentado hechos nuevos
que justifiquen la presentación de una acción.[2]
Pues bien, en el presente proceso es claro que existe identidad entre
las partes, pues las dos demandas fueron instauradas por los dos actores contra
el mismo Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá, y en ambos casos el tercero
interesado es la señora Fabiola Mery Prieto Mancera.
Por otra parte, existe identidad en las pretensiones. En las dos
demandas de tutela se pretende que se revoque todo lo actuado dentro del
proceso. En ambas acciones se expresa que el Juzgado debió haber rechazado la
demanda de restitución de inmueble desde un principio, por cuanto los
testimonios aportados contenían contradicciones y eran sospechosos, dada la
cercanía de las deponentes con la demandante, lo que significaba que no se
cumplía con el requisito de la prueba sumaria del contrato de arrendamiento.
También existe identidad en los derechos invocados. En la primera
acción de tutela se indica que el Juzgado vulneró los derechos de los actores
al debido proceso y a la defensa. En la segunda acción se manifiesta
simplemente que se vulneraron sus derechos, pero es claro que se trata de los
mismos derechos fundamentales invocados en la primera ocasión.
9. Para terminar, cabe entonces preguntarse si existen hechos nuevos
que justifiquen la presentación de una nueva acción de tutela, a pesar de que
exista identidad en los puntos mencionados. Al respecto cabe decir que en la
segunda demanda de tutela se ofrecieron argumentos adicionales para solicitar
la nulidad del proceso de restitución de inmueble. En el escrito se manifiesta
que en el proceso de restitución no se aportaron pruebas acerca de que los
demandados hubieran sido requeridos para el pago de los cánones y que la actora
no logró identificar debidamente el inmueble.
Además, en la segunda demanda se agregan otras críticas a la
actividades desplegada por la jueza. En la primera demanda, la jueza había sido
acusada por no haber citado a declarar a todos los testigos y por haberle dado
credibilidad  a los testimonios, sin cotejar los de 2001 con los de 2004 y sin
atender que una de las deponentes era hija de la demandante y la otra había
sido su trabajadora. También había sido controvertida su decisión de reconocer
como prueba sumaria las dos declaraciones, en vez de ceñirse a lo indicado en
la sentencia T-162 de 2005, en la cual se señaló que, cuando hay dudas sobre
las pruebas aportadas, el juez no le dará aplicación a la norma que establece
que no se oirá al demandado dentro de un proceso de restitución si no acredita
el pago de los cánones reclamados. Así, en la segunda acción de tutela se atacó
adicionalmente  a la  juzgadora porque accedió a ordenar la ratificación de los
testimonios, a pesar de que esta prueba no había sido pedida en la oportunidad
establecida, porque no permitió contrainterrogar a las deponentes y porque no
habría puesto límites a los embargos y secuestros ordenados sobre los bienes de
los demandados.
En relación con estos argumentos cabe señalar que ellos se apoyan en
razonamientos sobre los hechos que ya existían al momento de presentarse la
primera acción de tutela. Es decir, consisten en nuevas apreciaciones sobre los
hechos ya conocidos. Estas nuevas elaboraciones debían haberse presentado
dentro de la primera acción de tutela. Si se aceptara lo contrario, siempre
existiría la posibilidad de diseñar nuevos argumentos sobre los hechos
conocidos, lo cual conduciría a que los procesos no tuvieran un final,
consecuencia inaceptable desde la perspectiva del principio de la seguridad
jurídica.
10. Ahora bien, en la segunda acción de tutela se presentan también
hechos distintos, que no podían ser contemplados en la primera demanda, por
cuanto tienen que ver con sucesos posteriores. Allí se expresa que la
diligencia de lanzamiento no se había podido realizar, por cuanto no había sido
posible identificar el inmueble. Este hecho es especialmente cuestionado, por
cuanto apareja que se incremente la deuda atribuida a los actores de la tutela.
También se ataca la decisión de la juez de negarse a darle trámite a la
solicitud de nulidad constitucional, que fue elevada por el apoderado de los actores
después de haberse dictado la sentencia de restitución, por cuanto los actores
no habían acreditado el pago de los cánones que se exigían en la demanda de
restitución de inmueble.
Los hechos anteriores podrían dar lugar a que se tramitaran sendas tutelas,
con el objeto de que, respectivamente, se analizara por el juez constitucional
si la demora en la restitución material del local constituye una vulneración al
debido proceso, y si la jueza debería haberle dado trámite a la solicitud de
nulidad constitucional invocada por los demandados. Sin embargo, los dos hechos
no son conducentes para lograr directamente el propósito con el que son
expuestos, cual es el de que se declare la nulidad de todo lo actuado a partir
de la admisión de la demanda de restitución. Además, su incorporación dentro de
la segunda tutela no altera la constatación de que lo que se pretende con ella
es idéntico a lo solicitado en la primera acción de amparo instaurada por los
actores.
11. Las razones anteriores conducen a esta Sala de Revisión a confirmar
la sentencia de tutela que se revisa, aun cuando con dos precisiones. La
primera se refiere a que esta decisión obedece a las especificidades del
presente caso: el hecho de que los asuntos que se debaten en esta acción de
tutela hayan sido analizados por los jueces de tutela en otra ocasión impide
que la Corte se pronuncie de fondo sobre ella. Si no se presentara esta
situación, la Sala habría entrado  a considerar otros aspectos tanto de
procedimiento como de fondo, en especial el atinente al deber del arrendatario
de consignar los cánones adeudados para poder ser escuchado dentro del
procesado.
Ciertamente, en varias ocasiones esta Corporación ha decidido inaplicar
la norma del Código de Procedimiento Civil[3] que establece
que el demandado no será oído hasta que demuestre haber consignado a órdenes
del juzgado el valor de los cánones adeudados, de acuerdo con lo indicado en la
demanda, o hasta que aporte los recibos expedidos por el arrendador acerca del
pago del arriendo de los últimos tres meses o los recibos de las consignaciones
efectuadas de acuerdo con la ley. Así ocurrió en la Sentencia T-162 de 2005[4]
que citan los actores y, en los últimos meses, en las Sentencias T-323 de 2006[5]
y T-613 de 2006.[6] En los tres casos, la
Sala de Revisión respectiva decidió inaplicar la norma porque encontró que las
pruebas obrantes en el proceso arrojaban dudas acerca de la existencia real del
contrato de arrendamiento. Así, en la sentencia T-162 de 2005 se estableció:
“4.5
No obstante todo lo anterior, la Sala estima que, en el caso particular que
ahora se somete a su decisión, no procede aplicar la norma que exige al
arrendatario demandado cancelar la totalidad de los cánones que se imputan en
mora, como requisito para ser oído en el juicio. Empero, esta inaplicación no obedece
a la utilización de la figura de la excepción de inconstitucionalidad, como lo
propuso el juez de primera instancia, pues, por las razones que arriba se
dejaron reseñadas, la Corte ha demostrado que no existe una contradicción
objetiva entre dicha regla legal y la Constitución. La razón que en este caso
impone inaplicar la disposición estriba en que el material probatorio obrante
tanto en el proceso de tutela, como en el civil de restitución, arroja una duda
seria respecto de la existencia real de un contrato de arriendo entre el
demandante y el demandado, es decir, está en entredicho la presencia el
supuesto de hecho que regula la norma que se pretende aplicar.
“En
otras palabras, cuando el parágrafo 2°, numeral 2°, del artículo 424 del Código
de Procedimiento Civil dispone que no se oirá al demandado si no cancela los
cánones adeudados, parte de la base de la existencia de un contrato de arriendo
incumplido, cuya prueba ha sido aportada con la demanda. Pero si, por la razón
que fuere, el juez encuentra un motivo grave para dudar de la validez de la
prueba aportada, como sucede en este caso, mal haría en aplicar automáticamente
la disposición.
“En
efecto, la decisión judicial no consiste en la imposición irreflexiva de las
consecuencias previstas en las normas, sin una evaluación particularizada de la
situación de hecho sujeta a examen, para determinar que ella sea realmente la
premisa de aplicación de la disposición.  La actividad judicial debe estar
presidida por la virtud de la prudencia, que exige al juez obrar con cautela,
moderación y sensatez a la hora de aplicar la ley, más cuando, como en el caso
de autos, la aplicación automática de las normas puede conducir a una
restricción excesiva de derechos fundamentales, en este caso el derecho al debido
proceso, concretamente en sus garantías de defensa y contradicción.
“Es
decir, en el concreto y particular caso de autos, la inaplicación de la norma
que exige que para ser oído en juicio el demandado debe probar que se han
cancelado los cánones que se denuncian en mora, no obedece a la
inconstitucionalidad de la  disposición, sino a que se ha puesto en manos del
juez una prueba relevante que hacer surgir una duda grave sobre la existencia
del contrato de arriendo y de la deuda por concepto de mensualidades en mora.
Así pues la inaplicación de la disposición obedece a tal grave duda respecto
del presupuesto fáctico de aplicación de la misma.”[7]
La segunda precisión tiene por fin indicar que el hecho de que se
deniegue la tutela impetrada, por cuanto ya se había presentado otra en el
mismo sentido – cabe decir, por los mismos hechos y entre las mismas partes - ,
no significa que no se puedan instaurar nuevas acciones de tutela referidas a
asuntos y hechos distintos a los que ya se analizaron. Tampoco obsta para que
continúen las acciones penales que ya se instauraron.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida por la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, el 30 de junio de 2006, que denegó
la tutela impetrada por Luis Alberto Zubieta Rojas y Arcelia Pardo Chacón
contra el Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá.
Segundo.- Líbrese por la Secretaría General las comunicaciones
de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado Ponente
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Para más detalles sobre la jurisprudencia de la
Corte sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, ver, entre muchas otras, las sentencias C-590 de 2005, T-774 de
2004, T-200 de 2004, T-949 de 2003, SU-159 de 2002, SU-1184 de 2001, T-231 de
1994, T-173 de 1993, T-158
de 1993, T-079 de 1993 y C-543 de 1992.
[2] Ver al respecto, entre muchas otras, las sentencias
T-951 de 2005, M.P. Humberto Sierra Porto; T-212 de 2005, M.P. Álvaro Tafur
Galvis; T-1202 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-919 de 2004, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra; T-330 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-919 de
2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-502 de 2003, M.P. Jaime Araújo
Rentería; T-263 de 2003, M.P. Jaime Córdova Triviño; T-171 de 2002, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra; y T-883 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[3] El inciso 2º del parágrafo 2º del artículo 424, con
las modificaciones introducidas por el artículo 44 de la Ley 794 de 2003.
[4] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[5] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[6] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[7] Por su parte, en las sentencias T-326 de 2006 y T-613
de 2006 existe un párrafo común que dispone: “Para la Sala, en el caso en
estudio, no procede aplicar la norma que exige al arrendatario demandado
cancelar la totalidad de los cánones que se imputan en mora, como requisito
para ser oída en el juicio. Por lo tanto, la razón que en este caso impone
inaplicar la disposición, deriva en que el material probatorio obrante en el
proceso de tutela, arroja una duda respecto de la existencia real de un
contrato de arrendamiento entre el demandante y el demandado, es decir, que
está en entredicho la presencia del supuesto de hecho que regula la norma que
se pretende aplicar.”