T-799-99
Sentencia T-799/99
PENSION DE
INVALIDEZ-Fundamental por
conexidad
La pensión de
invalidez es un derecho de creación legal que deriva directamente de la
Constitución, con el cual se "busca compensar la situación de infortunio
derivada de la pérdida de la capacidad laboral, mediante el otorgamiento de
unas prestaciones económicas y de salud, cuya característica fundamental es su
condición de esenciales e irrenunciables". La jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha señalado que este derecho, que en principio es subjetivo
ordinario, puede adquirir el rango de fundamental sólo en el evento en que se
encuentre directa e inmediatamente relacionado con derechos que ostenten el
carácter de fundamentales.
PENSION DE INVALIDEZ-Realización de otra valoración médica para nuevo estudio
de reconocimiento según dictamen médico laboralista
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia: Expediente T-215817
Acción de tutela
instaurada por Arley Mezu Gómez contra el Instituto de Seguros Sociales,
Seccional Bogotá.
Magistrado Ponente:
Dr. CARLOS GAVIRIA
DIAZ
Santa Fe de Bogotá,
D.C., diecinueve (19) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Carlos Gaviria Díaz, José
Gregorio Hernández Galindo y Alvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos
proferidos por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acción de tutela
instaurada por Arley Mezu Gómez contra el Instituto de Seguros Sociales, Seccional
Bogotá.
I.
ANTECEDENTES
1.
Hechos.
El actor interpone
acción de tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales, por cuanto
considera vulnerados sus derechos a la seguridad social y a la salud. Los
hechos son los siguientes:
-
El
28 de noviembre de 1993 sufrió un accidente cerebro vascular, con hemiplejia
izquierda, lo que le ocasionó una incapacidad permanente, total absoluta.
-
Como
consecuencia de lo anterior, fue evaluado por medicina legal del Instituto de
Seguros Sociales y en el dictamen No. 0564 occidente, se concluyó que era
acreedor a la pensión de invalidez común. De conformidad con el mismo dictamen
se configuró el estado de invalidez a partir de mayo 1 de 1994.
-
Mediante
resolución 0148022 de 1994, el Seguro Social resuelve negar la prestación por
invalidez, argumentando en primer lugar que el estado de invalidez se había
estructurado a partir del 28 de noviembre de 1993, contrario a lo determinado
en el dictamen mencionado. Igualmente señala la resolución que el actor había
cotizado 63 semanas dentro de los seis últimos años anteriores a la invalidez.
-
Sostiene
el actor que es totalmente errada la motivación que hace el Seguro, por cuanto
su estado de invalidez se estructuró a partir del 1 de mayo de 1994, según el
dictamen No. 0564 de la oficina de medicina laboral. En segundo término,
partiendo del supuesto  de que la invalidez se dictaminó bajo el amparo de la
ley 100 de 1993, tiene derecho a que se le aplique el literal a) del artículo
39 de la misma ley que establece un mínimo de tiempo de cotización de 26
semanas. Presentó recurso de reposición, el cual fue rechazado mediante
resolución 09107 del 8 de septiembre de 1995.
Como quiera que el
derecho a la pensión no prescribe, y que su invalidez corre a partir  del 1 de
mayo de 1994, tiene derecho a que su pensión se le reconozca con las 26 semanas
de cotización que exige la ley 100  de 1993 en su artículo 39.
1.
Sentencias objeto de revisión.
En primera y segunda
instancia se negó la tutela. A juicio del Tribunal Superior de Santa Fe de
Bogotá y de la Corte Suprema de Justicia, existen otros medios de defensa
judicial que excluyen la procedencia de la acción de tutela. Además, para que
se configure el perjuicio irremediable el derecho reclamado debe ser cierto y
manifiesto, de tal forma que cuando para esclarecerlo sea necesario acudir a
inferencias, procedimientos y pruebas de un proceso ordinario, como acontecería
en este caso en torno a la viabilidad o no de conceder la pensión de invalidez,
la tutela resulta improcedente.
I.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1.
Excepcionalidad del carácter fundamental de la pensión de invalidez.
La pensión de
invalidez es un derecho de creación legal que deriva directamente de la
Constitución (arts. 25, 48 y 53), con el cual se "busca compensar la
situación de infortunio derivada de la pérdida de la capacidad laboral,
mediante el otorgamiento de unas prestaciones económicas y de salud, cuya
característica fundamental es su condición de esenciales e irrenunciables"[1].
En este contexto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional[2]
ha señalado que este derecho, que en principio es subjetivo ordinario, puede
adquirir el rango de fundamental sólo en el evento en que se encuentre directa
e inmediatamente relacionado con derechos que ostenten el carácter de
fundamentales. La Corte así lo explica:
"El derecho
al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, o en su defecto de la
indemnización sustitutiva, se encuentra en conexidad con el derecho a la vida,
la integridad física, el trabajo y la igualdad, entre otros, por cuanto a
través de dicha prestación, lo que pretende el Estado es dar cumplimiento al
mandato constitucional que impone como deber el de garantizar a todos los
habitantes "el derecho irrenunciable a la seguridad social." Se
garantiza el derecho a la vida, pues se reconoce en favor de quien ha sufrido
merma en su capacidad laboral una suma de dinero mensual que le permita velar
por su subsistencia, y en caso dado, por la de su familia, y además la
integridad física por cuanto como consecuencia de su estado de salud y de sus
limitaciones permanentes, el Estado le brinda una especial protección, además
de la asistencia médica derivada de su situación personal; se garantiza el
derecho al trabajo, ya que cuando el afectado no puede ofrecer al menos la
mitad de su capacidad laboral, se le exime de su obligación social de trabajar,
y a la vez se preserva su derecho en cuanto si recupera su capacidad, puede
volver a desempeñarse en el ejercicio de sus actividades laborales."[3]
En síntesis, el
derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez es un derecho
fundamental por conexidad, el cual es susceptible de protección a través de
tutela.[4] Pues bien, en el
caso sub iudice esta Sala considera que el derecho al reconocimiento de
la pensión de invalidez que reclama el accionante es fundamental, por cuanto se
encuentra en conexidad con sus derechos a la vida digna, la salud y el trabajo.
En efecto, la condición de disminuido físico que dificulta el acceso al trabajo
del actor, la carencia de recursos propios que le permitan la subsistencia y la
necesidad de controles médicos, le permite a esta Sala concluir que se está en
presencia de un derecho fundamental por conexidad.
Asiste razón a los jueces de instancia
cuando sostienen que la vía procedente para definir la controversia que surge a
partir de la negativa de la pensión de invalidez, es el proceso ordinario
laboral y no la acción de tutela. Pero no es menos cierto también que el debate
adquiere relevancia constitucional, cuando el medio judicial se torna ineficaz
porque se amenaza el mínimo vital del accionante. En otras palabras, la
controversia trasciende el mero plano legal para adquirir un carácter
constitucional cuando se compromete la efectividad  del derecho fundamental a
obtener la pensión de invalidez de una persona disminuida físicamente. Esta
Sala reitera la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha señalado que
el titular de un derecho fundamental en condiciones de debilidad manifiesta
requiere el amparo urgente de sus derechos, dada  la gravedad del perjuicio[5].
Sin embargo, no puede la Corte en este
caso, darle curso a la solicitud del actor para ordenarle al ISS el
reconocimiento de la pensión de invalidez, por cuanto ya existe una negativa
del Seguro Social en otorgarle dicha prestación. Según lo tiene dispuesto la
jurisprudencia, no es posible por medio de la tutela controvertir un acto
administrativo revestido de fuerza de legalidad[6].
Pero vista la circunstancia particular del actor, y teniendo en cuenta que la
situación que afronta compromete el derecho al mínimo vital, pues sus
condiciones son manifiestamente débiles, el juez constitucional está legitimado
para ordenarle al ISS que dentro de sus competencias constitucionales y
legales, realice otra  valoración médica y nuevamente estudie la solicitud de
reconocimiento de la invalidez teniendo en cuenta el dictamen del médico
laboralista del ISS, quien señaló que la referida invalidez databa del 1 de mayo
de 1994.
I.
DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto la Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia de la
Sala de Casación Laboral de la corte Suprema de Justicia. En su lugar, CONCEDER
la tutela por violación del derecho a la seguridad social en conexidad con el
derecho fundamental a la vida.
Segundo. ORDENAR al I.S.S.,
Seccional Bogotá, que en el término de treinta (30) días, contados a partir de
la notificación de esta decisión, tome las medidas necesarias para que dentro
de sus competencias constitucionales y legales, y previa valoración médica al
demandante, revise nuevamente la solicitud de reconocimiento de la invalidez,
teniendo en cuenta el dictamen del médico laboralista del I.S.S., quien señaló
que la referida invalidez databa del 1º de mayo de 1994.
Tercero. Por Secretaría, líbrese, la
comunicación prevista en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
CARLOS GAVIRIA DÍAZ     JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado Ponente                         Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS  MARTHA V. SÁCHICA DE
MONCALEANO
Magistrado                             Secretaria
General
[1] Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 1995. M.P.
Fabio Morón Díaz
[2] Al respecto pueden consultarse, entre otras, las
sentencias de la Corte Constitucional T-056 de 1994, T-209 de 1995, T-292 de
1995, T-627 de 1997.
[3] Corte Constitucional. Sentencia T-619 de
1995. M.P. Hernando Herrera Vergara
[4] Cfr. sentencia T- 143 de 1998
[5] T-143 de 1998, T-417 de 1997, T-515 de 1997 y  T- 762
de 1998
[6] T274 de 1997. Carlos  Gaviria Díaz.