C-401-97
Sentencia C-401/97
Sentencia C-401/97
TRATADO INTERNACIONAL-Control de constitucionalidad
El control de
constitucionalidad que ejerce la Corte respecto de los Tratados y de sus leyes
aprobatorias, comprende la totalidad del contenido material del instrumento
internacional y de la ley que lo aprueba, tanto en sus aspectos de forma como
de fondo.
PROTOCOLO
INTERNACIONAL-Constitucionalidad
por aspectos de forma
En cuanto a la
revisión de la constitucionalidad por aspectos de forma del Protocolo y Anexos
de la referencia, así como de su ley aprobatoria, se precisa que el estudio se
hace en lo concerniente a la facultad de representación del Estado colombiano
para la firma del respectivo instrumento internacional y respecto del trámite
legislativo de la ley aprobatoria del Protocolo surtido ante el Congreso de la
República, con sujeción a las requisitos constitucionales y legales. No existe
reparo alguno frente a la circunstancia relacionada con la facultad de
representación legítima del Estado colombiano en la negociación y celebración
de los mencionados instrumentos internacionales. No existe reparo en cuanto al
trámite legislativo, toda vez que cumplió con los requisitos exigidos, razón
por la cual éste se encuentra ajustado en los aspectos formales a los preceptos
constitucionales.
PROTOCOLO
RELATIVO A LAS AREAS ESPECIALES Y FLORA Y FAUNA SILVESTRES-Finalidad
El Protocolo en
primer término, a manera de preámbulo establece como motivo de su adopción, el
compromiso adquirido de proteger el medio marino y costero en la Región del
Gran Caribe. La cooperación regional entre los países Partes del Convenio y que
suscribieron el Protocolo se encamina a preservar, restaurar y mejorar el
estado de esos ecosistemas, así como de las especies amenazadas o en peligro de
extinción y sus hábitats, mediante el establecimiento de áreas protegidas en
las áreas marinas y en los ecosistemas asociados, y así obtener un desarrollo
sostenible que fortalezca el patrimonio y los valores culturales de los países
y territorios de dicha región, que reporte, a la vez, beneficios tanto
económicos como ecológicos.
PROTOCOLO INTERNACIONAL-Obligaciones generales y especiales son constitucionales
Tanto las
obligaciones generales adquiridas por las Partes en virtud del Protocolo al
igual que las especiales, están en consonancia con los propósitos que llevaron
a las mismas a celebrarlo y claramente constituyen un desarrollo de sus
propuestas, que se ajustan a los mandatos constitucionales. Se aprecia que las
obligaciones se enmarcan dentro del respeto al principio de soberanía de las
naciones, en el cual se deben sustentar las relaciones exteriores, el respeto a
la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del
derecho internacional aceptados por Colombia.
PROTOCOLO
INTERNACIONAL DE PROTECCION A LAS AREAS ESPECIALES Y FLORA Y FAUNA/CONSERVACION
Y RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES-Participación de la población
El Protocolo
plantea como pilar fundamental de una política integral de protección a las
áreas especiales y a las especies de flora y fauna amenazadas o en peligro de
extinción en la zona del Gran Caribe, divulgar, informar, concientizar y educar
a la población, sobre el establecimiento de esas áreas y de las respectivas
obligaciones a cargo de las Partes, recomendando incorporar dicha información a
los programas educativos relacionados con el medio ambiente de cada país. Así
mismo, resalta la necesidad de promover la participación de la población y de
las organizaciones conservacionistas para la protección de las áreas y la
investigación científica, técnica y de manejo de las mismas. Dicho elemento
participativo es esencial no sólo para la definición de las políticas estatales
que sobre el asunto ambiental se adopten, sino también para la verificación y
el control mismo de los resultados y de las actividades desarrolladas por los
agentes encargados de realizarlas; de manera que, su efectividad debe surgir
del compromiso del Estado y ser apropiado por los coasociados a fin de forjar
en la ciudadanía una conciencia ambientalista y ecológica, como fuente permanente
de decisiones y acciones de protección, conservación y recuperación de los
recursos naturales.
PROTOCOLO
INTERNACIONAL-Constitucionalidad
Los compromisos
internacionales que el país ha adquirido en este Protocolo, con el propósito de
proteger las riquezas naturales de la Nación, referidas a los ecosistemas y a
las especies de la flora y fauna nativas, amenazadas o en peligro de extinción
que se localizan en la región del Gran Caribe, desarrollan los mandatos
constitucionales que obligan al Estado colombiano a promover la
internacionalización de las relaciones ecológicas sobre la base de la equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional y representan una acción directa y
dirigida hacia la promoción de la integración económica, social y política de
la nación colombiana con las demás naciones del mundo, en particular, con los
países de América Latina y del Caribe, como lo determina la Carta Fundamental.
Referencia:
Expediente L.A.T.-100
Revisión de
constitucionalidad de la Ley 356 del 21 de enero de 1997 “por medio de la
cual se aprueban el “Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres
especialmente protegidas del convenio para la protección y el desarrollo del
medio marino de la región del Gran Caribe” hecho en Kingston el 18 de enero de
1990 y los “Anexos al Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres
especialmente protegidas del Convenio para la protección y el desarrollo del
medio marino de la región del Gran Caribe”, adoptados en Kingston el 11 de
junio de 1991.”.
Magistrado Ponente:
Dr. HERNANDO HERRERA
VERGARA.
Santafé de Bogotá,
D.C, veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1.997).
I.       ANTECEDENTES.
En cumplimiento de
lo dispuesto por el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política, el
Gobierno Nacional, por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de
la República, remitió a esta Corporación, el día 22 de enero de 1997, copia
auténtica de la Ley 356 del 21 de enero de 1997 “por medio de la cual se
aprueba el “Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres
especialmente protegidas del convenio para la protección y el desarrollo del
medio marino de la región del Gran Caribe hecho en Kingston el 18 de enero de
1990 y los “Anexos al Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres
especialmente protegidas del Convenio para la protección y el desarrollo del
medio marino de la región del Gran Caribe”, adoptados en Kingston el 11 de
junio de 1991.”.
El Magistrado
Ponente, mediante auto del 31 de enero de 1997, avocó el conocimiento del
examen de constitucionalidad de la Ley 356 del 21 de enero de 1997 y del
protocolo aprobado por ésta, para lo cual ordenó practicar las pruebas
pertinentes, fijar el negocio en lista, correr traslado al señor Procurador General
de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, y llevar a cabo las
comunicaciones constitucional y legalmente exigidas.
Cumplidos como están
los trámites y requisitos requeridos en la Constitución Política y en el
Decreto 2067 de 1991 para esta clase de procesos, procede la Corte
Constitucional a pronunciarse sobre los actos jurídicos objeto del presente
control de constitucionalidad.
II.      TEXTO DE
LAS NORMAS QUE SE REVISAN.
Se incluye a
continuación el texto de la Ley 356 del 21 de enero de 1997 “por medio de la
cual se aprobó el “Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres
especialmente protegidas del convenio para la protección y el desarrollo del
medio marino de la región del Gran Caribe hecho en Kingston el 18 de enero de
1990 y los “Anexos al Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres
especialmente protegidas del Convenio para la protección y el desarrollo del
medio marino de la región del Gran Caribe”, adoptados en Kingston el 11 de
junio de 1991.”, el cual fue tomado del ejemplar cuya copia auténtica fue
remitida, a esta Corporación, por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de
la República, como bien se anotó.
LEY 356 DE 1997
(enero 21)
por medio de la cual se aprueban el
“Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres especialmente
protegidas del Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de
la Región del Gran Caribe”, hecho en Kingston el 18 de enero de 1990 y los
“Anexos al Protocolo relativo a las áreas  y flora y fauna silvestres
especialmente protegidas del Convenio para la Protección y el Desarrollo del
Medio Marino de la Región del                                         Gran
Caribe”, adoptados en Kingston el 11 de junio de 1991.
El
Congreso de Colombia
Visto el texto del “Protocolo relativo a las áreas y
flora y fauna silvestres especialmente protegidas del Convenio para la Protec­ción
y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe”, hecho en
Kingston el 18 de enero de 1990 y los “Anexos al Protocolo relativo a las áreas
y flora y fauna silves­tres especialmente protegidas del Convenio para la
Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe”,
adoptados en Kingston el 11 de junio de 1991.
(Para ser transcrito: se adjunta fotocopia del texto
íntegro de los instrumentos internacionales mencionados debidamente autenticado
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).
PROTOCOL CONCERNING SPECIALLY PROTECTED AREAS AND WILDLIFE
TO    THE CONVENTION FOR THE PROTECTION AND DEVELOPMENT OF THE MARINE
ENVIRONMENT OF THE WIDER CARIBBEAN REGION.
Protocole
relatif aux zones et a la vie sauvage specialement prote­ge
es a la convention pour la protection  et la mise en valeur du milieu  marin
de la Region  des Caraibes.
Protocolo relativo a las
áreas y flora y fauna silvestres espe­cialmente  protegidas del convenio  para
la protección y el desarrollo del medio marino  de la Región del Gran Caribe.
Lista de artículos
1. Definiciones
2. Disposiciones Generales
3. Obligaciones Generales
4. Establecimiento de Areas
Protegidas
5. Medidas de Protección
6. Régimen de Planificación y Manejo
para Areas Protegidas
7. Programa de Cooperación para las
Areas Protegidas y su Regis­tro
8. Establecimiento de Zonas de
Amortiguación.
9. Areas Protegidas y Zonas de
Amortiguación  Contiguas a Fronte­ras Internacionales.
10. Medidas Nacionales para la
Protección de la Flora y Fauna Silvestres
11. Medidas de Cooperación para la
Protección de la Flora y Fauna Silvestres
12. Introducción de Especies Exóticas
o Alteradas Genéticamente
13. Evaluación del Impacto Ambiental
14. Exenciones para las Actividades
Tradicionales
15.  Cambios en la Situación de las
Areas o Especies Protegidas
16. Divulgación, Información,
Concientización y Educación de la Población
17. Investigación Científica, Técnica
y de Manejo
18. Asistencia Mutua
19. Notificaciones e Informes a la
Organización
20. Comité Asesor Científico y
Técnico
21. Establecimiento de Directrices y
Criterios Comunes
22. Disposiciones Institucionales
23. Reuniones de las Partes
24. Financiamiento
25. Vínculos con otros Convenios
Relacionados con la Protección Especial de la Flora y Fauna Silvestres
26. Disposición Transitoria
27. Entrada en Vigor
28. Firma
Anexo I1/
Anexo II1/
Anexo III1/
1. La versión inicial de los Anexos
será adoptada de conformidad con
el Artículo 26 del presente
Protocolo.
PROTOCOLO
RELATIVO A LAS AREAS Y A LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES ESPECIALMENTE PROTEGIDAS
DEL CONVENIO PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO DEL MEDIO MARINO EN LA REGION
DEL GRAN CARIBE
Las Partes contratantes de este
protocolo,
Siendo Partes del Convenio para
la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe
suscrito en Cartagena de Indias, Colombia el 24 de marzo de 1983,
Teniendo en cuenta que el artículo 10 del
Convenio requiere el establecimiento de áreas especialmente protegidas,
Considerando las características
hidrográficas, bióticas y ecológicas especiales de la Región del Gran Caribe,
Conscientes de la grave amenaza que
los programas de desarrollo mal concebidos representan para la integridad del
medio marino y costero de la Región del Gran Caribe,
Reconociendo que la protección y la
conservación del medio am­biente de la Región del Gran Caribe son esenciales
para un des­arrollo sostenible dentro de la Región,
Conscientes del enorme valor
ecológico, económico, estético, científico, cultural, nutricional y recreativo
de los ecosistemas raros o vulnerables y de la flora y fauna nativas para la
Región del Gran Caribe,
Reconociendo que la Región del Gran
Caribe constituye un grupo de ecosistemas interconectados y que una amenaza
ambiental a una de sus partes representa una amenaza potencial para las
demás,
Destacando la importancia de
emprender una cooperación regional para proteger y, según sea apropiado,
restaurar y mejorar el estado de los ecosistemas, así como de las especies
amenazadas o en peligro de extinción y sus hábitat en la Región del Gran Caribe
mediante, entre otras cosas, el establecimiento de áreas protegidas en las
áreas marinas y en sus ecosistemas asociados,
Reconociendo que el establecimiento y
manejo de estas áreas protegidas y la protección de las especies amenazadas o
en peli­gro de extinción fortalecerá el patrimonio y los valores cultura­les de
los países y territorios de la Región del Gran Caribe, y les reportará mayores
beneficios económicos y ecológicos,
Acuerdan lo siguiente:
ARTICULO
1º
Definiciones
Para los fines de este Protocolo:
a)  Convenio significa el
Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del
Gran Caribe (Carta­gena de Indias, Colombia, marzo de 1983);
b)  Plan de Acción significa
el Plan de Acción para el Programa Ambiental del Caribe (Montego Bay, abril de
1981);
c)  Región del Gran Caribe tiene
el mismo sentido que el térmi­no “el área del Convenio” del artículo 2(1) del
Convenio y, además para los fines del presente Protocolo incluye:
i) Las aguas situadas en el interior
de la línea de base a partir de la cual se mide la anchura del mar territorial
y que se extiende, en el caso de los cursos de agua, hasta el límite de las
aguas dulces, y
ii) Aquellas áreas terrestres
asociadas incluyendo las cuencas hidrográficas, según lo designe la parte que
ejerce soberanía y jurisdicción sobre esas áreas;
d) Organización significa la
entidad a la que se hace referen­cia en el artículo 2(2) del Convenio;
(e) Area protegida es el área
a la que se otorga la condición de protegida, de acuerdo con el artículo 4º de
este Protocolo;
f) Especies en peligro de extinción
son especies o subespecies de fauna y flora, o sus poblaciones que están en
peligro de extinción, en todas o parte de sus áreas de distribución y cuya
sobrevivencia es improbable si los factores que las ponen en riesgo continúan
presentándose;
g) Especies amenazadas son
especies o subespecies de fauna y de flora, o sus poblaciones:
i) Con probabilidades de convertirse
en especies en peligro de extinción en el futuro previsible, en todas o parte
de sus áreas de distribución, si los factores que causan su disminución
numérica o la degradación de sus hábitat, continúan presentándose; o
ii) Que son raras porque
se encuentran generalmente localizadas en áreas o hábitat geográficamente
limitados, o muy diseminadas en áreas de distribución más extensas y están en
posibilidades reales o potenciales de verse sujetas a una disminución y posible
peligro de extinción o a la extinción de la misma.
h) Especies protegidas,
son especies o subespecies de fauna y flora, o sus poblaciones a las que se
otorga la condición de protegidas conforme al artículo 10 de este Protocolo;
i) Especies endémicas,
son especies o subespecies de fauna y de flora o sus poblaciones  cuya
distribución se limita a un área geográfica particular;
j) Anexo I, es el
Anexo al protocolo que contiene la lista acordada de especies de flora marina y
costera que pertenecen a las categorías definidas en el artículo 1º y requieren
las medi­das de protección indicadas en el artículo 11 1 (a). El Anexo podrá
incluir especies terrestres como se prevé en el artículo 1 c) ii;
k) Anexo II, es el
Anexo al Protocolo que contiene la lista acordada de especies de fauna marina y
costera que pertenecen a la categoría definida en el artículo 1 y requieren las
medidas de protección indicadas en el artículo 11 1 b). El Anexo podrá in­cluir
especies terrestres como se prevé en el artículo 1 (c) (ii); y
l) Anexo III, es el
Anexo al protocolo que contiene la lista acordada de especies de flora y fauna
marinas y costeras susceptibles de aprovechamiento racional y sostenible, que
requiren de las medidas de protección indicadas en el artículo 11 (1) (c). El
Anexo podrá incluir especies terres­tres, como se prevé en el artículo 1 (c)
(ii).
ARTICULO
2º
Disposiciones
Generales
1. El presente Protocolo
se aplicará a la Región del Gran Caribe según se define en el artículo 1 (c).
2. Las disposiciones del
Convenio relativas a sus Protocolos se aplicarán al presente Protocolo,
inclusive, en particular, los párrafos 2 y 3 del artículo 3 del Convenio.
3. El presente Protocolo
no se aplicará a los buques de guerra ni a las demás embarcaciones propiedad de
un Estado u operadas por éste, mientras se dediquen únicamente a servicios
gubernamentales no comerciales. No  obstante, cada Parte garantizará-mediante
la adopción de medidas apropiadas que no perjudiquen la operación o la
capacidad de operación de los buques que posee u opere- que dichos buques
cumplan, en la medida de lo posible, las disposi­ciones del presente Protocolo.
ARTICULO
3º
Obligaciones
Generales
1. Cada Parte de este Protocolo,
de acuerdo con sus leyes y reglamentos, así como con las disposiciones del
Protocolo, tomará las medidas necesarias para proteger, preservar y manejar de
manera sostenible, dentro de las zonas de la Región del Gran Caribe sobre las
que ejerce soberanía, o derechos soberanos o jurisdicción:
a)
Las áreas que requieren protección para salvaguardar su valor especial, y
b) las especies de flora y
fauna amenazadas o en peligro de extinción.
2. Cada Parte deberá
reglamentar, y de ser necesario prohibir, las actividades que tengan efectos
adversos sobre esas áreas y especies. Cada Parte deberá esforzarse por cooperar
en el cumpli­miento de estas medidas sin perjuicio de la soberanía, o los
derechos soberanos o la jurisdicción de otras Partes. Todas las medidas tomadas
por esa Parte para hacer cumplir o tratar de hacer cumplir las medidas
acordadas de conformidad con este Protocolo deberán limitarse a aquellas que
sean de la competencia de dicha Parte y que estén de acuerdo con el derecho
internacio­nal.
3. Cada Parte, en la
medida de lo posible, y de conformidad con su ordenamiento jurídico, deberá
manejar las especies de fauna y de flora con el objeto de evitar que se vean
amenazadas o en peligro de extinción.
ARTICULO
4º
Establecimiento
de Areas Protegidas
1. Cada Parte deberá,
cuando sea necesario, establecer áreas protegidas en zonas sobre las que ejerce
soberanía, o derechos soberanos o jurisdicción, con miras a conservar los
recursos naturales de la Región del Gran Caribe y fomentar el uso ecológi­camente
racional y apropiado de estas áreas, así como el conoci­miento y esparcimiento,
de acuerdo con los objetivos y caracte­rísticas de cada una de ellas.
2. Tales áreas se
establecerán para conservar, mantener y restau­rar, en particular:
a) Tipos representativos
de ecosistemas costeros y marinos de las dimensiones adecuadas para asegurar su
viabilidad a largo plazo, así como la conservación de la diversidad biológica y
genética;
b) Hábitat y sus
ecosistemas asociados críticos para la sobrevi­vencia y recuperación de las
especies de flora y fauna endémicas, amenazadas o en peligro de extinción;
c) La productividad de ecosistemas y
recursos naturales que pro­porcionen beneficios económicos o sociales y de los
cuales depen­da el bienestar de la población local; y
d) Areas de especial valor biológico,
ecológico, educativo, científico, histórico, cultural, recreativo,
arqueológico, estéti­co, o económico, inclusive, en particular, aquellas cuyos
proce­sos ecológicos y biológicos sean esenciales para el funcionamien­to de
los eco-sistemas del Gran Caribe.
ARTICULO
5º
Medidas
de Protección
1. Cada Parte, tomando en
cuenta las características de cada área protegida sobre las que ejerce
soberanía, o derechos soberanos o jurisdicción, y de conformidad con sus leyes
y reglamentos nacio­nales y con el derecho internacional, deberá adoptar
progresiva­mente las medidas que sean necesarias y factibles para lograr los
objetivos para los cuales fueron creadas las áreas protegidas.
2. Estas medidas deberían
incluir, según convenga:
a) La reglamentación o la
prohibición de verter o descargar des­perdicios u otras sustancias que puedan
poner en peligro las áreas protegidas;
b) La reglamentación o
prohibición de verter o descargar contami­nantes, en las zonas costeras, que
provengan de establecimientos y desarrollos costeros, instalaciones de desagüe
o de cuales­quiera otras fuentes situadas en sus territorios;
c) La reglamentación del
paso de buques, de cualquier detención o fondeo y de otras actividades navieras
que puedan tener efectos ambientales adversos significativos sobre el área
protegida, sin perjuicio de los derechos de paso inocente, paso en tránsito,
paso por las vías marítimas archipelágicas y de la libertad de navega­ción, de
conformidad con el derecho internacional;
d) La reglamentación o
prohibición de la pesca, la caza y la captura o la recolección de especies de
fauna y flora amenazadas o en peligro de extinción y de sus partes o productos;
e) La prohibición de
actividades que provoquen la destrucción de especies de fauna y         de
flora amenazadas o en peligro de extinción de sus partes y productos, y la
reglamentación     de cualquier otra actividad que pueda dañar o perturbar a
estas especies, sus hábitat o los ecosistemas asociados;
f) La reglamentación o
prohibición de la introducción de especies exóticas;
g) La reglamentación o
prohibición de toda actividad que implique la exploración o explotación de los
fondos marinos o su subsuelo o una modificación del perfil de los fondos
marinos;
h) La reglamentación o
prohibición de cualquier actividad que implique una modificación del perfil del
suelo que afecte cuencas hidrográficas, la denudación u otras formas de
degradación de las cuencas hidrográficas o la exploración o explotación del
subsuelo de la parte terrestre de un área marina protegida;
i) La reglamentación de
toda actividad arqueológica, incluida la remoción o daño de todo objeto que
pudiese considerarse como objeto arqueológico;
j) La reglamentación o
prohibición del comercio, la importación y exportación de especies de fauna
amenazada o en peligro de extin­ción, de sus partes, productos y huevos, de
flora amenazada o en peligro de extinción, de sus partes, productos y de
objetos arqueológicos que provengan de áreas protegidas;
k) La reglamentación o
prohibición de actividades industriales y de otras actividades que no sean
compatibles con los usos previstos para el área por las medidas nacionales y/o
por la evaluación del impacto ambiental conforme al artículo 13;
l) La reglamentación de
las actividades turísticas y recreativas que puedan poner en peligro los
ecosistemas de las áreas protegi­das o la sobrevivencia de las especies de
flora y fauna amenaza­das o en peligro de extinción, y
m) cualquier otra medida encaminada
a conservar, proteger o res­taurar los procesos naturales, ecosistemas o
poblaciones, para lo cual fueron creadas las áreas protegidas.
ARTICULO 6º
Régimen de Planificación y
Manejo para Areas Protegidas
1. Para llevar al máximo los
beneficios de las áreas protegidas y para asegurar el cumplimiento efectivo de
las medidas estableci­das en el artículo 5º, cada Parte adoptará y pondrá en
práctica medidas de planificación, manejo y de vigilancia y control para las
áreas protegidas sobre las cuales ejerce soberanía, o dere­chos soberanos o
jurisdicción. A tal efecto, cada Parte deberá tomar en cuenta las directrices y
criterios establecidos por el Comité Asesor, Científico y Técnico, conforme al
artículo 21, los cuales han sido adoptados por las reuniones de las Partes.
2. Tales medidas deberían incluir:
a) La formulación y adopción de
lineami-entos de manejo apropiados para las áreas protegidas;
b) El desarrollo y adopción de un
plan de manejo que especifique el marco jurídico e institucional y las medidas
de manejo y de protección aplicables al área o áreas;
c) La realización de
investigaciones científicas y la supervisión de los impactos de los usuarios,
de los procesos ecológicos, hábitats, especies y poblaciones, así como la
realización de actividades orientadas a mejorar el manejo de las áreas;
d) El desarrollo de
programas de concientización y educación para los usuarios, los encargados de
la toma de decisiones y el públi­co en general, que fortalezcan su apreciación
y conocimiento de las áreas protegidas y de los objetivos para los cuales
fueron establecidas;
e) La participación activa
de las comunidades locales, según sea apropiado, en la planificación y el
manejo de las áreas protegi­das, inclusive la asistencia y la capacitación de
la población local que pudiera resultar afectada por el establecimiento de las
áreas protegidas;
f) La adopción de
mecanismos para financiar el desarrollo y el manejo eficaz de las áreas
protegidas y fomentar los programas de asistencia mutua;
g) Planes de contigencia
para responder a los incidentes que pudieran causar, o amenazar con causar,
daños a las áreas prote­gidas y a sus recursos;
h) Procedimientos para la
reglamentación o autorización de acti­vidades compatibles con los objetivos
para los cuales se estable­cieron las áreas protegidas; e
i) la formación de
administradores y personal técnico capacitados y el desarrollo de una
infraestructura adecuada.
ARTICULO
7º
Programa
de Cooperación para las Areas Protegidas y su Registro
1. Dentro del marco del
Convenio y el Plan de Acción, las Partes deberán establecer programas de
cooperación, y de acuerdo con su soberanía o derechos soberanos, o
jurisdicción, adelantar los objetivos del Protocolo.
2. Se establecerá un
programa de cooperación que ayude al regis­tro de las áreas protegidas y que
facilite la selección, el esta­blecimiento, la planificación, manejo y
conservación de las áreas protegidas y creación de una red de áreas protegidas.
Con este propósito, las Partes deberán formular una lista de áreas prote­gidas.
Las Partes deberán:
a) Reconocer la
importancia especial de las áreas registradas para la Región del Gran Caribe;
b) Otorgar prioridad a las
áreas registradas para la investiga­ción científica y técnica, de conformidad
con el artículo 17;
c) Otorgar prioridad a las
áreas registradas para la ayuda mutua de conformidad con el artículo 18; y
d) No autorizar ni
emprender actividades que pudiesen socavar los própositos para los cuales se
creó un área registrada.
3. Los procedimientos para
el establecimiento de este registro de áreas protegidas, son los siguientes:
a) La Parte que ejerce
soberanía, o derechos soberanos o juris­dicción sobre una área protegida
someterá su nominación para que se incluya en el registro de áreas protegidas.
Estas nominacio­nes se harán de acuerdo con las directrices y criterios
relativos a la identificación, selección, establecimiento, manejo, protec­ción
y cualquier otro elemento adoptado por las Partes conforme al artículo 21. Cada
Parte que someta una nominación proporciona­rá al Comité Asesor Científico y
Técnico, a través de la Organi­zación, las pruebas documentales necesarias,
inclusive y en particular, la información indicada en el artículo 19 (2); y
b) Después que el Comité
Asesor Científico y Técnico haya evalua­do la nominación y las pruebas
documentales, informará a la Organización si dicha nominación cumple las
directrices y crite­rios, establecidos conforme al artículo 21. De cumplirse
estas directrices y criterios, la Organización informará a la Reunión de las
Partes Contratantes, la que incluirá la nominación en la lista de Areas
Protegidas.
ARTICULO
8º
Establecimiento
de Zonas de Amortiguación
Cada Parte de este
Protocolo reforzará, según sea necesario, la protección de un área protegida
con el establecimiento dentro de las áreas sobre las que ejerce soberanía, o
derechos soberanos o jurisdicción, de una o más zonas de amortiguación donde
las actividades sean menos restringidas que en el área protegida, pero sin
dejar de ser compatibles con el logro de los propósitos del área protegida.
ARTICULO
9º
Areas
Protegidas y Zonas de Amortiguación Contiguas
a Fronteras Internacionales
1. Si una Parte pretende
establecer un área protegida o una zona de amortiguación contigua a la frontera
o a los límites de la zona de jurisdicción nacional de otra parte, ambas partes
se consultarán entre sí con el fin de llegar a un acuerdo sobre las medidas a
tomar y deberán, inter alia, examinar la posibilidad de que la otra
Parte establezca un área protegida o zona de amorti­guación contigua
correspondiente, o adopte cualesquiera otras medidas apropiadas, inclusive
programas de manejo en cooperación.
2. Si una Parte pretende
establecer una área protegida o una zona de amortiguación contigua a la
frontera o a los límites de la zona de jurisdicción nacional de un Estado que
no sea parte de este Protocolo, la Parte procurará trabajar conjuntamente con
las autoridades competentes de ese Estado, con el fin de llevar a cabo las
consultas a que hace referencia el párrafo 1.
3. Cuando una Parte tenga
conocimiento de que un Estado no Parte, pretende establecer un área protegida o
zona de amortiguación contigua a su frontera o a los límites de la zona bajo su
juris­dicción nacional, dicha Parte procurará trabajar conjuntamente con ese
Estado con el fin de llevar a cabo las consultas a que se refiere el párrafo 1.
4. Si una parte y un
Estado no Parte, establecen áreas protegidas o zonas de amortiguación
contiguas, la primera deberá tratar, en lo posible, de cumplir las disposiciones
del Convenio y sus Protocolos.
ARTICULO
10
Medidas
Nacionales para la Protección
de la Flora y Fauna Silves­tres
1. Cada Parte identificará
las especies amenazadas o en peligro de extinción de la flora y fauna de las
áreas sobre las que ejerce soberanía, o derechos soberanos o jurisdicción, y
otorgará la condición de protegidas a tales especies. Cada Parte reglamen­tará
y prohibirá, de acuerdo con sus leyes y reglamentos, y según convenga, las
actividades que tengan efectos adversos sobre esas especies o sus hábitats y
ecosistemas, y llevará a cabo activida­des de recuperación, manejo,
planificación de especies, y otras medidas que permitan la sobrevivencia de
estas especies. De conformidad con su ordenamiento jurídico, cada Parte tomará
acciones apropiadas para impedir que las especies se vean amena­zadas o en
peligro de extinción.
2. De conformidad con sus
leyes y reglamentos, cada Parte deberá reglamentar, y de ser necesario
prohibir, toda forma de destruc­ción o de perturbación de las especies
protegidas de flora, sus partes y sus productos, incluidas la cosecha,
recolección, el corte, desenrai-zamiento y la posesión, así como el comercio de
tales especies.
3. Con respecto a las
especies de fauna a las que se les haya otorgado la condición de protegidas, de
acuerdo con sus leyes y reglamentos cada Parte deberá reglamentar, y en caso
necesario hasta prohibir:
a) La captura, retención o
muerte, -inclusive, en lo posible, la captura, retención o muerte accidentales-
de estas especies, o el comercio de las mismas o de sus partes y productos, y
b) En lo posible, la
perturbación de la fauna silvestre, en especial durante los períodos de
reproducción, incubación, inver­nación, migración, o cualquier otro período de
tensión biológica.
4. Cada Parte formulará y
adoptará políticas y planes para el manejo de la reproducción de la fauna en
cautiverio y propagación de la flora sujetas a protección.
5.  Además de las medidas
establecidas en el párrafo 3, las Partes coordinarán sus esfuerzos por medio de
acciones bilaterales o multilaterales, y cuando sea necesario, tratados
tendientes a proteger y recuperar especies migratorias cuya área de distribu­ción
se extienda a las zonas sobre las que ejerce soberanía, o derechos soberanos o
jurisdicción.
6. Las Partes procurarán
consultar con los Estados no Partes de este Protocolo con los que tengan áreas
de distribución conti­guas, a fin de coordinar sus esfuerzos en lo referente al
manejo y la protección de las especies migratorias, amenazadas o en peligro de
extinción.
7. Las Partes deberán
tomar las medidas necesarias, cuando sea posible, para reintegrar a su Estado
de origen las especies protegidas que hayan sido exportadas ilegalmente. Las
Partes deberían esforzarse en reintroducir esas especies a sus hábitats
originales y, en caso de no tener éxito, utilizarlas para estu­dios científicos
o con própositos de educación de su población.
8. Las medidas que
pudieran tomar las Partes de conformidad con este artículos están sujetas a las
obligaciones señaladas en el artículo 11 y no deberán, bajo ninguna
circunstancia, derogar tales obligaciones.
ARTICULO
11
Medidas
de Cooperación para la Protección
de la Flora y Fauna Silvestres
1. Las Partes adoptarán medidas de
cooperación para garantizar la protección y recuperación de las especies de
flora y fauna sil­vestres amenazadas o en peligro de extinción, registradas en
los Anexos I, II y III del presente Protocolo.
a) Las Partes tomarán todas las
medidas apropiadas para garanti­zar la protección y recuperación de las
especies de flora regis­tradas en el Anexo I. Con este fin, cada Parte
prohibirá toda forma de destrucción o de pertubación, inclusive la cosecha,
recolección, el corte, desenraizamiento o la posesión, así como el comercio de
estas especies, de sus semillas, partes o productos. Deberán reglamentar en lo
posible, las actividades que puedan tener efectos nocivos sobre los hábitats de
las especies;
b) Cada Parte garantizará la
protección y recuperación total de las especies de fauna registradas en el
Anexo II al prohibir:
i) La captura, retención o muerte
-inclusive en lo posible, la captura, retención o muerte accidental- o el
comercio de tales especies, de sus huevos, partes o productos;
ii) En lo posible, la perturbación de
tales especies, sobre todo durante los períodos de reproducción, incubación,
hibernación o migración, así como durante sus demás períodos de tensión
biológica.
c) Cada Parte tomará todas las
medidas pertinentes para garanti­zar la protección y recuperación de las
especies de flora y de fauna registradas en el Anexo III, y podrá reglamentar
la explo­tación de esas especies con el fin de asegurar y conservar sus
poblaciones en los niveles más altos posibles. En coordinación con las demás
Partes, cada Parte deberá, para las especies regis­tradas en el Anexo III,
preparar, adoptar y aplicar planes para el manejo y el aprovechamiento de esas
especies que podrán in­cluir:
i) Para las especies de fauna:
a) La prohibición de todos los medios
no selectivos de captura, muerte, caza y pesca, y de todas las acciones que
pudiesen provo­car la desaparición local de una especie o una fuerte perturba­ción
de su tranquilidad;
b) El establecimiento de períodos de
veda y de otras medidas para la conservación de sus poblaciones; y
c) La reglamentación de la captura,
posesión, transporte o comercio de especies vivas o muertas o de sus huevos,
partes o productos.
ii) Para las especies de flora, de
sus partes o productos, la reglamentación de su colecta, recolección y
comercio.
2. Cada Parte podrá otorgar
exenciones a las prohibiciones adop­tadas para la protección y recuperación de
las especies registra­das en los Anexos I y II con los fines científicos,
educativos o de manejo que resulten necesarios para asegurar la sobrevivencia de
dichas especies o evitar daños significativos a bosques o cultivos. Estas
exenciones no deberán poner en riesgo las espe­cies y deberán notificarse a la
Organización para que el Comité Asesor Científico y Técnico evalúe la
conveniencia de las exen­ciones acordadas.
3. Cada Parte también deberá:
a) Otorgar prioridad a las especies
contenidas en los Anexos para la investigación científica y técnica, conforme
al artículo 17; y
b) Otorgar prioridad a las especies
contenidas en los Anexos para la asistencia mutua, conforme al artículo 18.
4. Los procedimientos para modificar
los Anexos serán los si­guientes:
a) Cualquier Parte podrá nominar una
especie de flora o de fauna amenazada o en peligro de extinción para su
inclusión o supresión en estos Anexos y, a través de la Organización, deberá
presentar al Comité Asesor Científico y Técnico las pruebas documentales,
inclusive y en particular, la información indicada en el artículo 19. Estas
nominaciones se harán de acuerdo con las directrices y criterios adoptados por
las Partes, conforme al artículo 21;
b) El Comité Asesor Científico y
Técnico revisará y evaluará las nominaciones y las pruebas documentales y
presentará sus puntos de vista ante las reuniones de las Partes que se
convoquen de confor­midad con el artículo 23;
c) Las Partes revisarán
las nominaciones, las pruebas documenta­les y los informes del Comité Asesor
Científico y Técnico. Una especie podrá incluirse en los Anexos por consenso de
las Partes si es posible y, de no serlo, por el voto mayoritario de las tres
cuartas partes de las Partes presentes y votantes, tomando en cuenta el Consejo
del Comité Asesor Científico y Técnico, en el sentido de que la nominación y
las pruebas  documentales cumplen las directrices y los criterios establecidos
conforme al artículo 21;
d) Una Parte podrá, en el
ejercicio de su soberanía o derechos soberanos, presentar una reserva con
respecto al registro de una especie particular en un Anexo, por medio de una
notificación por escrito al Depositario, dentro de los primeros 90 días
posterio­res, a la fecha de la votación de las Partes. El Depositario deberá
notificar sin demora a las Partes acerca de las reservas recibidas conforme a
este párrafo;
e) Un registro en el Anexo
correspondiente entrará en vigor para todas las Partes, 90 días después de la
votación, excepto para aquellas que hayan presentado una reserva de acuerdo con
el párrafo d) de este artículo; y
f) En cualquier momento,
una Parte podrá reemplazar una reserva anterior a un registro por una
aceptación notificando su decisión por escrito al Depositario. Esta aceptación
entrará en vigor para esa Parte a partir de esa fecha.
5. Las Partes establecerán
programas de cooperación dentro del marco del Convenio y  del Plan de Acción
para ayudar al manejo y la conservación de especies protegidas y deberán
desarrollar y ejecutar programas regionales de recuperación, para especies
protegidas en la Región del Gran Caribe, tomando en cuenta otras medidas
regionales de conservación importantes para el manejo de esas especies. La
Organización ayudará al establecimiento y ejecución de estos programas
regionales de recuperación.
ARTICULO
12
Introducción
de Especies Exóticas o Alteradas Genéticamente
Cada Parte tomará todas
las medidas apropiadas para reglamentar o prohibir la liberación intencional o
accidental en el medio silvestre de especies exóticas o genéticamente alteradas
que pudiera causar impactos nocivos a la flora, la fauna o demás elementos
naturales de la Región del Gran Caribe.
ARTICULO
13
Evaluación
del Impacto Ambiental
1. En el proceso de
planificación conducente a decidir sobre los proyectos y actividades
industriales y de otra índole que podrían causar impactos ambientales
negativos, así como tener efectos significativos sobre las áreas o especies que
bajo este Protocolo han recibido protección especial, cada Parte deberá evaluar
y tener en consideración los impactos posibles, tanto directos como indirectos,
incluso los impactos acumulativos de los proyectos y actividades que se
contemplan.
2. La Organización y el
Comité Asesor Científico y Técnico debe­rán en la medida posible, proporcionar
directrices y asistencia a la Parte que hace esas evaluaciones, si así lo
solicita.
ARTICULO
14
Exenciones
para las Actividades  Tradicionales
1. Al formular medidas de
manejo y protección, cada Parte consi­derará y otorgará exenciones, según sean
necesarias, para satis­facer las necesidades culturales y de subsistencia tradicionales
de sus poblaciones locales. En lo posible, ninguna exención que se permita por
esta razón será  de tal índole que:
a) ponga en peligro tanto
la conservación de las áreas protegi­das bajo los términos de este Protocolo,
como los procesos ecológi­cos que contribuyen al sostenimiento de esas áreas
protegidas, o
b) cause ya sea la
extinción, un riesgo importante o una reduc­ción considerable del número de
individuos que componen las poblaciones  de las especies de fauna y de flora
de  las áreas protegi­das, de cualesquiera especies o poblaciones relacionadas
ecológi­camente, en particular las especies migratorias y las especies
amenazadas, en peligro de extinción o endémicas.
2. Las Partes que otorguen
exenciones a las medidas de protec­ción, informarán a la Organización.
ARTICULO
15
Cambios
en la Situación de las Areas  o Especies Protegidas
1. Los cambios en la
delimitación o situación legal de un área protegida, o de una de sus Partes, o
de una especie protegida, sólo podrán realizarse por razones importantes
tomando en cuenta la necesidad de proteger el medio ambiente, de conformidad
con las disposiciones de este Protocolo y después de notificarlos a la
Organización.
2. El estado de las áreas y de las
especies debería ser examinado y evaluado periódicamente por el Comité Asesor
Científico y Técnico con base en la información que le proporcionen las Partes
a través de la Organización. Las áreas y las especies podrán ser retiradas de
los registros de áreas o de los Anexos del Protocolo siguiendo el mismo
procedimiento que se utilizó para incorporar­las.
ARTICULO
16
Divulgación,
Información, Concientización
y Educación de la Población.
1. Cada Parte deberá
divulgar el establecimiento de las áreas protegidas, en particular, en lo
tocante a sus límites, zonas de amortiguación y a los reglamentos aplicables,
así como a la des­ignación de especies protegidas, en particular, de sus
hábitat críticos y las regulaciones aplicables.
2. Con el fin de fomentar la
concientización de la población, cada Parte deberá esforzarse por informar al
público lo más ampliamente posible, sobre la importancia y valor de las áreas y
especies protegidas y el conocimiento científico y otros benefi­cios que se
puedan obtener de las mismas o de los cambios que en ellas ocurran. Esta
información debería ocupar un lugar apropiado en los programas educativos
relativos al medio ambiente y a la historia. Cada Parte deberá igualmente
esforzarse en promover la participación de su población y de las organizaciones
conservacionistas en la medida que resulte necesaria para la protección de
áreas y especies en cuestión.
ARTICULO 17
Investigación
Científica, Técnica y de Manejo
1. Cada Parte promoverá y
desarrollará la investigación científi­ca, técnica y orientada al manejo de las
áreas protegidas inclu­sive y en particular, sobre sus procesos ecológicos y el
patrimo­nio arqueológico, histórico y cultural, así como sobre especies de la
flora y la fauna amenazadas o en peligro de extinción y sus hábitat.
2. Cada Parte podrá consultar con
otras Partes y con las organi­zaciones regionales e internacionales
pertinentes, con miras a identificar, planificar y emprender los programas
científicos y técnicos de investigación y de vigilancia, necesarios para carac­terizar
y vigilar las áreas y especies protegidas y evaluar la eficacia de las medidas
tomadas para poner en funcionamiento los­ planes de manejo y recuperación.
3. Las Partes intercambiarán,
directamente o a través de la Organización, la información científica y técnica
relativa a los programas de investigación y vigilancia actuales y previstos,
así como los resultados de los mismos.   En la medida de lo posible,
coordinarán sus programas de investigación y vigilancia y procu­rarán uniformar
los procedimientos para recopilar, informar, archivar y analizar la información
científica y técnica pertinen­te.
4. Las Partes deberán, de acuerdo con
las disposiciones del parráfo 1 anterior, compilar inventarios completos de:
a) las zonas sobre las que ejerce
soberanía, o derechos soberanos o jurisdicción que contengan ecosistemas raros
o vulnerables; que sean reservorios de diversidad biológica o genética; que
tengan un valor ecológico para la conservación de los recursos económi­camente
importantes; que sean sustantivas para las especies amenazadas o en peligro de
extinción o migratorias, o áreas que tengan un valor estético, recreativo,
turístico o arqueológico, y
b) las especies de la flora o fauna
que sean susceptibles de ser incorporadas en los registros como amenazadas o en
peligro de extinción de conformidad con los criterios establecidos en este
Protocolo.
ARTICULO
18
Asistencia
Mutua
1. Las Partes cooperarán,
directamente o con la asistencia de la Organización o de otras organizaciones
internacionales pertinen­tes, en la formulación, la redacción, el
financiamiento y la ejecución de los programas de asistencia a aquellas Partes
que así lo soliciten, para la selección, establecimiento y manejo de las áreas
y especies protegidas.
2. Estos programas deberían incluir
la educación ambiental de la población, la capacitación de personal científico,
técnico y administrativo, la investigación científica y la adquisición,
utilización, diseño y desarrollo de equipos apropiados bajo condiciones
ventajosas a ser acordadas entre las Partes interesa­das.
ARTICULO
19
Notificaciones
e Informes a la Organización
1. Cada Parte notificará
periódicamente a la Organización sobre:
a) la situación de las áreas
protegidas existentes y recién establecidas, de las zonas de amortiguación y
especies protegidas en las áreas sobre las que ejerce soberanía o derechos
soberanos o jurisdicción, y
b) los cambios en los límites o en la
situación legal de las áreas protegidas, de las zonas de amortiguación y de las
especies protegidas en las áreas sobre las que ejerce soberanía o derechos
soberanos o jurisdicción.
2. Los informes relativos a las áreas
protegidas y a las zonas de amortiguación deberían incluir los siguientes
datos:
a) nombre del área o zona;
b) biogeografía del área o zona
(límites, características físi­cas, clima, flora y fauna);
c) situación legal, en relación con
las leyes y los reglamentos nacionales pertinentes;
d) fecha e historia del
establecimiento;
e) planes de manejo de las áreas protegidas;
f) importancia para el patrimonio
cultural;
g) instalaciones para investigación y
visitantes, y
h) amenazas al área o zona,
especialmente las amenazas que se originen fuera de la jurisdicción de la
Parte.
3. Los informes referentes a las
especies protegidas deberían incluir, en lo posible, información sobre:
a) nombre científico y común de las
especies;
b) poblaciones estimadas de las
especies y su distribución geo­gráfica.
c) situación de la protección legal
en relación con las leyes o reglamentos nacionales pertinentes;
d) interacciones ecológicas con otras
especies y requisitos específicos del hábitat;
e) planes de manejo y de recuperación
para especies amenazadas o en peligro de extinción;
f) programas de investigación y
publicaciones científicas y técnicas disponibles acerca de las especies, y
g) amenazas a las especies
protegidas, sus hábitat y sus ecosis­temas asociados, especialmente las
amenazas que se originen fuera de la jurisdicción de la Parte.
4. Los informes que las Partes
proporcionen a la Organización se utilizarán para los própositos señalados en
los artículos 20 y 22.
ARTICULO
20
Comité
Asesor Científico y Técnico
1. Se establece un Comité Asesor
Científico y Técnico.
2. Cada Parte designará a un experto
científico calificado en la materia objeto del Protocolo, como su representante
en el Comité Asesor Científico y Técnico, el cual podrá hacerse acompañar por
otros expertos y asesores designados por dicha Parte. El Comité también podrá
solicitar información a expertos y organizaciones científica y técnicamente
calificados.
3. El Comité, a través de la
Organización, se hará responsable de proporcionar a las Partes asesoría en las
siguientes materias científicas y técnicas relacionadas con el Protocolo:
a) el registro
de las áreas protegidas de acuerdo con lo dispues­to en el artículo 7;
b) el registro de especies protegidas
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11;
c) informes sobre el manejo y
protección de las áreas y especies protegidas y sus hábitat;
d) propuestas para asistencia técnica
en formación, investiga­ción, educación y manejo, inclusive planes de
recuperación de especies;
e) evaluación del impacto ambiental
conforme al artículo 13;
f) formulación de directrices y criterios
comunes conforme al artículo 21, y
g) cualquier otro asunto relacionado
con la aplicación del Proto­colo, inclusive aquellos asuntos remitidos por las
reuniones de las Partes.
4. El Comité adoptará su propio
Reglamento Interno.
ARTICULO
21
Establecimiento
de Directrices y Criterios Comunes
1. En su primera reunión, o tan
pronto sea posible, después de la misma, las Partes evaluarán y adoptarán
directrices y criterios comunes formulados por el Comité Asesor Científico y
Técnico relacionados, en particular con:
a) la identificación y selección de
áreas y de especies protegi­das;
b) el establecimiento de áreas
protegidas;
c) el manejo de áreas protegidas y de
especies protegidas inclu­sive de especies migratorias, y
d) el suministro de información sobre
áreas y especies protegidas inclusive especies migratorias.
2. En el cumplimiento del presente
Protocolo, las Partes tomarán en cuenta estas directrices y criterios comunes
sin perjuicio del derecho de una Parte de adoptar directrices y criterios más
estrictos.
ARTICULO
22
Disposiciones
Institucionales
1. Cada Parte designará un Punto
Focal que servirá de enlace con la Organización sobre los aspectos técnicos de
la ejecución de este Protocolo.
2. Las Partes designan a la
Organización para que ejerza las siguientes funciones de Secretaría:
a) convocar y prestar asistencia a
las reuniones de las Partes;
b) asistir en la obtención de fondos
según lo dispuesto en el artículo 24;
c) ayudar a las Partes y al Comité
Asesor Científico y Técnico -en cooperación con las organizaciones
internacionales, intergu­bernamentales y no gubernamentales competentes-, a:
-facilitar los programas de
investigación técnica y científica según lo dispuesto en el artículo 17.
-facilitar el intercambio de
información científica y técnica entre las Partes según lo dispuesto en el
artículo 16.
-formular recomendaciones que
contengan directrices y criterios comunes de acuerdo con el artículo 21.
-preparar, cuando así se le
soliciten, planes de manejo para las áreas y especies  protegidas de acuerdo
con los artículos 6 y 10, respectivamente.
- desarrollar programas de
cooperación conforme a los artículos 7 y 11.
-preparar, cuando así se le
soliciten, evaluaciones de impacto ambiental de acuerdo con el artículo 13.
-preparar material educativo
destinado a distintos grupos identi­ficados por las Partes, y
-reintegrar a su Estado de origen la
flora y  fauna silvestres así como sus partes o productos que hayan sido
ilegalmente expor­tadas.
d) preparar formatos comunes para el
uso de las Partes que sirvan como base para nofificaciones e informes a la
Organización, según se dispone en el artículo 19;
e) mantener y actualizar las bases de
datos de áreas y especies protegidas que contengan información de conformidad
con los artículos 7 y 11, así como editar directorios periódicamente
actualizados sobre áreas y especies protegidas;
f) preparar los directorios, informes
y estudios técnicos que puedan requerirse para el cumplimiento de este
Protocolo;
g) cooperar y coordinar con las
organizaciones regionales e internacionales interesadas en la protección de
áreas y de espe­cies, y
h) realizar todas las demás funciones
que las Partes asignen a esta Organización.
ARTICULO 23
Reuniones de las Partes
1. Las reuniones ordinarias de las
Partes se celebrarán conjunta­mente con las reuniones ordinarias de las Partes
del Convenio, que se celebran de acuerdo con el artículo 16 del Convenio. Las
Partes también podrán celebrar reuniones extraordinarias, confor­me al artículo
16 del Convenio. Las reuniones se regirán por el Reglamento Interno adoptado
conforme al artículo 20 del Convenio.
2. Las funciones de las reuniones de
las Partes de este Protocolo serán:
a) vigilar y dirigir la ejecución de
este Protocolo;
b) aprobar la utilización de los
fondos referidos en el artículo 24;
c) vigilar y proporcionar directrices
a la Organización en cuanto a sus políticas;
d) estudiar la eficacia de las
medidas adoptadas para el manejo y protección de las áreas y especies, y
examinar la necesidad de otras medidas, en particular, en la forma de Anexos,
así como de enmiendas a este Protocolo o a sus Anexos;
e) hacer seguimiento del
establecimiento y el desarrollo de la red de áreas protegidas y de planes de
recuperación para la protección de especies según lo dispuesto en los artículos
7 y 11;
f) adoptar y revisar, según se
necesite, las directrices y los criterios, según lo dispuesto por el artículo
21;
g) analizar la opinión y las
recomendaciones del Comité Asesor Científico y Técnico conforme al artículo 20;
h) analizar los informes remitidos
por las Partes a la Organiza­ción en cumplimiento del artículo 22 del Convenio
y del artículo 19 de este Protocolo, así como cualquier otra información que
las Partes pudieran remitir a la Organización o a la reunión de las Partes, e
i) atender cualesquiera otros asuntos
según sea apropiado.
ARTICULO
24
Financiamiento
Además de los fondos que proporcionen
las Partes de acuerdo con el párrafo 2, artículo 20 del Convenio, las Partes
podrán enco­mendar a la Organización que busque fondos adicionales. Estos
pueden incluir contribuciones voluntarias de las Partes, de otros gobiernos y
de organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales,
organizaciones internacionales, regionales y del sector privado y de
individuos, con própositos relacionados con el Protocolo.
ARTICULO
25
Vínculos
con otros Convenios Relacionados con la Protección Especial de la Flora y Fauna
Silvestres
Nada de lo que contiene
este Protocolo podrá ser interpretado en alguna forma que pueda afectar los
derechos y obligaciones de las Partes conforme al Convenio sobre el Comercio
Internacional en Especies de Flora y Fauna en Peligro (CITES) y el Convenio
sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS).
ARTICULO
26
Disposición
Transitoria
La versión inicial de los
Anexos, que constituyen una parte integral del Protocolo, deberá ser adoptada
por consenso en una Conferencia de Plenipotenciarios de las Partes Contratantes
del Convenio.
ARTICULO
27
Entrada
en Vigor
1. El Protocolo y sus
Anexos una vez que hayan sido adoptados por las Partes Contratantes del
Convenio  entrarán en vigor de con­formidad con el procedimiento establecido en
el artículo 28, párrafo 2 del Convenio.
2. El Protocolo sólo
entrará en vigor cuando los Anexos en su versión original, hayan sido adoptados
por las Partes Contratan­tes del Convenio, de conformidad con el artículo 26.
ARTICULO
28
Firma
Este Protocolo estará
abierto para la firma, por toda Parte del Convenio, en Kingston, Jamaica, del
18 al 31 de enero de 1990 y en Bogotá, Colombia, del 1º de febrero de 1990 al
17 de enero de 1991.
En fe de lo cual los infrascritos,
debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado este
Protocolo.
Hecho en Kingston, Jamaica,
a los dieciocho días del mes de enero del año mil novecientos noventa, en un
solo ejemplar, en los idiomas español, francés e inglés, siendo los tres textos
igualmente auténticos.
Annexes to the Protocol
Concerning Specially Protected Areas and Wildlife to the Convention for the
Protection and Development of the Marine Environment of the wider Caribbean
Region
Annexes au Protocole
Relatif aux Zones et a la Vie Sauvage Spe­cialement Protegees se Rapportant a
la Convention Pour la Protec­tion et la mise en valeur du milieu marin de la
Region Des Carai­bes
Anexos al Protocolo
relativo a las áreas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas del
Convenio para la Protec­ción y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del
Gran Caribe.
United Nations
Nations Unies
Naciones Unidas
1991
ANNEX I/ ANNEXE I/ ANEXO I
List of Species of Marine
and Coastal Flora Protected Under Article 11 (1) (a)
Liste des espèces de flore
marine et côtière protégées en vertu de l’ Article 11 (1) (a)
Lista de Especies de Flora
Marina y Costera Protegidas en virtud del artículo 11 (1) (a)
TRACHAEOPHYTA (Vascular
Plants/Plantes vasculaires/Plantas Vascu­lares)
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Aquifoliaceae         Ilex                        cookii
Bignoniaceae          Crescentia             mirabilis
Bignoniaceae          Crescentia             portoricensis
Boraginaceae         Cordia                   wagnerorum
Buxaceae               Buxus                   vahlii
Cactaceae
Echinocereus         reichenbachii
var.
albertii
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Cactaceae               Harrisia                 fragrans
Cactaceae               Harrisia                 portoricensis
Cactaceae               Leptocereus          grantianus
Cactaceae               Leptocereus          wrightii
Cactaceae               Melocactus            guitartii
Cactaceae               Melocactus            harlowii
sensu lato
Cactaceae               Pilosocereus          deeringii
Cactaceae               Pilosocereus          robinii
Convolvulaceae     Bonamia               grandiflora
Convolvulaceae     Ipomoea                flavopurpurea
Convolvulaceae     Ipomoea                walpersiana
Cyatheaceae           Cyathea                dryopteroides
Cyperaceae            Rhynchospora      bucherorum
Dioscoreaceae        Rajania                 theresensis
Ericaceae                Rhododendron      chapmanii
Euphorbiaceae      Andrachne            brittonii
Euphorbiaceae       Bernardia              venosa
Euphorbiaceae       Cnidoscolus          fragrans
Euphorbiaceae      Drypetes               triplinervia
Flacourtiaceae        Banaras                vanderbiltii
Flacouritaceae        Samyda                 microphylla
Hydrophyllaceae    Hydrolea               torroei
Icacinaceae             Ottoschulzia          rhodoxylon
Leguminosae          Acacia                   cupeyensis
(Fabaceae)
Leguminosae          Acacia                  roigii
Leguminosae          Stahlia                  monosperma
Liliaceae                 Harperocallis        flava
Loranthaceae          Dendropemon       acutifolius
Malvaceae              Abutilon               virginianum
Meliaceae                Trichilia                triacantha
Olacaceae               Ximenia                roigii
Orchidaceae            Brachionidium      ciliolatum
Orchidaceae            Cranichis              ricartii
Orchidaceae            Lapanthes             eltoroensis
Orchidaceae            Oncidium              jacquinianum
Palmae                    Calyptronoma      rivalis
(Arecaceae)
Piperaceae              Peperomia             wheeleri
Rhamnaceae           Doerpfeldia           cubensis
Rubiaceae               Catesbaea             macracantha
Rubiaceae               Phyllacanthus       grisebachianus
Rubiaceae               Rondeletia             apiculata
Rubiaceae               Rondeletia             rugelii
Rutaceae                 Zanthoxylum        thomasianum
Solanaceae              Goetzea                 elegans
Theaceae                 Ternstroemia        luquillensis
Theophrastaceae    Jacquinia               curtissii
Thymelaeaceae       Daphnopsis          helleriana
Verbenaceae           Cornutia               obovata
Verbenaceae           Duranta                parviflora
Verbenaceae           Nashia                  myrtifolia
ANNEX II/ ANNEXE II/ ANEXO II
List of Species of Marine
and  Coastal Fauna Protected Under Article 11 (1) (b)
Liste des espèces de faune marine et
côtière protégées en vertu de l‘Article 11 (1) (b)
Lista de especies de Fauna
Marina y Costera Protegidas en virtud del artículo 11 (1) (b)
Class/Classe/Clase: GASTROPODA
Order/Ordre/Orden:                             PULMONATA
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Bulimulidae            Orthalicus             reses
reses
Class/Classe/Clase: OSTEICHTHYES
Order/Ordre/Orden:                             PERCIFORMES
FFamily/Famille/Familia                    Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Percidae                  Etheostoma           okaloosae
Percidae                  Etheostoma           rubrum
Class/Classe/Clase: AMPHIBIA
Order/Ordre/Orden:                             ANURA
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Bufonidae               Bufo                      houstonensis
Bufonidae               Peltophryne          lemur
Hylidae                   Amphodus            auratus
Leptodactylidae      Eleutherodactylus barlagnei
Leptodactylidae      Eleutherodactylus jasperi
Leptodactylidae      Electherodactylus johnstonei
Leptodactylidae      Electherodactylus martinicensis
Leptodactylidae      Electherodactylus pinchoni
Leptodactylidae      Sminthilus            limbatus
Order/Ordre/Orden:                             CAUDATA
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Plethodontidae       Phaeognathus       hubrichti
Class/Classe/Clase: REPTILIA
Order/Ordre/Orden:                             CROCODILIA
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Alligatoridae           Melanosuchus       niger
Crocodilidae           Crocodylus           acutus
Crocodilidae           Crocodylus           intermedius
Crocodilidae           Crocodylus           moreletii
Order/Ordre/Orden:                             SQUAMATA
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Boidae                    Epicrates
inornatus
Boidae                    Epicrates
monensis granti
Boidae                    Epicrates
monensis monensis
Colubridae              Nerodia
fasciata taeniata
Gekkonidae            Sphaerodactylus
micropithecus
Iguanidae                Anolis                   roosevelti
Iguanidae
Cyclura               carinata
Iguanidae
Cyclura               collei
Iguanidae
Cyclura               cyclura
Iguanidae
Cyclura               nubila
Iguanidae
Cyclura               pinguis
Iguanidae
Cyclura               ricordii
Iguanidae
Cyclura               rileyi
Iguanidae
Cyclura               stejnegeri
Scincidae
Eumeces              egregius
Scincidae
Neoseps              reynoldsi
Teiidae
Ameiva                polops
Typhlopidae
Typhlops            guadeloupensis
Order/Ordre/Orden:                             TESTUDINES
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Cheloniidae            Caretta                  caretta
Cheloniidae            Chelonia               mydas
Cheloniidae            Eretmochelys        imbricata
Cheloniidae            Lepidochelys         kempii
Cheloniidae            Lepidochelys         olivacea
Dermochelyidae      Dermochelys         coriacea
Emydidae               Graptemys            oculifera
Emydidae               Pseudemys            alabamensis
Testudinidae           Gopherus              polyphemus
Class/Classe/Clase:
AVES
Order/Ordre/Orden:                             PROCELLARIIFORMES
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Hydrobatidae         Hydrobates           pelagicus
Procellariidae          Puffinus                lherminieri
Order/Ordre/Orden:                             PELECANIFORMES
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Pelecanidae             Pelecanus              occidentalis
Order/Ordre/Orden:                             CICONIIFORMES
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Ciconiidae              Jabiru                    mycteria
Ciconiidae              Mycteria               americana
Order/Ordre/Orden:                             FALCONIFORMES
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Accipitridae            Chondrohierax      uncinatus
Accipitridae            Haliaeetus             leucocephalus
Accipitridae            Harpia                  harpyja
Accipitridae            Rostrhamus          sociabilis
plumbeus
Falconidae              Falco                     femoralis      septentrionalis
Falconidae              Falco                     peregrinus
Falconidae              Polyborus             plancus
Order/Ordre/Orden:                             GALLIFORMES
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Cracidae                 Aburria                 pipile
(=Pipile)
Phasianidae            Tympanuchus       cupido
attwateri
Order/Ordre/Orden:                             GRUIFORMES
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Gruidae                  Grus                      americana
Gruidae                  Grus                      canadensis
nesiotes
Gruidae                  Grus                      canadensis
pulla
Order/Ordre/Orden: CHARADRIIFORMES
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie                               Charadrius            melodus
Laridae                   Sterna                   antillarum
antillarum
Laridae                   Sterna                   dougallii
dougallii
Scolopacidae          Numenius             borealis
Order/Ordre/Orden:                             COLUMBIFORMES
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Columbidae            Columba               inornata
wetmorei
Order/Ordre/Orden:                             PSITTACIFORMES
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Psittacidae              Amazona              arausica
Psittacidae              Amazona              barbadensis
Psittacidae              Amazona              guildingii
Psittacidae              Amazona              imperialis
Psittacidae              Amazona              leucocephala
Psittacidae              Amazona              versicolor
Psittacidae              Amazona              vittata
Psittacidae              Ara                       macao
Order/Ordre/Orden:                             CAPRIMULGIFORMES
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Caprimulgidae        Caprimulgus         noctitherus
Order/Ordre/Orden:                             PICIFORMES
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Picidae                    Picoides                borealis
Order/Ordre/Orden:                             PASSERIFORMES
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Corvidae                 Aphelocoma         coerulescens cyanotis
Corvidae                 Corvus                  leucognaphalus
Emberezidae           Carduelis              cucullata
Emberezidae           Vermivora            bachmanii
Emberizidae            Ammodramus       maritimus
mirabilis
Emberizidae            Ammodramus       savannarum floridanus
Emberizidae            Dendroica             kirlandii
Mimidae                 Cinclocerthia         ruficauda
Mimidae                 Ramphocinclus     brachyurus
Class/Classe/Clase:
MAMMALIA
Order/Ordre/Orden:                             CARNIVORA
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Canidae                  Speothos               venaticus
Felidae                    Felis                      pardalis
Felidaes                  Felis                      tigrina
Felidae                    Felis                      wiedii
Felidae                    Felis                      yagouaroundi
Phocidae                 All spp.
Mustelidae              Pteronura              brasiliensis
Ursidae                   Tremarctos           ornatus
Order/Ordre/Orden:                             CETACEA
All spp
Order/Ordre/Orden:                             CHIROPTERA
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Molossidae             Tadarida               brasiliensis
Mormoopidae         Pteronotus            davyi
Phyllostomatidae    Ardops                 nicollsi
Phyllostomatidae    Brachyphylla        cavernarum
Phyllostomatidae    Chiroderma           improvisum
Vespertilionidae     Eptesicus              guadeloupensis
Order/Ordre/Orden:                             EDENTATA
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Dasypodidae          Priodontes            maximus
(=
giganteus)
Order/Ordre/Orden:                             LAGOMORPHA
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Leporidae               Sylvilagus             palustris
hefneri
Order/Ordre/Orden:                             MARSUPIALIA
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Didelphidae            Chironectes           minimus
Order/Ordre/Orden:                             PRIMATES
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Cebidae                  Alouatta                palliata
Order/Ordre/Orden:                             RODENTIA
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Capromyidae          Capromys             angelcabrerai
(=
Mesocapromys)
Capromyidae          Capromys             auritus
Capromyidae          Capromys             garridoi
Capromyidae          Capromys             nanus
Capromyidae          Capromys             sanfelipensis
Dasyproctidae        Dasyprocta           guamara
Muridae                  Neotoma               floridana
smalli
Muridae                  Peromyscus          gossypinus   allapaticola
Muridae                  Peromyscus          polionotus
allophrys
Muridae                  Peromyscus          polionotus   ammobates
Muridae                  Peromyscus          polionotus   niveiventris
Muridae                  Peromyscus          polionotus
phasma
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Muridae                  Peromyscus          polionotus   trissyllepsis
Order/Ordre/Orden:                             SIRENIA
All spp.
ANNEX III/ANNEXE III/ANEXO III
List of Species of Marine and Coastal
Flora and Fauna Protected Under
Article 11 (1) (c)
Liste des espèces de flore et faune
marines et côtières protégées en vertu de l’Article 11 (1) (c)
Lista de especies de Flora
y Fauna Marinas y Costeras Protegidas en virtud del artículo 11 (1) (c)
FLORA
TRACHAEOPHYTA (Vascular
Plants)
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Agavaceae              Nolina                   brittoniana
Asclepiadaceae       Asclepias              viridula
Cactaceae               Melocactus            intortus
Cactaceae               Opuntia (=
Consolea)      macracantha
Combretaceae         Conocarpus          erectus
Combretaceae         Laguncularia         racemosa
Compositae            Verbesina              chapmanii
(Asteraceae)
Cymodoceaceae      Halodule               wrightii
(=
ciliata/    bermudensis/                                                beaudet­tei)
Cymodoceaceae      Syringodium         filiforme
(= Cymodocea                                           manitorum)
Euphorbiaceae        Chamaesyce          deltoidea
ssp.                                    serpyllum
Euphorbiaceae        Euphorbia             telephioides
Gramineae              Schizachyrium      niveum
(Poaceae)
Hydrocharitaceae   Thalassia              testudinum
Hydrocharitaceae   Halophila              baillonis
(= aschersonii)
Hydrocharitaceae   Halophila              decipiens
Hydrocharitaceae   Halophila              engelmannii
Iridaceae                 Salpingostylis       coelestina
Labiatae                  Conradina             glabra
(Lamiaceae)
Labiatae                  Hedeoma               graveolens
Labiatae                  Macbridea             alba
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Labiatae                  Scutellaria             floridana
Leguminosae          Chamaecrista        lineata
var. Keyensis
(Fabaceae)
Leguminosae          Clitoria                 fragrans
Leguminosae          Vicia                     ocalensis
Lentibulariaceae     Pinguicula             ionantha
Lythraceae              Cuphea                 aspera
Nyctaginaceae        Caribea                 littoralis
Orchidaceae            Elleanthus             dussii
Orchidaceae            Epidendrum          mutelianum
Palmae                    Roystonea             elata
(Arecaceae)
Palmae                    Roystonea
oleracea
Palmae                    Syagrus (=
Rhyticocos)   amara
Polygalaceae           Polygala                lewtonii
Polygonaceae          Eriogonum            longifolium
var.                       gnaphaliolium
Rhizophoraceae      Rhizophora           mangle
Ruppiaceae             Ruppia                  marítima
Taxaceae                Taxus                    floridana
Verbenaceae           Avicennia              germinans
(= nitida)
Verbenaceae           Verbena                tampensis
Zygophyllaceae      Guaiacum             officinale
FAUNA
Class/Classe/Clase:
HYDROZOA
Order/Ordre/Orden:
MILLEPORINA
Family/Famille/Familia
Milleporidae           All spp.
Order/Ordre/Orden:
STYLASTERINA
Family/Famille/Familia
Stylasteridae           All spp.
Class/Classe/Clase: ANTHOZOA
Order/Ordre/Orden:                             ANTIPATHARIA
All spp.
Order/Ordre/Orden:                             GORGONIACEA
All spp.
Order/Ordre/Orden:                             SCLERACTINIA
All spp.
Class/Classe/Clase: PELECYPODA
Order/Ordre/Orden:                             EULAMELLIBRANCHIA
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Margaritiferidae      Margaritifera         hembeli
Class/Classe/Clase: MOLLUSCA
Order/Ordre/Orden:                             MESOGASTROPODA
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Strombidae             Strombus              gigas
Class/Classe/Clase: CRUSTACEA
Order/Ordre/Orden:                             DECAPODA
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Panuliridae             Panulirus              argus
Class/Classe/Clase: REPTILIA
Order/Ordre/Orden:                             CROCODILIA
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Crocodilidae           Crocodylus           rhombifer
Order/Ordre/Orden:                             SQUAMATA
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Boidae                    Boa                       constrictor
Iguanidae                Iguana                   delicatissima
Iguanidae                Iguana                   iguana
Order/Ordre/Orden:                             TESTUDINES
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Kinosternidae         Kinosternon          scorpioides
Pelomedusidae        Podocnemis          cayennensis
Pelomedusidae        Podocnemis          vogli
Class/Classe/Clase: AVES
Order/Ordre/Orden:                             CICONIIFORMES
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Threskiornithidae   Eudocimus            ruber
Order/Ordre/Orden:                             ANSERIFORMES
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Anatidae                 Cairina                  moschata
Anatidae                 Dendrocygna        arborea
Anatidae                 Dendrocygna        bicolor
Order/Ordre/Orden:                             FALCONIFORMES
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Cathartidae             Sarcoramphus      papa
Order/Ordre/Orden:                             PHOENICOPTERIFORMES
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Phoenicopteridae    Phoenicopterus     ruber
Order/Ordre/Orden:                             PSITTACIFORMES
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Psittacidae              Amazona              ochrocephala
Psittacidae              Ara                       ararauna
Psittacidae              Ara                       chloroptera
Psittacidae              Ara                       manilata
Order/Ordre/Orden:                             PASSERIFORMES
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Cotingidae              Rupicola               rupicola
Emberizidae            Agelaius                xanthomus
Class/Classe/Clase: MAMMALIA
Order/Ordre/Orden:                             CARNIVORA
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Mustelidae              Eira                       barbara
Mustelidae              Galictis                 vittata
Mustelidae              Lutra                     longicaudus
( = enudris/)
Order/Ordre/Orden:                             CHIROPTERA
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Phyllostomidae       Vampyrum           spectrum
Order/Ordre/Orden:                             EDENTATA
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Myrmecophagidae  Myrmecophaga     tridactyla
Myrmecophagidae  Tamandua             tetradactyla
Order/Ordre/Orden:                             PRIMATES
Family/Famille/Familia                      Genus/Genre/Género     Species/Espèce/Especie
Cebidae                  Alouatta                seniculus
Cebidae                  Cebus                    albifrons
El suscrito Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio
de Relaciones Exteriores,
HACE CONSTAR:
Que la presente reproducción es fiel fotocopia del
original del “Protocolo relativo a las Areas y Flora y Fauna Silvestres espe­cialmente
protegidas del Convenio para la Protección y el Des­arrollo del Medio Marino de
la región del Gran Caribe” y sus anexos, adoptados en Kingston el 11 de junio
de 1991, documentos que reposan en los archivos de la Oficina Jurídica de este
Minis­terio.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a los veinticuatro
(24) días del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995).
El Jefe Oficina Jurídica,
Héctor Adolfo Sintura
Varela.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER
PUBLICO
PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA
Santa Fe de Bogotá, D. C., 3 de abril de 1995.
Aprobado.
Sométase a la consideración del honorable Congreso
Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER
PIZANO
El Ministro de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Rodrigo Pardo
García-Peña.
DECRETA:
Artículo 1º. Apruébanse la “El Protocolo relativo a
las Areas y Flora y Fauna Silvestres especialmente protegidas del Convenio para
la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe”
hecho en Kingston el 18 de enero de 1990 y los “Anexos al Protocolo relativo a
las Areas y Flora y Fauna Silves­tres especialmente protegidas del Convenio
para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran
Caribe”, adoptados en Kingston el 11 de junio de 1991.
Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1º de la Ley 7ª de 1994, el “Protocolo relativo a las Areas y Flora y
Fauna Silvestres especialmente protegidas del Convenio para la Protección y el
Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe”, hecho en Kingston el
18 de enero de 1990 y los “Anexos al Protocolo relativo a las Areas y Flora y
Fauna Silvestres especialmente protegidas del Convenio para la Protección y el
Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe”, adop­tados en
Kingston el 11 de junio de 1991, que por el artículo 1º de esta ley se
aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el
vínculo internacional respecto de la misma.
Artículo 3º. La presente Ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
El Presidente de la honorable Senado de la República,
Luis Fernando Londoño Capurro.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
Pedro Pumarejo Vega.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
Giovanni Lamboglia Mazzilli.
El Secretario General de la honorable Cámara de
Representantes,
Diego Vivas Tafur.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y publíquese.
Ejecútese previa revisión de la Corte
Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 21 de enero de
1997.
ERNESTO SAMPER PIZANO
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Emma Mejía Vélez.
El Ministro del Medio Ambiente,
José Vicente Mogollón Vélez.
III.    PRUEBAS
DECRETADAS.
En ejercicio de las
competencias constitucionales y legales, el Magistrado Sustanciador decretó
pruebas con el fin de allegar al proceso copia auténtica del expediente
legislativo y de todos los antecedentes del proyecto de ley que culminó con la
expedición de la Ley 356 del 21 de enero de 1997.
Para el efecto se
ofició, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, a
los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes así como a los de las Comisiones Segundas Constitucionales
Permanentes de ambas células legislativas, para que remitieran la información
solicitada. Sobre ese material probatorio se hará referencia en las
consideraciones que fundamentarán la parte resolutiva de esta providencia.
IV.    INTERVENCION DE AUTORIDADES
PUBLICAS.
Según informe de la
Secretaría General de esta Corporación, del día 2 de abril del año en curso,
intervinieron, dentro del término de fijación en lista, los representantes de
los Ministerios de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente, así como el Director
del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente -DAMA-, de la
siguiente manera :
1.      Ministerio
de Relaciones Exteriores.
El apoderado del
Ministerio de Relaciones Exteriores solicita en su escrito que se declare la
constitucionalidad del Protocolo en referencia, con base en las razones que se
señalan a continuación :
En primer término,
señala que el Protocolo constituye un instrumento cuyo objetivo principal es el
de preservar y, según el caso, restaurar así como mejorar el estado de los
ecosistemas y de las especies amenazadas o en peligro de extinción, al igual
que el establecimiento de las áreas marinas protegidas en la región del Gran
Caribe.
Dicho propósito,
expresa, se encuentra en plena consonancia tanto con el artículo 79 de la Carta
Política, que establece como deber del Estado proteger la diversidad o
integridad del ambiente, como con el precepto constitucional consagrado en el
artículo 80 superior, que ordena al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, consagrándole la
obligación de imponer las sanciones legales correspondientes, junto con la
exigencia de la reparación de los daños que se causen.
Además, el
interviniente aduce que el Protocolo contiene una serie de mecanismos para
impedir que las especies se vean amenazadas o en peligro de extinción,
prohibiendo la captura, retención o muerte accidental de las mismas o su
comercio, y manifiesta que también versa sobre el intercambio de información
científica y técnica relativa a los programas de investigación y vigilancia que
tienen que ver con las especies de flora y fauna susceptibles de ser
incorporados en los registros de amenazadas o en peligro de extinción, lo cual
a su parecer constituye un desarrollo de los mandatos constitucionales
vigentes.
2.     Departamento Técnico Administrativo del Medio
Ambiente-DAMA.
El Director del
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente-DAMA presentó a
consideración de esta Corporación los argumentos que en su criterio sustentan
la constitucionalidad de la Ley 356 de 1997, referente al Protocolo en estudio,
precisando, de un lado, que el contenido del mismo en su aspecto sustancial
tiene como fundamento una cooperación regional para que se proteja, restaure y
mejore el ecosistema de la Región del Caribe, frente a una amenaza ambiental.
Señala, en
consecuencia, que los fundamentos y propósitos del Convenio guardan armonía con
los dictados de la Norma Superior, especialmente con los artículos 79 y 80, los
cuales establecen como deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de importancia ecológica, fomentar la educación,
garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales, su conservación,
restauración o sustitución. Adicionalmente, agrega que para lograr la
efectividad de estos objetivos, convenientemente se ha instituido la
conformación de un comité asesor científico y técnico con asistencia mutua, al
igual que un sistema de financiamiento.
A su juicio, dentro
de las bondades del convenio se encuentra la protección del ecosistema del
Caribe, para lo cual hace alusión a los Convenios de Cartagena, Declaración de
Río SPAW (Specially Protected Areas and Wildlife) manifestando que la
participación de Colombia en ellos, ha sido de gran interés.
Expresa, igualmente,
que desde el mismo Preámbulo de la Constitución Política se impulsa la
integración de la Comunidad Latinoamericana así como al consagrar en el texto
constitucional que el Estado debe velar por que su política exterior se oriente
hacia la integración Latinoamericana y del Caribe. Además, hace referencia a
que el artículo 80 de la Carta Política le asigna al Estado la planificación,
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.
Por lo anterior,
concluye que en lo que atañe al contenido del Protocolo se presenta un
desarrollo legal que guarda consonancia con el “discurso medio-ambiental”
del nuevo ordenamiento constitucional, que viene a ser reflejado en la Ley 99
de 1993, al establecer una serie de lineamientos, políticas e instrumentos
dirigidos a proteger la biodiversidad del país y alcanzar su aprovechamiento,
como propósito asignado al Ministerio del Medio Ambiente.
3.      Ministerio
del Medio Ambiente.
El Ministro del
Medio Ambiente intervino ante la Corte Constitucional para exponer los
argumentos que soportan la constitucionalidad de la Ley 356 de 1997, y que se
resumen así:
La
celebración del Protocolo en mención se fundamenta internacionalmente en el
Convenio de Cartagena y en el Protocolo SPAW (Specially Protected Areas and
Wildlife) y en la normatividad interna en la Ley 99 de 1993, que en su artículo
1o. establece que la biodiversidad del país deberá ser especialmente protegida
y prioritariamente aprovechada en forma sostenible, por ser patrimonio nacional
y de interés de la humanidad, así como en lo establecido en los numerales 18 y
19 de la misma Ley, referentes a las funciones del Ministerio del Medio
Ambiente, tendientes a reservar, alinderar y sustraer las áreas que integran el
Sistema de Parques Nacionales Naturales y las reservas forestales nacionales,
con el propósito de reglamentar su uso y funcionamiento.
Argumenta, en el
mismo sentido, que el Ministerio del Medio Ambiente está encargado de promover
las relaciones con otros países en asuntos ambientales y la cooperación
multilateral para la protección de los recursos naturales, lo que representa
para el gobierno una actividad importante dentro de la ejecución de tratados y
convenios internacionales relacionados, como en este caso que se analiza, con
el medio ambiente y los recursos naturales renovables.
De otra parte,
manifiesta que del texto del Protocolo se desprende la necesidad de realizar un
estudio sobre la evaluación del impacto ambiental, el cual se podría constituir
en un instrumento básico para la toma de decisiones en esa materia; y expresa
que  las obligaciones que se señalan en el Protocolo para las partes contratantes
determinarán una decidida acción a través del Plan del Programa Ambiental del
Caribe y de la financiación disponible para la región, la cual podría tener un
efecto catalizador respecto de las medidas que se tomen a nivel interno, lo que
conllevaría a que el Protocolo represente un mecanismo útil para poner en
marcha el Convenio de Diversidad Biológica.
Adicionalmente, el
interviniente otorga como dato ilustrativo que “Colombia es uno de los 13
países del planeta, junto con Brasil, México, Perú, Australia, China, Ecuador,
India, Indonesia, Madagascar, Malasia, Venezuela y Zaire que concentra el 60%
de la riqueza biológica. Nuestro país reúne el 20% de todas las especies
animales y vegetales del globo, aunque representa menos del 1% de la superficie
terrestre”, característica que ubica al país en uno de los primeros lugares
en diversidad de especies por unidad de área y número total de las mismas. En
consecuencia, indica que Colombia ha jugado un papel protagónico para la
ejecución del Plan Ambiental del Caribe y por elección de los demás gobiernos
presidió durante dos períodos consecutivos ; por lo tanto, se constituye
para nuestro país un compromiso ineludible la entrada en vigencia y el
cumplimiento de los compromisos derivados del Protocolo.
Por consiguiente,
concluye que la Ley 356 de 1997 fue expedida dentro del marco constitucional
del país y en desarrollo de la misma Ley 99 de 1993 y de sus decretos
reglamentarios, por lo que solicita a la Corte Constitucional declarar su
constitucionalidad, en cuanto constituye una herramienta a nivel internacional
para la protección y conservación de las áreas especialmente protegidas y de
las especies de fauna y flora en peligro de extinción.
V.      CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Jefe del
Ministerio Público emitió su concepto en relación con el Protocolo sometido a
revisión constitucional, así como de la ley aprobatoria No. 356 de 1997,
solicitando a la Corte declarar la constitucionalidad del mismo, por cuanto
considera que sus aspectos materiales y formales se ajustan a los preceptos
constitucionales, de conformidad con los planteamientos que se presentan a
continuación:
En primer término,
advierte que analizado el cumplimiento del auto que ordenó la práctica de
pruebas se encontró que el Ministerio de Relaciones Exteriores no informó a la
Corte Constitucional sobre los pormenores relativos a la negociación del
Protocolo y los Anexos objeto de revisión, como tampoco sobre la competencia de
las personas que los suscribieron a nombre de Colombia, ni encontró la
constancia de la aprobación ejecutiva dada a los mismos, por lo cual,
manifiesta que corresponderá a la Corte realizar la respectiva verificación.
Hecha la anterior
observación, el Procurador puntualiza que el trámite de las leyes aprobatorias
de los tratados internacionales debe reunir los requisitos previstos en los
artículos constitucionales 154, inciso final, 157, 158, 160 y 241, numeral 10,
de la Carta Política, como así ocurrió en el trámite dado al proyecto de ley que
se convertiría en la ley aprobatoria del instrumento internacional en estudio,
por lo que en su criterio no se emite reparo alguno que afecte su
constitucionalidad, desde el punto de vista formal.
Respecto del
análisis material del Protocolo y sus Anexos, señala que Colombia es parte
contratante del Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de
la Región del Gran Caribe, conocido como Convenio de Cartagena, el cual entró
en vigencia en octubre de 1996 y fue ratificado por nuestro país el 3 de marzo
de 1988, cuya zona de aplicación es el medio marino del Golfo de México, el Mar
Caribe y las zonas adyacentes del Océano Atlántico y que su principal objetivo
es la protección ecológica de la mencionada región, de lo cual se desprende
para el Estado una serie de compromisos a través de la adopción de medidas
gubernamentales, en forma individual o en cooperación con los demás países del
área, destinadas a la conservación de los recursos naturales renovables y a
prevenir, controlar y reducir todos aquellos factores que deterioren el medio
ambiente.
De esta manera, el
concepto del fiscal señala que tanto la filosofía como las previsiones del
Convenio y de su ley aprobatoria se ajustan a nuestro ordenamiento superior,
con desarrollo sus disposiciones, tales como la prevista en el artículo 49, ya
que de esa forma se cumple con uno de los fines del Estado en torno a la
adopción de las medidas necesarias para garantizar a los asociados el derecho a
un ambiente sano.
De otra parte,
sostiene que la finalidad del Protocolo es producto del cumplimiento de la
obligación internacional contraida por Colombia mediante el citado Convenio,
cuyo objetivo no es otro que el establecimiento de áreas especialmente
protegidas. En este orden de ideas, aduce que las medidas de protección
consagradas en los artículos 5, 8 , 9, 10, 12 y 13 del Protocolo corresponden a
la especial protección de las especies de la flora marina costera, de fauna
marina y costera, que constituyen respectivamente el contenido de los tres anexos.
Ahora bien,
manifiesta que teniendo en cuenta lo enunciado por el primer grupo de normas de
este Protocolo, son varias las disposiciones de nuestra Carta Política en donde
se consagra, como deber del Estado, la protección de los recursos naturales
renovables, así como también garantizar a los colombianos el derecho a
disfrutar de un ambiente sano, como así lo disponen los preceptos
constitucionales contemplados en los artículos 49 y 79, los cuales cita en
respaldo de lo anteriormente mencionado. Por tanto, la protección de los
ecosistemas dependerá en buena parte de la necesaria interconexión que debe
existir entre unos y otros y de la cooperación que Colombia pueda prestar en la
ejecución de las medidas acordadas.
Señala que, por
consiguiente, es obligación constitucional del Estado Colombiano planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el
desarrollo sostenible, su conservación restauración y sustitución, como lo
dispone el artículo 80 de la Carta Política, fundamento que unido a los
anteriores lleva al Procurador General de la Nación a solicitar la declaratoria
de exequibilidad del Protocolo en estudio como de su ley aprobatoria.
VI.    CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.      Competencia.
En los términos del
numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, la Corte Constitucional es
competente para pronunciarse, en forma definitiva, sobre la exequibilidad de la
Ley 356 del 21 de enero de 1997, del “Protocolo relativo a las áreas y flora
y fauna silvestres especialmente protegidas del convenio para la protección y
el desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe” hecho en
Kingston el 18 de enero de 1990 y aprobado por esa misma ley, así como
de sus “Anexos” adoptados en Kingston el 11 de junio de 1991.
2.      Antecedentes
del Protocolo y de sus Anexos.
En la intervención
realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el presente proceso de
constitucionalidad, se hace un resumen de los antecedentes del Protocolo y de
la ley aprobatoria del mismo sub examine, que la Sala considera
pertinente transcribir a continuación :
“En la ciudad de
Cartagena de Indias, el 24 de marzo de 1983 se adoptó el “Convenio para la
Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe”. Tal
instrumento internacional fue aprobado por el Congreso Nacional, mediante Ley
56 de 1987 ; el Gobierno de Colombia ratificó el Convenio el 3 de marzo de
1988, y entró en vigor para nuestro país a partir del 2 de abril de 1988, de
acuerdo con lo previsto con su artículo 28.
“El ámbito de
aplicación del Convenio es el medio marino del Golfo de México, el Mar Caribe y
las zonas adyacentes del Océano Atlántico al sur de los 30 grados latitud
norte, y dentro de las 200 millas marinas de la Costa Atlántica.
“El Convenio faculta
a las partes contratantes a concertar acuerdos bilaterales o multilaterales
para la protección y el desarrollo del medio marino, observando que dichos
acuerdos deben estar en concordancia con el Derecho Internacional. Así mismo,
[el] numeral 3 del artículo 4 del Convenio autoriza a las Partes Contratantes
para la elaboración y adopción de Protocolos u otros acuerdos para facilitar la
aplicación efectiva del citado instrumento.
“El artículo 17 del
Convenio establece que en las Conferencias de los Plenipotenciarios, se podrán
adoptar los Protocolos adicionales del Convenio en mención. En tal sentido, con
el Convenio de Cartagena de Indias, se adoptó el Protocolo relativo a la
Cooperación para combatir los Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran
Caribe”. Tal instrumento siguió el mismo trámite que el precitado Convenio y se
encuentra en vigor para Colombia desde el 2 de abril de 1988.
“En este orden de
ideas y, de acuerdo con el artículo 10 del Convenio de Cartagena de Indias que
faculta a las Partes para establecer zonas protegidas con el fin de garantizar
la efectiva aplicación del mismo, durante la Conferencia de Plenipotenciarios
llevada a cabo en Kingston del 15 al 18 de enero de 1990, se adoptó el
Protocolo relativo a las Áreas de Flora y fauna Silvestres, especialmente
Protegidas en la Región del Gran Caribe.””.
3.     Examen
de constitucionalidad del Protocolo, sus Anexos y la Ley Aprobatoria.
La Corte ha sido
clara en señalar que el control de constitucionalidad que ejerce respecto de
los Tratados y de sus leyes aprobatorias, en virtud del mandato del artículo
241-10 de la Ley Fundamental, comprende la totalidad del contenido material del
instrumento internacional y de la ley que lo aprueba, tanto en sus aspectos de
forma como de fondo. A continuación la Sala se propone adelantar dicho control
integral en los términos anunciados.
3.1    La
constitucionalidad en los aspectos formales.
En cuanto a la
revisión de la constitucionalidad por aspectos de forma del Protocolo y Anexos
de la referencia, así como de su ley aprobatoria, se precisa que el estudio se
hace en lo concerniente a la facultad de representación del Estado colombiano
para la firma del respectivo instrumento internacional y respecto del trámite
legislativo de la ley aprobatoria del Protocolo surtido ante el Congreso de la
República, con sujeción a las requisitos constitucionales y legales.
3.1.1.  La representación del Estado colombiano en la celebración del
Protocolo.
De conformidad con
el numeral 2o. del artículo 189 de la Carta Política, corresponde al Presidente
de la República, como Jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y
en desarrollo de las mismas “...celebrar con otros Estados y entidades de
derecho internacional tratados o convenios”, para lo cual, podrá
otorgar plenos poderes a plenipotenciarios para que adelanten las negociaciones
y firmen los mencionados instrumentos.
A partir de los
documentos que reposan en el expediente, en especial de la constancia suscrita
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores,
aportada mediante oficio del 17 de febrero del presente año, se tiene que
durante la Conferencia de Plenipotenciarios llevada a cabo en Kingston, del 15
al 18 de enero de 1990, se adoptó el “Protocolo relativo a las áreas y flora
y fauna silvestres especialmente protegidas del convenio para la protección y
el desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe”.
Para ese fin, el
Presidente de la República en ejercicio, Dr. Virgilio Barco Vargas, el día 5 de
enero de 1990, había conferido plenos poderes a la Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de Colombia en Jamaica, para que en nombre del Gobierno
Nacional firmara dicho instrumento internacional, bajo reserva de ratificación
(folio 591). Posteriormente, en esa misma ciudad, fueron aprobados por los
representantes de los Estados Partes los “Anexos” al mencionado
Protocolo, el día 11 de junio de 1991, para lo cual en esa misma fecha,
el Presidente de la República de Colombia, Dr. César Gaviria Trujillo, otorgó
plenos poderes al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia ante
Jamaica, para que en nombre del Gobierno Nacional firmara dichos instrumentos
internacionales (folio 689).
Igualmente, consta
en el expediente, que suscrito el mencionado instrumento internacional, se
surtió la aprobación ejecutiva del Protocolo y de sus Anexos, por el Presidente
de la República Dr. Ernesto Samper Pizano, el día 3 de abril de 1995 (folio
592).
En consecuencia, la
Sala encuentra que no existe reparo alguno frente a la circunstancia
relacionada con la facultad de representación legítima del Estado colombiano en
la negociación y celebración de los mencionados instrumentos internacionales,
aclarándose, así, la inquietud que en este sentido formuló el jefe del
Ministerio Público en la vista fiscal.
3.1.2. Trámite legislativo para la formación de la
Ley 356 de 1997.
Con fundamento en
las pruebas allegadas al proceso, las certificaciones remitidas a la Corte, los
antecedentes legislativos y las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de
la República, se pudo determinar que el trámite surtido en esa Corporación para
la expedición de la Ley No. 356 de 1997, fue el siguiente:
1.
El día 30 de agosto
de 1995, el Gobierno Nacional, a través de los Ministros de Relaciones
Exteriores y del Medio Ambiente, presentó ante la Secretaría General del Senado
de la República el proyecto de ley para aprobar el Protocolo en estudio, el
cual fue radicado bajo el número 77 de 1995-Senado y publicado en la Gaceta del
Congreso No. 266 del 1o. de septiembre del mismo año, junto con la
correspondiente exposición de motivos.
2.
Ese mismo día, el
Presidente del Senado de la República lo repartió y remitió a la Comisión
Segunda Constitucional Permanente, con el fin de que se iniciará su trámite en
los términos del Reglamento del Congreso de la República (Ley 5a. de 1992),
ordenando su publicación en la Gaceta Legislativa del Congreso.
3.
La ponencia para dar
curso al primer debate, ante dicha Comisión Segunda Constitucional Permanente
del Senado de la República, fue presentada por los Senadores ponentes, los Drs.
Julio César Turbay Quintero, José Guerra de la Espriella y Juan Carlos Castro
Arias y publicada en la Gaceta del Congreso No. 327, el día 12 de octubre de 1995.
El proyecto de ley fue considerado y aprobado por la mencionada Comisión, el
día 25 de octubre de 1995, con el quórum deliberatorio y decisorio requerido,
según consta en el Acta No. 14 de la misma fecha (folio 432).
4.     Para el segundo debate ante la
Plenaria del Senado de la República, el Senador Eduardo Pazos Torres elaboró la
ponencia, siendo publicada en la Gaceta del Congreso No. 394 del 10 de
noviembre de 1995. En dicha Plenaria se aprobó debidamente el proyecto de ley,
el día 21 de noviembre de 1995, según consta en el Acta No. 28 de esa fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 422 del 24 de noviembre de 1995 y en la
certificación remitida por el Secretario General de esa célula congresional.
5.     Posteriormente, el proyecto de ley en mención
fue radicado en la Cámara de Representantes con el número 200 de 1995-Cámara,
correspondiéndole a la Comisión Segunda Constitucional Permanente adelantar el
primer debate.
6.
Dicha Comisión
Segunda Constitucional, con base en la ponencia presentada por el Representante
César Augusto Daza Orcasita, dada a conocer en la forma autorizada por el
inciso 2o. del artículo 156 de la Ley 5 de 1992 y publicada en la Gaceta No.
541, del día 28 de noviembre de 1996, aprobó el proyecto de ley con el quórum
deliberatorio y decisorio reglamentario, en sesión ordinaria el día 23 de
octubre de 1996, según consta en la certificación suscrita por el Secretario
General de esta Comisión ( folio 202).
7.     Para el segundo debate, se mantuvo al
mismo ponente, el Representante César Augusto Daza Orcasita, cuya ponencia fue
publicada en la Gaceta No. 518, del día 15 de noviembre de 1996, siendo el
proyecto de ley aprobado mediante la sesión plenaria de la Cámara de
Representantes el día 5 de diciembre de 1996, con el quórum deliberatorio y
decisorio reglamentario, según consta en el Acta No. 121 de la sesión ordinaria
celebrada en esa misma fecha.
8.     El día 21 de enero de 1997, el
Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del Protocolo objeto de
revisión, bajo el número 356 de 1997.
9.     Finalmente, y como ya se indicó, el
texto de la Ley 356 de 1997 fue remitido a la Corte Constitucional por el
Gobierno Nacional, el 22 de enero de 1997, dentro del término máximo de 6 días
señalados para el efecto por el artículo 241, numeral 10, de la Carta Política.
Con base en lo
expuesto, no existe reparo en cuanto al trámite legislativo otorgado a la Ley
356 de 1997, toda vez que cumplió con los requisitos exigidos, razón por la
cual éste se encuentra ajustado en los aspectos formales a los preceptos
constitucionales.
3.2.   La
constitucionalidad en los aspectos de fondo.
Como lo ha señalado
esta Corporación, el análisis material de las disposiciones jurídicas obtenidas
como resultado de las negociaciones internacionales de los Estados, consiste en
la confrontación de aquellas con los mandatos superiores vigentes, a partir de “criterios
eminentemente jurídicos” y no de conveniencia u oportunidad [1], que son los que
regirán el presente examen, como se expresa a continuación.
El Protocolo, cuyo
contenido interesa al estudio que la Corporación, está compuesto en su
totalidad por 28 artículos y 3 anexos, que forman parte integral del mismo. Su
revisión material normativa se llevará a cabo mediante la presentación por
temas de sus disposiciones, con la correspondiente confrontación de las mismas
con las preceptivas constitucionales sobre la materia, establecidas en la
Constitución Política de 1991.
3.2.1. Consideraciones
previas de la Corte.
Dentro de la
concepción política y filosófica del Estado social de derecho consignado en la
Carta Fundamental vigente, se busca garantizar a la población una existencia
humana digna, mediante la garantía de unas condiciones mínimas de subsistencia
con determinada calidad de vida, lo cual indudablemente incluye un desarrollo
vital en las mejores circunstancias materiales de orden social, económico,
cultural, que no pueden escapar a las de un ambiente sano, por lo que el
Constituyente de 1991 consagró una serie de normas que pretenden proteger y
preservar el medio ambiente y los recursos naturales, reconociéndole en
consecuencia una entidad jurídica importante a este asunto.
Dicha normatividad,
como lo ha señalado la Corte, presenta el ambiente sano desde dos
perspectivas : la de un derecho con sus respectivos instrumentos de
garantía a través de las llamadas acciones populares y sólo, excepcionalmente,
por la vía de la acción de tutela (C.P :, arts. 88 y 86) y la de un deber
para el Estado y los particulares de proteger las riquezas naturales de la
Nación, determinándose para estos últimos la obligación de velar por la
conservación de un ambiente sano (C.P., arts. 8, 49, 79 y 95-8).[2] Adicionalmente, ese
derecho a gozar de un ambiente sano ha sido catalogado como un derecho
fundamental dado su estrecho vínculo con los derechos a la vida y a la salud de
las personas.[3]
Así las cosas, la
Constitución Política de 1991 estructuró un sistema a través del cual es
posible afrontar los retos que comporta el tema ambiental y emprender las
acciones que demandan los problemas que del mismo se derivan, mediante una
normatividad específica alrededor de instrumentos y garantías para la
preservación del medio ambiente y los recursos naturales del país, la cual de
manera especial hace referencia a la biodiversidad biológica nacional, entendida
como la “variedad y multiplicidad de organismos vivos, ya sea de genes, de
especies, o de ecosistemas dentro de un marco territorial determinado.”[4], garantizando una
especial protección estatal en términos de salvaguarda de la diversidad e
integridad del ambiente, conservación de las áreas de especial importancia
ecológica y fomento de la educación para el logro de esos fines (C.P., art.
79).
Sobre el particular
la Corte ha señalado lo siguiente :
“Esta Corporación es
consciente de que si bien la protección jurídica del derecho a gozar un
ambiente sano es uno de los pilares esenciales del desarrollo social, la
Constitución se ocupó también de regular otros temas de orden ecológico como es
el caso de la biodiversidad, de la conservación de áreas naturales de especial
importancia, del desarrollo sostenible, de la calidad de vida y de la educación
y la ética ambiental, los cuales constituyen, de igual forma, el estandarte
mínimo para la necesaria convivencia de los asociados dentro de un marco de
bienestar general.”.[5]
Ahora bien, el
interés de nuestro país por participar en el señalamiento de políticas
internacionales que busquen proteger la biodiversidad biológica y para definir estrategias
específicas, hace que el propósito fijado en los lineamientos de acción del
Protocolo en estudio se encuadre dentro de los mandatos constitucionales que
propenden por la protección y preservación del ambiente y de los recursos
naturales de propiedad del Estado colombiano, así como para el cumplimiento del
deber del mismo de planificar el manejo y aprovechamiento de esos recursos y
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución (C.P., art. 80).
Por consiguiente,
dicha gestión referida al nivel internacional, no ha sido diseñada para ser
adelantada de manera independiente y aislada de la cooperación entre Estados,
sino por el contrario, a través de una labor de coordinación que busca
conciliar los intereses y beneficios comunes que permitan alcanzar un
equilibrio entre las políticas ambientales y el desarrollo, es decir en forma
sostenible.
Para lograr una
protección y conservación adecuada de los recursos biológicos de cada Estado,
debe partirse del reconocimiento de la soberanía sobre los bienes de su
propiedad, lo cual supone la obligación de garantizar su subsistencia y
permanencia dentro del ámbito del mutuo respeto y conservación de un ambiente
sano y propicio para que la vida misma y las necesidades sociales, económicas,
culturales, etc., de las generaciones presentes y futuras, puedan satisfacerse
en condiciones naturales idóneas, toda vez que resultan ser patrimonio de la
humanidad y objetivos claros implantados constitucionalmente por la nueva Carta
Política.
Tales lineamientos
han sido recogidos en los acuerdos mundiales más recientes que han hecho
referencia a esa materia, v.g. la Cumbre de la Tierra, celebrada en
junio de 1992 en la ciudad de Río de Janeiro, en donde se produjo una
declaración sobre biodiversidad biológica, en el sentido de que su conservación
y su uso sostenible deben ser resultado de estrategias concretas de los países
y tendrán que reflejarse en las políticas sectoriales nacionales.
De manera
que, los compromisos que adquiera Colombia a nivel internacional para llevar a
término acciones conjuntas para proteger las riquezas naturales de la Nación,
claramente desarrollan el propósito del Constituyente de 1991 de promocionar la
internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y
ecológicas de país sobre la base de la equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional y la integración económica, social y política de la
nación colombiana, con las demás naciones del mundo (C.P., arts. 226 y 227).
3.2.2.  Finalidad del Protocolo.
El 24 de marzo de
1983 se adoptó el “Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino
de la Región del Gran Caribe”, del cual es parte el Estado colombiano. Dicho
instrumento internacional fue aprobado por el Congreso Nacional, mediante Ley
56 de 1987, ratificado por el Gobierno Colombiano el 3 de marzo de 1988, y
vigente para nuestro país a partir del 2 de abril de 1988. En el mencionado
Convenio (art. 4-3) se faculta a las partes contratantes para elaborar y
adoptar protocolos u otros acuerdos para facilitar la aplicación efectiva del
mismo.
Pues bien,
constituye el mencionado instrumento la fuente normativa inmediata del
Protocolo que actualmente analiza esta Corporación, el cual, en primer término,
a manera de preámbulo establece como motivo de su adopción, el compromiso
adquirido de proteger el medio marino y costero en la Región del Gran Caribe,
conformada por el medio marino del Golfo de México, el Mar Caribe y las zonas
adyacentes del Océano Atlántico, dentro de las especificaciones previamente
establecidas para la aplicación del Convenio (art. 2-1 y del Protocolo,
art.1-c).
Con ese fin, se
tendrán en cuenta las características hidrográficas, bióticas y ecológicas
especiales que aquella región presenta y el enorme valor ecológico, económico,
estético, científico, cultural, nutricional y recreativo de los ecosistemas
raros o vulnerables, así como de la flora y fauna nativas que allí se
encuentran, frente al hecho de que los programas de desarrollo mal concebidos
constituyen una grave amenaza para los mismos.
De tal forma que, la
cooperación regional entre los países Partes del Convenio y que suscribieron el
Protocolo se encamina a preservar, restaurar y mejorar el estado de esos
ecosistemas, así como de las especies amenazadas o en peligro de extinción y
sus hábitats, mediante el establecimiento de áreas protegidas en las áreas
marinas y en los ecosistemas asociados, y así obtener un desarrollo sostenible
que fortalezca el patrimonio y los valores culturales de los países y
territorios de dicha región, que reporte, a la vez, beneficios tanto económicos
como ecológicos.
3.2.3   Obligaciones de las partes.
Previo al señalamiento
de las obligaciones de las Partes en razón a la firma y ratificación del
Protocolo, se otorgan una serie de definiciones de carácter general, atinentes
a los términos utilizados en dicho instrumento, tales como : convenio,
plan de acción, Región del Gran Caribe, organización, área protegida, especies
en peligro de extinción, especies amenazadas, especies protegidas, especies
endémicas y anexos, que buscan facilitar la interpretación del instrumento
internacional y de sus anexos, circunstancia que redundará en la aplicación
ajustada a los objetivos del mismo, acorde con lo propuesto y esperado por los
Estados partes y que, en concepto de la Corte, en nada contradice los preceptos
constitucionales vigentes.
Frente a la fijación
del ámbito de aplicación del Protocolo, que se establece para la Región del
Gran Caribe en la forma consagrada en el “Convenio para la Protección y el
Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe”, se aclara que las
disposiciones del mismo relativas a sus Protocolos imperarán para el
instrumento sub lite, exonerándose de su aplicación a los buques de
guerra y las demás embarcaciones de propiedad de un Estado u operadas por éste,
siempre y cuando se destinen a prestar servicios gubernamentales no
comerciales, con la debida garantía del cumplimiento de dichos buques del
contenido del Protocolo, sin atentar contra su capacidad de operación (arts.1 y
2).
En lo relativo a las
obligaciones de cada Parte emanadas de los compromisos adoptados en virtud del
Protocolo suscrito por el Estado colombiano y que se examina, se tiene que son
de dos clases : 1. unas de orden general y 2. otras de orden
especial, (arts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 y 11).
1.      Según las primeras, cada Parte se obliga,
con respeto a sus leyes y reglamentos, a implantar las medidas necesarias para
proteger, preservar y manejar de manera sostenible las áreas que requieren
protección para salvaguardar su valor especial, al igual que las especies de
flora y fauna amenazadas o en peligro de extinción dentro de las zonas de la
Región del Gran Caribe, en las cuales la Parte ejerce soberanía o tiene
derechos soberanos o jurisdicción, y en las que se encuentran las de prohibir
actividades con efectos adversos. Así mismo, se comprometen a acatar las
medidas de la otras Partes y a cumplir y a hacer cumplir las de competencia de
cada Parte en particular, de acuerdo con el derecho internacional.
2.      Adicionalmente, están las obligaciones
especiales de responsabilidad de cada Parte, que se pueden resumir así :
2.1.   Establecer áreas protegidas en zonas
sobre las cuales se ejerce soberanía, o derechos soberanos o jurisdicción, a
fin de conservar los recursos naturales de esa región y fomentar el uso
ecológicamente racional de las mismas. Con esta acción se intenta mantener y
restaurar los ecosistemas costeros y marinos, de manera que se asegure su
viabilidad, la sobrevivencia de las especies de flora y fauna amenazadas o en
peligro de extinción, la productividad de los ecosistemas y recursos naturales
que proporcionen beneficios económicos o sociales y el bienestar de la
población local, así como de las áreas de especial valor biológico, ecológico,
educativo, científico, histórico, etc. y que sean esenciales para el
funcionamiento de los ecosistemas del Gran Caribe.
2.2.   Implantar las medidas de protección en cada
área protegida que sean necesarias para alcanzar esas metas, de acuerdo con las
características de cada área protegida. En este punto las resoluciones a
impartir tendrán que reglamentar, entre otros, el vertimiento o descargue de
desperdicios y de contaminantes, el paso de buques que puedan tener efectos
ambientales, la pesca, caza, la captura, comercio, importación y exportación de
especies de fauna y flora amenazadas o en peligro de extinción, la prohibición
de actividades que puedan generar destrucción a esas especies, las actividades
que impliquen exploración o explotación de los fondos marinos o su subsuelo.
2.3.   Adoptar y poner en práctica medidas de
planificación, manejo y de vigilancia y control para las áreas protegidas sobre
las cuales se ejerce soberanía. De este modo, se maximizan los beneficios de
esas áreas y se refuerza el cumplimiento efectivo de las medidas de protección,
antes señaladas, siempre que se sujeten a las directrices y criterios señalados
por el Comité Asesor Científico y Técnico (art. 21), integrado por expertos
designados por cada Parte, con las funciones de asesoría en materias
científicas y técnicas relacionadas con el Protocolo y la formulación de
directrices y criterios comunes acerca de la identificación, selección y
establecimiento de las áreas y especies protegidas, su manejo, el suministro de
información, por sólo citar algunos ejemplos.
2.4.   Instituir programas de cooperación para las
áreas protegidas y realizar su registro, así como constituir zonas de
amortiguación, en las cuales las actividades son menos restringidas que en el
área protegida, y se definirán mediante consulta entre las Partes o de los
Estados no Partes que aparezcan como vecinos en éstas. Esto permitirá
alcanzar los fines del Protocolo y facilitar la selección, establecimiento,
planificación, manejo y conservación de las áreas protegidas.
2.5.   Identificar las especies de la fauna y la
flora silvestres amenazadas o en peligro de extinción y expedir medidas nacionales
para la protección de las áreas sobre las que ejerce soberanía. Supondrá lo
anterior, introducir una reglamentación inclusive prohibiendo las actividades
que produzcan efectos negativos sobre esas especies o sus hábitats y
ecosistemas, así como llevar a cabo labores de recuperación, manejo,
planificación de especies que permitan su sobrevivencia.
2.6. Establecer medidas de cooperación para garantizar la
protección y la recuperación de las especies de flora y fauna silvestres
amenazadas o en peligro de extinción registradas en los Anexos I, II y III del
Protocolo, que podrán incorporar especies terrestres, Anexos que requerirán
para su modificación la solicitud de una Parte que recomiende la inclusión o
supresión de una determinada especie, previo concepto del Comité Asesor
Científico y Técnico y con el consenso de las demás Partes integrantes del
Protocolo.
2.7.   También se observan una serie de
obligaciones, que se derivan de las anteriores, y que están relacionadas con
los deberes de : 1. adoptar medidas para reglamentar o prohibir la
liberación intencional o accidental en el medio silvestre de especies exóticas
o genéticamente alteradas que pudieren causar impactos perjudiciales a la flora
y la fauna de la región del Gran Caribe ; 2. evaluar el impacto
ambiental posible de proyectos y actividades industriales o de otra índole en
los procesos de planificación de los mismos ; y 3. otorgar
exenciones a las actividades tradicionales, a fin de satisfacer las necesidades
culturales y de subsistencia de sus poblaciones locales (arts. 12, 13 y 14).
2.8.   Divulgación, información, concientización y
educación a la población sobre el establecimiento de esas áreas, con el fin de
destacar su importancia y valor, sugiriéndose que dicha información forme parte
de los programas educativos relacionados con el medio ambiente. También, la
promoción de la participación de la población y de las organizaciones
conservacionistas para la protección de las áreas, y de la investigación
científica, técnica y de manejo de las mismas, que deberá intercambiarse, con
los resultados de esos programas, entre las Partes, directamente o a través de
la Organización designada por el Convenio (art. 2-2), o sea al Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (art. 15), para desempeñar funciones de
secretaría, entre otras. (Arts. 16 y 17).
Al respecto, la Sala
encuentra que tanto las obligaciones generales adquiridas por las Partes en
virtud del Protocolo al igual que las especiales, están en consonancia con los
propósitos que llevaron a las mismas a celebrarlo y claramente constituyen un
desarrollo de sus propuestas, que como ya se vio se ajustan a los mandatos
constitucionales.
Se aprecia que las
obligaciones se enmarcan dentro del respeto al principio de soberanía de las
naciones, en el cual se deben sustentar las relaciones exteriores, el respeto a
la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del
derecho internacional aceptados por Colombia (C.P., art. 9o.), dado que, las
actividades a emprender por cada Parte o los deberes que las mismas han
consentido realizar, se originan en una precisa delimitación del campo de
acción y de su objeto, circunscritos a los que aparecen dentro de su soberanía
o respecto de los cuales se tienen derechos soberanos o jurisdicción, bajo el
sometimiento y obediencia a los ordenamientos jurídicos nacionales, sin que
estos puedan ser desconocidos, y con el gobierno de los principios del derecho
internacional, sin eludirse el elemento de cooperación con otros países que
dichas actuaciones requieren para cumplir los cometidos.
Se resalta,
entonces, que el manejo de la problemática ambiental solo puede ser avocado en
forma completa si se parte del convencimiento de que las ejecutorias al
respecto deben ser conjuntas entre los países del mundo y, siempre y cuando, se
basen en el respeto, asistencia, colaboración y participación mutua.
De otro lado, dentro
de los mandatos del Protocolo se estipula el llamamiento a las Partes para que
al reglamentar las actividades que se llevan a término dentro de las áreas
especiales puedan hasta llegar a prohibir su prestación, cuando puedan causar
consecuencias dañinas a las especies de flora y fauna nativa o a sus hábitats y
ecosistemas, objeto de atención.
Sobre el particular
la Corte puntualiza que la protección de las riquezas culturales y naturales
constituye una obligación cuyo responsable no es sólo el Estado sino,
igualmente, todas las personas (C.P., art. 8), de lo cual se derivan,
necesariamente, eventuales restricciones a sus derechos y libertades, para el
cumplimiento de ese mandato. Así las cosas, bajo el ámbito constitucional
colombiano el derecho a la libertad económica puede ser limitado, cuando así lo
exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la
Nación (C.P., art. 333), al igual que a la propiedad privada, en cuanto
configura una función social que implica obligaciones y como tal le es
inherente una función ecológica (C.P., art. 58).
Por último, el
Protocolo plantea como pilar fundamental de una política integral de protección
a las áreas especiales y a las especies de flora y fauna amenazadas o en
peligro de extinción en la zona del Gran Caribe, divulgar, informar,
concientizar y educar a la población, sobre el establecimiento de esas áreas y
de las respectivas obligaciones a cargo de las Partes, recomendando incorporar
dicha información a los programas educativos relacionados con el medio ambiente
de cada país. Así mismo, resalta la necesidad de promover la participación de
la población y de las organizaciones conservacionistas para la protección de
las áreas y la investigación científica, técnica y de manejo de las mismas.
Tales iniciativas,
que suponen la participación de la ciudadanía en la protección del medio
ambiente y en especial de los recursos naturales del patrimonio del país al
cual pertenecen, encajan dentro del principio rector del Estado colombiano, que
se ha venido mencionando, y que atribuye la protección de las riquezas
naturales de la Nación tanto al Estado como a los particulares, y que se
concreta en el deber constitucional de todas las personas de proteger los
recursos naturales con que cuenta el país (C. P., art. 95).
Dicho elemento
participativo es esencial no sólo para la definición de las políticas estatales
que sobre el asunto ambiental se adopten, sino también para la verificación y
el control mismo de los resultados y de las actividades desarrolladas por los
agentes encargados de realizarlas ; de manera que, su efectividad debe
surgir del compromiso del Estado y ser apropiado por los coasociados a fin de
forjar en la ciudadanía una conciencia ambientalista y ecológica, como fuente
permanente de decisiones y acciones de protección, conservación y recuperación
de los recursos naturales.
Acorde con ese
objetivo, la Constitución colombiana determinó que el disfrute o gozo de un
ambiente sano constituye un derecho de las personas, por lo que la participación
en las decisiones que puedan afectarlo, configura una garantía del mismo (C.P.,
art. 79). La efectivización de esa participación se logra con la  realización
real y concreta del principio fundamental que nutre al Estado colombiano y lo
configura en un estado democrático, participativo y pluralista, en donde
la participación de todos en las decisiones que los afecten, constituye
el soporte fundamental de un estado democrático, que requiere contar, para tal
fin, con los espacios de intercambio necesarios y suficientes reconocidos tanto
por el Estado, como por la sociedad en general.
Y cómo lograr,
entonces, esa participación de la gente en las decisiones ambientales y
ecológicas que los afectan ? Pues a través de una educación dentro de la
protección de la diversidad e integridad del ambiente y la conservación de las
áreas de especial importancia ecológica (C.P., art. 79), una educación que
deberá formar a los colombianos y colombianas en “... el respeto a los
derechos humanos, a la paz y a la democracia ; y en la práctica del
trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico
y para la protección del ambiente...” (C.P., art. 67)
(Destaca la Sala), por lo que las obligaciones asumidas y las recomendaciones
dadas en esta materia resultan afines a los propósitos constitucionales.
En consecuencia, no
se efectúa observación sobre la constitucionalidad de alguna de las
disposiciones referidas.
3.2.4.  Otras regulaciones.
El Protocolo,
adicionalmente, regula aspectos complementarios a las obligaciones generales,
relacionados con eventuales cambios en la delimitación o situación legal de un
área o de una especie protegida, únicamente, para defender el medio ambiente
(art. 15).
Así las cosas,
deberá existir una voluntad de cooperación entre las Partes para la
formulación, financiamiento y ejecución de los programas de asistencia mutua
que las mismas soliciten, para la selección y establecimiento de áreas y
especies protegidas, y un deber de informar permanentemente a la organización
sobre distintos aspectos de las áreas protegidas y las zonas de amortiguación
(arts. 18 y 19).
Resulta necesario
reiterar, en consecuencia, que todos aquellos compromisos adquiridos por el
país mediante este Protocolo, a fin de implantar un política nacional e
internacional sobre protección, conservación y restauración del medio ambiente,
que logre impedir y neutralizar el daño ambiental que pueda estar ocurriendo en
la zona objeto de aplicación de este instrumento internacional, en asocio con
otros países, y que pretende facilitar de manera organizada la administración y
la explotación de la biodiversidad de la misma (Región del Gran Caribe), en
forma tal que se obtenga un desarrollo sostenible de sus recursos naturales, en
concurrencia con otros países involucrados como responsables de esos
propósitos, tienen pleno respaldo en la Carta de 1991, según se colige del
artículo 80 de la Carta Política.
Además, se reitera
que con dichos compromisos se evidencian acciones concretas del Estado para
proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de
especial importancia ecológica en cumplimiento del artículo 79 superior y del
artículo 226 ya mencionados.
3.2.5.  Funcionamiento y operatividad
de lo acordado en el Protocolo.
Para finalizar, el
Protocolo señala una serie de normas de orden institucional-operativo, que
aseguran el funcionamiento de la Organización, mediante la atribución de
labores de secretaría ejecutiva y técnica que pretenden facilitar la reunión de
las Partes, la obtención de fondos, el intercambio de la información científica
y técnica requerida por las Partes, el desarrollo de programas de cooperación,
la preparación de planes de manejo para las áreas y especies protegidas, de
evaluaciones del impacto ambiental, y de material educativo, etc. ; así
como, las encaminadas a la obtención de una correcta vigilancia y dirección de
la ejecución del Protocolo, el financiamiento a través de búsqueda de fondos
adicionales a los consagrados en el Convenio firmado en Cartagena en 1983 y la
entrada en vigor del Protocolo y sus anexos, una vez éstos hayan sido adoptados
por las Partes Contratantes del Convenio, mediante la firma de sus
representantes autorizados (arts. 22, 23, 24, 26, 27 y 28), que por su
necesidad para el buen desarrollo de los fines propuestos armonizan con los
propósitos generales del Protocolo, y en ninguna forma contradicen normas
fundamentales.
De otro lado, la
precisión que se hace sobre la interpretación armónica de este Protocolo frente
a otros convenios que sobre materias afines estén vigentes, y su subordinación
a los derechos y obligaciones que las Partes hayan contraído con el Convenio
sobre el Comercio Internacional en Especies de Flora y Fauna en Peligro (CITES)
y el Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales
Silvestres (CMS) (art, 25), representa un fundamento razonable para el cabal
cumplimiento de los principios generales que sobre la vigencia y aplicación de
los Tratados y Convenios consagra el derecho internacional de los mismos.
Además, en cuanto al
pacto atinente a la adopción de la versión inicial de los Anexos, que forman
parte integral del Protocolo, a través de consenso en una Conferencia de
Plenipotenciarios de las Partes Contratantes del Convenio (art. 26), que se
llevó, finalmente, a cabo el 11 de junio de 1991 en Kingston, Jamaica, y los
cuales fijan las listas acordadas de especies de flora marina y costera (Anexo
I), de especies de fauna marina y costera (Anexo II) y de especies de flora y
fauna marinas y costeras susceptibles de aprovechamiento racional y sostenible
(Anexo III), que podrán incluir especies terrestres, la Corte no formula
observación de naturaleza constitucional.
De manera
que, los compromisos internacionales que el país ha adquirido en este
Protocolo, con el propósito de proteger las riquezas naturales de la Nación,
referidas a los ecosistemas y a las especies de la flora y fauna nativas,
amenazadas o en peligro de extinción que se localizan en la región del Gran
Caribe, desarrollan los mandatos constitucionales que obligan al Estado
colombiano a promover la internacionalización de las relaciones ecológicas
sobre la base de la equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, según el
artículo 226 superior, y representan una acción directa y dirigida hacia la promoción
de la integración económica, social y política de la nación colombiana con las
demás naciones del mundo, en particular, con los países de América Latina y del
Caribe, como lo determina el artículo 227 de la Carta Fundamental.
En suma, el “Protocolo
relativo a las áreas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas del
convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la región del
Gran Caribe hecho en Kingston el 18 de enero de 1990 y los “Anexos al protocolo
relativo a las áreas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas del
convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la región del
Gran Caribe”, adoptados en Kingston el 11 de junio de 1991.”, así como la
Ley 356 de 1997, que aprueba el texto del Protocolo y de sus Anexos, no
presentan ningún vicio de inconstitucionalidad que quebrante el ordenamiento
constitucional, razón por la cual se ordenará declararlos exequibles, en la
parte resolutiva de esta providencia.
VII. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLES
el “Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres especialmente
protegidas del convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de
la región del Gran Caribe” hecho en Kingston el 18 de enero de 1990 y los “Anexos
al protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres especialmente
protegidas del convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de
la región del Gran Caribe”, adoptados en Kingston el 11 de junio de 1991,
así como la Ley 356 de 1997 del 21 de enero de 1997.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNADEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA  SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Ver la
Sentencia C-333 de 1994, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.
[2]  Ver la Sentencia C-059 de 1994,
M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
[3]  Ver la Sentencia T-092 de 1993,
M.P. Dr. Simón Rodríguez Rodríguez.
[4]  Ver la Sentencia C-519 de 1994,
M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
[5]  Ibíd.