T-160-97
Sentencia T-160/97
Sentencia
T-160/97
PROCESO EJECUTIVO
LABORAL-Pago de mesadas
pensionales atrasadas/DERECHO AL MINIMO VITAL-Pago oportuno de mesadas
pensionales/PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Pago oportuno de pensiones
Los actores son
personas  de la tercera edad, y la doctrina constitucional ha sido clara al
señalar que la ancianidad es una situación de debilidad manifiesta, que
amerita  una protección especial. Está acreditado que el sustento mínimo vital
de los actores  y de sus familias depende del pago oportuno de las mesadas
pensionales, y  ninguno está en condiciones físicas de procurarse otro ingreso
acudiendo al mercado laboral. Según la Jurisprudencia reiterada de la Corte
constitucional, la verificación de los anteriores hechos  es suficiente para
que proceda la tutela de manera definitiva y se ordene el restablecimiento de
los pagos. Si bien  los actores deberán acudir al proceso ejecutivo laboral
para reclamar las mesadas que ya  se dejaron de pagar (téngase en cuenta que
las rentas naciones son embargables en esta clase de procesos), corresponde al
juez de tutela  ordenar que se garantice debidamente el pago de las mesadas
pensionales futuras.
Referencia: Expedientes acumulados  T-114825, T-114973, T-116616
Acciones de tutela
contra una entidad pública y dos empresas privadas por la presunta violación
de los derechos a la seguridad social, la vida y la salud de los actores ,
irrespeto por su dignidad como persona y vulneración  del deber de actuar
solidariamente  frente a la desgracia  ajena.
Temas:
Ratificación de la
Jurisprudencia.
El deber de
solidaridad como límite al ejercicio de la libre iniciativa privada y a las
actuaciones Administrativas.
Actores:  José
Hernán  Domínguez, Reyna, José María Lozano Lozano e Hilda  Aurora Herrera.
Magistrado Ponente:
Dr. CARLOS GAVIRIA
DIAZ
Santafé de Bogotá
D.C., veinte (20) marzo de mil novecientos noventa y siete (1997)
La Sala Cuarta de
Revisión  de tutelas de la Corte  Constitucional, compuesta por los magistrados
José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara,  y Carlos Gaviria
Díaz, éste último en calidad de ponente,
EN NOMBRE DEL PUEBLO Y
POR MANDATO DE  LA CONSTITUCION
procede a dictar
sentencia de revisión en los procesos radicados bajo los números   T-114825,
T-114973, T-116616
ANTECDENTES
1.Hechos
1.1.T-114825
El ciudadano José
Hernán Dominguez Reyna  es pensionado de  Industrias de Concreto Centrifugado
Inco Limitada en liquidación y la Caja Nacional de Previsión Social asumió
proporcionalmente  su pensión  de jubilación; sin embargo, desde marzo de
1995 el liquidador y representante legal de  la citada compañía  limitada  dejó
de pagar al actor sus mesadas pensionales.
T-114973
El ciudadano José
María Lozano laboró para la Federación  Nacional de Algodoneros por más de
dieciseis años, acordó con su patrón retirarse y recibir una pensión  legal
proporcional al tiempo de servicios ;  empero, desde abril de 1995  la  Federación
de Algodoneros dejó de pagarle las mesadas pensionales.
T-116616
La ciudadana Hilda
Aurora Herrera es pensionada  de la fundación  Hospital San Carlos,  y desde el
mes de mayo de 1996 dejó de recibir de la Fundación demandada las
correspondientes mesadas.
2.
Demandas
Los tres actores
reclaman depender de la mesada  pensional para atender al sustento propio y  al
de su familia.  Bien  por su edad  (actores de los primeros procesos),  o por
motivos de salud (tercer proceso),  todos ellos están impedidos para procurarse
otro ingreso, y coinciden en solicitar que se ordene a las entidades demandadas
pagar las mesadas  ordinarias y extraordinarias que les  adeudan,  y
garantizar el pago de las mesadas futuras.
3.
Fallos de Primera Instancia.
Fueron proferidos
por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali  y los Juzgados  Catorce
Laboral,  y Sesenta y tres Penal, ambos del Circuito de Santafé de Bogotá, y
coinciden en denegar  el amparo judicial  para los derechos fundamentales de
los actores, así como en la consideración de la improcedencia de la tutela, por
existir otro mecanismo judicial para la defensa de los derechos presuntamente
violados.
4.
Fallo de Segunda Instancia
Sólo en el proceso
radicado bajo el número T-114825 fue impugnada la decisión del juez  a-quo,
y de ese recurso conoció la  Sala Laboral del Tribunal Superior  de este
Distrito Judicial, corporación que decidió confirmar lo resuelto en la
sentencia  primera instancia, sin añadir  consideración diferente  a la existencia
de otro medio de defensa
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. COMPETENCIA
La Corte
Constitucional es competente para conocer en revisión  de los fallos de
instancia proferidos en el trámite de estos procesos, según los artículos  86 y
241 de la  Carta Política ; corresponde proferir la sentencia de  revisión
a la Sala  Cuarta,  en virtud del reglamento interno y de los autos adoptados
por la Sala Doce de Selección  el  3 y el  10 de diciembre  de 1996.
2-BREVE
JUSTIFICACION DEL FALLO.
Los fallos de
instancia  son  unánimes al señalar el proceso ejecutivo laboral como mecanismo
judicial de defensa al que deben acudir los actores, y el que hace
improcedente  amparar los derechos fundamentales  cuya efectividad ellos
reclaman. Sin embargo en todos  se olvida que la eficacia del mecanismo alterno
para la  defensa de los derechos fundamentales, debe ser evaluada por el juez
de tutela teniendo en cuenta  la situación del actor  (art.6 del Decreto 2591
de 1991).
En los procesos  que
se revisan, dos de los actores son personas  de la tercera edad, y la doctrina
constitucional ha sido clara al señalar que la ancianidad es una situación  de
debilidad manifiesta, que amerita  una protección especial ;   véanse por
ejemplo, las sentencias T-156/95  y T-147/95 Magistrado Ponente  Hernando
Herrera Vergara .
En el tercer caso,
la actora tiene 50 años, pero está acreditado en el expediente  que sufre de
cancer,  es mujer cabeza de hogar y tiene a su cargo  una hija menor de edad,
razones que también  la hacen merecedora  de una protección especial por parte
del Estado, según los artículos 43 y 47 de la Carta Politica.
Además, en los tres
casos está acreditado que el sustento mínimo vital de los actores  y de sus
familias  depende del pago oportuno de las mesadas pensionales, y  ninguno de
los demandantes está en condiciones fisicas  de procurarse otro ingreso
acudiendo al mercado laboral. Según la Jurisprudencia reiterada de la Corte
constitucional,  la verificación  de los anteriores hechos  es suficiente para
que proceda la tutela de manera definitiva y se ordene el restablecimiento de
los pagos ( ver las sentencias T-212/96, Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo
Mesa, T-076/96 Magistrado Ponente  Jorge Arango Mejía ).
Además, si bien  los
actores deberán acudir al proceso ejecutivo laboral para reclamar las mesadas
que ya  se dejaron de pagar ( téngase en cuenta que las rentas naciones son
embargables en esta clase de procesos, de acuerdo con la sentencia C-546/92
Magistrados Ponentes Ciro Angarita Barón y Alejandro Martinez Caballero),
corresponde al juez de tutela  ordenar que se garantice debidamente el pago de
las mesadas  pensionales futuras (ver las sentencias  T- 500/96 Magistrado
Ponente Antonio Barrera Carbonell, y T-323/96 Magistrado Ponente Eduardo
Cifuentes Muñoz).
DECISIÓN
En mérito de la
breve justificación que antecede, la Sala Cuarta  de Revisión  de Tutelas  de
la Corte Constitucional, en nombre del Pueblo  y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero. REVOCAR
las sentencias adoptadas  por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de
Santafé de Bogotá  el 3 de septiembre  de 1996, y la  Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial  de Santafé de Bogotá  el 24 de octubre del
mismo año; en su lugar, tutelar los derechos a la vida y a la seguridad social
de José Hernán  Dominguez  Reyna .
Segundo. REVOCAR
la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali el
28 de octubre  de 1996 ; en su lugar, tutelar los derechos  a la vida y a
la seguridad social de José María Lozano Lozano.
Tercero. REVOCAR
la sentencia  proferida por el Juzgado Sesenta y Tres  Penal del Circuito de
Santafé de Bogotá el 1 de noviembre de 1996; en su lugar, tutelar  los derechos
a la vida y la seguridad social de Hilda Aurora Herrera.
Cuarto. ORDENAR
a la Industria de Concreto Centrifugado Inco Limitada  “En  Liquidación“, a la
Federación  Nacional de  Algodoneros, y a la Fundación Hospital San Carlos que,
si aún no lo han hecho, reanuden el pago de las mesadas pensionales  de José
Hernán Dominguez  Reyna , José María Lozano Lozano, e Hilda Aurora  herrera, en
el termino máximo de treinta (30) días  contados a  partir  de la notificación
de la presente providencia, so pena  de las sanciones previstas en el Decreto
2591 de 1991 para el desacato.
Quinto. ORDENAR
a la Industria de Concreto Centrifugado Inco Limitada  “En  Liquidación“, a la
Federación  Nacional de Algodoneros, y a la Fundación Hospital San Carlos  que,
dentro del término máximo de dos (2) meses contados  a partir de la
notificación de esta providencia, presenten al juez de primera instancia
garantías suficientes  para el pago de las mesadas  pensionales futuras de
José  Hernán Domínguez Reyna, José María Lozano Lozano, e Hilda Aurora  Herrera
so pena  de las sanciones previstas en el Decreto 2591 de 1991 para el
desacato.
Sexto. NO ORDENAR
el pago de las mesadas pensionales dejadas de pagar hasta ahora a los actores
de los procesos que se revisan, por  contar ellos con otra vía procesal para
perseguir ejecutivamente tales pagos.
Séptimo.  COMUNICAR
la presente providencia al Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Santafé de
Bogotá, al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali y al Juzgado Sesenta y
Tres  Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, para los efectos previstos en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese,
notifíquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
CARLOS GARIA DIAZ
Magistrado Ponente
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General