T-136-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-136/13
ACCION DE
TUTELA CONTRA PARTICULARES EN EL MARCO DE RELACIONES CONTRACTUALES-Procedencia
excepcional para evitar perjuicio irremediable
CONSTITUCION
POLITICA-Fuerza irradiadora en las relaciones contractuales
ACCION DE
TUTELA FRENTE A CONTRATO DE SEGUROS-Procedencia excepcional cuando el
margen de desigualdad existente entre las partes es tal que establece una
situación de indefensión
El desarrollo jurisprudencial ha habilitado
excepcionalmente el recurso a la acción de tutela contra particulares en
controversias suscitadas a partir de una relación contractual, cuando el
mecanismo ordinario de defensa no aparezca eficaz, dada su complejidad técnica,
costos o tiempos de espera, para salvaguardar un derecho fundamental,
especialmente en aquellos negocios jurídicos originados en el marco de un
servicio público, caracterizado por una notoria asimetría entre las partes. En
tan especialísimos eventos, el ejercicio de la acción de tutela no solamente
resulta válido sino conveniente, en razón a la celeridad del procedimiento
constitucional y a que el juez de tutela está particularmente dispuesto a
buscar la definición de campos de posibilidades para resolver controversias
entre derechos o principios fundamentales, más allá de fallar un conflicto en
específico; así como a prestar atención al abuso que surja de situaciones de
subordinación o indefensión, que en algunas ocasiones pasa inadvertido en un
juicio estricto de legalidad.
SISTEMA
FINANCIERO Y ASEGURADOR-Actividades de interés público y de posición
dominante
DERECHO DE
INFORMACION EN EL SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR-Prohibición de cláusulas
y prácticas abusivas
El acceso completo, veraz y oportuno a la información -que
es una condición elemental, inherente a toda actividad de consumo- adquiere
especial trascendencia en el marco del sistema financiero, en razón a los
contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado,
a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de
indefensión en que se encuentran los usuarios. Siendo así, la información es
una de las herramientas clave para empoderar al ciudadano en su ejercicio
contractual, tanto antes de la celebración de un contrato, como durante su
ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que
la libertad contractual se emplee abusivamente en detrimento de otros derechos
fundamentales. Es por ello que cualquier restricción injustificada al acceso a
la información debe entenderse como una práctica abusiva, propiciada por el
poder dominante del que gozan las entidades aseguradoras y bancarias.
CONTRATO DE SEGUROS-Elementos esenciales
CONTRATO DE
SEGUROS-Acceso efectivo, oportuno y claro a la información consignada en
los contratos de seguros
Por expresa disposición legal, la sociedad aseguradora está
obligada a entregar al tomador, dentro de los quince días siguientes a la fecha
de su celebración, el documento contentivo del contrato de seguro, denominado
póliza. Asimismo, el legislador autoriza al tomador, asegurado o beneficiario a
solicitar en cualquier momento una copia o duplicado del mismo, el cual debe
ser entregado sin más obstáculos que el pago previo de los costos de impresión.
Dicha obligación, pese a su simpleza y sentido común, adquiere una importancia
mayúscula cuando de la protección efectiva del consumidor en el sistema
financiero se trata.
SISTEMA
FINANCIERO Y ASEGURADOR-Finalidad y requisitos mínimos de la información
suministrada por las entidades financieras a los consumidores financieros
La información suministrada por las entidades a los
consumidores financieros tiene por objetivo fundamental equilibrar la situación
de indefensión en la que normalmente se encuentra el usuario, empoderándolo en
el conocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Se espera entonces que la
información otorgada, (i) dote a los consumidores financieros de elementos y
herramientas suficientes para la toma de decisiones; (ii) facilite la adecuada
comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado, y (iii) propenda
por que conozcan suficientemente los derechos y obligaciones pactadas. Los
siguientes son los requisitos mínimos que, de acuerdo con la normatividad
vigente, ha de satisfacer la información suministrada por las entidades
financieras para cumplir con su imperioso cometido: a) Ser cierta, suficiente,
idónea y corresponder a lo ofrecido o previamente publicitado. En este sentido,
contener las características de los productos o servicios, los derechos y
obligaciones, las condiciones, las tarifas o precios y la forma para
determinarlos, las medidas para el manejo seguro del producto o servicio, las
consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato. b) Ser clara y comprensible.
c) Ser divulgada o suministrada oportunamente. d) Ser entregada o estar
permanentemente disponible para los consumidores financieros.
SISTEMA
ASEGURADOR-Entidades del gremio deben publicar en sitios web los modelos de
las pólizas para conocimiento de los consumidores financieros
CONTRATO DE
SEGUROS-Omisión en la información oportuna, clara y completa de la póliza
de seguro constituye una práctica abusiva de las entidades financieras y
vulnera derechos fundamentales
El acceso
efectivo a la información es uno de los pilares esenciales sobre el cual se
edifica la relación entre las entidades del sector financiero y los
consumidores o usuarios del mismo. En este sentido, constituye un deber de
diligencia mínimo de la compañía aseguradora registrar y almacenar
organizadamente los documentos que contienen los elementos esenciales del
contrato suscrito, para que así mismo pueda suministrarlos de forma completa y
oportuna al tomador, beneficiario o asegurado que los solicite en cualquier
momento. Obligación expresamente incluida por el Código de Comercio y
reglamentada por la Superintendencia Financiera. Pese a lo anterior, en el caso
concreto se evidencia el incumplimiento notorio de la aseguradora y la entidad
bancaria en el suministro de la información. Dicha incuria produjo una
vulneración al derecho fundamental de petición del accionante, quien en dos
ocasiones solicitó copia de la póliza de seguro y sus anexos, lo cual no
mereció siquiera un pronunciamiento de la entidad accionada. Más grave aún es
que esta omisión también repercutió significativamente en el derecho de defensa
del señor Rincón Torres al momento que fue notificado del inicio del proceso
ejecutivo hipotecario en su contra y no pudo contar con los documentos del
contrato de seguro para sustentar su oposición.
INTERPRETACION PRO CONSUMATORE-Protección del Juez al adherente
cuando se advierta algún vacío o ambigüedad en las condiciones contractuales/INTERPRETACION
PRO CONSUMATORE-Contrato de seguros no contemplaba ningún límite máximo de
edad de permanencia
ACCION DE TUTELA CONTRA COMPAÑÍA ASEGURADORA-Caso en que el
accionante tiene incapacidad total y permanente y la compañía se niega a
cancelar la póliza de seguro al Banco por un crédito hipotecario argumentando
que había superado la edad máxima de cobertura al momento de estructurarse la
invalidez
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y AL MINIMO VITAL-Orden a Aseguradora
pague al Banco el saldo insoluto de la obligación hipotecaria por póliza de
vida que respalda crédito
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y AL MINIMO VITAL-Orden a Banco
abstenerse de adelantar en contra del accionante cualquier cobro por el saldo
insoluto que con cargo al seguro de vida grupo deudores deberá cubrir
Aseguradora
Referencia: expediente T-3.686.439
Acción de tutela interpuesta por Juan José Rincón Torres,
mediante apoderado judicial, contra el Banco Caja Social y Liberty Seguros S.A.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C.,
trece (13) de marzo de dos mil trece (2013)
La Sala
Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere
la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión de los fallos de tutela emitidos por el Juzgado 4º Civil
Municipal de Duitama y el Juzgado 1º Civil del Circuito de Duitama, en primera
y segunda instancia, respecto del proceso de tutela T-3.686.439.
I.
ANTECEDENTES
Juan José Rincón Torres, mediante
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Banco Caja Social y Liberty
Seguros S.A., al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida
digna, a la vivienda y al mínimo vital, debido a la negativa de la entidad aseguradora
de reconocer el cubrimiento de la póliza de seguro número 73-4600 y, en
consecuencia, pagar el saldo insoluto de la deuda adquirida con el banco.
Fundamenta su solicitud en los siguientes:
1. Hechos y relato contenido en la demanda
1.1   El accionante relata que el
29 de mayo de 2001 adquirió un contrato de seguro, mediante póliza 73-4600 con
la compañía Liberty Seguros S.A., para amparar el crédito hipotecario número
0542170005201 contraído con el Banco Colmena, hoy Banco Caja Social. Dicho
seguro cubriría la deuda en caso de muerte o incapacidad total y permanente.
1.2   Asegura que por la
obligación contraída debía cancelar una cuota mensual aproximada de $1.500.000
y que en dicho monto se incluía un valor de $40.000 por concepto de seguro de
vida e incapacidad total y permanente.
1.3   Indica que el 20 de abril
de 2010, previa remisión médica, fue valorado por la Junta Regional de
calificación de invalidez, seccional Boyacá, la que le reconoció el 56.60% de
pérdida de capacidad laboral de origen común, con fecha de estructuración el 22
de abril de 2010. Igualmente, pone de presente que el examen neurológico
practicado arrojó que padecía de Alzheimer, altamente disfuncional.
1.4   Señala que con fundamento
en la incapacidad declarada, radicó solicitud de condonación de la deuda ante
la entidad bancaria el 26 de febrero de 2011, con el fin de hacer efectivo el
cubrimiento del seguro al que venía cotizando.
1.5  No obstante lo anterior, el
1º de abril de 2011 Liberty Seguros S.A. presentó respuesta en la que si bien reconocía
la invalidez del asegurado, objetó la petición al considerar que: (i) la edad
máxima de ingreso para las coberturas de incapacidad total y permanente, enfermedades
graves y beneficio por hospitalización es de 69 años; y (ii) que Juan José para
la época de estructuración de la invalidez, es decir el 22 de abril de 2010,
contaba con 74 años, por lo cual el siniestro no estaba cubierto por dicha
póliza.
1.6   El accionante pone de
presente que solicitó a la aseguradora, mediante escritos presentados el 5 de
agosto de 2011 y el 14 de febrero de 2012, copia completa del contrato de
seguro que amparaba el crédito hipotecario, para revisar las condiciones del
mismo. Sin embargo, informa que a la fecha de presentación de la acción de
tutela no se le había allegado dicho documento.
1.7  Aduce que en la actualidad
su estado de salud “va cada día más en deterioro y hasta donde pudo siguió
pagando la cuota hipotecaria; donde se le sigue cobrando el seguro tomado”[1]. No obstante,
explica que con una mesada pensional de un salario mínimo legal vigente y padeciendo
Alzheimer, le fue imposible continuar con el pago del crédito por lo que se
encuentra en mora de tres cuotas, de un total inicial de 180 pactadas.
1.8   Adicionalmente, expresa su
preocupación por el hecho que el “Banco Caja Social le inicie el rápido
proceso ejecutivo hipotecario, que establece el código de procedimiento civil
sobre el bien inmueble donde reside con su hijo, ubicado en Duitama, el cual
está hipotecado a favor de la entidad”[2].
1.9   Debido a lo anterior,
interpuso acción de tutela el 24 de julio de 2012 en contra del Banco Caja
Social y Liberty Seguros S.A. con la finalidad de que se amparen sus derechos
fundamentales a la vida digna, vivienda y mínimo vital, y en consecuencia, se
ordene a las entidades demandadas aplicar el seguro de grupo de deudores al
crédito hipotecario No. 0542170005201 y que dicho reconocimiento opere desde el
22 de abril de 2010, momento en el cual le fue reconocida la invalidez laboral
permanente.
2. Trámite
procesal
Mediante auto
del 24 de julio de 2012, el Juzgado 4º Civil Municipal de Duitama admitió la
demanda de tutela, convocó a las entidades demandadas para que se pronunciaran
y aportaran copia de la documentación relevante, e igualmente citó al señor
Rincón para que en diligencia de audiencia pública ampliase su declaración.
Como
resultado de lo anterior, el 27 de julio compareció el accionante y al ser
interrogado sobre el objeto de la tutela manifestó que su intención era: “Que
el seguro Liberty cubra la deuda que tengo con Colmena, por crédito otorgado en
el año 2001, pues tengo problemas mentales desde el año 2010, olvido las cosas
y tengo que estar acompañado como lo hice en el día de hoy con mi hijo Jaime
Hernando Rincón Correa”[3].
3. Contestación de las entidades demandadas
3.1. Liberty
Seguros S.A. desestimó íntegramente la petición de amparo. En primer lugar,
cuestionó la procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto, en
tanto que: (i) Liberty Seguros no es una entidad que se encargue de prestar
servicios públicos, por lo cual no está legitimada por pasiva; (ii) el
beneficiario del seguro en discusión es el Banco Caja Social y no el señor Juan
José Rincón, por ende éste tampoco está legitimado, por activa, para promover la
acción de amparo; y (iii) en virtud del principio de subsidiariedad de la
acción de tutela, “ésta es improcedente para obtener la protección de
derechos de rango patrimonial, pues para este fin existen mecanismos ordinarios
de defensa judicial”[4].
Con
respecto al fondo del asunto, aseveró que “a la luz del contrato de seguro
el amparo no tuvo operancia en virtud de que para la fecha de estructuración de
la pérdida de capacidad laboral, [el accionante] superaba ampliamente la edad de
permanencia contenida en la definición del amparo”[5]. Igualmente explicó que
el accionante aún después de cumplir los 70 años seguía pagando la prima de
seguro por cuanto tiene vigente la cobertura del amparo básico de vida, es decir
la que opera en caso de fallecimiento.
Por
último, advirtió que ya había operado el fenómeno jurídico de la prescripción
dispuesto en el artículo 1081 del Código de Comercio, al haber transcurrido más
de dos años desde el momento de estructuración de la incapacidad.
3.2. El Banco Caja Social, por su
parte, también excepcionó la falta de legitimación por pasiva, debido a que no
depende él, sino de la entidad aseguradora, el reconocimiento y administración
de las pólizas de seguro. Respecto a los derechos al mínimo vital, la salud y
la vida consideró necesario hacer claridad sobre la imposibilidad de la
entidad, en razón a su naturaleza privada, “de convertirse en garante de
estos derechos toda vez que ésta, es una función asistencial exclusiva del Estado
y de las autoridades administrativas”[6].
II.
DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
1. Sentencia de primera
instancia
El Juzgado 4º Civil Municipal de
Duitama, mediante sentencia del 6 de agosto de 2012, concedió el amparo
invocado por Juan José Rincón. Justificó la procedencia de la acción de tutela
ante la inminencia de un perjuicio irremediable dado el estado de salud del
accionante, su avanzada edad y el probable remate de su vivienda hipotecada.
Entrando al fondo del asunto, ese
despacho advirtió la trasgresión de los derechos fundamentales al mínimo vital,
la salud, a un adecuado nivel de vida y a la familia, “por seguir el actor
pagando unas cuotas, aún que [sic] dicho crédito se encuentra amparado por un
seguro de vida grupos deudores, siendo un pensionado anciano que percibe menos
de un salario mínimo legal mensual vigente”[7].
Igualmente, reprochó que las entidades accionadas hayan ignorado condiciones
particulares y determinantes del caso concreto como el “estado precario de
salud del accionante, el estado avanzado de salud y más aún que el crédito ya
se ha cancelado en un 95%”[8].
En consecuencia, el Juzgado 4º
Civil Municipal ordenó a los entes accionados “que apliquen el seguro grupo
de deudores que ampara vida e incapacidad total y permanente, al crédito
hipotecario No. 0542170005201, siendo titular el señor Juan José Rincón Torres,
a partir de la fecha 22 de abril de 2010, cuando le fue diagnosticada la
invalidez laboral permanente”[9].
2. Impugnación
Liberty Seguros S.A. impugnó la
decisión aduciendo que no se agotaron los medios ordinarios de defensa, ya que
al controvertirse una obligación de carácter patrimonial el mecanismo
procedente es “acudir a la justicia ordinaria para que por intermedio de un
proceso declarativo, y previo al debate y la práctica de unas pruebas, se dicte
sentencia declarando el derecho”[10].
Igualmente, reprochó que el fallador de instancia al resolver el caso no se haya
pronunciado sobre el fondo del asunto, es decir, sobre la no cobertura de la
póliza de aseguramiento en el caso concreto.
3. Sentencia de segunda
instancia
El Juzgado 1º Civil del Circuito
de Duitama revocó íntegramente el fallo de instancia en sentencia del 13 de
septiembre de 2012. Para fundamentar su decisión, el Juez afirmó que: (i) el
accionante cuenta con otros medios de defensa judiciales, como lo son las vías
ordinarias ante la jurisdicción civil; (ii) no existe la menor noticia sobre
una amenaza grave de algún derecho fundamental, que requiera que se tomen
medidas urgentes para su protección; (iii) se evidencia el discurrir de un
tiempo ostensiblemente amplio y desproporcionado por parte del accionante para
acudir en sede de tutela, luego de haber transcurrido más de un año desde el
momento en que el accionante obtuvo su dictamen de la junta regional de
calificación de invalidez.
III. PRUEBAS
A continuación se relacionan las
pruebas relevantes aportadas por el accionante junto con su escrito de tutela:
En el
cuaderno 1 de la acción de tutela:
1- Copia del
estado de cuenta del crédito de vivienda No. 054217000520, de fecha 3 de julio
de 2012 (folio 17).
2- Copia del
comprobante de pago a pensionados No. 94349, correspondiente al mes de marzo de
2012 y a nombre del accionante (folio 18).
3- Copia del
certificado No. 0237956 de la Póliza 73-4600 (folio 19).
4- Copia del
registro civil de defunción de María Bertilde del Carmen Correa (folio 22).
5- Copia de
la calificación de invalidez del señor Juan José Rincón, surtida por la Junta
Regional de Boyacá el 14 de febrero de 2011 (folios 23-27).
6- Copia de
la petición de condonación del crédito presentada por el accionante al Banco
Colmena el 26 de febrero de 2011 (folio 28).
7- Copia de
la contestación realizada por Liberty Seguros S.A. a la anterior petición
(folio 30).
8- Derecho de
petición mediante el cual se solicita copia del contrato de seguro de vida con
todos sus anexos, radicado el 5 de agosto de 2011 (folio 32).
9- Copia del
segundo derecho de petición requiriendo copia de la póliza de aseguramiento,
presentado el 14 de febrero de 2012 (folio 33).
IV.
ACTUACIONES ADELANTADAS EN SEDE DE REVISIÓN
1.  Mediante
auto del 12 de diciembre de 2012, el Magistrado sustanciador, con miras a
recaudar elementos de juicio relevantes para el proceso de tutela, dispuso lo
siguiente:
“PRIMERO.-
ORDENAR al señor Juan José Rincón Torres remitir a esta Sala de
Revisión, dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación de esta
providencia, copia simple de los documentos relevantes sobre el reconocimiento
de la mesada pensional a su favor y que estén en su poder.
SEGUNDO.-
ORDENAR que, a través de la Secretaría General de esta Corporación, se oficie a
Liberty Seguros S.A. para que, dentro de los dos (2) días siguientes a la
notificación de esta providencia:
(i)    Remita
copia original y con todos sus anexos de la Póliza No. 73-4600 mediante la cual
se aseguró el crédito hipotecario No. 0542170005201 de Juan José Rincón Torres
ante el Banco Colmena, hoy Banco Caja Social.
(ii)  Explique
¿Por qué razón si el accionante había cumplido la edad límite de aseguramiento,
se le siguió cobrando el valor de la póliza de aseguramiento?
(iii)
Informe ¿Qué medios fueron empleados para informar al accionante
de las condiciones acordadas en la póliza de seguro?
TERCERO.-
ORDENAR que, a través de la Secretaría General de esta Corporación, se
oficie al Banco Caja Social para que, dentro de los dos (2) días siguientes a
la notificación de esta providencia,
(i)
Envíe a esta Corporación las facturas de cobro del crédito de
vivienda número 0542170005201 a nombre de de Juan José Rincón Torres desde
enero de 2010 hasta la actualidad.
(ii)    Informe
en qué estado se encuentra actualmente el crédito hipotecario adquirido por
Juan José Rincón Torres, detallando las cuotas en mora, el capital e intereses
faltantes y demás valores que adeude el accionante a la entidad.
(iii) Manifieste,
de haberse iniciado algún proceso ejecutivo de cobro en contra del señor
Rincón, en qué despacho cursa y en qué instancia se encuentra el mismo.
(iv)  Responda
¿qué papel ha desempeñado la Defensoría del Cliente del Banco frente al reclamo
e inconformidades presentadas por Juan José Rincón en lo referente al crédito
hipotecario adquirido?
(v)
Indique si existe algún procedimiento excepcional que permita
llegar a un acuerdo entre las partes para amortizar la deuda y evitar el cobro
mediante un procedimiento ejecutivo”[11].
2.   En
respuesta al requerimiento probatorio, el accionante hizo llegar a esta
Corporación lo siguiente: (i) copias de tres comprobantes de pago a nombre de
Juan José Rincón Torres como pensionado, por el monto del salario mínimo,
correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2012; (ii)
copia de la constancia expedida por el Instituto de Seguros Sociales, el 18 de
marzo de 2003, que lo acredita como afiliado cotizante activo en pensión; (iii)
copia del certificado virtual expedido por Colpensiones el 17 de diciembre de
2012, en el que Juan José Rincón Torres aparece como afiliado al régimen de
prima media con prestación definida.
3.  Liberty
Seguros, por su parte, allegó un conjunto de documentos dentro de los cuales se
encuentra: carta de aprobación del crédito, pagaré a favor del banco Colmena,
análisis de crédito individual, formulario solicitud de crédito individual de
personas naturales, relación histórica de pagos ante el banco Caja Social y un
extenso texto titulado “Licitación BCSC Vigencia 2009-2011”.
Con respecto a
la razón por la cual se seguía cobrando la prima del seguro, pese a que el
cubrimiento de la invalidez supuestamente había expirado, la entidad contestó
lo siguiente:
“debemos
manifestar que se sigue cobrando la prima, habida cuenta que la cobertura
básica de vida, sigue vigente por un término igual al plazo otorgado para pagar
el crédito. Vale la pena resaltar que la prima de [sic] sigue cobrando
mensualmente, aplicando la tarifa de acuerdo con la edad de asegurabilidad y el
monto de la deuda del asegurado, aclarando que la prima no se calcula sobre
cada amparo, sino por el total de la cobertura y por esta razón se sigue
facturando la prima, independiente de que se haya objetado una solicitud de
pago, como ocurrió en el presente caso con el amparo de incapacidad total y
permanente”[12].
En lo que
hace al interrogante relacionado con el medio utilizado para informar al
asegurado de las condiciones del contrato, aseveró que “para el año 1998 el
cliente firmaba la Hoja Previa de análisis y, Seguros Colmena, en su
oportunidad emitía un certificado en donde se relacionaba el nombre del
asegurado y la edad para efectos del cálculo de la prima respectiva, anexando
en cada caso, dentro de todos los documentos del crédito del cliente, un
cuaderno con las respectivas condiciones”[13].
4.  Por
último, el Banco Caja Social informó que actualmente “el crédito tiene un
saldo total de $18.104.444.97 y presenta nueve cuotas en mora, en total 247
días en mora”[14].
Como producto de lo anterior, la entidad crediticia también resaltó que inició
un proceso ejecutivo hipotecario contra Juan José Rincón, el cual cursa en el
Juzgado Segundo Civil Municipal de Duitama, bajo el radicado No. 2012-0308.
Respecto al
cuestionamiento de por qué razón se le siguió cobrando la prima de
aseguramiento al demandante, pese a haber cumplido la edad máxima, precisó que
“el valor cobrado por concepto del Seguro de Vida Grupo Deudores, cobija y
cubre en su totalidad todos los amparos, es decir, no se cobra individualmente
por cada una de las coberturas”[15].
Con relación
a los medios de información y divulgación de las condiciones del contrato de
seguro, se limitó a señalar que “la copia de la póliza requerida fue
solicitada oportunamente a la compañía aseguradora Liberty Seguros, compañía
que procederá a pronunciarse sobre el particular ante la Corte Constitucional”[16].
5.  El
Magistrado sustanciador advirtió, en su momento, que la compañía de seguros
accionada no aportó copia de los contratos propiamente dichos. Por el
contrario, remitió copias simples de variados documentos relacionados con el
crédito adquirido por el accionante con el Banco Caja Social. En efecto, las
disposiciones contenidas en el texto titulado “Licitación BCSC Vigencia
2009-2011”
no ofrecen certeza sobre el clausulado que efectivamente rige la situación de
aseguramiento de la obligación suscrita entre el accionante y el Banco Caja
Social. Parecen ser simples invitaciones para contratar, sin ningún tipo de elemento
que permita inferir que esas fueron efectivamente las condiciones que se
pactaron para el amparo del riesgo en discusión.
6.  En
razón de lo anterior, y con el objetivo de auscultar el contenido real y
completo del contrato de seguros que suscitó esta controversia constitucional,
se profirió nuevamente auto de pruebas el 21 de enero de 2013, mediante el cual
se insistió en la obtención de las pruebas necesarias e idóneas para el caso:
“PRIMERO. REQUERIR a Liberty Seguros S.A. para que a más tardar dentro
de los dos (2) días siguientes a la notificación de esta providencia, remita a
esta Corporación copia de los documentos mediante los cuales se instrumentó el
contrato de seguro de vida grupo deudores al que se refiere el presente trámite
de tutela, junto con las condiciones generales y particulares del mismo, y
especialmente todos aquellos anexos que guarden relación con el cubrimiento del
seguro en los casos de incapacidad total y permanente. Igualmente, precise si
se ha realizado alguna modificación de este amparo en específico desde el
momento en que se perfeccionó el contrato.
SEGUNDO. SOLICITAR al Juzgado
Segundo Civil Municipal de Duitama que informe dentro de los dos (2) días
siguientes a la notificación de esta providencia sobre el desarrollo del
proceso ejecutivo número 2012-0308 adelantado contra Juan José Rincón Torres y
precise (i) cuáles son las partes y terceros involucrados; (ii) en qué etapa
procesal se encuentra el mismo”.
7.   De
acuerdo con el informe suministrado por la Secretaría General de la Corte
Constitucional, el día 28 de enero de 2013 el representante para asuntos
judiciales de Liberty Seguros S.A. presentó respuesta al requerimiento hecho.
En el memorial, la entidad comienza por advertir que dada la antigüedad del
caso, ha sido difícil recaudar la información suficiente sobre el contrato de
seguro en estudio:
“Ante todo debemos resaltar
que es un caso de vieja data y ha sido complicado conseguir los documentos que
dan cuenta del contrato de seguro de vida grupo deudores del señor Juan José
Rincón Torres y por ello seguimos buscando antecedentes que estén relacionados
con el caso, especialmente el certificado seguro (una copia), que debía estar
en nuestros archivos, pero que desafortunadamente no ha sido posible su
localización”[17].
A renglón
seguido, Liberty Seguros S.A. explica que este tipo de contrato de seguro de
vida grupo deudores se regula por las condiciones generales depositadas en la
Superintendencia Financiera, y adicionalmente se acuerdan unas condiciones
especiales con el tomador del seguro[18]
“en donde a través de las diferentes licitaciones (cada tres años) sea (sic)
acordaron las condiciones especiales para sus clientes”[19].
En el mismo
sentido, la entidad sostiene que dentro del proceso normal de suscripción del
seguro, el asegurado diligencia un certificado individual que contiene un
cuestionario de asegurabilidad sobre su estado de salud y por el dorso de dicho
certificado se transcribe un resumen de las condiciones que van a regular el
aseguramiento; por ello, interroga si el certificado aportado por el accionante
en el proceso de tutela hace referencia a este documento ya que “allí podrá
evidenciarse y dilucidarse el tema relacionado con la edad de permanencia que
originó la objeción del pago solicitado”[20].
Hechas las
anteriores precisiones, anexa los siguientes documentos:
i-
Condiciones que regulaban el seguro de vida grupo deudores, cuando la
aseguradora era Seguros Colmena S.A.
ii-
Condiciones de licitación del año 2000-2003.
iii- Condiciones
de licitación del año 2003-2005.
iv- Condiciones
de licitación del año 2006-2008.
v-
Condiciones generales de la póliza de seguro de vida grupo de Liberty
Seguros S.A.
vi- Cuatro
ejemplos de solicitudes individuales, “como quiera que no hemos ubicado el
certificado individual de seguro suscrito en su oportunidad por el señor Juan
José Rincón Torres”[21].
8.   El
Juzgado Segundo Civil Municipal de Duitama (Boyacá) informó que el proceso
ejecutivo hipotecario No. 2012-308, en el que la parte activa es BCSC S.A. y
los demandados Juan José Rincón Torres y María Bertilde del Carmen Correa, se
encuentra efectivamente en etapa de notificación. Respecto del señor Rincón,
señala que fue notificado mediante auto del 22 de enero del año en curso,
frente a lo cual presentó poder, recurso de reposición y contestación de la
demanda. En cuanto a la participación de terceros, manifiesta que no se ha
solicitado su intervención[22].
V.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
Esta
Corte es competente para conocer el fallo materia de revisión, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral
noveno de la Constitución Política, así como en los artículos 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
2.
Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico
De los
antecedentes reseñados, la Sala de Revisión observa que el señor Juan José
Rincón Torres, en el año 2001, adquirió un crédito hipotecario con el Banco
Colmena, hoy Banco Caja Social, el cual fue cobijado por Liberty Seguros S.A.
Según afirma el accionante, su situación sobreviniente de incapacidad impidió
que siguiera pagando mensualmente las cuentas de cobro, por lo cual entró en
mora. Pese a solicitar la aplicación del contrato de seguro grupo de deudores frente
a la incapacidad total y permanente que lo aqueja, Liberty Seguros S.A. se
rehusó a hacer el reconocimiento argumentando que el actor había superado la
edad máxima de cobertura al momento de estructurarse la invalidez.
Luego de la
negativa presentada por la entidad aseguradora, el señor Rincón le solicitó en dos
ocasiones le entregase copia del contrato de seguro junto con todos sus anexos.
No obstante, jamás obtuvo respuesta.
En sede de
revisión, esta Corporación también requirió a la entidad para que allegara
todos los documentos relacionados con la póliza de seguro en discusión. Además,
la Corte tuvo conocimiento que el Banco Caja Social inició un proceso ejecutivo
hipotecario contra el demandante por el saldo insoluto del crédito adquirido en
el año 2001.
Con
fundamento en lo anterior, procede esta Sala a resolver el siguiente problema
jurídico: ¿se configura una violación de los derechos constitucionales a la
vida digna, la vivienda y el mínimo vital del deudor de un crédito como
consecuencia de la decisión de la sociedad aseguradora de no proceder al pago del
valor cobijado -correspondiente al saldo insoluto del crédito-, argumentando
que la incapacidad total y permanente se estructuró con posterioridad al límite
de edad de permanencia (70 años) contemplado en la póliza para este tipo de
riesgo?
Para dar
respuesta a lo anterior, la Corte abordará los siguientes aspectos: (i) la procedencia
de la acción de tutela contra particulares en el marco de relaciones
contractuales; (ii) el contrato de seguro en el ordenamiento colombiano; (iii);
la prohibición de cláusulas y prácticas abusivas en el sistema financiero; (iv)
el deber de información oportuna y suficiente en el contrato de seguro; por
último, (v) se resolverá el caso concreto.
3.
Procedencia de la acción de tutela contra particulares en el marco de
relaciones contractuales
El artículo 86 de la Constitución consagra la acción de
tutela en el ordenamiento jurídico interno, al tiempo que delimita sus
principales requisitos de procedencia. En su párrafo tercero establece el
principio de subsidiariedad al consignar que “[e]sta acción solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”. Adicionalmente, habilita en su inciso final la acción de
tutela, ya no solo como defensa ante las acciones ilegítimas de las autoridades
públicas, sino también contra “particulares encargados de la prestación de
un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión”; lo cual es comúnmente conocido como los
efectos horizontales de la acción de tutela.
Estos dos factores de procedencia (objetivo el primero y
subjetivo el segundo), revisten cardinal importancia para el caso objeto de
estudio. En efecto, el Juzgado 1º Civil del Circuito de Duitama declaró
improcedente íntegramente la demanda promovida por Juan José Rincón Torres, en
consideración a que el mismo cuenta con “otros medios de defensa judiciales,
como lo son las vías ordinarias ante la jurisdicción competente, (…) pues la
acción de tutela no está llamada a debatir asuntos de naturaleza contractual”[23].
Con un raciocinio similar, Liberty Seguros excepcionó que
no es una entidad encargada de prestar servicios públicos, al tiempo que el
Banco Caja Social manifestó que, dada su naturaleza privada, no puede
convertirse en garante de derechos fundamentales como la vida digna y la
protección de la familia “toda vez que ésta es una función asistencial
exclusiva del Estado y de las autoridades administrativas”[24].
Entra esta Sala de Revisión, entonces, a dilucidar estos
dos aspectos previos de procedibilidad que habilitan el estudio de fondo en la
acción promovida por el señor Rincón Torres.
3.1.
La fuerza irradiadora de la Constitución en las relaciones contractuales
Esta Corporación ha explicado reiteradamente que la acción
de tutela responde al principio de subsidiariedad[25], es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho. Es por
ello que no debe ser empleada para revivir oportunidades procesales vencidas
como consecuencia de la omisión injustificada del interesado.
Bajo este marco la Corte ha advertido sobre la
improcedencia general de la acción de tutela para debatir asuntos de naturaleza
contractual, en tanto que “por tratarse de controversias que se derivan de
acuerdos privados celebrados por las partes (…) deberían ser resueltos mediante
acciones ordinarias de carácter civil, comercial o contencioso dependiendo del
caso particular”[26].
Ahora bien, también ha explicado que aunque exista otro
medio de defensa judicial, la acción de tutela resulta excepcionalmente
procedente en aquellos casos en que: (i) las otras acciones judiciales no
resulten eficaces o idóneas para la protección del derecho de que se trate, o,
(ii) cuando existiendo acciones ordinarias, resulte necesaria la intervención
del juez de tutela para precaver que ocurra un perjuicio irremediable[27].
Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha
indicado que tratándose de acciones de tutela interpuestas por sujetos de
especial protección constitucional, se debe hacer el análisis relativo al
agotamiento de los recursos y medios judiciales ordinarios y a la configuración
de un perjuicio irremediable, de forma más flexible en atención a las
especiales condiciones de estas personas, “teniendo en cuenta que su
capacidad para reaccionar a la misma y defender sus derechos adecuadamente, se
encuentra limitada”[28].
En consecuencia, no es suficiente para excluir
automáticamente la procedencia de la tutela, la mera existencia de otro
procedimiento o trámite de carácter judicial. Para que ello ocurra es
indispensable que ese mecanismo sea idóneo y eficaz, “con miras a lograr la
finalidad específica de brindar inmediata y plena protección a los derechos
fundamentales, de modo que su utilización asegure los efectos que se lograrían
con la acción de tutela”[29].
El otro medio de defensa, entonces, “debe ser idóneo para lograr el
cometido concreto, cierto, real, a que aspira la Constitución cuando consagra
ese derecho”[30],
atendiendo igualmente las condiciones particulares de vulnerabilidad del
accionante.
La ampliación del margen de acción de la tutela, así como
el rol más activo que se espera del juez constitucional, ha permitido irradiar la
otrora inescrutable esfera de los negocios contractuales. Este rediseño del
paradigma constitucional se apoyó en una interpretación más comprensiva de los
derechos constitucionales y de las funciones del Estado como organización
política. La jurisprudencia de esta Corporación explicó este importante
desarrollo de la siguiente forma:
“(…) resulta claro que en el
plano dispositivo como en el judicial, ha operado un cambio en la concepción de
los derechos fundamentales y en la concepción política del sistema. Se ha
abandonado una visión estrictamente liberal y contractualista de la sociedad y
de los derechos constitucionales, en la cual tales derechos se entendían como
meros mecanismos de defensa frente al orden estatal. Los derechos
constitucionales y, entre ellos, los fundamentales, se conciben ahora como
derechos de las personas en una doble dimensión: medios de defensa contra
invasiones al orden privado y al proyecto de vida, y medios de protección
contra los riesgos derivados de la complejidad social.
(…)
La defensa y la protección no
se consideran exclusivamente frente al poder estatal, sino frente a todo poder
existente en la sociedad. El Estado, como lo manda el artículo 2 de la
Constitución, asume la función de garante de los derechos constitucionales de
las personas, de manera que tiene la carga de establecer mecanismos dirigidos a
asegurar que sus propios órganos respeten los derechos constitucionales
(función liberal, si se quiere), lograr la protección frente a las actuaciones
de los particulares y generar condiciones de promoción de los mismos.
Lo anterior sólo es posible a
partir de reconocer un cambio fundamental en el sistema axiológico incorporado
a la Constitución. Este cambio se verifica con el paso de una concepción
liberal de la sociedad, que contrapone Estado y sociedad, de suerte que al
primero, en una versión extrema, le corresponden exclusivas funciones de
abstención para que el individuo se desarrolle libre y autónomamente en la
sociedad, hacia un esquema en el cual las distintas funciones sociales que se
desarrollan en los diversos sistemas de la sociedad se dirijan hacia un
meta-objetivo claro: la dignidad humana”[31].
La supremacía de la Carta Política adquiere así importantes
y tangibles consecuencias, siendo una de sus principales manifestaciones la
posibilidad excepcional de atender en sede de tutela lo que a primera vista
parecería restringirse a un conflicto de intereses particulares.
Ello en todo caso no debe entenderse como una carta en
blanco para que el juez de tutela se arrogue competencias en temas ya
atribuidos a otras jurisdicciones, por cuanto ello podría conllevar a un
ejercicio abusivo del derecho de amparo, al tiempo que vaciaría el ejercicio de
la justicia ordinaria, la que por su propia configuración cuenta con
conocimientos y procedimientos especializados en determinadas áreas del derecho.
Junto al examen de la idoneidad de los otros mecanismos de
defensa en poder del accionante y la constatación de la configuración de un
perjuicio irremediable[32],
resulta especialmente relevante al momento de valorar la procedibilidad de una
demanda de tutela en torno a una relación contractual, analizar si el margen de
desigualdad existente entre las partes es tal que establece una situación de
indefensión, la cual justificaría en mayor medida la intervención del juez
constitucional:
“En el plano constitucional
estas distintas situaciones de desigualdad inicial tienen consecuencias
distintas. En los ámbitos que ordinariamente funcionan sobre la base de un
modelo de igualdad formal, la posibilidad de que las condiciones de igualdad
negocial se tornen en asuntos de relevancia constitucional es reducida. Por el
contrario, cuando se trata de espacios en los cuales la desigualdad negocial se
torna en elemento central para la definición de las modalidades contractuales y
la definición de cargas, la posibilidad de que el asunto sea considerado en
clave constitucional aumenta”[33].
La anterior consideración nos conduce precisamente a
estudiar la naturaleza y características de las entidades demandadas, con el
objeto de establecer si pese a ser personas jurídicas del derecho privado
pueden ser accionadas en sede de tutela.
3.2.
El sector bancario y asegurador como actividades de interés público y de
posición dominante
De conformidad con la Constitución y la jurisprudencia de
este Tribunal, la acción de tutela contra particulares sólo procede en aquellos
casos en los que a un sujeto le ha sido atribuida la prestación de un servicio
público, cuando su actuación ha generado una situación de indefensión o
subordinación y, adicionalmente, en aquellos eventos en los que el amparo se
solicita ante la actuación de un particular cuya conducta afecta grave y
directamente un interés colectivo[34].
Es de notar en primer lugar que tanto la actividad
aseguradora como la financiera, y cualquier otra relacionada con el manejo,
aprovechamiento o inversión de recursos captados del público, es una práctica económica
explícitamente mencionada en la Constitución para los siguientes tres efectos[35]:
i- Definir que se trata de una
actividad de interés público, y por ende, sólo puede ser ejercida previa
autorización del Estado (artículo 335).
ii- Establecer que corresponde al
Congreso dictar por medio de leyes las normas generales, y señalar en ellas los
objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para efectos de
regularla (Literal -d- del numeral 19 del artículo 150).
iii- Determinar que corresponde al
Presidente de la República ejercer, de acuerdo con la ley a que se refiere el
punto anterior, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que la
ejercen (numeral 24, artículo 189).
El interés público en el correcto funcionamiento de estos
subsectores de la economía es innegable. Ello se explica no solo porque tales
entidades manejan, aprovechan e invierten vastos recursos captados del público,
sino que a diferencia de otras actividades que disponen igualmente de elevadas
sumas de dinero, “dependen para su correcto funcionamiento de un voto
colectivo, permanente y tácito de confianza, cuyo quebrantamiento puede generar
consecuencias catastróficas para la economía de un país”[36].
El sistema bancario entero se soporta sobre una intangible
pero determinante presunción de que el dinero consignado será puesto a
disposición del depositante en cualquier momento que éste lo requiera; del
mismo modo que el contratante de una póliza de seguro presume y confía que las
primas que periódicamente consigna se harán efectivas al momento de ocurrir el
siniestro. La confianza en la calidad, seriedad y operatividad del sistema
financiero y asegurador, así como de la regulación estatal sobre la misma, es
la que permite que las personas acepten realizar transacciones bajo un
entramado común de reglas e instituciones.
El ciudadano, por su parte, en tanto cliente o usuario del
sistema financiero se encuentra, por regla general, en una posición de
indefensión ante las entidades del sector. Sobre este concepto, la Corte ha
aclarado que aquella no se predica en abstracto, sino que es una situación
relacional intersubjetiva, en la que el demandante no tiene posibilidades ni de
hecho ni de derecho para defenderse efectivamente de una agresión injusta[37].
Son las entidades bancarias las que fijan los requisitos y
condiciones de acceso y operación de créditos, las tasas de interés, los
sistemas de amortización y, en últimas, depositarias de la confianza pública
por el servicio que prestan, por todo lo cual gozan de una posición dominante
frente a sus usuarios[38].
En el caso de las empresas aseguradoras, esta Corte explicó
así la asimétrica relación en la que se encuentran sus clientes:
“Consulta el interés público
que en los contratos de seguros, la parte débil que, por lo general, se
identifica con el asegurado o beneficiario, realizadas las condiciones a las
que se supedita su derecho reciba efectivamente y en el menor tiempo posible la
prestación prometida.[...]  Estas últimas, de ordinario, no sólo despliegan su
poder en el momento inicial, al fijar unilateralmente las condiciones generales
del contrato, sino que en el curso de la relación negocial —se ha observado por
parte del legislador histórico—, de manera no infrecuente, esquivan o dilatan
injustificadamente  el cumplimiento de sus compromisos”[39].
En suma, el desarrollo jurisprudencial ha habilitado
excepcionalmente el recurso a la acción de tutela contra particulares en controversias
suscitadas a partir de una relación contractual, cuando el mecanismo ordinario
de defensa no aparezca eficaz, dada su complejidad técnica, costos o tiempos de
espera, para salvaguardar un derecho fundamental, especialmente en aquellos
negocios jurídicos originados en el marco de un servicio público, caracterizado
por una notoria asimetría entre las partes[40].
En tan especialísimos eventos, el ejercicio de la acción de
tutela no solamente resulta válido sino conveniente, en razón a la celeridad
del procedimiento constitucional y a que el juez de tutela está particularmente
dispuesto a buscar la definición de campos de posibilidades para resolver
controversias entre derechos o principios fundamentales, más allá de fallar un
conflicto en específico[41];
así como a prestar atención al abuso que surja de situaciones de subordinación
o indefensión, que en algunas ocasiones pasa inadvertido en un juicio estricto
de legalidad[42].
4.
Principales elementos del contrato de seguro
4.1.
Elementos esenciales y características definitorias
El contrato de seguro surge con la finalidad principal de
proteger los intereses particulares contra pérdidas provenientes de imprevistos[43]. Si bien no
existe definición legal de esta figura, la Corte Constitucional[44], retomando a su vez lo
expuesto por la Sala de Casación Civil entiende el contrato de seguro como
aquel “en virtud del cual una persona -el asegurador- se obliga a cambio de
una prestación pecuniaria cierta que se denomina “prima”, dentro de los límites
pactados y ante la ocurrencia de un acontecimiento incierto cuyo riesgo ha sido
objeto de cobertura, a indemnizar al “asegurado” los daños sufridos o, dado el
caso, a satisfacer un capital o una renta (…)”[45].
El artículo 1036 del Código de Comercio describe las
principales características del contrato de seguro como consensual, bilateral,
oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva. Las mismas han sido explicadas por
esta Corporación de la siguiente forma:
“Es consensual, en la medida
en que se perfecciona y nace con el sólo consentimiento, desde el momento en
que se realiza el acuerdo de voluntades entre el asegurador y el tomador sobre
los elementos esenciales del contrato de seguros. Es bilateral, por cuanto las
partes se obligan recíprocamente. Genera obligaciones para las dos partes
contratantes: para el tomador, la de pagar la prima, y para el asegurador, la
de asumir el riesgo y, por ende, la de pagar la indemnización si llega a
producirse el evento que la condiciona. Es oneroso porque es un contrato que
reporta beneficio o utilidad para ambas partes. El gravamen a cargo del tomador
es el del pago de la prima y el del asegurador es el pago de la prestación
asegurada en caso de siniestro. Es aleatorio por cuanto en el contrato de
seguros tanto el asegurado como el asegurador están sujetos a una contingencia
que es la posible ocurrencia del siniestro. Es de ejecución sucesiva, puesto
que las obligaciones a cargo de los contratantes se van desenvolviendo
continuamente hasta su terminación”[46].
La tipificación del contrato de seguro como un ejemplo
paradigmático de un negocio de adhesión no es un tema enteramente pacífico al
interior de la jurisprudencia constitucional. Mientras que una parte ha
establecido de forma absoluta que se trata de un “contrato de adhesión,
porque no hay discusión sobre el clausulado y condiciones entre las partes”[47], otra
aproximación considera necesario examinar cada caso en particular, ya que es
posible que en ocasiones ocurra una “verdadera negociación sobre las
condiciones particulares del negocio jurídico, en estos casos mal podría
decirse que una de las partes se ‘adhirió’”[48].
En cualquier caso, la finalidad primordial de recurrir a
esta denominación es la búsqueda del restablecimiento del equilibrio
contractual por medio de unas reglas de interpretación favorables a la parte
más débil en casos de ambigüedad o vacios. Al respecto, el Código Civil
prescribe que “las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas
por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella,
siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya
debido darse por ella”[49].
Este ideal de protección del consumidor financiero que se
encuentra en situación de indefensión, mediante reglas hermenéuticas tuitivas,
ha sido acogido unánimemente por la jurisprudencia nacional. Postura explicada de
forma acertada por la Corte Suprema de Justicia así:
“En consecuencia, para decirlo
sin ambages, ciertas peculiaridades de los referidos contratos, relativas a la
exigua participación de uno de los contratantes en la elaboración de su texto;
la potestad que corresponde al empresario de imponer el contenido del negocio;
la coexistencia de dos tipos de clausulado, uno necesariamente individualizado,
que suele recoger los elementos esenciales de la relación; y el otro, el
reglamentado en forma de condiciones generales , caracterizado por ser general
y abstracto; las circunstancias que rodean la formación del consentimiento; la
importancia de diversos deberes de conducta accesorios o complementarios, como
los de información (incluyendo en ese ámbito a la publicidad), lealtad,
claridad, entre otros; la existencia de controles administrativos a los que
debe someterse; en síntesis, las anotadas singularidades y otras más que
caracterizan la contratación de esa especie, se decía, le imprimen, a su
vez, una vigorosa e indeleble impronta a las reglas hermenéuticas que le son
propias y que se orientan de manera decidida a proteger al adherente
(interpretación pro consumatore)” (énfasis fuera del original)[50].
Ahora bien, dadas la particularidades del caso es preciso
referir brevemente una modalidad específica del contrato de seguro denominada
de grupo o colectivo, por medio de la cual la empresa aseguradora se compromete
a responder ante la ocurrencia de un siniestro que ocurra a cualquiera de un
número plural de personas naturales vinculadas por una relación contractual con
una misma persona jurídica. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia[51] resumió los
principales elementos de esta modalidad contractual de la siguiente manera:
i. Su celebración no es
obligatoria, ni constituye un requisito indispensable para el otorgamiento de
un crédito, pero es usualmente requerida por las instituciones financieras para
obtener una garantía adicional de carácter personal.
ii. Normalmente el deudor-asegurado
es quien se adhiere a las condiciones que propone el acreedor, quien en todo
caso debe garantizar la debida información en torno a las condiciones
acordadas.
iii. Lo que se asegura es lisa y
llanamente el suceso incierto de la muerte o incapacidad permanente del deudor,
independientemente de si el patrimonio restante permite que la acreencia le sea
pagada a la entidad bancaria prestamista.
iv. El interés asegurable que en
este tipo de contratos resulta relevante se halla en cabeza del deudor, así sea
que al acreedor también le asista un interés eventual e indirecto en el seguro
de vida grupo deudores.
v. El valor asegurado es el
acordado por las partes, esto es, el convenido por el acreedor-tomador y la
aseguradora, teniendo como única limitación expresa que la indemnización a
favor del acreedor-tomador no puede ser mayor al saldo insoluto de la deuda.
4.2.
Medios de prueba
A partir de la modificación introducida por la Ley 389 de
1997 al Código de Comercio, el contrato de seguro perdió la calidad de solemne
y con ello se amplió la posibilidad de probar su existencia y contenido no sólo
con la póliza, sino con cualquier otro documento escrito o mediante confesión
de parte.
Un contrato de seguro está integrado tanto por condiciones
generales como por unas particulares que delimitan las especificadas del
cubrimiento en relación con una determinada persona. La jurisprudencia ha
explicado este punto de la siguiente forma:
“Las condiciones generales de
contratación, denominadas comúnmente condiciones o cláusulas generales del
negocio o del contrato, son la columna vertebral de la relación asegurativa y
junto con las condiciones o cláusulas particulares del contrato de seguros
conforman el contenido de éste negocio jurídico, o sea el conjunto de
disposiciones que integran y regulan la relación. Esas cláusulas generales,
como su propio nombre lo indica, están llamadas a aplicarse a todos los
contratos de un mismo tipo otorgados por el mismo asegurador o aún por los
aseguradores del mismo mercado y están destinadas a delimitar de una parte la
extensión del riesgo asumido por el asegurador de tal modo que guarde la debida
equivalencia con la tarifa aplicable al respectivo seguro y, de otra, a regular
las relaciones entre las partes vinculadas al contrato, definir la oportunidad
y modo de ejercicio de los derechos y observancia de las obligaciones o cargas que
de él dimanan.
De otro lado, las condiciones
particulares del contrato de seguro se elaboran de manera individual y
específica para cada contrato y de manera conjunta entre el asegurador y el
tomador y reflejan asimismo, pero en forma específica para el negocio acordado,
la voluntad de los contratantes”[52].
En consecuencia, “cuando se pretenda auscultar el
contenido del contrato, deberá necesariamente observarse lo reseñado en todos y
cada uno de sus componentes”[53].
En todo caso, el medio idóneo por excelencia para establecer el contrato y sus
condiciones con precisión es la póliza, cuya importancia no ha desaparecido y
para lo cual es necesario tener en cuenta que todos los anexos que se emitan
para adicionar, modificar, suspender, renovar o revocarla, hacen parte integral
de la misma[54].
La Sala de Casación Civil, en algunos eventos particulares
en los que se ha extraviado la póliza del seguro, ha establecido que otros
documentos pueden suplir la misma siempre y cuando contengan los elementos
esenciales del contrato. En este punto, la Corte Suprema de Justicia ha
otorgado especial relevancia al certificado individual de seguro, por cuanto
resume las condiciones del negocio jurídico. Por su importancia, se cita in
extenso la explicación de este Alto Tribunal:
“Como puede observarse, [el
certificado individual de seguro] se trata de un documento que, al margen de su
denominación, individualiza de manera nítida e inequívoca los elementos
esenciales del contrato y, por lo mismo, funge perfectamente como su evidencia,
pues no puede pasarse por alto, como lo sostiene un autorizado autor, que “...
cualquier documento privado puede revestir la fisonomía jurídica de póliza, si
de las condiciones particulares aludidas en el art. 1047 contiene, a lo menos,
con ‘la firma del asegurador’, aquellas que atañen a la esencia del contrato
(la identificación de ‘las partes’, la de la ‘cosa’ o ‘persona’ llamadas a
individualizar objetivamente el riesgo asegurado, la ‘suma asegurada’ o el modo
de precisarla, la ‘prima’ o el modo de calcularla y ‘los riesgos’ a cargo del
asegurador), no así-a lo menos necesariamente-, los nombres del ‘asegurado’ y
‘beneficiario’, ni la calidad del tomador, ni la vigencia del contrato, ni la
forma de pago de la prima, ni la fecha de la póliza, ni otras condiciones que
pueden ser o no según la autonomía contractual de las partes, porque la omisión
de cualquiera de estas ‘condiciones’ aparece subsanada por la misma ley o puede
subsanarse por otro medio conducente, a fuer de lícito”.
(…)
De igual modo, si en este
asunto, como quedó dicho, se trata de una póliza colectiva de accidentes tomada
por cuenta de los clientes del Citibank, tampoco puede ignorarse que el
certificado individual de seguro fue expedido en desarrollo de ella y que,
siguiendo al autor mentado, en muchas ocasiones él viene a constituirse en el
“... título justificativo del seguro …” o en “… el seguro mismo ...”, habida
cuenta que “... atañe a la formación del contrato y es su único medio de
prueba”[55]
Ahora bien, teniendo presente que el aseguramiento es una
actividad de innegable interés público (CP art. 355), razón por la cual su
autonomía contractual no es tan amplia como la de cualquier particular[56], y por el
contrario se encuentra regulada y supervisada por el trabajo armónico del poder
legislativo (CP art. 150, num. 19-d), ejecutivo (CP art. 189, num. 24) y
judicial en pro del ciudadano[57],
se exponen a continuación dos mecanismos concretos de control y vigilancia que
en defensa del consumidor financiero han sido desarrollados por los poderes
públicos: (i) la prohibición de cláusulas y prácticas abusivas, y (ii) el
derecho a la información completa y oportuna.
5.
La prohibición de cláusulas y prácticas abusivas
Mediante la Ley 1328 de 2009[58], el Congreso de la
República presentó un régimen general con el objeto de establecer los
principios y reglas que protegen a los consumidores financieros en las
relaciones que estos inicien con las entidades vigiladas[59] por la Superintendencia
Financiera de Colombia[60].
De acuerdo con lo establecido por el literal e) del
artículo 7°, entre las obligaciones especiales se estableció que estas entidades
deben abstenerse de incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales o
de convenir cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato o den lugar
a un abuso, resultado de la posición dominante contractual.
En concordancia con lo anterior, los artículos 11 y 12 prohíben
de manera expresa la incorporación de cláusulas abusivas en los contratos de
adhesión y el ejercicio de prácticas abusivas, señalando algunas directrices
generales de lo que a juicio del legislador son consideradas como tales.
Adicionalmente, se le otorgó a la Superintendencia Financiera la facultad de
desarrollar este concepto de posición dominante:
Artículo 11. Prohibición de
utilización de cláusulas abusivas en contratos. Se prohíbe las cláusulas o
estipulaciones contractuales que se incorporen en los contratos de adhesión
que:
a) Prevean o impliquen
limitación o renuncia al ejercicio de los derechos de los consumidores
financieros.
b) Inviertan la carga de la
prueba en perjuicio del consumidor financiero.
c) Incluyan espacios en
blanco, siempre que su diligenciamiento no esté autorizado detalladamente en
una carta de instrucciones.
d) Cualquiera otra que limite
los derechos de los consumidores financieros y deberes de las entidades
vigiladas derivados del contrato, o exonere, atenúe o limite la responsabilidad
de dichas entidades, y que puedan ocasionar perjuicios al consumidor
financiero.
e) Las demás que establezca de
manera previa y general la Superintendencia Financiera de Colombia.
Parágrafo. Cualquier
estipulación o utilización de cláusulas abusivas en un contrato se entenderá
por no escrita o sin efectos para el consumidor financiero.
Artículo 12. Prácticas
abusivas. Se consideran prácticas abusivas por parte de las entidades vigiladas
las siguientes:
a) El condicionamiento al
consumidor financiero por parte de la entidad vigilada de que este acceda a la
adquisición de uno o más productos o servicios que presta directamente o por
medio de otras instituciones vigiladas a través de su red de oficinas, o
realice inversiones o similares, para el otorgamiento de otro u otros de sus
productos y servicios, y que no son necesarias para su natural prestación.
b) El iniciar o renovar un
servicio sin solicitud o autorización expresa del consumidor.
c) La inversión de la carga de
la prueba en caso de fraudes en contra de consumidor financiero.
d) Las demás que establezca de
manera previa y general la Superintendencia Financiera de Colombia.
Parágrafo. Las prácticas
abusivas están prohibidas a partir de la entrada en vigencia de la presente
norma y serán sancionables conforme lo dispone la Superintendencia Financiera
de Colombia y la ley.
Mediante la Circular Externa 039 de 2011, la
Superintendencia Financiera, con el propósito de garantizar una adecuada
protección a los consumidores, presentó algunos ejemplos de cláusulas y
prácticas que se consideran abusivas atendiendo el mandato legal vigente. Para
el caso en estudio es importante mencionar que el órgano de vigilancia identificó
como una de estas prácticas proscritas “[n]o entregar o no poner a
disposición de los consumidores copia de los contratos, ni de los reglamentos
de los productos o servicios contratados”.
En efecto, el oportuno y completo acceso a la información
por parte del cliente o usuario del sistema financiero es un presupuesto
fundamental del correcto ejercicio de los derechos del consumidor, razón por la
cual se encuentra a la base de todo el régimen de protección del ciudadano. En
el siguiente acápite se profundizará en este importante componente.
6. El
derecho al acceso efectivo, oportuno y claro a la información en los contratos
de seguro
Por expresa disposición legal[61], la sociedad aseguradora
está obligada a entregar al tomador, dentro de los quince días siguientes a la
fecha de su celebración, el documento contentivo del contrato de seguro,
denominado póliza. Asimismo, el legislador autoriza al tomador, asegurado o
beneficiario a solicitar en cualquier momento una copia o duplicado del mismo,
el cual debe ser entregado sin más obstáculos que el pago previo de los costos
de impresión. Dicha obligación, pese a su simpleza y sentido común, adquiere
una importancia mayúscula cuando de la protección efectiva del consumidor en el
sistema financiero se trata.
Precisamente la Ley 1328 de 2009[62], en concordancia con lo
señalado por el artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero[63], establece
que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los
consumidores financieros toda la información necesaria para que estos escojan
las mejores opciones del mercado de acuerdo con sus necesidades. De hecho, el
acceso efectivo a la información es uno de los principios fundantes sobre los cuales
se erige el régimen de protección al cliente[64].
Además, dada su relevancia, la información tiene otras tres acepciones en el
mercado colombiano:
“Según lo dispuesto en dicha
ley, la información es: (i) un derecho de los consumidores financieros en los
términos del literal b) del artículo 5°; (ii) una obligación especial de las
entidades vigiladas de acuerdo con lo establecido en los literales a), b), c),
f), g), h), j), o), p) y s) del artículo 7°; (iii) un principio orientador que
debe regir las relaciones que se establezcan entre los consumidores financieros
y las entidades al tenor de lo previsto por el literal c) del artículo 3° de la
misma norma y (iv) un elemento constitutivo del Sistema de Atención al
Consumidor Financiero al que se refiere el literal c) del artículo 8 de la
misma disposición”[65].
La información suministrada por las entidades a los
consumidores financieros tiene por objetivo fundamental equilibrar la situación
de indefensión en la que normalmente se encuentra el usuario, empoderándolo en
el conocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Se espera entonces que la
información otorgada, (i) dote a los consumidores financieros de elementos y
herramientas suficientes para la toma de decisiones; (ii) facilite la adecuada
comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado, y (iii) propenda
por que conozcan suficientemente los derechos y obligaciones pactadas[66].
Los siguientes son los requisitos mínimos que, de acuerdo
con la normatividad vigente[67],
ha de satisfacer la información suministrada por las entidades financieras para
cumplir con su imperioso cometido:
a) Ser cierta, suficiente, idónea y
corresponder a lo ofrecido o previamente publicitado. En este sentido, contener
las características de los productos o servicios, los derechos y obligaciones,
las condiciones, las tarifas o precios y la forma para determinarlos, las
medidas para el manejo seguro del producto o servicio, las consecuencias
derivadas del incumplimiento del contrato.
b) Ser clara y comprensible[68].
c) Ser divulgada o suministrada
oportunamente.
d) Ser entregada o estar
permanentemente disponible para los consumidores financieros.
El caso de las aseguradoras mereció una consideración
especial por parte de la Superintendencia Financiera[69], quien dispuso que las
entidades del gremio deberán cerciorarse de que los consumidores financieros
tengan acceso a los modelos de las pólizas mediante la publicación en sus
sitios web, los cuales deben especificar las coberturas básicas con sus
exclusiones, los trámites para obtener el reconocimiento, los plazos y forma en
que el asegurado debe acreditar la ocurrencia del siniestro, entre otros.
En relación a los bancos, el artículo 21 de la Ley 546 de
1999[70]
prevé que los establecimientos de crédito deberán suministrar información
cierta, suficiente, oportuna y de fácil comprensión para el público y para los
deudores respecto de las condiciones de sus productos[71].
En suma, el acceso completo, veraz y oportuno a la
información -que es una condición elemental, inherente a toda actividad de
consumo[72]-
adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero, en razón a
los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el
mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al
estado de indefensión en que se encuentran los usuarios.
Siendo así, la información es una de las herramientas clave
para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la
celebración de un contrato, como durante su ejecución y aún después de la
terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se
emplee abusivamente en detrimento de otros derechos fundamentales. Es por ello
que cualquier restricción injustificada al acceso a la información debe
entenderse como una práctica abusiva, propiciada por el poder dominante del que
gozan las entidades aseguradoras y bancarias.
7.
Análisis del caso concreto
7.1.
Procedencia de la acción de tutela interpuesta por Juan José Rincón Torres
debido a su condición de vulnerabilidad e indefensión
A diferencia
de lo expuesto por el Juzgado 1º Civil del Circuito de Duitama que negó por
improcedente la acción de tutela promovida por Juan José Rincón Torres, debido
a la existencia de otros mecanismos ordinarios de defensa judicial, esta Sala
de Revisión observa que las condiciones particulares del caso ameritan la
intervención excepcional del juez de tutela y que se entre a resolver
definitivamente el reclamo constitucional invocado por Juan José Rincón Torres.
Según se
explicó en la parte dogmática de esta sentencia, las empresas del sector
financiero gozan de amplias atribuciones legales para el ejercicio de sus
funciones, mientras el ciudadano que acude a sus servicios se encuentra,
normalmente, en situación de indefensión.
En lo que
tiene que ver específicamente con la condición física y mental del señor Rincón
Torres, es de notar que el mismo es sujeto de especial protección constitucional
tanto por su avanzada edad (77 años), como por el hecho de haber sido
calificado con un 56.60% de invalidez como consecuencia del “Alzheimer,
altamente disfuncional”[73]
que lo aqueja. Es más, la propia junta médica sostiene que su padecimiento de
origen común lo hace dependiente de la ayuda de terceros[74].
Adicionalmente,
la amenaza de perjuicio irremediable es evidente. En efecto, de esperarse la
solución de la controversia contractual ante la jurisdicción ordinaria es
probable que ocurra un daño grave por cuanto se encuentra en discusión
la posibilidad de perder la casa en la que habita junto con su hijo, lo cual comprometería
su vida digna en tanto que la mínima mesada pensional que devenga aleja las
posibilidades de encontrar un nuevo hogar; todo lo anterior agravado por su
edad y el estado de discapacidad que lo aqueja. El daño también aparece como inminente
en tanto que como se constató en el proceso de revisión, el Banco Caja Social
ya inició proceso ejecutivo hipotecario contra el accionante ante el Juzgado 2º
Civil Municipal de Duitama.
Lo anterior
hace urgente la ejecución de las medidas necesarias para conjurar el
perjuicio irremediable, y en consecuencia, impostergable la actuación
del juez de tutela, porque de esperarse a que el asunto se solucione mediante
un proceso civil ordinario, se correría el riesgo de sufrir un daño con efectos
antijurídicos.
Podría
esgrimirse en contra de lo anterior que el demandante cuenta aún, dentro del
proceso ejecutivo, con las oportunidades procesales suficientes para presentar
las correspondientes excepciones y hacer valer las pruebas que soporten su
reclamo. Pero ante la falta de información suficiente y oportuna sobre el alcance
del seguro -la cual el actor intentó obtener infructuosamente mediante derechos
de petición-, resultaría inocua y meramente formal cualquier oportunidad de
defensa judicial que se conceda al accionante. En efecto, el proceso ejecutivo
iniciado por la entidad bancaria evidencia que el señor Rincón Torres pasó a
depender de manera absoluta de las decisiones que una y otra entidad adopten
con relación al crédito suscrito, sin que las vías procesales ordinarias sean
eficaces de cara a la eventual afectación de derechos fundamentales.
Con respecto
a la exigencia de inmediatez se observa que fue 10 meses después del
reconocimiento del estado de invalidez que el señor Rincón Torres presentó
derecho de petición para hacer valer el cubrimiento del contrato de seguro; y
fueron poco más de 5 meses el tiempo que tomó al accionante interponer la
acción de tutela ante el silencio de la entidad aseguradora frente a la segunda
solicitud de copia de la póliza. Estos términos, dada la negligencia en el
acceso a la información por parte de las entidades demandadas y el padecimiento
de Alzheimer del accionante, resultan razonables para esta Corporación.
Teniendo en
cuenta que la omisión en la información completa y oportuna del contrato de
seguro ofrecido por Liberty Seguros S.A. representa un aspecto neurálgico en
este caso concreto, se abordará en detalle en el siguiente acápite.
7.2. La
omisión en la información oportuna, clara y completa de la póliza de seguro a Juan
José Rincón Torres constituye una práctica abusiva de las entidades financieras
y vulneradora de los derechos fundamentales.
De acuerdo
con lo expuesto en la parte dogmática, el acceso efectivo a la información es
uno de los pilares esenciales sobre el cual se edifica la relación entre las
entidades del sector financiero y los consumidores o usuarios del mismo. En
este sentido, constituye un deber de diligencia mínimo de la compañía aseguradora
registrar y almacenar organizadamente los documentos que contienen los
elementos esenciales del contrato suscrito, para que así mismo pueda
suministrarlos de forma completa y oportuna al tomador, beneficiario o
asegurado que los solicite en cualquier momento. Obligación expresamente
incluida por el Código de Comercio[75]
y reglamentada por la Superintendencia Financiera[76].
Pese a lo
anterior, en el caso concreto se evidencia el incumplimiento notorio de la
aseguradora y la entidad bancaria en el suministro de la información. Dicha
incuria produjo una vulneración al derecho fundamental de petición de Juan José
Rincón Torres, quien en dos ocasiones solicitó copia de la póliza de seguro y
sus anexos, lo cual no mereció siquiera un pronunciamiento de la entidad accionada.
Más grave aún es que esta omisión también repercutió significativamente en el
derecho de defensa del señor Rincón Torres al momento que fue notificado del
inicio del proceso ejecutivo hipotecario en su contra y no pudo contar con los
documentos del contrato de seguro para sustentar su oposición. La Corte Constitucional
en ejercicio de sus competencias se vio obligada a requerir en dos ocasiones a
la compañía para que allegara los documentos en mención, sin que el resultado
haya sido totalmente satisfactorio.
Al Banco Caja
Social también le asiste responsabilidad en esta falla. En efecto, se presume
que esta entidad está en posesión del texto original de la póliza de seguro
porque así lo dispuso el legislador nacional[77].
Al ser cuestionado por esta Corporación acerca de los medios de información y
divulgación de las condiciones del contrato de seguro, se limitó a señalar que
“la copia de la póliza requerida fue solicitada oportunamente a la compañía
aseguradora (…) que procederá a pronunciarse sobre el particular ante la Corte
Constitucional”[78],
pretendiendo con ello descargar toda responsabilidad en la entidad aseguradora,
pese a que el marco normativo y la jurisprudencia han venido reiterando su
obligación inexcusable de suministrar información cierta y suficiente a sus
deudores[79].
Ni qué decir del Defensor del Cliente adscrito a esta entidad bancaria, quien mantuvo
un silencio total.
A la luz de
lo expuesto, no resulta razonable esperar más tiempo a que la aseguradora
encuentre todos los documentos necesarios del contrato de seguro grupo deudores
al que se adhirió el señor Rincón Torres, ni legítimo permitir que culmine el
cobro ejecutivo en contra del accionante, sin que éste haya siquiera tenido la
oportunidad de contar con los medios suficientes para ejercer su defensa. Por
ello, entra la Corte a resolver el caso concreto con la información disponible
en el expediente.
7.3. La
interpretación sistemática y pro consumatore del material probatorio que se
pudo recaudar permite concluir que el contrato de seguro en el caso específico
de Juan José Rincón Torres no contemplaba el límite de edad de permanencia que
aducen las entidades accionadas
Esta Corte considera
necesario reiterar que a pesar del requerimiento realizado en dos ocasiones a
la entidad accionada para que aportara “los documentos mediante los cuales
se instrumentó el contrato de seguro de vida grupo deudores al que se refiere
el presente trámite de tutela, junto con las condiciones generales y
particulares del mismo”[80],
no se recibió copia completa de la póliza efectivamente suscrita entre el Banco
Colmena (hoy BCSC S.A.) y Liberty Seguros S.A. Tan solo se aportaron
licitaciones posteriores que en algunos casos se reducen a simples invitaciones
para contratar, sin firmas y sin ningún tipo de elemento que permita inferir
que esas fueron efectivamente las condiciones que regularon el amparo de los
riesgos cubiertos.
Ante este
tipo de inconvenientes, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto tomar la
decisión “tratando de dilucidar el contenido real del contrato pactado ante
la falta de prueba determinante para conocer su contenido, y cuya falta es
atribuible a la parte accionada que, a pesar del requerimiento, se abstuvo de
poner a disposición”[81].
Corresponde al juez de tutela entonces auscultar el contenido y alcance del
negocio jurídico, respetando en la mayor medida posible lo acordado, sin
sustituir la voluntad de las partes cuando ella aparezca diáfanamente en las
pruebas obrantes en el expediente.
La siguiente
tabla resume los documentos aportados por Liberty Seguros S.A. En la primera
columna se anota el nombre con el que fue presentado por la propia entidad. Luego
se realizan las observaciones de esta Sala de Revisión con respecto a algunos
aspectos que se consideran claves para juzgar la credibilidad que ofrece el
documento[82].
Finalmente, se transcriben las cláusulas que guardan relación directa con el
punto central del debate, a saber, la existencia o no de un límite máximo de
edad de permanencia para el cubrimiento del siniestro de incapacidad total y permanente.
Descripción
Observaciones
Cláusulas
relacionadas con el riesgo de incapacidad total y permanente
Condiciones
que regulaban el seguro de vida grupo deudores, expedida por Seguros Colmena.
- Título: “Póliza
de seguro de vida de grupo”.
- En su
primera página contiene en letra resaltada el resumen de los amparos y
exclusiones.
- Anexo
introductorio: no tiene.
- Firmas: no
tiene.
Cláusula
Cuarta:
“la edad
mínima de ingreso es de 12 años para las mujeres y de 14 años para los
hombres; la máxima en ambos casos será de 70 años.
Para el
seguro de grupo deudores la edad mínima es de 18 años”.
Anexo
de incapacidad total y permanente:
“Para
todos los efectos de este amparo se entiende por incapacidad total y
permanente aquella incapacidad sufrida por el asegurado, cuya edad no exceda
la indicada para el efecto en la caratula de la póliza (…)”
Condiciones
de licitación del año 2000 al 2003
- Anexo
introductorio: sí, firmado por Colmena Seguros, y fechado el 24/12/99.
- Título: “Póliza
vida deudores Colmena Corporación. Selección – Propuesta 2000-2003”.
- Hay
algunos artículos tachados con marcador[83].
Condición
sexta:
“La edad
máxima de ingreso para la cobertura de Incapacidad Total y Permanente es de
56 años con permanencia hasta los 66”.
Condiciones
de licitación del año 2003 al 2005
- Anexo
introductorio: sí, firmado por Liberty Seguros S.A. y el Banco Colmena, fecha
30/10/02.
- Título: “Condiciones
particulares de la póliza No. 4600”.
- Firmas:
Liberty Seguros S.A. y del tomador Colmena.
- Cada hoja
viene con sello notarial.
Condición
sexta:
“La edad
máxima de ingreso para las coberturas de incapacidad total y permanente,
enfermedades graves y beneficio por hospitalización es de 69 años con
permanencia hasta los 70 años”.
Condiciones
de licitación del año 2006 al 2008
- Anexo
introductorio: sí, firmado por Liberty Seguros S.A. y el tomador Banco Caja
Social, fecha 01/01/06.
- Título: “·Condiciones
particulares de la póliza de vida grupo deudores – Programa Colmena BCSC”
- Firmas: no
tiene.
Condición
octava:
“La edad
máxima de ingreso para las coberturas de incapacidad total y permanente,
enfermedades graves y beneficio por hospitalización es de 69 años con
permanencia hasta los 70 años”.
Condiciones
de licitación del año 2009 al 2011
- Anexo
introductorio: no.
- Título: “Licitación
BCSC vigencia 2009-2011”
- Firmas: no
tiene.
Condición
general 3.2:
“Para
efectos de este seguro se entiende por Incapacidad Total y Permanente del
asegurado menor de 70 años, la incapacidad estructurada durante la vigencia
del presente seguro y calificada médicamente con un grado de invalidez
superior al 50% con base en el manual de calificación de invalidez del
sistema de seguridad social”.
Condición
particular 8:
“La edad
máxima de ingreso para las coberturas de incapacidad total y permanente,
enfermedades graves y beneficio por hospitalización es de 69 años con
permanencia hasta los 70 años”.
Certificados
individuales de seguro como modelos
- Cuatro
formatos sin diligenciar, que al respaldo incluyen las condiciones
particulares del seguro de vida grupo deudores.
Cobertura
adicional de incapacidad total y permanente:
“Para efectos
de este seguro se entiende por Incapacidad Total y Permanente del asegurado
menor de 70 años, la incapacidad estructurada durante la vigencia del
presente seguro (…)”.
Edad
y permanencia:
Incapacidad
total y permanente: 70 años.
Condiciones
generales de la póliza de seguro de vida grupo, expedida por Liberty Seguros.
Título: “Condiciones
generales póliza de seguro de vida grupo” y “Condiciones particulares
de los amparos opcionales”.
- Firmas: no
tiene.
- Número
consecutivo al final del documento: 01/05/03-1333-P-34-VGV-08.
-
Corresponde al modelo de contrato de seguro grupo de vida deudores, publicado
por la entidad en su página web.
Condición
general Decimo Octava:
“Las
edades mínimas de ingreso para la póliza de seguro de vida grupo son de doce
(12) años para mujeres y de catorce (14) para hombres, y la máxima en ambos
casos, es de setenta (70) años no cumplidos
Para los
seguros de Grupo Deudores la edad mínima de ingreso es 18 años”.
Condición
Particular Primera:
“Para
todos los efectos del presente amparo opcional se entiende por incapacidad
total y permanente, la sufrida por el asegurado, menor de setenta (70) años
de edad, o cualquier otra edad expresa en la carátula de la póliza para este
amparo opcional, por un accidente o enfermedad ocurrido (…)”.
Con
fundamento en lo expuesto en la parte dogmática de esta sentencia y en atención
a las pruebas que fue posible recaudar, la Sala de Revisión concluye que en el
caso particular y específico de Juan José Rincón Torres el contrato de seguro
no contemplaba los 70 años como límite de edad de permanencia para el
cubrimiento del riesgo de invalidez total y permanente[84], o al menos, tal
restricción no fue probada por Liberty Seguros S.A. Para llegar a esta
conclusión, la Corte parte de las siguientes premisas:
1- Atendiendo
las condiciones que anteceden la formación del consentimiento en este tipo de
negocio jurídico, se observa que es la compañía aseguradora la que ofrece al
mercado una propuesta de seguro de vida grupo deudores, frente a la cual la
entidad bancaria tomadora está en la posibilidad de negociar algunas cláusulas
específicas para adaptarlas mejor a sus intereses. Es por ello que las partes
contractuales son Liberty Seguros S.A. en tanto compañía aseguradora y el BCSC
S.A. como tomadora, mientras que Juan José Rincón Torres, en calidad de
asegurado, no tuvo poder de negociación alguno y solo participó en la
suscripción de un documento anexo denominado certificado individual de ingreso,
mediante el cual se adhirió a unas cláusulas contractuales previamente
acordadas entre las entidades financieras.
En razón de
lo anterior, cuando se advierta algún vacío o ambigüedad en las condiciones
contractuales, el juez tendrá que recurrir a las reglas hermenéuticas que se
orientan de manera decidida a proteger al adherente (interpretación pro
consumatore) y con ello equilibrar, en parte, la situación de indefensión
en la que se encuentra el ciudadano del común cuando acude al sistema
financiero en busca de un crédito.
2- La
documentación del contrato de seguro de vida grupo deudores acordado entre
Liberty Seguros S.A. y el Banco BCSC S.A. está incompleta. De hecho no existe
copia de la póliza No. 73-4600 originalmente pactada y algunos de los
documentos allegados por la compañía aseguradora ni siquiera ofrecen certeza suficiente
de que hayan sido las condiciones que efectivamente regularon este negocio
jurídico. Dicha insuficiencia probatoria es atribuible a las entidades
accionadas, de las que se esperaría un mayor nivel de diligencia.
3- El
documento más antiguo que obra en el expediente se titula “Póliza de seguro
de vida de grupo” y fue elaborado por la otrora Seguros Colmena S.A. En sus
cláusulas se pactó expresamente una edad mínima y máxima de ingreso, mas no de
permanencia. Incluye un formato anexo específico para los eventos de invalidez
total y permanente en los que sugiere que existe un límite de edad para el
cubrimiento de este siniestro pero remite para ello a lo expuesto en la
carátula de la respectiva póliza.
Una
regulación similar se encuentra contenida en el modelo de póliza que
comercializa actualmente Liberty Seguros S.A. en su sitio web[85]. Según lo dispuesto por la
Superintendencia Financiera de Colombia[86]
tal modelo virtual es de mayúscula importancia en tanto constituye el deber
mínimo de información que permite al consumidor tener un espacio de consulta
fácil, permanente y actualizado. Este modelo prescribe dentro de las
condiciones particulares de amparo que: “se entiende por incapacidad total y
permanente, la sufrida por el asegurado, menor de setenta (70) años de edad,
o cualquier otra edad expresada en la carátula de la póliza para este amparo
opcional”.
En suma, no
aparece en los estatutos referenciados un límite de edad específico para reclamar
el cubrimiento del seguro en casos de invalidez total y permanente, sino una
remisión a lo que se acuerde específicamente en cada póliza individual.
4- El
accionante, por su parte, aportó copia simple del certificado individual de
seguro número 0237956, elaborado directamente por Liberty Seguros S.A. y
suscrito tanto por el representante de la misma como por el señor Rincón el 29
de mayo de 2001[87].
Este documento goza de una innegable importancia probatoria en el ordenamiento
colombiano[88].
En efecto, se trata de la oportunidad principal en la que el asegurado
demuestra su consentimiento de adhesión al contrato de seguro colectivo
previamente acordado entre la entidad bancaria y aseguradora, y se supone que contiene
los elementos esenciales en cuanto a la identificación de la póliza, los
amparos convenidos, los beneficiarios y el cálculo de la prima.
Además, la
doctrina es unánime al afirmar que lo estipulado en los anexos o documentos
específicos y particulares de aseguramiento prevalece sobre cualquiera de
aquellas cláusulas generales con las que se encuentren total o parcialmente en
pugna[89].
En el caso
concreto, la Sala de Revisión observa que en la parte superior derecha del
certificado individual aportado por el accionante se encuentran tres casillas
sin diligenciar denominadas, edad de asegurabilidad, recargo por Salud y extraprima
por Ocupación. Llama la atención la primera, por cuanto parece ser el espacio
específico destinado a reglamentar la edad máxima de cobertura del seguro para
el señor Juan José Rincón Torres, sobre todo si se tiene en cuenta que la edad
y fecha de nacimiento del accionante se indagan en un espacio adicional en el
acápite dedicado a los datos del asegurado principal.
Partiendo de
una valoración pro consumatore, la Sala considera que (i) ante la
ausencia de una carátula que establezca un límite máximo de edad de permanencia,
(ii) el no diligenciamiento de la casilla correspondiente a la edad de
asegurabilidad; y que (iii) los vacíos o ambigüedades en las cláusulas se
interpretarán contra quien las redactó, es necesario concluir que el contrato
de seguro al que voluntariamente se adhirió Juan José Rincón Torres el 29 de
mayo de 2001 no contemplaba ningún límite máximo de edad de permanencia.
5- Por último,
es preciso aclarar que si bien la entidad aseguradora allegó varios documentos
que sostiene corresponden a las modificaciones y renovaciones que
periódicamente se hicieron del contrato de seguro grupal en discusión, y en algunos
de los cuales sí se consagra un límite de edad de permanencia específico, tal
argumento no controvierte la conclusión a la que llegó esta Sala de Revisión.
Para empezar,
algunas de las licitaciones remitidas a esta Corporación no ofrecen certeza
sobre si dicho clausulado efectivamente rigió la situación de aseguramiento[90]. En todo
caso, asumiendo en gracia de discusión que los documentos aportados son fiel
reflejo de las cláusulas acordadas por el Banco y la compañía aseguradora, no
se entiende por qué las modificaciones posteriores, especialmente aquellas tan
significativas como la consagración o modificación del límite de edad de permanencia,
no fueron siquiera notificadas al accionante, quien a partir de su certificado
individual de adhesión confiaba razonablemente que el seguro no contenía tal
restricción. Se reitera igualmente que el certificado aportado por el señor
Rincón Torres, dada su especialidad, prevalece sobre las condiciones generales
esgrimidas por la entidad accionada.
En esta
medida, debe precisar esta Corporación que las cláusulas restrictivas de los
derechos de los particulares en sus relaciones con las entidades financieras,
deben estar redactadas y consagradas de manera previa, expresa, clara y
taxativa, y el acceso a las mismas por parte del consumidor debe garantizarse
de forma simple, oportuna y completa.
No sobra
reiterar que dada la consagración de la Constitución como “norma de normas”[91] y dado el
alcance de sus efectos horizontales, las cláusulas contractuales no solo deben
ajustarse al marco legal vigente sino que con mayor razón deben abstenerse de
contrariar los mandatos constitucionales. Por esta razón, la Corte comenzará
por exhortar a las compañías aseguradoras y crediticias a revisar sus contratos
para precaver que el estado de ancianidad quede absolutamente desprotegido, por
el simple e inexorable paso de los años.
Por todo lo
expuesto, la Corte Constitucional revocará el fallo proferido en segunda
instancia por el Juzgado 1º Civil del Circuito de Duitama, el 13 de septiembre
de 2012. En su lugar, concederá el amparo al derecho fundamental de petición, a
la protección especial de las personas de la tercera edad, al mínimo vital, a
la vivienda digna y al debido proceso.
En
consecuencia, se ordenará a Liberty Seguros S.A. que en el término de cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, efectúe el
trámite necesario para pagar al Banco Caja Social, como tomador y beneficiario
de la póliza de seguro de vida grupo deudores, el saldo insoluto de la
obligación adquirida por el accionante con dicho Banco. Igualmente, se ordenará
al Banco Caja Social abstenerse de continuar o adelantar en contra del
accionante cualquier cobro por el saldo insoluto que con cargo al seguro de
vida grupo deudores deberá cubrir Liberty Seguros S.A. Por lo mismo, el Juzgado
Segundo Civil Municipal de Duitama (Boyacá), tendrá que dar por terminado
inmediatamente el proceso ejecutivo hipotecario número 2012-308 y levantar las
medidas cautelares que se hayan producido con ocasión del mismo.
VI.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE:
PRIMERO.-
REVOCAR la sentencia de tutela de segunda instancia proferida por Juzgado
1º Civil del Circuito de Duitama, dentro de la acción de tutela instaurada por Juan
José Rincón Torres en contra de Liberty Seguros S.A. y el Banco Caja Social,
mediante la cual se negó el amparo y, en su lugar, CONCEDER la protección
de los derechos fundamentales de petición, protección especial de las personas
de la tercera edad, mínimo vital, vivienda digna y debido proceso.
SEGUNDO.-
ORDENAR a Liberty Seguros S.A. que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta sentencia, efectúe el trámite
necesario para pagar al Banco Caja Social (BCSC) S.A., como tomador y
beneficiario de la póliza de seguro de vida grupo deudores, el saldo insoluto
de la obligación adquirida por el señor Juan José Rincón Torres con dicho Banco.
TERCERO.-
ORDENAR al Banco Caja Social (BCSC) S.A. abstenerse de adelantar en contra
del accionante cualquier cobro por el saldo insoluto que con cargo al seguro de
vida grupo deudores deberá cubrir Liberty Seguros S.A.
CUARTO.-
ORDENAR al Juzgado Segundo Civil Municipal de Duitama (Boyacá) dar por
terminado inmediatamente el proceso ejecutivo hipotecario número 2012-308 y
levantar las medidas cautelares que se hayan producido con ocasión del mismo
QUINTO.-
LÍBRESE por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Cuaderno 1, folio 4.
[2] Ibíd.
[3] Cuaderno 1, folio 41.
[4] Cuaderno 1, folio 46.
[5] Cuaderno 1, folio 44.
[6] Cuaderno 1, folio 54.
[7] Cuaderno 1, folio 77.
[8] Ibíd.
[9] Cuaderno 1, folio 77.
[10] Cuaderno 1, folio 90.
[11] Cuaderno de Revisión, folios 8-10. En adelante, los folios citados harán
referencia a este cuaderno, salvo aclaración expresa en sentido contrario.
[12] Folio 24.
[13] Ibíd.
[14] Folio 129.
[15] Folio 129.
[16] Ibíd.
[17] Folio 183.
[18] Banco Colmena, hoy Banco Caja Social.
[19] Folio 183.
[20] Folio 184.
[21] Ibíd.
[22] Folio 180.
[23] Cuaderno 2, folio 32.
[24] Cuaderno 1, folio 54.
[25] Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-514 de 2003, T-1121 de
2003, T-1093 de 2004, T-1140 de 2004, T-742 de 2011 y T-086 de 2012.
[26] Sentencia T-086 de 2012. Precisamente en esta providencia se declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta en tres expedientes distintos en
relación con la cobertura de varios contratos seguros ante eventos de
incapacidad total y permanente. En su momento, la Sala de Revisión no encontró probada la ocurrencia de un perjuicio irremediable que
justificase la intervención del juez de tutela.
[27] Mediante sentencia T-225 de 1993, la Corte explicó los elementos constitutivos del perjuicio irremediable así: “ A)… inminente: ‘que amenaza o está
por suceder prontamente’. Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante
un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia
real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para
evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética. (...) || “B). Las
medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser
urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar
o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el
Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y
la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento
que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la
prontitud.  (...) ||“C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que
éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo
material o moral en el haber jurídico de la persona. La gravedad obliga a
basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes
bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de
actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas.
Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella
que recae sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente. Y
se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o
determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces
inconveniente. || “D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de
tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el
orden social justo en toda su integridad.  Si hay postergabilidad de la
acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna.  Se requiere
una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con
efectos antijurídicos. (...)
[28] Sentencia T-738 de 2011. Ver también T-043 de 2005 y T-352 de 2011.
[29] Sentencia T-468 de 1999.
[30] Sentencia T-003 de 1992.
[31] Sentencia T-222 de 2004.
[32] Tratándose de prestaciones económicas, es necesario indagar si la conducta
presuntamente vulneratoria de los derechos fundamentales compromete gravemente
el derecho al mínimo vital del accionante y de quienes de él dependen,
entendiendo por éste “los requerimientos básicos indispensables para
asegurar la digna subsistencia de la persona y de su familia, no solamente en
lo relativo a alimentación y vestuario sino en lo referente a salud, educación,
vivienda, seguridad social y medio ambiente, en cuanto factores insustituibles
para la preservación de una calidad de vida que, no obstante su modestia,
corresponda a las exigencias más elementales del ser humano.” Sentencia
T-011 de 1998.
[33] Sentencia T-222 de 2004.
[34] Ver Sentencia T-582 de 2010 y T-738 de 2011.
[35] Para un análisis más detallado, véase la sentencia de Sala Plena C-640
de 2010.
[36] Sentencia C-640 de 2010.
[37] Sentencia T-192 de 1997. En sentencia T-277 de 1999, la Corte agrupó algunos criterios que ejemplifican situaciones de indefensión así : “3.4.
El estado de indefensión,  para efectos de la procedencia de la acción de
tutela, debe ser analizado por el juez constitucional atendiendo las
circunstancias propias del caso sometido a estudio. No existe definición ni
circunstancia única que permita delimitar el contenido de este concepto, pues,
como lo ha reconocido la jurisprudencia, éste puede consistir, entre otros en:
i) la falta, ausencia o ineficacia de medios de defensa de carácter legal,
material o físico, que le permitan al particular que instaura la acción,
contrarrestar los ataques o agravios que, contra sus derechos constitucionales
fundamentales, sean inferidos por el particular contra el cual se impetra la
acción -sentencias T-573 de 1992; 190 de 1994 y 498 de 1994, entre otras-. ii)
la imposibilidad del particular de  satisfacer una necesidad básica o
vital, por la forma irracional, irrazonable y desproporcionada como otro
particular activa o pasivamente ejerce una posición o un derecho del que es
titular -sentencias T-605 de 1992; T-036; T-379 de 1995; T-375 de 1996 y T-801
de 1998, entre otras- iii) la existencia de un vínculo afectivo, moral, social
o contractual, que facilite la ejecución de acciones u omisiones que resulten
lesivas de derechos fundamentales de una de las partes  v.gr. la relación
entre padres e hijos, entre cónyuges, entre coopropietarios, entre socios, etc.
- sentencias 174 de 1994; T-529 de 1992; T-; T-233 de 1994, T-351 de 1997. iv)
El uso de medios o recursos que buscan, a través de la presión social que puede
causar su utilización, el que un particular haga o deje de hacer algo en favor
de otro. v.gr. la publicación de la condición de deudor de una persona por
parte de su acreedor en un diario de amplia circulación -sentencia 411 de 1995-
la utilización de personas con determinadas características -chepitos-, para
efectuar el cobro de acreencias -sentencia 412 de 1992-; etc.”.
[38] Sentencia T-813 de 2012.
[39] Sentencia T-057 de 1995.
[40] “Las razones para hacer procedente la
acción de tutela contra estas entidades ha tenido en cuenta, en general, que
las actividades financieras –dentro de las que se encuentran la bancaria y la
aseguradora-, en tanto relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión
de recursos captados del público, es una manifestación de servicio público o
que al menos involucra una actividad de interés público –de acuerdo con el
artículo 335 Constitucional-. Igualmente, se ha señalado que, en ciertos casos,
al identificar la imposibilidad de defensa efectiva, se justifica la
procedencia de la acción de tutela en contra de entidades financieras ante la configuración
de una situación de debilidad que implica una relación de indefensión basada en
la evidencia de una disparidad de armas significativa entre las partes
involucradas”. Sentencia T-738 de 2011.
[41] Sentencia T-611 de 2001
[42] Sentencia T-582 de 2010.
[43] Ver López Blanco, Hernán Fabio. Comentarios al contrato de seguros,
Quinta edición. Bogotá: Dupre Editores, 2010.
[44] Ver sentencias C-940 de 2003 y T-959 de 2010.
[45] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Sentencia del 24 de enero de
1994.
[46] Sentencia T-086 de 2012.
[47] Sentencia T-086 de 2012. Ver también sentencia T-959 de 2010.
[48] Aclaración de voto de la Magistrada María Victoria Calle a la sentencia T-959 de 2010. Posición que también comparte parte la doctrina nacional: “De
ahí que, lo reitero, en cada caso deba el intérprete determinar las condiciones
que antecedieron la formación del consentimiento y luego sí proceder a la
búsqueda del criterio que más se acomode a la realidad conforme a los varios
que preceptúan los arts. 1618 a 1624 del Código Civil”. Hernán Fabio López,
Op. Cit. p. 78.
[49] Código Civil, art. 1624.
[50] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 4 de
noviembre de 2009, exp. 11001 3103 024 1998 4175 01. Ver en el mismo sentido
sentencia del 27 de agosto de 2008, expediente 14171: “Constituyendo un
negocio jurídico por o de adhesión, donde de ordinario, el contenido está
predispuesto por una de las partes, usualmente en su interés o tutela sin
ningún o escaso margen relevante de negociación ni posibilidad de variación,
modificación o discusión por la otra parte, aun cuando, susceptible de
aceptación, no por ello, su contenido es ilícito, vejatorio o abusivo per se,
ni el favor pro adherente e interpretatio contra stipulatorem, contra
preferentem, actúa de suyo ante la presencia de cláusulas predispuestas, sino
en presencia de textos ambiguos y oscuros, faltos de precisión y claridad, en
cuyo caso, toda oscuridad, contradicción o ambivalencia se interpreta en contra
de quien las redactó y a favor de quien las aceptó”.
[51] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de
junio de 2011. Exp. No. 76001-31-03-006-1999-00019-01
[52] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 2 de
mayo de 2000. Exp. No. 6291. Citada por la sentencia T-015 de 2012.
[53] Jaramillo, Carlos Ignacio. Derecho de seguros, Tomo II. Bogotá:
Temis, 2011. p. 528.
[54] Ver Código de Comercio, art. 1048.
[55] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 8 de
agosto de 2007. Exp. 08001-3103-004-2000-00326-01. En sentido similar, la
sentencia del 16 de noviembre de 2005, exp 09539-01, señaló que “ante la
falta de póliza, que es el documento que corresponde expedir con fines
meramente probatorios, basta un escrito que sea bastante para deducir la
existencia del contrato de seguros en los términos indicados; o en ausencia del
escrito que se dé la confesión que sirva de apoyo para establecerlo en sus
componentes esenciales”.
[56] “De manera específica, la libertad contractual de los bancos está
limitada si se tiene en cuenta que el artículo 335 dispone, como una obligación
constitucional, la democratización del crédito. En efecto, este mandato, en
concordancia con el artículo 13 superior, exigen al gobierno garantías de
acceso en iguales condiciones objetivas, no sólo a la actividad bancaria, sino
a quienes desean obtener un crédito” Sentencia SU-157 de 1999.
[57] Con razón la Corte Constitucional explicó el interés del juez
constitucional por advertir y denunciar los casos de abuso, auspiciados por la
posición dominante de las entidades financieras: “En la jurisprudencia
constitucional es posible constatar una orientación de la Corte Constitucional dirigida, en su mayoría, a proteger la posición de los asegurados en los
contratos de seguro de vida grupo deudores. En las sentencias evaluadas se
destaca la preocupación de la Corte por equilibrar las relaciones de
desigualdad configuradas entre aseguradoras, bancos y clientes. Sin embargo,
también se constata que en aquellos casos en los que no se evidencia un riesgo
iusfundamental claro, la Corte se ha abstenido de otorgar el amparo
constitucional”. Sentencia T-738 de 2011.
[58] “Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros,
del mercado de valores y otras disposiciones”.
[59] Entre las cuales se encuentran las compañías de seguros y bancarias.
[60] Ley 1328 de 2009, art. 1.
[61] Ver Código de Comercio, art. 1046.
[62] “Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros,
del mercado de valores y se dictan otras disposiciones”.
[63] Decreto 663 de 1993, art. 97: “Información. 1. Información a
los usuarios. Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los
servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor
transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a
través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones
del mercado y poder tomar decisiones informadas.
En tal
sentido, no está sujeta a reserva la información correspondiente a los activos
y al patrimonio de las entidades vigiladas, sin perjuicio del deber de sigilo
que estas tienen sobre la información recibida de sus clientes y usuarios”.
[64] Ley 1328 de 2009, art. 3º: “Se establecen como principios
orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las
entidades vigiladas, los siguientes:
(…)c)
Transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades
vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información
cierta, suficiente, clara y oportuna, que permita, especialmente, que los
consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y
los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas”.
[65] Ver Superintendencia Financiera de Colombia, Circular externa 038 de
2011, la cual contiene un riguroso y completo estudio sobre la materia.
[66] Ibíd.
[67] Ver Ley 1480 de 2011, Ley 1328 de 2009, art. 9 y Circular externa 038
de 2011 de la Superintendencia Financiera
[68] Por prescripción del artículo 44 de la Ley 45 de 1990 las pólizas de los contratos de seguros “[d]eben redactarse en tal forma que sean de fácil
comprensión para el asegurado. Por tanto, los caracteres tipográficos deben ser
fácilmente legibles, y 3o. Los amparos básicos y las exclusiones deben figurar,
en caracteres destacados, en la primera página de la póliza”
[69] Circular externa 038 de 2011.
[70] “Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan
los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno
Nacional para regular un sistema especializado para su financiación, se crean
instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas
relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y
negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones”.
[71] Ver sentencia T-1091 de 2005.
[72] Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), art. 3: “Se tendrán
como derechos y deberes generales de los consumidores y usuarios, sin perjuicio
de los que les reconozcan leyes especiales, los siguientes: (…) 1.3. Derecho a
recibir información: Obtener información completa, veraz, transparente,
oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos
que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que
puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de
sus derechos y las formas de ejercerlos”.
[73] Cuaderno 1, folio 25.
[74] Cuaderno 1, folio 27.
[75] Artículo 1046, parágrafo: “El asegurador está también obligado a
librar a petición y a costa del tomador, del asegurado o del beneficiario
duplicados o copias de la póliza”.
[76] Ver Circulares externas 038 y 039 de 2011.
[77] Artículo 1046, inciso 2º: “Con fines exclusivamente probatorios, el
asegurador está obligado a entregar en su original, al tomador, dentro de los
quince días siguientes a la fecha de su celebración el documento contentivo del
contrato de seguro, el cual se denomina póliza, el que deberá redactarse en
castellano y firmarse por el asegurador”.
[78] Folio 129.
[79] Sentencia T-1091 de 2005: “En este sentido el artículo 21 de la Ley 546 de 1999 prevé que los establecimientos de crédito deberán suministrar información
cierta, suficiente, oportuna y de fácil comprensión para el público y para los
deudores respecto de las condiciones de sus créditos , respecto del cual la
jurisprudencia constitucional le señala como finalidad, que los usuarios tengan
certidumbre acerca de las condiciones planteadas dentro de su crédito en
cualquiera de sus etapas, en virtud de los principios de transparencia y
seguridad, según así quedó establecido en la sentencia C-955 de 2000”.
[80] Folio 175.
[81] Sentencia T-738 de 2011.
[82] En este sentido se analiza (i) el título que trae el texto, (ii) si
viene firmado, (iii) la presencia de un anexo que introduzca el documento y dé
fe de su fecha de elaboración, entre otros aspectos
[83] Folios 211 y 212.
[84] Sea la ocasión para aclarar que esta Sala de Revisión no entra a
examinar la validez constitucional de este tipo de cláusulas, porque
precisamente el material probatorio recaudado indica que la misma no fue
vinculante para Juan José Rincón Torres.
[85] https://www.libertycolombia.com.co/Empresas/ProdyServ/Paginas/Vida/Vida-Grupo.aspx
consultada el 22 de enero de 2013 y cuya imagen se encuentra en el folio 251
del cuaderno de revisión.
[86] Ver Circular Externa 038 de 2011.
[87] Cuaderno 1, folio 19.
[88] La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia le dio plena prueba al mismo en un caso en el que no se aportó la
póliza de seguro: “Como puede observarse, se trata de un documento que, al
margen de su denominación, individualiza de manera nítida e inequívoca los
elementos esenciales del contrato y, por lo mismo, funge perfectamente como su
evidencia”. Sentencia del 8 de agosto de 2007. Exp.
08001-3103-004-2000-00326-01.
[89] Hernán Fabio López. Op.cit. p. 145 y Carlos Ignacio Jaramillo. Op.
Cit. p. 516.
[90] Como se expuso en la tabla anterior, algunos documentos no vienen
firmados por ninguna parte, incluso contienen tachones, por lo que parecen ser,
como su nombre lo indica, licitaciones y propuestas para contratar pero no la
regulación que efectivamente rigió el negocio jurídico.
[91] Carta Política, art. 4.