T-129-17
Sentencia T-129/17
DERECHO AL AGUA POTABLE-Responsabilidad de municipio
garantizar el acceso efectivo al agua potable, salubre, y de calidad a
habitantes de vereda
DERECHO AL AGUA POTABLE-Toda persona tiene derecho
fundamental prima facie a disponer y acceder a cantidades suficientes, y de
calidad, de agua apta para el consumo humano
El acceso al agua protegido se refiere, entre otros ámbitos
al acceso a los servicios prestados por compañías organizadas para el efecto,
así como a las redes e infraestructura que se debe instalar con tales
propósitos. La Corte Constitucional también ha protegido el acceso al agua en
casos en que esta depende de recursos hídricos y fuentes acuíferas naturales,
incluso cuando se trata de afectaciones temporales de las mismas.
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Protección
constitucional/DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Protección internacional
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Evolución jurisprudencial
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Reiteración de
jurisprudencia
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR PROTECCION DEL DERECHO AL
AGUA-Casos en los cuales no hay lugar a que el juez tutele el derecho al
agua
Son varios los casos en lo que no hay lugar a que el juez
tutele el derecho al agua, a saber: i) no hay posibilidad de tutelar el derecho
fundamental al agua, si no hay alguien, algún ser humano, que requiera el agua.
ii) cuando la entidad encargada de prestar el servicio adopta la decisión de
suspender el servicio de agua, dentro de las reglas establecidas y con el
respeto debido a los derechos fundamentales de la persona y, en especial, a su
mínimo vital; en tal caso no viola un derecho sino que cumple un deber. iii)
cuando el riesgo de las obras pendientes, inconclusas o deterioradas
constituyen una amenaza que no representa un riesgo real para los derechos
fundamentales  de las personas. iv) cuando se pretenda reclamaciones de
carácter puramente económico, que puedan ser presentadas por otros medios de
defensa judicial, y no impliquen la afectación de derechos fundamentales, v)
cuando no se constata que la calidad del agua a la que se accede no es adecuada
para el consumo humano.  Vi) cuando una persona está disfrutando el servicio de
agua, por medios ilícitos, reconectándose a la fuerza, y se encuentra
disfrutando del goce efectivo de su derecho al agua, por ejemplo, pierde la
posibilidad de reclamar su protección mediante la acción de tutela. En este
caso la persona no pierde sus derechos, pero si la posibilidad de legitimar a
posteriori sus actos de hecho mediante el procedimiento constitucional de la tutela.
vii) cuando una persona pretende acceder por sus propios medios al agua
disponible, pero de una forma irregular, desconociendo los procedimientos y
afectando el acceso de las demás personas de la comunidad que dependen de la
misma fuente de agua. viii) cuando la afectación a la salubridad pública, como
obstrucción de tuberías de alcantarillado, no afecta el mínimo vital en
dignidad de las personas; en tal caso, se trata de una afectación que puede ser
reclamada judicialmente, pero no es objeto de acción de tutela
DERECHO AL AGUA POTABLE-Parámetros que la
jurisprudencia constitucional ha fijado para impartir órdenes complejas
ORDENES COMPLEJAS IMPARTIDAS POR LOS JUECES DE TUTELA
PARA ASEGURAR EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO AL AGUA
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Obligaciones del estado
para garantizar disponibilidad, accesibilidad y calidad del servicio de agua
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE LA TUTELA DEL GOCE
EFECTIVO DEL DERECHO AL AGUA
PRESTACION ADECUADA Y EFICIENTE DE SERVICIOS PUBLICOS-Fin
social del Estado
SERVICIOS
PUBLICOS-Pueden ser prestados por el Estado, de manera directa o indirecta,
por intermedio de comunidades organizadas o por particulares
DERECHO AL AGUA POTABLE-Indicación
de órdenes específicas en el caso concreto
Referencia: Expediente T-5.831.133
Acción de tutela interpuesta por
Carlos Ovidio Jaramillo contra el municipio de Yarumal, Antioquia.
Magistrado Ponente:
AQUILES ARRIETA
GÓMEZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil
diecisiete (2017).
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, conformada por los magistrados Alberto Rojas Ríos, Luis Ernesto
Vargas Silva y Aquiles Arrieta Gómez, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la sentencia de primera y única
instancia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Yarumal el
veintiuno (21) de junio de dos mil dieciséis (2016), dentro del trámite de
tutela promovido por el señor Carlos Ovidio Jaramillo contra el Municipio de
Yarumal, Antioquia. El expediente de la referencia fue seleccionado para su
revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Once mediante auto del dos
(2) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), notificado el dieciocho (18) de
noviembre de la misma anualidad.[1]
I.
ANTECEDENTES
1. Hechos y solicitud
El señor Carlos Ovidio Jaramillo a nombre propio y a favor
de los demás habitantes de la vereda El Respaldo, muchos de ellos sujetos de
especial protección constitucional, interpuso acción de tutela contra el municipio
de Yarumal, Antioquia, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
vida y a la salud en condiciones dignas, por no contar con el acceso al servicio
público de agua potable en la vereda. Con base en lo expuesto, el accionante
pretende que se tutelen los derechos fundamentales invocados y que se ordene a
la Alcaldía de Yarumal la construcción de un acueducto veredal que garantice el
acceso al agua potable de las 115 personas que allí conviven.
1.1. Indica el señor Ovidio Jaramillo que la vereda El
Respaldo está conformada por 115 personas entre niños, niñas, jóvenes, adultos
y adultos mayores. Manifiesta que los habitantes de la vereda no cuentan con
acceso al agua “apto para el consumo humano, ya que el afluente de
abastecimiento es de una pequeña quebrada de la vereda Santa Isabel, la cual no
es suficiente para todos, además de llegar en condiciones no aptas para el
consumo humano, dado que allí se encuentran una cantidad de agentes
contaminantes como lo son: las basuras, los desechos químicos, cultivos y otros
agentes externos como las seudo-prácticas de higiene de la fuerza pública
cuando hace su presencia en la zona”.[2]
Se han presentado peticiones y reuniones ante las alcaldías y gobiernos de
turno y ninguno ha tomado medidas para asegurar el acceso al agua de la vereda,
afirma el señor Ovidio Jaramillo.[3]
1.2. Por la falta del recurso hídrico se vio la necesidad de
cerrar temporalmente el Centro Educativo Rural CER El Respaldo, dado que la
escuela no cuenta con abastecimiento. Expresa la tutela que la falta del
líquido altera las actividades diarias del colegio y la salud de los alumnos.[4]
Se alega que el municipio recibe recursos del Sistema General de
Participaciones, los cuales deben tener como destinación satisfacer las
necesidades básicas para el tratamiento y suministro de agua potable. Sin
embargo, en el caso de Yarumal, precisa el actor, no existe un acueducto que
garantice el acceso digno al agua, lo que genera como consecuencia,
afectaciones a los derechos fundamentales a la vida y a la salud de los
habitantes de la vereda El Respaldo.[5]
1.3. Con base en la descripción de los hechos del caso y de
los argumentos y razones expuestas, la acción de tutela solicitó al juez
ordenar “al alcalde de Yarumal, incluir en el Plan de Inversiones del año
2016, la construcción del Acueducto Veredal para esta comunidad”. Para el
accionante, el cumplimiento de esa orden judicial permitiría a la vereda y a
sus habitantes, poder “contar con una infraestructura que permita el
suministro de aguas para el consumo humanos de la Vereda el Respaldo, así mismo
del Centro Educativo Rural CER El Respaldo”.[6]
En otras palabras, la acción de tutela presentada solicita que se tomen las
medidas administrativas adecuadas para asegurar el acceso al agua potable
necesaria para una vida en dignidad de las personas afectadas.
2. Traslado
y contestación de la demanda[7]
2.1. El señor Alcalde del municipio de Yarumal, Antioquia,
respondió que la vereda contaba con excelentes recursos hídricos a través de
los cuales los habitantes podían abastecerse para sus necesidades básicas.
Señaló que la vereda cuenta con un “acueducto natural construido de forma
empírica el cual tiene diversas fuentes de abastecimiento, pero no posee todas
las herramientas técnicas de un acueducto funcional”.[8]
La vereda tiene servicio de agua permanente, aclaró.
2.2. El municipio ha buscado soluciones para el problema que
se presenta en la acción de tutela, estableció. Al respecto, sostuvo que la
administración municipal del periodo 2012-2015, con miras a dar una solución
para la problemática de la vereda Santa Isabel II, dejó un estudio técnico
realizado por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, en el
cual se evidenciaron dificultades claras para la construcción de un sistema de
acueducto veredal, entre ellas, la servidumbre, “ya que el sitio de aforo
donde pretende ubicar la bocatoma es una finca de propiedad privada”.[9]
El municipio está dispuesto a realizar los aportes correspondientes para la
construcción del acueducto, sin embargo, no cuenta con el consentimiento de
dueño de la finca de propiedad privada por donde debe pasar la bocatoma para la
vereda El Respaldo.
2.3. Adicionalmente, dijo que “[si] bien existe la
concesión de aguas superficiales por parte de CORANTIOQUIA, no existen soportes
legales que acrediten la autorización, escrituración o cesión de las líneas de
abducción del sistema (…) si la administración municipal tomará la
decisión de participar en la cofinanciación del proyecto, debe necesariamente
elaborar un proyecto con sus componentes técnicos y buscar los recursos que le
permitan llevar acabo las inversiones de infraestructura que exija el sistema,
para lo cual se hace indispensable que la administración municipal determine
las fuentes de financiación, verificando recursos propios o si el Sistema
general de Participaciones en el sector de saneamiento y agua potable (…)”.[10]
2.4. Resaltó el Alcalde que el Plan de Desarrollo para la
vigencia 2016-2019, contempló un componente para el desarrollo de sistemas de
agua potable, pero su planeación y ejecución deben estar asociadas a una
jerarquización de necesidades que ya fueron establecidas, y por tanto, “en
la actual vigencia fiscal ya no es posible que se priorice el desarrollo de
esta infraestructura, por cuanto no fue presupuestada en el actual acuerdo que
se ejecuta para el año 2016”.[11]
2.5. Finalmente, argumentó que la acción de tutela no es
procedente, toda vez que existen otros medios de defensa judicial para
solventar las pretensiones que trae el actor al juez constitucional.
3. Decisión judicial objeto de revisión
El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Yarumal,
mediante sentencia del veintiuno (21) de junio de  dos mil dieciséis (2016),
resolvió declarar improcedente la acción de tutela. Consideró que el municipio
de Yarumal no estaba vulnerando los derechos fundamentales del actor, en la
medida en que es la misma Junta de Acción Comunal de la vereda, a la que
pertenece el señor Jaramillo, la que ha omitido realizar las gestiones
necesarias para que la administración municipal pueda proceder. Al respecto,
estableció lo siguiente:
“La concesión de aguas superficiales para uso doméstico,
que se le otorgó a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA ISABEL II, mediante
Resolución No. 130 TH 1408-10953 de la Corporación Autónoma Regional del Centro
de Antioquia Dirección Territorial Tahamies, obliga al concesionario a realizar
las obras de captación y control, y a seguir las recomendaciones para el manejo
de residuos, obligaciones que al parecer se vienen incumpliendo, pues de lo
manifestado por el mismo accionante en el hecho segundo de la solicitud de
tutela, se colige que el recurso hídrico que abastece la vereda se encuentra
contaminado por el uso pecuario y agrícola que se viene permitiendo, pese a que
la autoridad ambiental negó la concesión de aguas para tal fin. // Por otra
parte, y en razón de lo anterior, advierte el despacho que el accionante cuenta
con otro medio judicial de defensa de los derechos que señala como vulnerados,
que es eficaz, concretamente, acudir a la autoridad administrativa
CORANTIOQUIA, para que revise o modifique la concesión de aguas, o para que
haga cesar la ilegalidad, por el uso indebido del recurso hídrico, e imponga
las sanciones a que haya lugar”[12]
Para el
despacho, el actor no demostró un perjuicio irremediable que conllevara a la
procedencia de la acción de tutela como mecanismo judicial principal. Por
último, advirtió que éste podía acudir a la Junta de Acción Comunal de la
vereda para adelantar los trámites judiciales y administrativos
correspondientes para la realización de las obras del acueducto.
II. ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN
El despacho del
Magistrado Sustanciador, mediante auto de trece (13) de enero de 2017, solicitó
pruebas conforme al artículo 64 del Reglamento Interno de la Corte
Constitucional, con el fin de corroborar la situación expuesta por el actor.[13] Sobre lo solicitado a
cada entidad y las respuestas oportunamente allegadas a la Secretaría General
de la Corte Constitucional, se hará referencia a lo largo de las
consideraciones y en el análisis del problema jurídico.
III.
CONSIDERACIONES
1. Competencia y procedibilidad
1.1. Competencia
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional es competente, de conformidad con los artículos 86 y 241 de la
Constitución, y con el Decreto 2591 de 1991, para revisar el fallo de tutela
adoptado en el proceso de esta referencia.
1.2. Procedibilidad de la acción de tutela para solicitar
el acceso al agua potable
1.2.1. El juez de instancia consideró en su decisión que el
accionante tenía otros medios de defensa judicial, como solicitar a CORANTIOQUIA
supervisar el uso de las aguas, y en su caso, sancionar al concesionario para
exigirle la protección del recurso hídrico. Además estableció que no existía
probado un perjuicio irremediable para acudir directamente a la acción de
tutela.
1.2.2. La jurisprudencia ha establecido que cuando no hay
acceso al agua potable, existe un riesgo a la vida humana, toda vez que las
personas dependen de este recurso hídrico para su vida diaria. Por esto, la
acción de tutela resulta procedente.[14]
En palabras de esta Corporación, desde 1992 al inicio de su jurisprudencia, “el
derecho al servicio de acueducto en aquellas circunstancias en las cuales se
afecte de manera evidente e inminente derechos y principios constitucionales
fundamentales, como la dignidad humana, la vida y los derechos de los
disminuidos, deben ser protegidos por la acción de tutela. El hecho de que
la comunidad no tenga servicio de acueducto, o lo tenga pero no funcionando
adecuadamente, se constituye en factor de riesgo grande para la salud de la comunidad
expuesta a esa situación”.[15]
En tal sentido, por ejemplo, la sentencia T-092 de 1995[16]
encontró demostrada la vulneración de los derechos a la vida y salud de los
habitantes de una vereda en el municipio de Aipe en el Huila, por cuanto el
agua de la que se abastecían no cumplía con las condiciones de potabilidad
mínimas para las personas. Para la Corte esta situación constituía un riesgo
inminente para la vida humana de la población. En tal medida, estableció que “cuando el servicio de acueducto que presta el municipio en forma
directa, o a través de particulares, afecta en forma evidente e inminente los
derechos fundamentales a la vida y a la salud de quienes se benefician de él,
bien por su prestación deficiente o por contener elementos que no permitan su
consumo, deben ser protegidos a través de la acción de tutela. Así, el hecho de
que la comunidad no tenga servicio de acueducto o lo tenga en condiciones que
no permitan su utilización en forma adecuada, se constituye en factor de riesgo
grande para la salud y la vida de la comunidad expuesta a esa situación”.[17]
En síntesis, desde el
inicio de su jurisprudencia, se ha considerado que la tutela es un medio de
defensa adecuado para invocar la protección del derecho constitucional
fundamental al agua, especialmente cuando existen otros derechos
constitucionales involucrados que comprometen o amenazan la dignidad humana. La acción de tutela, expresamente se ha indicado, “no
puede ser desplazada como medio de defensa judicial efectiva, con base en el
argumento de que existen otros posibles medios de reclamo ante las compañías y
empresas de prestación de servicio”.[18]
Recientemente la Corte presentó esta regla, específicamente con relación al
consumo humano así: “Una persona puede reclamar mediante acción de tutela
que se le proteja judicialmente aquella dimensión del derecho al agua que
comprometa el consumo humano, en tanto resulta necesario para preservar otros
derechos fundamentales como la vida en condiciones dignas, la salud o la
salubridad de las personas.”[19]
La defensa de la acción de tutela como medio de defensa principal ante
violaciones del derecho al agua se ha reconocido de forma clara y diáfana, especialmente,
cuando están vulnerados o amenazados los derechos de personas o sujetos de
especial protección constitucional, como es el caso de las niñas y los niños.[20]
1.2.3. La situación fáctica planteada por la
Sala parece implicar la afectación del acceso al agua adecuada y suficiente
para garantizar la vida en dignidad de los habitantes de la vereda El Respaldo,
muchos de ellos sujetos de especial protección constitucional. Esto es,  se
está ante una situación que podría demandar la protección inmediata por parte
del juez. En efecto, si se constata la insuficiencia del suministro de agua
para satisfacer las necesidades básicas –alimento, aseo personal e higiene- de
los habitantes de la vereda El Respaldo, se prueba la amenaza grave a sus
derechos fundamentales al agua, a la vida, a la salud y a la dignidad. Así
pues, teniendo en cuenta los criterios fijados por la jurisprudencia, concluye
la Sala que está ante una acción en la cual se piden tutelar dimensiones
fundamentales del derecho al agua que comprometen la posibilidad de tener un
mínimo vital en dignidad. Se trata de uno de aquellos casos en los que la
acción de tutela es procedente para buscar la protección del derecho al agua. Por
tanto, pasa la Sala a analizar el caso de la referencia para establecer si,
como fue alegado por el señor accionante, la falta de agua apta para el consumo
humano también ha afectado el funcionamiento regular del centro educativo de la
vereda, los derechos de los sujetos de especial protección constitucional y, en
general, ha afectado a los habitantes que se abastecen de la fuente hídrica.
2. Problema jurídico
2.1. Vistos los antecedentes del caso,
considera la Sala que le corresponde responder el siguiente problema jurídico:
¿viola una administración municipal (en este caso, la de Yarumal, Antioquia) los
derechos fundamentales al agua, a la vida y a la salud de los habitantes de una
vereda (El Respaldo), al negarse a realizar las obras de infraestructura necesarias
para construir un acueducto que les garantice el acceso al agua potable, a
pesar de los planes y soluciones propuestas, por no contar la Alcaldía con el
consentimiento del dueño de la finca privada por donde debe pasar la bocatoma
para la vereda en cuestión?
2.2. Para resolver el problema jurídico planteado, en primer
término, se presentará la jurisprudencia constitucional aplicable sobre el
derecho fundamental al agua potable y la prestación del servicio de acueducto. Posteriormente,
se determinará si la autoridad municipal de Yarumal ha vulnerado los derechos
fundamentales al acceso al agua, a la salud y a la vida digna de los habitantes
de la vereda El Respaldo.
3. El derecho fundamental al agua
potable y la prestación del servicio de acueducto bajo el orden constitucional
vigente
3.1. Como se dijo, desde
1992 la Corte ha reconocido el derecho al agua como fundamental, cuando está en
juego el acceso al agua potable o dimensiones propias de la salubridad pública,
de agua adecuada y salubre depende la vida misma y la existencia humana. El acceso a un sistema de
alcantarillado ha sido objeto de protección, por el impacto en los derechos
fundamentales en sus diferentes dimensiones. Una de las primeras sentencias de
la jurisprudencia constitucional versó justamente sobre esta cuestión, llevando
a la Corte a sostener que:
“[…] el derecho al servicio de alcantarillado, en aquellas
circunstancias en las cuales afecte de manera evidente derechos y principios
constitucionales fundamentales, como son los consagrados en los artículos 1
(dignidad humana), 11 (vida) y 13 (derechos de los disminuidos), debe ser
considerado como derecho susceptible de ser protegido por la acción de tutela.” [21]
A los pocos meses, la
Corte se pronunció nuevamente sobre el derecho al agua, e insistió en que puede
ser tutelado cuando está en juego la vida. Dijo la Corte que, en principio,
“[…] el agua constituye fuente de vida y la falta del servicio
atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así
pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto
que afecte la vida de las personas (CP art. 11), la salubridad pública (CP
arts. 365 y 366) o la salud (CP art. 49), es un derecho constitucional
fundamental y como tal ser objeto de protección a través de la acción de
tutela.[22]  ||  Sin embargo y como está
planteado en el caso que ocupa a esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional, el servicio de acueducto no cumple con la finalidad de
satisfacer las necesidades esenciales de las personas naturales, pues en este
caso la conexión o la habilitación del predio para la construcción posterior de
las viviendas beneficiaría a una persona jurídica para las cuales no constituye
derecho constitucional fundamental.”[23]
Esta posición, recogida en
múltiples decisiones posteriores,[24]
ha evolucionado al punto de reconocer el carácter fundamental que tiene el
derecho al agua en general y, por tanto, la clara posibilidad de reclamarlo
mediante acción de tutela cuando esté comprometido el mínimo vital en dignidad
de una persona, sobre todo de sujetos de especial protección constitucional.[25] Así, el
acceso al agua protegido se refiere, entre otros ámbitos, al acceso a los
servicios prestados por compañías organizadas para el efecto, así como a las
redes e infraestructura que se debe instalar con tales propósitos.[26] La Corte
Constitucional también ha protegido el acceso al agua en casos en que ésta
depende de recursos hídricos y fuentes acuíferas naturales, incluso cuando se
trata de afectaciones temporales de las mismas.[27]
3.2. Este reconocimiento
del derecho al agua como fundamental que ha hecho la jurisprudencia coincide
también con los desarrollos que ha tenido este asunto en el contexto del
derecho internacional de los derechos humanos. El 28 de julio de 2010 (un par
de meses después de haberse reconocido expresamente el derecho en sentencias
como la T-418 de 2010), la Asamblea General de la ONU reconoció “que el derecho
al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno
disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”, urgiendo a los
Estados a garantizar las casi 900 millones de personas que carecen del líquido,
el ejercicio de sus derechos.[28]
En todo caso, a los largo de la jurisprudencia constitucional se había empleado
la carta internacional de derechos y el bloque de constitucionalidad, a través
del texto del Pacto Internacional en cuestión (en especial, los artículos 11 y 12, PIDESC) y de la
interpretación que ha hecho el Comité de Derechos Económicos y Culturales de
las Naciones Unidas, en la Observación General N° 15 (2002).[29] Se ha
resaltado la opinión del Comité sobre el Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) según la cual, aunque el artículo 11
no reconozca expresamente el derecho al agua, se ha de entender que tal derecho
se encuentra incluido pues es una condición esencial para garantizar la
supervivencia del ser humano.[30]
De forma similar, la jurisprudencia constitucional había hecho uso del Informe
de Desarrollo Humano 2006 – Más allá de la escasez: poder, pobreza y la
crisis mundial del agua del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
en el cual  se reiteró la importancia del derecho al agua y las dificultades
para garantizar su goce efectivo.[31]
Por su parte, en el ámbito
americano también se han dado decisiones de protección del derecho al agua.
Así, por ejemplo, se ha protegido el derecho al agua en el contexto de los
derechos de las comunidades indígenas[32]
o de las personas privadas de la libertad.[33]
3.3. Por supuesto, como
todo derecho fundamental, el derecho al agua es universal (para todas las
personas), irreversible y progresivo (su protección debe avanzar, no
retroceder). Además, el derecho al agua hace parte integral del resto de
derechos fundamentales y humanos, los cuales son indivisibles, interdependientes,
complementarios y no jerarquizables.[34]
Por tanto, desconocer el derecho de acceso al agua que tiene toda persona
genera, inevitablemente, impactos en los demás derechos fundamentales y, por
supuesto, conlleva una afectación a la dignidad humana. El derecho al agua es
un derecho fundamental que tiene varias características: universal, individual
y colectivo,[35]
que por supuesto, comprende facetas claramente prestacionales y facetas sin un
carácter marcadamente prestacionales.[36]
Pero, en cualquier caso, la Corte explícitamente ha defendido la
fundamentalidad del acceso al agua, respecto de las libertades políticas más
básicas.[37]
3.4. Así, el derecho al
agua contemplado en el orden constitucional vigente, a la luz de la Carta
Internacional de Derechos Humanos y de los órganos encargados de interpretar
con autorización los mismos, contempla el derecho que tiene toda persona a que
se le respete, proteja y garantice la posibilidad de disponer
y acceder a agua de calidad.[38]
Los elementos, dimensiones y aspectos que son objeto de protección del derecho
al agua han sido presentados en los siguientes términos:
“El goce efectivo del derecho al
agua supone, por lo menos, tres factores; (i) disponer de agua,  (ii) que sea
de calidad y (iii) el derecho a acceder a ella.[39]
En cuanto a (i) la disponibilidad, el Comité de Derechos Económicos Sociales y
Culturales de Naciones Unidas, ha indicado que “el abastecimiento de agua de
cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y
domésticos; […] También es posible que algunos individuos y grupos
necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las
condiciones de trabajo.” En cuanto a  (ii) la calidad, advierte que “el
agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo
tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas
que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas.” Señala
que debería tener un color, un olor y un sabor que fueran aceptables para cada
uso personal o doméstico. Finalmente, sobre  (iii) la accesibilidad, sostiene
que “el agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles
para todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado”.
Establece que existen cuatro tipos de accesibilidad del agua y las
instalaciones del agua, a saber, física (deben estar al alcance físico
de todos los sectores de la población),[40] económica (los
costos deben estar al alcance de todos y no ser un obstáculo),[41]
libre de discriminación (deben ser accesibles a todos de hecho y de
derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población,
sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos), y a la
información (La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y
difundir información sobre las cuestiones del agua).”[42]
3.5. A partir de una mirada general de la
jurisprudencia, se han identificado: (i) los casos en los cuales se ha venido
reconociendo que el derecho al agua es objeto de protección por tutela; (ii)
los casos en los que se ha fijado un límite a tal posibilidad de protección y
(iii) el variado tipo de herramientas que se han adoptado para tutelar el
derecho al agua, en casos que demandan órdenes complejas.
3.5.1. Como se dijo, en términos generales,
el derecho fundamental al agua, interpretado a la luz del bloque constitucional
y de la jurisprudencia garantiza, al menos, que el agua esté disponible y que
exista accesibilidad física suficiente, adecuada (salubre y aceptable), de
calidad, sin discriminación y económicamente asequible. Estos ámbitos de
protección han sido precisados e identificados por la jurisprudencia
constitucional en los siguientes términos:[43]
[1]
Cuando la prestación se vuelve dramáticamente intermitente y esporádica,
afectando los derechos fundamentales de las personas.
[2] Cuando una comunidad no dispone ni accede a agua de
calidad para el consumo humano, [puede reclamar] el derecho a tener un
acueducto, tanto en su faceta positiva como negativa.
[3] Se ha tutelado el derecho a acceder y disponer de agua
con regularidad y continuidad, en especial si se deterioraron las condiciones
básicas de prestación del servicio.
[4] Se irrespeta el derecho al acceso al agua de una o
varias personas, cuando se toman acciones positivas que implican limitar la
disponibilidad o el acceso a la misma; y se desprotege cuando las autoridades
dejan de adoptar las medidas adecuadas y necesarias para evitar que esa situación continúe.
[5] El derecho a disponer y acceder al agua no se puede
suspender en condiciones de urgencia.
[6] Se ha tutelado el acceso al agua sin discriminación.
[7] Cuando se cuenta con un inadecuado servicio de
alcantarillado, que pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas.
[8] Cuando se cuenta con un inadecuado servicio de
acueducto, que pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas.
[9] Cuando los reglamentos, procedimientos o requisitos
establecidos son usados como obstáculos que justifican la violación del derecho
al agua. Específicamente, no puede imponerse como obstáculos al derecho al agua
los ‘ires y venires burocráticos’ a los que someten algunas empresas a los
ciudadanos; es deber del juez de tutela romper ese ‘marasmo institucional’.
[10] Las personas que habitan en el sector rural y tienen
limitados recursos económicos, tienen derecho a ser protegidas especialmente,
asegurándoles que no sean ‘los últimos de la fila’ en acceder al agua
potable.
[11] Cuando a un sujeto de especial protección en situación
económica precaria se le suspende el servicio de agua, sin darle opción de
llegar a un acuerdo de pago que no afecte su mínimo vital. En tales casos se ha
considerado la instalación de un reductor de flujo.
[12] Cuando una persona carece de servicio de acueducto
porque no se ha instalado la infraestructura que lo permita y no se toman
medidas para corregir la situación definitiva o, al menos, tomar medidas
temporales para evitar la afectación de los derechos. Especialmente grave es la
afectación que se haga de los derechos fundamentales de comunidades completas.
[13] Cuando a una persona se le suspende el servicio porque
no se le ha independizado su cuenta mediante un medidor propio y se le está
cobrando conjuntamente con la de otra persona que presenta mora en el pago del
servicio.
3.5.2. El derecho
fundamental al agua tiene límites. No implica gratuidad del servicio, ni
garantiza un uso ilimitado o irresponsable del líquido, por ejemplo. El
principal criterio que se debe tener en cuenta para tutelar el derecho al agua,
es que se dé una afectación al ser humano, a su dignidad. Son varios los casos
en los que no hay lugar a que el juez tutele el derecho al agua, a saber:[44] [i]
[no hay] posibilidad de tutelar el derecho fundamental al agua, [sin no hay]
alguien, algún ser humano, [que] ‘requiera’ el agua.  [ii] cuando
la entidad encargada de prestar el servicio adopta la decisión de suspender el
servicio de agua, dentro de las reglas establecidas y con el respeto debido a
los derechos fundamentales de la persona y, en especial, a su mínimo vital; en
tal caso no viola un derecho sino que cumple un deber.  [iii] cuando el
riesgo de las obras pendientes, inconclusas o deterioradas constituyen una
amenaza que no representa un riesgo real para los derechos fundamentales de las
personas.  [iv] cuando se pretenda reclamaciones de carácter
puramente económico, que pueden ser presentadas por otros medios de defensa
judicial, y no impliquen la afectación de derechos fundamentales.  [v]
cuando no se constata que la calidad del agua a la que se accede no es adecuada
para el consumo humano.  [vi] cuando una persona está disfrutando el
servicio de agua, por medios ilícitos, reconectándose a la fuerza, y se
encuentra disfrutando del goce efectivo de su derecho al agua, por ejemplo,
pierde la posibilidad de reclamar su protección mediante la acción de tutela.
En este caso la persona no pierde sus derechos, pero sí la posibilidad de
legitimar a posteriori sus actos de hecho mediante el procedimiento
constitucional de la tutela.  [vii] cuando una persona pretende acceder
por sus propios medios al agua disponible, pero de una forma irregular,
desconociendo los procedimientos y afectando el acceso de las demás personas de
la comunidad que dependen de la misma fuente de agua.  [viii] cuando la
afectación a la salubridad pública, como obstrucción a tuberías de
alcantarillado, no afecta el mínimo vital en dignidad de las personas; en tal
caso, se trata de una afectación que puede ser reclamada judicialmente, pero
que no es objeto de acción de tutela.
3.5.3. Finalmente,
resalta la Sala, cuando un juez de tutela se ve obligado a impartir órdenes
complejas para desenredar el ‘marasmo institucional’,[45]
el juez debe tener en cuenta, por lo menos, “(i) que sus medidas serán
realmente efectivas, y no una parte más del ‘marasmo institucional’, lo
cual podrá suponer una supervisión directa o comisionar al órgano competente a
hacerla, por ejemplo;  (ii) que sus medidas se enmarcan dentro del respeto al
estado social de derecho, y no desconocen las particulares competencias
democráticas y administrativas constitucionalmente establecidas;  y  (iii) que
para definir las órdenes con las que se vaya a proteger los derechos promueva,
hasta donde sea posible, la participación de las partes, de las autoridades
encargadas, de las personas afectadas, así como también, de quienes conozcan la
situación, por experiencia o estudios.”[46]
Así, la Corte ha impartido, entre otras, las siguientes órdenes:[47]  (a) Medidas
cautelares.  (b) Realizar estudios.  (c) Construir o terminar la
construcción de obras.  (d) Acciones contra terceros.  (e) Asesorar
personas.  (f) Suspender trámites administrativos.  (g) Grupos de
trabajo.  (h) Conceder espacios de participación.  (i) Adoptar
reglamentos.  (j)  Verificar el cumplimiento de un acto de la
administración.  (k) Soluciones paliativas temporales.  (l) Trato
similar a situaciones similares.  (m) Poner de presente. (n) No
ordenar, si es un hecho superado.  Por supuesto, el juez de tutela no tiene que
emplear sólo una de las herramientas expuestas. Dentro de sus deberes, dos
cuestiones tienen gran importancia: primero, debe estar abierto al diálogo con
la Administración, con el fin de poder introducir cambios que sean
indispensables y necesarios para hacer cumplir la decisión adoptada;[48] y segundo,
la participación requiere, por lo menos, un marco de gobernabilidad adecuado.[49]
3.6. Luego de hacer referencia a los
lineamientos constitucionales y jurisprudenciales en términos generales, pasa
la Sala a hacer alusión específicamente a nueve sentencias en las que se han
estudiado casos similares al que se presenta en esta ocasión. Es decir, casos
sobre la ausencia del servicio de acueducto y saneamiento básico en una zona
rural en la cual los habitantes se abastecen de las fuentes hídricas naturales,
como los ríos y humedales más cercanos.
3.6.1. La sentencia T-570 de 1992 analizó la tutela
interpuesta por varios habitantes de un corregimiento (Vado Real, ubicado en el
Municipio de Suaita, Santander), quienes unieron esfuerzos para construir un
acueducto, debido a que no se les garantizaba el suministro de agua potable.[50]
Adujeron que se vieron afectados por las decisiones de la Alcaldía de su
municipio y la Gobernación de Santander que negaron los permisos necesarios
para poner en funcionamiento el acueducto que garantizaba el suministro de
agua. La Sala se pronunció en esa oportunidad sobre los derechos económicos,
sociales y culturales y la posibilidad de la comunidad de realizar las
actividades tendientes a procurarse el suministro del recurso.[51]
3.6.2.
Al año siguiente, en la sentencia T-232 de 1993la Corte conoció de la
acción interpuesta por
una persona en favor de los habitantes de
los municipios de Subachoque, Madrid y Funza, quienes se abastecían de agua por
el río Subachoque a través de la ‘Toma de San Patricio’.[52]  El actor expuso que debido a la industria ganadera y
de floricultores se originó un problema de abastecimiento. Indicó que el Alcalde
de Funza desvió el cauce del afluente beneficiando a las industrias y que, con
posterioridad, la administración inició la construcción de un acueducto sin
contar con estudios previos y sin adquirir una planta de tratamiento de aguas. Luego
de practicar pruebas, se concluyó que el casco urbano del municipio se
abastecía en su totalidad de las aguas del acueducto municipal que cumplían con
las normas de potabilización. En contraposición, la población rural tenía como
fuente de abastecimiento la ‘Toma de San Patricio’ que se encontraba
prácticamente seca por el uso intensivo por parte de los floricultores y
ganaderos. En vista de la situación expuesta, la Sala concedió la tutela y
emitió órdenes para que se cumplieran las resoluciones de la C.A.R. con
respecto a la utilización del agua del río Subachoque y de la Toma de San
Patricio exclusivamente para consumo humano. En esta ocasión, la Corte reiteró
que el artículo 366 de la Constitución es el fundamento de la utilización prioritaria
del agua para consumo humano como necesidad esencial. Conforme a esto, por
tanto, les corresponde a las autoridades, tales como las Corporaciones
Autónomas Regionales y las entidades territoriales, velar porque se cumplan los
mandatos constitucionales.[53]
3.6.3. Al año siguiente, en la sentencia T-244 de 1994[54] la Corte determinó
que existía una infracción a la obligación de disponibilidad del agua, por el
incumplimiento de los accionados de la regulación vigente (Resolución 449
de 1993, del INDERENA), que ordenaba la destrucción de las obras construidas
sobre el cauce de una quebrada (la quebrada Guayabal, colindante a la vereda Peladeros),
en tanto afectaba la cantidad de agua que requería el actor para satisfacer sus
necesidades básicas. En esta ocasión, el juez constitucional decretó una medida
de carácter transitorio y una de carácter definitivo.[55]
3.6.4. Dos años después, en la sentencia T-375 de 1996 la
Corte evaluó si la abstención de los beneficiarios de una concesión de aguas,
en obtener judicialmente la servidumbre de acueducto sobre el predio que debía
soportar el paso del mismo, vulneraba los derechos de los poseedores, dueños o
arrendatarios del terreno que tendría la calidad de sirviente, como
consecuencia de la imposibilidad de acceder a una fuente de agua potable.[56]
Se corroboró que la subsistencia de las familias asentadas en un barrio humilde
ubicado en la periferia de Ibagué, dependía del acceso al caudal de agua transportado
a través de mangueras, el cual era objeto de permanentes interrupciones por la
acción de los demandados. Al respecto, se precisó que quien esté en condiciones
de privar de agua a una comunidad entera o de sujetarla a acceder a una fuente
de agua altamente contaminada, se encuentra en una situación de ‘supremacía’ y
contra él pueden entablarse acciones de tutela si con su actuar se genera la
afectación de derechos fundamentales. La Corte decidió conceder el amparo
constitucional de forma transitoria, teniendo en cuenta que se comunicó sobre
la iniciación de los trámites orientados a decretar la servidumbre sobre los
predios de los demandados. En este sentido ordenó a los particulares accionados
cesar toda acción de daño o ruptura de las mangueras del acueducto colocadas en
sus predios, hasta tanto se adoptara la decisión administrativa o judicial
definitiva sobre la servidumbre.[57]
3.6.5. Al año siguiente, en la sentencia T-481 de 1997 se
estudiaron dos acciones de tutela presentadas por falta de agua en planteles
educativos, lo que generaba la afectación de los derechos fundamentales de los
estudiantes.[58]  La Sala de Revisión de la
Corte confirmó las decisiones de instancia que habían concedido el amparo en
sede de tutela y ordenaron realizar las actividades tendientes a la efectiva
prestación del servicio. Reiteró que “la
indebida prestación de los mismos [los
servicios de acueducto y alcantarillado] es factor de alto riesgo para la
salud de sus destinatarios” y la afectación de otros derechos como el de la
alimentación.[59] Igualmente, afirmó que es deber de las entidades
territoriales garantizar las condiciones necesarias para el acceso al agua.[60]
3.6.6. Más de una década
después, la jurisprudencia continuó la línea trazada hasta el momento,
aclarando el carácter de derecho fundamental del acceso al agua potable. Así,
en un contexto fáctico similar al presente, la sentencia T-418 de 2010,
previamente citada, estudió la tutela de varios accionantes contra
Administración Municipal de Arbeláez y la Asociación de Usuarios del Acueducto
Regional, ante la negativa de las demandadas de garantizar el suministro de
agua potable a sus predios rurales argumentando que los inmuebles estaban por
fuera del área de cobertura.[61]
La providencia, luego de hacer referencia a los estándares internacionales [a
saber, garantizar la (i) disponibilidad, (ii) calidad, (iii) acceso y (iv) no
discriminación en la distribución, en consonancia con la obligación de emplear
el máximo de los recursos que se dispongan para hacer efectivo el derecho al
agua a todos sus habitantes], tuteló los derechos al agua, a la vida y a la
salud de los accionantes dada la inactividad del ente territorial para promover
una solución progresiva que permitiera el acceso al agua. En consecuencia,
ordenó a la administración municipal que diseñara un plan específico en el que
participara la comunidad que permitiera el acceso al suministro de agua. La
Corte reiteró el deber de las entidades territoriales de tomar las medidas
necesarias para garantizar el acceso al agua potable de las comunidades rurales[62] y estableció que el derecho al agua se viola también
cuando “una comunidad no dispone ni accede a agua de calidad para el consumo
humano”. Esta faceta prestacional del derecho, sostuvo la Corte, a pesar de
no poderse asegurar inmediatamente, debe al menos contarse con un programa que
“permita avanzar en la consecución del derecho”. De esa forma, si la
Administración municipal no sabe cuál es el problema y tampoco cómo lo va a
solucionar, difícilmente conduce sus acciones para garantizar el goce efectivo
del derecho.[63]
3.6.7. Dos años después, la sentencia T-188 de 2012 resolvió
el caso de una accionante quien señaló que se estaban vulnerando sus derechos
fundamentales ante la negativa de las entidades demandadas de realizar las
labores que le permitieran gozar del servicio de acueducto
y alcantarillado.[64]
Para
resolver la pretensión, la Sala expuso que el derecho al agua tiene una doble
connotación debido a que se concibe como un
derecho fundamental y como un servicio público.[65] Finalmente,
la Corte decidió tutelar los derechos de la accionante y ordenó la construcción
de un pozo séptico y, con posterioridad, el suministro de agua potable.
3.6.8. En la sentencia T-139 de 2016 se estudió la tutela
interpuesta por un accionante en representación de la Junta de
Acción Comunal del asentamiento humano “La Malaña” contra la alcaldía de
Bucaramanga y varias empresas encargadas de la prestación de servicios públicos
en el municipio.[66]
El actor expuso que dentro del asentamiento humano vivían 160 familias que
obtenían agua de una manguera de otra vereda. Advirtió que las autoridades
municipales ordenaron la suspensión del servicio y la clausura del centro
educativo debido a que las pruebas realizadas a los tanques del colegio
arrojaron como resultado que el agua no era apta para consumo humano. La Sala
reiteró el carácter fundamental del derecho al agua para consumo humano dado
que se garantiza la realización de necesidades básicas insatisfechas y el
suministro del recurso es indispensable para la vida y la salud de las
personas. Adicionalmente, advirtió que los municipios deben prestar los
servicios públicos cuando “las
características técnicas y económicas del servicio, y las conveniencias
generales lo permitan y aconsejen” y
que, aunque la prestación se haga de manera externa, el Estado continúa con el
deber de regular, controlar, vigilar y asegurar que las personas cuenten con
dichos servicios. De esta manera, la Sala emitió órdenes a corto y mediano
plazo para garantizar el suministro de agua potable a los integrantes del asentamiento humano.
3.6.9. La novena y última decisión que a la que se hace
referencia es la sentencia T-245 de 2016, en la que la Corte estudió una
acción de tutela interpuesta por una habitante de Villa Marinela, Neiva, por la
falta de agua potable en el sector.[67]
La Corte reiteró que el agua, como servicio público, puede ser reclamada a
través de la acción popular, y como derecho fundamental, por medio de la acción
de tutela. Sin embargo, precisó que no es posible hacer una división tajante
entre estas dos dimensiones, pues es posible amparar el derecho colectivo al
servicio público de agua a través de una acción de tutela cuando la afectación
tiene incidencia en otros derechos fundamentales. Teniendo en cuenta que en el
caso bajo análisis los accionantes habitaban en predios no legalizados, la
Corte aclaró que el derecho fundamental al agua, al ser universal, también se
hace extensivo a las personas que ocupan predios ilegales, prohibiéndose todo
tipo de discriminación en su contra. Finalmente y frente al caso concreto, la
Corte constató que durante el trámite de la acción de tutela las entidades
accionadas iniciaron medidas para garantizarle a la comunidad el acceso al agua
potable, sin embargo consideró necesario impartir ordenes tendientes a
garantizar la dimensión de sostenibilidad del agua, por lo que le ordenó a las
entidades municipales accionadas promover un plan de conservación del agua que
fomente el cuidado del recurso hídrico.
3.7. En resumen, la
jurisprudencia constitucional ha protegido el derecho al agua desde el inicio
de su jurisprudencia constitucional por vía de tutela cuando están en juego el
derecho a la vida, a la integridad y a la dignidad. Recientemente, tanto
nacional como internacionalmente, se ha reconocido de forma explícita su
carácter de derecho fundamental. El derecho
al agua garantiza, al menos, que el agua esté disponible y que exista
accesibilidad física suficiente, adecuada (salubre y aceptable), de calidad,
sin discriminación y económicamente asequible, en los términos y dentro de los
límites desarrollados por la jurisprudencia. El goce efectivo de este
derecho debe involucrar igualmente a la población rural y dispersa de las
entidades territoriales, pues se trata de grupos poblacionales que generalmente
son más vulnerables que los que se encuentran asentados en áreas urbanas. La
dimensión prestacional de este derecho implica de parte del Estado, contemplar
planes que permitan el goce efectivo del derecho de forma progresiva. En aquellas oportunidades en que el juez deba tutelar
el derecho al agua mediante órdenes complejas, deberá dar órdenes a la
administración para que ésta tome las medidas adecuadas y necesarias,
ejerciendo sus propias competencias, para asegurar el goce efectivo del
derecho. El cumplimiento juez debe respetar las competencias democráticas y
técnicas y propiciar la deliberación y la participación. A continuación pasa la
Sala a resolver el caso bajo análisis.
4. Responsabilidad del municipio de
Yarumal para garantizar el acceso al agua potable de los habitantes de la
vereda El Respaldo
4.1. Los artículos 365 y 366 de la Constitución Política de
1991 disponen, (i) el deber del Estado de asegurar la prestación eficiente de
los servicios públicos a todos los habitantes de territorio nacional, (ii) la
posibilidad de que sean prestados por el Estado de forma directa o indirecta o
por comunidades organizadas o por particulares, (iii) la regulación, control y
vigilancia de la prestación de los servicios en cabeza del Estado y (iv) el
objetivo principal del Estado de implementar soluciones a las necesidades
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua
potable. En desarrollo de estas disposiciones, la Ley 142 de 1994, en sus
artículos 5 y 6 establecen que la administración municipal tiene competencias y
obligaciones como garante y gestora en materia de servicios públicos.[68]
De esa forma, el Alcalde de cada municipio, como lo informó la Superintendencia
a este Despacho “es garante, porque su deber primordial es el de asegurar
que los servicios se presten debidamente a su comunidad, es gestor, porque debe
hacer que los servicios sean prestados efectiva y eficientemente a su
comunidad, ya sea a través de una empresa prestador o directamente (…)”.[69] Conforme a lo
anterior, como se demostró en las consideraciones de esta providencia, la
jurisprudencia constitucional ha sido clara en señalar que la prestación
indirecta del servicio no exime al Estado, y puntualmente al municipio, de la
responsabilidad de garantizar el acceso a éste, por cuanto conserva las
facultades de control y vigilancia en su prestación que recae sobre la correcta
prestación del servicio.[70]
4.2. Del expediente se concluye
que la comunidad de la vereda El Respaldo tiene un precario acceso al agua que
les afecta. Según reporta la Alcaldía, El Respaldo está habitada por
aproximadamente 388 personas y un total de 93 viviendas en zona rural del municipio,[71] que se
abastecen de cuerpos de agua naturales como quebradas y humedales, a través de
mangueras de distribución artesanalmente organizadas.[72] Además, varias de las fuentes
de estos cuerpos de agua se encuentran en propiedades de naturaleza privada.[73] La concesión
de las aguas de la quebrada “Las Mirlas”, de la cual se abastece el actor y
otras familias está a cargo de la Junta de Acción Comunal “Santa Rita II”
conforme a la Resolución 1408-10953 del 6 de agosto de 2014 emitida por la
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia. El accionante manifiesta
en el escrito de tutela que la población que vive en la vereda El Respaldo del
municipio Yarumal, no cuenta con el acceso al agua potable para su vida diaria.
Pone de presente que esta situación ha afectado especialmente el desarrollo
armónico e integral a los niños y niñas, pues el Centro Educativo ha cerrado
sus puertas varias veces debido a la falta de recurso hídrico.
4.3. Según las pruebas practicadas, se pudo
establecer que hay una situación en la vereda El Respaldo que vulnera los
derechos fundamentales al agua potable y a la vida digna del accionante y los
demás habitantes de la comunidad, especialmente los niños, niñas y jóvenes que
estudian en el Centro Educativo, pues, como se dijo, han tenido que suspender
sus jornadas por la falta del agua potable.[74]
A continuación se hace alusión a tales pruebas.
4.3.1. La visita de la Defensoría del Pueblo llevó a la
Institución a conclusiones que coinciden con lo manifestado por el Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de Yarumal en el adelantamiento del Despacho
Comisorio. Por ejemplo, en relación concreta con el abastecimiento de agua que
tiene la vereda, estableció lo siguiente:
·
Disponibilidad del agua potable. Sobre este parámetro, la Defensoría advirtió que “de
acuerdo con las entrevistas realizadas a la población y con la evidencia
fotográfica se puede establecer que esta vereda no cuenta con una fuente que la
provea de agua suficiente y permanente; por el contrario, debe hacer uso de
varias fuentes, ello dependiendo de condiciones climáticas y de contaminación”.
Igualmente afirmó que “los habitantes se abastecen de pequeños humedales que
nacen en la orilla de la Troncal Occidental, cuya agua es altamente
contaminada, ya que se observa la presencia de residuos sólidos como bolsas
plásticas, papeles, animales muertos y la presencia de líquidos, tales como
aceites provenientes de los carros que transitan por la Troncal”.[75]
Resaltó que el Centro Educativo se abastece de agua de una finca cercana que le
regala agua, pero no cuenta con un servicio de agua potable suficiente ni
permanente.
·
Calidad del agua potable. La Defensoría encontró que “la evidencia, a
primera vista del agua, permite establecer que no es agua potable, ni sometida
a tratamientos de potabilización adicionales a los que realizan de manera
individual los pobladores”. [76] Está demostrada la contaminación
de las fuentes de abastecimiento de agua.
·
Accesibilidad del agua potable. La entidad estableció que algunas familias no tienen
la posibilidad de tener infraestructura adecuada para el acceso al líquido o
cuentan con una muy precaria y no apta para el almacenamiento.
4.3.2. La Defensoría del Pueblo concluyó que la comunidad, a
pesar de haber informado la situación a las autoridades municipales, no ha
encontrado ninguna respuesta a sus peticiones. Es claro que los habitantes de
la vereda El Respaldo “no cuentan con acceso a agua potable, de acuerdo con
los parámetros establecidos por los organismos internacionales y por la
jurisprudencia constitucional”. Se abastecen de múltiples fuentes, que son
insuficientes y no cumplen con los criterios de disponibilidad, calidad y
accesibilidad. El acceso depende de condiciones climáticas y de la contaminación
de los cuerpos de agua. Las aguas residuales generan un deterioro ambiental que
puede convertirse en un problema de salud pública, debido a las deficiencias en
cómo se disponen este tipo de aguas.
4.3.3. La Administración Municipal informó a la Defensoría
del Pueblo que “en la vereda El Respaldo no existe sistema de tratamiento
alguno, puesto que en la zona solo hay presencia de soluciones individuales de
abastecimiento, asuntos estos que son de su competencia. Razón por la que esta
dependencia (i) no ha adelantado actividades de inspección, vigilancia y
control; y (ii) no cuenta con datos sobre la calidad del agua en dicha vereda”.[77] De la misma
forma, en el marco de la acción de tutela que se revisa, la Alcaldía informó
que le corresponde a la Junta de Acción Comunal adelantar los trámites
pertinentes para adecuar un acueducto en la vereda y garantizar el buen uso de
las aguas por ser la concesionaria de una de las quebradas de las que se
abastecen los habitantes.
Se afirmó que “[las] principales barreras que ha
encontrado la administración municipal de Yarumal (Ant) para la construcción de
un acueducto para la vereda El Respaldo, son de carácter presupuestal y
técnico, en cuanto a que no existen diseños actualizados que obedezcan a las
dinámicas de crecimiento poblacional, habitacional y económicas de la vereda”.[78] También se advirtió
que la Junta de Acción Comunal presentó un diseño de una planta de purificación
de aguas para consumo humano, el cual se calificó inviable (la“no viabilidad
del proyecto presentado”).[79]
Sobre la motivación para negarlo, sostuvo lo siguiente: “(…) al tratarse de
un predio privado en donde se proyectaría la construcción de las obras de
ingeniería y de conducción del sistema, no es la administración municipal quien
deba direccionar u ordenar la constitución de esta, pues es el propietario y la
propia comunidad quienes en común acuerdo deberán realizar los debidos
compromisos y la administración municipal acompañaría dicho proceso de legalización
de las servidumbres (…)”.[80]
4.4. Para la Sala, dejar a los particulares la completa solución
de los problemas que obstaculizan el acceso efectivo al agua potable, sobre
todo cuando han solicitado la intervención de la Administración, desconoce
notablemente sus obligaciones constitucionales y legales. Como se advierte, la
administración no ha realizado actuaciones de vigilancia y control de las
diferentes formas como los habitantes de la vereda el Respaldo se abastecen. La
Sala resalta que el municipio de Yarumal cuenta con indicadores de cobertura
por servicio de acueducto en el área rural únicamente del 22 %, en donde sólo
el 3% cuenta con agua potable. Existen 6 sistemas de acueductos informales que
no cuentan con la situación jurídica definida en cuanto a la constitución de
servidumbres.[81]
Esta situación refleja que el municipio no ha sido diligente en sus
obligaciones como garante y gestor de la prestación del servicio de agua
potable para sus habitantes, al punto de haber impactado la prestación del
servicio de educación.
4.5. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
confirmó esta situación. A través de su informe al Despacho señaló que de
acuerdo con
“[…] la Alcaldía de Yarumal –
Antioquia, […] la Oficina de Planeación, nos fue informado que no tenían
conocimiento de ningún prestador del servicio público domiciliario de acueducto
en la vereda El Respaldo y que tenían entendido que la población de dicho
sector suplía sus necesidades del recurso de una quebrada. Al respecto, esta Superintendencia
procederá a requerir al Alcalde Municipal, para que en su calidad de garante de
la prestación de los servicios públicos, informe el estado actual de la
prestación del servicio, así como las acciones puntuales [que] emprenderá para
suministrar el servicio de acueducto en condiciones de continuidad y calidad
óptimas a la comunidad en la Vereda El Respaldo”.[82]
4.6. En conclusión, se encuentra demostrado que la
Administración Municipal de Yarumal ha violado el derecho al agua potable del
actor y los habitantes de la vereda, al no haber adoptado las medidas adecuadas
y necesarias para asegurarles, progresivamente, la disponibilidad y el acceso a
agua suficiente y de calidad. Esta falta de protección, tal como lo ha señalado
la Corte, les vulnera “su derecho a no ser marginados y, por tanto, a no ser los
últimos de la fila en acceder al agua potable y al saneamiento ambiental
básico, en tanto habitantes del sector rural, carentes de grandes recursos
económicos”.[83]
4.6.1. Por una parte, es deber de la Junta de acción Comunal
dar cumplimiento a sus obligaciones como concesionario de las aguas, entre las
cuales está la de supervisar que se usen para lo que fueron permitidas según la
Corporación Regional de Antioquia. Al parecer, como lo informa esta última
entidad, aún no se han tomado las medidas necesarias de cuidado de las aguas,
lo que ha generado una contaminación de las fuentes hídricas de las que se
abastece la comunidad. Sin embargo, por otra parte, la Sala insiste en que discrepa
frente a las afirmaciones de la Alcaldía de Yarumal, según las cuales la única entidad
responsable de realizar las gestiones necesarias para lograr el suministro de
agua en condiciones adecuadas es la Junta de Acción Comunal, pues como fue
establecido en los considerandos de esta providencia, son las entidades
territoriales las llamadas a garantizar el servicio continuo, permanente y
adecuado del agua potable. Es cierto que deben hacerlo progresivamente,
programáticamente, pero deben hacerlo. Por eso, para la Sala no es aceptable
que la Administración municipal manifieste que simplemente diga que no hay
capacidad técnica y financiera para un acueducto y, por tanto, relegue la
responsabilidad al concesionario de las aguas. La Administración tiene la
obligación, a través de un plan futuro, de garantizar la realización de
proyectos que aseguren el acceso al agua potable. No obstante, en el presente
proceso no se ha demostrado que la entidad territorial tenga un programa que le
permita ir avanzando en las facetas prestacionales o programáticas del derecho
al agua. Ni siquiera se cuenta con un plan de choque para atender demandas
urgentes e impostergables, como los mínimos requerimientos de agua para que el
centro educativo veredal pueda funcionar.
4.6.2. Como lo ha dicho la jurisprudencia una y otra vez, el
carácter progresivo o prestacional de un derecho fundamental no es un permiso
para la inacción. El hecho de que la Constitución y la ley permitan por la
provisión de los servicios de agua por comunidades organizadas de particulares,
no implica que las entidades territoriales puedan desentenderse de sus
obligaciones constitucionales de prestar los servicios de agua y alcantarillado
y que estos cumplan con las condiciones de acceso y potabilidad exigidas. Sobre
todo, la Administración no puede dar la espalda cuando las propias comunidades
sí han actuado, pero han solicitado la intervención de la Administración para
poder remover los obstáculos que existan y hacer realidad los planes que hayan
sido concebidos, tal como ocurre en el presente caso.
4.7. En ese orden de ideas, esta Sala tutelará los derechos
invocados, revocará la decisión de instancia que había negado la protección e
impartirá una sería de órdenes complejas, para lo cual aplicará los
lineamientos establecidos en la jurisprudencia constitucional aplicable citada,[84]
acerca de casos en los que se constata la violación a la dimensión prestacional
del derecho al acceso al agua potable.
4.7.1. En consecuencia, se advertirá que la Administración
municipal de Yarumal, para garantizar el goce efectivo de la dimensión
prestacional del derecho al agua potable, tiene, al menos, la obligación
constitucional  (i) de contar con un plan específico, (ii) que permita,
progresivamente, el goce efectivo del derecho y  (iii) que asegure la
participación de los afectados en el diseño, ejecución y evaluación del plan.[85] Este plan,
concretamente, deberá garantizar el derecho a acceder y disponer de agua con
regularidad, continuidad y calidad para el consumo humano. Además, deberá
contar con plazos, objetivos y mecanismos de control para asegurar su
cumplimiento. Ahora bien, el término del diseño del Plan específico, no podrá
ser superior a un año. Para tal momento el Plan que se decida deberá estarse
implementando, de acuerdo con los plazos y los tiempos establecidos en él. El
Plan y todos sus aspectos, como cualquier acto de poder bajo el orden
constitucional vigente, deben ser razonables y proporcionados. Ahora bien,
teniendo en cuenta que se trata de la protección de los derechos fundamentales
de personas en zonas rurales y en condiciones socioeconómicas precarias, la Administración
municipal también deberá tomar las necesarias medidas paliativas, que protejan
de forma inmediata el derecho al agua en sus dimensiones más urgentes. En
especial, se deberán tomar medidas que eviten el impacto en los derechos de las
niñas y los niños de la vereda, así como de otros sujetos de especial
protección constitucional, como mujeres embarazadas o personas de edad muy
avanzada. Todo esto, mientras que se implementan las medidas de largo aliento,
que garanticen el acceso al agua más allá de sus límites mínimos de
subsistencia.
4.7.2. Por tanto, la Sala ordenará al municipio de Yarumal, que
junto al diseño del Plan específico, tome de forma inmediata las medidas
adecuadas y necesarias para garantizar la disponibilidad, la accesibilidad y la
buena calidad del agua, en sus dimensiones vitales más urgentes.  Para ello,
por ejemplo, se podrán emplear diversos métodos, tales como carrotanques,
sistemas de potabilización de las aguas, tanques de agua adecuados que aseguren
la no contaminación de las aguas almacenadas y la capacitación de la comunidad
para el buen manejo de las aguas naturales, entre otras medidas.
4.7.3. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de
la Nación, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
acompañarán al municipio en el diseño e implementación tanto del Plan
específico para resolver la actual situación como de las medidas urgentes e
inmediatas que se requieran.
4.7.4. Adicionalmente, para asegurar el goce efectivo de los
derechos tutelados, la Sala tomará varias medidas adicionales.  Primero, convocará
a las autoridades locales, municipales y departamentales, incluyendo a la
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, para que, también dentro
de sus competencias constitucionales y legales, se vinculen al diseño y
ejecución del Plan específico que sea diseñado, así como a la adopción de las
medidas paliativas urgentes. Segundo, advertirá al accionante que, en su
calidad de miembro de la Junta de Acción Comunal de Santa Rita II, junto con la
Alcaldía de Yarumal, le den cumplimiento a las obligaciones establecidas en la
Resolución 1408-10953 del 6 de agosto de 2014, emitida por la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia, a la cual se ha hecho referencia,
que le otorgó la concesión de las aguas superficiales de la quebrada Las Mirlas
en la vereda El Respaldo. Esto con el fin de asegurar que el agua no sea
contaminada por otros usos no autorizados. Y tercero, solicitará a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que, dentro de sus
competencias, supervise las medidas que emprenderá la administración municipal
para garantizar el acceso al agua potable de los habitantes de la vereda El
Respaldo en el municipio de Yarumal, conforme a lo ordenado en los numerales
segundo y tercero de la parte resolutiva de esta providencia.
IV. DECISIÓN
La posibilidad constitucional y legal de que las comunidades
organizadas presten los servicios públicos, especialmente el de agua potable,
no relega a las autoridades territoriales de cumplir su deber de garantes y
gestores de la prestación y acceso al agua potable de sus habitantes. La
Administración municipal viola el derecho al agua y a una vida digna de las
personas, en especial de sujetos de especial protección constitucional, cuando
carece de planes y programas que se estén implementando, para progresivamente
garantizar el goce efectivo del derecho al acceso al agua potable de sus
habitantes. Especialmente grave es la violación de los derechos de las comunidades
rurales que se abastecen de fuentes naturales, y el que las entidades
territoriales no las apoyen con medios o herramientas que les permitan captar y
almacenar agua de forma digna.
En mérito de lo expuesto,
la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 21 de
junio de 2016 por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Yarumal que declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Carlos Ovidio
Jaramillo, a nombre propio y a favor de los demás habitantes de la vereda El
Respaldo del municipio de Yarumal en el departamento de Antioquia. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales a la vida digna, la salud y el acceso
continuo y suficiente al agua potable del señor Carlos Ovidios Jaramillo y de
los habitantes de la vereda El Respaldo.
Segundo. ORDENAR a la
Alcaldía Municipal de Yarumal, que si aún no lo ha hecho, adopte las medidas
adecuadas y necesarias para diseñar e implementar un plan específico para la
comunidad rural a la que pertenece el accionante en la vereda El Respaldo, con
el fin de asegurarles el acceso efectivo al agua
potable, salubre y de calidad. En un plazo máximo de un año, contado a
partir de la notificación de la presente sentencia, el Plan específico deberá
estar diseñado e implementándose. El Plan específico, respetando los
lineamientos generales de las políticas que en materia de agua se hayan
trazado,  (1) debe asegurar el respeto, la protección y la garantía del derecho
al agua potable necesaria para asegurar un mínimo vital en dignidad a la
comunidad en cuestión. (2) El Plan deberá contener fechas y plazos precisos que
permitan hacer un seguimiento de su desarrollo e implementación.  (3) Deberá
prever mecanismos de control y evaluación, que permitan dar cuenta del avance
del mismo y sus grados de cumplimiento. Y (4) el Plan deberá asegurar que el
acceso al agua de la comunidad se dé con regularidad y continuidad. En ningún
caso, reitera la Sala, el diseño del plan específico podrá ser superior a un
año y los plazos definidos en él para su implementación y ejecución deberán ser
razonables y proporcionados con las necesidades de la población.
Tercero.- ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Yarumal que
en un término no mayor a un mes, contado desde la notificación de esta
providencia, tome las medidas alternativas paliativas necesarias para asegurar
de forma urgente el goce efectivo del derecho al acceso al agua potable de los
habitantes de la vereda El Respaldo, mientras se implementa el Plan específico
al que se hizo referencia en el numeral anterior. Para ello, deberá emplear el
medio que considere más adecuado para el efecto, previa verificación de la
necesidad del servicio para su uso personal y doméstico, por ejemplo, mediante
carro tanques o construcción de sistemas individuales o colectivos de
almacenamiento y suministro de agua. Particular atención se deberá dar a las
necesidades básicas y urgentes de los sujetos de especial protección de la
comunidad, sobre todo las niñas y los niños y su posibilidad de asistir a
clases en el centro educativo.
Cuarto. REMITIR copia de la presente decisión
judicial a la Asamblea Departamental de Antioquia y al Concejo Municipal de
Yarumal para que, en ejercicio de sus facultades, se vinculen al cumplimiento
de la presente sentencia, en la medida y forma que así lo consideren. REMITIR copia
de la presente sentencia al Gobernador del Departamento de Antioquia para que
conozca la decisión y se vincule al diseño del plan específico para la
comunidad a la cual pertenece el accionante, así como a apoyar las medidas
paliativas necesarias y urgentes que se adopten, de acuerdo con sus
competencias legales y constitucionales.
Quinto. ADVERTIR al actor, como miembro de la Junta
de Acción Comunal de Santa Rita II, que en conjunto con la Alcaldía de Yarumal
dé cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución 1408-10953 del
6 de agosto de 2014, emitida por la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia que le otorgó la concesión de las aguas superficiales de la quebrada
Las Mirlas en la vereda El Respaldo, con el fin de asegurar que el agua no sea
contaminada por otros usos no autorizados.
Sexto. ADVERTIR a la Corporación Autónoma Regional
del Centro de Antioquia – Dirección Territorial Tahamíes, para que, en el marco
de sus competencias legales, realice las actividades de supervisión necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 1408-10953 del 6 de
agosto de 2014.
Séptimo. SOLICITAR a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, para que, dentro de sus funciones legales de
inspección, vigilancia y control, supervise las medidas que emprenderá la
administración municipal para garantizar el acceso al agua potable de los
habitantes de la vereda El Respaldo en el municipio de Yarumal, conforme a lo
ordenado en los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva de esta
providencia.
Octavo. Por conducto de Secretaría, REMITIR copia
de la presente decisión judicial a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría
General de la Nación para que, en ejercicio de sus funciones, acompañen el
proceso de decisión de las medidas adecuadas y necesarias para asegurar que se
cumpla correctamente lo dispuesto en la presente sentencia. Toda la información
que se remita a estas entidades se debe enviar con copia al Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de Yarumal y la correspondiente Sala de Revisión de la
Corte Constitucional.
Noveno. LIBRAR las comunicaciones -por la Secretaría General de la Corte
Constitucional-, así como DISPONER las notificaciones a las partes -a
través del Juez de tutela de instancia-, previstas en el artículo 36 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (E)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] La Sala de Selección Número Once de 2016, estuvo conformada por los
Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio.
[2] Cuaderno principal del expediente, Escrito de la acción de tutela,
folio 118.
[3] Cuaderno principal del expediente, Escrito de la acción de tutela,
folio 118.
[4] Cuaderno principal del expediente, Escrito de la acción de tutela,
folio 118.
[5] Cuaderno principal del expediente, Escrito de la acción de tutela,
folio 119.
[6] Cuaderno principal del expediente, Escrito de la acción de tutela,
folio 119.
[7] Admitida la
demanda el día ocho (8) de junio de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de Yarumal, corrió traslado a la parte accionada
para que, dentro de los tres días hábiles contados a partir de la notificación
de la comunicación, procediera a dar respuesta a lo expuesto en el escrito de
tutela.
[8] Cuaderno principal del expediente, Escrito de contestación, folio 132.
[9] Cuaderno principal del expediente, Escrito de contestación, folio 132.
[10] Cuaderno principal del expediente, Escrito de contestación, folio 133.
[11] Cuaderno principal del expediente, Escrito de contestación, folio 134.
[12] Cuaderno principal del expediente, Sentencia de primera instancia,
folio 144.
[13] “PRIMERO. Por
intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, ORDENAR a la
Alcaldía municipal de Yarumal que dentro de los diez (10) días siguientes al
recibo de la comunicación del presente auto, aclare y allegue lo pertinente
sobre las siguientes temáticas: (i) informar de cuántos habitantes se compone
la vereda El Respaldo –mencionada por el accionante- y Santa Rita II, (ii)
aclarar cómo se abastecen de agua las personas que allí habitan, (iii) explicar
cuáles son las principales barreras que ha encontrado la administración para
construir un acueducto en la vereda El Respaldo, (iv) señalar cuáles han sido
las gestiones y propuestas adelantadas por la administración para solventar la
presunta deficiencia del recurso hídrico en la vereda, (v) aclarar si se ha
realizado alguna gestión para la constitución de la servidumbre que se requiere
para la construcción del acueducto veredal, e (vi) informar todo lo que estime
pertinente sobre el cumplimiento del plan de desarrollo municipal en lo
ateniente al suministro de agua potable, concretamente, los recursos dispuestos
en el presupuesto 2017 para la ejecución de proyectos de agua potable y
saneamiento básico. En este punto aclarar si existe algún proyecto que
beneficie a la comunidad de la vereda El Respaldo. // SEGUNDO. Por intermedio
de la Secretaría General de la Corte Constitucional, ORDENAR a la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Dirección Territorial Tahamíes, que
aclare a esta Corporación, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de
la comunicación del presente auto, (i) el alcance de la Resolución 1408-10953
de 6 de agosto de 2014, mediante la cual se otorgó concesión de aguas
superficiales a la Junta de Acción Comunal de la vereda El Respaldo del
municipio de Yarumal, (ii) si ha realizado gestiones para verificar el
cumplimiento de lo resuelto en aquél acto administrativo, (iii) si ha tenido
conocimiento sobre las actividades adelantadas por el municipio de Yarumal para
la eventual construcción de un acueducto en la vereda El Respaldo y (iv) todo
lo que estime pertinente en relación con las afirmaciones del accionante. Se
solicita adjuntar la documentación pertinente a la respuesta de cada
interrogante. Para el efecto, se le remitirá copia
completa de la demanda y sus anexos, la contestación y las decisiones de
instancia.// TERCERO. Por intermedio de la Secretaría
General de la Corte Constitucional, ORDENAR a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios que informe a esta Corporación, dentro de los diez (10)
días siguientes al recibo de la comunicación del presente auto, dentro de sus
funciones de inspección, vigilancia y control, (i) si se han presentado quejas
administrativas relacionadas con los hechos de la presente tutela y (ii) aclare
los criterios legales, institucionales y científicos que deben ser tenidos en
cuenta para garantizar el suministro de agua potable o apta para el consumo
humano en el marco de las competencias de los entes territoriales. Para el efecto, se le remitirá copia completa de la demanda y sus
anexos, la contestación y las decisiones de instancia.//
CUARTO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional,
ORDENAR a la Defensoría del Pueblo que dentro de los diez (10) días siguientes
al recibo de la comunicación del presente auto, realice
una visita a la vereda El Respaldo
del municipio de Yarumal, Antioquia, y verifique la situación en la que se
encuentran sus habitantes en relación con la presunta deficiencia de suministro
de agua potable para sus quehaceres diarios y las consecuencias que esto les
genera. Allegar a esta Corporación un informe sobre la visita realizada. Para
el efecto, se le remitirá copia completa de la demanda y sus anexos, la
contestación y las decisiones de instancia. // QUINTO. Por
intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, ORDENAR a la Aguas
del Norte Antioqueño S.A.E.S.P  que aclare a esta
Corporación, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la
comunicación del presente auto, cuál es su cobertura dentro del municipio de
Yarumal y si ha tenido conocimiento sobre la situación expuesta por el
accionante en la vereda de El Respaldo. Además exprese todo lo que estime
pertinente en relación con el suministro de agua potable que realiza en el
municipio. // SEXTO. COMISIONAR al Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de Yarumal para que en el término de ocho (8) días contados
a partir de la notificación de este auto, practique una INSPECCIÓN JUDICIAL en
la vereda El Respaldo del municipio de Yarumal, en
compañía del actor y un representante de la Alcaldía municipal, con el objeto
de verificar (i) el estado de la quebrada de la cual se abastecen los
habitantes de la vereda, (ii) los usos que se hacen del agua que se recoge del
mismo cuerpo hídrico y (iii) la realidad de las afirmaciones realizadas por el
actor en el escrito de tutela, en relación con la ausencia de agua potable y la
necesidad de construir un acueducto para la vereda. Para el efecto, el Juzgado
comisionado podrá acudir a la práctica de cualquier medio de prueba establecido
en el Código General del Proceso. Durante la inspección el Juzgado deberá tomar
fotos de los lugares inspeccionados, y hacer grabaciones de audio de las
declaraciones tomadas. También podrá, si lo considera pertinente, hacer
grabaciones de video y decretar pruebas periciales”.
[14] “En principio, el agua constituye fuente de vida y la falta del
servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las
personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y
alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas (CP art. 11), la
salubridad pública (CP arts. 365 y 366) o la salud (CP art. 49), es un derecho
constitucional fundamental y como tal ser objeto de protección a través de la
acción de tutela”. Corte Constitucional, sentencias T-406 de 1992 (MP Ciro
Angarita  Barón; AV José Gregorio Hernández) y T-578 de 1992 (MP Alejandro
Martínez Caballero).
[15] Corte Constitucional, sentencia T-570 de 1992 (MP Jaime Sanín
Greiffenstein). Esta consideración ha sido recogida, entre otras, en las
sentencias T-539 de 1993 (MP José Gregorio Hernández Galindo), T-244 de 1994
(MP Hernando Herrera Vergara) T-092 de 1995 (MP Hernando Herrera Vergara),
T-410 de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño) y T-418 de 2010 (MP María Victoria
Calle Correa).
[16] Corte Constitucional, Sentencia T-092 de 1995 (MP Hernando
Herrera Vergara).
[17] Corte Constitucional, Sentencia T-092 de 1995 (MP Hernando
Herrera Vergara). Esta posición ha sido reiterada en sentencias posteriores y
recientes como: T-418 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa), T-916 de 2011
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SPV Humberto Antonio Sierra Porto), T-188 de
2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-028 de
2014 (M.P. María Victoria Calle Correa, AV Luís
Guillermo Guerrero Pérez), T-139 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio) y T-245 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[18] Esta posición ha sido reiterada recientemente en
la sentencia T-641 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos, SPV Luis Ernesto Vargas
Silva). En el mismo sentido, ver por ejemplo las sentencias T-034 de 2016 (MP
Luis Guillermo Guerrero Pérez) y T-532 de 2016 (MP Aquiles Arrieta Gómez).
[19] Corte
Constitucional, sentencia T-028 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa; AV
Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[20] Tal posición fue reiterada recientemente, por
ejemplo, en la sentencia T-541 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); en
este caso se estudió la acción de tutela presentada por una empresa prestadora
de servicios de educación y alimentación a un grupo de niñas y niños de escasos
recursos, la cual alegaba tener dificultades de acceso al servicio de agua, en
razón a que la empresa de acueducto respectiva, había realizado cobros y
facturas sin el pleno de los requisitos reglamentarios para ello.
[21] Corte Constitucional, sentencia T-406 de 1992 (MP
Ciro Angarita Barón; AV José Gregorio Hernández Galindo); en este caso se
consideró que haber dejado un alcantarillado a mitad de camino, con los riesgos
de salubridad que ello implicaba, era ‘una clara violación a un derecho
fundamental’.
[22] Cfr. Sentencia T-406 de la Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional.
[23] Corte Constitucional, sentencia T-578 de 1992 (MP
Alejandro Martínez Caballero); en este caso se indicó que, “en principio, el
agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente
contra el derecho fundamental a la vida de las personas”. Al respecto ver
también la sentencia T-140 de 1994 (MP Vladimiro Naranjo Mesa).
[24] La posición fijada en 1992 ha sido reiterada en varias
oportunidades, entre otras ver las sentencias T-539 de 1993 (MP José Gregorio
Hernández Galindo); T-207 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero); T-410 de
2003 (MP Jaime Córdoba Triviño); T-546 de 2009 (MP María Victoria Calle
Correa); T-701 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto); T-734 de 2009 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio); T-418 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa; AV
Mauricio González Cuervo); T-614 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva. SV
María Victoria Calle Correa); T-552 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub);
T-740 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto); T-974 de 2012 (MP Alexei
Julio Estrada, AV Luis Ernesto Vargas Silva); T-369 de 2013 (MP Alberto Rojas
Ríos); T-385 de 2103 (MP María Victoria Calle Correa), T-256 de 2015 (MP Martha
Victoria Sáchica Méndez, AV Luis Ernesto Vargas Silva); T-245 de 2016 (MP
Gloria Stella Ortiz Delgado), T-532 de 2016 (MP Aquiles Arrieta Gómez).
[25] Al respecto ver, por ejemplo, las siguientes
sentencias de la Corte Constitucional: T-546
de 2009 (MP María Victoria Calle Correa); el capítulo 3 de las consideraciones
de la sentencia, se ocupa del derecho fundamental al consumo de agua potable. Sentencia T-418 de 2010 (MP María Victoria Calle
Correa, AV Mauricio González Cuervo); en esta oportunidad la Corte decidió,
entre otras cosas, que “[toda] persona tiene
derecho a que la Administración atienda adecuadamente su petición de acceder al
servicio de agua, y a que, por lo menos, exista un plan que asegure,
progresivamente, el goce efectivo de esta dimensión del derecho al agua.” También se indicó en aquella oportunidad que:
“[aunque] el agua no es reconocida como un
derecho constitucional autónomo, en una disposición específica de la
Constitución Política, así se deduce de una lectura sistemática de la misma.
Así se concluye, si se tiene en cuenta el Preámbulo, la fórmula política de un
estado social y democrático de derecho, las funciones esenciales del Estado, la
dignidad humana, el respeto a los derechos fundamentales –en especial los
citados–, y el lugar privilegiado que se da a los recursos y competencias
necesarias para el goce efectivo del servicio público del agua potable y
saneamiento básico.” El carácter
fundamental del derecho al agua, siguiendo esta línea jurisprudencial, se
encuentra entre otras en las siguiente decisiones: Corte Constitucional,
sentencias T-740 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-980 de 2012 (MP
Nilson Pinilla Pinilla; AV Alexei Julio Estrada), T-242 de 2013 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva), T-439 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-139
y T-198 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[26] Por ejemplo, ver: Corte
Constitucional, sentencia T-028 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa; AV
Luis Guillermo Guerrero Pérez); en esta ocasión se estudió si a una usuaria y
al menor de edad que vivía con ella se les violaron los derechos fundamentales
a la vida en condiciones dignas y la salud, al omitir adoptar las medidas
tendientes que permitan garantizar el suministro mínimo diario de agua potable
debido a (i) la inexistencia de redes locales de acueducto, (ii) las
deficiencias recurrentes en la prestación del servicio y (iii) el cobro
irregular del servicio que no corresponde al consumo que se realiza del mismo.
[27] Tal es el caso de la sentencia T-381 de 2009 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), en la que se consideró, que la construcción de una obra pública (un túnel) afectó
las fuentes de agua que surtían los predios defendidos por la tutela,
circunstancia admitida por la propia Sociedad Concesión Autopista Bogotá –
Girardot. Para la fecha de la inspección judicial con intervención de
peritos, los predios en cuestión carecían de agua potable suficiente para
abastecer a las personas naturales que allí residían. La Sala ordenó adoptar las medidas para asegurar la vigencia del derecho fundamental el agua potable de las
personas residentes en los predios afectados.
[28] La Resolución 64/292, aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas, el 28 de julio de 2010, en cuestión fue adoptada
por 122 votos a favor y ninguno en contra. Colombia estuvo de acuerdo con la
decisión.
[29] Los parámetros de interpretación señalados en la
Observación General N° 15 (2002) del Comité de Derechos Económicos y Culturales
de las Naciones Unidas han sido citados y usados en varias decisiones
judiciales previas, citadas a lo largo de las consideraciones de la presente
sentencia. Entre ellas, por ejemplo, en las sentencias T-381 de 2009, T-546 de
2009, T-418 de 2010, T-740 de 2011, T-980 de 2012, T-082 de 2013, T-541 de
2013, T-028 de 2014, T-790 de 2014.
[30] Observación General No. 15 (2002) del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas: “En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una
serie de derechos que dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado,
"incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados", y son
indispensables para su realización. El uso de la palabra "incluso"
indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El derecho
al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables
para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las
condiciones fundamentales para la supervivencia. Además, el Comité ha
reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el
párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995)). El
derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto
nivel posible de salud (párr. 1 del art. 12) y al derecho a una vivienda y una
alimentación adecuadas (párr. 1 del art. 11). Este derecho también debe considerarse
conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de
Derechos Humanos, entre los que ocupa un lugar primordial el derecho a la vida
y a la dignidad humana.” Entre otras oportunidades, esta Observación ha sido
citada en la sentencia T-439 de 2015
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[31] Al respecto ver por ejemplo: Corte Constitucional,
Sentencia T-418 de 2010 (MP María Victoria
Calle Correa, AV Mauricio González Cuervo).
[32] Ver por ejemplo: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso
Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas.
Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C N° 125. O también: Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 60/2015. Medidas Cautelares N°
51/15. Asunto niñas, niños y adolescentes de las comunidades de Uribia,
Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu, asentados en el departamento de la
Guajira, respecto de Colombia. 11 de diciembre de 2015.
[33] Ver: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Vélez
Loor vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C. N° 218.
[34] La Corte
Constitucional ha reconocido expresamente la indivisibilidad e interdependencia
del derecho al agua con derechos otros derechos también fundamentales. Así ha
ocurrido en varias ocasiones, –para mencionar
tan sólo algunos casos más o menos recientes– con los derechos (1) a la vida
[ver las sentencias T-270 de 2007 (MP Jaime Araujo Rentería), T-827 de 2012 (MP
Mauricio González Cuervo), T-188 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto),
T-891 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa) y T-225 de 2015 (MP Gloria
Stella Ortiz Delgado)],  (2) a la salud [entre otras, ver las sentencias T-891 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa) y T-225 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado)] y  (3) a la vivienda digna [entre otras, ver la
sentencia T-131 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)].
[35] Al respecto la Corte ha dicho, por ejemplo, lo
siguiente: “El derecho al agua es un derecho
humano, un derecho fundamental de toda persona, para poder contar con una
existencia digna. Sin embargo, como se indicó previamente, es un derecho que
tiene también facetas de carácter colectivo. Hay dimensiones del derecho que
generan obligaciones de respeto, de protección y de garantía, de las cuales no
son titulares las personas individualmente, sino colectivamente. Las
protecciones de las fuentes hídricas de las cuales puede depender eventualmente
el consumo de agua de las futuras generaciones, hace parte, sin duda, de los
ámbitos de protección del derecho al agua, pero no se trata de un derecho
individual.” Corte Constitucional,
Sentencia T-418 de 2010 (MP María Victoria
Calle Correa, AV Mauricio González Cuervo)
[36] Al respecto dijo la Corte: “Como todo derecho fundamental, el agua supone facetas
positivas como negativas. Supone el derecho a que se adopten las medidas
necesarias para construir una infraestructura adecuada de acueductos y alcantarillados
que no pongan en riesgo la dignidad y la vida de las personas, pero a la vez,
que no se tomen medidas que impliquen, por ejemplo, la contaminación de aguas
destinadas al consumo y vida de las personas.” Corte Constitucional, Sentencia T-418 de 2010 (MP María
Victoria Calle Correa, AV Mauricio González Cuervo).  Como ejemplo de protección a una faceta prestacional del
derecho al agua, puede citarse la sentencia T-974 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo), en la cual la Corte Constitucional tuteló los derechos a la vida y la
salud de una comunidad que se veía afectada ante las constantes inundaciones
producidas por el desborde del río La Vieja. Como ejemplo de protección de una
faceta no prestacional del derecho al agua, puede citarse la sentencia T-381 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), en la que luego de reconocer el impacto que una obra había
tenido sobre el acceso a fuentes de agua para los predios de los tutelantes,
resolvió ordenar que se adoptaran las medidas adecuadas y necesarias para
asegurar que el problema encontrara una solución definitiva.
[37] Corte Constitucional, sentencia T-143 de 2010 (MP María
Victoria Calle Correa). En esta sentencia la Sala de
Revisión señaló que “una ciudadanía que no tiene acceso a cantidades básicas de
agua potable no puede ejercer libremente actos tan elementales de la democracia
como deliberar, decidir, criticar y elegir a sus gobernantes, y a sus
políticas, porque su voluntad autónoma e independiente, podría ser constreñida
y dominada por la necesidad de consumir agua potable, que es una actividad
vital para cualquier ser humano”.
[38] Corte Constitucional, Sentencia T-418 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa, AV Mauricio
González Cuervo).
[39] Observación General N° 15 (2002), del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Parágrafo
número 12.
[40] Añade al respecto: “[…] Debe poderse acceder a un
suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución
educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios
e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente
adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el
ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante
el acceso a los servicios e instalaciones de agua.” Observación General N° 15
(2002), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas. Parágrafo número 12.
[41] Añade al respecto: “[…] Los costos y cargos
directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser
asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros
derechos reconocidos en el Pacto.” Observación General N° 15 (2002), del Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Parágrafo
número 12.
[42] Corte Constitucional, Sentencia T-418 de 2010 (MP
María Victoria Calle Correa, AV Mauricio González Cuervo). Estos criterios han
sido reiterados y usados en varias oportunidades, como por ejemplo, en la
sentencia T-439 de 2015 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[43] El resumen que se hace, usa la recopilación jurisprudencial
hecha por esta Sala de Revisión en la sentencia T-532 de 2016 (MP Aquiles
Arrieta Gómez), con base en las siguientes sentencias: T-570
de 1992 (MP Jaime Sanín Greiffenstein); T-232 de 1993 (Alejandro Martínez
Caballero); T-539 de 1993 (MP José Gregorio Hernández Galindo); T-244 de 1994
(MP Hernando Herrera Vergara); T-463
de 1994 (MP José Gregorio Hernández Galindo); T-207 de 1995 (MP Alejandro Martínez
Caballero); T-379 de 1995 (MP Antonio Barrera
Carbonell); T-410 de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño); T-1104 de 2005 (MP Jaime
Araujo Rentería); T-270 de 2007 (MP Jaime Araujo Rentería); T-974 de 2009 (MP
Mauricio González Cuervo); T-091 de
2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla); T-418 de 2010 (MP María Victoria Calle
Correa, AV Mauricio González Cuervo); T-614 de
2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva, SV María Victoria Calle Correa); T-616
de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva); T-279 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva, AV Mauricio González Cuervo); T-740 de
2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto); T-928 de 2011 (MP Luis Ernesto
Vergas Silva); T-312 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva)T-242 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva); T-042
de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio); T-439
de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); T-034
de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). En la sentencia T-532 de 2016 se
decidió que una empresa encargada de
prestar el servicio de agua potable vulnera el derecho al agua y a una vida
digna cuando se niega a tomar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar
el acceso a la cantidad básica de agua para asegurar un mínimo vital en
dignidad, cuando no se pueden realizar las instalaciones que se requieran para
prestar el servicio, en tanto la vivienda se encuentra en una zona de alto
riesgo. Esta vulneración es aún más grave, se resaltó, cuando se trata de un
sujeto de especial protección constitucional (como una mujer cabeza de familia,
adulto mayor, a cargo de una niña).
[44] El resumen que se hace, usa la recopilación jurisprudencial
hecha por esta Sala de Revisión en la sentencia T-418 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa, AV Mauricio González
Cuervo), con base en las siguientes sentencias: T-432 de 1992 (MP Simón Rodríguez Rodríguez); T-578 de
1992 (MP Alejandro Martínez Caballero); T-306 de 1994 (MP Hernando Herrera
Vergara); T-064 de 1994 (MP Hernando Herrera Vergara); T-237 de 1998 (MP Fabio
Morón Díaz); T-636 de 2002 (MP Alfredo Beltrán Sierra); T-697 de 2002 (MP Jaime
Araujo Rentería); T-598 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa); T-576 de 2005
(MP Humberto Antonio Sierra Porto); T-888 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra); T-370 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio Palacio); T-546 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa); T-627 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo);
T-701 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto); T-796 de 2009 (MP Nilson
Pinilla Pinilla); T-143 de 2010 (MP María
Victoria Calle Correa, AV Mauricio González Cuervo).
[45] Corte Constitucional, Sentencia T-974 de 2009 (MP Mauricio González
Cuervo).
[46] Corte Constitucional, sentencia T-418 de
2010 (MP María Victoria Calle Correa, AV Mauricio González Cuervo).
[47] Se retoma el resumen establecido por la Corte en la sentencia T-418 de 2010 (MP María Victoria
Calle Correa, AV Mauricio González Cuervo), el cual se funda en a su vez en el Auto
031 de 1994 (MP Jorge Arango Mejía) y en las sentencias T-406 de 1992 (MP Ciro
Angarita Barón, AV José Gregorio Hernández Galindo); T-539 de 1993 (MP José
Gregorio Hernández Galindo); T-140 de 1995 (MP Vladimiro Naranjo Mesa); T-244
de 1994 (MP Hernando Herrera Vergara); T-523 de 1994 (MP Alejandro Martínez
Caballero); T-023 de 1995 (MP Jorge Arango Mejía); T-379 de 1995 (MP Antonio
Barrera Carbonell); T-413 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero); T-1104 de
2005 (MP Jaime Araujo Rentería); sentencia T-712 de 2006 (MP Rodrigo Escobar
Gil); T-022 de 2008 (MP Nilson Pinilla Pinilla); T-734 de 2009 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio); T-974 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo); T-091 de 2010
(MP Nilson Pinilla Pinilla); T-532 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[48] Con respecto al primer asunto, la jurisprudencia constitucional
ha señalado, que “[…] cuando el juez de tutela resuelve amparar el derecho cuya
protección se invoca, conserva la competencia para dictar órdenes que aseguren
que el derecho sea plenamente restablecido o las causas de la amenaza sean
eliminadas, lo cual comprende introducir ajustes a la orden original siempre y
cuando ello se haga dentro de los siguientes parámetros para que se respete la
cosa juzgada:  (1) La facultad puede ejercerse cuando debido a las condiciones
de hecho es necesario modificar la orden, en sus aspectos accidentales, bien
porque (a) la orden original nunca garantizó el goce efectivo del derecho
fundamental tutelado, o lo hizo en un comienzo pero luego devino inane; (b)
porque implica afectar de forma grave, directa, cierta, manifiesta e inminente
el interés público o (c) porque es evidente que lo ordenado siempre será
imposible de cumplir.  (2) La facultad debe ejercerse de acuerdo a la siguiente
finalidad: las medidas deben estar encaminadas a lograr el cumplimiento de la
decisión y el sentido original y esencial de la orden impartida en el fallo con
el objeto de asegurar el goce efectivo del derecho fundamental tutelado. (3) Al
juez le es dado alterar la orden en sus aspectos accidentales, esto es, en
cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar, siempre y cuando ello sea
necesario para alcanzar dicha finalidad. (4) La nueva orden que se profiera,
debe buscar la menor reducción posible de la protección concedida y compensar
dicha reducción de manera inmediata y eficaz.” Corte
Constitucional, Sentencia T-086 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[49] En cuanto a la segunda cuestión, el Informe de Desarrollo Humano de
Naciones Unidas de 2006, dedicado al agua y previamente citado, resalta que la
participación requiere, por lo menos, un marco de gobernabilidad adecuado. ONU.
Informe de Desarrollo Humano 2006 – Más allá de la escasez: poder, pobreza y la
crisis mundial del agua, del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. Pág. 102.
[50] Corte Constitucional, sentencia T-570 de 1992 (MP Jaime Sanín
Greiffenstein).
[51] Corte Constitucional, sentencia T-570
de 1992 (MP Jaime Sanín Greiffenstein). Sobre el particular la Sala
indicó: “[E]n el caso específico en que el Estado no pueda asumir directamente
la prestación de uno de esos servicios públicos, v.gr. el de agua potable o
acueducto, deberá entonces brindarle a esa comunidad afectada por la carencia
total o parcial del servicio los medios adecuados y crear las condiciones para
que ellos directamente y por sus propios medios puedan lograr obtener la
satisfacción mínima de sus necesidades vitales”. La Sala de Revisión encontró
que la decisión objeto de controversia había sido revocada por la propia
Alcaldía durante el trámite ante la Corte.
[52] Corte Constitucional, sentencia T-232 de 1993 (MP Alejandro Martínez Caballero).
[53] Corte Constitucional, sentencia T-232 de
1993 (MP Alejandro Martínez Caballero). La Corte concedió el amparo y
ordenó al Inderena quitar los registros del embalse con el fin de que el agua
fluyera de manera natural en el cauce de la quebrada y ordenó a la Gobernación
de Cundinamarca, “para que disponga a la mayor brevedad de los recursos
necesarios y provea lo pertinente a efectos de que el Instituto de Aguas de
Cundinamarca, dentro de la vigencia del segundo semestre de 1994, proceda a
efectuar el estudio, elaboración y ejecución del proyecto de construcción de un
acueducto para la vereda de Peladeros, Municipio de Guaduas.”
[54] Corte Constitucional, sentencia T-244 de 1994 (MP Hernando Herrera
Vergara).
[55] Corte Constitucional, sentencia T-244 de 1994 (MP Hernando Herrera
Vergara). La medida transitoria fue ordenar al INDERENA - Regional
Cundinamarca, que levantara los registros que existían en el embalse construido
en el predio cuestionado (‘El Descanso’), que impedían la salida del agua hacia
la quebrada. La medida de carácter definitivo fue ordenar “al Gobernador de
Cundinamarca para que disponga a la mayor brevedad de los recursos necesarios y
provea lo pertinente a efectos de que el Instituto de Aguas de Cundinamarca,
proceda dentro de la vigencia del segundo semestre de 1994, a efectuar el
estudio, elaboración y ejecución del proyecto de construcción de un acueducto
para la vereda de Peladeros”.
[56] Corte Constitucional, sentencia T-375 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[57]
Corte Constitucional, sentencia T-375 de 1996 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz).
[58] Corte Constitucional, sentencia T-481 de 1997 (MP
Fabio Morón Díaz).
[59] Corte Constitucional, sentencia T-481 de 1997 (MP
Fabio Morón Díaz).
[60] Corte Constitucional, sentencia T-481 de 1997 (MP Fabio Morón Díaz). Dijo al respecto: “En materia del
crecimiento y educación de los niños, los conocimientos en las edades
infantiles llegan a través de la interrelación constante entre cuerpo y
espíritu, siendo entonces evidente la limitación a la que se encuentran
sometidos en este caso cuando tienen que vivir en medio de toda clase de
excrementos y condiciones insalubres, de lo cual no pueden ser responsables
sino los encargados de la administración municipal.  ||  Ni hablar del derecho
a la alimentación equilibrada, pues la insuficiente alimentación que las
familias de los estudiantes pueden proporcionarles, era complementada con un
refrigerio suministrado por el ICBF, cuya preparación, como la de casi toda la
comida humana, requiere insustituiblemente del agua; entonces, los menores
estaban en presencia de la afectación grave de una posibilidad de superar su
bajo nivel nutricional, gracias a la incuria administrativa de quienes dirigen
el destino del municipio de Soracá. En síntesis, había alimentos, pero no se
los podía preparar; luego, la posibilidad de alcanzar el equilibrio nutricional
a que se refiere la Constitución Política, les estaba siendo coartada a los
menores accionantes y, por tal razón, estuvo bien concedida la tutela del
derecho bajo examen.”
[61] Corte Constitucional, sentencia T-418 de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa, SV
Mauricio González Cuervo). Sobre el reconocimiento del agua como derecho constitucional autónomo la
sentencia señaló lo siguiente: “Aunque el agua no es reconocida como un derecho
constitucional autónomo, en una disposición específica de la Constitución
Política, así se deduce de una lectura sistemática de la misma. Así se
concluye, si se tiene en cuenta el Preámbulo, la fórmula política de un estado
social y democrático de derecho, las funciones esenciales del Estado, la
dignidad humana, el respeto a los derechos fundamentales –en especial los
citados–, y el lugar privilegiado que se da a los recursos y competencias
necesarias para el goce efectivo del servicio público del agua potable y
saneamiento básico.”
[62] Corte Constitucional, sentencia T-418 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa, SV
Mauricio González Cuervo). Dijo al respecto: “El Alcalde consideró que no había violado
el derecho a la salud de los accionantes, por cuanto no se probó que ello fuera
así. Para la Sala esta posición no es constitucionalmente admisible, sobre todo
teniendo en cuenta (i) los deberes de respeto, protección y garantía de los
derechos que tienen los Alcaldes, por una parte, y (ii) la situación concreta
que se presenta en este caso, por otra. En efecto, luego de analizar las reglas
aplicables constitucionales y legales, es claro que los Departamentos y los
Municipios tienen importantes deberes y responsabilidades para con la
protección del derecho al agua y al saneamiento básico de la población que
habita en sus territorios, en especial con aquellas personas que se encuentran
en situación de debilidad, como lo son, precisamente, personas humildes que
habitan en el sector rural. Adicionalmente, en el presente caso, las
condiciones específicas de la situación impedían a la Administración adoptar
dicha posición. En efecto, la Alcaldía tiene noticia de que el sector en el
cual habitan los accionantes no recibe, salvo ciertas excepciones, agua potable
por parte del Acueducto rural. Además, también sabe que el Acueducto rural que
atiende a la región no presta un servicio de agua potable para el consumo
humano.  ||  […] Así
pues, no le es dado a un Alcalde, encargado de respetar, proteger y garantizar
el derecho al agua, que no atienda una solicitud de acceso a agua potable por
parte de una o más personas”.
[63] Corte Constitucional, sentencia T-418 de 2010 (MP María
Victoria Calle Correa; SV Mauricio González Cuervo). La Corte concluyó en este
asunto: “[…] (ii) Toda persona tiene derecho a que la
Administración atienda adecuadamente su petición de acceder al servicio de
agua, y a que, por lo menos, exista un plan que asegure, progresivamente, el
goce efectivo de esta dimensión del derecho al agua. Esta dimensión positiva
del derecho al agua supone, por lo menos  (*) contar con un plan, (**) que
permita, progresivamente, el goce efectivo del derecho, y  (***) que
posibilite la participación de los afectados en el diseño, ejecución y
evaluación de dicho plan, en este caso en los términos de las leyes vigentes
que desarrollan la Constitución en este ámbito. (iii)  Las personas que
habitan en el sector rural y tienen limitados recursos económicos, tienen
derecho a ser protegidas especialmente, asegurándoles que no sean ‘los
últimos de la fila’ en acceder al agua potable. (iv) Mientras se implementa
el plan que asegure el goce efectivo de los derechos a los accionantes, deberán
adoptarse medidas paliativas que aseguren algún mínimo acceso de supervivencia
a agua potable.  (v) Se viola el derecho al agua de una persona, al
emplear los trámites y procedimientos ante la administración como obstáculos
para impedirle acceder al servicio de agua. (vi) Reconocer que se desconoce un
derecho constitucional no es una razón que pueda ser usada como justificación
para desconocer otro derecho constitucional.”
[64] Corte Constitucional, sentencia T-188 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[65] Corte Constitucional, sentencia T-188 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto). Adicionalmente la providencia señaló que entre las
obligaciones que se encuentran en cabeza del Estado están las siguientes: “[F]acilitar, proporcionar y promover la plena
efectividad del derecho por medio de medidas legislativas, administrativas,
presupuestarias y judiciales, que posibiliten a los individuos y comunidades el
disfrute del derecho al agua potable, e impone al Estado que adopte medidas
positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer
el derecho al agua, tome medidas para que se difunda información adecuada sobre
el uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos
para reducir los desperdicios de agua y garantice el acceso a una cantidad
suficiente salubre, aceptable y accesible para el uso personal y domestico de
agua, en los casos en que los particulares o los grupos no están en
condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese
derecho con ayuda de los medios a su disposición.”
[66] Corte Constitucional, sentencia T-139 de 2016
(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[67] Corte Constitucional, sentencia T-245 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz
Delgado).
[68] Ley 142 de 1994, ARTÍCULO 5.- COMPETENCIA DE LOS
MUNICIPIOS EN CUANTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Es
competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que
ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a
ella expidan los concejos: 5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de
manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado,
aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de
servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la
administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el
artículo siguiente.   ||  5.2. Asegurar en los términos de esta Ley, la
participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de las entidades
que prestan los servicios públicos en el municipio.  ||  5.3. Disponer el
otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, con cargo al
presupuesto del municipio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60/93 y la
presente Ley.  ||  5.4. Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con
las metodologías trazadas por el Gobierno Nacional.  ||  5.5. Establecer en el
municipio una nomenclatura alfa numérica precisa, que permita individualizar
cada predio al que hayan de darse los servicios públicos.  ||  5.6. Apoyar con
inversiones y demás instrumentos descritos en esta Ley a las empresas de
servicios públicos promovidas por los departamentos y la Nación para realizar
las actividades de su competencia.  ||  5.7. Las demás que les asigne la ley.
||  ARTÍCULO 6o. PRESTACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS POR PARTE DE LOS
MUNICIPIOS. Los municipios prestarán directamente los servicios públicos de
su competencia, cuando las características técnicas y económicas del servicio,
y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, lo cual se entenderá que
ocurre en los siguientes casos:  6.1. Cuando, habiendo hecho los municipios
invitación pública a las empresas de servicios públicos, no haya habido empresa
alguna que se ofreciera a prestarlo;  ||  6.2. Cuando, no habiendo empresas que
se ofrecieran a prestar el servicio, y habiendo hecho los municipios invitación
pública a otros municipios, al Departamento del cual hacen parte, a la Nación y
a otras personas públicas o privadas para organizar una empresa de servicios
públicos que lo preste, no haya habido una respuesta adecuada;  ||  6.3.
Cuando, aún habiendo empresas deseosas de prestar el servicio, haya estudios
aprobados por el Superintendente que demuestren que los costos de prestación
directa para el municipio serían inferiores a los de empresas interesadas, y
que la calidad y atención para el usuario serían, por lo menos, iguales a las
que tales empresas podrían ofrecer. Las Comisiones de Regulación
establecerán las metodologías que permitan hacer comparables diferentes costos
de prestación de servicios.  ||  6.4. Cuando los municipios asuman la
prestación directa de un servicio público, la contabilidad general del
municipio debe separarse de la que se lleve para la prestación del servicio; y
si presta más de un servicio, la de cada uno debe ser independiente de la de
los demás. Además, su contabilidad distinguirá entre los ingresos y gastos
relacionados con dicha actividad, y las rentas tributarias o no tributarias que
obtienen como autoridades políticas, de tal manera que la prestación de los
servicios quede sometida a las mismas reglas que serían aplicables a otras
entidades prestadoras de servicios públicos.  ||  En el evento previsto en el
inciso anterior, los municipios y sus autoridades quedarán sujetos, en lo que
no sea incompatible con la Constitución o con la ley misma, a todo lo que esta
Ley dispone para las empresas y sus administradores y, en especial, a las
regulaciones de las Comisiones y al control, inspección, vigilancia y
contribuciones de la Superintendencia de servicios públicos y de las
Comisiones. Pero los concejos determinarán si se requiere una junta para que el
municipio preste directamente los servicios y, en caso afirmativo, ésta estará
compuesta como lo dispone el artículo 27 de esta ley.  ||  Cuando un municipio
preste en forma directa uno o más servicios públicos e incumpla las normas de
calidad que las Comisiones de Regulación exijan de modo general, o suspenda el
pago de sus obligaciones, o carezca de contabilidad adecuada después de dos
años de entrar en vigencia esta Ley o, en fin, viole en forma grave las
obligaciones que ella contiene, el Superintendente, en defensa de los usuarios
y para proteger la salud y bienestar de la comunidad, además de sancionar los
alcaldes y administradores, podrá invitar, previa consulta al comité
respectivo, cuando ellos estén conformados, a una empresa de servicios públicos
para que ésta asuma la prestación del servicio, e imponer una servidumbre sobre
los bienes municipales necesarios, para que ésta pueda operar.  ||  De acuerdo
con el artículo 336 de la Constitución Política, la autorización para que un
municipio preste los servicios públicos en forma directa no se utilizará, en
caso alguno, para constituir un monopolio de derecho.
[69] Cuaderno de Revisión del Expediente, folio 53.
[70] Ver por ejemplo las sentencias T-418 de 2010 (MP María Victoria
Calle Correa; AV Mauricio González Cuervo) y T-139 de 2016 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio).
[71] Escrito de la Alcaldía de Yarumal allegado a la Secretaría
General de la Corte Constitucional el 7 de febrero de 2017. OPTB-0045/17.
Expediente, cuaderno de Revisión, folio 28. Esto contrasta con lo que relató el
accionante.
[72] La Alcaldía de Yarumal informó que “[…] el abastecimiento de agua de
las personas que habitan en la Vereda El Respaldo, se realiza mediante
abastecimiento natural de agua con sistemas de conducción artesanales, mediante
mangueras fabricadas con polietileno de baja densidad reciclado”. Igualmente lo
corroboran el Concepto de la Defensoría del Pueblo allegado a la
Secretaría General de la Corte el 14 de febrero de 2017 y el Despacho Comisorio
realizado por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Yarumal.”
[73] Concepto de la Defensoría del Pueblo allegado a la Secretaría
General de la Corte el 14 de febrero de 2017 y Despacho Comisorio realizado por
el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Yarumal.
[74] Juzgado Primero Promiscuo de Yarumal, Despacho Comisorio: La docente
que prestó declaración informó al Despacho que la escuela rural estuvo cerrada
por un tiempo por falta de líquido, porque de la fuente hídrica de la que se
abastecía se secó. Ahora lo hace de otro predio. El Despacho evidenció que la
mayoría de las fuentes hídricas de las que se abastecen los predios en esta
vereda no son aptos para el consumo humano. Se menciona que el agua es turbia y
tiene residuos contaminantes. Despacho Comisorio No. 002, realizado por
el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Yarumal. Allegado a la Secretaría de
la Corte Constitucional el 10 de febrero de 2016.
[75] Escrito allegado a la Secretaría General de la Corte
Constitucional el 14 de febrero de 2017. OPTB-0048/17. Expediente, cuaderno de
Revisión, folio 115.
[76] Escrito allegado a la Secretaría General de la Corte
Constitucional el 14 de febrero de 2017. OPTB-0048/17. Expediente, cuaderno de
Revisión, folio 115.
[77] Escrito allegado a la Secretaría General de la Corte
Constitucional el 14 de febrero de 2017. OPTB-0048/17. Expediente, cuaderno de
Revisión, folio 115.
[78] Escrito allegado a la Secretaría General de la Corte
Constitucional el 7 de febrero de 2017. OPTB-0045/17. Expediente, cuaderno de
Revisión, folio 29.
[79] Escrito allegado a la Secretaría General de la Corte Constitucional
el 7 de febrero de 2017. OPTB-0045/17. Expediente, cuaderno de Revisión, folio
29.
[80] Escrito allegado a la Secretaría General de la Corte
Constitucional el 7 de febrero de 2017. OPTB-0045/17. Expediente, cuaderno de
Revisión, folio 32.
[81] Escrito allegado a la Secretaría General de la Corte
Constitucional el 14 de febrero de 2017. OPTB-0048/17. Expediente, cuaderno de
Revisión, folio 115.
[82] Escrito allegado a la Secretaría General de la Corte
Constitucional el 7 de febrero de 2017. OPTB-0045/17.
[83] Corte Constitucional, sentencia T-418 de 2010 (MP María
Victoria Calle Correa; AV Mauricio González Cuervo).
[84] En especial en lo dispuesto en sentencias como la T-418 de 2010
y la T-139 de 2016, a las que ya se ha hecho mención.
[85] Corte Constitucional, sentencia T-418 de 2010 (MP María
Victoria Calle Correa; AV Mauricio González Cuervo).