T-277-16
Sentencia T-277/16
DERECHO
A LA EDUCACION-Contenido, desarrollo jurisprudencial y naturaleza
DERECHO
A LA EDUCACION-Elementos
EDUCACION-Derecho y servicio
público con función social
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA EDUCACION-Protección por tutela
AUTONOMIA
UNIVERSITARIA-Límites constitucionales
AUTONOMIA
UNIVERSITARIA-Facultad para expedir reglamentos con amplio margen de
autodeterminación, limitada por el respeto de los derechos fundamentales y la
garantía al debido proceso
CONTRATO
DE EDUCACION-Naturaleza y características/DEBER DE SOLIDARIDAD SOCIAL EN
MATERIA EDUCATIVA
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA EDUCACION-Orden a Universidad liquidar de nuevo el valor de la matrícula de
la carrera del accionante, atendiendo sus actuales circunstancias
socioeconómicas
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA EDUCACION-Orden a Universidad reactivar el incentivo de exoneración del 50%
del valor de la matricula al accionante
Referencia: expediente
T-5354516
Acción de tutela instaurada por David
Santiago Rosero Burbano contra la Universidad del Cauca.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de mayo de
dos mil dieciséis (2016).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los magistrados
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo
proferido en segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán del veintinueve (29) de septiembre de dos mil
quince (2015), que confirmó la providencia del Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Popayán, del treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015).
I. ANTECEDENTES
Demanda de tutela[1]
David Santiago Rosero Burbano
interpuso acción de tutela contra la Universidad del Cauca por la presunta
violación de los derechos a la educación superior, la igualdad, la dignidad
humana, el mínimo vital y el principio de solidaridad, al no haberse accedido a
reliquidar el valor de su matrícula, con el fin de garantizar su permanencia en
la Universidad. En consecuencia, solicitó la revisión de su nueva situación
económica para que con sustento en ella, se defina un nuevo valor para su
matrícula.
Hechos relevantes
1. El 4 de agosto de 2014, David Santiago Rosero Burbano
ingresó a la Universidad del Cauca a estudiar la carrera de Ingeniera Ambiental.
El valor de su matrícula fue liquidado de conformidad con los ingresos de su
madre y del colegio del que había egresado. Este último, según afirma el
accionante, fue pagado por ella “con mucho esfuerzo”. En consecuencia,
el valor del semestre académico ascendió a la suma de un millón cuatrocientos treinta
mil pesos ($1`430.000)[2].
2. Si bien la señora Rocío Burbano Velasco, como madre de
David Santiago Rosero Burbano, en un principio lo apoyó para que entrara a la Universidad,
después surgieron dificultades entre ellos debido a que la primera no aceptó que
él estudiara Ingeniería Ambiental[3].
3. A partir del primer semestre académico del 2015, la
situación económica de David Santiago Rosero Burbano sufrió varios cambios por
cuanto trasladó su domicilio al municipio de Puracé- Cauca, lugar en el que viven
algunos familiares que en la actualidad lo apoyan con su educación, pero que no
cuentan con abundantes recursos económicos. Como consecuencia de lo anterior,
el dinero que recibe de su padre y otros ingresos percibidos no fueron
suficientes para sufragar la matrícula de la Universidad.
4. Con el fin de continuar con sus estudios
universitarios, David Santiago Rosero Burbano se esforzó académicamente y como
consecuencia, obtuvo para el segundo semestre de 2014 y el primero de 2015, el
estímulo de sólo tener que sufragar media matrícula en consideración a su
destacado rendimiento en la Universidad[4].
Con algunas dificultades, David Santiago Rosero pudo pagar la matrícula de los
referidos semestres realizando diferentes actividades, entre ellas, la venta de
comida.
5. No obstante lo anterior, el accionante empezó a
experimentar dificultades para llevar una vida en condiciones dignas, por lo
que solicitó la realización de la encuesta del Sisbén, que dio lugar el 4 de
abril de 2015, a la asignación de un puntaje de 5,53[5].
6. El 14 de agosto de 2015, le fue liquidado al actor el
valor de su matrícula para ingresar en el segundo periodo de dicho año a cuarto
semestre académico de Ingeniería Ambiental,  por un valor de un millón
veintitrés mil pesos ($1`023.000) al conservar su estímulo de honor
correspondiente a media beca[6].
7. El 17 de junio de 2015, David Santiago Rosero Burbano
solicitó mediante petición radicada en la Universidad del Cauca, que en
consideración al cambio sustancial de su situación económica, se reliquidara el
valor semestral de la matrícula académica para que él pudiera continuar con sus
estudios en Ingeniería Ambiental.
8. El 4 de agosto de 2015, la Vicerrectoría
Administrativa de la Universidad del Cauca al dar respuesta a la petición del
actor, le manifestó que con fundamento en el Acuerdo 052 de 2009, por medio del
que se adopta “el Reglamento Interno de Cartera de la Universidad del
Cauca”, no era procedente acceder a su pretensión dado que:
“(…) las condiciones socioeconómicas de
nuestros estudiantes en su ingreso a la Universidad son inmodificables, y se
mantendrán vigentes mientras el alumno mantenga esa condición al interior de la
Institución.
Por lo tanto, su solicitud no se despacha
favorablemente, en consecuencia la Universidad con base en lo dispuesto en el
Acuerdo 066 de 2008, le ofrece la posibilidad de participar de las
convocatorias de Monitoria Social; para menguar en algo la situación y la
financiación de la matrícula desde cualquier monto; para su información debe
acercarse a la Vicerrectoría Administrativa”[7].
9. Indicó David Santiago Rosero Burbano que la opción
otorgada por la Universidad del Cauca, en el sentido de darle la posibilidad de
participar en el programa de Monitoria Social no es una opción viable para él
ya que requiere una dedicación horaria muy ardua, que en todo caso no le
permitiría sufragar los costos totales de la matrícula y los necesarios para su
subsistencia. Además, agregó el actor, que al ser el día cuatro (4) de
septiembre de dos mil quince (2015) el plazo máximo para el pago de su
semestre, no tendría la posibilidad real de financiarlo pues esta opción
suministrada tan sólo sería eventual y futura.
10. A pesar del interés del joven David Santiago Rosero
Burbano de continuar con sus estudios universitarios, de sus excelentes
calificaciones académicas en los semestres cursados[8] y de que su
papá, el señor Leandro Rosero Rengifo, le envía una suma de dinero mensual, ello
no resulta suficiente dificultando la permanencia en su carrera de Ingeniería
Ambiental. Además, como su padre cuenta con tres (3) hijos adicionales no puede
contribuir con más dinero del que recibe y por su parte, su madre quien es
Auxiliar de Enfermería y trabaja en el Hospital San José de Popayán, no posee
muchos recursos económicos por sufrir de artrosis y tener que pagar un
tratamiento para su enfermedad.
Respuesta
de la entidad accionada
11. La Universidad del Cauca por
conducto de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el 26 de agosto de 2015,
contestó la acción de tutela incoada en su contra y manifestó que esta
institución educativa tiene la naturaleza de ser un ente Universitario Autónomo
del orden nacional vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con régimen
especial, personería jurídica autónoma, académica, administrativa y financiera[9].
Agregó la
universidad accionada, que con fundamento en el artículo 69 de la Constitución
Política de 1991 y en la sentencia T-281 A de 2012[10], se podría
concluir que la autonomía universitaria debe garantizarse, en especial en la
manifestación concreta de darse su propio reglamento. A la luz de lo anterior,
el Consejo Académico de la Universidad del Cauca decidió proferir el Acuerdo
Superior No. 049 de 1998, por el que “(…) se fijan los Derechos de
Matrícula y Complementarios para los estudiantes de los programas académicos
regulares de Pregrado de la Universidad del Cauca”. Así, para resolver la
controversia suscitada con el estudiante David Santiago Rosero Burbano, debe
considerarse el artículo 3º del Acuerdo 049 de 1998 que indicó:
“Los Derechos Básicos de Matrícula (DBM)
se liquidarán de acuerdo con un sistema diferencial determinado por el valor
actualizado de la pensión que el aspirante pagaba en el último año de colegio y
el estrato socioeconómico de la vivienda familiar (…)”.
En ese
sentido, concluyó la entidad accionada que de la norma en mención se puede
asegurar que las directivas universitarias establecieron un sistema para
calcular el valor de la matrícula que le corresponde cancelar a cada
estudiante, al disponer que se tendrían en cuenta las condiciones
socioeconómicas que presentan al momento de adquirir la categoría de
estudiantes, después de presentar la documentación para tal fin y agotar de
forma previa, el trámite de ingreso.
12. Además,
según se estableció en el parágrafo cuarto del artículo 26 del Acuerdo Superior
052 de 2009, por medio del cual “se adopta el Reglamento Interno de Cartera
en la Universidad del Cauca”, las condiciones económicas del estudiante
fijadas para liquidar la matrícula no son susceptibles de ser modificadas:
“Los documentos presentados por los aspirantes a los programas de
pregrado para demostrar su capacidad y posición socioeconómica, no son
susceptibles de cambio, por el tránsito de una nueva condición socioeconómica
derivada, mientras el estudiante se encuentre como alumno regular de pregrado.
Salvo la actuación administrativa de autoridad competente donde aclare el
estrato del bien reportado inicialmente por el aspirante”.
A partir de lo
anterior, advirtió la Universidad del Cauca que la imposibilidad de efectuar
cambios en la liquidación inicial de la matrícula del estudiante resulta apenas
comprensible en consideración al número de personas que actualmente se
encuentran realizando sus estudios en esta universidad, que asciende a catorce
mil. En consecuencia, sería insostenible prever una solución para cada alumno
teniendo en cuenta el cambio de sus circunstancias personales posteriores al
momento en el que se presenta la documentación al ingresar en la institución.
La universidad
ha previsto que situaciones como las acaecidas al actor sucedan y por tanto consagró
en el artículo 37 del Acuerdo Superior 017 de 2012, la posibilidad de que los
estudiantes puedan financiar el 50% del valor de la matrícula con la condición
de presentar un codeudor, que permita garantizar el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas. Conforme a ello, la Universidad del Cauca en ningún
momento actúo en forma arbitraria en contra del estudiante pues los motivos
para fijar unos plazos para el pago de la matrícula se consagran con el fin de
garantizar la permanencia y formación del alumno, así como la sostenibilidad
financiera de la institución, sin que se deba olvidar que existen otras
opciones a favor del actor como la posibilidad de ser monitor.
Aunado a lo
anterior, si bien el estudiante David Santiago Rosero Burbano aseguró haber
demostrado mediante el puntaje obtenido en el Sisbén que su situación económica
se alteró sustancialmente con posteridad a su ingreso a esta universidad, esta
encuesta sirve para acreditar dentro de ciertos programas estatales que se
tiene la calidad de beneficiario, pero no que deba ser eximido de la obligación
de pagar derechos de matrícula en ninguna institución de Educación Superior.
13. Concluyó
la Universidad del Cauca que no violó el derecho a la educación y los demás
derechos invocados por el actor,  en virtud de que la negativa a acceder a la
pretensión del joven David Santiago Rosero Burbano tuvo como sustento las
normas internas universitarias, a las que toda persona que ingresa a este
centro educativo se debe sujetar. En síntesis, para la Universidad del Cauca el
actor ha debido conocer que la declaración inicial de sus circunstancias
socioeconómicas sería inmodificable.
Decisiones judiciales objeto de revisión
Primera instancia: Juzgado Primero Laboral del Circuito de Popayán, Sentencia del
treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015),
14.  El juez de primera instancia negó el amparo de los derechos
solicitados por David Santiago Rosero Burbano. Como fundamento de esta decisión,
se advirtió que la Universidad le dio opciones al actor, entre ellas, la
posibilidad de refinanciar la matrícula o de realizar monitorias para ayudar
con las cargas económicas.
Del mismo modo, se concluye que la
Universidad del Cauca no vulneró el derecho a la educación del estudiante dado
que, en virtud del reglamento de la Universidad, no es posible revisar la
situación socioeconómica del estudiante y que el actor cuenta con un mecanismo
alterno para lograr que su madre y padre cumplan con la obligación de efectuar
el apoyo económico que le permita pagar sus estudios.
Encontró el Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Popayán que el reglamento interno no contraría los postulados
constitucionales, pues es sólo el reflejo del ejercicio de la potestad de
autorregulación o autodeterminación derivada de la autonomía universitaria.
Impugnación:
15.  David Santiago Rosero Burbano impugnó la decisión de primera
instancia al argumentar que se está desconociendo que la Universidad del Cauca
afectó su derecho a la educación dado que, a diferencia de otras entidades
educativas públicas,  no tiene señalado dentro de sus procedimientos la manera
de garantizar que los estudiantes que “hayan caído en desgracia” puedan
tener un alivio con el monto de liquidación de la matrícula.
Resulta para el accionante imposible aceptar
que la totalidad de los estudiantes que se matriculan a esta Universidad puedan
sostener una capacidad económica igual o superior a la que tenían al momento
del ingreso a ella, con mayor razón si el entorno social del departamento del
Cauca presenta grandes complejidades en atención a la pobreza existente y a la
actuación de grupos al margen de la ley.
En ese sentido, concluye el accionante que
no le asiste la razón al juez de primera instancia al negar la protección
solicitada, dado que la autonomía universitaria no es una prerrogativa absoluta
y se ve restringida por la garantía de otros derechos, como lo sería en el
presente caso el acceso a la educación superior. De la misma manera, es
cuestionable que sea tenido en cuenta el colegio del que egresó y se fije de
forma desproporcionada el valor de la matrícula, sin ajustarse a su verdadera
realidad socioeconómica.
Asimismo, frente a las alternativas
brindadas para financiar la matrícula en la Universidad del Cauca, David
Santiago Rosero Burbano advierte que en todo caso le correspondería sufragar la
mitad del valor de ella y garantizar el pago restante con un codeudor, estando
imposibilitado para ello.
Segunda instancia: Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán
a través de Sentencia del veintinueve (29) de septiembre de dos mil quince
(2015)
16.  El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán confirmó en
su integridad la providencia dictada por el juez de primera instancia,
al asegurar frente al derecho a la educación que el reglamento de la
Universidad del Cauca no lo restringe de manera injustificada, desproporcionada
y arbitraria.
En este caso, en la sentencia se concluye
que el actor no puede pretender que por haberse alterado su situación
socioeconómica se modifique el monto de su matrícula e ignorar con ello las
estipulaciones del reglamento universitario. Para la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Popayán, la única persona que está
obstruyendo el derecho a la educación del joven David Santiago Rosero Burbano
es su madre, quien no puede cesar de forma arbitraria y caprichosa su deber de
financiar sus gastos hasta la edad de los  veinticinco (25) años o en su
defecto, hasta la finalización de una carrera universitaria de acuerdo con las
condiciones particulares del caso.
Actuación adelantada en la Corte
Constitucional y pruebas recaudadas en Sede de Revisión
17.  Mediante auto del treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis
(2016)[11],
proferido por el Magistrado Alejandro Linares Cantillo, se ofició a David
Santiago Rosero Burbano para que (i) precisara la fecha exacta de cierta
información suministrada en la acción de tutela, tal como el momento en el que
entró a estudiar Ingeniería Ambiental y en el que cambió su situación económica,
(ii) confirmara si pudo matricularse para cuarto semestre de la Universidad del
Cauca, (iii) explicara sus ingresos y (iv) aportara las calificaciones de los
semestres cursados en este ente educativo.
A su vez, se
remitió una copia de la acción de tutela a cada uno de los padres del
accionante con el fin de que ratificaran los hechos contenidos en ella y
manifestaran si están en la capacidad económica de auxiliar a su hijo con las
cargas derivadas de la matrícula financiera de la Universidad o el motivo por
el que, no cuentan con los recursos suficientes para sufragarla.
Asimismo, se
ofició a la Universidad del Cauca para que informara (i) si el estudiante David
Santiago Burbano se matriculó en cuarto semestre académico de Ingeniería
Ambiental, (ii) si existe una política para evitar la deserción universitaria
por factores económicos, (iii) si es posible el reajuste del valor de la
matrícula. Adicionalmente, se solicitó que se precisaran (iv) las condiciones
del contrato que suscriben los estudiantes o sus representantes con este ente
educativo.
Por último,
en la providencia reseñada se ofició al Ministerio de Educación y a la
Secretaría de Educación del Cauca, con el fin de que esta Sala de Revisión
fuera informada sobre la existencia de una política para evitar la deserción
universitaria por factores económicos, los índices de deserción por esta causa
y la evaluación, de existir, del impacto que en términos de continuidad en la
educación superior representa la variación de la situación socioeconómica de
los estudiantes, en aquellos eventos en los que las instituciones educativas de
carácter público no permiten reliquidar los costos de la matrícula.
18.  En respuesta a los anteriores requerimientos del auto de pruebas,
se recibieron las siguientes comunicaciones y documentos aportados por los
intervinientes:
Ministerio de Educación[12]
19. En relación con las preguntas
formuladas, el Ministerio de Educación manifestó que en desarrollo de la
política educativa de “Acceso con Calidad a la Educación Superior”, el
Estado tiene dispuestas distintas líneas de crédito para diferentes grupos de
estudiantes en atención a su caracterización poblacional, que se prestan a
través del Instituto Colombiano de Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX- .
A juicio de esta entidad, las diferentes opciones de crédito han incidido en
una reducción de la tasa de deserción universitaria que pasó en el año 2010 del
12,9% al 10,28% en el año 2014.
A su vez, frente a los índices de deserción
universitaria se determinó, después de analizar la tasa anual de este fenómeno
para el año 2015, que ella es mayor en los estratos más bajos y en aquellas
zonas rurales donde no existe estratificación económica.
No obstante, afirma el Ministerio de Educación
que no ha realizado ningún tipo de evaluación frente al impacto que sobre la
continuidad del alumno en la educación superior, tienen los cambios en la
situación económica del estudiante, en aquellos eventos en los que las
instituciones educativas de carácter público no permiten reliquidar los costos
de las matrículas. La definición del valor de la matrícula: “(…) es
discrecional para cada Institución de Educación Superior, en virtud del
principio de autonomía universitaria, contemplada en el artículo 69 de la
Constitución Política de Colombia en concordancia con los artículos 3 y 28 de
la Ley 30 de 1992, que establece, [la posibilidad de] aplicar y arbitrar
sus recursos para el cumplimiento de sus fines y su misión institucional”.
Universidad del Cauca[13]
20.  En respuesta al auto de pruebas, la Universidad del Cauca indicó
que según el historial académico de David Santiago Rosero Burbano, el
estudiante no se matriculó para cuarto semestre del programa de Ingeniería
Ambiental. Esto a pesar de que este ente educativo le brindó la posibilidad de
participar en la Convocatoria para el Programa de Monitoria Social y la opción
de financiar su matrícula en los términos del Acuerdo 017 del 2012.
Se advierte
asimismo, que la cifra de deserción en esta Universidad es relativamente baja, al
reportarse en el primer periodo del año 2015 un 6,51%, mientras que en el
segundo periodo de dicho año ascendió a 8,74%. En todo caso, como políticas
para evitar la deserción de los estudiantes se crearon diferentes mecanismos
como un restaurante estudiantil universitario de bajo costo, las residencias
universitarias, la posibilidad de reingresar al programa de formación y el
servicio de psicología. Además de los estímulos existentes por el desempeño
académico y la oportunidad de ser monitores de ciertos programas académicos.
David Santiago Rosero Burbano[14],
Rocío del Pilar Burbano Velasco[15]
y Leandro Rosero Rengifo[16]
21.  El actor, su madre y su padre presentaron escritos separados
radicados en esta Corporación, dando respuesta a las preguntas que se habían
formulado en el auto de pruebas. En primer lugar, David Santiago Rosero Burbano
indicó que los problemas con su madre surgieron debido a que ella para poder
sufragar los costos de los primeros dos semestres de su carrera en la
Universidad del Cauca, debió trasladar todas las cesantías que tenía,
circunstancia que la dejó sin ningún tipo de ahorro y la hizo cuestionar la
elección del programa de Ingeniería Ambiental.
Aunado a lo anterior, David Santiago Rosero
Burbano aportó su historia académica con la pretensión de demostrar su gran
esfuerzo en la Universidad y agregó que sus ingresos mensuales son de trescientos
mil pesos ($300.000). Con este dinero, debe el actor  suplir todas sus
necesidades y las salidas de campo propias de su programa académico.
Del mismo modo, el accionante aclaró que sí
se matriculó en cuarto semestre de Ingeniería Ambiental, contrario a lo
afirmado por la Universidad del Cauca. No obstante, para obtener el dinero de
la matrícula y pagar una serie de créditos adquiridos, tuvo que realizar una
matrícula académica parcial con el fin de poder trabajar durante más horas al
día. Sin embargo, después de la inscripción en esta modalidad, se enteró que
con esto perdía la media beca que había ganado. Así las cosas, si antes le era
en extremo difícil al accionante sufragar el costo de la matrícula, ahora le
sería imposible continuar con sus estudios.
22.  Por su parte, la señora Rocío del Pilar Burbano Velasco, como madre
del estudiante,  informó que a pesar de trabajar como Auxiliar de Enfermería en
el Hospital Universitario San José de Popayán y percibir un salario de un
millón cuatrocientos treinta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro pesos
($1`432.684), se le descuenta por concepto de prestaciones sociales y por un
crédito con una entidad bancaria, seiscientos noventa y dos mil ciento
cincuenta pesos ($692.150) mensuales.
Por ende, como ingreso final, manifestó la
madre del actor que le quedan setecientos cuarenta mil quinientos treinta pesos
($740.534) mensuales, los que son destinados a solventar sus necesidades
básicas y a sufragar los costos de la atención médica que es requerida por
padecer desde hace varios años de fibromialgia, espondilo artropatía
seronegativa, sacroileitis y síndrome del túnel de carpo moderado. De esta
manera, a pesar de hacer parte del régimen contributivo en salud, a causa de la
premura del caso y a la demora en la asignación de citas, ha tenido que
solventar diversos gastos asociados a sus padecimientos de salud. Con el fin de
acreditar esta cuestión, la interviniente aporta algunos certificados médicos
que dan cuenta de sus padecimientos.
23.  Finalmente, el señor Leandro Rosero Rengifo afirmó que no obstante
trabajar como Auxiliar de Enfermería en el Hospital Universitario San José de
Popayán y percibir un salario de un millón cuatrocientos treinta y dos mil
seiscientos ochenta y cuatro pesos ($1`432.684), sólo está en capacidad
económica de auxiliar a su hijo con doscientos mil pesos ($200.000) mensuales.
Esta circunstancia, se sustenta en el hecho de tener que responder por tres (3)
hijos más con quienes no convive, los que reciben el nombre de Juan Manuel y
Miguel Rosero Campo, de 9 años de edad y Valeria Rosero Enríquez de 4 años,
como así consta en los registros civiles de nacimiento aportados a este proceso.
II. FUNDAMENTOS
Competencia
La Corte Constitucional es competente para
revisar las decisiones judiciales estudiadas con fundamento en el artículo 86 y
numeral 9 del artículo 241 de la Constitución Política de 1991, desarrollados
por los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 del mismo año.
En consecuencia, de acuerdo con el Auto de
la Sala de Selección de Tutelas Número Dos del doce (12) de febrero de dos mil
dieciséis (2016), el expediente T-5.354.516 fue seleccionado y repartido por
sorteo al Magistrado Alejandro Linares Cantillo.
Procedencia
de la demanda de tutela
24. Antes de analizar el objeto de la acción
de tutela interpuesta, es necesario proceder a estudiar los requisitos de
procedencia de la demanda de tutela relativos a: (i) la alegación de una
presunta afectación de un derecho fundamental, (ii) la legitimación por activa
y por pasiva, (iii) la subsidiariedad y (iv) la observancia del requisito de
inmediatez.
Alegación de afectación de un derecho
fundamental
25. El actor aduce la presunta trasgresión
por parte de la accionada de los derechos fundamentales a la igualdad[17] y la dignidad
humana[18]
consagrados en la Constitución Política y del mínimo vital que ha contado con
un amplio desarrollo jurisprudencial. A su vez, la acción de tutela se
fundamenta en el principio de solidaridad[19]
y de manera general en el derecho fundamental a la educación, en los términos
en que ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional.
Legitimación por activa
26.  El joven David Santiago Rosero Burbano interpone acción de tutela a nombre
propio acorde con el artículo 86 de la Carta Política[20],
que establece que toda persona que considere que sus derechos fundamentales han
sido vulnerados o se encuentren amenazados, podrá interponer acción de tutela
en nombre propio o a través de un representante que actúe en su nombre.
Legitimación por pasiva
27. El artículo 5º del Decreto 2591 de 1991[21]
establece que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de una
autoridad pública que haya violado, viole o amenace un derecho fundamental. En
el caso estudiado, al dirigirse la acción de tutela contra la Universidad del
Cauca, que tiene la naturaleza de ser un ente universitario autónomo del orden
nacional vinculado al Ministerio de Educación[22],
se entiende acreditado este requisito de procedencia.
Subsidiariedad
28. El artículo 86 de la Constitución
Política de 1991 establece que la acción de tutela sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo en los casos en
los cuales sea interpuesta como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. De igual forma, se ha aceptado la
procedencia del amparo de tutela en aquellas situaciones en las que existiendo
recursos judiciales, los mismos no sean idóneos para evitar la vulneración del
derecho constitucional fundamental.
Podría considerarse, en principio, que el
actor estaba facultado para cuestionar la respuesta que a su petición fue dada
por la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Cauca, ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y de manera particular mediante
la acción de nulidad y restablecimiento de derecho. Con mayor razón, si con la
entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011[23],
se consagraron una serie de medidas cautelares que pueden ser de naturaleza preventiva, conservativa, anticipativa o de
suspensión:
“Es claro
a partir de la nueva regulación que el acentuado rigor que gobernaba la
procedencia de la suspensión provisional en vigencia del anterior Código
-al  exigirse no solo el planteamiento de la solicitud antes de ser
admitida la demanda sino también la constatación de una manifiesta y directa
infracción de las normas invocadas-, fue modificado sustancialmente al
prescribirse ahora que podrá solicitarse en cualquier momento y que podrá
prosperar cuando la violación “surja del análisis del acto demandado” y su confrontación –no directa- con las
disposiciones invocadas. Que la violación justificatoria de la suspensión
provisional pueda determinarse a partir del “análisis”, indica que la autoridad judicial tiene
la competencia para emprender un examen detenido de la situación planteada,
identificando todos los elementos relevantes para determinar si ocurrió una
infracción normativa. No basta con una aproximación prima facie para afirmar o descartar la vulneración, en
tanto el juez debe evaluar con detalle la situación y a partir de ello motivar
adecuadamente su determinación”[24].
No
obstante, al analizar en concreto las especiales circunstancias de
vulnerabilidad de  David Santiago Rosero Burbano, tales como el ser parte del
nivel más bajo del Sisbén y la pérdida de su beca para estudiar a causa de la
matrícula parcial que tuvo que realizar, debe concluirse que en el caso
concreto el medio ordinario en realidad no está al alcance de una persona con
las características del actor, al supeditarse su ejercicio a una acción
ordinaria regida por la formalidad y atada al conocimiento técnico de un
abogado, que el actor no podría pagar.
Además,
debe tenerse en consideración, como así fue desarrollado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-284 de 2014[25], al estudiar el
parágrafo del artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, que tal y como ha sido
interpretada la Constitución, los jueces de tutela cuentan con una facultad
amplia para proteger los derechos fundamentales, que los habilita para decretar
medidas provisionales más amplias que las ordinarias y que están sujetas a
estándares abiertos y no susceptibles de concretarse en reglas inflexibles.
En
adición a ello esta Corporación, como se analizará posteriormente, ha dicho –por
regla general- que la acción de tutela es procedente para analizar los
conflictos surgidos con el derecho a la educación aun en mayores de edad. Así
se desprende, por ejemplo, de la sentencia T-749 de 2015, en la que la Corte
indicó que:“(…) es
procedente que los titulares de dicho derecho puedan solicitar su amparo por
medio de la tutela, y su acceso al servicio a través del sistema educativo o de
los centros especializados en dichas actividades, así como su continuidad en la
formación”[26].
Inmediatez
29. En relación con el presupuesto de
inmediatez exigido para la procedencia de la demanda presentada en ejercicio de
la acción de tutela, que presupone que ella se interponga en un término
razonable desde la afectación del derecho, se tiene que en el presente caso la
respuesta a la petición que se negó a reliquidar la matrícula de David Santiago
Rosero Burbano se remitió el cuatro (4) de agosto del dos mil quince (2015),
mientras que la demanda fue interpuesta el catorce (14) de agosto del mismo
año.
Es decir, que sólo transcurrieron diez (10)
días desde momento que en el que se consumó la presunta afectación de los
derechos fundamentales del actor y la interposición de la tutela estudiada. Por
lo anterior, esta Sala considera que el tiempo que transcurrió entre los hechos
que originaron el presente trámite y la interposición del amparo de tutela es
razonable.
Problema jurídico a resolver y método de
la decisión
30. En esta oportunidad le corresponde a la
Sala Tercera de Revisión determinar si la Universidad del Cauca afectó los
derechos fundamentales a la educación, al mínimo vital, la dignidad humana y el
principio de solidaridad del estudiante David Santiago Rosero Burbano al
consagrar en su reglamento, disponiendo su aplicación al accionante, una regla
que impide –de manera general- revisar la situación socioeconómica de los
estudiantes con posterioridad a su ingreso a efectos de reliquidar el valor de
la matrícula.
Con la finalidad de resolver el anterior
problema jurídico, en la presente sentencia se reiteran las reglas
jurisprudenciales relativas a los siguientes temas: (i) contenido, desarrollo
jurisprudencial y naturaleza jurídica del derecho a la educación; (ii) los
límites a la autonomía universitaria; (iii) la ponderación entre la autonomía
universitaria y el derecho a la educación; y por último, (iv) el contrato de
educación y el principio de solidaridad social.
Contenido, desarrollo jurisprudencial y
naturaleza jurídica del derecho a la educación
31. El
derecho a la educación fue consagrado de forma expresa en la Constitución de
1991 y desarrollado de manera particular frente a los menores de edad como un
derecho fundamental[27].
A su vez, el artículo 45 de la Carta Política estableció el mandato expreso del
Estado y de la sociedad de garantizar la protección y la formación integral del
adolescente y de la juventud:
“El adolescente tiene derecho a la protección y a la
formación integral.
El
Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y
progreso de la juventud”.
Por otro lado, no deben
olvidarse las demás previsiones que en materia de educación se encuentran
contenidas en la Constitución, que indican que el Estado debe respetar el
mandato de progresividad en el acceso a la educación[28],
su función de regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de ella[29]
y la función social que rige el servicio público de educación, que en los
términos del inciso 1º del artículo 64 de la Constitución, busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a
los demás bienes y valores de la cultura[30]. Asimismo, debe
tenerse en consideración lo preceptuado en el inciso 4° del artículo 67 de la
Carta Política que afirma que“[l]a educación será gratuita en las
instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a
quienes puedan sufragarlos”.
32. A
partir del bloque de constitucionalidad y del deber de interpretar los derechos
y deberes consagrados en la Carta de conformidad con los tratados de derechos
humanos ratificados por Colombia[31], es necesario
considerar en el análisis del derecho a la educación lo dispuesto en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana de
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales de
1966.
Así,
de conformidad con el inciso 1º del artículo 26 de la Declaración Universal Sobre
Derechos Humanos de 1948: “(…)
La instrucción elemental será obligatoria. La
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”.
A su vez, en esta disposición se establece que la
educación debe tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana,
el respeto por los derechos y debe promover la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos.
Por su parte, fue en el artículo 26 del
capítulo III de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, relativo a los
Derechos Económicos Sociales y Culturales, en el que los Estados Partes se
comprometieron en su oportunidad a garantizar un desarrollo progresivo para
lograr la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas
económicas, sociales, de la educación, la ciencia y la cultura[32].
Por último, debe indicarse que de forma
particular el Protocolo Adicional a
la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos
Sociales y Culturales de 1966 en su artículo 13, se refirió al deber de los
Estados Partes de reconocer, con el objeto de lograr el pleno ejercicio de la
educación, que: “(…) la enseñanza
superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la
capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular, por
la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”[33].
33. A partir de lo anterior, ha sido la
propia Corte Constitucional quien después de analizar diferentes tratados,
convenciones y acuerdos internacionales suscritos por Colombia, entre los que
se cuentan los ya estudiados, ha concluido que:“(…) la educación es el mejor
mecanismo para romper el círculo de pobreza de cualquier sociedad, pues asegura
el desarrollo intelectual, cultural, social y económico de un individuo,
permitiendo el acceso al conocimiento e incidiendo de manera directa en el desarrollo
de su comunidad[34]”.
34. En este marco
constitucional, se expidió la Ley 30 de 1992, “por
la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, en la que se indicó que este nivel educativo: (i) es un proceso
permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano
de manera integral[35],
(ii) estará orientado al logro de la autonomía de la persona en un marco de
libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico[36] y (iii) será
accesible a quienes demuestren poseer las capacidades requeridas y
cumplan con las condiciones académicas exigidas en cada caso[37].
35. Con fundamento en
lo expuesto, la Corte Constitucional ha desarrollado en su jurisprudencia tres
(3) elementos transversales del derecho a la educación, cuando en sede de la
acción de tutela se discuten casos que versen sobre su presunta transgresión:
36. En primer lugar, un
tema que ha sido estructural en el estudio del derecho a la educación es la
especial categoría que se le ha dado como parte de las garantías esenciales de
la persona. En efecto, la Corte ha señalado los parámetros que justifican el
reconocimiento de la educación como derecho en los siguientes términos:
“(i) su núcleo supone un elemento de desarrollo individual
y social, que asegura el pleno desarrollo de todas las potencialidades del ser
humano;
(ii)
es un factor de cohesión entre el individuo y su comunidad, así como un
elemento sustancial para el desarrollo de la sociedad;
(iii)   permite que el individuo alcance un mayor
desarrollo acorde con el medio y la cultura que lo rodea;
(iv)  es factor determinante para que los menores de edad,
atendiendo los principios sustanciales de dignidad humana e igualdad ante la
ley, se integren progresivamente al mercado laboral;
(v)
como mecanismo de acceso a la información garantiza el desarrollo individual y
colectivo, entendido éste como el bienestar del ser humano;
(vi)   confirma la primacía de la igualdad  consagrada en
el preámbulo y en los artículos 5º, 13, 68 y 69 de la Constitución, lo que posibilita
el acceso de todos los individuos, y;
(vii) materializa el acceso efectivo al conocimiento y
demás valores sustanciales para el desarrollo digno del ser humano”[38].
A partir de lo anterior, ha concluido la Corte
Constitucional que: “(…) la educación, vista como un servicio público y un
derecho, es en esencia, una de las mejores y más eficientes maneras de dignificar
al ser humano, de mejorar su calidad de vida, de integrarlo de manera efectiva
a la sociedad, así como un factor de desarrollo personal y de la comunidad a la
que pertenece, y cuyo ejercicio debe garantizarse sin ningún tipo de
limitación, más allá del respeto de otras garantías constitucionales y del
cumplimiento de los requisitos propios de cada modelo de educación”[39]
.
37. Un segundo aspecto
que ha sido desarrollado por la jurisprudencia de esta Corporación, se centra
en la naturaleza jurídica del derecho a la educación de los mayores de edad y
en la procedencia de la acción de tutela para garantizar su protección.
Si bien es cierto, algunas sentencias de esta Corte no
reconocen de manera expresa el carácter fundamental del derecho a la educación
superior, sí han declarado la procedencia de la acción de tutela para proteger
este derecho cuando de manera concreta se afecta la permanencia del estudiante
o a través de ciertas medidas se restringe desproporcionadamente este derecho,
lo que termina por desconocer el mandato de progresividad en materia de
educación[40].
No obstante lo anterior, otras providencias de la Corte han
reconocido el carácter fundamental del derecho a la educación aun cuando quien
lo invoca sea un mayor de edad, con sustento en que “(…) la educación es
inherente y esencial al ser humano, dignificadora de la persona humana, además
de constituir el medio a través del cual se garantiza el acceso al
conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la
cultura”[41] .
38.  En tercer lugar, otro aspecto
relevante para estudiar en estos casos, es el contenido del núcleo esencial del
derecho a la educación, cuya delimitación debe hacerse a partir de los
criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad[42].
Estos parámetros fueron considerados teniendo en cuenta la Observación General
Número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones
Unidas.
En ese sentido, la Corte en la en la sentencia
T-743 de 2013[43],
al definir los anteriores criterios, determinó que: (i) la disponibilidad de
la educación comprende la obligación del Estado de crear y financiar
instituciones educativas, la libertad de los particulares para fundar estos
establecimientos y la inversión en recursos humanos y físicos para la prestación
del servicio; (ii) la accesibilidad de la educación implica la
imposibilidad de restringir el acceso por motivos prohibidos, el acceso de los
grupos más vulnerables, el acceso material o geográfico y la garantía del
acceso económico que involucra la gratuidad de la educación primaria y la
implementación gradual de la enseñanza secundaria y superior  gratuita; (iii) la
adaptabilidad de la educación exige que sea el sistema el que se adapte a
las condiciones de los alumnos valorando el contexto social y cultural en que se desenvuelven, con miras
a evitar la deserción escolar; y (iv) la aceptabilidad predispone que
tanto la forma como el fondo de la educación sean pertinentes, adecuadas
culturalmente y de buena calidad.
39. Así en virtud de
lo expuesto, esta Sala, tras considerar a la educación como un elemento
transversal para dignificar a la persona humana y esencial para que el
individuo desarrolle sus conocimientos, reitera que la acción de tutela es
procedente y es la vía idónea para proteger este derecho en mayores de edad,
con mayor razón cuando la presunta afectación se relacione con la permanencia
de un estudiante en una institución académica. Además, es necesario recordar, como
se dispuso en el artículo 67 de la Constitución, que existe un deber progresivo
del Estado de garantizar el acceso al servicio público de educación y que, a su
vez, en las instituciones del Estado la educación será gratuita, sin perjuicio
del cobro de los derechos académicos a quienes puedan asumirlos.
Límites a la
autonomía universitaria y la relatividad de esta garantía constitucional
40. El inciso primero del artículo 69 de la Constitución consagró la
autonomía universitaria en los siguientes términos: “Se garantiza la
autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y
regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”.
A partir de lo anterior, ha concluido la
Corte Constitucional que la autonomía universitaria es el fundamento de la
potestad de las universidades de darse sus propios estatutos y de la facultad
de definir libremente la filosofía y su organización interna[44]. No
obstante, como así ha sido desarrollado por esta Corporación, la autonomía
universitaria no es absoluta y se encuentra limitada por las siguientes
subreglas esbozadas por la jurisprudencia constitucional en los siguientes
términos[45]:
“a) La discrecionalidad universitaria, propia de su autonomía,
no es absoluta, como quiera que se encuentra limitada por el orden público, el
interés general y el bien común[46].
b) La autonomía universitaria también se limita por la inspección y vigilancia
de la educación que ejerce el Estado[47].
c) El ejercicio de la autonomía universitaria y el respeto por el pluralismo
ideológico, demuestran que los centros superiores tienen libertad para
determinar sus normas internas, a través de los estatutos, las cuales no podrán
ser contrarias a la ley ni a la Constitución[48].
d) Los estatutos se acogen voluntariamente por quienes desean estudiar en el centro
educativo superior, pero una vez aceptados son obligatorios para toda la
comunidad educativa. El reglamento concreta la libertad académica,
administrativa y económica de las instituciones de educación superior[49].
e) El Legislador está constitucionalmente autorizado para limitar la
autonomía universitaria, siempre y cuando no invada ni anule su núcleo
esencial. Por lo tanto, existe control estricto sobre la ley que limita la
autonomía universitaria[50].
f) La autonomía universitaria es un derecho limitado y complejo.
Limitado porque es una garantía para el funcionamiento adecuado de la
institución. Es complejo, como quiera que involucra otros derechos de las
personas[51].
g) Los criterios para selección de los estudiantes pertenecen a la
órbita de la autonomía universitaria, siempre y cuando aquellos sean
razonables, proporcionales y no vulneren derechos fundamentales y en especial
el derecho a la igualdad. Por ende, la admisión debe corresponder a criterios
objetivos de mérito académico individual[52].
h) Los criterios para determinar las calificaciones mínimas deben
regularse por reglamento, esto es corresponden a la autonomía universitaria[53].
i) Las sanciones académicas hacen parte de la autonomía
universitaria. Sin embargo, son de naturaleza reglada, como quiera que las
conductas que originan la sanción deben estar previamente determinadas en el
reglamento. Así mismo, la imposición de sanciones está sometida a la aplicación
del debido proceso y del derecho de defensa[54].
En ese
orden de ideas, debe considerarse a la autonomía universitaria como un
presupuesto básico para que los entes educativos de este nivel cuenten con una
autodeterminación institucional e ideológica, que incluye la potestad de darse
y modificar sus propios estatutos. Sin embargo, esta facultad de autogobierno
concedida por la Carta Política para regular sus procesos administrativos
internos, sus normas académicas y su concepción ideológica, se encuentra limitada
por: “(…) la
Constitución, el respeto a los derechos fundamentales de la comunidad
universitaria y, en especial, de los estudiantes, y la legislación, que fija
los términos mínimos de organización, prestación y calidad del servicio, cuya
verificación es realizada por el Estado”[55].
41. Así, al tener en
cuenta los límites de la autonomía universitaria y la relatividad de  dicha
garantía institucional, esta Corte la ha ponderado con otros derechos, en donde
ha determinado que la primera debía ceder en los siguientes casos: (i) el
debido proceso en las sanciones disciplinarias impuestas por la universidad, aspecto
en el que esta Corporación concluyó que la potestad sancionatoria debe estar
supeditada a un proceso mínimo que incluya la posibilidad de hacer efectivo el
derecho de defensa[56]; (ii) tratamientos
discriminatorios en la prohibición de un estudiante de medicina de utilizar una
serie de accesorios para definir su identidad de género de forma dispar a la de
los demás[57]; (iii) educación
y maternidad, frente a lo que adujo en su oportunidad esta Corte Constitucional
que así no estuviera previsto en el reglamento de la Universidad se debía
reservar el cupo cuando una mujer se encontrara embarazada, en razón de
favorecer una serie de derechos fundamentales[58].
42. Sin embargo, la
Corte no siempre ha determinado que después de realizar una ponderación deba
ceder la autonomía universitaria frente a otros derechos, pues incluso al
estudiar temas muy sensibles como la libertad religiosa[59], en una primera oportunidad afirmó que existen
ciertas conductas que hacen parte de la esfera válida de actuación de esta
garantía institucional.  Tiempo después, al conocer el caso de un estudiante
que pertenecía a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que se le había
programado una clase el día sábado, en la Sentencia T-915 de 2011[60] se realizó un juicio estricto de
ponderación entre la libertad de cultos y la autonomía universitaria, el que se
inclinó a favor de la necesidad de proteger el día, que de acuerdo con esta
religión, se encuentra dedicado a Dios.
43. De manera que, una vez
analizada la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se puede concluir que
la autonomía universitaria, si bien es un privilegio otorgado por la
Constitución a estos entes educativos, no es absoluto y se debe evaluar en cada
caso su efectividad frente a los demás preceptos constitucionales:
“La autonomía
universitaria de manera alguna implica el elemento de lo absoluto. Dentro de un
sentido general, la autonomía universitaria se admite de acuerdo a determinados
parámetros que la Constitución establece, constituyéndose, entonces, en una
relación derecho-deber, lo cual implica una ambivalente reciprocidad por cuanto
su reconocimiento y su limitación están en la misma Constitución. El límite a
la autonomía universitaria lo establece el contenido Constitucional, que
garantiza su protección pero sin desmedro de los derechos igualmente protegidos
por la normatividad constitucional. Hay que precisar que la autonomía
universitaria en cierta forma es expresión del pluralismo jurídico, pero su
naturaleza es limitada por la Constitución y la ley, y es compleja por cuanto
implica la cohabitación de derechos pero no la violación al núcleo esencial de
los derechos fundamentales”[61].
De esta forma, los reglamentos
que en ejercicio de la autonomía universitaria expidan estos entes educativos
no son normas intangibles e inmunes a un control de constitucionalidad sino que,
por el contrario, se someten a la aplicación de los principios constitucionales
de legalidad, irretroactividad y razonabilidad, como así se pasará a estudiar
de manera concreta en el siguiente acápite.
Ponderación entre la facultad de expedir
reglamentos en ejercicio del derecho a la autonomía universitaria y el derecho
a la educación. Reiteración de jurisprudencia.
44. La Corte Constitucional ha estudiado
algunos casos, a través de sus distintas Salas de Revisión, en los que se ha
presentado una tensión entre la autonomía universitaria y el derecho a la
educación, que le ha permitido construir una serie de reglas jurisprudenciales
que en general, bajo ciertas condiciones específicas, la han llevado a
privilegiar el derecho a la educación.
45. Así, mediante la sentencia T-933 del 2005[62],
la Sala Quinta de Revisión de esta Corporación afirmó que los derechos
fundamentales pueden ser regulados y canalizados en sus diversas expresiones,
pero no desconocidos o desnaturalizados. De esta manera, cuando se esté en
presencia del fenómeno de concurrencia o coexistencia del derecho a la
educación del estudiante y de la autonomía universitaria, se deben analizar los
reglamentos que fijen requisitos con el objeto de determinar si se ha
restringido de modo injustificado, desproporcionado y arbitrario el derecho a
la educación:
“Como ha
quedado dicho, cuando estos dos derechos entran en conflicto y no es posible su
armonización, el juez debe proceder a realizar un juicio de ponderación a favor
del derecho a la educación si la consecuencia del conflicto es su
desconocimiento y negación. El propósito de la ponderación no es excluir o
eliminar el derecho a la autonomía sino establecer una prelación en el tiempo a
favor del derecho a la educación en aras de impedir que sea suspendido o negado
indefinidamente”.
De allí, es comprensible que la Sala de Revisión hubiera concluido
que al analizar la tensión entre estos dos derechos en un caso particular, se debía
determinar que cuando el reglamento, antes que buscar viabilizar el derecho a
la educación u optimizarlo, apuntaba a obstruir su legítimo ejercicio
haciéndolo nugatorio, se debía resolver la tensión a favor del último. Por
ende, al resolver el problema jurídico suscitado, relativo a un estudiante de
derecho que pese a haber cumplido con los requisitos académicos necesarios para
la obtención del título no había podido obtener su grado, por no estar a paz y
salvo con la universidad, la Corte Constitucional concluyó que:
“(…) cabe
reiterar que frente a los conflictos económicos surgidos entre el estudiante y
la institución educativa a la cual pertenece, la posición de la jurisprudencia
constitucional ha sido la de privilegiar la protección de los derechos
fundamentales del estudiante, en particular los de educación, libre desarrollo
de la personalidad, trabajo y mínimo vital, dejando sin efecto aquellas medidas
que los pongan en riesgo o hagan nugatorio su ejercicio. La ponderación a favor
de los derechos fundamentales ha sido adoptada por la Corte, básicamente, bajo
la consideración del carácter prevalente de tales derechos y de que los
intereses económicos de la institución pueden ser garantizados y protegidos por
vías menos gravosas e invasivas de aquellos como son los procesos ordinarios o
ejecutivos. Según esta Corporación, para la protección de sus intereses
económicos, las instituciones educativas cuentan con las vías judiciales
ordinarias, a efecto de lo cual pueden también exigir la constitución de
garantías para asegurar el pago de los préstamos o créditos que otorgue, por
ejemplo, a través de la suscripción y firma de títulos valores como son
cheques, letras de cambio o pagarés”[63].
46.
Por su parte, en la sentencia T-755 de 2006[64], la Sala
Primera de Revisión de esta Corporación analizó el caso de una universidad
pública que no accedió a trasladar a una estudiante diagnosticada con “lupus
eritematoso sistémico” a la sede de Bogotá para seguir con su tratamiento,
tras aducir que su reglamento no permitía esta posibilidad, razón por la que la
Corte decidió inaplicar este último y conceder la protección de los derechos a
la salud y a la educación[65].
47.
Más adelante, con la sentencia T-929 de 2011[66], la Sala
Novena de Revisión de la Corte Constitucional conoció el caso de una estudiante
universitaria que por un error administrativo no había podido obtener el título
profesional. En esta providencia, se indicó que la Corte había estudiado la
tensión existente entre, por un lado, la autonomía universitaria concretada en
una previsión del reglamento estudiantil y por otra parte, la situación del
estudiante frente al sistema educativo en al menos tres casos[67], respecto de los que se debería considerar
que:
“(…) el juez constitucional debe ponderar los límites a los que se puede
exponer la autonomía universitaria y el derecho a la educación, cuandoquiera
que estos se ven en conflicto por errores administrativos de las instituciones
educativas. En todos los casos debe tenerse en cuenta que las instituciones de
educación superior no pueden excusarse en la autonomía que les otorga la
Constitución para abstenerse de observar el debido proceso y la buena fe en sus
actuaciones, llevando a cabo actuaciones arbitrarias o negligentes. Pero,
asimismo, ha considerado la Corte que el estudiante no puede pretender que la
solución de esos errores le genere de manera automática la convalidación de
materias o requisitos que no ha cumplido de manera efectiva”[68].
Aunado a lo anterior, mediante la sentencia T-068 de
2012[69],
después de afirmar el carácter fundamental del derecho a la educación aun en
mayores de edad, concluyó que “(…) si bien en materia de educación superior las universidades
materializan su derecho a la autonomía universitaria a través de la creación de
los reglamentos estudiantiles y estatutos que rigen las relaciones académicas y
contractuales entre los estudiantes, los docentes y las directivas, dichas
normas no predominan sobre el contenido esencial de los derechos fundamentales,
entre ellos el de la educación, de forma que no pueden utilizarse como
fundamento o motivación para su desconocimiento”[70].
48. Ahora
bien, con el fin de garantizar la permanencia del estudiante, la Corte
Constitucional en la sentencia T-531 de 2014[71], fijó una
serie de reglas a seguir cuando se evidencie una tensión entre la autonomía
universitaria y el derecho a la educación, en el contexto del incumplimiento
del pago de las acreencias debidas por un estudiante:
“Por
esta razón, como previamente se dijo, en aras de garantizar la permanencia de
los estudiantes en el sistema educativo, se han establecido por la Corte unos
parámetros jurisprudenciales que le permiten al juez de tutela identificar en
qué casos un conflicto económico debe ceder ante la necesidad de garantizar la
continuidad en la educación. Para el efecto, se ha señalado que es necesario
acreditar (i) la imposibilidad de los padres o del estudiante de cumplir con
las obligaciones pecuniarias adeudadas al plantel educativo; (ii) que dichas
circunstancias encuentren fundamento en una justa causa; y (iii) que el deudor
haya adelantado gestiones dirigidas a lograr un acuerdo de pago. Una vez el juez de tutela examine que
están acreditados los citados requisitos, deberá dar primacía al derecho a la
educación y ordenar las medidas que correspondan para asegurar su debida
protección”.
En ese
sentido, en la sentencia T-749 de 2015[72],
la Corte estableció que se debe procurar que las medidas que limiten el derecho
a la educación no pongan en riesgo la permanencia del individuo en el sistema
educativo hasta cumplir con sus expectativas académicas, dado que ella
constituye una parte fundamental del núcleo esencial de este derecho. En
consideración a lo anterior, le corresponde a las universidades y de manera
subsidiaria a los jueces de tutela, observar sus reglamentos internos y el
principio de autonomía frente a la solicitud estudiantil, de una forma más
flexible cuando se le vea truncado el derecho a la educación a un estudiante
por razones completamente ajenas a su voluntad, como lo serían las dificultades
financieras.
49. Por
ende, se puede extraer de las providencias estudiadas, que en general se han
determinado como reglas de cada decisión, las siguientes: (i) no puede
negársele el grado a un estudiante universitario que ha cumplido con todos los
requisitos académicos para la obtención del título, pero que no se encuentra a
paz y salvo con la institución; (ii) cuando una persona padezca de una grave
enfermedad y requiera de un tratamiento en un lugar del país distinto al que
reside, la universidad pública a la que esté matriculado deberá facilitar el
traslado a otra sede en donde pueda ser recibido, aunque esto lleve a inaplicar
el reglamento universitario; (iii) se vulnera el derecho a la educación cuando
una institución registra o certifica una actividad del estudiante de forma
errada y esto, le trae consecuencias negativas a la hora de inscribir materias,
matricularse u obtener el grado; (iv) no es posible posponer de manera
indefinida la continuación del proceso educativo de una persona por razones de
índole económica, pero ello tampoco implica desconocer la deuda del estudiante,
en estas circunstancias, se debe proceder a realizar un acuerdo de pago con el
deudor sin restringirle la permanencia en el estudio.
50.  En
síntesis, cuando en el estudio de un caso concurre la aplicación de los
derechos a la educación y la garantía institucional a la autonomía
universitaria de manera tal que no sea posible su armonización, se debe
privilegiar el derecho a la educación aunque ello lleve a no aplicar el
reglamento interno de la universidad. Con mayor razón, si de las circunstancias
fácticas expuestas es plausible advertir que las disposiciones de los
reglamentos aplicadas con rigor, restringen de forma desproporcionada,
injustificada y arbitraria un derecho, circunstancia que le es ajena a la
voluntad del estudiante.
Sin desconocer el
valor de la autonomía universitaria, con el fin de evitar injerencias
indebidas, garantizar su autogobierno y asegurar el respeto por la filosofía
particular de un ente educativo, se debe considerar que esta garantía
constitucional está sujeta a límites, aún más cuando entra en tensión con otros
principios o derechos de raigambre constitucional. De ahí que se deba decir que
“(…) la autonomía
universitaria no puede ser entendida como una autonomía absoluta sin
límites que la regulen o racionalicen, ya que ante todo por estar de por medio
el derecho fundamental al goce efectivo de la educación, la autonomía se predica dentro de un régimen democrático y constitucional y
por tanto debe estar sujeto a la Constitución y las leyes que desarrollan sus
postulados”[73]. De esta forma, la facultad de expedir el reglamento
universitario no es absoluta y en caso de llegar a cuestionar la Carta
Política, se debe privilegiar el goce efectivo de un derecho sobre el rigorismo
del texto reglamentario.
El contrato de educación y el deber de solidaridad
social
52. Es necesario referirse al contrato de
educación que se suscribe entre los padres del estudiante o por él mismo con
una institución educativa, con el fin de que a cambio de una remuneración, se
le promueva un “conocimiento de carácter formativo”[74]. Este
contrato no cuenta con una naturaleza típica en la legislación nacional,
circunstancia que no excluye su vital importancia para cualquier sociedad en
razón del estímulo al conocimiento que por esta vía se realiza.
Si bien la Corte no se ha referido de forma
explícita a este contrato, de su jurisprudencia se puede extraer que se trata
de un acuerdo de voluntades entre dos partes, que implica una serie de
obligaciones correlativas[75].
De allí que, en la sentencia T-531 de 2014[76],
se hubiera destacado que el derecho a la educación implica que el estudiante
cumpla con una serie de deberes:
“En este punto, se destaca la doble naturaleza del derecho a
la educación, como derecho-deber, por virtud del cual
la permanencia del estudiante se somete no sólo a la obligación de cumplir con
las exigencias académicas dispuestas por la institución, sino también a la
exigencia de acatar los reglamentos que contienen las normas que
rigen su comportamiento en el entorno estudiantil, las cuales, como lo ha
señalado la Corte, “no pueden ser arbitrarias y
se deben enmarcar dentro de los límites constitucionales.” En general, es claro
que las prerrogativas que se derivan de la garantía de permanencia, sólo podrán
hacerse exigibles cuando el alumno se somete a las condiciones de las cuales
depende su ejercicio”[77].
Debe advertirse que la educación a pesar de
ser un derecho, se presta en virtud de una relación contractual que implica
obligaciones tanto para el alumno, como para la institución educativa e incluso
para el mismo Estado, así directamente no sea el servicio prestado por él, en
virtud del deber de regular y ejercer su suprema inspección y vigilancia.
Se destacan como características de este acuerdo
de voluntades, las siguientes: (i) su carácter de consensual, dado que
en principio no se exige por la ley ninguna formalidad para su perfección; (ii)
bilateral, al implicar obligaciones para ambas partes; (iii) en
principio oneroso, aunque en  virtud del principio de progresividad del Estado
en materia de educación debería tender en su ámbito público a la gratuidad[78];
(iv) atípico, al no estar consagrado de manera expresa en la ley; y (v) de
ejecución sucesiva, en razón de que su ejecución tiene vocación de
permanencia y se agota en múltiples prestaciones periódicas diferidas en el
tiempo.
53. El Código de Comercio tomando en consideración
los esfuerzos de la jurisprudencia nacional consagró en su artículo 868, que
los contratos podían ser revisados por el juez y reajustados “[c]uando
circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la
celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren
o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en
grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión”[79].
54. De hecho, tanto el Consejo de Estado
como la Corte Suprema de Justicia y esta Corte Constitucional han desarrollado
en su jurisprudencia los cimientos de la teoría de la imprevisión. En ese
sentido, la Corte Suprema de Justicia en sentencia del veintiuno (21) de
febrero de dos mil doce (2012), al conocer el Expediente No. 11001-3103-040-2006-00537-01, afirmó que
las razones para aplicar esta teoría son múltiples pero conducen a la buena fe,
la equidad y la justicia. En consecuencia, en la jurisdicción ordinaria se ha
reconocido su aplicación como un principio general de derecho que no sólo
irradia el ordenamiento jurídico, sino que también es una de las instituciones
que en la ejecución del contrato “(…) sirven al propósito de adaptarlo a las
sensibles transformaciones dinámicas en la vida de relación, misión vital de la
jurisprudencia”.
La Corte
Constitucional, de otro lado, en la sentencia C-892 de 2001[80] se refirió a
la justicia conmutativa que implica en el derecho público que las prestaciones
correlativas de las partes deben tener una equivalencia, acorde con el criterio
objetivo de proporción o con la simetría en el costo económico de las
prestaciones. Así, como es esgrimido expresamente en esta providencia: “[c]on ello, se fija un
límite al ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, en aras de
racionalizar la posición dominante de la administración, mantener el equilibrio
del contrato y, de este modo, garantizar los derechos del contratista que se
constituye en la parte débil de la relación contractual”. Así las cosas, el
principio de reciprocidad en las prestaciones comporta una de las bases de la
estructura de los contratos y desarrolla el ideal ético jurídico de la justicia
conmutativa.
Asimismo, la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Sección Tercera del Consejo de Estado en Sentencia del
dieciocho (18) de enero de dos mil doce (2012), en la que resolvió la
controversia entre la Sociedad Construacero S.A.  y la Caja Promotora de
Vivienda Militar, afirmó que: “[e]l equilibrio económico del
contrato, constituye una regla contenida en el artículo 27 de la Ley 80 de
1993, bajo cuyo tenor, en los contratos estatales se mantendrá la igualdad o
equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de
contratar, que resulta de la aplicación del principio de conmutatividad,
contenido en el contrato y que vincula a las partes; cuando dicha igualdad se
rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes deben
adoptar las medidas necesarias para su restablecimiento”[81].
Se debe
concluir que, la autonomía de la voluntad que se concreta en las previsiones de
un contrato estatal o de uno particular, no es un principio absoluto ajeno a
excepciones. De manera particular, la teoría de la imprevisión consagra que
cuando una de las prestaciones de las partes deja de ser equivalente o
conmutativa a la de la otra, se crea una excepción al principio general del
contrato como ley para las partes dado que ellas se obligaron bajo una serie de
condiciones particulares y su grave alteración, termina por afectar de forma sustancial
el equilibrio que existía al momento de la manifestación inicial de la
voluntad.
55. De lo anterior, se
advierte que subyace a la facultad del juez de revisar los contratos el
propósito de enfrentar situaciones que pueden afectar gravemente la justicia
material en contra de una de las partes. De esta manera, si ello es aplicable a
contratos entre privados e incluso entre el Estado y un particular, con mayor
razón en un contrato suscrito entre un estudiante y una universidad pública se
deben contemplar este tipo de revisiones frente a circunstancias imprevisibles.
Al fin y acabo, el contrato de educación se suele suscribir entre sujetos
dispares, que en consideración a la función social de la educación, su
contenido como derecho y su carácter de servicio público[82],
reducen el margen de acción de la autonomía universitaria.
La ejecución del
contrato de educación hace posible considerar aplicable la doctrina de la
imprevisión como un mecanismo que busca preservar la buena fe, la equidad y la
justicia conmutativa para conservar las bases del equilibrio del contrato que
se fijan al inicio de la relación. Esta situación, en el caso de las
universidades públicas se ve acentuada por lo dispuesto
en el inciso 4° del artículo 67 de la Constitución -que plasmó la gratuidad en
la educación suministrada por el Estado y los cobros de derechos académicos para
aquellas personas que, con exclusividad, estén en capacidad de sufragarlos- y
por el principio de solidaridad, que lleva inmerso el deber de reconocer las
circunstancias fácticas particulares en la aproximación a un caso y que han
determinado el cambio en una nueva concepción del derecho que: “(…) sin abandonar la protección de los derechos de la
persona, que siguen siendo el fundamento y la base del ordenamiento político
(CP arts 1º y 5º), intenta superar las limitaciones del individualismo egoísta
propio del modelo del estado liberal clásico, en la medida en que reconoce la
importancia del principio de solidaridad (CP art. 1º y 95)”[83].
En consecuencia, si el
principio de solidaridad es estructural al Estado Social de Derecho colombiano
las universidades públicas deben considerar, en las relaciones que establecen
con sus estudiantes, la posibilidad de contemplar que un cambio de
circunstancias justifica la revisión de las condiciones económicas que se
establecen para la prestación sus servicios. La Corte Constitucional ha
reconocido explícitamente la relevancia de la solidaridad en esta materia:
“(…) la Corte ha sostenido que la
educación es un servicio público, así que de conformidad con los artículos 365
a 369 de la Constitución, se encuentra a cargo del Estado; goza de asignación
prioritaria de recursos públicos a título de gasto social; su prestación debe
ceñirse a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad social y
redistribución de los recursos en la población económicamente vulnerable”, y la
regulación y diseño del sistema debe orientarse al aumento constante de la
cobertura y la calidad”[84].
56. Por consiguiente, la situación de
debilidad manifiesta de una de las partes por causas económicas en un contrato
de educación, no le es indiferente al Estado como contraparte contratante, sino
que por el contrario, puede quedar comprendida por los supuestos de la
denominada teoría de la imprevisión y, adicionalmente, resultar relevante desde
la perspectiva del mandato de solidaridad.
Estudio del caso concreto
57. En el caso que ocupa la atención de la Sala en esta
oportunidad, se debe tener en consideración que David
Santiago Rosero Burbano buscó continuar con su carrera de Ingeniera Ambiental en
la Universidad del Cauca; en virtud de ello, se esforzó para obtener la media
beca en los periodos académicos cursados y realizó varias actividades como
vender tomates para adquirir el dinero que le permitiera sufragar los costos de
su matrícula y de su sostenimiento.
No obstante, debido a las circunstancias
que dieron origen al cambio de la situación socioeconómica del joven Rosero
Burbano, que lo llevó a ser calificado con un puntaje de 5.53 en el Sisbén que lo
ubica en el nivel 1, es decir en el más bajo de esta encuesta, no pudo seguir
pagando el valor de su matrícula. A pesar de la solicitud radicada en la
Universidad del Cauca para que se revisara el cambio de su situación financiera,
este ente educativo se negó a reliquidar el monto de la matrícula del actor, en
consideración a que en el reglamento expedido con fundamento en la autonomía
universitaria que le otorgó la Constitución, se proscribió tal posibilidad.
58. La Universidad del Cauca, a través de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, intervino
en el trámite de tutela argumentando que es imposible acceder a la pretensión
del accionante, en el sentido de revaluar su situación financiera en aras de
fijar un nuevo monto para el valor de su matrícula. Tal circunstancia, obedece
a que en el Acuerdo Superior No. 049 de 1998, el Consejo Académico determinó
que los Derechos Básicos de Matrícula se debían liquidar de conformidad con el
sistema diferencial determinado por el valor actualizado de la pensión que el
aspirante pagaba el último año de colegio y el estrato socioeconómico de la
vivienda familiar. Además, según se estableció en el parágrafo cuarto
del artículo 26 del Acuerdo Superior 052 de 2009, no es susceptible modificar
la situación del estudiante para liquidar la matrícula, salvo que exista una actuación
administrativa de autoridad competente donde aclare el estrato del bien
reportado inicialmente por el aspirante.
59. Los
jueces de instancia en el trámite
de tutela negaron el amparo de los derechos fundamentales a la educación
superior, a la igualdad, la dignidad humana, el mínimo vital y el principio de
solidaridad peticionados por David Santiago Rosero Burbano, con sustento en que
las estipulaciones del reglamento están cobijadas por el derecho a la autonomía
universitaria que beneficia a la accionada y en que existe un mecanismo alterno
para que los padres contribuyan con su educación superior.
60. La Sala Tercera de Revisión de esta Corte no concuerda
con las razones expuestas por el Juzgado Primero
Laboral del Circuito y por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Popayán, y por lo tanto, considera que la Universidad del Cauca al
negarse a emprender, a la luz de las nuevas circunstancias del estudiante, un
examen del valor de la matrícula del estudiante a efectos de determinar la
posibilidad de reliquidarla, vulneró sus derechos fundamentales a la
educación, al mínimo vital y a la dignidad humana.
61. Debe advertirse que de las pruebas obtenidas en Sede de
Revisión, se encuentra demostrado que los padres del estudiante David Santiago
Rosero Burbano no están en capacidad de auxiliarlo económicamente para que
pueda pagar la totalidad del monto de la matrícula, en virtud de la enfermedad
y del tratamiento que debe pagarse su madre y de los ingresos del padre, que se
encuentran limitados por su destinación a la manutención de tres hijos más,
quienes en la actualidad son menores de edad. De cualquier manera, no debe
perderse de vista que el accionante no está solicitando la gratuidad de su matrícula,
sino la liquidación de un nuevo monto que sea un real reflejo de sus
circunstancias socioeconómicas actuales.
En consecuencia, es incomprensible para esta Sala de
Revisión que en un reglamento universitario se niegue la posibilidad de evaluar
circunstancias fácticas que después del ingreso a una universidad pública,
dificulten la permanencia del estudiante y que los jueces de instancia, no
hubieran analizado cuidadosamente tal circunstancia, con el fin de determinar
si existió una restricción al goce efectivo del derecho a la educación.
En términos prácticos, la decisión de la Universidad del
Cauca de no acceder a emprender un nuevo examen para determinar la procedencia
de reliquidar el valor  de la matrícula del estudiante a la luz de las nuevas
circunstancias termina por inducir al actor a escoger la vía de la deserción
universitaria, a pesar de sus excelentes calificaciones, de su gran esfuerzo en
desempeñar oficios varios que le permitieran sobrevivir y de su interés en
culminar sus estudios universitarios en este ente educativo, que por demás se
encuentra vinculado al Ministerio de Educación. Esta cuestión demuestra un
desconocimiento de la finalidad del derecho a la educación, que en los términos
de la jurisprudencia de esta Corte, se ha reconocido como determinante para
romper el círculo de pobreza, como así fue expuesto en el acápite
correspondiente.
62. Por otra parte, contrario
a lo indicado por los jueces de instancia, no debe perderse de vista que la
autonomía universitaria es un derecho limitado y complejo, al involucrar otros
derechos y al circunscribirse al adecuado funcionamiento de la institución.
Es en ese sentido, que se debió analizar la razonabilidad de
los acuerdos universitarios que niegan la posibilidad de revaluar la situación
socioeconómica del estudiante, con mayor razón si como sucede en el presente
caso se trata de un joven de dieciocho (18) años que hace parte del nivel más
bajo del Sisbén. Asimismo, no debe perderse de vista que la madre del
accionante, ya utilizó sus cesantías para pagar los dos primeros semestres de
la matrícula de su hijo en la Universidad del Cauca, su padre con tres hijos
más no puede sacrificar las necesidades de sus otros hijos para sufragar los
costos de los estudios universitarios del mayor de ellos, y el estudiante David
Santiago Burbano, ya no pudo pagar todas sus deudas y la matrícula
universitaria, lo que repercutió en la pérdida de su beca a causa de la
matrícula parcial que debió realizar.
A partir del análisis de las
anteriores circunstancias, es necesario sopesar que existen distintos ámbitos
de la vida en familia, que no pueden reducirse al pago de los costos de una
matrícula universitaria de uno de sus miembros. En otras palabras, la exigencia
de una Universidad de fijar el monto de los derechos de ingreso no puede
limitar excesivamente las demás esferas de la vida del estudiante y de sus
familiares, en consideración a que esto equivaldría a que el estudio se vuelva
una carga tan desproporcionada, que haría de la deserción universitaria, la
única opción para llevar una vida con un poco de tranquilidad.
Por tanto, negarse a estudiar la nueva capacidad económica
del estudiante y de su núcleo familiar desconoce el deber del Estado de
proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, se
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta[85]. Es claro que la
universidad se encuentra autorizada para adelantar las gestiones
administrativas orientadas a verificar la nueva situación y, con fundamento en
ello, adoptar una decisión sobre el particular. Sin embargo, no puede simplemente
abstenerse de hacerlo pues una educación pública incluyente, debe inclinarse,
antes que por la tenencia de los recursos económicos, por los méritos y las
capacidades de los estudiantes.
La Corte es consciente de las
dificultades operativas o administrativas que tiene para una universidad
pública emprender las actuaciones dirigidas a verificar un cambio en las
situaciones socioeconómicas de sus estudiantes. Esto, sin embargo, no es justificación
suficiente para abstenerse de hacerlo, dado que el goce efectivo de un derecho
no puede estar supeditado a los obstáculos administrativos, considerando además
el contenido del artículo 67 de la Carta.
63. La necesidad de establecer mecanismos de revisión del
valor de la matrícula en las universidades públicas se fundamenta en la
posición adoptada por la misma Constitución, en el sentido de propender por el
cobro de derechos académicos o pecuniarios a quienes puedan sufragarlos. La
referencia a la posibilidad de cubrir el valor de tales derechos contenida en
el inciso cuarto del artículo 67 de la Carta supone la existencia de una
obligación constitucional inaplazable de las universidades públicas de valorar
la capacidad de pago de los estudiantes a través de los procedimientos que se
definan para el efecto. Negarse a revisar el cambio en las condiciones
socioeconómicas de un estudiante no sólo afecta su permanencia, sino que
también, podría llegar a desconocer el precepto constitucional que le dio
origen a la potestad de las universidades públicas de cobrar los derechos
académicos.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia
C-654 de 2007[86]
en la que estudió una demanda dirigida contra el artículo 122 (parcial) de la Ley 30 de
1992, que contempla los derechos de grado y el cobro de los servicios médico
asistenciales en las universidades, explicó el alcance del inciso cuarto del
artículo 67 de la Constitución en los siguientes términos:
“Ciertamente, aun cuando la fórmula adoptada por el
constituyente a primera vista pareciere contradictoria, por cuanto en una
aproximación a su sentido el cobro de derechos académicos se pudiere asumir
como un obstáculo al acceso a la educación oficial, lo cierto es que apelando a
una sana hermenéutica la previsión en comento debe ser interpretada como
manifestación del principio de solidaridad, en la medida en que la exigencia de
derechos académicos a quienes puedan pagarlos hace posible que personas con
demostrada capacidad económica permitan generar recursos adicionales que
coadyuven a la financiación de ese servicio público, a fin de que la educación
esté al alcance de todos.
Tratándose de la educación universitaria estatal, en los
instrumentos internacionales la obligación de acceso gratuito a ese servicio
público es por ahora compatible con el establecimiento de derechos académicos a
quienes pueden sufragarlos, toda vez que el Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales y las Observaciones Generales del Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconocen la obligación para los
Estados de implantar "progresivamente" la gratuidad de la
enseñanza superior”.
A partir
de esto, se concluyó en esta providencia que las universidades pueden requerir
el pago de los estudiantes o de sus familiares del valor de ciertos montos
pecuniarios para la financiación de estos entes educativos. Pero “(…) tratándose de
establecimientos de carácter estatal los derechos pecuniarios solamente se
cobrarán a quienes cuentan con capacidad de pago; respecto de las instituciones
particulares, éstas tienen derecho a exigirlos como retribución del servicio
prestado, pudiendo determinar, en ejercicio de su autonomía, si en algunos
casos no hay lugar a su pago”[87].
63. En cuarto lugar, si bien
se debe reconocer que en el caso que nos ocupa, existe una tensión entre el
derecho a la educación y el de autonomía universitaria que se concreta en la
facultad de expedir sus propios reglamentos, de un análisis de la jurisprudencia
de esta Corte, se puede concluir que la previsión del Acuerdo 052
de 2009, relativa a determinar que las condiciones económicas del
estudiante son inmodificables con posterioridad al ingreso a esta Universidad,
limitan de forma desproporcionada el derecho a la educación y en particular,
desconocen sin una motivación objetiva la línea jurisprudencial de esta
Corporación que ha tendido por privilegiar la permanencia de los estudiantes en
los conflictos económicos esta índole.
Así, esta Sala de Revisión considera que si bien el caso
estudiado en la sentencia T-531 de 2014[88],
no es exacto al que ocupa la atención de esta Sala, es pertinente retomar las
reglas fijadas en dicha ocasión, que permiten concluir que se debe dar primacía
al derecho a la educación de David Santiago Rosero Burbano. Esta conclusión, se
deriva de que: (i) se acreditó la imposibilidad de los señores Leandro Rosero
Rengifo y de Rocío Burbano Velasco, como padres del accionante
e incluso del mismo estudiante, de cumplir con el monto de la obligación
pecuniaria correspondiente al valor de la matrícula; (ii) que estas
circunstancias están justificadas por las restricciones económicas a las que se
enfrenta su padre por el número de hijos que tiene, por la enfermedad y los
ingresos de su madre, así como por las particulares condiciones económicas que
enfrenta el actor al hacer parte del nivel 1 del Sisbén y; (iii) que a pesar de
la solicitud de reliquidar la matrícula, las opciones otorgadas por la Universidad
no son suficientes dado que las monitorías sociales no permiten pagar en su
integridad la matrícula y el estudiante no cuenta con un codeudor solvente que
le permita financiar la deuda.
64. A partir
de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
concluye que el parágrafo cuarto del artículo 26 del
Acuerdo Superior 052 de 2009, que contempló la imposibilidad de modificar la
situación socioeconómica del estudiante para efectos de liquidar el valor de ella,
en el presente caso es contrario al núcleo esencial del derecho a la educación,
al afectar la permanencia del estudiante, e ignorar los mandatos contenidos en
la Observación General Número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales[89],
así como el desarrollo jurisprudencial que esta Corte ha reconocido sobre
ellos.
De hecho, las disposiciones del reglamento
universitario aplicadas con rigor en el caso de David Santiago Rosero Burbano, afectarían
las garantías de accesibilidad y de adaptabilidad de la educación, por cuanto
en los términos de la sentencia T-743 de 2013[90],
la primera implica el acceso económico de la educación, especialmente de los
más vulnerables y la segunda, exige que sea el sistema el que se adapte a las
condiciones de los alumnos valorando el contexto social y cultural en que se desenvuelven con miras a
evitar la deserción escolar, presupuestos que precisamente en el caso objeto de
estudio, fueron desconocidas.
65. De
manera paralela, se ignoró la especial protección a los jóvenes y adolescentes
consagrada en la Carta Política en su artículo 45 y la garantía de permanencia
contenida en el inciso primero del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que
establece que: “(…) el acceso a los estudios superiores será
igual para todos, en función de los méritos respectivos”.  Para la Corte,
el acceso a la educación universitaria no es un asunto simplemente adjetivo
y, por el contrario, se trata de una cuestión de la mayor trascendencia, en
tanto constituye un presupuesto de realización de la igualdad de oportunidades.
Tal y como se desprende de las pruebas
recaudadas en Sede de Revisión, la negativa de iniciar el proceso de
reliquidación del valor de la matrícula del estudiante, termina por afectar su
mínimo vital, el principio de solidaridad social que le es exigible al Estado y
el derecho a la dignidad humana. De esta manera, a pesar de los méritos académicos
de David Santiago Rosero Burbano que le permitieron no solo ingresar sino
también cursar varios semestres en la Universidad del Cauca, esta última
contribuye a crear una situación insostenible que propicia la deserción del
estudiante[91].
66. Por todo lo anterior, la Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional tutelará como mecanismo definitivo los derechos
fundamentales a la educación, al mínimo vital, a la dignidad humana, a su vez el
principio de solidaridad social del actor y como consecuencia, ordenará a la
Universidad del Cauca que a través de la dependencia competente, liquide de
nuevo el valor de la matrícula de David Santiago Rosero Burbano. Con el
fin de no desconocer una serie de garantías fundamentales, en este nuevo
estudio de la situación económica del actor se deberá tener en cuenta, su
pertenencia al nivel 1 del Sisbén y la capacidad económica limitada de sus padres,
sin que de ninguna manera, el nuevo monto fijado pueda llegar a afectar el
mínimo vital del actor o de su núcleo familiar. De manera que, con el fin
de hacer efectiva esta orden, se inaplicará el reglamento en los apartes
cuestionados por ser contrarios a los postulados consagrados en la
Constitución.
De modo similar, esta Sala
ordenará a la Universidad del Cauca que después de iniciar el proceso de reliquidación
de la matrícula, reactive el incentivo de exoneración del medio pago de ella a
favor del estudiante Rosero Burbano, siempre y cuando haya mantenido el
promedio exigido para el efecto y no haya habilitado o repetido ninguna
asignatura en dicho periodo académico[92].
Esta orden se imparte, en consideración a que de las pruebas obtenidas y
valoradas en Sede de Revisión, la pérdida de este incentivo académico se debió
a la incapacidad económica del estudiante y a la omisión de la accionada de iniciar
el proceso de reliquidación de la matrícula.  Con todo, esta Universidad no
podrá negar este estímulo con fundamento en que el actor no haya inscrito todas
las asignaturas del anterior periodo académico, pues esta fue la única opción
que tuvo para continuar sus estudios frente a la conducta de la primera.
67. De igual manera, esta
Sala ordenará a la Universidad del Cauca que incluya en su reglamento medidas
que le permitan a otros estudiantes que se encuentran en una situación similar
a la del actor, solicitar la reliquidación del valor de la matrícula cuando por
circunstancias posteriores a la fijación de ella, se compruebe con una prueba
clara y fehaciente que sus condiciones sociales se han modificado al punto tal
que de no reconsiderarse tal valor, la consecuencia necesaria sería su
deserción de la Universidad. Sin embargo, esta posibilidad se encuentra
limitada por un cambio sustancial en las circunstancias socioeconómicas, que
sea verificable por el ente educativo, tal y como ocurre –por ejemplo- con un
cambio en la clasificación de la encuesta del Sisbén.
La restricción prevista en el reglamento de
la Universidad del Cauca para modificar el valor de la matrícula de los
estudiantes con posterioridad a su ingreso a la institución, restringe el
núcleo esencial del derecho a la educación superior, que se concreta en la
permanencia de los estudiantes en el ente educativo.
68. Finalmente,
esta Sala Tercera de Revisión debe cuestionar que en su respuesta el Ministerio
de Educación no haya evaluado el impacto de la continuidad de los estudiantes
en las universidades públicas, cuando ellas se niegan a reliquidar los costos
de la matrícula. Según ese Ministerio, la definición del valor de la matrícula es
un factor discrecional de cada Institución de Educación Superior en virtud del
principio de autonomía universitaria. Este no puede ser un asunto indiferente
en tanto el seguimiento y medición de estas circunstancias es imprescindible
para asegurar la existencia de políticas que garanticen, en igualdad de
oportunidades, el goce efectivo del derecho a la educación que, como se vio, es
determinante para dignificar al ser humano, mejorar su calidad de vida,
integrarlo a la sociedad y asegurar el desarrollo personal y de la comunidad[93].
III. DECISIÓN
La Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR las sentencias de tutela de primera y segunda instancia
proferidas respectivamente por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Popayán y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Popayán, a través de las que se negó el amparo de los derechos invocados por el
actor. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la educación, al
mínimo vital y a la dignidad humana en favor de David Santiago Rosero Burbano.
SEGUNDO:
ORDENAR a la Universidad del Cauca que dentro de las setenta y dos (72) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, inicie el proceso
administrativo orientado a establecer, a la luz de lo establecido en esta sentencia
(fundamento jurídico 66), la procedencia de liquidar de nuevo el valor de la matrícula de la carrera de
Ingeniería Ambiental del estudiante David Santiago Rosero Burbano, atendiendo
sus actuales circunstancias socioeconómicas. Para ello podrá solicitar al
estudiante los documentos o pruebas que se requieran a efectos de valorar su
capacidad económica.
TERCERO: ORDENAR a la Universidad
del Cauca que después de realizar el proceso de reliquidación de la matrícula,
reactive el incentivo de exoneración del 50% del valor de ella, sin considerar
para estos efectos la matrícula parcial que tuvo que realizar el estudiante.
CUARTO: ORDENAR a la Universidad del
Cauca que dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la notificación
de esta providencia, inicie el proceso de modificación del reglamento a efectos
de prever mecanismos que permitan reliquidar el valor de la matrícula de
aquellos estudiantes que demuestren un cambio sustancial en la situación
socioeconómica en la que se encontraban al momento en el que se fijó su valor.
QUINTO: ORDENAR a la Universidad del
Cauca que dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta
sentencia, remita un informe del cumplimiento de este fallo con destino al
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Popayán.
SEXTO: Por la Secretaría, líbrese la
comunicación de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Acción de tutela presentada el 14 de agosto de 2015 (Folio 20 del
cuaderno principal).
[2] Folio 16 del cuaderno principal.
[3] Ver folio 25 y 26, en el que la señora July Milena Zambrano
Espinosa narra esta situación.
[4] Folio 17 y 18 del cuaderno principal.
[5] Folio 12 del cuaderno principal.
[6] Folio 19 del cuaderno principal.
[7] Folio 15 del cuaderno principal.
[8] Folio 95 del cuaderno de Revisión.
[9] Ver folio 72 del cuaderno 1, en el que consta el Certificado de
Existencia y Representación Legal de la Universidad del Cauca.
[10] Corte Constitucional, Sentencia T-281 A/12 (M.P. Mauricio González
Cuervo)
[11] Folio 14 a 15 del cuaderno de Revisión.
[12] Folio 23 al 30 del cuaderno de Revisión.
[13] Folio 31 a 20 del cuaderno de Revisión.
[14] Folio 92 a 98 del cuaderno de Revisión.
[15] Folio 99 a 107 del cuaderno de Revisión.
[16] Folio 108 a 116 del cuaderno de Revisión.
[17] Artículo 13 de la Constitución Política de 1991.
[18] Artículo 1º de la Constitución Política de 1991.
[19] Ibídem.
[20] El artículo 86 de la Constitución Política
dispone que: “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública (…)”.
[21] De conformidad con el Artículo 5º del Decreto 2591 de 1991:“La acción de tutela procede contra toda acción u
omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar
cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2o. de esta ley”. CP, art 86º; D 2591/91, art 1º
[22] Así consta en el certificado de existencia y representación de la
Universidad del Cauca, folio 72 del expediente.
[23]  “Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
[24] Corte Constitucional. Sentencia SU-355/15 (M.P. Mauricio González
Cuervo).
[25] Corte Constitucional. Sentencia C-284/14 (M.P. María Victoria Calle
Correa).
[26] Corte Constitucional. Sentencia T-749/15 (M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo).
[27] Artículo 44 de la Constitución Política de 1991.
[28] Artículo 64 de la Constitución Política de 1991.
[29] Inciso final del artículo 67 de la Constitución Política de 1991.
[30] Artículo 67 de la Constitución Política de 1991.
[31] Artículo 93 de la Constitución Política de 1991.
[32] El
artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, reza así: “Los Estados Partes se comprometen a adoptar
providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional,
especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena
efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y
sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización
de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la
medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios
apropiados”.
[33] Literal c) del artículo 13.3. del el Protocolo
Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos Sociales y Culturales de 1966.
[34] Corte Constitucional; Sentencia T-592/15 (M.P. Gloria Stella
Ortiz).
[35] Artículo 1º de la Ley 30 de 1992.
[36] Artículo 4º de la Ley 30 de 1992.
[37] Artículo 5º de la Ley 30 de 1992.
[38] Corte Constitucional, Sentencia T-666/11 (M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo), reiterada por la Sentencia T-592/15 (M.P. Gloria Stella
Ortiz).
[39] Ibídem.
[40] Corte Constitucional. Sentencia T-375/13 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva); Corte Constitucional. Sentencia T-749/15 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo);  Corte Constitucional. Sentencia T-039/16 (M.P. Alejandro Linares
Cantillo).
[41] Corte Constitucional. Sentencia T-807/03 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño), que reiteró la postura que ya había sido expuesta por la Sentencia
T-002/92. (M.P. Alejandro Martínez Caballero). Esta línea jurisprudencial fue
recientemente retomada por la Sentencia T-476/15 (M.P. Myriam Ávila Roldán).
[42] Así se dispuso en la Sentencia T-531/14
(M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), reiterada por la Sentencia T-039/16 (M.P.
Alejandro Linares Cantillo), en las que se afirmó que: “Para
comprender el complejo panorama del derecho a la educación y en relación con el
caso sometido a decisión, esta Corporación debe resaltar el contenido de su
núcleo esencial. Al respecto, se recuerda que la jurisprudencia de este
Tribunal estableció, en un primer momento, que la garantía de la educación
estaba determinada por el acceso y permanencia, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 67 de la Constitución. Este contenido mínimo fue complementado a
partir de la Observación General No. 13 del Comité DESC, para indicar que la plena realización del citado
derecho impone la observancia de los siguientes componentes: (i)
disponibilidad, (ii) accesibilidad, (iii) aceptabilidad y (iv) adaptabilidad”.
[43] Corte Constitucional; Sentencia T-743/13 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva).
[44] Corte Constitucional. Sentencia T-097/16 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva).
[45] Corte Constitucional. Sentencia T-310/99
(M.P. Alejandro Martínez Caballero), reiterada por
la Sentencia T-691/12 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[46] Corte Constitucional. Sentencia C-194/94 (M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa); Sentencia C-547/94
(M.P. Carlos Gaviria Díaz); Sentencia C-420/95 (M.P. Hernando Herrera
Vergara).
[47] Corte Constitucional. Sentencia C-194/94. M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa; Sentencia C-547/94 (M.P. Carlos Gaviria Díaz); Sentencia C-420/95 (M.P.
Hernando Herrera Vergara).
[48] Corte Constitucional. Sentencia T-123/93 (M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa); Sentencia T-172/93 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); Sentencia
T-506/93 (M.P. Jorge Arango Mejía); Sentencia T-515/95 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero).
[49] Corte Constitucional. Sentencia C-547/94. M.P. Carlos Gaviria Díaz;
Corte Constitucional. Sentencia T-237/95 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero).
[50] Cote Constitucional. Sentencias T-002/94 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo); Sentencias C-299/94. M.P. Antonio Barrera Carbonell;
C-006/96 y C-053/98 (M.P. Fabio Morón Díaz).
[51] Cote Constitucional. Sentencia T-574/93 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz); Sentencia T-513/97 (M.P. Jorge Arango Mejía).
[52] Cote Constitucional. Sentencia T-187/93 (M.P. Alejandro Martínez Caballero);
Sentencia T-002/94 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); Sentencia T-286/95
(M.P. Jorge Arango Mejía); Sentencia T-774/98 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra);
Sentencia T-798/98 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y Sentencia T-01/99 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[53] Cote Constitucional. Sentencia T-061/95 (M.P. Hernando Herrera
Vergara); Sentencia T-515/95 y T-196/96 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero).
[54] Corte Constitucional. Sentencia T-237/95
(M.P. Alejandro Martínez Caballero); Sentencia T-184/96 (M.P. Antonio Barrera
Carbonell).
[55] Corte Constitucional. Sentencia T-097/16 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva).
[56] Corte Constitucional. Sentencia T-720/12 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva).
[57] Corte Constitucional. Sentencia T-141/15 (M.P. María Victoria Calle
Correa).
[58] Corte Constitucional. Sentencia T-292/94 (M.P. Fabio Morón Díaz).
[59] En la Sentencia T-539 A/93 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), la Corte
Constitucional al analizar el conflicto que representaba para una estudiante de
la Universidad del Sinú estudiar los días sábados, a pesar de pertenecer a la
Iglesia Adventista del Séptimo Día que profesaba que este día era de absoluta
adoración a Dios, concluyó que no era procedente conceder la exoneración de un
seminario taller que sólo se dictaba este día, en razón de que pueden existir
unas normas generales que posibiliten la convivencia común de todos los
miembros de la comunidad universitaria.
[60] Corte Constitucional. Sentencia T-915/11 (M.P. Mauricio González
Cuervo).
[61] Corte Constitucional. Sentencia T-515/95 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero).
[62] Corte Constitucional. Sentencia T-933/05 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil).
[63] Ibídem.
[64] Corte Constitucional. Sentencia T-755/06 (M.P. Jaime Araújo
Rentería).
[65] Como sustento de lo anterior, se afirmó en
la providencia estudiada que: “En
conclusión, no sólo los fallos emitidos para decidir las acciones públicas de
constitucionalidad y de nulidad por inconstitucionalidad, con alcance de cosa
juzgada abstracta y por ende con efectos generales, y otras declaraciones con
igual contenido y naturaleza -revisión previa y control automático- (C.P., art.
241); sino también las decisiones con efectos inter partes emitidas ya sea por esta
Corporación, en ejercicio de la revisión constitucional de
las decisiones de instancia que resuelven las peticiones de amparo, o por los
jueces y corporaciones judiciales en todas sus decisiones, en especial cuando
deciden inaplicar normas por contrariar disposiciones constitucionales, son los
mecanismos constitucionalmente habilitados para hacer efectiva la supremacía
constitucional y hacer extensivos sus preceptos en todos los ámbitos del
acontecer nacional (C.P., arts. 4º, 86 y 230)”.
[66] Corte Constitucional. Sentencia T-929/11 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva).
[67] Los tres casos recogidos por esta
providencia en los que han existido tensiones entre el derecho a la educación y
la autonomía universitaria, se pueden resumir de la siguiente manera: (i) cuando las instituciones
de educación superior imponen sanciones a los estudiantes con base en el
reglamento estudiantil, que son acusadas de injustas e irrazonables; (ii)
cuando las universidades exigen requisitos para obtener el grado o para pasar
al siguiente nivel educativo, sin que ellos estuvieran previstos en el
reglamento al momento de inscribirse en el programa, o que no eran
suficientemente conocidos por los estudiantes y (iii) cuando las instituciones
de educación superior cometen errores o irregularidades de orden
administrativo, que se tornan en obstáculos para que los estudiantes obtengan
su grado o realicen otras actividades propias del sistema educativo.
[68] No obstante, fue más adelante con la Sentencia T-365/15 (M.P.
Myriam Ávila Roldán), que la Corte fijó los parámetros para resolver las
tensiones existentes entre la autonomía universitaria y el derecho a la
educación cuando existiera de por medio un error de la universidad: “A partir de
lo expuesto la Sala concluye que, (i) la Constitución garantiza el principio de
autonomía universitaria, el cual tiene como límite el respeto por los derechos
fundamentales, en particular, los de educación y debido proceso administrativo;
(ii) para solventar los conflictos originados entre la autonomía universitaria
y los derechos a la educación y debido proceso, relacionados con errores
administrativos de la universidad, el juez constitucional debe (ii.1) examinar
la razonabilidad y proporcionalidad de las previsiones contenidas en el
reglamento, así como el cumplimiento de los deberes por parte del estudiante;
(ii.2) determinar el alcance que debe dársele al error de la universidad,
tomando en consideración los principios de buena y primacía de lo sustancial
sobre lo formal y; (ii.3) proteger las expectativas legítimas del estudiante,
en especial si estas se originaron a partir de un comportamiento administrativo
errático de la universidad y; (iii) en todo caso, el error o negligencia de la
institución educativa no subsana la ausencia de los requisitos académicos que
debe cumplir el estudiante”.
[69] Corte Constitucional. Sentencia T-068/12 (M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[70] Esta Consideración fue reiterada de manera
similar en la Sentencia T-603 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), en la
que concluyó que: “Así que las actuaciones de los entes educativos
en las que se encuentren implicados derechos fundamentales tienen la obligación
de velar por la prevalencia de las normas constitucionales, sin sacrificar derechos fundamentales ante
una tensión con garantías como la autonomía universitaria”.
[71] Corte Constitucional. Sentencia T-531/14 (M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
[72] Corte Constitucional. Sentencia T-749/15 (M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo).
[73] Corte Constitucional. Sentencia T-465/10 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio).
[74] García Abellán, JUAN. “El Contrato de Educación”.
Universidad de Murcia. En: <https://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/6596/1/N%203%20El%20contrato%20de%20educacion.pdf>.
[75] En la Sentencia T-759/15 (M.P. Alberto Rojas Ríos), se afirmó que
al ser los estudiantes acreedores de un servicio público, se generan una serie
de obligaciones por parte delos planteles educativos, mientras que los
estudiantes tienen las obligaciones correlativas de cumplir con los deberes y
obligaciones que se estipulan en el reglamento.
[76] Corte Constitucional. Sentencia T-531/14 (M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
[77] Reiterado por la Sentencia T-039/16 (M.P. Alejandro Linares
Cantillo).
[78] Artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1966.
[79] Inciso 1º del artículo 868 del Código de Comercio.
[80] Corte Constitucional. Sentencia C-892 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar
Gil.
[81] C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.
[82] La función social y el carácter del servicio público de la
educación fue desarrollado en la Sentencia T-342/15 (M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo).
[83] Corte Constitucional. Sentencia C-569/04 (M.P. Rodrigo Uprimny
Yepes).
[84] Corte Constitucional. Sentencia T-428/12 (M.P. María Victoria Calle
Correa).
[85] Inciso 3° del artículo 13 de la Constitución Política de 1991.
[86] Corte Constitucional. Sentencia C-654/07 (M.P. Nilson Pinilla
Pinilla).
[87] Ibídem.
[88] Corte Constitucional. Sentencia T-531/14 (M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
[89] La observación General No. 13 del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, si
bien en sentido estricto no hace parte del bloque de constitucionalidad al no
ser un tratado de derechos humanos con un contenido intangible, ha sido
adoptada por la Corte Constitucional como una guía importante para abordar los
casos que involucren el derecho a la educación.
[90] Corte Constitucional; Sentencia T-743/13 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva).
[91] En la Sentencia T-375/13 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva), se refirió a la obligación del Estado de adoptar medidas
que promuevan el ingreso a la educación superior con el fin de evitar la
deserción: “Entonces, frente al acceso económico el Estado tiene la
obligación de adoptar medidas que promuevan el ingreso a la educación superior
según las capacidades de cada persona, y evitar que la ausencia de recursos
económicos sea un obstáculo para quien por mérito propio logró la admisión en
un plantel, deba desertar antes o durante el programa académico respectivo”.
[92] Estos requisitos están consagrados en el artículo 9º del Acuerdo
085 de 2008 “Por el cual se crean incentivos y exenciones para el personal
activo perteneciente al cuerpo profesoral y administrativo, al igual que para
el cuerpo de docentes ocasionales y catedráticos vinculados a la Universidad
del Cauca, pensionados y estudiantes regulares del Pregrado y Postgrado”.
[93] Corte Constitucional. Sentencia T-807/03 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño).