T-020-21
Sentencia T-020/21
Referencia: Expedientes (i) T-7.899.839, (ii) T-7.909.170 y (iii) T-7.915.431.
Acciones de tutela promovidas por (i) Hernán Darío Martínez
Arbeláez contra Golden Cute S.A.S.; (ii) Carmen Alicia Rodríguez Berrío contra
Holding Inmobiliaria; y (iii) Ezequiel Ruiz Balbin contra Nilton Alexis
Arroyave Restrepo.
Procedencia: (i) Juzgado Primero Penal Municipal de Itagüí,
(ii) Juzgado
Séptimo Civil Municipal de Santa Marta y (iii) Juzgado Promiscuo de Familia de
Santa Rosa de Osos.
Asunto: Procedencia
de la tutela para garantizar la estabilidad laboral reforzada y el pago de
incapacidades.
Magistrada
Sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO.
Bogotá,
D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021).
La Sala Sexta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y
las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere
la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de
los fallos emitidos: (i) el 14 de febrero de 2020, en única instancia, por el Juzgado Primero Penal
Municipal de Itagüí; (ii) el 27 de enero de 2020, en única instancia, por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de
Santa Marta; y, (iii) el 9 de marzo de 2020, en segunda instancia, por el
Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Osos. Estas providencias
declararon improcedentes las acciones de tutela formuladas por Hernán Darío Martínez Arbeláez,
Carmen Alicia Rodríguez Berrío y Ezequiel Ruiz Balbin, respectivamente.
El asunto llegó a la Corte Constitucional en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991,
por remisión que efectuaron las mencionadas autoridades
judiciales. El 29 de septiembre de 2020, la Sala de Selección de Tutelas
Número Cuatro de esta Corporación escogió los casos para su revisión y dispuso
acumularlos por presentar unidad de materia.
I. ANTECEDENTES
1. Expediente T-7.899.839
El 5 de febrero de 2020, el señor Hernán Darío Martínez
Arbeláez formuló acción de tutela en contra de Golden Cute S.A.S. El propósito
del amparo es solicitarle al juez que ordene el reintegro laboral y el pago de
la indemnización equivalente a 180 días de salario.
A. Hechos y pretensiones
1. El actor tiene 61 años[1]. Manifestó que desde 2014 trabajó
para la accionada como auxiliar y bodeguero. Expresó que tuvo varias vinculaciones
laborales con Golden Cute S.A.S. El último contrato fue celebrado el 23 de enero
de 2018. En esa ocasión, las partes pactaron una duración de 3 meses y la remuneración
equivalente al salario mínimo. Aquél fue prorrogado en 3 oportunidades. La
última se acordó el 1 de enero de 2019 con una duración de un año.
2. En septiembre de 2018, fue diagnosticado con fascitis
plantar, espolón calcáneo y desviación de la columna vertebral. No obstante, afirmó
que esas patologías no impidieron el desarrollo de sus funciones[2]. Agregó que
estuvo incapacitado entre el 19 de septiembre de 2018 y el 24 de febrero de
2019 (132 días). Luego, asistió a terapias y los médicos le prescribieron algunas
recomendaciones laborales. Indicó que esta situación fue conocida por su
empleador[3].
3. Afirmó que, por solicitud de la empresa, se realizó un
examen médico antes de salir a “vacaciones”. Expuso que el 31 de
diciembre de 2019, la profesional a cargo conceptuó que tenía restricciones de
movimiento y padecía patologías con riesgo osteomuscular[4].
4. Precisó que, antes de que terminaran sus “vacaciones”,
su jefe inmediato le comunicó que: “(…) no me puede volver a llamar
que con mi estado de salud no se pueden responsabilizar de mí (…)”[5]. Según el peticionario,
la empresa no le informó que su contrato “finalizaría”. Textualmente,
señaló: “(…) yo estaba seguro que estaba en vacaciones, nunca me
entregaron carta de terminación de contrato ni carta de certificado laboral”[6].
5. En esta línea, reprochó que la accionada hubiese
terminado el vínculo pese a que “(…) gozaba de estabilidad laboral
reforzada”. Además, alegó que la sociedad no solicitó autorización ante el
Ministerio del Trabajo, lo cual desconoce el artículo 26 de la Ley 361 de 1997
y la Sentencia SU-049 de 2017[7].
6. Indicó que no cuenta con ningún ingreso económico ni con
apoyo familiar. En esa medida, depende totalmente de su salario, con el cual
pagaba el arriendo de su vivienda y cubría otros gastos. Refirió que tampoco
cumple con las semanas requeridas para acceder a una pensión y, dado que tiene
61 años, difícilmente podrá conseguir otro empleo[8].
7. Por lo anterior, el señor Martínez Arbeláez invocó la
protección de los derechos al mínimo vital, a la seguridad social, a la salud,
a la estabilidad laboral reforzada y a la igualdad. En consecuencia, solicitó
al juez de tutela: (i) declarar la ineficacia del despido; (ii) ordenar a la demandada
reintegrarlo inmediatamente; y (iii) pagar la indemnización equivalente a 180
días de salario.
B. Actuaciones en sede de tutela
Mediante Auto del 5 de febrero de 2020[9],
el Juzgado Primero Penal Municipal de Itagüí (Antioquia) admitió la tutela y ofició a
Golden Cute S.A.S para que ejerciera su derecho a la defensa. En la misma
providencia, vinculó como terceros con interés a SURA ARL y a COOMEVA EPS.
Intervención de Seguros de Vida Suramericana S.A.
En escrito del 11 de febrero de 2020[10], el
representante legal de SURA solicitó la desvinculación de la entidad. Expuso
que no está pendiente la prestación de algún servicio a cargo de la compañía,
porque el actor no ha sufrido un accidente de trabajo y tampoco padece una
enfermedad de origen laboral. En esta línea, dado que sus padecimientos son de
origen común, las prestaciones asistenciales y económicas que requiera deben
ser canalizadas a través de la EPS o del fondo de pensiones. Con base en lo
anterior, concluyó que no vulneró los derechos fundamentales invocados por el
demandante.
Intervención de Golden Cute S.A.S
El 11 de febrero de 2020[11], la
representante legal de la empresa de calzado se opuso a la prosperidad de la
tutela. Resaltó que la terminación del vínculo se produjo por el vencimiento
del plazo pactado y no por el estado de salud del accionante. De hecho, el
último contrato fue suscrito en enero de 2018 y se prorrogó en varias
oportunidades. El 1 de enero de 2019 las partes lo extendieron un año, por lo
cual, el 26 de noviembre siguiente, la empresa notificó al trabajador que no habría
otra prórroga. Además, el administrador le manifestó que los gerentes no
autorizaron nuevas contrataciones debido a la reducción en la planta de
personal derivada de la baja en las ventas.
Por consiguiente, refirió que no
es cierto que estuviera en período de vacaciones, pues el 31 de diciembre de
2019 se liquidaron sus prestaciones y se realizó el examen médico de retiro. En
este punto, destacó que el profesional de la salud no conceptuó sobre ninguna
restricción de movilidad. De otra parte, señaló que el peticionario padece las enfermedades
señaladas en la tutela. Además, estuvo incapacitado durante 132 días y la
empresa acató las recomendaciones dictadas por la EPS al momento del reintegro.
No obstante, indicó que desconoce si le fue realizada alguna cirugía o si
continúa en terapias físicas.
Finalmente, explicó que el accionante
no aportó ninguna incapacidad al momento de la terminación del vínculo, lo cual
evidencia que sus enfermedades no impidieron el desarrollo de sus labores. Advirtió
que tal situación fue admitida por el actor. De igual forma, insistió en que no
probó que estuviera en algún tratamiento ni que su capacidad laboral se hubiese
reducido para cuando finalizó el contrato. En consecuencia, no se hallaba en
circunstancia de debilidad manifiesta y no era obligatorio obtener la
autorización del Ministerio del Trabajo.
C. Decisión objeto de revisión
En sentencia del 14 de febrero de 2020[12], el Juzgado Primero Penal
Municipal de Itagüí declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que no
satisfizo el requisito de subsidiariedad porque, dada la naturaleza económica
de las pretensiones, la jurisdicción ordinaria es el escenario idóneo para
reclamarlas. Por
otro lado, ese despacho no advirtió afectación a los derechos fundamentales del
actor que habilitara la intervención del juez constitucional porque el contrato
a término fijo finaliza cuando vence el plazo pactado y, en esa medida, el
empleador no está obligado a renovarlo. Además, refirió que el peticionario no estaba
incapacitado al momento del despido y la historia clínica no evidencia que las
patologías impidieran el desempeño de sus funciones. Esta situación fue
reconocida en la tutela. En virtud de lo expuesto, concluyó que no había un
nexo entre la terminación del vínculo y el estado de salud del trabajador.
D. Actuaciones en sede de revisión
Decreto oficioso de pruebas
Mediante Auto del 18 de noviembre de 2020,
la Magistrada Sustanciadora decretó
de oficio la práctica de pruebas con el fin de recopilar elementos de juicio adicionales relacionados con:
(i) las condiciones económicas de los peticionarios; (ii) su estado de salud actual; (iii) los términos de sus contratos de
trabajo; y, (iv) los motivos de terminación de la relación laboral. A tal efecto, ofició a  Hernán Darío Martínez Arbeláez, a Golden Cute S.A.S, a COOMEVA
EPS, a Carmen Alicia Rodríguez Berrío, a Holding Inmobiliaria, a Salud Total
EPS, a COLPENSIONES, a Positiva ARL, a la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del Magdalena, a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, a la
Superintendencia Nacional de Salud, a Ezequiel Ruiz Balbin y a Nilton Alexis
Arroyave Restrepo.
En este momento se hará referencia solamente al expediente
T-7.899.839, por cuanto lo establecido en los otros expedientes se resumirá al
ver cada caso.
Primera intervención de Golden Cute S.A.S.
En escrito del 25 de noviembre de 2020, la
representante legal de la sociedad manifestó que con el señor Hernán Darío Martínez Arbeláez celebraron cuatro contratos. A continuación, la Sala relacionará la
información correspondiente a cada vinculación, con base en los documentos
aportados[13]:
Período
Término inicial
Prórrogas
Remuneración
Liquidación
1
21/1/15 – 31/12/15
3 meses
Abril, julio y octubre
SMLMV
30/12/15
2
2/2/16 – 16/1/17
3 meses
Mayo, agosto y noviembre
SMLMV
17/1/16
3
8/2/17 – 31/12/17
3 meses
Mayo, agosto y noviembre
SMLMV
28/12/17
4
23/1/18 – 31/12/19
3 meses
Sin fechas
SMLMV
30/12/19
En cuanto al último período, reiteró que
el 26 de noviembre de 2019, “(…) atendiendo a lo dispuesto en la
normatividad vigente en la materia, la empresa le notificó al trabajador su
intención de no prorrogar el contrato. Una vez llegado el plazo pactado para el
vencimiento, la empresa procedió con la liquidación definitiva de prestaciones
sociales (…)”. Por otra parte, señaló que la sociedad se enteró de
la condición del actor el 24 de octubre de 2018, dado que estuvo incapacitado
continuamente entre esa fecha y el 24 de febrero de 2019. Además, en septiembre
de ese último año le otorgaron tres días de incapacidad. Cabe resaltar que la
empresa remitió a la Corte los certificados correspondientes a cada período. Agregó que las recomendaciones dictadas
por COOMEVA EPS fueron debidamente acatadas. En efecto, analizó el puesto de
trabajo del actor[14],
redujo su carga laboral y propició espacios para hacerle seguimiento a su
estado de salud. Incluso, el empleado participó en capacitaciones sobre
medicina preventiva impartidas por la ARL.
Insistió en que la baja en las ventas
obligó a la compañía a reducir su planta de personal, a cesar su operación
comercial y a iniciar el trámite de disolución y posterior liquidación. Al
respecto, señaló lo siguiente:
“(…) la empresa terminó el 31 de diciembre de 2018 con 29
empleados y finalizó el año 2019 con 18 (…) Para el mes de enero de 2020
contábamos ya con 15 empleados, en febrero contábamos con 5 (…) en abril
ya sólo contábamos con 2 y en mayo quedamos con una sola persona en estado de
gestación, a la cual, por la condición en que se encontraba, se le realizó una
sustitución patronal y ya hace parte de otra razón social”.
De esta manera, concluyó que la relación
laboral finalizó por virtud del vencimiento del plazo pactado y no por la
situación de salud del peticionario. Resaltó que, cuando terminó el vínculo, el
empleado no estaba en un tratamiento médico, ni incapacitado, ni había iniciado
el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. De hecho, en la
tutela admitió que ejecutaba sus labores sin dificultad. En esa medida, no se
encontraba en circunstancia de debilidad manifiesta y su desvinculación no
requería autorización del Ministerio del Trabajo.
Adjuntó una carta firmada por el
administrador del punto de venta en la que consta que el actor se desempeñó
como bodeguero. Esa labor consistía en “(…) recibir las cajas con
mercancía, etiquetar calzado, embodegar el calzado y en ocasiones apoyar en el
salón de ventas (…)”. Adicionalmente, el empleador expuso que no le
exigían “trabajos pesados” y que, en atención a las recomendaciones
laborales, modificaron sus actividades para que realizara pausas activas y
etiquetara calzado sentado. Además, no volvió a ejecutar ninguna función que
requiriera esfuerzo físico –como levantar cajas o subir o bajar escaleras–, y
aquellas que ya no podía desempeñar fueron reasignadas a otros colaboradores.
De otra parte, aportó dos certificaciones
de noviembre de 2020 suscritas por la revisora fiscal[15]. La primera
indica que “(…) actualmente la empresa se encuentra sin ejecutar
operaciones comerciales, toda vez que estamos iniciando el proceso de
disolución y posterior liquidación (…)”. La segunda relaciona la
siguiente información sobre las ventas de los últimos tres años, a partir de
los libros de contabilidad:
Periodo gravable
Valor en pesos
2018
$ 2.581.324.196
2019
$ 1.280.970.527
2020
$ 48.663.128
Respuesta
del señor Hernán Darío
Martínez Arbeláez
En
oficio del 1 de diciembre de 2020, el accionante informó que, debido a su edad
y a su estado de salud, no le ha sido posible conseguir otro empleo. Manifestó
que recibe ayuda económica de sus hermanas y de su madre, quien tiene 91 años.
Resaltó que se trata de un auxilio variable dado que ellas “tienen sus
obligaciones”. Además, expuso que sus gastos mensuales ascienden a $800.000
–que corresponden a arriendo, servicios públicos, alimentación y transporte–, y
se han acumulado en razón a la falta de ingresos. En cuanto a su estado de
salud, indicó que, además de los padecimientos referidos en la tutela, se
encuentra en recuperación de COVID-19.
Sobre la
relación laboral con Golden Cute S.A.S., refirió que desempeñó el cargo de
auxiliar y bodeguero y que sus funciones consistieron en recibir, etiquetar y
almacenar la mercancía, así como atender el área de mensajería y ventas. Agregó
que los contratos “(…) siempre fueron a término fijo renovable cada
año. La remuneración era el salario mínimo legal vigente (…)”. De
otra parte, indicó que informó oportunamente su condición médica a su
empleador, quien acogió las recomendaciones de COOMEVA EPS cuando terminó el
período de incapacidad.
Finalmente,
insistió en que, al momento de la terminación del vínculo, asistía a terapias y
tenía pendiente una cita con el área de medicina del dolor. Destacó que
comunicó lo anterior a su empleador y que el examen de egreso evidenció sus
condiciones de salud. Reiteró que no le informaron que su contrato no sería
renovado, pues el 31 de diciembre de 2019 fue liquidado “como los años
anteriores”. Expuso que cuando preguntó acerca de la fecha de ingreso, le
manifestaron que su contrato había sido “cancelado” por su condición de
salud.
Requerimiento
y nuevo decreto oficioso de pruebas
Mediante Auto del 7 de
diciembre de 2020, la Magistrada
Sustanciadora requirió a COOMEVA EPS para que cumpliera con el numeral tercero del Auto del 18 de
noviembre del mismo año[16].
También, solicitó a Golden Cute S.A.S. rendir un
informe sobre los siguientes aspectos: (i) la baja en las ventas aducida por la
representante legal; (ii) la reducción en la planta de personal de la sociedad;
y (iii) la sustitución patronal y el trámite de disolución y liquidación
referido por la revisora fiscal. Finalmente, ofició a SAVIA SALUD EPS para que
remitiera la historia clínica del señor Hernán Darío Martínez Arbeláez[17].
Primera intervención de COOMEVA EPS
En escrito del 15 de diciembre de 2020, la
apoderada judicial de la entidad informó que el accionante se retiró de la EPS
el 29 de febrero del mismo año. Agregó que, en 2019, fue atendido en 25
oportunidades. Se resaltan: (i) dos por los diagnósticos de espolón calcáneo y
fascitis plantar; (ii) dos por medicina laboral; (iii) tres por fisiatría; y
(iv) 10 por terapia física. Como soporte, allegó las siguientes capturas de
pantalla de las órdenes generadas:
Fecha
Servicio
22/04/19
Consulta con especialista en medicina
física y rehabilitación
Fisioterapia
3/09/19
Radiografía de columna dorsolumbar
23/10/19
Consulta con especialista en medicina
del dolor y cuidados paliativos
5/12/19
Terapia física integral
De igual forma, expuso que: “(…)
la última consulta que se realizó en la EPS fue por dorsalgia donde remitieron
nuevamente a fisioterapia, no refiere nada de su [d]iagnóstico anterior
a fascitis plantar, igual en enero del presente año consult[ó] también
por gastritis y no por la fascitis plantar, la última consulta en la EPS por
este [d]iagnóstico fue el 10/09/2019 revisión posterior a las
fisioterapias”. Finalmente, señaló que la historia clínica no está bajo
custodia de la entidad que representa, dado que ello corresponde a las
instituciones prestadoras de salud.
Respuesta de SAVIA SALUD EPS
En oficio del 15 de diciembre de 2020, el
apoderado judicial de la entidad indicó que el pasado 30 de julio inició la afiliación efectiva del señor Hernán Darío Martínez Arbeláez. Asimismo,
aportó su historia clínica con las siguientes consultas:
Fecha
Síntomas
Diagnóstico
25/08/20
Malestar general
Gastritis y dolor abdominal
31/08/20
Malestar general
Hipotiroidismo
27/10/20
Mareo y náuseas
Malestar y fatiga. Se ordena prueba PCR
COVID-19.
Segunda
intervención de Golden Cute S.A.S.
En
escrito del 16 de diciembre de 2020, la representante legal manifestó que no
fue posible reubicar al accionante en otro cargo, dado que carecía de
conocimientos en informática. En consecuencia, aquel continuó en el área de
bodega y sus funciones fueron modificadas a fin de atender las recomendaciones
médicas. Asimismo, señaló que la sociedad no tiene ningún empleado en la
actualidad. En efecto, adjuntó las liquidaciones de ocho contratos y las
planillas de aportes al Sistema de Seguridad Social efectuados entre diciembre
de 2019 y julio de 2020. En la siguiente tabla, la Sala relaciona la
información correspondiente a dichos períodos:
Fecha
Afiliados
3/12/2019
19
7/1/2020
18
4/2/2020
17
3/3/2020
7
2/4/2020
3
6/5/2020
3
3/6/2020
3
6/7/2020
2
Agregó
que la operación comercial de Golden Cute S.A.S. finalizó el 31 de enero de
2020, por lo cual, no desarrolla su objeto social en este momento. De igual
manera, ese mes cerró el establecimiento de comercio ubicado en Bello y los
cuatro restantes fueron vendidos en diferentes momentos a otras sociedades
comerciales. A continuación, la Sala expone la información correspondiente a
cada operación, a partir de los certificados de matrícula mercantil y los
contratos de compraventa aportados:
Fecha
Establecimiento
Sociedad adquirente
10/1/19
Calzado Bucaramanga No. 2 Itagüí
Distrizapatos S.A.S.
22/1/19
Calzado Bucaramanga No. 1 Itagüí
Distrizapatos S.A.S.
13/6/19
Calzado Bucaramanga Yopal
Comercializar S.A.S.
27/1/20
Calzado Bucaramanga Manizales Centro
Distrizac S.A.S.
De igual
manera, precisó que el señor Martínez Arbeláez trabajó en el establecimiento
Calzado Bucaramanga No. 2 Itagüí. Por consiguiente, al terminar su período de
incapacidad en febrero de 2019, Golden Cute S.A.S. y Distrizapatos S.A.S.
acordaron verbalmente que el contrato laboral se ejecutaría sin solución de
continuidad. De otra parte, explicó que operó la sustitución patronal respecto
de dos trabajadoras y que esta alternativa no se contempló para el tutelante
debido a que no era titular de estabilidad laboral reforzada. Al respecto,
reiteró que para diciembre de 2019 “(…) no se encontraba
incapacitado, no estaba bajo ningún tratamiento médico o de rehabilitación
conocido por el empleador, tampoco se encontraba en proceso alguno de pérdida
de capacidad laboral (…)”. Finalmente, indicó que el trámite de
disolución y liquidación se retrasó a causa de la pandemia generada por el
COVID-19, por lo cual, están “a la espera de que se reúnan los socios”
para suscribir el acta respectiva.
Segunda intervención de COOMEVA
El 15 de enero de 2021, la EPS remitió la
historia clínica del peticionario. En dicho documento, se observan las
siguientes consultas durante el segundo semestre de 2019:
Fecha
Diagnóstico
10 de julio
Fascitis
10 de septiembre
Fascitis
3 de diciembre
Lumbago
La Sala
resalta que, en la segunda consulta, el profesional de la salud sólo prescribió
manejo por medicina del dolor.
2. Expediente T-7.909.170
El 13 de enero de 2020, la señora Carmen Alicia Rodríguez
Berrío formuló acción de tutela contra Holding Inmobiliaria. El propósito del
amparo es que el juez ordene a la empresa su reintegro, el pago de los salarios
y prestaciones adeudadas y la indemnización de que trata el inciso 2º del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Asimismo, que la demandada adelante las
gestiones necesarias para que Positiva ARL califique su pérdida de capacidad
laboral y para que Salud Total EPS le reconozca las incapacidades causadas entre
marzo y noviembre de 2019.
A. Hechos y pretensiones
1. La peticionaria tiene 63 años[18]. El 1 de
octubre de 2012 empezó a trabajar para la demandada como asistente de cafetería
y aseo en la finca San Joaquín, ubicada en Pueblo Viejo (Magdalena). En
concreto, debía preparar alimentos para los empleados y limpiar el inmueble[19].
2. Resaltó que, para realizar dichas labores, permanecía de
pie por largos periodos, efectuaba arcos de movimiento y levantaba peso. También,
se desplazaba en moto desde su residencia, lo que implicaba recorrer durante 45
minutos una carretera sin pavimentar. Agregó que las vibraciones y los movimientos
provocaron adormecimiento de la pierna derecha y dolores en la cadera[20].
3. Indicó que el 11 de diciembre de 2017, ingresó al
servicio de urgencias de Palma Salud IPS. En esa oportunidad, una radiografía
evidenció alteraciones en la zona lumbar y fue incapacitada por varios días. El
26 de abril de 2018, un especialista en neurocirugía le diagnosticó
lumbociatalgia con hipoestesia en región distal con irradiación a pierna
derecha. Adicionalmente, ordenó la realización de una resonancia magnética y
prescribió algunas recomendaciones laborales. Por ejemplo, evitar levantar peso
mayor o igual a 10 kilos, estar de pie prolongadamente, exponerse a vibración
axial (motos, galopeo) y caminatas “forzosas”. A pesar de lo anterior, refirió
que su empleador no la reubicó ni modificó sus condiciones de trabajo[21].
4. Precisó que el 21 de mayo de 2018, la resonancia
magnética arrojó el diagnóstico espondiloartrosis –discopatía lumbar–. Luego,
el 27 de junio de ese año, el médico tratante ordenó terapias físicas y una
serie de procedimientos para atender la patología. Además, dictó
recomendaciones laborales y le otorgó incapacidad por 30 días. No obstante, la
peticionaria advirtió que esta prestación no fue reconocida por la EPS, debido
a la falta de gestión de su empleador[22].
5. Por lo anterior, la accionante presentó una queja ante
la Superintendencia Nacional de Salud con el fin de que la EPS le pagara las
incapacidades y agendara las citas médicas con prontitud[23]. De igual
forma, el 29 de agosto de 2018, presentó una petición con el mismo objeto ante
la empresa. Además, le solicitó que se pronunciara sobre las recomendaciones
laborales. Debido a la falta de respuesta, remitió otra petición a la demandada[24].
6. El 26 de octubre de 2018, el médico tratante ordenó una
intervención quirúrgica y la incapacitó por 30 días. El 14 de diciembre del
mismo año, la EPS Salud Total emitió concepto favorable de recuperación y
calificó su enfermedad como de origen común. Este concepto fue remitido a Holding
Inmobiliaria y a la accionante[25].
7. El 18 de junio de 2019, la accionante presentó otra
petición ante Holding Inmobiliaria con el fin de que respondiera las anteriores
y expidiera copia de su historia laboral. En escrito del 22 de agosto
siguiente, la demandada le informó que su contrato vencía el 30 de septiembre y
que no sería prorrogado[26].
En este punto, la peticionaria resaltó que el despido se efectuó sin que le
pagaran las incapacidades causadas entre marzo y noviembre de 2019 y sin previa
autorización del Ministerio del Trabajo, entidad ante la cual presentó una querella.
Además, estaba incapacitada para ese momento[27].
8. Indicó que en septiembre del mismo año, un especialista
en medicina física y rehabilitación estimó que su pronóstico de recuperación
era desfavorable, por lo que debía continuar el tratamiento paliativo[28]. Por su
parte, el 4 de octubre de 2019 la EPS calificó en primera oportunidad el origen
de las patologías. En concreto, señaló que este era laboral y remitió el
dictamen a Positiva[29].
Ese mismo mes, la peticionaria quedó inactiva en el Sistema de Seguridad Social.
Por esta razón, manifestó que Salud Total se negó a atenderla y a “autorizarle”
las últimas cuatro incapacidades. Además, se encuentra pendiente la
calificación de la pérdida de capacidad laboral (PCL) por parte de la ARL[30].
9. Por lo anterior, la peticionaria invocó la protección de
sus derechos fundamentales de petición, a la estabilidad laboral reforzada, a
la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna, al trabajo, a la
igualdad, al debido proceso y a la salud. En consecuencia, solicitó al juez de
tutela ordenar a Holding Inmobiliaria (i) reintegrarla sin solución de
continuidad; (ii) pagarle salarios, aportes y prestaciones pendientes, y la
indemnización prevista en el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997; (iii)
gestionar la calificación de la PCL ante Positiva ARL; y, (iv) el pago de las
incapacidades causadas entre marzo y noviembre de 2019[31].
B. Actuaciones en sede de tutela
Mediante Auto del 14 de enero de 2020[32],
el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Santa Marta (Magdalena) admitió la tutela y ofició a
Holding Inmobiliaria para que ejerciera su derecho a la defensa. En la misma
providencia, vinculó como terceros con interés a la finca San Joaquín, a Palma
Salud IPS, a Salud Total EPS, a Positiva ARL, a COLPENSIONES, a la Superintendencia
Nacional de Salud y a la Clínica La Milagrosa. Luego, mediante Auto del 21 de
enero del mismo año, vinculó a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y
a la Junta Regional del Magdalena[33].
Intervención de COLPENSIONES
En escrito del 15 de enero de 2020[34],
la jefe de la Dirección de Acciones Constitucionales solicitó declarar la
improcedencia de la tutela. Resaltó que sus funciones se circunscriben a la
administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, por lo cual,
no es competente para resolver la situación laboral de la demandante. Por otro
lado, señaló que la accionante no ha presentado ninguna petición ante la
entidad.
Intervención de Positiva ARL
En oficio del 17 de enero de 2020[35], la
representante legal de la ARL solicitó declarar improcedente la tutela por falta de
legitimación por pasiva. Al respecto, destacó que la controversia gira en torno
a la relación laboral entre la peticionaria y Holding Inmobiliaria y al pago de
las prestaciones derivadas de dicho vínculo[36]. En esa medida, precisó que la entidad
no está llamada a responder por las actuaciones del empleador, toda vez que su
responsabilidad se limita al aseguramiento del riesgo y al pago de las
cotizaciones.
De otra parte, señaló que no es posible realizar la
calificación de la PCL debido a que está en desacuerdo con el “diagnóstico
calificado por la EPS como laboral”[37]. En esa medida, las Juntas de Calificación
de Invalidez deben zanjar la controversia relativa al origen de la patología. Por
último, indicó que Salud Total ha brindado a la peticionaria una atención
integral. Además, corresponde a esa entidad el pago de incapacidades, dado el
origen común de la enfermedad. Como soporte de lo anterior, adjuntó la comunicación
en la que manifiesta su desacuerdo ante la EPS y el comprobante de pago de los
honorarios de la Junta Regional del Magdalena[38].
Intervención de la Clínica La Milagrosa S.A.
En escrito del 17 de enero de 2020[39], el
Director Médico de la institución solicitó declarar la improcedencia de la tutela.
Explicó que la clínica no tiene facultades relacionadas con las pretensiones de
la peticionaria, pues sus funciones consisten en brindar servicios médicos y de
urgencias. En este sentido, resaltó que le ha brindado a la accionante una
atención integral.
Intervención de la Superintendencia Nacional de Salud
En oficio del 20 de enero de 2020[40], un asesor
del despacho del Superintendente solicitó la desvinculación de la entidad. Sostuvo
que carece de legitimación en la causa por pasiva, porque la afectación de los
derechos invocados no se deriva de una acción u omisión relacionada con las funciones
de inspección, vigilancia y control que adelanta esa autoridad.
Intervención de Salud Total EPS
En escrito del 20 de enero de 2020[41], la
entidad solicitó declarar
la improcedencia
de la tutela por la falta de legitimación por pasiva. En concreto, manifestó
que las pretensiones giran en torno a la relación laboral entre la peticionaria
y la empresa, asunto en el que no tiene injerencia. Además, no advirtió una
inconformidad sobre la prestación de servicios de salud. De otra parte, informó
que el estado de afiliación de la señora Rodríguez Berrío es suspendido.
Finalmente, señaló que su expediente sería remitido en los próximos días a la
Junta Regional del Magdalena.
Intervención de la Junta Nacional de Calificación de
Invalidez
En oficio del 23 de enero de 2020[42], la Junta
solicitó la desvinculación del trámite de tutela, por cuanto las pretensiones
se dirigen exclusivamente hacia Holding Inmobiliaria. De igual forma, advirtió
que no existe ninguna actuación pendiente relativa a la calificación de la PCL
de la accionante.
C. Decisión objeto de revisión
En sentencia del 27 de enero de 2020[43], el Juzgado Séptimo Civil
Municipal de Santa Marta declaró improcedente la acción de tutela. Consideró
que la terminación del contrato obedeció al vencimiento del plazo pactado en
los términos del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. En esa medida, no
advirtió afectación de los derechos invocados, porque el despido fue ajeno al estado
de salud de la accionante. De otra parte, destacó que la jurisdicción ordinaria
es el escenario idóneo para valorar si la terminación del vínculo fue injusta.
También, para reclamar las acreencias derivadas del mismo.
D. Actuaciones en sede de revisión
Respuesta de Positiva ARL
En escrito del 24 de noviembre
de 2020[44],
la entidad informó que el desacuerdo sobre el origen del diagnóstico de la
tutelante fue dirimido en primera instancia por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Magdalena. En efecto, el pasado 15 de abril dicha
autoridad conceptuó sobre el origen laboral de los padecimientos. Con
posterioridad, Positiva presentó apelación contra el referido dictamen, la cual
se encuentra pendiente de resolución. De esta manera, la ARL insistió en que no
es posible calificar la PCL de la peticionaria. Como soporte, remitió el
concepto de la Junta Regional que indica lo siguiente:
“Análisis y conclusiones:
Usuaria quien desempeñaba el cargo de servicios generales, con historia de
lumbalgia de un año de evolución en tratamiento quirúrgico el 12 de febrero de
2019. Refiere que labor[ó] en Holding inmobiliaria durante 7 años,
inició realizando la comida a 93 trabajadores, a los tres años pasó a la parte
administrativa donde hacía el aseo (…) y la comida a 8 trabajadores (…)
Diagnóstico Trastorno de disco lumbar y otros, con radiculopatía (…)
Origen Enfermedad laboral”[45].
Finalmente, refirió que
desconoce las pretensiones de la tutela, en tanto no fue notificada en el
trámite de instancia.
Respuesta de la
Superintendencia Nacional de Salud
En oficio del 25 de noviembre
de 2020[46],
un asesor del despacho del Superintendente informó que, entre agosto de 2018 y
noviembre de 2019, la señora Rodríguez Berrío presentó 18 peticiones ante la
entidad. Explicó que estas fueron remitidas a Salud Total y a COOSALUD y que
las mencionadas EPS dieron respuesta a la accionante.
Respuesta de la Junta Regional
de Calificación de Invalidez del Magdalena
En escrito del 25 de noviembre
de 2020[47],
el Director Administrativo y Financiero de la junta indicó que, el pasado 15 de
abril, la entidad confirmó el origen laboral del diagnóstico. En el término
legal, Positiva ARL presentó los recursos de reposición y apelación. Agregó que
remitió el asunto a la Junta Nacional, en razón a que el 13 de noviembre decidió
no reponer el dictamen.
Respuesta de la apoderada de la
tutelante
El 26 de noviembre de 2020[48], reiteró
que su representada celebró un contrato laboral con Holding Inmobiliaria en
octubre de 2012. Aquél fue renovado anualmente. Agregó que se pactó una
remuneración de un salario mínimo, monto con el cual proveía alimentos a su
esposo de 60 años y quien padece de una enfermedad en la columna. Actualmente,
sus familiares les brindan ayuda económica para cubrir los gastos del hogar,
los cuales ascienden a $842.000 mensuales. Con ese dinero, también costea la
atención médica particular que requiere para controlar sus crisis de dolor ya
que su salud se ha deteriorado debido a la falta de tratamiento especializado.
Insistió en que el vínculo
terminó sin aval de la autoridad laboral y sin que la demandada pagara la
liquidación y la indemnización a su representada. De igual forma, señaló que la
controversia sobre el origen del diagnóstico le ha impedido iniciar el trámite
de calificación de PCL. En cuanto a las incapacidades, expuso que Salud Total
EPS asumió su pago hasta el día 180, pues, a partir de ese momento, le
corresponde al fondo de pensiones[49].
Por su parte, refirió que, a finales de 2019, COLPENSIONES reconoció aquéllas
causadas entre el 22 de febrero y el 22 de julio de ese año, dado que las
posteriores deben ser reconocidas por Positiva ARL, en atención al origen
laboral de la enfermedad.
En esa medida, se encuentran
pendientes de pago las incapacidades comprendidas entre el 23 de julio y el 20
de octubre de 2019. Además, la EPS se negó a transcribir aquellas causadas
entre el 21 de octubre y el 19 de noviembre, en razón a que la señora Rodríguez
Berrío estaba desvinculada del Sistema de Seguridad Social. Finalmente, adujo
que la Superintendencia de Salud se limitó a trasladar a las entidades
concernidas las quejas radicadas por su representada.
Respuesta de COLPENSIONES
En escrito del 27 de noviembre
de 2020[50],
la entidad informó que, en un primer momento, Salud Total emitió concepto
favorable de rehabilitación en relación con la enfermedad de origen común
padecida por la peticionaria. Por consiguiente, el fondo de pensiones estudió
el reconocimiento de incapacidades posteriores al 10 de febrero de 2019 (día
180). Luego, en atención a los soportes allegados por la interesada, le pagó
120 días por este concepto:
Inicio
Fin
Fecha oficio
Días
Valor
24 de marzo
22 de abril
6/11/2019
30
$828.116
24 de abril
23 de mayo
6/11/2019
30
$828.116
24 de mayo
22 de junio
6/11/2019
30
$828.116
23 de junio
22 de julio
6/11/2019
30
$828.116
En este punto, COLPENSIONES
resaltó que, en caso de que la Junta Nacional confirme el origen laboral del
diagnóstico, solicitará a la ARL el reembolso de los valores pagados, con
fundamento en el parágrafo 3º del artículo 34 del Decreto 1352 de 2013. De otra
parte, expuso que la EPS calificó el origen profesional de la enfermedad en una
primera oportunidad y el 19 de noviembre de 2019 notificó a la entidad. En
consecuencia, según el parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 1562 de 2012 y el
parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 776 de 2002, la ARL debe asumir las
incapacidades radicadas con posterioridad a ese momento.
Intervención de la señora
Carmen Alicia Rodríguez Berrío[51]
El 27 de noviembre de 2020, la
peticionaria remitió escrito dirigido al Ministerio del Trabajo en el que
solicita instar a Positiva ARL a pagar con prontitud los honorarios de la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez. Esto, con el fin de que resuelva el
recurso de apelación contra la decisión de la Regional. De igual manera,
remitió otro escrito dirigido a la Corte en el que pide que se tengan en cuenta
los conceptos médicos anexos a la tutela que evidencian que carece de
pronóstico de recuperación. Finalmente, destacó que tiene 62 años, no está
afiliada al Sistema de Seguridad Social y su condición de salud es grave.
Intervención de Positiva ARL
En respuesta a lo solicitado
por la señora Rodríguez Berrío, el 4 de diciembre de 2020[52] la entidad
manifestó que pagó los honorarios de la Junta Nacional el día anterior.
Respuesta de la Junta Nacional
de Calificación de Invalidez
En escrito del 7 de diciembre
de 2020[53],
uno de los abogados de la Junta informó que “(…) una vez revisada la
base de datos y los expedientes en trámite en las salas de decisión, no se
encuentra caso calificado ni pendiente por calificación de la señora Carmen
Alicia Rodríguez Rodríguez”.
Respuesta de Salud Total EPS
En oficio del 9 de diciembre de
2020[54],
la gerente de la sucursal de Santa Marta señaló que el estado de afiliación de
la señora Rodríguez Berrío es “suspendido”. Agregó que la EPS cumplió
con sus obligaciones legales al reconocerle 180 días continuos de incapacidad.
Por lo tanto, desde el día 181 le corresponde asumir el pago de la prestación
al fondo de pensiones. En la siguiente tabla[55], la Sala sintetiza la información
suministrada por la EPS:
Inicio
Fin
Días
Acumulados
Valor
25 de diciembre de 2018
23 de enero de 2019
30
162
$817.179
24 de enero[56]
21 de febrero
29
191
$496.870
22 de febrero
23 de marzo
30
221
0
24 de marzo
22 de abril
30
251
0
24 de abril
23 de mayo
30
281
0
24 de mayo
22 de junio
30
311
0
23 de junio
22 de julio
30
341
0
23 de julio
21 de agosto
30
371
0
22 de agosto
20 de septiembre
30
401
0
3. Expediente T-7.915.431[57]
El 29 de enero de 2020, el señor Ezequiel Ruiz Balbin
formuló acción de tutela contra Nilton Alexis Arroyave Restrepo. El propósito
del amparo es que el juez ordene al demandado el reintegro, la afiliación al
Sistema de Seguridad Social, y el pago de los salarios y prestaciones adeudados
y de la indemnización de que trata el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361
de 1997.
A. Hechos y pretensiones[58]
1. El actor tiene 56 años[59]. Manifestó que el 15 de julio de
2019 celebró un contrato verbal con Nilton Alexis Arroyave Restrepo. Su objeto era
el desarrollo de labores agropecuarias (ordeñar) en la finca La Germania y la
remuneración pactada ascendía a $1.000.000 de pesos. Además, su empleador le
proporcionó una vivienda en la finca, la cual habitaba con su compañera
permanente y hacía parte del salario en especie[60].
2. Resaltó que empezó a trabajar en óptimas condiciones de
salud. El 18 de noviembre de 2019, acudió al Hospital San Juan de Dios por
sensación de parestesia en miembro superior e inferior derecho. En esa
oportunidad, le diagnosticaron embolia y trombosis de arterias y ordenaron la
realización de una ecografía y de una tomografía. Además, estuvo incapacitado desde
ese día hasta el 8 de febrero de 2020.
3. Expuso que su empleador omitió pagar los aportes al Sistema
de Salud. Por tal razón, no pudo acceder a los servicios prescritos. Tampoco le
reconocieron los valores correspondientes a los días de incapacidad. Con todo, lo
afilió a COOMEVA durante un mes, a partir del 21 de noviembre de 2019.
4. Agregó que sus patologías le dificultan mantener y
cambiar la posición del cuerpo, levantar y mover objetos, preparar comidas y
realizar las actividades del hogar. Incluso, usa un bastón para caminar. En esa
medida, expresó que goza de estabilidad laboral reforzada, porque sus
padecimientos le impiden desempeñar sus funciones en cierto grado.
5. Precisó que el 20 de enero de 2020 se encontraba
incapacitado y tenía citas y exámenes pendientes. Manifestó que ese día, pese a
conocer su estado de salud, el empleador terminó el contrato unilateralmente,
sin justa causa y sin autorización del Ministerio del Trabajo. También, le
pidió que desalojara la vivienda.
6. Como consecuencia del despido y de la falta de
afiliación al Sistema de Salud, indicó que no pudo continuar con el tratamiento
de sus patologías. Asimismo, refirió que es probable que no pueda acceder a los
medicamentos para la hipertensión.
7. Adujo que el empleador contrató a otra persona y que su
salario era la única fuente de ingresos de su núcleo familiar, conformado por su
hija menor de edad y por su compañera permanente, quien tiene 54 años. Expresó
que no ha podido encontrar trabajo, pues el oficio que desempeña le exige hacer
fuerza y movimientos repetitivos y permanecer en posturas incómodas. Finalmente,
adicionó que también padece de hipoacusia neurosensorial, rinofaringitis e
insuficiencia venosa.
8. Por lo anterior, el actor invocó la protección de sus
derechos a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, al mínimo vital, a la
vida digna y a la salud. En consecuencia, solicitó al juez ordenar al demandado
(i) reintegrarlo a un puesto de trabajo similar, de igual remuneración y con
observancia de las recomendaciones médicas; (ii) pagarle las incapacidades, los
salarios y las prestaciones causados desde el despido, así como la
indemnización prevista en el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997;
(iii) suministrarle vivienda como lo hacía con anterioridad; y, (iv) afiliarlo
al Sistema de Seguridad Social y realizar los aportes correspondientes.
B. Actuaciones en sede de tutela
Mediante Auto del 29 de enero de 2020[61],
el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Rosa de Osos (Antioquia) admitió la
tutela y ofició al señor Nilton Alexis Arroyave Restrepo para que ejerciera su
derecho a la defensa.
Intervención de Nilton Alexis Arroyave
Restrepo
En escrito del 31 de enero de 2020[62],
el demandado se
opuso a la prosperidad de la tutela. Manifestó que es ganadero y que el
accionante trabajó para él desde el 15 de julio de 2019. De igual forma, señaló
que no contrató a otra persona para ocupar su cargo, pues el vínculo terminó porque
vendió el ganado que atendía el demandante para pagar sus deudas. En esa
medida, indicó que no estaba obligado a solicitar autorización ante el
Ministerio del Trabajo, pues ello no es exigible “cuando un empleador
termina con su empresa”[63].
Finalmente, admitió que, para noviembre de 2019, no lo había afiliado al
Sistema de Seguridad Social. Refirió que no le ha pagado las prestaciones
sociales pendientes porque “se niega”[64] a recibir el dinero.
C. Decisiones objeto de revisión
Fallo de tutela de primera instancia
En sentencia del 11 de febrero de 2020[65],
el Juzgado
Promiscuo Municipal de Santa Rosa de Osos declaró improcedente la acción de
tutela. Consideró que no satisfizo el requisito de subsidiariedad, porque la
jurisdicción ordinaria es el escenario adecuado para debatir si procede el
reintegro. Asimismo, refirió que no cumple el requisito de inmediatez, pues el
peticionario toleró la conducta de su empleador. De hecho, en noviembre de 2019
puso en conocimiento del Inspector de Trabajo el impago de las cotizaciones y
dicho funcionario le sugirió que iniciara un proceso laboral, lo cual no ha
hecho hasta el momento.
Por otro lado, explicó que no estaban acreditados los
presupuestos para que operara la estabilidad laboral reforzada en los términos
de la Sentencia SU-049 de 2017. Esto, en razón a que el empleador desvirtuó que
hubiese terminado el vínculo por razón del estado de salud del trabajador, pues
ello obedeció a la venta del ganado. De igual forma, resaltó que el diagnóstico
no le impide desempeñar sus labores, pues ha adelantado todas las gestiones
ante el juzgado por sí mismo. Ello evidencia que no tiene dificultades para
desplazarse, como se indica en la tutela. Además, según la historia clínica, las
patologías han mejorado con la medicación ordenada.
En relación con el derecho a la salud, el despacho señaló
que, pese a que el peticionario está desvinculado del sistema, ha recibido toda
la atención requerida. Incluso, podría afiliarse a una EPS del régimen
subsidiado, si no cuenta con capacidad de pago. De otra parte, no advirtió una afectación
a su mínimo vital, pues su compañera permanente trabaja y puede asumir los
gastos del núcleo familiar[66].
Asimismo, se infiere que tiene capacidad económica, dado que “(…) sus
citas médicas son atendidas por las [i]nstituciones prestadoras del
servicio de salud de forma particular” (…)[67]. Además, está en edad productiva y
podría ingresar a otro trabajo con facilidad, pues “(…) en el sector
abunda la actividad agrícola y ganadera (…)”[68].
Impugnación
Mediante escrito del 18 de febrero de 2020[69],
el accionante impugnó la decisión de primera instancia. Resaltó que el
demandado estaba al tanto de su situación y contaba con la posibilidad de
reubicarlo. Además, omitió aportar pruebas que acreditaran la no continuidad de
su empresa o la venta del ganado. En todo caso, afirmó que “(…) la
mera terminación de la obra no es (…) una causal constitucional válida
para [finalizar] la relación laboral, pues como se ha manifestado a lo
largo del proceso (…), las circunstancias que dieron origen a la
relación laboral siguen vigentes, si bien no en el proyecto u obra para la que
fui contratado inicialmente, sí para obras que se encuentran en ejecución”[70].
Por su parte, indicó que el a quo no advirtió que
camina lento y con ayuda de un bastón. Incluso, ignoró que la historia clínica
evidencia la gravedad de sus patologías, las cuales le generan pérdida de
motricidad, sensibilidad y de memoria, al igual que trastornos visuales y del
lenguaje, dolores y hormigueos en sus miembros inferiores. Agregó que el
argumento relativo a la mejoría en su estado de salud desconoce que la
jurisprudencia constitucional no exige que el trabajador esté “(…) postrado
en cama o en una invalidez total”[71]
como condición para que opere la estabilidad laboral reforzada.
En relación con la tolerancia del impago de los aportes,
explicó que necesitaba trabajar y, por esta razón, continuó la prestación de sus
servicios. Además, vive “(…) en un municipio que no ofrece muchas
opciones para las personas que no [terminaron] ni la primaria”[72].
De otra parte, indicó que estaba incapacitado al momento del despido y que no
le han reconocido dicha prestación debido a que no estuvo afiliado a una EPS.
Tampoco cuenta “(…) con el puntaje del DNP”[73],
lo que le impide ser beneficiario del SISBEN y afiliarse al régimen subsidiado.
Adicionalmente, su edad y su diagnóstico le dificultan conseguir empleo.
Finalmente, expuso que el proceso laboral no es idóneo ni
eficaz, en tanto su resolución puede tardar más de un año, tiempo en el cual no
tendrá ingresos ni acceso al servicio de salud. En este sentido, ante la
posible configuración de un perjuicio irremediable, correspondía al juez ordenar
el reintegro temporal hasta que la jurisdicción ordinaria resolviera el asunto.
Fallo de tutela de segunda instancia
En sentencia del 9 de marzo de 2020[74],
el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Osos confirmó el fallo de
primera instancia. Destacó que, por regla general, el recurso de amparo es
improcedente para solicitar el pago de prestaciones derivadas del contrato de
trabajo. En esa medida, el presente asunto debe ser debatido en la jurisdicción
ordinaria. De otra parte, el actor no probó el nexo causal entre el despido y
la enfermedad, ni que su salario fuera la única fuente de ingresos de su
familia. Tampoco acreditó la configuración de un perjuicio irremediable que
habilitara la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio.
D. Actuaciones en sede de revisión
Respuesta de Ezequiel Ruiz
Balbin
El 23 de noviembre de 2020, el
accionante informó que se encuentra desempleado y que sus gastos mensuales
ascienden a $1.000.000. Además, habita una vivienda arrendada con su esposa,
quien se desempeña como ama de casa. En relación con su estado de salud, señaló:
“[soy] hipertenso y sigo presentando inconvenientes con la mano
derecha y el pie derecho (…) y no puedo laborar por tal motivo”.
Indicó que ambas condiciones fueron comunicadas oportunamente a su empleador,
quien no le ofreció ninguna opción de reubicación.
Precisó que trabajó para el
accionado entre junio y diciembre de 2019 y que a la fecha le adeuda salarios,
prestaciones sociales e incapacidades causadas durante esos meses[75]. En
particular, manifestó que: “[e]ra el empleado del señor Nilton Alexis
Arroyave, desempeñaba las funciones de administrador de la finca; entre mis
labores debía ordeñar, hacer todas las labores relacionadas con la finca (…)
de 04:00 am a 07:00 pm”. Por último, refirió que recibía un salario de
$1.000.000 “y vivía en una casa de propiedad de la misma finca de la cual no
debía pagar nada, ni tenía ninguna deducción”.
Respuesta de Nilton Alexis
Arroyave Restrepo
El 25 de noviembre de 2020, el
accionado informó que sus ingresos mensuales equivalen a $ 1.100.000 y
provienen de su trabajo como administrador de la finca de su madre. Refirió que
destina ese dinero a la manutención de su compañera permanente y de su hijo
recién nacido. Por otro lado, señaló que fue empleado del propietario de la
finca La Germania pero luego de su fallecimiento vendió el ganado, porque sus
herederos reclamaron la propiedad del inmueble. Además, sus deudas ascendían a
$36.000.000 para ese momento. En seguida, expuso que el actor: (i) ordeñaba y
hacía el mantenimiento de los alambrados en horario de ocho horas; (ii) recibía
un salario de $1.000.000; y (iii) trabajó entre el 15 de julio y el 15 de
diciembre de 2019, momento para el cual ya había vendido el ganado.
De igual manera, indicó que no
estaba enterado de los padecimientos de salud del accionante, ya que no le
entregó las incapacidades otorgadas y tampoco la historia clínica. Con todo, en
noviembre de 2019 lo afilió al Sistema de Seguridad Social y asumió el costo de
la atención médica que recibió. En relación con los valores adeudados, señaló
que le pagó las incapacidades pero no las prestaciones sociales, dado que el
señor Ezequiel no aceptó recibir dinero y le pidió parte de la finca de la cual
no era propietario.
Por último, resaltó que el
peticionario trabaja en “(…) la vía comunal de la vereda sabanazo
(…)” desde enero de 2020. Además, aquél promovió un proceso laboral por
los mismos hechos, que se encuentra en trámite ante el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Santa Rosa de Osos. Como soporte, adjuntó: (i) registro civil de
nacimiento de su hijo; (ii) declaración juramentada en la cual consta que
convive con su pareja hace cuatro años; y, (iii) acta de notificación personal
del 9 de marzo de 2020, remitida por el despacho mencionado.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1. La Sala Sexta de Revisión de
la Corte Constitucional es competente para revisar las acciones de tutela de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86 y 241 de la
Constitución, y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto objeto de análisis
2. En esta oportunidad, la Sala estudia tres acciones de
tutela promovidas por ciudadanos con determinadas patologías que, según
afirman, les dificultan el normal desempeño de sus funciones. Por esa razón,
invocan la protección de los  derechos al mínimo vital, seguridad social y
estabilidad laboral reforzada, entre otros, con ocasión de la terminación de
sus contratos sin autorización del Ministerio del Trabajo. En esa medida,
solicitan al juez constitucional, en términos generales, ordenar el reintegro y
el pago de la indemnización prevista en el inciso 2º del artículo 26 de la Ley
361 de 1997.
Adicionalmente, el señor Ezequiel Ruiz Balbin (expediente
T-7.915.431) y la señora Carmen Alicia Rodríguez Berrío (expediente
T-7.909.170) piden el pago de salarios, prestaciones y aportes al Sistema de
Seguridad Social. El primero solicita que se ordene al demandado suministrarle
vivienda como lo hacía con anterioridad y reconocerle las incapacidades
causadas, puesto que el impago de los aportes impidió que los valores
correspondientes fueran reconocidos por el sistema. Por su parte, la segunda pide
que se ordene a la empresa gestionar la calificación de su PCL ante Positiva
ARL y el pago de las incapacidades causadas entre marzo y noviembre de 2019. Al
respecto, COLPENSIONES informó que, ese último mes, pagó aquellas generadas
entre el 24 de marzo y el 22 de julio, y Salud Total EPS le notificó del origen
laboral de las patologías (calificación en primera
oportunidad). En
esa medida, en atención al parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 1562 de 2012,
la ARL debe asumir las incapacidades radicadas con posterioridad a la
mencionada comunicación. Por su parte, la administradora de riesgos laborales
adujo que desconoce las pretensiones de la tutela, en tanto no fue notificada
en el trámite de instancia. De igual manera, señaló que el desacuerdo sobre el
origen del diagnóstico será dirimido por la Junta Nacional de Calificación de
Invalidez, en sede de apelación. Por último, explicó que, por virtud de la
controversia, aún no es posible calificar la PCL de la peticionaria.
3. Con fundamento en la situación fáctica
descrita, inicialmente, la Corte debe determinar si se cumplen los requisitos
de procedencia del amparo constitucional. En tal caso, le corresponde formular
y resolver los problemas jurídicos de fondo respectivos.
Procedencia de la acción de
tutela
Subsidiariedad
4. Conforme a los artículos 86
de la Constitución y 6º del
Decreto 2591 de 1991, la procedencia de la acción de tutela está condicionada
al principio de subsidiariedad. Aquel autoriza su utilización en tres
hipótesis: (i) cuando no exista otro medio de defensa judicial que permita
resolver el conflicto relativo a la afectación de un derecho fundamental; o
(ii) el mecanismo existente no resulte eficaz e idóneo; o, (iii) la
intervención transitoria del juez constitucional sea necesaria para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable[76].
En cuanto al segundo supuesto, se entiende que el mecanismo
ordinario no es idóneo en el evento en que, por ejemplo, no permite resolver el
conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución integral
respecto del derecho comprometido. En este sentido, la jurisprudencia ha
indicado que, al evaluar la idoneidad, “(…) el juez de tutela debe
dar prioridad a la realización de los derechos sobre las consideraciones de
índole formal (…)”[77]. Además, la aptitud del medio de
defensa debe analizarse en cada caso, en atención a las circunstancias del
peticionario, el derecho fundamental invocado y las características procesales
del mecanismo en cuestión[78].
En relación con el tercer
evento, esta
Corporación ha establecido que el perjuicio irremediable debe “(…) ser inminente, esto es, que esté
por suceder; (ii) las medidas que se requieren para conjurarlo han de ser urgentes,
tanto por brindar una solución adecuada frente a la proximidad del daño, como
por armonizar con las particularidades del caso; (iii) el perjuicio debe ser grave,
es decir, susceptible de generar un detrimento transcendente en el haber
jurídico de una persona; y (iv) la respuesta requerida por vía judicial debe
ser impostergable, o fundada en criterios de oportunidad y eficiencia, a
fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”[79] (énfasis agregado).
5. En lo que respecta a las
controversias derivadas de la relación laboral, la Corte ha indicado que la
jurisdicción ordinaria cuenta con acciones y recursos idóneos y eficaces que pueden ser
activados por el trabajador para reclamar la protección de sus derechos[80]. Lo
anterior implica que, en principio, pretensiones como el reintegro y el pago de
incapacidades deben ser tramitadas en el escenario natural. En efecto, según el
artículo 2º del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, corresponde a la citada
jurisdicción conocer de los conflictos jurídicos “(…) que se originen directa o
indirectamente en el contrato de trabajo” y, también, de aquellos relativos “(…)
a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten
entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades
administradoras o prestadoras (…)”.
En este punto, la Sala resalta
que el artículo 6º de la Ley 1949 de 2019 suprimió el literal g) del artículo
41 de la Ley 1122 de 2017, según el cual la Superintendencia Nacional de Salud
era competente para conocer y fallar en derecho “(…) sobre el
reconocimiento y pago de las prestaciones económicas por parte de las EPS o del
empleador”. En esa medida, a la fecha, el mecanismo jurisdiccional que se
surte ante la citada entidad no puede emplearse para solicitar el pago del
auxilio por incapacidad[81].
Por consiguiente, esta prestación sólo puede reclamarse judicialmente mediante el
proceso laboral.
De otra parte, esta Corporación ha señalado que la tutela se torna procedente
cuando el impago de las incapacidades afecta derechos fundamentales como el
mínimo vital, la salud y la dignidad humana[82]. Por consiguiente, en estos casos, “los
mecanismos ordinarios instituidos para [reclamar el pago de la prestación],
no son lo suficientemente idóneos en procura de garantizar una protección
oportuna y eficaz, en razón al tiempo que llevaría definir un conflicto de esta
naturaleza”[83].
Asimismo, esta acción procede excepcionalmente para cuestionar
la terminación del contrato de trabajo, “(…) cuando se trata de personas que se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta por causa de su condición
económica, física o mental y [solicitan la protección] del derecho
constitucional a la estabilidad laboral reforzada (…)”[84]. La Sentencia SU-049 de 2017[85] explicó que
dicha regla desarrolla el derecho fundamental a la igualdad. En tal sentido, el
juez debe analizar la procedencia de manera menos estricta para otorgar un
tratamiento diferencial positivo a estos sujetos. Ello, en atención a que
experimentan una dificultad objetiva “(…) para soportar las cargas
procesales que le imponen los medios ordinarios de defensa judicial”.
En lo que sigue, la Corte adelantará el
análisis de subsidiariedad en cada caso.
Expediente T-7.899.839
6. En este caso, la Sala
considera que la situación del señor Hernán Darío Martínez Arbeláez hace que
sea desproporcionado exigirle acudir a la vía ordinaria y, en esa medida, el
proceso ordinario no es idóneo ni eficaz. En efecto, está desempleado y recibe
un auxilio variable de parte de sus hermanas y de su madre, cercano a los $800.000 pesos mensuales. Adicionalmente, está
afiliado al régimen subsidiado de salud, lo que evidencia que se encuentra en
una precaria situación económica[86].
De otra parte, semanas antes de la terminación del contrato asistió a terapia
física y consultó a un especialista en medicina del dolor y, recientemente,
estuvo en recuperación de COVID-19. Por lo anterior, la tutela resulta
procedente como mecanismo definitivo.
Expediente T-7.909.170
7. En el referido asunto, la Sala concluye
que el proceso laboral no resulta idóneo ni eficaz para resolver la
controversia planteada por la peticionaria. Lo anterior, porque fue diagnosticada con “trastorno
de disco lumbar y otros con radiculopatía”[87], carece de pronóstico de
recuperación y está desempleada[88].
En cuanto a su condición económica, manifestó que no percibe una pensión de
invalidez y sus familiares le brindan una ayuda de $842.000 mensuales, dinero
con el cual cubre sus gastos y los de su esposo, quien tiene 60 años y padece
de una enfermedad en la columna. Además, según la Base de Datos Única de
Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, desde el 30 de noviembre de
2019, su estado es “retirado”. Ello implica que no tiene acceso a
atención en salud, con ocasión de la terminación del contrato de trabajo[89].
Por otro lado, prima facie,
la falta de pago de cuatro meses de incapacidades afecta su derecho a la
dignidad humana, pues, si bien sus familiares le brindan un apoyo, su
subsistencia depende enteramente de la voluntad de terceros. De manera que su
autonomía se ve restringida a pesar de que la prestación que reclama debe ser
cubierta por el Sistema de Seguridad Social[90]. En esa medida, la tutela es la vía procedente
para reclamar el reintegro y el pago de incapacidades, así como para cuestionar
el trámite de calificación del origen del diagnóstico.
Expediente T-7.915.431
8. En el presente asunto, la
Corte advierte el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por lo que la solicitud de
amparo de la referencia se torna improcedente con fundamento en las razones que
se exponen a continuación:
8.1. El accionante no está en
condición de debilidad manifiesta, pues no aportó pruebas que evidencien
una disminución en su capacidad de trabajo y tampoco una afectación actual en
su estado de salud. Además, no demostró que su situación financiera fuera
apremiante. Por lo anterior, no resulta desproporcionado exigirle acudir a la
vía ordinaria.
8.2. Se encuentra en curso
un proceso laboral. En efecto, las pruebas recaudadas en sede de revisión
evidencian que, el 13 de enero de 2020, el accionante promovió demanda laboral
contra el empleador, esto es, dos semanas antes de presentar la tutela (29 de
enero del mismo año). En este punto, la Sala reitera que el recurso de amparo
se torna improcedente cuando existe un proceso judicial vigente en el que se
debaten los hechos que dieron lugar a la presunta afectación de los derechos fundamentales[91]. Por
consiguiente, la tutela debe ceder ante el mecanismo ordinario con el fin de
que el juez natural adopte las medidas a que haya lugar[92]. Lo anterior, porque esta acción constitucional
no puede desplazar el proceso judicial al alcance del actor, ni utilizarse para
obtener una decisión judicial más rápida. De hecho, aquel refirió que el
proceso laboral podría tardar un año, en contraste con la celeridad inherente
al amparo constitucional.
8.3. El peticionario no probó
la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia del
amparo como mecanismo transitorio. En efecto, la Sala no advierte una circunstancia que
configure un daño de esta naturaleza para él o su núcleo familiar, pues no
acreditó: (i) la
afectación inminente de los derechos fundamentales, pues su afiliación al Sistema de Salud está
vigente y, en ese sentido, se encuentra garantizada la continuidad en la
atención[93];
(ii) la urgencia de las medidas, dado que el tutelante y su compañera
permanente conservan su capacidad productiva, puesto que no hay elementos de
juicio que demuestren otra cosa y por el contrario el actor se encuentra
trabajando; (iii) la gravedad del perjuicio, en tanto no se probó una
potencial vulneración a su mínimo vital ni a su salud; ni (iv) el carácter
impostergable de las medidas para la protección efectiva de los derechos en
riesgo, ya que la situación familiar del actor no es intolerable en términos
constitucionales, por lo que no justifica la intervención inmediata del juez de
tutela.
9. Sumado a lo anterior, el
presente asunto adquiere un alcance controversial y litigioso, carece de
relevancia constitucional y desborda el carácter sumario e informal propio del
amparo[94],
tal y como se explica a continuación:
9.1. El monto que adeuda el
empleador está en discusión. El actor reclamó los salarios, las incapacidades
y las prestaciones sociales causados desde el despido y, luego, en la respuesta
remitida a la Corte señaló que el demandado le debe estos valores pero por los
seis meses trabajados. A su turno, el empleador refirió que sólo adeuda las prestaciones
sociales y que el tutelante no aceptó el dinero, y le exigió parte de la finca como
pago de las indemnizaciones. En este punto, la Sala resalta que existe un
debate respecto de las acreencias laborales pendientes de pago y ninguna de las
partes aportó elementos de juicio que respalden sus afirmaciones. Ello sitúa el
presente asunto en un escenario de amplio despliegue probatorio ajeno a la
acción de tutela y que sólo puede garantizarse en el marco de un proceso
ordinario. De manera que las posturas de las partes evidencian que la materia
expuesta carece de relevancia constitucional y se limita a una discusión de
naturaleza legal y probatoria que excede las finalidades del amparo.
Al respecto, la Sentencia T-1683 de
2000[95]
indicó lo siguiente: “[e]l juez de
tutela no puede ordenar el pago de un derecho incierto y discutible, pues
aquello escapa de la órbita constitucional para radicarse en una discusión de
rango legal que debe resolverse en la jurisdicción competente”. En tal perspectiva, el proceso laboral ofrece
a las partes la oportunidad para ejercer todas
las atribuciones probatorias y de contradicción, a diferencia del amparo
constitucional que “exige un nivel mínimo de certeza o de
convencimiento respecto del derecho reclamado”[96]. En efecto, en el acta del Juzgado Promiscuo del
Circuito de Santa Rosa de Osos se observa que el asunto se tramitará como un
proceso ordinario de única instancia, en los términos del artículo 70 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social[97]. Según el
artículo 72 de la misma normativa, con posterioridad a la notificación de la
demanda, el juez cita a las partes para adelantar la audiencia de conciliación.
En caso de desacuerdo, valora los elementos de juicio, entre esos, los testimonios
que soliciten los sujetos procesales. Por último, clausurado el debate, dicta
el fallo motivado en esa misma audiencia[98].
9.2. No hay certeza sobre
las circunstancias que conllevaron a la terminación del contrato laboral. Mientras
el accionante indicó que su empleador contrató como ordeñador a otro trabajador,
el segundo afirmó que la relación laboral terminó cuando los herederos
reclamaron la propiedad de la finca. Agregó que vendió el ganado para pagar sus
obligaciones, las cuales ascendían a $36.000.000 de pesos.
10. Finalmente, según el estudio
de tiempos procesales realizado por el Consejo Superior de la Judicatura y la
Corporación Excelencia en la Justicia, la primera instancia de un proceso
laboral tarda 167 días hábiles (366 corrientes)[99], de los
cuales 95 transcurren entre la audiencia de conciliación y la de juzgamiento. Esta
cifra permite inferir que la duración de un proceso de única instancia, en
términos generales, es significativamente menor, pues, como se indicó, la
conciliación y el fallo se agotan en la misma audiencia. En esa medida, es
posible que un trámite de esta naturaleza se resuelva en un plazo menor o igual
al expuesto. Por consiguiente, la Sala considera que dicho término no resulta
desproporcionado ni irrazonable en atención a la condición del actor.
11. En virtud de lo expuesto,
la Corte concluye que el proceso laboral es idóneo y eficaz para resolver la
controversia planteada. Por lo tanto, confirmará la decisión de segunda
instancia que declaró improcedente la acción de tutela formulada por Ezequiel
Ruiz Balbin.
En lo que sigue, la Sala continuará
el análisis de procedencia respecto de los otros casos.
Legitimación en la causa por
activa y por pasiva
12. En cuanto a la legitimación
por activa, el artículo 86 de la Constitución establece que la acción de tutela
es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona, “(…) por
sí misma o por quien actúe en su nombre”, para reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales. En desarrollo de lo anterior, el
artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 define a los titulares de esta acción. En
concreto, consagra que podrá ser interpuesta (i) en forma directa por el interesado;
(ii) por intermedio de un representante legal (caso de los menores de edad y
las personas jurídicas); (iii) mediante apoderado judicial (esto es, a través de un abogado titulado
con poder judicial);
o (iv) por medio de un agente oficioso[100].
En esta oportunidad, se
encuentra acreditada dicha legitimación. El señor Hernán Darío Martínez Arbeláez (expediente
T-7.899.839) promovió directamente la acción de tutela y la señora Carmen
Alicia Rodríguez Berrío (expediente T-7.909.170) actuó por intermedio de
apoderada judicial. En este último caso, se trata de un poder especial otorgado para la presente actuación
judicial[101],
en los términos exigidos por la ley y la jurisprudencia constitucional[102]. De igual forma, ambos invocaron la
protección del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada.
13. Respecto de la legitimación
por pasiva, el artículo 86 de la Carta establece que la tutela tiene por
objeto la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales, cuando
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las
autoridades o por el actuar de los particulares. En este contexto, dicha
legitimación exige acreditar dos requisitos. Por una parte, que se trate de uno
de los sujetos respecto de los cuales procede el amparo y, por la otra, que la
conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho se pueda vincular,
directa o indirectamente, con su acción u omisión[103].
14. La citada disposición y el artículo 42 del Decreto
2591 de 1991 establecen que procede la tutela contra particulares cuando: (i)
éstos se encargan de la prestación de un servicio público; (ii) su conducta
afecta grave y directamente el interés colectivo; y (iii) el solicitante se
encuentra en estado de subordinación o indefensión[104]. Según la
jurisprudencia constitucional, en estos supuestos, un sujeto asume una posición
de autoridad respecto de otro, lo cual “(…) conduce a la extinción
del carácter horizontal de la igualdad que por presunción impera entre los
particulares”[105].
Asimismo, la Corte ha
delimitado los
conceptos de subordinación e indefensión. Por ejemplo, la Sentencia T-290 de
1993[106] los diferenció de la siguiente manera:
“la subordinación alude a la
existencia de una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo,
con los trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a
sus profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen, en
tanto que la indefensión, si bien hace referencia a una relación que
también implica la dependencia de una persona respecto de otra, ella no tiene
su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social
determinado sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona
afectada en su derecho carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de
respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate”.
15. Para la Sala, este
requisito se satisface respecto de ambos empleadores, a quienes se les acusa de vulnerar el
derecho a la estabilidad laboral reforzada de los peticionarios, al terminar
sus contratos sin previa autorización del Ministerio del Trabajo, tal y como se
expone a continuación.
15.1. Expediente T-7.899.839. Golden Cute S.A.S. es una
persona jurídica particular que celebró un contrato de trabajo con el actor. En
esa medida, se encuentra probada la subordinación debido a la relación jurídica
de dependencia derivada de tal vínculo.
15.2. Expediente T-7.909.170. Existe relación de
subordinación entre la accionante y Holding Inmobiliaria en virtud del contrato
laboral celebrado. En este punto, la Sala advierte que la demandada no
intervino en el trámite pero está debidamente vinculada. De igual forma, están
legitimados Positiva ARL, Salud Total EPS, COLPENSIONES, porque prestan el servicio
público de seguridad social y les corresponde asumir el pago de incapacidades
en determinadas circunstancias. En tal sentido, sus actuaciones u omisiones
pueden comprometer los derechos de la peticionaria. Se resalta que la primera
entidad es de naturaleza privada, fue vinculada por el juez de instancia y ha
actuado en el proceso. La segunda también es una entidad particular, mientras
que la tercera es una empresa industrial y comercial del Estado[107].
Por otro lado, las Juntas de Calificación de
Invalidez son
organismos de carácter privado que ejercen una función pública[108]. Específicamente,
les corresponde conceptuar sobre el origen de las enfermedades y la PCL de los afiliados,
quienes se encuentran en situación de indefensión[109] respecto de
estas. Lo anterior, porque no tienen capacidad de respuesta efectiva ante las irregularidades
o dilaciones que acontezcan en estos trámites. En este caso, la actora invocó
la vulneración de sus derechos fundamentales con ocasión de la falta de inicio
del trámite de calificación de su PCL. En tal sentido, dichas autoridades
también están legitimadas por pasiva.
Inmediatez
16. Como presupuesto de procedibilidad, la
inmediatez exige que la tutela se presente en un plazo razonable, contado desde
el momento de la supuesta vulneración o amenaza. De esta manera, se garantiza
que el amparo sea un instrumento judicial de aplicación inmediata y urgente
(artículo 86 de la Constitución)[110].
En el asunto bajo examen, la Sala
observa que los peticionarios promovieron el recurso de amparo en un tiempo
razonable. En efecto, el señor Hernán Darío Martínez Arbeláez (expediente
T-7.899.839) lo presentó el 5 de febrero de 2020, esto es, un mes después de
que terminara el vínculo laboral (31 de diciembre de 2019). Por su parte, la
señora Carmen Alicia Rodríguez Berrío (expediente T-7.909.170) instauró la
tutela el 13 de enero de 2020, es decir, casi 4 meses después del vencimiento
del plazo pactado (30 de septiembre de 2019).
Formulación de los problemas
jurídicos de fondo
17. En esta oportunidad, la Sala estudia de
fondo dos expedientes. Como se advirtió, ambos comparten la supuesta
vulneración de la garantía de la estabilidad laboral reforzada y la pretensión
de reintegro. Sin embargo, la señora Carmen Alicia Rodríguez Berrío
(T-7.909.170) pide ordenar a su empleador gestionar la calificación de su PCL
ante Positiva ARL y el pago de las incapacidades causadas entre marzo y
noviembre de 2019. En atención a lo anterior, la Corte formulará un problema
jurídico genérico y dos particulares:
- ¿Los empleadores demandados vulneraron
el derecho a la estabilidad laboral reforzada de los peticionarios, al terminar
sus contratos sin autorización del Ministerio del Trabajo?
En relación con el expediente T-7.909.170,
la Corte deberá determinar lo siguiente:
- ¿Positiva ARL vulneró el derecho al
mínimo vital de la accionante al omitir el pago de las incapacidades causadas
entre el 23 de julio y el 19 de noviembre de 2019?
- ¿Las accionadas vulneraron el derecho al
debido proceso de la tutelante en el trámite de calificación del origen de sus
patologías?
Con el propósito de resolver estos
interrogantes, la Sala abordará brevemente los siguientes temas: (i) el
fundamento constitucional y el alcance de la garantía de estabilidad laboral
reforzada; (ii) las reglas jurisprudenciales relativas al pago de
incapacidades; y, (iii) las controversias sobre el origen de las enfermedades
de los trabajadores. Finalmente, (iv) decidirá los casos concretos.
Fundamento y alcance del derecho a la estabilidad laboral
reforzada
18. Según el artículo 53 de la Constitución, todos los
trabajadores son titulares de un derecho general a la estabilidad en el empleo.
Aquella garantía se intensifica en el caso de sujetos que se encuentran en
condición de vulnerabilidad, a saber: (i) las mujeres embarazadas; (ii) las
personas en situación de discapacidad o en condición de debilidad manifiesta
por motivos de salud; (iii) los aforados sindicales; y (iv) las
madres y padres cabeza de familia[111].
De igual forma, este postulado se deriva de otras disposiciones
superiores, como el derecho de todas las personas “en circunstancias de debilidad
manifiesta” a ser protegidas “especialmente”, con miras a promover
las condiciones que hagan posible una igualdad “real y efectiva” (arts.
13 y 93). También, la mencionada garantía se sustenta en los deberes que le
asisten al Estado, como proteger
el derecho al trabajo “en todas sus modalidades” (art. 25), y adelantar
una política de “integración social” a favor de los “disminuidos
físicos, sensoriales y síquicos” (art. 47). Finalmente, los artículos 1º,
48 y 95 aluden al deber de “obrar conforme al principio de solidaridad
social”[112].
19. Ahora bien, la Sentencia SU-049 de 2017[113] precisó que la estabilidad
laboral reforzada no protege exclusivamente a aquellos sujetos que presentan
una PCL calificada. Por consiguiente, dicha garantía ampara a quienes tienen
una afectación en su salud que les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus
labores en condiciones regulares y que, por este hecho, pueden ser objeto de
tratos discriminatorios. En consecuencia, este escenario sitúa a la persona “(…)
en condiciones de debilidad manifiesta no solo porque esto puede exponerla a
perder su vínculo, como lo muestra la experiencia relacionada en la
jurisprudencia constitucional, sino además porque le dificulta la consecución
de una nueva ocupación con base en sus facultades, talentos y capacidades
humanas (…)”.
20. En tal perspectiva, si un
empleador pretende desvincular a una persona que se halla en esta situación,
debe contar con autorización del Inspector de Trabajo. Este funcionario verifica
que las razones esgrimidas no estén asociadas a la condición de salud del
trabajador, sino que se trata una causal objetiva. Bajo este entendido, la
estabilidad laboral reforzada se concreta en una prohibición de despido
discriminatorio hacia quienes se encuentran amparados por dicha prerrogativa[114].
De manera que la pretermisión del trámite ante la autoridad laboral “acarrea
la presunción de despido injusto”. Por consiguiente, se invierte la carga
de la prueba y corresponde al empleador acreditar una causa objetiva para
terminar el contrato de trabajo[115].
En este punto, la Sala
resalta que en el caso de los contratos laborales a término fijo, por obra o labor, “(…)
el vencimiento del [plazo] pactado o el cumplimiento de la condición
no constituye una justa causa para su terminación (…)”[116]. De
manera que el empleado “tiene el derecho a conservar su trabajo aunque el
término del contrato haya expirado o la labor haya finiquitado”[117] si ha
cumplido adecuadamente sus funciones y si la labor o el servicio se mantiene en
el tiempo.
21. A partir de las reglas
enunciadas, esta Corporación ha establecido los presupuestos para que opere la
garantía de estabilidad laboral reforzada. En concreto, el juez constitucional
debe verificar: (i) que la condición de salud del trabajador le impida o
dificulte sustancialmente el desempeño de sus funciones; (ii) que dicha
circunstancia sea conocida por el empleador con anterioridad al despido; y,
(iii) que no exista una causal objetiva que fundamente la desvinculación[118].
Acreditado lo anterior, el
operador judicial deberá, prima facie, reconocer al sujeto protegido:
“(a) en primer lugar, la ineficacia de la terminación o del
despido laboral (con la consiguiente causación del derecho del demandante a
recibir todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de
recibir); (b) en segundo lugar, el derecho a ser reintegrado a un
cargo que ofrezca condiciones iguales o mejores que las del cargo desempeñado
por él hasta su desvinculación, y en el cual no sufra el riesgo de empeorar su
estado de salud sino que esté acorde con sus condiciones; (iii) en
tercer lugar, el derecho a recibir capacitación para cumplir con las tareas de
su nuevo cargo, si es el caso (art. 54, C.P.); y (iv) en cuarto
lugar, el derecho a recibir ‘una indemnización equivalente a ciento
ochenta días del salario’”[119].
Según la Sentencia T-201
de 2018[120],
el reconocimiento de estas prestaciones se funda en que el vínculo
jurídico no desaparece a pesar de la “interrupción de la labor y de la
relación del empleado con la empresa”.
22. Por último, la
indemnización mencionada líneas atrás se encuentra prevista en el artículo 26[121]
de la Ley 361 de 1997[122],
la cual, según la Sentencia C-824 de 2011[123],
protege un universo amplio de sujetos. En esa oportunidad, la Sala Plena
explicó que la referencia a las personas con limitaciones severas y
profundas contenida en el artículo 1º de la citada ley no debe entenderse
como una expresión excluyente que restringe su ámbito de aplicación[124].
Sobre el particular, recordó que este Tribunal ha acogido una noción amplia del
término limitación, “(…) en el sentido de hacer extensiva la protección de la que
habla la Ley 361 de 1997 a las personas de las que se predique un estado de
debilidad manifiesta por causa de una enfermedad que no necesariamente acarree
una pérdida de la capacidad para trabajar”. Según lo expuesto, también son
beneficiarios de la referida norma quienes presentan una situación de salud que
les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en
condiciones regulares.
Reglas jurisprudenciales relativas
al pago de incapacidades
23. El auxilio por
incapacidad garantiza el mínimo vital del trabajador y el de su familia durante
el tiempo en el que sus condiciones de salud le impiden prestar sus servicios[125].
Igualmente, este ingreso le permite “(…) recuperarse satisfactoriamente (…)
sin tener que preocuparse por reincorporarse de manera anticipada a sus
actividades habituales con el objeto de ganar [un salario]” [126].
24. La jurisprudencia ha
distinguido tres tipos de incapacidades:“(i) temporal,
cuando se presenta una imposibilidad transitoria de trabajar y aún no se han
definido las consecuencias definitivas de una determinada patología; (ii) permanente
parcial, cuando se presenta un disminución parcial pero definitiva de la
capacidad laboral, en un porcentaje igual o superior al 5%, pero inferior al
50%, y (iii) permanente (o invalidez), cuando el afiliado padece
una disminución definitiva de su capacidad laboral superior al 50%”[127] (negrilla original).
La
incapacidad temporal o permanente puede tener origen laboral o común.
En el primer escenario, según el artículo 1° del
Decreto 2943 de 2013[128], la ARL
deberá reconocer la prestación desde la ocurrencia del accidente de trabajo o
desde el diagnóstico de la enfermedad profesional[129]. Este pago debe efectuarse “(…)
hasta que: (i) la persona quede integralmente rehabilitada y, por tanto,
reincorporada al trabajo; (ii) se le califique su estado de incapacidad parcial
permanente y en este caso se indemnice; o (iii) en el peor de los casos se
califique la pérdida de capacidad laboral en un porcentaje superior al 50%,
adquiriendo el derecho a la pensión de invalidez”[130]. En contraste, si la contingencia es
de origen común, primero estará a cargo del empleador (días 1 y 2), luego de
las EPS (día 3 al 180)[131] y,
finalmente, de los Fondos de Pensiones (día 181 al 540)[132].
25. En relación con la incapacidad
temporal, la controversia relativa al origen de la enfermedad no afecta el pago
de la prestación. En efecto, el parágrafo 3° del artículo 5°
de la Ley 1562 de 2012[133]
señala que este:
“(…) será asumido por las Entidades
Promotoras de Salud, en caso de que la calificación de origen en la primera
oportunidad sea común; o por la Administradora de Riesgos Laborales en caso de
que la calificación del origen en primera oportunidad sea laboral y si
existiese controversia continuarán cubriendo dicha incapacidad temporal de esta
manera hasta que exista un dictamen en firme por parte de la Junta Regional o
Nacional si se apela a esta, cuando el pago corresponda a la Administradora de
Riesgos Laborales y esté en controversia, esta pagará el mismo porcentaje
estipulado por la normatividad vigente para el régimen contributivo del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, una vez el dictamen esté en firme podrán
entre ellas realizarse los respectivos rembolsos y la ARP reconocerá al
trabajador la diferencia en caso de que el dictamen en firme indique que
correspondía a origen laboral”.
En otras palabras, la primera calificación del origen asigna una
responsabilidad provisional a la ARL si es laboral, o a la EPS y al fondo de pensiones si es común. No obstante, esta podrá modificarse posteriormente
por la autoridad competente. En caso de que ello ocurra, la entidad pagadora
podrá repetir contra el verdadero obligado[134].
Controversias sobre el origen
de las enfermedades de los trabajadores
26. Como se advirtió previamente, en el caso de las incapacidades,
el origen de la enfermedad determina qué entidad del Sistema de Seguridad
Social debe pagarlas. En esa medida, pueden surgir conflictos relacionados con
esta responsabilidad, los cuales, la Sala insiste, no son oponibles a los
afiliados. Sin embargo, el ordenamiento jurídico habilita instancias para su
resolución. En concreto, según el artículo 142[135] del Decreto Ley 19 de 2012[136], corresponde a COLPENSIONES, a las ARL y a
las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las
EPS, determinar en primera oportunidad la PCL y el origen de la contingencia.
Si el interesado está en desacuerdo, el asunto se remite a la Junta Regional de
Calificación de Invalidez. Luego, la decisión de dicha entidad podrá apelarse
ante la Junta Nacional.
Por su parte, el artículo 14 del Decreto 1352 de 2013 dispone que las Juntas Regionales deciden
en primera instancia “las controversias sobre
las calificaciones en primera oportunidad de origen y la pérdida de la
capacidad laboral u ocupacional y su fecha de estructuración, así como la
revisión de la pérdida de capacidad laboral y estado de invalidez.”. De igual manera, el artículo 13 de la misma normativa señala que corresponde a la Junta Nacional resolver “en segunda instancia los recursos de apelación interpuestos contra
los dictámenes de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, sobre el
origen, estado de pérdida de la capacidad laboral, fecha de estructuración y
revisión de la pérdida de capacidad laboral y estado de invalidez”. En suma, los conflictos
relacionados con el origen de las contingencias deben tramitarse en dos instancias,
las cuales se surten ante las referidas juntas como órganos especializados en
la materia.
Solución a los casos concretos
Expediente T-7.899.839
Golden
Cute S.A.S. no vulneró el derecho a la estabilidad laboral reforzada del señor Hernán Darío Martínez Arbeláez
27. En esta ocasión, la Corte estudia el recurso de amparo
presentado por un ciudadano que trabajó como bodeguero en el establecimiento de
comercio Calzado Bucaramanga, de propiedad de Golden Cute S.A.S. El
peticionario fue vinculado en distintas oportunidades mediante contrato a
término fijo. El más reciente es del 23 de enero de 2018 y se prorrogó por un año.
Así, se acordó que finalizaría el 31 de diciembre de 2019. El accionante afirmó
que el contrato terminó por razón de sus condiciones de salud. En concreto, su
diagnóstico de fascitis
plantar, espolón calcáneo y desviación de la columna vertebral. Por su parte, la
representante legal de la sociedad insistió en que la relación laboral finalizó a causa de la situación financiera de
la compañía y del vencimiento del plazo pactado. De hecho, el 26 de noviembre de 2019 Golden Cute S.A.S. comunicó al tutelante que no habría otra
prórroga.
28. En este caso, la Sala
considera que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el
actor. Particularmente, no operó la garantía de estabilidad laboral reforzada
porque la falta de renovación del contrato no obedeció a una actuación discriminatoria
y se sustentó en una causal objetiva. A continuación, la Corte presenta las
razones que sustentan dicha conclusión.
28.1. En primer lugar, cuando
finalizó el contrato (31 de diciembre de 2019) la condición de salud del
trabajador no dificultaba el normal desempeño de sus funciones, pues: (i) no
estaba incapacitado en ese momento; y (ii) ni el examen médico de egreso ni la
historia clínica indicaban que aún padeciera las enfermedades. De hecho, la
última consulta por este motivo es de septiembre de 2019.
28.2. En segundo lugar, la
empresa conoció los padecimientos del actor y acogió las recomendaciones
laborales. Aquéllas habían perdido vigencia al momento de terminar el vínculo.
28.3. Por último, la actuación
de la demandada no resultó discriminatoria. En efecto, todos sus actos se
enmarcaron en una causal objetiva y razonable derivada de la baja en las ventas
y la consecuente reducción de personal que inició antes del aviso de no
prórroga. Además, no hay continuidad en el desarrollo de su actividad económica,
lo que afecta la labor desplegada por el demandante. De manera que todos sus
actos apuntan inequívocamente a la extinción de la persona jurídica y al inicio
de la disolución y posterior liquidación[137].
Así, queda demostrada la causal
objetiva que motivó la terminación del vínculo. Específicamente, el vencimiento
del plazo pactado y la imposibilidad de renovar el contrato debido a la
situación económica de la empresa que llevó a su disolución.
29. En virtud de lo expuesto,
la Corte concluye que Golden Cute S.A.S. no vulneró el derecho a la estabilidad
laboral reforzada del señor Martínez Arbeláez. En esa medida, el amparo no será
concedido, pero ello no impide que el peticionario acuda ante la jurisdicción
ordinaria para plantear sus pretensiones relacionadas con el vínculo
contractual expuesto.
Expediente T-7.909.170
Holding Inmobiliaria y Positiva
ARL vulneraron los derechos a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo
vital de la demandante
30. En esta oportunidad, la
Sala estudia la acción de tutela instaurada por una mujer de 63 años que
trabajó para la demandada como asistente de cafetería y aseo, entre octubre de
2012 y septiembre de 2019. Manifestó que el contrato fue renovado anualmente. Durante
la ejecución del mismo (27 de junio de 2018), la peticionaria fue diagnosticada
con “trastorno no especificado de los discos intervertebrales (lumbar y
sacro)”[138].
Luego, el 22 de agosto de 2019, la accionada le notificó que su contrato
vencería el 30 de septiembre siguiente y no sería prorrogado[139].
31. En este caso, la Sala
considera que está acreditada la vulneración de los derechos fundamentales
invocados. Particularmente, la garantía de la estabilidad laboral reforzada y
el mínimo vital por el impago de las incapacidades. A continuación, la Corte presenta
los argumentos que sustentan dicha postura:
31.1. En primer lugar, el
diagnóstico de la peticionaria dificultó sustancialmente el desempeño de sus
funciones, pues: (i) el 27 de junio de 2018, el neurocirujano prescribió terapias
físicas y recomendaciones laborales que no fueron acogidas por el empleador[140]; (ii) el 30
de septiembre de 2019, el especialista en medicina física y rehabilitación
determinó que carecía de pronóstico de recuperación[141]; y, (iii)
estuvo incapacitada 401 días entre diciembre de 2017 y la fecha de terminación
del contrato[142].
Incluso, lo estaba cuando finalizó el vínculo laboral.
31.2. En segundo lugar, su
condición médica fue conocida con anterioridad por Holding Inmobiliaria. En
efecto, la accionante le remitió varias peticiones relacionadas con su estado
de salud, en las cuales le solicitaba gestionar el pago de las incapacidades y
acatar las recomendaciones laborales y reubicarla[143]. Además,
el 27 de agosto de 2019, durante la visita efectuada por la Inspectora de
Trabajo, con ocasión de la querella presentada por la actora, el Jefe de
Talento Humano aludió a las recomendaciones y a las incapacidades[144].
31.3. En tercer lugar, la Sala no advierte una causal objetiva que
fundamente la falta
de renovación del contrato. Como se indicó, la pretermisión del trámite
previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 –aval de la autoridad laboral–activa
la presunción de discriminación. Así, la carga de la prueba se traslada al
empleador, quien debe acreditar una justa causa para terminar el contrato. En
este punto, la Sala resalta que Holding Inmobiliaria no intervino en ninguna
etapa del trámite de amparo y, por consiguiente, no desvirtuó la referida presunción.
Sumado a lo anterior, esta conducta procesal permite aplicar la presunción de
veracidad establecida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991[145].
32. Conforme a lo expuesto, la Corte concluye que el empleador vulneró
el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la actora, al terminar la
relación laboral. Aquella actuación se fundó en motivos discriminatorios
basados en la condición médica de la accionante. En tal virtud, el vencimiento
del plazo pactado no constituye una causa objetiva para finalizar el contrato a
término fijo. Por lo tanto, la peticionaria tiene derecho a conservar su empleo
a pesar de que el plazo haya expirado.
33. De otra parte, la Corte analizará
si Positiva ARL vulneró el derecho al mínimo vital de la accionante, al no
reconocerle las incapacidades pendientes de 2019. Al respecto, la Sala observa
que: (i) en diciembre de 2018, al emitir concepto favorable de rehabilitación,
Salud Total estableció que las patologías eran de origen común[146]; (ii) por
esta razón, el 6 de noviembre de 2019, COLPENSIONES pagó algunas posteriores al
día 180 (24 de marzo al 22 de julio de tal año)[147]; (iii)
dos semanas después, la EPS notificó a esa entidad sobre el origen laboral
calificado en primera oportunidad; y, (iv) la peticionaria aportó cuatro
órdenes médicas que prorrogan la incapacidad temporal entre el 23 de julio y el
19 de noviembre de 2019[148].
Finalmente, (v) la respuesta de Salud Total evidencia que ninguna entidad asumió
la prestación entre el 11 de febrero (día 181) y el 23 de marzo (día 221)[149].
La Sala sintetiza lo expuesto
en la siguiente tabla:
Inicio
Fin
Días acumulados
Entidad pagadora
25/12/2018
23/01/2019
162
Salud Total
24/01/2019
10/02/2019
180
Salud Total
11/02/2019
21/02/2019
191
Sin información
22/02/2019
23/03/2019
221
Sin información
24/03/2019
22/04/2019
251
COLPENSIONES
24/04/2019
23/05/2019
281
COLPENSIONES
24/05/2019
22/06/2019
311
COLPENSIONES
23/06/2019
22/07/2019
341
COLPENSIONES
23/07/2019
21/08/2019
371
Sin información
22/08/2019
20/09/2019
401
Sin información
21/09/2019
20/10/2019
431
Sin información
21/10/2019
19/11/2019
461
Sin información
34. Con fundamento en lo anterior,
la Corte circunscribirá su pronunciamiento a las incapacidades causadas entre
el 11 de febrero y el 23 de marzo, y del 23 de julio al 19 de noviembre de
2019. En este punto, se resalta que el objeto del amparo es obtener el pago de
aquéllas generadas entre marzo y noviembre de 2019. De manera que la pretensión
no incluye el mes de febrero. No obstante, la Sala ordenará su pago en virtud
de las facultades extra y ultra petita del juez de tutela.
35. Ahora bien, el 4 de octubre de ese año, Salud Total conceptuó
acerca del origen laboral de la patología y envió la notificación
correspondiente a la ARL[150]. Luego,
la Junta Regional confirmó dicha determinación y Positiva promovió los recursos
de reposición y apelación. A la fecha, sólo se encuentra pendiente el segundo,
ya que la Junta Regional confirmó el dictamen.
36. Este recuento evidencia que Positiva vulneró el derecho al
mínimo vital de la peticionaria, pues, a pesar de conocer el concepto
preliminar sobre el origen laboral de la enfermedad, omitió pagarle las
incapacidades pendientes. Como se indicó, la jurisprudencia y las normas que regulan la materia
establecen que la primera calificación asigna una
responsabilidad provisional a la entidad concernida, la cual puede ser
modificada posteriormente. Y, mientras eso no ocurra, debe garantizar a la
afiliada el reconocimiento de la prestación. De manera que, contrario a lo sostenido
en el trámite de instancia por la ARL, el pago de las incapacidades no corresponde
a Salud Total EPS, sino que debe ser asumido por esa entidad y por eso se
emitirá una orden al respecto.
37. Por último, la Sala debe determinar si las accionadas vulneraron el
derecho al debido proceso de la tutelante en el trámite de calificación del
origen de sus patologías. Previamente, se indicó que están habilitadas para
emitir tal dictamen las EPS y las Juntas de Calificación
de Invalidez (artículo
142 del Decreto Ley 19 de 2012). De esta manera, las
primeras entidades profieren un concepto preliminar que puede ser cuestionado
en dos instancias que se surten ante la Junta Regional competente y la Junta
Nacional.
38. En el caso concreto, la
Corte observa que: (i) la calificación en primera oportunidad fue emitida en
octubre de 2019 por Salud Total EPS; (ii) el 15 de abril de 2020, la Junta
Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena la confirmó; (iii) el 13 de
noviembre del mismo año, dicha entidad resolvió
desfavorablemente el recurso de reposición presentado por Positiva; y, (iv) el
pasado 3 de diciembre, la ARL pagó los honorarios de la Junta Nacional.
En tal perspectiva, las
entidades públicas y privadas involucradas en la calificación han actuado en el
marco de sus competencias y obligaciones legales. De esta manera, la Sala no advierte
maniobras dilatorias ni una duración del trámite desproporcionada o
irrazonable. Por esta razón, no está demostrada la vulneración alegada y el
amparo será negado por este aspecto.
Órdenes a proferir
39. De acuerdo con lo expuesto,
la Corte adoptará las siguientes medidas.
39.1. En primer lugar, en el
expediente T-7.899.839, revocará el fallo dictado por el Juzgado Primero Penal
Municipal de Itagüí, que declaró improcedente el amparo solicitado por Hernán Darío Martínez Arbeláez
y, en su lugar, negará la protección constitucional invocada porque no hubo
prueba de la violación de los derechos fundamentales invocados por el
accionante.
39.2. En segundo lugar, en el
expediente T-7.909.170, la Sala revocará la sentencia proferida
por el Juzgado
Séptimo Civil Municipal de Santa Marta, que declaró improcedente la acción de tutela
presentada por Carmen Alicia Rodríguez Berrío y, en su lugar, concederá el
amparo de los derechos a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital. En
consecuencia, declarará la ineficacia de la terminación del vínculo. De igual
manera, le ordenará a Holding Inmobiliaria: (i) reintegrarla a un cargo igual o
superior al que desempeñaba y y en el cual se cumplan estrictamente las
restricciones laborales que indique el médico tratante; y, (ii) reconocerle la
indemnización prevista en el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y
las prestaciones, los salarios y los aportes causados y dejados de percibir
desde la fecha de terminación del contrato.
Por otro lado, la Corte le
ordenará a Positiva ARL asumir las incapacidades de 2019 que se encuentran
pendientes de pago. En concreto, aquellas causadas entre el 11 de febrero y el
23 de marzo, y del 23 de julio al 19 de noviembre. Con todo, podrá solicitar
los reembolsos respectivos en los términos del parágrafo 3° del artículo 5°
de la Ley 1562 de 2012. Finalmente, negará el amparo en relación con la vulneración del
derecho al debido proceso en el trámite de calificación del origen de las
patologías de la actora.
39.3. Finalmente, en el
expediente T-7.915.431, confirmará la sentencia de segunda instancia proferida
por el Juzgado
Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Osos, que declaró improcedente la acción de tutela
presentada por Ezequiel Ruiz Balbin. Lo anterior, con fundamento en la falta de
subsidiariedad del amparo.
Conclusiones
40. En esta oportunidad, la Sala estudió
tres acciones de tutela promovidas por ciudadanos que invocaban la protección
de su derecho a la estabilidad laboral reforzada, con ocasión de la terminación
de sus contratos sin autorización del Ministerio del Trabajo. En el expediente
T-7.909.170, la peticionaria también solicitó que se ordenara a su empleador
gestionar la calificación de su PCL ante Positiva ARL y el pago de las
incapacidades causadas entre marzo y noviembre de 2019.
41. A partir de la información
recaudada en sede de revisión, la Corte declaró improcedente la tutela promovida
por el señor Ezequiel Ruiz Balbin (expediente T-7.915.431), debido al
incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Lo anterior, porque el
peticionario: (i) no está en condición de debilidad manifiesta; (ii) promovió
un proceso laboral con el mismo objeto del amparo; y, (iii) no probó la
existencia de un perjuicio irremediable que habilite la intervención
transitoria del juez de tutela. Sumado a lo anterior, la Sala consideró que el
asunto carecía de relevancia constitucional porque se trata de una controversia
legal, pues el monto que adeuda el empleador está en discusión y no existe
certeza sobre las circunstancias que conllevaron a la terminación del contrato
laboral. Además, el estudio de tiempos procesales realizado por el Consejo
Superior de la Judicatura y la Corporación Excelencia en la Justicia permite inferir
que la duración de un proceso laboral de única instancia no es desproporcionada
ni irrazonable. Finalmente, en virtud de lo expuesto, la Corte concluyó que el
mencionado trámite es idóneo y eficaz para resolver la controversia planteada.
42. De otra parte, en el
expediente T-7.899.839, la Sala encontró que Golden Cute S.A.S. no vulneró el
derecho a la estabilidad laboral reforzada del actor. Lo anterior, en el entendido
que la falta de renovación del contrato no obedeció a una actuación
discriminatoria. La Sala arribó a tal conclusión porque: (i) las condiciones de
salud del trabajador no dificultaron el normal desempeño de sus funciones; (ii)
la accionada tuvo conocimiento de sus padecimientos y acató plenamente las
recomendaciones laborales que perdieron vigencia antes de la terminación del
vínculo; y (iii) los actos de la demandada se enmarcaron en una causal objetiva
y razonable derivada de la baja en las ventas y la consecuente reducción de
personal que inició antes del aviso de no prórroga. En tal virtud, la Corte
constató que no hay continuidad en el desarrollo de su actividad económica,
pues su conducta apunta inequívocamente a la extinción de la persona jurídica y
al inicio de la disolución y posterior liquidación.
43. Finalmente, en el
expediente T-7.909.170, la Sala estimó que Holding Inmobiliaria y Positiva ARL vulneraron
los derechos a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital de la
demandante. En cuanto a lo primero, constató que: (i) el diagnóstico de la peticionaria
dificultó sustancialmente el desempeño de sus funciones; (ii) su condición
médica fue conocida por el empleador antes de que finalizara el contrato; y
(iii) la Sala no advirtió una causal objetiva que
fundamentara la ausencia
de renovación, pues la accionada no desvirtuó la presunción de discriminación
que opera ante la falta de aval de la autoridad laboral. Sumado a lo anterior,
no intervino en ninguna etapa
del trámite de amparo y, por consiguiente, la Corte aplicó la presunción de
veracidad (artículo 20 del Decreto 2591 de 1991).
En relación con el pago de incapacidades, la Sala concluyó que Positiva
vulneró el derecho al mínimo vital de la accionante, al no reconocerle aquellas
causadas entre el 11 de febrero y el 23 de marzo, y del 23 de julio al 19 de
noviembre de 2019. Lo anterior, porque Salud Total EPS y la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Magdalena conceptuaron sobre el origen laboral de
las patologías y la Junta Nacional aún no ha resuelto el recurso de apelación
promovido por la ARL. Entonces, de acuerdo con las normas aplicables al asunto,
corresponde a Positiva asumir provisionalmente su pago.
Por otro lado, no hubo vulneración alguna
en el trámite orientado a resolver la controversia sobre el origen de las
patologías, ya que las
entidades involucradas en la calificación han actuado en el marco de sus competencias
y obligaciones legales. En esa medida, la Sala no advierte maniobras dilatorias
o una duración desproporcionada o irrazonable.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto,
la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- En el expediente T-7.899.839, REVOCAR el fallo del 14
de febrero de 2020 dictado por el Juzgado Primero Penal Municipal de Itagüí, que
declaró improcedente la acción de
tutela instaurada por
Hernán Darío
Martínez Arbeláez y, en su lugar, NEGAR la protección constitucional
invocada.
SEGUNDO.- En el expediente T-7.909.170, REVOCAR la sentencia del 27
de enero de 2020 proferida por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Santa Marta, que declaró improcedente la acción de
tutela presentada por Carmen Alicia Rodríguez Berrío. En su lugar, NEGAR el
amparo del derecho al debido proceso y CONCEDER la protección de los
derechos a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital.
TERCERO.- DECLARAR la ineficacia de la terminación
del vínculo y ORDENAR a Holding Inmobiliaria que, en las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia: (i) reintegre a la
accionante a un cargo igual o superior al que desempeñaba y en el cual se
cumplan estrictamente las restricciones laborales que indique el médico
tratante; y, (ii) reconozca la indemnización prevista en el inciso 2º del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y las prestaciones, los salarios y los
aportes causados y dejados de percibir desde la fecha de terminación del
contrato.
CUARTO.-
ORDENAR a
Positiva ARL que, en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta sentencia, reconozca a la peticionaria las incapacidades de
2019 que se encuentran pendientes de pago. En concreto, aquellas causadas entre
el 11 de febrero y el 23 de marzo, y del 23 de julio al 19 de noviembre. Con
todo, la entidad podrá solicitar los reembolsos respectivos en los términos del
parágrafo 3°
del artículo 5° de la Ley 1562 de 2012.
QUINTO.- En
el expediente T-7.915.431, CONFIRMAR la sentencia del 9 de marzo de 2020 proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Osos, que
declaró
improcedente la acción de tutela presentada por Ezequiel Ruiz Balbin. Lo
anterior, con fundamento en la falta de subsidiariedad del amparo.
SEXTO.- Por Secretaría General de
la Corte Constitucional, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Folio 9.
[2] Folios 2, 3, 42, 54 y 70.
[3] 2 y 3.
[4] Ibidem.
[5] Folio 3.
[6] Ibidem.
[7] Ibidem.
[8] Folio 1.
[9] Folio 22.
[10] Folios 30 y 31.
[11] Folios 30 a 50.
[12] Folios 79 a 82.
[13] Contratos, avisos de no prórroga, prórrogas y
liquidaciones de cada vinculación.
[14] Según consta en el oficio del 22 de febrero de
2019, suscrito por una psicóloga del área de gestión humana de la empresa y
dirigido al administrador del punto de venta.
[15] Según consta en el certificado de existencia y
representación legal de Golden Cute S.A.S.
[16] En concreto, debía informar: “¿Qué servicios
prestó al señor Hernán Darío Martínez Arbeláez, entre febrero y diciembre de
2019?, ¿qué información tiene sobre su estado de salud actual?”.
[17] Según la Base de Datos Única de Afiliados al
Sistema de Seguridad Social en Salud, el actor está vinculado a la mencionada
EPS del régimen subsidiado. Información obtenida en el siguiente enlace: https://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA. [consultada el 2 de diciembre de 2020].
[18] Folio 65.
[19] Folio 1.
[20] Folio 2.
[21] Folio 2.
[22] Folio 3.
[23] No se advierte respuesta de la Superintendencia
Nacional de Salud.
[24] Ibidem.
[25] Folio 4.
[26] No se advierte información adicional
relacionada con las condiciones de la vinculación, esto es, periodos, prórrogas
y remuneración.
[27] Folios 5 y 6.
[28] Ibidem.
[29] Ibidem.
[30] Ibidem.
[31] Folio 11.
[32] Folio 74.
[33] Folio 98.
[34] Folios 77 a 84.
[35] Folios 87 a 90.
[36] Se refirió a
las incapacidades causadas entre marzo y noviembre de 2019.
[37] Folio 88.
[38] Folios 91 a 95.
[39] Folios 96 y 97.
[40] Folios 101 a 113.
[41] Folios 118 a 123.
[42] Folios 132 a 135.
[43] Folios 136 a 139.
[44] Correo electrónico remitido por Positiva ARL el 24 de noviembre de
2020.
[45] Página 3 del dictamen enviado como archivo adjunto.
[46] Correo electrónico remitido por la Superintendencia Nacional de
Salud el 25 de noviembre de 2020.
[47] Correo electrónico remitido por la Junta Regional de Calificación
de Invalidez del Magdalena el 25 de noviembre de 2020.
[48] Correo electrónico remitido por la señora Alice del Rosario Jiménez
Jiménez el 26 de noviembre de 2020.
[49] La apoderada aportó oficio del 19 de marzo de
2019, en el cual Salud Total comunicó a su representada lo siguiente: “(…)
la señora CARMEN ALICIA RODRÍGUEZ BERRÍO complet[ó] los 180 días por el
mismo diagnóstico el pasado 10 de febrero de 2019 y hasta dicha fecha la EPS
reconoció económicamente las incapacidades, ya que a partir del día 11 de
febrero de 2019 (día 181) le corresponde el cubrimiento a la AFP”.
[50] Correo electrónico remitido por COLPENSIONES el 27 de noviembre de
2020.
[51] Correos electrónicos remitidos por la accionante el 27 de noviembre
de 2020.
[52] Correo electrónico remitido por Positiva ARL el 4 de diciembre de
2020.
[53] Correo electrónico remitido por la Junta Nacional de Calificación
de Invalidez el 7 de diciembre de 2020.
[54] Correo electrónico remitido por Salud Total EPS el 9 de diciembre
de 2020.
[55] Dado que no se
presenta controversia respecto de los períodos anteriores al día 180 de
incapacidad, no se hará referencia a la información que corresponde a los
mismos.
[56] En adelante,
todas las fechas corresponden a 2019.
[57] En adelante, siempre que se haga mención a un
folio del expediente, se entenderá que hace parte del cuaderno principal, a
menos que se diga expresamente lo contrario.
[58] Folios 1 y 2.
[59] Folio 9.
[60] El accionante no especificó el valor
equivalente al salario en especie.
[61] Folio 32.
[62] Folios 35 y 36.
[63] Folio 35.
[64] Folio 36.
[65] Folios 44 a 50.
[66] Lo anterior tuvo como fundamento las
afirmaciones del señor Ruiz Balbin ante la Inspección Municipal de Trabajo. En
concreto, indicó que él y su compañera hacían todos los oficios de la finca y
que, como contraprestación, ella recibía $100.000 pesos quincenales. Ver folio
26.
[67] Folio 49.
[68] Folio 50.
[69] Folios 53 a 57.
[70] Folio 57.
[71] Folio 54.
[72] Ibidem.
[73] Ibidem.
[74] Folios 2 a 9, cuaderno de segunda instancia.
[75] En concreto, señaló: “(…) [e]l valor
total por salarios, prestaciones sociales e incapacidad no tengo entendido cual
seria (sic), ya que él no me dio ningún dinero por los conceptos anteriores,
todo me lo debe por los 6 meses laborados con él (…)”.
[76] Sentencias
T-785 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa; T-799 de 2009, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva; y T-165 de 2020, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[77] Sentencias T-106 de 1993, M.P. Antonio Barrera
Carbonell; y T-100 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[78] Sentencias T-705 de 2012, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub; y T-391 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[79] Sentencias T-225 de 1993, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa; T-808 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; y T-391 de 2018,
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[80] Sentencias T-406
de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-092 de 2016, M.P. Alejandro
Linares Cantillo; T-418 de 2017, M.P. Diana Fajardo Rivera; T-550 de 2017, M.P.
Alejandro Linares Cantillo y T-271 de 2018, Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[81] Sentencia
T-291 de 2020, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[82] Sentencias T-311 de 1996, M.P José Gregorio Hernández
Galindo; T-693 de 2017, M.P Cristina Pardo Schlesinger; y T-168 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[83]  Sentencias T-920 de 2009, Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo; T-468 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-182
de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo; T-140 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio; y T-401 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[84] Sentencias
T-663 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; y T-703 de 2016, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[85] M.P. María
Victoria Calle Correa.
[86] Según la Base de Datos Única de Afiliados al
Sistema de Seguridad Social en Salud, el actor está vinculado a dicho régimen
desde el 30 de julio de 2020.
[87] Folio 64.
[88] Folio 63.
[89] Información obtenida en el
siguiente enlace: https://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA. [consultada el 9 de diciembre
de 2020].
[90] Sentencia
T-167 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[91] En este sentido, la Sentencia T-375 de 2018 (M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado) declaró la improcedencia del amparo porque el asunto
debatido en sede de tutela fue puesto en conocimiento de la Superintendencia
Nacional de Salud. Igualmente, la Sentencia T-966 de 2014 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez) consideró que la acción era improcedente porque la
pretensión podía ser resuelta en el proceso laboral en trámite.
[92] Sentencia
T-146 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[93] Información obtenida en el siguiente enlace: https://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA. [consultada el 15 de enero de 2021].
[94] Sentencias
T-040 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y T-340 y T-391 de 2018, M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[95] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[96] Sentencia
T-391 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[97] “Artículo 70. Forma y contenido de la
demanda verbal. En los negocios de única instancia no se requerirá demanda
escrita. Propuesta verbalmente se extenderá un acta en que consten: los nombres
y domicilios del demandante y demandado; lo que se demanda y los hechos en que
se funda la acción. En la misma diligencia, que se firmará por el Juez, el
demandante y el Secretario, se dispondrá la citación del demandado para que
comparezca a contestar la demanda en el día y hora que se señale”.
[98] “Artículo 72. Audiencia y fallo. En
el día y hora señalados, el juez oirá a las partes y dará aplicación a lo
previsto en el artículo 77 en lo pertinente. Si fracasare la conciliación, el
juez examinará los testigos que presenten las partes y se enterará de las demás
pruebas y de las razones que aduzcan. Clausurado el debate, el juez fallará en
el acto, motivando su decisión, contra la cual no procede recurso alguno (…)”.
[99] Consejo Superior de la Judicatura &
Corporación Excelencia en la Justicia. (2016). Resultado
del estudio de tiempos procesales. Tomo I. Páginas 135-139. Disponible en: https://www.ramajudicial.gov.co/documents/1545778/8829673/TOMO+I+TIEMPOS+PROCESALES_18122015.pdf/2da294fd-3ef6-4820-b9e0-7a892b1bdbf0. [consultado el 15 de enero de 2021].
[100] Acápite redactado con base en las Sentencias T-667 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-1075
de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-922A de 2013, M.P. Alberto Rojas
Ríos; y T-403 de 2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[101] El poder
especial fue remitido al despacho, vía correo electrónico, el 26 de noviembre
de 2020.
[102] Sentencias
T-194 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo; y T-024 de 2019, M.P. Carlos
Bernal Pulido.
[103] Acápite redactado con base en las Sentencias
T-1001 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería; T-403 de 2019 y T-167 de 2020, M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[104] El inciso
final del artículo 86 de la Constitución dispone: “(…) La ley
establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.
[105] Sentencias T-1000 y T-1086 de 2001, M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[106] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[107] El Decreto 309 de 2017 dispone: “Artículo 1o. Naturaleza
jurídica. La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), es una
Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como Entidad financiera de
carácter especial, vinculada al Ministerio del Trabajo, para que ejerza las
funciones señaladas en el presente Decreto y en las disposiciones legales
vigentes, con la finalidad de otorgar los derechos y beneficios establecidos
por el sistema general de seguridad social consagrado en el artículo 48 de la
Constitución Política de Colombia”.
[108] Sentencia
T-800 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[109] Sentencia T-713 de 2014, M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[110] Acápite redactado con base en las Sentencias T-1140 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra; T-279 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-138 de 2017, M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[111] Sentencias SU-049 de de 2017, M.P. María
Victoria Calle Correa; T-118 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; y T-386
de 2020, M.P. Diana Fajardo Rivera.
[112] Ibidem.
[113] M.P. María Victoria Calle Correa.
[114] Sentencia T-201
de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[115] Sentencia
SU-049 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa; y T-041 de 2019, M.P. José
Fernando Reyes Cuartas.
[116] Sentencias
T-1083 de 2007, M.P. Humberto Sierra Porto; T-337 de 2009, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva; y C-200 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[117] C-200 de 2019,
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[118] Sentencias
T-215 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo; T-188 de 2017, M.P. María
Victoria Calle Correa; y T-386 de
2020, M.P. Diana Fajardo Rivera.
[119] Sentencias T-372 de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo; y T-201 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[120] M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[121] “Artículo 26. No
discriminación a persona en situación de discapacidad. En
ningún caso la  discapacidad de una persona, podrá ser motivo para
obstaculizar una vinculación laboral, a menos que
dicha discapacidad sea claramente demostrada como incompatible e
insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna
persona en situación de discapacidad podrá ser despedida o su contrato
terminado por razón de su discapacidad, salvo que medie autorización
de la oficina de Trabajo. // No obstante, quienes fueren despedidos o su
contrato terminado por razón de su discapacidad, sin el cumplimiento del
requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización
equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás
prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código
Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen,
complementen o aclaren”.
[122] “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las
personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones”.
[123] M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[124] “Artículo
1o. Los principios que inspiran la presente Ley, se fundamentan en los
artículos 13, 47, 54 y 68 que la Constitución Nacional reconocen en
consideración a la dignidad que le es propia a las personas en situación de
discapacidad en sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales
para su completa realización personal y su total integración social y a las
personas en situación de discapacidad severas y profundas, la asistencia y
protección necesarias”.
[125] Sentencia
T-401 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[126] Sentencia T-311 de 1996, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[127] Sentencias T-920
de 2009, M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; y T-161 de 2019, M.P. Cristina
Pardo Schlesinger.
[128] “Por el cual se modifica el parágrafo 1° del
artículo 40 del Decreto 1406 de 1999”.
[129] “Artículo 1. Modificar el parágrafo
1° del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999, el cual quedará así: Parágrafo
1°. En el Sistema General de Seguridad Social en Salud serán a cargo de los
respectivos empleadores las prestaciones económicas correspondientes a los dos
(2) primeros días de incapacidad originada por enfermedad general y de las
Entidades Promotoras de Salud a partir del tercer (3) día y de conformidad con
la normatividad vigente. // En el Sistema General de Riesgos Laborales las
Administradoras de Riesgos Laborales reconocerán las incapacidades temporales
desde el día siguiente de ocurrido el accidente de trabajo o la enfermedad
diagnosticada como laboral. // Lo anterior tanto en el sector público como en el
privado”.
[130] Sentencia T-200 de 2017, M.P. José Antonio
Cepeda Amarís.
[131] Artículo 1° del Decreto 2943 de 2013.
[132] El artículo
142 del Decreto Ley 19 de 2012 dispone: “(…) Para los casos de
accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de
rehabilitación de la Entidad Promotora de Salud, la Administradora de Fondos de
Pensiones postergará el trámite de calificación de Invalidez hasta por un
término máximo de trescientos sesenta (360) días calendario adicionales a los
primeros ciento ochenta (180) días de incapacidad temporal reconocida por la
Entidad Promotora de Salud, evento en el cual, con cargo al seguro previsional
de invalidez y sobrevivencia o de la entidad de previsión social
correspondiente que lo hubiere expedido, la Administradora de Fondos de
Pensiones otorgará un subsidio equivalente a la incapacidad que venía
disfrutando el trabajador” (…).
[133] “Por la cual se modifica el Sistema de
Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud
Ocupacional”.
[134] Al respecto,
pueden consultarse las Sentencias T-140 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio; y T-291 de 2020, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[135] La norma en cita dispone que: “(…) [c]orresponde
al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones
-COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, a las
Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las
Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la
pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de
estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la
calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días
siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de
Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días
siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación
de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas
decisiones proceden las acciones legales (…)”.
[136] “Por el cual se dictan normas para suprimir
o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en
la Administración Pública”.
[137] Al respecto, la Sala encontró probado que: (i) los ingresos de
Golden Cute S.A.S. disminuyeron considerablemente entre 2018 y 2020; (ii) entre
noviembre de 2019 y julio de 2020 su planta de personal se redujo de 19 a 2
empleados; y (iii) en 2019 y 2020, uno de sus establecimientos de comercio fue
cerrado y los cuatro restantes fueron vendidos.
[138] Folio 66.
[139] Folio 16.
[140] Folio 31.
[141] Folio 63.
[142] Información
remitida por Salud Total EPS mediante correo electrónico del 10 de diciembre de
2020.
[143] Folios 22, 23,
39, 43, 53
[144] Folios 59 y
60.
[145] “Articulo 20. Presuncion de veracidad.
Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por
ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime
necesaria otra averiguación previa”.
[146] Folio 54.
[147] Información
remitida por la entidad el 27 de noviembre de 2020 vía correo electrónico.
[148] Folios 17 a
20.
[149] Información
remitida por la entidad el 9 de
diciembre de 2020 vía correo electrónico.
[150] Si bien en el concepto de rehabilitación de diciembre de 2018 Salud
Total EPS indicó que la enfermedad era de origen común, rectificó esta postura
en la calificación en primera oportunidad. Así, concluyó que el diagnóstico era
de origen laboral. Este último dictamen vincula a la ARL para el pago
provisional de las incapacidades.