C-925-05
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-925/05
UNIDAD NORMATIVA-Integración
SANCION DE LA LEY-Concepto
PROMULGACION DE LA LEY-Concepto
SANCION Y PROMULGACION DE LA LEY-Diferencias
DECRETO DE CORRECCION DE YERROS-Alcance
DECRETO QUE DESARROLLA ACTO LEGISLATIVO QUE IMPLEMENTO SISTEMA PENAL
ACUSATORIO-Desbordamiento de la competencia del Presidente
de la República
VICIO EN SANCION DE LA LEY-Inexistencia
DECRETO DE CORRECCION DE YERROS-Incompetencia
de la Corte Constitucional para conocerlo/LEY QUE EXPIDE CODIGO DE
PROCEDIMIENTO PENAL-Modificaciones a través de decreto posterior a la
sanción y promulgación/DECRETO DE CORRECCION DE YERROS-Incompetencia del
Presidente de la República para modificar contenido de la ley aprobada por el
Congreso/SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA-Aplicación
De los
antecedentes de la Ley 906 de 2004 se desprende que una vez publicado el texto
aprobado por las plenarias del Congreso de la República, de acuerdo a lo
consignado en la Gaceta del Congreso 529 de 2004, el texto fue sancionado y
promulgado tal como fue aprobado por el Congreso. Posteriormente el Presidente
de la República expidió el Decreto 2770 de 2004, en ejercicio de la facultad
concedida por el artículo 45 de la Ley 4 de 1913. Si bien el trámite
legislativo concluyó adecuadamente conforme a la Carta y el texto fue objeto de
publicación en el Diario Oficial No. 45657, los artículos que fueron resaltados
en las tablas comparativas de esta sentencia fueron modificados por un decreto
posterior a la sanción y promulgación de la ley, tal como el Congreso la aprobó
y el Presidente la sancionó. Si bien la Corte Constitucional no es competente para
conocer del decreto de corrección de yerros sí lo es para conocer de la ley, la
cual, en este caso, ha sufrido cambios sustanciales después de su sanción y
promulgación. Por lo tanto, para preservar la voluntad del Congreso expresada
según el procedimiento de formación de la ley establecido en la Constitución se
deberá declarar exequible la Ley 906 de 2004 tal como fue aprobada por el
Congreso de la República, sancionada por el Presidente de la República y
promulgada en el Diario Oficial No. 45.657. En este sentido se condicionará la
exequibilidad de la Ley 906 de 2004.
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-No
es la vía para la corrección de errores legislativos que no constituyan por si
mismos vicios de inconstitucionalidad
Referencia: expediente D-5592
Actores: Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha, Julián Rivera Loaiza y Julián
Andrés Durán Puentes.
Demanda
de inconstitucionalidad contra los artículos 8, 16, 364, 407, 530 y 531 de la
Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento
Penal”.
Magistrado
Ponente:
Dr. Manuel José Cepeda Espinosa
Bogotá, D. C.,
seis (6) de septiembre de dos mil cinco (2005)
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
de los requisitos y de los trámites establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de
la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, los
ciudadanos Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha, Julián Rivera Loaiza y Julián Andrés
Durán Puentes demandaron los artículos 8, 16, 364, 407, 530 y 531 de la Ley 906
de 2004, Código de Procedimiento Penal.
Mediante Auto del  treinta y uno (31) de
enero de dos mil cinco (2005), la Corte Constitucional admitió la demanda de la
referencia.
Mediante Oficio
DP 0112 del 11 de febrero de 2005 el Procurador General de la Nación y el
Viceprocurador General de la Nación manifestaron encontrarse impedidos para
rendir concepto ante la Corte Constitucional por haber participado en la
comisión redactora y en la subcomisión redactora, respectivamente, del proyecto
de ley que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal. Por lo tanto,
solicitaron a la Corte Constitucional aceptar el impedimento manifestado y en
consecuencia disponer que el Procurador General de la Nación designare a un
funcionario para rendir concepto en el proceso.
Los términos
para recibir el concepto del Procurador General de la Nación fueron suspendidos
a partir del 15 de febrero de 2005.
Mediante auto
del ocho (08) de marzo de dos mil cinco (2005) la Sala Plena de la Corte
Constitucional decidió aceptar el impedimento formulado tanto por el Procurador
General de la Nación como por el Viceprocurador General de la Nación y, por en
consecuencia, ordenar que se corriera traslado por el término que faltare al
funcionario que designe el Procurador General de la Nación, para que rindiera
el concepto de su competencia[1].
El cinco (5) de
abril de dos mil cinco (2005) se levantó la suspensión del término para que el
señor Procurador Ad-hoc rindiese concepto.
Mediante escrito
del cinco (5) de abril de dos mil cinco (2005), la Procuradora Auxiliar para
Asuntos Constitucionales[2],
anotó que dado que los cargos formulados contra las disposiciones del Código de
Procedimiento Penal eran por vicios de forma, la Corte no había dispuesto las
pruebas necesarias para poder efectuar el examen de constitucionalidad de las
mismas. De acuerdo a lo anterior, solicitó a la Corte Constitucional disponer
lo pertinente para que se remitiesen las pruebas que permitieran tener los
elementos materiales de juicio para cumplir con la función asignada al
despacho. De igual manera se solicitó la suspensión de los términos para
conceptuar, mientras se allegaban los elementos probatorios que permitiesen a
la Procuradora Auxiliar cumplir con su función.
La Corte Constitucional,
mediante auto del 11 de abril de 2005, señaló que en la demanda de
inconstitucionalidad se estructuran cargos, por vicios de forma, que se erigen
de una comparación puramente literal entre los textos que fueron aprobados por
las distintas cámaras legislativas durante el trámite del Proyecto de Código de
Procedimiento Penal, y el texto que fue sancionado y promulgado por el
Presidente de la República, sin hacer referencia a vicios, distintos a esta
incoherencia textual, que se hubiesen suscitado durante el proceso legislativo.
Así, la Gaceta del Congreso, en tanto órgano oficial de publicación de los
textos aprobados por las cámaras legislativas, es un documento público
disponible a la ciudadanía y a los servidores públicos en general. Lo mismo que
el Diario Oficial. De acuerdo a lo anterior y dado que en la demanda no se hizo
una solicitud específica al Magistrado Sustanciador en el sentido de que se
decretaran pruebas sobre el trámite legislativo y que en los procesos de
constitucionalidad es potestativo del Magistrado Sustanciador decretar pruebas,
y únicamente cuando ello sea necesario para decidir, se resolvió “Dar
respuesta a la petición formulada por la Procuradora Auxiliar para Asuntos
Constitucionales, en el sentido de informarle que en uso de la facultad
discrecional de decretar o abstenerse de decretar pruebas durante los procesos
de constitucionalidad, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del
Decreto 2067 de 1991, el Magistrado Sustanciador en el proceso de la referencia
no consideró necesario adoptar tal determinación en el auto admisorio de la
demanda, ya que los cargos formulados en la demandad de inconstitucionalidad
pueden ser resueltos haciendo referencia a los textos que fueron publicados en
las Gacetas del Congreso y en el Diario Oficial plenamente identificados en la
demanda y reseñados en el numeral 7 de la parte motiva de esta providencia.”[3]
Cumplidos los
trámites constitucionales y legales propios de los procesos de
constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la
demanda en referencia.
II.
NORMAS DEMANDADAS
A continuación
se transcriben los artículos demandados en el presente proceso, de conformidad
con su publicación en el Diario Oficial No. 45.658 del 1º de septiembre de
2004:
“LEY 906 DE 2004
(agosto 31)
por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. (Corregida
de conformidad con el Decreto 2770 de 2004)
Artículo
8º. Defensa. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la
condición de imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del
órgano de persecución penal, en lo que aplica a:
(...)
l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y k) siempre y
cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y
debidamente informada. En estos eventos requerirá siempre el asesoramiento
de su abogado defensor.
Artículo
16. Inmediación. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que
haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y sujeta
a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso
podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las
circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como
prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante
el juez de control de garantías.
Artículo
364. Reanudación de la audiencia. El juez señalará el día, hora y sala
para la reanudación de la audiencia suspendida en los casos del artículo
anterior.
El
juez podrá decretar recesos, máximo por dos (2) horas, cuando sean
indispensables para el buen entendimiento de la audiencia.
Artículo
407. Número de peritos. A menos que se trate de prueba impertinente,
irrelevante o superflua, el juez no podrá limitar el número de peritos
que sean llamados a declarar en la audiencia pública por las partes.
Artículo
530. Selección de distritos judiciales. Con base en el análisis de los
criterios anteriores, el sistema se aplicará a partir del 1º de enero de 2005
en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una
segunda etapa a partir del 1º de enero de 2006 incluirá a los distritos
judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de
Viterbo, Tunja y Yopal.
En
enero 1º de 2007 entrarán al nuevo sistema los distritos judiciales de
Antioquia, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán y Villavicencio.
Los
distritos judiciales de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Montería, Quibdó,
Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar, y aquellos que
llegaren a crearse, entrarán a aplicar el sistema a partir del primero (1º) de
enero de 2008.
Artículo
531. Proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos. Los
términos de prescripción y caducidad de las acciones que hubiesen tenido
ocurrencia antes de la entrada en vigencia de este código, serán reducidos en
una cuarta parte que se restará de los términos fijados en la ley. En ningún
caso el término prescriptivo podrá ser inferior a tres (3) años.
En
las investigaciones previas a cargo de la Fiscalía y en las cuales hayan
transcurrido cuatro (4) años desde la comisión de la conducta, salvo las
exceptuadas en el siguiente inciso por su naturaleza, se aplicará la
prescripción.
Estarán
por fuera del proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos,
las investigaciones por delitos de competencia de los jueces penales de
circuito especializados y, además, los delitos de falsedad en documentos que
afecten directa o indirectamente los intereses patrimoniales del Estado;
peculado por apropiación; peculado culposo en cuantía que sea o exceda de cien
(100) salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes; concusión; cohecho
propio; cohecho impropio; enriquecimiento ilícito de servidor público; contrato
sin cumplimiento de requisitos legales; interés indebido en la celebración de
contratos; violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e
incompatibilidades en la contratación; prevaricato; fraude procesal; hurto y
estafa en cuantía que sea o exceda de cincuenta (50) salarios mínimos,
mensuales, legales y vigentes cuando se afecte el patrimonio económico del
Estado; homicidio agravado y delitos conexos con todos los anteriores. También
se exceptúan todos aquellos delitos sexuales en los que el sujeto pasivo sea
menor de edad y las actuaciones en las que se haya emitido resolución de cierre
de investigación.
Los
fiscales y jueces, en los casos previstos en los incisos anteriores,
procederán de inmediato a su revisión para tomar las determinaciones. En una
sola decisión se podrán agrupar todos los casos susceptibles de este efecto.
Los
términos contemplados en el presente artículo se aplicarán en todos los
distritos judiciales a partir de la promulgación del código. (Subraya fuera del
texto origina)
III.
LA DEMANDA
El
actor considera que las disposiciones acusadas son lesivas de los artículos
157, 160 y 161 de la Constitución  Política y de los artículo 147, 160, 177 y
178 de la Ley 5ª, que en su criterio forman parte del bloque de
constitucionalidad, por cuanto tales artículos fueron objeto de alteraciones
sustanciales por el Gobierno Nacional, que no fueron conocidas durante los
debates del proyecto ante el Congreso Nacional.
Indican,
en suma, que el texto sancionado de estas disposiciones es distinto al que fue
discutido y aprobado en el Congreso: “Al momento de la sanción los
artículos 8 y 531 fueron objeto de modificaciones que alteraron su sentido
normativo, en tanto que los artículos 16, 364 y 407 fueron objeto de
supresiones que, igualmente, desvirtuaron el significado normativo que discutió
y aprobó el Congreso. Otro tanto sucedió con el artículo 530 al que se le
adicionó la ciudad de Yopal, distrito judicial que jamás hizo parte de las
deliberaciones y decisiones adoptadas por el Congreso frente al proyecto de ley
presentado por el Fiscal General de la Nación. Lo anterior configura un claro
vicio de inconstitucionalidad”.
IV.
INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES
1.
Intervención del Ministerio del Interior y de
Justicia
Dentro del
término legal establecido se recibió concepto de Fernando Gómez Mejía, Director
Técnico del Ministerio del Interior y de Justicia en la  Dirección del
Ordenamiento Jurídico, solicitando declarar la exequibilidad de las normas
acusadas. La constitucionalidad de las normas demandadas se sustenta ya que el
ejecutivo “una vez identificados los factores existentes de incoherencia en
el texto normativo que no fueron voluntad del Congreso, determinara los
correctivos a adoptar con el fin de prevenir que en la práctica judicial se
llegaren a presentar, eso sí, estas inevitables contradicciones y lagunas
cercenadoras de las garantías fundamentales.”[4]
El Ministerio
continuó con su exposición indicando que “No le asiste razón al actor cuando
afirma que debe declarase la inconstitucionalidad de las normas demandadas, por
haber sido sancionada la ley con un texto diferente al aprobado por el Congreso
de la República, por parte del Presidente de la República, porque son dos actos
distintos la sanción, y la expedición de un decreto de yerros. (…) Es necesario
precisar que el hecho de que se haya expedido un decreto de yerros con el ánimo
de aclarar y evitar contradicciones en la aplicación de la norma, no afecta en
sí mismo la constitucionalidad del trámite legislativo surtido por la
iniciativa legislativa. (…) En este sentido, cuando como en caso
presente, los errores gramaticales de una norma, dificulten su interpretación,
no es viable que el Gobierno Nacional acuda a las objeciones presidencias, ya
que estas están orientadas a señalar vicios en materia de constitucionalidad o
conveniencia más no estrictamente literales.[5]”
En cuanto a los
cargos específicos planteados en la demanda, el Ministerio del Interior y de
Justicia, manifestó que “En relación con los cargos frente al literal I) del
artículo 8 de la ley 906 de 2004, en el sentido de que la garantía de la
asistencia del defensor estaba prevista para otros derechos del imputado, debe
señalarse que el contenido y orden de dichos literales, fue modificado en
varias oportunidades, lo que  evidencia el detallado estudio del que fue objeto
y explica lo acertado de la modificación que se realizó mediante el Decreto de
yerros, que tiene por objeto entre otras cosas, evitar confusiones que pudieran
afectar los derechos fundamentales de los intervinientes en el proceso.”[6]
Respecto a los
cargos contra el artículo 16 de la Ley 906 de 2004, se señala que, lo expuesto
en el Decreto lejos de modificar la voluntad del Congreso, como lo afirman los
demandantes, lo que hace es darle coherencia a esta disposición y en particular
permitir se concrete, ya que corrige una contradicción, que el juez de
conocimiento en principio no práctica pruebas anticipadas.”[7]
Sobre el
artículo 364 de la Ley 906 de 2004, que dispone el receso de la audiencia
preparatoria, señala el interviniente, que la corrección efectuada por el
decreto de yerros es perfectamente pertinente, ya que en la audiencia
preparatoria no comparecen los testigos, quieran o no hacerlo porque en esta
audiencia lo que se hace es preparar el juicio.[8]
Respecto de los
cargos formulados contra el artículo 407 de la Ley 906 de 2004, por la
supresión de la expresión “número de testigos expertos”, que se limitan
a reiterar los argumentos en contra de las demás disposiciones, se considera
que no le asiste razón al actor por cuanto, la supresión de dicha expresión lo
que busca es dotar de claridad la norma en mención, ya que no se definió en
ninguna otra disposición del Código qué es un testigo experto, es más dicha
expresión llamaba confusión toda vez que el testigo por más experto que sea no
pierde su calidad de tal.”[9]
Con relación al
yerro corregido en el artículo 530 de la Ley 906 de 2004, respecto de la
adición de la palabra “Yopal”, consideró el interviniente, que esta enmienda
busca permitir la aplicación lógica y coordinada del nuevo sistema en todos los
distritos judiciales del país.[10]
Finalmente,
respecto al cargo contra el artículo 531 de la Ley 906 de 2004, en cuanto a la
modificación de la expresión “inciso anterior” por “los incisos anteriores”,
sostiene el interviniente que “(...) carece de razón el impugnante, pues
corresponde a los jueces y fiscales tanto la declaración de prescripción como
de caducidad de los procesos que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada
en vigencia de este Código. (…) Por lo que era necesario para darle coherencia
y claridad a la norma, y función  de los jueces y los fiscales, incluir la
referencia a los incisos primero y segundo dentro del inciso tercero con la
expresión modificadora.”[11]
V.
INTERVENCIONES CIUDADANAS
1.
Intervención de la Corporación Excelencia en la
Justicia
Dentro del
término legal, se recibió escrito firmado por el ciudadano Javier Darío Pabón,
Investigador del Área Penal – Corporación Excelencia en la Justicia- mediante
la cual se solicita se declare la exequibilidad del artículo 16 de la Ley 906
de 2004. Para el interviniente “El aparte que se solicita declarar inexequible
no fue objeto del supuesto vicio formal que se endilga, pues en ningún momento
fue modificado por parte del Presidente de la República al momento de sancionar
la ley. Si el accionante extraña un aparte, que a su parecer debió hacer parte
de la normatividad final, ello se debe a la expedición del Decreto 2770 de 31
de agosto de 2004, que corrige algunos yerros de la Ley 906, razón por la cual
al día siguiente se volvió a transcribir la ley en el Diario Oficial, con los
yerros ya corregidos. Para ellos basta simplemente revisar los ejemplares
45.658 –que contiene la ley inicialmente sancionada y el decreto que la
modifica- y 45-658 del Diario Oficial. (…) No obstante esto último, como el
caso que se presenta actualmente no implica una actuación extralegal por parte
del gobierno, el cargo contra el artículo 16 no deberá prosperar, o por ende,
el aparte demandado deberá ser declarado exequible.”[12]
VI.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
Mediante
concepto No. 3813, del doce (12) de mayo de dos mil cinco (2005), la
Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuradora Auxiliar para
Asuntos Constitucionales, solicitó a la Corte Constitucional que se declarasen
exequibles los artículos 8, 16, 364, 407, 530 de la Ley 906 de 2004 bajo el
entendido que el texto que debe producir efectos, es aquel que fue aprobado en
las respectivas cámaras del Congreso de la República, después de concluido el
trámite legislativo correspondiente. En cuanto al artículo 531 de la Ley 906 de
2004 consideró que las modificaciones efectuadas al mismo, mediante el decreto
de yerros, se ajustaron a la competencia del Presidente de la República de
efectuar una corrección de naturaleza tipográfica o caligráfica. La Procuraduría,
en primera instancia, reiteró lo manifestado en el concepto rendido dentro del
expediente D-5676, en relación con la necesidad de que tanto la Corte
Constitucional como la Vista Fiscal cuenten con los mismos elementos de prueba
al ejercer la función de conceptuar y fallar en los procesos de
constitucionalidad considerando que:
“(…) si bien en algunos casos como en el presente, la ausencia de
prueba dificulta en grado superlativo del ejercicio de la función
constitucional asignada al Procurador General, en otros la hace imposible.
Señalaba el Procurador General de la Nación en su concepto, que si bien es
cierta la discrecionalidad del Magistrado Sustanciador para solicitar pruebas
en el trámite de un proceso de constitucionalidad, también lo es que en los
casos en que se argumente la violación del procedimiento legislativo, se
requiere de un mínimo de material probatorio para determinar si le asiste o no
la razón al ciudadano demandante. El que un ciudadano acuciosamente señale en
su escrito en donde puede obtenerse la información requerida para confrontar su
afirmación en relación con la existencia de un vicio, puede no ser suficiente,
pues, como en el presente caso, se requerirán informaciones adicionales que
sólo reposan en el correspondiente expediente legislativo.”[13]
El Ministerio
Público señaló cuál fue el texto final de las normas acusadas después de haber
surtido los cuatro debates reglamentarios exigidos por el artículo 157 de la
Constitución. De la anterior confrontación se concluyó que en relación a los
artículos 8, 16, 364, 407 de la Ley 906 de 2004 éstos fueron aprobados de
manera idéntica en Cámara y Senado, sin surtir el procedimiento de conciliación
o de objeciones presidenciales. Sin embargo, el Presidente de la República
sancionó un texto diferente.
En cuanto al artículo 530 de la Ley 906
de 2004, señala el Ministerio Público, que éste sufrió modificaciones en su
paso de Cámara de Representantes al Senado, fue objeto de conciliación por la
comisión que para el efecto se creó, la que sometió a la respectiva aprobación
de las Plenarias de Senado y Cámara de Representantes el mismo texto aprobado
por el Senado sin embargo, el Presidente sancionó un texto diferente.
En lo que se
refiere al artículo 531 demandado, éste no fue objeto del trámite de
conciliación, por no existir discrepancias entre lo aprobado en Senado y Cámara
de Representantes, pero sí fue objetado por el Presidente de la República. Las
plenarias aceptaron parcialmente la objeción presidencial, y en consecuencia
acordaron un texto diferente. Al igual que los anteriores artículos, el texto
sancionado por el Presidente de la República fue diferente al aprobado por el
Congreso, después de que se modificara de acuerdo a la objeción presidencial.
La Procuraduría
General de la Nación indicó que:
“El Presidente de la República decide hacer uso de una facultad para
corregir yerros tipográficos u ortográficos no en relación con una ley sino
frente a un proyecto de ley que se encontraba para su sanción, tal como lo
ordena el artículos 157, numeral 4 de la Constitución. (…) Sin embargo, en el
caso en estudio, y no obstante que el Presidente de la República invocó la
facultad contenida en el artículo 45 de la Ley 4 de 1913, el Presidente
desbordó esta competencia y se extralimitó en sus funciones, cuando al expedir
el Decreto 2770, en lugar de corregir errores caligráficos o tipográficos,
efectuó modificaciones, adiciones y supresiones en los artículos objeto de
tacha constitucional, argumentando razones válidas, lógicas pero que rebasan la
finalidad y objeto de la función de enmendar o corregir yerros ortográficos o
tipográficos, por cuanto por esa vía se invade la competencia del Congreso de
la República de interpretar, derogar y reformar las leyes, contenida en el
artículo 150, numeral 1 de la Constitución. La promulgación de una ley se
relaciona exclusivamente con la publicación o divulgación del contenido de la
ley, tal como ésta fue aprobada por el Congreso de la República, promulgación
que como tal no faculta al Presidente para alterar la voluntad del legislador y
usurpar su competencia, a través de la supuesta corrección de errores o
yerros tipográficos que pueda presentar una ley.[14]
Finalmente, la
Procuraduría General de la Nación, señaló que las discrepancias entre el texto
aprobado por el Congreso, del artículo 531 de la Ley 906 de 2004, no
configuraban un vicio de procedimiento ya que “En este caso, no se modifica
la voluntad del legislador, por cuanto en los eventos en ellos consagrados, le
correspondía a los jueces y fiscales tomar las determinaciones necesarias para
efectos del proceso de depuración y prescripción de los procesos a los que los
incisos se refiere.”
VII.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
En virtud de lo dispuesto
por el artículo 241-4 la Corte Constitucional es competente para conocer de las
demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como las que se
acusan en la demanda que se estudia.
2.
Problema jurídico
En el presente
caso se encuentra que el problema jurídico a resolver es el siguiente:
¿Existen vicios
de procedimiento en la sanción presidencial de la Ley 906 de 2004, respecto de
los artículos 8, 16, 364, 407, 530 y 531, cuando según los demandantes se promulga
de un texto diferente al aprobado por el Congreso, modificándolo, suprimiéndolo
y adicionándolo, lo que constituiría una vulneración de los artículos 157, 160
y 161 de la Constitución?
Los demandantes
consideran que los artículos 8, 16, 364, 407, 530 y 531 de la Ley 906 de 2004,
fueron objeto de alteraciones sustanciales al momento de la sanción
presidencial, que hacen que las normas acusadas difieran de aquellas discutidas
y aprobadas por el Congreso de la República. Dichas alteraciones, en el sentir
de los demandantes, vulneran los artículos 157, 160 y 161 de la Constitución,
al igual que los artículos 147, 160, 177 y 178 de la Ley 5 de 1992.
La Procuraduría
General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que se declarasen
exequibles los artículos 8, 16, 364, 407, 530 de la Ley 906 de 2004 bajo el
entendido que el texto que debe producir efectos, es aquel que fue aprobado en
las respectivas cámaras del Congreso de la República, después de concluido el
trámite legislativo correspondiente. Para la Procuraduría el Presidente de la
República excedió su facultad de corregir errores o yerros tipográficos, pues
al expedir el Decreto 2770 de 2004 efectuó una interpretación de los artículos
demandados modificándolos, adicionándolos o suprimiendo algunas de sus partes a
través de un decreto que sólo podía corregir errores o yerros de carácter
caligráfico o tipográfico. Lo anterior desconoció el proceso de formación de
las leyes, en detrimento de la separación funcional entre ramas del poder
público. Por lo tanto, para la Procuraduría, existió un vicio de procedimiento
en la expedición de los artículos demandados, por cuanto se sancionó un texto
distinto a aquel que fue discutido y aprobado por el Congreso de la República y
las modificaciones realizadas a dichos artículos alteraron su sentido e
implicaron, en unos casos, la extensión y, en otros, la restricción de su
alcance normativo. Para la Procuraduría, el único artículo demandado ajustado a
las disposiciones constitucionales es el artículo 531.
Para efectuar el
examen de constitucionalidad de las normas demandadas, la Corte Constitucional,
primero, deberá establecer si es procedente la acción de inconstitucionalidad
contra las normas demandadas teniendo en cuenta que cuando se trata de cargos
por vicios de forma existe un límite temporal para formularlos. Igualmente se
constatará si es necesario efectuar una integración normativa respecto de toda
la ley corregida mediante un decreto, en especial pero no exclusivamente de
otros artículos al igual que la titulación y enumeración de los títulos y
capítulos de la Ley 906 de 2004 corregidos por el Decreto 2770 de 2004 y por lo
tanto si la revisión que debe efectuar la Corte también ha de cobijar el resto
de la ley, y en particular los artículos 32, 37, 56, 294, 85, 158, 181, 184,
198, 207, 240, 242, 264, 307, 317, 324, 414, 439, 474, 484 así como la
titulación de:  i) Capítulo X (De la acción de revisión), ii) el Título
V (El principio de oportunidad), iii) el Título V (De la preclusión),
la titulación y numeración del “Capítulo II Ejecución de medidas de
seguridad” y el Título del artículo 158 (Prórroga y restitución de
términos) de la Ley 906 de 2004. Después recordará antecedentes
jurisprudenciales sobre la corrección de yerros. Luego procederá a constatar en
qué momento del trámite legislativo se surtieron los cambios aducidos por los
demandantes para después verificar si éstos se hicieron con observancia a las
normas constitucionales y legales aplicables al caso.
1. Caducidad
de la acción
Teniendo en
cuenta que los cargos presentados en la demanda corresponden a cargos por
vicios de forma, de acuerdo a lo establecido por el artículo 242 de la
Constitución, la Corte Constitucional solo es competente para conocer de los
mismos un año después de haber sido publicada la norma. La Ley 906 de 2004 fue
sancionada el 31 de agosto de 2004 y publicada ese mismo día según consta en el
Diario Oficial No. 45657. La demanda fue presentada el 3 de diciembre de dos
mil cuatro (2004) por lo que se verifica que la acción fue presentada
oportunamente.
2.
Integración normativa de la Ley 906 de 2004
La Corte
Constitucional de manera excepcional, y en virtud del artículo 6 del Decreto
2067 de 1991[15],
procede a integrar la unidad normativa entre las disposiciones acusadas y otros
textos que no han sido demandados pero con los cuales éstas tienen una relación
inescindible.[16]
La jurisprudencia de la Corte ha reiterado en este aspecto que:
“(... ) la unidad normativa procede cuando ella es necesaria para
evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable
para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado
en debida forma por un ciudadano. En este último caso, es procedente que la
sentencia integre la proposición normativa y se extienda a aquellos otros
aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la Corporación pueda
decidir de fondo el problema planteado” [17].
Igualmente, la jurisprudencia ha
establecido los eventos en que dicha integración se hace necesaria:
Tal y como lo ha reiterado la Corte, la unidad normativa sólo puede
tener lugar cuando ello sea necesario para evitar que el fallo sea inocuo o
cuando resulta indispensable para pronunciarse de fondo sobre un asunto. Estas
hipótesis se configuran en uno de los siguientes tres casos: en primer lugar,
cuando es preciso integrar la proposición jurídica para que la norma demandada
tenga un significado jurídico concreto. En segundo término, cuando resulte
imprescindible integrar la unidad normativa de manera tal que el fallo no sea
inocuo, al dejar vigentes disposiciones jurídicas que tienen idéntico contenido
normativo. En tercer término, cuando la disposición impugnada se encuentre
íntima e inescindiblemente relacionada con otra norma que parece prima facie
inconstitucional[18].[19]
Sobre la relación “íntima e inescindible” la Corte ha señalado que
se trata de un tipo de relación en la que sea imposible, para evitar un fallo
inocuo, estudiar la constitucionalidad de una norma sin analizar las otras
disposiciones pero que “Las normas en este caso tienen cada una un sentido
regulador propio y autónomo[20],
pero el estudio de constitucionalidad de la disposición acusada impone el
examen de la conformidad o inconformidad con la Constitución de algunos
elementos normativos a los cuales hace referencia, que están contenidos en
otras disposiciones no demandadas. Con estas últimas se constituye la unidad
normativa.[21]”[22]
La Corte
encuentra que para poder efectuar un adecuado análisis del problema planteado,
la sentencia debe integrar al objeto del juicio de constitucionalidad  la Ley
906 de 2004. Efectuada dicha integración, se podrá comparar el texto de la ley
aprobada por el Congreso con el decreto de corrección de yerros. Las normas
demandadas guardan una estrecha relación con la Ley 906 de 2004 y en especial
con los artículos 32, 37, 56, 294, 85, 158, 181, 184, 198, 207, 240, 242, 264,
307, 317, 324, 414, 439, 474, 484 así como la titulación de:  i) Capítulo X (De
la acción de revisión), ii) el Título V (El principio de oportunidad),
iii) el Título V (De la preclusión),  la titulación y numeración
del “Capítulo II Ejecución de medidas de seguridad” y el Título del
artículo 158 (Prórroga y restitución de términos) de la Ley 906 de 2004.
Estos artículos, títulos y capítulos también fueron, mediante el Decreto 2770
de 2004 de corrección de yerros, modificados, suprimidos o adicionados, después
de haber sido aprobados por el Congreso y sancionados por el Presidente de la
República. En el conjunto de estas disposiciones normativas se encuentra una
diferencia con el texto aprobado por el Congreso de la República, de acuerdo a
lo publicado por la Gaceta del Congreso 529 de 2004.  Por lo tanto, carecería
de sentido pronunciarse sobre unos artículos y otros no cuando el vicio
planteado se predica de todos los artículos de la Ley 906 de 2004 cuyo
contenido no fue el aprobado por el Congreso de la República. De acuerdo a lo
anterior, la Corte, procederá a pronunciarse sobre la Ley 906 de 2004. No
obstante, el análisis puntual de las correcciones y de su contenido específico
solo se hará respecto de los artículos modificados, suprimidos o adicionados.
Es decir, los artículos que han sido demandados y los artículos 32, 37, 56,
294, 85, 158, 181, 184, 198, 207, 240, 242, 264, 307, 317, 324, 414, 439, 474,
484  así como la titulación de:  i) Capítulo X (De la acción de revisión),
ii) el Título V (El principio de oportunidad), iii) el Título V (De
la preclusión),  la titulación y numeración del “Capítulo II
Ejecución de medidas de seguridad” y el Título del artículo 158 (Prórroga
y restitución de términos) de la Ley 906 de 2004.
3. Trámite
legislativo aplicable al caso: sanción presidencial, promulgación de la ley y
alcances de los decretos de yerros
De acuerdo al
artículo 241-4[23]
de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de la
constitucionalidad de las leyes tanto por vicios en su formación como por su
contenido material. El artículo 150 de la Constitución establece que es
competencia del Congreso hacer las leyes, al igual que expedir los códigos en
todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones:
ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de
ellas ejerce las siguientes funciones:
1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.
2. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar
sus disposiciones.
(...)
En el presente
caso, la revisión de constitucionalidad de las normas demandadas, pasa por
analizar tres aspectos separables pero relacionados entre sí: la sanción
presidencial, la promulgación de la ley y la corrección de los yerros detectados
por el ejecutivo.
3.1. Sanción
presidencial de la ley
La Corte
Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones para establecer que la
sanción de un proyecto de ley “(…) es el acto mediante el cual el Gobierno
lo aprueba, y da fe de su existencia y autenticidad. Este acto constituye un
requisito esencial que pone fin al proceso formativo de la ley, tal como lo
prescribe el artículo 157 numeral 4 de la Constitución.(...)”[24]
Igualmente, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que existe una diferencia
entre la sanción de una ley y su promulgación:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
157 de la Carta Política, ningún proyecto será ley sin el lleno de los
siguientes requisitos:
“1. Haber sido publicado oficialmente por el
Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva.
2. Haber sido aprobado en primer debate en
la correspondiente comisión permanente de cada cámara (...).
3. Haber sido aprobado en cada cámara en segundo
debate.
4. Haber obtenido la sanción del Gobierno”.
En cuanto a
este último numeral, agrega el artículo 165 superior que “aprobado un proyecto
de ley por ambas cámaras, pasará al Gobierno para su sanción. Si éste no lo
objetare, dispondrá que se promulgue como ley”. Adicionalmente, el artículo 168
del mismo estatuto establece que “si el Presidente no cumpliere el deber de
sancionar las leyes (...), las sancionará y promulgará el presidente del
Congreso”.
De conformidad con los preceptos anteriores, hay
que distinguir claramente entre dos momentos: el primero que pone fin al
proceso de formación de las leyes, cual es el de la sanción gubernamental, y el
segundo, la promulgación de la misma. Así entonces, la expedición de la ley
hace relación a la formación del contenido, mientras que la promulgación se
refiere a la publicación de dicho contenido.[25]
La anterior
distinción pone de presente que la sanción presidencial es un requisito en el
trámite legislativo y guarda relación con la formación de la norma, además de
ponerle fin.
3.2. La promulgación de las normas
Como ha precisado esta Corporación, siguiendo el
texto del artículo 52 de la Ley 4
de 1913, Código de Régimen
Departamental y Municipal: “La promulgación no es otra cosa que la
publicación de la ley en el Diario Oficial, con el fin de poner en conocimiento
de los destinatarios de la misma los mandatos que ella contiene [...]”[26]Así
mismo se ha señalado que:
“La promulgación de la ley es requisito
indispensable para su obligatoriedad, pues es principio general de derecho que
nadie puede ser obligado a cumplir las normas que no conoce (principio de la
publicidad)[27]. Dicha función le corresponde
ejecutarla al Gobierno, después de efectuada la sanción[28].
Tal regla es complemento de la que prescribe que la ignorancia de la ley no
excusa su incumplimiento,[29] puesto que sólo con la publicación
oficial de las normas se justifica la ficción de que éstas han sido conocidas
por los asociados,[30] para luego exigir su cumplimiento. Si
la promulgación se relaciona exclusivamente con la publicación o divulgación
del contenido de la ley, tal como fue aprobada por el Congreso de la
República, no es posible deducir de allí facultad alguna que le permita al
Presidente determinar el momento a partir del cual ésta debe empezar a regir.”[31] (Subraya
fuera del texto)
Igualmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional en
sentencia C-161 de 1999[32]
dispuso que:
La publicación de la ley, aunque presupone su
existencia, es trascendental desde el punto de vista de su eficacia. De todas
formas, se trata de un requisito que no se integra en el íter formativo de la
ley. La publicación, en estricto rigor, constituye una operación administrativa
material, reglada, que corresponde ejecutar al Gobierno y que se desarrolla de
conformidad con lo que establezca la ley, la cual ha dispuesto que se realice
por escrito y en el diario oficial.”[33]
Adicionalmente los artículos 165 y 166 de la Constitución[34] establecen
que una vez aprobado el proyecto de ley por el Congreso, si el gobierno no lo
objetare, éste deberá sancionarlo y promulgarlo. Por lo que la sanción de los
proyectos de ley, aprobados por el Congreso, es un acto debido que  no puede
modificar el contenido material de la norma.
De otra parte, también esta Corporación ha señalado que
dentro de la función constitucional de promulgar las leyes es válido que “….se
haga uso del mecanismo idóneo para enmendar los textos legales cuando ellos
presentan errores caligráficos o tipográficos que puedan alterar su sentido
real, tal como sucede en el caso en estudio, cual es la publicación de la ley
con la corrección del error o la expedición de un decreto que ponga de presente
el error y su correspondiente corrección-los cuales no afectan la vigencia y
validez de la inicialmente publicada-, actuaciones que le corresponde ejecutar
al Presidente de la República,….”[35].
3.3. Los
decretos de corrección de yerros y la excepcional revisión de la Corte
constitucional de su exequibilidad
El artículo 45
de la Ley 4 de 1913, sobre el régimen político y municipal establece:
Artículo 45.-Los yerros caligráficos o
tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otras no perjudicarán,
y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios, cuando no quede
duda en cuanto a la voluntad del legislador.
El artículo
establece que la modificación de las citas o referencias de unas leyes a otras
se encuentra circunscrita a  la corrección de yerros tipográficos o
caligráficos y dicha corrección debe respetar la voluntad del legislador. Por
lo tanto, la modificación, supresión o adición de una disposición normativa que
desborde los límites de las correcciones tipográficas o caligráficas de acuerdo
a la voluntad objetiva del legislador rebasan el ámbito definido en dicho artículo.
La expedición de
los decretos de corrección de yerros se enmarca dentro de las funciones
ordinarias del Presidente encaminadas a la
promulgación de las leyes (C.P., art. 189, num. 10), como lo ha dicho la
jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la sentencia C-500 de 2001[36] se revisó la
constitucionalidad del parágrafo 3 del artículo 47 de la Ley 640 de 2001. En
esa oportunidad se verificó si en el trámite legislativo de la mencionada norma
se incurrió en un vicio de procedimiento por haber sido desconocidos los
debates reglamentarios establecidos en el artículo 157 de la Constitución, y si
se generó una ruptura de la unidad de materia. La Corte declaró la
inconstitucionalidad de la totalidad del artículo 47 de la Ley 640 de 2001 al
encontrar que éste no surtió los debates dispuestos  por la Constitución y que
su texto apareció como producto de la comisión accidental de conciliación.
En la revisión
del trámite legislativo del artículo demandado se constató que, después de la
expedición de la Ley 640 de 2001, el Presidente de la República expidió el
Decreto 131 de 2000, con el cual se pretendía subsanar el presunto yerro en que
se incurrió en el artículo 47 de la ley[37].
En la sentencia se estableció que la expedición de dicho decreto estaba
circunscrita a las facultades ordinarias del Presidente de la República:
Como ya se ha expresado mediante el Decreto 131
de 2001, el Gobierno Nacional, conforme a los considerandos del mismo, buscó
subsanar “un yerro” en su contenido, que hace consistir en que, según
las expresiones allí mismo consignadas, por error en el texto de la ley se
aludió al parágrafo tercero del artículo 52 de la Ley 510 cuando ha debido
hacerse referencia tan solo al parágrafo primero del mencionado artículo. El
Gobierno en el encabezamiento del decreto y en la respectiva motivación invoca
como fundamento normativo de éste a la Ley 4ª de 1913, cuyo artículo 45
dispone:
“Los yerros caligráficos o tipográficos en las
citas o referencia de unas leyes a otras no perjudicarán y deberán ser
modificados por los respectivos funcionarios, cuando no quede duda en cuanto a
la voluntad del legislador”.
Así las cosas, el Decreto 131 de 2001 ha de
enmarcarse dentro de las funciones propias del Presidente de la República,
encaminadas a la promulgación de las leyes (C.P., art. 189, num. 10).
A su vez en
dicha sentencia se consideró que el control del decreto no era procedente ya
que su revisión implicaría necesariamente pronunciarse sobre la “competencia
constitucional enderezada a la promulgación de la ley” del Presidente de la
República:
En el presente proceso, restringido, por virtud del examen del
conjunto de las pruebas acopiadas, al análisis del trámite surtido en el
Congreso de la República, sin que haya sido necesario abarcar el estudio de la
materialidad de las disposiciones adoptadas sin el cumplimiento de los
requerimientos constitucionales para el efecto, no cabe hacer pronunciamiento
sobre la identidad material entre la ley y el Decreto 131 de 2001.
De otra parte para la Corte es evidente que el juicio de
constitucionalidad que se intentara del decreto en mención tiene que pasar de
manera indispensable por la confrontación entre el contenido de éste y la Ley
4ª de 1913, invocada como fundamento del mismo.
Igualmente no puede desconocerse que la identidad de “contenido” que
señala el señor Procurador no implica un idéntico tratamiento desde el punto de
vista del control de juridicidad de la ley y del decreto. En efecto, mientras
que en el caso de autos, el análisis del tramite de la ley busca establecer si
éste fue el constitucionalmente apropiado, el estudio del decreto debe estar
encaminado a determinar si el Presidente de la República usó bien-dentro del
marco legal-su competencia constitucional enderezada a la promulgación de la
ley (C.P., art. 165, en concordancia con el art. 189-10).
(…)
Finalmente, si bien es cierto que por resultas de la decisión de
inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas el decreto puede llegar a
carecer de objeto, es también cierto que la ley para tales eventos ofrece
soluciones especificas como la contenida en el artículo 66 del Código
Contencioso Administrativo (Decreto ley 01 de 1984), por lo cual no es
necesario asumir el control del decreto, aspecto éste susceptible de fundadas
dudas habida cuenta que las competencias de la Corte en materia de control de
constitucionalidad de los decretos expedidos por el Gobierno solo pueden
ejercitarse en los precisos y restrictivos términos del Artículo 241 de la
Constitución que en todo caso han de interpretarse en armonía con lo dispuesto
en los artículos 237 y 238 de la misma, que regulan las competencia propias del
Consejo de Estado como Tribunal Supremo en lo contencioso administrativo.
En consecuencia habrá la Corte de abstenerse de emitir
pronunciamiento sobre la constitucionalidad del mencionado Decreto 131 de 2001.
La sentencia
C-232 de 2002[38]
reiteró que la expedición de los decretos de yerros es una función presidencial
que corresponde a sus facultades ordinarias:
Habiéndose corregido el anotado yerro por medio del procedimiento
adecuado, el que era atribuible a la función presidencial de promulgación de
las leyes[39],
puede concluirse que no es necesario que la Corte se pronuncie de fondo sobre
la conjunción disyuntiva “o” por cuanto la misma nunca formó parte del
texto del artículo 180 de la Ley 599 de 1999 y el error ya fue enmendado,
motivo por el  cual se declarará inhibida respecto de ella  en la parte
resolutiva de esta providencia.
En otras oportunidades la Corte Constitucional ha revisado
de manera excepcional decretos de yerros pero exclusivamente en razón a las
particularidades del caso. Por ejemplo, la sentencia C-334 de 2005, en la que
se controlaron los artículos  4 (parcial) y 9 del
Decreto 2637 de 2004, “Por el cual se desarrolla el Acto Legislativo número
03 de 2002 para la implementación del sistema penal acusatorio” se verificó
que la expedición de dicho decreto en conjunto con el Decreto  2697 de 2004, “Por
el cual se corrigen yerros tipográficos del Decreto 2637 del 19 de agosto de
2004” estaba encaminado a modificar o adicionar la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia (Ley 270 de 1996). Por lo tanto, y atendiendo al
explícito mandato constitucional de los artículos 153 y 248-1 que dispone a la
Corte Constitucional ejercer el control de los proyectos de ley estatutaria, “tanto
por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación”,
se consideró que lo correcto era proceder a su estudio integral y definitivo.
Antes de la sentencia, ya había sido ordenado que se remitieran los decretos
mencionados a la Corte Constitucional, por lo que se ordenó que la demanda, en
esa oportunidad, fuese tenida como una intervención ciudadana en el
pronunciamiento definitivo de la totalidad de los Decretos.[40]
En concordancia
con la anterior providencia, la Corte Constitucional en la sentencia C-672 de
2005[41]
revisó la constitucionalidad de los Decretos 2637 de 2004 y 2697 de 2004 y
declaró la inexequibilidad de ambos porque el Presidente de la República
desbordó la competencia excepcional que le fue atribuida por el Acto
Legislativo 03 de 2002 ya que el “decreto- 2637 de 2004- no se
orienta a desarrollar las normas legales requeridas para la puesta en funcionamiento
de la nueva estructura básica de acusación y juzgamiento, sino que, lejos de
ello, modifica múltiples disposiciones de la ley estatutaria de la
administración de justicia que nada tienen que ver con ese nuevo modelo de
justicia penal.” En esa ocasión los dos decretos revisados se encontraban
inescindiblemente ligados por lo que la declaración de inconstitucionalidad del
Decreto 2637 de 2005 implicaba la necesaria inexequibilidad del Decreto 2697 de
2005, que corregía los yerros del primero. Adicionalmente la Corte estableció
que el decreto de yerros no se limitó a corregir los errores tipográficos y
caligráficos del primero sino que procedió a alterar sustancialmente el sentido
de las normas que supuestamente corregía:
De este modo, es claro para la Corte que el Gobierno Nacional, a
través del Decreto 2697 de 2004 no se limitó a corregir yerros tipográficos
advertidos en el Decreto 2637 de ese año, sino que, lejos de ello, le introdujo
modificaciones y adiciones que variaron sustancialmente el alcance del título,
del encabezado y de dos de las reglas de derecho contenidas en éste último.[42]
Habiendo
reiterado la jurisprudencia de esta Corte que establece que i) la expedición de
los decretos de yerros se encuentra comprendida y circunscrita a las facultades
administrativas del Presidente de la República; ii) la Corte Constitucional no
es competente para revisar los decretos que el Presidente de la República haya
expedido en desarrollo de sus facultades administrativas ordinarias salvo en
circunstancias excepcionales precisadas en la jurisprudencia; y adicionalmente
como lo establece el artículo 241-4 de la Constitución iii) la Corte
Constitucional es competente para conocer de la constitucionalidad de las leyes
y Códigos expedidos por el Congreso tanto por vicios formales como por vicios
materiales, se pasa a revisar los artículos demandados y aquellos que han sido
integrados en la revisión de constitucionalidad, en lo que hace referencia a su
sanción y promulgación para poder establecer en qué momento se dieron los
cambios que se aducen en la demanda.
3.      4. Evolución del contenido de los artículos 8, 16, 32, 37, 56, 294,
85, 158, 181, 184, 198, 207, 240, 242, 264, 307, 317, 324, 364, 407, 414, 439,
474, 484, 530 y 531 y de la titulación de algunos capítulos de la Ley 906 de
2004, desde su aprobación por el Congreso
Pasa la Corte a
verificar el texto de los artículos demandados al igual que los integrados para
su revisión en la sentencia, conforme a lo aprobado por el Congreso y lo
sancionado por el Gobierno. Se resaltará en negrilla el texto respecto del cual
los demandantes afirman que el Presidente de la República alteró el contenido
del proyecto de ley.
4.1. Artículo
8 de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
Artículo 8º. Defensa. En desarrollo de la actuación,
una vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho, en plena
igualdad respecto del órgano de persecución penal, en lo que aplica a:
(…)
l) Renunciar a los
derechos contemplados en los literales b) y k) siempre y cuando se trate de
una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. En
el evento de los literales c) y j) requerirá siempre el asesoramiento
de su abogado defensor.
Artículo 8º. Defensa. En desarrollo de la actuación,
una vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho, en plena
igualdad respecto del órgano de persecución penal, en lo que aplica a:
(…)
l) Renunciar a los
derechos contemplados en los literales b) y k) siempre y cuando se trate de
una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. En
el evento de los literales c) y j) requerirá siempre el asesoramiento
de su abogado defensor.
Artículo 1°. Corrígese el literal (l) del artículo
8° de la Ley 906 de 2004 cuyo tenor literal será el siguiente:
"Artículo
8°. Defensa. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la
condición de imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del
órgano de persecución penal, en lo que aplica a:
(…)
l) Renunciar a los derechos contemplados en los
literales (b) y (k) siempre y cuando se trate de una manifestación libre,
consciente, voluntaria y debidamente informada. En estos eventos
requerirá siempre el asesoramiento de su abogado defensor".
Artículo
8º. Defensa. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la
condición de imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del
órgano de persecución penal, en lo que aplica a:
(�c)
l)
Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y k) siempre y
cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y
debidamente informada. En estos eventos requerirá siempre
el asesoramiento de su abogado defensor.
De acuerdo a lo
constatado, según publicación en la Gacetas del Congreso números 167 de 2004,
para texto aprobado en la Cámara de Representantes, y 273 de 2004,
correspondiente al texto aprobado por Senado de la República, el anterior
artículo fue aprobado en forma idéntica en Cámara y Senado. Por lo tanto, para
el literal demandado no operó la figura de la conciliación. El Presidente
sancionó el texto como fue aprobado por el Congreso, la norma fue publicada en
el Diario Oficial No. 45657 y después se expidió un decreto de yerros que lo
modificaba.
En las
consideraciones del Decreto 2770 de 2004 se sustenta dicha modificación de la
siguiente manera:
2. Que el artículo 8º de la Ley 906 de 2004 literal l) dispone:
"l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales (b) y (k)
siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y
debidamente informada. En el evento de los literales (c) y (j) requerirá
siempre el asesoramiento de su abogado defensor";
Que la disposición en cita pretende exigir el asesoramiento del
defensor para los eventos de renuncia a garantías, como son el derecho a no
autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad; y el
derecho a tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado,
imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en
el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o por conducto de su defensor,
interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia,
de ser necesario aun por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan
arrojar luz sobre los hechos objeto del debate. Por lo anterior es respecto de
estas garantías y no de los derechos consagrados en los literales c) y j) que
debe enfatizarse la presencia del defensor máxime considerando que para los
casos de dichos literales se encuentra la norma general establecida en el
literal e).
Los literales a
que alude el decreto de yerros en su parte motiva dicen lo siguiente:
Artículo 8 (...)
b) No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o
segundo de afinidad;
k) Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado,
imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en
el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o por conducto de su defensor,
interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia,
de ser necesario aun por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan
arrojar luz sobre los hechos objeto del debate;
Se debe anotar
que la Corte Constitucional, en sentencia C-822 de 2005[43] se pronunció sobre la
constitucionalidad de la expresión “o civil” contenida en el literal b)
del artículo 8 del Código de Procedimiento Civil. En dicha oportunidad se
declaró la exequibilidad de la expresión pues se consideró que la garantía de la no incriminación de los parientes hasta el cuarto
grado civil no era violatoria del artículo 33 Superior.
4.2. Artículo
16 de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
Artículo 16. Inmediación. En el juicio únicamente se
estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma
pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el
juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de
pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en
este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma
anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías o ante el
juez de conocimiento, según el caso.
Artículo 16. Inmediación. En el juicio únicamente se estimará
como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral,
concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de
conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas.
Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código,
podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada
durante la audiencia ante el juez de control de garantías o ante el
juez de conocimiento, según el caso.
Artículo 2°. Corrígese el artículo 16 de la Ley 906
de 2004 cuyo tenor literal será el siguiente:
"Artículo 16. Inmediación. En el juicio
únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada
en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción
ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la
práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente
previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida o
incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de
control de garantías".
Artículo
16.
Inmediación. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que
haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y
sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En
ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en
las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse
como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la
audiencia ante el juez de control de garantías.
De acuerdo a lo
constatado, según publicación en la Gacetas del Congreso números 167 de 2004,
texto aprobado en la Cámara de Representantes y 273 de 2004, correspondiente al
Senado de la República, el anterior artículo fue aprobado en forma idéntica en
Cámara y Senado. Para el artículo no operó la figura de la conciliación. El Presidente
sancionó el texto como fue aprobado por el Congreso, la norma fue publicada en
el Diario Oficial No. 45657 y después se expidió un decreto de yerros que
suprimía un aparte del artículo. El sustento de la anterior supresión es el
siguiente:
3. Que el artículo 16 de la Ley 906 de 2004 establece que podrá
admitirse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la
audiencia ante el juez de control de garantías o ante el juez de conocimiento,
según el caso;
Que en el curso del proceso legislativo las normas aprobadas
finalmente establecen que la prueba anticipada sólo podrá practicarse ante el
juez de control de garantías, y como corolario de lo anterior, resulta
contradictoria la facultad de practicar prueba anticipada ante el juez de
conocimiento.
Se
debe advertir que en la sentencia C-591 de 2005[44] se revisó el aparte
del artículo 16 de la Ley 906 de 2004 que dispone “Sin embargo, en
las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse
como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia
ante el juez de control de garantías.” Es decir, se
juzgó la constitucionalidad la versión que fue
promulgada en el Diario Oficial 45658, que corresponde
a lo modificado por el decreto de yerros. En
esa oportunidad la Corte Constitucional decidió declarar exequible el aparte de
la disposición demandada, por el cargo analizado. La Corte consideró que la práctica de pruebas
anticipadas en circunstancias excepcionales y respetando el derecho de defensa
y de contradicción,  durante una audiencia ante el juez de control de
garantías, no vulnera el principio de inmediación de la prueba en un sistema
acusatorio. La sentencia debe estar fundada en pruebas practicadas durante el
juicio oral, y la norma acusada exige la repetición de la prueba practicada
anticipadamente, de ser fácticamente posible.
Las normas de la Ley 906 de 2004, adicionales al demandado, que
hacen referencia a la prueba anticipada corresponden a los artículos 15, 112,
125, 154, 274, 284, 285, 337 y 383.[45]
4.3. Artículo
32 de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
Artículo 32. De la
Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia conoce:
(…)
Parágrafo. Cuando los
funcionarios a los que se refieren los literales 6, 7 y 9
anteriores hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos, el fuero solo se
mantendrá para los delitos que tengan relación con las funciones
desempeñadas.
Artículo 32. De la
Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia conoce:
(…)
Parágrafo. Cuando los
funcionarios a los que se refieren los literales 6, 7 y 9 anteriores
hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos, el fuero solo se mantendrá
para los delitos que tengan relación con las funciones desempeñadas.
Artículo 3°. Corrígese el parágrafo del artículo 32
de la Ley 906 de 2004, cuyo tenor literal será el siguiente:
"Artículo 32. De la Corte Suprema de Justicia.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:
(...)
Parágrafo. Cuando los funcionarios a los que se
refieren los numerales 6, 7 y 9 anteriores hubieren cesado en
el ejercicio de sus cargos, el fuero sólo se mantendrá para los delitos que
tengan relación con las funciones desempeñadas".
Artículo
32. De la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia conoce:
(...)
Parágrafo.
Cuando los funcionarios a los que se refieren los numerales 6,
7 y 9 anteriores hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos, el fuero solo
se mantendrá para los delitos que tengan relación con las funciones
desempeñadas.
De acuerdo a lo constando en las Gacetas
del Congreso 167 de 2004, 273 de 2004 y 286 de 2004 el texto del artículo fue
aprobado de manera idéntica por las plenarias del Senado y de la Cámara, pero
el texto que correspondía al numeral 10 en la Cámara de representantes fue
cambiando por la plenaria del Senado para que fuera titulado como parágrafo. La
comisión de conciliación conservó la titulación de “parágrafo” para el texto
final del artículo. La disposición no fue objetada por el gobierno. La
modificación del artículo, efectuada por el Decreto 2770 de 2004, fue
sustentada de la siguiente manera:
4. Que en el
parágrafo del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, por error de digitación, se
escribió el término "literales" referido a los números 6, 7 y 9
cuando lo correcto era "numerales".
4.4. Artículo
37 de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
Artículo 37. De los
jueces penales municipales. Los jueces penales municipales conocen:
1. De los delitos de
lesiones personales.
2. De los delitos contra
el patrimonio económico en cuantía equivalente a una cantidad no superior en
pesos en ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes
al momento de la comisión del hecho.
3. De los procesos por
delitos que requieren querella aunque el sujeto pasivo sea un menor de edad e
implique investigación oficiosa.
4. La investigación
de oficio no impide aplicar, cuando la decisión se considere necesaria, los
efectos propios de la querella para beneficio y reparación integral de la
víctima del injusto.
5. De la función de
control de garantías.
Artículo 37. De los
jueces penales municipales. Los jueces penales municipales conocen:
1. De los delitos de
lesiones personales.
2. De los delitos contra
el patrimonio económico en cuantía equivalente a una cantidad no superior en
pesos en ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes
al momento de la comisión del hecho.
3. De los procesos por
delitos que requieren querella aunque el sujeto pasivo sea un menor de edad e
implique investigación oficiosa.
4. La investigación
de oficio no impide aplicar, cuando la decisión se considere necesaria, los
efectos propios de la querella para beneficio y reparación integral de la
víctima del injusto.
5. De la función de
control de garantías.
Artículo 4°. Corrígese el artículo 37 de la Ley 906
de 2004, cuyo tenor literal será el siguiente:
"Artículo 37. De los jueces penales
municipales. Los jueces penales municipales conocen:
1. De los delitos de lesiones personales.
2. De los delitos contra el patrimonio económico en
cuantía equivalente a una cantidad no superior en pesos en ciento cincuenta (150)
salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la comisión del
hecho.
3. De los procesos por delitos que requieren
querella aunque el sujeto pasivo sea un menor de edad e implique
investigación oficiosa. La investigación de oficio no impide aplicar,
cuando la decisión se considere necesaria, los efectos propios de la querella
para beneficio y reparación integral de la víctima del injusto.
4. De la función de control de garantías".
Artículo 37. De
los jueces penales municipales. Los jueces penales municipales conocen:
1. De los
delitos de lesiones personales.
2. De los
delitos contra el patrimonio económico en cuantía equivalente a una cantidad
no superior en pesos en ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales
legales vigentes al momento de la comisión del hecho.
3. De los
procesos por delitos que requieren querella aunque el sujeto pasivo sea un
menor de edad e implique investigación oficiosa.
La
investigación de oficio no impide aplicar, cuando la decisión se considere
necesaria, los efectos propios de la querella para beneficio y reparación
integral de la víctima del injusto.
4. De la
función de control de garantías.
El artículo fue
aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes estableciendo que el
conocimiento de los jueces penales municipales de los delitos contra el
patrimonio correspondería a aquellos delitos cuya cuantía fuera equivalente a
cien (100) salarios mínimos legales vigentes. Dicha cuantía fue variada a
ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales vigentes por la plenaria del
Senado y dicho texto fue el acogido por la comisión accidental de conciliación.
El artículo no fue objetado por el gobierno. El cambio de numeración de los
numerales fue sustentado así:
5. Que en el
artículo 37 de la Ley 906 de 2004, se numeró como 4º el inciso segundo del
numeral 3.
4.5. Artículo 56 de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
Artículo 56. Causales
de impedimento. Son causales de impedimento:
(…)
8. Que el fiscal haya dejado vencer el
término previsto en el artículo 174 de este código para
formular acusación o solicitar la preclusión ante el juez de conocimiento.
(…)
Artículo 56. Causales
de impedimento. Son causales de impedimento:
(…)
8. Que el fiscal haya dejado vencer el
término previsto en el artículo 174 de este código para
formular acusación o solicitar la preclusión ante el juez de conocimiento.
(…)
Artículo 5°. Corrígese el numeral 8 del artículo 56
de la Ley 906 de 2004, cuyo tenor literal será el siguiente:
"Artículo 56. Causales de impedimento. Son
causales de impedimento:
(...)
8. Que el fiscal haya dejado vencer el término
previsto en el artículo 175 de este código para formular
acusación o solicitar la preclusión ante el juez de conocimiento".
(...)
Artículo 56. Causales
de impedimento. Son causales de impedimento:
(…)
8. Que el
fiscal haya dejado vencer el término previsto en el artículo 175
de este código para formular acusación o solicitar la preclusión ante el juez
de conocimiento.
(…)
El artículo fue
aprobado de manera diferente por las plenarias de la Cámara y el Senado. El
numeral octavo del artículo fue suprimido por la Plenaria del Senado pero la
comisión de conciliación lo conservó variando la alusión inicial al artículo
171 para que quedara con una alusión al artículo 174. El artículo no fue objetado
por el gobierno. La modificación se encuentra sustentada en el Decreto 2770 de
2004 de la siguiente manera:
6. Que en los artículos 56, numeral 8°, y 294, inciso primero, de la
Ley 906 de 2004 se hace remisión al vencimiento del término previsto en el artículo
174, fenómeno que en realidad se consagra en el artículo 175.
4.6. Artículo
294 de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
Artículo 294. Vencimiento
del término. Vencido el término previsto en el artículo 174
el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez
de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de
lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior.
(…)
Artículo 294. Vencimiento
del término. Vencido el término previsto en el artículo 174
el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez
de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de
lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior.
(…)
Artículo 6°. Corrígese el inciso primero del
artículo 294 de la Ley 906 de 2004, cuyo tenor literal será el siguiente:
"Artículo 294. Vencimiento del término. Vencido
el término previsto en el artículo 175 el fiscal deberá
solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento.
D e no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará
inmediatamente a su respectivo superior".
Artículo
294. Vencimiento del término. Vencido el término previsto en el
artículo 175 el fiscal deberá solicitar la preclusión o
formular la acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá
competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su
respectivo superior.
El artículo fue
aprobado de manera diferente por las plenarias de la Cámara y el Senado y se
conservó la versión aprobada por la plenaria del Senado, cambiando la
referencia al artículo 176 por la referencia al artículo 174. El artículo no
fue objetado por el gobierno. El Decreto 2770 de 2004 sustenta su modificación
en los mismos términos que la del artículo 56:
6. Que en los artículos 56, numeral 8°, y 294, inciso primero, de la
Ley 906 de 2004 se hace remisión al vencimiento del término previsto en el
artículo 174, fenómeno que en realidad se consagra en el artículo 175.
4.7. Artículo
85 de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
Artículo 85. Suspensión
del poder dispositivo.
(…)
Presentada la solicitud,
el juez de control de garantías dispondrá la suspensión del poder dispositivo
de los bienes y recursos cuando constate alguna de las circunstancias
previstas en el artículo anterior. Si determina
que la medida no es procedente, el fiscal examinará si el bien se encuentra
dentro de una causal de extinción de dominio, evento en el cual dispondrá en
forma inmediata lo pertinente para que se promueva la acción respectiva.
(…)
Artículo 85. Suspensión
del poder dispositivo.
(…)
Presentada la solicitud,
el juez de control de garantías dispondrá la suspensión del poder dispositivo
de los bienes y recursos cuando constate alguna de las circunstancias
previstas en el artículo anterior. Si determina que la medida
no es procedente, el fiscal examinará si el bien se encuentra dentro de una
causal de extinción de dominio, evento en el cual dispondrá en forma
inmediata lo pertinente para que se promueva la acción respectiva.
(…)
Artículo 7°. Corrígese el inciso segundo del
artículo 85 de la Ley 906 de 2004, cuyo tenor literal será el siguiente:
"Artículo 85. Suspensión del poder
dispositivo. (...)
Presentada la solicitud, el juez de control de
garantías dispondrá la suspensión del poder dispositivo de los bienes y
recursos cuando constate alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 83. Si determina que la medida no es procedente, el fiscal
examinará si el bien se encuentra dentro de una causal de extinción de
dominio, evento en el cual dispondrá en forma inmediata lo pertinente para
que se promueva la acción respectiva".
Artículo 85. Suspensión
del poder dispositivo.
(…)
Presentada la solicitud, el juez de
control de garantías dispondrá la suspensión del poder dispositivo de los
bienes y recursos cuando constate alguna de las circunstancias previstas en
el artículo 83. Si determina que la medida no es procedente, el
fiscal examinará si el bien se encuentra dentro de una causal de extinción de
dominio, evento en el cual dispondrá en forma inmediata lo pertinente para
que se promueva la acción respectiva.
(…)
El artículo 85
fue aprobado de manera idéntica por las plenarias de la Cámara de
Representantes y el Senado. Éste no fue objetado por el gobierno y fue
sancionado y publicado en el Diario Oficial No. 45657 como se verifica en el
cuadro, de acuerdo a la Gaceta del Congreso 529 de 2004. La modificación de su
texto, efectuada por el Decreto 2770 de 2004, fue sustentada así:
7. Que en el inciso segundo del artículo 85 de la Ley 906 de 2004 se
hace referencia al artículo anterior en cuanto a la constatación de alguna de
las circunstancias allí previstas, cuando ellas están consagradas en el
artículo 83 de la referida ley.
4.8. Capítulo
IV Del ejercicio del incidente de reparación integral
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
El Capítulo IV Del
ejercicio del incidente de reparación integral", de la Ley 906 de 2004
regula los artículos 101 a 108.
El Capítulo IV Del
ejercicio del incidente de reparación integral", de la Ley 906 de 2004
regula los artículos 101 a 108.
Artículo 8°. Corrígese el título denominado
"Capítulo IV Del ejercicio del incidente de reparación integral",
de la Ley 906 de 2004, el cual pasa a ser título de los artículos 102 a 108,
inclusive, quedando el artículo 101 como último del "Capítulo III Medidas
cautelares".
El
Capítulo IV Del ejercicio del incidente de reparación integral", de la
Ley 906 de 2004 regula los artículos 102 a 108.
El capítulo al
que se hace referencia titulaba en su paso por la Cámara de Representantes los
artículos 103 a 106C con el nombre de “Capítulo IV. Del ejercicio del incidente
de reparación integral”. En la plenaria del Senado correspondía al “Capítulo
IV. Del ejercicio del incidente de reparación integral” pero incluyendo los
artículos numerados del 102 al 108. El texto presentado por la comisión
accidental, según la Gaceta 286 de 2004, numeró los artículos 101 al 108 y
mantuvo el mismo nombre del capítulo correspondiente (“Capítulo IV. Del
ejercicio del incidente de reparación integral”). No obstante, incluyó el
artículo 101 que regula la suspensión y cancelación de registros obtenidos
fraudulentamente. La modificación efectuada por el decreto de corrección de
yerros fue sustentada así:
8.
Que por error de digitación se tituló "Capítulo IV. Del ejercicio del
incidente de reparación integral" antes del artículo 101 de la Ley 906 de
2004, cuando en realidad debe anteceder el artículo 102 de la misma,
correspondiendo en consecuencia el artículo 101 a la parte final del Capítulo
III denominado "Medidas cautelares".
4.9. Artículo
158 de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
Artículo 158. Prórroga
y restitución de términos.
(…)
Artículo 158. Prórroga
y restitución de términos.
(…)
Artículo 9°. Corrígese el título del artículo 158 de
la Ley 906 de 2004, cuyo tenor literal será el siguiente:
"Artículo 158. Prórroga de
términos
(...)".
Artículo
158. Prórroga de términos.
(…)
El artículo, de
acuerdo a las Gacetas del Congreso 167, 273 y 286 de 2004, fue aprobado de
manera idéntica en las Plenarias de la Cámara y el Senado. Éste no fue objetado
por el gobierno y fue sancionado y publicado por el Presidente de la República
como aparece en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. Sin embargo, el Decreto
2770 de 2004 modificó el título del artículo. La modificación fue sustentada así:
9. Que el artículo 158 de la Ley 906 de 2004, denominado
"Prórroga y restitución de términos" debe titularse "Prórroga de
términos" por cuanto la figura de restitución de términos no está
consagrada en la citada ley y el texto del artículo se refiere solo a la
prórroga.
4.10.
Artículo 181 de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
Artículo 181. Procedencia.
(…)
2. Desconocimiento
de la estructura del debido proceso por afectación sustancial de su
estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes.
(…)
Artículo 181. Procedencia.
(…)
2. Desconocimiento
de la estructura del debido proceso por afectación sustancial de su
estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes.
(…)
Artículo 10. Corrígese el numeral 2 del artículo 181
de la Ley 906 de 2004, cuyo tenor literal será el siguiente:
"Artículo 181. Procedencia. (...)
2. Desconocimiento del debido proceso
por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a
cualquiera de las partes".
Artículo 181. Procedencia.
2. Desconocimiento
del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la
garantía debida a cualquiera de las partes.
El artículo fue
aprobado de manera idéntica por las plenarias de la Cámara de Representantes y
el Senado. El artículo no fue objetado por el gobierno y fue sancionado y
promulgado en el Diario Oficial No. 45657 de acuerdo a lo aprobado por el
Congreso que se constata en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. Su cambio de
redacción fue sustentado en el Decreto 2770 de 2004 de la siguiente manera:
10. Que en el numeral 2 del artículo 181 de la Ley 906 de 2004 se
incurrió en expresión redundante respecto del desconocimiento del debido
proceso por afectación de su estructura.
4.11.
Artículo 184 de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
Artículo 184. Admisión.
(…)
En caso contrario, se fijará fecha para la audiencia de
sustentación que se celebrará dentro de los treinta (30) días siguientes, a
la que podrán concurrir los no recurrentes para ejercer su derecho de
contradicción dentro de los límites de la demanda.
Artículo 184. Admisión.
(…)
En caso contrario, se fijará fecha para la audiencia de
sustentación que se celebrará dentro de los treinta (30) días siguientes, a
la que podrán concurrir los no recurrentes para ejercer su derecho de
contradicción dentro de los límites de la demanda.
"Artículo 184. Admisión. (...)
Para el efecto, se fijará fecha para la audiencia de sustentación
que se celebrará dentro de los treinta (30) días siguientes, a la que podrán
concurrir los no recurrentes para ejercer su derecho de contradicción dentro
de los límites de la demanda".
Artículo 184. Admisión.
(…)
Para el
efecto, se fijará fecha para la audiencia de
sustentación que se celebrará dentro de los treinta (30) días siguientes, a
la que podrán concurrir los no recurrentes para ejercer su derecho de
contradicción dentro de los límites de la demanda.
El artículo fue
aprobado de manera diferente por las plenarias de la Cámara de Representantes y
del Senado. La comisión accidental de conciliación, integrada para el efecto,
conservó el texto aprobado por el Senado. El artículo no fue objetado por el
Gobierno y fue sancionado y promulgado en el Diario Oficial No. 45657 de
acuerdo a lo aprobado por el Congreso, como se constata en la Gaceta del
Congreso 529 de 2004. La modificación efectuada por el Decreto 2770 de 2004 fue
sustentada así:
11. Que el
inciso final del artículo 184 de la Ley 906 de 2004 se inicia con la expresión
"En caso contrario" la cual resulta contradictoria con las premisas
antecedentes y subsiguientes a las que sirve de enlace; en consecuencia, la
locución adecuada es "Para el efecto".
4.12.
Artículo 198 de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
Artículo 198. Consecuencias del fallo rescindente.
Salvo que se trate de las causales de revisión previstas en los numerales 4 y
5 del artículo 191, los efectos del fallo rescindente se
extenderán a los no accionantes.
Artículo 198. Consecuencias del fallo rescindente.
Salvo que se trate de las causales de revisión previstas en los numerales 4 y
5 del artículo 191, los efectos del fallo rescindente se
extenderán a los no accionantes.
Artículo
12. Corrígese el artículo 198 de la Ley 906 de 2004, cuyo tenor literal será
el siguiente:
"Artículo
198. Consecuencias del fallo rescindente. Salvo que se trate de las
causales de revisión previstas en los numerales 4 y 5 del artículo 192,
los efectos del fallo rescindente se extenderán a los no accionantes".
Artículo 198. Consecuencias
del fallo rescindente. Salvo que se trate de las causales de revisión
previstas en los numerales 4 y 5 del artículo 192, los efectos
del fallo rescindente se extenderán a los no accionantes.
El texto del
artículo fue aprobado de manera idéntica por las plenarias de la Cámara de
Representantes y el Senado pero la remisión al artículo, que prevé las causales
de revisión, varió en cuanto a su numeración. En la plenaria de la Cámara de
Representantes se hizo alusión al artículo 186; en la plenaria del Senado se
remitió al artículo 193; y el texto presentado por la comisión accidental el
artículo hace referencia al artículo 191. El artículo no fue objetado por el
Gobierno y fue sancionado y promulgado en el Diario Oficial No. 45657 de acuerdo
a lo aprobado por el Congreso, como se constata en la Gaceta del Congreso 529
de 2004. El Decreto 2770 de 2004 sustenta su cambio así:
12. Que en el artículo 198 de la Ley 906 de 2004 se hace remisión a
las causales de revisión previstas en los numerales 4 y 5 del artículo 191, las
cuales están previstas en el artículo 192.
4.13.
Capítulo XI “Disposición común a la casación y acción de revisión” de la Ley
906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
CAPITULO X
Acción de
revisión
CAPITULO X
Acción de
revisión
Artículo
13. Corrígese el número y el título del capítulo al cual corresponde el
artículo 199 de la Ley 906 de 2004, cuyo tenor literal será el siguiente:
"CAPITULO XI
Disposición común a la casación y acción
de revisión"
CAPITULO
XI
Disposición
común a la casación y acción de revisión
El capítulo
correspondiente al artículo 199, sobre el desistimiento, fue titulado en la
plenaria de la Cámara de Representantes como “Capítulo X Disposición común a la
casación y acción de revisión”; en la plenaria del Senado su denominación fue
“Capítulo XI Disposición común a la casación y la acción de revisión”. El texto
presentado por la comisión accidental de conciliación lo tituló “Capítulo X
Acción de revisión”. La modificación de la titulación fue sustentada en el
Decreto 2770 de 2004 como un error de digitación:
13. Que por error de digitación se repitió el Capítulo X con su
título Acción de revisión, cuando en realidad se trata del Capítulo XI
denominado "Disposición común a la casación y acción de revisión" del
cual hace parte el artículo 199 de la Ley 906 de 2004 que prevé la posibilidad
de desistir del recurso de casación o de la acción de revisión antes de que la
Sala decida.
4.14.
Artículo 207 de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
Artículo 207. Programa
metodológico. Recibido el informe de que trata el artículo 204,
el fiscal encargado de coordinar la investigación dispondrá, si fuere el
caso, la ratificación de los actos de investigación y la realización de
reunión de trabajo con los miembros de la policía judicial. Si la complejidad
del asunto lo amerita, el fiscal dispondrá, previa autorización del jefe de
la unidad a que se encuentre adscrito, la ampliación del equipo
investigativo.
(…)
Artículo 207. Programa
metodológico. Recibido el informe de que trata el artículo 204,
el fiscal encargado de coordinar la investigación dispondrá, si fuere el
caso, la ratificación de los actos de investigación y la realización de
reunión de trabajo con los miembros de la policía judicial. Si la complejidad
del asunto lo amerita, el fiscal dispondrá, previa autorización del jefe de
la unidad a que se encuentre adscrito, la ampliación del equipo
investigativo.
(…)
Artículo 14. Corrígese el inciso primero del
artículo 207 de la Ley 906 de 2004, cuyo tenor literal será el siguiente:
"Artículo 207. Programa metodológico.
Recibido el informe de que trata el artículo 205, el fiscal
encargado de coordinar la investigación dispondrá, si fuere el caso, la
ratificación de los actos de investigación y la realización de reunión de
trabajo con los miembros de la policía judicial. Si la complejidad del asunto
lo amerita, el fiscal dispondrá, previa autorización del jefe de la unidad a
que se encuentre adscrito la ampliación del equipo investigativo".
Artículo 207. Programa
metodológico. Recibido el informe de que trata el artículo 205,
el fiscal encargado de coordinar la investigación dispondrá, si fuere el
caso, la ratificación de los actos de investigación y la realización de
reunión de trabajo con los miembros de la policía judicial. Si la complejidad
del asunto lo amerita, el fiscal dispondrá, previa autorización del jefe de
la unidad a que se encuentre adscrito, la ampliación del equipo
investigativo.
El texto del
artículo fue aprobado de manera idéntica tanto en la Cámara de Representantes
como en el Senado. En su paso por el Congreso solo se  varió la alusión al
número del artículo que regula el informe al que hace referencia la
disposición. En el texto aprobado por la Plenaria de la Cámara de
Representantes se trataba del artículo 199; en el texto aprobado por la
Plenaria del Senado del artículo 206; y en el texto final presentado por la
comisión accidental de conciliación del artículo 204. El artículo no fue
objetado por el gobierno y fue sancionado y promulgado en el Diario Oficial No.
45657 de acuerdo a lo aprobado por el Congreso, como se constata en la Gaceta
del Congreso 529 de 2004. Su modificación se sustenta así:
14. Que en el inciso primero del artículo 207 de la Ley 906 de 2004
se hace remisión al programa metodológico previsto en el artículo 204 cuando en
realidad está descrito en el artículo 205.
4.15.
Artículo 240 de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
Artículo 240. Vigilancia
de cosas. El fiscal que dirija la investigación, que tuviere motivos
razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en
este código, para inferir que un inmueble, nave, aeronave o cualquier otro
vehículo o mueble se usa para almacenar droga que produzca dependencia,
elemento que sirva para el procesamiento de dicha droga, o para ocultar
explosivos, armas, municiones, sustancias para producir explosivos y, en
general, los instrumentos de comisión de un delito o los bienes y efectos
provenientes de su ejecución, ordenará a la policía judicial vigilar esos
lugares y esas cosas, con el fin de conseguir información útil para la
investigación que se adelanta. Si en el lapso máximo de un (1) año no se
obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin
perjuicio de que vuelva a expedirse, si surgieren nuevos motivos.
En la ejecución de la
vigilancia se empleará cualquier medio idóneo, siempre y cuando no se afecte
la expectativa razonable de intimidad del indiciado, del imputado o de
terceros.
En este último caso
se aplicará lo dispuesto en el artículo siguiente sobre la vigilancia
electrónica.
En todo caso se surtirá la
autorización del juez de control de garantías para la determinación de su
legalidad formal y material, dentro de las treinta y seis (36) horas
siguientes a la expedición de la orden por parte de la Fiscalía General.
Artículo 240. Vigilancia
de cosas. El fiscal que dirija la investigación, que tuviere motivos
razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en
este código, para inferir que un inmueble, nave, aeronave o cualquier otro
vehículo o mueble se usa para almacenar droga que produzca dependencia,
elemento que sirva para el procesamiento de dicha droga, o para ocultar
explosivos, armas, municiones, sustancias para producir explosivos y, en
general, los instrumentos de comisión de un delito o los bienes y efectos
provenientes de su ejecución, ordenará a la policía judicial vigilar esos
lugares y esas cosas, con el fin de conseguir información útil para la
investigación que se adelanta. Si en el lapso máximo de un (1) año no se
obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin
perjuicio de que vuelva a expedirse, si surgieren nuevos motivos.
En la ejecución de la
vigilancia se empleará cualquier medio idóneo, siempre y cuando no se afecte
la expectativa razonable de intimidad del indiciado, del imputado o de
terceros.
En este último caso
se aplicará lo dispuesto en el artículo siguiente sobre la vigilancia
electrónica.
En todo caso se surtirá la
autorización del juez de control de garantías para la determinación de su
legalidad formal y material, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes
a la expedición de la orden por parte de la Fiscalía General.
Artículo 15. Corrígese el artículo 240 de la Ley 906
de 2004, cuyo tenor literal será el siguiente:
"Artículo 240. Vigilancia de cosas. El
fiscal que dirija la investigación, que tuviere motivos razonablemente
fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código,
para inferir que un inmueble, nave, aeronave o cualquier otro vehículo o
mueble se usa para almacenar droga que produzca dependencia, elemento que
sirva para el procesamiento de dicha droga, o para ocultar explosivos, armas,
municiones, sustancias para producir explosivos y, en general, los
instrumentos de comisión de un delito o los bienes y efectos provenientes de
su ejecución, ordenará a la policía judicial vigilar esos lugares y esas
cosas, con el fin de conseguir información útil para la investigación que se
adelanta. Si en el lapso máximo de un (1) año no se obtuviere resultado
alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a
expedirse, si surgieren nuevos motivos.
En la ejecución de la vigilancia se empleará
cualquier medio idóneo, siempre y cuando no se afecte la expectativa
razonable de intimidad del indiciado, del imputado o de terceros.
En este último caso se aplicará lo dispuesto en el
artículo 239.
En todo caso se surtirá la autorización del juez de
control de garantías para la determinación de su legalidad formal y material,
dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la expedición de la
orden por parte de la Fiscalía General".
Artículo 240. Vigilancia
de cosas. El fiscal que dirija la investigación, que tuviere motivos
razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en
este código, para inferir que un inmueble, nave, aeronave o cualquier otro
vehículo o mueble se usa para almacenar droga que produzca dependencia,
elemento que sirva para el procesamiento de dicha droga, o para ocultar
explosivos, armas, municiones, sustancias para producir explosivos y, en
general, los instrumentos de comisión de un delito o los bienes y efectos
provenientes de su ejecución, ordenará a la policía judicial vigilar esos
lugares y esas cosas, con el fin de conseguir información útil para la
investigación que se adelanta. Si en el lapso máximo de un (1) año no se
obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin
perjuicio de que vuelva a expedirse, si surgieren nuevos motivos.
En la
ejecución de la vigilancia se empleará cualquier medio idóneo, siempre y
cuando no se afecte la expectativa razonable de intimidad del indiciado, del
imputado o de terceros.
En este
último caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 239.
En todo caso
se surtirá la autorización del juez de control de garantías para la
determinación de su legalidad formal y material, dentro de las treinta y seis
(36) horas siguientes a la expedición de la orden por parte de la Fiscalía
General.
El artículo fue
aprobado de manera diferente por la Cámara de Representantes y por el Senado y
la comisión accidental conservó el inciso primero aprobado por el Senado y le
adicionó los incisos 2, 3 y 4 aprobados por la Cámara de Representantes. El
artículo no fue objetado por el gobierno y fue sancionado y promulgado en el
Diario Oficial No. 45657 de acuerdo a lo aprobado por el Congreso, como se
constata en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. Su modificación fue sustentada
de la siguiente manera:
15. Que en el inciso tercero del artículo 240 de la Ley 906 de 2004
se hace referencia a la vigilancia prevista en el artículo siguiente cuando la
referencia correcta, de acuerdo con el curso del proyecto en el Congreso, es el
artículo 239.
4.16.
Artículo 242 de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
Artículo 242. Actuación
de agentes encubiertos.
Durante la realización de
los procedimientos encubiertos podrán utilizarse los medios técnicos de ayuda
previstos en el artículo anterior.
(…)
Artículo 242. Actuación
de agentes encubiertos.
Durante la realización de
los procedimientos encubiertos podrán utilizarse los medios técnicos de ayuda
previstos en el artículo anterior.
(…)
Artículo 16. Corrígese el inciso tercero del
artículo 242 de la Ley 906 de 2004, cuyo tenor literal será el siguiente:
"Artículo 242. Actuación de agentes
encubiertos. (...)
Durante la realización de los procedimientos
encubiertos podrán utilizarse los medios técnicos de ayuda previstos en
el artículo 239".
Artículo 242. Actuación
de agentes encubiertos.
Durante la
realización de los procedimientos encubiertos podrán utilizarse los medios
técnicos de ayuda previstos en el artículo 239.
(…)
El artículo fue
modificado en su paso por el Congreso en cuanto al orden gramatical de las
expresiones del primer inciso del mismo.  El artículo no fue objetado por el
gobierno y fue sancionado y promulgado en el Diario Oficial No. 45657 de
acuerdo a lo aprobado por el Congreso, como se constata en la Gaceta del
Congreso 529 de 2004. Sin embargo el Decreto 2770 de 2004 efectúo un cambio que
se sustentó así:
16. Que en el inciso tercero del artículo 242 de la Ley 906 de 2004
se hace remisión a los medios técnicos de ayuda "previstos en el artículo
anterior", cuando en realidad están enunciados en el artículo 239.
4.17.
Artículo 264 de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
Artículo 264. Identificación.
Toda persona que aparezca como embalador y rotulador, o que entrega o recibe
el contenedor de elemento material probatorio y evidencia física, deberá
identificarse con su nombre completo y apellidos, el número de su
cédula su ciudadanía y el cargo que desempeña. Así constará en el formato
de cadena de custodia.
Artículo 264. Identificación.
Toda persona que aparezca como embalador y rotulador, o que entrega o recibe
el contenedor de elemento material probatorio y evidencia física, deberá
identificarse con su nombre completo y apellidos, el número de su
cédula su ciudadanía y el cargo que desempeña. Así constará en el
formato de cadena de custodia.
Artículo 17. Corrígese el artículo 264 de la Ley 906
de 2004, cuyo tenor literal será el siguiente:
"Artículo 264. Identificación. Toda persona que
aparezca como embalador y rotulador, o que entrega o recibe el contenedor de
elemento material probatorio y evidencia física, deberá identificarse con su
nombre completo y apellidos, el número de su cédula de ciudadanía
y el cargo que desempeña. Así constará en el formato de cadena de
custodia".
Artículo 264.
Identificación. Toda persona que aparezca como embalador y
rotulador, o que entrega o recibe el contenedor de elemento material
probatorio y evidencia física, deberá identificarse con su nombre completo y
apellidos, el número de su cédula de ciudadanía y el cargo que
desempeña. Así constará en el formato de cadena de custodia.
El artículo 264,
aprobado por la Cámara de Representantes fue acogido por la comisión accidental
de conciliación, de acuerdo a la Gaceta del Congreso 286 de 2004. El artículo
no fue objetado por el gobierno y fue sancionado y promulgado en el Diario
Oficial No. 45657, de acuerdo a lo aprobado por el Congreso, como se constata
en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. El texto del artículo fue modificado por
el Decreto 2770 de 2004, por la siguiente razón:
17. Que en el artículo 264 de la Ley 906 de 2004 se incurrió en
error gramatical en la expresión "su cédula su ciudadanía", siendo la
expresión correcta "su cédula de ciudadanía".
4.18.
Artículo 307 de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
Artículo 307. Medidas
de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento:
3. La obligación de
presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez ante sí
mismo o ante la autoridad que él designe.
(…)
Artículo 307. Medidas
de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento:
3. La obligación de
presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez ante sí
mismo o ante la autoridad que él designe.
(…)
Artículo 18. Corrígese el numeral 3 del artículo 307
de la Ley 906 de 2004, cuyo tenor literal será el siguiente:
"Artículo 307. Medidas de aseguramiento.
Son medidas de aseguramiento:
(...)
3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando
sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe
(...)".
Artículo 307.
Medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento:
3. La
obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el
juez o ante la autoridad que él designe.
(...)
El artículo fue
aprobado de manera diferente por la Cámara de Representantes y por el Senado y
la comisión accidental de conciliación conservó el texto adoptado por el
Senado. El gobierno no objetó el artículo y fue sancionado y promulgado en el
Diario Oficial No. 45657, de acuerdo a lo aprobado por el Congreso, como se
constata en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. Su modificación, de acuerdo al
Decreto 2770 de 2004, fue sustentada así:
18. Que en el numeral 3 del artículo 307 de la Ley 906 de 2004 se
incurrió en error gramatical que puede dar lugar a confusión al expresar
"cuando sea requerido por el juez ante sí mismo o ante la autoridad que él
designe", siendo claro que el legislador quiso consagrar la presentación
del imputado "ante el juez o ante la autoridad que él designe".
4.19.
Artículo 317 de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
Artículo 317. Causales
de libertad.
5. Cuando transcurridos
sesenta (60) días contados a partir de la fecha de la formulación de la
acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juzgamiento.
Artículo 317. Causales
de libertad.
5. Cuando transcurridos
sesenta (60) días contados a partir de la fecha de la formulación de la
acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juzgamiento.
Artículo
19. Corrígese el numeral 5 del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, cuyo tenor
literal será el siguiente:
"Artículo
317. Causales de libertad. (...)
5. Cuando
transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de la
formulación de la acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de
juicio oral".
Artículo 317.
Causales de libertad.
5. Cuando
transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de la
formulación de la acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de
juicio oral.
El artículo fue
aprobado de manera diferente en las plenarias de la Cámara de Representantes y
del Senado. La comisión accidental concilió el texto para quedar como fue
aprobado por la plenaria del Senado. El gobierno no objetó el artículo y lo
sancionó y publicó, de acuerdo a lo que aparece en la Gaceta del Congreso 529
de 2004. Sin embargo, éste fue modificado por el Decreto 2770 de 2004 y su
cambio fue sustentado como una imprecisión:
19. Que en el numeral 5 del artículo 317 de la Ley 906 de 2004 se
incurrió en imprecisión que puede dar lugar a confusión al referirse a la
audiencia de juzgamiento cuando lo correcto es audiencia del juicio oral
conforme lo establece el artículo 175 de la misma ley.
4.20. Título V “Principio de oportunidad” de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
T I T U L
O   IV
PRINCIPIO DE
OPORTUNIDAD
T I T U L
O   IV
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
Artículo 20. Corrígese el acápite de la Ley 906 de
2004 denominado "Título IV Principio de oportunidad" el cual pasa a
ser "Título V Principio de oportunidad".
T I T U L
O   V
PRINCIPIO DE
OPORTUNIDAD
El título que
corresponde al principio de oportunidad cambió de numeración tanto en la Cámara
de Representantes como en el Senado y en el texto presentado por la comisión
accidental de conciliación se numeró como “Título IV”. La modificación de la
numeración se sustentó así:
20. Que por error de digitación, en la Ley 906 de 2004 se denominó
el título correspondiente al Principio de Oportunidad como "Título
IV", cuando por secuencia numérica debe ser "Título V".
4.21.
Artículo 324 de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
Artículo 324. Causales.
El principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos:
(…)
Parágrafo 2°. La
aplicación del principio de oportunidad respecto de delitos sancionados con
pena privativa de la libertad que excedan seis (6) años será
proferida por el Fiscal General de la Nación o el delegado especial que
designe para tal efecto.
(…)
Artículo 324. Causales.
El principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos:
(…)
Parágrafo 2°. La
aplicación del principio de oportunidad respecto de delitos sancionados con
pena privativa de la libertad que excedan seis (6) años será
proferida por el Fiscal General de la Nación o el delegado especial que
designe para tal efecto.
(…)
Artículo 21. Corrígese el parágrafo 2° del artículo
324 de la Ley 906 de 2004, cuyo tenor literal será el siguiente:
"Artículo 324. Causales. El principio de
oportunidad se aplicará en los siguientes casos:
(...)
Parágrafo 2º. La aplicación del principio de
oportunidad respecto de delitos sancionados con pena privativa de la libertad
que exceda de seis (6) años será proferida por el Fiscal
General de la Nación o el delegado especial que designe para tal
efecto".
Artículo 324. Causales.
El principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos:
(…)
Parágrafo 2°.
La aplicación del principio de oportunidad respecto de delitos sancionados
con pena privativa de la libertad que exceda de seis (6) años
será proferida por el Fiscal General de la Nación o el delegado especial que
designe para tal efecto.
(…)
El texto del
artículo fue aprobado de manera diferente en la Cámara de Representantes y el
Senado. La comisión accidental concilió las discrepancias del artículo. El
gobierno no lo objetó y sancionó y promulgó su texto en el Diario Oficial No.
45657, como aparece en la Gaceta del Congreso 529 de 2004.  El cambio del
artículo, de acuerdo al Decreto 2770 de 2004, se sustentó así:
21. Que en el parágrafo segundo del artículo 324 de la Ley 906 de
2004 se omitió la preposición "de" referida al límite de la pena y
equivocadamente se empleó el verbo "exceder" en plural cuando la
concordancia corresponde al singular.
La Corte
Constitucional, en sentencia C-673 de 2005[46],
se pronunció sobre el numeral 16 del artículo 324 del Código de Procedimiento
Penal. El numeral fue declarado inexequible ya que éste es vago y demasiado
indeterminado al no fijar parámetros claros para la aplicación del principio de
oportunidad por parte del fiscal, conforme lo exige el inciso primero del
artículo 250 de la Constitución, por tratarse de una excepción al mandato de
que el fiscal no puede suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución
penal, lo que impide así mismo, que el juez de control de garantías pueda
ejercer un verdadero control del ejercicio de esa facultad.
4.22. Título
VI “De la preclusión” de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
T I T U L
O   V
DE LA PRECLUSION
T I T U L
O   V
DE LA PRECLUSION
Artículo 22. Corrígese el acápite de la Ley 906 de
2004 denominado "Título V De la Preclusión" el cual pasa a ser
"Título VI De la Preclusión".
T I T U L
O   VI
DE LA PRECLUSION
La numeración
del título “De la preclusión” cambió en la Cámara de Representantes y en el
Senado y en el texto remitido por la comisión accidental de conciliación fue
titulado como “Título V. De la Preclusión”. El cambio efectuado por el Decreto
2770 de 2004 fue sustentado como un error de digitación, de acuerdo a la
secuencia del Código de Procedimiento Penal:
22. Que por error de digitación, en la Ley 906 de 2004 se denominó
el título correspondiente a la Preclusión como "Título V", cuando por
secuencia numérica debe ser "Título VI".
4.23.
Artículo 364 de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
Artículo 364.
Reanudación de la audiencia.
(…)
El juez podrá decretar
recesos, máximo por dos (2) horas, cuando sean indispensables para el buen
entendimiento de la audiencia, o cuando no comparezca un testigo y deba
hacérsele comparecer coactivamente. En este evento el término podrá ampliarse
prudencialmente.
Artículo 364.
Reanudación de la audiencia.
(…)
El juez podrá decretar
recesos, máximo por dos (2) horas, cuando sean indispensables para el buen
entendimiento de la audiencia, o cuando no comparezca un testigo y deba
hacérsele comparecer coactivamente. En este evento el término podrá ampliarse
prudencialmente.
Artículo 23.
Corrígese el inciso segundo del artículo 364 de la Ley 906 de 2004, cuyo
tenor literal será el siguiente:
"Artículo
364. Reanudación de la audiencia.
(...)
El juez podrá
decretar recesos, máximo por dos (2) horas, cuando sean indispensables para
el buen entendimiento de la audiencia".
Artículo
364. Reanudación de la audiencia.
(…)
El
juez podrá decretar recesos, máximo por dos (2) horas, cuando sean
indispensables para el buen entendimiento de la audiencia.
El artículo 364
de la Ley 906 de 2004 se aprobó en idéntica forma en Cámara de Representantes y
Senado de la República. El Presidente sancionó el texto como fue aprobado por
el Congreso, la norma fue publicada en el Diario Oficial No. 45657 y después se
expidió un decreto de yerros que suprimía un aparte del artículo.
El Presidente de
la República consideró que el anterior artículo debía  suprimirse pues “(…)
se incurrió en imprecisión al prever la comparecencia del testigo a la
audiencia preparatoria, cuando este concurre es a la audiencia del juicio oral,
como se establece en la parte segunda del Capítulo III del Título IV "Del
juicio oral" de la misma ley; en consecuencia, debe eliminarse la
expresión ", o cuando no comparezca un testigo y deba hacérsele comparecer
coactivamente. En este evento el término podrá ampliarse prudencialmente".[47]
El artículo 363
sobre la audiencia preparatoria dice:
Artículo 363. Suspensión. La audiencia preparatoria, además de lo
previsto en este código, según proceda, solamente podrá suspenderse:
1. Por el trámite de la apelación de las decisiones relativas a las
pruebas, la audiencia se suspenderá hasta que el superior jerárquico profiera
su decisión.
2. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
acreditadas, siempre que no puedan remediarse sin suspender la audiencia.
4.24.
Artículo 407 de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
Artículo 407. Número de peritos. A menos que se trate
de prueba impertinente, irrelevante o superflua, el juez no podrá limitar el número
de testigos expertos o peritos que sean llamados a declarar en la
audiencia pública por las partes.
Artículo
407. Número de peritos. A menos que se trate de
prueba impertinente, irrelevante o superflua, el juez no podrá limitar el número
de testigos expertos o peritos que sean llamados a declarar en la
audiencia pública por las partes.
Artículo 24.
Corrígese el artículo 407 de la Ley 906 de 2004, cuyo tenor literal será el
siguiente:
"Artículo
407. Número de peritos. A menos que se trate de prueba impertinente,
irrelevante o superflua, el juez no podrá limitar el número de peritos
que sean llamados a declarar en la audiencia pública por las
partes".
Artículo
407.
Número de peritos. A menos que se trate de prueba impertinente,
irrelevante o superflua, el juez no podrá limitar el número de peritos
que sean llamados a declarar en la audiencia pública por las partes.
El artículo 407
se aprobó en idéntica forma en Cámara de Representantes y Senado de la
República. El Presidente sancionó el texto como fue aprobado por el Congreso,
la norma fue publicada en el Diario Oficial No. 45657 y después se expidió un
decreto de yerros que suprimía un aparte del artículo. Dicha supresión fue
sustentada de la siguiente manera en el decreto de yerros 2770 de 2004:
24. Que en el artículo 407 de la Ley 906 de 2004 se incurrió en
imprecisión que puede generar confusión al no eliminar la expresión
"testigo experto o", figura que fue suprimida en el debate en Cámara
de Representantes, en tanto algunas referencias que equivocadamente se
mantuvieron fueron eliminadas en el trámite por el Senado, con excepción de la
ahora referida que igualmente debe suprimirse.
4.25.
Artículo 414 de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
Artículo 414. Admisibilidad
del informe y citación del perito. Si el juez admite el informe
presentado por la parte, en la audiencia preparatoria del juicio oral y
público, inmediatamente ordenará citar al perito o peritos que lo
suscriben, para que concurran a la audiencia con el fin de ser interrogados y
contrainterrogados.
Artículo 414. Admisibilidad
del informe y citación del perito. Si el juez admite el informe
presentado por la parte, en la audiencia preparatoria del juicio oral y
público, inmediatamente ordenará citar al perito o peritos que lo
suscriben, para que concurran a la audiencia con el fin de ser interrogados y
contrainterrogados
Artículo 25. Corrígese el artículo 414 de la Ley 906
de 2004, cuyo tenor literal será el siguiente:
"Artículo 414. Admisibilidad del informe y
citación del perito. Si el juez admite el informe presentado por la parte, en
la audiencia preparatoria, inmediatamente ordenará citar al
perito o peritos que lo suscriben, para que concurran a la audiencia del
juicio oral y público con el fin de ser interrogados y
contrainterrogados".
Artículo 414. Admisibilidad
del informe y citación del perito. Si el juez admite el informe
presentado por la parte, en la audiencia preparatoria,
inmediatamente ordenará citar al perito o peritos que lo suscriben, para que
concurran a la audiencia del juicio oral y público con el fin de ser
interrogados y contrainterrogados.
Este artículo
fue aprobado de forma idéntica por las plenarias de la Cámara de Representantes
y del Senado. El gobierno no objetó la disposición y fue sancionada como fue
aprobada por el Congreso. La norma fue publicada en el Diario Oficial No.
45657. Sin embargo, el Decreto 2770 de 2004 cambió su redacción sustentado la
modificación así:
25. Que en el artículo 414 de la Ley 906 de 2004 se cometió un error
en la expresión "audiencia preparatoria del juicio oral y público"
cuando lo correcto es referir allí solamente la "audiencia
preparatoria", en tanto la locución "del juicio oral y público"
debe ir más adelante, después del término audiencia, a la que precisamente
deben concurrir los peritos a los que se refiere la disposición.
4.26.
Artículo 439 de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
Artículo 439. Prueba de
referencia múltiple. Cuando una declaración contenga apartes que
constituya prueba de referencia admisible y no admisible, deberán suprimirse
aquellos no cobijados por las excepciones previstas en los artículos
anteriores, salvo que de proceder de esa manera la declaración se torne en
ininteligible, en cuyo caso se excluirá la declaración en su integridad.
Artículo 439. Prueba de
referencia múltiple. Cuando una declaración contenga apartes que
constituya prueba de referencia admisible y no admisible, deberán suprimirse
aquellos no cobijados por las excepciones previstas en los artículos
anteriores, salvo que de proceder de esa manera la declaración se torne en
ininteligible, en cuyo caso se excluirá la declaración en su
integridad.
Artículo 26. Corrígese el artículo 439 de la Ley 906
de 2004, cuyo tenor literal será el siguiente:
"Artículo 439. Prueba de referencia
múltiple. Cuando una declaración contenga apartes que constituya prueba de
referencia admisible y no admisible, deberán suprimirse aquellos no cobijados
por las excepciones previstas en los artículos anteriores, salvo que de
proceder de esa manera la declaración se torne ininteligible,
en cuyo caso se excluirá la declaración en su integridad".
Artículo 439. Prueba
de referencia múltiple. Cuando una declaración contenga apartes que
constituya prueba de referencia admisible y no admisible, deberán suprimirse
aquellos no cobijados por las excepciones previstas en los artículos
anteriores, salvo que de proceder de esa manera la declaración se torne ininteligible,
en cuyo caso se excluirá la declaración en su integridad.
Este artículo
fue aprobado de forma idéntica por las plenarias de la Cámara de Representantes
y del Senado. El gobierno no objetó el artículo y lo sancionó de acuerdo a lo
aprobado por el Congreso. La norma fue publicada en el Diario Oficial No.
45657. No obstante, éste fue modificado por el Decreto 2770 de 2004, siendo
sustentado dicho cambio así:
26. Que en el artículo 439 de la Ley 906 de 2004 debe suprimirse la
preposición "en" que antecede al término "ininteligible".
4.27. Capítulo III “Libertad condicional” de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
CAPITULO
II
Ejecución
de medidas de seguridad
CAPITULO
II
Ejecución
de medidas de seguridad
Artículo 27. Corrígese el número y el título del
Capítulo II de la Ley 906 de 2004 que precede los artículos 471 a 473 de la
Ley 906 de 2004, cuyo tenor literal será el siguiente:
"CAPITULO III
Libertad condicional"
CAPITULO
III
Libertad
condicional
La titulación del capítulo segundo del Código de Procedimiento
Penal, al igual que su numeración, se mantuvo tanto en la Cámara de
Representantes como en el Senado de forma idéntica. Su modificación, por el
Decreto 2770 de 2004, fue justificada así:
27. Que por error de digitación, en la Ley 906 de 2004 se repitió el
Capítulo II con su título "Ejecución de medidas de seguridad" que
precede los artículos 471 a 473, cuando en realidad se trata del Capítulo III
titulado "Libertad condicional", como se desprende del contenido de
las disposiciones correspondientes, referentes a la misma figura regulada en el
Código Penal.
4.28.
Artículo 474 de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
Artículo 474. Procedencia.
(…)
Si se ha impuesto pena
accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la
libertad condicional, salvo las excepciones de ley.
Artículo 474. Procedencia.
(…)
Si se ha impuesto pena
accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la
libertad condicional, salvo las excepciones de ley.
Artículo 28. Corrígese el inciso segundo del artículo
474 de la Ley 906 de 2004, cuyo tenor literal será el siguiente:
"Artículo 474. Procedencia. (...)
Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago
es requisito imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución
condicional, salvo las excepciones de ley".
Artículo 474. Procedencia.
(…)
Si se ha
impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para
poder otorgar la condena de ejecución condicional, salvo las
excepciones de ley.
Este artículo
fue aprobado de forma idéntica en la Cámara de Representantes y en el Senado.
El artículo no fue objetado por el gobierno y fue sancionado tal como fue
aprobado por el Congreso, como se constata en el Diario Oficial No. 45657. Sin
embargo, el Decreto 2770 de 2004 modificó su texto cambiando la expresión “la
libertad condicional” por “la condena de ejecución condicional”.
Dicha modificación se sustentó así:
28. Que en el inciso segundo del artículo 474 de la Ley 906 de 2004
se hace referencia impropia a la libertad condicional, regulada en el capítulo
anterior, cuando en realidad se trata de condena de ejecución condicional, como
se desprende del contenido de las normas pertinentes a este capítulo,
concordantes con la misma institución regulada en el Código Penal.
4.29.
Artículo 484 de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
Artículo 484. Principio
general.
(…)
La Fiscalía General de la
Nación comunicará inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores para
lo pertinente y librará, en término no superior a dos (2) días hábiles, la
orden de captura con fines de extradición si fuere del caso, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 508 de este código.
Artículo 484. Principio
general.
(…)
La Fiscalía General de la
Nación comunicará inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores para
lo pertinente y librará, en término no superior a dos (2) días hábiles, la
orden de captura con fines de extradición si fuere del caso, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 508 de este código.
Artículo 29. Corrígese el inciso final del artículo
484 de la Ley 906 de 2004, cuyo tenor literal será el siguiente:
"Artículo 484. Principio general.
(...)
La Fiscalía General de la Nación comunicará
inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores para lo pertinente y
librará, en término no superior a dos (2) días hábiles, la orden de captura
con fines de extradición si fuere del caso, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 509 de este código".
Artículo 484. Principio
general.
(…)
La Fiscalía
General de la Nación comunicará inmediatamente al Ministerio de Relaciones
Exteriores para lo pertinente y librará, en término no superior a dos (2)
días hábiles, la orden de captura con fines de extradición si fuere del caso,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 509 de este código.
El texto del
artículo fue mantenido tal como fue aprobado por la plenaria del Senado. Éste
no fue objetado por el gobierno y fue sancionado tal como fue aprobado por el
Congreso y publicado en el Diario Oficial No. 45657. Sin embargo éste fue
modificado por el Decreto 2770 de 2004, por la siguiente razón:
29. Que en el artículo 484 inciso final de la Ley 906 de 2004 se
hace referencia a la captura decretada por el Fiscal General de la Nación al
tenor de lo dispuesto en el artículo 509, pero equivocadamente se alude al
artículo 508.
4.30.
Artículo 530 de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el
Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
Artículo 530. Selección de
distritos judiciales. Con base en el análisis de los criterios anteriores, el
sistema se aplicará a partir del 1º de enero de 2005 en los distritos
judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a
partir del 1º de enero de 2006 incluirá a los distritos judiciales de
Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo y
Tunja.
(…)
Artículo 530.
Selección de distritos judiciales. Con base en el análisis de los criterios
anteriores, el sistema se aplicará a partir del 1º de enero de 2005 en los
distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda
etapa a partir del 1º de enero de 2006 incluirá a los distritos judiciales de
Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo y
Tunja.
(…)
Artículo 30. Corrígese el inciso primero del
artículo 530 de la Ley 906 de 2004, cuyo tenor literal será el siguiente:
"Artículo 530. Selección de distritos
judiciales. Con base en el análisis de los criterios anteriores, el sistema
se aplicará a partir del 1º de enero de 2005 en los distritos judiciales de
Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del 1° de
enero de 2006 incluirá a los Distritos Judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali,
Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal.
(...)".
Artículo
530. Selección de distritos judiciales. Con base en el análisis
de los criterios anteriores, el sistema se aplicará a partir del 1º de enero
de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira.
Una segunda etapa a partir del 1º de enero de 2006 incluirá a los distritos
judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de
Viterbo, Tunja y Yopal.
(�c)
El anterior
artículo sí sufrió modificaciones en su paso de la Cámara de Representantes al
Senado de la República, fue objeto de conciliación y finalmente fue aprobado
como se verifica en el cuadro. Las modificaciones que surtió el artículo se
pueden constatar en las Gacetas del Congreso de la República 285, 286 y 362 de
2004. El Presidente sancionó el texto como fue aprobado por el Congreso después
de conciliado, la norma fue publicada en el Diario Oficial No. 45657 y después
se expidió un decreto de yerros que adicionaba un distrito judicial al
artículo. El Presidente de la República, para justificar dicho cambio,
consideró:
31. Que en la gradualidad para la implementación del sistema
acusatorio prevista en el artículo 530 de la Ley 906 de 2004, se omitieron los
distritos judiciales de Yopal, Arauca y San Andrés, lugares donde la Fiscalía
General de la Nación no tiene Direcciones Seccionales de Fiscalía puesto que,
en su orden, los asuntos penales de esos sectores del país son conocidos por
las Direcciones Seccionales de Santa Rosa de Viterbo, Cúcuta y Cartagena,
respectivamente.
La omisión del Distrito Judicial de Yopal implica que el nuevo
sistema entraría a regir primero en la fase de investigación, dado que la
Dirección Seccional de Fiscalías de Santa Rosa de Viterbo, que conoce de los
hechos ocurridos en el Distrito Judicial de Yopal, tiene establecida en la ley
como fecha de iniciación el 1° de enero de 2006; por el contrario, como
consecuencia de la omisión, el juzgamiento de las conductas cometidas en el
Distrito citado, estaría diferido al año 2008 fecha límite fijada por la Carta
Política para la plena operancia del nuevo sistema, lo cual generaría
injustificada dilación en la administración de justicia, contraria a los principios
constitucionales y a la intención del legislador al redactar la norma que nos
ocupa.
Cosa distinta ocurre con los Distritos Judiciales de Arauca y San
Andrés puesto que los hechos ocurridos en esas jurisdicciones, en vigencia del
nuevo sistema, serán conocidos en fase de investigación por las Direcciones
Seccionales de Fiscalía de Cúcuta y Cartagena, respectivamente, en el año 2008,
momento para el cual el nuevo sistema estará en vigencia en todo el territorio
nacional.
La Corte
Constitucional, en la sentencia C-801 de 2005[48],
se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 530 del Código de
Procedimiento Penal. En la sentencia se consideró que la aplicación progresiva
del sistema penal acusatorio establecido por el Acto Legislativo 03 de 2002 en
los distintos distritos judiciales del país no vulneraba los artículos 13 y 29
de la Constitución, por lo que se declaró exequible por los cargos formulados.
4.31.
Artículo 531 de la Ley 906 de 2004
Texto definitivo aprobado por el Congreso
Gaceta 529 de 2004
Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. N. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1
Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág.40
Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por
el Decreto 2770 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1, septiembre, 2004. Pág. 1.
Artículo 531. Proceso de descongestión, depuración y
liquidación de procesos. (…)
Los fiscales y jueces, en
los casos previstos en el inciso anterior, procederán de
inmediato a su revisión para tomar las determinaciones. En una sola decisión
se podrán agrupar todos los casos susceptibles de este efecto.
(…)
Artículo 531. Proceso de descongestión, depuración y
liquidación de procesos. (…)
Los fiscales y jueces, en
los casos previstos en el inciso anterior, procederán de
inmediato a su revisión para tomar las determinaciones. En una sola decisión
se podrán agrupar todos los casos susceptibles de este efecto.
(…)
Artículo 31. Corrígese el inciso cuarto del artículo
531 de la Ley 906 de 2004, cuyo tenor literal será el siguiente:
"Artículo 531. Proceso de descongestión,
depuración y liquidación de procesos. ( ...)
Los fiscales y jueces, en los casos previstos en los
incisos anteriores, procederán de inmediato a su revisión para tomar
las determinaciones. En una sola decisión se podrán agrupar todos los casos
susceptibles de este efecto".
(…)
Artículo
531.
Proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos. (�c)
Los
fiscales y jueces, en los casos previstos en los incisos anteriores,
procederán de inmediato a su revisión para tomar las determinaciones. En una
sola decisión se podrán agrupar todos los casos susceptibles de este efecto.
(�c)
El artículo 531
de la Ley 906 de 2004 fue aprobado de manera idéntica en Cámara de
Representantes y en el Senado de la República por lo que no surtió el trámite
de la conciliación. Sin embargo el artículo fue objetado por el Presidente.
Las plenarias del Congreso aceptaron parcialmente la objeción presidencial y,
en consecuencia, acordaron dejar la disposición como aparece en la primera
columna del cuadro anterior. La aprobación del texto de artículos 531 después
de la objeción presidencial se puede verificar en las Gacetas del Congreso 425
y 527 de 2004. El Presidente sancionó el texto como fue aprobado por el
Congreso después del anterior trámite, la norma fue publicada en el Diario
Oficial No. 45657 y después se expidió un decreto de yerros que modificaba la
expresión “inciso anterior” por incisos anteriores”. En cuanto a este artículo
los considerandos del Decreto 2770 de 2004 disponen:
30. Que en el inciso cuarto del artículo 531 de la Ley 906 de 2004
se incurrió en error tipográfico al referir en singular la expresión "en
el inciso anterior", cuando lo correcto es "en los incisos
anteriores" porque al señalar una función a fiscales y jueces,
necesariamente remite a los incisos precedentes.
4.32.
Conclusión de la comparación de textos
Del anterior
recuento se desprende que los artículos 8, 16, 32, 37, 56, 294, 85, 158, 181,
184, 198, 207, 240, 242, 264, 307, 317, 324, 364, 407 414, 439, 474, 484,530 y 531 al igual que la titulación de:  i) el Capítulo X (De
la acción de revisión), ii) el Título V (El principio de oportunidad),
iii) el Título V (De la preclusión),  la titulación y numeración
del “Capítulo II Ejecución de medidas de seguridad” y el título del
artículo 158 (Prórroga y restitución de términos)    de la Ley 906 de
2004 fueron objeto de sanción presidencial tal como fueron aprobados por el
Congreso. A su vez, la ley que contenía dichas normas fue publicada en el
Diario Oficial N° 45657. No obstante, después, se expidió un decreto de corrección
de yerros mediante el cual se efectuaron ciertas modificaciones a dichas
disposiciones. Entonces, los cambios fueron introducidos mediante un decreto
fundado en el ejercicio de las facultades que le confiere al Presidente de la
República el artículo 45 de la Ley 4 de 1913 una vez el trámite de formación de
la ley había terminado.
Los cambios
efectuados en dicho decreto se pueden agrupar en modificaciones, supresiones y
adiciones.
4.33.
Modificaciones efectuadas por el Decreto 2770 de 2004
El artículo 8
fue modificado disponiendo la presencia del abogado defensor para los eventos
de los  numerales b)[49]
y k)[50].
En el artículo 531 se cambió la expresión “inciso anterior” por la
expresión “incisos anteriores”. El artículo 32 se cambió la expresión “literales”
por “numerales”. En el artículo 37 se cambió la numeración de los
numerales volviendo el numeral cuarto parte del tercero. En el artículo 56 se
hacía alusión al artículo 174 y dicha alusión se modificó al artículo 175 al
igual que en el artículo 294. En el artículo 85 se cambió la expresión “en
el artículo anterior” por “en el artículo 83”. Al artículo 184 se
cambió la expresión “En caso contrario” por “Para el efecto”.
Al artículo 198 se cambió la referencia que se hacía al artículo 191 por la
referencia al artículo 192. El capítulo X “De la acción de revisión” que
regula el artículo 199 fue modificado para pasar a numerarse como capítulo XI y
llamarse “Disposición común a la casación y acción de revisión”. El
artículo 207 hacía referencia al artículo 204 y fue modificado para hacer
referencia al artículo 205. El artículo 240 contenía la expresión “En este
último caso se aplicará lo dispuesto en el artículo siguiente sobre la
vigilancia electrónica” que fue modificada por la expresión “En este
último caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 239”. En el artículo
242 la expresión “previstos en el artículo anterior” fue modificada por la
expresión “previstos en el artículo 239”. La expresión “su cédula su
ciudadanía” del artículo 264 fue modificada por “su cédula de ciudadanía”.
En el artículo 307 la expresión “cuando sea requerido ante el juez ante sí
mismo o ante la autoridad que él designe” fue modificada por la expresión “cuando
sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe”. La
referencia del artículo 317 a la audiencia de juzgamiento fue reemplazada por
la referencia a la audiencia de juicio oral. La numeración del título sobre “el
principio de oportunidad” cambió de corresponder al título V al IV. La
expresión “excedan” del artículo 324 fue modificada a “exceda”.
La numeración del título “De la preclusión” cambió su numeración de “Título V”
a “Título VI”. La titulación y numeración del “Capítulo II Ejecución de
medidas de seguridad” pasó a ser “Capítulo III Libertad condicional”.
El artículo 439 pasó de contener la expresión “la declaración se torne en
ininteligible” a “la declaración se torne ininteligible”.
La expresión “la
libertad condicional” del artículo 474 pasó a ser “la condena de
ejecución condicional”. La remisión del artículo 484 al artículo 508 fue
modificada para hacer referencia al artículo 509.
4.34.
Supresiones efectuadas por el Decreto 2770 de 2004
Al artículo 16
se le suprimió la expresión  “o ante el juez de conocimiento, según el caso”.
Al artículo 364 se le suprimió la expresión “o cuando no comparezca un
testigo y deba hacérsele comparecer coactivamente. En este evento el término
podrá ampliarse prudencialmente.” Al artículo 407 se le suprimió la
expresión “testigos expertos”. El título del artículo 158 pasó de ser “Prórroga
y restitución de términos” a “Prórroga de términos”. Al
artículo 181 se le suprimió la expresión “de la estructura”. La
expresión “del juicio oral y público” fue suprimida del artículo 414.
4.35.
Adiciones efectuadas por el Decreto 2770 de 2004
Al artículo 530
se le incluyó el Distrito Judicial de Yopal en la aplicación, a partir del 1 de
enero de 2005, del nuevo sistema penal.
4.      5. La competencia de la Corte Constitucional para pronunciarse sobre
las normas del Código de Procedimiento Penal.
De los
antecedentes de la Ley 906 de 2004 se desprende que una vez publicado el texto
aprobado por las plenarias del Congreso de la República, de acuerdo a lo
consignado en la Gaceta del Congreso 529 de 2004, el texto fue sancionado y
promulgado tal como fue aprobado por el Congreso. Posteriormente el Presidente
de la República expidió el Decreto 2770 de 2004, en ejercicio de la facultad
concedida por el artículo 45 de la Ley 4 de 1913.
Los cargos de la
demanda se refieren a la inconstitucionalidad de los artículos 8, 16, 364, 407,
530 y 531 de la Ley 906 de 2004 por no haber surtido los debates establecidos
en la Constitución y porque el Presidente de la República sancionó un texto
diferente al que se aprobó por el Congreso al haber expedido un decreto de
yerros que modificaba los artículos aprobados por el Congreso. Al objeto de
este juicio también fueron integradas todas las disposiciones de la Ley 906 de
2004 con el fin de identificar y apreciar en su integridad los cambios que le
fueron introducidos por el decreto de corrección de yerros. Se advirtió que
habían sido objeto de cambios y se efectúo, por consiguiente, la comparación
entre el texto aprobado y sancionado, de un lado, y el texto “corregido”, de
otro lado. Específicamente se encontraron cambios en los artículos 8, 16, 32,
37, 56, 85, 158, 181, 184, 198, 207, 240, 242, 264, 294, 307, 317, 324, 364,
407, 414, 439, 474, 484, 530 y 531 así como la titulación de:  i) Capítulo X (De
la acción de revisión), ii) el Título V (El principio de oportunidad),
iii) el Título V (De la preclusión),  la titulación y numeración
del “Capítulo II Ejecución de medidas de seguridad” y el Título del
artículo 158 (Prórroga y restitución de términos) por unidad normativa.
Como ha sido constatado en esta sentencia el trámite que surtieron las
disposiciones referidas, en cuanto a la sanción y promulgación de la norma, fue
acorde a la regulación constitucional.
Si bien el
trámite legislativo concluyó adecuadamente conforme a la Carta y el texto fue
objeto de publicación en el Diario Oficial No. 45657, los artículos que fueron
resaltados en las tablas comparativas de esta sentencia fueron modificados por
un decreto posterior a la sanción y promulgación de la ley, tal como el
Congreso la aprobó y el Presidente la sancionó.
La Corte Constitucional tiene la competencia para revisar la
constitucionalidad de leyes y códigos expedidos por el Congreso de acuerdo a lo
establecido en el artículo 241-4 de la Constitución. En esta oportunidad las
normas que han sido demandadas son normas que pertenecen al Código de
Procedimiento Penal. El artículo 150-2[51]
establece que es el Congreso el órgano competente para expedir códigos. En el
precedente análisis se ha constado que  las normas revisadas han sufrido una
modificación sustancial del contenido material de la ley aprobada por el
Congreso de la República,  sancionada por el Presidente de la República y
publicada en el Diario oficial 45.567 de 2004.
Adicionalmente, se encuentra que los artículos 32 y 33 del Decreto
2770 de 2004 incorporaron a la ley aprobada por el Congreso dichas
modificaciones, adiciones y supresiones sin que los cambios efectuados hubieran
pasado por el procedimiento legislativo legítimo:
Artículo 32. El presente decreto se entenderá incorporado a la Ley
906 de 2004 y rige a partir de su publicación.
Artículo 33. Publíquese en el Diario Oficial la Ley
906 de 2004 con las correcciones que se establecen en el presente decreto.
Después, la ley “corregida” fue publicada en el Diario Oficial No.
45658.  Esto llevó a que haya dos textos de la misma ley, no uno solo,
publicados de manera diferente en el Diario Oficial.
Si bien la Corte
Constitucional no es competente para conocer del decreto de corrección de
yerros sí lo es para conocer de la ley, la cual, en este caso, ha sufrido
cambios sustanciales después de su sanción y promulgación. Por lo tanto, para
preservar la voluntad del Congreso expresada según el procedimiento de
formación de la ley establecido en la Constitución se deberá declarar exequible
la Ley 906 de 2004 tal como fue aprobada por el Congreso de la República,
sancionada por el Presidente de la República y promulgada en el Diario Oficial
No. 45.657. En este sentido se condicionará la exequibilidad de la Ley 906 de
2004.
La Corte
entiende que pueden darse contradicciones o presentarse confusiones entre
normas de dicha ley por fallas de técnica legislativa, pero éstas deben ser
resueltas de acuerdo a los criterios de interpretación de las normas
establecidos en la Ley 153 de 1887 y en la Ley 57 de 1887. Por ejemplo, la
Corte Constitucional en sentencia C-674 de 2005[52] revisó la
constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 882 de 2004, que modificaba el
artículo 229 de la Ley 599 2000. Los apartes demandados son los que se subrayan
a continuación:
Violencia
Intrafamiliar. El que maltrate física o sicológicamente a cualquier miembro de
su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito
sancionado con pena mayor, en prisión de uno (1) a tres (3) años.
La pena se
aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando el maltrato, del
que habla el artículo anterior recaiga sobre un menor, una mujer, un
anciano, una persona que se encuentre en incapacidad o disminución física,
sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión.
Dentro de los
cargos presentados en la demanda se indicaba que la expresión “artículo
anterior” debía ser retirada del ordenamiento, por ser ésta un error del
legislador, ya que era claro que el reenvío normativo era al inciso anterior[53]. La Corte debía
establecer si la errónea remisión al “artículo anterior”, contenida en
el segundo inciso de la norma demandada, resultaba contraria al principio de
tipicidad en materia penal y, por consiguiente, contraria al principio de
legalidad. La Corte se pronuncio de la siguiente manera:
Tal como se pone
de presente por la demandante, la referencia al “artículo anterior”
contenida en la disposición acusada obedece a un evidente error del legislador
y es claro que, en realidad, se quería significar el “inciso anterior”.
Sin embargo, la acción de inconstitucionalidad no es la vía para la corrección
de los errores en los que incurra el legislador, cuando ellos, en si mismos
considerados, no constituyan un vicio de inconstitucionalidad, bien sea por
defecto de trámite o por manifestarse en una disposición contraria a la
Constitución. En el presente caso se está ante un problema de aplicación de la
norma, para lo cual los operadores jurídicos deberán tener en cuenta que
existió claridad en el propósito legislativo, en la medida en que la ley se
introdujo precisamente con el propósito de establecer unos agravantes punitivos
al tipo preexistente de la violencia intrafamiliar, y que no obstante el error
en la remisión, es evidente que ellos se predican de las conductas descritas en
el mismo artículo, en su inciso primero.
No observa la
Corte que de ese defecto formal de la ley se derive un problema de
inconstitucionalidad, y por ello la expresión acusada habrá de declararse
exequible, por el cargo presentado.
Las posibles
incongruencias o confusiones que puedan surgir del texto de la Ley 906 de 2004
que será declarada exequible, por los cargos analizados, pueden ser resueltas
de acuerdo a los métodos de interpretación de la ley, atendiendo al real
significado de la norma pertinente, a la intención del legislador y a la
estructura del Código que conforma un sistema de procedimiento penal nuevo de
orientación acusatoria.
VIII.
DECISION
En el nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
DECLARAR EXEQUIBLE, por el cargo analizado, la Ley 906 de 2004,  en el entendido de que su texto único es el aprobado por el Congreso
de la República, sancionado por el Presidente de la República y publicado en
el Diario Oficial No. 45.657 del 31 de agosto de 2004.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Presidente
JAIME
ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
No
firma
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
AUSENTE EN COMISION
HUMBERTO
SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1]
El Magistrado Jaime Araujo Rentería presentó salvamento de  voto al auto de la
Sala Plena del 8 de marzo de 2005 pues consideró que la Corte Constitucional no
tiene facultad expresa para resolver el impedimento declarado por el Procurador
y mucho menos para el Viceprocurador General de la Nación, con fundamento en el
hecho de haber participado activamente en el trámite legislativo de la Ley 906
de 2004, objeto de revisión para la Corte. Folios 107- 111.
[2]
Sonia Patricia Téllez Beltrán, designada por el Procurador General de la Nación
para conceptuar en el presente proceso mediante Resolución 095 del cinco de
abril de 2005.
[3]
Folio 104-105.
[4]
Folio 65-66, C.1.
[5]
Folio 66, C.1.
[6]
Folio 67, C.1.
[7]
Folio 69, C.1.
[8]
Folio 70, C.1.
[9]
Folio 71, C.1.
[10]
Folio 72, C.1.
[11]
Folio 73, C.1.
[12]
Folios 154-155, C.1.
[13]
Folio 116, C.1.
[14]
Folio 125.
[15]
Decreto 2067 de 1991. Artículo 6. “El magistrado sustanciador tampoco admitirá
la demanda cuando considere que ésta no incluye las normas que deberían ser
demandadas para que el fallo en sí mismo no sea inocuo, y ordenará cumplir el
trámite previsto en el inciso segundo de este artículo. La Corte se pronunciará
de fondo sobre todas las normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las
que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras que declara
inconstitucionales.”
[16]
Ver, entre otras, las sentencias C-221 de 1997, C-320 de 1997 y  C-204 de 2001
MP: Alejandro Martínez Caballero, C-010 de 2001MP: Fabio Morón Díaz, C-173 de
2001 y C-514 de 2004 MP: Álvaro Tafur Galvis, C-813 de 2001 MP: Jaime Araujo
Rentería, C-1031 de 2002 MP: Rodrigo Escobar Gil, C-251 de 2002 MP: Eduardo
Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández, C-373 de 2002 MP: Jaime
Córdoba Triviño,    C-642 de 2002 MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[17] Sentencia C-320 de 1997 MP: Alejandro Martínez
Caballero reiterado en sentencia C-591 de 2005 MP: Clara Inés Vargas Hernández.
[18]
En la Sentencia C-539 de 1999 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, se enunciaron, como
siguen, las hipótesis que permiten la integración de la unidad normativa:
"Excepcionalmente, la Corte puede conocer sobre la constitucionalidad de
leyes ordinarias que no son objeto de control previo u oficioso, pese a que
contra las mismas no se hubiere dirigido demanda alguna. Se trata de aquellos
eventos en los cuales procede la integración de la unidad normativa. Sin
embargo, para que, so pretexto de la figura enunciada, la Corte no termine
siendo juez oficioso de todo el ordenamiento jurídico, la jurisprudencia ha
señalado que la formación de la unidad normativa es procedente, exclusivamente,
en uno de los siguientes tres eventos. En primer lugar, procede la integración
de la unidad normativa cuando un ciudadano demanda una disposición que,
individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de  manera
que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar
su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada. En estos
casos es necesario completar la proposición jurídica demandada para evitar
proferir un fallo inhibitorio. En segundo término, se justifica la
configuración de la unidad normativa en aquellos casos en los cuales la
disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del
ordenamiento que no fueron demandadas. Esta hipótesis pretende evitar que un
fallo de inexequibilidad resulte inocuo. Por último, la integración normativa
procede cuando pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la
norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición
que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad". Sobre
integración de la proposición jurídica pueden consultarse las Sentencias C-320
de 1997 MP: Alejandro Martínez Caballero; C-560 de 1997 MP: José Gregorio
Hernández, C-565 de 1998 MP: José Gregorio Hernández y C-1647 de 2000 MP: José
Gregorio Hernández; C-064 de 2005 MP: Clara Inés Vargas Hernández. Sobre
integración de unidad normativa respecto de normas que resultan prima facie
inconstitucionales, ver entre otras sentencia C-320 de 1997 MP: Alejandro
Martínez Caballero; C-871 de 2003 MP: Clara Inés Vargas Hernández.
[19]
Sentencia C-707 de 2005 MP: Jaime Córdoba Triviño.
[20] Este rasgo permite distinguir la unidad normativa de
la llamada proposición jurídica completa, pues  esta última figura se presenta
cuando el alcance normativo contenidos en la disposición carece de sentido
regulante propio aislado  del contexto dentro del cual está insertado. Sobre el
tema pueden consultarse entre otras las Sentencias C-357 de 1999 y C-409 de
1994.
[21]
Sentencia C-349 de 2004, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[22]
Sentencia C-538 de 2005 MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[23]
Constitución Política. ARTICULO 241. A la Corte
Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal
fin, cumplirá las siguientes funciones:
(...)
4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad
que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material
como por vicios de procedimiento en su formación.
(...)
[24] La sentencia C-084 de 1996 MP Carlos Gaviria Díaz
señala la diferencia entre la promulgación y la sanción de una norma en los
siguientes términos:
“La sanción del proyecto de ley es el acto
mediante el cual el Gobierno lo aprueba, y da fe de su existencia y
autenticidad. Este acto constituye un
requisito esencial que pone fin al proceso formativo de la ley, tal como lo
prescribe el artículo 157 numeral 4 de la Constitución, que dice:
“Artículo 167.-Ningún proyecto será ley sin los
requisitos siguientes: (...)
4. Haber obtenido la sanción del Gobierno.
El artículo 166 de la Constitución, señala
términos preclusivos dentro de los cuales el Gobierno debe sancionar el
proyecto de ley aprobado. El plazo es de seis días, en el caso de que el
proyecto tenga una cantidad de artículos igual o inferior a veinte; de diez
días si tiene entre veintiuno y cincuenta artículos; y de veinte días si el
número de artículos supera los cincuenta. Si el Presidente, como jefe de
gobierno, no sanciona el proyecto de ley dentro de los términos establecidos,
lo hará el Presidente del Congreso, de acuerdo con lo prescrito por el artículo
168 ibidem. Si la sanción de la ley consiste simplemente en la firma de la
misma por parte del Presidente de la República, mal puede deducirse de allí la
potestad de tal funcionario para señalar la vigencia de las leyes.
[25]
Sentencia C-492 de 1997 MP: Hernando Herrera Vergara. La sentencia revisó la
constitucionalidad del artículo 29 de la Ley 335 de 1996, que disponía que la
ley regiría a partir de su sanción La sentencia declaró exequible la
disposición por considerar que la vigencia de una norma se encuentra supeditada
a la voluntad del legislador.
[26]
Sentencia C-179 de 1994 MP: Carlos Gaviria Díaz.
[27] FULLER, Lon. The Morality of Law. Yale University Press, New Haven,
1969. Págs. 49-51.
[28]
Dicha obligación del gobierno está consagrada expresamente en el artículo 2o.
de la Ley 57 de 1985.
[29]
Este principio está consagrado expresamente en el artículo 9o. del Código Civil
Colombiano y en el artículo 56 del Código de Régimen Político Municipal (Ley
4a. de 1913).
[30]
Sentencia de la Corte Constitucional C-544 de 1994, magistrado ponente: Dr.
Jorge Arango Mejía. AFTALIÓN, Enrique, Introducción al Derecho, op. cit. Pág.
293.
[31]
Sentencia C-084 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[32]
Sentencia C-161 de 1999 MP: Carlos Gaviria Díaz.
[33]
Sentencia C-306 de 1996 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[34]
Constitución Política. Artículo 165. Aprobado un
proyecto de ley por ambas cámaras, pasará al Gobierno para su sanción. Si éste
no lo objetare, dispondrá que se promulgue como ley; si lo objetare, lo
devolverá a la cámara en que tuvo origen.
Artículo 166. El Gobierno dispone del término de
seis días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de
más de veinte artículos; de diez días, cuando el proyecto contenga de veintiuno
a cincuenta artículos; y hasta de veinte días cuando los artículos sean más de
cincuenta.
Si transcurridos los indicados términos, el
Gobierno no hubiere devuelto el proyecto con objeciones, el Presidente deberá
sancionarlo y promulgarlo. Si las cámaras entran en receso dentro de dichos
términos, el Presidente tendrá el deber de publicar el proyecto sancionado u
objetado dentro de aquellos plazos.
[35]
Sentencia C-520 de 1998, MP: Alfredo Beltrán Sierra.
[36]
Sentencia C-500 de 2001 MP: Álvaro Tafur Galvis.
[37] La supresión efectuada por
el decreto de yerros 131 de 2001 se ilustra a continuación resaltando lo
relevante:
Ley
640 de 2001
Decreto 131 de 2001
Artículo
47. Los parágrafos 1° y 3° del artículo 148 de la Ley 446 de 1998, quedarán así:
Parágrafo
1°. Los defensores del cliente de las instituciones financieras, continuarán
prestando sus servicios para la solución de los conflictos que se generen en
las relaciones bancarias y financieras de los clientes o usuarios y las
entidades del sector financiero.
Parágrafo 3°. Los defensores del cliente de las
instituciones financieras también podrán actuar como conciliadores en los
términos y bajo las condiciones de la presente ley.”
Artículo 47. El parágrafo primero del
artículo 148 de la Ley 446 de 1998, quedará así:
Parágrafo 1º. Los defensores del cliente
de las instituciones financieras, continuarán prestando sus servicios para la
solución de los conflictos que se generen en las relaciones bancarias y
financieras de los clientes o usuarios y las entidades del sector financiero.
Los defensores del cliente de las
instituciones financieras también podrán actuar como conciliadores en los
términos y bajo las condiciones de la presenten ley.”
[38] Sentencia
C-232 de 2002 MP: Clara Inés Vargas. La sentencia revisó la constitucionalidad
del artículo 180 de la Ley 599 de 2000 por la vulneración de los artículos 2,
5, 13, y 42 de la Constitución. En la sentencia se verificó que norma se aprobó
finalmente en el Congreso sin la palabra “años” y así fue enviada para
sanción presidencial; y que se dio una inclusión de la conjunción disyuntiva “o”,
ocurrida en la publicación de la Ley 599 de 2000 en el Diario Oficial. La Corte
se declaró inhibida de conocer de la constitucionalidad de la conjunción “o”
del inciso primero del artículo demandado ya que el mismo había sido corregido
por el Presidente de la República mediante un decreto de yerros.  La Corte
declaró exequible la disposición bajo el entendido  que el delito de
desplazamiento forzado está sancionado con  las penas de prisión de seis
(6) a doce (12) años, multa de seiscientos (600) a mil quinientos
(1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos
y funciones públicas de seis (6) a doce (12) años.
[39]
Artículo 189 numeral 10 de la Constitución.
[40]
Sentencia C-334 de 2005 MP: Clara Inés Vargas Hernández. La parte resolutiva de
la sentencia dispone:
“Primero.-INHIBIRSE para decidir de fondo sobre la demanda de
inconstitucionalidad presentada contra los artículos 4 (parcial) y 9 del
Decreto 2637 de 2004, “Por el cual se desarrolla el Acto Legislativo número
03 de 2002 para la implementación del sistema penal acusatorio”.
SEGUNDO.-ORDENAR que la demanda instaurada por el
ciudadano Eudoro Echeverri Quintana se tenga como intervención ciudadana dentro
del proceso de control automático de los Decretos 2637 y 2697 de 2004
(Expediente PE-022).”
[41]
Sentencia C-672 de 2005 MP: Jaime Córdoba Triviño.
[42]
Sentencia C-672 de 2005 MP: Jaime Córdoba Triviño.
[43]
Sentencia C-822 de 2005 MP: Manuel José Cepeda.
[44]
Sentencia C-591 de 2005 MP: Clara Inés Vargas Hernández.
[45]
Ley 906 de 2004: Artículo 15. Contradicción. Las partes tendrán
derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su
formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en
el incidente de reparación integral, como las que se practiquen en forma
anticipada.
(...)
Artículo 112. Actividad
probatoria. El Ministerio Público podrá solicitar pruebas anticipadas
en aquellos asuntos en los cuales esté ejerciendo o haya ejercido funciones de
policía judicial siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos en el
artículo 284 del presente código.
Asimismo, podrá solicitar
pruebas en el evento contemplado en el último inciso del artículo 357 de este
código.
Artículo 125.
Deberes y atribuciones especiales. En especial la defensa tendrá los siguientes
deberes y atribuciones:
(...)
4. Controvertir las
pruebas, aunque sean practicadas en forma anticipada al juicio oral.
(...)
Artículo 154.
Modalidades. Se tramitará en audiencia preliminar:
(...)
2. La práctica de una
prueba anticipada.
(...)
Artículo 274.
Solicitud de prueba anticipada. El imputado o su defensor, podrán solicitar al
juez de control de garantías, la práctica anticipada de cualquier medio de
prueba, en casos de extrema necesidad y urgencia, para evitar la pérdida o
alteración del medio probatorio. Se efectuará una audiencia, previa citación al
fiscal correspondiente para garantizar el contradictorio.
Se aplicarán las mismas
reglas previstas para la práctica de la prueba anticipada y cadena de custodia.
Artículo 284. Prueba
anticipada. Durante la investigación y hasta antes de la instalación de la
audiencia de juicio oral se podrá practicar anticipadamente cualquier medio
de prueba pertinente, con el cumplimiento de los siguientes requisitos:
(...)
Parágrafo 1°. Si la prueba
anticipada es solicitada a partir de la presentación del escrito de
acusación, el peticionario deberá informar de esta circunstancia al juez de
conocimiento.
(...)
Artículo 285.
Conservación de la prueba anticipada. Toda prueba anticipada deberá
conservarse de acuerdo con medidas dispuestas por el juez de control de garantías.
Artículo 337.
Contenido de la acusación y documentos anexos. El escrito de acusación deberá
contener:
(...)
b) La trascripción de las
pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio, siempre y cuando su
práctica no pueda repetirse en el mismo.
(...)
Artículo 383.
Obligación de rendir testimonio. Toda persona está obligada a rendir, bajo
juramento, el testimonio que se le solicite en el juicio oral y público o como
prueba anticipada, salvo las excepciones constitucionales y legales. (...)
[46]
Sentencia C-673 de 2005 MP: Clara Inés Vargas Hernández. SV Rodrigo Escobar
Gil, Humberto Sierra Porto.
[47]
Considerando 23 del Decreto 2770 de 2004.
[48]
Sentencia C-801 de 2005 MP: Jaime Córdoba Triviño.
[49] Artículo 8: (…)
b) No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge,
compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
civil, o segundo de afinidad;(...)
[50]
k) Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con
inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda,
si así lo desea, por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar en
audiencia a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia, de ser
necesario aun por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan arrojar
luz sobre los hechos objeto del debate; (...)
[51]
Constitución Política. ARTICULO 150. Corresponde
al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes
funciones:
1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.
2. Expedir códigos en todos
los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones.
(...)
[52]
Sentencia C-674 de 2005 MP. Rodrigo Escobar Gil.
[53]
En la sentencia así se resumieron los cargos al respecto: “(...) la referencia
al “artículo anterior” contenida en el segundo inciso de la norma
demandada, es un evidente error del legislador, porque es claro que el reenvío
normativo era al inciso anterior, sin embargo, y dado que en virtud de la
exigencia del principio de legalidad, no cabe en este caso aplicar inferencias,
esa equivocación trae consigo un menor nivel de protección, porque no sólo
haría inane la norma, en cuanto que se quedaría sin efecto la ampliación de la
población en estado de vulnerabilidad, sino que además dejaría sin efecto
también el único agravante que con anterioridad existía, que era el maltrato
realizado contra un menor, razones por las cuales la mencionada expresión debe
ser retirada del ordenamiento.”