T-744-09
Sentencia T-744/09
Sentencia T-744/09
DERECHOS DEL
INTERNO-Relación
especial de sujeción con el Estado
DERECHOS DEL
INTERNO-Goza
de mayor o menor restricción de acuerdo a las circunstancias específicas
DERECHO A LA
SALUD DEL INTERNO-Ambito
de protección y acceso a los servicios de salud que requieran/DERECHO A LA
SALUD DEL INTERNO-Atención oportuna, idónea, eficaz y continua
DERECHO A LA
SALUD DEL INTERNO-Vulneración
por cuanto el INPEC no le ha brindado atención médica adecuada para su
enfermedad mental ni ha ordenado su traslado a una institución psiquiátrica
Los médicos
consideraron que el interno requería ser trasladado a una institución
psiquiátrica del circuito penitenciario. Observa la Sala que, a pesar de los
conceptos médicos existentes, el INPEC no tomó ninguna medida al respecto, ni
siquiera atendió los requerimientos presentados por la Defensoría del Pueblo
para que adoptara las medidas necesarias para proteger la vida, salud e
integridad del recluso, ni muchos menos, ordenó su traslado a un centro
psiquiátrico en el que se le pudiera prestar la atención necesaria para la
enfermedad mental que padece. Por lo anterior, encuentra esta Corporación que
el INPEC, con su conducta omisiva, desconoció la obligación que le asiste de
garantizar el derecho a la salud de quienes, por causa del poder punitivo del
Estado, se encuentran privados de la libertad. Ello, como quiera que la
entidad, conociendo los conceptos médicos que daban cuenta del estado de salud
del actor, no ordenó la práctica del correspondiente dictamen médico legal, ni,
de ser necesario, dispuso su traslado a un centro médico idóneo, que le pudiera
prestar un tratamiento especializado y adecuado para la enfermedad mental que
lo aqueja.
Referencia: expediente
T-2.268.653
Accionante:
Blanca Patricia Villegas de la
Puente, Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría
del Pueblo, en nombre y representación de Edward Orlando Barrios Arias
Accionado:
Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-
Magistrado
Ponente:
Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre
de dos mil nueve (2009).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
Mauricio González Cuervo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente,
SENTENCIA
dentro del
proceso de revisión del fallo de tutela proferido por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, a partir
de la acción constitucional de tutela promovida por Blanca Patricia Villegas de
la Puente, Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría
del Pueblo, en nombre y representación de Edward Orlando Barrios Arias, contra
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-.
I.
ANTECEDENTES
1. La solicitud
El 9 de marzo de
2009, Blanca Patricia Villegas de la Puente, Directora Nacional de Recursos y
Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, presentó acción de tutela en
nombre y representación del recluso Edward Orlando Barrios Arias, para que le
fueran protegidos sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la
dignidad y a la igualdad que, según afirma, le vienen siendo vulnerados por el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, debido a que esa entidad,
conociendo las enfermedades mentales que padece el interno, no ha ordenado su
reubicación en un centro de rehabilitación de salud mental, cerca de su núcleo
familiar, para que se le brinde un tratamiento adecuado.
2. Reseña
Fáctica
2.1 El señor Edward Orlando Barrios
Arias fue condenado a la pena privativa de la libertad de 30 años de prisión,
por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones,
homicidio agravado y hurto calificado y agravado. Pena que cumplía, al momento
de la presentación de esta acción de tutela, en el Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón, Santander.
2.2 El Doctor Ángel Francisco
Acevedo Pabón, médico del Establecimiento Penitenciario de Combita, Boyacá, el
24 de noviembre de 2007, encontró que el interno presentaba un “Estado
General de salud REGULAR. Paciente con evolución satisfactoria y pronóstico
MALO, para futuro de no ser manejado por médico psiquiatra en institución nivel
III-IV ibídem. Pendiente remisión a institución de salud psiquiatrita del
circuito penitenciario y determinar diagnostico que a continuación se
mencionan:
1. EZQUIZOFRENIA EBEFRENICA? EN
TRATAMIENTO
2. TRANSTORNO AFECTIVO BIPOLAR? EN
ESTUDIO
3. HISTERIA LEVE A MODERADA.
4. CLAUSTROFOBIA SEVERA
5. HIPOCONDRIACO???. ”
2.3 La Defensoría del Pueblo conoció
de la condición médica del accionante, y desde el mes de
noviembre de 2007 solicitó, en diversas oportunidades, al Instituto Nacional
Penitenciario, en adelante INPEC, que, con carácter urgente, adoptará “las
medidas necesarias para proteger la vida e integridad” del interno Edward
Orlando Barrios Arias, y, específicamente, que lo remitiera a una Unidad de
Salud Mental, conforme con lo previsto para el efecto por el artículo 107 de la
Ley 65 de 1993.
2.4 Posteriormente, el 2 de febrero
de 2008, el Doctor Wilson Fernando Rodríguez Huertas, también, médico del Establecimiento
Penitenciario de Combita, Boyacá, confirmó el diagnostico inicial, en el
sentido de considerar que el accionante sufría de:
“1. Trastorno depresivo mayor.
2. Riesgo suicida moderado secundario a
1.
3. Gastritis crónica.”
2.5 Para la Defensoría del Pueblo el
INPEC “no ha atendido el estado de salud mental del interno Barrios Arias,
conforme con las disposiciones legales para su tratamiento, ni las reiteradas
solicitudes de la delegada para la Política Criminal y Penitenciaria (…), con
vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad
humana del recluso diagnosticado con trastorno mental”. En efecto, señala
que, “en lugar de darle una ubicación adecuada para su rehabilitación al
interno enfermo mental, la Dirección General del INPEC mediante las
Resoluciones N° 5565 de junio 12 de 2007, la N° 14037 de diciembre 14 de 2007 y
la N° 3656 de abril 2 de 2008, ha ordenado el traslado del (sic) Edgard (sic)
Orlando Barrios Arias, a los establecimientos de reclusión de Combita, Boyacá;
Valledupar, Cesar, y Girón, Santander, respectivamente, sin tener en cuenta el
estado de salud mental del interno, que impone su traslado en (sic) un centro
de salud mental.”
3. Pruebas
·
Copia
del oficio del 13 de noviembre de 2007, suscrito por la Defensora Delegada para
la Política Criminal y Penitenciaría, dirigido al Director del Establecimiento
Penitenciario de Combita, Boyacá, en el que le solicita que adopte las medidas
necesarias para proteger la vida e integridad, del interno Edward Orlando
Barrios Arias (Folio 17).
·
Copia
del oficio del 25 de marzo del 2008, en el que la Defensoría del Pueblo
solicita a la Subdirección de Tratamiento y Desarrollo Penitenciario del
Instituto Nacional Penitenciario, el traslado del interno Edward Orlando
Barrios Arias a una Unidad de Salud Mental (Folio 31).
·
Copia
del Resumen de Historia Clínica y Dictamen de Estado de Salud General, Actual,
de Edward Orlando Barrios Arias, elaborado el 24 de noviembre de 2007, por el
médico Ángel Francisco Acevedo Pabón, profesional adscrito al Establecimiento
Penitenciario de Combita, Boyacá (Folios 20 y 21)
·
Copia
del Resumen de Historia Clínica Actual del interno Edward Orlando Barrios
Arias, elaborado el 2 de febrero de 2008, por el médico Wilson Fernando
Rodríguez Huertas, profesional vinculado al Establecimiento Penitenciario de
Combita, Boyacá (Folios 29 y 30).
4. Consideraciones de la parte actora
La Defensoría del Pueblo inicia por
indicar que, conforme con la jurisprudencia constitucional, algunos de los
derechos de las personas condenadas o detenidas preventivamente, están
limitados por esa causa, sin que ello implique que se altere su núcleo
esencial.
Específicamente, con relación al derecho
a la salud de quienes se encuentran privados de la libertad, señala que para la
Corte Constitucional, tal garantía no se encuentra restringida por causa de la
reclusión, y en consecuencia, le corresponde al Estado velar porque tal derecho
sea respetado. Ello, teniendo en cuenta que, en la medida en que son sujetos
que se encuentran privados de la libertad, “no pueden velar por sí mismos
por su propia salud”.
Por otra parte, manifiesta que “el
concepto general de enfermedad mental, se encuentra que esta (sic) consiste en
un desorden de la mente que interfiere con el comportamiento normal y hace la
vida diaria más difícil. Esto trasladado al ámbito de cualquier establecimiento
carcelario o penitenciario, sin duda se magnifica. Por ello el Estado, a través
del INPEC, debe brindar a las personas que presentan tal cuadro clínico las
condiciones mínimas de subsistencia que le permitan sobrellevar su padecimiento
y asistirlo para reincorporarlo al entorno social y familiar.”
En ese sentido, considera que le
corresponde al INPEC, “atendiendo a los deberes de protección a su cargo, y
frente a la protección especial que demandan los internos con enfermedad mental
sobrevenida, debe diseñar políticas y adelantar programas a favor de este grupo
especialmente vulnerable, garantizando una igualdad material real”.
Indica que el sustento constitucional de
su solicitud de amparo, radica en los artículos 13 y 47 Superiores, según los
cuales, el Estado debe adelantar una política de rehabilitación de los
disminuidos psíquicos. En aplicación de este mandato y, particularmente, para
el caso de las personas privadas de la libertad, considera que por esa causa el
legislador estableció, en el artículo 107 de la Ley 65 de 1993, que:
“Si
un interno presentare signos de enajenación mental y el médico del centro de
reclusión dictaminare que el recluso padece enfermedad psíquica, el director
del respectivo centro, pedirá el concepto médico legal, el cual si es
afirmativo, procederá a solicitar su ingreso a un establecimiento psiquiátrico,
clínica adecuada, casa de estudio o de trabajo, según el caso, dando aviso al
juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.”
En refuerzo de sus argumentos,
manifiesta que diversos instrumentos internacionales, en materia de derechos
humanos, ordenan que se protejan los derechos de las personas que se encuentran
privadas de la libertad, especialmente, de quienes, además, padecen de alguna
enfermedad mental. Por ello, a estas personas no se les deberá recluir en prisiones,
y deberán ser trasladados a establecimientos que les presten un tratamiento
dirigido a enfermos mentales.
Descendiendo al caso específico, indica
que al accionante ya le fue diagnosticado un trastorno mental por los médicos
del INPEC, y por ello, conforme con las normas citadas, es necesario que se le
traslade, inmediatamente, “a un centro de rehabilitación en salud mental”,
en el que se le pueda proporcionar un tratamiento para su enfermedad.
5. Pretensiones del demandante
El solicitante pretende
que se protejan los derechos fundamentales del interno a la vida, a la salud, a
la dignidad y a la igualdad, y que como consecuencia de ello:
- Se ordene al INPEC,
que disponga su reubicación en un centro de rehabilitación de salud mental,
cerca de su núcleo familiar.
- Así mismo, que
se ordene “brindar de forma inmediata la atención médica integral requerida
para su tratamiento, dentro de lo cual se encuentra la práctica de los
exámenes, terapias, intervenciones quirúrgicas, atención especializada y el
suministro de medicamentos y de elementos quirúrgicos necesarios y ordenados
por los médicos tratantes.”
6. Respuesta del ente accionado
El 10 de marzo de 2009, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, asumió el conocimiento de la acción de tutela y dispuso ponerla
en conocimiento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, del
Director del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón
y del Ministerio de Protección Social.
6.1 Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-
El INPEC guardó silencio durante el
término otorgado para que se pronunciara con relación a la acción de tutela de
le referencia.
6.2 Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón, Santander
Durante el término de traslado de la
demanda, el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón,
guardó silencio con respecto a la acción de tutela de la referencia.
6.3 Ministerio de
Protección Social
El Ministerio de Protección Social intervino
en el proceso y solicitó que, en lo relacionado con esa entidad, se negara el
amparo, toda vez que no le corresponde la atención en salud de quines se
encuentra privados de la libertad, función que, conforme con la Ley 65 de 1993,
se encuentra radicada en cabeza del INPEC.
II.      DECISIONES JUDICIALES QUE SE
REVISAN
1. Sentencia de Primera Instancia
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante sentencia del 24
de marzo de 2009, concedió la protección a los derechos fundamentales a la
salud, en conexidad con la vida y a la dignidad del señor Edward Orlando
Barrios Arias. En efecto, resolvió:
“PRIMERO:
TUTELAR EL DERECHO A LA SALUD EN CONEXIDAD CON EL DERECHO A LA VIDA, Y EL
DERECHO A LA DIGNIDAD del señor EDWARD ORLANDO BARRIOS ARIAS
y en consecuencia se ordena al Director de la Cárcel de Alta y Mediana
Seguridad de Girón (Santander), o al Director de la Cárcel donde actualmente se
encuentre recluido el aquí accionante, que, en aplicación de lo preceptuado en
el artículo 107 de la Ley 65 de 1993, y en el término de 48 horas, si aún no lo
ha hecho, requiera el concepto del médico legal o de quien haga sus veces, para
determinar la situación mental del señor EDWARD ORLANDO BARRIOS ARIAS, mismo
que deberá ser emitido a la mayor brevedad posible y en todo caso en el
improrrogable término de 72 horas.
SEGUNDO:
ORDENAR
al Director del INPEC o a quien haga sus veces que, en el evento de que el
concepto antes aludido sea afirmativo, en los términos del artículo 107 de la
Ley 65 de 1993, libre los ordenamientos necesarios para disponer el traslado
del señor EDWARD ORLANDO BARRIOS ARIAS a la unidad de salud mental que resulte
más cercana a su núcleo familiar.
TERCERO: En el evento en
el que el concepto aludido sea desfavorable, se ordena al Director de la Cárcel
donde se encuentre recluido el actor y al Director del INPEC, QUE ADOPTEN LAS
MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR la atención médica integral que requiera el
señor BARRIOS ARIAS con ocasión de las patologías que presente.
CUARTO:
POR SECRETARIA
dése cumplimiento a lo ordenado en el acápite de “Otras Determinaciones”. ”
Consideró el
fallador, que el INPEC se ha sustraído del deber de adoptar las medidas
necesarias para tratar el caso del accionante, puesto que habiéndosele
diagnosticado un trastorno depresivo mayor, con riesgo de suicido moderado
secundario, no desplegó actuación alguna para determinar si el tratamiento que
requiere, para su patología, podía ser suministrado en las condiciones de
reclusión en las que se encuentra, o si, por el contrario, demandaba su
traslado a una unidad de salud mental. Por ello, concluyó que los derechos
fundamentales del accionante estaban siendo vulnerados por la entidad.
Finalmente,
dispuso que se compulsaran copias integras del presente expediente, y de la
correspondiente providencia, para que se investigara la responsabilidad
disciplinaria del Director y demás funcionarios del INPEC, en lo relacionado
con el caso del accionante, como quiera que, no obstante la Defensoría del
Pueblo presentó diferentes requerimientos, la entidad no adelantó las
actuaciones necesarias para proteger los derechos del interno.
La sentencia
de primera instancia no fue impugnada.
III.    FUNDAMENTOS JURIDICOS
1. Competencia
A través de esta Sala de Revisión, la
Corte Constitucional es competente para revisar la sentencia proferida dentro
del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, “Por
el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política.”
2. Procedibilidad de la Acción de Tutela
2.1 Legitimación activa
El artículo 86 de la Constitución
Política establece, que la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial
al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de
sus derechos fundamentales.
Específicamente, conforme con el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, está legitimada para presentar la acción
de tutela: (i) cualquier persona, por si misma, o a través de representante,
que considere que sus derechos fundamentales han sido amenazados o vulnerados;
(ii) quien manifieste agenciar derechos ajenos, cuando el titular no pueda
promover su defensa o; (iii) el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales. El precepto en cita dispone:
“ARTICULO 10. LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de
tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el
titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales.”
En concordancia con lo anterior, el
artículo 46 del mismo ordenamiento establece que “El
Defensor del Pueblo podrá, sin perjuicio del derecho que asiste a los
interesados, interponer la acción de tutela (i)
en nombre de cualquier persona que se lo solicite o (ii) que esté en
situación de desamparo e indefensión.”
En el presente caso, la acción de tutela
es presentada por la señora Blanca Patricia Villegas de la Puente, Directora
Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, en nombre
y representación de Edward Orlando Barrios Arias, quien se encuentra recluido
en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón, cumpliendo
una pena de 30 años de prisión. Así las cosas, la Sala encuentra que, en
consonancia con las normas citadas, la señora Blanca Patricia Villegas de la
Puente en su condición de Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales
de la Defensoría del Pueblo está legitimada para ejercer la acción de tutela en
nombre y representación del recluso Edward Orlando Arias, como quiera que este
se encuentra en situación de indefensión, al no poder procurarse la defensa de
sus derechos por si mismo, en razón a la privación de la libertad de la que es
objeto.[1]
2.2 Legitimación pasiva
El Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, en su condición de autoridad
pública, está legitimado como parte pasiva en el presente proceso de tutela, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991, en vista
de que se le sindica de ser la responsable de la violación de los derechos
fundamentales en cuestión.
3. Análisis del caso y problema jurídico
que plantea la acción
De la situación
fáctica descrita, se observa que el señor, Edward Orlando Barrios Arias, se
encuentra privado de la libertad cumpliendo una condena de 30 años, por los
delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones,
homicidio agravado y hurto calificado y agravado, en el Establecimiento Penitenciario
de Alta y Mediana Seguridad de Girón. Al mismo le fue diagnosticado un “Trastorno
depresivo mayor” y “Riesgo suicida moderado secundario”, por médicos
adscritos al Establecimiento Penitenciario de Combita, Boyacá, razón por la
cual, requiere de tratamiento psiquiátrico para sus enfermedades, en una
institución idónea.
La Defensoría
del Pueblo conoció de la situación de este interno, y solicitó al INPEC que le
proporcionara el tratamiento adecuado, conforme con lo que su enfermedad
exigiera, y de acuerdo con las normas sobre la materia.
En vista de que
el INPEC no adoptó medidas para tratar la enfermedad del señor Barrios Arias, la
Defensoría del Pueblo presentó acción de tutela para que le fueran protegidos
los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad y a la igualdad,
la cual se resolvió concediendo el amparo, y en consecuencia, se ordenó su traslado
a la unidad de salud mental más cercana a su núcleo familiar. Decisión que no
fue impugnada.
En ese contexto,
la Corte debe determinar si el INPEC, vulnera los derechos fundamentales a la
vida, a la salud, a la dignidad y a la igualdad, del señor Edward Orlando
Barrios Arias, al no prestar la atención médica que requiere para el
tratamiento de las enfermedades mentales que padece, de acuerdo con las
disposiciones en la materia.
Ahora bien, en
la medida en que la acción de tutela que se revisa fue concedida por el juez de
primera instancia, le corresponde a la Sala establecer si la orden emitida por
él, de trasladar al interno a la unidad de salud mental más cercana a su núcleo
familiar, es adecuada y suficiente para proteger, efectivamente, sus derechos
fundamentales, de conformidad con lo previsto para esos caso, en el artículo
107 de la Ley 65 de 1993.
Para ello, la
Corte reiterará la jurisprudencia constitucional relativa a: (i) la relación de
especial sujeción en la que se encuentran los reclusos con relación al Estado
y; (ii) la garantía de los derechos fundamentales de quienes están privados de
la libertad, recluidos en un centro penitenciario o carcelario, haciendo
énfasis en el derecho a la salud que les asiste.
4. La relación
de especial sujeción en la que se encuentran los reclusos con relación al
Estado
La Corte
Constitucional ha indicado en su jurisprudencia, que, en razón a la privación
de la libertad de la que pueden ser objeto las personas en ejercicio del ius
puniendi estatal, surge una relación de especial sujeción con el Estado, que
implica que quienes estén en tal situación, quedan a disposición del Estado, a
través de su organización carcelaria.[2]
Esta relación de
especial sujeción conlleva, por una parte, que el interno quede sujeto a las
decisiones y determinaciones que se adopten en lo atinente a las condiciones de
reclusión del establecimiento carcelario o penitenciario de que se trate y; por
otra parte, que el Estado asume la responsabilidad por su cuidado y protección,
mientras que se encuentre privado de la libertad[3].
La Corte ha
señalado[4] como características de
este tipo de vínculo, las siguientes:
(i)
El
nacimiento de una relación de subordinación entre el recluso y el Estado,
causada en el deber del interno de cumplir la orden de reclusión proferida por
la autoridad judicial correspondiente.
(ii)
El
efecto de tal subordinación es que el recluso se somete a un régimen jurídico
especial que implica controles disciplinarios y administrativos, inclusive la
posibilidad de limitar el ejercicio de derechos, algunos fundamentales.
Sin embargo,
esta última posibilidad, relativa a la restricción de ciertos derechos, debe
tener por objeto garantizar los derechos de toda la población carcelaria, como
por ejemplo medidas que se adopten para garantizar la disciplina, la seguridad
y la salubridad, con miras a lograr su resocialización, como finalidad de la
pena.
(iii)
En
el contexto específico de esa relación especial de sujeción, el Estado es
responsable de la garantía de los derechos fundamentales de los reclusos. Por
ello, está obligado a brindarles las condiciones necesarias para una vida
digna, particularmente, en lo que tiene que ver con la provisión de alimentos,
la asignación de un lugar para su habitación y el disfrute de servicios
públicos, entre otros.
Así, de la
reclusión de una persona en un establecimiento penitenciario o carcelario nace
una relación de especial sujeción con el Estado, en la medida en que se crean
obligaciones y derechos específicos, que se explican en el ejercicio de su
potestad punitiva, en el cumplimiento de los fines de la pena, en la garantía
de los derechos de la población carcelaria en general, y de cada uno de los
reclusos.[5]
5. Los derechos
de las personas recluidas en centros penitenciarios y carcelarios
Como quiera que
el presente caso se relaciona con la situación en la que se encuentra una
persona que está privada de su libertad, cumpliendo una pena de prisión, es
pertinente que la Sala profundice en el tema de la limitación de derechos que
los reclusos afrontan por esa causa.
En punto de los
derechos fundamentales de los reclusos, la jurisprudencia ha distinguido
diferentes escenarios en los que aquellos gozan de un mayor o menor nivel de
restricción, de acuerdo a las circunstancias especificas. Así, ha señalado que
por causa de la pena privativa de la libertad impuesta, algunos derechos de los
reclusos se encuentran temporalmente suspendidos o limitados. Tal es el caso de
los derechos a la libertad personal, a la libertad de locomoción, a la libertad
de escoger oficio o políticos, entre otros. Por su parte, si bien otros
derechos no están suspendidos, pueden ser limitados por las razones mismas de
la reclusión, siempre y cuando las restricciones sean razonables y
proporcionales, y tengan origen en la ley. Entre ellos se encuentran derechos
como la intimidad, la educación, el trabajo, o a la información. No obstante,
en el caso concreto, los derechos al debido proceso, a la vida, o a la
integridad física se mantienen incólumes, frente a la situación de internación
en la que se encuentran las personas, como quiera que están íntimamente
relacionados con las condiciones de existencia del individuo.[6]
En ese contexto,
para el Estado surge la obligación de garantizar que los internos puedan
ejercer, plenamente, los derechos fundamentales que no han sido suspendidos por
causa de la pena que se les ha impuesto, y parcialmente, aquellos que les han
sido restringidos o limitados. De lo cual se sigue, que le corresponde al
Estado abstenerse de intervenir en la esfera misma de los derechos de los
internos, de tal forma que los haga nugatorios, y, adicionalmente, desarrollar
las acciones necesarias para garantizar su goce efectivo.[7]
En esa medida, es
imperioso para la organización estatal, adelantar acciones positivas para
garantizar a los reclusos el ejercicio de los derechos que no han sido objeto
de limitación, en razón a que, por causa de su reclusión, están en una
situación de indefensión, ya que esa circunstancia les impide satisfacer sus
necesidades por sí mismos. Por ello, y por estar ligado directamente con el
principio de dignidad humana, el Estado debe adoptar todas las medidas
tendientes a garantizar el mayor disfrute posible de los derechos
constitucionales de los reclusos.[8]
En ese sentido, la
Corte Constitucional ha indicado que “(…) el artículo 5 de la Carta Política
reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables
de las personas[9]; por consiguiente y
en relación al tema de la referencia, los sujetos recluidos en centros
carcelarios conservan su dignidad humana. La jurisprudencia de este tribunal ha
sido enfática al aplicar la exigencia constitucional de otorgar un trato digno
a la población carcelaria. Lo anterior, en atención a la diversidad de
tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados por Colombia, los
cuales imponen el respeto efectivo por la dignidad de las personas privadas de
la libertad.[10] En este sentido, la
reclusión no implica la pérdida de la condición de ser humano; la función y
finalidad de la pena, son la protección de la sociedad, la prevención del
delito y, principalmente, la resocialización
del sujeto responsable del hecho punible.”[11]
6. El derecho a
la salud de los reclusos
El Artículo 49 de la Constitución Política establece
que la salud es un derecho y un servicio público a cargo del Estado, y que le
corresponde a este garantizar a todas las personas su promoción, protección y
recuperación. Al respecto la jurisprudencia constitucional ha indicado que esta
es “una pretensión de cobertura total y general en la prestación de dichos
servicios y una obligación del Estado de diseñar las políticas públicas y los
sistemas para la provisión de las necesidades de la población en general, sin
distingo alguno.”[12]
Siguiendo esa
línea interpretativa, tal y como se expuso, existe un grupo de derechos de los
reclusos que no están limitados, por causa de la privación de la libertad de la
que son objeto. Tal es el caso del derecho a la salud, el cual, gracias a su
estrecha relación con el derecho a la vida y a la dignidad humana, permanece
incólume frente a su situación, lo que necesariamente implica que durante el
periodo dentro del cual se prolongue la reclusión, le corresponde al Estado
garantizar el acceso a los servicios que requieran los internos en la materia.[13]
Es por ello, que en cumplimiento del mandato
constitucional anotado, el legislador expidió la Ley 65 de 1993, “Por la
cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”, que en su Titulo IX,
regula la prestación del servicio de salud para quienes se encuentran recluidos
en un establecimiento penitenciario o carcelario. En ese sentido, el artículo
104 del citado ordenamiento establece:
“ARTICULO 104. SERVICIO DE
SANIDAD. En cada establecimiento se organizará un servicio de sanidad para
velar por la salud de los internos, examinarlos obligatoriamente a su ingreso
de reclusión y cuando se decrete su libertad; además, adelantará campañas de
prevención e higiene, supervisará la alimentación suministrada y las
condiciones de higiene laboral y ambiental.
Los servicios de sanidad y salud podrán prestarse directamente a través
del personal de planta o mediante contratos que se celebren con entidades
Públicas o privadas.”
Por su
parte, el artículo 105 del mismo ordenamiento, dispone que el servicio médico
penitenciario y carcelario, debe estar conformado por diferentes profesionales
del área de la salud, tales como médicos, psicólogos, odontólogos, psiquiatras,
terapistas, enfermeros y auxiliares de enfermería.
Particularmente,
en lo que interesa a esta causa, el artículo 107 de la ley comentada, establece
que si un interno padece una enfermedad mental, diagnosticada por el médico del
centro de reclusión, el director del mismo deberá solicitar el dictamen médico
legal correspondiente, y en el evento en que se confirme el diagnóstico
inicial, requerirá su internación en un establecimiento psiquiátrico, clínica
adecuada, casa de estudio o de trabajo, según sea el caso, previo aviso al juez
de ejecución de penas y medidas de seguridad. Al efecto la norma en cita dispone:
“ARTICULO 107 CASOS DE
ENAJENACION MENTAL. Si un interno presentare signos de enajenación mental y el
médico del centro de reclusión dictamina que el recluso padece enfermedad
psíquica, el director del respectivo centro, pedirá el concepto médico legal,
el cual si es afirmativo, procederá a solicitar su ingreso a un establecimiento
psiquiátrico, clínica adecuada, casa de estudio o de trabajo, según el caso,
dando aviso al Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.”
De la lectura de
las normas citadas, se puede concluir, que el Estado tiene la obligación de
garantizar que los reclusos tengan acceso al servicio de salud cuando lo
requieran, lo cual se explica en la imposibilidad en la que se encuentran, por
cuenta de la privación de la libertad, para afiliarse a uno de los regímenes en
salud previstos en el Sistema General de Seguridad Social, o para acudir a una institución
médica de naturaleza pública o privada, en procura de la atención para sus
enfermedades o dolores, razón por la cual, los internos dependen, única y
exclusivamente, de los servicios de salud que, para ese efecto, el Sistema
Penitenciario y Carcelario les proporcionen.[14]
Sobre este
aspecto, la jurisprudencia constitucional ha indicado que “Por la salud del
interno debe velar el sistema carcelario, a costa del tesoro público, y la
atención correspondiente incluye, también a su cargo, los aspectos médicos,
quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos, entre otros. Los derechos
fundamentales del preso resultarían gravemente violados por la negligencia
estatal en estas materias, así como por la falta de cuidado y asistencia
requeridos para la prevención, conservación y recuperación de su salud.”[15]
Por ello, ha estimado que “Es el
sistema carcelario el que tiene a su cargo, a falta de antecedentes y ante el
hecho innegable de deficiencias acusadas en la salud del recluso, el que debe
propiciar con eficiencia y de manera oportuna los mecanismos indispensables
para esclarecer el estado real en que se encuentra aquél, para prodigarle los
cuidados médicos, asistenciales, terapéuticos o quirúrgicos, según el caso, y
garantizarle así la preservación de una vida digna durante su permanencia en el
penal.”[16]
Específicamente,
la Corte ha indicado que al limitarse las opciones del interno para acceder al
Sistema de Salud, tal y como ya se señaló, resulta imperioso garantizar de
forma absoluta su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud
física y mental. Ha dicho al respecto que:
“(…) al
presentarse una limitación irresistible de las posibilidades de opción del
interno (no poder vincularse a ningún programa de salud ni obtener dichos
servicios por cualquier medio), se hace necesario garantizar de manera absoluta
el derecho, "al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental" (artículo 12 del pacto internacional de derechos económicos
sociales y culturales), como una consecuencia normativamente determinada a
partir de la relación de especial sujeción.”[17]
Conforme con la
jurisprudencia constitucional, el derecho al disfrute del más alto nivel
posible de la salud, supone, necesariamente, que las diferentes autoridades
carcelarias tienen el deber de asegurar que los reclusos tengan la atención
médica que requieren para tratar las enfermedades que padezcan. En tal sentido,
la atención debe ser adecuada, es decir, incluir, no solamente lo
relacionado de forma directa con la subsistencia del recluso, sino además, el
acceso a los servicios de prevención, atención y restablecimiento, así como
el tratamiento quirúrgico, hospitalario farmacéutico[18],
y de ser el caso, la práctica de los exámenes y pruebas técnicas[19],
que el recluso requiera para la preservación de su vida y de su salud”.[20]
En este orden de
ideas, se tiene que el Ordenamiento Superior exige al Estado destinar todos los
recursos para garantizar el derecho a la salud de quienes se encuentran
privados de la libertad, de tal forma que les sea provista una atención médica
oportuna eficiente y adecuada, que respete su dignidad humana.
Específicamente, la Corte ha estudiado
el caso de los reclusos, que padecen enfermedades mentales, que solicitan al
correspondiente establecimiento carcelario un tratamiento médico adecuado.
Concretamente, en la Sentencia T-687 del 8 de agosto de 2003, M. P. Eduardo
Montealegre Lynett, esta Corporación abordó la materia, a propósito del caso de
un interno que reclamaba la práctica de exámenes médicos y el tratamiento
psicológico y psiquiátrico adecuado para “los problemas mentales” que
padecía. En esa oportunidad, se consideró que “si se ha puesto en evidencia
la necesidad de un tratamiento médico, las autoridades penitenciarias como
garantes institucionales, debieron actuar con un máximo nivel de diligencia. En
consecuencia, debieron no sólo agilizar los trámites respectivos para
garantizar el tratamiento médico y la práctica de los exámenes prescritos, sino
también suministrar la información al interno, sobre su adelantamiento y la oportunidad
en que los mismos se llevarían a cabo.” En consecuencia, la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional concedió el amparo deprecado.
Particularmente,
en relación con el derecho a la salud de quienes están privados de la libertad,
la Corte ha indicado que, en razón de la relación especial de sujeción en la
que se encuentran con el Estado, aquel adquiere el carácter de fundamental y
por tanto, es susceptible de ser protegido a través del ejercicio de la acción
de tutela. En ese sentido ha estimado que:
“(...) en el
caso de las relaciones de especial sujeción, la protección constitucional del
derecho a la salud, no depende del establecimiento de una relación de conexidad
entre sus contenidos y los de otro derecho fundamental, ni tampoco está
limitada a desarrollos progresivos en materia normativa o presupuestal, o menos,
restringida a los contenidos definidos en el plan obligatorio de salud POS. Por
el contrario, considera la Corte, que en estos casos el derecho al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental, constituye un derecho
fundamental autónomo, cuya protección se puede perseguir judicialmente mediante
el ejercicio de la acción de tutela.”[21]
En complemento
de lo anotado, la Corte en la reciente Sentencia T-511  de 2009, M. P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub indicó, sobre el tema del traslado de internos, por
diferentes causas “que el juez constitucional está facultado para evaluar la
medida adoptada por la autoridad competente únicamente en aquellos casos en los
que se trata de una decisión arbitraria, pues si la medida es razonable y
proporcionada no puede sustituir la decisión discrecional de la autoridad
carcelaria a quien la ley le otorga la facultad para evaluar las condiciones y
circunstancias de seguridad, disciplina, orden e higiene en cada
establecimiento penitenciario y carcelario.”
Con fundamento
en las consideraciones
precedentes,
la Sala pasa a analizar el caso concreto.
7. Caso concreto
Con los
elementos de juicio que reposan en el expediente la Sala encuentra probados los
siguientes hechos:
·
Que
el señor Edward Orlando Barrios Arias fue condenado a la pena privativa de la
libertad de 30 años de prisión, por los delitos de fabricación, tráfico y porte
de armas de fuego o municiones, homicidio agravado y hurto calificado y
agravado. Pena que cumplía al momento de la presentación de la acción de tutela,
en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón.
·
Que
el Doctor Ángel Francisco Acevedo Pabón, médico adscrito al
Establecimiento Penitenciario de Combita, Boyacá, el 24 de noviembre de 2007, encontró
que el interno presentaba un “Estado General de salud REGULAR. Paciente con
evolución satisfactoria y pronóstico MALO, para futuro de no se r manejado por
médico psiquiatra en institución nivel III-IV ibídem. Pendiente remisión a
institución de salud psiquiatrita del circuito penitenciario y determinar
diagnostico que a continuación se mencionan:
1. EZQUIZOFRENIA
EBEFRENICA? EN TRATAMIENTO
2. TRANSTORNO
AFECTIVO BIPOLAR? EN ESTUDIO
3. HISTERIA LEVE
A MODERADA.
4. CLAUSTROFOBIA
SEVERA
5.
HIPOCONDRIACO???. ”
·
Que
la Defensoría del Pueblo, desde el mes de noviembre de 2007, en
reiteradas ocasiones solicitó al INPEC, que, con carácter urgente, adoptara “las
medidas necesarias para proteger la vida e integridad” del interno Edward
Orlando Barrios Arias, y, concretamente, que lo remitiera a una Unidad de Salud
Mental, conforme con lo previsto para el efecto por el artículo 107 de la Ley
65 de 1993.
·
Que,
el 2 de febrero de 2008, el Doctor Wilson Fernando Rodríguez Huertas, médico
del Establecimiento Penitenciario de Combita, Boyacá, confirmó el diagnóstico
inicial del interno, en el sentido de considerar que padecía de:
“1. Trastorno
depresivo mayor.
2. Riesgo
suicida moderado secundario a 1.
3. Gastritis
crónica.”
·
Que,
no obstante tener conocimiento del estado de salud mental del recluso, el INPEC
no realizó ninguna gestión tendiente a brindarle una atención médica adecuada,
conforme con lo que ordenan las normas pertinentes en la materia. Ello, en
palabras de la Defensoría del Pueblo, al no darle “… una ubicación adecuada
para su rehabilitación al interno enfermo mental…”
Vistas las
circunstancias del caso concreto, le corresponde a la Sala establecer si el
INPEC ha vulnerado los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a
la dignidad y a la igualdad, del señor Edward Orlando Barrios Arias, al abstenerse
de prestarle la atención médica que requiere para las enfermedades que padece.
Como se expuso
anteriormente, por virtud de la privación de la libertad de la que son objeto
las personas, como consecuencia de la aplicación del poder punitivo del Estado,
nace una relación especial de sujeción entre aquellas y este, que las ubica
bajo la tutela de la administración carcelaria y penitenciaria. Tal vínculo
implica que algunos de sus derechos se limiten por causa de la pena impuesta;
otros se restrinjan parcialmente, por razones de la reclusión, siempre que sea
razonable y proporcionado, de acuerdo con la ley; y un tercer grupo permanezca
incólume, correspondiéndole al Estado velar por su pleno ejercicio y goce.
Dentro del
tercer grupo se encuentra el derecho a la salud de los reclusos. En esa
materia, a la organización estatal le corresponde garantizar que los internos
tengan acceso a los servicios de salud, como quiera que, por cuenta de su
reclusión, son sujetos de especial protección, en la medida en que no pueden
satisfacer por sí mismos sus necesidades en la materia, como quiera que no es
posible que se afilien a los regímenes del Sistema de Salud, o que acudan a una
institución pública o privada en búsqueda de atención médica. En este orden de
ideas, el Estado se obliga a asegurar de forma absoluta su derecho al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental, garantizando el acceso de
los internos a los servicios de salud que requieran para tratar las
enfermedades que los aquejen.
En el presente
caso, la Corte advierte que se trata de una persona que está purgando una
condena de 30 años de prisión en el Establecimiento Penitenciario de Alta y
Mediana Seguridad de Girón, a quien, inicialmente, le fue diagnosticado por un
médico de la entidad, “Trastorno depresivo mayor” y “Riesgo suicida
moderado secundario”, dictamen que, posteriormente, fue confirmado por un
galeno de la misma institución. Por tal razón, los médicos consideraron que el
interno requería ser trasladado a una institución psiquiátrica del circuito
penitenciario.
Observa la Sala
que, a pesar de los conceptos médicos existentes, el INPEC no tomó ninguna
medida al respecto, ni siquiera atendió los requerimientos presentados por la
Defensoría del Pueblo para que adoptara las medidas necesarias para proteger la
vida, salud e integridad del recluso, ni muchos menos, ordenó su traslado a un
centro psiquiátrico en el que se le pudiera prestar la atención necesaria para
la enfermedad mental que padece.
Por lo anterior,
encuentra esta Corporación que el INPEC, con su conducta omisiva, desconoció la
obligación que le asiste de garantizar el derecho a la salud de quienes, por
causa del poder punitivo del Estado, se encuentran privados de la libertad.
Ello, como quiera que la entidad, conociendo los conceptos médicos que daban
cuenta del estado de salud del actor, no ordenó la práctica del correspondiente
dictamen médico legal, ni, de ser necesario, dispuso su traslado a un centro
médico idóneo, que le pudiera prestar un tratamiento especializado y adecuado
para la enfermedad mental que lo aqueja. Con mayor razón, si se tiene en cuenta
que, por causa de su reclusión, el interno no puede afiliarse autónomamente a
ninguno de los regímenes del Sistema de Salud, ni acudir a instituciones
públicas ni privadas en búsqueda de atención para tratar sus quebrantos de
salud, por lo cual es sujeto de especial protección constitucional.
En este orden de
ideas, la Sala concluye que el INPEC vulnera el derecho fundamental del interno
a la salud, al negarse a ordenar su traslado a una institución médica en la que
le suministren el tratamiento especializado y adecuado, que requiere para sus
enfermedades mentales.
Ahora bien, en
la medida en que la acción de tutela que se revisa fue concedida por el juez de
instancia, ordenando que, previa la valoración médica correspondiente, se
dispusiera el
“traslado
del señor EDWARD ORLANDO BARRIOS ARIAS a la unidad de salud mental que resulte
más cercana a su núcleo familiar”, la Sala debe analizar si tal medida es
suficiente e idónea para proteger los derechos fundamentales del interno,
conforme con las normas en la materia.
Específicamente,
con relación al procedimiento que debe seguirse cuando se observe que un
interno padece enfermedades mentales, el artículo 107 de la Ley 65 de 1993,
establece que, de presentarse tal enfermedad en un recluso, diagnosticada por
el médico del centro de reclusión, el director del mismo debe solicitar el
dictamen médico legal, y en caso de que la evaluación inicial se confirme,
dispondrá su traslado a un establecimiento psiquiátrico, clínica adecuada, casa
de estudio o de trabajo, según sea el caso y se requiera, previo aviso al
correspondiente juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. La
disposición comentada indica:
“ARTICULO 107 CASOS DE
ENAJENACION MENTAL. Si un interno presentare signos de enajenación mental y el
médico del centro de reclusión dictamina que el recluso padece enfermedad
psíquica, el director del respectivo centro, pedirá el concepto médico legal,
el cual si es afirmativo, procederá a solicitar su ingreso a un establecimiento
psiquiátrico, clínica adecuada, casa de estudio o de trabajo, según el caso,
dando aviso al Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.”
Se reitera que,
conforme con la disposición citada, si un recluso padece de una enfermedad
mental, (i) dictaminada por los médicos adscritos al INPEC, el director del
establecimiento carcelario o penitenciario, deberá (ii) solicitar al Instituto
Nacional de Medicina Legal que confirme la opinión inicial a través de un
dictamen médico legal, y de encontrarlo necesario, (iii) ordenará su traslado a
“un establecimiento psiquiátrico, clínica adecuada, casa de estudio o de
trabajo, según el caso”. Lo cual significa que la decisión de internar al
recluso en una de las instituciones que la norma señala, debe responder a la
valoración médica efectuada por los galenos de la institución, confirmada por
un dictamen médico legal, de acuerdo con su estado de salud, y debe tener en
cuenta que su traslado se ordenará a la institución médica especializada, que
pueda brindarle un tratamiento adecuado para su padecimiento, en las
condiciones más idóneas, previo aviso al juez de control de garantías.
Por lo anterior,
para la Sala, la orden emitida por el juez de tutela no debió limitarse a
disponer el traslado del actor a la unidad de salud mental más cercana a su
núcleo familiar. La medida debió tener en cuenta que, su eventual internación
en una institución médica, debía atender la valoración correspondiente,
confirmada por el dictamen médico legal, y de lo que de ello resultara,
conforme con el artículo 107 de la Ley 65 de 1993, debía ordenarse su traslado
a la institución que pudiera brindarle las mejores condiciones en la prestación
de tratamiento que requiere el recluso.
Finalmente, como se expuso en líneas
anteriores, en la medida en que la acción de tutela se constituye en el
mecanismo idóneo para perseguir la protección del derecho fundamental a la
salud de los reclusos, en razón a que se trata de un sujeto de especial
protección constitucional, que tiene limitado el pleno ejercicio de sus
derechos, ella resulta procedente en este caso.
Por las razones
expuestas, la Corte confirmará la sentencia proferida, el 24 de marzo de 2009,
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura
de Cundinamarca, en cuanto protegió el derecho fundamental a la salud del señor
Edward Orlando Barrios Arias, pero la modificará en cuanto a la orden emitida,
en el sentido de ordenar al Director del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario –INPEC- que, a través del director del Establecimiento Penitenciario
en el que se encuentre recluido el accionante que, conforme con el concepto
médico legal de su estado de salud mental, ordenado por el numeral primero de
la misma providencia, y de encontrarse procedente, disponga, inmediatamente, su
traslado a la institución médica especializada, que le pueda ofrecer el
tratamiento que requiere para su enfermedad, en las condiciones más altas
posibles de idoneidad, conforme con las normas pertinentes.
IV.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida, el 24 de marzo de
2009, por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, por la cual se TUTELO el derecho
fundamental a la salud del señor Edward Orlando Barrios Arias.
Segundo. MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia proferida el 24 de marzo de
2009, por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y, en su
lugar, ORDENAR al Director del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario –INPEC-, que, a través del director del Establecimiento
Penitenciario en el que se encuentre recluido el señor Edward Orlando Barrios
Arias que, conforme con el concepto médico legal de su estado de salud mental,
ordenado por el numeral primero de la misma providencia, y de encontrarse
procedente, inmediatamente, tome todas las medidas necesarias para que sea
trasladado a la institución médica más idónea y especializada, que pueda
proporcionarle el tratamiento que requiere para su enfermedad, conforme con lo
establecido para el efecto en el artículo 107 de la Ley 65 de 1993.
Tercero. Por Secretaría
General, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
Magistrado
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] De esta forma ha
procedido la Corte Constitucional, entre otras, en las Sentencias T-896 A del 2
de noviembre de 2006, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-268 del 11 de marzo
de 2008, M. P. Jaime Araujo Rentería.
[2] Ver, entre
otras, las Sentencias T-714 del 16 de diciembre de 1996, M. P. Eduardo
Cifuentes Muñoz. Específicamente, con relación al tema del estado de sujeción
especial de los reclusos frente al Estado ver, entre otras, las sentencias
T-596 del 10 de diciembre de 1992, M. P. Ciro Angarita Barón; T-1006 del 15 de
noviembre de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil, T-1030 del 30 de octubre de 2003,
M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-615 del 23 de junio de 2008, M. P. Rodrigo
Escobar Gil.
[3] Ver,
entre otras, las sentencias T-572 del 27 de mayo de 2005, T-133 del 23 de
febrero de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, y T-615 del 23 de junio
de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[4] Ver Sentencia
T-615 del 23 de junio de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[5] Ibídem.
[6] Ver Sentencia
T-578 del 27 de mayo de 2005, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[7]
Ver
Sentencia T-615 del 23 de junio de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[8]
Ibídem.
[9] El artículo 5 de
la Constitución Política establece que: “ El Estado reconoce,
sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la
persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad”.
[10] Sentencia T-296
del 16 de junio de 1998, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[11] Sentencia T-133
del 23 de febrero de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[12] Ver
Sentencia T-1024 del 2008, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[13]
Ver
Sentencia T-615 del 23 de junio de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[14] Ver Sentencia
T-1006 de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[15] Ver
Sentencia T-535
del 28 de septiembre de 1998. M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
[16] Ver
Sentencia T-606 del 28 de octubre de 1998, M. P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[17] Ver
Sentencia T-687 del 8 de agosto de 2003, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
[18] Sentencia T-583
del 19 de octubre de 1998, M. P. José Gregorio Hernández Galindo. Sobre el
deber del Estado de suministrar los medicamentos que el recluso requiera para
la recuperación de su salud, se pueden consultar, entre otras, la sentencia
T-607 del 27 de octubre de 1998, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
[19] En el mismo
sentido se pueden consultar las sentencias: T-1499 del 2 de noviembre de 2000,
M. P, María Victoria Sáchica de Méndez, T-775 del 22 de junio de 2000, M. P.
Alejandro Martínez Caballero, T-606 del 27 de octubre de 1998, M. P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[20] Ver
Sentencia T-161 del 8 de marzo de 2007, M. P. Jaime Araujo Rentería.
[21] Ver
Sentencia T-687 del 8 de agosto de 2003, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.