T-556-03
T 602996 ACCIONESPOPULARES
Sentencia T-556/03
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES-Marco normativo
El sistema de seguridad social integral en Colombia
–Ley 100 de 1993- tiene cuatro componentes generales: (a) el sistema general de
pensiones, (b) el sistema general de salud, (c) el sistema general de riesgos
profesionales y (d) los servicios sociales complementarios definidos en la
propia ley Sistema General de Riesgos Profesionales fue complementada también
por el Decreto 1295 de 1994, expedido en ejercicio de facultades
extraordinarias, así como por la Ley 776 de 2002.
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES-Objetivo
El SGRP está orientado a proteger al trabajador de las
contingencias o daños sufridos con ocasión o como consecuencia de la actividad
que desarrollan, no sólo mediante servicios de rehabilitación sino también con
medidas de carácter preventivo.
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES-Responsabilidad objetiva del empleador
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES-Esquema de aseguramiento
En cuanto al fundamento de la responsabilidad, fue
concebido en virtud del riesgo creado, es decir, “no se toma en cuenta la culpa
del empleador sino que se establece una responsabilidad objetiva por cuya
virtud resulta obligado a reparar los perjuicios que sufre el trabajador al
desarrollar su labor en actividades en las que el empresario obtiene un beneficio”.
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES-Esquema de aseguramiento
Fue diseñado bajo un esquema de aseguramiento, asumido
por entidades especializadas previo pago de un aporte a cargo exclusivo del
empleador, pero siempre bajo la dirección y administración del Estado. El
sistema consagra prestaciones tanto de carácter asistencial - atención médica,
quirúrgica, hospitalaria, de rehabilitación, etc.- como de carácter económico -
subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente
parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes, auxilio funerario -,
las cuales lejos de ser excluyentes resultan complementarias.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES-Función/ASEGURADORA DE RIESGOS
PROFESIONALES-Obligaciones
Las ARP constituyen el elemento central del sistema
general de riesgos profesionales, pues son ellas entidades especializadas
encargadas de manejar los aportes del empleador y asegurar su correcta
utilización. El artículo 80 del Decreto 1295/94 les encomienda, garantizar la
prestación de los servicios de salud de sus afiliados así como el
reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones económicas a que hubiere
lugar. En la Ley 776 de 2002 también se señala que las ARP deben responder
íntegramente por las prestaciones (asistenciales y económicas) derivadas de un
accidente laboral o enfermedad profesional, “tanto en el momento inicial como
frente a sus secuelas, independientemente de que el trabajador se encuentre
afiliado o no a esa administradora”.
DEBERES DEL EMPLEADOR-Responsabilidad frente a sus trabajadores
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-Función/ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-Límites
a obligaciones
Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) son encargadas
de prestar los servicios de salud derivados de un accidente de trabajo o de una
enfermedad profesional, excepto en los casos de rehabilitación profesional y
los servicios de salud ocupacional, los cuales podrán ser prestados por las
ARP.  Todo ello será con cargo a la ARP, quien para tal fin deberá suscribir
los correspondientes convenios con la Entidad Promotora de Salud.
DEBERES DEL EMPLEADOR-Responsabilidad posterior al accidente o
enfermedad de sus trabajadores
En la atención de riesgos profesionales también
participa el empleador.  La responsabilidad de aquel no sólo es previa, sino
concomitante e incluso posterior a la ocurrencia de un accidente o de una
enfermedad profesional, pues el deber de “procurar el cuidado integral de la
salud de los trabajadores” no es una exigencia que se agota con el pago de las
cotizaciones a la ARP o con la notificación de una contingencia laboral.
Tratándose de un riesgo creado, el patrono debe asumir ciertas cargas derivadas
del ejercicio de su actividad y de las consecuencias desafortunadas que puedan
afectar la salud de sus trabajadores.
DERECHO A LA REUBICACION LABORAL-Deber del empleador/REUBICACION LABORAL-Derecho
del trabajador de ser reubicado en cargo de igual categoría
Sumado a la obligación de atender oportunamente los
requerimientos de la ARS o de la EPS en caso de un accidente o enfermedad
profesional, el empleador debe  adoptar las medidas dispuestas por los
especialistas para garantizar la plena rehabilitación de un trabajador, dentro
de las cuales se encuentra la reubicación laboral. Quien ha sufrido una disminución
en su capacidad laboral tiene derecho a ser reubicado en un cargo para el cual
esté capacitado, de la misma categoría y que sea compatible con sus condiciones
y aptitudes, como expresamente lo disponen los artículos 4 y 8 de la Ley 776 de
2002.
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DEL TRABAJADOR-Reubicación por sufrir disminución en su
capacidad física
DERECHO AL TRABAJO-Aspectos determinantes para reubicación
por condiciones de salud
EMPLEADOR-Sanciones por negligencia en la atención de
requerimientos derivados de un accidente laboral
EMPLEADOR-Sanción cuando por su culpa sobreviene accidente de
trabajo o enfermedad profesional
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Controversia laboral
CONFLICTO LABORAL-Violación de derechos fundamentales
La atención en riesgos profesionales, aún cuando hace
parte del sistema integral de seguridad social, es de amplia configuración
legal y no está concebida directamente como componente básico de algún derecho
fundamental, en ciertos casos tiene implicaciones sobre  aquellos en la medida
en que sus efectos se proyectan tanto en las condiciones de vida de la persona
como en su desempeño laboral. Por lo mismo, las irregularidades en su
prestación pueden significar la violación de derechos como la vida digna, la integridad
física o el trabajo, y en estos eventos la acción de tutela constituye un
mecanismo idóneo de protección. Cuando el juez constitucional encuentra que los
derechos fundamentales de un trabajador se han visto amenazados en razón del
incumplimiento de las obligaciones a cargo de quienes integran, directa o
indirectamente, el sistema general de riesgos profesionales, tiene el deber de
adoptar las medidas necesarias para conjurar esa irregularidad.
JUEZ CONSTITUCIONAL-No es competente si no hay vulneración de
un derecho fundamental/JUEZ CONSTITUCIONAL-No es el llamado a resolver
controversia patrimonial
El demandante cuestiona a la empresa porque, según su
criterio, no remitió oportunamente algunos documentos requeridos por la ARP,
circunstancia que impidió la plena rehabilitación de su mano derecha, todo lo
cual considera que le da derecho a recibir la indemnización prevista en los
artículos 207 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Fácil es concluir que la
controversia en este punto reviste una connotación netamente patrimonial y
escapa, por tanto, a la órbita de competencia del juez de tutela en la medida
en que esa sola circunstancia no compromete ningún derecho fundamental.
JURISDICCION ORDINARIA-Competencia para resolver la procedencia o
no de indemnización
Referencia: expediente T-711716
Acción de tutela instaurada por Albeiro
Montoya Quintero contra la empresa Cerámica Italia S.A.
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil tres
(2003).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, JAIME ARAUJO
RENTERÍA y ALFREDO BELTRÁN SIERRA, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, en particular las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9 de
la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro de la
acción de tutela promovida por el señor Albeiro Antonio Montoya Quintero contra
la empresa Cerámica Italia S.A., por considerar vulnerados sus derechos a la
vida, a la igualdad, de petición, al trabajo y a la seguridad social, ante la
negativa de dicha entidad para adoptar, según él, las medidas necesarias a fin
de restablecer sus condiciones de salud como consecuencia  de un accidente
sufrido en esa empresa.
I. HECHOS
El día 26 de
junio de 1999, encontrándose al servicio de Cerámica Italia S.A., el señor
Albeiro Montoya sufrió un accidente de trabajo que afectó gravemente su mano
derecha; fue atendido por la EPS del Seguro Social y remitido luego a la
administradora de riesgos profesionales de Seguros Bolívar, a la cual se
encontraba afiliado.
Según indica el
demandante, la Junta Médica  realizada el 25 de agosto de 2000 decidió llevar a
cabo una intervención quirúrgica en su miembro superior derecho.  Sin embargo,
advierte, Cerámica Italia fue negligente en el suministro de una información
requerida por Seguros Bolívar para aclarar su situación, lo cual condujo a que
la cirugía no fuera practicada y perdiera con ello la oportunidad para
rehabilitarse en forma integral, pues quedó con una limitación funcional
permanente del 33.98% de su capacidad laboral.
Afirma haber sido trasladado a una
dependencia con más alto riesgo de accidente y donde requería mayor esfuerzo
físico, por lo que su situación empeoró al punto de ser incapacitado durante
más de 400 días continuos.  Posteriormente, sostiene, fue reubicado en una
división que exigía actividad permanente de su otra mano (izquierda) que
terminaría por ocasionarle una nueva incapacidad laboral.
Explica que en la actualidad se
encuentra incapacitado y con limitación funcional en ambos miembros superiores,
producto de la tendinitis que padece ante la negligencia de la empresa Cerámica
Italia para adoptar las medidas necesarias para su reubicación laboral, la
última de las cuales fue ordenada el 8 de noviembre de 2002.  En el mismo
sentido, asegura que la empresa se ha negado a suministrar la información
requerida por salud ocupacional del Instituto de Seguros Sociales, no le
permite conocer el análisis sobre su puesto de trabajo realizado por la
entidad, e incluso ha promovido una investigación en su contra con el fin de
dar por terminado el vínculo contractual.
Como consecuencia de lo anterior,
solicita se sancione a Cerámica Italia de acuerdo con lo previsto en los
artículos 207 del Código Sustantivo del Trabajo (multa si la empresa retrasa u
obstaculiza la atención médica requerida) y 216 del mismo estatuto
(indemnización total y ordinaria por perjuicios en la ocurrencia de una
enfermedad profesional en caso de culpa del patrono).
TRÁMITE DE LA TUTELA E INTEGRACIÓN
DEL CONTRADICTORIO
La demanda fue repartida al Juzgado
6 Civil Municipal de Cúcuta, quien mediante auto del 21 de noviembre de 2001
consideró necesario integrar el contradictorio vinculando al Instituto de
Seguros Sociales y a Seguros Bolívar A.R.P.  Como consecuencia de ello, de
acuerdo a las previsiones del Decreto 1382 de 2000, remitió el asunto a los
juzgados civiles del circuito para que se continuara el trámite de la acción.
RESPUESTA DE CERÁMICA ITALIA S.A.
El señor David Ararat Mafla, en su
condición de representante legal de Cerámica  Italia S.A., se opone a la
demanda contra la empresa y solicita declarar improcedente la tutela.
En primer lugar advierte que dicha
entidad ha remitido oportunamente a Seguros Bolívar los informes relacionados
con las condiciones laborales del señor Albeiro Montoya Quintero, pero advierte
que la empresa aún no conoce la sintomatología actual del demandante, por
cuanto las entidades de seguridad social están realizando las evaluaciones
pertinentes.
En segundo lugar, explica que
también han sido acatadas las recomendaciones de reubicación laboral de la
administradora de riesgos profesionales, según los estudios por ella
realizados, y han sido concedidas las incapacidades y los permisos necesarios
para la rehabilitación del trabajador.
En tercer lugar, niega que exista
alguna investigación en contra del demandante, pues solamente ha solicitado
información sobre el horario y las fechas en las cuales el paciente fue
atendido en las entidades de seguridad social.
Finalmente, precisa que a pesar del
informe elaborado por la ARP, la propia empresa ha solicitado a la división de
salud ocupacional del Seguro Social un nuevo estudio sobre la situación laboral
del demandante para determinar si hay alguna relación con el estado clínico que
presenta.
RESPUESTA DE SEGUROS BOLÍVAR (ARP)
El representante de la Compañía
Seguros Bolívar S.A., administradora de riesgos profesionales a la que se
encuentra afiliado el accionante, considera que dicha entidad no ha vulnerado
los derechos del peticionario.
Comienza por señalar que, en
atención al reporte enviado por Cerámica Italia, Seguros Bolívar garantizó la
atención necesaria para la rehabilitación física del señor Montoya Quintero,
cuyos costos ascendieron a $ 1’827.472, y reconoció el subsidio por incapacidad
laboral durante 422 días, en cuantía de $8’748.937, sin que existan
reclamaciones pendientes por dicho concepto.
También señala que el proceso de
calificación de pérdida de la capacidad laboral fue asumido por la entidad,
donde la Junta Nacional de Calificación de Invalidez fijó una disminución permanente
de capacidad en 33.98%.  Ante ello, explica, la aseguradora reconoció y canceló
la indemnización de acuerdo con las normas vigentes, por un valor de $
11’089.218.
De otra parte, sostiene el
representante de Seguros Bolívar, el 24 de julio de 2000 el médico de la
entidad dirigió a Cerámica Italia una comunicación según la cual la reubicación
laboral del señor Montoya Quintero debía hacerse en áreas que no demandaran
esfuerzos que comprometieran la muñeca afectada, obteniendo como respuesta que
no existían oficios de esta naturaleza.  Sin embargo, da cuenta de una
reubicación efectuada, donde luego de un estudio se pudo comprobar que el
demandante estaba recargando las actividades en su mano izquierda (no lesionada
hasta entonces), y ante lo cual la aseguradora le hizo un llamado para cumplir
en debida forma las instrucciones de rehabilitación.
En este orden de ideas solicita
declarar la improcedencia del amparo, no sólo por considerar que la entidad no
ha vulnerado los derechos del peticionario, sino porque no observa una
situación de subordinación o indefensión que haga procedente la tutela contra
particulares ante la existencia de otros mecanismos judiciales de defensa.
RESPUESTA DEL SEGURO SOCIAL
Para el jefe del departamento de
protección laboral del Seguro Social, Seccional Norte de Santander, la
situación específica del demandante es ajena a la entidad porque la Compañía
Seguros Bolívar ha sido la encargada de atenderlo y seguir el proceso de
rehabilitación, ya que se trató de un accidente laboral cubierto por la
administradora de riesgos profesionales.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado 4 Civil del Circuito de Cúcuta negó el
amparo mediante sentencia del tres de diciembre de 2002.  Según su criterio, el
accionante solamente pretende que se sancione a la empresa de acuerdo a lo
previsto en los artículos 207 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es,
bajo la forma de indemnización, para lo cual existen mecanismos judiciales ante
la jurisdicción ordinaria que tornan improcedente la tutela.
IMPUGNACIÓN
El peticionario impugnó oportunamente la sentencia de
primera instancia por considerar que la conducta de la entidad compromete de
manera grave algunos de sus derechos fundamentales.
Según él, Cerámica Italia no remitió oportunamente a
la ARP el informe del accidente de trabajo, lo que impidió la práctica de la
intervención quirúrgica y con ello la posibilidad de su rehabilitación
integral. Así mismo, destaca que la reubicación laboral le trajo como
consecuencia la disfunción de su otro miembro superior y una nueva incapacidad
luego de dos años de actividades repetitivas.
Recuerda que se encuentra con limitación funcional de
ambas manos y considera que los daños sufridos solamente pueden evitarse con su
desvinculación o renuncia de la empresa en los términos de los artículos 207 y
216 del Código Sustantivo del Trabajo.
En escrito allegado durante el trámite de la
apelación, el peticionario precisa que en ningún momento ha pretendido demandar
al Seguro Social o a la Compañía de Seguros Bolívar, pues, según sus palabras,
“estos han tratado de cumplir conmigo hasta donde les corresponde”.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de
Cúcuta, por sentencia del tres (3) de febrero de 2003, confirmó el fallo del
a-quo.  Para el tribunal, la inconformidad del actor radica en una posible
negligencia de Cerámica Italia en presentar un informe a la administradora de
riesgos profesionales en el año 2000.  Sin embargo, encuentra que cualquier
irregularidad al respecto ya fue subsanada, “pues dicho informe se rindió en
ese mismo año y finalmente se pudo realizar la intervención requerida”.
De otra parte, observa que la
empresa atendió la solicitud de reubicación laboral desde hace más de dos años,
asignando al peticionario el cargo de seleccionador que, según el informe
médico de Salud Ocupacional, no comprometía su salud ni representaba esfuerzo
físico.
PRUEBAS
Durante el trámite de la tutela cada una de las partes
allegó varios documentos, los cuales serán relacionados y tenidos en cuenta al
analizar la situación concreta del peticionario.
II. CONSIDERACIONES  Y
FUNDAMENTOS
Competencia
1.- La Corte Constitucional es competente para revisar
los fallos de tutela proferidos en el presente caso, de conformidad con lo
previsto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, el Decreto
2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.
Delimitación del ámbito objeto
de estudio
2.- A juicio del demandante, Cerámica Italia ha sido
negligente en la atención del problema derivado del accidente laboral que
sufrió en julio de 1999, particularmente por dos razones: de un lado, ante la
negativa a remitir oportunamente los informes necesarios para la realización de
una intervención quirúrgica que le permitiera rehabilitar completamente su mano
derecha y, por el otro, ante la negativa a reubicarlo en una dependencia donde
no se comprometa la integridad de su miembro superior izquierdo.  En este
sentido, considera que el restablecimiento de sus derechos solamente es posible
mediante el pago de las indemnizaciones previstas en los artículos 207 y 216
del Código Sustantivo del Trabajo.
Cerámica Italia rechaza la acusación en su contra,
pues estima que no sólo ha brindado la atención requerida por el actor, sino
que además ha observado atentamente las solicitudes de reubicación laboral de
acuerdo con los lineamientos de la ARP.  Por su parte, Seguros Bolívar y el
Seguro Social afirman haber actuado según las obligaciones impuestas a cada una
de ellas dentro del marco normativo vigente, criterio compartido por los jueces
de instancia, para quienes la controversia surgida debe ser resuelta ante la jurisdicción
ordinaria laboral y no mediante tutela.
3.- En este orden de ideas, el caso
plantea dos problemas jurídicos distintos: el primero relacionado con el
posible incumplimiento de las obligaciones asistenciales para con el señor
Albeiro Montoya Quintero, así como las consecuencias que de ello se derivan, y
el segundo referido a la eventual negligencia de Cerámica Italia para reubicar
el trabajador en un cargo acorde con su estado de salud.
La Sala comenzará (i) por hacer una breve presentación
sobre las características del sistema de seguridad social en riesgos
profesionales; (ii) estudiará luego las obligaciones asignadas a los diferentes
sujetos del sistema, en particular las relacionadas con la reubicación laboral
en el caso de accidentes de trabajo y, finalmente, (iii) abordará el análisis
de la situación concreta del peticionario.  A lo largo de su exposición la Sala
tendrá presente que uno es el problema sobre la sanción que el demandante
pretende se imponga a la empresa ante el eventual incumplimiento de sus
obligaciones, y otro el relacionado con las condiciones de reubicación laboral
del peticionario.
El sistema general de riesgos
profesionales.  Marco normativo
4.- En el diseño acogido por el legislador para desarrollar
el sistema de seguridad social integral en Colombia –Ley 100 de 1993- existen
cuatro componentes generales, a saber: (a) el sistema general de pensiones, (b)
el sistema general de salud, (c) el sistema general de riesgos profesionales y
(d) los servicios sociales complementarios definidos en la propia ley.
La organización del Sistema General de Riesgos
Profesionales (en adelante SGRP) fue complementada también por el Decreto 1295
de 1994, expedido en ejercicio de facultades extraordinarias[1],
así como por la Ley 776 de 2002,  y sobre su organización vale la pena destacar
algunas de sus características[2].
En cuanto a su finalidad, el SGRP está orientado a
proteger al trabajador de las contingencias o daños sufridos con ocasión o como
consecuencia de la actividad que desarrollan, no sólo mediante servicios de
rehabilitación sino también con medidas de carácter preventivo[3].
En cuanto al fundamento de la responsabilidad, fue
concebido en virtud del riesgo creado, es decir, “no se toma en cuenta la culpa
del empleador sino que se establece una responsabilidad objetiva por cuya
virtud resulta obligado a reparar los perjuicios que sufre el trabajador al
desarrollar su labor en actividades en las que el empresario obtiene un
beneficio”[4].
En cuanto a su estructura, fue diseñado bajo un
esquema de aseguramiento, asumido por entidades especializadas previo pago de
un aporte a cargo exclusivo del empleador, pero siempre bajo la dirección y
administración del Estado[5].
Y en cuanto al servicio, el sistema consagra
prestaciones tanto de carácter asistencial - atención médica, quirúrgica,
hospitalaria, de rehabilitación, etc.- como de carácter económico[6]
- subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente
parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes, auxilio funerario -,
las cuales lejos de ser excluyentes resultan complementarias.
5.- Para el caso que ocupa la atención de la Corte es
necesario precisar cuáles son las obligaciones de algunos de los sujetos que
hacen parte del SGRP, en particular de la Administradora de Riesgos
Profesionales (ARP), de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y del
empleador.
5.1.- Las ARP constituyen el elemento central del
sistema general de riesgos profesionales, pues son ellas entidades
especializadas encargadas de manejar los aportes del empleador y asegurar su
correcta utilización.  El artículo 80 del Decreto 1295/94 les encomienda, entre
otras tareas, la de garantizar la prestación de los servicios de salud de sus
afiliados (literal d), así como el reconocimiento y pago oportuno de las
prestaciones económicas a que hubiere lugar (literal e).
En la Ley 776 de 2002 también se señala que las ARP
deben responder íntegramente por las prestaciones (asistenciales y económicas)
derivadas de un accidente laboral o enfermedad profesional, “tanto en el
momento inicial como frente a sus secuelas, independientemente de que el trabajador
se encuentre afiliado o no a esa administradora”[7].
5.2.- Por su parte, las obligaciones del empleador,
consignadas en el mismo decreto, son las siguientes:
“Artículo 21.- Obligaciones del empleador.
El empleador será responsable:
a) Del pago de la totalidad de la cotización de los
trabajadores a su servicio;
b) Trasladar (sic) el monto de las
cotizaciones a la entidad administradora de riesgos profesionales
correspondiente, dentro de los plazos que para el efecto señale el reglamento;
c) Procurar el cuidado integral de la salud
de los trabajadores y de los ambientes de trabajo
d) Programar, ejecutar y controlar el
cumplimiento del programa de salud ocupacional de la empresa, y procurar su
financiación;
e) Notificar a la entidad administradora a
la que se encuentra afiliado, los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales;
f) Registrar ante el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social[[8]] el comité paritario de salud ocupacional
y el vigía ocupacional correspondiente;
g) Facilitar la capacitación de los
trabajadores a su cargo en materia de salud ocupacional y,
h) Informar a la administradora de riesgos
profesionales a la que está afiliado, las novedades laborales de sus
trabajadores, incluido el nivel de ingreso y sus cambios, las vinculaciones y
retiros.
Parágrafo.- Son además obligaciones del
empleador las contenidas en las normas de salud ocupacional y que no sean
contrarias a este decreto”.
5.3.- Finalmente, las Entidades Promotoras de Salud
(EPS) son encargadas de prestar los servicios de salud derivados de un
accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, excepto en los casos de
rehabilitación profesional y los servicios de salud ocupacional, los cuales
podrán ser prestados por las ARP.  Todo ello será con cargo a la ARP, quien
para tal fin deberá suscribir los correspondientes convenios con la Entidad
Promotora de Salud[9].
Derecho a la reubicación
laboral en caso de accidentes de trabajo.
6.- Bajo la óptica descrita, en la atención de riesgos
profesionales también participa el empleador.  La responsabilidad de aquel no
sólo es previa, sino concomitante e incluso posterior a la ocurrencia de un
accidente o de una enfermedad profesional, pues el deber de “procurar el
cuidado integral de la salud de los trabajadores” no es una exigencia que
se agota con el pago de las cotizaciones a la ARP o con la notificación de una
contingencia laboral.  Tratándose de un riesgo creado, el patrono debe asumir
ciertas cargas derivadas del ejercicio de su actividad y de las consecuencias
desafortunadas que puedan afectar la salud de sus trabajadores.
Sumado a la obligación de atender oportunamente los
requerimientos de la ARS o de la EPS en caso de un accidente o enfermedad
profesional, el empleador debe  adoptar las medidas dispuestas por los especialistas
para garantizar la plena rehabilitación de un trabajador, dentro de las cuales
se encuentra la reubicación laboral.  Quien ha sufrido una disminución en su
capacidad laboral tiene derecho a ser reubicado en un cargo para el cual esté
capacitado, de la misma categoría y que sea compatible con sus condiciones y
aptitudes, como expresamente lo disponen los artículos 4 y 8 de la Ley 776 de
2002[10].
En este sentido, la Corte también ha explicado que
quien ha sufrido un accidente laboral y encuentra disminuida su capacidad
física se convierte en sujeto de especial protección, y que en tales eventos el
patrono es responsable de adoptar medidas positivas a favor de aquel[11].
Al respecto, en la sentencia T-1040/01, MP. Rodrigo Escobar Gil, la Corte
señaló:
“La obligación de los empleadores
de abstenerse de impartir órdenes que afecten la salud de sus empleados implica
una restricción general en el ejercicio de una prerrogativa legal de los
empleadores, por virtud del respeto que estos deben a la dignidad de sus
trabajadores.  Sin embargo, bajo determinadas condiciones, el respeto por esta
dignidad implica, además, el deber de reubicar a los trabajadores que, durante
el transcurso del contrato de trabajo sufren disminuciones de su capacidad
física.”
No obstante, dicha carga ha de ser valorada de acuerdo
con las posibilidades reales del empleador para adoptar medidas de esta
naturaleza, pues las circunstancias fácticas no siempre permitirán apelar a
este mecanismo.  La mencionada sentencia aclaró el punto en los siguientes
términos:
“Por supuesto, el alcance constitucional de
la protección especial depende de la exigibilidad de la carga impuesta al
empleador.  En situaciones como éstas, en principio corresponde al empleador
reubicar al trabajador en virtud del principio constitucional de solidaridad,
asegurándole unas condiciones de trabajo compatibles con su estado de salud,
para preservar su derecho al trabajo en condiciones dignas.  Sin embargo, el
empleador puede eximirse de dicha obligación si demuestra que existe un
principio de razón suficiente de índole constitucional que lo exonera de
cumplirla.
En efecto, el alcance del derecho a ser
reubicado por condiciones de salud tiene alcances diferentes dependiendo del
ámbito en el cual opera el derecho.  Para tales efectos resultan determinantes
al menos tres aspectos que se relacionan entre sí: 1) el tipo de función que
desempeña el trabajador, 2) la naturaleza jurídica y 3) la capacidad del
empleador.  Si la reubicación desborda la capacidad del empleador, o si impide
o dificulta excesivamente el desarrollo de su actividad o la prestación del
servicio a su cargo, el derecho a ser reubicado debe ceder ante el interés
legítimo del empleador.  Sin embargo, éste tiene la obligación de poner tal
hecho en conocimiento del trabajador, dándole además la oportunidad de proponer
soluciones razonables a la situación.”[12]
7.- Con el propósito de evitar el incumplimiento de
las obligaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales, el artículo 91
del Decreto 1295/94 contempla algunas sanciones para el empleador, la ARP, e
incluso para el propio trabajador.  En cuanto al empleador, la norma remite al
Código Sustantivo del Trabajo, cuyo artículo 207 señala cuál es la carga que
debe asumir cuando ha sido negligente en atender los requerimientos derivados
de un accidente laboral en detrimento de las condiciones de sus trabajadores:
“Artículo 207.- Contratación de la
asistencia. 1. El patrono puede contratar libremente la asistencia médica que
debe suministrar según lo dispuesto en este capítulo, pero, en todo caso, con
un médico graduado o facultado legalmente para ejercer su profesión.
2. Modificado. L. 11/84, art. 5º. En caso
de que con peligro para la vida del lesionado o enfermo y por culpa del patrono
se retrase el suministro de la asistencia médica, farmacéutica, hospitalaria o
quirúrgica del trabajador, aquél está obligado a pagar a éste una multa
equivalente a cinco (5) veces el salario mínimo diario más alto, por cada día
de retardo.”
El artículo 216 del mismo estatuto señala otra carga
para el patrono si por su culpa sobreviene un accidente de trabajo o una
enfermedad profesional:
“Artículo 216.- Culpa del patrono.
Cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del
accidente del trabajo o en la enfermedad profesional, está obligado a la
indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe
descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las
normas consagradas en este capítulo.”
8.- Naturalmente que el juez de tutela no es el
llamado a resolver, en principio, las controversias de naturaleza patrimonial
derivadas del incumplimiento de las normas relacionadas con el sistema general
de riesgos profesionales[13],
pero esa circunstancia no le impide que, de ser necesario, adopte las medidas
para evitar la vulneración de los derechos fundamentales de un trabajador que
ha sufrido un accidente laboral o que se ha visto afectado en su salud a causa
de la negligencia de su patrono. Pero para ello, como es apenas lógico, ha de
acreditarse la violación de derechos fundamentales.
En este sentido la Corte destaca que la atención en
riesgos profesionales, aún cuando hace parte del sistema integral de seguridad
social, es de amplia configuración legal y no está concebida directamente como
componente básico de algún derecho fundamental, en ciertos casos tiene
implicaciones sobre  aquellos en la medida en que sus efectos se proyectan
tanto en las condiciones de vida de la persona como en su desempeño laboral.
Por lo mismo, las irregularidades en su prestación pueden significar la
violación de derechos como la vida digna, la integridad física o el trabajo, y
en estos eventos la acción de tutela constituye un mecanismo idóneo de
protección, según lo ha explicado la jurisprudencia constitucional:
“Los conflictos que se originan con motivo
del contrato de trabajo, entre los patronos y los trabajadores, pueden implicar
la violación de derechos fundamentales de éstos, o el desconocimiento de
derechos fundados o que tienen origen en normas de rango legal. Cuando el
conflicto atañe a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional
fundamental su solución corresponde al juez de tutela; en cambio cuando la
controversia se origina directa o indirectamente del contrato de trabajo y
naturalmente versa sobre la violación de derechos de rango legal, consagrados
en la legislación laboral, su solución corresponde al juez laboral (art. 2
C.P.).” [14]
Así las cosas, cuando el juez constitucional encuentra
que los derechos fundamentales de un trabajador se han visto amenazados en
razón del incumplimiento de las obligaciones a cargo de quienes integran,
directa o indirectamente, el sistema general de riesgos profesionales, tiene el
deber de adoptar las medidas necesarias para conjurar esa irregularidad.
Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, la
Sala entra ahora al estudio de la situación descrita por el peticionario en el
proceso de la referencia.
El asunto bajo revisión.
9.- De manera previa la Sala advierte que el
demandante no cuestiona ni al Seguro Social (EPS) ni a la Compañía de Seguros
Bolívar (ARP), pues considera que dichas entidades han obrado según las
exigencias legales[15].
La Sala comparte la apreciación del actor y no
encuentra motivos fundados que sugieran que ellas hayan desconocido los
derechos del peticionario.
9.1.- De una parte, como bien lo informa el jefe del
departamento de protección laboral del Seguro Social[16],
el caso del señor Albeiro Antonio Montoya Quintero no ha sido tratado por esa
institución sino por la administradora de riesgos profesionales de la Compañía
de Seguros Bolívar, ARP a la que se encontraba afiliado el trabajador al
momento de sufrir el accidente de trabajo.  La circunstancia descrita hace
entonces que el Seguro Social carezca, desde esta perspectiva, de
responsabilidad frente a los hechos descritos en la solicitud de tutela.
9.2.- Y de otra parte, la conducta asumida por la
Compañía de Seguros Bolívar también se refleja como correcta, pues según lo
acreditó durante el trámite  de la tutela, ha cancelado las prestaciones
económicas a su cargo y brindado la atención médica requerida por el actor.  En
cuanto a lo primero, la ARP reconoció el subsidio por concepto de incapacidad
temporal durante 422 días[17],
por un valor de $8’748.937; así mismo, adelantó el trámite de calificación de
pérdida de la capacidad laboral, la que se calculó en un 33.98% y significó una
indemnización de $11’089.218, suma que fue puesta a disposición del trabajador[18].
Y en cuanto a las prestaciones asistenciales, Seguros
Bolívar también presentó una relación  las mismas,[19]
que según indica ascendieron a $1’827.472.  De igual forma, el 24 de junio de
2000 la ARP envió una comunicación a la empresa Cerámica Italia, explicando que
al señor Albeiro Antonio Montoya Quintero se le realizó un “tratamiento de
rehabilitación y ortopedia y cirugía el 15 de marzo de 2000, por inestabilidad
lunopiramidal mas pinzamiento cubitocarpiano derecho y a partir de la fecha su
evolución ha sido irregular con limitación funcional de la muñeca sin déficit
neurológico”.  En la misma carta Seguros Bolívar señala lo siguiente:
“(...) se recomienda reubicación laboral en áreas de trabajo que no demanden
esfuerzos que comprometan la muñeca afectada”[20].
También obra en el expediente una constancia del 5 de
septiembre de 2000, donde el cirujano - ortopedista recomienda realizar una
cirugía de reconstrucción en el puño derecho del paciente[21].
Sobre ella, en respuesta a un derecho de petición, el 3 de octubre de 2000 la
ARP informa al señor Montoya Quintero que el procedimiento quirúrgico no puede
autorizarse hasta tanto no se aclaren con Cerámica Italia algunas
circunstancias relacionadas con el accidente sufrido[22].
Sin embargo, en carta dirigida al trabajador el 10 de
abril de 2001, dando respuesta a un nuevo derecho de petición, la ARP le
explica que la junta médica llevada a cabo el 21 de enero de 2001, donde se
contó con la participación del médico asesor de Seguros Bolívar, el médico
cirujano, el fisiatra, el cirujano ortopedista, la directora administrativa de
la ARP y el jefe de salud de Cerámica Italia, determinó no efectuar el
tratamiento quirúrgico por cuanto ello podría agravar su situación, sino
adelantar una terapia activa que incluiría la reubicación en un trabajo con
mínimos esfuerzos físicos para la mano derecha[23].  En el escrito
la ARP también hace algunas aclaraciones al demandante, las cuales ilustran
sobre la forma como ha venido siendo tratado el paciente y que la Corte
considera importante referir en esta sentencia[24]:
“(...) Con base en estos lineamientos,
usted fue reubicado en la Compañía Cerámica Italia en el puesto de
seleccionador, realizando las funciones de seleccionador revisor, sin operar
los equipos correspondientes a la selección.
Según el análisis de puesto de trabajo que
la Compañía Seguros Bolívar A.R.P. realizó a su nueva labor, siendo la función
principal marcar las tabletas con un marcador negro y un crayón amarillo según
la calidad en que esta viniera, se determinó que tal labor no representaba
esfuerzo físico para sus manos, ni riesgo para su salud como operario, teniendo
como base la patología presente.  No obstante, debería cumplir a cabalidad las
recomendaciones establecidas, imprimiéndole actividad a su mano derecha, con el
fin de no recargar el trabajo sobre el Miembro Superior Izquierdo y de esta
forma colaborar con la rehabilitación del Miembro Superior Derecho.
Pese a tales recomendaciones, y basándonos
en el concepto médico emitido por Fisiatría en la consulta que le realizó el
I.S.S. el día 20 de marzo de 2001, el cual informa: “Paciente quien (sic) se le
presentó incapacidad de M.S. Derecho, hace 3-4 meses trabaja con el M.S.
Izquierdo haciendo trabajo repetitivo con solo M.S.I., ha presentado parestesia
y dolor de todo el M.S.I”, podemos detectar que usted no ha acatado las
solicitudes indicadas.
En consecuencia, si continúa haciendo caso
omiso de las mismas, nuestra aseguradora, seguirá la conducta definida en el
artículo 55 del Decreto 1295 de 1999, en el cual se establece: “Las
Administradoras de Riesgos Profesionales suspenderán el pago de las
prestaciones económicas establecidas en el presente Decreto, cuando el afiliado
o el pensionado no se someta a los exámenes, controles o prescripciones que le
sean ordenados; o que rehúse, sin causa justificada, a someterse a los
procedimientos necesarios para su rehabilitación física y profesional de
trabajo”.
De acuerdo con lo anterior, para la Sala es claro que
la ARP ha atendido en debida forma las prestaciones económicas y asistenciales
derivadas del accidente laboral sufrido por Albeiro Antonio Montoya Quintero.
Sin embargo, queda por valorar la conducta de Cerámica Italia en relación con
el mismo hecho.
10.- Pues bien, la Corte observa que Cerámica Italia
informó a Seguros Bolívar sobre el accidente laboral al día siguiente de su
ocurrencia[25],
y que fue precisamente a partir de esa comunicación que Seguros Bolívar asumió
competencia en el caso del actor.  Además, según se desprende de las
diligencias, el empleador estaba al día en el pago de las cotizaciones de sus
trabajadores por concepto de riesgos profesionales.
A pesar de lo anterior, el demandante cuestiona a la
empresa porque, según su criterio, no remitió oportunamente algunos documentos
requeridos por la ARP, circunstancia que impidió la plena rehabilitación de su
mano derecha, todo lo cual considera que le da derecho a recibir la
indemnización prevista en los artículos 207 y 216 del Código Sustantivo del
Trabajo.
Fácil es concluir que la controversia en este punto
reviste una connotación netamente patrimonial y escapa, por tanto, a la órbita
de competencia del juez de tutela en la medida en que esa sola circunstancia no
compromete ningún derecho fundamental.
Para ello conviene tener presente que el señor Montoya
Quintero siempre ha recibido la atención médica requerida; que fueron los
especialistas quienes decidieron no llevar a cabo la intervención quirúrgica
ante el riesgo que representaba para el trabajador; y que tampoco existen
elementos probatorios mediante los cuales se demuestre una relación de
conexidad entre la conducta de Cerámica Italia y la decisión de no realizar la
cirugía.  No obstante, si el peticionario considera que la empresa fue
negligente en la atención de su contingencia laboral, debe apelar a las
instancias judiciales ordinarias para que en un debate amplio y reposado se
dirima definitivamente la cuestión.
11.- El otro aspecto por analizar está relacionado con
la situación laboral del peticionario al interior de la empresa, en particular
sobre su reubicación en un cargo acorde con sus condiciones físicas.
En este sentido, la documentación que reposa en el
expediente demuestra lo siguiente: (i) el 24 de julio de 2000 la ARP recomendó
a Cerámica Italia la reubicación laboral del accionante “en áreas de trabajo
que no demanden esfuerzos que comprometan la muñeca afectada[26];
(ii) al día siguiente, el jefe de salud ocupacional de la empresa informó a
Seguros Bolívar sobre la inexistencia de oficios para realizar con la
intervención de una sola mano, y solicitó la posibilidad de contemplar alguna
otra alternativa; (iii) el 12 de diciembre de 2000 la ARP informa a Cerámica
Italia que luego de la valoración médica realizada, “se recomienda
reubicación laboral en áreas de trabajo donde sea eximido de actividades que
implican esfuerzo físico con su miembro superior derecho”[27];
(iv) al día siguiente la empresa informa al señor Albeiro Montoya que de
acuerdo a la recomendación efectuada se decidió su reubicación temporal “en
la selección automática del horno 4, a partir del 14 de diciembre del año en
curso”[28].
De igual forma, existen dos informes de la ARP donde
se analizan las condiciones laborales del señor Albeiro Montoya en su nuevo
cargo al interior de la empresa.  El primero de ellos, elaborado en abril de
2001, concluye lo siguiente[29]:
“La labor que desempeña el operario no
representa esfuerzo físico como se describe en la evaluación del puesto de
trabajo, es importante anotar que en el momento de esta evaluación con
observación de 30 minutos continuos y como se parecía (sic) en el vídeo el
trabajador solamente utiliza su mano derecha para apoyar dos o tres tabletas
mientras con la mano izquierda pasa las tabletas.
El marcar la tableta con un marcador negro
y un crayón amarillo no representa esfuerzo físico de las manos, sin embargo el
trabajador realiza esta actividad con la mano izquierda. Consideró (sic) que en
el puesto de trabajo en el que fue reubicado el señor ALBEIORO (sic) MONTOYA no
representa riesgo para la salud del operario teniendo en cuenta la patología
presente”.
El segundo informe de puesto de trabajo data del mes
de agosto de 2002 y del mismo la Sala destaca algunos apartes[30]:
“De acuerdo con los datos obtenidos a
partir de la observación y entrevista, se puede decir que el puesto de trabajo
de seleccionador tiene características de carga física estática por la postura
sedente mantenida, que se ven disminuidas por la rotación del puesto de trabajo
que permite alternancia de tareas durante la jornada laboral.  En cuanto a la
carga dinámica, el trabajo demanda habilidades que requieren la movilidad de
miembros superiores, pero en mayor cantidad del miembro dominante, teniendo en
cuenta que la acción de marcado de baldosas requiere el agarre del crayón, para
realizar la acción de marcado.  Aunque este trabajo se realiza al ritmo de la
banda transportadora, no se puede inferir la probabilidad de ocurrencia de
repetitividad, ya que se considera de esta manera cuando los movimientos son
repetidos por lo menos 30 ciclos por minuto por más del 50% de la jornada y lo
que se pudo medir, indica promedio de 7 a 8 repeticiones por minuto y otro
aspecto relevante es que en relación con la jornada el porcentaje del tiempo no
es representativo.
(…)
La ajustabilidad de la silla en el puesto
de trabajo, permite que los trabajadores que rotan por el adopten una postura
correcta (ángulo de 90-100° de antebrazo, soporte en espalda lumbar, ángulo de
pierna en 90° y apoyo de pies) con relación a la actividad que en éste se
realiza.
(…)
Es importante resaltar que se realizó el
análisis del puesto de trabajo en el que se desempeña el trabajador ALBEIRO
MONTOYA, ya que para la rotación de actividades de este puesto de trabajo se
compone de otras tareas que no son realizadas por el trabajador, debido a las
molestias que el trabajador presenta debido a su incapacidad física”.
Así las cosas, a juicio de la Corte la empresa ha
atendido oportunamente las recomendaciones de la ARP, pues no sólo precedió a
la reubicación del trabajador sino, además, lo hizo en una dependencia donde
según los informes elaborados no se comprometía la salud del peticionario.
12.- Lamentablemente el actor se encuentra afectado en
su otro miembro superior (izquierdo), según él como consecuencia de las
actividades encomendadas en su nuevo cargo.  Sin embargo, aún cuando ello
parecería indicar que la reubicación no ha sido en las mejores condiciones, lo
cierto es que a la fecha de la demanda no se había calificado el origen de la
lesión, a tal punto que el Seguro Social venía prestando el servicio por
tratarse, hasta entonces, de una patología no considerada como enfermedad
profesional.
En este sentido, hay duda sobre si la afectación del
miembro superior izquierdo del peticionario se debió al ejercicio del cargo en
el cual fue reubicado, o si tuvo origen porque el trabajador no atendió las
prescripciones de los galenos, como se plantea en comunicación dirigida al
señor Montoya Quintero, donde Seguros Bolívar le hace un llamado al respecto[31],
todo lo cual demuestra entonces que la procedencia o no de una indemnización
debe ser debatida ante la jurisdicción ordinaria.
Ahora bien, la Sala observa que el médico laboral de
la IPS del Seguro Social, en carta enviada a Cerámica Italia el 8 de noviembre
de 2002, advierte que en el caso del señor Albeiro Montoya “se requiere de
una reubicación laboral diferente y satisfactoria, donde no comprometa
extensión de miembro superior, rotación de hombro, abducción de brazo izquierdo
(separación brazo - troncos)”[32].
Ese mismo día la Empresa da contestación al Seguro Social y le solicita
adelantar un nuevo estudio sobre el puesto de trabajo del señor Montoya, “a
fin de despejar cualquier duda, pues es a ustedes como IPS/EPS a quienes le
corresponde definir el origen del caso, el cual es manejado como enfermedad
general”.[33]
Sin embargo, a pesar de la diligencia con que ha
obrado la empresa, para de evitar posibles traumatismos en las condiciones de
salud del peticionario la Corte ordenará a Cerámica Italia que proceda a una
nueva reubicación del trabajador, en el evento en que así lo dispongan los
especialistas y siempre y cuando las condiciones de la empresa lo permitan.
13.- Por último, la Sala se abstiene de analizar la
posible persecución alegada por el trabajador, pues sólo existe una carta donde
la empresa requiere al Seguro Social para que le informe sobre la hora en que
se atendió el señor Montoya el 7 de junio de 2002 y sobre la incapacidad
extendida[34], al igual que
una misiva donde se le pide al trabajador que informe sobre la prórroga de su
incapacidad laboral[35], lo cual no
ofrece parámetros de juicio para abordar un estudio al respecto en sede de
revisión.
III. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR la sentencia proferida
la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Cúcuta en el proceso de la
referencia.
Segundo.- ORDENAR a la empresa Cerámica Italia que, en el evento en que
así lo dispongan los médicos tratantes, proceda a una nueva reubicación del
trabajador de acuerdo con los lineamientos de los galenos.
Tercero.- Por Secretaría General de la Corte, LÍBRESE
la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada Ponente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Esas facultades fueron conferidas por el artículo 139-11 de la Ley 100 de 1993.
[2]
Mediante sentencia C-452 del 12 de junio de 2002, la Corte declaró inexequibles
varios artículos del Decreto 1295/94, por considerar que el Gobierno se excedió
en el ejercicio de las facultades extraordinarias.  Sin embargo, la Corte
difirió los efectos de la sentencia hasta el 17 de diciembre del mismo año, “para
que el Congreso expida la nueva legislación sobre la materia”.  Y
precisamente atendiendo esa circunstancia fue aprobada la Ley 776 de 2002, “por
la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones
del Sistema General de Riesgos Profesionales”.
[3]
Los artículos 1 y 2 del Decreto 1294/95 definen el SGRP y señalan sus objetivos
esenciales.
[4] Corte Constitucional, Sentencia C-453 de
2002 MP. Álvaro Tafur Gálvis.
[5] Decreto 1295/94, artículos 4, 16, 68 y
77.
[6] Decreto 1295/94, artículos 5 y 7.  En el
mismo sentido, artículo 1 de la Ley 776 de 2002.
[7] Parágrafo 2º del artículo 1.
[8] La Ley 790 de 2002, en su artículo 5,
fusionó los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud en el “Ministerio de la Protección Social”.
[9] Decreto 1295/94, artículos 5 y 6.
[10] Esas disposiciones corresponden al
contenido del artículo 45 del Decreto 1295 de 1994, declarado inexequible por
la Corte en la sentencia C-452 de 2003.
[11] Cfr. Corte Constitucional, Sentencias
T-515/94, T-065/96, T-1040/01 y T-473/02, entre otras.
[12] En sentido similar pueden consultarse
las  Sentencias T-899/99, MP. Alejandro Martínez Caballero, y T-473/02, MP.
Alfredo Beltrán Sierra.
[13] Cfr. Sentencia T-093/97 MP. José Gregorio
Hernández Galindo.  La Corte analizó el caso de una persona que había sufrido
un accidente laboral, a quien le habían sido negadas las prestaciones
económicas y asistenciales.  Concedió el amparo como mecanismo transitorio,
para lo cual ordenó brindar la atención en salud, pero se abstuvo de
pronunciarse respecto de las pretensiones patrimoniales.
[14] Corte Constitucional, Sentencia
SU-342/95 MP. Antonio Barrera Carbonell.  En el mismo sentido pueden
consultarse las sentencias T-093/97, T-384/98, T-790/00 y T-125/02, entre
otras.
[15] Cuaderno principal, folios 25 y 26.
[16] Cuaderno 2, folio 13.
[17] Cuaderno 2, folio 36.
[18] Cuaderno 2, folios 36 a 41.
[19] Cuaderno 2, folio 35.
[20]
Cuaderno 2, folios 42 y 43.
[21] Cuaderno 1, folio 28.
[22] Cuaderno 1, folios 29 a 32.
[23] Cuaderno 2, folio 67 a 70.
[24] Cuaderno 2, folios 45 a 49.
[25] Cuaderno 2, folio 34
[26] Cuaderno 2, folios 42 y 43.
[27] Cuaderno 2, folio 71.
[28]
Cuaderno 1, folio 35.
[29] Cuaderno 2, folio 66.  El informe completo obra a
folios 57 a 66.
[30] Cuaderno 2, folios 89 y 90.  El informe completo obra
a folios 74 a 90.
[31] Cuaderno 2, folio 48.
[32] Cuaderno 2, folio 53.
[33] Cuaderno 2, folio 52.
[34] Cuaderno 1, folio 38.
[35] Cuaderno 2, folio 54.