T-216-19
Sentencia
T-216/19
GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA
ALIMENTACION, A LA SALUD, EL AGUA POTABLE Y A LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS DEL PUEBLO WAYUU DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-Reiteración
estado de cosas inconstitucional declarado en Sentencia T-302/17
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-Alcance
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-Orden a autoridades accionadas, divulgar decisión dentro
del Mecanismo Especial de Seguimiento de Políticas Públicas en cumplimiento de
la sentencia T-302/17
Referencia: Expediente T-7.098.674
Acción de tutela instaurada por Edwin José López Fuentes contra el Congreso de la República, la Presidencia de
la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), el
Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia de Desarrollo Rural
(ADR), el Departamento de La Guajira, los municipios de Albania, Barrancas,
Distracción, Fonseca, Hato Nuevo, Maicao, Manaure, Uribia y San Juan del Cesar
(La Guajira), Aguas de la Península S.A. ESP, Aguas del Sur de La Guajira S.A.
ESP, Carbones del Cerrejón Limited y el Consorcio Unión Temporal Agua para La
Guajira
Magistrada Ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil
diecinueve (2019)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares
Cantillo y la Magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside; en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas
en los artículos 86 y 241 -numeral 9- de la Constitución Política y en el
Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de
revisión del fallo proferido el 26 de octubre de 2017 por la Sala Disciplinaria de la Seccional de La
Guajira del Consejo Superior de la Judicatura -que declaró la improcedencia de la
acción de tutela promovida por Edwin
José López Fuentes-, el cual fue confirmado el 13 de diciembre de
2017 por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Debido a que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado
sobre la situación de desabastecimiento de agua en La Guajira -incluso constató
la existencia de un estado de cosas inconstitucional[1]-, la Sala reiterará los
pronunciamientos ya existentes.[2]
I. ANTECEDENTES[3]
1. El 6 de octubre de
2017, Edwin José López Fuentes,
Procurador Judicial I para Asuntos Administrativos de Riohacha, presentó
demanda de tutela por la problemática del agua -para consumo humano- del
Departamento de La Guajira. Solicitó -esencialmente- que se ampararan los
derechos fundamentales al debido proceso y al agua potable de los niños, niñas
y adolescentes, y de las mujeres gestantes y lactantes del pueblo Wayúu, dando cumplimiento
a las medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en favor de ese Pueblo, y se ordenara -principalmente[4]-
el diseño de una política pública en materia de recursos hídricos encaminada a
superar de manera definitiva la situación de desabastecimiento de agua potable
en La Guajira.
2. Solo algunas de
las accionadas presentaron respuesta.[5] En general,
manifestaron que (i) se debían desvincular del trámite por falta de
legitimación por pasiva en tanto las competentes son otras entidades[6];
(ii) se debía declarar la improcedencia o negar las pretensiones de la
acción de tutela[7]; (iii)
han cumplido sus funciones para dar una solución al problema[8];
o (iv) no se oponen a la prosperidad de la acción de tutela, siempre que
no se profieran órdenes que excedan sus obligaciones.[9]
3. El 26 de octubre
de 2017, la Sala Disciplinaria de la Seccional de La Guajira del Consejo
Superior de la Judicatura declaró improcedente la acción de tutela porque (i)
ya existían otros pronunciamientos judiciales sobre el mismo problema planteado[10],
y (ii) en relación con la pretensión de realizar obras públicas era
procedente la acción popular. La decisión fue impugnada por el accionante. En
esa etapa procesal volvió a intervenir Carbones del Cerrejón Limited para
solicitar que se ratificara la decisión. El fallo de primera instancia fue
confirmado mediante providencia de 13 de diciembre de 2017 de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.[11]
II. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Corte es
competente para conocer de la decisión judicial objeto de revisión, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en
virtud del Auto de 14 de diciembre de 2018, expedido por la Sala de Selección
Número Doce de esta Corporación, que decidió seleccionar para su revisión el
expediente referido.
2. Planteamiento
de los problemas jurídicos y estructura de la decisión
2.1. En relación con los antecedentes mencionados, la
Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional debe determinar, en primer
lugar, si la acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia. De
superar dicho análisis, la Sala deberá resolver si las accionadas y vinculadas desconocen los derechos al
acceso al agua de niños, niñas y
adolescentes, y de las mujeres gestantes y lactantes del pueblo Wayúu. Además, la Sala evaluará si es necesario
dictar órdenes específicas en este caso o si, por el contrario, es pertinente
que su situación sea tratada en el marco del estado de cosas inconstitucional
declarado mediante la Sentencia T-302 de 2017.[12] Adicionalmente, la Sala estudiará el alcance
de los principios de autonomía e independencia judicial de los jueces de tutela
cuando se encuentran frente a una situación en la que ya se han adoptado órdenes
complejas.
2.2. En consecuencia, la Sala (i) se pronunciará
sobre la procedencia de la acción de tutela y, (ii) se referirá al caso concreto, en donde -para dar solución al
problema jurídico- se referirá al estado de cosas inconstitucional declarado
en la Sentencia T-302 de 2017 y las decisiones adoptadas en las sentencias
T-359 de 2018[13]
y T-415 de 2018.[14]
3. Análisis del caso concreto.
Reiteración del estado de cosas inconstitucional constatado en la
Sentencia T-302 de 2017
3.1. Análisis
de procedencia
De acuerdo con la
Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia
constitucional, la Sala encuentra que la acción de tutela cumple con todos los
requisitos de procedencia.
Esto, porque (i)
fue instaurada por un agente del Ministerio Público en ejercicio de sus
funciones[15]; (ii)
contra varias entidades públicas susceptibles de
ser sujetos pasivos de la acción de tutela (de acuerdo con los artículos 5 y 13
del Decreto 2591 de 1991) y otras personas jurídicas relacionadas con el uso y distribución
de agua en el Departamento de La Guajira[16];
(iii) se pretende el amparo del derecho fundamental al agua potable que,
si bien se ha vulnerado de manera generalizada y afecta simultáneamente a
diferentes comunidades Wayúu, puede ser protegido mediante la acción de tutela[17]; y (iv) se trata de un
escenario particular de afectación continua y actual derivada -entre otras
circunstancias- de la escasez de agua potable.[18]
En
consecuencia, la Sala pasará a pronunciarse sobre los problemas jurídicos planteados
(supra, fundamento jurídico N° 2.1.).
3.2. La Sentencia
T-302 de 2017
3.2.1. Con esta
providencia la Sala Séptima de Revisión resolvió la acción de tutela instaurada
-por un agente oficioso- en favor de los niños y niñas del pueblo
Wayúu, en la que solicitaba -entre otras cosas- el cumplimiento inmediato de
las medidas cautelares adoptadas por la CIDH.[19]
En primera instancia[20], la Sala Civil-Familia-Laboral del  Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Riohacha ordenó al Gobierno Nacional adoptar
un plan de acción para asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de
servicios de salud, para asegurar el acceso al agua potable y para asegurar
alimentos en cantidad y calidad suficientes para los niños y niñas Wayúu, así
como crear un sistema de información. Esa decisión fue confirmada -con algunos
ajustes- por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.[21]
3.2.2. La Sala
Séptima de Revisión constató[22] una vulneración generalizada, injustificada
y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a
la seguridad alimentaria y a la salud de los niños y niñas del pueblo Wayúu, y
que esas vulneraciones eran causadas por múltiples causas, dentro de las que
destacó las fallas estructurales del Gobierno Nacional, del Departamento de La
Guajira, de los municipios demandados en esa oportunidad y de algunas de las
autoridades tradicionales Wayúu.[23] Por lo tanto, declaró la existencia de un estado
de cosas inconstitucional (ECI).[24]
En consecuencia, ordenó la constitución de un Mecanismo Especial
de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas para la superación del
ECI[25] orientado al cumplimiento de ocho objetivos
mínimos constitucionales[26] -no taxativos[27]-: (1) aumentar la disponibilidad, accesibilidad
y calidad del agua; (2) mejorar los programas de atención alimentaria y
aumentar la cobertura de los de seguridad alimentaria; (3) aumentar y mejorar
las medidas inmediatas y urgentes en materia de salud a cargo del Gobierno
Nacional; formular e implementar una política de salud para La Guajira que
permita asegurar el goce efectivo del derecho a la salud para todo el pueblo
Wayúu; (4) mejorar la movilidad de las comunidades Wayúu que residen en zonas
rurales dispersas; (5) mejorar la información disponible para la toma de decisiones
por todas las autoridades competentes para realizar acciones tendientes a la
superación del estado de cosas inconstitucional; (6) garantizar la
imparcialidad y la transparencia en la asignación de beneficios y en la
selección de contratistas; (7) garantizar la sostenibilidad de todas las
intervenciones estatales; y (8) garantizar un diálogo genuino con las
autoridades legítimas del pueblo Wayúu.
No
obstante, la Sala precisó que las acciones y los indicadores debían
ser formulados por las entidades (la decisión estableció unos objetivos pero no
determinó los medios para alcanzarlos, más allá de los límites constitucionales
que debe contemplar toda política pública), incluso si no habían sido
vinculadas al trámite de tutela, pues eso no es un impedimento para que cumplan
sus funciones constitucionales y legales, en particular las relacionadas con la
construcción e implementación de las políticas públicas de las cuales dependen
los derechos tutelados del pueblo Wayúu.
Asimismo, ordenó a la Defensoría del Pueblo y
a la Procuraduría General de la Nación que realizaran el seguimiento y
acompañamiento del cumplimiento[28]; dispuso que, de acuerdo con los
artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Riohacha sería la competente para supervisar el cumplimiento
de la Sentencia y los eventuales incidentes de desacato, sin perjuicio de la
posibilidad de la Corte Constitucional de asumir la competencia para asegurar
el cumplimiento total o parcial[29]; y ordenó al Ministerio del Interior que
adelantara un proceso de divulgación y comunicación en Wayúu de la Sentencia.[30]
3.2.3. En particular, respecto del primer objetivo
mínimo constitucional (aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del
agua), la Sala encontró que las “comunidades wayúu, en especial las ubicadas
en la Alta Guajira, sufren una vulneración grave y persistente de su derecho al
agua, en especial en relación con las dimensiones de disponibilidad y accesibilidad.
En efecto, un número importante de comunidades no cuentan con fuentes de agua
potable, y quienes cuentan con ellas tienen dificultades importantes para
acceder a ellas. La ausencia de agua potable incide de manera decisiva en los
problemas de desnutrición de los niños y niñas wayúu. Sin agua potable
disponible, accesible y de calidad, ningún esfuerzo de alimentación o de
atención en salud podrá solucionar la crisis de muertes de niños y niñas en La
Guajira.”[31]
Por ende, consideró
necesario confirmar la decisión de primera instancia de ordenar que se
adoptaran las medidas para que las comunidades puedan tener acceso al agua
potable y salubre, de manera sostenible y suficiente[32], de conformidad con tres ámbitos de
protección del derecho al agua: disponibilidad[33], accesibilidad[34] y calidad.[35]
De igual manera, la
Sala señaló que para alcanzar el primer objetivo se pueden realizar múltiples
tipos de acciones[36], y que la
formulación de los indicadores que se construyan debe realizarse en conjunto
-en un contexto de participación y deliberación- entre las entidades que hacen
parte del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas
Públicas para la superación del ECI.[37]
Finalmente, la Sala
advirtió que era necesario contratar un estudio independiente para determinar
si existe una relación causal entre la actividad minera a gran escala y la
escasez de agua para las comunidades Wayúu y, en caso de ser afirmativo,
determinar en qué lugares del Departamento de La Guajira se da esa afectación.[38]
3.3. La
necesidad e importancia de adoptar decisiones coherentes en el marco de
situaciones estructurales con órdenes judiciales complejas
3.3.1. Un
ordenamiento jurídico se caracteriza por sus pretensiones de completitud,
coherencia e independencia.[39] Por ende,
es necesario analizar el alcance
de los principios de autonomía e independencia judicial de los jueces de tutela
cuando se encuentran frente a una situación en la que ya se han adoptado
órdenes complejas.
3.3.2. El estado de cosas inconstitucional (ECI)
-que es una constatación fáctica[40]- ha sido
utilizado por la Corte Constitucional[41] para
estudiar vulneraciones masivas de derechos fundamentales que descansan en
fallas estructurales que requieren la respuesta coordinada de varias entidades
públicas -e incluso particulares- y la adopción de órdenes complejas.[42]
3.3.3. Lo anterior se
justifica porque un juez de tutela no puede abstenerse de cumplir su obligación
constitucional de proteger el goce efectivo de los derechos fundamentales, así
la solución revista de cierto nivel de complejidad. Por tanto, “tiene el
deber de preguntarse -valido de su independencia y autonomía, y sobre todo del
carácter vinculante y perentorio de su decisión- qué tipo de órdenes puede dar
para subsanar las omisiones, negligencias o simples trabas burocráticas que
impiden tomar las medidas para eliminar o atenuar el riesgo de que se presente
una nueva y grave vulneración de derechos fundamentales”.[43]
3.3.4. Es necesario
tener en cuenta que, por el paso del tiempo y el eventual cambio de las
condiciones fácticas[44], frente a
una situación ya estudiada por el juez de tutela se pueden identificar
diferentes tipos de fallas estructurales: (i) estáticas[45],
(ii) dinámicas[46] o (iii)
nuevas.[47]
3.3.5. Así, en virtud
de la coherencia por la que debe propender el ordenamiento jurídico (supra,
fundamento jurídico Nº 3.3.1.), es importante que -en el marco de una situación
estructural- los jueces no adopten decisiones contradictorias o descoordinadas.
Esto, en la medida que, como todas las autoridades públicas, se encuentran
vinculados a la Constitución, por lo que tanto las normas como las decisiones
judiciales con las cuales se interpretan y aplican deben ofrecer garantías de
certeza y uniformidad. Solo de esta manera se garantizan los principios de
seguridad jurídica[48] e igualdad
de trato[49], y se
promueve el acceso efectivo a la administración de justicia y la eficiencia de
la administración pública.
De esta manera, la
uniformidad de las decisiones posibilita que las personas (i) tengan certeza sobre el ejercicio de sus derechos
y la efectividad de los mecanismos para su protección, (ii)
identifiquen con claridad aquello
que el ordenamiento jurídico ordena, prohíbe o permite, y (iii) puedan esperar que el asunto que someten a la
jurisdicción sea resuelto de la misma forma. Es por esto que se han previsto
doctrinas que, como la cosa juzgada y el deber de respeto del precedente
judicial, tienen entre sus propósitos garantizar la estabilidad de las
decisiones y reglas judiciales fijadas con anterioridad.[50]
Así, frente a una acción
de tutela relacionada con una situación estructural, los jueces de tutela
pueden -entre otras opciones- (i) reiterar las órdenes complejas ya
dictadas[51]; (ii)
si es necesario, proferir nuevas
órdenes complejas complementarias, siempre que sean coordinadas con las
principales[52]; o (iii)
adoptar -si la situación lo amerita- órdenes inter partes respecto de
casos individuales.[53]
3.3.6. Ligado a lo
anterior, es importante tener presente que, por regla general, la labor de
seguimiento es competencia de los jueces de primera instancia[54].
No obstante, la Corte Constitucional cuenta con una competencia preferente para
asumir -dependiendo de las circunstancias de cada caso concreto- el estudio
tanto de las solicitudes de cumplimiento como para dar trámite al incidente de
desacato, y adoptar las medidas pertinentes. Sin embargo, lo anterior es
excepcional y se justifica cuando exista una causa objetiva, razonable y
suficiente.[55]
Para cumplir esas
funciones, es necesario tener en cuenta que se pueden
distinguir dos partes constitutivas del fallo: la decisión de
amparo, es decir, la determinación de si se concede o no el amparo solicitado
mediante la acción de tutela, y la orden proferida para
garantizar el goce efectivo del derecho amparado.[56] De
esta manera, el principio de la cosa juzgada se aplica en términos absolutos a
la primera parte del fallo, es decir, a lo decidido. Por lo tanto,
la decisión del juez de amparar un derecho es inmutable y obliga al propio juez
que la adoptó.[57] Por
su parte, como la orden es consecuencia de la decisión de
amparo y su función es la de asegurar el goce efectivo del derecho en el
contexto particular de cada caso, los efectos de la cosa juzgada respecto de
ésta tienen unas características especiales en materia de acción de tutela, razón
por la cual, las órdenes pueden ser modificadas.[58] Por lo tanto, el juez de tutela podría ajustar
la orden cuando es evidente que será imposible cumplir lo
ordenado. Sin embargo, se debe tratar de una verdadera imposibilidad[59],
pues no cualquier dificultad para cumplir una obligación implica que esta no
pueda llevarse a cabo.[60]
3.4. En el
presente caso se reiterará lo dispuesto en la Sentencia T-302 de 2017 en tanto
no es necesario adoptar órdenes
concretas y específicas
De acuerdo con lo
expuesto, y tal como ya lo hicieron las salas Segunda[61]
y Cuarta[62] de
revisión de la Corte Constitucional al resolver acciones de tutela similares, en
esta oportunidad no se considera necesario proferir órdenes adicionales[63]
(supra, fundamento jurídico N° 3.3.5), por cuanto la vulneración del
derecho fundamental al agua potable[64] alegada[65]
por el accionante se enmarca en el estado de cosas inconstitucional
identificado en la Sentencia T-302 de 2017 (supra, fundamento jurídico
N° 3.2.). En particular, porque se denunció la problemática del agua -para
consumo humano- de La Guajira, solicitando -en cumplimiento de las medidas
cautelares adoptadas por la CIDH, principalmente- el diseño de una política
pública en materia de recursos hídricos encaminada a superar de manera
definitiva la situación de desabastecimiento de agua potable en ese
Departamento. Como se señaló (supra, fundamento jurídico N° 3.2.3.) en
la referida providencia la Sala Séptima de Revisión adoptó una serie de órdenes
complejas orientadas al cumplimiento de ocho objetivos mínimos
constitucionales, dentro de los cuales se encuentra el de aumentar la
disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua.
Por lo tanto, en este
caso también se concederá la tutela del derecho fundamental al agua potable (en
su faceta subjetiva para consumo humano)[66],
revocando las decisiones de instancia que declararon la improcedencia de la
acción de tutela, ordenando (i) a las autoridades accionadas
dentro de este trámite divulgar esta Sentencia dentro del Mecanismo Especial de
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas que deberá constituirse en
cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, de forma tal que todos los órganos
que lo componen conozcan la decisión (ello
no obsta para que las entidades accionadas actúen antes de la implementación de
dicho mecanismo); (ii)
remitir copia de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo para que, en el marco de sus funciones y competencias,
realicen el respectivo seguimiento y acompañamiento; (iii)
remitir copia de esta providencia a la Sala Civil-Familia-Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, encargada de realizar el
seguimiento del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017; (iv) librar, a través de la Sala Disciplinaria de la Seccional
de La Guajira del Consejo Superior de la Judicatura, que se realicen las
notificaciones correspondientes,
señalando -específicamente- que con la Sentencia
T-302 de 2017 se declaró un estado de cosas inconstitucional en el acceso al
agua, la alimentación y la salud de los niños y niñas del pueblo indígena
Wayúu, razón por la cual la situación debe ser atendida conforme con lo
dispuesto en esa providencia. También (v) se advertirá a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que, en
lo sucesivo, dé estricto cumplimiento a los artículos 31 y 32 del Decreto 2591
de 1991 respecto de la remisión de los expedientes de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.[67]
III. DECISIÓN
En
virtud de la coherencia por la que debe propender el ordenamiento jurídico, las
decisiones judiciales deben ofrecer garantías de certeza y uniformidad. Por
tanto, es importante que -en el marco de una situación estructural- los jueces
de tutela  no adopten decisiones contradictorias o desarticuladas, razón por la
que pueden -entre otras opciones- (i) reiterar las órdenes complejas ya
dictadas; (ii) si es necesario, proferir nuevas órdenes complejas
complementarias, siempre que sean coordinadas con las principales; o (iii)
adoptar -si la situación lo amerita- órdenes inter partes respecto de
casos individuales.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la Sentencia proferida por la Sala
Disciplinaria de la Seccional de La Guajira del Consejo Superior de la
Judicatura y confirmada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura; y, en consecuencia, TUTELAR el derecho
fundamental al agua potable (en su faceta subjetiva para consumo humano) de los
niños, niñas y adolescentes y de las madres gestantes del pueblo Wayúu, de
conformidad con lo establecido en la Sentencia T-302 de 2017, que declaró la
existencia de un estado de cosas inconstitucional en la materia.
SEGUNDO.- ORDENAR a las autoridades accionadas dentro de este
trámite divulgar esta Sentencia dentro del Mecanismo Especial de Seguimiento y
Evaluación de Políticas Públicas que deberá constituirse en cumplimiento de la
Sentencia T-302 de 2017, de forma tal que todos los órganos que lo componen
conozcan la decisión. Lo anterior no impide que
las entidades accionadas actúen antes de la implementación de dicho mecanismo.
TERCERO.- REMITIR copia de esta providencia a la Procuraduría
General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para que, en el marco de sus
funciones y competencias, realicen el respectivo seguimiento y acompañamiento.
CUARTO.- REMITIR copia de esta providencia a la
Sala Civil-Familia-Laboral del  Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Riohacha, encargada de realizar el seguimiento del cumplimiento de la Sentencia
T-302 de 2017.
QUINTO.- ADVERTIR a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura para que, en lo sucesivo,
dé estricto cumplimiento a los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991
respecto de la remisión de expedientes de tutela a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
SEXTO.- LIBRAR,
a través de la Secretaría General, las comunicaciones de que trata el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991 y DISPONER,
mediante la Sala Disciplinaria de
la Seccional de La Guajira del Consejo Superior de la Judicatura,
que se realicen las
notificaciones correspondientes, señalando -específicamente- que con la Sentencia T-302 de 2017 se declaró un estado de
cosas inconstitucional en relación con los derechos fundamentales al acceso al
agua, la alimentación y la salud de los niños y niñas del pueblo indígena
Wayúu, razón por la cual la situación debe ser atendida conforme con lo
dispuesto en esa providencia.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ÍNDICE T-7098674
SENTENCIA.. 2
I. ANTECEDENTES. 2
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.. 3
1. Competencia. 3
2. Planteamiento
de los problemas jurídicos y estructura de la decisión. 3
3. Análisis del
caso concreto. Reiteración del estado de cosas inconstitucional
constatado en la Sentencia T-302 de 2017. 4
3.1. Análisis de
procedencia. 4
3.2. La Sentencia
T-302 de 2017. 5
3.3. La necesidad
e importancia de adoptar decisiones coherentes en el marco de situaciones
estructurales con órdenes judiciales complejas. 8
3.4. En el
presente caso se reiterará lo dispuesto en la Sentencia T-302 de 2017 en tanto
no es necesario adoptar órdenes concretas y específicas. 13
III. DECISIÓN.. 15
RESUELVE.. 15
ANEXO.. 19
I. ANTECEDENTES. 19
1. Hechos. 19
2. Acción de
tutela instaurada. 21
3. Trámite,
admisión y respuesta de las accionadas. 23
4. Decisiones
objeto de revisión. 27
II. SITUACIONES
EN LAS QUE SE HA UTILIZADO EL ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL PARA ESTUDIAR
VULNERACIONES DE DERECHOS FUNDAMENTALES. 29
1. Sentencia SU-559
de 1997. Docentes departamentales, distritales y municipales  29
2. Sentencia T-068
de 1998. Cajanal 30
3. Sentencia T-153
de 1998. Personas privadas de la libertad, primer ECI 31
4. Sentencia SU-250
de 1998. Sistema notarial 32
5. Sentencia T-289
de 1998. Docentes (Ciénaga) 33
6. Sentencia T-559
de 1998. Pensionados (Chocó) 33
7. Sentencia T-590
de 1998. Defensores de derechos humanos. 33
8. Sentencia T-525
de 1999. Pensionados (Bolívar) 33
9. Sentencia T-606
de 1999. Pensionados (Montería) 34
10. Sentencia SU-090
de 2000. Pensionados (Chocó) 34
11. Sentencia T-025
de 2004. Población desplazada. 34
12. Sentencia T-234
de 2012. Situación de las víctimas en el país por la vulneración de sus
derechos. 35
13. Auto A-110 de
2013. Colpensiones. 36
14. Sentencia T-388
de 2013. Personas privadas de la libertad, segundo ECI 36
15. Sentencia T-302
de 2017. Pueblo Wayúu de La Guajira. 38
ANEXO T-7.098.674
I.
ANTECEDENTES
1. Hechos
El
6 de octubre de 2017, Edwin José
López Fuentes, Procurador Judicial I para Asuntos Administrativos de Riohacha, instauró acción de tutela[68] contra el Congreso de la República, la Presidencia de la
República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), el
Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia de Desarrollo Rural
(ADR), el Departamento de La Guajira, los municipios de Albania, Barrancas,
Distracción, Fonseca, Hato Nuevo, Maicao, Manaure, Uribia y San Juan del Cesar
(La Guajira), Aguas de la Península S.A. ESP, Aguas del Sur de La Guajira S.A.
ESP, Carbones del Cerrejón Limited y el Consorcio Unión Temporal Agua para La
Guajira. Lo anterior, con fundamento
en lo siguiente:
1.1. La Guajira es un departamento con una crisis humanitaria
sistémica[69] relacionada -entre otras- con la pobreza,
pobreza extrema y problemáticas de salud y nutrición[70] (v.gr. altos índices de mortalidad asociada a
la desnutrición, mortalidad materna, mortalidad perinatal, morbilidad materna
extrema, y de niños, niñas y adolescentes con “Enfermedad Diarreica Aguda
(EDA) o Infección Respiratoria Aguda (IRA) [71]”).
1.2. El accionante manifestó que muchos de esos factores están relacionados
con el déficit de agua en el departamento, el cual se debe -principalmente- a
problemas de (i) calidad (v.gr. fuentes de agua no segura, lo que
incrementa el riesgo de contraer enfermedades como cólera y diarrea); (ii)
cobertura (v.gr. baja capacidad institucional e infraestructura insuficiente,
aunado a la “brecha abismal”[72] entre el acceso a agua potable entre las
zonas urbanas y rurales siendo las zonas más afectadas la media y alta Guajira,
donde predomina la población indígena); y (iii) el uso diferente
del consumo humano, pues -señala- el agua se utiliza para la explotación de
carbón y de actividades agropecuarias (v.gr. cultivos de arroz, plátano palma
de aceite y ganadería[73]).
En particular, sostuvo al respecto que, sin desconocer sus reconocimientos
y certificaciones, es necesario determinar la responsabilidad de la empresa
Carbones del Cerrejón Limited en la escasez del agua para establecer cómo
podría ayudar a solucionar dicho fenómeno (no basta la provisión de
carrotanques). Esto, en la medida que produce desechos anuales de más de 220
millones de metros cúbicos, ha aumentado el vertimiento de residuos a los ríos
de la región (“de 1352 metros cúbicos en el 2008 a 3124 en 2009”),
consume cinco mil millones de litros de agua al año, que equivalen a 17
millones de litros de agua diarios, mientras que una persona de la zona solo
consume 0.7 litros por día.[74]
Agregó que, aunque “la empresa ha reportado que el 90% de su
consumo de agua diario corresponde a agua de baja calidad proveniente
principalmente de los mantos de carbón y de aguas lluvias, que no es apta para
consumo humano, animal o para riego de cultivos, según voces especializadas, la
sustracción de esta gran cantidad de agua diariamente de un ecosistema
naturalmente seco tiene gran impacto ambiental (…).”[75]
1.3. Por otro lado, el accionante advirtió que, pese a los esfuerzos
desplegados por las diferentes autoridades, la situación sigue siendo crítica.
Resaltó que, debido a lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) adoptó -mediante Resolución 060 de 2015- medidas cautelares en favor
del pueblo Wayúu para que pudieran tener, a la mayor brevedad posible -entre
otros derechos- acceso al agua potable de manera sostenible y suficiente, para
la subsistencia de niños, niñas y adolescentes; medidas que fueron ampliadas el
26 de enero de 2017 (Resolución 51 de 2017) en favor de “las mujeres
gestantes y lactantes de la comunidad Wayúu en los municipios de Manaure,
Uribia y Riohacha.”
1.4. Expresó que le corresponde al Estado colombiano -en su conjunto-
la solución de la necesidad insatisfecha de agua potable, lo cual es “previsible y resistible”,
por lo que ha debido adoptar “un conjunto complejo y coordinado de acciones
en defensa de los derechos fundamentales del pueblo wayuu (sic).”[76] Sin embargo, resaltó que no
existe una estrategia coordinada desde las instituciones competentes.
Así, concluyó que no se está “en presencia de un
estado de cosas normales sino ante una crisis humanitaria que conforme muchas
instancias, constituye un Estado de Cosas Inconstitucional, (…) lo que
pone en riesgo la supervivencia de las comunidades (…)” por lo que se deben
brindar “soluciones estructurales oportunamente.”[77]
En concreto, precisó que “la no ejecución de la
Fase II del proyecto multipropósito del Río Ranchería en el componente del
Acueducto Regional, no solo ha impedido el logro (…) [del]
abastecimiento de agua a varios municipios sino que tal omisión estatal, ha
vulnerado y continúa vulnerando los derechos fundamentales al agua potable de
las comunidades indígenas wayuu (…).”[78]
Por ende, debería darse cumplimiento a “la
sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (…),
que ordena a la Presidencia de la República coordinar las gestiones y esfuerzos
que se requieran para solventar la crisis humanitaria acaecida en el
departamento de La Guajira, resaltando, lo dispuesto en el fallo de primera
instancia de tomar medidas inmediatas para que las comunidades beneficiarias
puedan tener a la brevedad posible, acceso al agua potable y salubre de manera
sostenible y suficiente (…).”[79]
En relación con este último punto, advirtió que “la
construcción del Acueducto Regional (…) si bien, es una medida
estructural que, coadyuvará en la solución de la crisis, no está previsto, para
darle agua a las zonas rurales dispersas, especialmente, de los municipios de
Uribia, Manaure y Maicao, no obstante, se constituye en un punto de partida
crucial para comenzar a brindarle más apoyo a las comunidades indígenas
dispersas; sería importante, que se propiciara en este proyecto o en otros, el
estudio y puesta en marcha de acueductos a menor escala, para surtir de agua a
grupos de comunidades cercanas.”[80]
2. Acción de tutela instaurada
El accionante consideraba que
las accionadas vulneraban los derechos fundamentales al debido proceso -por el
no acatamiento efectivo de las medidas cautelares decretadas por la CIDH- y al
agua de los niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes y lactantes del pueblo
Wayúu.
Presentó
-in extenso- unas consideraciones sobre (i) el acceso al
agua en el derecho internacional convencional sobre derechos humanos[81];
(ii) el reconocimiento del derecho al agua en el soft law[82];
(iii) la jurisprudencia internacional y la tutela del acceso al agua[83];
(iv) el derecho al agua en la jurisprudencia de la Corte Constitucional[84];
(v) la jurisprudencia constitucional sobre la tutela del goce efectivo
del derecho fundamental al agua[85]; y (vi)
la jurisprudencia relacionada con la crisis humanitaria de La Guajira.[86]
Luego,
señaló que la acción de tutela es procedente porque, a pesar de los esfuerzos
desplegados por diferentes autoridades y la existencia de otras decisiones
judiciales (v.gr. sentencia T-256 de 2015 y T-466 de 2016), lo anterior ha sido
insuficiente, por lo que se requiere que el Estado -en su conjunto- implemente
con urgencia medidas estructurales para garantizar el derecho fundamental al
agua potable del pueblo Wayúu pueda obtener agua. En
consecuencia, solicitó[87]
que:
1. Se ordene el diseño de una política pública en materia de recursos
hídricos encaminada a superar de manera definitiva la situación de
desabastecimiento de agua potable en La Guajira, que incluya la culminación del
proyecto multipropósito del Río Ranchería, en el componente del acueducto
regional o subregional.
2. Subsidiariamente, se ordene al DAPRE que coordine con entidades
públicas y privadas la inclusión del proyecto del acueducto regional o
subregional en la Alianza por el Agua y por la Vida.
3. Se ordene al DAPRE que coordine con las entidades demandadas que
incluya el proyecto del acueducto subregional en el próximo Órgano Colegiado de
Administración y Decisión (OCADS) departamental o regional, en aras de que se
defina la segunda fase del proyecto multipropósito en el componente del
acueducto Regional o subregional para que, parcial o totalmente, se financie
con recursos del Sistema General de Regalías.
4. Se conmine al DAPRE que, en los términos de la Sentencia T-466 de
2016, lidere la formulación de un tercer documento CONPES que establezca una política
de acceso al agua que permita el uso y goce de las aguas del Río Ranchería por
parte de los niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes y lactantes de la
Comunidad Wayúu.
5. Se ordene al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Gobernación de La Guajira, las
alcaldías municipales accionadas, Carbones del Cerrejón Limited y demás
entidades competentes que, dentro del plan ordenado en la Sentencia T-256 de
2015, se incluya como proyecto esencial la culminación del acueducto
subregional del Río Ranchería.
6. Se ordene al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la
Gobernación de La Guajira la inclusión -total o parcial- en el Plan
Departamental de Agua (PDA) la culminación del acueducto subregional del Río
Ranchería, en aras de que se garantice progresivamente el derecho al agua de
las comunidades beneficiarias de las medidas cautelares de la CIDH y agilizar
los demás proyectos establecidos en el Programa Agua para la Prosperidad (PAP)
y el PDA.
7. Se ordene a Aguas de la Península S.A. ESP que remita al Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, con copia a la Gobernación de La Guajira,
todo lo relacionado con los estudios y diseño del acueducto regional, de
acuerdo con lo acordado en el Convenio 259 de 2008, suscrito con el
Departamento de La Guajira y los municipios de Maicao y Fonseca.
8. Se exhorte a la Contraloría General de la Republica para que
realice un estricto seguimiento, asegure que la entrega y correcto
funcionamiento de los recursos destinados para el PAP, el PDA, y los ejecutados
en los OCADS relacionados con el Departamento de La Guajira, específicamente
con la ejecución del proyecto del acueducto subregional del Río Ranchería.
9. Se adopten las demás medidas consideradas por el juez
constitucional.
3.
Trámite, admisión y respuesta de las accionadas
3.1. El 6 de octubre de 2017, la acción de tutela fue
repartida al Magistrado Hernán Reina Caicedo de la Sala Disciplinaria de la
Seccional de La Guajira del Consejo Superior de la Judicatura.[88]
No obstante, el mismo presentó impedimento el 9 de octubre de 2017[89],
el cual se declaró fundado el 11 de octubre de 2017.[90]
El asunto le fue asignado a la Magistrada Ana Tulia Lamboglia Rodríguez, quien
ese mismo día profirió el Auto admisorio[91]
-ordenando notificar a las accionadas- y, el 19 de octubre de 2017, vinculó a
la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.[92]
3.2. Transcurrido el término otorgado en
el Auto admisorio (1 día), solo se presentaron las siguientes respuestas:
3.2.1. El
Ministerio de Hacienda y Crédito
Público indicó[93]
que debía ser desvinculada porque
no tiene competencia para dar respuesta a las pretensiones presentadas. Esto,
en tanto sus funciones se circunscriben a brindar  asesoramiento,
acompañamiento y capacitación a las entidades territoriales que, de acuerdo con
el artículo 278 de la Constitución Política, son autónomas e independientes.
Además, sostuvo que en otras decisiones judiciales (como las sentencias T-256
de 2015 y T-2019-00079 -proferida el 2 de mayo de 2016 por el Tribunal
Contencioso Administrativo de la Guajira-) ya se habían abordado los temas
señalados por el accionante para superar en forma definitiva la situación de
desabastecimiento de agua potable en el Departamento de La Guajira.
3.2.2. El
Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio señaló[94] que ha venido cumpliendo con sus funciones, “proyectando
un trabajo conjunto con el Gobierno Nacional y en espera de la participación de
los municipios vinculados al PAD-PDAG”[95].
Agregó que la problemática se presenta sobre
todo en la Alta y Media Guajira, y que -al respecto- además de la optimización
o construcción de plantas de tratamiento de agua potable, se construirían seis
pilas públicas con el fin de garantizar la disponibilidad del líquido en todo
el territorio, cuya ubicación está definida y socializada.
Así, con la entrada en operación del sistema
compuesto por tratamiento y pilas públicas se espera atender a 2016 rancherías
(12.935 personas aproximadamente), las cuales están plenamente identificadas y
georreferenciadas. Por otra parte resaltó que la Administración Temporal para
el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, en el Comité Directivo Nº 38
-celebrado el 31 de julio de 2017- aprobó la asignación de mayores recursos
para los rubros de pre inversión e inversión en áreas rurales en el Plan
General Estratégico de Inversiones 2017-2019, a fin de fortalecer el apoyo a
los municipios para el proceso de formulación de proyectos de obtención de agua
en comunidades rurales dispersas.
3.2.3. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural manifestó[96]
que, teniendo en cuenta que la parte accionante formula pretensiones
relacionadas con actuaciones que no corresponden exclusivamente a la órbita de
las competencias de esa entidad, la acción de tutela debe ser desestimada.
Ligado a esto, sostuvo que “la obligación y
función en la adopción de políticas y toma de decisiones (…) inicialmente
corresponden a las entidades y autoridades del orden territorial del
Departamento de la (sic) Guajira, y más concretamente al Departamento
Administrativo de la (sic) Guajira, ente que tiene a su cargo la
proyección de los presupuestos públicos (…)”.[97]
Finalmente, destacó que “la garantía del derecho a
la alimentación o el auto sostenimiento de las comunidades no es el objetivo
último de los instrumentos de la Política Sectorial de Agricultura y Desarrollo
Rural, para ello existen otras entidades que por su misión institucional les
corresponde y además cuenta con los instrumentos adecuados para atender
prioritariamente a este tipo de demandas en el territorio Nacional.”[98]
3.2.4. El
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) expresó[99]
que la acción de tutela debía declararse improcedente por cuanto existía otro
mecanismo para verificar el efectivo cumplimiento y avance de gestión del
Gobierno Nacional frente a la crisis humanitaria de agua en La Guajira.
Específicamente, el incidente de desacato respecto de las sentencias de tutela
que se han proferido al respecto[100], y las
cuales vienen siendo acatadas por el Gobierno, pues -entre otras- impulsó la Alianza
por el Agua y la Vida, enfocada en tres objetivos para 2018: (1) duplicar
la cobertura de agua en la zona rural de la Alta Guajira, (2) incrementar en
50% la cobertura de programas de seguridad alimentaria, y (3) atender al 100%
de los niños identificados con desnutrición aguda. Para ello, el Gobierno
Nacional asumió de manera temporal la administración de recursos del Sistema
General de Participaciones -debido a la crisis de corrupción e indebida administración
de los recursos públicos- para los sectores salud, educación, alimentación
escolar, agua potable y saneamiento básico, con el objetivo de sanear el
Departamento y garantizar la contratación y puesta en marcha de los programas
sectoriales.
3.2.5. La
Agencia de Desarrollo Rural (ADR) solicitó[101] ser desvinculada y que se
declare la improcedencia de la acción de tutela, porque el diseño de la
política pública reclamada por el accionante no le corresponde, pues esa
función -de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993- le corresponde
a las Corporaciones Autónomas Regionales.
Además, resaltó que aguas debajo de la represa El Cercado existe una
gran cantidad de canales y acequias de beneficiarios particulares, que derivan
el agua el Río Ranchería para inundar los cultivos de arroz que se han venido
incrementando desde la construcción del embalse. No obstante, la ADR adujo que
esas prácticas no son su responsabilidad ni del proyecto. También aclaró que la
represa no es usada para la explotación de minas de carbón.
Finalmente, la entidad manifestó que, en aras de diseñar y formular
una política pública en materia de recursos hídricos, estará dispuesta a
participar en coordinación con las demás entidades competentes.
3.2.6. El
Municipio de Distracción (La Guajira) indicó[102] que carece de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no está facultado para adoptar
decisiones respecto de la represa El Cercado. Agregó que su sector sureño no
sufre la escasez crítica, como sucede en la Media o Alta Guajira.
3.2.7. Aguas de la Península S.A. ESP señaló[103] que la situación
denunciada por el accionante no “están en el soporte directo de [sus]
soluciones.”
3.2.8. Aguas
del Sur de La Guajira S.A. ESP manifestó[104] que no se opone a la
prosperidad de la acción de tutela, “con la expresa solicitud de que a la
sociedad anónima (…)  no se imparta orden alguna en el fallo que
eventualmente proteja los derechos fundamentales invocados, pues no está
obligada por la Constitución, por la ley o por el CONTRATO DE OPERACIÓN Y
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO a asumir obligaciones de
cargo de las entidades estatales; excepto que se le contrate para dichos
cometidos.”[105]
3.2.9. El apoderado de Carbones del Cerrejón Limited expresó[106]
que dicha sociedad debía ser desvinculada del trámite de tutela. Para
fundamentar lo anterior se refirió a:
(i) Los yerros en la selección de la acción: sorprende
que la pretensión de la acción de tutela sea que se dicte una sentencia
estructural, “ya de por sí exóticas”.[107] Así, por la naturaleza
de las peticiones y la existencia de leyes y actos administrativos que ampara
el conjunto de derechos invocados, no es la tutela el instrumento idóneo para
su realización efectiva, sino la acción de cumplimiento. Además, indicó que
para ese momento la Corte Constitucional se encontraba estudiando una acción de
tutela sobre hechos análogos, incluida la problemática del agua potable al
interior del Departamento de La Guajira (expediente T-5.697.370[108]),
“siendo esta una eventual condición de cosa juzgada y/o prejudicialidad.
Debe resaltarse que la Procuraduría General, en ese caso, solicitó la
declaratoria del estado de cosas inconstitucional”.[109]
(ii) La impertinencia de accionar contra Cerrejón por la
prestación de servicios públicos: la empresa como organización privada no
puede asumir las deficiencias del Estado en materia de prestación de servicios
públicos, pues es este, de acuerdo con los artículos 311, 356, 365 y 366 de la
Constitución Política, el responsable de garantizarlos.
(iii) Los impactos económicos de la operación minera en la
región y el uso racional del agua: la actividad minera la realiza con los
más altos estándares de la industria a nivel mundial, bajo el enfoque de
minería responsable y estrictos lineamientos técnicos. Resaltó que la mina de
Cerrejón se encuentra ubicada en la media-baja Guajira, y que la empresa es
solo una usuaria más de del Río Ranchería, pues la CAR de La Guajira ha
otorgado concesiones a distintos usuarios por un total de 17,235 litros por
segundo, de los cuales el sector agrícola ocupa el 86.5%, el pecuario el 6%, el
doméstico el 5.7%, mientras que la minería alcanza el 1,8%, usando tan solo el
11,8% de esa cifra. Agregó -entre otras cuestiones- que, contrario a lo
afirmado por el accionante, su actuar no se circunscribe a la provisión de agua
ocasional a través de carro tanques, sino también al diseño e implementación de
respuestas efectivas y sostenibles a la problemática y a las necesidades de la
población circundante a sus operaciones. Para ejemplificar lo anterior, señaló
que “adelanta una gestión integral[110]
en torno al agua a través de la cual, contribuye al acceso adecuado al líquido
y saneamiento con la implementación de medidas de eficiencia y reciclaje de
residuos; el aumento de la oferta local del agua con la construcción de
soluciones de infraestructura comunitaria; y la responsable obtención y
captación de agua, además del monitoreo periódico de las fuentes hídricas.”[111]
3.2.10. La Corporación
Autónoma Regional de La Guajira solicitó[112] ser desvinculada, en la
medida que no es la responsable por la vulneración de derechos fundamentales
señalada por el accionante. Agregó que “(…) históricamente ha venido
supliendo el déficit en esa materia en que las demás entidades territoriales
del Departamento tienen inmersos a sus habitantes, (…) ha
cumplido a cabalidad en todo lo de su competencia en materia de protección,
conservación y abastecimiento, dentro de las cuales están, las competencias
ejercidas con ocasión o en razón de lo relacionado con la represa del Rio (sic)
Ranchería, iniciando por la expedición de la licencia, la expedición del
Plan de ordenamiento territorial del Manejo de la cuenta -PONCAT-, la
expedición del plan de ordenamiento territorial del Recurso Hídrico, las
restricciones en la utilización de los caudales de agua de uso público que
discurren por el Departamento de la (sic) Guajira, las restricciones al
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en el Departamento de la (sic) Guajira
(…).”[113]
Además, sostuvo que por el incumplimiento de las entidades que sí son
competentes y responsables, “están generando un estado de cosas
inconstitucional, que genera muerte de niños y priva de la efectividad de los
derechos fundamentales de estos cuando es el deber de un estado (sic)
hacerlos prevalentes, y genera además las condiciones actuales de falta de agua
y acceso al agua en el Departamento de la (sic) Guajira y más
específicamente en Resguardo Alta y Media Guajira que comprende los municipios
de RIOHACHA-URIBIA-MANAURE Y MAICAO que son los Municipios (sic) que
están siendo objeto de la protección de las medidas cautelares de la CIDH, aun
cuando, la falta de agua potable es algo que tienen en común todos los
municipios de la (sic) Guajira.”[114]
3.2.11. Adicionalmente, el 20 de octubre de 2017 intervino el
ciudadano Rafael Antonio Freyle Brochero[115]
para coadyuvar la acción de tutela.
4.
Decisiones objeto de revisión
4.1. El 26 de octubre
de 2017, la Sala Disciplinaria de la Seccional de La Guajira del Consejo
Superior de la Judicatura[116] declaró improcedente la
acción de tutela.
Esto, porque -en
relación con la violación del derecho fundamental al debido proceso invocada
por el accionante- operó el fenómeno de la cosa juzgada en tanto ya han sido
proferidas otras sentencias sobre “la protección de derechos fundamentales
de los niños, niñas y adolescentes y otros miembros de la comunidad étnica
wayúu (…) en los que se han contemplado los derechos aquí invocados”[117],
e incluso otras que han adoptado medidas específicas en materia de protección “al
derecho al agua respecto del pueblo Wayúu en general, pero especialmente
respecto de la niñez”.[118] En
consecuencia, la vía para hacer cumplir esos fallos no es otra acción de tutela
sino el incidente de desacato.[119]
Además, como se alegó
la protección “del derecho al agua, afectado por la no construcción del
acueducto regional y subregional que constituye la segunda etapa del
megaproyecto multipropósito del Río Ranchería”[120],
“lo requerido por el accionante configura un real derecho colectivo (…) en
consecuencia, la acción popular (…) surge como un mecanismo idóneo (…).”[121]
4.2.
Esta decisión fue impugnada el 1 de noviembre de 2017 por el accionante[122],
quien manifestó que (i) no operaba la cosa juzgada porque -entre otras
razones- la Sentencia T-256 de 2015 es anterior a las medidas cautelares de la
CIDH, y (ii) el derecho al agua potable es fundamental, el cual es
susceptible de ser tutelado mediante la acción de tutela.
Por
su parte, el 27 de noviembre de 2017 intervino Carbones del Cerrejón Limited[123]
para solicitar que se confirmara en su integridad el fallo de la Sala
Disciplinaria de la Seccional de La Guajira del Consejo Superior de la
Judicatura.
4.3.
La decisión de primera instancia fue confirmada el 13 de diciembre de 2017 por
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura[124],
por las mismas razones esbozadas por el A quo.[125]
Esta decisión fue notificada mediante oficios de 18 de abril de 2018.[126]
Sobre la misma se presentaron el salvamento de voto de la Magistrada Magda
Victoria Acosta Walteros[127] y las aclaraciones de
voto de las magistradas Julia Emma Garzón de Gómez[128]
y María Lourdes Hernández Mindiola.[129]
4.4.
Mientras se notificaba la decisión y se presentaban el salvamento de voto y las
aclaraciones de voto, el accionante presentó dos peticiones a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, solicitando
información sobre el estado del proceso y la remisión del expediente a la Corte
Constitucional.
La
primera fue radicada el 11 de septiembre de 2018[130],
la cual fue respondida el 17 de 2018[131] indicándole que la
acción de tutela fue “fallada en Sala 104 del 13 de diciembre de 2017,
decisión notificada al Ministerio Público a través de telegrama MCMG 12074 del
18 de abril de 2018. // Asimismo (…) las diligencias adelantadas
dentro del trámite tutelar antes referido se encuentran para Salvamento de Voto
desde el día 27 de abril de 2018 al Despacho de la Honorable Magistrada Magda
Victoria Acosta Walteros.”
La
segunda fue presentada el 19 de septiembre de 2018[132],
a la que se dio respuesta el 18 de octubre de 2017[133],
señalándole que “en la fecha se encuentra al despacho de la doctora MARÍA
LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA, surtiendo el trámite de Aclaración de Voto.”
Como ya se señaló (supra, nota al pie N° 11), el
expediente fue remitido a la Corte Constitucional el 29 de octubre de 2018[134],
siendo recibido el 16 de noviembre de 2018 por la Secretaría General de la
Corporación.[135]
II. SITUACIONES EN LAS QUE SE HA UTILIZADO EL ESTADO DE COSAS
INCONSTITUCIONAL PARA ESTUDIAR VULNERACIONES DE DERECHOS FUNDAMENTALES[136]
En el presente
acápite se señalarán -de manera cronológica- las quince ocasiones en las que la
Corte ha usado el ECI para declarar su existencia respecto de catorce de esas
situaciones.[137]
1. Sentencia SU-559 de 1997.[138] Docentes departamentales,
distritales y municipales
La situación de los
docentes departamentales, distritales y municipales (categoría establecida en
el artículo 2 del Decreto 196 de 1995), por no estar afiliados a una Caja o
Fondo de Prestación Social debido a problemas de distribución del situado
fiscal en materia educativa, conllevó a que por primera vez la Corte declarara
que “el estado de cosas que
originó las acciones de tutela materia de esta revisión no se aviene a la
Constitución Política”.
Al respecto, encontró
que se trataba de un problema general que afectaba a un número significativo de
docentes y cuyas causas se relacionaban con la ejecución desordenada e
irracional de la política educativa.[139]
Por lo tanto, la Corte determinó que mientras no se tomaran medidas de fondo
sobre los factores enunciados y lo que los expertos pudieran determinar, el
problema planteado se tornaría más difícil de solucionar, razón por la que se
ordenó notificar la situación a las
autoridades públicas competentes (al
Ministro de Educación, al Ministro de Hacienda y Crédito Público, al Director
del Departamento Nacional de Planeación y a los demás miembros del
CONPES Social, a los Gobernadores y las Asambleas  Departamentales y a los
Alcaldes y los Concejos Municipales)
para que en un término razonable le pusieran efectivo remedio, para lo cual
debían obrar sobre las causas reales del fenómeno descrito.[140]
2. Sentencia T-068 de 1998.[141] Cajanal
Dicho caso se
relacionaba con el atraso estructural que presentaba la Caja Nacional de
Previsión para responder -conforme con los lineamientos constitucionales- las
peticiones sobre reliquidación, reconocimiento y pago de pensiones de
jubilación. Por ende, la Corte determinó que existía un problema estructural de ineficiencia e inoperancia
administrativa, el cual constituía un inconveniente general que afectaba a un
número significativo de personas que buscaban obtener prestaciones económicas a
las que consideraban tener derecho.[142]
Luego de reiterar
algunas reglas fijadas en la Sentencia SU-559 de 1997, se concluyó que la
situación presentada en la entidad demandada producía un estado de cosas
inconstitucional.[143] En
consecuencia -y tras advertir sobre la necesidad de tomar medidas encaminadas a
superar la transgresión de las normas superiores- se exhortó a las autoridades
con poder de decisión para que adecuaran los recursos económicos y humanos
necesarios para que Cajanal cumpliera con sus obligaciones y adoptaran
decisiones dirigidas a impedir que se continuara transgrediendo la Carta.[144] Aunado a lo anterior, se ordenó a
la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República
y a la Defensoría del Pueblo que, en el marco de sus respectivas competencias,
vigilaran el cumplimiento de la Sentencia.
Posteriormente, con
la Sentencia T-1234 de 2008[145] se
corroboró que la situación no presentaba ninguna mejoría, por lo que se
concluyó que no había sido superado el ECI, lo cual implicaba que “las autoridades competentes debían
tomar los correctivos, no desde una perspectiva sancionatoria sino de apoyo,
vigilancia y control de los procesos orientados a una respuesta efectiva.”[146]
Además, debido a la persistencia del problema de orden estructural, el Gobierno
Nacional ordenó la supresión y liquidación de Cajanal, sin perjuicio de que la
entidad garantizara el trámite y reconocimiento de las obligaciones pensionales.[147]
3. Sentencia T-153 de 1998.[148] Personas privadas de la
libertad, primer ECI
La situación de
hacinamiento en los establecimientos carcelarios y penitenciarios del país (el
caso estudió las condiciones de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá y de la
Cárcel Distrital de Bellavista de Medellín) conllevó a que la Corte declarara
que, dada la gravedad de las omisiones imputables a distintas autoridades
públicas, dicho estado de cosas era inconstitucional y exigía de las entidades
estatales el uso inmediato de sus facultades constitucionales con el fin de
remediarlo.[149]
La Corte destacó que
el problema de las cárceles y de las condiciones de vida dentro de ellas no
ocupaba un lugar destacado dentro de la agenda política[150].
Por tanto, indicó que dentro de las medidas por adoptar era imperioso destinar
el presupuesto necesario para
convertir a las prisiones en centros donde los derechos fundamentales tuvieran
vigencia, y que respecto del manejo de aquellos debía realizarse una estricta
supervisión.[151] No
obstante, señaló que el problema de las prisiones no se solucionaría únicamente
con dinero y construcciones, sino que era necesario adoptar correctivos en la
política pública por cuanto en el país seguía primando una concepción
carcelaria del derecho penal.[152]
En razón de lo
anterior, y con el objeto de que hicieran uso de sus facultades para corregir
el ECI, se ordenó que la decisión debía ser puesta en conocimiento del
Presidente de la República, los presidentes del Senado de la República y de la
Cámara de Representantes, los presidentes de la Sala Penal de la Corte Suprema
Justicia y de las Salas Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, del Fiscal General de la Nación, los
gobernadores y los alcaldes, los presidentes de las Asambleas Departamentales y
de los Concejos Distritales y Municipales, y los personeros municipales.[153]
Ahora bien, este
pronunciamiento fue objeto de estudio en otras providencias con las cuales se
precisaron o adicionaron algunos elementos. Con las sentencias T-606 y T 607 de
1998[154] se indicó
que el tema de la salud representaba una faceta más del ECI[155]. En la Sentencia T-847 de 2000[156] la Corte estableció que el ECI no
se presentaba exclusivamente en centros carcelarios y penitenciarios, sino
también en presentan las
estaciones de policía o las salas de retenidos de los diversos órganos de
seguridad del Estado. Asimismo, con la Sentencia T-1096 de 2004[157]
se determinó la necesidad de establecer una especial protección respecto de
personas pertenecientes a grupos que son discriminados y tratados a partir de
prejuicios.[158]
4. Sentencia SU-250 de 1998.[159] Sistema notarial
Esta situación tuvo
origen en que, a pesar de que por expreso mandato constitucional (artículo 131)
se establece que la función notarial es de carrera administrativa, no se había
realizado el concurso correspondiente para nombrar a los notarios en propiedad.
Al respecto, la Corte
manifestó que “como no se ha convocado a concurso para la designación de
notarios en propiedad, lo cual ha debido hacerse en toda la República, se llega
a la conclusión de que se está dentro de un estado de cosas abiertamente
inconstitucional. (…)
ello implica la necesidad de dar órdenes para que cese ese estado de cosas
inconstitucional”.[160]
En particular, se notificó la decisión a la Superintendencia de Notariado y Registro y al
Consejo Superior de la Administración de Justicia, para que en un término de
seis meses se procediera a convocar los concursos abiertos para notarios.
Posteriormente,
pese a que se celebró un concurso de méritos para cumplir las órdenes de la
Corte, se presentó otra problemática consistente en que no todas las notarías
del país quedaron comprendidas en el concurso, ya que el Gobierno consideraba
que, respecto de las excluidas, sus titulares se encontraban nombrados en
propiedad e incluidos en la carrera notarial, de conformidad con las
disposiciones legales dictadas en vigencia de la Constitución de 1886. En
virtud de tales consideraciones, en la Sentencia T-1695 de 2000[161] esta Corporación reconoció la
continuidad del ECI, pues las medidas para remediarlo no se adoptaron conforme
con la Constitución, ya que debían incluirse todas las plazas de notario
existentes en el país.[162]
En la Sentencia SU-913
de 2009[163] se
reiteró que, aunque el ECI pareció superado a partir de la convocatoria al
concurso público y abierto de notarios, lo cierto era que la culminación del concurso con el
nombramiento en propiedad de quienes fueron incluidos en listas de elegibles no
había sido posible.[164] Por tal
razón se concluyó que permanecía el ECI, lo que motivó a la Corte a tomar la
determinación de continuar ejerciendo competencia sobre el caso[165],
especialmente para verificar el cumplimiento de la orden consistente en que se
hiciera efectivo el resultado del concurso y se proveyeran los cargos.
5. Sentencia T-289 de 1998.[166] Docentes (Ciénaga)
En el municipio de
Ciénaga era frecuente que, debido a la falta de previsión presupuestal, a los
docentes no se les pagaran salarios ni prestaciones. En virtud de dicha
situación, la Corte previno a
las autoridades del municipio para que tomaran las medidas pertinentes en orden
a poner fin a ese ECI.[167]
Específicamente, se comunicó la decisión al Consejo Municipal para que a enero
de 1999 tomara las medidas necesarias en orden a corregir la falta de previsión
presupuestal.
6. Sentencia T-559 de 1998.[168] Pensionados (Chocó)
Una situación similar
se presentaba en el Chocó en relación con los pensionados del Departamento,
puesto que por la falta de previsión presupuestal se afectaba la puntual
cancelación de sus mesadas pensionales. Por ello, la Corte previno a las autoridades departamentales para que
tomaran las medidas pertinentes en orden a poner fin a ese ECI.[169] En concreto, ordenó a la Asamblea
Departamental del Chocó para que, en asocio con el Gobernador, tomarán a enero
de 1999 las medidas necesarias para corregir la falta de previsión
presupuestal.
7. Sentencia T-590 de 1998.[170] Defensores de derechos
humanos
Con ocasión de la
reclusión de una persona defensora de derechos humanos, se vislumbró la
situación de peligro que deben afrontar las personas dedicadas a esta labor en
el país, destacando que el ataque contra ellas era una constante que se veía
agravada por cuanto, a pesar de conocerla, el Estado no adoptaba medidas para su protección.[171] Todo ello constituía -a juicio de
la Corte- una situación abiertamente inconstitucional, a la cual el juez
constitucional no podía ser indiferente. Por tal razón, se declaró que existía
un ECI por la falta de protección a los defensores de derechos humanos, lo que
motivó a que se hiciera un llamado a la prevención a todas las autoridades y
personas para que cesara dicha situación.
8. Sentencia T-525 de 1999.[172] Pensionados (Bolívar)
Los hechos de este
caso eran similares a los señalados en la Sentencia T-559 de 1998, pero
respecto de los pensionados del departamento de Bolívar. Ello conllevó a que,
una vez más, la Corte previniera a
las autoridades departamentales para que tomaran las medidas pertinentes en
orden a poner fin a ese ECI.[173] La orden
estuvo dirigida a que la Asamblea Departamental, en asocio con el Gobernador,
debían tomar dentro del período de sesiones ordinarias correspondientes al
segundo semestre de 1999 las medidas que fueran necesarias en orden a corregir
la falta de previsión presupuestal.
9. Sentencia T-606 de 1999.[174] Pensionados (Montería)
Ante supuestos
fácticos semejantes a los estudiados en las sentencias SU-559 de 1997 y T-525
de 1999, pero ocurridos en el municipio de Montería, la Corte declaró la
existencia de un ECI respecto del cual se debían tomar las medidas
correspondientes para lograr que se llegara a una solución pronta y eficaz.[175]
Para ello ordenó, además de requerir al Consejo Municipal -en asocio con el
Alcalde- para que tomaran las medidas
que fueran necesarias en orden a corregir la falta de previsión presupuestal,
que el Gobierno Nacional -a través del Ministerio de Hacienda-, debía adoptar
las medidas de saneamiento fiscal proyectadas para el Municipio en orden a que
éste solucionara la crisis por la que atravesaba.
10. Sentencia SU-090 de 2000.[176] Pensionados (Chocó)
Nuevamente, ante la
condición general de los pensionados del Chocó, caracterizada por un
sistemático incumplimiento de las obligaciones pensionales del Departamento y
de las sentencias de tutela que ordenaban el pago oportuno de sus mesadas, la
Corte Constitucional estableció que se presentaba un ECI.[177]
Dicho caso presentó
una particularidad, consistente en que en su trámite se expidió la Ley 549 de
1999, promulgada para aliviar la situación pensional de las entidades
territoriales, lo que conllevó a que la Corte considerara que con dicha
disposición se habría de poner fin a la masiva vulneración de los derechos
fundamentales de los pensionados del Chocó, razón por la que se hizo
innecesario un pronunciamiento acerca de otras medidas para resolver la
situación descrita.[178] Así las
cosas, ordenó que, en los tres meses siguientes, se cancelara con cargo al
anticipo contemplado en el parágrafo 6 del artículo 2 ejusdem, la deuda
contraída con los actores por causa de sus derechos pensionales.
11. Sentencia T-025 de 2004.[179] Población desplazada
En relación con la
población desplazada, la Corte encontró que se les vulneraban diversos derechos
fundamentales de manera masiva, prolongada y reiterada debido a un problema
estructural que afectaba a toda la política de atención diseñada por el Estado,
y a sus distintos componentes, en razón a la insuficiencia de recursos
destinados a financiar dicha política y a la precaria capacidad institucional
para implementarla.[180]
En razón de lo
anterior, la Corte declaró formalmente la existencia de un ECI relativo a las
condiciones de vida de la población internamente desplazada, por lo que adoptó
una serie de órdenes de ejecución compleja, respetando la órbita de competencia
y la experticia de las autoridades responsables de implementar las políticas
correspondientes y ejecutar las leyes pertinentes, razón por la cual la
responsabilidad de adoptar los correctivos que permitieran superar tal estado
de cosas recayó tanto en las autoridades nacionales como en las territoriales.[181]
Un aspecto relevante
de este caso es que la Corte Constitucional ha mantenido su competencia para
hacer seguimiento al cumplimiento. Actualmente esto de desarrolla a través de
una Sala Especial de Seguimiento (supra, nota al pie N° 55).
12. Sentencia T-234 de 2012.[182] Situación de las víctimas
en el país por la vulneración de sus derechos
Este caso se alegaba
la omisión de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio del Interior
para brindar protección a una defensora de derechos humanos que, además de ser
constantemente amenazada, había sido víctima de violencia sexual como
represalia por su labor, hecho por el que se encontraba colaborando con la
Fiscalía para su investigación.
A través de un Amicus
curiae, Dejusticia, bajo la consideración de que se configuraban las
condiciones precisadas por la jurisprudencia constitucional, solicitó que se
declarara la existencia de un ECI teniendo en cuenta que se trataba de una
situación generalizada de inseguridad para las víctimas y testigos, que afectaba
a otras poblaciones específicas como defensores de derechos humanos, líderes
sociales y periodistas, frente a la cual se presentan fallas estructurales de
los programas de protección existentes, reflejada en que no se había logrado
desarrollar una política pública que permitiera asegurar un ámbito de cobertura
necesario y obligatorio, que garantizara la protección adecuada y diferenciada
para esta población. Aunado a lo anterior, solicitó que se emitieran las
órdenes que fueran necesarias para que las diferentes instituciones que tenían a
su cargo los programas de protección, los adecuaran a los elementos mínimos de
racionalidad establecidos por la jurisprudencia constitucional y se adaptaran a
las condiciones del contexto colombiano.
Sin embargo, la Corte
consideró improcedente realizar dicha declaratoria, ya que -sin desconocer que
la situación de las víctimas y testigos continuaba siendo difícil- se había “iniciado
un importante proceso de superación de la invisibilización de las víctimas,
tanto a nivel jurisprudencial como desde el punto de vista político, (…)
lo cual ha propiciado cambios importantes en las políticas públicas a fin de proteger
los derechos de las víctimas y testigos, con inclusión de un enfoque
diferencial”.[183]
13. Auto A-110 de 2013.[184] Colpensiones
En dicho Auto se
demostró la presencia de un conjunto de obstáculos materiales y administrativos
que impedían el cumplimiento de los términos dispuestos por el ordenamiento
jurídico para la resolución de peticiones pensionales (en un principio dicha
situación afectaba únicamente a aquellas personas que radicaron sus solicitudes
ante el ISS) y el acatamiento de las órdenes dictadas por los jueces de la
República. Por ende, se estableció la necesidad de adoptar una decisión con
efectos inter comunis en tanto las problemáticas impactaban la dimensión
objetiva del derecho fundamental a la igualdad.[185]
Posteriormente, mediante
el Auto 320 de 2013 la Corte consideró que, a pesar de los esfuerzos realizados
por la entidad, persistía el ECI en la situación de Colpensiones[186],
e incluso el escenario de vulneración iusfundamental se había extendido a los
usuarios que realizaron sus peticiones directamente ante dicha entidad.[187]
Finalmente, con la
Sentencia T-774 de 2015[188] se
declaró superado el ECI, pues se “encontró una notable mejoría en la
situación de los derechos fundamentales de los usuarios del ISS y Colpensiones,
luego de contrastar el panorama actual con el escenario que motivó su
intervención a partir del Auto 110 de 2013”[189],
razón por la que decidió levantar la “declaratoria de excepción y [archivar]
el trámite incidental de desacato” en contra del representante legal de la
entidad”.[190]
14. Sentencia T-388 de 2013.[191] Personas privadas de la
libertad, segundo ECI
Al estudiar varios
procesos relacionados con seis cárceles (la cárcel de Cúcuta, Tramacúa, Modelo,
Bella Vista, San Isidro y Bucaramanga) la Corte Constitucional encontró que
nuevamente el sistema penitenciario y carcelario se encontraba en un estado de
cosas contrario a la Constitución debido a la situación de crisis estructural
de los establecimientos penitenciarios y carcelarios[192],
que se refleja en las condiciones de hacinamiento y de indignidad en que se
tiene recluida a la mayoría de personas.[193]
Al respecto,
determinó que, aunque el ECI declarado en la sentencia T-153 de 1998 se
entendió superado en razón a las
medidas legislativas y administrativas establecidas, la política pública
carcelaria desarrollada y los programas mediante los cuales se implementaron y
adoptaron, todo lo cual supuso la apropiación de importantes recursos para la
construcción de nuevos centros penitenciarios y carcelarios, así como la mejora
de los existentes; lo cierto era que se volvían a presentar circunstancias como
las que lo originaron. No obstante, precisó que, si bien existían similitudes
entre el estado de cosas de 1998 y el de 2013, se trataba de contextos y
supuestos fácticos diferentes[194], en especial
por el rol y las actuaciones estatales frente al problema.[195]
Lo anterior, por cuanto en la primera situación era evidente la ausencia de
políticas públicas, mientras que en el segundo evento se consideró que, aunque
aquellas existían, se trataba de una política criminal y carcelaria
insostenible.[196]
Por todo lo anterior,
la Corporación concluyó no solo que se estaba ante un nuevo ECI respecto del
sistema penitenciario y carcelario, sino que aquel también abarcaba a la
política criminal y carcelaria en general.[197]
En consecuencia, se adoptaron diversas órdenes complejas, las cuales debían ser
cumplidas por las autoridades competentes y dicho p[198]roceso
vigilado por los órganos de control, se ordenó la remisión de informes a la
Corte por parte del Gobierno Nacional, se advirtió que los jueces de primera instancia
conservarían la competencia para adoptar medidas que aseguraran el goce
efectivo de los derechos violados y que la Sala de Revisión se reservaría  la
posibilidad de tomar medidas adicionales o de impartir órdenes complementarias.
Posteriormente,
con la Sentencia T-762 de 2015, luego
de analizar dieciocho expedientes relacionados con personas privadas de su
libertad y recluidas en centros penitenciarios o carcelarios, la Corte se
encargó de verificar si se mantenían las condiciones que generaron la
declaratoria del estado de cosas inconstitucional. La Corte determinó
que la situación en los centros de reclusión seguía siendo contraria a la
Constitución de 1991[199],
resaltando la persistencia de cinco problemáticas estructurales.[200]
En consecuencia, decidió
reiterar el ECI declarado en la Sentencia T-388 de 2013, por lo que, además de
dictar órdenes particulares relativas a los expedientes analizados, profirió “órdenes
generales” adicionales destinadas a la superación de dicha situación
estructural.[201]
Actualmente el seguimiento es realizado por la misma Sala Especial de
Seguimiento mencionada en el análisis de la Sentencia T-025 de 2004 (supra,
punto II.11 del anexo).
15. Sentencia T-302 de 2017.[202] Pueblo Wayúu de La Guajira
Las consideraciones
pertinentes ya fueron realizadas por la Sala Segunda de Revisión en la parte
motiva (supra, fundamento jurídico Nº 3.2.).
[1] Sentencia T-302 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez.
[2] El artículo 35 del Decreto 2591 de 1991, que reglamenta
la acción de tutela, establece que “[l]as decisiones de revisión que
revoquen o modifiquen el fallo, unifiquen la jurisprudencia constitucional o
aclaren el alcance general de las normas constitucionales deberán ser
motivadas. Las demás podrán ser brevemente justificadas”. Esta Corporación
ha proferido de manera reiterada fallos brevemente justificados, cuando la
naturaleza del asunto lo permite. Véanse, por ejemplo, las sentencias T-549 de
1995. M.P. Jorge Arango Mejía; T-098 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell;
T-396 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-1533 de 2000. M.P. Carlos
Gaviria Díaz; T-1006 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-054 de 2002.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-392 de 2004. M.P. Jaime Araujo Rentería;
T-1245 de 2005. M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-045 de 2007. M.P. Jaime Córdoba
Triviño; T-325 de 2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-066 de 2008. M.P. Mauricio
González Cuervo; T-706 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-085 de
2010. M.P. María Victoria Calle Correa; T-475 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao
Pérez; T-457 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-189 de 2015. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez; T-025 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez; T-582
de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-038 de 2018. M.P. Diana Fajardo
Rivera; y T-220 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[3] Como esta providencia
es de breve sustanciación, los anexos se expondrán detalladamente en un anexo.
[4] El contenido de la acción de tutela se encuentra expuesto
detalladamente en los puntos I.1. y I.2. del anexo.
[5] El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
(DAPRE), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), el Municipio de Distracción (La
Guajira), Aguas de la Península S.A. ESP, Aguas del Sur de La Guajira S.A. ESP,
Carbones del Cerrejón Limited y la Corporación Autónoma Regional (CAR) de La
Guajira. También intervino el ciudadano Rafael
Antonio Freyle Brochero para coadyuvar las pretensiones del accionante. (Las
intervenciones se encuentran descritas en detalle en el anexo. Ver infra el
punto I.3.2. del mismo).
[6] El
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la ADR, el Municipio de Distracción,
Carbones del Cerrejón Limited y la Corporación Autónoma Regional (CAR) de La
Guajira.
[7] El
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el DAPRE, la ADR y Aguas de la
Península S.A. ESP.
[8] Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio.
[9] Aguas del
Sur de La Guajira S.A. ESP.
[10] En particular, de la Sentencia T-256 de 2015 de  la
Corte Constitucional. M.P. (e) Martha Victoria Sáchica Méndez.
[11] El
expediente fue remitido a la Corte Constitucional el 29 de octubre de 2018
(cuaderno 3, folio 157), siendo recibido el 16 de noviembre de 2018 por la
Secretaría General de la Corporación (cuaderno de revisión, folio 2).
[12] M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez.
[13] M.P. Diana Fajardo Rivera.
[14] M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[15] Como lo ha advertido esta Corte, en virtud del artículo
277 de la Constitución Política los agentes del Ministerio se encuentran
legitimados por activa para instaurar acciones de tutela -por ejemplo- a nombre
de menores de edad, o para la protección del interés general, del patrimonio
público y de los intereses de la sociedad. Ver, entre otras, las sentencias
T-049 de 1995. M.P. Alejandro Martinez Caballero; T-293 de 2013. M.P. María
Victoria Calle Correa; T-324 de 2016. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y
T-448 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. Adicionalmente, el numeral 1
del artículo 38 del Decreto Ley 262 de 2000 establece como un función de los
procuradores judiciales la de interponer acciones de tutela “para
asegurar la defensa del orden jurídico, en especial las garantías y los
derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos o del
ambiente o el patrimonio público.”
[16] Ello no
implica reconocer su responsabilidad en el análisis de procedencia, pues esa
cuestión no es propia “del análisis de legitimación en la causa, sino que se
refieren al fondo del asunto”. (Ver Sentencia T-359 de 2018. M.P. Diana
Fajardo Rivera, fundamento jurídico N° 20). En particular, las personas
jurídicas que no son entidades estatales están legitimadas por pasiva en tanto
tienen -de conformidad con el numeral 3 del artículo 42 del Decreto 2591 de
1991- alguna relación con la prestación del servicio público de agua potable en
La Guajira (como es el caso de Aguas de la Península S.A. ESP, Aguas del Sur de
La Guajira S.A. ESP y el Consorcio Unión Temporal Agua para La Guajira), o
porque (como en el caso de Carbones del Cerrejón Limited) ya se encuentran
vinculadas por las labores del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación
de Políticas Públicas creado por la Sentencia T-302 de 2017. Así, por ejemplo,
se ordenó contratar un estudio independiente para determinar si existe una
relación causal entre la actividad minera a gran escala y la escasez de agua
para las comunidades Wayúu (ver infra, fundamento jurídico N° 3.2.3.).
En consecuencia, es necesario que esta última entidad esté vinculada pues, al
tener intereses en el resultado del proceso, debe garantizársele su derecho
fundamental de defensa y contradicción.
[17] Sentencia T-415 de 2018. M.P. Alejandro Linares
Cantillo, fundamento jurídico N° 78. Al respecto, dicha providencia precisó que
se satisfacía el requisito de subsidiariedad “por cuanto (i) el caso que se estudia se
refiere a la falta de suministro de agua potable, buscando las protección de
los derechos fundamentales de los miembros de las comunidades wayuu, dentro de
las cuales se encuentran sujetos de especial protección como lo son los niños;
(ii) de los hechos del caso se observa que la presente acción busca prevenir la
posible ocurrencia de un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que la
gravedad de la situación de las comunidades accionantes requiere de medidas
urgentes e impostergables para salvaguardar los derechos fundamentales de las
comunidades indígenas; (iii) se observa acá el cumplimiento de las reglas de
legitimación por activa de la acción de tutela (…); y (iv) se evidencia que la
solicitud está encaminada a que el juez de tutela evalúe en concreto la
vulneración de los derechos fundamentales de los miembros de las comunidades
wayuu (…). En síntesis, lo que se observa es que el caso que se estudia se
refiere a la falta de suministro suficiente de agua potable a las comunidades,
integradas por menores de edad, personas de la tercera edad, entre otros. Así
mismo que, el perjuicio al que se enfrentan las comunidades indígenas wayuu de
la Alta Guajira, ya fue constatado por esta Corte en la sentencia T-302 de 2017 (…)”. En similar sentido se pronunció la Sala Segunda de
Revisión al establecer que “para
evaluar el requisito de subsidiariedad en la presente acción de tutela, es
pertinente recordar lo expuesto en la sentencia T-302 de 2017, en la que se
declaró el estado de cosas inconstitucional ya mencionado, y de acuerdo con la
cual: [E]n este caso la tutela es procedente, sin importar que haya
dimensiones colectivas de los derechos invocados, que pueden ser objeto de
protección mediante una acción popular. Como lo ha dicho la Cote “[un] derecho
individual no se convierte en colectivo por el sólo hecho de haber sido exigido
simultáneamente con el de otras personas.” En este caso se alegan vulneraciones
a derechos fundamentales individuales, que han ocurrido de manera generalizada
y afectan simultáneamente a todos los niños y niñas del pueblo Wayúu. La Corte
considera que la acción popular no sería idónea, pues solamente podría proteger
los derechos colectivos como el medio ambiente o la salubridad, pero no el
acceso al agua, la alimentación, ni la salud, que son el aspecto central de
este caso. En otros casos relativos a la idoneidad de medios judiciales
alternativos, la Corte ha sostenido que, para que un recurso sea idóneo, la
protección del derecho fundamental presuntamente vulnerado debe ser el “objeto
directo” de ese medio judicial”
(Sentencia T-359 de 2018. M.P.
Diana Fajardo Rivera, fundamento jurídico N° 26).
[18] En el mismo sentido -respecto de la inmediatez-,
ver sentencias T-359 de 2018.
M.P. Diana Fajardo Rivera, fundamento jurídico N° 28; y T-415 de 2018. M.P. Alejandro Linares
Cantillo, fundamento jurídico N° 70. En particular, en la última Sentencia se
precisó que, si bien la acción de tutela debe instaurarse en un término prudente y razonable después de
ocurrir los hechos que motivan la afectación o amenaza de los derechos
fundamentales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha admitido que transcurra un extenso espacio de tiempo entre el hecho
que genera la vulneración y la presentación de la acción de tutela cuando
-entre otros supuestos- la vulneración es actual (i.e. permanente en el
tiempo). (Ibidem., fundamentos jurídicos N° 66 a 68)
[19] Sentencia T-302 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez,
antecedente N° 1.5.
[20] Ibidem., antecedentes N° 4 y 7.
[21] Ibidem., antecedente N° 11.
[22] La Sala
solicitó informes a 89 entidades públicas y organizaciones privadas, convocó a
las autoridades tradicionales Wayúu para que se pronunciaran sobre la tutela y
en febrero de 2017 realizó algunas audiencias e inspecciones judiciales en La
Guajira.
[23] La Sala
precisó que la Sentencia no tenía la
función de determinar responsabilidades administrativas específicas, sino que
pretendía que se adoptaran las medidas adecuadas y necesarias para que las
distintas entidades coordinadamente cooperen entre sí para lograr una solución
articulada al problema.
[24] Sentencia T-302 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez,
fundamento jurídico N° 9.1. y segundo punto resolutivo.
[25] Ibidem., fundamento jurídico N° 9.2. y tercer
punto resolutivo.
[26] Ibidem., fundamento jurídico N° 9.4. y cuarto punto resolutivo.
[27] Ibidem., fundamento jurídico N° 9.5.2.
[28] Ibidem., sexto punto resolutivo.
[29] Ibidem., octavo punto resolutivo.
[30] Ibidem., noveno punto resolutivo.
[31] Ibidem., fundamento jurídico N° 6.3.3.
[32] Ibidem., fundamento jurídico N° 9.4.1.1.
[33] “[1] En
primer lugar, la disponibilidad del agua: las comunidades wayúu,
desde la más cercana hasta la más apartada de los centros urbanos, tienen
derecho a un suministro continuo y suficiente de agua, tanto para fines
agrícolas como para consumo humano. El despacho esporádico de carros cisterna,
si bien es beneficioso para las comunidades, no es suficiente para el logro de
este objetivo, pues el Tribunal Superior de Riohacha ordenó un acceso “sostenible
y suficiente”” (Idem).
[34] “[2] En
segundo lugar, el objetivo comprende la accesibilidad, la cual incluye la
accesibilidad física, económica, no discriminación y acceso a la información.
Para las comunidades wayúu, la accesibilidad física implica que las fuentes de
distribución de agua no se encuentren en lugares demasiado lejanos de las
rancherías. La accesibilidad económica implica que los costos no impongan
barreras desproporcionadas e irrazonablemente a los miembros de las comunidades
wayúu. En este sentido, el programa de distribución por pilas públicas
propuesto por el Gobierno, cuyos gastos de funcionamiento serían financiados
por subsidios y por la asignación especial del Sistema General de
Participaciones para resguardos indígenas, puede contribuir a la dimensión de
accesibilidad económica del agua. Ahora bien, la Corte sugiere que se formulen
indicadores de accesibilidad física que midan la distancia o el tiempo de
recorrido entre una fuente de agua y la comunidad más lejana de su zona de
cobertura. Para la medición de la accesibilidad física debería formularse
también un estándar razonable, que atienda a las necesidades de las comunidades
y a las realidades del terreno. Salvo mejor criterio de las entidades y de las
comunidades wayúu, la Corte considera que un recorrido de más de dos horas a
pie para obtener agua es una barrera irrazonable y desproporcionada. También
deberían formularse indicadores de accesibilidad económica atendiendo a la
capacidad adquisitiva de las familias wayúu” (Idem).
[35] “[3] En
tercer lugar, este objetivo contempla la calidad del agua. No es suficiente que
las comunidades tengan a su disposición pozos o jagüeyes, si el agua que se
obtiene de ellos no es apta para el consumo humano, pues esto afecta
directamente en los procesos de cocción de alimentos. De manera que, deben
tomarse medidas para garantizar que el agua cumpla con unos estándares de
calidad mínimos. Respecto de la calidad debería medirse, como mínimo, el Índice
de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA), de acuerdo con los lineamientos de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Las metas que se planteen
en calidad deben prever una disminución constante del IRCA en el Departamento
de La Guajira” (Idem).
[36] “Entre
estas se encuentran la construcción de pozos profundos, la instalación de
plantas desalinizadoras en las zonas costeras, la instalación de equipos para
potabilizar el agua, la reparación de molinos y jagüeyes, la construcción de
microacueductos y la distribución por carros cisterna, entre otras. El Gobierno
Nacional, además, se encuentra implementando la política establecida en el
Conpes 3810 de 2014 “Política para el suministro de agua potable y saneamiento
básico en la zona rural”. Sin embargo, las acciones previstas en el Plan de
Acción y Seguimiento de este documento Conpes tienen un alto grado de
generalidad y en su gran mayoría se agotan en iniciativas regulatorias, que si
bien son importantes, no son suficientes para materializar el acceso al agua
para los niños y niñas del pueblo Wayúu. Además, las acciones previstas en este
Conpes tienen un alcance nacional y no individualizan comunidades o
corregimientos de La Guajira. // Para la Corte, las actividades de suministro
de agua y de construcción de infraestructura de agua, realizadas por el
Gobierno Nacional y las entidades territoriales, han tenido un impacto positivo
en las comunidades. Sin embargo dicho impacto no se ha medido con indicadores
de resultado. En este momento el país no conoce cuál es el suministro de agua
que recibe cada niño wayúu en cada corregimiento y en cada comunidad del
Departamento de La Guajira. Los indicadores que se formulen en relación con el
cumplimiento de este objetivo, deben abarcar las tres dimensiones del mismo. En
relación con la disponibilidad, la Corte sugiere tener en cuenta el estándar de
20 litros per cápita por día establecido por la Organización Mundial de la
Salud. Uno de los indicadores de disponibilidad, por ejemplo, debería medir el
número de niños wayúu que obtienen un suministro continuo, igual o superior a
ese estándar” (Ibidem., fundamento jurídico N° 9.4.1.2.).
[37] “En su
elaboración, como mínimo, deben abarcarse las dimensiones de disponibilidad,
accesibilidad y calidad del agua. El Gobierno Nacional, para el cumplimiento de
este objetivo, deberá convocar a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y a Corpoguajira. En especial, el Gobierno deberá adoptar las
medidas adecuadas y necesarias para que la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios colabore, en desarrollo de sus funciones y facultades, y
pueda jugar un papel decisivo en la formulación de los indicadores y el
seguimiento a las metas en relación con este objetivo” (Ibidem., fundamento jurídico N°
9.4.1.3.).
[38] Ibidem., fundamento jurídico N° 9.4.1.4.
[39] “(…) un
sistema normativo determina qué conjunto de soluciones se destinan a diferentes
casos, lo que implica establecer de manera previa las circunstancias fácticas
reguladas (universo de casos) y las soluciones admisibles (universo de
soluciones). El sistema será completo si existe una solución
correlativa a cada caso, es decir, no existen lagunas normativas. A su turno
la coherencia del sistema estará condicionada a evitar que
concurran soluciones incompatibles correlacionadas, es decir, antinomias. Y,
por último, la independencia del sistema será consecuencia de
que en ningún caso contenga soluciones redundantes correlacionadas” (negrillas originales). Sentencia C-042 de
2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, fundamento jurídico N° 27.
[40] Sentencia
T-302 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez, fundamento jurídico N° 9.1.1. Es
una herramienta cuyo propósito es hacerse innecesario en la medida que busca
-en virtud del principio de colaboración armónica-movilizar a las entidades
estatales para que, en el marco de sus respectivas competencias, solucionen el
problema estructural. Así, la Sala Plena ha indicado que “la intervención y
las medidas [deben] tener carácter provisional, con vigencia únicamente por el
espacio de tiempo que requirieran los organismos políticos para diseñar y
aplicar fórmulas con las que se [pueda] superar la situación violatoria de los
derechos fundamentales” (Sentencia SU-090 de 2000. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz, fundamento jurídico Nº 29). A partir de la Sentencia T-025 de 2004 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa, fundamento jurídico N° 7) se ha establecido que
son criterios -no taxativos- para identificar un ECI: (i) la vulneración
masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un
número significativo de personas; (ii) la prolongada omisión de las
autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los
derechos; (iii) la adopción de prácticas inconstitucionales, como la
incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para
garantizar el derecho conculcado; (iv) la no expedición de medidas
legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la
vulneración de los derechos; (v) la existencia de un problema social
cuya solución compromete la intervención de varias entidades, requiere la
adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de
recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; y (vi)
si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de
tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor
congestión judicial. Esos criterios han sido reiterados -entre otras- en las
sentencias SU-913 de 2009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez, fundamento jurídico Nº
13.1.8; T-388 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico Nº
7.2.; T-762 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, fundamento jurídico N°
11, nota al pie N° 37; y T-302
de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez, fundamento jurídico N° 9.1.1.
[41] Hasta el momento, se ha utilizado para estudiar quince
situaciones diferentes (se mencionan las sentencias en las que se declaró la
existencia del ECI): SU-559 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz (docentes
departamentales, distritales y municipales); T-068 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero (Cajanal); T-153 de 1998. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz (personas privadas de la libertad, primer ECI); SU-250 de 1998.
M.P. Alejandro Martínez Caballero (sistema notarial); T-289 de 1998. M.P. Fabio Morón Díaz (docentes del Municipio de Ciénaga, Magdalena); T-559 de
1998. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa (pensionados del Departamento del Chocó);
T-590 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero (defensores de derechos
humanos); T-525 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz (pensionados del Departamento
de Bolívar); T-606 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra (pensionados del
Municipio de Montería, Córdoba); SU-090 de 2000. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz (pensionados del Departamento del Chocó, nuevamente);
T-025 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa (población desplazada); T-234
de 2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo (situación de las víctimas en el
país por la vulneración de sus derechos) (en esta situación un amicus curiae
propuso que se declarara un ECI, pero la Sala Cuarta de Revisión consideró
que para la situación sub examine era improcedente); A-110 de 2013. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva (Colpensiones) (el ECI solo fue reconocido explícitamente
hasta el Auto A-320 de 2013 del mismo ponente); T-388 de 2013. M.P. María
Victoria Calle Correa (personas privadas de la libertad, segundo ECI); y T-302
de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez (pueblo Wayúu). Esto será descrito
detalladamente en el anexo.
[42] “Las
órdenes que imparte un juez de tutela pueden ser de diverso tipo. Uno de los
criterios con base en los cuáles pueden ser clasificadas es su grado de
complejidad. Advirtiendo que la simplicidad o complejidad de una orden es una
cuestión de grado, la jurisprudencia constitucional ha señalado que se puede
decir que “[…] una orden de tutela es simple cuando comprende
una sola decisión de hacer o de abstenerse de hacer algo que se encuentra
dentro de la órbita de control exclusivo de la persona destinataria de la orden
y se puede adoptar y ejecutar en corto tiempo, usualmente mediante una sola
decisión o acto. Por el contrario una orden de tutela es compleja cuando
conlleva un conjunto de acciones u omisiones que sobrepasan la órbita de
control exclusivo de la persona destinataria de la orden, y, con frecuencia,
requieren de un plazo superior a 48 horas para que el cumplimiento sea pleno. Para
la Corte, las ‘órdenes complejas’ son ‘mandatos de hacer que generalmente
requieren del transcurso de un lapso significativo de tiempo, y dependen de
procesos decisorios y acciones administrativas que pueden requerir el concurso
de diferentes autoridades y llegar a representar un gasto considerable de
recursos, todo lo cual suele enmarcarse dentro de una determinada política
pública’.” Sentencia T-418 de 2010. M.P. María
Victoria Calle Correa, fundamento jurídico N° 5.3. En el mismo sentido, ver
-entre otras- las sentencias T-086 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
fundamento jurídico Nº 4.5.; C-288 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva,
fundamento jurídico Nº 74.3.; T-388 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa,
fundamento jurídico N° 8.1.2.2.; T-648 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo,
fundamento jurídico N° 8.2.; T-306 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo,
fundamento jurídico Nº 5; y los autos A-664 de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido,
fundamento jurídico Nº 52 -proferido por la Sala Plena-, y A-163 de 2018. M.P.
Diana Fajardo Rivera, fundamento jurídico N° 3.1.2. -proferido por la Sala
Segunda de Revisión-. Aunque las órdenes complejas o estructurales son
características de los estados de cosas inconstitucionales, las mismas
no son exclusivas de dichas situaciones (Sentencia T-302 de 2017. M.P. (e)
Aquiles Arrieta Gómez, fundamento jurídico N° 9.1.1.). Así, por ejemplo, es
emblemática la Sentencia T-760 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) sobre
el derecho fundamental a la salud.
[43] Sentencias T-974 de 2009. M.P. Mauricio González Cuervo,
fundamento jurídico Nº 3.3.; T-418 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa,
fundamento jurídico Nº 5.1.; T-388 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa,
fundamento jurídico Nº 8.1.2.2.; T-256 de 2015. M.P. (e) Martha Victoria
Sáchica Méndez, fundamento jurídico Nº 189; T-774 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva, fundamento jurídico Nº 312; T-532 de 2016. M.P. (e) Aquiles Arrieta
Gómez, fundamento jurídico Nº 3.8.; T-325 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta
Gómez, fundamento jurídico Nº 6.2.
[44] Sentencia T-302 de
2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez, fundamento jurídico Nº 10.4.
[45] En la
situación del sistema notarial, en 1998 la Corte declaró la existencia de un
ECI debido a que no se había realizado el concurso correspondiente para nombrar
a los notarios en propiedad, pese a que por expreso mandato constitucional
(artículo 131) se establece que la función notarial es de carrera
administrativa (Sentencia SU-250 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero,
fundamento jurídico N° 4); razón por la cual se ordenó al Superintendente de
Notariado y Registro y al Consejo Superior de la Administración de Justicia,
para que en un término de seis meses convocaran los concursos abiertos para
Notarios. En el año 2000, pese a que se celebró un concurso de méritos, no
todas las notarías del país quedaron comprendidas en el concurso, ya que el
Gobierno consideraba que sus titulares se encontraban nombrados en propiedad e
incluidos en la carrera notarial, de conformidad con las disposiciones legales
dictadas en vigencia de la Constitución de 1886. En virtud de tales consideraciones,
y pese a la variabilidad de las fallas, la Corte reconoció la continuidad del
ECI, pues las medidas para remediarlo no se adoptaron conforme con la
Constitución, ya que debían incluirse todas las plazas de notario existentes en
el país (Sentencia T-1695 de 2000. M.P. (e) Martha Victoria Sáchica Méndez,
fundamento jurídico Nº 6.3). En el 2009 se indicó que aunque se había realizado
un nuevo concurso para proveer los cargos en todas las notarías del país, lo
cierto era que la culminación del concurso con el nombramiento en propiedad de
quienes fueron incluidos en listas de elegibles no había sido posible debido a
la falta de criterios uniformes para acreditar la titularidad de obras
jurídicas (Sentencia SU-913 de 2009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez, fundamento
jurídico N° 13.1.4.), razón por la que la Corte precisó que continuaría
ejerciendo competencia sobre el caso (ibidem., fundamento jurídico Nº
13.2.4.) hasta verificar que se hiciera efectivo el resultado del concurso y se
proveyeran los cargos.
[46] En el ECI
que existió respecto de Colpensiones, pese a la precisión de las órdenes
contenidas en el Auto 110 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) para
remediar el incumplimiento de los términos dispuestos por el ordenamiento
jurídico para la resolución de peticiones pensionales interpuestas ante el
Instituto de Seguros Sociales, la Corte consideró que -a pesar de los esfuerzos
realizados por la entidad- persistía el ECI (Auto A-320 de 2013. M.P Luis
Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico N° 83), e incluso el escenario de
vulneración iusfundamental se extendió a los usuarios que realizaron sus
peticiones directamente ante dicha entidad (ibidem., fundamento jurídico
N° 57), razón por la cual se profirieron nuevas órdenes (autos A-259 de 2014 y
A-181 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). También se puede traer a colación el ECI declarado
respecto de los derechos fundamentales la población desplazada. En efecto, la
variación de las fallas se puede contrastar al comparar la Sentencia T-025 de
2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) con el Auto A-373 de 2016 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva).
[47] Un claro
ejemplo de lo anterior se presentó en relación con la situación de las personas
privadas de la libertad, pues si bien el ECI declarado en la Sentencia T-153 de
1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) se entendió superado respecto de las fallas
estructurales allí establecidas (Sentencia T-388 de 2013. M.P. María Victoria
Calle Correa, fundamentos jurídicos N° 2.2.2, 3, 4.3.1 y 4.3.2.), lo cierto es
que las políticas públicas se tornaron insuficientes e insostenibles, razón por
la que la Corte tuvo que declarar (idem) nuevamente un ECI dada la
persistencia de la violación masiva de derechos fundamentales debido a las
condiciones de reclusión en los centros penitenciarios y carcelarios (ibidem.,
fundamentos jurídicos N° 2.2.1., 7 y 8.2.).
[48] “(…) Al
fundamento de la seguridad jurídica también concurre el principio de la buena
fe que impone a las autoridades del Estado, el deber de actuar de manera
coherente y de abstenerse de defraudar la confianza que depositan en ellas los
ciudadanos (art. 83). También el reconocimiento de la seguridad jurídica se
apoya en la cláusula de Estado de Derecho (art. 1) en tanto permite que las
autoridades judiciales adopten las decisiones con apoyo en reglas preexistentes
y no con fundamento en su propia voluntad.” Sentencia C-284 de 2015. M.P.
Mauricio González Cuervo, fundamento jurídico N° 6.2.1.
[49] “(…) las exigencias de seguridad jurídica y de trato
igual no son absolutas si se considera que ello implicaría, entre otras cosas,
desconocer la autonomía judicial, la necesidad de ajustar el derecho a las
nuevas realidades sociales o la importancia de corregir yerros en la
interpretación y aplicación del derecho. Es por eso que la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha considerado, por ejemplo, que resulta posible
introducir cambios de precedente bajo la condición de cumplir exigentes cargas
argumentativas, como forma de armonizar la autonomía judicial y el principio de
igualdad. Igualmente ha establecido que en algunos eventos pueden evitarse los
efectos de la cosa juzgada, tal y como ello ocurre en los casos en los cuales
se produce una variación del parámetro de control o sobreviene un cambio
radical en el significado de la Constitución como consecuencia de variaciones
económicas, sociales, políticas y culturales de una comunidad.” Sentencia C-284 de 2015. M.P. Mauricio
González Cuervo, fundamento jurídico N° 6.2.3.
[50] Ver -entre
otras- sentencias C-284 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo, fundamento
jurídico N° 6.2.1; SU-336 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo,
fundamento jurídico N° 4.3.; SU-354 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería
Mayolo, fundamento jurídico N° 5.3.; y SU-072 de 2018. M.P. José Fernando Reyes
Cuartas, fundamento jurídico N° 20.
[51] Lo que se
ha dado, por ejemplo, con las sentencias T-359 de 2018 (M.P. Diana Fajardo Rivera) y T-415 de 2018 (M.P. Alejandro Linares Cantillo) al reiterar la Sentencia T-302 de 2017 (M.P. (e)
Aquiles Arrieta Gómez) y estarse a lo resuelto en sus órdenes, en relación con
el ECI identificado respecto del pueblo Wayúu en La Guajira. Esto se verá en
detalle infra (fundamento jurídico N° 3.4.).
[52] Esto ha sucedido en el marco del ECI del sistema
penitenciario y carcelario identificado con la Sentencia T-388 de 2013 (M.P.
María Victoria Calle Correa), pues con la Sentencia T-762 de 2015 (M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado) se decidió proferir nuevas “órdenes generales” (ver punto
resolutivo vigésimo segundo y subsiguientes). También es demostrativa la Sentencia T-302 de 2017 (M.P. (e) Aquiles
Arrieta Gómez) pues estableció que las “órdenes que se profieren en esta
sentencia deben ser leídas de manera armónica con todos los pronunciamientos
que la preceden, en especial la sentencia T-466 de 2016” (fundamento
jurídico N° 9.5.3.).
[53] Aunque, como se advirtió (supra, nota al pie N° 42),
con la Sentencia T-760 de 2008 no se declaró un ECI en relación con el sistema
de salud, sí se dictaron órdenes complejas. No obstante, eso no fue un
obstáculo para que los jueces de tutela -incluida la Corte Constitucional-
resolvieran casos concretos para garantizar el derecho fundamental a la salud.
Otro ejemplo es el de la Sentencia T-197 de 2017 (M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez), en donde además de reiterar la existencia del ECI declarado en la T-388
de 2013 y adoptar algunas “medidas de mediano plazo”, se dictaron órdenes
particulares en relación con los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios
de Mediana Seguridad de La Unión, Túquerres, Ipiales, Tumaco y Pasto.
[54] La jurisprudencia
constitucional ha sido enfática al referir que la competencia para hacer
cumplir los fallos de tutela recae -en principio- en los jueces de primera
instancia, debido a que estos funcionarios son los encargados de hacer cumplir
las órdenes impartidas, ya sea que provengan de una providencia de segunda
instancia o de la revisión que haya realizado la Corte Constitucional. Ver
-entre otros- autos A-159 de 2015. M.P. (e) Martha Victoria Sáchica Méndez,
fundamento jurídico N° 3; A-104 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos, fundamento
jurídico N° 4.3.; y A-823 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera, fundamento
jurídico Nº 2.1. Esto incluso ha sido aplicado en el marco de los ECI. Así,
como ya fue mencionado (supra, fundamento jurídico N° 3.2.2.) en la
Sentencia T-302 de 2017 (M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez) se decidió que la
Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Riohacha (como juez de primera instancia) sería la competente para supervisar el cumplimiento del fallo y los eventuales
incidentes de desacato, sin perjuicio de la posibilidad de la Corte
Constitucional de asumir la competencia para asegurar el cumplimiento total o
parcial.
[55] La Corte ha
reconocido como justificaciones suficientes cuando: (i) el juez de primera
instancia no adoptó las medidas necesarias para presionar la ejecución de la
parte resolutiva del fallo de tutela o, cuando las adoptó, pero estas
resultaron insuficientes o ineficaces para alcanzar dicho objetivo; (ii) la
autoridad desobediente es una Alta Corte, pues las mismas no tienen superior
funcional que pueda conocer de la consulta sobre la sanción por desacato; (iii)
en presencia de un estado de cosas inconstitucional, se han emitido órdenes
complejas, para cuya efectividad es necesario un permanente seguimiento y la
adopción de nuevas determinaciones, de acuerdo con las circunstancias de una
situación que se prolonga en el tiempo; o (iv) su intervención sea imperiosa
para lograr el cumplimiento del fallo. Ver Sentencia C-367 de 2014. M.P.
Mauricio González Cuervo, fundamento jurídico Nº 4.3.4.6.; y -entre otros-
autos A-177 de 2009. M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio, fundamento jurídico N° 1; A-244 de 2010. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, fundamento jurídico N° 3; A-033 de 2016. M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, fundamento jurídico N° 7; A-237 de 2017. M.P. Antonio
José Lizarazo Ocampo, fundamento jurídico N° 7; A-501 de 2017. M.P. Cristina
Pardo Schlesinger, fundamento jurídico N° 2; A-123 de 2018. M.P. Carlos Bernal
Pulido, fundamento jurídico N° 20; y A-506 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera,
fundamento jurídico Nº 2.2. En materia de los ECI resalta la Sala Especial de
Seguimiento de la Corte Constitucional en materia de desplazamiento forzado y
del sistema penitenciario y carcelario (existe otra Sala Especial de
Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008).
[56] Sentencias T-086 de 2003
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, fundamento jurídico N° 3.1.; y T-418 de 2010.
M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico N° 5.6.; Auto A-320 de
2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico N° 109; Sentencia
T-604 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, fundamento jurídico N° 5.1.; y
Auto A-506 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera, fundamento jurídico Nº 3.1.
[57] Autos A-378 de 2010. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio, fundamento jurídico N° 3.2.3.1.; A-320 de 2013.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico N° 109; y A-395 de 2018.
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, fundamento jurídico N° 5.
[58] Sentencia T-086 de 2003 M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa, fundamento jurídico N° 3.1.; y autos A-167 de
2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, fundamento jurídico N° 1.4.3.3.; y
A-548 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, fundamento jurídico N° 31.
[59] Se han establecido los siguientes parámetros: (1) La
facultad puede ejercerse cuando debido a las condiciones de hecho es necesario
modificar la orden, en sus aspectos accidentales, bien porque (a) la orden
original nunca garantizó el goce efectivo del derecho fundamental tutelado, o
lo hizo en un comienzo pero luego devino inane; (b) porque implica afectar de
forma grave, directa, cierta, manifiesta e inminente el interés público o (c)
porque es evidente que lo ordenado siempre será imposible de cumplir.  (2)
La facultad debe ejercerse de acuerdo a la siguiente finalidad: las medidas
deben estar encaminadas a lograr el cumplimiento de la decisión y el sentido
original y esencial de la orden impartida en el fallo con el objeto de asegurar
el goce efectivo del derecho fundamental tutelado. (3) Al juez le es
dado alterar la orden en sus aspectos accidentales, esto es, en cuanto a las
condiciones de tiempo, modo y lugar, siempre y cuando ello sea necesario para
alcanzar dicha finalidad. (4) La nueva orden que se profiera, debe buscar la menor
reducción posible de la protección concedida y compensar dicha reducción de
manera inmediata y eficaz. Ver
sentencias T-086 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, fundamento jurídico
N° 4.6.; T-418 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico
N° 5.11.1.; T-226 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico
N° 43; los autos A-104 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos, fundamento jurídico
N°4.3.; A-664 de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido, fundamentos jurídicos N° 53 a
57; A-164 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera, fundamento jurídico N° 4); y la
Sentencia T-233 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger, fundamento jurídico
N°4.
[60] Sentencias T-086 de 2003
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, fundamento jurídico N° 4.1.3.; y T-226 de
2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico N° 43; y Auto A-395
de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, fundamento jurídico N° 6.
[61] Sentencia T-359 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera. En
esa oportunidad, la Sala Segunda de Revisión estudió la acción de tutela
instaurada por quince
representantes legales de comunidades indígenas del municipio de Uribia con el
fin de solicitar el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el propósito de proteger los
derechos de niñas, niñas y adolescentes de cuatro municipios en los que se
encuentran miembros del pueblo indígena Wayúu, gravemente afectados por la
carencia de agua potable y la escasez de alimentos. La Sala decidió remitir ese
“trámite al seguimiento del estado de cosas inconstitucional declarado en la
sentencia T-302 de 2017” (fundamento jurídico N° 55).
[62] Sentencia T-415 de 2018. M.P. Alejandro Linares
Cantillo. La Sala Cuarta de Revisión se pronunció sobre una acción de tutela
instaurada en favor de las comunidades
indígenas de Warrutou, Warraliet, Juisharou, Topia y Tres Bocas -ubicadas en la
jurisdicción del municipio de Uribia (La Guajira)-, con fundamento en que las
entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales a la vida, a la
dignidad humana y al agua potable (en su faceta subjetiva para consumo humano),
como consecuencia de no haber desplegado las acciones necesarias para
garantizar el suministro mínimo vital de agua potable (los accionantes también
alegaban el incumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH. Ver
antecedentes N° 3 y 4). La decisión también fue la de reiterar lo dispuesto en
la Sentencia T-302 de 2017 en relación con el estado de cosas inconstitucional.
[63] Asimismo,
la Sala resalta la labor de los jueces de instancia de verificar -para no
adoptar determinaciones contradictorias o descoordinadas- que ya existían
decisiones judiciales al respecto (ver supra,
antecedente N° 3). Lo anterior se verá en detalle en el anexo de esta
providencia. Adicionalmente, es necesario precisar que, al momento de proferir
las decisiones de instancia (26 de octubre de 2017 y 13 de diciembre de 2017,
respectivamente), todavía no se conocía el contenido de la Sentencia T-302 de
2017, por cuanto la misma solo fue publicada hasta el 6 de junio de 2018.
[64] En varias oportunidades la Corte Constitucional ha determinado
que el derecho al agua es un derecho fundamental que tiene tres componentes: (i) la disponibilidad, que exige que el abastecimiento
sea continuo y suficiente para los usos personales y domésticos; (ii) la
calidad, que requiere que el agua sea salubre y no contenga elementos
químicos o residuos tóxicos que amenacen la salud de las personas; y (iii)
la accesibilidad, que implica que la población debe contar con un
alcance físico de los servicios e instalaciones del agua. Además, esta
accesibilidad debe ser económica, es decir, los costos y cargos para el
abastecimiento del agua deben ser asequibles, debe observar el principio de no
discriminación y se debe garantizar el acceso a la información sobre el
suministro del agua. Ver -entre otras- las sentencias
T-256 de 2015. M.P. (e) Martha Victoria Sáchica Méndez, fundamentos jurídicos
N° 71 a 74; T-302 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez, fundamento jurídico
N° 6.3.1.; y T-415 de 2018. M.P. Alejandro Linares Cantillo, fundamentos
jurídicos N° 84 a 87.
[65] Aunque el accionante también alegó la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso por el no acatamiento de
las medidas cautelares proferidas por la CIDH, en esta oportunidad no se
considera que se presente tal afectación, en la medida que -por su complejidad-
la satisfacción de las mismas dependerá del cumplimiento de las órdenes de la
Sentencia T-302 de 2017.
[66] Ver
sentencias T-359 de 2018. M.P.
Diana Fajardo Rivera, primer punto resolutivo; y T-415 de 2018. M.P. Alejandro
Linares Cantillo, segundo punto resolutivo.
[67] Esto, porque como se señaló (supra, antecedente
N° 3, nota al pie N° 11. Ver también infra los puntos I.4.3. y I.4.4.
del anexo) a pesar que el fallo de segunda instancia fue proferido el 13 de
diciembre de 2017 y notificado el 18 de abril de 2018, solo fue remitido a la
Corte Constitucional el 29 de octubre de 2018, siendo recibido el 16 de
noviembre de 2018 por la Secretaría General de la Corporación.
[68] Cuaderno 1, folio 1 a 59.
[69] Ibidem., folio 5.
[70] Ibidem., folio 13.
[71] Ibidem., folio 14.
[72] Ibidem., folio 3.
[73] Ibidem., folio 21.
[74] Ibidem., folio 12.
[75] Idem.
[76] Ibidem., folio 22.
[77] Ibidem., folio 23.
[78] Ibidem., folio 24.
[79] Idem.  Lo anterior, haciendo alusión a las sentencias de tutela de instancia dictadas en el marco
del expediente T-5.697.370, el cual culminó con la expedición de la Sentencia
T-302 de 2017 (M.P. (e) Aquiles Arrieta Gömez).
[80] Ibidem., folio 25.
[81] Ibidem., folios 27 a 29.
[82] Ibidem., folios 29 a 31.
[83] Ibidem., folios 31 a 32.
[84] Ibidem., folios 32 a 34.
[85] Ibidem., folios 34 a 39.
[86] Ibidem., folios 39 a 52. En el último acápite se
refiere -entre otras- a las sentencias de tutela de instancia dictadas en el
marco del proceso del expediente T-5.697.370 (ver supra nota al pie N° 79).
[87] Ibidem., folios 25 a 27.
[88] Ibidem., folio 60. Fundamentó su impedimento en que
es titular del derecho de propiedad de unos territorios que están destinados al
cultivo de arroz y se benefician del riego derivado del Río Ranchería, por lo
que tiene un interés en la actuación procesal.
[89] Ibidem., folios 62 a 63.
[90] Ibidem., folios 73 a 74.
[91] Ibidem., folios 76 a 81
[92] Ibidem., folio 263.
[93] Cuaderno 1, folios
210 a 236. Respuesta presentada el 18 de octubre de 2017.
[94] Ibidem., folios 205 a 209. Respuesta presentada el 18 de
octubre de 2017.
[95] Planes Departamentales para el manejo Empresarial de los
Servicios de Agua y Saneamiento, y Plan Departamental de Agua Potable y
Saneamiento Básico (ibidem, folio 206).
[96] Cuaderno 2, folios 19
a 26. Respuesta presentada el 23 de octubre de 2017.
[97] Ibidem., folio 24.
[98] Ibidem., folio 26.
[99] Ibidem., folios 1 a 10. Respuesta presentada el 20 de octubre
de 2017.
[100] Enunció las sentencias T-256 de 2015 y T-466 de 2016 de la
Corte Constitucional, de 27 de julio de 2016 de la Corte Suprema de Justicia,
de 18 de mayo de 2017 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, de 24 de agosto de 2016 del Tribunal
Contencioso Administrativo de Cundinamarca y de 14 de septiembre de 2016 del
Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira.
[101] Cuaderno 1, folios
197 a 202. Respuesta presentada el 17 de octubre de 2017.
[102] Ibidem., folios 136 a 138. Respuesta presentada el 20 de
octubre de 2017.
[103] Ibidem., folios 288 a 292. Respuesta presentada el 31 de
octubre de 2017.
[104] Cuaderno 2, folios 34
a 49. Respuesta presentada el 23 de octubre de 2017.
[105] Cuaderno 2, folio 48.
[106] Cuaderno 1, folios
145 a 196. Respuesta presentada el 17 de octubre de 2017.
[107] Ibidem., folio 145.
[108] Ver supra
nota al pie N° 79.
[109] Cuaderno 1, folio 146.
[110] Basada en el uso eficiente del agua (de
la que utiliza, solo el 7% es de alta calidad, destinada -en su mayoría- para
el consumo humano de los 12.000 trabajadores y contratistas), enfoque de
protección de cuencas hidrográficas y participación en soluciones de agua para
las comunidades.
[111] Ibidem., folio 149.
[112] Cuaderno 2, folios 57
a 71. Respuesta presentada el 24 de octubre de 2017.
[113] Ibidem., folio 68.
[114] Ibidem., folio 69.
[115] Cuaderno 1, folios 266 a 270.
[116] Cuaderno 2, folios 171 a 200.
[117] Ibidem., folio 192. En particular, señaló las sentencias T-466
de 2016 de la Corte Constitucional, 002-2016-0003 del Tribunal Superior del
Distrito Judicial del Riohacha, y 2016-000373, 2016-00389 y 2016-00410 de la
Sala Disciplinaria de la Seccional de La Guajira del Consejo Superior de la
Judicatura.
[118] Ibidem., folio 193. Haciendo alusión a las sentencias T-256 de
2015 de la Corte Constitucional, y 2016-01719 del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá. El A quo resaltó que en la última
providencia también se fundamentó en las medidas cautelares decretadas por la
CIDH. Respecto de la primera providencia destacó que, en ella, la Corte
Constitucional abordó la vulneración al derecho fundamental al agua potable de
miembros de la comunidad ancestral de negros afrodescendientes de los
corregimientos de Patilla y Chancleta del Municipio de Barrancas, haciendo
extensivo el amparo constitucional a las comunidades indígenas y tribales de La
Guajira en virtud del derecho a la igualdad. Además, que con esa decisión ya
existe un “derecho reconocido y declarado en lo tocante al diseño de
una política pública en materia de recursos hídricos que solucione en forma
definitiva la problemática de abastecimiento de agua en el Departamento de La
Guajira” (ibidem., folio 195). Adicionalmente, resaltó que las
órdenes proferidas son de carácter “sistemático”, por lo que su cumplimiento es
progresivo.
[119] Ibidem., folio 196.
[120] Idem.
[121] Ibidem., folios 199 y 200.
[122] Ibidem., folios 278 a 303.
[123] Cuaderno 3, folios 55 a 70.
[124] Ibidem., folios 5 a 53.
[125] No obstante, en relación con la segunda
razón para declarar la improcedencia sostuvo que “en cuanto a la iniciación
del proyecto multipropósito del Rio (sic) Ranchería que también se
pretende con esta acción, se comparte la posición de instancia, en el sentido
de que el mecanismo idóneo para tal efecto es la acción de grupo en la medida
que se trata a no dudarlo de una petición a efectos de satisfacer un derecho
colectivo que no involucra directamente los intereses del actor” (ibidem.,
folio 52).
[126] Ibidem., folios 85 a 127.
[127] Ibidem., folios 129 a 134. Según consta en el
folio 128, el expediente pasó a su despacho el 27 de abril de 2018.
[128] Ibidem., folios 136 a 138. En el folio 135 se
observa que el expediente le fue remitido el 28 de septiembre de 2018.
[129] Ibidem., folios 145 y 146. De acuerdo con el
folio 144, el expediente fue enviado a ese despacho el 10 de octubre de 2018.
[130] Ibidem., folio 141.
[131] Ibidem., folio 143.
[132] Ibidem., folios 148 y 149.
[133] Ibidem., folio 154.
[134] Ibidem., folio 157.
[135] Cuaderno de revisión, folio 2.
[136] En este acápite se
desarrolla lo esbozado en la nota al pie N° 41.
[137] Se hará
referencia a las providencias en las que se expuso -casi siempre formal y
explícitamente- su existencia, sin perjuicio de que cada situación sea
complementada con pronunciamientos posteriores respecto de la misma situación.
[138] M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[139] Fundamento
jurídico N° 30.
[140] Fundamento
jurídico N° 33.
[141] M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[142] Fundamento
jurídico N° 7.
[143] Fundamento
jurídico N° 10.
[144] Fundamento
jurídico N° 11.
[145] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[146] Fundamento jurídico N° 7.5.
[147] Sentencia T-431 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, fundamento jurídico N° 2.2.1.
[148] M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[149] Fundamento
jurídico N° 65.
[150] Fundamentos
jurídicos N° 49 y 50.
[151] Fundamento
jurídico N° 57.
[152] Fundamento
jurídico N° 60.
[153] Fundamento
jurídico N° 55.
[154] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[155] Fundamento jurídico N° 3.
[156] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[157] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[158] Fundamento jurídico N° 3.
[159] M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[160] Fundamento
jurídico N° 4.
[161] M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[162] Fundamento jurídico N° 6.3.
[163] M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[164] Fundamento jurídico N° 13.1.4.
[165] Fundamento jurídico N° 13.2.4.
[166] M.P. Fabio
Morón Díaz.
[167] Fundamento
jurídico N° 2.
[168] M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[169] Fundamento
jurídico “c”.
[170] Alejandro
Martínez Caballero.
[171] Fundamento
jurídico N° 6.3.
[172] M.P.
Carlos Gaviria Díaz.
[173] Fundamento jurídico “c”.
[174] M.P.
Alfredo Beltrán Sierra.
[175] Fundamento
jurídico N° 3.4.
[176] M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[177] Fundamento
jurídico N° 28.
[178] Fundamento
jurídico N° 30.
[179] M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[180] Fundamentos
jurídicos N° 2.2 y 7.
[181] Esta conclusión
fue establecida en el fundamento jurídico N° 7. Las órdenes complejas fueron
establecidas con precisión en el fundamento jurídico N° 10.1
[182] M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[183] Fundamento
jurídico N° 6.5.1.2.
[184] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[185] Fundamento
jurídico N° 10.
[186] Fundamento
jurídico N° 83. La existencia del ECI fue reiterada en los Autos A-259 de 2014
(fundamentos jurídicos 89, 91 y 158) y A-181 de 2015 (fundamentos jurídicos 96,
98 y 100).
[187] Fundamento
jurídico N° 57.
[188] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[189] Fundamentos jurídicos N° 578 y ss.
[190] Fundamento jurídico N° 582.
[191] M.P. María
Victoria Calle Correa.
[192] Fundamento
jurídico N° 7.
[193] Fundamento jurídico N° 2.2.1.
[194] Fundamentos
jurídicos N° 2.2.2. y 11.
[195] Fundamento
jurídico N° 7.13.1.
[196] Fundamento
jurídico N° 8.2.12.3.
[197] Fundamento
jurídico N° 8.2.
[198] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[199] Fundamento jurídico N° 25.
[200] (i) La Desarticulación de la
política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional; (ii)
Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos; (iii)
Reclusión conjunta de personas sindicadas y condenadas. Falta de articulación
de las entidades territoriales y el Ministerio de Justicia y del Derecho; (iv)
Sistema de salud del sector penitenciario y carcelario del país; (v) Las
condiciones de salubridad e higiene son indignas en la mayoría de los
establecimientos penitenciarios, y esto constituye un trato cruel e inhumano
propiciado por el Estado.
[201] Fundamento jurídico N° 100.
[202] M.P. (e) Aquiles
Arrieta Gómez.