T-341-02
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-341/02
SERVICIO DE SALUD-Obligaciones de las entidades territoriales para con personas
vinculadas al régimen subsidiado que necesiten cirugía no contempladas en el
POS
La cirugía
para la que fue remitido con carácter de urgencia el actor, la cual es
necesaria para superar la grave afección que le impide realizar sus necesidades
básicas, es responsabilidad del Estado por intermedio de las entidades
territoriales y aquellas instituciones con las que se haya celebrado contratos
para tal efecto, de conformidad con las disposiciones vigentes. Una persona que
requiera indispensablemente atención médica y el acceso a ella esté garantizado
por una entidad territorial, tiene el derecho a:  (i) recibir de ésta
información sobre el servicio de salud, los beneficios con que cuenta y lo que
debe hacer para recibir la atención que requiera;  (ii) a que ésta le indique
específicamente la institución encargada de prestarle el servicio y  (iii) a
que le acompañe en el proceso que culmine con la atención, de tal forma que se
le garantice el goce efectivo de sus derechos constitucionales a la vida, a la
integridad física y a acceder a los servicios de salud.
Referencia: expediente T-544940
Acción
de tutela instaurada por Servio Tulio Guevara Villota contra Caprecom E.P.S.
Magistrado
Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ
CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil
dos (2002)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y previo el cumplimiento de los requisitos y trámites legales
y reglamentarios, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión del fallo
adoptado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto dentro de la acción
de tutela instaurada por Servio Tulio Guevara Villota contra Caprecom E.P.S.
El presente expediente fue escogido para
revisión por medio de auto del 31 de enero de 2002, proferido por la Sala de
Selección Número Uno y repartido a la Sala Tercera de Revisión.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El Personero Municipal de Samaniego,
Nariño, Iván Alexander Obando Melo, actuando en representación de Servio Tulio
Guevara Villota, presentó ante el Juez Civil del Circuito el 2 de noviembre de
2001 acción de tutela en contra de Caprecom E.P.S., por considerar que la
decisión de no ordenar que se le practique la cirugía (uretrotomía interna
endoscópica) que requiere el señor Guevara Villota para superar la situa­ción
de salud en la que se encuentra (obstrucción de la uretra prostática), vulne­ra
sus derechos a una vida digna, a la integridad y a la salud. Los hechos que
sirven de fundamento al amparo solicitado son los siguientes:
1.1. El señor Guevara Villota, quien es
beneficiario de Caprecom E.P.S. dentro del régimen subsidiado en salud, fue
remitido por Alberto Enríquez Lima, Médico Interno del Hospital Departamental
de Nariño, para la práctica de una uretrografía retrograda el 7 de
septiembre de 2001.[1]
1.2. Según relata el Personero de
Samaniego, el paciente fue atendido el 25 de octubre de 2001 en el Hospital
Lorencita Villegas de Santos del Municipio de Samaniego, donde se le
diagnosticó síndrome obstructivo urinario bajo secundario (estrechez de
uretra), lo que le impide orinar normalmente. El urólogo del Hospital Lorencita
Villegas, doctor Jorge Luis Paz, remitió entonces al paciente para practicarle
una uretrotomía interna endoscópica, cirugía mediante la cual se le
pretende ensanchar la uretra para que pueda orinar normalmente y sin dolor.[2] El doctor calificó la
remisión como “urgente”.
1.3. El señor Guevara Villota, señala el
Personero, ha solicitado verbalmente a Caprecom E.P.S. la práctica de la
cirugía, pero la entidad se ha negado alegando que no es su obligación prestar
tal servicio, en tanto las atenciones requeridas no se encuentran contempladas
por el POS-S.
1.4. Finalmente el Personero señala que el
señor Guevara Villota es una persona de escasos recursos; precisamente en razón
a esta condición se encuentra inscrito dentro del Sistema de Salud dentro del
régimen subsidiado.
2. Demanda y solicitud
El Personero Municipal de Samaniego
solicita que se le tutelen a Servio Tulio Guevara Villota sus derechos a una
vida digna, a la integridad y a la salud, ordenándole a la entidad accionada
que ordene realizar en 48 horas la cirugía, entrega de droga y demás
tratamientos que éste requiera.
3. Argumentos presentados por Caprecom,
el Instituto Departamental de Salud de Nariño y el Hospital Departamental de
Nariño E.S.E.
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Pasto, vinculó a Caprecom E.P.S. y al Instituto Departamental de Salud de
Nariño, en tanto se trata de las entidades que según los diferentes argumentos
presentados dentro del proceso, pueden llegara ser considerados responsables de
prestar la atención en salud solicitada por el señor Guevara Villota.
3.1. El Director Regional de Caprecom
E.P.S., Edmundo Montenegro Bejarano, sostuvo que dicha entidad no es
responsable de prestar la atención en salud requerida en el presente caso, por
cuanto se trata de una cirugía no contemplada dentro del Plan Obligatorio de
Salud Subsidiado (POS-S). Según su comunicación de noviembre 14 de 2001, es el
Estado, a través de las autoridades Departamentales, el llamado a prestar el
servicio médico solicitado.
3.2. El Director Del Instituto
Departamental de Salud de Nariño, Álvaro Germán Villacís Coral, alegó que la
obligación de la entidad que él preside ha sido cumplida a cabalidad pues ya se
ha hecho lo que le correspondía legalmente, a saber: celebrar los contratos con
las instituciones públicas y privadas prestadoras de servicios de salud en el
Departamento de Nariño, para la atención a la población vinculada del
Departamento y aquella subsidiada que requiere procedimientos por fuera del
POS-S.
Adicionalmente, luego de citar parte de
la jurisprudencia constitucional en seguridad social en salud, señala que con
base en el artículo 4° de la Resolución 3384 de 2000 del Ministerio de Salud,
las entidades encargadas de prestar el servicio de salud en el régimen
subsidiado, deben garantizar el acceso a los medicamentos no incluidos en el
POS-S, con el objeto de proteger el derecho a la vida y la salud.
4. Pruebas solicitadas por el juez
El Juez de instancia solicitó al médico
internista Alberto Enríquez Lima, adscrito al Hospital Departamental de Nariño
E.S.E, que en el término de un día le indicara el procedimiento médico a seguir
en el caso de la referencia y si se requiere con urgencia.
El Subgerente de Prestación de Servicios
del Hospital, mediante escrito de noviembre 19 de 2001, señaló que el Doctor
Carlos Alberto Enríquez Lima, quien no es médico internista, sino médico
interno, es decir, estudiante de medicina en su último año de práctica
profesional, transcribió la orden médica del examen de uretrografía retrograda,
según el cual el señor Guevara Villota padece de obstrucción de la uretra
prostática. Considera el Hospital que para atender la solicitud del Juez es
necesario que el paciente sea valorado por un médico urólogo.
5. Sentencia de instancia
En sentencia de noviembre 22 de 2001, el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto negó la tutela por considerar que
Caprecom E.P.S. no había vulnerado los derechos fundamentales de Servio Tulio
Guevara Villota., por cuanto, a su juicio, el servicio específico de salud
solicitado, uretrotomía interna endoscópica, no ha sido ordenado aún por
el médico tratante.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Consideraciones previas
La Sala Tercera de Revisión considera
preciso, antes de entrar a analizar el caso, señalar que la decisión del Juez
de instancia es inadecuada en la medida que parte de supuestos fácticos
equivocados. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto funda su decisión
en los siguientes términos,
“Alega el accionante
que al paciente se le ha negado la práctica de una cirugía; sin embargo del
acervo probatorio se establece que todavía no se ha determinado la conducta o
el tratamiento a seguir con el paciente; dado que el fue remitido del Hospital
Lorencita Villegas de Santos para la práctica de un examen complementario
consistente en Uretrografía interna endoscópica, (folios 4 informativo), el
cual ya fue practicado cuyo resultado se observa a folio 5. El procedimiento a
seguir lo explica el Subgerente de Prestación de Servicios del Hospital
Departamental de Nariño, y radica en la valoración por urología del paciente ya
con los resultados de los exámenes necesarios. El actuar que sugiere el
administrativo del Hospital Departamental, es lógico y así debe actuarse, pues
únicamente es el médico tratante quien determina los procedimientos médicos a
seguirse.”
El Juez de instancia incurre así en dos
errores. Primero, el examen al que fue remitido el paciente al Hospital
Lorencita Villegas no se llama “uretrografía interna endoscópica”, sino uretrografía
retrograda. Segundo, dicho examen sí se realizó como lo señala el Juez,
pero su resultado no fue solamente indicar el diagnóstico de obstrucción de
la uretra prostática, también se dijo cuál era el tratamiento a seguir.
En efecto, como se advierte en la copia de la Historia de Remisión que el
urólogo del Hospital Lorencita Villegas, Jorge Luis Paz, envió al Hospital
Departamental de Nariño con anotación de “urgente”, el paciente fue remitido
para que se le practicara la siguiente cirugía: uretrotomía interna
endoscópica.  Así pues, la premisa de la cual parte el razonamiento del
Juez de instancia, a saber, que aún no se conoce cuál es el tratamiento médico
a seguir en el presente caso, no es cierta.
La respuesta del Subgerente de Prestación
de Servicios del Hospital Departamental, en la que se le señala al Juez de
instancia que es necesario la valoración por parte de un urólogo, en modo
alguno pretende restar valor a la remisión calificada de urgente por el médico
del Hospital Lorencita Villegas o desvirtuar que exista una orden del medico
tratante. Cuando el Subgerente del Hospital Departamental señaló que era
necesario que un urólogo valorara la situación de salud del señor Guevara
Villota, estaba justificando por qué no era posible cumplir la orden impartida
por el Juzgado de instancia en auto de 15 de noviembre de 2001, la cual se
transcribe a continuación.
“Solicítese al médico
internista Alberto Enríquez Lima, adscrito al hospital Departamental de Nariño,
E.S.E., certifique en el término improrrogable de un (1) día so pena de sufrir
las sanciones de ley, el procedimiento médico a seguirse en el caso del
paciente Servio Tulio Guevara Villota (…) si se hace urgente la práctica de una
cirugía y los efectos que su no realización tendría en la vida y calidad de
vida del paciente. (…)”[3]
El Hospital Departamental se limitó a
justificar por qué ni el médico interno Alberto Enríquez Lima, ni un médico
urólogo, podían cumplir esta orden en el tiempo indicado sin examinar al
paciente.
Ahora bien, no entiende la Sala por qué el
fallo de instancia entró a cuestionar una situación fáctica que ninguna de las
partes involucradas puso en duda. Tanto el Personero Municipal de Samaniego y
Servio Tulio Guevara Villota como Caprecom E.P.S. y el Instituto Departamental
de Nariño, consideraron que el servicio médico ordenado debía prestarse. Las
divergencias entre unos y otros versan es respecto a quién es el responsable de
brindarlo. Mientras que el Personero, actuando en nombre del señor Guevara
Villota considera que el responsable es Caprecom E.P.S., ésta entidad considera
que es el Departamento, y a su vez, el Departamento considera que el
responsable es Caprecom E.P.S. y el Hospital Departamental de Nariño, en lo que
respecta a drogas, y las instituciones de salud con las que ha contratado dicho
ente territorial, en lo que respecta a la cirugía. Pasa entonces la Sala a
resolver este problema.
2. Problema jurídico
En el presente caso, la Sala debe resolver
el siguiente problema jurídico: ¿violan una E.P.S. o un Departamento, los
derechos a la vida, a la integridad y la salud de una persona afiliada dentro
del régimen subsidiado, por no practicarle una cirugía (uretrotomía interna
endoscópica) que requiere para superar el padecimiento que lo aqueja (obstrucción
de la uretra prostática), debido a que no está contemplada dentro del
POS-S.?
El anterior problema ya ha sido resuelto
por la jurisprudencia constitucional indicando que los servicios médicos para
personas beneficiarias del régimen subsidiado que no se encuentren contemplados
por el POS-S, distintos al suministro de drogas,[4]
son responsabilidad de las entidades territoriales. Se procede entonces a
reiterar dicha jurisprudencia en el presente proceso.
3. Reiteración de jurisprudencia: las
entidades territoriales están obligadas a informar, indicar y acompañar
a las personas vinculadas al régimen subsidiado que necesiten
procedimientos quirúrgicos no contemplados por el POS-S
3.1. El artículo 31 del Decreto 806 de
1998, mediante el cual se define quién es el responsable de prestar los
servicios no cubiertos por el POS-S,[5]
así como la jurisprudencia de esta Corporación,[6]
señalan que los servicios médicos que necesite un paciente del régimen
subsidiado que se encuentren por fuera del Plan Obligatorio, son
responsabilidad del Estado, no de las A.R.S. ni de las E.P.S. que también presten
servicios en dicho régimen. Se trata pues, de una responsabilidad compartida
entre el Estado, por una parte, y las instituciones prestadoras de servicios de
salud públicas o empresas sociales del Estado o IPS privadas que tengan
contrato con el Estado para el efecto, por otra. No obstante, es claro que la
obligación de garantizar el acceso a los servicios de salud recae básicamente
en cabeza del Estado, pues las IPS y demás entidades que comparten tal
responsabilidad sólo lo hacen en tanto aquel haya contratado sus servicios para
ello (salvo las excepciones legales, como atención de urgencias).
La cirugía para la que fue remitido con
carácter de urgencia Servio Tulio Guevara Villota, la cual es necesaria para
superar la grave afección que le impide realizar sus necesidades básicas, es
responsabilidad del Estado por intermedio de las entidades territoriales y
aquellas instituciones con las que se haya celebrado contratos para tal efecto,
de conformidad con las disposiciones vigentes.
3.2. Ahora bien, el Director del Instituto
Departamental de Salud de Nariño no se opone a lo dicho; es más, en su
intervención él mismo lo reconoce así. Sin embargo, alega que la
responsabilidad del Departamento se limita a celebrar los contratos con las entidades
que estarán encargadas de prestar, directamente, los servicios de salud. Por lo
tanto, para efectos del presente caso, alega que es a dichas instituciones a
dónde se ha de dirigir el paciente, pues el Departamento ya hizo lo que le
correspondía.
Esta posición no es compartida por la Sala
de Revisión, pues como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, la
obligación del Estado es garantizar efectivamente el acceso de las personas al
servicio de salud, no simple­mente celebrar contratos. Precisamente en la
sentencia T-053 de 2002 se decidió que una persona que requiera
indispensablemente atención médi­ca y el acceso a ella esté garantizado por una
entidad territorial, tiene el derecho a:  (i) recibir de ésta información
sobre el servicio de salud, los beneficios con que cuenta y lo que debe hacer
para recibir la atención que requiera;  (ii) a que ésta le indique
específicamente la institución encargada de prestarle el servicio y  (iii) a
que le acompañe en el proceso que culmine con la atención, de tal forma
que se le garantice el goce efectivo de sus derechos constitucionales a la
vida, a la integridad física y a acceder a los servicios de salud. [7]
En merito de lo expuesto la Sala reiterará
la anterior jurisprudencia en el presente caso, por lo que ordenará al
Instituto Departamental de Nariño, quien fue vinculado en primera instancia al
proceso, que cumpla con su obligación frente a Servio Tulio Guevara Villota.
III. DECISIÓN
En consecuencia, se
reitera la decisión adoptada por la Sala Tercera de Revisión en la sentencia
T-053 de 2002.
Por lo tanto, la Sala
Tercera de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución.
RESUELVE:
Primero.- Revocar la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2001 por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto, y en su lugar, tutelar los
derechos fundamentales a la integridad y a la salud de Servio Tulio Guevara
Villota.
Segundo.- Ordenar al Instituto
Departamental de salud de Nariño que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas le brinde a Servio Tulio Guevara Villota
la información que requiere para saber cómo funciona el sistema de salud
y cuáles son sus derechos y le indique específicamente cuál es la
institución prestadora de servicios de salud que tiene la obligación de
atenderlo; el Instituto Departamental también deberá acompañarlo durante
dicho proceso, con el fin de asegurar el goce efectivo de sus derechos.
Tercero.- LÍBRESE, por Secretaría, la comunicación de que trata el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Copia de la orden expedida a folio 6 del expediente.
[2] Copia de la Historia de Remisión de Servio Tulio Guevara Villota
a folio 4 del expediente.
[3] Folio 19 del expediente.
[4] En la sentencia T-1043/01 (M.P. Manuel José Cepeda) se decidió
que cuando a una persona
afiliada al régimen subsidiado de salud requiere que se le suministre un medicamento,
la entidad encargada de prestarle el servicio de salud deberá entregarlo, así
no se encuentre dentro de los medicamentos contem­plados dentro del P.O.S.S.,
cuando el médico tratante así lo ha orde­nado y éste es necesario para proteger
su vida. Esta decisión se fundó
entre otras razones, en el artículo 4° de la
resolución 3384/00 del Ministerio de Salud que dispone lo siguiente:
Responsabilidad de las ARS en el régimen subsidiado frente a los medicamentos
NO-POSS incluidos en las normas técnicas y guías de atención. Para garantizar
el derecho a la vida y a la salud de las personas, las ARS deberán garantizar
el acceso a medicamentos no incluidos en el manual de medicamentos adoptado
a través del Acuerdo 83, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 110
del CNSSS.
[5] Decreto 806/98, artículo 31: Prestación de servicios no cubiertos
por el POS-S subsidiado. Cuando el afiliado al régimen subsidiado
requiera de servicios adicionales a los incluidos en el POS-S y no tenga
capacidad de pago para asumir el costo de dichos servicios, podrá acudir a las
instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato con el Estado
las cuales estarán en la obligación de atenderlo de conformidad con su
capacidad de oferta. Estas instituciones están facultadas para cobrar una cuota
de recuperación  con sujeción a las normas  vigentes.
[6] Al respecto pueden ser consultadas las sentencias: T-752/98 (M.P.
Alfredo Beltrán Sierra), T-261/99 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-911/99
(M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[7] Sentencia T-053/02 (M.P. Manuel José Cepeda) en este caso la Sala
resolvió ordenar a la Dirección Seccional de Salud de
Antioquia que en el término de cuarenta y ocho (48) horas les brindara a los
demandantes la información que requerían para saber cómo funciona el
sistema de salud y cuáles eran sus derechos y les indicara
específicamente cuál era la institución prestadora de servicios de salud que
tenía la obligación de atenderlos; la Dirección Seccional también debería acompañarlos
durante dicho proceso, con el fin de asegurar el goce efectivo de sus derechos.