T-136-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-136/08
LICENCIA DE MATERNIDAD-Reiteración de jurisprudencia sobre reconocimiento y
pago
LICENCIA DE MATERNIDAD-Régimen e importancia de la licencia como protección a
la maternidad y a los niños
ACCION DE TUTELA PARA EL PAGO DE LICENCIA DE
MATERNIDAD-Requisitos de procedencia
LICENCIA DE MATERNIDAD-Término para reclamarla
De
acuerdo con el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 cuando se evidencia que la violación del derecho
originó un daño consumado, como es el caso de las madres que interpusieron la
acción de tutela transcurrido el período asignado para la licencia de
maternidad, la jurisprudencia inicial de la Corte sostenía que no procedía el
amparo pues no existía forma de proteger un derecho que había sido perjudicado
y que debía reclamarse por la vía ordinaria. Pese a la amplia jurisprudencia
que desarrolló la materia de la improcedencia por fenecimiento del término de
la licencia de maternidad, en el año 2003, la Corte Constitucional, cambió la
posición jurisprudencial y extendió el término para la interposición del amparo
de tutela a un (1) año, con el objeto de proteger efectivamente los derechos de
las madres gestantes y de los menores recién nacidos.
LICENCIA DE MATERNIDAD-Requisitos legales para que proceda autorización,
reconocimiento y pago y excepciones al régimen/LICENCIA DE MATERNIDAD-Orden
judicial de pago total pese a omisión de días en el pago de las cotizaciones/LICENCIA
DE MATERNIDAD-Orden judicial de pago proporcional pese a omisión de días en
el pago de las cotizaciones
La Corte Constitucional ha asumido dos posiciones
respecto al amparo de los derechos cuando se niega el pago de la prestación por
licencia de maternidad, al considerar que debe ésta pagarse en forma total o
proporcional dependiendo de las semanas cotizadas, razón por la que esta Sala
especificó algunas definiciones al respecto.
LICENCIA DE MATERNIDAD Y SUBREGLAS JURISPRUDENCIALES
PARA ACCEDER AL PAGO-Si el periodo
dejado de cotizar es inferior a dos meses se paga el total y si es mayor de dos
meses se paga proporcional
Con fundamento en la normativa vigente y las
posiciones jurisprudenciales citadas, la Corte decidió definir algunas reglas
con el fin de unificar las tesis expuestas, y concluyó que en aquellos casos en
los que el período dejado de cotizar por parte de la madre gestante afiliada al
sistema sea inferior a dos meses, las entidades promotoras de salud tienen la
obligación de pagar el total de la licencia de maternidad. La regla contigua
indica que la madre en estado de embarazo que no cotice al sistema por un
período mayor al de dos meses de su tiempo de gestación, igual tiene derecho al
pago de la licencia de maternidad, pero solamente en proporción al tiempo
cotizado, con el objeto de mantener el equilibrio financiero del sistema.
LICENCIA DE MATERNIDAD-Pago por allanamiento a la mora por EPS
La negligencia en el uso de los mecanismos de cobro
coactivo y la falta de requerimiento al afiliado que cotizó extemporáneamente
al sistema, permite que en los contratos bilaterales se equilibren las
obligaciones y los derechos, impidiendo que una de las partes se beneficie con
su descuido.
LICENCIA DE MATERNIDAD Y FOSYGA-Funciones y obligaciones
Al
ser el fondo de solidaridad el obligado a cubrir la prestación por licencias de
maternidad debe en cumplimiento de los dispuesto por la Ley 100 de 1993
transferir a las EPS los dineros que éstas giren con ocasión del descanso
después del parto, en acatamiento de una obligación de rango legal, siempre que
se cumplan con los requisitos del régimen o que exista por vía judicial una
inaplicación de las disposiciones sobre la materia. Por lo anterior, es
evidente que es al sistema de salud al que le corresponde cubrir las
prestaciones por licencia de maternidad que se generen con la ocasión del
nacimiento de un niño cuya madre se encuentra afiliada al régimen contributivo.
LICENCIA DE MATERNIDAD-Reconocimiento en caso de fallecimiento del menor
Nota
de Relatoría: En esta sentencia de tutela se acumularon expedientes sobre el
mismo tema y se fijaron reglas y subreglas jurisprudenciales.
Referencia: expedientes
T-1´652.827,
T-1´667.355,
T-1´683.274
T-1´661.606,
T-1´667.504,
T-1´684.161
T-1´662.261,
T-1´668.959,
T-1´684.936
T-1´663.469,
T-1´669.903,
T-1´684.974
T-1´664.234,
T-1´670.381,
T-1´685.022
T-1´664.242,
T-1´670.518,
T-1´686.556
T-1´664.514,
T-1´673.201,
T-1´687.258
T-1´665.400,
T-1´674.094,
T-1´768.059
T-1´666.003,
T-1´675.008,
T-1´769.026
T-1´666.100,
T-1´676.489,
T-1´772.373
T-1´666.132,
T-1´676.847,
T-1´773.464
T-1´666.869,
T-1´677.238,
T-1´774.397
T-1´666.981,
T-1´677.591,
T-1´774.854
T-1´667.202,
T-1´677.636
y T-1´777.990
Accionantes:
T-1´652.827 - Amparo
Ayala Hidalgo, T-1´661.606 - Marta Liliana Torres Acosta, T-1´662.261-Kellys
Esther Llanes Fernández, T-1´663.469- Yuri Viviana Gálvis Sossa, T-1´664.234 - Jeimy
Rocio Ayala Figueredo, T-1´664.242 -María del Carmen Chaparro Pérez, T-1´664.514
- Luz Ángela Escobar Ortiz, T-1´665.400 -Merly Julieth Palacio Montejo, T-1´666.003
-Zoraida Ortíz Barrera, T-1´666.100 -Judy Carolina Vega Maldonado, T-1´666.132
-Ivis del Carmen Durán Indignares, T-1´666.869-Geeselly Lozano Pertuz, T-1´666.981
-Jhoneirys Margoth Arango Barrios, T-1´667.202 -Deisy Quintero Gómez, T-1´667.355
-María Isabel Giraldo Serrato, T-1´667.504 -Viviana María Triana Davalos, T-1´668.959-
Grace Gutiérrez Ortega, T-1´669.903 -Carolina Ardila Quiñónez, T-1´670.381 -Eliana
Milena Sandoval Pachón, T-1´670.518 - Gina María López, T-1´673.201 -Delvi
Aurora Garavito Madera, T-1´674.094-Sandra Fabiola del Socorro Bacca Vergel, T-1´675.008
-Nadia Esperanza Perdomo Olarte, T-1´676.489 -Osiris Tatiana Vitoria
Garizabalo, T-1´676.847 - María Oneira Castaño Naranjo, T-1´677.238 -Amanda
Rodríguez Churta, T-1´677.591 -Gloria Andrea Arenas Galindo, T-1´677.636 - Yolanda
Oquendo Ciro, T-1´683.274 - Johana Patricia Feliciano Supelano, T-1´684.161 - Patricia
Ramos Hernández, T-1´684.936 -Dora Ángela Salamanca Tamayo, T-1´684.974 - Nini
Johana Pinilla Saavedra, T-1´685.022 - Noralba Lizeth Delgado Guevara, T-1´686.556
- Carolina Vahos Guzmán, T-1´687.258 -Marisol Rojas Ávila, T-1´768.059 - Diana
Yazmin Rubiano Useda, T-1´769.026 -Diana Ramirez Valbuena, T-1´772.373-Soliria
Lozano Rincón, T-1´773.464-Lorena Piza Sánchez, T-1´774.397-Lady Diana Nuñez
Moreno, T-1´774.854 -Mile Joana Hernández Jaramillo y T-1´777.990-Luz Marina
Celeita Cárdenas
Magistrado
Ponente:
Marco
Gerardo Monroy Cabra
Bogotá D.C., catorce (14) de febrero de dos mil ocho
(2008)
La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Humberto Antonio Sierra Porto,
Nilson Pinilla Pinilla y Marco Gerardo Monroy Cabra, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, y
en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión de los fallos
proferidos dentro de los expedientes:
No. Proceso
Actor
Accionado
Primera  Instancia
Segunda
Instancia
1.
T-1´652.827
Amparo Ayala Hidalgo
Saludcoop EPS
Juzgado Cuarto Penal Municipal de Santa Marta
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santa Marta
2.
T-1´661.606
Marta Liliana
Torres Acosta
Coomeva EPS
Juzgado Primero
Civil Municipal de Armenia
3.
T-1´662.261
Kellys Esther Llanes Fernández
Coomeva EPS
Juzgado Noveno Civil Municipal de Santa Marta
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta
4.
T-1´663.469
Yuri Viviana Gálvis Sossa
Salud Total
EPS
Juzgado Once Civil Municipal de Ibagué
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagué
5.
T-1´664.234
Jeimy Rocio Ayala Figueredo
Saludcoop EPS
Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Bogotá
6.
T-1´664.242
María del Carmen Chaparro Pérez
Cafesalud EPS
Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Bogotá
7.
T-1´664.514
Luz Ángela Escobar Ortiz
Servicio Occidental de Salud S.O.S
y Cooperativa Multiservicios de la Virginia  “COOMULSER”
Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia-Risaralda
8.
T-1´665.400
Merly Julieth Palacio Montejo
Salud Total
EPS
Juzgado Sexto Civil Municipal de Bucaramanga
Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga
9.
T-1´666.003
Zoraida Ortíz Barrera
Solsalud EPS
Juzgado Quinto Civil Municipal de Bucaramanga
Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bucaramanga
10.
T-1´666.100
Judy Carolina Vega Maldonado
Solsalud
EPS
Juzgado Diecinueve
Civil Municipal de Bucaramanga
Juzgado Primero
Civil del Circuito de Bucaramanga
11.
T-1´666.132
Ivis del Carmen
Durán Insignares
Coomeva EPS
Juzgado Tercero Penal
Municipal de Barranquilla
Juzgado Cuarto
Penal del Circuito de Barranquilla
12.
T-1´666.869
Geeselly Lozano Pertuz
Colmédica EPS
y Servicios Integrales de Colombia
Juzgado Octavo Civil Municipal de Barranquilla
Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla
13.
T-1´666.981
Jhoneirys Margoth Arango Barrios
Saludcoop EPS
Juzgado Segundo Penal Municipal de Valledupar
Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar
14.
T-1´667.202
Deisy Quintero Gómez
Saludcoop EPS
Juzgado Noveno Civil Municipal de Bucaramanga
Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga
15.
T-1´667.355
María Isabel Giraldo Serrato
Saludcoop EPS
Juzgado Quinto Penal Municipal de Villavicencio
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio
16.
T-1´667.504
Viviana María Triana Davalos
Saludcoop EPS
y Asociación para un Mejor Bienestar-ASPAMEBI
Juzgado Tercero Penal Municipal de Roldadillo-Valle
17.
T-1´668.959
Grace Gutiérrez Ortega
Saludcoop EPS
Juzgado Quinto Penal Municipal de Barranquilla
Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla
18.
T-1´669.903
Carolina Ardila Quiñonez
Coomeva EPS
Juzgado Segundo Civil Municipal de Popayán
19.
T-1´670.381
Eliana Milena Sandoval Pachón
Salud Total EPS
Juzgado Cincuenta y Seis Penal Municipal de Bogotá
Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Bogotá
20.
T-1´670.518
Gina María López
Salud Total EPS
Juzgado Treinta y Cinco Penal Municipal de Medellín
21.
T-1´673.201
Delvi Aurora Garavito Madera
Coomeva EPS
Juzgado Quinto Civil Municipal de Montería-Córdoba
Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Montería-Córdoba
22.
T-1´674.094
Sandra Fabiola del Socorro Bacca Vergel
Coomeva EPS
Juzgado Tercero Civil Municipal de Ocaña
23.
T-1´675.008
Nadia Esperanza Perdomo Olarte
Saludcoop EPS
Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagué
24.
T-1´676.489
Osiris Tatiana Vitoria Garizabalo
Coomeva EPS
Juzgado Tercero Penal Municipal de Barranquilla
Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla
25.
T-1´676.847
Maria Oneira Castaño Naranjo
Sol Salud EPS
Juzgado Décimo Civil Municipal de Neiva
26.
T-1´677.238
Amanda Rodríguez Churta
Saludcoop EPS
Juzgado Cuarto Penal Municipal de San Andrés de
Tumaco
27.
T-1´677.591
Gloria Andrea Arenas Galindo
Salud Total EPS
Juzgado Diecisiete Penal Municipal de Bogotá
28.
T-1´677.636
Yolanda Oquendo Ciro
Carlos Eduardo Osorio Garcia y Famisanar EPS
Juzgado Cincuenta Civil Municipal de Bogotá
29.
T-1´683.274
Johana Patricia Feliciano Supelano
Famisanar EPS
y
Jose Oscar Restrepo
Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá
30.
T-1´684.161
Patricia Ramos Hernández
Cafesalud EPS
Juzgado Tercero Penal Municipal de Neiva
Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva
31.
T-1´684.936
Dora Ángela Salamanca Tamayo
Servicios Occidental de Salud S.O.S EPS
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Florida-Valle
Juzgado Primero Civil del Circuito de Florida-Valle
32.
T-1´684.974
Nini Johana Pinilla Saavedra
Saludcoop EPS
Juzgado Quinto Promiscuo Municipal de la Dorada
Caldas
33.
T-1´685.022
Noralba Lizeth Delgado Guevara
Coomeva EPS
Juzgado Quince Civil Municipal de Bucaramanga
Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga
34.
T-1´686.556
Carolina Vahos Guzmán
Comfenalco Valle del Cauca EPS
Juzgado Veintiséis Civil Municipal de Cali
Juzgado Décimo Civil del Circuito de Cali
35.
T-1´687.258
Marisol Rojas Ávila
Servicio Occidental de Salud S.O.S EPS
Juzgado Veintidós Civil Municipal de Cali
36.
T-1´768.059
Diana Yazmin Rubiano Useda
Salud Total EPS
Juzgado Cincuenta y Siete Civil Municipal de Bogotá
37.
T-1´769.026
Diana Ramirez Valbuena
Cafesalud EPS
Juzgado Sexto Penal Municipal de Pereira Risaralda
38.
T-1´772.373
Soliria Lozano Rincón
Saludcoop EPS
Juzgado Trece Civil Municipal de Ibagué – Tolima
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagué – Tolima
39.
T-1´773.464
Lorena Piza Sánchez
Coomeva EPS
Juzgado Décimo Civil Municipal de Neiva
40.
T-1´774.397
Lady Diana Nuñez Moreno
Famisanar EPS
Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá
41.
T-1´774.854
Mile Joana Hernández Jaramillo
Susalud EPS
Juzgado Veinticuatro Penal Municipal de Medellín
42.
T-1´777.990
Luz Marina Celeita Cárdenas
Colmédica EPS
Juzgado Cuarenta y Ocho Civil Municipal de Bogotá
Juzgado Treinta y tres Civil del Circuito de Bogotá
Los
expedientes de la referencia fueron seleccionados por medio de los siguientes
autos:
·
Auto de la Sala de Selección No. 7
del 13 de julio de 2007, por medio del cual se seleccionó el expediente T-1´652.827.
·
Auto de la Sala de Selección No. 8
del 3 de agosto de 2007, por medio del cual se seleccionaron los expedientes  T-1661606,
T-1662261, T-1663469, T-1664234, T-1664242,  T-1664514,  T-1665400, T-1666003,
T-1666100, T-1666132, T-1666869,  T-1666981,   T-1667202,T-1667355, T-1667504, T-1668959,
T-1669903, T-1670381 y T-1670518.
·
Auto de la Sala de Selección No. 8
del 16 de agosto de 2007, por medio del cual se seleccionaron los expedientes  T-1.673.201,
T-1.674.094, T-1.675.008, T-1.676.489, T-1.676.847, T-1.677.238, T-1.677.591 y
T-1.677.636.
·
Auto de la Sala de Selección No. 8
del 24 de agosto de 2007, por medio del cual se seleccionaron los expedientes  T-1683274,
T-1684161, T-1684936, T-1684974, T-1685022, T-1686556 y T-1687258.
·
Auto de la Sala de Selección No. 12
del 6 de diciembre de 2007, por medio del cual se seleccionaron los expedientes
T-1.768.059, T-1.769.026, T-1.772.373, T-1.773.464,
T-1.774.397 y T-1.774.854.
·
Auto de la Sala de Selección No.
12 del 14 de diciembre de 2007, por medio del cual se seleccionó el expediente T-1.777.990.
Los
anteriores procesos fueron acumulados mediante los siguientes autos:
·
Auto de la Sala Quinta de
Revisión, del 25 de septiembre de 2007 en el que se decidió acumular los
expedientes T-1´661.606, T-1´666.132, T-1´666.100, T-1´662.261, T-1´663.469,
T-1´664.514, T-1´664.234, T-1´664.242,                     T-1´665.400,
T-1´666.003, T-1´666.869, T-1´666.981, T-1´667.202,                 T-1´667.355,
T-1´668.959, T-1´667.504, T-1´669.903, T-1´670.381,                    T-1´670.518,
T-1´673.201, T-1´674.094, T-1´675.008, T-1´676.489,                T-1´676.847,
T-1´677.238, T-1´677.591, T-1´677.636, T-1´684.161,                     T-1´683.274,
T-1´684.936, T-1´684.974, T-1´685.022, T-1´687.258 y                 T-1´686.556
al  T-1´652.827.
·
Auto de la Sala Sexta de Revisión,
del 8 de febrero de 2008 en el que se decidió acumular los expedientes
T-1´768.059, T-1´769.026, T-1´772.373, T-1´773.464, T-1´774.397, T-1´774.854 y
T-1´777.990 al T-1´652.827.
Procede
la Sala a exponer los antecedentes, pruebas y las decisiones judiciales de cada
unos de los expedientes:
1. EXPEDIENTE T-1´661.606
I.
ANTECEDENTES
A. Solicitud
La señora Marta Liliana Torres Acosta interpuso acción
de tutela contra Coomeva EPS el día 23 de abril de 2007 y solicitó la
protección de sus derechos fundamentales a la salud, la igualdad, la vida y los
de su menor hijo, con justificación en los siguientes:
B. Hechos
1.
La accionante se encuentra
afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen
contributivo a través de Coomeva EPS como cotizante dependiente de la
empresa “Nacional de Químicos”, desde diciembre del año 2003.
2.
Afirma que el 5 de marzo de 2007
dio a luz a su hijo y reclamó posteriormente el pago de la licencia de
maternidad a la EPS.
3.
Que la entidad de salud se negó a
realizar tal cancelación, bajo el argumento de que la afiliada no cotizó
durante todo el embarazo al sistema de salud, decisión con la que se han visto
afectados sus derechos fundamentales y los de su bebé.
C. Actuaciones procesales
Mediante auto del 24 de abril de 2007 el Juzgado Primero
Civil Municipal de Armenia admitió la demanda interpuesta y dio traslado a la
entidad demandada, para que en el término de 3 días siguientes a la
notificación del auto se pronunciara en relación con los hechos.
D. Traslado y contestación de la demanda.
El Coordinador Jurídico de Coomeva EPS dio respuesta a la
acción y adujo que la accionante se encuentra “afiliada en calidad de
cotizante secundaria como trabajadora dependiente de la empresa “Nacional de
Químicos”, (…) con 170 semanas de cotización al sistema general de seguridad
social en salud”.
La entidad manifestó que no reconoció el pago de la
licencia de maternidad, pues desde enero de 2004 hasta julio de 2006 la
afiliada se encontraba como beneficiaria de su esposo y con posterioridad estuvo
afiliada como cotizante, solamente durante 8 meses, por lo que no cumplió
con los requisitos de Ley. Así, informó que “el parto de la señora fue
atendido el 5 de marzo de 2007 y si contamos con los meses que hay desde su
inicio como cotizante en el sistema de salud, solo existen 8 meses. No hay los
nueve que debía haber cotizado para acceder al reconocimiento y pago de la
prestación económica”.
Por último, la EPS agregó que la peticionaria no probó
vulneración de su derecho al mínimo vital por lo que debe ser negada su
pretensión.
II.
PRUEBAS
APORTADAS
EN INSTANCIAS.
1.
Copia del carné de afiliación a
Coomeva EPS de la señora Martha Liliana Torres Acosta. (Folio  5).
2.
Copia del Registro Civil de
Nacimiento del hijo de la señora Martha Liliana Torres Acosta. (Folio 4).
3.
Copia del certificado expedido por
Coomeva EPS en el que constan las semanas cotizadas al sistema de salud de la
señora Martha Liliana Torres Acosta. (Folios 18 y 19).
Periodo
Días
Tipo de afiliado
200704
30
Cotizante
secundario
200703
30
Cotizante
secundario
200702
30
Cotizante
secundario
200701
30
Cotizante
secundario
200612
30
Cotizante
secundario
200611
30
Cotizante
secundario
200610
30
Cotizante
secundario
200609
30
Cotizante
secundario
200608
30
Cotizante
secundario
200607
30
Beneficiario
200606
30
Beneficiario
APORTADAS
EN SEDE DE REVISIÓN
Ø
Coomeva EPS
El
29 de noviembre de 2007 la Sala Sexta de Revisión recibió memorial por parte de
Coomeva EPS en respuesta al auto de pruebas proferido el 29 de octubre de 2007 .
En dicho oficio la EPS comunicó que la señora Torres Acosta se encuentra
afiliada al sistema de salud en el régimen contributivo como cotizante
dependiente desde el 1 de agosto de 2006, que dio a luz un hijo el 5 de marzo
de 2007,  que durante tal período cotizó 31 semanas y que el
monto del salario sobre el que cotiza la afiliada es de $550.000.
Ø
Empresa Nacional de Químicos.
El
28 de noviembre de 2007 la Sala Sexta de Revisión recibió memorial por parte de
La Empresa Nacional de Químicos en respuesta al auto de pruebas proferido el 29
de octubre de 2007 . En la contestación la empresa presentó el formulario de
afiliación de la accionante al sistema de salud, con fecha del 1 de julio de
2006, la cual coincide con la del contrato laboral firmado entre las partes.
Igualmente
remite copia de los Formularios de autoliquidación de aportes al sistema de
salud en los que se registra la siguiente información:
Periodo
IBC
Días cotizados
200607
550.000
30
200608
550.000
30
200609
550.000
30
200610
550.000
30
200611
550.000
30
200612
550.000
30
200701
550.000
30
200702
550.000
30
200703
550.000
30
III.
DECISIÓN JUDICIAL.
A. Única Instancia.
El Juzgado Primero Civil Municipal de Armenia mediante
providencia del 9 de mayo de 2007 NO CONCEDIÓ la acción de de tutela al considerar
que la tutelante no cotizó al sistema general de seguridad social en salud
durante todo su período de gestación.
Sostuvo el a quo que la accionante antes del
parto solamente estuvo como cotizante en el sistema durante 8 meses, lo que da
cuenta de un incumplimiento de los requisitos que define el régimen jurídico
vigente en salud en lo referente a los periodos mínimos de cotización, de lo
que no se deriva ninguna violación a un derecho fundamental.
La decisión judicial no fue impugnada.
2. EXPEDIENTE T-1´666.132
I.
ANTECEDENTES
A. Solicitud
La señora Ivis del Carmen Durán Insignares, por
intermedio de apoderado, interpuso acción de tutela contra Coomeva EPS el día 9
de enero de 2007 y solicitó la protección de sus derechos fundamentales la
vida, la igualdad, al mínimo vital, la dignidad humana, la familia, así como
también los derechos de su menor hijo. Apoyó su petición en los siguientes:
B. Hechos
1.
La señora Durán Insignares se
encuentra afiliada al régimen contributivo en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud como cotizante  independiente a través de Coomeva EPS.
2.
La accionante el 8 de
noviembre de 2006 dio a luz un niño.
3.
Con posterioridad al parto
solicitó a la EPS el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad,
entidad que se niega a conceder tal prestación porque la tutelante no cotizó en
forma continua durante el período de gestación.
4.
Arguye que con la negativa de
la entidad se le están vulnerando sus derechos fundamentales.
C. Actuaciones procesales
Mediante auto del 10 de enero de 2007 el Juzgado Tercero
Penal Municipal de Barranquilla admitió la demanda interpuesta y dio traslado a
la entidad demandada, para que en el término de 3 días hábiles se pronunciara
en relación con los hechos.
D. Traslado y contestación de la demanda.
El apoderado de Coomeva EPS manifiesta en la
contestación a la acción que la señora Durán Insignares “no cotizó en forma
continua durante el período de gestación”, por lo que se opone a las
pretensiones del amparo.
El apoderado cita la SentenciaT-681 de 2005 y expresa
finalmente que la tutelante no cotizó ininterrumpidamente al sistema.
II.
PRUEBAS
A
continuación se relacionan las pruebas que reposan en el expediente:
APORTADAS
EN INSTANCIAS.
1.
Copia del certificado de semanas
cotizadas de la señora Ivis del Carmen Durán Insignares al sistema de salud en
el que consta que ésta cotizó a Coomeva EPS 38 semanas como cotizante y
60 semanas como beneficiaria para un total de 98 semanas. (Folio 16).
2.
Copia del formulario único de
afiliación de la señora Durán Indignares, procesado el 9 de mayo de 2006
ante Coomeva EPS. (Folio 11).
3.
Copias de los formularios de
autoliquidación de aportes de la señora Ivis del Carmen Durán Insignares de los
meses de abril a septiembre de 2006. (Folios 20 a 25).
4.
Oficio enviado por la CIFIN el 16
de enero de 2007, al Juzgado Tercero Penal Municipal de Barranquilla en el que
se informa que la señora Durán Insignares no posee información de cuentas
corrientes, tarjetas de crédito, cartera total ni obligaciones con el sector
real a cargo de la accionante. (Folios 44 y 45).
5.
Copia del certificado de pago
expedido por Coomeva EPS, en que aparecen los periodos de pago ininterrumpido
de abril de 2006 a enero de 2007.  (Folio 15, cuaderno segunda instancia).
Periodo
Fecha de Pago
Valor Pagado
200701
21/12/2006
48.960
200612
18/12/2006
48.960
200611
14/11/2006
48.960
200610
09/10/2006
48.960
200609
12/09/2006
48.960
200608
10/08/2006
48.960
200607
10/07/2006
48.960
200606
06/06/2006
48.960
200605
11/05/2006
48.960
200604
03/04/2006
48.960
APORTADAS
EN SEDE DE REVISIÓN
El
3 de diciembre de 2007 la Sala Sexta de Revisión recibió memorial por parte de
Coomeva EPS en respuesta al auto de pruebas proferido el 29 de octubre de 2007 .
En tal contestación la entidad comunicó que: “La señora Durán Insignares estuvo
vinculada a Coomeva EPS desde el mes de enero de 2001 hasta el mes de abril de
2001, como cotizante dependiente, luego desde el mes de abril de 2006, hasta la
fecha (Noviembre de 2007), se encuentra afiliada como cotizante independiente
(...) y que desde su afiliación hasta el momento del parto, cotizó
aproximadamente 8 meses al sistema”.
Así
mismo, remitió la entidad copia de la historia clínica de la accionante , del 7
de noviembre de 2006, en la que se registran 39 semanas de gestación.
III.
DECISIONES JUDICIALES.
A. Primera Instancia.
El Juzgado Tercero Penal Municipal de Barranquilla,
mediante providencia del 24 de enero de 2007, DENEGÓ la solicitud de amparo y
sostuvo que “la actora no cotizó por el total de su período de gestación (…)
solo había cotizado 26 semanas, es decir, cuando tuvo a su bebe, se encontraba
(Sic) cotizando seis meses; esto teniendo en cuenta la fotocopia del formulario
de inscripción  de fecha 09 de mayo de 2006, y la fecha de parto de la señora 8
de noviembre de 2006 (…) de lo que se denota que no cumplió con los periodos
mínimos de cotización”.
El juez de instancia asegura que la falta en el
cumplimiento de los periodos mínimos de cotización, impide acceder a la
pretensión de la tutelante.
B.
Impugnación
La
señora Durán Insignares  impugnó el fallo de instancia, el 7 de febrero de
2007, y afirmó que cotizó al sistema general de seguridad social en salud
durante 36 semanas, desde el 3 de marzo de 2006 hasta el 14 de noviembre de
2007, por lo que tiene  derecho a la licencia de maternidad.
C.
Segunda Instancia
El
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla, el 8 de marzo de 2007,
profirió fallo en el que CONFIRMÓ la decisión de primera instancia y sobre el
caso concreto expresó que “la señora Ivis del Carmen Durán Indignares, se
encontraba afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en calidad
de cotizante independiente, desde el mes de abril de 2006 y el parto ocurrió el
8 de noviembre del mismo año, por lo que la afiliada solo contaba con un total
de 29 semanas, de las 36  que exige la Ley (…) con anterioridad al embarazo no
hay constancia que efectuaba cotizaciones al sistema, puesto que su vínculo era
como beneficiaria”.
3. EXPEDIENTE T-1´666.100
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Judy Carolina Vega Maldonado interpuso
acción de tutela contra Solsalud EPS el 19 de abril de 2007 y solicitó la
protección de sus derechos fundamentales; la petición la justificó en los
siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Judy Carolina Vega
Maldonado se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud
en el régimen contributivo como cotizante independiente a través de la Solsalud
EPS desde el mes de octubre del año 2005.
2.
Posteriormente, y con ocasión del
nacimiento de su hija solicito a la EPS el reconocimiento y pago de la licencia
de maternidad, entidad que negó la solicitud argumentando que no se cumple en
el caso con el mínimo de semanas cotizadas.
3.
Afirma que con tal decisión se ven
vulnerados sus derechos fundamentales pues no percibe otros ingresos para
subsistir.
C. Actuaciones procesales
Mediante auto del 19 de abril de 2007 el Juzgado
Diecinueve Civil Municipal de Bucaramanga  admitió la acción interpuesta y dio
traslado a la entidad accionada, para que en el término de 2 días hábiles se
pronunciara en relación con los hechos.
D. Traslado y contestación de la demanda.
El apoderado del Solsalud  EPS dio respuesta a la acción
impetrada el 25 de abril de 2007 oponiéndose a las pretensiones y manifestando
que “la usuaria debió haber cotizado al Sistema general de seguridad social
en salud desde el 10 de agosto de 2005, sin interrupción, para completar las 40
semanas de gestación, inicia su única y primera afiliación como independiente a
partir del 1 de octubre de 2005, de esta manera haciéndole falta tiempo de
cotización de cincuenta y dos 52 días (…) entonces (…) SOSALUD
EPS no tiene la obligación legal de cancelar el valor de la licencia de
maternidad (…) toda vez que la usuaria no cumplió con los requisitos
establecidos por la Ley”.
II.
PRUEBAS
APORTADAS
EN INSTANCIAS.
1.
Copia del certificado de incapacidad
laboral de la señora Judy Carolina Vega Maldonado en la que se refiere que la
afiliada no cumple con el mínimo de semanas cotizadas. (Folio7).
2.
Copia del carné de afiliación de la
señora Judy Carolina Vega Maldonado a Solsalud  EPS. (Folio 8).
APORTADAS
EN SEDE DE REVISIÓN
El
5 de diciembre de 2007 la Sala Sexta de Revisión recibió memorial por parte de
Solsalud EPS en respuesta al auto de pruebas proferido el 29 de octubre de 2007
. La entidad afirmó que la accionante se encontraba afiliada al sistema de
salud en el régimen contributivo a través de Solsalud EPS en calidad de
cotizante independiente desde el 1 de octubre de 2005. Que el 18 de mayo de
2006 dio a luz un hijo por lo que en tal período cotizó al sistema
durante 34 semanas.
Anexó
la entidad copia de el registro de semanas cotizadas en el que se registra la
siguiente información:
Fecha de Pago
Periodo
IBC
Días
29/12/2005
2005/10
381.500
30
08/11/2005
2005/11
381.500
30
05/12/2005
2005/12
381.500
30
10/01/2006
2006/01
408.000
30
03/02/2006
2006/02
408.000
30
01/03/2006
2006/03
408.000
30
04/04/2006
2006/04
408.000
30
03/05/2006
2006/05
408.000
30
En
la historia clínica del 16 de mayo de 2006, se registran 40 semanas de
gestación.
III.
DECISIONES JUDICIALES.
A.
Primera Instancia.
El Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Bucaramanga,
el 3 de mayo de 2007,  NO TUTELÓ los derechos invocados por la accionante por
que ésta no cotizó al sistema durante todo el período de su gestación.
B.
Impugnación
La
accionante impugnó el fallo de primera instancia el 11 de mayo de 2007 y
sostuvo que se le está vulnerando su derecho al mínimo vital y el de la recién
nacida con el no pago de la licencia de maternidad.
En
efecto, solicita se revoque la decisión del juez Municipal.
C.
Segunda Instancia
El
Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga CONFIRMÓ el fallo del juez de
primera instancia el 25 de mayo de 2007 y consideró que no existe transgresión
de los derechos de la accionante pues se presenta un incumplimiento imputable a
ésta respecto del período mínimo de cotización para acceder al derecho que
alega.
4.
EXPEDIENTE T-1´662.261
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Kellys Esther Llanes Fernández interpuso
acción de tutela contra Coomeva EPS el día 16 de enero de 2007 y solicitó la
protección de sus derechos fundamentales la vida, la salud, al mínimo vital, y
a la igualdad.
Justificó su petición en los siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Kellys Esther
Llanes Fernández se encuentra afiliada al  Sistema General de Seguridad Social
en Salud en el régimen contributivo en calidad de cotizante independiente
desde el 3 de mayo de 2006.
2.
El 6 de noviembre de 2006 dio
a luz a su hija, razón por la que solicitó el reconocimiento y pago de la
licencia de maternidad a la EPS accionada.
3.
Argumenta que la entidad
rechazó la solicitud de la licencia de maternidad porque algunas cotizaciones
del período de gestación se cancelaron extemporáneamente y no cotizó durante
todo el período de embarazo.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto, del 17 de enero de 2007, el Juzgado Noveno
Municipal de Santa Marta admitió la acción interpuesta y dio traslado a la
entidad accionada para que en el término de 3 días hábiles se pronunciara en
relación con los hechos.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
La
jefe de Oficina de Santa Marta de Coomeva EPS dio respuesta a la acción el 18
de enero de 2007 y manifestó que la accionante se afilió al sistema como
trabajadora independiente el 1 de mayo de 2006 y el 6 de noviembre del mismo
año  dio a luz un hijo, de lo que se concluye que se afilió en estado de
embarazo, por lo que no cotizó durante todo el período de gestación.
La
EPS agregó que la señora Llanes Fernández no realizó oportunamente los pagos al
sistema en las fechas establecidas, lo que da cuenta de otra omisión en el
cumplimiento de sus obligaciones durante los meses de julio a noviembre de 2006.
La
EPS refirió la siguiente información:
Periodo
Fecha
de pago
Oportuno
Noviembre
06
28-12-06
No
Octubre
06
25-10-06
No
Septiembre
06
19-09-06
No
Agosto
06
22-08-06
No
Julio
06
21-07-06
No
Junio
06
07-06-06
Si
La
entidad accionada solicitó que se declare improcedente la acción por no existir
vulneración alguna de los derechos fundamentales de la tutelante.
II.
PRUEBAS
APORTADAS
EN INSTANCIAS.
1.
Copia del carné de afiliación de
la señora Kellys Esther Llanes Fernández a Coomeva EPS. (Folio 8).
2.
Copia del formulario de afiliación
e inscripción al régimen contributivo de la señora Kellys Esther Llanes
Fernández, fechado en mayo de 2006.(Folio 9).
3.
Copia del Registro Civil de la
menor Valentina Cotes LLanes con fecha de nacimiento el 6 de noviembre de
2006.(Folio 10).
4.
Copia de la carta remitida por
Coomeva EPS  a la señora Kellys Esther Llanes Fernández, del 19 de diciembre de
2007, en la que se le informa que conforme al régimen jurídico vigente en salud
la afiliada realizó pagos extemporáneos los últimos 6 meses, razón por la que
no cumple con los requisitos para que le sea reconocida y pagada la licencia de
maternidad. (Folio 11).
5.
Copia del certificado de
incapacidad o licencia expedido el 12 de diciembre de 2006, en el que se niega
tal reconocimiento por pagos extemporáneos de la afiliada al sistema. (Folio
13).
6.
Copias de los formularios de
autoliquidación de aportes de la señora Kellys Esther Llanes Fernández, durante
los meses de mayo a diciembre de 2006 y de enero de 2007. Ingreso base de
cotización: $408.000. (Folios 15 – 23).
APORTADAS
EN SEDE DE REVISIÓN
El
23 de enero de 2008 la Sala Sexta de Revisión recibió memorial por parte de Coomeva
EPS en respuesta al auto de pruebas proferido el 29 de octubre de 2007 . En
dicho oficio la EPS remitió copia de la Historia Clínica de la señora Llanes
Fernandez y del certificado de nacido vivo del menor que nació  el 6 de
noviembre de 2006, en el que se registran 38 semanas de gestación.
III.
DECISIONES JUDICIALES.
A.
Primera Instancia.
El
30 de enero de 2007 el Juzgado Noveno Civil Municipal de Santa Marta profirió Sentencia
en la que decidió NO TUTELAR los derechos fundamentales de la señora Kellys
Esther Llanes Fernández al considerar que la accionante durante su período de
gestación no cotizó ininterrumpidamente al sistema, pues “a la fecha de
afiliación contaba con 3 meses de embarazo”  por lo que no se causa el
derecho a recibir el pago de la licencia de maternidad por parte de  la EPS.
B.
Impugnación
El
5 de febrero de 2007 la señora Kellys Esther Llanes Fernández presentó memorial
en el que  impugnó el fallo de primera instancia.
C.
Segunda Instancia
El
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta, el 8 de marzo de 2007,
CONFIRMÓ el fallo de primera instancia y sostuvo que la accionante no cotizó al
sistema durante todo el período de gestación lo que no le da derecho al
reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, por lo que la acción de
tutela no está llamada a prosperar.
5.
EXPEDIENTE T-1´663.469
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Yuri Viviana Gálvis Sossa interpuso acción
de tutela contra Salud Total EPS, el día 12 de marzo de 2007, y solicitó la
protección de sus derechos fundamentales. Justificó su petición en los
siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Yuri Viviana Gálvis
Sossa se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en
el régimen contributivo en calidad de cotizante independiente.
2.
El 27 de febrero de 2007,
después de 39 semanas de gestación,  dio a luz a su hijo razón por la
que solicitó el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad a la EPS
accionada.
3.
Manifiesta que Salud Total EPS
le negó el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad porque no cotizó
al sistema durante todo su período de gestación.
Debido a la insuficiencia de información en la acción
de tutela impetrada, el Juzgado Once Civil Municipal de Ibagué  citó a  diligencia
de testimonio a la señora  Yuri Viviana Gálvis Sossa, la cual se realizó el 15
de marzo de 2007.
En la diligencia la accionante expresó que trabajó
para la empresa Bavaria como impulsadota desde el 3 de junio de 2006 con
contrato a término indefinido con la empresa Temporales 1ª, quien la afilió al
sistema general de seguridad social en salud.
Afirmó que cuando ingreso a trabajar se realizó una
prueba de embarazo la cual salió negativa, pero que posteriormente quedó en
estado de gravidez y terminó sus labores en Bavaria.
Arguyó que debido a  la finalización del contrato
continuó aportando como independiente al Sistema General de Seguridad Social en
Salud durante los meses de octubre a diciembre de 2006 y de enero a febrero de
2007. Sin embargo, adujo que el pago del mes de septiembre no lo recibió la
EPS, pues ésta le informó que era extemporáneo.
Finalmente, expuso que una vez dio a luz a su hijo
solicitó la licencia de maternidad, que le fue negada porque le faltaban 8
semanas de cotización y que con tal actuación se le están vulnerando sus
derechos fundamentales pues carece de recursos económicos para subsistir.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto, del 13 de marzo de 2007, el Juzgado Once
Civil Municipal de Ibagué admitió la acción interpuesta y dio traslado a la
entidad accionada, para que en el término de 2 días se pronunciara en relación
con los hechos.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
La
representante judicial de Salud Total dio respuesta a la acción de tutela el 16
de marzo de 2007, y sostuvo que la señora Yuri Viviana Gálvis Sossa se
encuentra afiliada al sistema general de seguridad social en salud a través de
Salud Total EPS.
Expuso
que la licencia de maternidad no se reconoció ni pagó a la tutelante pues ésta
no acató los requisitos de Ley, ya que no realizó el pago de los aportes del
mes de septiembre de 2006 y en los meses de julio y agosto de 2006 realizó
pagos parciales, por 26 y 3 días respectivamente, de lo que se concluye que la
señora Yuri Viviana Gálvis Sossa cotizó solo 21 semanas de las 40 que duró su
período de gestación.
Finalmente,
solicita se declare improcedente la acción por no cumplirse en el caso con lo
requisitos de Ley para conceder y hacer efectivo el pago de licencias de
maternidad.
La
EPS refirió la siguiente información:
P. Cotizado
Fecha de Pago
Días
2006-07
07/10/2006
26
2006-08
08/08/2006
3
2006-10
10/04/2006
30
2006-11
11/03/2006
30
2006-12
12/06/2006
30
2007-01
01/05/2007
30
2007-02
02/09/2007
30
II.
PRUEBAS
1.
Copia del certificado de licencia
de maternidad del médico tratante de la señora Yuri Viviana Gálvis Sossa, del
27 de febrero de 2007. Se certifican 39 semanas de gestación. (Folio 2).
2.
Copia de fórmula médica expedida
el 25 de febrero de 2007 de la Clínica Tolima S.A., en la que aparece un
término de embarazo de 39 semanas y media. (Folio 3).
3.
Copia del formato de negación de
servicios de salud, expedido por Salud Total el 27 de septiembre de 2007.
(Folio 4).
4.
Copias de los formularios de
autoliquidación de aportes, de los meses de octubre a diciembre de 2006 y enero
y febrero de 2007 de la señora Yuri Viviana Gálvis Sossa. Ingreso base de
cotización: $408.000.  (Folios 5 – 9).
III.
DECISIONES JUDICIALES.
A.
Primera Instancia.
El
27 de marzo de 2007 el Juzgado Once Civil Municipal de Ibagué CONCEDIÓ la
tutela impetrada bajo el argumento de que la accionante sólo dejó de cotizar 4
semanas al Sistema General de Seguridad Social en Salud durante su período de
gestación[1].
Una
vez relató la EPS los hechos que fundamentaron la acción el a quo ordenó
a Salud Total EPS el reconocimiento y pago de la  licencia de maternidad a la
señora Yuri Viviana Gálvis Sossa, “con el fin de hacer efectiva la especial
protección que la Constitución prescribe para las mujeres en las condiciones en
que se encuentra la actora y su hijo recién nacido”.
B.
Impugnación
El
9 de abril de 2007, la representante judicial de Salud Total EPS impugnó la
providencia de primera instancia con el argumento de que si bien no se
encuentra objeción respecto a la decisión de protección de los derechos
fundamentales de la accionante no debe concederse el amparo con cargo a los
recursos de la EPS pues ello desconoce las normas existentes sobre licencia de
maternidad.
Solicitó
la modificación del fallo al sostener que no debe ser  Salud Total la entidad
encargada de asumir el costo de la licencia de maternidad, sino la señora
Gálvis Sossa en calidad de cotizante independiente o en subsudio que se ordene
el recobro al FOSYGA.
C.
Segunda Instancia
El
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagué, el 23 de abril de 2007, resolvió
la impugnación interpuesta, REVOCÓ el fallo de primera instancia y en su lugar
NEGÓ el amparo al concluir que la decisión de Salud Total EPS estuvo ajustada a
derecho pues la peticionaria no reunió los requisitos de Ley para acceder al
reconocimiento y pago de la licencia de maternidad.
6.
EXPEDIENTE T-1´664.514
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Luz Ángela Escobar Ortíz interpuso acción de
tutela contra Cooperativa Multiservicios de la Virginia “COOMULSER” y la EPS
Servicio Occidental de Salud S.O.S el día 17 de abril de 2007 y solicitó la
protección de sus derechos fundamentales. Justificó su petición en los
siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Luz Ángela Escobar Ortíz
está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen
contributivo a través de la EPS Servicio Occidental de Salud S.O.S. desde el
mes de diciembre de 2004.
2.
Manifiesta que se encuentra
afiliada en calidad de cotizante dependiente de la Cooperativa Multiservicios
de la Virginia “COOMULSER”.
3.
Que el 9 de agosto de 2006 dio a
luz una hija, por lo que solicitó el pago y reconocimiento de su licencia de
maternidad.
4.
Agrega que la EPS se niega a
reconocerle su derecho con el argumento de que los pagos se hicieron
extemporáneamente, y que pese a la falta de recursos continúa cancelando las
cuotas a la Cooperativa.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto del 27 de abril de 2007 el Juzgado Promiscuo
Municipal de La Virginia-Risaralda admitió la acción interpuesta y dio traslado
a las entidades accionadas, para que en el término de 3 días se pronunciaran en
relación con los hechos.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
Ø
Cooperativa Multiservicios de la
Virginia “COOMULSER”.
La
apoderada de la Cooperativa Multiservicios de la Virginia “COOMULSER” dio
respuesta a la acción de tutela el 4 de mayo de 2007 y expuso que la señora Luz
Ángela Escobar Ortíz está afiliada a la Cooperativa desde el año 2004.
Añadió
que no es cierto que la accionante se encuentre en mora en las cotizaciones del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, por lo que la entidad responsable
de pagar la licencia de maternidad es la EPS Servicio Occidental de Salud
S.O.S.
Ø
Servicio Occidental de Salud
S.O.S. EPS.
La
directora de sede de la EPS Servicio Occidental de Salud S.O.S el 14 de mayo de
2007 dio respuesta a la acción de tutela.
Una
vez citó las normas y la jurisprudencia sobre la materia, la directora arguyó
que en la base de datos se encontró que la Cooperativa Multiservicios de la
Virginia “COOMULSER” en el mes de agosto realizó un pago extemporáneo, razón
suficiente para que se rechace el pago de la indemnización a cargo del Sistema
General de  Seguridad Social en Salud.
II.
PRUEBAS
1.
Copia del derecho de petición
radicado por la señora Luz Ángela Escobar Ortíz ante la Cooperativa
Multiservicios de la Virginia “COOMULSER”, el día 26 de enero de 2007. (Folio
5).
2.
Copia del derecho de petición
radicado por la señora Luz Ángela Escobar Ortíz ante la EPS Servicio Occidental
de Salud S.O.S, el día 13 de marzo de 2007. (Folios 6 y 7).
3.
Copia de la respuesta dada por la
EPS Servicio Occidental de Salud S.O.S a la señora Luz Ángela Escobar Ortiz, el
día 27 de marzo de 2007, en el que se le informa que aparecen en el sistema
pagos extemporáneos, por lo que debe ser el empleador quien debe cancelar a su
trabajador la totalidad de la indemnización económica. (Folio 8).
4.
Copias de los recibos de caja
menor por concepto de cancelación de aportes por los meses de diciembre de 2005
y enero a septiembre de 2006. (Folios 10 a 13).
5.
Copia de los formularios de
autoliquidación de aportes de la señora Luz Ángela Escobar Ortíz de los meses
de enero a octubre de 2006. (Folios 14 a 33).
III.
DECISIÓN JUDICIAL.
A.
Única  Instancia.
El
Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia-Risaralda profirió sentencia en el
proceso de acción de tutela, el 14 de mayo de 2007, y decidió NO TUTELAR los
derechos de la peticionaria al exponer que como trabajadora independiente la
accionante se afilió a la Cooperativa Multiservicios de la Virginia “COOMULSER”
para cotizar a la EPS Servicio Occidental de Salud S.O.S, razón por la que la
controversia planteada debe ser resuelta por la justicia laboral ordinaria.
La decisión judicial no fue impugnada.
7.
EXPEDIENTE T-1´664.234
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Jeimy Rocio Ayala Figueredo interpuso acción
de tutela contra Saludcoop EPS el día 27 de abril de 2007 y solicitó la
protección de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida y la dignidad
humana. Justificó su petición en los siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Jeimy Rocio Ayala
Figueredo está afiliada al régimen contributivo en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, a través de Saludcoop EPS en calidad de cotizante
dependiente desde el año 2002.
2.
Aduce que el 6 de septiembre de
2006 dio a luz un hija, por lo que procedió a reclamar el pago de la licencia
de maternidad ante su EPS.
3.
Agrega que la entidad de salud se
niega a pagarle tal prestación económica, sustentando su decisión en que existe
interrupción en las semanas de cotización durante su período de gestación.
4.
Que pese a que el 7 de marzo de
2007 radicó un derecho de petición ante la entidad de salud, a la fecha no ha
obtenido respuesta.
5.
Sostiene, que es cierto el
argumento de la interrupción de las cotizaciones pero que  ésta es de tan sólo
11 días, por lo que no ve motivos suficientes para que no se le pague su licencia
de maternidad.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto, del 2 de mayo de 2007, el Juzgado Dieciocho
Civil Municipal de Bogotá admitió la acción interpuesta y dio traslado a la
entidad accionada, para que en el término de 2 días se pronunciaran en relación
con los hechos.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
SaludCoop
EPS contestó la demanda extemporáneamente el 22 de mayo de 2007 e informó al
despacho que la señora Jeimy Rocio Ayala Figueredo se encuentra afiliada al
Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen contributivo en
calidad de cotizante dependiente a través de Saludcoop EPS desde el 9 de enero
de 2002.
Que
la usuaria presenta solamente 32 semanas de cotización de las 36 semanas que
duró su embarazo, motivo por el que no cumple con los requisitos de Ley y
en consecuencia no tiene derecho a la prestación económica que reclama por
parte de la EPS, pues debe ser su empleador – la empresa KYROVET LABOTARIES
S.A.- quien pague la licencia.
Finalmente
manifiesta la EPS que la acción de tutela no es el medio de defensa con el que
cuenta la afiliada pues existen otros mecanismos judiciales de defensa para reclamar
su licencia.
La
entidad refiere la siguiente información:
EMPLEADOR
FECHA DE INICIO DE COTIZACIÓN
FECHA
RETIRO
FECHA PARTO
SEMANAS DE AFILIAICÓN CONTÍNUA
SEMANAS DE
GESTACIÓN
PUNTO ASEO S.A.
16-01-2003
12-01-2006
157
KYROVET
26-01-2006
Vigente
06-09-2006
32
36
II.
PRUEBAS
APORTADAS
EN INSTANCIAS.
1.
Copia del derecho de petición
presentado por la señora Jeimy Rocio Ayala Figueredo ante Saludcoop EPS, el 22
de marzo de 2007, en el que solicita el pago de la licencia de maternidad por
presentarse una interrupción en las semanas cotizadas al sistema de tan solo
11 días. (Folios 2 a 5).
2.
Copias de los formularios de
autoliquidación de aportes de la señora Jeimy Rocio Ayala Figueredo, por los
meses diciembre de 2005, enero a septiembre de 2006. En todos los meses se
cotiza por 30 días a excepción de febrero en el que se cotizan solo 19 días.
Ingreso base de cotización: $1´000.000(Folios 7 a 16).
APORTADAS
EN SEDE DE REVISIÓN
Ø
Saludcoop EPS
El
23 de noviembre de 2007 la Sala Sexta de Revisión recibió memorial por parte de
Saludcoop EPS en respuesta al auto de pruebas proferido el 29 de octubre de
2007 . La entidad adjuntó a  la contestación el certificado de nacido vivo del
menor que dio a luz la señora Ayala figueredo el 6 de septiembre de 2006 en el
que se registran 39 semanas de gestación.
Así
mismo, la EPS anexó un reporte de cotizaciones de la accionante en el que se
describe:
Periodo
Fecha de
Consignación
Vlr. POS
Vlr. Ibc
200511
2005/11/17
60.000
500.000
200512
2005/1212
60.000
500.000
200601
2006/01/10
60.000
500.000
200602
2006/02/03
76.000
633.333
200603
2006/03/06
120.000
1.000.000
200604
2006/04/05
120.000
1.000.000
200605
2006/05/08
120.000
1.000.000
200606
2006/06/05
120.000
1.000.000
200607
2006/07/10
120.000
1.000.000
200608
2006/08/04
120.000
1.000.000
200609
2006/09/01
120.000
1.000.000
Ø
KYROVET LABORATORIES S.A.
El
26 de noviembre de 2007 la Sala Sexta de Revisión recibió memorial por parte de
KYROVET LABORATORIES S.A. en respuesta al auto de pruebas proferido el 29 de
octubre de 2007 . La empresa manifestó que la señora Ayala figueredo firmó
contrato laboral desde el 12 de enero de 2006 con un salario mensual de
$1.000.000. Adjuntó la empresa copias de los formularios de autoliquidación de
aportes de los meses de febrero a diciembre de 2006. (En todos los meses se
cotiza por 30 días, excepto en febrero que se cotizan 19 días).
III.
DECISIÓN JUDICIAL.
A.
Única  Instancia.
El
Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Bogotá profirió sentencia en el proceso de
acción de tutela, el 16 de mayo de 2007, y decidió NEGAR la acción de tutela al
considerar que la accionante no reúne los requisitos definidos por Ley para que
se le reconozca y pague la licencia de maternidad, pues cotizó al sistema por
un período inferior al de su período de gestación.
La decisión judicial no fue impugnada.
8.
EXPEDIENTE T-1´664.242
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora María del Carmen Chaparro Pérez, interpuso
acción de tutela contra Cafesalud EPS el día  18 de abril de 2007 y solicitó la
protección de sus derechos fundamentales a la integridad, a la seguridad
social, y los derechos del recién nacido. Justificó su petición en los
siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora  María del Carmen Chaparro
Pérez está afiliada al régimen contributivo en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud a través de  Cafesalud EPS en calidad de cotizante
independiente desde el año 2005.
2.
Aduce que el 18 de julio de 2006
dio a luz a su hijo, por lo que procedió a reclamar el pago de la licencia de
maternidad ante su EPS.
3.
Manifiesta que la entidad de salud
se niega a pagarle tal prestación económica porque se presentó interrupción de
cotización durante la gestación pues las semanas de cotización (37) son menores
a las semanas de gestación (39).
4.
Aclara que no se presentó dicha
interrupción, ya que ha cancelado cumplidamente  las cotizaciones al sistema y
agrega que con la negación de su derecho ha visto afectada su situación
económica y el mínimo vital suyo y de su hijo.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto, del 23 de abril de 2007, el Juzgado
Dieciocho Civil Municipal de Bogotá admitió la acción interpuesta y dio
traslado a la entidad accionada, para que en el término de 2 días se
pronunciara en relación con los hechos.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
La
apoderada judicial de Cafesalud EPS contestó la acción de tutela, el 3 de mayo
de 2007, y expuso que la señora María del Carmen Chaparro Pérez se encuentra
afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen
contributivo en calidad de cotizante independiente desde el 2 de noviembre
de 2005, con 59 semanas de cotización y con estado en mora por el no pago
de aportes al sistema.
Declara
que la afiliada “presenta un tiempo de afiliación continuo INFERIOR  las
semanas de gestación con base en la Historia Clínica, motivo por el cual CAFESALUD
no reconoce la prestación económica derivada por la licencia de maternidad”.
En
la contestación de la demanda aparece un relación de cotización de 33 semanas
de afiliación continua al sistema y de 39 semanas de gestación.
Finalmente
expresa la EPS que “como se puede observar la aportante reporta 26.6
semanas de cotización continua, frente a sus 34 semanas de gestación”
razón por la que debe negarse el amparo deprecado.
II.
PRUEBAS
APORTADAS
EN INSTANCIAS.
1.
Copias de los formularios de
autoliquidación de aportes de la señora  María del Carmen Chaparro Pérez, por
los meses de enero a julio de 2006 y noviembre y diciembre de 2005. Salario
base de cotización 2005: $381.500. Salario base de cotización 2006: $408.000.
(Folios 5 a 13).
2.
Copia del registro civil de
nacimiento del menor Fabio Alejandro Corredor Chaparro.Fecha julio 18 de 2006.
(Folio 14).
APORTADAS
EN SEDE DE REVISIÓN
El
27 de noviembre de 2007 la Sala Sexta de Revisión recibió memorial por parte de
Cafesalud EPS en respuesta al auto de pruebas proferido el 29 de octubre de
2007 . La entidad remitió copia del certificado de nacido vivo del menor que
dio a luz la señora Chaparro Pérez el 18 de julio de 2006 en el que se
registran 39 semanas de gestación.
Igualmente,
certificó las semanas cotizadas al sistema de salud por la accionante de la
siguiente forma:
Periodo
Fecha de Consignación
Vlr. Pos.
Vlr. Ibc.
200511
2005/11/02
45.800
381.667
200512
2005/12/12
45.800
381.667
200601
2006/01/10
45.800
381.667
200602
2006/02/13
48.960
408.000
200603
2006/03/16
49.000
408.333
200604
2006/04/11
49.000
408.333
200605
2006/05/09
48.960
408.000
200606
2006/06/15
48.960
408.000
200607
2006/07/11
48.960
408.000
III.
DECISIÓN JUDICIAL.
A.
Única  Instancia.
El
Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Bogotá profirió sentencia en el proceso de
acción de tutela, el 8 de mayo de 2007, y decidió NEGAR el amparo al sostener
que no se encuentra estructurado el supuesto de hecho ni los requisitos para
que se tenga derecho al reconocimiento de la prestación económica por
maternidad.
La decisión judicial no fue impugnada.
9.
EXPEDIENTE T-1´665.400
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Merly Julieth Palacio Montejo  interpuso
acción de tutela contra Salud Total EPS el día  19 de febrero de 2007 y
solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la integridad, seguridad
social, y los derechos del recién nacido. Justificó su petición en los
siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Merly Julieth Palacio
Montejo  está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el
régimen contributivo a través de  Salud Total EPS en calidad de cotizante
independiente desde febrero del año 2001.
2.
La accionante manifiesta que el 5
de agosto de 2006 dio a luz un hijo, razón por la que solicitó a su EPS el
reconocimiento y pago de la licencia de maternidad.
3.
Sostiene que tal entidad le negó
la prestación económica alegando que no cotizó ininterrumpidamente durante el
período de gestación, lo que afecta sus derechos fundamentales pues carece de
recursos económicos para subsistir.
4.
Finalmente arguye que tal
afirmación no es cierta pues siempre efectuó las cotizaciones al Sistema
General de Seguridad Social en Salud durante su período de embarazo, aunque en
ocasiones de forma extemporánea; que el pago del mes de agosto lo realizó el 4
de dicha mensualidad, y que en consecuencia “para la liquidación de la
licencia se debe tener en cuenta el mes en que se origina la razón primordial
de la licencia como lo es el nacimiento de mi hijo y la EPS no está tomando
este pago para la liquidación y el respectivo pago de la misma”.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto del 19 de febrero de 2007 el Juzgado Sexto
Civil Municipal de Bucaramanga admitió la acción interpuesta y dio traslado a
la entidad accionada para que en el término de 2 días se pronunciara en
relación con los hechos.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
La
Gerente y Representante judicial de la sucursal de Bucaramanga de Salud Total
EPS contestó la acción de tutela, el 23 de febrero de 2007, y expuso que a la
fecha la señora Merly Julieth Palacio Montejo  no se encuentra afiliada a la
entidad, ya que el 30 de noviembre de 2006, “reportó la entidad de retiro
laboral”. Añade que transcurrieron 6 meses entre la fecha de parto, en la
que se causó el derecho, y la de la reclamación lo que hace improcedente el
amparo.
Informa
que la tutelante efectivamente solicitó el reconocimiento y pago de la licencia
de maternidad ante la EPS pero que no se aceptó la petición porque ésta “no
había cotizado como mínimo por un período igual al período de gestación (…) ya
que a la fecha del parto (6 de agosto de 2006) contaba la madre con 40 semanas
de gestación y 35 semanas cotizadas a esta entidad (…)”.
Presenta
la EPS la siguiente relación de cotizaciones:
PERIODO
DÍAS
COTIZADOS
Agosto
de 2006
6
teniendo en cuenta que fue el día en el que se produjo el parto.
Julio
de 2006
30
Junio
de 2006
30
Mayo
de 2006
30
Abril
de 2006
30
Marzo
de 2006
30
Febrero
de 2006
30
Enero
de 2006
30
Diciembre
de 2005
30
Por
último, la entidad accionada solicita que se deniegue el amparo porque Salud
Total EPS no se encuentra legalmente obligada a asumir la cobertura de la
licencia de maternidad por no haber reunido los requisitos de Ley.
II.
PRUEBAS
APORTADAS
EN INSTANCIAS.
1.
Copia de la respuesta de Salud
Total EPS al derecho de petición que radicó la señora Merly Julieth Palacio
Montejo   en el que se le comunica que no tiene derecho al pago de la licencia
de maternidad por incumplimiento en los requisitos de Ley. (Folios 6 y 7).
2.
Copia del Certificado de Nacido
Vivo, en el que se refieren 40 semanas de gestación de la señora Merly
Julieth Palacio Montejo , por su hijo nacido el 5 de agosto de 2006. (Folio 9).
3.
Copias de los formularios de
autoliquidación de aportes de la señora Merly Julieth Palacio Montejo  por los
meses de diciembre de 2005 y enero a septiembre de 2006. Ingreso base de
cotización: Salario mínimo. (En algunos formularios aparecen pagos
extemporáneos de las cotizaciones).  (Folios 10 a 19).
APORTADA EN SEDE DE REVISIÓN.
El
17 de septiembre de 2007 el Representante Legal de Salud Total EPS allegó un
escrito a la secretaría de la Corte Constitucional en el que indicó que para la
fecha de parto de la señora Merly Julieth Palacio Montejo , 6 de agosto de
2006, ésta había cotizado al sistema ininterrumpidamente durante 35 semanas,
pese a que su período de gestación fue de 40 semanas y en consecuencia no
resulta procedente efectuar el reconocimiento y pago de la licencia de
maternidad a favor de la accionante pues no se cumple en el caso con los
requisitos de Ley.
III.
DECISIONES JUDICIALES.
A.
Primera
Instancia.
El
Juzgado Sexto Civil Municipal de Bucaramanga profirió sentencia en el proceso
de acción de tutela el 2 de marzo de 2007 y decidió DENEGAR el amparo puesto
que no se encuentra acreditado que la peticionaria cotizara como mínimo un
lapso igual al período de gestación lo que da cuenta de un incumplimiento por
parte de las obligaciones legales de la afiliada.
B.
Impugnación
La
señora Merly Julieth Palacio Montejo  impugnó el fallo de instancia el 7 de
marzo de 2007 y sostuvo que como la afiliada se encuentra en el sistema en
calidad de cotizante independiente al pagar el mes de agosto de 2007, el día
cuarto de dicha mensualidad, pagó por adelantados los servicios de salud, por
lo que debe reconocérsele el derecho.
C.
Segunda Instancia.
El
Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga  profirió sentencia en el
proceso de acción de tutela, el 18 de abril de 2007, y CONFIRMÓ el fallo del a
quo al sostener que para el reconocimiento de prestaciones económicas de
licencias de maternidad se requiere el cumplimiento de requisitos específicos
dentro de los que se destaca la cotización ininterrumpida al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, presupuesto que no se cumple en el caso concreto
pues “la accionante cotizó a la entidad demandada cuando se encontraba con
varias semanas de embarazo”.
10.
EXPEDIENTE T-1´666.003
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora  Zoraida Ortíz Barrera interpuso acción de
tutela contra Solsalud  EPS, el día  17 de enero de 2007, y solicitó la
protección de sus derechos fundamentales. Justificó su petición en los
siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Zoraida Ortíz Barrera está
afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen
contributivo a través de Solsalud  EPS en calidad de cotizante independiente
desde el 23 de enero del año 2006.
2.
Afirma que posteriormente quedó
embarazada y que en consecuencia el 11 de septiembre de 2006 tuvo el parto de
su menor hijo.
3.
Aduce que pidió a Solsalud  EPS el
reconocimiento y pago de su licencia de maternidad pero que el 25 de septiembre
de 2006 la entidad le contestó que no cumple con los periodos mínimos de cotización
por lo que no le fue autorizada la prestación económica.
4.
Solicita finalmente que se
salvaguarden sus derechos y se le reconozca la licencia de maternidad.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto del 19 de enero 2007 el Juzgado Quinto Civil
Municipal de Bucaramanga admitió la acción interpuesta y dio traslado a la
entidad accionada, para que en el término de 12 horas se pronunciara en
relación con los hechos.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
La
apoderada del Solsalud  EPS el 24 de enero de 2007 respondió a la acción de
tutela y manifestó que la señora Zoraida Ortíz Barrera dejó de cotizar al
sistema cuarenta y un (41) días para completar las 39 semanas de gestación,
puesto que se afilió por primera vez al sistema el 23 de enero de 2006 razón
por la que Solsalud  EPS no tiene la obligación legal de cancelar el valor de
la licencia de maternidad.
Por
último, solicita la apoderada que se declara improcedente la acción por perseguir
un derecho de contenido patrimonial.
II.
PRUEBAS
1.
Copia del certificado de nacido
vivo de la menor Lizeth Soraya Quimbayo Ortiz, el día 11 de septiembre de 2006,
en el que se registran 39 semanas de gestación. (Folio 3).
2.
Copia del registro civil de
nacimiento de la menor Lizeth Soraya Quimbayo Ortiz. (Folio 4).
3.
Copias de los formularios de
autoliquidación de aportes al sistema general de seguridad social en salud de
los meses de enero a diciembre de 2006 y enero de 2007 de la señora Zoraida
Ortíz Barrera. Días cotizados 30, excepto enero en el que se cotizaron 8.
Ingreso base de cotización: Salario mínimo legal mensual vigente. (Folios 7 a 19).
III.
DECISIONES JUDICIALES.
A.
Primera  Instancia.
El
Juzgado Quinto Civil Municipal de Bucaramanga  profirió sentencia en el
proceso de acción de tutela, el 31 de enero de 2007, y decidió NEGAR el amparo
al considerar que la “la demandante dio a luz a su hija el 11 de septiembre
de 2006 y que tan solo hasta el 17 de enero de 2007 acudió a la justicia (…)
para que se le pagara la prestación económica de la licencia de maternidad (…)
esto es después del nacimiento de su hija”.
Una
vez hecha tal aclaración el juez de instancia afirmó que es improcedente la acción
pues se presentó después de fenecido su término, de los que se “presume que
la madre no requirió de la prestación económica (…) para solventar sus
necesidades básicas y las de su hijo durante las doce semanas siguientes al
parto” a lo que se agrega que no cotizó durante todo su período de
gestación, pues se afilió al sistema cuando ya contaba con algunas semanas de
gestación.
B.
Impugnación
La
señora Zoraida Ortíz Barrera impugnó el fallo de instancia el 2 de febrero de
2007.
C.
Segunda Instancia.
El
Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bucaramanga, el 12 de abril de 2007,
CONFIRMÓ la sentencia de primera instancia al exponer que la tutelante no
cumplía con los requisitos exigidos por la reglamentación para acceder a dicha prestación
pues sólo cotizó 33 de las 39 semanas de gestación.
11.
EXPEDIENTE T-1´666.869
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Geeselly Lozano Pertúz interpuso acción de
tutela, mediante apoderado judicial, contra COLMÉDICA EPS el día 13 de febrero
de 2007 y solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la
subsistencia, el mínimo vital, la vida, la salud, el trabajo y la seguridad
social. Justificó su petición en los siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora  Geeselly Lozano Pertúz está
afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen
contributivo a través de COLMÉDICA EPS en calidad de cotizante dependiente.
2.
Afirma que el 30 de septiembre de
2006 dio a luz una hija.
3.
Que posteriormente solicitó ante la
EPS el pago de su licencia de maternidad y que tal entidad se negó a
reconocerle y pagarle la prestación.
4.
Que en consecuencia ha visto
afectados su derechos fundamentales, pues su salario es el único ingreso que
devenga.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto del 20 de febrero de 2007 el Juzgado Octavo
Civil Municipal de Barranquilla concedió a la parte accionante un término de 3
días, contados a partir de la notificación del mismo, para que corrigiera la
solicitud de tutela e indicara el lugar de ubicación de la empresa SERVICIOS
INTEGRALES DE COLOMBIA.
Posteriormente, el 27 de febrero de 2007, el Juzgado
admitió la acción interpuesta, vinculó al proceso a la empresa SERVICIOS
INTEGRALES DE COLOMBIA y dio traslado a las entidades accionadas, para que en
el término de 2 días se pronunciaran en relación con los hechos.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
Ø COLMÉDICA EPS.
COLMÉDICA
EPS dio respuesta a la acción de tutela el 5 de marzo de 2007 y expresó que la
señora Geeselly Lozano Pertúz se encuentra como afiliada a la EPS como
cotizante de la empresa SERVICIO INTEGRALES COLOMBIA, que presentó novedades de
retiro y de ingreso, que interrumpieron el período de cotización durante la
gestación, lo que motivo a la negación de la licencia de maternidad.
Manifiesta
la entidad que “teniendo en cuenta le fecha de parto, 30 de septiembre de
2006, ya hace casi 6 meses, se pudo constatar que durante los 9 meses
anteriores, la señora Lozano dejó de cotizar por 61 días por cuanto en la
planilla 9187442 correspondientes al período de aportes del mes de enero sólo
cotizó 1 día de los 30, requeridos, en el mes de febrero no cotizó y en marzo
cotizó 28 días. Así las cosas de las 38 semanas que duró la gestación (…)
sólo cotizó aproximadamente 30 semanas”,
Refirió
la EPS la siguiente información:
Periodos Cotizados
Días
Septiembre
2006
30
Agosto
2006
30
Julio
2006
30
Junio
2006
30
Mayo
2006
30
Abril
2006
30
Marzo
2006
28
Febrero
2006
No
cotizó
Enero
2006
1
En
consecuencia expone la entidad que al no cumplir la afiliada con los período mínimos
de cotización es aceptable que se niegue la licencia de maternidad lo que no
significa una violación a los derechos fundamentales de la misma.
Ø Servicios Integrales Colombia
El
Representante Legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado Servicios Integrales
Colombia CTA, rindió informe respecto a la acción de tutela y manifestó que la
señora Geeselly Lozano Pertúz está asociada a la Cooperativa y ésta última que
ha cumplido con la normativa vigente y ha hecho el pago de todas las
prestaciones de la misma relacionadas con salud, riesgos profesionales, pensión
y caja de compensación.
Finalmente
expresa que COLMÉDICA EPS es la responsable de la prestación económica por
maternidad de la afiliada, pues cuando la asociada ingreso a la Cooperativa
tenía un mes de gestación, motivo que no podía impedir su incorporación.
II.
PRUEBAS
APORTADAS
EN INSTANCIA
1.
Poder para actuar conferido por la
señora Geeselly Lozano Pertúz al abogado Adonis Caro Madrid, para que este
último interpusiera acción de tutela contra COLMÉDICA EPS. (Folio 5).
2.
Copia del certificado de nacido
vivo de la menor que dio a luz la señora Geeselly Lozano Pertuz, el día 30 de
septiembre de 2006, en el que se registran 38 semanas de gestación.
(Folio 7).
3.
Certificación expedida por COLMÉDICA
EPS en el que se registran 103 semanas de afiliación de la señora Geeselly
Lozano Pertuz, desde el 8 de julio de 2004. (Folio 10).
APORTADAS
EN SEDE DE REVISIÓN.
El
28 de noviembre de 2007 la Sala Sexta de Revisión recibió memorial por parte de
Servicios integrales en respuesta al auto de pruebas proferido el 29 de octubre
de 2007 . La empresa remitió documentación de afiliación de la accionante al
sistema de salud, en la que se registra un ingreso base de cotización de
$408.000.
III.
DECISIONES JUDICIALES.
A.
Primera  Instancia.
El
Juzgado Octavo Civil Municipal de Barranquilla  profirió sentencia en el
proceso de acción de tutela, el 8 de marzo de 2007, y decidió CONCEDER la
tutela interpuesta y ordenar a COLMÉDICA EPS que dentro de las 48 horas
siguientes iniciara las diligencias necesarias para el reconocimiento y pago de
la licencia de maternidad de la señora Geeselly Lozano Pertuz.
En
el análisis del fondo del asunto el juez de primera instancia arguyó que si
bien la señora Lozano Pertúz no cotizó durante todo su embarazo al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, si lo hizo durante los 6 meses anteriores
al parto “periodo durante el cual se entiende cumplido el requisito de haber
cancelado los aportes”.
En
consecuencia, es errónea la interpretación de la norma conforme a la cual el
incumplimiento de los requisitos legales permite a la EPS negar el
reconocimiento de las prestación económica, y por ello en tales casos debe
primar el derecho sustancial y los principios de protección a la niñez y de
especial protección a la mujer embarazada.
B.
Impugnación
COLMÉDICA
EPS mediante escrito radicado en el Juzgado Octavo Civil Municipal de
Barranquilla, el 14 de marzo de 2007, solicitó adición de la sentencia para que
se ordenara el recobro de la prestación económica autorizada al FOFYGA o en su
defecto se revocara la decisión de primera instancia.
C.
Segunda Instancia.
El
Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla  profirió sentencia en el
proceso de acción de tutela, el 30 de abril de 2007, y decidió REVOCAR el fallo
del a quo al encontrar que las cotizaciones al Sistema General de
Seguridad Social en Salud no se hicieron de manera completa, pues no cotizó
al sistema durante 61 días, lo que equivale a 8 semanas sin cotizar durante
el período de gestación, es decir, no se cumplió con los requisitos legales que
orientan el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad.
12.
EXPEDIENTE T-1´666.981
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Jhoneirys Margoth Arango Barrios interpuso
acción de tutela, contra Saludcoop EPS el día 13 de febrero de 2007 y solicitó
la protección de sus derechos fundamentales a la calidad de vida humana, la
igualdad, la seguridad social, la salud y el mínimo vital de la medre y los
hijos. Justificó su petición en los siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Jhoneirys Margoth Arango
Barrios está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el
régimen contributivo a través de Saludcoop EPS en calidad de cotizante
independiente, desde el 1 de marzo de 2006.
2.
Aduce que al momento de afiliación
se encontraba en estado de embarazo, lo que motivó su ingreso al sistema pues
carece de recursos económicos para subsistir.
3.
Que el 6 de octubre de 2006 dio a
luz un hijo, motivo por el que el 17 de octubre Saludcoop EPS le entregó el
certificado de licencia de maternidad.
4.
Afirma que la EPS le negó el
reconocimiento y pago de la prestación, motivo por el que el 12 de enero de
2007 radicó ante dicha entidad derecho de petición, del que a la fecha no ha
obtenido respuesta.
5.
Solicita que se amparen sus
derechos fundamentales y se inapliquen las disposiciones que versan sobre
requisitos para que le sea otorgada la licencian de maternidad.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto del 14 de febrero de 2007 el Juzgado Segundo
Penal Municipal de Valledupar admitió el amparo y concedió un término de 3 días
a la EPS para que diera respuesta a la acción.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
La
Directora Seccional de Saludcoop EPS contestó el amparo, el 22 de febrero de
2007, y sostuvo que la señora Aragón Barrios se encuentra afiliada al Sistema
General de Seguridad Social en Salud en el régimen contributivo a través de Saludcoop
EPS desde el 3/1/2006 con 43 semanas de cotización.
Que
conforme a dicha información  la accionante no tiene derecho a que le reconozca
y pague la licencia de maternidad, pues no cotizó al sistema de salud durante
todo su período de gestación, es decir, no  cuenta con los requisitos previstos
en la Ley.
II.
PRUEBAS
1.
Copia del formulario único de
afiliación e inscripción al sistema de la señora Jhoneirys Margoth Arango
Barrios con fecha del 3 de marzo de 2006. Ingreso base de cotización:
$408.000. (Folio 8).
2.
Copia del formato de liquidación
de prestaciones económicas de la señora Jhoneirys Margoth Arango Barrios, del
20 de octubre de 2006, en el que se certifican 37 semanas de gestación y
31 semanas de cotización al Sistema General de Seguridad Social en
Salud. Salario base: $408.333. (Folio 11).
III.
DECISIONES JUDICIALES.
A.
Primera  Instancia.
El
Juzgado Segundo Penal Municipal de Valledupar  profirió sentencia en el proceso
de acción de tutela, el 26 de febrero de 2007, y decidió TUTELAR los derechos
fundamentales de la señora Jhoneirys Margoth Arango Barrios y ordenar a Saludcoop
EPS que reconozca y pague la licencia de maternidad a la accionante en un
término no mayor a 10 días hábiles, al encontrar que ésta es trabajadora
independiente por lo que depende del salario que devenga, en cuanto es su única
fuente de subsistencia.
Agrega
el juez de instancia que la señora Jhoneirys Margoth Arango Barrios no cotizó
al sistema durante todo su período de gestación, pero que ello no es razón para
negar la licencia pues la EPS no tomo las medidas necesarias para exigir el
pago oportuno de la cotización, actuación con la que se purgó la mora de la
afiliada, como se sostiene en los diversos pronunciamientos de la Corte
Constitucional.
B.
Impugnación
La
Directora Seccional de Saludcoop EPS impugnó la acción al alegar que en el caso
existen otros medios judiciales de defensa lo que hace improcedente la acción y
que además, en el caso no se cumplen los requisitos de Ley, por lo que el
empleador tiene la obligación de reconocer la prestación.
Añade,
que debe revocarse la decisión y declararse improcedente el amparo debido a que
la conducta de la EPS es legitima y se encuentra ajustada a derecho.
C.
Segunda Instancia.
El
Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar  profirió sentencia en el
proceso de acción de tutela, el 14 de mayo de 2007, y decidió REVOCAR el fallo
del a quo y en consecuencia denegar por improcedente el amparo,  bajo el
fundamento de que la afiliada no reúne los requisitos definidos en el Decreto
047 de 2000, es decir los periodos mínimos de cotización para acceder a la
prestación económica, “toda vez que le hicieron falta 6 semanas de
cotización para completar las 37 semanas de gestación que tenía para cuando se
produjo la expedición de la licencia de maternidad”.
El
juez de segunda instancia concluye que la trabajadora al momento de afiliarse
al Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de Saludcoop EPS,
contaba con aproximadamente dos meses de embarazo, lo que le impedía cumplir
con el período mínimo de cotización, y que además en el caso la accionante
puede acudir a la justicia laboral ordinaria para solicitar la protección de
sus derechos, lo que torna improcedente el amparo.
13.
EXPEDIENTE T-1´667.202
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Deisy Quintero Gómez interpuso acción de
tutela contra Saludcoop EPS, el día 23 de abril de 2007, y solicitó la
protección de sus derechos a la vida, la igualdad y la seguridad social.
Justificó su petición en los siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora  Deisy Quintero Gómez
está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen
contributivo a través de Saludcoop EPS en calidad de cotizante independiente,
desde el 8/1/2006.
2.
Manifiesta que el 13 de febrero de
2007 dio a luz un hijo después de 37 semanas de gestación.
3.
Arguye que solicitó a la EPS el
reconocimiento y pago de la licencia de maternidad y que la entidad le negó el
derecho por no cumplir con las semanas de cotización requeridas.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto del 23 de abril de 2007 el Juzgado Noveno
Civil Municipal de Bucaramanga admitió el amparo y concedió un término de 48
horas a la EPS para que diera respuesta a la acción.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
La
Gerente Regional de Saludcoop EPS contestó el amparo, el 3 de mayo de 2007, y
sostuvo que la señora  Deisy Quintero Gómez se encuentra afiliada al Sistema
General de Seguridad Social en Salud en el régimen contributivo en calidad de
cotizante independiente a través de Saludcoop EPS desde el 8/1/2006 con 34
semanas de cotización.
Arguyó
que la accionante solicitó el pago de la licencia de maternidad a la entidad, y
que después del análisis del caso se concluyó que ésta “no contaba con las
semanas de cotización puesto que eran inferiores a las semanas de gestación” razón
por la que la obligación del pago de la prestación no corresponde a Saludcoop
EPS sino al empleador independiente.
Por
último, solicita la EPS que se declare improcedente la acción puesto que su
conducta se encuentra ajustada a derecho.
II.
PRUEBAS
1.
Copia del certificado de
Nacido Vivo de la menor Karon Valentina Acebedo Quintero, con fecha febrero 13
de 2007 y 37 semanas de gestación. (Folio 11).
2.
Copia de la Liquidación de
Prestaciones Económicas, expedida el 30 de marzo de 2007 por Saludcoop EPS, en
el que se certifican 37 semanas de gestación y 28 semanas cotizadas de
la señora Deisy Quintero Gómez. Salario Base: $408.000. (Folio 8).
III.
DECISIONES JUDICIALES.
A.
Primera  Instancia.
El Juzgado Noveno Civil Municipal de Bucaramanga, el 4
de mayo de 2007, decidió NO CONCEDER la protección a los derechos invocados
bajo el argumento de que con la información que reposa en el expediente se
concluye que no se cumplen en el caso con las formalidades y requisitos
exigidos por la Ley para que se genere el pago de la Licencia por Maternidad, y
en efecto la conducta de la EPS se encuentra dentro de los lineamientos
legales.
Afirma el a quo que de la información que
reposa en el expediente se ultima que si el parto de la tutelante se produjo el
13 de febrero de 2007, después de 37 semanas de gestación, ésta para la fecha
de la afiliación, agosto 1 de 2006, tenía aproximadamente 2 meses de embarazo.
B.
Impugnación
La
señora Deisy Quintero Gómez, el 9 de mayo de 2007, impugnó la sentencia de
primera instancia por encontrarse en desacuerdo con la decisión de la misma.
C.
Segunda Instancia.
El
Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga  profirió sentencia en el
proceso de acción de tutela, el 7 de junio de 2007, y decidió CONFIRMAR la
sentencia de origen, atendiendo a que en el caso lo que se discute es que la
señora Deisy Quintero Gómez empezó a cotizar al sistema estando ya en gravidez,
lo que significa que no cotizó durante todo el período de gestación, caso
distinto al de allanamiento por aportar extemporáneamente al sistema u omisión
del pago de una cotización.
Bajo
tales consideraciones el juez manifestó que al no cumplirse con los requisitos
de Ley para acceder a la prestación la EPS no esta obligada a su pago y
reconocimiento.
14.
EXPEDIENTE T-1´667.355
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora María Isabel Giraldo Serrato interpuso
acción de tutela contra Saludcoop EPS, el día 8 de febrero de 2007, y solicitó
la protección de sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida
digna. Justificó su petición en los siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora María Isabel Giraldo
Serrato está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el
régimen contributivo a través de Saludcoop EPS en calidad de cotizante
independiente, desde el primero de mayo 2006.
2.
Manifiesta que con anterioridad
estuvo afiliada al sistema como beneficiaria de su cónyuge, pero que con
posterioridad empezó a trabajar motivo por el que se afilió como cotizante.
3.
Arguye que el 13 de enero de 2007
dio a luz  un hijo, razón por la que reclamó ante la EPS el reconocimiento y
pago de la licencia de maternidad.
4.
Que la entidad le niega la prestación
económica por haber cotizado sólo 37 semanas de las 40 semanas de gestación,
decisión con la que se ven afectados sus derechos fundamentales.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto del 8 de febrero de 2007 el Juzgado Quinto
Penal Municipal de Villavicencio admitió el amparo y concedió un término de 48
horas a la EPS para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de la
acción.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
La
apoderada judicial de Saludcoop EPS dio respuesta a la acción, el 13 de febrero
de 2007, y afirmó que la señora María Isabel Giraldo Serrato “estuvo
afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen
contributivo, en calidad de beneficiaria desde el 6 de septiembre de 1996 e
inició su vinculación como cotizante desde el mes de mayo de 2006, como
consecuencia de ello al momento del parto solo contaba con 37 semanas como
cotizante, calidad indispensable para que proceda el reconocimiento de la
licencia de maternidad”.
Expone
la entidad que la Ley establece que para que una mujer tenga derecho al pago de
la licencia de maternidad, debe ésta cotizar durante todo el período de
gestación, requisito que no se cumple en el caso concreto, por lo que solicita
se niegue la acción de tutela impetrada por ser improcedente, pues la conducta
desplegada por la EPS está ajustada a derecho.
II.
PRUEBAS
1.
Copias de los formularios de
autoliquidación de aportes de trabajadores independientes al Sistema General de
Seguridad Social en Salud de los meses de enero, febrero, mayo a diciembre de
2006 de la señora María Isabel Giraldo Serrato. Salario básico: $433.700.
(Folios 5 a 14).
2.
Copia de la Liquidación de
Prestaciones Económicas, expedida el 25 de enero de 2007 por Saludcoop EPS, en
el que se certifican 40 semanas de gestación y 37 semanas cotizadas, de
la señora María Isabel Giraldo Serrato. Salario Base: $433.700. (Folio
16).
III.
DECISIONES JUDICIALES.
A.
Primera  Instancia.
El
Juzgado Quinto Penal Municipal de Villavicencio el 21 de febrero de 2007
decidió NO TUTELAR  los derechos de la accionante al afirmar que ésta no cumplió
con el requisito del período mínimo de cotización que establece la Ley para
otorgar el derecho a la licencia de maternidad, razón por la que la EPS no
tiene la obligación legal de pagar la prestación económica.
B.
Impugnación
La
señora María Isabel Giraldo Serrato, el 27 de febrero de 2007, impugnó la
sentencia de primera instancia, en la notificación del fallo.
C.
Segunda Instancia.
El
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio profirió sentencia en el
proceso de acción de tutela, el 29 de marzo de 2007, y decidió CONFIRMAR en su
integridad la decisión del a quo.
El
juez de instancia fundó su decisión en el argumento de que tal decisión se
ajusta a derecho, pues no se reúnen en el caso los requisitos para que se
conceda la protección y ordene el reconocimiento y pago de la licencia de
maternidad puesto que el término de gestación es superior al lapso cotizado, y
no se observa que se pueda causar con la determinación un perjuicio irremediable
o se afecte el derecho al mínimo vital de la tutelante.
15.
EXPEDIENTE T-1´668.959
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Grace Gutiérrez Ortega interpuso acción de
tutela contra Saludcoop EPS, el día 26 de marzo de 2007, y solicitó la protección
de sus derechos fundamentales a la protección de la mujer embarazada. Justificó
su petición en los siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Grace Gutiérrez Ortega está afiliada al Sistema General de Seguridad
Social en Salud en el régimen contributivo a través de Saludcoop EPS.  (1 de
agosto de 2005 al 30 de abril de 2006 cotizante independiente).
2.
El 27 de marzo de 2006 la accionante dio a luz un niño, razón por la que
solicitó a la EPS el pago y reconocimiento de la licencia de maternidad.
3.
Manifiesta que la entidad prestadora de los servicios de salud le negó su
solicitud, arguyendo que no tiene derecho a la prestación económica por haber cotizado
tan sólo 34 semanas de las 40 semanas de gestación.
4.
Aduce que con tal decisión se le están vulnerando sus derechos, pues devenga un
salario mínimo y es madre cabeza de familia.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto del 29 de marzo de 2007 el Juzgado Quinto
Penal Municipal de Barranquilla admitió el amparo y concedió un término de 48
horas a la EPS para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de la
acción.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
El
apoderado general de Saludcoop EPS dio respuesta a la acción, el 12 de abril de
2007, y sostuvo que la señora Grace Gutiérrez Ortega “tiene reporte de
haberse afiliado a Saludcoop EPS el día 20 de noviembre de 2001, tiene 216
semanas cotizadas bajo la modalidad de reingreso al sistema, actualmente se
halla al día”.
Expresa
la entidad que la negación del reconocimiento y pago de la licencia de
maternidad se fundó en que la afiliada no cumplió con el período mínimo de
cotización  durante la gestación, además la tutelante interpuso el amparo después
de transcurrido un año de la fecha del parto hecho con el que se desvirtúa la
amenaza a un derecho fundamental.
Aduce
el apoderado que los motivos referidos son suficientes para que se deniegue el
amparo y en caso de que se conceda se ordene el recobro al FOSYGA.
II.
PRUEBAS
1.
Copias de los formularios de
autoliquidación de aportes de trabajadores al Sistema General de Seguridad
Social en Salud de los meses de agosto  a diciembre de 2005 y enero a abril de
2006 de la señora Grace Gutiérrez Ortega. Salario básico: $381.500.
(Folios 8, 11 -15).
2.
Copia de la Liquidación de
Prestaciones Económicas, expedida el 31 de marzo de 2006 por Saludcoop EPS, en
el que se certifican 40 semanas de gestación y 34 semanas cotizadas, de
la señora Grace Gutiérrez Ortega.  Salario Base: $381.500. Fecha de inicio:
27 de marzo de 2006. (Folio 19).
III.
DECISIONES JUDICIALES.
A.
Primera  Instancia.
El
Juzgado Quinto Penal Municipal de Barranquilla, el 19 de abril de 2007, decidió
TUTELAR  el derecho al mínimo vital de la señora Grace Gutiérrez Ortega y
ordenó a Saludcoop EPS a cancelar dentro de las 48 horas siguientes la
prestación a la tutelante.
El
juez de primera instancia motivó su decisión en diversos pronunciamientos de la
Corte Constitucional (sentencias T-350 de 2005, T-147 de 2005, T-355 de 2005 y
T-549 de 2005, entre otras) y concluyó que si bien el régimen jurídico vigente
define algunos requisitos para que se tenga derecho a la licencia de maternidad
en ciertos casos tales lineamientos se deben inaplicar cuando se ven afectados
derechos fundamentales de la madre y del niño.
B.
Impugnación
Saludcoop
EPS impugnó el fallo del Juzgado Quinto Penal Municipal de Barranquilla, el 25
de abril de 2007, y afirmó que a su juicio la entidad no ha contravenido los
derechos fundamentales de la accionante, por lo que solicita se revoque el
fallo o el su lugar se modifique en el sentido de que se autorice el reembolso
de los dineros al FOSYGA.
C.
Segunda Instancia.
El
Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla profirió sentencia en el
proceso de acción de tutela, el 13 de junio de 2007, y decidió REVOCAR la
sentencia del Juzgado Quinto Penal Municipal de Barranquilla.
El
juez de instancia sostuvo que si bien es cierto que los derechos alegados por
la peticionaria tiene el carácter de fundamentales, la misma no demostró
afectación alguna de su derecho al mínimo vital, por lo que debe acudir a la
vía ordinaria para obtener la salvaguarda de sus intereses, pues no se
vislumbra la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable.
16.
EXPEDIENTE T-1´667.504
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Viviana María Triana Davalos interpuso
acción de tutela contra Saludcoop EPS y la Asociación para un Mejor
Bienestar-ASPAMEBI, el día 12 de abril de 2007; solicitó la protección de sus
derechos fundamentales a la vida digna, la mujer en estado de lactancia y del
recién nacido. Justificó su petición en los siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Viviana María Triana
Davalos está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el
régimen contributivo a través de Saludcoop EPS, en calidad de cotizante
independiente.
2.
Arguye que en el mes de febrero de
2006 se enteró que estaba en estado de embarazo, por lo que gestionó su
afiliación al sistema.
3.
Que después de 38 semanas de
gestación dio a luz a su hijo, el 10 de octubre de 2006, por lo que
procedió a solicitar el pago y reconocimiento de la licencia de maternidad.
4.
Expone que las entidades le
negaron el derecho por no tener las semanas de cotización para acceder a la
prestación económica.
Debido a la insuficiencia de información en la acción
de tutela impetrada el  Juzgado Tercero Penal Municipal de Roldadillo-Valle citó
a  audiencia pública para ampliación de tutela a la señora  Viviana María
Triana Davalos, la cual se realizó el 13 de abril de 2007.
En la audiencia la accionante expresó que ella
anteriormente era beneficiaria de su cónyuge en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud y que a  raíz del embarazo decidió cotizar como independiente
al sistema. Asegura que no ha tramitado el pago de la licencia de maternidad
ante la Asociación para un Mejor Bienestar-ASPAMEBI y que carece de recursos
económicos pues su cónyuge trabaja como independiente lo que hace necesario el
pago de su licencia de maternidad para su subsistencia.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto, del 13 de abril de 2007, el Juzgado Tercero
Penal Municipal de Roldadillo-Valle admitió el amparo y concedió un término de
2 días a la EPS para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de la
acción.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
Ø
Asociación para un Mejor
Bienestar-ASPAMEBI
La
Representante Legal de la Asociación para un Mejor Bienestar declaró que la
accionante empezó a cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud
desde el mes de marzo de 2006, fecha para la que tenía aproximadante mes y
medio de embrazo.
Que
la señora Viviana María Triana Davalos fue contratada bajo la modalidad de
contrato de prestación de servicios por la Asociación, por lo que no existe una
relación laboral entre las partes que obligue a la accionada a reconocer y
pagar la licencia de maternidad.
La
asociación adjunta a la contestación copia del contrato de prestación de
servicios, suscrito el 1 de marzo de 2006, en el que se observa que no existe
relación laboral entre la señora Viviana María Triana Davalos y la Asociación
para un Mejor Bienestar-ASPAMEBI. (Folio 76 y 77).
Ø
Saludcoop EPS
El
Director Seccional de Saludcoop EPS señaló que la señora Viviana María Triana
Davalos se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud y
que la licencia de maternidad  no se le reconoció y pagó pues la accionante no
cumplió el requisito de cotizar al sistema durante todo su período de
gestación, pues de las 39 semanas de embarazo,  sólo cotizó al sistema 7
meses.
II.
PRUEBAS
1.
Copia del registro civil de
nacimiento del menor que dio a luz la señora Triana Davalos el 10 de octubre de
2006. (Folio 8).
2.
Copias de los formularios de
autoliquidación de aportes de trabajadores dependientes al Sistema General de
Seguridad Social en Salud de los meses de abril a diciembre de 2006 y enero a
marzo de 2007 de la señora Viviana María Triana Davalos. Registran como
aportante a la Asociación para un Mejor Bienestar-ASPAMEBI . Salario Básico
$408.000. (Folios 17 a 40).
3.
Copia del formulario único de
afiliación e inscripción a la EPS de la señora Viviana María Triana Davalos
recibido por Saludcoop el 1 de marzo de 2006. (Folio 16).
4.
Copia de la Liquidación de
Prestaciones Económicas, expedida el 20 de octubre de 2006 por Saludcoop EPS,
en el que se certifican 38 semanas de gestación y 32 semanas
cotizadas, de la señora  Viviana María Triana Davalos. Ingreso base:
$408.000. (Folio 41).
III.
DECISIÓN JUDICIAL.
A.
Única  Instancia.
El
Juzgado Tercero Penal Municipal de Roldadillo-Valle, mediante fallo del 26 de
abril de 2007, decidió NO TUTELAR los derechos de la señora Viviana María
Triana Davalos.
Señaló
el a quo que le asiste razón a Saludcoop EPS al negar el reconocimiento
y pago de la licencia de maternidad reclamada por la señora Viviana María
Triana Davalos, pues a la fecha de afiliación “ésta ya se encontraba en
estado de gravidez, lo que hace imposible que físicamente se pueda estar dentro
del período mínimo de cotización que exige la Ley” lo que indica que no se
presenta vulneración de los derechos de la peticionaria.
Respecto
a la Asociación para un Mejor Bienestar-ASPAMEBI el juez indicó que del acervo
probatorio que reposa en el expediente se colige que no existe una relación
laboral entre las partes, por lo que la asociación no está obligada a responder
por la licencia de maternidad de la tutelante.
La decisión judicial no fue impugnada.
17.
EXPEDIENTE T-1´669.903
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Carolina Ardila Quiñones interpuso acción de
tutela en forma verbal contra Coomeva EPS, el día 12 de marzo de 2007, y
solicitó la protección de sus derechos fundamentales. Justificó su petición en
los siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora  Carolina Ardila
Quiñones manifiesta que se afilió al Sistema General de Seguridad Social en
Salud.
2.
Manifiesta que una vez dio a luz a
su hijo, solicitó por escrito el pago de la licencia de maternidad y que la EPS
no ha dado respuesta a su petición.
3.
Aduce que funcionarios de la EPS
le manifestaron verbalmente que no tiene derecho al pago de la prestación
económica, pues no cotizó ininterrumpidamente al sistema durante todo su
período de gestación.
4.
Que las semanas de cotización que
le hacen falta por cotizar son las que transcurrieron entre su primera
afiliación, que no aparece registrada y de la cual no tiene soporte, y la
segunda.
5.
Expresa que carece de recursos
económicos y que necesita el pago de la prestación económica para su
subsistencia.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto, del 14 de marzo de 2007, el Juzgado Segundo
Civil Municipal de Popayán admitió el amparo y concedió un término de 3 días a la
EPS para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de la acción.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
La
Gerente de la oficina de Coomeva EPS-Popayán dio respuesta a la acción de
tutela, el 20 de marzo de 2007, y adujo que la señora Carolina Ardila Quiñónes “se
afilió a Coomeva EPS el 1 de julio de 2003 en calidad de Cotizante
Independiente y a la fecha cuenta con un total de (222) semanas cotizadas”.
Que
la negación del reconocimiento y pago de la licencia de maternidad se debe a
que la peticionaria no cotizó ininterrumpidamente al sistema durante todo su
período de gestación.
La
EPS relacionó los pagos de la afiliada al sistema y detalló las fechas en las
que se efectuaron y las fechas límites para realizarlos, obteniendo un total de
32 semanas cotizadas, número que no se ajusta al de las disposiciones
legales.
Se
refiere en la contestación la siguiente información:
PERIODO
FECHA DE PAGO
TOTAL SEMANAS COTIZADAS
2006/04
03/04/2006
4
2006/05
03/05/2006
4
2006/06
02/06/2006
4
2006/07
05/07/2006
4
2006/08
03/08/2006
4
2006/09
06/09/2006
4
2006/10
04/10/2006
4
2006/11
07/11/2006
4
Total
Semanas cotizadas al sistema
32
II.
PRUEBAS
APORTADAS
EN INSTANCIAS.
1.
Copia del carne de afiliación
de la señora Carolina Ardila Quiñónes a Coomeva EPS. (Folio 4).
2.
Copia de un derecho de petición
radicado por la señora Carolina Ardila Quiñónes ante Coomeva EPS en el mes de
enero de 2006.
APORTADAS
EN SEDE DE REVISIÓN
El
16 de enero de 2008 la Sala Sexta de Revisión recibió memorial por parte de
Coomeva EPS en respuesta al auto de pruebas proferido el 29 de octubre de 2007 .
En dicho oficio la informó respecto a la señora Ardila Quiñónez:
Ingreso
base de cotización: $433.700.
Fecha
del parto: 22 de noviembre de 2006.
Semanas
de gestación: 41[2].
La
EPS remitió a esta Sala copia parcial de la historia clínica de la paciente.
III.
DECISIÓN JUDICIAL.
A.
Única  Instancia.
El
Juzgado Segundo Civil Municipal de Popayán, profirió fallo el 28 de marzo de
2007 en el que NO TUTELÓ el derecho de asistencia y protección de la mujer
después del parto. Sin embargo, ORDEN a la entidad tutelada que de respuesta de
fondo al derecho de petición radicado por la accionante.
Considera
el juzgado que Coomeva EPS actuó con diligencia en lo concerniente a la
solicitud que versa sobre la licencia de maternidad, acogiendo las
disposiciones legales vigentes por lo que no se encuentra vulneración de los
derechos de la tutelante. Al respecto el  a quo sostiene: “dado que
el período de gestación fue de 39 semanas (Ver Folios 4 (incapacidad) y 5
(Certificado de nacido vivo), es evidente que la accionante no cumplió con uno
de los requisitos indispensables para el acceso a la licencia de maternidad,
cual es la cotización ininterrumpida al sistema de salud durante el período de
gestación”.
La decisión judicial no fue impugnada.
18.
EXPEDIENTE T-1´670.381
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Eliana Milena Sandoval Pachón, interpuso
acción de tutela, contra Salud Total EPS, el día 15 de marzo de 2007, y
solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la
subsistencia, la seguridad social y al mínimo vital. Justificó su petición en
los siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Eliana Milena Sandoval
Pachón está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el
régimen contributivo, a través de  Salud Total EPS.
2.
Expresa que el 16 de febrero de
2007 dio a luz a la menor Estefanía Torres Sandoval, por lo que solicitó ante la
EPS el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad.
3.
Que Salud Total EPS le negó la
prestación económica, el 19 de febrero de 2007, y que funcionarios de la
entidad le informaron que “aparece en la autoliquidación del mes de mayo de
2006 la empresa solo cotizó 7 días y en junio 17 días” por lo que no cumple
con los periodos mínimos de cotización.
4.
Agrega que nunca ha dejado de
cotizar al sistema de salud, y que si su empleador incurrió en mora la EPS
nunca se opuso a recibir los pagos por lo que allanó a tal situación.
5.
Que en consecuencia, con la
negativa se está afectando su mínimo vital y el de su hija pues no tiene más
ingresos económicos, lo que hace urgente que el juez ordene a Salud Total EPS
el desembolso de los dineros por concepto de la licencia de maternidad.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto del 16 de marzo de 2007 el Juzgado Cincuenta
y Seis Penal Municipal de Bogotá admitió el amparo y concedió un término de 24
horas a la EPS para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de la
acción.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
El Gerente y Representante Judicial de Salud Total EPS
contestó la acción de tutela el 21 de marzo de 2007 y sostuvo que la señora Eliana
Milena Sandoval Pachón se encuentra afiliada a la entidad desde el 17 de abril
de 2000, en calidad de cotizante independiente y a la fecha cuenta con
337 semanas cotizadas.
Aseguró que la entidad  no ha desconocido los derechos
fundamentales de la accionante, pues la negación de la licencia de maternidad
se debió a que ésta no cumplió con los requisitos definidos por Ley. Al
respecto considera la EPS que “su parto (Sic)  fue de 40 semanas, sin
embargo las bases de datos se tiene que para el mes de junio el empleador
SERVIS OUTSOURCING INFORMÁTICOS S.A. – SERVIS S.A., realizó aporte por tan solo
17 días del mes, esto de acuerdo con los días trabajados por la usuaria en el
mes de mayo, (…) sin que se recibiera por parte de la usuaria pago de los días
faltantes”.
II.
PRUEBAS
APORTADAS
EN INSTANCIAS.
1.
Copia del Registro Civil de
Nacimiento de la menor  Estefanía Torres Sandoval, del 16 de febrero de 2007.
(Folio 7).
2.
Copia del certificado de
licencia de maternidad expedido por Salud Total EPS. Se registran 40 semanas
de gestación. (Folio 8).
APORTADAS
EN SEDE DE REVISIÓN
Ø Salud Total EPS
El
17 de septiembre de 2007 el Representante Legal de Salud Total EPS allegó un
escrito a la secretaría de la Corte Constitucional en el que señaló que la
señora Eliana Milena Sandoval se afilió al Sistema de Seguridad Social en Salud
a través de Salud Total EPS en calidad de cotizante independiente desde el 17
de abril de 2000.
Que
el período de gestación de la accionante fue de 40 semanas, pero que durante el
mes de junio de 2006, el empleador Servis Outsourcing Informático S.A. realizó
los aportes a salud de la afiliada sólo por 17 días sin que exista reporte de
los días faltantes, motivo por el que no puede reconocerse el derecho
económico a la licencia de maternidad.
Finaliza
la EPS el memorial explicando que para la accionante es posible solicitar la
licencia de maternidad a su empleador directamente o a través de la
jurisdicción ordinaria laboral.
Además,
el 23 de noviembre de 2007 la Sala Sexta de Revisión recibió memorial por parte
de Saludtotal EPS en respuesta al auto de pruebas proferido el 29 de octubre de
2007 . La entidad
Ø SERVIS OUTSOURSING INFORMÁTICOS S.A.
El
21 de noviembre de 2007 la Sala Sexta de Revisión recibió memorial por parte de
SERVIS OUTSOURSING INFORMÁTICOS S.A. en respuesta al auto de pruebas proferido
el 29 de octubre de 2007 . En dicho oficio la empresa manifestó que la señora
Sandoval Pachon firmó contrato laboral e ingresó a laborar el 14 de mayo de
2006, fecha para la que fue afiliada al sistema de salud. Indicó que el salario
devengado por la accionante fue de $433.700.
Finalmente,
afirma que “la EPS no pagó la licencia de maternidad, debido a que Eliana no
tenia los aportes completos a su tiempo de gestación, POR LO TANTO LA
COMPAÑÍA ASUMIÓ LA TOTALIDAD DE LA LICENCIA DE MATERNIDADY FUE CANCELADA A LA
EX FUNCIONARIA EN SU MOMENTO”.
III.
DECISIONES JUDICIALES.
A.
Primera  Instancia.
El
Juzgado Cincuenta y Seis Penal Municipal de Bogotá, mediante fallo del 30 de
marzo de 2007, decidió TUTELAR los derechos de la señora Eliana Milena Sandoval
Pachón y ORDENÓ a Salud Total EPS autorizara y realizara el desembolso de los
dineros a los que tiene derecho la accionante.
El
juez de instancia expuso que la tutelante “ha venido aportando de manera
ininterrumpida a dicha entidad de salud, desde el 17 de abril de 2000, (…) le
ha pagado a la EPS saludtotal por un lapso de SIETE AÑOS, entidad que se niega
a pagarle su licencia de maternidad, porque le faltan unos días del mes de
junio de 2006 para completar el tiempo requerido (…) situación que no fue
reportada de manera oportuna por la EPS a la usuaria”.
En
relación al retardo en el pago de la cotizaciones el a quo señaló que
Salud Total EPS se allanó a la mora pues no manifestó nada sobre el faltante
del mes respectivo.
B.
Impugnación.
Salud
Total EPS impugnó el fallo e insistió en que la afiliada no cumple con los
requisitos de Ley para que se le sea reconocida su licencia de maternidad con
cargo al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en consecuencia con la
negación de la prestación no se están vulnerando sus derechos fundamentales,
pues no existe obligación de la EPS con la afiliada.
C.
Segunda Instancia.
El
Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Bogotá profirió sentencia en el
proceso de acción de tutela, el 18 de mayo de 2007, y decidió REVOCAR
íntegramente la sentencia impugnada.
Señaló
que no se puede afirmar que Salud Total EPS está vulnerando los derechos de la
accionante pues la negación de la licencia de maternidad se hizo validamente ya
que no se reunieron los requisitos de Ley. Así, aclaró el juez de segunda
instancia que si la señora Eliana Milena Sandoval Pachón insiste en que “laboró
durante todo el mes de junio para la firma SERVIS OUTSOURCING INFORMÁTICOS S.A.
SERVIS S.A., y no sólo durante 17 días como ésta última reportó en su
declaración ante la EPS accionada (…) le corresponde por ley a dicho empleador
cancelar el dinero correspondiente a la Licencia de Maternidad que le fuera
concedida a la accionante”.
19.
EXPEDIENTE T-1´670.518
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Gina María López, en representación de su
hijo Samuel Zapata López, interpuso acción de tutela contra Salud Total EPS el
día 3 de abril de 2007 y solicitó la protección de los derechos fundamentales
de su hijo menor a la alimentación equilibrada, la vivienda digna y el mínimo
vital. Justificó su petición en los siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Gina María López está
afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen
contributivo, a través de  Salud Total EPS.
2.
Manifiesta que su afiliación al
sistema de salud ha sido suspendida en diferentes oportunidades, pues no cuenta
con estabilidad laboral y además es madre cabeza de familia.
3.
Sostiene que dio a luz un hijo, el
3 de agosto de 2006, y que en consecuencia solicitó a Salud Total EPS el
reconocimiento y pago de la licencia de maternidad la cual le fue negada bajo
el argumento de que sólo cotizó al sistema 8 de los 9 meses de embarazo.
Debido a la insuficiencia de información en la acción
de tutela impetrada, el Juzgado Treinta y Cinco Penal Municipal de Medellín citó
al despacho a declarar a la señora Gina María López, diligencia que se realizó
el 26 de abril de 2007.
En la declaración la accionante expresó que está
afiliada a Salud Total EPS como trabajadora de la empresa AGROSER EU, que
cuando se afilió al sistema de salud llevaba 3 o 4 días de trabajo y para ese
momento ya tenía 20 días de embarazo, pero se enteró de su estado cuando tenía
un mes de gestación. Indicó que desconoce las razones por las que AGROSER EU hizo
el primer aporte a Salud Total EPS el 11 de enero de 2006, pues desde su primer
pago le descontaron el aporte para seguridad social, y que empezó a trabajar
para la empresa aproximadamente el 11 de diciembre de 2005.
Informó que interpone la acción de tutela pasados 8
meses del parto pues un abogado le informó que como le faltaban pocas semanas
de cotización tenía el derecho al reconocimiento y pago de la licencia de
maternidad.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto del 4 de abril de 2007 el Juzgado Treinta y
Cinco Penal Municipal de Medellín admitió el amparo y concedió un término de 2
días a la EPS para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de la
acción.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
La Gerente de Salud Total EPS-Seccional Medellín
contestó la acción de tutela el 11 de abril de 2007 y sostuvo que la señora Gina
María López se encuentra afiliada a la entidad desde el 17 de abril de 2000, en
calidad de cotizante dependiente de AGROSER EU y a la fecha cuenta con
58 semanas cotizadas.
Aseguró que en la base de datos de la entidad reposa
información según la cual la afiliación de la accionante fue tardía como quiera
que se produjo el 14 de diciembre de 2005, registrándose el primer pago el 11
de enero de 2006; así, los meses transcurridos de enero a julio de 2006 dan un
total de 6 meses y 17 días de cotización, tiempo inferior al período de
gestación de la usuaria.
Agregó la EPS que corresponde la juez de instancia
aclarar si el empleador AGROSER EU no afilió oportunamente a la accionante y
que en caso de ser tal circunstancia cierta, debe ser tal empresa quien cancele
la licencia de maternidad de la señora Gina María López.
En los documentos que anexa Salud Total EPS a la
contestación de la demanda, se encuentra que la señora Gina María López cotiza
al sistema de salud en calidad de dependiente de la empresa AGROSER EU y su
base de cotización para el 2005 fue de $381500.
II.
PRUEBAS
APORTADAS EN INSTANCIAS.
1.
Copia del Registro Civil de
Nacimiento del menor  Samuel Zapata López, del 3 de agosto de 2006. (Folio 6).
2.
Copia de la carta enviada por Salud
Total EPS a la señora Gina María López en la que se le informa de su afiliación
a la EPS desde el 15 de diciembre de 2005, con una bese de cotización de
$381500. (Folio 14).
APORTADAS EN SEDE DE REVISIÓN.
Ø
El 25 de septiembre de 2007 el
Representante Legal de Salud Total EPS allegó un escrito a la secretaría de la
Corte Constitucional en el que sostuvo que la señora se afilió al sistema de
salud el 15 de diciembre de 2005 con 67 semanas cotizadas y dio a luz un hijo
el 3 de agosto de 2006.
Que
para la fecha del parto la afiliada contaba con 6 meses y 17 días de cotización
al sistema de salud, período inferior al de su gestación que impide el
reconocimiento y pago de la licencia de maternidad.
Ø
El 30 de enero de 2007 la Sala
Sexta de Revisión recibió memorial por parte de Saludtotal EPS en respuesta al auto
de pruebas proferido el 29 de octubre de 2007 . La Entidad explicó que la
señora López a la fecha del parto contaba con 34 semanas cotizadas al
sistema, sobre un ingreso base de cotización del salario mínimo legal
mensual vigente.
Además,
la EPS  envió copia de la historia clínica de la accionante en la que se
reportan 38 semanas de gestación.
III.
DECISIÓN JUDICIAL.
A.
Única  Instancia.
El
Juzgado Treinta y Cinco Penal Municipal de Medellín, mediante fallo del 27 de
abril de 2007, decidió NEGAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por la señora Gina María López.
Insistió
el juez de instancia que “en el presente expediente, con la ficha de
afiliación emanada de Salud Total EPS, se acreditó que la accionante Gina María
López se afilió a dicha entidad el 16 de diciembre de 2005 y dio a luz a su
hijo el 3 de agosto de 2006, por lo cual para esta última fecha había cotizado
siete (7) meses y 17 días” de lo que se colige que en el caso no se cotizó
durante todo el período de gestación y en consecuencia la EPS no tiene la
obligación legal de pagar la prestación económica.
La decisión judicial no fue impugnada.
20.
EXPEDIENTE T-1´673.201
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Delvi Aurora Garavito Madera interpuso
acción de tutela contra Coomeva EPS, el día 20 de marzo de 2007, y solicitó la
protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, la seguridad
social, a la familia y al mínimo vital. Justificó su petición en los
siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Delvi Aurora Garavito
Madera está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el
régimen contributivo a través de  Coomeva EPS, en calidad de cotizante
dependiente como trabajadora de la empresa Canbernativ Sistemas y con una
base de cotización de $408.000 para el año 2006[3].
2.
El 30 de enero de 2007 la
accionante tuvo a luz una hija por lo que solicitó a la EPS el reconocimiento y
pago de la licencia de maternidad.
3.
Asegura que a la fecha la entidad
prestadora del servicio de salud no le ha reconocido la prestación económica.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto, del 22 de marzo de 2007, el Juzgado Quinto
Civil Municipal de Montería-Córdoba admitió el amparo y concedió un término de
2 días a la EPS para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de la
acción.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
El asesor jurídico de Coomeva EPS contestó la acción
de tutela el 26 de marzo de 2007 y sostuvo que la señora Delvi Aurora Garavito
Madera se encuentra afiliada a la entidad desde el 1 de septiembre de 2006, en
calidad de cotizante dependiente. La fecha de su parto fue el 30 de
enero de 2007 para la que contaba con 5 meses de afiliación, por lo que no
tiene derecho legal al pago de las prestaciones económicas derivadas de la
licencia de maternidad.
Añadió la EPS que la usuaria no se encuentra al día en
pagos pues adeuda al momento los aportes de los meses de febrero y marzo de
2007, es decir, se encuentra al mora con el sistema de salud.
La entidad adjuntó a la contestación una tabla de
gestión operativa en la que se registran los siguientes datos de la señora
Delvi Aurora Garavito Madera y del contrato Conbenavid Sistemas Ltda.
Periodo
Fecha
de Pago
Pago
Oportuno
Ingreso
Base
No.
Días.
200703
433600
30
200702
433600
30
200701
14/02/2007
No
408333
30
200612
10/01/2007
No
408333
30
200611
08/11/2006
Si
408333
30
200610
12/10/2006
No
408333
30
Así mismo se registra en los documentos adjuntos un
Estado Suspendido de la afiliada.
II.
PRUEBAS
APORTADAS
EN INSTANCIAS.
1.
Copia del formulario único de
afiliación e inscripción al régimen contributivo de la señora Delvi Aurora
Garavito Madera, del 28 de septiembre de 2006. (Folio 8).
2.
Copia (Poco legible) del
registro civil de nacimiento de la menor Ana Victoria Garavito Madera. (Folio
10).
APORTADAS
EN SEDE DE REVISIÓN
El
7 de diciembre de 2007 la Sala Sexta de Revisión recibió memorial por parte de
Coomeva EPS en respuesta al auto de pruebas proferido el 29 de octubre de 2007 .
En dicho oficio la EPS informó que la señora Garavito ingresó por primera vez
al sistema de salud el 1 de septiembre de 2006, que para el momento del parto
la usuaria contaba con 17 semanas cotizadas y que su ingreso base de
cotización es de $437.600.
Además remitió copia del certificado de nacido vivo
del menor en el que se registran 38 semanas de gestación.
III.
DECISIONES JUDICIALES.
A.
Primera  Instancia.
El
Juzgado Quinto Civil Municipal de Montería-Córdoba, mediante fallo del 10 de
abril de 2007, decidió CONCEDER la tutela impetrada por la señora Delvi Aurora
Garavito Madera y ORDENÓ a Coomeva EPS cancele a ésta las incapacidades médicas
en un término de 48 horas.
El
a quo expresó que se presume en el caso concreto una vulneración del
derecho al mínimo vital de la accionate y de su hijo, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional por lo que es necesario proteger los derechos de la tutelante.
B.
Impugnación.
Coomeva
EPS impugnó el fallo, el 16 de abril de 2007, y señaló que para la entidad
resulta imposible dar cumplimiento a la sentencia en un término de 48 horas
pues el desembolso de los dineros implica trámites que requiere de más tiempo y
que además es manifiesto que la accionante no reúne con los requisitos de Ley
para que le sea otorgado el derecho y en efecto la EPS no está obligada a
reconocer las prestaciones.
C.
Segunda Instancia.
El
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería-Córdoba profirió sentencia en el
proceso de acción de tutela, el 25 de mayo de 2007, y decidió REVOCAR la
sentencia impugnada.
Indicó
que la señora Delvi Aurora Garavito Madera solo cotizó 152 días a la empresa
prestadora de los servicios de salud por lo que no cotizó ininterrumpidamente
al sistema durante toda su gestación y en consecuencia no debe reconocérsele el
pago de la licencia de maternidad.
21.
EXPEDIENTE T-1´674.094
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Sandra Fabiola del Socorro Bacca Vergel interpuso
acción de tutela contra  Coomeva EPS, el día 30 de marzo de 2007, y solicitó la
protección de sus derechos fundamentales. Justificó su petición en los
siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora  Sandra Fabiola del
Socorro Bacca Vergel está afiliada al régimen contributivo en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud en calidad de cotizante independiente
a través de  Coomeva EPS, desde el 25 de septiembre de 2005.
2.
Señala que durante los meses de
marzo, abril, mayo y junio de 2006 no hizo los aportes al sistema de salud
debido a su precaria situación económica.
3.
Que con el fin de no perder la
antigüedad en el sistema, llegó a un acuerdo de pago con Coomeva EPS mediante
la firma de un compromiso de pago y las firma de tres letras de cambio, cada
una por la suma de $50.000.
4.
Alega que una vez cumplido el
compromiso de pago continuó pagando los aportes hasta le fecha.
5.
Manifiesta que aproximadamente en
el mes de mayo de 2006 quedó en estado de embarazo y que el 14 de febrero de
2007 dio a luz a su hijo.
6.
Que solicitó a Coomeva EPS el pago
de la licencia de maternidad y que la entidad le negó tal prestación.
Debido a la insuficiencia de información en la acción
de tutela impetrada, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ocaña realizó
audiencia pública en la que citó a declarar a la señora Sandra Fabiola del
Socorro Bacca Vergel, diligencia que se realizó el 9 de abril de 2007.
En la declaración la accionante expresó que durante
los meses de diciembre de 2006 y “enero, febrero, marzo, abril hasta 31 de
julio” que se volvió a afiliar, no aportó al sistema de salud.
Que por información que le suministro verbalmente
Coomeva EPS, mediante acuerdo pagó 3 meses al sistema para no perder la
antigüedad, y que no pagó los otros meses pues no sabia que tenía que hacerlo.
A la pregunta que le realizó el despacho sobre si
depende de su trabajo para su sostenimiento contestó: “No, a mi y a mi
esposo nos ayuda los papás de él ya que él es estudiante y él trabaja los fines
de semana en la Trampa, yo tengo casa propia”.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto, del 9 de abril de 2007, el Juzgado Tercero
Civil Municipal de Ocaña admitió el amparo y concedió un término de 5 días a la
EPS para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de la acción.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
El Director Regional Jurídico Zona Nororiente de
Coomeva EPS contestó la acción de tutela el 11 de abril de 2007.
Explicó que de acuerdo con el registro de nacido vivo
el período de gestación de la señora Sandra Fabiola del Socorro Bacca Vergel
fue de 38 semanas “lo que indica que el mes de concepción es el de
Junio y el tiempo cotizado interrumpidamente durante este tiempo al del evento
fue de 7 meses, teniendo en cuenta que desde la noticia de su embarazo ingresó
al sistema en el mes de Agosto, así entonces no se compensan los dos
primeros periodos de gestación”.
“El acuerdo de pagos mencionado por la usuaria se da
por los meses de Diciembre, Enero y Febrero del año 2006, este se lleva a cabo
y es retirada del Sistema General de Seguridad Social en Salud para el 28 de
febrero de 2006, el menor nació el 14 de febrero de 2007, por este motivo su
primer período de gestación se asume lo cumple en junio de 2006”.
La entidad adjuntó a la contestación una tabla de
gestión operativa en la que se registran los siguientes datos de la señora
Sandra Fabiola del Socorro Bacca Vergel.
Periodo de gestación
Periodo
Fecha de Pago
Pago Oportuno
Ingreso Base
Valor
Cotización
No. Días.
9°
200702
08/02/2007
Si
416800
52100
30
200702
22/02/2007
No
Excedente de Cotización
433700
2110
30
8°
200701
12/01/2007
No
434167
52100
30
7°
200612
26/12/2006
No
408333
49000
30
6°
200611
23/11/2006
No
408333
49000
30
5°
200610
24/10/2006
No
408333
49000
30
4°
200609
30
3°
200608
30
No se cotiza por 1° y 2° período de gestación.
200602
Acuerdo de Pago
30
200601
30
Fecha de afiliación: 16/09/2005.
II.
PRUEBAS
APORTADAS
EN INSTANCIAS.
1.
Copia del compromiso de pago
impreso el 13 de julio de 2006, por los periodos de diciembre de 2005 y enero a
febrero de 2006. (Folio 4).
2.
Copias de letras de cambio
firmadas por la señora Sandra Fabiola del Socorro Bacca Vergel a favor de Coomeva
EPS. (Folio 6).
3.
Copia del Formulario único de
afiliación e inscripción al régimen contributivo de la señora Sandra Fabiola
del Socorro Bacca Vergel, del 25 de septiembre de 2005. (Folio 7).
4.
Copia del Formulario único de
afiliación e inscripción al régimen contributivo de la señora Sandra Fabiola
del Socorro Bacca Vergel, del 9 de agosto de 2005. (Folio 8).
5.
Copias de los formularios de
autoliquidación de aportes de la señora Coomeva EPS por los meses de septiembre
a diciembre de 2005, enero a febrero y agosto a diciembre de 2006 y enero a
marzo de 2007. Salario básico: $434.000. (Folios 9 a 22).
APORTADAS
EN SEDE DE REVISIÓN
El
7 de diciembre de 2007 la Sala Sexta de Revisión recibió memorial por parte de
Coomeva EPS en respuesta al auto de pruebas proferido el 29 de octubre de 2007 .
En dicho oficio la EPS informó que la accionante se encuentra afiliada al
sistema desde el 16 de septiembre de 2005. Que el período de gestación según
el certificado de nacido vivo es de 38 semanas, que corresponden a algo más
de 9 meses de embarazo, lo que indica que el mes de concepción es el de junio
de 2006 y el tiempo cotizado ininterrumpidamente durante este tiempo es de 7
meses, teniendo en cuenta que desde la noticia de su embarazo ingreso al
sistema en el mes de agosto de 2006, así entonces no se cotizan los dos
primeros periodos de gestación.
III.
DECISIÓN JUDICIAL.
A.
Única  Instancia.
El
Juzgado Tercero Civil Municipal de Ocaña, mediante fallo del 20 de abril de
2007, decidió NO TUTELAR los derechos de la señora Sandra Fabiola del Socorro
Bacca Vergel.
Explicó
el juez de instancia que “al momento de producirse el parto, se habían
cancelado los meses de agosto de 2006 a febrero de 2007 que sería un total de 7
meses y el período de gestación según se determina es de 9 meses y, lo que nos
indica que le asiste razón a la EPS, cuando no accede al pago de la prestación
nacida de la maternidad, ya que el accionante no cumple con las exigencias de
tipo legal y reglamentaria, siendo que el pago de los aportes se requieren para
tener derecho a la cancelación de la licencia de maternidad por parte de
COOMEVA”.
La decisión judicial no fue impugnada.
22.
EXPEDIENTE T-1´675.008
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Nadia Esperanza Perdomo Olarte interpuso
acción de tutela contra  Saludcoop EPS, el día 31 de mayo de 2007, y solicitó
la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital de la madre y/o
hijo durante la licencia de maternidad. Justificó su petición en los
siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Nadia Esperanza Perdomo
Olarte está afiliada al régimen contributivo en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud a través de Saludcoop EPS, desde el 1 de mayo de 2006.
2.
Explica que el 2 de enero de 2007
dio a luz un hijo, después de 37 o 38 semanas de gestación.
3.
Que solicitó ante la EPS el pago
de la licencia de maternidad, entidad que se niega a reconocerle tal prestación
económica.
4.
Afirma que es madre cabeza de
familia y que económicamente varias personas dependen de sus ingresos.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto, del 1 de junio de 2007, el Juzgado Segundo
Civil Municipal de Ibagué admitió el amparo y concedió un término de 2 días a la
EPS para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de la acción.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
La Gerente Regional de Saludcoop EPS contestó la
acción de tutela el 7 de junio de 2007 y sostuvo que la señora Nadia Esperanza
Perdomo Olarte se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en
Salud en el Régimen Contributivo a través de Saludcoop EPS en calidad de cotizante
dependiente, desde 1/5/2006, y registra a la fecha 203 semanas de
cotización al sistema.
Comunica la EPS que la tutelante dio a luz un hijo el
3 de enero de 2007 y solicitó posteriormente el pago de su licencia de
maternidad, pero que no es posible acceder a la pretensión pues “NO
COTIZÓ ININTERRUMPIDAMENTE AL SISTEMA DURANTE EL PERIODO DE GESTACIÓN. La
usuaria se vinculó a la EPS a través del empleador ARTESANAR, desde el 1 de
mayo de 2006, cotizando en forma continua hasta el 3 de enero de 2007 fecha del
parto. Es de aclarar que de acuerdo con la normatividad aplicable (…),
si el empleador o trabajador independiente no pagó las cotizaciones en las fechas
que Determina el Decreto 1406 de 1999, las EPS no están obligadas a reconocer
esta prestación económica y en este caso, le correspondería al empleador asumir
el pago de dicho concepto cuando se trate de trabajador dependiente. (…)
“Por las razones expuestas anteriormente Saludcoop no
puede asumir una obligación que no le corresponde y que esta en cabeza del
empleador, en este caso ARTESANAR ”.
II.
PRUEBAS
APORTADAS
EN INSTANCIAS.
1.
Copia de declaración extra
juramentada rendida ante el Notario Sexto de Ibagué por los señores Ever
Montoya Alvaréz y Nadia Perdomo Olarte, del día 17 de mayo de 2006, en el que
manifiestan que tanto el señor como su menor hija dependen económicamente de la
señora Nadia Esperanza Perdomo Olarte. (Folio 4).
2.
Formulario único de afiliación es
inscripción a la EPS de la señora Nadia Esperanza Perdomo Olarte del 19 de mayo
de 2007. (Folio 5).
3.
Copia del certificado de nacido
vivo en el que se registran 38 semanas de gestación de la señora Nadia
Esperanza Perdomo Olarte con fecha de parto 2 de enero de 2007. (Folio
6).
4.
Copia de la carta remitida por
Saludcoop EPS a ARTESANAR EU en la que se informa de la negación del pago de la
licencia de maternidad de la señora Nadia Esperanza Perdomo Olarte por
cotización inferior a las semanas de gestación. Fecha de parto: 03-01-2007.
Semanas de cotización continua: 25. Semanas de gestación: 40. (Folios 8 y 9).
APORTADAS
EN SEDE DE REVISIÓN
El
15 de enero de 2008 la Sala Sexta de Revisión recibió memorial por parte de
SaludCoop EPS en respuesta al auto de pruebas proferido el 29 de octubre de
2007 . En dicho oficio la EPS informó que la señora Perdomo Olarte se afilió
al sistema de salud el 1 de mayo de 2006 y el parto ocurrió el 3 de
enero de 2007,  que el Ingreso base asciende a $408.333.
III.
DECISIÓN JUDICIAL.
A.
Única  Instancia.
El
Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagué, mediante fallo del 14 de junio de
2007, decidió NEGAR la acción de tutela impetrada por la señora Nadia Esperanza
Perdomo Olarte.
Aseguró
el a quo que “se observa que la accionante se afilió a la EPS
Saludcoop, desde el 1 de mayo de 2006 y su bebé nació el 3 de enero de 2007, lo
que indica, que para esta fecha la madre tutelante no contaba con el tiempo de
cotización que exige la norma (Decreto 806 de 1998, 1804 de 1999, 047 de enero
de 2000) para tener derecho al pago de la licencia de maternidad por parte de la
EPS, aquí demandada, pues para haber pordido tener derecho al pago de esa
licencia de maternidad, debió haber cotizado ininterrumpidamente al sistema de
salud durante todo su período de gestación”.
La decisión judicial no fue impugnada.
23.
EXPEDIENTE T-1´676.489
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Osiris Tatiana Viloria Garizabalo interpuso
acción de tutela, mediante apoderado, contra Coomeva EPS el día 15 de diciembre
de 2006 y solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad,
al mínimo vital, a la vida y a la mujer. Justificó su petición en los
siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Osiris Tatiana Viloria
Garizabalo está afiliada al régimen contributivo en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, a través de  Coomeva EPS.
2.
Expresa que el 5 de septiembre de
2006 dio a luz una hija y que en la historia clínica por error “fue cambiada
la palabra parto por aborto espontáneo”.
3.
Que el día 8 de septiembre de 2006
su hija falleció.
4.
Afirma que en el mes de octubre de
2006 la accionante solicitó a la EPS el pago de la licencia de maternidad, la
cual le fue negada con el argumento de que no contaba con el tiempo necesario
para acceder a ella, pues para la fecha del parto solo contaba con 20 semanas
cotizadas en calidad de afiliada.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto del 18 de diciembre de 2006 el Juzgado
Tercero Penal Municipal de Barranquilla admitió el amparo y concedió un término
de 3 días a la EPS para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de
la acción.
Además oficio a Datacrédito y Cifin para que informara al
despacho sobre la situación económica de la señora Osiris Tatiana Viloria
Garizabalo.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
Coomeva
EPS no dio respuesta a la acción ni al auto de pruebas proferido por esta
Corporación.
II.
PRUEBAS
1.
Copia del certificado de
nacido vivo de la hija de la señora Osiris Tatiana Viloria Garizabalo. 5 de
septiembre de 2006. Se registran 27 semanas de gestación. (Folio 8).
2.
Copia del certificado de
licencia de maternidad por 84 días en el que se diagnostica aborto espontáneo.
Expedido el 19 de septiembre de 2006. (Folio 20).
3.
Copia del registro civil de
nacimiento de la menor Melanee Salgado Vitoria del 5 de septiembre de 2006.
(Folio 21).
4.
Copia del registro civil de
defunción de la menor Melanee Salgado Vitoria del 8 de septiembre de 2006.
(Folio 22).
5.
Copia de carta enviada por Coomeva
EPS a la señora Osiris Tatiana Viloria Garizabalo en la que se le informa que
no tiene derecho a la licencia de maternidad “pues en el momento del evento
tenía 20 semanas y debería tener 36 semanas cotizadas en forma ininterrumpida”.
(Folio 23).
6.
Copia de las cartas enviadas
al Juzgado Tercero Penal Municipal de Barranquilla por la CIFIN y Data Crédito
en las que se reporta cuenta de ahorros con comportamiento normal y crédito
a favor del ICETEX en mora desde septiembre de 2006. (Folios 30, 31, 36 y
37).
III.
DECISIONES JUDICIALES.
A.
Primera  Instancia.
El
Juzgado Tercero Penal Municipal de Barranquilla mediante fallo del 9 de enero
de 2007 decidió DENEGAR la solicitud de amparo promovida por la señora Osiris
Tatiana Vitoria Garizabalo.
El
juez de instancia consideró que la peticionaria no cotizó por el total
de su período de gestación, pues sólo aportó durante 20 semanas, “es decir,
cuando tuvo su bebe, se encontraba cotizando siete (7) meses”.
Agrega
que el apoderado de la tutelante no indicó desde cuando se encuentra afiliada
su poderdante, ni tampoco aportó prueba de las planillas de los pagos a Coomeva
EPS, por lo que da por ciertas las afirmaciones de la Entidad prestadora de los
servicios de salud concluyendo que su actuar no es antijurídico y se ajusta a
derecho.
B.
Impugnación.
La
señora Osiris Tatiana Viloria Garizabalo impugnó el fallo, el 17 de enero de
2007, y manifestó que es necesario que se protejan los derechos fundamentales.
C.
Segunda Instancia.
El
Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla profirió sentencia en el
proceso de acción de tutela, el 22 de febrero de 2007, y decidió CONFIRMAR el
fallo impugnado.
Señaló
que no se demuestra en el caso que el no pago de la licencia de maternidad de
la señora Osiris Tatiana Viloria Garizabalo afecta su mínimo vital, por lo que
puede acudir ante la jurisdicción ordinaria para solicitar la protección de sus
derechos, lo que significa que cuenta Osiris Tatiana Vitoria Garizabalo con
otros mecanismos judiciales de defensa.
24.
EXPEDIENTE T-1´676.847
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora María Oneira Castaño Naranjo interpuso acción
de tutela contra Sol Salud EPS, el día 20 de abril de 2007, y solicitó la
protección de sus derechos fundamentales y los de su hijo recién nacido.
Justificó su petición en los siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora María Oneira Castaño
Naranjo está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el
régimen contributivo a través de Sol Salud EPS, desde octubre de 2005.
2.
Manifiesta que anteriormente se
encontraba afiliada al sistema en calidad de beneficiaria del señor Omar de
Jesús Arvelaez.
3.
Que el 25 de agosto de 2006 dio a
luz una hija y que en consecuencia solicito a la EPS el pago de su licencia de
maternidad, la cual le fue negada.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto, del 24 de abril de 2007, el Juzgado Décimo
Civil Municipal de Neiva admitió el amparo y concedió un término de 2 días a la
EPS para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de la acción.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
La Apoderada Judicial de Sol Salud EPS contestó la
acción de tutela el 2 de mayo de 2007 y sostuvo que la señora María Oneira
Castaño Naranjo se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en
Salud en el Régimen Contributivo a través de Sol Salud EPS en calidad de
cotizante desde el 1 de diciembre de 2005, en estado activo.
Que la usuaria se afilió el 01/12/2005 y la atención
de su parto fue el 25/08/2006 fecha para la que sólo contaba con 38 semanas
de cotización, de lo que se deduce que ésta no cotizó durante todo su
período de gestación es decir, que no reúne los requisitos de Ley vigentes para
acceder a la prestación económica solicitada.
Explica la EPS que “si bien es cierto la usuaria
fue afiliada a Solsalud  EPS inicialmente desde el 01/10/2003, debe
considerarse que su empleador ASESORIAS Y SERVICIOS ASSER C.T.A. LTDA la retiró
el 01/2/2005 y la afilió nuevamente 01/12/2005, por lo que ésta última fecha debe
ser considerada para el presente caso”.
II.
PRUEBAS
APORTADAS
EN INSTANCIAS
1.
Copia del carne de afiliación de
la señora María Oneira Castaño Naranjo a Sol Salud EPS del 01/10/2003. (Folio
4).
2.
Copia del registro civil de
nacimiento de la menor Dayana Arbelaez Castaño del 25 de agosto de 2006. (Folio
6).
APORTADAS EN SEDE DE REVISIÓN
El
5 de diciembre de 2007 la Sala Sexta de Revisión recibió memorial por parte de
Solsalud EPS en respuesta al auto de pruebas proferido el 29 de octubre de 2007
. En la respuesta la entidad informó que la accionante tiene un ingreso base de
cotización de $434.000 y que de acuerdo con el certificado de nacido vivo del
menor que dio a luz la señora Castaño Naranjo el 25 de agosto de 2006 el
período de gestación fue de 37 semanas.
III.
DECISIÓN JUDICIAL.
A.
Única  Instancia.
El
Juzgado Décimo Civil Municipal de Neiva mediante fallo del 8 de mayo de 2007,
decidió DENEGAR la acción de tutela interpuesta por la señora María Oneira
Castaño Naranjo.
Expresó
el juzgado que “según la constancia de Registro Civil de Nacimiento que se
anexa a la petición, se observa que la tutelante se le iniciaba dicho tiempo a
partir del 26 de agosto del año 2006, y que la tutela fue interpuesta sólo
hasta el día 20 de abril del año 2007, es decir, más de seis meses después del
nacimiento de su hijo. De lo anterior se infiera que al momento de solicitar
este amparo, ya habían pasado los 84 días otorgados por la Ley para la licencia
de maternidad y por tanto, se deduce que para esa época ya no existía
vulneración al mínimo vital”. Así concluye que para el momento de la acción
estaba consumado el daño con la ausencia del pago.
La decisión judicial no fue impugnada.
25.
EXPEDIENTE T-1´677.238
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Amanda Rodríguez Churta interpuso acción de
tutela contra Saludcoop EPS, el día 26 de marzo de 2007, y solicitó la
protección de sus derechos fundamentales. Justificó su petición en los
siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Amanda Rodríguez Churta
está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen
contributivo a través de Saludcoop EPS, en calidad de cotizante dependiente.
2.
Asegura que dio a luz una hija y
que en consecuencia solicitó el pago de la licencia de maternidad.
3.
Que la EPS le negó dicha
prestación económica aduciendo mora en el pago de los aportes por parte del
empleador.
4.
Afirma que el salario que percibe
es la única fuente de ingresos económicos para su sostenimiento y el de su
familia.
Debido a la insuficiencia de información en la acción
de tutela impetrada, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de San Andrés de Tumaco realizó
audiencia pública para recepción de testimonio en la que citó a declarar la
señora  LUIS GERMAN JURADO MORA, propietario de la droguería SUSAN DROGAS,
diligencia que se realizó el 16 de abril de 2007.
En la declaración el señor Jurado Mora afirmó que la
señora Amanda Rodríguez Churta trabajó en su droguería aproximadamente tres
años y se retiró por enfermedad. Que ingreso a laboral el 15 de diciembre de
2005 y que desde tal fecha  fue afiliada al sistema de salud por lo que como
empleador realizó las cotizaciones sin que se le hubiera informado que se
encontraba en mora.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto, del 28 de marzo de 2007, el Juzgado Cuarto
Penal Municipal de San Andrés de Tumaco admitió el amparo y concedió un término
de 3 días a la EPS para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de
la acción.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
El Gerente Regional de Saludcoop EPS contestó la
acción de tutela el 30 de marzo de 2007 y sostuvo que la señora Amanda
Rodríguez Churta se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social
en Salud en el Régimen Contributivo a través de Saludcoop EPS en calidad de cotizante
dependiente desde el 8/1/2003, al día en pagos y cuenta con 128 semanas de
cotización al sistema.
Explica el gerente de la EPS que la accionante
solicitó el pago de la licencia de maternidad pero que éste le fue negado “por
pagos extemporáneos (mora) de su empleador “SUSAN DROGAS”.
Agrega que la señora Amanda Rodríguez Churta no tiene
legitimación para el reclamo de la prestación pues al estar afiliada al sistema
en calidad de cotizante dependiente es el empleador quien debe reclamar la
prestación económica a titulo de reembolso previo el cumplimiento de los
requisitos de Ley.
Al respecto expresa que “Los aportes de la usuaria
fueron cancelados de manera irregular (el empleador presenta mal habito de pago
ya que siempre pagaban dos meses atrasados, así por ejemplo, en el mes de
enero/06 no cancelaron aporte y en el mes de febrero se pagaron los meses de
diciembre/05, enero/06; en noviembre/06 no pagaron y en diciembre/06 pagaron
los meses de octubre y noviembre/06), los cuales fueron registrados en el sistema
con el ánimo de brindar la atención en salud para la madre y su menor hijo, sin
que ello implique sanear la mora presentada”.
Conforme a lo expuesto manifiesta la EPS que la
obligación del pago de la licencia de maternidad corresponde al empleador SUSAN
DROGAS y que la peticionaria cuenta con otros medios judiciales de defensa para
la protección de sus derechos por lo que solicita se declara improcedente la
acción.
II.
PRUEBAS
1.
Copia de la liquidación de
prestaciones económicas por concepto de licencia de maternidad. Salario Base:
$408.000. Fecha de expedición: 1 de marzo de 2007. Se registra mora del
empleador por parte de la EPS. Semanas de gestación 39. Fecha de
inicio 15 septiembre de 2006. (Folio 4).
2.
Originales de los formularios de
autoliquidación de aportes de la empresa SUSAN DROGAS, a nombre de la señora Amanda
Rodríguez Churta a Saludcoop EPS. Meses de Diciembre de 2005 y enero, marzo,
abril, abril, mayo, junio, julio, julio, agosto, octubre, noviembre y
diciembre de 2006. Autoliquidación por mes $48.960.(Folios 7 a 19).
III.
DECISIÓN JUDICIAL.
A.
Única  Instancia.
El
Juzgado Cuarto Penal Municipal de San Andrés de Tumaco mediante fallo del 18 de
abril de 2007, decidió DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por la señora Amanda Rodríguez Churta.
Expuso
el juez de instancia que al tratarse de una controversia de tipo económico
generada entre la accionante, el empleador y la EPS que compete solucionar a la
jurisdicción ordinaria laboral, lo que indica que existen otros medios
judiciales de defensa.
La decisión judicial no fue impugnada.
26.
EXPEDIENTE T-1´677.591
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Gloria Andrea Arenas Galindo interpuso
acción de tutela contra Salud Total EPS el día 28 de mayo de 2007 y solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, la
seguridad social, la vida digna y los derechos del menor. Justificó su petición
en los siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Gloria Andrea Arenas
Galindo está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el
régimen contributivo a través de Salud Total EPS, en calidad de cotizante
dependiente como empleada de la empresa SARGO LTDA, desde el 14 de febrero
de 2005.
2.
Aduce que terminó contrato de
trabajo con la empresa SARGO LTDA el 22 de diciembre de 2005 y que
posteriormente volvió a ser contratada el 19 de enero de 2006, es decir, dejó
de cotizar durante 26 días.
3.
Que el 28 de agosto de 2006 dio a
luz una hija razón por la que solicitó a la EPS el pago de la licencia de
maternidad.
4.
Afirma que la entidad prestadora
de servicios de salud le negó el pago de la prestación económica porque el
número de semanas de cotización es inferior a las semanas de gestación.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto del 30 de mayo de 2007 el Juzgado Diecisiete
Penal Municipal de Bogotá admitió el amparo y remitió el escrito de tutela a la
EPS para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de la acción.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
El
Gerente y Representante Judicial de Salud Total EPS contestó la acción de
tutela el 4 de junio de 2007 y sostuvo que la señora  Gloria Andrea Arenas
Galindo se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud
en el Régimen Contributivo a través de Salud Total EPS en calidad de cotizante
dependiente, del empleador SARGO LTDA.
Aseguró
que la tutelante dio a luz una hija el 28 de agosto de 2006, por lo que entre
la fecha del parto y la de interposición de la acción de tutela transcurrieron
9 meses presentándose el fenómeno del hecho superado.
Además
consideró que la afiliada no tenía derecho al pago de la licencia de maternidad
porque no cotizó al sistema de salud como mínimo por un período igual al
período de gestación, ya que a la fecha del parto (28 de agosto de 2007) la
madre contaba con 39 semanas de gestación y con tan solo 23.28 semanas de
cotización.
La EPS referenció en la contestación la
siguiente planilla de cotización:
Planilla
Periodo
Días
PC6447
2006-02
1
PC9239
2006-03
12
PC15022
2006-04
30
PC18701
2006-05
30
PC23533
2006-06
30
PC28707
2006-07
30
PC38545
2006-08
30
Total días 163.
Semanas cotizadas: 23.28
Semanas de gestación: 39
Finalmente
la entidad accionada solicitó que se vinculara a la acción al empleador SARGO
LTDA y que se denegara la acción por no existir vulneración de los derechos
fundamentales de la peticionaria con su accionar.
II.
PRUEBAS
APORTADAS
EN INSTANCIAS.
1.
Copia del certificado de la
licencia de maternidad de la señora Gloria Andrea Arenas Galindo. Semanas de
gestación: 39. Expedida el 30 de agosto de 2006. (Folio 13).
2.
Copia del Registro Civil de
Nacimiento de la menor Laura Alejandra Bolívar Arenas, nacida el 28 de agosto
de 2006. (Folio 15).
3.
Copia de los contratos de trabajo
firmados entre SARGO LTDA y la señora Gloria Andrea Arenas Galindo por el
término del 1 de febrero de 2005 al 17 de diciembre de 2005 y del 19 de enero
de 2006 al 30 de noviembre de 2006 en el cargo de bibliotecaria por valor de
$394.416 y $408.000, respectivamente. (Folios  63 y 64).
4.
Copias de las planillas integradas
de autoliquidación de aportes de la empresa SARGO LTDA por los meses de enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y diciembre de 2006,
enero, febrero, marzo y abril de 2007. (Folios 17 – 62).
APORTADAS
EN SEDE DE REVISIÓN
Ø
Salud Total EPS
El 19 de septiembre de 2007 el Representante legal de
Salud Total EPS allegó un escrito a la secretaría de la Corte Constitucional en
el que sostuvo que la peticionaria “cuenta con 96 semanas cotizadas al
Sistema de Salud. Por su parte, el nacimiento de su menor hija se produjo el 28
de agosto de 2006, culminando con ello un período de gestación de 39 semanas. Añadió
que los pagos de las cotizaciones al sistema se realizaron con algunas
interrupciones ya que en los meses de febrero y marzo de 2006 la tutelante
cotizó solamente por 1 y 12 días respectivamente y en consecuencia no resulta
procedente efectuar el reconocimiento y pago de la licencia por parte de la
EPS.
En último lugar, explica la entidad que la
peticionaria puede reclamar la licencia de maternidad a su empleador SARGO LTDA
por la vía de la jurisdicción ordinaria laboral en el caso en que se cumpla con
lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 1804 de 1999.
Ø
Salud Total EPS.
El 29 de noviembre de 2007 la Sala Sexta de Revisión
recibió memorial por parte de Saludtotal EPS en respuesta al auto de pruebas
proferido el 29 de octubre de 2007 . En dicho oficio la EPS remitió copia del
certificado de nacido vivo del menor que nació  el 28 de agosto de 2006, en el
que se registran 39 semanas de gestación.
Además,
manifestó que la accionante solo cuenta con 23.28 semanas cotizadas al
sistema.
III.
DECISIÓN JUDICIAL.
A.
Única  Instancia.
El
Juzgado Diecisiete Penal Municipal de Bogotá mediante fallo del 12 de junio de
2007, decidió DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la
señora Gloria Andrea Arenas Galindo.
Señalo
el  a quo que no se vislumbra violación de un derecho fundamental pues
la madre esperó un período extenso para solicitar la protección habiendo transcurrido
9 meses entre la fecha de parto y la radicación de la acción de tutela.
Agregó
que la peticionaria cuenta con otros medios judiciales de defensa por lo que
debe acudir ante la jurisdicción ordinaria para lograr el pago de la prestación
económica.
La decisión judicial no fue impugnada.
27.
EXPEDIENTE T-1´677.636
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Yolanda Oquendo Ciro interpuso acción de
tutela contra Carlos Eduardo Osorio Garcia, el día 31 de mayo de 2007, y
solicitó la protección de sus derechos fundamentales y los de su menor hija.
Justificó su petición en los siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Yolanda Oquendo Ciro
manifiesta que el 8 de mayo de 2006 ingresó a trabajar a “Chorizos el Chamo” de
propiedad del señor Carlos Eduardo Osorio Garcia, con un salario de $450.000,
que se le cancelaba a diario mediante un pago de $15.000.
2.
Que el señor Osorio Garcia le
informó que por estar en período de prueba no sería afiliada al Sistema de
Seguridad Social en Salud.
3.
Alega que después de 2 meses de
trabajo firmó contrato con la “Precoooperativa de Trabajo Asociado
Interempresas” el día 16 de julio de 2006, la cual la afilió a Famisanar EPS.
4.
Que después de 1 mes quedó
embarazada y dio a luz a su hijo el 8 de marzo de 2007.
5.
Que solicitó a Famisanar EPS el
pago de la licencia de maternidad y que tal entidad le negó el reconocimiento
de la prestación económica por no haber cotizado durante los 9 meses de
embarazo de manera continua.
6.
Afirma que los aportes de los
meses que le hacen falta son los que no cotizó al sistema durante el período de
prueba durante el que Carlos Eduardo Osorio Garcia no la afilió al sistema de
salud.
7.
Por último manifiesta que a la
fecha no tiene trabajo pues por un acuerdo verbal con el señor Carlos Eduardo
Osorio Garcia renunció, sin que posteriormente fuera reintegrada a sus labores,
motivo por el que carece de recursos económicos para subsistir, pues es madre
cabeza de familia y no se encuentra afiliada a seguridad social.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto del 4 de junio de 2007 el Juzgado Treinta y
Uno Civil del Circuito de Bogotá admitió la acción de tutela y remitió el
escrito al señor Carlos Eduardo Osorio Garcia para que se pronunciara sobre los
hechos y pretensiones de la acción.
Posteriormente el 12 de junio de 2007 el mismo despacho
judicial declaró la nulidad de lo actuado por falta de competencia y remitió el
expediente a los Juzgados Civiles Municipales de Bogotá.
Mediante auto del 21 de junio de 2007 el Juzgado Cincuenta
Civil Municipal de Bogotá admitió el amparo y remitió el escrito de tutela al
señor Carlos Eduardo Osorio Garcia para que se pronunciara sobre los hechos y
pretensiones de la acción en un término máximo de 2 días.
Además el juez vinculó a la Precoooperativa de Trabajo
Asociado Interempresas para que en el término de 2 días se pronunciara sobre
los hechos y pretensiones de la acción.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
Ø
Carlos Eduardo Osorio Garcia
El
señor Carlos Eduardo Osorio Garcia contestó la acción de tutela el 25 de junio
de 2007 y sostuvo que la señora Yolanda Oquendo Ciro fue contratada en la
segunda semana de mayo de 2006 en la modalidad de turnos ocasionales.
Que
el 15 de julio al conocer de su estado de embarazo la accionante fue contratada
por tiempo completo y vinculada a la Precoooperativa de Trabajo Asociado
Interempresas con el fin brindarle estabilidad laboral.
Que
durante su período de gravidez la señora Yolanda Oquendo Ciro se tornó
conflictiva y su relación laboral fue difícil razón por la que se le hicieron
llamados de atención.
Expone
que la señora Yolanda Oquendo Ciro citó al accionado al Ministerio de Protección
Social, el 20 de febrero de 2007, alegando acoso laboral, pero que no asistió a
la conciliación ante dicha institución.
Finalmente,
arguye que a través de la Precoooperativa de Trabajo Asociado Interempresas se
enteró de la renuncia irrevocable de la empleada por lo que a la fecha no tiene
ninguna relación laboral con la peticionaria.
Ø
Precoooperativa de Trabajo
Asociado Interempresas
El
27 de junio de 2007 el Director ejecutivo de la Precoooperativa de Trabajo
Asociado Interempresas dio respuesta a la acción de tutela y expuso que la
señora Yolanda Oquendo Ciro se vinculó a la precoperativa el 16 de julio de
2007 fecha para la que también fue afiliada al sistema de salud a través de Famisanar
EPS.
Indicó
que la accionante informó 20 días después, de su vinculación, de su estado de
embarazo y que en tal sentido se le comunicó que no le sería reconocida la
licencia de maternidad por la vinculación tardía al sistema.
II.
PRUEBAS
APORTADAS
EN INSTANCIAS.
1.
Copia del contrato individual de
trabajo entre la señora Yolanda Oquendo Ciro y la Precoooperativa de Trabajo
Asociado Interempresas firmado el 16 de julio de 2007. (Folios 1 y 2).
2.
Copia del certificado de
incapacidad de la señora Yolanda Oquendo Ciro. Expedida el 20 de marzo de 2007.
(Folio 3).
3.
Formato de negación de
incapacidades expedido por Famisanar EPS el 2 de abril de 2007. Retiro: del 10
de enero de 2007, reintegro: el 1 de febrero de 2007, fecha de parto: 8 de
marzo de 2007. Semanas de cotización: 33. Justificación:; No cumple con
semanas de cotización. (Folio 6).
APORTADAS
EN SEDE DE REVISIÓN
El 29 de octubre de 2007 esta Sala de Revisión vinculó
al proceso a Famisanar EPS y ordenó dar  traslado de la demanda, para que se
pronunciara sobre los hechos.
El 27 de noviembre de 2007 la Sala Sexta de Revisión
recibió memorial por parte de Famisanar EPS en respuesta al auto de pruebas
proferido. En el oficio la entidad afirmó que la señora Oquendo Ciro  cotizó
ininterrumpidamente al sistema pues a la fecha del parto (8 de marzo de 2007)
tenía 40 semanas (9 meses) y solo había cotizado 33 semanas, sobre
el valor de $433.700, razón por la que se negó el recoconoimiento de la
licencia de maternidad.
III.
DECISIÓN JUDICIAL.
A.
Única  Instancia.
El
Juzgado Cincuenta Civil Municipal de Bogotá mediante fallo del 12 de julio de
2007 decidió NEGAR EL AMPARO DE TUTELA interpuesto por la señora Yolanda
Oquendo Ciro.
Sostuvo
el juez de instancia que no se evidencia en el caso que la tutelante se
encuentre en estado de subordinación frente al accionado, puesto que a la fecha
no existe vinculación laboral vigente entre las partes.
Finaliza
su exposición el a quo con el argumento de que la peticionaria puede
acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para que se defina si existió una
relación laboral entre la señora Yolanda Oquendo Ciro y el señor Carlos Eduardo
Osorio Garcia, las obligaciones y los incumplimientos de cada una de las
partes.
La decisión judicial no fue impugnada.
28.
EXPEDIENTE T-1´684.161
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Patricia Ramos Hernández interpuso acción de
tutela verbalmente contra CAFESALUD EPS, el día 11 de abril de 2007, y solicitó
la protección de sus derechos fundamentales y los de sus menores hijas.
Justificó su petición en los siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Patricia Ramos Hernández
Manifiesta que está afiliada al Sistema General de Seguridad Social de Salud a
través de CAFESALUD EPS en calidad de cotizante  de una Cooperativa de
Trabajo Asociado desde el 9 de julio de 2003 hasta el 11 de abril de 2006.
2.
Afirma que se desvinculó del
sistema de salud pues se quedó sin trabajo por lo que reactivo su afiliación al
sistema el 2 de agosto de 2006 a través de SaludCoop EPS, fecha para la que
tenía aproximadamente 15 días de embarazo.
3.
Que durante la gestación se enteró
que tendría gemelas, las cuales nacieron en forma prematura.
4.
Afirma que es madre cabeza de
familia y que es difícil en sus condiciones económicas solventar las
necesidades de las niñas por lo que necesita del pago de la licencia de
maternidad.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto del 12 de abril de 2007 el Juzgado Tercero
Penal Municipal de Neiva admitió el amparo y remitió el escrito de tutela a CAFESALUD
EPS para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de la acción en un
término máximo de 48 horas.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
La Gerente Regional de CAFESALUD EPS dio
respuesta a la acción de tutela e informó que la señora Patricia Ramos
Hernández se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud
en el régimen contributivo a en calidad de cotizante independiente, desde el
8/1/2006, al día en pagos y cuenta con 34 semanas de cotización.
Enunció que no se autorizó el pago de la licencia de
maternidad a la accionante pues ésta no cotizó durante su período de gestación,
pues a la fecha del parto había aportado al sistema solamente durante 34
semanas.
A la respuesta de la acción de tutela se adjuntó
certificación de aportes en los que se registra:
Fecha
de Pago
Periodo
de Cotización
Días
Cotizados
Periodo
Gestado
5
marzo 07
Marzo
07
30
9
2
febrero 07
Febrero
07
30
8
4
enero 07
Enero
07
30
7
4
diciembre 06
Diciembre
06
30
6
7
noviembre 06
Noviembre
06
30
5
5
octubre 06
Octubre
06
30
4
4
septiembre 06
Septiembre
06
30
3
1
agosto 06
Agosto
06
30
2
No
Cotizó
No Cotizó
No Cotizó
1
Días Cotizados
240
Total Semanas cotizadas
34
Fecha de Parto: 19 de marzo de 2007.
II.
PRUEBAS
1.
Copia del certificado expedido por
Saludcoop EPS el 9 de marzo de 2007 en el que se certifica que la señora Patricia
Ramos Hernández está afiliada a dicha EPS. Fecha de afiliación: 09/07/2003.
Fecha de Retiro: 11/04/2006. (dd/mm/aaaa). (Folio 4).
2.
Copia del carné de afiliación de
la señora Patricia Ramos Hernández a Cafesalud EPS. (Folio 5).
3.
Copia del certificado de licencia
de maternidad de la señora Patricia Ramos Hernández expedido por CAFESALUD EPS
el 10 de abril de 2007. Fecha inicial: 19-Marzo-2007. Fecha Final:
10-Junio-2007. (Folio 6).
4.
Copia de la liquidación de
prestaciones económicas expedida por Patricia Ramos Hernández. Salario Base:
$416.000. Fecha de expedición 10 abril de 2007. Valor Total Prestación: 0. Se
registra: NO CUMPLE CON SEMANAS COMO COTIZANTE. (Folio 7).
5.
Copias de 2 certificados de nacido
vivo del 19 de marzo de 2007. Tiempo de Gestación 38 semanas. (Folios 10
y 11).
III.
DECISIONES  JUDICIALES.
A.
Primera  Instancia.
El
Juzgado Tercero Penal Municipal de Neiva mediante fallo del 25 de abril de 2007
decidió NO TUTELAR los derechos invocados por la señora Patricia Ramos
Hernández.
Sostuvo
que se observa de las pruebas que reposan en el expediente que “la actora se
afilió a CAFESALUD EPS a partir del 01 de agosto de 2006 como afiliada
independiente, fecha para la cual ya se encuentraba embarazada, pues ella misma
reconoce que su embarazo es de julio de 2006, lo que es corroborado por la
EPS”.
De
lo anterior se concluye que la tutelante no cumple con los requisitos mínimos
exigidos por la Ley para que le sea entregado el pago de la licencia de
maternidad, toda vez que ésta dejó de cotizar durante 1 mes, como lo advierte
la entidad prestadora del servicio de salud lo que indica que le asiste razón a
la EPS al negar el pago de la prestación económica-
B.
Impugnación.
La
señora Patricia Ramos Hernández impugnó el fallo de primera instancia el 7 de
mayo de 2007. En el escrito afirmó que su parto ocurrió en forma prematura y
que en consecuencia tiene derecho al pago de la licencia de maternidad, pues el
nacimiento de sus hijas se adelanto por su condición de salud.
C.
Segunda Instancia
El
Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva mediante fallo del 7 de junio de
2007 decidió CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Tercero Penal Municipal de
Neiva.
El
juez de segunda instancia reiteró que en el caso examinado cuando se  afilió
nuevamente la cotizante al sistema ya contaba con 15 días de embarazo lo que
significa que la señora Patricia Ramos
Hernández no pagó los aportes ininterrumpidamente al sistema lo que libera a la
EPS de la responsabilidad de la licencia de maternidad.
29.
EXPEDIENTE T-1´652.827
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Amparo Ayala Hidalgo interpuso acción de
tutela mediante apoderado contra Saludcoop EPS el día 26 de enero de 2007 y
solicitó la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, la seguridad
social, la vida y el debido proceso. Justificó su petición en los siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Amparo Ayala Hidalgo
manifiesta que está afiliada al Sistema General de Seguridad Social de Salud en
el régimen contributivo a través de Saludcoop EPS en calidad de cotizante
independiente.
2.
Asegura que el 14 de noviembre de
2006 dio a luz una hija y por tal motivo solicitó el pago de la licencia de
maternidad.
3.
Que la EPS le negó el pago de la
prestación económica lo que puso en riesgo la vida del recién nacido pues no
cuenta con otros ingresos económicos para cubrir sus gastos.
Debido a la insuficiencia de información en la acción
de tutela impetrada, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Santa Marta citó a la
señora Amparo Ayala Hidalgo a rendir declaración jurada la cual se llevó a cabo
el 7 de febrero de 2007.
En la declaración la señora Amparo Ayala Hidalgo
RATIFICÓ el poder otorgado al abogado para que en su nombre y representación
iniciara acción de tutela contra Saludcoop EPS.
Explicó que la licencia de maternidad le fue negada
por la EPS con el argumento de que cuando se afilió tenía un mes de embarazo.
Insistió finalmente en que carece de recursos económicos, pues es quien
sostiene su hogar debido a que su esposo está en prisión, por lo que necesita
del pago de la licencia de maternidad.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto del 29 de enero de 2007 el Juzgado Cuarto
Penal Municipal de Santa Marta admitió el amparo y remitió el escrito de tutela
Saludcoop EPS para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de la
acción.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
La
Directora Seccional de Saludcoop EPS  dio respuesta a la acción de tutela el 12
de febrero de 2007 e informó que la señora Amparo Ayala Hidalgo se encuentra
afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen
contributivo a través de Saludcoop EPS en calidad de cotizante independiente,
desde el 3/1/2006, al día en pagos y cuenta con 38 semanas de cotización.
La
EPS expresa que a la afiliada se le negó el pago de la licencia de maternidad
pues ésta no cumplió con los periodos mínimos de cotización al sistema de
salud, pues sólo cotizó 37 semanas de las 41 de gestación.
II.
PRUEBAS
1.
Copia del certificado de nacido
vivo del 14 de noviembre de 2006. Tiempo de Gestación 41 semanas. (Folio
4).
2.
Copia de la liquidación de
prestaciones económicas expedida por Saludcoop EPS a nombre de la señora Amparo
Ayala Hidalgo. Salario Base: $408.333. Fecha de expedición 11 de enero de 2007.
Valor Total Prestación: 0. Se registra: NO CUMPLE CON LOS PERIODOS DE
COTIZACIÓN IGUAL O SUPERIOR AL TIEMPO DE GESTACIÓN. SEMANAS DE GESTACIÓN: 41 Y
SEMANAS COTIZADAS: 37. (Folio 9).
3.
Copia del carné de afiliación de
la señora Amparo Ayala Hidalgoa Saludcoop EPS. (Folio 6).
4.
Copias de los formularios de
autoliquidación de aportes y recibos de consignación al sistema de salud de la
señora Amparo Ayala Hidalgo por los meses de marzo a diciembre de 2006. (Folio 10 a 15).
III.
DECISIONES JUDICIALES.
A.
Primera Instancia.
El
Juzgado Cuarto Penal Municipal de Santa Marta mediante fallo del 15 de febrero
de 2007 decidió NO TUTELAR los derechos invocados por la señora Amparo Ayala
Hidalgo.
Indicó
el juez de instancia que Saludcoop EPS actuó conforme a derecho, pues la
accionante no cotizó al sistema durante todo su período de gestación y en tal
sentido omitió su deber de afiliación desde antes de iniciar su gravidez.
Finalmente
explica que la tutelante cuenta con la acción judicial laboral para reclamar
sus derechos económicos.
B.
Impugnación.
La
señora Amparo Ayala Hidalgo impugnó el fallo de primera instancia, por medio de
su apoderado, el 21 de febrero de 2007. Afirmó que de acuerdo con las
sentencias de la Corte Constitucional deben ampararse sus derechos ya que
después del parto presenta un delicado estado de salud que le impide salir a
trabajar lo que hace urgente la protección constitucional.
C.
Segunda Instancia
El
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santa Marta mediante fallo del 12 de
abril de 2007 decidió CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Cuarto Penal Municipal
de Santa Marta.
En
el fallo se consideró que la accionante no cumple con el requisito dispuesto en
el artículo 63 del Decreto 806 de 1998, por lo que la decisión de primera
instancia está fundamentada jurídicamente.
30.  EXPEDIENTE T-1´683.274
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Johana Patricia Feliciano Supelano interpuso
acción de tutela contra Famisanar EPS el día 17 de mayo de 2007 y solicitó la
protección de sus derechos fundamentales, y los de su menor hijo, al mínimo
vital a la vida digna y los derechos de los niños. Justificó su petición en los
siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Johana Patricia
Feliciano Supelano expresa que está afiliada al Sistema General de Seguridad
Social de Salud a través de Famisanar EPS en calidad de cotizante
dependiente, como empleada del señor Jose Oscar Restrepo desde el 8 de
julio de 2002.
2.
Asegura que el 1 de febrero de
2007 dio a luz un hijo, después de 37 semanas de gestación y por tal
motivo solicitó el pago de la licencia de maternidad.
3.
Que la EPS le negó el pago de la
prestación económica con fundamento en que las cotizaciones se realizaron
extemporáneamente.
4.
Por último, agrega que necesita de
la licencia de maternidad pues es madre soltera y depende de su salario mensual
equivalente a $433.700, lo que hace que su situación económica sea precaria.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto del 22 de mayo de 2007 el Juzgado Tercero
Civil Municipal de Bogotá admitió el amparo y remitió el escrito de tutela Famisanar
EPS para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de la acción en un
término no mayor a 48 horas.
Además, el juez vinculó al proceso al señor Jose Oscar
Restrepo y le dio un término de 48 horas para que se pronunciara sobre;
finalmente, citó al Ministerio de Protección Social para que conociera de la
acción.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
Ø
Jose Oscar Restrepo
La
señora Johana Patricia Feliciano Supelano radicó memorial ante el despacho el
25 de mayo de 2007, en el que informó que el señor Jose Oscar Restrepo no se
encontraba en la ciudad y anexó copias de los Formularios de Autoliquidación de
Aportes de los meses de mayo a diciembre de 2006 y enero a mayo de 2007.
Salario Básico $408.000.
Los
pagos se registran así:
Periodo
cotizado
Fecha
de pago
05-2006
2006/05/12
06-2006
2006/07/13
07-2006
2006/07/12
08-2006
2006/09/07
09-2006
2006/10/04
10-2006
2006/11/22
11-2006
2006/11/22
12-2006
2007/01/09
01-2007
2007/01/25
02-2007
2007/02/20
Ø
Famisanar EPS
La
Apoderada de Famisanar EPS dio respuesta a la acción de tutela el 28 de mayo de
2007 e informó que la señora Johana Patricia Feliciano Supelano se encuentra
afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen
contributivo a través de Famisanar EPS con fecha de afiliación del 17 de Agosto
de 2002 y con más de 100 semanas cotizadas.
Aduce
que en la base de datos de la entidad reposa información según la cual la
usuaria “COTIZÓ EN FORMA EXTEMPORÁNEA POR SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 2006, los cuales los ha pagado un mes después. De igual forma
ocurrió con el mes de febrero de 2007 el cual fue pagado en el mes de marzo.
LUEGO NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL DECRETO 1804 DE 1999”.
Con
fundamento en lo expuesto solicita la entidad accionada que se declare
improcedente la acción.
Ø
Ministerio de Protección Social
La
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo Legislativo del Ministerio de
Protección Social mediante memorial radicado el 25 de mayo de 2007 ante el Juzgado
Tercero Civil Municipal de Bogotá citó las normas que define el régimen
jurídico colombiano, en especial los artículos 161 y 207 de la Ley 100 de 1993,
el artículo 21 del Decreto 1804 de 1999 y el Decreto 047 de 2000 – modificado
por el artículo 9 del Decreto 783 de 2000- para que se otorgue el pago de
licencias de maternidad y con fundamento en el cual solicita la exclusión del
Ministerio y el FOSYGA de las responsabilidades de la acción.
II.
PRUEBAS
1.
Copia del certificado de nacido
vivo del 1 de febrero de 2007. Tiempo de Gestación 37 semanas. (Folio 11).
2.
Copia del Registro Civil de
Nacimiento del menor Juan David Rojas Feliciano el primero de febrero de 2007.
(Folio 12).
3.
Copia de la carta enviada por
Famisanar EPS a la señora Johana Patricia Feliciano Supelano en la que se le
informa de la negación del pago de la licencia de maternidad por incumplimiento
del aportante al sistema, el señor Jose Oscar Restrepo, en la efectuación
mensual de las cotizaciones. (Folios 13 a 18).
III.
DECISIONES JUDICIALES.
A.
Primera Instancia.
El
Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá mediante fallo del 1 de junio de 2007
decidió DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora Johana
Patricia Feliciano Supelano.
Consideró
el juez de instancia que en la acción sub examine no se demostró la
vulneración al derecho al mínimo vital de la accionante y de su hijo y
adicionalmente no se aportó ininterrumpidamente al sistema, de lo que se
infiere que la acción de tutela no es el medio idóneo para solicitar la
protección de los de la peticionaria, pues corresponde a la justicia ordinaria
laboral solucionar tal tipo de litigios.
31.
EXPEDIENTE T-1´684.936
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Dora Ángela Salamanca Tamayo interpuso
acción de tutela contra Servicios Occidental de Salud S.O.S EPS el día 15 de
marzo de 2007 y solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la
salud, la igualdad, la vida digna, la seguridad social, el mínimo vital, la
niñez y a la familia. Justificó su petición en los siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Dora Ángela Salamanca
Tamayo aduce que está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud
a través de Servicios Occidental de Salud S.O.S EPS en calidad de cotizante
independiente desde el mes de agosto de 2004.
2.
Asegura que el 7 de octubre de
2006 dio a luz una hija y por tal motivo solicitó el pago de la licencia de
maternidad.
3.
Que la EPS le negó el pago de la
prestación económica.
Debido a la insuficiencia de información en la acción
de tutela impetrada, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Florida-Valle citó
a la señora Dora Ángela Salamanca Tamayo a rendir declaración jurada, la cual
se llevó a cabo el 20 de marzo de 2007.
En la declaración la señora Dora Ángela Salamanca Tamayo
arguye que presenta acción de tutela porque le fue negado el pago de la
licencia de maternidad, pese a que se encuentra afiliada al sistema de salud
desde el mes de agosto de 2004.
Asegura que Servicios Occidental de Salud S.O.S EPS le
niega el pago de la prestación argumentando que las cotizaciones se efectuaron
en forma extemporánea y que la respecto presentó ante la entidad derecho de
petición del que no ha obtenido respuesta.
Argumenta que con la negación del pago de la
prestación económica se han visto afectados sus ingresos y su bienestar pues es
trabajadora independiente, contratista del seguro social y tiene ingresos de
aproximadamente $450.000.
En la diligencia judicial informó la peticionaria que
su esposo es trabajador independiente y devenga ingresos de un salario mínimo
mensual.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto del 15 de marzo de 2007 el Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Florida-Valle admitió el amparo y remitió el escrito de
tutela Servicios Occidental de Salud S.O.S EPS para que se pronunciara sobre
los hechos y pretensiones de la acción en un término no mayor a 3 días.
D.
Traslado y contestación de la demanda.
La
Apoderada Judicial de Servicios Occidental de Salud S.O.S EPS contestó  la
acción de tutela el 26 de marzo de 2007 e informó que la señora Dora Ángela
Salamanca Tamayo aporta al Sistema General de Seguridad Social el Salud como
trabajadora independiente y tiene como fecha máxima para el pago de las
cotizaciones los 7 días hábiles de cada mes.
Sostuvo
que “en los 6 periodos de cotización previos a la causación del derecho,
realizó sólo 1 pago oportuno”. Al respecto refirió la siguiente
información:
Periodo
Fecha
de Pago
Fecha
Límite
Validación
2006/04
17-Abr-06
11-Abr-06
Extemporáneo
2006/05
15-May-06
10-May-06
Extemporáneo
2006/06
13-Jun-06
09-Jun-06
Extemporáneo
2006/07
13-Jul-06
12-Jul-06
Extemporáneo
2006/08
9-Ago-06
10-Ago-06
Oportuno
2006/09
13-Sep-06
11-Sep-06
Extemporáneo
2006/10
10-Oct-06
10-Oct-06
Oportuno
Con
fundamento en los datos adjuntos la EPS solicita que se niegue la tutela
impetrada por no cumplirse en el caso los supuestos de Ley para el otorgamiento
de las licencias de maternidad.
II.
PRUEBAS
APORTADAS
EN INSTANCIAS.
1.
Copias de los formularios de
autoliquidación de aportes de la señora Dora Ángela Salamanca Tamayo de los
periodos de cotización de marzo a septiembre de 2007. Fechas de Pago.
Periodo
Cotizado
Fecha
de Pago
2006-03
10
Marzo 2006
2006-04
17
Abril 2006
2006-05
15
Mayo 2006
2006-06
13
Junio 2006
2006-07
13
Julio 2006
2006-08
09
Agosto 2006
2006-09
13
Septiembre 2006
Salario Básico: $408.000.
(Folios 1–7).
2.
Copia del derecho de petición
radicado el 20 de febrero de 2007 por la señora Dora Ángela Salamanca Tamayo
ante Servicios Occidental de Salud S.O.S EPS. (Folios 8 y 9).
APORTADAS
EN SEDE DE REVISIÓN
El
31 de octubre de 2007 la señora Dora Ángela Salamanca Tamayo allegó memorial a la
Corte Constitucional al que adjuntó copias de las respuestas remitidas por Servicios
Occidental de Salud S.O.S EPS a la accionante el 28 de febrero y el 4 de abril
de 2007.
III.
DECISIONES JUDICIALES.
A.
Primera Instancia.
El
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Florida-Valle mediante fallo del 27 de
marzo de 2007 decidió NO TUTELAR los derechos a la salud, la igualdad, la vida,
la seguridad social, la niñez, la familia y el mínimo vital de la señora Dora
Ángela Salamanca Tamayo.
Por
otra parte el juez de instancia TUTELÓ el derecho de petición de la señora Dora
Ángela Salamanca Tamayo y ordenó a Servicios Occidental de Salud S.O.S EPS a
que en un término de 48 horas contadas a partir de la notificación del proveído
diera respuesta a la solicitud presentada por la peticionaria el 20 de febrero
de 2007.
El
juez consideró que los días de la licencia de maternidad ya se cumplieron y que
existen otros medios judiciales de defensa lo que hace improcedente el amparo
de tutela.
En
lo concerniente al derecho de petición el a quo identificó que existe
una violación de éste, con fundamento en los fallos de la Corte Constitucional,
pues no se ha dado respuesta a la solicitud que radicó la tutelante por parte
de Servicios Occidental de Salud S.O.S EPS.
B.
Impugnación.
La
señora Dora Ángela Salamanca Tamayo impugnó el fallo de primera instancia el 10
de abril de 2007.
Expresó
que si bien existe otro mecanismo judicial de defensa para la protección de los
derechos, se hace imperante la procedencia de la acción para evitar un
perjuicio irremediable. En igual sentido, arguyó la tutelante que yerra el juez
de instancia al considerar que al haber terminado el período de licencia de
maternidad ya no existe vulneración a sus derechos fundamentales, puesto que al
no percibir ingresos durante los días de licencia sus recursos se vieron
afectados y en consecuencia amenazados sus derechos.
C.
Segunda Instancia
El
Juzgado Primero Civil del Circuito de Florida-Valle el 23 de mayo de 2007
profirió sentencia en la que CONFIRMÓ el fallo de primera instancia.
Respecto
al reconocimiento de la licencia de maternidad consideró el juez que la
decisión del a quo es acertada puesto que no se probó vulneración del
derecho al mínimo vital y en efecto existen otros medios ordinarios de defensa
idóneos para salvaguardar los intereses de la accionante.
En
lo relacionado con el derecho fundamental de petición explicó que no se
encuentra prueba de que se haya dado contestación al requerimiento de la
tutelante razón por la que debe confirmarse el fallo de instancia.
32.
EXPEDIENTE T-1´684.974
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Nini Johana Pinilla Saavedra interpuso
acción de tutela contra Saludcoop EPS el día 25 de abril de 2007 y solicitó la
protección de sus derechos fundamentales a la salud, la igualdad, la vida
digna, la seguridad social, la niñez y la familia. Justificó su petición en los
siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Nini Johana Pinilla
Saavedra manifiesta que se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en
Salud en el régimen contributivo a través de Saludcoop EPS en calidad de cotizante
independiente, sobre el monto de un salario mínimo legal mensual vigente.
2.
Alega que el 18 de marzo de 2007
dio a luz un hijo motivo por el que solicitó el pago de la licencia de
maternidad.
3.
Que la EPS no le ha cancelado la
prestación económica arguyendo que no cotizó al sistema continuamente durante
su período de gestación. (Inicio del período de gestación: 2006/06. Fin del
período de gestación: 2007/03).
4.
Expresa que es madre cabeza de
familia por lo que con la mencionada decisión se ha visto afectado su derecho
al mínimo vital.
Debido a la insuficiencia de información en la acción
de tutela impetrada, el Juzgado Quinto Promiscuo Municipal de la Dorada Caldas citó
a la Directora Seccional de Saludcoop EPS a rendir declaración jurada la cual
se llevó a cabo el 8 de mayo de 2007.
La
funcionaria de Saludcoop EPS informó que la señora Nini Johana Pinilla Saavedra
es usuaria de la entidad desde el 11 de noviembre de 2004, ingreso como
beneficiaria de su cónyuge, vinculación que sostuvo hasta el 30 de noviembre de
2006 y fecha para la que empezó a cotizar como independiente, sobre un valor de
un salario mínimo legal mensual vigente.
Agregó
que la tutelante tuvo un hijo el 18 de marzo de 2007 y que en consecuencia
solicitó el pago de la licencia de maternidad; que ésta no le fue autorizada
pues sólo cotizó al sistema durante aproximadamente tres meses y medio,
incumpliendo con la normatividad y las disposiciones legales vigentes.
C.
Actuaciones procesales
El 26 de abril de 2007 el Juzgado Quinto Promiscuo
Municipal de la Dorada Caldas admitió la acción de tutela y remitió el escrito
a Saludcoop EPS para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de la
acción en un término no mayor a 2 días.
D.
Traslado y contestación de
la demanda.
La
Gerente Regional de Saludcoop EPS contestó la acción de tutela el 2 de mayo de
2007 y sostuvo que la señora Nini Johana Pinilla Saavedra se encuentra afiliada
al Sistema de Seguridad Social en Salud en el régimen contributivo a través de Saludcoop
EPS en calidad de cotizante independiente desde el 12/1/2006, al día en
pagos y con 116 semanas de cotización al sistema.
Sostuvo
que el pago de la licencia de maternidad no fue autorizado a la usuaria pues su
vinculación al sistema de salud se produjo el 1 de diciembre de 2006, por lo
que cotizó hasta el día del parto durante 20 semanas, pese a que su período
de gestación fue de 39 semanas de lo que se infiere que el tiempo de
cotización es inferior al tiempo de gestación.
Finalmente,
solicitó que se declare improcedente  la acción pues existen otros medios
idóneos ante la jurisdicción ordinaria para defender los derechos presuntamente
vulnerados.
II.
PRUEBAS
1.
Copia de la liquidación de
prestaciones económicas de la señora Nini Johana Pinilla Saavedra con valor de
aporte del 0%, expedida el 18 de abril de 2007 por Saludcoop EPS en el que se
describe que la accionante no cumplió con las semanas como cotizante para que
se le otorgue la licencia de maternidad. (Folio 5).
2.
Copia del registro médico de
nacimiento del hijo de la señora Nini Johana Pinilla Saavedra del 18 de marzo
de 2007. Se registran 39 semanas de gestación. (Folio 7).
3.
Copias de los Formularios de
Autoliquidación de Aportes de la señora Nini Johana Pinilla Saavedra por los periodos
de cotización de febrero a abril de 20007. Ingreso base de cotización:
$433.700. (Folios 9 a 11).
III.
DECISIÓN JUDICIAL.
A.
Única  Instancia.
El
Juzgado Quinto Promiscuo Municipal de la Dorada Caldas mediante fallo del 10 de
mayo de 2007 decidió NO TUTELAR los derechos invocados por la señora Nini
Johana Pinilla Saavedra.
El
juez de instancia consideró que la peticionaria no probó en la acción impetrada
la vulneración a su derecho al mínimo vital. Además añadió que se demostró en
el caso que la señora Pinilla Saavedra no cumple con los requisitos de Ley para
que se le pague la licencia de maternidad, pues cotizó al sistema de salud por
un tiempo inferior al de su período de gestación.
La decisión judicial no fue impugnada.
33.
EXPEDIENTE T-1´685.022
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Noralba Lizeth Delgado Guevara interpuso
acción de tutela contra Coomeva EPS el día 23 de febrero de 2007 y solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social, a
la protección especial a la maternidad, a la integridad física y los derechos
del menor. Justificó su petición en los siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Noralba Lizeth Delgado
Guevara manifiesta que se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en
Salud en el régimen contributivo a través de Coomeva EPS en calidad de cotizante
independiente desde el mes de agosto de 2005 hasta el 18 de febrero de
2006, afiliación que se renovó el 28 de mayo de 2006.
2.
Expresa que el 9 de diciembre de
2006 dio a luz una hija.
3.
Que en consecuencia solicitó el
pago de la licencia de maternidad y que la EPS le negó la prestación económica
bajo el argumento de que su tiempo de cotización de 7 meses al sistema es
inferior al de gestación de 9 meses.
Debido a la insuficiencia de información en la acción
de tutela impetrada el Juzgado Quince Civil Municipal de Bucaramanga citó a la
señora Noralba Lizeth Delgado Guevara a rendir declaración jurada la cual se
llevó a cabo el 5 de marzo de 2007.
La accionante declaró que su núcleo familiar está
conformado por sus padres, quienes la sostienen económicamente, dos hermanos y
su hija, y que viven en arriendo.
C.
Actuaciones procesales
El 26 de febrero de 2007 el Juzgado Quince Civil Municipal
de Bucaramanga admitió la acción de tutela y remitió el escrito a Coomeva EPS
para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones.
E.
Traslado y contestación de
la demanda.
El
Director Regional Jurídico Zona Nororiente de Coomeva EPS contestó la acción de
tutela el 1 de marzo de 2007 y sostuvo que la señora Noralba Lizeth Delgado
Guevara se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud
Adujo
que la tutelante no cumple con los requisitos para acceder al pago de la
licencia de maternidad pues no reporta cotización por el período 2006/04, mes
con el que se interrumpió la cotización al sistema, ya que el período de
gestación de la peticionaria fue de 39 semanas “lo que indica que la
usuaria quedo en estado de embarazo en el mes de marzo de 2006 cumpliendo su
primer período de gestación en abril de 2006 y (…) no hay cotización del primer
mes de embarazo”.
La
EPS refirió la siguiente información:
“Información Básica del Afiliado:
Noralba Lizeth Delgado Guevara
Periodos
Compensados
Días Compensados
Tipo de afiliado
12/2006
30
Cotizante
11/2006
30
Cotizante
10/2006
30
Cotizante
09/2006
30
Cotizante
08/2006
30
Cotizante
07/2006
30
Cotizante
06/2006
30
Cotizante
05/2006 04/2006 Interrumpió la cotización. No hay registro de este
periodo.
30
Cotizante
02/2006
30
Cotizante
01/2006
30
Cotizante
II.
PRUEBAS
APORTADAS
EN INSTANCIAS.
1.
Copia de la respuesta del 1 de
febrero de 2007 a la señora Noralba Lizeth Delgado Guevara dada por Coomeva
EPS, en la que se le informó de la negación de la licencia de maternidad por no
cumplir con el mínimo de semanas cotizadas exigidas por Ley. (Folios 7 a 10).
2.
Copias de los Formularios de
Autoliquidación de Aportes al Sistema de por los periodos de cotización de
agosto a diciembre de 2005, enero a febrero y mayo a diciembre de 2006 y enero
de 2007 febrero a abril de 2007.Cotización sobre el salario mínimo legal
mensual vigente. (Folios 14 a 19).
3.
Copia del registro civil de nacimiento
de la hija de la señora Noralba Lizeth Delgado Guevara nacida el 9 de diciembre
de 2006. (Folio 24).
APORTADAS
EN SEDE DE REVISIÓN
El
11 de diciembre de 2007 la Sala Sexta de Revisión recibió memorial por parte de
Coomeva EPS en respuesta al auto de pruebas proferido el 29 de octubre de 2007 .
En dicho oficio la EPS remitió copia de la Historia Clínica de la señora
Delgado Guevara e informó que esta cotiza al sistema sobre un IBC de $408.333.
Que el período de gestación según el registro de nacido vivo fue de 39 semanas
que corresponden a algo más de 9 meses de embarazo y el tiempo
cotizado ininterrumpidamente durante este tiempo fue de 8 meses.
III.
DECISIONES  JUDICIALES
A.
Primera  Instancia.
El
Juzgado Quince Civil Municipal de Bucaramanga mediante fallo del 8 de marzo de
2007 decidió RECHAZAR por improcedente la solicitud de tutela instaurada por la
señora Noralba Lizeth Delgado Guevara.
El
juez de instancia concluyó que la accionante cuando quedó en estado de embarazo
no se encontraba afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en
consecuencia no cumple con los requisitos definidos por los Decretos 806 de
1998 y 047 de 2000 según los cuales la madre gestante debe cotizar durante todo
su período al sistema para que se le pague la licencia de maternidad razón por
la que la EPS no tiene obligación legal con la afiliada al respecto por lo que
la tutela se torna improcedente.
B.
Impugnación.
La
señora Noralba Lizeth Delgado Guevara impugnó la decisión del Juzgado Quince
Civil Municipal de Bucaramanga el 14 de marzo de 2007 argumentado que existe
una violación a sus derechos fundamentales y se no se está aplicando en el caso
concreto la sentencia C-1205 de 2005 de la Corte Constitucional.
C.
Segunda Instancia
El
Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga el 22 de mayo de 2007 decidió
CONFIRMAR la sentencia de primera instancia.
Expuso
el juez que existe razón en rechazar por improcedente la acción pues en el caso
concreto no se cumple con los requisitos legales para que se tenga derecho al
pago de la licencia de maternidad, pues es cierto lo que afirma la tutelante al
manifestar que sólo cotizó 7 meses de su gestación e interrumpió la cotización
por un período de 1 mes y 26 días, por lo que no existe transgresión de los
derechos de la peticionaria.
34.
EXPEDIENTE T-1´687.258
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Marisol Rojas Ávila interpuso acción de
tutela contra Servicio Occidental de Salud S.O.S EPS el día 24 de mayo de 2007
y solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la vida, la igualdad,
a la protección especial como mujer embarazada, al mínimo vital y la dignidad
humana. Justificó su petición en los siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Marisol Rojas Ávila
manifiesta que se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud en
el régimen contributivo a través de Servicio Occidental de Salud S.O.S EPS en
calidad de cotizante independiente.
2.
Afirma que el 21 de abril de 2007
dio a luz un hijo por lo que solicitó ante la EPS el pago de la licencia de
maternidad.
3.
Que la entidad le negó el
reconocimiento de la prestación económica y adujo que los pagos al sistema por
parte de la accionante se hicieron extemporáneamente.
4.
Manifiesta que no cuenta con
recursos económicos para solventar las necesidades de se menor hijo y que con
el pago de la licencia de maternidad se ha visto afectado su derecho al mínimo
vital.
C.
Actuaciones procesales
Mediante auto del 25 de mayo de 2007 el Juzgado Veintidós
Civil Municipal de Cali admitió la acción de tutela y remitió el escrito a Servicio
Occidental de Salud S.O.S EPS para que se pronunciara sobre los hechos y
pretensiones en un término no mayor a 2 días.
D.
Traslado y contestación de
la demanda.
El
Apoderado Judicial de Servicio Occidental de Salud S.O.S EPS contestó la acción
de tutela el 31 de mayo de 2007 y sostuvo que la señora Marisol Rojas Ávila se
encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud y con
licencia de maternidad que inició el 21 de abril de 2007.
Aduce
que en el mes de febrero de 2007 la accionante sólo cotizó 29 días del mes de
febrero  al sistema de salud por lo que no tiene derecho al pago de la
prestación económica.
II.
PRUEBAS
APORTADAS
EN INSTANCIAS.
1.
Copias de los Formularios de
Autoliquidación de Aportes al Sistema de salud por los periodos de cotización
de la señora Marisol Rojas Ávila de noviembre a diciembre de 2006 y enero a
mayo de 2007.Cotización sobre el salario mínimo legal mensual vigente.
(Folios 5 a 11).
2.
Copia del registro del Ministerio
de Protección Social en el que se reporta la consulta de afiliados compensados
de la señora Marisol Rojas Ávila desde abril de 2003 a abril de 2007. (Folios 10 y 11).
Se
registra en el cuadro:
Periodos compensados
Fecha de afiliación
Días compensados
04/2007
13/03/2003
30
03/2007
13/03/2003
30
02/2007
13/03/2003
30
01/2007
13/03/2003
30
12/2006
13/03/2003
30
11/2006
13/03/2003
30
10/2006
13/03/2003
1
09/2006
13/03/2003
1
08/2006
13/03/2003
30
07/2006
13/03/2003
30
06/2006
13/03/2003
30
05/2006
13/03/2003
30
04/2006
13/03/2003
30
03/2006
13/03/2003
30
APORTADAS
EN SEDE DE REVISIÓN
El
17 de enero de 2008 la Sala Sexta de Revisión recibió memorial por parte de SOS
EPS en respuesta al auto de pruebas proferido el 29 de octubre de 2007 . En
dicho oficio la EPS remitió copia del certificado de nacido vivo del menor que
nació el 21 de abril de 2007, en el que se registran 39 semanas de gestación.
III.
DECISIÓN  JUDICIAL
A.
Única  Instancia.
El
Juzgado Veintidós Civil Municipal de Cali mediante fallo del 5 de junio de 2007
decidió NEGAR por improcedente la solicitud de tutela instaurada por la señora Marisol
Rojas Ávila.
El
a quo explicó que la usuaria cotizó al sistema “hasta el 29 de
febrero (…) reanudando la cotización en mayo 2, pagando los meses en mención
como lo era marzo y abril, período en el cual nació su hijo, pues este hecho
ocurrió el 21 de abril del año en curso”. Que en consideración a la
normativa vigente del régimen de salud en Colombia no hay motivos suficientes
para amparar el derecho.
La decisión judicial no fue impugnada.
35.
EXPEDIENTE T-1´686.556
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Carolina Vahos Guzmán interpuso acción de
tutela contra Comfenalco Valle del Cauca EPS el día 9 de marzo de 2007 y
solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la vida, la igualdad y a
la salud. Justificó su petición en los siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Carolina Vahos Guzmán
manifiesta que se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud en
el régimen contributivo a través de Comfenalco Valle del Cauca EPS en calidad
de cotizante dependiente desde el 11 de abril de 2006.
2.
Afirma que el 28 de diciembre de
2006 dio a luz un hijo y solicitó el pago de la licencia de maternidad a la EPS
a la cual está afiliada.
3.
Que la entidad le negó el pago de
la prestación económica pese a que devenga un salario mensual básico de
$434.000 y no cuenta con otros ingresos para sufragar sus gastos y los de su
hijo.
C.
Actuaciones procesales
El 26 de febrero de 2007 el Juzgado Veintiseis Civil
Municipal de Cali admitió la acción de tutela y remitió el escrito a Comfenalco
Valle del Cauca EPS para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones.
Además el juez de instancia vinculó al proceso a la
empresa Pall S.A.
D.
Traslado y contestación de
la demanda.
Ø
Comfenalco Valle del Cauca EPS
La
apoderada judicial de Comfenalco Valle del Cauca EPS contestó la acción de
tutela el 14 de marzo de 2007 y manifestó que la señora Carolina Vahos Guzmán
se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud y que no se le
puede reconocer el pago de la licencia de maternidad debido al incumplimiento
en el período mínimo de cotización.
Para
sustentar tal afirmación la entidad refirió la siguiente información:
Periodo
No. De días cotizados.
Mayo/06
20
Junio/06
30
Julio/06
30
Agosto/06
30
Octubre/06
30
Noviembre/06
30
Diciembre/06
28
Total
días:
228
días divido 7 = 32.57
32.57
semanas cotizadas que se aproxima a 33.
Aduce
la empresa accionada que en el caso concreto el período de gestación la de
afiliada fue de 41 semanas y sólo cotizó al sistema durante 33 semanas lo
que da cuenta de la interrupción en las cotizaciones, hecho que da lugar a la
negación del pago de la licencia de maternidad.
Finalmente,
solicita la EPS al juez de instancia que ordene a la empresa “La locura
pasteles de hojaldre S.A.” a que en cumplimiento del artículo 3 del Decreto 047
de 2000 reconozca y pague la incapacidad a la trabajadora.
Ø
Productos alimenticios la
locura S.A. – Pall S.A.
El
apoderado judicial de la empresa contestó la acción de tutela el 15 de marzo de
2007 y se opuso a las pretensiones de la acción.
Aseguró
que la señora Carolina Vahos Guzmán empezó a trabajar para la empresa el 15 de
abril de 2006 y que desde tal fecha fue afiliada a seguridad social. Que
durante los días de cotización los pagos se hicieron cumplidamente por lo que
como empleador acató las disposiciones legales sin incurrir por su parte en
vulneración de los derechos fundamentales de la accionante.
Por
último, solicitó la entidad al juez de tutela que concediera la acción y
ordenara a la EPS el pago de la licencia de maternidad con el fin de proteger
los derechos de la peticionaria.
La
empresa adjuntó copia de los formularios de autoliquidación de aportes al
sistema de salud en el que se registran cotizaciones por el valor de un salario
mínimo legal mensual vigente.
II.
PRUEBAS
APORTADAS
EN INSTANCIAS.
1.
Copia de la respuesta del 6 de
febrero de 2007 a la señora Carolina Vahos Guzmán dada por Comfenalco Valle del
Cauca EPS, en la que se le informó de la negación de la licencia de maternidad
por no cumplir con el mínimo de semanas cotizadas exigidas por Ley. (Folio 5).
APORTADAS
EN SEDE DE REVISIÓN
El
26 de noviembre de 2007 la Sala Sexta de Revisión recibió memorial por parte de
Coomfenalco EPS en respuesta al auto de pruebas proferido el 29 de octubre de
2007 . En dicho oficio la EPS remitió copia del certificado de nacido vivo del
menor que nació  el 28 de diciembre de 2006, en el que se registran 41
semanas de gestación.
III.    DECISIONES  JUDICIALES
A.
Primera   Instancia.
El
Juzgado Veintiséis Civil Municipal de Cali mediante fallo del 22 de marzo de
2007 decidió DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela impetrada por la señora Carolina
Vahos Guzmán.
El
a quo sostuvo que conforme a la legislación vigente no existe obligación
por parte de la EPS de pagar la licencia de maternidad, ya que la tutelante
sólo cotizó a la EPS durante 8 de los 10 meses de embarazo.
Respecto
al empleador  PALL S.A.- el juez aduce que ésta cumplió con todas su
obligaciones legales pues afilió a su empleada a seguridad social de lo que se
concluye que no se genera con la actuación violación de derechos fundamentales.
B.
Impugnación.
La
señora Carolina Vahos Guzmán impugnó la decisión del Juzgado Veintiseis Civil
Municipal de Cali el 23 de marzo de 2007 afirmando que carece de recursos
económicos por lo que es urgente el pago de la licencia de maternidad.
El
apoderado judicial de la empresa productos alimenticios la locura S.A. presentó
memorial el 3 de mayo de 2007 en el que sostuvo que debe autorizarse a la
señora Carolina Vahos Guzmán el pago de la licencia de maternidad por parte de Comfenalco
Valle del Cauca EPS.
Adjunto
al oficio dos declaraciones extraprocesales rendidas por la señora Carolina
Vahos Guzmán ante la Notaria 19 del Circuito de Cali el 12 y el 20 de abril de
2007  respectivamente. En las declaraciones la tutelante declaró que es madre
cabeza de familia de dos menores de edad, que sus ingresos mensuales son
iguales a un salario mínimo. Expresa que vive en unión libre y que su compañero
no recibe ingresos mensuales fijos pues trabaja como ayudante en una
bulcanizadora.
C.
Segunda Instancia
El
Juzgado Décimo Civil del Circuito de Cali el 7 de mayo de 2007 decidió
CONFIRMAR la sentencia de primera instancia.
Concluyó
que de las pruebas aportadas en el expediente se ultima que la empresa productos alimenticios la locura S.A. no está en la
obligación de pagar la licencia de maternidad a la señora Carolina Vahos Guzmán
ya que cumplió con la obligación legal de afiliar a la accionante al sistema de
seguridad y pagó los aportes al sistema oportunamente; en el mismo sentido,
aseguró que no existe obligación sobre la materia por parte de la EPS pues la
accionante no cotizó al sistema por un período igual al de su gestación.
36.
EXPEDIENTE T-1´768.059
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Diana Yazmin Rubiano Useda interpuso acción
de tutela contra Salud Total EPS el día 3 de octubre de 2007 y solicitó la
protección de sus derechos fundamentales a la vida, la igualdad y a la salud.
Justificó su petición en los siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Diana Yazmin Rubiano
Useda manifiesta que se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en
Salud en el régimen contributivo a través de Salud Total EPS en calidad de cotizante
dependiente.
2.
Afirma que el 11 de julio de 2007
dio a luz un hijo y solicitó el pago de la licencia de maternidad a la EPS a la
cual está afiliada.
3.
Que la entidad le negó el pago de
la prestación económica argumentando que la afiliada no cotizó durante todo su
período de gestación al sistema de salud, pese a que es una persona de estrato
1 y en consecuencia de escasos recursos económicos.
4.
Finalmente expone que las semanas
de su gestación son inferiores a las 39 que se reportan en el certificado de
nacido vivo, pues la cesárea que le realizaron se debió a que el feto estaba
demasiado grande.
C.
Actuaciones procesales
El 5 de octubre de 2007 el Juzgado Cincuenta y Siete Civil
Municipal de Bogotá admitió la acción de tutela y remitió el escrito a Salud
Total EPS para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones.
Igualmente el juez de instancia solicitó a la accionante
que aportara copia de los formatos de cotización al sistema de seguridad social
e indicara si trabajaba para la fecha y acreditara sus ingresos mensuales.
E.
Traslado y contestación de
la demanda.
Ø
Salud Total EPS
El
Gerente y Representante Judicial de Salud Total EPS contestó la acción de
tutela el 11 de octubre de 2007 y manifestó que la señora Diana Yazmin Rubiano
Useda se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud y que de
ella reposa la siguiente información en la base de datos:
“El
29 de noviembre de 2004 la afiliada ingresó al sistema en calidad de
trabajadora dependiente del empleador ALITEC MAQUINARIA TÉCNIA quien reportó el
retiro laboral el 30 de diciembre de 2004. El 5 de diciembre de 2005 ingresó a
laborar con el empleador ENERGITEC quién cesó el pago de aportes por concepto
de salud en el mes de septiembre de 2006. Finalmente, el 4 de diciembre de 2006
ingresó a laborar con el empleador CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP CUNDINAMARCA y en
la fecha cuenta con un total de 83 semanas cotizadas al precitado sistema”.
Aseguró
la empresa accionada que  negó el pago de las prestación derivada de la
licencia de maternidad porque la usuaria no cotizó por un término igual al de
la gestación y no efectuó las cotizaciones al sistema de manera ininterrumpida.
Indicó
la EPS que en el caso concreto no se demostró la vulneración del derecho al
mínimo vital de la accionante, afectación que no se puede presumir por el juez
de instancia.
II.
PRUEBAS
APORTADAS
EN INSTANCIAS.
1.
Copia del carné de afiliación de
la señora Diana Yazmin Rubiano Useda a Salud Total EPS. (Folio 1).
2.
Copia del registro civil de
nacimiento del menor que dio a luz la señora Diana Yazmin Rubiano Useda el 11
de julio de 2007. (Folio 2).
3.
Copia del certificado de nacido
vivo del menor que dio a luz la señora Diana Yazmin Rubiano Useda el 11 de
julio de 2007. Se registran 39 semanas de gestación.  (Folio 3).
4.
Copia de la incapacidad
expedida por Salud Total EPS  el 12 de julio de 2007 a favor de la señora Diana Yazmin Rubiano Useda del 11 de julio de 2007 al 2 de octubre de 2007.
Tipo de usuario: Contributivo-cotizante estrato 1. (Folio 4).
5.
Copia del formato de negación
de medicamentos, expedido por Salud Total EPS el 2 de agosto de 2007 en el que se
justifica número de semanas de cotización inferior al número de semanas de
gestación. (Folio 5).
6.
Copia de la historia clínica
de la señora Salud Total EPS expedida por el Centro Policlínico del Olaya S.A. Impresión
diagnóstica principal: atención materna por desproporción debida a feto
demasiado grande. Se registra Tipo de usuario: Contributivo cotizante
estrato uno.  (Folios 6 a 8).
APORTADAS
EN SEDE DE REVISIÓN
El 1 de febrero de 2008 la Sala Sexta de Revisión
recibió memorial por parte de Saludtotal EPS en el que la entidad afirmó que
reiteró los argumentos esgrimidos en la contestación de la acción para que  se
rechace el amparo de tutela.
III.    DECISIÓN  JUDICIAL
A.
Única  Instancia.
El
Juzgado Cincuenta y Siete Civil Municipal de Bogotá mediante fallo del 18 de
octubre de 2007 decidió NEGAR la acción de tutela impetrada por la señora Diana
Yazmin Rubiano Useda.
El
a quo enunció que de acuerdo con las pruebas aportadas al proceso
existió interrupción en las cotizaciones al sistema de salud pues no existe
prueba de que el período de gestación haya sido de un tiempo menor al que
aparece en el certificado de nacido vivo del hijo de la tutelante. De lo
anterior decidió  el juez negar la tutela pues la madre no reúne los requisitos
para recibir el pago por la licencia de maternidad.
37.
EXPEDIENTE T-1´769.026
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Diana Ramirez Valbuena interpuso acción de
tutela contra Cafesalud EPS el día 27 de septiembre de 2007 y solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, la
vida digna como sujeto de especial protección. Justificó su petición en los
siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Diana Ramirez Valbuena
manifiesta que se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud en
el régimen contributivo a través de Cafesalud EPS en calidad de cotizante
dependiente.
2.
Aduce  que el 26 de enero de 2007
dio a luz una hija y solicitó el pago de la licencia de maternidad a la EPS a
la cual está afiliada.
Que
la entidad le negó el pago de la prestación económica.
Debido a la insuficiencia de información en la acción
de tutela impetrada la señora Diana Ramirez Valbuena rindió declaración jurada
ante el Juzgado Sexto Penal Municipal de Pereira Risaralda el 28 de septiembre
de 2007.
La accionante declaró que cotizó ininterrumpidamente
al sistema durante los últimos 5 años a través de la empresa CONSTRUVAL  hasta
el mes de agosto de 2007, mes para que terminó la relación laboral. Sin
embargo, manifestó que se enteró de que su empleador se encontraba en mora en
el pago de las cotizaciones al sistema de salud, que pese a ello quien hacia
los aportes mensuales era la afiliada directamente, razón por la que no
entiende lo de la mora en el sistema.
Expresó que el período de gestación fue del 16 de
abril de 2006 a enero 26 de 2007, período durante el cual cotizó cumplidamente
al sistema. Por otra parte, señaló que sus ingresos no superan los del salario
mínimo y que su cónyuge es mecánico por los que devenga $500.000 mensuales.
C.
Actuaciones procesales
El 27 de septiembre de 2007 el Juzgado Sexto Penal
Municipal de Pereira Risaralda admitió la acción de tutela y remitió el escrito
a Cafesalud EPS para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones.
D.
Traslado y contestación de
la demanda.
Ø
Cafesalud EPS
El
Administrador General de Cafesalud EPS contestó la acción de tutela el 4 de
octubre de 2007 y expresó que la accionante se encuentra vinculada al Sistema
General de Seguridad Social en Salud en el Régimen Contributivo a través de Cafesalud
EPS desde el 10/5/2001 y registra a la fecha 290 semanas cotizadas al sistema.
Que
a la usuaria le fue negado el pago de la prestación por licencia de maternidad
porque incurrió en mora durante el período de gestación por lo que debe
declararse improcedente la acción de tutela.
II.
PRUEBAS
1.
Copia del carné de afiliación de
la señora Diana Ramirez Valbuena a Cafesalud EPS. (Folio 7).
2.
Copia del certificado de
licencia expedido por Cafesalud EPS el 27 de enero de 2007 a favor de la señora Diana Ramirez Valbuena. (Folio 8).
3.
Copia del registro civil de
nacimiento del menor que dio a luz la señora Diana Ramirez Valbuena el 26 de
enero de 2007. (Folio 10).
III.    DECISIÓN  JUDICIAL
A.
Única  Instancia.
El
Juzgado Sexto Penal Municipal de Pereira Risaralda mediante fallo del 8 de
octubre de 2007 decidió declarar IMPROCEDENTE la acción de tutela impetrada por
la señora Diana Ramirez Valbuena.
El
juez de instancia señaló que no existe prueba de vulneración del derecho al
mínimo vital de la accionante ni de su hija, por lo que no debe amparase la
subsistencia de las mismas. Además señala el a quo que la acción de
tutela no es el medio idóneo para reclamar el pago de tales prestaciones
económicas.
38.
EXPEDIENTE T-1´772.373
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Soliria Lozano Rincón interpuso acción de
tutela contra Saludcoop EPS el día 25 de mayo de 2007 por intermedio de
apoderado judicial y solicitó la protección de sus derechos fundamentales.
Justificó su petición en los siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Soliria Lozano Rincón
manifiesta que se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud en
el régimen contributivo a través de Saludcoop EPS en calidad de cotizante
dependiente.
2.
Aduce  que el 27 de marzo de 2007
dio a luz un hijo y solicitó el pago de la licencia de maternidad a la EPS a la
cual está afiliada.
3.
Que la entidad le negó el pago de
la prestación económica, el 3 de abril de 2007 afirmando que no cumplía la
usuaria con las semanas de cotización.
C.
Actuaciones procesales
El 29 de mayo de 2007 el Juzgado Trece Civil Municipal de
Ibagué - Tolima admitió la acción de tutela y remitió el escrito a Saludcoop
EPS para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones.
E.
Traslado y contestación de
la demanda.
Ø
Saludcoop EPS
La
Gerente Regional de Saludcoop EPS contestó la acción de tutela el 5 de junio de
2007. Señaló que la accionante  se encuentra afiliada al Sistema General de
Seguridad Social en Salud en calidad de cotizante dependiente  desde el
3/16/2006, con un total de 244 semanas cotizadas al sistema.
Sostuvo
que la usuaria dio a luz un hijo el 28 de marzo de 2007 y que pese a que se le
otorgo la licencia de maternidad no se le reconoció la prestación económica
pues ésta  no cotizó al sistema durante todo el período de gestación. Al
respecto la entidad presentó la siguiente información:
“la
usuaria no cotizó el período correspondiente a los 9 meses de gestación. Se
realizaron los siguientes pagos:
Ø Afiliación 1 de marzo del 2006 al 30 de mayo del 2006 se cancela
afiliación por intermedio de la cooperativa de trabajo asociado, posteriormente
la misma cooperativa la afilia el 1 de agosto de 2006 hasta el 28 de febrero de
2007, sin cotizar de forma continua como lo dice el Decreto 047 de 2007.
Ø Posteriormente se afilia como independiente el 1 de marzo del 2007
igualmente sin cotizar de forma continua en el 2007”.
Finalmente,
Saludcoop EPS solicitó que se declarara improcedente la acción por no existir
vulneración de derechos fundamentales.
II.
PRUEBAS
1.  Copia del poder otorgado por la señora Soliria Lozano
Rincón al abogado Luis Octavio Arias Cruz el 25 de abril de 2007, (Folio 2).
2.  Copia del formulario de autoliquidación de aportes de
la señora Soliria Lozano Rincón por el mes de marzo de 2007. IBC: $433.700. (Folio
3).
3.  Copia de los resultados presentados por el Fondo de
Solidaridad y Garantía en Salud – FOSYGA- sobre la información de las
cotizaciones al sistema de salud de la señora Soliria Lozano Rincón. Fecha de
Afiliación 16/03/2006.
Periodos compensados
Días compensados
03/2007
0
03/2007
30
02/2007
30
01/2007
30
12/2006
30
11/2006
30
10/2006
30
09/2006
30
06/2006
30
05/2006
30
04/2006
30
4.
Copia del certificado de nacido
vivo del menor que dio a luz la señora Soliria Lozano Rincón el 27 de marzo de
2007. Semanas de gestación. 37. (Folio 8).
5.
Copia del registro civil de
nacimiento del menor que dio a luz la señora Soliria Lozano Rincón el 27 de
marzo de 2007. (Folio 10).
III.    DECISIÓNES  JUDICIALES
A.
Primera  Instancia.
El
Juzgado Trece Civil Municipal de Ibagué – Tolima mediante fallo del 13 de junio
de 2007 decidió NEGAR por  IMPROCEDENTE la acción de tutela impetrada por la
señora Soliria Lozano Rincón.
El
a quo consideró  que el pago de acreencias laborales escapa de la “orbita
de la competencia del juez de tutela”,  pues este amparo es un mecanismo
subsidiario, lo que torna improcedente el medio de defensa.
B.
Impugnación.
El
apoderado de la señora Soliria Lozano Rincón impugnó la decisión del Juzgado
Trece Civil Municipal de Ibagué - Tolima el 3 de julio de 2007. Expresó que no
le asiste razón al juez de primera instancia para negar el amparo por
improcedente, pues existe una afectación de los derechos fundamentales de la
peticionaria y así mismo prueba de que ésta cotizó al sistema durante todo el
período de gestación afirmación que se demuestra con la información expedida
por el FOSYGA y adjunta a la demanda.
C.
Segunda Instancia
El
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagué – Tolima  el 12 de septiembre de
2007 decidió CONFIRMAR la sentencia de primera instancia.
El
despacho reiteró que la EPS actuó conforme a las normas aplicables del régimen
de salud, pues se colige de las pruebas aportadas al proceso que la señora Soliria Lozano Rincón “se afilió a Saludcoop EPS
nuevamente, es decir, desde el 1 de agosto de 2006, cuando ya se encontraba en
gestación. (…) Así las cosas, es evidente que la accionante no cumplió con uno
de los requisitos indispensables para el acceso a la licencia de maternidad,
cual es la cotización ininterrumpida al sistema de salud durante todo el
período de gestación, como quiera que dejó de cotizar durante junio y julio de
2007, tal como se observa no sólo de los datos aportados por la entidad
accionada, sino del FOSYGA obrante a folio 5 del cuaderno 5, más exactamente en
los renglones 7 y 8 de la columna de periodos compensados”.
Con
fundamento en los motivos expuestos, el juez de segunda instancia decidió
confirmar la sentencia impugnada.
39.
EXPEDIENTE T-1´773.464
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Lorena Piza Sánchez interpuso acción de
tutela contra Coomeva EPS el día 6 de junio de 2007 por intermedio de apoderado
judicial y solicitó la protección de sus derechos fundamentales. Justificó su
petición en los siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Lorena Piza Sánchez
manifiesta que se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud en
el régimen contributivo a través de Coomeva EPS EPS en calidad de cotizante
independiente.
2.
Aduce  que el  28 de mayo de 2007
dio a luz un hijo y solicitó el pago de la licencia de maternidad a la EPS a la
cual está afiliada.
3.
Que la entidad le negó el pago de
la prestación económica por lo que ha visto afectado su derecho al mínimo
vital.
C.
Actuaciones procesales
El 8 de junio de 2007 el Juzgado Décimo Civil Municipal de
Neiva admitió la acción de tutela y remitió el escrito a Coomeva EPS para que
se pronunciara sobre los hechos y pretensiones.
El Juzgado Décimo Civil Municipal de Neiva el 9 de agosto
de 2007 vinculó a la COOPERATIVA ASSER al proceso y le solicitó que informara
si la señora Lorena Piza Sánchez estuvo vinculada a la empresa, indicando la
fecha de ingreso y de salida, como también el motivo de retiro de la misma. Tal
llamamiento al proceso se surtió debido a que el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Neiva, declaró la nulidad de lo actuado, el 25 de julio de 2007.
F.
Traslado y contestación de
la demanda.
Ø
Coomeva EPS
La
Directora de Coomeva EPS  oficina de Neiva contestó la acción de tutela el 12
de junio de 2007.
Aseguró
que “la accionante estuvo afiliada al sistema a través de dicha entidad
desde el 7 de abril de 2005 hasta el primero de septiembre de 2005 con la
Cooperativa Asesorias y Servicios ASEER C.T.A., reingresó el 11 de octubre de
2006 hasta el 01 de abril de 2006, el 20 de febrero de 2006 hasta el 20 de
julio de 2006 reingresó con TEMPOSUR LTDA., reingresó el 1 de octubre de 2006
hasta el 1 de febrero de 2007 con ASSER C.T.A, el 01 de enero de 2007 inició
cotización como TRABAJADOR INDEPENDIENTE. ACTIVO con 81 semanas de
cotización en el SGSSS como cotizante”. (Se subraya).
Así,
expuso la entidad accionada que al no cumplir la usuaria con los requisitos de
ley, no tiene derecho a la prestación económica que reclama, sin que con tal
actuación se presente vulneración de sus derechos fundamentales.
Finalmente,
la EPS adjunta certificado de pago en el que se consigna la siguiente
información:
Periodo
Fecha de Pago
IBC
Cotización
200704
04/04/2007
433.696
54.200
200703
05/03/2007
434.400
54.300
200702
29/01/2007
434.400
54.300
200702
26/02/2007
14.457
1.807
200701
16/01/2007
408.000
48.960
200701
29/01/2007
452.500
54.300
200612
15/12/2006
408.000
48.960
200611
15/11/2006
408.000
48.960
200608
29/08/2006
13.600
1.632
200607
11/07/2006
413.333
49.600
Ø
Asesorías y Servicios Asser
C.T.A Ltda.
La
Cooperativa dio respuesta a la acción de tutela y aseguró que “la señora Lorena
Piza Sánchez se vinculó a la Cooperativa como trabajadora asociada, el 1 de
octubre de 2006, por lo que cotizó al sistema durante los meses de noviembre  de
2006 a febrero de 2007”.
La
entidad aportó copia de las planillas de autoliquidación de los meses aportados
y manifestó que no existe relación laboral con la señora Lorena Piza Sánchez de
acuerdo con la Ley 79 de 1988 y el Decreto 468 de 1990.
II.
PRUEBAS
1.
Copia del carné de afiliación de
la señora Lorena Piza Sánchez a Coomeva EPS. (Folio 4).
2.
Copia del registro civil de
nacimiento del menor que dio a luz la señora Lorena Piza Sánchez el 28 de mayo
de 2007. (Folio 7).
3.
Copia del certificado de
incapacidad o licencia expedido por Coomeva EPS el 4 de junio de 2007 a favor de la señora Lorena Piza Sánchez. (Folio 8).
4.
Copias de los formularios de
autoliquidación de aportes de los meses de noviembre de 2006 a febrero de 2007.
III.    DECISIÓN  JUDICIAL
A.
Única  Instancia.
El
Juzgado Décimo Civil Municipal de Neiva mediante fallo del 25 de junio de 2007
decidió DENEGAR la acción de tutela impetrada por la señora Lorena Piza
Sánchez.
El
juez afirmó que no existe vulneración de derechos fundamentales pues la
negación de la prestación económica por licencia de maternidad tiene
justificación jurídica, ya que la accionante no cotizó ininterrumpidamente al
sistema durante el tiempo de su embarazo.
40.
EXPEDIENTE T-1´774.397
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Lady Diana Nuñez Moreno interpuso acción de
tutela contra Famisanar EPS el día 16 de octubre de 2007 y solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital y la vida digna.
Justificó su petición en los siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Lady Diana Nuñez Moreno
indicó que se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud en el
régimen contributivo a través de Famisanar EPS en calidad de cotizante
dependiente desde el 31 de agosto de 2002.
2.
Expresó  que el  29 de junio de
2007 dio a luz una hija y solicitó el pago de la licencia de maternidad a la
EPS a la cual está afiliada.
3.
Señaló que en el mes de octubre de
2006 cambió de empleador por lo que se registró tal novedad y que pese a ello
cotizó ininterrumpidamente al sistema durante las 37 semanas de gestación.
4.
Que la entidad le negó el pago de
la prestación económica alegando interrupción en las semanas de cotización.
5.
Indicó que con la negación se ha
visto afectado su derecho al mínimo vital, pues sus ingresos no le alcanzan
para solventar sus gastos por lo que ha recurrido a préstamos para cubrir sus
necesidades básicas.
C.
Actuaciones procesales
El 18 de octubre de 2007 el Juzgado Décimo Civil Municipal
de Bogotá admitió la acción de tutela y remitió el escrito a Famisanar EPS para
que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones.
D.
Traslado y contestación de
la demanda.
Ø
Famisanar EPS
El
Representante Legal como tercer suplente del Gerente General de Famisanar EPS
contestó la acción de tutela el 23 de octubre de 2007 y señaló que no existe
vulneración de los derechos fundamentales de la usuaria.
Que
la señora Nuñez Moreno cotiza desde el día 31/08/2002, a la fecha se encuentra
en estado activo, con 26 semanas de cotización al sistema y que NO REPORTA
NUEVE PERIODOS COTIZADOS DE FORMA COMPLETA E ININTERRUMPIDA de conformidad con
el artículo 3 del Decreto 047 de 2000, pues para el mes de noviembre de 2006
solo cotizó 27 días.
II.
PRUEBAS
1.
Copia del Formato de Novedades de
Famisanar EPS del 9 de octubre de 2006 en el que se registra cambio de
empleador. (Folio 6).
2.
Copia del formulario de
autoliquidación de aportes de la señora Lady Diana Nuñez Moreno al sistema de
salud del mes de noviembre de  2006. Días cotizados 6. (Folio 8).
3.
Copia de la historia clínica de la
señora Lady Diana Nuñez Moreno expedida por Famisanar EPS el 30/06/2007. Se
registran 37.5 semanas de gestación.  (Folios 10 y 11).
4.
Copia del carné de afiliación de
la señora Lady Diana Nuñez Moreno a Famisanar EPS. (Folio 14).
5.
Copia del registro civil de
nacimiento de la menor que dio a luz la señora Lady Diana Nuñez Moreno el 29 de
junio de 2007. (Folio 15).
6.
Copia del formato de negación de
incapacidades expedido por Famisanar EPS el 16/07/2007. Observaciones: No
cumple la usuaria con las mínimas semanas de cotización al sistema. (Folio 18).
7.
Copias de las respuestas remitidas
por Famisanar EPS a la señora Lady Diana Nuñez Moreno en el que se le informa
que por interrupción en las cotizaciones al sistema de salud, la usuaria no
tiene derecho al pago de la prestación económica por licencia de maternidad.
(Folio 19 a 22).
8.
Copia del certificado de
cotizaciones al SGSSS de la señora Lady Diana Nuñez Moreno expedido por
Famisanar EPS el 01/10/2006.
9.
Registra la siguiente información:
Periodo
IBC
Aporte
Días
Fecha de Pago
01/10/2006
$476.000
$57.120
30
09/10/2006
01/11/2006
$513.000
$61.560
22
09/11/2006
01/11/2006
$154.000
$18.480
5
08/11/2006
01/12/2006
$700.000
$84.000
30
06/12/2006
01/01/2007
$700.000
$84.000
30
09/01/2007
01/02/2007
$700.000
$87.500
30
08/02/2007
01/03/2007
$700.000
$87.500
30
08/03/2007
01/04/2007
$700.000
$87.500
30
10/04/2007
01/05/2007
$700.000
$87.500
30
08/05/2007
01/06/2007
$748.000
$93.500
30
08/06/2007
01/07/2007
$731.000
$91.375
30
11/07/2007
01/08/2007
$731.000
$91.375
30
10/08/2007
01/09/2007
$700.000
$87.500
30
07/09/2007
III.    DECISIÓN  JUDICIAL
A.
Única  Instancia.
El
Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá decidió NEGAR la acción de tutela
impetrada por la señora Nuñez Moreno mediante fallo del 30 de octubre de 2007.
El
a quo afirmó que de las pruebas que reposan en el expediente se concluye
que existe una interrupción en las cotizaciones al sistema de salud de la
señora Lady Diana Nuñez Moreno, pues en el mes de noviembre de 2006 solo se
aportó por un tiempo de 27 días quedando un faltante de 3 días que genera
incumplimiento de los requisitos para que se reconozca el pago de la licencia
de maternidad.
41.
EXPEDIENTE T-1´774.854
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Mile Joana Hernández Jaramillo interpuso
acción de tutela contra Susalud EPS el día 7 de septiembre de 2007 y solicitó
la protección de sus derechos fundamentales a la salud, la seguridad social y
la vida. Justificó su petición en los siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Mile Joana Hernández
Jaramillo sostuvo que se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en
Salud en el régimen contributivo a través de Susalud EPS en calidad de cotizante
dependiente desde el mes de julio de 2006.
2.
Indicó  que el  1 de julio de 2007
dio a luz un hijo y solicitó el pago de la licencia de maternidad a la EPS a la
cual está afiliada.
3.
Expresó que  el pagó de la
licencia de maternidad se le negó con el argumento de que la usuaria no cotizó
al sistema durante todo el período de gestación.
C.
Actuaciones procesales
El 13 de septiembre de 2007 el Juzgado Veinticuatro Penal
Municipal de Medellín admitió la acción de tutela y remitió el escrito a Susalud
EPS para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones.
E.
Traslado y contestación de
la demanda.
Ø
Susalud EPS
La
apoderada de  Susalud EPS contestó la acción de tutela el 18 de septiembre de
2007 y explicó que la usuaria cotizó interrumpidamente al sistema de salud
durante su embarazo, lo que impide que se le pueda reconocer el pago de la
licencia de maternidad. Así, insistió la entidad en que “la última
afiliación ininterrumpida se registra a partir del 7 de febrero de 2007, de
acuerdo con esta fecha el tiempo cotizado en forma ininterrumpida antes del
inicio de la licencia es de 20 semanas aproximadamente”.
II.
PRUEBAS
APORTADAS
EN INSTANCIAS.
1.
Copia de la licencia de maternidad
expedida por Susalud EPS a favor de Mile Joana Hernández Jaramillo el
2007/07/03. Fecha de inicio: 1 de julio de 2007. Fecha Final: 22 de septiembre
de 2007. (Folio 5).
2.
Copia de las constancias de pagos
de cotizaciones al sistema de salud de la señora Mile Joana Hernández Jaramillo
por parte de Enlace Operativo. Se registra la siguiente información:
Periodos
Días Cotizados
2007-07
30
2007-06
30
2007-05
30
2007-04
30
2007-03
30
2007-02
04
2007-02
24
2007-01
16
2006-12
24
2006-11
30
2006-10
30
2006-09
30
2006-08
30
2006-07
30
IBC:
$450.000.
(Folios
9 a 22).
APORTADAS
EN SEDE DE REVISIÓN
El 30 de enero de 2008 la Sala Sexta de Revisión
recibió memorial por parte de la señora Hernández Jaramillo con el que remitió
copia del certificado de nacido vivo del menor que dio a luz la accionante el 1
de julio de 2007 y en el que se registran 36 semanas de gestación.
III.    DECISIÓN  JUDICIAL
A.
Única  Instancia.
El
Juzgado Veinticuatro Penal Municipal de Medellín decidió NO CONCEDER la acción
de tutela impetrada por la señora Mile Joana Hernández Jaramillo mediante fallo
del 21 de septiembre de 2007.
Explicó
que en el caso no existen razones para que se vulnere el derecho al mínimo
vital, motivo por el que no se reúnen las condiciones definidas por la Corte
Constitucional para que se amparen los bienes jurídicos que se pretenden
tutelar.
42.
EXPEDIENTE T-1´777.990
I.
ANTECEDENTES
A.
Solicitud
La señora Luz Marina Celeita Cárdenas interpuso acción
de tutela contra Colmédica EPS el día 6 de agosto de 2007 y solicitó la
protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social y a la salud de
la mujer y de los niños. Justificó su petición en los siguientes:
B.
Hechos
1.
La señora Luz Marina Celeita
Cárdenas aseguró que se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en
Salud en el régimen contributivo a través de Colmédica EPS en calidad de cotizante
independiente desde el 11 de mayo de 2005.
2.
Explicó  que el  26 de febrero de
2007 dio a luz un hijo y solicitó el pago de la licencia de maternidad a la EPS
a la cual está afiliada.
3.
Expresó que la prestación le fue
negada por mora en el pago de las cotizaciones, y que pese a que tal
información es cierta la extemporaneidad se debió a su precaria situación
económica.
4.
Manifiesta que la EPS nunca
rechazó los pagos ni inició cobros jurídicos para reclamar el pago oportuno de
las cotizaciones, por lo que se allanó a la mora.
C.
Actuaciones procesales
El 9 de agosto de 2007 el Juzgado Cuarenta y Ocho Civil
Municipal de Bogotá admitió la acción de tutela y remitió el escrito a Colmédica
EPS para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones.
D.
Traslado y contestación de
la demanda.
Ø
Colmédica EPS
La
Representante Legal de Colmédica EPS contestó la acción de tutela el 14 de
agosto de 2007 y señaló que la usuaria incumplió con la oportunidad en el pago
de las cotizaciones al sistema de salud, pues se excedió el límite de tiempo ya
que los pagos se hicieron fuera de los términos establecidos para tal fin que
en el caso correspondía al 5 día hábil de cada mes.
La
entidad refirió la siguiente información:
Periodo
Fecha de
Pago
Pago
Oportuno
05/01/2006
05/12/2006
NO
06/01/2006
06/24/2006
NO
07/01/2006
07/15/2006
NO
08/01/2006
08/10/2006
SI
09/01/2006
09/21/2006
NO
10/01/2006
10/23/2006
NO
11/01/2006
11/24/2006
NO
12/01/2006
12/21/2006
NO
01/01/2007
01/19/2007
NO
02/01/2007
02/14/2007
NO
II.
PRUEBAS
1.
Copias de los formularios de
autoliquidación de aportes al sistema de salud de la señora Luz Marina Celeita
Cárdenas. Se registran los siguientes periodos y fechas de pago.
Periodo
Fecha de
Pago
05/01/2006
05/12/2006
06/01/2006
06/24/2006
07/01/2006
07/15/2006
08/01/2006
08/10/2006
09/01/2006
09/21/2006
10/01/2006
10/23/2006
11/01/2006
11/24/2006
12/01/2006
12/21/2006
01/01/2007
01/19/2007
02/01/2007
02/14/2007
(Folios 2 a 12).
Copia
de la licencia de maternidad expedida por Colmédica EPS a favor de Luz Marina
Celeita Cárdenas el 2007/03/22. Fecha de inicio: 26 de febrero de 2007. Fecha
Final: 20 de mayo de 2007. (Folio 13).
III.    DECISIÓN  JUDICIAL
A.
Primera  Instancia.
El
Juzgado Cuarenta y Ocho Civil Municipal de Bogotá decidió TUTELAR los derechos
fundamentales de la señora Luz Marina Celeita Cárdenas mediante fallo del 22 de
agosto de 2007.
Consideró
el juez que si bien de las pruebas obrantes se verifica que la usuaria no pagó
cumplidamente las cotizaciones al sistema de salud es claro que la EPS se
allanó a la mora de la afiliada pues no rechazó el pago de las cotizaciones.
Además, el a quo concluyó que en el caso concreto se presume la
vulneración del mínimo vital de la madre y de su hijo por lo que es procedente
conceder el amparo.
B.
Impugnación.
Colmédica
impugnó el fallo de instancia el 29 de agosto de 2007.  Solicitó que se
autorizara el recobro al FOSYGA a la EPS por el pago de la licencia de
maternidad, al respecto expresó: “resulta de trascendental importancia
recordar que es el Fondo de Solidaridad y Garantía el encargado de asumir los
valores de la licencia de maternidad, las EPS simplemente son delegatarias de
dicho pago y es finalmente ese fondo lo que asume su costo”.
C.
Segunda Instancia
El
Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogotá REVOCÓ el fallo de
instancia el 23 de octubre de 2007 y afirmó que no se dio aplicación al
principio de inmediatez. Agregó, que el conflicto que se suscitó entre las
partes sobre pagos extemporáneos en las cotizaciones al sistema de salud es una
cuestión que debe solucionar el juez ordinario.
MEMORIALES
COMUNES APORTADOS EN SEDE DE REVISIÓN.
El
apoderado judicial de Saludcoop EPS el 27 de septiembre de 2007 radicó ante la
Secretaría General de ésta Corporación memoriales para los expedientes
T-1666981, T-1668959, T-1667504, T-1667355 y T-1667202 en los que citó el
Decreto 047 de 2000 y las sentencias T. -1168 de 2000[4], T-414 y T-603 de 2006 y
083 de 2007 afirmando que en dichos fallos de tutela la Corte reiteró que ante
el incumplimiento del requisito mínimo de cotizaciones al sistema de salud por
parte de las madres que soliciten en pago por licencias de maternidad, las
entidades prestadoras de servicios de salud no son las responsables legales de
sumir la obligación.
Por
último afirma que en los casos que se tramitan ante la Corte se verifica el
incumplimiento del período mínimo de cotización de las accionantes lo que
impide la prosperidad del amparo.
IV.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
A.
Competencia
La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas por los artículos 86
y 241, numeral 9° de la Constitución Política, y los artículos 33 al 36 del
Decreto 2591 de 1991, es competente para revisar la sentencias proferidas
dentro de los procesos de la referencia.
B.
Fundamentos jurídicos
1.
Problemas Jurídicos que
plantean las demandas.
De los hechos expuestos en las solicitudes de tutela y de
las pruebas que reposan en los expedientes se colige: (i) que las
accionantes se encuentran afiliadas al sistema general de seguridad social en
salud por el régimen contributivo, algunas en calidad de cotizantes
dependientes y otras de independientes; (ii) que en consecuencia de su
estado de gravidez dieron a luz a sus hijos, razón por la que solicitaron a las
entidades promotoras de salud, mediante las que se encuentran afiliadas al
sistema, el reconocimiento y pago de las licencias de maternidad; (iii)
que las EPS se niegan a autorizar y pagar las prestaciones económicas derivadas
de las licencias por falta de cotizaciones al sistema durante el período de
gestación y/o por pago extemporáneo de las cotizaciones.
Se advierte así, que compete a esta Sala de Revisión
analizar y determinar: (i) el régimen y la importancia de la licencia de
maternidad como mecanismo de protección a la maternidad y a los niños; (ii)  la
procedencia de la acción de tutela para demandar el pago de licencias de
maternidad y el término de prescripción para interponer el amparo; (ii)
si existe vulneración del derecho al mínimo vital cuando se rechaza el pago de
las licencias de maternidad; (iii) los requisitos legales para que
proceda la autorización, el reconocimiento y pago de las licencias de
maternidad y las excepciones al régimen; (iv) el allanamiento a la mora
como excepción al contrato no cumplido en el pago extemporáneo de las
cotizaciones al sistema de salud; (v) las funciones y las obligaciones
del FOSYGA en relación al pago de licencias de maternidad, y (vi) si en
los casos sub examine se están vulnerando los derechos de las madres
gestantes, sujetos de especial protección.
Es importante señalar que esta Sala de Revisión sólo
resolverá los problemas jurídicos suscitados con ocasión del pago de las
prestaciones derivadas de  las licencias de maternidad, lo que implica que no
se entrará a definir relaciones laborales entre algunas de las partes, ya que
para ello las accionantes deben acudir a la jurisdicción ordinaria laboral,
como autoridad competente para resolver dichas pretensiones.
2.     La
licencia de maternidad como mecanismo de protección a la mujer embarazada y a
la niñez.
La implementación en Colombia de medidas de protección
a la maternidad en respuesta a las necesidades sociales y a las directrices de
organismos internacionales[5]
tiene diversos antecedentes a la Constitución de 1991, entre los que se
destacan el Convenio Nº 3 sobre la Protección de la Maternidad de 1919
proferido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la
Ley 129 de 1931,  que establece entre otros fundamentos:
“En todas las empresas industriales o
comerciales, públicas o privadas, o en sus dependencias, con excepción de las
empresas en que sólo estén empleados los miembros de una misma familia, la
mujer:
“a) no estará autorizada para
trabajar durante un período de seis semanas después del parto;
“b) tendrá derecho a abandonar el
trabajo mediante la presentación de un certificado que declare que el parto
sobrevendrá probablemente en un término de seis semanas;
“c) recibirá, durante todo el período
en que permanezca ausente en virtud de los apartados a) y b), prestaciones
suficientes para su manutención y la del hijo en buenas condiciones de higiene;
dichas prestaciones, cuyo importe exacto será fijado por la autoridad competente
en cada país, serán satisfechas por el Tesoro público o se pagarán por un
sistema de seguro. (…)
“d) tendrá derecho en todo caso, si
amamanta a su hijo, a dos descansos de media hora para permitir la lactancia.
Artículo 4
“Cuando una mujer esté ausente de su
trabajo en virtud de los apartados a) o b) del artículo 3 de este Convenio, o
cuando permanezca ausente de su trabajo por un período mayor a consecuencia de
una enfermedad, que de acuerdo con un certificado médico esté motivada por el
embarazo o el parto, será ilegal que hasta que su ausencia haya excedido de un
período máximo fijado por la autoridad competente de cada país, su empleador le
comunique su despido durante dicha ausencia o se lo comunique de suerte que el
plazo estipulado en el aviso expire durante la mencionada ausencia”. (Negrillas fuera del texto).
Tal
disposición internacional ha sido revisada en dos oportunidades por la OIT
mediante el Convenio 103 de 1952 en el
cual se dispone que la asistencia médica deberá comprender tanto los nueve
meses de embarazo, como el momento del parto y el post-parto. Para la misma
anualidad mediante la adopción de la recomendación número 95 se extendió el
período de descanso después del alumbramiento a 14 semanas, que deben ser
remuneradas con el 100% del salario que percibe la madre gestante.
Así,
las  instrucciones referidas se dirigen a dar protección especial a las mujeres
durante su gravidez y con posterioridad a ella, con el objeto de salvaguardar
los derechos de las madres y de los recién nacidos, y pugnar por la defensa de
los derechos fundamentales de tales sujetos de la población. Por ello, con la
reglamentación se pretendió impartir un descanso para las mujeres después del
parto, con el objeto de permitir el cuidado del menor y la recuperación de la
madre.
En
el mismo sentido, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ratificado por Colombia
mediante la Ley 74 de 1968, establece:
“Artículo 10
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:
(…)
“2. Se debe conceder especial protección a las madres
durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho
período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con
remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social. (…)”.
En
el año 2000 se revisó nuevamente el Convenio 3 de la OIT, mediante la adopción
del Convenio 183 en el que se consagraron los principios de protección a la
maternidad con la pretensión de eliminar la discriminación contra la mujer. Si
bien la revisión del 2000 no ha sido ratificada por Colombia,  tal disposición
coincide con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer , aprobada en  Colombia por la Ley 51 de 1981
que entre sus apartes contiene:
“LEY 51 DE 1981
(Junio 2)
“Por medio de la cual se aprueba la
"Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 18 de diciembre de 1979 y firmada en Copenhague el 17 de julio de 1980.
(…)
“2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y
asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán
medidas adecuadas para: a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo
de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre
la base del estado civil; b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo
pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo,
previo la antigüedad o beneficios sociales; (…)d) Prestar protección
especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya
probado puedan resultar perjudiciales para ella. (…)”
A
la disposición referente al descanso posterior al parto de la madre gestante,
con fundamento en directrices internacionales, se adicionó la remuneración
durante el período de licencia, con el objeto de permitir a la madre solventar
sus necesidades económicas y físicas durante el tiempo del post parto, al igual
que las del recién nacido.  Así, como forma de protección al derecho al mínimo
vital, se implementó en sustitución al salario el pago de la incapacidad
laboral.
Siguiendo
los lineamientos internacionales, la Constitución Política de 1991, al
introducir el régimen de Estado Social de Derecho en Colombia extendió la
protección de derechos a diversos sujetos de la población y entre ellos a las
mujeres gestantes, en razón de su condición física.
El
artículo 43 de la Constitución establece que la mujer “Durante el  embarazo y después del parto gozará de
especial asistencia y protección del Estado.” En el mismo sentido, el artículo 53 de la Carta define como principios
para la expedición del estatuto del trabajo la  protección especial a la mujer
y a la maternidad.
En
desarrollo de tal normativa, la Ley 50 de
1990, que modificó el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, definió:
“ART. 236.— Subrogado. L. 50/90, art. 34. Descanso
remunerado en la época del parto.
“1. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene
derecho a una licencia de doce (12) semanas en la época del parto, remunerada
con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso.
“2. Si se tratare de un salario que no sea fijo, como
en el caso de trabajo a destajo o por tarea, se toma en cuenta el salario
promedio devengado por la trabajadora en el último año de servicios, o en todo
el tiempo si fuere menor.
“3. Para los efectos de la licencia de que trata este
artículo, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico, en
el cual debe constar:
a) El estado de embarazo de la trabajadora;
b) La indicación del día probable del parto, y
c) La indicación del día desde el cual debe empezar la
licencia, teniendo en cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas
antes del parto”. (Negrillas fuera de
texto).
En efecto, el Código Sustantivo del Trabajo implementó
las pautas de orden internacional y constitucional sobre la protección a la
maternidad y a la niñez, permitiendo desarrollar la función social de esta fase
de la mujer y en consecuencia el impulso de  políticas públicas para favorecer
tal condición de maternidad.
En relación, el Decreto 956 de 1996  establece:
“Artículo 1º.- De las doce (12) semanas de licencia remunerada en la
época del parto, a que se refiere el numeral 1 del artículo 236 del Código
Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 34 de la Ley 50 de 1990, por
lo menos seis (6) deberán ser tomadas con posterioridad al parto, aún en el
evento en que la trabajadora ceda la semana de descanso a su esposo o compañero
permanente”.
De los
citados artículos se concluye que al definir y establecer la licencia de
maternidad el legislador se trazó dos propósitos claros: el primero, referente
a permitir que la mujer que de a luz un hijo goce de un descanso que le permita
recuperarse después del parto y velar por su hijo recién nacido, y el segundo,
relacionado con que tal vacancia sea remunerada con el objeto de salvaguardar
el derecho al mínimo vital de la madre y del menor.
Por su
parte la jurisprudencia constitucional ha dicho[6]:
“La
licencia de maternidad es un término genérico con el que se denominan dos
prestaciones:  por un lado, la vacancia laboral que se otorga a
la mujer durante la lactancia, que corresponde a 12 semanas y, por el otro, el pago
del salario que hubiese devengado de haber continuado laborando durante
el mismo período. Su objeto es la manutención de la madre y del recién nacido
durante el período que ella necesita para restablecerse antes de volver a sus
labores, para no poner en peligro su salud ni la del niño. Identificada su
importancia, la verificación del reconocimiento y pago de esta prestación
requiere de una protección eficaz por parte del Estado y, dado el caso, del
Juez de Tutela, por lo que se concluye  que el derecho al reconocimiento y pago
inmediato de la licencia de maternidad no puede considerarse como un derecho de
carácter legal y, por el contrario, debe considerarse como un derecho de
carácter fundamental, de orden prevalente, cuando se amenaza el mínimo vital y
móvil de la madre y el niño”.
En tal contexto, debe el Estado propender hacia la
garantía de  los derechos de las madres gestantes[7] y de los niños en
sujeción al fuero de maternidad que se conduce a la aplicación de los
principios del Estado Social de Derecho. La maternidad debe ser así reconocida
socialmente y además protegida como derecho humano[8].
3.   Procedencia y
término de la acción de tutela para solicitar el reconocimiento y pago de la
licencia de maternidad.
a.
Reglas de procedencia de la
acción de tutela para reclamo de prestaciones para licencia de maternidad.
Ø
Agilidad de la acción de tutela
para la protección de los derechos de las madres gestantes y los recién
nacidos.
El
régimen jurídico que regula la seguridad social en Colombia establece algunos mecanismos
judiciales de defensa para proteger y garantizar los derechos que se derivan
del sistema constitucional y legal colombiano. En principio la jurisdicción
ordinaria laboral es la competente para resolver los conflictos que se
presenten con ocasión del derecho a la seguridad social y específicamente de
los desacuerdos que se susciten en la prestación de servicios que impliquen
erogaciones y pagos de carácter económico.
Precisamente,
se tiene como regla general que la acción de tutela no es el mecanismo
principal para resolver tales conflictos, pues su carácter subsidiario definido
por el artículo 86 de la Constitución Política, indica que sólo en caso de no
existir otro medio judicial de defensa, procede el amparo referido.
Sin
embargo, y aunque las demandas en las que se soliciten pagos de tipo económico
deben tramitarse por procesos ordinarios, existen ciertos casos en los que la
acción de tutela se convierte en el procedimiento necesario para la protección
de derechos, por estar en riesgo por ejemplo, el mínimo vital de sujetos de
especial protección.
Al
respecto, desde sus inicios está Corte ha sostenido[9]:
“(…) Excepcionalmente, la Corte ha considerado que
pese a la existencia del proceso ejecutivo laboral, algunas prestaciones o
derechos podrían ser exigidos a través de la acción de tutela, en especial
cuando resultan manifiestos la arbitrariedad de la administración y los efectos
gravosos que ésta proyecta sobre los derechos fundamentales de las personas.
(…)
“Bajo ciertos aspectos y en determinadas
circunstancias, el auxilio de maternidad protege el mínimo vital. Por
consiguiente, la acción de tutela como medio judicial subsidiario podría
convertirse en el cauce procesal idóneo para exigir su cancelación de modo que
la prestación cumpla la finalidad para la cual fue instituida(…)”.
Ante
tales consideraciones, y teniendo en cuenta que en ocasiones los medios
judiciales ordinarios no son los más ágiles para la reclamación de los
derechos, la jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado:
“3. específicamente en cuanto a
la procedencia de la acción de tutela para ordenar el pago del auxilio a la
maternidad, la jurisprudencia constitucional ha considerado que,
excepcionalmente, procede la tutela para efectos de aplicar las normas
constitucionales que protegen a la mujer gestante y a su hijo. Por ende, es
oportuno sintetizar la doctrina constitucional en las siguientes premisas:
“a) Si bien el artículo 43 de la
Carta consagra un derecho prestacional en favor de la mujer y el recién nacido,
éste puede adquirir el rango de fundamental por conexidad con otros derechos
como la vida digna, la seguridad social y la salud de la madre y del bebe. De
ahí que, en algunas ocasiones, los derechos a la especial asistencia y
protección durante y después del embarazo, adquieren categoría ius fundamental.
Sentencias T-175 de 1999, T-210 de 1999, T-362 de 1999, T-496 de 1999.
“b) El derecho al pago de la
licencia de maternidad adquiere relevancia constitucional cuando su vulneración
o amenaza afectan el mínimo vital de la madre y el recién nacido. Sentencias
T-568 de 1996, T-104 de 1999, T-365 de 1999, T-458 de 1999,
“c) En virtud de lo anterior, el
pago de la prestación económica debe discutirse ante la jurisdicción ordinaria
competente, salvo si existe afectación del mínimo vital, en cuyo caso, adquiere
competencia la jurisdicción constitucional. Sentencias T-139 de 1999, T-210 de
1999.
“d) En aquellos casos en los que
la licencia de maternidad constituye salario de la mujer gestante y éste es su
único medio de subsistencia y el de su hijo, la acción de tutela procede para
proteger el mínimo vital. Sentencia T-270 de 1997, T-567 de 1997”.(Se subraya).
De
la jurisprudencia citada se colige que la regla general indica que la acción de
tutela no procede para solicitar el reconocimiento y pago de la licencia de
maternidad; no obstante, se ha definido que excepcionalmente el amparo procede
para proteger derechos fundamentales como el mínimo vital. En tales condiciones,
y en caso dé que se de cumplimiento a las reglas jurisprudenciales citadas, el
juez de tutela debe conducir su acción a garantizar la salvaguarda el mínimo de
subsistencia de la madre gestante y del recién nacido.
En
conclusión, y como ya se ratificó en la sentencia T-139 de 1999[10]: “4.4. No
existe, en principio, un medio de defensa judicial al que puedan acudir las
actoras para el reconocimiento de sus derechos,  y que pueda considerarse
idóneo para el efecto. La acción ordinaria ante el juez laboral, e incluso la
demanda de nulidad ante el contencioso administrativo, no  pueden considerarse
como medios eficaces para la protección que se solicita a través de  la acción
de tutela de la referencia”.
Ø
Procedencia de la acción de
tutela por vulneración del derecho al mínimo vital.
Como se anotó,
el pago de la licencia de maternidad es en principio un derecho prestacional
que adquiere la categoría de fundamental después del embarazo y el nacimiento
del recién nacido; en concordancia al recibir el derecho el rango de
constitucional compete a esta jurisdicción solucionar las controversias que se
presenten siempre y cuando el acervo probatorio permita identificar que existe
una afectación del derecho mínimo de subsistencia y así la acción de tutela sea
el mecanismo idóneo para la protección del bien jurídico amenazado[11].
En tal sentido, la accionante que
reclama el pago de la licencia de maternidad posee la carga de aportar las
pruebas que permitan evidenciar que existe la vulneración al derecho al mínimo
vital, con el objeto de presentar al juez su situación económica y la
afectación de la misma. Sin embargo, para no hacer dicha carga gravosa para la
peticionaria, el solo hecho de afirmar que existe vulneración del mínimo vital
es una presunción a la que debe aplicarse el principio de veracidad.
Adicionalmente, en ciertos casos, el juez constitucional en procura de
resguardar los derechos de los niños y de las madres gestantes puede presumir
la vulneración del derecho cuando quien solicita la prestación económica es una
persona de escasos recursos.
Al respecto sostuvo esta
Corporación[12]:
“La
peticionaria se encuentra padeciendo difíciles condiciones económicas, a causa
de la no cancelación oportuna de la licencia de maternidad a que tuviera derecho.
Su insolvencia económica la basa en que no cuenta con otros medios que puedan
proporcionarle una digna subsistencia para ella y su hijo, en tanto no goza del
apoyo decidido del padre del menor, constituyendo el presupuesto para ser
considerada una madre cabeza de familia, la cual se encuentra especialmente
protegida por el art. 43 inciso final de la Carta Fundamental. Además,
encuentra la Corte que puede presumirse que la demandante es una persona de
escasos recursos económicos, lo cual queda demostrado con la verificación del
salario de cotización que aparece reportado en los formularios de
autoliquidación, pues tan sólo asciende al mínimo legal vigente, lo que se
constituye en un indicio de su falta de capacidad económica”.
De lo anterior se deduce que, en
los casos en los cuales la madre gestante es una persona de una estrato socio
económico bajo y en tal sentido pertenezca a un sector vulnerable de la
población, debe aplicarse el principio de presunción de veracidad y en
consecuencia proteger los derechos de la mujer, pues se hace innegable e
indiscutible  que la madre por su escasa situación económica debe ser
privilegiada por el Estado.
Tal posición ha sido reiterada
por la Corte, que afirmó[13]:
“7.1. La Corte Constitucional ha señalado que se
presume la afectación del mínimo vital de una madre gestante o lactante y de su
hijo recién nacido, por el no pago de la licencia de maternidad, cuando devenga
un salario mínimo[14] o
cuando el salario es su única fuente de ingreso[15]”. (Se subraya).
Este supuesto no significa que la
acción de tutela sólo proceda en los casos de mujeres que devenguen solamente
un salario mínimo, pues si la mujer manifiesta que pese a recibir un ingreso
más alto, la falta del pago de la licencia puede poner en peligro su
subsistencia y la de su hijo, el juez debe valorar el caso y así mismo, revisar
si el amparo es indispensable o no.
Si bien en los casos en los que
los ingresos de las mujeres no superan el salario mínimo o pertenecen a
estratos socio económicos bajos, existe una presunción en la vulneración de su derecho
al mínimo vital, ello no es razón suficiente para que a las mujeres que reciban
más ingresos o sean de estratos socio económicos más altos, se les niegue el
pago de la prestación por la no afectación del derecho.
Ø    Presunción de la vulneración del derecho al mínimo
vital por el no pago de la licencia de maternidad.
De acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, el derecho al mínimo vital en cada caso es relativo, a las
condiciones particulares de su titular por lo que no es posible definir reglas
generales y estándares para todas las situaciones. Además, tratándose de una
prestación por licencia, que remplaza el pago  del salario, no es posible
afirmar que no existe vulneración del mínimo vital, ya que en la regularidad de
los casos el pago del salario es imprescindible para garantizar el derecho a la
vida digna de quien lo recibe.
Así, aunque se ha sostenido que
debe demostrarse  la vulneración del derecho al mínimo vital para que proceda
la acción de tutela, esta Sala considera en concordancia con la
jurisprudencia precedente que el derecho al pago del salario como esencial para
la subsistencia de las madres gestantes, más aún cuando debe ésta responder por
las necesidades económicas del recién nacido, razón por la que la sola negación
del pago de la licencia de maternidad permite suponer la vulneración del
derecho fundamental al mínimo vital.
En la sentencia SU-995 de 1999 esta Corporación sostuvo en cuento al
salario:
“La idea o principio que anima
la garantía de percibir los salarios y las demás acreencias laborales, se
asienta en una valoración cualitativa, antes que en una consideración meramente
cuantitativa. Las aspiraciones del trabajador a un mejor nivel de vida, y las
posibilidades de planear la distribución de sus ingresos,  todo a partir de la
asignación económica establecida en la ley o el contrato de trabajo, son
razones que impulsan y respaldan al funcionario judicial para exigir del
empleador un estricto cumplimiento de la obligación al pago oportuno y completo
de la remuneración asignada a cada empleado.
“Si bien ciertos criterios
económicos permiten fijar un salario mínimo, como base ineludible para la
negociación colectiva o individual del salario entre las partes de una relación
laboral, ésta es una medición que no agota el aludido concepto de mínimo vital
protegida por la Constitución, ni puede identificarse con él sin dar al traste
con la cláusula del Estado Social de Derecho y desnaturalizar el principio de
igualdad consagrado en el artículo 13 Superior. En efecto, cada individuo
que ingresa al mercado laboral -independientemente del estrato que ocupe-,
recibe una retribución económica que, en principio, constituye la base de los
gastos de manutención que plausiblemente espera cubrir y de las carencias que
aspira superar.  De ahí, que la idea de un mínimo de condiciones decorosas de
vida (v.gr. vestido, alimentación, educación, salud, recreación), no va ligada
sólo con una valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas por
satisfacer para subsistir, sino con la apreciación material del valor de su
trabajo, de las circunstancias propias de cada individuo, y del respeto por sus
particulares condiciones de vida”. (Se subraya).
Bajo las condiciones previstas,
es importante mencionar que si la afiliada al sistema de salud  que queda en
estado de embarazo deja de percibir salario debe presumirse que su situación
económica se afecta y en consecuencia su derecho al mínimo vital. Tal supuesto debe
ser aplicado igualmente para las mujeres que en calidad de cotizantes
independientes se afilian al sistema, pues sus ingresos se verán disminuidos
por su nueva situación de mujeres que dan a luz un hijo. En consecuencia, el no
percibir ingresos por un período de 84 días (tiempo de la licencia de
maternidad) indica la vulneración del derecho al mínimo vital, que se presume
por la falta de salario. Al respecto indicó esta Corporación[16]:
“ el no pago del salario constituye el desconocimiento
de un derecho de índole laboral (…);cuando ese ingreso es la única fuente de
subsistencia para una persona, el incumplimiento, además, se torna en violación
a los derechos fundamentales a la dignidad y subsistencia del individuo[17] y hasta los de su
familia, que resultan comprometidos por la carencia de recursos económicos para
solventarla(…).
“En las
condiciones indicadas, es decir, cuando el salario es la única fuente de
ingresos, para la jurisprudencia constitucional representa el mínimo de
recursos que le es vital a la persona para atender las necesidades básicas para
llevar una vida en condiciones dignas, atendiendo sus requerimientos primarios
de subsistencia[18];
por lo que considera que la omisión en su pago, aún más si es prolongada,
deriva en una situación de relevancia constitucional para el trabajador, en que
se presume el menoscabo del derecho a su mínimo vital, invirtiéndose la carga
de la prueba al patrón, quien deberá comprobar la no exclusividad de la fuente
de ingresos en ese concepto [19].”.
En este sentido, si la afiliada
al sistema reclama el pago de la licencia de maternidad y la EPS rechaza la
solicitud, ésta tiene la carga de la prueba y es la llamada a controvertir que
no existe vulneración del derecho al mínimo vital; si por el contrario, la
entidad no controvierte las afirmación de la usuaria, el juez de tutela debe
presumir la vulneración del derecho mínimo de subsistencia, y en consecuencia,
proceder al amparo de los derechos reclamados.
En la misma dirección, para esta
Sala es claro que cuando la peticionaria  interpone la acción de tutela está
solicitando la protección de un derecho vulnerado y así mismo afirmando la
afectación del mismo, razón por la que no debe exigirse con la presentación del
amparo que la tutelante manifieste en forma expresa dicha violación al mínimo
vital, pues la presentación de la acción de tutela es una manifestación tácita
de la amenaza del derecho fundamental, que hace imperante la intervención del
juez constitucional en el asunto.
En efecto, el juez de tutela
tiene un deber oficioso que no puede limitarse a la valoración aislada del
acervo probatorio que se aporte, si no que debe además analizar la situación
particular de la accionante.
Ø    La vulneración del derecho al
mínimo vital debe valorarse independiente a la situación económica de su
cónyuge, compañero permanente o núcleo familiar.
Vale resaltar que las circunstancias
propias de la madre gestante deben atender a sus condiciones económicas personales
sin que sea posible afirmar que la protección al mínimo vital dependa de las
circunstancias de su cónyuge, compañero permanente o núcleo familiar. Al
respecto ha reiterado esta Corporación[20]:
“ (…) Respecto a la improcedencia de la acción de
tutela se deberá precisar que el estado matrimonial de la gestante, parturienta
o puérpera no puede considerarse para negar o conceder el amparo constitucional
por maternidad puesto que la presencia o ausencia del cónyuge o compañero
son indiferentes en la adquisición del derecho de la mujer trabajadora a
obtener remuneración durante la etapa subsiguiente al parto y por lo tanto
resultan ajenos para invocar la protección constitucional que garantiza su
cumplimiento.
De otra parte, tampoco resulta pertinente
analizar la condición económica del grupo familiar con miras a establecer la
procedencia de la acción porque, no debe confundirse la protección
constitucional al descanso remunerado con la subvención alimenticia a que
accede la madre desamparada o desempleada porque, si bien es cierto en
uno y otro caso se propende por garantizar el clima de paz y tranquilidad que
requieren la madre y el recién nacido durante esta transcendental e
irrecuperable etapa en la vida de ambos, la Carta Política (art 43) los
distingue por su origen: la mujer trabajadora adquiere el derecho con su
propio concurso, mientras que la madre desempleada o desamparada puede
exigir la subvención por la precaria situación económica que padece. En el
primer caso deberá analizarse si la trabajadora cumplió los requisitos exigidos
para tener derecho a la prestación y si tiene recursos propios que le permitan
subsistir en el período subsiguiente al parto; mientras que en el segundo caso
habrá de valorarse su situación económica y la de su grupo familiar para
determinar si la invocante tiene derecho a la asistencia económica.(…)”. (Se
subraya).
De
tal forma, la trabajadora que ha cotizado al sistema general de seguridad
social adquiere el derecho al pago de la prestación, ajena e independientemente,
a su situación familiar, sin que exista una motivación jurídica para que esta
tenga incidencia en el reconocimiento de un derecho personal y propio.
b.
Término para que proceda la
acción de tutela en reclamo del pago de la licencia de maternidad.
Revisando
los avances de la jurisprudencia sobre la materia y con la claridad de la
procedencia del amparo de tutela, es importante estudiar el término en el que
es posible interponer la acción.
En
sus comienzos esta Corporación sostuvo que sólo era posible dar trámite a la
acción constitucional cuando está se impetrara dentro del término de la
licencia, es decir, en un período no mayor a 84 días[21]. En tal sentido se
sostuvo[22]:
“la acción de tutela en el caso sub-lite, no está
llamada a prosperar porque, si bien es cierto la accionante obtuvo licencia y
gozó del derecho al descanso remunerado por maternidad, la prestación económica
a la que eventualmente puede tener derecho por la misma causa no se reclamó
durante el período posterior al parto, inactividad que demuestra que para la
madre no fue indispensable contar con esos recursos y son, la conexidad con
este período y la necesidad de atender la subsistencia de la madre y el niño
durante el mismo, los elementos requeridos para que una prestación dineraria
adquiera rango de derecho fundamental y pueda ser reclamada por vía de tutela”.(Se subraya).
Así,
en la jurisprudencia se decidió que la prestación solamente podía ser reclamada
durante el período de la licencia, pues de lo contrario el daño ya estaría
consumado y perdería sentido la protección constitucional[23].
Tal
situación fue reiterada en el siguiente sentido:
“Por ello, la jurisprudencia de la Corte afirma que
para el caso específico del pago de la licencia de maternidad, la protección en
sede de tutela se torna improcedente si la acción se presenta después de que ha
fenecido su término (doce semanas, de acuerdo al artículo 236 del Código
Sustantivo del Trabajo), conforme a los siguientes criterios:
a.     “Si se ha solicitado el amparo después del término de
la incapacidad, se presume que la madre no requirió la prestación económica
para solventar sus necesidades básicas y del menor durante ese lapso y por ello
el juicio de existencia sobre la afectación del mínimo vital se decide de manera
negativa[24].
b.     “Si transcurre el término de la licencia sin que se
cancele el descanso remunerado respectivo, se presenta un perjuicio causado y
por ello no es posible proteger los derechos a través de la acción de tutela,
según lo consagrado en el numeral 4º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de
1991[25].
En
conclusión, de acuerdo con el artículo
6 del Decreto 2591 de 1991 cuando se evidencia que la violación del derecho
originó un daño consumado, como es el caso de las madres que interpusieron la
acción de tutela  transcurrido el período asignado para la licencia de
maternidad, la jurisprudencia inicial de la Corte sostenía que no procedía el
amparo pues no existía forma de proteger un derecho que había sido perjudicado
y que debía reclamarse por la vía ordinaria.
Pese
a la amplia jurisprudencia que desarrolló la materia de la improcedencia por
fenecimiento del término de la licencia de maternidad, en el año 2003, la Corte
Constitucional, cambió la posición jurisprudencial y extendió el término para
la interposición del amparo de tutela a un (1) año, con el objeto de proteger
efectivamente los derechos de las madres gestantes y de los menores recién
nacidos.
Al
respecto, en la sentencia T-999 de 2003[26]
se expuso:
“Sin negar en ningún momento la solidez de la
argumentación que sirvió de soporte a la anterior jurisprudencia, y teniendo
presente que los 84 días dentro de los cuales se obligaba a la madre a demandar
en tutela correspondían al término legal de su licencia, considera en esta
ocasión la Sala, que la anterior garantía se fue convirtiendo con el paso del
tiempo, y por un aprovechamiento injustificado de esa jurisprudencia de parte
de las E.P.S., en un formalismo insalvable para la protección efectiva de una
cuestión de talante sustantivo como son las condiciones para proteger a la
mujer durante el embarazo y después del parto  y al bebé recién nacido.
(…)
“Siendo el parto un hecho físico certificado por el
médico que atendió a la madre, aparece claramente establecido que el derecho a
la licencia, se configuró y surgió a la vida jurídica y que no esta en
discusión.
“No se trata entonces de desconocer el derecho a la
licencia, sino de fijar el plazo para su reclamación.
“Lo primero que debemos
advertir es que el plazo no puede ser tan perentorio que haga irrito o
nugatorio el derecho que ya se tiene.
“El plazo no puede desconocer valores, principios o
normas constitucionales como los artículos 43 que establece que después del
parto la madre goza de especial protección del Estado; o el 53 que reitera
la protección especial a la maternidad; o el artículo 44 que ordena que los
derechos de los niños prevalezcan sobre los derechos de los demás o el artículo
50 que manda a proteger y dar seguridad social a todo niño menor de un año.
“Observa la Corte que se trata de un caso especial de
protección, doblemente reforzada, pues concurren los derechos constitucionales
del hijo y de la madre al mismo tiempo, que forman una unidad, que es mayor que
la suma de los factores que la integran (madre e hijo) y que por lo mismo debe
protegerse en todos sus aspectos y en su unidad.
“No hay duda que la licencia de maternidad se concede
en interés de la genitora, pero también y especialmente en interés del niño y
sirve para atender necesidades de la madre, pero también para solventar las del
niño incluidas las de su seguridad social o protección.  Siendo la voluntad del
constituyente que los derechos del niño prevalezcan sobre todos los de los
demás, y que durante el primer año de vida gocen de una protección especial, el
plazo para reclamar el derecho a la licencia por vía de tutela no puede ser
inferior al establecido en el artículo 50 de la Constitución o sea 364 días y
no 84 como hasta ahora lo había señalado jurisprudencialmente esta Corporación. (Se
subraya).
Dicha jurisprudencia ha sido reiterada por esta
Corporación[27] con el
fin de eliminar formalismos que limitan la salvaguarda de derechos
fundamentales, ante todo tratándose de sujetos de especial protección como lo
son los niños recién nacidos y las progenitoras, afirmando que el término de 84
días para que proceda la acción de tutela es precario y por ello el término
debe extenderse a un año, con el objeto de garantizar el efectivo acceso a la
administración de justicia y la salvaguarda de los derechos fundamentales como
el mínimo vital.
Por ello pensar en un término corto para la
presentación de la tutela puede conducir a una vulneración del derecho que
queda desprotegido de todo amparo de rango constitucional, razones por las que
esta Sala reiterará la jurisprudencia citada en el entendido de que un año es
un término razonable para que proceda el amparo de tutela en los casos.
La tesis vigente debe además fundarse y reforzarse en
el artículo 50 del Decreto 758 de 1990 que establece:
“ARTÍCULO 50. PRESCRIPCION. La
prescripción para el reconocimiento de una mesada pensional prescribe en cuatro
(4) años; la acción para el reconocimiento de las demás prestaciones y el
derecho a cobrar cualquier subsidio, prestación (…) prescribe en un (1) año.
Las prescripciones consagradas en este artículo
comenzarán a contarse a partir de la exigibilidad del respectivo derecho”.
Lo anterior permite confirmar el argumento de esta
Corporación, según el cual este tipo de prestaciones económicas que se
reconocen por el sistema de seguridad social, tienen un término de fenecimiento
con el objeto de no dejar indefinido un derecho causado y no demandado, que
para el caso del cobro de licencias de maternidad es de un año, período que
permite proteger los derechos de las madres en estado de gravidez que dan a luz
un hijo. Igualmente, salvaguarda los intereses de las EPS, puesto que no se
deja indefinida una situación de hecho al arbitrio de la reclamación del
titular del derecho.
En conclusión, para que la acción de tutela proceda en
el caso de reclamar licencias de maternidad, la demanda debe presentarse en el
término del año siguiente, contado a partir del nacimiento del menor.
4. Requisitos legales para que proceda la
autorización, el reconocimiento y pago de las licencias de maternidad,  y las
excepciones al régimen.
Ø
Antecedentes normativos y
jurisprudenciales.
El régimen legal de seguridad social en salud
establece requisitos para el reconocimiento y pago de las incapacidades que se
otorguen en razón de licencias de maternidad. Al respecto el Decreto 806 de
1998 establece en su articulado[28]
“ARTICULO 21. RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LICENCIAS. Los
empleadores o trabajadores independientes, y personas con capacidad de pago,
tendrán derecho a solicitar el reembolso o pago de la incapacidad por
enfermedad general o licencia de maternidad, siempre que al momento de la
solicitud y durante la incapacidad o licencia, se encuentren cumpliendo con las
siguientes reglas:
“1. Haber cancelado en forma completa sus cotizaciones
como Empleador durante el año anterior a la fecha de solicitud frente a todos
sus trabajadores. Igual
regla se aplicará al trabajador independiente, en relación con los aportes que
debe pagar al Sistema. Los pagos a que alude el presente numeral, deberán
haberse efectuado en forma oportuna por lo menos durante cuatro (4) meses de
los seis (6) meses anteriores a la fecha de causación del derecho.
Cuando el empleador reporte la novedad de ingreso del
trabajador, o el trabajador independiente ingrese por primera vez al Sistema,
el período de que trata el presente numeral se empezará a contar desde tales
fechas, siempre y cuando dichos reportes de novedad o ingreso al Sistema se
hayan efectuado en la oportunidad en que así lo establezcan las disposiciones
legales y reglamentarias.
Esta disposición comenzará a regir a partir del 1o. de
abril del año 2000.
“2. No tener deuda pendiente con las entidades
promotoras de salud o Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud por
concepto de reembolsos que deba efectuar a dichas entidades, y conforme a las
disposiciones vigentes sobre restricción de acceso a los servicios
asistenciales en caso de mora.
Conforme a la disposición contenida en el numeral 1
del presente artículo, serán de cargo del Empleador el valor de las licencias
por enfermedad general o maternidad a que tengan derecho sus trabajadores, en
los eventos en que no proceda el reembolso de las mismas por parte de la EPS, o
en el evento en que dicho empleador incurra en mora, durante el período que
dure la licencia, en el pago de las cotizaciones correspondientes a cualquiera
de sus trabajadores frente al sistema.
En estos mismo eventos, el trabajador independiente no
tendrá derecho al pago de licencias por enfermedad general o maternidad o
perderá este derecho en caso de no mediar el pago oportuno de las cotizaciones
que se causen durante el período en que esté disfrutando de dichas licencias.
“3. Haber suministrado información veraz dentro de los
documentos de afiliación y de autoliquidación de aportes al Sistema.
“4. No haber omitido su deber de cumplir con las
reglas sobre períodos mínimos para ejercer el derecho a la movilidad durante
los dos años anteriores a la exigencia del derecho, evento en el cual, a más de la pérdida de los
derechos económicos, empleado y empleador deberán responder en forma solidaria
por los aportes y demás pagos a la entidad promotora de salud de la que
pretenden desvincularse o se desvincularon irregularmente.
“Para este efecto, los pagos que deberán realizar
serán equivalentes a las sumas que falten para completar el respectivo año de
cotización ante la entidad de la que se han desvinculado, entidad que deberá
realizar la compensación una vez reciba las sumas correspondientes”. (Se subraya).
Respecto
al numeral primero de la norma citada, el Decreto No.1406 de 1999 establece que
los pequeños aportantes deben presentar la autoliquidación de aportes en
función del siguiente calendario
“ART. 24.—Lugar y plazo
para la presentación de la declaración de autoliquidación de aportes. (…)
“Pequeños
aportantes
Último dígito del NIT o C.C.
“(No incluye dígito de verificación)             Vencimiento
1 y 2                                                   4º
día hábil
3 y 4                                                   5º
día hábil
5 y 6                                                   6º
día hábil
7 y 8                                                   7º
día hábil
9 y 0                                                   8º
día hábil”.
Así,
los trabajadores que aporten al sistema de seguridad social como
independientes, deben acatar la anterior disposición, con el objeto de cumplir
las disposiciones y estar al día en las obligaciones.
Finalmente,
el Decreto Reglamentario 047 de 2000 determina el período mínimo de cotización
para el pago de la licencia de maternidad y traslada la obligación de la
prestación al empleador cuando el trabajador, directa o indirectamente, cotiza
al sistema por un período inferior al de la gestación o incumple en el pago de
las cotizaciones. El texto de la disposición, en lo pertinente, es el
siguiente:
“ART. 3º—Períodos mínimos de cotización. Para
el acceso a las prestaciones económicas se estará sujeto a los siguientes
períodos mínimos de cotización:
“.2. Licencias por maternidad. Para acceder a las
prestaciones económicas derivadas de la licencia de maternidad la trabajadora
deberá, en calidad de afiliada cotizante, haber cotizado ininterrumpidamente
al sistema durante todo su período de gestación en curso, sin perjuicio de
los demás requisitos previstos para el reconocimiento de prestaciones
económicas, conforme las reglas de control a la evasión.
“Lo previsto en este numeral se entiende sin perjuicio
del deber del empleador de cancelar la correspondiente licencia cuando exista
relación laboral y se cotice un período inferior al de la gestación en curso o
no se cumplan con las condiciones previstas dentro del régimen de control a la
evasión para el pago de las prestaciones económicas con cargo a los recursos del
sistema general de seguridad social en salud”. (Negrillas fuera del texto).
Al revisar la normativa pertinente se concluye que existen
reglas definidas para que proceda el reconocimiento y pago de la prestación
económica derivada de la licencia de maternidad; así mismo, se colige que
dichas  disposiciones en algunos casos resultan restrictivas para la protección
de derechos fundamentales, por la condición laboral social y económica por la
que atraviesa el país, razón por la que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en diversos casos ha inaplicado las normas referidas con el
objeto de garantizar el orden constitucional y dar prevalencia al derecho
sustancial sobre el procesal[29].
Así, esta Corte manifestó:
“4.3. el artículo 63 del
Decreto 806 de 1998, está fijando un requisito que hace nugatorio el derecho de
la mujer a que se le reconozca la prestación económica derivada la licencia de
maternidad, hecho que en sí mismo haría necesaria su inaplicación, a los casos
en revisión, por desconocer los derechos que la Constitución y los tratados
internacionales han consagrado en cabeza de la mujer parturienta y el recién
nacido[30].”
Bajo las consideraciones expuestas, la Corte, en
diferentes sentencias, reiteró tal posición jurisprudencial e inaplicó las
normas citadas. Uno de los primeros antecedentes se refiere a las sentencias en
las que se interpuso la acción de tutela alegando la aplicación del principio
de favorabilidad para aquellas mujeres que se perjudicaron con el transito
legislativo que se presentó entre la vigencia del Decreto 1938 de 1994 y la
modificación que se inició con el Decreto 806 de 1998.
El Decreto 1938 de 1994 establecía  que “el derecho
al reconocimiento de las prestaciones económicas por licencia de maternidad
requerirá que la afiliada hubiera cotizado por un período mínimo de doce (12)
semanas antes del parto”.
Tal condición fue modificada sustancialmente con el
Decreto 806 de 1998 que establece que las mujeres deben cotizar al sistema
durante TODO el período de gestación, requerimiento que amplió los requisitos
para el pago de la prestación económica imponiendo una carga mayor a las
mujeres,  ya que las progenitoras deben cotizar por un lapso de entre 6 y 10
meses anteriores al parto, dependiendo del caso, para hacerse acreedoras del
pago de la prestación por licencia de maternidad circunstancia que
anteriormente obedecía a una regla de 3 meses, con lo que se identifica un
aumentó sustancial en las exigencias para el reconocimiento del derecho.
En presencia de dichos cambios normativos en los
requisitos para acceder a la prestación económica derivada de la licencia de
maternidad, la Corte Constitucional profirió diversas sentencias en las que en
virtud de la aplicación ultractiva de las normas, como regla excepcional, dio
prevalencia a la norma más favorable para las madres embarazadas[31] con el objeto de que el
cambio de los requisitos no las afectara considerablemente y de evitar generar
una violación de derechos de los que se tenía una expectativa próxima.
Ø
Orden judicial de pago total de
la licencia de maternidad, pese a omisión de días en las cotizaciones al
sistema de salud por parte de las madres gestantes.
Siguiendo
tales directrices jurisprudenciales, esta Corporación señaló en la Sentencia T-931
de 2003[32] que
establecer requisitos que hagan difícil acceder a la licencia de maternidad,
con el argumento formal de que las madres deben cotizar al sistema durante todo
el embarazo, es un formalismo exagerado que genera afectación en los derechos
fundamentales.
Se
indicó además, que negar el pago de la licencia por una interrupción de 11 días
de las cotizaciones al sistema es dar prevalencia a la forma sobre lo
sustancial, razón por la que en dicha providencia se ordenó el reconocimiento y
pago de la licencia de maternidad a la accionante por presentarse una
vulneración al mínimo vital, al tiempo que se inaplicaran las  normas del
sistema de seguridad social en salud con el objeto de salvaguardar los derechos
de sujetos de especial protección.
Igualmente
se inaplicó la norma sobre periodos mínimos de cotización con fundamento en la
interpretación constitucional y con el objeto de dar primacía a los principios
de eficiencia, universalidad y solidaridad de la seguridad social.
En
la Sentencia T-615 de 2004[33]
esta Corporación ordenó el pago de la licencia de maternidad a una mujer que
cotizó al sistema general de seguridad social los ocho meses previos al parto,
sin que existiera prueba de que no hubiera cotizado durante todo su período de
gestación. Tal argumento se reiteró en sentencias posteriores que ampliaron la
interpretación del Decreto 806 de 1998 y entre las que es importante mencionar
los fallos  T-389 de 2004[34],
T-549 de 2005[35], T-122[36], T-298[37] y  T-144 de 2007[38];  en estas providencias
la falta de días por cotizar al sistema durante el embarazo de las madres no
superó los  30  días, motivo por el que se decidió tutelar el derecho al mínimo
vital de los sujetos de especial protección por ser irrisorio el período faltante
por cotizar[39].
En años subsiguientes, en las sentencias T-1010
de 2004[40] y T-790
de 2005[41] se
amplió la interpretación jurisprudencial al definirse como caso excepcional que
cuando a la madre gestante le faltara un mes por cotizar al sistema general de
seguridad social en salud debe reconocerse la prestación económica que se
deriva de la licencia de maternidad, en aplicación de las normas
constitucionales e internacionales que protegen a los menores recién nacidos y
a las mujeres en condición de sujetos de especial protección. En tal sentido en
la  Sentencia T-790 de 2005[42]
se afirmó:
“(…) Así las cosas, la cotización impagada (Enero de
2004) por la accionante, cuando no se encontraba vinculada a ningún empleador,
a la luz de la normatividad legal, produciría la pérdida inmediata del derecho,
pero como se ha dicho en el numeral 8 del capítulo IV de la parte considerativa
de esta providencia, por encima de esa normatividad, de manera excepcional,
prevalece la obligación constitucional que tiene el Estado de garantizar la
satisfacción del mínimo vital a personas que gozan de protección especial. En
esta oportunidad, se reiterará este tipo de protección excepcional a favor de
la señora Mónica Arévalo Barrantes y  su menor hija.
Excepcionalmente, y de conformidad con las
circunstancias que enmarcan este caso, en el que confluyen los hechos de ser
madre de un recién nacido y ser madre cabeza de familia, se concederá el amparo
solicitado. (…)”.
Ø
Orden judicial de pago proporcional
de la licencia de maternidad, pese a omisión de días en las cotizaciones al
sistema de salud por parte de las madres gestantes.
En los fallos citados proferidos  por esta Corporación
se ordenó el pago total de las licencias de maternidad, pese a la falta de días
por cotizar durante el período de gestación de las accionantes, con el
argumento de que la protección a la mujer debe verificarse en su totalidad.
Posteriormente, se presentó un cambio de posición y se empezó a aplicar en los
casos de falta de días por cotizar la tesis del pago proporcional de la
licencia de maternidad. Así, en la Sentencia T-1243 de 2005[43] se ordenó a la EPS a la
que se encontraba afiliada la accionante pagarle a ésta la licencia de
maternidad en forma PROPORCIONAL al tiempo cotizado al sistema, teniendo en
cuenta que el faltante era de un período de 17 días respecto al tiempo de
gestación, ello con el fin de mantener el equilibrio financiero del sistema[44].
La posición de pago proporcional se reiteró en
subsiguientes fallos, entre los que se destacan las sentencias T-034 y T-206 de 2007[45]. En el primer proceso la
accionante sólo cotizó durante 32 semanas de las 37.6 de su  período de
gestación, motivo por el que se decidió ordenar el pago del 85.1% del total de
la licencia de maternidad.
Al analizar las sentencias proferidas por esta
Corporación sobre la materia, se identifica que existen posiciones jurisprudenciales
encontradas, ya que en algunos pronunciamientos se ordenó el pago total de la
licencia de maternidad y en otros el pago proporcional pese al número de
semanas cotizadas al sistema por las usuarias, como se hace evidente en la
Sentencia  T-053 de 2007[46]
en la que esta Sala de Revisión ordenó el pago TOTAL  de la prestación a una
madre cabeza de familia que dejó de cotizar al sistema por un período de 2
meses y dos días, en oposición a los postulados anteriores, argumentando que:
“En este orden de ideas,
tenemos que la señora Pérez quien es madre cabeza de familia, cumple con los
presupuestos que esta Corporación ha tenido en cuenta para que proceda la
acción de tutela en cuanto a la afectación del mínimo vital, como son: a) Haber
acudido a la acción de tutela dentro del año siguiente al nacimiento de su hijo[47]; b) La accionante
percibía un salario de $381.000,oo pesos lo que hace presumir que la madre
obtenía ingresos por el valor equivalente a un salario mínimo para el año 2005,
siendo su única fuente de ingreso, correspondiendo lo anterior ser desvirtuado
por la entidad demandada, c) La señora Pérez inició su embarazo en enero 29
hasta el 4 de noviembre del 2005, fecha en que nació su hijo. De éste período,
la accionante cotizó y canceló siete (7) meses de los nueve (9) que duró su
embarazo, d) El reconocimiento del mínimo vital es necesario para que la señora
Pérez cubra sus necesidades básicas y las de su menor hijo.
“Por lo tanto, en el presente
caso encuentra la Sala que el derecho al mínimo vital de la accionante y su
menor hijo está siendo vulnerado por parte de la EPS Solsalud, Seccional
Bucaramanga al negarse a autorizar el pago de la licencia de maternidad,
comprometiendo de esta manera sus derechos fundamentales a una subsistencia en
condiciones dignas, a la vida, a la dignidad como mujer cabeza de familia, y a
la protección especial a que tiene derecho según la constitución.
“En consecuencia, la Sala
inaplicará las normas que regulan un período mínimo de semanas de cotización
igual al de la gestación para reconocer y ordenar el pago de la licencia de
maternidad y en su lugar aplicará las normas superiores que regulan esta
garantía doblemente reforzada por la calidad de sujetos inmersos en la misma
-madre e hijo-. (arts. 13, 43, 44, 50 y 53 C.P.) y el carácter prevalente que adquieren sus derechos”.
En conclusión, la Corte Constitucional ha asumido dos
posiciones respecto al amparo de los derechos cuando se niega el pago de la
prestación por licencia de maternidad, al considerar que debe ésta pagarse en
forma total o proporcional dependiendo de las semanas cotizadas, razón por la
que esta Sala especificó algunas definiciones al respecto[48].
Ø
Sub reglas de la jurisprudencia
para acceder al pago de la licencia de maternidad.
Con fundamento en la normativa vigente y las
posiciones jurisprudenciales citadas, la Corte decidió definir algunas reglas
con el fin de unificar las tesis expuestas,  y concluyó que en aquellos casos
en los que el período dejado de cotizar por parte de la madre gestante afiliada
al sistema sea inferior a dos meses, las entidades promotoras de salud tienen
la obligación de pagar el total de la licencia de maternidad. La regla contigua
indica que la madre en estado de embarazo que no cotice al sistema por un
período mayor al de dos meses de su tiempo de gestación,  igual tiene derecho
al pago de la licencia de maternidad, pero solamente en proporción al tiempo
cotizado, con el objeto de mantener el equilibrio financiero del sistema.
De tal forma en la Sentencia T-530 de 2007[49] la Corte Constitucional
articuló las posiciones jurisprudenciales referidas, mediante la definición de
las reglas citadas y expuso:
“(…)
la Sala encuentra probado lo siguiente:
(…)“
i)
“En aquellos casos en los que
las cotizaciones hechas por las accionantes fueron incompletas, discontinuas o
no coincidieron en el mismo número de semanas que su período de gestación, esta
Sala de Revisión tomará dos tipos de decisión, así:
a)
“En aquellos casos en los que
las semanas dejadas de cotizar al SGSSS correspondan a menos de dos (2) meses
frente al total del tiempo de la gestación, se ordenará el pago de la referida
licencia de maternidad de manera completa en un ciento por ciento (100%).
b)
“En los otros casos en los que
las semanas dejadas de cotizar superaron los dos (2) meses frente al total de
semanas que duró el período de gestación, el pago de la licencia de maternidad
se hará de manera proporcional a dichas semanas cotizadas. (…)”.
Las
anteriores definiciones de la jurisprudencia responden entonces a  la necesidad
de propender hacia la protección de derechos fundamentales y así mismo de
materializar los principios definidos por la Constitución de 1991 y el Estado
Social de Derecho. Si bien es cierto, el legislador es quien define las normas
que regulan el sistema de salud, la función del juez de tutela es evaluar cada
caso en concreto y lograr proteger los derechos que se afecten como
consecuencia del establecimiento de requisitos estrictos para hacerse acreedor
de ciertos derechos.
Evaluar
las condiciones en concreto de las madres en estado de embarazo permite que las
normas del régimen no se conviertan en obstáculos para la consecución de los
fines Estatales. De igual forma, las razones que atienden  a los nuevos
criterios de la jurisprudencia y al pago total o proporcional de la prestación
que se origina con la licencia de maternidad, debe su fundamento a que puede
existir en la valoración y el cálculo de las semanas de gestación un margen de
error que en caso de presentarse puede ser la causa de la negación de un
derecho adquirido[50].
En
tal sentido, esta Sala de revisión  ordenará que se tenga un plazo de dos meses
para que se inapliquen los requisitos del régimen y en tal sentido ordenar el
pago total de la prestación., con el objeto de proteger los derechos
fundamentales de las madres en estado de gravidez, que dan a luz un hijo, y de
los menores recién nacidos
En
la misma línea, y con el fin de mantener el equilibrio del sistema, si se
superan dos meses sin cotizar por parte de la madre durante su embarazo, la
tesis se inclinará hacia la proporcionalidad del pago de la licencia de
maternidad, con el objeto de lograr bilateralmente una solución que permita
tanto a la madre y al menor la subsistencia económica y la protección de su
derecho al mínimo vital, sin que el sistema de salud retenga dineros que han
sido cotizados por la afiliada, y por otra el compensación del sistema para que
éste no se obligue a hacer erogaciones de dineros que no ha percibido.
5. El allanamiento a la mora como excepción al
contrato no cumplido en el pago extemporáneo de las cotizaciones al sistema de
salud.
La jurisprudencia Constitucional ha reconocido la figura
del allanamiento a la mora como la excepción al contrato no cumplido dentro del
régimen de seguridad social en salud, en aquellos casos en los que los
afiliados al sistema no cotizan cumplidamente a éste, quedando en mora y pagando
extemporáneamente las cotizaciones; pese al retraso las entidades prestadoras
de servicios de salud reciben los pagos sin rechazarlos ni utilizar los mecanismos
coactivos para iniciar los cobros.
Así, en la Sentencia T-059 de 1997[51] se enunció:
“El contrato de seguridad social al comportar una
forma mixta de relación contractual y reglamentaria conlleva por un lado como
presupuesto el principio de continuidad. Esto surge del deber del Estado
de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos, para el caso
concreto específicamente el de la salud. Y además bajo la óptica contractual
contiene el principio de la excepción del contrato no cumplido por el
carácter sinalagmático de la relación jurídica.
Por lo tanto, si el beneficiario del servicio de salud
no cotiza oportunamente lo debido, su incumplimiento autoriza al prestatario
del servicio a aplicar la excepción de contrato no cumplido a partir de la
fecha en que no está obligado por reglamento a satisfacer la prestación debida.
A menos que el beneficiario estuviera cobijado por la buena fe y que la E.P.S
hubiera allanado la mora mediante el recibo de la suma debida. Si se da el
presupuesto del allanamiento a la mora, la E.P.S no puede suspender el servicio
de atención al usuario ni alegar la pérdida de antigüedad acumulada por cuanto
habría violación del principio de buena fe y no sería viable alegar la
excepción de contrato no cumplido.
La excepción de contrato no cumplido se sustenta el
artículo 1609 del Código Civil que prescribe:
“En los contratos bilaterales ninguno de los
contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo
cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debido.
“Sobre esta excepción, calificada desde el derecho
romano como EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS, la Corte Suprema de Justicia ha
hecho varias precisiones ;viene al caso la siguiente:
“En los contratos bilaterales en que las mutuas
obligaciones deben ejecutarse simultáneamente o sea a un mismo tiempo, si una
parte se allanó a cumplir en la forma y tiempo debidos y la otra no, aquella
tiene tanto la acción de cumplimiento como la resolutoria”[52]
“Si la E.P.S se allana a
cumplir, pese a que no ha recibido el aporte del beneficiario, es obvio que no
puede suspender el servicio que venía prestando, en primer lugar, porque hay un
término de seis meses que la ley señala para no perder la antigüedad acumulada
y en segundo lugar, porque el recibo extemporáneo de las cuotas allanó aún más
el incumplimiento”.
En iguales condiciones, se aplica la tesis del
allanamiento a la mora a los casos en los que las entidades promotoras de
servicios de salud han saneado el pago extemporáneo de las cotizaciones al
sistema y pese a ello se niegan al reconocimiento de las prestaciones
económicas por licencia de maternidad, aunque en forma tácita han aceptado el
retardo, actuación con la que vulneran el principio de buena fe que rige  toda
relación contractual.
Tal posición ha sido reiterada por la Corte en diversos
fallos de tutela, en los que además se ha indicado que las EPS cuentan con los
mecanismos suficientes para cobrar los pagos no realizados al sistema.
Así manifestó esta Corte[53]:
“como se ha señalado, si bien es válido que la ley
atribuya al patrono el deber de responder por los servicios de salud, en caso
de mora o incumplimiento, lo cierto es que este traslado de la obligación no
exonera integralmente a la EPS de las responsabilidades en que hubiera podido
incurrir, por negligencia en la vigilancia de que se realicen los aportes.
“En efecto, la Ley 100 de 1993 confiere herramientas
para facilitar no sólo la eficiencia en el reconocimiento de los derechos a la
seguridad social sino también la eficiencia en el cobro de las acreencias en
favor de las entidades administradoras de la seguridad social, a fin de que se
protejan y se hagan efectivos los derechos de todos los trabajadores y el
principio de solidaridad. Igualmente, y con el fin de fortalecer estas
posibilidades de cobro por parte de estas entidades, el artículo 54  de la Ley
383 de 1997 determinó que las normas de procedimiento, sanciones,
determinación, discusión y cobro del libro quinto del estatuto tributario,
“serán aplicables a la administración y control de las contribuciones y aportes
inherentes a la nómina, tanto del sector privado como del sector público,
establecidas en las leyes 58 de 1963, 27 de 1974, 21 de 1982, 89 de 1988 y 100
de 1993”. Esto significa que, al igual que las entidades administradoras de
pensiones, se entiende que las EPS tienen la posibilidad de establecer el cobro
coactivo para hacer efectivas sus acreencias derivadas de la mora patronal.
“Por ende, las EPS cuentan con los instrumentos para
cobrar los aportes y tienen el deber jurídico de administrar eficientemente los
recursos, como quiera que el principio de eficiencia, especialmente consagrado
para la seguridad social y para la salud (CP arts 48 y 49), dispone una gestión
adecuada para el cobro de las acreencias a su favor. Así pues, cuando la EPS no
cumple con su deber de administrador eficiente de los recursos falta a la
"esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de
sus negocios importantes" (art. 63 del Código Civil)”.
En conclusión, es evidente que existe protección
económica para las entidades prestadoras de los servicios pues el régimen
jurídico prevé los medios idóneos para el amparo de los derechos dinerarios.
Sin embargo, la salvaguarda constitucional hacer primar los derechos
fundamentales, por lo que la mora en la que incurre el afiliado, de ser saneada,
no puede incidir en la prestación de los servicios de salud[54].
La falta de requerimiento por las entidades promotoras de
salud a sus afiliados, y la inercia coactiva de estos organismos al no iniciar
los trámites de suspensión del usuario o los cobros coactivos, evidencia la
admisión de los pagos extemporáneos al sistema, por lo que la simple mora no es
justificación para el rechazo en las prestación de los servicios de salud y
las prestaciones del sistema.
En la mayoría de los procesos analizados por la Corte, la
teoría del  allanamiento a la mora es aplicada al caso de las trabajadoras
independientes que por su misma condición se retrasan en el pago de las
cotizaciones al sistema de salud, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 24
del Decreto No.1406 de 1999 sin que las EPS utilicen los recursos jurídicos
para el cobro, actuación con la que  sanean la mora.
En conclusión, la negligencia en el uso de los mecanismos
de cobro coactivo y la falta de requerimiento al afiliado que cotizó
extemporáneamente al sistema, permite que  en los contratos bilaterales se
equilibren las obligaciones y los derechos, impidiendo que una de las partes se
beneficie con su descuido.
6.
Las funciones y las obligaciones del FOSYGA en relación al pago de licencias de
maternidad.
El
Sistema General de Seguridad Social en Salud estableció, mediante la Ley 100 de
1993, una cuenta adscrita al Ministerio de Salud manejada, por encargo
fiduciario, sin personería jurídica ni planta de personal propia, denominada
fondo de solidaridad y garantía (FOSYGA) con el fin de manejar sub cuentas de
compensación interna del régimen contributivo,  de solidaridad del régimen de
subsidios en salud, de promoción de la salud y del seguro de riesgos
catastróficos y accidentes de tránsito (ECAT).
En
relación con la cuenta de compensación del régimen contributivo al Fondo de
Solidaridad debe decidirse que entre sus obligaciones se encuentra la de estar
a cargo del pago de las licencias de maternidad. Así, el artículo 207 de la Ley
100 de 1993 establece:
“ART. 207.—De las
licencias por maternidad. Para los afiliados de que trata el literal a) del
artículo 157, el régimen contributivo reconocerá y pagará a cada una de las
entidades promotoras de salud, la licencia por maternidad, de conformidad con
las disposiciones legales vigentes. El cumplimiento de esta obligación será
financiado por el fondo de solidaridad, de su subcuenta de compensación, como
una transferencia diferente a las unidades de pago por capitación, UPC”.
Al
respecto esta Corporación definió:
“Esta licencia, por tratarse de trabajadoras que deben
estar afiliadas al sistema de seguridad social,  sean éstas dependientes o
independientes (es obligación de todo empleador  afiliar a  sus empleados al
sistema), es financiada,  dentro del régimen contributivo,  por el Fondo de
Solidaridad (artículo 207 de la ley 100 de 1993), que transfiere a las
entidades promotoras correspondientes los recursos para su cubrimiento. Es
decir, la entidades promotoras son simples intermediarios para su
reconocimiento. Sin embargo, son las obligadas a tramitar la licencia correspondiente
ante el mencionado fondo y responsables ante sus afiliados”[55].
En
consecuencia, al ser el fondo de solidaridad el obligado a cubrir la prestación
por licencias de maternidad debe en cumplimiento de los dispuesto por la  Ley
100 de 1993 transferir a las EPS los dineros que éstas giren con ocasión del
descanso después del parto, en acatamiento de una obligación de rango legal, siempre
que se cumplan con los requisitos del régimen o que exista por vía judicial una
inaplicación de las disposiciones sobre la materia.
Por
lo anterior,  es evidente que es al sistema de salud al que le corresponde
cubrir las prestaciones por licencia de maternidad que se generen con la
ocasión del nacimiento de un niño cuya madre se encuentra afiliada al régimen
contributivo.
C. CASO CONCRETO.
Esta Sala de
Revisión encuentra de los elementos probatorios allegados a los procesos
acumulados que, en los casos bajo estudio, los hechos que dieron origen a la
interposición de las acciones de tutela tienen similitud fáctica y jurídica por
lo que existen los siguientes supuestos comunes:
1.
Las accionantes se encuentran
afiliadas al Sistema General de Seguridad
Social en Salud en el régimen contributivo a través de diferentes entidades
promotoras de salud, algunas en calidad de cotizantes dependientes y otras como
independientes; reciben un ingreso base de cotización, en general, equivalente
a una salario mínimo legal mensual vigente y en otros casos no superior a los
dos salarios mínimos.
2.
Durante el año 2005, 2006 y 2007
las afiliadas quedaron en estado de embarazo, razón por la que al momento de
dar a luz solicitaron a las EPS el reconocimiento y pago de las licencias de
maternidad.
3.
En respuesta a la solicitud de
reconocimiento de la prestación económica las EPS negaron su pago, aduciendo
dos razones específicas: (i) Como primera justificación, argumentaron la falta
de pago de las cotizaciones al sistema por parte de las madres gestantes,
durante todo su período de embarazo, incumpliendo los dispuesto en el artículo
236 del Código Sustantivo del Trabajo y, (ii) en segundo lugar las EPS
motivaron el rechazo en que las accionantes incurrieron en mora en el pago de
las cotizaciones y realizaron pagos extemporáneos al sistema, por lo que perdieron
el derecho al pago de la licencia de maternidad. Bajo tales parámetros las EPS
negaron el reconocimiento de los derechos, debido al incumplimiento de lo
dispuesto por el régimen de salud.
4.
Las tutelantes  alegan que como
consecuencia de la negativa en cuanto al pago de la prestación por  la licencia
de maternidad, han visto afectados sus derechos fundamentales y específicamente
su derecho al mínimo vital, pues la falta de ingresos durante los 84 días de
licencia desmejoró significativamente su situación económica y la solvencia de
los gastos para los menores recién nacidos.
5.
Que al ver amenazados sus
derechos, se vieron en la necesidad de interponer acciones de tutela, dentro
del año siguiente a la fecha del parto,  para solicitar la protección de sus
intereses.
En respuesta a las
demandas de las madres gestantes, las EPS manifestaron que la negación en el
pago de la prestación por licencias de maternidad tiene sustento jurídico en
las normas que se aplican a la materia, y específicamente en el Decreto 806 de
1998 y el Decreto Reglamentario 047 de 2000, que regulan dicho pago, pues las
accionantes incumplieron con las disposiciones al no cotizar al sistema durante
todo el período de embarazo o pagar extemporáneamente las cotizaciones.
Ø
Decisiones proferidas en Sede
de Revisión.
Al
revisar el acervo probatorio allegado a los procesos, esta Sala concluyó que
las pruebas que reposaban en algunos de los expedientes no permitían tener
claridad sobre los hechos, ni llegar con certeza a una conclusión sobre la
vulneración de los derechos fundamentales de las tutelantes y que algunos de
los empleadores y entidades prestadoras de los servicios de salud no vinculadas
al proceso podrían afectarse con la decisión por adoptar en la  sentencia.
Por lo
anterior, la Sala puso en conocimiento de las demandas a dichas personas y
entidades para que manifestaran lo que consideraran necesario e igualmente solicitó
documentos e información pertinente en cada uno de los casos, en aras de
garantizar el debido proceso y de reunir las pruebas necesarias para resolver
los asuntos en cuestión.
Así, la Sala el 29
de octubre de 2007 profirió auto de pruebas y de vinculación. En respuesta se
recibieron los oficios y memoriales relacionados en la parte de antecedentes
del presente fallo[56], por
parte de las Entidades Prestadoras de los Servicios de Salud y de las personas
vinculadas a los procesos.
Ø    Metodología para el estudio y presentación de los
casos concretos.
Con fundamento en las
consideraciones anteriores, esta Sala de Revisión iniciará un estudio detallado
de cada uno de los procesos acumulados. Para facilitar el análisis y la lectura
de los casos, se presentará la información de los procesos[57] en matrices que permitirán
identificar las causales de protección de los derechos fundamentales y cotejar sencillamente
la información  por razones de agilidad procesal  y para facilitar el análisis
concreto de cada caso.
Igualmente, se
resalta que los procesos tienen similitud fáctica, lo que permite esquematizar
la información ya que ésta se puede verificar y ampliar en el aparte de
antecedentes de esta providencia. Con el objeto de agrupar los procesos
dependiendo de cada una de las situaciones jurídicas, esta Sala atenderá las
reglas jurisprudenciales sobre reconocimiento y pago de las prestaciones por
licencia de maternidad.
Para un examen
adecuado de los procesos la presentación de los casos concretos se  fraccionará
en 7 acápites  dependiendo de las circunstancias y los hechos de cada
expediente, atendiendo en general al número de semanas cotizadas por las
accionantes y a los casos de allanamiento a la mora.
1.       En el primer grupo se estudiará un proceso en el que
se cumplen los requisitos de ley para tener derecho al pago de la prestación
por licencia de maternidad, ya que la accionante cumple con los requisitos de
Ley y en efecto no existe fundamento jurídico para negar la protección del
derecho de la peticionaria.
2.       En segundo lugar se analizarán los casos en los que
las peticionarias dejaron de  cotizar durante su embarazo al SGSSS por un
período menor a dos (2) meses  - 8 semanas - frente al total del tiempo de su
gestación, razón por la que se ordenará el pago total de la prestación.
3.       En la tercera matriz se examinarán los casos en los
que las semanas dejadas de cotizar al sistema por parte de las tutelantes superaron
los dos (2) meses – 8 semanas – en comparación  al total de semanas de su
período de gestación, y en efecto el pago de la licencia de maternidad se hará
de manera proporcional a dichas semanas cotizadas.
4.       En el tercer grupo se estudiaran los casos en los que
las semanas dejadas de cotizar al SGSSS, por parte de la mujer embarazada, corresponden
a menos de dos (2) meses  - 8 semanas - frente al total del tiempo de la
gestación de las accionante, con el elemento adicional de que la mujer presente
embarazo múltiple.
5.       En quinto lugar esta Sala revisará el tema del allanamiento
a la mora como excepción al contrato no cumplido, en los casos en los que as
EPS niegan la prestación económica pese a haber aceptado la mora en las
cotizaciones.
6.       En el sexto grupo se revisara un caso en el que
durante el período de la licencia de maternidad el recién nacido muere y la
madre dejó de cotizar  al SGSSS corresponde a menos de dos (2) meses  - 8
semanas - frente al total del tiempo de la gestación, con el móvil adicional de
la muerte del, para verificar si en tales casos se tiene derecho al pago de la
prestación por licencia de maternidad.
7.        En último lugar se revisará el caso en el que se
configura el fenómeno del hecho superado, por pagó de la licencia de maternidad
durante el trámite de la acción de tutela.
En cada uno de los
supuestos anteriores esta Sala identificará en las matrices la siguiente
información.
Ø
Número del expediente
Ø
Accionante
Ø
Accionado
Ø
Fecha de Parto
Ø
Fecha de radicación acción de
tutela.
Ø
Semanas cotizadas.
Ø
Semanas de gestación.
Ø
Semanas faltantes por cotizar.
Con la información
de fecha del parto y de la radicación de la acción de tutela  esta Sala observará
si los amparos se impetraron dentro del año siguiente a la fecha del alumbramiento
de las afiliadas al sistema de salud, requisito indispensable para que se
analice el fondo de los asuntos.
No obstante, como
conclusión preliminar, se aprecia que en todos los casos examinados las
peticionarias interpusieron la acción de tutela dentro del año siguiente a la
fecha del parto, razón por la que proceden los amparos de tutela y en efecto se
entrará a estudiar el fondo de los procesos para verificar si se hace imperante
la protección de los derechos fundamentales en cada uno de los casos.
Para estudiar el
fondo de los expedientes la Sala comprobará el tiempo de cotizaciones en
semanas al sistema de salud, por parte de las afiliadas, en comparación con sus
semanas de gestación, con el objeto de identificar cual es el número de semanas
que no se cotizaron al sistema y en efecto aplicar las reglas jurisprudenciales
sobre la materia.
Por último, si el
rechazo del pago de las licencias de maternidad por parte de las EPS se debe a
mora en el pago de las cotizaciones se analizarán los casos, amparando los
derechos amenazados en aplicación a la excepción del contrato no cumplido por
allanamiento a la mora de las EPS, en los procesos en que dicha premisa se
configure.
1.       Pago total de las cotizaciones al sistema de salud durante
el período de gestación.
#
No. Expediente
Accionante
Accionado
Fecha de Parto
Fecha de radicación acción de tutela.
Semanas cotizadas.
Semanas de gestación.
Semanas faltantes por cotizar
24
T-1´676.847
Maria Oneira Castaño Naranjo
Sol Salud EPS
25  agosto  2006
20 Abril 2007
38
37
0
En el caso de la
señora Castaño Naranjo del análisis de las pruebas aportadas al expediente se
colige que ésta cotizó al sistema de salud durante todo su período de
gestación, por lo que no existen razones para negar el amparo ni rechazar el pago
de la licencia de maternidad. A dicha conclusión se llega con facilidad porque
la entidad de salud afirma que las cotizaciones al sistema por parte de la
tutelante corresponden a 38 semanas de gestación, tiempo superior al que define
la ley, pues su embarazo no superó las 37 semanas, por lo que en el caso se
cumplen con los requerimientos definidos mediante los Decretos Reglamentarios
para el reconocimiento de la prestación.
Por los motivos
expuestos,  la Sala decidirá revocar la decisión de instancia y en su lugar
amparar los derechos fundamentales de la accionante y de su menor hijo y
ordenará  el reconocimiento y pago total del derecho a la prestación económica
por licencia de maternidad.
2.       Casos en los que las semanas dejadas de cotizar al
SGSSS correspondan a menos de dos (2) meses  - 8 semanas - frente al total del
tiempo de la gestación de las accionantes.
#
No. Expediente
Accionante
Accionado
Fecha de Parto
Fecha de radicación acción de tutela.
Semanas cotizadas.
Semanas de gestación.
Semanas faltantes por cotizar
1.
T-1´661.606
Marta Liliana
Torres Acosta
Coomeva EPS
5  marzo  2007
23  abril
2007
31
36
5
2.
T-1´666.132
Ivis del Carmen
Duran Insignares
Coomeva EPS
8  noviembre 2006
9  enero  2007
32
39
7
3.
T-1´666.100
Judy Carolina Vega Maldonado
Solsalud
EPS
18 de mayo 2006
19 abril  2007
34
40
6
7.
T-1´664.234
Jeimy Rocio Ayala Figueredo
Saludcoop EPS
6  septiembre  2006
17  abril  2007
36
39
3
8.
T-1´664.242
María del Carmen Chaparro Pérez
Cafesalud EPS
18  julio 2006
18  abril de 2007
34
39
5
9.
T-1´665.400
Merly Julieth Palacio Montejo
Salud Total
EPS
5 agosto 2006
19  febrero  2007
35
40
5
10.
T-1´666.003
Zoraida Ortíz Barrera
Solsalud EPS
11 septiembre 2006
17  enero  2007
34
39
5
11.
T-1´666.869
Geeselly Lozano Pertuz
Colmédica EPS  y
Servicios Integrales de Colombia
30 septiembre 2006
13 Febrero 2007
30
38
8
12.
T-1´666.981
Jhoneirys Margoth Arango Barrios
Saludcoop EPS
6 Octubre 2006
13 Febrero 2007
31
37
6
14.
T-1´667.355
María Isabel Giraldo Serrato
Saludcoop EPS
13 enero 2007
8 febrero 2007
37
40
3
15.
T-1´668.959
Grace Gutiérrez Ortega
Saludcoop EPS
27 Marzo 2006
26 Marzo 2007
34
40
6
16.
T-1´667.504
Viviana María Triana Davalos
Saludcoop EPS y
Asociación para un Mejor Bienestar-ASPAMEBI
10 Octubre 2006
12 Abril 2007
32
38
6
19.
T-1´670.518
Gina María López
Salud Total EPS
3 Agosto 2006
3 Abril 2007
34
38
4
21.
T-1´674.094
Sandra Fabiola del Socorro Bacca Vergel
Coomeva EPS
14 febrero 2007
30 Marzo 2007
30
38
8
22.
T-1´675.008
Nadia Esperanza Perdomo Olarte
Saludcoop EPS
2  enero 2007
31 de mayo de 2007
32
38
6
27.
T-1´677.636
Yolanda Oquendo Ciro
Carlos Eduardo Osorio Garcia y Famisanar EPS
8 Marzo 2006
31 Mayo 2007
33
40
7
29.
T-1´652.827
Amparo Ayala Hidalgo
Saludcoop EPS
14 Noviembre 2006
26 Enero 2007
37
41
4
33.
T-1´685.022
Noralba Lizeth Delgado Guevara
Coomeva EPS
9 Diciembre 2006
23 Febrero 2007
34
39
5
34.
T-1´687.258
Marisol Rojas Ávila
Servicio Occidental de Salud S.O.S EPS
21 Abril 2007
24 Mayo 2007
35
39
4
35.
T-1´686.556
Carolina Vahos Guzmán
Comfenalco Valle del Cauca EPS
28 Diciembre 2006
9 Marzo 2007
33
41
8
36.
T-1´768.059
Diana Yazmin Rubiano Useda
Salud Total EPS
11 Julio 2006
3 Octubre 2007
32
39
7
38.
T-1´772.373
Soliria Lozano Rincón
Saludcoop EPS
27 Marzo 2007
25 Mayo 2007
30
37
7
39.
T-1´773.464
Lorena Piza Sánchez
Coomeva EPS
28 Mayo 2007
6 Junio 2007
30
38
8
40.
T-1´774.397
Lady Diana Nuñez Moreno
Famisanar EPS
29 Junio 2007
16 Octubre 2007
37
38
3 días
41.
T-1´774.854
Mile Joana Hernández Jaramillo
Susalud EPS
1 Julio 2007
7 Septiembre 2007
33
36
3
En
los casos referidos en la matriz previamente graficada  se evidencia que las
accionantes interpusieron los amparos de tutela por la negación del
reconocimiento del pago de la prestación por licencias de maternidad, al
considerar las EPS que aquellas no aportaron al sistema de salud durante todo
su período de gestación incumpliendo con lo dispuesto por el Decreto
Reglamentario 047 de 2000, según el cual para tener acceso a las prestaciones
económicas derivadas de las licencias de maternidad la afiliada cotizante
debe  haber cotizado ininterrumpidamente al sistema durante todo su período de
gestación.
En
el mismo sentido, es importante resaltar que de las pruebas que se aportaron a
los procesos se concluyó que en  ninguno de los casos las afiliadas al sistema
de salud dejaron de cotizar por un período menor a 2 meses, pues la que más
dejo de cotizar al sistema lo hizo por 8 semanas, situación que se enmarca en
la descrita en el aparte de fundamentos jurídicos de esta providencia.
Así,
atendiendo a las reglas jurisprudenciales dispuestas se inaplicará lo dispuesto
en el artículo 3 del Decreto 047 de 2000 y se ordenará a cada una de las EPS
accionadas pagar el 100% de la prestación por licencias de maternidad a las
afiliadas al sistema, y en concordancia se revocarán los fallos de instancia y
tutelarán los derechos de las peticionarias ordenando a las entidades que en un
término no mayor a 48 horas paguen la prestación a las usuarias.
3.       Casos en los que las semanas dejadas de cotizar
superaron los dos (2) meses – 8 semanas – en comparación  al total de semanas
que duró el período de gestación, y en efecto el pago de la licencia de
maternidad se hará de manera proporcional a dichas semanas cotizadas.
#
No. Expediente
Accionante
Accionado
Fecha de Parto
Fecha de radicación acción de tutela.
Semanas cotizadas.
Semanas de gestación.
Semanas faltantes por cotizar
4.
T-1´662.261
Kellys Esther Llanes Fernández
Coomeva EPS
6  noviembre 2006
16
enero
2007
25
38
11
5.
T-1´663.469
Yuri Viviana Gálvis Sossa
Salud Total
EPS
27
febrero  2007
13
marzo  2007
21
39
18
13.
T-1´667.202
Deisy Quintero Gómez
Saludcoop EPS
13
febrero 2007
23
abril 2007
28
37
9.
17.
T-1´669.903
Carolina Ardila Quiñonez
Coomeva EPS
22 Noviembre 2006
12
Marzo 2007
32
41
9
20.
T-1´673.201
Delvi Aurora Garavito Madera
Coomeva EPS
30
enero 2007
20
marzo  2007
20
38
18
26.
T-1´677.591
Gloria Andrea Arenas Galindo
Salud Total EPS
28
agosto 2006
28
mayo  2007
23
39
16
32.
T-1´684.974
Nini Johana Pinilla Saavedra
Saludcoop EPS
18
Marzo 2007.
25
Abril 2007
20
39
19
De
los casos descritos se deriva que las peticionarias dejaron de cotizar al
sistema de salud por un tiempo mayor a dos meses – 8 semanas – de su período de
gestación y en consecuencia aplicando la tesis de la proporcionalidad, en
beneficio del equilibrio financiero del sistema, esta Sala ordenará a las entidades
promotoras de salud el pago PROPORCIONAL de la prestación por  las
licencias de maternidad, con el objeto de amparar los derechos de las madres y
de los menores recién nacidos, de acuerdo con lo expuesto en los fundamentos
jurídicos de esta sentencia.
De
la información consignada en la matriz se deduce que las madres gestantes no cotizaron
al sistema de salud por un período de entre 9 a 19 semanas, razón por la que sólo tienen derecho al pago proporcional pues su omisión de cotización supero los
dos meses respecto al tiempo de gestación.
De
tal modo, se aplicará la tesis del pago proporcional, con el objeto de
salvaguardar los derechos de las madres que dieron a luz e igualmente se
resguardarán los intereses económicos del sistema de salud, favoreciendo con
ello el equilibro del financiero del sistema y llegando a una orden ecuánime
que proteja los derechos de ambas partes.
Cabe
aclarar que las entidades promotoras de salud deben calcular el pago
proporcional de la prestación por licencia de maternidad teniendo en cuenta que
el reconocimiento total de la misma equivale al 100% de lo que estaría obligada
a pagar la EPS en caso de que la afiliada hubiera cumplido con los requisitos del
régimen de salud para tener derecho al reconocimiento de la prestación, y en
consecuencia la proporcionalidad dependerá de las semanas cotizadas por la
usuaria al sistema.
Como
resultado, y atendiendo a las reglas jurisprudenciales dispuestas se inaplicará
lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 047 de 2000 y se ordenará a cada una de
las EPS accionadas pagar la prestación por licencias de maternidad a las
afiliadas al sistema en proporción al tiempo cotizado, y en concordancia se
revocarán los fallos de instancia y se tutelarán los derechos de las
peticionarias ordenando a las entidades que en un término no mayor a 48 horas
paguen la prestación a las usuarias.
4.       Casos en los que las semanas dejadas de cotizar al
SGSSS correspondan a menos de dos (2) meses  - 8 semanas - frente al total del
tiempo de la gestación de las accionante cuando se presentan embarazos
múltiples.
#
No. Expediente
Accionante
Accionado
Fecha de Parto
Fecha de radicación acción de tutela.
Semanas
cotizada
Semanas
de gestación.
Semanas
Faltantes
por cotizar
28.
T-1´684.161
Patricia Ramos Hernández
Cafesalud EPS
19 Marzo 2007
11 Abril 2007
34
38
4
Si
bien este caso corresponde a la misma  hipótesis de aquellos en los que las
afiliadas al sistema de salud dejaron de cotizar por un período menor a 2 meses
– 8 semanas- del período de gestación, y en efecto la peticionaria tiene
derecho al pago total de la prestación por licencia de maternidad, existe una
importante variable por resaltar ya que la señora Ramos Hernández  dio a luz a
dos menores, debido a su embarazo múltiple, razón por la que es indispensable
que se refuerce la protección a la maternidad y se ordene el pago de la
licencia.
En
tal contexto, es indispensable que se reconozca la prestación económica pues el
rechazo del pago puede generar una vulneración mayor de los derechos
fundamentales, ya que  tratándose de dos menores dados a luz la madre de los
niños debe aumentar los gastos de subsistencia, lo que hace imperante la
necesidad del amparo.
En
concordancia, la Sala inaplicará lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 047
de 2000 y ordenará a  la EPS accionada pagar en su totalidad la prestación por
licencia de maternidad a la afiliada al sistema, y en concordancia se revocará
el fallo de instancia y tutelarán los derechos de la peticionaria ordenando a
la entidad que en un término no mayor a 48 horas pague la prestación a la
usuaria.
5.       Allanamiento a la mora
#
No. Expediente
Accionante
Accionado
Fecha de Parto
Fecha de radicación acción de tutela.
Pagos
6.
T-1´664.514
Luz Ángela Escobar Ortiz
Servicio Occidental de Salud S.O.S
Cooperativa Multiservicios de la Virginia Y
“COOMULSER”
9 agosto   2006
17  abril 2007
SI
25.
T-1´677.238
Amanda Rodríguez Churta
Saludcoop EPS
15 Septiembre 2006
26 Marzo 2007.
SI.
30.
T-1´683.274
Johana Patricia Feliciano Supelano
Famisanar EPS
y
Jose Oscar Restrepo
1 Febrero 2007
17 Mayo 2007
SI.
31.
T-1´684.936
Dora Ángela Salamanca Tamayo
Servicios Occidental de Salud S.O.S EPS
7 Octubre 2007
15 Marzo 2007
SI
37.
T-1´769.026
Diana Ramirez Valbuena
Cafesalud EPS
26 Enero 2007
27 Septiembre 2007
SI.
42.
T-1´777.990
Luz Marina Celeita Cárdenas
Colmédica EPS
26  Febrero 2007
6 Agosto 2007
SI
De acuerdo con las consideraciones esbozadas en el acápite
de fundamentos jurídicos de esta sentencia, el allanamiento a la mora es una
excepción al contrato no cumplido y en consecuencia obliga a las entidades
prestadoras de los servicios de salud a brindar íntegramente los servicios
cuando se aceptan pagos extemporáneos de las cotizaciones al sistema de salud y
no se usan lo mecanismos coactivos para hacer los cobros de éstas.
Al respecto, esta Corporación indicó[58]:
“si la EPS acepta la mora, es decir, no alega al
momento del pago del aporte aquella situación, ésta última no puede
posteriormente argumentar tal razón para negar el reconocimiento del auxilio
por maternidad, ya que en estos casos se aplica la figura del “Allanamiento a
la mora”.
“Así pues, cuando tales cotizaciones y aportes se han
realizado al sistema en forma ininterrumpida aunque por fuera del término
establecido en las normas reglamentarias o de forma incompleta y la EPS no los
rechaza ni hace el respectivo requerimiento, se configura el fenómeno del “Allanamiento
a la mora”. En tal situación, la entidad promotora de salud no puede negarse a
reconocer y pagar la licencia de maternidad con el citado argumento, pues esta
figura sanciona la negligencia o inactividad de la entidad para cobrar cuanto
le ha sido adeudado (aportes, cotizaciones o intereses de mora por pagos
extemporáneos”.[59]
En los casos concretos esbozados en la matriz, esta
Sala de Revisión encuentra que no existe prueba de que alguna de las EPS
accionadas hubiera iniciado  cobro coactivo contra las afiliadas al sistema, ni
tampoco del rechazo de las cotizaciones por extemporaneidad.
Bajo tales circunstancias, es claro que se presenta la
figura del allanamiento a la mora pues las entidades aceptaron el retardo y en
consecuencia están obligadas a reconocer a las peticionarias la prestación
derivada de las licencias de maternidad, por lo que la Sala inaplicará lo
dispuesto en el Decreto 806 de 1998 y ordenará el pago total de la prestación
por licencia de maternidad   dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo.
6.     Caso en el que las semanas dejadas de cotizar al
SGSSS corresponde a menos de dos (2) meses  - 8 semanas - frente al total del
tiempo de la gestación, en el que el recién nacido muere durante el período de
la licencia de maternidad.
#
No. Expediente
Accionante
Accionado
Fecha de Parto
Fecha de muerte del menor
Fecha de radicación acción de tutela.
Semanas cotizadas.
Semanas de gestación.
Semanas faltantes por cotizar
23.
T-1´676.489
Osiris Tatiana Vitoria Garizabalo
Coomeva EPS
5 septiembre  2006
8
Septiembre 2006
15 Diciembre 2006
20
27
7
En
el caso de la señora Vitoria Garizabalo se observa que después de su embarazo
dio a luz un bebe prematuro, razón por la que su período de gestación fue de 27
semanas; durante tal tiempo la accionante cotizó al sistema de salud por 20
semanas, lo que indica que dejó de cotizar al sistema por 7 semanas, motivo por
el que tiene derecho al pago total de su licencia de maternidad, conforme a la
parte de fundamentos jurídicos del presente fallo.
Sin
embargo, pese a que existe claridad en cuanto al pago total de la prestación
por licencia de maternidad,  el problema jurídico adicional que se plantea y se
deduce de los hechos es si ¿la tutelante tiene derecho a la licencia de
maternidad debido a que el menor murió pasados tres días de su nacimiento?.
Al
respecto los artículos 236 y  237 del Código Sustantivo del Trabajo establecen:
“ARTICULO 236. DESCANSO REMUNERADO EN LA EPOCA DEL
PARTO. <Artículo modificado por el artículo 34 de la Ley 50 de 1990. El
nuevo texto es el siguiente:>
1. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene
derecho a una licencia de doce (12) semanas en la época de parto, remunerada
con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso.
“ARTICULO 237. 1. La trabajadora que en el curso del
embarazo sufra un aborto o parto prematuro no viable, tiene derecho a una
licencia de dos o cuatro semanas, remunerada con el salario que devengaba en el
momento de iniciarse el descanso. Si el parto es viable, se aplica lo
establecido en el artículo anterior”. (Se subraya).
De
acuerdo con las  disposiciones citadas, todo mujer que dé a luz un hijo tiene
derecho a la licencia de maternidad y a la remuneración de la misma, pues la
negación del descanso y del pago ocurre solamente en aquellos casos en los que
se presente aborto o parto prematuro no viable, circunstancias que son ajenas
al caso. Si bien, el hijo de la señora Vitoria murió a los tres días de su
nacimiento no existe prueba de que se tratara de un parto prematuro no
viable, pues la EPS no dio respuesta a la acción de tutela ni al auto de
pruebas proferido por esta Sala de Revisión, y en consecuencia no controvirtió
las afirmaciones de la accionante, por lo que se aplicará al caso la presunción
de veracidad.
En
el caso sub examine, esta Sala concluye que la tutelante tiene derecho al
reconocimiento de la licencia de maternidad y al pago de la prestación
económica, puesto que no se presenta en los hechos los supuestos que define el
Código Sustantivo del Trabajo, más aún teniendo en cuenta que la licencia de
maternidad no sólo asume un carácter de protección al menor que nace, sino que
es una vacancia para la madre, que tiene la finalidad de darle descanso por la
maternidad y el alumbramiento con el objeto de que ésta recupere su estado
físico y de salud. De lo anterior se evidencia lo que se reúnen los requisitos
para que se ampare el derecho y en consecuencia esta Sala ordenara a la EPS el
pago total de la prestación.
Por
ello la Sala, en concordancia con  las reglas jurisprudenciales dispuestas
inaplicará lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 047 de 2000 y ordenará a
cada la EPS accionada pagar en su totalidad la prestación por licencias de
maternidad a la afiliada al sistema, y en concordancia revocará el fallo de
instancia y tutelará los derechos de la peticionaria ordenando a la entidad que
en un término no mayor a 48 horas pague la prestación a la usuaria.
7.       Hecho superado
En
el caso de la señora Eliana Milena Sandoval Pachón, quien interpuso acción de
tutela contra  Salud Total EPS - T-1´670.381 – esta Sala de Revisión declarará
que existe un hecho superado, ya que el 21 de noviembre de 2007 la Sala Sexta
de Revisión recibió memorial por parte de SERVIS OUTSOURSING INFORMÁTICOS S.A.
en el que la compañía manifestó  que asumió la totalidad de la
licencia de maternidad, por lo que cesó la vulneración del derecho fundamental.
En
este sentido debe aplicarse la teoría del hecho superado, según la cual cuando
la amenaza o la afectación de un derecho fundamental ha cesado o desaparecido,
pierde todo sentido que el juez de tutela ampare un derecho no vulnerado y
ejerza su competencia de salvaguarda de intereses esenciales.
Al
respecto esta Corporación indicó[60]:
“El hecho superado se presenta cuando, por la acción u
omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se
supera la afectación de tal manera que “carece” de objeto el pronunciamiento
del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho
superado[61]
en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro
del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela. Así entendida, por
principio, la muerte del accionante no queda comprendida en ese concepto,
aunque la Corte la haya utilizado en diversas oportunidades.
“En efecto, si lo pretendido con la acción de tutela
era una orden de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento
del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho
superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los
derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se
satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de
proferirse el fallo, con lo cual “la posible orden que impartiera el juez
caería en el vacío”[62].”.
Así,
como en el caso de la señora Sandoval Pacho desapareció la amenaza a sus derechos
fundamentales, esta Sala decidirá confirmar la decisión de instancia pero por
los argumentos expuestos.
V.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada para decidir el presente asunto mediante
auto del veintinueve (29) de octubre de 2007.
SEGUNDO. – INAPLICAR para los casos concretos de los procesos           T-1´661.606,
T-1´666.132, T-1´666.100, T-1´664.234, T-1´664.242,              T-1´665.400,
T-1´666.003, T-1´666.869, T-1´666.981, T-1´667.355,             T-1´668.959,
T-1´667.504,  T-1´670.518,  T-1´674.094, T-1´675.008,          T-1´677.636,
T-1´652.827, T-1´685.022, T-1´687.258,  T-1´686.556,               T-1´768.059,
T-1´772.373, T-1´773.464, T-1´774.397, T-1´774.854,             T-1´662.261,  T-1´663.469,
T-1´667.202,  T-1´669.903, T-1´673.201,          T-1´677.591,  T-1´684.974,  T-1´684.161
y T-1´676.489 los artículos 21 del Decreto 806 de 1998 y 3 del Decreto 047 de
2000.
TERCERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 9 de mayo
de 2007 por el Juzgado Primero Civil Municipal de Armenia en el expediente T-1´661.606.
En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR
a Coomeva EPS, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de esta providencia, y si aún no lo
hubiere hecho, proceda a pagar a la señora Marta Liliana Torres Acosta la
totalidad de su  licencia de maternidad, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
CUARTO.- REVOCAR la sentencia proferida el 8 de marzo
de 2007 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla en el
expediente T-1´666.132 En su lugar, CONCEDER el amparo de los
derechos fundamentales y ORDENAR a Coomeva EPS, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación de esta
providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora Ivis del
Carmen Durán Insignares la totalidad de su  licencia de maternidad, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
QUINTO.- REVOCAR la sentencia proferida el 25 de mayo
de 2007 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga en el
expediente T-1´666.100. En su lugar, CONCEDER el amparo de los
derechos fundamentales y ORDENAR a Solsalud EPS, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación de esta
providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora Judy
Carolina Vega Maldonado la totalidad de su  licencia de maternidad, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
SEXTO.- REVOCAR la sentencia proferida el 16 de mayo
de 2007 por el Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Bogotá en el expediente T-1´664.234.
En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR
a Saludcoop EPS, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas
a partir de la notificación de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho,
proceda a pagar a la señora Jeimy Rocio Ayala Figueredo la totalidad de su
licencia de maternidad, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la
Ley 100 de 1993.
SÉPTIMO.- REVOCAR la sentencia proferida el 8 de mayo
de 2007 por el Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Bogotá en el expediente T-1´664.242.
En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR
a Cafesalud EPS, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas
a partir de la notificación de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho,
proceda a pagar a la señora María del Carmen Chaparro Pérez la totalidad de su
licencia de maternidad, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la
Ley 100 de 1993.
OCTAVO.- REVOCAR la sentencia proferida el 18 de
abril de 2007 por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga en el expediente
T-1´665.400. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales y ORDENAR a Salud Total EPS, que en el término de cuarenta
y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación de esta providencia, y
si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora Merly Julieth Palacio
Montejo  la totalidad de su  licencia de maternidad, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
NOVENO.- REVOCAR la sentencia proferida el 12 de
abril de 2007 por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bucaramanga en el
expediente T-1´666.003. En su lugar, CONCEDER el amparo de los
derechos fundamentales y ORDENAR a Solsalud EPS, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación de esta
providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora Zoraida
Ortíz Barrera la totalidad de su  licencia de maternidad, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
DÉCIMO.- REVOCAR la sentencia proferida el 30 de
abril de 2007 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla en el
expediente T-1´666.869. En su lugar, CONCEDER el amparo de los
derechos fundamentales y ORDENAR a Colmédica EPS, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación de esta
providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora Geeselly
Lozano Pertúz la totalidad de su  licencia de maternidad, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
DÉCIMO
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia
proferida el 14 de mayo de 2007 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Valledupar en el expediente T-1´666.981. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR a Saludcoop EPS, que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación
de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora Jhoneirys
Margoth Arango Barrios la totalidad de su  licencia de maternidad, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
DÉCIMO
SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia
proferida el 29 de marzo de 2007 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de
Villavicencio en el expediente T-1´667.355. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR a Saludcoop EPS, que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación de
esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora
María Isabel Giraldo Serrato la totalidad de su  licencia de maternidad,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
DÉCIMO
TERCERO.- REVOCAR la sentencia
proferida el 13 de junio de 2007 por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de
Barranquilla  en el expediente T-1´668.959. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR a Saludcoop EPS, que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación
de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora
Grace Gutiérrez Ortega  la totalidad de su  licencia de maternidad, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
DÉCIMO
CUARTO.- REVOCAR la sentencia
proferida el 26 de abril de 2006 por el Juzgado Tercero Penal Municipal de
Roldadillo-Valle en el expediente T-1´667.504. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR a Saludcoop EPS, que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación
de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora
Viviana María Triana Davalos  la totalidad de su  licencia de maternidad,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
DÉCIMO
QUINTO.- REVOCAR la sentencia
proferida el 27 de abril de 2007 por el Juzgado Treinta y Cinco Penal Municipal
de Medellín en el expediente T-1´670.518. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR a Salud Total EPS, que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación
de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora
Gina María López la totalidad de su  licencia de maternidad, teniendo en cuenta
lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
DÉCIMO
SEXTO.- REVOCAR la sentencia
proferida el 20 de abril de 2007 por el Juzgado Tercero Civil Municipal de
Ocaña en el expediente T-1´674.094. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR a Coomeva EPS, que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación de
esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora
Sandra Fabiola del Socorro Bacca Vergel  la totalidad de su  licencia de
maternidad, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de
1993.
DÉCIMO
SÉPTIMO.- REVOCAR la sentencia
proferida el 14 de junio de 2007 por el Juzgado Segundo Civil Municipal de
Ibagué en el expediente T-1´675.008. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR a Saludcoop EPS que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación de
esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora
Nadia Esperanza Perdomo Olarte  la totalidad de su  licencia de maternidad,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
DÉCIMO
OCTAVO.- REVOCAR la sentencia
proferida el 4 de julio de 2007 por el Juzgado Cincuenta Civil Municipal de
Bogotá  en el expediente T-1´677.636. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR a Famisanar EPS, que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación
de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora
Yolanda Oquendo Ciro  la totalidad de su  licencia de maternidad, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
DÉCIMO
NOVENO.- REVOCAR la sentencia
proferida el 12 de abril de 2007 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Santa Marta en el expediente T-1´652.827. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR a Saludcoop EPS, que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación
de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora
Amparo Ayala Hidalgo  la totalidad de su  licencia de maternidad, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
VIGÉSIMO.- REVOCAR la sentencia proferida el 22 de mayo
de 2007  por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga en el
expediente T-1´685.022. En su lugar, CONCEDER el amparo de los
derechos fundamentales y ORDENAR a Coomeva EPS, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación de esta
providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora Noralba
Lizeth Delgado Guevara la totalidad de su  licencia de maternidad, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
VIGÉSIMO
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia
proferida el 5 de junio de 2007por el Juzgado Veintidós Civil Municipal de Calien
el expediente T-1´687.258. En su lugar, CONCEDER el amparo de los
derechos fundamentales y ORDENAR a Servicio Occidental de Salud S.O.S
EPS, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la
notificación de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar
a la señora Marisol Rojas Ávilala totalidad de su  licencia de maternidad,  teniendo
en cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
VIGÉSIMO
SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia
proferida el 7 de mayo de 2007 por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Cali
en el expediente T-1´686.556. En su lugar, CONCEDER el amparo de
los derechos fundamentales y ORDENAR a Comfenalco Valle del Cauca EPS,
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la
notificación de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar
a la señora Carolina Vahos Guzmán la totalidad de su  licencia de maternidad,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
VIGÉSIMO
TECERO.- REVOCAR la sentencia
proferida el 18 de octubre de 2007 por el Juzgado Cincuenta y Siete Civil
Municipal de Bogotá  en el expediente T-1´768.059. En su lugar,
CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR a Salud
Total EPS, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir
de la notificación de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a
pagar a la señora Diana Yazmin Rubiano Useda la totalidad de su  licencia de
maternidad, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de
1993.
VIGÉSIMO
CUARTO.- REVOCAR la sentencia
proferida el 12 de septiembre de 2007 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito
de Ibagué – Tolimaen el expediente T-1´772.373. En su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR a Saludcoop EPS,
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la
notificación de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar
a la señora Soliria Lozano Rincón la totalidad de su  licencia de maternidad,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
VIGÉSIMO
QUINTO.- REVOCAR la sentencia
proferida el 25 de junio de 2007 por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Neiva
en el expediente T-1´773.464. En su lugar, CONCEDER el amparo de
los derechos fundamentales y ORDENAR a Coomeva EPS, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación de esta
providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora Lorena
Piza Sánchez la totalidad de su  licencia de maternidad, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
VIGÉSIMO
SEXTO.- REVOCAR la sentencia
proferida el 30 de octubre de 2007 por el Juzgado Décimo Civil Municipal de
Bogotá en el expediente T-1´774.397. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR a Famisanar EPS, que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación
de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora
Lady Diana Nuñez Moreno la totalidad de su  licencia de maternidad, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
VIGÉSIMO
SÉPTIMO.- REVOCAR la sentencia
proferida el 21 de septiembre de 2007por el Juzgado Veinticuatro Penal
Municipal de Medellín en el expediente T-1´774.854. En su lugar,
CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR a Susalud
EPS, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la
notificación de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar
a la señora Mile Joana Hernández Jaramillo la totalidad de su  licencia de maternidad
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
VIGÉSIMO
OCTAVO.- REVOCAR la sentencia
proferida el 8 de marzo de 2007 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de
Santa Marta en el expediente T-1´662.261. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR a Coomeva EPS, que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación de
esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora
Kellys Esther Llanes Fernández su  licencia de maternidad de forma proporcional
a las cotizaciones que realizó al sistema durante su período de gestación
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
VIGÉSIMO
NOVENO.- REVOCAR la sentencia
proferida el 23 de abril de 2007 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de
Ibagué en el expediente T-1´663.469. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR a Salud Total EPS, que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación
de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora
Yuri Viviana Gálvis Sossa su  licencia de maternidad de forma proporcional a
las cotizaciones que realizó al sistema durante su período de gestación,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
TRIGÉSIMO.- REVOCAR la sentencia proferida el 4 de mayo
de 2007 por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bucaramanga en el expediente T-1´667.202.
En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR
a Saludcoop EPS, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas
a partir de la notificación de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho,
proceda a pagar a la señora Deisy Quintero Gómez su  licencia de maternidad de
forma proporcional a las cotizaciones que realizó al sistema durante su período
de gestación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100
de 1993.
TRIGÉSIMO
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia
proferida el 28 de marzo de 2007 por el Juzgado Segundo Civil Municipal de
Popayán en el expediente T-1´669.903. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR a Coomeva EPS, que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación de
esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora
Carolina Ardila Quiñones su  licencia de maternidad de forma proporcional a las
cotizaciones que realizó al sistema durante su período de gestación, teniendo
en cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
TRIGÉSIMO
SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia
proferida el 25 de mayo de 2007 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Montería-Córdoba  en el expediente T-1´673.201. En su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR a Coomeva EPS, que
en el término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la
notificación de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar
a la señora Delvi Aurora Garavito Madera su  licencia de maternidad de forma
proporcional a las cotizaciones que realizó al sistema durante su período de
gestación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de
1993.
TRIGÉSIMO
TERCERO.- REVOCAR la sentencia
proferida el 12 de junio de 2007 por el Juzgado Diecisiete Penal Municipal de
Bogotá  en el expediente T-1´677.591. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR a Salud Total EPS, que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación
de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora
Gloria Andrea Arenas Galindo su  licencia de maternidad de forma proporcional a
las cotizaciones que realizó al sistema durante su período de gestación,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
TRIGÉSIMO
CUARTO.- REVOCAR la sentencia
proferida el 10 de mayo de 2007  por el Juzgado Quinto Promiscuo Municipal de la
Dorada Caldas  en el expediente T-1´684.974. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR a Saludcoop EPS, que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación
de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora
Nini Johana Pinilla Saavedra  su  licencia de maternidad de forma proporcional
a las cotizaciones que realizó al sistema durante su período de gestación,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
TRIGÉSIMO
QUINTO.- REVOCAR la sentencia
proferida el 7 de junio de 2007  por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de
Neiva  en el expediente T-1´684.161. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR a Cafesalud EPS, que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación
de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora
Patricia Ramos Hernández la totalidad de su licencia de maternidad, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
TRIGÉSIMO
SEXTO.- REVOCAR  la sentencia
proferida el 14 de mayo de 2007 por el Juzgado Promiscuo Municipal de la
Virginia-Risaralda en el expediente T-1´664.514, por las razones
expuestas en la parte motiva de este fallo. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR a Servicio Occidental de
Salud S.O.S EPS, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas a
partir de la notificación de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho,
proceda a pagar a la señora Luz Ángela Escobar Ortíz la  totalidad de su
licencia de maternidad,  teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la
Ley 100 de 1993.
TRIGÉSIMO
SÉPTIMO.- REVOCAR  la
sentencia proferida el 18 de abril de 2007 por el Juzgado Cuarto Penal
Municipal de San Andrés de Tumaco  en el expediente T-1´677.238, por las
razones expuestas en la parte motiva de este fallo. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR a Saludcoop EPS , que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación
de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora
Amanda Rodríguez Churta la  totalidad de su licencia de maternidad, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
TRIGÉSIMO
OCTAVO.- REVOCAR  la sentencia
proferida el 1 de junio de 2007  por el Juzgado Tercero Civil Municipal de
Bogotá  en el expediente T-1´683.274, por las razones expuestas en la
parte motiva de este fallo. En su lugar, CONCEDER el amparo de los
derechos fundamentales y ORDENAR a Famisanar EPS, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación de esta
providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora Johana
Patricia Feliciano Supelano la  totalidad de su licencia de maternidad,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
TRIGÉSIMO
NOVENO.- REVOCAR  la sentencia
proferida el 23 de mayo de 2007 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Florida-Valle en el expediente T-1´684.936, por las razones expuestas en
la parte motiva de este fallo. En su lugar, CONCEDER el amparo de los
derechos fundamentales y ORDENAR a Servicios Occidental de Salud S.O.S
EPS, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la
notificación de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar
a la señora Dora Ángela Salamanca Tamayo la  totalidad de su licencia de
maternidad, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de
1993.
CUADRAGÉSIMO.- REVOCAR  la sentencia proferida el 8 de octubre
de 2007 por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Pereira - Risaralda en el
expediente T-1´769.026, por las razones expuestas en la parte motiva de
este fallo. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales y ORDENAR a Cafesalud EPS, que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación de esta providencia, y si
aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora Diana Ramirez Valbuena la
totalidad de su licencia de maternidad, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
CUADRAGÉSIMO
PRIMERO.- REVOCAR  la
sentencia proferida el 23 de octubre de 2007 por el Juzgado Treinta y Tres
Civil del Circuito de Bogotá en el expediente T-1´777.990, por las razones
expuestas en la parte motiva de este fallo. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales y ORDENAR a Colmédica EPS, que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación
de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora
Luz Marina Celeita Cárdenas la  totalidad de su licencia de maternidad,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
CUADRAGÉSIMO
SEGUNDO.- REVOCAR  la Sentencia
proferida el 22 de febrero de 2007 por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de
Barranquilla en el expediente T-1´676.489, por las razones expuestas en
la parte motiva de este fallo. En su lugar, CONCEDER el amparo de los
derechos fundamentales y ORDENAR a Coomeva EPS, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación de esta
providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora Osiris
Tatiana Viloria Garizabalo la  totalidad de su licencia de maternidad, teniendo
en cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
CUADRAGÉSIMO
TERCERO.- REVOCAR  la
sentencia proferida el 8 de mayo de 2007 por el Juzgado Décimo Civil Municipal
de Neiva en el expediente T-1´676.847, por las razones expuestas en la
parte motiva de este fallo. En su lugar, CONCEDER el amparo de los
derechos fundamentales y ORDENAR a Sol Salud EPS, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas  contadas a partir de la notificación de esta
providencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la señora María
Oneira Castaño Naranjo la  totalidad de su licencia de maternidad, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 100 de 1993.
CUADRAGÉSIMO
CUARTO.- CONFIRMAR  la
sentencia proferida el 18 de mayo de 2007 por el Juzgado Diecisiete Penal del
Circuito de Bogotá en el expediente T-1´670.381, por presentarse en el
caso el fenómeno del hecho superado.
CUADRAGÉSIMO
SEXTO.- LÍBRESE por Secretaría la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Folio 26.
[2] De las pruebas aportadas por Coomeva EPS se evidencia
en informe expedido por el Centro de Diagnóstico Perinatal IPS, documento del
14 de noviembre de 2006, en el que se registran para la fecha 40 semanas 3 días
de gestación. Con fundamentó en dicha certificación se tendrá como cierto el
número total de 41 semanas en embarazo.
[3] Ver Folio 8.
Formulario único de afiliación e inscripción en el régimen contributivo.
[4] M.P.: Alvaro
Tafur Galvis.
[5] Ver
Sentencias:  T-694 de 1996 y T-270 de 1997. M.P.: Dr. Alejandro Martinez Caballero.
[6] Sentencia T-210 de 1999.  M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz.
[7] Sentencia T-467 de 2000. M.P.: Dr. Alvaro Tafur Galvis.
[8] “Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.
Artículo 25.      2. La
maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.”.
[9] Sentencia T-568 de 1996.  M.P.: Dr. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
Jurisprudencia reiterada en las sentencias: T
– 270 de 1997. M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero. T-792 de 1998. M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero. T – 210 de 1999. Dr. Alfredo Beltrán Sierra. T-458 de 1999. M.P.: Dr. Alfredo Beltrán Sierra. T-776 de 2000. Dr. Alejandro Martinez Caballero. T-158 de 2001. M.P.: Dr. Fabio Moron Diaz. T-697 de 2001. M.P.: Dr. Jaime
Araujo Renteria. T-323 de 2007. M.P: Dr.
Marco Gerardo Monroy Cabra. T-530
de 2007. M.P: Dr. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[10] M.P.: Dr. Alfredo Beltrán Sierra
[11] Ver al respecto las sentencias: T-175
de 1999 M.p.: Dr.
Alfredo Beltrán Sierra,  T-210
de 1999 M.p.: Dr.
Carlos Gaviria Díaz,  T-362
de 1999 Dr. Alfredo Beltrán
Sierra, T-466 de 2000 M.P: Dr. Alvaro Tafur Galvis,   T-774 y 776 de 2000. M.p.: Dr. Alejandro Martinez Caballero, T-736 de 2001 Dra. Clara Ines Vargas Hernandez, T-653
de 2002 M.: Dr.
Jaime Araújo Rentaría, T-707 de 2002 Dr. Rodrigo Escobar Gil, T-553 de 2003 M.P.: Dr. Eduardo
Montealegre Lynett, T-1243 de 2005y  T-034 de 2007  M.P.: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[12] Sentencia T-553 de 2003. M.P.: Dr. Eduardo Montealegre Lynett.
[13] Sentencia
T-1243 de 2005 y T-034 de 2007. M.P.: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[14] Al respecto, ver entre otros los siguientes fallos:
T-707 de 2002 (MP: Rodrigo Escobar Gil), T-158 de 2001 (MP: Fabio Morón Díaz),
T-1081 de 2000 (MP: Alejandro Martínez Caballero) y T-241 de 2000 (MP: José
Gregorio Hernández Galindo).
[15] Al respecto, ver entre otros los siguientes fallos:
T-641 de 2004 (MP: Rodrigo Escobar Gil), T-1013 de 2002 (MP: Jaime Córdoba
Triviño), T-365 de 1999 (MP: Fabio Morón Díaz) y T-210 de 1999 (MP: Carlos
Gaviria Díaz).
[16] Sentencia T-380 de 2006. Dra. Clara
Inés Vargas Hernández.
[17] Ha dicho la Corte:“Aunque la Constitución no consagra la subsistencia como un derecho, éste puede colegirse de los
derechos a la vida, a la salud, al trabajo y a la asistencia o a la seguridad
social, ya que la persona requiere de un mínimo de elementos materiales para
subsistir. La consagración de derechos fundamentales en la Constitución busca garantizar las condiciones económicas necesarias para la dignificación de
la persona humana y el libre desarrollo de su personalidad”. ( Cfr. SU-995 de 1999)
[18] Derecho al mínimo vital.
[19] Esta tesis se ha expuesto de
manera reiterada, entre otras, en las sentencias: T 011 de 1998. M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-554 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz, T-308 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, SU 995 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz, SU- 090 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T 025 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T 133 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[20] Sentencia T-466 de 2000.  M.P.: Dr. Alvaro Tafur
Galvis.
[21] Al respecto ver sentencias: Sentencia T-1224 de 2001 M.P.: Dr. Alvaro Tafur Galvis. T-653 de 2002. M.P.: Dr. Jaime Araújo Rentaría. Sentencia T-844 de 2002. Dr. Jaime Córdoba Triviño. Sentencia T-1013 de 2002. M.P.: Dr. Jaime Córdoba Triviño. Sentencia T-029 de 2003.  Dr. Rodrigo Escobar Gil. Sentencia T-386 de 2003. M.P.: Dr. Rodrigo Escobar Gil. T-118 de 2003. M.P.: Clara  Inés Vargas Hernández.
[22] Sentencia T-466 de 2000. M.P:Dr. Alvaro Tafur Galvis.
[23] Sentencia T-568 de 1996.  M.P.: Dr. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[24] Este argumento es expuesto por la Corte al revisar la decisión dentro de un asunto similar, cuando consideró que “la acción de
tutela en el caso sub-lite, no está llamada a prosperar porque, si bien es
cierto la accionante obtuvo licencia y gozó del derecho al descanso remunerado
por maternidad, la prestación económica a la que eventualmente puede tener
derecho por la misma causa no se reclamó durante el período posterior al parto
inactividad que demuestra que para la madre no fue indispensable contar con
esos recursos y son, la conexidad con este período y la necesidad de atender la
subsistencia de la madre y el niño durante el mismo, los elementos requeridos
para que una prestación dineraria adquiera rango de derecho fundamental y pueda
ser reclamada por vía de tutela”.  Cfr. T-466/00 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[25] Este criterio fue utilizado en la sentencia
T-075/01 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, al indicar que  “en el presente
caso se tiene que para la época en que se admitió la demanda de tutela -12 de
junio de 2000-, ya había expirado el tiempo de licencia, pues según consta en
el expediente (folio 4), aquélla principió el 17 de marzo de 2000. En
consecuencia, el daño que pudo haber sufrido la peticionaria y su hijo ya se
consumó y, por tanto, como bien lo estimó el juez de instancia, no resultaba
pertinente la protección inmediata con el fin de evitar un perjuicio ya causado,
pues cabe recordar que el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que una
de las causales de improcedencia de la acción de tutela opera "cuando sea
evidente que la violación del derecho originó un daño consumado".”  Idéntico
fundamento se encuentra en la sentencia T-1224/01 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[26] M.P.: Dr. Jaime Araújo Rentaría.
[27] Ver entre otras las sentencias: T-665 y 778 de 2004.
Dr. Rodrigo Uprimy Yepes y T-1058 de 2006. M.P.: Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
[28] Tales disposiciones fueron mencionadas en la  Sentencia T-460 de 2003.  M.P.: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
[29] Artículo 228 Constitución Política.
[30]  Sentencia T-139 de 1999 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[31] Al respecto ver sentencias:
T-792 de 1998 M.P.:Dr. Alfredo Beltrán Sierra, T-210 de 1999 M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz, T-093 de 1999 M.P.:Dr. Alfredo Beltrán Sierra y  T-339 de 1999 M.P.: Dr. Alfredo Beltrán Sierra, entre otras.
[32] Sentencia T-931 de 2003. Dra. Clara Inés Vargas
Hernández.
[33] Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
[34] M. P. Jaime Araujo Rentaría.
[35] Dr. Jaime Araújo Rentería.
[36] M.P.: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[37] M.P.: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.
“Ahora, en relación con el requisito consistente en cotizar durante todo el
tiempo de gestación, en casos en los que esté de por medio la vulneración de
los derechos fundamentales de la mujer y del recién nacido, no puede valorarse
de conformidad con el texto de la norma. Al contrario, debe ponderarse el
tiempo cotizado con el faltante, y si el último es razonablemente poco respecto
del primero, entonces el cumplimiento estricto del requisito no puede tener más
peso que los derechos fundamentales de la mujer y del menor recién nacido. En
consecuencia, esto excluye aquellas situaciones en las cuales el tiempo
cotizado y el tiempo restante no guarden la relación expuesta.
En el caso objeto de estudio a la señora Feria
Sequeda, como se señaló en los antecedentes, sólo le faltó un mes de cotización
durante el período de gestación. Entonces, puede concluirse, que en esta
oportunidad el tiempo faltante de cotización no puede generar la pérdida del
derecho prestacional derivado de la protección constitucional a la maternidad,
toda vez que con ello se estarían vulnerando los derechos fundamentales
invocados por la actora”.
[38] M.P.: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[39] Al respecto, ver entre otras, las siguientes
sentencias: T-790 de 2005 (MP: Marco Gerardo Monroy Cabra), T-549 de 2005 (MP:
Jaime Araújo Rentería), T-1010 de 2004 (MP: Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-931
de 2003 (MP: Clara Inés Vargas Hernández). En tales procesos se analizó la
falta de  pago de las licencias de maternidads de trabajadoras que no cotizaron
durante todo el tiempo de su gestación. Es importante destacar que en ninguna
de las sentencias referidas el tiempo sin cotizar era mayor a 30 días; así en
la sentencia T-931 de 2003 los días faltantes  fueron 11, en la sentencia T-549
de 2005 fueron 22 días y en el expediente T-956011 fallado en las sentencias T-1010
de 2004 y T-122 de 2007 fueron 30 días.
[40] M.P.: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[41] Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[42] M.P.: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[43] M.P.: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[44]
Ver sentencias: T – 298 de 2007, M.P.: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto  T – 206 de 2007, M.P.: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa,
[45] M.P.: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[46] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[47] Su menor hijo nació el 20 de diciembre de
2005, según el registro civil de nacimiento que obra a folio 5 del expediente y
la acción de tutela fue admitida mediante providencia del 6 de junio de 2006
(folio 11 del expediente).
[48] Ver
Sentencias: T – 790 de 2005, M.P.: Dr.
Marco Gerardo Monroy Cabra, T-1243 de 2005 Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, T – 1010 de 2004, Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, T – 906 de 2006,  M.P.: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto,  T-893
de 07. M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, T
– 057 y 122  de 2007 M.P.: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[49] M.P.: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[50] En la mayoría de los casos los jueces de
tutela toman como referencia para las semanas de gestación las indicadas en el
certificado de nacido vivo que entrega la institución en la que nace el menor.
Dicho certificado fue implementado en
1998 y es  diligenciado por el médico, o cualquier funcionario de salud
autorizado que atiende el hecho vital (nacimiento).
[51] M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero.
[52] Sentencia de Casación del 29 de noviembre de 1978.
[53] C-177 de 1998.  M.P.: Dr. Alejandro Martínez
Caballero.
[54] Al respecto ver sentencias: T-765 de 2000, M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero,  T-906 de 2000 M.P.: Dr. Alejandro Martinez Caballero, T-950 de 2000 M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero,  C-177
de 1998 M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero, T-605 de 2004, M.P.: Dr. Rodrigo Uprimny Yepes, T-788 de 2004, M.P.: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, T-845 de 2004, M.P.: Dr. Alfredo Beltrán Sierra, T – 854 de 2004, M.P.: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, T-897 de 2004, M.P.: Dr. Alvaro Tafur Galvis, T-929 de 2004  M.P.: Dr. Rodrigo Escobar
Gil,  T – 019 de 2005, M.P.: Dr. Marco Gerardo Monroy
Cabra, T-615 de 2005, M.P.: Dr. Alfredo Beltrán
Sierra, T-667 de 2007, M.P.: Dra. Clara Inés Vargas
Hernández, T-629 de 2007, M.P.: Dra. Clara Inés Vargas Hernández, entre otras.
[55] Sentencia T-139 de 1999. M.P.: Dr. Alfredo Beltrán Sierra.
Ver además: Sentencia T-175 de 1999. M.P.: Dr. Alfredo Beltrán Sierra.
[56] Ver los acápites de pruebas aportadas en sede de revisión de cada uno
de los antecedentes del fallo.
[57]  Hechos, accionantes, accionados, semanas de
gestación, semanas de cotización al sistema de salud, entre otras.
[58] Sentencia T-543
de 2006. M.P.: Clara Inés Vargas.
[59] T-543/06 MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[60] Sentencia SU540 de 2007. M.P.: Dr. Alvaro Tafur Galvis.
[61] Así, por ejemplo, en la sentencia T-082 de
2006[61],
en la que una señora solicitaba la entrega de unos medicamentos, los cuales,
según pudo verificar la Sala Octava de Revisión, le estaban siendo entregados
al momento de la revisión del fallo, la Corte consideró que al desaparecer los hechos que generaron la vulneración, la
acción de tutela perdía su eficacia e inmediatez y, por ende su justificación
constitucional, al haberse configurado un hecho superado que conducía entonces
a la carencia actual de objeto, la cual fue declarada por esa razón en la parte
resolutiva de la sentencia. Así mismo, en la sentencia T-630 de 2005[61],
en un caso en el cual se pretendía que se ordenara a una entidad la prestación
de ciertos servicios médicos que fueron efectivamente proporcionados, la Corte sostuvo que “si durante el trámite de la acción de tutela, la vulneración o amenaza a
los derechos fundamentales desaparece, la tutela pierde su razón de ser, pues
bajo esas condiciones no existiría una orden que impartir ni un perjuicio que
evitar.” Igual posición se adoptó en la sentencia SU-975 de 2003[61],
en uno de los casos allí estudiados, pues se profirió el acto administrativo
que dejó sin fundamento la tutela del actor, por lo que la Corte estimó, sin juzgar el mérito de dicho acto, que se encontraba ante un hecho superado.
[62] T-519 de 1992, M.P., José Gregorio Hernández Galindo.