T-533-09
Sentencia T-533/09
Sentencia T-533/09
ACCION DE TUTELA-Carencia actual de
objeto por hecho superado
DERECHO A LA EDUCACION-Fundamental para
todas las personas
DERECHO A LA EDUCACION-Características
DERECHO A LA EDUCACION-Obligación del
Estado
Referencia:
expediente T-2238484
Acción de tutela instaurada por Luis Alberto Lozano en
representación de sus hijos Nicolás Ricardo Lozano Arévalo y Dayana Lorena
Lozano Arévalo contra el Municipio de Ibagué, la Secretaría de Educación de
Ibagué y la Institución Educativa Ciudad Luz
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil
nueve (2009).
La Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Juan
Carlos Henao Pérez, Jorge Iván Palacio Palacio y Humberto Antonio Sierra Porto,
quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión del fallo de tutela proferido por el Juzgado Doce Penal
Municipal de Ibagué en la acción de tutela instaurada por Luis Alberto Lozano
en representación de sus hijos Nicolás Ricardo Lozano Arévalo y Dayana Lorena
Lozano Arévalo contra el Municipio de Ibagué, la Secretaría de Educación de
Ibagué y la Institución Educativa Ciudad Luz.
I.
ANTECEDENTES
El pasado veintiséis
(26) de enero de dos mil nueve (2009), el señor Luis Alberto Lozano, en
representación de sus hijos Nicolás Ricardo Lozano Arévalo y Dayana Lorena
Lozano Arévalo, interpuso acción de tutela ante el Juzgado Doce Penal Municipal
de Ibagué solicitando el amparo de su derecho fundamental a la educación, el
cual, en su opinión, ha sido vulnerado por el Municipio de Ibagué, la
Secretaría de Educación de Ibagué y la Institución Educativa Ciudad Luz.
De acuerdo con
la solicitud de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, el accionante
sustenta su pretensión en los siguientes
Hechos
1.- Los hijos
del peticionario, Nicolás Ricardo Lozano Arévalo, de once (11) años, y Dayana
Lorena Lozano Arévalo, de diez (10) años, cursaron en el año 2008 cuarto y
quinto grado de educación básica primaria, respectivamente, en la Institución
Educativa Técnica Francisco de Paula Santander en Ibagué, la cual tiene
carácter oficial (folios 7, 8, 12 y 13, cuaderno 2). Según manifiesta el accionante, debido a un cambio de domicilio,
canceló en el mes de diciembre de 2008 las matrículas de sus hijos en la
mencionada institución educativa (folios 1, 3 y 4, cuaderno
2).
2.- Afirma que,
el día trece (13) de enero de 2009, fecha indicada para la matrícula de
estudiantes nuevos, intentó inscribir a sus hijos en la Institución Educativa
Ciudad Luz en Ibagué, la cual es de carácter público, pero no fue posible pues
era necesario diligenciar los formularios para asignación de cupos y consignar
a nombre de su hija cuarenta y cinco mil pesos ($45.000), ya que el grado sexto
de Educación Básica Secundaria no es gratuito (folio 1, cuaderno 2). En vista de lo anterior, al día
siguiente, cumplió con los requisitos exigidos y solicitó de nuevo la matrícula
de sus hijos pero tampoco le fue aceptada su petición ya que no contaba con los
certificados escolares del año inmediatamente anterior (folios 1, 5, 6 y 11, cuaderno 2). Asegura que sólo le fue posible
obtener los certificados mencionados hasta el veintidós (22) de enero de 2009
pues la Institución Educativa Técnica Francisco de Paula Santander, entidad
encargada de expedirlos, se encontraba cerrada por motivo de las vacaciones
(folios 1 y 12-15, cuaderno 2).
Relata que, ese mismo día, se dirigió a la Secretaría de la Institución
Educativa Ciudad Luz con todos los documentos requeridos e intentó, de nuevo,
matricular a sus hijos pero le respondieron que “ya no había cupos” (folio
2, cuaderno 2).
3.- Arguye que
la situación descrita es violatoria del derecho fundamental a la educación de
sus dos hijos menores de dieciocho años (folio 2, cuaderno
2).
Solicitud de
Tutela
4.- Con
fundamento en los hechos narrados, el señor Luis Alberto Lozano solicitó la
protección del derecho fundamental a la educación de
sus dos hijos menores de dieciocho años que considera
ha sido vulnerado al negarse los demandados a inscribirlos en la Institución
Educativa Ciudad Luz del municipio de Ibagué, la cual tiene carácter oficial.
En consecuencia pide ordenar a los demandados “matricular al estudiante
Nicolás Ricardo Lozano Arévalo en el grado 5, y a Dayana Lorena Lozano Arévalo
al Grado Sexto” (folio 2, cuaderno 2).
Respuesta de
las entidades demandadas
5.- La
Institución Técnica Educativa Ciudad Luz, mediante escrito del treinta (30) de
enero de 2009, manifestó, en lo referente al grado quinto de educación básica
primaria, que no hay cupo pues el salón tiene capacidad para 30 estudiantes y
están matriculados 42 por lo que “hay asinamiento (sic) además, no hay
pupitre disponible yendo en contravía de lo que contempla el código del menor,
la infancia y la adolescencia; la cual es recibir educación en condiciones
dignas y de calidad” (folio 24, cuaderno 2). Sustenta sus
afirmaciones con dos listas pertenecientes a los grados “Quinto A” y “Quinto
B”, ambos de la jornada de la tarde, en las cuales consta que en cada uno
de éstos están matriculados cuarenta y dos (42) menores de edad (folios 37 y
38, cuaderno 2).
Respecto del
grado sexto de educación básica secundaria, explicó que “al señor se le
concedió el cupo de la estudiante DAYANA LORENA LOZANO (…) por que (sic) a la
fecha si habían cupos para ese grado” (folio 24, cuaderno 2).
6.- La
Secretaría de Educación Municipal de Ibagué, mediante escrito del treinta (30)
de enero de 2009, acoge lo dicho por la Institución Educativa Ciudad Luz para
afirmar que “la negativa (…) para otorgar el cupo al estudiante no se hizo
de manera caprichosa y menos con el ánimo de privar  al mismo de su derecho
fundamental, sino en virtud a (sic) la explicación referida” (folio 40,
cuaderno 2).
7.- La Alcaldía
de Ibagué aduce que, en lo relativo al requerimiento de los formularios de
asignación de cupos y de los certificados escolares, “el señor al cambiar a
sus hijos de colegio debió preveer que necesitaría documentación del colegio
anterior y no pretender que por medio de una acción de tutela sea omitido todo
el procedimiento administrativo solicitado por el Colegio en el cual debe
primar la autonomía; agregando que el mismo no está solicitando documentación
extraña” (folio 49, cuaderno 2).
Decisión
judicial objeto de revisión
Sentencia de
instancia única
8.- El Juzgado Doce Penal Municipal de Ibagué resolvió
negar el amparo solicitado pues consideró que (i) a Dayana Lorena Lozano
Arévalo ya se le había concedido el cupo, (ii) la negativa de la matricula de
Nicolás Ricardo Lozano Arévalo no se había fundado en un simple capricho sino
en el hacinamiento ya existente y en la falta de pupitres, lo que impediría dar
al niño una educación en condiciones dignas, y (iii) como el accionante no
presentó la documentación requerida el día de las inscripciones de los alumnos
nuevos el colegio demandado estaba facultado para disponer de las plazas
disponibles (folios 57 y 58, cuaderno 2).
Pruebas
ordenadas en el trámite de revisión
Mediante auto del 21 de julio de 2009 el Magistrado Sustanciador solicitó a la Institución Educativa Técnica Francisco de Paula
Santander de Ibagué que, en el término de tres (3) días hábiles, certificara si
Nicolás Ricardo Lozano Arévalo, con T.I. 97092112164 de Ibagué, y Dayana Lorena
Lozano Arévalo, con T.I. 1005839264 de Ibagué, se encontraban matriculados y
cursando en esa entidad los grados quinto de educación básica primaria y sexto
de educación básica secundaria, respectivamente (folios 14 y 15, cuaderno
principal).
Según constancia emitida por la Secretaria General de esta
Corporación, el mencionado auto fue comunicado el 22 de julio de 2009 y, el
mismo día, se recibió vía fax la certificación solicitada (folio 18, cuaderno
principal).
En el documento recibido, el rector de la Institución Educativa
Técnica Francisco de Paula Santander de Ibagué, la cual tiene carácter oficial,
certifica que Nicolás Ricardo Lozano Arévalo y Dayana Lorena Lozano Arévalo se
encuentran matriculados el presente año lectivo en el grado quinto de educación
básica primaria y sexto de educación básica secundaria, respectivamente (folio
17, cuaderno principal).
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1.- Esta Corte
es competente para revisar el presente fallo de tutela de conformidad con lo
previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, el Decreto 2591
de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.
Problema
jurídico
2.- En atención
a lo expuesto, esta Sala de Revisión debe determinar si la Institución
Educativa Oficial Ciudad Luz, la Secretaria de Educación de Ibagué y la
Alcaldía de Ibagué vulneraron el derecho a la educación del niño Nicolás
Ricardo Lozano Arévalo y de la niña Dayana Lorena Lozano Arévalo, hijos del
peticionario, al negarles la matricula para el año lectivo 2009 en razón de la
falta de cupo.
3.- A fin de resolver el asunto, la Sala se pronunciará sobre los
siguientes tópicos: (i) la jurisprudencia constitucional sobre la carencia
actual de objeto por hecho superado, (ii) el derecho fundamental a la educación
y su exigibilidad por vía de tutela, (iii) el contenido del derecho fundamental
a la educación y las obligaciones estatales en materia educativa de conformidad
con el bloque de constitucionalidad, (iv) las obligaciones estatales de
cumplimiento inmediato y de cumplimiento progresivo en lo relativo del derecho
a la educación y (v) el caso concreto.
Jurisprudencia
constitucional sobre la carencia actual de objeto por hecho superado
4.- El fenómeno de la carencia actual de
objeto tiene como característica esencial que la orden del juez de tutela
relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún efecto,
esto es, caería en el vacío, lo cual puede presentarse a partir de dos eventos
distintos: el hecho superado o el daño consumado. En esta ocasión, la Sala se
limitará a explicar lo relativo al primero de ellos por ser el relevante para
el caso concreto[1].
5.- La carencia actual de objeto por hecho
superado se da cuando entre el momento de la interposición de la acción de
tutela y el momento del fallo del juez se satisface por
completo la pretensión
contenida en la demanda de amparo -verbi gratia se ordena la practica la cirugía cuya
realización se negaba o se reintegra a la persona despedida sin justa causa-, razón
por la cual cualquier orden judicial en tal sentido carece de efecto alguno. En
otras palabras, aquello que
se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de
que el mismo diera orden alguna[2].
6.- ¿Cuál debe ser la conducta del juez de
amparo ante la presencia de un hecho superado? Según la jurisprudencia
constitucional, para resolver este interrogante se debe hacer una distinción
entre los jueces de instancia y la Corte Constitucional cuando ejerce su
facultad de revisión.
Así, esta Corte ha señalado que “no es perentorio para los jueces de instancia (…) incluir en la
argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos
fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo pueden hacerlo, sobre todo
si consideran que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos
del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de
conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para
condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena
de las sanciones pertinentes”[3], tal como lo prescribe el artículo 24 del
Decreto 2591 de 1991[4]. Lo que es potestativo para los jueces de
instancia, se convierte en obligatorio para la Corte Constitucional en sede de
revisión pues como autoridad suprema de la Jurisdicción Constitucional “tiene el
deber de determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se
solicita”[5].
Ahora bien, lo que sí resulta ineludible
en estos casos, tanto para los jueces de instancia como para esta Corporación,
es que la providencia judicial incluya la demostración de que en realidad se ha
satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela,
esto es, que se demuestre el hecho superado[6], lo que
autoriza a declarar en la parte resolutiva de la sentencia la carencia actual
de objeto y a prescindir de orden alguna, con independencia de aquellas que se
dirijan a prevenir al demandado sobre la inconstitucionalidad de su conducta y
a advertirle de las sanciones a las que se hará acreedor en caso de que la
misma se repita, al tenor del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991.
El derecho
fundamental a la educación y su exigibilidad por vía de tutela
7.- El derecho a
la educación consiste, básicamente, en la facultad de gozar de un servicio de
educación en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y
aceptabilidad[7]. Es por esto que la educación
a más de ser un derecho es un servicio público en virtud del artículo 67 de la
Constitución[8].
El derecho a la
educación es reconocido en el artículo 44 de la Constitución, el cual hace referencia
a los niños y las niñas como sus titulares[9], y en el
artículo 67 de la misma[10] según el cual éste
derecho se radica, también, en cabeza de las demás personas. Además, es
reconocido por varios tratados internacionales de derechos humanos ratificados
por Colombia -que hacen parte del bloque de constitucionalidad al tenor del
artículo 93 de la Carta de 1991- como el Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales (artículo 13[11]), el
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –en adelante Pacto de San
Salvador- (artículo 13[12]) y la Convención sobre
los Derechos del Niño[13] (artículo 28[14]).
Desde sus
primeros años[15], esta Corte ha resaltado
la importancia del derecho a la educación como instrumento o medio esencial
para alcanzar el goce de otros derechos tales como la dignidad humana, el libre
desarrollo de la personalidad, la igualdad, el derecho a escoger profesión u
oficio, el derecho al trabajo, el mínimo vital y, en general, para lograr una
ciudadanía plena. Así mismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, organismo que interpreta y vigila el cumplimiento del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación
General No. 13 sobre el derecho a la educación, afirmó que éste derecho “es
el principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y
socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades”[16],
razón por la cual cobra vital importancia en un país como el nuestro.
8.- De acuerdo a
la clasificación ampliamente difundida en la doctrina que se ha ocupado de los
derechos fundamentales, la cual toma como base el proceso histórico de
surgimiento de estas garantías como parámetro de consulta para establecer la
naturaleza de tales derechos, el de la educación se inscribe en la categoría de
los derechos de segunda generación –igualmente conocidos como derechos sociales
o de contenido económico, social y cultural-.
En el
ordenamiento jurídico colombiano y, durante un amplio lapso, la doctrina
constitucional – incluida la jurisprudencia de la Corte Constitucional -,
acogió la distinción teórica entre derechos civiles y políticos o derechos de
primera generación, de una parte, y derechos sociales, económicos y culturales,
de otra. Los primeros generadores de obligaciones negativas o de abstención y
por ello reconocidos en su calidad de derechos fundamentales y susceptibles
de protección directa por vía de tutela. Los segundos, desprovistos de
carácter fundamental por ser fuente de prestaciones u obligaciones
positivas, frente a los cuales, por ésta misma razón, la acción de tutela
resultaba, en principio, improcedente.
Durante ese período de tiempo, a pesar de reconocer el carácter
marcadamente prestacional del derecho a la educación[17],
la Corte Constitucional admitió en ciertos eventos su fundamentalidad y, en
consecuencia, la procedencia de la acción de tutela para su protección en
algunas hipótesis.
Así, en ocasiones afirmó que el derecho a la educación era
fundamental al menos en el caso de los niños y las niñas debido al tenor
literal del artículo 44 de la Constitución que prescribe “son derechos
fundamentales de los niños: (…) la educación”[18]. En
otras señaló que, con independencia del titular, el derecho a la educación era
fundamental “por la estrecha vinculación
existente entre la educación y los valores del conocimiento, el libre
desarrollo de la personalidad, la igualdad de oportunidades y el acceso a la cultura,
entre otros”[19], lo cual no se traducía automáticamente en su exigibilidad judicial
inmediata mediante la acción de tutela pues “no es uno de los enumerados en
el artículo 85 de la Carta como derecho de aplicación inmediata, esto es,
aquéllos que no requieren de desarrollo legal o de realización material
progresiva para poder exigirse su efectividad”[20]. Incluso,
en otras oportunidades, en contravía de lo anterior, indicó que la educación
era un derecho fundamental de aplicación inmediata por su importancia en el
texto constitucional de 1991 o para el goce de otros derechos[21].
También, como lo hizo para la generalidad de los
llamados derechos de segunda generación, admitió que el derecho a la educación,
aunque no era fundamental, podía ser amparado por vía de tutela cuando se
lograba demostrar un nexo inescindible entre éste derecho de orden prestacional
y un derecho fundamental, lo que se denominó “tesis de la conexidad” [22].
Como se ve, la distinción entre los derechos económicos, sociales y
culturales y los derechos civiles y políticos, que negaba el carácter
fundamental del derecho a la educación en razón a su impronta prestacional,
llevó a esta Corporación a usar argumentos de distinto alcance, que algunas
veces se contradecían entre sí, para demostrar la fundamentalidad del derecho a
la educación en algunos casos y protegerlo, en ciertos eventos, por medio de la
acción de tutela. En otras palabras, cada vez que se ejercía la facultad de
revisión de un fallo de tutela relacionado con el derecho a la educación, en
razón a su naturaleza de derecho social, era necesario un esfuerzo
argumentativo que justificara su carácter fundamental y la procedencia del
mecanismo de amparo en el caso concreto.
9.- Desde hace
algún tiempo, una corriente doctrinal ha mostrado que la razón para negar el
carácter fundamental a los derechos de segunda generación, como el derecho a la
educación, la cual consiste en sostener que, a diferencia de los derechos de
primera generación, implican obligaciones positivas carece de fundamento pues
tanto los derechos civiles y políticos como los derechos sociales, económicos y
culturales implican obligaciones de carácter negativo como de índole positiva[23].
El Estado ha de abstenerse de realizar acciones orientadas a desconocer estos
derechos (deberes negativos del Estado) y, con el fin de lograr la plena
realización en la práctica de todos estos derechos – políticos, civiles,
sociales, económicos y culturales – es preciso, también, que el Estado adopte
un conjunto de medidas y despliegue actividades que implican exigencias de
orden prestacional (deberes positivos del Estado). Según esta óptica, la
implementación práctica de todos los derechos constitucionales fundamentales
siempre dependerá de una mayor o menor erogación presupuestaria, de forma tal
que despojar a los derechos sociales – como el derecho a la educación- de su
carácter de derechos fundamentales por ésta razón resultaría no sólo confuso
sino contradictorio pues también habría que negar tal calidad a los derechos de
civiles y políticos al ser generadores de prestaciones.
La mencionada
tesis se hace patente en el derecho a la educación, el cual incluye
obligaciones de tipo prestacional pero también implica obligaciones de
abstención. En concreto, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General No. 13 sobre el
derecho a la educación, señaló que “El
derecho a la educación, como todos los derechos humanos, impone tres tipos o
niveles de obligaciones a los Estados Partes: las obligaciones de respetar, de
proteger y de cumplir”[24]. De éstas, la primera es obligación de abstención, la segunda es una
obligación positiva y la tercera es una prestación. Dijo el Comité,
“47. La obligación de respetar exige que
los Estados Partes eviten las medidas que obstaculicen o impidan el disfrute
del derecho a la educación. La obligación de proteger impone a los Estados
Partes adoptar medidas que eviten que el derecho a la educación sea
obstaculizado por terceros. La de dar cumplimiento (facilitar) exige que los
Estados adopten medidas positivas que permitan a individuos y comunidades
disfrutar del derecho a la educación y les presten asistencia. (…) Como norma general,
los Estados Partes están obligados a dar cumplimiento a (facilitar) un derecho
concreto del Pacto cada vez que un individuo o grupo no puede, por razones
ajenas a su voluntad, poner en práctica el derecho por sí mismo con los
recursos a su disposición”.
10.- En vista de lo anterior, en pronunciamientos recientes esta Corte ha
señalado que todos los derechos constitucionales son fundamentales[25]
pues se conectan de manera directa con los valores que las y los Constituyentes
quisieron elevar democráticamente a la categoría de bienes especialmente
protegidos por la Constitución. Estos valores consignados en normas jurídicas
con efectos vinculantes marcan las fronteras materiales más allá de las cuales
no puede ir la acción estatal sin incurrir en una actuación arbitraria
(obligaciones estatales de orden negativo o de abstención). Significan, de modo
simultáneo, admitir que en el Estado social y democrático de derecho no todas
las personas gozan de las mismas oportunidades ni disponen de los medios –
económicos y educativos - indispensables que les permitan elegir con libertad
aquello que tienen razones para valorar. De ahí el matiz activo del papel del
Estado en la consecución de un mayor grado de libertad, en especial, a favor de
aquellas personas ubicadas en un situación de desventaja social, económica y
educativa. Por ello, también la necesidad de compensar los profundos
desequilibrios en relación con las condiciones de partida mediante una acción
estatal eficaz (obligaciones estatales de carácter positivo o de acción).
11.- Restarles
el carácter de derechos fundamentales a los derechos sociales no armonizaba,
por lo demás, con las obligaciones estatales adquiridas en virtud de los pactos
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia –que hacen
parte del bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 93 de la
Constitución- mediante los cuales se ha logrado superar esta diferenciación
artificial que hoy resulta obsoleta así sea explicable desde una perspectiva
histórica.
En efecto, en el
Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales,
ratificado por Colombia en 1969, los estados partes reconocen, siguiendo la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la interdependencia de los
derechos humanos de primera y segunda generación al decir que “no puede
realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a
menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus
derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles
y políticos”.
Lo propio se
hace en el marco del sistema interamericano mediante el Pacto de San Salvador,
ratificado por Colombia en 1997, en cuyo Preámbulo se resalta la base común de
todos los derechos humanos cual es la dignidad humana y su consecuente
interdependencia al decir que los estados partes reconocen “la estrecha
relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y
culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes
categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en
el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una
tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin
que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de
otros”[26].
12.- Ahora bien,
una cosa es la fundamentalidad de los derechos y otra – muy distinta – la
posibilidad de hacerlos efectivos a través de la acción de tutela.
Existen facetas
prestacionales de los derechos fundamentales – sean éstos civiles, políticos,
económicos, sociales o culturales -, como el derecho a la educación, cuya
implementación política, legislativa, económica y técnica es más exigente que
la de otras y depende de fuertes erogaciones económicas en un contexto de escasez
de recursos. Esto supone que algunas veces sea necesario adoptar políticas
legislativas y/o reglamentarias para determinar específicamente las
prestaciones exigibles y las condiciones para acceder a las mismas, las
instituciones obligadas a brindarlas y su forma de financiación, teniendo en
cuenta que se debe atender, de modo prioritario, a quienes más lo necesitan.
Sobra decir que,
en esta tarea, el legislador y la administración deben respetar los mandatos
constitucionales y honrar los compromisos  internacionales que ha adquirido
Colombia con la ratificación de varios tratados internacionales sobre derechos
humanos –que hacen parte del bloque de
constitucionalidad de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución-para lo cual deben tener en cuenta las interpretaciones que los
órganos autorizados han hecho sobre el alcance de los derechos y los deberes
estatales que reconocen e imponen, respectivamente, estas normas[27].
La necesidad del
desarrollo político, reglamentario y técnico no determina que estos derechos
pierdan su carácter fundamental, pero sí tiene repercusiones en la posibilidad
de protegerlos mediante la acción de tutela pues la indeterminación de
algunas de sus facetas prestacionales puede dificultar establecer con
exactitud, en un caso concreto, quien es el sujeto obligado, quien es el
titular y cuál es el contenido prestacional constitucionalmente determinado.
En este sentido,
la Corte ha señalado que sólo una vez adoptadas las medidas de orden
legislativo y reglamentario, si se cumplen los requisitos previstos en
estos escenarios, las personas pueden, sin excepción, acudir a la acción de
tutela para lograr la efectiva protección de estos derechos fundamentales
cuando quiera que este se encuentre amenazado de vulneración o haya sido
conculcado[28], previo análisis de los requisitos de procedibilidad de este
mecanismo constitucional.
La anterior
regla tiene una excepción, pues también ha indicado la Corte que ante la renuencia
de las instancias políticas y administrativas competentes en adoptar e
implementar medidas orientadas a realizar estos derechos fundamentales en la
práctica, los jueces pueden hacer efectivo su ejercicio por vía de tutela cuando
la omisión de las autoridades públicas termina por desconocer por entero la
conexión existente entre la falta de protección de los derechos fundamentales y
la posibilidad de llevar una vida digna y de calidad, especialmente de sujetos
de especial protección o, en general, de personas colocadas en situación
evidente de indefensión[29].
La verificación
de la mencionada omisión, en el caso del derecho a la educación, debe tener en
cuenta el momento y la forma en que la que el Estado Colombiano
debe cumplir con sus compromisos en la materia según la Constitución y los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por nuestro país.
Como se verá, tales normas distinguen entre las obligaciones de cumplimiento inmediato
y las de cumplimiento progresivo y atribuyen compromisos prioritarios
en torno a la obligatoriedad de la educación básica de los niños y las niñas y
la gratuidad de la educación primaria.
13.- De esta
forma queda claro que el derecho a la educación es un derecho fundamental,
no sólo de los niños y las niñas, sino de todas las personas y que, cuando
se presenten alguno de los dos eventos descritos, la acción de tutela puede ser
usada para protegerlo, siempre y cuando se verifiquen, además, los requisitos
de procedibilidad de este mecanismo procesal. En este sentido, la nueva postura
de la Corte Constitucional en torno a la fundamentalidad de todos derechos
constitucionales releva al juez de amparo de la carga de argumentar, en cada
caso, porque el derecho a la educación es fundamental, pero le impone la
obligación de verificar si se presenta alguna de las dos hipótesis
mencionadas.
Contenido del
derecho fundamental a la educación y obligaciones estatales en materia
educativa de conformidad con el bloque de constitucionalidad
14.-  Como se
señaló, el derecho fundamental a la educación consiste,
básicamente, en la facultad de gozar de un servicio de educación con cuatro
características interrelacionadas cuales son la asequibilidad o disponibilidad,
la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad, elementos que se
predican de todos los niveles de educación y que el estado debe respetar
(abstenerse de interferir), proteger (evitar interferencias provenientes de
terceros) y cumplir (ofrecer prestaciones)[30].
Tales
componentes, conocidos como el sistema de las cuatro A, fueron planteados por
primera vez en el informe preliminar presentado a la Comisión de Derechos
Humanos por la Relatora Especial sobre el derecho a la educación el 13 de enero
de 1999[31] y han sido acogidos
tanto por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su
Observación General No. 13 sobre el derecho a la educación[32],
como por esta Corte en varias de sus sentencias con fundamento en la figura del
bloque de constitucionalidad (artículo 93 de la Constitución)[33].
15.- La disponibilidad
o asequibilidad hace referencia a que “debe haber instituciones y
programas de enseñanza en cantidad suficiente”[34].
Ello implica que
el Estado está obligado, entre otras cosas, a (i) abstenerse de impedir a los particulares fundar instituciones
educativas, a (ii) crear y/o financiar suficientes instituciones educativas a
disposición de todas aquellas personas que demandan su ingreso al sistema
educativo y a (iii) invertir en recursos humanos (docentes y personal
administrativo) y físicos (infraestructura y materiales educativos, entre
otros) para la prestación del servicio[35]. Compromisos
que no son ajenos al texto de la Constitución, si se recuerda que el artículo
68 reconoce el derecho de las particulares de fundar establecimiento educativos
y que el inciso 5 del artículo 67 indica que el Estado
debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio educativo.
Es necesario
enfatizar, en lo relativo a las obligaciones (ii) y (iii), que hay diferencias
en la forma en la cual el Estado debe cumplir su compromiso de
asequibilidad según (a) el nivel de enseñanza y según (b) el titular del
derecho, criterios que, como se indicó, debe tener en cuenta el juez de amparo
al analizar, en un caso concreto, si se ha violado el derecho fundamental a la
educación por incumplimiento la obligación de disponibilidad.
(a) En lo que respecta al nivel de enseñanza, de conformidad
con el artículo 67 de la Constitución, la educación obligatoria “comprenderá
como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”. Esta
disposición constitucional, según la jurisprudencia de esta Corporación[36],
se traduce en que si bien el Estado tiene la obligación de disponibilidad
respecto de todas las etapas de la educación (preescolar, primaria, secundaria
y superior), se prioriza la consecución de un mínimo: un año de
preescolar y nueve de educación básica, correspondiendo esto último a cinco años
de primaria y cuatro de secundaria.
La priorización referida no coincide completamente con la estipulada
en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia. Así el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, en su artículo 13, limita la obligatoriedad de la educación a la
primaria, lo que deja por fuera al nivel preescolar y a los cuatro años de
secundaria que están contemplados en la Carta del 1991[37]. Idéntica disposición contiene el Pacto de San Salvador en el
artículo 13[38] y la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 28[39].
Según la
jurisprudencia constitucional, la contradicción entre una norma constitucional
y una norma internacional que hace parte del bloque de constitucionalidad se
debe resolver de acuerdo con el principio de la favorabilidad, bajo el
cual “el intérprete debe escoger y aplicar la regulación que sea más favorable
a la vigencia de los derechos humanos”[40], en
este caso la norma constitucional.
En este orden de ideas, el compromiso de asequibilidad del Estado
colombiano con respecto a la educación se predica respecto de todos los niveles
educativos -desde el preescolar hasta el superior- pero con primacía de
un mínimo -un año de preescolar, cinco años de primaria y cuatro de
secundaria- a partir del cual se debe avanzar progresivamente hacia la
asequibilidad de dos años más de preescolar, dos años adicionales de secundaria
y educación superior.
(b) Tratándose del titular del derecho, al tenor del artículo
67 de la Constitución, la educación “será obligatoria entre los cinco y los
quince años de edad”. Esta norma no que significa que el Estado colombiano
no tenga el compromiso de hacer que la educación sea asequible a las personas
de todas las edades en todos los niveles educativos, sino que, de nuevo, privilegia
el logro de un mínimo: disponibilidad de la educación para niños y niñas
entre los cinco y los quince años en los grados de educación también
preferentes antes señalados -un año de preescolar, primaria y cuatro años de
secundaria-. A partir de este mínimo el Estado tiene el deber de progresar
hacia la asequibilidad de la educación de las demás personas en los demás
grados educativos.
Ahora bien, aunque el artículo 67 de la Constitución habla de los
niños y niñas entre los cinco y los quince años, según la jurisprudencia
constitucional el límite superior debe ser entendido hasta los 18 años. Al
respecto, en la sentencia T-163 de 2007[41]
se indicó:
“(…) la Corte ha sostenido que una
interpretación armónica del artículo 67 de la Carta, con el artículo 44 ibídem y
con los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado
Colombiano en la materia, lleva a concluir que la educación es un derecho
fundamental de todos los menores de 18 años.
Lo anterior, por cuanto, de una parte, el
artículo 44 superior reconoce que la educación es un derecho fundamental de
todos los niños, y conforme al  artículo 1° de la Convención sobre los derechos
del niño - ratificada por Colombia por medio de la Ley 12 de 1991- la niñez se
extiende hasta los 18 años[42], y de otra por que según el principio de
interpretación pro infans –contenido también en el artículo 44-, debe optarse
por la interpretación de las disposiciones que menos perjudique el derecho a la
educación de los niños.
En este orden de ideas, ha precisado esta
Corporación (…) que (…) el umbral de 15 años previsto en la disposición aludida
corresponde solamente a la edad en la que normalmente los estudiantes culminan
el noveno grado de educación básica, pero no es un criterio que restrinja el
derecho a la educación de los menores de edad, pues de afirmar lo contrario, se
excluirían injustificadamente del sistema educativo menores que por algún
percance –de salud, de tipo económico, etc.- no pudieron terminar su educación
básica al cumplir dicha edad”.
16.- La accesibilidad
implica que “las instituciones y los programas de enseñanza han de ser
accesibles a todos”[43], y
consta de tres dimensiones:
(i) No discriminación: “la educación debe ser accesible a todos,
especialmente a los grupos más vulnerables de hecho y de derecho”[44],
por lo que no están excluidas las medidas de acción afirmativa[45].
La obligación correlativa del Estado en este punto es, obviamente, la
eliminación de todo tipo de discriminación en el sistema educativo, compromiso
que es desarrollo del artículo 13 de la Constitución que reconoce el derecho a
la igualdad.
(ii) Accesibilidad material: “La educación ha de ser asequible
materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable (por
ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el
acceso a programas de educación a distancia)”[46]. La
obligación estatal es garantizar, por los medios más adecuados, que el servicio
educativo sea accesible desde el punto de vista físico, lo que hace parte del
mandato contenido en el inciso 5 del artículo 67 que
prescribe que el Estado debe asegurar a los menores las condiciones necesarias
para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
(iii) Accesibilidad económica: “La
educación ha de estar al alcance de todos”, lo que se traduce en que se ha
de ofrecer educación pública gratuita en todos los niveles[47].
Ahora bien, en este punto existen diferencias en la forma en
la cual el Estado debe cumplir la obligación de gratuidad de la educación
pública según se trate de educación primaria, secundaria o superior, distinción
que relevante a la hora de resolver si, en un caso concreto, se ha violado el
derecho a la educación por incumplimiento de la obligación de accesibilidad
económica.
A la luz del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (artículo 13[48]) y del Pacto de San Salvador (artículo 13[49]) mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos
de forma prioritaria, se exige a los Estados que implanten gradualmente
la enseñanza secundaria y superior gratuita.
Lo anterior contrasta, en lo que tiene que ver con la educación
primaria, con el artículo 63 de la Constitución que la indica que la
educación debe ser gratuita en las instituciones del Estado pero, al mismo
tiempo, autoriza el cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.
Tal como se señaló, la Corte ha resuelto en anteriores ocasiones las
contradicciones entre normas constitucionales y normas internacionales que
hacen parte del bloque de constitucionalidad de acuerdo con el principio de
favorabilidad[50].
Como en este caso la norma internacional resulta más favorable, se
puede concluir que la obligación de accesibilidad económica del Estado
colombiano consiste en implantar, de forma preferente, la gratuidad de
la educación primaria y, a partir de ese mínimo avanzar progresivamente
en ese sentido en lo relacionado con la educación secundaria y superior.
17.- La adaptabilidad
consiste en que “la educación ha de tener la flexibilidad necesaria para
adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y
responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales
variados”[51]. En
otras palabras, el Estado está obligado a garantizar que la educación se adapte
al estudiante y no que el estudiante se adapte a la educación, lo cual tiene
plena correspondencia con los derechos fundamentales al libre desarrollo de la
personalidad (artículo 16 de la Constitución) y al respeto y reconocimiento de
las diferencias (artículo 13 ídem).
18.- Finalmente,
la aceptabilidad significa que “la forma y el fondo de la educación,
comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser
aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena
calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los padres”[52].
Por lo cual, de conformidad con el inciso 5 del artículo 67 de la Carta el
Estado debe regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la
educación, con el fin de velar por su calidad.
Obligaciones
estatales de cumplimiento inmediato y de cumplimiento progresivo en lo relativo
al derecho a la educación
19.- Como se
puede deducir del aparte anterior, las obligaciones del estado en materia
educativa aunque implican gran número de abstenciones, contienen también un
marcado acento prestacional, el cual implica considerables erogaciones
económicas en un contexto de escasez de recursos. Esta consideración remite
indefectiblemente al tema del momento en el cual el Estado debe honrar
los mencionados compromisos, criterio que, sin duda alguna, debe tener en
cuenta el juez de tutela al determinar, en un caso concreto, si se ha violado
el derecho fundamental a la educación por incumplimiento las obligaciones
estatales relacionadas con la educación.
Al  respecto,
los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia
–que hacen parte del bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 93 de la
Constitución- distinguen entre las obligaciones de cumplimiento inmediato y las
de cumplimiento progresivo[53]. Las primeras son
aquellas que deben efectuarse a cabalidad desde el momento mismo de
ratificación del instrumento internacional y las segundas son las que, debido a
la limitación de los recursos disponibles, están sujetas a un avance gradual
pero constante en el nivel de satisfacción del derecho, lo cual también
incluye, en principio, la prohibición de las denominadas medidas regresivas que
disminuyen el grado de goce del mismo.
20.- Las
obligaciones estatales de cumplimiento inmediato en materia educativa
que a su vez constituyen el mínimo y que, por tanto, no están sometidas
a la disponibilidad de recursos, según el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, son (i) las obligaciones de respeto, que implican
abstenerse de impedir la realización del derecho[54], (ii) las obligaciones de protección, que comprometen
a los Estado a evitar interferencias ilegítimas de terceros[55], (iii) la
accesibilidad a la educación sin discriminación alguna[56],
(iv) la obligación de empezar a adoptar medidas de diversa índole, utilizando
todos los recursos disponibles, para alcanzar la plena vigencia de los cuatro
contenidos del derecho a la educación[57] y (v) la disponibilidad
y gratuidad (accesibilidad económica) de la enseñanza primaria[58].
La idea que los niveles mínimos son de exigibilidad inmediata también ha sido
avalada por la jurisprudencia de esta Corporación[59].
La inclusión de
éste último punto dentro de las obligaciones de cumplimiento inmediato se
justifica en virtud del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Colombia en 1969, que
impuso a los estados partes un plazo específico de dos años, contados a partir
de la entrada en vigencia del tratado, para la elaboración y ejecución de un
plan detallado que se dirija a lograr progresivamente, pero en un
número razonable de años fijado en el mismo, educación primaria obligatoria
y gratuita[60].
21.-   Los demás
compromisos estatales a las que se hizo referencia en el acápite anterior, que
son básicamente las obligaciones de cumplimiento[61] efectivo y pleno de los cuatro elementos del derecho a la
educación, son progresivos o graduales.
Tanto el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[62] como esta
Corte[63] han indicado que tal
calidad “constituye un reconocimiento del hecho de que la plena efectividad
de todos los derechos económicos, sociales y culturales en general no podrá
lograrse en un breve período de tiempo”[64] pero,
al mismo tiempo, han enfatizado que ello no priva de efectividad a este tipo de
compromisos pues se impone la obligación de avanzar cada día en la consecución
de este objetivo usando el máximo de los recursos disponibles lo cual, además,
lleva consigo prohibición prima facie de todas las medidas de carácter
deliberadamente retroactivo, salvo que se justifiquen plenamente.
Caso concreto
22.- En el
presente asunto, el señor Luis Alberto Lozano considera
vulnerado el derecho fundamental a la educación de sus hijos, Nicolás Ricardo
Lozano Arévalo, de once (11) años, y Dayana Lorena Lozano Arévalo, de diez (10)
años, debido a que la Institución Educativa Ciudad Luz se rehusó a
matricularlos en los grados quinto de primaria y sexto de secundaria,
respectivamente, con el argumento de la falta de cupo. Al ser la entidad
educativa de carácter oficial también se demandó al Municipio de Ibagué y a su
Secretaría de Educación. En consecuencia, el actor
solicitó ordenar a los demandados “matricular al estudiante Nicolás Ricardo
Lozano Arévalo en el grado 5, y a Dayana Lorena Lozano Arévalo al Grado Sexto” (folio
2, cuaderno 2).
Durante el
transcurso de la primera instancia se determinó que, en realidad, la negativa
de la Institución Educativa Ciudad Luz se circunscribía a Nicolás Ricardo
Lozano Arévalo pues en el escrito de contestación se afirmó que “al señor se le concedió el cupo de la estudiante DAYANA LORENA
LOZANO (…) por que (sic) a la fecha si habían cupos para ese grado” (folio 24, cuaderno 2).
23.- Ahora bien,
mediante las pruebas solicitadas por el Magistrado Sustanciador en el trámite
de revisión, se comprobó que los hijos del actor se
encuentran matriculados en el presente año lectivo en la Institución Educativa
Técnica Francisco de Paula Santander de Ibagué, la cual tiene carácter oficial,
en los grados académicos que les corresponden (folio 17, cuaderno principal), hecho que hace concluir que en el caso bajo examen se presenta una
carencia actual de objeto por hecho superado.
En efecto, aunque los hijos del demandante
no fueron matriculados en la Institución Educativa Oficial Ciudad Luz de
Ibagué, se les garantizó la disponibilidad del servicio público de educación y,
por ende, su derecho fundamental, a través de la matricula en otra entidad educativa
oficial, cual es la Institución Educativa Técnica Francisco de Paula Santander
en la misma ciudad y, por ello, cualquier orden en el sentido de inscribirlos
en la primera de estas entidades sería innecesaria por haberse satisfecho, en
lo fundamental, la pretensión del peticionario, circunstancia que según la
jurisprudencia constitucional reseñada[65] configura el
hecho superado.
Si bien es cierto el actor manifestó que
la motivación para retirar a sus hijos de la Institución Educativa Técnica
Francisco de Paula Santander con el fin de matricularlos en la Institución
Educativa Ciudad Luz era un cambio de residencia (folio 1, cuaderno 2), de las pruebas que obran en el expediente no es
posible extraer que el hecho de regresar a la primera de estas entidades
educativas viole el componente de accesibilidad geográfica del derecho a la
educación.
En vista de lo explicado, la Sala
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado y se abstendrá de
emitir orden alguna. Pero antes de ello, hará un corto análisis sobre la
presunta vulneración del derecho fundamental a la educación del niño Nicolás Ricardo
Lozano Arévalo y la decisión de instancia, en virtud del “deber de determinar el alcance de los
derechos fundamentales cuya protección se solicita”[66],
al que ya se ha hecho
referencia.
24.- El problema
jurídico planteado en el escrito de tutela se relaciona con el presunto
incumplimiento por parte del Estado de la obligación de disponibilidad o
asequibilidad, el cual derivaría en la violación del derecho fundamental a la
educación de Nicolás Ricardo Lozano Arévalo, de once (11) años de edad. Ello
porque al hijo del actor se le negó la matrícula en el grado quinto de primaria
en una institución educativa oficial con el argumento de que no había cupo y,
como se expuso, la disponibilidad o asequibilidad hace referencia a que “debe
haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente”[67].
Al respecto, la
Sala considera necesario recordar que, como se indicó con anterioridad, de
conformidad con el artículo 67 de la Constitución, los tratados internacionales
ratificados por Colombia y la jurisprudencia constitucional[68],
aunque el compromiso de asequibilidad se predica respecto de todos los niveles
educativos y de todas las personas hay un mínimo que tiene carácter prioritario
constituido por un año de preescolar, cinco de primaria y cuatro de
secundaria para los menores de 18 años; nivel a partir del cual se debe avanzar
progresivamente hacia la asequibilidad de dos años más de preescolar, dos años
adicionales de secundaria y educación superior para todas las demás personas.
En otras palabras, la obligación de disponibilidad se servicio educativo en lo
relativo a estos grados de enseñanza y a estas personas tiene carácter privilegiado.
Así mismo, hay
que recalcar que, como ya se expuso, la obligación de disponibilidad de la
enseñanza primaria es de inmediato cumplimiento, de acuerdo con la
interpretación hecha el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[69],
organismo de vigilancia del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el cual hace parte del bloque de constitucionalidad. Lo
anterior, en vista de que el artículo 14 de este instrumento internacional,
ratificado por Colombia en 1969, impuso a los estados partes un plazo
específico de dos años, contados a partir de la entrada en vigencia del
tratado, para la elaboración y ejecución de un plan detallado que se dirija a
lograr progresivamente, pero en un número razonable de años fijado en
el mismo, educación primaria obligatoria y gratuita.
25.- Ahora bien,
con base en la jurisprudencia constitucional existente no resulta claro si es
posible exigir, por vía de tutela, el cumplimiento de la obligación estatal de asequibilidad
en el caso de menores de edad que intentan ingresar a los grados obligatorios
de enseñanza del artículo 67 de la Constitución cuya matricula es rechazada por
ausencia de cupo.
Así, en la sentencia
T-329 de 1993 se analizó el caso de una niña de 16 años que deseaba entrar al
grado octavo de secundaria en una institución educativa pública de la cual se
había retirado por problemas familiares. La Corte concedió el amparo e indicó
que, a pesar de estar verificada la falta de cupo, “en materia de
solicitudes de reingreso se debe contemplar la existencia de circunstancias
ajenas a la voluntad del estudiante que justifican su decisión de no continuar
en el sistema educativo. De lo contrario, causas no atribuibles a la persona -
vgr. la muerte de uno de los padres - , que la colocan en una situación de
desventaja frente a los demás miembros de la sociedad, tendrían el efecto
adicional de privarla de la protección especial que la misma Constitución prevé
cuando garantiza las mismas oportunidades para todos, brindando adicionalmente
una protección especial a las personas que se encuentran en circunstancias de
debilidad manifiesta (CP art. 13)”.
En la sentencia
T-236 de 1994 se estudió el caso de una niña que se disponía a solicitar
matrícula en un colegio público  de educación secundaria pero cuyo ingreso
podría llegar a ser negado debido a la falta de cupos que posiblemente se
originaría en razón a un plan de sectorización del servicio educativo según el
cual las instituciones educativas oficiales sólo estaban habilitadas para
aceptar estudiantes del sector en el que habitan. La amenaza del derecho
fundamental provenía del hecho de que en el sector donde residía la menor solo existía
una institución educativa publica para una gran cantidad de alumnos. La Corte
concedió el amparo “dado que el derecho a la educación esta erigido como
derecho constitucional fundamental de aplicación inmediata, lo cual impone a
aquel como deber ineludible una respuesta inmediata a las necesidades
insatisfechas de educación, cuya satisfacción es prioritaria, a través del
llamado gasto social (art. 366, ibídem).
Sin embargo, en
la sentencia T-441 de 1994, al decidir el caso de una niña que se le negó el
ingreso al grado sexto, la Corte negó el amparo bajo el argumento de que la
negativa obedecía a “deficiencias estructurales, que al presente sobrepasan
las posibilidades del servicio que, por este aspecto, tiene un carácter
asistencial, no resultando un derecho fundamental de los amparables por vía de
tutela”. Iguales consideraciones se aplicaron en la sentencia T-388 de 1995
en el caso de un niño cuyo ingreso a tercero de primaria se rechazó.
En esta
oportunidad la Sala reafirma que este tipo de situaciones que involucran la
obligación estatal de disponibilidad en el caso de niños y niñas que aspiran a
ingresar a los grados obligatorios del artículo 67 de la Constitución –un año
de preescolar, primaria y cuatro grados de secundaria- pueden ser exigidas por
vía de tutela al ser, como se dijo, un compromiso prioritario y de
cumplimiento inmediato -en el caso de la enseñanza primaria- para el Estado.
No puede ser otra la posición en vista de la fuerza vinculante en el orden
interno de los tratados internacional sobre derechos humanos ratificados por
Colombia (artículo 93 de la Constitución) y del reciente reconocimiento que ha
hecho esta Corporación del carácter fundamental de los derechos económicos,
sociales y culturales.
26.- En este
orden de ideas, la obligación estatal de asequibilidad de la educación respecto
del niño Nicolás Ricardo Lozano Arévalo era prioritaria y de cumplimiento
inmediato por el hecho de ser un menor de dieciocho años que intentaba a
ingresar al grado quinto de enseñanza primaria y, en ese sentido, resulta
inadmisible que el juez de primera instancia negara el amparo. Es cierto que, con fundamento en las pruebas obrantes en el
expediente, se podía avizorar una situación de hacinamiento en la Institución
Educativa Ciudad Luz (folios 24, 37 y 38, cuaderno 2),
que podría ir en detrimento del componente de aceptabilidad o calidad del
derecho a la educación, pero ello no impedía hacer exigir a la Secretaría de
Educación Municipal el compromiso estatal de asequibilidad respecto del hijo
del peticionario en otra institución educativa oficial respetando, en la mayor
medida posible, la accesibilidad geográfica[70].
Afortunadamente, a pesar de la negativa del juez de primera instancia, la
obligación de disponibilidad fue satisfecha, en el caso bajo examen, mediante
la matricula en la Institución Educativa Técnica Francisco de Paula Santander,
entidad de carácter público.
De acuerdo con lo anterior, la Sala de Revisión declarará la
carencia actual de objeto por presentarse un hecho superado en la acción de tutela instaurada por Luis Alberto Lozano en representación de sus hijos
Nicolás Ricardo Lozano Arévalo y Dayana Lorena Lozano Arévalo contra el
Municipio de Ibagué, la Secretaría de Educación de Ibagué y la Institución
Educativa Ciudad Luz.
III. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.- DECLARAR
la carencia actual de objeto por hecho superado en
la acción de tutela instaurada por Luis Alberto Lozano
en representación de sus hijos Nicolás Ricardo Lozano Arévalo y Dayana Lorena
Lozano Arévalo contra el Municipio de Ibagué, la Secretaría de Educación de
Ibagué y la Institución Educativa Ciudad Luz.
Segundo.- Por Secretaría General,
líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de
1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
Ausente
en comisión
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1]
Para una explicación sobre cada una de estas circunstancias puede verse la
sentencia T-170 de 2009.
[2]
En el mismo sentido, las sentencia T-170 de 2009, T-309 de 2006, T-308 de 2003
y T-972 de 2000, entre muchas otras.
[3]
Sentencia T-170 de 2009.
[4]
“ARTICULO 24. PREVENCION A LA
AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto
impugnado (…) en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en
ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito
para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será
sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este
Decreto, todo son perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere
incurrido. El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que
lo considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión.”
[5]
Sentencia T-170 de 2009.
[6]
Ibídem.
[7]
El derecho a la educación puede diferenciarse de los derechos en la
educación, concepto que abarca todos aquellos derechos que deben ser respetados
dentro de los procesos educativos, como la dignidad humana, la igualdad (en el
acceso y la permanencia en el sistema educativo), la integridad personal
(prohibición de sanciones que atenten contra ella), el libre desarrollo de la
personalidad (prohibición de discriminar o sancionar a los(as) estudiantes que
opten por llevar el pelo largo, por casarse o convivir con otra persona, por su
opción sexual o por haber decidido ser padre o madre), el debido proceso (el
cual debe aplicarse al imponer sanciones por faltas disciplinarias en el ámbito
escolar), la libertad de cultos (pues nadie puede ser obligado a recibir
educación religiosa), entre otros.
[8]
Sobre el carácter de servicio público de la educación ver las
sentencias T-526 de 1997, T-029 de 2002, T-1227 de 2005, T-550 de 2007, T-805
de 2007, entre otras.
[9]
“Artículo 44. Son
derechos fundamentales de los niños: (…) la educación”.
[10]
“Artículo 67. La educación es un derecho de la
persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca
el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y
valores de la cultura”.
[11]
“Artículo 13. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su
dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar
a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre,
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.
2. Los Estados Partes en
el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de
este derecho:
a) La enseñanza primaria
debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
b) La enseñanza
secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y
profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos
medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la
enseñanza gratuita;
c) La enseñanza superior
debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de
cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la
implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
d) Debe fomentarse o
intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para
aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de
instrucción primaria;
e) Se debe proseguir
activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la
enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las
condiciones materiales del cuerpo docente.
3. Los Estados Partes en
el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su
caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas
distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan
las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y
de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. Nada de lo dispuesto
en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los
particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza,
a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de
que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que
prescriba el Estado”.
[12]
“Artículo 13. 1.    Toda persona tiene
derecho a la educación.
2.    Los
Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de
su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el
pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz.
Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas
para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr
una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad
entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y
promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.
3.    Los
Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el
pleno ejercicio del derecho a la educación:
a.    la
enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
b.    la
enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria
técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por
cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva
de la enseñanza gratuita;
c.    la
enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de
la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en particular,
por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
d.    se
deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica
para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de
instrucción primaria;
e.    se
deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a
fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con
impedimentos físicos o deficiencias mentales.
4.
Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los padres tendrán derecho
a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella
se adecue a los principios enunciados precedentemente.
5.
Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de
la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir
instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los
Estados partes.
[13] Ratificada por Colombia
en 1991.
[14]
“Artículo 28. 1. Los Estados Partes reconocen el
derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer
progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho,
deberán en particular:
a)
Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;
b)
Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria,
incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños
dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales
como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia
financiera en caso de necesidad;
c)
Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad,
por cuantos medios sean apropiados;
d)
Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones
educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;
e)
Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir
las tasas de deserción escolar.
2. Los
Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la
disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del
niño y de conformidad con la presente Convención.
3. Los
Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en
cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la
ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los
conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto,
se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
[15]
Sentencia T-236 de 1994. En el mismo sentido, las sentencias T-1227 de 2005 y
T-805 de 2007, entre otras.
[16]
Párr. 1.
[17]
Sentencias T-002 de 1992, T-236 de 1994, T-467 de 1994, T-100
de 1995, T-388 de 1995, T-235 de 1997, T-029 de 2002, T-550 de 2007, entre
otras.
[18]
Sentencias T-050 de 1999, T-1017 de 2000, T-202 de
2000, T-353 de 2001, T-055 de 2004 y T-1227 de 2005, entre
muchas otras.
[19]
Sentencia T-329 de 1993.
[20]
Sentencia T-329 de 1993. En similar sentido, sentencias T-100 de 1995, T-331 de
1998, T-509 de 1998, T-619 de 1998 y T-170 de 2003, entre otras.
[21]
Sentencias T-236 de 1994, T-235 de 1997, T-526 de 1997 y T-029 de 2002, entre
otras.
[22]
Posición planteada desde la sentencia T-406 de 1992. En el caso del derecho a
la educación, ver las sentencias T-467 de 1994 y T-1227 de 2005, entre otras.
[23]
Víctor Abramovich, Christian Courtis, Los derechos sociales como derechos
exigibles, Editorial Trotta, Madrid, 2002.
[24] Párr. 46.
[25]
Ver las sentencias T-016-07, T-1177-08,  T-1182-08, T-899-08 y T-1103-08, entre
otras, sobre el derecho a la salud, T-585-08 sobre el derecho a la vivienda y
T-580-07 y T-090-09, entre otras, sobre el derecho a la seguridad social.
[26]
Preámbulo que fue considerado por esta Corte como ajustado a la Constitución en
la sentencia C-251 de 1997, mediante la cual se realizó el control de
constitucionalidad de la ley aprobatoria del Pacto de San Salvador.
[27]
Al respecto ver las Sentencias C-616 de 2001, C-130 de 2002, C-791 de 2002 y
SU-623 de 2001.
[28]
Sentencia T-016-07. Reiterada por las sentencias
T-1177-08,  T-1182-08, T-899-08 y T-1103-08 y T-090-09, entre otras.
[29] Ibídem.
[30] Véase
párr. 9 de la presente sentencia.
[31] Párr.
50.
[32] Párr.
6.
[33] Sentencias
T-1227 de 2005, T-787 de 2006,  T-550 de 2007 y T-805 de 2007, entre otras.
[34]
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación
General No. 13 “El derecho a la educación”, párr. 6.
[35] Sentencias
T 787 de 2006, T-550 de 2007 y T-805 de 2007, entre otras.
[36] Sentencias T-263 de 2007
y T-805 de 2007, entre otras.
[37]
“Artículo 13. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona a la educación. (…) 2. Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: a) La enseñanza
primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente (…)” (subrayado
fuera de texto).
[38]
“Artículo 13. 1.    Toda persona tiene
derecho a la educación (…) 3. Los Estados partes en el presente Protocolo
reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la
educación:
a.    la
enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente
(…)” (subrayado fuera de texto).
[39]
“Artículo 28 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación
y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad
de oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Implantar la enseñanza
primaria obligatoria y gratuita para todos (…)”(subrayado fuera de
texto).
[40] Sentencia T-1319 de
2001. En el similar sentido, sentencia T-263 de 2007.
[41] En el mismo sentido, las sentencias T-323 de 1994,
T-787 de 2001 y T-805 de 2007.
[42]
Artículo 1.
[43]
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación
General No. 13 “El derecho a la educación”, párr. 6.
[44]
Ibídem.
[45]
Ibídem, párr. 32.
[46]
Ibídem, párr. 6.
[47]
Ibídem.
[48]
“Artículo 13. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona a la educación. (…)
2. Los Estados Partes en
el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de
este derecho:
a) La enseñanza primaria
debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
b) La enseñanza
secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y
profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos
medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la
enseñanza gratuita;
c) La enseñanza superior
debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de
cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la
implantación progresiva de la enseñanza gratuita (…)” (subrayado fuera
del texto original).
[49]
“Artículo 13. 1.    Toda persona tiene
derecho a la educación. (…) 3.    Los Estados partes en el
presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del
derecho a la educación:
a.    la
enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
b.    la
enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria
técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos,
por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva
de la enseñanza gratuita;
c.    la
enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de
la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en
particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita” (subrayado
fuera del texto original).
[50]
Sentencias T-1319 de 2001. En similar sentido, T-263 de 2007.
[51]
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación
General No. 13 “El derecho a la educación”, párr. 6.
[52]
Ibídem.
[53]
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No.
13 sobre el derecho a la educación, párr. 43. En el mismo sentido, para la
generalidad de los derechos humanos contenidos en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 3 sobre la
índole de las obligaciones de estados partes, párr. 1.
[54] Véase
párr. 9 de la presente sentencia.
[55] Véase
párr. 9 de la presente sentencia.
[56]
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No.
13 sobre el derecho a la educación, Párrs. 31 y 43.
[57]
Ibídem. Párr. 43. En el mismo sentido, sentencia C-251 de 1997
(control de constitucionalidad del Pacto de San Salvador).
[58]
Ibídem. Párrs. 51 y 57.
[59]
Ver sentencias T-805 de 2007 y T-305 de 2008, entre otras.
[60]
“Artículo 14. Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de
hacerse parte en él, aún no haya podido instituir en su territorio
metropolitano o en otros territorios sometidos a su jurisdicción la
obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria, se. compromete a
elaborar y adoptar, dentro de un plazo de dos años, un plan detallado de acción
para la aplicación progresiva, dentro de un número razonable de años fijado en
el plan, del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos”. Sobre
el contenido de esta obligación puede verse la Observación General No. 11 sobre
el plan de acción para la enseñanza primaria elaborada por el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
[61]
Véase párr. 9 de la presente sentencia.
[62]
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No.
13 sobre el derecho a la educación, párrs. 44 y 45. En el mismo sentido, para
la generalidad de los derechos humanos contenidos en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 3 sobre la
índole de las obligaciones de estados partes, párr. 9.
[63]
Sentencia C-251 de 1997. En el mismo sentido, sentencia C-251
de 1997 (control de constitucionalidad del Pacto de San Salvador).
[64]
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 3
sobre la índole de las obligaciones de estados partes, párr. 9.
[65]
Sentencia T-170 de 2009.
[66]
Sentencia T-170 de 2009.
[67]
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación
General No. 13 “El derecho a la educación”, párr. 6. En idéntico sentido,
artículo 67, inciso 5, de la Carta Política.
[68]
Sentencias T-323 de 1994, T-787 de 2001, T-163 de 2007, T-263 de 2007, T-805 de 2007, entre otras.
[69]
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación
General No. 13 “El derecho a la educación”, Ibídem. Párrs. 51 y 57.
[70]
Respecto de la protección por vía de tutela de este componente
puede verse las sentencias T-170 de 2003 y T-550 de 2007.