C-335-94
Sentencia No
Sentencia
C-335/94
PREVALENCIA
DEL DERECHO SUSTANCIAL/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Errores
El
actor señala como demandados, entre otros, los artículos 420 y 437 del Decreto
Ley 620 de 1989, el cual no se refiere a materia tributaria. En realidad, según
se desprende de las transcripciones y del encabezamiento de la demanda, las
disposiciones acusadas pertenecen al Decreto Ley 624 de 1989. Lo anterior no
fue obstáculo para que, en aplicación del principio de prevalencia del Derecho
Sustancial, fuera admitida la demanda y se le diera el trámite regular. Tampoco
lo es para que la Corporación entre a fallar de fondo sobre las normas contra
las cuales, pese a su equivocación, quiso el demandante enderezar la acción
pública de inconstitucionalidad.
IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO
El
gravamen se aplica en cada uno de los eslabones que llevan el bien o servicio
del productor al consumidor, de tal manera que éste (sujeto real de todo
impuesto indirecto) es, en última instancia, quien soporta el peso de aquél.
IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO-Sujetos Pasivos/AERODINOS
Puesto
que el IVA es un impuesto de creación legal, ninguna disposición constitucional
señala quiénes deben ser sus sujetos pasivos, de tal manera que la ley está
autorizada para establecer ese elemento del tributo, disponiendo qué clases de
operaciones están sometidas y cuáles no. Corresponde al legislador, según el
artículo 338 de la Constitución fijar directamente los sujetos activos y
pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Así,
pues, era de competencia del legislador señalar si las ventas de activos fijos
estaban sujetas al pago del impuesto. Resolvió excluirlas por regla general y
establecer algunos casos en que, excepcionalmente, debe pagarse el tributo, lo
cual se ajusta plenamente al ordenamiento constitucional en cuanto atañe a los
aerodinos, ya que se trata de bienes suntuarios cuya enajenación no es
cotidiana sino precisamente excepcional.
PRINCIPIO
DE IGUALDAD
Las
aludidas disposiciones no vulneran el principio de igualdad, pues, como en
repetidas ocasiones lo ha afirmado, este no consiste en prever para todas las
situaciones idénticas consecuencias ni en definir sin distinciones que todos
los individuos estarán sujetos a las mismas reglas, dentro de una concepción
absoluta y matemática, sino en dar el mismo trato a los entes y hechos que se
encuentren cobijados bajo una misma hipótesis y en establecer una distinta
regulación respecto de los que presentan características desiguales.
PRINCIPIO
DE EQUIDAD DEL TRIBUTO
Los
mandatos legales que se impugnan, lejos de desobedecer al principio de equidad,
le dan cabal realización en cuanto parten de supuestos que exigen trato
especial, diferente a aquel previsto por regla general para las situaciones del
común.
PRINCIPIO
DE EFICIENCIA DEL TRIBUTO
En
cuanto se refiere al principio de eficiencia, que atiende fundamentalmente a
los objetivos de interés general que busca la tributación y que consiste en
concebir el sistema normativo pertinente en medio idóneo para que los impuestos
cumplan su cometido esencial con los menores esfuerzos y los mayores
rendimientos, se realiza plenamente en el caso sub-examine, pues si algo garantiza
la normatividad acusada es una eficaz percepción de tributos por parte del
Estado mediante el mayor gravamen impuesto a quienes pueden tributar en mayor
proporción, con el consiguiente beneficio para la prosperidad general. La
propiedad -debe recordarse- es una función social que implica obligaciones
(artículo 58 de la Constitución).
PRINCIPIO
DE PROGRESIVIDAD
También
se realiza el principio de progresividad, en cuanto, de acuerdo con las normas
atacadas, contribuye en mayor medida quien tiene mayores posibilidades
económicas. Si alguien dispone de recursos suficientes como para adquirir un
avión, avioneta o helicóptero, deberá destinar al menos una parte de sus
ingresos al pago del impuesto que corresponde por la operación respectiva.
Recuérdese que se trata, según las normas demandadas, de aerodinos de uso
privado. La progresividad de los tributos -tiene dicho la Corte (Cfr. Sentencia
C-094 del 27 de febrero de 1993)- depende fundamentalmente de la
proporcionalidad existente entre el beneficio recibido y la tarifa del
impuesto.
-Sala
Plena-
Referencia:
expediente D-498
Demanda
de inconstitucionalidad contra los artículos 420 -Parágrafo-, 437 -literal b)-
y 469 -Parágrafo- del Decreto 624 de 1989 y contra el artículo 19 -Parágrafo-
de la Ley 06 de 1992.
Actor:
Rodrigo A Escobar Gil.
Magistrado
Ponente:
Dr.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO.
Sentencia
aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., mediante acta No. 42 del 21 de julio de
mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Decide
la Corte sobre la demanda instaurada por el ciudadano RODRIGO A. ESCOBAR GIL
contra los  artículos 420 -Parágrafo-,  437 -literal b)- y 469 -Parágrafo- del
Decreto 624 de 1989 y contra el artículo 19 -Parágrafo- de la Ley 06 de 1992.
Habiéndose
dado cumplimiento a los trámites que establece el Decreto 2067 de 1991, se
procede a decidir.
I.
TEXTOS
Las
normas acusadas dicen textualmente:
"DECRETO
0624 DE 1989
(Marzo
30)
Por
el cual se expide el Estatuto Tributario de los
impuestos
administrados por la Dirección General
de
Impuestos Nacionales
EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
en
ejercicio de las facultades extraordinarias que le confieren los artículos 90,
numeral
5º, de la Ley 75 de 1986 y 41 de la Ley 43 de 1987,
y
oída la Comisión Asesora de la Sala de Consulta
y
Servicio Civil del Consejo de Estado,
DECRETA:"
(...)
"Artículo
420.- Hechos sobre los que recae el impuesto. El impuesto a las
ventas se aplicará sobre:
(...)
Parágrafo.-
El impuesto no se aplicará a las ventas de activos fijos, salvo que se trate de
las excepciones previstas para los automotores y demás activos fijos que se
vendan habitualmente a nombre y por cuenta de terceros y para los
aerodinos".
(...)
"Artículo
437.- Los comerciantes y quienes realicen actos similares a los de ellos y los
importadores son sujetos pasivos.- Son responsables del impuesto:
(...)
"b)
En las ventas de aerodinos, tanto los  comerciantes como los vendedores
ocasionales de éstos";
(...)
"Artículo
469.- Bienes sometidos a la tarifa diferencial del 35%.- Los
bienes incluidos en este artículo están sometidos a la tarifa diferencial del
treinta y cinco por ciento (35%), cuando la venta se efectúe por quien los
produce, los importa o los comercializa, o cuando fueren el resultado del
servicio a que se refiere el parágrafo del artículo 476.
Partida
arancelaria                          Denominación de la mercancía
(...)                                           (...)
Parágrafo.- En el caso de
los aerodinos de uso privativo la tarifa será del 45%".
"LEY
O6 DE 1992
(Junio
30)
Por
la cual se expiden normas en materia tributaria,
se
otorgan facultades para emitir títulos de deuda
pública
interna, se dispone un ajuste de pensiones
del
sector público nacional y se dictan otras
disposiciones'
EL
CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA":
(...)
"Artículo
19.- Tarifa General del impuesto a las ventas" El
artículo 468 del Estatuto Tributario quedará así:
(...)
El
artículo 469 del Estatuto Tributario quedará así:
'Artículo
469.-
Bienes sometidos a la tarifa diferencial del 35%.- Los bienes incluídos en este
artículo están sometidos a la tarifa diferencial del 35% cuando la venta se
efectúe por quien los produce, los importa o los comercializa, o cuando fueren
el resultado del servicio a que se refiere el parágrafo del artículo 476.
Partida
arancelaria                          Denominación de la mercancía
(...)                                           (...)
Parágrafo.- En el caso de
los aerodinos de uso privativo la tarifa será del 45%'".
II. LA DEMANDA
Afirma
el demandante que los artículos acusados integran una proposición jurídica
completa e infringen los artículos 1, 2, 13, 58, 60, 95 -numeral 9º- y 363 de
la Constitución Nacional.
A
su juicio, el régimen del Impuesto a las Ventas le confiere un tratamiento
injusto, inequitativo y excesivamente gravoso a las operaciones comerciales que
recaen sobre los aerodinos de toda especie, tales como aviones, avionetas,
hidroaviones, planeadores, helicópteros, etc.
En
el Derecho Tributario -agrega- el impuesto del IVA se aplica exclusivamente al
valor agregado que se incorpora a los bienes corporales muebles y a los
servicios prestados por las distintas empresas y personas encargadas de su
producción, importación o comercialización.
Según
la demanda, lo esencial para determinar la aplicación del impuesto del IVA es
que el sujeto responsable se dedique a realizar en forma profesional o habitual
actos de comercio o similares, por implicar una actividad de intermediación que
incorpora un mayor valor al bien.
En
relación con los aerodinos -continúa- el Artículo 437, literal b), del Estatuto
Tributario, extiende el ámbito de aplicación del IVA no sólo a los comerciantes
y vendedores habituales, sino también a cualquier persona que ocasionalmente
transfiera la propiedad de aerodinos, sin tener relevancia que su objeto social
o actividad económica sea totalmente ajena a la importación, fabricación o
comercialización de estos bienes. De esta manera, el Estatuto Tributario
confiere a las ventas ocasionales y esporádicas de aerodinos un tratamiento
totalmente contrario a la Constitución, pues no existe ninguna razón de equidad
que permita al Estado exigir en estos casos el pago del impuesto del IVA,
cuando resulta evidente que el bien no ha experimentado un incremento de su
precio o valor agregado. Máxime si se tiene en cuenta que se trata de una carga
excepcional, que no se aplica a ningún otro bien, maquinaria o equipo que sea
objeto de una transacción.
El
Artículo 420 del Decreto Ley No. 624 de 1989 grava con el impuesto del IVA a
los aerodinos que integran el activo fijo, lo que implica la obligación para
sus propietarios de pagar el gravamen al Estado en una proporción aritmética,
en relación con las veces que el bien ha cambiado de titular. Así, pues, si la
aeronave ha tenido dos propietarios y se enajena a un tercero, este último
tiene que soportar tres veces el tributo, en virtud del fenómeno de traslación
tributaria inherente a los impuestos indirectos, que gravan definitivamente al
destinatario final.
De
acuerdo con el actor, no existe ninguna razón que justifique gravar a una
persona varias veces con un mismo tributo.
Añade
que la situación se agrava por cuanto el artículo 19 de la Ley 06 de 1992, que
modificó el Artículo 469 del Decreto 624 de 1989, consagró una tarifa del 45%
aplicable a los aerodinos de uso privado. Aún cuando es legítimo que la ley
establezca tarifas diferenciales, en el presente caso un gravamen del 45%
constituye una carga tributaria excesivamente onerosa y desproporcionada,
teniendo en cuenta que es la más alta tarifa que se aplica en el país y que los
aerodinos de uso privado son los únicos bienes que están sometidos a este nivel
tributario.
Dice
el demandante que nuestro sistema tributario se funda también en el principio
de la igualdad y de la solidaridad de los asociados en el sostenimiento de las
cargas públicas, recogidos en los Artículos 1 y 13 de la Carta Constitucional,
para concluir que estos principios constitucionales han sido vulnerados por los
artículos 420 y 437 del Decreto Ley 624 de 1989 y 19 de la Ley 06 de 1992, toda
vez que los propietarios de aerodinos están sometidos a una carga tributaria
desproporcionada, desigual y discriminatoria que no soportan los demás miembros
de la sociedad.
Las
normas legales acusadas -señala-, al gravar con un tributo excesivamente
oneroso a los propietarios de aerodinos de uso privado y con unas condiciones
altamente desfavorables las demás aeronaves, está colocando a un determinado
grupo de personas en una situación discriminatoria frente a los demás grupos de
la sociedad.
Por
otra parte expresa que el régimen legal del IVA sobre los aerodinos es
contrario a la proporcionalidad o equivalencia que en materia tributaria debe
existir entre los asociados, porque encontrándose los propietarios de estos
medios de transporte en la misma situación económica de los titulares de otros
bienes similares (automóviles de lujo, barcos de recreo y deporte,
motocicletas, etc.), están sometidos a una regulación impositiva diferente, que
los obliga a soportar patrimonialmente una carga fiscal ostensiblemente
superior.
Termina
asegurando que un impuesto injusto e inequitativo, aún cuando se haya
establecido por una ley expedida con el cumplimiento de todos los requisitos
formales, equivale a una exacción arbitraria, a una verdadera expoliación y
despojo del patrimonio económico de los posibles sujetos pasivos llamados a
soportar dicho gravamen.
II.
DEFENSA
La
ciudadana IVONNE EDITH GALLARDO GOMEZ, designada al efecto por la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales, se opuso a la
demanda mediante escrito presentado en tiempo.
Allí
dijo, en defensa de las normas acusadas:
"La
igualdad ante la ley tributaria está condicionada a la capacidad económica del
sujeto: a igual capacidad económica igual tratamiento fiscal y a desigual
capacidad económica desigual tratamiento fiscal.
Es
decir, la equidad tributaria está dada en la medida en que las circunstancias
sean similares para las personas. Es así como en el momento en que empiecen a
surgir diferencias se justifica la creación de categorías de
contribuyentes".
(...)
"El
principio de progresividad del sistema tributario determina que a mayor
capacidad de pago del contribuyente, mayor incidencia del tributo en términos
absolutos y relativos.
El
aumento de la capacidad de pago determina el aumento del impuesto, pero no sólo
en su cuantía, sino especialmente en su tarifa (tasa, arancel, porcentaje), la
cual debe ser progresiva".
(...)
"Este
principio -de eficiencia- hace relación a la obligación del Estado de hacer más
expeditos los procedimientos a través de los cuales se recaudan los tributos
buscando el menor costo tanto para el Estado como para los contribuyentes,
haciendo menos gravosa la obligación para éstos y propendiendo por el cumplimiento
oportuno de las cargas tributarias".
"...se
convierte en confiscatorio el tributo cuando produce una lesión de tal magnitud
en el derecho de propiedad, en su esencia o en cualquiera de sus atributos, que
termina siendo manifiestamente injusto".
(...)
"El
impuesto a las ventas, como subsistema, es generalmente eficiente. La equidad y
progresividad que pueda tener se debe vislumbrar por vía del análisis de los
bienes objeto del gravamen y de las tarifas que se señalen".
"...las
tarifas diferenciales aplicadas a los bienes suntuarios le imprimen al
subsistema una alta dosis de equidad y progresividad, la cual, analizada con
los demás subsistemas de tributación, permite concluir que los fundamentos del
IVA en estos casos son la equidad, eficiencia y progresividad".
(...)
"Como
primera medida, hay que precisar que el impuesto a las ventas es, por su
naturaleza, un impuesto que recae sobre el consumo de un determinado bien y no
supone, para efectos de su aplicación, una especial calidad de quien realiza
una transacción sujeta a gravamen. Basta, para tal fin, la condición objetiva
de encontrarse en la situación planteada por la norma. En efecto, según se
pretende demostrar, éste es uno de los gravámenes en donde las condiciones
especiales del sujeto pasivo no gozan de una importancia apreciable como sí se
colige de otras cargas ciudadanas".
"...el
carácter de los bienes gravados no afecta el principio de progresividad que
también debe presidir al sistema tributario, pues se dirige a un bien o acto
que, a pesar de lo expresado por el impugnante, está dentro de los catalogados
como suntuarios. Es más, a través de toda nuestra historia tributaria en
materia de ventas (desde el Decreto 3288 de 1963) han sido caracterizados como
suntuarios y por consiguiente, se les ha prodigado tratamiento especial (sobre
todo en cuanto a la tarifa)".
(...)
"Es
evidente que los bienes sometidos a la tarifa diferencial no son de diaria
adquisición por el grueso de la población colombiana ni de consumo
multitudinario. En efecto, según se deriva de la expresión aerodinos que es el
'nombre genérico de las naves aéreas, que se mantienen y circulan en el aire
por la acción de una fuerza motriz que lleva el aparato', su acceso y
mantenimiento implica que quien pueda darse el lujo de adquirir uno de ellos
tiene una alta capacidad económica lo que es, a todas luces, ajustado a uno de
los principios de la tributación cual es la progresividad y a la justicia y
equidad a la que alude el impugnante, que en pocas palabras es hacer que
quienes tienen más ingresos contribuyan proporcionalmente a esa capacidad y
viceversa".
(...)
"Resulta
entonces, falaz afirmar que con la imposición fijada se desvertebran los
principios de justicia y equidad cuando, precisamente, su salvaguarda fue uno
de los propósitos más claros y por ello se prodigó tratamiento
diferencial".
(...)
"Lo
que buscaba el Gobierno con la reforma tributaria de la Ley 6a. era equilibrar
las finanzas públicas con el fin de poder ejecutar el plan de desarrollo social
propuesto por esta Administración, tal y como se desprende de la exposición de
motivos de la mencionada ley".
(...)
"Ahora
bien, en relación con el caso que nos ocupa, de acuerdo a la definición
expuesta y a la ubicación que tiene el bien objeto de discusión, éste es de los
considerados de tipo suntuario ya que, como se dijo, no hace parte de los
gastos comunes de una familia de bajo ni de mediano ingreso.
En
este tipo de bienes, entonces, el Estado encuentra una situación específica de
tratamiento diferencial a fin de conservar dentro del ordenamiento tributario y
dentro de la norma misma los principios de equidad y progresividad que mantenga
la igualdad de las personas frente al tributo, de acuerdo a su capacidad de
pago, elemento básico en la aplicación de dicho principio.
III.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL
El
Procurador General de la Nación solicita a la Corte que declare exequibles los
apartes acusados de las transcritas normas.
El
Jefe del Ministerio Público razona así:
"...la
norma impugnada no aparece violando la garantía de la igualdad, ni ninguna otra
de las anotadas por el actor, sino que se erige como una muestra del principio
de progresividad en donde se gravó más al que más podía dar. Lo que podría
llegar a lesionar aquel principio sería un impuesto con tarifa indiscriminada
sin consultar ni medir las consecuencias sociales, o un hecho generador que
particularizara las hipótesis de incidencia al impuesto".
"...los
sujetos de la obligación tributaria, la apreciación sobre la oportunidad,
tecnicismos, cobertura y forma de determinar la tarifa son tareas que han sido
constitucionalmente encomendadas al legislador así como al Gobierno Nacional en
lo que toca a la preparación del proyecto".
(...)
"En
lo que respecta a la posible violación del principio tributario de equidad, a
más de ser predicables los argumentos generales ya expuestos sobre la
constitucionalidad de la norma, es menester insistir en que este principio
también camina paralelo a la capacidad económica del sujeto.
La
equidad tributaria se predica de circunstancias similares para las personas. Lo
que quiere decir que en el evento de existir diferencias también se justifica
la creación de categorías de contribuyentes.
En
ese orden de ideas, el gravamen del 45% para los aerodinos no viola el
principio de equidad ni ningún otro, pues se están tratando bienes de lujo que
por su misma naturaleza y destinatarios crean la diferencia y el consiguiente
tratamiento diferencial, correspondiendo al Legislador, por prescripción
constitucional, la determinación del mismo".
IV.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
La
Corte Constitucional es competente para resolver en definitiva acerca de lo
planteado en la demanda, pues los artículos objeto de ella hacen parte de una
ley de la República y de un decreto expedido en ejercicio de facultades
extraordinarias (artículo 241, numerales 4 y 5, de la Constitución Política).
Las normas acusadas
El
actor señala como demandados, entre otros, los artículos 420 y 437 del Decreto
Ley 620 de 1989, el cual no se refiere a materia tributaria. En realidad, según
se desprende de las transcripciones y del encabezamiento de la demanda, las
disposiciones acusadas pertenecen al Decreto Ley 624 de 1989.
Lo
anterior no fue obstáculo para que, en aplicación del principio de prevalencia
del Derecho Sustancial (artículo 228 C.N.), fuera admitida la demanda y se le
diera el trámite regular. Tampoco lo es para que la Corporación entre a fallar
de fondo sobre las normas contra las cuales, pese a su equivocación, quiso el
demandante enderezar la acción pública de inconstitucionalidad.
Por
otra parte, se advierte que han sido atacados tanto el artículo 469 del
mencionado Decreto (Parágrafo) como el artículo 19 de la Ley 06 de 1992. La
primera de las normas enunciadas fue sustituída por la segunda, que determinó
un nuevo texto, así que la sentencia de la Corte se referirá a éste.
Examen del contexto
La
constitucionalidad de los apartes atacados no puede establecerse cabalmente sin
consultar el contexto dentro del cual están integrados.
El
artículo 420 del Estatuto Tributario (Decreto Ley 624 de 1989) señala los
hechos sobre los que recae el impuesto a las ventas. Son ellos las ventas de
bienes corporales muebles, la prestación de servicios en el territorio nacional
y la importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluídos
expresamente.
El
parágrafo, del cual hacen parte las palabras acusadas, establece como regla
general la de que el impuesto no se aplicará a las ventas de activos fijos, a
la vez que estatuye como excepciones las previstas para los automotores y demás
activos fijos que se vendan habitualmente a nombre y por cuenta de terceros y
las contempladas para los aerodinos, aspecto éste último que el actor considera
contrario a la Constitución.
El
artículo 437 está destinado a precisar quiénes son responsables del impuesto.
Lo son: 1) en las ventas, los comerciantes, cualquiera que sea la fase de los
ciclos de producción y distribución en las que actúen y quienes, sin poseer tal
carácter, ejecuten habitualmente actos similares a los de aquellos; 2) en las
ventas de aerodinos, tanto los comerciantes como los vendedores ocasionales; 3)
quienes presten servicios; 4) los importadores.
Puede
verse, entonces, que los vendedores de aerodinos, tanto habituales como
eventuales u ocasionales, son señalados como responsables del impuesto. La ley
ha querido gravar la venta de tales elementos considerándola de modo
específico, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los demás bienes.
El
artículo 469, sustituído por el 19 de la Ley 06 de 1992, ha indicado la tarifa
del gravamen, que es del 35% para los bienes allí incluídos, entre ellos los
aerodinos que funcionen sin máquina propulsora y los demás aerodinos,
diferentes de los de servicio público que funcionen con máquina propulsora; en
el caso de los aerodinos de uso privado la tarifa establecida es del 45%, según
lo estipula el parágrafo demandado.
La función del legislador en materia tributaria
Según
el artículo 150, numeral 12, de la Constitución, corresponde al Congreso
establecer, por medio de leyes, contribuciones fiscales y excepcionalmente
parafiscales.
Es
una atribución genérica que incluye, desde luego, el ejercicio de todas
aquellas competencias inherentes al objeto de la misma, tales como establecer
las clases de tributos y sus características, precisar cuáles son los hechos
gravables, contemplar las tarifas aplicables, señalar la fecha a partir de la
cual principiarán a cobrarse y prever las formas de recaudo, los intereses y
las sanciones correspondientes, entre otros aspectos.
El
legislador está habilitado para disponer a quiénes se cobrará el tributo y
obviamente para indicar las excepciones, las cuales han de ser razonables y
justificadas para que no vulneren el principio constitucional de la igualdad
(artículo 13 C.N.).
También
puede determinar cuándo hay lugar al cobro de la contribución creada y cuándo
no, y señalar a la vez en cada caso las excepciones al principio que consagra.
El
legislador, al establecer todas estas reglas, puede adoptar distintos
criterios, que son válidos siempre que no desconozcan la igualdad entre los
contribuyentes (artículo 13 C.N.) y se funden en los principios de equidad,
eficiencia y progresividad (artículo 363 C.N.).
Análisis de los cargos
De
acuerdo con lo expuesto por el demandante, las normas que acusa son contrarias
a la Constitución por cuanto mediante ellas se da un manejo discriminatorio a
las ventas de aerodinos en materia de impuesto a las ventas. Con ello -afirma-
se vulneran los derechos a la igualdad y a la propiedad privada y se desconocen
los principios de equidad, eficiencia y progresividad en que se funda el
sistema tributario.
La
alegada discriminación se traduce, según el actor, en las siguientes
disposiciones:
-
La que incluye la venta de aerodinos dentro de las excepciones al principio
según el cual las ventas de activos fijos no dan lugar al pago del IVA (Parágrafo
del artículo 420 del Estatuto Tributario);
-
La que considera como responsable del impuesto no solamente a los comerciantes
sino también a los vendedores ocasionales, cuando se trate de la venta de
aerodinos (artículo 437, literal b), del Estatuto Tributario);
-
La que establece una tarifa adicional del 45% como impuesto en este tipo de
negocios jurídicos (Parágrafo del artículo 469 del Estatuto Tributario, cuyo
texto fue sustituído por el artículo 19 de la Ley 06 de 1992).
El
Impuesto al Valor Agregado (IVA) es una modalidad del impuesto indirecto sobre
las ventas que consiste en hacer recaer el gravamen sobre las distintas etapas
del proceso económico.
Como
ya lo ha subrayado esta Corte (Cfr. Sentencia C-094 del 27 de febrero de 1993),
el gravamen se aplica en cada uno de los eslabones que llevan el bien o
servicio del productor al consumidor, de tal manera que éste (sujeto real de
todo impuesto indirecto) es, en última instancia, quien soporta el peso de
aquél.
La
regla general es que las ventas materia del impuesto son aquellas que efectúan
quienes tienen por función económica y por actividad permanente el comercio de
bienes o la prestación de servicios. Son en principio estas personas las
encargadas de recaudar el valor del tributo y quienes tienen la obligación de
rendir cuentas a la administración tributaria sobre dicho recaudo. Pero nada
obsta para que el legislador, según las variables y elementos determinantes que
orienten su decisión respecto de unos específicos bienes o servicios, establezca
para ellos reglas diferentes según lo que estime oportuno y viable.
Puesto
que el IVA es un impuesto de creación legal, ninguna disposición constitucional
señala quiénes deben ser sus sujetos pasivos, de tal manera que la ley está
autorizada para establecer ese elemento del tributo, disponiendo qué clases de
operaciones están sometidas y cuáles no. Corresponde al legislador, según el
artículo 338 de la Constitución fijar directamente los sujetos activos y
pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos.
Así,
pues, era de competencia del legislador señalar si las ventas de activos fijos
estaban sujetas al pago del impuesto. Resolvió excluirlas por regla general y
establecer algunos casos en que, excepcionalmente, debe pagarse el tributo, lo
cual se ajusta plenamente al ordenamiento constitucional en cuanto atañe a los
aerodinos, ya que se trata de bienes suntuarios cuya enajenación no es
cotidiana sino precisamente excepcional.
Por
eso mismo son responsables del impuesto en esta clase de operaciones los
vendedores ocasionales.
Desde
luego, no corresponde a la Corte Constitucional entrar a evaluar si el
enunciado criterio o los adicionales que haya podido tener en cuenta el
legislador eran o no pertinentes, pues el juicio que le compete está enderezado
de modo exclusivo a definir si al expedir las normas acusadas aquél se atuvo a
los principios y mandatos de la Carta, análisis dentro del cual, ya que se ha
puesto en tela de juicio la sujeción de la normatividad impugnada al postulado
de la igualdad, cabe también examinar si las eventuales diferencias en ella
establecidas fueron razonables y justificadas.
Vistas
así las cosas, ningún motivo de inconstitucionalidad se encuentra en las partes
acusadas de los artículos 420 -Parágrafo- y 437, literal b), del Estatuto
Tributario.
A
juicio de la Corte, tampoco es inconstitucional el parágrafo del artículo 469
Ibídem, tal como quedó según el texto del artículo 19 de la Ley 06 de 1992, que
se limitó a establecer una tarifa diferencial cuando se trata de la venta de
aerodinos.
En
efecto, considera la Corte que las aludidas disposiciones no vulneran el
principio de igualdad, pues, como en repetidas ocasiones lo ha afirmado, este
no consiste en prever para todas las situaciones idénticas consecuencias ni en
definir sin distinciones que todos los individuos estarán sujetos a las mismas
reglas, dentro de una concepción absoluta y matemática, sino en dar el mismo
trato a los entes y hechos que se encuentren cobijados bajo una misma hipótesis
y en establecer una distinta regulación respecto de los que presentan
características desiguales.
El
carácter suntuario de los aerodinos, que no se encuentran al alcance de la
población en general sino en cabeza de quienes gozan de capacidad económica
suficiente, es fundamento razonable y atendible para que el legislador les haya
dado trato especial, tanto en relación con los sujetos del impuesto, quienes
intervienen en la negociación eventual de dichos artefactos, como respecto de
la tarifa impositiva aplicable. El diferente trato no implica en este caso
discriminación en contra de quienes adquieren aerodinos en relación con los
compradores de otra clase de bienes, pues existen grandes diferencias entre
unos y otros, dado el valor de aquellos y, por ende, el mayor nivel económico
de quienes tienen posibilidad de ser sus propietarios.
Como
ya lo recalcó esta Corte en Sentencia No. C-556 del 2 de diciembre de 1993
(M.P.: Dr. Jorge Arango Mejía), en la Ley 6a de 1992 y en general en el Estatuto Tributario se está en
presencia de muchas situaciones diferentes, tanto para los hechos generadores
de impuestos (venta de bienes corporales muebles, prestación de servicios en el
territorio, importación de bienes corporables muebles, etc) como para sus
correspondientes exclusiones y, en consecuencia, cada una de estas situaciones
especiales genera un tratamiento diferente en materia de tributos.
En
dicho fallo, relativo a demanda instaurada contra el artículo 19 de la Ley 6a de 1992, mediante el cual se
estableció un gravamen del 45% sobre los bienes automotores cuyo valor en la
declaración de despacho para consumo fuera igual o superior a U.S. 35.000 y
sobre los producidos en el país cuyo precio en fábrica fuera igual o superior a
la misma cuantía, se desvirtuó así el argumento de la demandante tendiente a
demostrar que con dicho porcentaje impositivo se quebrantaba el principio de
igualdad:
"Si
lo que señala la actora como violación del artículo 13, es la vulneración del
derecho a la igualdad de una persona que quiere adquirir un automotor, y debe
pagar un impuesto sobre las ventas del 45% y no del 35%, el argumento no
resiste ni el más ligero análisis, pues, todas las personas, de acuerdo con sus
propias circunstancias, tienen iguales oportunidades de elegir cuál automotor
adquieren, dentro de las muchas posibilidades que el mercado ofrece. Los
elementos que podrían influir en su decisión serían entre otros, el monto del
impuesto sobre las ventas (35% o 45%), las calidades mecánicas, etc. Pero es
claro en todo caso, que la persona es libre y está en igualdad de condiciones
de elegir. Además, quien tiene más, debe pagar más, según un principio
elemental de equidad tributaria".
Lo
propio puede decirse ahora en torno a la adquisición y venta de aerodinos, pues
todos estamos en libertad de efectuar operaciones sobre dichos aparatos, a
sabiendas de sus altísimos costos.
Añádase
a lo anterior que la existencia de las aludidas normas sobre automotores dejan
sin fundamento la aseveración del demandante en el sentido de que los aerodinos
de uso privado son los únicos bienes que están sometidos al indicado nivel
tributario.
Tampoco
han sido violados los principios de equidad, eficiencia y progresividad del
sistema tributario. Por el contrario, se realizan a cabalidad mediante las
normas bajo examen.
En
efecto, tales preceptos buscan dar a cada cual lo que le corresponde sobre la
base de unos presupuestos fácticos entre los que sobresale la naturaleza
suntuaria y extraordinaria de los bienes objeto del negocio que se grava. No es
desconocido, entonces, el principio de equidad, que atempera el rigor de la
norma general, atendiendo al caso concreto y a sus características, para hacer
equilibrado el conjunto del sistema tributario, de tal modo que realice el
valor de la justicia.
En
virtud del principio de equidad, el legislador tributario está obligado
precisamente a considerar las distintas hipótesis susceptibles de regulación
para dar a cada una de ellas adecuada respuesta. A ello se oponen las reglas
absolutas que no admiten posibilidades diversas.
Por
ello, los mandatos legales que se impugnan, lejos de desobedecer al principio
de equidad, le dan cabal realización en cuanto parten de supuestos que exigen
trato especial, diferente a aquel previsto por regla general para las
situaciones del común.
Así,
al paso que resulta razonable que los bienes que hacen parte del activo fijo no
estén sujetos en principio al impuesto sobre las ventas por cuanto las
enajenaciones que de ellos se hagan no corresponden a una actividad comercial
de sus propietarios sino a la necesidad de renovar el patrimonio dentro del
criterio de libre disposición del mismo, es ajustado a una equitativa
regulación de la materia que se excluya de tal regla a los automotores y demás
activos fijos que se venden habitualmente a nombre y por cuenta de terceros y a
los aerodinos, que por su alto costo y el limitado número de quienes los
demandan y expenden, merecen un trato diferente, a juicio del legislador.
Lo
propio puede afirmarse de la tarifa diferencial del 45%, cuya justificación se
encuentra en las mismas razones.
En
cuanto se refiere al principio de eficiencia, que atiende fundamentalmente a
los objetivos de interés general que busca la tributación y que consiste en
concebir el sistema normativo pertinente en medio idóneo para que los impuestos
cumplan su cometido esencial con los menores esfuerzos y los mayores
rendimientos, se realiza plenamente en el caso sub-examine, pues si algo
garantiza la normatividad acusada es una eficaz percepción de tributos por
parte del Estado mediante el mayor gravamen impuesto a quienes pueden tributar
en mayor proporción, con el consiguiente beneficio para la prosperidad general.
La propiedad -debe recordarse- es una función social que implica obligaciones
(artículo 58 de la Constitución).
También
se realiza el principio de progresividad, en cuanto, de acuerdo con las normas
atacadas, contribuye en mayor medida quien tiene mayores posibilidades económicas.
Si alguien dispone de recursos suficientes como para adquirir un avión,
avioneta o helicóptero, deberá destinar al menos una parte de sus ingresos al
pago del impuesto que corresponde por la operación respectiva. Recuérdese que
se trata, según las normas demandadas, de aerodinos de uso privado. La
progresividad de los tributos -tiene dicho la Corte (Cfr. Sentencia C-094 del
27 de febrero de 1993)- depende fundamentalmente de la proporcionalidad
existente entre el beneficio recibido y la tarifa del impuesto.
DECISION
Con
fundamento en las consideraciones que anteceden, la Corte Constitucional de la
República de Colombia, oído el concepto del Procurador General de la Nación y
surtidos los trámites que contempla el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Decláranse
EXEQUIBLES, por no ser contrarias a la Constitución, las siguientes normas:
a)
Las palabras "y para los aerodinos", pertenecientes al parágrafo del
artículo 420 del Decreto Ley 624 de 1989;
b)
El literal b) del artículo 437 del mismo Decreto, que dice: "En las ventas
de aerodinos, tanto los comerciantes como los vendedores ocasionales de
éstos";
c)
El parágrafo del artículo 469 del mencionado Decreto, tal como quedó después de
promulgado el artículo 19 de la Ley 06 de 1991, cuyo texto es el siguiente:
"Parágrafo.-
En el caso de los aerodinos de uso privado la tarifa será del 45%".
Cópiese,
notifíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
JORGE
ARANGO MEJIA
Presidente
ANTONIO
BARRERA CARBONELL           EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado                               Magistrado
CARLOS
GAVIRIA DIAZ                 HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado                                Magistrado
JOSE
GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO                 FABIO MORON DIAZ
Magistrado                                 Magistrado
VLADIMIRO
NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General