T-032-01
Sentencia T-032/01
Sentencia T-032/01
DERECHO AL PAGO
OPORTUNO DEL SALARIO-Fundamental
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de salarios
EMPLEADOR-Situación económica o presupuestal no es
óbice para desconocer pago de salarios
DERECHO AL MINIMO
VITAL DEL TRABAJADOR-Presunción
de afectación por ausencia prolongada en pago de salarios
Referencia:
expedientes T-370617, T-370619, T-370620, T-370639 y T-370640
Accionante: Claudia
Stella Angulo y otros
Procedencia: Juzgado
Promiscuo Municipal de Santiago de Tolú.
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Bogotá, D.C.,
diecinueve (19) de Enero de dos mil uno (2001).
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados doctores
Fabio Morón Díaz, Cristina Pardo Schlesinger y Alejandro Martínez Caballero,
quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro de las
acciones de tutela radicadas con los números T-370617, T-370619, T-317620,
T-370639 y T-370640, promovidas por las señoras Claudia Stella Angulo,
Jaqueline Petrony Simanca Pacheco, Mónica Stella Navarro Pérez, Antonia María
Claret Carta del Risco y Francisca Anselma Fajardo Lagares, en contra de la
Alcaldía Municipal de Santiago de Tolú (Sucre).
Por auto del cinco
(5) de octubre de 2000, la Sala de Selección número diez de la Corte
Constitucional, escogió para revisión los expedientes de la referencia y
dispuso su acumulación para ser decididos en una misma sentencia, por cuanto
consideró que coincidían respecto de la entidad demandada, los hechos y las
pretensiones formuladas.
I.   ANTECEDENTES
1.
Hechos
Las acciones de
tutela, que fueron presentadas independientemente, tienen en esencia el mismo
sustrato fáctico que puede sintetizarse de la siguiente manera:
a)     Manifiestan las peticionarias, que laboran
como docentes nombradas en propiedad, al servicio del municipio de Santiago de
Tolú.  Cuatro de ellas trabajan en la Escuela Rural Golfo de Morrosquillo de
Coveñas, y una en la Concentración Urbana El Progreso.
b)    Refieren que el municipio de Tolú les
adeuda sus salarios desde el mes de noviembre de 1998 hasta la fecha de
presentar las solicitudes (enero de 2000), así como la prima de navidad de los
años 1998 y 1999, una prima técnica del año 1999, una capacitación de 1999 y
los aportes para seguridad social en pensiones y salud.
c)     Señalan estar desprovistas, ellas y sus
familias, de los elementos mínimos para subsistir tales como alimentos,
vestidos, drogas, etc., además de recibir insultos de terceros por no cancelar
sus deudas oportunamente, sufriendo daños psicológicos y morales. De esta
manera, advierten vulneración del mínimo vital para todo su núcleo familiar,
por ser sus salarios la única fuente de ingresos.
d)    Para las tutelantes, el no pago de sus
acreencias laborales, ni el de los aportes para seguridad social obedece a un
acto de mala fe por parte del alcalde de Tolú, por cuanto al municipio ingresan
cumplidamente los recursos provenientes de la nación para atender los gastos de
funcionamiento del sector educativo, así como también los provenientes de las
regalías.
e)     Explican que el burgomaestre justifica la
omisión en los sobregiros del municipio que son cubiertos por los bancos con
los dineros enviados por la nación.
En consecuencia
solicitan, como mecanismo transitorio, la protección de sus derechos
fundamentales a la vida, al trabajo y, por conexidad, a la familia, a la
educación y a la seguridad social, mediante orden a la alcaldía municipal de
Santiago de Tolú para que cancele de inmediato los dineros adeudados.
2.
La Posición de la Entidad.
En escritos
allegados a cada uno de los expedientes, el representante legal del municipio
solicitó declarar improcedente las acciones interpuestas.  Según su parecer, y
en atención a la subsidiaridad de la tutela, las peticionarias debieron acudir
a la jurisdicción laboral o ante la contencioso administrativa para satisfacer
el pago de sus acreencias, toda vez que dichos mecanismos resultan eficaces
para tal fin.
Indicó que las
docentes son conocedoras de la situación económica por la que atraviesa el
municipio como consecuencia de múltiples embargos laborales, civiles y
adminsitrativos, que imposibilitan el pago según los términos establecidos en
las tutelas, “más aún cuando tienen prioridad los embargos laborales”.
Con relación a los
dineros obtenidos por concepto de regalías, explicó que buena parte de los
mismos quedan en los bancos para el pago de las acreencias de empréstitos
adquiridos anteriormente.
Finalmente, dice que
la Gobernación del departamento de Sucre adquirió un compromiso para satisfacer
el pago de tales acreencias laborales, pero que ello ocurrirá una vez se haga
el desembolso de las regalías correspondientes.
3.
Pruebas
De las totalidad de
los documentos allegados a los expedientes, o bien porque fueron anexados en
las solicitudes, o bien porque fueron requeridos por el juez de conocimiento,
destaca la Corte las siguientes:
Expediente
T-370617
a)
Copia del decreto No.
342 de 1995, por medio del cual el Alcalde municipal de Santiago de Tolú nombra
a Claudia Stella Angulo Castillo como docente de primaria en la escuela rural
“Golfo de Morrosquillo”.
b)
Copia de la respectiva
acta de posesión, suscrita el primero de noviembre de 1995.
c)
Copia de la inscripción
de la tutelante en el escalafón nacional docente.
d)
Certificación laboral
expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Tolú, donde
consta la vinculación de la señora Claudia Stella Angulo y su inscripción en el
grado 1° del escalafón docente, con un salario de $370.628 mensuales para el año
de 1999.
e)
Oficio suscrito por la
Tesorera de Tolú, donde reconoce que en efecto el municipio le adeuda a la
peticionaria los salarios desde el mes de noviembre de 1998 y hasta enero del
2000, aduciendo que en el presupuesto para la respectiva vigencia fiscal, estos
gastos y obligaciones fueron cargados a las rentas de regalías petroleras, las
cuales el municipio aún no ha recibido.
f)
Copia de una carta
dirigida a la tutelante por la señora Vitelia Meza, donde le recuerda que tiene
una deuda por concepto de alojamiento y alimentación, en cuantía de
$1.600.000.oo.
g)
Copia de un contrato de
compra venta con pacto de retroventa, celebrado entre Claudia Stella Angulo y
la casa comercial “El Topacio Ltda”, donde la primera vendió dos anillos por un
total de $50.000.oo.
h)
Copia de cuatro títulos
valor (letras de cambio) giradas por la accionante en favor de Mercedes
González y de otra persona, que sumadas totalizan $980.000.oo.
i)
Acta de declaración
jurada ante notario, en la que la señora Claudia Stella Angulo describe que
atraviesa por una delicada y crítica situación económica como consecuencia de
la mora en el pago de su salario por parte del municipio.
Expediente
T-370619
a)
Copia del decreto No.
015 de 1989, por medio del cual el Alcalde municipal de Santiago de Tolú nombra
a Jaqueline Petrony Simanca Pacheco como docente de primaria en la escuela
rural “Golfo de Morrosquillo”.
b)
Copia de la respectiva
acta de posesión, suscrita el veinte de febrero de 1989.
c)
Copia de la inscripción
de la tutelante en el escalafón nacional docente.
d)
Certificación laboral
expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Tolú, donde
consta la vinculación de la señora Jaqueline Petrony Simanca Pacheco y su
inscripción en el grado 1° del escalafón docente, con un salario de $370.628
mensuales para el año de 1999.
e)
Oficio suscrito por la
Tesorera de Tolú, donde reconoce que en efecto el municipio le adeuda a la
peticionaria los salarios desde el mes de noviembre de 1998 y hasta enero del
2000, aduciendo que en el presupuesto para la respectiva vigencia fiscal, estos
gastos y obligaciones fueron cargados a las rentas de regalías petroleras, las
cuales el municipio aún no ha recibido.
f)
Copia del registro
civil de matrimonio celebrado entre Jaqueline Petrony Simacá y Victor Manuel
Simacá.
g)
Copia del registro
civil de nacimiento de Jean Carlos Simacá Simacá, hijo del matrimonio
anteriormente referido y nacido en noviembre de 1994.
Expediente
T-370620
a)
Copia del decreto No.
015 de 1994, por medio del cual el Alcalde municipal de Santiago de Tolú nombra
a Mónica Stella Navarro Pérez como docente de primaria en la concentración
urbana “El Progreso”.
b)
Copia de la respectiva
acta de posesión, suscrita el nueve de febrero de 1989.
c)
Copia de la inscripción
de la tutelante en el escalafón nacional docente.
d)
Certificación laboral
expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Tolú, donde
consta la vinculación de la señora Mónica Stella Navarro Pérez y su inscripción
en el grado 1° del escalafón docente, con un salario de $370.628 mensuales para
el año de 1999.
e)
Oficio suscrito por la
Tesorera de Tolú, donde reconoce que en efecto el municipio le adeuda a la
peticionaria los salarios desde el mes de noviembre de 1998 y hasta enero del
2000, junto con las correspondientes primas.
f)
Copia de tres contratos
de compra venta con pacto de retroventa, celebrados entre Mónica Navarro Pérez
y la casa comercial “El Topacio Ltda”, donde la primera vendió seis anillos,
una cadena y un dije por un total de $103.000.oo.
g)
Acta de declaración
jurada ante notario suscrita por el señor Jesús María Villalobos, donde afirma
conocer a la tutelante y estar enterado de su crítica situación económica, la que
atribuye a la mora en el pago de los salarios por parte del municipio.
h)
Copia de tres títulos
valor (letras de cambio) giradas por la accionante, cada una en favor de una
persona distinta, que sumadas totalizan  $2.150.000.oo
i)
Constancia de la empresa
“Muebles San Francisco” en la que se informa de la mora en el pago de un
crédito por libranza, adquirido por la señora Mónica Navarro, en cuantía de
$1.530.000.oo
j)
Copia del registro
civil de matrimonio celebrado entre Mónica Stella Navarro Pérez  y Carlos
Enrique Santos Vergara.
k)
Copia del registro
civil de nacimiento de Mónica Lisseth Santos Navarro, hija del matrimonio
anteriormente referido y nacida en julio de 1994.
Expediente
T-370639
a)
Copia del decreto No.
007 de 1990, por medio del cual el Alcalde municipal de Santiago de Tolú nombra
a Antonia María Claret Carta del Risco como docente de primaria en la escuela
rural “Golfo de Morrosquillo”.
b)
Copia de la respectiva
acta de posesión, suscrita el treinta y uno de febrero de 1990.
c)
Copia de la inscripción
de la tutelante en el escalafón nacional docente.
d)
Certificación laboral
expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Tolú, donde
consta la vinculación de la señora Antonia María Claret Carta del Risco y su
inscripción en el grado 8° del escalafón docente, con un salario de $619.581
mensuales para el año de 1999.
e)
Oficio suscrito por la
Tesorera de Tolú, donde reconoce que en efecto el municipio le adeuda a la
peticionaria los salarios desde el mes de noviembre de 1998 y hasta enero del
2000, junto con las primas respectivas.
f)
Copia de los registros
civiles de nacimiento de Dana Claret Rodríguez Carta y Xevin José Mercado
Carta, hijos de la peticionaria nacidos en noviembre de 1990 y enero de 1996
respectivamente.
Expediente
T-370640
a)
Copia del decreto No.
009 de 1990, por medio del cual el Alcalde municipal de Santiago de Tolú nombra
a Francisca Anselma Fajardo Lagares como docente de primaria en la escuela
rural “Golfo de Morrosquillo”.
b)
Copia de la respectiva
acta de posesión, suscrita el ocho de febrero de 1990.
c)
Copia de la inscripción
de la tutelante en el escalafón nacional docente.
d)
Certificación laboral
expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Tolú, donde
consta la vinculación de la señora Francisca Anselma Fajardo Lagares y su
inscripción en el grado 10° del escalafón docente, con un salario de $755.724
mensuales para el año de 1999.
e)
Copia de dos contratos
de compra venta con pacto de retroventa, celebrados entre Francisca Anselma
Fajardo y la casa comercial “El Papi”, donde la primera vendió un par de
anillos, una pulsera y un dije por un total de $110.000.oo.
f)
Acta de declaración
jurada ante notario suscrita por la peticionaria, en la cual describe que
atraviesa por una delicada y crítica situación económica como consecuencia de
la mora en el pago de su salario por parte del municipio.
g)
Copia de un título
valor (letra de cambio) giradas por la accionante, en favor de un tercero, en
cuantía de $700.000.oo.
h)
Escrito de cobro
prejurídico firmado por un abogado y a la tutelante para conminarla al pago de
una obligación dineraria de $3.000.000.oo
i)
Copia del registro
civil de matrimonio celebrado entre Francisca Anselma Fajardo Lagares y Saúl
Helí Castro Trujillo.
j)
Copia del registro
civil de nacimiento de Saúl Francisco Castro Fajardo y Jennifer Sarith Castro
Fajardo, hijos del matrimonio en mención, nacidos en diciembre de 1994 y mayo
de 1997, respectivamente.
3. Sentencias
objeto de Revisión.
El juzgado Promiscuo
Municipal de Santiago de Tolú fue la instancia encargada de conocer de manera
individual estas acciones, de las cuales profirió sentencia en las siguientes
fechas:
- Expediente
T-370617, el día siete (7) de febrero de dos mil.
- Expediente
T-370619, el día catorce (14) de febrero de dos mil.
- Expediente
T-370620, el día ocho (8) de febrero de dos mil.
- Expediente
T-370639, el día catorce (14) de febrero de dos mil.
- Expediente
T-370640, el día catorce (14) de febrero de dos mil.
Todas las acciones
fueron negadas por improcedentes.  En criterio del juez, las peticionarias han
tenido la posibilidad de agotar la vía gubernativa para que, una vez reconocida
la obligación, promuevan la respectiva demanda ejecutiva en la jurisdicción
laboral, solicitando las medidas cautelares que fueren necesarias.
Igualmente advierte
que el carácter excepcional y residual de la tutela impide su procedencia en
este evento, so pena de usurpar las funciones atribuidas a los jueces
laborales.  Sin embargo, toda vez que las tutelas fueron presentadas como
mecanismo transitorio, el a-quo hace una valoración sobre el particular, para
concluir que el salario se constituye en parte del mínimo vital de un
trabajador cuando por ser la única fuente de ingresos, es el medio para vivir
dignamente y que, solamente en estos casos, la acción de tutela debe concederse
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
No obstante, para el
despacho, en las tutelas objeto de revisión, no existen elementos probatorios
que acrediten fehacientemente la ausencia de otros recursos en cabeza de las
accionantes, por cuanto la referencia que de ello hicieron en la demanda, no le
resulta suficiente.  Tampoco considera viable indagar tal situación de manera
oficiosa porque, en su concepto, solamente cada una de las afectadas tiene la
capacidad material de demostrarlo.  Concluye entonces, que por no haberse
probado que el salario constituía el único medio para la subsistencia, las
peticiones deben ser desestimadas y procede de conformidad.
Remitida a esta
Corporación, mediante auto del 5 de octubre de 2000, las tutelas fueron
seleccionadas para revisión por la Corte.
II. CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
Competencia.
1- Esta Corte es
competente para revisar el presente fallo de tutela, de conformidad con lo
previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, el Decreto 2591
de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.
El pago de
salarios.
2- Respecto de la
procedencia excepcional de la acción de tutela para ordenar el pago oportuno de
salarios a los trabajadres, existe ya abundante jurisprudencia constitucional
que ahora debe ser reiterada.  Así, en la sentencia SU-995 de 1999 con ponencia
del Magistrado Carlos Gaviria Díaz, la Corte estableció algunos parámetros al
respecto, los cuales fueron sintetizados posteriormente en la sentencia T-081
de 2000 MP. Alejandro Martínez Caballero, donde señaló lo siguiente:
a) El derecho de los trabajadores al pago oportuno de los salarios no
sólo es una garantía constitucional (art. 53) sino que es un derecho
fundamental, como quiera que deriva directamente de los derechos a la vida,
salud y al trabajo. (Sentencias T-089 de 1999, T-211, T-213 de 1998, T-234 de
1997 y T-426 de 1992).
b) Para la protección judicial del derecho al pago oportuno, el concepto
de salario debe entenderse en un sentido genérico, pues lo integran “todas las
sumas que sean generadas en virtud de la labor desarrollada por el trabajador,
sin importar las modalidades o denominaciones que puedan asignarles la ley o
las partes contratantes”[1].
c) Por regla general, el derecho al pago oportuno del salario debe
reclamarse ante la jurisdicción laboral. Sin embargo, excepcionalmente este
derecho puede protegerse por medio de la acción de tutela, pues “la no
cancelación de los salarios a un trabajador por parte de su empleador,
configura un perjuicio irremediable que, como se ha anotado, pone en peligro el
derecho fundamental a la subsistencia”[2]. (Sentencias T-144 de
1999, T-210 de 1998, T-01 de 1997, T-527 de 1997, T-063 de 1995).
d) En cuanto a
la viabilidad de la acción de tutela como mecanismo transitorio, para
reclamar los salarios en mora, la Corte consideró en la sentencia SU-995/99,
que ello es posible si se está ante un perjuicio irremediable que pone en
peligro el derecho fundamental a la subsistencia y los demás derechos conexos,
claro está, que mientras "no se encuentre debidamente acreditado que el
trabajador cuenta con rentas suficientes y distintas de las que provienen de su
trabajo”. En efecto, si hay elementos de juicio que indican que el trabajador
tiene otros ingresos que le permiten subsistir dignamente sin el salario, la
tutela no puede prosperar.
e) Así mismo, en principio no procede la acción de tutela para el
reconocimiento, liquidación o reliquidación de obligaciones laborales. Por lo
tanto, la tutela sólo puede proteger el derecho al pago oportuno del salario
cierto e indiscutible. Sentencia T-01 de 1997 y SU-995 de 1999.
f)
La acción de tutela procede sólo para proteger el mínimo vital del
accionante, esto es, “para evitar que el trabajador sufra una situación crítica
económica y psicológica”[3]. (Sentencias SU-342 de
1995, T-019 de 1997, T-081 de 1997, T-261 de 1997).
g) El concepto de mínimo vital del trabajador no debe confundirse con la
noción de salario mínimo, como quiera que la “garantía de percibir los salarios
y las demás acreencias laborales, se asienta en una valoración cualitativa,
antes que en una consideración meramente cuantitativa”[4].
De ahí pues, que la valoración del mínimo vital corresponde a las condiciones
especiales de cada caso concreto y no al monto de las sumas adeudadas o a “una
valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas por satisfacer para
subsistir, sino con la apreciación material del valor de su trabajo”. Para
entender lo anterior con precisión, puede consultarse también la sentencia
T-220 de 1998 y la T-439 de 2000.
h) En aquellos casos en los que el trabajador cumple con los requisitos
legalmente establecidos para declarar renta y complementarios, el juez de
tutela podrá evaluar el tiempo en que la mora patronal no le cause un perjuicio
irremediable. (Sentencia SU-995 de 1999).
i) El accionante debe indicar la vulneración al mínimo vital que alega,
y el juez podrá valorar las condiciones expuestas, con base en la buena fe, que
deberá presumirse (C.P. art. 83). Sentencia SU-995 de 1999.
j) La situación económica del empleador, sea este público o privado, no
es un motivo justificado para incumplir el deber legal y constitucional de
pagar oportunamente los salarios de los trabajadores. No obstante, si la
deudora es una entidad pública, la orden del juez de tutela “deberá ser que, en
un término razonable fijado por el juez, se cree una partida presupuestal, si
no existiere, o se realicen las operaciones necesarias para obtener los fondos,
bajo el entendido de que los créditos laborales vinculados al mínimo vital,
gozan de prelación constitucional”[5]. Sentencias T-015 de
1995, T-146 de 1996, T-220 de 1998.
k) La orden que imparte el juez de tutela para proteger el derecho
fundamental al pago oportuno de los salarios podrá extenderse a la totalidad de
las sumas debidas. En otras palabras, en la sentencia SU-995/99 se
precisó, que para
lograr la completa protección de los derechos fundamentales comprometidos, la
orden  debe extenderse no sólo a las sumas adeudadas, sino a la garantía de
pago de las mesadas  futuras. Tratándose de entidades públicas, si hay carencia
de recursos, también el juez de tutela debe ordenar que se cree la partida
presupuestal correspondiente.
3- A lo reseñado
anteriormente debe agregarse que la Corte también tiene establecido que el cese
prolongado o indefinido en el pago de los salarios hace presumir una afectación
del mínimo vital por parte del trabajador y de quienes de él dependen, hecho
éste que justifica la procedencia de la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable[6].
4- La presunción de
buena fe, sumada a la presunción de menoscabo al mínimo vital ante el cese
prolongado en el pago de salarios y la exigua cantidad de los mismos, es
importante para el análisis de cualquier caso en concreto y está estrechamente
relacionada con la carga probatoria para determinar el contenido de la
decisión.  Para desestimar la tutela, es necesario que la entidad morosa
demuestre que el trabajador sí cuenta con otros recursos para asegurar una
existencia en condiciones dignas.  Queda claro entonces que no comparte la Sala
la apreciación de la instancia en cuanto indica que el juez está incapacitado
materialmente para llegar a la verdad: los amplios instrumentos probatorios a
que puede acudir, así lo demuestran.
Los Casos
Concretos
Con fundamento en
las apreciaciones brevemente expuestas y en los documentos obrantes en los
expedientes, observa la Sala que, en efecto, el municipio de Santiago de Tolú
adeuda a las peticionarias más de un año de salarios, lo cual puede
considerarse un cese prolongado e indefinido que, como fue señalado, hace
presumir afectación del mínimo vital, por no haber sido desvirtuada.  Desde la
misma óptica presuntiva, encuentra la Corte que los salarios devengados por las
docentes constituyen su única fuente de ingresos, además de significar una
cuantía baja que escasamente puede alcanzar para la manutención personal y del
núcleo familiar de cada una de las accionantes.
Por si fuera poco,
reposan en los expedientes otra clase de documentos como títulos valores
(T-370617, T-670620 y T-370640); contratos de venta con pacto de retroventa de
joyas (T-370617, T-370620. T-370640); declaraciones ante notario (T-370617,
T-370620, T-370640); registros civiles de nacimiento y de matrimonio (T-370619,
T-370620, T-370639, T-370640); requerimientos privados (T-370617, T-370620,
T-370640); algunos de los cuales son copias simples pero que deben ser tenidos
en cuenta en virtud del postulado de la buena fe.  La Sala estima que  ellos
demuestran la existencia de obligaciones económicas para con terceras personas
y dan mayor claridad sobre la violación del mínimo vital.  En consecuencia, las
sentencias deberán ser revocadas y en su lugar se concederá el amparo tutelar,
pues como fue señalado, la difícil situación económica del empleador no
justifica en este caso la violación del derecho al pago oportuno del salario.
La orden
Respetando los
lineamientos jurisprudenciales decantados por esta Corporación[7], será obligación
ordenar a la entidad demandada que pague no solo los salarios y las primas
adeudadas, sino que también garantice la oportuna cancelación de los futuros,
en tanto continúen haciendo parte del mínimo vital de las peticionarias.
Además, por tratarse de una entidad pública, ante la eventual carencia de
recursos, la Corte dispondrá que se cree la partida presupuestal
correspondiente.  En consecuencia, no será indispensable la presentación de una
nueva acción de tutela para el pago oportuno de los salarios, hacia el futuro.
III. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en el nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR
los fallos proferidos por
el Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago de Tolú, dentro de las acciones de
tutela instauradas por las docentes Claudia Stella Angulo, Jaqueline Petrony
Simanca Pacheco, Mónica Stella Navarro Pérez, Antonia María Claret Carta del
Risco y Francisca Anselma Fajardo Lagares, en contra de la Alcaldía Municipal
de Santiago de Tolú (Sucre).  En su lugar, CONCEDER el amparo del
derecho fundamental al pago oportuno del salario.
Segundo. ORDENAR al Alcalde de Santiago de Tolú
(Sucre) que proceda a cancelar los salarios y primas adeudados a las
peticionarias -si todavía no lo hubiere hecho- siempre y cuando exista partida
presupuestal disponible, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de este fallo. En caso de que no exista la respectiva partida,
deberá realizar las operaciones presupuestales para garantizar el pago de los
salarios debidos. Dichas gestiones no podrán exceder el término perentorio de
dos meses.
Tercero.-
PREVENIR a la autoridad
demandada para que se apreste a cumplir lo señalado en este fallo, y para que
en lo sucesivo no repita las omisiones que dieron origen a la presente acción.
Cuarto. LÍBRESE por Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
IVAN ESCRUCERIA
MAYOLO
Secretario
General
[1]
Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[2]
Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[3]
Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[4]
Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz
[5]
Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz
[6]
Cfr. entre otras las Sentencias T-309/99 y T-259/99 MP. Alfredo Beltrán Sierra
[7]
Ver por ejemplo la Sentencia T-1026 de 2000 MP. Alejandro Martínez Caballero.