C-131-09
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-131/09
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR
VICIOS DE FORMA-Procedencia
por no haber operado la caducidad
El cargo
inicial esgrimido contra los artículos 14 y 16 de la Ley 1142 de 2007 se
refiere a aspectos de procedimiento en su formación, que de conformidad con lo
previsto en el numeral 3° del artículo 242 de la Constitución Política: “Las
acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la
publicación del respectivo acto”, de donde la presente acción de
inconstitucionalidad resulta viable
LEY-Vicios de forma
Esta clase de vicios están constituidos
por todas aquellas irregularidades en que se incurre durante el trámite o
proceso legislativo, por omisión o quebrantamiento de cualquiera de los
requisitos extrínsecos impuestos por el orden jurídico al proceso de formación
y aprobación de las leyes, que afecten de manera parcial o definitiva la
eficacia y validez de las mismas.
PRINCIPIO DE INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS-Aplicación en la interpretación de reglas
constitucionales que gobiernan la aprobación de las leyes
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRAMITE
LEGISLATIVO-Análisis de la
trascendencia de un vicio de forma
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRAMITE
LEGISLATIVO-Pasos que
deben seguirse cuando se detectan irregularidades
Esta corporación ha identificado que al estudiar la
gravedad de una irregularidad ocurrida en el trámite legislativo, le
corresponde en el análisis Constitucional examinar: (i) si el defecto es de
suficiente entidad como para constituir un vicio susceptible de afectar la
validez de la ley; (ii) en caso de que la irregularidad represente un vicio, si
existió o no una convalidación del mismo durante el trámite legislativo
respectivo; (iii) si el trámite no fue convalidado, analizar si es posible
devolver la ley al Congreso y al Presidente para que subsane el defecto
observado; (iv) De no acontecer alguno de los anteriores supuestos, si es
posible que ella misma los subsane en el pronunciamiento, respetando siempre el
principio de razonabilidad.
PROYECTO DE LEY-Procedimiento para el trámite de
proposiciones
DEBATE PARLAMENTARIO-Concepto/DEBATE PARLAMENTARIO-Objeto
sobre el que recae/DEBATE PARLAMENTARIO-Desconocimiento del objeto excluye
posibilidad del debate
El debate es la oportunidad de hacer efectivo el
principio democrático en el proceso de formación de la ley, en cuanto
posibilita la intervención y expresión de las minorías, así como la votación es
el mecanismo que realiza la prevalencia de las mayorías, también consubstancial
a la democracia. Siguiendo la definición legal consignada en el artículo 94 de la
Ley 5ª de 1992, Orgánica del Reglamento del Congreso, por debate debe
entenderse ‘El sometimiento a discusión de
cualquier proposición o proyecto sobre cuya adopción deba resolver la
respectiva Corporación...’. Es
decir, el objeto sobre el cual recae el debate o discusión es el proyecto o la
proposición de fórmula legal que va a adoptarse. Por lo tanto, puede concluirse
que si no existe este objeto, o si el mismo es desconocido de manera general
por quienes deben discutirlo, naturalmente no puede haber debate o discusión.
El desconocimiento general del proyecto o de la proposición que lo modifica, excluye
la posibilidad lógica de su debate, pues equivale a la carencia de objeto de
discusión. Contrario sensu el conocimiento del proyecto o de sus proposiciones
de enmienda es el presupuesto lógico del debate, en cuanto posibilita la
discusión del mismo.
PRINCIPIO DE INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS
EN DEBATE PARLAMENTARIO-Importancia/PRINCIPIO
DE INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS EN DEBATE PARLAMENTARIO-Determinación si
vicio de procedimiento genera inconstitucionalidad o se trata de una
irregularidad irrelevante
DEBATE PARLAMENTARIO-Ausencia de una doble lectura de
proposiciones presentadas en trámite legislativo constituye una irregularidad
que afecta la garantía de la publicidad y el debate/DEBATE PARLAMENTARIO-La
irregularidad de la doble lectura de las proposiciones se subsana mediante
otros medios idóneos/DEBATE PARLAMENTARIO-Ausencia de doble lectura de
propuestas fue subsanada en el trámite legislativo por la autoridad competente
Si bien los actores consideran que la
ausencia de una doble lectura de las propuestas presentadas con relación a los
artículos 14 y 16 de la Ley 1142 de 2007, conllevó a la ausencia de debate, la
realidad es que nos encontramos ante una irregularidad que no afectó la
garantía de la publicidad y el respectivo debate, como quiera que fue subsanada
por la forma como fueron explicadas las propuestas, para proceder a la votación
que en definitiva las negó; cumpliendo entonces con el fin perseguido por las
instituciones procesales que regulan ese procedimiento, toda vez que la
publicidad de las propuestas, con su debida explicación fue avalada por el
ponente quien pudo dar una explicación, al tiempo que uno de los proponentes
explicó el alcance de la misma, garantizándose de ese modo el conocimiento por
todos los presentes, por lo que la Sala concluye que no le asiste razón a los
demandantes, ni a quienes respaldan la presunta inexequibilidad de las normas
censuradas, como quiera que está demostrado que la aludida irregularidad fue
subsanada durante el trámite de la Plenaria en la Cámara de Representantes de
los artículos 14 y 16 del proyecto que se convertiría en Ley 1142 de 2007, pues
la publicidad de las propuestas se adelantó mediante otros medios también
idóneos.
DOMICILIO-Definición constitucional excede la noción civilista
La definición constitucional de
domicilio excede la noción civilista, por lo que comprende además de los
lugares de habitación, todos los espacios en donde la persona desarrolla de
manera más inmediata su intimidad y su personalidad, por lo que el vocablo
domicilio constitucionalmente tiene una significación más amplia que en las
normas del derecho civil, como quiera que abarca, entre otros, el recinto o
vivienda, sea móvil o inmóvil, de uso permanente, transitorio o accidental,
verbi gratia, la habitación en un hotel, el camarote de un barco, una casa
rodante.
DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE DOMICILIO-Carácter relativo
DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE DOMICILIO-Afectación requiere reserva judicial
ALLANAMIENTO Y REGISTRO EN EL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO-Presupuestos
exigidos para cumplimiento de medidas que lo dispongan
ALLANAMIENTO Y REGISTRO POR ORDEN EXPEDIDA
POR EL FISCAL GENERAL DE LA NACION-Alcance/ORDEN DE ALLANAMIENTO Y REGISTRO EXPEDIDA
POR EL FISCAL-Exigencia de determinación de lugares que se van a registrar
constituye una salvaguarda a la inviolabilidad del domicilio y evita la
arbitrariedad de la autoridad/ALLANAMIENTO Y REGISTRO POR ORDEN EXPEDIDA POR
EL FISCAL GENERAL DE LA NACION-Prohibición de órdenes de registro y
allanamiento indiscriminados
No se conculca el respeto exigido a la
inviolabilidad del domicilio consagrado en el artículo 28 de la Constitución, en
la medida en que en la orden de registro o allanamiento el Fiscal deberá
determinar los lugares donde será efectiva la medida y de no poder hacerlo la
descripción exacta de aquéllos. A su vez, se guarda la reserva judicial que
debe existir para esa clase de irrupción en los bienes sujetos a esa clase de
medida, pues acorde con la norma constitucional debe mediar mandamiento escrito
de autoridad competente (reserva judicial), en este caso la Fiscalía, con las
formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley (principio
de reserva legal). Así pues se salvaguarda la inviolabilidad del domicilio y se
evitan las eventuales arbitrariedades en que pudiera incurrir la autoridad. En
ese orden de ideas, la Corte Constitucional declarara exequible, la expresión:
“La orden expedida por el fiscal deberá determinar los lugares que se van a
registrar”.
DERECHO A LA INTIMIDAD-No es absoluto/DERECHO A LA INTIMIDAD-Grados
en que se clasifica/DERECHO A LA INTIMIDAD-Limitación en proceso penal
con garantía de reserva judicial
Entre los denominados grados de intimidad
se encuentran el personal, el familiar, el social y el gremial, que delimita el
núcleo esencial de esa garantía, y supone la existencia y goce de una órbita
reservada a cada persona, exenta del poder de intervención del Estado o de las
intromisiones arbitrarias de la sociedad, que le permita a dicho individuo el
pleno desarrollo de su vida personal, espiritual y cultural.
DERECHO A LA INTIMIDAD-Maneras de vulneración
El derecho a la intimidad puede llegar a
ser vulnerado de tres formas: la primera de ellas es la intrusión o intromisión
irracional en la órbita que cada persona se ha reservado; la segunda, en la
divulgación de los hechos privados; y la tercera, en la presentación
tergiversada o mentirosa de circunstancias personales, aspectos los dos últimos
que rayan con los derechos a la honra y al buen nombre.
INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES PRIVADAS-Prohibición/INTERCEPTACION DE
COMUNICACIONES PRIVADAS-Requieren orden judicial
Las intromisiones en las comunicaciones de los
particulares, sólo pueden adelantarse previa orden de la autoridad judicial,
dentro de un proceso, con el cumplimiento de las formalidades establecidas en
la ley.
INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES
TELEFONICAS Y SIMILARES-Objeto/INTERCEPTACION
DE COMUNICACIONES TELEFONICAS Y SIMILARES-Orden del fiscal sujeta a control
de legalidad integral posterior/ORDEN DE INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES
TELEFONICAS Y SIMILARES-Vigencia
REGISTROS, ALLANAMIENTOS, INCAUTACIONES E
INTERCEPTACIONES DE COMUNICACIONES-Control posterior por juez de control de garantías
PRORROGA DE LA ORDEN DE INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES TELEFONICAS Y
SIMILARES-Constituyen una
medida adicional que afecta derechos fundamentales/PRORROGA DE LA ORDEN DE
INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES TELEFONICAS Y SIMILARES-Sujeta a
control previo de legalidad por juez de control de garantías
Si
bien, conforme al artículo 250.2 de la Carta Política, la orden y los
resultados de las medidas de registros, allanamientos, incautaciones e
interceptaciones de comunicaciones  que ejecuta la Fiscalía en cumplimiento de
sus funciones, se someten a control de legalidad integral  posterior del Juez
de Garantías, siendo por tanto el control posterior a la decisión que adopta el
Fiscal; al tenor del numeral 3° del artículo 250 superior, de requerir el ente
investigador medidas adicionales que impliquen la afectación (limitación o restricción) de derechos fundamentales, deberá obtener la respectiva
autorización previa del Juez con funciones de Control de Garantías, para proceder
a tal fin. Así pues, con esa apreciación de la norma superior, frente al
artículo 15 de la Ley 1142 de 2007, encuentra la Corte que la expresión “a
juicio del fiscal”, para determinar quien tiene el criterio de prorrogar una
orden de registro o allanamiento, contraviene el numeral 3° del artículo 250
superior, como quiera que por tratarse de una medida adicional que implica la
afectación de derechos fundamentales con la prolongación de la interceptación
de comunicaciones telefónicas y similares, se conculca el principio de reserva
judicial en la protección del derecho a la intimidad.
JUEZ DE CONTROL DE GARANTIAS-Competencias asignadas
AUDIENCIA
DE CONTROL O REVISION DE LEGALIDAD EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Eventos en que procede/AUDIENCIA DE
CONTROL O REVISION DE LEGALIDAD EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Propósito
La audiencia de control o revisión de legalidad
posterior que se cumple por parte del Juez de Control de Garantías sobre la práctica
de ciertas diligencias realizadas, bien durante la indagación previa o bien
durante la etapa de investigación, por parte de la Fiscalía General de la
Nación y los órganos de Policía Judicial sin previa autorización judicial para
su realización, comprende las medidas de: (i) registro y allanamiento,
retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones o recuperación
de información dejada al navegar por internet u otros medios similares; (ii)
actuación de agentes encubiertos; (iii) entrega vigilada de objetos; (iv)
búsqueda selectiva en base de datos y (v) práctica de exámenes de ADN, y tiene
como propósito especifico llevar a cabo la revisión formal y sustancial del
procedimiento utilizado en la práctica de las citadas diligencias, esto es,
verificar que se hayan respetado los parámetros constitucionales y legales
establecidos para su autorización y realización, e igualmente, que la medida de
intervención no haya desconocido garantías fundamentales.
AUDIENCIA DE CONTROL O REVISION DE
LEGALIDAD POSTERIOR EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Propósito
La audiencia
de control de legalidad tiene como propósito especifico llevar a cabo la
revisión formal y sustancial del procedimiento utilizado en la práctica de las
diligencias sobre medidas de registro, allanamiento, incautación e
interceptación de comunicaciones, esto es, verificar que se hayan respetado los
parámetros constitucionales y legales establecidos para su autorización y
realización, e igualmente, que la medida de intervención no haya desconocido
garantías fundamentales
POLICIA JUDICIAL EN REGISTRO Y
ALLANAMIENTO-Término para
presentar informe al fiscal que lo ordeno
POLICIA JUDICIAL EN RETENCION DE
CORRESPONDENCIA-Término
para presentar informe al fiscal que la ordeno
POLICIA JUDICIAL EN INTERCEPTACION DE
COMUNICACIONES-Término
para presentar informe al fiscal que la ordeno
AUDIENCIA
DE CONTROL O REVISION DE LEGALIDAD EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Término para su realización/AUDIENCIA DE
CONTROL O REVISION DE LEGALIDAD EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Término para
que el fiscal comparezca ante el juez de control de garantías
El artículo
237 de la ley 906 de 2004 al contemplar el control de legalidad posterior a
esas medidas, incluida la orden, dentro de las 24 horas siguientes a su
cumplimiento. Y, en los casos expresamente referidos, será aplicable analógicamente
lo concerniente a los registros y allanamientos, entre estos el artículo 228,
que establece un término máximo de 12 horas para que la policía judicial
informe a la Fiscalía y ponga a su disposición lo recabado,  se mantiene
indemne el artículo 250.2 de la Carta Política, sin resultar de otra parte
alterados los artículos 14 y 154 de la Ley 906 de 2004, en lo que respecta al
límite máximo de 36 horas previsto para que el Juez de Garantías efectúe la
respectiva audiencia de control de legalidad formal y material de esas
actuaciones, siendo veinticuatro (24) horas un término razonable que se
encuentra dentro del margen de configuración del legislador.
Referencia: expediente D-7361
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 14, 15 (parcial) y 16 de la Ley 1142 de 2007, “por medio de la
cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000
y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva
de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”
Demandantes: Gustavo Gallón Giraldo
Camilo Mejía Gómez
Magistrado Ponente:
Dr. Nilson
Pinilla Pinilla
Bogotá, D.C., veinticuatro
(24) de febrero de dos mil nueve (2009).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES.
En ejercicio de
la acción pública consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución
Política, los ciudadanos Gustavo Gallón Giraldo y Camilo Mejía Gómez demandaron
algunos apartes y expresiones de los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 1142 de
2007, “por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004,
599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión
de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad
ciudadana”.
Mediante auto de
julio 16 de 2008, el Magistrado sustanciador admitió la demanda de la
referencia y ordenó el acopio de algunas pruebas relacionadas con el trámite
cumplido en el Congreso de la República por el proyecto que vino a convertirse
en la Ley 1142 de 2007. En la misma providencia dispuso que una vez allegadas
dichas pruebas, se fijara en lista el presente proceso y dar traslado al
Procurador General de la Nación para que rindiera su concepto.
También se
ordenó comunicar la iniciación del asunto a los señores Presidente de la
República y del Congreso, Ministro del Interior y de Justicia y Fiscal General
de la Nación, al igual que a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al
Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a los Colegios de Jueces y Fiscales
de Antioquia, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Huila, y a las facultades de derecho
de las Universidades Javeriana, Externado de Colombia, Industrial de Santander,
de Antioquia, del Rosario, Santo Tomás y Nacional de Colombia, con el objeto de
que, si lo estimaban pertinente, conceptuaran sobre la exequibilidad de las normas
demandadas.
Cumplidos los
trámites constitucionales y legales propios de esta clase de procesos, la Corte
procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
II. NORMAS
DEMANDADAS.
A continuación
se trascribe el texto de las normas demandadas, resaltando los apartes
acusados.
“LEY 1142 DE
2007
(junio 28)
Diario Oficial No. 46.673 de 28
de julio de 2007
Por medio de la cual se
reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se
adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de
especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA:
… … …
Artículo 14. El artículo 222 de la Ley 906 de 2004,
Código de Procedimiento Penal, quedará así:
Artículo 222. Alcance de la
orden de registro y allanamiento. La orden expedida por el fiscal deberá
determinar los lugares que se van a registrar. Si se trata de
edificaciones, naves o aeronaves que dispongan de varias habitaciones o
compartimentos, se indicará expresamente cuáles se encuentran comprendidos en
la diligencia.
De no ser posible la
descripción exacta del lugar o lugares por registrar, el fiscal deberá indicar
en la orden los argumentos para que, a pesar de ello, deba procederse al
operativo. En ninguna circunstancia podrá autorizarse por la Fiscalía General
de la Nación el diligenciamiento de órdenes de registro y allanamiento
indiscriminados, o en donde de manera global se señale el bien por registrar.
Artículo 15. El artículo 235
de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, quedará así:
Artículo 235. Interceptación de
comunicaciones telefónicas y similares. El fiscal podrá ordenar, con el objeto
de buscar elementos materiales probatorios, evidencia física, búsqueda y
ubicación de imputados o indiciados, que se intercepten mediante grabación
magnetofónica o similares las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y
similares que utilicen el espectro electromagnético, cuya información tengan
interés para los fines de la actuación. En este sentido, las entidades
encargadas de la operación técnica de la respectiva interceptación tienen la
obligación de realizarla inmediatamente después de la notificación de la orden.
En todo caso, deberá
fundamentarse por escrito. Las personas que participen en estas diligencias se
obligan a guardar la debida reserva.
Por ningún motivo se podrán
interceptar las comunicaciones del defensor.
La orden tendrá una vigencia
máxima de tres (3) meses, pero podrá prorrogarse hasta por otro tanto si, a
juicio del fiscal, subsisten los motivos fundados que la originaron.
Artículo 16. El artículo 237 de la Ley 906
de 2004 quedará así:
Artículo 237. Audiencia de
control de legalidad posterior. Dentro de las veinticuatro (24) horas
siguientes al cumplimiento de las órdenes de registro y allanamiento, retención
de correspondencia, interceptación de comunicaciones o recuperación de
información dejada al navegar por Internet u otros medios similares, el fiscal
comparecerá ante el juez de control de garantías, para que realice la audiencia
de revisión de legalidad sobre lo actuado, incluida la orden.
Durante el trámite de la
audiencia sólo podrán asistir, además del fiscal, los funcionarios de la
policía judicial y los testigos o peritos que prestaron declaraciones juradas
con el fin de obtener la orden respectiva, o que intervinieron en la
diligencia.
El juez podrá, si lo estima
conveniente, interrogar directamente a los comparecientes y, después de
escuchar los argumentos del fiscal, decidirá de plano sobre la validez del
procedimiento.
PARÁGRAFO. Si el
cumplimiento de la orden ocurrió luego de formulada la imputación, se deberá
citar a la audiencia de control de legalidad al imputado y a su defensor para
que, si lo desean, puedan realizar el contradictorio. En este último evento, se
aplicarán analógicamente, de acuerdo con la naturaleza del acto, las reglas
previstas para la audiencia preliminar.
… … …”
III. LA
DEMANDA.
3.1. En primer
lugar, los actores consideran que los artículos 14 y 16 de la Ley 1142 de 2007
deben ser declarados inexequibles, “por que en su aprobación se vulneró la
Ley 5ª de 1992” (no está en negrilla en el texto original).
Al respecto
argumentan que en junio 13 de 2007, durante el debate en la plenaria de la
Cámara, uno de los representantes presentó dos proposiciones: “En la
primera, solicitaba que se conservara la redacción original del artículo 222 de
la Ley 906 de 2004 que señalaba que el Fiscal deberá determinar con
precisión los lugares que se van a registrar, debido a que en el proyecto
se eliminaba la expresión ‘con precisión’. La segunda proposición solicitaba
que el control de legalidad que realiza el juez de control de garantías de las
órdenes de registro y allanamiento, retención de correspondencia,
interceptación de comunicaciones o recuperación de información se realizara 36
horas después del diligenciamiento de la orden y no 24 horas después del
cumplimiento de la orden.” (F. 3 cd. inicial.)
Plantean entonces
que “ninguna de las dos proposiciones fue leída por el Secretario de la
Cámara como lo ordenan los artículos 47 y 125 de la Ley 5ª de 1991”, contrariándose
que acorde con la sentencia C-760 de 2001 y el Reglamento del Congreso, “las
proposiciones deben ser leídas dos veces”.
Bajo tales
supuestos, anotan que los representantes no conocían las “proposiciones
sustitutivas” presentadas, viciando las normas demandadas como quiera que
no “hubo debate”.
Igualmente, señalan
que esa irregularidad podía haberse subsanado, como se indica en la sentencia
C-370 de 2004, si las proposiciones “se hubieren repartido a los asistentes
de la sesión para que conocieran el texto de las mismas, pero esto tampoco
ocurrió”. En su parecer, las proposiciones presentadas no se dieron a
conocer por ninguno de los medios señalados, por lo tanto “no todos los que
participaron en la sesión conocieron las alternativas en debate”.
Refieren que la
importancia de la lectura de las proposiciones “se fundamenta en que una
norma puede ser interpretada de diversas formas. Así sucedió cuando el ponente
del proyecto de ley, Germán Varón interpretó de manera errónea la proposición
presentada por el representante Legro”. Agregan que la proposición señalaba
(está resaltado en el texto original):
“Dentro
de las treinta y seis (36) horas siguientes al diligenciamiento de
las órdenes de registro y allanamiento, retención de correspondencia,
interceptación de comunicaciones o recuperación de información dejada al
navegar por Internet u otros medios similares, el Fiscal comparecerá ante el Juez
de Control de Garantías, para que realice la audiencia de revisión de legalidad
sobre lo actuado, incluida la orden.”
A su vez,
aseguran que los representantes Varón y Legro (quien la presentó), fueron los
únicos que tuvieron la posibilidad de conocer la proposición tal y como había
sido redactada, porque no fue leída por el Secretario. Según señalan los
actores, al interpretar la proposición el ponente del proyecto, representante
Varón, manifestó que se variaba un plazo constitucional. Citan que el Representante
ponente señaló:
“Primero
entrabamos toda la mecánica que tiene la Fuerza Pública para desarrollar sus
diligencias y segundo estaríamos alterando, lo que se establece por
Constitución, que es un máximo de 36 horas, quedaríamos en 48 horas, por esa
razón solicitaría que sea negada esta proposición.”
Al tenor de lo
expuesto, afirman que esa interpretación, “que no se deriva de la
proposición presentada”, llevó a que la plenaria la negara, debido a la
falta de lectura, lo cual “le restó transparencia al debate. En efecto, la
imposibilidad de una lectura directa del texto de la proposición limitó
desproporcionadamente el derecho-deber de los congresistas de conocer las
alternativas del debate, presupuesto básico para una participación en
condiciones equitativas y claras de información, y para el cumplimiento
adecuado de la función de representación política”.
Expresan entonces
que la proposición presentada, que buscaba conservar la redacción original del
artículo 222 de la Ley 906 de 2004, “no fue leída al principio de la discusión
ni al cierre de la misma, como lo exige el artículo 125 de la Ley 5ª de 1992”.
Agregan que “con la ausencia de lectura de las proposiciones sustitutivas,
se pretermitió una de las etapas esenciales del procedimiento legislativo, que
es el debate”.
Así, plantean
que debido a la omisión de lectura no se presentó debate, y en consecuencia, los
artículos aprobados resultarían inexequibles, habida cuenta que la
imposibilidad de conocer la proposición condujo a la aprobación de normas, sin
conocer las alternativas sobre el tema, esto es, “sin que se hayan dado las
condiciones para el debate, presupuesto básico del modelo democrático”.
Por lo anterior,
solicitan a esta corporación declarar inexequibles los artículos 14 y 16 de la
Ley 1142 de 2007, por medio de los cuales fueron reformados los artículos 222 y
237 de la Ley 906 de 2004, respectivamente.
3.2. Una vez expuestos
los presuntos vicios de procedimiento antes enunciados, aseguran que los
artículos 14, 15 y 16 de la referida ley contrarían los artículos 28, 250 y 15
de la Constitución.
3.2.1. En primer
lugar, refieren que el artículo 14 de la Ley 1142 de 2007 vulnera los artículos
28 de la Constitución, 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según los cuales el
Estado está en la obligación de proteger a las personas contra los ataques a su
morada, afectándose el derecho a la inviolabilidad del domicilio,
como quiera que “la orden de registro debe señalar con precisión los
lugares que se van a registrar”.
Al respecto
refieren que la reforma efectuada con el referido artículo 14 suprimió la
expresión “con precisión”, acorde con la cual el Fiscal debía determinar
en las órdenes de registro “de forma precisa” los sitios sobre los
cuales recaía la medida; a partir de la modificación, “ya no se encontraría
en la obligación de identificar de manera clara los lugares que se fuesen a
registrar”.
Aducen entonces
que una de las medidas que debe adoptar un Estado, encaminada a la protección
del “derecho a la inviolabilidad del domicilio es que el Fiscal tenga el
deber de identificar con precisión los lugares que se van a registrar”;
además, acorde con el Comité de Derechos Humanos, “los registros en el
domicilio de una persona deben limitarse a la búsqueda de pruebas necesarias y
no debe permitirse que constituyan un hostigamiento”.
Así, consideran
que si bien dentro del proceso penal pueden adoptarse medidas como registros y
allanamientos, que limitan el derecho a la inviolabilidad del domicilio, tal
limitación debe ser proporcional, debiendo adoptar el Fiscal una serie de
precauciones para evitar que el mismo sea conculcado en el desarrollo de la
diligencia.
Para reforzar su
argumentación refieren que la sentencia del Tribunal Constitucional Español N° 14
de enero 29 de 2001, señaló la necesidad de identificar con precisión los
lugares que se van a registrar, en los siguientes términos: “El órgano
judicial deberá precisar con detalle las circunstancias espaciales (ubicación
del domicilio) y temporales (momento y plazo) de entrada y registro, y de ser
posible también las personas (titular u ocupantes del domicilio en cuestión).”
De esa forma, destacan
que la identificación precisa de los bienes que se van a registrar constituye
un “presupuesto necesario” para evitar arbitrariedades e impedir
diligencias en lugares ajenos a la realización de la conducta investigada,
constituyéndose entonces en una condición “dirigida a garantizar la
proporcionalidad en la afectación del derecho a la inviolabilidad del
domicilio, que resulta de la aplicación de cualquier medida de registro”.
Aunque el Estado
tiene el deber de adelantar las investigaciones en procesos penales para
garantizar la efectividad de la administración de justicia, no puede adoptar
medidas que “limiten de manera desproporcionada los derechos de las personas
investigadas”, siéndole imperativo al legislador “construir fórmulas
normativas que reflejen este mandato de garantía de los derechos y no de
fórmulas como las contenidas en el artículo 14 de la Ley 1142 de 2007, que
conducen a romper el equilibrio, en tanto se trata de una autorización amplia
para los registros ordenados por los fiscales”.
En ese
entendido, solicitan a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad de
la expresión: “La orden expedida por el fiscal deberá determinar los lugares
que se van a registrar”; y, aclarar en la parte motiva de la decisión, que “en
este apartado regirá la Ley 906 de 2004”.
3.2.2. Frente a
los artículos 15 y 16 de la Ley 1142 de 2007, aseveran que constituyen una
afrenta del derecho a la intimidad y la reserva judicial señalada
en el artículo 250 superior.
Luego de
efectuar un acucioso recuento de pronunciamientos de esta corporación acerca
del derecho a la intimidad, las limitaciones a las cuales puede verse sometido
y la forma como puede ser violentado, argumentan que la Constitución y la
jurisprudencia, entre ellas la sentencia C-979 de 2005, “han creado una
serie de garantías para que esta limitación sea constitucionalmente admisible”.
En primer lugar
plantean que, por regla general, para poder limitar los derechos fundamentales
en el proceso penal se debe acudir al Juez de Control de Garantías, el cual
constatará que la limitación sea proporcional y no afecte el núcleo esencial de
esas garantías.
Así, consideran
que la limitación a los derechos fundamentales del imputado es admisible previa
autorización del Juez de Control de Garantías, regla que admite excepciones,
como acontece con la interceptación de comunicaciones, los registros y los allanamientos,
los cuales requiere control posterior. Sin embargo, para que ese examen
ulterior sea efectivo, “es necesario que el mismo se realice después de que
ha sido expedida la orden”.
Con fundamento
en esa argumentación aseguran que el artículo 15 de la Ley 1142 de 2007, que
modificó el 235 de la Ley 906 de 2004, no consagró un control a la prórroga de
la interceptación de comunicaciones telefónicas y similares, pues acorde con la
redacción “no sería necesario” que el Fiscal acuda ante el funcionario
de control de garantías para prorrogar la vigencia de la medida, vulnerándose “la
reserva judicial para la limitación del derecho a la intimidad consagrada en el
artículo 15 de la Constitución Política”.
Explican que la
limitación de los derechos fundamentales está reservada, por regla general, al funcionario
judicial encargado del control de garantías, luego “debe entenderse que el
período por el cual el Juez avala esta orden es tres (3) meses. Si el fiscal
decide que resulta pertinente renovar la orden, es necesario que solicite
autorización para prorrogarla por tres meses”.
Bajo tales
supuestos, para que se garantice la protección del derecho a la intimidad “resulta
constitucionalmente exigible”, previo a la prórroga, acudir al Juez toda
vez que la medida de interceptación puede: (i) no ser pertinente al momento de
la postergación, “porque con la información recogida durante los tres
primeros meses es posible demostrar la responsabilidad penal del inculpado”;
(ii) no ser necesaria, por existir otros medios de prueba menos lesivos de los
derechos fundamentales del investigado, que podrían demostrar su responsabilidad;
(iii) no ser proporcional “en sentido estricto, es decir, que los delitos
por demostrar no sean de tal gravedad para que se admita la limitación del
derecho a la intimidad”.
Igualmente,
recuerdan que la limitación de los derechos fundamentales “debe
interpretarse de manera restrictiva”, por lo que cualquier medida adicional
que los limite por más tiempo debe ser autorizada por el Juez, en consecuencia,
solicitan declarar la inexequibilidad de la expresión “a juicio del fiscal”,
contenida en el inciso final del artículo 15 de la Ley 1142 de 2007.
3.2.3. En cuanto
a la reforma implementada por el artículo 16 de la referida Ley, los actores
señalan que acorde con la redacción de la norma la audiencia para realizar el
control de legalidad de las órdenes de allanamiento, registro, retención de
correspondencia e interceptación de comunicaciones, deberá realizarse dentro de
las 24 horas siguientes al “cumplimiento”, situación que resulta grave
cuando se trate de ejecución continuada de aquéllas medidas, por que el control
sólo se presentaría una vez termine de ejecutarse la orden.
Para
ejemplificar sus planteamientos indican que en aquellos eventos en los cuales la
Fiscalía considere que existe mérito para adelantar interceptaciones
telefónicas, el control se podrá realizar tres meses después por tratarse de
una orden de ejecución continuada, que sólo se entiende cumplida una vez se
realice la interceptación. Aunado a lo anterior, ese control podría ser
realizado seis meses después de la ejecución, como quiera que el artículo 235
de la Ley 906 de 2004 permite una prórroga por tres meses más. Tal situación
puede aplicarse a las órdenes de “retención de correspondencia”, habida
cuenta que el artículo 233 ibídem preceptúa la aplicación analógica de
los criterios establecidos para los registros y los allanamientos.
Plantean
entonces que el control que realiza el funcionario judicial “se deberá
realizar de manera inmediata y a más tardar 36 horas después de la expedición
de la orden”, pues de interpretarse el artículo 250 constitucional de forma
contraria, “permitiría que el derecho a la intimidad esté desprovisto de un
control judicial por un término hasta de seis meses”.
Igualmente,
formulan que de presentarse el control tres o seis meses después de expedida la
orden, carecería de un “efecto útil con el fin de establecer si la
limitación de los derechos fundamentales del investigado es proporcional”. Con
la finalidad de garantizar un control judicial de las referidas órdenes, es
necesario que el examen “se realice después de que la orden sea expedida y
no después de que sea cumplida”, para que no se presenten limitaciones
desproporcionadas del derecho a la intimidad.
Concluyen solicitando
que el inciso primero del artículo 16 de la Ley 1142 de 2007 sea declarado
inexequible, por vulnerar el artículo 250.2 de la Constitución, que consagra un
control posterior e inmediato de 36 horas para esa clase de medidas. Y, ante la
declaratoria solicitada, piden a esta corporación, “frente a la necesidad de
que exista un término legal que controle las órdenes de registro y allanamiento
y las demás limitaciones a los derechos fundamentales consagradas en la norma
demandada que señale que este primer inciso del artículo 237 se regirá por la
Ley 906 de 2004.”
IV.
INTERVENCIONES.
1. Ministerio
del Interior y de Justicia.
El Director de
Ordenamiento Jurídico de este Ministerio, en su calidad de apoderado del
Ministerio del Interior y de Justicia, solicita desestimar el cargo por los
presuntos vicios de procedimiento alegados y declarar exequibles las
preceptivas censuradas de los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 1142 de 2007.
Luego de citar los
artículos 112 a 115 y 125 de la Ley 5ª de 1992, sobre el alcance, clasificación
y procedimiento relativo a las proposiciones, al igual que parte de la Gaceta
del Congreso N° 358 de julio 30 de 2007, resalta que “en la fase inicial del
debate del proyecto de ley la Presidencia de la Plenaria y la Secretaría de la
misma advirtieron debidamente, siguiendo lo dispuesto en la Ley 5ª de 1992,
acerca de la existencia de las proposiciones relacionadas con los artículos 1°,
14, 16 y 29”.
A continuación
señala que “como se colige de las intervenciones de los Representantes David
Luna y José Fernando Castro Caycedo, dichas proposiciones fueron oportunamente
conocidas por los congresistas, al punto que el coordinador de ponentes el
Representante Germán Varón Cotrino, expresamente solicitó que el estudio
puntual de las citadas proposiciones se adelantará de manera individualizada
una vez aprobado en bloque el articulado sobre el cual no existían
observaciones”,  moción “acogida por la Plenaria”.
Prosiguiendo con
la cita de algunos apartes de la sesión plenaria de la Cámara de
Representantes, frente a las proposiciones sustitutivas de los artículos 14 y
16 del proyecto de ley que se debatía, presentadas por el Representante Wilson
Borja y firmadas por sus colegas Venus Albeiro Silva y Franklyn Legros, plantea
que: (i) el coordinador de ponentes expuso nuevamente el contenido exacto de
las mismas antes de explicar su alcance; (ii) el Representante Legros intervino
para explicar la importancia de lo propuesto frente al artículo 14, “respecto
de la conveniencia jurídica y política”; (iii) “no hubo intervención
alguna sustentando el contenido de la proposición sustitutiva del artículo 16”;
y, (iv) la Plenaria conoció “oportunamente y en detalle” las proposiciones
y su alcance, lo cual “quedo plenamente comprobado desde el inicio del
debate hasta la votación de la iniciativa, en la cual las proposiciones fueron
votadas negativamente”.
Expuesto lo
anterior y con fundamento en la sentencia C-760 de 2001, conceptúa que para la
validez de la votación de una proposición debe constatarse la publicidad de la
misma, esto es, “la accesibilidad a su contenido y debate”, por lo que
no resultan de recibo las aseveraciones de los ciudadanos demandantes, pues en
el caso objeto de análisis esos dos elementos se encuentran “plenamente
comprobados”, acorde con la transcripción de los apartes de la referida
Gaceta N° 358 de 2007.
El vocero del
Ministerio reitera que “las citadas propuestas fueron tenidas en cuenta
desde el momento mismo que se avoca en la sesión el estudio del proyecto hasta
su votación, agotando previamente un debate promovido por el coordinador de
ponentes asignado a la iniciativa y en el cual tuvo activa participación uno de
los autores de las proposiciones, quien dentro de la discusión de que trata la
Ley 5ª de 1992, expuso ante la Plenaria las razones de todo orden que motivaron
la presentación de la respectiva proposición”.
Tratándose del
cargo por vicios de fondo dirigido contra el artículo 14 de la Ley 1142 de
2007, solicita a esta corporación declarar exequible la expresión: “La orden expedida por el fiscal deberá determinar los
lugares que se van a registrar”, al
considerar que en la demanda se incurrió en un error hermenéutico. Afirmar que
la identificación precisa de los bienes que se van a registrar constituye un
presupuesto necesario para evitar arbitrariedades, contrasta con el inciso 2°
del mismo artículo, según el cual en ningún caso podrá autorizarse el
diligenciamiento de órdenes de registro y allanamiento indiscriminadas, o en
donde de manera global se señale el bien por registrar.
Así,
aduce que constituyó un acierto del legislador tener como innecesario en el
debate de la iniciativa incorporar elementos “tautológicos”, en el
entendido que la referida norma contiene las garantías necesarias para que la
orden expedida por el Fiscal no desborde el marco constitucional y legal.
Asevera además
que similares planteamientos son extensivos a la censura relacionada con la
expresión “a juicio del fiscal”, contenida en el inciso final del artículo
15 de la referida ley, toda vez que en su criterio los demandantes “parten
del erróneo supuesto que la discrecionalidad del investigador es absoluta y no
está sujeta a consideraciones probatorias de ninguna índole”.
Al respecto
sostiene que de la lectura del referido inciso, tanto en la orden de
interceptación de comunicaciones como la decisión de su prórroga deben
concurrir los motivos fundados de que trata el artículo 221 de la Ley 906 de
2004, esto es, “deberán estar respaldados, al menos, en informe de policía
judicial, declaración jurada de testigo o informante, o en elementos materiales
probatorios y evidencia física que establezcan con verosimilitud la vinculación
del bien por registrar con el delito investigado”.
Luego de citar
jurisprudencia de esta corporación relacionada con los denominados “motivos
fundados”, considera que la posibilidad de interceptar o registrar
comunicaciones, o aquellas medidas correspondientes a detenciones,
allanamientos y registros, están sujetas a la observancia de esas exigencias
objetivas, imprescindibles para dotar de legitimidad la medida.
De ese modo,
concibe que se “descarta entonces la mera sospecha entendida como conjetura
carente de soporte fáctico, así como la simple convicción emanada del arbitrio
o de la interpretación subjetiva de la autoridad”.
Entonces,
advierte que las preceptivas demandadas de los artículos 14 y 15 de la Ley 1142
de 2007, “guardan evidente respaldo del marco constitucional y se enmarcan
cabalmente dentro del límite dispuesto para la libertad de configuración
legislativa”.
Frente a la
censura dirigida contra el artículo 16 ibídem, indica que la Carta
Política, dentro de las funciones de la Fiscalía General de la Nación
relacionadas con el adelantamiento de registros, allanamientos, incautaciones e
interceptaciones de comunicaciones, impone que el Juez de Control de Garantías
efectúe el control posterior respectivo, a más tardar dentro de las treinta y
seis horas siguientes. Esa exigencia ha sido recogida por los numerales 3° del
artículo 114 y 1° del 154 del Código de Procedimiento Penal, que al analizarse sistemáticamente,
permiten determinar que el control posterior por parte del Juez no ha sido
desconocido.
Por ende,
considera que la disposición del artículo 16 de la Ley 1142 de 2007 guarda
armonía con la estructura procesal acogida en el Acto Legislativo 03 de 2002,
por lo que dicha preceptiva también debe ser declarada exequible.
2. Fiscalía General de la Nación.
El Fiscal
General de la Nación solicita declarar la exequibilidad de los artículos
14, 15 y 16 de la Ley 1142 de 2007.
Al abordar los
vicios de procedimiento aducidos en la demanda, refiere que la irregularidad es
“aparente”, como quiera que de la lectura de la Gaceta del Congreso
respectiva se encuentra que las proposiciones sustitutivas fueron presentadas,
debatidas y negadas en la plenaria de la Cámara de Representantes, con lo cual
se cumplió a cabalidad con el artículo 125 de la Ley 5ª de 1992.
Agrega además
que se respetó el principio de la publicidad, toda vez que para efectuar ese
debate se cumplió con la exposición sobre el alcance de la proposición que
hiciera el ponente, al punto que fue sometida a votación y negada por
unanimidad en la plenaria. Por lo tanto, acorde con la jurisprudencia de esta
corporación con relación al principio de la instrumentalización de las formas,
la irregularidad objeto de análisis no tiene “trascendencia material”.
Frente al
artículo 14 de la Ley 1142 de 2007, afirma que la supresión de la expresión “con
precisión”, no vulnera la Carta Política, pues la norma en estudio señala
que la orden de registro y allanamiento deberá “determinar” los lugares
que se van a registrar, esto es, ese verbo implica la acción de precisar, por
lo que la norma resulta exequible frente al cargo.
Ahora bien, en
lo que respecta al artículo 15 de la referida ley, aduce que el Acto
Legislativo 03 de 2002 facultó a la Fiscalía General de la Nación para
adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de
comunicaciones, las cuales estarán sujetas al control posterior del Juez de
Control de Garantías, dentro de las 36 horas siguientes. Sería entonces un
contrasentido que si la orden precedente no requiere de una medida previa, sea
exigida para su prórroga, máxime cuando esas medidas serán sometidas a una
valoración judicial sobre “la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de
los motivos fundados para su cometido”.
Finalmente, con
relación a las censuras dirigidas frente al artículo 16 de la Ley 1142 advierte
que la misma argumentación expuesta con antelación es aplicable a la presente
norma. Lo anterior, por cuanto constituye un desarrollo de la Carta Política
correspondiente al examen de legalidad posterior, acorde con su artículo 250.2,
de modo que se debe realizar el control dentro de las 24 horas siguientes al
cumplimiento de la orden, respetando el plazo de 36 horas fijado en la
Constitución.
Igualmente, afirma
que el Congreso en su amplia facultad de configuración legislativa podía
precisar dicho control una vez cumplidas las actividades investigativas y no
con posterioridad a la expedición de las respectivas órdenes, sin que ello
comporte la afectación de las garantías de los ciudadanos, como quiera que la
Fiscalía hace parte de la rama judicial del poder público.
Indica además que
obligar a que la orden para la práctica de esas actividades sea sometida al
control de garantías, no permitiría llegar a los resultados esperados, pues son
eficaces en la medida que se guarde el sigilo, la reserva y la oportunidad que
su ejecución exige.
3. Intervención
del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
El jurista a
quien el Instituto Colombiano de Derecho Procesal le asignó conceptuar en el
presente asunto, considera que los artículos 14 y 16 de la Ley 1142 de 2007 debe
ser declarados exequibles, mientras que la expresión “a juicio del
fiscal” consagrada en el
artículo 15 resulta inexequible.
Luego de
referirse a los planteamientos que se formularon al momento de analizarse las
propuestas alegadas por los demandantes con respecto a los artículos 14 y 16 ya
referidos, concluye que si bien “podría decirse” que existieron vicios
de procedimiento en el proceso de formación, al no darse lectura por parte del
Secretario General de la Cámara, “también lo es que dichas proposiciones
parecen innecesarias”.
Funda los
anteriores planteamientos en que la proposición del artículo 14, al incluir la
expresión “con precisión” no necesariamente brinda una seguridad no
contemplada en el inciso final de esa norma. Y, frente al artículo 16,
considera que esa proposición alteraría el plazo de 36 horas que ha señalado la
Constitución para el control previo por el Juez de Control de Garantías.
Formula entonces
que los artículos 14 y 16 no deben ser declarados inexequibles, por los vicios
de forma invocados, toda vez que las proposiciones “sí fueron debatidas”,
al tiempo que se presentó la oportunidad para explicarlas, máxime que en la sentencia
C-760 de 2001 se advirtió que “sólo los cambios de redacción que tienen el
alcance de modificar el sentido, alcance o contenido regulador de la
disposición pueden ser considerados como enmiendas desconocidas”.
Ante los vicios
de fondo invocados en la demanda, en primer lugar plantea que el artículo 14 no
afecta la inviolabilidad del domicilio, pues el inciso final de la norma precisa
cuáles bienes se encuentran comprendidos en la diligencia, por lo que no se “está
dejando la puerta abierta para que la policía judicial vulnere derechos fundamentales”,
habida cuenta que se deben cumplir todos los requisitos establecidos para
adoptar esas medidas que afectan garantías fundamentales.
Con respecto al
artículo 15 considera que vulnera la Constitución, al otorgar “la
posibilidad al Fiscal de no acudir al juez de control de garantías para
prorrogar la vigencia de una orden de interceptación de comunicaciones”, conculcando
la reserva judicial de que trata el artículo 15 superior. De ese modo, advierte
que el Fiscal “debería nuevamente” acudir ante el Juez para solicitar la
prórroga de la orden, encontrando que le asiste razón a los ciudadanos
demandantes.
Concluye
advirtiendo que el artículo 16 también objeto del presente análisis,  no debe
ser declarado inexequible, como quiera que el problema “radica en la
facultad que se le otorga al Fiscal en el artículo 15 de la Ley 1142 de 2007”
para prorrogar la medida, por lo que insiste debería ser “evaluada y
consentida por el juez de control de garantías”.
4. Intervención
de la Universidad Santo Tomás.
El Director del
Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás solicita declarar inexequibles
los artículos 14 y 16 de la Ley 1142 de 2007, por vicios en su formación, y
el 15 por vicios de fondo.
Plantea que acorde
con la Ley 5ª de 1992, tratándose de la discusión o debate de un proyecto de
ley, debe tenerse en cuenta el elemento publicidad, tanto al momento de
iniciarse su discusión como en el de la votación. Así, acorde con los supuestos
fácticos invocados por los demandantes, la Secretaría General de la Cámara de
Representantes estando en la obligación de leer el proyecto y las proposiciones
del mismo, al debatir el contenido como al someterlo a votación, no lo hizo, “faltando
así a un mandato legal que expresamente se lo ordena”, afectándose “el Principio
Democrático del debate”.
Considera
entonces que la falta al referido deber impidió el desarrollo normal del debate
al que era sometido el respectivo proyecto de ley, por lo que la Corte debe
declarar su inexequibilidad al haberse incurrido en ese vicio.
Tratándose de la
alegación contra el artículo 15 de la Ley 1142 de 2007, manifiesta que esa
preceptiva constituye una negación del numeral 3° del artículo 250 superior, toda
vez que el Fiscal puede “reservarse la facultad de realizar interceptaciones
por un término hasta de tres meses, eludiendo la autorización del juez de garantías
y so pretexto de que éste, con anterioridad, ya se había pronunciado
favorablemente a la restricción de derecho”.
Agrega que la
interceptación, como medida restrictiva de derechos, “solo puede darse con
la anuencia, para casa caso, de parte del juez de garantías”, acorde con el
artículo 250 de la Constitución Política.
Finalmente, para
reforzar su argumentación postula que en la sentencia C-1092 de 2003, se
constató que en otros países en los cuales la legislación autoriza el
allanamiento sin orden judicial, y con su correspondiente control judicial
posterior, responden a medidas de emergencia para enfrentar el terrorismo.
5. Colegio de
Jueces y Fiscales de Bucaramanga.
El Presidente
del Colegio de Jueces y Fiscales de Bucaramanga plantea que la reforma al
Código de Procedimiento Penal que realizará la Ley 1142 de 2007, “fue, en un
alto grado, acertada, en desarrollo de la política criminal del Estado, al
tiempo que en busca de una correcta aplicación de las garantías fundamentales”,
sin embargo, aunque respalda la exequibilidad de los apartes
correspondientes a los artículos 14 y 16 impugnados, solicita la inexequibilidad
de la preceptiva censurada del artículo 15 ibídem.
Funda su
planteamiento en que la referida reforma, “buscó dotar de mayor agilidad a la
Fiscalía General de la Nación con el único fin de obtener resultados más
eficaces y ágiles en la lucha de la delincuencia organizada”, con
fundamento en las directrices del acto legislativo que modificó el artículo 250
de la Constitución.
En primer lugar,
señala que la censura sobre la supresión de la expresión “con precisión”
del artículo 14 de la referida ley, se traslada al campo semántico, pero que de
ninguna forma afecta el correcto obrar del funcionario judicial, toda vez que “continúa
siendo requerido a identificar en forma clara el lugar en el cual pretende
realizar el registro”, no siendo afectadas las garantías procesales, ni los
derechos fundamentales.
Ahora bien, con
relación a la preceptiva del artículo 15 también censurada, considera que el
artículo 250 superior impone una restricción cuando se requieran medidas
adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, luego en
cualquiera de esos eventos la Fiscalía requiere “imperativamente” de la
autorización del Juez de Control de Garantías. Se presenta entonces una “marcada
inconstitucionalidad” de la facultad otorgada a la Fiscalía para prorrogar
voluntariamente el término de tres meses, al omitirse que debe existir el
referido control previo.
Finalmente,
frente al debate planteado con respecto al artículo 16 de la Ley 1142 de 2007, argumenta
que la tesis formulada por los demandantes no está llamada a prosperar, pues el
artículo 250 de la Constitución es “claro”, al fijar que el control por
parte del juez “es de carácter posterior y que éste se debe realizar 36
horas después”.
6. Otras
intervenciones.
Los ciudadanos
Sandra Milena Bernal Pinilla, Jessica Viviana Robles López, Sonia Rocio Sánchez
Arguello, Marisol Aponte Caro, Ilbar Ricardo Fonseca Suárez, Jorge Andrés López
Vargas, Andrea Medina Rodríguez, Diana Patricia Quintero, Jhon Alexander
Cárdenas Pamplona, Jhon Jairo Sánchez Sotelo, Manuel Ricardo Bosiga Numpaque,
Jenny Carolina Rodríguez Pulido, Hilda Yanneth Aguilar Hernández, Juan Pablo
Patiño Orduz, Betcy Juliet Sierra Romero, Eliana Fernández, Beatriz Carolina
Díaz Flórez, Germán Darío García Avendaño, Luz Edith Moreno Burgos, Astrith
Betulia Barbosa Quiroga, Benilda Milena Reyes Dacosta, Claudia Liseth Pérez
Lemus, Adriana Carolina Rivera Báez, Carlos Andrés Ruiz Pinzón, Diana Patricia
Mendivelso Corredor, Jorge Pardo Toloza, y la Fundación Comité de Solidaridad
por los Presos Políticos, manifestaron ante esta corporación su coadyuvancia
frente a la demanda objeto del presente pronunciamiento.
V. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
5.1. El señor
Procurador General de la Nación, en concepto N° 4622 de septiembre 23 de 2008, como
primera medida solicita que se declare inexequible el artículo 14 de la
Ley 1142 de 2007, por vicios de forma.
Al respecto
aduce que el doble anuncio de una proposición durante el proceso de discusión y
aprobación de una ley es una “garantía de la deliberación al interior de una
democracia y cumplimiento del principio de publicidad, por lo que su
inobservancia compromete valores y principios de orden constitucional”. De
esa forma, con fundamento en la Ley 5ª de 1992 señala que para garantizar los
derechos de los miembros del Congreso se establece un “doble anuncio de las
proposiciones”, esto es, el primero para poner en conocimiento en qué
consiste la propuesta y dar lugar al debate, y el segundo, para abrir la
votación que determine una decisión.
Así, con fundamento
en la jurisprudencia de esta corporación, la doble lectura de las proposiciones
de enmienda puede realizarse mediante diversos mecanismos que permitan la
publicidad e información, “de conformidad con una interpretación flexible”.
Luego, entonces, el conocimiento previo de las mismas es un requisito para
legitimar la votación consecuente.
Se plantea en el
concepto que tratándose del artículo 14 del proyecto que se convertiría en Ley
1142 de 2007, si bien el Secretario General de la Cámara de Representantes informó
sobre la existencia de una propuesta sustitutiva, otorgando la palabra al
ponente para que explicara la misma, el debate tuvo lugar “sin previamente
haber hecho la lectura completa y clara de la propuesta sustitutiva”.
Se afirma
entonces que la ausencia de lectura de la proposición por parte del Secretario
y la inmediata intervención de los ponentes, pudo inducir en error a los demás
participantes del debate, quienes no conocían el contenido claro y completo del
artículo con la nueva redacción propuesta.
De ese modo,
asegura el Ministerio Público que la doble omisión de la lectura de la
proposición conllevó a que la votación se efectuara con “un alto margen de
incertidumbre sobre lo que efectivamente se estaba aprobando”, recalcando
que la consecuencia era la supresión de un enunciado que se encontraba en el
artículo 222 del Código de Procedimiento Penal, el cual correspondía a una de
las condiciones contenidas en la preceptiva original.
Adicionalmente,
argumenta que el cambio de redacción implica atribuir un alcance y
consecuencias distintas a la orden que emite el Fiscal para el registro y
allanamiento de bienes dentro de un proceso penal, luego no se trataba de un
cambio semántico, sino una modificación de importancia en las garantías de las
competencias del ente acusador frente a las garantías constitucionales.
Formula entonces
que la omisión de informar a los representantes el contenido completo de la
propuesta aditiva del artículo 14 de la Ley 1142 de 2007, generó un vicio de
forma de carácter constitucional, esto es, el irrespeto “al principio de mínima
racionalidad para viabilizar el debate dentro del proceso legislativo”.
Por lo anterior,
solicita a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad del referido
artículo, pues aunque la demanda se centra en un fragmento de la norma, por
razones de técnica legislativa la inexequibilidad debe ser irradiada a la
integridad del artículo y solamente de dicho artículo, al tiempo que al ser
procedente la misma, “no se hace necesario ni pertinente” el estudio del
cargo por vicios de fondo planteado subsidiariamente.
5.2. Con
relación al cargo elevado contra un aparte del artículo 15 de la Ley 1142 de
2007, solicita que el inciso final se declare exequible en forma condicionada,
bajo el entendido que “la orden del Fiscal de prorrogar la
interceptación de comunicaciones y similares sea sometido al control previo de
legalidad por parte del juez de control de garantías”.
Al respecto
señala la vista fiscal que la posibilidad de prorrogar la orden de
interceptación de comunicaciones telefónicas y similares “a juicio exclusivo
del fiscal establece una evasión de la vigilancia” que debe ejercer con
antelación el Juez de Garantías. Citando jurisprudencia de esta corporación
sobre el sistema penal acusatorio, recuerda que al Juez le corresponde ser el
garante de la protección judicial de la libertad y los derechos fundamentales
de quienes participan en el proceso penal y, en contraposición, la competencia
de la Fiscalía para afectar derechos fundamentales es “restringida y
excepcional, por tanto las causales para su procedencia no pueden ser menos
exigentes o iguales a las del juez de control de garantías”.
De lo anterior,
expone que no se pueden admitir redacciones del legislador en las que “el
uso de un lenguaje genérico o abstracto dejen un margen de discrecionalidad al
Fiscal General de la Nación o su delegado, de suerte que su competencia
excepcional en la materia, culmine siendo amplia y sustituta de la que
constitucionalmente le corresponde al Juez de garantías”.
El Ministerio
Público asevera además que la redacción del último inciso del artículo 15 de la
Ley 1142 de 2007 “deja un margen amplio de interpretación respecto a la
posibilidad que posee el Fiscal para prorrogar la orden de interceptación de
comunicaciones telefónicas y similares, sin que expresamente se manifieste que
la misma debe ser sometida a la autorización del juez de control de garantías,
lo que llega a comprometer el derecho a la intimidad”.
Así, plantea que
el referido inciso permite una interpretación inconstitucional, según la cual
se evade el control que debe realizar el Juez para la prórroga de las medidas
ordenadas por el Fiscal, la cual,“por tratarse de una medida adicional en la
que la urgencia ya ha sido matizada con la primera intervención y se cuenta con
el tiempo para valorar su pertinencia y necesidad, el control judicial debe ser
anterior y no posterior, a diferencia de cuando se ordena por primera vez”,
razón por la cual solicita declarar la exequibilidad condicionada del mismo.
5.3. Finalmente,
tratándose del artículo 16 de la Ley 1142 de 2007, indica que “el término
establecido para el control legal posterior de las órdenes de registro y allanamiento,
así como de retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones o
recuperación de información dejada al navegar por Internet y otros medios
similares, tomado a partir del cumplimiento de dichas órdenes impide un eficaz
y oportuno control judicial sobre la medida”.
Insiste que el examen
previo a cargo del Juez de Control de Garantías “debe ser realizado en forma
general y oportuna con el fin de evitar la vulneración de derechos
fundamentales”, por lo que al establecerse un lapso superior al
fijado en la Constitución, correspondiente a las treinta y seis horas después
de expedida la orden del Fiscal, puede propiciar una ruptura injustificada de
los derechos fundamentales.
Concluye
entonces que la expresión “al cumplimiento” debe ser declarada inexequible,
pues el control de legalidad posterior, “tomando como fecha para su
realización la de su cumplimiento, es decir la de su terminación efectiva, en
vez de la expedición, la de inicio de la actuación, acarrea que en aquellas
medidas que son susceptibles de ser extendidas en el tiempo, como la
interceptación de comunicaciones telefónicas, retención de correspondencia y
otras similares, se permita la potencial vulneración de derechos fundamentales
de los investigados y la informalidad en las actuaciones penales que ponen en
riesgo derechos como el de la intimidad, dejando sin control judicial medidas
que se prorrogan por períodos extendidos en el tiempo”.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1.-
Competencia.
En virtud de lo
dispuesto por el artículo 241, numeral 4°, de la Constitución, esta corporación
es competente para decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que
presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por vicios de contenido
material o de fondo, como por aquellos de carácter formal o procedimental suscitados
en su formación, siendo la presente acción constitucional fruto de la acusación
contra algunas de las disposiciones de la Ley 1142 de 2007, mediante censuras
correspondientes a las dos clases de irregularidades referidas.
2.- Lo que se
debate.
2.1. Corresponde
a la Corte, en primer lugar, señalar si la falta de lectura de las
proposiciones, que enuncian los ciudadanos demandantes, constituye un vicio de
procedimiento en la formación de los artículos 14 y 16 de la Ley 1142 de 2007,
dando lugar a la declaratoria de su inexequibilidad, como lo solicitan los
coadyuvantes de la demanda, quienes intervinieron por el Instituto Colombiano
de Derecho Procesal y la Universidad Santo Tomás, y el Ministerio Público, este
último sólo respecto del artículo 14.
De no ocurrir lo
anterior, deberá determinar si la expresión “la orden expedida por el fiscal
deberá determinar los lugares que se van a registrar”, contenida en el
primer inciso del artículo 14 referido, afecta la inviolabilidad del domicilio
al no incluir la expresión “con precisión”, para especificar los bienes
objeto de la orden de allanamiento y registro expedida por la Fiscalía; o
declararla exequible por que tal precisión se encuentra contenida en los
supuestos del inciso final del mismo artículo.
2.2. Igualmente,
deberá esta corporación analizar si la expresión “a juicio del fiscal”,
contenida en el artículo 15 ibídem, que fija a quien le corresponde el criterio
para poder prorrogar una orden de interceptación de comunicaciones telefónicas
y similares, por tres meses adicionales a los fijados por la norma como
vigencia máxima inicial, siempre que subsistan los motivos fundados que la
originaron, atenta contra el derecho a la intimidad y la reserva judicial que
corresponde al Juez de Control de Garantías para autorizar esa restricción de
derechos fundamentales.
2.3. Además, de
superar el primer estudio del que debe ser objeto el artículo 16 de la Ley 1142
de 2007, también corresponde a la Corte establecer si el primer inciso de ese
artículo desconoce el artículo 250 superior, al establecer un término máximo de
24 horas para llevar a cabo la audiencia de control de legalidad posterior al
cumplimiento y no a la expedición de las órdenes de registro y allanamiento,
retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones o recuperación
de información dejada al navegar por Internet u otros medios similares.
3.- Análisis
sobre la caducidad de la acción por vicios de forma.
Teniendo
presente que el cargo inicial esgrimido contra los artículos 14 y 16 de la Ley
1142 de 2007 se refiere a aspectos de procedimiento en su formación, es
necesario tener en cuenta que de conformidad con lo previsto en el numeral 3°
del artículo 242 de la Constitución Política: “Las acciones por vicios de
forma caducan en el término de un año, contado desde la publicación del
respectivo acto”.
A este respecto
le asiste razón al Ministerio Público, pues se constata que la acción fue
interpuesta en tiempo, toda vez que esa ley fue publicada en el Diario Oficial
N° 46.673 de julio 28 de 2007, y la presente acción pública de inconstitucional
que ahora se decide fue incoada en junio 27 de 2008. En consecuencia, desde
este punto de vista, resulta viable proceder al análisis de todos los cargos de
la demanda.
4.- El principio
de instrumentalización de las formas y el carácter subsanable de algunos
vicios.
4.1. Esta corporación ha tenido
la oportunidad de discernir ampliamente sobre los vicios formales dentro del
proceso de aprobación de las leyes, los cuales se refieren a la inobservancia
de las formas propias para tal efecto previstas en la Constitución y en la Ley
Orgánica del Reglamento del Congreso, contenida en la Ley 5ª de 1992.
Según la jurisprudencia
constitucional sobre la materia[1] esa clase de
vicios están constituidos por todas aquellas irregularidades en que se incurre
durante el trámite o proceso legislativo, por omisión o quebrantamiento de
cualquiera de los requisitos extrínsecos impuestos por el orden jurídico al
proceso de formación y aprobación de las leyes, que afecten de manera parcial o
definitiva la eficacia y validez de las mismas.
Así, en la sentencia C-501 de
mayo 15 de 2001, M. P. Jaime Córdoba Triviño, la Corte recalcó que dichos
vicios versan sobre la inobservación de requisitos externos o ritualidades del
acto bajo revisión, al respecto indicó (no está en negrilla en el texto
original):
“Vicios de forma, en cambio, son
aquellas irregularidades en que se incurre en el trámite que antecede a la
promulgación de la ley y que ha sido establecido por el constituyente. Ello es
así por cuanto la forma es el modo de proceder de una cosa, la manera como se
hace. La forma es un concepto que en el ámbito jurídico remite a los requisitos
externos de expresión de los actos jurídicos, a las cuestiones rituales que se
contraponen a su fondo o materia. Por ello, los vicios en la formación de la
ley se circunscriben a la manera como fueron debatidas, aprobadas y promulgadas
las disposiciones legales. No se analiza, en este caso, la regla de derecho
contenida en la disposición acusada, pues el examen que debe efectuar este
Tribunal consiste sólo en verificar si se cumplieron en debida forma todas las
etapas del proceso legislativo.”
Bajo esos parámetros, esta corporación también
ha identificado[2] que al estudiar la
gravedad de una irregularidad ocurrida en el trámite legislativo, le corresponde
en el análisis Constitucional examinar:
(i)
Si el defecto es de
suficiente entidad como para constituir un vicio susceptible de afectar la
validez de la ley.
(ii)
En caso de que la
irregularidad represente un vicio, si existió o no una convalidación del mismo
durante el trámite legislativo respectivo.
(iii)
Si el trámite no fue
convalidado, analizar si es posible devolver la ley al Congreso y al Presidente
para que subsane el defecto observado.
(iv)
De no acontecer alguno
de los anteriores supuestos, si es posible que ella misma los subsane en el
pronunciamiento, respetando siempre el principio de razonabilidad.
4.2. La
trascendencia de los vicios formales en el proceso legislativo radica, como se
indicó en precedencia, en que la Constitución Política señala los elementos
fundamentales que deben reunir los debates al interior del Congreso. Debe
recordarse que en la sentencia C-473 de 2004, previamente referida, se
estableció que esos presupuestos están contenidos en los artículos 145, 146,
157 y 160 superiores, de la siguiente manera (no está en negrilla en el texto
original): “En primer lugar, el número mínimo de congresistas que deben
estar presentes para iniciar la deliberación de cualquier asunto, así como para
adoptar decisiones (Artículo 145, CP).[3] En segundo
lugar, la mayoría necesaria para adoptar decisiones en la respectiva
corporación que, salvo que la Constitución exija una mayoría especial, debe ser
la mayoría de los votos de los asistentes (Artículo 146, CP).[4]
En tercer lugar, el carácter imperativo de los debates en las comisiones y en
las plenarias, sin los cuales ningún proyecto puede llegar a ser ley (Artículo
157, CP).[5] En
cuarto lugar, la necesaria publicidad de lo que va a ser sometido a debate como
presupuesto mínimo para garantizar la participación efectiva de los
congresistas (Artículo 157, CP). En quinto lugar, el período mínimo que
debe mediar entre debates como garantía de que la decisión del Congreso sobre
el proyecto de ley es producto de una reflexión ponderada (Artículo 160, CP).[6]
Y en sexto lugar, la votación de lo discutido como finalización del debate
(Artículo 157, CP)”.
Tratándose del procedimiento necesario para
el trámite de las proposiciones, la Ley 5ª de 1992 (Sección V, Capítulo V,
Libro II), regula el tema de las proposiciones, del artículo 112 al 115, de los
cuales se extrae: (i) en discusión una proposición[7],
sólo serán admisibles las solicitudes de modificación, adición, suspensión,
orden, informe oral o lectura de documentos, declaración de sesión permanente,
y votación nominal o secreta (art. 112); y, (ii) el Congresista autor de la
proposición de modificación, adición o suspensión, debe presentarla por escrito
y firmada, sin necesidad de incluir razones o argumentos, y una vez en
discusión podrá hacer uso de la palabra para sustentarla (art. 113).
Como quedo señalado la publicidad de esas
proposiciones, tema que en la actualidad centra el estudio de la Corte,
garantiza la participación efectiva de los miembros del Congreso, por ello el
conocimiento previo de los asuntos a debatir, resulta de gran relevancia por
conllevar el respeto al “principio democrático en el proceso de formación de
la ley”, que permite la intervención no sólo de las minorías, además de ser
una garantía para la existencia del debate. Así, en la sentencia C-760 de julio
18 de 2001, Ms. Ps. Marco Gerardo Monroy Cabra y Manuel José Cepeda Espinosa,
se destacó la importancia previa de lo que se va a debatir (se encuentra en
negrilla en el texto original):
“El debate es pues la oportunidad de hacer
efectivo el principio democrático en el proceso de formación de la ley, en
cuanto posibilita la intervención y expresión de las minorías, así como la
votación es el mecanismo que realiza la prevalencia de las mayorías, también
consubstancial a la democracia. Ahora bien, por debate, siguiendo la definición
legal consignada en el artículo 94 de la Ley 5ª de 1992, Orgánica del
Reglamento del Congreso, debe entenderse ‘El
sometimiento a discusión de cualquier proposición o proyecto sobre cuya
adopción deba resolver la respectiva Corporación...’. Es decir, el objeto sobre el cual recae el
debate o discusión es el proyecto o la proposición de fórmula legal que va a
adoptarse. Por lo tanto, puede concluirse que si no existe este objeto, o si el
mismo es desconocido de manera general por quienes deben discutirlo,
naturalmente no puede haber debate o discusión. El desconocimiento general del
proyecto o de la proposición que lo modifica, excluye la posibilidad lógica de
su debate, pues equivale a la carencia de objeto de discusión. Contrario sensu el
conocimiento del proyecto o de sus proposiciones de enmienda es el presupuesto
lógico del debate, en cuanto posibilita la discusión del mismo. Por lo tanto,
la votación sobre un texto desconocido no puede convalidar la carencia de
debate.”
Así, previo a someter a votación una
propuesta, ésta debe ser conocida en su integridad por los participantes, tal
como lo establece el artículo 125  (Sección VIII)  de la Ley 5ª de 1992, que
consagra el procedimiento de votación de las mismas, explicando que cerrada la
discusión se dará lectura nuevamente a la proposición que haya de votarse.
4.3. El “principio de
instrumentalización de las formas” el cual fuera definido en la
sentencia C-737 de julio 11 de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett, se
encamina a que las formas procesales “deben interpretarse teleológicamente
al servicio de un fin sustantivo”, esto es, el valor material pretendido con
las reglas, sin que ello vaya en detrimento del respeto de las normas
procesales, pues son las encargadas de proteger “valores sustantivos
significativos”.
La importancia de acudir al
principio de instrumentalización de las formas frente a la trascendencia de un
vicio en el procedimiento de formación de una ley, fue reiterada en referida sentencia
C-473 de 2004, como quiera
permite establecer la verdadera existencia de un vicio que conlleve la
inexequibilidad de la norma, o de una irregularidad que no afecta aspectos
sustanciales.
Al respecto, se indicó (no está en negrilla
en el texto original):
“Es por ello que al analizar la trascendencia de un vicio de forma
es preciso tener en cuenta tanto el contexto en el cual éste se presentó, como
el conjunto integral del trámite legislativo. Sobre este punto, esta Corporación
ha señalado que ‘lo que debe ser objeto de análisis de constitucionalidad
dentro de un Estado democrático de derecho, es la verificación del cumplimiento
de todas las garantías constitucionales involucradas en el debate
parlamentario, independientemente de qué grupo esté siendo perjudicado con su
pretermisión, y en ese sentido, dicha función está encaminada a permitir que
tanto minorías como mayorías tengan la posibilidad de conocer y estudiar los
textos sometidos a su consideración y por lo tanto de discutirlos previamente a
su aprobación.’[8]
Por ello, para determinar si un vicio de
procedimiento relativo al debate parlamentario genera la inconstitucionalidad
del proyecto de ley o se trata de una irregularidad irrelevante que no afecta
valores sustantivos, es preciso acudir al principio de la instrumentalidad de
las formas.”
Entre otros aspectos relevantes
para el presente asunto, en el mismo pronunciamiento que se acaba de citar,
siguiendo las pautas de la sentencia C-737 de 2001 ya referida, se indicó que
pueden existir eventos en los cuales una irregularidad sea convalidada dentro
del mismo proceso que llevó a la formación de una ley siempre que “se haya
cumplido con el propósito que la regla de procedimiento pretendía proteger, o
la irregularidad haya sido expresamente subsanada por una autoridad que tenía
competencia para efectuar ese saneamiento”.
4.4. Si bien los actores, quien
intervino por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y el Procurador
General de la Nación, consideran que la ausencia de una doble lectura de las
propuestas presentadas con relación a los artículos 14 y 16 de la Ley 1142 de
2007, conllevó a la ausencia de debate, la realidad es que nos encontramos ante
una irregularidad que no afectó la garantía de la publicidad y el respectivo
debate, como quiera que fue subsanada por la forma como fueron explicadas las
propuestas, para proceder a la votación que en definitiva las negó; cumpliendo
entonces con el fin perseguido por las instituciones procesales que regulan ese
procedimiento.
4.5. Revisando las pruebas
allegadas con la demanda y recabadas por esta corporación durante el trámite de
la presenta acción, se encuentra la Gaceta del Congreso N° 358 de julio 30 de
2007, que analizada acorde con los desarrollos jurisprudenciales de esta
corporación señalados con precedencia, permite determinar que la irregularidad
invocada frente al trámite de las propuestas referidas no tuvo tal entidad para
invalidar lo actuado.
En la referida Gaceta del
Congreso se constata como fue puesto en consideración, para discusión de la
plenaria de la Cámara de Representantes, el informe para segundo debate del Proyecto
de Ley número 023 de 2006
Cámara, 081 de 2006 Senado, por medio de la cual se reforman parcialmente las
Leyes 906 de 2004 y 599 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y
represión de la actividad delictiva, de especial impacto para la convivencia y
seguridad ciudadana.
En esa oportunidad la Representante María Isabel
Urrutia Ocoró, planteó: “Porque no dejamos que el doctor Varón nos explique
en qué consiste la ponencia y ahí vamos cada quien dando su punto de ideas en
la referencia a lo que es. (…) Creo que por qué no dejemos que el doctor Varón,
nos explique y ahí sí artículo por artículo, miramos si es conveniente o no es
conveniente”. Acatando lo propuesto el Representante Germán Varón Cotrino
sugirió como mecanismo “aprobar los artículos que no tengan ningún tipo de
proposición, al igual que las proposiciones suscritas por la Fiscalía, por el
Gobierno, por los ponentes y dejar para efecto de las discusiones 5 y 6 proposiciones
que no son avaladas, ni por el Gobierno, ni por la Fiscalía, ni por los
ponentes”[9].
Así, acorde como lo informó el Secretario General,
Angelino Lizcano R., fueron aprobados 50 artículos, aplazando 4 artículos,
correspondientes a los artículos 1°, 14, 16 y 29, que tenían propuestas
diferentes a los ponentes.
En primer lugar, frente a la propuesta presentada con
relación al artículo 14 del referido proyecto, se observa que bajo la dirección
de la sesión con la Presidencia de Jorge Homero Giraldo, el Secretario General informó
que esa norma tenía “una propuesta sustitutiva del doctor Wilson Borja, la
tiene el señor ponente”, a lo cual el Representante Germán Varón Cotrino,
explicó:
“Es una proposición señor Presidente en
la que él adiciona la palabra, con precisión. En el artículo 222, referido al
alcance de la orden y registro de allanamiento.
Nos parece que es a los ponentes
innecesaria esa mención, el doctor Franklin Legro, si me permite hago la
explicación, para que pueda hacer la intervención.
Nos parece que es innecesaria por una
razón, porque revisando el final del inciso 1°, dice: Si se trata de
edificaciones, naves o aeronaves que dispongan de varias habitaciones o
compartimientos, se indicará expresamente cuáles se encuentran comprendidos en
la diligencia, nos parece que es una determinación más precisa la que hace la
autoridad en ese momento y por eso el decir que sea con precisión, no
necesariamente suple, lo que ya estableció el inciso final del artículo.
Se había llegado adicionalmente, en las
comisiones y nos parece que el artículo ya tiene suficiente precisión al
respecto.”
Una vez efectuada la referida explicación, se dio el
uso de la palabra al Representante Franklin Legro Segura, quien
manifestó:
“La verdad es que nosotros y en particular
con el Representante Venus, también suscribimos esta proposición y quiero
reiterar que va en el siguiente sentido.
Cuando estamos discutiendo el proyecto en la
Fiscalía, la Policía Judicial es prácticamente, es la autora de este cambio, el
Código de Procedimiento anterior traía esta palabra, de que se determinara con
precisión y tiene el propósito fundamental de evitar, que se cometan
efectivamente excesos alrededor de cuando se está esa orden de registro y
allanamiento.
Creo que hay que tener muy en cuenta las
garantías de los ciudadanos alrededor de situaciones como esta, que implican de
alguna manera entrarle a un ciudadano a su morada, a su residencia, a su casa
de habitación y por eso hemos considerado, que es importante que se mantenga,
tal como viene en el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 222, se
establezca esa palabra con precisión, creo que eso le da más seguridad, mayor
tranquilidad a este Congreso, además que ha sido aprobada por el legislador
anterior.
De manera tal, que ese es fundamentalmente
el propósito que nosotros le solicitamos mantener el alcance, que la orden
expedida por el Fiscal deberá determinar con precisión los lugares que se van a
registrar. Esa es la propuesta sustitutiva por eso la hemos suscrito.” [10]
El Representante Cotrino replicó, advirtiendo al
Presidente y a los representantes, que la norma en comento “es especifica,
cuando dice que se establezca en qué compartimientos, en qué sitios se va a
llevar a cabo la diligencia, sobre la palabra, de manera precisa”. Además,
señaló que “el contexto ya es suficiente y pediríamos como ponentes que se
negara esta proposición”, solicitando al Presidente someterla a
consideración, constatando el Secretario General que aquélla fue negada.
De ese modo, se encuentra que
la publicidad de las propuestas, con su debida explicación fue avalada por el
ponente quien pudo dar una explicación, al tiempo que uno de los proponentes
explicó el alcance de la misma, garantizándose de ese modo el conocimiento por
todos los presentes.
4.6. Iguales planteamientos se
pueden formular al estudiar el trámite del artículo 16 del proyecto que se
convertiría en Ley 1142 de 2007, habida cuenta que el Representante ponente,
Germán Varón Cotrino, tuvo la oportunidad de explicar la proposición
presentada, procediendo a solicitar su negativa, la cual luego de ser abierta a
discusión fue igualmente negada.
Al momento de explicar la
proposición, el ponente expuso:
“Señor Presidente, esta proposición alude a
que dentro de la audiencia de control de legalidad posterior, se propone
adicionar a las 24 horas siguientes al cumplimiento de la orden de registro, 12
horas más.
Es decir, el artículo 237, no cambia en
nada diferente a las 24 horas que trae el artículo original.
En el estudio que hicieron los ponentes, se
establece con claridad lo siguiente.
La Policía cuando desarrolla la diligencia,
normalmente se toma un término de 12 horas, que adicionando al de 24 que se
tiene, para poder poner en conocimiento del juez de garantías la medida que se
ha tomado, suma 36 horas. El término de 36 horas que es el que se establece
para que el juez de conocimiento tenga conocimiento de la medida es un término
de orden constitucional, está establecido en el artículo 250, en el numeral 2.
Dice: adelantar registros, allanamientos, incautaciones, e intercepciones de
comunicación.
En estos eventos el juez que ejerza las
funciones de control de garantías, efectuará el control posterior respectivo a
más tardar dentro de  las 36 horas siguientes, al sólo efecto de determinar su
validez.
Si lo ponemos en 36 horas, más las 12 de la
policía.
Primero entrabamos toda la mecánica que
tiene la fuerza pública para desarrollar sus diligencias y segundo estaríamos
alterando, lo que se establece por Constitución, que es un máximo de 36 horas,
quedaríamos en 48 horas, por esa razón solicitaría que sea negada esta
proposición.
Sométala a consideración.”[11]
Así, la referida propuesta fue puesta
en conocimiento y aunque se guardó silencio frente a la misma, ello no implica
la ausencia de debate, previo a su negativa.
Visto lo anterior, la Sala
concluye que no le asiste razón a los demandantes, ni a quienes respaldan la
presunta inexequibilidad de las normas censuradas, como quiera que está
demostrado que la aludida irregularidad fue subsanada durante el trámite de la
Plenaria en la Cámara de Representantes de los artículos 14 y 16 del proyecto
que se convertiría en Ley 1142 de 2007, pues la publicidad de las propuestas se
adelantó mediante otros medios también idóneos.
5.- La orden de registro y
allanamiento que expide el Fiscal General de la Nación o sus delegados debe
determinar los lugares que se van a registrar, respetando así la inviolabilidad
del domicilio y la reserva judicial para adoptar la medida.
5.1. La inviolabilidad del
domicilio se encuentra consagrada en el artículo 28 de la Carta Política y ha
sido ampliamente analizada por esta corporación, estableciéndose en la sentencia
C-1024 de noviembre 26 de 2002, M. P. Alfredo Beltrán Sierra, que la privacidad
del domicilio es una consecuencia necesaria de la libertad individual.
Siguiendo esos parámetros, en
la sentencia C-519 de julio 11 de 2007, M. P. Nilson Pinilla Pinilla, se indicó
que “la definición constitucional de domicilio excede la noción civilista”,
por lo que comprende además de los lugares de habitación, todos los espacios en
donde la persona desarrolla de manera más inmediata su intimidad y su
personalidad, abarcando entonces la protección de la seguridad, libertad e
intimidad del individuo.
Más adelante en el mismo
pronunciamiento que se acaba de citar se puntualizó que el vocablo domicilio constitucionalmente
tiene una significación más amplia que en las normas del derecho civil, como
quiera que abarca, entre otros, “el recinto o vivienda, sea móvil o inmóvil,
de uso permanente, transitorio o accidental”, verbi gratia, la
habitación en un hotel, el camarote de un barco, una casa rodante.
Igualmente, aunque se especificó
lo amplio del concepto, también se aclaró que esa garantía no es absoluta,
cuando se constituya en un instrumento para facilitar la impunidad del agente
que busca eludir la captura, sea necesario ejercer solidaridad con personas
puestas en peligro grave e inminente, por lo que en eventos como los planteados
la medida queda sometida a una “cuidadoso y exhaustivo análisis del juez”,
para determinar la razonabilidad de la intromisión en el ámbito privado.
Además, se explicó que según el
artículo 28 superior se requiere del cumplimiento de tres presupuestos exigidos
para esta clase de medidas, esto es, la existencia de un mandamiento escrito de
autoridad judicial competente (reserva judicial), el respeto a las formalidades
legales y la existencia de un motivo previamente definido en la ley (reserva
legal).
5.2. El numeral 2° del artículo
250 de la Constitución Política impone a la Fiscalía General de la Nación, en
cumplimiento de sus funciones, “adelantar registros, allanamientos,
incautaciones e interceptaciones de comunicaciones”, evento en el cual el
Juez de Control de Garantías efectuará el examen posterior respectivo, dentro
del término perentorio de las treinta y seis horas siguientes. Se presenta
entonces un control amplio e integral de la medida, como fuera señalado por
esta corporación mediante sentencia C-1092 de noviembre 19 de 2003, M. P.
Álvaro Tafur Galvis[12], es decir, se
adelanta un examen de la orden y de su cumplimiento.
Esa norma tiene desarrollo en
el artículo 14 de la Ley 906 de 2004, la cual consagra, dentro de los
principios rectores y garantías procesales, el de la intimidad, negando la
posibilidad de que se efectúen registros, allanamientos o incautaciones en
domicilio, residencia o lugar de trabajo, sin la orden escrita del Fiscal
General de la Nación o su delegado, imponiendo además el acatamiento de las
formalidades y motivos previamente definidos en ese código, exceptuando eventos
de flagrancia y demás contemplados en la ley.
El inciso 2° del artículo en
comento impone el mismo proceder cuando, “resulte necesaria la búsqueda
selectiva en las bases de datos computarizadas, mecánicas o de cualquier otra
índole, que no sean de libre acceso, o cuando fuere necesario interceptar
comunicaciones”[13].
Igualmente, en
cumplimiento del artículo 250.2 superior, en el inciso 3° del referido artículo
14 se indica que en los eventos señalados en los incisos arriba descritos,
deberá adelantarse la respectiva audiencia ante el Juez de Control de Garantías,
dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, con el fin de determinar la
legalidad formal y material de la actuación.
En desarrollo de
esas exigencias constitucionales el artículo 220 de la Ley 906 de 2004 fija los
fundamentos para la expedición de una orden de registro y allanamiento, según el
cual sólo pueden librarse cuando existan “motivos razonablemente fundados”,
que deben tener respaldo probatorio (art. 221 ib.), “de acuerdo con los
medios cognoscitivos previstos en este código, para concluir que la ocurrencia
del delito investigado tiene como probable autor o partícipe al propietario, al
simple tenedor del bien para registrar, al que transitoriamente se encontrare
en él; o que en su interior se hallan los instrumentos con los que se ha
cometido la infracción o los objetos producto del ilícito”.
5.3. Ahora bien,
esa orden de registro y allanamiento acorde con el artículo 222 de la Ley 906
de 2004, modificado por el 14 de la 1142 de 2007 ahora sujeto de estudio,
deberá determinar los lugares que se van a registrar, modificación que,
como quedó expuesto al analizar los cargo por la presunta existencia de vicios
de procedimiento, se limitó a suprimir la expresión “con precisión”, que
precedía al verbo determinar.
Al respecto,
razón le asiste al Fiscal General de la Nación y a quien intervino en nombre
del Ministerio del Interior y de Justicia, cuando afirman que las censuras
elevadas por los demandantes se limitan a una discusión semántica, pues dentro
de las acepciones de la expresión determinar[14],
se encuentran las de distinguir, discernir, señalar, fijar, correlativas con
aquéllas relacionadas con el vocablo precisión, esto es, determinación,
exactitud.
Cabe recordar
que en la exposición que hiciera el ponente, durante la plenaria de la Cámara
de Representantes en la que se estudió la propuesta de adicionar la locución “con
precisión”, se señaló que esa inclusión resultaba “innecesaria”. En
aquella oportunidad, al estudiar la parte final del primer inciso del artículo
14 de la Ley 1142 de 2007, se argumentó: “si se trata de edificaciones,
naves o aeronaves que dispongan de varias habitaciones o compartimentos, se
indicará expresamente cuáles se encuentran comprendidos en la diligencia”.
Y, a continuación, aseguró el Representante que para los ponentes “es una
determinación más precisa la que hace la autoridad en ese momento y por eso el
decir que sea con precisión, no necesariamente suple, lo que ya estableció el
inciso final del artículo”.
Así, resulta
acertada la aseveración que se efectuara en el debate legislativo, pues el
inciso 2° del referido artículo preceptúa que de no ser posible la descripción
exacta del lugar o lugares objeto de la orden de registro, es obligación del Fiscal
“indicar en la orden los argumentos para que, a pesar de ello, deba
procederse al operativo”. Además, la norma también prohíbe que la Fiscalía
General de la Nación diligencie órdenes de registro y allanamiento “indiscriminados,
o en donde de manera global se señale el bien por registrar”.
De ese modo, no se conculca el respeto
exigido a la inviolabilidad del domicilio consagrado en el artículo 28 de la
Constitución, toda vez que en la orden de registro o allanamiento el Fiscal
deberá determinar los lugares donde será efectiva la medida y de no
poder hacerlo la descripción exacta de aquéllos. A su vez, se guarda la reserva
judicial que debe existir para esa clase de irrupción en los bienes sujetos a
esa clase de medida, pues acorde con la norma constitucional debe mediar
mandamiento escrito de autoridad competente, en este caso la Fiscalía, con las
formalidades legales ya señaladas y por motivos previamente definidos en la ley
(principio de reserva legal, art. 220 L. 906 de 2004).
Por ende se salvaguarda la inviolabilidad
del domicilio, la mayor preocupación de los ponentes de la propuesta en la
Cámara de Representantes que abogaban por esa garantía, pues se evitan las
eventuales arbitrariedades en que pudiera incurrir la autoridad.
En ese orden de ideas, la Corte
Constitucional declarara exequible, por los cargos formulados, la expresión: “La
orden expedida por el fiscal deberá determinar los lugares que se van a
registrar”.
6.- El derecho a la intimidad
no es absoluto, por lo que puede limitarse dentro del proceso penal, siempre
que se guarde la garantía de la reserva judicial para autorizar su restricción.
6.1. Los ciudadanos demandantes
plantean que las preceptivas impugnadas de los artículos 15 y 16 de la Ley 1142
de 2007, conculcan el derecho a la intimidad y la reserva judicial, por lo que
se hace necesario adelantar unos planteamientos previos sobre tales aspectos.
6.2. El artículo 15 de la Constitución
Política consagra, entre otras garantías, el derecho de toda persona a su
intimidad personal y familiar, al tiempo que estipula que la correspondencia
y demás formas de comunicación privada son inviolables, por lo que sólo
pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y
con las formalidades que establezca la ley.
En la sentencia T-787 de agosto 18 de 2004,
M. P. Rodrigo Escobar Gil, además de señalar que entre los denominados “grados
de intimidad” se encuentran el personal, el familiar, el social y el
gremial, delimita el núcleo esencial de esa garantía, al indicar que “supone
la existencia y goce de una órbita reservada a cada persona, exenta del poder
de intervención del Estado o de las intromisiones arbitrarias de la sociedad,
que le permita a dicho individuo el pleno desarrollo de su vida personal,
espiritual y cultural. En efecto, aun cuando se reconoce en el hombre la
tendencia natural hacia la socialización, no por ello en un Estado social
demócrata puede obligarse a las personas a darle publicidad a los aspectos más
íntimos y propios de su proyecto de vida personal, pues en ciertas ocasiones
los individuos prefieren el ser dejados solos y adoptar comportamientos como el
guardar silencio ante las inquietudes de los demás.”
Planteados esos grados de intimidad, en la
referida sentencia se indica que el aspecto personal permite la salvaguarda del
derecho “a ser dejado solo y de poder guardar silencio, es decir, de no
imponerle a un determinado sujeto, salvo su propia voluntad, el hecho de ser
divulgados, publicados o fiscalizados aspectos íntimos de su vida”,
mientras que a nivel familiar, apunta a la privacidad del núcleo familiar,
dentro de estas el derecho a la inmunidad penal. A su vez, el grado social
alude a las relaciones del individuo con sus congéneres y el gremial se
relaciona con las libertades económicas.
Así, como fue señalado en la sentencia
T-696 de diciembre 5 de 1996, M. P. Fabio Morón Díaz, el derecho a la intimidad
puede llegar a ser vulnerado de tres formas:
“La primera de ellas es la intrusión o
intromisión irracional en la órbita que cada persona se ha reservado; la
segunda, consiste en la divulgación de los hechos privados; y la tercera,
finalmente, en la presentación tergiversada o mentirosa de circunstancias
personales, aspectos los dos últimos que rayan con los derechos a la honra y al
buen nombre.
La intromisión en la intimidad de la
persona, sucede con el simple hecho de ingresar en el campo que ella se ha
reservado. Es un aspecto material, físico, objetivo, independientemente de que
lo encontrado en dicho interior sea publicado o de los efectos que tal intrusión
acarree. Cabe en este análisis la forma en que el agente violador se introduce
en la intimidad del titular del derecho y no tanto el éxito obtenido en la
operación o el producto de la misma, que se encuentran en el terreno de la
segunda forma de vulneración antes señalada.”
Aunado a lo anterior, en la sentencia C-626
de noviembre 21 de 1996, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, se puntualizó
que las intromisiones en las comunicaciones de los particulares, sólo pueden adelantarse
previa orden de la autoridad judicial, dentro de un proceso, con el
cumplimiento de las formalidades establecidas en la ley. Al respecto en el
referido fallo se explicó:
“La Corte Constitucional, en guarda de la
cabal interpretación y aplicación de las normas constitucionales enunciadas y
de los tratados internacionales sobre derechos humanos, que han sido estrictos
y celosos en la materia (Cfr. Convención Americana sobre Derechos Humanos,
‘Pacto de San José de Costa Rica’, aprobada mediante Ley 16 de 1992, artículo
11; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por Ley 78 de
1968, artículo 17), debe declarar sin ambages que ninguna persona pública ni
privada, por plausible o encomiable que sea el objetivo perseguido, está
autorizada para interceptar, escuchar, grabar, difundir ni transcribir las
comunicaciones privadas, esto es, las que tienen lugar entre las personas
mediante conversación directa, o por la transmisión o registro de mensajes,
merced a la utilización de medios técnicos o electrónicos aptos para ello,
tales como teléfonos convencionales o celulares, radioteléfonos, citófonos,
buscapersonas, equipos de radiocomunicaciones, entre otros, A MENOS QUE EXISTA
PREVIA Y ESPECIFICA ORDEN JUDICIAL Y QUE ELLA SE HAYA IMPARTIDO EN EL CURSO DE
PROCESOS, EN LOS CASOS Y CON LAS FORMALIDADES QUE ESTABLEZCA LA LEY, según los
perentorios términos del artículo 15 de la Constitución Política.”
6.3. En la sentencia T-696 de 1996
previamente citada, frente a las excepciones a la inviolabilidad de las
comunicaciones que establece el artículo 15 Superior, y particularmente en el
tema de la correspondencia pero extendiéndola a las comunicaciones privadas, la
Corte Constitucional especificó que interceptar “consiste en
apoderarse de ella antes de que llegue a la persona a quien se destina,
detenerla en su camino, interrumpirla u obstruirla, en fin, impedirle que
llegue a donde fue enviada”. Y, registrar “implica examinarla con
cierto cuidado para enterarse de cuanto contiene”.
En esa oportunidad también se indicó que
ese tipo de violaciones “pueden suceder bien por examinarla persona que no
sea el destinatario o alguien a quien éste la muestre, en cualquiera de los
momentos anotados, es decir, su elaboración, curso del traslado o después de
recibida; bien con violencia o habilidad en la extracción y examen de su
contenido; bien con destrucción del objeto portador de la información,
quitándole alguna parte o tornándolo ininteligible”.
Sin embargo, el legislador en materia penal
al regular el tema ha señalado que el Fiscal puede ordenar, fundadamente y por
escrito, la interceptación “mediante grabación magnetofónica o
similares las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y similares que
utilicen el espectro electromagnético”, para buscar elementos materiales
probatorios y evidencia física, para la búsqueda y ubicación de imputados o
indiciados, debiendo comparecer ante el Juez de Garantías dentro de las 24
horas siguientes al diligenciamiento de la orden, para que se realice la
revisión de la legalidad de lo actuado, así como dentro de igual término una
vez cumplida la misión, para que se adelante el mismo control (arts. 235 a 237
L. 906 de 2004 conc. L. 1142 de 2007).
6.4. Acorde con esos parámetros,
procede la Corte a efectuar un estudio conjunto de sus implicaciones frente a
los aspectos demandados de los artículos 15 y 16 de la Ley 1142 de 2007,
sujetos al presente análisis.
En primer lugar, el referido
artículo 15 consagra que la orden expedida por el Fiscal para efectuar la
interceptación de comunicaciones telefónicas y similares tiene una vigencia
máxima de tres meses, prorrogables hasta por otro tanto si, a juicio del
fiscal, subsisten los motivos fundados que la originaron.
Para los demandantes, la no
existencia de un control previo por parte del Juez con funciones de control de
garantías, de la prórroga de esa medida afecta la reserva judicial y por ende
el derecho a la intimidad.
Dentro de los principios rectores y garantías
procesales contenidos en el título preliminar de la Ley 906 de 2004, se
consagra en el artículo 10 que la actuación procesal se desarrollará teniendo
en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que
intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la
justicia.
En ese orden de ideas, y en consonancia con el
artículo 1° de la Carta Política, según el cual Colombia como Estado social de
derecho se funda en el respeto a la dignidad humana, en el referido estatuto
procesal penal se reitera la importancia del derecho a la intimidad, como otra
de las prerrogativas de la persona que deben respetarse dentro del proceso.
El artículo 14 de dicha Ley reitera el principio de
reserva judicial para la afectación de garantías fundamentales dentro del
proceso penal. Se consagra que no podrán efectuarse registros, allanamientos ni
incautaciones en domicilio, residencia o lugar de trabajo, sino en virtud de
orden escrita del Fiscal General de la Nación o su delegado, con arreglo a las
formalidades y motivos previamente definidos.
Esta corporación, al
interpretar sistemáticamente el artículo 250 superior, concluyó que si bien por
regla general las medidas que afectan derechos fundamentales requieren
autorización previa del Juez de Control de Garantías, existe una excepción
constitucionalmente válida, que debe confrontarse frente a la expresión “a
juicio del fiscal”, objeto del presente análisis.
En la sentencia C-336 de mayo 9
de 2007, M. P. Jaime Córdoba Triviño[15], se estudió
la constitucionalidad de algunos apartes de los artículos 14 (intimidad), 244 (búsqueda
selectiva de bases de datos) y 246 (regla general aplicable a las actuaciones
que requieren autorización judicial previa para su realización) de la Ley 906
de 2004. En ese pronunciamiento se indicó que el numeral 2° del artículo 250 de
la Constitución “adscribe directamente a la Fiscalía la potestad de
‘adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptación de
comunicaciones’, actuaciones que están sometidas al control posterior del Juez
de Control de Garantías, a más tardar dentro de las 36 horas siguientes, a
efecto de que se realice un control amplio e integral de esas diligencias”.
Acorde con esos planteamientos,
para esta corporación esa regulación resulta distinta a la contenida en el
subsiguiente numeral 3° del referido artículo 250, como quiera que en él se
establece que a la Fiscalía General de la Nación le corresponde, en ejercicio
de sus funciones, asegurar los elementos materiales probatorios y garantizar la
cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción, al tiempo que cuando
sean necesarias medidas adicionales que impliquen afectación de derechos
fundamentales, se requiere la autorización previa por el Juez de Control de Garantías
para proceder a tal fin.
Y, más adelante, además de
concretar la importancia[16] que tiene el
funcionario encargado de velar por las garantías fundamentales dentro del
proceso penal, tratándose de registros, allanamientos, incautaciones e
interceptaciones de comunicaciones, se puntualizó que la Constitución faculta a
la Fiscalía para hacerlo directamente, sometiendo la orden y lo recabado a un
control integral posterior, dejando los demás eventos sujetos al
condicionamiento de una autorización previa del Juez.
Al respecto se expresó (no está
en negrilla en el texto original):
“5. De tales previsiones
constitucionales se concluye que fue voluntad del Constituyente: (i)
radicar en cabeza de los jueces de control de garantías la adopción de las
medidas necesarias para asegurar la comparecencia de los imputados al proceso
penal; sólo excepcionalmente y previa regulación legal que incluya los límite (sic) y eventos en que procede, la
Fiscalía podrá efectuar capturas; (ii) facultar directamente a la Fiscalía para
adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptación de
comunicaciones, sometidos al control posterior[17] del Juez
de Control de Garantías; (iii) disponer que en todos los demás eventos en
que, para el aseguramiento de los elementos materiales probatorios, se requiera
medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales deberá
mediar autorización (es decir, control previo) por parte del Juez de Control de
Garantías.”
Con esos fundamentos se indicó
que el control previo de las medidas que afecten derechos fundamentales se flexibilizada
en el numeral 2° del artículo 250 de la Carta Política, al permitir taxativamente
algunas actuaciones que no requieren de la precedente autorización del Juez, debido
al efecto que persiguen, pero cuyo control posterior es integral, esto es,
abarca la orden proferida por el Fiscal y los elementos obtenidos en su
ejecución.
Ese análisis de avanzada llevó
a concluir lo siguiente (no está en negrilla en el texto original):
“14. La relativa flexibilización que el
numeral 2° del artículo 250 de la Constitución introduce respecto de los
registros (que pueden recaer sobre archivos digitales o documentos
computarizados), allanamientos, incautaciones e interceptación de
comunicaciones, en el sentido de permitir un control posterior del Juez de Control
de Garantías, puede explicarse en la necesidad y oportunidad del recaudo de la
información, en cuanto se trata de diligencias que generalmente están referidas
a realidades fácticas que pueden estar propensas a cambios repentinos, o que
podrían eventualmente ser alteradas en desmedro del interés estatal de proteger
la investigación. No ocurre lo mismo con la información que reposa en las
bases de datos, a que se refieren los preceptos impugnados, la cual tiene
vocación de permanencia en cuanto ha sido recopilada, almacenada y organizada,
de manera legítima y autorizada, para preservar una memoria con propósitos de
uso muy diversos,[18] pero
siempre legítimos y acordes a los principios que rigen la captación,
administración y divulgación de esta información. Esa cualidad de permanencia
actualizada[19] del
objeto sobre el cual recae la búsqueda selectiva de información, explica el que
no se plantee la necesidad de hacerle extensiva la regla de flexibilización
excepcional del control posterior.
15. Las intervenciones que se producen
mediante los registros (que como se precisó pueden recaer sobre documentos
digitales o archivos computarizados) y allanamientos con fines de investigación
penal entran en tensión con el derecho a la intimidad, en tanto que la (sic) intervenciones que se realizan
sobre los datos personales  pueden comprometer el derecho al habeas data y el
derecho a la intimidad, que como se explicará a continuación, no
obstante derivar uno y otro su validez del artículo 15 de la Carta,  conservan
su propia autonomía.
16. De otra parte, la enunciación que
contempla el numeral 2° del artículo 250 de la Constitución es de naturaleza
taxativa y de interpretación restrictiva, en cuanto contempla las excepciones a
la regla general derivada de la misma disposición (numeral 3º), sobre la
necesidad de autorización previa del Juez de Control de Garantías para la
práctica de diligencias investigativas que impliquen afectación, mengua o
limitación de derechos fundamentales.”
Definidos esos presupuestos,
procede la Corte a determinar si los artículos 15 y 16 de la Ley 1142 de 2007 afectan
las garantías a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio,
respectivamente, y el artículo 250 de la Constitución Política.
6.5.
El artículo 15 de la referida ley, en el aparte censurado, faculta al Fiscal
para que “a su juicio” prorrogue la orden de interceptación de
comunicaciones telefónicas y similares, hasta por otros tres meses, siempre que
subsistan los motivos fundados que la originaron. Para tal efecto deberá tener
presente los parámetros establecidos en el artículo 221 de la Ley 906 de 2004,
sobre el respaldo probatorio para los motivos fundados.
Así,
conforme al artículo 250.2 de la Carta Política, esas medidas las ejecuta la
Fiscalía en cumplimiento de sus funciones, debiendo someter al control de
legalidad integral del Juez de Garantías la orden y los resultados
obtenidos. Quiere decir lo anterior que es la Constitución, como ha indicado
esta corporación en jurisprudencia previamente referida, la que establece que en
los eventos de registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de
comunicaciones, el control es posterior a la decisión que adopta el Fiscal,
momento en el cual el Juez constatará la proporcionalidad de las medidas y el
debido respeto de las garantías, entre ellas la intimidad.
Empero,
como se indicó con antelación al tenor del numeral 3° del artículo 250 superior,
de requerir el ente investigador medidas adicionales que impliquen la
afectación de derechos fundamentales, deberá obtener la respectiva autorización
previa del Juez con funciones de Control de Garantías, para proceder a tal fin.
La Corte Constitucional en la sentencia C-336 de 2007
puntualizó que la exigencia de ese control previo, como regla general, deviene
del fortalecimiento que se da en el sistema acusatorio de investigación penal al
principio de reserva judicial, cuando de la afectación de derechos
fundamentales se trate (reiterando lo expuesto en la C-1092 de 2003, ya
referida, donde se declaró inexequible la expresión “al solo efecto de
determinar su validez”, del numeral 2° del artículo 2° del Acto
Legislativo 03 de 2002 que modificó el artículo 250 superior).
Igualmente, acudiendo a la precitada sentencia C-979
de 2005, también referida, se agregó que la creación de ese funcionario
judicial encargado del control de garantías responde al “principio de necesidad
efectiva de protección judicial”, como quiera que ciertas actuaciones
procesales adoptadas dentro de la investigación penal entran en tensión con el
principio de inviolabilidad de los derechos fundamentales, “los cuales
únicamente pueden ser afectados en sede jurisdiccional” (los textos
originales no están en negrilla). En otras palabras, los derechos del
investigado y de la víctima “fungen así como límites de la investigación.”
A su vez, la afectación (limitación o restricción) de
derechos fundamentales “obliga al Fiscal a solicitar de manera expresa y
específica la autorización judicial previa” (C-822 de agosto 10 de 2005,
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, sin negrilla en el original).
Con
esa apreciación de la norma superior, frente al artículo 15 de la Ley 1142 de
2007, encuentra la Corte que la expresión “a juicio del fiscal”, objeto
del presente pronunciamiento, para determinar quien tiene el criterio de
prorrogar una orden de registro o allanamiento, contraviene el numeral 3° del
artículo 250 superior, como quiera que por tratarse de una medida adicional que
implica la afectación de derechos fundamentales con la prolongación de la
interceptación de comunicaciones telefónicas y similares, se conculca el principio
de reserva judicial en la protección del derecho a la intimidad.
Por
las razones expuestas, se procederá a declarar la exequibilidad de la expresión
“a juicio del fiscal”, contenida en el inciso 4° del artículo 15 de la
Ley 1142 de 2007, que modificó el artículo 235 de la Ley 906 de 2004, bajo el
entendido de que en todo caso, la orden del Fiscal de prorrogar la
interceptación de comunicaciones y similares deberá ser sometida al control
previo de legalidad por parte del Juez de Control de Garantías.
6.6. Con
relación al inciso primero del artículo 16 de la Ley 1142 de 2007, por medio
del cual se modificó el 237 de la Ley 906 de 2004,[20]
los demandantes consideran que vulnera el numeral 2º del artículo 250 de la
Constitución, que consagra un control posterior e inmediato, dentro de las 36
horas siguientes, al “cumplimiento” de las órdenes de registro y
allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones o
recuperación de información dejada al navegar por internet y otros medios
similares.
En reciente
pronunciamiento contenido en la sentencia C-025 de enero 29 de 2009, M. P.
Rodrigo Escobar Gil[21], se recordó que, entre
otros, el artículo 237 de la Ley 906 de 2004 hace parte del Libro II correspondiente
a las técnicas de indagación e investigación de la prueba y sistema probatorio,
cuyo Título II versa sobre la indagación y la investigación, y dentro de éste el
Capítulo II consagra las “actuaciones que no requieren autorización judicial
previa para su realización”.
Tratándose de la
“audiencia de control o revisión de legalidad posterior” efectuada por
el Juez con funciones de Control de Garantías se indicó (no está en negrilla en
el texto original):
“En
ese contexto, dichas disposiciones regulan aspectos relacionados con la
práctica de ciertas diligencias por parte de la Fiscalía General de la Nación y
los órganos de Policía Judicial, que no requieren de autorización judicial
previa para su realización, pero que sí están sometidas a control posterior,
y que se pueden llevar a cabo, o bien durante la indagación previa, o bien
durante la etapa de investigación. Concretamente, en lo que hace relación a los
apartes acusados, las mismas prevén lo referente a la audiencia de control o
revisión de legalidad posterior que se cumple por parte del Juez de Control de
Garantías sobre las medidas de: (i) registro y allanamiento, retención de
correspondencia, interceptación de comunicaciones o recuperación de información
dejada al navegar por Internet u otros medios similares (art. 237); (ii)
actuación de agentes en cubierta (sic, art. 242); (iii) entrega vigilada de objetos (art. 243); (iv) búsqueda
selectiva en la base de datos (art. 244) y (v) práctica de exámenes de ADN
(art. 245).
6.2.
Tal como se anotó en el apartado anterior, una de las modificaciones más
importantes que introdujo el Acto Legislativo 03 de 2002 al nuevo sistema
procesal penal, fue precisamente la creación del Juez de Control de
Garantías, a quien, entre otras, se le asignaron competencias para adelantar un
control posterior sobre las medidas de registro, allanamiento, incautación e
interceptación de comunicaciones, y en general, sobre todas aquellas de que
tratan las normas acusadas. En estos casos, la audiencia de control de
legalidad tiene como propósito especifico llevar a cabo la revisión formal y
sustancial del procedimiento utilizado en la práctica de las citadas
diligencias, esto es, verificar que se hayan respetado los parámetros
constitucionales y legales establecidos para su autorización y realización, e
igualmente, que la medida de intervención no haya desconocido garantías
fundamentales (C.P. art. 250 y C.P.P. art. 39). ”
Encuentra la
corporación que no existe la contradicción invocada por los ciudadanos
demandantes entre la preceptiva demandada y el término establecido para esa
clase de diligencias en el numeral 2° del artículo 250 de la Carta Política, el
cual fue respetado por el legislador con la modificación implementada en el
artículo 12 de la Ley 1142 de 2007[22], según se desprende del
siguiente análisis sistemático de la norma superior y de la preceptiva procesal
penal acusatoria.
Como antes se
indicó, ante actuaciones que no demandan autorización judicial previa, el Acto
Legislativo 03 de 2002 fijó, entre otras pautas, que la Fiscalía puede adelantar
registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones,
cuyo control de legalidad es integral y posterior, que se verificará “a más
tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes”.
Con relación al registro
y allanamiento, el artículo 228 de la Ley 906 de 2004, “devolución de la
orden y cadena de custodia”, impone a la policía judicial que al finalizar
la diligencia, dentro del término de la distancia “sin sobrepasar las doce
(12) horas siguientes”, informe al Fiscal que expidió la orden los
pormenores del operativo y, en aquellos eventos en los cuales se hayan ocupado
o incautado objetos, remita el inventario correspondiente, en el mismo plazo,
conservando la custodia.
El artículo 233 ibídem,
faculta al Fiscal General de la Nación y a sus delegados para ordenar a la
policía judicial la retención de correspondencia privada, postal,
telegráfica o de mensajería especializada o similar que reciba o remita el
indiciado o imputado, cuando tenga motivos razonablemente fundados, de acuerdo
con los medios cognoscitivos previstos en esa ley, para inferir que existe
información útil a la investigación.
El inciso 2° consagra
que en los casos referidos, analógicamente se aplicarán, “según la
naturaleza del acto, los criterios establecidos para los registros y
allanamientos”. De hallar la policía judicial elementos materiales y
evidencia física relevantes a los fines de la investigación, “en un plazo
máximo de doce (12) horas, informará” al Fiscal que expidió la orden (art.
234).
Igualmente, el
artículo 235 autoriza al Fiscal a ordenar, con el objeto de buscar elementos
materiales probatorios, evidencia física, búsqueda y ubicación de imputados o
indiciados, que se “intercepten mediante grabación magnetofónica o
similares las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y similares que
utilicen el espectro electromagnético” (no está en negrilla en el texto
original) que puedan contener información de interés para la investigación. Las
entidades encargadas de esas labores técnicas están en la obligación de
realizarla inmediatamente después de la notificación de la orden.
Tratándose de “recuperación
de información dejada al navegar por Internet u otros medios tecnológicos”,
el artículo 236 permite a la Fiscalía ordenar la retención de computadores,
servidores, disketes y demás medios de almacenamiento que pueda haber utilizado
el indiciado o imputado al transmitir información, que resulte útil para la indagación
adelantada, cuando tenga motivos razonablemente fundados acorde con los medios
cognoscitivos previstos en el Código para inferir esa situación, de modo que
expertos en informática forense descubran, recojan, analicen y custodien lo
recuperado.
Al igual que en
los eventos de retención de correspondencia, se consagra la posibilidad de
aplicar analógicamente, según la naturaleza del acto, los criterios
establecidos para los registros y allanamientos (inc. 2°) y la aprehensión
referida “se limitará exclusivamente al tiempo necesario para la captura de
la información en él contenida”, e inmediatamente se devolverán los equipos
incautados (inc. 3°).
Así, el artículo
237 es común a las normas estudiadas, al contemplar el control de legalidad
posterior a esas medidas, incluida la orden, dentro de las 24 horas siguientes
a su cumplimiento. Y, en los casos expresamente referidos, será aplicable
analógicamente lo concerniente a los registros y allanamientos, entre estos el
artículo 228, que establece un término máximo de 12 horas para que la policía
judicial informe a la Fiscalía y ponga a su disposición lo recabado.
De ese modo, se
mantiene indemne el artículo 250.2 de la Carta Política, sin resultar de otra
parte alterados los artículos 14 y 154 de la Ley 906 de 2004, en lo que
respecta al límite máximo de 36 horas previsto para que el Juez de Garantías
efectúe la respectiva audiencia de control de legalidad formal y material de
esas actuaciones, siendo veinticuatro (24) horas un término razonable que se encuentra
dentro del margen de configuración del legislador.
Cabe recordar
que en el debate legislativo relacionado con el término de 24 horas contenido
en el inciso 1° del artículo 16 de la Ley 1142 de 2007, ahora demandado, se solicitó
negar que ese plazo fuese extendido a 36 horas, como quiera que aunadas a las
12 horas con las cuales cuenta la policía judicial para informar al Fiscal que
emitió la orden, se convertirían en 48 horas, desbordando ostensiblemente lo
preceptuado en la Constitución Política y las normas procesales penales que la
desarrollan.
Entonces, de
acuerdo con el análisis que antecede, bajo la rigurosidad del término de 36
horas establecido en el artículo 250 de la Carta Política para estas
actuaciones, aparecen incólumes las garantías de las partes y de los
intervinientes en el proceso penal y los principios que regulan la
administración de justicia, entre ellos el de la reserva judicial.
Todas las
razones expuestas llevan a declarar, sobre la última glosa analizada, la
exequibilidad del artículo 16 de la Ley 1142 de 2007, por medio del cual fue
modificado el 237 de la Ley 906 de 2004.
VII.- DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos
analizados, la expresión “La orden expedida por el fiscal deberá determinar
los lugares que se van a registrar”, contenida en el primer inciso del
artículo 14 de la Ley 1142 de 2007, que modificó el 222 de la Ley 906 de 2004.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “a
juicio del fiscal” del artículo 15 de la Ley 1142 de 2007, por medio del
cual se modificó el 235 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que en todo
caso, la orden del fiscal de prorrogar la interceptación de comunicaciones y
similares deberá estar sometida al control previo de legalidad por parte del
juez de control de garantías.
Tercero.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos
analizados, el primer inciso del artículo 16 de la Ley 1142 de 2007, por
medio del cual se modificó el artículo 237 de la Ley 906 de 2004.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente. Cúmplase.
NILSON PINILLA PINILLA
Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
Ausente con Excusa
CLARA ELENA REALES GUTIÉRREZ
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Impedimento Aceptado
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
Ver sentencias C-865 de agosto 15 de 2001, M. P. Eduardo
Montealegre Lynett, reiterada en la C-578 de 2002 de julio 30 de 2002, M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.
[2]
Ver sentencia C-473 de mayo 18 de 2004, M. P. Manuel José
Cepeda Espinosa, en la cual se siguieron los lineamientos de la sentencia C-370
de abril 27 de 2004, Ms. Ps. Jaime Córdoba Triviño y Álvaro Tafur Galvis, y el
Auto 170 de septiembre 24 de 2003, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
[3] “Constitución Política, Artículo 145. El Congreso pleno, las
Cámaras y sus comisiones no podrán abrir sesiones ni deliberar con menos de una
cuarta parte de sus miembros. Las decisiones sólo podrán tomarse con la
asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación, salvo
que la Constitución determine un quórum diferente.”
[4]
“Constitución Política, Articulo 146. En el Congreso
pleno, en las Cámaras y en sus comisiones permanentes, las decisiones se
tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes, salvo que la
Constitución exija expresamente una mayoría especial.”
[5] “Constitución Política, Artículo 157. Ningún proyecto será ley sin
los requisitos siguientes: 1. Haber sido publicado oficialmente por el
Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva. 2. Haber sido
aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada
Cámara. El reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el
primer debate se surtirá en sesión conjunta de las comisiones permanentes de
ambas Cámaras. 3. Haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate. 4.
Haber obtenido la sanción del Gobierno.”
[6]
“Constitución Política, Artículo 160. Entre el
primero y el segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a ocho días, y
entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del
debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos quince días. Durante el
segundo debate cada Cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones,
adiciones y supresiones que juzgue necesarias. En el informe a la Cámara plena
para segundo debate, el ponente deberá consignar la totalidad de las propuestas
que fueron consideradas por la comisión y las razones que determinaron su rechazo.
Todo Proyecto de Ley o de Acto Legislativo deberá tener informe de ponencia en
la respectiva comisión encargada de tramitarlo, y deberá dársele el curso
correspondiente.”
[7]
Según el artículo 114 de la Ley 5ª de 1992, las proposiciones
se clasifican, para su trámite, así:
“1.
Proposición principal. Es la moción o iniciativa que se presenta por primera
vez a la consideración y decisión de una Comisión o de una de las Cámaras.
2.
Proposición sustitutiva. Es la que tiende a reemplazar a la principal, y se
discute y decide primero en lugar de la que se pretende sustituir. Aprobada la
sustitutiva, desaparece la principal.
3.
Proposición suspensiva. Es la que tiene por objeto suspender el debate mientras
se considera otro asunto que deba decidirse con prelación, pero para volver a
él una vez resuelto el caso que motiva la suspensión.
Se
discute y resuelve separadamente de la principal y con prelación a cualquiera
otra que no sea de sesión permanente.
4.
Proposición modificativa. Es la que aclara la principal; varía su redacción sin
cambiarle el contenido esencial de la misma; hace dos o más de la principal
para su mayor comprensión o claridad; obtiene que dos o más temas, dos o más
artículos que versen sobre materia igual, o similar, se discutan y resuelvan en
una sola; o traslada lo que se discute a otro lugar del proyecto, o tema que se
debate, por razones de conveniencia o coordinación que se aduzcan.
5.
Proposición especial. Es la que no admite discusión, y puede presentarse
oralmente. Se considera la de suficiente ilustración, la de sesión permanente y
la de alteración del orden del día.
PARÁGRAFO. No puede
hacerse proposición sustitutiva de sustitutiva, ni modificativa de
modificativa, ni suspensiva de suspensiva, ni más de una proposición de las
contempladas en este artículo fuera de la principal.”
[8]
“Corte Constitucional, C-760 de 2001, precitada.”
[9]
Gaceta del Congreso N° 358 de julio 30 de 2007, pág. 35.
[10]
Od. cit., pág. 40.
[11] Ob. Cit., pág. 40.
[12]
En esa oportunidad fue declarada inexequible la expresión “al solo efecto de
determinar su validez”, contenida en la parte final del numeral 2° del
artículo 2° del Acto Legislativo 03 de 2002, correspondiente al actual artículo
250 de la Carta Política.
[13]
Lo subrayado fue declarado exequible condicionadamente, en la
sentencia C-336 de mayo 9 de 2007, M. P. Jaime Córdoba Triviño, “en el
entendido que se requiere de orden judicial previa cuando se trata de los datos
personales, organizados con fines legales y recogidos por instituciones
públicas o privadas debidamente autorizadas para ello”.
[14]
Diccionario esencial de la lengua española, Real Academia
Española, 2006.
[15]
En esa oportunidad se estableció que la búsqueda selectiva de la información
personal en bases de datos, constituye un medio específico para la obtención de
evidencia física con fines probatorios, por lo tanto requiere de una
autorización judicial previa.
[16]
Sintetizando lo expresado en las sentencias C-1092 de 2003, ya citada, y C-979
de septiembre 29 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[17] “A más tardar dentro
de las treinta y seis (36) horas siguientes.”
[18]
“En la sentencia T-414 de 1992, la Corte, siguiendo al profesor Vittorio
Frosini, definió el poder informático como una especie de ‘dominio social sobre
el individuo’, consistente en ‘la posibilidad de acumular informaciones en
cantidad ilimitada, de confrontarlas y agregarlas entre sí, de hacerle un
seguimiento en una memoria indefectible, de objetivizarlas y transmitirlas como
mercancía en forma de cintas, rollos o discos magnéticos’. Así mismo, en la
sentencia T-307 de 1999, afirmó: ‘En las sociedades tecnológicas contemporáneas
el manejo sistemático de datos personales sirve a propósitos tan variados como
apoyar los procesos de distribución de las cargas y los bienes públicos;
facilitar la gestión de las autoridades militares y de policía; o, fomentar el
funcionamiento del mercado. En tales condiciones, quien tiene la posibilidad de
acopiar, ordenar, utilizar y difundir datos personales adquiere un poder de
facto, denominado ‘poder informático’... Como puede advertirse, el abuso o la
negligencia en el ejercicio de este enorme poder, apareja un serio riesgo,
entre otros, para los derechos fundamentales a la personalidad, a la identidad,
a la igualdad, a la intimidad, a la honra, al buen nombre o al debido proceso
del sujeto concernido.’”
[19] “Ello sin perjuicio por supuesto de la aplicación
del principio de caducidad del dato negativo según el cual la información
desfavorable al titular debe ser retirada de las bases de datos siguiendo
criterios de razonabilidad y oportunidad, de tal forma que queda prohibida la
conservación indefinida de los datos después que han desaparecido las causas
que justificaron su acopio y administración (Cfr. T-022 de 1993 y T-729 de
2002).”
[20]
La modificación, en lo que respecta al inciso primero, se presentó al
reemplazarse la expresión “diligenciamiento” por “cumplimiento”,
y la inclusión de la orden emitida por el Fiscal, para los efectos de adelantar
una revisión de legalidad integral.
[21]
En aquella oportunidad la Corte Constitucional se pronunció sobre la
exequibilidad del inciso segundo del artículo 16 de la Ley 1142 de 2007.
[22]
El artículo 12 de la Ley 1142 de 2007 modificó el 154 de la
Ley 906 de 2004, sin embargo el numeral 1° corresponde a la misma redacción del
artículo original, la nueva disposición señala: (no esta en negrilla en el
texto original):
“ARTÍCULO
154. MODALIDADES. Se tramitará
en audiencia preliminar:
1. El acto de poner a disposición del juez de control de garantías los
elementos recogidos en registros, allanamientos e interceptación de
comunicaciones ordenadas por la Fiscalía, para su control de legalidad dentro
de las treinta y seis (36) horas siguientes. (...)”