C-054-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-054/13
FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA-Contenido y alcance
CATEDRA VALORES Y TALENTOS VALLENATOS “CONSUELO ARAUJONOGUERA”-Es optativa para los
establecimientos educativos y padres de familia y sin perjuicio de la promoción
de otras expresiones culturales
CATEDRA VALORES Y TALENTOS VALLENATOS “CONSUELO ARAUJONOGUERA”-No viola los derechos
fundamentales de las comunidades indígenas y afro del departamento del Cesar, siempre
y cuando no sea obligatoria
El Congreso de la República no viola los derechos
fundamentales de la comunidades indígenas y de las comunidades afro del
departamento del Cesar, en especial de sus niñas y niños, al autorizar al
Gobierno Nacional a crear un espacio pedagógico para la promoción de una
expresión cultural regional y nacional [‘Cátedra valores y talentos vallenatos,
Consuelo Araujonoguera’], siempre y cuando no sea obligatoria y respete los
derechos de etnoeducación de los grupos étnicos. Se debe garantizar que la
implementación de tal cátedra, respete y desarrolle su identidad como grupo
étnico.
ETNOEDUCACION-Garantía del
carácter multicultural y pluriétnico
ETNOEDUCACION-Desarrollo
legislativo
ETNOEDUCACION-Fines y
principios
La Sala resalta cinco principios básicos de la
etnoeducación que imperan en el orden jurídico vigente, a propósito del caso
que se analiza. 1. Interculturalidad. La educación que se imparta a las
comunidades culturalmente diferenciadas debe propender por la capacidad de
generar habilidades para el diálogo entre diferentes culturas. Las estrategias
de acción política que a partir de la década de los años setentas lograron que
se cambiaran las formas de educación en comunidades tradicionales,
culturalmente diferenciadas, son el resultado del diálogo intercultural que se
ha desarrollado, descubierto y aprendido a la vez, entre las diferentes
visiones culturales que hacen parte de Colombia. La interculturalidad supone el
derecho de acceder a todos los conocimientos, saberes o manifestaciones
artísticas. Tanto las que se llaman ajenas o provenientes de una cultura de la
que se es distante, como las que vienen de la cultura propia. La etnoeducación
no supone dejar de lado la educación oficial y mayoritaria, y concentrarse
únicamente en los saberes propios. La interculturalidad supone la capacidad de
desenvolverse en diversos ámbitos culturales. Un ejemplo de la
interculturalidad que promueve la Ley, es la regla legal que busca promover la
formación de educadores para grupos étnicos, según la cual: “El Estado
promoverá y fomentará la formación de educadores en el dominio de las culturas y
lenguas de los grupos étnicos, así como programas sociales de difusión de las
mismas.” (art. 58, Ley 115 de 1994). La formación de docentes para grupos
étnicos, por tanto, no sólo depende de promover la formación misma de estas
personas, sino también mediante programas sociales de difusión de las culturas
y las lenguas de estos grupos étnicos. Según la reglamentación de la Ley, la
interculturalidad es entendida como “la capacidad de conocer la cultura propia
y otras culturas que interactúan y se enriquecen de manera dinámica y
recíproca, contribuyendo a plasmar en la realidad social, una coexistencia en
igualdad de condiciones y respeto mutuo” (art. 2, Decreto 804 de 1995). 2.
Participación comunitaria. En virtud de este principio, por ejemplo, el
desarrollo de un determinado tipo de cátedra, ha de ser consultado con la
comunidad. Como se estableció desde la propuesta presentada a la Asamblea
Nacional Constituyente en 1991 por parte de las comunidades indígenas y las
comunidades afro de Colombia, se debe promover la participación de los miembros
de la comunidad y el diálogo entre estos, como manera de resolver los dilemas
que plantee la interculturalidad y los desarrollos de una educación sensible a
diferencias culturales significativas. De acuerdo con la reglamentación de la
ley, la participación comunitaria es entendida como “la capacidad de los grupos
étnicos para orientar, desarrollar y evaluar sus procesos etnoeducativos,
ejerciendo su autonomía” (art. 2, Decreto 804 de 1995). 3. Flexibilidad. El
principio de flexibilidad tiene muchas connotaciones e implicaciones, tanto
teóricas como prácticas en la concepción, diseño, implementación y evaluación
de las políticas educativas orientadas a grupos étnicos. No se puede
desarrollar una única respuesta. En ocasiones, por ejemplo, se requerirán
modificaciones profundas y significativas a los planes de estudio oficiales y
generales. Por ello la reglamentación de la Ley ha establecido que la
flexibilidad debe ser entendida como “la construcción permanente de los
procesos etnoeducativos, acordes con los valores culturales, necesidades y
particularidades de los grupos étnicos” (art. 2, Decreto 804 de 1995). La
diversidad en materia de educación, incluso en la oferta que se ofrece a la
mayoría de la población, es un distintivo de la educación de una sociedad
abierta, libre y democrática. Tener acceso a educación pública o privada,
confesional o laica; mixta o de un solo sexo; bilingüe o no; tradicional o
novedosa, en sus metodologías o con políticas educativas diversas, son sólo
algunos de los ejemplos de las diferencias que pueden existir entre los tipos
de educación a los que cualquier persona puede acceder. En el caso de la flexibilidad,
por tanto, se está pensando en una capacidad de variabilidad y diversidad en la
oferta educativa aún mayor de la tradicional y propia de una sociedad de las
características indicadas. Las diferencias entre los tipos de educación, por
ejemplo, pueden llegar a establecer que un grupo considerable de ‘clases’,
tengan lugar en sitios distintos a la escuela, como lo es la selva. Puede ser
parte de estrategias para revivir conocimientos de ciencia tradicionales que
permiten, sosteniblemente, obtener recursos para tener un mínimo vital en
dignidad.  La flexibilidad es importante para diferenciar los distintos grupos
de comunidades, pero también para ver las diferencias entre las diversas
comunidades que hacen parte de un mismo grupo, o de grupos claramente emparentados
en cuanto a su génesis y desarrollo en Colombia.  Es, por ejemplo, el caso de
las comunidades afro, que no sólo tienen formas distintas de nombrarse a sí
mismas, sino que, además, responden a realidades muy diversas. La comunidad del
Palenque de San Basilio requiere medidas que permitan conservar, preservar e
insertar en la historia y la memoria nacional, su lengua, el palenquero. Las
comunidades raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por su parte,
utilizan a menudo su otro idioma (el criollo sanandresano), entre otras
razones, para poder mantener los lazos con sus familiares y comunidades que se
extienden más allá de las fronteras del archipiélago, a través del caribe. Pero
a la vez, pueden existir grupos como las poblaciones y comunidades negras del
Chocó colombiano que se extienden a lo largo de sus costas y sus ríos, que
pueden no requerir la flexibilidad antes mencionada en la educación
lingüística, pero sí en otros aspectos, como por ejemplo, enseñar a conocer y
manejar ciertas plantas y animales comunes de la selva o del monte, antes que
ciertas situaciones citadinas usuales como cruzar una calle o tomar un taxi. La
etnoeducación debe ser sensible a las diferentes exigencias y demandas de las
poblaciones afro en Colombia, de acuerdo con sus características específicas y
necesidades propias. 4. Progresividad. La etnoeducación no puede diseñarse de
un momento a otro. Los procesos de diálogo e interacción cultural que se
requieren previamente necesitan tiempo y construcción de espacios de
participación, antes de tomar las decisiones de política pública que
corresponda. Los cambios y la intervención en el sistema educativo de los
grupos étnicos en Colombia, por tanto, no pueden ser abruptos e inconsultos.
Tales actos no pueden ocurrir de la noche a la mañana sin el conocimiento
previo de las comunidades, y sin que se hubieran podido manifestar o hubieran
tenido oportunidades de participación. Por otro lado, la progresividad
significa también que el proceso de desarrollo de la etnoeducación no puede
estancarse. Si bien la progresividad significa que los avances requieren
tiempo, también implica que no se detienen, que siempre generan nuevos
desarrollos y procesos. Por eso, según la reglamentación de la Ley, la
progresividad implica “la dinámica de los procesos etnoeducativos generada por
la investigación, que articulados coherentemente se consolidan y contribuyen al
desarrollo del conocimiento” (art. 2, Decreto 804 de 1995). 5. Autonomía. El
principio de autonomía de las comunidades indígenas y afro tiene el derecho a
gobernarse a sí mismas y determinar su propio destino. En el ámbito de la
etnoeducación es entendida como “[…] el derecho de los grupos étnicos para
desarrollar sus procesos etnoeducativos” (art. 2, Decreto 804 de 1995 “Por medio del cual se reglamenta la
atención educativa para grupos étnicos”).
DERECHO DE LAS COMUNIDADES A LA
ETNOEDUCACION-Jurisprudencia constitucional
PERSONAL DOCENTE INDIGENA-Nombramiento
en establecimientos educativos en resguardos indígenas
CONDICIONES Y LIMITES DE
PARTICIPACION DE COMUNIDADES EN LA SELECCION DE DOCENTES E IDONEIDAD DE LA
JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA PARA DEFENDER SUS DERECHOS-Jurisprudencia
constitucional
CONCURSOS DOCENTES DE ETNOEDUCADORES AFROCOLOMBIANOS-Jurisprudencia constitucional
MUSICA VALLENATA-Origen y
desarrollo/MUSICA VALLENATA-Relación con otras músicas del caribe
AUTORIZACION DE CREAR LA
CATEDRA “VALORES Y TALENTOS VALLENATOS”-No desconoce el carácter
multicultural y pluriétnico de la República ni los derechos fundamentales de
las comunidades afro y comunidades indígenas, salvo por su carácter obligatorio
EDUCACION EN MANIFESTACIONES
CULTURALES-Medio para preservar las riquezas artísticas de la nación
CATEDRA VALLENATA-Respeto
a comunidades indígenas y afro
CULTURAS DE PERSONAS JOVENES-Respeto
JUSTICIA CONSTITUCIONAL-Respetuosa
del desarrollo y evolución de la vida de las culturas
JUSTICIA CONSTITUCIONAL-Competencia
para asegurar que las diferentes músicas, se creen, mezclen y recreen en
libertad
JUSTICIA CONSTITUCIONAL-No
le corresponde establecer el rumbo de la cultura, la preferencia o prevalencia
de algunas de sus formas sobre otras
Referencia: expediente D-9210
Demandantes:
Diógenes Armando Pino Sanjur,
Eguis Palma Esquivel y Edelmira Martínez Lozano
Acción de inconstitucionalidad
contra el literal (c) del artículo tercero de la Ley 739 de 2002 “Por medio de la cual se declara Patrimonio Cultural de
la Nación el Festival de la Leyenda Vallenata, se rinde homenaje a su fundadora
y se autorizan apropiaciones presupuestales”.
Magistrada ponente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., seis (6) de febrero
de dos mil trece (2013)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y de los trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública
consagrada en el artículo 241 de la Constitución, el 1° de diciembre de 2011,
los ciudadanos Diógenes Armando Pino Sanjur, Eguis Palma Esquivel y Edelmira
Martínez Lozano, presentaron acción de inconstitucionalidad contra el literal
(c) del artículo tercero de la Ley 739 de 2002. La demanda fue repartida y
admitida para su conocimiento por la Sala Plena, mediante auto de 19 de julio
de 2012.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el
texto de la norma acusada, resaltando el literal demandado por los accionantes.
“Ley 739 de 2002
(abril
26)
por
medio de la cual se declara Patrimonio Cultural de la Nación el Festival de la
Leyenda Vallenata, se rinde homenaje a su fundadora y se autorizan
apropiaciones presupuestales.
[…]
Artículo 3°. La República de
Colombia honra la memoria de la ex Ministra de la Cultura Consuelo
Araujonoguera, exalta su constancia, tenacidad, inteligencia y lucha en favor
de la cultura caribe colombiana y, en especial, de la cultura y el folclor
vallenato. En consecuencia, se autoriza al Gobierno Nacional para que adelante
las siguientes acciones:
a) Emisión especial de un sello
postal o de correos con la efigie y nombre de la ex Ministra de la Cultura;
b) Colocación de un retrato de
la ex Ministra al óleo, en el recinto o salón principal del Ministerio de la
Cultura;
c) El Ministerio de Educación
Nacional creará la cátedra Valores y Talentos Vallenatos “Consuelo
Araujonoguera”, de obligatorio cumplimiento en los colegios públicos y privados
del departamento del Cesar, a nivel de la Educación Básica Primaria;
d) El Ministerio de la Cultura
otorgará una beca de estudios, que llevará el nombre de Consuelo Araujonoguera,
al ciudadano o ciudadana colombiano que presente el mejor trabajo de
investigación acerca del folclor nacional. Dicho Ministerio reglamentará las
condiciones, requisitos y bases del concurso.
[…]
Artículo 5°. La presente ley
rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación.”[1]
III. DEMANDA
Diógenes Armando Pino Sanjur, Eguis Palma Esquivel y
Edelmira Martínez Lozano, presentaron acción de inconstitucionalidad contra el
literal (c) del artículo tercero de la Ley 739 de 2002, por considerar que la
creación de la cátedra vallenata, como obligatoria, para todo el departamento
del Cesar, implica una violación al derecho a la cultura y al carácter
multicultural y pluriétnico de la República, en tanto conlleva la imposición de
una cultura ajena como si fuera propia, a personas que tienen otra cultura. En
especial, se violan los derechos a la educación de los niños y de las niñas que
sufren el proceso de alienación cultural.
1. En primer término dice la demanda,
“[la norma] está violentando la
Constitución Nacional la cual es norma de normas, toda vez que vulnera el
artículo 7°, [pues se está] obligando a las diferentes etnias y culturas del
Departamento del Cesar a estudiar la cátedra valores y talentos vallenatos sin
importar la preservación, protección y difusión de la cultura vernácula de los
asentamientos indígenas y afro descendientes que se encuentra a lo largo y
ancho del Departamento del Cesar. ||  Además de desconocer que en el
Departamento del Cesar existen un sinnúmero de manifestaciones culturales que
expresan la variedad étnica, religiosa, de costumbres, tradiciones y forma de
vida de su población, así como la riqueza y diversidad cultural; que nos
plantean la protección de las diferentes expresiones culturales que concurren
dentro del Departamento y se ven amenazadas con esta Ley y la imposición de
esta Cátedra.”
2. Con relación a las culturas y manifestaciones étnicas
excluidas por la ley, se dice lo siguiente,
“[…] se está violentando el
derecho fundamental de los niños a una cultura propia, toda vez que con la
implementación de esta cátedra se está imponiendo el conocimiento y el
aprendizaje de una cultura ajena a su arraigo y tradiciones como es el caso de
las comunidades de Gamarra, la Gloria, Tamalameque, Chimichagua y Chiriguana
las cuales hacen parte de la subregión denominada ‘depresión momposina’ y que
estos dieron orígenes a municipios como El Paso, Pelaya, La Jagua, Becerril y
otros, por tanto estos municipios tienen una cultura común y su máxima
expresión es La Tambora.”
Los demandantes hacen alusión a dos académicos que se han
ocupado de caracterizar qué es ‘la tambora’,[2]
para luego presentarla en los siguientes términos,
“[…] es un ‘baile cantao’ de
origen triétnico (blanco-negro-indio) que desde años inmemoriales se practicaba
en los pueblos y caseríos de los departamentos de Magdalena, sur de Bolívar,
Cesar y Guajira, […] Nuestro abuelos amenizaban sus ratos de solaz y
esparcimiento con el toque de tamboras, y la cantarina voz de las ‘cantadoras’
desgajaban versos elementales con que festejaban la cotidianidad de sus vidas.
El ‘currulao’, ‘la tambora’ y el compás marcado por las palmas acompañaban ‘el
canto’, el cual era reforzado por el coro de voces responsoriales en que
repetían rítmicamente el estribillo.
Con este baile cantao amenizaban
sus jolgorios y celebraban fiestas conmemorativas en honor a sus santos
patronos. Haciendo especial énfasis en las realizadas desde la Navidad hasta el
6 de enero, teniendo su esplendor en la noche del 31 de diciembre a amanecer
primero de enero. Donde sacaban una tambora de calle llamada ‘el pajarito’.
Claro está que cualquier noche, algún paisano se le antojaba hacer fiesta,
entonces se constituía en ‘cabeza de guacherna’, y entusiasmados asistían al
convite, danzando y cantando sus cantos tradicionales hasta el amanecer.
Los tamboreros se sentaban juntos,
uno al lado del otro. A su lado, el cantador, seguido por las personas que
veían el baile y que al mismo tiempo hacían el coro. Cerraba el círculo, los
curiosos y los jóvenes y niños. Al centro de ese círculo, que tocaba palmas,
iban las parejas de bailadores, y al compás de los golpes hipnóticos de la
tambora y el currulao practicaban el ‘rascapie’ del baile, donde parecía que
levitaran del suelo. Vale la pena anotar que las parejas y parejos se revelaban
en el baile. Cuando se le agotaban las provisiones de licor al ‘cabeza de
guacherna’, avisaba al tocador del currulao o ‘curralero’ como lo llamaban e
este en cualquier momento de la pieza que tocaban, se levantaba bruscamente y
exclamaba: la culebra. Arrojando suavemente su instrumento cerca los pies del
parejo o curioso que tuviera capacidad económica o crédito en una cantina, para
una nueva provisión.
La Tambora tiene cuatro aires: la
tambora-tambora; el chandé, la guacherna y el berroche, cada uno de ellos con
su rítmica y sonoridad definidas, lo mismo que con su cadencia y pasos de baile
muy singulares. […] Probablemente en este ‘baile cantao’ se encuentre la
génesis del canto vallenato.
Andando el tiempo, estas pequeñas
comunidades fueron penetradas por culturas foráneas que permearon sus
costumbres. Comenzaron a reacomodar su visión del mundo, sus tradiciones y
saberes ancestrales, remplazándolos por otros que venían de fuera. Comenzó así
‘la amnesia estructural’ del conocimiento de los nuestro y comenzaron a perder
significado algunos actos, costumbres y tradiciones. En ese proceso de
reacomodo gran parte de nuestra riqueza cultural fue empujada fuera, y salieron
de la conciencia colectiva, dejando de hacer parte de la herencia cultural que
nos legaron los abuelos.
Por eso encontramos en algunos de
nuestros pueblos, la realización de ‘festivales’ inventados, en un
desconocimiento de su orígenes, peor aún, la juventud de eso pueblos cree que
‘eso’ es su cultura y tradición. Ignoran por completo el legado ancestral de
sus mayores. Esto hace necesario ahondar en el estudio de las raíces culturales
y desde la escuela y la academia generar el proceso que le devuelva la memoria
a nuestros pueblos, ahora que es posible, ya que todavía quedan pueblos que
celosamente conservan sus costumbres y tradiciones, como en el caso del
departamento del Cesar en los municipios de Gamarra, Tamalameque, Chiriguana
(en La Sierrita), el Paseo (grupo paleolo), Pelaya con los corregimientos de
San Bernardo y Costallai todo el sur de Bolívar y algunos municipios de
Magdalena.
Por todo lo anteriormente expuesto
es que nos vemos impelidos a adelantar esta demanda de inconstitucionalidad,
pues vemos que desde el Congreso de la República vulneran nuestro derecho a
tener una cultura, a preservarla y a difundirla.”
Para los accionantes, es especialmente cuestionable que se
quiera presentar una cátedra vallenata que no tenga en cuenta los aportes que la
Tambora le propició. Afirman al respecto,
“[…] La Tambora fue el canto
primigenio del Cesar y la Guajira, pues son departamentos hijos del Magdalena
Grande y que desde sus entrañas nació o se derivó el vallenato.
Este hecho se ha negado en la
práctica y en la literatura cesarense, pues el vallenatocentrismo por su falta
de humildad, no ha querido reconocer sus orígenes en La Tambora, salvo algunas
excepciones en los libros de Ciro Quiroz y Tomás Darío Gutiérrez que tocan muy
tangencial y marginalmente el tema.”
3. Para los demandantes, la norma acusada obstaculiza el
acceso a la cultura de algunas de las regiones del Departamento del Cesar. Al
respecto sostienen,
“Por eso es contraproducente la
implementación de la Cátedra Valores y Talentos Vallenatos en los Colegios
Públicos y Privados del Departamento del Cesar ya que con esto seda la
imposición de una simbología repetida y difundida hasta la saciedad: de un
acordeón, una caja y una guacharaca, cuando no de un indio arahuaco, con su
atuendo tradicional. Relegando a un segundo plano las demás manifestaciones
culturales que existen en el Departamento y que tienden a desaparecer, debido a
la asfixia a que se hallan sometidas de hecho, por la agresión de un sector del
Cesar que impulsa un solo valor cultural: el vallenato.”
IV. INTERVENCIONES
1. Ministerio de Educación Nacional
El Ministerio de Educación Nacional participó en el proceso
de la referencia, mediante apoderada, pero no defendió la norma acusada. Por el
contrario, respaldó los argumentos de la demanda y solicitó a la Corte
Constitucional declarar la inconstitucionalidad del literal del artículo
acusado, en su integridad. El Ministerio de Educación sostiene en su
intervención, que la medida legislativa acusada
“[…] afecta directamente los
diferentes grupos étnicos asentados en el Departamento del Cesar, porque ordena
a las instituciones educativas que operan en sus respectivos territorios,
establecer en sus currículos una cátedra que fomente el folclor vallenato.
Por lo anterior, dicha
disposición, primero, es contraria al artículo 6° literal (a) de la Ley 21 de
1991, porque no fue producto de un proceso de concertación con los referidos
grupos étnicos; trámite que era indispensable adelantar en el presente caso ya
que la disposición acusada determina un componente académico que deben cumplir
las instituciones educativas en el departamento del Cesar, incluyendo aquellas
que prestan sus servicios a estas comunidades. Por tal motivo, los representantes
de los pueblos indígenas, afrocolombianos y de las demás minorías étnicas,
tenían el derecho a ser consultados para determinar si la cátedra ‘valores y
talentos vallenatos, Consuelo Araujonoguera’, debía ser impartida a los
niños, niñas y jóvenes que hacen parte de sus respectivas comunidades.
En segundo lugar, el literal
objeto de la presente acción de inconstitucionalidad también contraría el
artículo 27 de la Ley 21 de 1991, porque el folclor vallenato no necesariamente
está relacionado con la cultura, tradiciones y costumbres propias de los
distintos grupos étnicos asentados en la referida entidad territorial, por lo
cual la norma acusada establece una enseñanza que no corresponde a ‘sus
necesidades particulares’; ni tampoco abarca su historia, sus conocimientos y
técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales,
económicas y culturales.”
Para el Ministerio de Educación la implementación de la
cátedra incluida en la ley, conlleva dar prelación a algunas culturas frente a
otras.
“[…] dado que las distintas
expresiones culturales se encuentran en un plano de igualdad, en la medida en
que todas deben ser fomentadas y protegidas por el estado colombiano, este
Ministerio no comparte lo previsto en el literal (c) del artículo de la Ley 739
de 2002. Primero porque la educación no puede limitarse a promover un tipo
específico de cultura, ya que vulneraría el alcance de la diversidad étnica y
cultural, que es reconocida en los artículos 7° y 70 Superior.
Segundo, porque si bien puede ser
la cultura vallenata la predominante en el departamento del Cesar, las
instituciones educativas que operan en esta entidad territorial no pueden
limitar la enseñanza de dicha expresión artística en sus respectivos
currículos, dado que la educación debe permitir que los estudiantes puedan
aprender de las distintas manifestaciones culturales que existen en Colombia.
Lo anterior, no solo porque la educación debe ser integral, sino también porque
es necesario que los niños, niñas y jóvenes se concienticen de que no todas las
personas hacen parte de una misma tradición y que por lo mismo, es
indispensable reconocer y respetar la diversidad para efectos de promover la
paz y la convivencia armónica entre los (sic) distintas personas que
habitan el territorio nacional.
Tercero, tanto la educación como
la cultura, tienen un fin común consistente en lograr el desarrollo de la
personalidad de los estudiantes, ya que ambos brindan un aporte que les permite
a ellos contar con los suficientes elementos de juicio para ‘adoptar sin
intromisiones ni presiones de ninguna clase, un modelo de vida acorde con sus
propios intereses, convicciones, inclinaciones y deseos’. Sin embargo, los
estudiantes sólo alcanzarán la plena autonomía e identidad personal, si el
servicio público educativo les da a conocer las distintas expresiones
artísticas y culturales, pues sólo así, ello pueden acoger las que más se
identifiquen con su forma de vida.”
2. Intervenciones ciudadanas
2.1. Varios ciudadanos y ciudadanas participaron en el
proceso de la referencia para apoyar la demanda, empleando para ello los mismos
argumentos presentados por los accionantes. Así, por ejemplo, Gina Paola García
Quintero y Erika Pilar Cortés;[3]
José Ignacio Alemán Buitrago;[4]
Héctor Horacio Moreno Melo; Albersson Ordoñez Barbosa, Lorena Suárez Rubiano e
Isis Vargas Muñoz;[5]
Bryan Estivens Castillo Gómez, Jeison Jair Capera Bocanegra y Fredy Mauricio
Martínez Barboza; Camilo Arturo Sánchez Sarmiento, Edwin Fabián Barrera
Valbuena y Dayana Elizabeth Orduz Moreno.
2.2. Un ciudadano, Harold Mauricio Baquero Garay, luego de
defender a la tambora como máxima expresión de la subregión denominada
‘depresión momposina’ y de sostener que de sus entrañas nació el vallenato,
consideró que la Corte sólo debería declarar inexequible la expresión
‘obligatorio’. A su parecer, es eso lo que da el carácter de inconstitucional a
la norma. Dejar de lado esa condición haría, sostiene, compatible la norma con
el orden constitucional vigente.
2.3. Otras personas participaron para defender la norma
acusada, controvertir los argumentos de la demanda, y solicitar la
exequibilidad de la disposición en cuestión. Tal es el caso de Karen Viviana
Gutiérrez García;[6]
Jenny Johanna Fuquen Díaz;[7]
Nicolai Andrés Rodríguez Niño, Jorge Hernando Caycedo Arce y Andrés Sebastián
Neira Díaz;[8]
Marco Tulio Torres Clavijo y Jaime Eduardo Jiménez Pinilla; Carlos Erney
Calderón Albornoz; Giovanni Enrique Mendieta Montealegre; Nicolás Urriago Fritz
y Andrea del Pilar Cortes Morales.[9]
2.4. Algunas personas consideran que la norma sí debería
declararse exequible, pero de manera condicionada. Así, por ejemplo, Mabel
Astrid Medina Villamil y Gina Zoraida Castro López piden que la
constitucionalidad de la norma se condicione en el entendido de que “no se
está promoviendo únicamente la cultura vallenata, y como consecuencia prohibiendo
el desarrollo de las demás culturas que se manifiestan en el Departamento del
Cesar, sino que se busque una igualdad en la promoción y aprendizaje de todas
las culturas manifiestas del departamento del Cesar.”
2.5. Otros ciudadanos, finalmente, consideraron que la Corte
Constitucional debería declararse inhibida de conocer el caso de la referencia,
puesto que, a su juicio, no es claro el argumento de constitucionalidad, como
es el caso de Diego Fernando Palacio Sánchez;[10]
Camila Andrea Morales Galván, Sebastián Moyano Ayala, Katherin Andrea Suescún
Guarín;[11]
Yimmy Fernando Calderón Lozada, Nelly Cortes Arias; Alejandra Galeano Abello y
Luisa Hernández Devia.
V. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación, mediante el concepto N°
5435 de septiembre 12 de 2012, participó en el proceso de la referencia para
solicitar a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad de la norma
legal acusada. Sustentó su posición en los siguientes términos,
“De la circunstancia de promover o
exaltar una manifestación cultural, cualquiera que ella sea, no se sigue per
se, como parecen asumirlo los actores, denostar o vilipendiar otras
manifestaciones culturales. La Ley 739 de 2002 declara como patrimonio cultural
de la Nación el Festival de la Leyenda Vallenata y, de manera coherente con
esta declaración, diseña un mecanismo adecuado para preservar este patrimonio,
como es el de establecer una cátedra obligatoria en las escuelas primarias,
para que los niños del Departamento del Cesar puedan conocerlo, valorarlo,
ampliarlo y preservarlo.
Del mero hecho de que exista la
cátedra en comento no se sigue denuesto alguno para otras manifestaciones
culturales existentes en el Departamento del Cesar. La norma se limita a
reconocer el valor del folclor vallenato y a hacer un homenaje a una de sus
principales impulsoras, pero en manera alguna prohíbe reconocer y proteger
otras manifestaciones culturales existentes en el departamento. Las comunidades
indígenas y afrodescendientes, al igual que las poblaciones en las que se tiene
la tradición de la tambora, pueden organizar en el pensum de sus escuelas
cátedras relacionadas con sus manifestaciones culturales. Otras comunidades
próximas, como la de los habitantes del Departamento de la Guajira, para
quienes el folclor vallenato es una importante manifestación cultural, que hace
parte de su patrimonio común, también pueden implementar la correspondiente
cátedra.
El reconocer al folclor vallenato,
al declarar el Festival de la Leyenda Vallenata como como patrimonio cultural
de la Nación y, de manera consecuente, establecer una cátedra obligatoria para
preservarlo, como lo hace la norma demandada, contribuye a reconocer y proteger
la diversidad cultural de la Nación, a promover y fomentar el acceso a la
cultura de los colombianos y a construir un orden cultural plural. Este
reconocimiento no puede asumirse, como lo hacen los actores, como un desaire,
desprecio o desdén respecto de otras manifestaciones culturales valiosas, que
también merecen conocerse y preservarse, respecto de las cuales no se ha producido
la declaración de patrimonio cultural de la Nación.”
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre
las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como las
acusadas.
2. Problemas jurídicos
2.1. Algunos de los intervinientes consideran que los cargos
presentados en la demanda de la referencia no cumplen con los requisitos
suficientes para ser sometidos a revisión en sede de constitucionalidad por
parte de la Corte. A su juicio, o bien no se señala la forma como la norma
afecta los derechos fundamentales invocados o bien se hace, pero de manera
precaria.
Aunque la Sala estima que los argumentos jurídicos que
sustentan la demanda fueron expuestos de manera sencilla y escueta, también
juzga que son suficientes para poder plantear y solucionar el problema jurídico
sometido a su consideración. En cualquier caso, teniendo en cuenta que la
demanda reclama la protección de niñas y niños (sujetos de especial protección
constitucional) pertenecientes a grupos étnicos de la nación (también, sujetos
de especial protección constitucional), en aplicación del principio pro
actione corresponde a la Sala entrar a considerar de fondo la cuestión
planteada.
2.2. El problema jurídico planteado por los demandantes es
el siguiente: ¿el Congreso de la República viola los derechos fundamentales de
la comunidades indígenas y de las comunidades negras del departamento del
Cesar, en especial de sus niñas y niños, al autorizar al Gobierno Nacional a
crear un espacio pedagógico para la promoción de la cultura vallenata, titulado
‘Cátedra valores y talentos vallenatos, Consuelo Araujonoguera’ que, según los
demandantes, no representa la identidad cultural propia de aquellas comunidades
del departamento?
Para la Sala Plena de la Corte Constitucional, la respuesta
a este interrogante es afirmativa parcialmente, la norma acusada viola los
derechos fundamentales invocados, en tanto la cátedra tiene un carácter
obligatorio. Se trata de una clase que en caso de ser implementada, no puede
ser una imposición y debe respetar las reglas y principios propios de la
etnoeducación: interculturalidad, participación comunitaria, flexibilidad,
progresividad, autonomía (artículo 58 Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide
la ley general de educación”), con lo que se garantizaría que la enseñanza
vallenata lejos de alejar a la comunidad de su cultura y sus tradiciones, sirva
de puente para retornar a ellas y recuperarlas. Es decir que se logre
implementar una cátedra que respete y desarrolle su identidad.
2.3. Para exponer su posición la Sala expondrá, en primer
término, el contenido normativo de la disposición legal acusada. A continuación
se referirá a la etnoeducación, como una garantía constitucional propia
del carácter multicultural y pluriétnico de la República. Posteriormente se
hará mención a los cantos vallenatos, como músicas y letras que hacen parte de
las riquezas colombianas y de sus mezclas culturales y étnicas. Finalmente se
indicará que la cátedra ‘valores y talentos vallenatos, Consuelo
Araujonoguera’, no desconoce el carácter multicultural y pluriétnico de la
República ni los derechos fundamentales de las comunidades afro y las
comunidades indígenas, en especial de sus niñas y sus niños, siempre y cuando
no sea obligatoria y respete los derechos de etnoeducación de las comunidades
indígenas y afro.
3. El contenido de la norma y su sentido
Mediante la Ley 739 de 2002 “Por
medio de la cual se declara Patrimonio Cultural de la Nación el Festival de la
Leyenda Vallenata, se rinde homenaje a su fundadora y se autorizan
apropiaciones presupuestales”, el Congreso de la República declaró
Patrimonio Cultural de la Nación ‘el Festival de la Leyenda Vallenata’ y
honró la memoria de la persona que fue una de sus fundadoras y de sus
principales guardianas: Consuelo Araujonoguera,[12] exministra de Estado,
reconocida folclorista y gestora cultural.[13]
3.1. La Ley 739 de 2002 surgió como una propuesta normativa
que pretendía hacer un reconocimiento a la tradición vallenata y a su
importancia cultural, y al gran arraigo nacional de la cultura musical del
caribe.[14]
El Senado de la República aprobó la iniciativa  e introdujo, además, una serie
de medidas para honrar la memoria de Consuelo Araujonoguera quien había sido
una de las fundadoras del Festival y una de sus mayores protectoras. La Cámara
de Representantes aprobó la iniciativa con ciertas modificaciones, y finalmente
fue sancionada la ley por el Presidente de la República.
3.2. La Ley 739 de 2002, como su nombre lo indica (i) declara
Patrimonio Cultural de la Nación el Festival de la Leyenda Vallenata, (ii) rinde
homenaje a su fundadora y  (iii) se autorizan apropiaciones
presupuestales.
3.2.1. El objetivo principal de la Ley, en gran medida
simbólico, es declarar Patrimonio Cultural de la Nación el Festival de la
Leyenda Vallenata, que se celebra en la ciudad de Valledupar, capital del
departamento del Cesar [art. 1, Ley 739 de 2002]. Como consecuencia, se
establece que ‘la Nación, a través del Ministerio de la Cultura, contribuirá al
fomento, promoción, protección, conservación, divulgación, desarrollo y
financiación de los valores culturales que se originen alrededor de la cultura
y del folclor vallenato’ [art. 2, Ley 739 de 2002].
3.2.2. El segundo objetivo de la ley, es decretar que ‘la
República de Colombia honra la memoria de la ex Ministra de la Cultura Consuelo
Araujonoguera, exalta su constancia, tenacidad, inteligencia y lucha en favor
de la cultura caribe colombiana y, en especial, de la cultura y el folclor
vallenato’ [art. 3, Ley 739 de 2002]. Con motivo de tal decisión, el Congreso
de la República indicó que ‘se autoriza al Gobierno Nacional’ para adelantar
las siguientes acciones:
“a) Emisión especial de un sello
postal o de correos con la efigie y nombre de la ex Ministra de la Cultura;
b) Colocación de un retrato de la
ex Ministra al óleo, en el recinto o salón principal del Ministerio de la
Cultura;
c) El Ministerio de Educación
Nacional creará la cátedra Valores y Talentos Vallenatos “Consuelo
Araujonoguera”, de obligatorio cumplimiento en los colegios públicos y privados
del departamento del Cesar, a nivel de la Educación Básica Primaria;
d) El Ministerio de la Cultura
otorgará una beca de estudios, que llevará el nombre de Consuelo Araujonoguera,
al ciudadano o ciudadana colombiano que presente el mejor trabajo de
investigación acerca del folclor nacional. Dicho Ministerio reglamentará las
condiciones, requisitos y bases del concurso.” [se subraya la parte acusada]”.
(Subrayado fuera del texto, que corresponde al literal demandado).
3.2.3. En primer lugar, ha de resaltar la Corte
Constitucional que la norma ‘autoriza’ al Gobierno a realizar las acciones
enunciadas en los literales a), b), c) y el artículo tercero de la Ley 739 de
2002. Pero el literal c) demandado, se redacta de manera impositiva y
categórica (“El Ministerio de Educación Nacional creará la cátedra …”).
En otras palabras, el contenido normativo acusado por la
demanda de la referencia contempla un mandato impositivo y obligatorio. Aunque
el inicio de la norma habla de una autorización, las expresiones usadas por el
legislador imponen un deber sobre el Gobierno Nacional para que implemente una
cátedra obligatoria –valores y talentos vallenatos, Consuelo Araujonoguera–. Se
trata de una facultad que debe ejercer el Gobierno. En tal medida, conforme al
texto de la norma, no parece una opción. Se señala imperativamente que se
creará y que será obligatoria.
3.2.4. Sin embargo, las condiciones en que el Congreso
autoriza al Gobierno Nacional a crear la cátedra Valores y Talentos Vallenatos
‘Consuelo Araujonoguera’ son más o menos amplias. El Congreso aporta algunos
aspectos mínimos de la Cátedra, el resto de condiciones de la misma son
competencia del poder Ejecutivo y, por supuesto, de los docentes y los
establecimientos educativos. No obstante, algunas de aquellas condiciones
mínimas impuestas por el legislador son objeto de reproche por parte de los
demandantes.
El Congreso indica que el Ministerio de Educación Nacional
podrá crear una cátedra, (i) con el nombre Valores y Talentos Vallenatos
‘Consuelo Araujonoguera’,  (ii) que tendrá el carácter de ‘obligatorio
cumplimiento’ en los (1) colegios públicos y privados  (2) del departamento
del Cesar, (3) a nivel de la Educación Básica Primaria.
(*) No se indica cuáles deben
ser los contenidos concretos y específicos de la cátedra; ni siquiera se
establece un sentido central. Señala que la cátedra tiene entre otros
propósitos honrar la memoria de Consuelo Araujonoguera y que el nombre es
‘valores y talentos vallenatos’; sólo los contenidos que se puedan derivar de
tal nombre, podrán tenerse por restricciones a la construcción y diseño de la
cátedra que se haga por parte de los docentes, los establecimientos educativos
y del Gobierno, según corresponda conforme a sus competencias.
(**) No se indica tampoco cómo
ha de ser metodológicamente la cátedra. ¿Debe ser un conjunto de conferencias y
talleres que no representen una clase más del año lectivo, como es el caso de la
Cátedra Manuel Ancízar de la Universidad Nacional? ¿O la cátedra debe ser una
clase formal más del año de estudios? Tales decisiones no han sido tomadas por
el legislador. Corresponde a los docentes, a las entidades educativas y al
poder Ejecutivo, de acuerdo a sus competencias, determinar las condiciones de
tal cátedra.
(***) Establece una condición, con tres
características, que ha de tener la cátedra de Valores y Talentos Vallenatos. A
saber, la misma debe ser ‘de obligatorio cumplimiento’ en los
establecimientos educativos  (1) públicos y privados,  (2) del departamento del
Cesar y  (3) a Nivel de la Educación Básica Primaria. No impide, por supuesto,
que la cátedra pueda ser implementada en otras zonas o regiones del país, de
forma voluntaria, por ejemplo.
3.2.5. El problema jurídico planteado por los demandantes en
el proceso de la referencia, tiene que ver precisamente con las restricciones
que se le imponen al Gobierno Nacional para la creación de la cátedra Valores y
Talentos Vallenatos, en cuanto a lo que se refiere a su impacto sobre las
comunidades afro y las comunidades indígenas residentes en el departamento del
Cesar, especialmente sobre sus niños y niñas.
En tal medida, pasa la Sala a analizar los parámetros
constitucionales relevantes para la etnoeducación de acuerdo con el orden
constitucional y legal vigente.
4. La etnoeducación, garantía del carácter
multicultural y pluriétnico de la República
La Constitución define al colombiano como un estado social y
democrático de derecho, pluriétnico y multicultural. Se refiere entonces de
manera amplia e incluyente a toda la población que bajo distintas
denominaciones se nombra y reconoce, y que incluye a las personas
pertenecientes a comunidades tradicionales, indígenas o comunidades afro.[15]
4.1. Antes de entrar en vigencia la Constitución de 1991,
durante el imperio de la Constitución de 1886 y sus reformas posteriores, se
lograron cambios sustanciales y radicales que llevaron a modificar las viejas
políticas educativas que buscaban, entre otros propósitos, sacar de su
situación de ‘inmadurez cultural’ a las comunidades indígenas.[16] Ya antes del 91, las
conquistas políticas y administrativas de los movimientos defensores del
respeto a la diversidad cultural de los pueblos que conforman la República de
Colombia, habían logrado el diseño y la implementación de etnoeducación en las
políticas públicas del país. La Creación del Consejo Regional Indígena del
Cauca, inspirada en gran parte en las ideas de Manuel Quintín Lame expresadas
en textos como Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas
colombianas (1924),[17]
y la posterior creación de la ONIC, fueron herramientas  significativas, para
lograr tales conquistas.
4.2. Desde el Decreto 088 de 1976, por el cual se
reestructuró y se reorganizó el Ministerio de Educación Nacional, se estableció
que los “programas regulares para la educación de las comunidades indígenas
tendrán en cuenta su realidad antropología y fomentarán la conservación y la
divulgación de sus culturas autóctonas. El Estado asegurará la participación de
las comunidades indígenas en los beneficios del desarrollo económico y social
del país.” (artículo 11).[18]
4.3. En tal sentido, el desarrollo legislativo en materia
etnoeducativa bajo la Constitución de 1991 ha sido aún mayor. La Constitución de Colombia establece categóricamente, que ‘los integrantes de los grupos
étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su idoneidad
cultural’ (art. 68, CP). No pueden tales comunidades, por lo tanto, ser
sometidas a planes o programa de educación diseñados de manera general para
toda la población, sin considerar sus especificidades culturales.
En la Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la
Ley General de Educación, el Título
III se ocupa de las ‘Modalidades de Atención Educativa a Poblaciones’, dentro
de las cuales se encuentra, en el Capítulo III, la Educación para Grupos
Étnicos. El artículo 55 define etnoeducación como aquella educación que se
ofrece “[…] a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen
una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos.”
El artículo advierte que esta “[…] educación debe estar ligada al ambiente,
al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de
sus creencias y tradiciones.” Por supuesto, la Ley dispone que no se trata
de una educación distinta en todo sentido a la que se imparte al resto de la
población; se trata de una educación que además de brindar las herramientas,
habilidades y conocimientos que se dan a todas las personas, entiende que debe
ser sensible a las especiales condiciones de la comunidad de la cual se trate.
Por ello, además de los principios y fines generales fijados por la ley de
acuerdo con la Constitución Política,[19]
se introducen otros, de la siguiente manera:
“Artículo 56.- Principio y
fines. La educación en los grupos étnicos estará orientada por los
principios y fines generales de la educación establecidos en la presente ley y
tendrá en cuenta además los criterios de integralidad, interculturalidad,
diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y
progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad,
conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas
y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas,
formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura.”
La Sala resalta cinco principios básicos de la etnoeducación
que imperan en el orden jurídico vigente, a propósito del caso que se analiza.
4.3.1. Interculturalidad. La educación que se imparta
a las comunidades culturalmente diferenciadas debe propender por la capacidad
de generar habilidades para el diálogo entre diferentes culturas. Las
estrategias de acción política que a partir de la década de los años setentas
lograron que se cambiaran las formas de educación en comunidades tradicionales,
culturalmente diferenciadas, son el resultado del diálogo intercultural que se
ha desarrollado, descubierto y aprendido a la vez, entre las diferentes
visiones culturales que hacen parte de Colombia. La interculturalidad supone el
derecho de acceder a todos los conocimientos, saberes o manifestaciones
artísticas. Tanto las que se llaman ajenas o provenientes de una cultura de la
que se es distante, como las que vienen de la cultura propia. La etnoeducación
no supone dejar de lado la educación oficial y mayoritaria, y concentrarse
únicamente en los saberes propios. La interculturalidad supone la capacidad de
desenvolverse en diversos ámbitos culturales. Un ejemplo de la
interculturalidad que promueve la Ley, es la regla legal que busca promover la
formación de educadores para grupos étnicos, según la cual: “El Estado promoverá
y fomentará la formación de educadores en el dominio de las culturas y lenguas
de los grupos étnicos, así como programas sociales de difusión de las mismas.”
(art. 58, Ley 115 de 1994). La formación de docentes para grupos étnicos, por
tanto, no sólo depende de promover la formación misma de estas personas, sino
también mediante programas sociales de difusión de las culturas y las lenguas
de estos grupos étnicos. Según la reglamentación de la Ley, la
interculturalidad es entendida como “la capacidad de conocer la cultura
propia y otras culturas que interactúan y se enriquecen de manera dinámica y
recíproca, contribuyendo a plasmar en la realidad social, una coexistencia en
igualdad de condiciones y respeto mutuo” (art. 2, Decreto 804 de 1995).
4.3.2. Participación comunitaria. En virtud de este
principio, por ejemplo, el desarrollo de un determinado tipo de cátedra, ha de
ser consultado con la comunidad. Como se estableció desde la propuesta
presentada a la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 por parte de las
comunidades indígenas y las comunidades afro de Colombia, se debe promover la
participación de los miembros de la comunidad y el diálogo entre estos, como
manera de resolver los dilemas que plantee la interculturalidad y los
desarrollos de una educación sensible a diferencias culturales significativas.
De acuerdo con la reglamentación de la ley, la participación comunitaria es entendida
como “la capacidad de los grupos étnicos para orientar, desarrollar y
evaluar sus procesos etnoeducativos, ejerciendo su autonomía” (art. 2,
Decreto 804 de 1995).
4.3.3. Flexibilidad. El principio de flexibilidad
tiene muchas connotaciones e implicaciones, tanto teóricas como prácticas en la
concepción, diseño, implementación y evaluación de las políticas educativas
orientadas a grupos étnicos. No se puede desarrollar una única respuesta. En
ocasiones, por ejemplo, se requerirán modificaciones profundas y significativas
a los planes de estudio oficiales y generales. Por ello la reglamentación de la
Ley ha establecido que la flexibilidad debe ser entendida como “la
construcción permanente de los procesos etnoeducativos, acordes con los valores
culturales, necesidades y particularidades de los grupos étnicos” (art. 2,
Decreto 804 de 1995).
La diversidad en materia de educación, incluso en la oferta
que se ofrece a la mayoría de la población, es un distintivo de la educación de
una sociedad abierta, libre y democrática. Tener acceso a educación pública o
privada, confesional o laica; mixta o de un solo sexo; bilingüe o no;
tradicional o novedosa, en sus metodologías o con políticas educativas
diversas, son sólo algunos de los ejemplos de las diferencias que pueden
existir entre los tipos de educación a los que cualquier persona puede acceder.
En el caso de la flexibilidad, por tanto, se está pensando en una capacidad de
variabilidad y diversidad en la oferta educativa aún mayor de la tradicional y
propia de una sociedad de las características indicadas. Las diferencias entre
los tipos de educación, por ejemplo, pueden llegar a establecer que un grupo
considerable de ‘clases’, tengan lugar en sitios distintos a la escuela, como
lo es la selva. Puede ser parte de estrategias para revivir conocimientos de
ciencia tradicionales que permiten, sosteniblemente, obtener recursos para
tener un mínimo vital en dignidad.
La flexibilidad es importante para diferenciar los distintos
grupos de comunidades, pero también para ver las diferencias entre las diversas
comunidades que hacen parte de un mismo grupo, o de grupos claramente
emparentados en cuanto a su génesis y desarrollo en Colombia.  Es, por ejemplo,
el caso de las comunidades afro, que no sólo tienen formas distintas de
nombrarse a sí mismas, sino que, además, responden a realidades muy diversas.
La comunidad del Palenque de San Basilio requiere medidas que permitan
conservar, preservar e insertar en la historia y la memoria nacional, su
lengua, el palenquero. Las comunidades raizales de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, por su parte, utilizan a menudo su otro idioma (el criollo
sanandresano),[20]
entre otras razones, para poder mantener los lazos con sus familiares y
comunidades que se extienden más allá de las fronteras del archipiélago, a
través del caribe. Pero a la vez, pueden existir grupos como las poblaciones y
comunidades negras del Chocó colombiano que se extienden a lo largo de sus
costas y sus ríos, que pueden no requerir la flexibilidad antes mencionada en
la educación lingüística, pero sí en otros aspectos, como por ejemplo, enseñar
a conocer y manejar ciertas plantas y animales comunes de la selva o del monte,
antes que ciertas situaciones citadinas usuales como cruzar una calle o tomar
un taxi.[21]
La etnoeducación debe ser sensible a las diferentes exigencias y demandas de
las poblaciones afro en Colombia, de acuerdo con sus características
específicas y necesidades propias.
4.3.4. Progresividad. La
etnoeducación no puede diseñarse de un momento a otro. Los procesos de diálogo
e interacción cultural que se requieren previamente necesitan tiempo y construcción
de espacios de participación, antes de tomar las decisiones de política pública
que corresponda. Los cambios y la intervención en el sistema educativo de los
grupos étnicos en Colombia, por tanto, no pueden ser abruptos e inconsultos.
Tales actos no pueden ocurrir de la noche a la mañana sin el conocimiento
previo de las comunidades, y sin que se hubieran podido manifestar o hubieran
tenido oportunidades de participación. Por otro lado, la progresividad
significa también que el proceso de desarrollo de la etnoeducación no puede
estancarse. Si bien la progresividad significa que los avances requieren
tiempo, también implica que no se detienen, que siempre generan nuevos
desarrollos y procesos. Por eso, según la reglamentación de la Ley, la
progresividad implica “la dinámica de los procesos etnoeducativos generada
por la investigación, que articulados coherentemente se consolidan y
contribuyen al desarrollo del conocimiento” (art. 2, Decreto 804 de 1995).
4.3.5. Autonomía. El principio de autonomía de las
comunidades indígenas y afro tiene el derecho a gobernarse a sí mismas y
determinar su propio destino. En el ámbito de la etnoeducación es entendida
como “[…] el derecho de los grupos étnicos para desarrollar sus procesos etnoeducativos”
(art. 2, Decreto 804 de 1995 “Por medio del cual se reglamenta la atención educativa para grupos
étnicos”).
4.4. La jurisprudencia constitucional se ha referido al
derecho de las comunidades en torno a la etnoeducación que se adelanta al interior
de sus comunidades.
4.4.1. Así, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre
las condiciones y límites de la participación de las comunidades en la
selección de docentes y de la idoneidad de la justicia
contencioso-administrativa para defender los derechos de éstas, en casos en que
no exista una urgencia para garantizar los derechos fundamentales invocados.[22] También se
ha pronunciado acerca de casos en los que se han estudiado concursos en torno
al nombramiento de profesores de etnoeducación para comunidades afro.[23]
Concretamente, al respecto, ha defendido el derecho de las comunidades a que se
cumplan los compromisos adquiridos, luego de un proceso de participación; ha dicho
la Corte,
“Para la Sala resulta contrario al
principio de buena fe hacer creer al CRIC que el proceso de consulta previa
había concluido exitosamente al llegarse a un acuerdo sobre los establecimientos
educativos oficiales en los que se aplicaría una política etnoeducativa y
después, de forma unilateral, transgredir los compromisos adquiridos[24]. Esto
no significa, en modo alguno, que las comunidades étnicas posean un poder de
veto a las medidas que las afecten directamente de acuerdo con el cual no
pueden adoptarse sin su consentimiento, posibilidad que ha sido desechada por
este Tribunal[25],
sino que, una vez adoptada una fórmula de concertación, esta no puede ser
revocada sin antes adelantar un nuevo proceso de consulta previa con todas las
condiciones que han sido determinadas por la jurisprudencia constitucional.
[…]  ||  Como corolario de lo anterior es forzoso concluir que el demandado
vulneró el derecho fundamental a la consulta previa de la Comunidad Indígena de
la Gaitana, del Consejo Regional Indígena del Cauca y del Cabildo de Guambia y
con ello transgredió también su derecho fundamental a la identidad cultural ya
que, según la jurisprudencia de esta Corte[26],
la participación de las comunidades étnicas a través de este mecanismo es
necesaria para preservar su integridad étnica, social, económica y cultural y
para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social.”[27]
4.4.2. La adaptabilidad que puede suponer la etnoeducación
puede referirse a asuntos plenamente materiales como por ejemplo, la existencia
de programas de apoyo y mejoramiento de la calidad de la educación,[28] o puramente
formales, como la capacidad de administrar recursos públicos.[29]
4.4.3. La jurisprudencia ha protegido el derecho a la
regulación legal diferencial de la etnoeducación, con participación de las
comunidades afectadas, por lo que, por ejemplo, ha resuelto declarar exequible
el Estatuto de Profesionalización Docente, Decreto Ley 1278 de 2002, “[…] siempre
y cuando se entienda que el mismo no es aplicable a las situaciones
administrativas relacionadas con la vinculación, administración y formación de
los docentes y directivos docentes en los establecimientos educativos estatales
ubicados en territorios indígenas que atienden población indígena, con la
aclaración de que, mientras el legislador procede a expedir un estatuto de
profesionalización docente que regule de manera especial la materia, las
disposiciones aplicables a los grupos indígenas serán las contenidas en la Ley
General de Educación y demás normas complementarias.”[30]
4.4.4. Cuando se desvinculan los docentes que ciertas
comunidades consideran como propios y gestores de su etnoeducación, a
consecuencia de la realización de un concurso de méritos aplicado como parte de
un proceso que no le fue consultado a la comunidad, se violan los derechos
fundamentales de ésta.[31]
Este derecho de consulta, les ha sido protegido a indígenas Zenú.[32] Recientemente
la Corte Constitucional se declaró inhibida para pronunciarse acerca de una
demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 62 de la Ley 115 de
1994, referente a la selección de educadores, por ineptitud sustantiva de la
demanda.[33]
4.5. Vistos los principios y reglas básicas de la
etnoeducación relevantes para el presente caso, pasa la Sala a analizar la
música vallenata como una muestra más de la diversidad y multiplicidad de
culturas que hay en Colombia y los beneficios de sus interacciones.
5. Los cantos vallenatos, músicas y letras de las
riquezas colombianas y sus mezclas
El vallenato es una de los patrimonios culturales de
Colombia que refleja su carácter pluriétnico y multicultural. Fue necesario el
intercambio de culturas, etnias, objetos y servicios a lo largo y ancho del rio
Magdalena para que, con el tiempo, surgieran los aires vallenatos (merengue,
puya, son y paseo).
5.1. Aunque la Sala Plena de la Corte Constitucional
reconoce que los debates acerca de los orígenes y desarrollo del vallenato
siguen siendo cotidianos y acalorados, la opinión de los demandantes, según la
cual los académicos, los músicos y los estudiosos del vallenato en general, no
reconocen la influencia que la música indígena y la música de origen africano
han tenido en su formación,[34]
no corresponde a lo que se anota en la bibliografía más reconocida sobre la
historia de la costa en general, y de su música en particular relativa al
aporte que los sonidos venidos de África, los provenientes de Europa y los
existentes en América, tuvieron en la construcción de las nuevas músicas que se
crearon en el pasado y se siguen mezclando y remezclando en la actualidad.[35] El vallenato
hace parte de esta familia.
De hecho, recientes investigaciones cuestionan el supuesto
origen en un triple tronco, del que proviene la cultura generada en América
(‘el blanco, el negro, el indio’). Los españoles y demás europeos que vinieron
a América, al igual que los africanos y los indígenas americanos no eran pueblos
‘puros’. Al igual que el mestizaje americano, los pueblos que llegaron y
aquellos que se encontraban, eran a su vez, producto de mestizajes anteriores.
En tal medida, por ejemplo, es posible reconocer los aportes árabes, que a
través de España, llegaron a las músicas americanas, incluso tan recientes como
el vallenato.[36]
Dice al respecto el maestro Héctor González,
“Con frecuencia, en la literatura
existente sobre el vallenato se habla de la ‘trietnicidad’ en la constitución
de su expresión musical, insinuándose una repartición equivalente de aporte
culturales indígenas, blancos y negros. Aunque es una referencia evocadora, no
corresponde a la realidad de este caso –y creo que de muy pocos en América-
debido al arrasamiento cultural sistemático que impuso el colonizador  español
y la hegemonía de la cultura europea de los siglos sucesivos en buena parte del
mundo. Los vestigios palpables en los discursos musicales vallenatos actuales
confirman este hecho: se trata de música medularmente diatónica cuyo lenguaje
está determinado por el código del legado europeo correspondiente al sistema
tonal, tanto en la sintaxis como en la semántica. Sólo en el aspecto rítmico,
se observan características propias de la música del continente africano,
asimismo como la usanza de un cantante solista y coros responsoriales cuyo
empleo también era producto de una tradición africana que ya se había
incorporado a la música europea, desde hacía varios siglos antes del desembarco
español.
El complejo proceso de sincretismo
que dio origen a la expresión musical que identificamos como vallenato ha sido
descrito en términos muy simples, muchas veces por ingenuidad y otras tantas
por conveniencias políticas, como una suerte de diálogo entre tres culturas.
Pero la verdad es que se trata de una dinámica diacrónica que incluye fenómenos
de aculturación, hibridación, apropiación y suplantación múltiples, cuya
vigencia, con mucho, ha dependido de la capacidad de adaptación de este género
en lo literario y en lo musical, a través del tiempo. Se tiende a pensar que se
trata de un proceso que se desarrolló en el pasado –en un pasado antiguo un
tanto nebuloso- que hoy muestra un producto final acabado que hay que conservar
y preservar de posibles ‘desviaciones’. Sin embargo, esta concepción romántica
no se ajusta a la realidad puesto que algunos de los elementos distintivos del
vallenato ‘clásico’, son relativamente nuevos y tuvieron origen en fuentes y
tiempos distintos. […]”[37]
5.2. Sí llevan razón los accionantes, sin embargo, en temer
al desconocimiento de las raíces del vallenato, de su música y de su cultura; a
los troncos que se entrelazaron en las tierras de la región caribe.[38] Parte de los
efectos de la discriminación y la exclusión de otras culturas y grupos étnicos
es el desconocimiento y ocultamiento de partes más o menos significativas de la
historia. Al poner un velo sobre acontecimientos y voces que ocurrieron en el
pasado, se impide reconocer los aportes de otras culturas a la construcción de
las riquezas de la nación. A la vez se imposibilita a aquellos grupos
discriminados y excluidos, reconocerse a sí mismos como parte de los autores y
creadores de dichas riquezas culturales creadas y labradas en la nación.
Por ello, las investigaciones culturales en materia de
folclor, como las que la propia Ley 739 de 2002, pretende promover, han
evidenciado la innegable relación entre el vallenato y otras músicas del
caribe. La sola clasificación de algunos aires de gaita y baile de canto,
comparada con la clasificación de los aires del vallenato, evidencian los
patrones rítmicos similares (isorritmia) entre unos y otros.[39]
5.3. El olvido de los aportes culturales no es un asunto
menor, es una cuestión de notoria relevancia constitucional, en la medida que
se trata de la historia de los diferentes pueblos y comunidades que conforman
la nación. La memoria histórica, el rescate y la recuperación de las voces del
pasado es un derecho de las personas y las comunidades que descienden de
aquellas tradiciones culturales. Pero no sólo de ellos. La memoria de las
comunidades indígenas y de las comunidades afro, hace parte integral de la
historia nacional.
Como se dijo, la historia negra de Colombia muestra que el
tronco afro se constituye, no sólo por las personas que vinieron del África,
sino por aquellos europeos afrodescendientes que llegaron desde el siglo XV a
estas tierras. En el caso del vallenato, la presencia afro se hace evidente en
muchos de los músicos más destacados del género, como el gran Alejo Durán.[40] Las
historias de los grupos étnicos de la nación no son historias paralelas que
ocurrieron al tiempo que la historia de la ‘mayoría’; son la historia de todo
el País. Por ejemplo, la historia del constitucionalismo libertario de la
República encuentra profundas raíces, ideológicas y materiales, en las luchas y
rebeldías afro e indígenas que ocurrieron en el continente desde el momento
mismo en que los españoles iniciaron la conquista y la colonización de América.
Es imposible entender la construcción del derecho a la libertad en Colombia,
sin recuperar la lucha en contra de la esclavitud, al igual que ocurre con
muchas otras naciones del continente americano, bien sea que se trate de
naciones centroamericanas, en el continente (como Panamá o México) o en medio
del caribe (Haití, Santo Domingo, Cuba, Jamaica), naciones de Suramérica (como
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú o Brasil, por mencionar algunas) y de
Norteamérica (Estados Unidos de América).[41]
Volver sobre la historia del vallenato ha permitido, incluso
a través de medios masivos de comunicación, generar pedagogía acerca de los
aportes culturales de culturas y grupos étnicos colombianos, tradicionalmente
excluidos en el pasado. Por ejemplo, una reciente polémica acerca de los
orígenes del vallenato en medios de comunicación, evidenció cómo, los aportes
indígenas al género se han diluido y perdido más que, por ejemplo, los aportes
afro, presentes siempre, al menos, en la caja y sus ritmos. A un columnista que
se ocupa de cuestiones referentes al vallenato, entre otros asuntos, sus
lectores le plantearon hace poco una pregunta sencilla ¿con qué instrumento se
inició el vallenato, con la guitarra o con el acordeón? La respuesta que dio el
periodista cultural también fue clara y sencilla: con ninguno de los dos,
seguramente fue con pitos y gaitas el inicio del vallenato.[42] Sin embargo, con la
pérdida de la gaita y las flautas caribes del vallenato, se sostiene, se fue
perdiendo también el sonido indígena.[43]
Por ello, la recuperación de la historia del vallenato
muestra no sólo la importancia de esta creación cultural, sino también, la
riqueza cultural de las distintas fuentes que nutrieron y aportaron a la
conformación del género. Así, sonidos que parecen evolucionados y cambiantes
del vallenato en la actualidad, en realidad, se proponen recuperar sonidos y
voces que estuvieron presentes en las músicas vallenatas y que, como ocurrió
con tantas otras manifestaciones y construcciones de lo humano, han sido total
o parcialmente acalladas.[44]
5.4. No es pues una opción conservar las tradiciones
culturales, con su génesis y su memoria, a la vez que con sus nuevas
manifestaciones vivas, que hacen perdurar la tradición y la proyectan hacia el
futuro. Es un deber constitucional que recae sobre toda persona; en especial
sobre aquellas que tengan ciudadanía y de aquellas que se desempeñen como
funcionarios públicos y tengan el deber de actuar decidida y diligentemente en
tal sentido, en razón a sus competencias y funciones.
Teniendo en cuenta los parámetros constitucionales
expuestos, pasa la Sala a responder el problema jurídico previamente planteado.
6. La autorización a crear la cátedra ‘valores y
talentos vallenatos’, en el departamento del Cesar, no desconoce el
carácter multicultural y pluriétnico de la República ni los derechos
fundamentales de las comunidades afro y las comunidades indígenas, en especial
de sus niñas y sus niños, salvo por su carácter obligatorio y siempre y cuando
se respeten los derechos de etnoeducación de los grupos étnicos.
A la luz de los valores, los principios y las reglas del
orden constitucional vigente, la decisión del Congreso de la República de
autorizar al Gobierno Nacional a crear la cátedra valores y talentos
vallenatos es constitucional. Se trata de una medida que busca alcanzar un
fin establecido en la Constitución, a través de un medio que no está prohibido
en democracia. De hecho, es  prescrito por la Constitución misma al señalar que
la educación es un derecho con el cual se busca entre otras el acceso a los
bienes y valores de la cultura (art. 67 CP). Además, resulta conducente para
alcanzar ese propósito que, como se dijo, no es una opción, es una orden
constitucional. Adicionalmente, se trata de una medida que no pone en riesgo
los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y las comunidades afro
del departamento del Cesar. Por el contario, crea un espacio propicio para
resaltar las tradiciones y los valores propios, en un contexto de
etnoeducación.
6.1. La decisión legislativa de autorizar al Gobierno
Nacional a crear la cátedra ‘valores y talentos vallenatos’ busca cumplir una
obligación constitucional
6.1.1. La protección de la música vallenata, como cualquier
otra riqueza cultural de la nación, debe ser objeto de protección bajo el orden
constitucional vigente (art. 7 y 8, CP).
El Título I de la Constitución Política se ocupa de
establecer los principios fundamentales de la carta. Diez artículos estructuran
y determinan la forma como el poder debe constituirse e irrigarse a través de
una sociedad libre, abierta, multicultural, pluriétnica y democrática. Dos de
esos diez artículos se ocupan de plantear parámetros relevantes para el
análisis del presente caso. El primero de ellos es el artículo 7°, según el
cual, ‘el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la
Nación colombiana’. A continuación, con el mismo carácter general e
imperativo, la Constitución establece en el artículo 8° que ‘es obligación
del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación’. En virtud de estas dos disposiciones es claro que es deber del
Estado proteger, entre otras muchas manifestaciones culturales y artísticas, la
música vallenata. No basta con que el Estado y las personas ‘reconozcan’ la
existencia y presencia de la cultura vallenata; la Constitución establece
también que su deber es ‘protegerla’.
Como se dijo, se trata de una producción cultural
colombiana, que lleva inmersa dentro de sí y de su historia, buena parte de la
historia de la nación. No sólo porque sus líricas son cantos y relatos que
cuentas las historias de la región, entre muchos otros de los temas que trata,
sino porque sus ritmos, sus melodías y sus armonías hablan también de esa
historia mestiza, multicultural y pluriétnica de la nación. El vallenato, como
la salsa caleña, las chirimías, el joropo, los nuevos sonidos urbanos del
pacífico o las nuevas fusiones con músicas andinas,[45] son tan sólo algunas de
las riquezas musicales y culturales que la Asamblea Nacional Constituyente de
1991 resolvió proteger decididamente. Hacerlo, insiste la Sala, es uno de los
principios fundamentales del estado social y democrático de derecho que es
Colombia, en su condición pluriétnica y multicultural. Preservar, promover y
fomentar la cultura vallenata, en especial en lo que a su música se refiere, es
un fin imperioso del Estado, no sólo una finalidad que puede o no, a
discreción, buscar el Estado.
La medida del Congreso de la República tiene, no obstante,
una segunda finalidad, de carácter accesorio a la primera. Esta consiste en
honrar la memoria de la ex Ministra de Estado, Consuelo Araujonoguera. El
Congreso consagró dos motivos fundamentales para decretar una ley que honre su
memoria, a saber, los aportes que realizó a la cultura, en especial a la
cultura vallenata, y los trágicos sucesos que dieron lugar a su muerte. En tal
medida, ni por buscar proteger, mantener y difundir la cultura vallenata, ni
por querer mantener la memoria de La Cacica, como siempre se le conoció
en el mundo vallenato, la norma legal acusada es contraria a la Constitución. O
bien se trata de la protección de valores culturales nacionales, lo cual no es
contrario a la Constitución, sino exigido por ella, o bien se trata de una
decisión del Congreso de la República para rendir homenaje a una persona.
6.2. Promover por Ley de la República que la educación
formal de las niñas y de los niños incluya las riquezas culturales de la Nación
no está prohibido por la Constitución
El medio elegido por el Congreso de la República para
promover la música vallenata es autorizar al Gobierno Nacional la creación de
una cátedra titulada valores y talentos vallenatos, Consuelo Araujonoguera,
en el contexto de la declaración del Festival de la Leyenda Vallenata como un
patrimonio cultural de la Nación y de la decisión de honrar la memoria de la
ilustre colombiana.
6.2.1. La cátedra que el Congreso le autorizó crear al
Gobierno Nacional, como se dijo, no tiene mayores precisiones o definiciones en
cuanto a cuál es el contenido. Tampoco en cuanto a las metodologías o
condiciones formales en que la misma ha de ser impartida. Vistas así las cosas,
el mandato legal, en términos básicos, lo que está indicando es que el
Ministerio podrá implementar un contexto pedagógico formal para promover el
estudio, conocimiento y desarrollo de la música vallenata, como una riqueza
cultural de la Nación.
6.2.2. Las restricciones que se impuso al Gobierno Nacional
para la creación de la Cátedra en mención, son las siguientes: que sea
obligatoria en los establecimientos educativos del Cesar (públicos y privados)
para los estudiantes de primaria. De acuerdo con los demandantes, esta
condición conllevaría un atropello con las comunidades indígenas y las
comunidades afro que hay en el Departamento del Cesar, pues a diferencia de las
demás personas del país y de las demás comunidades étnicas, estarían obligados
a tener que educarse en cultura vallenata que no les es propia, a sus niñas y
sus niños.
6.2.3. Según la Constitución Política, el desarrollo y
ejercicio del derecho a la educación dependerá de las decisiones que se adopten
en democracia, en el Congreso de la República. Incluso, cuando se trate de la
participación de los particulares, la Constitución indica que ‘podrán fundar
establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su
creación y gestión’ (art. 67, CP). Su finalidad, ha de ser la de ‘dar
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y
valores de la cultura’. No obstante, las decisiones que adopte el Congreso
de la República en materia de educación, deben respetar ciertos límites y
parámetros constitucionales.
Una de las restricciones a la configuración democrática de
la educación mediante leyes, es el mandato constitucional, referido
previamente, según el cual, ‘los integrantes de los grupos étnicos tendrán
derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural’
(art. 68, CP). Por tanto, independientemente de cuáles sean las normas
generales en materia de educación para toda la población, los grupos étnicos
tienen el derecho constitucional a que la educación que les sea impartida a
ellos respete y, además, desarrolle, su identidad. En otras
palabras, ninguna ley, decreto, resolución u otro tipo de regulación en materia
de educación, puede ser aplicada o implementada a una comunidad étnica si
irrespeta o si no desarrolla su identidad.  Este derecho constitucional se ha
nutrido y desarrollado legalmente, estableciendo los principios que han de
regir la etnoeducación, entre los cuales se encuentra los ya antes mencionados:
interculturalidad, participación comunitaria, flexibilidad, progresividad, y
autonomía.
6.2.4. En síntesis, autorizar al Gobierno Nacional la
creación de un medio pedagógico formal, denominado cátedra de Valores y
talentos vallenatos, Consuelo Araujonoguera, en el Departamento del Cesar para
los estudiantes de los años de básica primaria, no está prohibido por la
Constitución. Adicionalmente, este medio de ninguna manera conlleva una
prohibición al mandato de respetar la etnoeducación, puesto que la cátedra debe
ser impartida considerando los derechos de los grupos étnicos y las reglas
constitucionales y legales de etnoeducación. La Cátedra de valores y talentos
vallenatos, Consuelo Araujonoguera deberá en todo caso, ajustarse y adaptarse a
las necesidades de la propia comunidad, donde se imparta.
6.3. La educación en
las manifestaciones culturales, en especial a las niñas y a los niños, es un
medio para preservar las riquezas artísticas de la nación
Bajo el orden constitucional vigente, como se dijo, el
derecho a la educación tiene entre otras funciones, el garantizar el acceso de
todas las personas a los ‘bienes y los valores de la cultura’. En tal
medida, no sólo es el legislador quién ha considerado que la educación es un
vehículo para transmitir y preservar las riquezas culturales. Es la propia
Constitución la que reconoce que la educación es el camino para alcanzar tal
propósito. En tal sentido, la idoneidad del medio elegido por el legislador
para preservar, a través de la educación de las niñas y de los niños, la música
vallenata estaba ya prevista y anticipada por el Constituyente.
Es importante precisar que en el presente caso la Sala tan
sólo analiza la constitucionalidad de la norma acusada, esto es, la decisión de
autorizar al Gobierno Nacional la creación de un espacio pedagógico formal, con
la denominación señalada, para la promoción de la música vallenata, en función
del cargo analizado. No está analizando, por ejemplo, la constitucionalidad de
los actos que a nivel nacional, territorial o institucional, puedan llevar a
cabo diversas autoridades. La revisión de constitucionalidad de la norma
acusada, por tanto, no conlleva una revisión de constitucionalidad de los demás
actos que se puedan desarrollar con fundamento en dicha disposición legal.
Como la jurisprudencia lo ha indicado en el pasado, la única
forma de establecer violaciones directas de ciertos derechos a estudiantes
concretos, con ocasión del desarrollo de un determinado programa académico, es
valorando las condiciones específicas del caso. La jurisprudencia
constitucional no se puede referir, en abstracto, a las clases de que
intervienen con las creencias profundas de una persona, por ejemplo. Para
establecer si una clase de desconoce o no los derechos de una persona, se
requiere que el juez de tutela advierta cuál es el caso concreto que se
analiza. El programa específico de la clase y su metodología, serán asuntos
definitivos para determinar eventuales violaciones de derechos fundamentales.
En tal sentido, se han considerado contrarias a la Constitución Política,
clases universitarias cuya metodología obligue a la persona a tener que revelar
sus creencias.[46]
6.4. En resumen, el legislador resolvió emplear un medio que
el propio Constituyente considera idóneo para alcanzar unos de los fines
esenciales del Estado, a saber: proteger riquezas culturales de la nación, como
lo es el vallenato. Ahora bien, la cuestión que debe la Sala pasar a analizar
es la relativa a si el espacio pedagógico que se pretende promover es de
obligatorio cumplimiento, y por lo tanto, a la luz del cargo planteado,
vulneraría en tales condiciones los derechos de las comunidades étnicas.
6.5. Los derechos de las comunidades étnicas están en
situación de riesgo o de amenaza, por el carácter obligatorio de la cátedra
La Ley 739 de 2002 pretende fomentar la cultura vallenata,
en especial su música en el departamento del Cesar. Aunque este propósito es
válido constitucionalmente, y el camino elegido para alcanzarlo (la educación)
en principio es adecuado, el hecho de que el texto de la ley consagre la
cátedra como ‘de obligatorio cumplimiento’ sí implica un mandato imperativo,
que puede conllevar la imposición de una visión cultural y la vulneración del
derecho fundamental a la etnoeducación de las niñas y los niños.
El propósito central de la ley, como se indicó, es el
reconocimiento de la cultura vallenata como patrimonio cultural de la nación.
Reconocer que se trata de una producción cultural colombiana que, al igual que
la cumbia, se ha extendido a lo largo y ancho de la región caribe, luego del
país, y ahora del continente y otras partes del mundo. Normas como la presente
buscan por tanto, dar al vallenato un lugar destacado en la cultura nacional.
Evitar que su historia, su legado y sus leyendas se pierdan en el olvido en que
aún reposan infinidad de saberes y manifestaciones culturales del pasado. De
hecho, como se mostró, la historia del vallenato esconde dentro de sí aportes
que se remontan incluso hasta el mundo árabe, subsahariano y español de la baja
edad media, pero a la vez tan recientes como la música europea, mexicana y
cubana del siglo XIX. El vallenato, como muchas manifestaciones culturales
colombianas, es producto de las distintas interacciones culturales y étnicas
que ocurrieron antes de la llegada de Colón a esas tierras, y se han continuado
sucediendo con el pasar de los siglos.
Para la Sala existen cuatro razones principales por las
cuales la norma acusada no implica una afectación de los derechos de las
comunidades indígenas y las comunidades afro del departamento del Cesar, salvo
por lo que respecta a su carácter ‘de obligatorio cumplimiento’, en
tanto implicaría una imposición cultural.
6.5.1. En primer lugar, como se indicó, la norma analizada
se ocupa de la educación de la población en general, dentro de un departamento.
En tal medida, no se trata de una de aquellas normas en materia de educación
que puede tener un impacto directo sobre las comunidades indígenas y afro del
departamento, en virtud de sus derechos constitucionales a la etnoeducación. No
se les podrá someter a procesos educativos con contenidos o metodologías de
educación que no respeten o no desarrollen su identidad (art. 68, CP).
Si bien se puede sostener que una persona celosa por el
respeto de los derechos fundamentales pueda hacer una interpretación de la
norma legal acusada acorde a la Constitución, de tal suerte que se aplicara sin
poner en riesgo los derechos de las niñas y los niños de las comunidades
indígenas y afro del departamento del Cesar, el carácter imperativo empleado
por el Congreso de la República al en el texto del literal acusado, al señalar
que la cátedra es ‘de carácter obligatorio’ genera el inevitable riesgo
de que las niñas y los niños pertenecientes a estos grupos étnicos puedan ser
sometidos a una cátedra de talentos y valores vallenatos que no se
ajuste a sus especificidades culturales, con contenido y metodologías que
desconozcan el derecho a que se respete y desarrolle su identidad. Se trata de
un mandato de carácter impositivo; establecido expresamente, no tácitamente;
que se refiere a una materia concreta y específica en una disposición legal,
expedida con posterioridad a las leyes generales en materia de etnoeducación.
En tales condiciones, la posibilidad de que se siga la letra de la ley acusada
y la aplique afectando los derechos fundamentales de las comunidades y grupos
étnicos del departamento del Cesar, sin hacer una interpretación de la norma
acusada a la luz de la Constitución Política, es alta sin duda.
El riesgo de que la norma acusada sea interpretada e
implementada de forma tal que la cátedra, por su ‘carácter obligatorio’,
conlleve una imposición cultural a las comunidades y grupos étnicos del Cesar,
es inaceptable bajo el orden constitucional vigente. Primero, por tratarse del
derecho de niñas y niños, sujetos de especial protección constitucional.
Segundo, por pertenecer a grupos étnicos que, dentro de un estado pluriétnico y
multicultural, implica que sus derechos han de ser protegidos de forma más
decidida por la justicia constitucional.
6.5.2. En segundo lugar, es preciso resaltar que el recuento
histórico que de la cultura vallenata se haga en la cátedra respectiva, como
los propios demandantes lo sostienen, supone rescatar los aportes indígenas y
los aportes afro que han nutrido una y otra vez el género. Es decir, la
protección de la cultura vallenata, inevitablemente conlleva, a su vez, la
protección de las culturas indígenas y afrocolombianas de la región que
nutrieron esta música como tantas otras. Permitir a los menores indígenas y
afro del Cesar reconocer la música vallenata como una más de las tantas
creaciones que al lado de las demás culturas de la nación sus ancestros
realizaron, en manera alguna puede ser considerado un problema constitucional.
Por el contrario, es deber del Estado dar a conocer todas esas historias y esas
tradiciones a las niñas y los niños, desde pequeños, para que las riquezas
culturales de Colombia sigan viviendo en sus espíritus y se sigan recreando.
No obstante, la Sala Plena considera que la cátedra en
cuestión sólo logrará el efecto benéfico antes mencionado si quienes la diseñen
e implementen en comunidades indígenas y afro tienen el debido respeto por los
derechos a la etnoeducación de los cuales son titulares. En especial, al hecho
de que la educación debe ser flexible e intercultural. La cátedra vallenata, si
no es diseñada en su contenido y su metodología respetando y desarrollando la
identidad de los grupos étnicos, desconocerá las reglas y parámetros
constitucionales. En tal medida, es imperioso entender que tal cátedra, puede
ser implementada por el Gobierno Nacional, siempre y cuando ello no implique
una obligación a los establecimientos educativos de las comunidades indígenas y
afro. Tal como lo alegan los demandantes, constituiría una imposición cultural
que desconoce los derechos constitucionales de los grupos étnicos.
Por supuesto, la decisión de una comunidad indígena o afro,
concreta y específica, puede llegar, incluso, a considerar que lo mejor para el
respeto y el desarrollo de su identidad, como grupo étnico, es no impartir
dicha cátedra. Tal decisión se ve obviamente obstaculizada por el carácter
obligatorio que le imprime el texto de la disposición acusada.
6.5.3. En tercer lugar, la Sala considera que el derecho a
la educación de las niñas y de los niños de los grupos étnicos de la nación, al
igual que el de los demás niños y niñas de la nación, supone el derecho a
acceder a los bienes y valores de la cultura. Si bien las autoridades
comunitarias pueden intervenir en la educación e impedir que los valores
tradicionales sean suprimidos y remplazados por otros foráneos, porque podrían
poner en riesgo la supervivencia de la propia comunidad, no pueden llegar a un
grado de aislamiento que impida el actuar de sus niñas y sus niños con el resto
de las personas de la nación. No podría una comunidad, por ejemplo, impedir que
a sus niñas y a sus niños se les enseñe español. Tienen derecho a una educación
bilingüe (art. 19, CP), pero no pueden negar a los menores la posibilidad de
aprender a hablar, leer y escribir en español. De forma similar, la Sala no
considera que el aprendizaje y formación en música, incluso de sonidos
extranjeros y provenientes de lejanas culturas, sean un problema constitucional
o afecten la educación de las niñas y los niños de los grupos étnicos. El
derecho de una niña o un niño indígena a que la educación que reciba sea
pensada en su contexto, su condición y las especificidades de su vida, no puede
implicar la prohibición de acceder a ciertos bienes culturales a través de la
educación como lo pueden ser otras músicas de la nación. Ello sólo podría
ocurrir si se demuestra que la promoción de la música vallenata en una
determinada cultura tiene, en efecto, el nefasto impacto que reclaman los
accionantes de manera genérica para todas las comunidades.
Como se dijo, los principios de participación, de
interculturalidad, flexibilidad, progresividad y autonomía, participación
comunitaria, son axiales para poder entender el alcance de los derechos de
etnoeducación. Si se imparte la cátedra vallenata a un grupo étnico, es porque
luego de participar, autónomamente se decidió que ello fuera así. Debe
adoptarse una perspectiva intercultural, en virtud de la cual antes que
resaltar la cultura vallenata de manera aislada, debe permitirse un diálogo
entre la cultura del grupo étnico y la cultura vallenata. Para lograr tales
propósitos, la cátedra vallenata debe, por supuesto, flexibilizarse en sus
contenidos y metodologías; debe ser posible adecuar las materias que sean
tratadas en el espacio pedagógico en que se constituya la cátedra, así como las
metodologías y estrategias de enseñanza. En cualquier caso, no se puede
descartar la posibilidad de que la cátedra misma no sea adoptada o implementada
en el contexto de una comunidad concreta y específica.
6.5.4. Finalmente, en cuarto lugar, la Sala advierte que una
cátedra no determina el contenido de toda la educación que reciben los
estudiantes. Una valoración adecuada del impacto que una cátedra específica
puede tener en un conjunto de estudiantes requiere considerar, además de los
contenidos concretos de cada clase y de su metodología, el resto del pensum. Si
un grupo de alumnos sólo tiene una clase de música en su vida y esta es de
música vallenata, el reclamo sin duda sería distinto. Pero si se trata de un escenario
pedagógico formal entre muchos otros dedicados a diversos géneros musicales y
manifestaciones culturales, el reclamo de los demandantes pierde fuerza. En
otras palabras, el impacto real de la cátedra vallenata acusada supone
considerar adecuadamente la totalidad del programa académico en que dicho
espacio pedagógico se desarrollaría.
En tal sentido, cabe resaltar que el Congreso de la
República, mediante el artículo 39 de la Ley 70 de 1993 estableció que el Estado
tiene el deber de velar “para que en el sistema nacional educativo se
conozca y se difunda el conocimiento de las prácticas culturales propias de las
comunidades negras y sus aportes a la historia y a la cultura colombiana, a fin
de que ofrezcan una información equitativa y formativa de las sociedades y
culturas de estas comunidades.” Concretamente, en su segundo inciso, la
norma establece que en “las áreas de sociales de los diferentes niveles
educativos se incluirá la cátedra de estudios afrocolombianos conforme con los
currículos correspondientes.” En desarrollo de esta decisión legal, el
Gobierno profirió el Decreto 1122 de 1998, mediante el cual expidió normas para
el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en todos los
establecimientos de educación formal del país y se dictaron otras
disposiciones.[47]
La existencia del artículo 39 de Ley 70 de 1993 tiene dos
consecuencias en el presente caso. Por una parte, demuestra que la cátedra
vallenata no hace parte de un sistema de educación parcializado y excluyente,
que deje por fuera culturas o etnias de la nación. Concretamente, las
comunidades afro, no sólo del departamento del Cesar sino de toda la nación,
cuentan con el beneficio de la cátedra de estudios afrocolombianos, la cual
debe ser impartida en “todos los establecimientos estatales y privados de educación
formal que ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media” (art. 1,
Decreto 1122 de 1998). Por otra, muestra que la cátedra vallenata lejos de ser
un escenario que viole los derechos de las comunidades afro y las comunidades
indígenas, se convierten en escenarios para recuperar su historia.
Literalmente, son espacios para que en el sistema educativo se conozca y se
difunda el conocimiento de las prácticas culturales propias de las comunidades
negras e indígenas y sus aportes a la historia y a la cultura colombiana,
ofreciendo así una información equitativa y formativa de las sociedades y
culturas de estas comunidades.
6.5.5. El literal (d) del artículo 3° de la Ley 739 de 2002
refleja quizá el verdadero espíritu del legislador, al autorizar al Gobierno
Nacional, por medio del Ministerio de la Cultura, a otorgar ‘una beca de
estudios, que llevará el nombre de Consuelo Araujonoguera, al ciudadano o
ciudadana colombiano que presente el mejor trabajo de investigación acerca del
folclor nacional. Dicho Ministerio reglamentará las condiciones, requisitos y
bases del concurso.’ En este caso se trata de una promoción del folclor en
general, no solamente del folclor caribe, o del folclor vallenato en
particular.[48]
Por todas las consideraciones y las razones anteriores, la
Sala Plena de la Corte Constitucional considera que la norma acusada dentro del
presente proceso no es contraria al orden constitucional vigente, salvo por su
carácter obligatorio, que conlleva que la misma se constituya en una imposición
cultural.
En tanto la Sala decide que el carácter que se le da de
obligatorio cumplimiento a la cátedra vallenata es inconstitucional por
contrariar los derechos a la etnoeducación de los grupos étnicos, se advierte
que no entra a analizar otras cuestiones que no fueron planteadas por los
demandantes pero que podían suscitar alguna controversia, como el hecho de que
la cátedra vallenata fuera obligatoria incluso en establecimientos privados. Al
perder el carácter obligatorio, esta y otras cuestiones, no requieren análisis
constitucional adicional.
6.6. Medidas a tomar
6.6.1. Para hacer efectiva la decisión de protección de los
derechos de etnoeducación de los niños y las niñas de las comunidades indígenas
y afro, invocados por los demandantes en el proceso de la referencia, la Sala
Plena de la Corte Constitucional tomará dos medidas. La primera es declarar
inexequibles las expresiones ‘de obligatorio cumplimiento’ contenidas en
el literal (c) del artículo 3° de la Ley 739 de 2002, mediante la cual
se instituyó la cátedra de talentos y valores vallenatos. El resto del literal,
se declarara exequible por las razones anotadas. La segunda es indicar que en
cualquier caso, se debe entender que la cátedra en cuestión (i) es optativa y
(ii) no excluye la promoción de otras expresiones culturales.
6.6.2. Ahora bien, teniendo en cuenta que los derechos de
las familias pueden estar involucrados de manera específica, al comprometer la
facultad de los padres para establecer el tipo de educación que han de recibir
sus hijos, la Sala considera pertinente tomar una medida al respecto. En
efecto, el carácter de obligatoriedad no sólo pone el riesgo los derechos de
las comunidades y grupos étnicos, sino también de aquellas otras personas que,
por pertenecer a una minoría no étnica sino religiosa, por ejemplo, puedan ver
afectadas sus libertades constitucionales para definir la educación que han de
recibir sus hijos.[49]
En tal medida, la indicación de que la cátedra no tiene que ser de obligatorio
cumplimiento es útil para la protección de tales derechos, pero requiere
además, a juicio de la Sala, la advertencia de que el carácter de optativa que
tendría la cátedra vallenata no sólo es respecto de los establecimientos de
educación, sino también con relación a los padres de familia.
7. Comentario final: la justicia constitucional es
respetuosa de la vida de las culturas de Colombia, en especial de las culturas
de las personas jóvenes
7.1. La Sala Plena de la Corte Constitucional reconoce el
valor que tiene la educación en la formación cultural de toda persona, así como
en la promoción de nuevos talentos y creadores culturales. En tal medida, se ha
reconocido en esta sentencia la razonabilidad constitucional de una medida
legislativa mediante la cual el Congreso de la República busca promover la
defensa de manifestaciones y representaciones culturales del país que son
reconocidas como patrimonio cultural de la Nación. Sin embargo, algunos
comentarios de los accionantes ameritan una aclaración, a la luz del orden
constitucional vigente.
7.2. Según los accionantes, uno de los riesgos de la cátedra
vallenata, es que se estaría promoviendo la imposición de una determinada
cultura que los jóvenes en la actualidad han venido haciendo suya.
7.3. En un estado social y democrático de derecho,
multicultural y pluriétnico, la justicia constitucional es respetuosa del
desarrollo y evolución de la vida de las culturas. A la justicia le compete
asegurar que las diferentes músicas, letras y colores que expresan los
sentimientos a lo largo y ancho de la nación, se creen, mezclen y recreen en
libertad. No les corresponde a los jueces constitucionales establecer el rumbo
de la cultura, la preferencia o prevalencia de algunas de sus formas sobre
otras. Si bien los particulares y las personas en general pueden manifestar sus
opiniones y juicios de valor acerca de las manifestaciones y expresiones
culturales, no es tal la función o la facultad de un funcionario judicial. A
este le corresponde garantizar la libertad de creación de las personas que
decidan realizar tales actos y productos culturales y la de aquellas que desean
comentarlas y valorarlas, sea cual sea su opinión.
Ahora bien, en tal sentido, merecen especial protección
frente a la posible marginación o exclusión, las manifestaciones culturales
novedosas que realizan las personas jóvenes en Colombia. Las innovaciones y
creaciones de los nuevos talentos que desean expresarse por rumbos
desconocidos, como lo puede ser un nuevo ritmo, o por rumbos ya conocidos pero
expresados de otra manera o con otras técnicas. Tales son los casos, por
ejemplo, de la cumbia electrónica que hoy en día se hace en Soledad, Atlántico
y otras regiones del caribe o del hip-hop que se está haciendo en el
Chocó y en muchas otras regiones, como el Valle del Cauca.
La justicia constitucional debe celebrar y proteger todas
las manifestaciones culturales, sin importar cuál sea su tipo o condición. Se
deben proteger manifestaciones culturales que se pierden en la historia y la
memoria, aquellas que se han consolidado recientemente y constituyen un gran
orgullo nacional, tanto como aquellas que hasta ahora se constituyen y
cristalizan, porque son las creaciones de espíritus jóvenes, cuyas emociones, hasta
ahora encuentran las formas para expresarse y manifestarse.
Una de las razones por las cuales las personas deben poder
tener acceso a diferentes formas y visiones culturales, es porque ello les dará
más herramientas creativas para expresarse, a la vez que les da mayor bienestar
y placer estético y espiritual. La música no sólo mantiene historias y
tradiciones, permite forjar mejores personas. Las expresiones culturales no
sólo reviven el pasado, enriquecen el presente.
8. Conclusión
En conclusión, el Congreso de la República no viola los
derechos fundamentales de la comunidades indígenas y de las comunidades afro
del departamento del Cesar, en especial de sus niñas y niños, al autorizar al
Gobierno Nacional a crear un espacio pedagógico para la promoción de una
expresión cultural regional y nacional [‘Cátedra valores y talentos
vallenatos, Consuelo Araujonoguera’], siempre y cuando no sea obligatoria y
respete los derechos de etnoeducación de los grupos étnicos. Se debe garantizar
que la implementación de tal cátedra, respete y desarrolle su identidad como
grupo étnico.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y
por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar INEXEQUIBLE la expresión ‘de obligatorio
cumplimiento’ contenida en el literal c) del artículo tercero de la Ley 739
de 2002, y EXEQUIBLE el resto del literal, en el entendido que la
cátedra ‘valores y talentos vallenatos, Consuelo Araujonoguera’ es
optativa para los establecimientos educativos y padres de familia y sin
perjuicio de la promoción de otras expresiones culturales.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y
archívese el expediente.
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Presidente
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente
con excusa
ALEXEI JULIO ESTRADA
Magistrado (E)
Con aclaración de
voto
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO
DEL MAGISTRADO
ALEXEI JULIO
ESTRADA
A LA SENTENCIA C-054/13
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACION EL FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA-Estimula una
manifestación de las muchas que hacen parte del patrimonio cultural colombiano
(Aclaración de voto)/NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION EL
FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA-Establece un trato diferenciado y no
configura una discriminación (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente D-9210
Demanda de inconstitucionalidad
contra el literal C del artículo 3 de la Ley 739 de 2002. “Por medio de la
cual se declara patrimonio Cultural de la nación el Festival de la Leyenda
Vallenata, se rinde homenaje a su fundadora y se autorizan apropiaciones
presupuestales”
Demandantes:
Diógenes Armando Pino Sanjur,
Eguis Palma Esquivel y Edelmira Martínez Lozano.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
En la parte resolutiva de esta providencia la Sala Plena
declaró inexequible la expresión ‘de obligatorio cumplimiento’ contenida
en el literal c) del artículo 3 de la Ley 739 de 2002 y exequible el resto del
literal en el entendido que la cátedra ‘valores y talentos vallenatos,
Consuelo Araujonoguera’ es optativa para los establecimientos educativos y
padres de familia y sin perjuicio de la promoción de otras expresiones
culturales.
Si bien comparto la decisión adoptada, consideró necesario
aclarar mi voto en el sentido que no considero contrario al ordenamiento
constitucional colombiano que una ley estimule una específica manifestación de
las muchas que hacen parte del patrimonio cultural colombiano. En efecto,
considero que en estos casos la ley establece simplemente un trato especial
diferenciado y no configura una descripción, pues precisamente compete al
legislador exaltar las diversas manifestaciones culturales sin que pueda
entenderse que el reconocimiento de una en particular implique la
discriminación de otras formas y expresiones culturales.
Fecha ut supra,
ALEXEI JULIO
ESTRADA
Magistrado
[1]
Publicada en el Diario Oficial No. 44.786 de 10 de mayo de 2002.
[2]
Guillermo Carbó Ronderos y Diógenes Armando Pino Ávila.
[3]
Dice en su intervención: “Estamos frente al menoscabo de los derechos
fundamentales, dado que al enseñarles a los niños una cátedra que no es propia
de su región o de su etnia cultural, se les estaría desconociendo y haciendo
perder la cultura y tradiciones de su lugar de nacimiento, vulnerando así, el
derecho a la igualdad y por ende su derecho al libre desarrollo de la
personalidad.”
[4]
Dijo al respecto el interviniente: “Los infantes están  en un proceso de
formación, donde lo que les es enseñado, es lo que muy hábilmente aprenden.
Esta norma estaría de una manera moldeando su educación hacia el cumplimiento
de esta ley que desarrolla un homenaje a un personaje precursor de la música
vallenata y restringiría de manera evidente, el desarrollo de opinar libremente
y de desarrollarse en los parámetros establecidos por el artículo 16 de la Constitución Política […].”
[5]
La intervención hace referencia a cargos no contemplados en la acción de
inconstitucionalidad: “[…] al imponer esta cátedra en el Departamento del
Cesar, hay un trato discriminatorio hacia los demás estudiantes de los
diferentes Departamentos del Cesar, y ellos no tendrían la oportunidad de dar a
conocer sus raíces ancestrales, por la imposición obligatoria de la cátedra
valores y talentos vallenatos, causando un perjuicio al estudiante.”
[6]
Dice al respecto la intervención: “El hecho de que se cree la cátedra Valores y
Talentos Vallenatos, ‘Consuelo Araujonoguera’, de obligatorio cumplimiento en
los colegios públicos y privados del departamento del Cesar, a nivel de la Educación Básica Primaria; en ningún momento genera una desprotección, no preservación (sic)
de la cultura vernácula de los asentamientos indígenas y afrodescendientes que
se encuentran a lo largo y ancho del Departamento del Cesar como plantean los
actores de la demanda, al contrario genera un gran desarrollo cultural a lo
largo del Departamento del Cesar, generando más conocimiento, y mecanismo para
un buen futuro, tanto del individuo que recibe este conocimiento como a la
comunidad en general, siendo ellos gestores de la cultura vallenata que se les
impone desde sus aulas de clase y así proyectarles un buen futuro y
desenvolvimiento en esta aérea como lo puede aportar cualquier otra materia
académica que se suele ver durante la educación básica primaria, con la plena
seguridad que siendo una cátedra obligatoria, en ningún momento será un
obstáculo para que los grupos étnicos que menciona el  actor se sigan
desarrollando en sus raíces natales a se etnia, por el contrario es un aporte
más al conocimiento de los estudiantes.”
[7]
Dice al respecto la intervención: “Por tanto, el hecho de dar cátedra de
valores y talentos vallenatos no implica que se esté vulnerando el derecho a
tener una cultura, a preservarla y difundirla como lo manifiestan es su escrito
los demandantes ya que lo que se está generando es la difusión y preservación
de la cultura que se puede expandir más allá y así ayudar a conocer una de las
culturas que se ven en la región.”
[8]
Para los intervinientes: “[…] de alguna forma el legislador considera que por
medio de esta cátedra los niños y niñas del Cesar mantendrán incólume su
cultura, sus raíces vallenatas y en sí, para la contribución de más adepto a
este género musical que de alguna forma no sólo representa una zona de nuestro
país sino todo el territorio nacional. […].”
[9]
Dice la intervención: “No tiene fundamento alguno el pretender que por aplicar
medidas y proyectos de aplicación cultural independientemente de la cultura que
sea, se desconozca que en el departamento del Cesar existan varias
manifestaciones culturales y mucho menos que se desconozcan las variedades
étnicas, religiosas, y las costumbres y tradiciones de la población como así lo
argumentan los demandantes. Se debe invocar el llamado a la promoción y
participación de las culturas que enmarcan nuestras costumbres tradicionales
sin eliminar o ignorar de una u otra manera los demás aspectos que hacen parte
de culturas también fundamentales y necesarias en nuestro país.”
[10]
Dice al respecto: “Los diversos reproches anotados por los actores resultan
ambiguos y no siguen una mínima coherencia que permita comprender el contenido
de la acción pública, ni las justificaciones en que se apoya. La demanda se
limita a hacer referencias globales, vagas e indeterminadas que no plantean una
verdadera oposición entre la norma impugnada y el ordenamiento constitucional.”
[11]
Dicen al respecto: “Al sentir de los presentes intervinientes, los demandantes
desconocen y confunden el sentido de la norma demandada, puesto que esta no
busca desconocer la cultura y tradiciones de la diversidad de grupos raciales
que componen el Departamento del Cesar. Por el contrario la norma acusada busca
mantener una tradición cultural propia del Cesar y preservarla como patrimonio
nacional”.
[12]
El Festival de la Leyenda Vallenata fue creado en 1968 por Consuelo
Araujonoguera, Alfonso López Michelsen y Rafael Escalona.
[13]
La doctora Consuelo Araujo Noguera fue asesinada en
septiembre de 2001, luego de ser secuestrada por el grupo guerrillero FARC.
[14]
Gaceta del Congreso N° 506 de 2001. El Proyecto de ley 05 de 2001, Senado, como
fue radicado, fue presentado por el Senador Antonio Guerra de la Espriella.
[15]
Comunidades afrodescendientes, comunidades afrocolombianas, comunidades negras;
todas las formas de auto denominación o identificación son aceptables y
respetables desde una perspectiva constitucional.
[16]
Al inicio del régimen constitucional de 1886, se expidieron normas que daban un
tratamiento excepcional a los pueblos indígenas, las cuales fueron importantes
para permitirles sobrevivir como culturas y comunidades diferenciadas de la
cultura dominante. Ver por ejemplo la Ley 89 de 1890, la cual fue objeto de
análisis por parte de la Corte Constitucional en el contexto de la sentencia C-139 de 1996 (MP Carlos Gaviria Díaz).
[17]
Manuel Quintín Lame (1880 – 1967), líder indígena acusado por las autoridades
nacionales de fundar una República indígena independiente en 1914.
[18]
A la división de diseño y Programación Curricular de Educación Formal se le
daba, entre otras, la función de “Diseñar, programar y evaluar el currículo
para la educación de las comunidades indígenas, con la participación directa de
los miembros de dichos comunidades.” (art. 33, Decreto 088 de 1976).
[19]
Ley 115 de 1994, artículo 5°.- Fines de la educación. De
conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:  1. El
pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen
los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social,
afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.  ||  2. La formación en el
respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios
democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así
como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  ||  3. La formación
para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en
la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  ||  4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.  ||  5. La
adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos,
mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo
del saber.  ||  6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y
de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad
nacional y de su identidad.  ||  7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la
técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación
y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones.  ||
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con
latinoamérica y el Caribe.  ||  9. El desarrollo de la capacidad crítica,
reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico
nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de
la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de
solución a los problemas y al progreso social y económico del país.  ||  10. La
adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento
del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos
naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del
riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.  ||  11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos
y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del
desarrollo individual y social.  ||  12. La formación para la promoción y
preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas
socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la
utilización adecuada del tiempo libre, y  ||  13. La promoción en la persona y
en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología
que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando
ingresar al sector productivo.
[20]
Creole english.
[21]
Ese era un ejemplo clásico; antes de las políticas de etnoeducación era usual
ver a un maestro de clase de cívica, enseñando a unos niños en la mitad de la
selva, en una comunidad indígena, qué es un semáforo y cómo debía ser
utilizado. En tales situaciones, los precarios materiales auxiliares
audiovisuales generaban retos complejos al docente, pues los menores no tenían
ningún acceso a un semáforo.
[22]
Corte Constitucional, sentencia T-1085 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett);
la Sala consideró entre otras cosas, lo siguiente: “La
existencia de estas actuaciones, independientemente de su contenido, de su
adecuación con la legalidad o de la relación que exista entre las mismas y los
intereses del Gobernador del Cabildo Totarco Tamarindo, permiten a la Corte establecer que el Cabildo estuvo enterado del procedimiento administrativo y que
intervino en él, como representante de los intereses de la comunidad indígena.
Otra cosa es que la respuesta otorgada por la Secretaría a los requerimientos del Cabildo no fuese satisfactoria a sus particulares
propósitos, que se haya presentado una desavenencia respecto de la
interpretación de las normas que regulan el trámite administrativo para el
nombramiento de docentes en las comunidades indígenas o incluso que,
eventualmente, la administración no haya sometido su conducta a las normas que
regulan dicha actividad o haya extralimitado su función, situaciones que de
presentarse darían lugar a que se iniciaran las acciones contencioso
administrativas pertinentes.  ||  De otro lado, en el expediente no consta que
se haya nombrado docente alguno en los establecimientos educativos del
resguardo indígena ubicado en el municipio de Coyaima. Sin embargo, ello no
obsta para que la Corte afirme que de haberse proferido algún acto
administrativo en este sentido (nombramiento de los docentes), esté a salvo, en
todo caso, la posibilidad de interponer en su contra, las respectivas acciones
contenciosas, como serían, por ejemplo, las de nulidad, y nulidad y
restablecimiento del derecho. Estas actuaciones tendrían lugar si el Gobernador
del Cabildo Totarco Tamarindo o cualquiera persona de la comunidad considera
que la actuación administrativa de la Secretaría de Educación desconoce, no sólo los derechos fundamentales de la comunidad al debido proceso, consulta
previa, igualdad y autodeterminación, sino también aquellos derechos reconocidos
en la ley a favor de las comunidades indígenas en materia de etnoeducación y de
autogestión administrativa.”
[23]
Al respecto ver la sentencia T-784 de 2006 (MP Jaime Araujo Rentería).
[24]
Similar posición fue sostenida por la Corte en la sentencia T-880 de 2006.
[25]
Sentencia C-030 de 2008 (MP. Rodrigo Escobar Gil). En similar sentido, las
sentencias SU-039 de 1997 (MP. Antonio Barrera Carbonell. SV. Hernando Herrera
Vergara, Vladimiro Naranjo Mesa, Fabio Morón Díaz y Jaime Vidal- Conjuez),
T-652 de 1998, C-891 de 2002 (MP. Jaime Araujo Rentería), T-382 de 2006, C-175
de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva. SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
Cristina Pardo Schlesinger. SPV. Humberto Sierra Porto y Nilson Pinilla
Pinilla), C-615 de 2009 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto. SV. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo) y T-769 de 2009, entre otras.
[26]
Sentencia SU-039 de 1997 (MP. Antonio Barrera Carbonell. SV. Hernando Herrera
Vergara, Vladimiro Naranjo Mesa, Fabio Morón Díaz y Jaime Vidal- Conjuez).
Reiterada en las sentencias T-652 de 1998, SU-383 de 2003 y T-769 de 2009.
[27]
Corte Constitucional, sentencia T-116 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto).
[28]
Corte Constitucional, sentencia T-717 de 1996 (MP Antonio Barrera Carbonell); la Sala resolvió, entre otras cosas, “ordenar la tutela impetrada por la Asociación de Cabildos Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (Orivac).
Consecuencialmente y con el fin de tutelar el derecho a la educación y al libre
desarrollo de la personalidad de los miembros de las comunidades indígenas  que
la entidad peticionaria de la tutela asocia, ordenar al Ministerio de
Educación Nacional y al Departamento del Valle del Cauca -Secretaría de
Educación- que en el término de 48 horas procedan a formalizar el Convenio
Interadministrativo requerido para el manejo de los recursos asignados al
Departamento con destino al mejoramiento de la calidad de educación de sus
comunidades indígenas, mediante resolución No. 931 del 18 de marzo de 1996 del
mismo Ministerio de Educación.”
[29]
En la sentencia T-899 de 2005 (MP Alfredo Beltrán Sierra); la Sala resolvió, entre otras cosas: “[…] confirmar la sentencia
proferida por la Sección Segunda Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la acción de tutela
interpuesta por la Fundación Ombudsman Colombia por intermedio de su
Representante Legal y como Agente Oficioso de 82 alumnos del Centro Educativo
Rural Bilingüe Inga Colón de Putumayo contra Ministerio de Educación Nacional,
Gobernación del Putumayo y Secretaría de Educación y Cultura del Putumayo, por
los motivos expuestos en ésta providencia, con la precisión de que si el
‘Centro Educativo Rural Bilingüe Inga Colón’ no posee la organización necesaria
para administrar recursos del Estado, los dineros por concepto de
transferencias han de ser administrados por el Departamento, ente territorial
que deberá realizar las actividades necesarias para impulsar el mejoramiento de
las condiciones materiales que permitan una educación adecuada a la población
indígena, respetando su propia cultura.”
[30]
Corte Constitucional, sentencia C-208 de 2007 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[31]
Corte Constitucional, sentencia T-379 de 2011 (MP. Humberto Antonio Sierra
Porto); la Sala resolvió, entre otras cosas: “ordenar al Ministerio de
Educación Nacional que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de la presente sentencia, expida una Directiva Ministerial en
la que oriente a las entidades territoriales encargadas de reportar las
vacantes de docentes y directivos docentes para los concursos públicos de
méritos del decreto ley 1278 de 2002 en el sentido de que, en adelante, antes
de reportar las vacantes en cargos de docentes o directivos docentes en
instituciones educativas oficiales que atiendan población indígena y población
que no se identifica como perteneciente a una etnia, el departamento, el
municipio o el distrito -según el caso- deberá convocar a una consulta previa a
las comunidades indígenas con presencia en la respectiva entidad territorial
con el fin de identificar criterios temporales para en qué casos estas
vacantes deben ser excluidas de los concursos públicos de méritos del decreto
ley 1278 de 2002. Sólo una vez hecha la consulta previa –departamental,
distrital o municipal- y definidos los criterios temporales para
determinar las vacantes que deben ser excluidas de los mencionados concursos,
estos podrán ser aplicados para determinar cuáles de los cargos vacantes se reportarán
para el concurso público de méritos. Los cargos que queden excluidos, mientras
se concluye el proceso de consulta previa que se sigue actualmente en la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas, deberán ser provistos temporalmente, mediante nombramiento en provisionalidad,
con respeto del artículo 62 de la ley 115 de 1994 y el artículo 12 del decreto
804 de 1995.”
[32]
Corte Constitucional, sentencia T-907 de 2011(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub;
AV Luis Ernesto Vargas Silva); la Sala resolvió, entre otras cosas, “[…] ordenar
a la Alcaldía Municipal de Sincelejo que, en coordinación
con el Ministerio del Interior, en un término de seis (6) meses, contados a
partir de la notificación de la presente providencia, adelante el proceso de
consulta previa para la designación de los etnoeducadores del Resguardo
Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba-Sucre, de conformidad con sus
usos y costumbres. Una vez sea finalizado dicho proceso, la Alcaldía deberá proceder al nombramiento en propiedad de los docentes escogidos. En relación
con aquellos nombrados en provisionalidad, ordenar que el Resguardo
Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba-Sucre, dentro del ámbito de su
autonomía y en coordinación con las autoridades de educación del Municipio,
decida sobre las consecuencias de dichas designaciones. No obstante, este
procedimiento no podrá afectar la continuidad y la oportuna prestación del
servicio educativo dentro del Resguardo”.
[33]
Corte Constitucional, sentencia C-937 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV
Nilson Elías Pinilla Pinilla, SV Humberto Antonio Sierra Porto). La Sala consideró, entre otras cosas, que “[…] con el sentido así clarificado de la expresión
acusada, la selección de los educadores que se desempeñarán en los territorios
ocupados por los grupos étnicos debe efectuarse a través del mecanismo de la
concertación entre los voceros de las comunidades indígenas y las
autoridades encargadas de administrar el servicio público de educación, el cual
debe tomar cuenta de manera auténtica, los criterios a que alude la propia ley
como son los de integridad de la comunidad, interculturalidad, diversidad
lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad.” Para la Sala: “contrario a lo afirmado por el ciudadano demandante sí existen criterios
jurisprudenciales, e incluso unos condicionamientos vinculantes para el
intérprete que permiten suministrar un alcance suficiente, claro y
comprehensivo a la expresión “en concertación con las autoridades
competentes” prevista en el artículo 62 de la Ley 115 de 1994.”
[34]
González, Héctor (2007) Vallenato,
tradición y comercio. Universidad del Valle. Cali, 2007. Pag., 1. Al
respecto, el autor sostiene: “Vallenato: ¿antiguo? o ¿producto de la
modernidad?  ||  Uno de los temas que causa mayor polémica es el
relacionado con las circunstancias y fechas de nacimiento de las distintas
expresiones musicales americanas. En el caso del vallenato se enfrentan dos
tesis: la primera sostiene que se trata de una manifestación que tiene
ancestros en ritmos más antiguos y que los primeros exponentes del acordeón
datan de finales del siglo XIX (Araujonoguera, Gutiérrez Hinojosa, entre
otros). La segunda tesis sostiene simplemente que la música vallenata es
producto de la modernidad (Wade, Gilard y otros).  […]  ||  […] Lo cierto es
que tanto la llamada música de gaita –que se usa muy corrientemente en la
cumbiamba– como en la actual música vallenata se pueden observar elementos
comunes y es apenas lógico suponer que la primera sirvió de sustrato inicial a
la segunda. Todavía en la actualidad se practican en la región del antiguo
Magdalena Grande cantos del pilón, cumbiambas, merengues, bailes de palenque y
porros, interpretados generalmente por un conjunto de voces e instrumentos de
percusión con liderazgo de una cantaora solista.  ||  […] Muchos clásicos del
vallenato, sobre todo los de las primeras generaciones, tuvieron contacto
cercano con la música de gaita o fueron sus intérpretes. Emiliano Zuleta, el
viejo, nacido en 1912 debía haber aprendido a tocar carrizo o gaita, antes del
acordeón, además de caja, guacharaca, redoblante y bombo (Zuleta: 2001). El
abuelo de Alejo Durán, Juan Bautista Durán Pretelt, era ‘músico de pito
atravesao’ (caña de millo) que tocaba en un conjunto típico que se acompañaba
‘con un llamador, un tambor largo y maraca o una guacharaca’. […]” Pag., 60.
[35]
Al respecto pueden consultarse, entre otros textos, los siguientes:  Araujonoguera, Consuelo (1973) Vallenatología,
orígenes y fundamentos de la música vallenata;  Fals Borda, Orlando (1979) Historia Doble de la Costa;  Gutiérrez Hinojosa, Tomás Darío
(1992) Cultura vallenata: origen, teoría y pruebas; Quiroz Otero, Ciro (1983) Vallenato,
hombre y canto;
[36]
González, Héctor (2007) Vallenato,
tradición y comercio. Universidad del Valle. Cali, 2007. Se dice al
respecto: “La reducción del sincretismo americano a un asunto de mezcla
armónica de tres imaginarios diferentes es una visión simplista que pasa por
alto los complejos procesos históricos y de heterogeneidad que cada una de las
tres culturas tenían en su interior al momento del contacto. Los ‘blancos’
españoles eran resultado del mestizaje de una gran variedad de razas y en esta
conformación, el aporte africano sobresalía en muchos aspectos de su cultura.
La música popular del sur de España, tenía y tiene una fuerte presencia
africana y asiática en las expresiones que hoy conocemos como del tipo
flamenco.[…].  ||  Lo mismo, pero en mayor escala, sucedía con las músicas
africanas e indígenas, ya que no se trataba de diversidad cultural por
agrupación regional dentro de un país, sino de manifestaciones de pueblos
enteros, cada uno con su propia historia, que fueron homogenizados forzosamente
en el discurso oficial en las categorías de […] indios y negros. […]” Pag., 15.
[37]
González, Héctor (2007) Vallenato,
tradición y comercio. Universidad del Valle. Cali, 2007. Pag., 13.
[38]
González, Héctor (2007) Vallenato,
tradición y comercio. Universidad del Valle. Cali, 2007. “Por un lado se
encuentra el elemento europeo aportado durante los períodos de conquista y
colonia que –ya hemos señalado– presenta características africanas remanentes
como consecuencia de su pasado cultural árabe y su contacto con los pueblos
subsaharianos. Igualmente, es menester observar que se trata de varias músicas que
podemos tipificar en dos vertientes: las asociadas al ritual católico o de
tintes cortesanos, pertenecientes al discurso oficial, y las músicas de
divertimento, que a su vez presentan diferentes sabores, dependiendo de las
regiones españolas de procedencia o de sus núcleos segregados. Es importante
tener en cuenta también que las músicas europeas transculturadas durante los
casi cuatro siglos de dominio hispánico en América, estuvieron sujetas al
devenir de los cambios estilísticos que se sucedieron en el mismo tiempo en el
resto de Europa, tanto a nivel de la composición académica, como dentro de los
procesos locales de la música popular. Estas modificaciones incluyeron, en
algunos casos, grandes cambios de paradigma como, por ejemplo, la adopción del
sistema tonal en sustitución del sistema modal renacentista, a partir de
finales del siglo XVI, o simplemente se trató de modas internacionalizadas que
llegaron a nuestro continente por vía transatlántica como, por ejemplo, las
danzas de salón burgués del tipo vals, contradanza, mazurca o polca del siglo
XIX.   ||  La segunda gran fuente
aportante es, sin lugar a dudas, la cultura musical africana cuya inserción en
el mestizaje representa, realmente, un reencuentro de la música europea con una
parte de sus propios orígenes, en otras tierras: […]  ||  Por último, la
aparición de los poderosos medios sonoros y audiovisuales modernos,
complementaron los ingredientes del mestizaje cultural que dio forma a la
música vallenata que conocemos, al difundir masivamente los modelos
estandarizados de músicas provenientes de la Cuenca Caribe y México principalmente, que compartían de hecho, muchos elementos de los
sustratos más antiguos de toda América Latina.” Pag., 57.
[39] “Clasificación
de algunos aires de gaita y baile cantao
Ritmos de subdivisión binaria
Ritmos de subdivisión ternaria
Cumbia   –    Porro    –
Puya o porro     –     tapao    –    Son
Mapalé    –    Fandango de lengua    –    Merengue    –    Chandé
Clasificación de algunos aires del vallenato
Ritmos de subdivisión binaria
Ritmos de subdivisión ternaria
Son    –    Paseo
Merengue    –    Puya
González, Héctor (2007) Vallenato,
tradición y comercio. Universidad del Valle. Cali, 2007. Pág., 64.
[40]
Sobre la vida de Alejo Durán, sus orígenes afro, su mundo y legado artístico,
ver por ejemplo: Pretelt Chaljub,
Jorge Ignacio (Dir); Maestra Osorio,
Arminio & Martínez Simanca,
Albio. (1999) Alejo Durán: Su vida y su música. Domus Libri. Bogotá,
1999.
[41]
Estas cuestiones han sido consideradas por la jurisprudencia constitucional en
el pasado, por ejemplo, a propósito de la sentencia C-931 de 2009 (MP María
Victoria Calle Correa; SV Juan Carlos Henao Pérez y Luis Ernesto Vargas Silva;
AV María Victoria Calle Correa).
[42]
Dijo al respecto el columnista Jorge Nain Ruíz: “[…] si lo que preguntamos es
si el vallenato nació con el acordeón o con la guitarra, la respuesta tiene que
ser: con ninguno de los dos, porque mucho antes de ser interpretado con estos,
hubo otro instrumento mucho más autóctono que ocupó el lugar de privilegio que
llena hoy el acordeón. Ese instrumento es la Flauta, Carrizo, Pitos o Gaita; por eso Dice Ciro Quiroz: ‘El merengue, el son, el paseo y otros ritmos fueron
tocados primero con pitos y gaitas a la orilla del río Magdalena, Según
afirmación de Gneco Rangel, en la primera reseña escrita que de este género
musical se tiene en el país’  ||  Por su parte, Tomás Darío Gutiérrez afirma en
su obra Cultura Vallenata: Origen Teoría y Pruebas : ‘Es así como la guacharaca
redujo su extensión; el tambor aborigen se convirtió en caja al perder
una membrana y adoptar la percusión con las manos, y el carrizo o flauta
vertical que ocupó en otros tiempos el lugar del acordeón debió ceder el
espacio a éste, su pariente aerófono.’  ||  Queda entonces claro que los
instrumentos que conforman la famosa trilogía vallenata (caja, guacharaca y
acordeón) todos tienen antecesores (Tambor, Maracas, Flauta) y no es la
guitarra propiamente la primigenia del acordeón’.” Nain Ruiz, Jorge ¿El vallenato se inició con acordeón o
con guitarra? en El Tiempo. 5 de marzo de 2007. Ver:
[http://www.eltiempo.com/blogs/vallenateando/2007/03/El-Vallenato-se-inici-con-Acor.php#more]
[43]
Ver por ejemplo, González, Héctor
(2007) Vallenato, tradición y comercio. Universidad del Valle. Cali,
2007. Dice al respecto: “El pretendido paso automático de la gaita al acordeón
no es un hecho musical tan simple como se pretende y representa, en todo caso,
la eliminación de cualquier posible aporte indígena al discurso melódico del
vallenato. Por otra parte si intentamos relacionarlo con el aspecto
semántico–musical ancestral de esos pueblos, la distancia es todavía mayor. De
hecho, se ha podido establecer que, tanto en forma como en función, los
sistemas musicales precolombinos no guardan ninguna relación con el lenguaje
que conocemos, puesto que en la mayoría de los casos se trata de un complejo de
‘tonos’ significantes ritualizados, en el que tienen valor simbólico –y a veces
mágico– todos los elementos que intervienen en el acto musical […]” Pag. 64.
[44]
Es el caso del trabajo musical de Carlos Vives que, con la colaboración de
otros músicos como Ernesto ‘teto’ Ocampo, Iván Benavides o Mayte Montero, por
mencionar algunos, ha recuperado tradiciones afro o indígenas pérdidas, como
devolver al vallenato el sonido de las gaitas y de las tamboras.
[45]
Por mencionar tan sólo algunos ejemplos: los trabajos musicales de los
colombianos Juan Sebastián Monsalve, Antonio Arnedo, Totó la Momposina o el grupo Herencia de Timbiquí.
[46]
Corte Constitucional, sentencia T-345 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa);
la Sala decidió que la Universidad Católica
Popular del Risaralda le había violado a Ricardo
Echeverri Ossa su libertad de con­cien­­cia en tanto se le obligó a tomar un
curso que, en razón a la metodo­logía con la que era tratado su contenido,
eminentemente religioso, implicaba una amenaza grave y real a la
garantía constitucional, clara y expresa, de no ser obligado a revelar sus
convicciones y creencias.
[47]
Este Decreto fue demandado el 5 de septiembre de 2012 ante la Corte Constitucional.
[48]
La Ex-Ministra Consuelo Araujonoguera (QEPD) resaltó por ejemplo las
investigaciones que recuperaban los aportes de la cultura afro de Colombia. Artículo
de El Espectador. Enero 27 de 1980. "Nina Friedeman en Blanco y Negro.
Ríos de Oro… y de Problemas". Por Consuelo Araujonoguera. Sobre Nina
Friedeman y sus investigaciones sobre palenque.
[49]
Corte Constitucional, sentencia T-588 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz); la Sala resolvió tutelar los derechos de un padre de familia que no quería que sus hijos
asistieran a una clase de danza del colegio, pues, en razón a sus convicciones
religiosas, consideraba pecaminoso el baile en general, y los ritmos eróticos y
sensuales elegidos por el establecimiento educativo en especial (por ejemplo, el
carrapicho [garrapicho]).