T-319-00
Sentencia T-319/00
Sentencia T-319/00
ACCION DE TUTELA
CONTRA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA-Procedencia
INDEFENSION-Retención de aportes de pensionados con
destino a Asociación
DERECHO DE
ASOCIACION-Traslado de
aportes de pensionados
Referencia:
expediente T-263609
Acción de tutela
incoada por la "Asociación de Pensionados Ferroviarios de Acerías Paz del
Río" contra "Acerías Paz del Río S.A.".
Magistrado Ponente:
Dr. JOS GREGORIO
HERNÁNDEZ GALINDO
Santa Fe de Bogotá, D.C., veintiuno (21) de
marzo de dos mil (2000).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y  241, numeral 9, de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso
de revisión de los fallos dictados en el asunto de la referencia por el Juzgado
Laboral del Circuito de Duitama y por la Sala Civil-Familia-Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo.
I. ANTECEDENTES
Luis Jorge Díaz Góngora, en nombre y
representación de la Asociación de Pensionados Ferroviarios de Acerías Paz del
Río, incoó acción de tutela contra "Acerías Paz del Río S.A", por
estimar violado el derecho de asociación.
El actor afirmó que la empresa demandada ha
venido reteniendo los aportes de los pensionados con destino a la mencionada
asociación y que, a pesar de que en varias oportunidades se había requerido a
"Acerías Paz del Río S.A." para que entregara esos dineros, no se ha
recibido respuesta positiva por parte de ésta.
Aseveró el peticionario que esa conducta ha
generado la iliquidez de la asociación y, por tanto, ésta no ha podido cumplir
su objeto.
Solicitó al juez de tutela que ordenara a
la empresa demandada hacer entrega de los dineros descontados a los pensionados
en el curso del período comprendido entre diciembre de 1998 y julio de 1999.
Por su parte, "Acerías Paz del Río
S.A.", mediante escrito del 2 de septiembre de 1999, manifestó que no
había trasladado los recursos en referencia debido a la crisis económica por la
que atraviesa la empresa. Resaltó que la acción de tutela era improcedente por
cuanto había sido instaurada por una persona jurídica particular contra otra de
igual índole, y alegó que existía otro medio de defensa judicial y que no se
estaba en presencia de un perjuicio irremediable.
II. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
El Juzgado Laboral del Circuito de Duitama,
mediante fallo del 7 de septiembre de 1999, negó la protección solicitada,
puesto que la persona jurídica demandante no estaba en condiciones de
subordinación e indefensión respecto de "Acerías Paz del Río S.A.", y
la controversia planteada nació de una relación jurídica en la que ambas partes
se encontraban en pie de igualdad. Consideró que existía otro medio de defensa
judicial para lograr lo pretendido y que no se vislumbraba un perjuicio
irremediable.
La decisión fue impugnada por la parte
demandante y, en segunda instancia, la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, mediante fallo del 5
de octubre de 1999, la confirmó.
Consideró el Tribunal que la asociación
demandante era una entidad jurídica totalmente independiente de la empresa
"Acerías Paz del Río S.A." y que no existía entre ellas subordinación
de orden funcional o laboral. Resaltó que los descuentos que se hacían a los
afiliados no eran de índole legal, ni se derivaban del contrato laboral, como
sucedía con los aportes destinados a la seguridad social.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION
Procedencia de
la acción de tutela. Vulneración del derecho de asociación sindical
La Corte Constitucional, al contrario de
los jueces de instancia, encuentra que la acción de tutela es procede en este
caso.
Si bien se trata de una sociedad de
economía mixta regida en materia laboral por las disposiciones aplicables a las
empresas privadas, y evidentemente no ejerce autoridad alguna que la someta a
la regla general del artículo 86 de la Constitución en cuanto a los sujetos
pasivos de la acción de amparo, es evidente que se configura uno de los eventos
excepcionales contemplados por la misma Carta.
Tiene claro la  Corte que no es el caso de
la subordinación, pues ninguna dependencia jurídica existe entre "Acerías
Paz del Río" y la Asociación accionante, pero sí se tiene, de hecho, una
circunstancia de indefensión en lo referente a la retención de los aportes de
los pensionados con destino a la persona jurídica indicada, ya que nada puede
hacer ésta para recibir efectivamente tales fondos, requeridos para su
sostenimiento mínimo, en una situación crítica de la compañía retenedora, cuya
propia supervivencia se encuentra en juego por razones económicas públicamente
conocidas.
Las acciones ordinarias, en el caso concreto,
se tornan ineficaces y llegarían tardíamente respecto de la finalidad de
obtener resoluciones judiciales contundentes en defensa del derecho de
asociación de los demandantes, evidentemente comprometido, pues mientras las
retenciones a los pensionados sí se producen, el traslado de los recursos -que
les resulta indispensable para que la persona jurídica subsista- no tiene
lugar.
Que haya motivos financieros con los cuales
pueda explicarse la situación es algo distinto a la alegada improcedencia de la
acción de tutela, que, a juicio de la Corte, se constituye en el único
mecanismo idóneo e inmediato con miras a la efectividad de un derecho
fundamental que objetivamente aparece conculcado.
Ahora bien, en torno a la vulneración del
derecho de asociación (art. 39 C.P.), en reciente sentencia de esta misma Sala
se sostuvo:
"La
Constitución Política (art. 38) garantiza genéricamente como fundamental el
derecho de libre asociación, que según la jurisprudencia de esta Corte es
lesionado tanto cuando se impide a las personas asociarse como cuando se las
obliga a hacerlo.
De manera
específica, para los fines del presente proceso, importa resaltar que ha sido
asegurada en la Carta de 1991 la libertad de asociación sindical (art. 39), con
tal énfasis que se ha suprimido cualquier tipo de autorización oficial para el
nacimiento y funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y
gremiales: no habrá intervención del Estado en la constitución de sindicatos y
asociaciones y su reconocimiento jurídico se producirá con la simple
inscripción del acta de constitución. Basta, pues, la voluntad de asociarse,
común en los interesados, para que se pueda conformar la organización sindical
sin tener que pedirle permiso a entidad alguna, estatal o privada.
De allí que, frente
a los principios y mandatos fundamentales de nuestro ordenamiento, resulte tan
grave la persecución sindical, es decir, toda conducta orientada a desalentar a
los posibles asociados, a sancionarlos o discriminarlos por haberse asociado, a
presionarlos para retirarse, a desmontar o debilitar las organizaciones
sindicales, independientemente de su clase, categoría o número de miembros, o a
excluir masivamente de sus puestos u oportunidades de empleo a los trabajadores
sindicalizados, bien que el comportamiento reprochable provenga de entes
públicos o de empresas privadas.
Pero no solamente se
viola el derecho que de que se trata cuando se influye en los individuos que
conforman o pueden conformar los sindicatos -lo que, desde luego, además de
vulnerar el derecho de asociación de cada uno de ellos, repercute en la
violación del derecho que tiene la persona jurídica sindical en sí misma-, sino
que también puede afectarse cuando por cualquier medio se procura o se persigue
el debilitamiento económico de la entidad sindical.
El objetivo
primordial de las asociaciones consiste en velar por los intereses comunes de
sus asociados y no puede desde ningún punto de vista desarrollar plenamente su
objeto si no cuenta con los bienes y recursos económicos necesarios para su
subsistencia.
Por lo tanto, en la
materia aludida en este proceso, si el empleador tiene la obligación legal de
deducir del salario el valor correspondiente a las cuotas de sostenimiento de
la asociación, y así mismo entregarlas al sindicato, la retención indebida o la
mora en el pago a la respectiva organización sindical, además de implicar un
acto de deshonestidad que podría ser constitutivo de delito, coloca en grave
peligro la existencia de la organización sindical en cuanto la asfixia en uno
de sus elementos esenciales. La asociación requiere necesariamente de las
cuotas de sostenimiento  para poder funcionar y para realizar las actividades
propias de su objeto. Tal conducta viola directamente el derecho fundamental
de  asociación, reconocido expresamente, en los términos dichos, en el artículo
39 de la Constitución". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de
Revisión. Sentencia T-300 del 16 de marzo de 2000).
Se concederá la tutela, revocando las
decisiones que la negaron, y se ordenará a la entidad demandada la
transferencia de los recursos que retiene, en los términos de las normas
pertinentes.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR
los fallos proferidos por el Juzgado Laboral del Circuito de Duitama y por
la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Rosa de Viterbo, mediante los cuales se negó el amparo solicitado, y, en
su lugar, CONCEDER la tutela.
ORDENASE a la sociedad demandada que, en el término
de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta
providencia, traslade a la "Asociación de Pensionados Ferroviarios de
Acerías Paz del Río" los aportes de los pensionados, según las normas
vigentes.
Segundo.- DAR
cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO                                             FABIO MORON DIAZ
Magistrado
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General