T-485-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-485/11
PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Garantía de condiciones mínimas de subsistencia/PENSION
DE SOBREVIVIENTES-Finalidad
La pensión de sobrevivientes
busca garantizar derechos fundamentales como el mínimo vital y la dignidad
humana de quienes acreditan la calidad de beneficiarios, si se halla probado
que había dependencia económica del núcleo familiar frente al pensionado.
La pensión de sobrevivientes surge como una de aquellas prestaciones  que tiene
por fin proteger a la familia que se ve desamparada por la muerte de quien
proveía el sustento del núcleo familiar, entregando una prestación económica
equivalente a lo que se dejó de percibir con ocasión del fallecimiento del
causante.
DERECHO A LA
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Rige el principio de igualdad entre cónyuge y
compañera permanente
IMPRESCRIPTIBILIDAD
DEL DERECHO A LA PENSION-Se predica del derecho considerado en sí mismo
pero no de las prestaciones periódicas o mesadas que si tienen prescripción de
3 años
Para la Corte, el carácter
imprescriptible del derecho a la pensión se deriva directamente de principios y
valores constitucionales que garantizan la solidaridad que debe regir la
sociedad, y además, se constituye en un instrumento para garantizar la especial
protección que el Estado debe a las personas de la tercera edad, con el
propósito de asegurar el mantenimiento de unas condiciones de vida digna. Debe la
Corte precisar, que la imprescriptibilidad de la pensión se predica del derecho
considerado en sí mismo, pero no de las prestaciones periódicas o  mesadas que
él implica y que no han sido cobradas, las cuales se encuentran sometidas a la
regla general de prescripción de las acreencias laborales de 3 años, prevista
en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.
PERSONA DE LA
TERCERA EDAD COMO SUJETO DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL-Debe ser
objeto de mayores garantías que permita el goce y disfrute de sus derechos
fundamentales
Las personas de la tercera
edad han sido señaladas por la jurisprudencia de esta Corporación como sujetos
de especial protección por parte del Estado y en consecuencia deben ser objeto
de mayores garantías para permitirles el goce y disfrute de sus derechos
fundamentales. Así, ante el amparo de los derechos fundamentales debe tenerse
en cuenta el estado de salud y la edad de la persona que ha llegado a la
tercera edad, pues si bien existen otros medios judiciales para obtener la protección
de los derechos fundamentales, éstos se tornan ineficaces por no ser expeditos.
Incluso, en dicho trámite se estaría exponiendo la vida del peticionario
atendiendo el tiempo extenso que transcurre en la resolución de dichos
conflictos. Por lo que en estos casos se predicaría, como regla general, la no
idoneidad de los medios ordinarios frente a este grupo de especial protección
constitucional si se halla acreditado que someterlas al trámite de un proceso
ordinario podría causar un resultado en exceso gravoso.
PRINCIPIO DE
INMEDIATEZ-Debe analizarse en cada caso el tiempo transcurrido entre la
presentación de la tutela y las circunstancias del caso
Surtido el análisis de los
hechos del caso concreto, el juez constitucional puede llegar a la conclusión de
que una acción de tutela, que en principio parecería carente de inmediatez por
haber sido interpuesta después de un tiempo considerable desde la amenaza o
vulneración del derecho fundamental, en realidad resulta procedente debido a
las particulares circunstancias que rodean el asunto.
DERECHO A LA
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Convivencia simultánea entre cónyuge y compañera
permanente en los últimos cinco años
De conformidad con la
sentencia C-1035 de 2008, de acreditarse  convivencia simultánea con el
causante durante al menos sus últimos cinco años de vida, la pensión de
sobrevivientes debe ser concedida en proporción al tiempo de convivencia con el
fallecido. Sin embargo, con base en criterios de justicia y equidad, como lo ha
señalado el Consejo de Estado, el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes en casos de convivencia simultánea se puede hacer en partes
iguales a los compañeros(a) permanentes o al cónyuge y compañero(a) permanente.
PENSION DE
SOBREVIVIENTES DE COMPAÑERA PERMANENTE-Protección de los derechos a la
seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital
Referencia:
Expedientes T- 2981721 y T- 2989102.
Acciones  de
tutela promovidas por Elida Inés Cardozo Argumedo contra el Ministerio de la
Protección Social-Grupo Interno de trabajo para la Gestión Social de Puertos de
Colombia y el  Consorcio FOPEP y por María Teresa López Agredo contra la
Policía Nacional- Grupo de Pensiones.
Magistrado
Ponente:
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Bogotá D.C. veinte (20) junio  de dos mil once (2011).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados María Victoria Calle, Mauricio González Cuervo y Luís
Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro de los procesos radicados
bajo los números T- 2981721 y T-2.989102, que fueron seleccionados y acumulados
por presentar unidad de materia en el Auto de la Sala de Selección número tres
de la Corte Constitucional del 17 de marzo de 2011 para ser fallados en una
sola sentencia. En consecuencia, la Sala procede a exponer los antecedentes,
pruebas y la decisión judicial de cada uno de los expedientes:
I.      Antecedentes
T-2981721
La señora Elida Inés Cardozo interpone acción de tutela
contra el Ministerio de la Protección Social- Grupo Interno de Trabajo para la
Gestión Social de Puertos de Colombia- y el  Consorcio Fopep- Fondo de
Pensiones Públicas a Nivel Nacional- por la posible violación de sus derechos a
la salud, igualdad, mínimo vital, vida y seguridad social.
1.    Hechos
Son hechos de la demanda los siguientes:
La señora Elida Inés Cardozo tiene  83 años de edad, dice
encontrarse en extrema pobreza y sin  protección en salud. Durante más de 40
años  vivió  en calidad de compañera permanente con el señor Gabriel Pérez
Rangel de cuya unión hay tres hijos y quien falleció el  día 10 de junio del
2001 siendo  pensionado de Puertos de Colombia. Dice la accionante, que es beneficiaria
de la pensión de sobreviviente de acuerdo con la jurisprudencia de  la Corte Constitucional
y del Consejo de Estado  que han manifestado que la esposa y la compañera
permanente tienen derecho a compartir la pensión del compañero fallecido.
Señala que ha presentado infructuosamente reclamaciones al
Fopep y al Ministerio de Protección Social- Grupo  Interno de trabajo para la
gestión del pasivo de Puertos de Colombia, quienes finalmente  expidieron las
Resoluciones  00260 del 26 de febrero de 2009 y 1830 del 18 de diciembre de
2009, donde negaron la pensión de sobreviviente, tras manifestar que la ley no le
otorga ese derecho, entre otras razones, (i)  por no haber demostrado
convivencia con el causante  en sus últimos años de vida y (ii) no  haberse
constatado la dependencia económica.
Sostiene  sin embargo la accionante, que existen declaraciones
extra juicio donde consta que fue  compañera permanente y vivió en unión
marital de hecho con el  causante hasta antes de su muerte. Tales declaraciones
bajo la gravedad de juramento ante notario son aportadas al proceso y están suscritas
por: Elida Inés Cardozo Argumedo, Dilma Sofía Sierra de la Espriella y Rosalba
Floretitis Vásquez.
Indica que de no concedérsele la pensión, se estarían
violando sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vejez digna, a la
igualdad, a la pensión justa y  a la seguridad social, “además del
incumplimiento del precedente constitucional”.
2.    Solicitud
de la tutela
En consecuencia, solicita:
Que se ordene al Ministerio de la Protección Social –Grupo
Interno de trabajo para  la gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia y
al  Consorcio -FOPEP- Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, que en un
término perentorio, reconozca y pague a la demandante la pensión de
sobreviviente a partir de cuando murió su compañero permanente. Igualmente
solicita que se ordene a las entidades mencionadas que como consecuencia del
reconocimiento a la pensión de sobreviviente,  se le permita  la atención en
salud que actualmente requiere dado su delicado estado de salud.
3.    Trámite
previo
La
acción de tutela fue inicialmente  admitida por auto de fecha 12 de mayo de
2010 ordenándose notificar a las partes involucradas. Adelantado el trámite
pertinente, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena con sentencia
del 24 de mayo de 2010, decidió tutelar los derechos a la vida digna, mínimo
vital, salud, seguridad social y a la pensión de sobrevivientes, de la señora Elida
Cardozo Argumedo. Dicha sentencia fue impugnada por parte del Ministerio de la
Protección Social y en tal virtud, el Tribunal Administrativo de Bolívar, con
providencia del 26 de agosto de 2010, declaró la nulidad de todo lo actuado a
partir del auto admisorio de la demanda de tutela, ordenando como medida de
saneamiento la vinculación al proceso  de la señora Yolanda Porto de Pérez,
como tercero interesado en las resultas de la presente acción. En obedecimiento
de lo resuelto por el superior, se admitió nuevamente la demanda, mediante auto
de fecha 7 de septiembre de 2010, ordenando la notificación requerida.
4.
Intervención de las entidades accionadas y los terceros
vinculados al proceso
1. Consorcio FOPEP
– Fondo de Pensiones Públicas a Nivel Nacional
Mediante
memoriales visibles a folios 139 al 141 del expediente,  el Consorcio FOPEP, rindió
el informe solicitado por el juez de primera instancia,  manifestando  lo
siguiente: (i)  que el Fondo es una cuenta adscrita al Ministerio de la
Protección Social; (ii) que no es persona jurídica y que por lo tanto no puede
comparecer como sujeto procesal; (iii) que se encarga de administrar los
recursos del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional y por ende cancelar
las mesadas de las personas que adquieren el status de pensionados; (iv) que la
representación legal y judicial del FOPEP reside en dicho Ministerio y, en
esencia, que la competencia del Consorcio FOPEP se limita a efectuar el pago a
los pensionados, de acuerdo con lo informado por los fondos o cajas, una vez
los recursos hayan sido girados por el Ministerio, siendo, a su vez,
competencia del Grupo Interno absolver la solicitud de la accionante. Con
fundamento en lo anterior,  solicita  que  se desvincule al Consorcio FOPEP del
presente proceso o en su lugar, se declare improcedente la acción de tutela,
puesto que dicha entidad no ha vulnerado ningún derecho a la  accionante.
2.
Ministerio de la Protección Social- Grupo Interno de Trabajo para la gestión
del Pasivo Social de Puertos de Colombia
Con
escrito de fecha 20 de septiembre de 2010, la
Coordinadora del Área de Prestaciones Sociales del aludido Grupo Interno
de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia informa,
que dentro de sus funciones está la administración y depuración de la nómina de
pensionados de la empresa liquidada Puertos de Colombia, la atención de
procesos judiciales, reclamaciones judiciales y acreencias de carácter laboral.
En
relación al caso concreto, indica que la solicitud hecha por la accionante fue
resuelta negándole la pensión de sobreviviente causada por el deceso del Señor
Gabriel Pérez Rangel, entendiéndose agotada la vía gubernativa con el recurso
de reposición interpuesto por la apoderada de la actora contra la Resolución
No. 000260 de 2009 de 26 de Febrero de 2009, contra la cual no se interpuso
apelación, quedando en firme y tornándose por tanto  improcedente, que por vía
de tutela, se pretenda dejar sin efectos dicha decisión.
3.
Intervención de la señora Yolanda Porto de Pérez
Mediante
memorial de fecha 20 de septiembre de 2010, la tercera interesada en los
resultados de la presente acción, la señora Yolanda Porto de Pérez, informa que
no es cierto que la señora Elida Cardozo fuese compañera permanente y que  conviviera
en unión marital de hecho con su fallecido esposo; afirma que si bien
sostuvieron una relación sentimental de la cual nacieron tres hijos, la misma
se limitó a la procreación de esos hijos, sin que se pueda afirmar que entre la
accionante y su difunto marido se haya formado una comunidad de vida permanente
y singular, pues no hubo entre ellos cohabitación prolongada en el tiempo. Informa
que el señor Gabriel Pérez padeció por espacio de cuatro años de una
enfermedad conocida como “esclerosis lateral” que acabó con su vida, y
su enfermedad fue lidiada en casa de Yolanda Porto, “siendo su gravedad tal
que hacía imposible que se desplazara a otros lugares de la ciudad, de allí que
es improbable que en el lapso de los cinco años anteriores a la muerte de éste,
él hubiere convivido con la hoy accionante”.
Estima
la interviniente, que  para que la señora Elida Cardozo tuviera derecho a una
cuota parte de la pensión que actualmente disfruta en sustitución, tendría que
acreditar la convivencia simultánea, la cual, afirma, está desvirtuada, pues no
existe ni siquiera un indicio de que al momento de la muerte del causante
existiera cohabitación concomitante con la del matrimonio. En consecuencia, solicita
que sean desestimadas las pretensiones de la actora. Para probar lo
correspondiente, aporta dos declaraciones notariales extra-juicio de las
señoras Noemi Caraballo  y Janeth de Avila, quienes dan fe que Gabriel Pérez y
Yolanda Porto vivieron juntos por espacio de 62 años.[1]
II.
Pruebas allegadas al expediente
En
el expediente se destacan los siguientes documentos:
-Copia de la cédula de ciudanía de la señora Elida Cardozo, en la que
consta que nació el 23 de junio de 1929.
-Copia simple de la Resolución 00260 del 26 de febrero de 2009, por la
cual el Ministerio de la Protección Social- Grupo Interno de Trabajo para la
Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, negó el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento del señor Pérez Rangel,
solicitado por la señora Elida Cardozo,  folio 9 del expediente.
-Copia simple de la declaración con fines extraprocesales rendida por la
señora Elida Inés Cardozo el 12 de agosto de 2008, en la que declaró que “por
espacio de 40 años hice vida marital de hecho, de manera ininterrumpida y
hasta  que la muerte nos separó, con el señor Gabriel Pérez Rangel, fallecido
el 10 de junio de 2001, de cuya unión nacieron tres hijos llamados Gabriel,
Yaneth y Gabriela”, folio 18 del expediente.
-Escrito en el que la señora Dilma Sofía Sierra de la Espriella,
manifiesta que: “conozco a la señora Elida Inés Cardozo  hace 40 años y
residenciada en el barrio San Francisco y que hizo vida marital de 40 años con
el señor Gabriel Pérez Rangel, de cuya unión tuvo tres hijos, tuvo esa vida
marital hasta la muerte del señor Pérez”, folio 19 del expediente.
-Copia simple de la declaración con fines extraprocesales rendida por la
señora Rosalba Floret Vásquez el 2 de agosto de 2008, en la que declaró que
conocía  a la señora Elida Cardozo quien vivió con el señor Gabriel Pérez por
espacio de 40 años, de cuya unión nacieron tres hijos.
-Declaración
con fines extraprocesales de la señora Noemí Caraballo en la que sostiene que
conoce a la señora Yolanda Porto y le consta que estaba casada “con el
finado Gabriel Pérez”. Declaró igualmente que le consta que vivieron de
forma pública y permanente. Folio 123 y 124  del expediente. En el mismo
sentido, consta la declaración de la señora Yaneth Avila Guerra.
III.
Sentencias objeto de revisión
1.
Sentencia de primera instancia: La sentencia de primera instancia
proferida el 21 de Septiembre de 2010 por el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Cartagena, concedió el amparo invocado tras señalar que  la
situación de la actora no fue atendida debidamente por el Grupo Interno de
Trabajo del Ministerio accionado y se abandonó la doctrina constitucional
vigente que obliga a que se valore en debida forma la prueba de convivencia
simultánea y a que de darse los requisitos previstos en la ley, se acceda  a
compartir la prestación en forma proporcional a la convivencia acreditada.
En
consecuencia, la providencia ordenó (i) tutelar transitoriamente los derechos a
la vida digna, mínimo vital, salud, seguridad social y a la pensión de
sobrevivientes de la señora Cardozo. Para hacer efectiva la protección
provisional, se ordenó al Ministerio de la Protección Social-  Grupo Interno de
Trabajo para la gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, que en un
plazo máximo de 15 días adelantara con sujeción al debido proceso, la actuación
administrativa dirigida a proferir un nuevo acto administrativo, reconociendo a
la hoy actora el porcentaje que acorde con la ley y la doctrina constitucional
vigente, le corresponda, por haber convivido con el pensionado Gabriel Pérez
Rangel;  (ii) indicó que dentro de dicho plazo, la entidad debía  dictar y
notificar el aludido acto y disponer que la actora fuese incluida en la nómina
correspondiente para tener  disponible y poder cobrar la suma equivalente a
dicho porcentaje; (iii) igualmente, se ordenó  proteger  el derecho a la salud
de la accionante, indicándole  a dicho  Ministerio adoptar las medidas
encaminadas a que pueda acceder a  ese componente de la seguridad social; (iv)
la  sentencia precisó, que las anteriores órdenes permanecerán vigentes únicamente
durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de
fondo sobre la acción instaurada por la accionante, quien en todo caso deberá
ejercer dicha acción en un término de cuatro meses a partir del fallo de
tutela, bajo el entendido que si no lo hace, cesarán los efectos de la anterior
decisión.
2.
Sentencia de segunda instancia
El
fallo del ad quem, Tribunal Administrativo de Bolívar, revoca el 6 de
diciembre de 2010 el proveído anterior luego de la siguiente argumentación: (i)
el fallador de segundo grado estima efectivamente que la accionante es persona
de la tercera edad y sujeto de especial protección; de las pruebas anexas al
expediente infiere que realmente el señor Pérez Rangel “convivivía
simultáneamente” con la señora Elida Cardozo y la señora Yolanda Porto;(ii)
de este modo, dice la sentencia, aparece “acreditada la calidad de compañera
permanente de la señora Elida Cardozo Argumedo, de donde se podría deducir la
ocurrencia cierta de la convivencia efectiva y ayuda mutua que se otorgaron la
demandante y el causante de la pensión, lo que en principio, legitimaría a la
actora para solicitar la pensión de sustitución por la muerte de su compañero”;
(iii) sin embargo, la sentencia niega el amparo solicitado aduciendo que la
acción impetrada no cumple el requisito de inmediatez y por ende su
presentación tardía aleja cualquier amparo constitucional.
1.
Expediente T- 2989102
Actuando
mediante apoderado judicial, la señora María Teresa López Agredo presentó
acción de tutela contra la Policía Nacional aduciendo violación de sus derechos
de petición, igualdad, seguridad social y mínimo vital. Los hechos de la
demanda dicen así:
El  27 de octubre  de 2010, la señora María Teresa López elevó derecho
de petición ante la Dirección General de la Policía Nacional en la ciudad de
Bogotá solicitando le fuera reconocida y pagada la pensión de sobrevivientes a
que dice tener derecho luego de la muerte de su compañero de vida señor Carlos
Rojas Rosero. Ante el silencio de la entidad, remitió nueva solicitud el
día 10 de diciembre de 2010; desde la fecha del  primer derecho de petición
hasta el momento de presentar la tutela, habían  transcurrido 76 días sin
respuesta alguna.
Sostiene
la peticionaria que es “inadmisible que una institución como la
Policía, que está obligada a velar por la seguridad, los derechos e intereses
de los ciudadanos incurra en esta clase de desmanes, sobre todo con personas de
la tercera edad como lo es el caso de la señora López Agredo, a quien por un
acto de humanidad debiera haberse solucionado de fondo su petición, tratándose
de la urgente necesidad que tiene esta persona de contar con un servicio médico
para la atención de los constantes quebrantos de salud que padece propios de su
edad, lo mismo de disfrutar de un mínimo vital (mesada pensional de
sobreviviencia) que le permita solventar las contingencias en los postrimeros
días de su vida por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta.”
El apoderado judicial indicó, que la señora María Teresa López Agredo es
una persona de la tercera edad, con 78 años de vida,  de origen campesino, con
mínimo grado de instrucción educativa, viuda, carente de recursos económicos;
vivió 35 años con el señor Carlos Rojas con quien tuvo 6  hijos, vive sola y en
total desamparo desde que falleciera su compañero marital, pues no puede contar
con el apoyo de sus hijos por cuanto son personas humildes a quienes se les
imposibilita socorrer a su madre; su grado de analfabetismo la convierte en una
persona indefensa y es “esa la razón por la cual nunca supo que tenía a su
alcance los medios expeditos para reclamar sus derechos, y por ello ha vivido
en  “error involuntario" que la ha perjudicado enormemente
en sus intereses personales tal como se desprende del prolongado intervalo de
tiempo comprendido entre la fecha de fallecimiento su compañero y la fecha en
que animada por la angustiosa situación por la que atraviesa decide pedir
colaboración a persona del común para que a su nombre se eleve el presente solicitud
de tutela.”
Señala la demanda, “que tal situación no puede interpretarse como  desidia
por la tardanza en su reclamo, cuando a diáfana claridad se desprende que el
único causante de ello ha sido el limbo en que ha tenido que vivir la afectada
por su total desconocimiento de lo que trata esta clase trámites ante la
distintas entidades. No cabe duda alguna de que si esta humilde mujer con
anterioridad hubiese sido mínimamente versada o ilustrada sobre los tramites
que debía realizar para lograr su objetivo no habría dejado pasar
desapercibidamente tanto tiempo para reclamar sus derechos y menos despreciar
un beneficio económico tan importante para ella a su edad, como lo es la
Pensión que reclama, y que le garantiza la Constitución, quedando así más que
demostrada la carencia de conocimientos y habilidad de una persona como la
señora López Agredo, para hacerse escuchar ante los aplicadores de la justicia
en la reclamación de sus derechos.”
Agregó igualmente que “la accionante se encuentra en circunstancias
de debilidad manifiesta, por su condición económica, anímica y física la
conlleva tener problemas asociados a la enfermedad, la depresión, a la
sensación de "inutilidad", y a la marginación ya que desde que
falleció su compañero marital no ha tenido apoyo económico alguno diferente al
que él, en vida le aportaba, pues el auxilio que de uno de sus hijos recibe es
mínimo por cuanto también es persona casada y tiene sus obligaciones de padre, al
igual que el resto de sus hijas que con gran sacrificio reservan algunas
monedas del presupuesto diario que les aportan sus esposos y las recolectan
para auxiliar a su señora madre en el pago de servicios públicos ,impuestos
municipales, y manutención etc. Es decir que la afectada está tocando fondo a
la desgracia, aproximándose vertiginosamente a una situación de indigencia que
puede ser lo más lo más degradante para el ser humano, a pesar de que a ella le
corresponde suceder la herencia patrimonial por parte de su extinto compañero
cual es la pensión "vitalicia" como su mismo nombre lo dice, cuyo
disfrute obedece al hecho de ser de "TRACTOSUCESIVO". Injusto
fuese para esta persona que contando con ese derecho a su favor tenga que verse
avocada a pasar sus restantes días de vida en una situación prácticamente de
caridad y de limosna.”
Solicita
que se  ordene el reconocimiento de la pensión de sobreviviente y  se conmine a
la Institución Policía Nacional a la inmediata y urgente afiliación de la
señora María Teresa López Agredo a la seguridad social.
Como
pruebas se anexaron las siguientes:
-Copia
del derecho de Petición ante la Policía Nacional.
- Testimonios  ante notario de
dos personas que afirman que la accionante convivió con el señor Rojas Rosero
por espacio de 35 años y con quien tuvo 6 hijos.
3.1
Intervención del Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Mediante
escrito recibido en el juzgado de instancia el día 19 de enero de 2011, el jefe
del área de prestaciones del Ministerio de Defensa indicó lo siguiente: (i) que
una vez falleció el señor Carlos Rojas el 7 de diciembre de 1987 se publicaron
los correspondientes edictos y se presentó a reclamar la señora María Luisa
González de Rojas en calidad de esposa legítima; (ii)  la entidad sostiene que
aplicó  el Decreto 2247 de 1984 pues era la norma vigente al momento de
fallecer el señor Rojas Rosero, que no consagraba a la compañera permanente
como beneficiaria de la pensión sutituta; (iii) solicita en consecuencia, se
declaren improcedentes los pedidos de la accionante.
3.2.
Sentencia de primera instancia
Proferida
el 20 de  enero de 2100 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Popayán,
decidió tutelar el derecho de petición y negar la protección de los demás
derechos invocados. Consideró la sentencia que el accionado incurrió en
violación de los términos para dar respuesta a la petición de la agenciada y
ordenó al Director de la Policía Nacional dar respuesta de fondo. Frente al
amparo de los demás derechos, estimó (i)   que la accionante tenía otros
mecanismos de defensa y (ii)  no se había demostrado el perjuicio irremediable
para activar un amparo transitorio.
3.3
Sentencia de segunda instancia
El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, confirma con los mismos
argumentos la sentencia del a  -quo y añade, que también se torna improcedente
la tutela al no cumplirse el requisito de la inmediatez, toda vez que han
transcurrido 23 años desde la muerte del presunto compañero de la peticionaria.
IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Es competente
esta Sala de la Corte Constitucional para revisar las decisiones proferidas
dentro de las acciones  de tutela de la referencia, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Problema Jurídico
De acuerdo con los hechos expuestos, debe examinarse si la acción de
tutela es procedente para ordenar el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes solicitada por las accionantes, dada la presunta violación de
sus derechos fundamentales al mínimo vital, salud, vida y seguridad social
atendiendo la condición de sujetos vulnerables  y  que dichas prestaciones  fueron
negadas aduciendo  que las peticionarias no eran las cónyuges al momento de la
muerte de los causantes.
En ese sentido, deberá estudiar la Sala si los mecanismos ordinarios de defensa
judicial con que cuentan las accionantes son o no idóneos para proteger los
derechos invocados. Abordará  la Corte varios  problemas que surgen del
planteamiento de los jueces de instancia y de  la postura de los  intervinientes
dentro de los  procesos de tutela revisados: (i) los alcances de la exigencia  legal
de hacer vida marital hasta la muerte del causante para el
reconocimiento a la cónyuge o compañera supérstite del derecho a la pensión de
sobrevivientes, en aquellos eventos en los cuales las partes no cohabitan bajo
un mismo techo; (ii) la interpretación del presupuesto de “dependencia
económica” que se exige para la procedencia del amparo en los casos de
pensión de sobrevivientes ; (iii) el alcance a la luz de la Constitución de
1991 de las normas legales que consagran únicamente a la esposa como
beneficiaria de la pensión de sobrevivientes;  (iv) el carácter imprescriptible
de las pensiones y (v)  en tanto en ambos casos el requisito de la inmediatez
es un elemento para negar los  amparos solicitados, la Corte analizará
igualmente este tópico en la jurisprudencia relativa a los casos en los cuales
quien demanda es una persona de la tercera edad, sujeto de especial protección,
en condiciones de debilidad manifiesta y cuya circunstancia puede excepcionar
la exigencia de la inmediatez como supuesto procesal.
3. La
pensión de sobrevivientes, una prestación económica que busca asegurar las
condiciones mínimas de subsistencia
Igualmente
busca garantizar derechos fundamentales como el mínimo vital y la dignidad
humana de quienes acreditan la calidad de beneficiarios, si se halla probado
que había dependencia económica del núcleo familiar frente al pensionado.[2] Sobre la
finalidad de la pensión de sobrevivientes, la sentencia T-786 del 14 de agosto
de 2008 reiteró la posición de la Corte diciendo al respecto:
“La
finalidad y razón de ser de esta pensión, es la de ser un mecanismo de
protección de los allegados dependientes del pensionado ante el posible
desamparo en que pueden quedar por razón de su muerte. Sobre el contenido y
alcance de este derecho pensional, esta Corte en sentencia T-190 de 1993[3],
manifestó lo siguiente:
´La
sustitución pensional tiene como finalidad evitar que las personas allegadas al
trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el
simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección. Principios
de justicia retributiva y de equidad justifican que las personas que
constituían la familia del trabajador tengan derecho a la prestación pensional
del fallecido para mitigar el riesgo de viudez y orfandad al permitirles gozar
post-mortem del status laboral del trabajador fallecido.´”[4]
La pensión de
sobrevivientes surge como una de aquellas prestaciones  que tiene por fin
proteger a la familia que se ve desamparada por la muerte de quien proveía el
sustento del núcleo familiar, entregando una prestación económica equivalente a
lo que se dejó de percibir con ocasión del fallecimiento del causante. En este
sentido, la Corte ha señalado que esta pensión “busca impedir que, ocurrida
la muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a
soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su
fallecimiento. Nótese, que dicha prestación tiene por finalidad esencial, que
los miembros de la familia no queden en el desamparo total cuando fallece quien
contribuía a proveer lo necesario para el mantenimiento del hogar”.[5]
En ese orden, su
finalidad es suplir la ausencia repentina del apoyo económico del pensionado o
del afiliado a los allegados dependientes y, por ende, evitar que su deceso se
traduzca en un cambio radical de las condiciones mínimas de subsistencia de las
personas beneficiarias de dicha prestación. Cualquier decisión administrativa,
legislativa o judicial que desconozca esa realidad, e implique por consiguiente
la reducción de las personas a un estado de miseria, abandono, indigencia o
desprotección, es contraria al ordenamiento jurídico por desconocer la
protección especial que la Constitución le otorgó al mínimo vital y a la
dignidad humana como derechos inalienables de la persona, y a los principios
constitucionales de solidaridad y protección de quienes se encuentran en
situación de debilidad manifiesta, como pilares esenciales del Estado Social de
Derecho[6].
Para tener
derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, además de cumplirse
con los requisitos generales previstos en la ley[7],
debe acreditarse por parte de los miembros del grupo familiar del causante, la
condición de beneficiarios legales a partir del orden de prelación
señalado en las disposiciones vigentes. Dicho orden se encuentra establecido en
los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, que recogen lo dispuesto en el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en los siguientes términos:
“Son
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma
vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante,
tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se
cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco
(5) años continuos con anterioridad a su muerte;[17]
b) En forma
temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando
dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se
pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años.
En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia
pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el
literal a).
(…)
Los hijos
menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años[18],
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten
debidamente su condición de estudiantes y, los hijos inválidos si dependían
económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales,
mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando hay
invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993”.
(…)
Al pie de la jurisprudencia
de esta Corporación, con el mencionado orden  se logran cumplir dos propósitos
fundamentales para la defensa de la estabilidad económica y financiera del
sistema general de pensiones. Un primer propósito, se dirige a restringir el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a los miembros del grupo
familiar que, por lo general, en atención a la convivencia, cercanía o
dependencia económica con el causante, requieren efectivamente de la prestación
económica para satisfacer sus necesidades básicas. El segundo propósito se
relaciona con el acatamiento de las condiciones señaladas para cada
beneficiario, según el orden de prelación legal, cuyo objetivo no es otro que
la protección de los intereses del grupo familiar ante la posible reclamación
ilegítima de la pensión por parte de individuos que no tendrían derecho a
solicitarla o recibirla. En este sentido, “es claro que la norma pretende
evitar la transmisión fraudulenta de la pensión de sobrevivientes”[8].
De la misma manera, es fácil deducir que  para el  derecho
a la pensión de sobrevivientes rige el principio de igualdad entre cónyuges y
compañeras permanentes puesto que, siendo la familia el interés jurídico a
proteger, no es jurídicamente aceptable privilegiar un tipo de vínculo
específico al momento de definir quién tiene derecho a este beneficio. Por el
contrario, la ley acoge un criterio material (convivencia efectiva al momento
de la muerte) y no simplemente un criterio formal (vínculo matrimonial) al
establecer la persona legitimada para gozar de la prestación económica.
4.
Imprescriptibilidad del derecho a la pensión
El artículo 48 de la Constitución
Política establece, entre otras cosas, que el derecho a la seguridad social es
imprescriptible. Por su parte, el artículo 53 Superior dispone, con respecto a
las pensiones, que corresponde al Estado la garantía de  del derecho al pago
oportuno y al reajuste periódico de estas prestaciones. Con base en los
anteriores mandatos  constitucionales, la jurisprudencia de esta Corporación ha
precisado que el derecho a la pensión es imprescriptible.
En efecto, la jurisprudencia
constitucional, en sede de control abstracto de constitucionalidad, en las
sentencias C-230 de 1998, [9]C-198 de 1999 y C-624 de
2006[10], y en sede de control
concreto, en las sentencias SU-430 de 1998, T-274 de 2007,[11]
ha mantenido una posición uniforme en cuanto a considerar el derecho a la
pensión como un derecho imprescriptible. Así lo ha reconocido en la Sentencia
C-198 de 1999 en la que expresó:
“El
Legislador puede entonces consagrar la prescripción extintiva de derechos
patrimoniales que surgen del ejercicio de un derecho constitucional, incluso si
éste es fundamental, siempre y cuando el término sea proporcionado y no afecte
el contenido esencial mismo del derecho constitucional. Aplicando estos
criterios, esta Corte concluyó que la ley no podía consagrar la prescripción
del derecho a la pensión como tal, aunque sí podía establecer un término
temporal para la reclamación de las distintas mesadas”
Para la Corte, el carácter
imprescriptible del derecho a la pensión se deriva directamente de principios y
valores constitucionales que garantizan la solidaridad que debe regir la
sociedad, y además, se constituye en un instrumento para garantizar la especial
protección que el Estado debe a las personas de la tercera edad, con el
propósito de asegurar el mantenimiento de unas condiciones de vida digna.
Debe la Corte precisar, que la
imprescriptibilidad de la pensión se predica del derecho considerado en sí
mismo, pero no de las prestaciones periódicas o  mesadas que él implica y que
no han sido cobradas, las cuales se encuentran sometidas a la regla general de
prescripción de las acreencias laborales de 3 años, prevista en el Código
Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.
5. Las personas de la tercera edad como sujetos de especial
protección
Las tutelas
que se revisan están presentada por personas de la tercera edad cuya alegación
se concreta en  una supuesta violación de sus derechos fundamentales a la
seguridad social, mínimo vital e igualdad; por lo tanto, la Sala repasa la
jurisprudencia sobre la  protección constitucional  a personas de la tercera
edad.
Las  personas
de la tercera edad  han sido señaladas por la jurisprudencia de esta
Corporación como sujetos de especial protección por parte del Estado y en
consecuencia deben ser objeto de mayores garantías para permitirles el goce y
disfrute de sus derechos fundamentales[12].
Así, ante el amparo de los derechos fundamentales debe tenerse en cuenta el
estado de salud y la edad de la persona que ha llegado a la tercera edad, pues
si bien existen otros medios judiciales para obtener la protección de los
derechos fundamentales, éstos se tornan ineficaces por no ser expeditos.
Incluso, en dicho trámite se estaría exponiendo la vida del peticionario
atendiendo el tiempo extenso que transcurre en la resolución de dichos
conflictos. Por lo que en estos casos se predicaría, como regla general, la no
idoneidad de los medios ordinarios frente a este grupo de especial protección
constitucional si se halla acreditado que  someterlas al trámite de un proceso
ordinario podría causar un resultado en exceso gravoso.[13]
Acerca de la vulneración de los derechos fundamentales por el no
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y la insuficiencia de los medios
ordinarios para su custodia, la sentencia T-1316 del 7 de diciembre de 2001
recapitula lo dicho por esta Corporación sobre el punto, mencionando que:
“En
síntesis, siguiendo la jurisprudencia constitucional, las personas de la
tercera edad son titulares de una especial protección por el Estado, cuando el
perjuicio sufrido afecta la dignidad humana[14],
la subsistencia en condiciones dignas[15],
la salud[16],
el mínimo vital[17],
cuando surgen lazos de conexidad con derechos fundamentales[18], o
cuando resulta excesivamente gravoso someterlas a los trámites de un proceso
judicial ordinario[19].”[20]
Frente a
muchas de las razones por las cuales cuestionar la exigencia a las personas de
la tercera edad para que hagan uso de las vías judiciales ordinarias aduciendo
que el amparo constitucional es subsidiario y que no puede utilizarse para
resolver litigios de tipo declarativo ni económico, se encuentran grosso
modo las siguientes:
“Es natural
que las personas de la tercera edad encuentren disminuidas sus capacidades
físicas y se hallen propensas a contraer enfermedades. Lo anterior, sumado a la
excesiva morosidad de los procesos judiciales ordinarios, significa que en
muchas ocasiones no puedan asegurar con ellos la protección de sus derechos,
toda vez que sus expectativas de vida son mucho menores. Por tal motivo, la
jurisprudencia ha reconocido que la acción de tutela tiene la virtud de
convertirse en el mecanismo idóneo para asegurar el respeto de sus derechos.” [21](negrilla
fuera de texto)
6. El
requisito de inmediatez en la presentación de la acción de tutela y sus
excepciones en la jurisprudencia constitucional
Como se
expuso, la Corte aborda este tema, por haber sido la justificación de  algunos
jueces para negar los amparos deprecados en estas dos tutelas.  El  denominado
requisito de inmediatez supone que  la acción de tutela debe ser interpuesta
dentro de un plazo razonable y proporcionado a partir del evento generador de
la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales, so pena de que
se determine su improcedencia[22].
Desde la
sentencia SU-961 de 1999[23] esta Corte determinó, a
partir de la interpretación del artículo 86 de la Constitución Política, que a
pesar de que según esta norma la acción de tutela puede ser interpuesta “en
todo momento”, de lo que se deriva que no posee ningún término de
prescripción o caducidad, ello no significa que no deba interponerse en una
plazo razonable desde el inicio de la amenaza o vulneración pues, de acuerdo
con el mismo artículo constitucional, es un mecanismo para reclamar “la
protección inmediata” de los derechos fundamentales.
A partir de
allí la jurisprudencia constitucional ha sostenido invariablemente que la
ausencia de un término de caducidad o prescripción en la acción de tutela
implica que el juez no puede simplemente rechazarla en la etapa de admisión con
fundamento en el paso del tiempo[24], sin embargo, de
la misma forma ha dicho que la finalidad de la tutela como vía judicial de protección
inmediata de derechos fundamentales obliga a la autoridad judicial a
tomar el cuenta como dato relevante el tiempo transcurrido entre el hecho
generador de la solicitud y la petición de amparo pues un lapso irrazonable
puede llegar a demostrar que la solución que se reclama no se requiere con
prontitud, que es precisamente el caso para el cual el mecanismo preferente y
sumario de la tutela está reservado[25].
La acción de
tutela es una acción ágil “y apremiante, diseñada sobre un procedimiento
urgente y célere, que permite la protección rápida de derechos fundamentales
enfrentados a afectaciones reales y actuales de magnitud tal que el aparato
jurisdiccional se ve obligado a hacer a un lado sus tareas ordinarias, a
desplazar los procedimientos regulares que se someten a su consideración, para
abordar de manera preferente el análisis del caso planteado”[26].
Por lo anterior, la orden del juez de tutela “debe estar respaldada por
la urgencia e inmediatez, en presencia de las cuales la Constitución lo
autoriza a modificar una situación de hecho a través de un proceso sumario y
expedito en el tiempo”[27], condiciones que
podrían verse desestimadas si el afectado ha dejado pasar un tiempo irrazonable
para reclamar sus derechos.
Así mismo,
según la jurisprudencia constitucional, la exigencia de inmediatez responde a
necesidades adicionales. En primer lugar, proteger derechos de terceros que
pueden verse vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable[28],
caso en el que “se rompe la congruencia entre el medio de protección y la
finalidad que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas” [29]. En segundo
lugar, impedir que el amparo “se convierta en factor de inseguridad [jurídica]”[30].
En tercer lugar, evitar “el uso de este mecanismo constitucional como
herramienta supletiva de la propia negligencia” en la agencia de los derechos[31].
Ahora bien,
insistentemente ha resaltado esta Corporación que la razonabilidad del plazo no
puede determinarse a priori, lo que se traduciría en la imposición de un
término de caducidad o prescripción prohibido por el artículo 86 de la
Constitución, sino de conformidad con los hechos de cada caso concreto[32].
Es por ello que “en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar
suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un
término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela,
ya que todo dependerá de las particularidades del caso”[33].
En este
orden de ideas, surtido el análisis de los hechos del caso concreto, el juez
constitucional puede llegar a la conclusión de que una acción de tutela, que en
principio parecería carente de inmediatez por haber sido interpuesta después de
un tiempo considerable desde la amenaza o vulneración del derecho fundamental,
en realidad resulta procedente debido a las particulares circunstancias que rodean
el asunto. Así, la jurisprudencia constitucional ha determinado algunos eventos
–por supuesto no taxativos- en que esta situación se puede presentar[34]:
(i) La
existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por ejemplo[35],
la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o
imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la
ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado
drásticamente las circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a
pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación
desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es
actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia
de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la
acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de
derechos fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata.
(iii) Cuando
la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por
el artículo 13 de la Constitución que ordena que “el Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
En esa línea,
diferentes Sala de Revisión de esta Corte han considerado que acciones de
tutela impetradas después de un tiempo considerable contado desde la amenaza o
vulneración del derecho fundamental eran procedentes debido a la presencia de
las hipótesis excepcionales antes descritas.
Un ejemplo de
ello es la sentencia T-526 de 2005 en la que se estimó procedente una acción de
tutela impetrada un año después de que se dejaron de suministrar a una persona
de la tercera edad (75 años) algunos elementos médicos por parte de su Empresa
Promotora de Salud. Indicó la Sala de Revisión que “siendo la
accionante una persona de la tercera edad, que no recibe salario y que el que
recibe su cónyuge es mínimo para cubrir el valor de los elementos, que hasta
donde le pudieron colaborar sus hijos lo hicieron y por cuanto es deber del
estado proteger, prestar ayuda y atención a personas especiales más
concretamente a personas de la tercera edad, no puede argumentarse que por
haberse presentado un año después de que le fue negado el suministro de los
citados elementos, cesa la obligación del estado establecida en el artículo 46
de la Constitución Política. Razón por la cual, los derechos fundamentales de
una persona de la tercera edad deben primar sobre cualquiera de rango legal,
máxime cuando se pone de manifiesto su situación de inferioridad”.
Del mismo
modo procedió la Sala de Revisión al expedir la sentencia T-692 de 2006 en la
que se resolvió la tutela interpuesta por una mujer de 75 años a quien se le
había concedido una pensión de sobrevivientes en 1961 pero tan sólo por dos
años de acuerdo con la regulación vigente al momento de la muerte de su esposo.
Varios años después –en el 2005- la actora solicitó la aplicación de una nueva
regulación que databa de 1977 la cual convertía en vitalicia la pensión de
sobrevivientes. Explicó la Sala que “para el caso propuesto es claro que la
extinción de la sustitución pensional operó desde febrero de 1963 y, del mismo
modo, las normas que eliminaron los términos de extinción de la pensión de
sobrevivientes a favor del cónyuge fueron promulgadas en 1977.  Desde ese
momento, la actora tuvo a su disposición las acciones ordinarias destinadas a
obtener el reconocimiento de la prestación, habida cuenta la modificación de
los supuestos normativos que le dieron origen. Por lo tanto, para el presente
evento no estaría cumplido el requisito de inmediatez, lo que restaría
procedencia a la acción de tutela interpuesta. No obstante, esta conclusión
debe evaluarse a partir de determinados componentes fácticos presentes en el
asunto de la referencia, que permiten otorgarle un tratamiento excepcional. Es
sencillo advertir que la ausencia de la pensión de sobrevivientes reclamada por
la actora ocasiona un perjuicio actual y concreto, en la medida que la priva de
los recursos necesarios para garantizar su subsistencia digna; de forma tal
que, a la fecha, resultan gravemente vulnerados distintos derechos
constitucionales que dependen del ingreso que financie las condiciones
materiales para su eficacia”.
Conclusión
similar se extrajo en la sentencia T-593 de 2007 mediante la cual se decidió la
acción de tutela interpuesta por una mujer y sus hijos menores de edad contra
el antiguo empleador de su compañero permanente, ya fallecido, por negarse a
reconocerles y pagarles la pensión de sobrevivientes a la que tenían derecho. A
pesar de que el  amparo fue solicitado tres años después del surgimiento del
derecho pensional, la Sala de Revisión consideró que resultaba procedente “sin
reparar en la dilación en su interposición, por cuanto se trata de amparar
derechos fundamentales de sujetos de especial protección como son la
accionante, en calidad de madre cabeza de familia, y sus hijos, en condición de
menores de edad, de suerte que adjudicar la carga de acudir al juez ordinario
resulta abiertamente desproporcionado y desconocedor de los principios
inherentes al Estado Social de Derecho”.
Igualmente,
en la sentencia T-792 de 2007 la Sala de Revisión indicó que era procedente la
tutela interpuesta por un soldado bachiller inválido que exigía capacitación
como profesional aunque la acción fue impetrada un año y ocho meses después de
la negativa del Ministerio de Defensa. Ello porque se encontraba demostrado que
la vulneración del derecho fundamental a la educación permanecía y porque se
trataba de una persona en situación de debilidad debido a su discapacidad
física.
Una decisión
análoga se tomó en la sentencia T-783 de 2009 en la que una persona en
condición de discapacidad mental dejó transcurrir un año desde que se profirió
el acto administrativo que negó la pensión de sobrevivientes para acudir a la
vía del amparo. La Sala de Revisión sostuvo que el fallo de instancia, que
declaró la improcedencia de la tutela por falta de inmediatez, partía “de la
consideración de los requisitos de procedencia de la acción, pero los enmarca
en un trasfondo que desconoce que el beneficiario del amparo es un sujeto de
especial protección, que en todo caso, no debe cargar con las consecuencias de
un probable incumplimiento de algún requisito de forma de la acción, que dadas
las circunstancias se presenta como el único medio idóneo para garantizar sus
derechos fundamentales”.
También en la
sentencia T-654 de 2006 se hizo una excepción al requisito de la inmediatez en
el caso de un miembro de la Policía Nacional que había adquirido varias
enfermedades físicas y mentales durante el servicio y a quien se le negaba el
servicio médico. Dijo la Sala de Revisión que, a pesar de que se había
instaurado la tutela diez años después de la fecha en que tuvieron lugar los
hechos, “la inmediatez no puede alegarse como excusa para dejar de amparar
los derechos constitucionales fundamentales cuando frente a quien se pretende
hacer valer este requisito es una persona que sufre un serio deterioro en su
salud física y mental y es incapaz de medir las consecuencias de su acciones u
omisiones, menos aquellas relacionadas con aspectos jurídicos. De admitirse
esta posibilidad, se le estaría negando a una persona colocada en
circunstancias de debilidad manifiesta de manera seria y grave la posibilidad
de acceder a la administración de justicia en defensa de los derechos que le
han sido desconocidos, tanto más cuanto, las consecuencias de esa vulneración
han permanecido en el tiempo y tienden a agudizarse cada día más”.
Así mismo es
reiterada la jurisprudencia de esta Corporación respecto de la flexibilidad en
la exigencia del requisito de inmediatez cuando se trata de acciones de tutela
interpuestas por personas en situación de desplazamiento forzado. En la
sentencia T-299 de 2009, en la que los hechos que forzaron el desplazamiento
habían ocurrido en el año 2006, señaló la Sala de Revisión que la acción era
procedente ya que “la vulneración puede haber continuado en el tiempo, pese
a que los hechos ocurrieron en el año 2006. La condición desfavorable de los
accionantes es actual, en tanto no se ha resuelto su situación”. Iguales
consideraciones se hicieron en la sentencia T-468 de 2006 y en la sentencia
T-563 de 2005  frente a acciones de tutela incoadas por personas desplazadas
por la violencia respecto de hechos ocurridos en el 2001 y en el 2000,
respectivamente.
6. Consideraciones de la
Sala,  comunes  a los casos  concretos
Tal como lo manifiestan
algunas de las sentencias objeto de revisión en ambos casos, las tutelantes
disponen de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en pro de
lograr que se deje sin efecto la negativa a pensionarlas.   Por ello, es
preciso verificar si está acreditado que (i) dentro del litigio legal existe un
problema de derechos fundamentales, lo cual habilitaría al juez constitucional
para decidir la controversia; (ii) en aras de acreditar que con la negativa de
la pensión está involucrado un asunto de raigambre fundamental y no meramente
de carácter litigioso, se precisa demostrar también  tratándose de personas de
la tercera edad, como en ambos casos,  que su mínimo vital se encuentra
afectado y también su derecho a la vida en condiciones dignas. Esta situación
hace que la acción de tutela y no otros medios de defensa de derechos
fundamentales sea la procedente e idónea; (iii) finalmente será preciso
demostrar la  necesidad de evitar un perjuicio irremediable, ya que de eso
depende la procedencia de la tutela en el caso concreto.
Como se
expuso ut supra  la pensión de sobrevivientes se constituye en un derecho
cuya connotación es fundamental, ya que mediante ella logra garantizarse el
derecho al mínimo vital de las personas que dependían económicamente del
causante. Dicho de otro modo: tal prestación económica no tiene otra finalidad,
que la de proteger al núcleo familiar que ha quedado desamparado por causa de
la muerte de quien proveía su sustento, en el sentido de reconocer una
prestación económica para mantener a sus beneficiarios, al menos, en las mismas
condiciones socio-económicas con las que contaban en vida del causante. Para su
efectivo reconocimiento, se requiere, además del cumplimiento de los requisitos
generales previstos en la ley, de la acreditación de la condición de beneficiario
legal a partir del orden de prelación señalado en las disposiciones
vigentes en la materia.
De entrada estima la Corte, lo
que se expondrá con más definición, que   el medio alternativo de defensa
indicado para ser utilizado por las accionantes ha de considerarse como
ineficaz en los casos analizados, de cara a asegurar a las accionantes, su vida
digna por el número de días o años que le faltare por vivir y a evitarle un perjuicio irremediable. La  Corte considera
claramente que en estos casos de debaten asuntos constitucionales de alta
entidad, como es  el compromiso del mínimo vital de las peticionarias y la
infracción patente del derecho a la igualdad al considerar por parte de las
entidades accionadas que sólo las cónyuges tienen derecho a la pensión de
sobreviviente. Ha dispuesto la jurisprudencia que en aquellos casos en los
cuales se encuentra afectado el derecho al mínimo vital de una persona en
debilidad manifiesta no puede exigírsele el agotamiento de las vías ordinarias,
pues el asunto cobra relevancia constitucional, en razón a la
insuficiencia de los mecanismos ordinarios para atender la pronta custodia de
las garantías superiores de todas las personas, máxime tratándose de las más
vulnerables por la edad. [36]
Habrá que
entender igualmente en los dos casos revisados,  que el derecho a la
sustitución de las accionantes considerado en sí mismo no ha prescrito  toda
vez que se trata de un derecho de naturaleza imprescriptible y consagra una
obligación de tracto sucesivo de signo vitalicio. Sin embargo, las mesadas no
reclamadas se someten a la regla de prescripción de 3 años establecida en las
correspondientes normas. Por lo anterior, estima la Sala que las accionantes
están en la legítima posibilidad de reclamar su derecho a la sustitución
pensional de sus fallecidos compañeros, sin que para el efecto implique ninguna
consecuencia desfavorable, que el deceso en ambos casos  haya ocurrido hace ya
mucho tiempo. La Constitución Política de 1991, aseguró la protección que
merece la familia como núcleo de la sociedad, y reconoció que la familia se puede
constituir por vínculos jurídicos o naturales, es decir, a través del
matrimonio o de la decisión libre de un hombre y de una mujer de conformarla.
Con ello igualó las dos instituciones y prohibió cualquier forma de trato
discriminatorio entre ellas, y entre quienes las conforman.
Es claro, como se mencionó in extenso en
esta sentencia, que según los dictados de la jurisprudencia vigente, quien
accione en tutela debe evitar que pase un tiempo excesivo o irrazonable
desde que se presentó la actuación u omisión que amenaza o vulnera sus derechos
fundamentales, so pena de que la acción se deniegue por improcedente. No
obstante, la jurisprudencia, en varias oportunidades, ha determinado que el
estudio riguroso del examen de procedibilidad debe ceder ante situaciones
concretas para propender por la eficacia de los derechos fundamentales. Es así
como esta Corporación ha reiterado en varias ocasiones que el análisis de la
procedencia  de la acción de tutela no debe ser tan riguroso tratándose de
sujetos en estado de debilidad manifiesta cuando está en juego la protección de
derechos fundamentales, encontrándose dentro de este grupo las personas de la
tercera edad.[37]
Así entonces,
cuando la Corte ha entrado a valorar acciones de tutela que se presentan cuando
ha transcurrido un tiempo considerable desde que se presentó por primera vez la
situación vulneradora del derecho, ha determinado que la razonabilidad en el
tiempo transcurrido entre la interposición del recurso constitucional y el
hecho que vulneró o que amenaza un derecho fundamental, debe justificarse en
los siguientes presupuestos[38]: (i) si existe un
motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad
justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados
con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la
acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado;[39]
(iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la
actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un
plazo no muy alejado de la fecha de interposición.[40]”Según
lo anterior, el juez de tutela debe hallar la proporcionalidad entre el medio
judicial utilizado por el accionante y el fin perseguido en el mismo, para de
esta manera determinar la procedencia de la acción de tutela como mecanismo
idóneo para la protección del derecho fundamental reclamado.
Además de lo anterior, la
jurisprudencia[41] también ha destacado que puede
resultar admisible que transcurra un extenso espacio de tiempo entre el hecho
que genera la vulneración y la presentación de la acción de tutela  en una  circunstancia
claramente identificable: “cuando se pueda establecer que (…) la especial
situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos
fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga
de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros.”[42]
Contrario a lo estimado por los
jueces de instancia en ambos casos,  la Sala encuentra que, aunque es evidente
que el tiempo que dejaron  pasar las accionante para impetrar la acción de
tutela es irrazonable, debido a las especiales circunstancias que rodean estos
asuntos resultan aplicables las  excepciones a la exigencia de la inmediatez
que, como se vio, ha admitido la jurisprudencia constitucional:
En ambos casos, a pesar del paso
del tiempo, la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales permanece, es
decir, continúa y es actual pues siguen sin disfrutar de la pensión de
sobreviviente a la que argumentan tener derecho, lo que las ha llevado a situaciones
críticas de pobreza. Recuérdese que la finalidad de la exigencia de la
inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de
tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos
fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata, como
se logra ver en los casos presentes.
También
advierte la Sala que, en los casos analizados la carga de la interposición de
la acción de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada dada su
condición de personas de la tercera edad - 79  y 83 años- y su situación de
debilidad manifiesta originada en la precaria situación económica que viven, la
cual es consecuencia, precisamente, de la falta del reconocimiento de la
pensión de sobreviviente. Como se anotó con anterioridad, esta Corte ha inaplicado
el requisito de la inmediatez frente a personas de la tercera edad[43]
bajo el argumento de que, según el artículo 46 de la Constitución Política, es
deber del estado proteger, prestar ayuda y atención a este grupo poblacional,
obligación que no cesa por el paso del tiempo.
Otra razón
que concurre a  una excepción del principio de inmediatez es el mal estado de
salud de las accionantes y la  ausencia de servicios médicos, el cual también
ha sido un criterio relevante en la jurisprudencia de este Tribunal. En la
sentencia T-654 de 2006, caso en el que pasaron 10 años entre la situación que
dio origen a la violación del derecho y la solicitud de amparo, se aseveró que “la
inmediatez no puede alegarse como excusa para dejar de amparar los derechos
constitucionales fundamentales cuando frente a quien se pretende hacer valer
este requisito es una persona que sufre un serio deterioro en su salud (…) De
admitirse esta posibilidad, se le estaría negando a una persona colocada en
circunstancias de debilidad manifiesta de manera seria y grave la posibilidad
de acceder a la administración de justicia en defensa de los derechos que le
han sido desconocidos, tanto más cuanto, las consecuencias de esa vulneración
han permanecido en el tiempo y tienden a agudizarse cada día más”.
-El restante elemento que en común
tienen ambos casos, es la prueba de la dependencia  económicamente que
demuestran las interesadas  respecto de sus compañeros permanentes, razón por
la cual actualmente su derecho al mínimo vital se encuentra en grave riesgo. Se
reitera en este aspecto, que no porque  haya pasado mucho tiempo se disuelve la
dependencia económica, la jurisprudencia ya ha dispuesto que este criterio debe entenderse
como la falta de condiciones materiales que permitan a los beneficiarios de una
pensión de sobrevivientes procurarse por sí mismos los recursos necesarios para
tener una subsistencia digna, entendida ésta, en términos reales y no derivada
de apreciaciones meramente formales. Así pues, las  accionantes sostienen, sin
que las entidades accionadas lo controviertan, que dependían de sus compañeros
y que la mesada supliría sus necesidades básicas. La dependencia económica
supone entonces, un criterio de necesidad, que supedita al beneficiario de la
pensión de sobrevivientes al auxilio que recibía por parte del causante, de
manera que el mismo se convierte en imprescindible para asegurar su
subsistencia. La  Corte Constitucional en la sentencia C-111 de 2006, concluyó
que la dependencia predicada del beneficiario con respecto al causante de la
pensión de sobrevivientes, no debe ser total y absoluta, sino que la misma debe
ser valorada de acuerdo con la situación fáctica del beneficiario, por ello “
el criterio de dependencia económica,  si bien tiene como presupuesto la
subordinación del beneficiario frente a la ayuda pecuniaria que en vida le
otorgaba el causante para subsistir, no excluye que dichos beneficiarios puedan
percibir un ingreso adicional siempre y cuando éste no los convierta en
autosuficientes económicamente, ya que de lo contrario se extinguiría la
prestación pensional.” [44]
6.1 Expediente
T- 2989102
En pruebas allegadas al
expediente, la Sala destaca los siguientes hechos:
-Que el señor Carlos Rojas Rosero
estaba pensionado de la Policía mediante Resolución 4031 de 1984.
-Que la accionante hizo vida
marital con el señor Carlos Rojas Rosero por espacio de 35 años en unión libre
y de esa relación nacieron Miriam , Fabiola,  Luz Eddi, Gladys Mabel, Carlos
Alberto y Luis James Rojas López, hoy todos mayores de edad, casados e
independientes.
-Afirma la actora, sin que exista
testimonio en contrario, que tanto ella como sus hijos siempre dependieron del
señor Rojas Rosero. Existen en el expediente, certificados de ingreso y
retenciones del año 1985 donde reportaba como personas a cargos los dos últimos
hijos menores y a la accionante.
-
En tanto el hogar así constituido era una unión extramatrimonial,
nunca pudieron tener acceso a los servicios de salud por  parte de la Policía
Nacional, por cuanto esa institución sólo reconocía este derecho a quienes
demostraran estar casados. Se lee en el escrito suscrito por la accionante ante
la Policía Nacional para requerir el reconocimiento de la pensión, que  el
señor Rojas  Rosero sólo tuvo un núcleo familiar en sus últimos años y fue el
que le prodigó la actora y sus  6 hijos, muriendo incluso “postrado en su
cama por una penosa enfermedad”. Sobre  estas circunstancias, existen
varias declaraciones ante notario corroborando lo dicho por la accionante.
-
El señor  Rojas Rosero estaba formalmente casado con la señora
María Luisa González pero no tenía vida marital con ella; sin embargo, la
accionante siempre creyó  equivocadamente que no podía reclamar su pensión en
vida de la esposa del causante. Cuando la demandante se entera de la muerte en
la ciudad de Pasto de la esposa de su compañero, presenta la solicitud de
pensión de sobreviviente ante la Policía Nacional quien manifiesta su negativa
en abril de 2010 señalando que las normas vigentes al momento de morir su
compañero,- Decreto 2274 de 1998- sólo le daban el derecho prestacional  a la
cónyuge sobreviviente.
- Ante lo realmente acaecido en
este caso, sobra decir que el  estado de ignorancia de la peticionaria se erige
en una potísima razón para no haber accionado en 20 años, pues durante ese
tiempo creía, erróneamente, que no podía reclamar sus derechos como compañera
permanente hasta tanto no muriera la esposa del causante que gozaba de la
pensión.  Así, una vez que su compañero fallece, no acude a solicitar el
reconocimiento de la sustitución pensional por considerar que tal derecho no le
asistía y ante la ausencia de un ingreso para satisfacer las necesidades
familiares empezó a vivir de lo que le daban sus hijos. El mismo supuesto
fáctico se analizó en la sentencia T- 932 de 2008 que constituye precedente al sub
judice en donde la Corte consideró por igual que “la accionante estaba
en la legítima posibilidad de reclamar su derecho a la sustitución pensional de
su fallecido compañero, sin que para el efecto implicara ninguna consecuencia
desfavorable, que su deceso se produjera  39 años atrás”.
Por lo anterior, no es constitucionalmente
aceptable que las normas jurídicas, como en el caso del expediente T- 2989102
reconozcan derechos a favor únicamente  de la esposa, excluyendo de los mismos
a la compañera permanente. Un trato en este sentido a la luz de la Constitución
Política de 1991 es  discriminatorio,  violatorio de la protección de la
familia y del principio de igualdad consagrado en el ordenamiento Superior. Por
ello, si una norma jurídica prevé la existencia de un derecho a favor de los
cónyuges, excluyendo del mismo a los compañeros permanentes, su interpretación
debe ser extensiva en el sentido de ampliar el ámbito de aplicación de los
beneficios establecidos en las disposiciones, previstos en principio
exclusivamente para cónyuges, a los compañeros permanentes.[45]
Con fundamento en lo expuesto, encuentra
esta Corporación que la negativa de  la Policía Nacional- Grupo Pensiones- al
reconocimiento de la sustitución pensional de la accionante, mediante
Resolución de abril 15 de 2010, con el argumento de que  el régimen aplicable al
momento de morir  el señor Carlos Rojas Rosero era el contenido en el Decreto
2274 de 1984 en el cual esta prestación sólo se encontraba prevista para la
cónyuge, es violatoria del derecho a la igualdad de la accionante y de la
protección que merece la familia por parte del ordenamiento constitucional. Si
bien, esa disposición en su artículo 116 establecía que  sólo era la esposa la
beneficiaria de   las prestaciones  en caso de fallecimiento de un empleado
público de la  Policía Nacional, un  entendimiento de la norma en este sentido,
a la luz de la Constitución de 1991 resulta inadmisible, en razón a que
conforme con el nuevo ordenamiento constitucional, la cónyuge y la compañera
permanente cuentan con la misma protección y gozan de iguales derechos, sin que
sea posible establecer ningún tipo de diferenciación o restricción para el goce
de las garantías fundamentales por esta causa. En este contexto, precisa ésta
Sala de Revisión que la protección ofrecida por la Constitución de 1991 a todas las forma de familia, debe entenderse desde la expedición de la misma, y por lo tanto
las normas jurídicas que contradigan dicho postulado, deberán ser
interpretadas, de cara al caso concreto, conforme con los principios
constitucionales enunciados.
La jurisprudencia de la Corte
Constitucional permite deducir  con claridad, que el contenido  del artículo
116 del Decreto 2274 de 1984 no se apareja con la extensa tendencia legislativa[46]
que reconoce derechos a la compañera permanente por la muerte del trabajador o
pensionado, en la medida que otorga protección integral a todas las familias,
bien sea que estén constituidas por vínculos naturales o jurídicos. Se trata
pues,  de una norma que mantiene la discriminación prestacional contra las
personas que conviven en unión de hecho y por ello, se ordenará que para el
caso concreto en tanto es contrario a las normas superiores. En consecuencia, lo
procedente para solucionar este asunto desde la perspectiva que ordena la
Constitución Política,  es integrar las diferentes normas de rango
constitucional y legal, y concluir que la compañera permanente tiene derecho a
la pensión de sobreviviente, pese a que la normatividad existente para el caso
específico no lo  contemple.
Aplicar la  preceptiva del
Decreto 2274 de 1984 resulta claramente  inconstitucional, en cuanto  va en
contra del principio de igualdad y de los derechos fundamentales al mínimo
vital y a la seguridad social entendidos en el contexto de un Estado Social.
Recuérdese que en un Estado Social de derecho la interpretación jurídica
siempre implica la obligatoria incorporación de los principios y derechos
constitucionales dentro de los elementos de análisis jurídico que sirven como
fundamento a la resolución de cada situación, pues sólo de esta forma es
posible llegar a soluciones acordes con el sentido de justicia material que
debe imperar en este tipo de Estado.
Así lo sostuvo recientemente esta
misma Sala de Revisión[47] en un caso análogo,
cuando señaló que (i) una entidad obligada a satisfacer el derecho a una
pensión de sobreviviente, vulnera las garantías  constitucionales a la
igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital de una persona, cuando niega
el reconocimiento de la prestación amparado en una norma jurídica que, conforme
a una interpretación literal, excluye a los compañeros permanentes del anotado
beneficio y (ii) cuando una disposición jurídica prive a los compañeros
permanentes del derecho a una pensión de sobrevivientes, el operador jurídico
debe interpretarla en el sentido de incluir a estas personas dentro de su ámbito
de protección en los mismos términos con que se ampara al cónyuge supérstite.
Por esta razón, en aplicación directa de la Constitución Política de 1991 y de
los precedentes constitucionales sobre la materia, la Sala precisa que esta
norma debe interpretarse  en el presente caso incluyendo  a estas
personas dentro de su ámbito de protección en los mismos términos en  que se
ampara a la  cónyuge supérstite.
En suma,  con  arreglo a la fuerza
normativa de la Constitución Política y la jurisprudencia de esta
Corporación, la entidad demandada ha debido tener en cuenta que cláusulas
pensionales como la descrita en el artículo 116 del  Decreto 2247  de 1984
resultan abiertamente contrarias al ordenamiento superior en la medida que
discriminan a las compañeras permanentes al privarlas de una prestación que
está dirigida a amparar al núcleo familiar, “sin advertir que tanto las
familias surgidas de nexos naturales como las que son producto de relaciones
matrimoniales, enfrentan iguales desafíos a la muerte de uno de sus miembros, y
demandan por ende, requerimientos análogos de protección por parte del Estado
Constitucional”.[48]
La Corte
reitera de esta forma su la línea jurisprudencial condensada en las sentencias
T-1009 de 2007, T-932 de 2008, T-584 de 2009,  T-098 de 2010[49]
y T- 110 de 2011 en las que este Tribunal analizó casos en los que se negó a
las demandantes el reconocimiento de su derecho a la sustitución pensional con
fundamento en una norma jurídica que excluía a las compañeras permanentes del
aludido beneficio económico.
6.2.
Expediente T-2981721
Los
antecedentes fácticos se extractan así:
Pretende la actora que en su condición de compañera
permanente, se le     reconozca el derecho a la pensión de sobreviviente, el cual
venía disfrutando en vida el señor Gabriel Pérez, derecho que le fue negado por
la entidad accionada, toda vez que en la oportunidad requerida para asignar la
aludida pensión se presentó únicamente la señora Yolanda Porto de Pérez en
calidad de cónyuge del causante, a quien se le reconoció el 100% de la pensión
de sobreviviente e incluyó en la nómina de pensionados, desde enero del 2002,
disfrutando actualmente de una mesada pensional de $1.148.866.96. La accionante
tiene  83 años de edad, dice encontrarse en extrema pobreza y sin  protección
en salud. Durante más de 40 años  vivió  en calidad de compañera permanente con
el señor Gabriel Pérez Rangel con quien tuvo tres hijos y quien falleció el día
10 de junio del 2001 siendo  pensionado de Puertos de Colombia. Allegó
declaraciones extra juicio donde consta que fue su compañera permanente y vivió
en unión marital de hecho con el  causante. Las declaraciones arrimadas al
expediente suscritas por Elida Inés Cardozo Argumedo, Dilma Sofía Sierra de la
Espriella y Rosalba Floretitis Vásquez rendidas ante notario reconocen la
convivencia de la accionante con el fallecido. Las  sentencias de instancia  en
fallos encontrados, sostuvieron por un lado que la entidad violó el derecho al
mínimo vital de la accionante e ignoró la jurisprudencia constitucional en
torno a la protección de la compañera permanente que demuestra convivencia
simultánea; la sentencia de segunda instancia revoca esta decisión tras
sostener que la accionante no se allanó al presupuesto de inmediatez en
la presentación de la tutela. Por su parte, la señora Yolanda Porto de Pérez,
esposa del fallecido, se opone a la tutela, arguyendo que la señora Cardozo no
cumple con los requisitos que la ley exige para acceder a la pensión de
sobrevivencia, como lo es (i)  acreditar vida marital con el causante hasta su
muerte, por lo que fue ella quien lo cuidó hasta morir y (ii) haber convivido
con él no menos de cinco años anteriores  a su muerte.
En consideración de esta Sala, se
encuentra demostrado que la accionante, persona de la tercera edad, hoy con 83
años, convivió  40 años con el causante  y de tal unión procrearon tres  hijos.
La entidad reconoció que el señor Gabriel Pérez era pensionado de Puertos de
Colombia. Aportó como pruebas de su unión de hecho varias  declaraciones
ante notario que corroboran que  efectivamente convivió 40 años de manera
permanente y sin interrupción con el causante. Para esta Sala de Revisión, la
situación fáctica presentada por la accionante y corroborada por las
declaraciones ante notario allegadas por la misma, demuestran que la actora
era  compañera permanente del causante, persona con quien constituyó una
familia de manera libre y voluntaria (Art. 42, CP), a la cual el Estado debe
garantizar protección integral y los derechos y deberes reconocidos a las
familias estructuradas bajo vínculo matrimonial; por tanto, la accionada debió
dar plena  aplicación al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, norma claramente aplicable
al caso.
-Ahora
bien, se desprende del expediente, que los actos denegatorios de la pensión
reclamada por  la  accionante se sustentaron principalmente en tres argumentos:
(i) que la peticionaria no cumple con los requisitos dispuestos en el literal a
del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 707 de 2003, norma
que obligaba a acreditar la vida marital con el causante por lo menos desde que
este cumplió con los requisitos para tener derecho a la pensión y hasta su
muerte y la convivencia con el fallecido por no menos de 2 años continuos, con
anterioridad a su muerte; (ii) que no aparece documento alguno, en la historia
laboral del pensionado fallecido, que muestre que la hoy actora fuera
reconocida como compañera permanente del pensionado y sí prueba de que la
cónyuge beneficiaría era la señora Yolanda Porto de Pérez y, que en todo caso,
si hubiera presentado la reclamación en tiempo, le habría correspondido a la
justicia ordinaria resolver el conflicto.
Para responder tales alegaciones,
la  Corte reitera que de la lectura de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de
1993, la jurisprudencia de esta Corporación ha deducido que el propósito de la
pensión de sobrevivientes es el de proteger a los familiares del afiliado o del
pensionado que fallece, frente a las contingencias económicas derivadas de su
muerte[50].
Ese cometido, ha señalado la misma Corte, hace de la pensión de sobrevivientes
un instrumento cardinal para la protección del derecho al mínimo vital de
quienes son potenciales beneficiarios, en los términos de ley. Si el legislador
establece que la compañera permanente del pensionado puede ser beneficiaria de
la pensión de sobrevivientes cuando reúna determinadas condiciones, no pueden
las entidades encargadas de reconocer este tipo de pensiones exigir el
cumplimiento de requisitos adicionales o significativamente distintos a los
exigidos por la ley, sin violar el derecho al mínimo vital de quienes la
reclaman con justicia. En consecuencia, para verificar si la entidad accionada
vulneró a la tutelante el derecho fundamental al mínimo vital tras haberle
negado el reconocimiento a la pensión de sobrevivientes, es necesario
establecer si los fundamentos de esa negativa tienen un sustento inmediato en
la ley o si, por el contrario, se apartan significativamente de lo que
específicamente ha exigido el legislador en casos como el de la peticionaria.
Pues bien, en el literal a) del
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797
de 2003, el legislador estableció los requisitos para que el cónyuge o la
compañera o compañero permanente del pensionado pueda beneficiarse de la
pensión de sobrevivientes, en los siguientes términos:
“Artículo
47. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En
forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante,
tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se
cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco
(5) años continuos con anterioridad a su muerte;”
Como puede advertirse, la Ley 100 de 1993 en su artículo 47 hace
depender la titularidad del derecho a la pensión de sobrevivientes de que la
cónyuge supérstite acredite haber estado “haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco
(5) años continuos con anterioridad a su muerte”. Sobre los alcances  del
requisito de convivencia, que es el que cuestiona la entidad accionada en este
caso y algunos intervinientes,  tanto la Corte Constitucional como la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia han interpretado que no exige que ambos
cónyuges vivan bajo un mismo techo.
En efecto, en la sentencia T-787 de 2002[51], la Corte estudió la
acción de tutela interpuesta en contra del Instituto de Seguros Sociales, por
haber proferido una resolución que negaba el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a la cónyuge de uno de sus afiliados, por considerar que ésta no
acreditó haber convivido con el causante hasta el momento de su muerte, pues
los meses inmediatamente anteriores al fallecimiento del pensionado, los
cónyuges no habitaron bajo el mismo techo. La Corte resolvió tutelar
transitoriamente los derechos de la accionante y ordenó al Instituto de Seguros
Sociales que reconociera la pensión de sobrevivientes, pues interpretó que en
ese caso no hubo interrupción de la convivencia entre los cónyuges a pesar de
que no hubieran habitado bajo el mismo techo hasta la muerte del pensionado, ya
que dentro del proceso se acreditó que la cónyuge supérstite dependía
económicamente del pensionado y no se vislumbró el propósito de la accionante
de obtener el reconocimiento de la prestación de manera fraudulenta. Lo propio
sostuvo la Corte en fallo reciente T- 197 de 2010,[52]
en la que sostuvo que  en caso de  existir  razones fundadas no vivir bajo el
mismo techo los últimos años de vida, no podía oponerse tal exigencia a la
compañera permanente para cuestionar su derecho a reclamar la pensión de
sobreviviente.
En igual forma, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que “la
convivencia entre los cónyuges no desaparece por la sola ausencia física de
alguno de los dos, cuando ello ocurre por motivos justificables, como de salud,
oportunidades u obligaciones laborales, imperativos legales o económicos, entre
otros”.[53]
Así, la Corte Suprema de Justicia
admite que cuando los cónyuges no convivan bajo un mismo techo por una causa
justificada, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, tiene
derecho a que se le reconozca la pensión de sobrevivientes, siempre que
acredite que mantuvo hasta la muerte del causante el afecto, el auxilio mutuo,
el apoyo económico y el acompañamiento espiritual propios de la vida en pareja[54].
En consecuencia, la compañera
permanente tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
aunque no haya habitado bajo el mismo techo del causante hasta su muerte,
siempre y cuando exista una causa justificada para la separación aparente de
cuerpos. Por lo tanto, “si una persona se encuentra en esas circunstancias y
se le niega la pensión de sobrevivientes bajo el argumento de que no vivió bajo
el mismo techo del causante hasta su muerte, se le viola su derecho fundamental
al mínimo vital si de la pensión depende la posibilidad real de proveerse las
condiciones para llevar una existencia digna.”[55]
Descendiendo al asunto objeto de
análisis, se advierten varias afirmaciones encontradas: mientras la accionante
sostiene que vivió con el causante hasta su muerte, la esposa del fallecido
señaló en su intervención haber sido ella quien lo cuidó de una penosa
enfermedad hasta fallecimiento y la entidad accionada afirma que no está
probada la convivencia los años anteriores a la muerte señor Gabriel Pérez. A
la luz de la jurisprudencia referida, ninguna de las dos intervenciones
descarta la legitimidad de la accionante a su derecho pensional por cuanto de
aceptarse la segunda circunstancia, sería aplicable la doctrina mencionada en
punto a la justificación para no haber estado junto al causante los años
anteriores a morir. Por lo anterior, se ordenará en este caso que la pensión se
comparta con la esposa del fallecido. En estos eventos, de conformidad con la
sentencia C-1035 de 2008, de acreditarse  convivencia simultánea con el
causante durante al menos sus últimos cinco años de vida, la pensión de
sobrevivientes debe ser concedida en proporción al tiempo de convivencia con el
fallecido. Sin embargo, con base en criterios de justicia y equidad, como lo ha
señalado el Consejo de Estado, el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes en casos de convivencia simultánea se puede hacer en partes
iguales a los compañeros(a) permanentes o al cónyuge y compañero(a) permanente.[56]
Se
reiteran en este caso las sentencias T- 1097 de 2007, T-932 de 2008, T- 1028 de
2010, T- 301 de 2010 y T-197 de 2010 que constituyen precedentes a este caso, precisando
que el supuesto resuelto en la sentencia T- 221 de 2009, no es aplicable a los
casos analizados, por cuanto la accionante en esa causa no demostró los
requisitos de procedibilidad para que, en forma excepcional, fuera procedente
el reconocimiento de pensión sustituta mediante acción de tutela [57]
en tanto  no probó estar en la
tercera edad ni sufrir un  perjuicio irremediable
7.
Conclusión
Por todas las consideraciones
puestas de presente en ambos casos, la Corte concederá el amparo definitivo de
los derechos fundamentales de las tutelantes, pues someterlas a un proceso
judicial les impondría una carga desproporcionada por sus condiciones de
debilidad manifiesta[58]
amén del    carácter indiscutible de su derecho pensional. Teniendo en cuenta
que en el presente fallo se va a amparar el derecho al mínimo vital y a la
seguridad social de las tutelantes reconociéndole definitivamente el derecho a
la pensión de sobrevivientes, esta Sala de Revisión señala que los efectos de
la presente decisión se surten a partir de la fecha en que se ha proferido. Por
tanto, el reconocimiento de la pensión es a partir de la fecha de la presente
decisión.[59] .
En consecuencia, se ordenará
dentro del expediente T-2981721 al Ministerio de la Protección Social-Grupo
Interno de trabajo para la Gestión Social de Puertos de Colombia- que en el
término de treinta (30)  días contados a partir de la notificación de esta
sentencia, reconozca a la accionante como compañera permanente del señor
Gabriel Pérez Rangel,  la pensión de sobreviviente de manera proporcional, a
partir de la fecha de esta decisión, teniendo en cuenta las razones que
fundamentan esta sentencia y las contenidas en la sentencia C-1035 de 2008 y
T-301 de 2010.
Para el caso del expediente T-
2989102 se ordenará revocar la sentencia proferida  el  8 de febrero de 2011
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán y en su lugar
tutelar los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la
seguridad social y a la igualdad de la accionante María Teresa López Agredo. En
consecuencia, se ordenará a  la Secretaría General del área de
Prestaciones Sociales de la Policía Nacional, que reconozca a la accionante
como compañera permanente del señor Carlos Rojas Rosero, a partir de la fecha
de esta decisión, la sustitución pensional a la que tiene derecho, teniendo en
cuenta la interpretación constitucional efectuada en este caso  por esta
Corporación del artículo 116 y concordantes  del Decreto 2247 de 1984, vale
decir que se entienda que las compañeras permanentes también son sujetos
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia, en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la
sentencia proferida el 6 de diciembre de 2010 dentro del expediente T-2981721
por el Tribunal Administrativo de Bolívar y en su lugar TUTELAR los
derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la seguridad social
y a la igualdad de la accionante Elida Inés Cardozo Argumedo. En consecuencia, ORDENAR
al Ministerio de la Protección Social-Grupo Interno de trabajo para la
Gestión Social de Puertos de Colombia- que reconozca a la accionante como
compañera permanente del señor Gabriel Pérez Rangel, la sustitución pensional a
la que tiene derecho de  manera proporcional, a partir de la fecha de esta
decisión, teniendo en cuenta las razones que fundamentan esta sentencia,  las
contenidas en la sentencia C-1035 de 2008 y T-301 de 2010.
SEGUNDO.- REVOCAR la
sentencia proferida  el  8 de febrero de 2011 dentro del expediente T- 2989102
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán y en su lugar TUTELAR
los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la seguridad
social y a la igualdad de la accionante María Teresa López Agredo. En
consecuencia, ORDENAR a  la Secretaría General del área de Prestaciones
Sociales de la Policía Nacional, que reconozca a la accionante como compañera
permanente del señor Carlos Rojas Rosero, a partir de la fecha de esta
decisión, la sustitución pensional a la que tiene derecho, teniendo en cuenta
la interpretación constitucional efectuada en este caso  por esta Corporación
del artículo 116 y concordantes  del Decreto 2247 de 1984.
TERCERO. LÍBRENSE
las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para
los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, insértese
en la gaceta de la Corte Constitucional
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Ausente en
comisión
MARTHA VICTORIA SACHICA
MENDEZ
Secretaria
General
[1] fls. 123 y 124 del expediente.
[2] Corte Constitucional, sentencia de tutela T-786 del 14 de
agosto de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
“[3] M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[4] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[5] T- 249 de 2010
[6] Ver, entre otras, Sentencia C-111 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[7] Artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, conforme al cual: “Tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes: 1. Los miembros del grupo
familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,
// 2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que
fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de
los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten
las siguientes condiciones: // a) Muerte causada por enfermedad: si es
mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del
tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la
fecha del fallecimiento; b) Muerte causada por accidente: si es mayor de
20 años de edad, haya cotizado el veinte por ciento (20%) del tiempo
transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del
fallecimiento”. Norma declarada exequible en el entendido que: “el
caso del literal a) del numeral 2 será exigible la cotización del veinte por
ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que el afiliado al
sistema que fallezca cumplió 20 años de edad y la fecha de su muerte”. Sentencia
C-1094 de 2003. M.P, Jaime Córdoba Triviño.
[8] Sentencia C-1176 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[9] M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[10] Ver sentencias C-230 de 1998 M.P. Hernando Herrera Vergara, C-198 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-624 de 2006 M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[11] Ver sentencia T- 274 de 2007 M. P. Nilson Pinilla Pinilla
[12] Sobre los derechos fundamentales que se ponen en riesgo por el
no reconocimiento de la pensión de sobrevivientes pueden verse entre otras las
sentencias T-426-92, T-116-93, T-426-94, T-351-97,T-738-98, T-801-98, T-099-99,
T-288-00, T-481-00, T-518-00, T-443-01.
[13] T- 236 de 2010.
“[14] Sentencia T-738/98, T-801/98”
“[15] T-116/93, T-426/94, T-351/97, T-099/99, T-481/00, T-042ª/01”
“[16] T-518/00, T-443/01, T-288/00, T-360/01´´
“[17] T-351/97, T-018/01, T-827/00, T-313/98, T-101/00, SU-062/99”
“[18] T-753/99, T-569/99, T-755/99”
“[19] Sentencia T-1752/00 MP. Cristina Pardo
Schlesinger.  Ver también T-482 de 2001 MP. Eduardo Montealegre Lynett.
”
[20] M.P. (E) Rodrigo Uprimny Yepes.
[21] Corte Constitucional, sentencia de tutela T-482 del 10 de mayo de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.
[22] En este sentido, las sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006,
T-692 de 2006, T-905 de 2006, T-1084 de 2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007,
T-825 de 2007,  T-243 de 2008, T-594 de 2008, T-189 de 2009,  T-299 de 2009, T-265
de 2009,  T-691 de 2009, T-883 de 2009, T-328 de 2010,  entre muchas otras.
[23] Reiterada en numerosas oportunidades por las distintas Salas de
Revisión de esta Corte, entre ellas las sentencias T-016 de 2006,  T-158 de
2006,  T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1009 de 2006,  T-1084 de
2006,  T-593 de 2007, T-594 de 2008,  T-265 de 2009 y T-328 de 2010.
[24] En este sentido las sentencias SU-961 de 1999, T-016 de 2006,  T-158
de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-1084 de 2006, T-594 de 2008,  T-265 de
2009, T-328 de 2010,  entre otras.
[25] En este sentido las sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de
2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1009 de 2006, T-593
de 2007, T-792 de 2007, T-825 de 2007, T-243 de 2008, T-594 de 2008, T-884 de
2008,  T-265 de 2009, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009,  entre
otras.
[26] Sentencia T-594 de 2008.
[27] Sentencia T-158 de 2006. Reiterada por la sentencia T-691 de 2009.
[28] En este sentido las sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006,
T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1084 de 2006, T-1009 de 2006,
T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.
[29] Sentencia SU-961 de 1999.
[30] Ibídem. En el mismo sentido, sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006,
T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1009 de 2006,
T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009, T-691 de 2009 y T-883 de 2009,
entre otras.
[31] Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005,
T-016 de 2006,  T-692 de 2006, T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009,
T-883 de 2009, entre otras.
[32] En este sentido las sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de
2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-593 de
2007, T-792 de 2007, T-189 de 2009, T-265 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009,
T-328 de 2010, entre otras.
[33] Sentencia T-328 de 2010.
[34] En este sentido las sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de
2006, T-468 de 2006, T-654 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de
2006, T-1009 de 2006, T-1084 de 2006,  T-593 de 2007, T-696 de 2007, T-792 de
2007, T-243 de 2008, T-594 de 2008, T-189 de 2009,  T-265 de 2009,
T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, T-328 de 2010, entre otras.
[35] Sentencias T-1009 de 2006 y T-299 de 2009.
[36] Corte Constitucional, sentencia de tutela  T-143 del 20 de abril de 1998.  M. P. Alejandro Martínez
Caballero.
[37] T-276 de 2010
[38] Sentencia T-743 de 2008.
[39] Sentencia SU-961 de 1999.
[40] Sentencias T-814 de 2004, T-243 de 2008.
[41] Sentencia T-883 de 2009.
[42] Sentencia T-158 de 2006.
[43] Sentencias T-526 de 2005 y T-692 de 2006.
[44] Sentencia  T- 662 de 2010
[45] T-662 de 2010.
[46] Ver la Sentencia T-190 de 1993, MP EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, en la cual
se relacionó toda la legislación sobre el tema de la pensión de sobrevivientes:
“la ley 90 de 1946 consagró el derecho de pensión de invalidez o muerte en
favor de la concubina, en ausencia de la viuda, siempre que se demostrara que
la mujer había hecho vida marital durante los tres años inmediatamente
anteriores a la muerte del trabajador. Posteriormente, la ley 12 de 1975 creó
una pensión especial para sobrevivientes consistente en reconocer a la cónyuge
o a la compañera permanente la pensión del trabajador que teniendo derecho a
esta prestación falleciere antes de cumplir la edad requerida por la ley. El
legislador extendió a la compañera permanente la protección antes restringida a
la viuda (L. 33 de 1973) y colocó al cónyuge legítimo y a la compañera
permanente en un mismo pie de igualdad respecto del derecho a la pensión de
jubilación, pero en un orden de precedencia excluyente, de manera que a falta
de la primera - por muerte o abandono atribuible a la cónyuge - la segunda pasa
a ocupar su lugar para efectos de la sustitución pensional. Finalmente, la ley
113 de 1985 extendió a la (el) compañera (o) permanente el derecho a la
sustitución pensional por muerte del trabajador pensionado o con derecho a
jubilarse”
[47] T-110 de 2011
[48] Ibídem.
[49] Igualmente, en sentencias T-130 de 1993,
T-202 de 1995, y T-015 de 2009 la Corte Constitucional analizó casos que en principio resultan analogables en el sub lite,
pero que no obstante, no guardan una estrecha identidad fáctica y jurídica. Por
esa razón se prescinde de ellos en la construcción de la presente línea
jurisprudencial. En las providencias T-130 de 1993 y T-015 de 2009 la Corporación declaró improcedente la acción de tutela por no reunir los requisitos formales de
procedibilidad, mientras que en la sentencia T-202 de 1995 concedió la tutela
en cuanto la norma discriminatoria había sido modificada expresamente
por una disposición posterior que sí incluía el beneficio pensional a favor de
los compañeros permanentes.
[50] Ver sentencia C-1176/01 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra). En el mismo
sentido se pueden revisar, entre otras, la sentencia C-1094/03 (MP. Jaime
Córdoba Triviño), y la sentencia C-1035/08 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[51] MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[52] M.P. María Victoria Calle.
[53] Sentencia 34415, Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral,
01 de diciembre de 2009, (MP. Francisco Javier Ricaurte Gómez). En esta
sentencia, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia casó la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y, reconoció el derecho
a la pensión de sobrevivientes de la compañera permanente del causante, porque
consideró que, “si bien durante los últimos meses no vivieron bajo el mismo
techo, en momento alguno dejaron de ser pareja, bajo el entendido de la
conformación del núcleo familiar”.
[54] En sentencia 31921, Corte Suprema de Justicia Sala de Casación
Laboral, 22 de julio de 2008, (MP. Gustavo José Gnecco Mendoza), se casó la
sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, en la cual absolvió al ISS al pago de la pensión de
sobrevivientes de la cónyuge de uno de sus afiliados, porque consideró que, el
Tribunal no encontró acreditado algún elemento que le permitiera concluir que,
pese a que la actora y el causante no vivían bajo el mismo techo, mantenían una
relación de pareja estable.  Este argumento ha sido reiterado por la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en la Sentencia 34466, del 15 de octubre de 2008,
(MP. Luis Javier Osorio López), en la cual la Corte no casó la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en la cual se condena
al ISS al pago de la pensión de sobrevivientes a la cónyuge de uno de sus
afiliados, quien, pese a que en el momento de la muerte de su cónyuge estaba
trabajando en otro país, consideró que la separación estaba justificada y no
impedía que la cónyuge supérstite cumpliera con los requisitos legales para
acceder a la pensión de sobrevivientes.
[55] T- 197 de 2010 M.P. María Victoria Calle.
[56] T- Cfr. Decisión adoptada en la sentencia T-301 de 2010
[57] Sentencia T-008/06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[58] Igual consideración asumió esta Corte en
sentencia de tutela T-479-08 para efectos de conceder el amparo definitivo de
una pensión sustitutiva. Se señaló en esa oportunidad: “Ahora bien,
teniendo en cuenta que la demandante es un sujeto de especial protección por
ser madre cabeza de hogar y las necesidades inminentes que presenta, respecto a
su subsistencia en condiciones mínimas como vivienda, alimentación, salud y
educación de su hija de 13 años, la Sala considera que los procedimientos
existentes ante la jurisdicción ordinaria no garantizarían la oportuna
protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, vida digna y
seguridad social en salud. En suma se revocará y concederá la acción de tutela
como mecanismo definitivo dadas las especiales circunstancias de este caso y se
ordenará el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la señora XX por
haberse verificado que el causante cumplió con las semanas de cotización y como
beneficiaria la demandante demostró que dependió económicamente de su difunto
hijo XX de conformidad a los artículos 46 y 47  de la Ley 100 de 1993 y la Sentencia C-111 de 2006.”
[59] En el mismo sentido las sentencias T- 1009 de 2007 y T- 301 de
2010