C-124-04
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-124/04
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y
CONTRATO DE TRABAJO-Características
y diferencias
PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE
LAS FORMALIDADES EN RELACIONES LABORALES-Aplicación
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-No genera prestaciones sociales salvo se
acredite existencia de relación laboral subordinada
ACCION DE TUTELA-No dirime controversia de existencia de
relación laboral por prestación de servicios
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL-Obligación
de contribución por contratistas de prestación de servicios
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL-Implicaciones
En relación con el principio de
solidaridad  ha dicho la Corte que este implica que todos los que participan en
el sistema de seguridad social tienen el deber de contribuir a su
sostenibilidad, equidad y eficiencia, lo cual explica que sus miembros deban,
en general, cotizar, no sólo para poder recibir los distintos beneficios, sino
para preservar el sistema en su conjunto.
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Regímenes
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-Formas de afiliación
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y
PENSIONES EN MATERIA DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-Afiliación obligatoria
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-Distinción entre contratistas por pago de
aportes al régimen de seguridad social
DERECHO A LA IGUALDAD-No establecimiento de excepciones o
privilegios que exceptúan a unos de lo que se concede a otros en idénticas
circunstancias
CONTRATISTA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
LA UNIDAD DE TRABAJO LEGISLATIVO DEL CONGRESO-No justificación de pago de aportes al régimen de
seguridad social por el Congreso
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL-Aportes por todos los obligados
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL-Aportes
por todos los obligados
CONTRATISTA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
LA UNIDAD DE TRABAJO LEGISLATIVO DEL CONGRESO EN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL-Tratamiento diferenciado injustificado al
otorgar pago de aportes por el Congreso
DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE CONTRATISTA DE
LA UNIDAD LEGISLATIVA DEL CONGRESO Y DEMAS CONTRATISTAS DEL ESTADO-Violación por asunción de pago por el
Congreso de aportes a la seguridad social de contratistas de la unidad
Referencia:
expediente D-4699
Demanda de inconstitucionalidad
contra el parágrafo (parcial) del artículo 388 de la Ley 5a de 1992
(modificado por el artículo 1° de la Ley 186 de 1995).
Actora: Sofía Posada López
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá D. C., diecisiete (17)
de febrero de dos mil cuatro (2004).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana Sofía
Posada López presentó demanda contra las expresiones “salvo los aportes al régimen de seguridad social que
serán pagados por el Congreso” contenidas en el parágrafo del artículo 388 de la Ley 5ª de
1992, tal como quedó  modificado por el artículo 1º de la Ley 186 de 1995.
Mediante auto del 11 de julio
de 2003, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda en relación con el cargo
por violación del artículo 13 constitucional y la inadmitió en relación con el
cargo por violación del artículo 209 superior, toda vez que la misma no reunía
los presupuestos exigidos por el numeral tercero, artículo 2, del Decreto 2067
de 1991, por lo que concedió un término de 3 días a la accionante para que
corrigiera la demanda.
En el mismo auto respecto de lo
admitido  dispuso correr traslado de la demanda al Procurador General de la
Nación para que rindiera el concepto de rigor, ordenó fijar en lista las normas
acusadas para asegurar la intervención ciudadana y comunicar la iniciación del
proceso al señor Presidente de la República, y al Presidente del Congreso de la
República, así como también a los Ministros del Interior y de Justicia y de la
Protección Social, a fin de que, de estimarlo oportuno, conceptúen sobre la
constitucionalidad de las normas acusadas. Igualmente ordenó invitar a la
Academia Colombiana de Jurisprudencia con el mismo fin.
Considerando que la accionante
dentro del término legal corrigió la demanda, mediante auto del 28 de julio de
2003, ésta fue finalmente admitida en relación con el cargo por violación del
artículo 209 constitucional.
Cumplidos los trámites ya relacionados,
propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General
de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II.      NORMAS DEMANDADAS
A continuación se transcribe el texto de
la norma demandada de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No.
41.784 del 30 de marzo
de 1995. Se subraya la expresión demandada.
“ LEY 186 DE 1995”
(marzo 29)
por la cual se modifica parcialmente la Ley
5a. de 1992.
El Congreso
de Colombia
DECRETA:
(…)
“ARTÍCULO 1o. El artículo 388 de la
Ley 5a. de 1992 quedará así:
"ARTÍCULO 388. UNIDAD DE TRABAJO
LEGISLATIVO DE LOS CONGRESISTAS. Cada Congresista contará para el logro de una
eficiente labor legislativa, con una Unidad de Trabajo a su servicio, integrada
por no más de 10 empleados y/o contratistas. Para la provisión de estos cargos
cada Congresista postulará, ante la Mesa Directiva, en el caso de la Cámara, y
ante el Director General o quien haga sus veces, en el caso del Senado, el
respectivo candidato para su libre nombramiento y remoción o para su
vinculación por contrato.
La Planta de Personal de cada Unidad de
Trabajo Legislativo de los Congresistas se conformará dentro de las
posibilidades que permite la combinación de rangos y nominaciones señalados en
este artículo a escogencia del respectivo Congresista. El valor del sueldo
mensual de dicha planta o Unidad de Trabajo no podrá sobrepasar el valor de 50
salarios mínimos legales mensuales para cada unidad.
Los cargos de la Unidad de Trabajo
Legislativo de los Congresistas tendrán la siguiente nomenclatura y escala de
remuneración:
Denominación                        Salarios
Mínimos
Asistente I
Tres (3)
Asistente II
Cuatro (4)
Asistente III
Cinco (5)
Asistente IV
Seis (6)
Asistente V
Siete (7)
Asesor I
Ocho (8)
Asesor II
Nueve (9)
Asesor III
Diez (10)
Asesor IV
Once (11)
Asesor V
Doce (12)
Asesor VI
Trece (13)
Asesor VII
Catorce (14)
Asesor VIII
Quince (15)
La certificación de cumplimiento de
labores de los empleados y/o contratistas de la Unidad de Trabajo Legislativo,
será expedida por el respectivo Congresista.
PARÁGRAFO. Cuando se trate de la Calidad
de Asesor, podrá darse la vinculación por virtud de contrato de prestación de
servicios debidamente celebrado. El Congresista podrá solicitar a la autoridad
nominadora que disponga la iniciación de las labores contratadas desde el mismo
momento de la designación del Asesor.
En el evento de vinculación mediante
contrato de prestación de servicios, no se considerarán prestaciones sociales
en el valor del contrato celebrado, ni habrá lugar al reconocimiento o
reclamación de ellas; salvo de los aportes al régimen de seguridad social
que serán pagados por el Congreso.
Las calidades para ser asesor serán
definidas mediante resolución de la Mesa Directiva de la Cámara y de la
Comisión de Administración del Senado, conjuntamente.
(…)
III.    LA DEMANDA
La demandante  solicita  a la Corte
declarar la inexequibilidad de la expresión “salvo de los aportes  al
régimen de seguridad social que serán pagados por el Congreso” contenida
en el parágrafo del artículo 388 de la Ley 5a de 1992 tal como quedó
modificada por el artículo 1° de  la Ley 186 de 1995 por considerar que vulnera
los artículos 13 y 209 constitucionales.
Afirma la actora que la expresión acusada
viola el artículo 13 superior, toda vez que permite a los contratistas de las
Unidades de Trabajo Legislativo de los Congresistas reclamar al Congreso, a
modo de reembolso, los dineros pagados por ellos como aportes al régimen de
seguridad social, sin que ello sea así para los demás contratistas del Estado
vinculados mediante contrato de prestación de servicios.
Recuerda que el parágrafo del artículo 388
de la Ley 5ª de 1992, establece que en el caso de los asesores  de la Unidad de
Trabajo Legislativo del Congreso, la vinculación puede darse mediante contrato
de prestación de servicios, evento en el que no se considerarán prestaciones
sociales en el valor del contrato celebrado, y se prohíbe a la Administración
su reconocimiento y al contratista su reclamación. Advierte que sin embargo en
la norma se establece “una excepción que permite a tales contratistas
reclamar del Congreso, como reembolso, los aportes pagados y destinados al
régimen de Seguridad Social…” cuando  se señala que  no habrá lugar al
reconocimiento  o reclamación  de prestaciones sociales “salvo de los
aportes  al régimen de seguridad social que serán pagados por el Congreso”.
Aduce que la regulación así  establecida
es extraña al contrato de prestación de servicios a que alude  el artículo 32
de la Ley 80 de 1993, norma que en ninguna parte establece  ese derecho al
reembolso de  los aportes pagados al sistema de seguridad social.
En ese sentido precisa que:  “…Como
quiera que los contratos estatales de prestación de servicios no generan
relación laboral ni prestaciones sociales, resulta obligado concluir que no
tienen derecho al reembolso de los aportes parafiscales que pagan como
independientes…”. Afirma así mismo  que la expresión acusada al permitir
ese reembolso desvirtúa la naturaleza del contrato de prestación de servicios,
por cuanto “los emolumentos recibidos dejan de ser honorarios y se
convierten en sueldo”.
Indica que en cuanto se impone  así al
Congreso -sin que exista  justificación alguna-, la obligación de pagar o
reembolsar el valor de los aportes a la seguridad social de los Asesores de la
Unidad de Trabajo Legislativo, que sean vinculados mediante  contrato de
prestación de servicios,  se establece un trato discriminatorio en relación con
los demás contratistas del Estado que no  gozan del mismo  privilegio.
Explica al respecto  que: “…La frase
acusada establece una diferencia de trato arbitraria e injustificada desde un
punto de vista jurídico, esto es, no se funda en motivos objetivos y
razonables, y además resulta desproporcionada en su alcance o contenido, pues
mientras todos los trabajadores del Estado, e incluso los particulares, deben
hacer un esfuerzo y colocar aportes para el pago de los parafiscales, los
asesores de la UTL están exentos de ese esfuerzo…”.
La demandante considera así mismo que la
expresión acusada vulnera el principio de imparcialidad establecido en el
artículo 209  de la Constitución.
Al respecto señala que la contratación
estatal -en este caso la contratación de asesores para la Unidad de Trabajo
Legislativo de los Congresistas-, es una actividad de tipo administrativo y en
consecuencia debe respetar los preceptos establecidos en el artículo 209
superior para la función administrativa y dentro de ellos el principio de
imparcialidad enunciado igualmente en el artículo 3 del Código Contencioso
Administrativo.
Advierte al respecto que:  “…el
privilegio que la norma acusada concede a los contratistas de las UTL en el
sentido de poder reclamar del Congreso, como reembolso, los aportes pagados y
destinados al régimen de Seguridad Social, genera una discriminación en
relación con los demás contratistas de las entidades estatales a quienes no se
les asigna dicha prerrogativa, y en este sentido se genera un tratamiento
parcializado para los contratistas del Estado…”, lo que resulta contrario
al referido principio superior. Cita como sustento de sus aseveraciones apartes
de la sentencia T-297 de 1997.
IV.    INTERVENCIONES
1.  Academia
Colombiana de Jurisprudencia
La Academia
Colombiana de Jurisprudencia, atendiendo la invitación hecha por esta
Corporación, hizo llegar el concepto que preparó el académico Guillermo López
Guerra, solicitando la inexequibilidad de la expresión demandada, de acuerdo
con los argumentos que se resumen a continuación.
El interviniente
recuerda que los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad  e
integralidad   reflejan los fundamentos jurídicos, filosóficos y económicos de
la seguridad social cuyo objeto se encuentra  definido en el artículo 1º de la
Ley 100 de 1993 que transcribe.
Recuerda que
actualmente son objetivos expresos  del sistema de seguridad social integral,
al tenor del artículo 6º de la Ley 100 de 1993 numerales 1° y 3°
“garantizar las
prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral  o
capacidad económica suficiente  para afiliarse al sistema  y a los trabajadores
independientes”. Recuerda
igualmente  que de acuerdo con el artículo 2º de la Ley 797 de 2003 en materia
de pensiones“la afiliación es obligatoria  para todos los trabajadores
dependientes e independientes con la perentoria advertencia que la
afiliación implica la obligación de efectuar los aportes que se definen en la
Ley”.
Afirma que:  “Los
servidores públicos del Congreso de la República fueron incorporados al Sistema
General de Pensiones de la Ley 100 de 1993 por el Decreto Reglamentario 691 de
1994 y la obligatoriedad de las cotizaciones está consagrada en el Art. 4º de
la reciente Ley 797 de 2003 donde se incluyen de manera expresa “contratistas
con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos
devenguen…”, al tiempo que el régimen de cotización para los independientes
es obligatorio por mandato del Art.6º de la Ley 797 de 2003 que modificó el
artículo 19 de la Ley 100 de 1993.
Destaca entonces que
ninguna persona dentro del territorio nacional y bajo el imperio de sus normas
positivas puede considerarse eximida de contribuir a la seguridad social en
beneficio propio y en el de sus conciudadanos, pues tal obligación es un
mandato del que no pueden sustraerse, por tanto, mal puede el Congreso
eximirlos de cumplir tal obligación legal y ciudadana, “por el disimulado
camino de un reembolso o pago indirecto que grava el erario público, alejando a
ese grupo de colaboradores del principio de solidaridad”.
En ese sentido:  “…Para
todos los efectos legales, estos colaboradores del Congreso o son trabajadores
dependientes (relación laboral) o son trabajadores independientes (relación
civil o comercial).  No pueden beneficiarse de un régimen legal para ciertas
cosas, y de otro diferente para las demás …”.
Señala además que esa
situación plantea el interrogante del rubro presupuestal con el cual se pagan
por el Congreso dichos aportes, institución que deberá responder en el evento
de presentarse mora o no pago de las cotizaciones por parte del contratista,
dado que en virtud de la  expresión acusada el Congreso  se convierte en
“patrono” del contratista.
Destaca así mismo
que  el Congreso está reembolsando un 100% del aporte a la seguridad social,
que ni siquiera se pagaría si se tratara de un trabajador dependiente con
relación laboral; pues en estos eventos el patrono paga un 75% del aporte y el
trabajador un 25%. Por lo que entiende que  “hay pues aquí  un pago a mas de
indebido  por mayor valor  en cualquier caso”.
Así las cosas no
encuentra justificación para el reembolso de los aportes de seguridad social
por parte del Congreso  a los contratistas de la Unidad de Trabajo Legislativo,
toda vez que con ello se confiera un régimen de excepción sin que exista
ninguna diferencia en las labores que puedan desempeñar los contratistas del
Estado.
Concluye que:  “el
texto acusado de inconstitucionalidad desconoce los principios de igualdad e
imparcialidad. Salta a la vista que en el Congreso de la República no existe un
trato igualitario para sus integrantes y menos si son comparados con otros
ciudadanos, y tampoco hay sometimiento a los principios de economía, moralidad
e imparcialidad administrativa…”.
V.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE
LA NACIÓN
El Señor Procurador
General de la Nación, allegó el concepto número 3347, recibido el 12 de
septiembre de 2003, en el que solicita a la Corte declarar la inexequibilidad
de las expresiones acusadas, con base en los argumentos que se sintetizan a
continuación.
Recuerda que a
diferencia de la función pública que fue instituida para tener continuidad y
permanencia, la actividad contractual del Estado no implica  el ejercicio
permanente de la misma por lo que el legislador estableció unas reglas precisas
para adelantar los procesos de contratación de acuerdo con las circunstancias y
necesidades de la actividad administrativa.
Afirma que es por esa
razón que la Ley 80 de 1993 en su artículo 32 y a título enunciativo, señala
qué tipo de contratos pueden celebrar las entidades estatales, entre los que se
establece expresamente el contrato de prestación de servicios.
Indica que la persona
vinculada bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios:  “…no
puede tener otra calidad que la de contratista independiente con derecho a unos
honorarios como contraprestación y sin derecho a prestaciones sociales, que por
supuesto incluye los aportes a la seguridad social, que solo por razón o efecto
de una relación laboral, el aporte debe ser efectuado por el empleador y el
trabajador, mientras que en los contratos, antes de su suscripción debe
demostrarse que ya está afiliado (Ley 100, artículo 282, modificado por el
artículo 114 del Decreto 2150 de 1995).
Aduce que la clase de
vinculación contractual de acuerdo con lo establecido en el precepto en el que
se contienen las expresiones  acusadas puede tener dos interpretaciones, la
primera que ella reúne los elementos esenciales del contrato de prestación de servicios
regulados por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y la segunda que  la misma
desconoce la naturaleza de este tipo de contratos.
Al respecto  precisa
que: “…en el desarrollo del concepto de contrato de prestación de servicios
que se aplica a las demás entidades estatales, la necesidad se crea en el
evento de no contar con el suficiente personal para cumplir con la función
administrativa, en cambio en la situación del artículo 388 del reglamento del
Congreso, la vinculación del contratista no obedece a situación distinta que a
la discrecionalidad del congresista…”.
Considera que el aparte acusado vulnera el
artículo 13 constitucional pues no existe un fin que explique la diferencia de
trato que él establece  toda vez que:  “… el contrato de prestación de
servicios que se celebra con el Congreso para conseguir que cada congresista
cumpla una eficiente labor legislativa, no difiere en su esencia de los demás
contratos que se realizan en las otras entidades estatales, pues en ambos
eventos es la satisfacción de una necesidad cuando no se cuente con el
suficiente personal al interior de la entidad…”.
Considera además que uno de los elementos
fundamentales del contrato de prestación de servicios es precisamente que no
genere prestaciones sociales, -lo que  el propio articulo 388 de la Ley 5ª de
1992 señala- pero que de forma contradictoria el aparte acusado ordena al
Congreso cubrir los aportes a la seguridad social de los contratistas,
prestación que debe ser cubierta en el porcentaje que establece la Ley por la
entidad estatal, siempre y cuando se configure una relación legal o
reglamentaria en tratándose de empleados públicos o una relación laboral en el
caso de los trabajadores oficiales.
Afirma que el aparte demandado permite la
desnaturalización del contrato de prestación de servicios, que por esencia no
configura relación laboral alguna y lo descontextualiza al considerar que los
aportes a la seguridad social sean cubiertos por el Congreso olvidando que esos
aportes configuran una prestación social que es inherente a las personas que
ostentan la calidad de empleados públicos en la Unidad de Trabajo Legislativo.
Concluye que:  “…la disposición
impugnada es irrazonable y desproporcionada, en la medida en que es inadmisible
que mientras los demás contratistas del Estado, no solamente quienes realizan
labores en desarrollo del objeto de un contrato de prestación de servicios,
sino todo el universo de los contratistas, no son sujetos de prestaciones
sociales y son tratados en cuanto a los aportes a la seguridad social por la
Ley 100 de 1993 como independientes, esto es que deben cubrir la totalidad de
los mismos, los contratistas que se desempeñen en las Unidades de Trabajo
Legislativo, gozan de un privilegio que no les asiste a los primeros, con lo
cual se cristaliza una evidente vulneración al principio de igualdad, que está
proscrita por la Constitución Política…”.
VI.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente,
sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues  la expresión
acusada hace parte de una Ley de la República.
2.      La materia sujeta a examen
Para la actora  las expresiones “salvo
los aportes al régimen de seguridad social que serán pagados por el Congreso”
contenidas en el parágrafo del artículo 388 de la Ley 5ª de 1992 tal como fue
modificada  por el artículo 1º de la Ley 186 de 1995 comportan la vulneración
del principio de igualdad (art 13 C.P.) así como del principio de
imparcialidad  que rige la función administrativa (art 209 C.P) por cuanto
establecen una diferencia de trato injustificada entre los contratistas  de la
Unidad de Trabajo Legislativo  de los Congresistas y los demás contratistas del
Estado vinculados a través de un  contrato de prestación de servicios,  dado
que establecen la posibilidad  para los primeros de reclamar  del Congreso el
pago de  los aportes a la seguridad social  que deban hacer  en virtud del
contrato de prestación de servicios que celebren, posibilidad que el
ordenamiento jurídico no autoriza para los demás contratistas del Estado en las
mismas circunstancias.
El interviniente en representación de la
Academia Colombiana de Jurisprudencia  solicita a la Corte la declaratoria de
inexequibilidad de las expresiones acusadas  por considerar que con ellas
efectivamente se vulneran los principios constitucionales invocados por la
actora, al tiempo que hace énfasis en el desconocimiento del principio de
solidaridad que rige la seguridad social (art. 48 C.P.), en cuanto se libera
sin ninguna justificación a determinadas personas de sus obligaciones con
dicho sistema. Destaca así mismo que  el Congreso está reembolsando un 100% del
aporte a la seguridad social, que ni siquiera se pagaría si se tratara de un
trabajador dependiente con relación laboral; pues en estos eventos el patrono
paga un 75% del aporte y el trabajador un 25%.
El Procurador General de la Nación
solicita igualmente la declaratoria de inexequibilidad de dichas expresiones
Corresponde a la Corte en consecuencia
establecer si  las expresiones acusadas, -mediante las cuales se  establece la
posibilidad para el caso de los contratistas de la Unidad de Trabajo
Legislativo de los congresistas  de reclamar los aportes que les corresponde
hacer a la seguridad social en virtud del contrato de prestación de servicios
que celebren con el Congreso-,     vulneran o no el principio de igualdad, así
como si con ellas resulta vulnerado el principio de imparcialidad establecido
en el artículo 209 de la Constitución.
3.  Consideraciones preliminares
Previamente la Corte considera necesario
efectuar algunas precisiones relativas a: i) las características del contrato
de prestación de servicios y la imposibilidad de asimilarlo con el contrato de
trabajo; ii) el principio de solidaridad y  la obligación  de contribuir  al
sistema de seguridad social por parte de los contratistas de prestación de
servicios; y iii) el contenido y alcance de la norma en la que se
contiene la expresión acusada, que resultan pertinentes para el análisis de los
cargos planteados en la demanda.
3.1 Las características del contrato de
prestación de servicios con el Estado y la imposibilidad de  su asimilación
con el contrato de trabajo
3.1.1 La Corte ha explicado que la persona
que contrata con el Estado no adquiere por ese solo hecho la categoría de
empleado público o de trabajador oficial por lo que la situación legal y
reglamentaria  y la relación laboral de estos no es equivalente ni asimilable a
la situación  del contratista independiente[1].
En ese orden de ideas ha precisado que  el
trato diferente que pueda darse por la Ley a unos y otros se justifica por la
existencia de una razonable diferencia dada por el carácter independiente y
autónomo de los contratistas frente a la dependencia y subordinación de los
trabajadores y empleados públicos[2].
Específicamente respecto del contrato de
prestación de servicios  la Corporación en la sentencia C-154 de 1997 al
examinar los cargos planteados en esa ocasión contra algunos apartes del
numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 que define  dicho  contrato[3], señaló las
características del mismo y sus diferencias con el contrato de trabajo.
Al respecto cabe recordar que como allí se
señaló:
i) El contrato de prestación de servicios
se celebra por el Estado en aquellos eventos en que  determinadas actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de una entidad  estatal no
pueden ser desarrolladas por personas vinculadas con la entidad oficial
contratante o cuando requiere de conocimientos especializados, para lo cual se
establecen las siguientes características:
a.
La
prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de
labores en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una
persona en determinada materia, con la cual se acuerdan las respectivas labores
profesionales.
b.
La
autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y
científico, constituye el elemento esencial de este contrato.
c.
La vigencia
del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo
limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido.
La Corte precisó en la referida
sentencia  que en el caso de que las actividades con ellos atendidas demanden
una permanencia mayor e indefinida, excediendo su carácter excepcional y
temporal para convertirse en ordinario y permanente, será necesario que la
respectiva entidad adopte las medidas y provisiones pertinentes a fin de que se
dé cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 122 de la Carta Política,
según el cual se requiere que el empleo público quede contemplado en la
respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto
correspondiente.
ii) el contrato de trabajo  por su parte
tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En
efecto, para que aquél se configure se requiere:
a.     la existencia de la prestación
personal del servicio,
b.      la continuada subordinación
laboral,  y
c.       la remuneración como
contraprestación del mismo.
En efecto, el contrato de trabajo es aquél
por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra
persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de
la segunda y mediante remuneración (art. 22  C.S.T).
De acuerdo con la anterior definición, la
existencia del contrato de trabajo implica la concurrencia de tres elementos
esenciales, que a su vez también fueron consagrados expresamente en el artículo
23 del C.S.T, subrogado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990, así: actividad
personal, continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador y un salario como retribución por los servicios personales prestados.
Una vez cumplidos los tres elementos
anteriores, se está frente a un verdadero contrato de trabajo que  no dejará de
serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras  modalidades que se
agreguen (art. 23. Num. 2. C.S.T)[4].
3.1.2 En ese orden de ideas la Corte  ha
precisado  que  no es posible admitir confusión alguna entre el contrato
de prestación de servicios  con los elementos configurativos de la relación
laboral a que se ha hecho referencia, razón por la cual no es procedente en
dicho tipo de contrato el reconocimiento de los derechos derivados del contrato
de trabajo en general, dentro de los que se cuentan las prestaciones sociales.
La Corte  ha advertido empero, que si  en un caso concreto se acredita la
existencia de las características esenciales del contrato de trabajo a pesar de
la denominación  de la relación como contrato de prestación de servicios
surgirá entonces el derecho al pago de las prestaciones sociales en favor del
contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre
las formas en las relaciones de trabajo[5].
La Corte condicionó al respecto en la
Sentencia C-154 de 1997 la exequibilidad de las expresiones   "En
ningún caso generan relación laboral ni prestaciones sociales" contenidas
en el numeral 3o. del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,  en el entendido  que
los contratos de prestación de servicios en ningún caso generan relación
laboral ni prestaciones sociales-  “salvo que se acredite la existencia de
una relación laboral subordinada[6].
Las consideraciones específicas que tuvo
en cuenta la Corte para tal efecto fueron las siguientes:
“Merece especial atención el
señalamiento de los demandantes frente a la prohibición absoluta de que los
contratos de prestación de servicios generen relaciones laborales y
prestaciones sociales, aun cuando -en su sentir- en la práctica ocurran
verdaderas relaciones laborales dentro de la forma de esos contratos. Si bien,
las anteriores limitaciones son consecuencia lógica deducible del
reconocimiento que el Legislador ordinario mantuvo de la naturaleza y elementos
sustanciales del contrato de prestación de servicios, en la preceptiva en
cuestión, la Corte considera que el Legislador al usar la expresión "En
ningún caso... generan relación laboral ni el pago de prestaciones
sociales" para calificar la prohibición, en manera alguna consagró una
presunción de iure o de derecho, que no admite prueba en contrario, como se
señala en la demanda, ya que el afectado, como se ha expresado, podrá demandar
por la vía judicial competente el reconocimiento de la existencia de la
vinculación laboral y las consecuencias derivadas del presunto contrato de
trabajo relacionadas con el pago de prestaciones sociales.
Preferentemente, el principio
constitucional de prevalencia de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales tiene plena operancia
en el asunto sub lite, en los casos en que se haya optado por los contratos de
prestación de servicios para esconder una relación laboral; de manera que,
configurada esa relación dentro de un contrato de esa modalidad el efecto
normativo y garantizador del principio se concretará en la protección del
derecho al trabajo y garantías laborales, sin reparar en la calificación o
denominación que haya adoptado el vínculo que la encuadra, desde el punto de
vista formal, con lo cual "agota su cometido al desentrañar y hacer
triunfar la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido
ocultarla. Y esta primacía puede imponerse tanto frente a particulares como al
Estado mismo." [7]
Cabe reiterar que de
conformidad con el artículo 25 de la Carta Política, el trabajo constituye un
derecho que goza “...en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado.”.
De ahí que, haya sido clara la
jurisprudencia de la Corporación en señalar que "La administración no está
legalmente autorizada para celebrar un contrato de prestación de servicios que
en su formación o en su ejecución exhiba las notas de un contrato de
trabajo" y en caso que se presente un abuso de las formas jurídicas, “en
gracia del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, se llegue a
desestimar un aparente contrato de prestación de servicios que en su sustancia
material equivalga a un contrato de trabajo, en cuyo caso la contraprestación y
demás derechos de la persona se regirán por las normas laborales más
favorables...." [8]
(...)
No es cierto, entonces, como lo
indican los accionantes que cada vez que una entidad presente una insuficiencia
de personal en su planta, pueda acudirse como remedio expedito de la misma al
contrato de prestación de servicios a fin de solventar la crisis que se pueda
generar; la contratación de personas naturales por prestación de servicios
independientes, únicamente, opera cuando para el cumplimiento de los fines
estatales la entidad contratante no cuente con el personal de planta que
garantice el conocimiento profesional, técnico o científico que se requiere o
los conocimientos especializados que se demanden. Desde luego que si se
demuestra la existencia de una relación laboral que implica una actividad
personal subordinada y dependiente, el contrato se torna en laboral en razón a
la función desarrollada, lo que da lugar a desvirtuar la presunción consagrada
en el precepto acusado y, por consiguiente, al derecho al pago de prestaciones
sociales a cargo de la entidad contratante, para lo cual el trabajador puede
ejercer la acción laboral ante la justicia del trabajo, si se trata de un trabajador
oficial o ante la jurisdicción contencioso administrativa, con respecto al
empleado público”[9].
No sobra, finalmente  recordar  al
respecto que la Corporación ha precisado en reiteradas ocasiones que la acción
de tutela no es el mecanismo para dirimir este tipo de controversias, es decir,
si se está ante un contrato de prestación de servicios o ante un contrato
laboral[10].
Por tanto, la definición de la
controversia relacionada con la supuesta existencia de una relación laboral por
prestación de servicios y por ende, el reconocimiento de prestaciones sociales
que puedan obtenerse de la misma, son de la competencia del juez ordinario y no
del juez de tutela, con lo que  existe un mecanismo de defensa judicial idóneo
y eficaz para la efectiva protección de los derechos que se estimen vulnerados.
3.2 El principio de solidaridad y  la
obligación  de contribuir  al sistema de seguridad social por parte de los
contratistas de prestación de servicios
3.2.1 La Constitución le asigna a la
seguridad social dos características esenciales: por un lado le atribuye el
carácter de derecho irrenunciable de toda persona y, por el otro, la instituye
como servicio público de carácter obligatorio, el cual puede ser prestado por
el Estado directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por
particulares, de conformidad con la Ley (art. 48 C.P.).
Dicho servicio será  prestado bajo la
dirección, coordinación y control del Estado con sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la Ley[11].
En relación con el principio de
solidaridad  ha dicho la Corte que este implica que todos los que participan en
el sistema de seguridad social tienen el deber de contribuir a su
sostenibilidad, equidad y eficiencia, lo cual explica que sus miembros deban,
en general, cotizar, no sólo para poder recibir los distintos beneficios, sino
para preservar el sistema en su conjunto[12].
La Corte ha explicado en efecto que en un
Estado “con limitaciones económicas como el nuestro, donde la carga de su
financiación no puede ser exclusivamente estatal, determina que la sociedad y
los particulares participen, en la medida de su capacidad económica individual
y con esfuerzo en la misma, para poder ofrecer a todos el servicio en
condiciones que realicen su dignidad humana y permitan destinar una especial
atención y protección de las personas menos favorecidas. La vigencia de un
esquema de participación de la sociedad en los cometidos estatales de orden
social, así diseñado, facilita la realización materia de un orden justo, basado
en el respeto de la dignidad humana, mediante la efectividad del compromiso
solidario por parte de todos.”[13]
La Corporación ha hecho particular énfasis
en la importancia del  principio de solidaridad para que el sistema de
seguridad social pueda  asegurar la cobertura integral y universal de la
prestación de servicios  dado el carácter programático del derecho a la
seguridad social y el carácter limitado de los recursos del Estado.
Ha dicho la Corte:
“No se olvide que los derechos
derivados del sistema general de seguridad social en salud, como lo ha
sostenido esta Corte, “en principio, son de naturaleza programática y de
desarrollo progresivo. Y esa naturaleza programática se deriva del esfuerzo
presupuestal y de planificación que debe desplegar el Estado, de conformidad
con las reglas y procedimientos establecidos en la medida en que se elaboren
los respectivos planes y se obtengan los recursos para desarrollarlos, se
crearían las condiciones de eficacia que permitan exigir dichas prestaciones
como derechos subjetivos[14]. La consagración del derecho a
la salud y la aplicación al sistema general de salud de los principios de
solidaridad, universalidad e integralidad, no apareja la obligación del Estado
de diseñar un sistema general de seguridad social que esté en capacidad, de una
sola vez, de cubrir integralmente y en óptimas condiciones, todas las
eventuales contingencias que puedan afectar la salud de cada uno de los
habitantes del territorio[15]. La universalidad significa que
el servicio debe cubrir a todas las personas que habitan el territorio
nacional. Sin embargo, es claro que ello se debe hacer en forma gradual y
progresiva, pues tratándose de derechos prestacionales los recursos del Estado
son limitados, de ahí la existencia del principio de solidaridad, sin el cual
la población de bajos recursos o sin ellos no podría acceder a tales
servicios.”[16]
Al respecto cabe recordar que en la Ley
100 de 1993, -mediante la cual el Legislador en ejercicio de las competencias
que le atribuye la Constitución (arts 48, 49, 365 C:P.)  reguló el Sistema
Integral de Seguridad Social en materia de salud y de pensiones-, en aplicación
del referido  principio estableció la obligación de contribuir a su
sostenimiento, entre otros criterios,   de acuerdo con la capacidad de pago  de
cada quien[17].
3.2.2. Así en lo que se refiere al sistema
de Seguridad Social en Salud el literal b) del artículo 156 de la Ley 100 de
1993  señala que todos los habitantes en Colombia deberán estar afiliados al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, previo el pago de la cotización
reglamentaria o a través del subsidio que se financiará con recursos fiscales,
de solidaridad y los ingresos propios de los entes territoriales.
Al respecto el Legislador estableció dos
regímenes bien distintos, denominados respectivamente  Contributivo y Subsidiado,
a partir de  un criterio relevante: la capacidad económica de los afiliados.
a) Así,  de acuerdo
con el artículo 157 de la Ley 100 de 1993 el  régimen Contributivo tiene como
afiliados obligatorios a las personas vinculadas a través de contrato de
trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los
trabajadores independientes con capacidad de pago, quienes deben pagar una
cotización que,  según el caso, deberá  ser cubierta directamente por el
afiliado o en concurrencia con el empleador[18].
b) El régimen subsidiado lo define el
artículo 221 de la Ley 100 de 1993  como “un conjunto de normas que rigen la
vinculación de los individuos al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización subsidiada,
total o parcialmente, con recursos fiscales o de solidaridad de que trata la
presente Ley.”.
Son beneficiarios de
dicho  régimen la población más pobre y vulnerable del país en las áreas rural
y urbana, es decir, sin capacidad de pago, teniendo especial importancia dentro
de este grupo, las madres durante el embarazo, parto y post parto y período de
lactancia, las madres comunitarias, las mujeres cabeza de familia, los niños
menores de un año, los menores en situación irregular, los enfermos de Hansen,
las personas mayores de 65 años, los discapacitados, los campesinos, las
comunidades indígenas, los trabajadores y profesionales independientes,
artistas y deportistas, toreros y sus subalternos, periodista independientes,
maestros de obra de construcción, albañiles, taxistas, electricistas,
desempleados y demás personas sin capacidad de pago (arts. 257, 212 y 213 Ley
100/93)[19].
Por su parte los participantes vinculados
al sistema de seguridad social,  a que igualmente alude el artículo 157 de la
Ley 100 de 1993, son aquellas personas que por motivos de incapacidad de pago y
mientras logran ser beneficiarios del régimen subsidiado tendrán derecho a los
servicios de atención de salud que prestan las instituciones públicas y
aquellas privadas que tengan contrato con el Estado.[20]
3.2.3 En lo que se refiere al sistema de
seguridad social en pensiones  el artículo 15  de la Ley 100 de 1993  modificado
por el artículo 3 de la Ley 797 de 2003 establece  que serán afiliados al Sistema
General de Pensiones:
a- en forma obligatoria: Todas
aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores
públicos. Así mismo, las personas naturales que presten directamente servicios
al Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo la modalidad de
contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios
que adopten, los trabajadores independientes[21] y los grupos de población que por
sus características o condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser
beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional, de
acuerdo con las disponibilidades presupuestales.
También serán afiliados en forma
obligatoria al Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993, y se
regirán por todas las disposiciones contenidas en esta Ley para todos los
efectos, los servidores públicos que ingresen a Ecopetrol, a partir de la
vigencia de la presente Ley.
Durante los tres (3) años siguientes a la
vigencia de la Ley 797 de 2003, los Servidores Públicos en cargos de carrera
administrativa, afiliados al régimen de prima media con prestación definida
deberán permanecer en dicho régimen mientras mantengan la calidad de tales. Así
mismo quienes ingresen por primera vez al Sector Público en cargos de carrera
administrativa estarán obligatoriamente afiliados al Instituto de los Seguros
Sociales, durante el mismo lapso.
b. En forma voluntaria: Todas las
personas naturales residentes en el país y los colombianos domiciliados en el
exterior, que no tengan la calidad de afiliados obligatorios y que no se
encuentren expresamente excluidos por la presente Ley.
Los extranjeros que en virtud de un
contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún
régimen de su país de origen o de cualquier otro.
Por su parte el artículo 17 de la Ley 100
de 1993 -modificado por el artículo 4  de la Ley 797 de 2003-, precisa que
durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de
servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del
sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y
contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que
aquellos devenguen. La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado
reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el
afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente.
3.2.4 Así las cosas para los efectos del
presente proceso resulta  claro que quienes contraten en la modalidad de
prestación de servicios se encuentran obligados a  afiliarse  al sistema de
seguridad social  tanto en materia de salud como de pensiones.
Cabe precisar que si bien  de
acuerdo con el artículo 282  de la Ley 100 de 1993 -modificado por el artículo
114  del  Decreto 2150 de 1995-, las personas naturales que contraten con el
Estado en la modalidad de prestación de servicios no están obligadas a
acreditar afiliación a los sistemas de salud y pensiones “cuando la duración de
su contrato sea igual o inferior a tres meses”, ello no significa que
la obligación de  afiliarse al sistema de seguridad social  no exista en esos
casos, como lo explicó la Corte en la Sentencia  C-739 de 2002 en la que
declaró la exequibilidad  por los cargos planteados en esa ocasión[22]., del
artículo 114  del Decreto 2150 de 1995[23].  Dicha norma simplemente  libera al
contratista, dentro del espíritu del referido decreto ‘por el cual se
suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública", de un trámite  que el
Legislador  consideró innecesario pero no de sus obligaciones  con el sistema
de seguridad social.
Al respecto dijo la Corte:
“El actor parte de un supuesto
errado al considerar que se vulnera la Carta Política por el hecho de que la
disposición acusada no exija acreditar afiliación a los sistemas de salud y
pensiones a quienes contratan con el Estado bajo la modalidad de prestación de
servicios con una duración igual o inferior a tres meses.
La norma sólo pretende agilizar
los trámites ante la administración con el fin de lograr la efectividad de los
principios de eficacia, economía y celeridad, pero en manera alguna está
consagrando la posibilidad de que las personas renuncien a su derecho a la
seguridad social, desconociendo así el carácter obligatorio del mismo.
La norma acusada no está imponiendo al particular que va a recibir
ingresos por parte del Estado que no se afilie al sistema y que no cumpla con
una obligación constitucional, sino simplemente está suprimiendo el requisito
de acreditar tal afiliación cuando se vaya a contratar por un periodo igual o
inferior a tres meses. El legislador, en este caso el extraordinario, podía
suprimir tal requisito con el fin de reformar la regulación existente sobre la
materia y eliminar trámites innecesarios ante la administración.
El fin de la norma era ese y no otro, eliminar un trámite que se
consideraba engorroso para el particular que deseara contratar con el Estado
por un periodo mínimo, el de tres meses, pues debe entenderse que si la entidad
estatal requería los servicios de una persona por ese término es porque
necesitaba atender una insuficiencia específica, urgente y de rápida
realización.
Como la finalidad de la
disposición no es que las personas dejen de afiliarse al sistema de salud y
pensiones, sino hacer más rápida la contratación con el Estado en esos eventos,
a través de la eliminación de un requisito innecesario, no se desconocen los
principios de universalidad y solidaridad plasmados en la Constitución.”[24]
3.3 El alcance de la norma en la que se
contiene la expresión acusada
De acuerdo con el artículo 388 de la Ley
5ª de 1992 tal como quedó modificado por el artículo 1 de la Ley 186 de 1995,
-en cuyo parágrafo se contienen las expresiones acusadas- cada Congresista
contará para el logro de una eficiente labor legislativa, con una Unidad de
Trabajo a su servicio, integrada por “no más de 10 empleados y/o
contratistas”.
Para la provisión de estos cargos cada
Congresista postulará, ante la Mesa Directiva, en el caso de la Cámara, y ante
el Director General o quien haga sus veces, en el caso del Senado, el
respectivo candidato para su libre nombramiento y remoción o para su
vinculación por contrato.
La Planta de Personal de cada Unidad de
Trabajo Legislativo de los Congresistas se conformará dentro de las posibilidades
que permite la combinación de rangos y nominaciones señalados en el referido
artículo a escogencia del respectivo Congresista.
La norma precisa que “El valor del sueldo
mensual de dicha planta o Unidad de Trabajo no podrá sobrepasar el valor de 50
salarios mínimos legales mensuales para cada unidad.”
La norma igualmente señala que los cargos
de la Unidad de Trabajo Legislativo de los Congresistas tendrán la siguiente
nomenclatura y escala de remuneración:
Denominación                        Salarios
Mínimos
Asistente I
Tres (3)
Asistente II
Cuatro (4)
Asistente III
Cinco (5)
Asistente IV
Seis (6)
Asistente V                              Siete
(7)
Asesor I
Ocho (8)
Asesor II
Nueve (9)
Asesor III
Diez (10)
Asesor IV
Once (11)
Asesor V
Doce (12)
Asesor VI
Trece (13)
Asesor VII
Catorce (14)
Asesor VIII
Quince (15)
Finalmente en el artículo aludido se establece
que la certificación de cumplimiento de labores de “los empleados y/o
contratistas” de la Unidad de Trabajo Legislativo, será expedida por el
respectivo Congresista.
El parágrafo de dicho artículo precisa que
cuando se trate de la calidad de Asesor[25], podrá darse la vinculación por
virtud de contrato de prestación de servicios “debidamente celebrado”.
En ese caso el Congresista podrá solicitar
a la autoridad nominadora que disponga la iniciación de las labores contratadas
desde el mismo momento de la designación del Asesor.
La norma advierte, en concordancia con el
numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 que en el evento de vinculación
mediante contrato de prestación de servicios, no se considerarán prestaciones
sociales en el valor del contrato celebrado, ni habrá lugar al reconocimiento o
reclamación de ellas.
Empero establece que ello será así  salvo
en el caso  de los aportes al régimen de seguridad social que serán pagados por
el Congreso. Esa es precisamente la preceptiva que la actora acusa en el
presente proceso, preceptiva que no sobra precisar no figuraba en el texto
original  de la Ley 5ª de 1992.[26]
Al respecto y antes de entrar en el
análisis de los cargos formulados por la actora en su demanda la Corte
considera necesario hacer algunas precisiones en cuanto al  entendimiento que
puede darse del artículo 388 de la Ley 5ª de 1992 tal como quedó modificado por
el artículo 1º de la Ley 186 de 1995.
Así para la Corporación el hecho de que el
congresista,  para garantizar  el mejor cumplimiento de su labor, pueda contar
según su criterio y sus necesidades con un equipo de trabajo de máximo 10
“empleados y/o contratistas” cuyo costo  total no exceda mensualmente de 50
salarios mínimos legales mensuales vigentes,  equipo conformado   bien sea  en
su totalidad por asistentes y asesores vinculados al Congreso de la República
como empleados, o bien acudir  -cuando se trate de asesores-, a la celebración
en debida forma de  contratos de prestación de servicios, hasta en el número y
por el valor tope a que alude el mismo artículo  ( 10 contratistas y en total
mensualmente  para todos 50  salarios mínimos legales mensuales vigentes), o  a
tener  empleados y contratistas  sin que  ni el número ni el costo mensual
exceda los topes aludidos,  no puede servir de justificación para  entender que
el legislador  quiso asimilar  la relación laboral  con  el contrato de
prestación de servicios.
Téngase en cuenta que la flexibilidad que
la Ley autoriza para facilitar la buena marcha de la unidad de trabajo
legislativo y el cumplimiento por parte del Congresista de sus funciones
constitucionales  no puede llegar al extremo de asimilar la situación del
asesor que se vincula mediante una relación legal y reglamentaria como servidor
público a la  del asesor que presta sus servicios de asesoría mediante un
contrato de prestación de servicios. Asesor este último que habrá de ser
contratado  en función de sus conocimientos especializados  o de la ausencia
dentro de los asesores de planta del Congresista de personal calificado para el
cumplimiento  de las tareas para las cuales se le contrate.
No debe olvidarse que en este como en
todos los casos la contratación estatal se encuentra sometida a precisos
presupuestos en función del cumplimiento de los fines estatales.
Al respecto ha dicho la Corte:
“Dentro de la autonomía de la
voluntad que tiene la administración para contratar, es necesario precisar que
como función administrativa que ejerce, constituye una función reglada, lo que
significa que debe someterse estrictamente a las estipulaciones legales sobre
el particular, para la búsqueda del logro de las finalidades estatales
mencionadas. Por consiguiente, el grado de autonomía que tiene la autoridad
administrativa se ve ostensiblemente limitado frente a las reglas del derecho
público, en materia de contratación. Así, la decisión de contratar o de no
hacerlo no es una opción absolutamente libre sino que depende de las
necesidades del servicio; de igual modo, la decisión de con quién se contrata
debe corresponder a un proceso de selección objetiva del contratista, en todos
los eventos previstos en la Ley; y tampoco pueden comprender el ejercicio de
funciones públicas de carácter permanente, de manera que, la relación jurídica
con quien se contrata es totalmente distinta a la que surge de la prestación de
servicios derivada de la relación laboral y de los elementos propios del
contrato de trabajo. Las estipulaciones sobre el precio, el plazo y las
condiciones generales del contrato no pueden pactarse en forma caprichosa ya
que deben ajustarse a la naturaleza y finalidad del contrato y a las que
resulten más convenientes para la entidad estatal”[27].
A ello debe agregarse  la distorsión que
la norma plantearía en relación con la finalidad del contrato de prestación de
servicios, que exclusivamente para el caso de la Unidad de Trabajo Legislativo
de los Congresistas no respondería a las características y criterios fijados
por el legislador y a los presupuestos decantados  por la Corte en función del
respeto de los principios constitucionales  a que  ya se hizo referencia en
esta sentencia[28].
No sobra precisar de otra parte que si
frente  a un caso concreto lo que se presenta es en realidad una relación
laboral  dada la dependencia del supuesto contratista y no un verdadero
contrato de prestación de servicios  serán las normas propias del contrato de
trabajo las que resultarían aplicables  en virtud del condicionamiento
establecido  por la Corte en la sentencia C-154 de 1997  -donde se  declaró la
exequibilidad de  algunas expresiones contenidas en el   numeral 3 del artículo
32 de la Ley 80 de 1993 en el entendido  que  los contratos de prestación de
servicios en ningún caso generan relación laboral ni prestaciones sociales-  “salvo
que se acredite la existencia de una relación laboral subordinada- y no de
las expresiones  que  se acusan en este proceso.
Así las cosas dado que la norma no puede
entenderse en un sentido distinto al que en las circunstancias aludidas lo que
se celebra “en debida forma”[29]
es un  contrato de prestación de servicios   y que en ese caso se está
autorizando el reconocimiento del pago por parte del Congreso de los aportes
que corresponde hacer a los contratistas de la Unidad de Trabajo Legislativo de
los congresistas que se vinculen mediante dicho contrato, debe ahora la Corte
examinar si dicha posibilidad vulnera o no los principios enunciados por la
actora en su demanda.
4.   El análisis de la expresión acusada
frente al principio de igualdad.
En el presente caso la Corte advierte que
las expresiones acusadas por la actora contenidas en el artículo 388 de la Ley
5a de 1992 tal como quedó modificado por el articulo 1° de la Ley
186 de 1995 establecen una evidente diferencia de trato entre los contratistas
del estado vinculados por contrato de prestación de servicios en los términos
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y los  contratistas de la Unidad de
Trabajo Legislativo de los Congresistas con los que llegue a suscribirse dicho
tipo de contrato.
Así mientras los contratistas vinculados
mediante contrato de prestación de servicios en los términos del artículo 32 de
la Ley 80 de 1993, -es decir todos los demás contratistas diferentes a los de
la Unidad de Trabajo Legislativo- no podrán ver reconocido ni reclamar  ningún
tipo de prestaciones sociales,  las personas que sean contratadas mediante
contrato de prestación de servicios por la Unidad de Trabajo Legislativo de
cualquier congresista,  podrán exigir el reconocimiento y reclamar el pago de
los  aportes al régimen de seguridad social que les corresponda efectuar en
virtud de la celebración de dicho contrato, aportes que asumirá el Congreso de
la República.
Frente a esta diferencia de trato debe
analizarse si existe un objetivo constitucionalmente legítimo que le sirva de
justificación, así como si ella resulta  en si misma razonable y proporcionada
en función de la consecución de dicho objetivo.
La Corte ha precisado  en efecto que la
igualdad se traduce en el derecho que tienen los individuos a que no se
instauren excepciones o privilegios que exceptúen a unos de lo que se concede a
otros en idénticas  circunstancias y que “el núcleo del principio de igualdad
queda establecido en términos de la razón suficiente que justifique el trato
desigual”.[30]
Al respecto ha dicho
la Corporación:
“En conclusión, puede existir
un trato diferente siempre y cuando sea razonable y justo; si la diferenciación
no es razonable o es injusta, se convierte en una forma de discriminación,
efectivamente proscrita por la Constitución[31] Al respecto es claro que,  las
discriminaciones que se establecen frente a  hipótesis análogas o iguales
quiebran el principio constitucional a la igualdad, cuando carecen de
justificación.
En efecto, la igualdad se
rompe, cuando el Estado  otorga preferencias o establece discriminaciones entre
los asociados, si éstos se encuentran en igualdad de circunstancias  o en un
nivel equiparable desde el punto de vista fáctico. [32]
Así las cosas  corresponde hacer la
evaluación de la justificación del trato desigual, es decir, determinar si
existe o no una razón suficiente que justifique el trato diferente que el
legislador  da a los contratistas de prestación de servicios  de la Unidad de
Trabajo Legislativo del Congreso.[33]
Al respecto la Corte constata que dicha
justificación en el presente caso no existe.
Como se explicó en los apartes
preliminares de esta sentencia la norma no puede analizarse sin referencia a la
diversa naturaleza del contrato de prestación de servicios frente a la del
contrato de trabajo, puesta de presente de manera reiterada en la
jurisprudencia sobre la materia[34],
y desde esta perspectiva no existe ninguna justificación para que
exclusivamente en el caso de los contratos de prestación de servicios de  la
Unidad de Trabajo Legislativo del Congreso resulte posible  reclamar el pago de
los aportes a la seguridad social que deban hacerse por los contratistas de
prestación de servicios.
Al respecto ha de tenerse en
cuenta  que  como allí también se explicó si en el caso concreto de una persona
que  fuera vinculada en la Unidad de Trabajo Legislativo se dieran los
elementos de la relación de trabajo, independientemente de la denominación que
se le de al contrato, lo que existirá es una relación de trabajo con todos los
derechos a ella inherentes, que por supuesto no se concretan en el reembolso
de  los aportes que deben hacerse al régimen de seguridad social a lo que se
limita la disposición acusada.
A ello debe agregarse que en
este caso se establece una situación en la que frente a la obligación de todos
a aportar al sistema de seguridad social, resultan eximidos de hacerlo los
contratistas de la Unidad  de Trabajo Legislativo  del Congreso  sin que exista
ninguna justificación para el efecto, contrariando así el principio de
solidaridad  que rige la participación de los diferentes   intervinientes en el
sistema de seguridad social en función de su capacidad de contribuir o no al
mismo.
Téngase en cuenta que
la capacidad de pago, entre otras consideraciones, explica la existencia de
distintos regímenes en materia de seguridad social para alcanzar los fines
fijados por la Constitución en este campo y que desde esta perspectiva el
legislador no puede  ignorar la capacidad de los contratistas vinculados
mediante un contrato de prestación de servicios de aportar al sistema de
seguridad social. Recuérdese que por ejemplo  en materia de salud el sistema
contributivo está estructurado sobre la base del recaudo de unos recursos
(aportes o cotizaciones) que hacen los afiliados al mismo, mientras que en el
régimen subsidiado ellos no existen, porque las personas que pertenecen a él
carecen precisamente de recursos económicos para contribuir, razón por la que
la Ley estableció la obligación de contribuir a quienes tienen capacidad de
pago para asegurar la prestación de los servicios y el equilibrio financiero
del sistema [35].
Idéntico razonamiento cabría hacer en
materia de  la contribución al sistema de seguridad social en pensiones, cuya
sostenibilidad depende en buena parte del recaudo efectivo  de los aportes que
las personas obligadas deben hacer  al mismo[36].
Las expresiones
acusadas empero desconocen esa circunstancia  permitiendo  que algunas de las
personas  llamadas a contribuir  al sistema con sus aportes, no lo hagan y  se
transfiera  esa carga al Estado.
La Corte constata, de otra parte, que no
solo la diferencia de trato no encuentra una justificación constitucional y que
ella es contraria al principio de solidaridad que rige la seguridad social,
sino que además en si misma ella resulta desproporcionada. Téngase en cuenta
que como bien lo señala el Académico Guillermo López Guerra, interviniente en
representación de  la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la norma establece
para los contratistas de la Unidad de Trabajo Legislativo del Congreso una regla
en materia de aportes al régimen de seguridad social que ni si quiera resulta
igual a la aplicable a los empleados de dicha unidad legislativa quienes en
materia de salud en todo caso deben pagar un porcentaje del aporte respectivo,
mientras que para dichos contratistas es el Congreso el que asume la totalidad
del aporte.
No cabe duda entonces de que las
expresiones acusadas vulneran de manera ostensible el principio de igualdad y
en consecuencia deben ser declaradas inexequibles por la Corte, como se
señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
Consideraciones finales
Establecida la vulneración del principio de igualdad, que
impone la declaratoria de inexequibilidad de las expresiones acusadas, no
resulta necesario analizar el cargo restante planteado por la actora en
relación con  el desconocimiento del principio de imparcialidad establecido en
el artículo 209 superior.  Empero no sobra precisar que si bien el principio de
imparcialidad, como los demás principios que establece el artículo 209
constitucional para el ejercicio de la función administrativa pueden llegar a
ser vulnerados por el Legislador, y que  la contratación estatal y en
consecuencia la contratación por parte del Congreso, constituye el cumplimiento
de dicha función, en el presente caso de lo que se trata es de la vulneración
por parte del Legislador  del principio de igualdad al establecer una
diferencia de trato entre los contratistas de la unidad legislativa de los
congresistas y los demás contratistas del Estado y no del ejercicio imparcial
de la función administrativa por parte del Congreso.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
R E S U E L V E:
Declarar
INEXEQUIBLES las expresiones “salvo los aportes al régimen de seguridad social que serán pagados por
el Congreso” contenidas
en el Parágrafo del artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, tal como fue  modificado
por el artículo 1º de la Ley 186 de 1995.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y archívese el expediente
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Presidenta
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
Aclaración
de voto a la Sentencia C-124/04
PRINCIPIO DE RAZON SUFICIENTE-Precisión lógica del concepto (Aclaración
de voto)
PRINCIPIO DE RAZON SUFICIENTE-Alcance del concepto (Aclaración de voto)
El principio de razón suficiente, creado por Leibniz
hace referencia a verdades contingentes o no necesarias y no a verdades
necesarias (que se basan en otro principio que es el de no contradicción). Si
por otro lado recordamos que el control de constitucionalidad debe verificar
que el medio empleado (la ley que distingue) sea necesario, ya que si existe
otro medio menos gravoso hay que utilizarlo; no se comprende porque se habla de
que existe una razón suficiente. Cuando se habla de razón suficiente lo que se
quiere decir, en realidad, es que ese medio no es necesario y si no es
necesario debe ser declarado inconstitucional.
Referencia: expediente D-4699
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Con el respeto
acostumbrado por las decisiones de la Corte Constitucional, el suscrito
magistrado aclara el voto, por las siguientes razones:
Me permito reiterar mi posición explicada en la Sala
Plena, que existe un tratamiento errado del concepto de razón suficiente; por
lo que es necesario hacer una precisión lógica sobre el mismo.
En la jurisprudencia Europea, Americana y Colombiana
cuando se avoca el tema del control de constitucionalidad de una norma se dice
con frecuencia que existe una razón suficiente para su existencia o expedición
(o más exactamente para la diferenciación que se establece) y que en
consecuencia esta ajustada a la constitución.
La lógica o ciencia del pensar correctamente tiene
cuatro (4) principios fundamentales: identidad; no contradicción; tercero excluido
y razón suficiente. Los tres primeros los “descubrió” o sistematizo Aristóteles
y el cuarto es creación de Leibniz.
Frente a la pregunta de cual es el fundamento de algo
o que hace que una cosa sea de cierta manera y no de otra: ¿Que hace que el
perro sea perro y no gato? ¿Cual es la razón de que el hombre sea hombre y no
elefante, mico u otro ser de la naturaleza?
Para dar respuesta a este interrogante se acudía al
concepto de razón suficiente y en este contexto fue utilizado por Aristóteles y
todos los filósofos hasta que Leibniz cambio el significado del concepto y de
paso modifico los principios lógicos.
Ya hemos señalado arriba como mientras para el derecho
el tema es de validez o invalidez de la norma jurídica, para la lógica es de
verdad o falsedad del juicio.
Desde Aristóteles y hasta Leibniz la lógica solo tenía
una categoría de verdad: la verdad necesaria. Leibniz introduce al lado de esta
otra verdad: la verdad contingente. El principio de la razón suficiente lo que
hace es explicar las verdades contingentes.
Veamos como fue la evolución:
“La causa, en el sentido de razón de ser.
Éste es uno de los principales significados del término “causa” y justo aquel
por el que contiene la explicación y justificación racional de la cosa de la
cual es causa. Dice Aristóteles:
“Creemos conocer absolutamente un objeto
en particular —o sea, no accidentalmente o de modo sofista— cuando creemos
conocer la causa por la cual la cosa es, conocer que ella es causa de la cosa y
que, por lo tanto, ésta no puede ser de otra manera” (Anal. post., 1, 2, 71 b
8). En este sentido, la causa es razón, logos (De part. an., 1, 1, 639 b 15),
ya que hace comprender no solamente el acaecer de hecho de la cosa, sino su “no
poder ser de otra manera”, esto es, su necesidad racional. En la doctrina
aristotélica, por lo tanto, como en las que dependen de ella, la causa- razón
es un concepto ontológico que expresa la necesidad propia del ser en cuanto
sustancia. Hegel adopta el concepto en este mismo sentido: “El Fundamento (F) —dice—
es la esencia que es en sí y ésta es esencialmente F., y F. es sólo en cuanto
fundamento de algo, de un otro” (Ene., § 121). En efecto, en este sentido el F.
es “la esencia puesta como totalidad” (Ibid., § 121), o sea la razón de la
necesidad de una cosa, como lo consideraba Aristóteles.
No obstante, por obra de Leibniz la noción adquirió un
significado distinto y específico, por el cual se distingue nítidamente del de
causa esencial o sustancia necesaria. Es decir, pasa a designar una relación
privada de necesidad y aun la que da a entender o justificar la cosa; el
principio de esta relación es denominado principio de razón suficiente
(Principium rationis sufficientis). Leibniz llega a la formulación de este
principio a través de la oposición entre la relación libre, pero determinante y
la relación necesaria. Dice: “La relación o concatenación es de dos especies:
una es absolutamente necesaria, de manera tal que su contrario implica
contradicción, y tal relación se verifica en las verdades eternas como son las
de la geometría; la segunda no es necesaria sino que es ex hypothesi y, por así
decirlo, por accidente, y es contingente en sí misma, ya que su contrario no
implica contradicción.”
Esta segunda conexión se verifica en la relación entre
una sustancia individual y sus acciones: por ejemplo, el fundamento del hecho
de que César pasara el Rubicón se encuentra indudablemente en la naturaleza
misma de César, pero ello no dice que el hecho fuera necesario en sí mismo y
que su contrario implique contradicción. Del mismo modo, Dios elige siempre lo
mejor, pero lo elige libremente y lo contrario de lo que elige no implica
contradicción. “Toda verdad fundada en este tipo de decretos es contingente,
aun siendo cierta, porque estos decretos no cambian, en efecto, la posibilidad
de las cosas, y aun cuando Dios, como he dicho ya, elija siempre indudablemente
lo mejor, ello no impide que lo que es menos perfecto no sea y no permanezca
posible en sí mismo, si bien no suceda, dado que no es su imposibilidad lo que lo
hace rechazar, sino su imperfección. Ahora bien, nada cuyo opuesto sea posible,
es necesario” (Discours de Métaphysique, 1686, § 13). Como es evidente a través
de estos textos de Leibniz, el F. o razón suficiente tiene una capacidad
explicativa diferente de la causa o razón de ser de Aristóteles. Esta última,
en efecto, explica la necesidad de las cosas, el porqué la cosa no pueda ser de
otra manera de como es. El fundamento o razón suficiente explica la posibilidad
de la cosa, esto es, explica el porqué la cosa puede ser o comportarse de
determinada manera. Precisamente por esta razón Leibniz consideró el principio
de razón suficiente como fundamento de las verdades contingentes y continuó
admitiendo, como ya lo había hecho Aristóteles, el principio de no contradicción
como base de las verdades necesarias (De scientia universali, en Opera, ed.
Erdmann, p. 83).” [37]
Podemos concluir que el principio de razón suficiente,
creado por Leibniz hace referencia a verdades contingentes o no necesarias y no
a verdades necesarias (que se basan en otro principio que es el de no
contradicción). Si por otro lado recordamos que el control de
constitucionalidad debe verificar que el medio empleado (la ley que distingue)
sea necesario, ya que si existe otro medio menos gravoso hay que utilizarlo; no
se comprende porque se habla de que existe una razón suficiente.
Cuando se habla de razón suficiente lo que se quiere
decir, en realidad, es que ese medio no es necesario y si no es necesario debe
ser declarado inconstitucional.
Fecha ut supra.
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
[1] Sentencia C-739/02 M.P. Jaime Córdoba
Triviño
[2] En ese sentido se pronunció la Sala Plena
de esta Corporación cuando examinó la exequibilidad del contrato de prestación
de servicios bajo la vigencia del Decreto-Ley 222 de 1983:
"(..) 14. Quien celebra con un ente público un
contrato administrativo de prestación de servicios, sólo adquiere como autor
del acuerdo el carácter de titular de una relación contractual y, en el
circunscrito universo del convenio, se convierte en un específico centro de
intereses. No se transforma en empleado público ni en trabajador del Estado. El
régimen del empleado público y de su responsabilidad se encuentra definido y
regulado minuciosamente en la Ley y no es materia de contrato. La
subordinación  del empleado y del trabajador oficial se opone a la
independencia y autonomía del mero contratista del Estado. En fin, la situación
legal y reglamentaria (empleado público) y laboral (trabajador), no son en modo
alguno equivalentes ni asimilables a la posición que ostenta el contratista
independiente.
(...)
No se observa quebranto al principio de igualdad (CP
art. 13). El contratista independiente no puede homologarse al empleado público
o al trabajador  oficial. El trato diferente que en los dos supuestos reciben
las categorías que pretenden contraponerse, se justifica por la existencia de
una razonable diferencia que media entre ellas y que está dada por el carácter
de trabajadores dependientes que exhiben los empleados públicos y trabajadores
oficiales y la condición de independencia y autonomía propia del
contratista." Sentencia
C-056/93. M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[3] “Artículo 32.
(...)
3. Contrato de prestación de servicios. Son contratos de prestación de servicios los
que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas
con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo
podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral
ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente
indispensable”.
[4] Ver al respecto la Sentencia T-905/02 M.P.
Jaime Araujo Rentería
[5] esta Corporación, en la sentencia T-500 de
2000, MP Alejandro Martínez Caballero, fundamento 14, señaló al respecto:
“En conclusión, en cada situación concreta hay que
analizar si hay contrato de trabajo y si debe proteger el salario. La
denominación: contrato de prestación de servicios, para efectos de la
protección mediante tutela, no afecta la viabilidad de la tutela, si en
realidad existe es una relación laboral y dentro de ésta el factor salarial y
la subordinación como elementos esenciales. Si se da lo anterior, el siguiente
paso es analizar si se afecta el mínimo vital del trabajador, ocasionándosele
un perjuicio irremediable por el no pago oportuno del salario. Si
adicionalmente se afecta la dignidad y la igualdad con mayor razón prospera la
tutela. Pero, lo que no es dable es mediante tutela hacer cumplir cláusulas de
un contrato de características civiles o comerciales bajo la disculpa de que
otros contratos si se cumplieran; serán otras las vías judiciales para exigir
el cumplimiento contractual”.
En similar sentido ver, entre otras  las sentencias
T-890/00 y  T-033/01 M.P. Alejandro Martínez
Caballero, así como la sentencia T-905/02 M.P. Jaime Araujo Rentería.
[6] La parte resolutiva de dicha sentencia en
efecto  es del siguiente tenor:
Declarar EXEQUIBLES las expresiones "no
puedan realizarse con personal de planta o" y "En ningún caso
generan relación laboral ni prestaciones sociales" contenidas en
el numeral 3o. del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, salvo que se acredite la
existencia de una relación laboral subordinada.
[7] Sentencia C-555/94, M.P. Dr. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[8]Sentencia C-056/93, M.P. Dr. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[9] Sentencia C-154/97 M.P. Hernando Herrera
Vergara.
[10] Ver entre otras las  sentencias T-052/98,
M.P. Antonio Barrera Carbonell y T-824/00 M.P. Alejandro Martínez Caballero. En
el mismo sentido ver la sentencia C-739/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño S.V.
Rodrigo Escobar Gil.
[11] ARTÍCULO 2o.
PRINCIPIOS. El servicio público esencial de seguridad social se prestará con
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación:
a. EFICIENCIA. Es la mejor utilización
social y económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros
disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean
prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente;
b. UNIVERSALIDAD. Es la garantía de la
protección para todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las
etapas de la vida;
Decreto 1320 de 1997; art. 165; art. 666
c.
SOLIDARIDAD. Es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las
generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el
principio del más fuerte hacia el más débil.
Es deber del Estado garantizar la
solidaridad en el régimen de Seguridad Social mediante su participación,
control y dirección del mismo.
Los recursos provenientes del erario
público en el Sistema de Seguridad se aplicarán siempre a los grupos de
población más vulnerables.
d. INTEGRALIDAD. Es la cobertura de todas
las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general las
condiciones de vida de toda la población. Para este efecto cada quien
contribuirá según su capacidad y recibirá lo necesario para atender sus
contingencias amparadas por esta Ley;
e. UNIDAD. Es la articulación de políticas,
instituciones, regímenes, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines
de la seguridad social, y
f. PARTICIPACIÓN. Es la intervención de la
comunidad a través de los beneficiarios de la seguridad social en la
organización, control, gestión y fiscalización de las instituciones y del
sistema en su conjunto.
PARÁGRAFO. La seguridad social se
desarrollará en forma progresiva, con el objeto de amparar a la población y la
calidad de vida
[12] Ver Sentencia C-126/00. M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[13] Sentencia C-542/98 M.P. Hernando Herrera
Vergara
[14] Sentencia T-118/01 M.P. Martha Sáchica de
Moncaleano
[15] Sentencia C-599/98 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[16] Sentencia C-130/02 M.P. Jaime Araujo
Rentería.
[17] Ver Sentencia C-714/98 M.P. Fabio Morón
Diaz.
[18] Al respecto el artículo 204 de la Ley 100 de 1993  señala
“ARTÍCULO 204. MONTO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS COTIZACIONES. La cotización
obligatoria que se aplica a los afiliados al Sistema General de Seguridad
Social en Salud según las normas del presente régimen, será máximo del 12% del
salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo.
Dos terceras partes de la cotización estarán a cargo del empleador y una
tercera parte a cargo del trabajador. Un punto de la cotización será trasladado
al Fondo de Solidaridad y Garantía para contribuir a la financiación de los
beneficiarios del régimen subsidiado.”
[19] La Ley 361 de
1997, "por la cual se establecen mecanismos de integración social de las
personas con limitación y se dictan otras disposiciones", publicada en el
Diario Oficial No. 42.978 del 11 de febrero de 1997, establece en el artículo
19 que "los limitados de escasos recursos serán beneficiarios del Régimen
Subsidiado de Seguridad Social establecido en la Ley 100 de 1993".
Igualmente en el artículo 29 de la misma Ley 361 establece que serán
beneficiarios del mismo Régimen Subsidiado, las personas con limitación que con
base en certificación médica autorizada no puedan gozar de un empleo médico
competitivo que les produzca ingresos al menos equivalentes al salario mínimo
legal vigente.
[20] Sentencia . C-111/00. M.P. Alvaro
Tafur Galvis.
[21]  De acuerdo con el parágrafo primero del
mismo artículo en el caso de
los trabajadores independientes se aplicarán los siguientes principios:
a) El ingreso base de cotización no podrá
ser inferior al salario mínimo y deberá guardar correspondencia con los
ingresos efectivamente percibidos por el afiliado. De tal manera que aquellos
que posean capacidad económica suficiente, efectúen los aportes de solidaridad
previstos en esta Ley;
b) Podrán efectuarse pagos anticipados de aportes;
c) El Gobierno Nacional establecerá un sistema de descuento
directo de aportes para permitir el pago directo de los mismos;
d) Las administradoras no podrán negar la afiliación de los
trabajadores independientes ni exigir requisitos distintos a los expresamente
previstos por las normas que las rigen;
e) Los aportes podrán ser realizados por terceros a favor del afiliado
sin que tal hecho implique por sí solo la existencia de una relación laboral;
f) Para verificar los aportes, podrán efectuarse cruces
con la información de las autoridades tributarias y, así mismo, solicitarse
otras informaciones reservadas, pero en todo caso dicha información no podrá
utilizarse para otros fines.
Cabe precisar que la Corte en la Sentencia C-1089/ 03
M.P. Álvaro Tafur Galvis declaró la exequibilidad   condicionada del literal a)
de dicho parágrafo. La parte rsolutiva de dicha sentencia fue del siguiente
tenor:  “ R E S U E L V E: Declarar EXEQUIBLES
por los cargos formulados, los apartes acusados del primer inciso y del
parágrafo 1°  del numeral 1 del artículo 15º de la Ley 100 de 1993, tal como
fue modificada por el artículo 3º de la Ley 797 de 2003: “por la cual se
reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales
exceptuados y especiales”, en el entendido que las  expresiones “El
ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá
guardar correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el
afiliado” contenidas en el literal a) del referido parágrafo presuponen la
existencia de un ingreso efectivo por parte del trabajador independiente para
hacer obligatoria su cotización.
[22] La parte resolutiva de dicha sentencia
señala “Declarar EXEQUIBLE, pero sólo por los cargos estudiados en esta
Sentencia, el artículo 114 del Decreto Ley 2150 de 1995.”
[23] Artículo 114. Contratos de prestación de
servicios.  El artículo 282 de la Ley 100 de 1993, quedará así:
‘Artículo 282. Las personas naturales que contraten con el Estado en
la modalidad de prestación de servicios no están obligadas a acreditar
afiliación a los sistemas de salud y pensiones previstos en esta Ley, siempre y
cuando la duración de su contrato sea igual o inferior a tres meses”.
[24] Sentencia C-739/02 M.P. Jaime Córdoba
Triviño S.V. Rodrigo Escobar Gil
[25] La norma precisa
que las calidades para ser asesor serán definidas mediante resolución de la
Mesa Directiva de la Cámara y de la Comisión de Administración del Senado,
conjuntamente.
[26] El texto original Ley 5a. de 1992 era del siguiente tenor:
ARTÍCULO 388. Cada Congresista contará,
para el logro de una eficiente labor legislativa, con una unidad de trabajo a
su servicio integrada por no más de seis (6) empleados, y/o contratistas. Para
la provisión de estos cargos cada Congresista postulará, ante la Mesa
Directiva, en el caso de la Cámara y, ante el Director General, o quien haga
sus veces, en el caso del Senado, el respectivo candidato para su libre
nombramiento y remoción o para su vinculación por contrato.
La planta de personal de cada unidad de
trabajo legislativo de los Congresistas se conformará dentro de las
posibilidades que permite la combinación de rangos y nominaciones señalados en
este Artículo a escogencia del respectivo Congresista. El valor del sueldo
mensual de dicha planta o unidad de trabajo no podrá sobrepasar el valor de
treinta y cinco (35) salarios mínimos para cada unidad.
Los cargos de la unidad de trabajo legislativo
de los Congresistas tendrá la siguiente nomenclatura:
Denominación     Salarios Mínimos
Asistente I                              3
Asistente II                             4
Asesor III                               5
Asistente IV                            6
Asistente V                             7
Asesor I                                  8
Asesor II                                9
Asesor III                               10
Asesor IV                               11
Asesor V                 12
Asesor VI
13
Asesor VII
14
Asesor VIII
15
La certificación del cumplimiento de
labores de los empleados de la Unidad de Trabajo Legislativo será expedida por
el respectivo Congresista.
PARÁGRAFO. Cuando se trate de la calidad de
Asesor, podrá darse la vinculación por virtud de Contrato de prestación de
servicios debidamente celebrado.
En este evento no se considerarán
eventuales prestaciones sociales en el valor total del contrato celebrado, ni
habrá lugar al reconocimiento o reclamación de ellas.
Las calidades para ser Asesor serán definidas mediante resolución,
por la Mesa Directiva de la Cámara y la Comisión de Administración del Senado
conjuntamente.
[27] Sentencia  C-154/97   M.P Hernando Herrera
Vergara.
[28] Ver, entre otras, las sentencias C-056/93
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-154/97 M.P. Hernando Herrera Vergara,   T-500
de 2000, MP Alejandro Martínez Caballero, C-739/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
T-905/02 M.P. Jaime Araujo Rentería.
[29]  PARÁGRAFO. Cuando se trate de la Calidad de Asesor, podrá darse la
vinculación por virtud de contrato de prestación de servicios debidamente
celebrado. El Congresista podrá solicitar a la autoridad nominadora que
disponga la iniciación de las labores contratadas desde el mismo momento de la
designación del Asesor.
En el evento de vinculación mediante
contrato de prestación de servicios, no se considerarán prestaciones sociales
en el valor del contrato celebrado, ni habrá lugar al reconocimiento o
reclamación de ellas; salvo de los aportes al régimen de seguridad social que
serán pagados por el Congreso.
Las calidades para ser asesor serán
definidas mediante resolución de la Mesa Directiva de la Cámara y de la
Comisión de Administración del Senado, conjuntamente.
[30] Sentencia C-022/96 M.P. Carlos Gaviria
Díaz.
[31] Sentencia C-345 de 1993. M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[32] Sentencia C-384/97. M.P José Gregorio
Hernández Galindo
[33] Sentencia C-739/02 M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[34] Ver, entre otras, las sentencias  C-056/93.
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz , C-154/97 M.P. Hernando Herrera Vergara, C-739/02
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[35]Ver al respecto la  Sentencia C-130/02 M.P. Jaime
Araujo Rentería.
[36] Ver al respecto entre otras las sentencias
C-967/03 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-1089/03 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[37] Abbagnano Nicola : Diccionario de filosofía, págs 578-579, Edit
Fondo de Cultura Económica, 1995, México.