C-664-16
Sentencia C-664/16
REESTRUCTURACION
DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-Participación de un delegado de
la Conferencia Episcopal en los consejos directivos nacional y regionales
desconoce el pluralismo, el carácter laico del estado colombiano y la libertad
religiosa y de cultos/PARTICIPACION DE UN DELEGADO DE LA CONFERENCIA
EPISCOPAL EN LOS CONSEJOS DIRECTIVOS NACIONAL Y REGIONALES DEL SENA-Inexistencia
de cosa juzgada constitucional
PARTICIPACION
DE UN DELEGADO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL EN LOS CONSEJOS DIRECTIVOS NACIONAL
Y REGIONALES DEL SENA-Debe excluirse el carácter mayoritario de la Iglesia
Católica/PARTICIPACION DE UN DELEGADO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL EN LOS
CONSEJOS DIRECTIVOS NACIONAL Y REGIONALES DEL SENA-No desarrolla el
pluralismo en igualdad de condiciones frente a otras religiones/PARTICIPACION
DE UN DELEGADO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL EN LOS CONSEJOS DIRECTIVOS NACIONAL
Y REGIONALES DEL SENA-Desconoce el pluralismo regulado en la Constitución
de 1991
PARTICIPACION
DE UN DELEGADO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL EN LOS CONSEJOS DIRECTIVOS NACIONAL
Y REGIONALES DEL SENA-Contraría el carácter laico del Estado
Debe concluirse que la inclusión de un
representante de la Conferencia Episcopal en los consejos directivos nacional y
regionales del SENA, prevista en el numeral 4 del artículo 7 y el numeral 2 del
artículo 8 de la Ley 119 de 1994, contraría el carácter laico del Estado
colombiano, no sólo en razón de la intención del legislador al adoptar dichas
normas, cual fue la difusión, a través de la educación, de los valores
católicos y la justicia cristiana, sino también por el efecto de confusión o
entrelazamiento simbólico de las funciones públicas, con las actividades religiosas.
Se trata, en estos términos, de una medida que genera un trato inconstitucional
respecto de una iglesia, en detrimento de las otras legalmente reconocidas y
desconoce, por consiguiente, el mandato de trato igual respecto de las
diferentes confesiones religiosas, por parte del Estado.
REESTRUCTURACION
DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-Sentencia proferida por el Consejo de
Estado no constituye cosa juzgada constitucional/ACCION DE NULIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD-Competencia del Consejo de Estado/DECISIONES
ADOPTADAS POR EL CONSEJO DE ESTADO-Hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL FRENTE A LA ACCION DE NULIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD-Precedente en la sentencia C-400 de 2013/ACCION
PUBLICA DE INEXEQUIBILIDAD-No es posible trasladar los efectos de cosa
juzgada constitucional al Consejo de Estado/CORTE CONSTITUCIONAL-Fallos
dictados en ejercicio del control jurisdiccional tienen la calidad de
“constitucional”
Decisión del Consejo de Estado no constituye una
cosa juzgada constitucional que ate a esta Corte y que excluya en el presente
caso su competencia para proferir un pronunciamiento de fondo, por las razones
que pasan a exponerse. A pesar de que en el ejercicio de sus funciones, la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sea garante de la supremacía
constitucional y, por consiguiente, en las distintas acciones cuyo objeto es la
nulidad de un acto administrativo, está legitimada para examinar la
constitucionalidad del mismo y, dado el caso, anularlo por inconstitucionalidad,
sus decisiones no hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, en los términos
del artículo 243 de la Constitución Política. Por esta razón, la sentencia
C-400 de 2013 declaró inexequible la atribución del efecto de cosa juzgada
constitucional que el inciso 3 del artículo 189 del CPACA atribuía a las
sentencias proferidas por el Consejo de Estado, en ejercicio de la acción de
nulidad por inconstitucionalidad. Consideró la Corte Constitucional que “en
virtud de los artículos 242, 243 y 244 superiores, que regulan los procesos que
se promuevan ante la Corte Constitucional, entre ellos, los derivados de las
acciones públicas de inexequibilidad que instaure cualquier ciudadano, no es
posible trasladar los efectos de cosa juzgada constitucional al Consejo de
Estado por carecer de la potestad de órgano de cierre de la jurisdicción
constitucional. Advierte entonces esta Corte que el efecto de cosa juzgada
constitucional, expandido en el inciso 3° del artículo 189 de la Ley 1437 de
2011 a las sentencias de nulidad que profiere el Consejo de Estado, no se
aviene a la Constitución, por cuanto la calidad “constitucional” únicamente
está instituida, de manera orgánica y expresa, a los fallos que la Corte
Constitucional profiera en ejercicio de su control jurisdiccional (inciso 1°
del artículo 243 superior)” (negrillas no originales). Respecto de la sentencia
en cuestión, debe aclararse que fue proferida en virtud de una acción de
nulidad simple que controló la constitucionalidad de la norma demandada y no de
una acción de nulidad por inconstitucionalidad. No obstante, la conclusión
respecto de la ausencia de cosa juzgada constitucional, presente en la
sentencia C-400 de 2013, si bien se refería directamente a la acción de nulidad
por inconstitucionalidad, concluyó de manera general que ninguna decisión del
Consejo de Estado hace tránsito a cosa juzgada constitucional, al tratarse de
un atributo orgánicamente reservado a las sentencias de la Corte Constitucional
en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad. Se trata entonces de
una decisión tomada en ejercicio del control desconcentrado de la
constitucionalidad del ordenamiento jurídico, ejercido en este caso por el
Consejo de Estado, que hizo tránsito a cosa juzgada, pero que no reviste la
fuerza de la cosa juzgada constitucional, ni material, ni formal.
CARACTER
LAICO DEL ESTADO COLOMBIANO Y LIBERTAD RELIGIOSA-No excluyen la posibilidad
de establecer relaciones entre las iglesias y el estado
ESTADO
LAICO EN LA CONSTITUCION DE 1991-Alcance/PRINCIPIO DE LAICIDAD-Inclusión
de la libertad religiosa
CORTE
CONSTITUCIONAL-Garante del laicismo del Estado/PRINCIPIO DE LAICIDAD-Jurisprudencia
constitucional/PRINCIPIO DE LAICIDAD-Invocación a la protección de Dios
que se hace en el preámbulo de la Constitución de 1991, tiene carácter general
y no a una iglesia en particular
PRINCIPIO
DE LAICIDAD-Subreglas
PRINCIPIO
DE LAICIDAD-No es una garantía unidireccional en beneficio exclusivo de las
iglesias o el Estado/PRINCIPIO DE LAICIDAD-Respeto de las autonomías
recíprocas entre las iglesias y el Estado/PRINCIPIO DE LAICIDAD-Evita la
intervención y fiscalización estatal respecto de las iglesias/PRINCIPIO DE
LAICIDAD-Garantiza la independencia mutua entre las iglesias y el Estado
LAICIDAD
ESTATAL-No significa indiferencia frente a las distintas congregaciones
religiosas/LEY ESTATUTARIA DE LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS-Relaciones
armónicas y de común entendimiento del Estado con las iglesias y confesiones
religiosas existentes/PRINCIPIO DE LAICIDAD-Decisión libre y autónoma de
las congregaciones religiosas, de negarse a establecer relaciones con el Estado
ESTADO
Y CONFESIONES RELIGIOSAS-Relaciones admisibles desde el punto de vista
constitucional
NEUTRALIDAD
DEL CARACTER LAICO DEL ESTADO-Criterio secular de las relaciones Estado
iglesias/RELACIONES ESTADO IGLESIAS-Constitucionalidad bajo el criterio
secular/RELACIONES ESTADO IGLESIAS-Control de constitucionalidad
concreto
ESTADO
Y CONFESIONES RELIGIOSAS-Respeto de la igualdad
IGUALDAD
RELIGIOSA FRENTE A LA LIBERTAD DE CULTOS-Parte integral del principio de
laicidad en igualdad de condiciones/IGUALDAD RELIGIOSA-Excluye el trato
privilegiado que favorezca a determinada congregación
PRINCIPIO
DE LAICIDAD-Excluye el tratamiento privilegiado de la religión mayoritaria/ESTADO
LAICO-Improcedencia de trato discriminatorio a otras religiones o
confesiones aunque sea la religión católica la mayoritaria
ESTADO
LAICO EN LA CONSTITUCION DE 1991-Supresión de la incompatibilidad entre las
funciones públicas y eclesiásticas/PARTICIPACION RELIGIOSA EN INSTANCIA
DIRECTIVA DE INSTITUCION PUBLICA-No contraría la Constitución
PARTICIPACION
RELIGIOSA EN INSTANCIA DIRECTIVA DE INSTITUCION PUBLICA-Control
constitucional según el modelo de separación constitucional entre el Estado y
la religión de Estados Unidos
SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE-Conformación plural de los órganos de dirección del
SENA
SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE-Objetivo/SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-Función
IGLESIA
CATOLICA-Función social en la educación del país
PARTICIPACION
DE UN DELEGADO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL EN LOS CONSEJOS DIRECTIVOS NACIONAL
Y REGIONALES DEL SENA-Intención de la inclusión y efecto que produce su
participación/PARTICIPACION DE UN DELEGADO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL EN
LOS CONSEJOS DIRECTIVOS NACIONAL Y REGIONALES DEL SENA-Confusión
inadmisible entre las funciones estatales y la misión de la Iglesia
En la Constitución Política de 1991, son la
supremacía constitucional, así como el respeto de las diferencias, los
elementos de cohesión social que permiten la convivencia pacífica y el
desarrollo libre de las potencialidades de todas las personas, alrededor de los
valores democráticos de la sociedad civil. Debe recordarse que la palabra
religión significa etimológicamente unión, al tener origen en relegere (reunir,
recoger) y religare (ligar, liar, religar). En este sentido, el factor de unión
republicano es la democracia y la tolerancia por las distintas creencias,
prevalida de la neutralidad del Estado frente a los distintos fenómenos
religiosos. En este sentido, sin desconocer la importancia que ha tenido en el
país la iglesia católica en la educación de los colombianos y en particular la
moral cristiana, debe concluirse que éste no fue el hecho que condujo al
legislador a la expedición de las normas controvertidas y no se verificó una
“justificación secular importante, verificable, consistente y suficiente”. Se
trata de una participación preconstitucional, mantenida en las distintas
reformas, por la inercia del funcionamiento de la institución. Se
verifica una situación de confusión simbólica y funcional en el caso bajo
estudio, en la medida en la que la participación discutida se realiza, en
representación de la Conferencia Episcopal, órgano máximo de la Iglesia
Católica en el país, conformado por la reunión de los obispos del país. A pesar
de que, como lo advierten algunos intervinientes, esta participación es
minoritaria y no tiene por sí sola la facultad de tomar decisiones, no debe
olvidarse que la participación en juntas o consejos directivos, a través del
envío de pleno derecho de un representante, es considerado como un mecanismo de
tutela administrativa, lo que implica que se trata, sin duda alguna, de un
instrumento para tener influencia en la toma de las decisiones fundamentales de
la entidad. Por demás, son justamente los consejos directivos los encargados de
determinar las políticas de funcionamiento de la institución, en las que
necesariamente el representante de la Iglesia Católica busca que dichas políticas
públicas estén acordes con los valores que ésta defiende, tal como lo indicaban
explícitamente las normas preconstitucionales que inicialmente regulaban la
organización y funcionamiento del SENA, como quedó explicado. En estos
términos, la participación en representación de la Conferencia Episcopal, en la
dirección del establecimiento público encargado de la formación técnica de los
colombianos, determina una confusión constitucionalmente inadmisible entre las
funciones estatales y la misión de la Iglesia.
LIBERTAD
RELIGIOSA-Deber de neutralidad del Estado
SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE-Referencia histórica frente a la participación de
la Conferencia Episcopal en los consejos directivos del SENA/SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE-Reformas de la normatividad a partir de la
Constitución de 1991
SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE-Servicio público de educación debe ser laico
PRINCIPIO
DE LAICIDAD-Contravención por la participación de cualquier confesión
religiosa en la dirección de un establecimiento público que presta el servicio
laico de educación
PARTICIPACION
DE UN DELEGADO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL EN LOS CONSEJOS DIRECTIVOS NACIONAL
Y REGIONALES DEL SENA-Inconstitucionalidad por cuanto se hace en nombre y
representación de una congregación religiosa
Expediente: D-11479
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 4 del artículo 7, el numeral
2 del artículo 8 y el artículo 17 (parcial) de la Ley 119 de 1994.
Actor: Miguel Ángel Garcés Villamil.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá,
D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial la prevista en el artículo 241.5 de la
Constitución, una vez cumplidos los trámites y requisitos contemplados en el
Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En
ejercicio de la Acción Pública consagrada en el artículo 241, numeral 5, de la
Constitución Política, el ciudadano Miguel Ángel Garcés Villamil demanda la
declaratoria de inconstitucionalidad del numeral 4 del artículo 7, numeral 2
del artículo 8 y el artículo 17 (parcial) de la Ley 119 de 1994 Por la cual se
reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
Mediante providencia del 16 de junio de 2016, el Magistrado sustanciador
dispuso: admitir la demanda contra los artículos demandados al constatar que se
reunían los requisitos exigidos por el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991; correr traslado al Procurador General de la Nación, a fin
de que emitiera su concepto en los términos de los artículos 242.2 y 278.5 de
la Constitución; fijar en lista el proceso con el objeto de que cualquier
ciudadano impugnara o defendiera la norma y comunicar, de acuerdo con el
artículo 11 del Decreto 2067 de 1991, la iniciación del mismo al Presidente de
la República, para los fines previstos en el artículo 244 de la Carta, así como
al Presidente del Congreso y al Ministro de Justicia y del Derecho.
Se
invitó a participar en el presente juicio al Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, a la Conferencia Episcopal de Colombia, a la Iglesia Evangélica Luterana
de Colombia, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma, a
la Iglesia Movimiento Misionero Mundial, a la Iglesia de Dios Ministerial, a la
ONG Colombia diversa, a la ONG DeJusticia, a la  Academia Colombiana de
Jurisprudencia, a la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de
Colombia, a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, a la
Facultad de Jurisprudencia y a la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad
del Rosario, a la facultad de derecho de la Universidad de la Sabana, a la Facultad
de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, a la facultad de derecho de
la Universidad Libre, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de Caldas, a la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca, a
la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la
Universidad del Norte, a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional.
Cumplidos
los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el
Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la presente demanda.
A.
NORMAS DEMANDADAS
El
siguiente es el texto del numeral 4 del artículo 7, numeral 2 del
artículo 8 y del artículo 17 de la Ley 119 de 1994, Por la cual se
reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Las normas acusadas se transcriben a continuación y se
resaltan las partes demandas:
LEY 119 DE 1994
(febrero 9)
Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras
disposiciones
“ARTÍCULO 7o. CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL. El Consejo
Directivo Nacional estará integrado por:
(…)
4. Un representante de la Conferencia Episcopal.
(…)”
“ARTÍCULO 8o. DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
DIRECTIVO NACIONAL. Los miembros que representan a los sectores diferentes al
Gobierno Nacional en el Consejo Directivo Nacional, serán designados para períodos
de dos años, así:
(…)
2. El representante de la Conferencia Episcopal
por el mismo organismo.
(…)”.
“ARTÍCULO 17. CONSEJOS REGIONALES. Los Consejos
Regionales estarán integrados por representantes de las mismas entidades y
organizaciones que conforman el Consejo Directivo Nacional, establecidos en la
región, en igual proporción, designación y período
(…)”.
B.
LA DEMANDA
El
ciudadano Miguel Ángel Garcés Villamil solicita a esta Corte declarar la
inexequibilidad de las disposiciones demandadas, al considerar que desconocen los
artículos 1, 2, 13 y 19 de la Constitución Política.  En su escrito de demanda,
el ciudadano argumenta que tratándose de un establecimiento
público que tiene por misión cumplir la función estatal de invertir en el
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, a través de la
formación, la obligación legal de incluir un representante de la iglesia
católica romana en los órganos directivos nacional y regionales, contraría el
carácter laico y pluralista del Estado colombiano, que impone neutralidad
religiosa del Estado. Según el demandante, esta norma afecta la consecución de
los fines del Estado, en particular el de hacer efectivos los derechos y
garantías reconocidos a las personas, en este caso, la libertad religiosa ya
que “no están protegiendo las creencias que no pertenecen a la iglesia
católica romana debido a que están estimulando la participación de esa iglesia
en la construcción de políticas públicas que les serán aplicables” y otorga
un trato privilegiado a una determinada confesión religiosa, respecto de las
otras, lo que contraría el tenor del artículo 19 de la Constitución, en lo
relativo a la igualdad de las distintas confesiones ante la ley, así como, de
manera más general, el principio de igualdad, el que también se predica del
trato dado por el Estado a las distintas confesiones.  Con esta argumentación,
la demanda sostiene que la participación de un miembro de la Conferencia
episcopal colombiana en los órganos directivos del SENA solamente se explicaría
si estuviéramos en un Estado confesional el que, no encuentra sustento en la
Constitución vigente y, por el contrario, la desconoce.
C.
INTERVENCIONES
1.
De entidades públicas
a.      Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA
La intervención enviada en nombre del SENA[1], solicita
la declaratoria de exequibilidad de las normas demandadas[2]. Con este
fin, realiza una reseña histórica del SENA en la que da cuenta de la
importancia que desde sus inicios ha tenido la Iglesia Católica en el
funcionamiento de la entidad, a tal punto que en la parte considerativa del
acto de creación, Decreto Ley 118 del 21 de junio de 1957, expedido por la
Junta Militar de Gobierno, se lee como considerando “5. Que la doctrina
social-católica recomienda el establecimiento del subsidio familiar como medio
de fortalecimiento de la familia”. Explica que la institución fue fundada
para ofrecer formación técnica al empleado “siempre fundado en los
principios sociales, éticos y religiosos, estos últimos, inspirados siempre en
los promulgados por la iglesia católica”.  Señala que el Decreto 164 de
1957 organizó el SENA con el fin de formar personas útiles “por supuesto
siempre dentro de los principios de la justicia cristiana”, algo reiterado
expresamente por el artículo 2 del Decreto 3132 de 1968.
El interviniente resalta el
papel histórico que ha cumplido la iglesia católica en la educación de los
colombianos, desde la conquista, y resalta el carácter mayoritario de esta
institución en el país, por lo que “resulta fundamental el papel que esta
cumple dentro del ciclo cultural del Estado en términos de educación social y
valores, los cuales profesa”. En su concepto, las normas demandadas no son
inconstitucionales porque el representante de la Conferencia Episcopal “no
actúa precisamente como entidad religiosa desplegando actividades o acciones
relacionadas con la filosofía de la Iglesia Católica, ni mucho menos imparte
instrucción o educación religiosa católica ni celebra su culto bajo dicha
investidura, pues se insiste, su rol se limita a las funciones asignadas al
Consejo Directivo”.  En su opinión, la participación de la Conferencia
Episcopal en la dirección del SENA se justifica por la tradición y experiencia
de la Iglesia Católica en los procesos educativos, como una forma de
colaboración con el Estado “y no por la filosofía que profesa la iglesia
católica, es decir, no por la religión misma, por su visión religiosa ni por
una adhesión a un determinado credo, sino precisamente por su visión educativa
y formadora”. Para justificar esta afirmación, el concepto enlista las
funciones del Consejo Directivo del SENA. Para él, la participación del
representante de la Conferencia Episcopal se explica en el contexto pluralista
de la conformación del órgano directivo, en le que también hay representantes
de distintos gremios y sectores sociales. Refiere un artículo de un profesor de
Derecho Eclesiástico donde se explica la diversidad de las congregaciones
eclesiásticas presentes en Colombia y se argumenta que el principio de igualdad
entre ellas no exige un trato igual, o “igualitarismo”, sino uno
adaptado a sus especificidades. En cuanto a la religión católica, el
interviniente explica que la participación de ésta en la dirección del SENA “ha
resultado como garante de una posición mayoritaria del pueblo colombiano”.
Explica que el proyecto de la ley que se convertiría en 119 de 1994 fue
elaborado por representantes de los trabajadores y de los gremios los que
consensuadamente, y con la participación del Congreso, mantuvieron la
representación de la Iglesia Católica en la dirección del SENA. Sostiene que
las distintas instituciones que participaron en la elaboración de la ley, “en
uso de su libertad de creencia y culto, sugieren como tradicional, mayoritaria
del Estado Colombiano, por su vocación y capacidad de desarrollo educativo,
precisamente al representante de la Iglesia Católica”. De esta manera, el
interviniente insiste en el carácter mayoritario de esta religión, ya que, a
pesar de la libertad de cultos “no es menos cierto que la iglesia católica
es la reconocida como mayoritaria por el Estado Colombiano obedeciendo más a un
sentir común del mismo pueblo, y no a un acto discriminatorio del legislador en
su momento, y lo más importante, se reconoce el papel fundamental que cumplen
en los procesos educativos en todo el territorio nacional”.  Con esta
argumentación, en representación del SENA, el interviniente defiende la constitucionalidad
de las normas objeto del presente juicio de constitucionalidad.
b. Departamento
administrativo de la Función Pública
En representación del Departamento Administrativo
de la Función Pública, la interviniente[3]
solicita que la Corte Constitucional decida estarse a lo resuelto por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en
sentencia del 20 de enero de 1994, rad. 2455, actor: José Antonio Galán Gómez
donde se declaró exequible, por los mismos cargos ahora formulados, pero
respecto del Decreto 2149 del 30 de diciembre de 1992, Por el cual se
reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.  Señala que la
decisión del Consejo de Estado denegó la solicitud de nulidad en cuanto la
norma que determina la participación de un representante de la Conferencia
Episcopal en el Consejo Directivo del SENA no tiene relación alguna con la
libertad religiosa y, por lo tanto, el cargo no está llamado a prosperar y que,
por el contrario, la decisión tomada hace parte de la libertad de configuración
reconocida al legislador. La interviniente coteja la norma ahora demandada, con
la que fue objeto de control por parte del Consejo de Estado y concluye que hay
identidad material que obligaría a la Corte Constitucional, en razón del
sometimiento al precedente horizontal, a reconocer la existencia de cosa
juzgada y, por consiguiente, a estarse a lo resuelto. De manera subsidiaria,
solicita que si se declara la inexequibilidad de las normas demandadas, se
difieran sus efectos hasta tanto sea reconformado el Consejo Directivo del
SENA.
2.
Intervenciones de las universidades y organizaciones académicas
a. Universidad de Caldas
En representación
del programa de Derecho de la Universidad de Caldas, algunos docentes[4]
solicitan a la Corte Constitucional que declare inexequibles el numeral 4 del
artículo 7 y el numeral 2 del artículo 8 de la Ley 119 de 1994, así como
condicionalmente exequible el artículo 17 de la misma ley, en el entendido de
que los Consejos Regionales del SENA no tendrán representación de la
conferencia episcopal. En su concepto, la norma objeto de control contraviene
el carácter laico del Estado colombiano, al dar un trato privilegiado a la
religión católica. Resaltan que el carácter mayoritario de ésta no es un
argumento constitucionalmente válido para dar un trato que la favorezca, en
desconocimiento de la igualdad de trato que se impone al Estado respecto de las
distintas congregaciones religiosas. Agrega que la participación cuestionada “viola
la neutralidad estatal frente a las libertades individuales, pues el papel del
Estado –legislativo- no puede ser el de promocionar, patrocinar, impulsar,
favorecer o realizar cualquier actividad de incentivo respecto de cualquier
confesión religiosa que se practique en su territorio, independientemente del
número de individuos que la profesen”.  En este sentido concluye que la
participación de la Iglesia Católica en la dirección del SENA carece de
justificación constitucional y se trata de “normas que son un vestigio de un
antiguo Estado confesional”.
3.
Intervenciones ciudadanas y de instituciones privadas
a. Jorge Andrés
González Cetina, Jorge Enrique Osorio Reyes y Asociación de Ateos de Bogotá
El presidente de
la Corporación Bogotana por el Avance de la Razón y el Laicismo[5]
presenta un escrito que coadyuva la demanda. Por su parte, en representación de
la Asociación de Ateos de Bogotá, una ciudadana presenta un escrito idéntico al
anterior[6].
El mismo escrito es presentado por el ciudadano Jorge Enrique Osorio Reyes[7]. Por
esta razón, los tres escritos serán referidos en conjunto. Para argumentar la
inconstitucionalidad de las normas demandadas, los ciudadanos citan la
sentencia C-350 de 1994 y resaltan los apartes relativos al deber estatal de
dar trato igual a las diferentes congregaciones religiosas y el carácter laico
del Estado. Sostienen que el deber de neutralidad del Estado ha sido
desarrollado por una cantidad importante de sentencias de la Corte
Constitucional, las que explican que el Estado no puede dar un trato
privilegiado a determinada confesión o favorecerla implícita o explícitamente.
Para ellos, el carácter laico del Estado, el que implica el deber de
neutralidad frente a las organizaciones religiosas, resulta desconocido al
incluir un representante de la Conferencia Episcopal como parte de los Consejos
Directivos Nacional y Regional del SENA. En su opinión, no sólo se desconoce la
Constitución Política, sino varios instrumentos internacionales que integran el
Bloque de Constitucionalidad.
Los intervinientes
explican, a través de referencias a casos foráneos, las consecuencias adversas
que en su opinión acarrea la promoción estatal de determinadas ideas políticas
y religiosas. Agregan que la inconstitucionalidad de las normas demandadas se
explica porque al permitir la participación de la iglesia católica en los
órganos directivos del SENA, recursos públicos, financiados por todos los
ciudadanos, terminan siendo utilizados para favorecer a esta congregación
religiosa, lo que afecta el deber de proteger los derechos de las minorías,
característico de un Estado Social de Derecho. En su sentir, el favorecimiento
otorgado por estas normas a la iglesia católica, conlleva a un trato desigual
para los colombianos no católicos.
Por estas
consideraciones, solicitan a esta Corte que se declare la inexequibilidad de
las normas demandadas, que se reitere el carácter laico del Estado colombiano,
que se advierta al Congreso de la República sobre las consecuencias del
incumplimiento de este deber de neutralidad y que de la sentencia adoptada se
envíen copias al Congreso de la República y a la Procuraduría General de la
Nación. Anexan una lista de sentencias que consideran que sustentan su
argumentación.
b. Conferencia
Episcopal de Colombia
El secretario
general de la Conferencia Episcopal[8]
presenta un escrito en el que solicita la declaratoria de constitucionalidad de
las normas demandadas. Su escrito reseña la historia del SENA, el carácter
pluralista de la conformación de los órganos directivos del mismo, explica las
funciones del Consejo Directivo y, precisa por qué, en su concepto, no resulta
vulnerada la laicidad del Estado, en el caso concreto.
Así, el escrito
explica que el nacimiento del SENA, en 1957, fue resultado de la iniciativa de
varias instituciones, entre ellas, la Iglesia Católica. Explica que desde sus
comienzos, la Iglesia Católica ha apoyado la institución no para imponer, por
esta vía, sus creencias, sino en desarrollo del sentido social de esta
institución. Agrega que las funciones sociales del SENA, coinciden con las de
la Conferencia Episcopal.
Para el
interviniente, la participación de un miembro de la Conferencia Episcopal en la
dirección del SENA se explica por el carácter plural de sus órganos directivos,
los que incluyen, entre otros, representantes de los industriales, de los
comerciantes, de los agricultores, de los sindicatos y de las organizaciones
campesinas. Esta conformación sería la manera de reflejar el carácter
pluralista del Estado colombiano. En su sentir, sería absurdo concluir que en
la conformación del órgano pueden estar representados todos los sectores de la
sociedad, salvo una institución religiosa, la que, por demás, su presencia se
explica por el origen histórico del SENA. Agrega que excluir al representante
de la Conferencia Episcopal sería un acto de discriminación fundado
exclusivamente en el hecho de su carácter religioso, lo que sería
inconstitucional. Para el interviniente, la demanda incurre en el error de
considerar que el Estado colombiano es ateo. Esta afirmación la sustenta en el
artículo 2 de la Ley 133 de 1994.
Respecto de las
funciones del Consejo Directivo del SENA, explica que ninguna de ellas consiste
en la difusión o promoción de ideas religiosas y se refieren, en realidad, al
cumplimiento de la misión de la entidad y a su funcionamiento. Resalta que la
participación del miembro de la Conferencia Episcopal no es determinante en las
decisiones, en cuanto es minoritaria, y se ejerce en igualdad de condiciones
respecto de los otros miembros. Sostiene que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, el carácter laico del Estado no excluye las relaciones entre
éste y las organizaciones religiosas, sino que exige que se identifique, en el
caso concreto, el carácter secular que justifica la relación. De esta manera,
el interviniente concluye que la participación de un miembro de la Conferencia
Episcopal en la dirección del SENA tiene una justificación secular que se
explica históricamente y en razón de la misión social de la Conferencia
Episcopal y esta participación no ha sido utilizada para favorecer, de manera
alguna, a la religión católica en el funcionamiento del SENA. En estos
términos, solicita que las normas controvertidas sean declaradas exequibles.
c. Iglesia Evangélica
Luterana de Colombia IELCO
El obispo
presidente de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia[9]
intervino en el proceso para solicitar la declaratoria de inexequibilidad de
las normas demandadas[10].
Considera que se trata de una vulneración al mandato de igualdad de trato
respecto de las distintas confesiones religiosas por parte del Estado
colombiano y afecta el carácter pluralista del mismo, así como la libertad de
cultos.
En su concepto,
la norma vulnera el principio de igualdad al privilegiar a la iglesia católica
respecto de las otras confesiones religiosas, en una actividad como el
cumplimiento de las funciones del SENA, importante para el desarrollo económico
y social del país. No obstante, solicita a la Corte Constitucional que no
declare inexequible las normas demandadas, porque acarrearía la exclusión del sector
religioso en la actividad. Por lo tanto, considera que la decisión más adecuada
es una declaratoria de constitucionalidad condicionada, en el sentido de que
las normas hacen referencia a “un representante del sector religioso”,
el que podrá ser elegido entre las distintas congregaciones en ejercicio de su
autonomía y relaciones ecuménicas.
D. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación, en
ejercicio de las facultades previstas en los artículos 242.2 y 278.5 de la
Constitución Política, emitió en su oportunidad el Concepto 6145, por medio del
cual solicita que las normas demandadas sean declaradas exequibles. Considera
que la participación de la Conferencia Episcopal en la dirección del SENA no
tiene connotaciones religiosas, se justifica en razón del carácter relevante de
la Iglesia Católica en el sector educativo y, por lo tanto, no implica un
privilegio a esta congregación. En su concepto, si bien es cierto a primera
vista podría pensarse que el asiento otorgado al representante de la
Conferencia Episcopal en el SENA constituye un privilegio para la Iglesia
Católica, al menos a nivel simbólico, en realidad, tal conclusión significaría
que el Estado no pueda tener ningún tipo de relaciones con las iglesias, a
pesar de ser entes relevantes para la sociedad. Sustenta la posibilidad de
establecer relaciones iglesia-Estado, en el artículo 2 de la ley 133 de 1994,
estatutaria de la libertad religiosa.  Por su parte, el artículo 6 de la misma
ley, prohíbe discriminar por motivos religiosos para el acceso a cargos
públicos o privados y el artículo 7 autoriza a las congregaciones religiosas a
cumplir, entre otras, actividades de educación.
Precisa que es en desarrollo de esas relaciones
autorizadas por la ley estatutaria, entre el Estado y las iglesias, la Iglesia
Católica ha sido intermediaria para las negociaciones con las FARC. Se trata de
relaciones que se explican en el cumplimiento de misiones socialmente
relevantes. Agrega que es esta misma misión social la que explica la
participación de la Iglesia Católica en la dirección del SENA, la que no tiene
la capacidad para alterar la neutralidad del Estado frente a las
congregaciones. Explica que la misión del SENA no es de contenido religioso,
moral o espiritual, sino la de formación técnica y profesional.
Concordantemente, las funciones del Consejo Directivo tienen la misma
naturaleza. En este sentido, la participación no religiosa de la Iglesia
Católica, no le significa “una ventaja religiosa sobre las demás; sino que
su objeto es eminentemente educativo”. Agrega que la presencia de este
representante tiene una justificación no religiosa al tratarse de una institución
socialmente relevante en materia educativa.
En cuanto a la igualdad entre las distintas
confesiones religiosas, la vista fiscal recalca la necesidad de hacer un examen
que tome en consideración las particularidades de la Iglesia Católica, para no
exigir un trato igual, a sujetos distintos, en una lógica igualitarista. En su
concepto, esta es la manera en la que deben interpretarse, en conjunto, los
artículos 19 y 13 de la Constitución Política. Considera que la igualdad
exigida en el artículo 19, para las iglesias, se refiere a los asuntos de
creencias, en los que existe igualdad formal absoluta, mientras que cuando
éstas entran en relación con el Estado, por ejemplo en el aspecto cultural,
debe aplicarse el artículo 13 de Constitución, el que permite un trato
diferenciado. Así, indica que los aspectos religiosos no deben compararse de la
misma manera como se comparan los aspectos institucionales o sociales de las
iglesias.
Pone también de presente la conformación plural
de los órganos de dirección del SENA, lo que “demuestra la pertinencia de la
Sociedad Civil en un consejo directivo como el evaluado”, lo que implica
tomar en consideración la importancia de la Iglesia Católica en la Educación
colombiana. Sostiene que al existir un número importante de instituciones
educativas católicas, la participación de la Conferencia Episcopal “resulta
ser una forma idónea para recoger la voz del sector educativo”, al tratarse
de un órgano “que recoge la opinión y representatividad de todos los
obispos”. El Procurador General cita textualmente una parte importante del
documento de intervención del SENA en el presente proceso. Finalmente, invita a
la Corte Constitucional a no aplicar el precedente fijado en la sentencia
C-1175 de 2004, en la que se declaró inconstitucional la presencia de un
miembro de la Iglesia Católica en el comité de clasificación de películas, ya
que considera que en ese caso esa participación tenía “una connotación
eminentemente moral”, mientras que en el caso del SENA, la participación se
explica por su rol en el sector educativo. En estos términos, solicita la
declaratoria de exequibilidad de las normas demandadas.
II. CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
1.       En virtud de lo dispuesto por el artículo 241.4 de la Constitución
Política, este tribunal es competente para conocer de la presente demanda, por
dirigirse contra preceptos contenidos en la Ley 119 de 1994, expedida por el
Congreso de la República. Es decir, se trata de una norma con rango y
fuerza de ley, controlable, por lo tanto, por esta Corte.
B.
LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
2.       El interviniente que actúa en nombre del Departamento
Administrativo de la Función Pública considera que la decisión que debería
adoptar la Corte Constitucional, en el presente caso, es la de estarse a lo
resuelto por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, en sentencia del 20 de enero de 1994, rad. 2455, actor: José
Antonio Galán Gómez. En esa oportunidad, la sección primera del Consejo de
Estado resolvió la acción de nulidad simple respecto del Decreto 2149 de 30 de
diciembre de 1992, expedido por el Gobierno Nacional, “Por el cual se
reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje  - SENA –”. En los
artículos 6, numeral 4 y 7 numeral 2 de dicho decreto se encontraban las mismas
normas que son ahora objeto de control de constitucionalidad ante la Corte
Constitucional. El cargo octavo de la demanda, para solicitar la nulidad del
Decreto, se dirigía efectivamente contra estas normas por motivos equivalentes
a los aquí expuestos. En efecto, la demanda exponía que “Los artículos 6o.
-  numeral 4o y 7o. -  numeral 2 -  del Decreto 2149 son violatorios de los
artículos 13 y 19 de la Constitución por cuanto al reglamentar la composición
del Consejo Directivo Nacional del SENA y regular la forma de su designación,
establecen que un representante de la Conferencia Episcopal hará parte de dicho
Consejo, discriminando las restantes iglesias existentes en nuestro país”. El
cargo fue rechazado y, por consiguiente, el Decreto no fue anulado porque se
consideró que la norma “Ninguna relación guarda la acusación con la libertad
de cultos que se consagra en el artículo 19 de la Constitución”. Además se
consideró que “la conformación de los órganos de dirección de una entidad,
en este caso de creación legal, como lo es el SENA, mientras no sea una
situación reglada por la Constitución, le corresponde determinarla libremente
al legislador”.
3.       Ahora bien, esta sentencia proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado no constituye una cosa juzgada constitucional que ate a esta
Corte y que excluya en el presente caso su competencia para proferir un
pronunciamiento de fondo, por las razones que pasan a exponerse. A pesar de que
en el ejercicio de sus funciones, la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo sea garante de la supremacía constitucional y, por consiguiente,
en las distintas acciones cuyo objeto es la nulidad de un acto administrativo,
está legitimada para examinar la constitucionalidad del mismo y, dado el caso,
anularlo por inconstitucionalidad[11],
sus decisiones no hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, en los términos
del artículo 243 de la Constitución Política. Por esta razón, la sentencia
C-400 de 2013 declaró inexequible la atribución del efecto de cosa juzgada
constitucional que el inciso 3 del artículo 189 del CPACA atribuía a las
sentencias proferidas por el Consejo de Estado, en ejercicio de la acción de
nulidad por inconstitucionalidad. Consideró la Corte Constitucional que “en
virtud de los artículos 242, 243 y 244 superiores, que regulan los procesos que
se promuevan ante la Corte Constitucional, entre ellos, los derivados de las
acciones públicas de inexequibilidad que instaure cualquier ciudadano, no es
posible trasladar los efectos de cosa juzgada constitucional al Consejo de
Estado por carecer de la potestad de órgano de cierre de la jurisdicción
constitucional ǁ Advierte entonces esta Corte que el efecto de cosa
juzgada constitucional, expandido en el inciso 3° del artículo 189 de la Ley
1437 de 2011 a las sentencias de nulidad que profiere el Consejo de Estado, no
se aviene a la Constitución, por cuanto la calidad “constitucional”
únicamente está instituida, de manera orgánica y expresa, a los fallos que la
Corte Constitucional profiera en ejercicio de su control jurisdiccional
(inciso 1° del artículo 243 superior)” (negrillas no originales). Respecto
de la sentencia en cuestión, debe aclararse que fue proferida en virtud de una
acción de nulidad simple que controló la constitucionalidad de la norma
demandada y no de una acción de nulidad por inconstitucionalidad. No obstante,
la conclusión respecto de la ausencia de cosa juzgada constitucional, presente
en la sentencia C-400 de 2013, si bien se refería directamente a la acción de
nulidad por inconstitucionalidad, concluyó de manera general que ninguna
decisión del Consejo de Estado hace tránsito a cosa juzgada constitucional, al
tratarse de un atributo orgánicamente reservado a las sentencias de la Corte
Constitucional en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad. Se
trata entonces de una decisión tomada en ejercicio del control desconcentrado
de la constitucionalidad del ordenamiento jurídico, ejercido en este caso por
el Consejo de Estado, que hizo tránsito a cosa juzgada, pero que no reviste la
fuerza de la cosa juzgada constitucional, ni material, ni formal.
4.       En estos términos, tratándose de una sentencia proferida por el
Consejo de Estado, no existe cosa juzgada constitucional que resulte vinculante
para la solución del presente juicio de constitucionalidad.
C.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
5.       Las normas controvertidas de la Ley 119 de 1994 tienen por objeto
organizar los órganos directivos del SENA, en el ámbito nacional y territorial.
Para esto, incluyen la participación en los Consejos Directivos nacional y
regionales, de un representante de la Conferencia Episcopal. Esta situación
plantea el siguiente problema jurídico:
¿Contraviene el
carácter pluralista y laico del Estado colombiano, la libertad religiosa y la
igualdad entre las distintas confesiones religiosas, el incluir un representante de la
Conferencia Episcopal, como parte de los Consejos Directivos Nacional y
Regionales del SENA?
Para responder a
este problema jurídico y, determinar por esta vía la constitucionalidad de las
normas demandadas, esta Corte reiterará que (i) el carácter laico del Estado
colombiano y la libertad religiosa no excluyen la posibilidad de establecer
relaciones entre las iglesias y el Estado, aunque (ii), dichas relaciones deben
respetar una serie de condiciones para ser constitucionalmente admisibles.
D. EL CARÁCTER LAICO DEL
ESTADO COLOMBIANO Y LA LIBERTAD RELIGIOSA NO EXCLUYEN LA POSIBILIDAD DE
ESTABLECER RELACIONES ENTRE LAS IGLESIAS Y EL ESTADO
6.       Colombia ya no es un Estado confesional, como lo fue durante más
de cien años, en vigencia de la Constitución Nacional de 1886[12] e incluso antes[13],
con excepción del período comprendido entre 1853 y 1886[14].
La Constitución Política de 1991, fundada sobre el pluralismo[15] (artículo 1) y el respeto por la diversidad (artículo 7), en
desarrollo del principio democrático (artículo 1[16]), sentó las bases para la construcción de un Estado laico[17], en el que el principio de laicidad fuera el elemento integrador
de la libertad religiosa y la igualdad de las distintas confesiones (artículo
19), con algunos aspectos de la libertad de conciencia (artículo 18[18]) y del libre desarrollo de la personalidad (artículo 16) y
determinara el carácter laico de los servicios públicos[19]. El principio de laicidad se involucró así, de manera cercana,
con el principio de libertad que inspiró todo el cuerpo de la Constitución
Política de 1991.
7.       En estos veinticinco años de vigencia de la Constitución de 1991,
la Corte Constitucional ha sido garante del laicismo del Estado, a través de
distintos pronunciamientos en los que ha dado contenido a la versión colombiana
del principio de laicidad[20] y ha precisado que “la invocación a la protección de Dios, que
se hace en el preámbulo, tiene un carácter general y no referido a una iglesia
en particular”[21].  Así, por ejemplo, al tiempo que resaltaba la importancia y
respetabilidad de las distintas manifestaciones religiosas, declaró
inconstitucionales varias cláusulas del Concordato celebrado en 1973 entre la
República de Colombia y la Santa Sede, por otorgar un trato privilegiado a la
religión católica y contrariar el carácter laico del Estado[22];
determinó que la consagración oficial de la República de Colombia al Sagrado
Corazón de Jesús se oponía al laicismo del Estado[23], al mostrar evidentemente una preferencia oficial por una cierta
religión; lo mismo que la asociación de la Nación a la celebración de los 50
años de la Diócesis de Espinal (Tolima)[24]; la conmemoración de los cincuenta años de la coronación de la
imagen de nuestra señora de Chiquinquirá en el municipio de La Estrella
(Antioquia)[25]; la consagración de la madre Laura Montoya Upegui como patrona
del Magisterio y la construcción de un mausoleo en su homenaje, con recursos
públicos[26], así como la autorización para disponer recursos públicos para
promover la Semana Santa en Pamplona[27], cuya exposición de motivos daba cuenta que la medida buscaba “fortalecer
la fe católica y
atraer a personas piadosas a participar de los imponentes actos religiosos” y el “fomento de la cultura religiosa de nuestro país”. También
declaró inexequible las normas que incluían un representante de la Curia
Arquidiocesana de Bogotá en el Comité de Clasificación de Películas[28].
Por el contrario, declaró conformes a la Constitución, entre otras, la
coincidencia de días festivos o de descanso laboral, con fechas que
inicialmente tenían una connotación religiosa, pero que con el paso del tiempo
se han convertido en tradiciones seculares, cuya celebración oficial no
compromete al Estado con determinada confesión[29].
Declaró la exequibilidad de la denominación “Ley María”, atribuida a la
ley que creó la licencia de paternidad[30],
ya que encontró que el legislador no quiso hacer mención a la figura de la
religión católica, ni promover por esta vía determinada religión. Determinó que
la construcción del proyecto “Ecoparque Cerro del Santísimo”, con fines
netamente turísticos, no atentaba contra la neutralidad estatal en materia
religiosa[31].
También declaró como constitucionales leyes que permiten la atribución de
recursos públicos para la promoción de las semanas santas de las ciudades de
Tunja[32]
y de Popayán[33],
al haber encontrado que la finalidad “principal y la causa protagonista”[34] buscada
por el legislador era secular y consistía en la promoción de una actividad
cultural, en la que el carácter religioso no era de la esencia de la medida. En
la más reciente de estas decisiones se sometió la constitucionalidad de este
tipo de medidas a que ésta “tenga una justificación secular importante,
verificable, consistente y suficiente”[35].
8.       A partir de los precedentes de la jurisprudencia constitucional referida
es posible identificar las siguientes sub-reglas derivadas del principio de
laicidad: (i) se garantiza la libertad de cultos de todas las personas; (ii) el
Estado no tiene religión oficial y su actuar no debe afectar ni positiva ni
negativamente a ninguna congregación religiosa – el Estado debe ser neutral e
imparcial frente al fenómeno religioso – y no puede ser identificado ni
explícita ni simbólicamente con religión alguna[36];
(iii) el Estado protege los distintos cultos y congregaciones religiosas, en
igualdad de condiciones, como elementos importantes para sus ciudadanos; (iv)
el Estado puede establecer relaciones con las distintas congregaciones
religiosas a condición de mantener su neutralidad y garantizar la igualdad
entre las distintas religiones; (v) ni el Estado puede intervenir en el
funcionamiento interno de las congregaciones religiosas, ni éstas pueden hacer
lo propio respecto del Estado.
9.       Esta
última regla pone de presente que el principio de laicidad no es una garantía
unidireccional, establecida en beneficio exclusivo de una de las partes (las iglesias
o el Estado), sino el criterio regulador de las mutuas relaciones bajo una
lógica de respeto de las autonomías recíprocas. Así, respecto de las iglesias,
evita la intervención y fiscalización estatal de sus asuntos[37], los que,
no obstante, se convierten en públicos, cuando éstas ejercen funciones públicas
o administran dineros o recursos públicos[38].
En otras palabras, “el principio de laicidad garantiza la independencia
mutua entre las iglesias y el Estado. Se trata de un mecanismo para proteger a
la iglesia de las intromisiones de las autoridades públicas, lo mismo que al
Estado respecto de las intromisiones de las iglesias”[39].
10.  Ahora bien, la laicidad
estatal no significa indiferencia frente a las distintas congregaciones
religiosas. Como quedó establecido desde la sentencia C-088 de 1993, Colombia
es un Estado Laico. Por esta razón no puede existir, por parte del Estado,
ningún tipo de desdén u hostilidad ante las congregaciones religiosas, sino un
reconocimiento como fenómeno social importante para sus ciudadanos, que debe no
obstante ser tratado con el respeto propio que imprime la imparcialidad del
actuar estatal frente al hecho religioso. En este sentido, la jurisprudencia
constitucional ha precisado que “(…) el hecho de que no sea indiferente ante
los distintos sentimientos religiosos se refiere a que pueden existir
relaciones de cooperación con todas las iglesias y confesiones religiosas por
la trascendencia inherente a ellas mismas, siempre que tales relaciones se
desarrollen dentro de la igualdad garantizada por el Estatuto Superior”[40]. El mismo
artículo 2 de la Ley Estatutaria de libertad religiosa y de cultos, 133 de
1994, dispone que el Estado “mantendrá relaciones armónicas y de común
entendimiento con las Iglesias y confesiones religiosas existentes en la
sociedad colombiana”. Ahora bien, el principio de laicidad cobija también
la decisión libre y autónoma de las congregaciones religiosas, de negarse a
establecer relaciones con el Estado colombiano.
E.
LAS RELACIONES ADMISIBLES ENTRE EL ESTADO Y LAS CONFESIONES RELIGIOSAS DESDE EL
PUNTO DE VISTA CONSTITUCIONAL
11.  Para evitar comprometer al
Estado con una determinada religión, promoverla, afectar su independencia mutua
o vulnerar la libertad religiosa de las personas, la neutralidad que impone el
carácter laico del Estado[41],
exige que las relaciones iglesias-Estado tengan ciertas características o
respecten ciertos límites fundados en un “criterio secular
constitucionalmente admisible”[42].
Es en el examen de la constitucionalidad de estas relaciones establecidas
legislativamente que la Corte ha censurado, recientemente, la autorización
legislativa al concejo municipal de Pamplona para la promoción de su semana
santa[43],
pero validó la constitucionalidad de una norma equivalente respecto de los
municipios de Tunja[44]
y de Popayán[45].
Se evidencia a través de esta situación que el análisis de la
constitucionalidad de las relaciones iglesia-Estado debe hacerse en concreto y,
por lo tanto, un mismo tipo de relación puede resultar constitucional en un
caso, pero inconstitucional en otro, dependiendo del motivo y el efecto del
desarrollo de la relación interinstitucional[46].
La constitucionalidad de las relaciones
iglesias-Estado se define a través de la verificación de (1) el respeto de la
igualdad entre las distintas religiones y (2) el carácter secular de la
relación, en cuya intención y cuyo efecto, no se contraríe el principio de
laicidad.
1. El
respeto de la igualdad entre las distintas congregaciones religiosas frente al
Estado
12.  La
Constitución de 1886 establecía claros privilegios para la religión católica.
En efecto, en el inciso 3 del artículo 53 preveía justamente el carácter
especial de la relación Iglesia Católica-Estado en los siguientes términos: “El
Gobierno podrá celebrar con la Santa Sede convenios sujetos a la posterior
aprobación del Congreso para regular, sobre bases de recíproca deferencia y
mutuo respeto, las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica”.
13.  Por
su parte, la igualdad de cultos fue un asunto que interesó particularmente a la
Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la Constitución Política de 1991:
"Dentro del
nuevo ordenamiento Constitucional, la consagración de la libertad de conciencia
representa uno de los aspectos fundamentales. Ello se complementa con el
derecho de cada persona de profesar libremente su religión en forma individual
o colectiva. Las palabras "todas las confesiones religiosas e iglesias son
igualmente libres ante la ley", expresan la diferencia fundamental con el
texto de la Constitución vigente, en el cual se hace referencia a la moral
cristiana y a la restricción que de ella se derive. El haber desaparecido del
preámbulo de la Carta, que fuera aprobado en el plebiscito de 1957, el carácter
oficial de la religión católica, da paso a la plena igualdad entre religiones e
iglesias. Lo cual se traduce en la libertad de cultos"[47].
14.  En
aplicación del artículo 19 de la Constitución Política, la Corte Constitucional
ha construido jurisprudencialmente el concepto de igualdad de las distintas
religiones, que no se funda directamente en el artículo 13 de la Constitución,
sino en la norma especial. El examen de la igualdad de trato respecto de las
distintas religiones no puede ser entonces separado del cotejo del respeto
integral del principio de laicidad, al ser una igualdad especial, determinada
por el laicismo. Así, esta Corte determinó que la exención de servicio militar
en favor de clérigos y religiosos, reconocida a la Iglesia Católica, debía
extenderse a las otras congregaciones religiosas[48],
lo mismo que la exención tributaria[49],
incluso por parte de entidades territoriales[50],
así como el reconocimiento de su personería jurídica. En el mismo sentido dispuso
que el valor jurídico reconocido al testimonio no recibido en audiencia, sino
por certificación jurada, por parte de Cardenales y Obispos, es constitucional
en cuanto la norma también otorga dicho trato especial a “ministros de igual
jerarquía que pertenezcan a otras religiones”[51].
También decidió que la exclusión del deber de declarar renta, en favor de la
Iglesia Católica, debía ser extendida a todas las confesiones legalmente
reconocidas[52].
Así, la jurisprudencia constitucional ha precisado que el mandato de igualdad
de trato respecto de las distintas religiones impone la exclusión de
privilegios que favorezcan a determinada congregación, en desmedro de las
otras. Así, “a) La medida debe ser susceptible de conferirse a otros credos,
en igualdad de condiciones”[53].
15.  En
el caso objeto del presente juicio de constitucionalidad, las normas demandadas
prevén la participación de un representante de la Conferencia Episcopal, órgano
de la Iglesia Católica en Colombia, en las instancias de dirección del SENA.
Esta situación plantea el problema jurídico de determinar si la exclusión
implícita de los representantes de las otras religiones, afecta el mandato
constitucional de igualdad de trato. En defensa de las normas, el concepto del
Procurador General, así como la intervención del SENA, sostienen que la
aplicación del mandato de trato igual no debe ser confundido con un supuesto
igualitarismo, el que desconocería que las relaciones iglesia-Estado, deben
tomar en consideración las particularidades de la congregación religiosa con la
que se establece la relación. Sostienen, por consiguiente, entre otros
argumentos que serán examinados más adelante, que la participación del
representante de la Iglesia Católica se explica en razón de su carácter
mayoritario en el país, por lo que la participación del representante de la
Conferencia Episcopal en la dirección del SENA expresa el “sentir común del
mismo pueblo”[54].
16.  Este
argumento no es de recibo para justificar el trato privilegiado de determinada
religión, en la medida en la que el recurso al argumento mayoritario
conllevaría, por sí mismo, el desconocimiento del pluralismo que inspira el
principio de laicidad, en cuanto justificaría la afectación de los derechos de
las minorías[55],
a través de una inadecuada interpretación del principio democrático. En este
sentido, esta Corte ha precisado que “La afirmación según la cual la
religión católica puede ser la mayoritaria en Colombia no hace procedente que
se dé un trato discriminatorio a otras religiones o confesiones, ni puede
desconocer el carácter laico del Estado Colombiano”[56].
Aún más, ha explicado que “El pluralismo previsto como norma fundante del
ordenamiento defiende y protege la existencia de modos distintos de ver el
mundo, y de maneras disímiles de concebir y desarrollar los principios de “vida
buena” de cada persona; rechaza, por ese motivo, la exclusión de las
perspectivas de grupos minoritarios, y mira con recelo la exaltación del modo
de vida mayoritario, cuando ello significa una declaración oficial de
prevalencia de esas opciones sobre las demás, o cuando ello comporta ventajas
concretas para un culto determinado, carentes de una justificación razonable”[57].
17.  La
protección de las mayorías, en detrimento de las visiones minoritarias de lo adecuado,
contraría en su entraña el pluralismo que funda la Constitución de 1991 y
atenta contra el valor de la paz social, porque aniquila progresivamente las
diferencias e impone la concepción del mundo mayoritaria[58].
En estos términos, en el presente caso debe excluirse como justificación
constitucionalmente válida de la participación del representante de la
Conferencia Episcopal en la dirección del SENA, el carácter mayoritario de la
Iglesia Católica en el país. La posible vulneración de la igualdad de trato se
evidencia entonces, cuando la relación no tiene un objeto secular.
2. Una
relación secular en cuyo objeto, o cuyo resultado, no se promueva determinada
religión, ni determine un entrelazamiento mutuo
18.  La
Constitución anterior preveía una prohibición que sólo resulta entendible en su
contexto histórico. El artículo 54 de esa Constitución disponía que “El
ministerio sacerdotal es incompatible con el desempeño de cargos públicos”.
Se trataba de una garantía mínima que buscaba equilibrar, en cierta medida, las
relaciones Iglesia-Estado, en las que existían funciones no completamente
separadas, a partir del Concordato celebrado con la Santa Sede y de la
Constitución misma. La expedición de una Constitución laica en 1991 permitió
entonces la supresión de la incompatibilidad entre las funciones públicas y las
eclesiásticas[59].
En este contexto, la participación de un religioso en una instancia directiva
de una institución pública no es, en sí misma, una medida contraria a la
Constitución.
19.  Para determinar la
constitucionalidad de este tipo de medidas, la Suprema Corte de los Estados
Unidos ha recurrido a la realización de un juicio conocido como el Lemon
test[60],
que deriva su nombre de una de las partes del asunto en el cual fue
formulado[61].
Este parámetro de control, que se encuentra en sintonía con el utilizado por
esta Corte en su jurisprudencia busca establecer (i) si la medida tiene un
propósito secular; (ii) si su efecto primario es el de inhibir o promocionar
alguna religión en particular y (iii) si de su aplicación resulta una excesiva confusión
-excessive entanglement - entre el Estado y la religión[62]. Estos
criterios de examen de la constitucionalidad de una medida, respecto del
principio de laicidad, coinciden con los identificados por la jurisprudencia
que la Corte Constitucional ha formulado en la materia. Se trata de juzgar la
medida a partir de sus motivos y sus efectos. Respecto de los motivos que
condujeron al legislador a incluir un representante de la Conferencia
Episcopal, tanto el concepto del SENA, como el concepto del Procurador refieren
(a) la conformación plural de los órganos directivos de la institución, así
como (b) la función social de la Iglesia Católica en materia educativa. El análisis
de estos argumentos permitirá estudiar la intención del legislador en la
materia y el efecto que produce la medida (c). De esta manera se determinará la
constitucionalidad de las normas demandadas, a la luz del principio
constitucional de laicidad.
a. La conformación plural de los
órganos de dirección del SENA
20.  El
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es un establecimiento público del orden
nacional[63],
que presta el servicio público de educación y formación técnica, con el
objetivo de preparar a los colombianos para el desarrollo de actividades
lucrativas y, a la vez, útiles para la sociedad. En términos de la ley, el SENA
“está encargado de cumplir la función que corresponde al Estado de invertir
en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y
ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el
desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al
desarrollo social, económico y tecnológico del país”[64].
21.  En
la búsqueda de una formación útil, sus consejos directivos son tripartitos y se
conforman de manera plural, a través de la participación de representantes de
los trabajadores, de los empleadores y del Estado. Así, de acuerdo con el
artículo 7 de la Ley 119 de 1994, tienen asiento en el Consejo Directivo
Nacional:
·
En
representación del Estado: el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, quien lo
presidirá, o el Viceministro como su delegado; El Ministro de Desarrollo
Económico o el Viceministro de Industria, Comercio y Turismo como su delegado;
y el Ministro de Educación Nacional o el Viceministro como su delegado.
·
En
representación de los empleadores: un representante de la Asociación Nacional
de Industriales, ANDI; un representante de la Sociedad de Agricultores de
Colombia, SAC; un representante de la Federación Nacional de Comerciantes,
Fenalco; y un representante de la Asociación Colombiana Popular de
Industriales, Acopi.
·
En
representación de los trabajadores: dos representantes de las Confederaciones
de Trabajadores y un representante de las Organizaciones Campesinas.
·
Un
representante de la Conferencia Episcopal.
El mismo esquema de composición del Consejo
Directivo Nacional, se replica en los Consejos Directivos Regionales, de
acuerdo con el artículo 17 de la Ley 119 de 1994.
22.  En
defensa de la constitucionalidad de las normas demandadas, el Procurador, la
Conferencia Episcopal y el concepto del SENA plantean que la participación del
delegado de la Iglesia Católica se explica en razón de la conformación plural
de los consejos directivos de la entidad, que desarrolla el pluralismo de la
Constitución de 1991. Este argumento no resulta de recibo en la medida en la
que, como quedó explicado, la pluralidad de la conformación de los órganos
directivos obedece a la necesidad de dar participación a los distintos sectores
interesados en la formación técnica de los colombianos: empleadores,
trabajadores y Estado. En este sentido, la participación del representante de
la Conferencia Episcopal no pareciera resultar coherente con el esquema
planteado. Si lo que pretendiera el legislador al integrar los consejos directivos
del SENA consistiera en dar participación a los distintos sectores de la
sociedad, en la materialización del pluralismo de la misma, habría incluido, en
igualdad de condiciones, a un “un representante del sector religioso”,
escogido entre las distintas religiones, tal como lo plantea en su intervención
el Obispo Presidente de la
Iglesia Evangélica Luterana o un representante por cada una de las 5895
Entidades Religiosas que se encuentran actualmente en el Registro Público del Ministerio
del Interior[65],
así como, por ejemplo, un representante de las minorías étnicas y culturales, de
las mujeres y uno de la comunidad L.G.T.B.I.
23.  En
estos términos, la participación del representante de la Conferencia Episcopal no
se explica en razón de la conformación plural de los consejos directivos del
SENA. Será necesario entonces identificar si la participación cuestionada se
explica en razón del rol que históricamente ha cumplido la Iglesia Católica en
la educación del país.
b. La función social de la Iglesia
Católica en la educación del país
24.  En
la intervención recibida en el presente proceso, la Conferencia Episcopal
sostiene que su participación en la dirección del SENA tiene una justificación
secular que radica en la misión social de la misma y, en general, de la Iglesia
Católica. En sentido concordante, tanto la intervención del SENA, como el
concepto del Procurador General de la Nación alegan que la norma debe ser
declarada exequible porque la participación de la Iglesia Católica se explica
por su experiencia como grandes educadores en el país. Sostienen que el trato
diferente respecto de las otras congregaciones está plenamente justificado por
la especificidad de la Iglesia Católica, que consiste en el importante rol
histórico que ha cumplido en la educación, a través de un número importante de
colegios y universidades que directamente pertenecen a la Iglesia Católica o
que, siendo de privados, sigue las orientaciones de la misma. Para sustentar
este argumento, el Procurador General de la Nación solicitó que se requiriera
al Ministerio de Educación para que certificara el número de colegios y
universidades que pertenecen a la Iglesia Católica y de aquellos que no
siéndolo, tienen una orientación católica. Se trata de una prueba pertinente y
conducente, aunque “superflua o inútil”[66],
en la medida en la que lo referido hace parte de un hecho notorio y la
determinación del número exacto de instituciones de educación de índole
católico, no es determinante para resolver el presente asunto.
25.  Se
trata de un argumento plausible que podría, prima facie, justificar la
representación de la Conferencia Episcopal en los consejos directivos del SENA,
a condición de que se logre verificar que se trata, en realidad, del motivo que
indujo al legislador a expedir las normas controvertidas y, además, que el
efecto de dicha participación, no contraría el principio de laicidad.
c. La intención del legislador al
incluir al miembro de la Conferencia Episcopal en la dirección del SENA y el
efecto que produce su participación
26.  Como quedó explicado, la
constitucionalidad de las relaciones iglesias-Estado se determina por la
identificación del motivo secular que llevó al Congreso a la expedición de la
ley, así como de la verificación del efecto no contrario al principio de la
laicidad, que dicha relación entraña.  En este sentido, es requisito que “(…) la
normatividad o medida correspondiente tenga en adición a los motivos esbozados
por el legislador, unos efectos seculares, que cumplan con dos características:
(i) deben ser suficientemente identificables; y (ii) deben tener carácter
principal, y no solo simplemente accesorio o accidental”[67].  Se trata
de garantizar el cumplimiento del deber de neutralidad del Estado respecto del
hecho religioso, como garantía de la libertad religiosa misma. Así, “la
neutralidad estatal en materia religiosa es contraria a la actividad de
patrocinio o promoción estatal de alguna religión, pues en un Estado laico el
papel que debe esperarse de las instituciones públicas, de acuerdo con las
competencias asignadas a cada una, consiste en proporcionar todas las garantías
para que las distintas confesiones religiosas cuenten con el marco jurídico y
el contexto fáctico adecuado para la difusión de sus ideas y el ejercicio de su
culto, sin que en dicha difusión y práctica tenga intervención directa el
Estado (…) La neutralidad estatal comporta que las actividades
públicas no tengan fundamento, sentido u orientación determinada por religión
alguna –en cuanto confesión o institución-, de manera que las funciones del
Estado sean ajenas a fundamentos de naturaleza confesional” (negrillas no
originales)[68].
27.  Respecto de la intención
del legislador para la expedición de las normas que son objeto del presente
juicio de constitucionalidad, debe ponerse de presente que, a pesar de que se
encuentran en la Ley 119 de 1994, dichos contenidos normativos, han sido
reproducidos en las distintas normas que se han ocupado de la organización y
funcionamiento de la entidad. En este sentido, para explicar el origen de las
normas que dieron asiento a la Conferencia Episcopal en los consejos directivos
del SENA, en su intervención, la misma entidad realiza una reseña histórica en
la que da cuenta de la importancia que desde sus inicios ha tenido la Iglesia
Católica en el funcionamiento de la entidad. En efecto, explica que en la parte
considerativa del acto de creación del SENA, Decreto Ley 118 del 21 de junio de
1957, expedido por la Junta Militar de Gobierno, el considerando 5 explica esta
relación: “5. Que la doctrina social-católica recomienda el establecimiento
del subsidio familiar como medio de fortalecimiento de la familia”. Comenta
que la intención del legislador fue crear una institución que ofreciera
formación técnica al empleado “siempre fundado en los principios sociales,
éticos y religiosos, estos últimos, inspirados siempre en los promulgados por
la iglesia católica”.  Agrega que el decreto que organizó la entidad, 164
de 1957, buscaba formar personas útiles “por supuesto siempre dentro de los
principios de la justicia cristiana”, algo que resultó reiterado
expresamente por el artículo 2 del Decreto Ley 3132 de 1968.  En efecto, en
dicho decreto se lee que la primera de las funciones del SENA es “a)
Impulsar la promoción social del trabajador, a través de su formación integral,
para hacer de él un ciudadano útil y responsable, poseedor de los valores
morales y culturales necesarios para el mantenimiento de la paz social dentro
de los principios de la justicia cristiana” (negrillas agregadas).
Estas normas preconstitucionales, fueron reformadas luego de la entrada en
vigencia de la Constitución de 1991, primero mediante el Decreto Ley 2149 de
1992[69]
y posteriormente por la Ley 119 de 1994, actualmente vigente, las que no
obstante reiterar esta función del SENA, suprimieron la mención a los
principios de la justicia cristiana y se agregó la referencia a los valores
ecológicos. Así, el artículo 4 de la Ley 119 de 1994 dispuso como función del
establecimiento público: “1. Impulsar la promoción social del trabajador, a
través de su formación profesional integral, para hacer de él un ciudadano útil
y responsable, poseedor de valores morales éticos, culturales y ecológicos”.
No obstante, mantuvo la presencia del representante de la Conferencia Episcopal
en los consejos directivos del SENA.
28.  De las referencias
históricas y normativas reseñadas, es claro que la intención del legislador al
incluir a un representante de la Iglesia Católica en la dirección del SENA no
fue secular. Por el contrario, buscaba, a través de la educación, la promoción
de los valores difundidos por esta congregación religiosa.  Este tipo de
relaciones Iglesia-Estado era corriente para la época de la creación de la
institución. En efecto, los decretos que crearon y organizaron el SENA, en
1957, fueron expedidos por la Junta Militar de Gobierno, que transitoriamente
sucedió al General Gustavo Rojas Pinilla y buscó continuar con el proyecto
político de la estabilización del país, a través de la difusión de los valores
católicos[70].
Así, el Decreto 0247 del 2 de octubre de 1957, expedido por la misma Junta
Militar de Gobierno, que convocó al Plebiscito del mismo año, sometió el
siguiente texto a aprobación popular para reformar la Constitución, texto que
finalmente fue introducido en la Constitución anterior, como preámbulo de la
misma: “En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, y
con el fin de afianzar la unidad nacional, una de cuyas bases es el
reconocimiento hecho por los partidos políticos de que la Religión Católica,
Apostólica y Romana es la de la Nación y que como tal los, poderes públicos la
protegerán y harán que sea respetada como, esencial elemento del orden social;
y para asegurar los bienes de la justicia, la libertad y la paz”.
29.  Así las
cosas, a pesar de que las normas demandadas se encuentran en una ley de 1994,
se originan en normas preconstitucionales que con el tránsito constitucional,
resultan contrarias al pluralismo que inspira la Constitución Política de 1991,
al buscar una finalidad no secular, sino claramente religiosa. Estas normas
representan una concepción constitucional hoy en día superada, que consideraba
a la religión católica como uno de los factores claves de la cohesión de la
nación y que, incluso, había otorgado a la Iglesia Católica privilegios
especiales, en una actividad sensible para la difusión de sus ideas, como lo es
la educación pública, al haber dispuesto que ésta debería ser organizada y
dirigida en concordancia con la Religión Católica[71] y, a
través del Concordato, había instaurado el carácter obligatorio de la enseñanza
religiosa católica en la educación pública, bajo la supervisión de la Iglesia[72]. Por
el contrario, en vigencia de la Constitución actual, el servicio público de
educación, como lo es el prestado por el SENA, debe ser laico[73], como
una garantía de que esta actividad de instrucción y la formación, en los
distintos niveles, no sea instrumentalizada como difusora de determinadas
creencias, en exclusión de otras, y en claro desconocimiento del pluralismo que
inspira la Constitución de 1991.
30.  En la
Constitución Política de 1991, son la supremacía constitucional, así como el
respeto de las diferencias, los elementos de cohesión social que permiten la
convivencia pacífica y el desarrollo libre de las potencialidades de todas las
personas[74],
alrededor de los valores democráticos de la sociedad civil[75]. Debe
recordarse que la palabra religión significa etimológicamente unión, al tener
origen en relegere (reunir, recoger) y religare (ligar, liar,
religar). En este sentido, el factor de unión republicano es la democracia y la
tolerancia por las distintas creencias, prevalida de la neutralidad del Estado
frente a los distintos fenómenos religiosos. En este sentido, sin desconocer la
importancia que ha tenido en el país la iglesia católica en la educación de los
colombianos y en particular la moral cristiana, debe concluirse que éste no fue
el hecho que condujo al legislador a la expedición de las normas controvertidas[76] y no
se verificó una “justificación secular importante, verificable, consistente
y suficiente”[77].
Se trata de una participación preconstitucional, mantenida en las distintas
reformas, por la inercia del funcionamiento de la institución.
31.  A más de la verificación de
la intención del legislador, resulta necesario identificar el efecto que la
participación de un representante de la Conferencia Episcopal tiene respecto
del principio de laicidad. Un componente de la laicidad del Estado es el
principio de separación entre los asuntos de la iglesia y los del Estado. Se
trata de la garantía de independencia[78]
mutua que, como quedó explicado, no implica ausencia de relaciones, sino que
éstas deben garantizar que no exista confusión entre las funciones públicas y
las funciones clericales. Se trata de verificar que la relación no conduzca, en
los términos del Lemon Test, a una excesiva confusión de las funciones
del Estado con las de las iglesias. En este sentido, esta Corte ha determinado
que “Empero, las actividades que desarrolle el Estado en relación con la
religión deben tener como único fin el establecer los elementos jurídicos y
fácticos que garanticen la libertad de conciencia, religión y culto de las
personas, sin que se encuentre fundamento legítimo para que las funciones
públicas se mezclen con las que son propias de las instituciones religiosas”
(negrillas no originales)[79].
Dicho pronunciamiento consideró necesario determinar el “impacto primordial”[80] de la
medida.  En el mismo sentido, una sentencia de este año indicó que “Aunque
la laicidad no significa el aislacionismo de la religión respecto de los
intereses del Estado, sí reclama que las funciones públicas no se confundan
con las que son propias de las instituciones religiosas” (negrillas no
originales)[81].
32.  En aplicación de este rasero
de constitucionalidad, la sentencia C-1175 de 2004 declaró la
inconstitucionalidad de la presencia de un representante de la Iglesia Católica
en el comité de clasificación de películas, al considerar en su ratio
decidendi que “El carácter laico del Estado colombiano hace que la Corte
encuentre contrario a la Constitución la participación obligatoria (derecho de
representación) de una religión en una instancia de decisión estatal”. En
dicha oportunidad no se censuró la presencia de un religioso en dicho comité,
sino su actividad como representante de determinada congregación.
Dicha sentencia destacó, en cuanto al efecto de la norma, que identifica “explícitamente
al Estado con una determinada religión y determina la toma de decisiones, por
parte de éste, que expresan preferencias por una religión en particular”. Se
concluyó entonces que la participación del representante de la iglesia en la
instancia pública, confundía o mezclaba inconstitucionalmente las funciones
públicas con las propias de la confesión religiosa.
33.  Esta situación de confusión
simbólica y funcional también se verifica en el caso bajo estudio, en la medida
en la que la participación discutida se realiza, en representación de la
Conferencia Episcopal, órgano máximo de la Iglesia Católica en el país,
conformado por la reunión de los obispos del país. A pesar de que, como lo advierten
algunos intervinientes, esta participación es minoritaria y no tiene por sí
sola la facultad de tomar decisiones, no debe olvidarse que la participación en
juntas o consejos directivos, a través del envío de pleno derecho de un
representante, es considerado como un mecanismo de tutela administrativa[82], lo que
implica que se trata, sin duda alguna, de un instrumento para tener influencia
en la toma de las decisiones fundamentales de la entidad. Por demás, son
justamente los consejos directivos los encargados de determinar las políticas
de funcionamiento de la institución[83],
en las que necesariamente el representante de la Iglesia Católica busca que
dichas políticas públicas estén acordes con los valores que ésta defiende, tal
como lo indicaban explícitamente las normas preconstitucionales que inicialmente
regulaban la organización y funcionamiento del SENA, como quedó explicado. En
estos términos, la participación en representación de la Conferencia Episcopal,
en la dirección del establecimiento público encargado de la formación técnica
de los colombianos, determina una confusión constitucionalmente inadmisible
entre las funciones estatales y la misión de la Iglesia.
34.  Debe advertirse, no
obstante, que la censura constitucional de las normas demandadas no radica en
el hecho de haber excluido de dicho privilegio a las otras religiones, sino de
la confusión de funciones y atentado a la separación de los asuntos de las
iglesias y del Estado que la norma entraña. En estos términos, no resulta
admisible la solicitud elevada por el obispo presidente de la Iglesia
Evangélica Luterana de Colombia, quien al considerar que las normas demandadas
incurren en un desconocimiento del mandato de igualdad de trato respecto de las
distintas confesiones religiosas por parte del Estado colombiano, solicita que
la norma sea declarada exequible, en el entendido de que en la dirección del
SENA participará un representante de las distintas iglesias, elegido en
desarrollo de las relaciones ecuménicas que sostienen permanentemente. Esta
solicitud debe ser así rechazada, en el entendido de que la participación de
cualquiera de las confesiones religiosas, en la dirección de un establecimiento
público que presta el servicio laico de educación, contraviene el principio
constitucional de laicidad, por el efecto de confusión de funciones que genera y,
por lo tanto, no resulta susceptible de ser conferida a otros credos en
igualdad de condiciones. En este sentido se pronunció la sentencia C-350 de
1994, la que indicó que “el argumento no es válido porque
parte de un supuesto equivocado: considera que el pluralismo del Estado
colombiano en materia religiosa es el resultado de una especie de competencia
entre todas las religiones por acceder a los privilegios del Estado, cuando lo
cierto es que tal pluralismo supone y deriva de la neutralidad estatal en esta
materia. Sólo de esa manera se garantiza la autonomía, la independencia y la
igualdad de todas las confesiones religiosas”.
35.  Finalmente,
también debe aclararse que la inconstitucionalidad de las normas demandadas
tampoco resulta del hecho de que quien tuviera participación en dicho comité
perteneciera a determinada religión o que fuera incluso ministro de la misma,
lo que sería discriminatorio y abiertamente inconstitucional, sino de que su
participación se hace en nombre y representación de la congregación religiosa.
En este mismo sentido precisó la sentencia C-1175 de 2004 que “Lo que no
armoniza con el establecimiento de un Estado laico es entonces que cualquier ciudadano,
sacerdote o no, participe en nombre y representación de una determinada
confesión religiosa en un Comité de Clasificación de Películas. De ahí, que lo
que se pretende excluir del Comité es el criterio religioso confesional y no a
las personas de una u otra condición respecto de alguna iglesia”.
36.  Así, debe concluirse que la
inclusión de un representante de la Conferencia Episcopal en los consejos
directivos nacional y regionales del SENA, prevista en el numeral 4 del
artículo 7 y el numeral 2 del artículo 8 de la Ley 119 de 1994, contraría el
carácter laico del Estado colombiano, no sólo en razón de la intención del
legislador al adoptar dichas normas, cual fue la difusión, a través de la
educación, de los valores católicos y la justicia cristiana, sino también por
el efecto de confusión o entrelazamiento simbólico de las funciones públicas,
con las actividades religiosas. Se trata, en estos términos, de una medida que
genera un trato inconstitucional respecto de una iglesia, en detrimento de las
otras legalmente reconocidas y desconoce, por consiguiente, el mandato de trato
igual respecto de las diferentes confesiones religiosas, por parte del Estado[84]. Ahora
bien, teniendo en cuenta que el artículo 17 de la Ley 119 de 1994
relativo a la integración de los consejos directivos regionales del SENA remite
en cuanto a su conformación a las normas relativas al Consejo Directivo
Nacional de la entidad[85],
sin determinar directamente que en su composición debe participar un
representante de la Conferencia Episcopal, luego de la declaratoria de
inexequibilidad de las normas relativas al órgano nacional, el artículo que
regula la integración de los consejos regionales no presenta ningún vicio de
inconstitucionalidad relativo a la vulneración del principio de laicidad y, por
lo tanto, será declarado exequible, respecto de los cargos analizados por la
presente sentencia.
III. DECISIÓN
En mérito a las consideraciones
expuestas, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar INEXEQUIBLES
el numeral 4 del artículo 7 y el numeral 2 del artículo 8 de la Ley 119 de
1994.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE,
por los cargos analizados, el artículo 17 de la Ley 119 de 1994.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el
expediente.
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Presidenta
Con aclaración
de voto
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Vicepresidente
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con aclaración
de voto
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
AQUILES ARRIETA
GÓMEZ
Magistrado (E)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE
VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA
C-664/16
Referencia:
Expediente
D-l 1479. Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el numeral 4 del
artículo 7, el numeral 2 del artículo 8 y el artículo 17 (parcial) de la Ley
119 de 1994. Actor: Miguel Ángel Garcés Villamil.
Magistrada ponente:
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Mi aclaración de voto se reduce a señalar
que si bien en su oportunidad realice salvamentos de votos, por discrepar de lo
decidido por la Corte en las sentencias C-766 de 22 de septiembre de 2010[86],
C-948 de 4 de diciembre de 2014[87], C-960 de 10 de diciembre de 2014,
C-091 de 2015, C-224 de 2016[88]- y C-570 de 2016[89] en
las que esta Corporación, se pronunció sobre temas relacionados con el carácter
laico del Estado Colombiano, la libertad religiosa y el principio de
neutralidad estatal, en los cuales expuse mi criterio considerando que la Corte
ha asumido una posición radical que desconoce la realidad de diversas
motivaciones o incidencias sociales que si bien pueden tener orígenes
religiosos no por ello dejan de revestir positivas implicaciones de tipo
cultural y económico que en modo alguno se pueden dejar de reconocer y
proteger.
Ahora bien, en esta oportunidad comparto
la decisión de mayoría en razón a que este caso difiere sustancialmente en los
anteriores en los que se pronunció esta Corporación, precisamente, esa
diferenciación radica en que el objeto de discusión no se centra en una
incidencia religiosa, sino, tal y como lo expone el concepto del Ministerio
Público, el núcleo de discusión es la participación de un representante de la
Conferencia Episcopal en la dirección del SENA.
Tal participación se encuentra
ampliamente justificada en razón de la notoria experiencia que ha tenido la
Iglesia Católica en el sector educativo del País, en todos sus niveles básica,
media, vocacional y universitaria, el cual se encuentra demostrado con la
existencia de un número importante de instituciones educativas a su cargo, en
cumplimiento de una misión de notable relevancia social.
Precisamente, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que la educación además de ser un derecho
fundamental es un servicio público y derecho de contenido prestacional que
comprende cuatro dimensiones:
"a) disponibilidad del servicio, que
consiste en la obligación del Estado de proporcionar el número de instituciones
educativas suficientes para todos los que soliciten el servicio;
b)   la accesibilidad,
que consiste en la obligación que tiene que el Estado de garantizar que en
condiciones de igualdad, todas las personas puedan acceder al sistema educativo,
lo cual está correlacionado con la facilidad, desde el punto de vista económico
y geográfico para acceder al servicio, y con la eliminación de toda
discriminación al respecto;
c)    adaptabilidad,
que consiste en el hecho de que la educación debe adecuarse a las necesidades
de los demandantes del servicio, y, que se garantice la continuidad en su
prestación, y,
d)   aceptabilidad,
que hace referencia a la calidad de la educación que debe brindarse[90]".
Por consiguiente, a mi juicio, la Sala
debió tener en cuenta este elemento, el cual si se hubiese sido verificado
probatoriamente, tendría la entidad de enriquecer el debate jurídico, e imponer
quizás una valoración distinta del asunto al constatarse verbi gracia, cuales
son las calidades, conocimientos, experiencia, formación y demás elementos que
aporta el representante de la Conferencia Episcopal para el cumplimiento de las
funciones encomendadas a la dirección del SENA, puesto que claramente su
presencia tiene una justificación no religiosa al tratarse del papel de la
Iglesia Católica como institución socialmente relevante en materia educativa y
que históricamente ha hecho aportaciones que han permitido que la educación en
Colombia haya estado disponible y resultado accesible para los habitantes en
condiciones de alta calidad.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
SENTENCIA C-664/16
Referencia:
expediente D-11479
Actor: Miguel Ángel Garcés Villamil
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 7, numeral 4; 8,
numeral 2; y, 17 (parcial) de la Ley 119 de 1994, “Por la cual se
reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto
2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones.”.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Con el acostumbrado respeto aclaro el
voto para señalar que si bien estoy de acuerdo con la decisión de declarar la
(i) inexequibilidad de los numerales 4 del artículo 7 y 2 del artículo 8
de la Ley 119 de 1994[91], que preveían la participación de un representante de la Conferencia
Episcopal en el Consejo Directivo Nacional del Servicio Nacional de Aprendizaje
- Sena, y su forma de elección, respectivamente; y, la (ii) exequibilidad
del artículo 17 (parcial) ibídem, por los cargos analizados; considero que la
metodología acogida para analizar la sujeción al principio constitucional de
laicidad del Estado de las disposiciones que se declararon inexequibles no fue
clara y, por lo tanto, no contribuye a construir una línea consistente para el
estudio de medidas legislativas en las que se evidencian de por medio criterios
religiosos.
Aspectos relevantes de la decisión de inexequibilidad adoptada por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-664 de 2016
El problema jurídico a resolver en
este asunto, de manera similar a como lo ha sido en muchos otros casos
analizados por la Corte Constitucional[92], consistió en establecer si la inclusión de un representante de la
iglesia Católica en la Junta Directiva del Sena vulneraba el carácter
pluralista y laico del Estado Colombiano, la libertad religiosa y el principio
de igualdad entre las diferentes confesiones religiosas.
Para su resolución, la Sala sostuvo
que la relación entre iglesia - Estado ajustada a la normativa superior debía
superar un “criterio secular constitucionalmente admisible”, citando a
pie de página la sentencia C-817 de 2011[93], según la cual “(…) al momento de analizar medidas legislativas que
involucren una relación entre el Estado e instituciones religiosas, la Corte
Constitucional deberá analizar si en ellas se encuentra un criterio
predominantemente secular que la justifique.”. A continuación, consideró
que para efectos de analizar la constitucionalidad de las disposiciones
demandadas debía verificar dos aspectos: (i) el respeto de la igualdad entre
las distintas religiones y (ii) el carácter secular de la relación, en
cuya intención y cuyo efecto, no se contraríe con el principio de laicidad.
En cuanto al primer aspecto,
esto es al respeto de la igualdad entre las distintas religiones, afirmó que,
contrario a lo sugerido por algunos intervinientes[94], el carácter mayoritario de la iglesia Católica, el sentir común,
no podía justificar la decisión de que un miembro de la Conferencia Episcopal
hiciera parte del Consejo Directivo Nacional del Sena, por desconocer el
pluralismo e interpretar inadecuadamente el principio democrático, en perjuicio
de las minorías. Por lo tanto, agregó, “… La posible vulneración de la
igualdad de trato se evidencia entonces, cuando la relación no tiene un objeto
secular.”.
Frente al segundo criterio, es decir
el carácter secular de la relación, afirmó que se debían establecer los
motivos y efectos de la medida, atendiendo al desarrollo jurisprudencial
Colombiano, que se asimilaba al que en Estados Unidos se conocía como el test o
criterio Lemon[95], esto es: (i) establecer si la medida tiene
un objeto secular, (ii) determinar si el efecto primario de la medida es
inhibir o promocionar alguna religión en particular, y (iii) precisar si de su
aplicación resulta una excesiva confusión entre el Estado y la religión[96].
La Sala Plena encontró, respondiendo
a los argumentos expuestos por los intervinientes en el proceso, que no se
podía tener por justificación de la disposición demandada la necesidad de
conformar un órgano directivo plural, dado que tal objetivo se satisfizo con la
inclusión de un representante del sector empresarial, otro del sector
trabajador y, finalmente, otro del Estado. Por lo anterior, la Sala entró a
verificar si el rol histórico de la iglesia Católica en la educación del país
sí brindaba tal justificación. En tal sentido, la Sala sostuvo que:
“Se trata de un argumento plausible que podría, prima
facie, justificar la representación de la Conferencia Episcopal en los
consejos directivos del SENA, a condición de que se logre verificar que se
trata, en realidad, del motivo que indujo al legislador a expedir las normas
controvertidas y, además, que el efecto de dicha participación, no contraria el
principio de laicidad.”.
A continuación, citando la sentencia
C-441 de 2016[97], se destacó que debía identificarse un motivo secular suficientemente
identificable y, además, que éste tuviera un carácter principal, y no
simplemente accesorio o accidental. Tras un análisis de los antecedentes de
la Ley y del contexto en que fue expedida, concluyó la Sala que el objetivo del
legislador al ordenar la conformación del Consejo Directivo del Sena con un
miembro del Episcopado no fue secular, sino promover los valores propios de la
religión católica, agregando que en el marco constitucional vigente dicha
inclinación no era permitida pues la enseñanza debía ser laica, y agregó:
“(…) En este sentido, sin desconocer la importancia que ha
tenido en el país la iglesia católica en la educación de los colombianos y en
particular la moral cristiana, debe concluirse que éste no fue el hecho que
condujo al legislador a la expedición de las normas controvertidas y no se
verificó una ´justificación secular importante, verificable, consistente y
suficiente´. Se trata de una participación preconstitucional, mantenida en
las distintas reformas, por la inercia del funcionamiento de la institución.”.
Finalmente, la Sala asumió el estudio del impacto de la medida
legislativa, precisando que, en un marco de independencia mutua que no
proscribe la existencia pura y simple de relaciones entre la religión y el
Estado, lo que debe evitarse, por ser inconstitucional, es, como lo formula el
test o criterio Lemon, una excesiva confusión de las funciones del Estado
con las de las iglesias, acudiendo al criterio de impacto primordial,
concluyendo que la intervención de un miembro del Episcopado en las decisiones
del SENA constituía, en efecto, una confusión constitucionalmente
inadmisible entre las funciones estatales y la misión de la iglesia, y
agregó “Se trata, en estos términos, de una medida que genera un trato
inconstitucional respecto de una iglesia, en detrimento de otras legalmente
reconocidas y desconoce, por consiguiente, el mandato de trato igual respecto
de las diferentes confesiones religiosas, por parte del Estado.”.
Elementos de la unificación de jurisprudencia efectuada en la Sentencia
C-567 de 2016[98]
En la decisión C-567 de 2016 la
Corporación resolvió la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el
artículo 4 de la Ley 891 de 2004[99], que autoriza a las administraciones
nacional, departamental del Cauca y municipal de Popayán asignar partidas
presupuestales para impulsar y apoyar la celebración anual de las Procesiones
de Semana Santa y el Festival de Música Religiosa de Popayán. En esa
oportunidad la Sala, luego de referirse a las principales decisiones al
respecto, recogió y unificó los criterios jurisprudenciales utilizados para
analizar la constitucionalidad de disposiciones legales con implicaciones
religiosas, en garantía del principio constitucional de laicidad, y en un
escenario particular en el que lo que se discutía era la asignación de recursos
públicos para el mantenimiento de expresiones culturales con ingredientes
religiosos.
En la providencia se efectuó una
síntesis de los criterios utilizados, de manera relevante, en las siguientes
tres (3) providencias:
·
En
la sentencia C-152 de 2003[100] se
afirmó que eran inconstitucionales las normas con implicaciones desde la
perspectiva religiosa que: (i) tengan por objeto establecer una religión o
iglesia oficial, (ii) a través de las cuales el Estado se identifique formal o
explícitamente con una iglesia o religión, (iii) con las que el Estado realice
actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia, religión o
iglesia, (iv) a través de las cuales se tomen decisiones o medidas que tengan
una finalidad religiosa, mucho más si se constituyen en la expresión de una
preferencia por alguna iglesia o confesión, (v) con las que se adopten
políticas o desarrollen acciones cuyo impacto primordial real sea promover,
beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia. Se precisó, además, que las connotaciones
prohibidas tienen las siguientes características: (vi) únicas y necesarias y,
por lo tanto, que promuevan una confesión o religión.
·
En
la providencia C-766 de 2010 se declaró inexequible un proyecto de ley
vinculado al fenómeno religioso pese a que sus razones no eras únicas y
necesarias. Se dijo que no bastaba con identificar un propósito secular
alternativo al religioso, sino que éste debía ser protagónico y el motivo
religioso tener un rol anecdótico o accidental. El carácter principal y protagonista,
en consecuencia, debe ser propio del motivo secular.
·
En
la decisión C-817 de 2011 se afirmó que las medidas pueden ser constitucionales
si se asocian a un factor secular (que su fin sea secular) que (i)
sea suficientemente identificable, y (ii) tenga carácter principal, y no
simplemente accesorio o incidental. Esta terminología se acogió en las
sentencias C-224 de 2016 y C-441 de 2016
No obstante, conforme a lo sostenido
en la sentencia C-567 de 2016, aunque en todas se afirmó que el elemento
secular debía ser protagónico o principal, su aplicación variaba
de la concepción inicial, la formulada en la C-152 de 2003, por tanto se
propuso la unificación al respecto. En tal dirección, se advirtió que no
existía inconveniente en los primeros criterios, esto es, en la
inconstitucionalidad de las normas cuando quiera que con ellas:
(1)
Se
estableciera una religión o iglesia oficial;
(2)
Se
identificara el Estado, formal y explícitamente, con una iglesia o religión;
(3)
Se
realizaran actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia,
religión o iglesia;
(4)
Se
tomaran decisiones o medidas con una finalidad religiosa, mucho menos si ella
constituye la expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión; y,
(5)
Se
adoptaran políticas o desarrollaran acciones cuyo impacto primordial real sea
promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia.
El inconveniente, continuó, se
presenta con el sexto criterio, esto es, la caracterización del elemento
secular:
“En consecuencia, este requisito creado por la
jurisprudencia debe unificarse en términos que, equilibradamente, garanticen un
respeto estricto por los principios de laicidad del Estado, sin desproteger
injustificadamente el patrimonio cultural inmaterial legado por la práctica
religiosa de las comunidades nacionales. El otro elemento del test en estos
casos sería entonces que 6) la medida controlada tenga una justificación
secular importante, verificable, consistente y suficiente. El que sea `importante´
implica que deben poder ofrecerse razones para justificar esa valoración a la
luz de los principios constitucionales. La plausibilidad de esas razones debe
ser además `verificable´, y ha de ser entonces posible controlar razonablemente
los hechos y motivos que soportan la valoración de la medida. La importancia de
la justificación secular debe ser también `consistente´, lo cual indica que no
puede ser contradictoria, puramente especulativa o desprovista de fuerza.
Finalmente, debe tratarse de una justificación secular ´suficiente´ para
derrotar los efectos de la incidencia que tienen estas medidas en el principio
de laicidad del Estado. La suficiencia viene determinada por el principio de
proporcionalidad, y así la medida debe ser entonces idónea para alcanzar el fin
secular que persigue, pero además necesaria y proporcional en sentido estricto.
Finalmente, como se mencionó en las sentencias C-224 y C-441 de 2016, 7) La
medida debe ser susceptible de conferirse a otros credos, en igualdad de condiciones.”.
De manera específica, se afirmó que
en varias ocasiones la Corte sostuvo que el criterio secular debía ser principal,
queriendo significar con ello, que el religioso fuera meramente anecdótico o
accidental, aplicación que era contraria a las buenas prácticas del
laicismo, por lo que se empleó un lenguaje más adecuado y ponderado, en los
términos antes expuestos.
Dificultades de la metodología aplicada por la Sala Plena de la Corte
Constitucional en la sentencia C-664 de 2016
Primero.
En la decisión que motiva esta aclaración no se expone con rigor temporal la
línea jurisprudencial construida por la Corte Constitucional alrededor del
principio de laicidad, para evitar equívocos, ni se sigue estrictamente la
terminología propuesta por la misma Sala Plena en la sentencia C-567 de 2016.
Ello es evidente al reparar, por
ejemplo, que en el párrafo 11 se indica que los límites constitucionales de las
relaciones Estado – iglesia están dados por “un criterio secular
constitucionalmente admisible”, citando a pie de página la sentencia C-817
de 2011, en la que se afirma que debe encontrarse un criterio
predominantemente secular. En el párrafo 26 se afirma, con fundamento en lo
sostenido en la providencia C-441 de 2016, que el motivo secular debe ser  principal,
y no simplemente accesorio o accidental. Y, en el párrafo 30 se concluye
que no se encontró una justificación secular importante, verificable
consistente y suficiente, tal como se precisó en la sentencia C-567 de
2016.
Esto es, en el análisis efectuado por
la Sala se recurre a las denominaciones efectuadas en varias decisiones sobre
el “criterio secular”, omitiendo analizar su pertinencia en una clave
que permita advertir los avances de la jurisprudencia en cuanto al
entendimiento que debe dársele, pues, como se advirtió en la sentencia C-567 de
2016, no ha sido uniforme y ello generó la necesidad de su revisión y precisión
en este último pronunciamiento. Esto llevó, adicionalmente, a que no se
atendiera al lenguaje con el que se pretendió, a partir de esta última
sentencia, manejar de manera inequívoca el estudio de medidas legislativas con
implicaciones religiosas.
Ahora bien, el uso de un lenguaje
inequívoco no es un aspecto meramente formal, máxime en contextos como el
relacionado con la garantía del principio de laicidad en el que se demostró, en
la sentencia C-567 de 2016, el empleo indistinto de sustantivos, con diferentes
alcances, frente a la existencia de un criterio secular que soportara la
medida legislativa con implicaciones religiosas.
Siendo ello así, el compromiso por el
uso adecuado del lenguaje de acuerdo con las convenciones a las que arriba la
Sala Plena en sus precedentes, aporta claridad y razonabilidad al análisis
efectuado, lo que repercute en la construcción de una jurisprudencia armónica y
consistente y, al mismo tiempo, en la legitimidad de la misma Corte
Constitucional; en garantía, por otro lado, del derecho al acceso a la
administración de justicia, al fijar parámetros a tener en cuenta por los
ciudadanos interesados en cuestionar, a través de una demanda de
inconstitucionalidad, la sujeción de normas similares al ordenamiento superior
en el futuro.
Segundo.
Pese a que en la sentencia C-664 de 2016 se hace referencia a la unificación de
la Sala Plena sobre las características del motivo secular que es
constitucionalmente admisible, esto es, importante, verificable, consistente
y suficiente (criterio 6), y de concluir genéricamente que en este caso
no se satisfacían; revisada la argumentación que fundó la decisión se extrae
que, en síntesis, lo que no se encontró fue un motivo secular, pues no
se consideró como tal, por un lado, la intención de conformar un órgano
directivo plural, con la participación de varios sectores; ni, por el otro, la
relevancia de la participación de un representante del Episcopado en virtud del
rol histórico de la religión católica en la prestación del servicio público
educativo,
Por lo tanto, la Sala debió precisar
que la inexequibilidad de las disposiciones previstas en los numerales 4º del
artículo 7 y 2º del artículo 8 de la Ley 119 de 1994 obedecía a que, en efecto,
no se verificó la existencia de un motivo secular detrás de la decisión del
legislador en este caso. Esta claridad, empero, no se vislumbra, pues se omitió
tener en cuenta la herramienta metodológica que esta Corporación, a partir de
la sentencia C-152 de 2003, ha venido construyendo.
Tercero.
Aunado a lo anterior, en la argumentación acogida por la Sala Plena se efectúan
otras afirmaciones sin la justificación necesaria, como aquella según la cual
la Corte ha atendido a la metodología del test o criterio Lemon, según
la cual el estudio de la constitucionalidad de medidas legislativas
relacionadas con criterios religiosos está orientado a establecer si existe o
no una excesiva confusión de las funciones del Estado y las iglesias.
En mi concepto, aunque ello pueda
tener un principio de razón pues tanto el test o criterio Lemon como la
metodología aplicada por esta Corte en casos en los que se pretende la defensa
del principio de laicidad tiene un norte similar, lo cierto es que esta
Corporación ha sintetizado una serie de criterios que permiten analizar la
sujeción al ordenamiento de estas medidas legislativas, y que se sintetizaron
en el apartado anterior, con miras a dotar de mayor claridad el estudio
efectuado por la Corporación, y que en estricto sentido no fueron seguidas por
la Sala plena en la providencia C-441 de 2016, y ello, se insiste, mina la
consistencia y coherencia con las que la Sala ha venido abordando el asunto.
Pese a los anteriores reparos,
comparto plenamente con la Sala Plena la decisión de inconstitucionalidad de
los numerales 4º del artículo 7 y 2º del artículo 8 de la Ley 119 de 1994,
pues, siguiendo los criterios jurisprudenciales, la medida tiene un impacto
primordial real en la promoción de la religión católica y tampoco se encuentra
un motivo secular que la soporte.
Fecha ut supra
María Victoria Calle Correa
Magistrada
[1] Por el ciudadano Juan Rafael Pino Martínez.
[2] Folios 68 a 86 del expediente.
[3] Ciudadana Andri Marceli Osorio Betancur. Folios
104 a 107 del expediente.
[4] Docente Juan Pablo Rodríguez Cruz y los asistentes de docente, Daniel
Fernando Gutiérrez Hurtado y Gustavo Mejía Chaves Folios
94 a 102 del expediente.
[5] Ciudadano Jorge Andrés González Cetina. Folios 42 a 44 del
expediente.
[6] Ciudadana Ingrid Paola Nieto Vásquez. Folios 45 a 50 del
expediente.
[7] Folios 53 a 57 del expediente.
[8] Ciudadano Jose Daniel Falla Robles.
[9] Ciudadano José Benjamín Ojeda Guaje.
[10] Folios 66 y 67 del expediente.
[11] Cuando se trate de las acciones de nulidad simple o de nulidad
y restablecimiento del derecho, la inconstitucionalidad es alegada bajo la
causal de haber “sido expedidos con infracción de las normas en que deberían
fundarse” (inciso 2 del artículo 137 del CPACA), en el entendido de que la
Constitución es norma de normas. Esto quiere decir que la acción de nulidad por
inconstitucionalidad, prevista en el numeral 2 del artículo 237 de la
Constitución Política y en el artículo 135 del CPACA no es la única que permite
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo realizar un control de la
constitucionalidad de un acto administrativo.
[12] Los distintos modelos de relación entre el Estado y las iglesias
fueron sistematizados en la sentencia C-350/94, en la que se identificaron
Estados confesionales sin tolerancia religiosa, Estados confesionales con
tolerancia o libertad religiosa, Estados de orientación confesional o de
protección de una religión determinada, Estados oficialmente ateos y Estados
laicos con plena libertad religiosa.
[13] Entre otras constituciones de la primera República, el título segundo
de la Constitución de 1811, del Estado de Cundinamarca, titulado De la
Religión, disponía: “Artículo 1. La Religión Católica Apostólica Romana
es la Religión de este Estado. 2 No se permitirá otro culto público ni privado,
y ella será la única que podrá subsistir a expensas de las contribuciones de la
Provincia y caudales destinados a este efecto”. Por su parte, en el
discurso de presentación de la Constitución de 1821, el Presidente y el
Vicepresidente del Congreso sostuvieron “lo que vuestros representantes han
tenido siempre a la vista, y lo que ha sido el objeto de sus más serias
meditaciones, es que las mismas leyes fuesen enteramente conformes con las
máximas y los dogmas de la Religión Católica Apostólica y Romana, que todos
profesamos y nos gloriamos de profesar: ella ha sido la religión de nuestros
padres, y es y será la Religión del Estado; sus ministros son los únicos que
están en el libre ejercicio de sus funciones, y el Gobierno autoriza las
contribuciones necesarias para el Culto Sagrado”. También el
artículo 15 de la Constitución de 1832 disponía “Es también un deber del
gobierno proteger a los granadinos en el ejercicio de la religión católica,
apostólica, romana” y en el discurso de presentación se lee “el riguroso
deber que tiene la Nueva Granada de proteger la santa religión Católica,
Apostólica, Romana, esta religión divina, la única verdadera, precioso origen
del bien que heredaron los granadinos de sus padres, que recibieron del cielo
en el bautismo, y que por la misericordia del Dios que adoramos, conservaremos
todos intacta, pura, y sin mancha”. La Constitución de 1843, por su
parte disponía: “Artículo 15.- Es también un deber del Gobierno proteger a
los granadinos en el ejercicio de la Religión Católica, Apostólica, Romana. ǁ
Título IV. De la religión de la República. Artículo 16.- La Religión Católica,
Apostólica, Romana, es la única cuyo culto sostiene y mantiene la República”.
[14] La Constitución de 1853 disponía: “Artículo 5.- La República
garantiza a todos los Granadinos (…) 5. La profesión libre, pública o
privada de la religión que a bien tengan, con tal que no turben la paz pública,
no ofendan la sana moral, ni impidan a los otros el ejercicio de su culto”.
En igual sentido, la Constitución de 1863 preveía en su “Artículo 15.- Es
base esencial e invariable de la Unión entre los Estados, el reconocimiento y
la garantía por parte del Gobierno general y de los Gobiernos de todos y cada
uno de los Estados, de los derechos individuales que pertenecen a los
habitantes y transeúntes en los Estados Unidos de Colombia, a saber: (…) 16.
La profesión libre, pública o privada, de cualquier religión; con tal que no se
ejecuten hechos incompatibles con la soberanía nacional, o que tengan por
objeto turbar la paz pública”.
[15] “El pluralismo previsto como norma fundante del ordenamiento
defiende y protege la existencia de modos distintos de ver el mundo, y de
maneras disímiles de concebir y desarrollar los principios de “vida buena”
de cada persona”: Corte Constitucional, sentencia C-948/14.
[16] “(…) de la interpretación sistemática de la Constitución de 1991 se
concluye el carácter laico del Estado colombiano. Esta afirmación
encuentra sustento en dos elementos axiales del régimen constitucional del
Estado colombiano: i. El principio democrático que el artículo 1º de la
Constitución señala como uno de los elementos fundacionales del Estado; y ii.
La ausencia en el texto constitucional de cualquier referencia a relación
especial alguna entre el Estado con alguna iglesia, excluyendo ab initio la
idea de iglesia estatal, iglesia prevalente o iglesia jurídicamente
privilegiada, como también pueden ser los casos en un Estado democrático”
(negrillas no originales), Corte Constitucional, sentencia C-766/10.
[17] “Estado no profesa ninguna religión”: Corte Constitucional,
sentencia C-088/93.
[18] Aunque la libertad de conciencia no se limita al aspecto religioso,
como quedó claro desde la Asamblea Nacional Constituyente: "Tema que
produjo intensos debates fue el de las libertades de conciencia, religión y
cultos, fruto de los cuales fue la separación deliberada que la Asamblea hizo
de estas libertades en dos artículos diferentes. La Constitución vigente la
consagraba en una sola norma que limita su campo al religioso. En el nuevo
ordenamiento, la libertad de conciencia se predica también de toda creencia, o
ideología”: constituyente Augusto Ramírez Ocampo en Gaceta
Constitucional nº 112, p. 6.
[19] Respecto del laicismo en la prestación del servicio público de
educación: “El concepto de patrona es un calificativo con clara connotación
religiosa, y la designación de un personaje de un credo específico y
determinado como patrona de todos los educadores supone la adhesión simbólica
del Estado a esta religión en la prestación de un servicio público esencial
que, además, afecta la libertad de cátedra, la autonomía de las instituciones
educativas, y la formación pluralista para los niños, niñas y adolescentes”:
Corte Constitucional, sentencia C-948/14. Ya la sentencia C-027/93 había
declarado inexequible la cláusula del Concordato que atribuía a la Iglesia
Católica la inspección de la educación religiosa oficial.
[20] No existe un concepto unívoco y universal del principio de laicidad.
Se trata de modelos distintos en los que, por ejemplo, existe el sistema
estadounidense de secularismo, más que de laicidad, en aplicación de la Establishment
Clause, y el modelo francés, de la Ley de separación de las iglesias y el
Estado, del 9 de diciembre de 1905, desarrollado a través de una forma de
laicidad combativa. Cfr. Víctor J. Vásquez Alonso, Laicidad y
Constitución, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid,
2012, pp. 48 y 338, referido al cambio de modelo asumido por el Tribunal
Constitucional español, desde una forma de aconfesionalidad, hacia el
laicismo.
[21] Corte Constitucional, sentencia C-350/94
[22] Corte Constitucional, sentencia C-027/93.
[23] Corte Constitucional, sentencia C-350/94.
[24] Corte Constitucional, sentencia C-817/11.
[25] Corte Constitucional, sentencia C-766/10.
[26] Corte Constitucional, sentencia C-948/14.
[27] Corte Constitucional, sentencia C-224/16.
[28] Corte Constitucional, sentencia C-1175/04.
[29] Corte Constitucional, sentencias C-568/93, C-107/94 y C-1261/00.
[30] Corte Constitucional, sentencia C-153/03.
[31] Corte Constitucional, sentencia T-139/14.
[32] Corte Constitucional, sentencia C-441/16.
[33] Corte Constitucional sentencia C-567/16.
[34] Corte Constitucional, sentencia C-441/16.
[35] Corte Constitucional, sentencia C-567/16.
[36] Corte Constitucional, sentencia C-153/03.
[37] Corte Constitucional, sentencia C-817/11.
[38] “Si se le permitiera al Estado, a cualquier título, o en cualquier
nombre, incluso de la protección al patrimonio cultural, subvencionar o
financiar actividades religiosas, al estar de por medio dineros públicos, se
impondría la veeduría, control y responsabilidades propias de quienes
administran recursos públicos. Así, por ejemplo, sería obligatoria la realización
de un exigente control a las actividades de la iglesia, de los ordenadores del
gasto en la iglesia, quienes serían sujetos de responsabilidad fiscal y sujetos
disciplinarios en cuanto manejaran o administran recursos del erario. Es decir,
podría haber responsabilidad (fiscal, disciplinaria o incluso penal) que podría
conducir a la sanción, destitución o incluso condena de los ministros de una
iglesia, todo lo cual pondría en grave riesgo la autonomía y libertades
religiosas”: Corte Constitucional, sentencia C-224/16.
[39] Corte Constitucional, sentencia C-224/16.
[40] Corte Constitucional, sentencia C-088/93. En igual sentido:
C-350/94.
[41] Corte Constitucional, sentencia T-832/11.
[42] Corte Constitucional, sentencia C-817/11. “(…) al momento de
analizar medidas legislativas que involucren una relación entre el Estado e
instituciones religiosas, la Corte Constitucional deberá analizar si en ellas
se encuentra un criterio predominantemente secular que la justifique”:
Corte Constitucional, sentencia C441/16. Por ejemplo, se ha establecido que “ley
de honores solo es válida si el componente laico prima sobre el religioso”:
Corte Constitucional, sentencia C-948/14. Por el contrario, respecto de la
Semana Santa en Tunja se puso de presente que “
[43] Corte Constitucional, sentencia C-224/16.
[44] Corte Constitucional, sentencia C-441/16. Esta sentencia realiza un
juicioso recuento jurisprudencial en la materia.
[45] Corte Constitucional, sentencia C-567/16.
[46] Así, en el caso de la Semana Santa en Pamplona se evidenció que “De
la exposición de motivos se pueden concluir tres situaciones: (i) las
procesiones de Semana Santa en Pamplona son parte de la historia del
municipio[99]; (ii) sin embargo, es evidente que el objetivo principal de la
autorización al municipio para asignar partidas presupuestales, es fortalecer
la fe católica y atraer a personas piadosas a participar de los imponentes
actos religiosos; y (iii) en últimas, el fin secundario es la activación del
turismo en la región”: sentencia C-224/16. Por el contrario, respecto de la
Semana Santa en Tunja se puso de presente que “aunque aquí se evidencia de
nuevo un elemento religioso, no puede perderse de vista que aparecen elementos
seculares, tales como “el folclor de la región” y la afluencia de turistas.
Pero el elemento secular se hace palmario, y se constituye en parte central del
proyecto cuando en la exposición de motivos”: sentencia C-441/16.
También, respecto de la Semana Santa en Popayán, se logró concluir que: “El
artículo 4º de la Ley 891 de 2004 se ha justificado, tanto en los debates
parlamentarios como dentro de este proceso, como una medida de salvaguardia del
patrimonio cultural inmaterial en que consisten las Procesiones de Semana en
Popayán. Esta justificación no solo es secular sino además importante y
responde a un imperativo constitucional”: sentencia C-567/16.
[47] informe-ponencia, el Constituyente Diego Uribe Vargas Gaceta
Constitucional nº 82, p. 10.
[48] Corte Constitucional, sentencia C-027/93 y respecto del
aplazamiento del servicio militar por estar cursando estudios sacerdotales
C-478/99.
[49] Corte Constitucional, sentencias C-027/93 y T-621/14.
[50] Corte Constitucional, sentencia C-088/94.
[51] Artículo 287 del Decreto 2700 de 1991 por el cual se expiden las
normas de Procedimiento Penal. Corte
Constitutionnel, sentencia C-609/96.
[52] Corte Constitutionnel, sentencias T-352/97 ; T-616/97 ;
T-269/01 ; T-700/03.
[53] Corte Constitucional, sentencia C-224/16.
[54] Intervención del SENA.
[55] “(…) vincular a la religión católica a una tradición
constitucionalmente protegida, en razón de sus vínculos culturales,
significaría excluir a dichas minorías de la protección estatal”: Corte
Constitucional, sentencia C-817/11
[56] Corte Constitucional, sentencia C-1175/04.
[57] Corte Constitucional, sentencia C-948/14.
[58] De manera contraria, recurriendo al argumento mayoritario, esta Corte
declaró la constitucionalidad del artículo 13 de la Ley 153 de 1887, según el
cual “La costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana,
constituye derecho, a falta de legislación positiva” y para esto llegó a
sostener que: “aun aceptando que la referencia a la "moral
cristiana" tenga una especial connotación religiosa, tampoco sería
inconstitucional por este motivo el artículo 13 de la ley 153 de 1887.  ¿Por
qué? Sencillamente, por esto: 1o.- Pese a la ausencia de estadísticas exactas
en este campo, como en otros, es un hecho incontrovertible que la religión
Católica es la de la mayoría de la población. 2o.- Pero la religión Católica es
sólo una de las iglesias cristianas, la mayor por su número, pero apenas una de
ellas.  Si a sus adeptos se suman los de las demás iglesias cristianas
existentes en Colombia, la mayoría distaría de la unanimidad sólo un pequeño
porcentaje. 3o.- La Constitución, como todas las que han existido en Colombia,
está basada en la democracia liberal, uno de cuyos principios es el
reconocimiento de las mayorías. No puede, en consecuencia, ser contraria a la
Constitución una norma que se limita a reconocer la moral de las mayorías. El
respeto a las minorías, también proclamado por el Liberalismo, no puede llegar
hasta el extremo absurdo de pretender que las mayorías se sometan a ellas, o
que renuncien al derecho de hacer prevalecer sus opiniones.  Por ello, si en
lugar de referirse a la moral de la mayoría de los colombianos, la ley
pretendiera imponer a éstos la moral de una tribu indígena confinada en un
remoto lugar de la selva amazónica, tal ley sí sería contraria a la
Constitución”: Corte Constitucional, sentencia C-224/94. Esta manera de
razonar no fue posteriormente confirmada por la Corte.
[59] “se agrega la supresión de la incompatibilidad del ministerio
sacerdotal con el ejercicio de funciones públicas, la cual obedecía a las
circunstancias históricas en que se expidió la Constitución de 1886”:
constituyente Augusto Ramírez Ocampo en Gaceta Constitucional nº 112, p. 6.
[60] “(…) aunque “moribundo”, sigue siendo el paradigma que mejor define
el modelo de separación constitucional entre el Estado y la religión de los
Estados Unidos”: Víctor J. Vásquez Alonso, Laicidad y Constitución,
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2012, p. 72.
[61] Suprema Corte de los Estados Unidos, Lemon vs. Kurtzman, 403
U.S. 602 (1971).
[62] La expresión inglesa entaglement podría ser traducida al
español como confusión, entrelazamiento o incluso enmarañamiento, al tratarse
de expresiones sinónimas. La expresión enmarañamiento es la escogida por el
profesor Víctor J. Vásquez Alonso, al referirse al Lemon Test: Laicidad
y Constitución, ob. Cit. p. 61.
[63] Artículo 1 de la Ley 119 de 1994.
[64] Artículo 2 de la Ley 119 de 1994.
[65] Registro Público de Entidades Religiosas No Católicas http://www.mininterior.gov.co/mision/asuntos-religiosos/registro-publico-de-entidades-religiosas
[66] Artículo 168 del Código General del Proceso. “Los hechos
notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”:
artículo 167 inciso 4 del C.G.P.
[67] Corte Constitucional, sentencia C-441/16.
[68] Corte Constitucional, sentencia C-766/10.
[69] El artículo 3, numeral 2 del Decreto 2149 de 1992, expedido en
desarrollo del artículo 20 transitorio de la Constitución Política, relativo a
las funciones del SENA, suprimió la referencia a la justicia y moral
cristianas: ·Velar porque el contenido de los programas de formación
profesional integral permita la incorporación de los trabajadores al medio
productivo, contribuyendo a elevar su nivel social y técnico y se fundamente en
principios éticos, morales y culturales que tiendan a fortalecer los valores
del hombre”.
[70] "Durante el Gobierno de Rojas Pinilla surgió un grupo católico
conservador, pero no intransigente, en torno a la revista Testimonio, que apoyó
a la ANAPO u abrazó la posición radical en contra del aborto, que
posteriormente se señalaría expresamente en Humanae vitae. Rojas Pinilla
era conservador, católico, anticomunista; apoyó la relación Iglesia-Estado en
la educación y tomó medidas en contra de los protestantes.": Autores
Varios, Director: Jose Luis Meza Rueda, Educación religiosa escolar:
Naturaleza, fundamentos y perspectivas, Editorial San Pablo y Pontificia
Universidad Javeriana, Bogotá, 2011, p. 64.
[71] El artículo 41 de la Constitución de 1886 disponía que “La
educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la Religión
Católica”.
[72] El artículo XII del Concordato celebrado entre el Estado colombiano y
la Santa Sede disponía que “En desarrollo del derecho que tienen las
familias católicas de que sus hijos reciban educación religiosa acorde con su
fe, los planes educativos, en los niveles de primaria y secundaria, incluirán
en los establecimientos oficiales enseñanza y formación religiosa según el
magisterio de la Iglesia. Para la efectividad de este derecho, corresponde a la
competente autoridad eclesiástica suministrar los programas, aprobar los textos
de enseñanza religiosa y comprobar cómo se imparte dicha enseñanza (…)”.
Este artículo fue declarado inexequible por la sentencia C-027/93.
[73] Corte Constitucional, sentencia C-948/14.
[74] “(…) en la Constitución de 1991 la unidad nacional se funda en el
pluralismo y es el resultado de la convivencia igualitaria y libre de los más
diversos credos y creencias en los diferentes campos de la vida social,
mientras que en la Constitución de 1886, esa unidad nacional tenía como base
esencial el reconocimiento de la preeminencia del catolicismo como religión de
toda la nación”: Corte Constitucional, sentencia C-350/94.
[75] “La laicidad es un principio republicano y democrático, tal vez el
único que realmente permite la convivencia pacífica dentro de la diversidad
religiosa. La laicidad promueve a la vez la supremacía constitucional al poner
en planos distintos la supremacía de los libros sagrados y la de la
Constitución. La laicidad permite entender que no hay antinomias entre estos
textos, sino espacios normativos distintos; permite entender que, a pesar de
las diferencias, el texto que nos reconoce a todos como colombianos, nuestro el
texto sagrado, es la Constitución”: Corte Constitucional, sentencia
C-224/16.
[76] En términos equivalentes esta Corte estableció que “Por
ende, no puede una referencia de naturaleza tangencial enervar la premisa
verificada por la Corte, según la cual el motivo que llevó al Congreso a
adoptar la norma acusada fue la promoción de la religión católica que ejercen
muchos de los habitantes de El Espinal”: Corte Constitucional, sentencia
C-817/11.
[77] Corte Constitucional, sentencia C-567/16.
[78] El Estado goza “de plena independencia, frente a todos los credos”:
Corte Constitucional, sentencia C-68/93.
[79] Corte Constitucional, sentencia C-766/10.
[80] Corte Constitucional, sentencia C-766/10. La sentencia C-224/16
utilizó la expresión “fin primordial”.
[81] Corte Constitucional, sentencia C-224/16.
[82] Corte Constitucional, sentencia C-736/07.
[83] De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 119 de 1994, son “Funciones
del Consejo Directivo Nacional. Son funciones del Consejo Directivo Nacional:
1. Definir y formular la política general y los planes y programas de la
entidad” y de acuerdo con el artículo 19 de la misma ley son “Funciones
de los Consejos Regionales. Son funciones de los Consejos Regionales: 1.
Aprobar los planes y programas de la regional, acordes con los planes y
programas nacionales de la Institución, oído el concepto de los Comités
Técnicos de Centro”.
[84] El desconocimiento del principio de laicidad hace inocuo el desarrollo
de un test de igualdad, para concluir en la inconstitucionalidad de las normas
demandadas al identificarse una finalidad inconstitucional de la medida. Tal
conclusión fue también realizada en la sentencia C-1175/04 relativa a la
participación de un representante de la Iglesia Católica en el Comité de
clasificación de películas.
[85] “ARTÍCULO 17. CONSEJOS REGIONALES. Los Consejos Regionales estarán
integrados por representantes de las mismas entidades y organizaciones que
conforman el Consejo Directivo Nacional, establecidos en la región, en igual
proporción, designación y período”.
[86] En esta providencia se estudió la
constitucionalidad de las Objeciones Gubernamentales al proyecto de Ley No. 195
de 2008 Senado, 369 de 2009 Cámara, "Por medio del cual se conmemoran los
cincuenta años de la coronación de la imagen de nuestra señora de Chiquinquirá
en el municipio de La Estrella, Antioquia, y se dictan otras disposiciones.
[87] En la Sentencia C-948 de 2014, la Corte
Constitucional declaró exequible la Ley 1710 de 2014, "por la cual se
rinde honores a la Santa Madre Laura Montoya Upegui, como ilustre santa
colombiana", por los cargos analizados en esta providencia, con excepción
de algunas expresiones o enunciados en algunos numerales, que se declararon
inexequibles, lo cual se reiteró en las sentencias C-960 de 2014 y C-091 de
2015.
[88] Mediante la sentencia C-224 de 2016, la
Corte declaró inexequible el artículo 8o de la Ley 1645 de 2013,
"por el cual se declara patrimonio cultural, inmaterial de la Nación la
Semana Santa en Pamplona, departamento de Norte de Santander, y se dictan otras
disposiciones".
[89] Mediante la sentencia C-570 de 2016, se
resolvió la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1o y la totalidad de la
Ley 1754 de 2015, "por la cual se reconoce la importancia religiosa
y cultural del monumento a Cristo Rey, del municipio de Belalcázar, en el
departamento de Caldas, y se dictan otras disposiciones. "
[90] Informe
preliminar presentado a la Comisión de Derechos Humanos por la Relatora
Especial sobre el derecho a la educación el 13 de enero de 1999, y Sentencia T-
781 de 2010.
[91] “Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje,
SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones.”.
[92] Como, entre otras, en las sentencias C-027 de 1993 (MP Simón Rodríguez
Rodríguez, SV José Gregorio Hernández Galindo); C-568 de 1993 (MP Fabio Morón
Díaz - unánime);  C-107 de 1994 (MP Carlos Gaviria Díaz - unánime); C-350 de
1994 (MP Alejandro Martínez Caballero, SV José Gregorio Hernández, Hernando
Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa); C-152 de 2003 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa, SP Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Araújo Rentería y Clara Inés Vargas
Hernández); C-1175 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto, SV Álvaro Tafur
Galvis, Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil); C-766 de 2010 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto, SP María Victoria Calle Correa y SV Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); C-817 de 2011 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, y SP María Victoria Calle Correa); C-948 de 2014 (MP María Victoria
Calle Correa; SP Luis Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle Correa,
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub; y, AV María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio
Palacio); C-224 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo y Jorge Iván Palacio
Palacio; SV María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo y Gloria Stella Ortiz Delgado; y AV Alberto Rojas Ríos
y Luis Ernesto Vargas Silva); C-441 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo; AV
María Victoria Calle Correa y Gloria Stella Ortiz Delgado; y, SV Jorge Iván
Palacio Palacio y Alberto Rojas Ríos); y, C-567 de 2016 (MP María Victoria
Calle Correa; AV Aquiles Arrieta Gómez y Gloria Stella Ortiz Delgado; y, SV
Jorge Iván Palacio Palacio).
[93] MP Luis Ernesto Vargas Silva, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, y SP María Victoria Calle Correa.
[94] Se refirió expresamente a la Procuraduría General de la Nación y al
SENA.
[95] Expresión acuñada en razón a que se practicó en el curso del proceso
judicial Lemon Vs. Kurtzman. El test o criterio Lemon expresa simplemente los
elementos a analizar para determinar la sujeción al ordenamiento superior de
medidas que tienen implicaciones religiosas, en protección del principio de
laicidad.
[96] En la sentencia aprobada por la mayoría se precisó: “… Estos criterios
de examen de la constitucionalidad de una medida, respecto del principio de
laicidad, coinciden con los identificados por la jurisprudencia que la Corte
Constitucional ha formulado en la materia. Se trata de juzgar la medida a
partir de sus motivos y sus efectos.”.
[97] MP Alejandro Linares Cantillo; AV María Victoria Calle Correa y Gloria
Stella Ortiz Delgado; y, SV Jorge Iván Palacio Palacio y Alberto Rojas Ríos.
[98] MP. María Victoria Calle Correa; AV Aquiles Arrieta Gómez y Gloria
Stella Ortiz Delgado; y, SV Jorge Iván Palacio Palacio.
[99] “Por la cual se declara patrimonio cultural
nacional las procesiones de semana santa y el festival de música religiosa de
Popayán, departamento del Cauca, se declara monumento nacional un inmueble
urbano, se hace un reconocimiento y se dictan otras disposiciones”.
[100] MP Manuel José Cepeda Espinosa, SP Jaime Araújo Rentería, Alfredo
Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas Hernández.