T-492-92
Sentencia No
Sentencia No.
T-492/92
ACCION DE TUTELA
CONTRA PARTICULARES/SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
La tutela contra
particulares cabe apenas en los casos establecidos por la ley y siempre que
aquellas personas contra quienes se intenta estén encargadas de la prestación
de un servicio público o su conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo, o respecto de ellas el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión.
AUTONOMIA
UNIVERSITARIA/REGLAMENTO UNIVERSITARIO
La autonomía
universitaria, la cual encuentra fundamento en la necesidad de que el
acceso a la formación académica de las personas tenga lugar dentro de un clima
libre de interferencias del poder público tanto en el campo netamente académico
como en la orientación ideológica, o en el manejo administrativo o financiero
del ente educativo. El concepto de autonomía universitaria implica la
consagración de una regla general que consiste en la libertad de acción de los
centros educativos superiores, de tal modo que las restricciones son
excepcionales y deben estar previstas en la ley. dentro de la autonomía
universitaria debe existir para toda institución de educación superior la
posibilidad de estipular, con carácter obligatorio para quienes hacen parte de
la comunidad universitaria (directivos, docentes y estudiantes) un régimen
interno, que normalmente adopta el nombre de reglamento, en el cual
deben estar previstas las disposiciones que dentro del respectivo
establecimiento serán aplicables a las distintas situaciones que surjan por
causa o con ocasión de su actividad, tanto en el campo administrativo como en
el disciplinario.
DERECHO A LA
EDUCACION/DERECHOS FUNDAMENTALES/DEBIDO PROCESO/DERECHO DE DEFENSA
Del derecho
fundamental a la educación se deriva que la persona que se educa goce de una
estabilidad mínima en cuanto hace a su permanencia como estudiante en el centro
de formación al que se ha vinculado. Ello implica que, mientras se ajuste a las
condiciones fijadas en el respectivo reglamento, el estudiante tiene derecho a
continuar recibiendo el servicio educativo hasta la culminación de la carrera
iniciada. La educación ofrece un doble aspecto.  Es un derecho-deber, en cuanto
no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta
exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del
derecho, pues quien no se somete a las condiciones para su ejercicio, como
sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o
infringe el régimen disciplinario que se comprometió a observar, queda sujeto a
las consecuencias propias de tales conductas. El alumno tiene un derecho a que,
antes de hacerlo sujeto pasivo de las sanciones contempladas en el reglamento,
se dé cumplimiento a los trámites allí mismo señalados en orden a garantizar su
defensa y la observancia del debido proceso, pues ninguna razón puede invocarse
para justificar la adopción de medidas sancionatorias fundadas en el arbitrio
de la autoridad universitaria.
ACCION DE TUTELA-Objeto/ACCION DE TUTELA-Hecho
consumado
La acción de
tutela ha sido concebida como procedimiento preferente y sumario para la
defensa inmediata de los derechos fundamentales, lo cual implica que su
efectividad reside en la posibilidad de que el juez, si encuentra que en
realidad existe la vulneración o la amenaza alegada por quien pide protección,
imparta una orden para que, como lo dice la Constitución, aquél contra
quien se intenta la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. Es forzoso concluir
que si tal es el objeto de la tutela, ninguna razón se tiene para admitirla
cuando ya las situaciones que pueden haber dado lugar o ser consecuencia de
hechos u omisiones violatorias de derechos fundamentales quedaron definidas,
pues de entenderse lo contrario, se vería desvirtuada la naturaleza de la
institución.
FALLO DE TUTELA-Contenido/JUEZ DE TUTELA-Límites/JUEZ
DE TUTELA-Facultades
El objeto propio
de la acción de tutela  no es otro que el de proteger el derecho vulnerado o
amenazado por la acción u omisión de la autoridad pública o de los
particulares en los casos señalados por la ley, es decir que la orden judicial
correspondiente debe estar encaminada a corregir la situación de hecho en cuya
virtud es afectado aquél, disponiendo lo pertinente en relación con su
contenido material, pero no puede ir más allá, abarcando elementos ajenos a la
naturaleza misma del derecho que se pretende amparar o provocando actos o
abstenciones que no tiendan al fin propuesto. El juez no podía ordenar, como lo
hizo, la entrega del título universitario por cuanto no radicaba allí el
verdadero núcleo del problema planteado, referente -se repite- al debido
proceso, mientras que su mandato en tal sentido sí interfirió el campo de la
autonomía académica del centro docente, cuya decisión sobre si cabe conceder el
título profesional al alumno, con autorización del Estado, únicamente puede
emanar de las consideraciones relacionadas con el cumplimiento de los
requisitos legales y estatutarios vigentes para la carrera cursada por el
estudiante. No significa que esté vedado al juez de tutela proteger derechos no
invocados expresamente por el peticionario, pues si los elementos allegados al
proceso le permiten colegir que se están quebrantando o amenazando otras
garantías fundamentales, no solamente tiene la facultad sino la obligación de
declararlo así,  adoptando las medidas adecuadas a ese propósito.
Sala Tercera de Revisión
Ref.:  Expediente
T-1872
Acción de tutela
intentada por HAROLD HUMBERTO SARMIENTO RAMIREZ contra la Fundación
"Universidad Externado de Colombia".
Magistrados:
JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
-Ponente-
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
FABIO MORON DIAZ
Aprobada mediante
acta de la Sala Tercera de Revisión, en Santafé de Bogotá, D.C., a los doce
(12) días del mes de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992).
I.  INFORMACION
PRELIMINAR
El peticionario,
mediante apoderado, acudió el pasado diecisiete (17) de enero ante el Juzgado
36 Penal Municipal de Santafé de Bogotá, D.C., para solicitar que se ordenara a
la Universidad "Externado de Colombia", proceder a conferirle el
título de Comunicador Social, ya que había sido suspendido definitivamente del
centro educativo, luego de adelantarse en su contra un proceso disciplinario en
el cual, según él, se violaron sus derechos fundamentales a la defensa y al
debido proceso, garantizados en el artículo 29 de la Constitución Política.
Además solicitó el
pago de la indemnización por los perjuicios económicos y morales ocasionados
por la actuación de las autoridades del centro educativo antes mencionado.
Expone como
fundamento fáctico de la petición el haber ingresado a la Universidad
"Externado de Colombia" en el mes de julio de 1979, permaneciendo
hasta el mes de diciembre de 1983, periodo durante el cual cursó y aprobó las
asignaturas correspondientes con el fin de obtener el título de Comunicador
Social.  Durante los meses de enero a junio de 1984 adelantó el curso de
intensificación, completando así los requisitos académicos para ser graduado.
Añade que el
veintisiete (27) de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), el
Decano de la facultad de Comunicación Social le notificó, por escrito, que la Universidad
había decidido suspenderlo en forma definitiva de la Institución, por haber
alterado una certificación oficial expedida por la Facultad.
SARMIENTO RAMIREZ consideró que la sanción impuesta no se
encontraba entre las previstas en el artículo 13 del reglamento interno de la
Universidad, y además estimó que la decisión fue proferida sin habérsele oído
en descargos y sin proceso disciplinario previo, tal como lo exige el artículo
14 del mismo reglamento y el artículo 171, inciso 2º, del Decreto 080 de 1980.
En fin, alegó que no le fue otorgada oportunidad para defenderse, razón por la
cual fue vulnerado el procedimiento previsto para este tipo de casos.
En octubre de mil
novecientos noventa (1990), por intermedio de apoderado, el actor acudió ante
la jurisdicción ordinaria, correspondiendo el asunto al Juzgado 28 Civil del
Circuito de Santafé de Bogotá, D.C., despacho que rechazó de plano la demanda
por falta de jurisdicción. Apelada la providencia, fue confirmada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad.
Esta circunstancia
lo llevó a ejercer la acción de tutela para solicitar del juez correspondiente
que le fueran amparados sus derechos, en especial en lo relacionado con la
forma en que procedió el establecimiento educativo al sancionarlo sin
desvirtuar la presunción de inocencia que la Carta Política le garantiza.
II.  TRAMITE
JUDICIAL
Mediante providencia
del diecisiete (17) de enero del presente año, el Juzgado Treinta y Seis Penal
Municipal de Santafé de Bogotá, D.C., asumió el conocimiento y ordenó la
práctica y recepción de varias pruebas, principalmente testimoniales, para
escuchar al actor, al doctor Fernando Hinestrosa Forero, Rector de la
Universidad "Externado de Colombia", y al Jefe de la División de
Evaluación Jurídica del ICFES.
Continúa el despacho
el trámite de la acción ordenando, mediante providencia del veintidos (22) de
enero, la recepción y práctica de nuevas pruebas, entre las que se cuentan la
solicitud a la Universidad "Externado de Colombia" de remitir el
reglamento vigente para la época en que ocurrieron los hechos y la citación a
los integrantes del Consejo Directivo, por ser el órgano universitario que
conoció del asunto, para escuchar sus declaraciones al respecto.
El accionante, en
declaración rendida el día veintiuno (21) del mes de enero del presente año,
hace una narración de lo acontecido en su caso, la cual puede resumirse como
sigue:
En el año de 1984 SARMIENTO
RAMIREZ terminó estudios de Comunicación Social.  Para obtener el título
tuvo que adelantar, durante los meses de enero a julio del mismo año, un curso
de intensificación.  En esa época su padre era funcionario de INRAVISION, lo
cual le daba derecho a un subsidio educativo.
Con el fin de
tramitar el mencionado subsidio, solicitó a la Universidad una constancia,
según él, en el mes de julio de 1984, la que, presentada en el mes de agosto
ante INRAVISION, no fue aceptada como válida, ya que tal documento reconocía su
calidad de estudiante durante los meses de enero a julio de ese año.
Por ésta razón, dice
el actor:  "Autoricé a mi hermana para que cambiara la fecha del
certificado a máquina, pero sin enmendaduras, sino con tachones
visibles...".  Por este hecho fue suspendido definitivamente de la
Universidad faltando tan solo una semana para su graduación.
El peticionario fue
llamado a INRAVISION, entidad ante la cual reconoció haber adulterado la
constancia, razón por la cual se le comunicó que no tenía derecho al pago del
subsidio.  Más tarde, cuando se hizo presente a fin de pagar los derechos de
grado, fue recibido por el Decano de la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad "Externado de Colombia", doctor José de Recasens, quien
le notificó la sanción impuesta por las directivas de ese claustro, consistente
en la suspensión definitiva.
La versión del
doctor Fernando Hinestrosa Forero, rector del centro educativo, acerca de los
hechos que terminaron con la sanción impuesta al estudiante en el mes de agosto
de 1984, da cuenta de cómo, por solicitud de SARMIENTO RAMIREZ, le fue
expedida el día once (11) de abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984),
una constancia de estudios; luego, el dieciseis (16) de agosto de ese año,
INRAVISION solicitó por escrito que se confirmara la autenticidad de los datos
consignados en el mencionado documento, por cuanto presentaba una enmendadura,
a lo cual la Universidad respondió manifestando que los datos allí consignados
no eran ciertos, confirmó la alteración y envió la información correcta.
El día veintiuno
(21) de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), la Decanatura de la
Facultad de Comunicación Social informó de tales hechos a la Rectoría a efecto
de que se tomaran las medidas disciplinarias propias del caso.  Ante la
gravedad de la infracción, declara el doctor Hinestrosa Forero, se procedió a
excluir al infractor de la Universidad.
En cuanto al
procedimiento disciplinario adelantado, el rector manifestó que en estos casos
la actuación se lleva a cabo en forma oral, razón por la cual no existe
constancia escrita del mismo, ni notas de recibo, expresando que la resolución
sancionatoria se comunicó verbalmente.
Por lo que se
refiere a la actuación del Consejo Directivo de la Universidad, el doctor
Hinestrosa declaró que el trámite en el presente asunto se adelantó oralmente y
que culminó con la imposición de sanción al estudiante.
Hecho por el Juzgado
un cotejo entre la sanción consistente en "declarar definitivamente
separado de la Universidad al señor HAROLD HUMBERTO SARMIENTO RAMIREZ..."
y las previstas en el Reglamento Orgánico Interno del centro docente, se
estableció que aquélla no figuraba entre las tipificadas en el mencionado
estatuto para esta clase de infracciones.  Al respecto, el rector del ente
universitario manifestó que la razón para denominar así la sanción impuesta
provenía de que la máxima pena, llamada "expulsión", implicaba la
comunicación a todas las universidades, de tal modo que ninguna de ellas
recibiera en su seno al expulsado.  Otra sanción, la de "cancelación de la
matrícula", según lo afirma el rector, supone la exclusión del estudiante
durante el periodo correspondiente y en el presente caso SARMIENTO RAMIREZ no
estaba matriculado, toda vez que ya había aprobado las asignaturas propias del
pénsum académico del periodo que cursaba, motivo por el cual la cancelación de
la matrícula carecía de objeto.
Por lo anterior,
manifestó el rector, se empleó el término "separación definitiva",
que no entraña efectos respecto de otras universidades en las cuales el
afectado pudiera ser admitido, siendo así menos drástica la sanción impuesta al
estudiante.
A.
Consideraciones del Juez de Primera Instancia
Entre las
consideraciones del Juzgado para fallar en primera instancia, se encuentra la
relacionada con la competencia para imponer las sanciones, ya que el artículo
14 del reglamento universitario únicamente faculta para ello al rector del
establecimiento, al paso que en esta ocasión el documento mediante el cual se
comunicó a SARMIENTO RAMIREZ una "suspensión definitiva",
estaba firmado por el Decano de la Facultad, quien decía actuar siguiendo
instrucciones del rector.
El mismo artículo 14
señala que "la cancelación de matrícula y expulsión no serán impuestas sin
el previo concepto afirmativo del Consejo Directivo de la Universidad, el cual
para pronunciarlo, dará oportunidad de descargos al alumno imputado, y en lo
posible oirá al Consejo Estudiantil de la Unidad a que aquél pertenezca".
La valoración
probatoria permitió al Juzgado establecer "que el Consejo Directivo de la
Universidad, antes de rendir concepto verbal, no escuchó al alumno en
descargos, sino sólo el informe del Decano".
De otra parte, el
Juzgado estableció mediante oficio del Instituto Colombiano para el Fomento de
la Educación Superior -ICFES-, que "no existe disposición alguna dentro
del Decreto 080 de 1980 y sus normas conexas y complementarias, que consagren
que una persona sancionada por una Institución de Educación Superior pierda la
posibilidad de acudir a otra para culminar sus estudios", con lo cual consideró
desvirtuada la afirmación hecha por el rector en el sentido de que la expulsión
entraña efectos externos para la persona sancionada.
Según el Despacho,
los argumentos expuestos por el rector de la Universidad no fueron probados. En
cambio tuvo como ciertos los hechos alegados por el actor y con fundamento en
ello resolvió tutelar los derechos fundamentales del debido proceso y de
defensa, que juzgó  vulnerados en este caso.
En consecuencia,
resolvió el Juzgado ordenar a la Universidad "Externado de Colombia"
otorgarle al actor el título de Comunicador Social, y señaló un término de
cuarenta y ocho (48) horas para hacer efectiva la determinación.  Al mismo
tiempo ordenó en abstracto el pago de una indemnización por daños y perjuicios
causados al ciudadano SARMIENTO RAMIREZ.
Igualmente se
dispuso por el Juzgado que se compulsaran copias de lo actuado ante el Juzgado
de Instrucción Criminal -Reparto-, a fin de investigar la eventual comisión del
delito descrito en el artículo 224 del Código Penal.
Impugnación
En representación de
la Universidad y dentro del término legal, el rector de la misma impugnó el
fallo del Juzgado 36 Penal Municipal, mediante el cual se tutelaron los
derechos afectados a SARMIENTO RAMIREZ.
Los fundamentos de
la impugnación, relacionados con la interpretación del artículo 14 del
reglamento universitario, reconocen que el Consejo Directivo debe dar
oportunidad al alumno de ser oído en descargos, pero que esto no significa que
la corporación en pleno lo haga: "oportunidad de descargo, mas no
audiencia directa por parte del Consejo", según el recurrente.
Igualmente
manifiesta que la Universidad no dejó de oir al alumno, ni se negó a hacerlo,
ya que "el doctor Recasens, Decano de la Facultad, escuchó al alumno en
descargos, y lo hizo a nombre  y por encargo de la Universidad".
El recurso está
basado, además, en las "demasías y desaciertos palmarios" en que,
según la Universidad, incurre el Despacho al concluir que se violó el derecho
de defensa y la garantía de un debido proceso, por cuanto de ser esto cierto la
tutela no podría haber ido más allá de ordenar que se rehiciera el proceso
correspondiente, sin que pudiera pensarse en ordenar a la Institución que
confiriera un título universitario, por cuanto esto significa concesión al
actor de derechos no relacionados con el ámbito de la tutela.
B.
Consideraciones del juez de segunda instancia
Mediante providencia
del pasado cuatro (4) de marzo, el Juzgado Once Penal del Circuito de Santafé
de Bogotá, D.C., procedió a resolver acerca de las peticiones planteadas por el
representante del centro educativo.
Las razones para
modificar el fallo de primera instancia están vinculadas, primeramente, con las
discrepancias que se encuentran en dos de las versiones dadas por el actor en
relación con sus descargos, ya que en una de ellas dijo que el Decano de la
Facultad únicamente le había comunicado la medida disciplinaria y en otra hizo
referencia a un diálogo con el Decano y a las recomendaciones por él dadas.
En cuanto a la
constancia posiblemente alterada, para el juzgado de segunda instancia aparece
claro que la misma no pudo ser solicitada, como lo afirma SARMIENTO RAMIREZ,
en el mes de julio sino en el mes de abril de 1984, por cuanto de esa época
data su expedición.
El Despacho, al
estudiar el trámite disciplinario adelantado contra el estudiante, encontró que
en la producción del acto sancionatorio "no se siguieron los lineamientos
del decreto 080 de 1980, normas aplicables ante el vacío existente dentro del Reglamento
Orgánico de la Universidad para el año de 1984", concluyendo que se
desconoció la garantía constitucional del debido proceso.
Consideró el Juzgado
que ordenar a la Universidad "Externado de Colombia" otorgar el
título al accionante "sería ir más allá de lo que corresponde, ya que la
vulneración del derecho de defensa no se predica de los actos posteriores a la
sanción disciplinaria, sino de ésta y del trámite seguido para su
imposición".
Respecto de los
documentos adulterados, se ordenó su desglose para remitirlos a la jurisdicción
penal ordinaria, a efecto de indagar acerca de la presunta responsabilidad de SARMIENTO
RAMIREZ y su hermana en tales hechos.
Concluye el Juzgado
de segunda instancia que deben tutelarse los derechos fundamentales del debido
proceso y de defensa consagrados en el artículo 29 de la Carta, ordenando
rehacer la actuación disciplinaria.  Al mismo tiempo se revoca la orden dada a
la Universidad en el sentido de otorgar el título de Comunicador Social al
accionante.
Aclaración de la
sentencia
Con fecha marzo seis
(6) del año en curso, el rector de la Universidad solicitó aclaración y
complementación de la sentencia proferida por el Juzgado Once Penal del
Circuito, ya que en cumplimiento de la providencia de primera instancia, la
Universidad otorgó el título de Comunicador Social al ciudadano HAROLD
SARMIENTO RAMIREZ y le hizo entrega del respectivo diploma.  Ante la nueva
decisión en el sentido de no graduar al demandante, se pidió oficiar a la
Secretaría de Educación de Santafé de Bogotá, D.C., para notificarle el
contenido de la mencionada providencia.
El Juzgado, mediante
auto del once (11) de marzo del presente año, resolvió adicionar y aclarar el
fallo de segunda instancia, dejando sin efecto la orden del Juzgado Treinta y
seis Penal Municipal.  Al mismo tiempo se ofició a la Secretaría de Educación
del Distrito de Santafé de Bogotá, D.C., comunicándole la determinación.
El asunto ahora
sometido a revisión de la Corte Constitucional, fue recibido en la Secretaría
de la Corporación el pasado veintiseis (26) de marzo, sometido a selección y
posterior reparto, en aplicación de lo previsto en el Decreto 2591 de 1991.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.  Competencia
de esta Sala
Esta Sala de la
Corte Constitucional es competente para revisar las providencias judiciales
mencionadas, con arreglo a lo previsto por los artículos 86 y 241, numeral 9 de
la Carta Política, 31, 32, 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991.
2.  Tutela contra
particulares
Nos encontramos ante
un conflicto originado, según el actor, en decisiones adoptadas por una entidad
particular como lo es la Universidad "Externado de Colombia".
Según el artículo
86, inciso 5º, de la Constitución, la acción de tutela procede no solamente
contra autoridades públicas sino también contra particulares cuando por la
acción u omisión de éstos se cause agravio o amenaza a los derechos
constitucionales fundamentales de una persona.
De acuerdo con la
norma, a diferencia de lo que ocurre en relación con las autoridades, la tutela
contra particulares cabe apenas en los casos establecidos por la ley y siempre
que aquellas personas contra quienes se intenta estén encargadas de la
prestación de un servicio público o su conducta afecte grave y directamente el
interés colectivo, o respecto de ellas el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión.
El artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991, expedido por el Presidente de la República en desarrollo
de las facultades que le fueron otorgadas por el literal b) del artículo
Transitorio 5 de la Constitución Política y que tiene fuerza de ley según el
artículo Transitorio 10 Ibidem, contempló los casos aludidos por el artículo 86
de la Carta.  En su numeral 1 estipuló que la acción de tutela procede contra
acciones u omisiones de particulares encargados de la prestación del servicio
público de educación para proteger los derechos consagrados en los artículos
13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución.
El de la educación
está calificado como servicio público no solamente por ese concepto legal sino
por el artículo 67 de la Constitución y es claro que la Universidad
"Externado de Colombia" está constitucional y legalmente habilitada
para prestar ese servicio a nivel superior.
Las violaciones
alegadas por el actor consisten en la posible inaplicación en su caso de las
reglas propias del debido proceso, es decir que se refieren al artículo 29 de
la Constitución, precisamente uno de los indicados dentro de la enunciación que
hace el artículo 42, numeral 1º, del Decreto 2591 de 1991.
De lo dicho se
infiere con entera claridad que en este proceso era procedente la acción de
tutela por el aspecto que se considera.
3.  La autonomía
universitaria
El artículo 67 de la
Carta Política consagra la educación como un derecho de la persona.  Se trata
sin duda, como ya lo expreso esta Corte1
, de un derecho fundamental e inalienable en cuanto se deriva de la
naturaleza racional del hombre.
La misma disposición
constitucional expresa que la educación es un servicio público que tiene
función social, añadiendo que con ella se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica y a los demás valores de la cultura.
Según ese precepto,
el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación.
De acuerdo con el
artículo 70, el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso de todos
los colombianos a la cultura en igualdad de oportunidades, mediante la
educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y
profesional.
El Estado puede
prestar este servicio público directamente, por medio de sus propios
establecimientos.  Dice el artículo 69 que la ley establecerá un régimen
especial para las universidades del Estado.
Pero la Constitución
reconoce también a los particulares la libertad de fundar establecimientos
educativos en todos los niveles, dejando en manos del legislador el
establecimiento de las condiciones para su creación y gestión (artículo 68) y
advirtiendo que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física
de los educandos (artículo 67).
En el
Informe-Ponencia que sobre este tema se llevó a la Plenaria de la Asamblea
Nacional Constituyente en abril de 1991 se expresaba:
"La
Constitución debe contemplar explícitamente un conjunto de derechos y garantías
que expresen el reconocimiento que los colombianos otorgamos en nuestro
proyecto nacional a la cultura y a la educación, comprendiendo la primera en
todas sus manifestaciones -que incluyen la ciencia, la tecnología y el arte- y
entendiendo la segunda como el proceso que posibilita, mediante la apropiación
sistemática de una cultura, la formación intelectual, ética y estética del
individuo y del ciudadano.
Se trata de
consagrar derechos y deberes que garanticen la igualdad y la equidad en el
acceso a los bienes y valores de la cultura, contando con el esfuerzo
mancomunado del Estado, la sociedad y los particulares, en el marco de un
proyecto nacional.
(...) El criterio
fundamental que debe guiar las relaciones del Estado con la creación cultural,
sistemática y popular, no es el de someter estas actividades a una indebida
injerencia de las diversas ramas del poder público: es el de crear condiciones
para su libre desarrollo.  La presencia del Estado en la educación busca
establecer garantías mínimas y pautas de referencia en materia de orientación y
calidad"2
.
En ese orden de
ideas, por lo que respecta a la educación superior, el artículo 69 de la
Constitución garantiza la autonomía universitaria, la cual encuentra
fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica de las
personas tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder
público tanto en el campo netamente académico como en la orientación
ideológica, o en el manejo administrativo o financiero del ente educativo.
En ejercicio de su
autonomía las universidades gozan de libertad para determinar cuáles habrán de
ser sus estatutos; definir su régimen interno; estatuir los mecanismos
referentes a la elección, designación y periodos de sus directivos y
administradores; señalar las reglas sobre selección y nominación de profesores;
establecer los programas de su propio desarrollo; aprobar y manejar su presupuesto;
fijar, sobre la base de las exigencias mínimas previstas en la ley, los planes
de estudio que regirán su actividad académica, pudiendo incluir asignaturas
básicas y materias afines con cada plan para que las mismas sean elegidas por
el alumno, a efectos de moldear el perfil pretendido por cada institución
universitaria para sus egresados.
En síntesis, el
concepto de autonomía universitaria implica la consagración de una regla
general que consiste en la libertad de acción de los centros educativos superiores,
de tal modo que las restricciones son excepcionales y deben estar previstas en
la ley, según lo establece con claridad el artículo citado.
El papel del
legislador en la materia es bien importante, ya que es en las normas legales en
donde se encuentran los límites de la señalada autonomía, a efecto de que las
universidades no se constituyan en islas dentro del sistema jurídico y, por el
contrario, cumplan la función social que corresponde a la educación (artículo
67 C.N.) y a la tarea común de promover el desarrollo armónico de la persona.
Son de competencia
del legislador las funciones de establecer las condiciones necesarias para la
creación y gestión de las universidades (artículo 68 C.N.) y de dictar las
disposiciones generales con arreglo a las cuales los centros universitarios
puedan darse sus directivas y regirse por sus estatutos (artículo 69 C.N.).
Dentro de esos
lineamientos generales trazados por el legislador corresponderá a la Rama
Ejecutiva ejercer la inspección y vigilancia a su cargo para alcanzar los fines
indicados en el artículo 67 de la Constitución Política pero sin menoscabo de
la autonomía universitaria.
En las ponencias que
sobre este tema fueron conocidas y debatidas en el seno de la Asamblea Nacional
Constituyente se puede encontrar el propósito básico que se perseguía al dejar
expresamente consignada la garantía que se comenta en el texto de la Carta:
"Las
universidades, a través de la formación, la investigación y la extensión,
aseguran el vínculo entre la creación y difusión sistemáticas de cultura en el
país y la creación y difusión sistemáticas de cultura en el mundo.  Deben ser
académica y administrativamente autónomas para garantizar su función crítica y
su necesaria vocación universalista"3
.
"La importancia
de que tanto en el campo administrativo como académico los centros
universitarios puedan adoptar sus propios criterios, ya para la elección de
directivas, como para la definición de metas, no sólo es garantía para la
libertad de cátedra, sino la manera de evitar que criterios extra
universitarios alteren su buena marcha"4
.
Ahora bien, por
cuanto interesa a los fines de este proceso, dentro de la autonomía
universitaria debe existir para toda institución de educación superior la
posibilidad de estipular, con carácter obligatorio para quienes hacen parte de
la comunidad universitaria (directivos, docentes y estudiantes) un régimen
interno, que normalmente adopta el nombre de reglamento, en el cual
deben estar previstas las disposiciones que dentro del respectivo
establecimiento serán aplicables a las distintas situaciones que surjan por
causa o con ocasión de su actividad, tanto en el campo administrativo como en
el disciplinario.
Razones de justicia
y de seguridad jurídica hacen menester que en el correspondiente reglamento se
hallen contempladas con entera nitidez las reglas de conducta que deben
observar administradores, alumnos y profesores en el desenvolvimiento cotidiano
de la vida universitaria; las faltas contra el régimen disciplinario; las
sanciones aplicables y, desde luego, los procedimientos que habrán de seguirse
para la imposición de las mismas en los casos de infracciones a sus preceptos.
Ese reglamento, una
vez puesto en vigencia por la autoridad correspondiente, tiene que ser
publicado para su conocimiento por parte de quienes se obligan a acatarlo y,
obviamente, las actuaciones que se cumplan a partir de su vigencia no pueden
ser ajenas a sus dictados, siempre que estos se ajusten a la Constitución y a
la Ley.
4.  Sanciones y
debido proceso en las instituciones educativas
Del derecho
fundamental a la educación se deriva que la persona que se educa goce de una
estabilidad mínima en cuanto hace a su permanencia como estudiante en el centro
de formación al que se ha vinculado.
Ello implica que,
mientras se ajuste a las condiciones fijadas en el respectivo reglamento, el
estudiante tiene derecho a continuar recibiendo el servicio educativo hasta la
culminación de la carrera iniciada.
Debe señalarse que,
según ya lo tiene dicho esta Corporación5
, la educación ofrece un doble aspecto.  Es un derecho-deber, en cuanto no
solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta
exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del
derecho, pues quien no se somete a las condiciones para su ejercicio, como
sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o
infringe el régimen disciplinario que se comprometió a observar, queda sujeto a
las consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las materias o la
imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno de la
institución, la más grave de las cuales, según la gravedad de la falta,
consiste en su exclusión del establecimiento educativo.
Pero, además del
derecho a la educación y en relación específica con el régimen sancionatorio,
el alumno tiene un derecho a que, antes de hacerlo sujeto pasivo de las
sanciones contempladas en el reglamento, se dé cumplimiento a los trámites allí
mismo señalados en orden a garantizar su defensa y la observancia del debido
proceso, pues ninguna razón puede invocarse para justificar la adopción de
medidas sancionatorias fundadas en el arbitrio de la autoridad universitaria.
Aunque no con el rigor propio de los procesos judiciales -pues la naturaleza
misma de la labor educativa exige márgenes razonables de discrecionalidad en la
apreciación de hechos y circunstancias- la institución debe otorgar al
estudiante inculpado la seguridad de que no se lo castigará sin su audiencia,
brindándole ocasión adecuada para responder a los cargos que se le imputan,
escuchando su versión de los acontecimientos, facilitándole la posibilidad de
presentar pruebas en apoyo a sus afirmaciones, permitiéndole que controvierta
las que se esgrimen en su contra y dejando que haga uso de los recursos
procedentes contra el acto mediante el cual se lo sanciona.  Unicamente así se
garantiza que la decisión tenga fundamento en la justicia.
El respeto al debido
proceso significa el reconocimiento y observancia de los pasos previos a la
sanción, partiendo del supuesto de la inocencia de la persona sindicada; el
principio consagrado en el artículo 29 de la Carta implica que las normas -en
este caso los reglamentos universitarios- deben preservar la transparencia de
las actuaciones que precedan al acto sancionatorio.
A este respecto
señala el profesor Klaus Tiedemann: "... es irrenunciable que el inculpado
pueda tomar posición frente a los reproches formulados en su contra, y que se
consideren en la obtención de la sentencia los puntos de vista sometidos a
discusión.  La exposición del caso del inculpado sirve no sólo al interés
individual de éste, sino también al hallazgo de la verdad.  La meta procesal
del esclarecimiento de la sospecha se alcanza en la mejor forma por medio de un
proceso dialéctico, en el que se pongan a discusión aspectos inculpatorios y
exculpatorios, así como argumentos y contra argumentos ponderados entre
sí"6
.
Cuando se trata de
imponer una sanción a una persona, el encargado de aplicarla debe tener señalado
de antemano el ámbito de su competencia y claramente establecidas las etapas
dentro de las cuales el procesado deberá ser oído, así como las medidas que
contra él pueden tomarse a título de sanción en caso de ser vencido.  A este
respecto, anota la Corte que el Reglamento no puede prever la imposición de
sanciones imprescriptibles, es decir aquellas que implican inexistencia de un
término máximo de duración (artículo 28, inciso final, Constitución Política),
como sería el caso de que a la expulsión de la Universidad se añadiera la
notificación a los demás establecimientos de educación superior pretendiendo
impedir el ingreso del estudiante al sistema educativo nacional, lo cual
desconocería, además, el mandato contenido en el artículo 67  de la Carta, a
cuyo  tenor la educación es un derecho de la persona.
5.  El caso
objeto de controversia.  Improcedencia de la tutela contra hechos consumados.
En el asunto que
ahora ocupa la atención de la Corte, se tiene el caso de un estudiante que,
para los fines de un apoyo económico educativo por parte del Instituto Nacional
de Radio y Televisión, donde trabajaba su padre, pudo haber incurrido en la
comisión de un acto delictivo consistente en la adulteración de un certificado
con destino a la Universidad Externado de Colombia, lo cual dió lugar a su
exclusión de ese centro de formación superior.
Respecto de la
responsabilidad penal del sindicado, habrá de pronunciarse la jurisdicción
competente.  Sobre ella no podía recaer la decisión de la Universidad ni la de
los jueces de tutela, ni tampoco la de esta Corte, razón por la cual el
presente análisis se refiere tan solo a los aspectos disciplinarios, que fueron
precisamente los que constituyeron motivo para la determinación adoptada por el
establecimiento educativo.
Para la época en que
ocurrieron los hechos que llevaron a las autoridades universitarias a sancionar
a SARMIENTO RAMIREZ, el centro docente contaba con un reglamento interno
que regulaba el trámite disciplinario previo a la imposición de la sanción.  También
para entonces estaba vigente el Decreto 080 de 1980 que señala, en cuanto a lo
que el reglamento interno no contemplaba, las disposiciones generales
aplicables en materia de recursos, causales de pérdida de la calidad de
estudiante y derechos del educando.
La Universidad ha
debido ceñir el trámite del proceso contra el alumno a dichas disposiciones, a
objeto de garantizar que le fueran respetadas las garantías procesales y el
derecho de defensa, según queda dicho.
La Corte
Constitucional no entra, sin embargo, a estudiar los pormenores del
procedimiento seguido en el caso concreto de SARMIENTO RAMIREZ, toda vez
que los acontecimientos materia de la acción tuvieron ocurrencia y
perfeccionamiento durante el año 1984, inclusive mucho antes de entrar en
vigencia la Constitución Política de 1991, es decir que para el momento de
incoarse la acción de tutela y en el de fallar ya se encontraban consumados,
razón por la cual esta Corporación no estima que fuera procedente intentar la
acción de tutela respecto de ellos.
En efecto, la acción
que nos ocupa ha sido concebida como procedimiento preferente y sumario para la
defensa inmediata de los derechos fundamentales, lo cual implica que su
efectividad reside en la posibilidad de que el juez, si encuentra que en
realidad existe la vulneración o la amenaza alegada por quien pide protección,
imparta una orden para que, como lo dice la Constitución, aquél contra
quien se intenta la tutela actúe o se abstenga de hacerlo.
Es forzoso concluir
que si tal es el objeto de la tutela, ninguna razón se tiene para admitirla
cuando ya las situaciones que pueden haber dado lugar o ser consecuencia de
hechos u omisiones violatorias de derechos fundamentales quedaron definidas,
pues de entenderse lo contrario, se vería desvirtuada la naturaleza de la
institución.
Acudiendo al
criterio subjetivo en búsqueda de la razón por la cual no se plasmó en la
Constitución Política una norma expresa sobre improcedencia de la acción en
estos casos, encuentra la Corte que la motivación del Constituyente no radicó
en la voluntad de hacer posible la tutela aún sobre hechos consumados sino en
el ánimo de hacer menos compleja la redacción de lo que hoy es el artículo 86
de la Carta, según aparece en el Informe-Ponencia para primer debate en la Plenaria
de la Asamblea Nacional Constituyente, que dice:
"Con el
criterio de simplificar el artículo, en la comisión se suprimieron ciertos
aspectos.  Unos, como la referencia expresa a los derechos colectivos, porque
serán protegidos de manera especial mediante la consagración de las acciones
populares.  Otros, porque se considera que hacen parte de la naturaleza de la
institución y no requieren por lo tanto enunciarse expresamente; tal el caso de
la no procedencia de la acción frente a las situaciones consumadas o frente a
las cuales se haya producido sentencia con fuerza de cosa juzgada.
En estos últimos
casos es evidente que ya no cabe la protección inmediata de los derechos bien
sea porque lo procedente es intentar una acción ordinaria de reparación o porque
ya hay una decisión definitiva de la autoridad competente (...).  Por esta
razón, consideramos conveniente insistir en que este inciso se suprimió
simplemente para simplificar el artículo, pero su precepto es parte
consustancial de la figura que se propone y se mantiene implícitamente en la
norma tal como se aprobó en la Comisión".7
Con fundamento en
las mismas consideraciones, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 estableció
que la acción de tutela no procederá: "(...) 4. Cuando sea evidente que la
violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la
acción u omisión violatoria del derecho".
En el caso presente,
el peticionario fue excluido de la Universidad Externado de Colombia en
desarrollo de acontecimientos consumados hace varios años y la acción
correspondiente por parte del establecimiento educativo culminó cuando se
profirió el acto ahora impugnado, motivo por el cual, aunque el efecto negativo
para el afectado sigue produciéndose por la misma naturaleza de la sanción
impuesta, mal puede pensarse que la alegada violación de los derechos
fundamentales se haya extendido en el tiempo y siga produciéndose.
En consecuencia, no
siendo procedente la acción de tutela, tampoco cabe efectuar el análisis sobre
el proceso disciplinario cumplido en la Universidad, en cuanto no tendría
objeto alguno.  Pese a ello, se dejan consignadas las consideraciones generales
por razones de pedagogía constitucional (artículo 41 de la Carta).
La improcedencia de
la tutela hace que también carezca de fundamento en este caso una decisión
judicial que ordene la tasación y pago de posibles perjuicios a favor del estudiante
SARMIENTO RAMIREZ, por cuanto ellos únicamente podrían ser reconocidos
sobre la base de haber prosperado las pretensiones del actor, según resulta del
artículo 25 del Decreto 2591 de 1991.
En relación con la
decisión del juez de primera instancia, por medio de la cual se concedió la
tutela solicitada ordenando a la Universidad Externado de Colombia expedir el
diploma de grado a favor del estudiante SARMIENTO RAMIREZ, debe
recordarse que el objeto propio de la acción de tutela  no es otro que el de proteger
el derecho vulnerado o amenazado por la acción u omisión de la autoridad
pública o de los particulares en los casos señalados por la ley, es decir que
la orden judicial correspondiente debe estar encaminada a corregir la situación
de hecho en cuya virtud es afectado aquél, disponiendo lo pertinente en
relación con su contenido material, pero no puede ir más allá, abarcando
elementos ajenos a la naturaleza misma del derecho que se pretende amparar o
provocando actos o abstenciones que no tiendan al fin propuesto.
Así, en el presente
caso, el accionante se quejaba de una violación a su derecho al debido proceso,
como consecuencia de la cual le resultaba desconocido también el derecho a la
educación.  Los documentos que integran el expediente apuntaban exactamente al
tema del derecho de defensa y en modo alguno se estaba controvirtiendo la
negativa de la Universidad a otorgar el título de Comunicador Social al
peticionario.
No siendo ese el
derecho afectado, el juez no podía ordenar, como lo hizo, la entrega del título
universitario por cuanto no radicaba allí el verdadero núcleo del problema
planteado, referente -se repite- al debido proceso, mientras que su mandato en
tal sentido sí interfirió el campo de la autonomía académica del centro
docente, cuya decisión sobre si cabe conceder el título profesional al alumno,
con autorización del Estado, únicamente puede emanar de las consideraciones
relacionadas con el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios
vigentes para la carrera cursada por el estudiante.
Obviamente, lo
anterior no significa que esté vedado al juez de tutela proteger derechos no
invocados expresamente por el peticionario, pues si los elementos allegados al
proceso le permiten colegir que se están quebrantando o amenazando otras
garantías fundamentales, no solamente tiene la facultad sino la obligación de
declararlo así,  adoptando las medidas adecuadas a ese propósito.  Tal no es la
circunstancia que aquí se considera.
IV.  DECISION
Por las razones que
anteceden, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión, administrando
justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
Primero.-  Del fallo proferido el día cuatro (4) de
marzo de mil novecientos noventa y dos (1992) por el Juzgado Once Penal del
Circuito de Santafé de Bogotá, D.C., respecto de la acción de tutela intentada
por HAROLD HUMBERTO SARMIENTO RAMIREZ contra la Fundación
"Universidad Externado de Colombia", se CONFIRMAN las
siguientes partes:
a)  El numeral segundo de dicha providencia
pero únicamente en cuanto revocó la decisión adoptada por el Juez Treinta y
Seis Penal Municipal de Santafé de Bogotá, D.C., el veintisiete (27) de enero
de mil novecientos noventa y dos (1992), mediante la cual se había ordenado a
la Fundación "Universidad Externado de Colombia" otorgar el título
universitario de Comunicador Social a HAROLD HUMBERTO SARMIENTO RAMIREZ;
b)  El numeral quinto, mediante el cual se
ordena el desglose de un certificado y se ordena compulsar copias a la justicia
penal para lo de su competencia;
Segundo.-
REVOCANSE las demás
decisiones adoptadas por el Juez Once Penal del Circuito de Santafé de Bogotá
en el fallo mencionado, por cuanto, según se ha establecido en la presente
sentencia, la acción de tutela instaurada era IMPROCEDENTE.
Tercero.-
CONFIRMASE la providencia
del once (11) de marzo de 1992, dictada por el Juez Once Penal del Circuito de
Santafé de Bogotá, D.C., aclaratoria de la pronunciada el cuatro (4) de marzo
del mismo año.
Cuarto.-
REMITASE copia de esta
sentencia al Ministerio de Educación Nacional, al Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior, ICFES, y a la Secretaría de Educación
del Distrito Capital de Santafé de Bogotá.
Quinto.-  LIBRESE por la Secretaría la comunicación de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí
contemplados.
Cópiese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
1 Cfr.  Corte Constitucional.
Sala Cuarta de Revisión.  Fallo Nº 2 del 8 de mayo de 1992.  Magistrado
Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero.
2  Cfr.  Asamblea Nacional
Constituyente.  Informe-Ponencia.  De la educación y la cultura.
Delegatarios Iván Marulanda, Guillermo Perry, Jaime Benítez, Angelino Garzón,
Tulio Cuevas y Guillermo Guerrero.  Gaceta Constitucional Nº 45.  Sábado 13 de
abril de 1991.  Pág. 14.
3 Asamblea Nacional
Constituyente:  Informe-Ponencia citado.  Gaceta Constitucional Nº 45.  Abril
13 de 1991. Pág. 16.
4  Asamblea Nacional
Constituyente:  Informe-Ponencia  "Carta de derechos, deberes,
garantías y libertades".  Constituyente Diego Uribe Vargas.  Gaceta
Constitucional Nº 82.  Mayo 25 de 1991.  Pág. 14.
5  Cfr.  Corte Constitucional.
Sala Cuarta de Revisión.  Sentencia Nº 02.  Mayo 8 de 1992.  Magistrado
Ponente:  Dr. Alejandro Martínez Caballero.
6 TIEDEMANN, Klaus.  "El
Derecho Procesal Penal", traducción de Juan-Luis Gómez Colomer, en
Introducción al Derecho Penal y al Derecho Penal Procesal, Barcelona,
-España-,  Editorial Ariel S.A., 1989, pág. 184.
7 Cfr.  Asamblea Nacional
Constituyente.  Informe-Ponencia  "Mecanismos de protección de los
derechos fundamentales y del orden jurídico".  Constituyentes Jaime
Arias López y Juan Carlos Esguerra Portocarrero.  Gaceta Constitucional Nº 77.
Mayo 20 de 1991.  Págs. 9 y 10.