T-255-17
Sentencia T-255/17
SUSTITUCION
PENSIONAL-Naturaleza, finalidad y principios constitucionales
La sustitución pensional pretende evitar que las personas que
financieramente mantenían una dependencia con el pensionado, queden sin un
ingreso que les permita su congrua subsistencia, de manera intempestiva, ante
la eventualidad sobrevenida por el deceso de aquel.
ACCION DE
TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCION PENSIONAL-Procedencia
excepcional a favor de sujetos de especial protección constitucional o personas
en circunstancias de debilidad manifiesta
PENSION DE
INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA, DEGENERATIVA O CONGENITA-Fecha de
estructuración de la invalidez desde el momento de la pérdida permanente y
definitiva de la capacidad laboral
PENSION DE
INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA, DEGENERATIVA O CONGENITA-Se deberán tener
en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración
del estado de invalidez
SUSTITUCION
PENSIONAL DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL-Finalidad/SUSTITUCION
PENSIONAL DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL-Fundamento normativo
SUSTITUCION
PENSIONAL Y PENSION DE SOBREVIVIENTES-Diferencias/SUSTITUCION PENSIONAL
Y PENSION DE SOBREVIVIENTES-Comparten la misma finalidad de protección al mínimo
vital de las personas que dependían del causante
HIJO MAYOR DE
EDAD ESTUDIANTE-Dependencia frente a los padres en razón del estudio y hasta
cumplir 25 años
PROHIBICION
EN MATERIA PENSIONAL DE EXIGIR REQUISITOS ADICIONALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY-Reiteración
de jurisprudencia
Esta Corporación ha establecido
que los fondos de pensiones no pueden exigirle a los beneficiarios que
pretenden el reconocimiento pensional, el cumplimento de formalidades no
previstas legalmente, primero, porque el derecho a la pensión nace cuando se
reúnen los requisitos dispuestos en el ordenamiento para considerar que una
persona es beneficiaria, por lo que en un contexto de libertad probatoria,
cualquier imposición adicional supone la creación de nuevos requisitos. Y
segundo, porque dicha actuación puede derivar en situaciones desproporcionadas
a la luz de la Constitución, en cuanto la negativa impone cargas excesivas a
personas que dadas sus circunstancias de debilidad manifiesta, son sujetos de
especial protección constitucional. En suma, la exigencia de requisitos y
formalidades para acreditar el cumplimiento de los presupuestos para acceder a
los beneficios pensionales, cuando los mismos no tienen un soporte previsto en
el ordenamiento jurídico, conducen a una vulneración del derecho fundamental al
debido proceso administrativo.
PRINCIPIO
DE LIBERTAD PROBATORIA COMO ELEMENTO DEL DEBIDO PROCESO
DERECHO A LA
SUSTITUCION PENSIONAL DE HIJO EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Orden a Administradora de Pensiones reconocer
y pagar mesadas pensionales adeudadas, desde el momento en que se suspendió el
pago de las mismas al demandante
PENSION DE
SOBREVIVIENTES A ESTUDIANTE MAYOR DE EDAD-Orden a CASUR pagar mesadas
adeudadas junto con los intereses causados y proceda a realizar el pago de los
aportes a salud, hasta tanto la agenciada cumpla los 25 años de edad
Referencia: Expediente T-5.888.660 y
T-5.899.010 (Acumulados)
Demandantes: Acciones de tutela instauradas
por Claudia Lorena Funquen Martínez, contra la Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Armenia y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional (CASUR) (Expediente 5888660); y Luz Carime Pérez Acosta, contra Ecopetrol
S.A. (Expediente T-5899010)
Magistrado ponente:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá D.C., veintisiete (27)
de abril de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo, Iván Humerto Escrucería
Mayolo (e.) y Gloria Stella Ortiz Delgado, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente:
Sentencia
En el proceso de revisión de
los fallos de tutela proferidos, en primera instancia, por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia y, en segunda instancia, por la Sala de
Casación Civil de la misma Corporación; así como de los fallos proferidos, en
primera instancia, por el Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja
y, en segunda instancia, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga.
Este expediente
fue escogido para revisión por la Sala de Selección Número Diez, por medio de
auto de 14 de diciembre de 2016.
I. ANTECEDENTES
1.     Expediente T-5888660[1]
1.1 Solicitud de la acción
de tutela
1.1.1 El 21 de julio de 2016,
la demandante Claudia Lorena Funquen presentó acción de tutela contra la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia y la  Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), con el propósito de obtener
el amparo de los derechos fundamentales a la vida, seguridad social, mínimo
vital y educación, presuntamente vulnerados por dichas entidades.
1.2 Fundamentos fácticos
de la acción de tutela
1.2.1 Mediante la Resolución
Nº 2699 de 23 de mayo de 2012, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, en adelante CASUR, reconoció a la accionante sustitución pensional,
en su calidad de hija menor de edad y única beneficiaria del fallecido José
Isaías Fuquen Garavito.
1.2.2 Previas diligencias
judiciales fue nombrada como guardadora de los derechos pensionales, su tía
Teresa de Jesús Martínez García.
1.2.3 Para septiembre de 2014
la accionante cumplió la mayoría de edad y, en diciembre de la misma anualidad
se graduó como Bachiller.
1.2.4 CASUR le suspendió a la
accionante el pago de la mesada pensional a partir del 27 de septiembre, luego
del cumplimiento de la mayoría de edad y así mismo los servicios de salud, es
decir, antes de que finalizara el año lectivo.
1.2.5 En el primer semestre
del 2015, la accionante no se pudo matricular en ninguna institución educativa,
porque estuvo enferma al haber contraído el virus del Chicunguña.
1.2.6 Para el segundo
semestre del 2015 la accionante logró matricularse en el SENA, con el objetivo
de cursar el programa de Tecnología en Gestión Administrativa, por lo que
radicó ante CASUR solicitud de pago de las mesadas pensionales, anexando la
respectiva constancia de estudio.
1.2.7 Ante la omisión de una respuesta
a la petición elevada, el 3 de diciembre de 2015, la accionate presentó una
demanda de tutela, a fin de subsanar la omisión referida. Frente a tal
actuación, CASUR le solicitó una constancia de estudios del segundo semestre
del 2014 y del primer semestre del 2015.
1.2.8 La Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia profirió fallo ordenando a
la accionada que diera respuesta al escrito de petición, pero no se refirió al
pago de las mesadas por la sustitución pensional.
1.2.9 Mediante oficio CASUR
le solicitó a la accionante que remitiera nuevamente la constancia de estudios
del SENA, la cual debía hacer referencia expresa a que estaba “asistiendo” a
las clases programadas. Así mismo, le exigieron que presentara constancia de
estudio del primer semestre del 2015, o las incapacidades médicas.
Con el objeto de cumplir con
el requerimiento de CASUR, la accionante elevó escrito de petición al SENA,
para que le expidieran un nuevo certificado de estudio en el cual remplazaran
el término “realizando” por la palabra “asistiendo”, que exigía CASUR para
darle validez a la certificación de estudios.
1.2.10 El SENA, a través de
oficio Nº 63958101-Nº2-2015-00-1927 del 13 de noviembre de 2015, le informó a
la accionante “que las constancias y certificaciones son generadas y
expedidas directamente del aplicativo SOFIA plus, con fecha de inicio y
terminación, horario, días de formación y competencia aprobadas”.
1.2.11 Ante la no resolución
de su situación, la accionante presentó incidente de desacato, el cual fue
resuelto el 18 de diciembre de 2015 desfavorablemente, señalando que el
desacato no se configuraba.
1.2.12 El 18 de diciembre de
2015, mediante escrito la accionante informó al Subdirector de Prestaciones
Sociales y al Director de CASUR, que no le resultó posible que en el SENA
remplazaran en el certificado de estudios la palabra “realizando” por la
palabra “asistiendo”, pero que tuvieran en cuenta que la palabra “realizando”
utilizada por el SENA tiene diversos significados, por lo que con ello podrían
admitir el certificado de estudio y, anexó un listado a manera de información.
Pero respecto a este escrito no recibió de CASUR respuesta o solución.
1.2.13 Ante la dilación del
trámite para el pago de la sustitución pensional, en el primer semestre del
2016, al no contar con ningún tipo de sustento económico, la accionante recurrió
a un compañero de trabajo de su fallecido padre, quien le sirvió como fiador de
un crédito educativo que les concedió el Banco Helm Bank, por valor de
$1.887.952 de pesos, con lo cual se pudo matricular en la Escuela de
Administración y Mercadotecnia del Quindío (E.A.M.), para cursar el primer
semestre de Ingeniería de Software. El fiador ha pagado tres cuotas, pero se
adeudan tres más del primer semestre del 2016.
1.2.14 La accionante afirma
que ha recibido apoyo de personas caritativas como la familia Londoño Rodríguez
y gente de buen proceder quienes le han bridado ayuda para vivienda,
alimentación y demás gastos que requiere para culminar sus estudios; pero aún
con ello está pasando por muchas dificultades y, además, todos esos gastos
deberá pagarlos cuando goce efectivamente de su derecho a la sustitución
pensional.
1.2.15 En cuanto a la
exigencia de CASUR para que presente incapacidades médicas para el primer
semestre del 2015, la accionante recalca que allegó a la entidad los
certificados y fórmulas que le entregaron los médicos particulares que la
atendieron, por cuanto, al tener suspendido el pago de las mesadas pensionales,
tampoco cuenta con el servicio de salud y la EPS de la Policía le negó la
atención médica al no tener en ese momento la calidad de sustituta pensional de
su padre, razón por la cual no pudo obtener las incapacidades médicas como las pide
CASUR.
1.2.16 Asevera la accionante que,
ante todas las dificultades descritas para el segundo semestre del 2016, no ha
podido continuar sus estudios, por lo que CASUR, al no resolverle su situación,
le está vulnerando su derecho fundamental a la vida digna, por cuanto la
pensión que le corresponde por la muerte de su padre, es el único medio con el
que cuenta para su sustento diario.
1.2.17 Mediante oficio
Nº5515/GST SDP del 29 de marzo de 2016, suscrito por el Subdirector de
Prestaciones Sociales de CASUR, se le informó a la accionante que le será
extinguido el derecho a la sustitución pensional.
1.3 Pretensiones
3.1 Solicita la accionante
que se le amparen los derechos a la vida, a la seguridad social, al mínimo
vital y a la educación; violados por parte de la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Armenia y la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional (CASUR) y que, en virtud de la protección constitucional que
invoca, se ordene el reconocimiento de la continuidad del derecho a la
sustitución pensional y, en consecuencia, se ordene el pago de las mesadas
suspendidas desde el 27 de septiembre de 2014 y que se le reactive el derecho a
la seguridad social en salud, para ser atendida por la EPS de la Policía
Nacional.
1.4 Oposición a la demanda
de tutela
1.4.1 Accionados
1.4.1.1 Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia[2]
1.4.1.1.1. Allegó al
expediente copia íntegra del fallo de tutela que fue proferido por esa
Corporación, en el trámite de la acción de tutela identificada con el número de
radicación 63-001-22-04-000-2015-00183-00, en la que aparece como accionante
Claudia Lorena Funquen Martínez y como accionado la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional, mediante el cual le fue tutelado a la actora el derecho
fundamental de petición.
1.4.1.2 Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional[3]
1.4.1.2.1 Informa que
mediante oficio Nº 239 GST SDP del 29 de octubre de 2015, se dio cumplimiento
al fallo de tutela del 27 de octubre de 2015, proferido por el Tribunal
Superior de Armenia, T-201-183, en la que ordenó dar respuesta de fondo y de
manera congruente a la petición objeto de la acción de tutela, así le
comunicaron a la actora que:
“En atención a su petición
de la referencia, le informo que para efectos de restablecer el pago de la
cuota de sustitución de asignación mensual de retiro, que se encuentra
devengando en calidad de hija estudiante del extinto AG (R) FUNQUEN GARAVITO
JOSE ISAIAS, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía Nº 2.294.381, es
indispensable que allegue la constancia de estudio correspondiente al segundo
semestre de 2014 y primer semestre de 2015, en la cual se indique con claridad,
la intensidad horaria y si se encuentra asistiendo regularmente a clase; lo
anterior, teniendo en cuenta que las constancias por usted aportadas, no
contienen esta información, sino que señala que el inicio del programa de
Tecnólogo en Gestión Administrativa, inició el 06-07-2015 y finaliza el
23-06-2017.
De igual forma, solicito
aporte la certificación bancaria original donde usted sea la titular, para que
le sean consignados los valores correspondientes por concepto de cuota
prestacional.”
1.4.1.2.2 Posteriormente, con
oficio Nº 0928/GST SDP del 02-02-2016 se da respuesta a varias peticiones de la
accionante, en donde le reiteran que para restablecer el pago de la cuota de
sustitución de asignación mensual de retiro, requieren constancias de estudio
original del primer semestre de 2015, indicando la intensidad horaria semanal y
si asistió regularmente a clases, prueba que debe ser allegada semestralmente,
especificando fecha de iniciación y terminación del semestre. Afirmando además
que a la fecha tal certificación no había sido allegada. Y solicitan nuevamente
una certificación bancaria.
1.4.1.2.3 Indica CASUR que
con oficio Nº18480/GST SDP del 23-08-2016, se dio respuesta a la petición de fecha
21-06-2016, donde la actora solicita el pago de la cuota de sustitución de
asignación mensual de retiro, por lo que le indicaron:
“Es indispensable que
allegue de manera inmediata los siguientes documentos:
01. Original de las
constancias de estudio, correspondiente al primer semestre de 2015 y primer
semestre de 2016, indicando la intensidad horaria semanal, mínimo 20 horas
semanales, si asiste regularmente a clases, prueba que debe allegar
semestralmente, especificando fecha de iniciación y terminación del semestre,
pruebas que debe aportar semestralmente, ya que la constancia aportada del
2016, es escaneada no siendo lo requerido por la Entidad.
Es indispensable que
aclare la constancia de estudio que se encuentra dentro del expediente administrativo
expedida por el SENA, con la que certifica estudios con fecha de inicio del 06
de julio de 2015 y finaliza el 23 de junio de 2017, y aporta una nueva
constancia en la cual está realizando (1) semestre del programa de Ingeniería
de Software el cual inicia el 01-02-2016 y finaliza el 28-05-2016, toda vez que
estas tienen que enviarse semestralmente, con indicación de la intensidad
horaria semanal, especificando fecha de iniciación y terminación del semestre,
la cual debe ser mínima de 20 horas semanales, si asistió y/o asiste
regularmente a clases.
Constancia expedida por el
SENA y contraseña o el usuario con el cual la Entidad pueda entrar y verificar
si asistió a clases, en el periodo aportado, por la página www.sofiaplus.gov.co.
Lo anterior teniendo en
cuenta que revisado el expediente administrativo, se detectó que no han sido
allegadas, asimismo para evitar suspensiones en el pago de la cuota pensional,
debe aportar periódicamente las constancias de estudios, para el caso las
anteriormente solicitadas.
De otra parte, las
constancias de estudios se deben aportar en original, cada 6 meses, no se
aceptan documentos vía fax, ni escaneados, ni fotocopias simples, de lo
contrario se suspenderá el pago de la prestación.”
1.4.1.2.4 CASUR considera que
no ha vulnerado los derechos fundamentales de la actora, porque los requisitos
de las constancias de estudio que piden son las regladas por la Ley 1574 de
2012, por la cual se regula la condición de estudiante para el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes y que está configurado un hecho superado puesto
que consideran que ya le han dado respuesta a las peticiones y é0stas han sido
notificadas a la interesada.
1.4.2 Entidades vinculadas
1.4.2.1 Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA[4]
1.4.2.1.1 Afirma que no tiene
responsabilidad en la vulneración de los derechos que motivan la acción, y que
en efecto en el escrito de tutela la actora no los menciona en ese sentido.
1.4.2.1.2 Y en cuanto a los
documentos aportados como pruebas, señala que el Centro de Comercio y Turismo,
adelantó la verificación de la información, no obstante, reiteran que las
constancias y certificaciones son generadas y expedidas directamente por el
aplicativo Sofiaplus, con fecha de inicio y terminación, horario, días de
formación y competencias aprobadas, y que por ese motivo no fue posible
realizarles modificaciones de la manera que la accionante requería.
1.4.2.2. Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional[5]
1.4.2.2.1 Descorrió el traslado
de la vinculación de forma extemporánea, comunicando que la entidad es una
dependencia de la Policía Nacional, que a su vez es una dirección dentro de la
estructura orgánica del Ministerio de Defensa Nacional, encargada de
administrar el Subsistema de Salud e implementar las políticas que emite el
Consejo Superior de Salud de la Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y
los planes y programas que coordine el Comité de Salud de la Policía Nacional,
respecto del Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
1.4.2.2.2 Finalmente, afirma
que el asunto dilucidado por la acción de tutela es un asunto de competencia de
la Seccional de Sanidad de la Policía de Bogotá.
1.5 Pruebas que obran en
el expediente
Durante el trámite surtido en
la primera instancia de la acción de tutela, las partes allegaron los
siguientes documentos:
1.5.1 Copia de la Resolución
Nº 2699 de 23/05/2012 expedida por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, con fundamento en el expediente a nombre del extinto Agente (r)
Fuquen Garavito José Isaías, por la cual (i) se negó cuota de la misma
prestación a Teresa de Jesús Martínez García, quien no acreditó haber sido
compañera permanente del causante durante los cinco años anteriores al
fallecimiento del mismo; (ii) reconoció sustitución de asignación mensual de
retiro a la menor Claudia Lorena Fuquen Martínez, representada por su tía
Teresa de Jesús Martínez García, en calidad de guardadora general y se ordenó
el pago por nómina, a partir del 01 de julio de 2010; (iii) declaró que la hija
del causante, beneficiaria de la prestación, deberá aportar, a partir de los 18
años de edad, fotocopia de la cédula de ciudadanía, constancia de estudio
semestral con indicación de la intensidad horaria semanal y anualmente
manifestación juramentada rendida ante autoridad competente, en la cual indique
si se ha independizado económicamente, entre otros; (iv) advirtió que
suspenderán el pago de la cuota pensional en el evento que la beneficiaria no
aporte de manera oportuna las pruebas pertinentes, para demostrar el derecho a
continuar devengando la prestación y transcurrido seis (6) meses sin que
acrediten la calidad de beneficiarios, se extinguirá la cuota pensional y
acrecerá a los demás beneficiarios.[6]
1.5.2 Copia de dos
incapacidades médicas de fechas 5 de febrero de 2015 y 19 de marzo de 2015, en
las cuales se constata que el Doctor Ceined Quirós Caro, identificado con
Registro Médico Nº 314 de Quindío, atendió por consulta particular a Claudia
Lorena Fuquen Martínez en el Consultorio Médico del Sur y le medicó a la
paciente el consumo de Loratadina, Guayacolato de Glicerilo, Diclofenalco en
ampollas; Fluimucil y Acetaminofén[7].
1.5.3 Copia de las
consignaciones hechas al Banco Helm Bank, como abonos al crédito Nº
035759623700, realizadas por el Señor José Rosemon Rodríguez Hernández, en las
siguientes fechas: 22 de marzo de 2016 la cuota Nº 1 de 6; 21 de abril de 2016
la cuota Nº 2 de 6; los recibos de los meses de mayo y junio no son legibles;
21 de julio de 2016 la cuota Nº 5 de 6; 22 de agosto de 2016[8].
1.5.4 Copia del oficio Nº
17923 del 24 de septiembre de 2015, mediante el cual el Subdirector de
Prestaciones Sociales de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional da
respuesta a la petición elevada por Claudia Lorena Fuquen Garavito,
informándole que para restablecer el pago de la cuota de sustitución de
asignación de retiro, que se encuentra devengando, es indispensable que envíe las
constancias de estudio correspondientes al segundo semestre de 2014 y primer
semestre de 2015, en las que se indique intensidad horaria y si se encuentra
asistiendo regularmente a clases y la certificación bancaria original a su
nombre, donde se deban consignar los valores por concepto de cuota prestacional[9].
1.5.5 Copia del escrito de
fecha 24 de noviembre de 2015, por medio del cual la demandante allegó a la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional el certificado de estudios en
el que consta que cursó y se graduó de 11º,  expedido por la Institución
Educativa Camilo Torres; constancia que al 11 de noviembre de 2015 estaba
realizando el programa de Tecnólogo en Gestión Administrativa, expedido por el
SENA-Regional Quindío[10].
1.5.6 Copia del escrito de
fecha 18 de diciembre de 2015, dirigido a la Subdirección de Prestaciones
Sociales de la Caja de Sueldos de la Policía Nacional, con el que la actora
reitera la solicitud del pago de las mesadas por sustitución pensional y que le
tengan como válidos los certificados de estudios que fueron expedidos por la
Institución Educativa Camilo Torres y por el SENA Regional Quindío.[11]
1.5.7 Copia del certificado
de estudio y de notas expedido por la Institución Educativa Camilo Torres, en
el que dan constancia que Claudia Lorena Fuquen Martínez cursó once grado[12].
1.5.8 Copia del certificado
de estudio y aprobación de once de Educación Media Académica de Claudia Lorena
Fuquen Martínez, en el que la Institución Educativa Camilo Torres da constancia
que fue graduada el 4 de diciembre de 2014, según el acta Nº 058[13].
1.5.9 Copia del carnet de
Claudia Lorena Fuquen Martínez como estudiante de la Carrera Tecnólogo en
Gestión Administrativa en el Centro de Comercio y Turismo del Sena-Regional
Quindío, con fecha de vencimiento 23/06/2017[14].
1.5.10 Copia de la respuesta
del Subdirector del Centro de Comercio y Turismo del SENA a la solicitud de
expedición de certificado con constancia de asistencia, en la que le informan a
la actora que las mismas son generadas directamente del aplicativo Sofiaplus,
con fecha de inicio y terminación, horario, días de formación y competencias
aprobadas. Anexan las respectivas certificaciones, en la cuales se observa que,
para el 25 de junio de 2015, Claudia Lorena Fuquen Martínez se encontraba
“realizando” el programa de Tecnólogo en Gestión Administrativa[15], el cual finalizaría el 23 de junio
de 2017, con horario de 6:00 am, a 14:00 p.m.
1.5.11 Copia del certificado
de estudios expedido por la Escuela de Administración y Mercadotecnia del
Quindío, en el que dan constancia que Claudia Lorena Fuquen Martínez, para el
15 de febrero de 2016, se encontraba matriculada y cursando el I semestre del
programa Ingeniería de Software, por ciclos propedéuticos, para el primer
periodo académico de 2016, que inició el  de febrero de 2016 y finalizaba el 28
de mayo de 2016, con una intensidad de 20 horas semanales, de 7:00 a.m. a 10:00
p.m. de lunes a sábado[16].
1.5.12 Copia de los oficios
remitidos por la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Armenia (Quindío), con los que notifican a Claudia Lorena Fuquen
Martínez del trámite de la acción de tutela que la misma interpuso contra la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y en la cual le fue concedido
el amparo al derecho de petición[17].
1.5.13 Copia del expediente
de incidente de desacato iniciado por la actora contra la Caja de Sueldos de la
Policía Nacional, en el cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Armenia (Quindío), se abstuvo de sancionar al incidentado, al considerar que
este sí dio respuesta de fondo a la petición[18].
1.5.14 Copia del oficio Nº
0928 del 2 de febrero de 2016, mediante el cual el Subdirector de Prestaciones
Sociales de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional da respuesta a otra
petición elevada por Claudia Lorena Fuquen Garavito, en la que le insiste que
debe aportar la constancia original de estudio correspondiente al primer
semestre de 2015, indicando la intensidad horaria semanal y si asistió
regularmente a clases, prueba que debe ser allegada semestralmente,
especificando fecha de iniciación y terminación del semestre y certificación de
cuenta bancaria, las que no fueron allegadas.
1.5.15 Copia de la respuesta dada
por la actora al oficio relacionado en el aparte anterior, en el cual le
informa a la Subdirección de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional, el
motivo de salud que le impidió estudiar en el primer semestre del año 2015 y
que en cuanto al semestre subsiguiente el certificado ya lo había aportado a la
entidad[19].
1.5.16 Copia del Oficio Nº
5515 de 29 de marzo de 2016, en el que la Subdirección de Prestaciones Sociales
de la Policía Nacional le solicita a la demandante que soporte las
incapacidades a las que tuvo lugar durante el periodo de enero a julio de 2015[20].
1.5.17 Copia de la ficha Nº
957933-2 del SENA, mediante la cual registran a la accionante en el programa de
formación Tecnología en Gestión Administrativa (con fecha de iniciación 06 de
julio de 2015); pero establecen que, en su calidad de aprendiz, tiene matricula
condicional, con fecha de deserción 28 de octubre de 2015, por falta de interés
en el curso[21].
1.5.18 Copia del consolidado
de inasistencias en el que se indica que Claudia Lorena Fuquen Martínez
presentó 8 inasistencias injustificadas, con pendientes de presentar excusas en
el curso de  formación Tecnología en Gestión Administrativa de SENA[22].
1.5.19 Copia de la sentencia
de 27 de octubre de 2015 proferida por la Sala Penal de Decisión del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Armenia, en el trámite de la acción de tutela
identificada con el Nº 63-001-22-04-000-2015-00183-00, instaurada por Claudia
Lorena Fuquen Martínez contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, la cual le concedió el amparo al derecho fundamental de petición y
ordenó a la entidad que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación
de la providencia, procedieran a resolver de fondo y de manera congruente la
petición de la accionante[23].
1.6 Decisiones Judiciales
de Instancia
1.6.1 Primera
instancia[24]
1.6.1.1 El 25 de
agosto de 2016, la Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas Nº1 de
la Corte Suprema de Justicia, declaró improcedente el amparo solicitado en la
acción de tutela. En esa oportunidad, el juzgador resaltó que no se cumplió con
el requisito de inmediatez por lo que consideró que la acción constitucional es
improcedente, recalcando que la misma está dirigida a reabrir un debate ya
agotado, por cuanto no se hizo uso de la segunda instancia.
1.6.2 Segunda
instancia[25]
1.6.2.1 El 20 de
octubre de 2016, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
confirmó en todas sus partes la sentencia de primera instancia, por cuanto la
actora no utilizó los medios de defensa y no cumplió con el requisito de
inmediatez.
2.
Expediente
T-5899010[26]
2.1 Solicitud de la acción
de tutela
2.1.1 El 05 de julio de 2016,
la demandante Luz Carime Pérez, en calidad de curadora legítima de su hermano
Jorge Alberto Pérez, declarado interdicto,   presentó acción de tutela contra
Ecopetrol S.A., con el propósito de obtener el amparo de los derechos
fundamentales a la vida digna, salud, dignidad humana y a la seguridad social, de
su representado, presuntamente vulnerados por dichas entidades.
2.2 Fundamentos fácticos
de la acción
2.2.1 Mediante sentencia
proferida por el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, de
fecha 9 de noviembre de 1998, Jorge Alberto Pérez Acosta, fue declarado
interdicto por retardo mental e inmadurez sicológica y le fue asignada como
curadora legitima su hermana Luz Carime Pérez Acosta.
2.2.2 Su padre Cristóbal
Pérez Jaraba falleció el 27 de abril de 1976, quien en vida laboró para la
Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol S.A., y dejó una pensión la cual le
fue asignada a su esposa María Isabel Acosta, quien falleció en el año 1997,
pensión que seguidamente le fue sustituida a su hijo sobreviviente Jorge
Alberto Pérez Acosta.
2.2.3 Afirmó la accionante que
de acuerdo con la historia clínica de Jorge Alberto Pérez Acosta, desde los 11
años presenta episodios convulsivos por lo que le fue medicado Fenobarbital, a
través de Ecopetrol S.A., entidad que le ha prestado los servicios de salud con
fundamento en la excepción al sistema general de seguridad social en salud,
contenido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.
2.2.4 Indicó que Ecopetrol
S.A. profirió el Dictamen Nº PSM-BCA-264-2015, calificando a Jorge Alberto
Pérez Acosta con una pérdida de la capacidad laboral de 80.28%, con diagnóstico
de secuela: Ceguera en ambos ojos (secundaria a glaucoma terminal), “retraso
mental”, epilepsia, diabetes mellitus, coxartrosis bilateral, con fecha de
estructuración del 27 de septiembre de 2001.
2.2.5 El dictamen Nº
PSM-BCA-264-2015 fue apelado ante la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Santander entidad que al desatar el recurso el 18 de mayo de 2016,
diagnosticó como secuela: Ceguera de ambos ojos, coxartrosis primaria,
bilateral, diabetes mellitus no insulinodependiente sin mención de
complicación, epilepsia, tipo no especificado, “retraso mental” moderado por
deterioro del comportamiento nulo mínimo, con fecha de estructuración de la
invalidez 26 de enero de 1998.
2.2.6 Seguidamente, el Comité
Interdisciplinario Evaluador – CIE de Ecopetrol S.A. envió un oficio en el que
informó que el recurso presentado contra el Dictamen PSM-BCA-264-2015 fue
resuelto por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander el 18
de mayo de 2016, mediante el Dictamen Nº 13888681-1025, el cual señaló como
fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral o invalidez de
Jorge Alberto Pérez Acosta el 26 de enero de 1998, y que conforme a lo allí
señalado, el beneficiario no acreditó los requisitos mínimos para la
sustitución de la pensión del causante Cristóbal Pérez, por cuanto la fecha de
estructuración es posterior a la fecha del deceso del pensionado, que data del
27 de  abril de 1979. Como consecuencia de esto le fue suspendido el pago de la
pensión.
2.2.7 Finalmente, asevera la
accionante que Jorge Alberto Pérez Acosta es un sujeto de especial protección
constitucional y que requiere de forma urgente que le brinden atención médica
integral por su estado de salud y padecimientos descritos, y además, que se le
restablezca el pago de la sustitución pensional a fin de evitar un perjuicio
irremediable.
2.3 Pretensiones
2.3.1 Solicita que se amparen
los derechos a la salud, a la vida en condiciones dignas, a la dignidad humana
y a la seguridad social, violados por parte de Ecopetrol S. A. y, que en virtud
de la protección constitucional que invoca, se ordene la reactivación de los
servicios médicos integrales y odontológicos y  se proceda a reconocerle y
pagarle la sustitución pensional a Jorge Alberto Pérez Acosta, en razón a su
condición de hijo inválido y quien dependía económicamente de sus progenitores
fallecidos.
2.4 Oposición a la demanda
de tutela
2.4.1 Accionados
2.4.1.1 Ecopetrol S. A.[27]
2.4.1.1.1 Ecopetrol S. A.
contestó que de conformidad con lo establecido en el artículo 6º del Decreto
1160 de 1989, aplicable al régimen exceptuado en pensiones a cargo de Ecopetrol
S.A., son beneficiarios de la sustitución pensional los hijos menores de 18
años, inválidos de cualquier edad y estudiantes de 18 años o más de edad, que
dependan económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de
minoría de edad, invalidez o estudios, entre otros.
2.4.1.1.2 Como se desprende
de la normativa legal antes relacionada, para poder modificar el reconocimiento
de la prestación económica y sustentar la continuidad de los pagos, basados en
un estado de invalidez, deberá estar acreditada, en primera instancia, la
calidad de incapacitado para trabajar por esta causa, como existente antes o al
momento de morir el causante, lo cual se debe comprobar a través de un dictamen
de pérdida de capacidad laboral, siendo vigilante en todo caso, frente al
cumplimiento de los requisitos adicionales.
2.4.1.1.3 Afirma la accionada
que el derecho se causa si se demuestran los factores determinantes que la ley
ha previsto en cada caso para los beneficiarios. A contrario sensu, una vez
desaparecen las condiciones legales, se extingue el derecho a dicha pensión y,
por lo tanto, la empresa queda exonerada de toda obligación que se derive de
dicha prestación social.
2.4.1.1.4 Señala que el hijo
que acredite una pérdida de la capacidad laboral cuya fecha de estructuración
sea posterior a la fecha de fallecimiento del causante, no podrá alegar la
continuidad del beneficio por esta causa, a pesar del estado actual de salud
del mismo, en el entendido que se deduce de las disposiciones aplicables que la
entidad no tiene la obligación de asumir las contingencias que puedan
presentarse con los hijos mayores de edad de los trabajadores o jubilados que
hayan fallecido con anterioridad a los hechos que estructuran una pérdida de la
capacidad laboral, dado que del tenor literal de la ley se desprende que la dependencia
económica por invalidez de los hijos, debe estar configurada antes o al momento
de la muerte del trabajador o jubilado y no después.
2.4.1.1.5 Así mismo, indica
que a la pensión del actor le aplicó el artículo 44 de la Ley 100 de 1993 que
señala: “a) Por solicitud de la entidad de previsión o seguridad social
correspondientes cada tres (3) años, con el fin de ratificar, modificar o dejar
sin efectos el dictamen que sirvió de base para la liquidación de la pensión
que disfruta su beneficiario y proceder a la extinción, disminución o aumento
de la misma, si a ello hubiere lugar”. Y el artículo 17 del Decreto 1889 de
1994, en el que se reglamentó que: “Cuando por efecto de la revisión del
estado de invalidez a que se refiere el artículo 44 de la Ley 100 de 1993, se
determine la cesación o la disminución del grado de invalidez, se extinguirá el
derecho a la pensión o se disminuirá el monto de la misma, según el caso.”
2.4.1.1.6 Como consecuencia
de la aplicación de las normas en comento, se profirió el dictamen
NºPSM-BCA-264-2015, el cual fue apelado y revisado ante la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Santander, que estableció que la fecha de
estructuración de la invalidez es el 26 de enero de 1998, fecha posterior al
fallecimiento del causante Cristóbal Pérez Jaraba, ocurrido el 27 de abril de
1976, lo que generó que al actor no se le reconociera el derecho pensional
solicitado.
2.5 Pruebas que obran en
el expediente
Durante el trámite surtido en
la primera instancia de la acción de tutela, las partes allegaron los
siguientes documentos:
2.5.1 Copia del comunicado de
fecha 1 de septiembre de 1976, en el que la División de Relaciones Laborales
del Grupo de Pensiones de Ecopetrol informa al Grupo Contable el Centro, sobre
el reconocimiento y pago por sustitución de la pensión del fallecido Cristóbal
Pérez a su conjugué supérstite María Isabel Acosta de Pérez y a sus
hijos Francisca Isabel, Maritza, Jorge Alberto, Cenia y Luz Carine[28].
2.5.2 Copia de la carta de 13
de noviembre de 1998 remitida por la Coordinadora de la Oficina de Pensionados
de Ecopetrol para el Departamento de Pensionados, junto a la cual le envió la
copia de la sentencia en la que fue declarado interdicto Jorge Alberto Pérez
Acosta para darle continuidad al trámite de la pensión por sustitución de
Cristóbal Pérez[29].
2.5.3 Copia de la sentencia
de 9 de noviembre de 1998, proferida por el Juzgado Tercero Promiscuo de
Familia en la que Jorge Alberto Pérez Acosta fue declarado legalmente incapaz
para administrar y disponer de sus bienes, en razón a la inmadurez sicológica y
retardo mental que padece y se le designó como Curadora Legítima a su hermana
Luz Carime Pérez Acosta. Se observa que esta sentencia se fundamentó en la
constancia médica expedida por el Coordinador de Salud Integral de la División
de Salud del Magdalena Medio  y en los conceptos de psiquiatría  y sicología
forense emitidos por los peritos adscritos al Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, quienes emplearon las técnicas de entrevista personal,
elaboración de historia clínica psiquiátrica, examen mental y análisis clínico,
en los que informan que Jorge Alberto Pérez Acosta, padece de “ retardo
mental moderado y sobre agregado un síndrome convulsivo dadas sus condiciones
físicas y psíquicas, se conceptúa que es incapaz de comprender y determinarse
por presentar inmadurez psicológica. Dadas sus condiciones físicas y psíquicas,
se conceptúa que es incapaz de manejar sus bienes en caso de que los hubiera, a
su vez requiere depender física y psíquicamente de alguien, respetuosamente se
sugiere se le asigne un tutor”.[30]
2.5.4 Copia del Dictamen
Médico elaborado el 12 de diciembre de 2014 por la División de Gestión de Salud
Integral, Dirección de HSE de Ecopetrol S.A., para la determinación de origen
de eventos en salud y calificación de la pérdida de la capacidad laboral Nº
PSM-BCA-264-2015, mediante el cual fue revisado el Dictamen Nº
IMM-BCA-192-2011, concluyendo que:
“Desde los 11 años
presenta episodios convulsivos, para lo que toma fenobarbital”. “Sustentación
de la Determinación del Origen: Paciente de 56 años 8 meses, con cuadro clínico
de Epilepsia crónica con Retardo Mental secundario, asociado a glaucoma
terminal de ambos ojos de varios años de evolución que lo llevó a la ceguera
bilateral. Concomitantemente, desarrolló una coxartrosis bilateral programada
para remplazo de cadera, que el paciente no ha aceptado por el pronóstico y
diabetes mellitus bilateral sin evidencia de daño o órgano blanco. Todas las
patologías que presenta son de origen común y varias asociadas al
envejecimiento. El presente CIE dicta origen común.”
“Diagnóstico de la
secuela, CIE 10: H540 ceguera ambos ojos (secundaria a glaucoma terminal ambos
ojos), F70 retraso mental, G40 epilepsia, E11 diabetes mellitus, M160 coxartrosis
bilateral.”
“Porcentaje total de perdida de la
capacidad laboral del 80,28%.”
“Fecha de estructuración de la
invalidez 27 de septiembre de 2001”[31].
2.5.5 Copia de la cédula de
ciudadanía de Jorge Alberto Pérez Acosta Nº 13.888.681 de Barrancabermeja, en
la que consta que a la fecha tiene 57 años, con fecha de nacimiento de 24 de
enero de 1959[32].
2.5.6 Copia del oficio de
fecha 5 de enero de 2016 en el que la Coordinación de Gestión en Pensiones le
informa a Luz Carime Pérez Acosta sobre la extinción de la pensión del señor
Cristóbal Pérez, por cuanto la fecha de estructuración de la invalidez de su
hijo Jorge Alberto Pérez según el Dictamen PSM-BCA-264-2015, es el 27 de
septiembre de 2001, posterior al fallecimiento del causante que ocurrió el 27
de abril de 1976[33].
2.5.7 Copia del recurso de
apelación de 15 de enero de 2016, presentado por Luz Carime Pérez Acosta contra
el dictamen PSM-BCA-264-2016 del 9 de diciembre de 2015, proferido por el
Comité Interdisciplinario Evaluador del Departamento de Salud del Magdalena
Medio de Ecopetrol S.A.[34]
2.5.8 Copia del oficio de 21
de abril de 2016 mediante el cual el Médico Ponente de la Junta Regional de
Calificación le solicitó al Jefe Regional de Salud del Magdalena Medio copia de
los dictámenes de calificación y/o conceptos de incapacidad emitidos por la
división médica, desde la inclusión como beneficiario de Jorge Alberto Pérez
Acosta[35].
2.5.9 Copia del Dictamen Nº
13888681-1025 de 18 de mayo de 2016, proferido por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Magdalena Medio en el que se señala:
“Resumen de información
clínica más reciente:Ecopetrol calificó la pérdida de la capacidad laboral de
80.28% con fecha de estructuración el 27 de septiembre de 2001, sin que esta
esté justificada pero que corresponde a la de un concepto por Oftalmología con
Dx glaucoma terminal de ojo derecho y glaucoma absoluto de ojo izquierdo”.
“Controversia Dentro de
los argumentos presentados por la recurrente Luz Carime Pérez, en calidad de
Curadora del señor, menciona: Que el día 8 de enero de 2016  la Coordinación
Gestión de Pensiones me notifica la suspensión del servicio de salud y pensión
de mi hermano JORGE ALBERTO PÉREZ ACOSTA, dicha Coordinación se fundamenta en
el artículo 6º del Decreto 1160 de 1989 donde considera beneficiaron a los hijos
menores de 18 años.
Mi apelación tiene dos
soportes:
1. La epilepsia fue tratada por los
médicos de Ecopetrol desde la infancia de Jorge Alberto Acosta  en vida del
Padre trabajador Cristóbal Pérez quien registró a Jorge Alberto como hijo
legítimo y beneficiario del servicio. La epilepsia no es enfermedad
degenerativa contraída después de la muerte de los Padres ni posterior a la
estructuración de la invalidez.
2. El retraso mental confirmado en la
estructuración de la invalidez, no es degenerativo, se presenta esta limitante
como consecuencia de un trauma mental.
El Padre Cristóbal Pérez fallece en el año
1976. La Madre María Isabel Acosta Vda. de Pérez sustituirá, fallece en 1997. Y
el paciente Jorge Alberto recibe la sustitución de la pensión el 9 de noviembre
de 1998 mediante sentencia del Juzgado Tercero Promiscuo de Familia con
aprobación profesional de los funcionarios de Ecopetrol.
Informa su hermana en calidad de curadora
que Jorge Alberto fue fruto de un tercer embarazo, “toda la vida por mi
hermanito desde pequeño es epiléptico y con retardo mental” y que le pagan las
mesadas pensionales desde 1998 tras la muerte de la Madre en 1997, y el Padre
fallecido de forma violenta en 1976. Tiene reporte de ceguera desde el año 2001
por glaucoma bilateral.
Antecedentes.
(…)
1. Concepto Médico de fecha 26 de enero de
1998 emanado de la división de salud del Magdalena medio para el Departamento
de Pensionados, en los siguientes términos (…) Tales patologías incapacitan en
la actualidad para ejercer labores remunerativas por invalidez mayor del 66%.
2. Dictamen Nº IMM-BCA-192-2011 con
diagnósticos Síndrome Epiléptico focal, retardo mental leve, trastorno de la
conducta agresiva, invidente (glaucoma terminal ambos ojos) y artrosis de
cadera, calificado con Decreto 917/99, con pérdida de la capacidad laboral en
un 75.78% con fecha de estructuración de 27 de septiembre de 2001. Se anota por
parte del equipo calificador: por ser un caso de invalidez importante con
dependencia marcada del entorno familiar, el presente CIE considera se debe
continuar brindando el apoyo institucional para el beneficiario Jorge Alberto
Pérez Acosta en cuanto a los planes de salud multidisciplinarios así como el
espectro educacional hasta ahora facilitado al paciente.
CALIFICACIÓN:
La revisión de las pruebas aportadas deja
ver de manera clara una condición de invalidez certificada por la División de
Salud del Magdalena Medio de Ecopetrol el 26 de enero de 1998 conceptos
posteriores que reafirman tal estado de forma reiterada: Según las pruebas
obrantes en el expediente, la fecha de estructuración de la invalidez es 26 de
enero de 1998”.
Diagnóstico: De origen común, ceguera de
ambos ojos, coxartrosis primaria, bilateral, diabetes mellitus no insulinodependiente
sin mención de complicación, epilepsia, tipo no especificado, retraso mental
moderado: deterioro del comportamiento nulo o mínimo”[36].
2.5.10 Copia del oficio de 20
de mayo de 2016, en el que la Dirección Administrativa y Financiera de la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Santander cita a Jorge Alberto Pérez
Acosta a fin de realizar la notificación personal del Dictamen Nº 1025 de 2016[37].
2.5.11 Copia de la solicitud
de asignación de la sustitución pensional  de fecha 25 de mayo de 2016, en la
que Luz Carime Pérez Acosta en calidad de curadora de Jorge Alberto Pérez le
informa a Ecopetrol S.A. que en dictamen emitido por la Junta Regional de
Santander reconocen como fecha de estructuración el 9 de noviembre de 1998, con
10 enfermedades de las cuales la epilepsia y el retardo mental son congénitas y
no degenerativas[38].
2.5.12 Copia del oficio de 17
de junio de 2016, en el que la Coordinación de Gestión de Pensiones de
Ecopetrol S.A., le comunica a Luz Carime Pérez Acosta en su calidad de curadora
de Jorge Alberto Pérez Acosta, la extinción de la pensión, señalando que este
no cumple con los requisitos para la sustitución pensional del señor Cristóbal
Pérez, en razón de que la fecha de estructuración de la invalidez señalada por
la Junta Regional de Calificación de Invalidez en dictamen emitido el 9 de
noviembre de 1998, es posterior a la fecha de deceso del pensionado, hecho
ocurrido el 27 de abril de 1976[39].
2.6 Decisiones judiciales
de instancia
2.6.1 Primera
instancia[40]
2.6.1.1 El 18 de
julio de 2016, el Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja denegó
el amparo solicitado en la acción de tutela. En esa oportunidad, el juzgador
resaltó que no se allegó al expediente el material probatorio que permitiera
establecer si el actor cumple con los requisitos para acceder al derecho
pensional, así mismo consideró que el actor cuenta con otros mecanismos
judiciales para el reconocimiento y defensa de sus intereses y la acción de
tutela no puede sustituir los procesos judiciales establecidos en la ley.
2.6.2 Segunda
instancia[41]
2.6.2.1 El 13 de
septiembre de 2016, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bucaramanga, confirmó en todas sus partes la sentencia de primera instancia,
por cuanto cuenta con otros mecanismos de defensa judiciales.
2.7 Pruebas solicitadas
en sede de revisión por la Corte Constitucional
2.7.1 Mediante auto de 27 de enero de 2017, el
Magistrado Sustanciador consideró que para proferir la decisión de fondo, era
necesario recaudar algunas pruebas para verificar hechos relevantes del
proceso. En consecuencia, resolvió lo siguiente:
“PRIMERO.- SOLICÍTESE: Al Departamento de Salud Magdalena Medio,
para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la
notificación del presente auto, remita a esta Corporación:
Ø La Historia Clínica de José Alberto Pérez Acosta,
identificado con la cédula de ciudadanía Nº 13.888.681 de Barrancabermeja”.
2.7.2 La Secretaria General de
la Corte Constitucional informó al Magistrado Sustanciador que, en la recepción
de esta Corporación, se recibió el Oficio N.° 2-201-077-384 del 7 de febrero de
2017, suscrito por Álvaro Figueredo Mejía, Coordinador de Ambulatorios del
Departamento de Salud de Magdalena Medio, con el que se adjuntó 3 cuaderno anexos
de 72, 226 y 243 folios, que conforman la historia clínica de José Alberto
Pérez Acosta, en la que se observa:
Ø
La
Historia Clínica data desde el nacimiento del actor el 24 de enero de 1959.
Ø
Oficio de
fecha 27 de enero de 1967, mediante el cual el médico tratante, Dr. Roberto
Serpa Florez, del Instituto Psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga, remite al niño
Jorge Pérez, hijo de Cristóbal Pérez, al médico jefe de El Centro (Santander)
de la Empresa Colombiana de Petróleos, Dr. Jairo Vallejo, en el que señala: “Por
datos anamnesicos tomados a la madre, por el examen clínico y por las pruebas
psicológicas (Test de Binet Ternan, forma M.) se llegó a la conclusión de que
este ñiño tiene DEFICIENCIA MENTAL (oligofrenia congénita) SI EDAD CRONOLOGICA
8 AÑOS, EDAD MENTAL 5 AÑOS, COEFICIENTE INTELECTUAL 63. Infortunadamente es
incurable la deficiencia mental y en el grado que la tiene este niño  es
serio obstáculo para que pueda aprender en la escuela. Pero conviene que siga
asistiendo a ella para que se familiarice con otros niños. Por lo demás es un
niño tranquilo y dócil y no inquieto como muchos otros. No es el caso
prescribirle tratamientos pues la deficiencia es incurable. Se explicó a la
familia”[42].
Ø
Jorge
Pérez fue sometido a tratamiento de medicina especializada por el diagnóstico
temprano de la deficiencia mental.
Ø
Informe
del resultado de la Investigación Psicodiagnóstica practicada al menor Jorge
Pérez, de fecha 20 de junio de 1970, hijo de Don Cristóbal Pérez con registro
N° 13422 de El Centro: “Se trata de un menor de 11 años de edad…Historia de
sarampión y tos ferina a los 6 meses de edad con convulsiones y posible
compromiso encefálico. Sin embargo, ya venía presentando cuadro de atraso
psicomotor. Luego de esta situación vino un atraso adquisitivo y motor muy marcado
con alteraciones del lenguaje y enuresis que se ven en la actualidad. Empezó su
escolaridad muy tardíamente y no ha podido pasar de segundo de primaria. Juego
con niños menores que él, muy primitivos y de contenido muy pobre. Carácter violento,
impulsivo y agresivo”. “con una edad de cinco y medio años. Fascies y
alteraciones que fuera del compromiso encefálico, hacen pensar en retardo con
componentes genéticos” “Hay en este pequeño un retardo mezcla del genético y
ante todo de alteración orgánica encefálica producida por el sarampión y la tos
ferina a tan temprana edad[43]”.
Ø
Del conjunto
de documentos recaudados se logró observar con claridad, que las enfermedades
congénitas y degenerativas que padece Jorge Pérez evolucionaron con el transcurso
de los años, desarrollando una serie de enfermedades físicas en el crecimiento,
atrofias musculares, en los huesos, en el cerebro y en su desarrollo mental,
ceguera y demás sintomatología y diagnósticos reflejados en los dictámenes médico
laborales posteriores.
Ø
La
Regional de Servicios de Salud de Ecopetrol, le ha proporcionado al actor
servicios médicos especializados integrales, durante toda la vida del mismo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1 Competencia de la Sala
Cuarta para proferir sentencia de revisión
2.1. La Sala Cuarta de Revisión
de la Corte Constitucional es competente para proferir sentencia de revisión en
este caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
2.2
Problema jurídico
2.2.1 En el primer caso, le corresponde a
la Sala determinar si ¿La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional vulneró los
derechos fundamentales a la educación, seguridad social y mínimo vital de la
actora, al no pagarle las mesadas pensionales por sustitución pensional de la
que es beneficiaria, con el argumento de que los certificados de estudios
aportados no indican con claridad la intensidad horaria y si se encuentra
“asistiendo” regularmente a clases, acorde con lo estipulado por la Ley 1574 de
2012?
2.2.2 Para el
segundo caso el
problema jurídico a resolver es determinar si ¿resulta violatorio de los derechos
fundamentales a la vida digna y a la seguridad social que Ecopetrol S.A. suspenda
el reconocimiento y pago de la sustitución pensional a una persona inválida,
argumentando que la fecha de estructuración de la invalidez, que arrojó el último
dictamen laboral, es posterior a la fecha de fallecimiento del causante, sin
tener en cuenta que el diagnóstico médico da cuenta de una enfermedad
congénita, degenerativa de “retraso mental”, agravada por daño cerebral por sarampión
y tos ferina sufrida a los 6 meses de edad, con discapacidad evolutiva evidente
desde la primera etapa de la infancia?
2.2.3. Para
resolver los problemas planteados estima la Sala preciso reiterar la
jurisprudencia de esta Corporación en relación con: (i) la  naturaleza, finalidad y principios
constitucionales de la sustitución pensional; (ii) la procedencia excepcional de la acción de tutela para
obtener el reconocimiento de la sustitución pensional a favor de sujetos de
especial protección constitucional o personas en circunstancias de debilidad
manifiesta; (iii) el derecho a la sustitución pensional en casos de invalidez
generada por enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas y la
determinación de la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral;
(iv) la sustitución pensional y su fundamento normativo en el régimen
de la Policía Nacional y (v) la prohibición en materia pensional de exigir
requisitos adicionales a los establecidos en la Ley.
2.2.4. Con
fundamento en lo anterior, (vi) la Sala procederá al análisis de los casos
concretos, para determinar si se debe conceder o no la protección invocada.
2.3 Naturaleza,
finalidad y principios constitucionales de la sustitución pensional.
Reiteración de jurisprudencia.
2.3.1 Dentro
del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones se consagró por parte del
legislador un conjunto de prestaciones económicas con la finalidad de prevenir
contingencias propias de los seres humanos, tales como la viudez, la invalidez,
la muerte y la vejez.
2.3.2 Así las
cosas, reconoció derechos pensionales para aquellos afiliados a los cuales les
sobrevenga alguna de estas eventualidades, previo el cumplimiento de unos
requisitos, a efectos de evitar la consolidación de mayores daños a sus
condiciones de vida.
2.3.3 En ese
sentido, estableció, entre otras, la pensión de vejez, de invalidez, de
sobrevivientes y la sustitución pensional.
2.3.4 Con la
intención de atender el intríngulis del asunto que concita a la Sala, se
ahondará en el estudio del derecho a la sustitución pensional.
2.3.5 Así las
cosas, es menester partir de que, como su mismo nombre lo indica, lo que
pretende tal asignación es sustituir, en este caso, el derecho financiero que
otro ha adquirido, fenómeno que se puede llevar a cabo siempre y cuando el
titular del mismo haya fallecido. Lo anterior, con la intención de que el apoyo
monetario recaiga en quienes dependían económicamente del causante.
2.3.6 En ese
sentido, la sustitución pensional pretende evitar que las personas que
financieramente mantenían una dependencia con el pensionado, queden sin un
ingreso que les permita su congrua subsistencia, de manera intempestiva, ante
la eventualidad sobrevenida por el deceso de aquel.
2.3.7 Por
tanto, se trata de una prestación económica cuya finalidad se asimila a la de
la pensión de sobrevivientes, salvo que, en esta última no se ha consolidado el
derecho pensional en favor del afiliado, sino que se encuentra laborando y
cotizando al SGSS y fallece, por lo que en este supuesto se torna necesario
cumplir un número mínimo de aportes para que puedan acudir sus familiares a
solicitar el reconocimiento.
2.3.8 Situación
que no hace falta en tratándose de sustituciones, habida cuenta que el afiliado
ya consolidó y le fue reconocida su pensión y, ante su deceso, lo que pretenden
los beneficiarios es sustituirlo por cuanto era quien suministraba los recursos
financieros para cubrir sus necesidades y, con su muerte, son expuestos a un
inminente perjuicio de no contar con la continuidad del pago de la asignación
prestacional.
2.3.9 Desde esa
perspectiva, la Corte, en sentencia C-111 de 2006[44], estableció
que “la sustitución pensional responde a la necesidad de mantener para sus
beneficiarios, al menos el mismo grado de seguridad social y económica con que
contaban en vida del pensionado o del afiliado fallecido, que al desconocerse
puede significar, en no pocos casos, reducirlos a una evidente desprotección y
posiblemente a la miseria[45].
Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación,
las personas más cercanas y que más dependían del causante y que, además, en
muchos casos compartían con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus
necesidades mínimas”. Por consiguiente, resulta claro para la Sala
que la finalidad que se persigue con la sustitución pensional es la de suplir
la ausencia repentina del apoyo económico que el pensionado ofrecía a sus
familiares, y que el deceso de éste no determine el cambio sustancial de las
condiciones de vida del beneficiario o beneficiarios, pues dicha sustitución
tiene el alcance de brindar una ayuda vital e indispensable para la
subsistencia de éstos.
2.3.10 Así las cosas, para
la Corte las disposiciones destinadas a regular los aspectos relacionados con
la sustitución pensional no pueden incluir expresa o implícitamente tratos
discriminatorios que se conviertan en barreras que dificulten el acceso a
aquella, dada su especial dimensión constitucional y los principios en comento
que le sirven de respaldo constitucional.
2.3.11 Desde el punto de
vista legal, la sustitución pensional se encuentra consagrada tanto en el
régimen de prima media con prestación definida, como en el de ahorro individual
con solidaridad. En términos generales, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, las personas
que tienen derecho a la sustitución pensional son los miembros del grupo
familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca[46].
2.3.12 En forma adicional,
para tener derecho al reconocimiento de la sustitución pensional, se debe
acreditar por parte de los miembros del grupo familiar del causante, la
condición de beneficiarios legales, a partir del orden de prelación que
estatuyen los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados y recogidos
en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003[47]. Dicho orden
garantiza la estabilidad económica y financiera del sistema general de
pensiones, habida consideración que el reconocimiento de la sustitución
pensional solo opera para los miembros del grupo familiar que, por su cercanía
y dependencia del causante, pueden resultar afectados en su digna subsistencia.
2.4 Procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el
reconocimiento de la sustitución pensional a favor de sujetos de especial
protección constitucional o personas en circunstancias de debilidad manifiesta.
Reiteración de jurisprudencia.
2.4.1 Por regla general, la resolución de los conflictos jurídicos
que surgen en materia de sustituciones pensionales es asunto que compete a la
jurisdicción ordinaria laboral o al contencioso administrativo, según sea el
caso. Así pues, la acción de tutela, al tener naturaleza subsidiaria y
encontrarse subordinada a la inexistencia o falta de idoneidad del medio
judicial para la protección del derecho vulnerado, conforme lo indica el
artículo 86 Superior, se torna improcedente para resolver pretensiones de dicha
clase.
2.4.2 Sin embargo, si los medios ordinarios de defensa no resultan
aptos, idóneos y eficaces para la protección de los derechos fundamentales
amenazados, como sería el caso de personas merecedoras de especial protección,
de manera excepcional, procede la acción de tutela como instrumento definitivo
para salvaguardarlos, teniendo en cuenta que la jurisprudencia constante de
esta Corporación ha destacado el vínculo estrecho que une al mínimo vital y la
vida digna con la recepción de ciertas acreencias pensionales[48], dentro de
las cuales se encuentra la sustitución pensional. Así se señaló, por ejemplo,
en las sentencias T-396 y T-820 de 2009[49]:
“En primer lugar, la acción de tutela procederá como mecanismo
principal y definitivo en el evento en que el medio de defensa judicial
previsto para este tipo de controversias no resulte idóneo y/o eficaz en el
caso concreto. La Corte ha considerado que los mecanismos laborales ordinarios,
aunque idóneos, no son eficaces cuando se trata de personas que reclaman el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y se encuentran en circunstancia
de debilidad manifiesta por su avanzada edad, por su mal estado de salud, por
la carencia de ingreso económico, por su condición de madre cabeza de familia
con hijos menores y/o por si situación de desplazamiento forzado, entre otras.
Frente a estas circunstancias, las acciones ordinarias no son lo
suficientemente expeditas frente a la exigencia de la protección inmediata de
derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la salud, a la
educación, a la vivienda digna, a la alimentación adecuada y a la seguridad
social”.
2.4.3 Así pues, es importante resaltar que la idoneidad y la
eficacia del mecanismo ordinario para reclamar el reconocimiento de la
sustitución pensional, deben ser analizadas por el juez de tutela haciendo una
evaluación de los hechos expuestos en cada caso en concreto, en procura de
determinar si el conflicto planteado transciende el nivel puramente legal para
convertirse en un problema de relevancia constitucional.
2.4.4 De otro lado, la acción de tutela también procede, de forma
excepcional, como mecanismo transitorio para reclamar el reconocimiento de la
sustitución pensional, a pesar de la existencia de un medio judicial ordinario
idóneo y eficaz, cuando es necesaria para evitar un perjuicio irremediable, el
cual se configura, en estos casos, cuando se viola o amenaza el derecho al
mínimo vital del peticionario y/o de su familia por la ausencia de la referida
prestación.
2.4.5 El perjuicio irremediable, además de reunir las condiciones
de inminencia, urgencia, gravedad y requerir la ejecución de medidas
impostergables, debe cumplir con dos supuestos adicionales comprobables por el
juez constitucional:
“(i) la prestación económica que percibía el trabajador o
pensionado fallecido constituye el sustento económico de su grupo familiar
dependiente; y, (ii) los beneficiarios de la pensión carecen, después de la
muerte del trabajador o pensionado, de otros medios para garantizarse su
subsistencia, por lo que quedan expuestos a un perjuicio irremediable derivado
de la afectación de su derecho fundamental al mínimo vital”[50].
2.4.6 Precisamente, frente a la presunción de afectación al mínimo
vital, la Corte ha indicado que a pesar de la informalidad de la acción de
tutela, de todos modos, el accionante debe acompañar a su afirmación de que le
asiste el derecho, alguna prueba siquiera sumaria,[51] o esta debe
ser decretada por el juez de tutela, de oficio[52].
2.4.7 Frente a este punto, la Corte, en sentencia T-789 de 2003[53],
consideraciones reiteradas en la sentencia T-326 de 2007[54], indicó que
el análisis de procedibilidad de la acción de tutela y la caracterización del
perjuicio irremediable, deben responder a un “criterio amplio”, cuando
quien la interponga tenga el carácter de sujeto de especial protección
constitucional. En esos eventos, el estudio debe efectuarse con una óptica, “si
bien no menos rigurosa, sí menos estricta, para así materializar, en el campo
de la acción de tutela, la particular atención y protección que el
Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad,
debilidad o marginalidad”. Sin embargo, es pertinente señalar que la
mera circunstancia de que el afectado sea un sujeto de especial protección
constitucional no contrae en sí misma la acreditación del perjuicio
irremediable, sino que tiene como consecuencia que su valoración deba
realizarse bajo criterios más amplios, como se explicó.
2.4.8 Finalmente, es necesario recordar que el excepcional
reconocimiento del derecho a la sustitución pensional por vía de tutela se
encuentra sometido, adicionalmente, a una última condición de tipo probatorio,
consistente en que en el expediente esté acreditada la procedencia del derecho,
a pesar de que la entidad encargada de responder no haya hecho mención al
reconocimiento o simplemente no haya ofrecido respuesta alguna al escrito de
tutela, y que el accionante haya agotado algún trámite administrativo o
judicial tendiente a obtener el reconocimiento de tal prestación. Así lo señaló
la Corte, en sentencia T-651 de 2009[55],
cuando, al estudiar el reconocimiento de una pensión especial de vejez para la
madre de una hija inválida, adujo que “(…) la acción de tutela procede
cuando se encuentra debidamente probado que el accionante tiene derecho al
reconocimiento de la pensión y, sin embargo, la entidad encargada, luego de la
solicitud respectiva, no ha actuado en consecuencia”.
2.4.9 En este orden de ideas, por regla general, atendiendo el
principio de subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente para obtener
el reconocimiento del derecho a la sustitución pensional. Sin embargo, la Corte
ha estimado que, dada la necesidad de garantizar la prevalencia de los derechos
fundamentales, se deben considerar las siguientes excepciones a dicha regla de
improcedencia: (i) cuando los medios ordinarios de defensa no resultan
aptos, idóneos y eficaces para la protección de los derechos fundamentales
amenazados porque, por ejemplo, el beneficiario de la sustitución pensional es
un sujeto de especial protección constitucional o se encuentra en circunstancia
de debilidad manifiesta, la acción de tutela procede como instrumento
definitivo para salvaguardarlos; (ii) a pesar de existir un medio ordinario
de protección idóneo y eficaz, se hace necesario evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable sobre los derechos fundamentales del actor. En tal caso,
si se trata de un sujeto de especial protección constitucional, conforme lo
establece el artículo 13 Superior, la caracterización del perjuicio debe
responder a un criterio más amplio; (iii) el asunto puesto a
consideración del juez de tutela supone un problema de relevancia
constitucional; y (iv) existe prueba, al menos sumaria, de la
titularidad del derecho exigido y de que se ha desplegado cierta actividad
administrativa o judicial tendiente a obtener la protección invocada.
2.5 El
derecho a la sustitución de la pensión en casos de invalidez generada por
enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas. Determinación de la fecha de
estructuración de la pérdida de capacidad laboral. Reiteración jurisprudencial.
2.5.1 Esta Corte ha reconocido de forma reiterada, la condición
especial de las personas que sufren enfermedades crónicas degenerativas o
congénitas, en relación con su derecho a la pensión de invalidez.
2.5.2 Se ha determinado que existe un problema para establecer de
forma certera, real o material el momento en que acaeció la pérdida de la
capacidad laboral de las personas que sufren enfermedades crónicas
degenerativas o congénitas.
2.5.3 El inconveniente se presenta al momento de aplicar de forma
concreta la normativa en materia de seguridad social respecto a las pensiones
de invalidez y/o sustitución pensional por motivo de la invalidez del hijo
supérstite, pues para acceder a tal pensión se exige como requisito esencial
que la persona esté calificada con pérdida definitiva y permanente respecto
a su capacidad para laborar[56].
2.5.4 Y la regla general en materia de pensiones de invalidez es
que la fecha de estructuración de la invalidez es el punto de referencia
temporal a fin de determinar (i) la norma aplicable para cada caso concreto,
(ii) la configuración del derecho pensional, por cuanto es el momento a partir
del cual la persona ha perdido la capacidad de laborar en tal grado, que le es
imposible realizar labores que le garanticen ingresos económicos para seguir
cotizando al sistema.
La determinación de cuándo se tiene una pérdida de capacidad
relevante para efectos pensionales, se establece a través del dictamen médico
que realizan las entidades señaladas por la ley como competentes para el tema[57].
2.5.5 En el caso de enfermedades o accidentes tanto de origen
común o laboral, que conducen a una pérdida de capacidad permanente y
definitiva, generalmente la fecha de estructuración de la invalidez coincide
con la fecha de la ocurrencia del hecho establecido en los dictámenes de
calificación médica. Sin embargo, existen casos en los que la fecha de la
pérdida de capacidad es diferente a la fecha de estructuración indicada en el
dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral[58].
2.5.6 Desde una perspectiva constitucional, la
Corte ha evidenciado, partiendo de los elementos fácticos de cada caso
concreto, que las calificaciones de invalidez realizadas por las juntas u
organismos competentes para elaborar estas experticias, se determinan
generalmente con base en la fecha en la que se presentó el primer síntoma de la
enfermedad, o en aquella que señala la historia clínica como de diagnóstico de
la enfermedad.
2.5.7 Sin embargo, por lo especial de este tipo
de enfermedades, dichas calificaciones, en algunas ocasiones no corresponden de
manera cierta al momento en el que la persona pierde la capacidad laboral de
manera permanente
y definitiva, tal y como lo exige la normatividad que regula la pensión de
invalidez.[59] En consecuencia, se genera una desprotección constitucional y
legal de las personas con invalidez,[60] que sufren enfermedades crónicas degenerativas o congénitas,
respecto de las cuales la imprecisión en la fecha de estructuración de su
pérdida de capacidad laboral, afecta su derecho a la pensión de invalidez o a
la sustitución pensional según el caso.[61]
2.5.8 En razón de la falencia que existe para determinar con
certeza la pérdida real o material de la capacidad laboral de las personas que
sufren enfermedades crónicas, degenerativos o congénitas, la Corte ha venido
delineando y ampliando la protección de sus derechos en particular.
2.5.9 Esta Corporación,[62] a
propósito de una persona enferma de VIH-SIDA, señaló que:
“es posible que, en razón del carácter progresivo y
degenerativo de la enfermedad, pueden darse casos, como el presente, en los
que, no obstante que de manera retroactiva se fije una determinada fecha de estructuración
de la invalidez, la persona haya conservado capacidades funcionales, y, de
hecho, haya continuado con su vinculación laboral y realizado los
correspondientes aportes al sistema de seguridad social hasta el momento en el
que se le practicó el examen de calificación de la invalidez. Así pues, el
hecho de que la estructuración sea fijada en una fecha anterior al momento en
que se pudo verificar la condición de inválido por medio de la calificación de
la junta, puede conllevar a que el solicitante de la pensión acumule
cotizaciones durante un periodo posterior a la fecha en la que, según los
dictámenes médicos, se había estructurado la invalidez, y durante el cual se
contaba con las capacidades físicas para continuar trabajando y no existía un
dictamen en el que constara la condición de invalidez”.
2.5.10 Esta
hipótesis, que ha sido estudiada por la jurisprudencia constitucional, respecto
a los casos en que el objeto de discusión es el reconocimiento inicial del
derecho a la pensión de invalidez, cuando “se presenta una dificultad en la contabilización de las semanas
de cotización necesarias para acceder a la pensión, toda vez que, si bien la
ley señala que tal requisito debe verificarse a la fecha de estructuración, en
atención a las condiciones especiales de esta enfermedad, puede ocurrir que, no
obstante que haya algunas manifestaciones clínicas, el portador esté en la
capacidad de continuar trabajando, y de hecho siga realizando los aportes al
sistema por un largo periodo, y, solo tiempo después, ante el progreso de la
enfermedad y la gravedad del estado de salud, se vea en la necesidad de
solicitar la pensión de invalidez, por lo que al someterse a la calificación de
la junta se certifica el estado de invalidez y se fija una fecha de
estructuración hacia atrás. Así las cosas, no resulta consecuente que el
sistema se beneficie de los aportes hechos con posterioridad a la
estructuración para, luego, no tener en cuenta este periodo al momento de
verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el reconocimiento de
la pensión[63]”.
2.5.11 En el caso descrito, la problemática
radica en que para la fecha reportada como la de estructuración de la
invalidez, no se hallen cotizadas las semanas requeridas para acceder al
reconocimiento pensional, pero sí existen semanas que fueron cotizadas con
posterioridad, por la circunstancia especial de la enfermedad que, aun siendo
de gravedad, le permitió al afiliado seguir cotizando.
2.5.12 Es
por ello que las reglas establecidas por la Corte Constitucional[64] sostienen que la fecha de
estructuración registrada en el dictamen de calificación de la pérdida de
capacidad laboral, en algunos casos, no representa el momento en que el
peticionario perdió su capacidad laboral en forma permanente y definitiva:
“como lo establece el artículo
3° del Decreto 917 de 1999, porque el actor estuvo laboralmente activo hasta el
año 2009. Es la fecha de la calificación de la invalidez, como se desprende de
las consideraciones expuestas, la que se debe tener en cuenta, dadas las especiales
condiciones de salud del actor, y el hecho de que continuó aportando al
Sistema, alcanzando a cotizar un total de 147 semanas, a pesar de los síntomas
de su enfermedad VIH.”
“En
consecuencia la Sala concedió la tutela de los derechos y ordenó el reconocimiento
de la pensión de invalidez, al comprobar que el accionante reunía las semanas
necesarias para satisfacer el requisito de cotización, siempre y cuando se
tomaran en cuenta los aportes efectuados con posterioridad a la fecha de
estructuración fijada por la junta de calificación, hasta el día en que se
profirió el dictamen”.
2.5.13 Al revisar esta línea jurisprudencial y evidenciar los
problemas que se han generado respecto a la fecha de estructuración de la
invalidez, en los casos de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas de
deterioro progresivo, encuentra la Sala que:
(i) La Corte Constitucional ha evidenciado que existe un problema
en la calificación técnica de la pérdida de la capacidad laboral de las
personas con enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, en tanto los
órganos encargados de determinar la pérdida de capacidad laboral de forma permanente
y definitiva establecen como momento de estructuración de la invalidez
un instante que no corresponde con certeza a la realidad médica y laboral de
las personas evaluadas.
(ii) La incertidumbre respecto a la fecha de estructuración de la
invalidez en los eventos de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas,
afecta los derechos de los afiliados y posibles pensionados del sistema de
seguridad social, en tanto la falencia en la determinación acertada de dicha
estructuración, incide directamente en el otorgamiento del derecho a la pensión
de las personas, pues dicho concepto técnico es necesario para la revisión del
cumplimiento de los requisitos para obtener la pensión de invalidez
(cotizaciones).
(iii) La Corte no plantea que en la determinación del número de
semanas que exige la ley para hacerse beneficiario de la pensión de invalidez,
sea admisible contabilizar cotizaciones posteriores a la fecha de
estructuración de la enfermedad. Lo que evidencia la jurisprudencia es un
problema con la determinación real y material de la fecha en la que la persona
debe calificarse con una pérdida de capacidad laboral permanente y definitiva.
2.5.14 Frente a una solicitud pensional de invalidez presentada
por personas diagnosticadas con enfermedades crónicas, degenerativas o
congénitas y calificadas con el 50% o más de pérdida de capacidad laboral, los
fondos de pensiones deben tener en cuenta las siguientes reglas:
(i) cuando la junta de calificación de invalidez determine que la
pérdida de la capacidad laboral coincide con la fecha de nacimiento del
interesado, o una fecha cercana, los fondos de pensiones deben verificar si la persona
mantuvo una capacidad residual que le permitió cotizar al sistema de seguridad
social en pensiones; (ii) de ser así, todas las semanas cotizadas deben ser
tenidas en cuenta para reconocer la prestación; y, en consecuencia, (iii) la
fecha de estructuración de la invalidez que reemplaza a la definida por la
junta de calificación será aquella que coincida con la última cotización al
sistema del peticionario, porque se presume que fue allí cuando su padecimiento
se manifestó de tal forma que le impidió continuar siendo laboralmente
productivo y proveerse por sí mismo de sustento económico; sin perjuicio de lo
anterior, la fecha de estructuración de la invalidez también podría ser la
misma en la cual se calificó la invalidez o, inclusive, la fecha de solicitud
del reconocimiento pensional, dependiendo del caso concreto[65].
2.5.15 Encuentra la Sala que es importante precisar que hay casos
en que para el reconocimiento de una pensión de invalidez o sustitución
pensional por invalidez de hijo supérstite de un afiliado que padece una
enfermedad crónica, degenerativa o congénita, se puede determinar una fecha
de estructuración de invalidez en forma retroactiva, pero siempre teniendo
en cuenta los aportes realizados al sistema, hasta el momento en que la persona
pierde su capacidad laboral de forma permanente y definitiva, entendiendo que
esta coincide con la situación material de la persona.
2.5.16 Ante tales eventos de vulneración de los derechos
fundamentales de las personas en condiciones especiales y beneficiarias de
derechos pensionales, el juez constitucional deberá analizar en cada caso
concreto, la causa y efecto de la afectación, para determinar las medidas a
adoptar.
2.5.17 En este sentido, el juez constitucional debe examinar
cuidadosamente, si con base en los elementos materiales y probatorios allegados
al proceso, se evidencian inconsistencias entre la fecha de estructuración de
la invalidez, del dictamen de calificación de la invalidez, y la situación real
tanto médica como laboral del actor.
2.5.18 En consecuencia el operador judicial deberá evaluar si:
(i) Encuentra los elementos de juicio que permitan establecer si
la persona reúne los requisitos tanto formales como materiales de acceso a la
pensión.
(ii) O si se debe optar por apartarse de la fecha establecida en
el dictamen de calificación de invalidez, por encontrar que existen
inconsistencias que no permiten establecer con certeza la pérdida de capacidad
laboral de forma permanente y definitiva del afiliado, pues no corresponde a la
situación médica y laboral de la persona.
2.5.19 Finalmente
la Sala recuerda y resalta que la jurisprudencia de esta Corte ha reconocido de
forma reiterada, coherente y decantada, en múltiples pronunciamientos, la
condición especial de las personas que sufren enfermedades crónicas
degenerativas o congénitas, respecto de las cuales la imprecisión en la fecha
de estructuración de su pérdida de capacidad laboral, afecta su derecho a la
pensión de invalidez. Por estas consideraciones se ha entendido que la fecha establecida
por los organismos calificadores de la invalidez es ficta y el juez puede
desvirtuarla a favor del beneficiario.
2.6 La sustitución pensional y su fundamento normativo en el
régimen de la Policía Nacional. Reiteración de jurisprudencia.
2.6.1 La sustitución de
una mesada pensional tiene un fin claro y es permitirle a los beneficiarios
mantener el nivel de vida que tenían antes del deceso del familiar pensionado,
siquiera desde el aspecto financiero, por lo que su reconocimiento puede cobrar
significativa importancia desde una perspectiva constitucional pues, la mayoría
de las veces, mediante la sustitución del auxilio económico se procura el
cuidado de derechos fundamentales dentro de un marco de trato digno y justo[66].
2.6.2 Este fin ha sido contemplado
por nuestros legisladores en tanto que han propiciado que dentro del Sistema
General de Seguridad Social se acoja esta figura, la cual había sido
previamente reconocida en algunos regímenes particulares. En ese sentido, se
amparó a los afiliados que, por un hecho propio de la naturaleza humana, como
lo es la muerte del familiar pensionado, ven menguados sus ingresos económicos,
toda vez que el fallecido era quien los asistía financieramente.
2.6.3 Sin embargo, la Ley
100 de 1993 prevé la existencia de grupos específicos de afiliados que cuentan
con regímenes especiales en materia de seguridad social, los cuales requieren
para consolidar sus expectativas pensionales, de unas exigencias particulares.
2.6.4 Uno de ellos, es el
de las Fuerza Pública, pues atendiendo a las directrices de la Carta Política,
descritas en los artículos 150, numeral 19, literal e) y 217, es tarea del
Congreso de la República fijar su régimen salarial y prestacional.
2.6.5 Ahora, el fundamento
normativo que ha tenido la sustitución pensional dentro del régimen de la
Fuerza Pública y, puntualmente, de la Policía Nacional, respecto a la
sustitución pensional es el siguiente:
2.6.6 Inicialmente, su
reconocimiento se efectuó en los artículos 174 y 175 del Decreto 2062 de 1984[67], seguido por el Decreto 1213 de 1990[68] que la preveía en los artículos
130 y 132.
2.6.7 Sin embargo, las
señaladas disposiciones no hacían extensivo el beneficio al compañero (a)
permanente, sino que se limitaba solamente a beneficiar a la unión de pareja
solemnizada bajo el vínculo matrimonial lo que se modificó por medio del
Decreto 1029 de 1994, beneficios que en el artículo 111 extendió al compañero (a)
permanente sobreviviente.
2.6.8 Con posterioridad,
el Presidente de la República profirió el Decreto Ley 2070 de 2003[69], pero esta Corte lo declaró
inexequible, mediante providencia C-432 de 2004, por cuanto fue dictado por el
ejecutivo en uso de las facultades extraordinarias que señalaba el artículo 17
de la Ley 797 de 2003 y con ello se transgredía la reserva existente sobre el
tema, como quiera que es propio de una ley marco y competencia exclusiva del
Congreso, de conformidad con el artículo 150 Superior, numeral 19, literal e).
2.6.9 Debido a lo
anterior, las normas previas revivieron hasta que el legislativo expidió la Ley
923 de 2004[70],
con fundamento en la cual fue dictado por el Presidente de la República el
Decreto 4433 de 2004[71],
que en el artículo 40 prevé el derecho prestacional aludido y, en el parágrafo
2º, del artículo 11, se señalan los beneficiarios del mismo.
2.6.10 En efecto, las
disposiciones aplicables en la actualidad para reconocer, pagar y sustituir una
mesada pensional en el régimen de la Policía Nacional, son las precitadas, a
saber, en la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004.
2.6.11 Respeto a los
beneficiarios de la sustitución pensional para hijos con la calidad de
estudiante, el Decreto 4433 de 2004, en el artículo 11, numerales 11.1 y 11.2.,
prevé:
“ARTICULO 11. Orden de beneficiarios
de pensiones por muerte en servicio activo. Las pensiones causadas por la
muerte del personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados Profesionales de las
Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo y
Agentes de la Policía Nacional, y Alumnos de las escuelas de formación, en
servicio activo, serán reconocidas y pagadas en el siguiente orden:
11.1 La mitad al cónyuge o compañero
(a) permanente sobreviviente y la otra mitad a los hijos menores de 18 años e
hijos estudiantes mayores de 18 años y hasta los 25 años si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten
debidamente su condición de estudiantes y a los hijos inválidos si dependían
económicamente del causante.
11.2 Si no hubiere cónyuge o
compañero (a) permanente sobreviviente, la pensión corresponderá íntegramente a
los hijos menores de 18 años e hijos estudiantes mayores de 18 años y hasta los
25 años, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y a
los hijos inválidos, si dependían económicamente del causante.
2.6.12 Para referirnos al requisito que se requiere para comprobar
la calidad de estudiante, primero debemos recordar que la Ley 100 de 1993
utiliza indistintamente los términos pensión de sobrevivientes y sustitución
pensional, pero existen diferencias entre una y otra figura; la primera, hace
referencia a las situaciones en las que la persona fallecida no tenía la
condición de pensionada al momento de su muerte, y la segunda a aquellas
personas que antes de morir ya habían adquirido dicha condición. No obstante,
ambas figuras comparten la misma finalidad, consistente en que los familiares
del pensionado o afiliado fallecido puedan continuar recibiendo los beneficios
asistenciales y económicos que aquel les proporcionaba, para que, en su
ausencia, no se vean disminuidas sus condiciones de vida.
2.6.13 En cuanto al modo de probar la calidad de estudiante por
parte del hijo beneficiario de la sustitución pensional o de la pensión de
sobreviviente, la legislación aplicable y la jurisprudencia ha establecido lo
siguiente:
2.6.14 La Ley 100 de 1993 que creó y estructuró el sistema de
seguridad social, y fue expedida con la finalidad de desarrollar el mandato
constitucional contenido en el artículo 48 de la Constitución, el artículo 47
modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, señala lo siguiente:
“(…) c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años
y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si
dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando
acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de
condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos
si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos
adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar
cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la
Ley 100 de 1993;”
2.6.15 El aparte subrayado fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-1094 de 2003, con el argumento que la Carta
Política de manera expresa a través del artículo 48, le dio la facultad al
legislador de reglamentar todo lo relacionado con el sistema de seguridad
social, debido a esto, no puede delegar dicha labor en el Gobierno Nacional. Al
respecto la Corte manifestó:
“Según el artículo 48 de la Constitución, la determinación del
régimen de la seguridad social le corresponde al legislador. En otras palabras,
compete al Congreso de la República la determinación de las condiciones y
requisitos para ser beneficiario del sistema general de pensiones. Por ello, al
ser una atribución que la Carta asigna expresamente al legislador, éste no está
facultado para desprenderse, con carácter indefinido o permanente del ejercicio
de tales atribuciones”.
2.6.16 Posteriormente, la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante providencia del 11 de octubre de 2007[72],
en la que resolvió una acción de nulidad contra el artículo 15 del Decreto 1889
del 3 de agosto de 1994, que reglamentó parcialmente la Ley 100 de 1993,
declaró la nulidad de los apartes “formal básica, media o superior”  y “con
una intensidad de por lo menos 20 horas semanales”. La norma demandada
estableció:
“Artículo 15. Condición de estudiante. Para los efectos de la
pensión de sobreviviente, los hijos de estudiantes de 18 años o más años de
edad y hasta 25, deberán acreditar la calidad de tales, mediante certificación
auténtica expedida por el establecimiento de educación formal básica, media o
superior, aprobado por el Ministerio de Educación, en el cual se cursen los
estudios, con una intensidad de por lo menos 20 horas semanales”
2.6.17 La anterior disposición fue declarada nula por el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo reiterando el argumento expuesto en
la sentencia  C-1094 de 2003 y agregando que de acuerdo con el artículo 189
numeral 11 de la Carta, el Constituyente de 1991 le atribuyó al Presidente de
la República la facultad reglamentaria. La norma citada dice:
“Art. 189 Corresponde al Presidente de la República, como Jefe de
Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa:
(...)11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición
de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución
de las leyes.”
2.6.18 Dicha potestad encuentra límites en la Constitución y en la
Ley que se va a reglamentar, de tal manera que el Presidente al ejercer tal
facultad, no puede ir más allá de su contenido para restringirlo, ampliarlo,
modificar el alcance, o introducir normas nuevas más allá del contenido de la
norma, so pena de extralimitarse en su facultad.
2.6.19 Articulando lo expuesto y analizando el contenido de la Ley
100 de 1993, en cuanto a los hijos beneficiarios de la pensión de sobrevivientes
o de la sustitución pensional, no se evidencia la facultad para imponerle
alguna restricción respecto de la modalidad educativa, es decir, que el
Gobierno determinó condiciones y requisitos para ser beneficiario de la pensión
de sobrevivientes, siendo estas restrictivas.
2.6.20 Por otro lado, el Congreso de la Republica, a través de la
Ley 1574 de 2012, reguló la condición de estudiante para el reconocimiento de
este tipo de pensión y en su artículo 2º dispuso:
“ARTÍCULO 2o. DE LA CONDICIÓN DE ESTUDIANTE. Para efectos del
reconocimiento de la pensión de sobreviviente en los hijos del causante que
tengan la calidad de estudiantes enmarcados en el artículo anterior, se deberán
acreditar los siguientes requisitos:
Certificación expedida por el establecimiento de educación formal
de preescolar, básica, media o superior, autorizado por el
Ministerio de Educación Nacional para el caso de las instituciones de educación
superior y por las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas
para el caso de los establecimientos de educación preescolar, básica y media,
donde se cursen los respectivos estudios, en la cual conste que el estudiante
cumplió con la dedicación a las actividades académicas curriculares con una
intensidad académica no inferior a veinte (20) horas semanales”.
2.6.21 Es así como en la actualidad la disposición anteriormente
indicada, le impuso a los hijos mayores de edad y hasta los 25 años, que se
encuentren inhabilitados para trabajar, cumplir con una dedicación académica
mínima de 20 horas semanales, en un establecimiento educativo que esté aprobado
por el Ministerio de Educación Nacional.
2.7 Prohibición en materia pensional de exigir requisitos
adicionales a los establecidos en la Ley. Reiteración de jurisprudencia.
2.7.1 Ahora bien, se distingue desde el punto de vista
constitucional que la normativa anteriormente expuesta fue establecida por el
Legislador a fin de que con el fallecimiento del progenitor pensionado, el hijo
o los hijos estudiantes no queden desprotegidos y, en consecuencia, ante la
contingencia de la muerte, el hijo supérstite tenga garantizada su subsistencia
mediante la pensión.
2.7.2 Consecutivamente, la norma establece que se requiere la
comprobación del requisito de que el hijo tenga la calidad de estudiante, pero
es claro que ello no está sujeto a la condición, dentro de términos razonables,
que el semestre o año escolar cursado por el estudiante hubiese sido o no
aprobado, sino que se compruebe que el joven, hasta los 25 años, esté
estudiando.
2.7.3 De manera que, no es dable admitir que las entidades
administradoras de pensiones agreguen requisitos adicionales para acceder al
reconocimiento de los derechos pensionales, que por ley, les corresponden a los
hijos supérstites del causante.
2.7.4 La doctrina constitucional ha establecido de forma reiterada
que el artículo 84 de la Constitución Política precisa que cuando un derecho es
reglamentado de manera general, las autoridades públicas no pueden establecer
ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio. En
concordancia con esta norma constitucional, el parágrafo del artículo 16 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo[73], establece que en toda petición la
autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la solicitud y en
ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no
se encuentren dentro del marco jurídico vigente y que no sean necesarios para
resolverla.
2.7.5 Esta Corporación ha establecido que los fondos de pensiones no pueden exigirle a
los beneficiarios que pretenden el reconocimiento pensional, el cumplimento de
formalidades no previstas legalmente, primero, porque el derecho a la pensión
nace cuando se reúnen los requisitos dispuestos en el ordenamiento para
considerar que una persona es beneficiaria, por lo que en un contexto de
libertad probatoria[74],
cualquier imposición adicional supone la creación de nuevos requisitos. Y
segundo, porque dicha actuación puede derivar en situaciones desproporcionadas
a la luz de la Constitución, en cuanto la negativa impone cargas excesivas a
personas que dadas sus circunstancias de debilidad manifiesta, son sujetos de
especial protección constitucional. En suma, la exigencia de requisitos y formalidades
para acreditar el cumplimiento de los presupuestos para acceder a los
beneficios pensionales, cuando los mismos no tienen un soporte previsto en el
ordenamiento jurídico, conducen a una vulneración del derecho fundamental al
debido proceso administrativo[75].
2.7.6 En materia
pensional, el régimen de libertad probatoria es mucho más amplio, toda vez que
mediante elementos idóneos, pertinentes, conducentes y legales se puede
demostrar el cumplimiento de los requisitos normativos para tal fin. Por tanto,
la imposición de formas no consagradas en las normas vigentes (i) implica una
limitación a dicha facultad; (ii) crea requisitos extralegales bajo criterios e
interpretaciones particulares de los fondos pensionales que dificultan el
acceso a la prestación económica; (iii) va en contra del principio de legalidad
al desplazar la voluntad del legislador e (iv) impide que los ciudadanos puedan
ejercer la defensa de sus derechos adecuadamente[76].
2.7.7 Con fundamento en
las consideraciones expuestas, la Sala de Revisión pasa al análisis de los casos
concretos.
2.8 Conclusión y solución del caso
concreto, expediente T-5888660
2.8.1 Estudio de la procedencia de la acción de tutela
2.8.1.1 En primer lugar, se
hace necesario subrayar que se configura una falta de legitimación por pasiva
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia-Sala de Decisión Penal,
pues es claro que en el presente asunto no existe un nexo de causalidad entre
la vulneración de los derechos que alega la accionante y la acción de la
referida autoridad judicial, que profirió la sentencia de 27 de octubre de
2015, en el trámite de la acción de tutela identificada con el Nº
63-001-22-04-000-2015-00183-00 instaurada por Claudia Lorena Fuquen Martínez
contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, y concedió el
amparo al derecho fundamental de petición y ordenó a la entidad que en el
término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la providencia,
procedieran a resolver de fondo y de manera congruente la petición de la
accionante.
Ahora bien, el asunto que
nos asiste tiene relevancia constitucional por cuanto las sentencias de
instancia dejan desprotegida a una joven estudiante sin ninguna justificación
plausible, por cuanto los argumentos de los jueces de instancia, ignoran las
exigencias adicionales insuperables, que le impuso la entidad administradora de
pensiones a la estudiante respecto a la redacción de los certificados de
estudios que expide de forma sistematizada el SENA, denegando con fundamento en
ello, la continuidad en el pago de las mesadas pensionales que por sustitución
pensional, aquella recibía poniendo en riesgo su derecho a la educación, pues
la joven ante la muerte de su progenitor quedó desprotegida y sin medio de
subsistencia.
2.8.1.2 La jurisprudencia
constitucional ha explicado extensamente que los beneficiarios de la pensión
carecen, después de la muerte del trabajador o pensionado, de otros medios para
garantizarse su subsistencia, por lo que quedan expuestos a un perjuicio
irremediable derivado de la afectación de su derecho fundamental al mínimo
vital.
2.8.1.3 Aunque, en principio, la demandante cuenta con las
acciones judiciales ordinarias laborales para solicitar el reconocimiento y
pago de la sustitución pensional, en criterio de la Sala, los hechos que
fundamentan la presente acción de tutela muestran que dichos medios no son
idóneos ni eficaces para garantizar la protección constitucional invocada. La falta de idoneidad y eficacia de la acción ordinaria laboral
son consecuencias de la interpretación integral del contexto del caso, puesto
que la problemática se centra en la vulneración de derechos fundamentales por
la exigencia de requisitos adicionales para acceder a un derecho pensional.
2.8.1.4 La
reclamación constitucional de la actora versa sobre una prestación de tracto
sucesivo que no le ha sido reconocida y pagada, la vulneración de sus derechos
continúa vigente y se materializa cada día en que la demandante no tiene el
apoyo de las mesadas pensionales que le permitan garantizar su subsistencia,
como hija supérstite de su padre fallecido y contar con los medios económicos
para continuar con sus estudios. Finalmente, cabe resaltar que  sería
desproporcionado exigirle la carga de acudir a un juez en un plazo inferior al
que usó, que fue cuatro (4) meses, desde la última actuación de CASUR[77]. Además, la acción
de tutela anterior que interpuso solicitando la protección de su derecho
fundamental de petición, permite inferir la diligencia con la que la demandante
ha tratado de obrar desde que comenzó el trámite, a pesar de las difíciles
circunstancias familiares y económicas por las que atraviesa.
2.8.2. Presentación
del caso
2.8.2.1 El fallo de
primera instancia denegó el amparo solicitado  argumentando que la actora
formuló reproche contra el fallo de 27 de octubre de 2015 proferido por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, al señalar que este, si
bien, le amparó el derecho fundamental de petición, no ordenó el pago de las
mesadas pensionales y además, decidió no sancionar por desacato a CASUR,
mediante providencia de 18 de diciembre de 2015. El a quo destacó que no
se cumplió con el requisito de inmediatez, porque interpuso la acción de tutela
siete (7) meses después de la emisión de la última decisión de censura.  Al respecto,
el juez de segunda instancia confirmó el fallo anterior en todas sus partes.
2.8.2.2 Al verificar el
contenido y argumentos del fallo de 27 de octubre de 2015 proferido por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, se observa que la pretensión
alegada es la protección del derecho de petición y, en ese sentido, se
desarrolló el estudio del caso y la orden de amparo del derecho.
2.8.2.3 Al revisar con
detenimiento el libelo demandatorio y al desentrañar la pretensión de la actora,
no aparece claramente definido que esta tenga por objeto interponer una acción
de tutela contra providencia judicial, puesto que, solo menciona el fallo del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia en uno o dos párrafos,
destacando que la decisión fue favorable y le amparó su derecho fundamental de
petición. Es así como los hechos que se alega con insistencia son los referidos
al proceder de la Caja de Sueldos de la Policía Nacional, entidad que pese a
las varias solicitudes y peticiones de la actora, con las que aportaba los
documentos requeridos por la entidad, le negaba el reconocimiento de la
sustitución pensional. Por lo que al realizar una interpretación armónica de
los hechos y de las pretensiones del caso que nos asiste, se vislumbran que la
intención de la demandante es que CASUR le reconozca y pague las mesadas
pensionales adeudadas.
2.8.2.4 Ahora
bien, no es objeto de discusión que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional –CASUR, mediante la Resolución No. 2699 del 23 de mayo de 2012, reconoció
a la accionante Claudia Lorena Fuquen Martínez como beneficiaria de la
sustitución de la pensión de su Padre José Isaías Fuquen Garavito[78],
al ser su hija, tener menos de 25 años y estar estudiando.
2.8.2.5 La
accionante informó que CASUR le suspendió el pago de las mesadas pensionales
inmediatamente cumplió la mayoría de edad, el 27 de septiembre de 2014, a pesar
de que para esa fecha aún se encontraba cursando grado 11° en el Colegio Camilo
Torres, institución educativa en donde recibió el grado de bachiller el 4 de
diciembre de 2014[79].
2.8.2.6 Para el
primer semestre del 2015 enfermó al contraer el virus del Chicunguña en los
meses de febrero, marzo y abril, situación que le impidió realizar las
gestiones para sus estudios y, al solicitar la prestación del servicio de salud
que le brindaba la Policía le fue negado, con el argumento de que ya no contaba
con la calidad de beneficiaria de la pensión de su fallecido padre. Por este
motivo, acudió a una consulta médica particular, en donde le expidieron tres (3)
recetas médicas para el tratamiento de la enfermedad.
2.8.2.7 En el
segundo semestre académico del 2015, logró continuar sus estudios en el SENA,
en el programa de formación Tecnología en Gestión Administrativa, por lo que le
solicitó a la Caja de Sueldos de la Policía la reactivación de su mesada
pensional y de las cotizaciones al sistema de salud, aportando el certificado
de grado y aprobación del bachillerato y las fórmulas médicas; sin embargo, no
recibió respuesta alguna, por lo que optó por presentar una acción de tutela.
2.8.2.8 Como se
mencionó, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia profirió fallo
el 27 de octubre de 2015, concediendo el amparo al derecho fundamental de
petición. Así mismo, tramitó incidente de desacato en el que el 18 de diciembre
de 2015 declaró que CASUR no incurrió en desacato. La entidad probó que
mediante oficios había requerido a la actora solicitándole que allegara nuevamente las constancias de
estudio correspondiente al segundo semestre de 2014 y al primer semestre de
2015, en los cuales indicaran con claridad, “la intensidad horaria” y si se
encontraba “asistiendo” regularmente a clase; lo anterior, teniendo en cuenta
que las constancias aportadas, supuestamente “no contenían esta información”,
y que solo señalaban la fecha de inicio y finalización del programa de estudio.
2.8.2.9 En el intento de
atender las exigencias en la redacción y contenido de los certificados de
estudios, la actora le pidió al SENA que le expidiera un nuevo certificado de
estudio en el cual remplazaran el término “realizando” por la palabra
“asistiendo”. Al efecto, esta entidad le informó que las constancias y
certificaciones son generadas y expedidas directamente desde el aplicativo virtual
Sofía plus, el cual genera los certificados con la información de: fecha de
inicio y terminación, horario, días de formación y competencias aprobadas.
2.8.2.10 Para el primer
semestre de 2016 se matriculó en la Escuela de Administración y Mercadotecnia
del Quindío -E.A.M., y cursó primer semestre de Ingeniería de Software,
estudios que ha pagado mediante un crédito educativo que gestionó un antiguo
compañero de trabajo del fallecido padre de la actora, del cual se allegaron
los soportes de pago.
2.8.2.11 Ahora
bien, se reitera que respecto
de los beneficiarios hijos mayores de 18 años y menores de 25, que se
encuentren inhabilitados para trabajar en razón a estar estudiando, la Ley 1574 de 2012 estableció que deberán cumplir con una
dedicación académica mínima de 20 horas semanales en un establecimiento
educativo que esté aprobado por el Ministerio de Educación Nacional y el
artículo 84 Superior dispone que cuando un derecho es reglamentado de manera
general, las autoridades públicas no pueden establecer requisitos adicionales
para su ejercicio.
2.8.2.12 Del
contenido de las pruebas documentales que obran en el expediente de tutela se
encuentra probado que (i) para el segundo semestre del 2014 la actora curso y
aprobó el grado 11 de educación secundaria con la intensidad académica de ley[80];
sin embargo, CASUR le suspendió la pensión sin previo aviso y sin tener en
cuenta la calidad de estudiante de la actora; (ii)  para el primer semestre del
2015 se observan las formulas médicas, la cuales son un claro indicio de que la
actora estuvo enferma de “Chicunguña”, y que la falta de acceso al sistema de
salud es atribuible al problema administrativo del reconocimiento de la
sustitución pensional, puesto que la entidad accionada no le autorizó el pago
de la misma, esto llevó a la suspensión del pago de las cotizaciones de salud;
(iii) en el primer semestre del 2016 el SENA, mediante la aplicación
sistematizada Sofía Plus, expidió unos certificados de estudio en el que se
constata que la actora cursó el programa de Tecnólogía en Gestión Administrativa,
con una dedicación académica de 7 horas diarias, lo cual equivale a 35 horas
semanales[81]; (iv) para el segundo semestre del 2016,
la Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío certificó una
dedicación académica de 20 horas semanales en el programa de Ingeniería de
Software.
2.8.2.13 De lo
expuesto en las consideraciones de esta providencia, se evidencia que la
pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional, tienen el carácter de
derecho fundamental, y son garantías irrenunciables, imprescriptibles  y ciertas,
que tienen como finalidad brindarles a los beneficiarios de las mismas, la
capacidad de satisfacer las necesidades básicas, de tal manera que su derecho
al mínimo vital y a la vida digna se encuentren garantizados.
2.8.2.14 Es
así, que en el caso objeto de estudio se evidencia que la joven estudiante
Claudia Lorena Fuquen Martínez es beneficiaria de la sustitución pensional de
su progenitor desde 2012, al haber cumplido con los presupuestos indicados en
la ley.
2.8.2.15 La Sala observa
en este caso, que CASUR le impuso a la actora unos requisitos adicionales a los
requeridos por la Ley 1574 de 2012, al no haber examinado integralmente los certificados y
contabilizado las horas de dedicación al estudio, sino que de forma repetida
los estimó incompletos por falta de requisitos, exigiéndole a la actora cambiar
el tipo de redacción en la documentación, cuando la misma está sujeta a unos
parámetros estandar establecidos previamente por la entidad educativa, a través
de un sistema informático. Además, luego de examinar las pruebas documentales
se evidencia que las exigencias de CASUR no son necesarias para resolverle la
solicitud de la accionante.
2.8.2.16 Por lo tanto, la
negativa de CASUR es desproporcionada, desde el punto de vista constitucional,
puesto que le impuso a la actora una carga excesiva y no tuvo en cuenta sus
circunstancias de debilidad manifiesta, afectando los derechos a la seguridad social
de la actora y poniendo en riesgo su plan de vida, por cuanto al abstraerse de
pagarle las mesadas pensionales la joven estudiante ha visto comprometido su
futuro profesional y su única fuente de subsistencia, afectando su derecho al
mínimo vital y a tener una vida en condiciones dignas. Así mismo, al no
realizar el pago de la mesada pensional se suspendió el aporte a las
cotizaciones en salud, dejando a la accionante sin acceso a este servicio, lo
que implica la vulneración al derecho fundamental a la salud.
2.8.2.17 En
consecuencia, teniendo en cuenta que del análisis que se hace del caso concreto
se concluye, sin lugar a dudas, que la accionante tenía la calidad de
estudiante, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) deberá
pagar las mesadas causadas, desde el momento en que fue suspendido el pago, sin
hacer una nueva verificación de los requisitos, lo cual se hará únicamente
respecto de las mesadas futuras. De igual manera, se ordenará el pago de todos
los aportes a seguridad social en salud.
2.9
Conclusión y solución del caso concreto, expediente T-5899010
2.9.1 Estudio de la procedencia de la acción de tutela
2.9.1.1 En este caso la
acción de tutela es procedente, por cuanto, el accionante, que en sentencia del
9 de noviembre de 1998, proferida por el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia,[82] fue declarado interdicto, quien
actúa a través de su curadora legítima, Luz Carime Pérez Acosta, según el fallo
citado, en razón de su inmadurez sicológica y “retardo mental,” pues es una
persona que se encuentra en un estado de invalidez, ya que padece de una enfermedad
congénita incurable, tal y como lo hacen saber sus médicos tratantes en el
transcurso de su historia clínica, por lo cual se hace imprescindible que el
agenciamiento de sus derechos se haga por interpuesta persona, en este caso
quien legalmente lo representa e imperativa la intervención del juez
constitucional para otorgar una protección reforzada a un sujeto en condición
de vulnerabilidad.
2.9.1.2 Además, de ser una
persona en situación de discapacidad, el único ingreso del actor es el
suministrado por su hermana curadora legítima con quien vive, representado en
la sustitución pensional de la que fue inicialmente declarado como beneficiario,
en su calidad de hijo supérstite al momento del fallecimiento de su padre.
2.9.1.3 Estos hechos, a
juicio de la Corte, resultan relevantes para considerar que la tutela es el
único medio de defensa idóneo para la protección de los derechos fundamentales
del señor Jorge Alberto Pérez Acosta, dada su condición de sujeto de especial
protección constitucional y su nula capacidad económica.
2.9.1.4 En efecto, el
acceso a la administración de justicia de personas que se encuentran en
condición de discapacidad, presenta obstáculos mayores y a veces insuperables,
por las limitaciones de salud que les imponen las diversas enfermedades que
sufren y porque los trámites procesales en otras jurisdicciones diferentes a la
constitucional, son onerosos, más aún para personas que como el accionante no
tienen satisfecho su mínimo vital[83].
2.9.1.5 La tutela cumple
con el requisito de inmediatez,  puesto que mediante oficio del 17 de enero de
2016, la Coordinación de Gestión de Pensiones de Ecopetrol S.A., le comunicó a
Luz Carime Pérez Acosta en su calidad de curadora de Jorge Alberto Pérez
Acosta, la extinción de la pensión, señalando que este no cumple con los
requisitos para la sustitución pensional del señor Cristóbal Pérez  y el 5 de julio
de 2016 se radicó la acción de tutela que es objeto de análisis; es decir, que
el término transcurrido entre el hecho generador de la controversia y la
presentación de la acción es razonable y de suyo evidencia que la trasgresión
era actual en el momento en que se hizo uso del mecanismo constitucional para
el amparo de los derechos.
2.9.1.6 Así las cosas, no
es de recibo la posición de los jueces de la causa al sostener que al
peticionario le corresponde acudir a un proceso ordinario laboral porque no
allegó en ese momento todas las pruebas documentales requeridas, pues tal
conclusión desconoce la situación de vulnerabilidad del actor debidamente
acreditada en el expediente.
2.9.1.7 Además el caso que
se estudia en este fallo es una controversia que pone en tensión la fecha de
estructuración establecida en un dictamen de pérdida de capacidad laboral que,
por razón de una enfermedad congénita, crónica y degenerativa, fijó como fecha
de estructuración un momento en que se le desarrolló algunas de las múltiples
afecciones de salud que padece el actor desde su primera infancia.
2.9.1.8 Con base en las
razones expuestas, la Sala considera que la acción de tutela objeto de revisión
es procedente, y pasa a estudiar el asunto de fondo.
2.9.2 Presentación del caso
2.9.2.1 Tal y como se
expuso en precedencia, lo que prescribe la jurisprudencia constitucional es que
existen eventos en que el dictamen emitido por la junta de calificación se
aparta de la realidad, razón por la que el juez de tutela, con fundamento en
los elementos probatorios del asunto, debe evaluar si es determinable la fecha
material o real de configuración de la invalidez, para consecuentemente
determinar la procedencia del reconocimiento del derecho pensional.
2.9.2.2 En la práctica, es
frecuente que los órganos
encargados de determinar la pérdida de capacidad laboral establezcan como
momento de estructuración aquel en que aparece el primer síntoma de la
enfermedad (o el que se señala en la historia clínica como el instante en que
se diagnosticó la patología). Ello se da, cuando evalúan la integralidad de la
historia clínica del paciente.
2.9.2.3 Ahora bien, se
encuentra probado en el expediente que al señor Cristóbal Pérez le fue
reconocida una pensión de jubilación por parte de la Empresa Colombiana de
Petróleos – Ecopetrol S.A., a partir del 17 de Noviembre de 1975, y que el
pensionado falleció en Barrancabermeja el día 27 de abril de 1976.
2.9.2.4 La pensión le fue
sustituida a la señora María Isabel Acosta Pérez, en su calidad de cónyuge
sobreviviente, y en representación de los hijos del fallecido Francisca Isabel,
Maritza, Jorge Alberto, Cenia
y Luz Carine, con fundamento en la Ley 33 de 1979 y en el Decreto 690 de 1974,
que señala que fallecido un trabajador pensionado, su viuda podrá reclamar la
respectiva pensión en forma vitalicia. Los hijos menores del causante o
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o por invalidez, que
dependan económicamente de él, tienen derecho a recibir la pensión en
concurrencia con la cónyuge supérstite, hasta cumplir la mayoría de edad, o al
cesar la invalidez.
2.9.2.5 Por lo tanto, no
es objeto de discusión la calidad de Jorge Alberto Pérez, como beneficiario del
derecho pensional e hijo supérstite del causante Cristóbal Pérez, a quien ya le
habían reconocido la sustitución pensional.
2.9.2.6 Luego, en el año
1997 al fallecer la Madre, María Isabel Acosta quien lo representaba, fue
iniciado proceso de interdicción ante el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia
de Bucaramanga, en el que se profirió sentencia que declaró a Jorge Alberto
Pérez Acosta como legalmente incapaz para administrar y disponer de sus bienes,
en razón a la inmadurez sicológica y el retardo mental que padece, por lo que
le fue designada como curadora legitima su hermana Luz Carime Pérez Acosta. Con
base en la mencionada sentencia se surtió en Ecopetrol S.A. el trámite para la
continuidad de la sustitución pensional, con los respectivos servicios de salud
integral a favor de Jorge Alberto.
2.9.2.7 En las pruebas
allegadas al expediente se vislumbra que Jorge Alberto Pérez Acosta padece de
deficiencia mental (oligofrenia congénita) desde los 8 años, edad en la que
mentalmente asimilaba como un niño de 5 años. El médico tratante, el 27 de enero de 1967, certificó que infortunadamente la
enfermedad que padece, desde ese momento, es incurable, por el grado del compromiso encefálico, retardo, mezcla de origen genético y ante
todo de alteración orgánica encefálica producida por el sarampión y la tos
ferina, sufridas a los 6 meses de edad, enfermedades de origen común.
2.9.2.8 En lo atinente encuentra la Sala que conforme a la
historia clínica del accionante, los padecimientos que dieron lugar a la
determinación del porcentaje de su pérdida de capacidad laboral, datan de mucho
antes de la fecha de fallecimiento del causante, situación que no era
desconocida por Ecopetrol S.A., ya que en el certificado de calificación adujo
haber tenido en cuenta los antecedentes médicos, en los que se refería, entre
otros, que desde niño ha presentado episodios convulsivos, trastornos del
sueño, retardo mental y los diagnósticos producto del daño severo generados con
el transcurso del tiempo, como el glaucoma terminal de ambos ojos, invidente,
artrosis de cadera, trastorno de conducta agresiva, diabetes mellitus,
coxartrosis bilateral, entre otros.
2.9.2.9 El 12 de diciembre
de 2014 se profirió el Dictamen N° PSM-BCA-264-2015 del Comité Interdisciplinario
de Ecopetrol, que revisó el Dictamen Nº IMM-BCA-192-2011, con diagnósticos síndrome
epiléptico focal, retardo mental leve, trastorno de la conducta agresiva,
invidente (glaucoma terminal ambos ojos) y artrosis de cadera, calificado según
el Decreto 917/99, con pérdida de la capacidad laboral en un 75.78% con fecha
de estructuración de 27 de septiembre de 2001. En este dictamen el equipo
calificador, determinó que por ser un caso de invalidez importante, con
dependencia marcada del entorno familiar, se debe continuar brindando el apoyo
institucional para el beneficiario Jorge Alberto Pérez Acosta en cuanto a los
planes de salud multidisciplinarios, así como el espectro educacional hasta
ahora facilitado al paciente.
2.9.2.10 Sin embargo, el 5
de enero de 2016, la Coordinación Gestión de Pensiones de Ecopetrol, notificó a
la curadora y hermana del actor, Luz Carime Pérez Acosta sobre la extinción de
la sustitución de la pensión con fundamento en el artículo 6° del Decreto 1160
de 1989, aplicable al régimen exceptuado en pensiones a cargo de Ecopetrol
S.A., señalando que (i) para poder modificar el reconocimiento de la prestación
económica y sustentar la continuidad de los pagos, basados en un estado de
invalidez, se debía acreditar mediante un dictamen de pérdida de la capacidad
laboral, la dependencia económica por invalidez configurada antes o al momento
de la muerte del trabajador jubilado; (ii) que el reconocimiento de la
sustitución pensional se mantendrá mientras subsista la condición de invalidez,
por lo que Ecopetrol, como entidad administradora de pensiones, está facultada
para solicitar la revisión de la pérdida de la capacidad laboral o invalidez
del beneficiario y determinar si le asiste aún la continuidad del derecho a la
sustitución pensional; (iii) y que luego del Dictamen PSM-BCA-264-2015 de
diciembre de 2015, emitido por el Comité Interdisciplinario Evaluador de
Ecopetrol, se determinó que la fecha de estructuración de la invalidez de Jorge
Alberto Pérez Acosta es el 27 de septiembre de 2001, por lo que consideran que
no se acreditó los requisitos para continuar recibiendo la sustitución
pensional, porque la fecha de estructuración de su invalidez es posterior a la
fecha del deceso del pensionado Cristóbal Pérez, el cual ocurrió el 27 de abril
de 1976.
2.9.2.11 Seguidamente, en
el Dictamen PSM-BCA-264-2016 del 9 de diciembre de 2015, proferido por el
Comité Interdisciplinario Evaluador del Departamento de Salud del Magdalena
Medio de Ecopetrol S.A., se determinó que el paciente padece glaucoma terminal
de ojo izquierdo, glaucoma crónico de ángulo abierto en el ojo derecho,
epilepsia generalizada tónica clónica, coeficiente intelectual total de 50, lo
cual lo ubica en retardo mental moderado, que lo incapacita en la actualidad
para ejercer labores remunerativas por invalidez mayor del 66%, con fecha de
estructuración de 26 de enero de 1998. La Junta Regional de Calificación de
Invalidez del Magdalena Medio, al desatar recurso de apelación contra el
dictamen anterior profirió el Nº 13888681-1025 de 18 de mayo de 2016, confirmó
que la fecha de estructuración de la invalidez, es el 26 de enero de 1998.
2.9.2.12 Sin embargo, la
Sala evidencia que esta fecha, a pesar de lo que señala el dictamen, no
representaría el momento en que el accionante perdió su capacidad laboral en
forma permanente y definitiva, como exige el Decreto 917 de 1999.
2.9.2.13 Por el contrario,
en el expediente obra la historia clínica completa, en la que se evidencia con
claridad que la enfermedad que padece Jorge Alberto Pérez Acosta es congénita,
crónica y degenerativa. Por
tal razón, la fecha de la pérdida de capacidad es diferente a la fecha de
estructuración indicada en los dictámenes de calificación de pérdida de
capacidad laboral.
2.9.2.14 Luego, atendiendo lo decantado por la jurisprudencia
constitucional, la fecha establecida por los organismos calificadores de la invalidez
es ficta y el juez puede desvirtuarla a favor del beneficiario, en casos
especiales, como el que ocupa la atención de la Sala, en el cual, el acervo
probatorio denota con suficiencia la condición especial de Jorge Alberto Pérez Acosta, quien sufre desde su primera
infancia una enfermedad congénita, crónica y degenerativa, respecto de la cual
la imprecisión en la fecha de estructuración de su pérdida de capacidad
laboral, afecta su derecho a la sustitución pensional.
2.9.2.15 Es así como la valoración integral de
las pruebas allegadas al expediente obliga a la Sala a concluir que la fecha de
estructuración de la invalidez es aquella en la que se presentó el primer
síntoma de la enfermedad, o que señala la historia clínica como de diagnóstico
de la enfermedad, es decir, el
27 de enero de
1967, fecha que se tomará como
de consolidación de la invalidez, en virtud, de las consideraciones expuestas
al referir el precedente constitucional sobre la materia, y dadas las
especiales condiciones de salud del peticionario, quien posee una enfermedad
severa e incurable de origen común.
2.9.2.16 En consecuencia,
la Sala encontró acreditado con base en el acervo probatorio, que el accionante
si cumplió con los requisitos para continuar recibiendo la sustitución
pensional.
2.9.2.17 Por lo tanto, la
Sala concluye que la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales de
Jorge Alberto Pérez Acosta, al negar el reconocimiento a la continuidad de su
derecho a la sustitución de la pensión de su fallecido padre, de quien siempre
dependió económicamente, dada la gravedad de la enfermedad que desde niño
padece y que siempre fue tratada por los servicios de medicina especializada de
Ecopetrol y que con el transcurso de los años se ha venido agravando y conforme
a los diagnósticos médicos hoy por hoy el actor ha perdido en mayor medida la
funcionalidad de los más importantes órganos del cuerpo, como la visión y la
movilidad de los huesos de cadera y rodillas, por lo que es claro su alto grado
de invalidez, tanto es así que el mismo Comité Interdisciplinario de Ecopetrol
advirtió en el Dictamen N° PSM-BCA-264-2015 que por ser un caso de invalidez
importante con dependencia marcada del entorno familiar, se debía continuar
brindando el apoyo institucional en cuanto a los planes de salud
multidisciplinarios, así como el espectro educacional hasta ahora facilitado al
paciente.
2.9.2.18 Por consiguiente,
se revocará la sentencia de 13 de Septiembre de 2016 proferida por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que
confirmó la sentencia de 18 de julio de 2016, dictada por el Juzgado Único Laboral del Circuito de
Barrancabermeja que denegó el amparo.
2.9.2.19 En consecuencia,
al encontrar probado que el actor cumple con los requisitos para obtener la
sustitución pensional, esta Sala ordenará a la Administradora de Pensiones de
Ecopetrol S.A., el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales adeudadas,
desde el momento en que se suspendió el pago de las mismas al demandante Jorge
Alberto Pérez Acosta, a través de su curadora legítima y hermana Luz Carime
Pérez Acosta y la reactivación inmediata de los servicios de salud integral al
actor, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta sentencia.
2.9.2.20 Finalmente, la
Sala ordenará que se remita copia de la sentencia al Juzgado Tercero Promiscuo
de Familia de Barrancabermeja, que tramitó el proceso de interdicción judicial
de Jorge Alberto Pérez Acosta.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- Revocar la sentencia proferida el 13 de Septiembre de 2016, por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en segunda instancia, en tanto
confirmó la
sentencia de primera instancia, dictada el 18 de julio de 2016 por el Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja, que negó la tutela y, en su
lugar, conceder la tutela de los derechos fundamentales a la seguridad
social y a la vida digna de Jorge
Alberto Pérez Acosta,
como mecanismo de amparo principal. (Expediente- T-5899010)
SEGUNDO.-
Ordenar a la
Administradora de Pensiones de Ecopetrol S.A., que dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la comunicación de esta sentencia, reconozca y
pague las mesadas pensionales que  adeuda  a Jorge Alberto Pérez Acosta, por sustitución pensional, desde el 5 de
enero de 2016, fecha en la que Ecopetrol informó de la supuesta extinción del
derecho pensional y ordenar la reactivación inmediata del pago de los aportes
en salud, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.9.2.19 de la parte motiva
de esta sentencia.
TERCERO.-
Remitir copia
de esta sentencia al Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio, para que sea
incorporada al expediente de interdicción judicial de Jorge Alberto Pérez Acosta.
CUARTO.-
Revocar la providencia de la Sala Civil
de la Corte Suprema de Justicia,
del 20 de octubre de 2016, que a su vez, confirmó la providencia del 25 de
agosto de 2016, proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y en su lugar, conceder la
tutela de los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la salud
y a la seguridad social de Claudia Lorena Fuquen Martínez. (Expediente T-5888660)
QUINTO.- Ordenar a la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional (CASUR), que en el término de cinco (5) días hábiles, a
partir de la notificación de esta sentencia, pague a Claudia Lorena Fuquen
Martínez las mesadas adeudadas junto con los intereses causados y proceda a
realizar el pago de los aportes a salud, hasta tanto cumpla los 25 años de
edad, en las condiciones expuestas en el numeral 2.8.2.17 de la parte
resolutiva de esta sentencia.
CUARTO.- Por Secretaría General, líbrese la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta
de la Corte Constitucional y cúmplase.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado (e.)
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e.)
[1] Este
expediente está compuesto por cuatro (4) cuadernos de 25, 134, 41 y 54 folios,
respectivamente.
[2]
Folios 77-84 del cuaderno 1 de tutela.
[3]
Folios 107-120 del cuaderno 1 de tutela.
[4] Folios 73-75 y 100-105 del cuaderno 1 de tutela.
[5] Folios 24-25, 121-122, 128-129 del cuaderno 2 de
tutela y 95-96 del cuaderno 3 de tutela.
[6] Folios 10-11 del cuaderno 1 de tutela.
[7] Folios 12-13 del cuaderno 1 de tutela.
[8] Folios 14-19 del cuaderno 1 de tutela.
[9] Folio 20 del cuaderno 1 de tutela.
[10]
Folio 24 del cuaderno 1 de tutela.
[11] Folios 21-23
del cuaderno 1 de tutela.
[12]
Folio 25 del cuaderno 1 de tutela.
[13]
Folio 26 del cuaderno 1 de tutela.
[14]
Folio 27 del cuaderno 1 de tutela.
[15]
Folios 28-30 del cuaderno 1 de tutela.
[16]
Folio 31 del cuaderno 1 de tutela.
[17]
Folios 32-33 del cuaderno 1 de tutela.
[18]
Folio 34-50 del cuaderno 1 de tutela.
[19]
Folio 52 del cuaderno 1 de tutela.
[20]
Folio 53 del cuaderno 1 de tutela.
[21]
Folio 74 del cuaderno 1 de tutela.
[22]
Folio 75 del cuaderno 1 de tutela.
[23]
Folios 77-84 del cuaderno 1 de tutela.
[24]
Folio 85-99 del cuaderno 1 de tutela.
[25] Folios 32-35
del cuaderno 2 de tutela.
[26] Este expediente está compuesto por cinco (5) cuadernos de
20,125, 72, 226 y 243 folios, respectivamente.
[27] Folios 57-74 y
76-82 del cuaderno 1 de tutela.
[28]
Folio 77 del cuaderno 1 de tutela.
[29]
Folio 14 del cuaderno 1 de tutela.
[30]
Folio 16-24 y 59-63 del cuaderno 1 de tutela.
[31]
Folio 25-30 del cuaderno 1 de tutela.
[32]
Folio 31 del cuaderno 1 de tutela.
[33]
Folios 42-43 del cuaderno 1 de tutela.
[34]
Folio 49-50 del cuaderno 1 de tutela.
[35]
Folio 33 del cuaderno 1 de tutela.
[36]
Folios 34-37 y  del cuaderno 1 de tutela.
[37]
Folio 32 del cuaderno 1 de tutela.
[38]
Folio 39 del cuaderno 1 de tutela.
[39]
Folio 38 del cuaderno 1 de tutela.
[40]
Folio 83-91 del cuaderno 1 de tutela.
[41] Folios 117-120
del cuaderno 1 de tutela.
[42]
Folio 233 del cuaderno 3 de la historia clínica.
[43]
Folios 218-220 del cuaderno 3 de la historia clínica.
[44] Magistrado
Ponente Rodrigo Escobar Gil.
[45] Sentencia
C-002 de 1999.
[46] En
sentencia C-617 de 2001, la Corte indicó que el numeral 1° del Artículo 46 de
la Ley 100 de 1993, con su respectiva modificación, regula la situación que se
presenta ante la muerte del pensionado por vejez o invalidez, hipótesis en la
cual tiene lugar la subrogación de los miembros del grupo familiar en el pago
de la prestación que venía recibiendo su titular, y no la generación de una
prestación nueva o diferente. Dijo que es lo que se denominado en sentido
estricto, sustitución pensional.
[47] El
artículo 13 de la Ley 797 de 2003 indica: “Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En
forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante,
tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se
cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco
(5) años continuos con anterioridad a su muerte;
b) En
forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga
menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión
temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima
de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para
obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el
causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o
compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a
percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente
artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco
años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o
compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de
sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y
se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la
compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente
al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante
siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge
con la cual existe la sociedad conyugal vigente;
c)
Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten
debidamente su condición de estudiantes y, los hijos inválidos si dependían
económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales,
mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay
invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de
1993;
d) A
falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este.
e) A
falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho,
serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían
económicamente de éste”.
[48] Sentencia
T-593 de 2007, T-701 de 2008 y T-396 de 2009, entre otras.
[49] Magistrado
Humberto Sierra Porto.
[50] Sentencia
T-971 de 2005, reiterada en las sentencias T-692 de 2006, T-129 de 2007 y T-396
de 2009.
[51] Sentencia
T-335 de 2007.
[52] Sentencia
T-820 de 2009.
[53] Magistrado
Manuel José Cepeda Espinosa.
[54] Magistrado
Rodrigo Escobar Gil.
[55] Magistrado
Ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
[56]
T-043-14
[57]
Ley 100 de 1993, artículo 41 Calificación del estado de invalidez. (Artículo
modificado por el artículo 142 del Decreto 19 de 2012). (…) Corresponde
al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones
-COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, a las
Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las
Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la
pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de
estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la
calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días
siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de
Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días
siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación
de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas
decisiones proceden las acciones legales. (…)
[58]
Corte Constitucional. T-043-14.
[59]
Artículo 39 de la ley 100 de 1993, y Decreto 917 de 1999. En la
sentencia T-163 de 2011, M.P. María Victoria Calle, se estableció: (i) En los
casos que se enmarcan dentro del presupuesto señalado, la fecha de
estructuración no responde a este criterio; por el contrario, se establece en
un momento en que los síntomas de la enfermedad -crónica, degenerativa o
congénita- se hacen notorios, pero no son definitivos. (ii) El artículo 3 del Decreto 917 de
1999 (Por el cual se modifica el Decreto 692 de 1995 -por el cual se
adopta el Manual Único para la Calificación de la Invalidez.-) define la fecha de
estructuración de la invalidez como “la fecha en que se genera en el
individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva.
Para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia
clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o
corresponder a la fecha de calificación. En todo caso, mientras dicha persona
reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las
prestaciones derivadas de la invalidez”.
[60]
Sentencia
T-163 de 2011, M.P. María Victoria Calle.
[61]
Ver las Sentencias T-699A de 2007
M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-710 de 2009 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-163 de
2011, M.P. María Victoria Calle Correa.
[62]
En la sentencia T-699A de 2007.
[63]
En esta misma línea, en un caso de similares condiciones fácticas, en la
sentencia T-710 de 2009,[13] la Sala Primera de Revisión sostuvo que “(…) a
pesar del carácter progresivo y degenerativo de la enfermedad que padece el
señor (…), se advierte que éste pudo conservar sus capacidades funcionales y
continuó trabajando y aportando al sistema de seguridad social por dos años y
cuatro meses después de la fecha señalada como de estructuración de la
invalidez, bajo la vigencia de la Ley 860 de 2003.
[64]
La Corte Constitucional en la sentencia T-885 de 2011, al estudiar nuevamente
un caso de una persona con VIH-Sida, reiteró la regla constitucional sentada en
la sentencia T-163 de 2011.
[65]
Sentencia T-308 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[66]
Al respecto, puede consultarse la Sentencia T-124 de 2012.
[67]
Por el cual se reorganiza la carrera de oficiales y suboficiales de la Policía
Nacional.
[68]
Por el cual se reforma el estatuto del personal de agentes de la Policía
Nacional.
[69]
Por medio del cual se reforma el régimen pensional propio de las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional.
[70]Mediante
la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el
Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de
retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido
en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.
[71]
Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de
los miembros de la Fuerza Pública.
[72] Sentencia de la Sección
Segunda, radicación número:
11001-03-25-000-2005-00157-01(7426-05)
[73]
Ley 1437 de 2011.
[74]
De acuerdo con la cláusula general de competencia prevista en los numerales 1º
y 2º del artículo 150 de la Constitución Política, le corresponde al Legislador
regular, entre otros aspectos, los procedimientos judiciales y administrativos.
En virtud de la potestad de configuración con la que cuenta el legislador, este
puede regular y definir entre los múltiples aspectos de su competencia, algunos
de los siguientes elementos procesales: “(i) el establecimiento de los recursos
y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que
profieren las autoridades, -esto es, los recursos de reposición, apelación, u
otros -, así como los requisitos y las condiciones de procedencia de los
mismos. || (ii) Las etapas procesales y los términos y formalidades que se deben
cumplir en cada uno de los procesos. || (iii) La radicación de competencias en
una determinada autoridad judicial, siempre y cuando el constituyente no se
haya ocupado de asignarla de manera explícita en la Carta. || (iv) Los medios
de prueba y (v) los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes,
del  juez y aún de los terceros intervinientes”. Ver la sentencia C- 183 de
2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). En ejercicio de lo anterior, se
profirió la Ley 1437 de 2011, que establece de manera general las pautas del
procedimiento administrativo. De conformidad con el artículo 40 de la citada
normativa, “[…] durante la actuación administrativa y hasta antes de que se
profiera la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de
oficio o a petición del interesado sin requisitos especiales” y  “serán
admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento
Civil”. El artículo 165 del Código General del Proceso dispone que son medios
de prueba: la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio
de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los
indicios, los informes y cualquier otro medio que sea útil para la formación
del convencimiento del juez. Por su parte, el artículo 176 de la misma
normativa reseña que las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, y sin perjuicio de las solemnidades
prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
En conclusión, el ordenamiento jurídico colombiano excluye el sistema de tarifa
legal y adopta los principios de libertad probatoria y apreciación de la prueba
según las reglas de la sana crítica. Estos principios “aseguran la prevalencia
del derecho sustancial sobre el formal, porque permiten que se realice una
valoración crítica en la que se dé prevalencia a la verdad sobre las
apariencias, y aseguran que las partes dispongan de una amplia libertad para
que en las decisiones impere la justicia material”. Ver sentencia T-373 de 2015
(M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[75]
Sentencia T-777 de 2015.
[76]
En la sentencia T-373 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), la Sala
Quinta de Revisión estimó que un fondo de pensiones
vulnera el principio de libertad probatoria, como un elemento del derecho
fundamental al debido proceso, cuando le exige a una persona interdicto por
discapacidad mental absoluta, presentar un certificado expedido por una junta
regional de calificación de invalidez como único medio de prueba para demostrar
la pérdida de capacidad requerida para ser beneficiario de la sustitución
pensional, aun cuando el accionante había aportado otros elementos de juicio
conducentes y pertinentes para demostrar tal hecho. No obstante lo anterior, la
entidad omitió contradecirlos y optó por descartarlos en contravía directa de
las garantías que rigen el procedimiento administrativo.
[77]
Folio 53 del cuaderno 1 de tutela.
[78] Folio 10-11 del cuaderno
1 de tutela.
[79]
Folio 26 del cuaderno 1 de tutela.
[80]
Folios 25-26 del cuaderno 1 de tutela.
[81]
Folios 29-30 del cuaderno 1 de tutela.
[82]
Ver folios 16-24 del cuaderno de tutela remitido por el Juzgado Único Laboral
del Circuito de Barrancabermeja.
[83]
Corte Constitucional T-308-16.