C-145-20
Sentencia C-145/20
ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y
ECOLOGICA DERIVADO DE LA PANDEMIA POR COVID-19-Juicio de
constitucionalidad
CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO
LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Exequibilidad
DECRETO LEGISLATIVO DE ESTADO DE
EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Competencia de la Corte
Constitucional
La Corte Constitucional es competente para
pronunciarse sobre el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, “por el cual se
declara un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el
territorio nacional”, en virtud de lo previsto en los artículos 215 parágrafo y
241 numeral 7º de la Constitución. Desde la primera decisión sobre una
declaración de estado de excepción, sentencia C-004 de 1992, esta Corporación
ha construido una sólida línea jurisprudencial en orden a afirmar su
competencia no solo sobre los decretos de desarrollo, sino también del decreto
matriz.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO
DECLARATORIO DE ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL-Competencia de la Corte aun
cuando el término de duración del estado de excepción haya expirado
DECRETOS EXPEDIDOS DURANTE ESTADOS DE EXCEPCION-Criterios y
parámetros de control constitucional
El control de constitucionalidad que ha efectuado la
Corte es riguroso como lo enseña su jurisprudencia. El mismo se vale de la
propia Constitución Política, de los tratados internacionales de derechos
humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad (art. 93
constitucional) y de la Ley 137 de 1994 (estatutaria de los estados de
excepción-LEEE-). De la alteración excepcional de las competencias legislativas
surge por consecuencia imperativa que el control constitucional de la
declaración del estado de excepción y sus decretos de desarrollo tengan carácter
i) jurisdiccional, ii) automático, iii) integral, iv) participativo, v)
definitivo y vi) estricto, sin perjuicio del control político del Congreso de
la República.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE DECRETOS DE ESTADOS
DE EXCEPCION-Exigencia
de un control rigurosamente estricto
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO
DECLARATORIO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Elementos que
deben verificarse
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO
DECLARATORIO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Presupuestos
formales y materiales
En virtud del artículo 215 de la Constitución y de
la Ley 137 de 1994 (Ley Estatutaria de los Estados de Excepción -LEEE), la
Corte ha determinado que la declaración del estado de emergencia debe cumplir
unos requisitos formales y materiales, (…)
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ESTADO DE
EMERGENCIA-Juicio
formal
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ESTADO DE
EMERGENCIA-Juicio
material
(…) la Corte ha señalado que al realizar el control material
de una declaratoria de emergencia económica, social y ecológica por grave
calamidad pública se debe verificar que: i) se inscriba dentro de su
definición, es decir “aquella situación catastrófica que se deriva de causas
naturales o técnicas, y que produce una alteración grave e intempestiva de las
condiciones sociales, económicas y ecológicas de una región o de todo el país,
o, como aquella desgracia o infortunio que afecte intempestivamente a la
sociedad o a un sector importante de ella y que perturbe o amenace perturbar de
manera grave, inminente (…) el orden económico, social o ecológico”. Así mismo,
atendiendo dicho concepto el evento catastrófico ii) debe ser no solo grave
sino imprevisto; iii) que no sea ocasionado por una guerra exterior o conmoción
interior y, iv) que las facultades ordinarias resulten insuficientes para su
atención.
PRESUPUESTO FACTICO EN DECRETO DE ESTADO DE
EMERGENCIA-Contenido
La declaración del estado de emergencia debe
responder a hechos sobrevinientes y extraordinarios distintos de los previstos
en los artículos 212 y 213, que perturben o amenacen el orden económico, social
y ecológico o que constituyan grave calamidad pública.
PRESUPUESTO FACTICO EN DECRETO DE ESTADO DE
EMERGENCIA-Juicio
de realidad de los hechos invocados
Está dado en determinar que los hechos que se aducen
dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia efectivamente hayan
existido, esto es, que se generaron en el mundo de los fenómenos reales cuya
acreditación puede resultar compleja. Se trata de un examen eminentemente
objetivo consistente en una verificación positiva de los hechos y de la
existencia de la perturbación o amenaza del orden.
PRESUPUESTO FACTICO EN DECRETO DE ESTADO DE
EMERGENCIA-Juicio
de identidad de los hechos invocados
Está dado en constatar que los hechos como sustento
de la declaratoria del estado de emergencia efectivamente correspondan a
aquellos pertenecientes a esta modalidad de estados de excepción. Se verifica
por vía negativa, es decir, que los hechos no correspondan a aquellos que
darían lugar a la declaración del estado de guerra exterior o de conmoción
interior. Además, en eventos en que resulte complejo determinar la naturaleza
de los hechos que generan la declaratoria del estado de excepción, como es el caso
de los estados de conmoción interior y de emergencia dada la estrecha relación
que tiene el orden público y el orden económico y social, se debe partir de
reconocer al Presidente de la República un margen suficiente de apreciación
para realizar la evaluación de la figura que  mejor se ajuste a la situación
presentada, atendiendo que es él, el responsable directo del mantenimiento y
restablecimiento del orden público.
PRESUPUESTO FACTICO EN DECRETO DE ESTADO DE
EMERGENCIA-Juicio
de sobreviniencia de los hechos invocados
Los hechos deben tener un carácter sobreviniente
como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte, lo cual se contrapone a
situaciones ordinarias, crónicas o estructurales, de ocurrencia común y
previsible en la vida de la sociedad. Además, solo pueden ser utilizadas cuando
“circunstancias extraordinarias” hagan imposible el mantenimiento de la
normalidad institucional a través de los poderes ordinarios del Estado. Por tal
razón, este juicio tiene también un elemento objetivo al suponer verificar si
estos sí resultan imprevistos y anormales.
PRESUPUESTO VALORATIVO EN DECRETO DE ESTADO DE
EMERGENCIA-Contenido
(…) el presupuesto valorativo no refiere al supuesto
de hecho que motiva la declaración del estado de emergencia, sino que comprende
un juicio de valor sobre el presupuesto fáctico relacionado con la intensidad
de la perturbación o amenaza, esto es, sobre sus impactos y consecuencias en la
sociedad en términos económicos, sociales y ecológicos o de grave calamidad
pública.
PRESUPUESTO DE SUFICIENCIA EN DECRETO DE ESTADO DE
EMERGENCIA-Contenido
Ello es expresión del principio de subsidiariedad,
conforme al cual para acudir al estado de emergencia, el ejecutivo se debe
encontrar ante la imposibilidad o insuperable insuficiencia de los mecanismos e
instituciones que le confiere la normatividad para tiempos de normalidad. En
esta senda, la Corte ha señalado que a través del tiempo el Estado acumula
experiencias para forjar un conjunto de mecanismos que si bien no satisfacen todas
las contingencias que pudieran presentarse, sí propenden por garantizar una
mayor capacidad de respuesta institucional en situaciones de normalidad, para
de esta manera impedir que el país quede a merced de los sucesos y sin
posibilidad de canalizar sus efectos.  Con ello se busca que la legislación de
emergencia sea cada vez más excepcional.
DECRETO LEGISLATIVO EN EL MARCO DE ESTADO DE
EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Prohibiciones
(…) durante la declaración de los estados de
excepción existen unas prohibiciones generales que deben observarse, como son:
i) la prohibición de suspensión de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, por lo que las restricciones que procedan sobre algunos de
ellos,  deben cumplir los requerimientos esenciales previstos en la Carta
Política, los tratados internacionales de derechos humanos que integran el
bloque de constitucionalidad y la Ley 137 de 1994 -LEEE-; ii) el principio de
intangibilidad de ciertos derechos; iii) la prohibición de desmejorar los derechos
sociales de los trabajadores; iv) la no interrupción del normal funcionamiento
de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado y la no supresión
ni modificación de los organismos ni las funciones básicas de acusación y
juzgamiento; v) los principios de finalidad, necesidad, proporcionalidad,
legalidad y no discriminación; entre otros.
ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA
DERIVADO DE LA PANDEMIA POR COVID-19-Alcance
Bajo este contexto, el Presidente de la República
junto con sus ministros, ejerció, a juicio de la Corte, de manera apropiada sus
facultades constitucionales y dentro del margen razonable de análisis que
establece la Constitución. La grave situación de calamidad pública sanitaria,
su crecimiento exponencial, los altos índices de mortalidad y los efectos
perjudiciales sobre el orden económico y social, involucran afectaciones o
amenazas intensas sobre los derechos constitucionales de los habitantes del
territorio nacional, a saber, la salud, vida, seguridad, libertad de
locomoción, derechos de población vulnerable y enfoque diferencial, trabajo,
subsistencia digna, mínimo vital, seguridad alimentaria, libre empresa, etc.,
así como repercusiones graves sobre las finanzas del Estado.
ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA
DERIVADO DE LA PANDEMIA POR COVID-19-Exequibilidad
(…) la Corte en esta ocasión sobre los decretos
legislativos o de desarrollo de la EES, ejercerá el control constitucional que
le corresponde, con una amplia flexibilidad, pues la magnitud de esta crisis no
tiene antecedentes en los tiempos recientes, de allí que el escrutinio que haga
este Tribunal tendrá en cuenta la amplia  capacidad de acción que acompaña al
señor Presidente de la República, de cara a los remedios que estime necesarios
para conjurar la crisis, en tanto y cuanto estos guarden la razonable conexidad
con los hechos que motivaron la declaratoria del EEES.
Referencia:
expediente RE-232
Revisión
de constitucionalidad del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, “por el cual
se declara un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el
territorio nacional”.
Magistrado
Ponente:
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá, D. C., veinte (20) de mayo de
dos mil veinte (2020).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales, una vez cumplidos los requisitos y trámites establecidos en
el Decreto ley 2067 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
I.  ANTECEDENTES
1. El Presidente de
la República, de acuerdo con el parágrafo del artículo 215 de la Constitución,
remitió a la Corte Constitucional copia auténtica del Decreto 417 del 17 de
marzo de 2020, “por el cual se declara un estado de emergencia económica,
social y ecológica en todo el territorio nacional”. Repartido el
asunto por la Sala Plena el despacho del magistrado sustanciador por auto del 24
de marzo de 2020 dispuso: i) avocar el conocimiento del asunto, ii) decretar la
práctica de algunas pruebas[1],
iii) comunicar la iniciación del asunto al Gobierno nacional, iv) fijar en
lista el asunto para la intervención ciudadana e invitar a algunas autoridades
y organizaciones privadas, y v) dar traslado al Procurador General de la Nación
para el concepto de rigor. Cumplidos los trámites constitucionales y legales
propios de este asunto, se procede a decidir sobre el mismo.
II.
TEXTO DEL DECRETO QUE SE REVISA
2. Dada la
extensión del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, este hará parte del ANEXO
1 de esta decisión.
III.  PRUEBAS RECEPCIONADAS
3.
Las pruebas que fueron recibidas se registran en el ANEXO 2 y fueron las
siguientes:
Pruebas
Solicitud
Presidencia
de la República, ministerio de Salud y Protección Social, y de Hacienda y
Crédito Público, e Instituto Nacional de Salud
Presenta
un escrito que acompaña 1.592 folios como anexos
Ministerio
del Trabajo
Acompaña
diversos documentos
Banco
de la República
Presenta
un informe
IV. INTERVENCIONES CIUDADANAS
4. Dado el
número de intervenciones presentadas, harán parte del ANEXO 3 de esta
decisión. En consecuencia, se recogerán en el cuerpo de la ponencia solamente
de manera esquemática[2].
Interviniente
Consideraciones relevantes[3]
Solicitud
Ministerio de Agricultura[4]
Decreto 417 de 2020 cumple requisitos para su
expedición
Exequibilidad
Fiscalía General de la Nación[5]
Su exposición está relacionada con el proyecto
de decreto legislativo a través del cual se conceden los beneficios de
detención y prisión domiciliaria
Sin solicitud
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado[6]
Decreto 417 de 2020 cumple requisitos para su
expedición
Exequibilidad
Federación Nacional de Departamentos[7]
Decreto 417 de 2020 cumple requisitos para su
expedición
Exequibilidad
Federación Colombiana de Municipios[8]
Decreto 417 de 2020 cumple requisitos para su
expedición
Exequibilidad
Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Medellín[9]
En su exposición relaciona los riesgos de
incumplimiento de los estándares del derecho de acceso a la información
durante la declaratoria del estado de excepción
Sin solicitud. No obstante, pide a la Corte que
se garantice el respeto por el derecho de acceso a la información, así como
la inexequibilidad del artículo 5 del Decreto 491 de 2020
Universidad Libre de Colombia[10]
Decreto 417 de 2020 cumple requisitos para su
expedición
Exequibilidad
Universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga[11]
Decreto 417 de 2020 cumple requisitos para su
expedición
Exequibilidad
Universidad de los Andes[12]
Decreto 417 de 2020 cumple requisitos para su
expedición. No existe, sin embargo, certeza acerca del alcance del decreto en
materia de salud al tener un enfoque especialmente económico. Necesaria
conexidad con los decretos de desarrollo que se expidan
Sin solicitud. No obstante, pide a la Corte
verificar con rigurosidad los decretos de desarrollo del estado de excepción
con el fin de garantizar un enfoque diferencial, no discriminatorio y con
énfasis en la población vulnerable
Universidad Externado de Colombia[13]
Considera que la crisis de los precios del
petróleo no es un hecho nuevo ni extraordinario
Exequibilidad, con excepción de la
consideración relacionada con la disminución de los precios del petróleo
Universidad Católica Lumen Gentium[14]
Considera
necesaria la mención de la calamidad que origina el estado de emergencia ante
posible riesgo de que se emitan decretos que no guarden unidad de materia
sobre el tema
Exequibilidad
en el entendido de que el estado de excepción es ocasionado por una calamidad
de orden público con el fin de proteger la salud de la población nacional
Comisión Colombiana de Juristas[15]
Decreto
417 de 2020 cumple requisitos para su expedición
Exequibilidad
María Elena Rosas Gutiérrez[16]
Cuestiona
algunas medidas adoptadas con ocasión de la pandemia
Sin
solicitud
Edwin Alba[17]
Expone
cuestiones que considera deben ser objeto de estudio por parte de la Corte
Sin
solicitud
Jaime Augusto Cruz Rengifo[18]
Aborda
la situación de las personas con contratos de prestación de servicios
Sin
solicitud
Norma Hurtado Sánchez y Ángela Patricia Sánchez[19]
Presentan
sus conclusiones acerca de los decretos 418, 444 y 465 de 2020
Sin
solicitud
José Manuel Marín y David Alberto Cuartas Chaparro[20]
Recalca
importancia de seguir orientaciones de organismos internacionales en la
contención del virus
Sin
solicitud. No obstante,  piden a la Corte que actúe con la finalidad de
concretar (i) un aislamiento real y efectivo; (ii) la realización de pruebas
diagnósticas de la enfermedad a la población; (iii) acceso al agua potable y
medidas sanitarias idóneas; (iv) aplicación de criterios científicos en el
diagnóstico, el aislamiento y la contención del virus; (v) seguridad
alimentaria; y (vi) derecho a la salud de los colombianos
Asociación de Víctimas por la Paz[21]
Cuestiona
el traslado de recursos de entidades territoriales al Gobierno
Inexequibilidad
Hernán Arias Orozco[22]
Subraya
importancia de actividades físicas
Sin
solicitud. No obstante, pide a la Corte que garantice la realización de
actividades deportivas
Asociación Entidad Medioambiental de Recicladores EMRS ESP[23]
Su
exposición está relacionada con el Decreto 441 de 2020
Sin
solicitud
Sociedad Colombiana para la Gestión del Riesgo de Desastres[24]
Su
exposición está relacionada con el alcance de la gestión del riesgo según la
Ley 1523 de 2012
Sin
solicitud
Comité de Veeduría y Cooperación en Salud[25]
Su
exposición está relacionada con las acciones del Gobierno en el marco de la
emergencia sanitaria
Sin
solicitud
Eudoro Echeverri Quintana[26]
Decreto
417 de 2020 cumple requisitos para su expedición
Exequibilidad
Daniel Eduardo Londoño de Vivero[27]
Decreto
417 de 2020 cumple requisitos para su expedición
Exequibilidad
Andrés Forero Forero[28]
Decreto
417 de 2020 cumple requisitos para su expedición
Exequibilidad
Gabriel Pantoja Narváez[29]
Falta
argumentación y claridad en los motivos por los cuales a través de potestades
ordinarias el Gobierno no puede hacer frente a la pandemia
Inexequibilidad
Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 de
2008, la Federación Médica Colombiana y Fedesalud[30]
Expone
sus conclusiones acerca de la importancia de (i) frenar la velocidad de
expansión de la pandemia, (ii) garantizar el acceso a los servicios de salud,
(iii) fortalecer el sistema de salud e (iv) implementar un sistema de
información pública
Exequibilidad
condicionada de artículo 3 Decreto 417 de 2020. Asimismo, piden la
inexequibilidad y/o exequibilidad condicionada de los considerandos del
decreto relacionados con la afiliación oficiosa al Sistema General de
Seguridad en Salud y las medidas económicas en materia de salud, entre otras
Abogados Sin Fronteras Canadá[31]
Su
exposición está relacionada con los límites al poder extraordinario del
Gobierno y la importancia de tener en cuenta las afectaciones especiales a
ciertos grupos vulnerables
Sin
solicitud
Consejo Nacional de Bioética
Su
exposición está relacionada con su declaración acerca de las medidas
necesarias para contener la expansión del virus
Sin
solicitud
Hoover Rodríguez Jiménez[32]
Busca
presentar una demanda de inexequibilidad contra el Decreto 417 de 2020
Sin
solicitud
Federación Nacional de Comerciantes – Fenalco[33]
Decreto
417 de 2020 cumple requisitos para su expedición
Exequibilidad
Iván Cepeda Castro y Roy Barreras Montealegre[34]
Consideran
necesaria la intervención de la Corte en torno a (i) la autorización para
disponer de los fondos del Fonpet a título de préstamo o cualquier otro y la
creación del Fome, (ii) la atención de los efectos económicos y sociales de
la pandemia sobre las personas en situación de vulnerabilidad, y (iii)
garantía de acceso universal a los servicios públicos
Exequibilidad
en el entendido de que las medidas extraordinarias tomadas en el marco de la declaratoria
de emergencia tengan como principal objetivo proteger la vida, salud e
integridad de las personas
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia[35] -
Andi
Decreto
417 de 2020 cumple requisitos para su expedición
Exequibilidad
Fundación Consejo Nacional Gremial[36]
Decreto
417 de 2020 cumple requisitos para su expedición
Exequibilidad
José Cipriano León Castañeda[37]
Cuestiona
la restricción a la movilidad de los ciudadanos
Sin
solicitud
Mateo Merchán Duque, Andrés Felipe Puentes, Valeria Oliva Paz Rosero
y Carlos David Vergara Díaz[38]
Presentan
consideraciones sobre marco jurídico que condiciona el ejercicio del poder de
policía que reside en el Presidente de la República y los límites de la
competencia de entidades territoriales en la contención de la emergencia
Sin
solicitud. No obstante, pide a la Corte que estudie de oficio los decretos
457 y 531 de 2020. Asimismo, que determine las condiciones constitucionales
del estado de emergencia
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Corporación Sisma
Mujer[39]
Cuestionan
la ausencia de medidas adecuadas para hacer frente a la crisis
Exequibilidad
en el entendido de que este incorpora los siguientes mandatos: (i) el
aislamiento, así como las demás medidas que se adopten, no pueden “suprimir”
los derechos fundamentales más allá de los límites del estado de emergencia;
(ii) se debe adoptar un enfoque integral de salud pública y derecho humanos;
(iii) se deben incorporar enfoques diferenciales de manera interseccional;
(iv) es necesario adoptar medidas afirmativas para las mujeres con alto grado
de vulnerabilidad, migrantes o víctimas de violencia de género; (v)
garantizar la no regresividad de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales; y (vi) garantizar el normal funcionamiento de todos
los poderes públicos
Gustavo Bolívar Moreno[40]
Expone
sus consideraciones acerca del estado del sistema de salud del país
Exequibilidad
en el entendido de que su enfoque está orientado a garantizar la vida y salud
de los colombianos
Juan David Fernández Muñoz[41]
Considera
que en este caso no se encuentran satisfechos los requisitos que permiten
calificar la propagación de la COVID-19 como una pandemia
Inexequibilidad
Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral[42]
Decreto
417 de 2020 cumple requisitos para su expedición
Exequibilidad
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia[43]
Además
de considerar que el Decreto 417 de 2020 cumple requisitos para su
expedición, expone sus consideraciones en torno a sus solicitudes adicionales
Exequibilidad.
Además, pide que se prevenga al Gobierno para que utilice mecanismos
extraordinarios de forma compatible con Estado social de derecho, que se
exhorte al Congreso para que cumpla función de control política y se precise
la imposibilidad de suspender el trámite de las acciones de tutela y de
habeas corpus, entre otros
Universidad Nacional de Colombia[44]
Considera
que con el Decreto 417 de 2020 se ha perdido toda sensibilidad frente a los
derechos humanos y fundamentales del constitucionalismo moderno
Inexequibilidad
Instituto Internacional de Derechos Humanos – Capítulo Colombia[45]
En
su criterio, no se configura la modalidad ecológica y social del estado de
emergencia; los hechos no son nuevos, imprevisibles e impredecibles, pues ya
existían antecedentes en otros países; y las medidas ordinarias son
suficientes para contener la situación
Inexequibilidad
o, en subsidio, la exequibilidad condicionada en lo relacionada con su
connotación ecológica, al considerar que esta no se configura
Germán Gustavo Rodríguez Valencia[46]
Decreto
417 de 2020 no cumple requisitos para su expedición
Inexequibilidad
Aydee
Sánchez Salazar[47]
Inexequibilidad
Mariano
Meza[48]
Inexequibilidad
Isabel
Jaramillo[49]
Sin
solicitud
Fernando
Franco[50]
Inexequibilidad
Marco
Osorio y Nicolás Gutiérrez[51]
Exequible
Gobernadores
del pueblo indígena
Yukpa[52]
Inexequibilidad
o exequibilidad condicionada
V.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
5.
El concepto del Ministerio Público hará parte del ANEXO 4 de esta
decisión, por lo que solamente se realizará un breve resumen. En efecto, solicita
declarar la exequibilidad del decreto por encontrar satisfechos los requisitos
formales y materiales para su expedición. Señala que las circunstancias que
originaron la declaratoria del estado de emergencia han sido suficientemente
divulgadas y advertidas, además no se enmarcan en las condiciones para declarar
el estado de guerra exterior ni de conmoción interior, teniendo también un
carácter sobreviniente. En este sentido, hace hincapié en el aumento
vertiginoso de casos por coronavirus, así como a los cambios ocasionados en las
políticas públicas sanitarias, económicos y sociales.
6.
Refiere que la valoración efectuada por el Presidente de la República en
relación con la gravedad de la situación no fue arbitraria ni fruto de un error
manifiesto. Por el contrario, tuvo en cuenta el impacto de la pandemia en el
sistema de salud y, particularmente, en la continuidad y calidad de la
prestación del servicio. Trajo a colación los efectos para la economía que
representa la coyuntura de la crisis sanitaria. En cuanto a la suficiencia de
los mecanismos ordinarios estima que estos no son idóneos para contener la
calamidad, pues se trata de medios que otorgan competencias de carácter
administrativo.
7.
Por último, refiere que el decreto matriz no suspende derechos humanos ni
modifica la organización de las entidades del poder público. En todo caso,
indica que cualquiera de las medidas adicionales que tome el Gobierno deben
tener conexidad con la declaratoria del estado de emergencia y ser
efectivamente conducente a conjurar la crisis, cuestión que será objeto de
control al examinar las medidas respectivas.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1.
La
Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre el Decreto 417 del
17 de marzo de 2020, “por el cual se declara un estado de emergencia
económica, social y ecológica en todo el territorio nacional”, en virtud de
lo previsto en los artículos 215 parágrafo y 241 numeral 7º de la Constitución[53]. Desde la primera decisión
sobre una declaración de estado de excepción, sentencia C-004 de 1992[54], esta Corporación ha construido
una sólida línea jurisprudencial[55]
en orden a afirmar su competencia no solo sobre los decretos de desarrollo, sino
también del decreto matriz[56].
2.
Los motivos que justificaron el conocimiento del mismo en cualquiera de las
tres modalidades de estados de excepción (arts. 212, 213, y 215 de la C.P.) también fueron recogidos
en la
sentencia C-802 de 2002[57],
que tratándose de la emergencia pueden traerse a colación recientemente las
sentencias C-386 de 2017[58], C-670 de 2015[59], C-216 de 2011[60], C-156 de 2011[61], C-252 de 2010[62] y C-135 de 2009[63]. De esta manera,
este Tribunal reafirma su competencia para analizar los motivos que
presenta el ejecutivo para haber declarado el estado de excepción.
3.
Además, si bien a la vigencia del decreto declaratorio (30 días) se ha vencido,
no impide que la Corte pueda ejercer su competencia dado que las medidas
legislativas adoptadas, además de obedecer al decreto matriz, están vigentes
por su carácter permanente o siendo transitorias continúan produciendo efectos
jurídicos.
Metodología de la decisión
4.
En esta ocasión la Corte efectuará un control judicial formal y material conforme
a los precedentes constitucionales sobre la materia. Para ello acudirá al test
que ha aplicado respecto al decreto declaratorio.
Alcance del control sobre la declaración del estado
de emergencia[64]
5.
En palabras de la Corte los estados de excepción “son situaciones previstas
y consentidas por la Constitución. En lugar de esperar la ruptura completa del
orden constitucional, la Constitución prevé una situación de anormalidad
constitucional, en la que se invierte el principio democrático, facultando al
órgano ejecutivo para dictar normas con fuerza de ley”[65].
Como se trata de una situación extraordinaria donde la ley no es aprobada
por el legislador, la Carta Política a su vez impone una serie de limitaciones[66],
de los cuales se deriva la interpretación restrictiva de las facultades del
Gobierno nacional como única opción compatible con la democracia constitucional[67].
6. El control de
constitucionalidad que ha efectuado la Corte es riguroso como lo  enseña
su jurisprudencia. El mismo se vale de la propia Constitución Política, de los
tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de
constitucionalidad[68]
(art. 93 constitucional) y de la Ley 137 de 1994[69]
(estatutaria de los estados de excepción-LEEE-). De la alteración
excepcional de las competencias legislativas surge por consecuencia imperativa
que el control constitucional de la declaración del estado de excepción y sus
decretos de desarrollo tengan carácter i) jurisdiccional[70],
ii) automático[71],
iii) integral[72],
iv) participativo[73],
v) definitivo[74]
y vi) estricto[75],
sin perjuicio del control político del Congreso de la República[76].
7. Los poderes excepcionales han
de encaminarse a conjurar la crisis extraordinaria, fruto de la cual se declara
el estado de emergencia[77],
lo cual excluye toda actuación arbitraria y desproporcionada; en efecto,  la
labor del gobierno “no se concibió ilimitadamente discrecional sino reglada,
y en todo caso, ceñida a la finalidad del restablecimiento expedito de la
normalidad”[78].
8. Advertido que ese escrutinio
judicial ha sido siempre riguroso, esta vez la Corte quiere poner en evidencia que,
en los 28 años de vigencia de la actual Carta Política, no se había presentado
una crisis de las proporciones que ahora materializa la pandemia del Covid-19,
y por tanto ello obliga el aplicar un nivel de intensidad que entienda tan
especiales vicisitudes y particularidades. Habrá de ser un juicio atenuado, en
todo caso distinto, que de una manera más adecuada, oportuna y eficaz valore las
circunstancias reales que propiciaron la declaratoria de esta emergencia.
Los sucesos que exponen de manera
más evidente al país a una grave calamidad sanitaria y que materializan de un modo
claro perturbaciones y amenazas al orden económico, social y ecológico, pueden
aparejar para el ejecutivo un mayor margen de apreciación para declarar el
estado de emergencia, pero además para la escogencia de los remedios y
soluciones que permitan una vuelta pronta a la normalidad.
9. En
virtud del artículo 215 de la Constitución y de la Ley 137 de 1994 (Ley
Estatutaria de los Estados de Excepción -LEEE), la Corte ha determinado que la
declaración del estado de emergencia debe cumplir unos requisitos formales y
materiales, los cuales se desarrollan a continuación.
Presupuestos
formales
10. Los
presupuestos formales requeridos por la Corte para efectuar el examen de
constitucionalidad están dados en[79]:
i)
Haber sido firmada por el Presidente de la República y todos los ministros[80]. Esta exigencia
constitucional, ha sentado la Corte[81],
busca que el Jefe de Estado y sus ministros estén políticamente comprometidos
con el contenido de la declaratoria del estado de emergencia y sus desarrollos,
atendiendo la responsabilidad política del Gobierno que se establece en el
texto superior[82].
ii)
Estar motivada adecuadamente[83].
Ello significa que en los considerandos del decreto se consignen las
razones que dieron lugar a la declaratoria, reservando el escrutinio judicial
de su contenido para la fase subsiguiente, es decir, los presupuestos
materiales[84].
En la sentencia C-004 de 1992 se expuso la necesidad perentoria de “motivar
adecuadamente los decretos que declaren la emergencia y acreditar, por parte
del Presidente, la efectiva ocurrencia de las causales que se alegan para la
misma”[85].
Involucra
una descripción de la ocurrencia de los hechos en
cuanto al carácter sobreviniente y extraordinario, así como de la perturbación
o amenaza en forma grave e inminente del orden económico, social y ecológico o
de grave calamidad pública, y de la insuficiencia de las facultades ordinarias
y, por lo tanto, la necesidad de medidas extraordinarias para conjurar la
crisis e impedir la extensión de sus efectos[86].
Por último, esta exigencia no
constituye una mera formalidad sino “un requisito de orden sustancial”,
por cuanto la expresión de las razones permite a la Corte ejercer el
estudio integral sobre el estado de excepción[87]. En
la sentencia C-254 de 2009[88]
se adujo que la declaratoria del estado de excepción no puede contener una motivación
aparente, esto es, aquella que no enuncia ni detalla los hechos que originaron
el advenimiento de la situación de emergencia. Del mismo modo, se reparó que bien
puede ser escueta y concisa pero no inexistente ni implícita[89],
estableciendo que es una falencia insubsanable y que no puede ser suplida en el
curso del juicio de constitucionalidad a través del decreto y práctica de
pruebas[90].
iii)
Establecer claramente su duración[91].
El artículo 215 de la Constitución establece que la declaratoria de emergencia
podrá hacerse por periodos de hasta 30 días en cada caso, que sumados no podrán
exceder de 90 días en el año calendario, además de disponer que el Gobierno
debe señalar el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades
extraordinarias. Este Tribunal ha indicado que esta exigencia es consecuencia
del principio de temporalidad que caracteriza a los estados de emergencia, en
virtud del cual la transitoria asunción de la función legislativa y el poder
que se sigue para restringir las libertades y garantías constitucionales, hacen
imperativo un “periodo estrictamente limitado a las exigencias de la
situación”[92].
iv)
Determinar con precisión el ámbito territorial de aplicación. Este
requisito ha sido derivado de la preceptiva constitucional del estado de
conmoción interior[93],
que permite al Gobierno su declaración en toda la República o parte de ella,
por lo que la Corte ha recurrido a una aplicación analógica de tal regulación[94].
v)
Convocar al Congreso de la República[95].
La Constitución exige del Gobierno en el decreto declaratorio de emergencia que
convoque al Congreso, si no se hallare reunido, para los 10 días siguientes al
vencimiento del término de vigencia. Ello es indispensable al permitir al
Congreso examinar[96]
el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que
determinaron el estado de emergencia y las medidas adoptadas, debiendo
pronunciarse expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas.
El
Congreso durante el año siguiente a la declaratoria podrá derogar, modificar o
adicionar los decretos, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa
del Gobierno, ya que aquellas que correspondan a sus miembros podrá ejercer
dichas atribuciones en todo tiempo[97].La
finalidad de esta exigencia, se endereza a facilitar el control político, el
cual es consustancial a nuestra democracia consustancial[98]. Este
requisito de convocatoria no resulta aplicable cuando el Congreso se encuentre
reunido durante sus períodos de sesiones ordinarias, al momento de la adopción
del decreto declaratorio de estado de emergencia[99].
Finalmente,
conforme al art. 16 de la LEEE, y  aun cuando no constituye
prerrequisito formal de la declaratoria del estado de emergencia[100], al día siguiente de
la declaratoria del estado de excepción, el Gobierno enviará a los Secretarios
Generales de la OEA y de la ONU, una comunicación en que dé aviso a los Estados
parte de los citados tratados, de la declaratoria del estado de excepción y de los
motivos que condujeron a ella, añadiendo que los decretos legislativos que
limiten el ejercicio de derechos deberán ser puestos en conocimiento de dichas
autoridades[101].
Presupuestos
materiales
11. El examen de
constitucionalidad sobre el decreto declaratorio del estado de emergencia está
precedido también del cumplimiento de unos presupuestos materiales[102]. Las
alteraciones del orden que la Constitución encuentra deben ser conjuradas a
través del estado de emergencia[103]
son la económica, la social, la ecológica o la existencia de una grave
calamidad pública. La Corte ha manifestado que en la
declaratoria del estado de excepción se pueden aglutinar o combinar los
distintos órdenes (económico, social y ecológico, o que constituya grave
calamidad pública) cuando los hechos sobrevinientes y extraordinarios perturben
o amenacen en forma grave e inminente de manera simultánea y resulten insuficientes las facultades ordinarias para conjurar la
crisis e impedir la extensión de sus efectos[104].
12. Además del sentido natural de cada uno de tales
órdenes, la Corte ha señalado que al realizar el
control material de una declaratoria de emergencia económica, social y
ecológica por grave calamidad pública se debe verificar que: i) se inscriba
dentro de su definición, es decir “aquella situación catastrófica que se
deriva de causas naturales o técnicas, y que produce una alteración grave e intempestiva de las condiciones sociales, económicas y
ecológicas de una región o de todo el país, o, como aquella desgracia o
infortunio que afecte intempestivamente a la sociedad o a un sector importante
de ella y que perturbe o amenace perturbar de manera grave, inminente (…) el
orden económico, social o ecológico”[105].
Así mismo, atendiendo dicho concepto
el evento catastrófico ii) debe ser no solo grave[106] sino imprevisto[107]; iii) que
no sea ocasionado por una guerra exterior o conmoción interior y, iv) que las
facultades ordinarias resulten insuficientes para su atención[108].
13. En
términos generales la Corte ha señalado[109]
que los límites establecidos por la regulación constitucional[110] se manifiestan principalmente
en los siguientes aspectos:
i)
se restringe la discrecionalidad del
Presidente de la República para apreciar los presupuestos que dan lugar a la
declaratoria del estado de emergencia, a saber: -los
hechos sobrevinientes y extraordinarios, distintos a los previstos en los
artículos 212 y 213; -que perturben o amenacen perturbar en forma grave e
inminente el orden económico, social y ecológico o que constituyan grave
calamidad pública; y -que no puedan ser conjurados con las mecanismos
ordinarios que le entrega el ordenamiento jurídico[111].
ii)
Las facultades extraordinarias del Gobierno
se limitan a aquellas estrictamente necesarias a conjurar la crisis y a impedir
la extensión de sus efectos. Si bien el ejecutivo
goza de cierto margen de maniobra para determinar las atribuciones de las
cuales hará uso, esta resulta restrictiva pues se busca impedir el empleo
excesivo de las facultades extraordinarias -principio de proporcionalidad de
las medidas proferidas durante el estado de excepción- y proscribir el uso de
las atribuciones que no sean indispensables para conjurar la crisis -principio
de necesidad-, entre otras[112].
iii)
Los decretos legislativos solo podrán
referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación
que hubiere determinado la declaración del estado de emergencia. De este modo, se pretende circunscribir el ejercicio de la potestad
excepcional de expedir normas con fuerza de ley a la problemática relacionada
con la declaratoria[113].
14.
En consecuencia, corresponde a la Corte un control jurídico -como un
imperativo constitucional en los términos del art. 215- sobre los actos
normativos expedidos por el ejecutivo que comprende tanto el decreto
declaratorio como los de desarrollo. Así lo ha afirmado la Corte[114] al
distinguirlo del control político[115], enfatizando
que el dicho control jurídico involucra un juicio objetivo[116] que
está conformado, según se explicó, por la Constitución, los tratados de
derechos humanos integrantes del bloque de constitucionalidad y la ley
estatutaria de los estados de excepción.
15.
Específicamente, los presupuestos materiales que la Corte ha exigido
para declarar el estado de emergencia son los siguientes[117]:
Presupuesto
fáctico
16.
La declaración del estado de emergencia debe responder a hechos sobrevinientes y
extraordinarios distintos de los previstos en los artículos 212 y 213, que perturben
o amenacen el orden económico, social y ecológico o que constituyan grave
calamidad pública[118].
Este presupuesto se desagrega en tres componentes:
i)
Juicio
de realidad de los hechos invocados. Está dado en determinar que los hechos
que se aducen dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia
efectivamente hayan existido, esto es, que se generaron en el mundo de los
fenómenos reales cuya acreditación puede resultar compleja[119].
Se trata de un examen eminentemente objetivo[120]
consistente en una verificación positiva de los hechos[121]
y de la existencia de la perturbación o amenaza del orden[122].
ii)
Juicio de identidad de los hechos invocados[123]. Está dado en
constatar que los hechos como sustento de la declaratoria del estado de
emergencia efectivamente correspondan a aquellos pertenecientes a esta
modalidad de estados de excepción[124]. Se
verifica por vía negativa, es decir, que los hechos no correspondan a aquellos
que darían lugar a la declaración del estado de guerra exterior[125] o de conmoción
interior[126].
Además, en eventos en que resulte complejo determinar la naturaleza de los
hechos que generan la declaratoria del estado de excepción, como es el caso de
los estados de conmoción interior y de emergencia dada la estrecha relación que
tiene el orden público y el orden económico y social, se debe partir de
reconocer al Presidente de la República un margen suficiente de apreciación
para realizar la evaluación de la figura que  mejor se ajuste a la situación
presentada, atendiendo que es él, el responsable directo del mantenimiento y
restablecimiento del orden público[127].
iii)
Juicio
de sobreviniencia de los hechos invocados[128]. Los
hechos deben tener un carácter sobreviniente como lo ha reiterado la
jurisprudencia de la Corte[129],
lo cual se contrapone a situaciones ordinarias, crónicas o
estructurales, de ocurrencia común y previsible en la vida de la sociedad[130].
Además, solo
pueden ser utilizadas cuando “circunstancias extraordinarias” hagan imposible
el mantenimiento de la normalidad institucional a través de los poderes
ordinarios del Estado[131].
Por
tal razón, este juicio tiene también un elemento objetivo al suponer
verificar si estos sí resultan imprevistos y anormales[132].
Respecto al
carácter extraordinario de los hechos en la sentencia C-135 de 2009 se indicó
que los artículos 215 de la Constitución y 2º de la Ley 137 de 1994 EEE solo
exigen que “las circunstancias invocadas sucedan de manera improvisada (…) y
se aparten de lo ordinario, esto es, de lo común o natural”. De esta
manera, también “la agravación rápida e inusitada de un fenómeno ya
existente puede tener el carácter de sobreviniente y extraordinario, por
ocurrir de manera inopinada y anormal”. También ha
sostenido esta Corporación que las circunstancias que producen emergencias
pueden ser de tres tipos: “(i) situaciones
extrañas al Estado; (ii) acciones del Estado; (iii) omisiones del Estado”[133],
siendo más estricto el análisis del presupuesto material cuando es resultado de
la acción u omisión del Estado.
Presupuesto
valorativo
17.
La Constitución dispone que la emergencia podrá declararse frente a hechos
sobrevinientes que perturben o amenacen perturbar “en forma grave e
inminente” el orden económico, social y ecológico, o que constituya “grave”
calamidad pública[134].
Entonces, no cualquier perturbación o amenaza puede dar lugar a la declaratoria
de la emergencia, pues esta debe revestir de gravedad, cuya calificación
no corresponde al ejercicio discrecional de una atribución presidencial sino a
una percepción objetiva de la intensidad de la perturbación[135].
18.
Además, debe ser inminente, es decir, que no se trata de un peligro
eventual o remoto sino de un riesgo efectivo que se puede materializar en
cualquier momento, o tratarse de un peligro potenciado por su inmediatez
temporal[136].
Aunque se trate de un presupuesto valorativo no impide que se aplique un juicio
objetivo que permita determinar si fue arbitraria o producto de un error
manifiesto de apreciación, procediendo, entonces, su ponderación a partir de
las implicaciones objetivas del presupuesto fáctico que ocasiona la declaración
y demanda la protección del orden[137].
19.
Por tal razón, el presupuesto valorativo no refiere al supuesto de hecho que
motiva la declaración del estado de emergencia, sino que comprende un juicio de
valor sobre el presupuesto fáctico relacionado con la intensidad de la
perturbación o amenaza[138],
esto es, sobre sus impactos y consecuencias en la sociedad en términos
económicos, sociales y ecológicos o de grave calamidad pública[139].
20. La Corte[140]
ha señalado que son los derechos constitucionales el parámetro para medir la
gravedad de determinada o potencial perturbación del orden, por lo que
dependiendo del grado de afectación de los derechos subjetivos[141]
se presenta mayor o menor perturbación actual o potencial[142].
Así mismo, ha manifestado que al tratarse de un juicio valorativo presupone: i)
un concepto establecido de orden público económico, social y ecológico o de
grave calamidad pública y ii) unas valoraciones históricas sobre el
criterio de normalidad y anormalidad propio de la vida social en un tiempo y lugar
determinado[143].
21.
Esta Corporación ha destacado que al existir un importante elemento subjetivo
de valoración por el Presidente de la República el juicio de la Corte debe ser
respetuoso de un margen significativo de apreciación de la gravedad e
inminencia en la afectación del orden[144].
Así las cosas, la tarea del Tribunal puede limitarse a la constatación de la
existencia de una evidente arbitrariedad o de un error manifiesto -límite y
freno al abuso de la discrecionalidad-[145]
al calificar los hechos detonantes de la emergencia[146]. En
conclusión, la constatación con la realidad objetiva permite a la Corte
estudiar si el Gobierno incurrió en una arbitrariedad o error manifiesto, sin
llegar a suplantarlo en la valoración correspondiente.
Presupuesto
de suficiencia
22.
El juicio de suficiencia atañe a la evaluación de la existencia de medios
ordinarios para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Ello se
deriva de los artículos 215 de la Constitución y de los artículos 2[147]
y 9[148]
de la Ley 137 de 1994. La valoración de los mecanismos ordinarios al alcance
del Estado corresponde al Presidente de la República, como ocurre con los demás
presupuestos materiales, pero ello no es absoluta al sujetarse a la
Constitución, a los tratados internacionales que integran el bloque de
constitucionalidad y a la Ley 137 de 1994 –LEEE--[149].
23.
Ello es expresión del principio de subsidiariedad, conforme al cual para
acudir al estado de emergencia, el ejecutivo se debe encontrar ante la
imposibilidad o insuperable insuficiencia de los mecanismos e instituciones que
le confiere la normatividad para tiempos de normalidad[150]. En esta senda, la
Corte ha señalado que a través del tiempo el Estado acumula experiencias para
forjar un conjunto de mecanismos que si bien no satisfacen todas las
contingencias que pudieran presentarse, sí propenden por garantizar una mayor capacidad
de respuesta institucional en situaciones de normalidad, para de esta manera
impedir que el país quede a merced de los sucesos y sin posibilidad de
canalizar sus efectos[151].
Con ello se busca que la legislación de emergencia sea cada vez más
excepcional[152].
24.
Por
último, el cumplimiento de este presupuesto tiene en voces de este Tribunal
tres estadios como son: i) el verificar la existencia de medidas
ordinarias; ii) el establecer si dichas medidas fueron utilizadas
por el Estado y iii) el poder determinar la insuficiencia de
estas medidas para superar la crisis[153].
25.
En suma, los anteriores presupuestos materiales (fáctico, valorativo y de
suficiencia) para la declaratoria del estado de emergencia, son requisitos
concurrentes a efectos de superar el juicio de constitucionalidad,
lo cual lleva a colegir que ante el incumplimiento de alguno de ellos se debe
declarar la inexequibilidad.
Otras
prohibiciones constitucionales
26.
Finalmente, durante la declaración de los estados de excepción existen unas prohibiciones
generales que deben observarse[154], como son: i) la
prohibición de suspensión de los derechos humanos y las libertades
fundamentales[155], por
lo que las
restricciones que procedan sobre algunos de ellos,  deben cumplir los
requerimientos esenciales previstos en la Carta Política, los tratados
internacionales de derechos humanos que integran el bloque de
constitucionalidad y la Ley 137 de 1994 -LEEE-[156]; ii) el
principio de intangibilidad de ciertos derechos[157]; iii) la prohibición
de desmejorar los derechos sociales de los trabajadores[158]; iv) la no
interrupción del normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los
órganos del Estado y la
no supresión ni modificación de los organismos ni las funciones básicas de
acusación y juzgamiento[159];
v) los principios de finalidad, necesidad, proporcionalidad, legalidad y no
discriminación[160];
entre otros[161].
El asunto bajo revisión constitucional
Presupuestos formales
27.
Conforme a lo expuesto procede este Tribunal a verificar el cumplimiento de los
requisitos formales para la expedición del decreto matriz del estado de
emergencia.
i)
Firma del Presidente de la República y los ministros. La Corte constata
que el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 fue firmado por el ejecutivo y
directamente por todos los ministros[162].
ii)
Motivación adecuada. Esta Corporación verifica que el decreto
bajo revisión contiene una motivación que se estima precisa y suficiente al enunciar
las razones y las causas que llevaron al Gobierno a declarar la emergencia. De
tal normativa puede extraerse una serie de consideraciones sobre: 1) el
carácter sobreviniente y extraordinario de los hechos que identifica como presupuesto
fáctico[163];
2) la perturbación o amenaza grave e inminente del orden económico, social y
ecológico o de grave calamidad pública que designa como presupuesto valorativo[164] y 3) de la
insuficiencia de los medios ordinarios para conjurar la crisis e impedir la
extensión de sus efectos que distingue como justificación de la declaratoria[165].
Comprobada la existencia de una motivación al detallarse con razonable profundidad
las circunstancias que justificaron su expedición, se tiene por cumplido este
requisito que será objeto de valoración sustantiva al realizarse el control
material del decreto.
iii) Ámbito temporal. El artículo 1º Decreto 417 del 17 de marzo de 2020[166] dispone con claridad que el estado de
emergencia declarado tendrá una duración de treinta (30) días calendario,
contados a partir de la entrada en vigencia del mismo[167]. Así
mismo, el artículo 2º, ibídem, establece que el Gobierno ejercerá las
facultades del artículo 215 de la Constitución[168], que como
fue mencionado corresponde al de vigencia. Por lo tanto, la Corte encuentra que
se ha observado el requisito constitucional mencionado.
iv) Ámbito territorial. El mismo artículo 1º del decreto establece el ámbito geográfico
de aplicación, cual es todo el territorio nacional[169]. De este modo, se ha dado cumplimiento a
este requisito.
v) Convocatoria del Congreso. A la fecha de adopción del Decreto 417, es decir, el 17 de marzo
de 2020, el Congreso de la República se hallaba en el segundo periodo de
sesiones ordinarias, el cual va del 16 de marzo (un día antes de la
declaratoria del estado de emergencia) al 20 de junio (art. 138 Constitución).
Por consiguiente, no era necesario que el Gobierno nacional efectuara una
convocatoria al poder legislativo para que se pronunciara sobre la conveniencia
y oportunidad de la medida.
Por último, en lo que
respecta a la notificación a organismos internacionales, según lo acreditó el Gobierno[170]
la adopción del Decreto 417 el día 17 de marzo fue informada[171] al
Secretario General de la ONU por la Misión Permanente de Colombia[172] con nota
verbal 20-351-E del 19 de marzo de 2020 y al Secretario General de la OEA por
la Misión Permanente de Colombia[173]
con nota verbal 377/2020 del 19 de marzo de 2020, copias de las cuales reposan
en el expediente. Aunque la comunicación se hubiere
dado dos días después y, por ende, no al día siguiente, esta finalmente se
cumplió por lo que tales organismos internacionales conocen
de la situación de emergencia declarada en el país. Para la Corte se está ante
una irregularidad que no alcanza a constituir un vicio de procedimiento, máxime
cuando en la sentencia C-386 de 2017 se reiteró que respecto a este
requerimiento no se está propiamente ante una condición
sine qua non a las exigencias formales para la declaratoria del estado
de emergencia.
Debe añadirse que en la
sentencia C-156 de 2011, al examinar el Decreto 4580
de 2010 expedido el día 7 de diciembre, este Tribunal dio por cumplido este
requerimiento a pesar de haber sido comunicado a los secretarios generales de
la ONU y la OEA mucho tiempo después (4 y 3 de enero de 2011, respectivamente),
sin que esta Corporación hubiere realizado reproche alguno. Incluso ante situaciones como la no comprobación de que se hubiere
comunicado a tales organismos[174],
esta Corporación determinó que “no constituye un vicio grave,
ya que no alcanza un alto grado de afectación de los principios de publicidad y
de sometimiento de las normas que conforman el bloque de constitucionalidad”. Además, el Gobierno envió una copia auténtica del Decreto 417 del
17 de marzo de 2020 a la Corte al día siguiente de su expedición, esto es, el
18 de marzo según recibido de la secretaria general de esta Corporación.
Por
todo lo anterior, ha quedado demostrado que el Decreto 417
del 17 de marzo de 2020 dio cumplimiento a los requisitos
formales
de constitucionalidad.
Presupuestos materiales
28.
La metodología a emplear en esta decisión parte de la referencia a lo expresamente
consignado en el decreto declaratorio, para después proceder al análisis
constitucional. Debe anotarse que el decreto declaratorio del estado de
excepción acoge como técnica de exposición argumental, a saber,  el test de
constitucionalidad que aplica la Corte sobre este tipo de decretos, es decir, a
través de los denominados presupuestos fáctico, valorativo y de
insuficiencia de medidas ordinarias, por lo que en principio se
seguirá la identificación que el propio decreto informa y exige la
jurisprudencia constitucional para su análisis.
Presupuesto fáctico (hechos sobrevinientes y
extraordinarios)
Síntesis del decreto
29.
El Gobierno nacional en el Decreto 417 de 2020 se fundamenta en dos hechos: uno
de salud pública y otro sobre aspectos económicos. En cuanto al
primero (sanitario) relaciona una secuencia temporal de informes y
medidas adoptadas por la Organización Mundial de la Salud y por el Ministerio
de Salud y Protección Social, pudiendo destacarse que:
-
La OMS identifica un nuevo coronavirus y declara como emergencia de salud
pública de importancia internacional[175];
-
El MinSalud dio a conocer primer caso de brote por COVID-19 en el territorio
nacional[176];
-
La OMS solicitó a países adopción de medidas prematuras para detener
transmisión y prevenir propagación[177];
-
La OMS declara el brote como una pandemia[178] por la velocidad de propagación
y escala de transmisión, ya que para el 11 de marzo se habían notificado cerca
de 125.000 contagios en 118 países y en las últimas dos semanas el número de
casos notificados fuera de la República Popular China se había multiplicado en
13 veces, mientras los países afectados se habían triplicado, por lo que insto
a los países a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación,
confinación, aislamientos y monitoreo;
-
Tal declaración señaló la OMS no significa que países afectados se dieran por
vencidos, pues significará un problema mayor y una carga más pesada para el
sistema de salud, que requerirá medidas más severas de control, debiendo los
países encontrar un equilibrio entre protección a la salud, prevención de
trastornos sociales y económicos, y respeto a los derechos humanos, llamando a
adoptar una estrategia de contención;
-
El MinSalud mediante resoluciones del 10 y 12 de marzo adoptó de una parte
medidas preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena de las personas que
arribaran a Colombia desde China, Francia, Italia y España, y de otra declaró
la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo,
adoptando una serie de medidas para prevenir y controlar la propagación y
mitigar sus efectos[179];
-
A pesar de las medidas adoptadas, el 17 de marzo Minsalud reporta casos
confirmados en Colombia 75 y a nivel mundial 180.159 contagios confirmados,
7.103 muertes y 143 países con casos de contagio;
-
Según la OMS la pandemia es una emergencia sanitaria y social mundial, que
requiere una acción efectiva e inmediata de gobiernos, personas y empresas;
-
Según la Dirección de Epidemiología y Demografía de MinSalud la población
colombiana con mayor riesgo de afectación sería de un 34.2% del total;
-
Escenario con tasa de contagio 2,68;
-
Costo total de atención en salud proyectados por el Instituto Nacional de Salud
se estima en $4.631.085.235.141
de pesos;
- Casos 3.989.853 (100%), leves 3.251.730 (81,5%),
críticos 187.523 (4,7%) y severos 550.600 (13,8%), proyecciones del INS;
- Costo por incapacidades se estima en $94.800.716.459,
costo por incrementar oferta de unidades de cuidado intensivo de adultos sería
de $200.000.000.000, costo por expandir área de aislamiento a través de
habilitación de capacidad hotelera por $36.000.000.000 y el total de recursos
según este escenario sería de $4.961.885.951.600, costos que no tienen en
cuenta las comorbilidades, pacientes crónicos en casa, compensación económica
temporal por aislamiento preventivo, estrategias para modificar el
comportamiento de residentes.
30.
En cuanto al segundo hecho (aspectos económicos) de la parte
motiva del decreto, el Gobierno nacional lo despliega en dos ámbitos: el
nacional y el internacional. Del primero expone principalmente:
-
El vertiginoso escalamiento del brote hasta configurar una pandemia es una
amenaza global a la salud pública con afectaciones al sistema económico de
magnitudes impredecibles e incalculables, de la cual Colombia no estará exenta;
-
El sistema de salud colombiano no se encuentra físicamente preparado
requiriendo su fortalecimiento inmediato para atender un evento sorpresivo de
las magnitudes que la pandemia ha alcanzado en países como China, Italia,
España, Alemania, Francia e Irán, entre otros, con una tasa promedio de
contagio de 0,026 de su población total[180]
(equivalente a 13,097 casos en el país[181]),
por lo que el sistema requiere un apoyo fiscal urgente;
-
El 42,4% de los trabajadores en Colombia laboran por cuenta propia y 56,4% no
son asalariados, actividad repentina y sorprendentemente restringida por las
medidas necesarias para controlar el escalamiento de la pandemia, sin que
cuenten con mecanismos para reemplazar los ingresos por causa de las medidas
sanitarias;
-
Las medidas sanitarias resultan en una reducción de los flujos de caja de
personas y empresas, que conllevan a incumplimientos pagos y obligaciones,
rompiendo relaciones de largo plazo entre deudores y acreedores;
-
Adicionalmente, se presentó una ruptura del acuerdo de recorte de la producción
de crudo de la OPEP y la menor demanda mundial de crudo producto del nuevo
coronavirus implicó un desplome abrupto del precio del petróleo para la
referencia Brent entre el 6 y el 9 de marzo, siendo la segunda caída más fuerte
desde 1998 derrumbe que fue sorpresivo y no previsto ya que se preveía se
ubicara en niveles similares al 2019, además que el presupuesto general de la
Nación aprobado para 2020 se basó en un precio promedio Brent de $60,5
USD/Barril;
-
Debido a la caída del petróleo y la incertidumbre de los mercados por la
situación global, el dólar ha tenido una subida abrupta en los mercados
emergentes y en países productores de petróleo, así en Colombia la Tasa
Representativa del Mercado subió niveles que no se habían registrado antes, por
lo que según cálculos en un escenario moderado el crecimiento económico se
vería afectado alrededor de 1pp, además los menores precios del petróleo
aunados a un menor crecimiento de la economía generarían efectos negativos
sobre el balance fiscal, que en ausencia de medidas contundentes  pueden repercutir
en la estabilidad macroeconómica del país;
-
Los choques que afectan los mercados financieros y laborales suelen tener
efectos profundos y prolongados que deterioran el crecimiento, el bienestar de
la sociedad y el empleo como lo muestran la experiencia de la crisis colombiana
de fin de siglo y la crisis internacional de 2008;
-
Se han empleado mecanismos ordinarios que han sido adecuados pero insuficientes
para contener el choque sorpresivo y profundo que ha sufrido la economía, así
el Banco de la República ha adoptado medidas extraordinarias y siguiendo la
directrices del Gobierno la DIAN ha flexibilizado el calendario tributario para
contribuir a la absorción del choque económico por el COVID-19;
-
En el sector turismo se evidencia una inmensa afectación a raíz de la decisión
de no permitir temporalmente la entrada de extranjeros residentes en el
exterior y arribo de los cruceros, así mismo, otro de los efectos se demuestra
en la situación del sector aeronáutico ya que desde el comienzo de la crisis
las aerolíneas presentan un escenario de descenso en la demanda, y se espera
una reducción cerca de 2 millones de pasajeros mensuales y 2.5 para los meses
más críticos[182],
caída que supone ingresos dejados de recibir por los operadores colombianos por
cerca de US$150
millones mensuales;
- Las medidas a disposición del Banco de la
República y del Gobierno nacional son insuficientes para conjurar el efecto que
en la salud pública, empleo, ingreso básico, estabilidad económica de
trabajadores y empresas, actividad económica de trabajadores independientes y
sostenibilidad fiscal de la economía.
31.
Del segundo (ámbito internacional) considerando refleja lo siguiente:
-
La Reserva Federal de EEUU[183]
recortó sorpresivamente en 50 pbs la tasa de interés de referencia para anclar
las expectativas en el mercado y estimular la economía global en medio del
contexto de la propagación del nuevo coronavirus a nivel mundial;
-
Doce días después en un hecho sin precedentes la FED recortó sus tasas de
interés en 100 pbs adicionales, asimismo anunció medidas como compra en bonos
del tesoro y en valores respaldados por hipotecas para aumentar la liquidad del
mercado y promover condiciones financieras menos restrictivas de la economía;
-
Tras los recortes las tasas de la FED llegaron a 0-0,25% y por tanto el margen
de este banco para generar incentivos adicionales que mitiguen los impactos del
nuevo coronavirus en la economía global a través de estímulos monetarios es muy
limitado;
-
A pesar de las herramientas empleadas por los principales bancos centrales del
mundo y las diferentes autoridades económicas, el temor por la expansión del
nuevo coronavirus ha ocasionado sorpresiva e imprevisiblemente el deterioro del
mercado financiero internacional, menor demanda global y una caída en las
perspectivas de crecimiento mundial;
-
El temor del mercado financiero internacional ha impactado incluso activos como
el oro, considerado un refugio en medio de esta crisis;
-
Es evidente que el país se encuentra enfrentando una situación repentina e
inesperada que afecta gravemente el orden económico y social por hechos
absolutamente imprevisibles y sobrevinientes, que no pueden controlarse con las
potestades ordinarias del Gobierno nacional, siendo necesario acudir a la
declaratoria de emergencia, además que se trata de situaciones diferentes a los
artículos 212 y 213 de la Constitución.
Análisis
constitucional
i) Juicio
de realidad de los hechos invocados
32. Como
se ha descrito el ejecutivo con sus ministros en el decreto matriz
sustenta el presupuesto fáctico en dos grupos de hechos: i) la
situación de salud pública mundial por el surgimiento en la
ciudad de Wuhan de un virus denominado COVID-19, que se convirtió en una
pandemia y arribó a Colombia generando una emergencia sanitaria que obliga a
tomar medidas preventivas y ii) las afectaciones
económicas dado que “el sistema de salud colombiano no se encuentra
físicamente preparado para atender una emergencia de salud, requiere ser
fortalecido de manera inmediata” y que como consecuencia de
la pandemia (p. ej. el aislamiento social), sufren trabajadores y diversos
frentes de la economía del país, además de las situaciones
internacionales como la caída en el precio del petróleo[184]
y la incertidumbre de los mercados por la situación global[185]
que agravaron la situación, así como el deterioro del mercado
financiero internacional, la menor demanda global y la caída en las
perspectivas de crecimiento mundial producto del temor por la expansión del
nuevo coronavirus[186],
con repercusiones en la economía del país.
33. Sobre el primer
hecho invocado la Corte atendiendo las fuentes de consulta expuestas en
el decreto declaratorio, la documentación aportada al proceso y los medios de
prueba adicionales halla acreditada la existencia de una emergencia de salud
pública de importancia internacional, como se pasa a explicar.
34. Las páginas
oficiales de la OMS[187]
y del Ministerio de Salud[188]
mencionadas en el decreto declaratorio permiten constatar la siguiente cronología
de los hechos: el 31 de diciembre de 2019, China notifica un conglomerado
de casos de neumonía en Wuhan[189];
5 de enero de 2020, la OMS publica la primer parte de evaluación del riesgo y hace
recomendaciones; 7 de enero China, confirma un nuevo coronavirus; 12 de enero, ese
país hace pública la secuencia genética del virus COVID-19; 30 de enero, OMS
declara emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII); en febrero,
la OMS convoca un foro de investigación y viaja a Wuhan acompañado de algunos
países; 3 de marzo, la OMS publica un plan estratégico de preparación y
respuesta para ayudar a Estados a protegerse con sistemas de salud frágiles; 6
de marzo, el Minsalud dio a conocer el primer caso de coronavirus en Colombia;
9 de marzo, la OMS solicitó adoptar medidas prematuras para detener la transmisión
y prevenir la propagación; y 11 de marzo, el director de la OMS[190]
declara el COVID-19 como una pandemia y evidenciando que algunos países tienen
problemas de falta de capacidad, recursos y determinación, además de reconocer que
no es solo una crisis de salud pública sino que también tiene un gran impacto
sobre las sociedades y las economías.
35.
Para una mayor comprensión sobre la materia esta Corporación debe anotar que el
Reglamento Sanitario Internacional RSI (2005)[191]
involucra: i) la permanente importancia de la función de la OMS en la alerta
ante brotes epidémicos y la respuesta ante eventos de salud pública de ámbito
mundial; ii) la obligación de notificar a la OMS los eventos que puedan
constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional ESPII, así
como toda dolencia o afección médica, cualquiera sea su origen, que entrañe o
pueda suponer un daño importante para el ser humano; iii) su pertinencia y
aplicabilidad aún frente a la evolución continua de las enfermedades y de los
factores que determinan su aparición y transmisión; iv) la no limitación a
enfermedades determinadas sino a los nuevos y siempre cambiantes riesgos  para
la salud pública; v) la obligación de los Estados partes de instalar un mínimo
de capacidades básicas en materia de salud pública; entre otras[192].
36.
Desde la vigencia del Reglamento Sanitario Internacional la OMS ha declarado varias
veces la ESPII, a saber, el virus del Zika[193],
la epidemia por virus Ébola en África del Oeste[194],
la diseminación internacional del poliovirus salvaje[195]
y la gripe AH1N1[196].
No obstante, la última no fue la primera emergencia internacional producida por
una enfermedad infecciosa del siglo XXI, ya que el síndrome respiratorio agudo
grave (SARS)[197]
y la gripe aviar producida por el virus AH5N1[198],
pusieron en graves problemas los sistemas sanitarios a nivel global y ocasionaron
un gran impacto social y económico[199].
Debe
anotarse que la ESPII constituye una situación trágica que afecta negativamente
a grandes grupos de población y a la vez representa una oportunidad para
aprender de las enfermedades y los patógenos, así como de las fortalezas y
debilidades de los sistemas de salud para controlarlas y responder ante ellas,
por lo que las lecciones aprendidas en el pasado deben servir para mejorar las
capacidades de preparación y respuesta[200].
El SARS-CoV-2 causante del COVID-19 constituye un nuevo virus que respecto
de sus predecesores en la historia reciente de la humanidad, ha infectado un
inmenso número de personas y causado el deceso significativo de personas, sin
que se disponga hoy de antivirales específicos[201].
37. Continuando
la cronología de los hechos, se ha podido verificar que la pandemia ha llegado
a más de 185 países[202]
y Colombia no ha sido la excepción, como pudo evidenciarse con la aparición del
primer caso el 6 de marzo[203].
A través de los boletines de prensa del Ministerio de Salud[204]
y las páginas web del Gobierno colombiano[205],
del Instituto Nacional de Salud[206]
y de la Dirección de Epidemiología y Demografía en Salud[207]
se ha confirmado la curva ascendente de casos y su distribución por grupo
etario, sexo y municipio, entre otros.
38. En esa línea,
la Corte constata lo señalado en el Decreto 417 de 2020 respecto a la
expedición de las resoluciones 380 del 10 de marzo[208]
y 385 del 12 de marzo[209]
por el Ministerio de Salud, que adoptan medidas preventivas sanitarias de
aislamiento y cuarentena de las personas que arribaran a Colombia desde China,
Francia, Italia y España, además de declarar la emergencia sanitaria[210]
en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo, disponiendo unas medidas
para prevenir, controlar la propagación y mitigar sus efectos.
También fue
allegado a esta Corporación por el Ministerio de Salud[211]
el “Plan de Contingencia para responder ante la emergencia por COVID-19”,
en respuesta al auto de pruebas[212].
Asimismo, pudo verificarse el reporte del Ministerio de Salud del 17 de marzo[213],
día de la declaratoria del estado de emergencia, sobre el incremento del número
de casos en Colombia (75) y en el mundo (180.159), además de los fallecimientos
(7.103 a nivel mundial) y aumento del número de países contagiados (143).
39. En cuanto a
la tasa de contagio (2,68%), costo total de atención en salud
($4.631.085.235.141), total de casos (3.989.853), número de casos leves (3.251),
críticos (187.523) y severos (550.600) y costos generados con ocasión de la
pandemia sin tener en cuenta otros factores, según proyecciones del INS, aunque
no pudo contrastarse con la página web de dicha dependencia fue posible verificarse
con la respuesta al auto de pruebas[214]
dada por el Ministerio de Salud[215],
en el sentido de que tales datos fueron producto del ejercicio realizado por
dicha cartera para estimar el valor de la atención clínica, que varía según el
comportamiento de la pandemia, la efectividad de las medidas no farmacológicas
y la nueva evidencia científica. También se precisó que se partió del
lineamiento para la detección y manejo del COVID-19 suministrado por los
prestadores del servicio de salud en Colombia, cuyos resultados fueron los
plasmados en el decreto declaratorio del estado de emergencia.
40. Sobre el
porcentaje de la población colombiana con mayor riesgo de afectación por la
pandemia proyectado por la Dirección de Epidemiología y Demografía del
Ministerio de Salud según el decreto declaratorio, debe indicarse que en la
respuesta generada al auto de pruebas mencionado[216] se informa, aunque
lo hiciera ahora el Instituto Nacional de Salud[217], los casos
esperados de COVID-19 y su distribución según severidad en Colombia en el
escenario de no intervención, con sus rangos de incertidumbre.
41. Respecto al segundo hecho (aspectos
económicos)
en sus ámbitos nacional e internacional, la Corte también comprueba su
existencia partiendo de la fuente de consulta citada por el propio decreto[218], las pruebas aportadas
al expediente por la Presidencia de la República y los ministerios de Salud y de
Hacienda, así como las páginas web de la OPEP[219],
Banco de la República[220]
y Ministerio de Hacienda[221].
42. En lo
concerniente al ámbito
nacional
se inicia señalando en el decreto declaratorio de la emergencia que la pandemia
constituye una amenaza global a la salud pública con afectaciones al sistema
económico, de magnitudes impredecibles e incalculables, lo cual en cierta
medida fue puesto de presente en el primer hecho (salud pública) que esta
Corporación encuentra acreditado y por demás no resulta extraño cuando se
declara una emergencia de salud pública de importancia internacional. En la declaración
del director de la OMS[222] se expuso que
las medidas para contener y mitigar la pandemia generan un gran impacto sobre
las sociedades y las economías, como la tuvo en China, por lo que llama la
atención para encontrar el equilibrio entre la protección de la salud, la
minimización de los trastornos sociales y económicos, y el respeto de los
derechos humanos[223].
43. En sentido, similar,
el 26 de marzo expertos en derechos humanos de la ONU llamaron la atención respecto
a que la crisis del COVID-19 no puede resolverse solo con medidas de salud
pública; hicieron énfasis en que al igual deben abordarse los demás derechos
humanos, por lo que pidieron a los Estados que actúen con determinación para
proporcionar los recursos necesarios a todos los sistemas de salud pública,
desde la prevención y detección hasta el tratamiento y la recuperación.
Agregaron que se deben tomar medidas de protección adicionales para que el
apoyo llegue a aquellos que corren el mayor riesgo de verse afectados de manera
desproporcionada por la crisis[224].
44. Expone el
Gobierno a través del decreto declaratorio que el sistema de salud colombiano
no se encuentra físicamente preparado para atender el evento sorpresivo, por lo
que requiere su fortalecimiento ante la magnitud que la pandemia ha alcanzado
en China, Italia, España, Alemania, Francia e Irán, entre otros[225].
Por ello argumenta como necesario un apoyo fiscal urgente. Ello se constata con
las previsiones del “Plan de Contingencia para responder ante la emergencia
por COVID-19”[226]
expedido por el Ministerio de Salud, que al establecer las directrices
nacionales para implementar acciones durante las fases de preparación,
contención y mitigación de la pandemia, reconoce que su ejecución requiere
de recursos adicionales a aquellos existentes en la gestión rutinaria. De igual
manera, ha sido puesto de presente por el director de la OMS[227] al reconocer
que algunos Estados tienen problemas de falta de capacidad y de recursos ante
la carga más pesada para el sistema de salud que representa la pandemia.
45. Además de
las afectaciones económicas mencionadas con ocasión de la pandemia, el Decreto
417 de 2020 expone otras por consecuencia -v. gr. distanciamiento
social, aislamiento preventivo y cuarentena-, que ocurren con el siguiente
grupo de situaciones: i) producto de las medidas para controlar
la pandemia la actividad de trabajadores que laboran por cuenta propia (42.4%)
y no son asalariados (56.4%) se restringe; ii) las medidas
sanitarias reducen los flujos de caja de personas y empresas; iii) al no permitirse
temporalmente la entrada de extranjeros residentes en el exterior y arribo de
cruceros se presenta una inmensa afectación del sector turismo que impacta el
sector aeronáutico[228].
46. Situaciones
que según el decreto resultaron adicionadas por iv) hechos
internacionales como la caída en el precio del petróleo y su menor demanda
producto de coronavirus, y la incertidumbre de los mercados por la situación
global[229]
que agravaron la situación; además del deterioro del mercado financiero
internacional, la menor demanda global y la caída en el crecimiento mundial[230].
En
el ámbito
internacional
el decreto trajo a colación que v) la Reserva Federal de EEUU
recortó sorpresivamente la tasa de interés de referencia y, posteriormente, la
aumentó anunciando medidas[231],
no obstante el margen para incentivos adicionales es muy limitado; y vi) a pesar de las
herramientas de los bancos centrales del mundo y autoridades económicas hay
deterioro del mercado financiero, menor demanda y caída en el crecimiento mundial.
47. Tales grupos
de hechos acaecidos por consecuencia y adicionales (agravación)
en el ámbito nacional, así como los ocurridos a nivel internacional, para la
Corte se encuentran debidamente acreditados con las pruebas recaudadas
dentro del expediente. En efecto, el Ministerio de Hacienda[232]
en respuesta al auto de pruebas[233]
manifestó que antes de la expedición del decreto declaratorio expidió dos
resoluciones[234]
distribuyendo recursos para ampliar la respuesta de salud pública a la pandemia,
con destino al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud[235].
Otro informe[236]
de MinHacienda[237]
permite verificar de forma más detallada la ocurrencia de las situaciones
descritas en el decreto matriz, que además recoge las fuentes de
información que la respaldan[238].
48. Por su
parte, el Ministerio de Salud[239]
confirmó que la primera resolución fue respuesta a la solicitud de recursos
adicionales, así mismo, que través de actos administrativos posteriores a la
declaratoria de emergencia, aunque gestionados con anterioridad, como la
Resolución 508 del 25 de marzo, se modificó la desagregación en el presupuesto
de gastos de funcionamiento para adicionar los recursos, y que mediante
Resolución 501 del 24 de marzo se habían asignado recursos del presupuesto de
gastos de funcionamiento para atender la emergencia sanitaria, dirigido a la
adquisición de equipos de protección y medidas de bioseguridad, equipamiento de
laboratorios de diagnóstico, mejoramiento de la vigilancia y reunión de datos,
y campañas masivas en comunicación del riesgo[240].
49. Asimismo,
son situaciones en buena medida verificables a través de las páginas web de
organizaciones económicas oficiales, a saber, la OPEP[241],
Banco de la República[242],
Ministerio de Hacienda[243]
y la Reserva Federal de los Estados Unidos[244], que terminan
por respaldar la integralidad de la ocurrencia del segundo hecho (aspectos
económicos en los ámbitos nacional e internacional).
50. Por todo lo
anterior, no cabe duda para la Corte que los grupos de hechos invocados (salud
pública y aspectos económicos) como sustento del presupuesto fáctico del
decreto declaratorio ocurrieron en realidad y más allá de toda duda razonable
puede arribarse a la convicción de su presentación en el mundo de los fenómenos
reales.
ii) Juicio de identidad de los
hechos invocados
51.
Para este Tribunal los hechos invocados en el presupuesto fáctico corresponden
a aquellos que dan lugar a una declaratoria de estado de emergencia económica,
social y ecológica o por grave calamidad pública (art. 215 superior) y no a otra
modalidad de estado de excepción, para lo cual basta confrontar la literalidad
de las consideraciones insertas en el Decreto 417 de 2020. En esta
oportunidad se expone con detalle que el origen de la situación excepcional no
surge de una interacción política internacional, ni de las tensiones sociales
internas que pudieran ocasionar un estado de guerra exterior o de conmoción
interior[245].
Por lo anterior, la Corte encuentra satisfecho este segundo presupuesto.
iii) Juicio de
sobreviniencia de los hechos invocados
52.
Siguiendo la metodología decisional y las consideraciones que se procederán a
realizar que responden al acervo probatorio allegado, la Sala Plena encuentra que
también se cumple el presupuesto de sobreviniencia y carácter extraordinario de
los hechos invocados, como lo sostuvieron los intervinientes.
Nueva crisis global de salud pública y escala de
transmisión
53.
No se duda que la pandemia sitúa al mundo en un nuevo
escenario al poner de relieve, además del riesgo para la salud y vida de los
ciudadanos y sus efectos, la manera tan vertiginosa cómo los derechos de la
ciudadanía pueden verse impactados[246].
54.
Según pudo verificarse por la Corte, luego de que China notificó un
conglomerado de casos de neumonía en Wuhan el 31 de diciembre de 2019, al poco
tiempo la OMS identificó la existencia de un nuevo coronavirus[247]
declarando la emergencia de salud pública de importancia internacional[248].
Publicado como fue por la OMS el plan estratégico de preparación y respuesta
para ayudar a los Estados con sistemas de salud frágiles[249]
y haber solicitado adoptar medidas para detener la transmisión y prevenir la
propagación[250],
el 11 de marzo dicha organización declara a la humanidad que el brote COVID-19
constituye una pandemia, esto es, una epidemia que se ha extendido a
varios países o continentes y que generalmente afecta a un gran número de
personas.
55.
Ello obedeció a la velocidad de la propagación o escala de
transmisión del nuevo coronavirus, ya que el número de casos fuera de China
se multiplicó por 13 y el de países se había triplicado, existiendo más 118.000
casos en 114 países y 4.291 personas fallecidas, mientras que anunciaba el director
de la OMS que miles de personas luchaban por sus vidas en hospitales,
esperándose aun el aumento de dichas cifras. Dicha declaración de la OMS
hizo expresa una alta preocupación por los alarmantes niveles de propagación
y de gravedad, haciendo un llamado a los países para que adoptaran medidas
urgentes y agresivas para la prevención, detección, aislamiento,
tratamiento y monitoreo, y recalcando que se está ante una amenaza global a la
salud pública y con gran impacto sobre las sociedades y la economía, de
magnitudes impredecibles e incalculables.
56.
Entonces, una primera conclusión a que llega esta Corporación es que se está
ante una crisis global de salud pública, de vertiginoso
escalamiento y letalidad para la humanidad, que opera en un marco de enorme
incertidumbre y que además tiene gran impacto sobre las sociedades y la
economía, de la cual Colombia no está exenta. En efecto, 5 días antes de
la declaratoria por la OMS de la pandemia se dio a conocer en el territorio
nacional por el Ministerio de Salud el primer caso por COVID-19, adoptando 4
días después[251]
medidas preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena, y el 12 de marzo
declarando la emergencia sanitaria acompañada de una serie de medidas de
prevención, control y mitigación. Adicionalmente, el día 17 de marzo el
Ministerio de Salud reportaba 75 casos en Colombia y a nivel mundial 180.159
casos, 7.103 fallecidos y 143 países con contagio.
57. Lo
anterior deja en claro para esta Corporación que es un estado de emergencia que
responde a una problemática mundial y no local. Las circunstancias que motivaron
la declaración del estado de emergencia tienen su origen en hechos diferentes a
los que se producen regular y cotidianamente, es decir, son sobrevinientes
a las situaciones que normalmente suceden en el discurrir de la actividad
de la sociedad en sus diferentes manifestaciones.
Causa
de la emergencia e incertidumbre generada
58. Esencialmente
se está ante una grave calamidad pública de
origen sanitario y epidemiológico como lo reconoce el decreto declaratorio[252], al
poner en riesgo la salud, vida y seguridad de las personas, situación que algunos
especialistas y científicos en principio atribuyen a causas
naturales y biológica[253] y/o
procesos ambientales y de base zoonótica[254], que
produce una alteración grave e intempestiva de las condiciones económicas y
sociales en todo el país
y
ha sido responsable de un elevado y veloz crecimiento de contagio y una alta
tasa de mortalidad, único en su clase y de gravedad en lo que va corrido
de la vida republicana de Colombia[255], como
se ha podido verificar a través medios probatorios recaudados. Así las cosas, ante
una declaratoria de emergencia económica y social por grave calamidad pública[256], visto el contexto
del decreto y a partir de una interpretación armónica y coherente, las medidas de
desarrollo legislativo deben estar guiadas necesariamente por la finalidad
de conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.
59. La
previsibilidad o preparación para atender la contingencia causada por denominado
COVID-19 resultaba altamente improbable por su reciente aparición, el alto nivel de contagio y por la inexistencia de
tratamiento y/o de vacunas[257],
por lo que a nivel global se encuentra en desarrollo las investigaciones
científicas para contrarrestar el coronavirus. Entonces, es la pandemia el
hecho sobreviniente y extraordinario que permitió declarar el estado de
emergencia. El carácter extraordinario deriva de la incertidumbre
a la que están expuestos el mundo y el país, a partir de cuando se
presentaron los hechos que fundan la declaratoria, y sobre
cuál puede ser la mejor estrategia para enfrentar el contagio del COVID-19, así
como la forma de mitigarlo y contenerlo.
60. De
ahí que el carácter extraordinario deviene del hecho de que aún hoy no es
posible saber con certeza cómo detener su contagio, dado el grado de
desconocimiento sobre su evolución y la falta de evidencia mundial sobre cuál
es la mejor forma de combatirlo, mientras se desarrolla una vacuna que impida el
contagio, por lo que el panorama aun hoy es de una alta imprevisibilidad[258]
sin fecha probable de finiquito. Es un hecho extraordinario en la vida del
Estado, muy distinto a las crisis anteriores y, por lo tanto, con un alto
grado de impredecibilidad por el Gobierno nacional.
61.
Los riesgos para el mantenimiento de la propia vida son evidentes, imponiéndose
restricciones de variado orden como el distanciamiento social, el confinamiento
de la población y la cuarentena, entre otros, que comportan la interrupción de
las dinámicas económicas y sociales cotidianas, y con ello la paralización de
buena parte de la economía, afectando la satisfacción de las necesidades
básicas de los habitantes, quienes ven reducidos o suprimidos sus ingresos,
pero asimismo, impactándose el crecimiento económico del país[259].
No se duda que los efectos del COVID-19 en la economía y
la sociedad comportan un carácter de imprevistos y extraordinarios.
La caída de los precios del petróleo y la crisis del
mercado mundial de valores, y las deficiencias del sistema de salud
62.
Algunos intervinientes ciudadanos han sostenido que la
reducción de los precios del petróleo y la crisis mundial del mercado de
valores son hechos independientes a la grave calamidad pública y a los
efectos generados por el COVID-19, por lo que podían ser atendidos con los
medios ordinarios para este tipo de situación[260]; y, de otro lado, las deficiencias del sistema de salud
en Colombia han sido ampliamente reconocidas como de orden estructural[261].
63. Al respecto, debe insistir la Corte que
la causa de la emergencia está en la calamidad pública sanitaria
ocasionada por el COVID-19 y que como consecuencia se afectaron los
órdenes económicos y sociales. Así mismo, el decreto matriz
otorga un carácter “adicional” a la ruptura no prevista del acuerdo de
recorte de la producción de crudo de la OPEP y a la incertidumbre de los
mercados por la situación global[262], para
recalcar la generación de efectos negativos sobre el balance fiscal. Más
adelante el propio decreto recoge expresamente la existencia de una crisis
económica y social generada por la pandemia y no a otros factores, al
exponer el presupuesto valorativo y particularmente la justificación de la
declaratoria del estado de excepción[263].
64. Por tales razones, si bien
inicialmente el Decreto 417 refiere el desplome abrupto del precio del petróleo
como un hecho sorpresivo y no previsto, así como a la incertidumbre de los
mercados por la situación global, visto el contexto del decreto,
como se ha verificado, es factible desprender que tales sucesos adicionales
se traen a colación como circunstancias de agravación del panorama
fiscal. Adicionalmente, el decreto declaratorio reconoce una “menor demanda
mundial del crudo producto del nuevo coronavirus COVID 19”, con lo cual
termina por ligar este hecho a la calamidad pública sanitaria.
65. Igualmente habrá de argumentarse que
la suma de los dos hechos adicionales atendió para el
Gobierno nacional a la simultaneidad en el tiempo de su presentación
con la pandemia del COVID-19 y sus efectos, los cuales crearon una calamitosa
situación de dimensiones extraordinarias,  que agravaron por sus consecuencias (finanzas
del Estado) la situación inicialmente generada por la crisis sanitaria[264].
66. Tal concomitancia de situaciones
debe analizarse de manera agregada y a la vez inescindible como parte de la
gravedad y lo extraordinario de los hechos que justificaron la declaratoria del
estado de emergencia por grave calamidad pública. De esta manera, el estudio
por separado de los dos eventos internacionales con repercusiones en las
finanzas del Estado conduciría a un juicio incompleto de los fundamentos de la
emergencia sanitaria[265],
dado que finalmente se expone una crisis multinivel.
67.
También el Ministerio de Hacienda en respuesta al auto de pruebas[266]
indicó que la disminución de los precios del petróleo redujo los ingresos
fiscales con los que contaba el Gobierno nacional para financiar sus
compromisos para la vigencia fiscal 2020. Anotó que el
sector del petróleo y gas ha adoptado medidas para hacer frente a la
caída de los precios del petróleo y la subida abrupta del dólar, por lo
que en principio puede ser manejado con los medios que el ordenamiento jurídico
dispone para condiciones de normalidad. Adicionalmente,
dentro de las medidas anunciadas en el decreto matriz no se observa alguna que
comprometa los dos hechos adicionales.
68.
Respecto a la segunda inquietud generada por los intervinientes debe
señalarse inicialmente que el Decreto 417 de 2020 alude a que el sistema de
salud colombiano no se encuentra físicamente preparado para atender una
emergencia de salud, requiriendo su fortalecimiento inmediato para atender un
evento sorpresivo de las magnitudes de la pandemia. Siendo así es posible
desprender por la Corte que la mención realizada no
lo ubica como causa directa de la declaratoria de la emergencia, sino como
el reconocimiento de una problemática estructural por mejorar y así generar
la repuesta más adecuada, oportuna y eficiente contra el COVID-19.
69.
La situación ocasionada por la pandemia sobrepasa las
permanentes dificultades ordinarias del sistema de salud colombiano, no solo
por la imprevisibilidad e impredecibilidad, sino también, como se ha insistido,
por la facilidad y velocidad de propagación, los altos niveles de gravedad y la
inexistencia de vacuna o tratamiento específico.
70.
Particularmente, en la sentencia C-242 de 2011[267]
se sostuvo que pueden presentarse eventos en que junto a
los hechos sobrevinientes existan otros concomitantes pero de carácter estructural,
previsibles y respecto de los cuales se hayan realizado llamados de atención.
Aunque esta Corporación manifestó en principio que las razones de la emergencia
no son suficientes para que bajo su amparo se aborde la solución de problemas
crónicos y deba el Gobierno adelantar dos líneas de acción (las de emergencia y
las ordinarias), expuso que “no descarta la eventualidad de (…) casos en los
que sea posible atender concomitantemente las dos dimensiones del problema, sin
afectar el principio de especificidad, cuando la respuesta prevista para
atender la coyuntura aporta, al mismo tiempo, una solución definitiva”. Agregó
que las facultades del estado de emergencia solo pueden proyectarse en lo
estructural cuando se acredite que es una condición necesaria para la
atención inmediata de la crisis[268].
71.
Con base en esa determinación puede incluso afirmarse por este Tribunal que la
mención en el decreto matriz a que el sistema de salud no se encuentra
preparado para atender una emergencia y que requiere su fortalecimiento para
atender el evento sorpresivo del COVID-19, constituye una condición necesaria que
requiere atenderse para generar la respuesta inmediata a la crisis de la
emergencia. Igualmente, se reitera que la regla consistente en que las
situaciones crónicas y estructurales no constituyen hechos sobrevinientes ni
extraordinarios no es absoluta[269],
ya que en la resolución caso a caso se han podido verificar algunas excepciones,
como cuando por alguna circunstancia súbita y repentina dichas situaciones se
agudizan más allá de la progresión esperada del fenómeno[270].
72.
También la sentencia C-386 de 2017 puso de presente que la sola circunstancia
de que algunas de las causas que explican una calamidad o sus efectos puedan
estar relacionadas con conductas u omisiones humanas y, por lo tanto, no
solamente puedan explicarse sino predecirse o advertirse por razón de los
avances de la ciencia y la experticia técnica, no implican que no pueda
declararse el estado de excepción. Lo anterior respalda aún con mayor fuerza la
existencia de los hechos sobrevinientes y extraordinarios. Además, aquellos
intervinientes que se han aproximado críticamente a tal carácter, en su mayoría
no han negado la pertinencia de declarar el estado de emergencia, en tanto
medio necesario y eficaz para responder a lo ocurrido.
73.
Las anteriores razones no impiden a la Corte poner de presente al Gobierno
nacional que hace una década la sentencia C-252 de 2010[271]
llamó la atención sobre la necesidad de resolver la problemática estructural
que aqueja al sistema de salud colombiano. Con anterioridad la sentencia T-760
de 2008 aludió a un estado de cosas inconstitucional implícito sobre la materia.
Así mismo, advierte la importancia de observar los parámetros estatuidos por la
Ley 1751 de 2015 (estatutaria de salud), especialmente los artículos 2[272],
5[273],
6[274],
9[275],
21[276],
22[277],
entre otras, conforme a los lineamientos de la sentencia C-313 de 2014.
Hecho extraordinario a pesar de experiencias con
coronavirus
74.
Otro punto que debe examinarse es que podría afirmarse que era factible la
aparición de un nuevo coronavirus, atendiendo las experiencias pasadas en la
humanidad y más recientemente con el SARS y el MERS como modalidades de
coronavirus, así como de la proyectada “enfermedad X”. Para la Corte, aunque exista una reglamentación a nivel de la OMS sobre la
materia y fuera previsible incluso la aparición de una nueva pandemia, no deja
de ser un evento extraordinario.
75.
El propio Reglamento Sanitario Internacional[278]
en el artículo 1º reconoce la ESPII como un “evento extraordinario”, que
se ha determinado constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados,
a causa de la propagación internacional de una enfermedad, y exige una
respuesta internacional coordinada. Así mismo, el artículo 7º refiere a la
notificación de información durante “eventos imprevistos o inusuales”,
indicando que si un Estado parte tiene pruebas de que se ha producido un suceso
imprevisto o inusual, cualquiera que sea el origen o procedencia, que pudiera
constituir una ESPII, facilitará a la OMS toda la información concerniente a la
salud pública[279].
76.
En el mismo sentido, la OMS[280]
ha aludido a que los brotes de gripe pandémica son impredecibles. Señaló
que el virus de la gripe está en constante mutación, cambiando de piel para
escapar a las defensas inmunológicas de los humanos. La directora del Programa
Mundial de la Gripe indica que “sabemos a ciencia cierta que habrá una nueva
pandemia por un virus de la gripe distinto, pero desconocemos cuándo, qué cepa
vírica estará implicada y cuál será la gravedad de enfermedad. Esta
incertidumbre hace que el virus de la gripe sea muy distinto de muchos otros
patógenos”.
77.
Añade que se han adoptado herramientas para luchar contra las pandemias[281],
sin embargo, llama la atención a que los países continúen preparándose e
integrando intervenciones innovadoras que pueden salvar vidas[282],
enfatizando dicha organización en la necesidad de acondicionar al mundo[283].
Por último, refiere a que en la actualidad menos de la mitad de los
países cuentan con un plan nacional de preparación para la gripe pandémica y
pocos lo han actualizado para incorporar las enseñanzas adquiridas, precisando
que no es de extrañar que los países de ingresos bajos que están luchando para
mejorar sus sistemas de atención primaria suelan carecer de la capacidad y los
recursos necesarios para elaborar y aplicar estos planes.
Presupuesto valorativo (gravedad e inminencia)
Síntesis del decreto
78.
El Gobierno nacional en la parte motiva del Decreto 417 de 2020 expone como
impactos y consecuencias económicas y sociales por los hechos detonantes de la
declaratoria de emergencia (calamidad pública sanitaria) los siguientes:
-
Expansión del brote COVID-19 y crecimiento exponencial previsible, sumado a los
efectos económicos negativos, es un hecho que además de ser una grave calamidad
pública, constituye una grave afectación del orden económico y social que
justifica la declaratoria del estado de emergencia;
-
Además de la tragedia humanitaria de la pérdida de más de 7.000[284] vidas en todo el mundo a 17 de
marzo y los 180.159 casos de contagio, entre ellos 75 en Colombia, de no
tomarse medidas inmediatas se pronostica mayores índices de mortalidad y un
problema sanitario que debe ser resuelto con medidas de contención y
mitigación;
-
El posible aumento de casos de contagio constituye un reto de dimensiones
inusuales para el sistema de salud que debe atender no solo las necesidades de
los directamente afectados sino de impedir la extensión de los efectos, lo cual
exige ingentes recursos económicos y la adopción por las entidades del Estado y
los particulares de las acciones necesarias para restringir el contacto de los
habitantes para garantizar las condiciones de atención en salud, evitar el
contagio y su propagación;
-
La gravedad por el número de contagios, el crecimiento exponencial y las
muertes alrededor del mundo han impactado los mercados nacionales e
internacionales, así como la oferta y la demanda con fuertes consecuencias incluso
en el mercado laboral, por lo que debe ser atendido con medidas extraordinarias
que eviten agravar la situación y los efectos económicos;
-
Como consecuencia del nuevo coronavirus y su propagación es evidente la
afectación del empleo en diferentes actividades económicas, entre otras, de los
comerciantes y empresarios que alteran los ingresos y los compromisos
adquiridos, siendo necesario promover mecanismos para impulsar actividades
productivas y mitigación de los impactos negativos;
-
Es tan grave e inminente que afecta la salud, el empleo, el abastecimiento de
bienes básicos, la economía y el bienestar de los habitantes del territorio
nacional, siendo necesario contar con herramientas legales para enfrentar
eficazmente la situación;
-
Las medidas se requieren aplicar inmediatamente ante la inminencia de que los
hechos cada día sean más complejos y afecten a un mayor número de habitantes,
además de la atención oportuna a los afectados en materia sanitaria y
económica.
Análisis
constitucional
79.
El juicio de gravedad e inminencia comprende el impacto y las
consecuencias sobre la economía y la sociedad de los hechos que motivaron la
declaratoria de emergencia. El criterio para su medición actual o potencial
está dado por la afectación de los derechos constitucionales, sin que el examen
busque suplantar, alterar o suprimir la facultad de valoración del Gobierno. La
Corte puede concluir en esta oportunidad que dicho presupuesto se cumple al
verificarse la presentación de los efectos mencionados, por lo que no se
incurrió en una arbitrariedad ni en un error manifiesto al calificar los hechos
detonantes de la emergencia, como se pasa a explicar.
80. Como
se ha explicado, el 11 de marzo de 2020 el Director General de la OMS[285]
anunció al mundo que se está ante una pandemia por el aumento de contagiados y
fallecimientos, pronosticando que en las semanas por venir el número de casos,
víctimas mortales y países contagiados continuaría aumentando, por lo que llamó
a los países a adoptar medidas agresivas y urgentes dado los alarmantes
niveles de propagación y gravedad[286].
81. El
grave panorama de salud pública se vio incrementado por el primer caso de COVID-19
reportado el 6 de marzo, por lo que el Ministerio de Salud un día después declaró
la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional[287]. El día 17 de
marzo se expidió el Decreto 417 de 2020, evidenciando el Ministerio de Salud el
crecimiento exponencial de la pandemia al reportar 75 casos en Colombia y a
nivel mundial 180.159 casos, 7.103 fallecidos y 143 países con contagio[288].
82. Los
acontecimientos equivalen para la Corte a una grave calamidad pública sanitaria,
además de las afectaciones del orden económico y social, como acertadamente lo
calificó el Gobierno nacional. En la respuesta generada al auto de pruebas se
informa por el Instituto Nacional de Salud[289]
a corte 31 de marzo, que se han confirmado en total 906 casos de COVID-19, de
los cuales el 52,9% (413) corresponde a hombres y el 47,1 (427) a mujeres. Los
grupos de edad en los cuales se concentra el mayor número de casos son de 30 a
39 años con el 23,0% (208) y de 20 a 29 años con el 21,5% (195), seguido del
grupo de 50 a 59 años y de 40 a 49 años con el 16,7% (151), respectivamente.
Asimismo, dicho instituto[290]
expuso los siguientes resultados por casos del COVID-19 y su probable
distribución según severidad en Colombia en el escenario de ninguna
intervención:
Resultado
Casos
Infectados totales
31.598.000 (IC 95% 21.237.000 -
34.606.000)
Infectados Asintomáticos
3.507.000 (IC 95% 2.357.000 -
3.841.000)
Casos Leves
22.870.000 (IC 95% 15.371.000 -
25.047.000)
Casos Severos (precisan hospitalización,
pero no UCI)
3.901.000 (IC 95% 2.622.000 -
4.272.000)
Casos Críticos (que requerirían
UCI)
1.320.000 (IC 95% 887,000 -
1.446.000)
INS. Informe
rendido el 31 de marzo de 2020
83. Así para la
Corte al momento de la declaratoria existía una grave calamidad pública
sanitaria, así como un riesgo cierto, materializado en el costo dramático en
vidas, con una proyección alarmante.
84. Por su
parte, el Ministerio de Hacienda[291]
en respuesta al auto de pruebas presentó un informe sobre el impacto de
la pandemia en los distintos sectores de la economía, así como en la generalidad
de la sociedad, citando las fuentes de información que la respaldan. Anotó que
el país está atravesando por una combinación de situaciones que amenazan
perturbar gravemente el orden económico y social por la calamidad sanitaria.
85. Afirma que
el vertiginoso escalamiento del brote representa una amenaza global a la salud
pública, con afectaciones al sistema económico de magnitudes impredecibles e
incalculables de la cual Colombia no está exenta. Además, halló que el contexto
internacional vital para el desempeño de la economía colombiana está altamente
enmarcado en la volatilidad e incertidumbre, mientras que las necesidades de
gasto al interior del país aumentan para conjurar los efectos del COVID-19.
86. Añadió que
las medidas que son necesarias para disminuir el contagio de la epidemia y
limitar su afectación, contraen la actividad productiva y Colombia no es
la excepción[292].
Expone los impactos ocasionados en la disponibilidad de recursos de los hogares
colombianos, ejemplificando que las medidas de aislamiento preventivo resultan
en una reducción de los flujos de caja de las empresas debido a la caída de la
demanda y de su capacidad de operar, todo lo cual conlleva a incumplimientos de
pagos y obligaciones rompiendo relaciones crediticias.
87. El
Ministerio de Hacienda advirtió una ralentización de la actividad económica,
reflejada en las variables reales como el crecimiento, el consumo privado y la
inversión. Informa que proyecciones realizadas por Fedesarrollo[293]
estiman que los choques de oferta y demanda generados por la pandemia y la
caída de los precios del petróleo pueden ocasionar un crecimiento del PIB en
2020 alrededor de 1,2% para un escenario medio y -0,4% para uno pesimista. Así
mismo, ANIF[294]
redujo sus proyecciones de crecimiento para esta vigencia de una inicial de
3,4% -3,6% a l,8% -2%, y de persistir la crisis de salud pública estiman una
desaceleración aún mayor, alcanzando niveles de crecimiento entre 0,5% y 1%.
Por su parte, JP Morgan proyecta un crecimiento para 2020 de 0%[295].
Lo anterior, afirma, también representa un deterioro de las condiciones que se
observan en el mercado laboral además que las finanzas públicas se ven
afectadas de forma sustancial[296].
88. Sobre la volatilidad
de los mercados financieros explicó que la capacidad de la Nación de acudir
a los mercados de capitales por recursos se ve limitada producto de los efectos
del COVID-19 y la caída de los precios de petróleo sobre los mercados. En el
caso de Colombia se observa un aumento generalizado en la percepción del riesgo
del país y una desvalorización significativa de la deuda pública aumentando la
volatilidad de los mercados. Los bonos del Estado han mostrado fuertes
desvalorizaciones con aumentos significativos en la prima de riesgo del país.
Anota que el Gobierno para atender las crecientes e inesperadas necesidades de
recursos debe considerar fuentes alternas a los mercados financieros en un
primer momento.
89. En relación
con las medidas para la contención y mitigación de los efectos adversos del
COVID-19 el Ministerio de Hacienda expuso que para responder a las necesidades
que demandan los efectos de la pandemia se requieren gastos importantes.
Argumenta que la experiencia internacional ha demostrado la alta necesidad de
recursos para hacerle frente a los efectos adversos del COVID-19, con una
estimación de recursos por los menos de $18 billones, que son adicionales a los
del presupuesto general de la Nación para la vigencia 2020. Igualmente, el
Gobierno debe garantizar la prestación de los servicios requeridos para atender
la emergencia sanitaria, aliviar los efectos adversos sobre los hogares y
empresas, y dar los insumos necesarios para mantener y restablecer la actividad
económica del país dependiendo de la evolución de la pandemia.
90. De otro
lado, el Banco de la República[297]
en respuesta al auto de pruebas también aportó valiosos insumos para la
verificación del presupuesto valorativo. Informó que la incertidumbre de los
efectos del virus y las fuertes medidas adoptadas por las autoridades de
diferentes países para contener el contagio, “impactaron de manera fuerte
los mercados financieros, presentándose caídas pronunciadas en los mercados de
valores y niveles máximos de indicadores que miden el riesgo de los países. El
cierre de fronteras, las restricciones en el flujo de comercio y la parálisis
de la producción y la inversión, llevan a caídas en el crecimiento global que
aún no son cuantificables. A lo anterior se sumó la caída del precio del
petróleo (…). Estas dos situaciones extremas implican un impacto negativo muy
fuerte a la actividad económica, por sus efectos en la demanda y la oferta
agregadas. Adicionalmente, generan presiones importantes sobre los ingresos
externos y fiscales del país, las primas de riesgo y los flujos de capital, que
se reflejan en una fuerte depreciación de la moneda en las últimas semanas.”
91. La
evaluación ejecutiva sobre el crecimiento exponencial puede verificarse con el
reporte 106 de la OMS[298]
del 5 de mayo de 2020 que determina 3.517.345 casos confirmados y
243.401 fallecidos a nivel mundial, mientras que la región de las Américas
expone 1.477.447 casos confirmados y 79.590 fallecidos. En Colombia a través
del Instituto Nacional de Salud[299]
se reporta a la misma fecha un total de 8.613 casos confirmados y 378
fallecidos:
92. En cuanto a
la distribución de casos según severidad se determina por el INS el siguiente
porcentaje:
93. Bajo este
contexto, el Presidente de la República junto con sus ministros, ejerció, a
juicio de la Corte, de manera apropiada sus facultades constitucionales y dentro
del margen razonable de análisis que establece la Constitución. La grave
situación de calamidad pública sanitaria, su crecimiento exponencial, los altos
índices de mortalidad y los efectos perjudiciales sobre el orden económico y
social, involucran afectaciones o amenazas intensas sobre los derechos
constitucionales de los habitantes del territorio nacional, a saber, la salud,
vida, seguridad, libertad de locomoción, derechos de población vulnerable y
enfoque diferencial, trabajo, subsistencia digna, mínimo vital, seguridad
alimentaria, libre empresa, etc., así como repercusiones graves sobre las
finanzas del Estado.
94. Para la Corte
no cabe duda de que las dimensiones de la calamidad pública sanitaria y sus
efectos en el orden económico y social son devastadoras, al producir
perturbaciones o amenazas en forma grave e inminente que impactan de manera
traumática y negativamente en la protección efectiva de los derechos
constitucionales de millones de personas. Ello se verifica con el volumen de
infectados y personas fallecidas, la virtualidad de poner en serio peligro los
derechos constitucionales al desconocerse aún la cura del COVID-19, además de
las grandes repercusiones económicas y sociales al desequilibrar intensamente
la sostenibilidad individual, de los hogares y de las empresas, así como las
finanzas del Estado.
Y por ello,
valga la reiteración, la Corte en esta ocasión sobre los decretos legislativos
o de desarrollo de la EES, ejercerá el control constitucional que le
corresponde, con una amplia flexibilidad, pues la magnitud de esta crisis no
tiene antecedentes en los tiempos recientes, de allí que el escrutinio que haga
este Tribunal tendrá en cuenta la amplia  capacidad de acción que acompaña al
señor Presidente de la República, de cara a los remedios que estime necesarios
para conjurar la crisis, en tanto y cuanto estos guarden la razonable conexidad
con los hechos que motivaron la declaratoria del EEES.
95. Adicionalmente,
otras intervenciones dentro del expediente por parte de organizaciones
económicas como el Consejo Gremial Nacional[300] y FENALCO[301], confirman la
gravedad e inminencia de los hechos que motivaron la declaratoria de
emergencia. En esta misma línea otras organizaciones internacionales como la
OIT[302], el Comité
Monetario y financiero Internacional y el FMI[303], la OCDE[304] y la CEPAL[305] ratifican los
impactos económicos y sociales por la grave calamidad sanitaria mundial.
96. Finalmente,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[306] reconoce que
los Estados de la región afrontan una situación de emergencia compleja debido a
la rápida dispersión del virus del COVID-19 declarado como pandemia, la cual ha
afectado a distintos grupos de la población en prácticamente todos los países
del hemisferio. Esta situación que afecta la salud de la población, señala la Comisión, determina la respuesta
prioritaria de los respectivos sistemas de salud, pero también impacta en otros
ámbitos como el desarrollo económico, el trabajo, la educación de niñas, niños
y adolescentes, la seguridad, entre otros. Con base en el incremento exponencial
de personas contagiadas informa que diversos Estados de la región han declarado
inclusive estados de emergencia, estados de excepción, estados de catástrofe
por calamidad pública o emergencia sanitaria nacional, a través de decretos
presidenciales y normativa de variada naturaleza jurídica con el fin de
proteger la salud pública, combatir la pandemia y evitar el incremento de
contagios[307].
Insuficiencia de los medios ordinarios
Síntesis del decreto
97.
El Gobierno nacional expone como justificación de la declaratoria del estado de
excepción lo siguiente:
-
Ante la insuficiencia de atribuciones ordinarias con las que cuentan las
autoridades estatales para hacer frente a la crisis económica y social generada
por la pandemia, es necesario adoptar medidas extraordinarias para conjurarla,
en particular aquellas que permitan acudir a mecanismos de apoyo al sector
salud y mitigar los efectos económicos;
-
La adopción de medidas de rango legislativo busca fortalecer las acciones
dirigidas a conjurar los efectos de la crisis mediante la protección a la salud
así como la mitigación y prevención del impacto negativo en la economía del
país;
-
Por la insuficiencia de los mecanismos jurídicos ofrecidos, entre otros, en
leyes 100 de 1993, 1122 de 2007, 1438 de 2011 y 80 de 1993, y decretos 663 de
1993 y 111 de 1996, recurrir a las facultades de emergencia para dictar
decretos con fuerza de ley, debido a la propagación y mortalidad generada por
el COVID-19, el pánico por la propagación y las medidas de contención
decretadas por cada Estado para evitar una mayor propagación;
-
La adopción de medidas legislativas busca fortalecer las acciones dirigidas a
conjurar los efectos de la crisis así como mejorar la situación de los
contagiados y evitar una mayor propagación; no obstante, dado que la magnitud
de la llegada del COVID-19 a Colombia no ha sido dimensionada en su totalidad,
las medidas que se anuncian en este decreto no agotan los asuntos que puedan
abordarse, por lo que en el proceso de evaluación de los efectos de la
emergencia podrían detectarse nuevos requerimientos y, por tanto, diseñarse
estrategias novedosas para afrontar la crisis;
-
Medidas: atendiendo que se requieren recursos adicionales para que el Gobierno
pueda enfrentar mayores necesidades sociales y económicas, se requiere disponer
de recursos a cargo de la Nación y de entidades territoriales como el FAE del
Sistema General de Regalías y el FONPET a título de préstamo u otro que se
requiera;
-
Creación del FOME para atención en salud, efectos a la actividad productiva y
economía brinde condiciones de empleo y crecimiento;
-
Dada la necesidad de recursos líquidos se deben adoptar medidas que permitan
reducción y optimización del capital de entidades financieras con participación
accionaria estatal, además permitir a la Nación emitir títulos o respaldar
emisión con destino a operaciones de liquidez con el Banco de la República;
-
Fortalecer el FNG a través del aprovechamiento de recursos de capital de
entidades de la rama ejecutiva, para garantizar continuidad de acceso al
crédito y subsidiar comisiones de garantías otorgadas;
-
Autorizar al Gobierno a crear un patrimonio autónomo o fondo cuenta especial
para financiación e inversión en proyectos para atender, mitigar y superar los
efectos del COVID-19;
-
Dada la necesidad de recursos líquidos se deben adoptar medidas que permitan
descapitalizar entidades financieras con participación accionaria estatal,
igualmente deben permitir a la Nación emitir títulos o respaldar su emisión con
destino a operaciones de liquidez con el Banco de la República, a la vez se
analizarán medidas para adelantar procesos de enajenación de activos de forma
más ágil;
-
Para permitir reducción de movilidad, aglomeración y congregación en sitios
públicos, así como evitar mayor afectación de actividades económicas, empleo,
industria y comercio, el Gobierno analizará todas las medidas tributarias, en
particular otorgar beneficios tributarios para promover la industria y comercio
que generan fuentes de empleo;
-
Aliviar las obligaciones de diferente naturaleza como tributarias, financieras,
afectadas por efecto de la crisis;
-
Buscar mecanismos legales para facilitar y agilizar procesos de reorganización
e insolvencia empresarial que permita recuperación de capacidades laborales,
sociales, productivas y financieras;
-
Una de las principales medidas recomendadas por la OMS es el distanciamiento
social y aislamiento, para lo cual las tecnologías de la información y las
comunicaciones se convierten en una herramienta esencial para proteger la vida
y salud;
-
Atender obligaciones de diferente naturaleza como tributarias, financieras,
para proteger sector de salud, promover industria y comercio, y absorber
pérdidas económicas y fuerza laboral afectada;
-
Para proteger salud del público en general y servidores públicos, se hace
necesario expedir normas legales que flexibilicen la obligación de atención
personalizada al usuario y permita incluso la suspensión de términos legales en
actuaciones administrativas y jurisdiccionales;
-
Con igual propósito se hacen necesario normas que habiliten actuaciones
judiciales y administrativas a través de medios tecnológicos, y medidas para
garantizar servicio público de justicia, notariado y registro, defensa jurídica
del Estado y atención en salud en sistema penitenciario y carcelario;
-
Gobierno podrá simplificar proceso administrativo sancionatorio contenido en
leyes 9 de 1979 y 1437 de 2011, garantizando debido proceso y derecho de
defensa;
-
Para garantizar prestación continua y efectiva de servicios públicos podrá
flexibilizar criterios de calidad, continuidad y eficiencia, establecer orden
de atención prioritaria en el abastecimiento, flexibilizar régimen laboral en
cuanto requisitos de trabajadores a contratar, implementar medidas de importación
y comercialización de combustibles para no afectar abastecimiento;
-
Para generar mecanismos ágiles que permitan atender eficientemente necesidades
de la población, se autoriza al Gobierno acudir al procedimiento de
contratación directa siguiendo principios de transparencia y legalidad, de tal
forma que sectores de salud, prosperidad social, educación, defensa y todos los
demás que requieran adquieran el suministro de bienes, prestación de servicios
o ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir,
contener y mitigar efectos de la pandemia;
-
Es necesario autorizar al Gobierno a realizar entrega de transferencias
monetarias adicionales y extraordinarias, entre otras, a favor de beneficiarios
de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor
-Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y la compensación del IVA, para mitigar
efectos a la población más vulnerable;
-
Para garantizar atención en salud de la población es necesario modificar
disposiciones normativas del Sistema General de Regalías que permita respuesta
efectiva y ágil a la situación sanitaria y requerimientos en materia de acceso
a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud;
-
A fin de garantizar suficiencia y accesibilidad a los alimentos necesarios para
la subsistencia, el Gobierno adoptará acciones que garanticen permanente
funcionamiento del sistema de abastecimiento y seguridad alimentaria en el
territorio nacional;
-
Para garantizar la aplicación de las medidas adoptadas, autorizar al Gobierno
para efectuar operaciones presupuestales necesarias.
-
Decreta: art. 1, declarar el estado de emergencia económica, social y ecológica
en todo el territorio nacional, por el término de 30 días calendario a partir
de la vigencia del decreto; art. 2, el Gobierno ejercerá las facultades del
art. 215 superior, del art. 1 del decreto y demás disposiciones que requiera
para conjurar la crisis; art. 3, el Gobierno adoptará mediante decretos legislativos,
además de medidas anunciadas en la parte considerativa del decreto, todas
aquellas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión
de sus efectos, así mismo dispondrá las operaciones presupuestales necesarias
para llevarlas a cabo; y art. 4, el decreto rige a partir de la fecha de su
publicación.
Análisis
constitucional
98.
En el asunto sub examine se habrá de concluir que el Gobierno nacional
acreditó ante esta Corporación que por la magnitud y la gravedad de la crisis
humanitaria resultante de la pandemia del COVID-19, no podía ser conjurada en
esta oportunidad con el ejercicio de las atribuciones ordinarias que le otorga
el ordenamiento jurídico, al resultar insuficientes y no permitir responder con
inmediatez las muchas áreas puntuales que requieren medidas específicas de
nivel legislativo y no solo administrativas, haciendo necesarias medidas
extraordinarias para atender la calamidad sanitaria y los efectos negativos al
orden económico y social. El riesgo indeterminado y el desafío que enfrenta la
humanidad constituyen una amenaza directa, cuya respuesta dada la prontitud y
eficiencia requerida no descansa en los medios tradicionales.
99.
A continuación, la Corte desarrollará el juicio de subsidiariedad que indaga
por i) la existencia de medidas ordinarias, ii) su
utilización por parte del Gobierno nacional y iii) la
insuficiencia de estas para conjurar la situación e impedir la extensión de los
efectos.
La existencia de medidas ordinarias
100.
El Director de la OMS[308], luego de
señalar que ha aplicado su máximo nivel de respuesta desde cuando se
notificaron los primeros casos del coronavirus, llamó la atención de todos los
países para que “activen y amplíen sus mecanismos de respuesta a
emergencias” y puedan cambiar el curso de la pandemia ante el reto que
enfrentan muchos países dados los problemas de falta de capacidad, recursos y
determinación, que en su opinión hacen necesaria una estrategia integral. Puede
apreciarse que el Estado colombiano siguió de cerca las directrices de la OMS y
la OPS, en cuanto a la evaluación de riesgos para las américas y la expedición
de respuestas de salud pública respecto a viajeros internacionales, vigilancia,
laboratorio, prevención y control de infecciones, entre otros.
101.
La Corte verifica respecto a lo considerado en el decreto matriz que las
medidas ordinarias con las que en principio contaba el Gobierno nacional para
contener la crisis e impedir la extensión de los efectos, son las previstas en
las leyes 100 de 1993[309],
1122 de 2007[310],
1438 de 2011[311],
1751 de 2015[312],
1753
de 2015[313]
(art. 69)[314]
y 9 de 1979[315]
y el Plan
Decenal de Salud Pública 2012-2021[316],
en lo correspondiente a lo sanitario. Igualmente, las leyes 1523 de 2012[317] y 80
de 1993[318],
así como los decretos 663 de 1993[319]
y 111 de 1996[320],
para lo económico y lo social, entre otras.
102.
Como se ha manifestado, ante un fenómeno nuevo como el COVID-19, de alta
velocidad de propagación, expansión e índice de mortalidad sobre el cual el
mundo científico desconoce aún una medida eficaz para contrarrestarlo, el
Estado colombiano ha venido paulatinamente ajustando sus políticas de salud
pública, económica y social,
atendiendo
la evidencia científica disponible, el comportamiento de la pandemia y las
proyecciones de avance en el país, con la finalidad de conjurar la crisis e
impedir la extensión de sus efectos.
103.
Los problemas más críticos son sin duda los del ámbito de la salud pública (vida
y seguridad de la población) pero extiende  sus efectos adversos hacia el  empleo,
la subsistencia, y aún más sobre ciertas garantías fundamentales como la
libertad de locomoción, el derecho a la reunión, la educación, el acceso a
servicios públicos, la conservación de la vivienda, la empresa, la
sostenibilidad fiscal, etc., los cuales para su atención requieren la adopción
de una serie de medidas que comprenden primordialmente un mayor gasto público
social.
104.
En
este punto de análisis corresponde ahora a la Corte verificar el empleo
efectivo por parte del Gobierno y demás autoridades del Estado del sistema
normativo ordinario puesto a su disposición.
Utilización
de los medios ordinarios por el Gobierno nacional y demás autoridades estatales
105. En primer
lugar, se observa que el Gobierno en el Decreto 417 de 2020 evidencia en los
presupuestos fáctico, valorativo y de justificación de las medidas, que empleó
los medios ordinarios que le otorga el ordenamiento jurídico; además denotó
el ejercicio de atribuciones por otras autoridades, a saber, la Junta
Directiva del Banco de la República, entre otras.
106. El
Ministerio de Salud[321]
en respuesta al auto de pruebas enlistó una serie de medidas adoptadas
en virtud de sus competencias constitucionales y legales. De su lado, el
Ministerio de Hacienda[322]
informó que el sector del petróleo y gas ha expedido medidas para hacer frente
a la caída de los precios del petróleo y la subida abrupta del dólar[323].
Advierte ese ministerio que para atender las crecientes e inesperadas
necesidades de recursos por el COVID-19 debe considerar en un primer momento fuentes
alternas a los mercados financieros. Recalca la inmediatez con la que se
requieren los recursos adicionales para atender las necesidades derivadas de la
pandemia, además de que la capacidad del Gobierno para acceder a los mercados se
ve limitada. Señala que el Estado ante la coyuntura de la pandemia debe
garantizar la prestación de los servicios requeridos para atender la emergencia
sanitaria, aliviar los efectos adversos sobre los hogares y empresas, y dar
insumos necesarios para mantener y restablecer la actividad económica del país
dependiendo de la evolución del virus.
107. Otras
autoridades como el Banco de la República[324]
en respuesta al auto de pruebas[325]
informó que el 31 de enero de 2020 la Junta Directiva analizó la situación de
la economía colombiana como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, cuya
visión era que seguiría creciendo a niveles similares del año anterior y que
sería muy superior al de la gran mayoría de las economías de la región (3,3%),
la inflación se acercaría a la meta del 3% fijada por la Junta y las
perspectivas de crecimiento global eran moderadas pero mejores que en el 2019.
Dada la acelerada extensión del coronavirus en el mundo a lo cual se le sumó la
caída del precio del petróleo, “la respuesta de la autoridad monetaria, en
circunstancias tan complejas y extremas, se centró en dar liquidez adecuada y
suficiente a la economía para asegurar el normal funcionamiento del sistema de
pagos y proveer recursos suficientes de crédito”.
108. Conforme
a ello el Banco aumentó de forma extraordinaria los cupos de liquidez, autorizó
que todos los intermediarios financieros tengan acceso al banco emisor y
autorizó acceso a los cupos de REPOS con títulos de deuda pública y privada
para sus operaciones de liquidez, además aseguró la liquidez en moneda
extranjera y habilitó un instrumento de cobertura a las variaciones del dólar.
El 27 de marzo decidió disminuir en 50 puntos básicos su tasa de intervención,
llevándola a 3,75%, para facilitar la reducción en la carga financiera en los
hogares y empresas, otorgando un soporte a la demanda interna[326].
109. Para tener
una comprensión más integral de las medidas ordinarias adoptadas
primordialmente por el Gobierno hasta la declaratoria del estado de emergencia,
en el ANEXO 5[327]
se relaciona por fecha, autoridad y materia los distintos tipos de actos expedidos
(decretos, resoluciones, circulares, directivas, protocolos, etc.). De esta
manera, la Sala Plena constata que el Gobierno desarrolló gradualmente un
conjunto de medidas ordinarias, que parten de las circunstancias del país y
las proyecciones del avance del COVID-19, buscando ganar tiempo para la mejor
preparación de los servicios de salud y protegiendo a las personas con mayor
riesgo de infección. Además son de tal intensidad los efectos ocasionados que
han trastornado la economía nacional e internacional, a partir de las medidas
de distanciamiento obligatorio, con sus graves consecuencias sociales.
110. En suma,
ciertamente el Gobierno nacional utilizó de la manera requerida las
atribuciones ordinarias para atender las dimensiones sanitarias, económicas y
sociales de la pandemia desde múltiples frentes antes de declarar el estado de
emergencia. Le corresponde ahora a la Corte valorar si el sistema normativo
está provisto de elementos que permitan al Estado reaccionar con inmediatez y
eficacia para combatir una situación de la magnitud que ha originado el
COVID-19.
Insuficiencia de
las medidas ordinarias para conjurar la situación e impedir la extensión de los
efectos
111. El
Ministerio de Salud[328]
en respuesta al auto de pruebas precisa que el establecimiento y mantenimiento
de unidades de cuidados intensivos, el fortalecimiento de las cadenas de
suministro, la disposición de lugares de atención y camas hospitalarias, el
personal médico necesario y otras medidas para ampliar respuesta de salud
pública a la pandemia, se venían analizando con anterioridad a la declaratoria
de emergencia y se requieren para el fortalecimiento del sistema de salud en el
país. Informa que no cuenta con facultades para adelantar investigaciones
clínicas, además que se busca actualizar el marco normativo para optimizar los
procesos de investigación y los estándares sanitarios, conforme al pacto por el
crecimiento del sector farmacéutico[329].
Igualmente, el Instituto Nacional de Salud señaló que el aprovisionamiento de
vacunas es una actividad que desplegará el Ministerio de Salud en el momento
que la comunidad científica logre este avance.
112. Las
proyecciones de los contagios de la población colombiana y en los ámbitos económico
y social derivados de las medidas sanitarias, expuso la necesidad para el
Ministerio de Hacienda[330]
de disponer de cuantiosos recursos adicionales a los que no es posible obtener
por las vías ordinarias -modificaciones a leyes presupuestales con el fin de
movilizar recursos hacia donde más se necesitan-, para así hacer frente al
COVID-19, además de otras medidas requeridas a nivel legislativo con altas
repercusiones económicas y sociales. Así mismo, la Presidencia de la República[331]
allegó un listado parcial de disposiciones que a la fecha se han modificado,
derogado, suspendido o creado en virtud de las medidas de desarrollo
decretadas, que para mayor ilustración harán parte del ANEXO 6.
113. La Junta
Directiva del Banco de la República[332]
en respuesta al auto de pruebas justificó ante la Corte la necesidad de medidas
extraordinarias para superar la crisis e impedir la extensión de sus
efectos. Informa que ha venido empleando de forma adecuada y oportuna los
instrumentos que le otorga dicha normativa con el fin principal de proveer
liquidez a la economía en estas circunstancia extraordinarias, “sin embargo,
el impacto de los choques originados por la pandemia hace que las medidas
necesarias para superar la crisis trasciendan aquellas que, conforme con la
Constitución y la Ley 31 de 1992, puede adoptar la Junta Directiva del Banco de
la República”.
114. Explica que
para superar la crisis originada por la pandemia no basta con medidas
relacionadas con la moneda, los cambios internacionales y el crédito, sino que se
requiere además por otros organismos del Estado y, en particular, de la rama
ejecutiva, de medidas extraordinarias en ámbitos diversos de aquellos de
competencia exclusiva del Banco y de su Junta, como son, entre otros, la salud
pública, el ingreso mínimo de los ciudadanos y la estabilidad financiera.
Concluye que “las medidas extraordinarias que requiere adoptar el Estado
colombiano exigen un esfuerzo fiscal considerable del Gobierno nacional no solo
para impedir el contagio del virus, sino para implementar políticas tendientes
a mitigar los duros efectos que su presencia producirá en las personas, las
familias y las empresas, una vez se supere la fase del contagio”.
115. Realmente
el sistema de salud colombiano no está preparado para una problemática tan
profunda y específica como el COVID-19, aún cuando el Estado colombiano había
firmado ante la OMS el RSI, lo cual obedece, según se ha indicado, a la novedad
del fenómeno presentado, la alta velocidad de propagación, los índices de
mortalidad y el crecimiento exponencial, aunado a que no se cuenta aún con una
vacuna para combatirla eficazmente, sino con procedimientos de tratamiento y
mitigación. Adicionalmente, se presentan una serie de consecuencias económicas
y sociales que se han derivado por las medidas de protección adoptadas como el
distanciamiento social.
116. Para que
los ciudadanos puedan gozar de condiciones de vida digna y saludables frente al
nuevo coronavirus y se puedan atender las consecuencias nocivos sobre el orden
económico y social producido, es imperativo contar con herramientas
extraordinarias que permitan responder con oportunidad y eficacia, pues las que
dispone el ordenamiento jurídico en condiciones de normalidad institucional no resultan
suficientes y carecen de la inmediatez requerida para conjurar tan diversas
perturbaciones al orden nacional.
117. En primer
lugar, el Gobierno debe proteger la salud, vida y seguridad de los habitantes
del territorio nacional, siendo necesario aminorar la propagación del virus,
mantener los servicios esenciales y evitar el colapso del sistema de salud,
para lo cual se debe proveer bienes y servicios para afrontar con inmediatez y
eficacia la crisis generada, que implica partir del fortalecimiento de la
infraestructura sanitaria.
118. Ello se
traduce en la necesidad de contar con mayores recursos para el sistema
de salud con independencia de la fuente de financiación, además de hacerse
indispensable la modificación de diferentes aspectos de la hacienda pública (presupuestal,
crédito público y tributario). Así mismo, impone brindar ayuda a la población
vulnerable,  proteger el empleo, garantizar la seguridad integral, mantener el
ingreso y el sustento, y conservar la sostenibilidad del tejido empresarial.
Por último, surge la necesidad de medidas de flexibilización de trámites,
requisitos y procesos de contratación en los ámbitos nacional y territorial.
119. Como lo
advirtió el concepto del Procurador General, se requieren medidas legislativas
que escapan a la competencia del Gobierno ya que de conformidad con la
Constitución le corresponde al legislador crear fondos especiales y
adscribirlos a un ministerio dentro del concepto de determinación de la
estructura de la administración nacional[333],
el establecimiento de tributos y de beneficios[334], la regulación de
operaciones presupuestales[335],
la modificación de procedimientos administrativos (simplificación) y judiciales[336] y la
regulación de los servicios públicos[337],
entre otros.
120. Todos ellos
involucran principalmente normas de rango legal, además de ser fundamentales
para permitir el flujo de los recursos públicos necesarios. Suponer que bajo un
esquema normativo ordinario el Gobierno podría enfrentar el COVID-19 resulta
contrario a las previsiones normativas existentes, ya que bastaría con pensar
el tiempo que tardaría el Congreso de la República en tramitar los diversos
tipos de leyes requeridas.
121. En tal
sentido, hubo un desbordamiento de la capacidad institucional para enfrentar la
actual coyuntura, que al impactar fuertemente diversos campos de manera
simultánea, hacían exigible respuestas de la mayor contundencia, inmediatez
y eficacia para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. El
tamaño de la crisis, las implicaciones sanitarias, económicas y sociales, y la
extensión de sus efectos son circunstancias que exigían la adopción de medidas
de impacto general más profundas que las que podrían adoptarse en desarrollo de
la facultad reglamentaria o en despliegue de las funciones regulares
administrativas. En el ANEXO 7[338]
se recogen algunos actos administrativos expedidos con posterioridad a la
declaratoria del estado de emergencia, producto del Decreto 417 de 2020 y de
las competencias ordinarias que no resultan excluidas.
Las medidas
anunciadas
122. Ahora bien,
varios intervinientes ciudadanos hicieron expresa su preocupación sobre las
medidas anunciadas en el decreto declaratorio del estado de emergencia,
principalmente respecto a la necesidad de que la Corte efectué un control
estricto sobre los decretos de desarrollo; garantice el funcionamiento del
Congreso de la República en el estado de excepción; brinde un enfoque
solidario, de derechos humanos y de cooperación internacional; delimite la
amplitud del Gobierno para adoptar medidas adicionales; avoque el conocimiento
de los decretos que dispusieron el aislamiento preventivo obligatorio; y asuma
a través de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-760 de 2008 el
cumplimiento de los mínimos y límites en virtud de la emergencia por el
COVID-19.
123. Sobre el alcance
del control de la medidas anunciadas bajo el principio de subsidiariedad, debe
empezar la Corte por señalar que en la sentencia C-135 de 2009[339]
se expuso que “se trata, en todo caso, de un análisis
global y no detallado de la suficiencia de los poderes ordinarios para conjurar
la situación de crisis, pues de lo contrario quedaría sin objeto el control que
la Corte debe emprender posteriormente sobre cada uno de los decretos
legislativos de desarrollo. No es por lo tanto un examen de cada una de las
medidas que se anuncien en el decreto declaratorio, sino de determinar, desde
el ámbito de validez de ese decreto, si se puede inferir que la crisis no se
supera con el solo ejercicio de las atribuciones ordinarias de policía”.
124.
Más adelante en la sentencia C-670 de 2015 reafirmó con argumentos adicionales que
el juicio que esta Corporación debe adelantar sobre la necesidad de poderes
extraordinarios para afrontar la crisis, al momento de revisar el decreto
declaratorio de emergencia, “es de carácter global y no detallado, no sólo
para respetar el referido margen de discrecionalidad ejecutiva, sino
especialmente para respetar el ámbito y objeto propio de los procesos
subsiguientes de revisión constitucional de los decretos legislativos que se
hayan de dictar al amparo del estado de emergencia”.
125.
Por
lo tanto, el control de constitucionalidad no consiste en un examen de cada una
de las medidas anunciadas en el decreto matriz; por el contrario, se trata de
determinar desde el ámbito de validez del decreto declaratorio del estado de
emergencia, si se puede inferir que la crisis no se supera con el solo
ejercicio de las atribuciones ordinarias. Debe indicarse que el decreto matriz
anuncia en términos generales tres grandes tipos de medidas: principalmente de
orden económico y social, y algunas de salud pública, lo cual en principio
obedece a las medidas de confinación, distanciamiento social, cuarentena, entre
otras, que al ocasionar la interrupción de las dinámicas económicas y sociales
cotidianas, terminan por impactar negativamente buena parte de la economía,
afectando la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes que ven
reducidos o suprimidos sus ingresos. En el ANEXO 8 se registra el
listado de decretos de desarrollo expedidos.
126.
Para la Corte la
validez de las medidas legislativas de desarrollo que se expidan dependerá ab
initio de que satisfagan las exigencias propias del artículo 215 de la
Constitución, esto es, que estén destinadas exclusivamente a conjurar la
crisis y a impedir la extensión de sus efectos, además que se refieran a
materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia.
De este modo, las medidas legislativas de desarrollo que se profieran, además
de estar dirigidas de manera exclusiva a solucionar la crisis y a evitar la
extensión de sus efectos, deben respetar el criterio de conexidad material con
el decreto declaratorio del estado de emergencia.  Adicionalmente, las medidas
legislativas
de desarrollo deben cumplir los principios de finalidad, necesidad, proporcionalidad,
legalidad y no discriminación; entre otros, como se ha explicado.
127. En el decreto
declaratorio
en las partes motiva y resolutiva (arts. 2º y 3º) se consagra una amplia posibilidad
del Gobierno nacional para expedir las medidas adicionales que pueda requerir
para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.
Frente a ello
dígase que la sentencia C-386 de 2017[340]  al
ocuparse de un asunto similar[341]
expresó que aunque
tales consideraciones y disposiciones “no justifican ni demuestren per se (…)
la necesidad estricta de todas las medidas que se hubiesen adoptado, y que en
su momento habrán de juzgarse, como tampoco (…) el cumplimiento del requisito
de subsidiariedad (…), en todo caso pueden explicarse y, al mismo tiempo,
delimitarse debidamente, atendiendo al tenor literal e inequívoco del artículo
47 de la Ley 137 de 1994, de conformidad con el cual es `[e]n
virtud de la declaración del estado de emergencia, (que) el Gobierno
podrá dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a
conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos”. (Se enfatiza)
Disposición estatutaria que además señala que “los decretos deberán
referirse a materias que tengan relación directa y especifica con dicho
estado”.
Se trata pues de
una razonable relación causal y finalística, que conecte las motivaciones del
decreto matriz con todos y cada uno de los decretos legislativos que adopten
los remedios que pretenden conjurar la crisis, sin que sea exigible que cada
medida haya sido anunciada en el decreto matriz, pero tampoco al punto de que
no sea exigible la anotada conexión. Tanto más en este caso, si como hemos
advertido, lo inusitado, extraordinario e impredecible de esta crisis, hace
harto difícil tener ex ante la totalidad de los remedios que se estiman suficientes,
eficaces y necesarios.
128.
Adicionalmente, debe señalarse que la magnitud de la llegada del COVID-19,
todavía no dimensionada en su totalidad por su crecimiento exponencial, y la
incertidumbre generada al no disponerse de una vacuna, llevan también al
Gobierno a afirmar que las medidas anunciadas en principio no agotan el
conjunto de las medidas a expedir, previendo que en el proceso de evaluación
paulatina de las consecuencias de la emergencia pueden detectarse nuevos
requerimientos y, por ende, requerirse el diseño de otras estrategias para
afrontar la crisis.
129. Sobre el
conocimiento de los decretos de aislamiento preventivo obligatorio (457, 531,
536, 593 y 636 de 2020), basta con señalar que en esta oportunidad se revisa el
Decreto 417 de 2020 que declaró el estado de emergencia económica y social por
grave calamidad sanitaria, en virtud de lo dispuesto en el numeral 7º del
artículo 241 de la Constitución. De igual modo, entiende esta Corporación que
tales decretos vienen siendo objeto de control por la acción de nulidad ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, mecanismo que en principio se ha
dispuesto por el ordenamiento constitucional y legal para su control (art.
237.2 superior). Además, se prevé el control inmediato de legalidad ejercido
por la autoridad de lo contencioso administrativo respecto de las medidas
dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los
decretos legislativos durante los estados de excepción (art. 20, Ley 137 de 1994).
130.
Respecto
a la solicitud para que la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-760 de
2008 haga una verificación del cumplimiento de los mínimos establecidos para
atender la emergencia por el COVID-19 y se determine los límites, basta con
señalar que al no inscribirse la crisis actual por grave calamidad pública
sanitaria dentro de la especialidad y los presupuestos que llevaron a proferir
la sentencia mencionada, no encuentra procedente la petición elevada. Además,
se pone de presente que se cuenta con la acción de tutela como mecanismos
expedito para la garantía de los derechos fundamentales como la salud, trabajo,
la igualdad, entre otros.
131. En relación
con las demás inquietudes generadas por los intervinientes ciudadanos se deben
atender los lineamientos sentados a lo largo de esta decisión que le impide pronunciarse
sobre aspectos que la distancian del conocimiento del decreto declaratorio.
VII. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar
exequible el
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, “por el cual se declara un estado de emergencia
económica, social y ecológica en todo el territorio nacional”.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Presidente
(Con
Salvamento parcial de voto)
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
(Con
Aclaración de voto)
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
(Con
Salvamento parcial de voto)
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ANEXO
1-DECRETO BAJO REVISIÓN
“DECRETO
417 DE 2020
(marzo 17)
Por
el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en
todo el territorio Nacional
EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
en
ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las
conferidas en el artículo 215 de la Constitución Política y en la Ley 137 de
1994, y
CONSIDERANDO
Que de acuerdo con el
artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, cuando sobrevengan hechos
distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución
Política, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden
económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad
pública, podrá el Presidente de la República, con la firma de todos los
ministros, declarar el estado de emergencia por periodos hasta de treinta (30)
días. que sumados no podrán exceder noventa (90) días en el año calendario.
Que la declaración del
Estado de Emergencia autoriza al presidente de la República, con la firma de
todos los ministros, para dictar decretos con fuerza de ley destinados
exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.
1. PRESUPUESTO FÁCTICO
A. Salud pública
Que el 7 de enero de
2020 la Organización Mundial de la Salud, identificó el nuevo coronavirus -
COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud pública de importancia
internacional.
Que el 6 de marzo de
2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Social dio a conocer el primer
caso de brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 en el territorio
nacional.
Que el 9 de marzo de
2020 la Organización Mundial de la Salud, solicitó a los países la adopción de
medidas prematuras con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la
propagación del virus.
Que el 11 de marzo de
2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actual brote de enfermedad
por coronavirus - COVID-19 como una pandemia[342] esencialmente por la
velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, toda vez que al 11 de
marzo de 2020 a la OMS se habían notificado cerca de 125.000 casos de contagio
en 118 países y que a lo largo de esas últimas dos semanas el número de casos
notificados fuera de la República Popular China se había multiplicado en 13
veces, mientras que el número de países afectados se había triplicado, por lo
que instó a los países a tomar acciones urgentes y decididas para la
identificación, confinación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y
tratamiento de los casos confirmados.
Que la misma
Organización señaló que describir la situación como una pandemia no significaba
que los países afectados pudieran darse por vencidos, pues esto significaría
terminar enfrentándose a un problema mayor y a una carga más pesada para el
sistema de salud, que a la postre requeriría medidas más severas de control y
por tanto, los países debían encontrar un delicado equilibrio entre la
protección a la salud, la prevención de los trastornos sociales y económicos y
el respeto de los derechos humanos, razón por la cual hizo un llamado a los
países afectados para que adopten una estrategia de contención.
Que mediante la Resolución
No. 0000380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social
adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena
de las personas que, a partir de la entrada en vigencia de la precitada
resolución, arribaran a Colombia desde la República Popular China. Francia,
Italia y España.
Que mediante
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el ministro de Salud y Protección
Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015,
declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus
COVID-19 en todo el
territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de la misma,
adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la
propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos, así·
a. Suspender los eventos con aforo de más de 500
personas (...)
b. Ordenar a los alcaldes y gobernadores que evalúen
los riesgos para la transmisibilidad del COVID-19 en las actividades o eventos
que impliquen la concentración de personas en un número menor a 500, en
espacios cerrados o abiertos y que, en desarrollo de lo anterior, determinen si
el evento o actividad debe ser suspendido.
c. Ordenar a los establecimientos comerciales y
mercados que implementen las medidas higiénicas en los espacios o superficies
de contagio y las medidas de salubridad que faciliten el acceso de la población
a sus servicios higiénicos, así como la de sus trabajadores.
d Prohibir el atraque, desembarque, cargue y
descargue de pasajeros y mercancías de las naves de pasaje de tráfico marítimo
internacional.
e. Ordenar a las administraciones de los centros
residenciales, condominios y espacios similares la adopción de las medidas
higiénicas en los espacios o superficies de contagio.
f. Ordenar a los jefes, representantes legales,
administradores o quienes hagan sus veces a adoptar, en los centros laborales
públicos y privados, las medidas de prevención y control sanitario para evitar
la propagación del COVID-19. Deberá impulsarse al máximo la prestación del
servicio a través del teletrabajo.
g. Ordenar a los responsables de los medios de
transporte públicos y privados y a quienes lo operen a adoptar las medidas
higiénicas y demás que correspondan para evitar el contagio y la propagación
del COVID-19.
h. Ordenar a los destinatarios de las circulares que
han expedido los diferentes ministerios para la prevención del contagio del
COVID-19, cumplir, con carácter vinculante, las recomendaciones y directrices
allí impartidas.
i. Ordenar a todas las autoridades del país y
particulares, de acuerdo con su naturaleza y en el ámbito de su competencia,
cumplir. en lo que les corresponda, con el plan de contingencia que expida este
Ministerio para responder a la emergencia sanitaria por COVID-19, el cual podrá
actualizarse con base en la evolución de la pandemia.
j Ordenar a todas las estaciones de radiodifusión
sonora, a los programadores de televisión y demás medios masivos de
comunicación, difundir gratuitamente la situación sanitaria y las medidas de protección
para la población, de acuerdo con la información que sea suministrada por este
Ministerito en horarios o franjas de alta audiencia y de acuerdo con los
lineamientos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
k. Se dispondrán de las operaciones presupuestales
necesarias para financiar las diferentes acciones requeridas en el marco de la
emergencia sanitaria.
l. Ordenar a las EPS, entidades territoriales e IPS
facilitar la afiliación de oficio al Sistema General de Seguridad Social en
Salud de la población colombiana y de los migrantes regulares, utilizando los
canales virtuales que este Ministerio ha dispuesto.
m. Cerrar temporalmente bares y discotecas.
Que pese a las medidas
adoptadas, el 17 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social
reporta como casos confirmados en Colombia 75, distribuidos así: Bogotá D.C.
(40), Cundinamarca (1) Medellín (7), Rionegro (1), Cali (3), Buga (1), Palmira
(1), Neiva (7), Cartagena (5), Meta (1), Norte de Santander (3), Santander (1)
Manizales (1), Dosquebradas (1), Atlántico (2) y reporta a nivel mundial,
180.159 casos de contagio confirmados, 7.103 número de muertes y 143 países con
casos de contagio confirmados.
Que según la OMS, la
pandemia del nuevo el nuevo coronavirus - COVID-19, es una emergencia sanitaria
y social mundial, que requiere una acción efectiva e inmediata de los
gobiernos, las personas y las empresas.
Que, según la
Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social,
la población colombiana con mayor riesgo de afectación por la pandemia de nuevo
coronavirus -COVlD-19 sería de un 34.2% del total de la población.
Escenario con tasa de
contagio 2,68.
La proyección de
costos de las atenciones en salud tuvo en cuenta los modelos de contagio sin
intervenciones en salud pública realizados por el Instituto Nacional de Salud,
con una tasa de contagio de 2.68 (Ver tabla 1). Para el cálculo se tuvieron en
cuenta los casos proyectados, la distribución de la gravedad de la enfermedad;
así como las canastas de procedimientos y medicamentos para cada servicio para
IRA, los datos de la base de suficiencia del año 2018 y con un supuesto de 14
días de estancia en UCI y de 5 días en hospitalización (Piso). En este
escenario el costo total de atención en salud se estima en $4.631.085.235.141
de pesos.
Tabla 1 Proyecciones
de casos Covid-19
Ro: 2,68
Personas
Porcentaje
Casos
3.989.853
100,0%
Leves
3.251.730
81,5%
Críticos
187.523
4,7%
Severos
550.600
13,8%
Fuente:
Proyecciones INS
Adicionalmente se debe
incluir la proyección de costos por incapacidades la cual se calculó con un IBC
promedio diario con corte a diciembre de 2019 y con una probabilidad de ser
cotizante incapacitado en relación con la población total del país. De esta
manera el costo de las incapacidades se estima en $94.800.716.459.
Por otro lado, se
estimó la necesidad de incrementar la oferta de las unidades de cuidado
intensivo de adultos en cerca del 10% de la capacidad actual; el costo de esta inversión
sería de $200.000. 000.000. Así mismo se propenderá por expandir de área de
aislamiento a través de la habilitación de capacidad hotelera, por un valor
$36.000.000.000
El total de recursos
según este escenario sería de: $4.961.885.951.600
Que estos costos no
tienen en cuenta: i) las comorbilidades, las cuales pueden corresponder a un
44% de costo adicional entre los pacientes críticos, ii) la atención a
pacientes crónicos en casa para evitar la exposición al riesgo, iii) la
compensación económica temporal por aislamiento preventivo, y iv) las
intervenciones o estrategias para modificar el comportamiento de los residentes
en Colombia.
B. Aspectos económicos
a. En el ámbito
nacional
Que el vertiginoso
escalamiento del brote de nuevo coronavirus COVID-19 hasta configurar una
pandemia representa actualmente una amenaza global a la salud pública, con
afectaciones al sistema económico, de magnitudes impredecibles e incalculables,
de la cual Colombia no podrá estar exenta.
Que lo expuesto
anteriormente evidencia que el sistema de salud colombiano no se encuentra
físicamente preparado para atender una emergencia de salud, requiere ser
fortalecido de manera inmediata para atender un evento sorpresivo de las
magnitudes que la pandemia ha alcanzado ya en países como China, Italia,
España, Alemania, Francia e Irán, entre otros, los cuales presentan actualmente
una tasa promedio de contagio de 0,026% de su población total[343] (esta
tasa de contagio sería equivalente a 13.097 casos en el país[344]),
en consecuencia y por estas razones el sistema requiere un apoyo fiscal
urgente.
Que el 42,4% de los
trabajadores en Colombia trabajan por cuenta propia y 56,4% no son asalariados.
Los ingresos de este tipo de trabajadores y sus dependientes dependen de su trabajo
diario y esta actividad se ha visto repentina y sorprendentemente restringida
por las medidas necesarias para controlar el escalamiento de la pandemia.
Adicionalmente, estos hogares son vulnerables al no contar con mecanismos para
reemplazar los ingresos que dejarán de percibir por causa de las medidas
sanitarias.
Que las medidas
sanitarías resultan en una reducción de los flujos de caja de personas y
empresas. Los menores flujos de caja conllevan a posibles incumplimientos pagos
y obligaciones, rompiendo relaciones de largo plazo entre deudores y acreedores
que se basan en la confianza y pueden tomar períodos largos en volver a
desarrollarse.
Que adicionalmente se
presentó una ruptura no prevista del acuerdo de recorte de la producción de
crudo de la OPEP+, que reunía a los productores de crudo de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros países, entre ellos
principalmente a Rusia.
Que esta ruptura y la
menor demanda mundial de crudo producto del nuevo coronavirus COVID 19 implicó
un desplome abrupto del precio del petróleo, para la referencia Brent entre el
6 y el 9 de marzo se presentó una caída del 24%, siendo la segunda caída más
fuerte desde 1988. En los días siguientes, el precio ha presentado una
constante disminución, llegando el 16 de marzo a $30,2 USD/Barril para la
referencia Brent y $28,8 USD/Barril para WTI.
Que el derrumbe en el
precio internacional del petróleo fue totalmente sorpresivo y no previsto,
previo a la semana del 6 de marzo de 2020, las principales agencias
especializadas y el mercado preveían que el precio del petróleo se ubicaría en
niveles similares a los observados en 2019. Es el caso de la Agencia de Energía
de Estados Unidos, que proyectaba que el Brent se ubicaría en niveles promedio
de $64 USD/Barril en 2020. Consistente con estas previsiones el presupuesto
general de la Nación, aprobado por el Congreso de la República para el año 2020
se basó en un precio promedio Brent de $60,5 USD/Barril.
Que, debido a la caída
del petróleo y a la incertidumbre de los mercados por la situación global, el
dólar ha tenido una subida abrupta en los mercados emergentes y en países
productores de petróleo. Así en el caso colombiano, la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) ha subido niveles que no se habían registrado nunca antes,
cotizándose en promedio al 16 de marzo de 2020 en $4.099,93. Esto representó un
alza de $577 en 1i días, con respecto al nivel observado antes del choque
($3.522,4).
Que, de acuerdo a
cálculos del Ministerio de Hacienda, en un escenario moderado, que contempla
una recuperación parcial de los precios del petróleo hacia el final del año, el
crecimiento económico se vería afectado en alrededor de 1pp. Los menores
precios del petróleo, aunados a un menor crecimiento de la economía, generarían
efectos negativos sobre el balance fiscal. En efecto, se estima que el nuevo
escenario macroeconómico podría inducir un deterioro en el balance del Gobierno
Nacional Central de más de 3bn de COP en 2020 (equivalentes a 0,3% del PIB),
cifra que aumentaría a cerca de 6bn en 2021 (0,5% del PIB). En un escenario aún
más negativo, en el que los precios del petróleo no se recuperen en el segundo
semestre, estos efectos sobre el balance fiscal podrían ascender a 0,4% en 2020
y a 0.6% del PIB en 2021. Lo anterior significa un cambio abrupto en el
panorama fiscal, que en ausencia de medidas contundentes pueden repercutir en
la estabilidad macroeconómica del país.
Que los choques que
afectan los mercados financieros y laborales suelen tener efectos profundos y
prolongados que deterioran el crecimiento, el bienestar de la sociedad y el
empleo como lo muestran la experiencia de la crisis colombiana de fin de siglo
y la experiencia de la crisis internacional de 2008. En el caso de la
experiencia colombiana, durante 1999 se redujo la tasa de crecimiento económico
a -4. 1% y se produjo un aumento en la tasa de desempleo de 12,5% en 1997 a
20,2% en el año 2000.
Que se han venido
usando los mecanismos ordinarios de los que disponen las instituciones
económicas en tiempos normales, los cuates han sido adecuados, pero
insuficientes para contener el choque sorpresivo y profundo que ha sufrido la
economía. Así, el Banco de la República ha adoptado medidas extraordinarias en
función de reforzar la liquidez del sistema de pagos y del mercado cambiario.
Igualmente, siguiendo las directrices del Gobierno Nacional, la DIAN ha
flexibilizado el calendario tributario para contribuir a la absorción del
choque económico que está generando la llegada del COVID-19 al país. Dentro de
estas medidas se encuentra el aplazamiento de la segunda y tercera cuota de
renta para los grandes contribuyentes, que se encuentren en sectores
relacionados con el transporte aéreo comercial de pasajeros, hoteles,
actividades teatrales, de espectáculos musicales y otros espectáculos en vivo.
Que en el sector
turismo se evidencia una inmensa afectación. En este sentido, en cuanto a los
visitantes no residentes, se estima que caerán en el mes de marzo en más de 47%
frente al mismo mes de 2019 y en el mes de abril esta cifra llegará a ser
superior al 80%. Lo anterior, a raíz de la decisión del Gobierno nacional de no
permitir temporalmente la entrada de extranjeros residentes en el exterior y el
arribo de los cruceros.
Que, otro de los
efectos evidenciados, se demuestra en la situación del sector aeronáutico donde
la industria mundial ha venido enfrentando su crisis más severa desde la II
Guerra Mundial. Desde el comienzo de la crisis, las aerolíneas han venido
enfrentando un escenario de descenso en la demanda. Actualmente, las aerolíneas
están enfrentando caídas del más del 100% en las reservas (mayor número de
cancelaciones de vuelos que nuevas reservas). Así, el mercado en la actualidad
tiene crecimientos del -300% para vuelos internacionales y -150% para el
mercado interno.
Que para el caso de
Colombia, se espera una reducción de cerca de 2 millones de pasajeros
mensuales, y casi 2.5 millones para los meses más críticos (de acuerdo al
comportamiento del mercado internacional durante la crisis de SARS, estos meses
serán entre mayo y junio de 2020). Esta baja supondrá que los viajes hacia y
desde el exterior tendrán una caída de casi el 100%, mientras que los viajes
domésticos tendrán una reducción cercana al 50%.
Que esta caída supone
ingresos dejados de recibir por parte de los operadores colombianos por cerca
de US$150 millones mensuales. A esto se suma que cerca del 60% de los costos de
los operadores regulares son costos fijos (costos de capital y costos
laborales), de los cuales la mitad son costos de capital (arrendamiento de
aeronaves).
Que las medidas a
disposición del Banco de la República y del gobierno Nacional son insuficientes
para conjurar el efecto que, en la salud pública, el empleo, el ingreso básico
de los colombianos, la estabilidad económica de los trabajadores y de las
empresas, la actividad económica de los trabajadores independientes, y la
sostenibilidad fiscal de la economía resultan necesarias.
b. En el ámbito
internacional
Que el 3 de marzo de
2020, la Reserva Federal (FED) de EE.UU. recortó, de manera sorpresiva, en 50
puntos básicos (pbs) la tasa de interés de referencia, con el propósito de
anclar las expectativas en el mercado y estimular la economía global, en medio
del contexto de la propagación del nuevo coronavirus COVID-19 a nivel mundial.
Que doce días después,
y en un hecho sin precedentes, la FED recortó sus tasas de interés en 100 pbs
adicionales. Asimismo, la FED anunció medidas como la compra de al menos US$500
mil millones en bonos del tesoro y US$200 mil millones en valores respaldados
por hipotecas, con el propósito de aumentar la liquidez del mercado y promover
condiciones financieras menos restrictivas para la economía.
Que tras los recortes
mencionados las tasas de la FED llegaron a un rango de 0-0,25% y por
consiguiente el margen de este banco central para generar incentivos
adicionales que mitiguen los impactos del nuevo coronavirus COVID-19 en la
economía global a través de estímulos monetarios es muy limitado.
Que a pesar de las
herramientas usadas por los principales bancos centrales del mundo y las
diferentes autoridades económicas, el temor por la expansión del nuevo
coronavirus COVID-19 ha ocasionado sorpresiva e imprevisiblemente el deterioro
del mercado financiero internacional, una menor demanda global y una caída en
las perspectivas de crecimiento mundial.
Que el temor del
mercado financiero internacional ha impactado incluso activos como el oro,
considerado un refugio en medio de estas crisis, el cual el 16 de marzo de 2020
se debilitó 8,3% con respecto al cierre del 6 de marzo, llegando a US$1.478,95
la onza, debido al afán por recaudar efectivo y cubrir pérdidas en otros
mercados.
Que la honorable Sala
Pena de la Corte Constitucional en la Sentencia C-670 de 2015, al ejercer el control
automático e Integral de constitucionalidad de un decreto que declaró un Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional,
reiteró el alcance y contenido de los requisitos materiales que deben contener
los decretos declarativos de este estado excepcional, dentro de los cuales se
encuentra el presupuesto factico, del que señaló:
"2.3. Requisitos materiales o sustantivos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 215
de la Carta, la jurisprudencia constitucional ha elaborado y aplicado un test
que contiene los distintos requisitos materiales o sustantivos que han de
cumplir los decretos declaratorios de un estado de emergencia, y que se
sintetiza así: (a) el estado de emergencia debe cumplir con su presupuesto
fáctico, es decir, debe responder a hechos sobrevinientes y extraordinarios que
alteren el orden económica, social o ecológico y sean distintos a las que
constituirían estados de guerra exterior o conmoción interior; el presupuesto
fáctico se desagrega, a la vez, en tres componentes: (i) el juicio de realidad
de los hechos invocados, (ii) el juicio de identidad de dichos hechos como
constitutivos de un estado de emergencia, y (iii) el juicio de sobreviniencia
de tales hechos; [...]
''[E]I juicio de realidad consiste en la
determinación de que los hechos que dan lugar a la declaratoria de emergencia
efectivamente existieron, es decir, que se generaron objetivamente en el mundo
de los fenómenos reales. Se trata de un examen eminentemente objetivo; en palabras
de la Corte, "la metodología que debe ser empleada es una verificación
positiva de los hechos"[25], por lo cual "no se trata entonces de un
análisis de valoración de la alteración del orden social, económico y ecológico
o de la circunstancia sobreviniente de los mismos, sino una verificación
objetiva de la existencia de la amenaza o de la perturbación."
[…]
La jurisprudencia constitucional ha explicado
que el juicio de identidad consiste en la constatación de que los hechos
invocados como sustento de la declaratoria del estado de emergencia
efectivamente corresponden a aquéllos que la Constitución previó como
detonantes específicos de esta modalidad de estado de excepción. Dada la forma
como está redactado el artículo 215 de la Carta, esta constatación se realiza
por vía negativa - esto es, verificando que los hechos invocados no
correspondan a aquellos que darían lugar a la declaratoria de un estado de
guerra exterior, o de un estado de conmoción interior. En palabras de esta
Corte, "corresponde al juez constitucional determinar si los hechos
causales de la perturbación no son asimilables a los actos de agresión o guerra
externa en que se basa el Estado de Guerra Exterior (C.P., 212), ni consistan
en actos lesivos de la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la
convivencia ciudadana, que integran la noción de orden público político y
fundamentan el Estado de Conmoción Interior (C.P., 213)."
[...]
Derivado del texto del artículo 215, el
requisito de sobrevivencia(sic) exige que los hechos invocados tengan un
carácter repentino, inesperado, imprevisto, anormal o extraordinario. La
naturaleza sobreviniente de estos hechos fue explicada en la sentencia C-216 de
1999 en los siguientes términos: "los acontecimientos, no sólo deben tener
una entidad propia de alcances e intensidad traumática que logren conmocionar o
trastrocar el orden económico, social o ecológico, lo cual caracteriza su
gravedad, sino que, además, deben constituir una ocurrencia imprevista, y por
ello diferentes a los que se producen regular y cotidianamente, esto es,
sobrevinientes a las situaciones que normalmente se presentan en el discurrir
de la actividad de la sociedad, en sus diferentes manifestaciones y a las
cuales debe dar respuesta el Estado mediante la utilización de sus competencias
normales.".
Que de acuerdo con lo
expuesto anteriormente como consideraciones, es evidente que el país se
encuentra enfrentando una situación repentina e inesperada que afecta de manera
grave el orden económico y social por hechos absolutamente imprevisibles y
sobrevinientes que no pueden ser controlados a través de las potestades
ordinarias de que goza el Gobierno nacional, siendo necesario acudir al
mecanismo contemplado en el artículo 215 de la Constitución Política, además
que se trata de situaciones diferentes a las que se refieren los artículos 212
y 213 de la Constitución Política.
2. PRESUPUESTO
VALORATIVO
Que la expansión en el
territorio nacional del brote de enfermedad por nuevo coronavirus - COVfD-19 y
cuyo crecimiento exponencial es previsible, sumado a los efectos económicos
negativos que se han venido evidenciando en la última semana, es un hecho que
además, de ser una grave calamidad pública, constituye en una grave afectación
al orden económico y social del país que justifica la declaratoria del Estado
de Emergencia Económica y Social, toda vez que se trata de situaciones
diferentes a las que se refieren los artículos 212 y 213 de la Constitución
Política.
Que además de la
tragedia humanitaria de la pérdida de más de 7.000[345] vidas
en todo el mundo, a 17 de marzo de 2020, la rápida expansión del brote de la
enfermedad y los 180.159 casos de contagio confirmados, entre ellos 75 en
Colombia a la misma fecha, y de no tomarse medidas inmediatas, se pronostica
mayores índices de mortalidad y por tanto, un problema sanitario que debe ser
resuelto de manera inmediata, can medidas efectivas de contención y mitigación.
Que el posible aumento
de casos de contagio del nuevo Coronavirus COVID-19 constituye un reto de
dimensiones inusuales para el Sistema Nacional de Salud, quien no sólo debe
atender las necesidades de los directamente afectados, sino que tiene la
responsabilidad de impedir la extensión de los efectos hacía todos los
habitantes del país, lo cual exige la disposición de ingentes recursos
económicos y la adopción de parte de todas las entidades del Estado y de los
particulares de las acciones necesarias para restringir el contacto de los
habitantes, con la finalidad, de garantizar las condiciones necesarias de
atención en salud, evitar el contagio de la enfermedad y su propagación.
Que la gravedad por el
número de contagios y el crecimiento exponencial de su propagación, así como de
las muertes por el nuevo Coronavirus COVID-19 alrededor del mundo ha impactado
los mercados nacionales e internacionales como ya se evidenció. Esto, aunado a
que tal situación impacta negativamente tanto la oferta como la demanda,
generando fuertes consecuencias incluso para el mercado laboral, todo lo cual
debe ser atendido con medidas extraordinarias que eviten en lo posible agravar
la situación y los efectos económicos que ello conlleva.
Que como consecuencia
del nuevo Coronavirus COVID-19 y su propagación es evidente la afectación al
empleo que se genera por la alteración a diferentes actividades económicas,
entre otros, de los comerciantes y empresarios que, además, alteran los
ingresos de los habitantes y el cumplimiento de los compromisos previamente
adquiridos, por lo que es necesario promover mecanismos que permitan impulsar
las actividades productivas de aquellos y la mitigación de los impactos
económicos negativos que la crisis conlleva.
Que en la misma
sentencia C-670 de 2015 la honorable Sala Plena de la Corte Constitucional
desarrolló el requisito del presupuesto valorativo y señaló que el mismo se
entiende cumplido cuando se evidencian materializados los dos juicios, a saber:
a) Juicio de gravedad de la afectación y b) Juicio de la necesidad de las
medidas extraordinarias, por lo que señaló:
2.3. Requisitos materiales o sustantivos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 215
de la Carta, la jurisprudencia constitucional ha elaborado y aplicado un test
que contiene los distintos requisitos materiales o sustantivos que han de
cumplir los decretos declaratorios de un estado de emergencia, y que se
sintetiza así: [. . .] (b) debe cumplir con un presupuesto valorativo,
consistente en que la alteración o amenaza de alteración del orden económico,
social o ecológico debe ser grave y actual o inminente ...
[...]
2.3.2.1. Juicio de gravedad de la afectación
El articulo 215 Superior exige que los hechos que
motivan la declaratoria de un estado de emergencia generen una afectación o
amenaza grave del orden social, económico o ecológico en todo o en parte del
territorio nacional. De allí que el juicio de gravedad que adelanta la Corte se
enfoque ya no sobre los hechos detonantes de la declaratoria de emergencia,
sino sobre sus efectos, impactos y consecuencias en la sociedad colombiana en
términos económicos, sociales o ecológicos.
[…]
Al contener un elemento subjetivo de valoración tan
importante, el juicio de gravedad es necesariamente respetuoso de un
significativo margen de apreciación presidencial para determinar exactamente
qué tan grave puede ser o llegar a ser una afectación del orden económico,
social o ecológico, y proceder en consecuencia Según lo he explicado la
Jurisprudencia, ello implica que el control de constitucionalidad efectuado por
esta Corporación no debe estar encaminado a suplir o reemplazar al Presidente
de la República en su valoración de la situación, sino a simplemente constatar
que no se haya Incurrido en error o en arbitrariedad al calificar de graves los
hechos detonantes de la emergencia […]
Que ha quedado
ampliamente justificado que la situación a la que está expuesta actualmente la
población colombiana es tan grave e inminente que afecta la salud, el empleo,
el abastecimiento de bienes básicos, la economía y el bienestar de todos los
habitantes del territorio nacional por lo que se hace absolutamente necesario
contar con las herramientas legales necesarias para enfrentar de manera eficaz
la actual situación.
Que las medidas que
debe adoptar el Gobierno nacional para conjurar esta crisis y evitar la
extensión de sus efectos se requieren aplicar inmediatamente ante la inminencia
de que los hechos cada día sean más complejos y afecten a un mayor número de
habitantes del territorio nacional, pero además para atender oportunamente a
los afectados tanto en materia sanitaria como económica.
3. JUSTIFICACIÓN DE LA
DECLARATORIA DE ESTADO DE EXCEPCIÓN
Que por las anteriores
motivaciones y ante la insuficiencia de atribuciones ordinarias con las que
cuentan las autoridades estatales para hacer frente a las circunstancias
imprevistas y detonantes de la crisis económica y social generada por la
pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, se hace necesario adoptar medidas
extraordinarias que permitan conjurar los efectos de la crisis en la que está
la totalidad del territorio nacional, en particular, aquellas que permitan
acudir a mecanismos de apoyo al sector salud, y mitigar los efectos económicos
que está enfrentando el país.
Que la adopción de
medidas de rango legislativo --decretos ley, autorizada por el Estado de
Emergencia, busca fortalecer las acciones dirigidas a conjurar los efectos de
la crisis, mediante la protección a la salud de los habitantes del territorio
colombiano, así como la mitigación y prevención del impacto negativo en la
economía del país.
Que en la sentencia
C-670 de 2015 la honorable Sala Plena de la Corte Constitucional, al reiterar
el contenido y alcance del requisito del presupuesto valorativo - Juicio de
necesidad de las medidas extraordinarias, señaló:
"El juicio de necesidad -o test de
subsidiariedad- de las medidas de emergencia consiste, según lo ha desarrollado
la jurisprudencia, en la determinación de si las atribuciones ordinarias con
las que cuentan las autoridades estatales resultan insuficientes para hacer
frente a las circunstancias detonantes de la crisis, y por ende se hace
necesario recurrir a las atribuciones extraordinarias propias de un estado de
excepción constitucional […] Este presupuesto “se desprende de los principios
de necesidad y proporcionalidad contenidos en la (Ley Estatutaria de Estados de
Excepción), y ha sido ampliamente reconocido por la jurisprudencia
constitucional (según los cuales) sólo se puede acudir al estado de emergencia
cuando las herramientas jurídicas ordinarias a disposición de las autoridades
estatales no permitan conjurar la grave perturbación"-del orden económico,
social y ecológico, o de grave calamidad pública. Se deriva igualmente de la
naturaleza temporal y extraordinaria de los estados de excepción
constitucional: De esta manera, toma importancia el "principio de subsidiariedad",
según el cual el recurrir al estado de emergencia se encuentra supeditado a la
imposibilidad o insuperable insuficiencia de las instituciones de la normalidad
para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, descartando que
un criterio de eficacia pueda anteponerse al mismo".
Que en ese orden de
ideas, se hace necesario por la urgencia y gravedad de la crisis y por la
insuficiencia de los mecanismos jurídicos ofrecidos, entre otros, en la Ley 100
de 1993 - Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social integral, la Ley
1122 de 2007 - Sistema General de Seguridad Social en Salud, Ley 1438 de 2011,
Ley 80 de 1993, el Decreto 663 de 1993 - Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero y el Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto, recurrir
a las facultades del Estado de Emergencia con el fin de dictar decretos con
fuerza de ley que permitan conjurar la grave crisis generada por el nuevo
Coronavirus Covid-19 debido a la propagación y mortalidad generado por el
mismo, el pánico por la propagación y las medidas de contención decretadas por
cada Estado para evitar una mayor propagación.
Que la adopción de
medidas de rango legislativo, autorizadas por el Estado de Emergencia, buscan
fortalecer las acciones dirigidas a conjurar los efectos de la crisis, así como
a mejorar la situación de los contagiados y evitar una mayor propagación del
COVID-19. No obstante, dado que la magnitud de la llegada del COVID-19 a
Colombia no ha sido dimensionada en su totalidad, las medidas que se anuncian
en este decreto no agotan los asuntos que pueden abordarse en ejercicio de las
facultades conferidas por el estado de excepción, lo que significa que en el
proceso de evaluación de los efectos de la emergencia podrían detectarse nuevos
requerimientos y, por tanto, diseñarse estrategias novedosas para afrontar la
crisis.
Medidas
Que teniendo en cuenta
que se requieren recursos adicionales para que el Gobierno nacional pueda
enfrentar las mayores necesidades sociales y económicas ocasionadas por la situación
a que se refiere el presente decreto, se requiere disponer de los recursos que
se encuentren a cargo de la Nación y de las Entidades Territoriales, tales como
el Fondo de Ahorro y Estabilización -FAE- del Sistema General de Regalías y el
Fondo de Pensiones Territoriales -FONPET-, a título de préstamo o cualquier
otro que se requiera.
Que se dispondrá de la
creación del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME con las subcuentas
necesarias para atender las necesidades de atención en salud, los efectos
adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía
continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento, por la
situación a la que se refiere el presente decreto.
Que, dada la necesidad
de recursos líquidos para atender las crecientes necesidades generadas con esta
crisis, se deben adoptar medidas extraordinarias que permitan la reducción y
optimización del capital de las entidades financieras con participación
accionaria estatal. Igualmente, estas medidas le deben permitir a la Nación
emitir títulos o respaldar su emisión con destino a operaciones de liquidez con
el Banco de República.
Que se fortalecerá el
Fondo Nacional de Garantías - FNG, a través del aprovechamiento de los recursos
de capital de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, con el fin
de garantizar la continuidad del acceso al crédito de las personas naturales o
jurídicas en Colombia, y subsidiar las comisiones de las garantías otorgadas
por el FNG.
Que resulta necesario
autorizar al Gobierno nacional a crear un patrimonio autónomo o un fondo cuenta
especial que tenga por objeto la financiación y la inversión en proyectos
destinados para atender, mitigar y superar los efectos adversos causados por la
emergencia económica, social y ecológica derivada de la Pandemia COVID-19 en
los términos que éste establezca.
Que, dada la necesidad
de recursos líquidos para atender las crecientes necesidades generadas con esta
crisis, se deben adoptar medidas extraordinarias que permitan descapitalizar
entidades financieras con participación accionaria estatal. Igualmente, estas
medidas le deben permitir a la Nación emitir títulos o respaldar su emisión con
destino a operaciones de liquidez con el Banco de República, a su vez se
analizarán medidas que permitan adelantar procesos de enajenación de activos de
forma más ágil.
Que para efectos de
permitir la reducción de la movilidad, la aglomeración y la congregación en los
sitios públicos, así como para evitar una mayor afectación de las distintas
actividades económicas, el empleo, la industria y el comercio, el Gobierno
nacional considera necesario analizar todas las medidas tributarias.
Que en el contexto de
las medidas tributarias que puedan adoptarse en desarrollo de los poderes que
confiere la emergencia, el Gobierno nacional considera necesario analizar todas
las medidas tributarias necesarias para afrontar la crisis y en particular la
de otorgar beneficios tributarios, con el fin de promover las industria y
comercio del país que generen fuentes de empleo que permitan absorber fuerza
laboral afectada por esta pandemia.
Que los efectos
económicos negativos a los habitantes del territorio nacional requieren de la
atención a través de medidas extraordinarias referidas a aliviar las obligaciones
de diferente naturaleza, como tributarias, financieras, entre otras, que puedan
verse afectadas en su cumplimiento de manera directa por efectos de la crisis.
Que se debe buscar los
mecanismos legales para facilitar y agilizar los procesos de reorganización e
insolvencia empresarial, que permitan la recuperación de sus capacidades
laborales, sociales, productivas y financieras.
Que una de las
principales medidas, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, es
el distanciamiento social y aislamiento, para lo cual, las tecnologías de la
información y las comunicaciones y los servicios de comunicaciones, en general,
se convierten en una herramienta esencial para permitir la protección la vida y
la salud de los colombianos.
Que los efectos económicos
negativos generados por el nuevo coronavirus Covid-19 a los habitantes del
territorio nacional requieren de la atención mediante la adopción de medidas
extraordinarias encaminadas a atender las obligaciones de diferente naturaleza,
como tributarias, financieras, entre otras, con el fin de proteger el sector
salud, promover la industria y el comercio del país y permitan absorber las
pérdidas económicas y fuerza laboral afectada por esta pandemia.
Que con el propósito
de limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus Covid 19 y de
proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que los
atienden, se hace necesario expedir normas de orden legal que flexibilicen la
obligación de atención personalizada al usuario y se permita incluso la
suspensión de términos legales en las actuaciones administrativas y
jurisdiccionales.
Que con igual
propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus Covid 19
y de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que
los atienden, se hace necesario expedir normas que habiliten actuaciones
judiciales y administrativas mediante la utilización de medios tecnológicos, y
adoptar las medidas pertinentes con el objeto de garantizar la prestación del
servicio público de justicia, de notariado y registro, de defensa jurídica del
Estado y la atención en salud en el sistema penitenciario y carcelario.
Que con el fin de
evitar la propagación de la pandemia del coronavirus y contener la misma, el
gobierno nacional podrá expedir normas para simplificar el proceso
administrativo sancionatorio contenido en la Ley 9 de 1979 y en la Ley
1437 de 2011 garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa.
Que ante el
surgimiento de la mencionada pandemia se debe garantizar la prestación continua
y efectiva de los servicios públicos, razón por la cual se deberá analizar
medidas necesarias para cumplir con los mandatos que le ha entregado el
ordenamiento jurídico colombiano. Lo anterior supone la posibilidad de flexibilizar
los criterios de calidad, continuidad y eficiencia de los servicios, establecer
el orden de atención prioritaria en el abastecimiento de los mismos,
flexibilizar el régimen laboral en cuanto los requisitos de los trabajadores a
contratar, implementar medidas de importación y comercialización de
combustibles con el fin de no afectar el abastecimiento.
Que con el propósito
de generar mecanismos ágiles que permitan atender eficientemente las
necesidades de la población, afectada por la emergencia económica, social y
ecológica derivada de la Pandemia COVID-19, se autoriza al Gobierno nacional a
acudir al procedimiento de contratación directa siguiendo los principios de
transparencia y legalidad, de tal forma que las entidades competentes de los
sectores de salud, prosperidad social, educación, defensa y todos aquellos
sectores que requieran para prestar atención a la población afectada, adquieran
el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en
el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los
efectos de la Pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.
Que resulta necesario
autorizar al Gobierno nacional realizar la entrega de transferencias monetarias
adicionales y extraordinarias entre otras en favor de los beneficiarios de los
programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor -Colombia
Mayor, Jóvenes en Acción y de la compensación del impuesto sobre las ventas
-IVA, con el fin de mitigar los efectos económicos y sociales causados a la población
más vulnerable del país por la emergencia económica, social y ecológica
derivada de la Pandemia COVID-19.
Que con el fin de
garantizar la atención en salud de la población afectada por causa de la
emergencia económica, social y ecológica derivada de la Pandemia COVID-19, el
Gobierno nacional considera necesario modificar disposiciones normativas del
Sistema General de Regalías que le permitan dar respuesta efectiva y ágil a la
situación sanitaria presentada y a los requerimientos en materia de acceso a
los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
Que con la finalidad
de garantizar la suficiencia y accesibilidad de la población a los alimentos
necesarios para su subsistencia, el gobierno nacional adoptará las acciones
necesarias para garantizar el permanente funcionamiento del sistema de
abastecimiento y seguridad alimentaria en todo el territorio nacional.
Que con el fin de dar
aplicación a las medidas adoptadas se autoriza al Gobierno nacional para
efectuar las operaciones presupuestales necesarias.
DECRETA:
ARTÍCULO 1. Declárese
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio
nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de
la vigencia de este decreto.
ARTÍCULO 2. El
Gobierno nacional, ejercerá las facultades a las cuales se refiere el artículo
215 de la Constitución Política, el artículo 1 del presente decreto y las demás
disposiciones que requiera para conjurar la crisis.
ARTÍCULO 3. El
Gobierno nacional adoptará mediante decretos legislativos, además de las
medidas anunciadas en la parte considerativa de este decreto, todas aquellas
medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión
de sus efectos, así mismo dispondrá las operaciones presupuestales necesarias
para llevarlas a cabo.
ARTÍCULO 4. El
Presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado
en Bogotá, D.C., a los 17 días del mes de marzo de 2020
EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, (FDO.) IVAN DUQUE MARQUEZ
LA
MINISTRA DEL INTERIOR, (FDO.) ALICIA VICTORIA ARANGO OLMOS
LA
MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, (FDO.) CLAUDIA BLUM DE BARBERI
EL
MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, (FDO.) ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA
LA
MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, (FDO.) MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO
EL
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, (FDO.) CARLOS TRUJILLO GARCIA
EL
MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO SOCIAL, (FDO.) RODOLFO ENRIQUEZ ZEA
NAVARRO
EL
MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, (FDO.) FERNANDO RUIZ GÓMEZ
EL
MINISTRO DE TRABAJO, (FDO.) ÁNGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ
LA
MINISTRA DE MINAS Y ENERGÍA, (FDO.) MARÍA FERNANDA SUÁREZ LONDOÑO
EL
MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, (FDO.) JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO
LA
MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL, (FDO.) MARÍA VICTORA ANGULO
EL
MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, (FDO.) RICARDO JOSÉ LOZANO PICÓN
EL
MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, (FDO.) JONATHAN MALAGÓN GONZÁLEZ
LA
MINISTRA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, (FDO.) SYLVIA
CRISTINA CONSTAÍN RENGIFO
LA
MINISTRA DE TRANSPORTE, (FDO.) ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ
LA
MINISTRA DE CULTURA, (FDO.) CARMEN VÁSQUEZ CAMACHO
EL
MINISTRO DEL DEPORTE, (FDO.) ERNESTO LUCENA BARRERO
LA
MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, (FDO.) MABEL GISELA TORRES TORRES”.
ANEXO 2-PRUEBAS
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud y
Protección Social e Instituto Nacional de Salud[346]
1.  Las entidades
del Gobierno nacional que fueron requeridas por la Corte en el auto de pruebas
del 24 de marzo de 2020 suscribieron una intervención conjunta en la que
presentaron su respuesta[347]. A
través de ella incorporaron una serie de informes, así como una amplia
documentación en más de 1.500 folios. A continuación, se presentará la síntesis
de las explicaciones rendidas por cada una de esas entidades (los informes) y
luego se relacionará el contenido de los demás documentos.
2.  El Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, en respuesta a la pregunta concerniente al
impacto o déficit presupuestal ocasionado por la pandemia, señala que la
propagación del nuevo coronavirus tendrá consecuencias en el sistema económico
global hasta ahora impredecibles, y de las cuales nuestro país no podrá
escapar. Menciona que el problema relacionado con la disminución en los precios
del petróleo se originó debido a que los Estados miembros de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), así como otros países aliados liderados
por Rusia, no pudieron ponerse de acuerdo para reducir la producción mundial
del crudo. A lo cual se sumó la guerra de precios ocasionada por los anuncios
de aumento en la producción del recurso y de descuentos en algunas referencias
por parte de países como Arabia Saudita. De paso, refiere que esta situación,
en conjunto con la extensión de la enfermedad generó la depreciación de la tasa
de cambio, por lo cual el dólar se llegó a cotizar a más de $4.000.
De otro lado, señala que medidas como el
aislamiento preventivo obligatorio, a pesar de ser efectivas para contener la
propagación del virus, tienen fuertes efectos económicos. Menciona que la
desaceleración del crecimiento económico global es uno de los efectos que
ocasiona este tipo de decisiones. En Colombia, explica, esta situación ha
causado la disminución en los ingresos de las personas, en tanto el 42,4% de
los trabajadores del país laboran por cuenta propia y el 56,4% no son
asalariados. Aunado a lo anterior, comenta que la crisis puede generar una
reducción en los flujos de caja de las empresas, lo que, en últimas, puede
ocasionar el incumplimiento de sus obligaciones y, consecuentemente, un
rompimiento en las relaciones de confianza existentes entre deudores y
acreedores.
En criterio del Ministerio, estos golpes
a la economía del país suponen no solamente un retroceso en la capacidad
comercial de los colombianos, sino también un fuerte impacto al mercado laboral
y a las finanzas públicas. De ahí que las consecuencias de esta crisis, entre
las cuales también incluye al aumento en el gasto público, ocasionen que “(…) el
Gobierno [vea] desfinanciados sus gastos y [enfrente] un faltante
de ingresos”[348]. El
Ministerio, sin embargo, no establece cuál sería la magnitud económica precisa
de la pandemia ni relaciona, con excepción de lo decidido por el sector
petrolero, las medidas adoptadas como consecuencia de esta. A su juicio, los
hechos que dieron origen a la declaración del estado de emergencia todavía
están ocurriendo, por lo cual “[p]ara realizar un informe completo en los
términos indicados por la Honorable Corte Constitucional, se requiere un
trabajo técnico que se desarrollará en los próximos meses”.
En cualquier caso, refiere que los
gastos adiciones en los que tendrá que incurrir el país como consecuencia de la
propagación de la enfermedad pueden ascender a $18 billones. Ese monto, según
explica, es adicional a lo establecido en el Presupuesto General de la Nación
para la vigencia 2020, por lo cual será necesario que el Gobierno adicione
nuevas fuentes de recursos. Es por esta razón, señala el Ministerio, que el
Gobierno nacional decidió contar en calidad de préstamo con los activos
financieros que respaldan obligaciones futuras que están sujetos a una
condición de ocurrencia incierta: los recursos del Fondo de Ahorro y
Estabilización[349] y
del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales[350].
También menciona que se iniciará una estrategia de optimización de capital de
las entidades con participación estatal a través de la cual se busca disponer
de hasta $3,25 billones.
Seguidamente, señala cuál será el
destino de estos recursos. Asevera que la prioridad será fortalecer el sector
salud, para lo cual se aumentará su capacidad de diagnóstico, se reconocerá a
los prestadores de los servicios de salud, se mejorarán las unidades de
cuidados intensivos e intermedios y se garantizará el suministro de los insumos
médicos necesarios. Esto, explica, tendrá un costo aproximado de $6,5 billones.
Aunado a lo anterior, menciona una serie de acciones asociadas con la provisión
de recursos a personas en condición de vulnerabilidad, y el establecimiento de
líneas de crédito que permitan mantener las relaciones financieras de los
hogares y las empresas.
En otro orden de ideas, incorpora un
cuadro en el que relaciona los motivos por los cuales cada una de las medidas
identificadas en los considerandos 1 a 21 del Decreto 417 del 2020 resulta
adecuada y suficiente para conjurar la crisis económica, social y ecológica e
impedir la extensión de sus efectos.
3.  El Ministerio
de Salud y Protección Social, sobre las medidas que adoptó hasta la
expedición del decreto que declara la emergencia, informa que el 27 de enero de
2020 le solicitó al Ministerio de Hacienda la asignación adicional de recursos
por un valor de $10.000.000.000, por lo que el 10 de marzo ese efectuó la
distribución de ese monto en su propuesto. Puntualiza que el 60% de ese dinero
se destinó para la adquisición de equipos de protección y medidas de
bioseguridad, tales como tapabocas y máscaras; y que $725.000.000 se utilizaron
para llevar a cabo campañas masivas de comunicación sobre el riesgo ocasionado
por el SARS-CoV-2. Igualmente, menciona que el 24 de marzo, con ocasión de una
solicitud de su Dirección de Epidemiología, se asignaron $14.034.081.457[351] para
siete laboratorios de salud pública ubicados en Antioquia, Atlántico, Arauca,
Bogotá, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca[352].
Adicionalmente,
afirma que antes de que se declarara el estado de emergencia se estaban
estudiando estrategias con la finalidad de establecer y mantener unidades de
cuidados intensivos, fortalecer las cadenas de suministro, disponer de lugares
de atención y de camas hospitalarias, contar con el personal médico necesario,
acelerar la investigación y el desarrollo de vacunas y terapias, y materializar
las demás medidas requeridas para ampliar la respuesta del sistema de salud.
Más
adelante se ocupa de precisar cuál ha sido su gestión en cuanto al desarrollo
de vacunas y terapias. En este sentido, informa que su competencia se
circunscribe “(…) a promover e impartir las directrices sobre el particular,
más no cuenta con facultades para adelantar investigaciones clínicas”.
Asimismo, explica que, en conjunto con el INVIMA, se están adelantando sesiones
de trabajo con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la academia y
la industria farmacéutica, entre otros actores, con la finalidad de actualizar
el marco normativo de la investigación clínica establecido en la Resolución
2378 de 2008[353].  En
últimas, recalca, que su competencia se limita a reglamentar el ámbito de la
investigación clínica, “(…) para que en el marco del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación, liderado por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación, se adelanten procesos investigativos como los
referidos por esa Corporación”.
En relación con el impacto o déficit
presupuestal ocasionado por la pandemia, el Ministerio de Salud reconoce la complejidad
de establecer en este momento el costo que para este sector puede significar la
enfermedad. A pesar de ello, trae a colación el documento denominado “metodología
para la estimación de costos de la atención de pacientes con COVID-19”,
según la cual el monto total de la atención médica ascendería a
$4.634.085.235.141, y el de las incapacidades a $94.800.716.459.
4.       El Instituto
Nacional de Salud, en lo concerniente al aprovisionamiento de vacunas en el
momento de cura de la enfermedad, informa que no produce vacunas, en tanto
solamente genera los siguientes biológicos: sueros antiofídicos, antilonómico y
otros hemoderivados. Consecuentemente, expresa que este aprovisionamiento lo
desplegará el Ministerio de Salud.
Seguidamente, al resolver las preguntas
relacionadas con la propagación de la enfermedad y las medidas de contención
que se planean establecer, el Instituto Nacional de Salud se ocupa de
relacionar el número de casos de contagio confirmados en el país, el número de
casos que se espera se diagnostiquen y, finalmente, las acciones que ha tomado
el Gobierno Nacional para contener la propagación del virus.
Sobre el primer escenario, señala que el
31 de marzo de 2020 en el país se habían confirmado 906 casos de COVID-19, de
los cuales el 52,9% correspondían a hombres y el 47,1% a mujeres. También
refiere que el 49,2% de los casos son importados, el 34,9% están relacionados
con casos de contacto con personas que han adquirido el virus en el exterior y
el 15,9% son objeto de análisis. Sobre la incidencia de la enfermedad menciona
que el 85,2% de los infectados están en sus casas; el 9,6% han requerido
tratamiento hospitalario, de las cuales el 3,9% han tenido que ser ingresados
en una unidad de cuidados intensivos; el 3,4% se han recuperado y el 1,8% han
fallecido. En cuanto a los grupos de edad en los que se han distribuido los
diagnósticos de COVID-19, presenta el siguiente cuadro:
Grupos
de Edad
Mujeres
Hombres
Total
0 a
9
6
8
14
(1,5%)
10
a 19
16
15
31
(3,4%)
20
a 29
88
107
195
(21,5%)
30
a 39
92
116
208
(23,0%)
40
a 49
78
73
151
(16,7%)
50
a 59
69
83
152
(16,8%)
60
a 69
48
41
89
(9,8%)
70
a 79
17
23
40
(4,4%)
80
a 89
13
13
26
(2,9%)
Total
general
427
(47,1%)
479
(5,9%)
906
Más adelante, presenta un estudio
comparativo del número de casos confirmados en Italia, España, China, Alemania,
Francia, Irán, Reino Unido, Suiza y Turquía[354].
Sobre las conclusiones a las que llegó a través de ese análisis, señala que,
con excepción de Irán, Suiza, Turquía y China, el incremento en el número de casos
se evidenció en el segundo mes. Considera que esto pudo ocurrir debido a los
diferentes niveles de respuesta de cada uno de los sistemas de salud, el
despliegue insuficiente de medidas de control, la falta de capacitación de los
profesionales de la salud y el acceso limitado a tecnología en este ámbito.
Igualmente, menciona que en Colombia se diagnosticaron un mayor número de casos
en las primeras semanas como consecuencia de las dinámicas migratorias que
ocasionó la pandemia.
El resultado de las estimaciones del
Instituto Nacional de Salud acerca del número total de contagios en caso de que
no se adopte ninguna medida de contención es el siguiente:
Resultado
Casos
Infectados totales
31.598.000 (IC 95%
21.237.000-34.606.000)
Infectados Asintomáticos
3.507.000 (IC 95%
15.371.000-25.047.000)
Casos
Severos (Requieren hospitalización, pero no UCI
3.901.000 (IC 95% 2.622.000-4.272.000)
Casos Críticos (que requerirían UCI)
1.320.000 (IC 95% 887.000-1.446.000)
En lo que se refiere a la respuesta de
las autoridades públicas frente al peligro que significa la propagación del
virus, el Instituto enlista las medidas de mayor relevancia que se han adoptado
para hacer frente a esta situación. Entre otros puntos, menciona las órdenes de
aislamiento preventivo obligatorio, la atención a los hogares en situación de
pobreza, la restricción del tráfico aéreo, la exención del IVA de suministros y
equipos médicos, la modificación del calendario académico, la declaración del
estado de emergencia sanitaria e, incluso, la declaración del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica.
5.       Ahora
bien, una vez expuesto el contenido de los informes remitidos por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Salud y Protección Social y el
Instituto Nacional de Salud, a continuación la Corte relacionará el contenido
de los demás documentos que envió el Gobierno Nacional:
i)    Comunicación a
la OEA y ONU sobre la declaratoria del Estado de Emergencia, Económica, Social
y Ecológica efectuada por el Gobierno Nacional. Al respecto, la OEA solicitó
información concreta en relación con las fechas del estado de excepción y los
artículos específicos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
que serían objeto de suspensión. En respuesta, a través del Embajador ante la
ONU se informó que ningún derecho reconocido en el Pacto fue suspendido.
ii)   El plan de
contingencia para responder ante la emergencia por COVID-19. En este documento
se indicó como punto de partida la identificación y priorización de escenarios
de riesgo para formular medidas adicionales a las existentes para hacer frente
a la amenaza, por lo cual su ejecución requiere de recursos adicionales a
aquellos existentes en la gestión rutinaria.
Su propósito es
minimizar el impacto de COVID-19 en la población colombiana en los diferentes
ámbitos (comunitario, laboral e individual), cada sector, nivel territorial y
actor implementará las medidas a seguir con base en sus competencias
establecidas en la normatividad vigente y el rol que cumplen en las diferentes
fases de preparación, contención y mitigación.
El plan cuenta
con tres fases conforme a los procesos definidos en la Ley 1523 de 2012, a
saber:
a.
Preparación
-conocimiento-: corresponde a la situación epidemiológica pre-epidémica.
Comprende documentar la amenaza existente y desarrollar los instrumentos para
adecuación y disponibilidad de recursos e insumos necesarios para responder.
Para tal efecto, se fijaron 169 actividades en 7 líneas de acción.
b.
Contención
-reducción-: concierne a la situación epidemiológica epidémica ante la
introducción del primer caso. Comprende las acciones de identificación y
respuesta a la introducción de la amenaza al país (detección de los primeros
casos de manera temprana), y los esfuerzos ante la aparición de los primeros
brotes, para contenerlos y evitar su propagación de manera coordinada con otros
sectores, incluye también medidas de prevención en comunidad, individuales y
colectivas. En esta etapa, estableció 64 actividades en 7 líneas de acción.
c.
Mitigación
-manejo-: atañe a la situación epidemiológica epidémica ante cadenas de
circulación en la comunidad conocidas o desconocidas. Las acciones se encaminan
a preservar los servicios y brindar la atención requerida a la población que ha
sido afectada. Al respecto, se indicaron 70 actividades en 7 líneas de acción.
iii)    El manual de
bioseguridad para prestadores de servicios de salud que brinden atención en
salud ante la eventual introducción del nuevo coronavirus (nCoV-2019) a
Colombia, que incluye medidas cobre manejo de desinfectantes, limpieza y
desinfección en medios de transporte –ambulancias-, disposiciones de residuos,
entre otros procedimientos.
iv)    Las directrices
para el manejo y gestión segura de los residuos generados en la atención en
salud de generados por el virus COVID-19 en instituciones prestadoras de
servicios de salud y otros escenarios de riesgo, adoptadas en febrero de 2020.
v)  Las
orientaciones para el tamizaje de viajeros procedentes de zonas con circulación
del nuevo coronavirus COVID-19 emitidas el 28 de febrero de 2020.
vi)    Los lineamientos
para la detección y manejo de casos por los prestadores de servicios de salud
frente a la introducción del SARS-CoV-2 (COVID-19) a Colombia expedidos el 11
de marzo de 2020, entre los cuales se destaca el manejo de las áreas con
evidencia de circulación, las vías de acceso a la atención y el manejo clínico
de los afectados.
vii)  El protocolo de manejo para el
arribo de naves de pasaje de tráfico marítimo y fluvial internacional expedido
por el Ministerio de Salud y Protección Social el 12 de marzo de 2020, a través
del cual se prohibió el atraque, desembarque, cargue y descargue en los puertos
del país[355].
viii)    Las
orientaciones para el manejo traslado y disposición final de los cadáveres por
Covid-19 establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social con el
cual se busca disminuir el riesgo de contagia de los trabajadores del sector
salud y funerario, así como de los familiares, comunidad en general y autoridades
involucradas en la crisis.
ix)    Los lineamientos
que establecieron los el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte y la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil para la prevención,
detección y atención de la COVID-19 en el ámbito del transporte aéreo.
x)       Fueron
remitidas las siguientes comunicaciones suscritas en el marco de la pandemia:
Referencia
Objeto
Oficio de 27 de febrero de 2020
cursado por el Ministerio de Salud
Solicitó a la Directora General
de Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda donde se informa la
necesidad de contar con 9 mil millones de pesos para adquisición de insumos,
mil millones de pesos para campañas de información sobre el riesgo y 5 mil millones
para la preparación del Instituto Nacional de Salud.
Memorando de 12 de marzo de
2020 suscrito por el Ministerio de Salud
Dirigido a la Dirección de
Financiamiento Sectorial donde se identificó la necesidad de concurrir en la
dotación y apoyo técnico, a 7 laboratorios de salud pública departamentales
(Atlántico, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Bogotá, Norte de Santander y
Arauca).
xi)
Adicionalmente,
fueron allegados los siguientes actos administrativos:
Referencia
Objeto
Resolución 380 de 10 de marzo
de 2020 – Ministerio de Salud
Dispuso el aislamiento y
cuarentena para personas que arribaran de China, Italia, Francia y España.
Resolución 385 de 12 de marzo
de 2020 –
Ministerio de Salud
Declaró la emergencia sanitaria
nacional y adoptó unas medidas frente a concentraciones de más de 500
personas.
Resolución 793 de 10 de marzo
de 2020 – Ministerio de Hacienda
Efectuó una distribución en el
presupuesto de gastos de funcionamiento de esa cartera por el monto de 10.500
millones de pesos a favor del Ministerio de Salud.
Resolución 862 de 16 de marzo
de 2020 – Ministerio de Hacienda
Efectuó una distribución en el
presupuesto de gastos de inversión de esa cartera por el monto de 4.500
millones de pesos a favor del Ministerio de Salud.
Resolución 357 de 16 de marzo
de 2020 – Ministerio del Interior
Aplazó el proceso electoral
para organismos de acción comunal previsto para el año 2020, con ocasión del
COVID-19.
Circular externa
OFI2020-7728-DCP-2500 de 16 de marzo de 2020 – Ministerio del Interior
Suspendió las actividades en
campo y agenda de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.
Circular externa CIR2020-21-DMI-1000 de 16 de
marzo de 2020 – Ministerio del Interior
Impartió instrucciones a entes territoriales sobre
la construcción de los planes de desarrollo territorial
Circular externa
CIR2020-22-DM1-1000 de 16 de marzo de 2020 – Ministerio del Interior
Formuló recomendaciones para el
uso de medios electrónicos en las sesiones de los concejos municipales y
distritales, durante la vigencia de las medidas del Gobierno Nacional para la
prevención del COVID -19.
Circular externa
OFI2020-7933-DMI-1000 de 17 de marzo de 2020 – Ministerio del Interior
Emitió directrices a los entes
territoriales para la gestión del orden público en el marco de la emergencia
sanitaria por Covid-19.
Circular externa
CIR2020-24-DMI-1000 de 17 de marzo de 2020 – Ministerio del Interior
Suspendió temporalmente las
actividades en campo y de consulta previa de medidas legislativas y
administrativas, como medida para la prevención de contagios de COVID-19.
Resolución 779 de 6 de marzo de
2020 – Migración Colombia
Suspendió temporalmente el
servicio de migración automática en el proceso de inmigración de todos los
aeropuertos.
Memorando Circular I-GAIC-20-004298
de 27 de febrero de 2020 – Ministerio de Relaciones Exteriores
Impartió directrices para
atención consular frente a la epidemia del coronavirus.
Memorando I-GAMG-20-005170 de
11 de marzo de 2020 – Ministerio de Relaciones Exteriores
Remitió a las misiones
diplomáticas y oficinas consultares en el exterior, información sobre medidas
de control implementadas en Colombia frente a la emergencia por el brote de
COVID-19.
Memorando GAMG-20-005420 de 16
de marzo de 2020 – Ministerio de Relaciones Exteriores
Reiteró a cónsules y encargados
de funciones consulares medidas contingencia COVID-19, entre ellas que solo
se permite el ingreso al país de nacionales colombianos y extranjeros con
residencia en Colombia, incluyendo miembros del cuerpo diplomático,
debiéndose someter a un aislamiento preventivo obligatorio durante 14 días.
Circular 005 de 11 de marzo de
2020 – Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Salud
Impartieron directrices para la
detección temprana, el control y la atención ante la posible introducción del
nuevo coronavirus y la implementación de los planes de preparación y
respuesta ante este riesgo[356].
Circular conjunta 11 de 9 de
marzo de 2020 – Ministerios de Salud y de Educación Nacional
Emitieron recomendaciones para prevención,
manejo y control de la infección respiratoria aguda por coronavirus en el
entorno educativo.
Circular externa 11 de 10 de
marzo de 2020 – Ministerios  de Salud y de Comercio, Industria y Turismo
Extendieron unas
recomendaciones para la contención de la epidemia en los sitios de alta
afluencia de personas, como centros comerciales, actividades religiosas y de
culto, conciertos, eventos deportivos y salas de comunicaciones e internet.
Circular externa 12 de 12 de
marzo de 2020 – Ministerios de Salud, Comercio, Industria y Turismo
Formularon directrices para la
contención de la infección respiratoria aguda por el nuevo coronavirus
(COVID-19) en el entorno hotelero.
Circular externa 18 de 2020 –
Ministerios de Salud y de Trabajo, Departamento Administrativo de la Función
Pública
Adoptaron acciones de
contención ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades asociadas al
primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias.
Circular externa 15 de 13 de
marzo de 2020 – Ministerios de Salud y del Interior
Emitieron recomendaciones para
la prevención, contención y mitigación del coronavirus en grupos étnicos,
pueblos indígenas, comunidades narp y pueblo rom.
Circular 17 del 24 de febrero de 2020 – Ministerio
del Trabajo
Estableció los lineamientos mínimos de promoción y
prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de COVID-19 que
deben implementar las administradoras de riesgos laborales, los empleadores,
los contratantes, los trabajadores independientes, y los contratistas del sector
público y privado.
Circular 21 del 17 de marzo de 2020 – Ministerio
del Trabajo
Determinó medidas de protección al empleo con
ocasión de la fase de contención de la COVID-19 y de la declaración de
emergencia sanitaria.
Circular 19 del 14 de marzo de
2020 – Ministerio de Educación
Presentó una serie de
orientaciones a los gobernadores, alcaldes, secretarios de educación,
rectores y directores rurales con ocasión de la declaratoria de emergencia
sanitaria provocada por la COVID-19. Entre otras cosas, se ocupó de mencionar
estrategias de apoyo al aprendizaje y actividades de planeación para la
continuidad del servicio educativo.
Circular 20 del 16 de marzo de
2020 – Ministerio de Educación
Incorporó medidas adicionales y
complementarios para el manejo, control y prevención de la COVID-19, tales
como la modificación del calendario académico.
Circular 21 del 17 de marzo de
2020 – Ministerio de Educación
Mencionó algunas orientaciones
para el desarrollo de procesos de planeación pedagógica y trabajo académico
en casa como medida para la prevención de la propagación de la COVID-19, así
como para el manejo del personal docente, directivo docente y administrativo
del sector educación.
Resolución 137 del 16 de marzo
de 2020 – Parques Nacionales Naturales de Colombia
Ordenó el cierre temporal y se
prohíbe el Ingreso de visitantes y prestadores de servicios turísticos en las
áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales abiertas al Ecoturismo.
Circular externa 00003-04 del 4
de febrero de 2020 – Superintendencia de Transporte
Determinó los lineamientos y
acciones a adoptar frente a la propagación de la COVID-19 por parte de las
sociedades portuarias marítimas y sociedades portuarias fluviales con
vocación marítima.
Circular 011 del 14 de marzo de
2020 – Agencia Nacional de Infraestructura
Estableció medidas de cuidado
adicionales a las establecidas por el Ministerio de Salud y el Ministerio del
Trabajo para las concesiones e interventorías en todos los modos de
transporte.
Circular externa 001 del 12 de
marzo de 2020 – Ministerio del Deporte
Suspendió la organización y
realización de eventos deportivos en el país
xii) En el material aportado también
obran los actos administrativos por medio de los cuales se adoptan medidas
internas para la prevención, contención y evitar la propagación del Covid-19,
dirigidas a los funcionarios del Ministerio del Interior; el Ministerio de
Relaciones Exteriores; el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el
Ministerio de Educación; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación; la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; el
Ministerio de Defensa Nacional; las Fuerzas Militares[357]; la Policía Nacional;
Parques Nacionales Naturales de Colombia; el Departamento Nacional de
Planeación; el Departamento Administrativo Nacional de Estadística; el
Departamento Administrativo de la Función Pública; el Departamento
Administrativo para la Función Pública; el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; el Instituto de
Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis (Invemar); las
Corporaciones Autónomas Regionales del Chocó, Boyacá, Alto Magdalena, Tolima,
Amazonía, Cundinamarca, Urabá y Cauca.
xiii)    En más de 500
folios, copia de los reportes del Ministerio de Salud y Protección Social sobre
la propagación del virus en el país desde el 5 de marzo hasta el 1° de abril de
2020 y de los reportes de la Organización Mundial de la Salud sobre la
propagación del virus en el planeta desde el 21 de enero hasta el 1° de abril
de 2020. Igualmente, remitieron copia de las declaraciones del director general
de la OMS, del presidente del FMI y de un comunicado de la OIT.
xiv)    Un informe en el
que se relacionan los decretos legislativos expedidos; las medidas que a través
de estos de adoptaron y la norma que modificó, derogó o suspendió.
Ministerio del Trabajo[358]
6.       En
contraste con lo hecho por la Secretaría
Jurídica de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, el
Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio del Trabajo
no presenta un informe concreto frente al cuestionamiento efectuado por la
Corte. En su lugar, a través de su intervención remite una serie de documentos
en los que se establecen medidas en materia laboral. En estos, entre otras
cosas, se establecen los lineamientos mínimos de promoción y prevención frente
a la COVID-19, se adoptan medidas para la protección del empleo, se ejerce el
poder preferente en lo concerniente al trámite de las solicitudes de
autorización para la suspensión temporal de actividades hasta por 120 días y el
despido masivo de trabajadores, y se fiscalizan las decisiones laborales
durante la emergencia sanitaria.
Banco de la República[359]
7.       Informa
que en la visión que al inicio de este año presentó la Junta Directiva del
Banco de la República se indicó que el desarrollo de la economía colombiana
sería similar al del 2019. Asimismo, se precisó que se seguiría haciendo un
monitoreo de la inflación, las proyecciones de la actividad económica, la
evolución de la balanza de pagos y la situación externa, y de las proyecciones
de la actividad económica, incluyendo los efectos de la emergencia ocasionada
por el Covid-19.
Explica que la expansión del virus y las
decisiones que han adoptado los Estados golpearon activamente los mercados
financieros. También señala que el impacto sobre el crecimiento de la economía
global aún no se puede cuantificar. Aunado a ello, indica, se suma la caída en
el precio del petróleo, que generó que los precios de las referencias WTI y
Brent se ubicaran en valores que no se habían visto en más de 18 y 16 años,
respectivamente. En consecuencia, refiere que esas situaciones han generado una
grave conmoción en la actividad económica, por sus efectos en la oferta y la
demanda agregadas, un fuerte impacto en los ingresos de la nación, y las primas
y los flujos de capital, lo que se ha visto reflejado en la depreciación del
peso colombiano.
A continuación, señala que su respuesta
a esta contingencia se ha concentrado en ofrecer liquidez a la economía con la
finalidad de garantizar el funcionamiento del sistema de pagos y proveer
suficientes recursos de crédito. Entre las decisiones que ha tomado, antes y
después de la declaratoria de estado de emergencia, menciona que se aumentaron
los cupos de liquidez a 23,5 billones, se autorizó que intermediarios
financieros tuvieran acceso a sus servicios, se permitió que esas mismas
entidades tuvieran acceso a los cupos repos con títulos de deuda pública
y privada. Adicionalmente, señala que se habilitó un instrumento de cobertura a
las variaciones del dólar y se disminuyó en 50 puntos su tasa de intervención,
por lo que esta quedó en 3,75%.
En conclusión, refiere que el COVID-19
ha generado una situación sin precedentes. Además, que, a pesar de haber
recurrido a los instrumentos a su disposición, el impacto de la pandemia “(...)
hace que las medidas necesarias para superar la crisis trasciendan aquellas
que, conforme con la Constitución y la Ley 31 de 1992, puede adoptar la Junta
Directiva del Banco de la República”. En su criterio, la situación genera
la necesidad de que se adopten medidas extraordinarias, particularmente por
parte de la Rama Ejecutiva, en materia de salud pública, ingreso mínimo de los
ciudadanos y estabilidad financiera.
ANEXO 3-INTERVENCIONES
Intervenciones oficiales
Ministerio de Agricultura[360]
8.  Defiende la exequibilidad
del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. Sostiene que se cumple el
presupuesto fáctico, en tanto el 7 de enero la OMS declaró este brote como una
emergencia de salud pública de importancia internacional, el 6 de marzo se
comunicó el diagnóstico del primer caso de la enfermedad en el país, el 9 de
marzo la OMS le solicitó a los Estado que adoptaran medidas con la finalidad de
contener la expansión del virus y el 11 de marzo catalogó la propagación del
SARS-CoV-2 como una pandemia.
En lo concerniente a la superación del
presupuesto valorativo, refiere que esta crisis sanitaria es una grave
calamidad pública que perturba nuestro orden económico y social. Asimismo,
señala que esta contingencia sanitaria configura una circunstancia diferente a
la descrita en los artículos 212 y 213 de la Constitución. Seguidamente,
expresa que la rápida extensión de la enfermedad, en conjunto con sus efectos
negativos en la economía global, motiva la necesidad de tomar medidas
extraordinarias que permiten contener sus riesgos. Explica, por lo tanto, que
las medidas legales ordinarios con las que cuenta el Presidente de la República
para superar esta situación son insuficientes.
En consecuencia, asevera que resulta
necesario recurrir a los mecanismos que habilita la declaración del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica con la finalidad de remediar la crisis
ocasionada por el SARS-CoV-2, “(…) debido a la propagación y mortalidad
generado (sic) por el mismo, el pánico por la propagación y las medidas
de contención decretadas por cada Estado para evitar una mayor propagación”.
En cualquier caso, refiere que las medidas anunciadas en el Decreto 417 de 2020
no agotan los asuntos que puede abordarse a través de las medidas de emergencia.
Fiscalía General de la Nación[361]
9.  En el curso del
proceso que ocupa a la Corte, la Secretaría General recibió un escrito de la
Fiscalía General de la Nación. Este, sin embargo, no se pronuncia acerca de la
exequibilidad del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, sino frente al proyecto
de decreto legislativo “[p]or medio del cual se conceden los beneficios de
la detención y la prisión domiciliarias transitorias en el lugar de residencia
a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al
COVID 19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y
prevenir y mitigar el riesgo de propagación”.
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado[362]
10.  Solicita que se
declare la exequibilidad del Decreto 417 de 2020. Menciona que esta es
una crisis inesperada e imprevisible que sorprendió al mundo entero y que solo
puede ser contenida con la utilización de medidas extraordinarias de
emergencia. Indica que en caso de no haberse recurrido al estado de excepción
no hubiese sido posible proteger adecuadamente los derechos de los residentes
en el país, en claro desconocimiento del artículo 2° de la Constitución.
Igualmente, manifiesta su preocupación frente a los efectos de la enfermedad,
pues, según distintos organismos internacionales, esta crisis afectará
gravemente el crecimiento económico, el empleo, el comercio exterior y el
suministro de alimentos.
En lo concerniente a su impacto en la
región, se ocupa de presentar la información presentada por el Banco
Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe en cuanto a la reversión en el saldo de la cuenta corriente de la
balanza de pagos y la contracción de la economía latinoamericana como
consecuencia de la disminución de la actividad de sus socios comerciales, la
caída de los precios de las materias primas, la interrupción de las cadenas de
valor, el descenso en el turismo, la aversión al riesgo y la precarización de
las condiciones financieras del mundo.
Después de hacer una breve exposición
acerca de los estados de emergencia económica, social y ecológica que se han
decretado en vigencia de la Constitución de 1991, precisa los motivos por los
cuales considera que esta contingencia es distinta a las demás. Señala que la
crisis ocasionada por la expansión de la COVID-19 es universal, no tiene su
origen en un determinado desastre natural, sus efectos se extienden a las más
diversas cuestiones, y no solamente generan un problema de salud.
Más adelante, asegura que el Decreto 417
cumple los requisitos que habilitan su expedición. En este sentido, después de
explicar los condicionamientos a los que está sujeto el Presidente de la
República, señala que los hechos descritos por el Gobierno corresponden a la
información relacionada en los informes de las entidades públicas, los
organismos internacionales y la publicidad que se ha realizado sobre este tema.
Incluso refiere que la pandemia se podría considerar como un hecho notorio. En
consecuencia, colige que se encuentra satisfecho el primer componente del
presupuesto fáctico: la ocurrencia de los hechos. Sobre el carácter
sobreviniente de la contingencia menciona que el surgimiento y la propagación
de la enfermedad ocurrió de forma inesperada y que, por lo tanto, sorprendió al
mundo entero.
Al pronunciarse acerca del presupuesto
valorativo, recalca la gravedad, inminencia e importancia de las circunstancias
que dieron origen a la declaratoria del estado de emergencia. Explica que este
virus es imprevisible, nuevo, difícil de identificar y de tratar, y que, por
tanto, tiene la potencialidad de sobrepasar la capacidad del sistema de salud
del país. Igualmente, señala que este hecho no se enmarca dentro de las
condiciones que permite declarar un estado de guerra exterior o de conmoción
interior.
En cuanto a la suficiencia de los
mecanismos ordinarios con los que cuenta el Gobierno para responder a la
crisis, sostiene que, a pesar de que el ordenamiento jurídico colombiano
contempla reglamenta la garantía del derecho fundamental a la salud[363],
no existe reglamentación para una circunstancia como la originada por la
COVID-19. Consecuentemente, menciona que estas medidas ordinarias “(…) no
responden de manera adecuada a las necesidades que trae un virus que podría
contagiar en el país a cerca de 4 millones de persona, 550 mil de las cuales
estarían en una situación crítica”. Aunado a ello, expresa que solamente
después de que se declaró el estado de emergencia fue posible tomar decisiones
orientadas a mantener unidades de cuidado intensivo, fortalecer cadenas de
suministro, establecer lugares de atención y camas hospitalarias, contar con el
personal médico necesario, acelerar el proceso de investigación de una vacuna,
y ampliar la capacidad de diagnóstico de la enfermedad.
Finalmente, se ocupa de presentar una
serie de apreciaciones en relación con algunos aspectos propios del régimen de
excepción en el que nos encontramos. Entre otros, menciona la restricción a la
movilidad de los ciudadanos, las medidas de protección a las personas en
condición de vulnerabilidad, el acceso a los servicios públicos, la protección
laboral y el fomento empresarial.
Federación Nacional de Departamentos[364]
11.  Solicita que se
declare la exequibilidad del Decreto 417 de 2020. Señala que el decreto
cumple los requisitos de forma para su expedición. Seguidamente, presenta un
recuento de los fundamentos fácticos del estado de emergencia. Conforme a este,
señala que estos hechos son de naturaleza pública y notoria, según el despliegue
informativo que sobre este tema han hecho los medios de comunicación. En
consecuencia, refiere que no cabe duda acerca de la existencia de la situación
que originó la decisión del Gobierno. También concluye que la crisis ocasionada
por la propagación de la COVID-19 no se encuadra en las condiciones que
permiten decretar un estado de excepción por guerra exterior o conmoción
interior. Además, señala que se trata una situación imprevista, inesperada y
extraordinaria.
Menciona que la potencial expansión de
la enfermedad es un hecho grave de calamidad pública, “(…) por cuanto
constituye una afectación al orden económico y social”. En consecuencia, da
por superado el presupuesto valorativo. En un sentido semejante, considera
indispensable que en este caso el Gobierno Nacional cuente con la posibilidad
de emitir medidas legislativas que permitan superar la emergencia económica,
social y ecológica.
Federación Colombiana de Municipios[365]
12.  Aboga por la exequibilidad
del Decreto 417 de 2020. En concordancia con ello, evidencia que la situación
ocasionada por la COVID-19 es una circunstancia actual, que constituye, además,
una amenaza grave para la vida e integridad de los colombianos. En un sentido
similar, señala que la declaratoria contiene una motivación completa y
suficiente, pues incorpora una evaluación cuidadosa del sistema de salud
colombiano, así como del impacto que esta enfermedad tendría en la economía del
país. Por último, expone que el Decreto matriz tiene un término de vigencia
determinado, esto es, de 30 días.
Intervenciones académicas
Clínica Jurídica de Interés Público de
la Universidad de Medellín[366]
13.  Explica que su
intervención en este proceso de constitucionalidad está encaminada a evidenciar
los riesgos de incumplimiento de los estándares del derecho de acceso a la
información durante la declaratoria del estado de emergencia. Expone que ello
puede ocurrir debido a (i) la inobservancia de los principios de transparencia
activa y publicidad, (ii) el desconocimiento de las garantías del derecho de
acceso a la información de la población en condiciones de vulnerabilidad y
(iii) la restricción indebida del derecho de acceso a la información y la
violación de la obligación de contar con un recurso de protección oportuno.
Acerca del primer escenario, sostiene
que se han presentado problemas con la publicación en el Diario Oficial de las
decisiones expedidas por el Presidente de la República. Tal situación, en su
criterio, resulta preocupante debido a que las limitaciones a la movilidad
ocasionan que el único medio eficaz para acceder a esa información es el
ingreso a la dirección electrónica de la Imprenta Nacional de Colombia. En este
sentido, expresa que ello afecta el principio de seguridad jurídica y que,
además, es necesario que el Gobierno habilite el mayor número de medios de
divulgación posible.
Sobre las garantías de acceso a la
información de las personas en condición de vulnerabilidad, le solicita a la
Corte que inste al Gobierno a efectos de que se tomen las medidas necesarias
para generar y divulgar información relacionada con la situación sanitaria para
que se proteja el derecho a la salud y la vida de los ciudadanos que ostenten
alguna forma de indefensión. Por último, cuestiona el contenido del artículo 5
del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, que amplía el término para
responder los derechos de petición, pues considera que no existe conexidad
entre la medida que se adopta y la contención de la COVID-19, por lo que pide
que se declare su inexequibilidad.
Universidad Libre de Colombia[367]
14.  Solicita a la
Corte que declare la exequibilidad del Decreto 417 de 2020 y que,
además, lleve a cabo el control automático de los demás decretos o
disposiciones de desarrollo que se emitan con ocasión del estado de emergencia.
De entrada, determina que esa medida
cumple con los presupuestos formales para su expedición. Seguidamente, expone
sus apreciaciones en relación con el cumplimiento de las exigencias materiales
para la declaración del estado de emergencia. Acerca del presupuesto fáctico
sostiene que se supera el juicio de realidad, pues los hechos que invoca el
Gobierno Nacional como sustento de su decisión son ciertos. En relación con el
juicio de identidad comparte la conclusión a la que arribó el Presidente de la
República con respecto a la contingencia que vive el país, en tanto estima que
efectivamente la enfermedad “(…) amenaza perturbar en forma grave e
inminente el orden económico, social y ecológico”; y no se trata de una
situación de guerra exterior o de conmoción interior. Igualmente, sostiene que
el surgimiento del Covid-19 no se trata de una situación normal, crónica o
estructural que viva el país, por lo que se supera el juicio de sobreviniencia.
Al examinar el cumplimiento del
presupuesto valorativo expresa que es evidente el impacto que tiene el virus en
la población colombiana y con ello en su salud, vida, integridad, empleo,
abastecimiento, economía y bienestar. En consecuencia, refiere que “(…) el
Presidente de la República, lejos de haber incurrido en un error de apreciación
o en una arbitrariedad valorativa en cuanto a la gravedad de la declaratoria de
emergencia, ejerció correctamente su potestad dentro del margen razonable de
análisis que le corresponde”.
Asimismo, al resolver el juicio de
necesidad de las medidas extraordinarias establece que “(…) es claro que en
Colombia el Gobierno no tiene mecanismos jurídicos ordinarios para afrontar
este suceso imprevisto”. Aunado a lo anterior, la Universidad Libre
argumenta que con el Decreto 417 de 2020 no se ha suspendido el goce efectivo
de los derechos humanos de conformidad con el numeral 2 del artículo 214 de la
Constitución.
De otro lado, cuestiona que el Gobierno
Nacional ha adoptado medidas en las que se invoca la crisis sanitaria, pero no
se menciona el decreto declaratorio de la emergencia, con lo cual escapan al
control automático de esta Corporación o de la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo. También destaca la importancia de una debida
argumentación de los decretos legislativos y, además, del riesgo de no
interpretar de forma restringida las facultades del Presidente de la República
y de la imprecisión de algunas medidas normativas que se han de tomar.
Universidad Santo Tomás, Seccional
Bucaramanga[368]
15.  Solicita que
esta Corporación declare la exequibilidad del Decreto 417 de 2020. Luego
de pronunciarse en torno la discusión que considera ocupará a la Corte[369] y de
precisar cuál es el problema jurídico a resolver[370],
expone sus consideraciones con respecto a los cumplimiento formales y
materiales para la expedición de la medida. En relación con el primer aspecto
sostiene que el Gobierno Nacional cumplió todos los requisitos, por cuanto la
situación ocasionada por el SARS-CoV-2 tiene el carácter de “(…) repentino,
inesperado, imprevisto, anormal o extraordinario”. De igual modo, en lo que
tiene que ver con las exigencias sustanciales presentó el cuadro que, en
atención con su particular utilidad, se transcribe in extenso:
CONTROL
MATERIAL
PRESUPUESTOS Y
REQUISITOS DEL CONTROL MATERIAL (…)
DECRETO 417 DE
2020
ACTUACIONES
PROCESALES
IDENTIDAD
- Parte enunciativa del Decreto || -
Artículo 1 […] || - Artículo 2 […] || - Artículo 3 […]
|| - Artículo 4 ibidem.
- Publicación del decreto 417 de 2020 en el diario
oficial; ||
- Comunicaciones dirigidas a la corte constitucional sobre el control de
constitucionalidad del decreto ibidem.
NECESIDAD
- Consideración 3.1 […] || -
Consideración 3.2 […] || - Consideración 3.4 […] || -
Consideración 3.5 […] || - Consideración 1.7 […] || -
Consideración págs. 11 y 14 […]
- Medidas ordinarias adoptadas por el Gobierno
nacional para atender la pandemia COVID-19 y su insuficiencia con
anterioridad a la declaratoria de emergencia. || -
Medidas económicas adoptadas, principalmente en lo concerniente a la
situación monetaria, cambiaria y crediticia, hasta el momento de la
expedición del decreto declaratorio del estado de emergencia y su
insuficiencia.
REALIDAD
(factico)
- Considerandos 2 B. aspectos económicos, a. en el
ámbito nacional […]
|| - Considerandos 1 a 15 del punto 1 (A. salud pública) […]
- Plan de contingencia o de acción nacional
diseñado y puesto en ejecución para hacer frente a la pandemia del COVID-19; || -
Medidas desarrolladas hasta la expedición del decreto declaratorio del estado
de emergencia, en orden a prevenir la propagación del brote, detectar con
rapidez los casos, detener la transmisión del virus, atender a los afectados,
intensificar actividades de preparación y respuesta, y aprovisionar vacunas
en el momento de cura de la enfermedad, particularmente respecto de la
población más vulnerable. || - Medidas económicas adoptadas hasta la
expedición del decreto declaratorio del estado de emergencia para i) adquirir
equipos de protección o medidas de bioseguridad para el personal sanitario y
administrativo, servicios de urgencia, consulta, hospitalización y cirugía,
entre otros, ii) equipar los laboratorios de diagnóstico , iii) mejorar la
vigilancia y reunión de datos, iv) establecer y mantener unidades de cuidados
intensivos, v) fortalecer las cadenas de suministro, vi) disposición de
lugares de atención y de camas hospitalarias, vii) contar con el personal
médico necesario, viii) acelerar la investigación y desarrollo de vacunas y
terapias y ix) demás medidas decisivas para ampliar la respuesta de salud
pública a la pandemia.
VALORACIÓN
(sobreviniencia
e inminencia)
- Considerandos 1 a 3 del punto 2 || -
considerandos 10 a 12 del punto 1 (A. salud pública). || -
considerandos 7 y 8 del presupuesto valorativo || - considerandos 5 a
9 del punto 1 (B. aspectos económicos, a. en el ámbito nacional). || -
considerandos 7 y 8 del presupuesto valorativo y los considerandos 5 a 9 del
punto 1 (B. aspectos económicos, a. en el ámbito nacional). || -
considerandos 11 y 16 del punto 1 (B. aspectos económicos, a. en el ámbito
nacional).
- Informe sobre la tasa de contagio y de
mortalidad así como su crecimiento exponencial en el país clasificada por la
gravedad, origen del contagio, edad y sexo, entre otros; || -
Informe sobre el método de estimación, la fuente de la misma y las razones de
diferenciación frente a la tasa internacional; || - Informe sobre
impacto o déficit presupuestal ocasionado por la pandemia, clasificado según
los distintos sectores de la economía.
GRAVEDAD
- Considerandos 1 a 21 […]
- Informe sobre cómo se dejan a salvo los derechos
sociales de los trabajadores mediante el decreto declaratorio. || -
Informe sobre adecuación y suficiencia de las medidas económicas adoptadas
para conjurar la crisis económica, social y ecológica o de grave calamidad
pública, e impedir la extensión de sus efectos. || - Informe sobre la
disposición de los recursos a cargo de la Nación y entidades territoriales
como el FONPET a título de préstamo.
Universidad de los Andes[371]
16.  Solicita que
esta Corte realice un control riguroso de los decretos de desarrollo que se
emitan con ocasión de la declaración del estado de emergencia con la finalidad
de que se garantice que tienen un enfoque diferencial. Asimismo, pide que se
constate que todas las medidas relacionadas con el estado de excepción tengan
su fundamento en el Decreto 417 de 2020. Señala que la declaratoria del estado
de emergencia satisfizo los requisitos formales para su expedición, pero que,
en cualquier caso, no se tiene certeza en relación con la comunicación a los
Secretarios Generales de la ONU y la OEA, así como frente a la convocatoria del
Congreso de la República.
Más adelante, refiere que se encuentran
cumplidos los presupuestos que hacen parte del control material que lleva a
cabo la Corte. En este sentido, sostiene que la información que existe acerca
de la expansión de la enfermedad en el país evidencia la gravedad de la
situación, las características de la contingencia sanitaria no permiten que
esta dé lugar a la declaración de un estado de guerra exterior o de conmoción
interior, y el reciente surgimiento del virus restringió la estructuración de
un adecuado proceso de preparación para su atención.
En cuanto al presupuesto valorativo,
considera que el Gobierno Nacional presenta una argumentación convincente
acerca de los efectos que conlleva la pandemia en el goce de los derechos
fundamentales de los colombianos. Asimismo, menciona que encuentra superado el
juicio de necesidad, por cuanto se constata que existen unas medidas ordinarias
que, según el ejecutivo, fueron utilizadas por el Estado, por lo cual se
determinó la insuficiencia de estas para superar la crisis.
Dicho lo anterior, trae a colación una
serie de preocupaciones en relación con el alcance del decreto que se estudia.
Dice que existe un grave peligro de que se desconozca el derecho fundamental a
la igualdad de los sujetos de especial protección constitucional, como
resultado de “(i) la omisión de dictar medidas concretas en favor de estas
poblaciones (ii) la destinación de recursos y creación de mecanismos
específicos para proteger a los grupos menos vulnerables a los efectos de la
pandemia como lo son: el sector formal de la industria y el comercio y el
sector financiero y bancario”. En consecuencia, refiere que resulta
necesario que el control que lleve a cabo esta Corporación sea riguroso en lo
concerniente a la vigencia de un enfoque diferencial de la contención de la
crisis.
En otro orden de ideas, señala “(…) hay
un riesgo de solicitar la ampliación de las medidas excepcionales ante una
falsa imprevisibilidad de la contingencia (o de simplemente hacerlo, eludiendo
los límites constitucionales), y es por todo lo anterior que se debe solicitar
al Ejecutivo a que halle medidas de tránsito a la normalidad para la verdadera
mitigación de los efectos de la pandemia, después de que termine el estado de
emergencia declarado”. Aunado a lo anterior, cuestiona que parte de lo
decidido por el Gobierno Nacional para contener la expansión del SARS-CoV-2 no
se está profiriendo a través de decretos legislativos, por lo que existe la
posibilidad de que se eluda el control constitucional.
Universidad Externado de Colombia[372]
17.  Defiende la exequibilidad
del Decreto 417 de 2020, con excepción de la consideración relacionada con la
disminución de los precios del petróleo, pues, en su criterio, no podría
tenerse en cuenta como marco de acción en el que se debe desarrollar el estado
de excepción. Como sustento de su petición, explica que en este caso se cumplen
las exigencias formales para la declaración del estado de emergencia. En cuanto
a los componentes del control material refiere que los hechos que originaron
expedición del decreto son notorios y pueden, por tanto, ser verificados en los
medios de comunicación o a través de los canales de información que tiene la
Organización Mundial de la Salud. A su vez, expone que estos acontecimientos no
encajan en las supuestos que permiten declarar un estado de guerra exterior o
de conmoción interior y que tales circunstancias han sobrevenido y desborda la
posibilidad de una respuesta por parte del Estado, lo que obliga a que se
adopten medidas extraordinarias. Sin embargo, en relación con este último
aspecto, el carácter sobreviniente de la contingencia sanitaria, presenta una
aclaración.
La Universidad Externado considera que
los argumentos relacionados con la capacidad del sistema de salud del país, el
posible número de contagiados de la enfermedad y la fuente de sostenimiento de
la mayoría de trabajadores son acertados y tienen conexión con las medidas que
se deben tomar para la contención del virus. No sucede lo mismo con lo señalado
frente a los efectos de la COVID-19 en la economía. Concretamente, sostiene que
la crisis de los precios del petróleo “(…) no es un hecho nuevo o
extraordinario que apareciera por el nuevo coronavirus (…)”, sino que se
trata de una problemática que desde hace varios años ha ocupado al Estado
colombiano.
Seguidamente, al examinar el presupuesto
valorativo, indica que la decisión que adoptó el Presidente de la República no
fue arbitraria o irrazonable. En este sentido, mencionó los argumentos que se
exponen en el decreto a través del cual se declara la emergencia en relación
con la expansión de la enfermedad, así como frente los efectos colaterales de
la misma. Por último, menciona que se evidencia que las facultades ordinarias a
disposición del ejecutivo no eran suficientes para afrontar la crisis, según
los siguientes motivos: “i) La existencia de medidas ordinarias para
afrontar la emergencia, previstas por el artículo 69 de la ley 1753 de 2016.
ii) La utilización de dichas facultades, materializadas en la declaratoria de
la emergencia sanitaria por medio de la resolución 385 de 2020, y demás medidas
ordinarias que desarrollan dicha declaratoria. iii) La insuficiencia de dichas
medidas para hacer frente a las consecuencias de dicha emergencia,
especialmente en la parte de recursos presupuestales que requieren las
acciones, máxime cuando a priori no resulta evidente la falta de razonabilidad
en las cifras estimadas para hacer frente a los requerimientos presupuestales
de la pandemia”.
Universidad Católica Lumen Gentium[373]
18.       Defiende
la exequibilidad del Decreto 417 de 2020 en el entendido de que el
estado de excepción es ocasionado por una calamidad de orden público con el fin
de proteger la salud de la población nacional. Al respecto, sostiene que, a
pesar de cumplir los requisitos formales y materiales, en la parte resolutiva
de esta decisión no se menciona el estado de calamidad que origina su
expedición.
Señala que si la Corte no condiciona la
constitucionalidad “(…) puede generarse que el Gobierno nacional aproveche
la indeterminación al decretar ‘el Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días
calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto”, decretos que no
guarden unidad de materia para prevenir la propagación del cov-19 en el
territorio nacional, y evite, por supuesto, sus efectos secundarios’”.
Adicionalmente, considera necesario que esta Corporación oriente al Gobierno
Nacional con la finalidad de que en las medidas de desarrollo realmente primer
las necesidades que guarden relación con la crisis.
Intervenciones ciudadanas
Comisión Colombiana de Juristas[374]
19.  Solicita que la
Corte declare la exequibilidad del Decreto 417 de 2020. De ese modo,
después de referirse brevemente a la importancia del control que efectúa esta
Corporación, expone que la valoración del Presidente de la República sobre la
situación es acertada, por lo que resulta justificado que asuma poderes de
emergencia que permitan contener la pandemia y reducir sus efectos en la
economía del país. Aclara, sin embargo, que a pesar de considerar adecuada la
motivación, las facultades que recaen en el Gobierno Nacional con ocasión de la
declaratoria del estado de emergencia no son absolutas y deben estar
relacionadas únicamente con los hechos que las originaron.
Seguidamente, refiere que la expedición
del decreto cumplió los requisitos de forma, en tanto su expedición encuentra
fundamento en una atribución constitucional, se publicó en el Diario Oficial
51.259 del 17 de marzo de 2020 y en la dirección electrónica de la Presidencia
de la República. A la misma conclusión llega cuando examina si esta decisión
supera el juicio de conexidad material y el juicio de ausencia de
arbitrariedad. Allí, entre otras cosas, manifiesta que la COVID-19 produce
importantes alteraciones en la dinámica económica, social y ecológica del país,
en tanto se trata de un virus altamente contagioso e infeccioso; se trata de una
contingencia inminente e intempestiva que no se enmarca dentro del normal
funcionamiento de la sociedad, así como tampoco dentro de las condiciones que
permiten declarar un estado de guerra exterior o de conmoción interior.
María Elena Rosas Gutiérrez[375]
20.  A pesar que no
presenta una solicitud acerca de la constitucionalidad del Decreto 417 de 2020,
sí cuestiona una serie de falencias en el contenido del mismo y en las
decisiones emitidas en el país con ocasión de la pandemia. Argumenta que el
cierre de fronteras y aeropuertos, así como prohibición de circulación de los
ciudadanos, se dio de forma tardía. También expresa su preocupación por el
hecho de que la industria petrolera y las empresas que prestan el servicio
público de energía en la ciudad de Bogotá se encuentren funcionando. Para
cerrar, cuestiona que no se han tomado medidas en relación con los campesinos,
el personal de la salud y los ciudadanos que actualmente no están percibiendo
ningún ingreso.
Edwin Alba[376]
21.  Explica que, a
pesar de que preliminarmente se evidencia que el Decreto 417 de 2020 reúne las
exigencias que condicionan la declaratoria de un estado de emergencia económica,
social y ecológica, existen cuatro cuestiones que la Corte debe examinar con la
finalidad de que la medida contenida en el artículo 215 de la Constitución no
se utilice para subsanar situaciones diferentes a la generada por el Covid-19.
De entrada, cuestiona que el propósito
principal de la declaratoria de emergencia parece estar relacionado con una
contingencia económica, mas no con la contención de la enfermedad. En un
sentido similar, señala que la justificación económica de la medida es
insuficiente pues no tiene que ver con el virus y que las medidas propuestas no
responden a la emergencia social y sanitaria. Por último, refiere que resulta
contradictorio establecer que los costos sanitarios por la pandemia ascenderían
a $5 billones, mientras, insiste, las medidas que propone el Gobierno Nacional
no están orientadas al fortalecimiento del sistema de salud, ni a la contención
de la enfermedad.
Jaime Augusto Cruz Rengifo[377]
22.  Sostiene que
actúa en representación de las personas que desarrollan su capacidad productiva
a través de contratos de prestación de servicios. Explica, por tanto, que hace
parte de una inmensa proporción de colombianos que, incluso en épocas
ordinarios, padecen problemas relacionados con la estabilidad y la generación
de ingresos. En este sentido, refiere que son el eslabón productivo más
vulnerable como resultado de la emergencia generada por el Covid-19.
Aunado a ello, menciona que, además
experimentar el abandono de las autoridades públicas, en el 2020 cerca del 50%
de los contratistas que se vinculan a entidad estatales no pudieron
incorporarse debido a que la mayoría de los mandatarios no dieron la orden de
gestión contractual. En últimas, le solicita a esta Corporación que “(…) se [les]
reconozca y se [les] incluya como fuerza laboral, con los derechos
constitucionales, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho al bienestar
en esta coyuntura y en adelante, con gozo equitativo e igualitario como el de
todos los trabajadores colombianos”.
Norma Hurtado Sánchez y Ángela Patricia
Sánchez[378]
23.  Explican que su
intervención pretende contribuir el estudio del decreto a través del cual se
declara estado de emergencia, así como de las demás decisiones que se han
tomado en desarrollo de esa medida. Con base en ello, presentan una serie de
conclusiones acerca de los Decretos 418 del 18 de marzo de 2020, 444 del 21 de
marzo de 2020, 461 del 22 de marzo de 2020 y 465 del 23 de marzo de 2020. Sin
embargo, no presentan ninguna apreciación en relación con la constitucionalidad
del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, a través del cual se declara el Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica que actualmente ocupa a la Corte.
José Manuel Marín y David Alberto
Cuartas Chaparro[379]
24.  Si bien no
presentan una solicitud concreta acerca de la exequibilidad del Decreto 417 de
2020, sí exponen unas consideraciones fácticas acerca de la situación
ocasionada por el COVID-19. Mencionan una serie de falencias en la respuesta de
las autoridades en la contención del virus. Estos problemas, en su criterio,
han estado relacionados con la desarticulación entre entidades nacionales y
territoriales; la situación de los grupos en condición de vulnerabilidad; el
fenómeno de la violencia contra la mujer, que se acentúa por la pandemia; y las
diferencias del Gobierno Nacional con las recomendaciones brindadas por
organismos internacionales que hacen parte del soft law y son aplicables
vía bloque de constitucionalidad, ante la ausencia de normatividad específica
sobre la materia.
Luego, exponen una serie de
consideraciones jurídicas frente a la contingencia que vive el país. En este
orden de ideas, sostienen que su intervención está encaminada a proponer a la
Corte instrumentos que modulen el trabajo del ejecutivo hacia medidas eficaz e
idóneas. Concretamente, se refieren a las recomendaciones de organismos
internacionales “(…) como única fuente normativa fiable ante la actual crisis”.
De otro lado, argumentaron que el
principio de solidaridad resulta esencial en el control de constitucionalidad
que lleva a cabo esta Corporación, por lo que presentan un amplio estudio sobre
la materia. Seguidamente, dan a conocer una exposición similar acerca del
derecho al diagnóstico y el principio de integralidad en materia de salud, así
como frente a la importancia de la seguridad alimentaria ante la crisis
ocasionada por el Covid-19. Exponen, en este sentido, la importancia de la
adecuada protección de la población campesina. También mencionan la
normatividad internacional relacionada con riesgo que supone para los grupos
indígenas y las mujeres la nueva pandemia.
Con base en ello, le solicitan a la
Corte que actúe con la finalidad de concretar (i) un aislamiento real y
efectivo; (ii) la realización de las pruebas diagnósticas de la enfermedad a
toda la población; (iii) el acceso al agua potable y a medidas sanitarias
idóneas; (iv) la aplicación de criterios científicos en el diagnóstico, el aislamiento
y la contención del virus; (v) la seguridad alimentaria; y (vi) el derecho
fundamental a la salud de todos los colombianos.
Asociación de Víctimas por la Paz[380]
25.  Considera que el
Decreto 417 de 2020 es inconstitucional. Sostiene que este cumple los
requisitos formales contenidos en el artículo 215 de la Constitución.
Seguidamente, en relación la observancia de las exigencias materiales, expone
que la decisión del Gobierno Nacional cumplió con los presupuestos de existencia
y justificación, en tanto es notoria la ocurrencia de una contingencia
sanitaria. Sin embargo, refiere que las medidas que se han adoptado con ocasión
de esta declaratoria son contrarias a la Constitución. Sobre este
aspecto, cuestiona la decisión que se tomó con respecto a la utilización de los
recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías y
del Fondo de Pensiones Territoriales. También indica que no se tiene certeza
acerca del control y el seguimiento de este dinero, por lo que considera que se
trata de una medida inconstitucional debido que no satisface las exigencias de
ausencia de arbitrariedad e intangibilidad establecidas en la sentencia C-466
de 2017.
Del mismo modo, señala que la decisión
que declara la emergencia no señala cuál será la población favorecida con los
beneficios económicos, con lo cual su administración queda a disposición de
entidades nacionales que no conocen las necesidades de los territorios. Explica
que esa falencia desconoce los principios de desconcentración, solidaridad y
planeación[381].
Asimismo, hace un llamado a la Corte debido a la inexistencia de medidas
específicas para las víctimas del conflicto armado en el exterior, refugiadas o
solicitantes de refugio que padecen un alto grado de vulnerabilidad.
Seguidamente, presenta una cronología
del surgimiento y extensión de la enfermedad. Con base en ello, censura las
actuaciones del Gobierno, en tanto considera que este no actuó oportunamente,
pues no prestó atención a las alertas de las que se tuvo conocimiento en los
meses de enero y febrero. De otro lado, considera que a través del decreto se
desconocen los derechos de las víctimas. Señala que los mecanismos de
asistencia humanitaria establecidos en la Ley 1448 de 2011 responden a los
daños que sufrieron en el marco del conflicto interno armado, por lo que su
desembolso anticipado no puede implicar como una forma de mitigación de la
pandemia. De paso, echa de menos que en el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
no exista mención acerca del acuerdo de paz.
Con base en ello, considera que el
decreto declaratorio es inconstitucional porque traslada recursos de las
entidades territoriales al Gobierno Nacional, con lo cual usurpa la competencia
de estas para administrarlos.
Hernán Arias Orozco[382]
26.  Solicita que en
el estudio de constitucionalidad de las medidas de emergencia dictadas por el
Gobierno se garantice la realización de actividades deportivas, como caminar o
trotar, al considerar que con beneficiosas para la salud.
Asociación Entidad Medioambiental de
Recicladores EMRS ESP[383]
27.  Según el asunto
con el que inicia su escrito, esta entidad se pronunciaría acerca de la
constitucionalidad del Decreto 417 de 2020. Sin embargo, todas las
consideraciones que expone, así como la solicitud que efectúa a la Corte, están
relacionadas con una disposición que no es objeto de pronunciamiento en esta
ocasión: el Decreto 441 de 2020, “Por el cual se dictan disposiciones en
materia de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer
frente al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el
Decreto 417 de 2020”.
Sociedad Colombiana para la Gestión del
Riesgo de Desastres[384]
28.  En sus
observaciones acerca del Decreto 417 de 2020, sostiene que la gestión del
riesgo de desastres establecida en la Ley 1523 de 2012 incorpora el enfoque
holístico que se requiere para contener la contingencia generada por la
COVID-19. Explica que los escenarios de pandemia son uno de los eventos que
reglamenta esa legislación[385].
Aunado a lo anterior, explica cuáles son los tres procesos que estructuran la
gestión del riesgo de desastres[386]
y, además, los principios que, según la Organización Mundial de la Salud,
orientan la gestión de una pandemia[387].
Con fundamento en tales concepciones,
presenta las siguientes conclusiones acerca de la contingencia que atraviesa el
país: (i) la pandemia es un desastre actual que debe ser atendido a través de
una visión global, (ii) las medidas de control de la situación deben ser
tomadas oportunamente[388],
(iii) se debe recurrir a los mecanismos e instrumentos legales para hacer
frente a la enfermedad, y (iv) las crisis económica y sanitaria no se deben
tratar en el mismo instrumento.
Seguidamente, cuestiona que, a pesar de
la normatividad que regla la gestión de desastres, en el Decreto 417 de 2020 el
Gobierno Nacional no recurre a ninguna de las herramientas o instancias que
contempla la Ley 1523 de 2012 y que, por el contrario, contempla la creación de
un Fondo de Mitigación de Emergencias. Asimismo, señala que con la declaración
de emergencia no se contempla la posibilidad de declarar también el estado de
desastre nacional, con lo cual se podría poner a funcionar el Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres, tal como está previsto. En esa medida,
sostiene que “(…) la emergencia económica, social y ecológica debe
articularse con la declaratoria de desastre, de manera que las medidas
adoptadas complementen y permitan atender adecuadamente la situación que se
está presentando”.
Comité de Veeduría y Cooperación en
Salud[389]
29.  En su escrito,
el Comité presenta sus conclusiones acerca de las acciones adoptadas por el
Gobierno en relación con la contención sanitaria del SARS-CoV-2. En primer
lugar, menciona las actuaciones de las autoridades públicas que, en su
criterio, son positivas. En este sentido, identifica la inclusión en el listado
de medicamentos vitales no disponibles de los “antisépticos desinfectantes
de uso externo” por parte del Invima; la restricción de exportación de
bienes necesarios; la respuesta del Instituto Nacional de Salud; y la
declaración de interés en salud pública de los medicamentos, dispositivos
médicos, vacunas y otras tecnologías para el diagnóstico, prevención y
tratamiento de la COVID-19.
Por otra parte, critica algunas medidas
emitidas con ocasión de la enfermedad. Entre estas, trae a colación el cierre
tardío del aeropuerto El Dorado, la demora en la adquisición de las pruebas
necesarias para diagnosticar el virus[390]
y la bioseguridad de las personas que hacen parte del sistema de salud. Sobre
este último punto, expone su preocupación acerca de los siguientes cuatro
aspectos puntuales: (i) la ropa del personal médico de uso intrahospitalario,
(ii) el transporte desde los hospitales y las clínicas hasta sus hogares, (iii)
los sitios para descansar luego de que terminan sus turnos, y (iv) la
importancia del oxígeno en el proceso de hospitalización de los pacientes.
Posteriormente, presenta sus
consideraciones acerca de las cuestiones estructurales del sistema de salud
que, a su juicio, dificultan la contención de la enfermedad. Cuestiona que se
pongan recursos a disposición de las EPS y no de los hospitales públicos que
padecen problemas de déficit en su capacidad instalada y que, por lo tanto,
requiere una inyección de capital para responder efectivamente a esta
situación. De igual modo, señala que actualmente no existe ningún plan de
articulación con las EPS a efectos de hacer frente a la coyuntura que vive el
país, con lo cual se desconoce que son estas entidades las que tienen contacto
directo con sus afiliados. También expresa su preocupación acerca del papel de
las entidades territoriales, el cumplimiento de los acuerdos con el personal de
la salud. Por último, ponen a disposición de la Corte su capacidad para aportar
insumos y acompañar iniciativas que permitan la superación de la emergencia
sanitaria.
Eudoro Echeverri Quintana[391]
30.  Solicita que
esta Corporación declare la exequibilidad del Decreto 417 de 2020. Sobre
esta petición, inicialmente se ocupa de presentar sus consideraciones en
relación con el decreto a través del cual se declara estado de emergencia.
Menciona que, a pesar de estar de acuerdo con el hecho de que esta Corporación
examine su constitucionalidad[392],
no considera que se trata de un decreto legislativo, sino de un “decreto
especial”. En este sentido, sostiene que en un Estado Social de Derecho no
pueden existe actos del gobierno que escapen al control y que, además, este “decreto
especial” tiene la capacidad de cambiar ampliamente el ordenamiento
jurídico, en tanto le permite al Presidente de la República asumir facultades
propias del Congreso.
Seguidamente, manifiesta que “[s]i
una grave perturbación laboral puede dar lugar a la declaratoria del estado de
emergencia, con mayor razón una Pandemia (…)”. En consecuencia, refiere que
esta circunstancia sí puede dar lugar a decretar el estado de emergencia en
armonía con el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la
Constitución y la Ley 137 de 1994. Asimismo, señala que en este caso la Corte
cuenta con múltiples fuentes de información sobre esta contingencia, lo que
incluso la revelaría de contar con pruebas adicionales.
Con base en esas consideraciones,
asevera que el decreto declaratorio del estado de emergencia supera las
exigencias formales y materiales para su expedición. Acerca de la primera
categoría indica que la superación de este control “(…) más conforme al de
un Notario, no tiene dificultad (…)”. A su vez, sobre los presupuestos
sustanciales comenta que se encuentra satisfecho los requisitos de finalidad y
necesidad, en tanto los motivos que soportan la decisión así permiten
concluirlo[393].
Daniel Eduardo Londoño de Vivero[394]
31.  Solicita que se
declare la exequibilidad del Decreto 417 de 2020. En esa medida, después
de presentar una extensa exposición sobre el Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica, y los requisitos formales y materiales que se deben cumplir
para la expedición este tipo de medidas, señala lo siguiente acerca de la
satisfacción de estas exigencias en el caso que ocupa a la Corte:
Sostiene que se cumplen los requisitos
formales de expedición del decreto declaratorio de la emergencia, para lo cual
expone cuáles fueron las actuaciones del Gobierno en este sentido. Acerca de
los requisitos materiales destaca que se cumplen pues existe certeza acerca de
los hechos, su incompatibilidad con las condiciones que permiten declarar un
estado de guerra exterior o de conmoción interior y su connotación de
imprevistos anormales y excepcionales, por lo cual al Gobierno Nacional le era
imposible prever el impacto de la enfermedad en los colombianos, el sistema de
salud y la economía.
Asimismo, considera que el Presidente de
la República valoró correctamente la gravedad de los hechos que originan la
declaración del estado de emergencia, por cuanto estos afectan el derecho
fundamental a la salud de todos los colombianos, así como “(…) su diario
vivir, sus relaciones interpersonales, laborales, profesionales y académicas.
la valoración que realizó el Presidente de la República”.
Finalmente, manifiesta que a través de
los mecanismos ordinarios con los que cuenta el ejecutivo no es posible
remediar una situación de esta magnitud, por lo cual resulta indispensable que
este asuma facultades de rango legislativo para conjurar la crisis. De paso,
también señala que con este decreto no se suspenden derechos humanos y tampoco
se interrumpe el funcionamiento de las ramas del poder público.
Andrés Forero Forero[395]
32.  Pide la
exequibilidad del Decreto 417 de 2020. En este sentido, después de hacer una
breve exposición acerca del surgimiento y la expansión del SARS-CoV-2, se ocupa
de explicar los motivos por los cuales considera que en este caso la
declaratoria del estado de emergencia no es contraria a la Constitución.
Sostiene que con la expedición de este estado de excepción se cumplieron todos
los requisitos que hacen parte del control formal, salvo el relacionado con la
convocatoria del Congreso de la República. Sobre este aspecto, indica que “(…) no
se encuentra incluida ninguna convocatoria para el Congreso de la República
para que sesione dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del término
del Estado de Emergencia”.
Posteriormente, manifiesta que el Decreto
417 de 2020 cumple los requisitos materiales para su expedición. En su
criterio, en la declaración del estado de emergencia se precisan claramente los
presupuestos fácticos que originan esta situación. Además, refiere que en esta
se “(…) refiere las afectaciones –actuales y potenciales- de orden económico
y social producidas por la crisis, finalmente, se argumenta que las facultades
ordinarias resultan insuficientes para conjurar la crisis, de tal manera, por
ello se requiere acudir al Estado de Emergencia consagrado en la Constitución”.
De igual modo, sostiene que esta es una medida idónea, necesaria, razonable y
proporcional.
De otro lado, presenta sus
consideraciones acerca de la posible ausencia de un control automático del
Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, a través del cual se ordena el aislamiento
preventivo obligatorio, en tanto este se expidió en desarrollo de las
potestades ordinarias del Presidente de la República, y no como un decreto
legislativo[396].
Adicionalmente, se pregunta si con ocasión de la crisis que actualmente vive el
país, “(…) donde la principal medida es el distanciamiento social,
materializada por medio de la restricción a la libertad de circulación, ha
debido declararse el Estado de Emergencia y paralelamente el Estado de Conmoción
Interior, éste último, con la finalidad de impartir medidas restrictivas sobre
la libertad de locomoción”.
Gabriel Pantoja Narváez[397]
33.  Considera que el
Decreto 417 de 2020 es inexequible. En este sentido, expone que cumple
con requisitos formales, con excepción de la exigencia relacionada con la
remisión a la OEA, aunque esto último, en su criterio, no tiene la entidad
suficiente para que se declare su inconstitucionalidad.
En relación con el control material que
efectúa la Corte, sostiene que del presupuesto fáctico se superan los juicios
de realidad, identidad y gravedad. En lo concerniente al juicio de
sobreviniencia sostiene que el Gobierno no explicó que en el país existe un
estado de cosas inconstitucional en materia de atención en salud. Cuestiona, en
esa medida, que en el decreto declaratorio de la emergencia no se expresó que
el sistema de salud en el país vive una grave crisis como consecuencia de los
altos índices de corrupción y la inoperancia de los servicios de urgencias y
cuidado de pacientes que padecen enfermedades de alto costo. Por consiguiente,
señala que la carencia de unidades de cuidados intensivos no obedece a un
problema coyuntural, sino a una circunstancia estructural. A pesar de lo
anterior, refiere que, en tanto esta Corporación ha señalado que los hechos
sobrevinientes pueden ser circunstancias estructurales que se han visto
agravadas repentinamente, se podría dar por superado este punto.
Sobre el presupuesto valorativo menciona
que se encuentra satisfecho. Esto como resultado de la extensión e incremento
del número de contagios de la enfermedad. En contraste, señala que en este caso
no se encuentra satisfecho el presupuesto de suficiencia. Explica que falta
argumentación y claridad en lo referente a los motivos por los cuales a través
de sus potestades ordinarias el Gobierno no puede hacer frente a la pandemia.
Concretamente, sobre este sentido concluye que, “(…) aunque si bien, el
riesgo existe, la carencia de técnica jurídica impediría que el decreto
legislativo fuese constitucional”.
Comisión de Seguimiento a la Sentencia
T-760 de 2008, la Federación Médica Colombiana y Fedesalud[398]
34.  Les solicitan a
la Corte establecer los límites interpretativos del Decreto 417 del 17 de marzo
de 2020 con la finalidad de condicionar el ejercicio de las facultades
extraordinarias y determinar con claridad las prioridades de acción, así como
los objetivos de la declaratoria de emergencia[399]. Defienden,
por tanto, la exequibilidad condicionada de la disposición del Decreto
417 de 2020 según la cual “(…) además de las medidas anunciadas en la parte
considerativa de este decreto, todas aquellas medidas adicionales necesarias
para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, así mismo
dispondrá las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo”.
Asimismo, piden la inexequibilidad y/o exequibilidad condicionada
de los considerandos del decreto relacionados con la afiliación oficiosa al
Sistema General de Seguridad en Salud y con las medidas económicas en materia
de salud.
Al respecto, exponen su preocupación,
pues, aunque están de acuerdo con la necesidad de recurrir a los mecanismos
extraordinarios que habilita el artículo 215 de la Constitución, encuentran que
el contenido del decreto no tiene precisión ni suficiencia. Señalan que este no
contempla los componentes esenciales para contener la propagación de la
enfermedad. En su criterio, el Gobierno Nacional ha debido incorporar los
parámetros generales de su respuesta en materia económica, sanitaria y social.
No se encuentran, señalan, los cambios que permitirían adecuar el
funcionamiento del sistema de salud con la finalidad de presentar una respuesta
oportuna a la crisis y garantizar la adquisición del material médico necesario.
En un sentido semejante, consideran que
se debe declarar la inexequibilidad del fragmento contenido en las
consideraciones del decreto según el cual se le ordena “(…) a las EPS,
entidades territoriales e IPS facilitar la afiliación de oficio al Sistema General
de Seguridad Social en Salud de la población colombiana y de los migrantes
regulares, utilizando los canales virtuales que este Ministerio ha dispuesto”.
Esto por cuanto, a su juicio, con ello se contraría los principios de
universalidad y progresividad del derecho fundamental a la salud, y se crea una
barrera de acceso a este servicio, con lo cual se genera un costo adicional
para el Estado por el pago que por estos nuevos afiliados se debe hacer a las
EPS.
Igualmente, mencionan la necesidad de
ajustar el plan de acción del Gobierno Nacional de tal modo que contribuya a
fortalecer la capacidad sanitaria de los territorios. En consecuencia, expone
la necesidad de llevar a cabo medidas de atención primaria en salud e incluir
fuentes de financiación, criterios de distribución de los recursos y veeduría
sobre los mismos. Entre otras cosas, en relación con este aspecto también le
solicita a la Corte que, “(…) a través de la sala de seguimiento del
cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008, se haga seguimiento al cumplimiento
de los mínimos establecidos dentro de la jurisprudencia constitucional, las
leyes y la constitución, para atender la emergencia”. Asimismo, le pide a
esta Corporación que se pronuncie sobre el principio de descentralización con
la finalidad de tener una acción más efectiva y rápida frente a la crisis.
Por último, explica que el Gobierno
Nacional debe establecer un canal de información “(…) público, trasparente,
veraz, oportuno y pertinente, para hacer seguimiento a la gestión de la pandemia
desde la perspectiva de salud, y tener un instrumento de toma de decisiones y
de control social de la destinación de recursos públicos de la salud y la
efectiva atención de la población”.
Abogados Sin Fronteras Canadá[400]
35.  Sostiene que con
su intervención persigue contribuir en las decisiones que se adopten con
ocasión de la emergencia sanitaria que vive el país. En consecuencia, se ocupa
de realizar una exposición sobre los límites del poder extraordinario del
Gobierno Nacional. Menciona la importancia de los artículos 4 y 27 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, respectivamente, en tanto contemplan la imposibilidad de los
Estados de suspender ciertas obligaciones en los estados de excepción.
De otro lado, recuerda que la
declaración de los estados de emergencia debe ocurrir como consecuencia de una
“(…) situación excepcional y un peligro real o inminente que amenace la
nación”, por lo que la respuesta a esta deber ser, “(…) además de
excepcionales, necesarias, proporcionales ante la gravedad de la situación y el
fin buscado, temporales, estar sujeta a revisión y bajo supuestos no
discriminatorios”. Seguidamente, refiere que las medidas de contención de
la pandemia pueden, en caso de no tenerse en cuenta sus condiciones especiales,
generar ciertas afectaciones a ciertos grupos poblaciones vulnerables. De ese
modo, presenta una serie de consideraciones acerca del (i) conflicto interno
armado, (ii) la violencia de género, (iii) los migrantes, y (iv) las personas
privadas de la libertad.
Como cierre de su intervención, menciona
que supervisará el cumplimiento de los estándares que existen en el marco del
derecho internacional de los derechos humanos en el desarrollo del estado de
emergencia.
Consejo Nacional de Bioética[401]
36.  Según lo expone
en su escrito, la intervención del Consejo Nacional de Bioética busca que esta
Corporación conozca el contenido de la declaración relacionada con las medidas
que debían tomarse como resultado de la COVID-19. A continuación se enlistan
cada uno de estos puntos: (i) interacción entre diferentes actores de la
sociedad colombiana, (ii) el enfoque diferencial en la toma de decisiones,
(iii) evitar sesgos en las decisiones que puedan afectar los derechos de las
poblaciones más vulnerables, (iv) la prestación de los servicios de salud, (v)
la adopción de acciones frente al desabastecimiento de productos y
medicamentos, (vi) la responsabilidad de la población en el autocuidado y en el
cuidado comunitario, (vii) la responsabilidad en la comunicación de la
información, (viii) la inversión con responsabilidad social, y (ix) la
consideración por el personal de la salud en el contexto de la pandemia.
Hoover Rodríguez Jiménez[402]
37.  Con su escrito,
este ciudadano persigue presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 al considerar que con su expedición se
incumplió el requisito relacionado con la convocatoria del Congreso por parte
del Presidente de la República.
Federación Nacional de Comerciantes –
Fenalco[403]
38.  Pretende que
esta Corporación declare la exequibilidad del Decreto 417 de 2020. Por
consiguiente, resalta que esa decisión cumple los presupuestos que hacen parte
del control material que lleva a cabo la Corte. Sostiene que la expansión de la
Covid-19 es un hecho notorio que ha sido ampliamente registrado por los medios
de comunicación y que, además, constituye una situación insuperable,
imprevisible, sobreviniente y extraordinaria.
Asimismo, recalca que la contingencia
ocasionada por esa enfermedad se puede catalogar como grave por cuanto ha
impactado el orden económico, social y ecológico; y, además, ha “(…) afectado
de manera significativa la vida, la salud pública, la subsistencia digna, el
trabajo, la propiedad, la educación, la movilidad y la circulación, y en
general los derechos fundamentales, económicos, sociales y ambientales de los
ciudadanos de nuestro país y del mundo entero”. De paso, también recuerda
que el estudio de la declaratoria del estado de emergencia no está encaminada a
reemplazar el examen que previamente ha realizado el Presidente de la
República, sino a verificar que este no haya incurrido en un acto arbitrario al
calificar la magnitud de los hechos.
En cuanto a la suficiencia de los
mecanismos ordinarios con los que cuenta el Gobierno Nacional para hacer frente
a este tipo de circunstancias, sostiene que, en su criterio, estos no permitan
contener la situación que actualmente vive el país. Expresa que esta
contingencia exige una respuesta inmediata que no podría ser ofrecida por el
Congreso.
Dicho lo anterior, Fenalco presenta una
exposición acerca de la situación actual del comercio. En este sentido, expresa
su conformidad con las decisiones del Gobierno Nacional, así como frente a las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo Monetario
Internacional en relación con la importancia de que la priorización en la
financiación de los servicios de salud esté acompañada de asistencia económica
a la población. El empleo, la confianza entre los actores económicos y la
vulnerabilidad de las personas que dependen de su trabajo diario son aspectos
en los que, en su criterio, se han materializado los efectos de la propagación
del virus. También menciona los problemas relacionados con la disminución de
los precios del petróleo, la revaluación del dólar y la histórica caída de las
bolsas de valores alrededor del mundo.
Iván Cepeda Castro y Roy Barreras
Montealegre[404]
39.  Piden que se
declare la exequibilidad del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 en el
entendido de “(…) que las medidas extraordinarias tomadas en el marco de la
Declaratoria de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, tengan como
principal objetivo, proteger la vida, la salud y la integridad de las personas,
que se pueden ver afectadas por la propagación de la epidemia del Covid-19”.
En este sentido, congregan sus apreciaciones en tres segmentos. En el primero
exponen que la mayoría de las consideraciones del decreto están relacionadas
con los efectos económicos de la enfermedad, y no con la contingencia sanitaria
y social que esta origina, con lo cual se olvida que solamente recurriendo a
estas últimas se evitará la extensión del virus. Cuestionan que, además de la
evidente priorización de las medidas de protección de la economía, el decreto
solamente menciona cinco medidas de prevención, contención y mitigación de la
pandemia. Asimismo, censuran la decisión que se anuncia en el Decreto 417de
2020 en relación con la obligación de entregar en préstamo al Gobierno Nacional
parte de los recursos de las entidades territoriales, en tanto no se contempla
un mecanismo de compensación que les permita a las regiones fortalecer sus
sistemas de salud.
En el segundo, evalúan el cumplimiento
de los requisitos formales y materiales de la declaración de estado de
emergencia. En este sentido, sostienen que se encuentran satisfechos las
exigencias formales para la declaración del estado de emergencia. Igualmente,
respecto de los requisitos materiales, explican que la emergencia de salud
pública ocasionada por la COVID-19 constituye un hecho notorio que impacta no
solamente la salud de los colombianos, sino también la economía del país.
También señalan que esa contingencia tiene el carácter de extraordinaria y
excepcional, por lo que se encontraba superado el presupuesto fáctico.
Con respecto del presupuesto valorativo
refieren que los efectos de la pandemia han afectado los derechos de todas las
personas, incluso de aquellas que no han padecido la enfermedad, por lo que
consideran satisfecho el requisito de gravedad. A su turno, sobre la superación
del juicio de necesidad manifiestan que “(…) las medidas que el Gobierno
Nacional había adoptado, mediante mecanismos ordinarios, para para afrontar la
emergencia resulta insuficientes”. A pesar de ello, mencionan que es
precisamente en este ámbito que se requiere la intervención de la Corte.
Explican que resulta necesario que se examine si las medidas adoptadas por el
Gobierno son urgentes y si la temática a desarrollar es necesaria.
Con base en ello, en el tercer segmento
indican que es oportuno que esta Corporación condicione el alcance de las
disposiciones que se anuncian en la parte motiva del Decreto 417 del 17 de
marzo de 2020 y que ya cuentan con decretos de desarrollo. Concretamente, se
refieren a las siguientes tres medidas: (i) la autorización para disponer de
los fondos del Fonpet a título de préstamo o cualquier otro, y la creación del
Fome, (ii) la atención de los efectos económicos y sociales de la pandemia
sobre las personas en situación de vulnerabilidad, y (iii) garantía de acceso
universal a los servicios públicos.
Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia[405] -
Andi
40.  Solicita que se
declare la exequibilidad del Decreto 417 de 2020. En consecuencia,
sostiene que, además de cumplir los requisitos de forma que reglan su
expedición, esa decisión satisface los presupuestos que componen el control
material que efectúa la Corte. Sobre este punto, evidencia que la situación que
originó la declaratoria de un estado de emergencia es una calamidad pública, se
trata, además, de hechos imprevistos. Asimismo, refiere que esta circunstancia
es distinta a la que puede dar lugar a los estados de excepción por guerra
exterior o conmoción interior. Además, que las medidas con las que dispone el
Gobierno Nacional no son suficientes para contener la crisis.
Fundación Consejo Nacional Gremial[406]
41.  Solicita que
esta Corporación declare la exequibilidad del Decreto 417 de 2020. En
este sentido, sostienen que se encuentran satisfechos las exigencias formales
para la declaración del estado de emergencia.
Enseguida, menciona que esta Corporación
debe reformular su doctrina acerca del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica debido a las particularidades la situación generada por la pandemia.
Sostiene que, a pesar de que el impacto más grave en la economía nacional está
relacionado con las medidas sanitarias que ha adoptado el propio Gobierno, lo que
conduciría a declarar la inexequibilidad de la declaración del estado de
emergencia, “(…) no debe perderse de vista que estamos ante un fenómeno
nuevo, no analizado aún por la Corte Constitucional, que requiere una revisión
de los estándares constitucionales desarrollados hasta ahora”. Dicho de
otro modo, no considera que el estudio de constitucionalidad se deba
circunscribir a verificar que el ejecutivo no sea quien ocasione los efectos
adversos que se pretenden remediar.
En otro orden de ideas, se ocupa de
mencionar las consecuencias económicas ocasionadas por la propagación de la
enfermedad se han materializado en el impacto al empleo e ingreso de los
trabajadores más vulnerables del país, la falta de liquidez de las empresas, la
perturbación del mercado financiero, la depreciación de la tasa representativa
del mercado, el impacto en el mercado de deuda pública y la reducción de los
precios del petróleo. Con base en ello, concluye que, en efecto, estamos ante
una calamidad pública que afecta las condiciones sociales, económica y de salud
del país.
Más adelante, señala que la magnitud
crisis originada por el SARS-CoV-2 no se había visto en la historia reciente de
la humanidad. Asimismo, refiere que, a pesar de que cuando se diagnosticó el
primer caso de la enfermedad en el país ya se tenía conocimiento acerca de su
existencia, “(…) la evolución del virus y la falta de conocimiento respecto
de cuáles son las medidas adecuadas y apropiadas para su tratamiento y
contención es algo que se va descubriendo con el pasar del tiempo”. En
últimas, sugiere que esta no se trata de una situación que pueda identificarse
como ordinaria o predecible para el país.
En un sentido similar, sostiene que la
declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica está
justificado si se tienen en cuenta las graves consecuencias que acarreará la
pandemia en materia social y económica. Concretamente, considera que la
utilización de ese mecanismo “(…) era necesaria y resulta adecuada por
significar los hechos recién descritos, una afectación o amenaza grave a
derechos fundamentales de las personas, tales como la vida, la salud, el
trabajo o el acceso a los servicios públicos”.
Finalmente, señala que la contingencia
ocasionada por el virus no se enmarca dentro de las condiciones que permiten
declarar un estado de guerra exterior o de conmoción interior. Además, que esta
la dimensión de esta crisis es hasta ahora desconocida, por lo que es necesario
que el Gobierno Nacional tenga a su disposición la posibilidad de recurrir a
mecanismos extraordinarios para remediar esta problemática. Asimismo, que
resultaría contrario al sentido común considerar que esta situación se podría
contener a través de las herramientas ordinarias con las que cuenta el
ejecutivo.
José Cipriano León Castañeda[407]
42.       Sostiene
que se opone a las consideraciones contenidas en el Decreto 417 de 2020.
Concretamente, cuestiona que allí se menciona la posibilidad de restringir la
circulación de los ciudadanos, con lo cual, en su criterio, se está
desconociendo el artículo 214 de la Constitución, en tanto contempla la
prohibición de suspender los derechos humanos o las libertades fundamentales.
Mateo Merchán Duque, Andrés Felipe
Puentes, Valeria Oliva Paz Rosero y Carlos David Vergara Díaz[408]
43.       Le
solicitan a la Corte que lleve a cabo el estudio oficioso de los decretos 457 y
531 de 2020. Asimismo, que determine cuáles son las condiciones
constitucionales en las que se desarrollan las competencias de las entidades
territoriales en relación con los Estados de Emergencia Económica, Social y
Ecológica. Manifiestan que su intervención no busca pronunciarse acerca del
cumplimiento de los requisitos formales y materiales para la expedición del
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. Señalan, por el contrario, que presentarán
sus consideraciones sobre el marco jurídico que condiciona el ejercicio del
poder de policía que reside en el Presidente de la República y en los límites
de la competencia de las entidades territoriales en la contención de la
emergencia.
Con base en ello, establecen cuál es, en
su criterio, el alcance del examen de constitucionalidad que lleva a cabo esta
Corporación. Consecuentemente, mencionan que el Gobierno Nacional expidió los
decretos 451 y 531 de 2020, a través de los cuales se ordenó un aislamiento
preventivo obligatorio para toda la población nacional. Sostienen, sin embargo,
que estos mandatos se emitieron en ejercicio del poder de policía del
Presidente de la República, y no como consecuencia de las potestades
extraordinarias que otorga el artículo 215 de la Constitución.
Seguidamente, refieren que, a través de
los decretos 457 y 531 se materializa una grave restricción de los derechos
fundamentales de los colombianos. Con esto, a su juicio, no solamente se limitó
a libertad de locomoción, sino que también se afectaron garantías como la
libertad de cultos, de reunión y de empresa; el derecho al trabajo, al acceso a
la administración de justicia y a la educación. Su alcance, entonces, excede la
competencia ordinaria que le otorgó la Constitución al Presidente de la
República. Por consiguiente, afirman que “(…) este tipo de medidas deben
adoptarse a través de las funciones de legislador extraordinario que
proporcionan los estados de excepción y que por su naturaleza está sujeto a un
estricto escrutinio político por parte del Congreso, las asambleas
departamentales y consejos municipales y jurídico por parte de la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos (…)”.
Ese es, en su criterio, el motivo por el cual esta Corporación debe asumir el
control automático de tales decretos.
Por último, se ocupan de presentar una
serie de problemas de articulación entre las entidades territoriales y el
Gobierno Nacional. Ciertamente, sostienen que “(…) a pesar de que el
Presidente de la República ha centralizado la dirección del orden público para
atender la emergencia, especialmente a través del Decreto 418 de 2020, son
numerosas las restricciones impuestas por alcaldes y gobernadores en todo el
territorio nacional y que corren el riesgo de resultar más restrictivas que las
dispuestas por el Gobierno Nacional”. Consecuentemente, encuentran
necesario que la Corte se pronuncie acerca de los parámetros constitucionales
que reglan la competencia de cada uno de los actos que intervienen.
Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo y Corporación Sisma Mujer[409]
44.  Les solicitan a
la Corte que establezca los límites precisos de la convocatoria de Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica, en lo correspondiente a los
presupuestos fáctico, valorativo y de necesidad, de modo que su finalidad esté
orientada a garantizar “(…) la protección de la salud pública y la vida
digna de todas las personas, por lo que quedan expresamente excluidos aquellos
hechos y medidas que no son sobrevinientes, ni ameritan la gravedad necesaria
para el uso de recursos extraordinarios, como tampoco son necesarias para
atender el núcleo de la crisis de salud pública (…)”.
Asimismo, piden que se declare la exequibilidad
del Decreto 417 de 2020 en el entendido de que este incorpora los siguientes
mandatos: (i) el aislamiento, así como las demás medidas que se adopten, no
pueden “suprimir” los derechos fundamentales más allá de los límites del
estado de emergencia; (ii) se debe adoptar un enfoque integral de salud pública
y derecho humanos; (iii) se deben incorporar enfoques diferenciales de manera
interseccional; (iv) es necesario adoptar medidas afirmativas para las mujeres
con alto grado de vulnerabilidad, migrantes o víctimas de violencia de género;
(v) garantizar la no regresividad de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales; y (vi) garantizar el normal funcionamiento de todos
los poderes públicos. También solicitan que se avoque el conocimiento de los
Decretos 457 y 531 de 2020, debido a su relación inescindible con la
declaración del estado de emergencia.
Del mismo modo, persiguen que se exhorte
al Consejo Superior de la Judicatura, a las Altas Corte y al Congreso, así como
a las entidades territoriales, para que garanticen el funcionamiento de las
ramas del poder público y el principio de colaboración armónica; a la
Procuraduría General de la Nación que para que vigile y controle a las
autoridades encargadas de ejecutar las medidas de emergencia; y a todos los
poderes públicos para que, en el marco de sus competencia, incorporen una
perspectiva de derechos humanos y de salud pública.
Ahora bien, en lo que respecta al
fundamento de sus solicitudes, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y
la Corporación Sisma Mujer expresan, entre otras cosas, lo siguiente:
Sostienen que la respuesta del Gobierno
Nacional fue tardía, por lo cual no se preparó adecuadamente para la llegada de
la enfermedad. Cuestionan, asimismo, el contenido del Decreto 417 de 2020.
Estiman que, a pesar de que existen motivos para declarar el estado de
emergencia, parte de las consideraciones expuestas en esa decisión “tergiversan”
la contingencia con la finalidad de priorizar la protección de algunos sectores
económicos. Con ello, argumentan, también se invocan motivos que guardan una
íntima armonía con falencias estructurales del sistema económico del país.
Consecuentemente, censuran la ausencia
de medidas adecuadas para hacer frente a la crisis. Echan de menos decisiones
en torno al acceso al sistema de salud; al cuidado de los empleos y del aparato
productivo del país; a la salvaguarda de la población económicamente
vulnerable; a la protección de mujeres, pueblos indígenas, afros, raizales,
rom, población migrante y carceleria.  De igual modo, expresan su preocupación
acerca del normal funcionamiento de las ramas del poder públicos, pues “(…) no
son claras las estrategias de concertación y de control político que podrán
ejercer […], dada la complejidad de su función que exigen medidas
particulares”.
Gustavo Bolívar Moreno[410]
45.       Pide
que se declare la exequibilidad del Decreto 417 de 2020 en el entendido
de que su enfoque está orientado a garantizar la vida y salud de los
colombianos. En desarrollo de esa solicitud, se ocupa de estudiar las
condiciones actuales del sistema de salud, el enfoque de las medidas económicas
emitidas en vigencia del estado de emergencia y, finalmente, pone de presente
su preocupación frente a la no priorización de acciones de orden social en
salud.
Así pues, señala que el sistema de salud
en el país se encuentra sumida en una contradicción, debido a que, por un lado,
se adoptó un modelo de Estado Social de Derecho y, por el otro, se inició un
proceso apertura económica, lo que ha ocasionado una grave crisis social.
También cuestiona que los principios sobre los cuales se cimienta la seguridad
social son propios de la competencia económica. Menciona el enorme número de
acciones de tutela que se presentan en el país con la finalidad de obtener la
protección del derecho fundamental a la salud[411]. Considera
que el sistema de salud tiene graves problemas relacionados con el déficit del
gasto público en esta materia, la intermediación financiera y la coexistencia
de dos regímenes en los que resulta esencial acreditar una vinculación laboral
o, en su defecto, “(…) la condición de ser pobre”. En esa medida, colige
que la crisis sanitaria recrudece esos inconvenientes y que es, en ese
contexto, que los profesionales de la salud deben enfrentar la enfermedad.
Más adelante, expresa que las acciones
del Gobierno Nacional no han contribuido a ofrecer una respuesta efectiva a la
crisis, sino a mejorar las ganancias del sector financiero. Este es, en
últimas, el motivo por el cual solicita a esta Corporación que module la
declaratoria del estado de emergencia al considerar que el Decreto 417 del 17
de marzo de 2020 no contiene la pandemia, ni mitiga el contagio o fortalece la
salud pública. Por el contrario, recalca que “[l]as medidas en relación a la
contención de la pandemia por vía de decisiones ejecutivas en salud son tan
escasas que se observa cómo desde el sector de los trabajadores y trabajadoras
de la salud, sus condiciones laborales, prestacionales, higiénico - sanitarias,
de bioseguridad se deterioran aún más con cada semana”. Incluso, reprocha
las tasas de contagio que contempla el decreto, en tanto no tiene en cuenta la
tardanza en la organización de la información estadística, ni contiene
mecanismos que habiliten su conocimiento por parte de los ciudadanos o
mecanismos de articulación entre las autoridades comprometidas con la atención
de la pandemia.
En un sentido semejante, cuestiona las
acciones tardías en la atención de las personas en zonas de frontera, lo que
pudo haber permitido la expansión del virus en las regiones más vulnerables y
pobres del país. Como ejemplo de ello, expone la situación del municipio de
Tumaco en el que no hay unidades de cuidado intensivo o una estructura que
permita responder adecuadamente a esta contingencia. Señala que el Gobierno
Nacional no tuvo en cuenta consideraciones relacionadas con la transparencia en
la información, la inoportuna intermediación de las EPS, la necesidad de
ampliar la capacidad hospitalaria y de camas de cuidado intensivo, la
importancia de ejecutar un proceso de contratación masiva de profesionales de
la salud, la necesidad de que se incentive la producción nacional de elementos
para atender la crisis y, finalmente, la importancia de la inversión en ciencia
y tecnología.
Juan David Fernández Muñoz[412]
46.  Solicita que se
declare la inexequibilidad del Decreto 417 de 2020. Considera que en
este caso no se encuentran satisfechos los requisitos que permiten calificar la
propagación de la COVID-19 como una pandemia. Asimismo, cuestiona que se hayan
tomado las medidas necesarias para contener la extensión de esta enfermedad.
Asociación Colombiana de Empresas de
Medicina Integral[413]
47.  Defiende la exequibilidad
de la declaración del estado de emergencia económica, social y ecológica. Sobre
el cumplimiento de las exigencias que componen el presupuesto fáctico, refiere
que la pandemia por el nuevo coronavirus es un hecho público y notorio si se
tiene en cuenta el amplio cubrimiento que sobre este tema han hecho los medios
de comunicación, así como las acciones del Gobierno Nacional y distintos
organismos internacionales. Asimismo, refiere que los acontecimientos que
ocasionan la declaratoria del estado de emergencia no se enmarcan en las
condiciones que permiten decretar un estado de conmoción interior y que el
SARS-CoV-2 constituye el “(…) ejemplo por antonomasia de circunstancias
sobrevinientes, imprevistas y anormales, carentes de cualquier precedente”.
Seguidamente, expone que el Presidente
de la República no incurrió en ningún tipo de arbitrariedad al declarar el
estado de emergencia. Por el contrario, indica que esta medida es adecuada
frente a la situación que vive el país y que afecta de manera grave e inminente
la vida y la salud pública, la economía y el sostenimiento de los colombianos.
En este punto, menciona el número de infectados en el país, así como las
previsiones que en materia económica se han elaborado.
En cuanto al presupuesto de suficiencia
de los mecanismos ordinarios para contener la crisis, señala que en este caso
sí resulta necesario que el Gobierno Nacional asuma las potestades que, en
principio, recaen en el Congreso. En esa medida, retomó lo señalado por el
Banco de la República en relación con las medidas para responder a esta
contingencia y la necesidad de que se presente una respuesta inmediata a la
situación, lo cual, en su criterio, no hubiese sido posible siguiendo el
trámite legislativo regular. Con base en ello, le solicita a la Corte que
puntualice que en este escenario “(…) el Presidente de la República está
investido para expedir las normas de rango legal requeridas para conjurar la
crisis, sin que el tipo de ley a modificar sea una limitante”[414].
Centro de Estudios de Derecho, Justicia
y Sociedad - Dejusticia[415]
48.  Defiende la exequibilidad
del Decreto 417 de 2020. Adicionalmente, solicita que se prevenga al
Gobierno Nacional para que utilice los mecanismos extraordinarios que le otorga
la declaración del estado de emergencia de forma compatible con el Estado
Social y Democrático de Derecho. Asimismo, que se exhorte al Congreso para que
cumpla con su función de control político y que esta Corporación avoque el
conocimiento de los Decretos 457, 531 y 536 de 2020, al considerar que estos
son materialmente decretos legislativos.
Así las cosas, señala que los requisitos
formales para la declaración del estado de emergencia se encuentran
satisfechos. Los requisitos que hacen parte del control material, en su
criterio, también se encuentran cumplidos. Esto por cuanto se trata de hechos
notorios y de público conocimiento que, además, no estructuran el supuesto de
hecho que permite decretar los estados de excepción por guerra exterior o por
conmoción interior. Sobre el carácter sobreviniente del surgimiento de la
enfermedad, sostiene que la expansión del SARS-CoV-2 es una circunstancia
extraordinaria y sin precedentes. Igualmente, frente a su calificación como
calamidad pública, expresa que, desde que se diagnosticó el primer caso en el
país, era posible colegir que eventualmente podría adquirir esa connotación
como resultado de su probable crecimiento exponencial y el consecuente impacto
en el sistema de salud.
En un sentido similar, no encuentra que
la declaración del estado de emergencia hubiese sido producto de una valoración
arbitraria o de un error manifiesto por parte del Presidente de la República.
En su lugar, refiere que esta decisión fue adecuada y pertinente si se tiene en
cuenta la gravedad e inminencia de la crisis[416].
También señala que los mecanismos ordinarios con los que cuenta el Gobierno
Nacional no son suficientes para superar la crisis, pues, a pesar de que se
recurrió a estos[417],
no fue posible contener el problema. En cualquier caso, recalca que la
declaratoria de constitucionalidad del decreto que declara el estado de
emergencia no supone una exequibilidad automática de las decisiones a través de
las cuales se desarrolle el estado de excepción.
Dicho lo anterior, Dejusticia se ocupa
se exponer sus consideraciones acerca del desafío que para la estructura y
funcionamiento del Estado supone la propagación del SARS-CoV-2. Subraya la
importancia del control político que, según lo establece la Constitución, debe
llevar a cabo el Congreso de la República en los escenarios de emergencia, pues
su vigilancia es una condición necesaria para la legitimidad de lo ordenado por
el Gobierno Nacional. En consecuencia, le pide a esta Corporación que exhorte
al legislador para que sesione y cumpla la obligación que le corresponde. Ello,
además, requiere que la Corte puntualice que existe la posibilidad de que las
reuniones de este órgano sean presenciales o virtuales.
De otro lado, también considera
necesario que se precise la imposibilidad de suspender el trámite de las
acciones de tutela y de habeas corpus y que, además, se estudie la
opción de restringir “(…) el acceso a las demás acciones constitucionales y
a los medios de control a la administración consagrados en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en tanto el
artículo 27 de la CADH impide restringir el acceso a procedimientos judiciales
para la garantía de derechos intangibles, algo que no se agota en el amparo
-tutela- y habeas corpus en Colombia”.
Finalmente, presenta sus
consideraciones acerca del marco interamericano de suspensión de derechos
humanos, la competencia del Presidente de la República para emitir decretos
ordinarios que pueden restringir el goce efectivo de derechos fundamentales, el
principio de igualdad material y la prohibición de discriminación en los
estados de excepción, y la importancia del acceso a la información pública en
el marco de la crisis.
Universidad Nacional de Colombia[418]
49.  Solicita que se
declare la inexequibilidad del Decreto 417 de 2020, así como de los
decretos de desarrollo que se emitan como resultado de la declaración del
estado de emergencia. Asimismo, pide que esta Corporación lleve a cabo el
control constitucional oficioso de los Decretos 457, 531 y 536 de 2020. Esto
por cuanto, en su criterio, con estas decisiones se ha perdido “(…) toda
sensibilidad frente a los derechos humanos y fundamentales del
constitucionalismo moderno”. En cualquier caso, sugiere que se exceptúe de
la declaración de inexequibilidad algunas medidas que, a su juicio, son
proporcionales, tales como la prohibición de reuniones sin el respeto por una
distancia mínima.
Instituto Internacional de Derechos
Humanos – Capítulo Colombia[419]
50.  Solicita que se
declare la inexequibilidad del Decreto 417 de 2020 o, en subsidio, que
se declare su exequibilidad condicionada en lo relacionada con su
connotación ecológica, al considerar que esta no se configura. En este sentido,
refiere que no se configura la modalidad ecológica y social del estado de
emergencia; los hechos no son nuevos, imprevisibles e impredecibles, pues ya
existían antecedentes en otros países; y las medidas ordinarias son suficientes
para contener la situación.
Germán Gustavo Rodríguez Valencia[420]
51.       Solicita
que se declare la inexequibilidad del Decreto 417 de 2020. Considera que
en este caso no se encuentran satisfechos los requisitos formales y materiales
que condición la declaración de un estado de emergencia. Entre otras cosas,
cuestiona que esta decisión se haya tomado “(…)  con fundamento fáctico en
la ya muy cuestionada declaración como pandemia de interés para los estados,
realizada por la OMS; hoy acusada de estar permeada con profusión por muchos
funcionarios coludidos por representantes de intereses económicos de las
farmacéuticas y sus transnacionales, sobre el criminal brote viral tipo grippe
ARS-COVID-19 (sic), lanzado en suelo de la China por miembros de los
organismos secretos y de inteligencia del gobierno de Trump en los eua
(sic) (…)”.
Aydee
Sánchez Salazar[421]
53.
Solicita que la Corte declare la inexequibilidad del Decreto 417 de
2020, en tanto considera que las proyecciones epidemiológicas que sirvieron de
fundamento para declarar el estado de emergencia son irreales. Además, de que
con las medidas de emergencia se ocasiona un grave daño a los derechos fundamentales
de millones de personas.
Mariano
Mesa[422]
54.
Pide que se declare la inexequibilidad del Decreto 417 de 2020, al
considerar que beneficia a las grandes empresas y no protege a los trabajadores
informales.
Isabel Cristina Jaramillo Sierra[423]
55. A través
de su intervención, presenta una serie de reflexiones acerca del Decreto 417
del 17 de marzo de 2020[424].
En este sentido, se ocupa de exponer sus consideraciones acerca de las
particularidades de la contingencia que origina la declaratoria de emergencia, el
control constitucional de los decretos de aislamiento, el normal funcionamiento
de las ramas del poder público, la afectación de derechos fundamentales y el
riesgo de invisibilizar la discriminación por la fragmentación del control
constitucional y legal de la emergencia. En últimas, refiere que es importante
pronunciarse acerca de las condiciones del aislamiento preventivo obligatorio “para
prevenir nuevas vulneraciones de derechos en futuras cuarentenas y también para
facilitar reclamos sobre reparación de daños que puedan querer adelantar los
ciudadanos afectados”.
Fernando Franco
Hincapie[425]
56. Solicita
que la Corte declare la inexequibilidad del Decreto 417 del 17 de marzo de
2020, pues, en su criterio, en este caso no se cumple el presupuesto fáctico.
Considera que se ha incrementado de forma injustificada la magnitud del
Covid-19. Entre otras cosas, señala que se ha ignorado que esta patología se
trata de una “gripe común” y que muchos de los decesos que han
certificado las autoridades públicas no tienen como causa directa la
enfermedad.
Marco Antonio Osorio Villa y Nicolás Gutiérrez Suárez[426]
57. En lo que respecta al estudio del
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020[427],
le solicitan a la Corte que declaren su exequibilidad. Esto por cuanto consideran
que este satisfizo los presupuestos formales y materiales que habilitan la
declaración de un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Gobernadores
del pueblo indígena Yukpa[428]
58. Los
intervinientes, que ostentan la calidad de Gobernadores del pueblo indígena
Yukpa, pretenden presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, así como contra el Decreto 637 de 2020 y “más
de 101 decretos relacionados a la emergencia sanitaria y emergencia económica, social
y ecológica”. En su defecto, solicitan que se declare la exequibilidad
condicionada de esas disposiciones. En este sentido, refieren que estas normas
son discriminatorias y racistas con su comunidad y, en general, con todos los
grupos indígenas del país. Consideran que vulnera “el Convenio 169 de 1989
de la OIT, Ley 21 de 1991, los tratados y convenio internacionales sobre
derechos humanos suscritos por el Estado Colombiano, la Constitución Política
de Colombia e innumerables sentencias de la Corte Constitucional, máximo cuando
somos sujetos de alta protección Constitucional”.
ANEXO 4-CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN
55.
El Ministerio Público defiende la exequibilidad del Decreto 417 de 2020
tanto formal como material. Señala que en este caso se encuentran satisfechos
los requisitos para su expedición. Por lo tanto, aduce que esta decisión fue
suscrita por el Presidente de la República, así como por todos sus ministros;
condensa los motivos que dieron lugar a la declaración del estado de
emergencia; y determina el ámbito temporal y territorial en el que tendrá
efectos. Igualmente, refiere que se envió una nota verbal a la Organización de
Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos. No obstante, le pide
a la Corte que verifique la convocatoria del Congreso, pues no encontró prueba
acerca de esa comunicación.
En
relación con las exigencias materiales sostiene que las circunstancias que
originaron la declaratoria del estado de emergencia efectivamente ocurrieron.
Por consiguiente, se ocupa de exponer los pronunciamientos que sobre este
aspecto ha emitido la Organización Mundial de la Salud, así como las fuentes
que acrediten el impacto que ha tenido sobre la economía mundial la expansión
de la enfermedad. Asimismo, trae a colación los informes sobre las cifras
estimadas de contagio y la situación de los trabajadores independientes.
Seguidamente, expone que esas circunstancias no se enmarcan dentro de las
condiciones que permiten declarar un estado de guerra exterior o de conmoción
interior y que, además, tienen el carácter de sobrevinientes.
En
este sentido, trae a colación el aumento vertiginoso de los casos de la
enfermedad y menciona, de paso, que esta es la primera pandemia ocasionada por
un coronavirus, por lo que, en su criterio, “no era predecible que un brote
con una estructura común a otros se convirtiera en una pandemia16 y que tuviera
un impacto altamente significativo en el sistema de salud en términos de
atención y de manejo de incapacidades (calculadas con base en una proyección
del IBC promedio diario)”. Igualmente, en lo que tiene que ver con las
consecuencias económicas de la emergencia sanitaria, refiere que a pesar de
tratarse de hechos previamente existentes han exigido un cambio en los lineamientos
de las políticas públicas y en el análisis macroeconómico del Gobierno.
De
otro lado, refiere que la valoración que efectuó el Presidente de la República
en relación con la gravedad de la situación no fue arbitraria o fruto de un
error manifiesto. Por el contrario, explica, tuvo en cuenta el impacto de la
enfermedad en el sistema de salud y, particularmente, en la continuidad y
calidad de la prestación de ese servicio, pues “el aumento vertiginoso del
contagio implica acciones urgentes para evitar causar un daño considerable que
puede afectar el derecho a la vida (art. 11 C.P.), y que puede generar una
afectación intensa en relación con sujetos de especial protección”.
Asimismo, considera que el pronóstico acerca de las consecuencias que, según el
decreto, significaría para la economía del país esta contingencia es acertada,
pues, por ejemplo, la disminución del precio internacional del petróleo podría
suponer un descenso en las exportaciones y, por tanto, una afectación a nuestro
balance fiscal. Adicionalmente, señala que “el crecimiento acelerado del
nuevo coronavirus COVID-19, y las medidas asociadas a la prevención del mismo,
implican una reducción de la producción y la demanda”.
En
cuanto a la suficiencia de los mecanismos ordinarios a disposición del
Gobierno, estima que estos no son idóneos para contener esta situación, pues “se
trata de medios que otorgan competencias de carácter puramente administrativo”.
Sobre este aspecto, se ocupa de mencionar las medidas ordinarias que tomó el
Ministerio de Salud para tratar de conjurar la crisis. Trae a colación la
expedición de las resoluciones 380 y 385 de 2020, a través de las cuales se
ordenó el aislamiento de las personas que provenían de la República Popular de
China, Francia, Italia y España, y se decretó la emergencia sanitaria.
También
se refiere a las actuaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres y el Banco de la República en sus respectivos escenarios.
Por
último, refiere que el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 no suspende derechos
humanos ni modifica la organización de las entidades que componen el poder
público. En todo caso, refiere que “cualquiera de las medidas adicionales
que tome el Gobierno debe tener conexidad con la declaratoria del Estado de
Emergencia y debe ser efectivamente conducente para conjurar la crisis,
cuestión que será objeto de control por la Corte Constitucional al examinar las
medidas”.
ANEXO
5-MEDIDAS ORDINARIAS DEL GOBIERNO HASTA LA DECLARATORIA DE LA EMERGENCIA
Fecha
Entidad del Estado
Acto expedido
30 ener./20
MinSalud.
Manual de bioseguridad para
prestadores de servicios de salud que brinden atención ante la eventual
introducción del nuevo coronavirus (ncov-2019) a Colombia[429].
4 feb.
Superintendencia de Transporte.
Circular externa 00003-04. Determinó lineamientos y
acciones a adoptar frente a la propagación del COVID-19 por las sociedades
portuarias marítimas y sociedades portuarias fluviales con vocación marítima.
Reglamento Sanitario Internacional.
11 feb.
MinSalud.
Circular 05/20. Directrices
para la detección temprana, control y atención ante posible ingreso del nuevo
coronavirus y la implementación de planes de preparación y respuesta ante
riesgo. Directrices para las instituciones de salud y entidades territoriales
en relación con acciones de vigilancia en salud pública, identificación de
casos, prevención y control, puntos de entrada y pasos fronterizos,
articulación, gestión y comunicación del riesgo[430].
24 feb.
MinTrabajo.
Circula 017. Lineamientos
mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación,
respuesta y atención por COVID-19[431].
26 feb.
MinSalud.
MinTransporte. Aeronáutica
Civil. Medidas prevención ingreso del COVID-19[432].
27 feb.
MinSalud.
Através de oficio gestiona
recursos adicionales ante MinHacienda para apalancar acciones contra el
coronavirus[433].
27 feb.
Gobierno Nacional
Repatria 14 ciudadanos
colombianos residente en Wuhan que con tripulación y personal de salud
estuvieron en cuarentena 14 días[434].
28 feb.
MinSalud.
Orientaciones para el tamizaje
de viajeros procedentes de zonas con circulación del nuevo coronavirus[435].
… feb.
MinSalud
Orientaciones para el manejo de
residuos generados en la atención en salud ante la eventual introducción del
virus COVID-19 a Colombia[436].
6 marz.
MinSalud.
Confirma primer caso en
Colombia de paciente colombiana de 19 años con antecedente de viaje
internacional a Milán Italia[437]
6 marz.
Unidad Adtiva. Especial
Migración Colombia
Resolución 779. Suspende
prestación del servicio de migración automática.
9 marz.
MinEducaciòn y MinSalud.
Circular conjunta 11. Recomendaciones para
prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda por el nuevo
coronavirus en el entorno educativo[438].
10 marz.
MinSalud.
Resolución 380 adopta, entre otras,
medidas preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena de las personas
que a partir de la entrada en vigencia arribaran a Colombia desde la
República Popular China. Francia, Italia y España[439].
10 marz.
MinHacienda.
Resolución 793 de 2020. Distribuye recursos para ampliar
respuesta de salud pública a la pandemia al Ministerio de Salud y el
Instituto Nacional de Salud[440].
10 marz.
MinComercio y MinSalud.
Circular 011. Recomendaciones
para la contención de la epidemia COVID-19 en los sitios y eventos de alta
afluencia de personas[441].
11 marz.
MinJusticia.
Directiva 04 para la prevención
e implementación de medidas de control ante casos probables y confirmados del
COVID-19.
11 marz.
MinSalud.
Lineamientos para la detección
y manejo de casos por los prestadores de servicios de salud frente a la
introducción del sars-cov-2 a Colombia[442].
11 marz.
MinTransporte y MinSalud.
Circular 01 conjunta.
Directrices para la prevención, detección y atención ante el COVID-19.
12 marz.
MinSalud.
Resolución 385 conforme al art.
69 de la Ley 1753 de 2015, declarando el estado de emergencia sanitaria por
causa del nuevo coronavirus en todo el territorio nacional hasta el 30 de
mayo de 2020 y, en virtud de la misma, adoptó una serie de medidas con el
objeto de prevenir, controlar y mitigar sus efectos[443].
12 marz.
MinSalud.
Protocolo de manejo para el
arribo de naves de pasaje de tráfico marítimo y fluvial internacional de
cualquier país de procedencia[444].
12 marz.
Presidencia de la República.
Directiva presidencial 02. Medidas para atender la
contingencia generada por el COVID-19 a partir del uso de las tecnologías de
la información y las telecomunicaciones TIC. Se establece: implementación del
teletrabajo, realizar reuniones virtuales y comunicación a través de herramientas
tecnológicas, medidas para que los ciudadanos puedan hacer sus trámites de
forma digital, uso de herramientas como e-learning, portales de
conocimiento, redes sociales y plataformas colaborativas, para procesos de
capacitación y formación que sean inaplazables[445].
12 marz.
MinSalud, Dirección de
Epidemiología y Demografía.
Solicitó por oficio a la
Dirección de Financiamiento Sectorial apoyo a los laboratorios de salud
pública de los departamentos priorizados para atender pruebas confirmatorias
del COVID-19[446].
12 marz.
MinComercio y Minsalud.
Circular 012. Directrices para
la contención del COVID-19 en el entorno hotelero[447].
12 marz.
MinInterior.
Comunicado. Adopción de medidas
para evitar propagación de coronavirus durante los servicios religiosos y actos
litúrgicos[448].
13 marz.
MinHacienda.
Decreto 401. Por el cual se
modifican sustituyen y adicionan artículos del decreto 1625 con relación a
declaraciones tributarias[449].
13 marz.
MinSalud.
Circular 015. Recomendación
para la prevención, contención y mitigación del COVID-19 en grupos étnicos.
13 marz.
MinComercio.
Decreto 397, por el cual se
establece un beneficio en la presentación y pago de la contribución
parafiscal para la promoción del turismo para mitigar los efectos económicos
del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional[450].
13 marz.
MinInterior.
Decreto 402. Cierre de
fronteras terrestre y fluvial con Venezuela.
14 marz.
MinEducación.
Circular 19. Orientaciones con
ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19[451].
15 marz.
MinTransporte.
Resolución 408. Se adoptan medidas preventivas
para el control sanitario de pasajeros provenientes del extranjero, por vía
aérea, a causa del nuevo Coronavirus[452].
16 marz.
MinHacienda
Resolución 862. Distribuye recursos para
ampliar respuesta de salud pública a la pandemia al Ministerio de Salud y el
Instituto Nacional de Salud[453].
16 marz.
MinEducación.
Circular 020. Ajuste del
calendario académico en educación preescolar, básica y media[454].
16 marz.
MinEducación.
Circular 01. Orientaciones
técnicas y administrativas para la operación del programa de alimentación
escolar frente a la modificación del calendario escolar dado el COVID-19[455].
16 marz.
MinSalud.
Resolución 450. Por la cual se
modifican los numerales 2.1 y 2.2 del art. 2 de la Resolución 385 de 2020, en
relación con la limitación del número de personas en actividades o eventos[456].
16 marz.
MinComercio.
Decreto 410. Por el cual se
modifica el arancel de aduanas para la importación de productos necesarios
para afrontar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19[457].
16 marz.
MinInterior.
Decreto 412. Cierre de
fronteras marítimo, terrestre y fluvial con Panamá, Ecuador, Perú y Brasil[458].
16 marz.
MinTransporte.
Circular 02. Directrices de
prevención, detección y atención ante un caso de coronavirus dirigida a
concesiones para el modo de transporte aéreo, aerolíneas, interventorías,
administradores de infraestructura concesionada y no concesionada, y
superintendencia de transporte[459].
16 marz.
MinSalud.
Protocolo de pasajeros en
transferencia o conexión y tripulaciones.
17 marz.
MinEducación.
Circular 021. Orientaciones
para el desarrollo del procesos de planeación pedagógica y trabajo académico
en casa para la prevención de la propagación del COVID-19, así como para el
manejo del personal docente, directivo docente y administrativo del sector
educación[460].
ANEXO
6-NORMAS MODIFICADAS, DEROGADAS, SUSPENDIDAS O CREADAS POR LOS DECRETOS DE
DESARROLLO EXPEDIDOS A LA FECHA
Decreto
legislativo de desarrollo
Normas
modificadas, derogadas, suspendida o creada
Decreto 434
del 19 de marzo de 2020, "Por el cual se establecen plazos especiales
para la renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL y los demás registros
que integran el Registro Único Empresarial y Social -RUES, así como para las
reuniones ordinarias de las asambleas y demás cuerpos colegiados, para
mitigar los efectos económicos del nuevo coronavirus COVID-19 en el
territorio nacional"
Artículo 166
del Decreto Ley 019 de 2012, "Por el cual se dictan normas para suprimir
o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en
la Administración Pública".
Artículo 20 de
la Ley 1727 de 2014, "Por medio de la cual se reforma el Código de
Comercio, se fijan normas para el fortalecimiento de la y el funcionamiento
de las comercio y se dictan otras gobernabilidad cámaras de
disposiciones".
Artículo 422
del Código de Comercio.
Decreto 438
del 19 de marzo de 2020, "Por el cual se adoptan medidas tributarias
transitorias dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de
conformidad con el Decreto 417 de 2020
Artículos 477,
360 y 364-5 del Estatuto Tributario, entre otros.
Decreto 439
del 20 de marzo de 2020, "Por el cual se suspende el desembarque con
fines de ingreso o conexión e territorio colombiano, de pasajeros procedentes
del exterior, por vía aérea".
Se crea norma.
Decreto 440
del 20 de marzo de 2020, "Por el cual se adoptan medidas de urgencia en
materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia,
Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia
COVID-19".
Artículos 40 y
42 Ley 80 de 1993, "Por la cual se expide el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública".
Artículos 2 y
8 de la Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas
para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos".
Artículo 86 de
la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".
Decreto 441
del 20 de marzo de 2020, "Por el cual se dictan disposiciones en materia
de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente
al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el
Decreto 417 de 2020".
Se crea norma
Artículos 10 y
11 de la Ley 1176 de 2007, "Por la cual se desarrollan los artículos 356
y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones."
Artículos 96 y
125 de la Ley 142 de 1994, "Por la cual se establece el régimen de los
servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones."
Decreto 444
del 21 de marzo de 2020, "Por el cual se crea el Fondo de Mitigación de
Emergencias -FOME y se dictan disposiciones en materia de recursos, dentro
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica".
Se crea norma.
Ley 549 de
1999, "Por la cual se dictan normas tendientes a financiar el pasivo
pensional de las entidades territoriales, se crea el Fondo Nacional de
Pensiones de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones en
materia prestacional."
Ley 1530 de
2012, "Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del
Sistema General de Regalías."
Decreto 458
del 22 de marzo de 2020, "Por el cual se adoptan medidas para los
hogares en condición de pobreza en todo el territorio nacional, dentro del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica".
Artículo 21 de
la Ley 2010 de 2019, "Por medio de la cual se adoptan normas para la
promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el
fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia
del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia
impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones."
Artículo 5 de
la Ley 79 de 1993, "Por la cual se regula la realización de los Censos
de Población y Vivienda en todo el territorio nacional."
Decreto 460
del 22 de marzo de 2020, "Por el cual se dictan medidas para garantizar
la prestación del servicio a cargo de las comisarías de familia, dentro del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"
Se crea norma.
Modifica el
artículo 31 de la Ley 640 de 2001.
Modifica el
artículo 32 de la Ley 640 de 2001. Así mismo, modifica el artículo 52 de la
Ley 1098 de 2006.
Decreto 461
del 22 de marzo de 2020, "Por medio del cual se autoriza temporalmente a
los gobernadores y alcaldes para la reorientación de rentas y la reducción de
tarifas de impuestos territoriales, en el marco de la Emergencia Económica.
Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020".
Se crea norma
Decreto 464
del 23 de marzo de 2020, "Por el cual se disponen medidas con el fin de
atender la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que
trata el
Decreto 417 de 2020".
Artículo 56 de
la Ley 1450 de 2011, "Por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo, 2010-2014".
Artículos 10,
36, 64 y 73 de la Ley 1341 de 2009 "Por la cual se definen principios y
conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia
Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones".
Artículos 1 y
37 de la Ley 1369 de 2009, "Por medio de la cual se establece el régimen
de los servicios postales y se dictan otras disposiciones".
Artículo 1 de
la Ley 182 de 1995, "Por la cual se reglamenta el servicio de televisión
y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste,
se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y
actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los
servicios, se reestructuran <sic> entidades del sector y se dictan
otras disposiciones en materia de telecomunicaciones".
Decreto 467
del 23 de marzo de 2020, "Por el cual se dictan medidas de urgencia en
materia de auxilio para beneficiarios del Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX, dentro del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica".
Se crea norma.
Decreto 468
del 23 de marzo de 2020, "Por el cual se autorizan nuevas operaciones a
la Financiera de Desarrollo Territorial S.A -Findeter y el Banco de Comercio
Exterior de Colombia S.A. Bancoldex, en el marco de la Emergencia Económica,
Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020".
Articulo 270 y
282 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Decreto 469
del 23 de marzo de 2020, "Por el cual se dicta una medida para
garantizar la continuidad de las funciones de la jurisdicción constitucional,
en el marco de la Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se crea norma.
Decreto 470
del 24 de marzo de 2020, "Por el cual se dictan medidas que brindan
herramientas a las entidades territoriales para garantizar la ejecución del
Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de
educación preescolar, básica y media, dentro del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica".
Se crea norma.
Artículos 16 y
17 de la Ley 715 de 2001, "Por la cual se dictan normas orgánicas en
materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288,
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de
educación y salud, entre otros".
Decreto 475
del 25 de marzo de 2020 "Por el cual se dictan medidas especiales
relacionadas con el sector Cultura, dentro del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica".
Artículo 38-1
de la Ley 397 de 1997, "Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71
y 72 de la Constitución Política; se dictan normas sobre el patrimonio
cultural, fomento y estímulos a la cultura; se crea el Ministerio de Cultura
y se trasladan algunas dependencias", adicionado por el artículo 2 de la
Ley 666 de 2001 "Por medio de la cual se modifica el artículo 38 de la
Ley 397 de 1997 y se dictan otras disposiciones".
Ley 1493 de
2011, "Por la cual se toman medidas para formalizar el sector del
espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencias de
inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y
se dictan otras disposiciones".
Ley 814 de
2003, "Por la cual se dictan normas para el fomento de la actividad
cinematográfica en Colombia".
Decreto 476
del 25 de marzo de 2020, "Por el cual se dictan medidas tendientes a
garantizar la prevención, diagnóstico y tratamiento del Covid-19 y se dictan
otras disposiciones, dentro del estado de emergencia económica, social y
ecológica"
Se suspende el
artículo 251 "Documentos en idioma extranjero y otorgados en el
extranjero" de la Ley 1564 de 2012, "Por medio de la cual se expide
el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones".
Se suspende el
artículo 7 "Abogacía de la competencia" de la Ley 1340 de 2009,
"Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la
competencia".
Se suspende el
artículo 8 'Deber de información al público" de la Ley 1437 de 2011,
"por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo".
Se suspende el
artículo 15 de la Ley 962 de 2005, "Por la cual se dictan disposiciones
sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos.
Decreto 482
del 26 de marzo de 2020, "Por el cual se dictan medidas sobre la prestación
del servicio público de transporte y su infraestructura, dentro del Estado de
Emergencia, Económica, Social y Ecológica"
Se crea norma.
Se suspende el
artículo 151 de la Ley 2010 de 2019, "Por medio de la cual se adoptan
normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión,
el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y
eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones".
Modifica los
artículos 13, 18 y 21 Ley 1508 de 2012, "Por la cual se establece el
régimen jurídico de las Asociaciones Públicos Privadas, se dictan normas
orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones".
Se suspende el
artículo 1 de la Ley 787 de 2002, "Por la cual se modifica parcialmente
el artículo 21 de la Ley 105 de diciembre 30 de 1993".
Se suspende el
artículo 51 "Revisión periódica de los vehículos" de la Ley 769 de
2002, "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y
se dictan otras disposiciones".
Se suspende el
artículo 136 "Reducción de la Multa" de Ley 769 de 2002 "por
la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras
disposiciones".
Se modifica la
Ley 155 de 1959 "Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre
prácticas
comerciales
restrictivas".
Se modifica el
artículo 855 "término para efectuar la devolución" del Decreto-Ley,
"Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos
Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales".
Se modifica el
artículo 47 "retracto" de la Ley 1420 de 2011 "por medio de la
cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras
disposiciones".
Se modifica el
artículo 1900 "obligaciones de la empresa de transporte público a
caucionar la responsabilidad civil" del Decreto Ley 410 de 1971,
"Por el cual se expide el Código de Comercio".
Se modifican
los artículo 5, 8, 14 y 27 de la Ley 1 de 1991, "Por la cual se expide
el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones".
Decreto 486
del 27 de marzo de 2020, "Por el cual se crea un incentivo económico
para los trabajadores y productores del campo y se adoptan otras medidas para
garantizar el permanente funcionamiento del sistema de abastecimiento de productos
agropecuarios y seguridad alimentaria en todo el territorio nacional, dentro
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica".
Se crea norma.
Artículo 2 de
la Ley 302 de 1996, "Por la cual se crea el Fondo de Solidaridad
Agropecuario, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras
disposiciones".
Ley 80 de
1993, "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública".
Decreto 487
del 27 de marzo de 2020, "Por el cual se dictan medidas especiales
relacionadas con el sector Justicia y del Derecho en materia de extradición,
con ocasión del "Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica" declarada en todo el territorio nacional, derivada de la
Pandemia COVID-19".
Ley 600 de
2000, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
Ley 906 de
2004, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
Decreto 488
del 27 de marzo de 2020, "Por el cual se dictan medidas de orden
laboral, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"
Artículo 11 de
la Ley 1562 de 2012, "Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos
Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud
Ocupacional".
Ley 1636 de
2013, "Por medio de la cual se crea el mecanismo de protección al
cesante en Colombia.
Artículo 22
del Decreto ley 019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en
la Administración Pública".
Decreto 491
del 28 de marzo de 2020, "Por el cual se adoptan medidas de urgencia
para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se
toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de
servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica".
Se crean
normas.
Modificación
transitoria del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, "Por la cual se
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo". Modificación transitoria del artículo 14 de la Ley 1437
de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". Modificación de los
artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001. Modificación de la Ley 527 de 1999
artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001, el artículo 10 de la Ley 563, el
artículo 544 de la Ley 1569 de 2012. Se modifica los artículos 16, 129, 183
numeral primero literal (i de la Ley 1437 de 2011, artículos del Código de
Comercio que regulen la suscripción de actas de cuerpos colegiados. Se
modifica el artículo 63 de la Ley 1437 de 2011, y la Ley 5 de 1992. Se
modifica el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016. Se modifica la Ley 909 de
2004 artículo 31 numeral 5. Se crea norma. Se modifica el artículo 17 de la
Ley 80 de 1993.
Decreto 492
del 28 de marzo de 2020, "Por el cual se establecen medidas para el
fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías y se dictan disposiciones en
materia de recursos, en el marco de la emergencia económica, social y
ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020".
Se crea norma.
Artículo 144
de la Ley 1753, "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018 "Todos por un nuevo país".
Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, entre otras.
Decreto 499
del 31 de marzo de 2020, "Por el cual se adoptan medidas en materia de
contratación estatal para la adquisición en el mercado internacional de
dispositivos médicos y elementos de protección personal, en el marco del Estado
de emergencia económica, social y ecológica, atendiendo criterios de
inmediatez como consecuencia de las turbulencias del mercado internacional de
bienes para mitigar la pandemia Coronavirus Covid 19".
Artículo 6 de
la Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras
disposiciones generales sobre la
contratación
con Recursos Públicos".
Artículos 6,
21 y 44 de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General
de
Contratación
de la Administración Pública".
Decreto 500
del 31 de marzo de 2020, "Por el cual se adoptan medidas de orden
laboral, relativas a la destinación de los recursos de las cotizaciones a las
Administradoras de Riesgos Laborales de carácter público, en el marco del
estado de emergencia económica. social y ecológica".
Artículo 11 de
la Ley 1562 de 2012, "Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos
Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud
Ocupacional".
Decreto 507 del
1 de abril de 2020, "Por el cual se adoptan medidas para favorecer el
acceso de los hogares más vulnerables a los productos de la canasta básica,
medicamentos y dispositivos médicos, en el marco de la emergencia económica,
social y ecológica decretada mediante el Decreto 417 de 2020".
Se crea norma.
Modifica el
artículo 5 de la Ley 79 de 1993, "Por la cual se regula la realización
de los Censos de Población y Vivienda en todo el territorio
nacional."
ANEXO
7-ACTOS ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA
(PROPIAS DEL DECRETO 417 DE 2020 Y EN EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS ORDINARIAS)
Fecha
Autoridad y
requerimiento o acto normativo expedido
18 marz.
MinSalud. Resolución 464 adopta medida
sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo para proteger a las personas
mayores de 70 años. Esta medida rige desde el 20 de marzo hasta el 30 de mayo[461].
18 marz.
MinInterior. Decretos 418 y
420. Dirección del orden público. Instrucciones que deben tener en cuenta
alcaldes y gobernadores[462].
18 marz.
MinComercio y MinSalud.
Resolución 453 adopta medidas sanitaras de control en algunos
establecimientos por causa del COVID-19.
20 marz.
MinSalud. Resolución 470. Se
adoptan las medidas sanitarias obligatorias de aislamiento preventivo de
personas adultas mayores en centros de larga estancia y de cierre parcial de
actividades de centros vida y centros día[463].
22 mar.
Presidente de la República y
ministros. Decreto 457 para el cumplimiento del aislamiento preventivo
obligatorio de 19 días en el territorio colombiano, que regirá a partir
de las cero horas del 25 de marzo hasta las cero horas del 13 de abril[464].
22 marz.
MinJusticia. Resolución 1144.
Declara el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria.
23 marz.
MinEducación. Directiva 03.
Orientaciones para el manejo de la emergencia por COVID-19 por parte de los
establecimientos educativos privados.
24 mar.
MinSalud. Resolución 501 asigna
recursos del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento, para atender la
emergencia sanitaria derivada del COVID-19, fortaleciendo los laboratorios de
salud pública de Atlántico, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Norte de
Santander, Arauca y del Distrito Capital de Bogotá[465].
25 mar.
MinSalud. Resolución 508 de 25
modifica desagregación en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para
adicionar los recursos, de los cuales se destinó una parte para la
adquisición de equipos de protección y medidas de bioseguridad[466].
28 marz.
MinSalud. Resolución 520.
Requisitos para fabricación de antisépticos y desinfectantes de uso externo
categorizados como medicamentos (COVID-19).
… marz.
MinSalud expide Plan de
Contingencia para responder ante la emergencia por COVID-19. Fases de
preparación, contención, mitigación y recuperación. Implementación por el
nivel territorial. Ejecución requiere recursos adicionales a los ordinarios y
ser objeto de ajuste[467]
…marz.
Orientaciones para el manejo,
traslado y disposición final de cadáveres por COVID-19[468].
…marz.
MinSalud. Lineamientos de
prevención del contagio por COVID-19 y atención en salud para las personas
con discapacidad, sus familias, las personas cuidadoras y actores del sector
salud[469].
3 abr.
MinSalud. Resolución 595.
Criterios para la asignación y distribución de recursos para la
implementación y prestación de medidas de atención a las mujeres víctimas de
violencia por parte de las entidades territoriales.
8 abr.
MinInterior. Decreto 531. Ordenar aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de Colombia a
partir cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril 2020, hasta las cero horas
(00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19[470].
11 abr.
MinInterior. Decreto 536. Modificar
el artículo 3 del Decreto 531 de 2020, en el sentido de eliminar el
parágrafo 5[471].
24 abr.
MinInterior. Decreto 593. Ordenar el aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República
de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de
2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, en el
marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19.
24 abr.
MinSalud. Resolución 666.
Adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y
realizar el adecuado manejo de la pandemia[472].
24 abr.
MinSalud. Resolución 675.
Adopta el protocolo general de bioseguridad para el control y el manejo del
COVID-19 en la industria manufacturera[473].
26 abr.
MinComercio. Resolución 498,
por el cual se establecen lineamientos para el cumplimiento del numeral 36
del Decreto 593 de 2020.
6 may.
MinInterior. Decreto 636 de
2020. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas
habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00
a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día
25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19. Para efectos de lograr el efectivo aislamiento
preventivo obligatorio se limita totalmente la libre circulación de personas
y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones previstas en los
artículos 3 y 4 del presente Decreto.
ANEXO
8-DECRETOS DE DESARROLLO EN VIRTUD DE LA PRIMERA DECLARATORIA DE EMERGENCIA
Decreto Legislativo
Asunto
Decreto
417 del 17 de marzo de 2020
Por
el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en
todo el territorio Nacional
Decreto
434 del 17 de marzo de 2020
Por
el cual se establecen plazos especiales para la renovación de la matrícula
mercantil, el RUNEOL y los demás registros que integran el Registro Único
Empresarial y Social ­ RUES, así como para las reuniones ordinarias de las
asambleas y demás cuerpos colegiados, para mitigar los efectos económicos del
nuevo coronavirus COVID-19 en el territorio nacional
Decreto
438 del 19 de marzo de 2020
Por
el cual se adoptan medidas tributarias transitorias dentro del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica de conformidad con el Decreto 417 de
2020
Decreto
439 del 20 de marzo de 2020
Por
el cual se suspende el desembarque con fines de ingreso o conexión en
territorio colombiano, de pasajeros procedentes del exterior, por vía aérea
Decreto
440 del 20 de marzo de 2020
Por
el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal,
con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada
de la Pandemia COVID-19
Decreto
441 del 20 de marzo de 2020
Por
el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente al Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020
Decreto
444 del 21 de marzo de 2020
Por
el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME y se dictan
disposiciones en materia de recursos, dentro del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica
Decreto
458 del 22 de marzo de 2020
Por
el cual se adoptan medidas para los hogares en condición de pobreza en todo
el territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica
Decreto
460 del 22 de marzo de 2020
Por
el cual se dictan medidas para garantizar el servicio a cargo de las
comisarías de familia, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica
Decreto
461 del 22 de marzo de 2020
Por
medio del cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para
la reorientación de rentas y la reducción de tarifas de impuestos
territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica
declarada mediante el Decreto 417 de 2020
Decreto
464 del 23 de marzo de 2020
Por
el cual se disponen medidas con el fin de atender la situación de emergencia
económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020
Decreto
467 del 23 de marzo de 2020
Por
el cual se dictan medidas de urgencia en materia de auxilios para
beneficiarios del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior - ICETEX, dentro del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica
Decreto
468 del 23 de marzo de 2020
Por
el cual se autorizan nuevas operaciones a la Financiera de Desarrollo
Territorial S,A - Findeter y el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. -
Bancoldex, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica
declarada mediante el Decreto 417 de 2020
Decreto
469 del 23 de marzo de 2013
Por
el cual se dicta una medida para garantizar la continuidad de las funciones
de la jurisdicción constitucional, en el marco de la Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica
Decreto
470 del 24 de marzo de 2020
Por
el cual se dictan medidas que brindan herramientas a las entidades
territoriales para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación
Escolar y la prestación del servicio público de educación preescolar, básica
y media, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto
475 del 25 de marzo de 2020
Por
el cual se dictan medidas especiales relacionadas con el sector Cultura,
dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto
476 del 25 de marzo de 2020
Por
el cual se dictan medidas tendientes a garantizar la prevención, diagnóstico
y tratamiento del Covid-19 y se dictan otras disposiciones, dentro del Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto
482 del 26 de marzo de 2020
Por
el cual se dictan medidas sobre la prestación del servicio público de
transporte y su infraestructura, dentro del Estado de Emergencia, Económica,
Social y Ecológica
Decreto
486 del 27 de marzo de 2020
Por
el cual se crea un incentivo económico para los trabajadores y productores
del campo y se adoptan otras medidas para garantizar el permanente
funcionamiento del sistema de abastecimiento de productos agropecuarios y
seguridad alimentaria en todo el territorio nacional, dentro del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto
487 del 27 de marzo de 2020
Por
el cual se dictan medidas especiales relacionadas con el sector Justicia y
del Derecho en materia de extradición, con ocasión del "Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica" declarada en todo el
territorio nacional, derivada de la Pandemia COVID-19
Decreto
488 del 27 de marzo de 2020
Por
el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de emergencia
económica, social y ecológica
Decreto
491 del 28 de marzo de 2020
Por
el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la
prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los
particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la
protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las
entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica
Decreto
492 del 28 de marzo de 2020
Por
el cual se establecen medidas para el fortalecimiento del Fondo Nacional de
Garantías y se dictan disposiciones en materia de recursos, en el marco de la
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de
2020
Decreto
499 del 31 de marzo de 2020
Por
el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal para la
adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos
de protección personal, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica, atendiendo criterios de inmediatez como consecuencia de
las turbulencias del mercado internacional de bienes para mitigar la pandemia
Coronavirus Covid 19
Decreto
500 del 31 de marzo de 2020
Por
el cual se adoptan medidas de orden laboral, relativas a la destinación de
los recursos de las cotizaciones a las Administradoras de Riesgos Laborales
de carácter público, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica
Decreto
507 del 1° de abril de 2020
Por
el cual se adoptan medidas para favorecer el acceso de los hogares más
vulnerables a los productos de la canasta básica, medicamentos y dispositivos
médicos, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada
mediante el Decreto 417 de 2020
Decreto
512 del 2 de abril de 2020
Por
el cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para realizar
movimientos presupuestales, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica
Decreto
513 del 2 abril de 2020
Por
el cual se establecen medidas relacionadas con el ciclo de los proyectos de
inversión pública susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema
General de Regalías, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica
Decreto
516 del 4 de abril de 2020
Por
el cual se adoptan medidas para la prestación del servicio de televisión
abierta radiodifundida, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica
Decreto
517 del 4 de abril de 2020
Por
el cual se dictan disposiciones en materia de los servicios públicos de
energía eléctrica y gas combustible, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020
Decreto
518 del 4 de abril de 2020
Por
el cual se crea el Programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de
los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio
nacional, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto
519 del 5 de abril de 2020
Por
el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal
de 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación, en el marco del Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto
522 del 6 de abril de 2020
Por
el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal
de 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación, en el marco del Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto
528 del 7 de abril de 2020
Por
el cual se dictan medidas para los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica
Decreto
530 del 8 de abril de 2020
Por
cual se adoptan medidas tributarias transitorias en relación con el gravamen
a los movimientos financieros a cargo de las entidades sin ánimo de lucro
pertenecientes al Régimen Tributario Especial y el impuesto sobre las ventas
en las donaciones de ciertos bienes corporales muebles, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto
532 del 8 de abril de 2020
Por
el cual se dictan medidas para el ingreso de estudiantes a los programas de
pregrado en instituciones de educación superior, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto
533 del 9 de abril de 2020
Por
el cual se adoptan medidas para garantizar la ejecución del Programa de
Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de educación
preescolar, básica y media, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica
Decreto
535 del 10 de abril de 2020
Por
el cual se adoptan medidas para establecer un procedimiento abreviado de
devolución y/o compensación de saldos a favor de los contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto sobre las ventas
-IVA, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto
537 del 12 de abril de 2020
Por
el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto
538 del 12 de abril de 2020
Por
el cual se adoptan medidas en el sector salud, para contener y mitigar la pandemia
de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en el marco
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto
539 del 13 de abril de 2020
Por
el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación
y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto
540 del 13 de abril de 2020
Por
el cual se adoptan medidas para ampliar el acceso a las telecomunicaciones en
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto
541 del 13 de abril de 2020
Por
el cual se adoptan medidas especiales en el Sector Defensa, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto
544 del 13 de abril de 2020
Por
el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal para la
adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos
de protección personal, atendiendo criterios de inmediatez como consecuencia
de las turbulencias del mercado global de bienes para mitigar la pandemia
Coronavirus COVID-19
Decreto
545 del 13 de abril de 2020
Por
medio del cual se adoptan medidas para suspender temporalmente el requisito
de insinuación para algunas donaciones, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica
Decreto
546 del 14 de abril de 2020
Por
medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la
medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos
penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención
domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se
encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se
adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y
mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica
Decreto
551 del 15 de abril de 2020
Por
el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y. Ecológica
Decreto
552 del 15 de abril de 2020
Por
el cual se adicionan recursos al Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME,
creado por el Decreto 444 de 2020, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica y se dictan otras disposiciones
Decreto
553 del 15 de abril 2020
Por
el cual se define la transferencia económica no condicionada para los Adultos
Mayores que se encuentran registrados en la lista de priorización del
Programa Colombia Mayor y se define la transferencia al Fondo de Solidaridad
de Fomento al Empleo y Protección al Cesante administrado por las Cajas de
Compensación Familiar, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica y se dictan otras disposiciones
Decreto
554 del 15 de abril de 2020
Por
el cual se adoptan medidas para la prestación del servicio de televisión
abierta radiodifundida con el fin de atender la situación de emergencia
económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020
Decreto
555 del 15 de abril de 2020
Por
el cual se adoptan medidas con el fin de atender la situación de emergencia
económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020
Decreto
557 del 15 de abril de 2020
Por
el cual se adoptan medidas transitorias en materia de turismo y registros
sanitarios para las micro y pequeñas empresas, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto
558 del 15 de abril de 2020
Por
el cual se implementan medidas para disminuir temporalmente la cotización al
Sistema General de Pensiones, proteger a los pensionados bajo la modalidad de
retiro programado y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto
559 del 15 de abril de 2020
Por
el cual se adoptan medidas para crear una Subcuenta para la Mitigación de
Emergencias -Covid19- en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
y se establecen las reglas para su administración, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto
560 del 15 de abril de 2020
Por
el cual se adoptan medidas transitorias especiales en materia de procesos de
insolvencia, en el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica
Decreto
561 del 15 de abril de 2020
Por
el cual se adoptan medidas transitorias en materia de cultura en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto
562 del 15 de abril de 2020
Por
el cual se adoptan medidas para crear una inversión obligatoria temporal en
títulos de deuda pública, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica
Decreto
563 del 15 de abril de 2020
Por
el cual se adoptan medidas especiales y transitorias para el sector de
inclusión social y reconciliación, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica
Decreto
564 del 15 de abril del 2020
Por
el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios
del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica
Decreto
565 del 15 de abril de 2020
Por
el cual se implementa una medida temporal con el fin de proteger los derechos
de los beneficiarios del Servicio Social Complementario, denominado
Beneficios Económicos Periódicos BEPS, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica
Decreto
567 del 15 de abril de 2020
Por
el cual se adoptan medidas para proteger los derechos fundamentales de los
niños, las niñas y los adolescentes y se asignan a los procuradores
judiciales de familia funciones para adelantar los procesos de adopción, como
autoridades jurisdiccionales transitorias, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto
568 del 15 de abril de 2020
Por
el cual se crea el impuesto solidario por el COVID 19, dentro del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica dispuesto en el Decreto Legislativo
417 de 2020
Decreto
569 del 15 de abril de 2020
Por
la cual se adoptan medidas sobre la prestación del servicio público de
transporte y su infraestructura, dentro del Estado de Emergencia, Económica,
Social y Ecológica
Decreto
570 del 15 de abril de 2020
Por
el cual se adoptan medidas relacionadas con la creación de un apoyo económico
excepcional para la población en proceso de reintegración en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto
571 del 15 de abril de 2020
Por
el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal
de 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación, en el marco del Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto
572 del 15 de abril de 2020
Por
el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal
de 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación, en el marco de la
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de
2020
Decreto
573 del 15 de abril de 2020
Por
el cual se establecen medidas de carácter tributario en relación con el Fondo
Agropecuario de Garantías, en el marco de la Emergencia Económica, Social y
Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020
Decreto
574 del 15 de abril de 2020
Por
el cual se adoptan medidas en materia de minas y energía, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto
575 del 15 de abril de 2020
Por
el cual se adoptan medidas para mitigar los efectos económicos generados por
la pandemia Coronavirus COVID-19 en el sector transporte e infraestructura,
en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica
Decreto
576 del 15 de abril de 2020
Por
el cual se adoptan medidas en el sector de juegos de suerte y azar, para
impedir la extensión de los efectos de la pandemia de Covid-19, en el marco
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto
579 del 15 de abril de 2020
Por
el cual se adoptan medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y
contratos de arrendamiento, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica
Decreto
580 del 15 de abril de 2020
Por
el cual se dictan medidas en materia de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica
Decreto
581 del 15 de abril de 2020
Por
el cual se adoptan medidas para autorizar una nueva operación a la Financiera
de Desarrollo Territorial S.A - Findeter, en el marco de la Emergencia
Económica, Social y Ecológica
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS Y
ALBERTO
ROJAS RÍOS
A
LA SENTENCIA C-145/20
La anormalidad no puede llevar a “una
tierra de nadie entre el derecho público y el hecho político, y entre el orden
jurídico y la vida (…). Solo si el velo que cubre esta zona incierta es
removido podremos comenzar a comprender lo que se pone en juego (…) en la
supuesta diferencia entre lo político y lo jurídico y entre el derecho y lo
viviente”[474].
1.
La Corte ha perdido una valiosa oportunidad para
evitar que el Gobierno de la crisis se transforme en la regla general, cuando
debe ser la excepción más reducida del Estado constitucional de derecho[475].
2.
Las facultades del ejecutivo durante los estados
de excepción implican un Gobierno no arbitrario al estar sujeto a límites
procedentes de las constituciones que disciplinan la forma de ejercicio del
poder y de los tratados internacionales que circunscriben su capacidad interna
de decisión. El uso del margen de discrecionalidad no puede ser sobrepasado ni
excedido por el Gobierno de turno, aunque parezca en sí mismo legítimo, de lo
contrario aboca a un riguroso y exhaustivo control político y jurídico.
3.
Preocupa a quienes suscribimos parcialmente el
voto estar asistiendo a una crisis del paradigma constitucional consistente en
la subordinación de las libertades, derechos y garantías a la sola economía y
al utilitarismo. Y, peor aún, a la inversión de la jerarquía democrática de los
poderes[476].
Por ello, debe impedirse que el Estado de derecho entre en cuarentena.
4.
Evitar distorsionar la figura de los estados de
excepción para convertir lo extraordinario en ordinario es un mandato de toda
democracia para prevenir la concentración y el abuso de poder. La importancia
de las limitaciones al poder ejecutivo permite garantizar el rápido retorno al
orden y al equilibrio turbado, como expresión del Estado de derecho que
propende por el correcto funcionamiento del Congreso durante el periodo de
emergencia.
5.
Tomar en serio el papel del Tribunal
Constitucional involucra para periodos extraordinarios un control judicial
efectivo que exponga un papel precavido -no descuidado-, holístico -no
reduccionista-, empírico -no alejado de la realidad- y omnicomprensivo -no
relativizado a una sola parte-[477].
6.
Quizá por resultar en principio evidente la
crisis generada por el COVID-19 sería permisible el ejercicio de todo tipo de
atribuciones sin límites ni restricciones constitucionales, a la manera de una
carta blanca al empleo de potestades ilimitadas, confundiendo así la causa de
la declaración con el ejercicio de cada una de las medidas adoptadas, lo cual
no es más para la doctrina que una falacia de la causa falsa o de la
composición y división[478].
7.
Nos preocupa la tutela judicial de los derechos
humanos y su garantía individual y colectiva al resultar seriamente
comprometidas en el estado de emergencia, donde el transcurso del tiempo corre
en contra del papel activo y el ejercicio real de los controles político y
jurídico, conforme al diseño constitucional y legal.
8.
Dos son en esencia los puntos que nos llevaron a
salvar parcialmente el voto en esta oportunidad: uno, que se ha debido
exhortar al Congreso de la República para ejercer de manera oportuna y efectiva
el control político, las atribuciones de revisión de los decretos legislativos
y las competencias ordinarias, además de la importancia de rescatar los
derechos de la oposición; y, otro, consistente en que la Corte asumiera
la competencia para examinar los decretos ejecutivos ordinarios que dispusieron
el aislamiento preventivo obligatorio por corresponder a decretos con contenido
material de ley y relacionados intrínsecamente con la declaratoria del estado
de emergencia.
9.
Estos puntos fueron incluidos en la parte motiva
y resolutiva de la ponencia presentada, pero obviados por la mayoría de la Sala
Plena, y de ahí la razón de ser del presente salvamento parcial de voto[479].
(i) El Congreso de la República no puede hibernar en tiempos de emergencia[480]
10.
La libertad de expresión y difusión del
pensamiento, la de informar y recibir información veraz e imparcial, garantizan
la formación de la opinión libre como presupuesto de toda democracia
constitucional. El control del poder público y el derecho a la oposición se
desarrollan a favor de la ciudadanía para garantía de los principios de
transparencia, publicidad y rendición de cuentas de quienes ejercen el poder
político.
11.
En periodos de excepción donde el Gobierno
nacional ha concentrado mayor poder del que tiene en tiempos de normalidad
institucional, resulta fundamental que el órgano democrático por excelencia
-Congreso de la República- cumpla incluso un papel más dinámico e intenso que
el del ejercicio corriente de sus funciones. Cuanto mayor sea la gravedad del
estado de emergencia en el que se encuentre el país, mayor habría de ser el
control y coparticipación del Congreso para sortear la crisis generada.
12.
El funcionamiento de los demás poderes del
Estado no puede interrumpirse, ya que la Constitución impone frenos y
contrapesos para la realización de los fines del Estado, dotando de legitimidad
democrática a las medidas legislativas que adopte el ejecutivo dentro del
estado de excepción. La democracia expone a través del pluralismo y la participación
que las minorías y la oposición cuenten con espacios de reflexión e
interlocución. Menos podría escapar al control del Estado de derecho en sus
ámbitos político y jurisdiccional.
13.
Sin embargo, en Colombia el poder legislativo ha
estado prácticamente clausurado respecto de la crisis económica y social
por grave calamidad pública sanitaria declarada por el Gobierno nacional (17 de
marzo, Dcto. 417/20), para algunos sumido en un letargo respecto de la
toma de decisiones -73 decretos legislativos se expidieron con la primera
declaratoria- por el ejecutivo extraordinario.
14.
Como se desarrollará con precisión más adelante,
no se observa el estricto cumplimiento a la Constitución, la ley estatutaria de
los estados de excepción (137/94) y la ley orgánica del Congreso de la
República (5/92), que prevén la intervención del poder legislativo durante el
estado de emergencia con la necesaria inmediatez y eficacia, por
ejemplo, respecto al examen del informe motivado rendido por el Gobierno sobre
las causas que determinaron la declaración y las medidas adoptadas, y el
pronunciamiento sobre la conveniencia y oportunidad sobre las mismas, así
mismo, el ejercicio de la facultad de reformar, derogar o adicionar las
medidas, además, el uso de las atribuciones ordinarias, v. grat.
impreparación física del sistema de salud colombiano (Dcto. 417/20). Si hay una
ocasión en que resulta apremiante el control congresual es precisamente durante
el estado de excepción, como sucede en la mayoría de parlamentos de países
europeos atendiendo sus particularidades.
15.
La regla para sesionar del parlamento es la
presencialidad. Ciertamente la virtualidad es una herramienta, pero en realidad
de verdad ella solo podría ser residual y ultima ratio. El centro de la
democracia es el parlamento; la luz de la inteligencia y la contradicción
tienen su epicentro en el congreso de la república; la sede de los debates, de
la deliberación, en fin, el corazón del Estado democrático de Derecho.
Bien podría decirse que en tiempos de crisis, la garantía de la pervivencia de
la democracia, sólo es posible con un congreso reunido, deliberante, agudo,
tomando el pulso y la dimensión a cada una de las medidas que el Gobierno en
función legislativa, tome y ejecute. Por ello se impone la ideación de fórmulas
creativas: por ejemplo, presencialidad y virtualidad, reunión presencial de
cabezas de bancadas, discusión presencial de las medidas más fuertes asumidas
por el gobierno, en fin, la idea que aquí se quiere trasparentar es que, sin
debates vivos, vigorosos, con clara interacción y contradicción, el papel del
Congreso es apenas una lánguida imagen de su grandeza y significado para la
vida del Estado Democrático de Derecho.  Como ha sostenido el profesor Aragón
Reyes y otros académicos: hay que ser creativos e imaginativos para hallar
fórmulas que permitan desarrollar la actividad parlamentaria[481]. La actitud del
Congreso ha de ser la del auténtico guardián de la democracia; un congreso
virtual es en alguna medida un Congreso apenas formal, que corre el riesgo de
ser acusado de exhibir una actitud pasota. Si apenas como en gran medida ha
sucedido, en la democracia solo se ve el actuar del gobierno, en tanto
el legislativo está en hibernación, se agiganta el hiperpresidencialismo, y
se desfigura el concepto de democracia perfilado en la Constitución.
16.
El debate y escrutinio democráticos no pueden
suplirse con las comparecencias televisivas diarias del Presidente de la
República y los ministros del gabinete. Bien está la presencia de la cabeza del
gobierno, haciendo pedagogía con las medidas que se toman; pero tal es un
cuadro incompleto, a medio hacer --si se toma la democracia en serio—si
no se escuchan las voces de las minorías y de la oposición.
17.
Incluso al parecer   las decisiones del Tribunal
Constitucional también estuvieran llegando tarde en la solución de los casos,
porque aunque se profieran dentro de los términos judiciales, dado el mar de
decretos legislativos expedidos, es necesario un rediseño procedimental que
facilite la función del juez constitucional frente a medidas legislativas que
se expongan con mayor claridad inconstitucionales y respecto de las cuales
finalmente la decisión llega cuando ha finalizado la vigencia del estado de
emergencia (30 días). Por ejemplo, de qué le sirve al contribuyente que sobre
una medida que impuso un tributo temporal y urgente, el Tribunal le diga que la
misma es inexequible, cuando la sentencia con efectos pro futuro, llega
meses después de haberlo consignado a la hacienda pública.
18.
Es menester para la garantía y buena salud de la democracia
constitucional que el Congreso ejerza un robusto y pleno control político[482],
las funciones habilitadas durante el estado de excepción[483]
y las atribuciones ordinarias (arts. 150 superior)[484].
19.
La Corte ha debido revisar si el Gobierno envío al
Congreso de manera oportuna el informe sobre las causas que condujeron a la
declaratoria del estado de excepción. Es la primera acción que debía ocurrir
para activar los controles de las cámaras legislativas, de tal manera que al
tiempo que se llevaba a cabo el control de la Corte, se cumpliera también el
examen político por las cámaras. Sin embargo, el informe al Congreso solo llegó
casi un mes y medio después de la declaratoria del estado de emergencia. El
Decreto 417 es del 17 de marzo y solo hasta el 30 de abril de 2020 se radicó el
informe gubernamental en el Congreso.
20.
En la sentencia C-145 de 2020 no se dio argumento
alguno sobre esta exigencia constitucional, ni se advirtió que el Congreso ha
estado sometido a las reglas de aislamiento preventivo obligatorio al existir
la prohibición de reuniones de más de 50 personas, vulnerando lo dispuesto en
el artículo 214 superior, que dispone para los demás estados de excepción
algunas reglas generales que resultan extensivas para este inédito estado de
emergencia, al señalar: “en los estados de excepción (…) no se interrumpirá
el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del
Estado” (art. 214.3).
21.
Lo que en la práctica ha ocurrido es que el Congreso ha
sido sometido a cuarentena, según se había señalado. Si bien se han realizado
sesiones virtuales no han tenido la misma intensidad y fuerza de control
político que exigen las medidas para conjurar la pandemia. La Corte, por ende, ha
debido exhortar al Congreso a la revisión exhaustiva de cada uno de los
decretos legislativos, en la medida que la Constitución[485] lo habilita para derogar, modificar o adicionar los decretos
expedidos en desarrollo del estado de excepción.
22.
El abanico de decretos legislativos expedidos supera
numéricamente y en incidencia los escasos proyectos de ley que se han aprobado
en las sesiones virtuales del Congreso[486]. La pandemia ha sido empleada para activar un legislador
excepcional que ha expedido un sinnúmero de decretos con un impacto real y de
cambio en nuestro ordenamiento jurídico, pues el estado de excepción reviste
como característica que los decretos expedidos tienen vocación de permanencia,
por lo que se hacía necesario el exhorto al Congreso a fin de que activara la
revisión, los controles y no perdiera peso en la definición de las leyes en el
país.
23.
De igual manera, la Corte en la decisión proferida ha
debido dar claridad al Congreso sobre estas medidas, a saber: ¿cómo debe
interpretarse el límite temporal que impone el artículo 215 de la
Constitución?, ¿cómo debe entenderse el año siguiente a la declaratoria?, ¿se
empieza a contabilizar a partir del inicio de la próxima legislatura? O por el
contrario, ¿es el año calendario inmediatamente siguiente a aquel de la
declaratoria?, es decir, el 2021.
24.
Encontrar respuestas sustanciales y permanentes a la
grave situación del COVID-19 es una labor primordial del Congreso, por lo que
no puede quedar relegada a la asunción indefinida del Gobierno a través de los
estados de excepción, sino que con las experiencias ganadas en el tiempo deben
enfrentarse a través de la normalidad institucional.
25.
Los cambios permanentes de la legislación no deben introducirse
como regla general mediante normas de excepción[487]. Constituye
una obligación ineludible la no interrupción de las
sesiones del Congreso, pues su ausencia así fuere ocasional del escenario
nacional no solo demacra el perfil del Estado democrático, sino que puede
convertirse en un acicate para el abuso de las competencias por el ejecutivo de
emergencia. Ello se hace más evidente en regímenes fuertemente
presidencialistas como el nuestro, donde además los derechos de la oposición[488] pueden verse intensamente restringidos.
26.
Cuando la excepcionalidad dificulta la reunión del
Congreso, tanto el ejecutivo como aquel, deben colaborar para que el control
político se pueda cumplir cuanto antes y de manera eficaz. Es necesario
alentar al Congreso para que ejerza con prontitud y eficacia las funciones
atribuidas por el estado de excepción y las que corresponden a la normalidad
institucional.
27.
Con base en lo expuesto resultaba de la mayor
importancia que la Corte hubiere exhortado al Congreso de la República para que
ejerciera   con prontitud y eficacia las funciones atribuidas por el estado de
excepción declarado por Decreto 417 de 2020 y las que corresponden a la
normalidad institucional. Quizás la culminación de todo lo no deseable resulte
ser que el Gobierno sea quien diga al Congreso si puede reunirse o no, cuando
la Carta Política le manda en su artículo 215.7 que, si no fuere convocado a congregarse,
deberá reunirse por derecho propio[489].
28.
La voz de la oposición debe estar
garantizada y gozar de los mismos espacios de audiencia que posea quien
encabeza el control de la emergencia[490]. Verificado lo extraordinario y su
aparecimiento súbito, junto con las medidas excepcionales del ejecutivo debe
empezar la confección de los remedios de largo alcance -proyectos de ley-,
además de la iniciativa legislativa sobre la materia, a fin de que el Congreso
delibere y apruebe todas y cada una de las medidas necesarias. Una de las
primordiales tareas de quien legisla al amparo de la excepcionalidad es
recuperar el orden constitucional temporalmente alterado por las
circunstancias extraordinarias y, por ello, no puede haber emergencia legítima
sin Congreso reunido coetáneamente[491].
29.
El legislador no precisa de autorizaciones
gubernamentales ni judiciales para reunirse presencialmente a deliberar, pues,
su competencia viene dada por la propia Carta Política; es más, es un
imperativo que se reúna y valore el rumbo de las medidas de emergencia.
Allí en la sede del debate democrático las medidas del ejecutivo extraordinario
podrán ser objeto del necesario control y modificación, por lo cual se
alzaprima la necesidad de garantizar también los derechos de la oposición[492], pues la garantía de los contrapesos es de inusitada importancia
para la pervivencia de la democracia misma[493].
30.
La Constitución y la ley orgánica entregan al
Congreso una serie de mecanismos como los mensajes de urgencias, la
insistencia, la solicitud de sesiones conjuntas, entre otras, que facilitan
aprobar con oportunidad las leyes correspondientes para hacerle frente a la
pandemia del COVID-19, sin menoscabar los principios democrático, de
publicidad, de participación, pluralista y de equilibrio entre los poderes.
31.
Finalmente, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos a través la Resolución 1/2020, reafirmó
“el rol fundamental de la independencia y de la actuación de los
poderes públicos y las instituciones de control, en particular de los poderes
judiciales y legislativos, cuyo funcionamiento debe ser asegurado aún en
contextos de pandemia.”[494].
En este mismo sentido, el Consejo de Europa sostuvo que los parlamentos “deben
conservar la facultad de controlar la acción del ejecutivo, en particular verificando,
a intervalos razonables, si las facultades de emergencia del ejecutivo siguen
estando justificadas, o interviniendo de manera puntual para modificar o anular
las decisiones del ejecutivo”[495].
(ii) Elusión constitucional respecto de los decretos ejecutivos
de aislamiento preventivo obligatorio
32.
La sedicente medida de limitación de la
libertad de circulación prevista en los decretos ejecutivos expedidos ¿es una
restricción del derecho fundamental o más bien una suspensión del mismo, que
arrastra además la de otros derechos fundamentales como el de reunión o el de
manifestación?
33.
El estudio del Decreto 417 de 2020 imponía la
necesaria revisión formal y material de todo el elenco de medidas que el
Presidente de la República había decretado, entre ellos: i) los decretos que
establecen medidas que persiguen conjurar la crisis y sometidos al control
automático de la Corte[496]; ii) los decretos ejecutivos como desarrollo de los decretos
legislativos cuyo control está asignado al Consejo de Estado[497]; y iii) los decretos que tienen contenido material de ley pero que
han sido expedidos formalmente en desarrollo de las competencias del artículo
189 constitucional.
34.
En el marco del estado de excepción declarado,
el presidente de la república ha expedido normas en desarrollo de las medidas
extraordinarias y normas propias para períodos ordinarios. En este último
destacamos los decretos 457 del 22 de marzo, 531 del 8 de abril, 536 del 11 de
abril, 593 del 24 de abril y 636 del 6 de mayo de 2020, que disponen el aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes del territorio
nacional por períodos consecutivos, que van desde el 20 de marzo del presente
año y, al día de la publicación de este salvamento, siguen rigiendo en la mayor
parte del territorio nacional, con la liberación de algunos sectores de la
producción.
35.
Los comunes denominadores de los decretos son:
i) se expiden en virtud de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19
y el mantenimiento del orden público, ii) tienen fundamento normativo en el
numeral 4 del artículo 189, los artículos 303 y 315 de la Constitución y el
artículo 199 de la Ley 1801 de 2016 y iii) son firmados por el presidente de la
República y la mayoría de los ministros(a)s del gabinete (en promedio de 12 a
14).
36.
Una aproximación formal a la solución del caso
sugiere que por las disposiciones legales invocadas para la expedición de los
decretos no se encontrarían en principio dentro de las competencias que le
corresponden a este Tribunal[498], por lo que su conocimiento estaría en cabeza de la jurisdicción
contencioso administrativo. Sin embargo, un acercamiento material, conforme al
principio de prevalencia del derecho sustancial[499] y las
subreglas jurisprudenciales de esta Corporación, implica que debe entrar a
determinar si la sola referencia textual y formal a la normativa resulta por sí
misma suficiente para concluir inequívocamente que estamos ante decretos
ordinarios o ejecutivos, o si por el contrario estamos en frente de decretos
con fuerza material de ley.
37.
La jurisprudencia de la Corte ha expuesto que en hipótesis
excepcionales el juez constitucional está facultado para ampliar el espectro
del juicio de validez, pudiendo alterar el alcance y los términos del examen[500].
Particularmente, en la sentencia C-280 de 2014[501] se señaló que, debido a la supremacía y fuerza vinculante de la
Carta Política, todo acto normativo debe ser susceptible de control
constitucional, precisando que las indeterminaciones que surjan cuando un acto
no pueda ubicarse directamente en el catálogo de categorías previstas en los
artículos 237 y 241 de la Constitución, deben ser superadas a partir de una
interpretación armónica y finalista[502].
38.
La sentencia C-429 de 2019 reiteró la línea
jurisprudencial sobre las competencias especiales o atípicas de la Corte
Constitucional, trayendo a colación las sentencias C-049 de 2012, C-400 de 2013
y C-352 de 2017 las cuales recaban que la competencia de este Tribunal para el
control abstracto es principal, mientras que las atribuciones del Consejo de
Estado son residuales (art. 237 C. Pol.)[503].
39.
Con base en lo expuesto a partir de una
interpretación sistemática y teleológica la Corte en la sentencia C-145 de 2020
ha debido concluir que efectivamente los decretos que contemplaron las medidas
del aislamiento preventivo obligatorio tienen contenido o fuerza material de
ley, pues limitan derechos fundamentales. Ello se soportaba en principio en las
siguientes razones:
40.
La preceptiva expedida dispone en el artículo 1º
el “aislamiento preventivo obligatorio” de todas las personas habitantes
del territorio nacional, por un tiempo determinado se ha venido prolongando
sucesivamente y en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la
COVID-19, precisando que para alcanzar tal objetivo “se limita totalmente la
libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las
excepciones (…)”[504]. Así mismo, es factible avizorar a
través del conjunto de decretos expedidos que ha transcurrido un tiempo
aproximado de más de dos meses de confinamiento.
41.
Es claro que la medida del aislamiento
compromete en esta oportunidad libertades y derechos fundamentales sensibles
para la democracia constitucional y el Estado de derecho[505] como lo son principalmente la libre circulación[506], reunión[507],
asociación[508],
trabajo[509],
igualdad[510].
Tales decretos tienen materialmente un fuerte contenido de ley, dado que, en
primer lugar, según el artículo 24 superior las limitaciones a circular
libremente por el territorio nacional se establecerán por la “ley”, lo cual
resulta concordante con la jurisprudencia constitucional que ha determinado que
las restricciones a las libertades fundamentales están en principio reservadas
al Congreso[511].
De este modo, la potestad reglamentaria del ejecutivo no puede invadir la
órbita del legislador ordinario (art. 150 superior), ni tocar el núcleo básico
del derecho o la libertad fundamental (estatutaria, art. 152 superior).
42.
Por otro lado, el poder de policía también tiene
reserva de ley al regular las libertades públicas en relación con objetivos
como la salubridad[512], aunque el Decreto 780 de 2016[513] refiera al aislamiento y cuarentena. En la sentencia C-511 de 2013[514] se señaló que el principio de reserva de ley “comporta que, por
regla general, corresponde al Congreso expedir normas restrictivas o que
limitan libertades y derechos ciudadanos, que guarden relación con el
denominado motivo de policía, esto es, `todos aquellos hechos o circunstancias
que en cualquier forma atentan contra el orden público, bien sea en forma
directa o como resultado del abuso en el ejercicio del correspondiente derecho
o libertad`”[515].
43.
Sostuvo la Corte que aun cuando el ejecutivo
estaba facultado para adoptar medidas tendientes a regular ciertos derechos y
libertades públicas, entre ellas, la libertad de locomoción, lo debía hacer “sin
desconocer el principio de reserva general de ley en materia de limitación de
derechos fundamentales”. Así coligió que el principio de reserva legal le
permite al Congreso establecer limitaciones al ejercicio de derechos
constitucionales, mediante la adopción de normas generales de policía,
destinadas a preservar el orden público. Ello le llevó a exhortar al Congreso
para que se expidiera un nuevo Código de Policía[516].
44.
De otro lado, libertades como la de locomoción
vienen en esta oportunidad a ser objeto de limitaciones intensas por los
decretos en cuestión al reconocerse que se restringe de forma absoluta,
en todo el territorio de la República y tiempos sucesivos (dos meses de
confinamiento). Debe precisarse que estas consideraciones no buscan
deslegitimar ni invalidar la pertinencia y proporcionalidad o no de las medidas
adoptadas por el Gobierno para contrarrestar la emergencia, sino rescatar
las competencias de este Tribunal ante una elusión constitucional.
45.
Asimismo, los decretos en cuestión fueron
expedidos en virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19[517] y el mantenimiento del orden público. Además, debe destacarse que
una de las medidas más importantes que reconoce y visualiza el Decreto 417 de
2020 para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, es
precisamente el aislamiento preventivo obligatorio, por lo que se hubiere
esperado del Gobierno que tal medida al comprometer de manera múltiple y en sus
contenidos básicos las libertades y los derechos hubiera sido adoptada en el
marco jurídico del estado de emergencia y no a través de vías de escape
como las competencias ordinarias del ejecutivo que ahora sí se exponen céleres
y efectivas frente al principio de subsidiariedad, cuando los periodos de
excepción exponen de suyo afugias para el marco de los derechos humanos y las
garantías ciudadanas.
46.
Adicionalmente, como lo ha sostenido la Corte,
es un deber de primer orden pronunciarse de manera automática e integral sobre
los actos dictados con ocasión del decreto matriz[518], ya que si el Gobierno nacional no remite a la Corte al día
siguiente a su expedición los decretos que profiera en uso de las facultades
extraordinarias[519], podrá aprehenderlos de oficio de manera inmediata.
47.
Por último, tampoco se observa una regulación
legal específica o de habilitación que determine las condiciones bajo las
cuales el Gobierno podría llevar a cabo la reglamentación de la libertad de
locomoción, entre otros derechos, en la manera en que ha ocurrido con los
decretos sub examine[520].
De ninguna de las disposiciones, ni de las otras que se invocan en los
considerandos de los decretos, se desprende la existencia de un mínimo de
regulación que hiciera posible identificar los presupuestos a las cuales debe
sujetarse el presidente de la Republica para establecer las limitaciones
intensas sobre la libertad de locomoción, entre otros. En ese sentido, los
decretos han tenido por objeto no solo materializar la función de policía, sino
también establecer las reglas a las que se somete su ejercicio.
48.
Adicionalmente, la Constitución prevé el
requerimiento de que concurran todos los ministros únicamente cuando se trata
i) del decreto por medio del cual se convoca al pueblo en consulta popular
nacional (arts. 104 C. Pol. y 33 de la Ley 1757 de 2015) y ii) de los decretos
legislativos adoptados en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 212, 213
y 215 de la Constitución. A su vez el control judicial de tales decretos se
encuentra asignados a la Corte Constitucional según lo previsto en los
numerales 3 y 7 del artículo 241 de la Constitución.
49.
Si bien la circunstancia anotada no constituye
por sí misma una razón definitiva para definir que estamos ante una norma con
fuerza material de ley, sí tiene un valor indicativo que, sumada a las
consideraciones plasmadas, permiten reforzar la conclusión. Por lo tanto, era
necesario disponer la revisión oficiosa de los decretos 457, 531, 536, 593 y
636 de 2020 que establecen medidas temporales de aislamiento preventivo
obligatorio, y con ello solicitar al Presidente de la República que dentro de
los tres días siguientes a la notificación de la sentencia enviara
inmediatamente a esta Corporación el texto de los decretos mencionados,
cumplido lo cual la Secretaría General de la Corte procedería a la radicación
del asunto acumulado y al reparto por la Sala Plena.
50.
Por último, debe anotarse que son variados los
tipos de actos de que se ha valido el Gobierno para regular el aislamiento
preventivo obligatorio y si bien hasta ahora están siendo conocidos por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, de suyo tal ejercicio inicial no
desplaza la necesaria discusión constitucional que debe generarse sobre el
conflicto competencial que se presenta.
51.
Finalmente, quienes salvamos parcialmente el
voto queremos resaltar la necesidad de mantener en principio un estándar
estricto de control judicial sobre los decretos expedidos en virtud del estado
de excepción. Una prolongación indefinida del estado de emergencia
resulta inadmisible, dado que todas las legislaciones tienen un inicio y un
final conocida como la “cláusula del atardecer”[521]. Menos puede concebirse
que los “criterios de eficacia” puedan terminar por prevalecer en un todo sobre
el principio de subsidiaridad[522].
Blunstchli señalaba que: “el derecho de excepción existe solamente
donde existe un estado excepcional, pero nunca debe crear un nuevo derecho
normal”[523].
En lugar de que la excepción confirme la regla, la excepción se convierte
en la regla[524].
52.
También debía realizarse un llamado a prevención
al Gobierno nacional por un enfoque solidario, de derechos humanos y de
cooperación internacional. Era necesario enfatizar en la protección central
a la salud, vida y seguridad de las personas, tomar medidas especiales a favor
de poblaciones vulnerables, desarrollar unas políticas con enfoque diferencial,
mantener la interdependencia de los derechos humanos, tener en cuenta los
principios de igualdad y no discriminación, observar la transparencia y la
información, además de la importancia de los demás derechos comprometidos, a saber,
el trabajo, la educación, la subsistencia, entre otros[525].
Fecha ut supra,
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS           ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado                                                         Magistrado
ACLARACIÓN DE
VOTO DE LA MAGISTRADA
DIANA
FAJARDO RIVERA
A
LA SENTENCIA C-145/20
Referencia: Expediente RE-232
Revisión de constitucionalidad del
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, “por el cual se declara un estado de
emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional”.
Magistrado ponente:
José Fernando Reyes Cuartas
1.
Acompaño
la decisión adoptada por la Sala Plena en la Sentencia C-145 de 2020
relacionada con la exequibilidad del decreto que declaró el estado de
emergencia para afrontar la grave crisis que el país y el mundo vive a causa del
virus SARS-CoV-2 y de la enfermedad COVID-19. No obstante, aclaro mi voto para
resaltar el peso y la importancia del papel que el Congreso de la República
debe cumplir en el control de las medidas de excepción expedidas con ocasión de
la pandemia.
2.
Para
enfrentar la envergadura de toda emergencia, en especial una de carácter
multidimensional como la actual, por mandato constitucional se requiere un
control jurídico constitucional por parte de esta Corporación y del Consejo de
Estado, y un control político en cabeza del Congreso de la República. A pesar
de este imperativo, la postura mayoritaria de la Sala Plena se orientó por
limitarse a verificar que el Congreso de la República estuviera en periodo de
sesiones, como si dicha circunstancia fuera suficiente para garantizar la
activación del sistema de pesos y contrapesos. No se subrayó, como
correspondía, la importancia del control político del Congreso no solo sobre la
declaratoria de la emergencia, sino de los decretos que la desarrollan.
3.
Por
regla general, la producción de legislación obedece al diseño de un acto
jurídico complejo por medio del cual no solo los poderes públicos del Estado
(Legislativo, Ejecutivo y Judicial) intervienen en distintas etapas sino
también los órganos de control y la ciudadanía. En este proceso, por supuesto,
el Congreso ocupa un papel protagónico, en tanto es el foro de representación
política y deliberación democrática nacional por excelencia. Con la activación
de un estado de excepción en la modalidad de emergencia económica, social y
ecológica contemplada en el artículo 215 de la Constitución, el poder Ejecutivo
asume funciones legislativas por un lapso determinado. La temporalidad y
asunción de competencias de forma alguna se puede traducir en la anulación del órgano
de representación democrática. De hecho, el artículo 215 contempla elementos
formales y materiales que deben verificarse con especial cuidado al momento de
activar y revisar la constitucionalidad de un estado de excepción como el que
persigue el Decreto 417 de 2020.
4.
Como
ampliamente lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, el objetivo de la
convocatoria al Congreso se orienta a la materialización del control político
que compete realizar al poder Legislativo sobre la declaración de un estado de
emergencia constitucional. En palabras del precedente jurisprudencial de esta
Corte, este deber “… tiene como propósito posibilitar el control político
específico que sobre el Gobierno le corresponde ejercer al Congreso de la
República en un régimen democrático; y, simultáneamente, realizar el principio
democrático que, en desarrollo de la separación de los poderes y del mandato de
representación, requiere del funcionamiento normal del Congreso de la República.”[526]
5.
En
cuanto a los presupuestos formales, en las consideraciones de la presente
providencia se expone que “La Constitución exige del Gobierno en el decreto
declaratorio de emergencia que convoque al Congreso, si no se hallare reunido,
para los 10 días siguientes al vencimiento del término de vigencia. Ello es
indispensable al permitir al Congreso examinar el informe motivado que le
presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el estado de emergencia
y las medidas adoptadas, debiendo pronunciarse expresamente sobre la
conveniencia y oportunidad de las mismas.”[527] Lamentablemente,
la sentencia solo verificó el cumplimiento de uno de ellos como pasaré a
explicar.
6.
Del
texto transcrito subyacen dos elementos. De un lado la convocatoria del
Congreso en el caso que no se encontrare reunido y del otro la presentación de
un informe motivado ante esta institución, por medio del cual se expliquen las
razones que llevaron al poder ejecutivo a la asunción de competencias
legislativas de emergencia. En el presente caso, el análisis de la sentencia se
limitó a verificar que en efecto el Congreso se hallaba en el segundo periodo
de sesiones ordinarias que van desde el 16 de marzo (un día antes de la
declaratoria de la emergencia) al 20 de junio de 2020. La presente sentencia no
presenta valoraciones del cumplimiento de la obligación del Ejecutivo de
informar al Congreso sobre la conveniencia política de sus acciones.
7.
Comparto
con la Sala que la verificación formal debe limitarse a constatar que el
Congreso se encontrare ejerciendo sus funciones. Por tal razón, comparto que se
cumplió con una de las exigencias formales atrás señaladas. No obstante, en
ninguna parte de la providencia se advierte la verificación de la existencia
del “informe motivado” al Congreso para que procediera a ejercer el
control político de la declaratoria de emergencia. Este requisito es de rango
constitucional y ante la Corte Constitucional no se verificó la existencia del
informe. De hecho, en la etapa de recolección de pruebas, el despacho del
Magistrado sustanciador solicitó a la Presidencia de la República que
relacionara “… las medidas ordinarias adoptadas por el Gobierno nacional
(entre otras, acudir ante el Congreso de la República) para atender la pandemia
COVID-19”.[528]
8.
La
respuesta del Gobierno se limitó a enlistar todas las medidas que fueron
adoptadas antes de la declaratoria de la emergencia. La lista abarca 17 folios,
en los cuales se citan resoluciones, comunicaciones, circulares, entre otros
actos administrativos con la salvedad que ninguno de ellos responde a la
pregunta, que precisamente la Corte le solicitó en relación a la importancia de
acudir al Congreso de la República. Revisado el resto del expediente, no hay
constancia de la existencia del informe ante el órgano de representación
popular. Este importantísimo vicio formal fue pasado por alto, razón por la que
la Corte Constitucional en futuras revisiones de asuntos similares debería
verificar con estricto cuidado este requerimiento.
9.
La
exigencia de la convocatoria y el informe motivado cumplen una función esencial
porque, en el diseño del artículo 215, el Constituyente de 1991 determinó la
importancia de establecer dos filtros o controles  a la activación del estado
de excepción. Uno de naturaleza política en cabeza del poder Legislativo y otro
jurídico a cargo de la Corte Constitucional. En cuanto al filtro del control
político, la norma contempla dos términos perentorios: de un lado determina un
máximo de 10 días para que se convoque al Congreso (en caso de que no estuviere
reunido) y del otro 30 días prorrogables por el acuerdo de las dos cámaras,
para estudiar el informe motivado. En este informe, conforme a la Constitución,
el Gobierno tiene que explicar las “causas” y fundamentar cada una de
las medidas adoptadas para conjurar la crisis y en especial justificar tanto la
“conveniencia” como la “oportunidad” de haber activado los
poderes de excepción.
10.
Esta
Corporación, en la Sentencia C-216 de 2011 reiteró su doctrina sobre el
carácter reglado, limitado y restringido de la potestad extraordinaria del
gobierno para dictar leyes en los estados de excepción. Las restricciones
constitucionales y legales se derivan de la experiencia histórica que se
produjo tras la utilización indiscriminada de los estados de excepción durante la
vigencia de la Constitución de 1886, en donde se vivía en un estado de
permanente anormalidad institucional precisamente por la excesiva activación de
los poderes de excepción.[529]
11.
A
lo largo del siglo XX, y en especial de la segunda mitad, Colombia vivió en
casi permanente estado de excepción. De hecho, varios representantes de
facciones liberales, conservadoras y progresistas ante la Asamblea Nacional
Constituyente reconocieron que habían crecido y formaban parte de una
generación gobernada por un estado de excepción. Sobre el particular, se afirmó
lo siguiente: “En los últimos 42 años, el país ha vivido 37 años en estado
de sitio, convirtiendo una medida excepcional en un régimen permanente, pues de
la Constitución, el único artículo cuya aplicación debería ser la excepción, es
el artículo de más permanente aplicación".”[530]  Como se
puede constatar no solo en la fuente citada, sino a lo largo de la revisión de
los debates de esa época, el Constituyente de 1991 era consciente de la
necesidad de regular estrictamente la utilización de los poderes de excepción.
Hay suficiente evidencia de la aversión frente a esta forma de ejercer el poder
público que alcanzó a enquistarse en la praxis nacional y que con la
Constitución de 1991 logró controlarse eficientemente.[531]
12.
Desde
el 17 de marzo de 2020, el Ejecutivo, ante un hecho imprevisible, activó los
poderes legislativos que le otorga la Constitución para actuar frente a una
emergencia de alto calado. Por tal razón, he acompañado la postura mayoritaria.
No obstante, la sentencia que permite la apertura de una caja de Pandora
normativa como la que se pretende para hacer frente a la crisis, también debe
subrayar la importancia de contar con los pesos y contrapesos del poder
legislativo. En cabeza del Congreso está la función de ejercer un control
político por medio del cual el eje del análisis debe ser la “adecuación” de
las medidas. De ahí que el propio artículo 215 de la Constitución le otorgó la
posibilidad de “derogar”, “modificar” o “adicionar” los decretos
legislativos. Ante este poder público se deben canalizar todas las criticas
ciudadanas y técnicas sobre la calidad de las medidas. La discusión en el seno
del órgano de representación democrática resulta fundamental porque
precisamente el poder Ejecutivo asumió temporalmente las funciones principales
del Legislador.
13.
El
control constitucional de los decretos legislativos no puede y no debe
limitarse a la mera formalidad de que el Congreso se encuentre reunido o en
periodo de sesiones, sino que debe constatar la existencia de aspectos
materiales como la posibilidad efectiva de ejercer sus funciones. Nada
se afirma en la presente sentencia sobre las dificultades que generaron las
medidas de confinamiento ordenadas a la luz de la emergencia sanitaria para que
los senadores y representantes a la Cámara pudiesen ejercer el control político
de forma efectiva.
14.
Como
se puede apreciar, la Corte debió aprovechar esta valiosa oportunidad para
precisar el contenido y alcance de los controles al poder Ejecutivo en un
estado de excepción que responde a la crisis más grave que se ha presentado en
lo que va del siglo XXI.
Fecha ut supra.
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
[1]
Num. 2 punto 1, allegar comunicaciones OEA y ONU (Presidencia de la República).
Num. 2 punto 2 (presupuesto fáctico), acompañar Plan de Contingencia y medidas
de salud pública adoptadas hasta expedición decreto matriz (MinSalud); num. 2
punto 3, medidas económicas respecto a salud pública proferidas hasta
expedición decreto matriz (MinSalud y MinHacienda). Num. 2 punto 4 (presupuesto
valorativo), informar tasa de contagio, mortalidad y crecimiento exponencial en
el país, además de medidas de contención y mitigación (MinSalud, INS y
Dirección de Epidemiología y Demografía); num. 2 punto 5, impacto o déficit
presupuestal según sectores de la economía y medidas anunciadas como buscan
conjurar la crisis e impedir extensión de efectos (MinSalud y MinHacienda). Num.
2 punto 6 (presupuesto necesidad), medidas ordinarias adoptadas e insuficiencia
de las mismas (Presidencia de la República); num. 2 punto 7, medidas
monetarias, cambiarias y crediticias proferidas (Banco de la República). Num. 2
punto 8, allegar normas legales que resultan modificadas, derogadas o creadas
(Presidencia de la República). Num. 2 punto 9, informar cómo medidas anunciadas
resultan suficientes (MinHacienda). Num. 2 punto 9(sic), salvaguarda de los
derechos sociales del trabajador (MinTrabajo).
[2]
Según informe remitido por la Secretaría General el término de fijación en
lista venció el 20 de abril de 2020.
[3]
A continuación, no se presenta una síntesis exhaustiva del contenido de cada
una de las intervenciones. Se trata, por el contrario, de una breve referencia
a los aspectos importantes de cada una de estas. En el anexo 3, reitérese, se
encuentra un resumen más amplio de cada uno de los escritos.
[4]
Escrito recibido el 27 de marzo de 2020.
[5]
Escrito presentado el 13 de abril de 2020.
[6]
Escrito presentado el 20 de abril de 2020.
[7]
Escrito presentado el 20 de abril de 2020.
[8]
Escrito presentado el 15 de abril de 2020.
[9]
Escrito presentado el 31 de marzo de 2020.
[10]
Escrito presentado el 14 de abril de 2020.
[11]
Escrito presentado el 8 de abril de 2020.
[12]
Escrito presentado el 20 de abril de 2020.
[13]
Escrito presentado el 20 de abril de 2020.
[14]
Escrito presentado el 20 de abril de 2020.
[15]
Escrito presentado el 31 de marzo de 2020.
[16]
Escrito presentado el 29 de marzo de 2020.
[17]
Escrito presentado el 30 de marzo de 2020.
[18]
Escrito presentado el 31 de marzo de 2020.
[19]
Escrito presentado el 1° de abril de 2020.
[20]
Escrito presentado el 1° de abril de 2020.
[21]
Escrito presentado el 1° de abril de 2020.
[22]
Escrito presentado el 1° de abril de 2020.
[23]
Escrito presentado el 2 de abril de 2020.
[24]
Escrito presentado el 2 de abril de 2020.
[25]
Escrito presentado el 2 de abril.
[26]
Escrito presentado el 3 de abril de 2020.
[27]
Escrito presentado el 6 de abril de 2020.
[28]
Escrito presentado el 6 de abril de 2020.
[29]
Escrito presentado el 6 de abril de 2020.
[30]
Escrito presentado el 6 de abril de 2020.
[31]
Este organismo presentó sus consideraciones en dos ocasiones: el 6 y el 16 de
abril de 2020. La síntesis que se presenta a continuación reúne lo señalado en
ambos escritos.
[32]
Escrito presentado el 8 de abril de 2020.
[33]
Escrito presentado el 14 de abril de 2020.
[34]
Escrito presentado el 16 de abril de 2020.
[35]
Escrito presentado el 16 de abril de 2020.
[36]
Escrito presentado el 17 de abril de 2020.
[37]
Escrito presentado el 20 de abril de 2020.
[38]
Escrito presentado el 20 de abril de 2020.
[39]
Escrito presentado el 20 de abril de 2020.
[40]
Escrito presentado el 20 de abril de 2020.
[41]
Escrito presentado el 20 de abril de 2020.
[42]
Escrito presentado el 20 de abril de 2020.
[43]
Escrito presentado el 20 de abril de 2020.
[44]
Escrito presentado el 21 de abril de 2020 de forma extemporánea, ya que según
informe de la Secretaría General de la Corte el término de fijación en lista se
venció el 20 de abril de 2020.
[45]
Escrito presentado el 22 de abril de 2020 de forma extemporánea, ya que según
informe de la Secretaría General de la Corte el término de fijación en lista se
venció el 20 de abril de 2020.
[46]
Escrito presentado el 23 de abril de 2020 de forma extemporánea, ya que según
informe de la Secretaría General de la Corte el término de fijación en lista se
venció el 20 de abril de 2020.
[47]
Escrito presentado el 4 de mayo de 2020 de forma extemporánea, ya que según
informe de la Secretaría General de la Corte el término de fijación en lista se
venció el 20 de abril de 2020.
[48]
Escrito presentado el 7 de mayo de 2020 de forma extemporánea, ya que según
informe de la Secretaría General de la Corte el término de fijación en lista se
venció el 20 de abril de 2020.
[49]
Escrito presentado el 11 de mayo de 2020 de forma extemporánea, ya que según
informe de la Secretaría General de la Corte el término de fijación en lista se
venció el 20 de abril de 2020.
[50]
Escrito presentado el 12 de mayo de 2020 de forma extemporánea, ya que según
informe de la Secretaría General de la Corte el término de fijación en lista se
venció el 20 de abril de 2020.
[51]
Escrito presentado el 13 de mayo de 2020 de forma extemporánea, ya que según
informe de la Secretaría General de la Corte el término de fijación en lista se
venció el 20 de abril de 2020.
[52]
Escrito presentado el 18 de mayo de 2020 de forma extemporánea, ya que según
informe de la Secretaría General de la Corte el término de fijación en lista se
venció el 20 de abril de 2020.
[53]
Cfr. artículo 55, Ley 137 de 1994 (Estatutaria de los estados de excepción).
[54] M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[55]
Cfr. sentencias sobre decretos declaratorios de emergencia económica, social y
ecológica, o de grave calamidad pública a la fecha: C-004/92, C-447/92,
C-366/94, C-122/97, C-122/99, C-216/99, C-135/09, C-252/10, C-156/11, C-216/11,
C-670/15 y C-386/17.
[56] La
Corte Suprema de Justicia consideraba que la evaluación del orden público era
una competencia completamente discrecional del Presidente de la República, por
tratarse de típicos “actos políticos” razón por la cual el control judicial de
la declaratoria del estado de excepción era solo formal. Con la expedición de
la Constitución Política de 1991 se entendió que no pueden existir al interior
del Estado de derecho actos arbitrarios o desprovistos de control alguno
(sentencia C-156/11). La Corte ha establecido que la Constitución ha
establecido dos tipos de decretos legislativos: los declarativos del estado de
excepción con fuerza de ley porque constituyen una auto habilitación para
legislar y los decretos de desarrollo de esas facultades excepcionales
(sentencia C-802 de 2002). Las sentencias C-049 de 2012 y C-173 de 2014
indicaron que los decretos que declaran un estado de excepción constituyen una
competencia atípica.
[57] M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[58] M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[59] M. P. María
Victoria Calle Correa.
[60] M.P. Juan
Carlos Henao Pérez.
[61]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[62]
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
[63]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[64]
La Corte seguirá de cerca las decisiones más recientes sobre la materia, esto
es, la C-386 de 2017 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) y la C-176 de 2015
(M.P. María Victoria Calle Correa), sin dejar de lado los demás precedentes
constitucionales relevantes para este asunto, como la C-216 de 2011 (M.P. Juan
Carlos Henao Pérez), C-156 de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo), C-252 de
2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) y C-135 de 2009 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto), entre otros.
[65]
Sentencia C-939 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[66] En la sentencia
C-466 de 2017 (M.P. Carlos Bernal Pulido), se sostuvo: “La regulación
constitucional y estatutaria de los estados de excepción se funda en el
carácter reglado, excepcional y limitado de dichos estados. (…) Dicha
naturaleza (…) se garantiza por medio de su estricta regulación en la
Constitución y en la LEEE, así como mediante sus especiales sistemas y
dispositivos de control político y judicial”.
[67]
Ibídem. Artículo 9º de la Ley 137 de 1994.
[68]
En determinadas modalidades de estados de excepción el derecho internacional
humanitario (DIH). Artículo 3 Ley 137 de 1994 (estatutaria de los estados de
excepción).
[69]
Sentencia C-179 de 1994 revisó la constitucionalidad del proyecto de ley
estatutaria. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[70] La Corte decide
sobre constitucionalidad de decretos legislativos (arts. 214 numeral 6, 215
parágrafo y 241 numeral 7 de la Constitución y art. 55 de la Ley 137 de 1994). No
se puede incurrir por esta Corporación en juicios de oportunidad o
conveniencia, más propios -que no exclusivos- del debate político que
corresponde al Congreso de la República.
[71]
Gobierno debe enviar a la Corte al día siguiente de su expedición los decretos
legislativos. Si no lo hiciere la Corte aprehenderá de oficio y en forma
inmediata su conocimiento. Arts. 214 numeral 6 y 215 parágrafo de la
Constitución y art. 55 de la Ley 137 de 1994. Este control judicial de
constitucionalidad de los decretos legislativos a su vez se complementa con el
control automático de legalidad previsto en el artículo 136 de la Ley 1437 de
2011, ejercido por la jurisdicción de lo contencioso administrativa, para todas
aquellas medidas administrativas adoptadas en desarrollo de decretos
legislativos. Cfr. sentencia C-466 de 2017.
[72]
La Corte debe verificar que los decretos cumplan los requisitos formales y
materiales establecidos en la Constitución y en la Ley 137 de 1994 estatutaria
de los estados de excepción. Cfr. sentencias C-004 de 1992 y C-179 de 1994 que
examinó el proyecto de ley estatutaria de los estados de excepción.
[73]
La ciudadanía podrá intervenir defendiendo o impugnando la constitucionalidad
de los decretos legislativos objeto de control. Además, debe rendirse concepto
por el Procurador General de la Nación.
[74]
La Corte decide definitivamente sobre constitucionalidad de decretos
legislativos (arts. 214 numeral 6 y 241 numeral 7 de la Constitución). Por lo tanto, una vez se pronuncie sobre la constitucionalidad de
los decretos estos no pueden ser objeto de un nuevo examen de
constitucionalidad.
[75] Salvaguardar el
Estado de derecho, el principio democrático, la separación de poderes y la
primacía de los derechos inalienables de la persona, entre otros. Ha sostenido
la Corte que por la trascendencia y repercusiones constitucionales
que tiene la declaratoria del estado de emergencia, el control que ejerce la
Corte parte de aplicar un estándar de escrutinio estricto para
determinar de forma minuciosa el cumplimiento de los requisitos formales y
materiales que la Carta Política impone a tal acto jurídico. La jurisprudencia
constitucional ha desarrollado un test específico sobre el decreto
declaratorio del estado de emergencia, que se diferencia en su estructura y
componentes del test aplicable a los decretos de desarrollo (formalmente: firma
del Presidente de la República y los ministros, motivación y temporalidad.
Materialmente: presupuestos de finalidad, necesidad, proporcionalidad,
legalidad, no discriminación, entre otros). Cfr. sentencia C-670 de 2015.
[76]
El artículo 215 de la Constitución señala: “El Congreso examinará hasta por
un lapso de treinta días, prorrogable por acuerdo de las dos cámaras, el
informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que determinaron
el estado de emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente
sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas. El Congreso, durante el año
siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar, modificar o
adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas materias que
ordinariamente son de iniciativa del Gobierno. En relación con aquellas que son
de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones en
todo tiempo.”  Ibídem. Cfr. sentencias C-216 de 2011 y C-386 de 2017.
[77]
Sentencia C-156 de 2011. Cfr. sentencia C-670 de 2015.
[78] Ibídem. En la sentencia
C-216 de 2011 se sostuvo que en la experiencia histórica de la Constitución
Nacional de 1886 se había verificado el abuso de las medidas de excepción a
través del artículo 121 sobre el estado de sitio, por lo que el Constituyente
de 1991dispuso que este tipo de instrumento solo habrá de emplearse en
situaciones extraordinarias, revistiendo por tanto un carácter de
excepcionalísimo.
[79]
Cfr. sentencia C-386 de 2017, C-670 de 2015, C-216 de 2011, C-156 de 2011,
C-252 de 2010 y C-135 de 2009, entre otras.
[80]
Artículos 215 de la Constitución y 46 de la Ley 137 de 1994.
[81]
Sentencias C-670 de 2015 y C-156 de 2011.
[82]
El artículo 215 de la Constitución señala entre otros aspectos: “El
Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren
el estado de emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias
previstas en el inciso primero, y lo serán también por cualquier abuso cometido
en el ejercicio de las facultades que la Constitución otorga al Gobierno
durante la emergencia”.
[83]
Artículos 215 de la Constitución y 8º (justificación expresa de la limitación
del derecho), 11 (necesidad) y 12 (motivación de incompatibilidad) de la Ley
137 de 1994.
[84]
Sentencias C-670 de 2015 y C-004 de 1992.
[85]
Cfr. sentencia C-216 de 2011.
[86]
Sentencia C-386 de 2017.
[87]
Cfr. sentencias C-670 de 2015 y C-004 de 1992.
[88]
M.P. Nilson Pinilla Pinilla. La Corte revisó la constitucionalidad del Decreto
4704 de 2008 que declaró el estado de emergencia por la actividad de los
captadores o recaudadores de dineros del público en operaciones no autorizadas
por el Estado.
[89]
Sentencia C-135 de 1996.
[90]
Cfr. sentencia C-216 de 2011.
[91]
Artículos 215 de la Constitución y 46 de la Ley 137 de 1994.
[92]
Artículos 4º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cfr. sentencias C-670 de 2015,
C-135 de 2009 y C-802 de 2002.
[93]
Artículo 213.
[94]
Cfr. sentencias C-386 de 2017. C-670 de 2015, C-216 de 2011,
C-156 de 2011, C-252 de 2010 y C-135 de 2009.
[95]
Artículos 215 de la Constitución y 46 de la Ley 137 de 1994.
[96]
Hasta por un lapso de 30 días, prorrogable por acuerdo de las dos cámaras.
[97]
Artículo 215 C. Pol.
[98]
Sentencia C-156 de 2011, C-179 de 1994
[99]
Sentencias C-156 de 2011, C-366 de 1994 y C-447 de 1992.
[100] Sentencia C-386
de 2017.
[101] Cfr.  Sentencia C-216
de 2011. Arts 4º  del PIDCP y 27 de la CADH.
[102]
Cfr. sentencia C-386 de 2017, C-670 de 2015, C-216 de 2011, C-156 de 2011,
C-252 de 2010 y C-135 de 2009, entre otras.
[103]
Artículos 215 de la Constitución y 46 de la Ley 137 de 1994.
[104]
Cfr. sentencias C-252 de 2010 y C-135 de 2009.
[105] Sentencia C-216 de 1999 en la cual estudio el Decreto
195 de 1999 que declaró la emergencia por grave calamidad pública atendiendo el
terremoto acaecido en el eje cafetero. Cfr. sentencia C-366 de 1994.
[106]
Tenga entidad propia de
alcances e intensidad traumáticos que logren conmocionar o trastrocar el
orden económico, social o ecológico.
[107] Distinto a lo que se produce regular y cotidianamente, esto es,
sobreviniente a las situaciones que normalmente se presentan en el discurrir de
la actividad de la sociedad en sus diferentes manifestaciones y a las cuales
debe dar respuesta el Estado mediante el empleo de sus competencias normales.
[108]
Cfr. sentencias C-466 de 2017, C-386 de 2017 y C-216 de 2011.
[109]
Sentencia C-135 de 2009.
[110]
Artículo 215 de la Constitución y Ley 137 de 1994.
[111]
Inciso primero del artículo 215 superior.
[112]
Inciso segundo del artículo 215 superior.
[113]
Inciso tercero del artículo 215 superior.
[114]
Sentencias C-156 de 2011 y C-135 de 2009.
[115] En
la sentencia C-135 de 2009 se señaló que el control político “si bien se
trata de un control institucionalizado (…), tiene un carácter subjetivo en
cuanto a su ejercicio está determinado en cada caso por la voluntad del
Congreso, pues depende de (este) la iniciación de una actuación de
control, su trámite, su decisión y la imposición o no de una sanción al órgano
controlado. El propósito de este control es deducir la responsabilidad política
del Presidente (de la República) y de los ministros por la declaratoria
del estado de emergencia (…) sin la ocurrencia de los supuestos contemplados en
los preceptos constitucionales, o por el abuso en el ejercicio de las
facultades excepcionales (art. 215 C. P.)”. Cfr. sentencia C-156 de 2011.
[116] Cfr. Sentencias
C-004
de 1992, C-156 de 2011.
[117]
Cfr. sentencia C-386 de 2017, C-670 de 2015, C-216 de 2011, C-156 de 2011,
C-252 de 2010 y C-135 de 2009, entre otras.
[118]
Artículo 215 de la Constitución.
[119]
Sentencia C-156 de 2011.
[120]
Sentencia C-135 de 2009.
[121]
Sentencias C-216 de 2011 y C-135 de 2009.
[122] En
la sentencia C-156 de 2011 se sostuvo: “no es lo mismo un error en la
apreciación de la gravedad de los hechos o su condición sobreviniente, respecto
de lo cual la discrepancia se sitúa en los márgenes admisibles de apreciación,
que una equivocación relativa a la realidad o irrealidad de los mismos”.
[123]
Artículos 215 de la Constitución y 46 de la Ley 137 de 1994.
[124]
Sentencia C-670 de 2015.
[125]
Artículo 212 de la Constitución.
[126]
Artículo 213 de la Constitución. Cfr. sentencia C-156 de 2011.
[127]
Artículo 189 numeral 4 de la Constitución. Cfr. sentencias C-216 de 2011, C-156
de 2011 y C-135 de 2009.
[128]
Artículos 215 de la Constitución y 2º y 46 de la Ley 137 de 1994.
[129] En la sentencia C-252 de 2010 se expuso “cuando
la Corte ha aludido (…) al carácter `sobreviniente` de los hechos, en principio
lo ha asimilado a los vocablos novedoso, imprevisible, impredecible e
irresistible”. En la misma línea, la C-156 de
2011 refirió a que: “los hechos sobrevinientes son circunstancias graves
(…), que pueden tener el carácter de imprevisibles, intempestivos,
irresistibles, (…) o inminentes (…)”; la C-216 de 2011 afirmó: “no se
puede establecer que los hechos calificados como de amenaza eran novedosos,
imprevisibles, inusitados e impredecibles (…)”; y la C-670 de 2015 expresó:
“el requisito de sobreviniencia exige que los hechos invocados tengan un
carácter repentino, inesperado, imprevisto, anormal (…)”.
[130] Sentencia C-670
de 2015, C-216 de 2011 y C-156 de 2011. En esta última
decisión la Corte reconoce “cierta flexibilidad exceptiva, al considerar que
en razón de la gravedad de los problemas que existen en nuestro país, algunas
veces es la población más vulnerable la que debe soportar con mayor rigor el
peso de estos problemas crónicos”. Cfr. sentencia C-216 de 1999.
[131]
Artículo 2º de la Ley 137 de 1994.
[132]
Sentencias C-386 de 2017, C-252 de 2010 y C-135 de 2009. En
la sentencia C-156 de 2011 se expuso igualmente: “hechos, que en determinado
contexto pueden parecer sobrevinientes, con el tiempo y en la medida en la que
el Estado y la sociedad se preparen para su ocurrencia, dejan de serlo”.
[133]
Sentencia C-156 de 2011 y C-122 de 1997.
[134] Artículo 215 de
la Constitución. En la sentencia C-216 de 2011 se sostuvo que no
cualquier calamidad pública justifica un estado de emergencia sino aquella que
por su intensidad e importancia logre trastornar ese orden.
[135]
Sentencias C-252 de 2010 y C-135 de 2009.
[136]
Ibídem.
[137]
Sentencia C-135 de 2009.
[138]
Sentencia C-252 de 2010.
[139]
Sentencias C-386 de 2017, C-670 de 2015 y C-216 de 2011.
[140]
Sentencia C-670 de 2015.
[141] El juicio de
gravedad de la perturbación o la calamidad pública y de la amenaza ha de
reflejarse en la afectación significativa de los derechos a la vida, salud,
integridad física, subsistencia digna, trabajo, propiedad, educación, movilidad
y circulación, ambiente sano, etc.
[142] En
la sentencia C-156 de 2011 se señaló: “Es actual, en la medida que los
hechos generadores hayan provocado alteraciones significativas en las
condiciones económicas, sociales o ambientales de la población, esto es, la
perturbación sea un hecho consumado sin perjuicio de que continúe
reproduciéndose o produciendo efectos. Es potencial, cuando los hechos causales
sobrevinientes aún no constituyen perturbación sino amenaza de perturbación”.
[143]
Sentencia C-156 de 2011.
[144]
Sentencias C-670 de 2015, C-156 de 2011, C-252 de 2010 y C-135 de 2009.
[145]
Sentencia C-004 de 1992.
[146]
Sentencia C-670 de 2015.
[147] "Objeto
de la ley. La presente ley tiene por objeto regular las facultades atribuidas
al Gobierno durante los estados de excepción. Estas facultades sólo podrán ser
utilizadas cuando circunstancias extraordinarias hagan imposible el
mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios del
Estado."
[148] "Uso de
las facultades. Las facultades a que se refiere esta ley no pueden ser
utilizadas siempre que se haya declarado el estado de excepción sino
únicamente, cuando se cumplan los principios de finalidad, necesidad,
proporcionalidad, motivación de incompatibilidad, y se den las condiciones y
requisitos a los cuales se refiere la presente ley."
[149]
Sentencias C-670 de 2015, C-135 de 2009 y C-122 de 1997.
[150]
Sentencias C-386 de 2017, C-670 de 2015, C-252 de 2010, C-135 de 2009 y C-122
de 1997.
[151]
Sentencias C-252 de 2010 y C-122 de 1997.
[152]
Sentencia C-252 de 2010.
[153] Sentencias C-386 de
2017 y C-156 de 2011.
[154] Sentencias
C-386 de 2017, C-670 de 2015, C-216 de 2011, C-156 de 2011, C-252 de 2010,
C-135 de 2009, C-802 de 2002, C-179 de 1994, entre otras. La mayoría de estas
prohibiciones adicionales se predican de los decretos legislativos de
desarrollo.
[155]
Artículos 214 numeral 2 y 5º de la Ley 137 de 1994.
[156] Entre
las reglas que delimitan la restricción de los derechos y libertades durante el
estado de excepción pueden mencionarse: i) la limitación debe ser la necesaria
para alcanzar los fines que dieron lugar a la declaratoria del estado de
excepción (art. 6º, LEEE); ii) no se podrá afectar el núcleo esencial de los
derechos fundamentales, tampoco cometer arbitrariedades so pretexto de la
declaración del estado de excepción y se deben establecer garantías y controles
para su ejercicio (arts. 6º y 7º, LEEE); iii) debe justificarse expresamente la
restricción de los derechos a efectos de demostrar la relación de conexidad con
las causas de la perturbación y los motivos por las cuales se hace  necesaria
(art. 8º, LEEE); y iv) la restricción de los derechos y libertades sólo se hará
en el grado estrictamente necesario para buscar el retorno a la normalidad
(art. 13, LEEE).
[157]
Artículos 4º de la Ley 137 de 1994, 4º del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[158]
Artículos 215 de la Constitución y 50 de la Ley 137 de 1994.
[159]
Artículo 214 numeral 3 y 15 de la Ley 137 de 1994.
[160] Artículos 7º, 9º
a 11 y 13 de la Ley 137 de 1994.
[161] Artículos 9º a
11, 13 a 15 de la Ley 137 de 1994 (LEEE). La mayoría de estos principios son
predicables de los decretos legislativos de desarrollo.
[162]
En total 18. Cfr. páginas 13 a 16 del decreto en estudio.
[163]
Páginas 1 a 8 del decreto. Se subdivide en salud pública y aspectos económicos
(ámbitos nacional e internacional).
[164]
Páginas 8 a 9 del decreto.
[165]
Páginas 9 a 13 del decreto. Contiene un acápite de medidas.
[166]
Publicado en el Diario Oficial 51.259 del 17 de marzo de 2020.
[167]
Página 13.
[168]
Página 13.
[169]
Página 13.
[170]
Comunicación del 1 de abril de 2020 firmada por la Presidencia de la República,
Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda e Instituto Nacional de Salud.
[171]
El 18 de marzo de 2020 la presidencia de la República solicitó al Ministerio de
Relaciones Exteriores surtir el trámite pertinente de comunicación a los
secretarios generales de la ONU y la OEA dado que se había declarado el estado
de emergencia.
[172]
Embajador, representante permanente, Guillermo Fernández de Soto.
[173]
Secretaría Jurídica.
[174] Sentencia C-316
de 2011. En esta decisión se indicó que “la falta de la plena prueba de la
comunicación e información a los organismos internacionales no puede
considerarse en este caso como un vicio grave e insubsanable”, ya que según
la Presidencia de la República la misma fue enviada el 11 de enero de 2011
(cuatro días después de la expedición del Decreto 020 del 07 de enero de 2011),
por lo que “los organismos internacionales ya conocen la situación de
emergencia (…). En este caso los principios vulnerados, de publicidad y de
cumplimiento de las normas derivadas del bloque de constitucionalidad, no
alcanzan para la Corte un alto grado de afectación y, por ende, dicho vicio se
considera en el caso concreto subsanado”.
[175]
7 enero 2020.
[176]
6 marzo.
[177]
9 marzo.
[178]
Una epidemia que se ha extendido a varios países o continentes que generalmente
afecta a un gran número de personas. Fuente OMS.
[179]
Entre otras, suspende evento con más de 500 personas, ordena alcaldes y
gobernadores evaluar riesgos en actividades que impliquen concentración de
personas, implementar en establecimientos comerciales y mercados medidas
higiénicas y de salubridad, prohibición de atraque y desembarque de pasajeros y
mercancías de tráfico marítimo internacional, adoptar en centros laborales
públicos y privados medidas de prevención y control sanitario impulsando el
teletrabajo, adoptar medidas higiénicas en medios de transporte públicos y
privados, cumplir plan de contingencia que expida el ministerio, difundir
situación sanitaria y medidas de protección a la población, disponer
operaciones presupuestales de financiación, facilitar afiliación de oficio al
sistema de salud y de los migrantes regulares, cerrar temporalmente bares y
discotecas.
[180] Fuente: Coronavirus Resource Center - Johns Hopkins Univérsity
& Medicine.
[181]
De acuerdo con la proyección poblacional para Colombia de 2020 - 50,372 424
personas.
[182]
Toma en cuenta el comportamiento del mercado internacional durante la crisis de
SARS (mayo y junio).
[183]
3 marzo.
[184]
Y su menor demanda producto del coronavirus.
[185]
Tasa Representativa del Mercado subió a niveles nunca registrados.
[186]
Impactó activos como el oro.
[187] Página OMS. Disponible
en: https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus y
https://www.who.int/es/news-room/detail/08-04-2020-who-timeline---covid-19
[188]
Página Dirección de Epidemiología y Demografía. Disponible en:
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/epidemiologia/Paginas/default.aspxn
Página del Instituto Nacional de Salud. Disponible
en: https://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
[189]
Provincia de Hubei.
[190]
Alocución de apertura en rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 11 de
marzo de 2020. Disponible en:
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
[191] La finalidad y
el alcance son “prevenir la propagación internacional de enfermedades,
proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta de salud
pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública y
evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el
comercio internacionales”. Entró en vigor el 15 de junio de 2007 para los
191 Estados que no formularon reservas. El 8 de agosto siguiente entró también
en vigor para los dos Estados Miembros de la OMS que habían formulado reservas.
Para Colombia está vigente desde el 15 de junio de 2007. Cfr. OMS. Disponibles
en: https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/es/   y
https://www.who.int/ihr/legal_issues/states_parties/es/
[192]
Cfr. OMS. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/
[193]
1 febrero 2016.
[194]
8 agosto 2014.
[195]
5 mayo 2014. Debe indicarse que otro virus como fue el MERS apareció en el año
2012.
[196]
25 abril 2009.
[197]
Aparición 2002. En promedio 8.000 casos y 800 fallecidos en 26 países en un
tiempo de 4 meses. Costo en el sureste asiático alrededor de 60.000 millones de
dólares.
[198]
A partir del 2003 se han registrado 846 casos en 16 países y 449 fallecidos en
promedio.
[199] Además de lo
anterior la historia también muestra un brote de gripe pandémica en 1957 en
China que tras propagarse a todo el mundo se llevó la vida de 1 millón de
personas, además de otro brote que se había presentado en 1968 que causó entre
1 y 3 millones de defunciones. Empero, la influenza de 1918 fue considerada una
de las más devastadoras de la historia al causar la muerte entre 20 y 50
millones de personas. Cfr. OMS. Disponible en:
https://www.who.int/es/influenza/spotlight. Texto parcialmente retomado del
artículo Pandemic influenza: an evolving challenge - en anglais.
Disponible en:
https://www.who.int/influenza/pandemic-influenza-an-evolving-challenge/
[200] Emergencias de
salud pública de importancia internacional. Una oportunidad para mejorar la
seguridad sanitaria global. Public Health Emergencies of
International Concern. An opportunity to improve global health security. Fernando Simón
Soria. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, España. Enfermedades
Infecciosas y Microbiología Clínica. Vol. 34. Núm. 4. Págs. 219-221 (2016).
Disponible en:
https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-emergencias-salud-publica-importancia-internacional--S0213005X16300477
[201]
En febrero de 2018 la OMS había anunciado una lista de enfermedades
prioritarias que deberían ser estudiadas en profundidad, entre ellas, el SARS y
el MERS, así como la que clasificó como enfermedad X, que se definía como una
nueva patología humana con potencial epidémico o pandémico causada por un patógeno
desconocido.
[202]
OMS COVID-19 reporte 98 del 27 de abril. Disponible en:
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200427-sitrep-98-covid-19.pdf?sfvrsn=90323472_4.
[203]
Noticias COVID-19 del Ministerio de Salud y Protección Social. Boletín de
prensa 050 de 2020. Disponible en:
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-confirma-su-primer-caso-de-COVID-19.aspx
[204]
Noticias COVID-19. Disponible en:
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Noticias-covid-19.aspx
[205]
Coronavirus Colombia. Disponible en:
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html
[206]
Coronavirus (COVID-2019) en Colombia. Disponible en:
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
[207]
Nuevo coronavirus COVID-19. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Paginas/epidemiologia-demografia.aspx
[208]
Normatividad. Disponible en:
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Forms /DispForm.aspx?ID=5928
[209]
Normatividad. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resol
uci%C3%B3n%20No.%200385%20de%202020.pdf
[210]
Artículo 69 de la Ley 1753 de 2015 (vigente al no ser derogada por la Ley 1955
de 2019, art. 336) refiere a la declaración de emergencia sanitaria y/o eventos
catastróficos.
[211]
Comunicación del 1 de abril de 2020 suscrita por la Presidencia de la
República, los ministerios de Salud y de Hacienda y el Instituto Nacional de
Salud. Anexos documento 2.1.
[212]
24 de marzo de 2020. Numeral segundo punto 2.
[213]
Nuevo coronavirus COVID-19. Boletín de prensa 078 de 2020. Disponible en:
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-confirma-10-nuevos-casos-de-coronavirus-(COVID-19)-en-Colombia.aspx
[214]
24 de marzo de 2020. Numeral segundo punto 4.
[215]
Comunicación del 1 de abril de 2020 suscrita por la Presidencia de la
República, los ministerios de Salud y de Hacienda y el Instituto Nacional de
Salud. Anexos documento 5.2., reposa respuesta del Director de Regulación de
Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud.
[216]
Las preguntas comprendían también a la Dirección de Epidemiología y Demografía
del Ministerio de Salud.
[217]
Comunicación del 1 de abril de 2020 suscrita por la Presidencia de la
República, los ministerios de Salud y de Hacienda y el Instituto Nacional de
Salud. Anexos documento 4.1. Tabla 4.
[218]
Johns Hopkins Univérsity & Medicine Coronavirus Resource Center. Disponible
en: https://coronavirus.jhu.edu/
[219]
Disponible en: https://datosmacro.expansion.com/materiasprimas/opec
[220]
Estadística y comunicados Junta Directiva. Disponibles en:
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm y
https://www.banrep.gov.co/es/comunicados-junta
[221]
Disponible en: https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/Minhacienda
[222]
Rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020. Disponible
en:
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
[223]
recogido también en el primer hecho (salud pública) del decreto declaratorio.
[224]
No hay excepciones con COVID-19, “toda persona tiene derecho a intervenciones
que salven vidas”, dicen expertos de la ONU. Disponible en:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E
[225]
Se afirma que tales países presentan una tasa promedio de contagio de 0,026% de
su población total (fuente: Coronavirus Resource Center - Johns Hopkins
Univérsity & Medicine), que sería equivalente a 13.097 casos en el país
(proyección poblacional DANE Colombia 2020 – 50.372.424 personas).
[226]
Comunicación del 1 de abril de 2020 suscrita por la Presidencia de la
República, los ministerios de Salud y de Hacienda y el Instituto Nacional de
Salud. Anexos documento 2.1.
[227]
Disponible en: https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
[228]
Se hace una comparación con el comportamiento del mercado internacional durante
la crisis del SARS para desprender que los meses más críticos serían entre mayo
y junio de 2020.
[229]
Tasa Representativa del Mercado subió a niveles nunca registrados.
[230]
Impactó activos como el oro.
[231]
Compra bonos del tesoro y valores respaldados por hipotecas.
[232]
Comunicación del 1 de abril de 2020 suscrita por la Presidencia de la
República, los ministerios de Salud y de Hacienda y el Instituto Nacional de
Salud. Anexos documento 3.3.
[233]
Numeral segundo punto 3.
[234]
793 del 10 de marzo y 862 del 16 de marzo de 2020.
[235]
La Corte pudo constatar que por Decreto 401 del 13 de marzo de 2020 el
Ministerio de Hacienda expidió normas en relación a los plazos para declarar y
pagar el impuesto sobre la renta y complementario.
[236]
Comunicación del 1 de abril de 2020 suscrita por la Presidencia de la
República, los ministerios de Salud y de Hacienda y el Instituto Nacional de
Salud. Anexos documento 5.1.
[237]
Auto de pruebas, numeral segundo punto 5.
[238] El vertiginoso
escalamiento del brote del nuevo coronavirus hasta configurar una pandemia
representa una amenaza global a la salud pública, con afectaciones al sistema
económico. Además, en las últimas semanas los precios internacionales del
barril del petróleo han presentado reducciones importantes, como consecuencias
de que la OPEP no logró acordar un recorte en la producción mundial para
mantener los precios estables[238].
Las medidas que son necesarias para disminuir el contagio del COVID-19 y
limitar su afectación contraen la actividad productiva y Colombia no es la
excepción. Entre las medidas adoptadas por los países afectados se encuentra el
aislamiento preventivo obligatorio la cual si bien ha demostrado ser efectiva
sus costos económicos son considerables y pueden generar una profunda
contracción de la actividad productiva. Los ingresos de más de la mitad de la
población económicamente activa, dependen del trabajo diario, además en muchos
casos el trabajo está relacionado con actividades que implican algún contacto
físico, las cuales se han visto repentina y sorprendentemente restringidas,
además que la vulnerabilidad se intensifica al no contar con mecanismos para
reemplazar los ingresos dejados de percibir. Las medidas de aislamiento
preventivo pueden resultar en una reducción de los flujos de caja de las
empresas debido a la caída de la demanda y de su capacidad de operar, todo lo
cual conlleva a posibles incumplimientos de pagos y obligaciones rompiendo
relaciones crediticias.
[239]
Anexos Documento 3.5.
[240] Se precisa que
otras medidas como el establecimiento y mantenimiento de unidades de cuidados
intensivos, el fortalecimiento de las cadenas de suministro, la disposición de
lugares de atención y camas hospitalarias, el personal médico necesario y otras
medidas para ampliar respuesta de salud pública a la pandemia, se venían
analizando con anterioridad a la declaratoria de emergencia. También informa
que no cuenta con facultades para adelantar investigaciones clínicas, además
que se busca actualizar el marco normativo para optimizar los procesos de
investigación y los estándares sanitarios, conforme al marco del pacto por el
crecimiento del sector farmacéutico (Anexos documento 3.6. en respuesta al auto
de pruebas).
[241]
Disponible en: https://datosmacro.expansion.com/materiasprimas/opec
[242]
Estadística y comunicados Junta Directiva. Disponibles en:
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm y
https://www.banrep.gov.co/es/comunicados-junta
[243]
Disponible en: https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/Minhacienda
[244]
Disponible en: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmar ket.htm y
https://cincodias.elpais.com/mercados/materiasprimas/oro/2/
[245]
Cfr. intervención de Universidad de los Andes y PAIIS.
[246] Los riesgos del
COVID-19 más allá de la salud. Rosario Serra Cristóbal. Universidad de
Valencia. 12 de abril de 2020. Disponible en:
http://blogs.infolibre.es/alrevesyalderecho/?p=5770
[247]
7 enero 2020.
[248]
30 enero 2020.
[249]
3 marzo 2020.
[250]
9 marzo 2020.
[251]
Resolución 380 del 10 de marzo.
[252]
Punto 2 del presupuesto valorativo, considerando uno.
[253]
Cfr. Especialistas estadounidenses de Scripps Research, de los datos
públicos de la secuencia del genoma del SARS-CoV-2 y los virus relacionados,
aseguran que tiene un origen natural. https://biotechmagazineandnews.com/covid-19-cientificos-confirman-que-su-origen-es-natural/
[254]
El ecólogo e investigador Pedro Jordano del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas de España señala que las infecciones por patógenos son procesos
ambientales: ocurren en los ecosistemas como consecuencia de las interacciones
entre especies. La mayor parte de las epidemias y pandemias recientes (SIDA,
Ébola, SARS, West Nile, la enfermedad de Lyme, Hendra, Nipah, etc.) tienen una
clara base ambiental y de alteración de procesos naturales. Afirma que es lo
que conocemos por “ecología de la enfermedad”. La mayor parte de estas
pandemias son de base zoonótica y en el caso de SARS-CoV-2 muy posiblemente
también. Disponible en:
https://elcultural.com/pedro-jordano-detras-de-esta-pandemia-esta-la-accion-humana-sobre-la-naturaleza
[255]
Intervención Dejusticia.
[256]
Las sentencias C-156 de 2011 y C-216 de 2011 examinaron declaratorias del
estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad
pública.
[257]
Cfr. intervención de la Universidad de los Andes y PAIIS.
[258]
Cfr. intervención del Consejo Gremial Nacional.
[259]
Intervención de ACEMI.
[260]
Intervenciones de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y
Corporación Sisma Mujer, y la Universidad Externado de Colombia.
[261]
Intervención del ciudadano Gabriel Pantoja Narváez.
[262]
Tasa Representativa del Mercado subió a niveles nunca registrados.
[263]
Considerando uno del punto 3.
[264]
Cfr. intervención del Consejo Gremial Nacional.
[265]
Cfr. Ibídem.
[266]
Comunicación del 1 de abril de 2020 suscrita por la Presidencia de la
República, los ministerios de Salud y de Hacienda y el Instituto Nacional de
Salud. Anexos documento 5.1.
[267]
Examinó el Decreto 4820 de 2010 que dispuso la enajenación de una participación
accionaria de la Nación en Ecopetrol.
[268]
Se señaló que para la constatación empírica podría acudirse a una evaluación de
las consecuencias que, sobre la situación que provoca la emergencia, se
producirían en ausencia de la medida excepcional.
[269]
Sentencias C-386 de 2017 (avalancha en Mocoa), C-156 de 2011 (fenómeno de La
Niña), C-135 de 2009 (captación masiva de recursos) y C-122 de 2007 (caída del
tipo de cambio, problema fiscal y revaluación del peso).
[270]
Las otras situaciones exceptuadas son: i) en razón de la gravedad de los
problemas que existen en el país, la población más vulnerable es la que soporta
con mayor rigor la carga de los problemas crónicos; y ii) el origen de los
mismos, es decir, las circunstancias que producen las emergencias (extrañas al
Estado, las acciones del Estado y las omisiones del Estado).
[271]
El Decreto 4975 de 2009 declaró el estado de emergencia social en salud y que
fue declarada inexequible.
[272]
El derecho a la salud comprende el acceso a los servicios de salud de manera
oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la
promoción de la salud.
[273]
El Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo
del derecho fundamental a la salud.
[274]
Elementos esenciales e interrelacionados del derecho a la salud:
disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad e idoneidad profesional.
Así mismo, Así mismo, comporta los siguientes principios: pro homine, equidad,
oportunidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, entre otros.
[275]
Determinantes sociales de la salud.
[276]
Divulgación de información sobre progresos científicos.
[277]
Política de Innovación, Ciencia y Tecnología en Salud.
[278]
Con independencia del grado de vinculación (normas del soft law o common
law), no impide al juez constitucional valorar con rigor las fuente
auxiliares y obligatorias para la garantía efectiva de los derechos humanos en
tiempos de emergencia sanitaria.
[279]
Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/
[280]
Disponible en: https://www.who.int/es/influenza/spotlight. Texto parcialmente
retomado del artículo Pandemic influenza: an evolving challenge - en anglais.
https://www.who.int/influenza/pandemic-influenza-an-evolving-challenge/en/
https://www.who.int/influenza/pandemic-influenza-an-evolving-challenge/en/
[281]
Reforzar la capacidad de preparación, nuevos y potentes antivíricos y mejora y
eficacia de la vacuna contra la gripe estacional.
[282]
Se afirma también que de acuerdo con un comité internacional convocado por la
OMS para analizar la respuesta a la pandemia de 2009, Gripe porcina (virus
A(H1N1), “el mundo está mal preparado para responder a una pandemia grave o
a cualquier otra emergencia de salud pública que sea también de ámbito mundial
e igual de sostenida y amenazadora”. Este comité solicitó no solo reforzar
las principales capacidades en materia de salud pública, sino también aumentar
la investigación, adoptar un enfoque multisectorial, mejorar los sistemas de
salud, promover el desarrollo económico en los países de ingresos medianos y
bajos, y mejorar la salud de la población.
[283]
La Dra. Zhang recuerda que “la gripe pandémica es un importante problema de
salud pública que no podemos evitar o eliminar con la tecnología y los
conocimientos actuales. (…). En el caso de la gripe pandémica, el mundo debe
trabajar en equipo”. Por su parte, la Directora del Centro Colaborador de
la OMS sobre Vigilancia, Epidemiología y Control de la Gripe de Atlanta,
indica: “lo que diferencia a la gripe de otras infecciones es que muta de
continuo. Los virus estacionales siguen evolucionando, mutando y escapando a la
protección que confieren las vacunas. Nos esforzamos mucho por estar un paso
por delante a fin de detectar el virus que podría causar la próxima pandemia”.
[284]
Fuente: Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades con corte a 17 de
marzo de 2020 a 8:00 a.m.
[285]
Alocución de apertura en rueda de prensa sobre la COVID-19. Disponible en:
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
[286]
De igual forma, llamó la atención de los Estados a prepararse en sus sistemas
de salud y buscar el equilibrio entre la relevancia del derecho a la salud, la
minimización de los trastornos económicos y sociales, y el respeto de los
derechos humanos. Ello obedeció a la velocidad de la propagación y la escala de
transmisión del nuevo coronavirus, ya que el número de casos fuera de China se
multiplicó por 13 y el de países se había triplicado, existiendo más 118.000
casos en 114 países y 4.291 personas fallecidas, mientras que anunciaba el
Director de la OMS que miles de personas luchaban por sus vidas en hospitales y
se espera el aumento de dichas cifras.
[287]
El 10 de marzo el Ministerio de Salud había adoptado medidas preventivas
sanitarias de aislamiento y cuarentena de las personas que arribaran a Colombia
desde China, Francia, Italia y España.
[288]
Ministerio de Salud y Protección Social. Disponible en:
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-confirma-10-nuevos-casos-de-coronavirus-(COVID-19)-en-Colombia.aspx
[289]
Comunicación del 1 de abril de 2020 suscrita por la Presidencia de la
República, los ministerios de Salud y de Hacienda y el Instituto Nacional de
Salud. Anexos documento 4.1. Tabla 1.
[290]
Anexos documento 4.1. Tabla 4.
[291]
30 de marzo de 2020. Anexos documento 5.1.
[292]
Cita agencias como la IIF que revisó el 23 de marzo el crecimiento mundial del
2020 desde un 2,6% a un -1,5% en línea con el impacto económico del
coronavirus, que evidencia la desaceleración del crecimiento mundial que va en
línea con el costo económico que tendrá el cierre de actividades de estos
países (China, Estados Unidos y Zona Euro).
[293]
Mejía, Luis F. Editorial. Choque dual y posibles efectos sobre la economía
colombiana. Marzo 26 de 2020.
[294]
Informe semanal 1502: SARS-Cov-2: el coronavirus que nos llevó por otro camino.
Marzo 25 de 2020.
[295] Colombia They re here … incorporating the domestic shock to our
macro forecasts. Latín américa Emerging Markets Research. Marzo 19 de
2020.
[296]
Deja en claro que la disminución de los precios del petróleo redujo los
ingresos fiscales con lo que cuenta el Gobierno nacional para financiar sus
compromisos para la vigencia 2020. Anota que el sector del petróleo y gas ha
adoptado medidas para hacer frente a la caída de los precios del petróleo y la
subida abrupta del dólar.
[297]
27 de marzo de 2020.
[298]
Disponible en:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
Consulta realizada, hora 18:55 p.m.
[299]
Disponible en: https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx.
Consulta realizada a las 18:55 p.m.
[300]
Informa que los impactos económicos que se están produciendo con ocasión de la
pandemia afectan: a) el empleo e ingreso sobre los trabajadores más
vulnerables, b) la liquidez/sector productivo, c) el sector financiero, d) la
tasa representativa del mercado, e) el mercado de deuda pública y f) se agravan
con ruptura no prevista en la OPEP.
[301]
Presenta un panorama del comercio frente a la emergencia sanitaria indicando
que comparte la postura de la OMS y del FMI en cuanto a que la priorización de
los gastos en salud debe ir junto con el indispensable apoyo a las necesidades
económicas de la población, por lo que salud y economía no se deben observar
como asuntos contrapuestos.
[302]
El 18 de marzo de 2020 expuso que el COVID-19 tendrá una amplia repercusión en
el mercado laboral y más allá de la inquietud que genera a corto plazo para la
salud de los trabajadores y sus familias, el virus y la consiguiente crisis
económica y social repercutirán adversamente en el mundo del trabajo en tres
aspectos: a) la cantidad de empleo, ii) la calidad del trabajo y iii) los
efectos en los grupos específicos más vulnerables frente a las consecuencias
adversas en el mercado laboral. Disponible en: https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
[303]
El 27 de marzo de 2020 exponen que se está ante una situación sin precedentes
en la que una pandemia se convierte en una crisis económica y financiera, por
lo que el producto mundial se contraerá en el 2020. Los países miembros señalan
que han tomado medidas extraordinarias para salvar vidas y salvaguardar la
actividad económica, siendo necesario hacer más y dar prioridad al apoyo fiscal
focalizado para los hogares y empresas vulnerables a fin de acelerar y afianzar
la recuperación en el 2021. Aunque el mayor impacto sanitario ha ocurrido en
las economías avanzadas, los países de mercados emergentes y en desarrollo,
especialmente los países de bajo ingreso, se verán afectados por la combinación
de una crisis sanitaria, una brusca reversión de flujos de capital y caída de
los precios de las materias primas. Disponible en:
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/03/27/pr20114-joint-statement-by-the-chair-of-imfc-and-the-managing-director-of-the-imf
[304]
El 26 de marzo el secretario general de la OCDE anunció que la pandemia del
coronavirus está teniendo un alto costo en vidas humanas trayendo consigo la
tercera y mayor crisis económica, financiera y social del siglo XXI tras el
11-S y la crisis financiera mundial de 2008. Sin duda la prioridad más urgente
es minimizar el número de contagios y muertes, pero la pandemia también ha
desencadenado una crisis económica de primera magnitud que lastrará nuestras
sociedades durante años. La crisis del COVID-19 ha dejado al descubierto las
debilidades de nuestros sistemas de salud, desde el número de camas de cuidados
intensivos hasta el número de personal médico y de enfermería, la incapacidad
para suministrar suficientes mascarillas y realizar pruebas en algunos países,
y las lagunas en la investigación y el suministro de fármacos y vacunas.
Disponible en:
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/covid-19-acciones-conjuntas-que-propone-lider-de-ocde-para-ganarle-a-pandemia-477396
[305]
El 19 de marzo la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL en comunicado de prensa
advirtió que el COVID-19 tendrá graves efectos sobre la economía mundial e
impactará a los países de América Latina y el Caribe. Señaló que la pandemia
tendrá efectos devastadores sobre la economía mundial, seguramente más intenso
y distinto que los sufridos durante la crisis financiera global 2008-2009, y
los países latinoamericanos y caribeños serán impactados a través de varios
canales. Explicó que la enfermedad pone en riesgo un bien público global
esencial como es la salud humana e impactará a una ya debilitada economía
mundial, afectándola tanto por la oferta como la demanda, ya sea a través de la
interrupción de las cadenas de producción -que golpeará severamente al comercio
internacional- o la pérdida de ingresos y ganancias, debido al alza en el
desempleo y mayores dificultades para cumplir con las obligaciones de deuda.
Disponible en:
file:///C:/Users/CSJ/Documents/re-232.efectos%20del%20covid-19%20sobre%20la%20econom%c3%8da.cepal.html
[306]
Comunicado de prensa. 17 de abril de 2020.
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/076.asp
[307]
Según la información disponible, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú han remitido comunicaciones a
la OEA notificando la suspensión de garantías en atención a lo dispuesto por el
artículo 27 de la Convención Americana.
[308]
11 de marzo de 2020. Alocución de apertura en rueda de prensa sobre la
COVID-19. Disponible en:
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
[309]
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones.
[310]
Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud
y se dictan otras
disposiciones.
[311]
Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud
y se dictan otras disposiciones.
[312]
Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan
otras disposiciones.
[313]
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un
nuevo país”. No derogada por la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022.
[314]
Declaración de emergencia sanitaria y/o eventos catastróficos.
[315]
Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.
[316]
Disponible en:
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Plan%20Decenal%20-%20Documento%20en%20consulta%20para%20aprobaci%C3%B3n.pdf
[317]
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y
se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan
otras disposiciones.
[318]
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública.
[319]
Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y
se modifica su titulación y numeración.
[320]
Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de
1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
[321]
Anexos documento 3.5.
[322]
30 de marzo de 2020. Anexos documento 5.1.
[323]
Como medidas proyectadas (27-28 marzo) expone las siguientes: i) extensión de
plazos y términos de contratos existentes, ii) reducción de garantías, iii)
exención de pagar 5% adicional por traslados de inversión, iv) garantías del
cargo por confiabilidad, v) modificación por mutuo acuerdo de los precios y
cantidades en los contratos de suministro y transporte de gas natural, vi)
precio reconocido en las fuentes reguladas y vii) opción tarifaria para gas
natural por redes.
[324]
Comunicación del 27 de marzo de 2020.
[325]
Numeral 2 punto 7.
[326]
Reseña las decisiones adoptadas hasta el 17 de marzo, fecha de expedición del
Decreto 417 de 2020. 12 de marzo, medidas encaminadas a reforzar la liquidez
del sistema de pagos en el contexto de la extrema volatilidad global. 16 de
marzo, estuvieron reunidos con el Viceministro Técnico de Hacienda y con el
Superintendente Financiero, monitoreando la dinámica del mercado, los
indicadores del sistema financiero y los resultados de las subastas. 18, 23 y
27 de marzo, la Junta Directiva continuó adoptando decisiones en materia
monetaria. Sesión extraordinaria del 18 de marzo adopta medidas para reforzar
los tomadas el 12 y 16 de marzo, para asegurar la liquidez de la economía y de
los mercados financieros. Sesión extraordinaria del 23 de marzo, decidió
inyectar liquidez permanente a la economía para facilitar el funcionamiento
adecuado de los mercados financieros. Sesión ordinaria del 27 de marzo, adoptó
medidas adicionales de liquidez, y recortó de manera unánime en 50 p.b. su tasa
de intervención, llevándola a 3,75%. Consideró apropiado adoptar una política
monetaria más expansionista, que debe facilitar la carga financiera de los
hogares y empresas, dando soporte a la demanda interna. Cfr. página web del
Banco de la República. Disponible en: https://www.banrep.gov.co/
[327]
Información extraída de las respuestas al auto de pruebas dada por la
Presidencia de la República, los ministerios de Salud y de Hacienda, y el
Instituto Nacional de Salud. El listado fue complementado con la información
que reposa en la página web del Gobierno sobre la normativa desarrollada para
afrontar el COVID-19 categorizada por las entidades competentes. Se citan
algunos de los actos que fueron expedidos y de algunas autoridades que se
consideran de mayor importancia. Disponible en:
http://www.regiones.gov.co/Inicio/COVID-19.html
[328]
Anexos documento 3.5.
[329]
Anexos documento 3.6.
[330]
Anexos documento 5.1.
[331]
Anexos documento punto 8.
[332]
Comunicación del 27 de marzo de 2020.
[333]
Artículo 150.7 C. Pol.
[334]
Artículo 338 C. Pol.
[335]
Artículo 352 C. Pol.
[336]
Artículo 150.2 C. Pol.
[337]
Artículo 365 C. Pol.
[338]
Información extraída de la respuesta al auto de pruebas dada por la Presidencia
de la República, los ministerios de Salud y de Hacienda, y el Instituto
Nacional de Salud. El listado fue complementado con la información que reposa
en la página web del Gobierno nacional sobre la normativa desarrollada para
afrontar el COVID-19 categorizada por las entidades competentes. Se citan
algunos de los actos que fueron expedidos y de algunas entidades que se
consideran de mayor importancia. Disponible en: http://www.regiones.gov.co/Inicio/COVID-19.html
[339]
Esta decisión fue replicada en las sentencias C-216 de 2011 y C-156 de 2011.
[340]
Examinó la constitucionalidad del Decreto 601 de 2017, declaratorio del estado
de emergencia en el municipio de Mocoa.
[341]
Se estudió lo consignado en la parte motiva del decreto declaratorio
consistente en que al no haber dimensionado la magnitud del desastre en su
totalidad, “no agotan (para el Gobierno) los asuntos que pueden abordarse en
ejercicio de las facultades conferidas por el estado de excepción”, por lo que
“podrían detectarse nuevos requerimientos y, por lo tanto, diseñarse
estrategias novedosas para afrontar la crisis”, así como lo dispuesto en la
resolutiva al indicarse que el Gobierno habría de ejercer todas las funciones “que
requiera para conjurar la crisis” (art. 2º) y que se adoptarían “todas aquellas
medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la propagación
de sus efectos”, disponiendo de “las operaciones presupuestales necesarias para
llevarlas a cabo” (art. 3º).
[342]
Una epidemia que se ha extendido a varios países o continentes que generalmente
afecta a un gran número de personas. Fuente OMS.
[343] Fuente: Coronavirus Resource Center - Johns Hopkins Univérsity
& Medicine.
[344]
De acuerdo con la proyección poblacional para Colombia de 2020 – 50.372 424
personas.
[345]
Fuente: Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades con corte a 17 de
marzo de 2020 a 8:00 a.m.
[346]
Escrito presentado el 1° de abril de 2020 y suscrito por Clara María González
Zabala, Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República; Ángela Patricia
Parra Carrascal, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público; Andrea Elizabeth Hurtado Neira, Directora Jurídica del
Ministerio de Salud y Seguridad Social; y Luis Ernesto Flórez Simanca, Jefe de
la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Nacional de Salud.
[347]
Se exceptúa al Ministerio del Trabajo.
[348]
Más adelante, explica que “(…) el Gobierno, para poder atender las
crecientes y (sic) inesperadas necesidades de recursos con ocasión a la
atención de los efectos del COVID-19, debe considerar fuentes alternas a los
mercados financieros, en un primer momento”.
[349]
$12,1 billones.
[350]
$2,7 billones.
[351]
Este dinero hacía parte del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del
Ministerio de Salud y Protección Social, vigencia 2020 – Rubro Mejoramiento Red
de Urgencias y Atención de Enfermedades Catastróficas y Accidentes de Tráfico.
[352]
Sobre el momento en el que efectuó la asignación de los recursos, expresa: “Si
bien, el acto propio del fortalecimiento se presenta con posterioridad a la
declaratoria del estado de emergencia social, económica y ecológica, las
gestiones para tal fin se iniciaron con anterioridad a la misma”.
[353]
“Por la cual se adoptan las buenas prácticas clínicas para las instituciones
que conducen investigación en seres humanos”.
[354]
El Instituto Nacional de Salud explica que la selección de estos países obedece
a los siguientes criterios: “-Aquellos países que representa un mayor riesgo
de introducción por tener el mayor número de casos (tabla 1). ||
- Aquellos países de
mayor proximidad y/o cercanía (Ej: Estados Unidos). || Aquellos países que de
forma historia tienen un mayor flujo de pasajeros internacionales (Ej: Estados
Unidos y España como punto de referencia para recibir y emitir pasajeros desde
y hacia Europa)”.
[355]
El protocolo exceptúa de la prohibición al MS Monarch, por lo cual estableció
estrictos parámetros para su ingreso.
[356]
Incluye acciones de vigilancia en salud pública, acciones de laboratorio para
la confirmación de casos, acciones de prevención y control, acciones de
atención y prestación de servicios de salud, acciones relacionadas con la
exposición al riesgo laboral, acciones en los puntos de entrada y pasos
fronterizos, acciones para la articulación intersectorial y gestión del riesgo,
así como acciones para la comunicación del riesgo.
[357]
También se allegó el plan contentivo de las medidas para la detección temprana,
control y la atención ante la posible introducción del virus Covid-19 y la implementación
de los planes de preparación y respuesta ante este riesgo en la población
militar.
[358]
Escrito presentado el 27 de marzo de 2020
[359]
Escrito presentado el 27 de marzo de 2020 y suscrito por Alberto Boada Ortiz,
Secretario de la Junta Directiva del Banco de la República.
[360]
Escrito recibido el 27 de marzo de 2020 y suscrito por Jairo Yobany Pérez
Ceballos, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio.
[361]
Escrito presentado el 13 de abril de 2020 y suscrito por Francisco Roberto
Barbosa Delgado, Fiscal General de la Nación.
[362]
Escrito presentado el 20 de abril de 2020 y suscrito por Camilo Gómez Alzate,
Director General de la Agencia.
[363]
El Título VII de la Ley 9 de 1979, la Ley 100 de 1993, la Ley 1122 de 2007, la
Ley 1438 de 2011, el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 y la Ley 1751 de
2015.
[364]
Escrito presentado el 20 de abril de 2020 y suscrito por Carlos Ernesto Camargo
Assis.
[365]
Escrito presentado el 15 de abril de 2020 y suscrito por Gilberto Toro Giraldo.
[366]
Escrito presentado el 31 de marzo de 2020 y suscrito por Erika Joullieth Castro
Buitrago, Coordinadora de la Clínica.
[367]
Escrito presentado el 14 de abril de 2020 y suscrito por Jorge Kenneth Burbano
Villamarín, Mary Luz Tobón y Javier Enrique Santander Díaz.
[368]
Escrito presentado el 8 de abril de 2020 y suscrito por Cesar Augusto Romero
Molina y Luis Adrián Gómez Monterroza.
[369]
La colisión entre salud pública con elementos propios de la economía social de
mercado.
[370]
“¿El Decreto legislativo número 417 del 17 de marzo de 2020 cumple con los
requisitos constitucionales, legales y jurisprudenciales para declarar estados
de excepción por emergencia económica social y ecológica?”.
[371]
Escrito presentado el 20 de abril de 2020 y suscrito por Juliana Bustamante
Reyes, Lucía Yepes Bonilla y Pedro Enrique Chaves Rodríguez, miembros del
Programa por la Acción para la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) del
Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.
[372]
Escrito presentado el 20 de abril de 2020 y suscrito por Floralba Padrón Pardo,
Alfonso Palacios Torres y Pedro Pablo Vanegas Gil.
[373]
Escrito presentado el 20 de abril de 2020 y suscrito por Rubén Darío Restrepo
Rodríguez y Alex Rodrigo Coll.
[374]
Escrito presentado el 31 de marzo de 2020 y suscrito por Gustavo Gallón
Giraldo, Julián González Escallón, Juan Ospina Rendón y David Fernando Cruz,
respectivamente, director, coordinador y abogados de la Comisión.
[375]
Escrito presentado el 29 de marzo de 2020.
[376]
Escrito presentado el 30 de marzo de 2020.
[377]
Escrito presentado el 31 de marzo de 2020.
[378]
Escrito presentado el 1° de abril de 2020. Las intervinientes ostentan la
calidad de Representantes a la Cámara.
[379]
Escrito presentado el 1° de abril de 2020.
[380]
Escrito presentado el 1° de abril de 2020 y suscrito por Odorico Guerra
Salgado, Menderson Mosquera Pinto, Manuel López Ramírez, Alexander Vargas,
Marleny Salazar de Castellanos, Sigifredo Parra Castro, María Isabel Palacio
Jiménez, Silvia Quintero Cano, Oveida Rosa Padilla, Pastora Mira García, Silvia
Velásquez Julio y Jhon Jairo Romero Munevar.
[381]
La Asociación cita un artículo del periódico El Tiempo del 4 de diciembre del
2019 denominado “Cambio de Curso”
[382]
Escrito presentado el 1° de abril de 2020.
[383]
Escrito presentado el 2 de abril de 2020 y suscrito por Luis Alberto Romero
Ocampo.
[384]
Escrito presentado el 2 de abril de 2020 y suscrito por Didier Ferney Pedreros
Vega.
[385]
También refiere que entre los proyectos que hacen parte del Plan Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres se encuentran incorporadas medidas con respecto
a las pandemias.
[386]
Conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres.
[387]
Gestión integral de los riesgos, enfoque que contempla todo tipo de peligros,
enfoque multisectorial, enfoque multidisciplinario, resiliencia de las
comunidades, desarrollo sostenible y fundamentos éticos.
[388]
En este punto, cuestiona la oportunidad de las medidas que adoptó el Gobierno
Nacional, pues, en su criterio, estas se pueden considerar tardías.
[389]
Escrito presentado el 2 de abril y suscrito por Monseñor Fabián Marulanda,
Ángela Patricia Acosta, José Julián López Gutiérrez, Claudia Marcela Vargas
Páez, Sergio Isaza Villa, Oscar Andia Salazar y Jennifer M. Bueno.
[390]
El Comité destaca la importancia de llevar a cabo un proyecto de diagnóstico
masivo de la enfermedad, en tanto esto fortalece el trabajo de los médicos y
permite llevar a cabo las acciones necesarias para mejorar la capacidad
sanitaria de las regiones menos preparadas. En este punto, también menciona la
importancia de la vigilancia en el uso de los recursos del sistema.
[391]
Escrito presentado el 3 de abril de 2020.
[392]
En este sentido, recuerda que a partir de la sentencia C-004 de 1992 la Corte Constitucional
asumió el control material de estos decretos.
[393]
Sobre esta apreciación, expone: “[l]a lectura de dicho Decreto Especial
permite inferir sin dificultad alguna, reunidos los requisitos exigidos por el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la CP y de la LE 137 de 1994, en
el contexto del Bloque de Constitucionalidad (art. 93 de la CP). El control
material pasa fácilmente el examen por las breves razones anotadas”.
[394]
Escrito presentado el 6 de abril de 2010.
[395]
Escrito presentado el 6 de abril de 2010.
[396]
También cuestiona que no es susceptible de ser demandado debido a la suspensión
de términos judiciales que estableció el Consejo Superior de la Judicatura.
[397]
Escrito presentado el 6 de abril de 2020.
[398]
Escrito presentado el 6 de abril de 2020 y suscrito por Sergio Isaza Villa,
Félix León Martínez, Carolina Corcho Mejía, Laura Isabel Villamizar, Nelson
Gustavo Contreras y Pedro Santana Rodríguez.
[399]
Entre otras cosas, pretenden que se declare la constitucionalidad condicionada
del artículo 3 del Decreto 417 de 2020, en tanto establece que “[e]l
Gobierno nacional adoptará mediante decretos legislativos, además de las
medidas anunciadas en la parte considerativa de este decreto, todas aquellas
medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión
de sus efectos, así mismo dispondrá las operaciones presupuestales necesarias
para llevarlas a cabo”.
[400]
Este organismo presentó sus consideraciones en dos ocasiones: el 6 y el 16 de
abril de 2020. La síntesis que se presenta a continuación reúne lo señalado en
ambos escritos. Estos están suscritos por Stelsie Angers.
[401]
Escrito presentado el 7 de abril de 2020 y suscrito por Diana Rocío Bernal
Camargo, Santiago Heno Villegas, Juny Montoya Vargas, Luis Guillero Restrepo,
César Augusto Serrano Novia, Danilo Villafaña Torres, Jesus Javier Córdoba
Murillo, Liliana A. Chicaiza Becerra, Julia Sandra Bernal Crespo, Nora Helena
Riani-Llano, Luz Janeth Forero, Edgar Quiñones Bolaños, Constanza Ovalle Gómez,
Nohora Joya Ramíres y Alba Marina Cotes.
[402]
Escrito presentado el 8 de abril de 2020.
[403]
Escrito presentado el 14 de abril de 2020 y suscrito por Jaime Alberto Cabal
Sanclemente.
[404]
Escrito presentado el 16 de abril de 2020. Los intervinientes ostentan la
calidad de Senadores de la República.
[405]
Escrito presentado el 16 de abril de 2020 y suscrito por Bruce Mac Master.
[406]
Escrito presentado el 17 de abril de 2020 y suscrito por Lina María Torrado
Rojas.
[407]
Escrito presentado el 20 de abril de 2020.
[408]
Escrito presentado el 20 de abril de 2020.
[409]
Escrito presentado el 20 de abril de 2020 y suscrito por Reinaldo Villalba
Vargas, Jomary Ortegón Osorio, Soraya Gutiérrez Arguello, Alirio Uribe Muñoz,
José Jans Carretero Pardo y Juan David Romero Preciado, en nombre del Colectivo
de Abogados; y Linda María Cabrera Cifuentes y Luisa Fernanda Martínez Paba, en
nombre de Sisma Mujer.
[410]
Escrito presentado el 20 de abril de 2020. El interviniente ostenta la calidad
de Senador de la República
[411]
“En 2018, se registraron 607.308 acciones de tutela por violaciones a un
derecho fundamental. De estas, 207.734 corresponden a transgresiones al derecho
a la salud, siendo la cifra más alta en la historia de Colombia desde la
Constitución Política del 91. Estas tutelas se presentaron especialmente en 5
departamentos del país, constituyendo el 54% de acciones así: el principal es
Antioquia (24%), seguido por Valle del Cauca (11%), Bogotá (7%), Norte de
Santander (6%) y Santander con (6%)”.
[412]
Escrito presentado el 20 de abril de 2020.
[413]
Escrito presentado el 20 de abril de 2020 y suscrito por Gustavo Morales Cobo.
[414]
Sobre esta cuestión, explica: “Lo anterior en la medida en que en algunos
sectores académicos y políticos, se ha propuesto la tesis según la cual los
Decretos Legislativos no podrían modificar normas de rango de ley orgánica ni
de ley estatutaria. Esta tesis no resulta consonante con el principio de
subsidiariedad, en virtud del cual se analiza si las situaciones
extraordinarias le impiden al Congreso expedir las disposiciones normativas con
el carácter prioritario que la situación extraordinaria lo amerita (Sentencia
C-122 de 1997, entre otras), sin que el tipo de leyes que resulte necesario
modificar para conjurar la crisis sea una limitante para el ejercicio de las
potestades derivadas de los estados de excepción. Esta claridad permitirá
obviar este análisis al momento de desarrollar el test de constitucionalidad en
cada uno de los decretos legislativos de desarrollo del estado de emergencia”
[415]
Escrito presentado el 20 de abril de 2020.
[416]
En cuanto a la gravedad de esta situación, Dejusticia tiene en cuenta lo
siguiente: “(…) lo sucedido con la llegada de la pandemia del COVID-19 al
país implica una grave calamidad pública. Como lo explica el Ministerio de
Salud y Protección Social, se estima que más de ocho millones de personas en el
país contraigan el virus, poniendo en inminente riesgo su vida, pues el sistema
de salud colombiano no está equipado para atender tal cantidad de personas en
un espacio tan reducido de tiempo, como se ha evidenciado que ocurre a partir
de la experiencia internacional. Así, al momento de la declaratoria existía un
riesgo cierto de grave calamidad pública, materializada en el colapso del
sistema de salud y el correspondiente costo dramático en vidas que significaría
dejar sin atención a miles de personas afectadas por el COVID-19 a raíz de la
insuficiencia de la infraestructura necesaria para atender masivamente
enfermedades respiratorias graves. Riesgo cierto que no sólo ya se había
evidenciado en distintos países, sino que estaba pronosticado a partir de
cálculos epidemiológicos sólidos”.
[417]
Menciona que, a través de las Resoluciones 380 y 385 de 2020, el Ministerio de
Salud y Protección Social empleó estas facultades ordinarias. Igualmente, trae
a colación las decisiones de algunas autoridades locales por medio de las que
se ordenaron simulacros de aislamiento.
[418]
Esta intervención se presentó de forma extemporánea. El escrito se presentó el
21 de abril de 2020 y según informe de la Secretaría General de la Corte el
término de fijación en lista se venció el 20 de abril de 2020.
[419]
Esta intervención se presentó de forma extemporánea. El escrito se presentó el
22 de abril de 2020 y según informe de la Secretaría General de la Corte el
término de fijación en lista se venció el 20 de abril de 2020.
[420]
Esta intervención se presentó de forma extemporánea. El escrito se presentó el
23 de abril de 2020 y según informe de la Secretaría General de la Corte el
término de fijación en lista se venció el 20 de abril de 2020.
[421]
Esta intervención se presentó de forma extemporánea. El escrito se presentó el
4 de mayo de 2020 y según informe de la Secretaría General de la Corte el
término de fijación en lista se venció el 20 de abril de 2020.
[422]
Esta intervención se presentó de forma extemporánea. El escrito se presentó el
7 de mayo de 2020 y según informe de la Secretaría General de la Corte el
término de fijación en lista se venció el 20 de abril de 2020.
[423]
Esta intervención se presentó de forma extemporánea. El escrito se presentó el
11 de mayo de 2020 y según el informe de la Secretaría General de la Corte el
término de fijación en lista venció el 20 de abril de 2020.
[424]
En un escrito del 15 de octubre de 2020, la señora Isabel Cristina Jaramillo
Sierra, junto con un grupo de estudiantes de la Universidad de los Andes,
señala, entre otras cosas, que el Decreto 417 de 2020 no desconoce la
constitución.
[425]
Esta intervención se presentó de forma extemporánea. El escrito se presentó el
12 de mayo de 2020 y según el informe de la Secretaría General de la Corte el
término de fijación en lista venció el 20 de abril de 2020.
[426]
Esta intervención se presentó de forma extemporánea. El escrito se presentó el
13 de mayo de 2020 y según el informe de la Secretaría General de la Corte el
término de fijación en lista venció el 20 de abril de 2020.
[427]
A través de su intervención, también se pronuncian sobre la constitucionalidad
del Decreto 546 de 2020.
[428]
Esta intervención se presentó de forma extemporánea. El escrito se presentó el
18 de mayo de 2020 y según el informe de la Secretaría General de la Corte el
término de fijación en lista venció el 20 de abril de 2020.
[429]
Disponible en: http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/7%20GIPG11.pdf
[430]
Respuesta al auto de pruebas. Anexos Documento 4.1.
[431]
Disponible en: http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/7%20GIPG11.pdf
[432]
Ibídem.
[433]
Anexos Documento 3.5.
[434]
Anexos Documento 2.1.
[435]
Respuesta al auto de pruebas. Anexos Documento 4.1.
[436]
Disponible en: http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/7%20GIPG11.pdf
[437]
Anexos Documento 2.1.
[438]
Respuesta al auto de pruebas. Anexos Documento 4.1.
[439]
Ibídem.
[440]
Anexos Documento 3.3.
[441]
Disponible en: http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/7%20GIPG11.pdf
[442]
Respuesta al auto de pruebas. Anexos Documento 4.1.
[443]
Ibídem.
[444]
Ibídem.
[445]
Ibídem.
[446]
Anexos Documento 3.5.
[447]
Disponible en: http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/7%20GIPG11.pdf
[448]
Ibídem.
[449]
Ibídem.
[450]
Ibídem.
[451]
Ibídem.
[452]
Ibídem.
[453]
Anexos Documento 3.3.
[454]
Respuesta al auto de pruebas. Anexos Documento 4.1.
[455]
Disponible en: http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/7%20GIPG11.pdf
[456]
Respuesta al auto de pruebas. Anexos Documento 4.1.
[457]
Disponible en: http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/7%20GIPG11.pdf
[458]
Ibídem.
[459]
Ibídem.
[460]
Ibídem.
[461]
Respuesta al auto de pruebas. Anexos Documento 4.1.
[462]
Disponible en: http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/7%20GIPG11.pdf
[463]
Respuesta al auto de pruebas. Anexos Documento 4.1.
[464]
Respuesta al auto de pruebas. Anexos Documento 4.1.
[465]
Anexos Documento 3.5. Enlista las acciones realizadas con las medidas
económicas adoptadas, como adquisición de equipos de protección y medidas de
bioseguridad, equipamiento de laboratorios de diagnóstico, mejora de vigilancia
y reunión de datos y campaña masiva en comunicación del riesgo. Otras
necesidades como unidades de cuidados intensivos, cadena de suministros,
lugares de atención y camas hospitalarias, personal médico necesario, entre
otros, responde MinSalud que antes de la declaratoria se venían analizando las
estrategias.
[466]
Anexos Documento 3.5.
[467]
MinSalud. Anexos Documento 2.1.
[468]
Disponible en: http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/7%20GIPG11.pdf
[469]
Disponible en: http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/7%20GIPG11.pdf
[470]
Disponible en: http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/7%20GIPG11.pdf
[471]
Disponible en: http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/7%20GIPG11.pdf
[472]
Disponible en: http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/7%20GIPG11.pdf
[473]
Disponible en: http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/7%20GIPG11.pdf
[474] Agamben, Giorgio, Homo Sacer II. Estado de excepción,
Traducción de Flavia Costa e Ivana Costa. Introducción y entrevista de Flavia
Costa. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2005, pp. 24-28.
[475] Barreto Rozo Antonio hace evidente cuatro formas en
las que la excepción en el mundo contemporáneo se ha tornado efectivamente en
la regla o ha dejado el camino listo y abierto para convertirse en ella: “La
dinámica reiterada de lo excepcional tiene lugar, en primera medida, porque
prácticamente en todos los sistemas modernos la figura jurídica de la excepción
convive con aquella de la democracia (la excepción como estado de excepción);
segundo, porque genera espacios de indeterminación o vacíos de derecho que son
aprovechados para que la excepción misma, y los poderes que se benefician de
ella, se sigan perpetuando (la excepción como indeterminación); tercero, porque
diversos gobiernos han recurrido a su empleo continuo como estrategia para
consolidar su poder y dominio (la excepción como técnica de gobierno); y
cuarto, porque bajo la dinámica de lo excepcional se terminan neutralizando y
marginando seres humanos concretos, generalmente considerados como riesgosos
para los sistemas (la excepción como exclusión y discriminación)”. Normalidad y
excepcionalidad: la indescifrable regularidad contemporánea de la excepción.
pp. 1-23. <Disponible en:
http://www.Palermo.edu/derecho/publicaciones/sela2006pdf/AntonioBarretoRozo.pdf.>.
[476] Cfr. Luigi Ferrajoli. Constitucionalismo más allá del
Estado. Traducción de Perfecto Andrés Ibáñez. Editorial Trotta. 2018.
[477] Ello no es óbice para que el juez pueda autolimitarse
(self-restraint) si la solución adoptada tiene la razonable fundamentación
propia del buen derecho y del orden justo, en vez de sustituir al Estado con
sus propios puntos de vista.
[478] Metodología jurídica y argumentación. David Martínez
Zorrilla. Marcial Pons. 2010. Págs. 257-258.
[479] Debe anotarse que este tipo de pronunciamiento fue
requerido dentro del trámite de constitucionalidad del decreto declaratorio del
estado de emergencia. En efecto, al examinarse por la Corte la insuficiencia de
los medios ordinarios y particularmente las medidas anunciadas por el Gobierno
nacional, varios intervinientes ciudadanos solicitaron hacer explícita en la
parte motiva o resolutiva de la decisión: i) la importancia de mantener un
control estricto por este Tribunal; ii) garantizar el funcionamiento del
Congreso de la República en época de emergencia; iii) brindar un enfoque
solidario, de derechos humanos y de cooperación internacional; y iv) avocar el
conocimiento de los decretos que dispusieron el aislamiento preventivo
obligatorio; entre otros. Al respecto, pueden consultarse las siguientes
intervenciones: Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y
Corporación Sisma Mujer; Asociación de Víctimas por la Paz en Colombia;
Abogados sin fronteras Canadá (ASFC); Comisión Colombiana de Juristas; Senador
Gustavo Bolívar Moreno; Comité de Veeduría y Cooperación en Salud; Senadores
Iván Cepeda y Roy Barreras; Francisco Rodríguez; Dejusticia; ciudadanos José
Marín y David Cuartas; Universidad Libre de Bogotá; Universidad de los Andes;
Consejo Nacional de Bioética; y Comisión de Seguimiento de Salud de la
Sentencia T-760 de 2008, Federación Médica Colombiana y Fedesalud.
[480] Título dado por el catedrático de derecho
constitucional Carlos Vidal Parado a una columna del día 6 de abril de 2020 en
el diario El Mundo, España.
[481] Derecho de excepción y control al Gobierno: una
garantía inderogable. 11 abril, 2020. Comentarios por Germán M. Teruel Lozano.
[482] El artículo 215 superior, establece: “El Congreso
examinará hasta por un lapso de treinta días, prorrogable por acuerdo de las
dos cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas
que determinaron el estado de emergencia y las medidas adoptadas, y se
pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas.
(….) El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando
declaren el estado de emergencia sin haberse presentado alguna de las
circunstancias previstas en el inciso primero, y lo serán también por cualquier
abuso cometido en el ejercicio de las facultades que la Constitución otorga
durante la emergencia”.
[483] El artículo 215 superior, señala: “El Congreso,
durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar,
modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas
materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno. En relación con
aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá ejercer
dichas atribuciones en todo tiempo”.
[484] Los parlamentos no deben interrumpirse durante la
emergencia, su acción debe continuar hasta que termine, ya que deben hacer un
control constante de la situación y si esta se mantiene. Cfr. Documento del
Consejo Europeo. Respecto de la democracia, el imperio de la ley y los derechos
humanos en el marco de la emergencia por el COVID-19.
[485] Artículo 215.
[486] En los reportes de la
oficina de leyes del Senado y la Cámara, en el período comprendido entre el 16
de marzo y el 16 de junio, se han radicado 64 iniciativas legislativas. Se ha
aprobado solo el proyecto que da vía a la e Región Metropolitana de Bogotá.
[487] Particularmente en tiempos de crisis se debe buscar
respuestas en los fundamentos de la civilización y no convertirnos en víctimas
de las extraordinarias competencias del poder ejecutivo atribuidas en nombre de
la protección de nuestras sociedades. Una crisis no debe transformarse en un
medio para que el poder ejecutivo margine o suspenda poderes como el
legislativo y el judicial. Cfr. El Estado de Derecho en los tiempos de crisis.
La pandemia que afecta al mundo no puede ser una excusa para que quienes tienen
poder abusen de él. Por Javier Cremades y Brad S. Karp. Disponible en:
https://www.eltiempo.com/mundo/mas-regiones/el-estado-de-derecho-en-los-tiempos-de-coronavirus-490700
[488] Ley 1909 de 2018, por medio de la cual se adoptan el
estatuto de la oposición política y algunos derechos a las organizaciones
políticas independientes.
[489] Ha ocurrido, sin embargo, que un integrante del
Gobierno le dice al presidente del Congreso que: “Sin embargo, las
restricciones o limitaciones para el ejercicio presencial de las sesiones del
Congreso de la República se encuentran contenidas en la Resolución No. 450 del
17 de marzo de 2020, la cual señala la prohibición de aglomeraciones de
personas en espacios abiertos y cerrados. ||Igualmente, deberá asegurarse el
cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad y su anexo técnico expedido
por el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 666 de 24
de abril de 2020. || Estas medidas aplican para todos los habitantes del
territorio nacional sin excepción ni distingo alguno, ya que propenden por
garantizar la vida e integridad personal. (…) ||No obstante lo anterior, y
entendiendo la importancia del funcionamiento de la Corporación que usted
preside, le proponemos avanzar de manera coordinada en un protocolo de
bioseguridad, con el aval del Ministerio de Salud, para buscar la posibilidad
de realizar sesiones presenciales en las instalaciones del Congreso de la
República.|| Por lo anterior, frente a su solicitud de que ´se levante la
limitación única y exclusivamente para los servidores públicos de elección
popular para realizar reuniones de más de 50 personas, adoptando las medidas de
bioseguridad requeridas para tales efectos´, no es posible acceder a la
petición, toda vez que dichas medidas son de obligatorio cumplimiento como ya
se ha mencionado”. https://images.canal1.com.co/wpcontent/uploads/2020/05/27140112/27pteLidio_05272020_111239.pdf?
[490] El
profesor Gargarella refuerza esta idea al señalar: “como sugiriera el
ejemplo del comienzo: los protocolos a cumplir (legales en este caso) resultan
cruciales para `minimizar errores esperables en situaciones de crisis`. Lo cual
nos lleva directamente a la cuestión sustantiva: en situaciones de crisis
social y tensión colectiva, necesitamos escuchar mucho más que nunca las voces
de quienes impugnan, demandan y desacuerdan. Tales voces merecen informar y
corregir la toma de decisiones `oficial `, en lugar de resultar relegadas por
la intervención de la dirigencia que las invoca sin consultarlas, o quedar
aplastadas por arengas militares (como las del ministro de Seguridad de Buenos
Aires)”.
Autor
citado en
https://www.lanacion.com.ar/opinion/coronavirus-los-problemas-del-estado-emergencia-america-nid2348990/amp?__twitter_impression=true
[491] Gran número de parlamentos del mundo han ideado formas
de reunirse, por ejemplo, limitando las reuniones presenciales a solo los
asuntos atinentes al COVID-19; reduciendo los números de parlamentarios que
asisten presencialmente y definiendo los que lo hacen telemáticamente, entre
otras medidas creativas. En general, los parlamentos han sido creativos para
garantizar el que se sesione con algún grado de presencialidad. Cfr. https://www.ipu.org/country-compilation-parliamentary-responses-pandemic. También, ilustrativamente, https://www.ipu.org/news/news-in-brief/2020-05/video-parliaments-in-time-pandemic.
[492] El artículo 15 de la Ley 1909 de 2018 consagra el
derecho de las organizaciones que se hayan declarado en oposición, cuando el
Presidente de la República haga alocuciones oficiales en medios de comunicación
que usan el espectro electromagnético, a usar dicho espacio en el transcurso de
las siguientes 48 horas, en los mismos medios, con igual tiempo y horario, para
poder controvertir de hacerse necesario la posición del Gobierno.
[493] El Defensor del Pueblo de España señala que “incluso
en el estado de alarma los derechos humanos siguen vigentes porque la
democracia no se suspende”. Disponible en:
http://blogs.infolibre.es/alrevesyalderecho/?p=5755
[494] Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Resolución 1/2020, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Disponible en
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
[495] Conceil of Europe. (2020). Respecting
democracy, rule of law and human rights in the framework of the COVID-19
sanitary crisis. A toolkit for member states. Recuperado de
https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40
[496] Artículo
241.7 de la Constitución.
[497] Artículos
237.2 de la Constitución y 136 del CPACA -Ley 1437 de 2011-.
[498] Artículo 241 y transitorio
10 de la Constitución.
[499] Artículo 228 de la
Constitución.
[500] Sentencia C-257 de 2016.
[501] Conoció de una demanda
contra el Decreto 1513 de 2013, “por el cual se da aplicación provisional al
Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y
sus Estados Miembros, por otra, firmado en Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de
2012”.
[502] A partir de ello ha
sostenido esta Corporación que “cuando un acto normativo difiere o no coincide
en su denominación, órgano o procedimiento regular de expedición con los que si
fueron previstos expresamente en el artículo 241 superior, pero cumple su misma
función y efecto dentro del ordenamiento, de modo que la razón por la cual se
asignó a la Corte Constitucional la revisión de tales actos es aplicable a la
norma de categorización dudosa, la competencia de este Tribunal se extiende a
estos últimos”. Bajo este contexto, también corresponde a la Corte la revisión
de las categorías normativas que sean asimilables a las explícitamente
previstas en el artículo 241 superior, “cuando el acto cuyo órgano de revisión
no está determinado directa y expresamente en el texto constitucional, pero
comparte el rasgo esencial de otro acto cuya revisión fue adjudicada a la
Corte, deben ser equiparadas ambas categorías jurídicas, y la revisión judicial
se extiende a ambos actos”. Sentencia C-280 de 2014.
[503] La sentencia C-1081 de
2005  señaló que en la sentencia C-155 de 2005 conoció de una acción de
inconstitucionalidad contra una disposición del Reglamento 01 de 2003 del
Consejo Nacional Electoral y si bien se inhibió inicialmente para conocerla
consideró que era competente para examinar su constitucionalidad de manera
oficiosa e integral en virtud de la naturaleza material de ley estatutaria, por
lo que solicitó a dicha entidad que dentro del término otorgado enviara a esta
Corporación el texto del reglamento para proceder al estudio oficioso,
definitivo e integral respectivo.
[504] Una revisión preliminar de
los decretos indica que además de fijar una restricción intensa de la libertad
de locomoción, establecen i) un catálogo de excepciones, ii) responsabilidades
de alcaldes y gobernadores en esta materia, iii) reglas sobre suspensión del
transporte terrestre y el transporte aéreo; y iv) la referencia al tipo de
sanciones aplicables por el incumplimiento de las normas adoptadas.
[505] Artículo 1 C. Pol.
[506] Artículo 24 C. Pol.
[507] Artículo 37 C. Pol.
[508] Artículo 38 C. Pol.
[509] Artículo 25 C. Pol.
[510] Artículo 13 C. Pol.
[511] Sentencia C-370 de 2019.
Restricción de derechos por el legislador.
[512] Sentencia C-128 de 2018.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 52 y 62 (parciales) de la
Ley 1801 de 2016, “por la cual se expide el Código Nacional de Policía y
Convivencia”.
[513] Decreto Único
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.
[514] Primero. Declarar EXEQUIBLE
la expresión “sino para garantizar la seguridad y la salubridad públicas”,
contenida en el artículo 99 del Decreto Ley 1355 de 1970, en el entendido de
que las autoridades locales podrán determinar limitaciones al ejercicio de la
libertad de locomoción, sólo en la medida en que resulte estrictamente
necesario y únicamente en el área y durante el lapso indispensables para
preservar la vida, la integridad personal y la salud de los seres humanos, sin
que de ninguna manera pueda afectarse el núcleo esencial del derecho
fundamental de locomoción. Segundo. EXHORTAR nuevamente al Congreso de la
República para que, en ejercicio de su potestad de configuración normativa y en
cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, expida una ley que
establezca un nuevo régimen de policía que desarrolle la Constitución Política.
[515] Además, se indicó que “el
poder de policía, entendido como la potestad de dictar normas generales que
restringen el ejercicio de los derechos fundamentales, corresponde al Congreso
de la República64, como órgano representativo y democrático por
excelencia, materializándose así el principio de reserva de ley que le es
propio”.
[516] Sentencia C-511 de 2013.
[517] Cfr. Resolución 385 de 12
de marzo de 2020 declara la emergencia sanitaria en todo el territorio
nacional.
[518] Sentencia C-252 de 2010.
[519] Artículo 215, parágrafo,
de la Constitución.
[520] Los decretos invocan como
fundamento disposiciones constitucionales y legales. Entre las primeras se
encuentran i) el artículo 189.4 conforme al cual le corresponde al presidente
conservar en todo el territorio el orden público, ii) los artículos 303 y 315
que asignan a los alcaldes y gobernadores la función de conservar el orden
público y iii) el artículo 199 de la Ley 1801 que le asigna al presidente de la
República, entre otras, las funciones de a) ejercer la función de Policía para
garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y los deberes,
de acuerdo a la Constitución y la ley;  b) tomar las medidas que considere
necesarias para garantizar la convivencia en el territorio nacional, en el
marco de la Constitución, la ley y este Código;  e c) impartir instrucciones a
los alcaldes y gobernadores para preservar y restablecer la convivencia.
[521] Cfr. Documento del Consejo Europeo. Respecto de la
democracia, el imperio de la ley y los derechos humanos en el marco de la
emergencia por el COVID-19.
[522] Sentencias C-156 de 2011, C-252 de 2010 y C-135 de
2009.
[523] Citado por Luz Amparo Serrano. Uso y abuso del estado
de sitio, Bogotá, 1980, pp. 87 y 88. Cfr. sentencia C-216 de 2011.
[524] Asamblea Nacional Constituyente. Informe de ponencia
para primer debate en plenaria sobre “Normas de excepción. El estado de
sitio y el estado de excepción. La emergencia económica y social”. Gaceta
Constitucional 76 de 1991. Cfr. sentencia C-216 de 2011.
[525] Cfr. Observación General 25 del 7 de abril de 2020
sobre “la ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales”. La Corte
Interamericana de Derechos humanos respecto al COVID-19 declaró que “los
problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y
respetando las obligaciones internacionales”.
[526]
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-670 de 2015. M.P. María Victoria
Calle. A. V. Jorge Iván Palacio.
[527]
Consideraciones sobre los presupuestos formales, fundamento jurídico núm. 10 de
la presente Sentencia C-145 de 2020.
[528]
Respuesta de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República en el
expediente RE-232, sobre las pruebas solicitadas mediante el Auto del 24 de
marzo de 2020, folio 8.
[529]
Cfr. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-216 de 201. M.P. Juan
Carlos Henao.
[530]
Informe – ponencia para primer debate en plenaria, Constituyentes Navarro,
Galán, Villa, y Ortiz. “Normas de excepción. La emergencia económica y social,”
en Gaceta Constitucional, Núm. 76, mayo 18 de 1991, p. 13. Asamblea
Nacional Constituyente, Sesión Plenaria, del 21 de mayo de 1991, pp. 93 y 94.
[531]
Sobre el particular, confróntese las gacetas de la Asamblea Nacional Constituyente
relacionadas con la discusión del artículo 212. En especial las de la Sesión
Plenaria del 20 y 21 de mayo de 1991.