C-339-14
Sentencia C-339/14
Sentencia C-339/14
ACUERDO SOBRE
EJECUCION DE PENAS IMPUESTAS POR CORTE PENAL INTERNACIONAL SUSCRITO CON LA
REPUBLICA DE COLOMBIA-Exequibilidad del acuerdo y de Ley 1661 de 2013 por
medio de la cual se aprueba
CONTROL
CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRATADOS Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Competencia de la
Corte Constitucional/CONTROL CONSTITUCIONAL DE LEY APROBATORIA DE TRATADO-Características/CONTROL
CONSTITUCIONAL DE LEY APROBATORIA DE TRATADO-Alcance
Según
el artículo 241 numeral 10 de la
Constitución, corresponde a la Corte el examen de la constitucionalidad de los
tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. La
sentencia C-468 de 1997 sostuvo que dicho control se caracteriza por ser (i)
previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del
Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviado
directamente por el Presidente de la
República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la
sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la
Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley
y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene
fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación
del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su
finalidad es garantizar tanto la supremacía de la
Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del
Estado colombiano. El control por vicios de procedimiento que la
Corte ejerce sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban,
según lo prescrito en el artículo 241 numeral 10 Superior, se dirige tanto a
examinar la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos
de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los
funcionarios en la negociación y firma del tratado, como el cumplimiento de las
reglas de trámite legislativo en la formación de la ley aprobatoria en el
Congreso. Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados
públicos, el legislador no puede alterar el contenido de éstos introduciendo
nuevas cláusulas ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad
del tratado. Si el tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones
interpretativas, y, a menos que estén expresamente prohibidas, también se
pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado.  En
cuanto al examen de fondo, éste consiste en juzgar las disposiciones del texto
del tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria, respecto de
la totalidad de las disposiciones del Ordenamiento Superior, para determinar si
las primeras se ajustan o no a la
Constitución Política. Dicho examen de fondo es exclusivamente jurídico y por
lo tanto no comprende cuestiones de conveniencia, oportunidad, utilidad y
eficiencia, como lo ha resaltado la Corte.
CONTROL
CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRATADOS Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Competencia de
control de tratados celebrados en desarrollo del Estatuto de Roma
TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Remisión a la
Corte Constitucional
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Negociación
y celebración
ACUERDO SOBRE
EJECUCION DE PENAS IMPUESTAS POR CORTE PENAL INTERNACIONAL SUSCRITO CON LA
REPUBLICA DE COLOMBIA-Trámite legislativo
ACUERDO SOBRE
EJECUCION DE PENAS IMPUESTAS POR CORTE PENAL INTERNACIONAL SUSCRITO CON LA
REPUBLICA DE COLOMBIA-Constitucionalidad de trámite legislativo
CERTIFICACIONES
EXPEDIDAS POR SECRETARIOS DE COMISIONES Y PLENARIAS DEL CONGRESO EN CONTROL DE
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, Y CUMPLIMIENTO DE REGLAS SOBRE VOTACION-Valor probatorio
La
jurisprudencia constitucional colombiana ha sostenido, incluso desde antes de la
Constitución de 1991, que para acreditar la satisfacción de un requisito del
procedimiento legislativo, las certificaciones de las Secretarías del Congreso
son un medio de prueba conducente, cuyo contenido se presume veraz pero puede
ser desvirtuado en los casos concretos. La
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia así lo sostuvo, por ejemplo, en la
sentencia del 27 de noviembre de 1973, al examinar la acción pública contra una
Ley, uno de cuyos cargos planteaba como vicio de forma que el proyecto no había
sido. aprobado en una de sus etapas con las mayorías previstas en la
Constitución. Las Actas sólo certificaban que se había aprobado el proyecto, y
que se había convertido en ley. En cuanto a si cumplía con la mayoría de votos
exigida por la Constitución, debido a que las Actas no lo precisaban, fue la
certificación del Secretario General de la
Cámara de Representantes la que esclareció el punto. El Secretario certificaba
entonces que en la sesión correspondiente se le había impartido aprobación al
proyecto de ley mediante el cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios. En ese caso, la
Corte Suprema de Justicia manifestó que la información contenida se presumía
veraz, y que debió ser desvirtuada por los demandantes, demostrando que la
aprobación impartida a la ley impugnada no lo fue con los votos necesarios. La
Corte Constitucional, por su parte, ha observado justamente el mismo
principio. El control de constitucionalidad sobre el procedimiento legislativo
en varias ocasiones se ha fundado
probatoriamente en las certificaciones expedidas por los Secretarios de
Comisiones o Plenarias del Congreso de la
República.  No obstante, no en todos los casos se les ha atribuido el mismo
valor probatorio a dichos certificados. El control sobre el procedimiento es
fruto de un análisis en conjunto de las pruebas incorporadas al expediente, y
no sólo de los certificados de los secretarios de Comisiones y Plenarias del
Congreso. Además, la Corte ha tenido en cuenta en el control del procedimiento
legislativo el contenido de las actas y Gacetas del Congreso, y registros de
audio o vídeo de las sesiones parlamentarias. El análisis conjunto de los
medios de prueba relevantes puede conducir a distintos resultados críticos
sobre el valor probatorio de las certificaciones. La
Corte ha concluido, por ejemplo, que mientras algunos certificados son claros,
veraces y coherentes con el resto del material probatorio, otros en cambio son
imprecisos, insuficientes para esclarecer un punto oscuro, o incluso pueden
carecer de objetividad en algún aspecto. Con arreglo a lo anterior, las
decisiones de la Corte en torno a si se  cumplieron en el trámite de un
proyecto las reglas constitucionales sobre forma de votación (nominal y
pública, o alguna de las excepciones legales), deben entonces tomar en
consideración las certificaciones emitidas por los secretarios de Comisiones y
Plenarias del Congreso de la
República, sin perder de vista que es preciso analizarlas en conjunto con
otros elementos para definir su valor probatorio. La
regla general sobre votaciones en el Congreso es que estas deben ser nominales
y públicas, de acuerdo con la reforma introducida al artículo 133 de la
Carta mediante el artículo 5º del Acto Legislativo 01 de 2009, luego objeto de
desarrollado con la Ley 1431 de 2011, por la cual se establecen las excepciones
a que se refiere
el artículo 133 de la
Constitución Política. El artículo 133 de la
Constitución  dispone ahora que el voto de los miembros de los cuerpos
colegiados debe ser nominal, salvo en los casos exceptuados expresamente por el
Legislador. El artículo 130 de la Ley 5ª, a su turno, fue modificado por el
artículo 2º de la Ley 1431 de 2011, reiterando en el plano de la legislación
orgánica el mandato constitucional, y estableciendo mecanismos para su
cumplimiento. Las excepciones a la votación nominal y pública fueron
incorporadas por el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011 al artículo 129 de la
Ley 5ª de 1992, y entre estas se previó en el inciso 16 la existencia de
unanimidad en la Comisión o Plenaria respectiva para votar negativa o
positivamente el proyecto, o parte de su articulado. Para resolver puntos oscuros o dudosos sobre el cumplimiento
de estas reglas de votación, la Corte les ha reconocido valor probatorio a las
certificaciones de secretarios de Comisiones o Plenarias del Congreso. Pero su
valor probatorio no ha sido definitivo en todos los casos, como por ejemplo
cuando han resultado ser igualmente abiertas o imprecisas. De allí que la
Corte las haya analizado regularmente en conjunto con otro haz de elementos
fácticos debidamente incorporados al proceso de constitucionalidad, relevantes
para determinar la presencia de unanimidad en la aprobación de los proyectos de
ley, tales como: i. Si al declararse aprobado el proyecto concurrió alguna
oposición capaz de afectar la validez del trámite; ii. Si en el debate en el
cual se aprueba el proyecto de ley se solicitó la votación nominal y pública;
iii. Si la forma de declarar el resultado de la votación expresa con claridad
la unanimidad; iv. Si en el contexto general del proceso legislativo se
advierten manifestaciones indicativas de unanimidad al interior de las Cámaras,
como que los informes de ponencia hayan sido favorables a la aprobación del proyecto,
que ningún miembro hubiese hecho público su desacuerdo con la aprobación del
proyecto, que en los debates
se haya aprobado la omisión de lectura del articulado, que en ningún debate los congresistas
hayan pedido la votación nominal y pública o hayan registrado votos en contra.
No en todos los casos resulta entonces necesario acreditar la concurrencia de
condiciones como las señaladas, para entender satisfecha la regla
constitucional de votación en el Congreso (CP art 133). En algunos eventos, la
votación nominal y pública o, en su defecto, la unanimidad de la votación
ordinaria del articulado, saltan a la vista a partir de lo consignado en las
Actas. En otros casos, cuando existen dudas en torno a si la forma de votación
satisfizo lo previsto en el artículo 133 de la
Constitución, una forma de contribuir al esclarecimiento de ese punto oscuro
es tomar en cuenta las certificaciones de los secretarios de Comisiones y
Plenarias, y leerlas en conjunto con los demás elementos de prueba obrantes en
el expediente. En esos casos, la conclusión respecto de si se cumplen o no las
condiciones para declarar válida la excepción a la regla general de votación
nominal y pública, ha de estar razonablemente fundada en el análisis conjunto
de las certificaciones y los demás medios de prueba relevantes para el proceso.
ACUERDO
SOBRE EJECUCION DE PENAS IMPUESTAS POR CORTE PENAL INTERNACIONAL SUSCRITO CON LA
REPUBLICA DE COLOMBIA-Contenido
ACUERDO
SOBRE EJECUCION DE PENAS IMPUESTAS POR CORTE PENAL INTERNACIONAL SUSCRITO CON LA
REPUBLICA DE COLOMBIA-Constitucionalidad del contenido del acuerdo
La Corte considera que
los contenidos del Acuerdo entre la
República de Colombia y la Corte Penal Internacional sobre la
Ejecución de las Penas Impuestas por la
Corte Penal Internacional no desconocen las disposiciones aplicables sobre la
materia, previstas en la Constitución de 1991.
ACUERDO
SOBRE EJECUCION DE PENAS IMPUESTAS POR CORTE PENAL INTERNACIONAL SUSCRITO CON LA
REPUBLICA DE COLOMBIA-Propósito
El Acuerdo tiene
entonces el propósito de crear un marco regulatorio relativo a los actos y
procedimientos de designación de Colombia como Estado de ejecución de penas
impuestas por la CPI, de su decisión de aceptar o no tal designación, y de los
demás aspectos concernientes al proceso de ejecución de la pena propiamente
dicha.
ACUERDO SOBRE
EJECUCION DE PENAS IMPUESTAS POR CORTE PENAL INTERNACIONAL SUSCRITO CON LA
REPUBLICA DE COLOMBIA-Fundamento/ACUERDO SOBRE EJECUCION DE PENAS
IMPUESTAS POR CORTE PENAL INTERNACIONAL SUSCRITO CON LA
REPUBLICA DE COLOMBIA-Finalidad
El cometido del
Acuerdo está entonces fundado en una de las previsiones del Estatuto de Roma,
la cual establece directamente que la CPI puede designar a un Estado de los que
se encuentren en disposición de recibir personas condenadas, para que en su
territorio se ejecute una pena impuesta por la
CPI. Colombia, en desarrollo del principio de cooperación internacional,
suscribe este Acuerdo con el fin de proveer instrumentos que hagan eficaz la
jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Esta finalidad es propia del
Acuerdo, y aunque según se indicó se dicta en desarrollo del Estatuto, no es
simplemente una reproducción de los contenidos de este último.
ACUERDO SOBRE
EJECUCION DE PENAS IMPUESTAS POR CORTE PENAL INTERNACIONAL SUSCRITO CON LA
REPUBLICA DE COLOMBIA-Alcance
Referencia: expediente
LAT-416
Revisión de la
Ley 1662 del 16 de julio de 2013 “por medio de la cual se aprueba el
‘ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA
CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA
EJECUCIÓN DE LAS PENAS IMPUESTAS POR LA
CORTE PENAL INTERNACIONAL’ hecho en Bogotá, D.C., el 17 de mayo de 2011”.
Magistrada
Ponente:
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Bogotá,
D.C., cuatro (4) de junio de dos mil catorce (2014)
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión
constitucional de la Ley 1662 del 16 de julio de 2013 “por medio de la cual
se aprueba el ‘ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA
CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA
EJECUCIÓN DE LAS PENAS IMPUESTAS POR LA
CORTE PENAL INTERNACIONAL’ hecho en Bogotá, D.C., el 17 de mayo de 2011”.
I.
ANTECEDENTES
1. Con base en
lo dispuesto en el artículo 241-10 de la
Carta Política, mediante oficio radicado en la
Secretaría General de esta Corporación el 18 de julio de 2013, la
Secretaria Jurídica de la Presidencia de la
República remitió copia auténtica de la Ley 1662 del 16 de junio de 2013, para
efectos de su revisión constitucional.
2. La
Magistrada Sustanciadora, mediante auto del 9 de agosto de 2013, avocó el
conocimiento del proceso y dispuso la práctica de pruebas. Recibidas éstas,
ordenó continuar el trámite del mismo y, en consecuencia, fijar en lista el
proceso por el término de 10 días con el fin de permitir la intervención
ciudadana, así como dar traslado al señor Procurador General de la
Nación para el concepto correspondiente y comunicar la iniciación del proceso
al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la
República, a los Ministros de Justicia y de Relaciones Exteriores, al Fiscal
General de la Nación y al Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria.
Igualmente invitó a participar en el proceso a los Decanos de las Facultades de
Derecho de las Universidades Nacional de Colombia, de los Andes, Javeriana, del
Rosario, Externado de Colombia, de Antioquia, y del Valle, así como al Centro
de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -DEJUSTICIA.
3. Cumplidos
los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, procede esta Corte a decidir
sobre la exequibilidad del tratado y de la ley que lo aprueba.
II.
TEXTO DEL CONVENIO QUE SE REVISA Y DE SU LEY
APROBATORIA
A continuación
se transcribe el texto de la Ley enviada para revisión, conforme su publicación
en el Diario Oficial N°
48853 del 16 de julio de 2013:
“LEY 1662 DE 2013
(julio 16)
Diario Oficial No. 48.853 de 16 de julio de
2013
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo
entre la República de Colombia y la
Corte Penal Internacional sobre la
Ejecución de las Penas Impuestas por la
Corte Penal Internacional”, hecho en Bogotá, D. C., el 17 de mayo de 2011.
EL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
Visto el texto del “Acuerdo entre la
República de Colombia y la Corte Penal Internacional sobre la
Ejecución de las Penas Impuestas por la
Corte Penal Internacional”, hecho en Bogotá, D. C., el 17 de mayo de 2011, que
a la letra dice:
ACUERDO ENTRE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA
CORTE PENAL
INTERNACIONAL SOBRE LA EJECUCION DE LAS PENAS
IMPUESTAS POR LA
CORTE PENAL INTERNACIONAL
La Corte Penal Internacional
(en adelante denominada "la Corte") y La
Republica de Colombia (en adelante denominada "Colombia" o el
"Estado de ejecución"),
PREAMBULO
RECORDANDO el
artículo 103 del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, adoptado  el 17 de julio de 1998 por la
Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones  Unidas (en
adelante denominado "el Estatuto de Roma"), con arreglo al cual las
penas privativas de libertad impuestas por la
Corte se cumplirán en un Estado designado por la
Corte sobre la base de una lista de Estados que hayan manifestado a la
Corte que están dispuestos a recibir condenados;
RECORDANDO la
regla 200 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la
Corte (en adelante  denominadas "la regla" y "las
Reglas"), con arreglo a la cual la
Corte podrá concertar con Estados acuerdos bilaterales compatibles con el
Estatuto con miras a establecer un marco para la  recepción de los reclusos que
haya condenado;
RECORDANDO las
normas generalmente aceptadas de los instrumentos internacionales sobre  el
tratamiento de los reclusos, entre ellos, las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus
resoluciones 663 C (XXIV), de 31 de julio de 1957, y 2067 (LXII), de 13 de mayo
de 1977, el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas
sometidas a cualquier forma de detención o prisión, adoptado por la
Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988, y los
Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, adoptados por la
Asamblea General en su resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990;
COMPROBANDO la
disposición de Colombia de aceptar personas condenadas por la
Corte;
A FIN de
establecer un marco para la aceptación de personas condenadas por la
Corte y prever las condiciones en las que se cumplirán las penas en el
territorio de Colombia;
HAN CONVENIDO en
lo siguiente:
Artículo 1
Finalidad y
alcance del Acuerdo
1. El Acuerdo
regulara las cuestiones relacionadas con la ejecución de las penas impuestas
por la Corte en establecimientos penitenciarios suministrados por Colombia o
que surjan en relación con dicha ejecución.
2. Con la
permanente cooperación de la Corte, según corresponda, la responsabilidad en
última instancia por la efectiva ejecución de las penas en el territorio de
Colombia incumbirá a  Colombia, que garantizara la seguridad y protección
adecuadas de las personas condenadas.
3. Con sujeción
a las condiciones estipuladas en el presente Acuerdo, las penas privativas de
libertad serán obligatorias para Colombia, que no podrá modificarlas en caso
alguno.
Colombia pondrá
fin a la ejecución de la pena tan pronto como sea informada por la
Corte de cualquier decisión o medida que adopte con respecto a la ejecución de
la pena.
Artículo 2
Procedimiento e
información relativos a la designación
1. La
Presidencia de la Corte (en adelante denominada "la
Presidencia"), cuando notifique a Colombia de su designación como Estado
de ejecución de la pena en un caso determinado,  transmitirá a Colombia la
información y los documentos siguientes:
a) el nombre, la
nacionalidad, la fecha y el lugar de nacimiento de la persona condenada;
b) una copia de
la sentencia condenatoria definitiva y de la pena impuesta;
c) la duración y
la fecha de iniciación de la pena y el tiempo que resta por cumplir;
d) luego de
haber escuchado la opinión de la persona condenada, toda la información
necesaria acerca del estado de su salud, incluso acerca del tratamiento médico
que esté recibiendo. A fin de mantener actualizados los antecedentes
biográficos de la persona condenada, la
Corte enviara a Colombia su historia clínica y la demás información necesaria
para asegurar la efectiva ejecución de la pena y garantizar los derechos de la
persona condenada de conformidad con las disposiciones de la legislación de
Colombia y el párrafo 2 del artículo 4 del presente Acuerdo.
2. Cuando sea
designada por la Corte como Estado de ejecución, Colombia comunicará con
prontitud a la Presidencia, de conformidad con su legislación nacional, si
acepta o no la designación.
3. Colombia
podrá retirar en cualquier momento sus condiciones de aceptación de la
inclusión en la Lista de Estados de ejecución. Las enmiendas o adiciones que se
hagan a dichas condiciones estarán sujetas a confirmación por la
Presidencia.
4. Colombia
notificará a la Corte de cualesquiera circunstancias, incluido el cumplimiento
de las  condiciones convenidas en virtud del párrafo 1 del artículo 103 del
Estatuto de Roma, que puedan afectar materialmente a las condiciones o la
duración de la reclusión. Se dará a Ia Presidencia un preaviso mínimo de 45
días cuando tales circunstancias sean conocidas o previsibles. Durante ese
periodo, Colombia no tomará medida alguna que afecte a las obligaciones que le
incumben en virtud del artículo 110 del Estatuto de Roma.
Artículo 3
Entrega
1. La persona
condenada será entregada a Colombia una vez que Colombia haya aceptado
expresamente su designación como Estado de ejecución por conducto de su
Ministerio de Relaciones Exteriores.
2. El Secretario
de la Corte (en adelante, "el Secretario") tomara las medidas
pertinentes para la adecuada realización de la entrega de la persona en
consulta con Colombia y el Estado anfitrión, incluidos los aspectos logísticos
y de seguridad del transporte de la persona condenada.
3. Colombia será
responsable de la integridad de la persona condenada y de la efectiva ejecución
de la pena una vez que la persona condenada este dentro de su territorio y en
poder de sus autoridades.
Artículo 4
Supervisión y
condiciones de ejecución
1. La ejecución
de una pena privativa de libertad estará sujeta a la supervisión de la
Corte y se ajustara a las normas generalmente aceptadas de los instrumentos
internacionales sobre el tratamiento de los reclusos. A fin de supervisar la
ejecución de las penas privativas de  libertad:
a) La
Presidencia podrá:
i) cuando sea
necesario, solicitar a Colombia o a cualquier otra fuente confiable cualquier
clase de información, informe o dictamen pericial;
ii) cuando sea
procedente, delegar en un magistrado de la
Corte o en un  funcionario de la Corte, previa notificación a Colombia, la
responsabilidad de  reunirse con la persona condenada y escuchar sus opiniones,
fuera de la  presencia de las autoridades nacionales de Colombia;
iii) cuando sea
procedente, dar a Colombia la oportunidad de formular  comentarios sobre la
opinión expresada por la persona condenada con arreglo al  inciso ii) del
apartado a) del presente párrafo 1.
b) Colombia
permitirá la inspección de las condiciones de reclusión y el tratamiento de
la(s) persona(s) condenada(s) por el Comité Internacional de la
Cruz Roja (en adelante denominado "el CICR") en cualquier momento y
en forma periódica; el CICR determinara la frecuencia de las visitas.
i) El CICR
presentará a Colombia y a la Presidencia un informe confidencial fundado en las
comprobaciones de dichas inspecciones. ii) Colombia y la
Presidencia se consultarán mutuamente acerca de las comprobaciones del
informe. Posteriormente la Presidencia podrá solicitar a Colombia que le
informe de los cambios que se produzcan en las condiciones de reclusión
sugeridas por el CICR, en el entendido de que las sugerencias del CICR no son
vinculantes.
2. Las
condiciones de reclusión se regirán por la legislación de Colombia y se
ajustaran a las normas generalmente aceptadas de los instrumentos internacionales
sobre el tratamiento de los reclusos. En ningún caso serán más ni menos
favorables que las condiciones aplicadas a los reclusos condenados por delitos
similares en Colombia.
3. Todas las
comunicaciones entre la persona condenada y Ia Corte serán irrestrictas y
confidenciales. La Presidencia, en consulta con Colombia, respetará esos
requisitos cuando establezca mecanismos adecuados para que la persona condenada
pueda ejercer su derecho a comunicarse con la
Corte acerca de las condiciones de reclusión.
4. Cuando la
persona condenada reúna las condiciones necesarias para un programa o beneficio
carcelario existente con arreglo al derecho íntimo de Colombia que entrañe actividades
fuera del establecimiento penitenciario, Colombia comunicara ese hecho a la
Presidencia, junto con la información o las observaciones pertinentes, para
permitir que la Corte ejerza su función de supervisión.
Artículo 5
Limitación al
enjuiciamiento o la imposición de una pena
1. La persona
condenada no será juzgada ante un tribunal de Colombia por una conducta que
haya constituido la base de los crímenes por los cuales dicha persona ya hubiere
sido condenada o absuelta por la Corte.
2. La persona
condenada que esté privada de libertad en Colombia no estará sujeta a
enjuiciamiento, imposición de pena ni extradición a un tercer Estado por
acciones realizadas antes del traslado de dicha persona a Colombia, a menos que
dicho enjuiciamiento, imposición de pena o extradición haya sido aprobado por la
Presidencia a solicitud de Colombia.
a) Cuando
Colombia quiera procesar al condenado o ejecutar una pena por una conducta
anterior a su traslado, lo comunicará a la
Presidencia y le transmitirá los siguientes documentos:
i) Una
exposición de los hechos del caso y de su tipificación en derecho;
ii) Una copia de
las normas jurídicas aplicables, incluidas las relativas a la prescripción y a
las penas aplicables;
iii) Una copia
de toda sentencia, orden de detención u otro documento que tenga la misma
fuerza jurídica o de cualquier otro mandamiento judicial que el Estado tenga la
intención de ejecutar;
iv) Un protocolo
en el que consten las observaciones de la persona condenada, obtenidas después de
haberle informado suficientemente acerca del procedimiento.
b) En caso de
que otro Estado presente una solicitud de extradición, Colombia la transmitirá
a la Presidencia en su integridad, junto con un protocolo en el que consten las
observaciones de la persona condenada, obtenidas después de haberle informado
suficientemente acerca de la solicitud de extradición.
c) En relación
con los apartados a) y b) del presente párrafo 2, la
Presidencia:
i) podrá en
todos los casos solicitar cualquier documento o información adicional a
Colombia o al tercer Estado que solicita la extradición
ii) emitirá su
decisión lo antes posible. Dicha decisión será notificada a quienes hayan
participado en las actuaciones. Si la solicitud se refiere a la ejecución de
una pena, la persona condenada podrá cumplir dicha pena en Colombia o ser
extraditada a un tercer Estado una vez que haya cumplido íntegramente la pena
impuesta por la Corte.
iii) podrá
autorizar la extradición temporal de la persona condenada a un tercer Estado
para su enjuiciamiento solo si ha obtenido seguridades que estime suficientes
de que la persona condenada permanecerá privada de libertad en el tercer Estado
y volverá a ser transferida a Colombia, después del enjuiciamiento.
d) La
información o los documentos que se transmitan a la
Presidencia en virtud de los apartados a) o b) o del inciso i) del apartado c)
del presente párrafo 2 se transmitirán al Fiscal, que podrá formular
observaciones al respecto.
3. El párrafo 2
del presente artículo dejara de aplicarse si la persona condenada permanece
voluntariamente durante más de 30 días en el territorio de Colombia después de
haber cumplido íntegramente la pena impuesta por la
Corte, o regresa al territorio de dicho Estado después de haber salido de él.
Artículo 6
Apelación,
revisión, reducción y ampliación de la pena
1. Colombia no
pondrá en libertad a la persona antes de que haya cumplido la pena impuesta por
la Corte.
2. Solo la
Corte podrá decidir acerca de la reducción de pena o las solicitudes de
apelación y revisión.
a) Colombia no
obstaculizara la presentación de solicitudes de apelación y revisión por la
persona condenada.
b) Solo la
Corte podrá decidir acerca de la reducción de pena y se pronunciara al
respecto después de escuchar a la persona.
3. A los efectos de la
ampliación de la duración de la privación de libertad, la
Presidencia podrá solicitar las observaciones de Colombia.
Artículo 7
Evasión
1. Si la persona
condenada se ha evadido, Colombia dará aviso al Secretario lo antes posible,
por cualquier medio apto para dejar una constancia escrita.
2. Si Ia persona
condenada se evade de la prisi6n y huye del territorio de Colombia, Colombia
podrá, después de consultar con la
Presidencia, solicitar al Estado en que se encuentre dicha persona la
extradición o entrega de ella con arreglo a los acuerdos bilaterales o
multilaterales vigentes, o podrá pedir que la
Presidencia solicite la entrega de la persona, de conformidad con la
Parte IX del Estatuto de Roma. La
Presidencia podrá disponer que la persona sea entregada a Colombia o a otro
Estado designado por la Corte.
3. Si el Estado
en que se encuentra la persona condenada accede a entregarla a Colombia, con
arreglo a convenios internacionales o a su legislaci6n nacional, Colombia lo
comunicara por escrito al Secretario. La persona será entregada a Colombia tan
pronto como sea posible y, de ser necesario, en consulta con el Secretario. El
Secretario prestara toda la asistencia necesaria, incluida, en caso necesario,
la presentaci6n de solicitudes de tránsito hacia los Estados de que se trate,
de conformidad con la regla 207.
4. Si la persona
condenada es entregada a la Corte, esta la trasladara a Colombia. Sin embargo, la
Presidencia podrá, actuando de oficio o a solicitud del Fiscal o de Colombia,
designar a otro Estado, incluido el del territorio al que hubiera huido el
condenado.
Artículo 8
Tiempo
transcurrido fuera del Estado de ejecución
I. Si, después
de la entrega de la persona condenada a Colombia, la
Corte ordena que la persona condenada comparezca ante la
Corte, la persona condenada será transferida temporalmente a la
Corte, bajo la condici6n de regresar al territorio de Colombia dentro del
plazo determinado por la Corte. El tiempo que la persona haya estado recluida a
disposici6n de la Corte se deducirá de la duraci6n total de la pena que quede
para ser cumplida en Colombia.
2. En todos los
casos se deducirá de la pena que quede por cumplir a la persona condenada todo
el periodo en que haya estado recluida en el territorio del Estado en que
hubiese sido detenida tras su evasión y, cuando sea aplicable el párrafo 4 del
artículo 7, el periodo de detenci6n en la sede de la
Corte tras su entrega por el Estado en el que se encontraba.
Artículo 9
Cambio en la
designación del Estado de ejecución
La Presidencia, actuando de
oficio o a solicitud de Colombia o de la persona condenada o del Fiscal, podrá,
en cualquier momento, decidir el traslado de una persona condenada a una
prisión de otro Estado.
a) Antes de
adoptar la decisión de cambiar la designaci6n del Estado de ejecución, la
Presidencia podrá, entre otras cosas, solicitar la opinión de Colombia.
b) Si la
Presidencia decide no cambiar la designaci6n de Colombia como Estado de
ejecución, notificara de su decisión a la persona condenada, al Fiscal, al
Secretario y a Colombia.
Artículo 10
Traslado de la
persona condenada luego de cumplirse la pena
1. Colombia
notificara a la Presidencia:
a) 60 días antes
de la fecha en que habrá de quedar cumplida la pena, que la pena quedara
cumplida a la brevedad;
b) 30 días antes
de la fecha en que habrá de quedar cumplida la pena, de la información
pertinente acerca de la intención de Colombia de autorizar a la persona a
permanecer en su territorio, o el lugar al que se proponga trasladar a la
persona.
2. Luego de
cumplirse la pena, la persona condenada que no sea nacional de Colombia podrá,
de conformidad con la legislación de Colombia, ser trasladada a un Estado que
esté obligado a recibirla, o a otro Estado que acceda a recibirla, teniendo en
cuenta los deseos de la persona de que se le traslade a dicho Estado, a menos
que Colombia autorice a la persona a permanecer en su territorio.
3. Con sujeción
a lo dispuesto en el artículo 5 del presente Acuerdo, Colombia podrá también,
de conformidad con su legislación nacional, extraditar o entregar en otra forma
a la persona a un Estado que haya pedido la extradición o la entrega de la
persona con fines de enjuiciamiento o de ejecución de una pena.
Artículo 11
Gastos
1. Los gastos
ordinarios de ejecución de la pena en el territorio de Colombia serán
sufragados por Colombia.
2. Los demás
gastos, incluidos los de transporte de la persona condenada desde la sede de la
Corte y hacia ella y hacia el territorio de Colombia y desde dicho territorio,
serán sufragados por la Corte.
3. En caso de
evasión, los gastos relacionados con la entrega de la persona condenada serán
sufragados por la Corte si ningún Estado se hace cargo de ellos.
Artículo 12
Designación de
puntos focales
Colombia y la
Corte designaran, mediante canje de notas, las autoridades que actuaran como
puntos focales para facilitar la ejecución del Acuerdo. Los puntos focales
serán responsables de comunicar y transmitirse mutuamente y a quien
corresponda, en la Corte y en el Estado anfitrión, así como en Colombia, toda
la información necesaria para ejecutar el presente Acuerdo.
Artículo 13
Entrada en vigor
El Acuerdo
entrara en vigor en la fecha en que Colombia notifique a la
Corte por escrito por los conductos diplomáticos que ha cumplido los
procedimientos jurídicos internos para su ratificación.
Artículo 14
Enmiendas
El Acuerdo podrá
ser enmendado, previa celebraci6n de consultas, por mutuo consentimiento de las
partes.
Artículo 15
Terminación del
Acuerdo
Previa
celebraci6n de consultas, cualquiera de las partes podrá terminar el Acuerdo,
con un preaviso escrito de dos meses. Dicha terminaci6n no afectara a las penas
que se estén ejecutando en el momento de la terminaci6n. Las disposiciones del
Acuerdo seguirán aplicándose hasta que dichas penas se hayan cumplido o
extinguido o, cuando proceda, en caso de que la persona condenada haya sido
trasladada de conformidad con el artículo 9 del presente Acuerdo.
EN PRUEBA DE LO
CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente
Acuerdo.
Hecho en Bogotá
el día 17 de mayo de 2011, en dos ejemplares, en los idiomas español e inglés,
siendo los dos textos igualmente auténticos. En caso de discrepancias,
prevalecerá la versión en inglés.”
Por la
Corte
SANG-HYUNG SONG,
Presidente de la
Corte Penal Internacional.
Por el Gobierno de la
República de Colombia,
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN,
Presidente de la
República.
LA SUSCRITA
COORDINADORA
SE TRATADOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
CERTIFICA:
Que
la reproducción del texto que antecede es fotocopia fiel y completa del “Acuerdo
entre la República de Colombia y la
Corte Penal Internacional sobre la
Ejecución de las Penas Impuestas por la
Corte Penal Internacional”, hecho en Bogotá, D. C., el 17 de mayo de 2011,
documento que reposa en los archivos del Grupo Interno de Trabajo de Tratados
de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio.
Dada
en Bogotá, D. C., a los catorce (14) días del mes de julio de dos mil once
(2011).
La Coordinadora de
Grupo Interno de Trabajo de Tratados, Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales,
ALEJANDRA
VALENCIA GARTNER.
Bogotá,
D. C., 19 de julio de 2011.
Autorizado.
Sométase a la consideración del honorable Congreso de la
República para los efectos constitucionales.
(Fdo.)
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Viceministra de
Asuntos Multilaterales encargada de las funciones del Despacho de la
Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Patti
Londoño Jaramillo.
DECRETA:
ARTÍCULO
1o. Apruébase
el “Acuerdo entre la República de Colombia y la
Corte Penal Internacional sobre la
Ejecución de las Penas Impuestas por la
Corte Penal Internacional”, hecho en Bogotá, D. C., el 17 de mayo de 2011.
ARTÍCULO
2o. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la
Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo entre la
República de Colombia y la Corte Penal Internacional sobre la
Ejecución de las Penas Impuestas por la
Corte Penal Internacional”, hecho en Bogotá, D. C., el 17 de mayo de 2011
que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de los mismos.
ARTÍCULO
3o. La
presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El
Presidente del honorable Senado de la
República,
ROY
BARRERAS MONTEALEGRE.
El
Secretario General del honorable Senado de la
República,
GREGORIO
ELJACH PACHECO.
El
Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
AUGUSTO
POSADA SÁNCHEZ.
El
Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
JORGE
HUMBERTO MANTILLA SERRANO.
REPÚBLICA
DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese
y cúmplase.
Ejecútese, previa
revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10
de la Constitución Política.
Dada
en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2013.
JUAN
MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de
Relaciones Exteriores,
MARÍA
ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.
La Ministra de
Justicia y del Derecho,
RUTH
STELLA CORREA PALACIO”.
III.   INTERVENCIONES
Ministerio de
Relaciones Exteriores
1. El
Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó a la
Corte que declare la exequibilidad del “Acuerdo entre la
República de Colombia y la Corte Penal Internacional sobre la ejecución de las
penas impuestas por la Corte Penal internacional” así como de la
Ley 1662 de 2013. En su criterio, el Acuerdo cumple a cabalidad con las
condiciones de forma, toda vez que fue suscrito por el Presidente de la
República, quien por lo demás impartió la orden de someterlo a aprobación del
Congreso de la República. La Ley aprobatoria del acuerdo se expidió también, a
su juicio, de acuerdo con los requisitos de procedimiento previstos en la
Constitución y la Ley 5 de 1992, así:
1.1. Trámite
ante el Senado de la República. El Proyecto de Ley 177/2011 Senado, junto con la
exposición de motivos y el texto del Acuerdo, fueron publicados en la
Gaceta 894 de 2011.  En la Comisión Segunda del Senado la ponencia se publicó
en la Gaceta 175 de 2012. En sesión del 8 de mayo de 2012, según la
Gaceta 547 del mismo año, se anunció la discusión y votación del proyecto para
la sesión siguiente. El 9 de mayo de 2012 la
Comisión lo aprobó con el quórum y las mayorías correspondientes, como lo
atestigua la Gaceta 548 de 2012. La ponencia para segundo debate en Plenaria,
se publicó en la Gaceta 278 de 2012. En la sesión del 5 de junio de 2012 se
anunció la discusión y votación del proyecto para la sesión del día siguiente,
como consta en la Gaceta 494 de 2012. El 6 de junio de ese mismo año se llevó a
cabo la votación, y la Plenaria del Senado le impartió su aprobación, con el
quórum y las mayorías exigidas por la
Constitución.
1.2. Trámite
ante la Cámara de Representantes. El Proyecto de ley 260/2012 Cámara fue
publicado, junto con la ponencia para primer debate en Cámara, en la
Gaceta 747 de 2012. En sesión del 30 de octubre de 2012, se anunció la
votación del proyecto, como consta en la
Gaceta 17 de 2013. La aprobación del proyecto se llevó a cabo en la sesión del
7 de noviembre de 2012, con el quórum y las mayorías requeridas por la
Carta Política, de lo cual quedó constancia en la
Gaceta 222 de 2013. La ponencia para segundo debate en Cámara se publicó en la
Gaceta 917 de 2012. En sesión del 18 de junio de 2013 se anunció la votación,
como lo certifica la Gaceta 751 de 2013. El proyecto fue aprobado en la sesión
del día siguiente, 19 de junio del mismo año, de acuerdo con lo consignado en
la gaceta 757 de 2013.
2. Respecto del
contenido de la Ley y del Acuerdo, sostiene el Ministerio de Justicia y del
Derecho que esta consiste de dos partes. Una sección se refiere -como lo dice
la exposición de motivos del proyecto- “a la obligación de los Estados contenida
en el artículo 103 del Estatuto de Roma y en la
Regla 200 de las Reglas de Procedimiento y Prueba […]; a los
principales estándares internacionales de soft law sobre el tratamiento
de los reclusos; a la disposición de Colombia de aceptar personas condenadas
por la Corte y al establecimiento de un marco para el efecto”. La otra
sección, dice este Ministerio, la conforman 15 artículos, los cuales regulan
entre otros aspectos el objeto del acuerdo, el procedimiento de designación del
Estado en el cual se va a ejecutar la pena, la entrega y traslado del
condenado, la supervisión y condiciones de ejecución de la pena, la
distribución de competencias y asignación de responsabilidades entre la
Corte Penal Internacional y el Estado colombiano, la apelación, reducción,
ampliación y revisión de la pena.
3. La
intervención considera que este contenido se ajusta a la
Constitución, en la medida en que busca contribuir “a fortalecer los
vínculos de cooperación entre Colombia y la
Corte Penal internacional para reprimir los delitos que atentan gravemente
contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, fin
que a su juicio es constitucionalmente válido. Se trata en su opinión de una
herramienta que refuerza el proceso de materialización “del valor justicia a
favor de las víctimas de graves delitos”. El Acuerdo tiene como marco de
referencia las obligaciones suscritas por Colombia en el Tratado de Roma y el
mandato constitucional de promover las relaciones internacionales del Estado
bajo los principios de reciprocidad y equidad. Por lo cual concluye solicitando
la exequibilidad de la Ley y el Acuerdo.
Presidente del
Congreso de la República
4. Por medio de
apoderado, el Presidente del Congreso de la
República intervino para defender la constitucionalidad de la
Ley y el Acuerdo bajo revisión. En cuanto al trámite de la
Ley, dice que “se observaron en forma estricta los pasos pertinentes que en
sus sentencias ha delineado la jurisprudencia constitucional”, relativos a
la forma de aprobación, anuncios previos y número de debates. Sobre el
contenido del instrumento, señala que el artículo 93 de la
Constitución fue reformado mediante el Acto Legislativo 02 de 2001, el cual
facultó al Estado colombiano para reconocerle jurisdicción a la
Corte Penal Internacional en los términos del Estatuto de Roma. Posteriormente
este último fue aprobado mediante Ley 742 de 2001, y sus textos se declararon
exequibles en la sentencia C-580 de 2002. Entre los preceptos declarados
exequibles se encuentra el artículo 103 de dicho Estatuto, que fija reglas
atinentes a la ‘Función de los Estados en la ejecución de las penas
privativas de libertad’. El Acuerdo bajo revisión se ajusta plenamente a
dichas funciones, y no modifica el Estatuto de Roma. Este último -agrega- es
Ley de la República, pero no todo él forma parte del bloque de constitucionalidad
stricto sensu, de acuerdo con la sentencia C-290 de 2012. Algunos de sus
cánones sí tienen esa condición. El artículo 103 del Estatuto de Roma debe, en
ese sentido, considerarse parámetro de constitucionalidad, en tanto permite
hacer efectivas las penas impuestas en virtud el Estatuto. Al ajustarse a esa
norma, el Acuerdo bajo control es constitucional.
Ministerio de
Relaciones Exteriores
5. El Ministerio
de Relaciones Exteriores le pidió a la Corte declarar exequibles el Acuerdo y
su Ley aprobatoria. El Acuerdo fue suscrito por el Presidente de la
República, quien además le impartió la aprobación ejecutiva y autorizó y
ordenó someterlo a la aprobación del Congreso de la
República. El tratado se aprobó dentro del número de debates, conforme a las
mayorías y demás requisitos previstos en la
Constitución y la Ley. Respecto del contenido del Acuerdo, la intervención
sostiene que tiene por objeto regular la ejecución de penas impuestas por la
Corte Penal Internacional en establecimientos penitenciarios y carcelarios del
Estado colombiano. Con lo cual, en su opinión, se desarrolla lo previsto en el
artículo 103 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, y en la
Regla 200 de las Reglas de Procedimiento y Prueba, aprobadas por la
Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, ambos vigentes en el
ordenamiento jurídico colombiano. El tratado bajo revisión es entonces
aplicación de lo establecido en el artículo 103 del Estatuto de Roma, que
permite la ejecución de penas privativas de la libertad impuestas a personas
condenadas por la Corte Penal Internacional, en el territorio y bajo la
jurisdicción de los Estados parte designados para el efecto. Por su parte, la
Regla 200 prevé la posibilidad de que los Estados celebren acuerdos
bilaterales con la Corte Penal Internacional, con el fin de fijar el marco
jurídico para la recepción de condenados en virtud de su jurisdicción.
Defensoría del
Pueblo
6. La
Defensoría del Pueblo solicita que se declaren exequibles la
Ley y el Acuerdo, en tanto su proceso de expedición y su contenido se
ajustaron a la Constitución, por las siguientes razones:
6.1. Sobre el
trámite ante el Senado de la República. El Proyecto de Ley 177/2012 fue publicado, junto con la
correspondiente exposición de motivos, en la
Gaceta 894 de 2011. La ponencia para primer debate en Senado se publicó en la
Gaceta 175 de 2012. En sesión de 8 de mayo de 2012 se anunció la votación del
proyecto en la sesión siguiente, como consta en la
Gaceta 547 de 2012. El 9 de mayo la
Comisión Segunda del Senado le impartió su aprobación, “con un quórum
deliberatorio y decisorio integrado por los trece (13) senadores” que la
confirman, como se certifica en la Gaceta 548 de 2012. En segundo debate en
Senado, la ponencia se publicó en la Gaceta 278 de 2012. En la sesión del 5 de
junio de 2012 se anunció la votación del proyecto para la siguiente sesión
plenaria, según la gaceta 494 de 2012. El 6 de junio de 2012 se aprobó el
proyecto de ley, contando con el quórum y las mayorías exigidas por la
Constitución, de conformidad con la Gaceta 495 de 2012.
6.2. Sobre el
trámite ante la Cámara de Representantes. El Proyecto de Ley 260/2012
obtuvo informe de ponencia para primer debate, el cual fue publicado en la
Gaceta 747 de 2012. Durante la sesión del 30 de octubre de 2012 se anunció la
votación del proyecto para la próxima sesión en la que se discutieran y aprobaran
proyectos de ley, como se aprecia en el Acta de Comisión No. 18 de esa misma
fecha. La aprobación del proyecto se surtió el 7 de noviembre de 2012, según la
Gaceta 222 de 2013, por votación nominal y pública, con once votos a favor y
uno en contra. La ponencia para segundo debate se publicó en la
Gaceta 917 de 2012. En sesión del 18 de junio de 2013 se anunció la discusión
y aprobación del proyecto de ley para la sesión del día siguiente, según consta
en la Gaceta 751 de 2013. El 19 de junio de 2013, la
Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto con una asistencia
de 163 Representantes, conforme se consignó en la
Gaceta 757 de 2013. El texto final se publicó en la
Gaceta 462 de 2013.
6.3. Sobre el
cumplimiento de plazos y términos. La intervención señala que la aprobación
del proyecto se surtió en dos legislaturas, que es el límite fijado por el
artículo 162 de la Constitución. Por otra parte, indica que se cumplió con los
términos definidos por el artículo 160 Superior, ya que el primer debate en
Senado se llevó a cabo el 9 de mayo de 2012, y la aprobación en Plenaria tuvo
lugar el 6 de junio del mismo año, es decir, que trascurrió cerca de un mes
entre un punto y otro. Uno y otro debate en la
Cámara estuvieron separados por un término superior a 8 días, pues el primero
ocurrió el 7 de noviembre, y el debate en Plenaria se adelantó el 19 de junio
de 2013. La aprobación del Proyecto en el Senado se realizó el 6 de junio de
2012, y la iniciación del debate en la
Cámara de Representantes se efectuó el 7 de noviembre de 2012; es decir,
corrió un término mayor a 15 días. En lo que atañe a la sanción, dice la
Defensoría que la Ley 1662 de 2013 fue sancionada el 16 de julio de 2013, y
remitida para su estudio a la
Corte Constitucional el 18 de julio de 2013. En suma, se cumplieron los
requisitos constitucionales.
7. En lo que
respecta al contenido del tratado y de su ley aprobatoria, la intervención
indica que la Ley 742 de 2002, aprobatoria del Estatuto de Roma, se refiere en la
Parte X a la “ejecución de las sanciones penales impuestas por la
Corte Penal Internacional”. Dice que esa Parte del Estatuto la conforman nueve
artículos, los cuales versan sobre: “i) la función de los Estados en la
ejecución de las penas privativas de la libertad (artículo 103); el cambio en
la designación del Estado de ejecución (artículo 104); iii) la ejecución de la
pena (artículo 105); iv) la supervisión de la ejecución de la pena y las
condiciones de reclusión (artículo 106); v) el traslado de la persona una vez
cumplida la pena (artículo 107); vi) las limitaciones al enjuiciamiento o la
sanción por otros delitos (artículo 108); vii) la ejecución de multas y órdenes
de decomiso (artículo 109); viii) el examen de reducción de la pena (artículo
110); y, ix) el manejo de la evasión (artículo 111)”. Estas disposiciones se
desarrollan en las Reglas de Procedimiento y Prueba de la
Corte Penal Internacional, incorporadas al orden interno mediante Ley 1268
de 2008, y en especial por su Capítulo 12 ‘De la ejecución de la pena’,
Reglas 198 a 225. La Sección I, Reglas 198
a 2010 desarrolla los artículos 103 y 104 del Estatuto de Roma, relativos a su
vez a la ejecución de penas privativas de la libertad y al cambio en la
designación del Estado en el cual ha de cumplirse a pena.
8. La
Defensoría del Pueblo aduce que en la sentencia C-578 de 2002, en la cual se
revisó la Constitucionalidad de la Ley que aprobó el Estatuto de Roma, la
Corte examinó la constitucionalidad de las disposiciones de ese tratado que se
refieren a la ejecución de penas impuestas por la
Corte Penal Internacional, y sostuvo al respecto que las mismas no prevén normas
incompatibles con el orden constitucional colombiano. Por ejemplo, dice la
Defensoría, los preceptos del Estatuto de Roma atinentes al traslado del
condenado de una prisión de un Estado a la de otro, a la extradición de un
condenado a otro Estado por conducta anterior a su entrega al Estado de
ejecución, o a la pena de decomiso, fueron juzgado por la
Corte Constitucional como ajustados a la
Carta Política de 1991. En la sentencia C-801 de 2009, por su parte, la
Corte declaró ajustadas a la Constitución las Reglas de Procedimiento y
Prueba y los Elementos de los Crímenes, y la
Ley 1268 de 2008 que las aprobó. La decisión  de la
Corte se fundó en que la aprobación de ese instrumento desarrollaba no sólo
finalidades del Estatuto de Roma, sino de hecho principios constitucionales del
orden interno.
9. La
intervención concluye señalando que el propio Estatuto de Roma reconoce la
posibilidad de suscribir acuerdos bilaterales con la
Corte Penal Internacional, con el fin de avanzar instancias de cooperación para
la ejecución de las penas. También indica que el Tratado incorpora al orden
interno los estándares internacionales de soft law, contenidos en las Reglas
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, el Conjunto de Principios para la
Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención y
prisión y los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos.
Finalmente dice que el artículo 2 del Acuerdo, referente al ‘Procedimiento e
información relativos a la designación’, establece que se debe enviar hacia
Colombia la historia clínica y demás información del condenado, que resulte
necesaria para asegurar la ejecución de la pena y mantener actualizada su
información biográfica. La Defensoría sostiene que esta información debe
tratarse de conformidad con los derechos fundamentales del recluso.
IV.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACION
10. El
Procurador General de la Nación, por medio del Concepto No. 5712 del 3 de
febrero de 2014, solicita a la Corte declarar exequibles el Acuerdo y la
Ley que lo aprueba.  En primer lugar hace un análisis formal de la
Ley aprobatoria, después del cual concluye que no se advierte la existencia de
vicio alguno. Presenta las razones por las cuales considera que en
procedimiento se cumplieron las reglas constitucionales y legales relativas a
la publicidad de los textos y las ponencias, a los anuncios previos, a las
mayorías y a la forma de votación. Luego de lo cual señala que además se
respetaron los límites temporales para la aprobación de proyectos de ley, así
como los términos para remitir la Ley a revisión de la
Corte. La Vista Fiscal concluye entonces que “no advierte la existencia de
vicio alguno” en este punto.
11. En relación
con el análisis material sostiene que, para llevarlo a cabo debe tenerse en
cuenta que conforme a la jurisprudencia de esta Corporación “no es lo mismo
evaluar la constitucionalidad de un tratado internacional ordinario que la de
uno directamente relacionado con las competencias de la
Corte Penal Internacional (…) porque el Acto Legislativo 02 de 2001 permite
que el Estado Colombiano adquiera obligaciones internacionales que desconozcan
algunas garantías mínimas penales previstas expresamente en la
Constitución, cuando se trata del Estatuto de Roma”. Una vez hecha esta
advertencia, concluye que el Acuerdo en mención debe ser evaluado bajo la excepcionalidad
que permite el Acto Legislativo 02 de 2001 y permitir algunos tratamientos
diferentes en relación con algunas garantías constitucionales sustanciales
mínimas. En ese orden de ideas, considera la
Vista Fiscal, este Acuerdo “permitiría” que el Estado colombiano
ejecutara condenas perpetuas o derivadas de delitos prescritos, lo que en
estricto sentido vulneraría los artículos 28 y 34 de la
Carta Política.
12. Resalta que
el revisado es un acuerdo que materializa los efectos derivados del Estatuto de
Roma. Por tratarse entonces de un aspecto “accesorio” (el Acuerdo bajo
control), sufre la suerte de lo  “principal” (el Estatuto de Roma). En
consecuencia, considera que “es constitucional aceptar la colaboración del
Estado colombiano para la ejecución de las condenas impuestas por la
Corte Penal Internacional”. Aclara que el hecho de permitir un juicio de
constitucionalidad diferenciado para aquellos asuntos derivados del Acto
Legislativo 02 de 2001, no faculta a las autoridades “para utilizar el Estatuto
de Roma como fundamento constitucional para direccionar sus decisiones” en
el orden interno. Lo que permite es, singularmente, que como en el caso del
presente Acuerdo las “autoridades colombianas actúen internamente bajo la
competencia directa de la Corte Penal Internacional”. Para el caso en
concreto, admitiría un examen de constitucionalidad diferenciada en materia de
ejecución de penas. Concluye que a la luz de estos razonamientos, la
Ley y el instrumento que aprueba son constitucionales, en la medida en que se
trata de medios que materializan la competencia de la
Corte Penal Internacional.
V.     CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Competencia de la
Corte Constitucional en materia de tratados y de leyes aprobatorias de
tratados. Referencia especial acerca de la competencia de control de tratados
celebrados en desarrollo del Estatuto de Roma
a. La
competencia general de la Corte en el control de tratados y de leyes
aprobatorias de tratados
1. Según el
artículo 241 numeral 10 de la Constitución, corresponde a la
Corte el examen de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de
las leyes aprobatorias de los mismos. La sentencia C-468 de 1997[1]
sostuvo que dicho control se caracteriza por ser (i) previo al
perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a
la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviado directamente
por el Presidente de la República a la
Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción
gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la
Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley
y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene
fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación
del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva,[2]
pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la
Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del
Estado colombiano.
2. El control
por vicios de procedimiento que la Corte ejerce sobre los tratados
internacionales y las leyes que los aprueban, según lo prescrito en el artículo
241 numeral 10 Superior, se dirige tanto a examinar la validez de la
representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y
celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la
negociación y firma del tratado, como el cumplimiento de las reglas de trámite
legislativo en la formación de la ley aprobatoria en el Congreso. Dada la
naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el
legislador no puede alterar el contenido de éstos introduciendo nuevas
cláusulas ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del
tratado.[3]
Si el tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas,
y, a menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir
reservas que no afecten el objeto y fin del tratado.[4]
En cuanto al examen de fondo, éste consiste en juzgar las disposiciones del
texto del tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria,
respecto de la totalidad de las disposiciones del Ordenamiento Superior,
para determinar si las primeras se ajustan o no a la
Constitución Política. Dicho examen de fondo es exclusivamente jurídico y por
lo tanto no comprende cuestiones de conveniencia, oportunidad, utilidad y
eficiencia, como lo ha resaltado la Corte.[5]
b. Referencia
especial acerca de la competencia de control de tratados celebrados en
desarrollo del Estatuto de Roma
3. Ahora bien,
como lo reconoció expresamente la Corte en la sentencia C-578 de 2002, que
controló el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional y su ley aprobatoria, debido a la reforma
constitucional introducida mediante Acto Legislativo 02 de 2001, el control
constitucional del Estatuto de Roma está sujeto a algunas limitaciones.[6]
En el Acto Legislativo 02 de 2001, el Constituyente derivado autorizó al Estado
colombiano para reconocer la jurisdicción de la
Corte Penal Internacional “en los términos previstos en el Estatuto de
Roma, adoptado el 17 de julio de 1998 por la
Conferencia de plenipotenciarios de las Naciones Unidas”. También quedó
consignada en el texto de la Constitución una autorización para “ratificar
este tratado [Estatuto de Roma] de conformidad con el procedimiento
establecido en esta Constitución” (CP art 93). La reforma también precisó
que la admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte
del Estatuto, con respecto a las garantías establecidas en la
Constitución, tendría efectos exclusivamente dentro de la materia reguilada en
aquél.
4. En vista de
esta reforma, en la sentencia C-578 de 2002 la
Corte Constitucional limitó sus competencias de control sobre el Estatuto de
Roma y su ley aprobatoria, a los aspectos procedimentales de ambos. Dijo
textualmente que en ese caso “la
competencia de la Corte en relación con el control de constitucionalidad
comprende resolver si: a) el procedimiento de celebración del tratado y b) el
procedimiento legislativo mediante el cual se expidió la ley aprobatoria se
ajustaron a la Constitución”. La
Corporación efectivamente contrajo sus funciones de control a esos aspectos, y
sin perjuicio de ello efectuó una exposición material de sus contenidos, pero
no con el fin de hacer una evaluación de constitucionalidad sobre la materia
regulada, sino con el único propósito de “a) interpretar los alcances de
dicho tratado, b)  realizar una descripción y un análisis que permitan
armonizar el Acto Legislativo 02 de 2001 con el resto de la
Constitución, para luego, a partir de esas premisas, c) delimitar el ámbito
especial del Estatuto y d) precisar los “tratamientos diferentes”,
identificados prima facie y en abstracto, independientemente de
circunstancias fácticas previsibles, imaginables o hipotéticas”.[7]
5. El Estatuto
de Roma fue entonces sometido a una revisión especial de constitucionalidad,
ajustada a la reforma introducida por el Acto Legislativo 02 de 2001. El Estado
colombiano ha suscrito luego de eso dos instrumentos internacionales, en
desarrollo de algunas de las previsiones del Estatuto de Roma. Primero celebró
el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la
Corte Penal Internacional, el cual fue aprobado
mediante Ley 1180 del 2007, y cuya constitucionalidad controló
esta Corporación en la sentencia C-1156 de 2008.[8] Luego se hizo
parte de las Reglas de Procedimiento y Prueba y de los Elementos de los crímenes de
la Corte Penal Internacional aprobados
ambos mediante la Ley 1268 de 2008, y controlados por esta Corte en la
sentencia C-801 de 2009.[9] En ambos
contextos, la Corte Constitucional efectuó un control sobre los instrumentos y
sus leyes aprobatorias, dentro de las líneas definidas por la sentencia C-578
de 2002, en cuanto a su juicio estaban vinculadas formal y materialmente con el
Estatuto de Roma. En la sentencia C-1156 de 2008 dijo: “abordará el
conocimiento del presente Acuerdo, el cual se sujetará a las reglas especiales
del control de constitucionalidad previstas para el Estatuto de Roma (arts.
241-10 y 93 de la Constitución), en la medida que guardan un vínculo directo
formal y material con el Estatuto”. La sentencia C-801 de 2009 respetó esos
lineamientos.[10]
6. En este
caso la Corte considera que su competencia está también circunscrita por lo
dispuesto en el artículo 93 de la
Constitución, tal y como fue reformado por el Acto Legislativo 02 de 2001, del
modo como se precisa a continuación:
6.1. De
acuerdo con los términos del Acto Legislativo 02 de 2001, la
Corte debe admitir los tratamientos sustanciales introducidos por el Estatuto
de Roma que sean diferentes a las garantías generales contenidas en la
Constitución de 1991. Esto es relevante para definir el control sobre los
instrumentos que se suscriban después en desarrollo o como complemento del
Estatuto de Roma, ya que en ocasiones pueden reproducir algunas normas, o hacer
diferencias semejantes a las consagradas en este último. En cada caso, la
Corte debe por tanto definir si la regulación contenida en el Acuerdo o
convención complementaria al Estatuto tiene un vínculo formal y material con una
regulación contenida en este último. En caso de ser así debe, como lo hizo en
las sentencia C-1156 de 2008 y C-801 de 2009, limitarse a interpretar el alcance de la disposición que lo
consagre, y a declarar la diferencia, sin que le sea dado en esa hipótesis
-conforme lo sostuvo la Corte en la sentencia C-578 de 2002- declarar su
inexequibilidad. El propósito de la reforma constitucional fue permitir “un
tratamiento diferente” consagrado por el Estatuto, que opere exclusivamente
dentro de su específico ámbito de aplicación. Un tratamiento diferente al
consagrado en la Constitución, que esté previsto en un instrumento distinto al
Estatuto de Roma pero que haya sido celebrado en desarrollo suyo, debe
examinarse por tanto también dentro de los límites
observados en la sentencia C-574 de 2002, por cuando se trata de un contenido
aprobado por principios con la reforma constitucional del Acto Legislativo 02
de 2001.
6.2. No
obstante, las competencias de control cambian cuando lo sometido a revisión son
previsiones de un instrumento internacional distinto al Estatuto de Roma,
celebrado por Colombia en desarrollo de este último después de la expedición
del Acto Legislativo de 02 de 2001, que no reproduzcan los contenidos del
Estatuto, y tengan un carácter sustancial (y no puramente instrumental). El
control sobre este último tipo de normas no está igualmente sujeto a los
límites especiales deducidos del artículo 93 de la
Constitución, porque el Constituyente derivado que introdujo la reforma del
año 2002 fue consciente del contenido del Estatuto, y consintió entonces de
manera informada en que este fuera aprobado por el Estado colombiano, pero no
conoció el texto ni el contenido de todos los acuerdos subsiguientes. El Acto
Legislativo 02 de 2012 no es tampoco una admisión abierta e indefinida para
incorporar al orden interno cualquier acuerdo internacional que se presente
como desarrollo del Estatuto de Roma, cualquiera sea su contenido, sino una
autorización para aprobar el Estatuto de la
Corte Penal Internacional, tal como fue “adoptado el 17 de julio de 1998
por la Conferencia de plenipotenciarios de las Naciones Unidas” (CP art
93).
6.3. Los
tratamientos que el Estatuto de Roma contemple, y sean diferentes a las
garantías generales previstas en la
Constitución, fueron avalados expresamente por el Acto Legislativo 02 de 2001,
de la siguiente manera: “[l]a admisión de un tratamiento diferente en
materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las
garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro
del ámbito de la materia regulada en él”. Obsérvese que la reforma se
refiere al tratamiento diferente en materias sustanciales introducido “por
parte del Estatuto de Roma”. La
Constitución no convalida entonces automáticamente otros tratamientos diferentes
en materias sustanciales, aunque estén contenidos en instrumentos
internacionales distintos, celebrados después del Acto Legislativo 01 de 2001 y
por tanto desconocidos para el Constituyente derivado que aprobó la reforma
constitucional. La supremacía de la
Constitución (CP art 4) exige que estos otros instrumentos sean controlados
por su contenido material.
7. Precisado el
alcance del control constitucional, pasa la
Corte a examinar la ley aprobatoria y el acuerdo de la referencia.
Revisión del procedimiento
a. Remisión de la ley aprobatoria luego de la subsanación del vicio
identificado mediante Auto 053 de 2010
8. El 18 de julio de 2013, la
Secretaria Jurídica de la Presidencia de la
República remitió copia auténtica de la Ley 1662 del 16 de junio de 2013 “por
medio de la cual se aprueba el ‘ACUERDO ENTRE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA
EJECUCIÓN DE LAS PENAS IMPUESTAS POR LA
CORTE PENAL INTERNACIONAL’ hecho en Bogotá, D.C., el 17 de mayo de 2011”, para efectos de su revisión constitucional. La
Ley 1662 de 2013 fue sancionada por el Presidente de la
República el 16 de julio de 2013. El numeral 10° del artículo 241 de la
Constitución Política exige que las leyes aprobatorias de tratados sean
remitidas a esta Corte “dentro de los diez días siguientes a la sanción”
de la misma. En este caso, la Ley 1662 de 2013 fue enviada dentro de ese plazo,
razón por la cual en este punto no se advierte irregularidad.
b. Negociación y celebración del Tratado
9. La
Corte en reiterada jurisprudencia ha señalado que la revisión de los tratados
internacionales y las leyes que los aprueben, incluye el examen de las
facultades del Ejecutivo para la negociación y firma del instrumento
internacional respectivo. En esta ocasión, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, mediante escrito de 27 de agosto de 2013, manifestó que el Acuerdo
fue firmado directamente por el Presidente de la
República, Doctor Juan Manuel Santos Calderón, quien es el “Jefe de Estado,
Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa” (CP. art 115).  En
virtud del artículo 7 de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, por sus funciones y sin necesidad de acreditar plenos poderes, se
considera que representan a sus respectivos Estados “los jefes de Estado,
jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores” en la ejecución de
todos los actos relativos a la celebración de un tratado. Por su parte, el
artículo 189 numeral 2 de la Constitución establece que corresponde al
Presidente “celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional
tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso”. La
Corte considera entonces que el Presidente de la
República tenía las facultades para la negociación y firma del instrumento
internacional bajo control.
c. Aprobación presidencial
10. El 19 de
julio de 2011,
el Presidente de la República impartió su aprobación ejecutiva a la
Ley 1662 de 2013, “por
medio de la cual se aprueba el ‘ACUERDO ENTRE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA
EJECUCIÓN DE LAS PENAS IMPUESTAS POR LA
CORTE PENAL INTERNACIONAL’ hecho en Bogotá, D.C., el 17 de mayo de 2011”. De
igual forma, ordenó someter al Congreso la aprobación de este instrumento
internacional. Para tal fin, los Ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia
y del Derecho, presentaron a consideración del Congreso el citado Acuerdo.
d. Trámite surtido
en el Congreso de la República para la formación de la
Ley 1662 de 2013
11. La jurisprudencia constitucional ha
sostenido que, salvo la exigencia de iniciar el trámite de los proyectos de
leyes aprobatorias de tratados internacionales en el Senado de la
República, la Constitución Política no señala un procedimiento especial para
la expedición de este tipo de leyes, por lo cual a éstas les corresponde el
proceso de formación previsto para las leyes ordinarias, regulado por los
artículos 157,158, 160 y 165 de la Carta, entre otros. A continuación la
Corte (i) describirá cuál fue el trámite que agotó en el Congreso de la
República el Proyecto de Ley 177/2011 Senado, 260/2012. Cámara. Luego de
ello hará (ii) un examen de constitucionalidad del procedimiento efectivamente
surtido.
- Trámite ante la
Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la
República
12.
El Proyecto de Ley 177/2011 Senado fue presentado el 23 de noviembre de 2011
ante la Secretaría del Senado de la
República por los Ministros de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín
Cuéllar, y de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra Portocarrero. El
texto original junto con la respectiva exposición de motivos, fueron publicados
en la Gaceta del Congreso de la
República No. 894 de 2011.[11]
13. La ponencia
correspondió a la Senadora Alexandra Moreno Piraquive y fue publicada en la
Gaceta del Congreso No. 175 de 24 de abril de 2012.[12]
En esta ponencia se propone dar el primer debate a este proyecto.
14. En la sesión
de la Comisión que tuvo lugar el 8 de mayo de 2012 se anunció la discusión y
aprobación del Proyecto de Ley 177/2011 Senado para la próxima sesión. De acuerdo
con la Gaceta del Congreso No. 547 de 2012, los términos del anuncio fueron los
siguientes:
“Por instrucciones de la
Presidenta de la Comisión Segunda del Senado de la
República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la
próxima sesión (artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003).
[…]
3. Proyecto de ley número 177 de 2011 Senado, por
medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo entre la
República de Colombia y la Corte Penal Internacional sobre la
ejecución de las penas impuestas por la
Corte Penal Internacional’, hecho en Bogotá, D.C., el 17 de mayo de
2011.
Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia.
Ponente: Honorable Senadora Alexandra Moreno Piraquive.
Publicaciones:
Texto del proyecto de ley: Gaceta del Congreso número
894 de 2011.
Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso número
175 de 2012.”
15. En la sesión
del día siguiente, la cual ocurrió el 9 de mayo de 2012, fue aprobado el
proyecto mediante votación ordinaria, con un quórum de 13 senadores. El
Secretario de la Comisión Segunda certificó en el Oficio OPC-190 del 13 de
agosto de 2013 que la aprobación del proyecto se llevó a cabo “conforme al
artículo 129 del Reglamento del Congreso o artículo 1 de la
Ley 1431 de 2011”. En la Gaceta del Congreso No. 548 de 23 de agosto de
2012 consta lo siguiente:
“El señor Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga
Peñaranda, somete a consideración de los Senadores de la
Comisión el título del proyecto de ley leído número 177 de 2011 Senado.
¿Lo aprueba la Comisión?
El Secretario de la
Comisión, doctor Diego González González, le informa al Presidente que
los Senadores de la Comisión sí aprueban el título del Proyecto de
ley número 177 de 2011 leído por la
Secretaría.
El Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga, pregunta a
los Senadores de la Comisión si quieren que este proyecto de ley
tenga segundo debate en la Plenaria del Senado.
El Secretario de la
Comisión, doctor Diego González González, le informa al Presidente que
los Senadores sí quieren que este proyecto de ley sí tenga segundo debate
en la Plenaria del Senado.”
- Trámite
ante la Plenaria del Senado de la República
16. La ponencia
para segundo debate en el Senado de la
República se publicó, junto con el texto aprobado por la
Comisión Segunda Constitucional Permanente de esa Corporación, en la
Gaceta del Congreso No. 278 del 28 de mayo de 2012.
17. Durante la
sesión Plenaria llevada a cabo el 5 de junio de 2012, se anunció la discusión y
votación del Proyecto de Ley 177/2012 para “la siguiente sesión plenaria”,
como se observa en el Acta 52 de esa misma fecha, contenida en la
Gaceta del Congreso No. 494 del 8 de agosto de 2012:
“Anuncio de proyectos
Por instrucciones de la
Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003,
por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la
próxima sesión.
Señor Presidente, el siguiente punto, como no requiere una mayoría
para decidir, es el anuncio de proyectos para la siguiente sesión plenaria y
son los siguientes proyectos de ley para discutir y votar.
[…]
Proyecto de ley con ponencia para segundo
debate:
[…]
¿ Proyecto de ley número 177 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la
República de Colombia y la Corte Penal Internacional sobre la
ejecución de las penas impuestas por la
Corte Penal Internacional¿,hecho
en Bogotá, D. C., el 17 de mayo de 2011.”
Al finalizar la
sesión Plenaria del 5 de junio de 2012, se dejó dicho: “Siendo
las 9:40 p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca
para el día miércoles 6 de junio 2012, a las 10:00 a. m.”.
18. La discusión
y votación del Proyecto de Ley 177/2012 se surtió el día 6 de junio de 2012, de
acuerdo con lo consignado en el Acta de Plenaria 53 de esa misma fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 495 del 8 de agosto de 2012. El quórum
deliberatorio y decisorio fue de 86  de 100 Senadores, de acuerdo con el Acta y
el certificado emitido con destino a este proceso por la
Secretaría General del Senado de la
República. La discusión y votación de este Proyecto quedó consignada así, en la
Gaceta 495 de 2012:
“Proyecto de ley número 177 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo entre la
República de Colombia y la
Corte Penal Internacional sobre la ejecución de las penas impuestas
por la Corte Penal Internacional?,
hecho en Bogotá, D. C., el 17 de mayo de 2011.
La Presidencia indica a la
Secretaría dar lectura a la proposición con que termina el informe.
Por Secretaría se da lectura a la proposición positiva con que
termina el informe de ponencia.
La Presidencia somete a consideración
de la plenaria la proposición leída y, cerrada su discusión, esta le imparte su
aprobación.
Se abre segundo debate
Por solicitud del honorable Senador Hernán Francisco Andrade
Serrano, la Presidencia pregunta a la plenaria si acepta la omisión
de la lectura del articulado y, cerrada su discusión, esta responde
afirmativamente.
La Presidencia somete a consideración
de la plenaria el articulado del proyecto, y cerrada su discusión pregunta:
¿Adopta la plenaria el articulado propuesto? y esta responde afirmativamente.
La Presidencia indica a la
Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley
número 177 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el
¿Acuerdo entre la República de Colombia y la
Corte Penal Internacional sobre la ejecución de las penas impuestas
por la Corte Penal Internacional¿, hecho en Bogotá, D. C., el 17
de mayo de 2011.
Leído este, la Presidencia lo somete a consideración de
la plenaria, y cerrada su discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la
Corporación el título leído? Y estos le imparten su aprobación.
Cumplidos los trámites constitucionales, legales y
reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores
presentes que el proyecto de ley aprobado surta su trámite en la
Cámara de Representantes? Y estos responden afirmativamente.
La Presidencia indica a la
Secretaría continuar con el siguiente punto del Orden del Día”.
Mediante Oficio
S.G. 0975, el Secretario General del Senado de la
República sostuvo que la votación se había dado por el procedimiento ordinario
“sin ninguna discrepancia”.[13] Agrega esta
misma certificación que “el mencionado proyecto de ley fue aprobado en
segundo debate sin modificaciones, con el lleno de los requisitos
constitucionales, legales y reglamentarios, mediante el modo de votación
ordinario del artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 1°
de la ley 1431 […] como consta en el acta No. 53 de la sesión plenaria
correspondiente al día seis de junio de 2012”.[14]
- Trámite
ante la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la
Cámara de Representantes
19. El Proyecto
de Ley en Cámara obtuvo el radicado 260/2012 Cámara. La ponencia para primer
debate en la Cámara de Representantes estuvo a cargo del Parlamentario Juan
Carlos Forero Sánchez, y se publicó, junto con el texto del Acuerdo aprobado
por el Senado de la República, en la Gaceta del Congreso No. 747 del 31 de
octubre de 2012.
20. Durante la
sesión de la Comisión que tuvo lugar el 30 de octubre de 2012 se anunció la
discusión y votación del Proyecto de Ley 260/2012, para “la
próxima sesión donde se debatan y voten proyectos de ley”,
como consta en el Acta No. 18 de la Comisión, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 17 del 6 de febrero de 2013:
“Hace uso de la palabra la
Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Siguiente punto del Orden del Día. Anuncio de proyectos de ley
para discusión y aprobación en primer debate para dar cumplimiento al artículo
8º del Acto Legislativo número 01 de 2003, para aprobación en próxima sesión de
Comisión donde se discutan y aprueben proyecto de ley.
Señor Presidente debo informarle que son ocho (8) proyectos de ley
para anunciar incluyéndose el primero que se aplazó.
[…]
Proyecto de ley número 260 de 2012 Cámara, 177 de 2011
Senado, por medio de la cual se
aprueba el ¿Acuerdo entre la República de Colombia y la
Corte Penal Internacional sobre la ejecución de las penas impuestas
por la Corte Penal Internacional?, hecho
en Bogotá, D. C. el 17 de mayo de 2011.
Esos
son los 8 proyectos de ley señor Presidente, que ha ordenado usted que se
anuncien para la próxima sesión donde se debatan y voten proyectos de ley
señor Presidente.” (énfasis añadido).
De
acuerdo con el Acta No. 18 del 30 de octubre de 2012, al finalizar esa sesión
de la Comisión Segunda Constitucional Permanente se anunció que la sesión
siguiente sería el siete (7) de noviembre de ese año, como se observa en la
misma Gaceta del Congreso No. 17 del 6 de febrero de 2013:
“Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable
Representante Óscar de Jesús Marín:
Agotado el Orden del Día se cita para el próximo miércoles 7 de
noviembre a las 9 de la mañana.
Hace uso de la palabra la
Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Así se hará señor Presidente como usted lo ordene.
Se levanta la sesión a las 11:20 a. m.” (énfasis
añadido).
21. La discusión
y votación del Proyecto de Ley 260/2012 se efectuó en la sesión del día 7 de
noviembre de 2012, como consta en el Acta No. 19 de esa fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 222 del 22 de abril de 2013. Durante la sesión se
hicieron presentes 16 Representantes, y en el trascurso de la misma, antes de
la aprobación del Proyecto en mención, el Secretario de la
Comisión declaró que se había “conformado el quórum decisorio”. La
votación se dio por procedimiento nominal y público, y quedó consignado en el
Acta de ese día que el Proyecto obtuvo la aprobación de once Representantes, y
el voto negativo de sólo un Representante a la
Cámara.[15] En
el Acta se informa de manera detallada los nombres de quienes votaron negativa
y afirmativamente el Proyecto de Ley.
- Trámite ante la
Plenaria de la Cámara de Representantes
22. La ponencia
para segundo debate en la Cámara de Representantes se publicó, junto con el
texto del Acuerdo, en la Gaceta del Congreso No. 917 del 11 de diciembre de
2012.
23. En la sesión
del 18 de junio de 2013 se anunció que la discusión y votación del Proyecto de
Ley 260/2012 Cámara habría de tener lugar en la sesión del día siguiente, 19 de
junio de 2013, como consta en el Acta de Plenaria No. 215 de 18 de junio 2013,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 751 de 20 de septiembre de 2013:
“Señor Presidente, se anuncian los siguientes proyectos para la
sesión del día de mañana 19 de junio del 2013.
[…]
Proyecto de ley número 260 de 2012 Cámara, 177 de 2011
Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo entre la
República de Colombia y la
Corte Penal Internacional sobre la
Ejecución de las Penas Impuestas por la
Corte Penal Internacional?, hecho en Bogotá, D. C., el 17 de mayo de
2011.
[…]
Señor Presidente, han sido anunciados los proyectos de ley para el
día de mañana 19 de junio del 2013, de acuerdo al Acto Legislativo número 1 de
julio 3 del 2003 en su artículo 8º.
Dirección de la
Presidencia, doctor Carlos Andrés Amaya Rodríguez:
Gracias señora Secretaria, simplemente para reconfirmar el anuncio
de todos los proyectos. Se cita entonces para el día de mañana 19 de junio a
las 8 de la mañana.
Se levanta la sesión siendo las 9:42 p. m. Muchas gracias”.
24. La discusión
y votación del Proyecto 260/2012 Cámara tuvo lugar en la sesión Plenaria de la
Cámara de Representantes el día 19 de junio de 2013. De acuerdo con el Acta de
Plenaria No. 216 del 19 de junio de 2013, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 757 del 23 de septiembre de 2013, la votación del
Proyecto se dio con una presencia de 96 Representantes a la
Cámara. La certificación de la
Secretaría General informa que durante la sesión se
hicieron presentes 159 Representantes. La votación fue ordinaria y, según la
certificación de la Secretaria General de la
Cámara de Representantes sus artículos fueron “aprobados por unanimidad”.
[16]
Pese a que el Representante a la Cámara que había votado negativamente en la
Comisión Segunda Constitucional Permanente se presentó durante la sesión
Plenaria, en la cual se votó el Proyecto 260/2012 Cámara, no dejó constancias
de votación negativa, ni intervino para discrepar de su contenido. Las
anteriores conclusiones se extraen directamente de lo publicado en la
Gaceta No. 757 de 2013:
“Punto séptimo: Proyecto de ley número 260 de 2012 Cámara, 177
de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿acuerdo entre la
República de Colombia y la
Corte Penal Internacional sobre la ejecución de las penas impuestas
por la Corte Penal Internacional, hecho en Bogotá Distrito Capital el
17 de mayo de 2011.
Autores: María Ángela Holguín Cuéllar, Juan Carlos Esguerra
Portocarrero.
Ponente: Juan Carlos Sánchez Franco?.
El informe con que termina la
Ponencia dice así:
Proposición:
Por lo anterior expuesto solicito de manera
atenta a la honorable Cámara de Representantes aprobar el segundo debate al Proyecto
de ley número 260 de 2012 Cámara, 177 de 2011 Senado, por medio de la
cual se aprueba el ¿acuerdo entre la
República de Colombia la
Corte Penal Internacional sobre la ejecución de las penas impuestas
por la Corte Penal Internacional, hecho en Bogotá Distrito Capital el 17
de mayo de 2011. Firma, Carlos Sánchez Franco, Representante a la
Cámara.
Ha sido
leído el informe de Ponencia, se pide que se le dé segundo debate a ese
proyecto.
Dirección de la
Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
En consideración el informe de Ponencia, anuncio que va a
cerrarse, queda cerrado, ¿aprueba la
Plenaria?
Secretario doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Ha sido aprobado señor Presidente.
Dirección de la
Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Articulado señor Secretario.
Secretario doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Consta de tres artículos sin proposición, ni modificaciones a los
mismos.
Dirección de la
Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
En consideración el articulado del proyecto, anuncio que va a cerrarse,
queda cerrado, ¿aprueba la Plenaria?
Secretario doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Ha sido aprobado señor Presidente.
Dirección de la
Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Título y pregunta señor Secretario.
Secretario doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
El título Proyecto de ley números 260 del 2012 Cámara, 177
del 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la
República de Colombia y la
Corte Penal Internacional sobre la ejecución de las penas impuesta
por la Corte Penal Internacional, hecho en Bogotá Distrito
Capital el 17 mayo 2011.
Ha sido leído el título.
Dirección de la
Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
En consideración el título y la pregunta si la
Plenaria quiere que este proyecto de ley sea ley de la
República.
Secretario doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Así lo quiere, señor Presidente.
Dirección de la
Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Próximo proyecto en el orden del día señor Secretario.
Secretario doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Se deja constancia de que en los dos últimos proyectos existe en
el registro 158 Representantes a la
Cámara, 96 en la última votación, según lo señala el Vicepresidente.”
25. El Texto del
Acuerdo así aprobado se publicó en la Gaceta del Congreso No. 462 del 2 de
julio de 2013.
- Evaluación de
constitucionalidad sobre el trámite surtido por el Proyecto de Ley 177/2012
Senado, 260/2012 Cámara
26. Cámara de
origen y publicaciones. El Proyecto se radicó ante el Senado, y surtió
primer debate ante la Comisión Segunda Constitucional Permanente de esa Cámara,
por lo cual en este punto se respetaron los artículos 154 de la
Constitución y 143 de la Ley 5 de 1992. El Proyecto de Ley, la correspondiente
exposición de motivos, las ponencias y los textos aprobados en Comisión y
Plenaria, se publicaron todos adecuadamente, como lo exigen los artículos 157 y
160 de la Carta, y 144, 156, 157 y 185 de la
Ley 5 de 1992:
-
El Proyecto de Ley 177/2011 Senado se presentó ante la
Secretaría del Senado de la República el 23 de noviembre de 2011 por los
Ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho. El texto
original del Acuerdo, junto con la respectiva exposición de motivos, fueron
publicados en la Gaceta del Congreso de la
República No. 894 del 25 de noviembre de 2011.[17]
La ponencia correspondió a la
Senadora Alexandra Moreno Piraquive y fue publicada en la
Gaceta del Congreso No. 175 de 24 de abril de 2012. Después de esos actos de
publicación se efectuaron la discusión y votación del Proyecto de Ley en primer
debate, ante la Comisión Segunda del Senado de la
República, lo cual tuvo lugar en la sesión del 9 de mayo de 2012, según la
Gaceta del Congreso No. 548 de 23 de agosto de 2012.
- La ponencia
para segundo debate en el Senado de la
República se publicó, junto con el texto aprobado por la
Comisión Segunda Constitucional Permanente de esa Corporación, en la
Gaceta del Congreso No. 278 del 28 de mayo de 2012. Lo cual significa que
dicha publicación se efectuó antes de que el proyecto surtiera su curso en la
Plenaria del Senado, pues la deliberación y aprobación del Proyecto de Ley
177/2012 Senado aconteció en sesión llevada a cabo el día 6 de junio de 2012,
de acuerdo con el Acta de Plenaria 53 de esa fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 495 del 8 de agosto de 2012.
- El Proyecto de
Ley 260/2012 Cámara obtuvo ponencia favorable para primer debate en Comisión,
la cual se publicó, junto con el texto del Acuerdo aprobado por el Senado de la
República, en la Gaceta del Congreso No. 747 del 31 de octubre de 2012. Esta
publicación se hizo antes de que el referido Proyecto de Ley tuviera su discusión
ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, pues en esta célula el
debate y la votación del proyecto se llevaron a cabo en la sesión del día 7 de
noviembre de 2012, como consta en el Acta No. 19 de esa fecha, la cual se
publicó en la Gaceta 222 de 2013. Si bien el anuncio de la votación del
proyecto de ley ocurrió antes de la publicación del informe de ponencia, lo
cierto es que en todo caso se dio antes de su discusión en Comisión. La
Corte ha señalado que el requerimiento del artículo 157 numeral 1 de la
Carta, de acuerdo con el cual ningún proyecto es ley sin “haber sido
publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión
respectiva”, se refiere a que la publicación debe ser anterior al debate y
no a que tenga que ser previa también al anuncio.[18]
- La ponencia
para segundo debate en la Cámara de Representantes se publicó, junto con el
texto del Acuerdo, en la Gaceta del Congreso No. 917 del 11 de diciembre de
2012. Esta publicación es también anterior a la sesión en la cual la
Plenaria de la Cámara sometió a discusión y votación el Proyecto 260/2012
Cámara, lo cual tuvo lugar en la sesión del día 19 de junio de 2013.
- El Texto del
Acuerdo aprobado en los cuatro debates se publicó en la
Gaceta del Congreso No. 462 del 2 de julio de 2013.
27. Anuncios.
Cada uno de los anuncios respetó lo previsto en el artículo 160, inciso último,
de la Constitución, de acuerdo con el cual “[n]ingún proyecto de ley
será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya
anunciado”. En todos los debates el anuncio se surtió de forma que permitía
determinar con suficiencia la fecha en que habría de tener lugar la discusión y
votación del proyecto.
- En la sesión
de la Comisión que tuvo lugar el 8 de mayo de 2012 se anunció la discusión y
aprobación del Proyecto de Ley 177/2011 Senado para la próxima sesión, de
acuerdo con la Gaceta del Congreso No. 547 de 2012. En la sesión siguiente,
ocurrida el 9 de mayo de 2012, se sometió a discusión y votación el Proyecto,
conforme lo consignado en la Gaceta del Congreso No. 548 de 23 de agosto de
2012.
- En la sesión
Plenaria llevada a cabo el 5 de junio de 2012, se anunció la discusión y
votación del Proyecto de Ley 177/2012 para “la siguiente sesión plenaria”,
conforme la Gaceta del Congreso No. 494 del 8 de agosto de 2012. Al finalizar
la sesión Plenaria del 5 de junio de 2012, se dejó dicho: “Siendo
las 9:40 p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca
para el día miércoles 6 de junio 2012, a las 10:00 a. m.”. La
discusión y votación del Proyecto de Ley 177/2012 se adelantó el día 6 de junio
de 2012, según el Acta de Plenaria 53 de esa misma fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 495 del 8 de agosto de 2012.
- En la sesión
de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes que tuvo lugar el 30 de
octubre de 2012 se anunció la discusión y votación del Proyecto de Ley
260/2012, para “la próxima sesión donde se debatan y voten proyectos de ley”,
como consta en el Acta No. 18 de la Comisión, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 17 del 6 de febrero de 2013. Al finalizar esa sesión
de la Comisión Segunda Constitucional Permanente se anunció que la sesión
siguiente sería el siete (7) de noviembre de ese año. La discusión y votación
del Proyecto de Ley 260/2012 se realizó efectivamente en la sesión del día 7 de
noviembre de 2012, como consta en el Acta No. 19 de esa fecha.
- En la sesión
del 18 de junio de 2013 se anunció que la discusión y votación del Proyecto de
Ley 260/2012 Cámara habría de tener lugar en la sesión Plenaria del día
siguiente, 19 de junio de 2013, como consta en el Acta de Plenaria No. 215 de
18 de junio 2013, publicada en la Gaceta del Congreso No. 751 de 20 de
septiembre de 2013. La discusión y votación del Proyecto 260/2012 Cámara tuvo
lugar en la sesión Plenaria de la Cámara de Representantes el día 19 de junio
de 2013, de acuerdo con el Acta de Plenaria No. 216 del 19 de junio de 2013,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 757 del 23 de septiembre de 2013.
28. Límite
temporal. El procedimiento que agotó el Proyecto de Ley 177/2012 Senado,
260/2012 Cámara no violó el artículo 162 de la
Carta, conforme al cual “[n]ingún proyecto podrá ser considerado en
más de dos legislaturas”. El Proyecto se presentó el 23 de noviembre de
2011 ante la Secretaría del Senado de la
República, y se aprobó el 19 de junio de 2013. La consideración del
Proyecto tomó entonces dos legislaturas (la primera entre el 20 de julio de
2011 y el 20 de junio de 2012, y la segunda entre el 20 de julio de 2012 y el
20 de junio de 2013). El texto finalmente aprobado por la
Plenaria de la Cámara de Representantes se publicó en la
Gaceta del Congreso del 2 de julio de 2013; es decir, después de vencerse las
dos legislaturas. Pero esta no es una irregularidad, pues la publicación del
texto finalmente aprobado en los debates correspondientes no es un acto de consideración
del proyecto, y lo que dice la
Constitución es que ningún proyecto podrá ser “considerado” en más de
dos legislaturas (CP art 162). La jurisprudencia ha señalado que el término de las dos
legislaturas es “el plazo que tiene el Congreso para la formación de la ley,
de suerte tal que todo proyecto de ley que surta los debates correspondientes
dentro de dicho término, por este aspecto se ajusta al mandato constitucional”.[19]
Lo cual significa que dicho plazo “se cuenta desde la fecha de radicación
del proyecto en el Congreso, hasta el momento en el que se han agotado los 4
debates constitucionales y el proyecto ha sido aprobado por ambas cámaras”,[20]
y que también es un límite para la votación del informe de conciliación (cuando
haya eventuales discrepancias) y la adopción del texto definitivo.[21]
Pero en esos extremos temporales no tienen que darse también otros actos que no
son de consideración parlamentaria del proyecto de ley, tales como por ejemplo
la publicación del texto ya aprobado en todos los debates, o la sanción
presidencial.[22]
29. Plazos
entre debates. La Corte advierte que, en Senado, entre el primero y el
segundo debate hubo más de 8 días, como lo exige el artículo 160 de la
Constitución, pues la Comisión Segunda lo debatió el 9 de mayo de 2012, y la
Plenaria del Senado surtió el debate el 6 de junio de ese año, de suerte que
trascurrió cerca de un mes entre ambos puntos. Entre el 6 de junio, fecha de
aprobación en la primera de las Cámaras, y el inicio del debate en la segunda
de ellas que ocurrió el 7 de noviembre de 2012, pasaron más de 15 días que es
lo que se requiere de acuerdo con el artículo 160 de la
Carta. En la Cámara de Representantes, por su parte, entre el primero y el
segundo debate mediaron                                                                                                      más
de seis meses, ya que la Comisión Segunda lo discutió y aprobó el 7 de
noviembre de 2012, y la Plenaria de la
Cámara lo debatió y aprobó el 19 de junio de 2013. Por ende, en este aspecto
no se advierten irregularidades.
30. Quórum,
mayorías y forma de votación. La Sala no constata irregularidad alguna en
lo atinente a la conformación del quórum deliberatorio y decisorio, o a la
votación del Proyecto de Ley 177/12 Senado, 260/2012 Cámara, en ninguna de las
etapas del procedimiento legislativo. En las sesiones en las cuales tuvo lugar
la aprobación del Proyecto de Ley, tanto en Comisiones como en Plenarias, se
cumplió con el quórum constitucional requerido (CP art 145). En cuanto a la
forma de votación, o bien esta se surtió mediante el procedimiento ordinario,
caso en el cual se certificó la unanimidad, o bien la votación fue nominal y
pública, como ocurrió en el primer debate en la
Cámara de Representantes:
- En la sesión
del 9 de mayo de 2012, en la cual fue aprobado el proyecto 177/2012 Senado
mediante votación ordinaria, con un quórum de 13 senadores, en el Acta
publicada en la Gaceta del Congreso No. 548 de 23 de agosto de 2012 se declara
la aprobación del Proyecto en los términos antes señalados. El Secretario de la
Comisión Segunda certificó además que la aprobación del proyecto se llevó a
cabo “conforme al artículo 129 del Reglamento del Congreso o artículo 1 de la
Ley 1431 de 2011”.
- El día 6 de
junio de 2012, según lo consignado en el Acta de Plenaria 53 de esa misma
fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 495 del 8 de agosto de 2012,
tuvo lugar la discusión y votación del Proyecto de Ley 177/2012. El quórum
deliberatorio y decisorio fue de 86 de 100 Senadores, de acuerdo con el Acta y
el certificado emitido con destino a este proceso por la
Secretaría General del Senado de la
República. La discusión y votación de este Proyecto quedó consignada en la
Gaceta 495 de 2012. Mediante Oficio S.G. 0975, el Secretario General del
Senado dijo que la votación se había dado por el procedimiento ordinario “sin
ninguna discrepancia”.[23] Agrega esta
misma certificación que “el mencionado proyecto de ley fue aprobado en
segundo debate sin modificaciones, con el lleno de los requisitos
constitucionales, legales y reglamentarios, mediante el modo de votación
ordinario del artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 1°
de la ley 1431 […] como consta en el acta No. 53 de la sesión plenaria
correspondiente al día seis de junio de 2012”.[24]
- La discusión y
votación del Proyecto de Ley 260/2012 se efectuó en la sesión la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el día 7 de noviembre de 2012,
como consta en el Acta No. 19 de esa fecha. En la sesión se hicieron presentes
16 Representantes, y en el trascurso de la misma, antes de la aprobación del
Proyecto en mención, el Secretario de la
Comisión declaró que se había “conformado el quórum decisorio”. El
resultado de la votación nominal y pública quedó consignado en el Acta de ese
día: el Proyecto obtuvo la aprobación de once Representantes, y el voto
negativo de sólo un Representante a la
Cámara.[25] En
el Acta se informa detalladamente el nombre de quienes votaron negativa y
afirmativamente el Proyecto de Ley.
- La discusión y
votación del Proyecto 260/2012 Cámara tuvo lugar en la sesión Plenaria de la
Cámara de Representantes el día 19 de junio de 2013. Según el Acta de Plenaria
No. 216 del 19 de junio de 2013, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 757 del 23 de septiembre de 2013, la votación del
Proyecto se dio con una presencia de 96 Representantes a la
Cámara. La certificación de la
Secretaría General informa que durante la sesión se
hicieron presentes 159 Representantes. La votación fue ordinaria y, según la
certificación de la Secretaria General de la
Cámara de Representantes sus artículos fueron “aprobados por unanimidad”.
[26]
Pese a que el Representante a la Cámara que había votado negativamente en la
Comisión Segunda Constitucional Permanente se presentó durante la sesión
Plenaria, en la cual se votó el Proyecto 260/2012 Cámara, no dejó constancias
de votación negativa, ni intervino para discrepar de su contenido. Las
anteriores conclusiones se extraen directamente de lo publicado en la
Gaceta No. 757 de 2013.
31. Como se
aprecia, las conclusiones de la Corte se apoyan parcialmente en el contenido de
las Actas de las sesiones, en las cuales se advierte que en ocasiones el
resultado de la votación ordinaria se declara con una formulación abierta. No
obstante, cada vez que las Actas presentan esta particularidad hay una
certificación del Secretario de la respectiva Comisión o Plenaria, que da fe
del cumplimiento de los requisitos constitucionales. Esa certificación, como
pasa a mostrarse, resulta en este caso suficiente para juzgar cumplidas las
condiciones constitucionales referentes a la votación de los proyectos, al
leerlas en conjunto con otros elementos presentes en el proceso legislativo.
El valor de las
certificaciones expedidas por secretarios de Comisiones y Plenarias del
Congreso en el control del procedimiento legislativo, y el cumplimiento de las
reglas sobre la forma de votación (CP art 133)
32.
La jurisprudencia constitucional colombiana ha sostenido, incluso desde antes
de la Constitución de 1991, que para acreditar la satisfacción de un requisito
del procedimiento legislativo, las certificaciones de las Secretarías del
Congreso son un medio de prueba conducente, cuyo contenido se presume veraz
pero puede ser desvirtuado en los casos concretos. La
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia así lo sostuvo, por ejemplo, en la
sentencia del 27 de noviembre de 1973, al examinar la acción pública contra una
Ley, uno de cuyos cargos planteaba como vicio de forma que el proyecto no había
sido aprobado en una de sus etapas con las mayorías previstas en la
Constitución.[27]
Las Actas sólo certificaban que se había aprobado el proyecto, y que se había
convertido en ley. En cuanto a si cumplía con la mayoría de votos exigida por la
Constitución, debido a que las Actas no lo precisaban, fue la certificación
del Secretario General de la Cámara de Representantes la que esclareció el
punto. El Secretario certificaba entonces que en la sesión correspondiente se
le había impartido aprobación al proyecto de ley “mediante el cumplimiento
de los requisitos legales y reglamentarios”. En ese caso, la
Corte Suprema de Justicia manifestó que la información contenida se presumía
veraz, y que “debió ser desvirtuada por los demandantes, demostrando que la
aprobación impartida a la ley impugnada no lo fue con los votos necesarios”.[28]
33. La
Corte Constitucional, por su parte, ha observado justamente el mismo
principio. El control de constitucionalidad sobre el procedimiento legislativo en
varias ocasiones se ha fundado probatoriamente en las
certificaciones expedidas por los Secretarios de Comisiones o Plenarias del
Congreso de la República.  No obstante, no en todos los casos se les ha
atribuido el mismo valor probatorio a dichos certificados. El control sobre el
procedimiento es fruto de “un análisis en conjunto de las pruebas
incorporadas al expediente”,[29] y no sólo de
los certificados de los secretarios de Comisiones y Plenarias del Congreso.
Además, la Corte ha tenido en cuenta en el control del procedimiento
legislativo el contenido de las actas y Gacetas del Congreso, y registros de
audio o vídeo de las sesiones parlamentarias.[30] El análisis
conjunto de los medios de prueba relevantes puede conducir a distintos
resultados críticos sobre el valor probatorio de las certificaciones. La
Corte ha concluido, por ejemplo, que mientras algunos certificados son claros,
veraces y coherentes con el resto del material probatorio,[31] otros en cambio son
imprecisos,[32] insuficientes
para esclarecer un punto oscuro,[33] o incluso pueden
carecer de objetividad en algún aspecto.[34]
34. Con arreglo a lo anterior, las decisiones de la
Corte en torno a si se  cumplieron en el trámite de un proyecto las reglas
constitucionales sobre forma de votación (nominal y pública, o alguna de las
excepciones legales), deben entonces tomar en consideración las certificaciones
emitidas por los secretarios de Comisiones y Plenarias del Congreso de la
República, sin perder de vista que es preciso analizarlas en conjunto con
otros elementos para definir su valor probatorio. La regla general
sobre votaciones en el Congreso es que estas deben ser nominales y públicas, de
acuerdo con la reforma introducida al artículo 133 de la
Carta mediante el artículo 5º del Acto Legislativo 01 de 2009, luego objeto de
desarrollado con la Ley 1431 de 2011, “por la cual se establecen las
excepciones  a que se refiere
el artículo 133 de la Constitución Política”. El
artículo 133 de la Constitución  dispone ahora que el voto de los miembros de
los cuerpos colegiados debe ser nominal, salvo en los casos exceptuados
expresamente por el Legislador.[35] El artículo 130
de la Ley 5ª, a su turno, fue modificado por el artículo 2º de la
Ley 1431 de 2011, reiterando en el plano de la legislación orgánica el mandato
constitucional, y estableciendo mecanismos para su cumplimiento.[36]
Las excepciones a la votación nominal y pública fueron incorporadas por el
artículo 1º de la Ley 1431 de 2011 al artículo 129 de la
Ley 5ª de 1992,[37] y entre estas
se previó en el inciso 16 la existencia de unanimidad en la
Comisión o Plenaria respectiva para votar negativa o positivamente el
proyecto, o parte de su articulado.
35. Para resolver puntos oscuros o dudosos sobre el
cumplimiento de estas reglas de votación, la
Corte les ha reconocido valor probatorio a las certificaciones de secretarios
de Comisiones o Plenarias del Congreso. Pero su valor probatorio no ha sido
definitivo en todos los casos, como por ejemplo cuando han resultado ser
igualmente abiertas o imprecisas.[38] De allí que la
Corte las haya analizado regularmente en conjunto con otro haz de elementos
fácticos debidamente incorporados al proceso de constitucionalidad, relevantes
para determinar la presencia de unanimidad en la aprobación de los proyectos de
ley, tales como: i. si al declararse aprobado el proyecto concurrió
alguna oposición capaz de afectar la validez del trámite;[39] ii. si en el
debate en el cual se aprueba el proyecto de ley se solicitó la votación nominal
y pública;[40] iii. si
la forma de declarar el resultado de la votación expresa con claridad la unanimidad;[41] iv. si en el
contexto general del proceso legislativo se advierten manifestaciones
indicativas de unanimidad al interior de las Cámaras, como que los informes de
ponencia hayan sido favorables a la aprobación del proyecto,  que ningún
miembro hubiese hecho público su desacuerdo con la aprobación del proyecto, que en los debates se haya
aprobado la omisión de lectura del articulado, que en ningún debate los congresistas
hayan pedido la votación nominal y pública o hayan registrado votos en contra.[42]
36. No en todos los casos resulta entonces necesario
acreditar la concurrencia de condiciones como las señaladas, para entender
satisfecha la regla constitucional de votación en el Congreso (CP art 133). En
algunos eventos, la votación nominal y pública o, en su defecto, la unanimidad
de la votación ordinaria del articulado, saltan a la vista a partir de lo
consignado en las Actas.[43] En otros
casos, cuando existen dudas en torno a si la forma de votación satisfizo lo
previsto en el artículo 133 de la
Constitución, una forma de contribuir al esclarecimiento de ese punto oscuro
es tomar en cuenta las certificaciones de los secretarios de Comisiones y
Plenarias, y leerlas en conjunto con los demás elementos de prueba obrantes en
el expediente. En esos casos, la conclusión respecto de si se cumplen o no las
condiciones para declarar válida la excepción a la regla general de votación
nominal y pública, ha de estar razonablemente fundada en el análisis conjunto
de las certificaciones y los demás medios de prueba relevantes para el proceso.
37. En este proceso, en las actas se registra la aprobación
del Proyecto de Ley 177/2012 Senado, 260/2012 Cámara, y en los casos en los
cuales la votación fue ordinaria además existen certificaciones de los
secretarios de Comisión y Plenaria que dan de fe del cumplimiento de los
requisitos legales y constitucionales. Leídos estos medios de prueba en
conjunto con otros elementos fácticos relevantes, como los que se exponen a continuación,
la Corte concluye que es posible considerar cumplidas las normas
constitucionales que regulan el procedimiento legislativo:
- Para empezar, al declararse aprobado el proyecto
en cada una de las etapas en las cuales ese procedimiento se dio mediante
votación ordinaria (primero y segundo debate en Senado, y segundo debate en
Cámara de Representantes) no hubo oposición parlamentaria de ninguna
naturaleza, capaz de afectar la validez del trámite;
-  En ninguno de los debates en los cuales se
discutió y votó ordinariamente el proyecto de ley, se solicitó la votación
nominal y pública del mismo por parte de algún miembro del Congreso.
- En el
contexto general del proceso legislativo se advierten manifestaciones
indicativas de unanimidad al interior de las Cámaras: todos los informes de
ponencia concluyeron con proposiciones favorables a la aprobación del proyecto;
y en todos los debates se aprobó la omisión de lectura del articulado.
- La forma de declarar el resultado de la votación, que se
encuentra prevista en las actas, no expresa con claridad la unanimidad, pues en
cada caso la votación ordinaria concluye con declaraciones en las cuales se
emplean fórmulas que sólo indican aprobación. No obstante, esta no es una
prueba de falta de unanimidad, sino una fórmula abierta que logra ser colmada
con los restantes medios de prueba, incluidas las certificaciones
secretariales.
- Ciertamente, uno de los miembros de la
Cámara hizo público su desacuerdo con la aprobación del proyecto, mientras
este surtía primer debate ante la
Comisión. Igualmente, se advierte que este Representante registró su voto en
contra del proyecto. No obstante, en este caso esto no afecta las votaciones
ordinarias, pues esa oposición pública a la aprobación del proyecto se dio en
el Primer debate en Cámara, en el cual la forma de votación fue nominal y pública.
Que esta forma de votar en Plenaria de la
Cámara no se haya registrado del mismo modo, por parte de ese mismo
Representante, no es suficiente para desvirtuar la base probatoria restante,
que indica en efecto la aprobación unánime del proyecto bajo examen.
38. En suma, la Corte concluye que el Proyecto de Ley
177/2012 Senado, 260/2012 Cámara, agotó un trámite acorde a la
Constitución.
Revisión sobre
el contenido material
a. Contenido
del Acuerdo entre la República de Colombia y la
Corte Penal Internacional sobre la ejecución de las penas impuestas por la
Corte Penal Internacional
39. El
Acuerdo bajo revisión está integrado por un Preámbulo y 15 artículos. El
Preámbulo funda el origen del Acuerdo en el artículo 103 del Estatuto de Roma y
la Regla 200 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la
Corte, en los cuales se establece respectivamente que las “penas privativas
de la libertad” impuestas por la
Corte Penal Internacional -CPI- se cumplirán en un Estado designado que haya
manifestado su disposición a recibir condenados, y que la
CPI está facultada en el marco del Estatuto para “concretar con Estados
acuerdos bilaterales” orientados a fijar las reglas para recepción de
reclusos condenados. Las normas de protección contenidas en el instrumento se
ordenan, según el Preámbulo, recordando “las normas generalmente aceptadas
de los instrumentos internacionales sobre el tratamiento de los Reclusos”,
dentro de las cuales menciona las Reglas Mínimas para el Tratamiento de
los Reclusos aprobadas
por el Consejo Econ6mico y Social en sus resoluciones 663
C (XXIV), de 31 de julio de 1957, y 2067 (LXII), de 13 de mayo de 1977, el
Conjunto de Principios para la protecci6n de todas las personas sometidas a
cualquier forma de detención o prisión, adoptado por la
Asamblea General en su resoluci6n 43/173, de 9 de diciembre de 1988, y
los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, adoptados
por la Asamblea General en su resoluci6n 45/111, de 14 de diciembre de 1990.
40.
El fin que persigue el Acuerdo es consagrar un marco para la aceptación de
personas condenadas por la CPI, y definir las condiciones en las cuales debe
cumplirse la pena correspondiente en territorio colombiano, según se colige de
su Preámbulo y su artículo 1. El tratado regula entonces lo atinente a la
ejecución de las penas impuestas por la CPI en los establecimientos
penitenciarios suministrados por Colombia “o que surjan en relación con
dicha ejecución” (art 1.1). El texto del Acuerdo señala que la
CPI prestará permanente cooperación con Colombia, para los efectos de cumplir
las normas contenidas en él, pero que “la responsabilidad en última
instancia por la efectiva ejecución de las penas en el territorio de Colombia
incumbe a Colombia”, lo cual le implica garantizar “la seguridad y
protección adecuadas de las personas condenadas” (art 1.2). Colombia se
compromete a no modificar las penas privativas de la libertad impuestas por la
CPI, las cuales son entonces obligatorias para el país, y sólo podrá poner fin
a la ejecución de la pena cuando sea informada por la
CPI “de cualquier decisión o medida que adopte con respecto a la ejecución
de la pena” (art 1.3).
41. La
Presidencia de la CPI es la encargada de notificarle a Colombia que ha sido
designada como Estado de ejecución de una pena impuesta por la
Corte, caso en el cual le debe transmitir la información y los documentos que
aparecen enlistados en el artículo 2.1., dentro de los cuales se mencionan: el
nombre, la nacionalidad, la fecha y el lugar de nacimiento de la persona
condenada; una copia de la sentencia condenatoria definitiva y de la pena
impuesta; la duración y fecha de iniciación de la pena, así como el tiempo que
resta por cumplirse de la misma; toda la información necesaria acerca del
estado de salud, y del tratamiento médico que esté recibiendo el condenado,
datos que se transmitirán al Estado colombiano junto con la historia clínica y demás
información necesaria “para asegurar la efectiva ejecución de la pena y
garantizar los derechos de la persona condenada” de conformidad con lo
previsto en la legislación colombiana y los estándares a los cuales se refiere
el artículo 4 párrafo 2 del Acuerdo. Este último dice que las condiciones de
reclusión de las personas condenadas por la
CPI se han de regir por la legislación colombiana y “se ajustarán a las
normas generalmente aceptadas de los instrumentos internacionales sobre el
tratamiento de reclusos”, y que en ningún caso serán ni más ni menos
favorables que las condiciones aplicadas a los condenados “por delitos
similares” en Colombia  (art 4.2).
42.
Una vez Colombia sea notificada de la designación hecha por la
CPI, para que en su territorio se ejecute una pena impuesta por esta última,
el Estado debe comunicar “con prontitud” a la presidencia de la
Corte “si acepta o no la designación” (art 2.2). Igualmente el Acuerdo
le reconoce a Colombia la potestad de retirar en cualquier momento sus
condiciones de aceptación de la lista de Estados de ejecución. Las enmiendas o
adiciones que se hagan a dichas condiciones quedan sin embargo sujetas a previa
confirmación por la presidencia de la CPI (art 2.3). Colombia debe notificar a la
CPI de cualquier circunstancia que pueda afectar materialmente las condiciones
o la duración de la reclusión, y darle un preaviso de mínimo 45 días a la
Presidencia de la CPI  cuando tales circunstancias sean conocidas o
previsibles. Durante ese período Colombia no podrá tomar medida alguna que
afecte el cumplimiento de las obligaciones del artículo 110 del Estatuto de
Roma (art 2.4).[44]
43. Si Colombia
acepta expresamente la designación en concreto que le haga la
CPI, la persona condenada debe ser entregada al Estado “por conducto de su
Ministerio de Relaciones Exteriores” (art 3.1). El Secretario de la
Corte deberá tomar las medidas pertinentes para realizar la debida entrega del
sentenciado, “en consulta con Colombia y el Estado anfitrión, incluidos los
aspectos logísticos y de seguridad del transporte de la persona condenada”
(art 3.2). Colombia -según el texto del Acuerdo- se hace responsable de la
integridad de la persona condenada y de la efectiva ejecución de la pena una
vez que el sujeto se encuentre dentro de territorio nacional y en poder de las
autoridades colombianas (art 3.3). La supervisión de la pena privativa de la
libertad está en cualquier caso sometida a la “supervisión” de la
Corte y se sujeta a las normas generalmente aceptadas de los instrumentos
internacionales sobre el tratamiento de los reclusos (art 4.1).
44. La
supervisión podrá consistir en distintas medidas. La
CPI, cuando sea necesario, puede pedirle a Colombia o a “cualquier otra
fuente confiable” todo tipo de información, informe o dictamen pericial. En
los casos en los cuales resulte procedente, el Presidente de la
CPI puede delegar a uno de sus magistrados o funcionarios, previa notificación
al Estado colombiano, para reunirse con la persona condenada y escuchar sus
opiniones, sin la presencia de autoridades colombianas. También puede dar a
Colombia la oportunidad de presentar comentarios sobre las opiniones expresadas
por la persona condenada, en las condiciones previstas en el artículo 4.1 lit.
a, ii (art 4.1 lit a). Colombia se compromete asimismo a permitir la inspección
de las condiciones de reclusión y tratamiento de las personas condenadas por la
CPI, inspección que estaría a cargo del Comité Internacional de la
Cruz Roja Internacional -CICR-. Cuando lleve a cabo una actuación de esa
naturaleza, el CICR le debe presentar al Estado un “informe confidencial”
fundado en las comprobaciones que haya hecho (art 4.1 lit b). Colombia y la
Presidencia de la CPI se consultarán a propósito de este informe, y luego la
Corte podrá solicitarle al Estado que informe sobre los cambios introducidos
en las condiciones de reclusión, de acuerdo con lo sugerido por el CICR, “en
el entendido de que las sugerencias del CICR no son vinculantes” (art 4.1
lit b).
45. El Acuerdo
precisa que las condiciones de reclusión se deben regir por la legislación
colombiana y “se ajustarán a las normas generalmente aceptadas de los
instrumentos internacionales sobre el tratamiento de los reclusos”. Aclara
que en ningún caso las condiciones de reclusión de una persona condenada por la
CPI, cuya pena se ejecute en Colombia, pueden ser más o menos favorables que
las condiciones aplicadas a los reclusos condenados “por delitos similares
en Colombia” (art 4.2). Las comunicaciones entre la persona condenada y la
Corte serán “irrestrictas y confidenciales” (art 4.3).[45]
Cuando en el derecho interno de Colombia exista un programa o beneficio “carcelario”
que implique actividades fuera del establecimiento penitenciario, y la persona
condenada cumpla los requisitos para beneficiarse de él, “Colombia
comunicará ese hecho a la Presidencia [de la
CPI], junto con la información o las observaciones pertinentes, para
permitir que la Corte ejerza su función de supervisión” (art 4.4).
46. La persona
condenada por la CPI no puede ser juzgada por la justicia colombiana “por
una conducta que haya constituido la base de los crímenes por los cuales dicha
persona ya hubiere sido condenada o absuelta por la
Corte” (art 5.1). La persona condenada no puede tampoco ser juzgada,
condenada penalmente o extraditada a un tercer Estado, “por acciones
realizadas antes del traslado de dicha persona a Colombia”, excepto cuando
así lo apruebe la Presidencia de la CPI a solicitud de Colombia (art 5.2). Dice
que cuando Colombia quiera procesar al condenado o ejecutar una pena por una
conducta anterior a su traslado, lo comunicará a la
Presidencia y le transmitirá diversos documentos, dentro de los cuales
menciona: una exposición de los hechos del caso, y su tipificación en derecho;
una copia de las normas jurídicas aplicables, incluidas las relativas a la
prescripción y las penas aplicables; una copia de toda sentencia, orden de
detención u otro documento que tenga la misma fuerza jurídica, o de cualquier
otro mandamiento judicial que el Estado tenga la intención de ejecutar; un
protocolo en el que consten las observaciones de la persona condenada,
obtenidas después de haberle informado suficientemente acerca del procedimiento
(art 5.2).
47. Colombia se
compromete igualmente a transmitir a la
Presidencia de la CPI cualquier solicitud de extradición que se le extienda,
relacionada con la persona que cumple una pena impuesta por esa Corte en
territorio nacional. El Estado debe entonces transmitir la petición “junto
con un protocolo en el que consten las observaciones de la persona condenada,
obtenidas después de haberle informado suficientemente acerca de la solicitud
de extradición” (art 5.2 lit c). La
Presidencia de la CPI puede en cualquier caso de los regulados por el artículo
4.2 literales a y b, pedirle a Colombia o al tercer Estado que solicita la
extradición cualquier documento o información adicional. Emitirá luego la
decisión correspondiente “lo antes posible”, la cual será notificada a
quienes hayan participado en las actuaciones. Cuando la solicitud se refiera a
la ejecución de la pena, la persona condenada podrá cumplirla en Colombia o ser
extraditada a otro Estado cuando haya cumplido íntegramente la pena en el
Estado colombiano. La CPI podrá autorizar la extradición temporal de la persona
condenada “para su enjuiciamiento”, siempre que haya garantías de que
continuará privada de su libertad en el tercer Estado y de que tras el
enjuiciamiento retornará a Colombia (art 5.2 lit c). Toda la información que se
transmita a la Corte, se han de transmitir al Fiscal, quien podrá formular
observaciones al respecto (art 5.2 lit d). Toda la regulación, prevista en el
artículo 5.2 del Acuerdo, dejará de aplicarse cuando la persona condenada
permanezca voluntariamente en territorio colombiano durante más de 30 días,
después de haber cumplido íntegramente la pena impuesta por la
CPI, o cuando regrese a dicho territorio después de haber salido de él (art
5.3).
48. En virtud
del Acuerdo el Estado colombiano se obliga a no poner en libertad a la persona
condenada a pena privativa de la misma por la
CPI, antes de que cumpla la pena impuesta (art 6.1). La
CPI únicamente es competente para “decidir acerca de la reducción de pena o
las solicitudes de apelación y revisión”, lo cual debe hacer después de
escuchar a la persona (art 6.2). Colombia, por su parte, no podrá
obstaculizar la presentación de solicitudes de apelación y revisión por la
persona condenada (art 6.2). Para efectos de ampliar la duración de la
privación de la libertad, la Presidencia de la
CPI podrá solicitar las observaciones correspondientes a Colombia (art 6.3).
Cuando la persona condenada se evada, Colombia debe dar aviso al Secretario de la
CPI “lo antes posible, por cualquier medio apto para dejar una constancia
escrita” (art 7.1). Cuando la persona condenada se evada y huya del
territorio colombiano, el Estado -“después de consultar con la
Presidencia” de la CPI- podrá solicitar su extradición al Estado donde se
encuentre la persona, “con arreglo a los acuerdos bilaterales o
multilaterales vigentes, o podrá pedir que la
Presidencia solicite la entrega de la persona, de conformidad con la
Parte IX del Estatuto de Roma”. La
Presidencia de la CPI podrá disponer que la persona sea entregada a Colombia o
a otro Estado designado por la CPI (art 7.2).
49. Si el Estado
en el cual se encuentra la persona condenada accede a entregarla a Colombia,
como fruto de sus acuerdos internacionales o de la legislación interna, el
Estado colombiano debe comunicárselo al Secretario de la
CPI “tan pronto como sea posible”, y este deberá prestar toda la
asistencia indispensable, “incluida, en caso necesario, la presentación de
solicitudes de tránsito hacia los Estados de que se trate”, de acuerdo con
lo previsto en la Regla 207 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la
Corte (art
7.3).[46]
En el evento en el cual la persona condenada sea entregada directamente a la
CPI, esta la trasladará a Colombia, pero en todo caso podrá de oficio o a
solicitud del Fiscal ante la CPI, o del Estado colombiano, “designar a otro
Estado, incluido el del territorio al que hubiera huido el condenado” (art
7.4). El periodo que dure recluida la persona tras ser detenida en otro Estado,
luego de su evasión, se tiene en cuenta para el cumplimiento de la pena
impuesta (art 8.2). Lo mismo ocurre con el tiempo durante el cual la persona
permanezca privada de su libertad a disposición o en la sede de la
Corte, de acuerdo con lo previsto en el texto del Acuerdo (arts 8 y 7.4). En
caso de evasión, los gastos relacionados con la entrega de la persona condenada
correrán por cuenta de la CPI “si ningún Estado se hace cargo de ellos” (art
11.3).
50. La
Presidencia de la CPI puede, de oficio o a solicitud de Colombia, de la
persona condenada o del Fiscal ante la CPI, “en cualquier momento, decidir
el traslado de una persona condenada a una prisión de otro Estado” (art 9).
Para tomar esa decisión puede solicitar la opinión de Colombia. Si finalmente
se resuelve no cambiar la designación de Colombia como Estado de ejecución de
la pena, se lo notificará al Estado, a la persona condenada, al Fiscal y al
Secretario de la CPI (art 9). Cuando la pena se ejecute en Colombia, el Estado
se compromete a notificarle a la Presidencia de la
CPI, 60 días antes de la fecha en que se cumpla el último instante de la pena,
que la misma “quedará cumplida a la brevedad”. Igualmente, 30 días antes
de la fecha en que ha de quedar cumplida la pena, Colombia le debe notificar a la
Presidencia de la CPI “la información pertinente acerca de la intención de
Colombia de autorizar a la persona a permanecer en su territorio, o el lugar al
que se proponga trasladar a la persona” (art 10.1). Los gastos ordinarios
de ejecución de la pena en territorio colombiano corren a cargo de Colombia
(art 11.1). Los demás gastos, incluidos los de transporte desde y hacia la
Corte, dentro de lo previsto por el artículo 11, serán sufragados por la
CPI (art 11.2)
51. Tras el cumplimiento de la pena
impuesta, la persona condenada puede permanecen en territorio colombiano si el
Estado se lo autoriza. La persona que no sea nacional de Colombia podrá, “de
conformidad con la legislación de Colombia, ser trasladada a un Estado que esté
obligado a recibirla, o a otro Estado que acceda a recibirla, teniendo en
cuenta los deseos de la persona de que se le traslade a dicho Estado” (art
10.2). Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo, Colombia
también queda facultada para extraditar o entregar en otra forma a la persona
que haya cumplido previamente la pena a un Estado que haya solicitado su
extradición o la entrega de la persona con fines de enjuiciamiento o de
ejecución de la pena, todo de acuerdo con el derecho interno (art 10.3).  Colombia
y la Corte designarán mediante canje de notas “las autoridades que actuarán
como puntos focales”, los cuales tendrán la responsabilidad de comunicar y
transmitirse mutuamente y a quien corresponda, “toda la información
necesaria para ejecutar el presente acuerdo” (art 12).
52. El Acuerdo enuncia al final que sus
disposiciones entran en vigor en la fecha en que Colombia notifique a la
Corte por escrito y a través de los conductos diplomáticos que se han cumplido
los procedimientos jurídicos internos para su ratificación (art 13). El
instrumento “podrá ser enmendado, previa celebración de consultas, por mutuo
consentimiento de las partes” (art 14). La terminación del acuerdo se podrá
efectuar, “[p]revia celebración de consultas”, por cualquiera de
las partes, “con un preaviso escrito de dos meses”. Dicha terminación no
afecta las penas que se estén ejecutando, y las disposiciones del Acuerdo
seguirán entonces aplicándose mientras no se hayan cumplido o extinguido o la
persona no haya sido traslada de conformidad con el artículo 9 del instrumento.
b.
Constitucionalidad del contenido del Acuerdo
53. La
Corte considera que los contenidos del Acuerdo entre la
República de Colombia y la Corte Penal Internacional sobre la
Ejecución de las Penas Impuestas por la
Corte Penal Internacional no desconocen las disposiciones aplicables sobre
la materia, previstas en la Constitución de 1991. En lo que sigue, la
Sala mostrará en primer término cuál es el marco constitucional y legal en el
cual se insertan las normas integrantes de este Acuerdo, y la constitucionalidad
de su propósito principal. Luego se detendrá a evaluar los instrumentos que
prevé el tratado bajo revisión para la ejecución de las penas impuestas por la
Corte Penal Internacional.
54. Como se señaló,
según el Preámbulo y el artículo 1 del Acuerdo, el propósito del mismo es
establecer un marco para la aceptación de personas condenadas por la
CPI, para que la pena que le sea impuesta se ejecute en un establecimiento
penitenciario suministrado por Colombia o que surja en relación con dicha
ejecución. El Preámbulo reconoce directamente que este Acuerdo es un desarrollo
del compromiso internacional plasmado en el artículo 103 del Estatuto de Roma,
aprobado por Colombia mediante Ley 742 del 5 de junio de 2002, y sometido a
control constitucional por la Corte mediante sentencia C-578 de 2002.[47]
El citado artículo 103 del Estatuto de Roma está ubicado en la
Parte X, que trata ‘De la ejecución de la pena’, y se refiere
específicamente a la ‘Función de los Estados en la ejecución de las penas
privativas de la libertad’. Esta norma dice en esencia que la pena
privativa de la libertad impuesta por la
Corte Penal Internacional se cumplirá en un Estado designado por ella misma, con
arreglo a un grupo de criterios allí determinados, sobre la base de una lista
de Estados que hayan manifestado su disposición a recibir condenados. El Estado
puede en cada caso concreto indicar sin demora si acepta o no la designación.
La sentencia C-578 de 2002 interpretó de la siguiente manera el alcance del
artículo 103 del Estatuto:
“El artículo 103 atribuye a la
Corte Penal Internacional la facultad de designar al Estado en el que habrá de
ejecutarse la pena de la lista de Estados que han manifestado estar dispuestos
a recibir condenados. Dicha facultad de la
Corte es discrecional pero no arbitraria; ella debe ejercerse de conformidad
con los criterios consignados en el numeral 3 del mismo artículo 103, entre los
cuales se encuentra el principio de distribución equitativa de las cargas entre
los Estados Parte en relación con su responsabilidad por la ejecución de las
penas privativas de la libertad. Entre éstos resalta, por su carácter
humanitario, el que la opinión y la nacionalidad del condenado sean tenidas en
cuenta a la hora de determinar el Estado de ejecución de la pena. El Estado
designado debe resolver sin demora si acepta la designación, para lo cual puede
poner condiciones (ver sección 4.12.2), o la rechaza. En caso de no poder
designarse a un Estado para la ejecución de la pena, ésta la corresponde a los
Países Bajos país sede de la Corte Penal Internacional (artículo 103. 4 ER.).
De cualquier forma, la Corte puede en todo momento decidir sobre el traslado
del condenado a una prisión de otro Estado (artículo 104. 1 ER) y supervisar la
ejecución de la pena (artículo 106. 1 ER), así las condiciones de reclusión se
rijan por la legislación del Estado de ejecución con sujeción a las normas
generalmente aceptadas de las convenciones internacionales sobre el tratamiento
de los reclusos (artículo 106. 3 ER).”
55. El Acuerdo
tiene entonces el propósito de crear un marco regulatorio relativo a los actos
y procedimientos de designación de Colombia como Estado de ejecución de penas
impuestas por la CPI, de su decisión de aceptar o no tal designación, y de los
demás aspectos concernientes al proceso de ejecución de la pena propiamente
dicha. El cometido del Acuerdo está entonces fundado en una de las previsiones
del Estatuto de Roma, la cual establece directamente que la
CPI puede designar a un Estado de los que se encuentren en disposición de
recibir personas condenadas, para que en su territorio se ejecute una pena
impuesta por la CPI. Colombia, en desarrollo del principio de cooperación
internacional, suscribe este Acuerdo con el fin de proveer instrumentos que
hagan eficaz la jurisdicción de la
Corte Penal Internacional. Esta finalidad es propia del Acuerdo, y aunque según
se indicó se dicta en desarrollo del Estatuto, no es simplemente una
reproducción de los contenidos de este último. En esa medida, la
Corte Constitucional estima que las normas que definen la finalidad del
Acuerdo (Preámbulo y artículo 1.1), al ser controladas por su contenido
material, no violan la Constitución, sino que al contrario garantizan la
efectividad de la justicia penal internacional administrada por la
CPI y reconocida como legítima por la Constitucional (CP art 93), lo cual no sólo respeta la
Carta de 1991, sino que además reafirma el derecho a acceder a una
administración de justicia eficaz (CP arts 2 y 229).
56. El artículo
1.2 del Acuerdo define sintéticamente sus alcances generales. Establece que con
la permanente cooperación de la CPI, “la responsabilidad en última instancia
por la efectiva ejecución de las penas en el territorio de Colombia” le ha
de incumbir al Estado colombiano, y que este debe garantizarle a la persona
condenada “la seguridad y protección adecuadas”. Esta norma no tiene un
paralelo exacto, formal o materialmente, en el Estatuto de Roma, pues es el
Acuerdo el que define que Colombia tiene en última instancia la responsabilidad
por la efectiva ejecución de las penas en su propio territorio, lo cual sin
embargo no desconoce norma alguna de la
Carta. En cuanto a la parte de la disposición revisada, de acuerdo con la cual
al Estado le corresponde garantizar la seguridad y protección adecuadas a la
persona condenada, parece estar ya contenida en el artículo 106.1 del Estatuto,
que sujeta la ejecución de la pena a las normas generalmente aceptadas en los
Convenios internacionales sobre el tratamiento de los reclusos. Dentro de estos
Convenios están normas que claramente protegen el derecho a la seguridad y a la
protección adecuada de las personas condenadas, como por ejemplo ocurre con el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o con la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.[48] Por lo demás,
el artículo 106.1 del Estatuto de Roma no fue señalado por la
Corte Constitucional, en la sentencia C-578 de 2008, como contentivo de un
tratamiento diferente al previsto generalmente en la
Constitución.[49] De
manera que no se advierten problemas de constitucionalidad en este aspecto.
57. El artículo
1.3 del Acuerdo se compone de dos partes. La primera establece que las penas
privativas de la libertad son “obligatorias” para Colombia, quien no
podrá modificarlas en caso alguno. La segunda dispone que Colombia sólo puede
dar por terminada la ejecución de la pena, cuando obtenga información de una
decisión pertinente adoptada por la
CPI. Esta Corte considera que la primera parte de la regulación reproduce la
prevista en el artículo 105.1 del Estatuto de Roma, que dice: “[c]on
sujeción a las condiciones que haya establecido un Estado de conformidad con el
párrafo 1 b) del artículo 103, la pena privativa de la libertad tendrá carácter
obligatorio para los Estados, los cuales no podrán modificarla en caso alguno”
(art 105.1). En esa medida, se atiene a lo previsto en esta última, en los
términos sentados por la sentencia C-578 de 2002. La segunda parte del artículo
1.3 del Acuerdo tiene en cambio un componente adicional a los que integran el
Estatuto de Roma. Dice que el Estado sólo puede ponerle fin a la ejecución de
una pena impuesta por la CPI cuando sea informada por esta última de una
decisión al respecto. Esto no contradice la
Constitución. El instrumento no autoriza a la
Corte Penal a extender la pena más allá de los límites que se definan en el
Estatuto de Roma, ni de los que se concretan en derecho en el fallo
condenatorio. La disposición se contrae a establecer una restricción para el
Estado, orientada a garantizar que las penas impuestas por la
CPI se cumplan a cabalidad, lo cual no es otra cosa que asegurar la eficacia
de la jurisdicción penal internacional reconocida como legítima por el Acto
Legislativo 02 de 2001. De cualquier forma, para que las penas impuestas por la
justicia penal internacional no excedan el tiempo previsto en el fallo
condenatorio, existen algunas garantías:
57.1. En primer
término, el artículo 10.1 del Acuerdo establece el deber de Colombia de
notificar a la Presidencia de la CPI, “60 días antes de la fecha en que
habrá de quedar cumplida la pena”, que esta quedará cumplida “a la mayor
brevedad”. Igualmente, el mismo instrumento contempla que Colombia debe
enviar una segunda notificación a la
Presidencia de la CPI, “30 días antes de la fecha en que habrá de quedar
cumplida la pena”, con el fin de transmitirle información pertinente acerca
de su intención “de autorizar a la persona a permanecer en su territorio, o
el lugar al que se proponga trasladar a la persona”.
57.2. En segundo
término, en el texto del Acuerdo se consagran mecanismos de supervisión a cargo
de la CPI, que facilitan la comunicación de las condiciones (incluidas las de
tiempo) de ejecución de la pena. El artículo 4.1 del instrumento dice que la “ejecución
de la pena privativa de la libertad estará sujeta a la supervisión de la
Corte”, y que para ese fin puede “solicitar a Colombia o a cualquier
otra fuente confiable cualquier clase de información, informe o dictamen
pericial”, o incluso puede “delegar en un magistrado de la
Corte o en un funcionario de la Corte, previa notificación a Colombia, la
responsabilidad de reunirse con la persona condenada y escuchar sus opiniones,
fuera de la presencia de las autoridades nacionales”.
57.3. El
Estatuto de Roma prevé además que en ejercicio de sus funciones la
CPI aplicará en primer lugar ese Estatuto, pero además los Elementos de los
crímenes y sus Reglas de Procedimiento y Prueba (ER art 21.1). Pues
bien, entre las Reglas de Procedimiento y Prueba se encuentra la
Regla 198, que regula las comunicaciones entre la
Corte y los Estados en el contexto de la ejecución de las penas. La
Regla 198 habilita un conducto de comunicación distinto a los previamente
señalados en la presente providencia, pues dice que se aplican a este campo el
artículo 87 del Estatuto de Roma,[50] y a su vez las
Reglas 176 a 180 de las Reglas de Procedimiento y Prueba, que se refieren entre
otros asuntos a las formas de cooperación para transmitir comunicaciones entre
el Estado de ejecución y la Corte Penal Internacional, e por canales
diplomáticos o con la asistencia de terceros Estados, por intermedio del Fiscal
ante la CPI, o a través de organizaciones intergubernamentales.[51]
57.4. Estas
normas introducen entonces deberes y canales de comunicaciones, que contribuyen
de forma suficiente, a la luz de la
Constitución, a garantizar que se informe de manera oportuna a la
Corte que una pena cuyo cumplimiento se esté llevando a cabo en Colombia está
por cumplirse, y para que la CPI adopte entonces la decisión correspondiente,
en virtud de la cual el Estado colombiano pueda poner fin a la ejecución de la
pena. Sin perjuicio de lo cual esta Corte advierte que el deber del Estado
colombiano, de poner de manifiesto el advenimiento del término de ejecución de
la pena, no sólo surge del compromiso internacional contenido en el Acuerdo
bajo revisión, sino también del derecho fundamental de toda persona condenada
en territorio colombiano, a contar con un debido proceso (CP art 29).
58. La
regulación relativa al Procedimiento e información relativos a la
designación, contenida en el artículo 2 del Acuerdo, tiene también
distintos componentes. El artículo 2.1 del instrumento contempla una parte que
es reproducción de la Regla 204 de las Reglas de Procedimiento y Prueba, ya que
dice como lo hace también esta última que al notificársele a Colombia su
designación como Estado de ejecución, se le debe transmitir la información y
documentación personal y penal del condenado. Esa formulación ya fue entonces
considerada por la Corte en la sentencia C-801 de 2009, al analizar
materialmente el ámbito de la Regla 204 de las Reglas de Procedimiento y
Prueba, y en esta ocasión se remite a lo entonces sostenido al respecto.[52]
Ahora bien, el artículo 2.1 literal d) trae en el Acuerdo una norma no
exactamente contenida en el Estatuto de Roma ni en las Reglas de Procedimiento
y Prueba, y es que la CPI, al designar a Colombia como Estado de ejecución de
la pena, debe enviarle “su historia clínica y la demás información necesaria
para asegurar la efectiva ejecución de la pena y garantizar los derechos de la
persona condenada de conformidad con las disposiciones de la legislación
colombiana y el párrafo 2 del artículo 4 del presente Acuerdo”. Sobre el
particular, la Corte Constitucional observa lo siguiente:
58.1. Para
empezar, el artículo 2.1 literal d) del Acuerdo, si bien no consagra una
regulación idéntica a las que prevén el Estatuto de Roma y las Reglas de
Procedimiento y Prueba, sí tiene una semejanza con el literal d) de la
Regla 204 de las Reglas de Procedimiento y Prueba, conforme a la cual la
CPI debe enviarle al Estado de ejecución “toda la información necesaria
acerca de su estado de salud, con inclusión de cualquier tratamiento médico que
esté recibiendo”. La citada previsión del Acuerdo no es empero exactamente
igual a esta última, puesto que se refiere por una parte al estado de salud de
la persona condenada, pero además a su historia clínica (que contiene datos
clínicos anteriores), y aparte establece que debe remitírsele “la demás
información necesaria para asegurar la efectiva ejecución de la pena y
garantizar los derechos de la persona condenada”.
58.2. Esta
regulación no desconoce la Constitución, y al contrario está pensada para
suministrarle al Estado de ejecución la información personal y judicial necesaria
sobre quien haya sido condenado, para que puedan ofrecérsele condiciones
penitenciarse acordes a su historial clínico y a sus demás derechos. La persona
condenada debe ser tratada con dignidad, y esto implica que debe poder contar
con  tratamientos de salud cuando lo requiera, que se adapten a sus
particulares condiciones médicas. La disposición también dice que debe
entregarse al Estado la demás información que se requiera para asegurar la
ejecución de la pena y sus derechos, pero aclara que esta información debe ser
controlada de conformidad con lo previsto en el artículo 4 numeral 2 del
Acuerdo bajo revisión.
58.3. El numeral
2 del artículo 4 del Acuerdo, al cual se hace alusión, como más adelante se
mostrará dice que las condiciones de reclusión deben regirse por la legislación
colombiana, y ajustarse “a las normas generalmente aceptadas de los
instrumentos internacionales sobre el tratamiento de los reclusos”. Cuando
el Acuerdo alude a la legislación colombiana naturalmente incluye en esa
designación a la norma de normas, que es la
Constitución, y por lo mismo el tratamiento de la persona condenada ha de
sujetarse a nivel interno también a la
Constitución. Esta última garantiza el derecho de toda persona a la intimidad
personal y familiar (CP art 15), lo cual tiene implicaciones para el tratamiento
de la información que le concierna. La Corte considera que las autoridades
nacionales encargadas de recibir y conservar la información que les sea
remitida por la CPI, y que haga referencia a la persona condenada, debe
sujetarse a los estándares que se exponen a continuación.
58.4.
Esta
Corporación ha sostenido que la Constitución otorga una protección distinta a
la información, según se clasifique como pública, semi-privada, privada y
reservada.[53]
La información pública puede solicitarla cualquier persona sin el deber de
satisfacer requisito alguno, pues es precisamente aquella que “puede ser
obtenida y ofrecida sin reserva alguna y sin importar si la misma sea
información general, privada o personal”.[54]
Es lo que ocurre, por ejemplo, con los actos normativos de carácter general,
las providencias judiciales debidamente ejecutoriadas, los datos sobre el
estado civil de las personas, etc. Por su parte, la información semi-privada
presenta un grado mínimo de limitación, de tal forma “que la misma sólo
puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad administrativa en el
cumplimiento de sus funciones o en el marco de los principios de la
administración de datos personales”. En esta categoría se clasifican los
datos relativos a relaciones con entidades de seguridad social o al
comportamiento financiero de las personas.[55]
La información privada se refiere a datos personales o impersonales que por
encontrarse en un ámbito privado “sólo puede ser obtenida y ofrecida por
orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones”. En esta
clase se encuentran entre otros “los documentos privados, [l]as historias
clínicas o [l]a información extraída a partir de la inspección del domicilio”.[56]
Finalmente, la información reservada se compone de datos personales
estrechamente relacionados con los derechos fundamentales del titular, como la
dignidad, la libertad o la intimidad, por lo que “se encuentra reservada a
su órbita exclusiva y no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad
judicial en el cumplimiento de sus funciones”,[57]
como por ejemplo, la información genética, información relacionada con la
orientación sexual, la filiación política, el credo religioso, etc.
58.5. Como se ve, la historia clínica es
una información privada y por lo mismo responde a un tipo de protección, de
acuerdo con la cual esta sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de
autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones. Lo cual no significa que
el propio titular de la información o, en caso de que fallezca, uno de sus
familiares legitimados para ello, carezcan del derecho a acceder a la misma en
condiciones que aseguren el cumplimiento de los demás compromisos
internacionales y constitucionales. El propio titular y sus familiares, en caso
de que aquel fallezca, pueden en las hipótesis en que haya lugar tener acceso a
esa información.[58]
En lo que se refiere a la información restante, suministrada a Colombia por la
CPI con el fin de asegurar la ejecución de la pena y los demás derechos de la
persona condenada, deben sujetarse por igual a los estándares antes señalados,
de conformidad con la legislación nacional y los estándares internacional
generalmente aceptados, como se señalará más adelante.
59. La norma del artículo 2.2 del
Acuerdo es un compromiso especial, cuyo contenido es equivalente al previsto en
el artículo 103.1 literal c) del Estatuto de Roma. Ambas disposiciones señalan
que el Estado designado en un caso determinado indicará sin demora a la
Corte si acepta la designación. En vista de que no hay entonces diferencias
entre la regulación del Acuerdo y la del Estatuto de Roma en este punto, la
Corte se remite a lo sostenido al respecto en la sentencia C-578 de 2002.[59]
El artículo 2 numerales 3 y 4 del Acuerdo se refieren respectivamente a que
Colombia puede retirar en cualquier momento las condiciones de aceptación que
se hubiesen fijado para que fuera incluida en la lista de Estados de ejecución,
y a que Colombia debe notificar a la CPI la información relativa a cualquier
circunstancia que pueda afectar materialmente las condiciones o duración de la
reclusión, y cómo debe procederse en esos casos para tales efectos. La
Corte considera que el primero de los numerales (art 2.3) tiene un contenido
idénticamente vinculado con el de la Regla 200.3 de las Reglas de Procedimiento
y Prueba,[60]
y que el segundo de ellos está ya previsto en el artículo 103.2 literal a) del
Estatuto de Roma.[61]
Por lo mismo, la Corte se remite en estos aspectos a lo sostenido sobre ambas
materias en las sentencia C-801 de 2009 y C-578 de 2002, respectivamente.[62]
En esta última se dijo lo siguiente respecto de las condiciones de aceptación
de un Estado para ser incluido en la lista de ejecutantes:
“La posibilidad de poner condiciones para la ejecución de penas
privativas de la libertad, que otorga el artículo 103 del Estatuto de Roma a
los Estados que han manifestado su disposición de recibir a condenados, plantea
el problema de determinar si ello implica un tratamiento diferente del
principio de igualdad (artículo 13 CP.) en la ejecución penal puesto que las
condiciones pueden variar de Estado a Estado. […]
En relación con este punto, en las discusiones preparatorias del
Estatuto se planteó si los Estados que aceptaren recibir a un condenado podrían
poner condiciones para ello. Por ejemplo, Francia advirtió sobre su intención
de aceptar personas condenadas sólo bajo la condición de que la solicitud de un
posible indulto pudiese realizarse en Francia. Finalmente se llegó a un
consenso entre las partes que quedó plasmado en artículo 103 del Estatuto. Se
trata de un acuerdo en el que efectivamente el Estado potencialmente receptor
de personas condenadas puede manifestar las condiciones bajo las cuales admite
constituirse en Estado de ejecución penal en un caso concreto. Pero el
ejercicio de la facultad de condicionar la recepción de un condenado se sujeta
a la aceptación de la Corte – que en caso contrario procede a designar a otro
Estado para la ejecución de la pena – y al respeto a las reglas consignadas en la
Parte X del Estatuto. Es por ello que el artículo 103, numeral 1 literal b)
debe ser interpretado a la luz de los demás artículos del Estatuto que
reglamentan la ejecución de la pena, en especial el artículo 103 numeral 2
literal a), el artículo 105 numeral 1 y el artículo 110.
A partir de la interpretación sistemática de estas disposiciones
es posible concluir que la aceptación de condiciones impuestas por los Estados
de ejecución para recibir condenados no supone un tratamiento diferente del
principio constitucional de la igualdad (artículo 13 CP.) en materia del
cumplimiento de la sanción penal. En efecto, el Estado condicionante se obliga
a no modificar la pena privativa de la libertad impuesta por la
Corte en caso alguno (artículo 105. 1 ER). Además, el Estado condicionante se
obliga a notificar a la Corte “cualesquiera circunstancias, incluido el cumplimiento
de las condiciones aceptadas con arreglo al párrafo 1, que pudieren afectar
materialmente a las condiciones o la duración de la privación de libertad.”
(artículo 103. 2 lit. a) ER), de forma que la
Corte sea la que decida sobre la solicitud de revisión sin que el Estado de
ejecución pueda poner obstáculos para que el condenado presente una solicitud
de esa índole (artículo 105. 2 ER). El artículo 103 ordena a los Estados de
ejecución, poner en conocimiento de la Corte las circunstancias conocidas o
previsibles con una antelación mínima de 45 días, sin que durante ese período
de tiempo pueda adoptar medida alguna que contraríe el artículo 110 del
Estatuto, que exige el cumplimiento como mínimo de dos terceras partes de la
pena o 25 años de prisión para el caso de cadena perpetua, para examinar si la
pena puede reducirse (artículo 110.3 ER). Con esta última disposición se disipa
el cuestionamiento planteado, ya que en cualquier caso todos los condenados
tienen que cumplir en igualdad de condiciones las sanciones penales impuestas
por la Corte, sin posibilidad de una reducción de la pena por debajo del mínimo
establecido en el Estatuto. En consecuencia, la disposición aquí estudiada no
implica un tratamiento diferente del derecho a la igualdad.”
60. En lo que
atañe al artículo 3.1 del Acuerdo dice que la persona condenada será entregada
a Colombia una vez el Estado acepte su designación. Este contenido es semejante
al de la Reglas 206.2 de las Reglas de Procedimiento y Prueba, de acuerdo con
el cual “el Condenado será entregado al Estado de ejecución designado tan
pronto como sea posible después de la aceptación de este”. La
Corte se remita al análisis efectuado al respecto en la sentencia C-801 de
2009.[63] El artículo 3.2
se limita a establecer que es responsabilidad del Secretario de la
CPI tomar las medidas pertinentes para garantizar la adecuada realización de
la entrega de la persona condenada al Estado de ejecución, “incluidos los
aspectos logísticos y de seguridad del transporte”. Es un precepto
instrumental, atinente a las responsabilidades de funcionarios de la
CPI, que no desconoce la Carta. El artículo 3.3 del Acuerdo responsabiliza a
Colombia de la integridad de la persona condenada que cumpla la pena en su
territorio, y de la efectiva ejecución de la misma. Esta misma previsión se
repite con otra forma en el artículo 1.2 del presente Acuerdo, ya analizado en
esta providencia. La Corte Constitucional se remite a lo dicho al respecto. Con
lo cual puede concluir que no se observan problemas que afecten la
constitucionalidad del artículo 3 del Acuerdo.
61. El artículo
4 del instrumento bajo revisión contempla a su turno 4 numerales, con
ingredientes que serán analizados de manera independiente. El artículo 4.1 del
Acuerdo establece que la ejecución de la pena privativa de la libertad estará
sujeta a la supervisión de la CPI “y se ajustará a las normas generalmente
aceptadas en los instrumentos internacionales”, y establece algunos medios
para llevar a cabo dicha  función, algunos de los cuales se refieren a la
Presidencia de la CPI, y otros al Comité Internacional de la
Cruz Roja. La norma es parcialmente similar a la contenida en el artículo 106
del Estatuto de Roma, que también le asigna a la
CPI la competencia de supervisión sobre la ejecución de la pena, y a la que
trae la Regla 211 de las Reglas de Procedimiento y Prueba. Esta dice también,
como lo hace el artículo 4.1 literal a) del Acuerdo, que la
Presidencia de la CPI podrá pedir información, informes o dictámenes periciales
a Colombia, en su calidad de Estado de ejecución de la pena, o a otras fuentes
confiables. Asimismo establece que un magistrado de la
CPI puede ser delegado con el fin de reunirse con el condenado, previa
notificación a Colombia, para escuchar sus observaciones sin la presencia de
autoridades nacionales. También prevén ambas que se le puede dar al Estado de ejecución
la oportunidad de formular observaciones sobre la opinión emitida por la
persona condenada.  En tales aspectos, esta Corte reenvía para el efecto a lo
decidido sobre la materia en las sentencias C-578 de 2002 y C-801 de 2009.
62. Ahora bien,
el artículo 4.1 literal b) del Acuerdo no tiene un paralelo o equivalente
normativo ni en el Estatuto de Roma, ni en las Reglas de Procedimiento y
Prueba. La disposición se refiere a que el Estado debe permitir la inspección
de las condiciones de reclusión por parte del Comité Internacional de la
Cruz Roja “en cualquier momento y en forma periódica”, y que este ha de
presentarle un informa confidencial a la
Presidencia de la CPI y a Colombia. Estas dos partes se consultarán al
respecto, y la Presidencia de la CPI podrá pedirle a Colombia que le informe de
los cambios introducidos a las condiciones de reclusión, en los términos de lo
sugerido por el CICR. Aclara al final que “las sugerencias del CICR no son
vinculantes”. La inspección que adelanta el CICR tiene una inocultable
orientación humanitaria, y busca ante todo verificar que la condena privativa
de la libertad  se ajuste a los estándares legales y a los generalmente
aceptados de los instrumentos internacionales sobre el tratamiento de los
reclusos, con el fin de que la persona condenada penalmente no sufra en ningún
momento un menoscabo en su dignidad. Si bien la norma revisada aclara que las
sugerencias del CICR “no son vinculantes”, en general, lo cierto es que
cuando sus observaciones indiquen inequívocamente una violación o amenaza de
derechos fundamentales, una fuente normativa independiente al Acuerdo -la
Constitución (CP art 4)- activa para el Estado la obligación improrrogable de
atender las circunstancias que originan esa vulneración.
63. Respecto del artículo 4.2 del
instrumento bajo control, es preciso señalar lo siguiente. Esa norma establece
que las condiciones de reclusión se regirán por la legislación de Colombia y se
ajustarán a las normas generalmente aceptadas de los instrumentos
internacionales sobre el tratamiento de los reclusos. En ningún caso -agrega la
disposición- dichas condiciones serán más o menos favorables que las aplicadas
a los reclusos condenados “por delitos similares” en Colombia. Es
necesario mostrar algunas de las implicaciones que tiene la incorporación de
este precepto en el orden interno:
63.1. El
artículo 4.2 del Acuerdo crea una hipótesis a partir de la cual se produciría
una confluencia de ordenamientos que no es contradictoria ni excluyente. Por
una parte reconoce las condiciones excepcionales de la jurisdicción de la
Corte Penal Internacional y de las penas impuestas por ésta y, por otro,
admite que el alcance de esta excepcionalidad no podría intervenir en la
organización interna del Estado ejecutante en materia condiciones de ejecución
de penas privativas de la libertad, esto es, en las condiciones del tratamiento
penitenciario. Las reglas relativas a la imposición de la pena y de la
supervisión de su ejecución se encuentran dentro del ámbito de la competencia de la
Corte Penal Internacional, mientras que la responsabilidad por la ejecución
efectiva de la pena y el tratamiento penitenciario se circunscriben al derecho
interno del Estado ejecutante y a aquellas disposiciones
generalmente aceptadas de instrumentos internacionales sobre el tratamiento de
las personas privadas de la libertad.[64]
63.2. Dice el artículo
que las condiciones de reclusión se regirán entonces por la legislación de Colombia
y se ajustarán a las normas generalmente aceptadas de los “instrumentos
internacionales” sobre el tratamiento de los reclusos. Esta norma no tiene
un antecedente estrictamente análogo en el ordenamiento de la ejecución de
penas impuestas por la CPI, ya que no estaba presente, en esos términos, ni en
el Estatuto de Roma, ni en las Reglas de Procedimiento y Prueba. El artículo
106.2 del Estatuto sujeta las condiciones de reclusión a la legislación del
Estado de ejecución y además a las normas generalmente aceptadas de las “convenciones
internacionales” sobre el tratamiento de los reclusos. Pero esta
terminología dista de ser equivalente a la que emplea el Acuerdo objeto de
control, que habla de estándares contemplados en “instrumentos
internacionales” en general, y no sólo en tratados o convenciones. Cuando
el texto del artículo 4.2 somete las condiciones de reclusión a las normas
generalmente aceptadas de los instrumentos internacionales sobre tratamiento de
los reclusos, hace referencia igualmente a estándares estatuidos en tratados y
en otros instrumentos del soft law (‘derecho suave’), referidos al
tratamiento de los reclusos, que sean generalmente aceptados. Esta
interpretación se sustenta en los siguientes argumentos:
- Conforme lo
señala la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es importante
señalar que el texto del Acuerdo bajo revisión emplea la palabra genérica “instrumentos
internacionales” para referirse a la fuente de los estándares. La palabra instrumentos
internacionales es general y amplia, y no suele referirse exclusivamente a
los tratados.
- Una
comprensión del texto dentro del contexto apropiado,  muestra que las partes se
abstuvieron de emplear las palabras convenio o acuerdo, como lo
hace el Estatuto de Roma, para usar el vocablo más amplio “instrumentos”.
El referente inequívoco que tenían las partes para definir las normas a las
cuales debía someterse la reclusión era el Estatuto de Roma, que emplea la
locución “convenios internacionales”, pero prefirieron usar otra
distinta, por ser menos estrecha. En efecto, los debates que condujeron a la
aprobación del artículo 106 del Estatuto de Roma indican que en su momento se
llegó a plantear la posibilidad de sujetar la reclusión a estándares
internacionalmente reconocidos sobre el tratamiento de reclusos, sin necesidad
de que estos se hallaran previstos en tratados o convenios. No obstante,
finalmente se optó por una proposición más modesta, en virtud de la cual las
condiciones de reclusión se habrían de ajustar a normas generalmente aceptadas de las “convenciones
internacionales” sobre el tratamiento de los reclusos, con lo cual se quiso
restringir el tipo de fuentes de estos estándares.[65]
- Otro elemento
importante de contexto para precisar el sentido del texto del Acuerdo es su
propio Preámbulo. En este, las partes declaran comprometerse a cumplir las
previsiones del Acuerdo, “[r]ecordando” normas generalmente aceptadas de
los “instrumentos internacionales sobre el tratamiento de los reclusos”,
dentro de las cuales se mencionan instrumentos del soft law, como se
aprecia en la siguiente transcripción:
“RECORDANDO las
normas generalmente aceptadas de los instrumentos internacionales sobre  el
tratamiento de los reclusos, entre ellos, las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos aprobadas por el Consejo Econ6mico y Social en sus
resoluciones 663 C (XXIV), de 31 de julio de 1957, y 2067 (LXII), de 13 de mayo
de 1977, el Conjunto de Principios para la protecci6n de todas las personas
sometidas a cualquier forma de detenci6n o prisi6n, adoptado por la
Asamblea General en su resoluci6n 43/173, de 9 de diciembre de 1988, y los
Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, adoptados por la
Asamblea General en su resoluci6n 45/111, de 14 de diciembre de 1990”
- Por otra
parte, cuando se tiene en cuenta la versión en inglés del Acuerdo bajo de
revisión, y se compara como la versión en inglés del Estatuto de Roma, se
advierte que en este último se emplean expresiones que hacen clara referencia a
estándares generalmente aceptados de tratados o convenios sobre el tratamiento
de los reclusos (‘widely
accepted international treaty standards governing treatment of prisoners’),[66]
mientras en la versión en inglés del Acuerdo bajo examen no se hace una
restricción semejante en las fuentes, ya que se habla de normas internacionales
generalmente aceptadas sobre el tratamiento de los reclusos (“widely accepted
international standards governing
treatment of prisoners”).[67]
63.3. En
definitiva, el Acuerdo establece que una vez exista en territorio colombiano
una persona condenada penalmente por la
Corte Penal Internacional, sus condiciones de reclusión deben regularse por la
legislación nacional y las normas generalmente aceptadas de los instrumentos
internacionales sobre el tratamiento de los reclusos. No obstante, estas normas
no serían sin embargo de exclusiva aplicación para las personas condenadas por la
CPI, pues el mismo texto del Acuerdo establece que las condiciones de
reclusión en ningún caso serán “ni más ni menos favorables que las
condiciones aplicadas a los reclusos condenados por delitos similares en
Colombia”. Por tanto, la restante población reclusa y condenada por delitos
similares en Colombia tendría también derecho a que se les apliquen las normas
generalmente aceptadas de los instrumentos internacionales sobre el tratamiento
de los reclusos. Debe decirse que algunos de estos estándares ya se han
considerado relevantes en el derecho interno para definir las obligaciones del
Estado colombiano en materia penitenciaria, en virtud de una reiterada
jurisprudencia de la
Corte Constitucional.[68] Este
tratado refuerza entonces la fuerza vinculante de esos preceptos, y establece que
con la designación de Colombia como Estado de ejecución, y con el ingreso de la
persona condenada por la CPI a un establecimiento penitenciario ofrecido por el
Estado colombiano, se refuerza la obligatoriedad de las demás normas
generalmente aceptadas de instrumentos internacionales sobre tratamiento de los
reclusos, en relación con personas condenadas por delitos similares al que dio
lugar a la condena de la CPI.
63.4. La
Corte Constitucional considera que esta previsión no desconoce precepto alguno
de la Carta. Por el contrario, incorpora al ordenamiento de la ejecución de las
penas principios y estándares altamente adecuados para la garantía de la
dignidad humana de las personas condenadas penalmente.
64. Por su parte, el artículo 4.3 del
Acuerdo protege las comunicaciones “irrestrictas y confidenciales” entre
la CPI y la persona condenada. Esta parte de la disposición se ajusta
exactamente al artículo 106 del Estatuto de Roma, conforme al cual “[l]a
comunicación entre el condenado y la Corte será irrestricta y confidencial”.
La Corte se remite en lo pertinente a lo sostenido sobre esta última en la
sentencia C-578 de 2002. Ahora bien, de otro lado el artículo 4.3 dice que la
Presidencia de la CPI respetará ese mismo principio “cuando establezca
mecanismos adecuados para que la persona condenada pueda ejercer su derecho a
comunicarse con la Corte acerca de sus condiciones de reclusión”. Esta
disposición, no exactamente igual a las previsiones del Estatuto de Roma o a
las Reglas de Procedimiento y Prueba. La
Corte observa que la norma no se opone a la
Constitución, y se refiere en ese aspecto a un deber de la
Presidencia de la CPI de asegurar comunicaciones irrestrictas y confidenciales
entre la persona condenada y la Corte. El artículo 4.4 del instrumento
establece, finalmente, una norma igual a la contemplada en la
Regla 211.2 de las Reglas de Procedimiento y Prueba, por lo cual esta Corte
reenvía a lo sostenido en lo pertinente en la sentencia C-801 de 2009.[69]
65. El artículo 5 del instrumento bajo
revisión contempla limitaciones para el Estado en cuanto al enjuiciamiento, la
imposición de penas y la extradición de personas condenadas cuya pena se
ejecute en territorio colombiano. Para empezar, la persona condenada no puede
ser juzgada ante un tribunal de Colombia “por una conducta que haya
constituido la base de los crímenes por los cuales dicha persona ya hubiere
sido condenada o absuelta por la Corte” (art 5.1). El artículo 20.1 del
Estatuto de Roma dice por su parte que “[n]adie será procesado por otro tribunal en razón de uno
de los crímenes mencionados en el artículo 5 por el cual la
Corte ya le hubiere condenado o absuelto”. Como se ve, el
artículo 5 del Acuerdo proscribe un nuevo procesamiento sobre una “conducta”
que esté a la base de crímenes por los cuales la
CPI ya hubiera condenado o absuelto a la persona, lo cual introduce una
regulación textualmente distinta a la del Estatuto de Roma, que no contraviene la
Constitución. Según esta última, toda persona tiene derecho fundamental “a no ser
juzgad[a] dos veces por el mismo hecho”
(CP art 29).  Este derecho implica la prohibición de investigar, acusar,
enjuiciar o sancionar penalmente a una persona por un hecho por el cual ya
había sido condenada o absuelta por una sentencia en firme.[70]
La prohibición no está restringida a la hipótesis de que una persona hubiera
sido condenada o absuelta por el mismo delito por el que se le procesa,
sino que impide más allá que se adelante una nueva investigación o se enjuicie
nuevamente a una persona previamente absuelta  o condenada por
una decisión en firme, por el mismo hecho.[71]
66. El artículo 5.2 del Acuerdo dispone
además que no es posible enjuiciar, imponer pena o extraditar a un tercer
Estado a la persona condenada por la CPI, “por acciones realizadas antes del
traslado de dicha persona a Colombia”, salvo que la
Presidencia de la CPI así lo apruebe, previa solicitud en ese sentido de parte
de Colombia. Enseguida, el mismo artículo 5.2 literales a), b), c) y d) del
Acuerdo prevén los requisitos que debe reunir una solicitud de esta naturaleza,
el procedimiento que debe adelantarse tanto por parte de Colombia como de la
Corte Penal Internacional para el efecto, y las facultades de la
CPI para tomar una decisión sobre el punto. Esta Corte observa que en lo
sustancial, esta previsión es la misma que contiene el artículo 108 numerales 1
y 2 del Estatuto de Roma, que dicen: “1. El condenado que se halle bajo la custodia del Estado de
ejecución no será sometido a enjuiciamiento, sanción o extradición a un tercer
Estado por una conducta anterior a su entrega al Estado de ejecución, a menos
que, a petición de éste, la Corte haya aprobado el enjuiciamiento, la sanción o
la extradición. 2. La Corte dirimirá la cuestión tras haber oído al condenado”.
El Acuerdo lo que hace es especificar detalles de requisito y procedimiento, en
lo cual no desconoce el derecho de la persona condenada a ser oída por juez
imparcial, ni las demás garantías del debido proceso. Por tanto, no se observan
problemas de inconstitucionalidad.
67. El artículo 6.3 del instrumento
establece que si la persona permanece voluntariamente en el Estado de ejecución
durante más de 30 días después de haber cumplido la pena que se le haya
impuesto, o si regresa al territorio de dicho Estado tras haber salido de él,
deja de aplicarse lo dispuesto sobre limitaciones al enjuiciamiento, a la
imposición de penas o a la extradición por acciones realizadas antes del
traslado inicial de dicha persona a Colombia. La norma es en su texto y
contenido equivalente a la que contempla el artículo 108.3 del Estatuto de
Roma.[72]
Esta Corte se remite entonces a lo sostenido sobre este último precepto en la
sentencia C-578 de 2002.[73]
68. El artículo 6 del Acuerdo se contrae
a señalar que Colombia no pondrá en libertad a la persona antes de que haya
cumplido la pena impuesta por la Corte (art 6.1), que sólo la
CPI puede decidir acerca de la reducción de la pena o de las solicitudes de
apelación o revisión (art 6.2), que Colombia no puede obstaculizar la
presentación de solicitudes de apelación o revisión por parte de la persona
condenada (art 6.2 lit a), que únicamente la
CPI puede decidir acerca de la reducción de la pena, decisión que tomará
después de oír a la persona (art 6.2 lit b), y que a los efectos de la
ampliación de la duración de la privación de la libertad, la
Presidencia de la CPI podrá solicitar las observaciones de Colombia (art 6.3).
Esta regulación tiene un paralelo con el contenido de varios artículos del
Estatuto de Roma. El artículo 110 del Estatuto dice que el Estado de ejecución
no pondrá en libertad a la persona antes de que haya cumplido la pena impuesta
por la Corte, y que sólo esta última puede decidir acerca de la reducción de la
pena o de las solicitudes de apelación o revisión. El artículo 105 del Estatuto
prevé que la decisión relativa a cualquier solicitud de apelación o revisión
incumbe de forma exclusiva a la CPI, y que el Estado de ejecución no puede
poner obstáculos para que el condenado presente una solicitud de esa índole.
Dada esta similitud, esta Corte reenvía a lo dicho al respecto en la sentencia
C-578 de 2002.[74]
La parte final, contenida en el artículo 6.3 del Acuerdo no tiene una
disposición semejante en el Estatuto ni en las Reglas del Procedimiento y
Prueba, pero sólo señala la competencia de la
CPI de pedirle observaciones a Colombia sobre la ampliación de la duración de
la privación de la libertad. Esta facultad, y la oportunidad de Colombia de
pronunciarse al respecto, son constitucionales.
69. El artículo 7 del Acuerdo, que
regula lo concerniente al procedimiento en casos de evasión de la persona
condenada, reproduce en una forma distinta lo previsto en el artículo 111 del
Estatuto de Roma[75]
y en la Regla 225 de las Reglas de Procedimiento y Prueba.[76]
Por lo mismo, esta Corte se remite al efecto a lo dicho sobre el punto en las
sentencia C-578 de 2002 y 801 de 2009.[77]
El artículo 8 del Acuerdo reproduce en su contenido la previsión de la
Regla 225 de las Reglas de Procedimiento y Prueba, la cual se condensa en la
idea de que el tiempo que la persona evadida dure detenida o privada de su
libertad en el Estado donde hubiere sido capturada, o en la sede de la
Corte Penal Internacional, debe ser deducido de la pena privativa de la
libertad que le quede por cumplir. Por lo cual, esta Corporación se remite a lo
dicho sobre este aspecto en la sentencia C-801 de 2009.[78]
En cuanto al artículo 9 del Acuerdo, este concreta en el tratado bilateral lo
ya dispuesto en términos más generales en el artículo 104 del Estatuto de Roma[79]
y en las Reglas 209 y 210 de las Reglas de Procedimiento y Prueba,[80]
en lo atinente al cambio en la designación del Estado de ejecución. Por lo
tanto, esta Corte remite a lo decidido en las sentencias C-578 de 2002 y C-801
de 2009, en lo pertinente.[81]
70. El artículo 10 del Acuerdo prevé lo
correspondiente al traslado de personas condenadas, luego de cumplirse la pena.
El precepto se inscribe en el mismo contenido del artículo 107 del Estatuto de
Roma, de modo que es preciso aludir a la decisión de la
Corte en la sentencia C-578 de 2002, en lo que resulte pertinente. No
obstante, esta Corporación advierte que hay un contenido no exactamente
equiparable al del Estatuto de Roma, o al de las Reglas de Procedimiento y
Prueba, y es el relativo al deber de Colombia de transmitirle a la
CPI avisos previos al advenimiento del término final de la pena.[82]
Como antes se dijo, el artículo 10.1 del Acuerdo establece el
deber de Colombia de notificar a la
Presidencia de la CPI, “60 días antes de la fecha en que habrá de quedar
cumplida la pena”, que esta quedará cumplida “a la mayor brevedad”.
El mismo instrumento dice que Colombia debe enviar una segunda notificación a la
Presidencia de la CPI, “30 días antes de la fecha en que habrá de quedar
cumplida la pena”, con el fin de transmitirle información pertinente acerca
de su intención “de autorizar a la persona a permanecer en su territorio, o
el lugar al que se proponga trasladar a la persona”. Estas normas no son
sin embargo contrarias al marco constitucional, y antes bien se ajustan y lo
desarrollan, en la medida en que son instrumentos al servicio de asegurar una
pronta y cumplida justicia, que dé por terminada de la manera puntual, cuando
haya lugar a ello, las penas impuestas por la
Corte Penal Internacional.
71. El artículo 11
del Acuerdo establece la distribución de los gastos derivados del cumplimiento
del mismo. Este artículo consta de 3 numerales, según los cuales los “gastos
ordinarios” de la ejecución de la pena serán sufragados por Colombia y los
“demás gastos” y aquellos que se deriven de la entrega en caso de
evasión (cuando otra estado no se haga cargo de ellos), sufragados por la
Corte. Este artículo resume lo establecido en el artículo 100 del Estatuto de
Roma así: el numeral primero del Acuerdo hace referencia al inciso primero del
artículo 100.1; el numeral segundo, prevé lo contemplado en los literales a),
b), c) d), e) y f) de este mismo artículo. En relación con los gastos por
evasión, del numeral 3, no se encuentra expresamente así determinado en el
Estatuto. No obstante, no encuentra esta Corte contradicción con el
ordenamiento jurídico en esta materia. En lo demás, se remite a lo establecido
en la sentencia C-578 de 2002. Sobre el artículo 12, que determina la
obligación de designar mediante canje de notas “las autoridades que actuarán
como puntos focales para facilitar la ejecución del Acuerdo”, no hay
coincidencia con ninguna norma establecida en el Estatuto, o en las Reglas de
Procedimiento y Prueba. No obstante, realizado el análisis correspondiente se
encuentra que la misma no se opone a la
Constitución.
72. El artículo
13 del Acuerdo define la vigencia del Acuerdo. La misma obliga al Estado
colombiano a que, mediante escrito y por “conductos diplomáticos”,
informe a la Corte sobre el cumplimiento de los procedimientos jurídicos
internos para su ratificación. Considera esta Corte que la norma se ajusta a la
Constitución y no encuentra objeción alguna sobre ella. El artículo 14
determina que el Acuerdo podrá ser enmendado y que para ello deben celebrarse
previamente consultas por mutuo consentimiento de las partes. Esta Corte hace
dos consideraciones que respaldan la constitucionalidad de este artículo. La
primera, que dada la naturaleza del Acuerdo, la posibilidad de realizar
enmiendas es indispensable para garantizar “la
libertad y autonomía que le asiste al Estado colombiano para suscribir
convenios, adherirse a ellos, proponer modificaciones y  disponer el
retiro del mismo, cuando lo considere conveniente, de acuerdo con el artículo 9
constitucional”.[83] Y,
en segundo lugar, las consultas son mecanismos que  “se orientan a la solución pacífica de las controversias que
se puedan presentar entre los Estados, en desarrollo del Acuerdo”.[84] En el mismo sentido puede expresarse la
constitucionalidad del artículo 15, según el cual para la terminación del
Acuerdo, se deberán llevar a cabo consultas, “con previo aviso de dos meses”. Cabe aclarar que la terminación del
Acuerdo no implica, de acuerdo con el artículo, una afectación de las penas que
se estén ejecutando en el momento de la terminación. De hecho, el instrumento
contempla que las disposiciones del Acuerdo “seguirán aplicándose hasta que dichas penas se hayan
cumplido o extinguido” o,
cuando proceda, el traslado contemplado en el artículo 9. La
Corte observa que la norma no se opone a la
Constitución en tanto pretende salvaguardar la ejecución de la pena.
73. En definitiva, la
Corte Constitucional concluye que tanto el ACUERDO ENTRE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA
EJECUCIÓN DE LAS PENAS IMPUESTAS POR LA
CORTE PENAL INTERNACIONAL, como su ley aprobatoria, son exequibles.
VI.  DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
Declarar
EXEQUIBLE el ‘ACUERDO
ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA
CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA
EJECUCIÓN DE LAS PENAS IMPUESTAS POR LA
CORTE PENAL INTERNACIONAL’ hecho en Bogotá, D.C., el 17 de mayo de
2011.
Segundo.-
Declarar
EXEQUIBLE la Ley 1662 del 16 de julio
de 2013 “por medio de la cual se aprueba el ‘ACUERDO ENTRE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA
EJECUCIÓN DE LAS PENAS IMPUESTAS POR LA
CORTE PENAL INTERNACIONAL’ hecho en Bogotá, D.C., el 17 de mayo de 2011”.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional, archívese el expediente y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
Con aclaración de voto
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con aclaración de voto
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Ausente en comisión
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE
VOTO DE LOS MAGISTRADOS
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO Y
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA
C-339/14
VOTACION
ORDINARIA EN TRAMITE LEGISLATIVO-Excepción a la votación nominal y
pública (Aclaración de voto)
VOTACION NOMINAL Y
PUBLICA-Regla general (Aclaración de voto)
VOTACION NOMINAL Y
PUBLICA-Necesidad de unificar criterios que han de emplearse para verificar el
cumplimiento de condiciones que permiten excepcionar la regla general y
mayorías requeridas para la aprobación de un proyecto de ley (Aclaración de
voto)
VOTACION
ORDINARIA-Supuestos
en que se admite deben ser interpretados de manera restrictiva a fin de evitar
que tal mecanismo se torne en la regla (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente
LAT-416
Revisión
constitucional de la Ley 1662 del 16 de julio de 2013 “por medio de la cual se
aprueba el ‘ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS IMPUESTAS POR LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL’ hecho en Bogotá, D.C., el 17 de mayo de 2011.
Magistrada
Ponente:
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de Sala Plena, nos permitimos formular aclaración de voto en lo
relativo al criterio empleado para dar por cumplido el requisito de unanimidad,
para efectos de que proceda el mecanismo excepcional de votación ordinaria, en
lugar de la regla general que obliga a efectuar la votación nominal y pública.
Coincidimos con el Pleno en afirmar que,
en el presente caso, existían elementos que permitían inferir la existencia de
unanimidad en los debates en donde el proyecto se aprobó mediante votación
ordinaria, debido a que en las etapas del trámite en las que se dio aplicación
a esta modalidad excepcional de votación (primero y segundo debate en Senado, y segundo debate en Cámara de
Representantes): (i) no hubo oposición parlamentaria de ninguna naturaleza,
capaz de afectar la validez del trámite; (ii) ninguno de los miembros de la
comisión o de la plenaria solicitó la votación nominal del proyecto; (iii) los
informes de ponencia concluyeron con proposiciones favorables a la aprobación
del mismo y en estos debates se aprobó la omisión de lectura del articulado; (iv)
ninguno de los Congresistas hizo público su desacuerdo con la aprobación del
proyecto en las sesiones donde éste se aprobó por votación ordinaria.
Sin embargo, aclaramos nuestro voto por
cuanto consideramos necesario que la Corte unifique y haga explícitos los
criterios que han de emplearse para verificar el cumplimiento de las
condiciones que permiten excepcionar la regla general de votación prevista en
el artículo 133 de la Carta Política y, ligado a ello, del cumplimiento de las
mayorías requeridas para la aprobación de un proyecto de ley. En tal sentido,
formulamos las siguientes consideraciones.
1. El artículo 133 de la Constitución,
tras la modificación surtida por el Acto Legislativo 01 de 2009, establece que
el voto de los miembros de cuerpos colegiados de elección directa será nominal
y público, excepto en los casos que determine la ley.
Al examinar los antecedentes de dicha
reforma se encuentra que al constitucionalizar esta regla de votación, el
constituyente derivado pretendía fortalecer los mecanismos de transparencia de
la gestión de las corporaciones públicas y, con ello, las posibilidades de
control ciudadano sobre las actuaciones de sus representantes.
Tal propósito se reafirmó de manera
explícita durante el trámite surtido para su aprobación, debido a que en los
dos debates realizados en la Comisión Primera y en la Plenaria del Senado en
primera vuelta se acordó retirar la exigencia de votación nominal, consagrada
en el proyecto inicial, para establecer únicamente como regla el carácter
público del voto.[85]
Dicha modificación quedó recogida en el texto conciliado publicado al finalizar
la aprobación en primera vuelta del proyecto de Acto Legislativo.[86]
Sin embargo, al iniciar el trámite en segunda vuelta en la Comisión Primera de
la Cámara de Representantes, se introdujo de nuevo la exigencia de votación nominal
y pública, por solicitud de quienes actuaron como ponentes de esta
iniciativa. Así, los Representantes Germán Olano Becerra,
Guillermo Abel Rivera Flórez, Jorge Homero Giraldo, Jaime Durán Barrera, en su informe de ponencia solicitan introducir de nuevo el
requisito de la votación nominal:
“Se introduce en la reforma al artículo 133 Constitucional como
regla general el voto público de los miembros de los cuerpos colegiados. Con
esta medida se afianza en la responsabilidad y seriedad en la toma de
decisiones por parte de los elegidos, aunque el ideal con la reforma era
establecer un voto no solo público sino nominal como sistema de evaluación que
permitiera a los ciudadanos verificar el cumplimiento, en la toma de
decisiones, de los objetivos de igualdad social, política y económica, propios
de un Estado Social de Derecho, se solicita a esta Comisión incluir el voto
nominal en la redacción del texto, el cual quedaría de la siguiente manera: ‘Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan
al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El voto de
sus miembros será nominal y público, excepto en los casos que
determine la ley. […]’”[87]. (Subrayas añadidas).
En el mismo sentido, el representante David Luna propuso:
“[…] modificar el artículo con el fin de incluir que el voto
sea también nominal. // Lo anterior dado que el voto nominal y público
permite un mayor control por parte de los electores sobre las decisiones
tomadas por sus elegidos. Este es un principio básico de la democracia participativa
que debe regir en un Estado como el colombiano, que ha adoptado esta forma de
gobierno en su Constitución.”[88]
(Subrayas añadidas).
De igual manera, en el texto aprobado por la Comisión Primera del
Senado en segunda vuelta se incorporó de nuevo la exigencia de votación nominal[89], que también fue aprobado por
las Plenarias de ambas Corporaciones y, finalmente, quedó plasmado en el
artículo 5º del texto definitivo del Acto Legislativo 01 de 2009.
Artículo 5º. El artículo 133 de la Constitución
Política quedará así: Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan
al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El voto de
sus miembros será nominal y público, excepto en los casos que
determine la Ley.
El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente
a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura.
El anterior recuento permite apreciar
que la incorporación del voto no sólo público sino también nominal como regla
general en el artículo 133 Superior expresa los resultados de la ponderación
que llevó a cabo el propio Congreso, actuando como constituyente derivado, a
través de la cual acordó dar prevalencia al imperativo constitucional de
fortalecer la transparencia de las decisiones y las herramientas de control
ciudadano sobre la gestión de sus representantes en los cuerpos colegiados,
ratificando la regla de votación nominal, sobre el propósito, sin duda
plausible pero puramente instrumental, de agilizar las sesiones parlamentarias,
que esgrimían los partidarios de eliminar dicha exigencia.
2. El mismo balance de razones se
expresa en la regulación legal de la votación nominal, contenida en el artículo
130 del Reglamento del Congreso (Ley 5ª de 1992), modificado por el artículo 2º
de la Ley 1431 de 2011[90],
donde se dispone que habrán de implementarse procedimientos electrónicos que
acrediten el sentido del voto de cada congresista y el resultado de la
votación; a falta de dichos mecanismos, la votación nominal se surtirá a través
del llamado a lista en el cual cada congresista anuncia de manera verbal el
sentido de su voto.  De igual manera, este artículo establece la obligación de
publicar en la Gaceta del Congreso toda la información relacionada con el
trámite legislativo, lo que comprende de manera primordial el resultado de las
votaciones y el sentido del voto de cada congresista; ello en aras de hacer
efectivo el mandato de transparencia decisoria que animó la
constitucionalización de la regla de votación nominal. En ese orden de ideas,
sólo cabe entender satisfecha esta exigencia cuando se da la debida publicidad
tanto a los resultados de la votación como al sentido del voto de cada
congresista.
3. Adicionalmente, el respeto a la regla
de votación nominal constituye un medio para acreditar  de manera fidedigna la
existencia de quórum decisorio (art. 145 CP) y el cumplimiento de las mayorías
simples, absolutas o cualificadas que en cada caso exige la Constitución para
la aprobación de proyectos de ley (arts. 146, 151, 153, 376, 378 CP) o de actos
legislativos (art. 375 CP), por cuanto esta modalidad de votación implica
verificar la presencia de los integrantes de la respectiva célula legislativa
al momento de expresar el sentido de su voto.[91]
4. La excepción a la regla de votación
nominal es la votación ordinaria, a través de la cual se satisface el principio
de celeridad de los procedimientos, ya que esta se surte a través del expedito
mecanismo de dar un golpe sobre el pupitre en señal de aprobación. El artículo
129 del Reglamento del Congreso, modificado por el artículo 1º de la Ley 1431
de 2011, enuncia de manera taxativa los supuestos en los que procede esta
modalidad excepcional de votación. Uno de ellos, previsto en el numeral 16 de
dicha disposición, tiene lugar “cuando en el trámite de un proyecto de ley
exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o
negar todo o parte del articulado de un proyecto”. Pero aún en estos casos,
prevalece la exigencia de votación nominal cuando ésta sea solicitada por
alguno de los integrantes de la respectiva célula legislativa e igualmente se
impone adoptar mecanismos de verificación de la votación ordinaria que permitan
dar a conocer el resultado de la votación y el sentido del voto de cada
congresista.
5. La Corte ha entendido que los
supuestos en los que se admite la votación ordinaria deben ser interpretados de
manera restrictiva, a fin de evitar que tal mecanismo se torne en la regla y,
en aras de la celeridad del procedimiento, termine por relegar la votación
nominal al lugar de la excepción. En tal sentido, por ejemplo, en reiteradas
ocasiones ha rechazado que la aprobación del informe de objeciones
presidenciales pueda surtirse a través de votación ordinaria, por cuanto no se
trata de uno de los supuestos contemplados en el artículo 1º de la Ley 1431 de
2011.[92]
Ha sustentado esta posición en dos argumentos: (i) la vigencia del principio de
supremacía constitucional y (ii) la interpretación de las normas que establecen
excepciones a reglas previstas en la Constitución, al señalar que:
“El
artículo 129 R.C. ofrece un listado preciso y minucioso de excepciones, entre
las cuales no se encuentra la aprobación del informe de objeciones
gubernamentales.  Resultaría a todas luces contrario al principio de
supremacía constitucional que se hiciera una interpretación flexible de estos
tipos exceptivos, pues ello llevaría a contradecir el mandato constitucional
consistente en que la regla general es la votación nominal y pública, a fin de
cumplir los propósitos de la enmienda de 2009, antes explicados.  Además,
carecería de sentido que mientras el legislador orgánico, en cumplimiento del
mandato constitucional mencionado, describe las excepciones a dicha regla
general de forma detallada, la Corte realice una interpretación extensiva que
tiende a desconocer la prescripción superior.  De otro lado, dicha hermenéutica
flexible llevaría a que cada vez que en el procedimiento legislativo se esté
ante decisiones unánimes, lo cual no es poco frecuente, se haga uso de la
votación ordinaria, desnaturalizándose con ello lo previsto en el artículo 133
de la Constitución”.[93]
Este mismo criterio ha inspirado la interpretación restrictiva de
la excepción a la regla de votación nominal y pública en los casos en que
existe unanimidad, insistiendo en que esta última no puede presumirse sino que
debe en todo caso probarse o inferirse de manera razonable de las
circunstancias en las que se desarrolló el debate parlamentario. Al respecto,
en el Auto 118 de 2013[94] la Corte sostuvo que existió
un vicio de procedimiento en el trámite de un proyecto de ley estatutaria que
fue aprobado en la plenaria del Senado por votación ordinaria, sin que
existiera ningún elemento del que razonablemente pudiera inferirse ni el
cumplimiento de la regla de mayoría absoluta prevista en el artículo 153 de la
Carta para este tipo de iniciativas, ni la existencia de una voluntad unánime
de aprobarlo. En tal sentido, este Tribunal afirmó que:
“Las reglas de
excepción son de uso restrictivo y siempre deben apuntar a la realización de
los fines de transparencia y publicidad en el proceso democrático. Una lectura
en otro sentido implicaría flexibilizar las exigencias constitucionales, en
desmedro de los principios anotados, dificultando los procesos de control
social y político hacia los congresistas –accountability-
y desnaturalizando, en últimas, el sentido de la reforma al proceso de
formación de la ley. Tampoco se podría verificar si un congresista se sujetó a
la disciplina propia de su bancada.
En
este orden de ideas, la utilización de alguna de las excepciones a la
regla general de votación nominal y pública no puede ser interpretada como una
vía para eludir el cumplimiento de los requisitos que la Constitución impone.
Por ejemplo, la aprobación unánime de un proyecto de ley estatutaria, cuando no
se hace uso de la votación nominal y pública, exige acreditar que el mismo ha
contado con la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara. Es por
ello que es importante que tanto los parlamentarios como la ciudadanía en
general tengan la absoluta claridad acerca del procedimiento decisional
surtido, lo cual debe ser oportunamente registrado en las actas y grabaciones
que dan cuenta del proceso de formación de la voluntad legislativa.
La unanimidad
como causal de excepción al mandato general de votación nominal y pública sólo
puede ser de recibo cuando, en virtud del principio de transparencia, haya
claridad en torno a ella en la aprobación de un proyecto, en lo posible
procurando que se pueda identificar qué congresistas se ausentaron, quiénes se
abstuvieron, quienes votaron, y cuál fue el sentido de los que así lo hicieron.
La excepción a
la votación nominal y pública, cuando la corporación respectiva tiene una
posición unánime, es una excepción en sentido técnico; es decir, que confirma
la regla. Si la Corporación vota unánimemente un proyecto de ley, la votación
nominal y pública resulta entonces innecesaria respecto del resultado de la
votación. Es razonable, por lo mismo, que el legislador haya exceptuado ese
requisito porque en tal caso se garantiza de modo óptimo la transparencia y se
permite el debido control ciudadano.
Ahora bien,
cuando se excepciona la votación nominal y pública sobre la base de la
unanimidad, pero esta no es debidamente registrada por la corporación
legislativa, se presenta un vicio de inconstitucionalidad. Esto ocurre en
aquellos eventos en los cuales se constata que hubo una decisión aprobatoria
pero no es posible determinar si esta fue o no unánime, o cuando no se conoce
el resultado concreto de la votación. En esos casos, por razones de
transparencia y publicidad, que son condiciones indispensables para asegurar el
derecho al control político (CP arts. 40 y 133), no resulta aplicable la
excepción. Si se decide no llevar a cabo una votación nominal y pública, porque
aquel tipo de votación no se requiere para individualizar la posición de los
congresistas en vista de que hay unanimidad, pero luego no es posible definir
con arreglo al procedimiento efectivo si hubo o no una aprobación unánime,
porque ello no se registra por la Mesa Directiva ni se puede comprobar por
cualquier medio idóneo, se ha desconocido un requisito esencial de validez en
el trámite de la ley.”
6. ¿Cuándo entender que existe unanimidad a efectos de dar
aplicación a la excepción que autoriza la votación ordinaria? Al igual que la
votación no puede “presumirse ni suprimirse”, tampoco hay lugar a
presumir la voluntad unánime de quienes concurrieron con su voto a adoptar la
decisión mayoritaria expresada en la ley. Si bien la práctica parlamentaria
evidencia que con frecuencia existe unanimidad en muchas de las cuestiones que
de manera cotidiana se someten a la votación de los cuerpos colegiados, de ello
no se sigue que el órgano encargado del control de constitucionalidad pueda
darla por sentada sin una evidencia razonable que así lo indique. Además de
desconocer el carácter deliberativo del órgano legislativo, donde se espera
tengan voz y voto las distintas concepciones de lo mejor y lo justo que
conviven en una sociedad plural y diversa, asumir una suerte de presunción de
unanimidad como punto de partida para el control que compete efectuar a este
Tribunal conduciría, en la práctica, a dejar sin efectos la exigencia de
votación nominal que, tras la reforma introducida por el Acto Legislativo 01 de
2009, fue elevada a rango constitucional por el propio Congreso de la
República.
En ese orden de ideas, la Corte ha entendido que cabe inferir la
existencia de unanimidad entre los integrantes de una célula legislativa cuando
al declarar el resultado de la votación se deja constancia expresa e inequívoca
de la aprobación unánime, ya sea en el acta de sesión o en alguno de los demás
medios probatorios que registra lo ocurrido durante la votación[95];
cuando en el curso de los debates se dan manifestaciones indicativas de
unanimidad, lo que ocurre, por ejemplo, cuando los informes de ponencia hayan
sido favorables, se aprueba omitir la lectura del articulado[96], ninguno de
los integrantes de la plenaria o comisión solicita la votación nominal y
pública[97]
y, en general, cuando no se registran posiciones contrarias a la aprobación del
proyecto.  Entretanto, ha señalado que
los anteriores indicadores de unanimidad se desvirtúan cuando, existen
manifestaciones expresas de oposición al proyecto, peticiones de que la
votación se efectúe de manera nominal o constancias de voto negativo por parte
de alguno de los congresistas.[98]
7. Una cuestión distinta, aunque ligada a la anterior, se refiere
a los medios de prueba a través de los cuales se acreditan las circunstancias
indicativas de unanimidad. En decisiones recientes la Corte se ha pronunciado
sobre este asunto, coincidiendo en señalar que para tal efecto se debe tener en
cuenta y valorar de manera conjunta, conforme a los preceptos de la sana crítica:
(i) la información consignada en el acta de la respectiva sesión que se publica
en la Gaceta del Congreso, como también los demás documentos que dan cuenta del
trámite de aprobación de la ley, tales como (ii) las certificaciones expedidas
por los Secretarios de cada comisión o plenaria y (iii) los registros de audio
o video que documentan el desarrollo de las sesiones parlamentarias.[99]
Aunque acompañamos la decisión adoptada por la mayoría en esta
ocasión, por considerar que, apreciados en su conjunto, los medios probatorios
disponibles permitían concluir que en los debates en los que el proyecto se
aprobó mediante votación ordinaria cabía inferirse de manera razonable la
existencia de unanimidad, aclaramos nuestro voto para precisar que la
valoración conjunta de los medios de prueba no debe llevar a desconocer la
prevalencia que ostenta la información oficial de las actas de sesiones y demás
documentos publicados en la Gaceta del Congreso, conforme a lo previsto en los
artículos 35, 36 de la Ley 5º de 1992. Sobre este punto, reiteramos lo dicho
por la Sala Plena de esta Corporación en el Auto 118 de 2013[100],
en el sentido que “la utilización de los diferentes medios de prueba
está unívocamente dirigida a acreditar asuntos confusos o ambivalentes de la
información contenida en el acta, más a no permitir su irregular
complementación o adición”.
La necesidad de consignar en el acta de sesiones toda la
información relevante para facilitar el escrutinio público sobre la manera en
que se desenvuelven las votaciones es además objeto de mandato legal, en tanto
el legislador orgánico en el artículo 130 del Reglamento del Congreso,
modificado por el artículo 2º de la Ley 1431 de 2011 dispuso de manera expresa
que “(l)as actas de las sesiones plenarias, comisiones, los proyectos de
acto legislativo, los proyectos de ley, las ponencias y demás información que
tenga que ver con el trámite legislativo deberán ser publicados en la Gaceta
del Congreso”, para efectos de dar por cumplido el requisito de publicidad.
Se trata de un imperativo, dictado por el propio órgano legislativo, para que
los secretarios de comisiones y plenarias cumplan la obligación de consignar de
manera clara y fidedigna toda la información relevante para que los ciudadanos
y esta Corte puedan verificar que la aprobación de una ley o de un acto
legislativo se realizó con apego a las reglas constitucionales que definen las
condiciones de legitimidad de los procedimientos de formación de la voluntad
democrática. Un llamado que este Tribunal ha efectuado al legislador en
anteriores oportunidades, al constatar la manera imprecisa e insuficiente con
la que en ocasiones se consigna la información del trámite legislativo en los
documentos oficiales publicados en la Gaceta del Congreso, y que en esta
ocasión es pertinente reiterar.[101]
8. Y no cabe considerar que este mandato legal contiene una
exigencia accesoria, que no afecta la validez constitucional del trámite
legislativo. Como lo señala la doctrina autorizada en temas de procedimiento
parlamentario: “Son de obligatorio cumplimiento las disposiciones constitucionales
o reglamentarias respecto al modo de hacer constar la votación cuando la
constitución exija la constancia del voto de cada miembro tratándose de la
aprobación de proyectos de ley. El proyecto de ley no se considerará
debidamente aprobado a menos que se haya dejado constancia de la votación según
los requisitos al respecto”.[102]
Tampoco es posible sostener que la omisión o inexactitud de la
información sobre la manera en que se llevó a cabo la votación y los resultados
de la misma puede enmendarse con la aplicación del principio de instrumentalidad
de las formas, ya que precisamente en virtud del mismo ha de entenderse que los
requisitos
constitucionales y legales que regulan el proceso de formación de las leyes no
tienen como finalidad obstruir o dificultar tal proceso, sino que deben
interpretarse al servicio del fin sustantivo que cumplen. El mandato
constitucional que impone la votación nominal como regla y el mandato legal
que, sólo de manera excepcional, autoriza la votación ordinaria, han de ser
interpretados como instrumentos al servicio de fines sustantivos de primer
orden, como son facilitar la transparencia y el control ciudadano sobre las
decisiones de sus representantes. En este orden de ideas, las  normas de la Ley
5ª de 1992 que ordenan consignar de manera precisa y publicar en la Gaceta del
Congreso toda la información relevante sobre la manera en que tienen lugar las
votaciones, sólo admiten ser interpretadas y aplicadas en el sentido de que a
través de dichas publicaciones efectivamente se incrementen los niveles de transparencia
y control ciudadano sobre las decisiones del órgano legislativo.
9. Pero aún en los supuestos en los que existe una evidencia
razonable de unanimidad que permite aplicar de manera excepcional el mecanismo
de votación ordinaria, debe quedar a salvo la posibilidad de establecer de
manera inequívoca que al momento de la votación se dio cumplimiento a los
requisitos de quórum y mayorías.  La necesidad de que en las actas de sesión se
consigne de manera precisa el quórum y las mayorías con las que fue aprobado
cada proyecto de ley cobra especial importancia precisamente cuando los
proyectos son aprobados por votación ordinaria, pues en estos casos, a
diferencia de lo que ocurre con la votación nominal, la dinámica misma de la
votación no arroja la información sobre el número de parlamentarios que estaban
presentes al momento de abrir la votación y el número de votos con el que fue
aprobada una iniciativa.
Como lo señaló recientemente esta Corporación en el Auto 118 de
2013, para dar por cumplidos los requisitos de quórum y mayorías no basta con
remitirse al número de parlamentarios que estaban presentes en el momento
inicial de la sesión, cuando se produce el registro y la verificación del
quórum, pues algunos de los integrantes que se registraron al comienzo de la
sesión pudieron haberse ausentado del recinto para el momento en el que se
produjo la votación del proyecto objeto de control, con lo cual, a menos que se
produzca la verificación del quórum y se dé cuenta de manera expresa del número
de votos con el que fue aprobado el proyecto allí donde se excepciona la regla
de votación nominal y pública, resulta difícil establecer con certeza que
efectivamente se cumplieron estos requisitos de validez formal de la ley
finalmente aprobada.
Aunque la Corte ha enfatizado la importancia de este requisito
para el caso de proyectos que exigen mayoría absoluta para su aprobación, como
ocurre con las leyes estatutarias, en los demás casos también es necesario
verificar que al momento de consentir que un proyecto se convierta en ley
estaban presentes en el recinto al menos la mitad más uno de los integrantes de
la respectiva célula legislativa y que de estos, al menos la mitad más uno
manifestó su aprobación. Tal es un contenido mínimo que se inserta en el núcleo
de certeza de cualquier significado que quiera asociarse al concepto de
democracia.
De ahí la necesidad de que, también en este punto, las mesas
directivas de las comisiones y plenarias de Cámara y Senado procuren mayor celo
en el cumplimiento de las reglas que el propio órgano legislativo estableció en
aras de facilitar la transparencia y, con ella, el control de sus decisiones.
Tanto el control político que ejercen los ciudadanos sobre la gestión de sus
representantes, como el control constitucional que compete efectuar a este
Tribunal.
Fecha ut supra,
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1] Corte Constitucional,
Sentencia C-468 de 1997 (MP: Alejandro Martínez Caballero). Esta doctrina ha
sido ampliamente reiterada por esta Corporación. Ver entre muchas otras, las
sentencias C-378 de 1996 (MP: Hernando Herrera Vergara); C-682 de 1996 (MP:
Fabio Morón Díaz); C-400 de 1998 (MP: Alejandro Martínez Caballero); C-924 de
2000 (MP: Carlos Gaviria Díaz); C-206 de 2005 (MP: Clara Inés Vargas
Hernández); C-176 de 2006 (MP: Álvaro Tafur Galvis); C-958 de 2007 (MP: Jaime
Córdoba Triviño); C-927 de 2007 (MP: Humberto Antonio Sierra Porto); C-859 de
2007 (MP: Mauricio González Cuervo); C-464 de 2008 (MP: Jaime Araujo Rentería);
C-387 de 2008 (MP: Rodrigo Escobar Gil); C-383 de 2008 (MP: Nilson Pinilla
Pinilla); C-189 de 2008 (MP: Manuel José Cepeda Espinosa); C-121 de 2008 (MP:
Marco Gerardo Monroy Cabra); C-032 de 2009 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra);
C-031 de 2009 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto, SV. Jaime Araujo Rentería);
C-094 de 2009 (MP. Clara Elena Reales Gutiérrez); C-150 de 2009 (MP. Mauricio
González Cuervo); C-195 de 2009 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio); C-285 de 2009
(MP. Nilson Pinilla Pinilla); C-378 de 2009 (MP. Humberto Antonio Sierra
Porto); C-685 de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva), C-011 de 2010 (MP. Juan
Carlos Henao Pérez, SV. María Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio
Palacio), C-305 de 2010 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva)
[2] C-031 de 2009, MP.
Humberto Antonio Sierra Porto
[3] Según lo
dispuesto en el artículo 204 del Reglamento del Congreso, los proyectos de ley
aprobatorios de tratados internacionales se tramitan por el procedimiento
legislativo ordinario o común, con las especificidades establecidas en la
Carta (sobre la iniciación del trámite de la ley en el Senado de la
República, artículo 154, CN) y en el reglamento sobre la posibilidad de
presentar propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de
Tratados y Convenios Internacionales (art. 217 de la
Ley 5ª de 1992). En
relación con esta posibilidad, en la
Sentencia C-227 de 1993 (MP: Jorge Arango Mejía), la
Corte señaló que durante el trámite de un proyecto de ley que aprueba el
tratado, pueden presentarse propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de
reserva respecto de tratados y convenios internacionales. Ver también las
sentencias, C-287 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero); C-369 de 2002
(MP. Eduardo Montealegre Lynett, SV. Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán
Sierra, Jaime Córdoba Triviño y Clara Inés Vargas Hernández, AV. Álvaro Tafur
Galvis y Eduardo Montealegre Lynett) y C-931 de 2007 (MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV: Jaime Araujo Rentería, Humberto Antonio Sierra Porto)
[4] El artículo 19 de la
Convención de 1969 sobre derecho de los tratados dice: “Un Estado podrá
formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un
tratado o de adherirse al mismo, a menos: a) que la reserva esté prohibida por
el tratado; b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse
determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trata (...)”
En la práctica las soluciones convencionales son diversas: ciertos tratados
prohíben cualquier tipo de reservas (como la
Convención de Montego Bay de 1982 sobre el Derecho del Mar o las convenciones
de Nueva York y Río de Janeiro sobre Diversidad Biológica y Cambios Climático);
otros autorizan las reservas sobre ciertas disposiciones únicamente (por
ejemplo el artículo 42 de la Convención sobre Refugiados de 1951) y algunos
excluyen ciertas categorías de reservas (como el artículo 64 de la
Convención Europea de Derechos Humanos que prohíbe las reservas de carácter
vago). De manera general, una reserva expresamente permitida por las cláusulas
finales del tratado no requiere ser aprobada o aceptada por los demás Estados
(Artículo 20 párrafo 1 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986).
[5] Corte Constitucional
C-750 de 2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[6] El Estatuto de la
Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) fue controlado, lo mismo que su
ley aprobatoria 742 de 2002, mediante la sentencia C-578 de 2002 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa. AV Rodrigo Escobar Gil).
[7] Sentencia C-578 de
2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa. AV Rodrigo Escobar Gil)
[8] Sentencia C-1156 de
2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández. SV Jaime Araújo Rentería).
[9] Sentencia C-801 de
2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. AV María Victoria Calle Correa y
Jorge Iván Palacio Palacio. SV Humberto Sierra Porto).
[10] Sentencia C-801 de
2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. AV María Victoria Calle Correa y
Jorge Iván Palacio Palacio. SV Humberto Sierra Porto). Dijo la
Corte: “Con respecto al control material, existe una marcada diferencia
frente al que en forma habitual y corriente lleva a cabo la
Corte sobre los demás instrumentos internacionales. Por virtud del Acto
Legislativo 02 de 2001, mediante el cual se adicionó el artículo 93 Superior, la
Corte debe limitarse en este caso a: (i) interpretar el
alcance de cada instrumento, (ii) adelantar una descripción y
análisis de los mismos, (iii) identificar su ámbito de
aplicación y, finalmente, (iv) constatar si existe alguna
diferencia entre los mencionados instrumentos y la
Constitución Política, y de encontrar que existe, y se trate a su vez de una
materia sustancial, no proceder a declarar su inexequibilidad, teniendo en
cuenta que el propósito de la reforma constitucional fue, precisamente, la de
permitir “un tratamiento diferente”, siempre y cuando éste opere
exclusivamente dentro del ámbito de aplicación del Estatuto de Roma. || En
consecuencia, frente a la eventualidad de tratamientos diferentes entre las
Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes de la
Corte Penal Internacional y la
Constitución Política, la competencia de la
Corte llega hasta el punto de delimitar sus contornos y precisar su ámbito de
aplicación y, además, declarar que ellos han sido autorizados especialmente por
el constituyente derivado en el Acto Legislativo 02 de 2001. || Sobre esto
último, es de interés destacar que la declaratoria de tratamientos diferentes
en relación con las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los
Crímenes, de existir, se hará teniendo en cuenta los tratamientos diferentes declarados
por la Corte en la Sentencia C-578 de 2002 para el Estatuto de Roma, por ser
tales instrumentos desarrollo del citado estatuto y estar sometido al mismo”.
[11] Gaceta del Congreso
No 894 de 25 de noviembre de 2011, pp. 31-36.
[12]
Gaceta del Congreso No. 175 de 24 de abril de 2012. Dice en su parte final: “Proposición: En virtud de las
consideraciones anteriormente expuestas, solicitamos a los honorables miembros
de la Comisión Segunda del Senado, dar primer debate al Proyecto
de ley número 177 de 2011, por medio de la cual se aprueba
el ‘Acuerdo entre la República de Colombia y la
Corte Penal Internacional’”.
[13] Cuaderno de
Pruebas. OPC-190/2013. Secretaría General. Senado de la
República, páginas 1 y ss.
[14] Cuaderno de
Pruebas. OPC-190/2013. Secretaría General. Senado de la
República, página 3.
[15] El parlamentario
Iván Cepeda Castro votó negativamente el proyecto.
[16] Cuaderno principal.
Oficio S.G. Certi.230/2013. Folio 28.
[17] Gaceta del Congreso
No 894 de 25 de noviembre de 2011, pp. 31-36.
[18] Sentencia C-721 de
2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa. Unánime). En ese caso, al revisar la
constitucionalidad de un tratado y su Ley aprobatoria, la
Corte se enfrentó a un argumento planteado por el Ministerio Público, conforme
al cual habría un vicio en el procedimiento legislativo. El vicio se habría
producido al “anunciar la votación
del proyecto de conformidad con lo que establece el artículo 8 del Acto
Legislativo No. 1 de 2003, sin que hubiera sido publicada la ponencia del mismo”.
La Corte descartó que esa circunstancia constituyera un vicio, entre otras
razones porque “la ponencia fue
publicada después del anuncio que establece el artículo 8 del Acto Legislativo
01 de 2003, pero antes de la iniciación del debate” (énfasis
añadido). Declaró exequibles la ley y el tratado. Luego esta doctrina se ha
reiterado en diversas ocasiones. Por ejemplo, en la sentencia C-685 de 2009 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva. Unánime).
[19] Sentencia C-068 de
2004 (MP Jaime Araujo Rentería. SV Rodrigo Escobar Gil). En ese caso, la
Corte Constitucional declaró inexequible por desconocer, entre otras, la
disposición final del artículo 162 de la
Constitución en comento. En ese contexto, al definir el alcance de dicha regla
sostuvo lo siguiente: “Esta expresión del artículo 162 superior hay que
entenderla en el sentido de que las dos legislaturas constituyen el plazo que
tiene el Congreso para la formación de la ley, de suerte tal que todo proyecto
de ley que surta los debates correspondientes dentro de dicho término, por este
aspecto se ajusta al mandato constitucional”.
[20] Sentencia C-623 de
2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa. AV Humberto Sierra Porto). En ese caso,
para determinar si se habían cumplido las exigencias del artículo 162, la
Corte fijo sus derroteros en el modo como se citó. Declaró exequible el
precepto.
[21] Sentencia C-168 de
2001 (MP Fabio Morón Díaz. Unánime). La
Corte declaró inexequibles unas normas, tras advertir que el Congreso había
aprobado el informe de conciliación luego de vencerse el plazo establecido en
el artículo 162 de la Constitución. Dijo, al respecto: “es claro que cuando el artículo 162 constitucional hace
referencia a que ningún proyecto de ley será considerado en más de dos
legislaturas ha de entenderse que esta prohibición incluye también la reunión
de la Comisión Accidental de Mediación y Conciliación y la consecuente
aprobación que hagan las plenarias de las células legislativas del informe que
esta presente, pues mientras no exista una identidad en los textos normativos
aprobados en una y otra Cámara, lo cual constituye la naturaleza y la
conformación de la mencionada comisión, el proyecto de ley no ha cumplido la
exigencia constitucional contenida en el artículo 157 de la
Constitución, referente a los cuatro debates reglamentarios, y en consecuencia
el mismo no podrá ser considerado una ley conforme a las reglas
constitucionales”.
[22] Sentencia C-068 de 2004
(MP Jaime Araujo Rentería. SV Rodrigo Escobar Gil), antes citada. En ese caso
señaló que: “[…] Siendo claro además que esas dos legislaturas no
cobijan el término de que dispone el Presidente para formular sus objeciones,
pues, de no ser así, el Ejecutivo podría alterarle o suprimirle al Congreso la
oportunidad que le asiste para pronunciarse sobre las objeciones”.
[23] Cuaderno de Pruebas.
OPC-190/2013. Secretaría General. Senado de la
República, páginas 1 y ss.
[24] Cuaderno de
Pruebas. OPC-190/2013. Secretaría General. Senado de la
República, página 3.
[25] El parlamentario
Iván Cepeda Castro votó negativamente el proyecto.
[26] Cuaderno principal.
Oficio S.G. Certi.230/2013. Folio 28.
[27] Corte Suprema de
Justicia. Sala Plena. Sentencia del 27 de noviembre de 1973. (MP Alfonso Peláez
Ocampo). Gaceta Judicial Tomo CXLIX, pp. 225 y ss.
[28] Corte Suprema de
Justicia. Sala Plena. Sentencia del 27 de noviembre de 1973. (MP Alfonso Peláez
Ocampo). Gaceta Judicial Tomo CXLIX, p. 226.
[29] Sentencia C-816 de
2004 (MMPP Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Uprimny Yepes. AV Jaime Araújo
Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo Escobar Gil, Jaime Córdoba Triviño,
Rodrigo Uprimny Yepes, Manuel José Cepeda Espinosa, Clara Inés Vargas Hernández
y Marco Gerardo Monroy Cabra. SV Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar
Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Álvaro Tafur Galvis). En ese caso la
Corte advirtió un vicio insubsanable en el trámite de un acto legislativo, tras
valorar las actas, gacetas, certificaciones respecto del trámite y grabaciones
de diferentes sesiones relevantes. Dijo, entonces: “un análisis en conjunto de las pruebas incorporadas al
expediente permite a la Corte concluir […] que en la sesión del 5 de noviembre
de 2003 existió un vicio de procedimiento”.
[30] Sentencia C-816 de
2004 (MMPP Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Uprimny Yepes. AV Jaime Araújo
Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo Escobar Gil, Jaime Córdoba Triviño,
Rodrigo Uprimny Yepes, Manuel José Cepeda Espinosa, Clara Inés Vargas Hernández
y Marco Gerardo Monroy Cabra. SV Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar
Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Álvaro Tafur Galvis), citada.
[31] Sentencia C-387 de
1997 (MP Fabio Morón Díaz. SV Alejandro Martínez Caballero). La
Corte desestimó uno de los cargos instaurados contra un acto legislativo,
consistente en que se había dado por aprobado pese a que “no hubo mayorías para
decidir” en uno de los debates. La
Corporación concluyó que sí fue aprobado con las mayorías exigidas, para los
cual tuvo en cuenta la clara coincidencia entre la certificación expedida por
el Congreso y el contenido de las actas. Dijo: “debe anotarse que en el expediente legislativo existe
constancia de que en la sesión del 29 de noviembre de 1995 el articulado
propuesto fue aprobado por ‘la mayoría calificada (21 H, representantes)’,
información que coincide con la contenida en la certificación que a solicitud
de la Corte expidió el Secretario General de la
Comisión Primera de la Cámara”.
[32] Sentencia C-393 de
2000 (MP José Gregorio Hernández Galindo. SV Eduardo Cifuentes Muñoz, Vladimiro
Naranjo Mesa y Álvaro Tafur Galvis). En ese caso, la
Corte revisaba un proyecto de ley estatutaria y constató que a partir del
examen de las “certificaciones
[…] y de lo publicado en la Gaceta del Congreso, […] surgió la incertidumbre
acerca del quórum y las mayorías” en primer debate de las comisiones conjuntas.
La Corte puso de presente la oscuridad de las certificaciones, y de hecho
advirtió que por ese motivo, entre otros, “el examen formal sobre ese trámite
resultó en extremo dispendioso para la Corte”. Llamó entonces la atención:
“debe la Corte llamar la atención de los secretarios de comisiones y plenarias,
y de quienes elaboran las actas que se consignan en la "Gaceta del
Congreso", en el sentido de que tienen la obligación constitucional de
dejar en ellas y en las certificaciones que expidan, expresa, clara y concreta
información acerca del transcurso de las sesiones y en torno al quórum y a las
votaciones”.
[33] Auto 170 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis. Unánime). En ese
caso la Corte devolvió al Congreso un proyecto de ley estatutaria destinado a
reglamentar el Habeas Corpus, a fin que se surtiera nuevamente el trámite
legislativo a partir del segundo debate en la
Cámara de Representantes, tras concluir que no era posible verificar, con base
en las certificaciones enviadas por el secretario de la
Cámara de Representantes, que la ponencia para segundo debate del proyecto de
ley estatutaria hubiera alcanzado los ochenta y cuatro (84) votos necesarios
para su aprobación – la mitad más uno de los miembros de la
Cámara de Representantes. La certificación decía que la
Cámara había aprobado el proyectos “por mayoría de los presentes ciento
cincuenta y cuatro (154) Honorables Representantes a la
Cámara”. A partir de la misma, en criterio de la
Corte “no sería posible entonces establecer si la aprobación del proyecto
en esta etapa del trámite se ajustó al cumplimiento del requisito en análisis,
pues en el acta tampoco consta la discriminación de los votos, ni se hace
manifestación expresa alguna en el sentido de indicar que la mayoría con que se
aprobó el proyecto fue la absoluta como lo exige la
Constitución”.
[34] Auto 232 de 2007 (MP
Rodrigo Escobar Gil. SV Jaime Araújo Rentería). Entonces la
Corte devolvió al Congreso un proyecto de ley, tras advertir que se aprobó en
uno de los debates, sin cumplirse el requisito del anuncio previo del artículo
160 de la Carta. Una certificación secretarial sostenía que la discusión y
votación se había anunciado en una fecha, para la semana siguiente. La
Corte sostuvo que esa era una “simple
valoración subjetiva” carente de respaldo o incluso contradictoria con
los hechos consignados en el Acta.
[35]
Artículo  5° del Acto Legislativo 01 de 2009 dispone:
“El artículo 133 de la
Constitución Política quedará así: Los miembros de cuerpos colegiados de
elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la
justicia y el bien común. El voto de sus miembros será nominal y público,
excepto en los casos que determine la ley. || El elegido es responsable
políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las
obligaciones propias de su investidura”.
[36] “Artículo
2º. “El artículo 130 de la Ley 5ª de 1992 quedará así: Artículo 130. Votación
nominal. Como regla general, las votaciones serán nominales y públicas, con las
excepciones que determine la presente ley o aquellas que la modifiquen o
adicionen. || En toda votación pública, podrá emplearse cualquier procedimiento
electrónico que acredite el sentido del voto de cada Congresista y el resultado
de la votación; en caso de ausencia o falta de procedimientos electrónicos, s
llamará a lista y cada Congresista anunciará de manera verbal su voto sí o no.
|| Cuando se utilicen medios electrónicos en las votaciones, será el presidente
de la Corporación o Comisión quien determine los tiempos ente la iniciación de
la votación y el anuncio de su resultado sin exceder los treinta (30) minutos
por votación. || Dentro del año siguiente a la expedición de esta ley, las
cámaras deberán implementar un sistema electrónico que permita que las
votaciones nominales y el sentido del voto de los congresistas y los conteos correspondientes
puedan visualizarse en tiempo real, por la
Internet en archivos y formatos de fácil acceso y divulgación pública (…)”.
[37] El artículo 1° de la citada ley
dice. “El artículo 129 de la
Ley 5ª de 1992 quedará así: Artículo 129. Votación Ordinaria. Se utilizará para los casos
señalados en este artículo y se efectúa dando los Congresistas, con la mano, un
golpe sobre el pupitre. El Secretario informará sobre el resultado de la
votación, y si no se pidiere en el acto la verificación, se tendrá por exacto
el informe. || Si se pidiere la verificación por algún Senador o Representante,
para dicho efecto podrá emplearse cualquier procedimiento electrónico que
acredite el sentido del voto de cada Congresista y el resultado total de la
votación, lo cual se publicará íntegramente en el acta de la sesión. ||
Teniendo en cuenta el principio de celeridad de los procedimientos, de que
trata el artículo 3o de este reglamento, se establecen
las siguientes excepciones al voto nominal y público de los congresistas, según
facultad otorgada en el artículo 133 de la
Constitución Política, tal como fue modificado por el artículo 5o del Acto Legislativo 1 de 2009 y
cuyas decisiones se podrán adoptar por el modo de votación ordinaria antes
descrito: || […] 16. Tampoco se requerirá votación nominal y pública cuando en
el trámite de un proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva
comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un
proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus
miembros. Si la unanimidad no abarca la totalidad del articulado se someterán a
votación nominal y pública las diferentes proposiciones sobre los artículos
respecto de los cuales existan discrepancias. […] PARÁGRAFO
1o. La verificación de
la votación ordinaria debe surtirse por el mismo procedimiento que la votación
nominal y pública, es decir deberá arrojar el resultado de la votación y el
sentido del voto de cada congresista. || PARÁGRAFO 2o. Aceptado o negado un impedimento a un
congresista en el trámite de un proyecto de ley en comisión, no será necesario
volver a considerarse en la Plenaria de la corporación a menos que se presenten
circunstancias nuevas que varíen los fundamentos del mismo”.
[38] Sentencia C-274 de
2013 (MP María Victoria Calle Correa. AV Jorge Iván Palacio Palacio, María
Victoria Calle Correa y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. SPV María Victoria
Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla, Mauricio
González Cuervo, Luis Ernesto Vargas Silva, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
Luis Guillermo Guerrero Pérez). En ese caso, ante la duda que generaban las
actas en torno a si se habían cumplido las reglas de votación, la
Corte acudió a las certificaciones al Congreso, y las juzgó imprecisas.
Solicitó una nueva certificación, y luego de valorarla concluyó: “La nueva certificación expedida por el Secretario
General de Senado de la República, incurrió de nuevo en expresiones ambiguas en
relación con algunos artículos, aunque lo corrigió frente a otros.”
[39] Sentencia C-225 de
2014 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez. SV María Victoria Calle Correa, Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo y Luis Ernesto Vargas Silva. AV -CJ- Martín Bermúdez).
En esa ocasión, la Corte señaló que no toda oposición a la aprobación ordinaria
de los proyectos de ley aprobatorias de tratado conducen a un vicio de
inconstitucionalidad que afecte la exequibilidad de la ley.
[40] Sentencia C-221 de
2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio. Unánime). En ese caso, la aprobación del
proyecto en uno de los debates se surtió mediante votación ordinaria. La
Corte valoró entonces la certificación secretarial en conjunto con otros
elementos, y dentro de ellos el hecho de que no hubiese existido solicitud de
votación nominal: “el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011, que modificó el artículo
129 de la Ley 5ª de 1992 en lo relativo a la votación nominal y pública,
dispuso en su numeral 16 que una de las excepciones a esta clase de votación se
presenta, justamente, cuando existe unanimidad en la votación, como en efecto
ocurrió. De esta manera, como ninguno de los Senadores solicitó votación
nominal ni verificación de quórum, ni se registraron votos negativos o
impedimentos, este requisito se encuentra debidamente satisfecho”.
[41] Sentencia C-274 de
2013 (MP María Victoria Calle Correa. AV Jorge Iván Palacio Palacio, María
Victoria Calle Correa y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. SPV María Victoria
Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla, Mauricio
González Cuervo, Luis Ernesto Vargas Silva, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
Luis Guillermo Guerrero Pérez). En esa ocasión, al revisar la
constitucionalidad de un proyecto de ley estatutaria, la
Corte concluyó que se había cumplido con las reglas constitucionales sobre la
forma de votación, en cuanto si bien esta en las etapas analizadas no había
sido nominal y pública, “a partir
del video, pudo constatarse que en todos los casos […] las disposiciones
sometidas a la Plenaria fueron aprobadas mediante votación ordinaria, el
Secretario del Senado señaló expresamente que dicha aprobación se hacía por
unanimidad, y manifestó oralmente la totalidad de votos emitidos.”
[42] Sentencia C-750 de
2013 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez. AV María Victoria Calle Correa y
Alberto Rojas Ríos. SPV Jorge Iván Palacio Palacio. SV María Victoria Calle
Correa, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En esa ocasión la
Corte consideró que se había cumplido la regla constitucional de votaciones en
el Congreso, en tanto no sólo la certificación secretarial, sino todo un elenco
de factores concurrentes indicaban la unanimidad del Congreso: “el proyecto fue votado favorablemente por
unanimidad en cada una de las respectivas comisiones y plenarias, aspecto éste
que se deduce, no solo de las actas transcritas y de las certificaciones de los
respectivos secretarios, sino además, de los siguientes hechos: (i) en ninguno de los debates se
presentaron informes de ponencia contrarios a la aprobación del proyecto; (ii) en los cuatro debates, tanto en
comisión como en plenaria, ninguno de los miembros de las cámaras hizo público
su desacuerdo con la aprobación del proyecto; (iii) en los distintos debates se aprobó la
omisión de la lectura del articulado del proyecto; (iv) en ninguno de los debates se solicitó
por parte de los congresistas la votación nominal y pública; y (v) en ninguno de los cuatro debates se
registraron votos en contra del citado proyecto.”
[43] Por ejemplo, en
la sentencia C-295 de 2012 (MP Juan Carlos Henao Pérez. Unánime), el Acta
mostraba claramente que en uno de los debates la aprobación no se había logrado
mediante votación nominal y pública, pero sí se evidenciaba a partir de ella
que había sido unánime, pues decía esto: “[h]ace
uso de la palabra el Presidente de la
Comisión Segunda, doctor Albeiro Vanegas Osorio: Pregunto
si quiere la comisión que el proyecto de ley sea ley de la república. Hace uso
de la palabra la Secretaria General de la
Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias: Ha sido aprobado por unanimidad señor
Presidente, el hecho de que los honorables Representantes han manifestado que
quieren que pase a segundo debate y sea ley de la
República”.
[44] Estatuto de Roma,
art 110: “Examen de una reducción de la pena.
1. El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya
cumplido la pena impuesta por la Corte. 2. Sólo
la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto
después de escuchar al recluso. 3. Cuando
el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de
prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar
si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos
plazos. 4. Al proceder al
examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir la pena si considera
que concurren uno o más de los siguientes factores: a) Si el recluso ha manifestado
desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la
Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos; b) Si el recluso ha facilitado de
manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la
Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta en la localización de los
bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de
reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o c) Otros factores indicados en
las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las
circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la
reducción de la pena. 5. La
Corte, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3, determina que no
procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y
con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba.”
[45] El artículo 4.3 del
Acuerdo dice además: “La Presidencia [de la
CPI], en consulta con Colombia, respetará esos requisitos cuando establezca
mecanismos adecuados para que la persona condenada pueda ejercer su derecho a
comunicarse con la Corte acerca de las condiciones de reclusión”.
[46]  Regla 207: “Tránsito 1. No se
necesitará autorización si el condenado es trasladado por vía aérea y no se
prevé aterrizar en el territorio del Estado de tránsito. De haber un aterrizaje
no previsto en el territorio del Estado de tránsito, éste, en la medida en que
sea posible de conformidad con el procedimiento previsto en su derecho interno,
mantendrá detenido al condenado hasta que reciba una solicitud de tránsito con
arreglo a lo dispuesto en la subregla
2 o una solicitud de entrega o detención provisional con arreglo al párrafo 1
del artículo 89 o al artículo 92. ||
2.        Los
Estados Partes, en la medida en que sea posible con arreglo al procedimiento previsto
en su derecho interno, autorizarán el tránsito de un condenado por sus
territorios y será aplicable, según proceda, lo dispuesto en el párrafo 3 b) y
c) del artículo 89 y en los artículos 105 y 108, así como en las reglas
relativas a esos artículos. Se adjuntará a la solicitud de tránsito un ejemplar
de la sentencia condenatoria definitiva y de la decisión por la cual se imponga
la pena.
[47] El Estatuto de la
Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) fue controlado, lo mismo que su
ley aprobatoria 742 de 2002, mediante la sentencia C-578 de 2002 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa. AV.
Rodrigo Escobar Gil).
[48] La
Convención Americana sobre Derechos Humanos dice por ejemplo en el artículo 5:
“Toda persona privada de libertad será tratada con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. El artículo 7.6
de la misma Convención dice, por su parte: “6. Toda
persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal
competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su
arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran
ilegales.  En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que
se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un
juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal
amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.  Los recursos
podrán interponerse por sí o por otra persona”.
[49] Dijo la
Corte: “asuntos como […]  las
condiciones de reclusión que podrán imponer los Estados que acepten recibir
condenados por la Corte Penal Internacional (artículo 106 ER), analizados como
asuntos especiales en este sentencia, no establecen prima faciey en abstracto
tratamientos diferentes a los previstos en nuestro ordenamiento constitucional.
Estos se encuentran en armonía con los artículos 9 y 93 de la
Carta, en materia de respeto a la soberanía y a los compromisos internacionales
aceptados por Colombia; con el artículo 2, que consagra el deber de protección
que incumbe a las autoridades estatales respecto de la vida, la libertad, la
honra y los bienes y derechos de los residentes en Colombia; del artículo 228,
sobre independencia judicial; del artículo 28, sobre hábeas corpus; del
artículo 29, que consagra el derecho al debido proceso; así como con los demás
derechos y libertades consagrados en la
Carta.” Sentencia C-578 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa. AV Rodrigo Escobar
Gil).
[50]
El artículo 87 del Estatuto de Roma dice: “Solicitudes de cooperación: disposiciones generales: 1. a) La
Corte estará facultada para formular solicitudes de cooperación a los Estados
Partes. Éstas se transmitirán por vía diplomática o por cualquier otro conducto
adecuado que haya designado cada Estado Parte a la fecha de la ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión. Cada Estado Parte podrá cambiar
posteriormente esa designación de conformidad con las Reglas de Procedimiento y
Prueba. b) Cuando proceda, y sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado a), las solicitudes podrán transmitirse también por conducto de la
Organización Internacional de Policía Criminal o de cualquier organización
regional competente. 2. […] 3. El Estado requerido
preservará el carácter confidencial de toda solicitud de cooperación y de los
documentos que las justifiquen, salvo en la medida en que su divulgación sea
necesaria para tramitarla. 4.  Con respecto a las solicitudes de
asistencia presentadas de conformidad con la presente Parte, la
Corte podrá adoptar todas las medidas, incluidas las relativas a la protección
de la información, que sean necesarias para proteger la seguridad y el
bienestar físico o psicológico de las víctimas, los posibles testigos y sus
familiares. La Corte podrá solicitar que toda información comunicada en virtud
de la presente Parte sea transmitida y procesada de manera que se proteja la
seguridad y el bienestar físico o psicológico de las víctimas, los posibles
testigos y sus familiares. 5. a) La
Corte podrá invitar a cualquier Estado que no sea parte en el presente
Estatuto a prestar la asistencia prevista en la presente Parte sobre la base de
un arreglo especial, un acuerdo con ese Estado o de cualquier otra manera
adecuada. b) Cuando un Estado que no sea parte en el presente
Estatuto y que haya celebrado un arreglo especial o un acuerdo con la
Corte se niegue a cooperar en la ejecución de las solicitudes a que se
refieran tal arreglo o acuerdo, la Corte podrá informar de ello a la
Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad, si éste le hubiese
remitido el asunto. 6.  La
Corte podrá solicitar de cualquier organización intergubernamental que le
proporcione información o documentos. Asimismo, la
Corte podrá solicitar otras formas de cooperación y asistencia que se hayan
acordado con cualquiera de esas organizaciones, de conformidad con su
competencia o mandato. 7.  Cuando, en contravención de lo
dispuesto en el presente Estatuto, un Estado Parte se niegue a dar curso a una
solicitud de cooperación formulada por la
Corte, impidiéndole ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el
presente Estatuto, ésta podrá hacer una constatación en ese sentido y remitir
la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad, si
éste le hubiese remitido el asunto”
[51] Entre las Reglas de Procedimiento y Prueba
pueden destacarse las Reglas 176 y 177: “Regla 176. Órganos de la
Corte encargados de transmitir y recibir comunicaciones relativas a la
cooperación internacional y la asistencia judicial. 1. Una vez establecida
la Corte, el Secretario obtendrá del Secretario General de las Naciones Unidas
las comunicaciones hechas por Estados con arreglo a los párrafos 1
a) y 2 del artículo 87. || 2. El Secretario transmitirá las solicitudes de
cooperación hechas por las Salas y recibirá las respuestas, la información y
los documentos que presenten los Estados requeridos. La
Fiscalía transmitirá las solicitudes de cooperación hechas por el Fiscal y
recibirá las respuestas, la información y los documentos que presenten los
Estados requeridos. 3. El Secretario recibirá las comunicaciones que hagan
los Estados en relación con cambios ulteriores en la designación de los
conductos nacionales encargados de recibir las solicitudes de cooperación, así
como de cambios en el idioma en que deben hacerse las solicitudes de
cooperación y, previa solicitud, pondrá esa información a disposición de los
Estados Partes que proceda. || 4. Las disposiciones de la subregla 2 serán aplicables mutatis
mutandis, a los casos en que la Corte solicite información, documentos u otras
formas de cooperación o asistencia de una organización intergubernamental. ||
5. La Secretaría transmitirá las comunicaciones a que se hace referencia
en las subreglas 1 y 3 y la subregla 2 de
la regla 177, según proceda, a la
Presidencia, a la Fiscalía o a ambas”. “Regla 177 Conductos de
comunicación. 1. En las comunicaciones relativas a la autoridad nacional
encargada de recibir las solicitudes de cooperación hechas a la fecha de la
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión figurará toda la información
pertinente acerca de esa autoridad. 2. Cuando se pida a una organización
intergubernamental que preste asistencia a la
Corte con arreglo al párrafo 6 del artículo 87, el Secretario, de ser
necesario, identificará su conducto de comunicación designado y obtendrá toda
la información relativa a él.”
[52] Sentencia C-801 de
2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. AV María Victoria Calle Correa y
Jorge Iván Palacio Palacio. SV Humberto Sierra Porto). Se limitó a definir sus
alcances en la siguiente forma: “El
último capítulo, el capítulo
12, compuesto también de seis secciones, trata el tema de la ejecución de
la pena. La
Sección I, contiene las reglas sobre la función de los Estados en la
ejecución de penas privativas de la libertad y cambio en la designación del
Estado de ejecución con arreglo a los artículos 103 y 104 del ER (reglas 198
a 210). La
Sección II, refiere las reglas sobre ejecución de la pena, supervisión y
traslado con arreglo a los artículos 105, 106 y 107 del ER (reglas 211
a 213). La
Sección III, contiene las reglas relativas a las limitaciones al
enjuiciamiento o la sanción por otros delitos con arreglo al artículo 108 del
ER (reglas 214 a 216). La
Sección IV, prevé las reglas sobre ejecución de multas y órdenes de
decomiso o reparación (reglas 217 a 222). La
Sección V, establece las reglas sobre el examen de la reducción de la pena
con arreglo al artículo 110 del ER (reglas 223
a 224). La
Sección VI, hace relación a las reglas sobre evasión con arreglo al
artículo 111 del ER (regla 225).”
[53] Sentencia T-729 de 2002 (MP
Eduardo Montealegre Lynett).
[54] Sentencia T-729
de 2002. (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[55] Ídem.
[56] Ídem.
[57] Ídem.
[58] Sentencia T-158A de 2008 (MP Rodrigo
Escobar Gil). En ese caso una persona solicitó la historia clínica al centro
hospitalario en el que había fallecido su madre, pues no estaba conforme con el
dictamen del médico que la atendió y querían conocer la verdad de lo sucedido.
La clínica accionada negó la entrega de dicho documento porque estaba sujeto a
reserva. La Corte concedió el amparo y ordenó a la accionada le entregara al
accionante “una copia perfectamente legible de la historia clínica de la señora
Fanny Margarita Giraldo Giraldo”. Estableció cuatro requisitos mínimos para
permitir el acceso a tal información, a saber: “a) La persona que eleva la
solicitud deberá demostrar que el paciente ha fallecido. || b) El interesado
deberá acreditar la condición de padre, madre, hijo o hija, cónyuge o compañero
o compañera permanente en relación con el titular de la historia clínica, ya
que la regla aquí establecida sólo es predicable de los familiares más próximos
del paciente. Para el efecto, el familiar deberá allegar la documentación que
demuestre la relación de parentesco con el difunto, por ejemplo, a través de la
copia del registro civil de nacimiento o de matrimonio según sea el caso. || c)
El peticionario deberá expresar las razones por las cuales demanda el
conocimiento de dicho documento, sin que, en todo caso, la entidad de salud o
la autorizada para expedir el documento pueda negar la solicitud por no
encontrarse conforme con dichas razones. A través de esta exigencia se busca
que el interesado asuma algún grado de responsabilidad en la información que
solicita, no frente a la institución de salud sino, principalmente, frente al
resto de los miembros del núcleo familiar, ya que debe recordarse que la
información contenida en la historia clínica de un paciente que fallece está
reservada debido a la necesidad de proteger la intimidad de una familia y no de
uno sólo de los miembros de ella. || d) Finalmente y por lo expuesto en el
literal anterior, debe recalcarse que quien acceda a la información de la
historia clínica del paciente por esta vía no podrá hacerla pública, ya que el
respeto por el derecho a la intimidad familiar de sus parientes exige que esa
información se mantenga reservada y alejada del conocimiento general de la
sociedad. Lo anterior, implica que no es posible hacer circular los datos
obtenidos y que éstos solamente podrán ser utilizados para satisfacer las
razones que motivaron la solicitud. || Acreditado el cumplimiento de estos
requisitos, la institución prestadora de servicios de salud o, de manera
general, la autoridad médica que corresponda, estará en la obligación de
entregarle al familiar que lo solicita, copia de la historia clínica del
difunto sin que pueda oponerse para acceder a dicho documento el carácter
reservado del mismo”.
[59] “El Estado designado debe resolver sin
demora si acepta la designación, […] Las
anteriores disposiciones del Estatuto de Roma referentes a la ejecución de la
pena no establecen un tratamiento diferente al previsto en la
Constitución”. Sentencia C-578 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa.
AV Rodrigo Escobar Gil).
[60] La
Regla 200.3 de las Reglas de Procedimiento y Prueba dice: “El Estado que haya
puesto condiciones para la aceptación [de su inclusión en la lista de Estados
de ejecución] podrá retirarlas en cualquier momento. Las enmiendas o adiciones
estarán sujetas a la confirmación de la
Presidencia [de la CPI]”.
[61] El artículo 103.2
literal a) del Estatuto de Roma dice: “El Estado de ejecución de la pena
notificará a la Corte cualesquiera circunstancias, incluido el cumplimiento de
las condiciones aceptadas con arreglo al párrafo 1, que pudieren afectar
materialmente a las condiciones o la duración de la privación de libertad. Las
circunstancias conocidas o previsibles deberán ponerse en conocimiento de la
Corte con una antelación mínima de 45 días. Durante este período, el Estado de
ejecución no adoptará medida alguna que redunde en perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 110”.
[62] Obsérvese en la
sentencia C-801 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. AV María Victoria
Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio. SV Humberto Sierra Porto), el
fundamento 5.2.1. En la sentencia C-578 de 2002 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa. AV Rodrigo Escobar Gil), lo correspondiente se encuentra en el
fundamento 4.12 de la parte considerativa.
[63] Sentencia C-801 de
2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. AV María Victoria Calle Correa y
Jorge Iván Palacio Palacio. SV Humberto Sierra Porto), fundamento 5.2.1.
[64] En
términos prácticos, estas disposiciones contenidas tanto en el Estatuto como en
el Acuerdo, llevarían a concluir que en relación con el tratamiento
penitenciario, al cual es sometido la persona privada de la libertad en virtud
de una sentencia condenatoria de la
Corte Penal Internacional, este se rige por las normas contenidas en la
Ley 65 de 1993 (modificada por la Ley 1709 de 2014) relacionadas con el
tratamiento penitenciario.
[65] Kress, Claus.
“Penalties, enforcement and cooperation in the International Criminal Court
Statute (Parts VII, IX, X)”. European Journal of Crime, Criminal Law and
Criminal Justice. Vol. 6/4. 442-460. 1998, pp. 447 y 448.
[66] El artículo 106.2 del
Estatuto de Roma, en su version en inglés, dice: “The conditions of imprisonment shall be governed by
the law of the State of enforcement and shall be consistent with widely
accepted international treaty standards governing treatment of prisoners; in no
case shall such conditions be more or less favourable than those available to
prisoners convicted of similar offences in the State of enforcement”.
[67] El artículo 4.2
del Acuerdo, en inglés, dice: “2. The conditions of imprisonment shall  be governed
by the law  of Colombia
and  shall  be consistent with widely accepted international standards governing treatment
of prisoners. In no case shall such
conditions be more or less favorable
than those available
to prisoners convicted of similar offences
in Colombia.”
[68] Las Reglas Mínimas
para el Tratamiento de los Reclusos, por ejemplo, se han considerado relevantes
en la jurisprudencia constitucional para determinar el alcance de los derechos
fundamentales de la población reclusa. En la sentencia T-153 de 1998 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz), la Corte trascribió algunos de los parámetros de
estas Reglas Mínimas, a efectos de establecer si el estado de cosas en el
sistema penitenciario se ajustaba a la
Constitución. En la sentencia T-1030 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández),
la Corte señaló que “las reglas
mínimas de las Naciones Unidas sobre el tratamiento de los reclusos, [r]esultan
ser en un criterio de interpretación auxiliar”. En la sentencia T-851 de 2004
(MP Manuel José Cepeda Espinosa), esta Corte sostuvo que las Reglas Mínimas
Para el Tratamiento de los Reclusos “fueron producidas al interior de las
Naciones Unidas en la década de los años 50 y desde entonces han sido adoptadas
como criterio guía de cardinal importancia para determinar el contenido básico
de los deberes estatales en este campo”.
[69] La
Regla 211.2 de las Reglas de Procedimiento y Prueba dice: “Cuando el condenado
reúna las condiciones para acogerse a un programa o beneficio carcelario
existente en el derecho interno del Estado de ejecución que pueda entrañar
cierto grado de actividad fuera del establecimiento carcelario, el Estado de
ejecución comunicará esa circunstancia a la
Presidencia junto con la información u observaciones que permitan a la
Corte ejercer su función de supervisión”.
[70] Esta especial
prohibición aparece enunciada por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada mediante Ley 16 de
1972, en su artículo 8.4., que dice: “8.4. El inculpado absuelto por una
sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”.
[71] Un ejemplo de violación de esta garantía aparece
enunciado en el caso Loayza Tamayo v. Perú, decidido por la
Corte IDH. En esa oportunidad se enfrentaba a la acusación planteada contra el
Estado peruano, por haber supuestamente violado el principio non bis in ídem
de una persona que primero había sido procesada y absuelta por un tribunal
militar peruano por el delito de traición a la patria, y luego fue condenada
por un tribunal ordinario por el delito de terrorismo, no obstante que en ambos
procesos se partía de los mismos hechos (la participación de la procesada en
actividades relacionadas con la política del Partido Comunista del Perú-
Sendero Luminoso). La Corte IDH dijo “66. En cuanto a la denuncia de la
Comisión sobre violación en perjuicio de la señora María Elena Loayza Tamayo
de la garantía judicial que prohíbe el doble enjuiciamiento, la
Corte observa que el principio non bis in idem está contemplado en el
artículo 8.4 de la Convención en los siguientes términos: || ... 4. El
inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio
por los mismos hechos. || Este principio busca proteger los derechos de los
individuos que han sido procesados por determinados hechos para que no vuelvan
a ser enjuiciados por los mismos hechos. A diferencia de la fórmula utilizada
por otros instrumentos internacionales de protección de derechos humanos (por
ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones
Unidas, artículo 14.7, que se refiere al mismo “delito”), la
Convención Americana utiliza la expresión “los mismos hechos”, que es
un término más amplio en beneficio de la víctima. || 67. En el caso presente, la
Corte observa que la señora María Elena Loayza Tamayo fue procesada en el
fuero privativo militar por el delito de traición a la patria que está
estrechamente vinculado al delito de terrorismo, como se deduce de una lectura
comparativa del artículo 2, incisos a, b y c del Decreto-Ley N° 25.659 (delito
de traición a la patria) y de los artículos 2 y 4 del Decreto-Ley N° 25.475
(delito de terrorismo). || 68. Ambos decretos-leyes se refieren a conductas no
estrictamente delimitadas por lo que podrían ser comprendidas indistintamente
dentro de un delito como en otro, según los criterios del Ministerio Público y
de los jueces respectivos y, como en el caso examinado, de la “propia
Policía (DINCOTE)”. Por lo tanto, los citados decretos-leyes en este
aspecto son incompatibles con el artículo 8.4 de la
Convención Americana”.
[72]
El artículo 108 del Estatuto de Roma dice: “1. El condenado que se halle bajo la custodia del
Estado de ejecución no será sometido a enjuiciamiento, sanción o extradición a
un tercer Estado por una conducta anterior a su entrega al Estado de ejecución,
a menos que, a petición de éste, la Corte haya aprobado el enjuiciamiento, la
sanción o la extradición. 2. La
Corte dirimirá la cuestión tras haber oído al condenado. 3. El
párrafo 1 del presente artículo no será aplicable si el condenado permanece de
manera voluntaria durante más de 30 días en el territorio del Estado de
ejecución después de haber cumplido la totalidad de la pena impuesta por la
Corte o si regresa al territorio de ese Estado después de haber salido de él.”
[73] En la sentencia
C-578 de 2002 dijo la Corte: “El
artículo 108 del Estatuto regula lo concerniente a las solicitudes de
extradición del condenado. El principio general es que el Estado de ejecución
no puede extraditar a otro Estado a un condenado por una conducta anterior a su
entrega al Estado de ejecución, a menos que la
Corte así lo apruebe luego de oír al condenado (artículo 108. 1 y 2 ER). El
citado principio deja de ser aplicable en caso de que el condenado permanezca
de manera voluntaria por más de 30 días en el Estado de ejecución luego de
haber cumplido la totalidad de la pena a él impuesta, o regrese a dicho Estado
después de haber salido de él (artículo 108. 3 ER). […] Las
anteriores disposiciones del Estatuto de Roma referentes a la ejecución de la
pena no establecen un tratamiento diferente al previsto en la
Constitución. En efecto, en materia del traslado del condenado a una
prisión de otro Estado (artículo 104. 1 ER) por decisión de la
Corte Penal Internacional, de la extradición de un condenado a otro
Estado por una conducta anterior a su entrega al Estado de ejecución (artículo
108 ER) o de la pena del decomiso (artículo109), la jurisprudencia
constitucional colombiana ha admitido la constitucionalidad de medidas
semejantes a estas.”
[74] Sentencia C-578 de
2002: “Es importante resaltar que el
Estado de ejecución no puede modificar la pena privativa de la libertad en
ningún caso (artículo 105. 1 ER), y la decisión relativa a una posible
apelación o revisión es de competencia exclusiva de la
Corte (artículo 105. 2 ER). Toda reducción de la pena debe ser decidida por la
Corte luego de que se hayan cumplido las dos terceras partes de la pena o 25
años de prisión en el caso de cadena perpetua (artículo 110. 1 ER), de
conformidad con los factores señalados en el numeral 4 del artículo 110. En
caso de rechazo a la solicitud de reducción de la pena, la
Corte debe examinar periódicamente la cuestión de conformidad con lo dispuesto
en las Reglas de Procedimiento y Prueba (artículo 110. 5 ER). […] Las
anteriores disposiciones del Estatuto de Roma referentes a la ejecución de la
pena no establecen un tratamiento diferente al previsto en la
Constitución.”
[75] El artículo 111 del
Estatuto de Roma establece: “Si un
condenado se evade y huye del Estado de ejecución, éste podrá, tras consultar a
la Corte, pedir al Estado en que se encuentre que lo entregue de conformidad
con los acuerdos bilaterales y multilaterales vigentes, o podrá pedir a la
Corte que solicite la entrega de conformidad con la
Parte IX. La Corte, si solicita la entrega, podrá resolver que el condenado
sea enviado al Estado en que cumplía su pena o a otro Estado que indique. ”
[76] La
Regla 225: “1. Si el condenado se ha evadido, el Estado de ejecución dará aviso
lo antes posible al Secretario por cualquier medio capaz de dejar una
constancia escrita. La Presidencia procederá en ese caso de conformidad con la
Parte IX. || 2.  No obstante, si el Estado en que se encontrara el
condenado accediera a entregarlo al Estado de ejecución, ya sea con arreglo a
convenios internacionales o a su legislación nacional, éste lo comunicará por
escrito al Secretario. La persona será entregada al Estado de ejecución tan
pronto como sea posible y, de ser necesario, en consulta con el Secretario,
quien prestará toda la asistencia que se requiera, incluida, si fuere menester,
la presentación de solicitudes de tránsito a los Estados que corresponda, de
conformidad con la regla 207. Los gastos relacionados con la entrega del
condenado serán sufragados por la Corte si ningún Estado se hace cargo de
ellos. || 3.  Si el condenado es entregado a la
Corte de conformidad con lo dispuesto en la
Parte IX, la Corte lo trasladará al Estado de ejecución. Sin embargo, la
Presidencia, de oficio o a solicitud del Fiscal o del primer Estado de
ejecución, y de conformidad con el artículo 103 y las reglas 203
a 206, podrá designar a otro Estado, incluido el del territorio al que hubiera
huido el condenado. || 4. En todos los casos se deducirá de la pena que
quede por cumplir al condenado todo el período en que haya estado recluido en
el territorio del Estado en que hubiese sido detenido tras su evasión y, cuando
sea aplicable la subregla 3, el período de detención en la sede de la
Corte tras su entrega por el Estado en el que se encontraba.”
[77] La sentencia
C-578 de 2002: “Finalmente, el artículo 111 regula el
caso de la evasión del condenado. El Estado de ejecución puede solicitar al
Estado donde se encuentre el prófugo, de conformidad con los acuerdos
bilaterales y multilaterales vigentes, que lo entregue, o pedir a la
Corte que solicite la entrega según las normas sobre cooperación internacional
y asistencia judicial. En todo caso, la
Corte Penal Internacional puede determinar si envía de nuevo al condenado que
ha evadido el cumplimiento de la pena de nuevo al Estado de ejecución o a otro
diferente que la Corte indique (artículo 111 ER). || Las anteriores
disposiciones del Estatuto de Roma referentes a la ejecución de la pena no
establecen un tratamiento diferente al previsto en la
Constitución.” La sentencia C-801 de 2009 se refiere al punto en el
fundamento 5.2.1.
[78] En la sentencia
C-801 de 2009, ver el fundamento 5.2.1.
[79]
El artículo 104 del Estatuto de Roma dice: “1.     La
Corte podrá en todo momento decidir el traslado del condenado a una prisión de
un Estado distinto del Estado de ejecución. ||
2.  El condenado podrá en todo momento solicitar de la
Corte su traslado del Estado de ejecución”.
[80] La
Regla 209: “Cambio en la designación
del Estado de ejecución. “1 La
Presidencia, de oficio o previa solicitud del condenado o el Fiscal, podrá en
cualquier momento proceder de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 104. || 2. La solicitud del condenado o del Fiscal se hará por escrito
y contendrá las razones por las cuales se pide el traslado.” La
Regla 210: ““Procedimiento para el cambio en la designación del Estado de
ejecución.  1. La Presidencia, antes de decidir que se cambie la
designación de un Estado de ejecución, podrá: a) Recabar las observaciones
del Estado de ejecución; b) Examinar las presentaciones escritas u orales
que hagan el condenado o el Fiscal; c) Examinar las observaciones escritas
u orales que hagan peritos en relación con, entre otras cosas, el condenado;
d) Recabar de cualquier fuente fidedigna toda la demás información que
corresponda. 2. Será aplicable, según proceda, lo dispuesto en la subregla
3 de la regla 203. || 3. La Presidencia, si no da lugar al cambio en la
designación del Estado de ejecución, comunicará a la mayor brevedad posible al
condenado, al Fiscal y al Secretario su decisión y las razones en que se funda.
La Presidencia informará también al Estado de ejecución.”
[81] Sentencia C-578 de
2002: “De cualquier forma, la
Corte puede en todo momento decidir sobre el traslado del condenado a una
prisión de otro Estado (artículo 104. 1 ER) y supervisar la ejecución de la
pena (artículo 106. 1 ER), así las condiciones de reclusión se rijan por la
legislación del Estado de ejecución con sujeción a las normas generalmente
aceptadas de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los
reclusos (artículo 106. 3 ER). […]Las anteriores
disposiciones del Estatuto de Roma referentes a la ejecución de la pena no
establecen un tratamiento diferente al previsto en la
Constitución”.
[82]
El artículo 107 del Estatuto de Roma dice: “1. Una vez cumplida la pena,
quien no sea nacional del Estado de ejecución podrá, de conformidad con la
legislación de dicho Estado, ser trasladado al Estado que esté obligado a
aceptarlo o a otro Estado que esté dispuesto a hacerlo, teniendo en cuenta si
quiere ser trasladado a éste, a menos que el Estado de ejecución lo autorice a
permanecer en su territorio.  || 2. Los
gastos derivados del traslado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1,
de no ser sufragados por un Estado, correrán por cuenta de la
Corte. || 3. Con sujeción a
lo dispuesto en el artículo 108, el Estado de ejecución también podrá, de
conformidad con su derecho interno, extraditar o entregar por cualquier otra
vía a la persona a un Estado que haya pedido la extradición o entrega para
someterla a juicio o para que cumpla una pena.”
[83] Sentencia C-132 de
2014 (MP. Mauricio González Cuervo, SPV. Luis Guillermo Guerrero. A.V. Luis
Ernesto Vargas) por medio de la cual se declara exequible el Acuerdo de
Transporte Aéreo entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados
Unidos de América”
[84] Ibídem.
[85] Durante el debate
en primera vuelta surtido en la Plenaria del Senado, el Senador José Darío
Salazar Cruz defendió la supresión del carácter nominal de la votación con el
siguiente argumento: “Yo
solicito que se vote público, porque nominal es volver interminables las
sesiones, hay cosas en las que se están de acuerdo y se puede votar
públicamente sin votar nominal”. Acta de Plenaria No. 36 del 15 de diciembre de 2008
(Gaceta del Congreso 223 del 21 de abril de 2009).
[86] “Artículo
6º. El artículo 133 de la Constitución Política quedará así:
Los miembros de cuerpos
colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar
consultando la justicia y el bien común. El voto de sus miembros será público, excepto
en los casos que determine la ley […]” (subrayas añadidas).
[87] Gaceta del Congreso 227 del 22 de abril de 2009.
[88] Gaceta
del Congreso 227 del 22 de abril de 2009.
[89]  Acta
No. 42 del 28 de mayo de 2009, publicada en la Gaceta del
Congreso 427 de 4 de junio de 2009.
[90] “Por la cual se
establecen las excepciones a que se refiere el artículo 133 de la Constitución
Política”
[91] Sobre
la relación entre votación nominal y la verificación del cumplimiento de las
reglas de quórum y mayorías ver Auto 118 de 2013 (MP. Jorge Iván Palacio
Palacio, AV. María Victoria Calle Correa, AV. Nilson Pinilla Pinilla, SV.
Mauricio González Cuervo, SV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[92] Así lo estableció
el Pleno de esta Corporación, entre otros, en los Autos 031 de 2012 (MP. María
Victoria Calle Correa), 032 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva, SV.
Humberto Sierra Porto), 086 de 2012 (MP. Juan Carlos Henao Pérez, SV. Mauricio
González Cuervo), Auto 089 de 2012 (MP. Nilson Pinilla Pinilla, SV. Mauricio
González Cuervo), 242 de 2012 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio), en todos los
cuales ordenó devolver al Congreso proyectos de ley cuyo informe de objeciones
no había surtido el trámite de la votación nominal y pública. Asimismo, en la
sentencia C-328 de 2013 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio, SV. Alberto Rojas
Ríos), donde se declaró inexequible un proyecto de ley que previamente había
sido devuelto al Congreso porque el informe de objeciones no cumplió con la
regla de votación nominal establecida en el artículo 133 Superior, sin que el
vicio fuera corregido dentro del término previsto en el artículo 202 del
Reglamento del Congreso.
[93] Auto 032 de 2012
(MP. Luis Ernesto Vargas Silva, SV. Humberto Sierra Porto).
[94] MP. Jorge Iván
Palacio Palacio, AV. María Victoria Calle Correa, AV. Nilson Pinilla Pinilla,
SV. Mauricio González Cuervo, SV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[95] Así ocurrió en
la sentencia C-295 de 2012 (MP Juan Carlos Henao Pérez), donde se verificó que
en el acta de una de las sesiones en las que el proyecto se aprobó por votación
ordinaria quedó registrada de manera expresa la unanimidad. Asimismo, en la
aprobación del proyecto de ley estatutaria de acceso a la información pública
nacional, cuyo trámite fue revisado por la Corte en la sentencia C-274 de 2013
(MP. María Victoria Calle Correa, SV. Luis Ernesto Vargas Silva, SPV. María
Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio, Luis Ernesto Vargas, SPV.
Nilson Pinilla Pinilla, SPV. Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero
Pérez, AV. María Victoria Calle Correa, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge
Iván Palacio Palacio).  La Corte concluyó que se cabía inferir la existencia de
unanimidad, pues en el video de la sesión correspondiente “el Secretario del Senado señaló
expresamente que dicha aprobación se hacía por unanimidad, y manifestó
oralmente la totalidad de votos emitidos.”
[96] Sentencia
C-750 de 2013 (MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez, SV. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, SPV. Jorge Iván Palacio Palacio, AV. Alberto Rojas Ríos, SPV. y AV.
María Victoria Calle Correa y Luis Ernesto Vargas Silva). En esa ocasión la
Corte consideró que se había acreditado la exigencia de unanimidad necesaria
para que procediera la votación ordinaria, entre otros factores, debido a que  en todos los
debates del proyecto se aprobó la omisión de lectura del articulado. Sin
embargo, como dejé consignado en la aclaración de voto a esta sentencia, tal
situación sólo se acreditó en el primer debate, surtido ante la Comisión
Segunda del Senado, sin que existiera constancia en los debates siguientes
respecto de la aprobación de omitir la lectura del articulado.  La sentencia
debió analizar de manera expresa si en los restantes debates existían pruebas
que acreditaran que, en efecto, se aprobó prescindir de la lectura del
articulado.
[97] Sentencia C-221 de
2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio). En ese caso, la aprobación del proyecto
en uno de los debates se surtió mediante votación ordinaria. La Corte valoró
entonces la certificación secretarial en conjunto con otros elementos, y dentro
de ellos el hecho de que no hubiese existido solicitud de votación nominal: “el artículo 1º de la
Ley 1431 de 2011, que modificó el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 en lo
relativo a la votación nominal y pública, dispuso en su numeral 16 que una de
las excepciones a esta clase de votación se presenta, justamente, cuando existe
unanimidad en la votación, como en efecto ocurrió. De esta manera, como
ninguno de los Senadores solicitó votación nominal ni verificación de quórum,
ni se registraron votos negativos o impedimentos, este requisito se encuentra
debidamente satisfecho”.
[98] Así ocurrió en el
caso resuelto en la sentencia C-134 de 2014 (MP. María Victoria Calle Correa,
AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez), donde se revisó la constitucionalidad de
una ley aprobatoria de tratado (Ley 1634 de 2013), en cuyo trámite fue aprobada
por votación ordinaria en la Plenaria del Senado, pese a existir constancia
expresa de voto negativo por parte de tres Senadores. La Corte sostuvo que
tales constancias desvirtuaban la existencia de unanimidad y, por tanto,
resultaba de forzosa aplicación la regla de votación nominal y pública. En
consecuencia, tras verificar el carácter insubsanable de este vicio de
procedimiento, se declaró la inexequibilidad de la ley aprobatoria.
[99] La
cuestión de los medios de prueba del trámite legislativo para efectos de
verificar la procedencia de efectuar votación ordinaria ha sido tratada en el
Auto 118 de 2013 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio, AV. María Victoria Calle
Correa, AV. Nilson Pinilla Pinilla, SV. Mauricio González Cuervo, SV. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub).
[100] MP. Jorge Iván
Palacio Palacio, AV. María Victoria Calle Correa, AV. Nilson Pinilla Pinilla,
SV. Mauricio González Cuervo, SV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[101] En la sentencia
C-393 de 2000 (MP José Gregorio Hernández Galindo. SV Eduardo Cifuentes Muñoz,
Vladimiro Naranjo Mesa y Álvaro Tafur Galvis), al revisar un proyecto de ley
estatutaria respecto del cual la información consignada en los medios oficiales
arrojaba incertidumbre sobre el cumplimiento de las reglas de quórum y
mayorías, se dijo: “debe la Corte
llamar la atención de los secretarios de comisiones y plenarias, y de quienes
elaboran las actas que se consignan en la "Gaceta del Congreso", en
el sentido de que tienen la obligación constitucional de dejar en ellas y en
las certificaciones que expidan, expresa, clara y concreta información acerca
del transcurso de las sesiones y en torno al quórum y a las votaciones”.
[102] Manual de Mason
sobre Procedimiento Legislativo, trad. E. Bernal Labrada, edit. M. Correa
Saavedra, Washington, The National Conference of State Legislatures – Centro
para la Democracia, USAID, 1989, Sec. 526, p. 278.