T-948-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-948/08
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD Y JUICIO A LA
IGUALDAD-Caso en que debe aplicarse un criterio estricto de razonabilidad
Acorde
con lo expuesto y teniendo en cuenta los niveles de intensidad que se deben
utilizar al analizar casos de igualdad como el actual, esta Sala de Revisión
considera que en el presente asunto debe aplicarse un criterio estricto de
razonabilidad (a) por fundamentarse la medida restrictiva en un criterio
sospechoso (estado de salud del accionante por ser portador del VIH); y (b)
porque con la medida se pudiese estar restringiendo ilegítimamente derechos
fundamentales como a la educación o el derecho a la libertad de elección de
profesión u oficio, entre otros de una persona que por su condición de salud se
encuentra en una situación de debilidad manifiesta.
PROTECCION
CONSTITUCIONAL ESPECIAL DE PERSONAS PORTADORAS DE VIH/SIDA-Prohibición de discriminación por esta condición
Las
personas portadoras del VIH o que padezcan sida son sujetos de especial
protección constitucional, por cuanto se trata de una enfermedad mortal que
causa el deterioro progresivo del estado de salud y que hace exigible un trato
igualitario, solidario y digno ante las circunstancias de debilidad manifiesta
en que se encuentran. En consecuencia, es deber del estado Colombiano adoptar
las medidas indispensables para garantizar su inclusión en la sociedad y
protegerlos en los distintos niveles en que suelen ser discriminados. La
prohibición de discriminación tiene fundamento en la protección que la
Constitución le brinda a las personas que en razón de su condición física son
excluidos por el hecho de ser portadores de un virus como el VIH o por padecer
el sida. De esta forma la norma busca proteger un grupo estigmatizado, del cual
todos los seres humanos podemos hacer parte, sin que a la fecha se conozca cura
o vacuna exitosa.
PROTECCION
CONSTITUCIONAL ESPECIAL DE PERSONAS PORTADORAS DE VIH / SIDA-En el contexto laboral se ha buscado que coexistan la enfermedad
con los derechos al trabajo y a la dignidad
La
jurisprudencia aplicando un criterio proteccionista de los enfermos y
portadores del (VIH/sida) en el contexto laboral, ha buscado que coexistan la
enfermedad con los derechos al trabajo y a la dignidad, permitiendo de esta
manera que la persona, a pesar de su condición de salud, pueda acceder a los
bienes y servicios elementales para su subsistencia y la de su núcleo familiar,
sin afectar los derechos de los demás. Así, cuando se
ha despedido de manera unilateral a un empleado debido a su condición de
portador o enfermo de (VIH/sida), la jurisprudencia de la
Corte ha encontrado que tal trato constituye una discriminación inaceptable,
evento en el cual procede el amparo de tutela y el respectivo reintegro laboral
como mecanismo de protección ante la debilidad manifiesta de los trabajadores. Relacionado
con la protección de los portadores de VIH/sida en el ámbito laboral, se puede
consultar la reciente Sentencia T-295 de 2008 o las sentencias SU-256/96,
T-826/99, T-066/00,  T-040A/01, T-519/03  T-469/04, T-689/04, T-530/05,
T-1218/05, T-385/06, T-1003/06, entre otras. La jurisprudencia de la
Corte ha protegido a las personas portadoras del VIH/sida en distintos ámbitos
como el de la seguridad social, tanto a nivel de salud como pensiones, dentro del
contexto laboral, penitenciario, de convivencia, etc. Del precedente expuesto
subyace un argumento sencillo pero contundente, que se traduce en que la mera
condición de ser portador de una enfermedad como el VIH/sida, no es argumento
valido para discriminar a una persona en ningún contexto.
DERECHO A LA
IGUALDAD DE PERSONA QUE PIDE NO SER DISCRIMINADA POR SU CONDICION DE PORTADOR
ASINTOMATICO DE VIH-Caso en que se impide el
desarrollo de las prácticas de estudiante de enfermería en una clínica
Retomando
la aplicación del test al presente caso y ponderando lo plasmado en los
conceptos trascritos, la decisión asumida por el gerente de la entidad
accionada, consistente en impedir el desarrollo de las prácticas profesionales
en las instalaciones de la Clínica,  argumentando la protección del señor X-503
por ser portador del VIH y la de los pacientes que pudiesen tener contacto con
él, la Sala concluye que la medida no resulta necesaria, ya que un
estudiante auxiliar de enfermería está expuesto a los mismos riesgos que genera
un entorno hospitalario en el cual se desarrollan actividades propias de esta
profesión, lo cual, en el caso especifico de X-503, no se aumenta por tratarse
de una práctica de gineco-obstetricia o en el futuro el ejercicio de su profesión
como auxiliar de enfermería. De otra parte, la condición de portador de VIH
seropositivo del señor X-503, conforme a los conceptos y argumentos de las
entidades accionadas, no representa ningún riesgo adicional para los pacientes
de cualquier servicio en general y del servicio de gineco-obstetricia en
especifico que tuviese contacto con el accionante, ya que así lo indican
expertos en la materia, concluyendo que la trasmisión por parte de los
profesionales de la salud es improbable. En síntesis, la medida no es necesaria
porque existe una alternativa a la decisión de impedir absolutamente el
desarrollo de las practicas, es decir, la entidad como institución prestadora
de servicios de salud está en la obligación de proveer medidas generales de
bioseguridad y garantizar la disponibilidad de los medios de protección para
todo el personal a través del programa de salud ocupacional. De la misma forma
existen protocolos de prevención del riesgo biológico que al ser conocidos y
aplicados, reducen de manera ostensible los riesgos de contagio de parte y
parte
Referencia: expediente
T-1846048
Acción de
tutela interpuesta por X-503 contra un Hospital regional.
Magistrada Ponente:
Dra.CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., dos
(2)  de octubre de  dos  mil ocho (2008).
La Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Clara Inés
Vargas Hernández, Jaime Araújo Rentería y Manuel José Cepeda Espinosa, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión del
fallo proferido por el Juzgado Segundo (2º) Laboral del Circuito de (…), en el
trámite de la acción de tutela iniciada por X-503 contra un Hospital regional.
I. ANTECEDENTES.
1.  Aclaración preliminar.
Dada la enfermedad que padece el
actor (VIH/sida), la Sala ha adoptado como medida de protección de su derecho a
la intimidad y confidencialidad, suprimir de esta providencia y de toda futura
publicación de la misma, su nombre. Como lo ha reconocido la jurisprudencia
de esta Corporación, la información sobre las afecciones de la propia salud
hacen parte de la esfera privada del individuo y por ello no pueden
constituirse en datos de dominio público [1].
En consecuencia, para todos los
efectos de la presente providencia el nombre del accionante será reemplazado
por el de X-503.
El señor X-503 interpuso acción de tutela contra la entidad
referenciada, por considerar que vulnera sus derechos fundamentales a la
igualdad, a la educación, al trabajo, a escoger profesión u oficio y al libre
desarrollo de la personalidad; ante la negativa del Hospital (…) de impedir el
desarrollo de dos prácticas profesionales para graduarse como auxiliar de
enfermería.
Para fundamentar su solicitud de amparo, por medio de
representante judicial puso de presente los siguientes:
1. Hechos.
1. Manifiesta que su poderdante
es estudiante para auxiliar de enfermería en el Instituto (…), el cual le exige
para graduarse cuatro prácticas en diferentes áreas de la medicina, de las
cuales ha realizado dos, correspondientes a la de cirugía y medicina interna, terminadas
a satisfacción.
2. Afirma que para
el ciclo del 3 de septiembre al 27 de septiembre de 2007, se iniciaba la
tercera practica de gineco-obstetricia, pero el Gerente del Hospital,
ordenó: “que no permitiera el ingreso a las instalaciones del citado
hospital debido a que mi poderdante es portador no sintomático del VIH,
igualmente el citado Gerente envío comunicación copia que anexo al Instituto
(…), en respuesta de practicas estudiantiles, manifestando que no era posible
que (X-503) desarrollara las practicas restantes argumentando que se
pondría a permanente exposición medica al estudiante, entre otras y que mi
poderdante tiene el DEBER DE NO INFECTAR, como si con la sola presencia de este
hubiese algún contagio”.
Anota que el
señor X-503 “no está enfermo y que su estado es uno en el que se lleva en la
sangre un virus, pero que permite al infectado, de manera general, desarrollar
normalmente labores”. Lo anterior lo sustenta en que tuvo un ejemplar
desempeño durante las primeras prácticas.
Considera que la
condición de portador sano, no imposibilita el desarrollo de ninguna actividad
en el entorno social, máxime cuando de acuerdo con los conceptos de la ciencia
medica en su estado actual, el virus del VIH sólo se contagia por relación
directa de tipo sexual o por inoculación sanguínea, situaciones que en este
caso son de tramite y cumplimiento de la guía de atención del VIH/SIDA.
3. Expone que la
condición de X-503 aunada al desarrollo de actividades académicas, no
constituyen ninguna amenaza para su vida, para la de sus compañeros y mucho
menos son contrarias a la prevalencia del interés general.
4. Igualmente, sostiene
que busca evitar la discriminación de personas infectadas por el virus en la
realización de sus aspiraciones personales y profesionales, que para el actor
se concretan en la posibilidad de acceder a los cursos de formación médica y en
enfermería ”pues es su decisión, que esta íntimamente ligada a lo que el considera
su plan de vida, en desarrollo de su derecho al libre desarrollo de la
personalidad, y por supuesto el libre acceso al trabajo como manera de ganarse
la vida en el área de la salud que libremente escogió”.
A los argumentos expuestos, acompañó
jurisprudencia de esta Corporación relacionada con el derecho al libre
desarrollo de la personalidad, a escoger profesión u oficio y  a la protección
constitucional en el ámbito laboral de los portadores de VIH/SIDA. De la misma
manera señaló como vulnerados sus derechos fundamentales: “a la igualdad, a
la educación, al trabajo, a escoger profesión u oficio, al desarrollo libre de
la personalidad”. De otra parte manifestó que se desconoció y olvidó, lo
regulado por el Decreto 1543 de 1997 por medio del cual se reglamenta el manejo
de la infección por el virus de inmunodeficiencia Humana (VIH), el síndrome de
la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y las otras enfermedades de trasmisión
sexual y la guía de atención al SIDA, publicado por Ministerio de Salud, “al
no permitir la continuación de las practicas medicas, ni el ingreso al Hospital,
causando un grave perjuicio en el desarrollo en las áreas laboral, psicológica,
medica y moral de X-503”.
Motivos por los cuales solicitó: “el
reintegro a las practicas de gineco-obstetricia y pediatría
correspondientes por parte del Hospital (…), con el fin de acceder al titulo de
Auxiliar de enfermería, de manera inmediata”.
2. Contestación
de la entidad demandada.
Por medio de apoderada, el Hospital accionado mediante escrito
de octubre 18 de 2007, se opuso a las pretensiones del accionante, manifestando
que la acción de tutela es improcedente, en la medida que no se vulneran los
derechos fundamentales alegados por el accionante.
Inició su intervención realizando una breve referencia
conceptual  relacionada con él virus del SIDA, señalando su origen y las graves
consecuencias para el ser humano. Especificó que este virus produce una
inmunodepresión progresiva, que favorece la aparición de múltiples enfermedades
infecciosas y tumorales, entre ellas la tuberculosis.
Posteriormente, manifestó que por ser el Hospital una
entidad donde se encuentran pacientes con enfermedades infecto contagiosas,
entre ellas la tuberculosis y múltiples infecciones nosocomiales que ponen en
riesgo la salud del estudiante por su permanente exposición y su situación de
inmuno supresión “es nuestro deber advertir el constante riesgo al cual se
ve avocado el estudiante si insiste en continuar con las prácticas”.
Afirma que lo anterior quedó consignado en el “MODELO DE
GESTIÓN PROGRAMATICA EN VIH/SIDA – GUÍA PARA EL MANEJO DE VIH/SIDA BASADA EN LA
EVIDENCIA, que el Ministerio de la
Protección Social ha publicado para la atención del SIDA, en el cual menciona
que: “las personas que viven con el VIH debieran evitar ocupaciones y
actividades que pudieran aumentar el riesgo de exposición a la tuberculosis,
como instituciones de salud, correccionales y otros sitios considerados como de
alto riesgo (IIIB)”.
Agrega que de acuerdo con lo establecido en el convenio
suscrito entre el  Hospital y el Instituto (…), las practicas no son de simple
observación como lo afirma el tutelante, sino que los estudiantes deben
realizar practicas supervisadas y guiadas de todos los procedimientos de
enfermería necesarios para su formación, con los cuales los estudiantes se ven
avocados a un riesgo constante toda vez que deben contactar secreciones,
excreciones y fluidos del ser humano, siendo frecuente los accidentes de riesgo
biológico.
Manifiesta que “mediante informe emitido por la
coordinadora de Salud ocupacional quien reporta que durante ese año, el 66% de
accidentes de riesgo biológico fueron sufridos por estudiantes de practica. Lo
anterior obedece a que estas personas no han adquirido la destreza y
experiencia requerida para efectuar los procedimientos, por lo que se evidencia
un alto riesgo de doble vía tanto para los pacientes, como para el estudiante,
cuya condición ostenta el tutelante del Hospital”.
Anota que en el hipotético caso que el tutelante
sostuviera una relación laboral con el Hospital, la entidad estaría en la
obligación de reubicarlo en un lugar en el que no generara riesgo para la
comunidad  ni para los pacientes, toda vez que no se podría anteponer el
bienestar personal contra los intereses y derechos colectivos. No obstante, para
el caso en comento esta figura no la considera viable toda vez que el hospital
no tiene vinculo laboral con el accionante, ya que la relación que existe se
hace a través de un convenio docente asistencial con el Instituto (…), en calidad
de practicante de enfermería. “En virtud de lo anterior no es viable la
reubicación de los practicantes en razón a que se perdería el objetivo de su
práctica, que no es de mera observancia sino de contacto directo con los
pacientes”.
Igualmente manifestó que al estudiante en mención le
asiste la obligación de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 41 del
Decreto 1543 de 1997, que reza “DEBER DE NO INFECTAR. La persona informada
de su condición de portadora del virus de Inmunodeficiencia Humana deberá abstenerse
de donar sangre, semen, órganos, o en general cualquier componente anatómico,
así como de realizar actividades que conlleven riesgo de infectar otras
personas”.
Adiciona que el personal de enfermería dentro de sus actividades
cotidianas debe efectuar procedimientos tanto invasivos como no invasivos, que
conllevan riesgos de doble vía, como por ejemplo: venopunciones, inyectología,
catecismo vesical y naso gástrico, manipulación de tejidos y fluidos,
secreciones, administración de sueros, sangre y hemoderivados, rasuramiento de
pacientes, curaciones, baño general y genital entre otras.
Anota que estas actividades incrementan el riesgo de
contaminación en ambos sentidos por cuanto es personal en formación, que ha
adquirido la destreza, habilidad y experiencia requerida para cumplir
cabalmente con las funciones y con los estándares de calidad y seguridad.
Finalmente, expone que es importante hacer mención que
debido al número de estudiantes bajo la tutela de una instructora se hace muy
difícil la supervisión permanente y continua de cada uno de los estudiantes y
por supuesto el Hospital no puede asumir dicha responsabilidad.
Lo anteriormente expuesto, lo reforzó con lo dispuesto por
el Tercer Consejo Internacional de Enfermeras, en el que se dejó consignado: “debe
definirse la responsabilidad ética que tiene el personal de enfermería
seropositivos (portadores de VIH) de impedir la trasmisión de la enfermedad a
otros, esto significa que el personal de enfermería y obstétrica de abstenerse
voluntariamente de todo procedimiento que conlleve exposición o sea invasivo y
ha de evitar poner en peligro a los pacientes. Deben respetar los principios
éticos de hacer el bien antes de hacer el mal”.
Así mismo, trascribió lo expresado por la
Asociación Médica Mundial en Asamblea General en Pilanesberg- Sud-Africa, en
octubre del 2006, las políticas sobre VIH-SIDA y la profesión médica, plasmándose
en el numeral 17 lit. C, que “los médicos que estén infectados con el VIH,
no deben tomar parte en ninguna actividad que cree riesgo de trasmisión de la
enfermedad a otros”.
Renglón seguido procedió a trascribir jurisprudencia de esta
Corporación relacionada con el principio de interés general sobre el
particular, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la igualdad y
a la educación.
Por ultimo, manifestó
que el ordenamiento jurídico colombiano contiene disposiciones legales que
hacen responsable a los profesionales de la salud por los daños ocasionados en
la vida, integridad y salud de los pacientes, los cuales pueden provenir de la
trasmisión de enfermedades. Cualquier profesional de la salud ya sea médico, odontólogo,
bacteriólogo o enfermera, puede ser demandado civilmente y condenado al pago de
una indemnización por perjuicios, sí se demuestra que culposamente transmitió
una enfermedad o causó dicha trasmisión, al igual que la institución prestadora
de los servicios de salud.
Agregó que también
puede presentarse proceso penal por homicidio o lesiones personales, en contra de
los profesionales de la salud como personas naturales, debiéndose demostrar los
requisitos del hecho punible. Por ello considera que el Hospital debe tomar las
medidas preventivas necesarias para evitar o disminuir la posibilidad de
trasmisión o contagio de estas enfermedades a los pacientes que alberga, toda
vez que de no hacerlo se verá abocado a responder civil o penalmente por daños
y perjuicios causados a terceros en desarrollo de la prestación del servicio de
salud. Lo anterior so pena de ser condenados a pagar cuantiosas condenas
indemnizatorias, a ser investigados por delitos penales, etc. Máxime cuando se
conoce con antelación la seropositividad para VIH-SIDA del tutelante.
Por todo lo
expuesto, solicita que se rechace por improcedente la acción de tutela
interpuesta por X-503.
II.
DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN.
Sentencia
única de instancia.
El 30 de octubre
de 2007, el Juzgado Segundo 2º laboral del Circuito de (…), denegó el amparo solicitado. El juez acogiendo los argumentos de la
entidad accionada, en especial por el criterio manifestado por la
Asociación Médica Mundial
en asamblea general en Pilanesberg- Sud–Africa, en octubre de  2006, sobre el
VIH-SIDA y la profesión médica, en la cual se concluyó que los médicos infectados
con el VIH, no deben tener parte en ninguna actividad que cree riesgo de la
trasmisión de la enfermedad a otros.
Por tal motivo expresó: “el
criterio que se plasma en la resolución referida, el Juzgado lo entiende, por
razón misma de la relación del estudiante con el medio donde iría a desempeñar
sus labores como técnico auxiliar, esto es, en contacto permanente con enfermos
que presentan diferentes patologías, pero por sobre todo, en un medio en donde
abunda las diferentes clases de virus, de fácil trasmisión y percepción”.
Lo anterior en la medida que a
juicio del fallador se pondría en una situación de riesgo, tanto la salud del
estudiante, como la de los pacientes que eventualmente lleguen a tener contagio
con el infectado de VIH porque su condición de debilidad los expone con mayor
facilidad al contagio del virus.
Posteriormente, manifestó: “El
bien que se intenta proteger, necesariamente merece equipararse con los demás
derechos que la tutela, por manera que, no resulte que la protección de un
derecho individual se torne en un mal colectivo, o mejor, que la pretensión de
proteger un derecho individual, resulte en detrimento de derechos colectivos
que merecen igual tratamiento o protección. Esa es la razón fundamental para
que el Juzgado niegue como ha de negar la tutela del derecho reclamado que es
básicamente el derecho a la educación, por las razones especiales que se han
dejado consignadas en las motivaciones de ésta providencia. Huelga decir, que
el accionante si es conciente como debe serlo de su situación personal, debe
encausar su interés personal de superación, que por la educación se intenta, en
un campo diferente donde haya un menor riesgo de contagio inminente, porque
existen muchos, donde no haya riesgos de contagio inminente, porque es precisamente
por el medio que escogió que su situación personal se torna precaria, sin que
esto quiera decir, que no tenga derecho a buscar su propia superación. Pero
obviamente en un medio diferente”.
El fallo no fue
impugnado.
III. Pruebas.
Del material probatorio allegado en
el expediente, la Sala destaca lo siguiente:
1. Fotocopia del oficio suscrito
el 4 de septiembre de 2007 por el Gerente del Hospital (…), dirigido a la
Gerente del Instituto (…),  en el que comunica que la practica del estudiante X-503
no es posible que se desarrolle en el Hospital (…) debido a que voluntariamente
el alumno ha manifestado su condición de portador del VIH (folios 9 y 10).
2. Fotocopia del
escrito dirigido por el Coordinador del área de salud ocupacional del Hospital
al Gerente del mismo, en el que consta: “teniendo en cuenta la estadística
de accidentalidad con riesgo biológico en la
Institución, para el año 2007, el 66% se relaciona con accidentes, sufridos en
estudiantes de práctica, lo cual nos indica que la accidentalidad se incrementa
en el personal en formación” (folio 24).
IV. PRUEBAS DECRETADAS EN SEDE
DE REVISIÓN.
Mediante Auto del 23 de mayo de
2008, considerando la necesidad de documentarse sobre el asunto planteado y para
verificar los supuestos de hecho que originaron la acción de tutela de la
referencia, la suscrita magistrada, en uso de sus facultades constitucionales y
legales dispuso la práctica de las siguientes pruebas:
PRIMERO.- ORDENAR que por Secretaría General de
esta Corporación, se solicite a la
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, a la
Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería y a la
Liga Colombiana de Lucha Contra el SIDA, para que en el término de (8) días
hábiles contados a partir de la notificación del presente Auto, por el medio
más expedito, se sirvieran rendir un concepto sobre las siguientes inquietudes:
1.     ¿Qué
riesgos pueden existir para un estudiante de enfermería portador de VIH, al
realizar la práctica de gineco-obstetricia como requisito para acceder al titulo
profesional de auxiliar de enfermería?
2.     ¿Qué
riesgos pueden existir para los pacientes de gineco-obstetricia, que sean
sometidos al contacto de un estudiante de enfermería portador de VIH?
3.     ¿Se puede
considerar la profesión de enfermería como una actividad de riesgo en el caso
de un portador de VIH?
4.     ¿Qué
actividades alternativas en el área de la enfermería existen, para un
estudiante y para un profesional de dicha disciplina portador de VIH?
SEGUNDO.- ORDENAR que por Secretaría General de
esta Corporación,  para mejor proveer, se envié fotocopia del presente
expediente a la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, a la
Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería y a la
Liga Colombiana de Lucha Contra el SIDA, para que se pronuncien sobre las
preguntas atrás formuladas y si lo consideran pertinente, sobre las
particularidades del caso.
TERCERO.-
ORDENAR a las entidades requeridas que
los nombres y los datos que permitan identificar al actor sean suprimidos en la
elaboración de sus respectivos conceptos, al igual que la publicación de la
información que se les suministre.
Ricardo H,
Rozo Uribe en calidad de Director Ejecutivo de la
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofaen), en escrito del 3
de junio de 2008[2],
solicitó el consentimiento del despacho, para darle curso a algunas de las
facultades de la ciudad de Bogotá para que realizara dicho concepto. El
despacho mediante Auto de 17 de junio de 2008, ponderando la necesidad del
criterio médico en este asunto, permitió dicha solicitud para que el trámite se
surtiera.
En
cumplimiento del Auto del 23 de mayo de 2008, dentro del término concedido, la
señora Claudia Ayala Leal en calidad de Directora General de la
Liga Colombiana de Lucha Contra el SIDA (LigaSida) y Francisco Jaramillo TM. D,
de Director Científico de la misma entidad, allegaron escrito de (5) folios en
el cual plasmaron sus respuestas y consideraciones a los interrogantes
planteados[3].
Igualmente, María
Iraidis Soto en calidad de Directora Ejecutiva de la
Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería (Acofaen), allegó  escrito
de (8) folios respondiendo lo solicitado[4].
Posteriormente, en Auto de 2 de julio del presente
año, atendiendo a la relevancia de la prueba y la necesidad
de un estudio concienzudo del caso y a que el término para decidir vencía el
pasado 5 de julio, se hizo necesario que se suspendiera el mismo, hasta tanto
se practicaran y valoraran las pruebas señaladas.
En cumplimiento del Auto de 17 de junio de 2008, por medio
del cual se permitió darle curso a algunas de las facultades de la ciudad de
Bogotá a la
Asociación Colombiana de Medicina (Ascofaen), se allegó a
esta Corporación el 22  julio del presente año, concepto suscrito por el médico
Carlos Arturo Álvarez Moreno jefe de infectología del Hospital Universitario San
Ignacio de la Pontificia Universidad Javeriana[5].
Los anteriores conceptos serán plasmados, en el análisis del caso
concreto de esta providencia.
V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
Esta Sala es
competente para revisar el fallo materia de revisión, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política y en los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.  Problema jurídico.
Corresponde establecer a esta
Sala de Revisión si en el presente caso se vulnera el derecho a la igualdad de
X-503, por la decisión del Hospital (…) de impedir en sus instalaciones las
prácticas profesionales que debe cumplir como requisito para optar por el
título de auxiliar de enfermería, con el argumento de ser portador del
(VIH/SIDA), dado que ello representa un riesgo tanto para los pacientes como
para él, debido a la naturaleza de las actividades que se desarrollan en este
tipo de practicas médicas. Del mismo modo se resolverá si el estudiante X-503,
debe buscar una profesión u oficio acorde con su condición de portador del VIH.
Para resolver
el anterior problema jurídico, la Sala abordará la jurisprudencia de esta
Corporación relacionada con: (i) El derecho fundamental a la igualdad y el juicio de igualdad;
(ii) la
protección constitucional especial de personas portadoras de VIH/SIDA y la
prohibición de discriminación por esta condición;  y por ultimo  (iii) la solución del caso concreto.
3. El
derecho fundamental a la igualdad y el juicio de igualdad.
3.1 El
artículo 13 de la Constitución, establece:
“ARTICULO
13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica.
“El Estado
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
“El Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
Como se puede observar en el artículo
trascrito, la Constitución de 1991 establece como una obligación del Estado,
promover las condiciones para que la igualdad se materialice de manera real y
efectiva, adoptando medidas a favor de grupos discriminados o marginados y
protegiendo especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta.
Relacionado con el contenido normativo del
artículo 13 de la
Constitución, la jurisprudencia de la Corte ha precisado que éste no consiste
en “(…) la exactitud matemática de las disposiciones que se apliquen a unas
y otras personas, sino en la adecuada correspondencia entre las situaciones
jurídicas objeto de regulación o gobierno y los ordenamientos que se hacen
exigibles a ellas”[6].
De igual
manera, se ha precisado que la noción de igualdad tiene varios significados
dentro de los parámetros constitucionales vigentes: “[ya que] la
evolución del concepto ha permitido las diferentes acepciones que de la
expresión "igualdad" realiza el texto constitucional, y la que obliga
a interrelacionar todas ellas, así: la igualdad como valor (preámbulo) implica
la imposición de un componente fundamental del ordenamiento; la igualdad en la
ley y ante la ley (artículo 13 inciso 1°, desarrollado en varias normas
específicas) fija un límite para la actuación promocional de los poderes
públicos; y la igualdad promocional (artículo 13 incisos 2° y 3°) señala un
horizonte para la actuación de los poderes públicos.
“De esta
forma, la expresión "igualdad" pierde el sentido unívoco,
exclusivamente formal, que tenía en los ordenamientos liberales, y se enriquece
con una multiplicidad de acepciones que habrá que aplicar a cada caso concreto
para determinar su conformidad con la Constitución.”[7]
Sumado a lo anterior, esta Corporación ha
señalado que el derecho a la igualdad se vulnera cuando sin motivos válidos se
otorgan preferencias o se establecen discriminaciones a personas que desde el
punto de vista fáctico están en igualdad de circunstancias.
Incluso, se ha establecido que su
vulneración en la mayoría de los casos implica la vulneración “(…) de otro u
otros derechos, y por lo tanto es un derecho que se proyecta sobre todas las
relaciones jurídicas, condicionando la actuación de las autoridades públicas
como límite al ejercicio de su poder”[8].
En la misma línea de análisis,
en la Sentencia C-090 de 2001, la Corte precisó:
“Una
simple aproximación a la idea de igualdad, como concepto, como principio, o
como derecho reconocido al interior de un ordenamiento jurídico, revela
inmediatamente que se trata de una noción que no responde a un sentido unívoco[9]
sino que admite múltiples acepciones aplicables de acuerdo con las
particularidades de cada caso. Desde una perspectiva estrictamente jurídica,
la igualdad se manifiesta como un derecho relacional[10]
que involucra usualmente, cargas, bienes o derechos constitucionales o legales,
y cuya efectiva garantía, no se traduce en la constatación de una paridad mecánica
y matemática[11], sino en el otorgamiento de un
trato igual compatible con las diversas condiciones del sujeto.
“La
aplicación efectiva de la igualdad corresponde, entonces, al juicio que se hace
sobre  una determinada circunstancia, de tal forma que resulta indispensable
tomar en consideración las condiciones que afectan o caracterizan a cada uno de
los miembros de una comunidad jurídica y el entorno en el que se desenvuelven.
Así, puede decirse que la vigencia del derecho a la igualdad no excluye
necesariamente la posibilidad de dar un tratamiento diferente a personas y
hechos que, de acuerdo con sus condiciones, hacen razonable[12]
la distinción”. (Subrayados fuera del texto original).
Por otro lado, se han identificado
como motivos discriminantes la religión, el sexo, la raza, la opinión política
o filosófica, el origen social, familiar o nacional, la lengua y la condición
física entre otros; o dicho de otra manera cualquier razón o motivo que se
funde en prejuicios o estereotipos sociales cuya finalidad sea la exclusión.[13]
3.2 En los eventos anteriormente
enlistados en los que se configure algún tipo de discriminación o trato
diferenciado[14],
es procedente solicitar el amparo por medio de la acción de tutela. En virtud
de ello, la Corte ha diseñado diversas herramientas analíticas para establecer
si en un caso concreto, se configura la vulneración del derecho a la igualdad. Por
ello, en múltiples sentencias se han establecido los parámetros que permiten
activar un juicio de proporcionalidad o test de igualdad. [15]
No obstante, ante
la dificultad metodológica derivada de aplicar las distintas herramientas, la
Corte ha modulado un juicio mixto o integrado de igualdad, como se puede
apreciar en las consideraciones de la
Sentencia C-093 de 2001, en la que se concluyó:
“Un
análisis elemental muestra que estos dos enfoques, lejos de ser
contradictorios, son complementarios. Así, ambos pretenden determinar si el
trato diferente tiene o no un fundamento objetivo y razonable, para lo cual
examinan si dicho trato es o no un instrumento idóneo para alcanzar ciertos
propósitos admitidos por la
Constitución. Esta  complementariedad explica que esta Corte, cuando
ha tenido que estudiar problemas de igualdad, ha privilegiado en ocasiones el
juicio de proporcionalidad[16]
mientras que en otras sentencias ha preferido recurrir a la metodología de los
escrutinios de distinta intensidad[17].
(…)
“La
complementariedad entre el juicio de proporcionalidad y los tests de igualdad,
así como sus fortalezas y debilidades relativas, han llevado a la doctrina, con
criterios que esta Corte prohija, a señalar la conveniencia de adoptar un
“juicio integrado” de igualdad, que aproveche lo mejor de las dos metodologías.
Así, este juicio o test integrado intentaría utilizar las ventajas analíticas
de la prueba de proporcionalidad, por lo cual llevaría a cabo los distintos
pasos propuestos por ese tipo de examen: adecuación, indispensabilidad y
proporcionalidad stricto senso.
“Sin
embargo, y a diferencia del análisis de proporcionalidad europeo, la práctica
constitucional indica que no es apropiado que el escrutinio judicial sea
adelantado con el mismo rigor en todos los casos, por lo cual, según la
naturaleza de la regulación estudiada, conviene que la
Corte proceda a graduar en intensidad cada uno de los distintos pasos del
juicio de proporcionalidad, retomando así las ventajas de los tests
estadounidenses.
“Así por
ejemplo, si el juez concluye que, por la naturaleza del caso, el juicio de
igualdad debe ser estricto, entonces el estudio de la “adecuación” deberá ser
más riguroso, y no bastará que la medida tenga la virtud de materializar, así
sea en forma parcial, el objetivo propuesto. Será necesario que ésta realmente
sea útil para alcanzar propósitos constitucionales de cierta envergadura.
Igualmente, el estudio de la “indispensabilidad” del trato diferente también
puede ser graduado. Así, en los casos de escrutinio flexible, basta que la
medida no sea manifiesta y groseramente  innecesaria, mientras que en los
juicios estrictos, la diferencia de trato debe ser necesaria e indispensable y,
ante la presencia de restricciones menos gravosas, la limitación quedaría sin
respaldo constitucional.   (Subrayados fuera del texto original).
En el mismo
sentido, la Sala Séptima de revisión de esta Corporación, en la
Sentencia T-577 de 2005, en armonía con los argumentos expuestos en la
Sentencia C-093 de 2001, manifestó: “A fin de determinar si el trato
discriminatorio vulnera el derecho fundamental a la igualdad, la
Corte ha elaborado un modelo de análisis que integra el juicio de
proporcionalidad y el test de igualdad. Lo que en este modelo se hace,
básicamente, es retomar y armonizar los elementos del test o juicio de
proporcionalidad europeo con los aportes de la tendencia estadounidense”.
De esta manera,
se emplean las etapas metodológicas compuestas de las siguientes fases de
análisis[18]:
(i)
Se examina si la medida es o no adecuada, es decir, si
constituye un medio idóneo para alcanzar un fin constitucionalmente imperioso. (Adecuación).
(ii)
Se estudia si el trato diferente es o no necesario o si
existe otra forma de obtener el mismo resultado con un sacrifico menor de
principios constitucionales y que tenga  la virtud de alcanzar el fin
propuesto. (Necesidad).
(iii)
Se realiza un análisis de proporcionalidad en sentido
estricto, para determinar si el trato desigual no sacrifica valores y
principios constitucionales que tengan mayor relevancia que los resguardados
con la medida atacada. (Proporcionalidad).
De igual
manera, se debe tener en cuenta el rigor con el que se estudiará el caso al
momento de aplicar los tres pasos arriba mencionados, el cual corresponderá a
la naturaleza de la decisión que involucra la restricción del derecho a la
igualdad. Dicho rigor  puede variar entre (i) estricto, el cual se
utiliza cuando la medida está fundada en un  criterio sospechoso o recae sobre personas
en  situaciones de debilidad manifiesta; (ii) intermedio, cuando se
trata de acciones positivas o afirmativas y/o la medida es potencialmente
discriminatoria; y (iii) flexible, cuando se ha basado en un
criterio neutro y en principio no genera sospecha.
Acorde con lo expuesto y teniendo
en cuenta los niveles de intensidad que se deben utilizar al analizar casos de igualdad
como el actual, esta Sala de Revisión considera que en el presente asunto debe
aplicarse un criterio estricto de razonabilidad (a) por fundamentarse la medida
restrictiva en un criterio sospechoso (estado de salud del accionante por ser
portador del VIH); y (b) porque con la medida se pudiese estar restringiendo
ilegítimamente derechos fundamentales como a la educación o el derecho a la
libertad de elección de profesión u oficio, entre otros de una persona que por
su condición de salud se encuentra en una situación de debilidad manifiesta.
4. La
protección constitucional especial de personas portadoras de VIH/sida y la
prohibición de discriminación por esta condición. Ámbitos de protección.
4.1 Como
se ilustró, el inciso 3 del artículo 13 superior,  instituye como deber del
Estado el proteger especialmente a aquellas personas “que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta”. Dicha disposición guarda armonía con el artículo 47, al
disponer que el Estado debe adelantar una política de previsión, rehabilitación
e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a
quienes se les prestará la atención especializada que requieran.
Particular
énfasis debe hacerse en relación con las personas disminuidas que padecen de (VIH[19]/SIDA[20]), ya que
dichos sujetos requieren de una mayor atención por parte del Estado debido a
las particulares condiciones en que se encuentran y las consecuencias nefastas
que acarrea dicha enfermedad.
Las personas portadoras
del VIH o que padezcan sida son sujetos de especial protección constitucional,
por cuanto se trata de una enfermedad mortal que causa el deterioro progresivo
del estado de salud y que hace exigible un trato igualitario, solidario y digno
ante las circunstancias de debilidad manifiesta en que se encuentran. En consecuencia,
es deber del estado Colombiano adoptar las medidas indispensables para
garantizar su inclusión en la sociedad y protegerlos en los distintos niveles
en que suelen ser discriminados.
Como manifestación del deber de
protección que tiene el estado Colombiano de proteger a este sector de la
población, el Decreto 1543 de 1997 reglamenta el manejo de la infección por el
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). El
mencionado Decreto para el tratamiento de las enfermedades referenciadas
contempla: las definiciones de este tipo de enfermedades, la forma del diagnostico
y atención integral, la promoción, prevención, vigilancia epidemiológica, medidas
de bioseguridad, los derechos y deberes de los afectados, al igual que los mecanismos
de organización, coordinación y sanción.[21]
4.2 En cuanto al tema de
la protección y a la prohibición de discriminación, el Decreto
1543 de 1997, expresamente contempla:
“ARTICULO 21. PROHIBICION PARA REALIZAR PRUEBAS. La exigencia de pruebas de laboratorio para
determinar la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) queda
prohibida como requisito obligatorio para:
a) Admisión o permanencia en centros educativos,
deportivos, sociales o de rehabilitación;
b) Acceso a cualquier actividad laboral o permanencia
en la misma;
c) Ingresar o residenciarse en el país;
d) Acceder a servicios de salud;
e) Ingresar, permanecer o realizar cualquier tipo de
actividad cultural, social, política, económica o religiosa.”
“ARTICULO 39. LA
NO DISCRIMINACION. A las personas infectadas por el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH), a sus hijos y demás familiares, no podrá
negárseles por tal causa su ingreso o permanencia a los centros educativos,
públicos o privados, asistenciales o de rehabilitación, ni el acceso a
cualquier actividad laboral o su permanencia en la misma, ni serán
discriminados por ningún motivo.
Sin
embargo, también establece el deber de no infectar por parte de este grupo poblacional,
diciendo:
“ARTICULO 41. DEBER DE NO INFECTAR. La persona
informada de su condición de portadora del Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH) deberá abstenerse de donar sangre, semen, órganos o en general cualquier
componente anatómico, así como de realizar actividades que conlleven riesgo
de infectar a otras personas.[22]
Como se puede
apreciar en los artículos trascritos, de una parte se proscribe expresamente la
prohibición para realizar pruebas de laboratorio para el acceso a ciertos
servicios, para ejercer cualquier tipo de actividad cultural, social, política,
económica, religiosa o para el ingreso y permanecía en ciertos lugares y ámbitos
de las personas infectadas por el VIH.  De otra parte, se establece el deber
que tiene la persona conocedora de su condición de portadora del virus, de
abstenerse de  donar  cualquier componente anatómico, así como la de ejecutar
actividades que conlleven riesgo de infectar a otras personas.
La
prohibición de discriminación tiene fundamento en la protección que la
Constitución le brinda a las personas que en razón de su condición física son excluidos
por el hecho de ser portadores de un virus como el VIH o por padecer el sida. De
esta forma la norma busca proteger un grupo estigmatizado, del cual todos los
seres humanos podemos hacer parte, sin que a la fecha se conozca cura o vacuna
exitosa.
De otra parte
se pretende la protección de la población sana y se estipula el deber de no
infectar, tanto a nivel de donación de componentes anatómicos, como de
ejercicio de una actividad que conlleve riesgos para las demás personas.
4.3 Igualmente
y obrando en consecuencia con los postulados establecidos por la
Constitución de 1991, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha sido eminentemente garantista de este grupo
poblacional que por distintas causas se halla discriminado en nuestro país. De
esta manera, la Sentencia T-769/07, se refirió a las
consecuencias de dicha enfermedad y a las medidas que deben adoptarse por el
Estado para la protección efectiva y real de los derechos fundamentales de
dichas personas, dijo entonces:
“ (…) en cuanto al
tratamiento particular que merecen las personas que padecen esta enfermedad, la
Corte ha establecido que el punto de partida que debe ser considerado, desde
la perspectiva constitucional, es el reconocimiento de su calidad de sujetos de
especial protección. Tal consideración surge como consecuencia del deber de
integración que el Estado ha asumido con los grupos discriminados o marginados,
tal como fue establecido en el inciso 2° del artículo 13 superior.
“La grave afección
producida por las distintas formas de segregación se opone a la realización
plena del Estado Social de Derecho y exige actuaciones positivas de parte del
Estado encaminadas a garantizar las condiciones objetivas necesarias para el
efectivo goce de sus libertades. Así, como corolario de las anteriores
consideraciones, esta Corporación ha concluido que los portadores del VIH son
sujetos de especial protección.
De igual modo, en Sentencia T-1218 de 2005, esta
Corporación señaló lo siguiente: “Su enfermedad los hace particularmente
vulnerables a todo tipo de segregación social, sexual, económica y laboral,
convirtiéndolos en una población propensa a ver vulnerada su dignidad y sus
derechos a la igualdad, intimidad, salud, seguridad social y trabajo”[23].
4.3.1 Así mismo, en la
Sentencia T-843 de 2004[24],
sobre la protección del derecho a la salud de los portadores de VIH o  de
personas que padecen sida, manifestó:
“(…)  con el
fin de hacer efectiva la igualdad y la dignidad humana[25] de esas
personas la protección que debe brindar el Estado en materia de salud debe ser
integral dados los altos costos que esa enfermedad demanda y con el fin de que
no se generen tratos discriminatorios[26].
También ha sostenido que “este deber constitucional [de protección] asegura que
el enfermo de SIDA reciba atención integral y gratuita a cargo del Estado, a
fin de evitar que la ausencia de medios económicos le impida tratar la
enfermedad y aminorar el sufrimiento, y lo exponga a la discriminación”[27].
4.3.2 De
otra parte, en materia de reconocimiento de pensiones de invalidez, de manera
excepcional ha ordenado el reconocimiento de las mismas, sobre la base de la
protección especial que la
Constitución consagra para las personas con vih o sida, tal es el caso de las
Sentencias T-417/97, T-1282/05, T-1064/06, T-T-628/07 y T-077 /08, entre otras.
4.3.3 Igualmente, en el
campo laboral la jurisprudencia de la Corte ha prestado una especial atención,
ya que precisamente en este contexto se pueden presentar distintas formas de
discriminación y afectación de derechos fundamentales. Al respecto, en la
Sentencia T-469/04 la Corte puntualizó:
“(…) resulta
de trascendental importancia advertir y reconocer que la epidemia del virus de
inmunodeficiencia humana tiene en la actualidad una importante connotación en
el ámbito laboral. No sólo por el impacto social y económico que genera el
hecho de que la mayoría de las personas infectadas con este virus se encuentran
en edad productiva, amenazando el sostenimiento económico de los trabajadores y
sus familias, sino también porque el lugar de trabajo constituye una de las
áreas fundamentales para evitar la propagación de la infección, a través de la
adopción de precauciones y medidas necesarias para garantizar un ambiente sano
y seguro (…).
“Una
actitud discriminatoria en el lugar de trabajo, además de vulnerar los derechos
fundamentales de las personas infectadas, anula o reduce los esfuerzos por
promover la prevención de la propagación de la epidemia y deteriora gravemente
la situación del infectado. Al dolor físico derivado de la enfermedad, se
le agrega el sufrimiento moral por la estigmatización social que apareja una
discriminación en el ámbito laboral, y en algunas ocasiones inclusive, también
una preocupación por las condiciones económicas derivadas de mayores gastos
médicos y menos oportunidades para ser laboralmente productivo. (Subrayados
por fuera del texto original”.
Como se puede ver, la
jurisprudencia aplicando un criterio proteccionista de los enfermos y
portadores del (VIH/sida) en el contexto laboral, ha buscado que coexistan la
enfermedad con los derechos al trabajo y a la dignidad, permitiendo de esta
manera que la persona, a pesar de su condición de salud, pueda acceder a los
bienes y servicios elementales para su subsistencia y la de su núcleo familiar,
sin afectar los derechos de los demás.
Así, cuando se ha despedido de manera unilateral a un empleado debido
a su condición de portador o enfermo de (VIH/sida), la jurisprudencia de la
Corte ha encontrado que tal trato constituye una discriminación inaceptable,
evento en el cual procede el amparo de tutela y el respectivo reintegro laboral
como mecanismo de protección ante la debilidad manifiesta de los trabajadores.
Relacionado con la protección de los portadores de VIH/sida
en el ámbito laboral, se puede consultar la reciente Sentencia T-295 de 2008 o las
sentencias SU-256/96, T-826/99, T-066/00,  T-040A/01, T-519/03  T-469/04, T-689/04,
T-530/05, T-1218/05, T-385/06, T-1003/06, entre otras.
4.3.4 De
otra parte y relacionado con la protección del derecho a la igualdad de los
portadores del VIH/sida, en la
Sentencia T-1162 de 2001, se identificó como conducta discriminatoria la
negativa de una aseguradora de expedir una póliza de vida a favor de dos
personas, bajo la excusa de ser portadores del VIH. En dicho caso la
Corte manifestó:
“Esta conducta
asumida por la entidad aseguradora, es discriminatoria y no consulta los
propósitos que rigen el Estado social de derecho fundado en el respeto a la
dignidad humana, pues no se puede concebir bajo ningún argumento que el ser
portador asintomático de vih, sea una exclusión para adquirir un seguro de
vida. No hay ninguna disposición legal, que así lo contemple y de existir dicha
disposición desconocería los postulados constitucionales”.
Igualmente, en
la Sentencia T-465 de 2003, se consideró injusta la desvinculación de las
fuerzas armadas de un portador del VIH. En este caso la decisión de desvincular
al portador se debió a que en una donación de sangre se le detectó el virus,
teniendo como consecuencia el retiro de la institución castrense. En este
asunto la Corte, sostuvo lo siguiente: “como la decisión de desvincularlo
fue discriminatoria contra un portador de VIH, se ordenará que el accionante
sea reintegrado a la Escuela Militar de Cadetes "General José María
Córdova".
“No obstante lo anterior, la
Sala subraya que si bien en la actualidad el accionante es un portador
asintomático del VIH, este virus podría desarrollarse. Así pues, en caso de que
el alférez XX presente síntomas que le hagan imposible o le dificulten
significativamente, de acuerdo con parámetros objetivos y razonables, cumplir
con las obligaciones propias de la carrera militar, él podrá ser asignado dentro
de la Institución Castrense para el desempeño de una actividad acorde con su
situación y podrá ser evaluado periódicamente de conformidad con las normas
vigentes, sin que pueda volver a ser objeto de un trato discriminatorio, como
se dispondrá”.
En similares
circuntancias se estudió el caso contenido en la
Sentencia T-816/05, en el que una persona pretendía ingresar al nivel
ejecutivo de la Policia Nacional, habiendo aprobado los distintos examenes requeridos
para el ingreso a la institución. En este caso la policia consideró no apto al
accionante en la medida que se trataba de una persona “infectada” con el VIH. Consencuente
con el precedente de la materia y protegiendo el derecho a la igualdad, la
Corte manifestó:
“Es de resaltar que si bien
la decisión de declarar no apto al portador del virus de VIH se fundamenta en
fines legítimos, no los cumple, pues es claro para esta Sala que la condición
del señor, aunada al desarrollo de las actividades académicas de la
Escuela Nacional de Policía e incluso a las que son propias de la
Policía Nacional, no constituye ninguna amenaza para su vida, para la de sus
compañeros y, mucho menos, son contrarias a la prevalencia del interés general.
Por ende, la actuación de la entidad demandada en el proceso de admisión y
selección que siguió el actor, como aspirante a ser integrante del curso de
nivel ejecutivo de la institución, no se compadece de los mandatos
constitucionales expuestos en las consideraciones generales de esta sentencia.
“Dichos
mandatos –cabe reiterar–  deben orientar y dirigir sus actuaciones en el ámbito
social y público. Así bien, el examen del desarrollo del proceso de selección,
orientado por el protocolo de admisiones de la
Escuela Nacional de Policía “General Santander”, permite colegir una clara
discriminación en contra del actor, cuando le considera “no apto”, tan solo por
su condición de portador sano del virus.
“La
aplicación autónoma del reglamento de la
Escuela no es justificada y, debe señalar esta Sala, constituye, tal y como lo
dijo el Juez de primera instancia en el trámite de la presente acción, una
manifiesta  violación del derecho a la igualdad  del actor. Resulta imperante
señalar que, en contra de lo que adujo el representante de la
Escuela “General Santander” en su escrito de impugnación, alegando que no
aplicar el reglamento al peticionario habría sido una discriminación
injustificada de los demás postulantes para ingresar al curso, el derecho a la
igualdad contenido en la Constitución de 1991 se concreta en un ejercicio
material de éste derecho y no en la mera expectativa de los ciudadanos frente a
la aplicación de las normas”  (…)
“Esta Sala
encuentra que más allá de toda duda, como lo  señalan las pruebas obrantes en
el expediente, el actor ha sido víctima directa de una discriminación que,
consecuencialmente, ha vulnerado sus derechos a la igualdad, al libre
desarrollo de la personalidad y con ello, a escoger libremente profesión u
oficio. Lo que amenaza inevitablemente su plan de vida.”[28]
En particular, la
Corte, en Sentencia T-301 de 2004, y apropósito del juicio de igualdad aplicando
el test de proporcionalidad a un caso de un trabajador sexual gay que demandó
al comandante de policía del Magdalena por considerar que los agentes  bajo su
mando vulneraron sus derechos fundamentales con ocasión de la prohibición
expresa de ubicarse en cierto sector de la ciudad Santa Marta.
En dicho caso el actor aseguró
que las detenciones y los hostigamientos eran debidos a su preferencia
homosexual. El comandante de policía del Magdalena entre otros argumentos,
manifestó  que si bien en otros lugares la conducta de personas homosexuales es
normal, en la costa caribe colombiana aquellas manifestaciones daban al traste
con las buenas costumbres de los “ciudadanos de bien”. Igualmente informó que
el comando de policía había sido notificado de la presencia de una persona con
VIH en el sector. Por tal razón, en cumplimiento de su deber de proteger la
salubridad pública procedieron a realizar detenciones administrativas de
algunos ciudadanos con el fin de constituir bases de datos e identificar al portador.
En la citada providencia la
Sala Séptima de Revisión aplicando un test estricto por cuanto el fundamento
del trato discriminatorio se basó en criterios sospechosos –condición sexual y salvaguarda
de la moral pública, manifestó:
“(…) no se
ve cómo se resguarda el fin constitucionalmente protegido –la guarda de la
moral social- con la restricción casi absoluta de circulación a un grupo de
ciudadanos y con las detenciones administrativas de las cuales son objeto. Es
necesario reiterar que el hecho de  tener cierta preferencia sexual (que no
dañe derechos de  terceros) hace parte del derecho a definir los propios planes
de vida y a desplegar en consecuencia la vida de relación, sin que ello pueda
ser limitado por los prejuicios personales de los funcionarios con facultades
de policía”.
(…)
“(…) es evidente
que las disposiciones tomadas por la policía del Magdalena son
desproporcionadas y sacrifican valores constitucionales, sin que medie razón
suficiente para ello. La pretensión de conformar bases de datos de las personas
portadoras del VIH planteada por el comandante de policía como uno de los
motivos para detener administrativamente al actor, vulnera sus derechos a la
libre circulación, a la dignidad humana y a la intimidad –entre otros -. La
policía departamental no está incluida entre los entes que pueden recopilar
esta información –mucho menos teniendo en cuenta que pretenden utilizarla para
señalar al portador…”.
Posteriormente, en la
Sentencia T-577 de 2005, se examinó el caso de un interno de la
Cárcel la Modelo de Bogotá, que consideraba afectado su derecho fundamental a
la igualdad al ser confinado, en razón de ser portador del VIH/sida, en el
patio Nuevo Milenio y al impedírsele la circulación por los otros pabellones en
los cuales se hallaban los talleres para redimir pena.
Lo anterior se fundamentó en que
los presos de dicho patio solo contaban  con unas pocas horas a la semana de
capacitación en tejidos y unos cuantos cupos en otras actividades, lo cual impedía
redimir pena en igualdad de condiciones con los demás internos del penal.
El Director del centro
carcelario, informó que dichas medidas restrictivas de la circulación de los
internos portadores del VIH por los otros pabellones en donde laboraban los
demás internos, obedecía a razones de salubridad y seguridad de éstos últimos,
así como del personal administrativo y funcionarios de la cárcel. Igualmente
señaló que los internos del patio Nuevo Milenio representaban un peligro para
los demás, por cuanto la mayoría de ellos eran “homosexuales” y se
trataba de “una población que poco se protege en sus relaciones sexuales”,
lo cual implicaría “la propagación del virus”. Por dichas
circunstancias, se dificultaba el desarrollo y la implementación de programas
laborales y educativos de redención de pena para los internos portadores del
VIH.
La
Corte utilizando un test estricto de razonabilidad por cuanto el fundamento
del trato discriminatorio se trató de un criterio sospechoso –estado de salud,
por ser portador del VIH/sida y porque el fin perseguido con la actuación
administrativa era la salvaguarda de la salubridad (concepto extremadamente
vago) concedió el amparo solicitado y ordenó la
implementación y puesta en marcha de todas
las medidas necesarias para que el interno pudiese desempeñar actividades
laborales y educativas de redención de la pena, en igualdad de condiciones que
los reclusos de los demás patios, bajo los siguientes argumentos:
“La medida
restrictiva de la libertad de circulación por el penal del demandante y de los
demás internos del patio Nuevo Milenio no resulta necesaria para garantizar el
valor constitucional que se pretende hacer prevalecer, pues existe una
presunción de que las directivas de la cárcel se encuentran en capacidad de
implementar otro tipo de medidas que garanticen la salubridad y el orden en su
interior y que impliquen menor sacrificio de los derechos fundamentales de los
internos que conviven con el VIH/SIDA.
“Más aun,
es relevante hacer notar que la medida obedece a prejuicios y al estigma del
que son objeto quienes conviven con este virus y, con base en ello, no es
válido que las directivas de la cárcel vulneren sus derechos fundamentales. Es
evidente que las disposiciones tomadas por las directivas de la
Cárcel Modelo de Bogotá son desproporcionadas y sacrifican valores
constitucionales, sin que medie razón suficiente para ello.
“El
confinamiento casi absoluto de las personas portadoras del VIH implementado por
las directivas del centro carcelario demandado para prevenir la propagación de
esta enfermedad, vulnera los derechos del demandante a la igualdad y a la
dignidad humana –entre otros -.
“Además,
desdibuja el fin resocializador de la pena privativa de la libertad y lo pone
en condición de desigualdad frente a los demás internos del penal, por cuanto,
aquellos, a quienes se les permite trasladarse y desempeñar las diferentes
actividades para redimir su pena, podrán obtener su libertad antes que éste
último, de haber sido condenados a una pena privativa de la libertad de igual
duración que la impuesta al actor.
“Esta Sala
estima que el confinamiento al que son sometidos estos internos configura una
de las llamadas medidas paternalistas, pues es una imposición del Estado que
obedece a la visión mayoritaria de bien común y bienestar general. Empero, en
nuestro Estado Social y Democrático de Derecho no son constitucionalmente
válidas dichas manifestaciones paternalistas, pues sus consecuencias son,
generalmente, la restricción desproporcionada de derechos fundamentales.
En conclusión, de los casos presentados anteriormente se puede
observar que la jurisprudencia de la Corte ha protegido a las personas
portadores del VIH/sida en distintos ámbitos como el de la seguridad social, tanto
a nivel de salud como pensiones, dentro del contexto laboral, penitenciario, de
convivencia, etc. Del precedente expuesto subyace un argumento sencillo pero
contundente, que se traduce en que la mera condición de ser portador de una
enfermedad como el VIH/sida, no es argumento valido para discriminar a una
persona en ningún contexto.
5. Análisis del caso concreto.
5.1. Ponderando los antecedentes y
consideraciones de esta sentencia, el asunto que en esta oportunidad ocupa la
atención de la Sala corresponde a la solicitud realizada por el señor X-503,
el cual considera vulnerados sus derechos fundamentales a la
igualdad, a la educación, al trabajo, a escoger profesión u oficio y al libre
desarrollo de la personalidad; por la decisión del Hospital (…) de impedir en sus
instalaciones las prácticas profesionales que debe cumplir como requisito para
optar por el título de auxiliar de enfermería, dado que es portador del virus
de inmunodeficiencia humana (VIH).
El señor X-503 considera que la
decisión adoptada por el Hospital es discriminatoria ya que es una persona que
puede desarrollar labores normalmente, lo cual sustenta en que tuvo un
desempeño satisfactorio en las demás prácticas profesionales. Del mismo modo, afirma
que su condición de portador asintomático no constituye
ninguna amenaza para su vida, para la de sus compañeros y mucho menos para la
de los pacientes que pudiesen tener contacto con él.  Por tales motivos
solicita el reintegro inmediato a las prácticas, con el fin de acceder
al titulo de Auxiliar de enfermería.
La entidad demandada argumenta que por ser el Hospital un
lugar donde se encuentran pacientes con enfermedades infecto-contagiosas, el
desarrollo de las prácticas pone en riesgo la salud del estudiante por su
permanente exposición y su situación de inmuno supresión, toda vez que en
desarrollo de las mismas debe contactar secreciones, excreciones y fluidos del
ser humano, siendo frecuentes los accidentes de riesgo biológico, lo que
conlleva riesgos de doble vía, tanto para los pacientes como para el
estudiante.
Sumado a ello, sostiene que entre el Hospital y el señor
X-503 no existe una relación laboral, por tal motivo no está en la obligación
de reubicarlo en un lugar en el que no genere riesgo para la comunidad  ni para
los pacientes. Igualmente, manifestó que al estudiante le asiste la obligación
de dar cumplimiento al deber de no infectar establecido en el artículo 41 del
Decreto 1543 de 1997.[29]
Por ello, solicita que se rechace por improcedente la acción de tutela
interpuesta por X-503.
El Juzgado único
de instancia, acogiendo los argumentos de la entidad accionada, denegó el
amparo solicitado. Como razón principal consideró que la protección de
un derecho fundamental no puede resultar en detrimento de derechos colectivos
que merecen igual tratamiento o protección y por tanto que el accionante consciente
de su situación personal debe encausar su interés personal de superación en un
medio diferente.
5.2. Antes de entrar a
revisar de fondo el presente asunto es
pertinente recordar que el presente caso reviste una particular importancia, ya
que se trata de la eventual discriminación de un portador del VIH, el
cual es una persona de especial protección constitucional.
Resalta la
Sala que la acción interpuesta por el señor X-503, en detrimento de los
argumentos esbozados por la parte accionada, es que ella no se interpone con el
objetivo de que se declare la existencia de un vínculo laboral o la reubicación
en un área del Hospital (…), en la cual no represente un peligro para la
comunidad o los pacientes. No. De entrada se evidencia que la tutela de los
derechos fundamentales se dirige estrictamente a solicitar la continuidad
de las prácticas profesionales, con el fin de acceder al titulo de auxiliar
de enfermería.
De lo que se trata el presente asunto
es de un caso de discriminación en el que está en juego principalmente el
derecho a la igualdad de una persona que pide no ser discriminada por su
condición de portador asintomático del VIH.
5.3 En virtud de lo
anterior y recordando lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia
cuando se tratan asuntos en los que está en juego el derecho a la igualdad,
siguiendo el precedente aplicado en las sentencias T- 301/04 y T-577/05, para esta
Sala de Revisión en este caso es necesario aplicar un juicio estricto de
igualdad, por cuanto el trato diferencial se fundamentó (i) en un criterio
sospechoso de discriminación (estado de salud del accionante por ser portador
del VIH); y (ii) porque con la medida se podrían estar restringiendo
ilegítimamente derechos fundamentales como la educación o el derecho a la
libertad de elección de profesión u oficio, entre otros de una persona que por
su condición de salud se encuentra en una situación de debilidad manifiesta.
Pues bien, aplicando los
parámetros referenciados en esta providencia para activar un juicio de
razonabilidad, se advierte que la decisión del Hospital accionando de impedir el
desarrollo de la practica de gineco-obstetricia del señor X-503 en sus
instalaciones, constituye una medida adecuada porque tiene un fin
legitimo y resulta idóneo para alcanzarlo ya que (i)  busca la  protección del
derecho a la salud de los pacientes que pudiesen tener contacto con el
practicante en el evento de ser contagiados; y (ii) pretende el bienestar del
estudiante, ya que por desempeñarse en un contexto clínico puede adquirir otro
tipo de enfermedades, a pesar de que con la medida se limite el ejercicio de
otros derechos como la educación, el trabajo, la dignidad humana y la libertad
de elección de profesión u oficio, en igualdad de condiciones con los demás estudiantes
o practicantes.
No obstante, no es suficiente
que el trato diferenciado constituya una medida adecuada sino que ésta deba ser
necesaria en estricto sentido, ya que en el presente caso impedir
de forma definitiva el acceso a la profesión de enfermería, per se, por
la condición de portador del virus de inmunodeficiencia humana del señor X-503
y la protección de los pacientes que pudiesen tener contacto con él,  no se
refleja como una medida necesaria, ya que existe otra forma de obtener el mismo
resultado con un sacrifico menor de principios constitucionales y que tiene la
virtud de alcanzar el fin propuesto con la misma eficacia.  Por ello y de la
mano de los conceptos emitidos por las entidades consultadas en esta
providencia, encuentra la Corte que la medida restrictiva del derecho a la
igualdad y conexos del señor X-503, en este caso concreto, no resulta indispensable
para garantizar el fin constitucional que se pretende hacer prevalecer.
La Corte Constitucional teniendo en cuenta la especialidad
del tema, consultó a la
Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería[30] (Acofaen), a la
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame)[31] y a la
Liga Colombiana de Lucha Contra el Sida (LigaSida)[32], las cuales en términos
generales consideran que la condición de portador de VIH por si misma de una
persona, no constituye razón suficiente para que pueda ser excluida de realizar
la disciplina profesional elegida o que por su mera  condición
ponga en riesgo su salud o la de los pacientes que  pudiesen tener contacto con
él.
De manera preliminar, la
Sala debe advertir que la persona que solicita el amparo es un estudiante para
auxiliar de enfermería y no de profesional en enfermería, porque como bien lo
precisan la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería (Acofaen) y la
Liga Colombiana de Lucha Contra el Sida (LigaSida), en el
ejercicio profesional el auxiliar de enfermería no tiene la responsabilidad ni
el acceso a ciertos procedimientos que son de la competencia propia de los
profesionales en enfermería, ya que el auxiliar provee cuidado básico a
las personas, desarrollando sus funciones de responsabilidad bajo la
orientación de profesionales de la salud.
La profesión de enfermería se
regula por la Ley 266 de 1996, “por la cual se reglamenta la profesión de
Enfermería en Colombia y se dictan otras disposiciones”. Los perfiles
ocupacionales y las normas de competencia laboral para las auxiliares de
enfermería, están contemplados en el documento “Perfiles ocupacionales y
normas de competencia laboral para auxiliares en las áreas de la salud[33]”,
expedido en (2.005) por el SENA a través del Proyecto Cendex y adoptado por el
Ministerio de la Protección Social.
Una vez hecha
esta importante aclaración y distinción entre estos niveles profesionales y
citados los perfiles profesionales en los que se puede ocupar un Auxiliar de
Enfermería, la Sala pasa a trascribir las respuestas dadas por las
instituciones consultadas.
En cuanto a
la primera pregunta relacionada con los riesgos que se derivan para un auxiliar
de enfermería, el realizar la practica de gineco-obstetricia, siendo portador
del VIH, la Acofaen conceptualizó:
“1. Un estudiante de auxiliar de Enfermería, como
cualquier otro estudiante del área de la salud, está expuesto a los mismos
riesgos que genera un entorno hospitalario en el cual se realizan las
experiencias clínicas que hacen parte del proceso de formación; este riesgo no
es mayor, como tampoco se aumenta por tratarse de un servicio de Gineco –
obstetricia.
“2. En el caso que nos ocupa, el hecho de que el
estudiante sea una persona con VIH, per se, no se aumenta este riesgo.
“3. Las limitaciones que el estudiante eventualmente
pudiese tener para realizar su práctica, estarían condicionadas al nivel de
daño inmunológico producido por el VIH y en tal caso sería competencia de su
médico tratante en conjunto con el estudiante, tomar las decisiones necesarias
para la protección de la salud. Si estas decisiones involucraren el ámbito laboral,
sería el médico tratante, quien debería conceptuar si es necesario ponerse en
contacto con la dependencia de Salud Ocupacional de la
Institución, previa autorización del estudiante, para tomar las medidas que se
apliquen a la situación particular.
“4. La institución prestadora de servicios de salud
está obligada a proveer medidas generales de bioseguridad y garantizar la
disponibilidad de los medios de protección para todo el personal; existen
protocolos de prevención del riesgo biológico que al ser conocidos y aplicados,
reducen de manera importante los riesgos.
“5. La institución formadora debe responder por la
enseñanza completa, oportuna y pertinente de las medidas de bioseguridad
generales y específicas, y asegurar el dominio práctico en su aplicación;
igualmente, garantizar la disponibilidad de todos los medios de protección y de
las medidas de bioseguridad que se enseñan como parte de los procesos de
formación.”
El Jefe de Infectología
del Hospital Universitario San Ignacio de la Pontificia Universidad Javeriana, contestó a la misma
pregunta, dictaminando:
“En
general  hay un riesgo inherente de susceptibilidad que depende de su estado
inmunológico. Se debe recordar que la enfermedad tiene dos grandes componentes:
a. un estado portador que supone un sistema
inmune no deteriorado y
b. un estadio de SIDA que supone un sistema
inmune comprometido.
“En el caso en particular, aunque la
información en el expediente no es completa (recuento de CD4, para determinar
el compromiso inmunológico) se puede suponer que es bueno, dado que en varios
apartes se describe que está en un estado asintomático.   Sin embargo, si el
individuo cumple todas las normas de bioseguridad (uso de guantes, tapabocas en
caso de ser necesario, gafas, etc) el riesgo es mínimo.  Al  mismo tiempo este
riesgo disminuye a medida que su recuento inmunológico sea  más alto.
“En principio la infección por VIH, en la
actualidad es una enfermedad crónica y con la terapia antirretroviral, no sólo
es posible  evitar la replicación del virus sino que además se logra una
restauración inmunológica.
“En este punto concreto si conociera la
valoración médica  sobre el estado de la infección por VIH del señor (X-503),
podría dar un concepto más objetivo, pero en principio reitero que si se cumplen
las normas de bioseguridad adecuadas el riesgo es mínimo.”
Y LigaSida, frente a los riesgos que pueda sufrir el accionante, expuso:
“(…) hay procedimientos médicos y paramédicos que son
más invasivos que otros, en los cuales el riesgo, tanto para el paciente como
para el e trabajador podría llegar a ser mayor. Son de mayor riesgo aquellos
procedimientos en los que se debe trabajar en cavidades o tejidos abiertos
porque hay posibilidad de intercambio de la sangre tanto del paciente como del trabajador,
al ocurrir un inesperado accidente, como por ejemplo una cortadura.
“En estos procedimientos muchas veces no se tiene
visión de los dedos y éstos pueden llegar a entrar en contacto con superficies
cortantes o punzantes que pueden producir un daño o ruptura en los guantes, con
la consiguiente lesión en los tejidos del trabajador y permitiendo entonce un
intercambio de sangre entre los tejidos del trabajador con los del paciente.
Entre estos elementos cortantes o punzantes se podrían mencionar las agujas, bisturís,
astillas de hueso, etcétera.
“En estos casos existe la posibilidad de transferir
sangre del trabajador a la cavidad del paciente (en caso que el trabajador sea
la persona que se corta) o al contrario, sangre del paciente al trabajador de
la salud.
“Dentro de los procedimientos que se consideran mínimamente
invasivos, y por tanto la posibilidad de contacto entre la sangre o los fluidos
del trabajador de la salud con los del paciente se podrían considerar muy
remotos o prácticamente inexistentes, y por tanto de mucho menor riesgo de
contagio, figurarían:
a)
la venopuntura o venopunción.
b)
Mantener líneas intravenosas periféricas
o centrales.
c)
Superficies pequeñas de sutura.
d)
Incisión y drenaje de abscesos
externos.
e)
Algunos exámenes de rutina
vaginales o rectales
f)
Procedimientos endoscópicos
simples.
“En estos procedimientos, los dedos del trabajador
siempre están visibles y están por fuera de las cavidades internas del
paciente; la posibilidad de un incidente cortante con ruptura de guante e
intercambio de fluidos es casi inexistente por no decir nula, porque el
trabajador tiene a la vista siempre sus dedos y es mas fácil el control de los
mismos.
“En este punto nos parece importante aclarar que
existen enfermedades infecciosas a través del contacto de la sangre del
trabajador de la salud y el paciente, mucho más contagiosas que un VIH, como
por ejemplo: la Hepatitis B y la
Hepatitis C.
“La vigilancia e implementación de estos
procedimientos debe estar regulada por el Comité de Bioseguridad del hospital,
de acuerdo con las normas y protocolos que existen para tal fin.”
De otra parte y relacionado con
la finalidad de la medida, se consultó por los riesgos que pueden existir para
los pacientes de gineco-obstetricia, que sean sometidos al contacto de un estudiante
auxiliar de enfermería portador de VIH, teniendo como respuesta de la
Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería (Acofaen), la siguiente:
“Si se tienen en cuenta los medios de transmisión
del VIH, es evidente que un estudiante de Enfermería portador de VIH, no
representa ningún riesgo especial y/o adicional para los pacientes de cualquier
servicio en general y del servicio de Gineco –obstetricia en particular. La
evidencia, comprobada a través de estadísticas históricas mundiales, ha
demostrado que el riesgo de transmisión del VIH, por parte del personal de
salud hacia el paciente es improbable. Con lo anterior se ratifica una vez más que
para los pacientes de Gineco-obstetricia el estudiante que nos ocupa, no
representa ningún riesgo.”
Bajo la misma línea argumentativa
el Jefe de Infectología del referenciado Hospital,
manifestó:
“Realmente esta pregunta es subjetiva,
porque el riesgo dependerá de las actividades que se realicen. En principio considero
que en condiciones normales de los procedimientos que ocurren en un servicio de
enfermería, por parte de un auxiliar de enfermería, es improbable la
transmisión desde el personal de salud  hacia el paciente.
“NO es posible la transmisión si no hay
exposición de sangre del personal de salud en una mucosa alterada del paciente.
En las labores de enfermería del cuidado de un paciente como colocar una sonda
urinaria, tomar signos vitales, ofrecer alimentos, no existe riesgo.
Hipotéticamente el riesgo ocurriría cuando el trabajador de la salud se
punciona y posteriormente introduce el instrumento contaminado en el tejido del
paciente, es decir pincha o lo lesiona.  Aunque todo es posible, el accidente
más común es la lesión de del trabajador después de puncionar al paciente.
“En general si el caso hipotético ocurriera
el riesgo de transmisión es bajo (menor del 1%, en el peor escenario), es decir
cuando ocurre un accidente grave  por ejemplo salpicadura importante  de sangre
del trabajador,  que estuviera sin tratamiento antirretroviral y con un estado
avanzado de la enfermedad, en los ojos de la paciente. En la práctica cuando
ocurre un accidente ocupacional con riesgo biológico, hay recomendaciones
avaladas por el ministerio de la protección  social, que disminuye el riesgo en
por lo menos un 80% adicionalmente.
“En resumen, en la vida real  aunque podría
existir un riesgo en las venopunciones, este riesgo es bastante bajo. En el
caso en particular sería posible ser más objetivo si se conociera el estado
inmunológico y las características de la infección del individuo.”
Y LigaSida, respondió:
“2. Si se siguen los parámetros
establecidos por los principios de bioseguridad los riesgos se minimizan de tal
manera que pueden llegar a desaparecer. Entre estos parámetros podría estar el
uso de guantes dobles, la asepsia completa, etc.
“Vale la pena hacer notar que en lo
pacientes portadores del VIH, mientras la carga viral sea más baja habrá menos
posibilidades de contagio; esto se traduce en que  el departamento medico del
hospital debe adoptar las medidas medicas pertinentes  para que sus
trabajadores de la salud portadores del VIH reciban los tratamientos adecuados,
de acuerdo con los protocolos de infectología establecidos.
“Queda pues claro que para los pacientes de
gineco-obstetricia, el riesgo se disminuye hasta prácticamente desaparecer desde
que exista un buen manejo multidisciplinario supervisado por el Comité de
Bioseguridad del hospital.
Concatenado con las dos primeras
preguntas se indagó si se puede considerar la profesión de enfermería como una
actividad de riesgo en el caso de un portador de VIH, teniendo por respuesta de
la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería (Acofaen), que:
“La
Profesión de Enfermería no es una actividad, sino una disciplina profesional.
Las actividades que ejerce la
Profesión de Enfermería exigen la práctica cuidadosa de los procedimientos
para el control de infecciones, que incluyen las precauciones universales para
minimizar los riesgos a exposición a agentes patógenos transmitidos en los
entornos laborales, que puedan poner en riesgo la vida o la salud de los
trabajadores de salud. Los factores determinantes del riesgo para la salud
de un trabajador de salud infectado con el VIH,  están relacionados con su
estado inmunológico,  el tipo de ambiente ocupacional al que se exponga y al
correcto uso de las barreras de protección. Por lo anterior, que no es
posible generalizar una respuesta como lo solicita la pregunta.
“Finalmente, los expertos recalcan que la práctica
cuidadosa de los procedimientos de control de infecciones, protegen a los
pacientes y a los proveedores de atención en salud, contra las enfermedades
infecto-contagiosas en hospitales, consultorios médicos y odontológicos.”
Por parte del Jefe de Infectología del Hospital Universitario San Ignacio de la
Universidad Javeriana, frente al hecho de considerar como una actividad
de riesgo a la profesión de enfermería, manifestó:
“En principio SI, pero esto depende de las
labores que desempeña. En las actividades hospitalarias, hay áreas que pueden
tener un riesgo alto como aquellas que atienden pacientes potencialmente
infectados como los servicios de urgencias, pediatría o medicina interna. Aunque
nuevamente estos riesgos se minimizan con el uso adecuado de los elementos de
bioseguridad.  Adicionalmente como lo respondo en la siguiente pregunta también
hay áreas en las cuales se pueden desempeñar los auxiliares de enfermería en
las que el riesgo es mínimo.”
A la inquietud
concerniente a la profesión de enfermería como una actividad de riesgo para un
portador de VIH, la Liga Colombiana de Lucha Contra el Sida (LigaSida), opinó:
“3. No solo el Departamento de Enfermería
se podría considerar como una actividad de riesgo en el caso de un trabajador
de la salud con VIH, sino todos los profesionales de la salud que estén
en contacto directo de alguna manera con los pacientes, en cuanto a
procedimientos y exámenes médicos y paramédicos se refiere: directores y
encargados de diferentes servicios, como por ejemplo urgencias; médicos
generales y especialistas, con énfasis en los que desarrollan actividades
quirúrgicas; odontólogos, bacteriólogas, instrumentadoras quirúrgicas,
higienistas orales, etcétera.
(…)
“Es importante recordar que hay
enfermedades más contagiosas que el VIH. El  VIH se trasmite únicamente de tres
formas: por relaciones sexuales no protegidas, trasfusión o contacto de sangre
y diferentes fluidos corporales, y de madre a feto /trasmisión vertical).
Ahora, la hepatitis B y la hepatitis C se trasmiten de una manera mucho más fácil
y tienen una enorme incidencia en la morbilidad de la población.
De otra
parte, se indagó acerca del tipo de actividades alternativas que existen en el
área de la enfermería, para un estudiante y para un profesional de dicha
disciplina portador del VIH, en este punto la
Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería (Acofaen), respondió:
“Consecuentes con las respuestas anteriores, el solo
hecho de que un estudiante o un profesional de Enfermería esté infectado con
el  VIH, no es por sí mismo un determinante para plantear alternativas de
reubicación laboral. Esta y otras posibles alternativas deberán ser tomadas,
basadas en un análisis caso a caso. Si el estudiante o el profesional de
Enfermería, voluntariamente ha compartido su diagnóstico con la entidad en que
está prestando servicios y/o su entidad formadora, las decisiones respecto a su
práctica deberían ser tomadas por él mismo junto con su médico tratante y, de
ser el caso, con las personas responsables de la
Salud Ocupacional de la Institución.
“Esta es una medida que no solo es válida para el caso
que nos ocupa sino para cualquier otra situación, en la cual se deba reubicar
un trabajador por una situación específica de salud.
EL Jefe de Infectología del Hospital
Universitario San Ignacio de la
Pontificia Universidad Javeriana, señaló:
“En
las áreas hospitalarias existen diferentes lugares, en los que se pueden
desempeñar los trabajadores de la salud que conviven con el VIH con un riesgo
similar al de otras actividades no relacionadas con salud. Muchas de sus
funciones pueden ser administrativas o en contacto con pacientes no infectados
o en actividades de educación (promoción y prevención), entre otras.
Por ultimo, la
Liga Colombiana de Lucha Contra el Sida (LigaSida), conceptuó:
“4. Consideramos que este punto se
encuentra implícito en las respuestas anteriores, Sin embargo, es preciso
señalar que la condición de seropositivo para la infección del Virus de
Inmunodeficiencia Humana, no debe concluir en la determinación de buscar alternativas
profesionales por el hecho de vivir con él, por el contario, se debe
concienciar no solo al trabajador sino a la institución de salud en que está
prestando sus servicios, que por el hecho de ser portador no puede relegarse su
profesión, sino que deben adoptarse las medidas de bioseguridad y atención del
paciente.
“En la literatura medica son tan pocos los
casos de trasmisión del VIH por parte del trabajador de la salud en general
(incluyendo personal médico y paramédico) hacia sus pacientes, que el riesgo de
trasmisión en procedimientos INVASIVOS  es muy bajo.”
Retomando la
aplicación del test al presente caso y ponderando lo plasmado en los conceptos
trascritos, la decisión asumida por el gerente de la entidad accionada, consistente
en impedir el desarrollo de las prácticas profesionales en las instalaciones de
la Clínica,  argumentando la protección del señor X-503 por ser portador del VIH
y la de los pacientes que pudiesen tener contacto con él, la
Sala concluye que la medida no resulta necesaria, ya que un estudiante auxiliar
de enfermería está expuesto a los mismos riesgos que genera un entorno hospitalario
en el cual se desarrollan actividades propias de esta profesión, lo cual, en el
caso especifico de X-503, no se aumenta por tratarse de una práctica de gineco-obstetricia
o en el futuro el ejercicio de su profesión como auxiliar de enfermería.
De otra parte, la condición de
portador de VIH seropositivo del señor X-503, conforme a los conceptos y
argumentos de las entidades accionadas, no representa ningún riesgo adicional
para los pacientes de cualquier servicio en general y del servicio de
gineco-obstetricia en especifico que tuviese contacto con el accionante, ya que
así lo indican expertos en la materia, concluyendo que la trasmisión por parte
de los profesionales de la salud es improbable.
En síntesis,
la medida no es necesaria porqué existe una alternativa a la decisión de
impedir absolutamente el desarrollo de las practicas, es decir, la entidad como
institución prestadora de servicios de salud está en la obligación de proveer
medidas generales de bioseguridad y garantizar la disponibilidad de los medios
de protección para todo el personal a través del programa de salud ocupacional[34]. De la misma
forma existen protocolos de prevención del riesgo biológico que al ser
conocidos y aplicados, reducen de manera ostensible los riesgos de contagio de
parte y parte[35].
Así mismo, la
medida discriminatoria asumida por la entidad accionada, resulta desproporcionada,
ya que el beneficio buscado con la medida sacrifica en alto grado valores y
principios constitucionales sin que medie razón suficiente para hacerlo. No lo
logra, puesto que el beneficio buscado con la medida de proteger al accionante
y a las personas que pudiesen tener contacto con él, a pesar de ser adecuada sacrifica
definitivamente los derechos fundamentales del señor X-503, ya que impide
terminantemente el ejercicio de la profesión de auxiliar de enfermería a una
persona que venía desarrollando la mayoría de su ciclo académico y a la cual
solo le restaban 2 prácticas para graduarse.
Sumado a
ello, existe un argumento pragmático que permite evidenciar que todo el
personal profesional de la salud corre un riesgo al tener contacto con
cualquier persona, basta con pensar que a nadie se le exige prueba del VIH al
ingreso de un servicio de urgencias, sin importar que el paciente sea o no
portador; el personal médico toma las medidas preventivas no solo de protección
contra el sida, sino contra las distintas clases de enfermedades, infecciones y
virus de los cuales el ser humano es portador y que abundan en un recinto
médico.
Así, el
Hospital, por mandato normativo debe garantizar la disponibilidad de todos los
medios de protección y de las medidas de bioseguridad que se enseñan como parte
de los procesos de formación. En este caso, para que el señor X-503
a pesar de su condición de portador de VIH, pudiese acceder al derecho a la
educación y al de libertad de escogencia de profesión u oficio, en igualdad de
condiciones con el resto de alumnos sin ser discriminado.
En razón a lo
expuesto, la Corte concederá el amparo solicitado. No
obstante, no se puede generalizar que por la condición de sujeto de especial
protección portador de VIH un profesional de la salud se encuentre blindado
para el ejercicio de su profesión (en este caso la de auxiliar de enfermería).
En consecuencia
y con el fin de proteger el derecho a la salud de los pacientes que
puedan ser sometidos al contacto del señor X-503 y para la protección exclusiva
del mismo, la Sala ordenará al Director del Hospital (…), que implemente y ponga en marcha todas las
medidas necesarias con el fin de que al estudiante (si persiste en su
pretensión), le sea permitido desarrollar las practicas profesionales restantes
para  acceder al titulo de auxiliar de enfermería, en igualdad de condiciones
que los demás estudiantes de su profesión.
Para ello el Gerente del Hospital
(…), por medio del área de salud ocupacional, del Comité de Bioseguridad o el
área que haga las veces, según el estado inmunológico del señor X-503, establecerán
que tipo de medidas preventivas se desarrollaran en ejercicio de las practicas
restantes a las cuales el accionante estará obligado a cumplir debiendo
abstenerse de tomar parte en actividades y/o procedimientos que conlleven riesgo
de trasmisión de la enfermedad a otros o que representen riesgo de doble vía.
5.5. De otra parte, conforme
al artículo 21 del Decreto 1543 de 1997, está prohibida la exigencia de pruebas
de laboratorio para determinar la infección por el Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH) o como requisito obligatorio para la  admisión o permanencia en
centros educativos. A pesar de ello, el señor X-503 manifestó voluntariamente
en el registro que debe diligenciar en la oficina de talento humano del Hospital
(…), su condición como portador del VIH, pudiendo guardar silencio y continuar
con sus prácticas e ingresar al mundo laboral.
La
Sala exalta la transparencia y el compromiso ético del señor X-503 al
manifestar abiertamente su condición de portador del VIH, lo cual permite que
se tomen las medidas preventivas tanto para su protección como la de los
pacientes que tengan contacto con él, a fin de no promover la propagación del
virus. Por el contrario, censura que se coarten o estigmaticen a los enfermos
del VIH/sida por su mera condición, sin que se busquen alternativas a la
exclusión a pesar de que se trate de un estudiante de la salud, que si bien
está actividad genera riesgo, este es inherente a la profesión misma y el hecho
de ser portador sustancialmente no significa que esto cambie o aumente, siempre
y cuando se toman las medidas preventivas necesarias.
Finalizando, la
Sala no puede legitimar ni dejar pasar por alto la alternativa planteada por
el juez de único de instancia, el cual en su sentencia, manifestó: “ (…) que
el accionante si es conciente como debe serlo de su situación personal, debe
encausar su interés personal de superación, que por la educación se intenta, en
un campo diferente donde haya un menor riesgo de contagio inminente, porque existen
muchos, donde no haya riesgos de contagio inminente, porque es precisamente por
el medio que escogió que su situación personal se torna precaria, sin que esto
quiera decir, que no tenga derecho a buscar su propia superación. Pero
obviamente en un medio diferente”.
La mera condición de portador del
VIH no puede ser argumento para descomponer de un tajo la profesión o la
carrera de una persona a pesar de ser portadora del VIH, ya que dicha condición
no constituye razón suficiente para plantear alternativas de reubicación
profesional. Este tipo de decisiones deben analizarse en cada caso y de esta
manera adoptarse las medidas de bioseguridad y atención del
paciente necesarias a ese caso especifico. Los factores determinantes
del riesgo para la salud de un profesional de salud infectado con el VIH, están
relacionados con su estado inmunológico, el tipo de ambiente ocupacional al que
se exponga y al correcto uso de las barreras de protección ya que la práctica
cuidadosa de los procedimientos de control de infecciones, protegen a los
pacientes y a los proveedores de atención en salud, contra las enfermedades
infecto-contagiosas. Por ello, en principio las medidas restrictivas que se
adopten contra este grupo históricamente discriminado, no pueden significar el
confinamiento del ejercicio de su profesión, por su mera condición, así que en cada
caso concreto deberán analizarse las particularidades del mismo y observar si
la medida restrictiva o el trato diferencial se adapta o no a la
Constitución.
Conforme a lo expuesto, en el presente
caso, se cumplen plenamente los requisitos exigidos por la jurisprudencia de
esta Corporación  para proteger los derechos fundamentales de un sujeto de
especial protección como el señor X-503,
motivo por el cual, se revocará el
fallo único de instancia proferido por
el Juzgado Segundo (2º) Laboral del Circuito de (…), que denegó el mismo.
VI. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la
Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.-
LEVANTAR la suspensión de términos decretada para decidir el presente
asunto.
SEGUNDO.- REVOCAR
el fallo proferido el treinta (30) de octubre de 2007, por el Juzgado Segundo
(2º) Laboral del Circuito de (…) que denegó el amparo solicitado. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la
igualdad, a la dignidad humana, a la educación y a la libertad de elección de
profesión u oficio del señor X-503, por las razones y
en los términos de esta Sentencia.
TERCERO.- ORDENAR
al Gerente del Hospital (…), que implemente
y ponga en marcha todas las medidas necesarias con el fin de que al estudiante
X-503 (si persiste en su pretensión), le sea permitido desarrollar las
practicas profesionales restantes para  acceder al titulo de auxiliar de
enfermería, en igualdad de condiciones que los demás estudiantes de su
profesión.
Para ello  el Gerente del
Hospital (…), por medio del área de salud ocupacional, del Comité de
Bioseguridad o el área que haga las veces, según el estado inmunológico del
señor X-503, establecerán que tipo de medidas preventivas se desarrollaran en
ejercicio de las prácticas a las cuales el accionante estará obligado a cumplir
debiendo abstenerse de tomar parte en actividades y/o procedimientos que conlleven
riesgo de trasmisión de la enfermedad a otros o que representen riesgo de doble
vía.
CUARTO.-  EXALTAR la
conducta del señor X-503 por manifestar voluntariamente su condición de
portador del VIH, lo cual permite que se tomen las medidas preventivas tanto
para su protección como la de los pacientes que tengan contacto con él, a fin
de no promover la propagación del virus.
QUINTO.-  ORDENAR al Gerente del Hospital (…),  que
informe a la Sala Novena de Revisión de esta Corporación sobre todas las
medidas implementadas a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el numeral
tercero de la parte resolutiva de la presente providencia, para lo cual contará
con un término máximo de un (1) mes, a partir de la notificación de esta
sentencia. Lo anterior, sin perjuicio de los informes que debe dar al juez de
instancia sobre el cumplimiento del fallo.
SEXTO.- ORDENAR a la
Secretaría General de esta Corporación que los nombres y los datos que
permitan identificar al accionante sean suprimidos de toda publicación del
presente fallo. Igualmente, ORDENAR por intermedio de la
Secretaría General de la Corte al Juzgado Segundo (2º) Laboral del Circuito de
(…), que se encargue de salvaguardar la intimidad del señor X-503, manteniendo
la reserva sobre el expediente.
SEPTIMO.- LÍBRESE
por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
CLARA INÉS VARGAS
HERNÁNDEZ
Magistrada Ponente
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
La protección de la intimidad se ha presentado por petición expresa del
accionante o por que la Corte advierte la necesidad de proteger el derecho, por
ejemplo en temas relacionados con hermafroditismo, señalamientos públicos de
conducta, enfermos de (VIH/SIDA), sexualidad etc. La
Corte ha considerado proteger el derecho a la intimidad de los accionantes
impidiendo referenciar todo tipo de información que pueda identificarlos. Al
respecto pueden verse las Sentencias SU-256/96, SU-480/97, SU-337/99, T-810/04,
T-618/00, T-436/04, T-220/04, T-143/05, T-349/06, T-628/07, T-295/08, T-816/08
entre otras.
[2]
Folio  17 del cuaderno de revisión.
[3]
Folios 18 a 22 del cuaderno de revisión.
[4]
Folios 29 a 36 del cuaderno de revisión.
[5]
Folios 40, 41 y 42 del cuaderno de revisión.
[6]
Sentencia C-384 de 1997.
[7]
Sentencia C-530 de 1993
[8] Sentencia T -360 de 2002.
[9] Cfr. Sentencia C- 410 de 1994.
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[10] Cfr., entre otras, la
Sentencia T-352 de 1997.  M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[11] Cfr. Sentencia C-040 de 1993.
M.P. Ciro Angarita Barón.
[12] Sobre la razonabilidad,
como criterio de valoración y aplicación del derecho a la igualdad, es un
asunto sobre el que la jurisprudencia de la
Corte Constitucional se ha pronunciado de manera reiterada desde los inicios
de su labor.  Cfr., entre otras, la
Sentencia C-221 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[13] Ver Sentencias T-098 de
1994. T-301/04 y T-577 de 2005.
[14] En la
Sentencia C-530/93, se señalaron las diferencias que existen entre
discriminación y trato diferenciado, al respecto se manifestó: “La
distinción entre discriminación y diferenciación, que es el elemento
fundamental para calibrar el alcance del principio de igualdad. Dicho
principio, en efecto, veta la discriminación, pero no excluye que el poder
público otorgue tratamiento diverso a situaciones distintas -la
diferenciación-. El artículo 13 de la
Constitución no prohíbe, pues, tratamientos diferentes a situaciones de hecho
diferentes. La distinción entre discriminación y diferenciación viene, a su
vez, determinada porque la primera es injustificada y no razonable.
Discriminación es, por tanto, una diferencia de tratamiento no justificada ni
razonable, o sea arbitraria, y solo esa conducta esta constitucionalmente
vetada. A contrario sensu, es dable realizar diferenciaciones cuando tengan una
base objetiva y razonable”.
[15] Al respecto
pueden consultarse las sentencias: T-530/93, T-230/94, C-445/95, C-022/96, C-309/97,
T-325/97, C-563/97,  C-183/98, C-318/98, C-481/98, SU-642/98,  C-359/99,
T-861/99, C-112/00, C-514/00,  C-093/01, C-673/01, C-806/02, C-291/02,
C-1036/03,  C-227/04, T-301/04, T-577/05, C-182/07, C-521/07, entre otras.
[16] Ver, entre
otras, las sentencias T-230 de 1994 y C-022 de 1996.
[17] Ver, entre
otras, las sentencias C-445 de 1995, C-563 de 1997,  y C-183 de 1998
[18] Confróntense las Sentencias T-352/97, T-301/04 y  T-577/05.
[19] (Virus de la Inmunodeficiencia Humana): Retrovirus que es el agente causal del SIDA.
[20]  (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida): Conjunto
de síntomas y signos generados por el compromiso del sistema inmunitario de una
persona como consecuencia de la infección por el VIH.
Según la
enciclopedia virtual Wikipedia: (…)  una
persona padece de sida cuando su organismo, debido a la inmunodepresión
provocada por el VIH, no es capaz de ofrecer una respuesta inmune adecuada contra las infecciones que aquejan a los seres
humanos. Se dice que esta infección es incontrovertible.
“Cabe destacar
la diferencia entre estar infectado por el VIH y padecer de sida. Una persona infectada por el VIH es seropositiva, y pasa a desarrollar un
cuadro de sida cuando su nivel de linfocitos T CD4 (que son el tipo de células a las que ataca el virus)
desciende por debajo de 200 células por mililitro de sangre.
Para mayor
información véase www.wikipedia.com
[21] Igualmente, puede consultarse el  modelo de gestión
programática en VIH/sida,  expedido en el 2006 por el Ministerio de la
Protección Social, en el cual se contemplan los programas para la atención de
las personas con VIH/sida, la guía para el manejo de la enfermedad basada en la
evidencia – Colombia y  la  guía de práctica clínica.
[22]
Fuente: Diario Oficial No. 43.062, del 17 de junio de 1997. Subrayados por
fuera del texto original.
[23] En el mismo sentido,
sentencias T-469/04 y T-434 de 2006.
[24] También pueden consultarse las sentencias: T-070/02,
T-843/04, T-1071/04, T-262/05, T-577/05, T-434/06,  T-490/06,  T-1041/06, T-422/07,
entre otras.
[25] Cfr. Sentencia T-505 de 1992.
[26] Cfr. Sentencia SU-256 del 30 de mayo de
1996.
[27] Cfr. T-1283 del 3 de diciembre de 2001
[28]
Sentencia T-816/05
[29]  Lo anteriormente
expuesto lo reforzó con lo dispuesto por el Tercer Consejo Internacional de
Enfermeras, en el que se dejó consignado la responsabilidad ética que tiene el
personal de enfermería seropositivos. Así mismo, trascribió lo expresado
por la
Asociación Médica Mundial en Asamblea General en Pilanesberg- Sud-África, en
octubre del 2006, acerca de las políticas sobre VIH-SIDA y la profesión médica,
plasmándose en el numeral 17 lit. C, que  los médicos que estén infectados con
el VIH, no deben tomar parte en ninguna actividad que cree riesgo de trasmisión
de la enfermedad a otros.
[30]  La Sala destaca que la
Acofaen para responder a los interrogantes planteados, convocó un grupo de
profesionales de enfermería y medicina, dedicados a la academia y con estudios
de posgrado en sus respectivas áreas. Hicieron parte de este grupo los
siguientes profesionales:
§  Martha Lucía Alzate: Enfermera,  Magíster en
Administración de Salud. Área de Énfasis Epidemiología. -  Doctorado en Salud
Pública. Área de Énfasis Prácticas de Salud Pública. Universidad de São Paulo ~
Brasil. Facultad de Salud Pública. Profesora Doctorado de Salud Pública de la
Universidad Nacional de Colombia.
§  Martha Patricia Bejarano: Enfermera, docente experta
en Salud Sexual y Reproductiva. Profesora Facultad de Enfermería de la
Universidad Nacional de Colombia.
§  Daniel Gonzalo Eslava A.: Enfermero, con  Doctorado en
Salud Pública de la Universidade de São Paulo,  Brasil. Maestría en
Administración En Salud. Pontificia Universidad Javeriana. Maestría  en
Desarrollo Rural. Pontificia Universidad Javeriana - actual Presidente de
ACOFAEN.
§  María Iraidis Soto S. Enfermera, Magister en
Investigación y Tecnología Educativa – Pontificia Universidad Javeriana.
Diplomado “Mejoramiento de la Calidad y Auditoría en Salud Ocupacional y
Riesgos Profesionales”.. Especialización en Alta Gerencia. actualmente Directora
Ejecutiva de ACOFAEN
§  Myriam Parra V. Enfermera, Enfermera, Especialista en
Cuidado Crítico, docente experta en la atención de Enfermería en el Área
Clínica. Profesora de la Facultad de Enfermería de la
Universidad Nacional de Colombia. Actual Vicepresidenta de ACOFAEN.
§  Edy Salazar: Docente experta en Gineco-obstetricia y
en las Áreas de Ética y Bioética. Profesora de la
Pontificia Universidad Javeriana.
§  Bertha Gómez – Médica Bioeticista, Especialista en
Salud Ocupacional – Programa VIH/OPS Consultora Regional en VIH para la
OPS - Washington.
§  Rafael Pardo- Médico - Programa VIH/OPS.  Representación Colombia.
§  Martha Inés Valdivieso C. Enfermera, con Maestría en
Investigación y Docencia Universitaria. Asistente de la
Presidencia de ACOFAEN.
Del mismo modo y con el tema del VIH/sida la
Acofaen ha estado vinculada en proyectos tales como: Proyecto de Integración
de los Servicios de Asesoría y Oferta de la
Prueba Voluntaria de VIH - INTEGRA y los Servicios de Salud Sexual y
Reproductiva en el SGSSS de Colombia (2.006), proyecto AIVIH / OPS (Atención
Integrada a la Prevención, Cuidado y Tratamiento del VIH), Capacitación en
Asesoría pre y pos Prueba para VIH Y Sida - Contrato  de Prestación de
Servicios entre Acofaen y el Fondo de Población de Naciones Unidas– UNFPA, y la
Conformación y coordinación de la
Red Internacional de Enfermería en VIH de las Américas (REDEVIHDA):
[31] A nombre de la
Ascofame por elección del Director Ejecutivo de la entidad, conceptualizó el Jefe de Infectología del Hospital Universitario San Ignacio de la
Pontificia Universidad Javeriana.
[32]
Por parte de esta entidad contestó la señora Claudia Ayala Leal en calidad de
Directora General de la entidad y Francisco Jaramillo TM. D como Director
Científico de la misma.
[33] Dicho documento puntualmente en relación con la
profesión de Auxiliar de Enfermería contempla:
-Atender y orientar a la persona en relación con sus
necesidades y expectativas de acuerdo con políticas institucionales y normas de
salud.
-Admitir al usuario en la red de servicios de salud
según niveles de atención y normativa vigente.
- Controlar las infecciones en los usuarios y su
entorno de acuerdo con las buenas prácticas sanitarias
-Apoyar la definición del diagnóstico individual de
acuerdo con guías de manejo y tecnología requerida.
-Asistir a las personas en las actividades de la vida
diaria según las condiciones del usuario asignación y/o delegación del profesional,
guías y protocolos vigentes.
-Participar en el cuidado a las personas para el
mantenimiento y recuperación de las funciones de los diferentes sistemas por
grupo etáreo en relación con los principios técnicos, científicos y éticos
vigentes.
-Administrar medicamentos según delegación y de
acuerdo con técnicas establecidas en relación con los principios éticos y
legales vigentes.
-Brindar atención integral a la familia en relación al
ciclo vital de acuerdo con el contexto social, político, cultural y ético.
-Generar actitudes y prácticas saludables en los
ambientes de trabajo.
-Trasladar a la persona en situación de riesgo de
salud a la institución según nivel de atención requerida.
-Esterilizar productos y artículos de acuerdo con
estándares de aseguramiento de la calidad.
-Cuidar integralmente al usuario en condiciones
críticas de salud según su estado y de acuerdo con criterios
técnico-científicos vigentes.
-Atender integralmente al usuario en la unidad
quirúrgica de acuerdo con guías de manejo y protocolos vigentes.
-Cuidar al usuario en terapia renal concertada según
valoración del equipo interdisciplinario.
-Apoyar a las actividades de salud ocupacional de
acuerdo con el programa diseñado en salud ocupacional y norma vigente.
[34] Al respecto puede consultarse el Decreto 1295 de 1994
por el cual se determina la organización y administración del Sistema General
de Riesgos Profesionales y la
Resolución 1016 de 1989  que define el programa de salud ocupacional en los
siguientes términos: El Programa de Salud Ocupacional consiste en la
planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de Medicina
Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene industrial y seguridad industrial,
tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de
los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios
de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.
[35] Como bien lo señala LigaSida, “(…) existen
enfermedades infecciosas a través del contacto de la sangre del trabajador de
la salud y el paciente, mucho más contagiosas que un VIH, como por ejemplo: la
Hepatitis B y la Hepatitis C.” En este tipo de casos las entidades
correspondientes deben tomar las medidas  necesarias.”