C-205-03
VI
Sentencia C-205/03
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inexistencia
por contenidos normativos diferentes
RECEPTACION-Concepto
RECEPTACION-Evolución legislativa
RECEPTACION-Tipificación
RECEPTACION-Trámite legislativo
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Facultad
de establecer una modalidad especial del tipo penal de receptación
RECEPTACION-Modalidad específica
RECEPTACION-Características particulares
de la modalidad específica
Se trata de un tipo penal en dos actos,
conformado por una acción consistente en comerciar con autopartes usadas de
vehículos automotores, y una omisión referida a la no demostración de la
procedencia lícita de dichos bienes con la cual se consuma el ilícito.
RECEPTACION-Modalidad específica con
sujeto activo indeterminado
El ilícito se consuma cuando una persona
realiza una actividad comercial pero, por alguna circunstancia  no logra
demostrar la procedencia lícita de las autopartes usadas de vehículo automotor.
RECEPTACION-Consumación del ilícito en
la modalidad específica
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Bloque
de constitucionalidad constituye un límite axiológico al ejercicio del mismo
CORTE CONSTITUCIONAL-Principios que
someten el ejercicio del ius puniendi
Esta Corporación ha entendido
que el ejercicio del ius puniendi está sometido a los principios de estricta
legalidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, razonabilidad, igualdad y
responsabilidad por el acto en tanto que límites materiales a la ejecución de
esta competencia estatal.
NORMA PENAL-Intervención del
Estado
La tipificación penal de una conducta y
la fijación de la pena correspondiente implican siempre una severa intervención
del Estado en el ejercicio de los derechos fundamentales, en especial de la
libertad individual.
CORTE CONSTITUCIONAL-Controla límites
impuestos al legislador por la Constitución
CORTE CONSTITUCIONAL-Incompetencia para
realizar valoraciones sobre la conveniencia de la tipificación penal
CONGRESO DE LA REPUBLICA-Competencia
para tipificar penalmente una conducta
TIPO PENAL-En sentido material la
creación tiene reserva de ley
LEGISLADOR-Obligación de respetar el
principio de legalidad de las penas y de los delitos en sus diversas
manifestaciones
LEY PENAL-Restricción y protección de
los derechos fundamentales
NORMA ACUSADA-Legislador realizó una
punición contraria al principio de estricta legalidad
PRINCIPIO DE ESTRICTA LEGALIDAD-Vulneración
Al realizar la descripción
comportamental de la conducta punible, pues al pretender tipificar como delito
el comercio de autopartes de vehículos automotores de procedencia ilícita
resultó, a su vez, penalizando a quienes, por ejemplo, no conservan las
facturas correspondientes pero comercian con bienes que pueden tener un origen
lícito, ya que sólo quedará exento de responsabilidad quien logre demostrar la
adquisición lícita de los mismos.
PRINCIPIO DE
LESIVIDAD-Desconocimiento
BIEN
JURIDICO-Criterio de medición de la pena a imponer/BIEN
JURIDICO-Concepto/BIEN JURIDICO-Cumple una función social
LEY PENAL-Necesidad condicionada por la lesividad para terceros de hechos
prohibidos
DERECHO
PENAL DEL ACTO-Penaliza a las personas por sus
actos y no por lo que son
PRINCIPIO DE
LEGALIDAD-Vulneración
El legislador al momento de tipificar una nueva
modalidad de receptación violó el principio de legalidad en la medida en que
con su actividad no se terminó protegiendo un determinado bien jurídico
constitucionalmente válido, ya que el ilícito comienza su ejecución al
comerciar con autopartes usadas de vehículos automotores sin conservar la factura
de los mismos, lo que puede constituir una actividad económica legítima. Se
estableció asimismo un tipo penal basado no en el acto sino en el autor
violándose de está manera también el artículo 29 constitucional.
NORMA ACUSADA-Legislador
está sancionando a una persona por dedicarse a una actividad económica
JUZGAMIENTO-Precisa la
existencia del acto humano
LEGISLADOR-Sanción a una persona por el hecho de dedicarse a una actividad
económica
PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD-Rango constitucional
PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD-Límite a la actividad punitiva del
Estado
PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD-Relación medio-fin
PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD-Implica un juicio sobre la
idoneidad del tipo penal
NORMA
ACUSADA-Inexistencia de un bien jurídico tutelado
PRINCIPIO DE
RAZONABILIDAD-Límite a la actividad del legislador
El principio de razonabilidad, en tanto que límite a la
actividad del legislador, implica la exclusión de toda decisión adoptada de
manera manifiestamente absurda, injustificada o insensata, vale decir,
apartándose de los designios de la recta razón.
NORMA
ACUSADA-Finalidad no es constitucionalmente
aceptable
PRESUNCION
DE INOCENCIA-Concepto
El derecho fundamental a la presunción de inocencia,
recogido en el artículo 29 constitucional, significa que cualquier persona es
inicial y esencialmente inocente, partiendo del supuesto de que sólo se puede
declarar responsable al acusado al término de un proceso en el que deba estar
rodeado de las plenas garantías procesales y se le haya demostrado su culpabilidad.
Así pues, la presunción de inocencia, se constituye en regla básica sobre la
carga de la prueba.
ESTADO
SOCIAL DE DERECHO-Carga de la prueba corresponde al
Estado
PRUEBA-Obtención con respeto a las exigencias legales/PRINCIPIO ONUS
PROBANDI INCUMBIT ACTORI
PRESUNCION
DE INOCENCIA-Rango de derecho fundamental
PRESUNCION
DE INOCENCIA-Acompaña al acusado desde el inicio de
la acción penal hasta el fallo definitivo
PRINCIPIO IN
DUBIO PRO REO-Aplicación
RECEPTACION-Modalidad especial contraría ordenamiento constitucional
LEGISLADOR-Problema de orden sustancial desde que estructuró el tipo penal
invirtiendo la carga de la prueba
DEBER DE
COLABORACION CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Deber
ciudadano abstracto y genérico no puede convertirse en una fuente de
criminalización de conductas, en desmedro de las garantías judiciales
NORMA
ACUSADA-No admite comparación con enriquecimiento
ilícito de particulares
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD-No implica cambio de
jurisprudencia en la materia
ENRIQUECIMIENTO
ILICITO DE PARTICULAR-Penalización bajo la vigencia
del antiguo estado de sitio
ENRIQUECIMIENTO
ILICITO DE PARTICULAR-Delito de origen
constitucional/ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULAR-Busca castigar la
propiedad obtenida ilícitamente
ENRIQUECIMIENTO
ILICITO DE PARTICULAR-Tipo penal con sujeto activo
indeterminado/ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULAR-Tipo penal
condiciona la punibilidad/ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULAR-Delito
especial y autónomo
ENRIQUECIMIENTO
ILICITO DE PARTICULAR-Expresión “no justificado”
ajustada a la Constitución/ENRIQUECIMIENTO ILICITO-Derecho a la no
autoincriminación
ENRIQUECIMIENTO
ILICITO DE PARTICULAR-No inversión de la carga de
la prueba
NORMA
ACUSADA-Estructura de la norma penal conduce a una
inversión de la carga de la prueba
LEGISLADOR-Partió de una presunción de culpabilidad
LEGISLADOR-Dificultad para la consecución de la prueba no puede suplirse por
la vía de la inversión de la carga de la prueba
RECEPTACION-Tipificación en otros ordenamientos jurídicos
PRESUNCION
DE INOCENCIA-Vulneración
El legislador violó el
principio constitucional de presunción de inocencia por cuanto al momento de
tipificar una modalidad especial de receptación, partió de una presunción de
culpabilidad del acusado, invirtiendo la carga de la prueba que de forma alguna
constituye el cumplimiento de un deber ciudadano sino el ejercicio del derecho
de defensa en aras a desvirtuar esa presunción de culpabilidad.
DIGNIDAD HUMANA-Limita el
ejercicio de configuración normativa del legislador
DIGNIDAD HUMANA-Valor
fundante de la organización estatal y de su ordenamiento jurídico
DIGNIDAD HUMANA-Reconduce
a un problema fundamental de la convivencia
DIGNIDAD HUMANA-Es
materia de determinación de tipos penales
DIGNIDAD HUMANA-No vulneración
PRINCIPIO DE LA BUENA FE-Principio
general del derecho
PRINCIPIO DE LA BUENA FE-Contenido
y efectos
PRINCIPIO DE LA BUENA FE-Aplicación
PRINCIPIO DE LA BUENA FE-No
vulneración
Referencia: expediente D-4229
Demanda de inconstitucionalidad contra
el Artículo 1º, de la Ley 738 de 2002,  “Por la cual se adiciona un artículo
al Código Penal”.
Actor: Marcela Patricia Jiménez
Arango.
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá D. C ., once (11) de marzo de dos mil tres
(2003).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, en especial las
previstas en el artículo 241-4  de la Constitución Política, y cumplidos los
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, dicta la siguiente
SENTENCIA
I .
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad consagrada en los artículos 40-6, 241-4 y 242 la ciudadana
Marcela Patricia Jiménez Arango solicita a la Corte declarar inexequible el
artículo 1º de la Ley 738 de 2002, "por la cual se adiciona un artículo
al Código Penal"
La Magistrada
Sustanciadora, mediante auto del 23 de agosto de 2002 admitió  la presente
demanda por cumplir los requisitos de ley y en consecuencia ordenó su fijación
en lista, el traslado al señor Procurador General de la Nación, para efectos de
obtener el concepto de su competencia, al tiempo que se ordenó la comunicación
del presente proceso al Señor Presidente de la República, al Presidente del
Congreso y al Ministro de Justicia así como  al Fiscal General de la Nación, a
la Federación Nacional de Comerciantes - Fenalco, a la Asociación de
Fabricantes de Autopartes y a los departamentos de Derecho Penal de las
Universidades Externado, Nacional y Rosario con el fin de que emitieran su concepto
en relación con la presente demanda.
Cumplidos los
trámites constitucionales y legales propios de esta clase de juicios  y previo
el concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir de
fondo la demanda de la referencia.
II.  NORMA
ACUSADA
A continuación se transcribe el texto de la disposición
demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 44.786 del 1º de
mayo de 2002.
LEY 738 DE 2002
(abril
25)
DIARIO OFICIAL. AÑO.
CXXXVIII. N. 44786. 1, MAYO, 2002. PAG. 1
Por
la cual se adiciona un artículo al Código Penal.
El
Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°.
El Código Penal tendrá un artículo nuevo numerado como 447A:
Artículo
447A. Quien comercie con autopartes usadas
de vehículos automotores y no demuestre su procedencia lícita, incurrirá en la
misma pena del artículo anterior.
Artículo 2°. Esta ley rige a partir de
la fecha de su promulgación.
III. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
La demandante considera que el texto de la
norma demandada vulnera el Preámbulo de la Constitución y sus artículos 1, 29 y
83.
Según la actora, la norma penal demandada es
violatoria de los citados preceptos constitucionales, por cuanto ordena al
procesado o imputado que demuestre la procedencia lícita de las autopartes
usadas de vehículos automotores, toda vez que el artículo 29 de la Carta
dispone "que toda persona se presume inocente mientras no se le haya
declarado judicialmente culpable", principio consagrado como garantía
judicial en la ley  16 de 1972 en el art. 8 nral. 2º, aprobatoria de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica; a
su vez en el nral. 2º art. 14, de la Ley 74 de 1968, aprobatoria del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según la demandante las anteriores
disposiciones prevalecen en el ordenamiento interno y así lo dispone el canon
93 de la Carta Política.
Indica que la norma demandada impone al ciudadano
investigado demostrar su inocencia, esto significa que  se invierte la carga de
la prueba, pues la disposición Constitucional establece que le corresponde  al
Estado por medio de la Fiscalía General de la Nación la carga de la prueba de
la acusación y de la responsabilidad penal y no al primero.
Argumenta que también se infringe el artículo 83
de la Constitución, en el cual se consagra el principio de la buena fe, porque
con la norma acusada se parte de la base que se desconoce tal presunción.
Concluye en su escrito, que un tipo penal que
ordene al ciudadano demostrar que los bienes que tiene son legítimos, es decir,
que parte del presupuesto de la mala fe y consagra la presunción de
culpabilidad, es contrario al ordenamiento justo de un Estado social y
democrático de derecho según el preámbulo de la Carta Política y ofende  la
dignidad humana consagrada en le artículo 1º de la Norma Superior,  toda vez
que el hombre es bueno por naturaleza y corresponderá al Estado demostrar lo
contrario.  Por lo que solicita que se debe declara la inexequibilidad de la
Ley demandada.
III.-
INTERVENCIONES
Durante el término de traslado y comunicaciones enviadas
por la Corte,  intervinieron las siguientes entidades:
1. - Representante a la
Cámara, Germán Navas Talero.
Interviene
para coadyuvar en la defensa de la exequibilidad de la norma demandada, porque
la redacción de esta modalidad especial del delito de receptación, es ajustado
en su integridad al Ordenamiento Superior, como quiera que su estructura es la
misma por la cual se tipificó el delito de Enriquecimiento Ilícito (artículo
412 C.P.), esto quiere decir, que valen los mismos argumentos que se expresaron
para declarar la exequibilidad de esa norma.
2.
Fiscalía General de la Nación.
El ciudadano Luis
Camilo Osorio Isaza,  en calidad de
Fiscal General de la Nación intervino en el proceso de la referencia y manifestó
que la norma acusada no contradice ningún precepto o principio constitucional;
por el contrario, propugna por realizar los fines esenciales del Estado.
En efecto, al Estado le corresponde tomar medidas
legales encaminadas a enfrentar el incremento de la criminalidad. Por esta
razón, el legislador expidió la Ley 738 de 2002, con el propósito de
contrarrestar el alto índice de comercio de autopartes usadas de vehículos,
cuya procedencia no es lícita, circunstancia que por demás resulta preocupante dados
los nefastos efectos que genera para la economía de nuestro país.
Así mismo expresa, que hay que destacar la
exposición de motivos de la Ley realizada por el senador Vargas Lleras, en el
sentido de que si se sanciona severamente a quienes se dedican a la venta de
partes de automotores de segunda mano, se está atacando el hurto de vehículos,
porque si se miran las cifras estadísticas de la delincuencia en el país, allí
encontramos que el delito de hurto de carros, del primero de enero al 31 de
mayo de 1999, alcanzó en el país la cifra de 7.298 vehículos y 6.242
motocicletas, para un total de 13.550. En sólo mes de junio de 1999 se hurtaron
2.386 automotores. Una gran cantidad de esos vehículos, nunca más vuelven a ser
recuperados, y la forma más usual de deshacerse de éstos, es convirtiéndolo en
partes, para de esta forma negociarlos “al menudeo”.
Indica que en este mismo sentido el Congreso
argumentó que el proyecto de ley se fundamenta principalmente, en el alto nivel
de hurto de automotores que se registra en los últimos años, siendo la venta de
partes de vehículos usados , el motivo primordial para la comisión de éste
delito que afecta el patrimonio de los colombianos, sino también la vida y la
integridad personal de los ciudadanos.
El organismo investigador acepta con complacencia
el tipo penal  introducido en el nuevo Código Penal, porque su tipificación va
a impedir que la cooperación internacional  resulte afectada, toda vez que la
comercialización de autopartes usadas de vehículos automotores de procedencia
ilícita, tiene estrecha relación con el fenómeno de la comercialización de
vehículos hurtados en Estados extranjeros; es así que afecta ampliamente a los
Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones, fenómeno que ha sido
materia  de tratados internacionales como los existentes con Venezuela y
Ecuador, los cuales se encuadran en los planteamientos señalados por el
artículo 9° de la Carta Política en lo relativo al ámbito del Derecho
Internacional y las relaciones exteriores del Estado.
Frente a la presunta vulneración de la presunción
de inocencia, afirma que este principio no puede ser absoluto porque si se
aceptara de esta manera, se generaría una situación de impunidad la que a todas
luces sí resulta contraria a los lineamientos Constitucionales y así lo ha
considerado la jurisprudencia sobre el tema cuando se ha pronunciado respecto
del principio de la buena fe. En tal sentido se estableció en la Sentencia
C-023 de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía, que “nada más contrario a la realidad
en cualquier sistema jurídico, que sin excepción reconocen el principio de
buena fe, han existido las  pruebas como una norma de conseguir la seguridad en
la vida de los negocios y, en general, en todas las relaciones jurídicas”.
Argumenta entonces que el legislador puede en ocasiones establecer excepciones
al principio constitucional de buena fe, por lo que indica que la buena fe se
presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria,
en todo caso la mala fe deberá probarse.
Como corolario de lo argumentado, el Fiscal
General, señala que lejos de violar algún precepto de la Carta, lo que hace es
desarrolla el artículo 2º de la Constitución en cuanto a los fines del Estado;
por lo que la Ley es exequible y así debe ser declarada por la Corte.
3.-  Federación de
Aseguradores de Colombia - FASECOLDA.
Esta
institución por intermedio de su Vicepresidente Jurídico, Manuel Guillermo
Rueda Serrano, considera que el principio de la buena fe que el actor entiende
violado con la norma acusada, no es absoluto y tiene limitaciones, entre las
cuales se encuentra la protección a la vida, honra y bienes de los residentes
en Colombia, es decir, la protección al interés común.
Al
respecto , indica que si bien la Constitución protege el principio de la buena
fe, la propia Corte Constitucional se ha encargado de señalar los alcances y
limitaciones de dicho principio , es por esto que se señaló que la buena fe,
pese a su consagración constitucional se pretenda garantizar un principio absoluto,
ajeno a limitaciones y precisiones.
Razón
por la cual, argumenta que las autoridades nacionales han establecido que el
delito de hurto de automotores se encuentra ligado a otra serie de conductas
que afectan la vida y la integridad de las personas, como es el caso del
homicidio, las lesiones personales y el secuestro. Por lo anterior, en muchos
de los casos en los que se presenta el delito de hurto de un automotor los
delincuentes ocasionan  lesiones a los propietarios o conductores de los
mismos, algunas veces hasta la muerte y en otras los secuestran  sea o no con
fines extorsivos.
Por
esta razón, la norma acusada busca dar herramientas a las autoridades que
investigan los delitos de hurto de automotores, para contrarrestar, uno de los
destinos más frecuentes de los vehículos que son hurtados, cual es la
comercialización ilegal por medio de la venta de sus partes.
La
Policía Nacional, señala que manifestó que éste delito ocasionó en el año 2001,
pérdidas económicas en el país, por la suma de 540 mil millones de pesos, de
igual forma, la misma institución ha dicho que durante el año 2001 fueron
hurtados 31.774 automotores, de los cuales cerca de 10.000 se encontraban
asegurados, debiendo pagar las compañías de seguros por éste hecho, una cifra
cercana a los 174 mil millones de pesos.
Por
lo anterior, destaca que según información de la Central de inteligencia de la
Policía, el 35% de los vehículos que son hurtados en Colombia tiene como
destino el desguace para la venta de sus partes en el mercado negro. Por esto,
en su opinión la norma demandada si bien, en principio, podría desconocer el
principio de la buena fe, es claro que lo hace para proteger el interés común
de los residentes en el país, en su vida bienes e integridad física,  principio
también reconocido  y protegido por la Carta Política.
Considera,
que la Corte debe analizar los pronunciamientos que se han proferido en
relación con otra conducta delictiva, que al igual que la demandada en este
proceso, podría entenderse como violatoria del principio de buena fe, se trata
del delito de enriquecimiento ilícito, en el cual se castiga a la persona que
obtenga para sí o para otro un incremento patrimonial no justificado, derivado
de actividades delictivas.
Solicita,
con base en los criterios antes señalados, que se declare la Constitucionalidad
del artículo 1° de la Ley 738 de 2002 y se rechace la solicitud formulada por
el actor.
4. Ministerio de Justicia y
del Derecho.
Por
medio de apoderado, el Ministro de Justicia y del Derecho consideró que
Colombia se forma como un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la
dignidad humana, la presunción de inocencia en materia penal surge como una
conclusión lógica de aquella fórmula política. De este principio nace el deber
del Estado  de demostrar lo contrario, esto es, la culpabilidad; es así que
tanto el principio de presunción de inocencia como el de la carga de la prueba
en contrario por parte del Estado, constituye valiosas garantías procesales.
Indica
que cualquier disposición legal que infrinja tales garantías conculca el
ordenamiento constitucional y por ende ha de ser declarado inexequible.
Argumenta
que la norma sub examine,  efectivamente considera ab initio la
culpabilidad de quien comercia con autopartes usadas de vehículos automotores;
mientras el Estado nada hace para demostrar su culpabilidad, la persona
investigada debe asumir la carga de la prueba de su inocencia  al exigirle
demostrar la procedencia lícita de estos elementos.
Sostiene
que la expresión “y no demuestre su procedencia lícita”, contenida en el
artículo acusado, infringe las garantías procesales de presunción de inocencia
y de asunción de la carga de la prueba en contrario por parte del Estado; en
consecuencia, señala que esta expresión debe ser retirada del ordenamiento
normativo por infracción directa.
A
su juicio, sólo la expresión “y no demuestren su procedencia lícita”, contenida
en el nuevo artículo  447 A  del Código Penal vulnera los principios de
presunción de inocencia y de asunción de la carga de la prueba en contrario por
parte del Estado, señaladas en el artículo 29 constitucional; el resto del
precepto acusado debe ser declarado exequible, bajo el entendido que la carga
de demostrar la procedencia ilícita de las autopartes usadas de vehículos
automotores que se comercian, ha de ser asumida por el Estado a través de la
Fiscalía General de la Nación,  y así lo debe declarar la Corte.
5. Federación Nacional de
Comerciantes - FENALCO.
Por
intermedio de su Presidente, afirma que se debe declarar la exequibilidad de la
norma impugnada, porque encuentra plenamente justificado que el legislador
establezca la carga de demostrar   la procedencia lícita de quienes se dedican
a la comercialización de autopartes.
Lo
único que se pretende es salvaguardar el interés general, afirma, y para ello
la ley impugnada tiene una justificación económica y social, porque se ha
demostrado que la fuente directa de la comercialización de autopartes se
encuentra relacionada con la del hurto de vehículos para su fraccionamiento y el
contrabando de repuestos; situación que vulnera claramente el derecho de
propiedad y patrimonio de los colombianos.
Así
mismo, tal actividad afecta los intereses del fisco, al evadirse el pago de
impuestos que gravan ordinariamente al sector automotor formal.
Indica
que por regla general la comercialización de autopartes usadas sean nacionales
o extranjeras no cuentan con origen lícito, toda vez que del sector formal se
comercializan autopartes nuevas, la importación de vehículos y sus piezas
usadas se encuentra prohibida y de manera excepcional  los propietarios de los
vehículos acostumbran a vender piezas separadas de sus automotores, por lo cual
se demuestra que en la práctica la fuente directa de las autopartes que se
comercializan se encuentra relacionada con conductas tipificadas penalmente
como son el hurto de vehículos para su fraccionamiento y el contrabando de
repuestos.
De
igual modo, señala que el hurto de vehículos con destino a su comercialización
por piezas se encuentra ligado a la muerte y a lesiones personales a las
víctimas del mismo, manifestándose una vulneración del derecho fundamental a la
vida e integridad personal. Es así que el índice de accidentalidad por la
utilización de autopartes usadas es considerable, debido a la inexistencia de
garantía mínima de calidad, lo que exonera de responsabilidad al comerciante
por el producto defectuoso.
Considera
que la comercialización de repuestos usados de origen extranjero, no sólo
conlleva una transgresión de la normatividad sobre la materia, sino que
engruesa el contrabando como conducta que afecta el orden económico social.
Señala igualmente que tal actividad constituye una abierta competencia desleal
para el sector automotor organizado afectando la sana libertad económica
consagrada en el art. 333 de la Constitución , comprometiendo igualmente el
empleo generado por el sector, con detrimento del desarrollo general del país.
Manifiesta
que es incuestionable que el robo de vehículos afecta directa y permanentemente
el patrimonio familiar y empresarial de la sociedad colombiana, toda vez que
está menoscabando por una parte los ahorros y la inversión, y por otra,
afectando su crecimiento y su estabilidad.
La
Federación de Aseguradores Colombianos destaca que los vehículos hurtados en
1999, el 40% se encontraban  asegurados y las aseguradoras pagaron más de 170
mil millones de pesos por los 13.000 automotores asegurados y hurtados en ese
año. Para el 2000 se estima la cifra de 200 mil millones por los cerca de
150.000 vehículos asegurados y hurtados y que puede representar cerca del 45%
del total de unidades hurtadas en el país; lo más preocupante  es que menos del
10% de los vehículos hurtados son recuperados.
Aunado
a lo anterior, pone de presente que se suma el flagelo del contrabando de estas
partes de orígenes como Estados Unidos, Venezuela y Ecuador configurándose un
contrabando abierto;  lo que causa evasión fiscal ya que la comercialización de
estos productos, por lo general no facturan evitando el recaudo del IVA y demás
impuestos.
Frente
a este tema, señala que el sector paga más de dos billones de tributos anuales
por todo concepto y se calcula que de no existir el contrabando al fisco
nacional le entrarían recursos adicionales por esa misma cuantía. Los
resultados tienen mayor relevancia si se tiene en cuenta que la cadena de
industria automotriz es considerada como la segunda más importante de la
industria manufacturera después de la de alimentos y bebidas.
De
acuerdo a la DIAN, el comercio ilegal de autopartes se ha convertido en el
principal problema para el sector automotor del país, representando aquel de
partes y piezas el 36% del contrabando total que ingresa al país, así es que en
1999 se estima que entraron 2.200 millones de dólares de contrabando por este
concepto y en el 2000 se alcanzó la cifra de 2.250 millones de dólares.
Argumenta
que el hurto de vehículos es uno de los delitos de mayor impacto social: según
la DIJIN, el 45% de los hurtos se efectúan bajo las modalidades de atraco y
dentro de éstos el 10% se produce con lesiones y/u homicidio, afectando la
seguridad ciudadana.
Indica
que en el caso de los remates realizados tanto por entidades estatales como las
privadas, los documentos en ellos entregados están utilizándose de manera
ilegal para respaldar, en los desguazaderos, la tenencia de repuestos de
vehículos hurtados,  porque con base en el acta de entrega de éstos, amparan la
venta ilegal de autopartes fruto de su fraccionamiento, es decir, estas
personas se están valiendo de un procedimiento formal para “legalizar” una
actividad ilegal.
Es
así que, la acreditación del origen lícito de las autopartes usadas no refleja
presunción de mala fe de quien se dedica a su venta, sino que impone una carga
de diligencia y cuidado en la adquisición de estas piezas, evitándose de esta
manera situaciones que afecten el interés general. En  todo caso, se entiende
como una carga mínima de las personas que se dedican a la actividad comercial;
más aún, dentro de los requisitos consagrados en el derecho privado, para que una
persona se obligue con otra por un acto de voluntad, debe recaer sobre objeto
lícito.
Por
lo anterior, considera que es legítimo que el legislador consagre la
configuración del tipo penal de receptación cuando la comercializador de estos
bienes usados no pueda demostrar su procedencia lícita, toda vez que los
supuestos fácticos que se relacionan con tal actividad, justifican el precepto.
De
acuerdo a lo anterior, solicita se preserve la norma impugnada declarando su
constitucionalidad como herramienta para disminuir los delitos relacionados con
la comercialización de autopartes usadas.
6. Intervención Universidad el
Rosario.
El
Decano de la facultad de Jurisprudencia, manifiesta que la concepción política
colombiana enmarcada dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho, en
relación con la administración de justicia, se entiende que los beneficiarios
son el conglomerado social y por lo tanto haciendo uso de esos derechos
inherentes al ser como tal, pueden exigir que el Estado se los garantice en
virtud del respeto a la dignidad, buena fe, y principalmente la presunción de
inocencia, derechos que en relación con el artículo demandado, evidencian su
manifiesta violación.
De
igual modo indica que el Código de Procedimiento Penal en su artículo 7°,
consagra  como principio rector del proceso penal colombiano que “toda persona
se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una
sentencia condenatoria definitiva sobre su responsabilidad penal”, se entiende
este principio como columna vertebral del proceso, el cual no puede de plano
presumir que la persona sea culpable de antemano, mientras no existan las
pruebas y la responsabilidad plenamente probada por el funcionario judicial
para proferir una decisión de tal magnitud.
En consecuencia,
afirma que mientras no exista un debido proceso desde el momento de la
vinculación del sindicado al proceso, debe hacerse hincapié en que es
precisamente facultad del Estado, investigar a fondo y valorar objetivamente
cada prueba, antes de acusar y declarar la culpabilidad de un sujeto.
Sostiene
que es necesario hacer distinción, en relación con los términos “inocencia” y
“responsabilidad”, pues en el proceso penal, la inocencia no se demuestra, lo
que se investiga es la responsabilidad en la comisión del punible,  cuya
consecuencia da como  resultado que cualquier decisión tomada por el
funcionario judicial debe ser fundamentada y motivada en las pruebas y hechos
que presenten si efectivamente el sindicado es sujeto de ser absuelto o condenado;
por lo tanto la presunción de inocencia se mantiene viva durante el desarrollo
del proceso, y sólo es desvirtuada en el momento en que se tenga certeza de la
comisión del delito y la responsabilidad en su realización.
Argumenta
que en el sistema acusatorio que rige en Colombia, se caracteriza por el debate
probatorio y de alegaciones en audiencias, finalizada la práctica de pruebas y
la intervención de las partes, el juez debe proferir sentencia, fuera de lo
anterior debe existir plena certeza y estar probada la responsabilidad del
sujeto, para así poder condenársele.
Entonces,
señala que el principio de inocencia debe ser desarrollado en el proceso
permitiendo al sindicado una relación jurídico- procesal plena, en la cual
pueda allegar y desvirtuar las pruebas que le permitan su absolución. De la
misma manera es al Estado, por medio de sus agentes, el fiscal y el juez, a
quienes corresponde el deber y el peso de la prueba.
En
conclusión, considera que se vulnera manifiestamente el principio de la presunción
de inocencia, el debido proceso y la buena fe de los sujetos a quienes se
inicia la investigación judicial, en este caso, de la actividad relacionada con
el comercio de autopartes usadas de vehículos automotores; porque si bien el
legislador lo que pretendía era una disminución en la comisión de un delito en
particular, su prioridad debió ser el respeto a los principios del ordenamiento
procesal penal y posteriormente redactar en forma jurídica tal tipo, siempre
previendo que los derechos fundamentales no se vieren vulnerados.
Por
lo anterior manifiesta que se configura la inconstitucionalidad del artículo 1°
de la Ley 738 de 2002.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El señor
Procurador General de la Nación, en  concepto Nro. 3048 de fecha 8 de octubre
de 2002, sostiene que la Ley 738 de 2002, fue expedida porque los derechos como
la integridad física, el patrimonio de cada persona y el de la economía
nacional, están siendo afectados con el hurto de vehículos y el contrabando de
éstos o sus autopartes.
Indica que se
debe tener en cuenta que la industria automotriz es considerada como la segunda
rama más importante de la industria manufacturera, a más de generar empleo
calificado, transferir tecnología y generar recursos para el fisco nacional y
local.
De igual manera,
señala que está demostrado que la conducta descrita en la norma acusada está
generando un impacto negativo en el sector automotor afectando seriamente el
empleo en éste e incrementando la competencia desleal y el contrabando; y como
consecuencia se presenta una grave evasión fiscal, porque el comerciante de
estos elementos al no facturar evaden el IVA, así como otros impuestos. Donde
se pagará lo debido, por esta actividad al fisco nacional le entrarían recursos
adicionales por un valor superior a 2 billones de pesos anuales.
Argumenta que
según la DIAN, el comercio de autopartes de origen ilícito se ha convertido en
el principal problema para el sector automotor, porque representa el 36% del
total de partes y piezas de contrabando que ingresan ilegalmente al país y los
comerciantes legales ven reducido su mercado debido al aumento ilegal de estos
productos.
Así mismo,
afirma que los comerciantes legales de autopartes quienes manejan una
estructura de precios acordes con las leyes de la oferta y la demanda, ven
reducido su mercado debido al aumento del comercio ilegal de estos productos.
Es así, que el comercializador ilegal de autopartes usadas no genera empleo, no
tiene costos operativos, no garantiza calidad en compensación del precio bajo,
configurando una competencia desleal frente al que comercia formalmente.
Considera que el
robo de vehículos entre 1991 y 2000, creció en una proporción del 240 %  y que
cada año esta actividad delictiva va en aumento, valiéndose de la modalidad de
atraco con arma de fuego, a través de señuelo y con uso de escopolamina, así
como por jaladores. Por estas razones se justificó la incorporación de una
nueva conducta penal, incorporada en el Capítulo VI, del encubrimiento, entendido
como una receptación de carácter especial, sujeta a la misma pena de la
receptación, consistente en pena de prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa
de cinco (5) a quinientos (500) salarios mínimos, contenida en el artículo 447
del Código Penal.
Indica que dada
la naturaleza del bien jurídico tutelado, por medio de esta receptación
especial, que requiere que el mismo esté estructurado tal y como quedó, es
decir, los sujetos que se dediquen a la comercialización de autopartes deban
demostrar su procedencia. No es cierto que este nuevo tipo penal esté
invirtiendo la carga de la prueba o desconociendo el principio de la buena fe,
toda vez que en estos casos las autoridades pueden solicitar al comerciante
demostrar la forma como adquirió los bienes que comercializa y éste dentro del
giro normal de sus negocios posea los soportes documentales necesarios para
demostrar su procedencia.
Afirma que lo
anterior no conculca los derechos invocados por la demandante porque por el
contrario es la carga mínima que le corresponde al ciudadano dentro de sus
deberes de colaboración con la administración de justicia. (artículo 95 nral. 7
de la Carta Política).
Sostiene que la
necesidad de demostrar la procedencia lícita de las autopartes usadas, no
implica la declaración judicial de culpabilidad, ya que la investigación que
realiza el Estado sobre un hecho punible no puede tener como barrera la
presunción de inocencia de la persona, principio que no se viola por la
circunstancia de que se le pida a un comerciante demostrar la procedencia del
producto con el que está negociando.  De igual manera, esta misma exigencia, no
viola ni implica el quebrantamiento  del principio de la buena fe, toda vez que
una aseveración en contrario impediría a las autoridades solicitar documentos
que acrediten la propiedad de determinados bienes o los permisos para su
tenencia y transporte, v. gr. Las autoridades de tránsito, las aduaneras e
incluso las de inmigración.
Precisa que la
Corte Constitucional ha determinado que principios como el de la buena fe o la
presunción de inocencia, no pueden ir contra los deberes constitucionales, pues
el fin del Estado de reprimir el delito y buscar el esclarecimiento de los
hechos generadores de situaciones que acrecientan la criminalidad, no puede
tener como barrera infranqueable la presunción de inocencia de la persona,
principio que no se vulnera por la circunstancia de que el Estado solicite a
una persona, especialmente a un comerciante, demostrar la procedencia del
producto que negocia. Entonces, la presunción de inocencia sólo dejará de
operar cuando una vez concluido el proceso penal, se declare judicialmente su
responsabilidad penal mediante el fallo respectivo.
El Jefe del
Ministerio Público considera que tal y como quedó estructurado el nuevo tipo
penal, en sus elementos no existe nada que permita deducir que existe violación
de la presunción de inocencia.
Asegura que a la demandante no le asiste
la razón en ninguno de sus argumentos, dado que el propósito del precepto legal
demandado no es otro que de contrarrestar un fenómeno criminal y su extensión
en la sociedad. Siendo así la posibilidad de imponer la carga de la prueba a
una de las partes que tiene a su disposición los elementos necesarios para
probar lo que interesa, por lo que no se vulnera ningún principio
constitucional, antes por el contrario, ha de imperar el interés general sobre
cualquier otra clase de  interés de carácter particular.
En este orden de ideas, el Procurador
General de la Nación, solicita a la Corte declarar la exequibilidad del
artículo 1° de la Ley 738 de 2002.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1.     Competencia.
La Corte Constitucional es competente para
conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad  de la referencia,
de conformidad con el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución Política.
2.
Problemas jurídicos a resolver.
En el presente
asunto la Corte debe examinar dos problemas jurídicos concretos:
1. Si constituye
el artículo 1 de la Ley 738 de 2002, una reproducción material de una norma
declarada inexequible, violando así la prohibición contenida en el artículo 243
de la Constitución Política.
2. Si la norma
legal demandada en cuanto dispone que quien comercie con autopartes usadas de
vehículos automotores y no demuestre la procedencia lícita de éstas será
sancionado penalmente, viola o no el Preámbulo de la Carta Política, y los
principios constitucionales de la dignidad humana ( art. 1 de la CN ),
legalidad estricta, proporcionalidad, razonabilidad, presunción de inocencia (
art. 29 de la CN ) y  buena fe ( art. 83 de la CN ).
3. Examen
sobre la cosa juzgada constitucional.
En sentencia
C-626 del 21 de noviembre de 1996, la Corte declaró inexequible en su totalidad
el artículo 9 de la Ley 228 del 21 de diciembre de 1995 “Por la cual se
determina el régimen aplicable a las contravenciones especiales y se dictan
otras disposiciones”, cuyo texto era el siguiente:
“ARTICULO 9. Ofrecimiento o enajenación de bienes de procedencia
no justificada. El que en lugar público o abierto al público ofrezca para
su enajenación bien mueble usado, cuya procedencia no esté justificada,
incurrirá en arresto de seis (6) a dieciocho (18) meses, siempre que la
conducta no constituya hecho punible sancionado con pena mayor.
PARAGRAFO. Cuando se trate de establecimientos de comercio cuyo
objeto social sea el de compraventa con pacto de retroventa de que hablan los
artículos 1939 y siguientes del Código Civil Colombiano, el contrato escrito
ajustado a la ley y firmado por las partes que intervengan en él, se tendrá
como prueba de la procedencia de que habla el presente artículo".
A juicio de esta
Corporación la norma legal transcrita vulneraba el principio constitucional de
la presunción de inocencia, por cuanto:
“Del artículo 29 de la Constitución resulta que ni el legislador ni
los jueces    pueden presumir la culpabilidad de nadie.
Es postulado cardinal de nuestro ordenamiento, respecto del cual el
Constituyente no consagró excepciones, el de que toda persona se presume
inocente mientras no se le demuestre lo contrario en el curso de un debido
proceso, ante tribunal competente, conforme a las reglas preexistentes al acto
que se le imputa, y con la plena garantía de su defensa.
Cuando el legislador establece los tipos penales, señala, en
abstracto, conductas que, dentro de la política criminal del Estado y previa
evaluación en torno a las necesidades de justicia imperantes en el seno de la
sociedad, merecen castigo, según el criterio de aquél.
Para que, en el caso concreto de una persona, puedan ser aplicadas
las sanciones previstas en la ley, es indispensable, de conformidad con las
garantías constitucionales aludidas, que se configure y establezca con certeza,
por la competente autoridad judicial, que el procesado es responsable por el
hecho punible que ha dado lugar al juicio.
En nuestro sistema jurídico, ha sido proscrita, entonces, la
responsabilidad objetiva, de lo cual resulta que el legislador no puede asumir,
desde el momento en que consagra el tipo penal, que la sola circunstancia de
haber incurrido un individuo en la conducta tipificada apareja la necesaria
consecuencia de su responsabilidad y de la consiguiente sanción penal. Esta, al
tenor del artículo 29 de la Carta, únicamente puede proceder del presupuesto de
que al procesado "se le haya declarado judicialmente culpable"
(subraya la Corte).
La culpabilidad es, por tanto, supuesto ineludible y necesario de la
responsabilidad y de la imposición de la pena, lo que significa que la
actividad punitiva del Estado tiene lugar tan sólo sobre la base de la
responsabilidad subjetiva de aquéllos sobre quienes recaiga.
En esos términos, resulta abiertamente inconstitucional la norma de
la ley penal que prevea hechos punibles sancionables objetivamente, esto es,
únicamente por la verificación de que la conducta del sujeto encaje
materialmente en los presupuestos normativos, sin que se tenga en cuenta la
culpabilidad.
También se opone a la Constitución, y de manera flagrante, la norma
legal que presuma la culpabilidad del imputado.
Tal ocurre con la regla acusada (artículo 9 de la Ley 228 de 1995),
que al trasladar al inculpado la carga de la prueba, exigiéndole que demuestre
su inocencia, lo supone delincuente desde el principio del proceso.
En efecto, la disposición impugnada contempla sanción para quien,
"en lugar público o abierto al público, ofrezca para su enajenación bien
mueble usado cuya procedencia no esté justificada" (subraya la
Corte), lo que supone necesariamente que el sindicado se entiende responsable,
a menos que demuestre la procedencia lícita de lo que pretende vender, en un
clásico traslado de la prueba.
El legislador presume la culpabilidad de la persona, en ostensible
transgresión a la garantía constitucional, que, por el contrario, parte de la
presunción de inocencia, mientras al individuo no se le haya declarado
judicialmente culpable.
Se declarará la inexequibilidad del precepto
acusado, en su totalidad”.
A pesar de
algunas semejanzas existentes entre las dos normas punitivas, no se puede
afirmar, sin embargo, que en el presente caso se está ante una reproducción de
un contenido material previamente declarado inexequible, por las razones que
pasan a explicarse.
Si bien subsiste
el texto constitucional que sirvió de referencia  para la declaratoria de
inexequibilidad, en este caso el artículo 29 de la Carta Política, la norma que
fue expulsada del ordenamiento jurídico tipificaba una contravención especial
denominada “Ofrecimiento o enajenación de bienes de procedencia no
justificada”, en tanto que la disposición demandada incorporó un tipo penal al
nuevo Código Penal, esto es, se trata de dos preceptos jurídicos ubicados en
contextos normativos completamente distintos.
Además, el
comportamiento que aparecía descrito en el artículo 9 de la Ley 228 de 1995
tenía unas particularidades en cuanto al lugar donde podía ser cometido, es
decir “en lugar público o abierto al público”, amén de algunas referencias a
las pruebas procedentes en estos casos, como los contratos respectivos, las
cuales se encuentran ausentes en la norma legal sub examine.
Otro tanto puede
predicarse del objeto sobre el cual recae la conducta: en el caso de la
contravención se aludía  a un “bien mueble usado”, de manera general; en el
nuevo tipo penal, el legislador se refiere a “autopartes usadas de vehículos
automotores”.
Además, en el
caso de la contravención el legislador incluyó como ingrediente normativo de la
misma “cuya procedencia no esté justificada”, y en el presente caso se alude a
una acción consistente en comerciar con autopartes usadas de vehículos
automotores y a una omisión cual es no demostrar la procedencia lícita de un
bien.
En este orden de
ideas, puede concluirse que las dos normas no tienen el mismo contenido
normativo, y por lo tanto, no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada material.
4. La materia
objeto del control de constitucionalidad.
Para efectos de determinar la
constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 738 de 2002 y que corresponde al
actual artículo 447A del Código Penal, la Corte analizará previamente los
antecedentes de la ley, el contenido y el alcance de la norma demandada y a
continuación examinará si el legislador violó o no los principios
constitucionales de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, presunción de
inocencia, dignidad humana y  buena fe.
4.1. Antecedentes,
contenido y alcance del artículo 447A del nuevo Código Penal.
La conducta de
quien recibe el objeto material de un hecho punible a fin de ocultarlo, ayudar
a ocultarlo no es novedosa en nuestro ordenamiento penal, pues ha venido siendo
considerada como delictual desde hace mucho tiempo con diferentes tratamientos
jurídicos y bajo la denominación de receptación.
Desde el derecho
romano, este delito no era más que una modalidad de la participación en el
ilícito encubierto, pues se consideraba que quien ayudaba al delincuente a
obtener su impunidad o el fin propuesto con el delito, aunque no hubiera
intervenido en su ejecución, prolongaba de esta forma el iter criminis
más allá de los límites de la consumación. El Digesto trató de
establecer una distinción entre los autores del hecho punible y los
favorecedores “Los que acogen a los malhechores son una especie pésima de
gentes, sin las cuales ninguno pudiera estar oculto mucho tiempo, y se manda
ser castigados como ladrones”[1].
Así se mantuvo, durante siglos, la confusión entre el culpable de atacar la
propiedad privada y el que le facilitaba colaboración posterior a aquél, a
pesar de las críticas que sobre el particular formuló Carrara[2].
El Código Penal
colombiano de 1890, en su artículo 25, enumeraba quienes eran encubridores, con
el casuismo propio de la época[3].
La enumeración comprendía, entre otras conductas, dos modalidades consideradas
como principales, el ocultamiento criminal y la receptación, de la siguiente
manera:
“Son encubridores: 1 ) los que
espontáneamente, sin concierto anterior a la perpetración del delito, receptan
o encubren después la persona de alguno o algunos de los autores, cómplices o
auxiliadores; o los que protegen los defienden o les dan auxilio o noticias
para se precavan o se fuguen; u ocultan alguna de sus armas, o alguno de los
instrumentos o utensilios  con que se cometió el delito, o alguno de los
efectos en que éste consista; o compran, expenden o distribuyen algunos de
dichos  efectos, sabiendo que aquellas armas, instrumentos o utensilios
han servido para el delito, o que de él han provenido aquellos efectos” (
negrilla y subrayado fuera de texto ).
Posteriormente, el artículo 200 del
Código Penal de 1936 tipificó el delito de receptación en los siguientes términos:
“El que fuera de los casos de concurso en el delito, ocultare o
ayudare a ocultar o asegurar el producto o fruto del mismo, o lo comprare o
expendiere a sabiendas de su procedencia, incurrirá en
prisión de seis meses a cinco años y multa de veinte a dos mil pesos”. (
negrilla y subrayado fuera de texto ).
El Código Penal
de 1980, en su Capítulo IV, bajo la denominación común de encubrimiento
recogió dos modalidades del mismo: el favorecimiento ( art. 176 )[4] y la receptación ( art.
177 ). Este último prescribía:
“Artículo 177. Receptación. El que fuera de los casos
de concurso en el delito, oculte o ayude a ocultar o a asegurar el objeto
material o el producto del mismo, o lo adquiera o enajene, incurrirá en prisión
de seis meses a cinco años y multa de un mil a cien mil pesos”.
Años más tarde,
la Ley 190 de 1995 “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto
de erradicar la corrupción administrativa” modificó el artículo 177 del C.P. en
los siguientes términos:
“ARTICULO 31.
El artículo 177 del Código Penal quedará así:
Artículo 177. Receptación, legalización y ocultamiento de bienes
provenientes de actividades ilegales. El que fuera de los casos de concurso
en el delito oculte, asegure, transforme, invierta, transfiera, custodie,
transporte, administre o adquiera el objeto material o el producto del mismo o
les dé a los bienes provenientes de dicha actividad apariencia de legalidad o
los legalice, incurrirá en pena de prisión de tres (3) a ocho (8) años, siempre
que el hecho no constituya delito sancionado con pena mayor.
La pena imponible será de cuatro (4) a doce (12) años de prisión si
el valor de los bienes que constituyen el objeto material o el producto del
hecho punible es superior a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes al momento de la consumación del hecho.
La pena imponible con base en los incisos anteriores se aumentara de
la mitad (1/2) a las tres cuartas (3/4) partes en los siguientes casos:
1. Si los bienes que constituyen el objeto material o el producto
del hecho punible provienen de los delitos de secuestro, extorsión, o de
cualquiera de los delitos a que se refiere la Ley 30 de 1986.
2. Cuando para la realización de la o las conductas se efectúen
operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introduzcan mercancías al
territorio aduanero nacional o se celebren contratos con personas sujetas a la
inspección, vigilancia o control de las Superintendencias Bancaria o de Valores.
3. Si la persona que realiza la conducta es importador o exportador
de bienes o servicios, o es director, administrador, representante legal,
revisor fiscal u otro funcionario de una entidad sujeta a la inspección,
vigilancia o control de las Superintendencias Bancaria o de Valores, o es
accionista o asociado de dicha entidad en una proporción igual o superior al
diez por ciento (10%) de su capital pagado o del valor de los aportes
cooperativos.”
Al año siguiente
fue expedida la Ley 228 del de 1995 “Por la cual se determina el régimen
aplicable a las contravenciones especiales y se dictan otras disposiciones”,
cuyo  artículo 9 rezaba:
“ARTICULO 9. Ofrecimiento o enajenación de bienes de procedencia
no justificada. El que en lugar público o abierto al público ofrezca para
su enajenación bien mueble usado, cuya procedencia no esté justificada,
incurrirá en arresto de seis (6) a dieciocho (18) meses, siempre que la
conducta no constituya hecho punible sancionado con pena mayor.
PARAGRAFO. Cuando se trate de establecimientos de comercio cuyo
objeto social sea el de compraventa con pacto de retroventa de que hablan los
artículos 1939 y siguientes del Código Civil Colombiano, el contrato escrito
ajustado a la ley y firmado por las partes que intervengan en él, se tendrá
como prueba de la procedencia de que habla el presente artículo".
Así pues, durante algún tiempo, la receptación estuvo regulada a su
vez como delito y contravención. No obstante, esta última fue declarada
inexequible por la Corte en sentencia C-626 del 21 de Noviembre de 1996, en
esencia, por violación  a la presunción de inocencia.
Al año siguiente, una vez más, se modificó la regulación penal de la
receptación. En efecto, la Ley 365 de 1997 “Por la cual se establecen normas
tendientes a combatir la delincuencia organizada y se dictan otras
disposiciones”, dispuso lo siguiente:
“Artículo
7º. El artículo 177 del Código Penal quedará así:
“ARTICULO
177: Receptación. El que sin haber. tomado parte en la  ejecución de un delito
adquiera, posea, convierta o transmita bienes muebles o inmuebles, que tengan
su origen mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para
ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a
cinco (5) años y multa de cinco (5) a quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales, siempre que el hecho no constituya otro delito de mayor gravedad.
“Si
la conducta se realiza sobre un bien cuyo valor sea superior a mil (1.000)
salarios mínimos legales mensuales, la pena privativa de la libertad se
aumentará de una tercera parte a la mitad.
Sobre esta nueva modificación al régimen penal de la receptación en
Colombia, es pertinente traer a colación las siguientes críticas que figuraron
en el texto de la exposición de motivos del proyecto de ley 18 de 1996 Senado,
encaminado a modificar la Ley 190 de 1995:
“Sobre el supuesto de la imposibilidad de interpretar extensivamente
el artículo 177 del Código Penal, debe destacarse igualmente que de acuerdo con
la redacción actual de dicha disposición se llega a soluciones francamente
injustas en materia de delitos contra el patrimonio económico, debido a la
dureza de las sanciones allí previstas.  En efecto, con la actual legislación
resultan favorecidos los autores de los delitos contra la propiedad frente a
los receptadores, pues mientras el autor de un hurto recibe pena de uno (1) a
seis (6) años, la persona que adquiere el bien producto de ese hurto queda
sometida a una sanción de tres (3) a ocho (8) años de prisión[5].
Luego en el curso
del debate para plenaria del Senado del mencionado proyecto se argumentó lo
siguiente:
“Estimamos
que la Ley 190 de 1995 en su art. 31 tipifica de manera antitécnica las
diversas formas de receptación y que sería conveniente como lo propone el
proyecto, describir más adecuadamente las conductas y ajustarlas al derecho
internacional para entre otras cosas,  acercarnos a la Convención de Viena en
cuanto a los verbos rectores y a la inclusión del elemento a sabiendas
que evitara la generalización y la ambigüedad que surge de expresiones como
“origen mediato o inmediato en un delito” o “realice cualquier otro acto...”. (
negrilla fuera de texto ).[6]
Pocos años más tarde, la Ley 599 de 2000 modificó, una vez más, la
tipificación del delito de receptación, en los siguientes términos:
“ART. 447. Receptación. El que sin haber tomado parte en la
ejecución de la conducta punible adquiera, posea, convierta o transfiera bienes
muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato o inmediato en un delito, o
realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito,
incurrirá en prisión de dos ( 2 ) a ocho ( 8 ) años y multa de cinco ( 5 ) a
quinientos ( 500 ) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la
conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
“Si la conducta se realiza sobre un bien cuyo valor sea superior a
mil     ( 1000 ) salarios mínimos legales mensuales vigentes la pena se
aumentará de una tercera parte a la mitad”
Nótese entonces como, de tiempo atrás, se encuentra tipificado en
nuestro ordenamiento jurídico el  delito de receptación, tipo genérico que
permitía y permite actualmente, investigar y sancionar conductas como el
comercio de autopartes usadas de vehículos automotores de procedencia ilícita.
De manera tal, que la misma conducta material referida a la venta de
partes de un vehículo hurtado, puede ser objeto de imputación a dos títulos
diferentes: como copartícipe de hurto si obedece a un acuerdo previo a la
comisión de ese delito o como autor de receptación si no ha mediado tal
convenio previo a la comisión del delito de hurto. La existencia de ese acuerdo
previo hace la diferencia entre la coparticipación en un delito de hurto, a
título de cómplice, por ejemplo, o la autoría de un delito de receptación.
Motivado de manera particular, dadas las repercusiones que por su
gravedad y magnitud implican para la sociedad el comercio de autopartes usadas
de vehículos automotores de procedencia ilícita y la posible dificultad de
probar al receptador el origen ilícito de dichos bienes, consideró el
legislador conveniente tipificar esta conducta de manera especial y autónoma.
Fue así como tramitó el proyecto de ley correspondiente que concluyó en la Ley
738 de 2002, mediante la cual se adicionó el Código Penal incluyéndole el
artículo 447 A,  y que es el objeto de estudio en esta ocasión.
En efecto, una interpretación histórica de la norma sub examine
pone de presente que a lo largo de todos los debates que se surtieron en el
Congreso de la República, los legisladores siempre tuvieron en mente tipificar
una especie de receptación, con unas particularidades concretas, como pasa a
exponerse.
El nuevo
artículo del Código Penal tuvo su origen en un proyecto de ley presentado por
el Senador Germán Vargas Lleras ante el Senado de la República, en el cual se
proponía lo siguiente:
“Proyecto de Ley número 25 de 2000 Senado, “Por el cual se adiciona
el contenido del artículo 177 del Código Penal”
“Artículo 1. Adiciónase al artículo 177 del Código Penal un inciso
segundo, del siguiente tenor:
“Artículo 177. Receptación.
“Se encuentra en la situación consagrada en el inciso anterior,
quien se dedique a la compraventa de partes de vehículos automotores que
sean de segunda mano.             ( negrilla y subrayado fuera de texto ).
“Artículo 2. Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación”
Cordialmente,
Germán
Vargas Lleras
Senador
de la República[7]
Posteriormente,
el 7 de mayo de 2001 se presentó el “Informe de ponencia para primer debate al
proyecto de ley número 25 de 2000 senado. Por el cual se adiciona el artículo
177 del Código Penal”, documento en el cual se justificaba sancionar un nueva
variedad de receptación introduciendo, eso sí, algunas modificaciones
importantes al proyecto inicial, con base en los siguientes argumentos:
Objeto del Proyecto
El proyecto de ley tiene como
objeto la comercialización de partes usadas de automotores, por la vía de
considerar dicha conducta como constitutiva del delito de receptación, previsto
en el artículo 177 del anterior Código Penal, hoy artículo 447 del nuevo Código
Penal. Lo anterior se fundamenta principalmente, en el alto nivel de hurto de
automotores que se registra en los últimos años, siendo la venta de partes de
vehículos usados el motivo primordial para la comisión de este delito que
afecta, no sólo el patrimonio de los colombianos, sino también la vida y la
integridad personal de los ciudadanos. De igual manera, diversas
consideraciones de orden económico, social y de medio ambiente, así como
criterios asociados con el modelo de desarrollo nacional, sirvieron de base
para impulsar el presente proyecto de ley. Se evaluaron así mismo, elementos
relacionados con la situación del sector automotor, su impacto en el empleo
nacional y la situación generada por la competencia desleal y el contrabando,
dentro del contexto además de la participación del sector en los ingresos
corrientes de la Nación.
Contenido
del Proyecto.
El proyecto de ley consta de dos artículos, así:
El artículo primero, mediante el cual se adiciona el artículo 177
del Código Penal      ( hoy artículo 447 ) un segundo inciso, con el que se
penaliza por receptación a quien se dedique a la comercialización de partes de
vehículos automotores usados.
El artículo segundo, en el que se señala la fecha de entrada en
vigencia de esta norma
PLIEGO DE MODIFICACIONES
Luego de haber realizado el análisis respectivo del proyecto de ley
y efectuadas diferentes consultas con gran parte de las entidades y personas
interesadas en el contenido de la iniciativa, se estimó pertinente efectuar
algunas modificaciones al proyecto inicialmente presentado a consideración de
esta Comisión, en los siguientes aspectos:
a ) se modifica el nombre del proyecto de ley, con el fin de
ajustarlo a la nueva normatividad penal aprobada recientemente por el Congreso
Nacional, en el sentido de aclarar que el artículo a que se refiere al delito
de receptación, corresponde al artículo 447 del nuevo Código Penal, por lo cual
se sugiere que el título del proyecto quede así:
“Por el cual se adiciona el contenido del artículo 447 de la
ley 599 de 2000 Código Penal”; ( subrayado dentro del texto )
“b ) Se modifica el artículo primero del proyecto en los siguientes
aspectos:
·
El encabezado del artículo también se adecua al
nuevo Código Penal, en el sentido de hacer referencia al artículo 447 de dicho
Código y no al 177 que correspondía a la legislación anterior.
·
Se modifica el verbo rector del tipo penal
contenido en el proyecto original         ( compraventa ) por el término
“comercialización” el cual comprende todo tipo de negocios comerciales con este
tipo de bienes.
·
Se elimina, por considerarlo innecesario, la
expresión “que sean de segunda mano”.
·
Finalmente, se adiciona “Exceptúase  las partes
usadas para maquinaria agrícola”.
“PLIEGO DE MODIFICACIONES AL PROYECTO DE LEY 25 DE 2000 SENADO. Por medio de la cual se adiciona el artículo 447 del Código Penal.
“El
Congreso de Colombia
DECRETA
Artículo 1. Adiciónase al artículo 447 del Código Penal un inciso
segundo del siguiente tenor:
“Artículo 447. Receptación.
“Se encuentra en la situación consagrada en el inciso anterior,
quien se dedique a la comercialización de partes usadas de vehículos
automotores. Exceptúase las partes usadas que correspondan a maquinaria
agrícola (  negrilla dentro  del  texto ).
Artículo 2. Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación.
Cordialmente,
Gustavo A. Guerra Lemoine”[8]
Correspondió a
los Senadores  Gustavo A. Guerra Lemoine y Cecilia Rodríguez González- Rubio
presentar el texto de la “Ponencia para segundo debate al proyecto de ley
número 25 de 2000 senado. Por el cual se adiciona el contenido del artículo 177
del Código Penal.”, documento en el cual se justificó la tipificación de esta
nueva clase de receptación, y se introdujo el actual elemento normativo del
tipo consistente en  “y no demuestre su procedencia lícita”:
“EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS.
“... lo que se propone con la iniciativa, tal y como fue aprobado
por la Comisión Primera del Senado de la República, es adicionar un nuevo
artículo al ordenamiento jurídico penal en donde se sanciona con la misma pena
del delito de receptación a quien comercie con autopartes usadas de vehículos
automotores y no demuestre su procedencia lícita  ( subrayado fuera de
texto ).
“Como ninguna otra negociación de bienes usados, reconstruidos o
reacondicionados, la que corresponde a partes de vehículos automotores, quienes
se dedican a ella de manera informal, saben de su propiedad non santa,
porque ellos mismos no han generado ni validado el origen lícito. De otra parte, no tiene sentido que el dueño legítimo de un
automotor, por mayor necesidad que tenga, venda el espejo retrovisor o una de
las llantas, o la tapa del combustible, o los limpiabrisas. Por lo mismo, no es
ningún despropósito considerar legalmente que está en la situación de
receptación, cuando el agente se dedique a la compraventa  de partes de
vehículos automotores, pero que además esas partes sean usadas, reconstruidas o
reacondicionadas.” ( subrayado fuera de texto ).
“TEXTO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 25 DE 2000
Aprobado por la
Comisión Primera del honorable Senado.
Por el cual se adiciona un artículo al Código Penal
El Congreso de Colombia.
DECRETA
“Artículo 1. El Código Penal tendrá un artículo nuevo numerado como 447A
Artículo 447 A. Quien comercie con
autopartes usadas de vehículos automotores y no demuestre su procedencia
lícita, incurrirá en la misma pena del artículo anterior.
Artículo 2. Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación.
En los anteriores términos fue aprobado el presente proyecto de ley
según consta en el Acta número 30, con fecha 30 de mayo de 2001.
El Secretario Comisión Primera honorable Senado de la República
Eduardo
López Villa[9].
La voluntad del
legislador de crear un tipo penal que consistiese en una forma especial de
receptación, quedó asimismo plasmada en el texto del “Informe de ponencia para
segundo debate al proyecto de ley número 180 de 2001 cámara, 025 de 2000
senado”:
“La presente iniciativa pretende adicionar la regulación que el
Estatuto Penal contempla sobre la receptación, introduciendo una
modalidad Específica referida a la comercialización de autopartes usadas de
vehículos automotores sin la acreditación de la procedencia lícita de las
mismas, en la medida en que se considera que el incremento desmedido que ha
tenido el hurto de vehículos automotores tiene una parte de explicación en el
mercado negro de autopartes robadas, por lo cual, imponiendo una sanción penal
a aquellos comportamientos, se desestimulará el hurto de vehículos”[10]. ( negrilla y
subrayado fuera de texto ).
Así las cosas,
queda claro que fue la voluntad del legislador establecer una modalidad
especial de aquel tipo penal amplio o genérico de receptación que aparece
recogido en el artículo 447 del C.P., y que sólo comparte con este último la
sanción a imponer, lo que no le quita  la autonomía y especialidad que se le
quiso imprimir.
Por otra parte,
de conformidad con una interpretación sedes materiae, según la cual se
le atribuye un significado a un enunciado a partir del lugar que ocupa en el
contexto normativo del que forma parte, la ubicación de este nuevo tipo penal
resulta elocuente en el sentido de que se halla a continuación del artículo 447
del nuevo C.P. que tipifica el delito de receptación; además, el legislador le
agregó una letra ( A ) a la numeración del artículo, lo cual indica que se
trata de una variedad especial de receptación. Es más, para efectos de su
punibilidad, como ya se advirtió, el legislador remitió la cuantificación de la
pena a la prescrita en el artículo 447 del  C.P.
Además,
recurriendo a una interpretación a rubrica, en tanto que variedad de la
sistemática consistente en atribuir un significado en función del título o
rúbrica que encabeza al grupo de artículos en el que aquél se encuentra[11], se tiene que la
conducta contenida en la norma demandada corresponde a una forma de
encubrimiento pues se ubica en el Capítulo VI, “Del encubrimiento”.
En este orden de
ideas, la Corte considera que el tipo penal consagrado en el artículo 447A del
Código Penal constituye, sin lugar a dudas, una modalidad específica del hecho
punible de receptación, que aparece descrito en el artículo 447 del C.P., y que
el legislador al tipificarlo le dio plena autonomía. Esta forma especial de
receptación presenta unas características particulares que lo diferencian en
cuanto a su estructura del tipo genérico de receptación en cuanto se trata de
un tipo penal en dos actos, conformado por una acción consistente en comerciar
con autopartes usadas de vehículos automotores, y una omisión referida a la no
demostración de la procedencia lícita de dichos bienes con la cual se consuma
el ilícito. Además, la adopción de una decisión de fondo en este caso de
receptación no requiere que se encuentren previamente sancionados los autores
del delito encubierto.
En lo que se
refiere a la acción, consistente en comerciar con autopartes usadas de
vehículos automotores, se trata de la persona que recibe a cualquier título
dichos bienes para distribuirlos, ofrecerlos o transferirlos de manera onerosa,
es decir, realizar con ellos cualquier acto de comercio, pero sin que sea
necesario haber adquirido para tales efectos la categoría de comerciante
de que trata la ley mercantil, siendo por tanto un delito con sujeto activo
indeterminado. Respecto de la omisión, la norma alude a la no demostración de
la procedencia lícita de dichos bienes. Así pues, el ilícito se consuma cuando
una persona realiza una actividad comercial pero, por alguna circunstancia  no
logra demostrar la procedencia lícita de las autopartes usadas de vehículo
automotor, porque por ejemplo, no tiene las facturas o soportes contables
correspondientes.
4.2.  El bloque de
constitucionalidad como límite a la libertad de configuración del legislador en
materia penal.
Uno de los fines
del Estado Social de Derecho que pregona la Carta Política es el de garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y derecho
internacional humanitario. Además, por mandato superior las autoridades de la
República están instituidas, entre otros objetivos, para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, así como
para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra,
bienes, creencias y demás derechos y libertades (C.P. Preámbulo y arts. 1° , 2°
y 5°). Precisamente el derecho penal es uno de esos instrumentos que permite
asegurar la protección y vigencia de los derechos fundamentales[12].
Si bien es
cierto que el legislador goza de un margen de configuración normativa al
momento de definir qué comportamiento social reviste tal grado de lesividad
para determinado bien jurídico que merezca ser erigido en tipo penal, decisión
política adoptada con fundamento en el principio democrático y que refleja los
valores que rigen a una sociedad en un momento histórico determinado, este
margen de discrecionalidad no es ilimitado, por cuanto el bloque de
constitucionalidad constituye el límite axiológico al ejercicio del mismo,
razón por la cual la definición de tipos penales y de los procedimientos
penales debe respetar en un todo el ordenamiento superior en cuanto a los
derechos y la dignidad de las personas, tal y como en numerosas ocasiones y de
tiempo atrás lo viene señalando esta Corporación en su jurisprudencia.
Además, es
menester que el ejercicio de un control constitucional efectivo en estos casos
vaya más allá de dejar sin efecto normas penales manifiestamente irrazonables o
arbitrarias, abarcando también un examen detenido sobre la proporcionalidad que
ofrece cada una de estas medidas, ya que, siguiendo a Ferrajoli “la
intervención punitiva  es la técnica de control social más gravosamente lesiva
de la libertad y de la dignidad de los ciudadanos”, y en consecuencia, “el
principio de necesidad exige que se recurra a ella sólo como remedio extremo”,
es decir, nullum crimen sine necessitate[13].
En algunas
situaciones, por el contrario, es manifiesto el deber que tiene el legislador
de expedir leyes penales, de ejercer un deber de protección de los derechos
humanos, como fue la tipificación del delito de genocidio o de la desaparición
forzada de personas, que por lo demás responde al cumplimiento de compromisos
internacionales asumidos por el Estado colombiano, o incluso para hacer
efectiva una norma constitucional, como es el caso del enriquecimiento ilícito,
tal y como lo ha sostenido la Corte[14].
Pues bien, siendo la norma penal, al mismo tiempo, un
instrumento de intervención en el ejercicio de los derechos fundamentales y un
mecanismo de protección de los mismos, así como de determinados bienes
constitucionales, dado que un concepto de bien jurídico vinculante para el
legislador sólo puede derivar de los cometidos plasmados en la Carta Política
de un Estado Social de Derecho fundado en la libertad del individuo, en tanto
que límites a la potestad punitiva del Estado. Por lo tanto, esta Corporación
ha entendido que el ejercicio del ius puniendi está sometido a los
principios de estricta legalidad, presunción de inocencia, proporcionalidad,
razonabilidad, igualdad y responsabilidad por el acto en tanto que límites
materiales a la ejecución de esta competencia estatal[15].
En efecto, la
tipificación penal de una conducta y la fijación de la pena correspondiente
implican siempre una severa intervención del Estado en el ejercicio de los
derechos fundamentales, en especial de la libertad individual; por lo tanto, le
corresponde a la Corte Constitucional, como guardiana de la integridad y
supremacía de la Constitución, ejercer en estos casos el control sobre los
límites que ella le ha impuesto al legislador, es decir, debe examinar si tales
medidas legislativas presentan o no el carácter de restricciones
constitucionalmente válidas, careciendo por tanto de competencia para realizar
valoraciones sobre la conveniencia de la tipificación penal de determinada
conducta, consideración ésta de orden político que, dentro del marco de la
Constitución le atañe exclusivamente al Congreso de la República, que
respondiendo a un problema de carácter social debe, de manera responsable
aprobar, luego del debate parlamentario correspondiente, un tipo penal
ajustado a la Constitución.
4.2.1. Examen de constitucionalidad sobre el principio
de legalidad.
La Corte ha sido constante en
afirmar que la creación de tipos penales tiene reserva
de ley, en sentido material[16],
en tanto que manifestación del principio democrático y garantía del pluralismo
político: se reservan ciertas materias a la forma de ley, elaborada por quienes
son los representantes de los ciudadanos y mediante un proceso legislativo
caracterizado por los principios de contradicción y publicidad. La ley aparece
como la expresión de la voluntad popular, realizada en un proceso donde se
garantizan el principio democrático y el pluralismo político.
En tal sentido la Corte, en sentencia C-599 de
1999, con ponencia del Magistrado Alejandro Martínez Caballero consideró lo
siguiente:
“La
finalidad de esta representación popular en la elaboración de las leyes penales
deriva no sólo del respeto de la separación de poderes, y de los con­troles que
ésta supone para la protección de la libertad individual, sino que también debe
permitir un proceso público de debate y aprendizaje en la concepción y
ejecución de las políticas criminales, es decir una elaboración más demo­crática
de la ley penal. Esta discusión pública debe permitir que la respuesta penal no
sea un recurso contingente que el poder político utiliza a discreción, sin
debate, para hacer frente a las dificul­tades del momento. La respuesta penal
debe ser propor­cional a la conducta objeto de la sanción, debe ser idónea,
operar únicamente cuando no hay otras alternativas, y no debe ser criminógena,
es decir, causar más problemas de los que resuelve. Esto sólo es posible si la
definición de las políticas criminales se hace a través de una amplia discusión
democrática, y no mediante una inflación de normas penales promulgadas
apresuradamente.”
El deber de
observar la estricta legalidad comprende pues la obligación que tiene el
legislador de respetar el principio de legalidad de las penas y de los delitos
en sus diversas manifestaciones: 1 ) La prohibición de la analogía ( nullum
crimen, nulla poena sine lege stricta ); 2 ) la prohibición del derecho
consuetudinario para fundamentar y agravar la pena ( nullum crimen, nulla
poena sine lege scripta ); 3 ) la prohibición de la retroactividad ( nullum
crimen, nulla poena sine lege praevia ); 4 ) la prohibición delitos y penas
indeterminados ( nullum crimen, nulla poena sine lege certa )[17]; 5 ) el principio de
lesividad del acto ( nulla lex poenalis sine iniuria )[18]; 6 ) el principio de
la necesidad de tipificar un comportamiento como delito ( nullum crimen sine
necessitate )[19]
y 7 ) el derecho penal de acto y no de autor.
En materia de
tipificación de delitos y fijación de penas, la Corte ha entendido además, que
la ley penal constituye una severa restricción al ejercicio de los derechos
fundamentales  y a su vez un mecanismo de protección de los mismos así como de
otros bienes constitucionales, como por ejemplo, el medio ambiente, el orden
económico, la moralidad pública, etcétera. Así pues, únicamente pueden ser
tipificadas conductas que afecten un bien jurídico con relevancia
constitucional.
De tal suerte que el legislador debe abstenerse de
realizar una punición arbitraria, imprecisa, retroactiva o carente de todo bien
jurídico a proteger.
En el caso del artículo 447A del C.P., del
examen que se adelantó anteriormente sobre el contenido y alcance que presenta
esta norma, se desprende que el legislador realizó una punición contraria al
principio de estricta legalidad. En efecto, si bien no apeló a la analogía para
determinar el comportamiento ilícito o la pena a imponer ni tampoco recurrió al
derecho consuetudinario para fundamentar y agravar la sanción penal o vulneró
la prohibición de la retroactividad, violó dicho principio al realizar la
descripción comportamental de la conducta punible, pues al pretender tipificar
como delito el comercio de autopartes de vehículos automotores de procedencia
ilícita resultó, a su vez, penalizando a quienes, por ejemplo, no conservan las
facturas correspondientes pero comercian con bienes que pueden tener un origen
lícito, ya que sólo quedará exento de responsabilidad quien logre demostrar la
adquisición lícita de los mismos.
Sin lugar a dudas, el legislador partió
de la presunción de que todas las personas que realizan esta actividad
económica informal conocen el origen ilícito de dichos bienes. De tal suerte,
que al iniciase la conducta criminal con dicha actividad, la norma penal
resulta siendo ambigua para el ciudadano por cuanto no establece una clara
frontera entre cuándo resulta ser lícito o no comerciar con esta clase de
mercancías, violándose así el principio de nullum crimen, nulla poena
sine lege certa.
Por lo tanto, debido a que como está formulado el ilícito
el legislador criminaliza una conducta que puede cobijar la de quienes
comercian con autopartes de procedencia lícita pero, por cualquier motivo, por
ejemplo, extraviaron la factura, la Corte considera que se desconoció asimismo
en este caso el principio de lesividad, en la medida que la norma quedó
estructurada de manera tal que carece de un bien jurídico cuya tutela se
justifique. En efecto, un concepto de bien jurídico vinculante, desde un punto
de vista de política criminal, sólo puede derivar de la Constitución.
Al respecto cabe señalar que por bien jurídico la doctrina
contemporánea ha entendido aquellas “circunstancias dadas o finalidades que
son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema
social  estructurado sobre la base de esa concepción o para asegurar el
funcionamiento del  mismo”[20].
En tal sentido, el bien jurídico está llamado a cumplir una función social; y
desde una perspectiva dogmática, constituye una importante guía para la
interpretación de la norma penal y se erige en un criterio de medición de la
pena a imponer, dado que la mayor o menor gravedad de la lesión al bien
jurídico, o la mayor o menor peligrosidad de su ataque, influyen decisivamente
en la gravedad del hecho. De allí que no se consideren como bienes jurídicos,
objeto de tutela penal, las conminaciones arbitrarias, las finalidades
puramente ideológicas, las meras inmoralidades, y por supuesto, el ejercicio de
una actividad constitucionalmente válida.
En otros términos, la absoluta necesidad de las leyes
penales resulta condicionada por la lesividad para terceros de los hechos
prohibidos, a la luz del principio nulla poena, nullum crimen, nulla lex
poenalis sine iniuria. Así pues, en el presente caso, al criminalizarse un
comercio cuando no se conservan las facturas pero que puede ser lícito, tal
formulación no está protegiendo bien jurídico alguno.
Además, cabe señalar que la Constitución de 1991, en su
artículo 29, parte de un derecho penal de acto, es decir, se penaliza a las
personas por sus actos y no por lo que son, al establecer que “nadie podrá ser
juzgado sino por leyes preexistentes al acto que se le imputa”, de donde se
deriva que el juzgamiento precisa la existencia de un acto humano, lo cual
supone el compromiso de sus esferas volitiva e intelectiva y no la simple
causación material del acto y el examen del mismo, con independencia de
determinadas calidades personales del individuo.
En tal sentido, la Corte considera que un derecho penal de
acto se opone a uno de autor, basado únicamente en la posibilidad de castigar
el carácter o el modo de ser de una persona. Enlaza este principio con el de legalidad
y su exigencia de tipicidad de los delitos; el mandato de determinación de la
ley penal reclama una descripción diferenciada de cada conducta delictiva, lo
cual fue negado por el “derecho penal de autor” y la teoría de los “tipos de
autor” que propusieron los penalistas nacionalsocialistas: en lugar de castigar
el homicidio, el hurto, las falsedades, etcétera ( tipos de conductas ), el
derecho penal debía castigar al “homicida”, al “ladrón”, al “falsificador”,
etcétera ( tipos de autor ).
En el caso concreto del artículo 1 de la Ley 738 de 2002
el legislador está sancionando a una persona por el simple hecho de dedicarse a
una actividad económica  y no contar, por ejemplo, con los soportes contables
necesarios para acreditar el origen lícito de los bienes aunque tengan una
procedencia de tal carácter. En otros términos, se le está castigando no por
sus actos sino por comerciar, de manera informal, con autopartes usadas de
vehículos automotores y no conserva las facturas correspondientes.
En suma, el legislador al momento de tipificar una nueva modalidad
de receptación violó el principio de legalidad en la medida en que con su
actividad no se terminó protegiendo un determinado bien jurídico
constitucionalmente válido, ya que el ilícito comienza su ejecución al
comerciar con autopartes usadas de vehículos automotores sin conservar la
factura de los mismos, lo que puede constituir una actividad económica
legítima. Se estableció asimismo un tipo penal basado no en el acto sino en el
autor violándose de está manera también el artículo 29 constitucional.
4.2.2. Examen de constitucionalidad sobre el principio
de proporcionalidad.
La Corte también ha sido constante en
afirmar que el legislador debe respetar el principio de proporcionalidad, el
cual emana del principio del Estado Social de Derecho y del respeto por
la dignidad humana y por lo tanto es de rango constitucional y concreta el
principio de ponderación de bienes en el sentido de una prohibición de exceso.
En palabras de Roxin “los daños y peligros que parten del autor deben
soportarse, a pesar del interés preventivo en evitarlos, cuando son menores que
la pérdida de libertad que conllevaría la medida para el implicado”[21].
La Corte Constitucional en sentencia C-070 de 1996  derivó
el principio de proporcionalidad, en tanto que límite a la actividad punitiva
del Estado, de diversas normas constitucionales:
“Sin necesidad de elevar el
principio de antijuridicidad (Código Penal, art. 4) al rango de principio
supralegal, bien puede afirmarse que éste tiene su corolario constitucional en
el principio de proporcionalidad o 'prohibición de exceso', deducido
jurisprudencialmente de los artículos 1º (Estado social de derecho, principio
de dignidad humana), 2º (principio de efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución), 5º (reconocimiento de los derechos
inalienables de la persona), 6º (responsabilidad por extralimitación de las
funciones públicas), 11 (prohibición de la pena de muerte), 12 (prohibición de
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), 13 (principio de igualdad) y
214 de la Constitución (proporcionalidad de las medidas excepcionales)”.
En este orden de ideas, el principio de proporcionalidad
apunta a una relación medio-fin, esto es, si para la consecución de un
propósito constitucionalmente válido el medio seleccionado por el legislador en
materia penal, resulta ser acorde con la gravedad del hecho punible y la lesión
a los bienes jurídicos tutelados.
Recientemente, en sentencia C-317 de 2002, al referirse al
principio de proporcionalidad en materia de tipificación de conductas penales,
esta Corte consideró lo siguiente:
“La
Corte también ha sido constante en afirmar que mientras en el cumplimiento de
la función legislativa no resulten contrariados los preceptos fundamentales
“bien puede el legislador crear o suprimir figuras delictivas, introducir
clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las
penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de
agravación o atenuación de los comportamientos penalizados, todo de acuerdo con
la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de
la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan
estar causando o llegar a causar en el conglomerado”[22]. Por lo anterior, solamente “en
los casos de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria
irrazonabilidad,” [23]
correspondería al juez Constitucional declarar la inexequibilidad de la
disposición normativa que sea objeto de análisis.
La Corte ha entendido además, que el principio de
proporcionalidad implica un juicio sobre la idoneidad del tipo penal, en el
sentido de que este último realmente apunte a la protección de un bien jurídico
constitucionalmente garantizado. Así las cosas, todos los poderes públicos se
encuentran constitucionalmente obligados a respetar el principio de idoneidad,
en tanto que subprincipio de aquel de proporcionalidad[24],
en la creación o aplicación de la normatividad que permita la restricción de
los derechos fundamentales y especialmente si se trata de asuntos criminales,
incluso en mayor medida que en otras materias, ya que los tipos penales deben
ser considerados desde la perspectiva de su funcionalidad, esto es, desde el
punto de vista de los fines que persiguen.
En el caso concreto, debido a la inexistencia de un bien
jurídico tutelado, por cuanto, se insiste, si el simple comercio de autopartes
usadas de vehículos automotores no lesiona bienes constitucionalmente
garantizados, la medida penal resulta ser manifiestamente desproporcionada,
porque permite sancionar a un ciudadano que realiza una conducta socialmente
adecuada ( vender autopartes usadas de procedencia lícita es un riesgo
permitido ) que por cualquier circunstancia no logra demostrar la procedencia
lícita de los bienes. Es decir: se podría sancionar penalmente a quien
comercia  lícitamente con un bien, pero incumple el deber de demostrar su
procedencia.
4.2.3. Examen de constitucionalidad  sobre el principio
de razonabilidad.
El principio de razonabilidad, en tanto que límite a la
actividad del legislador, implica la exclusión de toda decisión adoptada de
manera manifiestamente absurda, injustificada o insensata, vale decir,
apartándose de los designios de la recta razón[25].
Para autores como Tixier, la noción de razonabilidad puede “permitir al juez
ejercer un cierto control sobre la finalidad de los actos particulares o de las
autoridades públicas frente a una regla general que éstas han establecido”[26].
En el caso concreto del artículo 447A del C.P., la
finalidad de la norma no resulta ser constitucionalmente aceptable por cuanto,
se insiste, no se está restringiendo el derecho fundamental a la libertad
personal, en aras a garantizar la vigencia de un bien jurídico amparado por la
Carta Política, y en consecuencia, el medio empleado resulta ser
manifiestamente irrazonable ya que se está exigiendo al ciudadano demostrar, en
todos los casos, el origen lícito de un bien con el cual está comerciando,
aunque no se cuente con los debidos soportes documentales, caso en el cual se
torna casi imposible demostrar la prueba del origen lícito del bien, es decir,
no se establece un simple deber de colaboración con las autoridades judiciales
sino se le impone una obligación so pena de asumir su responsabilidad penal. En
tal sentido, el principio de razonabilidad indica que la tipificación de una
conducta debe hacerse, en todos los casos, dentro de un marco de posible
cumplimiento por los ciudadanos, es decir, dentro de una posibilidad probatoria
asequible.
4.2.4. Examen de constitucionalidad sobre el derecho a
la presunción de inocencia.
El ejercicio
del ius puniendi por parte del Estado, como lo ha reconocido la Corte,
tiene como limitante constitucional, en consonancia con diversos textos
internacionales sobre derechos humanos, el principio de presunción de inocencia[27]. Al respecto, alega la actora que el artículo 447A
del nuevo Código Penal, al ordenarle al procesado o imputado demostrar la
procedencia lícita de las autopartes usadas de vehículos automotores es
contraria a la presunción de inocencia, consagrada en los artículos 29
constitucional, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.2
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El derecho
fundamental a la presunción de inocencia, recogido en el artículo 29 constitucional,
significa que cualquier persona es inicial y esencialmente inocente, partiendo
del supuesto de que sólo se puede declarar responsable al acusado al término de
un proceso en el que deba estar rodeado de las plenas garantías procesales y se
le haya demostrado su culpabilidad. Así pues, la presunción de inocencia, se
constituye en regla básica sobre la carga de la prueba, tal y como aparece
consagrado en numerosos textos de derechos humanos[28].
En un Estado Social de Derecho
corresponde siempre a la organización estatal la carga de probar que una
persona es responsable de un delito, produjo el daño, o participó en la
comisión del mismo, lo que se conoce como  principio
onus probandi incumbit actori. La actividad probatoria que
despliegue el organismo investigador debe entonces encaminarse a destruir la
presunción de inocencia de que goza el acusado, a producir una prueba que
respete las exigencias legales para su producción, de manera suficiente y
racional, en el sentido de acomodarse a la experiencia y la sana crítica. Así
pues, no le incumbe al acusado desplegar ninguna actividad a fin de demostrar
su inocencia, lo que conduciría a exigirle la demostración de un hecho
negativo, pues por el contrario es el acusador el que debe demostrarle su
culpabilidad.  Por ello, a luz del principio del in dubio pro reo si no
se logra desvirtuar la presunción de inocencia hay que absolver al acusado, y
toda duda debe resolverse a su favor  implicando su absolución.
De suerte que, todo proceso penal debe iniciarse con una
prueba a cargo del Estado que comience a desvirtuar la presunción de inocencia.
Por ello, el legislador no puede implantar en una norma penal de carácter
sustantivo una presunción de culpabilidad en sustitución de la presunción de
inocencia so pena de violar el artículo 29 de la Constitución.
En numerosas ocasiones[29],
esta Corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el contenido y
alcance del principio de presunción de inocencia. Así, en sentencia C-252/01 la
Corte consideró al respecto lo siguiente:
“La presunción de inocencia
sólo puede quedar desvirtuada definitivamente en una sentencia que tenga ese
carácter y ello no puede ocurrir cuando están pendientes de resolver serios
cuestionamientos acerca de su validez jurídica. Es decir, que si a un fallo se
le imputan errores de derecho (in judicando o in procedendo), esta cuestión
debe ser resuelta antes de que el mismo haga tránsito a la cosa juzgada.
Posteriormente, en sentencia C-774/01 se pronunció sobre
el principio de presunción de inocencia, en los siguientes términos:
“La presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico
adquiere el rango de derecho fundamental, por virtud del cual, el acusado no
está obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia y por el contrario
ordena a las autoridades judiciales competentes la demostración de la
culpabilidad del agente. Este derecho acompaña al acusado desde el inicio
de la acción penal (por denuncia, querella o de oficio) hasta el fallo o
veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la
convicción o certeza, mas allá de una duda razonable, basada en el material
probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con
el acusado. Esto es así, porque ante la duda en la realización del hecho y en
la culpabilidad del agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro reo,
según el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado. ( subrayado fuera de texto )
Más recientemente, en sentencia C-416/02 se pronunció
sobre el sentido que tiene el derecho fundamental a la presunción de inocencia:
“Ahora bien, entiende la Corte que diferentes circunstancias
relacionadas con el paso del tiempo afectan la actividad judicial dando lugar a
la prescripción de la acción penal: la pérdida de interés social para imponer
una sanción al delincuente, la dificultad en conseguir pruebas de la
culpabilidad y la injusticia de mantener a una persona indefinidamente sujeta a
las consecuencias de la acción penal, más aún cuando la propia Constitución
consagra el principio de presunción de inocencia (C.P. art. 29), y la
prohibición de las penas y medidas de seguridad imprescriptibles (C.P. art.
28).
Cuando el artículo 29 inciso 4º de la Constitución
Política, dispone que “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya
declarado judicialmente culpable”, se establece un postulado que no admite
excepción alguna e impone como obligación la práctica de un debido proceso, de
acuerdo con los procedimientos que la Constitución y la ley consagran para
desvirtuar su alcance[30].
Sobre el particular, la Corte ha puntualizado:
“La presunción
de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico adquiere el rango de derecho
fundamental, por virtud del cual, el acusado no está obligado a presentar
prueba alguna que demuestre su inocencia y por el contrario ordena a las
autoridades judiciales competentes la demostración de la culpabilidad del
agente. Este derecho acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal
(por denuncia, querella o de oficio) hasta el fallo o veredicto definitivo y
firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicción o certeza,
mas allá de una duda razonable, basada en el material probatorio que establezca
los elementos del delito y la conexión del mismo con el acusado. Esto es así,
porque ante la duda en la realización del hecho y en la culpabilidad del
agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro reo, según el cual toda
duda debe resolverse en favor del acusado.
“La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo
11º, reafirma el carácter fundante de la presunción, por virtud del cual:
"Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en
juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para
su defensa".[31]
“Igualmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto
de San José, ratificado por Colombia a través de la ley 16 de 1974, establece:
"..Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad..."(artículo 8º).
“El Decreto 2700 de 1991 señala en su artículo 2º: "En
desarrollo de las actuaciones penales prevalece el principio de la presunción
de inocencia según el cual toda persona se presume inocente, y debe ser tratada
como tal, mientras no se produzca una declaración definitiva sobre su
responsabilidad"  Igualmente la ley 600 de 2000, en su artículo 7º
expresa: " Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal
mientras no se produzca una sentencia condenatoria definitiva sobre su
responsabilidad penal. En las actuaciones penales toda duda debe resolverse a
favor del procesado...".[32]
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del 12 de
Noviembre de 1997, asunto Suárez Rosero c. Ecuador, realizó  las
siguientes consideraciones sobre el principio de presunción de inocencia:
"La Corte pasa a analizar el alegato de la Comisión de que el
proceso contra el señor Suárez Rosero violó el principio de presunción de
inocencia establecido en el artículo 8.2 de la Convención Americana. Dicho
artículo dispone que
[t]oda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad...
” Esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el
propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es
inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el artículo
8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la
libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para
asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que
no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida
cautelar, no punitiva. Este concepto está expresado en múltiples instrumentos
del derecho internacional de los derechos humanos y, entre otros, en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión
preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla
general (art. 9.3). En caso contrario se estaría cometiendo una injusticia al
privar de libertad, por un plazo desproporcionado respecto de la pena que
correspondería al delito imputado, a personas cuya responsabilidad criminal no
ha sido establecida. Sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo
cual está en contra de principios generales del derecho universalmente
reconocidos.
Más, recientemente, la misma instancia internacional,  en
sentencia del 18 de agosto de 2000, asunto Cantoral Benavides c. Perú,
señaló:
El artículo 8.2 de la Convención dispone que:
Toda persona inculpada de delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad.
La Corte observa, en primer lugar, que en el presente caso está probado que el
señor Cantoral Benavides fue exhibido ante los medios de comunicación, vestido
con un traje infamante, como autor del delito de traición a la patria, cuando
aún no había sido legalmente procesado ni condenado (supra párr. 63.i.).[61]
El principio de la presunción de inocencia, tal y como se desprende del
artículo 8.2 de la Convención, exige que una persona no pueda ser condenada
mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra
ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino
absolverla.
En el caso concreto del artículo 447A del Código Penal, el
legislador lo diseñó con una estructura que se aleja del cumplimiento de los
deberes que está llamado a cumplir el Estado en materia de investigación
criminal, en el sentido de que es menester que ésta se inicie con una prueba de
cargo recaudada por el aparato estatal y del  principio de presunción de
inocencia a favor del acusado. Ciertamente, la indagación por la comisión de un
hecho punible, por mandato constitucional, debe partir del principio de
presunción de inocencia, la cual se mantiene hasta que en un fallo definitivo
ésta quede completamente desvirtuada con base en el material probatorio
recaudado por el Estado; es más, la duda en la realización del hecho y en la
culpabilidad del sindicado, en virtud del principio del in dubio pro reo,
debe resolverse a favor del acusado.
Sin lugar a dudas, el tipo penal recogido en el artículo
447A del nuevo C.P., consistente en comerciar con autopartes usadas de
vehículos automotores y no demostrar la procedencia lícita de las mismas está
instaurando una presunción de culpabilidad, la cual, a no dudarlo, resulta ser
contraria a la Constitución y a diversos textos internacionales de derechos
humanos.
En efecto, el legislador está descargando al Estado de su
deber constitucional de desvirtuar la presunción de inocencia que favorece al
sindicado, al haber operado, desde la estructuración misma del tipo penal, una
inversión de la carga de la prueba en detrimento de los derechos del acusado, a
quien ab initio se le presume su responsabilidad, lo que implica que
puede abrírsele investigación, dictarle medida de aseguramiento o incluso
resolución de acusación, pues aquélla sólo se desvirtúa si logra demostrar la
procedencia lícita de las autopartes usadas de vehículos automotores con las
que comercia. De tal manera se contraría el postulado consagrado en  nuestro
ordenamiento constitucional, según el cual está proscrita la obligación del
sindicado de demostrar su inocencia.
No se está, en consecuencia, ante un mero  problema de
orden procesal sino sustancial, en la medida en que desde el momento mismo en
que el legislador estructuró el tipo penal invirtió la carga de la prueba en
desmedro del acusado.
Tan grave violación de la Constitución, contrario a lo que
solicitó el representante del Ministerio del Interior y de Justicia al señalar
que la expresión “y no demuestre su procedencia lícita” debe ser
retirada del ordenamiento normativo por infracción directa por cuanto “conculca
las garantías procesales de presunción de inocencia y asunción de la carga de
la prueba en contrario por parte del Estado.”, no permite suprimir
solamente la mencionada expresión pues, la Corte considera que de procederse a
lo solicitado se haría más evidente la vulneración al Texto Fundamental por
parte del legislador ya que se estaría persiguiendo penalmente, sin más, a la persona
por el sólo hecho de dedicarse a comerciar con autopartes usadas de vehículos
automotores. Un tipo penal de esta naturaleza, a no dudarlo, violaría de manera
flagrante la libertad de empresa.
Cabe de igual
manera señalar que la exigencia que trae la norma sub examine de
demostrar la procedencia lícita de los bienes con los que se comercia no guarda
relación alguna con el deber constitucional que el artículo 95.7 constitucional
le impone a toda persona de “colaborar para el buen funcionamiento de la administración
de justicia”. En efecto, este deber ciudadano, abstracto y genérico, no
puede convertirse en una fuente de criminalización de conductas, en desmedro de
las garantías judiciales.
Por otra parte,
la Corte estima que, a diferencia de lo sostenido por algunos intervinientes el
presente asunto no admite comparación con aquel de enriquecimiento ilícito de
particulares, tal y como pasa a explicarse, ni lo aquí dicho implica un cambio
de jurisprudencia en la materia.
El artículo 1
del decreto legislativo 1895 de 1989, promulgado bajo la vigencia del antiguo
estado de sitio, penalizó el enriquecimiento ilícito de particulares en los
siguientes términos:
"Artículo 1° El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga
para sí o para otro incremento patrimonial no justificado,
derivado,  en una u otra forma, de actividades delictivas, incurrirá, por ese
solo hecho, en prisión de cinco (5) a diez (10) años y multa equivalente al
valor del incremento ilícito logrado". ( subrayado fuera de texto ).
Se está en
presencia de un delito de origen constitucional que, para el caso de los
particulares, busca castigar la propiedad obtenida ilícitamente y cualquier
otro interés económico que de ella se pueda derivar. Se trataba de un tipo
penal con sujeto
activo indeterminado, en segundo lugar, y  como consecuencia de la calidad
del sujeto, el tipo penal condiciona la punibilidad del enriquecimiento no solo
a que éste sea injustificado, sino que además provenga de “actividades
delictivas”; en tercer lugar, se trata de un delito especial y autónomo, como
quiera que describe un modelo de comportamiento al que puede adecuarse en forma
directa o inmediata la conducta del actor, sin necesidad de recurrir a otro
tipo penal, ni a otro ordenamiento jurídico[33], de allí la independencia
normativa de las expresiones “injustificado” y “actividades delictivas”, así
como de la entidad constitucional de la conducta, se deriva la especialidad y
autonomía del delito de  enriquecimiento ilícito de particulares[34]
En cuanto a la expresión “no justificado”, la
Corte en sentencia C-319 de 1996 la encontró ajustada a la Constitución por
cuanto “debe recordarse lo
dicho en el punto anterior en cuanto a que su operancia no conduce en manera
alguna a una inversión de la carga de la prueba, pues es al Estado a quien
corresponde en última instancia probar el hecho típico, antijurídico y
culpable, de conformidad con los medios de prueba existentes y los elementos de
juicio aportados al proceso. Se reitera que la explicación que brinde el imputado
en relación con el presunto incremento patrimonial injustificado corresponde a
un acto propio del ejercicio del derecho de defensa, como quiera que en las
instancias procesales debe permitírsele al sindicado explicar su conducta.”
Dada la estructura del tipo penal de
enriquecimiento ilícito de particulares y de  la no inversión de la carga de la
prueba, la Corte en el mencionado fallo consideró que no había cesado todo
asomo de colaboración de la persona a la que se pide explicaciones sobre sus
movimientos patrimoniales así como el derecho a la no autoincriminación ciertamente
autoriza al sindicado o procesado a asumir ciertos comportamientos procesales,
pero su silencio o sus aserciones carentes de sustento, pueden objetivamente
demeritar su posición si en su contra se reúnen suficientes elementos
probatorios allegados por el Estado y no refutados. De tal suerte que, del
análisis de la estructura del mencionado tipo penal se evidencia que el
legislador, de manera alguna, llegó hasta consagrar una inversión de la carga
de la prueba, como lo hace ahora, ni tampoco se le exigió a la persona el
cumplimiento de un deber ciudadano contrario al ejercicio de sus derechos
fundamentales.
Por el contrario, en el caso sub examine,
como ya quedó explicado, la estructura de la norma penal conduce a una
inversión de la carga de la prueba, que de manera alguna puede ser entendida
como el cumplimiento del deber ciudadano de colaboración con la administración
de justicia, ya que a priori el legislador partió de una presunción de
culpabilidad y lo que tendría que ejercer el sindicado en estos casos es su
derecho de defensa o aportar la prueba de su inocencia, lo que dista mucho de
aquel deber ciudadano de colaboración con las autoridades.
La dificultad que pueda avizorar el legislador
en cuanto a la consecución de la  prueba, dadas las disfuncionalidades que
pueda presentar el aparato investigativo del Estado para combatir esta
modalidad de receptación, no pueden suplirse por la vía de la inversión de la
carga de la prueba en estos procesos, pues corresponde al legislador utilizar
una técnica para tipificar esta conducta ajustada a la Constitución.
Por ejemplo, en
otros ordenamientos jurídicos, la tipificación del delito de receptación parte
de que quien comercia con determinados bienes conoce la procedencia ilícita de
éstos, lo cual constituye un hecho psicológico que debe inferirse, al faltar
normalmente la prueba directa, por hechos externos admitidos o demostrados por
otros medios de prueba, mediante los cuales es posible establecer un nexo
causal y lógico[35].
Además, para la doctrina y la jurisprudencia extranjeras es claro que, en la
mayoría de los casos, las investigaciones penales que se adelantan por
receptación se apoyan en el manejo de pruebas indiciarias[36].
En conclusión, el legislador con la expedición del
artículo 1 de la Ley 738 de 2002, violó el principio constitucional de
presunción de inocencia por cuanto al momento de tipificar una modalidad
especial de receptación, partió de una presunción de culpabilidad del acusado,
invirtiendo la carga de la prueba que de forma alguna constituye el
cumplimiento de un deber ciudadano sino el ejercicio del derecho de defensa en
aras a desvirtuar esa presunción de culpabilidad.
4.2.5. Examen de constitucionalidad sobre el principio
de dignidad humana.
La Corte ha considerado que el principio de la dignidad
humana limita el ejercicio de la libertad de configuración normativa del
legislador en materia de tipificación de delitos y del establecimiento de las
penas correspondientes.
En efecto, el
principio constitucional de la dignidad humana, es un valor fundante y
constitutivo de la organización estatal y de su ordenamiento jurídico, y por
ello todas las actuaciones de las autoridades públicas deben tomar en
consideración que el hombre es un fin en sí mismo y no un simple medio que
puede ser sacrificado en aras a la consecución de un determinado propósito
colectivo.
Así las cosas,
el principio de dignidad humana reconduce a un problema fundamental de la
convivencia: la constante tensión entre autosuficiencia del individuo y las
necesidades, derechos y obligaciones que derivan de las circunstancias actuales
de la vida en comunidad[37].
En materia de
determinación de tipos penales, el principio de dignidad humana exige dotar al
derecho penal de un contenido respetuoso de una imagen del ciudadano como
dotado de un conjunto de derechos derivados de su naturaleza humana, de la
igualdad real de los hombres y de su facultad de participación en la vida
social.[38]
Así mismo, prohíbe el recurso a penas crueles, inhumanas o degradantes.
En el presente
asunto considera la Corte que el legislador no lesionó el principio de dignidad
humana ya que no se tomó al individuo como un mero instrumento al servicio de
los intereses generales ni tampoco se estableció una pena contraria al artículo
1 constitucional.
4.2.6. Examen de
constitucionalidad sobre el principio de buena fe.
Pasa la Corte a analizar si le
asiste o no razón a la demandante cuando sostiene que, en el caso concreto del
artículo 1 de la Ley 738 de 2002,  correspondiente al artículo 447A del Código
Penal, el legislador vulneró el principio constitucional de la buena fe “puesto
que si corresponde al ciudadano demostrar la licitud de elementos que tiene en
su poder, entonces, se invierte el principio y se desconoce tal presunción”.
De conformidad con el artículo 83 constitucional, las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a
los postulados de la buena fe, “la cual se presumirá en todas las gestiones
que aquéllos adelanten ante éstas”. Se trata de un principio general del
derecho y por ende irradia innumerables aspectos del ordenamiento jurídico con
una pluralidad de matices y de consecuencias prácticas.
En numerosas ocasiones la Corte se ha pronunciado sobre el
contenido y los efectos que despliega el principio de la buena fe[39].
En tal sentido, en su sentencia C-840 de 2001 consideró lo siguiente:
“De acuerdo con la doctrina el principio de la buena fe constituye
pieza fundamental de todo ordenamiento jurídico, habida consideración del valor
ético que entraña en la conciencia social, y por lo mismo, de la importancia
que representa en el tráfico jurídico de la sociedad. Contenido ético que a su
vez incorpora el valor de la confianza dentro de la base de las relaciones
sociales, no como creación del derecho, que sí como presupuesto, con existencia
propia e independiente de su reconocimiento normativo. La buena fe se refiere
exclusivamente a las relaciones de la vida social con trascendencia jurídica, sirviendo
al efecto para valorar el comportamiento de los sujetos de derecho, al propio
tiempo que funge como criterio de reciprocidad en tanto se toma como una regla
de conducta que deben observar los sujetos en sus relaciones jurídicas, esto
es, tanto en el ámbito de los derechos como en la esfera de los deberes y
obligaciones.”
No obstante, la Corte ha precisado que la
presunción de buena fe no es aplicable más allá de los estrictos términos del
artículo 83 constitucional. Sobre el particular, conviene traer a colación la
sentencia C-374 de 2002, referente al ejercicio de la acción de repetición:
“Y en cuanto hace a la violación del principio de la buena fe
consagrado en el artículo 83 de la Carta, para la Corte es evidente que el
cargo es improcedente, pues la norma Superior no puede ser quebrantada por los
artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, ya que como lo ha precisado la
jurisprudencia constitucional la presunción de buena fe está orientada a
proteger al particular de los obstáculos y trabas que las autoridades públicas,
y los particulares que ejercen funciones públicas, ponen frente a él en todas
sus gestiones, como si se presumiera su mala fe, y no su buena fe.[40]  Al efecto, valga
recordar que según del artículo 83 Superior“Las actuaciones de los particulares
y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe,
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”
Es incuestionable que el ejercicio de la acción de repetición no
constituye propiamente una gestión de los particulares ante el Estado,
sino ante todo un mecanismo procesal previsto en el inciso segundo del artículo
90 de la Carta Política con el fin de proteger la integridad del patrimonio
público y la moralidad y eficiencia en el desempeño de funciones públicas, en
los eventos en que existe una condena de reparación patrimonial por un daño
antijurídico generado por la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente
estatal.”[41]
En el caso concreto de la variedad de receptación de que trata
el artículo 447A, resulta asimismo improcedente referirse a una vulneración al
principio de la buena fe, por cuanto el legislador no está regulando
propiamente una “gestión” de los particulares ante el Estado sino un
comportamiento lesivo para la sociedad cual es el tráfico de autopartes usadas
de vehículos automotores. En otros términos, en materia de tipificación de
comportamientos delictivos, el principio de la buena fe no se constituye en un
límite al ejercicio de la libertad de configuración del legislador, lo cual de
modo alguno significa que aquél no resulte aplicable al momento de valorar la
conducta del sindicado.
Así las cosas, la demandante confunde indebidamente las
presunciones de buena fe y de inocencia, y por ende, el cargo no está llamado a
prosperar.
5.  Efectos del fallo.
Al momento de tipificar el legislador una nueva variedad
de receptación en el artículo 1 de la Ley 738 de 2002, el legislador observó
los principios constitucionales de dignidad humana y buena fe pero violó
aquellos de estricta legalidad, presunción de inocencia, proporcionalidad y
razonabilidad, razón por la cual dicho artículo penal  será declarado
inexequible.
A pesar de que los cargos de inconstitucionalidad se
dirigieron únicamente contra el artículo 1 de la Ley 738 de 2002, esta
Corporación considera que procede la declaratoria de inexequibilidad contra
toda la ley ya que al estar compuesta sólo de dos artículos, el primero que se
declarará inexequible y el segundo referente a la entrada en vigor de la norma legal,
precepto carente de valor jurídico autónomo, no tiene sentido que, al
desaparecer del ordenamiento jurídico la norma principal permanezcan
disposiciones carentes de sentido y eficacia jurídica. Por lo tanto lo
procedente es declarar la inexequibilidad de toda la ley.
Debe aclarar la Corte, que la declaratoria de
inexequibilidad de la Ley 738 de 2002 no conduce a despenalizar en Colombia el
delito de receptación  sobre comercialización de autopartes usadas de vehículos
automotores de procedencia ilícita. En efecto, siendo el tipo penal sub examine
una modalidad de la receptación general, el Estado está ante el deber
constitucional de continuar persiguiendo esta clase de criminalidad, problema
de trascendencia social que reconoce la Corte, con fundamento en el artículo
447 del C.P.,  aún con las dificultades probatorias que ello pueda conllevar
las cuales el Estado puede  sortear empleando las herramientas jurídicas
existentes.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar  INEXEQUIBLE la Ley 738 de 2002 “Por la cual se
adiciona un artículo al Código Penal”.
Cópiese, notifíquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y archívese el expediente.
LUIS
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Presidente
JAIME
ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE
CONSTAR:
Que el H. Magistrado doctor ALVARO TAFUR GALVIS, no firma
la presente sentencia por encontrase en permiso debidamente autorizado por la
Sala Plena.
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
Salvamento de voto a la sentencia C-205/03
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Declaratoria
de inexequibilidad desconoce precedente constitucional (Salvamento de voto)
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Receptación
de autopartes debió analizarse como variante del enriquecimiento ilícito
(Salvamento de voto)
ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE SERVIDOR PUBLICO-Definición (Salvamento de voto)
ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES-Definición
(Salvamento de voto)
ENRIQUECIMIENTO ILICITO-Penalización
(Salvamento de voto)
ENRIQUECIMIENTO ILICITO-Configuración
(Salvamento de voto)
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Decisión
de fondo debió tener en cuenta el precedente judicial (Salvamento de voto)
RECEPTACION ESPECIAL-Similitud con
enriquecimiento ilícito de particulares (Salvamento de voto)
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Distinto
tratamiento a asuntos estudiados por la jurisprudencia afectan principios de
igualdad y seguridad jurídica (Salvamento de voto)
NORMA ACUSADA-Interpretación
constitucional (Salvamento de voto)
NORMA ACUSADA-Sentido y alcance resulta
armónico con los valores y principios constitucionales (Salvamento de voto)
NORMA ACUSADA-Análisis frente a toda la
Constitución llevaba a soportar su constitucionalidad (Salvamento de voto)
NORMA ACUSADA-Interpretación histórica y
sociológica (Salvamento de voto)
NORMA ACUSADA-Interpretación teleológica
(Salvamento de voto)
NORMA ACUSADA-No existía presunción de
culpabilidad o de inversión de la prueba ni el tipo penal la contenía
(Salvamento de voto)
NORMA ACUSADA-No desvirtuada presunción
de inocencia ni la legalidad del delito (Salvamento de voto)
NORMA ACUSADA-Comercialización de piezas
usadas constituía un indicio (Salvamento de voto)
NORMA ACUSADA-Imposibilidad de demostrar
la legal procedencia de las mercancías conducía a corroborar junto con el
indicio su ilícita procedencia (Salvamento de voto)
NORMA ACUSADA-Tipificación no resultaba
automática, se producía por el cúmulo de dos conductas (Salvamento de voto)
NORMA ACUSADA-Autoridades competentes
tenían obligación de establecer responsabilidad del infractor (Salvamento de
voto)
PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA Y LEGALIDAD-No son absolutos (Salvamento de voto)
LIBERTAD DE EMPRESA-Límites (Salvamento
de voto)
LEGISLADOR-Facultad de adelantar
política criminal del Estado (Salvamento de voto)
NORMA ACUSADA-Legislador buscó dar
cumplimiento a valores, principios y derechos de rango constitucional
(Salvamento de voto)
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ponderación
de principios no fue abordado sobre criterios de razonabilidad y
proporcionalidad (Salvamento de voto)
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Decisión
desde la perspectiva del individualismo, ignoró postulados del Estado Social de
Derecho (Salvamento de voto)
NORMA ACUSADA-Medida adoptada era
razonable y proporcional (Salvamento de voto)
Referencia: expediente D-4229
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1° de la Ley 738
de 2002, por la cual se adiciona en artículo al Código Penal
Autor: Marcela Patricia Jiménez Arango
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INES VARGAS HERNÁNDEZ
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la
Corte, los suscritos magistrados nos permitimos consignar las razones que nos
llevaron a salvar el voto en el asunto de la referencia, las cuales fueron
debidamente expuestas durante el correspondiente debate en la Sala Plena.
Tal y como tuvimos oportunidad
de expresarlo, no compartimos la decisión mayoritaria que optó por declarar
inexequible la Ley 738 de 2002, la cual consagró como delito de receptación
especial la comercialización de autopartes usadas de vehículos automotores sin
la acreditación de su procedencia lícita, bajo la consideración de que su
construcción normativa excedía el ámbito de configuración política reconocido
al Congreso en materia punitiva y violaba abiertamente los principios de legalidad
y presunción de inocencia.
En nuestro parecer, la Corte no
solo se alejó sin la menor justificación del precedente judicial fijado por la
Corporación en la Sentencia C-319 de 1996, en la que se declaró exequible el
delito de Enriquecimiento ilícito cuya configuración típica era común a la
prevista para el tipo de receptación especial, sino que también adelantó un
análisis equivocado y marginal del contenido de la norma frente a las garantías
del debido proceso y, particularmente, respecto de los verdaderos propósitos
que llevaron al legislador a consagrarla en los términos finalmente descritos
en la citada Ley 738 de 2002.
1.
Desconocimiento del precedente judicial constituido por la Sentencia C-319 de
1996. La receptación de autopartes usadas como variante del enriquecimiento
ilícito.
Conforme se indicó, la declaratoria de inexequibilidad pronunciada
por la Corte en el presente caso, desconoce sin duda el precedente
constitucional que constituía la Sentencia C-319 de 1996[42], mediante la cual esta
Corporación encontró ajustados a la Constitución Política los artículos 148 del Código Penal anterior, tal como fue
subrogado por el artículo 26 de la Ley 190 de 1995, y el 1º del Decreto 1895 de
1989 que consagraban, respectivamente, los tipos penales de enriquecimiento
ilícito de servidor público y de particulares.
La similitud entre la conducta penalizada en el
artículo 1° de la Ley 738 de 2002, constitutiva del delito de receptación
ilícita de autopartes usados, y la de los tipos penales de enriquecimiento
ilícito que la Corte encontró ajustado a la Constitución en la mencionada
Sentencia, era tan evidente y clara que aquella ha debido analizarse desde la
perspectiva de ser una variante de ésta. En efecto, en uno y otro caso las
conductas delictivas presentan características comunes que, por ser esenciales
tanto a la definición de la conducta de enriquecimiento ilícito como a la de
receptación ilícita de autopartes usados, implicaban catalogar a este último
como una especie o derivación de aquel delito, sin perjuicio de que por
voluntad legislativa no hubieren coincidido dentro de una misma clasificación
de los tipos a partir del bien jurídico a tutelar.
El antiguo Código Penal definía el delito de
enriquecimiento ilícito de servidor público, de la siguiente manera:
"Artículo 148. El empleado oficial que por
razón del cargo o de sus funciones, obtenga incremento patrimonial no
justificado, siempre que el hecho no constituya otro delito, incurrirá en
prisión de dos (2) a ocho (8) años, multa equivalente al valor del
enriquecimiento e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo
término de la pena principal.
En la misma pena incurrirá la persona
interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado".
Por su parte, el artículo 1° del Decreto 1895 de
1999 describía el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, así:
"Artículo 1° El que de manera directa o por interpuesta
persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial no justificado,
derivado,  en una u otra forma, de actividades delictivas, incurrirá, por ese
solo hecho, en prisión de cinco (5) a diez (10) años y multa equivalente al
valor del incremento ilícito logrado".
- Como puede observarse, en las dos formas de
enriquecimiento ilícito la ley penalizaba “la propiedad obtenida
ilícitamente y cualquier otro interés económico que de ella se pueda derivar”[43].
- Con dicha penalización se perseguía proteger
la moral como bien jurídico de relevancia constitucional, con fundamento en lo
reglado por el artículo 34 de la Carta que no otorga reconocimiento a ninguna
forma de enriquecimiento que se produzca ilícitamente “en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral
social”.
- Se trataba de delitos autónomos, es decir independientes de aquel
que dada lugar al ilícito enriquecimiento.
- El comportamiento se configuraba por el incremento patrimonial “no
justificado”, es decir, aquel respecto del cual su detentador no estaba en
capacidad de demostrar una procedencia lícita.
A juicio de los suscritos, esos mismos rasgos
característicos estaban presentes en el tipo penal contenido en el Artículo 1°
de la Ley 738 de 2002 que la decisión mayoritaria consideró inexequible. En
efecto, esta disposición también pretendía penalizar el comercio, y con ello el
interés económico en él implícito de cierto tipo de mercancía -autopartes
usadas- cuya procedencia lícita no fuera posible justificar. Con ello, el
legislador perseguía reprimir una práctica que viene erosionando gravemente la
moral social, pues tolera el delito de hurto de automotores y los demás delitos
usualmente asociados a éste, perpetrados comúnmente con el fin de deshuesar o
desbaratar los vehículos para venderlos por partes al detal. Adicionalmente,
como en el caso del enriquecimiento ilícito, la penalización del comercio de
autopartes de procedencia ilícita se castigaba como un delito autónomo e
independiente de aquel de los cuales procedían las autopartes, por constituir
su objeto (hurto de automotores).
De esta manera, tanto en los delitos que la
Corte consideró exequibles en la Sentencia C- 319 de 1996, como en el delito
del Artículo 1° de la Ley 738 de 2002, se presentaban estas coincidencias: (i)
la conducta consistía en detentar una propiedad ilícitamente obtenida o derivar
de ella un provecho económico igualmente ilegal; (ii) en últimas el interés
protegido era la moral social[44];
(iii) en uno y otro caso se trataba de delitos autónomos; (iv) en ambas
conductas se presentaba como elemento normativo la no justificación de provecho
económico ilícitamente obtenido o la imposibilidad de demostrar su procedencia
lícita.
Las anteriores coincidencias, si bien no
implicaban que se presentara el fenómeno de la cosa juzgada material, si
imponían a la Corte, para efectos de poder entrar a tomar la decisión de fondo,
tener en cuenta el precedente judicial. Razones que tocan con la efectividad
del principio de igualdad proscriben dispensar una diferente solución jurídica
a supuestos fácticos prácticamente iguales.
En aquella ocasión –de la Sentencia C-319 de
1996- bajo la consideración según la cual, por motivos que tienen que ver con
la preservación de la moral social, la única propiedad que debe ser
jurídicamente avalada es la que procede de un justo título y ha sido adquirida “
con arreglo a las leyes civiles”[45], la Corte encontró que el
incremento patrimonial de procedencia ilícita debía ser penalizado. A la
conclusión anterior se arribó con un claro soporten de las normas superiores,
pues el delito de enriquecimiento ilícito es de raigambre constitucional. Sobre
este particular en el mencionado fallo expresó:
“En primer término debe señalar la Corte que el
enriquecimiento ilícito es  una conducta delictiva a la cual se refiere
expresamente la Constitución Política y que, por tanto, demanda como exigencia
imperativa ineludible su adecuada tipificación legal. En efecto, este tipo delictivo se
encuentra plasmado en el segundo inciso del artículo 34, así:
“Artículo 34. ...
“No obstante, por sentencia judicial, se
declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento
ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral
social”. (Subrayas de la
Corte).
“El bien jurídico protegido por esta norma es,
ante todo, la moral social, bien jurídico objeto de expresa tutela
constitucional. Se trata, en efecto, de un delito que lesiona gravemente este
valor, que el Constituyente de 1991 buscó preservar y defender, no sólo a
través del  precepto constitucional citado, sino de otros varios que se
encuentran igualmente consagrados en la Constitución Política.
“...
“Desde el punto de vista del derecho comparado,
pareciere exótico el que una Constitución se ocupe específicamente de un
determinado delito, como lo hace en este caso la de Colombia con el
enriquecimiento ilícito. Pero no debe olvidarse que las constituciones -y en
general cualquier norma-, deben amoldarse a las exigencias que plantean las
realidades sociales, políticas, económicas o culturales de una  determinada
sociedad, atendiendo a las circunstancias cambiantes de los tiempos.
“En el caso colombiano, lo que llevó al
Constituyente de 1991 a darle fundamento constitucional al delito de
enriquecimiento ilícito fue el proceso de grave deterioro de la moral pública y
de los valores éticos que ha venido padeciendo nuestra sociedad en las últimas
décadas, y que ha adquirido dimensiones verdaderamente alarmantes, fenómeno que
se ha traducido en una desenfrenada corrupción, no sólo a nivel de la
administración pública en general sino también de los particulares. En ambos
casos, ha sido evidente la incidencia funesta del narcotráfico y su enorme
poder corruptor, que ha penetrado de manera ostensible en casi todas las
esferas de la sociedad colombiana.
“...
“El enriquecimiento ilícito no es ni puede ser
protegido por la Constitución que, por el contrario, sanciona directamente a
las personas que detenten patrimonios signados por ése origen con la extinción
del dominio, la que se debe declarar a través de sentencia judicial (C.P., art.
34). La propiedad y, en general, los derechos, adquiridos al margen de las
leyes civiles, vale decir, por medio o al abrigo de actividades ilícitas,
tampoco están cubiertos con la tutela del Estado (C.P. art. 58). La actividad
económica que de cualquier manera se lucre de esta misma suerte de actividades,
carece del patrocinio del Estado, pues únicamente la empresa que actúa dentro
de los límites del bien común, tiene una función social y se hace merecedora
de la protección de las leyes y de las autoridades (C.P. art. 333).
“Como se ha señalado, la Constitución prefigura
el delito de enriquecimiento ilícito y mal pueden, entonces, considerarse
inconstitucionales las leyes que, en perfecta consonancia con ella y con su
filosofía, sancionan penalmente las conductas que lo evidencian.”[46]
(Negrillas fuera del original)
El delito descrito en el artículo 1° de la Ley 738 de 2002
constituía una modalidad especial del delito de receptación. En efecto, el
artículo 447 del Código Penal castiga la conducta que consiste, sin haber
tomado parte en la ejecución de la conducta punible, en adquirir, poseer,
convertir o transferir bienes muebles o inmuebles que tengan su origen mediato
o inmediato en un delito, o realizar cualquier otro acto para ocultar o
encubrir su origen ilícito. La norma declarada inexequible, penalizaba la
comercialización de una clase especial de bienes muebles de ilícita
procedencia: las autopartes usadas provenientes de la comisión de delitos. Por
ello, si bien involucraba la conducta de receptación y encubrimiento descrita en
el artículo 447, incluía un nuevo elemento descriptivo, pues se refería a
comercializar las autopartes de origen ilícito, comercialización que
naturalmente implica la obtención de un lucro o incremento patrimonial de
origen ilegal. De ahí la similitud del tipo penal con el de enriquecimiento
ilícito, particularmente con el de particulares.
Quien comercia con autopartes de ilícita procedencia obtiene para sí
un enriquecimiento ilícito. Se lucra a costa de aquella persona que resulta ser
la legitima propietaria de tales autopartes. Y este enriquecimiento así
obtenido no solo no merece reconocimiento jurídico, pues la Carta Política solo
protege la propiedad adquirida conforme a las leyes civiles (C.P. Art. 58),
sino que además puede ser penalizado cuando se demuestra la mala fe de quien
así se lucra. Así pues, la penalización del delito de receptación de autopartes
para su posterior comercialización desarrollaba eficazmente el artículo 34
superior.
Por todo lo anterior, se reitera, la citada Sentencia C-319 de 1996
debió ser tenida en cuenta a la hora de definir la exequibilidad o
inexequibilidad de la disposición sometida a revisión de la Corte, en cuanto
ésta constituía sin lugar a dudas un precedente judicial aplicable al caso
concreto.
En relación con esto último, no sobra recordar que las decisiones
judiciales donde se establece distinto tratamiento a asuntos previamente
estudiados por la jurisprudencia, afectan los principios constitucionales de
igualdad y seguridad jurídica. En el primer evento, por cuanto la igualdad,
como objetivo y límite de la actividad del Estado, impone a todas las
autoridades dispensar un mismo trato a los casos que presentan características
similares, y sólo juzgar con distinto criterio jurídico las situaciones que no
guardan una misma identidad o que son esencialmente diferentes. En el segundo
evento, porque a partir de la aplicación de la igualdad puede lograrse que haya
cierto grado de previsibilidad sobre las decisiones que han de tomar los
jueces, permitiendo que éstas gocen de estabilidad, orden y consistencia
jurídica frente a la ciudadanía. Conforme lo sostuvo esta Corporación en
decisión precedente,
“La previsibilidad de las decisiones judiciales da certeza sobre el
contenido material de los derechos y obligaciones de las personas, y la única
forma en que se tiene dicha certeza es cuando se sabe que, en principio, los
jueces han interpretado y van a seguir interpretando el ordenamiento de manera
estable y consistente”[47]
Ello, por supuesto, no significa que para el caso del juez
constitucional éste no pueda introducir cambios a la jurisprudencia en
situaciones extremas. Sin embargo, en virtud de los mencionados principios de
igualdad y seguridad jurídica, el alto Tribunal si se encuentra comprometido a
referirse a ella y a explicar y justificar suficientemente el cambio en la
decisión, en especial, cuando el objetivo de la misma es precisamente el de
modificar el criterio imperante como aconteció en este caso.
2.  La interpretación de la norma avalaba su constitucionalidad.
Al margen de lo anterior, y en gracia de discusión,
no negamos los suscritos la posibilidad de que a partir de una interpretación
literal del artículo 1° de la ley 738 de 2002, que adicionaba el Código Penal con
el artículo 447A, podía llegarse a concluir que éste era inexequible,
fundamentalmente, por desconocimiento de los principios de legalidad y
presunción  de inocencia como lo aducía la demanda y lo avaló la mayoría. No
obstante, de la aplicación de los diversos métodos de interpretación constitucional
se llegaba forzosamente a la conclusión contraria: que la norma respetaba los
postulados de la Constitución Política y buscaba proteger intereses Superiores
de la mayor entidad, como son la moral social, la vida, la integridad personal,
la libertad personal y el patrimonio económico.
Al indagar sobre los antecedentes o motivos históricos de la
disposición legal, teniendo en cuenta las circunstancias sociales y culturales
que llevaron a su adopción, se encontraba su verdadero sentido y alcance que en
todo resultaba armónico con los valores y principios constitucionales. A la
misma conclusión se arribaba al averiguar sobre el motivo perseguido por el
legislador, explícito en lo dicho en los debates previos a la adopción de la
norma, motivo que resultaba ser congruente con los fines constitucionales
relacionados con la realización de la moral social y el bien común y con la
descalificación jurídica del enriquecimiento ilícito. Finalmente, el análisis
del precepto acusado de cara a todo el texto constitucional y no exclusivamente
frente a los principios de legalidad y presunción de inocencia, llevaban a
soportar la constitucionalidad de la disposición.
2.1 La interpretación histórica y sociológica.
Desde la perspectiva de una interpretación histórica y sociológica,
era imperioso reconocer que la expedición de la norma había sido determinada
por los altísimos índices de comisión del delito de hurto de vehículos con
miras a convertirlos en autopartes para su posterior comercialización. Delito
que, según lo revelan las cifras estadísticas, frecuentemente se vincula a los
de homicidio, lesiones personales o secuestro, perpetrados para lograr el
ilícito apoderamiento del vehículo. Según datos aportados por los
intervinientes dentro del proceso, especialmente por la Federación de
Aseguradores de Colombia -Fasecolda-, solamente durante el año 2001 fueron
hurtados 31.774 automotores. De estos, según información de los funcionarios de
inteligencia de la Policía Nacional, un 35% tienen como destino el desguace para
la venta de autopartes en el mercado negro. En tales condiciones, y dado el
alto índice de comisión de delito de hurto de automotores, es dable presumir
que, dado que solo excepcionalmente los propietarios de vehículos y
aseguradoras deciden vender autopartes usadas, el vigoroso mercado negro de
tales piezas entre nosotros es demostrativo de la procedencia ilícita de esas
mercancías. Es esta una realidad social inocultable, detrás de la cual se
percibe un amplio deterioro de la moral social, y que es el contexto dentro del
cual había sido expedido el artículo 1° de la Ley 738 de 2002.
2.2 Interpretación teleológica.
Dentro de este contexto histórico y sociológico al cual se
refirieron los congresistas ponentes del proyecto que vino a ser la Ley 738 de
2002, resulta razonable la preocupación legislativa por perseguir esta
criminalidad comúnmente tolerada con grave deterioro de la moral social. Esta
realidad, presente en el momento de expedición de la Ley acusada y en las
propias manifestaciones recogidas en las distintas intervenciones de los
congresistas durante el debate en el Congreso, muestran cuál fue la intención
legislativa al consagrar el tipo penal especial definido en el artículo 1° de
la mencionada Ley: encontrar mecanismos efectivos para perseguir esta práctica
social, de reducir los índices de comisión de otros delitos contra la vida, la
integridad física o la libertad personal asociados al de hurto de automotores,
proteger el mercado legal de autopartes y evitar la evasión de impuestos que proviene
del comercio ilegal de autopartes usadas. Fines todos estos que desarrollan los
valores constitucionales de prevalencia del interés general sobre el particular
y de respeto a la vida y a la dignidad de las personas, así como los principios
constitucionales de defensa de la libertad de empresa y de industria y comercio
amenazadas por las formas de mercado negro descritas. También la propiedad
privada legítimamente adquirida conseguía protección con la consagración del
tipo penal. Pero fundamentalmente, el propósito legislativo consistía en acabar
con el ilícito enriquecimiento que se obtiene con la comercialización de
autopartes usados de procedencia ilegal, con lo cual la norma daba un
desarrollo específico al artículo 34 Superior.
3. El no desconocimiento
de los principios de legalidad y presunción de inocencia por parte del artículo
1° de la Ley 738 de 2002.
El argumento central de la sentencia de la que nos
apartamos consiste en sostener que con la expedición de la norma acusada el
legislador violó los principios constitucionales de legalidad y presunción de
inocencia, por cuanto incluyó en la descripción típica del delito un
ingrediente normativo que presupone partir de la culpabilidad del acusado e
invertir la carga de la prueba.
Consideramos que no existía tal presunción de
culpabilidad o de inversión de la carga de la prueba ni el tipo penal la
contenía. Simplemente, a partir de una realidad sociológica, cual era la
existencia estadísticamente demostrada de un alto índice de comisión del delito
de hurto de automotores, asociado frecuentemente a los delitos de lesiones
personales, secuestro u homicidio, delito que se perpetra con la finalidad
última de deshuesar los vehículos para vender sus unidades o partes, el
legislador consideró que la comercialización de tales piezas usadas constituía
un indicio que, dentro de las circunstancias actuales, no desvirtuaba la
presunción constitucional de inocencia ni la legalidad del delito.
Lo anterior no implicaba en manera alguna la inversión de la carga de
la prueba o su eliminación por cuenta del Estado. Evidentemente, dicho indicio
solo se configuraba a partir de la prueba de la comercialización de autopartes
usados, circunstancia que tenía que ser demostrada por el Estado. Una vez
demostrado este hecho indiciario, la presunción de inocencia quedaba en
entredicho hasta la comprobación, por parte de quien comerciaba las autopartes,
del origen lícito de las mercancías.
No sobra recordar que los comerciantes están obligados a llevar
contabilidad y a soportar con los documentos pertinentes, según las normas
contables comúnmente aceptadas en Colombia, las operaciones que deben registrar
en los libros correspondientes (C.Co. arts. 48 y sig.). Sobre este particular,
sostuvo el Consejo de Estado que “El llevar la contabilidad es uno de los
principales deberes que la ley le impone a algunas personas, en especial a los
comerciantes. [Y que esta contabilidad, por determinación de la ley] ha de
llevarse en libros.”[48]
Por ello, la tenencia de los documentos que demostraran la
procedencia lícita de las autopartes que comercializan era ya, de antiguo, una
obligación jurídica. La imposibilidad de demostrar la legal procedencia de las
mercancías mediante la exhibición de estos documentos o mediante otros medios
de prueba, pues el tipo penal no aludía específicamente a ninguno en concreto,
conducía a corroborar, junto con el indicio de la comercialización de las
autopartes, su ilícita procedencia. Esta era la manera como se tipificaba la
conducta.
Como puede apreciarse, tal tipificación no resultaba automática a
partir de una mera presunción. Se producía por el cúmulo de dos conductas que
debían estar previamente demostradas: (i) la comercialización de autopartes
usadas, hecho cuya prueba correspondía aportar inicialmente al Estado en todos
sus aspectos, es decir se debía probar que había mediado un acto de comercio y
que el mismo había recaído sobre autopartes usadas y no nuevas. (ii) La
inexistencia de prueba sobre la procedencia ilícita de las autopartes usadas.
Esta circunstancia, como negativa indefinida, no podía ser demostrada por el
Estado, por lo cual la prueba contraria forzosamente se exigía al incriminado.
Así, el
legislador, en ejercicio de la libertad de configuración normativa, e inspirado
en la necesidad de combatir una conducta corrosiva que ha venido causando grave
daño a la convivencia pacífica y ciudadana, lo que intentó fue tipificar como
delito autónomo el comercio de autopartes usados, imponiendo al comerciante una
carga de diligencia consistente en adquirir lícitamente tales artículos -
conociendo a su vez el origen de los mismos -. Esta carga, como ya se mencionó,
existe de antemano en la ley para quien decide ejercer formalmente la actividad
de comercio, y viene a constituirse en una clara manifestación del ejercicio
del derecho a la defensa, frente a las imputaciones de que pueda ser objeto el
comerciante, ya que le permite a éste aportar las pruebas que justifican su
comportamiento y el origen de sus bienes.
En efecto,
tratándose de un tipo penal que tiene como ingrediente normativo una negación
indefinida, en cuanto al Estado le resulta imposible probar el hecho - para el
presente caso que el comerciante no adquirió los repuestos en el mercado formal
-, le corresponde al sindicado hacerlo en pro de su defensa, dando las razones
que permitan a las autoridades entrar a probar la adquisición lícita o ilícita
de los mismos. En este sentido se pronunció la Corte en la precitada Sentencia
C-319 de 1996, en la que declaró exequible el delito de enriquecimiento
ilícito, cuya adecuación típica también parte de la exigencia al sindicado de
justificar el origen de su patrimonio. En esa oportunidad expresó esta
Corporación:
“No es entonces la explicación que rinde el
sindicado frente a una acusación de incremento patrimonial no justificado un
acto de violación al principio constitucional de la presunción de inocencia,
pues como ya se anotó, se trata de una justificación de sus actos frente a las
imputaciones debidamente formuladas por el Estado en su contra, para que en
desarrollo del artículo 29 de la Constitución Política, tenga la oportunidad de
explicar su conducta. El artículo bajo examen consagra entonces un deber
específico y concreto de transparencia en el manejo de los bienes públicos por
parte de los servidores públicos, que en nada contraviene el debido proceso ni
ningún otro derecho consagrado en la Constitución Política.”
“...”
“En el segundo caso, y en relación con la
expresión “no justificado”, debe recordarse lo dicho en el punto
anterior en cuanto a que su operancia no conduce en manera alguna a una
inversión de la carga de la prueba, pues es al Estado a quien corresponde en
última instancia probar el hecho típico, antijurídico y culpable, de
conformidad con los medios de prueba existentes y los elementos de juicio
aportados al proceso. Se reitera que la explicación que brinde el imputado en
relación con el presunto incremento patrimonial injustificado corresponde a un
acto propio del ejercicio del derecho de defensa, como quiera que en las instancias
procesales debe permitírsele al sindicado explicar su conducta.”
De esta forma,
se insiste, la carga de diligencia impuesta por la norma al sindicado no tiene
como objetivo desvirtuar la filosofía que inspira el régimen penal y procesal
imperante, ni desconocer las garantías que gobiernan el derecho al debido
proceso penal. Al respecto, el artículo 250 de la Carta es claro en señalar que
corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante querella,
investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores, indagando tanto lo
favorable como lo desfavorable al sindicado y respetando en todo momento sus
derechos fundamentales y las garantías procesales. Entonces, en este caso, a
las autoridades competentes les asistía la obligación de establecer la
responsabilidad del infractor, allegando el soporte probatorio que permitiera
inferir: La tipicidad de la conducta, como era la de
negociar con repuestos usados no adquiridos en el mercado formal; la
antijuridicidad, es decir, la trasgresión de una prohibición establecida
por el propio ordenamiento para la protección de determinados bienes jurídicos;
y la culpabilidad, consistente en que el comerciante, a ciencia y
paciencia, se sustrajo del deber de adquirir los repuestos lícitamente.
Cabe aclarar, por lo demás, que
ni el principio de la presunción de inocencia ni el de legalidad conllevan una
limitación absoluta del Estado para imponer cargas a los particulares respecto
a determinadas conductas delictivas que lo exijan. En cuanto no se trata de
principios absolutos, lo que éstos comportan es el derecho de la persona a ser
juzgado conforme a la Constitución y a una ley justa, con todas las garantías y
luego de adelantado y concluido el respectivo proceso con el dictado de la
sentencia y su ejecutoria. En consecuencia, nada se opone a que el Estado, por
vía de la ley, pueda establecer límites a la libertad de empresa exigiendo la
presentación de libros de contabilidad y documentos privados para acreditar la
ocurrencia de un delito, ni tampoco a que el incumplimiento del comerciante en
llevarlos debidamente, sea considerado como un indicio de responsabilidad en su
contra tratándose del delito de receptación de autopartes usados.
Sobre el derecho a la libertad
económica y sus límites, los artículos 150-21 y 333 de la Carta son claros en
señalar, por una parte, que es competencia del legislador expedir las leyes de
intervención económica, en las cuales se deberán precisar sus fines y alcances
y los límites a la libertad económica; y por la otra, que la ley delimitará el
alcance de la libertad económica cuando así lo exija el interés social. En
cuanto a la posibilidad de reconocerle a los libros de contabilidad carácter
probatorio, el artículo 15 del mismo ordenamiento Superior precisa que, para los
efectos tributarios, judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e
intervención del Estado, se puede exigir la presentación de libros de
contabilidad y demás documentos privados, en los términos que fije la ley. Para
el caso bajo análisis, dichos preceptos se encuentran a su vez en plena
concordancia con los artículos 6° y 95-7 de la Carta, en los que también se
dispone que los particulares son responsables ante las autoridades por
infringir la Constitución y las leyes, y que es deber de toda persona y
ciudadano colaborar para el buen funcionamiento de la administración de
justicia.
En consecuencia, en
cumplimiento de sus deberes constitucionales y en ejercicio de sus
competencias, el Estado, a través del Congreso de la República, se encontraba
plenamente habilitado para elevar a la categoría de delito la conducta de
receptación de autopartes usados, a partir de  imponer a quienes se dedican a
esa actividad la carga de adquirir lícitamente tales repuestos so pena
de que su incumplimiento genere una sanción penal; sin que con tal proceder se
estuviere desconociendo el ordenamiento Superior.
4. Interpretación de la norma frente a
todo el texto constitucional.
Según lo ha
venido sosteniendo esta Corporación en forma por demás reiterada, el Congreso
de la República, tomando en consideración la necesidad de proteger los
distintos bienes jurídicos, la fenomenología social y el daño que algunas
conductas humanas puedan causar a la sociedad, se encuentra ampliamente
facultado por la Constitución para adoptar la política criminal del Estado y,
por esa vía, para consagrar las distintas figuras delictivas e introducir
clasificaciones entre ellas, limitado tan solo porque las medidas adoptadas en
ese campo sean del todo razonables y proporcionales y no desconozcan el núcleo
esencial de los derechos reconocidos por la Constitución Política.
De acuerdo a lo dicho, el legislador, en ejercicio
de esa libertad de configuración normativa (C.P. arts. 29 y 150-2), al definir
el tipo de receptación de autopartes usadas persiguió dar cumplimiento a una
gama amplia de valores, principios y derechos de rango constitucional. La
vigencia efectiva de los mismos que se lograba con ello ha debido ser
seriamente evaluada a la hora de examinar la disposición demandada, sin limitarse
a mirarla exclusivamente desde la óptica extrema de las garantías individuales
que constituyen la presunción de legalidad, e inocencia. Una labor de
ponderación de los diversos principios y valores comprometidos en la norma se
le exigía a la Corte, de manera que la prevalencia del bien general sobre el
privado o particular y la urgencia de preservar la moral social no se vieran
injustamente menguadas, desatendidas e ignoradas.
Para los suscrito esta ponderación de principios y
valores no fue abordada sobre la base de verdaderos criterios de razonabilidad
y proporcionalidad como en principio lo afirma la Sentencia. La Corte, como en
ocasiones anteriores, desde la perspectiva de un individualismo acendrado que
estima absolutas las garantías individuales, en este caso la procesal referente
a la legalidad y presunción de inocencia, ignoró los postulados básicos del
Estado Social de Derecho referentes especialmente a la solidaridad social y a
la existencia de deberes ciudadanos que permiten la realización del bien común,
como bien puede serlo el de demostrar la legítima procedencia de un patrimonio.
Por eso, contrario a lo que sostuvo la mayoría de
los miembros de la Sala, consideramos que la medida adoptada en la Ley 738 de
2002 era razonable y proporcional. Era razonable, por cuanto perseguía una
finalidad constitucionalmente admisible de proteger bienes jurídicos de la
mayor entidad, tales como: la moral social, la vida, la integridad personal, la
libertad personal y el patrimonio económico. Y también era proporcional, por
cuanto comprendía una medida eficaz e idónea en la lucha contra el crimen
organizado que en nada afectaba, como quedó demostrado, el núcleo esencial del
derecho al debido proceso en sus garantías de legalidad y presunción de
inocencia.
Fecha
ut supra,
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
[1] Rodríguez Devesa, J, “Encubrimiento”, en Nueva Enciclopedia
Jurídica, t. VIII, Barcelona, edit. Francisco Seix, 1956, p. 448.
[2] Para Carrara resultaba absurda la proposición de que
uno pueda hacerse partícipe de un delito ya realizado, pues no se puede
concebir una causa posterior a su efecto. Citado por Maggiore, Derecho
Penal. Delitos en particular, Bogotá, Edit. Temis, 1989, p. 190.
[3] Pérez, L.C. Derecho penal. Partes general y especial. De los
delitos en particular. Bogotá, Edit. Temis, 1984,
p. 404.
[4] El artículo 176 del C.P. de 1980 disponía lo siguiente
“Favorecimiento. El que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible y
sin concierto previo, ayudare a eludir la acción de la autoridad, o a
entorpecer la investigación correspondiente, incurrirá en arresto de seis ( 6 )
meses a cuatro ( 4 ) años. Si se tratare de contravención se impondrá multa de
un mil a diez mil pesos”.
[5] Gaceta del Congreso Núm. 284 del 23 de julio de 1996, “Exposición
de motivos del proyecto de ley núm. 18 de 1996, Senado, por medio de la cual se
establecen normas tendientes a combatir la delincuencia organizada y se dictan
otras disposiciones”, pp. 4-12.
[6] Gaceta del Congreso del 2 de octubre de 1996, núm.
416 DE 1996, “Ponencia para primer debate del proyecto de ley No. 18 de 1996 en
el Senado”.   Pgs. 1-8
[7] Gaceta del Congreso, núm. 290, jueves 27 de julio de 2000, p. 15.
[8] Gaceta del Congreso, núm. 189, jueves 10 de mayo de 2001, p. 11.
[9] Gaceta del Congreso, núm. 520, 12 de octubre de 2001, p. 8.
[10] Gaceta del Congreso, núm. 50, 18 de marzo de 2002, p. 3.
[11] Ezquiaga Ganuzas, F., La argumentación en la justicia
constitucional española, País Vasco, Edit. HAAE, 1987, p. 125.
[12] Corte Constitucional, sentencia del 2 de mayo de 2002, demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 165 ( parcial ) de la Ley 599 de 2000 “por
la cual se expide el Código Penal”, demandante: Marcela Patricia
Jiménez Arango. M.P. Clara Inés Vargas H.
[13] Ferrajoli, L., Derecho  y razón. Teoría del garantismo penal,
Valladalid, 1997, p. 465.
[14] Sent. 316 de 1996  M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[15] Ver al respecto los siguientes fallos: C-587 de 1992, C-504 de
1993, C-038 de 1995, C-345 de 1995,  C-070 de 1996, C-113 de 1996, C-125 de
1996, C-394 de 1996, C-013 de 1997, C-239 de 1997, C-297 de 1997, C-456 de
1997, C-472 de 1997, C-659 de 1997, C-404 de 1998, C-083 de 1999, C-996 de
2000, C-1164 de 2000, C-173 de 2001, C-177 de 2001 y C-317 de 2002, entre
otras.
[16] Ver al respecto las siguientes sentencias: C-996 de 2000 y C-939 de
2002.
[17] Roxin, C., Derecho Penal. Parte General. Fundamentos. La
estructura de la teoría del delito. Madrid, Edit. Civitas, 1997, p. 140. En
el mismo sentido, puede citarse la siguiente obra: Mir Puig, S., Derecho
Penal. Parte General. Barcelona, quinta edición, 2002, p. 75.
[18] Ferrajoli, L, ob.cit, p. 467.
[19] Ibídem, p. 468.
[20] Roxin, ob.cit., p. 56.
[21] Ver, Roxin, ob.cit., p. 106.
[22] Sentencia  C-013/1997 M. P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[23] Ibidem.
[24] González-Cuellar Serrano, N., Proporcionalidad y derechos
fundamentales en el proceso penal. Madrid, Edit. Colex, 1990, p. 159.
[25] Sobre el contenido del principio de razonabilidad, ver Perelman “Le
raisonnable et le déraisonnable  en droit”, APD, 1978, p. 36.
[26] Tixier, A., “La regle de reasonableness dans la
jurisprudence anglo-americaine”, RDP, 1956, p. 279.
[27] Sent. C-317 de 2002  M. P: Clara Inés Vargas Hernández
[28] Artículo 11 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948, artículo 8-2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y artículo 14-2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
[29] Entre otras, las siguientes sentencias: T-460/92, T-463/92, T-471/92,
T-500/92, T-520/92, T-525/92, T-581-92, C-599/92, C-053/93, C-114/93, T-145/93,
T-162/93, C-171/93, T-272/93, T-375/93, C-390/93, C-411/93, T-420/93, T-450/93,
T-538/93, T-561/93, T-097/94, C-176/94, C-176/94, C-213/94, C-004/96, C-245/96,
C-048/97, C-, C-098/99, C-1444/00 y C- 774/01.
[30] Corte Constitucional, demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 86 de la Ley 599 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal". Actor:
Luis Eduardo Montoya Medina. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[31] Subrayado por fuera del texto original.
[32] Sentencia C- 774 de 2001
[33] Corte Constitucional, sentencia C-319 de 1996.
[34] Ibídem.
[35] Así pues, el Código Penal español de 1995 dispone al respecto:
CAPÍTULO XIV. De la receptación y otras conductas afines 298. 1. El que, con
ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el
patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como
autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos
del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la
pena de prisión de seis meses a dos años. 2. Esta pena se impondrá en su mitad
superior a quien reciba, adquiera u oculte los efectos del delito para traficar
con ellos. Si el tráfico se realizase utilizando un establecimiento o local
comercial o industrial, se impondrá, además, la pena de multa de doce a
veinticuatro meses. En estos casos los Jueces o Tribunales, atendiendo a la
gravedad del hecho y a las circunstancias particulares del delincuente, podrán
imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de
su profesión o industria, por tiempo de dos a cinco años, y acordar la medida
de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura
fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años”. ( subrayado fuera
de texto ).
[36] Así por ejemplo, para el Tribunal Supremo Español, la
mediación de un precio vil o mezquino en la operación de compraventa de la
autopartes usadas delata el ánimo de aprovechamiento del receptador.
( Tribunal Supremo, sentencias 2179/94; 2165/94 y 1765/94 ), en Código Penal,
Madrid, Edit. Colex, 1996. Para autores como Jaén Vallejo, en los casos de
receptación es preciso entrar a desvirtuar la presunción de inocencia mediante
pruebas indiciarias, las cuales se distinguen de las simples sospechas por lo
siguiente:       “ a ) La prueba indiciaria ha de partir de hechos plenamente
probados, pues se entiende que no es posible basar una presunción, como lo es
la prueba indiciaria, en otra presunción; y “b ) Lo hechos constitutivos de
delito deben deducirse de esos indicios ( hechos completamente probados), a
través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio
humano, explicitado en la sentencia condenatoria”, en Jaén Vallejo, M, Los
principios de la prueba en el proceso penal. Bogotá, Universidad Externado
de Colombia, Centro de Investigaciones de Derecho Penal y Filosofía del
Derecho, 2000,  p. 37
[37] Benda, E., “Dignidad humana y derechos de la personalidad”, en Manual
de Derecho Constitucional, Madrid, Edit. Marcial Pons, 2001, p. 125.
[38] Mir Puig, S., ob.cit, p. 94.
[39] Entre muchas otras, las siguientes:  T-010/92, T-427/92, T-487/92,
T-238/93, C-394/94, C-415/94, C-527/94, C-540/95, C-540/95, C-340/96, C-269/99,
C-812/01, T-1214/01.
[40] Sentencias C-544 de 1994 y C-540 de 1995.
[41] Corte Constitucional, sentencia del 14 de
mayo de 2002, C-374/02, Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001 "Por
medio de la cual se reglamenta  la determinación de responsabilidad patrimonial
de los agentes del Estado a través del ejercicio  de la acción de repetición o
de llamamiento en garantía con fines de repetición". Actores: Jorge
Pabón Apicella y Luz Beatriz Pedraza Bernal. M.P. Clara Inés Vargas H.
[42] M.P Vladimiro Naranjo Mesa
[43] Sentencia C-319 de 1996. M. P Vladimiro Naranjo Mesa.
[44] Si bien el delito de receptación de autopartes se ubica dentro de
los delitos contra la administración de justicia, el propósito legislativo,
además de consistir en la eficacia en la persecución del delito de hurto de
automotores, persigue también y de manera inmediata acabar con el
enriquecimiento que proviene directa o indirectamente de él, pues como en el
caso del delito de enriquecimiento ilícito, dicha forma de incremento
patrimonial deteriora la moral social.
[45] Constitución Política, artículo 58.
[46] Sentencia C-319 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[47] Sentencia C-836 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[48] Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de abril 30 de 1998,
expediente 8790, C.P. Daniel Manrique Guzmán.