C-212-07
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-212/07
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA DEROGADA-Pronunciamiento de fondo por producción de efectos jurídicos
ESTATUTO DEL ABOGADO-Vigencia
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inexistencia/CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES PRECONSTITUCIONALES-Alcance
El pronunciamiento
realizado por la Corte Suprema de Justicia no configura el fenómeno de cosa
juzgada respecto de la demanda objeto de examen en la presente oportunidad. De
una parte, la Corporación no se refirió en concreto al inciso segundo del
artículo 56. De otra, debe repararse en que el estudio de constitucionalidad se
efectúo teniendo como canon de contraste la Constitución de 1886. La solicitud
realizada por la peticionaria en la demanda bajo examen, tiene que ver con una
infracción de aspectos sustantivos de la Constitución de 1991 y el marco de
referencia para realizar el examen de constitucionalidad debe ser la nueva
Constitución y no la anterior. No puede perderse de vista que las leyes
preconstitucionales ya no derivan su fundamento y validez material de lo
dispuesto en la Constitución de 1886 sino que su permanencia en el ordenamiento
debe decidirse teniendo como criterio de juzgamiento la Constitución de 1991.
INEPTITUD SUSTANTIVA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Inexistencia porque actor formuló verdadero cargo de
inconstitucionalidad
ESTATUTO DEL ABOGADO-Antecedentes
ESTATUTO DEL ABOGADO-No es un código de
ética profesional en sentido estricto
El Estatuto
del Ejercicio de la Abogacía no es un Código de Ética Profesional en el sentido
estricto del término. No es el resultado, como suele suceder con los Códigos de
Ética Profesional, del acuerdo al que arriban los Colegios Profesionales en
asamblea de colegas. El Estatuto contiene unas normas mínimas de comportamiento
ético para orientar lo que debe ser el ejercicio de la profesión. Tal y como lo
ha recordado la Corte Constitucional, el Estatuto fue hijo de su tiempo y una
vez puesta en vigencia la nueva Constitución es a partir de esta norma de
normas y no de la Constitución de 1886 que el Estatuto recibe su fuerza
legitimadora y su validez. En tal sentido, el Decreto 196 de 1971 debe ser
siempre aplicado e interpretado de conformidad con las exigencias derivadas del
Estado social, democrático y pluralista de derecho y bajo plena observancia de
los principios, valores y derechos constitucionales fundamentales derivados de
la Constitución de 1991.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ESTATUTO DEL ABOGADO-Sub reglas jurisprudenciales que deben aplicarse
Con
fundamento en los distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional es
factible derivar las siguientes reglas que deben aplicarse cuando se trata de
realizar el juicio de constitucionalidad de los preceptos contenidos en el
Decreto 196 de 1971: (i) El Estatuto del Ejercicio de la Abogacía puede imponer
restricciones al libre ejercicio de la profesión, incluso, limitaciones que van
más allá de la exigencia de títulos de idoneidad y de la previsión del riesgo
social. En ese orden, se admite la posibilidad de que por intermedio de estos
preceptos se sienten criterios mínimos de comportamiento ético así como se
impongan sanciones disciplinarias cuando se incurre en infracción de las
conductas prohibidas. (ii) Las regulaciones adoptadas por el Estatuto del
Ejercicio de la Abogacía deben ser razonables, proporcionadas y no pueden ser
arbitrarias ni discriminatorias. (iii) Las restricciones disciplinarias
impuestas por el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía no pueden dirigirse a
imponer un modelo de conducta perfeccionista que desconozca la autonomía de las
personas profesionales de la abogacía así como su derecho a desarrollar de
manera libre su personalidad.
ABOGACIA-Función social
LEALTAD PROFESIONAL DEL ABOGADO-Derecho
comparado
DERECHO DE DEFENSA-Alcance
Garantizar el
derecho de defensa supone, por tanto, remover los obstáculos que entorpezcan la
posibilidad de contar las personas con un profesional de la abogacía que
presente su caso ante el aparato judicial y obre con la debida diligencia para
hacer garantizar la efectividad del debido proceso; incluye, en ese orden, el
que las personas puedan aproximarse de forma libre y en condiciones de igualdad
a la justicia con el fin de obtener por parte de las y de los jueces decisiones
motivadas y engloba, de igual modo, el derecho de impugnar tales decisiones
cuando se está en desacuerdo con ellas bien sea ante la funcionaria o el
funcionario que emitió la decisión o ante un o una juez de superior jerarquía,
así como el derecho a que se de cumplimiento a lo determinado en los fallos.
DERECHO DE DEFENSA EN PROCESO JUDICIAL-Prevalencia del interés del titular sobre intervención del
profesional del derecho
FALTAS DEL ABOGADO-Aceptación de  la
gestión a sabiendas de que fue encomendada a otro abogado
A juicio de
la Corte, el precepto acusado se orienta a impedir la competencia desleal entre
colegas pero no involucra el desconocimiento del derecho de defensa en tanto
que uno de los componentes del derecho a acceder a la justicia y presupuesto de
la garantía del debido proceso. Más arriba tuvo la Corte oportunidad de
indicar, cómo en los Códigos de Ética Profesional de diversos países del mundo
existe una previsión igual o muy similar a la contenida en el inciso segundo
del artículo 56 del Decreto 196 de 1971. En materia de sustitución, la persona
profesional de la abogacía que asume una nueva gestión está disciplinariamente
obligada a cerciorarse que se han adoptado las medidas conducentes a finiquitar
la gestión de quien se sustituye. No obstante, en todas estas normatividades se
admite que en aquellos eventos en los cuales sea preciso adoptar medidas
urgentes en interés de los clientes la gestión puede ser asumida aún a
sabiendas de haber sido conferida previamente a otro u otra profesional. En el
caso del Estatuto del Ejercicio de la Abogacía que se examina, para caer bajo
el supuesto de hecho previsto en el inciso demandado, es conditio sine qua non
que se obre a sabiendas de haber sido encomendada la gestión a otra persona
profesional de la abogacía. Únicamente bajo esta circunstancia puede aplicarse
la sanción disciplinaria. Cuando se presentan las excepciones previstas en esa
misma disposición, entonces, puede la persona profesional del derecho asumir la
gestión, bien sea por cuanto quien fue encomendado o encomendada con antelación
presentó su renuncia, sea porque autorizó la sustitución o porque se justifica
la sustitución.
DESLEALTAD PROFESIONAL DEL ABOGADO-Establecimiento
como falta no vulnera derecho de defensa del representado
No encuentra
la Corte que el postulado de lealtad establecido en el inciso segundo del
artículo 56 del Decreto 196 de 1971 produzca una situación de indefensión que
impida a las personas gozar del derecho a estar representadas en juicio o les
obstaculice solicitar la protección judicial de sus derechos o les impida
presentar pruebas o controvertir aquellas que se allegan en su contra. En suma,
la disposición acusada no coarta el derecho de las personas a acceder al
aparato judicial ni desconoce la garantía de su derecho de defensa bajo
estricta y cumplida aplicación de los criterios propios del debido proceso.
Algo bien distinto sucede cuando con la aplicación del precepto acusado
eventualmente se incurre en una violación del derecho de defensa en tanto que
componente del derecho a acceder a la justicia y presupuesto del debido
proceso. Pero esto es una hipótesis que no se deriva de la disposición
demandada considerada en sí misma sino de su aplicación defectuosa en el caso
concreto y, como se sabe, existen los instrumentos y las vías constitucionales
y legales para evitar la aplicación desviada, arbitraria y desproporcionada de
preceptos jurídicos.
LIBERTAD DE ESCOGER PROFESION U OFICIO-Límites
DESLEALTAD PROFESIONAL DEL ABOGADO-Establecimiento
como falta no vulnera libertad de ejercer profesión u oficio
Ajustar el
ejercicio de la profesión de abogacía al imperativo mínimo de lealtad que se
desprende de la norma demandada no significa de ninguna manera obstaculizar su
libre ejercicio. En otras palabras: con el pretexto de garantizar el libre
ejercicio de oficio o profesión no puede admitirse cualquier suerte de
comportamiento y menos aquellas conductas dirigidas a desconocer el postulado
de lealtad entre colegas, el cual no solo forma parte del Estatuto de Ejercicio
de la Abogacía sino que se desprende por igual de los mandatos constitucionales
(artículo 95 superior). Aseverar que cuando se impone armonizar el ejercicio de
la profesión con la exigencia derivada del trato leal entre colegas significa
hacer nugatorio su ejercicio o implica imponerle un requerimiento excesivo,
desproporcionado y arbitrario, resulta inaceptable pues se parte de la falsa
premisa de conformidad con la cual el ejercicio profesional de la abogacía solo
compagina con la Constitución cuando se incurre en prácticas contrarias a ese
mínimo ético que significa proscribir el trato desleal entre colegas. En suma,
juzga la Corte que la disposición contenida en el inciso segundo del artículo
56 del Decreto 196 de 1971 no desconoce la libertad de ejercer profesión u
oficio (artículo 26 de la Constitución Nacional) al considerar como falta en
contra del postulado de lealtad entre colegas aceptar la gestión profesional a
sabiendas de haber sido encomendada a otra persona profesional de la abogacía y
no mediar ni la renuncia ni la autorización de quien ha sido reemplazado ni
tampoco justificarse la sustitución. El precepto demandado no solo cumple con
las disposiciones contenidas en el artículo 26 superior sino que concuerda con
la jurisprudencia que sobre esta norma ha desarrollado la Corte Constitucional.
Referencia: expediente D-6380
Demandante: Juliana Peralta Rivera
Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 56
del Decreto 196 de 1971 “Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de
la abogacía.”
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá, D.C., veintiuno
(21) de marzo de dos mil siete (2007).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES.
En ejercicio de la acción
pública establecida en el artículo 241 de la Constitución, la ciudadana Juliana
Peralta Rivera solicitó ante la Corte Constitucional la declaratoria de
inconstitucionalidad del inciso 2º del artículo 56 del Decreto 196 de 1971 “Por
el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía.”
Mediante auto fechado el
día 14 de agosto de 2006, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda y
dispuso correr traslado de la misma al Procurador General de la Nación para que
rindiera el concepto de rigor; solicitó, por intermedio de la Secretaría
General de la Corte Constitucional, al Ministerio de Interior y de Justicia, al
Colegio de Abogados de Bogotá, al Colegio de Abogados Penalistas, al Colegio de
Abogados del Trabajo, al Colegio de Abogados Rosaristas, al Colegio de Abogados
Laboralistas rendir concepto sobre la exequibilidad o inexequibilidad de la
disposición demandada.
Comunicó al Presidente de
la República y al Ministerio del Interior y de Justicia a fin que, si lo
consideraban oportuno, intervinieran directamente o por medio de apoderado.
Invitó, igualmente, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto
Colombiano de Derecho Procesal, a la Comisión Colombiana de Juristas, a la
Comisión Andina de Juristas, al Instituto Latinoamericano de Servicios Legales
Alternativos (ILSA), a las Facultades de Derecho de las Universidades Andes,
Externado, Javeriana, Nacional, Tadeo y Rosario para que, de considerarlo
oportuno, intervinieran mediante escrito indicando las razones que, en su
criterio, justifican la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma
demandada.
Cumplidos los trámites ya
relacionados, propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del
Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de
la referencia.
II. NORMA DEMANDADA.
A continuación se
transcribe el texto de la disposición demandada:
Decreto 196 de 1971
(Febrero 12)
“Por el cual se dicta el estatuto
del ejercicio de la abogacía”
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA
En uso de las facultades
extraordinarias que le confiere la Ley 16 de 1968, y atendido el concepto de la
comisión Asesora establecida en ella,
DECRETA
(…)
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
“ARTICULO 56. Constituyen faltas a la
lealtad profesional:
1a. Realizar directamente o por
interpuesta persona, y en cualquier forma, gestiones encaminadas a desplazar o
a sustituir a un colega en asunto profesional de que este se haya encargado, u
ofrecer o prestar sus servicios a menor precio para impedir que se confiera el
encargo a otro abogado.
2a. Aceptar la gestión profesional
a sabiendas de que le fue encomendada a otro abogado, salvo que medie la
renuncia o autorización del colega reemplazado, o que se justifique la
sustitución.”
III. LA DEMANDA.
La actora, Juliana Peralta
Rivera, consideró que la disposición demandada desconocía el Preámbulo de la
Constitución Nacional así como los artículos 13 (principio y derecho de
igualdad), 25 (derecho al trabajo), 26 (derecho a la libre elección y ejercicio
de profesión u oficio), 29 (debido proceso), 40 (derecho a participar en la
elección, en el ejercicio y en el control del poder político) y 229 superiores.
Según la demandante, al
exigir la disposición acusada que el abogado interesado en “gestionar una
demanda deb[a] recibir la aceptación de su colega antecesor” desconoce la
garantía que se le confiere a la libertad de trabajo así como “la garantía
máxima de la igualdad” que se enuncia desde el Preámbulo de la Norma de Normas.
El precepto acusado pone en condición de desventaja a los profesionales de la
abogacía cuando se los compara con los demás profesionales – pues requieren
autorización previa por parte de su antecesor – algo que no sucede “en ninguna
otra rama de la ciencia.”
Admitió la ciudadana
Peralta Rivera que la abogacía era una ciencia orientada a cumplir una misión
social (definida en el artículo 1º del Decreto 196 de 1971) pero subrayó que
las normas no podían desconocer que al ejercer su tarea los profesionales de la
abogacía dependen de las decisiones de su cliente el cual es quien ejerce el
poder de mandato. Sostuvo la demandante que, en efecto, los abogados deben
poder ejercer su actividad profesional con libertad pero recordó que esta
libertad se restringe a defender los intereses de sus clientes, de ahí que la
disposición demandada no desconozca sólo la libertad de ejercer la profesión
sino el derecho de los clientes a ser representados; “perturba el acceso a
la justicia de ambos, y relega la ejecución de etapas procesales al
otorgamiento de un paz y salvo.”
Adujo la demandante que lo
preceptuado por el inciso 2º del artículo 196 del Decreto-Ley 196 de 1971
creaba una desigualdad incompatible con lo previsto en la Constitución de 1991,
toda vez que “que una norma pone al abogado en condición de desigualdad
frente  a las demás profesiones, las cuales no tienen este impedimento.”A
continuación, se refirió la actora al test de proporcionalidad y, luego de
describirlo, concluyó que la medida consignada en el precepto demandado no
cumplía con los criterios de idoneidad, necesidad ni de proporcionalidad en
sentido estricto[1].
Posteriormente, explicó
por qué consideraba que el precepto demandado había desconocido los artículos
29 y 229 superiores. Afirmó que el derecho constitucional fundamental a acceder
a la justicia en sus dos componentes, a saber, en tanto debido proceso y como
tutela judicial efectiva, no se agotaba únicamente en la posibilidad de que la
persona pudiese “acudir a la jurisdicción en ejercicio del derecho de acción, o
para excepcionar, ni tampoco en la sola expedición de la sentencia o
providencia que ponga fin al proceso.” De conformidad con lo expresado por la
ciudadana Peralta, este derecho abarca asimismo “la oportuna y efectiva defensa
de los derechos que en la mayoría de los casos se ve representada en el abogado
que litiga las causas de sus representados, por ello “la representación
adquiere un contenido supremo.” Coartar el derecho a reemplazar al togado –
tal como sucede en opinión de la actora por virtud de lo dispuesto en la norma
demandada – impide la representación que merece el interesado y viola el
derecho “a defender causas que diariamente se presentan y merecen de su
intervención.” Desconoce, en su opinión, el derecho a acceder a la justicia.
En relación con la
supuesta violación del derecho a la libre elección y ejercicio de la profesión,
alegó la demandante que la disposición acusada condicionaba de tal forma estos
dos derechos, que los hacía irrealizables por cuanto en la práctica los
profesionales de la abogacía se niegan a otorgar el paz y salvo hasta tanto sus
cuentas no sean saldadas. La demandante admite que esta práctica es legítima y
concuerda con la Constitución Nacional pero recuerda que dentro del proceso
existe incidente de regulación de honorarios mediante los cuales se garantiza
una justa remuneración. Por lo anterior, encuentra que el precepto acusado no
se acopla al principio de proporcionalidad pues establece requisitos que lo
condicionan “más allá de lo razonable” y crea condiciones que implican, “de
manera injustificada el acceso desigual a su ejercicio”.
Por los motivos descritos
en párrafos anteriores, la demandante solicitó que se declarara la
inexequibilidad del inciso 2º del artículo 56 del Decreto-Ley 196 de 1971.
IV. INTERVENCIONES.
1.- Colegio de Abogados
Penalistas de Bogotá y Cundinamarca.
El día 1º de septiembre de
2006 fue presentado en la Secretaría General de la Corte Constitucional la
intervención realizada por los ciudadanos Antonio José Cancino Moreno y David
Teleki Ayala a nombre del Colegio de Abogados Penalistas de Bogotá y
Cundinamarca. Los mencionados ciudadanos solicitaron a la Corte Constitucional
declarar la exequibilidad de la disposición acusada.
En una primera parte, la
intervención se orientó a destacar las características de la profesión de la
abogacía y concluyó, en este orden de ideas, que la abogacía era una profesión
que debía ser regulada no sólo mediante normas que tiendan a sancionar en el
evento en el que se compruebe la comisión de una falta sino también por medio
de preceptos orientados a propiciar la pulcritud y a exaltar la dignidad “que
se reclama desde hace muchos años en todos los ámbitos académicos.”
Respecto de la norma
demandada en concreto, sostuvo que no presentaba reparo alguno de
constitucionalidad por cuanto el precepto mismo introducía un criterio
subjetivo que constituía “la garantía de una responsabilidad personal: el
dolo.” Cuando un abogado tiene conocimiento acerca de que la gestión ha
sido encomendada a un colega, agregó, “lo mínimo que debe hacer es respetar
a su colega, pues el abogado no entra abiertamente en el campo de la vida de
los negocios como un simple vendedor de servicios.”
Subrayó, por demás, que la
demanda alegaba reparos de orden hipotético y no defectos concretos “(llevados
al plano de la realidad efectiva de vulneración)”. El que la norma tenga un carácter
preventivo, recalcó, no impide el ejercicio de la profesión. El que exista la
previsión, insistió, no implica un obstáculo al ejercicio de la profesión ni
significa necesariamente que se tenga que aplicar una sanción pues el debido
proceso constituye un principio de obligatorio cumplimiento en las actuaciones
disciplinarias que no se desconoce “sino hasta tanto así suceda en el caso
concreto.”
En esta misma línea de
argumentación, concluyó la intervención que cuando no se presentaba la
renuncia, por cuanto el profesional se negaba a entregarla, ese asunto debía
ser tramitado en el terreno correspondiente lo que no tenía porqué impedir la
actuación procesal que se encomendaba. Así las cosas, añadió, los aspectos
disciplinarios son objeto de debate en otros foros o espacios y no se
convierten en obstáculos para que puedan verificarse las actuaciones procesales
penales, civiles, administrativas o, de otro orden, que se adelanten.
Por las razones expuestas
con antelación, la intervención presentada por el Colegio de Abogados
Penalistas de Bogotá y Cundinamarca solicitó a la Corte Constitucional declarar
la exequibilidad del precepto demandado.
2. Colegio de Abogados
Rosaristas
El día 1º de septiembre de
2006 mediante escrito presentado ante la Secretaría General de la Corte
Constitucional, el Colegio de Abogados Rosaristas consideró que la disposición
demandada se ajustaba a la Constitución. El mencionado concepto ofreció los
siguientes motivos en apoyo de su opinión.
En la primera parte se
dirigió la intervención a realizar unas consideraciones generales y, en ese
orden de ideas, se orientó a analizar la distinción entre el contrato de
mandato y el poder de representación en juicio. La reflexión al respecto le
permitió distinguir entre dos clases de efectos. De una parte, los efectos
económicos que se derivan a partir de la revocatoria del poder e incluso de la
renuncia y, de otra, aquellos que resultan de “la constitución de un nuevo
apoderamiento para representación en juicio, pues los primeros son del resorte
del derecho civil derivadas del contrato de mandato, y los otros, refieren a la
ética profesional, especialmente al deber de obrar con absoluta lealtad frente
a los colegas.”
Esta circunstancia,
resaltó, ha sido expuesta por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura en sus fallos. Insistió en que una cosa era la decisión de revocar
el poder o de renunciar sustentadamente al mismo por parte del apoderado, de
donde se derivaban relaciones económico contractuales y, otra, muy diferente,
la situación que se originaba cuando se aceptaba un poder para la
representación judicial a sabiendas de que existía un colega antecesor que no
había expedido el paz y salvo en razón de su gestión. En este último caso,
subrayó, se hace evidente la necesidad salvaguardar el respeto frente a la
lealtad profesional “puesto que la conducta esperada del jurista, de cara a
la deontología profesional, es la de abstenerse de asumir encargo hasta tanto
el cliente y el abogado antecesor resuelvan el mandato primigeniamente
acordado.”
Insistió la intervención
en que la cautela contenida en la norma demandada no restringía en modo alguno
la posibilidad de reemplazar abogados preexistentes. Lo que reprocha la norma
demandada es “que se haga sin previa renuncia o autorización del primero,
permitiendo incluso que se haga si existe una causa relevante que ‘justifique
la sustitución’.” Agregó que en la primera parte del inciso demandado se
incluía un elemento subjetivo “consistente en que se acepte el poder para representación
‘a sabiendas’ de que le fue encomendado a otro abogado.”
Luego de transcribir
algunos de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, concluyó que, en
contraposición a lo sostenido por la demandante, la norma acusada se ajustaba a
los preceptos contenidos en la Constitución Nacional y se orientaba a
garantizar el interés general y el respeto por los derechos de los demás así
como a impedir el abuso del derecho, principios todos que, “de cumplirse,
redunda[rían] en beneficio de la profesión.”
Con fundamento en lo
expuesto con antelación, la intervención realizada a nombre del Colegio de
Abogados Rosaristas solicitó a la Corte Constitucional declarar la
constitucionalidad del precepto acusado.
3. Intervención del
ciudadano Carlos Andrés Téllez Ramírez.
El día 10 de octubre de
2006 presentó concepto ante la Secretaría General de la Corte Constitucional el
ciudadano Carlos Andrés Téllez Ramírez. El ciudadano Téllez solicitó al
Tribunal Constitucional colombiano declarar la inexequibilidad del precepto
demandado con fundamento en los motivos que se resumen a renglón seguido.
Afirmó el interviniente que la norma acusada presentaba dos tipos de reparos.
En primer lugar, vulneraba preceptos contenidos en la Constitución. En segundo,
presentaba defectos de inconstitucionalidad en virtud de la forma como la norma
en cuestión estaba siendo interpretada por los jueces disciplinarios del país.
Según el ciudadano la
norma desconoce garantías constitucionales tales como el derecho al trabajo y
otras conectadas con éste derecho como lo es, en general, el derecho de
libertad y, en particular, el derecho a ejercer oficio o profesión. En su
opinión, la norma demandada coarta el derecho a revocar, por cuanto nadie
revocará un poder sin tener otro profesional que se haga cargo de su litis y
ningún profesional lo aceptará, pues al hacerlo, quedará incurso en una causal
disciplinaria. Así, a juicio del interviniente, el precepto demandado desconoce
el artículo 26 superior de modo innecesario, inútil y desproporcionado pues
prohíbe a una determinada categoría de personas “efectuar ciertas labores,
incluyendo en tal grupo no sólo a las personas que efectivamente ocasionan
(sic) un riesgo social sino también a personas que no causan (sic), riesgo.”
En opinión del
ciudadano Téllez Ramírez, la norma acusada viola también el principio de
autonomía por cuanto, de un lado, niega al abogado la posibilidad de ejercer su
derecho de postulación al no serle factible representar los intereses de quien
está necesitado de su asesoría en reemplazo de otro profesional. De otro,
impide al mandante que, pese a existir incidente de regulación de honorarios,
éste pueda contratar con otro abogado pues debe esperar hasta tanto el
antecesor otorgue el permiso, lo que no sucederá sino cuando éste logre
satisfacer sus intereses personales.
En relación con las
interpretaciones que de la norma en cuestión hacen los jueces disciplinarios,
citó el demandante varios ejemplos los cuales, en su parecer, dan cuenta de la
forma subjetiva y arbitraria como ha sido interpretada la exigencia contenida
en la norma demandada por los mencionados jueces (expediente a folios 105-108).
Con fundamento en los
motivos expuestos, el ciudadano Téllez Ramírez pidió a la Corte Constitucional
declarar la inexequibilidad del precepto acusado.
4.- Instituto Colombiano
de Derecho Procesal.
Mediante escrito allegado
a la Secretaría General de la Corte Constitucional el día 9 de octubre de 2006,
el ciudadano Edgar Arturo León Benavides consideró, a nombre del Instituto
Colombiano de Derecho Procesal, que la Corte Constitucional se debía atener a
lo resuelto en la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia el día
22 de mayo de 1975. Anexó copia de la sentencia mencionada, la cual, había
encontrado que la disposición bajo examen de la Corte Constitucional en la
presente ocasión se ajustaba a la Constitución de 1886.
5.- Ministerio del
Interior y de Justicia.
El día 10 de octubre se
presentó ante la Secretaría General de la Corte Constitucional el escrito
elaborado por el ciudadano Fernando Gómez Mejía a nombre del Ministerio del
Interior y de Justicia. El interviniente consideró que el precepto demandado
debía ser declarado exequible y apoyó sus consideraciones en los motivos que se
sintetizan a renglón seguido.
Realizó, primero, unas
consideraciones generales sobre la demanda y pasó luego a ocuparse de los
reparos elevados por la actora. Respecto de la supuesta violación del principio
de igualdad frente a otras profesiones liberales, no compartió el señor Gómez
Mejía los motivos aducidos por la actora. Para apoyar su punto de vista citó
varias normas de conformidad con las cuales en diferentes profesiones “se
sancionan [actuaciones] consideradas desleales o anti-éticas por sus
practicantes” de manera que, según él, la profesión de derecho no
constituía un caso asilado en relación con ese propósito.
En relación con el test de
proporcionalidad, en opinión del interviniente una aplicación del mismo arroja
como resultado que la medida no sólo es acorde con la persecución y obtención
de un fin constitucionalmente legítimo y observa, por tanto, el criterio de
adecuación, sino cumple asimismo con el requisito de necesidad y de
proporcionalidad en sentido estricto.
Según el ciudadano Gómez
Mejía, no es cierto que la disposición demandada desconozca el derecho a elegir
y a ejercer profesión y oficio cuando exige que el ejercicio de la profesión de
la abogacía se ajuste a ciertos cánones éticos. A propósito de lo anterior,
rememoró lo manifestado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la
Sentencia C-002 de 1993 y la citó en extenso. Luego citó la sentencia T-579 de
1994 mediante la cual el Tribunal constitucional colombiano se pronunció acerca
de la potestad de la Legislación para expedir códigos de ética.
También mencionó el
interviniente la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia con
fundamento en la cual ese Tribunal decidió que la disposición contenida en el
inciso segundo del artículo 56 del Decreto 196 de 1971 se ajustaba a la
Constitución de 1886 y dijo que lo sostenido por la Corte en ese entonces
también resultaba válido a la luz de la Constitución de 1991.
Por último, expresó el
representante del Ministerio del Interior y de Justicia que el precepto
demandado no desconocía el derecho constitucional fundamental a la garantía del
debido proceso (artículo 29 superior) ni el derecho constitucional fundamental
a acceder a la justicia (artículo 229 superior). Por los motivos expresados, el
representante del Ministerio de Interior y de Justicia, ciudadano Gómez Mejía,
solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad de la disposición
demandada.
6.- Intervención de la
Universidad del Rosario.
Mediante escrito
presentado ante la Secretaría General de la Corte Constitucional el día 11 de
octubre de 2006, el ciudadano Juan Enrique Medina presentó concepto a nombre de
la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario. El ciudadano Medina
solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de la disposición demandada con
base en las siguientes razones.
Según el interviniente, la
profesión de abogado no se encuentra aislada sino que tiene una proyección
social y, dados los rasgos que la caracterizan, es factible señalarle límites a
su ejercicio. En este orden, la norma demandada tiene como propósito impedir la
competencia desleal. La abogacía - como en general todas las profesiones – ha
sido objeto de regulaciones y prohibiciones justamente con el fin de promover
una conducta leal entre los pares. Esta regulación, en su opinión, no sólo es
legítima sino que “jamás será superflua.” Se limita a consignar para la
profesión de la abogacía el principio de oponibilidad contractual y la lealtad
entre competidores. Su aplicación se restringe en exclusiva “a aquellas
conductas que bien pueden calificarse de abusivas, pero salvaguardando la
voluntad de las partes para desvincularse – retracto libre de las partes – o
protegiendo intereses superiores – el estado de necesidad del cliente.”
En virtud de las
anteriores consideraciones realizadas en el documento presentado, la
Universidad del Rosario solicitó declarar la exequibilidad de la disposición
acusada.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN.
Mediante concepto número
4205 allegado a la Secretaría General de esta Corporación el día 27 de octubre
de 2003, el Procurador General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional
declararse inhibida para conocer de fondo de la demanda presentada en contra
del inciso segundo del artículo 56 del Decreto 196 de 1971 “Por medio del
cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía.” A continuación, se
hace una síntesis de los motivos que adujo la Vista Fiscal para sustentar la
ineptitud sustantiva de la demanda.
Recordó el Procurador que
la demanda elevada con fundamento en el ejercicio de la acción de
inconstitucionalidad debía fundarse en razones claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes. Esto es, la argumentación utilizada debía seguir un
hilo conductor de manera que lograra demostrar que el concepto de la violación
es efectivamente conducente y ha de recaer sobre una disposición jurídica real
y existente. Debe también exponer con claridad los motivos por los cuales se
considera que la disposición demandada desconoce o vulnera la Constitución. Los
reparos que se elevan deben tener fundamento en el desconocimiento de la
Constitución y despertar duda mínima sobre la manera como estos se ajustan a la
Normas de Normas. Luego de realizar un breve análisis del precepto acusado
concluye la Vista Fiscal que
“las razones sobre las que la
demandante fundamenta los cargos de inconstitucionalidad a más de no ser
ciertas, tampoco son específicas, ni pertinentes. La demandante va más allá del
contenido de las normas acusadas y hace afirmaciones que parten de falsas
premisas, desconociendo, que el legislador habilitado constitucionalmente
(Artículo 26 de la C.Po.) consagra como faltas en los códigos de ética
profesional una serie de comportamientos que resultan indeseables en el
ejercicio de una profesión y para los que se señalan sanciones que deben
imponerse a quienes incurren en tales comportamientos.
Según el Procurador, la
demandante olvida también que el ordenamiento jurídico colombiano garantiza a
toda persona para efectos de un debido proceso – en los casos que así lo exija
la ley – estar representada por un abogado bien sea el designado por la parte,
o el que le proporcione el Estado Vgr: Curador ad litem, amparo de pobreza etc.
Por consiguiente, no hay pertinencia en cuanto al cargo de las supuestas
violaciones al derecho al debido proceso, igualdad, acceso a la administración
de justicia, entre otros.”
En vista de lo expuesto,
la Vista fiscal solicitó a la Corte constitucional declararse inhibida para
pronunciarse de fondo en relación con los reparos formulados respecto del
inciso 2º del artículo 56 del Decreto 196 de 1971 por la supuesta violación del
preámbulo y de los artículos 13, 25, 26, 29, 53 y 229 de la Constitución Nacional.
VI. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS.
Competencia.
1.- La Corte
Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en virtud del
artículo 241 numeral 4º de la Carta.
Objeto de la demanda.
2.- La actora alegó que el
inciso segundo del artículo 56 del Decreto 196 de 1971 “Por el cual se dicta
el estatuto del ejercicio de la abogacía” desconocía preceptos
constitucionales y, más concretamente, el preámbulo, el derecho al trabajo, el
libre ejercicio de profesión u oficio, el principio de autonomía, el debido
proceso, el derecho acceder a la justicia y la posibilidad de participar en el
ejercicio del control político, entre otros. Adujo la demandante que al exigir
el precepto acusado la autorización del colega antecesor para ejercer la
profesión de abogacía, esta disposición ponía en desventaja a los profesionales
del derecho cuando se comparaban con otros profesionales. A juicio de la
actora, la norma demandada no solo desconoce el derecho de los togados al libre
ejercicio de oficio o profesión sino que perturba el derecho de defensa y el
acceso a la justicia de sus clientes. Estos derechos se ven restringidos a su
juicio de manera no razonable y desproporcionada.
3.- La mayoría de los
intervinientes solicitaron a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad
del precepto acusado. Coincidieron los distintos pronunciamientos en el papel
social que cumple la profesión de la abogacía y en la necesidad de su
regulación. Estuvieron de acuerdo en que las restricciones derivadas del
precepto cuestionado armonizan con la Constitución y son además justificadas,
razonables y proporcionadas.
4.- Varias de las
intervenciones insistieron en que en lugar de desconocer la garantía del libre
ejercicio de oficio o profesión o el acceso a la justicia, lo que la
disposición contiene es un canon de comportamiento consistente en la obligación
de ejercer la profesión de manera leal, algo que sucede también en relación con
el ejercicio de otras profesiones y no es, como lo cree la actora, un asunto
exclusivo de la profesión de la abogacía. Distintas intervenciones recordaron,
por su parte, que la misma disposición contiene un elemento subjetivo, esto es,
que el reparo ético aparece en el momento en que el profesional del derecho
acepta la gestión “a sabiendas de haber sido encomendada a otro abogado.”
5.- El ciudadano Carlos
Andrés Téllez Ramírez, coadyuvó la demanda y estimó que el inciso segundo del
artículo 56 del Decreto 198 de 1971 desconocía el derecho al trabajo, la
garantía al libre ejercicio de oficio o profesión, la libre autonomía, entre
otros. Consideró el ciudadano interviniente que el precepto acusado vulneraba
la Constitución de dos formas: directamente, a partir de la norma considerada
en sí misma y por el modo en que esta norma había sido aplicada por los jueces
disciplinarios.
6.- La Vista Fiscal, a su
turno, solicitó a la Corte Constitucional inhibirse para decidir de fondo el
caso bajo examen por ineptitud sustantiva de demanda.
Asuntos previos.
7.- Con fundamento en lo
expuesto, le corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional realizar
algunas consideraciones previas respecto de los siguientes asuntos: (i)
Vigencia de la ley, esto es, si al haber sido modificada la disposición acusada
por el artículo 36 numeral segundo de la Ley 1123 de 2007 “Por la cual se
establece el Código Disciplinario del Abogado”, continúa produciendo
efectos jurídicos. (ii) Si ha operado o no el fenómeno de la cosa juzgada.
(iii) Si resulta procedente realizar un estudio de fondo. Pasa la Corte a
resolver los asuntos previos.
(i) En primera instancia,
examinará la Corte lo referente a la vigencia del inciso segundo del
artículo 56 del Decreto 196 de 1971 “Por el cual se dicta el Estatuto del
Ejercicio de la Abogacía” . La jurisprudencia constitucional ha sido
reiterativa en el sentido de afirmar que para que proceda el examen de
constitucionalidad es preciso que la norma acusada se encuentre vigente pues,
de lo contrario, tendría la Corte Constitucional que declararse inhibida para
fallar de fondo el asunto planteado por sustracción de materia[2].
No obstante lo anterior, también ha manifestado la Corporación que cuando la
Ley deroga, sustituye o modifica un acto propio y voluntario de la Legislación,
pero éste continúa produciendo efectos de manera ultractiva, habrá lugar a un
pronunciamiento de fondo con el fin de lograr que se cumpla la garantía de
supremacía e integridad de la Constitución[3]. De no ser
esto así, ha dicho la Corte, entonces normas contrarias al texto constitucional
continuarían regulando situaciones jurídicas[4].
En el asunto
bajo examen se tiene que el inciso 2º del artículo 56 del Decreto 196 de 1971 “Por
el cual se dicta el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía” fue modificado
por el artículo 36 numeral 2º de la Ley 1123 “Por la cual se establece el
Código Disciplinario del Abogado” que fue promulgada el día 22 de enero de
2007[5].
A primera vista, no existiría fundamento lógico para efectuar el control de
constitucionalidad y resultaría pertinente la inhibición. Por los motivos que
pasa a exponer, la Corte estima que el precepto se encuentra vigente y debe ser
estudiado de fondo.
De una parte, el
artículo 112 del nuevo Código Disciplinario del Abogado que contiene lo
referente a vigencia y derogatorias establece que el Código entrará a regir
cuatro (4) meses después de su promulgación[6], esto es, el
22 de mayo de 2007. De conformidad con lo expuesto, el plazo determinado por el
artículo referido todavía no se ha cumplido y la Ley todavía está vigente desde
una perspectiva formal por manera que la Corte no puede inhibir un
pronunciamiento de fondo. De otra parte, el artículo 111 de la misma Ley
establece un régimen de transición en el siguiente sentido:
“Los procesos que se encuentren con auto de apertura de
investigación al entrar en vigencia este código, continuarán tramitándose de
conformidad con el procedimiento anterior.
En los demás procesos los Magistrados de las Salas Jurisdiccionales
Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura implementarán el
procedimiento aquí establecido en estricto orden de radicación salvo aquellos
en los que la acción disciplinaria se encuentre próxima a prescribir, a los
cuales les dará prelación.”
Así las cosas,
para el momento en que se realiza el juicio de constitucionalidad la norma no
sólo está formalmente vigente por mandato del artículo 112 referido con
antelación, sino que desde la perspectiva material no desaparece del
ordenamiento jurídico por cuanto, produce efectos sobre los procesos que se
encuentren en curso (fenómeno de la ultractividad). En razón de lo expuesto, no
procede acudir a la figura de la sustracción de materia y debe la Corte pasar a
pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada en la demanda.
A renglón
seguido, es preciso aclarar porqué en esta oportunidad no se hará un
pronunciamiento sobre la disposición contenida en el artículo 36 numeral
segundo de la Ley 1123 “Por la cual se establece el Código Disciplinario del
Abogado” que modificó el artículo 56 inciso segundo del Decreto 196 de
1971. En primer lugar, la norma no fue formalmente demandada en la presente
oportunidad. En segundo lugar, el Decreto 196 de 1971 tiene una entidad
autónoma y ello hace que la Corte pueda ejercer el juicio de constitucionalidad
sobre los preceptos contenidos en el mencionado Decreto sin que exista riesgo
de producir un fallo inocuo. No es necesario, por tanto, realizar la
integración normativa.
(ii) A
continuación, se pronunciará la Corte respecto de si ha operado o no el fenómeno
de la cosa juzgada constitucional. La Corte Suprema de Justicia por medio
de sentencia fechada el día 22 de mayo de 1975 se pronunció acerca de la
inconstitucionalidad de varias normas del Decreto 196 de 1971 “Por el cual
se dicta el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía[7].”.
Dentro de los preceptos demandados se encontraba el artículo acusado en esta
ocasión. Empero, el pronunciamiento realizado por la Corte Suprema de Justicia
no configura el fenómeno de cosa juzgada respecto de la demanda objeto de
examen en la presente oportunidad. De una parte, la Corporación no se refirió
en concreto al inciso segundo del artículo 56. De otra, debe repararse en que
el estudio de constitucionalidad se efectúo teniendo como canon de contraste la
Constitución de 1886. La solicitud realizada por la peticionaria en la demanda
bajo examen, tiene que ver con una infracción de aspectos sustantivos de la
Constitución de 1991 y el marco de referencia para realizar el examen de
constitucionalidad debe ser la nueva Constitución y no la anterior. No puede
perderse de vista que las leyes preconstitucionales ya no derivan su fundamento
y validez material de lo dispuesto en la Constitución de 1886 – pues esta fue
derogada por el artículo 380 superior - sino que su permanencia en el
ordenamiento debe decidirse teniendo como criterio de juzgamiento la
Constitución de 1991.
(iii) Una vez
constatada la pertinencia del examen de constitucionalidad puesto que la
disposición acusada continua produciendo efectos jurídicos y debido a que la
decisión previa adoptada por la Corte Suprema de Justicia no configura cosa
juzgada, resta por resolver lo relacionado con la supuesta ineptitud
sustancial de la demanda. En efecto, el Procurador General de la Nación
solicitó una declaratoria de inhibición debido a que los cargos formulados por
la demandante no conseguían plantear un verdadero debate de constitucionalidad,
en los términos señalados por la jurisprudencia de esta Corporación.
Debe entonces la
Corte verificar si la demanda reúne los requisitos señalados por el artículo 2º
del Decreto 2067 de 1991. Lo anterior, por cuanto, como lo ha señalado
reiteradamente esta Corporación, el juicio de admisibilidad no tiene el mismo
rigor que el realizado al momento de decidir el fondo de la cuestión planteada,
y por lo tanto la Corte Constitucional puede en esta segunda oportunidad
encontrar que los argumentos expuestos por el actor no cumplen con los
requisitos exigidos para pronunciarse de fondo y decida, por consiguiente,
pronunciarse a favor de la inhibición.
8.- A diferencia
de lo expuesto en el concepto emitido por la Vista Fiscal, estima la Corte que
la demanda sí cumplió con los requisitos mínimos exigidos por la jurisprudencia
constitucional. No obstante en el escrito de demanda se planteó el
desconocimiento de varios preceptos constitucionales, la Corporación estima que
se estructuraron los siguientes cargos sobre los cuales habrá un
pronunciamiento de fondo:
(i) ¿Vulnera el
artículo 56 inciso 2º del Decreto 196 de 1971 “Por el cual se dicta el
Estatuto del Ejercicio de la Abogacía” el derecho de defensa en tanto que
componente del derecho a acceder a la justicia y presupuesto de la garantía del
debido proceso (artículo 29 y artículo 229 de la Constitución Nacional) al
considerar como falta en contra de la lealtad profesional el que la persona que
ejerce la abogacía acepte la gestión a sabiendas de haber sido encomendada a
otro colega sin mediar renuncia ni la autorización del profesional reemplazado
ni tampoco justificarse la sustitución? (ii) En segundo lugar, ¿desconoce la
disposición acusada el derecho de las personas profesionales de la abogacía a
ejercer de manera libre su oficio o profesión (artículo 26 superior)? Estas
acusaciones plantean verdaderas cuestiones constitucionales que deben ser
desatadas por esta Corporación.
9.- Para
resolver los problemas propuestos, la Corte se referirá a los siguientes temas:
(i) El Estatuto del Ejercicio de la Abogacía a la luz de la jurisprudencia
constitucional. (ii) El postulado de lealtad profesional consignado en el
artículo 56 inciso segundo del Decreto 196 de 1971. Algunos ejemplos provenientes
del derecho comparado. (iii) ¿Vulnera el postulado de lealtad profesional
consignado en el inciso segundo del artículo 56 del Decreto 196 de 1971 el
derecho de defensa en tanto que componente del derecho a acceder a la justicia
y presupuesto de la garantía del debido proceso? (iv) ¿Vulnera el postulado de
lealtad profesional consignado en el inciso segundo del artículo 56 del Decreto
196 de 1971 el derecho al libre ejercicio de oficio o profesión?
El Estatuto
de Ejercicio de la Abogacía a la luz de la jurisprudencia constitucional.
10.- El Decreto
196 de 1971 “Por el cual se dicta el Estatuto de Ejercicio de la Abogacía”
nace a la vida jurídica bajo la vigencia de la Constitución de 1886. A partir
de ese momento en adelante, quedó claro que las personas profesionales de la
abogacía tenían el deber de colaborar con las autoridades tanto en la
conservación del orden jurídico del país como en la realización de una recta y
cumplida administración de justicia. El Estatuto incluyó un conjunto de preceptos
cuyo propósito fue marcar un norte al ejercicio de la profesión en pro de la
defensa en justicia de los derechos de la sociedad y de los particulares. Esta
misión abarcaba asimismo asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la
ordenación y en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas[8].
A lo largo de
sus preceptos distribuidos en siete títulos, fijó el Estatuto del Ejercicio de
la Abogacía, entre otros asuntos, lo referente a la necesidad de inscripción
previa para ejercer la profesión; las excepciones a esa exigencia; las
incompatibilidades; lo concerniente al ejercicio ilegal de la abogacía; el
régimen de inspección y vigilancia de la profesión; los deberes profesionales
del abogado. En el título VI se refirió al Régimen Disciplinario y en el
capítulo 1º de ese mismo título abordó lo relacionado con las faltas.
Distinguió varias clases entre las que se encuentran las faltas contra: (a) la
dignidad de la profesión; (b) el decoro profesional; (c) el respeto debido a la
administración de justicia; (d) la recta administración de justicia; (e) la
lealtad debida a la administración de justicia; (f) la lealtad con el cliente;
(g) la honradez del abogado; (h) la debida diligencia profesional; (i) la lealtad
profesional.
11.- En sentencia de mayo
22 de 1975 a propósito del estudio de constitucionalidad sobre algunos de los
preceptos contenidos en el Decreto 196 de 1971 manifestó la Corte Suprema de
Justicia que si bien las normas generales de la ética regían para el ejercicio
de todas las profesiones
“quizá respecto de ninguna como la abogacía, su
acatamiento indeficiente sea más útil para mantener la interdependencia o
solidaridad social. Su cumplimiento  no puede estimarse como una indebida
injerencia en el fuero interno de las personas, con menoscabo de su moral
personal. Lo que sucede es que la ética o moral profesional tienen como soporte
la conducta individual, conducta que vincula la protección del interés
comunitario.
(…)
La cooperación o colaboración con las autoridades ‘en
la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la
realización de una recta y cumplida administración de justicia’, no es el deber
exclusivo del abogado sino de todas las personas. Es el principal y más
importante de los deberes sociales, [por cuanto] sin un orden jurídico estable
y una recta y cumplida prestación del servicio de justicia, no es posible
adelantar tarea alguna de desarrollo o progreso colectivo. Y por razón de sus
conocimientos, es del abogado de quien se exige un mayor y permanente esfuerzo
para alcanzar ese fin vital.”
12.- Es cierto que los
patrones de moralidad social en vigor a partir de lo dispuesto en la
Constitución de 1991 - que es una norma abierta al pluralismo y en la que se
consigna de manera expresa el derecho al libre desarrollo de la personalidad -
son distintos a los que regían bajo la vigencia de la Constitución de 1886. No
lo es menos, sin embargo, que una vez adoptadas las matizaciones necesarias, el
compromiso de las personas profesionales de la abogacía mantiene la inmensa
proyección social que le reconoció la Corte Suprema. En esa misma línea de
orientación, también bajo la Constitución de 1991 se exige a las personas
profesionales de la abogacía que desempeñen su actividad sin causar desmedro al
servicio que de ellas espera la sociedad[9].
13.- En varias
ocasiones ha tenido oportunidad la Corte de pronunciarse acerca del sentido y
alcances del Estatuto[10]. Aquí se mencionarán
algunos de los principales fallos. En la sentencia C-002 de 1993[11]
recordó la Corte cómo la necesidad de regular el ejercicio de las profesiones
se deriva a partir de lo establecido en los artículos 1º y 2º superiores, así
como de lo dispuesto en el Preámbulo. A juicio de la Corporación, esta
regulación resulta ser “el instrumento jurídico adecuado al establecimiento
de condiciones mínimas indispensables para que el derecho de cada individuo a
escoger y ejercer una profesión no afecte la comunidad.” Según la
jurisprudencia constitucional, el interés común está de por medio cuando quien
con el pretexto de ejercer un oficio o profesión , lesiona el interés de
quienes acuden a sus servicios o el de sus colegas.
14.- En la
sentencia referida, recordó la Corte Constitucional que la libertad no podía
comprenderse como algo absoluto o ajeno a cualquier suerte de condicionamiento.
Insistió en que las personas que conviven en sociedad deben arreglar “su
voluntad a la ley, para hacer compatibles sus derechos con los de los demás. Se
es libre dentro de la ley, al ejercer los derechos en ella reconocidos.  Sin la
protección y garantía de la ley, nadie tiene derecho y se está a merced del más
fuerte"[12].
Subrayó la necesidad de modelar el ejercicio de los derechos y de las
libertades de manera que pudiesen ejercerse “en armonía con los intereses
generales de la comunidad"[13]. En
particular sobre la libertad de ejercer profesión u oficio dijo:
“En cuanto atañe a la libertad de ejercer profesión u oficio, que
interesa específicamente en este proceso, la función de reglamentación a cargo
del legislador, que por su naturaleza tiene que cumplirse teniendo en cuenta
las características propias de cada ocupación, implica, como su objeto lo
indica, el establecimiento de unas reglas adecuadas a los fines que cada
una de ellas persigue, mediante las cuales es necesario estatuir requisitos
mínimos de formación académica general y preparación particular en la carrera
de que se trata; normas sobre expedición de títulos que garanticen la idoneidad
profesional y la forma de acreditarlos ante el público; disposiciones
concernientes a las prácticas y experiencias iniciales del recién egresado;
exigencias y límites aplicables a quien -debidamente autorizado- ejerce todavía
sin título y, desde luego, la espina dorsal de la reglamentación, que consiste
en el régimen jurídico aplicable al desempeño de la profesión, dentro del cual
a la vez resulta ineludible el señalamiento de principios y pautas, la
tipificación de faltas contra la ética en el campo de actividad correspondiente
y la previsión de las sanciones que habrán de ser impuestas a quien incurra en
ellas.” (Subraya dentro del texto original).
15.- En la
sentencia C-060 de 1994[14] trajo a la memoria la
Corte Constitucional cómo de la misma forma que sucede con las personas
profesionales en las diferentes ramas del saber, las personas profesionales de
la abogacía cumplen “una misión social”. Mencionó la Corporación el
objetivo perseguido por las normas contempladas en el Estatuto. Dijo a
propósito de lo anterior, que estos preceptos estaban orientados a fijar un
punto de referencia ético al ejercicio de la profesión del derecho cuyo alcance
no se limita a resolver problemas de orden técnico sino que se proyecta también
en el ámbito ético. Según lo expuesto por la Corte, las personas profesionales
del derecho están
“sujetas a imperiosas reglas éticas, que han ganado, además, el
sello de la juridicidad al ser acogidas por el legislador en el Decreto
Extraordinario 196 de 1971, denominado "Estatuto de la Abogacía",
dentro del cual se contemplan los deberes, las prohibiciones, las faltas y
sanciones a que están sometidos quienes violen dichas normas. Igualmente se
establecen -en tal decreto- los procedimientos que deben observarse en el desarrollo
de los procesos disciplinarios correspondientes, los funcionarios competentes
para tramitarlos, etc.”
16.- En la
sentencia C-190 de 1996 también se pronunció la Corte sobre el mismo tópico[15].
Según la Corporación, el que las personas profesionales de la abogacía se
regulen también por normas éticas no significa “una indebida intromisión en
el fuero interno de las personas, con menoscabo de su moral personal.” El
ejercicio de la profesión se soporta asimismo en “la conducta individual, la
cual a su vez se vincula a la protección del interés comunitario.” Los
fines que se buscan por medio del ejercicio de la profesión de derecho, añadió,
a diferencia de lo que ocurre con los objetivos que persiguen otras
profesiones, admiten incluso un mayor nivel de exigencia en lo que hace al
comportamiento de las personas profesionales de la abogacía dada la misión que
desempeñan “como depositarios de la confianza de sus clientes y como
defensores del derecho y la justicia, lo cual conlleva a que, ante el
incumplimiento de estos deberes sea necesaria la consagración de sanciones, ya
sean de carácter penal, civil o disciplinario.”
A juicio de la Corporación, las normas de orden disciplinario
contenidas en el Estatuto de la Abogacía exigen a las personas que ejercen la
profesión de derecho cumplir con unos requerimientos y unos comportamientos “éticos
que le den seguridad, confianza y rectitud al ejercicio de la profesión de
abogado, de acuerdo con los postulados del derecho y de la justicia, respecto
de los cuales el profesional se comprometió a cumplir desde que recibió el
respectivo título de idoneidad.” Estas restricciones que provienen del
Decreto 196 de 1971 no tienen la finalidad de impedir el ejercicio de la
profesión sino ajustarlo a unas mínimas reglas, de modo que las abogadas y los
abogados ejerzan su profesión con “dignidad y decoro.”
17.- Desde
luego, la Corte Constitucional también ha sido reiterativa en afirmar que las
regulaciones adoptadas por el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía deben ser
razonables, proporcionadas y no pueden ser arbitrarias ni discriminatorias. En
la sentencia C-619 de 1996[16] se expresó la
Corporación acerca de este punto. Realzó que el derecho a ejercer libremente
profesión u oficio abarcaba la posibilidad “de ejercer la actividad que se
ha escogido, sin más restricciones que aquellas que legítimamente imponga el
legislador, - para minimizar el riesgo social que puede implicar el ejercicio
irresponsable de una profesión u oficio o para proteger derechos de terceras
personas - y que ha de hacer cumplir la administración, en ejercicio de la
facultad de inspección y vigilancia.” Señaló que el ejercicio de las
profesiones se ligaba, por consiguiente, a las limitaciones que impusiera la
legislación fundamentadas en criterios de idoneidad y en supuestos orientados a
evitar el abuso del derecho, pero recalcó que esas limitaciones no podían
hacerse equivalentes a un trato que pudiese ser descrito como discriminatorio.
Manifestó la
Corte Constitucional que si bien la legislación puede trazar fronteras al
ejercicio de oficio o profesión, estas intervenciones han de ser razonables y
proporcionales al interés que se busca proteger. Rememoró que sobre el
particular la Corporación había insistido en que era preciso fijar los
criterios de forma que se produzca un equilibrio entre el interés protegido y
las limitaciones trazadas “pues una excesiva, innecesaria o irrazonable
reglamentación violaría el contenido esencial del derecho.” Añadió, que
sólo era factible establecer
“limitaciones estrictamente necesarias, útiles y proporcionadas,
para la protección del interés general. En otras palabras, las reglamentaciones
(…) están sometidas a las exigencias generales que plantea el principio de
igualdad, de manera tal que sólo resultan constitucionalmente aceptables aquellas
que obedecen a una justificación objetiva y razonable y que persiguen una
finalidad legítima.”
18.- De otra
parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado en el sentido según el cual
las restricciones disciplinarias impuestas por el Estatuto del Ejercicio de la
Abogacía no pueden dirigirse a imponer un modelo de conducta perfeccionista que
desconozca la autonomía de las personas profesionales de la abogacía así como
su derecho a desarrollar de manera libre su personalidad. En la sentencia C-098
de 2003 le correspondió a la Corte verificar si los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6
y 8 del artículo 48 del Decreto 196 de 1971 “Por el cual se dicta el
estatuto del ejercicio de la abogacía[17]” se
ajustaban a la Constitución por cuanto estas disposiciones desconocían el
derecho al libre desarrollo de la personalidad al regular conductas
estrictamente personales e individuales que eran además indeterminadas y
acababan sancionando al abogado por conductas que no dependían de él. Luego de
analizar las disposiciones acusadas a la luz de la Constitución Nacional, llegó
la Corte a la conclusión según la cual
“a pesar de que el ejercicio de la abogacía implica el desarrollo de
una función social que apareja responsabilidades, era claro que [en ese caso
concreto] el legislador [había invadido] injustificadamente el núcleo esencial
del derecho al libre desarrollo de la personalidad al prohibir unas conductas
que no guarda relación con el debido ejercicio de la susodicha actividad
profesional.”
La Corte recordó
que el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía había sido expedido bajo la
vigencia de la Constitución de 1886 y sus propósitos habían sido inicialmente
estimular al profesional del derecho con miras a contribuir con las autoridades
“en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la
realización de una recta y cumplida administración de justicia.  Indicándole
también que la principal misión del abogado es defender en justicia los
derechos de la sociedad y de los particulares;  misión que también incluye el
asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y
desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas.” Trajo a la memoria el
Tribunal, cómo el origen mismo de este Estatuto había tenido lugar bajo unas
características conceptuales muy diferentes a las que sobrevienen con la
Constitución de 1991. Dijo la Corte en aquella ocasión:
“Como bien se sabe, este código ético tuvo su génesis en el seno de
una concepción de Estado muy diferente a la de la nueva Carta Política, signada
más por el imperio del reproche social moralista que por la vigencia de un
pensamiento atento a las nuevas concepciones del mundo, tan caras a la
autonomía del entendimiento y de la acción humana en sus dimensiones materiales
y espirituales.  No es un descubrimiento, el decreto 196 de 1971 es  hijo de su
tiempo, y como tal, es susceptible de permanecer o decaer positivamente bajo
los embates acusatorios que propicia todo nuevo ordenamiento superior frente a
la legislación preexistente.”
Luego de
analizar cada uno de los comportamientos contenidos en las disposiciones
demandadas, concluyó la Corte que una conducta personal orientada a no trascender
la esfera privada o incluso una conducta que, proyectada en el ámbito público,
no afectara el buen desempeño de la profesión, no podía tomarse como excusa
para restringir el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Algo
distinto sucede, dijo la Corte, cuando la conducta personal del profesional
pueda causar desmedro al servicio profesional que de él espera la sociedad y
que se relaciona de modo directo con su gestión. (Énfasis añadido).
15.- Más
recientemente en la sentencia C-393 de 2006 reiteró la Corte su jurisprudencia
sobre el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía[18]. Recalcó la
Corte la dimensión social que se conecta con la profesión. En ese orden,
recordó que las tareas en las cuales se enmarca la actividad de las personas
profesionales del derecho se desarrolla en terrenos claramente discernibles: de
un lado, “dentro del proceso o juicio, [mediante] la figura de la
representación judicial”; de otro, “por fuera del mismo, prestando
asesoría y consejo a quienes así lo soliciten; ‘actividades estas que [a su
vez] contribuyen al buen desarrollo del orden jurídico y al afianzamiento del
Estado social de derecho.’”
Subrayó, asimismo que por motivo de la función social que están llamadas
a cumplir las personas dedicadas al ejercicio profesional de la abogacía, se
encuentran sometidas a un conjunto de reglas éticas las cuales se materializan
en “conductas prohibitivas con las que se busca asegurar la probidad u
honradez en el ejercicio de la profesión y la responsabilidad frente a los
clientes y al ordenamiento jurídico.” Recalcó por demás, que las reglas con
fundamento en las cuales se examina la conducta de las personas que ejercen la
profesión de abogacía configuran lo que se ha denominado su régimen
disciplinario y estas normas aparecen contenidas en el Estatuto del Ejercicio
de la Abogacía bajo la forma de
“incompatibilidades (arts. 39 y 40), ejercicio ilegal (arts. 41 a
43), deberes (art. 47), faltas (arts. 48 a 56) y sanciones (arts. 57 a 65) para
quienes incumplan esos mandatos, consagrándose en el mismo y en otros
ordenamientos los respectivos procedimientos disciplinarios (arts. 69 a 90) y
las autoridades con jurisdicción y competencia para tramitarlos (C.P. art.
256-3 y arts. 9° y 10° del Decreto 2652 de 1991).”
En esta misma
sentencia apuntó la Corte Constitucional que el derecho disciplinario
sancionador en el cual está incluido el régimen previsto para el ejercicio de
la abogacía también debía cumplir con los requerimientos derivados del derecho
de defensa en tanto que uno de los componentes del derecho de acceso a la
justicia y presupuesto de la garantía del debido proceso. En tal sentido, el
derecho disciplinario sancionador consignado en el Estatuto del Ejercicio de la
Abogacía ha de orientarse a asegurar el respeto por los derechos
constitucionales fundamentales de las personas profesionales de la abogacía que
son disciplinadas. En particular, ha de encaminarse a “controlar la facultad
sancionadora del Estado en ese campo de la función pública, evitando el
autoritarismo y la arbitrariedad judicial y administrativa.”
16.- A partir de
lo afirmado puede decirse que el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía no es un
Código de Ética Profesional en el sentido estricto del término. No es el
resultado, como suele suceder con los Códigos de Ética Profesional, del acuerdo
al que arriban los Colegios Profesionales en asamblea de colegas. El Estatuto
contiene unas normas mínimas de comportamiento ético para orientar lo que debe
ser el ejercicio de la profesión. Tal y como lo ha recordado la Corte
Constitucional[19], el Estatuto fue hijo de
su tiempo y una vez puesta en vigencia la nueva Constitución es a partir de
esta norma de normas y no de la Constitución de 1886 que el Estatuto recibe su fuerza
legitimadora y su validez. En tal sentido, el Decreto 196 de 1971 debe ser
siempre aplicado e interpretado de conformidad con las exigencias derivadas del
Estado social, democrático y pluralista de derecho y bajo plena observancia de
los principios, valores y derechos constitucionales fundamentales derivados de
la Constitución de 1991.
17.- Con
fundamento en los distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional es
factible derivar las siguientes reglas que deben aplicarse cuando se trata de
realizar el juicio de constitucionalidad de los preceptos contenidos en el
Decreto 196 de 1971: (i) El Estatuto del Ejercicio de la Abogacía puede imponer
restricciones al libre ejercicio de la profesión, incluso, limitaciones que van
más allá de la exigencia de títulos de idoneidad y de la previsión del riesgo
social. En ese orden, se admite la posibilidad de que por intermedio de estos
preceptos se sienten criterios mínimos de comportamiento ético así como se
impongan sanciones disciplinarias cuando se incurre en infracción de las
conductas prohibidas. (ii) Las regulaciones adoptadas por el Estatuto del
Ejercicio de la Abogacía deben ser razonables, proporcionadas y no pueden ser
arbitrarias ni discriminatorias. (iii) Las restricciones disciplinarias
impuestas por el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía no pueden dirigirse a
imponer un modelo de conducta perfeccionista que desconozca la autonomía de las
personas profesionales de la abogacía así como su derecho a desarrollar de
manera libre su personalidad.
El postulado
de lealtad profesional consignado en el artículo 56 inciso segundo del Decreto
196 de 1971. Algunos ejemplos provenientes del derecho comparado.
18.- El
ejercicio de la profesión de la abogacía tiene, como se indicó, una proyección
social y se vincula de modo con la posibilidad de ofrecer alternativas
pacíficas y respetuosas de los derechos constitucionales fundamentales para la
resolución de los conflictos jurídicos que se presentan en el acontecer diario.
Por este motivo, las personas profesionales del derecho deben cumplir no sólo
con una sólida formación académica y técnica sino adicionalmente con la
observancia de unos mínimos éticos dentro de los cuales se encuentra el deber
de obrar de manera leal frente a los colegas. La falta de observancia de esta
suerte de obligaciones consignadas en el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía
hace surgir una responsabilidad de orden disciplinario diferente de la que se
deriva por el incumplimiento de los deberes que se desprenden del contrato de
mandato propiamente dicho.
19.- El artículo
56 inciso segundo del Decreto 196 de 1971 establece que incurrirá en falta
contra la lealtad profesional quien acepte “la gestión profesional a
sabiendas de que le fue encomendada a otro abogado, salvo que medie la renuncia
o autorización del colega reemplazado, o que se justifique la sustitución.” Este
precepto reclama una actuación diligente, transparente y solidaria por parte de
las personas profesionales de la abogacía que asumen una nueva gestión. Estas
personas tienen la obligación de cerciorarse que la actuación encargada no
había sido encomendada a nadie con antelación o, en caso contrario, que la
persona a quien fue confiada la gestión había finiquitado la misma. El precepto
trae un conjunto de excepciones a la prohibición contenida en el inciso
segundo, a saber: que haya mediado la renuncia o la autorización del colega
reemplazado o que existan motivos que justifiquen la sustitución.
20.- Una mirada
hacia la forma cómo distintos códigos deontológicos de la abogacía en el
derecho comparado regulan lo referente al postulado de lealtad entre colegas
resulta pertinente en este lugar, por cuanto muestra la concordancia existente
entre estas codificaciones y lo establecido por el inciso segundo del artículo
56 del Decreto 196 de 1971. Indica, en suma, la relevancia que cada uno de
estos documentos le confiere a la abogacía como profesión con una acentuada
proyección social, en ejercicio de la cual, el postulado de lealtad entre
colegas cobra un lugar destacado.
21.- En el
Preámbulo del Código Deontológico de los Abogados de la Unión Europea[20]
se exalta cómo en toda sociedad que se construya sobre la base del respeto a la
justicia, la persona que se dedique a la profesión de la abogacía cumple un
papel fundamental. Su tarea no se restringe “a ejecutar fielmente un mandato
en el marco de la Ley” sino que se extiende más allá y abarca la “obligación
de defender los derechos y las libertades, en tanto el asesor como defensor de
su cliente.” Acentúa que la misión propia de la profesión le impone a
quienes la ejercen deberes y obligaciones múltiples “algunas veces con
apariencia contradictoria” frente: (i) al cliente; (ii) a los Tribunales y
otras autoridades ante las cuales la persona que ejerce la profesión de abogado
asiste o representa al cliente; (iii) a su profesión en general y cada
compañero en particular; (iv) al público respecto del cual la abogacía
constituye una profesión liberal e independiente que se rige por las reglas que
se ha impuesto a sí misma y que configura un instrumento de salvaguardia de los
derechos de las personas “frente al Estado y a los otros Poderes”[21].
En el capítulo
dedicado a las relaciones entre personas profesionales de la abogacía, enfatiza
el Código las relaciones de confraternidad, dice sobre el punto que el
ejercicio de la profesión requiere “la existencia de relaciones de confianza
entre los Abogados en interés del cliente y con el fin de evitar procedimientos
judiciales inútiles.” Recuerda, que las personas dedicadas a la profesión
no deberán oponer sus propios intereses “a los intereses de la Justicia y de
los justiciables. Agrega, en ese mismo orden, que la persona profesional de
la abogacía “reconocerá como compañeros a todo Abogado de otro Estado
miembro y se comportará con él de forma confraternal y leal.”
Acerca del
cambio o sustitución de abogado dice el Código[22] que la
sucesión con fines de la defensa de intereses del cliente no podrá tener lugar
sino luego de haber advertido a su colega acerca de que la sustitución se
efectuará y tan sólo después “de haberse asegurado que se han tomado las
medidas para el pago de los honorarios debidos al primer Abogado.” Lo
anterior se exceptúa cuando se requiera adoptar medidas urgentes en interés del
cliente. Las o los profesionales de la abogacía que sustituyen deben, eso sí,
encargarse de informar de inmediato a su predecesor sobre la adopción de tales
medidas.
22.- El Código
Deontológico de la Abogacía Española[23], recuerda en su
Preámbulo que a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando los Estados se
decidieron a elevar la dignidad humana a la categoría de valor supremo de los
ordenamientos jurídicos, el papel de las personas que se dedican a la profesión
de la abogacía cobra un trascendencia especial, pues estas y estos
profesionales tienen entre sus manos la posibilidad de facilitar la
construcción del tejido social y propiciar la integración de la sociedad por
medio de instrumentos técnicos y del consejo jurídico así como mediante la
defensa de los derechos. En vista de la importancia de su tarea, las personas
dedicadas a la profesión de la abogacía precisan “más que nunca, de unas
normas de comportamiento que permitan satisfacer los inalienables derechos
del cliente, pero respetando también la defensa y consolidación de los valores
superiores en los que se asienta la sociedad y la propia condición humana.”
(Énfasis añadido).
El artículo 9º
de la codificación hace referencia a la sustitución[24]
y establece, en esa dirección, que la persona profesional de la abogacía no
podrá aceptar un asunto que hubiese sido encomendado con antelación a otro
colega sin advertirle previamente por escrito o sin solicitar su autorización y
de cualquier modo “sin recibir del Letrado sustituido la información
necesaria para continuar el asunto, en aras de la seguridad jurídica, de la
buena práctica profesional, de una continuidad armónica en la defensa del
cliente y de la delimitación de las responsabilidades del sustituto y del
sustituido.”
El artículo
referido determina, de otra parte, que la persona profesional de la abogacía
que sustituya a otra en la defensa de los intereses de un cliente ha de procurar
el pago de los honorarios adeudados a quien fue sustituido “al rescindirse
la relación contractual de prestación de servicios que los unía”. Añade el
artículo 9º, que la obligación mencionada no trae consigo el surgimiento de “una
responsabilidad civil del Abogado sustituto respecto al pago de los honorarios
y gastos debidos a su predecesor, sin perjuicio de su eventual responsabilidad
por captación desleal del cliente.”
Destaca,
asimismo, que las reglas enumeradas se aplicarán para la sustitución en el
evento en que la asesoría no constituya relación laboral, “en cuyo caso, la
sustitución de abogado no precisa la advertencia previa ni obliga a realizar
las gestiones previstas en los apartados 1 y 2.” Subraya que en caso de
hacerse necesario adoptar medidas urgentes en interés del cliente aún cuando no
se pueda dar cumplimiento a las exigencias referidas, la persona profesional de
la abogacía que asume la gestión podrá adoptarlas pero deberá informar a su
antecesor y deberá, con anterioridad, poner esta situación en conocimiento “del
Decano del Colegio en cuyo ámbito actúe.” Agrega, finalmente, que “[s]in
perjuicio de la corrección disciplinaria del Letrado que incumpla las reglas
anteriores, la sustitución de un Abogado por otro en un acto procesal, sin
previa comunicación al relevado, se considerará falta muy grave, por afectar a
la eficacia de la defensa y a la dignidad de la profesión.”
23.- El Código
de Ética del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Argentina)
exalta en su artículo 8º la estrecha relación existente entre el ejercicio de
la profesión y “los Derechos Humanos, entendidos como la unidad inescindible
de derechos civiles y políticos, y derechos económicos, sociales y culturales,
conforme los contenidos de la Constitución Nacional, y de las declaraciones,
cartas, pactos y tratados internacionales ratificados por la República
Argentina[25].”
Respecto de los deberes fundamentales de las personas dedicadas a la profesión
de la abogacía frente a sus colegas, el artículo 14 de la codificación recalca
la vigencia en tales relaciones de los principios de dignidad y de ecuanimidad.
En esa línea de orientación afirma lo siguiente:
“Todo abogado debe respetar la dignidad de sus colegas y hacer que
se la respete. No debe compartir la maledicencia del cliente hacia su anterior
abogado ni respecto del que represente o patrocine a la contraparte. Debe
abstenerse de expresiones indebidas o injuriosas respecto de sus colegas, así
como aludir a antecedentes personales, ideológicos, políticos, religiosos o
raciales que puedan resultar ofensivos o discriminatorios. Los sentimientos
hostiles que puedan existir entre los clientes no deben influir en la conducta
y disposición de los abogados entre sí.”
La lealtad, la
probidad y la buena fe constituyen principios rectores del ejercicio de la
profesión de la abogacía. En relación con el tema de la sustitución, el
artículo 15 prescribe que toda personas dedicada al ejercicio profesional de la
abogacía debe informar al o a la colega que haya intervenido previamente en la
gestión de modo fehaciente cuando quiera que tenga la intención “de
reemplazarlo o participar en la representación, patrocinio o defensa[26].”
Añade la disposición contenida en el artículo 15 que lo anterior no será
preciso cuando “el letrado anterior hubiera renunciado expresamente o se le
hubiera notificado la revocación de tal mandato o patrocinio.” Subraya la
norma que a la persona en ejercicio de la profesión de abogacía le está vedado “tratar,
directa o indirectamente, ni arribar a ningún tipo de convenio o acuerdo con
personas patrocinadas y/o asesoradas por otro colega, sin la intervención o
conocimiento de éste.”
24.- El Código
de Ética Profesional del Colegio de Abogados del Perú[27]
regula en su Sección IV lo concerniente a las Relaciones de los Abogados con
sus Colegas y con la Parte Contraria. El artículo 55 de la codificación dispone
que en el desarrollo de tales relaciones primará la fraternidad y solidaridad
así como el respeto recíproco en tanto criterios orientados a enaltecer la
profesión[28]. El artículo 56 alude,
concretamente, a la sustitución y dice al respecto que “[e]l abogado no debe
intervenir en un asunto ya iniciado, sin haber comprobado previamente que el
cliente ha notificado el cambio del patrocinio ante su anterior defensor, salvo
que le conste que éste ha renunciado o que se encuentre imposibilitado de
seguir ejerciendo. En todo caso, el abogado tiene la obligación de reconocer al
cliente que abone o reconozca los honorarios del colega a quien ha sustituido y
de cerciorarse que su recomendación ha sido atendida.”Más adelante, el
artículo 59 agrega que a la persona profesional de la abogacía no le está
permitido realizar gestiones con el propósito de desplazar a un colega o
sustituirlo en cualquier cargo profesional. “Tampoco debe participar o
inmiscuirse en asuntos que dirija otro colega, sin su previa conformidad.”
25.- Tal como se
desprende de lo expuesto con antelación, la existencia de preceptos encaminados
a resaltar la lealtad profesional – presentes en diversas legislaciones - no
sólo tiene un fin represivo sino está dirigido a incentivar ese tipo de
conductas con fundamento en la cuales se configuran las reglas de juego social
que suponen la confianza en que las relaciones entre colegas se trabarán con
lealtad, transparencia y solidaridad. La forma de redactar tales cánones y las
consecuencias que se derivan de su falta de observancia, puede variar de país
en país -dependiendo del contexto- pero su existencia se explica y justifica en
la necesidad de preservar el postulado de lealtad profesional y de hacer
efectivo el principio de confianza sin el cual resulta difícil, por no decir
imposible, la construcción del tejido social por vías pacíficas y bajo el
respeto por los derechos fundamentales y por la dignidad humana.
Puede incluso
decirse que cuando una sociedad se abstiene de evitar la competencia desleal
entre colegas y considera que la observancia del postulado de lealtad
constituye una pesada carga de la que es preciso deshacerse a toda costa,
incurre en una grave contradicción tanto en el terreno de la lógica como en el
ámbito de los hechos. Ninguna persona puede exigir un trato leal, transparente
y solidario – y desde luego jamás estaría legitimada para requerirlo – si no
está dispuesta ella misma a obrar con lealtad, solidaridad y transparencia. La
falta de lealtad profesional, el estar dispuestos a vulnerar las reglas del
juego fijadas con antelación sin que medie justificación alguna, no sólo afecta
el ejercicio de la profesión de la abogacía pues implica dejar de “colaborar
con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico
del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de
justicia”.
Dada la
proyección social que tiene el ejercicio de la profesión de la abogacía y su
aporte en la potencial resolución por vías pacíficas de conflictos jurídicos,
una actitud desleal entre colegas termina por dificultar la construcción misma
del tejido social y contribuye a enrumbar la sociedad hacia un estado de
zozobra en donde en lugar de la lealtad, la solidaridad y la transparencia pasa
a dominar la desconfianza, el engaño, la trampa, la insolidaridad y, no en
última instancia, la violencia y la barbarie. A primera vista, se podría pensar
que quienes actúan de modo desleal obtienen mayores réditos. Al largo plazo,
estas personas también resultan afectadas pues esta circunstancia se traduce
simultáneamente en un grave empobrecimiento de la vida humana y de la vida
social que suele ser buen pretexto para abonar la existencia de gobiernos
tiránicos y despóticos. Por lo anterior, no es extraño encontrar amplias
coincidencias en la manera como a uno y otro lado del océano los códigos de
ética de la abogacía de los distintos países y grupos de países hacen valer el
postulado de lealtad entre colegas que armoniza con lo consignado en el inciso
2º del artículo 56 del Decreto 196 de 1971.
26.- Ahora bien,
a continuación es preciso constatar sí - como lo sostiene la demanda – el modo
en que quedó establecido el postulado de lealtad entre colegas en el inciso
segundo del artículo 56 del Decreto 196 de 1971, vulnera el derecho de defensa
en tanto que componente del derecho a acceder a la justicia y presupuesto de la
garantía del debido proceso.
¿Vulnera el
postulado de lealtad profesional contenido en el inciso segundo del artículo 56
del Decreto 196 de 1971 el derecho de defensa en tanto que componente del
derecho a acceder a la justicia y presupuesto de la garantía del debido
proceso?
27.- Para
responder el interrogante planteado, estima la Sala pertinente recordar que el
derecho acceder a la justicia tal como está previsto en la Constitución
colombiana de 1991 está compuesto por un conjunto de elementos cuya presencia
resulta ineludible en el propósito de garantizar una adecuada defensa así como
la vigencia del debido proceso. A contrario sensu, es factible afirmar
que sin la presencia de una persona profesional de la abogacía que asuma la
defensa o la gestión de intereses jurídicos ante las instancias judiciales, se
restringe de modo considerable el derecho acceder a la justicia y tampoco se
asegura la obtención de un debido proceso. Como se ve, estos aspectos están
estrechamente vinculados entre sí y podría sostenerse que se presuponen unos a
otros.
28.- En la
sentencia C-994 de 2006 manifestó la Corte Constitucional que el derecho de
defensa, del modo como ha sido consignado en la norma fundamental, se traduce
en la “interdicción de la indefensión[29].” Es
decir, se propone evitar que las personas se vean privadas de la posibilidad de
solicitar protección judicial de sus derechos o de allegar y hacer valer el
material probatorio o de controvertir las pruebas presentadas en su contra; se
orienta a impedir que se le niegue a las personas el conocimiento de su negocio
en segunda instancia; está dirigido, en fin, a frenar la posibilidad de que se
coarte el acceso de las personas al aparato judicial y a garantizarles el goce
efectivo de su defensa bajo los cánones propios del debido proceso[30].
29.- Garantizar
el derecho de defensa supone, por tanto, remover los obstáculos que entorpezcan
la posibilidad de contar las personas con un profesional de la abogacía que
presente su caso ante el aparato judicial y obre con la debida diligencia para
hacer garantizar la efectividad del debido proceso; incluye, en ese orden, el
que las personas puedan aproximarse de forma libre y en condiciones de igualdad
a la justicia con el fin de obtener por parte de las y de los jueces decisiones
motivadas y engloba, de igual modo, el derecho de impugnar tales decisiones
cuando se está en desacuerdo con ellas bien sea ante la funcionaria o el
funcionario que emitió la decisión o ante un o una juez de superior jerarquía,
así como el derecho a que se de cumplimiento a lo determinado en los fallos.
30.- Ahora bien,
¿implica el cumplimiento del deber que surge a partir del postulado de lealtad
entre colegas, eliminar o restringir la posibilidad de que las personas puedan
contar con una defensa que gestione sus intereses ante el aparato judicial?
¿Significa el precepto contenido en el inciso segundo del artículo 56 del
Decreto 196 de 1971 restringir el derecho de defensa en tanto que componente
del derecho a acceder a la justicia y presupuesto de la garantía del debido
proceso?
31.- A juicio de
la Corte, el precepto acusado se orienta a impedir la competencia desleal entre
colegas pero no involucra el desconocimiento del derecho de defensa en tanto
que uno de los componentes del derecho a acceder a la justicia y presupuesto de
la garantía del debido proceso. Más arriba tuvo la Corte oportunidad de
indicar, cómo en los Códigos de Ética Profesional de diversos países del mundo
existe una previsión igual o muy similar a la contenida en el inciso segundo
del artículo 56 del Decreto 196 de 1971. En materia de sustitución, la persona
profesional de la abogacía que asume una nueva gestión está disciplinariamente
obligada a cerciorarse que se han adoptado las medidas conducentes a finiquitar
la gestión de quien se sustituye. No obstante, en todas estas normatividades se
admite que en aquellos eventos en los cuales sea preciso adoptar medidas
urgentes en interés de los clientes la gestión puede ser asumida aún
a sabiendas de haber sido conferida previamente a otro u otra profesional.
32.- En el caso
del Estatuto del Ejercicio de la Abogacía que se examina, para caer bajo el
supuesto de hecho previsto en el inciso demandado, es conditio sine qua non
que se obre a sabiendas de haber sido encomendada la gestión a otra persona
profesional de la abogacía. Únicamente bajo esta circunstancia puede aplicarse
la sanción disciplinaria. Cuando se presentan las excepciones previstas en esa
misma disposición, entonces, puede la persona profesional del derecho asumir la
gestión, bien sea por cuanto quien fue encomendado o encomendada con antelación
presentó su renuncia, sea porque autorizó la sustitución o porque
se justifica la sustitución.
En otras
palabras, bajo los supuestos descritos por la norma acusada se presentan las
siguientes eventualidades: el apoderado judicial inicial puede renunciar
sustentadamente al mandato conferido o aceptar que lo reemplace otra u otro
profesional, caso en el cual se configuraría una excepción respecto de la
sanción disciplinaria prevista en el artículo demandado. En segundo lugar, puede
la persona profesional de la abogacía aceptar la gestión a sabiendas de
haber sido encomendada con antelación a otra o a otro profesional, sin que
medie renuncia o aceptación por parte del reemplazado. Únicamente en esta
segunda posibilidad se produce, en principio, una infracción contra el
postulado de lealtad, y habría lugar a la imposición de una sanción
disciplinaria, pues se desconoce el deber de “abstenerse de asumir encargo
hasta tanto el cliente y el abogado antecesor resuelvan el mandato primigeniamente
acordado.”
33.- Sin
embargo, queda en esta contingencia la posibilidad de justificar la sustitución
mediante razones que deberá apreciar el órgano de control disciplinario en cada
caso concreto, entre las cuales se puede argumentar precisamente la necesidad
de salvaguardar el derecho de defensa técnica del representado. De esta manera,
el o la mandante no resulta despojado de su derecho a ser representado o
representada en juicio pues este es un derecho constitucional fundamental
inalienable e irrenunciable.
34.- Lo anterior, en
efecto, no es óbice para que quien asume la gestión profesional - por cuanto se
presenta algún evento que lo justifica - adopte las medidas tendientes a
cerciorarse si alguien había sido encargado o encargada previamente. Si lo
anterior se confirma, la persona profesional del derecho debe poner en
conocimiento cuanto antes al colega antecesor respecto de la sustitución, de lo
contrario, estaría dejando de observar la exigencia que se desprende del
artículo 56 inciso segundo del Decreto 196 de 1971 y, en ese orden, estaría
faltando al deber de lealtad entre colegas.
35.- Reiteramos,
allí donde puedan verse entorpecidos el derecho de defensa, la garantía de
acceder a la justicia y el debido proceso, está más que justificada la
sustitución. No otra cosa se deriva a partir de las exigencias constitucionales
sobre la necesidad de asegurar el cumplimiento efectivo de tales derechos. En
sentencia C-1178 de 2001 la Corte Constitucional se pronunció al respecto de
esta temática y recordó que el derecho a participar o a estar representado en
un juicio no se traslada ni total ni parcialmente al apoderado o a la apoderada
judicial pues permanece en cabeza del o de la poderdante. En tal sentido, el
derecho de defensa es inalienable e irrenunciable y la titularidad del derecho
fundamental de defensa prevalece “sobre la intervención del letrado, desde
el inicio hasta la terminación de la litis.” En esta misma línea de
argumentación expresó esta Corporación:
“concretamente , en razón de que, a la postre, así exista un
contrato que rija las relaciones entre apoderado y poderdante, por razón del
ejercicio del derecho a la postulación lo que interesa, desde una perspectiva
constitucional, es que el justiciable conserve el núcleo fundamental de su
derecho a la participación en juicio, por activa o pasiva.”
36.- De
conformidad con lo expuesto, no encuentra la Corte que el postulado de lealtad
establecido en el inciso segundo del artículo 56 del Decreto 196 de 1971
produzca una situación de indefensión que impida a las personas gozar del
derecho a estar representadas en juicio o les obstaculice solicitar la
protección judicial de sus derechos o les impida presentar pruebas o
controvertir aquellas que se allegan en su contra. En suma, la disposición
acusada no coarta el derecho de las personas a acceder al aparato judicial ni
desconoce la garantía de su derecho de defensa bajo estricta y cumplida
aplicación de los criterios propios del debido proceso.
37.- Algo bien distinto
sucede, como lo recordaron algunos de los intervinientes, cuando con la
aplicación del precepto acusado eventualmente se incurre en una violación del
derecho de defensa en tanto que componente del derecho a acceder a la justicia
y presupuesto del debido proceso. Pero esto es una hipótesis que no se deriva
de la disposición demandada considerada en sí misma sino de su aplicación
defectuosa en el caso concreto y, como se sabe, existen los instrumentos y las
vías constitucionales y legales para evitar la aplicación desviada, arbitraria
y desproporcionada de preceptos jurídicos. Justo en este mismo sentido se
pronunciaron algunas intervenciones cuando subrayaron que no podía partirse de
una supuesta hipótesis de aplicación desviada o arbitraria de la disposición
contenida en el inciso 2º del artículo 56 del Decreto 196 de 1971 para de allí
pretender derivar reparos de constitucionalidad. Como se expuso, la norma
acusada tiene también un marcado carácter preventivo y a partir de la
existencia de una previsión no es factible concluir la presencia de un
obstáculo para que las personas profesionales de la abogacía puedan ejercer a
cabalidad la función que se espera de ellas en la vida social.
38.- Por los
motivos expuestos, estima la Corte que lo preceptuado en la disposición acusada
respeta el derecho de defensa en tanto que uno de los componentes del derecho a
acceder a la justicia y presupuesto de la garantía del debido proceso tal como
está consignado en la norma fundamental y como lo ha comprendido la
jurisprudencia constitucional. Una vez constatado lo anterior, pasa la
Corporación a realizar el estudio del segundo cargo.
¿Desconoce el
postulado de lealtad contenido en el inciso segundo del artículo 56 del Decreto
196 de 1971 el derecho de las personas profesionales de la abogacía a ejercer
de manera libre su oficio o profesión (artículo 26 superior)?
39.- Como se
expuso en párrafos anteriores, en punto a los límites que surgen a partir de
las previsiones contempladas en el Estatuto de Ejercicio de la Abogacía, la
Corte Constitucional ha tenido ocasión de exponer su jurisprudencia varias
veces[31]. Recientemente[32],
acentuó la Corte la distinción elaborada por la doctrina entre límites
intrínsecos, es decir, aquellos “que se derivan de los confines del
derecho y hacen parte integral de su propio alcance y definición” y límites
extrínsecos, esto es, los que surgen a partir de los dispuesto de manera
explícita o implícita - bien sea por el texto constitucional o por la legislación
con el propósito de garantizar la vigencia de otros bienes jurídicos o
intereses igualmente relevantes. Así, afirmó la Corporación, el artículo
26 de la Constitución fija de manera intrínseca los límites a los que se puede
ver avocado el derecho al libre ejercicio de oficio o profesión.
En relación con
los límites intrínsecos indicó la Corporación que la misma disposición
contenida en el artículo 26 superior faculta a la legislación para intervenir
en el ejercicio del derecho allí contenido. El modo en que el legislador
participa en la regulación de este derecho se orienta, por una parte, a
determinar lo referente a la “identificación y reconocimiento de las
profesiones”; se conecta también con “la exigencia de títulos de
idoneidad así como con los requisitos de formación académica”. No en última
instancia, se relaciona “con la definición de las ocupaciones y oficios que
-aun sin necesitar de formación académica- generan riesgo social y requieren un
mayor grado de ingerencia estatal; y, en general”, con el “régimen
jurídico que aplica al desempeño de las profesiones, dentro del cual deben
incluirse, además de los principios y pautas generales y específicas, las
faltas contra la ética en que puedan incurrir sus destinatarios y,
correlativamente, las sanciones que cabe imponer”[33].Las
fronteras de carácter extrínseco se derivan, a su turno, de lo
establecido en la Constitución, en la jurisprudencia constitucional así como en
otras normas jurídicas interpretadas, claro está, a la luz de la Constitución
en su conjunto.
40.- Puede
afirmarse, por tanto, que si bien es cierto la ley goza de un amplio margen de
acción para realizar los preceptos constitucionales y, en este orden, puede
tanto actualizar el contenido de los derechos, como adaptarlo a las exigencias
de cambio de una sociedad dinámica y puede también regular los derechos para
hacerlos compatibles con otros derechos, para esos efectos la legislación debe
actuar dentro del marco de configuración que le fija la Constitución Nacional.
Como se indicó en las consideraciones generales de la presente sentencia, la
jurisprudencia constitucional ha sentado un grupo de criterios para determinar
si la ley se ha ajustado o no a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico
constitucional cuando en desarrollo de su facultad de realizar los preceptos
constitucionales crea un estatuto para regular el ejercicio de la abogacía y
establece unos mínimos de conducta ética cuya infracción dará paso a una
sanción disciplinaria determinada. Pasa la Corte a verificar el cumplimiento de
tales criterios en el caso bajo examen.
41.- No es
factible negar que el requerimiento de lealtad profesional derivado de la norma
acusada impone una restricción a las personas profesionales de la abogacía que
va más allá de la exigencia de títulos de idoneidad y de la previsión del
riesgo social. Condiciona a estas personas a obrar bajo estricto cumplimiento
del postulado de lealtad, transparencia y solidaridad profesional. Se señaló en
párrafos anteriores, que esta exigencia está por entero justificada desde el
punto de vista constitucional, por cuanto, como se vio, ajustar el
comportamiento profesional al postulado de lealtad no sólo significa una base
mínima para construir las relaciones entre colegas sino que constituye piedra
de toque de cualquier sociedad con un aceptable grado de civilización.
42.- De otra
parte, la norma únicamente se dirige a regular una conducta estrictamente
relacionada con el ejercicio de la profesión y en ningún caso se orienta a
limitar o restringir otros derechos constitucionales fundamentales diferentes
al libre ejercicio de oficio o profesión. La prohibición contenida en el
precepto demandado tiene como finalidad evitar la competencia desleal entre
colegas, por manera que para caer bajo el supuesto de hecho contemplado en la
disposición, es indispensable no sólo tener el título de abogado o de abogada y
poder ejercer como tales la profesión sino, además, es preciso que se compruebe
la presencia de un elemento subjetivo, a saber, que quien asume la gestión
sabía de antemano que había sido encomendada previamente a otro o a otra colega
y no obstante la aceptó desconociendo el postulado de lealtad profesional, pues
no se pudo demostrar que había mediado autorización para la sustitución, o
renuncia ni que se presentaban razones para justificar la sustitución[34].
Así las cosas, el precepto contenido en la norma demandada se relaciona directa
y estrechamente con el ejercicio de la profesión de abogacía y, además, visto a
la luz de la Constitución tomada en su conjunto, resulta ser razonable,
proporcionado y no arbitrario.
43.- Por último,
el comportamiento previsto en la norma no sólo está relacionado con el
ejercicio de la profesión de la abogacía y no restringe ningún otro derecho
fundamental, tampoco se orienta a imponer un modelo de conducta perfeccionista
que desconozca la autonomía de las personas profesionales de la abogacía ni el
derecho a desarrollar de manera libre su personalidad. El precepto consignado
allí es más bien la expresión de un mínimo de conducta ética apta para recordarle
a quienes ejercen el derecho que su profesión no es un fin en sí misma sino un
medio para intentar reparar el tejido social allí donde se ha roto o se
encuentra deteriorado; un instrumento para hacer valer los derechos de las
personas y para lograr el respeto por la dignidad humana. El postulado de
lealtad contenido en el artículo 56 inciso segundo significa una buena forma de
no olvidar que el derecho despojado de un contenido ético mínimo, se desprende
a un mismo tiempo de su sentido – la interdicción de la arbitrariedad – y de su
dirección: el respeto por los derechos fundamentales y la garantía de la
dignidad humana. Alejado de ese contenido mínimo, el derecho puede llenarse de
cualquier contenido y ya la historia ha enseñado lo que esto significa.
Excusadas de cumplir con estos mínimos éticos, incluso las normas expedidas
democráticamente pueden degradar en leyes abusivas, arbitrarias,
desproporcionadas y radicalmente injustas.
44.- A juicio de
la Corte Constitucional, no puede equipararse la existencia de un conjunto de
previsiones para que el ejercicio de la profesión de la abogacía se efectúe en
términos que concuerde con el bienestar de la comunidad y sea compatible con el
respeto entre colegas, con una restricción innecesaria, desproporcionada y
arbitraria que implica un desconocimiento del derecho al libre ejercicio de
oficio o profesión. Ajustar el ejercicio de la profesión de abogacía al
imperativo mínimo de lealtad que se desprende de la norma demandada no
significa de ninguna manera obstaculizar su libre ejercicio. En otras palabras:
con el pretexto de garantizar el libre ejercicio de oficio o profesión no puede
admitirse cualquier suerte de comportamiento y menos aquellas conductas
dirigidas a desconocer el postulado de lealtad entre colegas, el cual no solo
forma parte del Estatuto de Ejercicio de la Abogacía sino que se desprende por
igual de los mandatos constitucionales (artículo 95 superior).
45.- Aseverar
que cuando se impone armonizar el ejercicio de la profesión con la exigencia
derivada del trato leal entre colegas significa hacer nugatorio su ejercicio o
implica imponerle un requerimiento excesivo, desproporcionado y arbitrario,
resulta inaceptable pues se parte de la falsa premisa de conformidad con la
cual el ejercicio profesional de la abogacía solo compagina con la Constitución
cuando se incurre en prácticas contrarias a ese mínimo ético que significa
proscribir el trato desleal entre colegas. Aquí vale la pena recordar lo
expresado por la Corte Constitucional en sentencia C-002 de 1993[35]:
“Ni la concepción más extrema de las libertades admite que ellas se
ejerzan en contra de la colectividad. Pretender que todo derecho es absoluto
implica el desconocimiento del marco social y jurídico dentro del cual ellos
actúan y, por eso mismo, representa la legitimación del abuso y la ruptura de
las reglas mínimas de convivencia, que son precisamente las que hacen
imperativa la reglamentación de las profesiones.
Desde luego, (…) el legislador al reglamentar el ejercicio de las
profesiones y oficios debe apenas imponer los requisitos estrictamente
necesarios para proteger el interés general, confiriendo así a la persona el
mayor ámbito de libertad posible para que en su interior se pueda dar un
desarrollo espontáneo de la personalidad, en congruencia con el principio de la
dignidad humana.
El artículo 26 de la Constitución, al lado de la consagración de la
libertad que todos tienen a resolver sobre el ramo de actividad laboral que sea
de su predilección, plasma la prerrogativa del legislador en el sentido de
exigir títulos de idoneidad y la obligación de las autoridades competentes de
inspeccionar y vigilar el ejercicio de las profesiones, mientras que el 95
señala entre los deberes de las personas el de "respetar los derechos
ajenos y no abusar de los propios".
46.- En suma,
juzga la Corte que la disposición contenida en el inciso segundo del artículo
56 del Decreto 196 de 1971 no desconoce la libertad de ejercer profesión u
oficio (artículo 26 de la Constitución Nacional) al considerar como falta en
contra del postulado de lealtad entre colegas aceptar la gestión profesional a
sabiendas de haber sido encomendada a otra persona profesional de la abogacía y
no mediar ni la renuncia ni la autorización de quien ha sido reemplazado ni
tampoco justificarse la sustitución. El precepto demandado no solo cumple con
las disposiciones contenidas en el artículo 26 superior sino que concuerda con
la jurisprudencia que sobre esta norma ha desarrollado la Corte Constitucional.
Con fundamento
en las consideraciones que anteceden, declarará la Corte la exequibilidad del
precepto demandado.
VII. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar la EXEQUIBILIDAD del inciso 2º del artículo 56 del
Decreto 196 de 1971 “Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la
abogacía” por los cargos analizados en la presente sentencia.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Presidente
JAIME
ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
AUSENTE CON PERMISO
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON
ELIAS PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Concluyó, en suma, lo siguiente
respecto de este punto:“1. El abogado no ejerce un acto ilícito o
reprochable al aceptar una causa debido a que ejerce su derecho al trabajo, al
ejercerlo no puede pensarse en sujeto disciplinable, mal haría en una sociedad
injusta o justa negar sus servicios que pueden prodigar mejor bienestar a su
cliente. / 2. El abogado ejerce un contrato de mandato que es uno de aquellos
que protege la garantía de trabajo, derecho Constitucional, por ello el togado
es responsable directo de la función ante su cliente. / 3.la norma no consagra
el caso en que el abogado se le haya revocado el poder por parte del mandatario
violando de paso valores supremos, como los enunciados en esta demanda, valores
del mandante y del nuevo abogado ambos protegidos por las Garantías
Constitucionales. / No existe una adecuación entre el objetivo que se dice
perseguir, y el medio que se utilizó en este caso para lograrlo; y al examinar
la adecuación de ese medio con los principios y valores constitucionales, se
debe concluir que el fin perseguido contradice los postulados
constitucionales.”
[2] Corte Constitucional. Sentencia C-862 de
2006.
[3] Ibíd.
[4] Ibíd.
[5] El
nuevo artículo establece lo siguiente: “Constituyen faltas a la lealtad y
honradez con los colegas: (…) 2. Aceptar la gestión profesional a sabiendas de
que le fue encomendada a otro abogado, salvo que medie la renuncia, paz y salvo
o autorización del colega reemplazado, o que se justifique la sustitución.”
DIARIO OFICIAL 46.519 22/01/2007.
[6] “Artículo 112. VIGENCIA Y DEROGATORIAS [e]l
presente código entrará a regir cuatro (4) meses después de su promulgación y
deroga en lo pertinente el Decreto 196 de 1971, el artículo 13 del Decreto 1137
de 1971 la Ley 20 de 1972, y demás normas que le sean contrarias.”
[7] En
la demanda se estimó que los preceptos acusados desconocían varios artículos de
la Constitución de 1886. Encontró asimismo que se había vulnerado el artículo
17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Consideró la
demanda que las regulaciones previstas en el Estatuto de la abogacía se
proyectaban de manera negativa en el ejercicio de ésta profesión encargada de
defender “intereses particulares, individuales y aun los suyos propios, en
el giro normal de su trabajo.” Subrayó que la abogacía se orientaba a
defender intereses individuales y no “los intereses ni derechos de la
sociedad.” El abogado, agregó, no puede sin violar los derechos mencionados
“ darse a la muy hermosa, noble y digna tarea de ‘defender en justicia los
derechos de la sociedad.” La defensa de estos derechos le corresponde
llevarla a cabo al Procurador General de la Nación. La abogacía no tiene una
función social. Indicó, además, que las sanciones impuestas por las normas
acusadas eran desproporcionadas y terminaban por anular la vida del profesional
de la abogacía. Tanto el Procurador como la Corte Suprema de Justicia
estuvieron de acuerdo en que las normas demandadas se ajustaban a lo
establecido por la Constitución de 1886.
[8] Corte Constitucional. Sentencia C-098 de
2003.
[9] Corte Constitucional. Sentencia 098 de 2003.
[10] Consultar, entre otras, Corte Constitucional. Sentencias C-002 de
1993; C-060 de 1994; C-190 de 1996; C-049 de 1996; C-617 de 1996; C-619 de
1996; C-034 de 1997; C-744 de 1998; C-507 de 2001; C-098 de 2003; C-393 de
2006.
[11] Mediante esta sentencia la Corte Constitucional se
pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 6 del
artículo 53 del Estatuto. Subrayó la Corte la tarea que le cabe desarrollar a
la legislación respecto del ejercicio de las profesiones y a los límites que la
ley puede trazar para evitar riesgos sociales y lograr que el desempeño de las
profesiones – inclusive la profesión de abogacía - se ajuste al orden constitucional.
Estimó la Corporación que el artículo acusado debía ser declarado exequible.
[12]Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Sentencia de marzo 30 de
1978.
[13] Corte Suprema de Justicia: Sala Plena. Sentencia de octubre 19 de
1971.
[14] Por medio de dicha sentencia realizó la Corte el
juicio de constitucionalidad de
los artículos 44 (incisos 3 y 4) y 63 del Decreto 196 de 1971. En opinión de la
demandante los artículos acusados desconocían el artículo 13 superior “al
permitir que a los abogados litigantes se les dé ‘un tratamiento
discriminatorio, por cuanto las sentencias judiciales en materia penal (no son
publicadas en el Diario Oficial, ni en el Tiempo, ni en el Espectador) citando
las cédulas de ciudadanía de sus infractores y mucho menos la sanción que les
fue impuesta. (Esto atenta contra el derecho a la honra y dignidad de los distinguidos
juristas que en un momento han sido sancionados en un país donde está a la mano
la acusación infundada)’; además de vulnerar también el artículo 15 de la
Constitución que consagra el derecho a la intimidad pues ‘si no hay lugar a la
publicación de los ciudadanos reseñados en Covinoc, porqué los juristas van o
deben ser menos importantes que dichos ciudadanos, porqué se somete a los
juristas a esta deshonra frente a sus colegas, frente a sus clientes, frente a
sus familias, frente a sus esposos, (cuando hoy se volvió también una costumbre
que estas listas se fijen a la entrada pública de los despachos judiciales en
todo el país, violando todas las leyes y normas constitucionales)’".
En las consideraciones de la sentencia, la Corte abordó temas como el principio
de publicidad de los procesos disciplinarios contra las personas profesionales
del derecho, el derecho al honor, la seguridad jurídica y la reincidencia. La
Corte resolvió, por una parte, declarar exequibles los numerales 3 y 4 del
artículo 44 y los artículos 62 y 63 excepto su literal D. Por otra, resolvió
estarse a lo resuelto en la sentencia C-540 de 1993 en la que se declaró
exequible el literal D del artículo 63 del Decreto 196 de 1971.
[15] Allí
se ocupó la Corte del estudio de la demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 60 y 63 del Estatuto. En la demanda se había alegado una supuesto
desconocimiento del artículo 25 superior por parte del Estatuto en general pero
sin concretar cargo alguno. Respecto de los artículos 60 y 63 se dijo que el
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico venía haciendo una aplicación
subjetiva y caprichosa de la normatividad disciplinaria y en particular de lo
que concernía a la sanción de exclusión de la profesión. De acuerdo con lo
afirmado por el demandante la institución referida “adopta sus decisiones de
acuerdo con la raza del sujeto investigado, ya que al abogado de piel blanca
simplemente lo amonestan y censuran mientras que a los de tez negra los
excluyen de la profesión, sin que previamente existan dos suspensiones en su
contra, lo cual, de acuerdo con el artículo 63 acusado, es indispensable para
que proceda tal medida contra cualquiera que transgreda las disposiciones del
Decreto 196 de 1971.” En las consideraciones de la sentencia se refiere la
Corte entre otras cosas al régimen disciplinario del abogado, al derecho a
escoger profesión, al derecho al trabajo así como a la exclusión de la personas
profesional de la abogacía. La Corporación resolvió estarse a lo resuelto en
las sentencias C-540 de 1993 que declaró exequible el literal D del artículo 63
del Decreto 196 de 1971 y C-060 que declaró exequible el artículo 63 en su
totalidad excepto su literal D frente al cual ordenó estarse a lo resuelto en
la sentencia C-543 de 1993. Resolvió asimismo declarar exequible el artículo 60
del decreto 196 de 1971.
[16] Aquí
se pronunció la Corte sobre la demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 26 literal f (parcial) y 27 del Estatuto del Ejercicio de la
Abogacía. En la demanda se estimó que los preceptos acusados desconocían lo
prescrito en el artículo 13 superior toda vez que "en caso de aspirar
al cargo de auxiliar, dependiente o asistente de un abogado, solamente están
autorizados los estudiantes de derecho y el Abogado está condicionado sólo a
recibir estudiantes de derecho para proveer estos cargos".  En tal
sentido, tuvo la Corte que verificar si los establecido por las normas
demandadas daban lugar a un trato discriminatorio “al otorgar, sin una
justificación objetiva y razonable, una ventaja comparativa a un grupo de
personas en la esfera laboral.” De ser esto así, afirmó la Corte, se
desconocería lo preceptuado en los artículos 16 (derecho al libre desarrollo de
la personalidad) y 26 (libre ejercicio de profesión u oficio). Si por el
contrario la distinción es razonable y proporcionada, el precepto demandado se
ajusta a lo dispuesto por la Constitución Nacional.
[17] “Artículo 48.- Constituyen falta contra la
dignidad de la profesión: 1.- La  pública embriaguez consuetudinaria o el
hábito injustificado de drogas estupefacientes. 2.- El hábito de frecuentar
garitos, lenocinios u otros lugares de mala reputación. 3.- La provocación
reiterada de riñas o escándalos públicos. 4.- La mala fe en los negocios. 5.-
La dilapidación del patrimonio en perjuicio de los acreedores.6.- La
administración o participación en negocios incompatibles con el respeto que
exige la abogacía.7.- La utilización de intermediarios para obtener poderes o
la participación de honorarios con quienes lo  han recomendado.8.- El
patrocinio del ejercicio ilegal de la abogacía o del ingreso a la profesión de
personas de malos antecedentes o que no reúnan las condiciones habilitantes. El
abogado que cometa una de estas faltas incurrirá en amonestación, censura o
suspensión.”
[18] En
dicha sentencia avocó la Corte Constitucional el estudio de la demanda de
inconstitucionalidad contra el numeral 2º del artículo 52 del Decreto 196 de
1971. En la demanda se consideró que la disposición acusada desconocía los
artículos 1º, 2º, 5º, 6º, 12, 13, 26, 29 y 256-3 de la Constitución Nacional
por cuanto describía “como falta
disciplinaria contra la lealtad a la administración de justicia, el consejo, el
patrocinio o la intervención en “actos fraudulentos.” En la sentencia la Corte asume la tarea de establecer
si “la norma acusada viola el principio de legalidad, por
el hecho de (i) consagrar un tipo disciplinario amplio e indeterminado, (ii)
describir una conducta que es constitutiva de delito y no de falta
disciplinaria, (iii) y proteger un interés jurídico -la administración de
justicia- que no es compatible con el comportamiento que censura el precepto -“actos
fraudulentos en detrimento de intereses ajenos”-.” En sus consideraciones
aborda la Corporación temas como “(i) los límites del derecho a escoger
profesión y oficio, (ii) el ejercicio de la abogacía y el control del Estado a
la conducta profesional del abogado, y (iii) el alcance del principio de
legalidad en el derecho disciplinario sancionador.” Finalmente, la Corte
resuelve declarar exequible el numeral 2º del artículo 52 del Decreto 196 de
1971.
[19] En
este sentido se pronunció la Corte Constitucional en sentencia C-098 de 2003
cuando recordó que esta norma tuvo su génesis en el seno de una concepción de
Estado muy diferente a la de la nueva Constitución, “signada más por el
imperio del reproche social moralista que por la vigencia de un pensamiento
atento a las nuevas concepciones del mundo, tan caras a la autonomía del entendimiento
y de la acción humana en sus dimensiones materiales y espirituales.  No es un
descubrimiento, el decreto 196 de 1971 es  hijo de su tiempo, y como tal, es
susceptible de permanecer o decaer positivamente bajo los embates acusatorios
que propicia todo nuevo ordenamiento superior frente a la legislación
preexistente.”
[20] El Código fue probado por el Conseil Consultatif des
Barreaux Européens (CCBE), máximo órgano representativo de la Abogacía ante las
instituciones de la Unión Europea, en la sesión plenaria celebrada en Lyon el
28 de noviembre de 1998. Dentro de los objetivos del Código se destacan los
siguientes: “1.3.1. La puesta en marcha progresiva de la Unión Europea y la
intensificación de la actividad transfronteriza del Abogado en el interior de
la misma, han hecho necesario que en interés general se definan unas normas
uniformes aplicables a todo Abogado de la comunidad en su actividad
transfronteriza sea cual fuere el Colegio al que pertenece. La definición de
dichas normas tiene por fin atenuar las dificultades resultantes de la
aplicación de una doble deontología como la prevista por el artículo 4 de la
Directiva 77/249 de 22 de marzo de 1977. / 1.3.2. Las organizaciones
representativas de la Abogacía, reunidas en el marco de la C.C.B.E. desean que
las siguientes normas codificadas sean: /Reconocidas desde este momento como la
expresión de la convicción común de todos los Colegios de la Unión Europea.
/Aplicables en el plazo mas breve según los procedimientos nacionales y/o comunitarios
a la actividad transfronteriza del Abogado en la Unión Europea. /Tenidas en
cuenta cuando se lleve a cabo cualquier revisión de las normas deontológicas
internas con vistas a la armonización progresiva de estas últimas. / Los
Colegios desean, además, que en la medida de lo posible sus normas
deontológicas internas sean interpretadas y aplicadas de conformidad con las
del presente Código. / A partir del momento en que las normas del presente
Código sean aplicables a la actividad transfronteriza, el Abogado quedara
sometido a las normas del Colegio del que dependa en la medida en que esas
últimas no sean contrarias a las previstas por el presente Código.” En: http://www.reicaz.es/normaspr/deontolo/cdue1988.htm#preanbulo
[21] Entre los principios generales que acoge el Código, vale la
pena resaltar dos. En primer lugar, la independencia y en segundo lugar la
confianza e integridad moral. Respecto de la independencia, recuerda el Código
que dada la multiplicidad de deberes a los que está ligada la profesión de la
abogacía “se impone la independencia absoluta exenta de cualquier presión,
principalmente de aquella que resulte de sus propios intereses o influencias
exteriores.” Insiste el documento que la independencia es necesaria a fin
de “mantener la confianza en la Justicia como la imparcialidad del Juez. En
esta línea de argumentación, la persona profesional de la abogacía “debe (…)
evitar cualquier atentado contra su independencia y estar atento a no descuidar
la ética profesional con objeto de dar satisfacción a su cliente, al Juez o a
terceros.” Enfatiza el Código que la independencia no sólo se necesita para
realizar a cabalidad la actividad jurídica y los asuntos judiciales. Se manifiesta
también de suma importancia que el consejo dado por la persona profesional de
la abogacía a su cliente no “haya sido dado más que por complacer o por
interés personal o bajo el efecto de una presión exterior.” En relación con
el principio de confianza e integridad moral dice el Código que “las
relaciones de confianza no pueden existir si existe alguna duda sobre la
honestidad, la probidad, la rectitud o la sinceridad del Abogado. Para éste
último” agrega, “estas virtudes tradicionales constituyen obligaciones
profesionales.
[22] “5.6.1. Un Abogado no podrá suceder
a otro en la defensa de los intereses de un cliente en un asunto determinado
más que después de haber advertido a su compañero de ello y de haberse
asegurado de que se han tomado medidas para el pago de los honorarios debidos
al primer Abogado, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 5.6.2
Este deber no hace personalmente responsable al Abogado del pago de los
honorarios y gastos debidos a su predecesor. / 5.6.2. Adopción de
medidas urgentes en interés del cliente antes de que puedan cumplirse las
condiciones fijadas en el artículo 5.6.1., el Abogado podrá adoptarlas a
condición de informar inmediatamente de ello a su predecesor.
[23] Consultar en http://www.abog.net/abogados/abog_cod_deontol.asp
[24] “1.- El Abogado no podrá asumir la dirección de un
asunto profesional encomendado a otro compañero sin advertir previamente al
mismo por escrito o solicitar su venia y, en todo caso, recibir del Letrado sustituido
la información necesaria para continuar el asunto, en aras de la seguridad
jurídica, de la buena práctica profesional, de una continuidad armónica en la
defensa del cliente y de la delimitación de las responsabilidades del sustituto
y del sustituido./ 2.- Asimismo el Abogado que suceda a otro en la defensa de
los intereses de un cliente  procurará que se paguen los honorarios
debidos al sucedido, al rescindirse la relación contractual de prestación de
servicios que los unía. Tal obligación no implica una responsabilidad civil del
Abogado sustituto respecto al pago de los honorarios y gastos debidos a su
predecesor, sin perjuicio de su eventual responsabilidad por captación desleal
del cliente. /3.- Las mismas reglas anteriores regirán para la sustitución
siempre que dicho asesoramiento no constituya relación laboral, en cuyo caso,
la sustitución de abogado no precisa la advertencia previa ni obliga a realizar
las gestiones previstas en los apartados 1 y 2 anteriores. /4.- Si fuera
precisa la adopción de medidas urgentes en interés del cliente, antes de que
pueda darse cumplimiento a las condiciones fijadas anteriormente, el Abogado
podrá adoptarlas, informando previamente a su predecesor y poniéndolo en
conocimiento anticipado del Decano del Colegio en cuyo ámbito actúe. /5.- Sin
perjuicio de la corrección disciplinaria del Letrado que incumpla las reglas
anteriores, la sustitución de un Abogado por otro en un acto procesal, sin
previa comunicación al relevado, se considerará falta muy grave, por afectar a
la eficacia de la defensa y a la dignidad de la profesión.”
[25] http://www.cpacf.org.ar/azul/A_nRCodE.htm
[26] “Artículo 15.- Todo
abogado debe dar aviso fehaciente al colega que haya intervenido previamente en
el caso de reemplazarlo o participar en la representación, patrocinio o
defensa. Esto no será necesario cuando el letrado anterior hubiera renunciado
expresamente o se le hubiera notificado la revocación de tal mandato o
patrocinio. El abogado no debe tratar, directa o indirectamente, ni arribar a
ningún tipo de convenio o acuerdo con personas patrocinadas y/o asesoradas por
otro colega, sin la intervención o conocimiento de éste.”
[27] http://onlineethics.org/spanish/abo-peru.html
[28] “Art. 55.- Entre los abogados debe primar la
fraternidad y solidaridad que enaltece la profesión y el respeto recíproco, sin
que influya en ellos la animadversión de las partes. En consecuencia, los
abogados se abstendrán cuidadosamente de expresiones descorteses, insultantes,
malévolas o injuriosas, de hacer comentarios desfavorables a la actuación de
sus colegas, y de aludir a antecedentes personales, ideológicos, políticos o de
cualquier otra naturaleza. En ningún caso, ni por apremio de sus clientes, el
abogado debe apartarse de los dictados de la decencia y del honor y está en el
deber de facilitar a sus colegas la solución de inconvenientes momentáneos,
cuando estén imposibilitados de intervenir por razones que no les sean
imputables, tales como enfermedad, ausencia imprevisible o duelo.”
[29] Corte Constitucional. Sentencia T-1263 de 2001.
[30] Ibíd.
[31] Consultar, entre otras, Corte
Constitucional. Sentencia C-002 de 1993; C-190 de 1996; C-119 de 1996; C-034 de
1997; C-744 de 1998; C-098 de 2003; C-393 de 2006.
[32] Corte Constitucional. Sentencia C-393 de 2006.
[33] Corte Constitucional. Sentencia. C-393 de 2006.
[34] El Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria ha subrayado la necesidad de que se configure el elemento
subjetivo para que se aplique la sanción disciplinaria. Así lo manifestó en
Sentencia de 27 de julio de 200l cuando dijo al respecto lo siguiente: “es
obvio que el tipo disciplinario en cuestión es de naturaleza dolosa,
esto es, que requiere del conocimiento de que otro profesional del derecho
viene actuando y que a pesar de ello se procure su desplazamiento; como tal
elemento no se ha evidenciado en el caso que nos ocupa, es claro que la duda
debe resolverse a favor [de quien ha sustituido] como lo ordena el artículo 445
del Código de Procedimiento Penal.” (Énfasis fuera del texto original). Si
el elemento doloso no se presenta o no puede comprobarse su existencia, no se
configura el supuesto de hecho y no se aplica la sanción. Es tan importante la
presencia del elemento subjetivo, que en caso de presentarse alguna duda, el
Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria subraya la
necesidad de resolver la duda a favor de quien asume la gestión. El sentido y
razón de ser de lo anterior se encuentra en que la norma no pretende
obstaculizar las relaciones mandante mandatario o restringir el derecho de
defensa en tanto que componente del derecho a acceder a la justicia y
presupuesto de la garantía del debido proceso sino busca, más bien, hacer
efectivo el postulado de lealtad entre colegas. Así lo ha rememorado la
jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria. Ha reiterado en múltiples ocasiones que la sanción por la falta
de cumplimiento del precepto contenido en el inciso segundo del artículo 56 del
Decreto 196 de 1971 está orientada a impedir el desconocimiento del deber
profesional del abogado de proceder de modo leal con sus colegas. Ha
subrayado que dadas las funciones desempeñadas por los abogados como
coadministradores de la justicia los profesionales de la abogacía deben velar
por cultivar entre otras muchas cualidades por“[el] respeto por la labor de
los colegas, en virtud de lo cual cuando un cliente aborda a un togado, lo
menos que puede hacer éste es verificar que no esté desplazando a otro
profesional del derecho y, en todo caso, asegurarse que sus honorarios hayan
sido cancelados o que exista una razón para relevarlo..”En sentencia de
septiembre 28 de 2000 se pronunció el Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria sobre el sentido y alcance del control
disciplinario y dijo que por virtud de la Constitución dicho control lo ejercía
esa jurisdicción “sobre la conducta profesional de los abogados” y que
su principal objetivo consistía en “defender los intereses de la
colectividad y de los particulares” por manera que se obtuviera un “ejercicio
responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión”[34]. Añadió que la
misión se concretaba en lograr “la observancia de los deberes que atañen al
ejercicio de la abogacía, como garantía de que efectivamente los profesionales
del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional, colaboren lealmente
en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y
respetos con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los
asuntos de su profesión, obren con absoluta lealtad y honradez con sus
clientes y colegas; guarden el secreto profesional y atiendan con celosa
diligencia sus encargos profesionales.” (Énfasis dentro del texto original).
[35] En
el fondo del argumento existe una confusión del actor entre el ejercicio mismo
de la profesión de abogado y la ejecución de actos que, como los previstos por
la norma, son ajenos a la gestión profesional considerada en sí misma y que se
proscriben en la ley precisamente por no corresponder ni siquiera a la
equitativa retribución de los servicios y gastos profesionales. /Esa confusión
hace decir al demandante que la transcrita prohibición impide u obstaculiza los
derechos a escoger profesión u oficio y a trabajar, afirmación que para esta
Corte resulta inaceptable, pues parte de la premisa falsa de que el ejercicio
profesional del abogado  exige necesariamente que este incurra en conductas
contrarias a la ética./El trabajo se erige ciertamente en una de las bases de
la Constitución Política y en la vigente ha merecido trato especial y prolija
normatividad que tiende a su dignificación y protección.  De lo cual no se
concluye que la Carta patrocine un desempeño de las profesiones u oficios despojado
de todo nexo con los deberes y obligaciones que su ejercicio impone y en
absoluta independencia de la indispensable regulación legal y de la necesaria
inspección y vigilancia de las autoridades competentes por razones de interés
general.