T-205-13
Sentencia T-051/11
Sentencia T-205 /13
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Evolución y reiteración de
jurisprudencia
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Criterios generales y especiales de
procedibilidad
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES/DEFECTO FACTICO-Dimensión negativa y
positiva
Ha dicho esta Corte acerca del defecto
fáctico, que la acción de tutela procede únicamente cuando es marcadamente
irrazonable la valoración probatoria realizada por el juez en una providencia. El error en la valoración de las pruebas
debe ser ostensible, flagrante y manifiesto. De la misma manera, debe incidir
directamente en la decisión judicial adoptada, toda vez que, en caso contrario,
implicaría convertir al juez de tutela en una instancia revisora de la
valoración del juez natural del asunto, según las reglas generales de
competencia. La Corte ha identificado dos dimensiones en las que se presentan
los defectos fácticos: (i) La dimensión negativa, que comprende las omisiones
en la valoración de las pruebas determinantes para identificar la veracidad de
los hechos analizados por el juez. Dentro de este supuesto pueden ubicarse la
negativa o valoración arbitraria, irracional y caprichosa, o cuando se omite
apreciar la prueba y sin ninguna razón válida se tiene por no probado el hecho
o la circunstancia que del mismo emerge de manera clara y objetiva; (ii) La
dimensión positiva, que se origina cuando el juez aprecia pruebas esenciales y
determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido
admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron recaudadas indebidamente (art. 29 C.P), o cuando tiene por establecidas circunstancias sin que exista material probatorio que
fundamente lo decidido y, de esta manera, vulnere la Constitución.
DEFECTO FACTICO-Por omisión en el decreto y práctica de pruebas/DEFECTO FACTICO-No
valoración del acervo probatorio
DEFECTO
SUSTANTIVO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia al no configurarse los
defectos fáctico y sustantivo en proceso de acción reivindicatoria
Referencia: expediente T-3698162
Acción de tutela interpuesta por José Noel Barragán
Calderón, contralor del concordato de Jorge Eduardo Angarita Galeano, contra la
Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, con
vinculación oficiosa del Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad,
Molinos Roa S. A., Jorge Eduardo Angarita Galeano y otros.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá,
D.C., quince (15) de abril de dos mil trece (2013)
La Sala Quinta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván
Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la
siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de
los fallos dictados, en primera instancia, por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia y, en segunda, por la Sala de Casación Laboral de esa
misma corporación, en la acción de tutela instaurada por José Noel Barragán
Calderón, contralor del concordato de Jorge Eduardo Angarita Galeano, contra la
Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, con
vinculación oficiosa del Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad,
Molinos Roa S. A., Jorge Eduardo Angarita Galeano y otros.
I.
ANTECEDENTES
José Noel Barragán Calderón,
contralor del concordato de Jorge Eduardo Angarita Galeano, a través de
apoderado judicial,  interpuso acción de tutela en contra de la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia por causa de la sentencia proferida en segunda
instancia por la autoridad demandada, en el trámite de una acción revocatoria.
Para fundamentar su demanda relató los siguientes:
1. Hechos
Señala el
señor Barragán Calderón que mediante escritura pública núm. 527 de 12 de mayo
de 2006, el señor Jorge Eduardo Angarita Galeano dio en pago para cancelar
obligaciones contraídas con Molinos Roa S.A., el predio rural “El Hobal”,
ubicado en el municipio de Prado, en el Tolima.
Indica que el
valor de dicha dación, según la escritura, fue de $115.000.000. Sin embargo,
con posterioridad a tal negocio jurídico, el representante legal de Molinos Roa
S.A. entregó al señor Angarita un documento en el que constaba que el precio
real de la dación ascendía a $703.000.000.
El 31 de
agosto de 2006, el mencionado señor Angarita Galeano promovió proceso
concordatario, que fue admitido por el Juzgado 2º Civil del Circuito de Ibagué.
Con
posterioridad, el señor Barragán Calderón, con fundamento en lo previsto en el
artículo 146 de la Ley 222 de 1995, el 12 de febrero de 2008 instauró una acción
revocatoria con el objeto de que se declarara que una dación en pago suscrita
por Jorge Eduardo Angarita Galeano a favor de la sociedad Molinos Roa S. A.,
respecto del predio denominado “El Hobal”, le había causado un daño
cierto y directo a los acreedores del referido concursado, porque se había
realizado de mala fe y disminuido el patrimonio del deudor. Dicho negocio
jurídico  constaba en la escritura pública  núm. 527 de 12 de mayo de 2006,
otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de El Espinal (Tolima).
Indica que el
conocimiento de dicho proceso correspondió al Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Ibagué. Luego de surtido el trámite pertinente, el 15 de abril de
2010, dicho juzgado dictó sentencia. En ella declaró no probada la excepción de
“existencia de causa justificante de la dación en pago”, accedió a las
pretensiones de la demanda y, como consecuencia de ello, ordenó
reintegrar el bien “El Hobal” al concordato que se adelanta en ese mismo
despacho. También dispuso que Molinos Roa S.A. perdiera el derecho a reclamar
sus obligaciones dentro del mismo.
Manifiesta el
actor que tanto la parte afectada por el fallo como él mismo interpusieron
recurso de apelación en contra de la citada providencia. La impugnación fue
tramitada por la Sala de Decisión Civil- Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué.
2 La
decisión que se cuestiona por vía de tutela
La Sala de
Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué
dictó sentencia el 15 de diciembre de 2011, revocando la decisión de primera
instancia.  A cambio negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de
acción revocatoria.
En síntesis
adujo que:
-
El valor de la dación había sido superior al aparente, según las pruebas
recaudadas en el proceso.
-
Según los avalúos efectuados durante el trámite procesal, el señor
Angarita solamente era propietario del 33% del bien dado en pago.
-
Con el negocio jurídico cuestionado se había logrado pagar el 37.8% del
total del pasivo del concordato, por lo que no se percibía un detrimento
general de los acreedores.
-
La dación en pago, junto con el acuerdo entre Angarita y Molinos Roa
S.A. era un legítimo mecanismo de apalancamiento financiero de aquel, dada su
precaria situación económica.
-
No existía prueba de que el negocio se hubiera hecho de mala fe.
Contra tal
decisión el actor presentó recurso de casación, que el tribunal demandado rechazó
por improcedente el 26 de marzo de 2012, por considerar que, dado que se
trataba de un proceso abreviado, no procedía el trámite extraordinario. La
súplica frente a esta providencia también fue despachada desfavorablemente por
el la Sala de Decisión Civil-Familia, mediante auto de 27 de abril de 2012.
3. Los argumentos de
procedencia de la acción de tutela contra la sentencia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué
Considera el demandante que la sentencia
dictada por la Sala de Decisión Civil-Familia del tribunal accionado está
incursa en causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
i) Alega que la demandada
incurrió en defectos fácticos al:
- Ignorar las conclusiones de los
peritos sobre el detrimento que a los otros titulares de créditos causaba el
acto cuestionado.
- Pasar por
alto  los diferentes documentos aportados al juicio, que indicaban que la
intención de Molinos Roa S. A. había sido la de apropiarse de “El Hobal” y no
la de recuperar su obligación.
ii) También acusa la sentencia
del tribunal de estar incursa en un defecto sustantivo por:
- Haber dejado de aplicar los
artículos 2422 del Código Civil y el 1203 del Código de Comercio, que
determinan que es prohibido que el acreedor tenga la facultad de disponer de la
prenda, y que solamente tendrá derecho de pedir que este se venda en pública
subasta, para que con el producido se le pague; o que, a falta de postura
admisible, sea apreciada por peritos y se le adjudique en pago, hasta
concurrencia de su crédito.
Este punto se relaciona con que
el tribunal dejó de considerar que un acuerdo privado suscrito entre el señor
Angarita Galeano y la sociedad Molinos Roa S.A.,  desvirtuaba que la dación en
pago del predio “El Hobal”  fuera real y que efectivamente constituía una
garantía, un apalancamiento para garantizar obligaciones. Entre otras cosas,
según dicho acuerdo, la dación se haría efectiva en caso de no pagarse la deuda
entre las partes.
- Aplicar la Ley 1116 de 2006 y
no la Ley 222 de 1995, incurriendo en yerro al establecer que el señor Angarita
Galeano, al no tener la condición de comerciante no podía acudir a la figura
del concordato, dado que tales disposiciones no podían ser aplicadas de manera
retroactiva.
Como consecuencia de los
anteriores argumentos, el actor cuestiona en su integridad el fallo proferido
por el tribunal, indicando que desconoció por completo lo relativo a la acción
revocatoria prevista en el artículo 146 de la Ley 222 de 1995.
El demandante solicita al juez de
tutela que, como medida provisional para proteger los derechos fundamentales
implicados en el caso, se ordene suspender el cumplimiento de la sentencia que
es objeto del amparo constitucional.
Igualmente pide el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia y que, en consecuencia, el juez de tutela deje sin efectos la
sentencia proferida el 15 de diciembre de 2011 por la Sala de Decisión
Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué.
4. Trámite de instancia
Mediante auto de primero (1º) de
agosto de 2012, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
resuelve admitir la demanda presentada por el señor José Noel Barragán
Calderón. También dispone la vinculación oficiosa de todas las partes e
intervinientes en el proceso abreviado. Niega la solicitud del demandante en lo
concerniente a la medida provisional, al considerar que no resulta ni urgente
ni necesaria.
Con posterioridad, en oficio de
tres (3) de agosto de 2012, la Secretaría de la Sala de Casación
correspondiente informa al despacho que no se ha recibido ninguna
manifestación  por parte de los accionados. Sin embargo, con posterioridad, en
los días trece (13) y catorce (14) del mismo mes, se allegan varias
intervenciones. Aparte de los que aquí se enuncian, los demás sujetos
procesales guardaron silencio en relación con la demanda, incluido el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ibagué.
5. Sociedad comercial
Agromecánicas Muñoz
La sociedad vinculada, en su
calidad de acreedora del señor Jorge Eduardo Angarita Galeano y como parte del
proceso concursal, solicita conceder el amparo reclamado por el actor.  Indica
que la supuesta dación en pago vulneró la prelación de pagos, disminuyó
considerablemente los activos del concurso,  la capacidad de pago dentro del
concordato, por lo que se ve directamente afectada en una eventual cancelación
de su obligación pendiente.
6. Representante de los
acreedores laborales
La señora Aida Liliana Amaya
Méndez, en calidad de representante de los acreedores laborales dentro del
proceso de concurso, igualmente pide que se otorgue el amparo reclamado por el
demandante.
Indica que una vez fue admitido a
trámite el concordato, el 31 de agosto de 2006, “encontramos que se efectuó
dicha dación en el período de sospecha, esto es tres meses anteriores a la
admisión del trámite concursal, violando la prelación de pagos y la capacidad
productora del concordado”.[1]
Señala que el predio “El
Hobal” representa más del 30% de los activos del concursado y su producto
–la cosecha de arroz- resulta indispensable para el pago de las deudas
laborales dentro del concordato.
7. Marta Liliana Abadía Reina,
acreedora quirografaria del concordato
La interviniente también solicita
que se otorgue la tutela de los derechos fundamentales reclamada por el actor. Argumenta
que la dación se realizó en periodo de sospecha, violando la prelación de
créditos del concordato y disminuyendo de manera considerable los activos del mismo.
Indica que la finca equivale al 30% de los bienes del señor Angarita Galeano y
que es, para este último, el lugar de mayor producción de arroz  “paddy”.
8. Molinos Roa S.A.
La sociedad comercial Molinos Roa
S.A., por intermedio de apoderado, solicita que se niegue la protección
constitucional invocada por el contralor del concordato.
En relación con los supuestos
defectos fácticos alegados, el interviniente se opone a las pretensiones de la
demanda así:
-
No se ignoraron de ninguna manera los dictámenes de los peritos. De
hecho, indica, el Tribunal se refirió en su fallo a todos y cada uno de ellos.
-
La sentencia cuestionada está soportada en innumerables medios
probatorios.
Señala que la cesión del predio
logró librar al concordado de la mayor obligación que tenía pendiente.
Manifiesta que, en su parecer, es el mismo señor  Jorge Eduardo el interesado
en el que se conceda el amparo, actuando de consuno con el demandante, dado que
por este medio quiere que se le regrese el predio que cedió legítimamente.
En relación con los defectos
sustantivos alegados, señala Molinos Roa S.A. que:
-
No es objeto de la controversia de la revocación directa el establecer
la validez de la dación en pago. Lo que se cuestiona es si dicho negocio
jurídico causa o no un daño directo y cierto a los acreedores. Los artículos
2422 del Código Civil y el 1203 del Código de Comercio se refieren a
disposiciones jurídicas que regulan el contrato de prenda, que en nada tienen
que ver con el objeto del proceso.
El tribunal sí
estudió el acuerdo privado suscrito entre el señor Angarita Galeano y la
sociedad Molinos Roa S.A. Que la interpretación efectuada por la autoridad
judicial, difiera de la efectuada por el demandante no constituye una causal de
procedencia de la acción de tutela contra providencias.
-
Frente a la supuesta aplicación errónea de la ley 1116 de 2006, indica
que el actor “no leyó la totalidad del texto de la misma [haciendo
alusión a la sentencia cuestionada en sede de tutela], pues si bien los
señores Magistrados se refieren al requisito de la condición de comerciante del
concordado Jorge Eduardo Angarita Galeano, para la prosperidad de la acción
revocatoria, concluyen que ‘más sin embargo y aceptando en vía de discusión,
que el trámite concursal mencionado es legal, hasta tanto no se diga lo
contrario al interior de él, se tendrá como reunido dicho requisito”.
9. La sociedad comercial Conde
Aparicio y Cía. Centro Agrícola S.A., en liquidación
Indica que la supuesta dación en
pago vulneró la prelación de pagos y disminuyó considerablemente los activos
del concurso, así como la capacidad de desembolso dentro del concordato, por lo
que se ve directamente afectada en una eventual cancelación de su obligación
pendiente.
II. DECISIÓN OBJETO DE
REVISIÓN
1. Sentencia de primera instancia
La Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de quince (15) de agosto de 2012,
niega el amparo reclamado por José Noel Barragán Calderón, contralor del
concordato de Jorge Eduardo Angarita Galeano.
Consideró que la demanda
presentada no cumplía con el requisito de inmediatez desarrollado en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional. Al respecto indicó que habían
transcurrido más de seis meses entre el momento en el que fue proferida la
sentencia atacada y el reclamo por vía de acción de tutela.
No obstante lo anterior, dio paso
al estudio de los argumentos de la demanda, llegando a la conclusión de que
tampoco por este concepto podía prosperar la protección constitucional pedida,
al no existir violación de derecho fundamental alguno. En relación con los
defectos fácticos, indicó:
“… lo que
en últimas controvierte el gestor es la valoración probatoria efectuada por la
Corporación acusada, misma que le condujo a no acoger las súplicas de la acción
revocatoria; en dichos términos, el auxilio no puede prosperar, dado que
reiteradamente se ha señalado por la Sala que resulta infructuoso en esta sede
recriminar  la apreciación de los medios de acreditación hecha por los
juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial énfasis
emerge el principio constitucional de la independencia judicial…”[2]
Frente a los defectos sustantivos
sostuvo:
“Por lo
demás, no estar eventualmente de acuerdo con los argumentos del Tribunal
demandado, no implica que ellos se conviertan en una “vía de hecho”, pues, como
ya se indicó, estos incorporan un criterio que en estrictez es preciso
respetar, aunque el asunto pueda ser pasible de otra interpretación.”[3]
2. Impugnación
El demandante presentó impugnación
contra la sentencia de primera instancia. En su escrito solicitó la revocatoria
de dicho fallo y que, en su lugar, se conceda el amparo pedido, para lo cual
reitera los argumentos expuestos en la demanda de tutela. Indica que sí existe
satisfacción del requisito de inmediatez, dado que estuvo en trámite la
solicitud relacionada con el recurso extraordinario de casación.
3. Sentencia de segunda
instancia
La Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, en fallo de veintitrés (23) de agosto de 2012,
confirma la decisión de primera instancia. Es del parecer de dicha Sala que la
argumentación de la sentencia proferida por el tribunal demandando “deviene
razonable en la medida en la que está apoyada en criterios jurídicos que pueden
ser admisibles a la luz del ordenamiento que converge en el caso concreto, esto
es porque merced al margen de interpretación de las normas que regulan la
materia y con referencia a la prueba relacionada con la situación fáctica
concreta, la decisión no deviene caprichosa, absurda o autoritaria, única
alternativa para que se abra paso la protección constitucional(…)”. Concluye
que el actor está valiéndose del mecanismo de amparo constitucional como una
“tercera instancia”.
III. PRUEBAS
La Sala se referirá a las pruebas
relevantes que obran en el expediente en el capítulo de esta sentencia en el
que efectúa el análisis del caso concreto.
IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.     Competencia
Esta Corte es competente para dictar
sentencia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política y los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de
1991.
2.     Asunto
a tratar
De acuerdo con los antecedentes descritos, corresponde a la
Sala  establecer si existe o no vulneración del derecho al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia del contralor de un concordato y los
acreedores  por  causa de los supuestos defectos fácticos y sustantivos: i) una
irrazonable interpretación de las pruebas periciales decretadas y practicadas
durante el proceso;  ii) una valoración indebida de los diferentes documentos
aportados al juicio que indicaban que la intención de Molinos Roa S. A. había
sido la de apropiarse de “El Hobal” y no la de recuperar su obligación; iii)
una aplicación errónea de la ley 1116 de 2006, al señalar en su sentencia que
el señor Angarita Galeano no tenía la condición de comerciante y, por ende, no
podía acudir a la figura del concordato; y iv) un empleo equivocado del
artículo 74 de la ley 1116 de 2006 y no el 146 de la ley 222 de 1995, que
regulan –ambos- la figura de la acción reivindicatoria.
Con este propósito la Sala estima
preciso referirse a los siguientes asuntos: (i) la procedencia
excepcional y subsidiaria de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) los defectos sustantivos y fácticos como causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; y (iii) el análisis del caso concreto.
3. Procedencia excepcional y subsidiaria de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
3.1 Esta Corte ha sostenido de manera reiterada y uniforme
que la acción de tutela procede de manera excepcional y subsidiaria contra
providencias judiciales.[4]
Al respecto, en la sentencia T-570 de 2011 esta Sala de Revisión hizo un
recuento sobre la evolución de la jurisprudencia constitucional en esta
materia, empezando por la tesis de la vía de hecho vertida en las sentencias
C-543 de 1992 y T-079 de
1993 y su redefinición en la sentencia T-949
de 2003,  entre
otras, hasta llegar a su sistematización en la sentencia C-590 de 2005,
atinente a los requisitos generales y las causales específicas de
procedibilidad del amparo constitucional, que ahora se reitera.
3.2 De acuerdo con la jurisprudencia citada,
las exigencias generales para la procedencia de una demanda de tutela
contra providencias judiciales son:
(i) Que la cuestión que se discuta resulte de
relevancia constitucional, debido a que el juez de tutela no puede involucrarse
en asuntos que le corresponden a otras jurisdicciones.
(ii) El agotamiento de todos los medios de
defensa judicial con los que cuente la persona afectada, salvo que se pretenda
evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
(iii) Que se cumpla el requisito de
inmediatez, el cual implica acudir al amparo constitucional dentro de un
término razonable y proporcionado a partir de la actuación judicial que originó
la vulneración de los derechos fundamentales.
(iv) Si se trata de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo en la
sentencia que se impugna y que afecta derechos fundamentales de la parte
actora.
(v) Que el actor identifique razonablemente
tanto los hechos como los derechos vulnerados y que hubiere alegado esa
vulneración en el proceso judicial, siempre que hubiese sido posible.
(vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3.3 Adicionalmente, la Corte ha señalado la
existencia de causales específicas de procedibilidad de la acción de
tutela. Según la jurisprudencia de la corporación, la existencia de tales
causales implica la acreditación de cualquiera de los siguientes vicios o
defectos:
(i) Orgánico. Se presenta cuando el
funcionario judicial carece absolutamente de competencia para proferir la
providencia impugnada.
(ii) Procedimental.
Se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
(iii) Fáctico.
Surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que le permita aplicar el
supuesto legal en el que sustenta la decisión.
(iv) Material
o sustantivo. Como en los casos en los cuales se decide con fundamento en
normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
(v) Error
inducido. Surge cuando el juez fue víctima de un engaño por parte de
terceros, que lo conduce a la adopción de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
(vi) Decisión
sin motivación. Referido al incumplimiento por parte del juez de dar cuenta
de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones que es precisamente
en donde reposa la legitimidad de su órbita funcional.
(vii) Desconocimiento
del precedente. Se presenta en aquellos casos en los cuales la autoridad
judicial, a través de sus pronunciamientos, se aparta del precedente
jurisprudencial que le resulta aplicable al caso, sin ofrecer un mínimo
razonable de argumentación jurídica que justifique dicho cambio de
jurisprudencia. Ocurre, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece
el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Se presenta,
igualmente, cuando el juez del proceso ignora el alcance de una ley fijado por la
Corte Constitucional con efectos erga omnes.
(viii) Violación
directa de la Constitución. Teniendo en cuenta que el actual modelo de
ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores,
de modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación directa por las
distintas autoridades y, en determinados eventos, por los particulares. Por
ende, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse
a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e
irrazonablemente tales postulados[5].
3.4 De
acuerdo con lo expuesto, la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales está supeditada a que se verifique el
cumplimiento de los requisitos generales y de alguna de las causales
específicas de procedibilidad, las cuales deben aparecer de forma manifiesta en
la providencia examinada. Así, mientras que la acreditación de las exigencias
generales se relaciona con la procedencia  de la acción de tutela, las
específicas se refieren a la prosperidad del amparo reclamado[6].
4.  El defecto fáctico como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de
jurisprudencia
4.1 Ha dicho esta Corte acerca del defecto
fáctico, que la acción de tutela procede únicamente cuando es marcadamente
irrazonable la valoración probatoria realizada por el juez en una providencia.[7] El error en la valoración de las
pruebas debe ser ostensible, flagrante y manifiesto. De la misma manera, debe
incidir directamente en la decisión judicial adoptada, toda vez que, en caso
contrario, implicaría convertir al juez de tutela en una instancia revisora de
la valoración del juez natural del asunto, según las reglas generales de
competencia.
4.2 La Corte ha identificado dos dimensiones
en las que se presentan los defectos fácticos[8]:
(i) La dimensión negativa, que comprende las
omisiones en la valoración de las pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez. Dentro de este supuesto pueden
ubicarse la negativa o valoración arbitraria, irracional y caprichosa, o cuando
se omite apreciar la prueba y sin ninguna razón válida se tiene por no probado
el hecho o la circunstancia que del mismo emerge de manera clara y objetiva.
(ii) La dimensión positiva, que se origina
cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por
ejemplo, fueron recaudadas indebidamente (art. 29 C.P), o cuando tiene por
establecidas circunstancias sin que exista material probatorio que fundamente
lo decidido y, de esta manera, vulnere la Constitución.
4.3 La jurisprudencia de esta Corte también ha
identificado las distintas modalidades que puede asumir dicha irregularidad[9].
Esto es:
(i)
Defecto fáctico por la omisión en el
decreto y práctica de pruebas.
(ii)
Defecto fáctico por la no valoración
del material probatorio
(iii)
Defecto fáctico por desconocimiento de
las reglas de la sana crítica, que comprende la omisión en considerar elementos
probatorios que constan en el proceso, no se advierten o simplemente no se
tienen en cuenta para fundamentar la decisión.
4.4. Es necesario tener en cuenta
–adicionalmente- que la simple discrepancia sobre la interpretación que pueda
surgir en el debate jurídico y probatorio en un caso no puede constituir por sí
misma una irregularidad o defecto que amerite infirmar la decisión judicial
mediante acción de tutela. Ello debido a que, de proceder así, implicaría “admitir
la superioridad en el criterio valorativo del juez constitucional respecto del
juez ordinario, con clara restricción del principio de autonomía judicial.
Cuando se está frente a interpretaciones diversas y razonables, el juez del
conocimiento debe establecer, siguiendo la sana crítica, cuál es la que mejor
se ajusta al caso analizado.”[10]
5. El defecto sustantivo como causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Reiteración de jurisprudencia
5.1 Esta corporación ha sostenido que el defecto sustancial
o material, como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, se presenta cuando la autoridad judicial aplica
una norma que claramente no regula el asunto o no tiene en cuenta la que guiaba
su actuación en el caso concreto, u opta por una interpretación que contraríe
los postulados mínimos de razonabilidad jurídica[11].
La jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que tal defecto puede ocurrir
en cualquiera de las siguientes hipótesis[12]:
(i) Cuando la decisión impugnada se funda en una
disposición indiscutiblemente inaplicable al caso.
(ii) Cuando el funcionario realiza una “aplicación
indebida” de la preceptiva
concerniente.
(iii) Cuando la aplicación o interpretación que se hace de
la norma en el asunto concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance.
(iv) Cuando la interpretación de la norma se hace sin tener
en cuenta otras disposiciones que regulan el caso y que son necesarias para
efectuar una interpretación sistemática.
(v) Cuando la norma que se ajusta al caso concreto es
desatendida;
(vi) Cuando a pesar de que la norma en cuestión está
vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica resuelta;
(vii) Cuando a la norma utilizada se le reconocen efectos
distintos a los expresamente señalados por el legislador.
5.2. En todo caso para que la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto constituya defecto sustantivo, se debe
estar ante una decisión judicial en la que el funcionario en su labor
hermenéutica desconozca o se aparte de forma abierta de los parámetros
constitucionales y legales, de tal manera que vulnere o amenace derechos
fundamentales de las partes.[13]
6. Análisis del caso concreto
6.1 Lo que en esta ocasión ocupa la atención de la Sala es
la demanda de tutela que el contralor del concordato del señor Jorge Eduardo
Angarita Galeano presenta contra la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ibagué. Alega que esta última, mediante una
sentencia proferida en segunda instancia en el trámite de una acción
reivindicatoria, violó sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, al haber incurrido su sentencia en varios
defectos fácticos y sustantivos. Acusa que el demandado hizo una irrazonable
interpretación de las pruebas periciales decretadas y practicadas durante el
proceso,  que valoró indebidamente los diferentes documentos aportados al
juicio que indicaban que la intención de Molinos Roa S. A. había sido la de
apropiarse de “El Hobal” y no la de recuperar su obligación. También aduce la
materialización de un defecto sustantivo porque el tribunal aplicó de manera
errónea la ley 1116 de 2006, al señalar en su sentencia que el señor Angarita
Galeano no tenía la condición de comerciante y, por ende, no podía acudir a la
figura del concordato. Por último, condena la existencia de otro defecto
sustantivo en el uso que hizo la sentencia del artículo 74 de la ley 1116 de
2006 y no el 146 de la ley 222 de 1995, que regulan –ambos- la figura de la
acción reivindicatoria.
Notificado el auto admisorio de la demanda de tutela no
concurrió al proceso el tribunal demandado y, de manera extemporánea, lo
hicieron algunos de los vinculados por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia. Todos menos uno, respaldaron la prosperidad del amparo.
Molinos Roa S.A. se opuso aduciendo que no existían los defectos alegados por
el señor contralor del concordato.
Los jueces de instancia consideraron –de manera general- que
lo que existía era una disparidad de criterios entre el actor y la decisión
judicial atacada, por lo que no se configuraba causal específica de procedencia
de tutela. Adicionalmente, el juez de primera, arguyó que no existía
satisfacción del requisito de inmediatez, dado que la demanda de amparo había
sido instaurada más de seis meses después de que el tribunal de Ibagué profiriera
su sentencia.
6.2 Es necesario
que en primer orden la Sala pase a verificar si en el caso concreto se cumplen
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela decantados por
la jurisprudencia de esta Corte.
6.2.1. Relevancia Constitucional. El asunto
planteado a esta Sala de Revisión tiene relevancia constitucional. La
controversia versa sobre la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia del actor, pero también de
todos aquellos que son parte del concurso de acreedores del señor Jorge Eduardo
Angarita Galeano.
6.2.2. El agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios. Los hechos por los cuales fue interpuesta la
acción de tutela que actualmente estudia la Sala Quinta tienen origen en el
ejercicio de la acción revocatoria iniciada por el señor José Noel Barragán
Calderón, contralor del concordato,  contra Molinos Roa S.A. y Jorge Eduardo
Angarita.
La sentencia atacada es la de segunda instancia. El actor
intentó el recurso de casación y este le fue negado. Contra tal negativa
intentó la súplica, sin que esta prosperara. No cuenta ya, por ende, con otros
mecanismos judiciales.
6.2.3. El principio de inmediatez. El fallo
cuestionado en sede de tutela fue proferido por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué el 15 de diciembre de 2011. Lo relativo a la
prosperidad o no de la casación se resolvió mediante el auto de 27 de abril de
2012, que negó el recurso de súplica en contra del auto que rechazó el
extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. La demanda de tutela fue
presentada el 30 de julio de ese mismo año; esto es, escasos tres meses desde
el momento en el que quedó definido lo relacionado con la procedencia de la
casación.
De acuerdo con lo anterior, la Corte considera que la
acción de tutela cumple con las condiciones establecidas en este requisito, en
el sentido que resulta razonable el tiempo transcurrido entre el momento en que
se conoce la decisión judicial que se controvierte y la interposición de la
acción de tutela. La Sala no comparte los argumentos de la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, juez de primera instancia en el trámite
del proceso de amparo, según el cual la presentación de la demanda de tutela
falta a la inmediatez porque el actor debió prever que la solicitud de casación
era francamente improcedente. Considera la Sala que tal postura desnaturaliza
este requisito general de procedencia, mediante el cual el juez constitucional
está llamado a establecer lo atinente a la actualidad de la amenaza o violación
del derecho fundamental reclamado y no a juzgar si, en casos como el presente,
se presentaron de forma debida y razonable los recursos ordinarios.
6.2.4. Que, en caso de tratarse de una irregularidad
procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión que resulta vulneratoria
de los derechos fundamentales. No se alega una irregularidad procesal en
este caso. Como se vio, se aduce la existencia de defectos fácticos y
sustantivos, mas no de carácter procedimental.  Por consiguiente, está cumplido
el cuarto requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial.
6.2.5. Que el actor identifique, de forma razonable, los
hechos que generan la violación y que ésta haya sido alegada al interior del
proceso judicial, en caso de haber sido posible.  Como se vio en la
presentación del caso que se hiciera en los antecedentes de la sentencia, el
demandante alega la existencia de varios defectos, argumentando al menos
brevemente por qué se configuran. Sin embargo, en relación con el defecto
sustantivo que tiene que ver con la falta de aplicación de los artículos
2422 del Código Civil[14]
y el 1203 del Código de Comercio[15],
observa la Sala que este argumento aparece en sede de tutela sin que esté
demostrado que en ningún momento haya sido debatido o ventilado al interior del
proceso. Por ello, considera la Sala que en relación con esta acusación
puntual  no se cumple con el requisito general de procedencia enunciado.
6.2.6. Que el fallo controvertido no sea una sentencia
de tutela. Al respecto basta señalar que la sentencia judicial que se
considera violatoria de los derechos fundamentales es el resultado de ejercicio
de la acción revocatoria iniciada por el señor José Noel Barragán Calderón,
contralor del concordato,  contra Molinos Roa S.A. y Jorge Eduardo Angarita, en
el marco de lo previsto en la Ley 1116 de 2006.
6.3 Acreditados todos los requisitos formales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, la Sala aborda el
estudio de fondo, o de la procedencia material del amparo.
En relación con los defectos fácticos alegados, como se dijo en un pasaje anterior de esta sentencia, la jurisprudencia de
la Corte Constitucional ha identificado tres distintas modalidades que puede
asumir el defecto fáctico: (i) por la omisión en el decreto y práctica de
pruebas; (ii) por la no valoración del material probatorio; (iii) por
desconocimiento de las reglas de la sana crítica, que comprende la omisión en
considerar elementos probatorios que constan en el proceso, no se advierten o
simplemente no se tienen en cuenta para fundamentar la decisión.
Se observa de antemano que en las tres
situaciones que para el actor generan el defecto descrito existe evidencia, en
la sentencia proferida por el tribunal demandando, de que no se pueden
configurar las dos primeras modalidades. Ello porque en todos los casos hubo
decreto, práctica y valoración de la prueba. Se centra el debate, entonces, en
si el ejercicio de su interpretación es abiertamente contrario a la sana
crítica. Pasará la Sala ahora a referirse puntualmente a cada uno de los
planteamientos del actor en esta materia.
6.3.1 Respecto de la alegada
omisión frente a las conclusiones de los peritos sobre el detrimento que a los
otros titulares de créditos causaba el acto cuestionado, al estudiar el texto
de la sentencia del tribunal se advierte que este sí tuvo en cuenta los dictámenes
periciales. Evaluó y tuvo en cuenta cuatro informes de esta naturaleza.  Así,
en la página 22 del fallo se presenta el dictamen de la perito Diessy Bazurdo
sobre el avalúo de los bienes de Jorge Eduardo Angarita. Como este fue
objetado, se llamó a la señora Emilgen Gil Barbosa para realizar uno nuevo con
el mismo propósito. También se consideraron los dictámenes de Carlos Henry
Acosta Franco sobre la pérdida de la capacidad productiva derivada de la cesión
del predio El Hobal; de Pedro Germán Bustos Rincón acerca de la situación
financiera y económica del señor Angarita Galeano; y de Germán Augusto Galeano
Arbeláez, sobre el valor de la finca cedida, el valor de la cuota parte del
concordado y el valor por hectárea para la producción de arroz y para pastoreo,
entre otras cosas. Con fundamento en tales experticias, analizadas en conjunto
con otras de carácter documental, concluyó el tribunal:
“Que el
avalúo realizado por los peritos sobre el predio El Hobal oscila entre
$350.446.660 y 441.729.167
Luego
teniendo en cuenta el avalúo de mayor valor es decir el presentado por la
perito Deisy Basurdo, el porcentaje del lote el Hobal con respecto a la
totalidad de los bienes corresponde al 33%”[16]
La interpretación que hizo entonces
el tribunal se apartó de la del demandante, ya que concluyó precisamente que la
dación y el pacto suscrito entre el señor Angarita y Molinos Roa S.A. no
perjudicaba sino que, por el contrario, favorecía la ejecución del concordato
al liberar al deudor del 37.8 % de sus deudas con cargo a un bien que equivalía
a un 33% de sus activos.
Además, de ellos extrajo que no
estaba demostrado que la productividad económica de los otros bienes de
Angarita fuera desproporcionadamente menor que la del predio “El Hobal”. Dijo a
este respecto:
“Pero
además para llegar a tal conclusión, debe tenerse en cuenta lo siguiente: (i)
los dictámenes periciales que obran en el proceso, ni ninguna otra prueba
demuestran que la productividad económica de los bienes que quedaron en cabeza
del solicitante del trámite concordatario, sea desproporcionadamente menor que
la del predio del Hobal…”[17]
6.3.2    Acusa el actor
al tribunal de pasar por alto los diferentes documentos aportados al juicio,
que indicaban que la intención de Molinos Roa S. A. había sido la de apropiarse
de “El Hobal” y no la de recuperar su obligación. El demandante se refiere aquí
a la dimensión negativa del defecto fáctico, que
comprende las omisiones en la valoración de las pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez, cuando
careciendo de razón válida alguna se tiene por no probado el hecho o la
circunstancia que del mismo emerge de manera clara y objetiva. Sin
embargo, se observa que mediante los abundantes medios probatorios a su
disposición –documentales, testimoniales, periciales- el tribunal llegó a una
conclusión distinta a la pretendida por el actor, sin que por ello pueda
alegarse que, por ejemplo, haya negado un hecho incontrovertible.
A este respecto, la Sala
demandada parte de un análisis de la escritura núm. 527 de 12 de mayo de 2006,
analizándola de manera conjunta con el documento privado donde Molinos Roa S.A.
daba cuenta del valor real del negocio jurídico. Señala el tribunal que:
“…se
observa que el acto jurídico contenido en el instrumento público se da en
cumplimiento de tal acuerdo y por lo tanto, los dos actos jurídicos en  íntegro
deben ser tenidos en cuenta para valorar sólo el daño que puedan haber recibido
los acreedores, sino además, el aspecto de buena o mala fe de Molinos Roa S.A.
en su negociación en ese preciso momento determinado, con una persona que se
encontraba en mala situación económica y en una seria posibilidad de acudir a
la utilización de un mecanismo de reorganización de su patrimonio como es el
concordato en la medida en que sea legalmente dicho trámite”[18]
Y concluye
sobre esa base que:
“Dicho
acuerdo, por sí solo, no se nota inserio (sic) ni mucho menos
perjudicial para la composición de la prenda general de acreedores, puesto que
se está pactando una forma de recuperación del mismo bien inmueble a favor de
los tridentes previo pago de sus deudas y con el apalancamientofinanciero de su
acreedor Molinos Roa S.A….”[19]
Complementa su argumento sobre la
materia con declaración misma del señor Angarita Galeano, citándolo así:
“Fue el
mismo Jorge Eduardo Angarita Galeano quien en interrogatorio de parte manifestó
que ‘El acuerdo era enormemente favorable porque contaba con la totalidad de la
financiación de mis cultivos y contesto (sic) podría pagar todas mis
deudas…”[20]
Adicionalmente soporta su
decisión en los testimonios rendidos por Jairo Alfonso Manrique Bocanegra,
Gustavo Adolfo García Hernández, Olga Teresa Galeano Angarita y Juan Fernando
Angarita Galeano. Las declaraciones de todos los anteriores dan cuenta de la
seriedad del acuerdo, según se observa en la providencia del tribunal de
Ibagué.
Para esta Sala, las consideraciones de la
sentencia no dan cuenta de que sea marcadamente irrazonable la valoración
probatoria realizada por el tribunal en su providencia, tal como lo exige la
doctrina para que se configure el defecto en cuestión.  Es de reiterar que las
diferencias de criterio entre lo que decide la administración de justicia y lo
que la parte vencida en un proceso habría querido interpretar de acuerdo con
las pruebas, no es causal de procedencia de tutela contra sentencias.
6.4 En cuanto a los defectos sustantivos que se encuentran
en la demanda de amparo, valga recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional,  estos se presentan en las siguientes modalidades: (i) cuando
la decisión impugnada se funda en una disposición indiscutiblemente inaplicable
al caso; (ii) cuando el funcionario realiza una “aplicación indebida” de la preceptiva concerniente;  (iii) cuando
la aplicación o interpretación que se hace de la norma en el asunto concreto
desconoce sentencias con efectos erga
omnes que han definido su
alcance; (iv) cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta
otras disposiciones que regulan el caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática; (v) cuando la norma que se ajusta al caso concreto
es desatendida;  (vi) cuando a pesar de que la norma en cuestión está vigente y
es constitucional, no se adecua a la situación fáctica resuelta;  (vii) cuando
a la norma utilizada se le reconocen efectos distintos a los expresamente
señalados por el legislador.
6.4.1 En
relación con la supuesta materialización de un defecto sustantivo por la aplicación
errónea de la ley 1116 de 2006, tampoco encuentra la Sala prosperidad en este
argumento. Señala el actor que al darle aplicación  a dicha norma y señalar que
el señor Angarita Galeano, al no tener la condición de comerciante no podía
acudir a la figura del concordato, comete un yerro.
En este sentido, si bien a manera
de obiter dicta el tribunal demandado hace algunos cuestionamientos a la
legalidad del trámite concursal en relación con la citada calidad de
comerciante del mencionado señor Angarita, más adelante deja claro que  tiene
por reunido tal requisito. Al respecto señala la propia sentencia:
“Por
consiguiente, si una persona no se encuentra legitimada para iniciar un proceso
concursal, pero lo inicia y se le admite, quien actúa a nombre de dicho proceso
concursal (constralor) mal puede iniciar un proceso de revocatoria de un
negocio jurídico, a que solo tiene derecho quien tenga un trámite concursal a
que legalmente tiene derecho y como ya se advirtió la persona natural no comerciante
o por lo menos sin la prueba de que cumple con el deber del registro mercantil,
Jorge Eduardo Angarita Galeano, no tiene derecho a un trámite concursal
concordatario de los regidos por la ley 222 de 1995.
Mas sin
embargo y aceptando en vía de dilución,           que el trámite concursal
mencionado es legal, hasta tanto no se diga lo contrario al interior de él, se
tendrá como reunido este requisito”[21]
(resaltado fuera del texto original)
Es decir, que la sentencia, si
bien el tribunal expresó sus dudas acerca de si el señor Angarita podía iniciar
un proceso concursal por no ser comerciante, estas no pasaron de eso: de meras
inquietudes. Por el contrario, el demandado asumió el estudio del caso
partiendo del supuesto de que resultaba legal.
6.4.2 Ahora, si el
cuestionamiento del actor realmente se dirige a reprochar que se hubiera
aplicado el artículo 74 de la ley 1116 de 2006 y no el 146 de la ley 222 de
1995, la Sala observa que, efectivamente, al momento de presentar la acción
reivindicatoria no podía darse efecto retroactivo a una disposición que había
sido derogada expresamente por el artículo 126 de la primera de las enunciadas;
esto es, desde 28 de junio de 2007, casi ocho meses antes de que se iniciara la
acción, el 12 de febrero de 2008. Mas aún cuando el artículo 117 de la ley 1116
dispuso que serían de inmediata aplicación sus disposiciones en cuanto a las
acciones revocatorias y de simulación en los procesos concursales;[22]es decir,
precisamente en la materia que se ventila en la presente acción de tutela.
6.5 En
conclusión, la Sala encuentra que las actuaciones de la Sala de Decisión
Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué  no violaron
los derechos fundamentales del demandante. Por ende, por
las razones expresadas en esta sentencia, encuentra ajustada la decisión tomada
en las instancias del proceso de tutela de la referencia y procederá a
confirmarlas.
V. DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR el
fallo proferido el veintitrés (23) de septiembre de 2012 por la  Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual confirmó la
sentencia de primera instancia dictada por la Sala de Casación Civil de esa
misma entidad, el quince (15) de agosto de 2012, que negó el amparo en la
acción de tutela instaurada por José Noel Barragán Calderón, contralor del
concordato de Jorge Eduardo Angarita Galeano, contra la Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, con vinculación oficiosa del
Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, Molinos Roa S.A., Jorge
Eduardo Angarita Galeano y otros.
SEGUNDO.- LÍBRESE
por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese y cúmplase.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Ponente
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Folio 183, cuaderno núm. 1
[2] Página 7 de la sentencia.
[3] Página 10 de la sentencia.
[4]Ver las sentencias T-358 de 2012, T-511 de 2011,T-717 de 2011,  T-590
de 2009, T-945 de 2008 y  T-070 de 2007, entre otras.
[5] T-555 de 2009.
[6] T-718 de 2011.
[7] T-653 de 2010
[8] Sentencia SU-159 de 2002
[9] Ídem
[10] Sentencia T-008 de 1998,  reiterada en la sentencia T-636 de 2006
[11] SU-159 de 2002; T-043 de 2005; T-295 de2005; T-657 de 2006 y T-686 de
2007, entre otras
[12] T-589 de 2003, T-243 de 2008 y T-033 de 2010,
entre otras.
[13] T-567 de 1998 y T-121 de 1999, entre otras.
[14] Dice la norma: “ARTÍCULO 2422. <EFECTOS DE LA MORA EN LA PRENDA>. El acreedor prendario tendrá derecho de pedir que la prenda del deudor
moroso se venda en pública subasta, para que con el producido se le pague; o
que, a falta de postura admisible, sea apreciada por peritos y se le adjudique
en pago, hasta concurrencia de su crédito; sin que valga estipulación alguna en
contrario, y sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación principal
por otros medios.”
Tampoco podrá estipularse que el
acreedor tenga la facultad de disponer de la prenda, o de apropiársela por
otros medios que los aquí señalados.
[15] Señala  la norma: “Toda estipulación que,
directa o indirectamente, en forma ostensible u oculta, tienda a permitir que
el acreedor disponga de la prenda o se la apropie por medios distintos de los
previstos en la ley, no producirá efecto alguno.”
[16] Página 44 de la sentencia.
[17] Ídem. Página 45.
[18] Ídem
[19] Ídem. Página 46.
[20] Ídem. Página 47.
[21] Página 17 de la sentencia en mención.
[22] Dice la norma de la Ley 1116 de 2006: “ARTÍCULO 117. CONCORDATOS Y LIQUIDACIONES OBLIGATORIAS EN CURSO Y
ACUERDOS DE REESTRUCTURACIÓN. Las negociaciones de acuerdos de
reestructuración, los concordatos y liquidaciones obligatorias de personas
naturales y jurídicas iniciados durante la vigencia del Título II de la Ley 222 de 1995, al igual que los acuerdos de reestructuración ya celebrados y los
concordatos y quiebras indicados en el artículo 237 de la Ley 222 de 1995, seguirán rigiéndose por las normas aplicables al momento de entrar a regir
esta ley.
No
obstante, esta ley tendrá aplicación inmediata sobre las personas naturales
comerciantes y las personas jurídicas:
1. Ante
el fracaso o incumplimiento de un concordato, dando inicio al proceso de
liquidación judicial regulada en esta ley.
2. Para
el inicio de las acciones revocatorias y de simulación en los procesos
concursales.
3.
Respecto de las disposiciones referentes a inmuebles destinados a vivienda,
promitentes compradores de vivienda y prorratas previstas en esta ley,
incluyendo los procesos liquidatorios en curso, al momento de su vigencia.”