T-409-18
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-409/18
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
El defecto material o sustantivo  se
configura cuando la decisión judicial se apoya en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto, bien sea por que ha sido derogada, porque ella o
su aplicación al caso concreto es inconstitucional o, porque, a pesar de estar
vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual
se ha aplicado”.
DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL
VIOLACION DIRECTA DE
LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES
PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Requisitos
EVOLUCION DE
LOS DERECHOS PENSIONALES DEL CONYUGE SEPARADO DE HECHO CON SOCIEDAD CONYUGAL
VIGENTE-Jurisprudencia constitucional
DERECHO A LA
SUSTITUCION PENSIONAL PARA EL CONYUGE SUPERSTITE SEPARADO DE HECHO QUE CONSERVE
VIGENTE LA SOCIEDAD CONYUGAL-Para su
reconocimiento debe demostrar vínculo matrimonial y convivencia igual o
superior a cinco años en cualquier tiempo
Esta Corporación ha establecido de forma pacífica que
el reconocimiento del derecho pensional del cónyuge separado de hecho se
encuentra condicionado únicamente por los requerimientos contemplados en la
ley. Esto es, la vigencia de la sociedad conyugal al momento del fallecimiento
del asegurado o pensionado, y la acreditación de cinco o más años de
convivencia en cualquier tiempo.
PRINCIPIO
NO REFORMATIO IN PEJUS-Derecho
fundamental para el apelante único
La protección que
integra la garantía establecida en el artículo 31 de la Constitución, implica
que el campo de decisión del juez de segunda instancia se encuentra restringido
por los límites establecidos por las pretensiones del recurso de alzada, en
cuanto no puede desmejorar la situación de quien es apelante único.
GRADO
JURISDICCIONAL DE CONSULTA EN PROCESO LABORAL-Finalidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por desconocimiento del precedente
constitucional respecto a los requisitos exigibles al cónyuge supérstite
separado de hecho con sociedad conyugal vigente
Referencia:
Expediente T-6.750.743.
Acción
de tutela interpuesta por Esther Luisa Méndez de Urbina contra la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Magistrado Ponente:
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil
dieciocho (2018).
La Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Carlos Bernal Pulido, Alberto
Rojas Ríos y José Fernando
Reyes Cuartas, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente,
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de
los fallos proferidos por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia el 15 de noviembre de 2017 y la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia el 13 de marzo de 2018, en primera y segunda instancia
respectivamente, en el trámite de la acción de tutela instaurada por Esther
Luisa Méndez de Urbina contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá.
I.
ANTECEDENTES
El 27 de octubre de 2017, Esther Luisa Méndez de
Urbina, actuando a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social y al mínimo vital.  Como sustento de su solicitud, relacionó
los siguientes,
Hechos[1]
1. La señora Esther Luisa Méndez de
Urbina indicó que el 5 de octubre de 1974 contrajo matrimonio con Luis
Guillermo Urbina Peña. Aseguró que su convivencia perduró hasta el año 2012,
época en la cual este trasladó su residencia al municipio de Melgar (Tolima),
por prescripción médica.
2. Manifestó que el Instituto del Seguro
Social, mediante Resolución número 120231 del 19 de septiembre de 2011, le
reconoció a su cónyuge una pensión de vejez.
3. Precisó que el día 9 de marzo de 2015
su esposo falleció luego de una difícil enfermedad. El 6 de abril de 2015
solicitó ante la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante
Colpensiones) el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Expuso,
asimismo, que la señora María Mercedes Peñuela Urbina elevó un requerimiento
similar ante dicha entidad, aduciendo la calidad de compañera permanente del
causante.
4. Afirmó que Colpensiones reconoció la
pensión de sobrevivientes a través de Resolución GNR 202213 del 7 de julio de
2015. La administradora otorgó a su favor el 55,22% de la mesada pensional, y
el 44,78% restante a la compañera permanente.
5. Puntualizó que María Mercedes Peñuela
Urbina inició proceso ordinario laboral en contra suya y de Colpensiones,
buscando obtener el reconocimiento del derecho pensional en un monto superior
al 70%.
6. Aseveró que el Juzgado Séptimo Laboral
del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 5 de julio del 2017, la declaró
como beneficiaria del 25% de la pensión de sobrevivientes. Entre tanto, a la
señora María Mercedes Peñuela Urbina le concedió el 75% de la mesada, en
calidad de compañera permanente del pensionado.
En la providencia, la autoridad judicial
determinó que en el proceso se acreditaron los requisitos necesarios para
reconocer el derecho pensional a la compañera permanente y a la esposa, de
forma proporcional al tiempo de convivencia con el causante. Esto por cuanto se
cumplieron los presupuestos establecidos en el último inciso del literal b del
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que otorga derecho sobre una porción de la
mesada a la compañera permanente que conviva con el pensionado durante los
cinco años inmediatamente anteriores al deceso, y al cónyuge separado de hecho
con sociedad conyugal vigente, siempre que, en cualquier tiempo, haya convivido
con este por cinco años.
7. La accionante explicó que apeló la
sentencia de primera instancia, pues consideró que la providencia no valoró las
pruebas que demostraban la convivencia con el pensionado hasta el año 2012,
bajo la cual tenía derecho a la totalidad de la pensión de sobrevivientes. A su
turno, Colpensiones recurrió el fallo respecto del pago retroactivo de la
diferencia entre lo otorgado por la entidad y lo reconocido por la autoridad
judicial, así como frente a la condena en costas.
8. La peticionaria puntualizó que el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 13 de
septiembre de 2017, revocó la providencia de primera instancia y, en su lugar,
dispuso reconocer como acreedora del 100% de la pensión de sobrevivientes a la
señora María Mercedes Peñuela Urbina.
En efecto, al resolver la apelación y, al
mismo tiempo, el grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal ratificó el
acceso a la pensión de sobrevivientes por parte de la compañera permanente. Sin
embargo, indicó que el reconocimiento de la porción pensional de la señora
Méndez de Urbina se encontraba supeditado al cumplimiento de los presupuestos
especiales establecidos por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia en la sentencia SL 12442-2015 para la cónyuge supérstite. Esto es,
demostrar que, pese a la separación de hecho, la prestación se requería para
satisfacer las carencias surgidas con la muerte del pensionado, aspecto que no
fue acreditado por la peticionaria.
Frente a esta decisión el magistrado
Manuel Eduardo Serrano Baquero salvó su voto. En su criterio, en el asunto
procedía el pago proporcional de la mesada pensional, pues la sola convivencia
superior a cinco años de la cónyuge, en cualquier tiempo, daba lugar al
reconocimiento de la prestación en su favor.
9. Con sustento en lo expuesto, la
accionante alegó que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y
al mínimo vital. Esto por cuanto, en su criterio, esa Corporación
desconoció: (i) los años de convivencia que compartió con su cónyuge; (ii)
su condición de apelante única, pues, aunque Colpensiones también recurrió la
sentencia de primera instancia, su pedimento no estuvo orientado a debatir los
porcentajes del beneficio pensional; y (iii) la vigencia de la sociedad
conyugal existente entre ella y el señor Guillermo Urbina Peña, bajo la cual
tiene la facultad legal de acceder a la prestación económica.
10. En consecuencia, pidió dejar sin
efecto la sentencia dictada en segunda instancia por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso ordinario laboral y, en su
lugar, disponer que el asunto fuera conocido por el magistrado de esa Sala que
siguiera en turno. De forma subsidiaria requirió conminar a la magistrada
ponente de la Sala original, para que emitiera una nueva decisión teniendo en
cuenta la normatividad vigente y las pruebas recaudadas en el asunto.
Trámite procesal
11. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, mediante auto del 1 de noviembre de 2017, admitió la acción de
tutela. Como corolario, ordenó vincular al trámite constitucional a las
autoridades, partes y terceros involucrados en el proceso ordinario laboral y,
además, correr traslado a la entidad accionada y a los vinculados para que en
el término de un día se pronunciaran sobre los hechos objeto de estudio.
12. En igual sentido, ofició al Juzgado Séptimo
Laboral del Circuito de Bogotá para que remitiera el expediente contentivo del
proceso ordinario laboral.
13. No obstante, la autoridad judicial accionada y los
demás vinculados en el proceso de tutela guardaron silencio.
Sentencias objeto de revisión
De la sentencia de primera instancia
14. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, mediante sentencia del 15 de noviembre de 2017, negó el amparo de los
derechos fundamentales suplicados, al considerar que en el asunto no se cumplía
el requisito de subsidiariedad. Lo anterior, por cuanto la accionante ha debido
hacer uso de los mecanismos de defensa judicial que la ley le otorga para
atacar la decisión de segunda instancia, esto es, el recurso extraordinario de
casación.
De la impugnación
15. El apoderado de la accionante impugnó la decisión.
Consideró que el juez de primera instancia desconoció las “graves vías de
hecho” en que incurrió la entidad judicial accionada al revocar la decisión
que había concedido el 25% de la mesada pensional. Paralelamente, resaltó que
la providencia dejó intacta una decisión que le arrebató a la accionante el
único ingreso del que disfrutaba, dejándola en una situación de “(…) total
desamparo y postración económica”[2].
De la segunda instancia
16. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, a través de fallo del 13 de marzo de 2018, confirmó la sentencia
emitida por el a quo. Reiteró que en el asunto no se cumplió el requisito
de subsidiariedad, pues no se utilizaron los mecanismos de defensa judicial
procedentes. Asimismo, señaló que no se demostró una situación particular que
impidiera acudir al recurso extraordinario de casación.
Pruebas que obran en el expediente
17. El accionante relacionó como prueba el proceso
ordinario laboral e informó que el mismo se encuentra en el Juzgado Séptimo
Laboral del Circuito de Bogotá.
Trámite en sede de revisión
18. La Sala de Selección Número Cinco de la Corte
Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y el
Magistrado Alberto Rojas Ríos, mediante auto del 31 de mayo del 2018 dispuso
seleccionar para revisión el presente asunto. Valoró como criterio objetivo
para su escogencia la necesidad de aclarar el contenido y alcance de un derecho
fundamental. A su vez, el asunto fue repartido por sorteo al Despacho del
Magistrado José Fernando Reyes Cuartas.
19. El Magistrado sustanciador, a través de auto del
27 de junio de 2018, dispuso vincular al trámite a la señora María Mercedes
Peñuela Urbina, pues encontró que no había sido llamada al proceso de tutela y
sus intereses podrían verse afectados con la sentencia de revisión. De la misma
manera, observó que no contaba con elementos de juicio que lo habilitaran para
proferir una decisión correctamente fundada, así que ordenó la práctica de las
siguientes pruebas:
“a) Solicitar al Juzgado Séptimo Laboral
del Circuito de Bogotá, para que en el término de tres (03) días hábiles
siguientes a la comunicación de este proveído, remita en calidad de préstamo y
con destino al expediente T-6.750.743, el expediente contentivo del proceso
ordinario laboral N°11001310500720160008701, de María Mercedes Peñuela Urbina
contra la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-.
b) Solicitar a la señora Esther Luisa
Méndez de Urbina, para que en el término de tres (03) días hábiles siguientes a
la comunicación de este proveído y con destino al expediente T-6.750.743,
informe su edad, cómo obtiene los medios de subsistencia, con quién vive, a
cuánto asciende el monto de los gastos en que incurre mensualmente para su
manutención, si padece de alguna enfermedad y demás condiciones de vida
actuales, que permitan a la Corte establecer el grado de vulnerabilidad. La
información suministrada debe venir acompañada de los soportes respectivos”[3].
20. Finalmente, el Despacho determinó que las pruebas
recibidas se pusieran a disposición de las partes por el término de un día para
que, si lo estimaban conveniente, se pronunciaran sobre ellas.
Respuestas y pruebas allegadas en sede de revisión
21. El apoderado de la señora Esther Luisa Méndez de
Urbina, mediante oficio del 6 de julio de 2018[4], indicó que la accionante tiene 69 años
de edad; padece hipertensión, diabetes, artrosis, síndrome del túnel del carpo
y que además ha sufrido un infarto. Expuso que por sus problemas de salud no
puede trabajar, ni devenga algún tipo de ingreso. Adicionalmente, refirió que
el sustento de la accionante es provisto por su hija, Lida Nury Urbina Méndez.
Respecto de la situación socioeconómica de la última aclaró que además de
correr con los gastos de su madre, debe garantizar el sostenimiento de un hijo,
por cuanto expone que es una madre cabeza de familia.[5]
Por otra parte, adujo que la señora Esther Luisa Méndez
de Urbina incurre mensualmente en gastos de manutención que ascienden a $
500.000. Afirmó, por último, que “(…) estamos frente a una persona que vive
en condiciones de extrema marginalidad debido a su estado de pobreza y nivel
cultural e intelectual ínfimos y por tal motivo la actora acude a esta
jurisdicción en aras de obtener al menos un cincuenta por ciento (50%) de la
mesada pensional que devengaba su legítimo esposo LUIS GUILLERMO URBINA PEÑA,
para no quedar en total desamparo como consecuencia de una total vulnerabilidad
a sus derechos constitucionales y legales”[6]. (Mayúsculas
propias)
22. El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá,
a través de oficio del 7 de julio del 2018, allegó en calidad de préstamo el
proceso ordinario requerido.
23. La señora María Mercedes Peñuela Urbina, en
escrito del 11 de julio de 2018[7], se pronunció sobre los hechos que
dieron origen a la acción de tutela y reiteró los motivos, pretensiones y
actuaciones adelantadas en el proceso ordinario laboral. Así, explicó que la
convivencia que sostuvo con el señor Guillermo Urbina Peña perduró desde el año
1982 hasta el fallecimiento de su compañero en 2015. Seguidamente, que como
consecuencia de la baja proporción en la mesada pensional reconocida por
Colpensiones, decidió iniciar un proceso ordinario laboral buscando un aumento
en el monto de la prestación. Relató que encontró cumplidas sus expectativas
con la decisión del Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, que le
reconoció el 75% de la mesada pensional, razón por la cual no apeló el fallo.
Luego, explicó que Esther Luisa Méndez y Colpensiones
presentaron recurso de apelación contra la decisión de primera instancia.
Aseguró que en esta etapa se vislumbró una grave negligencia por parte de la
cónyuge del pensionado y su apoderado, por cuanto no se hicieron presentes en
el resto de trámite procesal.
Finalmente, solicitó se mantuviera la decisión
adoptada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, al considerar que cuenta con un mejor derecho y que la accionante no
queda desprotegida sin el reconocimiento pensional. Asimismo, sostuvo que el
abogado de la accionante no puede recurrir al mecanismo constitucional para
subsanar su falta, al no agotar los recursos a su alcance.
24. Después de poner a disposición de las partes las
pruebas recolectadas en el trámite de revisión, la Secretaría de la Corte
recibió dos comunicaciones.
25. Así, el apoderado de la accionante, mediante
escrito radicado el 13 de julio de 2018, realizó un conjunto de observaciones
respecto de la intervención realizada por María Mercedes Peñuela Urbina el 11
de julio de 2018. En este sentido, después de reiterar los argumentos
proferidos al interior del proceso ordinario laboral frente a la convivencia y
el derecho pensional, controvirtió la afirmación que cuestiona la situación de desprotección
de su poderdante, pues explicó que la cónyuge siempre contó con el apoyo
económico y moral del causante.
26. Por último, luego de vencido el término probatorio
establecido por esta Corporación, se recibió por medio de escrito del 17 de
julio de 2017, comunicación en que la señora María Mercedes Peñuela Urbina dio
respuesta al traslado probatorio realizado. Aseguró que frente a la situación
socioeconómica de la accionante no se advierte el desamparo relacionado, por
cuanto el lugar donde reside no es un barrio marginal y la vivienda en que
habita es propiedad de su hija, porque decidió entregársela en donación.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1. La Sala es competente para analizar los fallos materia de revisión,
de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política y 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
Presentación del caso y planteamiento del problema
jurídico
2. Esther Luisa
Méndez de Urbina, quien tiene 69 años de edad y padece múltiples enfermedades,
reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social y al mínimo vital, vulnerados, en su criterio, por la decisión
de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que
resolvió no declararla como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de su
cónyuge Luis Guillermo Urbina Peña.
3. Conforme a lo
referido en los antecedentes de la providencia, se advierte que la solicitud de
tutela se sustenta en que el Tribunal accionado decidió revocar el fallo que,
en primera instancia y siendo única apelante, le había reconocido el 25% de la
mesada pensional a la accionante con base en el tiempo de convivencia y la
sociedad conyugal que se mantenía vigente al momento de fallecimiento del
pensionado.
4. Para tomar su
decisión, el Tribunal siguió una tesis que sobre este tema desarrolla
actualmente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y exigió una
condición adicional a la establecida en la ley. Al respecto, sostuvo que no se
acreditó que la señora Esther Luisa Méndez de Urbina fuese acreedora del
beneficio pensional, en cuanto no demostró que la muerte del pensionado le
hubiese ocasionado una carencia económica, moral o afectiva. De igual modo, que
la sola vigencia de la sociedad conyugal junto con una convivencia mayor a
cinco años en cualquier tiempo no daba lugar al derecho reclamado.
5. Los jueces
constitucionales de instancia resolvieron declarar improcedente la acción de
tutela, al valorar que no se cumplió el requisito de subsidiariedad, pues no se
acudió al recurso extraordinario de casación.
6. Conforme a
los presupuestos fácticos que anteceden el asunto, esta Sala analizará si se
cumplen los requisitos formales de procedencia de la acción de tutela. Si así
fuese, examinará luego el cumplimiento de los parámetros de procedibilidad
material. En particular e interpretando la demanda[8], revisará si el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá incurrió en los defectos por
violación directa de la Constitución, sustantivo y por desconocimiento del
precedente constitucional y, consecuentemente, si vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de la
señora Esther Luisa Méndez de Urbina. Lo anterior, a través de la sentencia
que, en segunda instancia del proceso ordinario laboral, siendo apelante única,
revocó el fallo que la había declarado como beneficiaria de la pensión de
sobrevivientes de su cónyuge Luis Guillermo Urbina Peña, por no haber
acreditado que entre ella y el pensionado se mantenía vigente un vínculo de
familia, que resultase afectado con el fallecimiento del pensionado.
7. Así las cosas, para resolver el problema jurídico
planteado esta Corporación reiterará su jurisprudencia sobre (i) los
requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la pensión de sobrevivientes, (iii) el
principio de no reformatio in pejus y (iv) el grado jurisdiccional
de consulta. A partir de las anteriores consideraciones se estudiará (v)
el caso concreto.
Requisitos generales y específicos de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales –Reiteración de
jurisprudencia-
8. La acción de
tutela fue incorporada al ordenamiento jurídico colombiano por la Constitución
Política de 1991. Este mecanismo de defensa judicial reconoce el derecho de
toda persona a reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, “(…) cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública”[9].
9. En relación
con la acción de tutela contra providencias judiciales la Corte ha sostenido
que su procedencia es restringida[10]
y, por ello, se encuentra sujeta a que los jueces en sus decisiones hayan
incurrido “(…) en graves falencias que las
hagan incompatibles con la Constitución y afecten los derechos fundamentales de
las partes”[11].
10. A su vez, la
Corte también ha señalado que los valores de cosa juzgada, autonomía e
independencia judicial que sustentan la administración de justicia, no se
transgreden a través del mecanismo constitucional.[12] Esto por cuanto, para
garantizar el respeto de las competencias judiciales, su empleo se ha limitado
a asuntos excepcionales. La jurisprudencia ha decantado para ello las
denominadas causales generales y específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, que se reseñan a continuación.
Requisitos generales o formales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales
11. Esta
Corporación a partir de la sentencia C-590 de 2005 tuvo como causales genéricas
o formales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales,
las siguientes:
(i) Que el asunto tenga relevancia
constitucional, esto es, que se reclame la protección de derechos
fundamentales, pues de lo contrario se podrían invadir las competencias de las
otras jurisdicciones.[13]
(ii) Que se hayan agotado todos los recursos
ordinarios y extraordinarios procedentes, exceptuando los escenarios en los que
se pretende evitar un perjuicio irremediable[14],
por cuanto la acción de tutela no puede convertirse en una herramienta jurídica
alterna que desplace los mecanismos ordinarios de defensa.
(iii) Que entre el hecho vulnerador y la
presentación de la acción de tutela haya transcurrido un tiempo razonable, como
una medida para garantizar los principios de cosa juzgada y de seguridad
jurídica.[15]
(iv) Que cuando se alegue una vulneración de
derechos fundamentales con ocasión de una irregularidad procesal, esta posea
relevancia jurídica para influir de manera determinante en la decisión.[16]
(v) Que quien recurre a la acción de tutela
haya identificado de forma razonable los hechos que dieron origen a la
vulneración y los derechos lesionados con motivo de las actuaciones demandadas,
así como que, de haber sido posible, los hubiese alegado en el proceso
judicial.[17]
(vi) Que no se trata de sentencias de tutela.[18]
12. Ahora bien,
conforme a los presupuestos fácticos que sostienen la presente solicitud de
amparo constitucional, es imperioso reiterar los pronunciamientos que esta
Corporación ha proferido frente a la subsidiariedad, como causal formal de
procedencia de la acción.
El
agotamiento de todos los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa
frente al recurso de casación -Reiteración de jurisprudencia-
13. El artículo
86 de la Constitución estableció que el mecanismo de tutela “(…) solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.
14. Por su
parte, el Decreto 2591 de 1991 replicó el mandato constitucional al contemplar
la improcedencia de la demanda de amparo cuando existan otras herramientas de
protección judicial.[19]
Al mismo tiempo, la norma explicó que los recursos ordinarios de defensa deben
ser valorados “(…) en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante”[20].
15. Ahora bien,
la jurisprudencia constitucional ha analizado las implicaciones jurídicas que
comporta el principio de subsidiariedad en varios escenarios, verbigracia, en
cuanto a los parámetros que delimitan la posibilidad de recurrir a la acción de
tutela contra providencias judiciales. Al respecto, la Corte ha señalado que:
“(…) a
la acción de tutela no puede admitírsele, bajo ningún motivo, como un medio
judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley
para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los
procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos
en estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten”[21].
16. Con todo, la
jurisprudencia constitucional ha indicado que el estudio del cumplimiento del
requisito de subsidiariedad no implica una verificación mecánica y estricta del
agotamiento de los recursos judiciales disponibles.[22] Después de todo, este
Tribunal ha señalado, por ejemplo, que cuando quien depreca la protección es un
sujeto de especial protección constitucional, “(…) el examen de estos
supuestos no debe ser tan riguroso, y que su condición amerita un tratamiento
diferencial positivo”[23].
17. Por esta
razón, las decisiones constitucionales que examinen la procedencia de la acción
de tutela, cuando no se ha acudido a los mecanismos ordinarios, deben adelantar
un análisis juicioso de las condiciones particulares presentes en cada asunto.
La valoración subjetiva, por consiguiente, debe realizarse en todos los
escenarios, incluso cuando se ha dejado de acudir al recurso extraordinario de
casación.
18. Esta
Corporación ha aplicado constantemente este mandato jurisprudencial y, luego de
analizar las condiciones especiales de quienes solicitan la protección de sus
derechos fundamentales, ha aceptado la procedencia de la acción de tutela,
aunque no se hubiesen agotado los recursos disponibles.
19. Así, se
tiene que en la sentencia T-714 de 2011, que estudió la situación de una
persona de 72 años que no acudió al recurso de casación para controvertir una
decisión que negaba el reconocimiento de una pensión de vejez, la Corte indicó
que “(…) aunque en principio el actor puede interponer el recurso de
casación, no puede perderse de vista que ese trámite tiene una duración
aproximada de 3 a 5 años. De este modo, para esta Sala, someter al accionante a
un trámite de esa naturaleza, dada su avanzada edad, resulta una carga
desproporcionada”[24].
20. En la misma
línea, la Corte Constitucional en la sentencia T-352 de 2012 analizó el caso de
dos médicos que en el trámite de un proceso de filiación omitieron acudir al
recurso extraordinario de casación. En el primer asunto, por no contar con la
debida defensa técnica y, en el otro, como consecuencia de no haber sustentado
el recurso por no disponer de los medios económicos para sufragar los
honorarios del abogado. Allí, el Tribunal indicó que al accionante “(…) no
se le puede exigir el conocimiento adecuado para hacer uso de éstos, recayendo
esa responsabilidad en su abogado, quien no ejerció adecuadamente la defensa de
los intereses de su defendido”[25].
21. Asimismo, en
la sentencia T-228 de 2014, que revisó la acción de tutela de una mujer de 85
años que no acudió a la casación para anular un fallo que no accedía al pago de
la pensión de sobrevivientes para ella y su hijo discapacitado, la Sala explicó
que “(…) someter a la actora a un trámite adicional tan dilatado resulta
claramente desproporcionado y riesgosamente tardío, convirtiendo en procedente
la acción de tutela desde esta perspectiva”[26].
22. Igualmente,
en la sentencia T-401 de 2015, que examinó la solicitud realizada por una mujer
de 65 años quien no recurrió al recurso extraordinario de casación para atacar
la decisión judicial a través de la cual se le negó una pensión de
sobrevivientes, se resaltó que “(…) ya que se solicita el reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes de una persona que supera la edad promedio
para ingresar al mercado laboral, que no cuenta con ningún tipo de sustento
económico actualmente, que nunca ha laborado, que se encuentra afiliada al
régimen subsidiado, cuya situación económica y social es precaria, y que
presenta problemas de salud es claro que un recurso extraordinario no
resultaría idóneo ni eficaz para la protección inmediata de sus derechos
fundamentales”[27].
23. De forma
reciente, esto es, a través de la sentencia T-464 de 2016 la Corte ratificó su
posición en este sentido. Allí, luego de estudiar la solicitud de una adulta
mayor que no presentó la casación contra una decisión que la privó de un
derecho pensional, la Corporación indicó que “(…) la peticionaria es una
persona de 77 años de edad que ya agotó las instancias ordinarias laborales por
lo que exigirle acudir a un medio extraordinario y calificado como la casación
resultaría excesivo. En especial, ya que en la acción de tutela señala que la
decisión de Tribunal ha afectado de manera particular su derecho fundamental al
debido proceso”[28].
24. Así las
cosas, atendiendo a las condiciones especiales del accionante y al análisis de
la idoneidad y eficacia del mecanismo ordinario en el caso concreto, la
jurisprudencia constitucional ha adoptado una posición flexible frente al
cumplimiento del requisito de subsidiariedad en determinados eventos.[29]
Los
requisitos específicos o materiales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales
25. La Corte
Constitucional, adicionalmente, ha establecido un conjunto de causales
materiales de procedencia para encausar el estudio de las acciones de tutela
formuladas contra providencias judiciales. A saber:
(i) Defecto
orgánico: se presenta
cuando la autoridad judicial que profiere la decisión no cuenta con la
competencia requerida para ello.[30]
(ii) Defecto procedimental absoluto: se
configura cuando la autoridad judicial ignora de forma flagrante la
normatividad que establece el procedimiento que se debe seguir en el asunto
concreto.[31]
(iii) Defecto
fáctico: se advierte
cuando la decisión que emite el juez no se soporta en las pruebas recolectadas
en el trámite procesal o valora las mismas tan solo de forma parcial.[32]
(iv) Defecto
sustantivo: surge cuando
la autoridad judicial aplica una norma derogada o que no corresponde a la
premisa fáctica para la cual fue creada.[33]
(v) Error
inducido: aparece cuando
la providencia judicial cuestionada es producto de maniobras fraudulentas que
ocasionan falencias sustantivas o fácticas por consecuencia.[34]
(vi) Decisión
sin motivación: se
presenta cuando el juez no expone las razones jurídicas y fácticas que lo
llevaron a tomar la decisión en el asunto que conoce.[35]
(vii)
Desconocimiento del precedente: se configura cuando la autoridad judicial ignora la regla de decisión
consolidada por la Corte Constitucional.[36]
(viii)
Violación directa de la Constitución: se incurre en esta causal cuando la autoridad
judicial no toma en cuenta, de forma correcta, mandatos constitucionales con
valor normativo, o cuando aplica las disposiciones de una ley sin atender a la
Carta Política.[37]
26.
Seguidamente, para abordar de forma integral el estudio de los temas necesarios
para dar solución al presente caso, se caracterizarán brevemente los defectos
por violación directa de la Constitución, sustantivo y por desconocimiento del
precedente constitucional.
Caracterización del defecto por violación directa de
la Constitución
27. Esta Corte cimentó el defecto por violación
directa de la Norma Superior[38] sobre el mandato que dispone que “La
Constitución es norma de normas (…)”, y que “(…) En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales”[39].
28. De esta manera, esta causal se presenta cuando se
ignora o quebranta directamente la fuerza normativa de la Constitución. La
jurisprudencia, sobre este aspecto, ha explicado que:
“(…) esta causal de procedencia de la
acción de tutela encuentra fundamento en que el actual modelo de ordenamiento
constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de tal
forma que contienen mandatos y previsiones de aplicación directa por las
distintas autoridades y, en determinados eventos, por los particulares. En
consecuencia, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda
cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida
e irrazonablemente tales postulados”[40].
29. En consecuencia, se advierte la ocurrencia del
defecto cuando “(…) una providencia judicial desconoce determinados
postulados de la Carta Política, omitiéndolos por completo, contradiciéndolos,
o dándoles un alcance insuficiente”[41].
30. Al mismo tiempo, se tiene que la violación directa
de la Constitución ocurre cuando se omite la aplicación de un precepto ius
fundamental necesario para la decisión. Al respecto, puede suceder que “(a)
en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal
de conformidad con el precedente constitucional, (b) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata y  (c) el juez en sus resoluciones vulneró
derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación
conforme con la Constitución[42]”[43].
31. De igual forma, el defecto se configura cuando el
operador jurídico da aplicación a una disposición de rango legal contraria a la
Carta Política y no utiliza la figura de la excepción de inconstitucionalidad.[44]
32. En síntesis, el marco constitucional adoptado en
1991 les otorgó fuerza normativa a los preceptos superiores, por lo que deben ser
tenidos en cuenta y aplicados por las autoridades judiciales de la República,
al momento de tomar sus decisiones.
Caracterización
del defecto material o sustantivo
33. Esta Corporación ha señalado
que los principios de autonomía e independencia judicial no son absolutos.[45]
En consecuencia, las decisiones que profieren los operadores jurídicos para
concluir un asunto no pueden apartarse de los lineamientos normativos que
regulan cada caso. El defecto material o sustantivo, por lo tanto, “(…) se
configura cuando la decisión judicial se apoya en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto, bien sea por que ha sido derogada, porque ella o
su aplicación al caso concreto es inconstitucional o, porque, a pesar de estar
vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual
se ha aplicado”[46].
34. De este modo, la
jurisprudencia ha recalcado que los jueces no pueden, sin recurrir a algún
motivo de mayor relevancia jurídica, apartarse de la ley. En el mismo sentido,
en sentencia T-462 de 2003 esta Corte señaló que se configura el defecto en los
siguientes escenarios:
“(i) cuando la norma aplicable al caso es
claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a
pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable
o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las
sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva”.
35. En suma, los operadores jurídicos cuentan con un
amplio margen para elegir la norma aplicable y su interpretación. De esta
forma, no puede alegarse el defecto sustantivo por el simple disentimiento
sobre el ejercicio deductivo realizado por la autoridad judicial. La
configuración de la causal requiere, entonces, que el desconocimiento de la ley
sea flagrante, arbitrario y de tal envergadura que no se encuadre dentro de los
límites interpretativos reconocidos constitucionalmente a los jueces de la
República.
Caracterización del defecto por desconocimiento del
precedente constitucional
36. La Corte Constitucional ha señalado que el
precedente judicial lo constituyen “(…) la sentencia o el conjunto de ellas,
anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los
problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las
autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.
37. Ahora bien, en cuanto a los motivos que dotan de
incidencia efectiva al precedente judicial en un asunto concreto se tienen las
siguientes circunstancias: “(i) su ratio decidendi contiene una regla
relacionada con el caso posterior; (ii) esta ratio debió servir de base para
resolver un problema jurídico análogo al que se estudia en el caso posterior;
(iii) los hechos del caso o las normas juzgadas deben ser semejantes o plantean
un punto de derecho similar al que debe resolverse en el caso posterior”[47].
38. Por su parte, el precedente que establece la Corte
Constitucional en ejercicio de sus funciones adquiere especial relevancia
jurídica. Lo anterior, en atención a las funciones que le otorgó el
constituyente como garante de la integridad y supremacía de la Carta Política
(Art. 4 y 241 C.P.). En consecuencia, “(…) las decisiones en las que
determina el alcance y contenido de disposiciones allí contenidas, se tornan
obligatorias en su parte resolutiva y en su ratio decidendi”.
39. Así las cosas, una autoridad judicial desconoce el
precedente constitucional cuando, en un caso concreto, desconoce la regla de
decisión que esta Corporación ha fijado en asuntos semejantes.
La pensión de sobrevivientes
40. La Constitución Política de 1991
organizó a Colombia como un Estado Social de Derecho[48]. Bajo
este modelo las instituciones públicas asumen un nuevo rol en el centro de las
interacciones sociales, al verse obligadas a adelantar medidas para lograr la
materialización efectiva de las garantías reconocidas en la Carta Política.[49]
41. En el panorama normativo nacional
se tiene que la seguridad social aparece como una de las instituciones
jurídicas que busca cumplir esos presupuestos superiores. En efecto, la figura
se advierte como una herramienta esencial para proteger a los miembros de la comunidad
de las graves consecuencias económicas y personales que pueden ocurrir con
motivo de la disminución o desaparición de sus capacidades físicas.[50] Al
respecto, esta Corporación ha explicado que sus objetivos:
“(…) guardan necesaria
correspondencia con los fines esenciales del Estado social de derecho como el
servir a la comunidad; promover la prosperidad general; garantizar la
efectividad de los principios y derechos constitucionales; promover las
condiciones para una igualdad real y efectiva; adoptar medidas a favor de
grupos discriminados o marginados; proteger especialmente a aquellas personas
que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia
de debilidad manifiesta; y reconocer sin discriminación alguna de la primacía de
los derechos inalienables de la persona como sujeto, razón de ser y fin último
del poder político[51], donde el gasto público
social tiene prioridad sobre cualquier otra asignación[52]”[53].
42. De igual forma, la Constitución
Política estructuró a la seguridad social sobre una doble naturaleza, esto es,
la incorporó al ordenamiento jurídico como un derecho fundamental y, a su vez,
como un servicio público obligatorio. Ahora bien, se debe resaltar que respecto
de la última condición su prestación se debe adelantar bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, atendiendo siempre a los principios de “(…)
eficiencia,
universalidad y solidaridad (…)”[54].
43. A su turno, la Ley 100 de 1993
creó el Sistema General de Seguridad Social, en desarrollo de las disposiciones
constitucionales. En este sentido, la norma reglamentó como objetivos de todo
el sistema:
“1. Garantizar las
prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral o
capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema.
2. Garantizar la
prestación de los servicios sociales complementarios en los términos de la
presente ley.
3. Garantizar la
ampliación de cobertura hasta lograr que toda la población acceda al sistema,
mediante mecanismos que, en desarrollo del principio constitucional de
solidaridad, permitan que sectores sin la capacidad económica suficiente como
campesinos, indígenas y trabajadores independientes, artistas, deportistas,
madres comunitarias, accedan al sistema y al otorgamiento de las prestaciones
en forma integral.
El Sistema de Seguridad
Social Integral está instituido para unificar la normatividad y la planeación
de la seguridad social, así como para coordinar a las entidades prestatarias de
las mismas, para obtener las finalidades propuestas en la presente ley”[55].
44. Del mismo modo, el sistema
incluye cuatro componentes básicos, a saber:“(i) el sistema general de
pensiones, (ii) el sistema general de salud, (iii) el sistema general de
riesgos profesionales y (iv) los servicios sociales complementarios definidos
en la misma ley”[56].
45. Por su parte, el Sistema General
de Pensiones se orienta hacia la protección de las personas frente a las
eventualidades que puedan ocurrir con ocasión de la vejez, la invalidez o la
muerte.[57]
46. En lo relacionado con las prestaciones
asistenciales y económicas que ofrece el sistema como respuesta a las
contingencias surgidas como consecuencia de la muerte de un afiliado o pensionado,
la Ley 100 de 1993 contempló la pensión de sobrevivientes. Al respecto, “La
doctrina nacional ha distinguido entre la sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes.
La primera ha sido definida como aquella prestación de tipo económico que a la
muerte de su titular se otorga a sus beneficiarios de conformidad con el orden
preestablecido en la ley. En otras palabras, los beneficiarios de una persona
que tenía el estatus de pensionado toman el lugar del causante y se hacen
acreedores del derecho que venía disfrutando. En este caso no se trata de una
pensión nueva sino de una subrogación o sustitución pensional en sentido
estricto. Por su parte, la pensión de sobrevivientes se identifica como aquella
asistencia, también de carácter económico, que se reconoce a los beneficiarios
de un afiliado que aún no ha reunido los requisitos para acceder a una pensión.
En este evento, la pensión de sobrevivientes que se paga a sus familiares es
una nueva prestación de la que no gozaba el causante, y que se genera en razón
de su muerte, previo el cumplimiento de unos requisitos que el legislador ha
previsto”[58].
47. No obstante lo expuesto, la Corte
ha precisado que la Ley 100 de 1993 reúne las dos modalidades de prestación
bajo la misma denominación: “pensión de sobrevivientes”[59].
En el mismo sentido, ha señalado que esta pensión se sustenta en los siguientes
elementos:
“(i) principio de
estabilidad económica y social para los allegados del causante, de acuerdo con
el cual “la sustitución pensional responde a la necesidad de mantener para su
beneficiario, al menos el mismo grado de seguridad social y económica con que
contaba en vida del pensionado fallecido, que al desconocerse puede significar,
en no pocos casos, reducirlo a una evidente desprotección y posiblemente a la
miseria”; (ii) principio de reciprocidad y solidaridad entre el causante y sus
allegados, en cuanto la prestación en comento se otorga en favor de ciertas
personas que sostuvieron una relación afectiva, personal y de apoyo con el
asegurado y; (iii) principio de universalidad del servicio público de seguridad
social, “toda vez que con la pensión de sobrevivientes se amplía la órbita de
protección a favor de quienes probablemente estarán en incapacidad de mantener
las condiciones de vida que llevaban antes del fallecimiento del causante”[60].
48. Por otro lado, aunque las
características de la asistencia otorgada como pensión de sobrevivientes
indiquen que se trata, únicamente, de una prestación económica, no se puede
ignorar que la ausencia de su reconocimiento puede implicar la vulneración de
garantías constitucionales. Así, por ejemplo, esta Corporación ha indicado que
la pensión de sobrevivientes hace parte del contenido del derecho fundamental a
la seguridad social.[61]
49. De este modo, cuando se estudien
las reclamaciones que se hagan por vía de tutela sobre asuntos pensionales,
corresponde al juez constitucional adelantar un análisis de las afectaciones
personales causadas en razón de su falta de reconocimiento. Con todo, el
operador judicial tiene el deber de verificar el cumplimiento de los requisitos
para acceder al derecho solicitado.
Requisitos para acceder a la pensión
de sobrevivientes
50. Las condiciones para acceder a la
pensión de sobrevivientes están dadas por la misma Ley 100 de 1993, la cual
regula el ámbito de aplicación de la figura pensional en cuanto a sus
beneficiarios, requisitos y forma. Así, el artículo 47, modificado por la Ley
797 de 2003, relacionó como acreedores del beneficio a los siguientes:
“a) En forma vitalicia, el
cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando
dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más
años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite,
deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su
muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos
con anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el
cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho
beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años
de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este
caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión,
con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal
a).
Si respecto de un
pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior
conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los
literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos
(as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante
entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el
beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no
existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay
una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una
cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al
tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los
últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le
corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal
vigente;(…)”.
51. Ahora bien, conforme a los
motivos expuestos en la presente solicitud de tutela, es necesario ahondar en
el alcance de uno de los apartes del precepto normativo. Esto es, las reglas
que establecen el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes respecto del
cónyuge y de la compañera o compañero permanente.
52. Así pues, la legislación además
de consagrar los parámetros en cuanto a la edad de quien pretende reclamar el
derecho pensional, realiza una serie de precisiones que reglan la forma en que
se debió presentar la convivencia con el causante. En este escenario adquiere
relevancia el mandato establecido frente a la cuota parte que le corresponde al
cónyuge que, aún separado de hecho, mantiene vigente la sociedad conyugal, por
cuanto establece una excepción al precepto contemplado en el primer literal del
artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
53. De este modo, es claro que haber
convivido con el pensionado durante cinco años en cualquier tiempo, es el único
requisito que el ordenamiento jurídico le exige al cónyuge separado de hecho y
con sociedad conyugal vigente para acceder a la pensión de sobrevivientes.
54. Con todo, la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia no ha mantenido una postura pacífica en
relación con el alcance de la disposición señalada. Su criterio ha tenido
modificaciones importantes frente a la comprensión de los requisitos exigibles
al cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal vigente que busca el acceso
a la pensión de sobrevivientes. La misma, en ocasiones ha distado también de la
tesis sostenida por el Tribunal Constitucional. (Consideraciones 70 a 72 infra)
55. Así las cosas, esta Sala
considera necesario realizar un análisis sobre el precedente que estas dos
Corporaciones ha fijado al respecto.
Evolución de los derechos pensionales
de la cónyuge separada de hecho con sociedad conyugal vigente en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional
56. La Corte Constitucional en sede
de constitucionalidad estudió la exequibilidad de la modificación introducida
por la Ley 797 de 2003, en cuanto a la vigencia del vínculo matrimonial como
criterio para reconocer el derecho pensional. En efecto, en la sentencia C-336
de 2014 esta Corporación analizó si la posibilidad del cónyuge de acreditar su
convivencia con el pensionado o afiliado en cualquier tiempo vulneraba el
artículo 13 de la Constitución. Lo anterior, al no otorgar igualmente esta
facultad a quien ostenta la calidad de compañero permanente.
57. En su decisión este Tribunal
encontró que la distinción se ajustaba a la Carta Política, pues no es posible
considerar la “(…) discriminación de trato por parte de la ley cuando los
grupos sujetos de comparación no pertenecen a la misma categoría jurídica o no
son asimilables”[62].
En cuanto a las razones concretas que sustentaron la determinación, se
indicó que:
“(…) si en gracia
discusión se estudiara  la finalidad de la diferencia de trato otorgada al
cónyuge con sociedad vigente pero con separación de hecho, resulta
constitucionalmente justificada la medida adoptada, en tanto que ambos
beneficiarios –compañero permanente y cónyuge con separación de hecho- cumplen
con el requisito de convivencia, el cual se armoniza con los efectos
patrimoniales de cada institución, pues los haberes del matrimonio siguen
produciendo efectos jurídicos ya que la separación de hecho no resta efectos a
la sociedad patrimonial existente entre el causante y su cónyuge sobreviviente.
Es decir, que pese a que el de cujus conviviera por el término mínimo de cinco
años con un compañero permanente, la sociedad de hecho entre estos dos no se
conformó al estar vigente la del matrimonio.
Es así, como en protección
y reconocimiento del tiempo de convivencia y apoyo mutuo acreditado por el
miembro sobreviviente de la unión marital de hecho, que el legislador le otorgó
el beneficio de una cuota parte de la pensión frente a la existencia de una
sociedad conyugal. En conclusión, la norma busca equilibrar la tensión surgida
entre el último compañero permanente y el cónyuge con el cual a pesar de la no
convivencia no se disolvieron los vínculos jurídicos. (…)”[63].
58. Ahora bien, esta Corte también ha
tenido la oportunidad de pronunciarse sobre esta situación en sede de revisión.
Así, en una serie de decisiones este Tribunal ha explicado que la reforma
realizada por la Ley 797 de 2003 incorporó “(…) como beneficiario de la
pensión de sobreviviente, no solamente al compañero (a) que hubiese convivido
con el causante hasta su muerte, sino también al cónyuge separado de hecho que
conserve vigente el vínculo matrimonial”[64].
59. La posición asumida por esta
Corporación acogió las consideraciones que, en su momento, realizó la Corte
Suprema de Justicia respecto de las implicaciones y requisitos de la norma.[65] De
este modo, la sentencia T-278 de 2013 señaló que cuando exista convivencia
únicamente con el compañero permanente pero se mantenga vigente la sociedad
conyugal con el esposo o esposa “(…) se dividirá entre ellos (as) en
proporción al tiempo de convivencia con el fallecido siempre que el cónyuge
haya vivido durante cinco años o más con el causante en cualquier tiempo”.
60. Luego, a través de la sentencia
T-641 de 2014 se expuso que:
“(…) de conformidad con el
parágrafo 3, literal b del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 tienen derecho a
la pensión de sobreviviente tanto la cónyuge que mantenga vigente la unión
conyugal al momento del fallecimiento del causante, como la (el) compañera(o)
permanente que haya convivido durante los últimos cinco años antes del
fallecimiento del mismo, en un porcentaje proporcional al tiempo convivido
con el causante.”
61. En el mismo sentido, en la
providencia T-090 de 2016 se sintetizó que:
“(…) las disputas que
puedan presentarse entre el cónyuge y el compañero o la compañera permanente
supérstite en torno al derecho a la sustitución pensional pueden ocurrir, o
bien porque este convivió simultáneamente con su cónyuge y su compañera o
compañero permanente, o bien porque, al momento de su muerte, tenía un
compañero permanente y una sociedad conyugal anterior que no fue disuelta, o un
compañero o compañera permanente y una unión conyugal vigente, con separación
de hecho. En este último evento, no hace falta que el cónyuge supérstite
demuestre que convivió con el causante durante los últimos cinco años de su
vida, sino, solamente, que convivió con él o ella más de cinco años en
cualquier tiempo.”
62. En armonía con lo expuesto, en la
sentencia T-266 de 2017 el Tribunal Constitucional insistió que:
“(…) en los eventos en los
que el causante únicamente convivía con su compañero permanente, pero, mantenía
vigente una sociedad conyugal anterior, corresponde reconocer al compañero
permanente un porcentaje de la pensión proporcional a su convivencia e,
indistintamente de que haya habido separación de cuerpos, corresponderá el
restante al cónyuge[66]. Lo anterior, así el
cónyuge “no haya convivido con el pensionado durante los últimos cinco años
anteriores a su fallecimiento, ya que sólo basta con que pruebe que convivió
con este durante más de cinco años en cualquier tiempo[67]”.
63. En la misma providencia, esta
Corte explicó de forma clara que “(…) cuando se trata del reconocimiento de
la sustitución pensional de un cónyuge, se requiere únicamente que éste
demuestre que el vínculo no se ha disuelto formalmente[68]
y que la convivencia se dio en algún momento durante la vigencia del matrimonio
(…)”[69].
64. Finalmente, en la reciente
decisión T-076 de 2018 la Corte sostuvo que:
“Así, en las Sentencias
T-090 de 2016 y T – 015 de 2017, esta Corte acogió la tesis expuesta por la
Sala Laboral de ese Alto Tribunal[70], autoridad que interpretó
la medida adoptada por el legislador, de la siguiente manera: la condición
exigida para el reconocimiento pensional a la compañera permanente es que haya
convivido, cuando menos, los 5 últimos años con el causante, requisito que no
puede exigirse a la cónyuge, de quien el causante se separó de hecho,
precisamente porque la institución de la separación implica la no continuidad
en la convivencia. Empero, justamente para cumplir con la finalidad de la
norma, que es la de otorgar el beneficio pensional a quien demuestre la
convivencia efectiva, la cónyuge en ese caso debe comprobar que convivió al
menos 5 años con el causante, en cualquier tiempo[71].
En síntesis, tanto la Ley
797 de 2003, como la jurisprudencia constitucional, han admitido que en
aquellos casos en que respecto de un causante existe: (i) una cónyuge
supérstite, con quien hubo separación de hecho, pero cuya sociedad conyugal
nunca fue disuelta y (ii) una compañera permanente con quien convivió 5 o más
años con anterioridad a su fallecimiento, la pensión de sobrevivientes o
sustitución pensional –según sea el caso-, debe reconocerse a aquellas en
proporción al tiempo compartido con el causante (…)”
65. De este modo, a partir de las
sentencias mencionadas la Sala concluye que la jurisprudencia de esta
Corporación ha establecido de forma pacífica que el reconocimiento del derecho
pensional del cónyuge separado de hecho se encuentra condicionado únicamente
por los requerimientos contemplados en la ley. Esto es, la vigencia de la
sociedad conyugal al momento del fallecimiento del asegurado o pensionado, y la
acreditación de cinco o más años de convivencia en cualquier tiempo. [72]
Evolución de los derechos pensionales
del cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal vigente en la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
66. El debate sobre el alcance de la
modificación introducida por la Ley 797 de 2003 a la pensión de sobrevivientes
no ha sido pacífico en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia. En su primera postura, el Tribunal explicó que “(…)
respecto al nuevo texto de la norma, mantiene la Sala su posición de que es
ineludible al cónyuge supérstite o compañero (a) permanente, la demostración de
la existencia de esa convivencia derivada del vínculo afectivo con el
pensionado o afiliado al momento de su fallecimiento y, por lo menos, durante
los cinco años continuos antes de éste.”[73]
67. No obstante, la Sala varió su
interpretación y, en el año 2011, señaló que: “(…) aclara ahora la Corte,
esa exigencia no se presenta cuando hay una situación de convivencia, no
simultánea, del afiliado o pensionado con un cónyuge supérstite, que esté
separado de hecho, y con un compañero o compañera permanente (…)”[74].
De esta forma, esa Corporación precisó que:
“En efecto, con esa
reforma introducida por el inciso 3 del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se
corrige la situación descrita, porque se mantiene el derecho a la prestación de
quien estaba haciendo vida en común con el causante para cuando falleció, dando
con ello realce a la efectiva y real vida de pareja -anclada en vínculos de
amor y cariño y forjada en la solidaridad, la colaboración y el apoyo mutuos-
constituyéndola en el fundamento esencial del derecho a la prestación por
muerte. Pero, al mismo tiempo, se reconoce que, quien en otra época de la vida
del causante convivió realmente con él, en desarrollo de una relación
matrimonial formal, que sigue siendo eficaz, tenga derecho, por razón de la
subsistencia jurídica de ese lazo, a obtener una prestación en caso de muerte
de su esposo.
No puede ser otra la
conclusión que se obtiene de la expresión “La otra cuota parte le corresponderá
a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente…”, porque esa
referencia no deja lugar a dudas de que el cónyuge que conserva con vigor
jurídico el lazo matrimonial tendrá derecho a una cuota parte de la
prestación.”[75].
68. Sobre los presupuestos allí
fijados, la Corte Suprema plantó su línea frente al asunto. Véase, por ejemplo,
que en sentencia del 13 de marzo del 2012, radicación número 45038, sostuvo que
“(…) si la protección que otorgó el legislador fue respecto del vínculo
matrimonial, tal como se destacó en sede de casación, debe otorgarse la pensión
a quien acreditó que el citado lazo jurídico no se extinguió amén de que no
hubo divorcio (…)”.
69. Asimismo, la Corporación amplió
los presupuestos jurisprudenciales establecidos y los efectos jurídicos de la
disposición. En este sentido, explicó que:
“Ahora bien, si tal
postura se predica cuando existe compañera o compañero permanente al momento
del fallecimiento del afiliado o pensionado, no encuentra la Corte
proporcionalidad o razón alguna para privar a la (el) esposa (o) del
reconocimiento de la pensión, en el evento de no concurrir aquel supuesto, pues
de admitirse, la disposición no cumpliría  su finalidad, esto es, la protección
en tal escenario, más si se evalúa que quien aspira a tal prestación mantiene
un lazo indeleble, jurídico, económico, sea que este último se haya originado
en un mandato judicial, o en la simple voluntad de los esposos”[76].
70. Sin embargo, en el año 2015 la
Sala de Casación Laboral introdujo una variación a su interpretación respecto
del cónyuge separado de hecho que mantiene vigente la sociedad conyugal con el
pensionado que distó de la asumida por este Tribunal.[77] En
sentencia del 15 de septiembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia indicó
que:
“Una comprensión distinta
orientada por la aplicación fría y exegética del artículo 47 de la Ley 100 de
1993, que, en el caso del cónyuge separado de hecho, por la sola existencia del
lazo matrimonial, sin la presencia de ese vínculo dinámico y actuante de
solidaridad y acompañamiento espiritual o económico, aún en la separación,
permitiera el beneficio de la prestación periódica por muerte, dejaría vacía de
contenido la protección de la familia que la ley verdaderamente quiere amparar.
En esa medida aquel cónyuge a quien se le dispense el derecho a pesar de haber
cesado la vida en común con el causante al momento del fallecimiento,  además
de la convivencia por un lapso no inferior a 5 años en cualquier tiempo, deberá
demostrar que se hace acreedor a la protección, en cuanto efectivamente hace
parte de la familia del pensionado o afiliado fallecido,  y por esa razón su
muerte le ha generado esa carencia económica, moral o afectiva, que es la que
busca atender la seguridad social y que justifica su intervención.”[78]
71. Así, la Corporación restringió el
acceso a la pensión de sobrevivientes del cónyuge separado de hecho con
sociedad conyugal vigente, pues además de una convivencia no menor de cinco
años con el causante, le requirió demostrar que al fallecimiento de este hacía
parte de su familia. Esto, a su vez, fue expresado en posteriores
pronunciamientos del Tribunal. Así, en sentencia del 23 de noviembre de 2016,
la Corte Suprema explicó:
“(…) conforme a la postura de esta Corte frente a la interpretación del
precitado artículo 47 con la modificación del 2003, no se requiere que los
cinco años de convivencia sean previos al día del fallecimiento del pensionado,
sino que se han de tomar los años compartidos en comunidad de pareja en
cualquier tiempo, pero no inferiores a cinco; eso sí, siempre y cuando, ante la
falta de convivencia al momento de la muerte, el solicitante demuestre que se
hace acreedor a la protección, en cuanto, tras la separación de hecho,
efectivamente siguió haciendo parte de la familia del pensionado o afiliado
fallecido,  y, por esta razón, su partida definitiva le ha generado esa
carencia económica, moral o afectiva, que es la que busca atender la seguridad
social y que justifica su intervención”[79].
72. En conclusión, al interior de la
Corte Suprema de Justicia se han sentado distintas posiciones sobre las
exigencias que comporta el requisito de la convivencia para el cónyuge separado
de hecho. De forma reciente, una de esas posturas ha entendido que, además de
presentarse la convivencia superior a cinco años en cualquier tiempo, el
cónyuge debe acreditar que pertenecía al grupo familiar del causante y que su
muerte le ocasionó de forma material un perjuicio económico o afectivo que
legitima su protección a través de la pensión de sobrevivientes. Condiciona, en
consecuencia, el reconocimiento pensional al establecimiento de una relación de
afecto entre quienes se encuentran separados de hecho.
El principio constitucional de no
reformatio in pejus
73. El artículo 31 de la Constitución
Política de 1991 precisó que “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o
consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá
agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.”
74. De este modo, en el marco
constitucional se incorporó la garantía de no reformatio in pejus, de
tal forma que, salvo especiales excepciones, al juez de segunda instancia solo
le está permitido pronunciarse sobre los puntos concretos que fueron recurridos
en apelación. Desconocer el principio implicaría castigar y desestimular el
ejercicio de una facultad constitucionalmente protegida[80], con
lo cual se vulnerarían las garantías de doble instancia, debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.
75. Sobre el particular, esta Corte
ha señalado las implicaciones del principio de no reformatio in pejus.
Así, ha explicado que la figura del apelante único, que engloba el principio
constitucional, no se refiere llanamente al número de sujetos que recurren una
decisión, sino que protege a los apelantes respecto de la naturaleza de sus
pretensiones en alzada.[81]
76. Del mismo modo, ha indicado que
quien apela “(…) tiene derecho a que tan solo se examine la sentencia en
aquello que le es desfavorable”[82]. Por otra parte,
también ha resaltado que el principio “(…) no solamente es aplicable en
materia penal, ni tampoco está limitada a las sentencias judiciales, sino que,
por el contrario, cobija otras ramas del Derecho (…)”[83].
77. Por este motivo, en materia
laboral tiene plena vigencia la protección constitucional estudiada. Véase, por
ejemplo, que la Corte Constitucional recordó que:
“(…) el artículo 87 del
Código de Procedimiento Laboral, reformado por el artículo 60 del decreto 528
de 1964, estableció que constituía una causal de casación el hecho de que la
sentencia contenga “decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte
que apeló de la primera instancia, o de aquélla en cuyo favor se surtió la
consulta.”
Pero, además, el artículo
35 de la ley 712 de 2002, que reformó el Código de Procedimiento Laboral,
incluyó un nuevo artículo, el 66-A, que establece: “Principio de consonancia.
La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados,
deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”,
con lo cual se incorporó en la misma ley procesal del trabajo la prohibición de
la reformatio in pejus”[84].
78. En síntesis, la protección que
integra la garantía establecida en el artículo 31 de la Constitución, implica
que el campo de decisión del juez de segunda instancia se encuentra restringido
por los límites establecidos por las pretensiones del recurso de alzada, en
cuanto no puede desmejorar la situación de quien es apelante único.
El grado jurisdiccional de consulta
en materia laboral
79. Al igual que con el recurso de
apelación, el artículo 31 de la Carta Política elevó el grado jurisdiccional de
consulta a rango constitucional. De este modo, estableció que todas las
decisiones podrán ser consultadas, salvo las circunstancias especiales que
contemple la ley. Por su parte, esta Corporación ha definido a la figura como:
“(…) una institución
procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del juez que ha dictado
una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado,
se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que
medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia,
y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta adolezca,
con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo, lo cual
significa que la competencia funcional del superior que conoce de la consulta
es automática, porque no requiere para que pueda conocer de la revisión del
asunto de una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido
instituida”[85].
80. Ahora bien, la legislación
laboral contempla dos escenarios en los que se activa esta figura procesal, a
saber:
“Las sentencias de primera
instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador,
afiliado o beneficiario serán necesariamente consultadas con el respectivo
Tribunal si no fueren apeladas.
También serán consultadas
las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al
Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que
la Nación sea garante. En este último caso se informará al Ministerio del ramo
respectivo y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la remisión del
expediente al superior.”[86]
81. Así las cosas, este grado
jurisdiccional “(…) implica un verdadero amparo para determinadas entidades
de derecho público y para el trabajador a quien la decisión de un juez de
primera instancia le desconoce la totalidad de la ‘causa petendi’”[87]. Ahora
bien, esta Corte ha explicado que la procedencia de la consulta, cuando se
condena al Estado, “(…) no está condicionada
a que se haya interpuesto el recurso de apelación”[88]. En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia ha
referido que:
“(ii) Para la tramitación del referido
grado jurisdiccional en los términos establecidos en el segundo inciso, basta
con que la sentencia del a quo sea condenatoria -siendo indiferente si lo fue
total o parcialmente-, e independientemente de que el fallo haya o no sido apelado
-frente a todas o algunas de las condenas impuestas-, pues en todo caso opera
la consulta, en tanto el colegiado de segundo grado tiene el deber de revisar,
sin límites, la totalidad de las decisiones que le fueren adveras a La Nación,
a las entidades territoriales, y descentralizadas en las que aquélla sea
garante”[89].
82. Por su parte, es claro que el grado jurisdiccional
de consulta no necesita actividad alguna de las partes del proceso. En
consecuencia, “al no requerir acto procesal para que opere, el juez carece
de límite para evaluar la decisión de primera instancia, es decir, que cuenta
con la competencia de estudiar todo el fallo. De allí que, el principio non
reformatio in pejus no es aplicable en la consulta”[90].
83. De este modo, el grado jurisdiccional
de consulta habilita al juez laboral a revisar la totalidad de situaciones y
disposiciones relacionadas en la decisión de primera instancia, como una medida
para garantizar la protección legal ordenada por el legislador.
Caso concreto
84. La señora Esther Luisa Méndez de
Urbina presentó acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, al considerar que la entidad vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital a través de la sentencia
que, en segunda instancia y siendo única apelante, revocó la decisión que la
había declarado como beneficiaria del 25% de la pensión de sobrevivientes de su
cónyuge Luis Guillermo Urbina Peña, para en su lugar no otorgarle ningún
derecho.
85. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia y la Sala de Casación Penal de la misma Corporación resolvieron
declarar improcedente el mecanismo constitucional, en primera y segunda
instancia respectivamente, al valorar que no se cumplía con el requisito de
subsidiariedad.
86. De conformidad con los antecedentes expuestos, se
analizará si en este asunto se satisfacen los requisitos formales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Luego, de
ser el caso, se examinará el cumplimiento de los parámetros de procedibilidad
material. En particular, si el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá incurrió en los defectos por violación directa de la Constitución,
sustantivo y por desconocimiento del precedente constitucional, y si con ello
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y
al mínimo vital de la señora Esther Luisa Méndez de Urbina. Esto a través de la
sentencia que, en segunda instancia del proceso ordinario laboral, siendo apelante
única, revocó el fallo que la había declarado como beneficiaria de la pensión
de sobrevivientes de su cónyuge Luis Guillermo Urbina Peña, por no haber
acreditado la vigencia de una relación de ayuda y solidaridad al momento del
fallecimiento de este.
Procedibilidad formal de la acción de tutela
87. Relevancia constitucional: El asunto
detenta relevancia constitucional, pues se cuestiona la decisión judicial a
través de la cual se dejó sin ningún tipo de derecho pensional a la accionante.
De este modo, se cuestiona si en el presente caso se vulneraron los derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de una persona que
ostenta la calidad de sujeto de especial protección constitucional.
88. De otro lado, también se examina la presunta
vulneración del derecho fundamental al debido proceso, por cuanto se plantea
que la Sala Laboral del Distrito Judicial de Bogotá decidió sobre puntos que no
habían sido reclamados por ninguno de los recurrentes a través del recurso de
apelación. Además, se discute si la decisión acusada desconoció el precedente
fijado por esta Corte en relación con el alcance de la pensión de sobreviviente
del cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal vigente, consagrada en el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
89. Agotamiento de todos los recursos ordinarios y
extraordinario: La accionante no empleó el recurso extraordinario de
casación que, en virtud de la cuantía de las pretensiones, tenía a su alcance. En
efecto, la Sala de Casación Laboral ha explicado que el interés económico del
demandado para acudir a casación está dado por el monto de lo desfavorable en
la sentencia de segunda instancia. A su vez, ha explicado que en materia
pensional la tasación que se efectúe debe tener en cuenta la expectativa de
vida del recurrente, en atención a la naturaleza del derecho prestacional.[91]
90. Así pues, en esta ocasión la fijación del interés
para acudir a casación parte del monto total de la mesada pensional reclamada.
Esto por cuanto la afectación a Esther Luisa Méndez de Urbina se constituyó al
desaparecer su participación en el derecho prestacional, aun cuando con su
apelación pretendía obtener la totalidad de aquel. En la misma medida, conforme
a la edad de la accionante al momento del fallo de segunda instancia, la expectativa
de vida en ese instante ascendía a 20,2 años.[92]
Con base en estos parámetros, el resultado de la tasación supera el monto
mínimo para acudir al recurso extraordinario. Veamos:
Fecha de nacimiento
Fallo de segunda instancia
Edad
Expectativa de vida
Cantidad de meses
Mesada
Valor incidencia futura
120 SMLMV
(2017)
05/07/1949
13/09/2017
68 años
20,2 años
242
$1.059.100
$256.302.200
$88.526.040
91.
Aunado a lo anterior, se encuentra que fue la misma autoridad competente para
conocer de la casación, la que estimó que la accionante cumplía los requisitos
para acudir a ese escenario procesal y, por ello, declaró improcedente el
mecanismo constitucional.
92. No obstante, como se vio en el recuento
jurisprudencial realizado en las consideraciones de esta decisión, el juez de
tutela debe analizar la idoneidad y eficacia de los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial, a la luz de las condiciones particulares
del asunto concreto.
93. En este caso, la Sala advierte que la solicitante
es sujeto de especial protección constitucional en razón de su edad, estado de
salud y situación socioeconómica. En efecto, se trata de una adulta mayor de 69
años[93]; que no se encuentra en edad, ni goza de las condiciones físicas y de
salud[94]
para poder trabajar; quien, además, cuenta con un bajo nivel de escolaridad[95] y depende de su hija
para su sostenimiento[96].
94. Si bien se alega que la solicitante fue
propietaria de la vivienda que habita con su hija y nieto, esta circunstancia
no desvirtúa por sí sola su vulnerabilidad económica, pues no está acreditado
que esta produzca algún tipo de renta para ella. [97] Asimismo, toda vez que
la Constitución reconoce el derecho a contar con una vivienda digna[98], no puede esta
Corporación emplear esta garantía como un elemento contra su titular.
95. De igual manera, la Corte encuentra que desde la
expedición de la resolución GNR 202213 del 7 de julio de 2015 la accionante ha
soportado dos años de trámite procesal ordinario en primera y segunda
instancia. De esta manera, la demandante ya realizó un esfuerzo personal
importante que en este escenario adquiere especial relevancia y que no puede
ser desconocido por el juez constitucional, máxime si el mecanismo
extraordinario de defensa no brinda la posibilidad de acceder a medidas cautelares
que le permitan disfrutar provisionalmente del beneficio pensional reclamado.[99]
96. Finalmente, en criterio de la Sala el tiempo que demoraría
la resolución del recurso extraordinario de casación podría hacer nugatorio el
derecho a la seguridad social en pensiones de la solicitante, en virtud de las
especiales condiciones de salud que padece.[100]
Entre las medidas que el juez constitucional puede adelantar para mitigar los
obstáculos que pesan sobre un sujeto de especial protección constitucional, se
encuentra la de permitir el disfrute pronto y efectivo de sus derechos
fundamentales cuando sus especiales y excepcionales condiciones personales así
lo requieran.
97. Bajo esta óptica, se concluye que en el presente
asunto el recurso extraordinario de casación no era idóneo y eficaz respecto de
la señora Esther Luisa Méndez de Urbina. Así, en atención a las características
de la accionante, se da por superado el requisito formal de subsidiariedad.
98. Inmediatez: La demanda cumple con el
requisito de inmediatez. En efecto, se avizora que la sentencia de la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá fue proferida el
13 de septiembre de 2017 y la acción de tutela fue promovida el 27 de octubre
del mismo año. Así, se concluye que tan solo transcurrieron 45 días, tiempo que
se tiene como razonable.
99. La presunta irregularidad procesal tiene un
efecto decisivo en la sentencia: Revisadas las decisiones judiciales
ordinarias, se encuentra que la revocatoria de la sentencia de primera instancia
respecto de puntos que no fueron recurridos a través de apelación, se tiene por
la accionante como un probable efecto decisivo en la sentencia.
100. Identificación de manera razonable tanto de
los hechos que generaron la vulneración como los derechos infringidos y que
hubiere alegado tal situación en el proceso judicial siempre que esto hubiese
sido posible: La accionante cumplió con la carga mínima frente a la
sustentación de los motivos que en su criterio ocasionaron la infracción de sus
derechos constitucionales. Asimismo, de lo afirmado en el escrito de
tutela se logra derivar razonablemente que el hecho a través del cual
posiblemente se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social y al mínimo vital fue la sentencia, que en segunda instancia y
al interior del proceso ordinario laboral, emitió la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá. Frente a la alegación de la irregularidad al interior del
proceso ordinario, dicha carga no le es exigible al accionante, pues, como
concluyó la Sala, el recurso extraordinario de casación no es idóneo y eficaz
para la protección de sus derechos.
101. La acción no se dirige contra una sentencia de
tutela: En esta ocasión la demanda se dirige contra una sentencia ordinaria
laboral.
Procedibilidad
material de la acción de tutela
102. En atención a los antecedentes que preceden la
acción de tutela, los argumentos de la sentencia dictada por la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá y los elementos normativos y jurisprudenciales
que reglamentan el asunto, se encuentra que la providencia demandada no
desconoció directamente la Constitución. No obstante, se advierte que sí
incurrió en defecto sustantivo y, además, en desconocimiento del precedente
constitucional. A tal conclusión se llegó luego de considerar las razones que
se exponen a continuación:
103. En el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de
Bogotá se adelantó un proceso ordinario laboral promovido por María Mercedes
Peñuela Urbina, que alegó haber formado con el señor Guillermo Urbina Peña una
unión marital de hecho desde el año de 1982 hasta el momento del fallecimiento
de su compañero en el 2015. Asimismo, en el proceso fueron demandados
Colpensiones y la señora Esther Luisa Méndez de Urbina, como cónyuge del causante.
104. Adelantado el trámite probatorio correspondiente,
el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá encontró que la cónyuge del
pensionado convivió con él desde 1974 hasta 1984. A su vez, que la demandante,
María Mercedes Peñuela Urbina, cohabitó con el señor Guillermo Urbina Peña
desde 1984 hasta el 2015.
105. Por esta causa la autoridad judicial, mediante
sentencia del 5 de julio del 2017, declaró como beneficiaria del 75% de la
pensión de sobrevivientes a la señora María Mercedes Peñuela Urbina como
compañera permanente del señor Guillermo Urbina Peña y le otorgó el 25% de la
mesada restante a la señora Esther Luisa Méndez de Urbina. Frente a esta última
recordó que la normatividad nacional otorga derecho sobre la prestación
pensional al cónyuge separado de hecho que mantenga una sociedad conyugal con
el causante, siempre que haya convivido con este durante cinco años en
cualquier tiempo.
106. Esta decisión fue apelada por Colpensiones y
Esther Luisa Méndez de Urbina. La administradora de pensiones recurrió el fallo
frente a la condena en costas y al pago retroactivo de la diferencia entre lo
otorgado por ella y lo reconocido por la autoridad judicial desde el
fallecimiento del causante a la señora María Mercedes Peñuela Urbina. Esther
Luisa Méndez de Urbina consideró, por su parte, que la providencia no valoró
las pruebas que demostraban la convivencia con el pensionado hasta el año 2012
y bajo las cuales tenía derecho a la totalidad de la pensión de sobrevivientes.
107. El 13 de septiembre de 2017 el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, mediante el fallo aquí discutido, revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, dispuso reconocer como acreedora
del 100% de la pensión de sobrevivientes a la señora María Mercedes Peñuela
Urbina. La Sala Laboral encontró satisfechos los presupuestos de reconocimiento
de la prestación respecto de la compañera permanente, mientras que frente a la
señora Méndez de Urbina no advirtió la presencia de elementos de juicio que le
permitieran inferir que esta hacía parte de la familia del pensionado al
momento de su muerte.
108. De este modo, la Corte empezará por estudiar si
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá incurrió en defecto por
violación directa de la Constitución. Posteriormente, analizará si el fallo
cuestionado incursionó en defecto sustantivo y en desconocimiento del
precedente constitucional.
109. En relación con el primer cargo, la Sala advierte
que, al proferir la sentencia atacada, el Tribunal precisó que conocería del
trámite de la apelación, sin perjuicio de hacer lo propio con la consulta, pues
su agotamiento es ineludible por estar comprometida una entidad de orden
público como Colpensiones. La autoridad judicial, de este modo, debía revisar
de manera oficiosa cada una de las relaciones jurídicas bajo las cuales se
condenó a la administradora de pensiones. En efecto, toda vez que los derechos
de la cónyuge y de la compañera permanente son independientes entre sí, el
Tribunal Superior de Bogotá estaba obligado a verificar que ambas solicitantes
cumplieran por separado los requisitos para acceder a la pensión reclamada.
110. Al iniciar el estudio, la Sala Laboral encontró
que la cónyuge supérstite no satisfacía los requisitos de acceso a la
prestación y, por ello, revocó la condena que había impuesto el a quo en
su favor. Seguidamente, advirtió que, por el contrario, la compañera permanente
reunía los presupuestos normativos dispuestos en el ordenamiento jurídico para
el otorgamiento de la sustitución pensional. Por esa razón, confirmó el
reconocimiento de la prestación frente a ella, y solo como consecuencia de la
desaparición del derecho pensional de la cónyuge, le otorgó el 100% de la
mesada.
111. La actuación del Tribunal, en ese sentido, fue
acertada frente a su competencia en consulta, pues como se advirtió en los
fundamentos normativos de esta providencia, cuando una entidad pública resulta
condenada, ese grado jurisdiccional se debe surtir de forma necesaria. La
autoridad que conoce de este trámite, además, se encuentra facultada para
estudiar la legalidad de la totalidad de las decisiones proferidas por el juez
de instancia, ya que su competencia no está condicionada por los motivos de la
apelación (supra 81).
112. La Sala Laboral, en suma, no estaba atada por el
recurso de alzada interpuesto por la accionante y podía, en consecuencia,
establecer si los reconocimientos prestacionales efectuados a la cónyuge y a la
compañera permanente tenían respaldo legal y probatorio. Entonces, en tanto los
efectos de cada uno de los vínculos jurídicos afectaba a Colpensiones, era
deber del Tribunal velar por la protección del interés y del patrimonio público
pues, finalmente, ese es el propósito de la consulta.
113. Así las cosas, como el Tribunal Superior de
Bogotá se encontraba habilitado para revisar de forma integral la decisión del
Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá en virtud del artículo 69 del
Código Procesal del Trabajo, no se desconoció el principio de no reformatio
in pejus. Según se explicó en los fundamentos de esta decisión, la garantía
de no agravación no es absoluta, ya que existen especiales escenarios en que no
tiene aplicación. Uno de ellos, concretamente, es el grado jurisdiccional de
consulta. El cargo, en consecuencia, no prospera.
114. Pasa la Sala a estudiar si el Tribunal Superior
de Bogotá incurrió en defecto sustantivo. La Corte observa que la autoridad
judicial accionada sustentó su decisión en los presupuestos particulares
establecidos por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justica
para la resolución de estos asuntos. De este modo, expuso que además de los
cinco años de convivencia en cualquier tiempo con el causante que exige la
legislación, la señora Méndez de Urbina debía probar, en su calidad de cónyuge
supérstite, que se hacía acreedora a la protección en cuanto efectivamente
continuó haciendo parte de la familia del señor Luis Guillermo Urbina Peña al
momento de su fallecimiento y, por esa razón, su muerte le generó la carencia
económica, moral o afectiva que busca proteger la sustitución pensional.
115. Al respecto, cabe precisar que la Ley 797 de
2003, en contraste con el texto original de la Ley 100 de 1993, amplió la
regulación en cuanto el derecho pensional que le asiste al cónyuge y a la
compañera o compañera permanente. En efecto, la norma estableció que:
“En caso de convivencia simultánea en los
últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una
compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la
pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de
hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido
con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años
antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la
cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;”[101].
116. A partir de la norma transcrita se infiere que el
legislador fue claro en afirmar que, ante la inexistencia de convivencia
simultánea, la compañera o compañero permanente accederá a la prestación de
forma proporcional al tiempo de convivencia acreditado, siendo explicita en
señalar que quien ostente esta calidad deberá haber cohabitado con el causante
siempre en los cinco años anteriores a su muerte. Consecuentemente, el resto
del derecho pensional le corresponde al cónyuge con el cual persiste la
sociedad conyugal.
117. Si bien la Corte Suprema de Justicia ha
argumentado razonablemente la exigencia de cinco años de convivencia
inmediatamente anteriores al fallecimiento del pensionado entre este y la
compañera permanente, y ha exigido el mismo periodo de tiempo de convivencia en
cualquier tiempo para el cónyuge[102],
la disposición no permite colegir el requisito adicional consistente en la
pertenencia del cónyuge a la familia del afiliado al momento del deceso, pues
en el último aparte del literal b del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 el
legislador previó justamente la hipótesis contraria para acceder a la
prestación, esto es, la separación de hecho entre los contrayentes.
118. Entonces, para la Sala se advierte que a partir
de la ley no es posible inferir razonablemente el requisito exigido por el
Tribunal Superior de Bogotá a la accionante. Por el contrario, el ejercicio
deductivo realizado contradice claramente la excepción que estableció el
Congreso de la República. Esto por cuanto el legislador excluyó la obligación
de presentar la convivencia en el tiempo inmediatamente anterior a la muerte
del pensionado para el cónyuge que mantenga una sociedad conyugal vigente con
él, siendo necesario únicamente para el esposo o la esposa haber convivido
durante cinco o más años con el causante en cualquier momento.
119. De este modo, la Corte concluye que el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá incurrió en defecto sustantivo al
exigirle a la señora Esther Luisa Méndez de Urbina un requisito que no se
encuentra contemplado en la ley, para poder acceder a la sustitución pensional.
En consecuencia, el cargo prospera.
120. Finalmente, esta Sala analizará si la autoridad
judicial accionada incurrió en defecto por desconocimiento del precedente
constitucional. En la decisión cuestionada el Tribunal Superior de Bogotá
acogió una postura en vigor al interior de Sala de Casación Laboral, según la
cual el cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal vigente deberá probar,
además de los cinco años de convivencia en cualquier tiempo con el causante,
que continuaba haciendo parte de la familia del afiliado fallecido y, por esa
razón, su muerte le generó la carencia económica, material o afectiva que busca
proteger la sustitución pensional.
121. La posición jurisprudencial asumida por la Corte
Constitucional, por el contrario, ha sido consistente en requerir al cónyuge
separado de hecho solamente las obligaciones establecidas en el inciso tercero
del literal b del artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Al respecto, este Tribunal
en las sentencias T-090 de 2016, T-128 de 2016, T-236 de 2016, T-015 de 2017 y
T-076 de 2018 estudió asuntos semejantes al presente y valoró como requisitos
únicos para el cónyuge la convivencia superior a cinco años en cualquier tiempo
y la vigencia de la sociedad conyugal (Consideraciones 56 a 65 supra).
122. En este punto, es pertinente reiterar que esta
Corporación construyó su precedente a partir de la interpretación que la Corte
Suprema de Justicia hizo del inciso tercero del literal b del artículo 47 de la
Ley 100 de 1993 en la sentencia dictada el 29 de noviembre de 2011 en el
radicado 40055. En efecto, en esa decisión la Sala de Casación Laboral
consideró que los cinco años de convivencia pedidos al cónyuge podían presentarse
en cualquier tiempo, pues la separación de hecho implicaba que la vida común
entre los cónyuges había cesado. La tesis de la Corte Suprema sostenía que:
Para la Corte no tendría ningún sentido y,
por el contrario, seria (sic) carente de toda lógica, que al tiempo que el
legislador consagra un derecho para quien “mantiene vigente la unión conyugal
pero hay una separación de hecho”, se le exigiera a esa misma persona la
convivencia en los últimos cinco (5) años de vida del causante; porque es
apenas obvio que, cuando se alude a la separación de hecho, sin lugar a
hesitación se parte del supuesto de que no hay convivencia, ya que en eso
consiste la separación de hecho: en la ruptura de la convivencia, de la vida en
común entre los cónyuges.”[103]
123. Pese a que la postura asumida por autoridad
judicial accionada respeta la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de
Justicia sobre la materia, la Sala Octava de Revisión advierte que el fallo
cuestionado contradice el precedente constitucional fijado por esta Corporación
frente a los requisitos exigibles al cónyuge separado de hecho con sociedad
conyugal vigente que pretende el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes, pues le reclama a la accionante la satisfacción de un
presupuesto que no está contemplado en la ley.
124. Como se ha reiterado, en su precedente esta Corte
ha considerado que la disposición establecida en el inciso tercero del literal
b del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 se encuentra conforme a la
Constitución. Al mismo tiempo, las decisiones de revisión de tutela reseñadas
han sido consistentes en que el acceso al beneficio pensional solamente se
encuentra limitado por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
legislación. Entonces, establecer que el cónyuge con sociedad conyugal vigente
requiere pertenecer a la familia del pensionado para poder acceder a la pensión
desconoce que, tal como lo ha contemplado esta Corte, “(…) la separación de hecho
suspende los efectos de la convivencia y el apoyo mutuos, pero no los de la sociedad
patrimonial (…)”[104].
125. Se advierte, en suma, que el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá incurrió en desconocimiento del precedente
constitucional, al no tomar en cuenta la postura asumida por la Corte
Constitucional frente a los requisitos exigibles al cónyuge supérstite separado
de hecho con sociedad conyugal vigente.
126. Así las cosas, la sentencia proferida el 13 de
septiembre de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en el
trámite ordinario de María Mercedes Peñuela Urbina contra Esther Luisa Méndez
de Urbina y Colpensiones incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente constitucional. Con ello vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de la señora Esther
Luisa Méndez de Urbina.
127. En consecuencia, se revocarán
las decisiones constitucionales de instancia y, en su lugar, se concederá el
amparo de los derechos conculcados. La Corte dejará sin efecto la sentencia
proferida el 13 de septiembre de 2017 por el Tribunal Superior de Bogotá y
ordenará que en un tiempo prudencial esa Corporación resuelva nuevamente sobre
la apelación y decida lo que estime pertinente frente al grado jurisdiccional
de consulta, observando las consideraciones incluidas en la presente decisión,
referidas a la aplicación de lo dispuesto en el inciso tercero del literal b
del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y el precedente que sobre el
reconocimiento de la pensión para el cónyuge separado de hecho y con sociedad
conyugal vigente ha fijado la Corte Constitucional.
III. DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones expuestas, la
Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia dictada en
segunda instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
del 13 de marzo de 2018, que confirmó el proveído del 15 de noviembre del 2017
proferido en primera instancia por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia en el trámite de la referencia y, en su lugar, TUTELAR
los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo
vital de la señora Esther Luisa Méndez de Urbina.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 13 de
septiembre de 2017, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por María Mercedes
Peñuela Urbina contra Colpensiones y Esther Luisa Méndez de Urbina.
TERCERO.- ORDENAR a la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá que, en el término de veinte (20) días contados a
partir de la notificación de la presente providencia, resuelva nuevamente sobre
la apelación y decida lo que estime pertinente frente al grado jurisdiccional
de consulta, observando las consideraciones realizadas por la Corte
Constitucional en la presente decisión. En especial, aquellas referidas a la
aplicación de lo dispuesto en el inciso tercero del literal b del artículo 47
de la Ley 100 de 1993 y el precedente que sobre el reconocimiento de la pensión
para el cónyuge separado de hecho y con sociedad conyugal vigente ha fijado
esta Corporación.
CUARTO.- ORDENAR que por la Secretaría
General de esta Corporación se devuelva el expediente contentivo del proceso
ordinario laboral promovido por María Mercedes Peñuela Urbina contra Esther
Luisa Méndez de Urbina y Colpensiones, radicado 11001310500720160008701, al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a efectos de que proceda
según lo decidido.
QUINTO.- Por Secretaría General, LÍBRESE la
comunicación a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de voto
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA T-409/18
PENSION DE SOBREVIVIENTES Y REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD-Accionante no tenía posibilidad de acudir al recurso
extraordinario de casación pues el interés para recurrir no superaba el monto
de los 120 salarios mínimos (Aclaración de voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo y violación
directa de la Constitución por el desconocimiento de la garantía de la non
reformatio in pejus (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente T-6.750.743
Magistrado Ponente:
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
En atención a la decisión adoptada por la Sala Octava
de Revisión de Tutelas en el caso de la referencia, me permito presentar
aclaración de voto. Si bien estoy de acuerdo con el amparo de los derechos
fundamentales de la accionante, considero que el análisis de los siguientes
aspectos debió haber sido distinto, como paso a exponerlo:
I.
Con relación al
requisito de subsidiariedad
1.       La sentencia indica que la accionante no
agotó el recurso extraordinario de casación que tenía a su alcance. Ello en
razón a que en el proceso laboral las pretensiones de la señora Ester Luisa
Méndez de Urbina superaron la cuantía requerida para recurrir en casación. Sin
embargo, indicó que la casación no era un medio idóneo y eficaz para el caso,
pues por la particular condición de la accionante se satisfacía el requisito de
subsidiariedad.
2.       Considero que en este caso sí se satisface
el requisito de subsidiariedad, pero por motivos distintos. En mi concepto, la
accionante sí agotó los recursos que tenía a su alcance, en razón a que sus
pretensiones no superaron el monto mínimo para recurrir en casación, y por
ende, no podía hacer uso de dicho recurso extraordinario. Esta afirmación se
fundamenta en lo siguiente:
i)
En este caso, el fallo
afirma que el análisis del interés jurídico de la accionante, se debe hacer
desde la perspectiva de un sujeto demandado dentro del proceso laboral.
Por ello, en la sentencia se indica que el interés jurídico de la accionante
corresponde al monto total de la mesada pensional reclamada.
ii)
No obstante, considero
que lo pertinente era calcular el interés jurídico de la accionante, desde la
perspectiva de un sujeto demandante dentro del proceso laboral.
iii)
Lo dicho se sustenta en
que la Corte Suprema de Justicia ha explicado que: “el interés jurídico para recurrir en casación está
determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada,
que, tratándose del demandado, se traduce en la cuantía de las resoluciones que
económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, en el monto de las
pretensiones que hubiesen sido negadas por la sentencia que se pretende
impugnar, en ambos casos, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del
interesado respecto del fallo de primer grado.” [105].
iv)
En casos como el
presente, la cónyuge y la compañera permanente alegan su condición de presuntas
beneficiarias del derecho pensional que debe ser reconocido y pagado por la
administradora de pensiones. Por tal motivo, el cálculo del interés jurídico
para recurrir de la cónyuge y la compañera permanente se debe equiparar en una
misma condición de demandantes ante la administradora de pensiones.
v)
La forma de calcular el
interés jurídico para recurrir de la parte demandada solamente se puede aplicar
a la administradora de pensiones, pues es quien se ve perjudicada económicamente
por el monto total de la condena.
vi)
Por tanto, en el caso
de la señora Ester Luisa Méndez de Urbina, el interés jurídico se debía fijar
según el agravio que habría sufrido, en su calidad de impugnante, con la
sentencia de segunda instancia del proceso laboral.
vii)      La Corte Suprema de Justicia ha explicado
que, en materia pensional, cuando el Tribunal disminuye la condena que le fue
favorable al demandante en primera instancia, “su interés será el
equivalente a la diferencia entre el valor de la condena de primer grado y el
de la segunda instancia”[106].
En el presente caso el interés jurídico para recurrir se debía calcular con el
monto de la diferencia entre el valor del 25%  pensional que le fue reconocido
en primera instancia y el 0% que le fue otorgado en segunda instancia.
viii)    Por lo anterior, considero que el interés
para recurrir de la accionante no superaba el monto de los 120 salarios mínimos
legales mensuales vigentes para el año 2017. En consecuencia, a mi juicio, la
tutelante no tenía la posibilidad de acudir al recurso de casación y, por ello,
se habría superado el requisito de subsidiariedad.
3.       Sin perjuicio de lo expuesto, aclaro que,
en mi concepto, la accionante no se encuentra en una situación de
vulnerabilidad. Por tanto, no era pertinente superar el requisito de
subsidiariedad por las razones propuestas en la sentencia. Sustento mi
afirmación en que:
i)       Al revisar el expediente se encuentra que
la historia clínica de la accionante indica que su “estado general de salud
es bueno” y no se registra que presente alguna situación de riesgo;
ii)    en la página web de ADRES y RUAF se
encuentra que la accionante es cotizante activo y principal desde el año 2016
en el régimen contributivo;
iii)  la accionante acreditó que dependía económicamente de
su hija, quien tenía un trabajo estable y devengaba un salario de $1.700.000.
Además, se demostró que vivían en casa propia; y
iv)  revisada la página web del SISBEN la accionante tiene
un puntaje de 57,90, del que no es posible inferir una situación de riesgo
derivada de su situación socioeconómica.
II.
En cuanto al
Grado Jurisdiccional de Consulta
Comparto la decisión de amparar los derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de la
tutelante. Ello en razón a que la sentencia del Tribunal en cuestión sí
incurrió en un defecto sustantivo y desconocimiento del precedente
constitucional. Sin embargo, aclaro mi voto pues considero que también se
acreditó el defecto de violación directa de la Constitución por el
desconocimiento de la garantía de la non reformatio in pejus, por las
siguientes razones:
1.     La sentencia afirma que, el Tribunal en el
grado jurisdiccional de consulta tiene la facultad de revisar de forma integral
la decisión de la primera instancia y que, por ello, no se vulnera el debido
proceso, ni el principio de non reformatio in pejus.
2.     No estoy de acuerdo con esa conclusión pues
considero que en el escenario de una consulta a favor de Colpensiones, el
Tribunal solamente estaba facultado para analizar los intereses de dicha entidad,
que en este caso se circunscribía a determinar si se debía imponer condena en
su contra o no;  es decir, si existía el derecho o no, so pena de desconocer la
garantía a la non reformatio in pejus[107].
3.     Así las cosas, con la consulta a favor de
Colpensiones, el Tribunal no tenía la facultad de modificar el porcentaje que
le correspondía a cada beneficiaria, pues con ello se vulneraba el principio de
non reformatio in pejus, más aun cuando la accionante, en el proceso
laboral, había apelado la decisión de primera instancia.
Fecha ut supra,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] Buscando
ofrecer una comprensión integral de los antecedentes fácticos en el presente
asunto, los hechos del escrito de tutela se complementaron con la información
que obra en el expediente.
[2] Cuaderno
de primera instancia, folio 40.
[3]
Cuaderno del trámite de revisión, folios 17 y 18.
[4] Al
escrito se acompañan como anexos los siguientes documentos: copia del registro
civil de nacimiento de Esther Luisa Méndez de Urbina, copia del registro civil
de nacimiento de Lida Nury Urbina Méndez (hija de la accionante), copia del
registro civil de nacimiento de Michael Estiven Urbina (nieto de la
accionante), copia de la cédula de ciudadanía de Esther Luisa Méndez de Urbina,
copia de la historia clínica de Esther Luisa Méndez de Urbina, copia de la
constancia de vinculación laboral de Lida Nury Urbina Méndez con Droguerías y
Farmacias Cruz Verde S.A.S. y declaración extraprocesal rendida por Lida Nury
Urbina Méndez ante la Notaría Cuarta del Círculo de Bogotá.
[5]
Lida Nury Urbina Méndez labora como regente de farmacia y percibe mensualmente
$ 1.652.000. La información obra a folio 74 del cuaderno de revisión.
[6]
Cuaderno del trámite de revisión, folio 34.
[7] El
13 de julio del 2018, la señora María Mercedes Peñuela Urbina arrimó nuevamente
a la Secretaría General de esta Corporación el escrito radicado, luego de
percatarse de unos yerros en los nombres de las personas relacionadas. A su
vez, esta Corporación encuentra que el oficio OPTB-1739, correspondiente al
número de guía YG196760312CO, fue notificado el 6 de julio de 2018. En
consecuencia, la respuesta se dio dentro del término establecido.
[8] Sobre
la facultad del juez constitucional para interpretar la acción de tutela se
puede ver la sentencia SU-585 de 2017.
[9] Constitución
Política de Colombia, artículo 86.
[10] Sentencia
T-454 de 2015.
[11]
Sentencia T-079 de 2018.
[12] Sentencia
T-454 de 2015.
[13]
Sentencia T-173 de 1993.
[14]
Sentencia T-504 de 2000.
[15]
Ver entre otras la sentencia T-315 de 2005.
[16] Sentencias
SU-159 de 2000 y T-008 de 1998.
[17]
Sentencia T-658 de 1998.
[18] Sentencia
C-590 de 2005.
[19] En
concreto el artículo 6 del Decreto 2591, dispone: “Cuando
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.”
[20] Ibídem.
[21]
Sentencia SU-424 de 2012. A pesar de la afirmación en cita, la providencia
judicial declaró procedente el mecanismo en el asunto concreto al considerar
que al juez constitucional le corresponde “(…) intervenir para garantizar,
de manera residual y subsidiaria, en los procesos ordinarios o contencioso
administrativos, la aplicación de los derechos fundamentales (…)”.
[22] Al
respecto se pueden consultar las sentencias T-464 de 2016, T-629 de 2015, T-401
de 2015 y SU-056 de 2018.
[23] Sentencia
T-464 de 2016.
[24] Sentencia
T-714 de 2011.
[25] Sentencia
T-352 de 2012.
[26] Sentencia
T-228 de 2014.
[27] Sentencia
T-401 de 2015.
[28] Sentencia
T-464 de 2016.
[29] En
el mismo sentido se pueden consultar las sentencias SU-1073 de 2013, T-410 de
2014, T-629 de 2015 y T-408 de 2016, entre otras. De igual forma, en la
sentencia T-774 de 2015  la Corte cuestionó la idoneidad y eficacia del proceso
ordinario laboral debido a la ausencia de un mecanismo de medidas cautelares
que permitiera el reconocimiento provisional de la prestación y, en su parte
resolutiva, exhortó al Congreso de la República “para que dentro del año
siguiente a la comunicación de esta sentencia estudie la incorporación de un
mecanismo de medidas cautelares en el proceso ordinario laboral que permita el
reconocimiento y pago provisional de una pensión frente a las personas que
buscan la garantía del derecho prestacional por esa vía. Lo anterior, en
cualquier etapa del proceso y hasta tanto quede ejecutoriada la sentencia que
se profiera en el trámite” (fundamentos jurídicos 176 a 179 y 324 a
329).
[30] Sentencia
T-267 de 2013.
[31] Sentencia
T-620 de 2013.
[32] Sentencia
T-781 de 2011.
[33] Ibídem.
[34]
Sentencia T-863 de 2013.
[35] Sentencia
T-416 de 2016.
[36] Sentencia
T-462 de 2003.
[37] Sentencia
T-090 de 2017.
[38] Sentencia
T-319A de 2012.
[39] Constitución
Política de 1991, artículo 4.
[40] Sentencia
T- 369 de 2015.
[41] Ibídem.
[42] Al
respecto, ver entre otras, las Sentencia T-199 de 2005, T-590 de 2009 y SU-198
de 2013 y T-809 de 2010.
[43]
Sentencia T-369 de 2015.
[44] Sentencia
SU-198 de 2013.
[45]
Sentencia SU-539 de 2012 y T-191 de 2009.
[46]
Sentencia T-784 del 2000.
[47] Sentencia
T-022 de 2018.
[48] Constitución
Política de Colombia, artículo 1: “Colombia es un Estado social de derecho,
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de
sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”
[49] Sentencia
T-690 de 2014.
[50] Sentencia
T-539 de 2009.
[51]
Artículos 2, 5, 13 de la Constitución. Véase la sentencia C-575 de 1992.
[52]
Artículo 366 de la Constitución.
[53] Sentencia
T-628 de 2007
[54] Constitución
Política de Colombia, artículo 48: “La Seguridad Social es un servicio
público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación
y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad
y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.”
[55] Ley
100 de 1993, artículo 6.
[56]
Sentencia SU-130 de 2013
[57] Ley
100 de 1993, artículo 10.
[58]
Sentencia T-110 de 2011.
[59]
Ibídem.
[60]
Ibídem.
[61]
Sentencia T-074
de 2016.
[62] Sentencia
C-336 de 2014.
[63] Sentencia
C-336 de 2014.
[64]
Sentencias T-278 de 2013, T-641 de 2014
[65] Al
respecto, se puede señalar que la Corte Constitucional sustentó sus decisiones
en los motivos que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia expuso desde
el año 2011 hasta el 2015 –las decisiones se reseñan en el siguiente
acápite-.  En las providencias se exaltaba la claridad de la norma en
cuanto a que la convivencia se podía presentar en cualquier tiempo.
[66]
Incisos 2 y 3 del Artículo 47 de la Ley 100 de 1993, literal b) “Si respecto de
un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad
anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá
entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de
convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del
causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la
beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o
el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión
conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente
podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un
porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando
haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante.
La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la
sociedad conyugal vigente”. (aparte subrayado condicionalmente exequible bajo
el entendido de que en los eventos de convivencia simultánea, la mesada
pensional será divida proporcionalmente a la convivencia del causante con su
cónyuge y compañero permanente)
[67]
Sentencia T-236 de 2016.
[68]
Con independencia de que exista separación material de cuerpos y de la sociedad
conyugal.
[69]
Sentencia T-266 de 2017.
[70] La
providencia hace referencia a la Corte Suprema de Justicia.
[71] En
ese sentido se ha pronunciado, no solo la Corte Suprema de Justicia (Radicado
40055, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza, 29 de noviembre de 2011), sino esta
Corporación en sentencias como las que siguen: T-128 de 2016, T-706 de 2015,
T-504 de 2015, T-641 de 2014, T-278 de 2013, entre otras.
[72] En
el mismo sentido, el Consejo de Estado ha fijado que el derecho pensional del
cónyuge separado de hecho se encuentra sujeto solamente a la acreditación de
los requisitos establecidos en la ley. Esto es, la convivencia durante cinco o
más años en cualquier tiempo. Al respecto, se pueden consultar las sentencias
de la Subsección B, Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo, radicados 250002342000201304442 01; 11001-03-15-000-2016-01576-00(AC)
y 250002342000201401905 01.
[73]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, radicación número 32393
del 20 de mayo de 2008.
[74]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, radicación número 40055
del 29 de noviembre de 2011.
[75]
Ibídem.
[76]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, radicación número 41637
del 24 de enero de 2012.
[77] Cabe aclarar, no obstante, que la posición asumida por la
Sala de Casación Laboral sobre esta nueva exigencia no es unívoca. Véase, por
ejemplo, que en sentencias posteriores como la SL3505-2018, SL1399-2018, y
SL16419-2017 esa misma autoridad judicial no ha hecho referencia a este
requisito de forma contundente.
[78]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, radicación número 47173
del 15 de septiembre de 2015.
[79]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, SL16949-2016, radicación
número 46478 23 del 23 de noviembre 2016. En el
mismo sentido, en sentencia con radicación número 53212 del 3 de octubre
de 2017, el Tribunal señaló que“(…) no es
suficiente con que el vínculo matrimonial se encuentre vigente con la cónyuge,
dado que se requiere que se tenga la convivencia real y efectiva para el
momento de la muerte, específicamente durante el lapso que refiere el artículo
13 de la Ley 797 de 2003, esto es, los cinco años anteriores al fallecimiento,
pero si bien se ha admitido jurisprudencialmente que esos cinco años pueden
cumplirse en cualquier tiempo, ello solamente tiene cabida cuando tras la
separación de hecho, efectivamente los esposos continuaron permanentemente con
lazos afectivos, morales, de socorro y ayuda mutua”. Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral, SL15932-2017, radicación 53212 del 3 de
octubre de 2017.
[80] Sentencia
T-455 de 2016.
[81] Sentencia
T-474 de 1992.
[82]
Sentencia C-055
de 1993.
[83] Sentencia
T-233 de 1995.
[84]
Sentencia T-057 de 2004.
[85] Sentencia
C-968 de 2003.
[86] Decreto
Ley 2158 de 1948, artículo 69, modificado por la Ley 1149 de 2007.
[87] Sentencia
T-1029 de 2012.
[88]
Sentencia C-968 de 2003.
[89] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia STL7832-2015,
radicación número 40200 del 9 de junio de 2015.
[90]
Sentencia C-968 de 2003.
[91] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, AL-1544 de 2017, radicación
número 77601 del 9 de agosto de 2017.
[92] Conforme
lo establece la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia este
factor se obtiene de las tablas de mortalidad emitidas por la Superintendencia
Financiera (auto AL767-2018).
[93] La
cédula de ciudadanía obra en el folio 39 del cuaderno de revisión.
[94] La
documentación que acredita su estado de salud obra en los folios 40 a 73 del
cuaderno de revisión.
[95] Audio
contentivo de la audiencia adelantada por el Juzgado Séptimo Laboral del
Circuito de Bogotá, minutos 26:40 a 26:45. La señora Esther Luisa Méndez de
Urbina manifestó haber cursado estudios hasta el grado de quinto de primaria.
[96] A
folio 75 del cuaderno de revisión obra declaración extraprocesal de la hija de
la accionante, quien manifiesta que la señora Esther Luisa Méndez de Urbina se
encuentra a su cargo.
[97]
Asimismo, esta Sala considera que las alegaciones sobre un posible acto para
defraudar la masa sucesoral del señor Luis Guillermo Urbina Peña deben
adelantarse en el escenario procesal oportuno que, en todo caso, no es esta
acción de tutela.
[98]
Constitución Política de Colombia, artículo 51: “Todos los colombianos
tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias
para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés
social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas
de ejecución de estos programas de vivienda.”
[99] La
ausencia de un mecanismo de medidas de protección provisional en el proceso
ordinario laboral y su incidencia en la idoneidad y eficacia del mecanismo
ordinario fue tomada en consideración en las sentencias T-124 de 2017, T-655 de
2016, T-408 de 2016 y T-774 de 2015.
[100] En
la exposición de motivos de la Ley 1781 de 2016, que creó las Salas de
Descongestión de la Corte Suprema de Justicia, se mencionó que: “En efecto,
a pesar de la celeridad que se puede haber logrado en el trámite de las
instancias, por los planes de descongestión adelantados por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la gran mayoría de procesos
laborales y de seguridad social llega finalmente a la Corte Suprema de
Justicia, donde, por los altos índices de congestión, se ven detenidos durante
varios años, en espera de una decisión definitiva. Por lo mismo, los programas
logran una eficacia parcial en las instancias, que se ve truncada por el cuello
de botella que se forma después de interpuesto el recurso de casación, que, en
promedio, tarda más de tres años en ser resuelto.”
[101]
Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, artículo 47.
[102] Al respecto, esa Corporación explicó en
sentencia del 29 de noviembre de 2011, radicación número 40055, que: "Sin embargo, debe la Corte precisar
que, siendo la convivencia el fundamento esencial del derecho a la prestación,
el cónyuge separado de hecho debe demostrar que hizo vida en común con el
causante por lo menos durante cinco (5) años, en cualquier tiempo, pues de no
entenderse así la norma, se restaría importancia al cimiento del derecho que,
se insiste, es la comunidad de vida; al paso que se establecería una
discriminación en el trato dado a los beneficiarios, sin ninguna razón objetiva
que la justifique, pues, como se ha visto, al compañero o a la compañera
permanente se le exige ese término de convivencia, que es el que el legislador,
dentro del poder que tiene de configuración del derecho prestacional, ha
considerado que es el demostrativo de que la convivencia de la pareja es sólida
y tiene vocación de permanencia, de tal suerte que da origen a la protección
del Sistema de Seguridad Social." .
[103]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, radicado 40055 del 29 de
noviembre de 2011.
[104]
Sentencia C-336 de 2014.
[105] Corte Suprema de Justicia.
AL3597, Rad. No. 59471 del 15 de junio de 2014.
[106] Corte Suprema de Justicia.
AL5144, Rad. No. 77601 del 9 de agosto de 2017.
[107] Corte
Constitucional. Sentencia SU-1722 de 2000: “Por ello, a juicio de la Corte,
el principio de la no reformatio in pejus, no puede condicionarse bajo la idea
de que el grado jurisdiccional de la consulta lo desplaza, pues si bien es
cierto, el legislador cuenta con un amplio espacio para regular el debido
proceso, en el caso que nos ocupa, su intención, conforme quedó consagrado en
los artículos 206, 217 y 227 del C.P.P. transcritos anteriormente, fue la de
hacer operante dicha garantía, al disponer que la consulta tiene un alcance
subsidiario. (…)De no entenderse así, sería desvirtuada la naturaleza jurídica
de la no reformatio in pejus que como garantía establece la imposibilidad
jurídica de hacer más gravosa la situación del condenado, en aquellos casos en
que éste actúe como apelante único. Adicionalmente, admitir que por el grado de
consulta, cuando concurre con la apelación, que es automático y no provocado,
pueda favorecer un aumento en la condena del procesado, resta toda eficacia al
principio constitucional, como que comienzan a serle introducidas excepciones
que repugnan con el contenido mismo de dicha  garantía.”