T-889-00
Sentencia T-889/00
Sentencia T-889/00
EDUCACION-Obligación de la sociedad
REGLAMENTO
EDUCATIVO-Proporcionalidad
en imponer sanciones por razones de cabello largo
LIBRE DESARROLLO
DE LA PERSONALIDAD-Límites
DERECHO AL LIBRE
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Juicio
de proporcionalidad sobre restricciones a la apariencia personal de educandos/DERECHO
AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Corte de cabello/DERECHO A LA EDUCACION-Corte
de cabello
Referencia:
expediente T-303803
Accionante: Consuelo
Marín Pérez
Accionado: INEM
"José Felix de Restrepo"
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá, D.C.,  diecisiete (17)
de julio de dos mil (2000).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados doctores Fabio Morón Díaz,
Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
Dentro de la acción de tutela Nº T-303803
promovida por Consuelo Marín Pérez, contra el INEM "José Felix de
Restrepo" .
ANTECEDENTES
Hechos
La señora Consuelo Marín Pérez,  actuando
en nombre de su hijo de 14 años, Juan Camilo Sandoval, presentó acción de
tutela en contra del colegio INEM "José Felix de Restrepo" de
Medellín, por considerar lesionados los derechos del menor a la igualdad, al
libre desarrollo de la personalidad, al debido proceso y el derecho a la
educación, por parte de la institución accionada. Para fundamentar las razones
de su solicitud, la demandante pone de presente los siguientes hechos:
1.     Su hijo Camilo Sandoval Marín, cuenta con
14 años de edad y estudia en el colegio INEM "José Felix de
Restrepo", desde el año de 1997. En la actualidad, adelanta el grado
noveno.
2.     El menor debido al corte de cabello que
utiliza, ha venido siendo discriminado por algunos profesores, quienes lo han
sancionado sin un previo debido proceso, lesionando con ello, su derecho
fundamental al libre desarrollo de la personalidad.
3.     Los profesores Fernando Gómez, de la
asignatura de español  y el Sr. Martín Díaz, lo han retirado de clase,
haciéndolo firmar observaciones en la ficha disciplinaria,  por mala presentación
personal en razón a su corte de cabello. Considera por lo tanto que retirarlo
de clase por esas razones, parte de un desconocimiento flagrante de las
disposiciones constitucionales.
4.     Agrega que a la Institución asisten otros
estudiantes de grados superiores que utilizan un corte de cabello diferente al
exigido por el colegio, sin que contra ellos se adopten medidas disciplinarias,
por lo que considera contrario a los derechos de su hijo la actitud asumida por
la Institución educativa.
Por estas razones,  solicita que se ordene
al colegio accionado, borrar de la hoja de vida de su hijo las anotaciones
disciplinarias consignadas por este aspecto y que además, se ordene actualizar
el Manual de Convivencia, acogiendo los parámetros constitucionales.
Intervención del INEM "José Felix de
Restrepo".
El señor Luis Bernando Castaño Zuluaga,
rector del colegio INEM "José Felix de Restrepo", mediante
escrito dirigido al juzgado de instancia, puso de presente las siguientes
consideraciones: i) En ningún momento se ha discriminado  al joven Juan Camilo
Sandoval, puesto que lo único que se le realizó fue una amonestación como se le
hace a cualquier alumno que lo amerite. ii) Cada año, alumno y acudiente están
en libertad de renovar la matrícula; si la renuevan lo hacen conscientes de que
aceptan el Manual de Convivencia, que a juicio del rector, se encuentra acorde
con las normas constitucionales. iii) Cuando el profesor Fernando Gómez remite
al joven Juan Camilo a la Unidad Docente, lo hace para informar al señor Martín
Díaz, quien administra el grado noveno, que este alumno no está adecuadamente
presentado por su corte de pelo y que se debe dialogar con él y su acudiente,
para reforzar el sentido de la norma. Este diálogo y reflexión se hace
escuchando sus razones y a la vez se escucha  la explicación del sentido
pedagógico institucional para formar al alumno en hábitos de disciplina y
acatamiento de normas. La reflexión y la amonestación en privado forman parte
de un inicio del debido proceso establecido en el Manual de Convivencia. Por lo
tanto, el colegio considera que no se ha violado el debido proceso; además
indica que de cada etapa,  se deja constancia en la hoja de seguimiento del
alumno. iv) En opinión del rector, es la peticionaria quien no respeta el
debido proceso, porque omitió el procedimiento institucional para solucionar el
conflicto y prefirió acudir a la jurisdicción prioritariamente,  antes que a
las instancias del colegio. v) El señor Martín Díaz, jefe de la Unidad docente
No 6, en su reflexión con el alumno y el acudiente "les sugirió que
solicitaran al rector una autorización escrita para que Juan Camilo pudiese
permanecer tranquilo en la Institución, llevando su corte de pelo como quiere,
para que no fuera molestado, pero ni la madre ni el hijo utilizaron esa
posibilidad". vi) Estima en consecuencia, que una institución educativa
que propende por la formación de hábitos de disciplina, no vulnera el libre
desarrollo de la personalidad, sino que está respondiendo a su función formadora.
vii) Es cierto que al INEM asisten otros jóvenes de grados superiores y también
inferiores que utilizan cortes de cabello diverso, pero con todos ellos se
realiza el proceso de reflexión, amonestación e invitación a acatar la norma
institucional. viii) Así mismo, estima que no se le ha violado al menor el
derecho a la educación, porque el alumno está matriculado en el INEM en noveno
grado y está asistiendo regularmente a sus clases. Es más, indica que si se
revisan las hojas de seguimiento de los años 1998 y 1999, se puede concluir que
el debido proceso se ha realizado frente al menor,  y que se había llegado
incluso a la etapa de prevenir al estudiante y al acudiente de la posibilidad
de perder el cupo para el año 2000, pero el INEM no le cerró las puertas al
estudiante y lo recibió. Por todo lo anterior, considera que la institución no
ha violado los derechos fundamentales del menor; que no puede borrar las
evidencias de seguimiento y acompañamiento que se hace a los alumnos porque son
herramientas en el  proceso formativo; y por último, indica que el manual de
convivencia se ha estado actualizando, pero el proceso para el efecto es lento,
por el tamaño de la Institución.
Pruebas
Dentro de las pruebas que se encuentran en
el expediente podemos resaltar entre otras las siguientes:
-
Copia del Manual de
Convivencia de la Institución educativa accionada
-
Copia de informes de
seguimiento del menor de los años de 1998 y 1999. En la hoja de seguimiento de
1999 se notifica al acudiente sobre la posibilidad del menor de  perder el cupo
para el año 2000 en el colegio, de seguir las insuficiencias académicas y/o de
comportamiento.
Sentencia objeto de Revisión.
Conoció en primera instancia del proceso de
la referencia, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, quien
mediante providencia del catorce de febrero de 2000 denegó la tutela de la
referencia por considerara que las anotaciones que se le hicieron en su hoja de
vida, "de manera alguna han afectado su rendimiento académico, ni han
impedido, ni pueden impedir cualquier futuro cambio de institución educativa,
situación que en la actualidad no se ha presentado, con lo cual el presunto
problema objeto de tutela no ha afectado ni afecta en la actualidad al menor,
pues no se acreditó tampoco que estuviera en tratamiento psicológico alguno por
la sanción de retirársele de clase por no cumplir las normas que la institución
(...) ha establecido para efectos no solo del ingreso y permanencia de los
educandos, sino la disciplina que en el mismo debe observarse."
II. CONSIDERACIONES  Y FUNDAMENTOS
Competencia.
1. En mérito de lo expuesto,  esta Corte es
competente para revisar el presente fallo de tutela, de conformidad con los
artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional y el Decreto 2591 de 1991 y por
haber sido seleccionada para revisión.
Fundamentos Jurídicos.
Educación, debido proceso e igualdad.
1. Tradicionalmente,  la doctrina
constitucional ha puesto de presente en diversos fallos de tutela, algunos
parámetros relacionados con el tema de la educación, que deben ser tenidos en
cuenta en este caso concreto, a fin de determinar si existe vulneración o no de
los derechos fundamentales de la estudiante, tal y como lo indica la
peticionaria. Al respecto, es importante recordar que:
a)
El artículo 67 de la Carta Política consagra la
educación como un derecho de la persona,  del cual son responsables el Estado,
la sociedad y la familia. Así mismo, lo describe  como  un servicio público que
tiene una función social. En consecuencia, la educación tiene en la
Constitución una proyección múltiple: es derecho fundamental (T-02/92); es un
derecho prestacional, y a la vez es un derecho-deber acorde a la jurisprudencia
constitucional.
b) Son
obligaciones del Estado en materia educativa,  regular y ejercer la
suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su
calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral,
intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del
servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y
permanencia en el sistema educativo.[1]
c) Además,
acorde con la sentencia SU-624/99[2]
el Estado debe hacer realidad el mandato de que la educación será obligatoria
entre los cinco y los quince años de edad y, cómo mínimo comprenderá un año de
preescolar y nueve de educación básica. Armoniza lo anterior con el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por
Colombia mediante ley 74 de 1968, que en su artículo 13, numeral 2, literal a)
dice que “la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos
gratuitamente”. Aunque este instrumento internacional habla solamente de
enseñanza primaria, se trata de una estipulación mínima, (artículos 4 y 5 de
dicho Pacto), luego la norma constitucional que lleva la protección más allá de
la escuela primaria, en cuanto menciona el año preescolar y nueve años de
educación básica, es la aplicable en Colombia.
d) En la
SU-624/99 se dijo que la presencia de la sociedad como destinataria de
obligaciones respecto de la educación, obedece a que la solidaridad es un
principio fundante del Estado social de derecho. Se patentiza la presencia de
la sociedad en la educación en diferentes planos, uno de los cuales es la
educación privada. Así, si uno de los responsables en la labor educativa es la
sociedad y específicamente el colegio privado, éste no se puede desligar de esa
relación colegio-padre de familia-estudiante, que es una relación mixta
(contractual y estatutaria) porque su regulación no surge solamente de los
convenios que se suscriban entre la entidad educadora y los padres o tutores
del  educando, sino del respeto a la razón de ser la educación como derecho fundamental,
como servicio público y como actividad sujeta a las normas de orden
público."
e) Ahora
bien, aunque el Estado asume una responsabilidad en la prestación del servicio
público de educación, los padres son quienes toman finalmente la decisión de escoger,
entre las diferentes opciones  educativas disponibles, -  públicas o privadas [3], aquella que estiman
conveniente para sus menores hijos acorde con sus creencias y expectativas de
formación. (Art. 68 inciso 5º de la Carta). Además, son ellos quienes deben
asumir el compromiso de participar activamente en el proceso educativo de los
menores, en función de sus derechos y responsabilidades.
f) En la
sentencia SU-624/99 se dijo que acorde con el artículo 42 C.P.,  la pareja
debe sostener y educar a sus hijos menores o impedidos. Además, como la
Constitución reconoce y protege la diversidad cultural, la función educadora
está en cabeza de los padres de familia no sólo por la obligación que ellos
tiene respecto de sus hijos menores sino como opción cultural. Ver tambien la
sentencia SU-337/99[4]
g) En lo concerniente
a la responsabilidad de los padres de costear la educación de sus menores hijos
la sentencia T-977/99 precisó que aunque la Corporación ha señalado  que los
niños no pueden ser sacados de clase ante la falta de pago de sus padres,  ello
no es una justificación para que los padres desconozcan sus responsabilidades
legales con respecto a sus hijos u omitan sus deberes de asistencia y apoyo a
los menores. Al respecto, si bien en muchos casos la educación estatal es
enteramente gratuita, es claro que en virtud del artículo 67 de la Carta, ello
no es perjuicio para que se puedan  cobrar derechos académicos a quienes puedan
sufragarlos, según los compromisos de las diversas entidades educativas
adquieren para la prestación del servicio. Los derechos fundamentales, no son en modo alguno
absolutos, sino que se encuentran necesariamente limitados por la prevalencia
del interés general, la primacía del orden jurídico y los factores de
seguridad, moralidad y salubridad  pública. Por consiguiente, cualquier
ejercicio arbitrario o abusivo de las prerrogativas individuales, - como dejar
de pagar lo que se debe sin justificación alguna -, debe ser considerado
ilegítimo a la hora de ejercer los derechos constitucionales.
Ya
antes en la SU-624/99  se habían precisado las implicaciones del no pago:  Se
reiteró que los niños no pueden ser retirados de clase por el no pago de las
pensiones. Pero, respecto a la entrega de notas distinguió: si los padres se
han visto en una calamidad económica, debidamente probada[5], mediante tutela se
puede ordenar la entrega de notas aunque sean morosos los padres, pero si los
padres están dentro de la cultura del no pago y ninguna fuerza mayor justifica
la morosidad, no se puede ordenar por tutela la entrega de notas, luego el
colegio las puede retener hasta cuando se le pague lo debido.
h) Desde la
órbita de acción de los entes educativos, es deber del Estado garantizar las
libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra (Artículo 27 de
la C.P.), motivo por el cual, los particulares están en la libertad de constituir
centros docentes de conformidad con las disposiciones constitucionales y
legales vigentes, e impartir en ellos la educación y proyección filosófica que
estimen conveniente, tal y como lo consagra el artículo 68 de la Carta. La
libertad de enseñanza, involucra entonces, la potestad  de fundar centros
docentes, de dirigirlos, de elegir profesores, de fijar un ideario del centro e
incluso la libertad de impartir en los mismos una educación acorde con su plan
educativo institucional, de conformidad con la Constitución y la ley. [6]
i) Bajo ese supuesto, la acción de enseñar
"así conlleve el ejercicio de una profesión o un oficio continuo o
transitorio, de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política,
podrá ser limitada por la ley, la cual puede exigir títulos de idoneidad para
enseñar, o establecer  mecanismos de inspección y vigilancia sobre la
enseñanza"[7].
Por consiguiente, no pueden considerarse  violatorias del derecho a la libertad
de enseñanza, la restricciones que ley imponga a este derecho  de conformidad
con los propósitos indicados y acorde con los principios señalados en la
Constitución Nacional.
j)       La educación será gratuita en las
instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a
quienes puedan sufragarlos.
k) En la sentencia T-179/00 se dijo que si se
trata de un menor, y, además, disminuido físico,  éste  tiene derecho a recibir
atención  especializada porque  se encuentra en condición de debilidad
manifiesta. Así, de acuerdo con el artículo 47 de la Constitución Política,
"los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos tienen derecho a que el
Estado adelante una política de previsión, rehabilitación e integración social
en su favor, y  a que se les preste la atención especializada que requieran”[8]. El calificativo de
atención cualificada  se menciona también en la sentencia T-620/99[9], en el sentido de que
se requiere una protección especial (inciso 3° del artículo 13
C.P.).Remitiéndose a la normatividad internacional, la T-620/99 dice sobre el
tratamiento especial a los niños, que acorde con la Convención sobre los
Derechos del Niño que adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20
de noviembre de 1989, y que fue aprobada por Colombia mediante la Ley 12 de
1991, “los Estados Parte reconocen el derecho del niño impedido a recibir
cuidados especiales”, los cuales estarán destinadas “a asegurar que el niño
impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los
servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el
empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el
objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual,
incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible”.
l)Internamente, las relaciones entre el
establecimiento educativo, la familia y el propio estudiante, pueden gobernarse
por los Manuales de Convivencia, que son reglamentos que establecen las
obligaciones y derechos de los miembros de la comunidad educativa. (Ley 115 de
1994). Esos Manuales, como reglamentos que son, deben establecer las
condiciones de permanencia del alumno en el plantel y los  procedimientos a
seguir, por ejemplo,  en caso de exclusión. Muchas  de las acciones de tutela
que los estudiantes instauran tienen que ver con el régimen disciplinario en
los colegios, en cuanto los llamados manuales de convivencia establecen reglas
que muchas veces afectan los derechos fundamentales, especialmente el del libre
desarrollo de la personalidad. Es el caso por ejemplo de manuales de
convivencia que permiten el retiro de las alumnas embarazadas o la sanción a
jóvenes que se ponen aretes. Es indudable que la Constitución prevalece sobre
un manual de convivencia.[10].
m)En efecto, es claro que la Ley General de
Educación asignó a los establecimientos educativos, públicos y privados, un
poder de reglamentación dentro del marco de su actividad. Por ende, los
reglamentos generales de convivencia, como es de la esencia de los actos
reglamentarios, obligan a la entidad que los ha expedido y a sus destinatarios,
esto es, a quienes se les aplican, porque su fuerza jurídica vinculante deviene
en forma inmediata de la propia ley y mediata de la Constitución Política.[11] Sin embargo, tales
Manuales tienen por límite necesario los derechos fundamentales de los
educandos y de la comunidad educativa en general. Así, "el texto del
Manual de Convivencia no puede establecer reglas ni compromisos contrarios a la
Constitución Política, ni imponer al alumno obligaciones desproporcionadas o
contrarias a la razón, ni a la dignidad esencial de la persona humana".[12] En tal virtud, dichos
reglamentos no pueden regular aspectos o conductas del estudiante ajenas al
centro educativo que puedan afectar su libertad, su autonomía o su intimidad o
cualquier otro derecho,  salvo en el evento de que la conducta externa del
estudiante tenga alguna proyección o injerencia grave, que directa o
indirectamente afecte la institución educativa[13].
n)En lo que respecta al derecho al libre
desarrollo de la personalidad de los estudiantes, la Corte ha reconocido, que
"la Constitución opta por un orden jurídico que es profundamente
respetuoso de la dignidad y la autonomía individuales (CP art.1º y 16), por lo
cual, en principio, no corresponde al Estado ni a la sociedad sino a las propias
personas decidir la manera como desarrollan sus derechos y construyen sus
proyectos de vida y sus modelos de realización personal" [14]. Así, el  vivir “en
comunidad y experimentar la sensación de ser iguales  y libres
constitucionalmente frente a los demás,  incluye también la posibilidad de
actuar y sentir de una manera diferente, en lo que concierne a las aspiraciones
y a la autodeterminación personal. La potestad de cada cual para fijar esas
opciones de vida de conformidad con las propias elecciones y anhelos, sin
desconocer con ello los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico
existente, es lo que llamamos el derecho al libre desarrollo de la
personalidad”[15].
Este derecho, protegido constitucionalmente, “se manifiesta singularmente en la
definición consciente y responsable que cada persona puede hacer frente a sus
propias opciones de vida y  a su plan como ser humano, y colectivamente,  en
la pretensión de respeto de esas decisiones por parte de los demás miembros de
la sociedad”[16].
Por ello, al ponderar este derecho,  con el de las instituciones educativas a
fijar un reglamento interno y un proyecto institucional, se ha insistido
reiteradamente en la eficacia de los procesos educativos de formación de
criterios personales en la toma de decisiones de vida, más que en los procesos
unívocos de restricción y sanción. De lo dicho se desprende, que la función
educativa a cargo de los padres y de las personas a quienes corresponda el
cuidado del menor,  demanda una justa y razonable síntesis entre la importancia
persuasiva de la sanción y el necesario respeto a la dignidad del niño, a su
integridad física y moral y a su estabilidad y adecuado desarrollo sicológico.
En todo caso, aspectos como el estado de
embarazo de una estudiante, el color de su cabello, su condición sexual, o la
decisión de escoger una opción de vida determinada, como puede ser vivir
independiente, casarse, etc., si no son circunstancias que entorpezcan la actividad
académica, ni alteran el cumplimiento de sus deberes,  y además pertenecen
estrictamente a su fuero íntimo sin perturbar las relaciones académicas, no
pueden ser consideradas motivos válidos que ameriten la expulsión de
estudiantes de un  centro docente,  ni la imposición de sanciones que impliquen
restricción a sus derechos. Por ende, tal como lo expresó la sentencia T-543 de
1995,  en los cambios que conciernen a la vida privada, ninguna institución, ni
pública ni particular, puede erigirse en autoridad para desestimar o desconocer
las decisiones autónomas de un individuo respecto de la unión amorosa,
sentimental, matrimonial o de convivencia familiar que desee establecer.
o)Tal y como lo dispone la norma
constitucional, en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser
obligada a recibir educación religiosa. Ello no significa, en todo caso, que un
colegio oficial no pueda ofrecer a sus alumnos una específica enseñanza
religiosa. Puede hacerlo, pero dependerá de que los padres de familia, dada la
condición de minoría de edad de su hijos, su aceptación  libre  o no.[17] En el caso de los
colegios privados, es importante tener en consideración la sentencia  T-662/99
de esta Corporación, que recoge la doctrina constitucional  sobre los límites y
alcances de la confrontación entre libertad de cultos y derecho a la educación.
p)Ahora bien, los derechos fundamentales,
no son en modo alguno absolutos, sino que se encuentran necesariamente limitados
por el interés general[18],
la primacía del orden jurídico y los factores de seguridad, moralidad y
salubridad  pública[19].
Por consiguiente, cualquier ejercicio arbitrario  o abusivo de las
prerrogativas individuales, debe ser considerado ilegítimo a la hora de ejercer
los derechos constitucionales. Ello se desprende del artículo 95 de la
Constitución Política, en el que se establece que el ejercicio de los derechos
y libertades previstas en la Carta conlleva responsabilidades. Por ende,  la
persona debe "respetar los derechos ajenos y no abusar de los
propios" y en esa medida, nadie está legitimado para utilizar el ejercicio
de sus derechos como factor de vulneración de derechos de otros, o como
criterio para sustraerse de las responsabilidades que le impone la convivencia
social.
De allí que se reconozca que la educación
es un derecho-deber y que por ende, - para el caso de los estudiantes -,
implica no solo la existencia de derechos en favor de los menores, sino el
cumplimiento de obligaciones por parte de ellos, que generalmente se deben
acatar como presupuesto de sus compromisos académicos y disciplinarios. Por
ende, el incumplimiento de los logros,  la reiterada indisciplina, las faltas
graves, etc., son factores que legítimamente pueden  implicar la pérdida de un
cupo en una institución educativa o la imposición de sanciones.
Lo anterior, con
relación al alcance de los derechos individuales,  se puede predicar igualmente
de las  responsabilidades de los padres en lo concerniente al pago de
matrículas. Por ello, aunque esta Corporación ha señalado en varias
oportunidades  que los niños no pueden ser sacados de clase ante la falta de
pago de sus padres, tal y  como se reiteró en recientes pronunciamientos de
ésta Corporación[20], tal situación no es una justificación
para que los padres desconozcan sus responsabilidades  con respecto a sus hijos
u omitan sus deberes  de asistencia y apoyo a los menores, que les impone la
ley.
q) Bajo tales consideraciones, es claro que
el incumplimiento de obligaciones académicas y disciplinarias, puede generar la
aplicación de sanciones a nivel institucional. Los colegios y centros
educativos, en consecuencia, pueden imponerlas, garantizando en todo caso el
respeto al debido proceso y al derecho de defensa de los estudiantes.
2. Ahora bien,  en lo concerniente
específicamente a la posibilidad o imposibilidad de las instituciones
educativas de prohibir ciertos tipos de corte de cabello o manifestación de la
personalidad de los educandos, es claro que de conformidad con  la sentencia
SU-642 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte Constitucional
estableció los parámetros necesarios para valorar adecuadamente esas
restricciones,  en los Manuales de Convivencia. Así las cosas, la sentencia en
esa oportunidad, señaló lo siguiente:
"8. En
múltiples oportunidades, esta Corporación se ha ocupado de establecer si el
corte de cabello, como obligación impuesta por muchas instituciones educativas
a los estudiantes que se encuentran matriculados en las mismas, es
constitucional.[21]
En los primeros
fallos que la Corte profirió sobre estos asuntos,[22]
manifestó que la presentación personal de los alumnos no puede constituir un
fin en sí mismo que pueda ser impuesto en forma autoritaria, hasta el punto de
privar a quien se niegue a acatarlo de los beneficios derivados del derecho a
la educación. En este sentido, advirtió que la obligación de llevar el cabello
a una cierta longitud puede ser explicable en instituciones educativas como las
militares, en las cuales la práctica de la obediencia estricta constituye un
principio fundamental. Sin embargo, la Corporación fue explícita al señalar que
si bien la anotada obligación no podía ser impuesta coactivamente, sí podía ser
inducida en los estudiantes a través de los mecanismos propios del proceso
educativo.
Con
posterioridad, la Corte señaló que la consagración abstracta y general en los
reglamentos o manuales de convivencia de la obligación de que los estudiantes
utilicen un determinado corte de cabello no es violatoria de sus derechos al
libre desarrollo de la personalidad y a la educación, como quiera que ella se
inscribe dentro "de la formación integral que la educación exige".[23] Según
esta línea jurisprudencial, los manuales de convivencia constituyen normas de
obligatorio cumplimiento para estudiantes y padres de familia quienes, al
firmarlos, se comprometen a honrar las obligaciones allí contenidas. Por esta
razón, las normas de los anotados manuales constituyen una restricción legítima
al derecho al libre desarrollo de la personalidad de los educandos. Empero, la
Corte fue clara al establecer que las normas expedidas por los establecimientos
educativos no podían "establecer reglas ni compromisos contrarios a la
Constitución Política, ni imponer al alumno obligaciones desproporcionadas o
contrarias a la razón, ni a la dignidad esencial de la persona humana".[24]
Recientemente,
esta Corporación inauguró una tercera línea de jurisprudencia que busca
compatibilizar sus dos posiciones anteriores. De este modo, se persigue el
logro de un equilibrio entre el derecho al libre desarrollo de la personalidad
de los estudiantes y la posibilidad de que las instituciones educativas
impongan, por vía reglamentaria, obligaciones dirigidas a hacer efectivos los
fines de la educación, entre las cuales puede figurar la imposición a los
estudiantes de llevar un determinado peinado o corte de cabello.[25] En
este sentido, la Corte estimó que los establecimientos educativos pueden
establecer en sus manuales de convivencia obligaciones relacionadas con la
longitud del cabello y la presentación personal de los alumnos, siempre y
cuando no afecten en forma desproporcionada el derecho fundamental al libre
desarrollo de la personalidad de éstos. Para estos efectos, la Corporación
estimó que la obligación reglamentaria debía ser sometida a un juicio de
proporcionalidad, con el fin de determinar si la restricción que imponía al
derecho fundamental en cuestión se avenía con las disposiciones del Estatuto
Superior.
9. Aunque el
artículo 16 de la Constitución Política señala, en forma explícita, que el
derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad se encuentra
limitado por "los derechos de los demás" y por "el orden
jurídico", no cualquier norma legal o reglamentaria, pública o privada,
por el sólo hecho de serlo, tiene la virtualidad para imponer restricciones
sobre ese derecho fundamental. En efecto, sólo aquellas limitaciones que tengan
un explícito asidero en el texto constitucional y no afecten el núcleo esencial
del anotado derecho son admisibles desde la perspectiva de la Carta Política.
Empero, aquellas restricciones que se produzcan en la zona de penumbra del
derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad son susceptibles de
ser controladas por el juez constitucional, quien deberá constatar, a través
del denominado juicio de proporcionalidad, que éstas sean razonables y
proporcionadas y, por ende, ajustadas a las normas del Estatuto Superior. El
anotado juicio consiste en establecer si la medida limitativa persigue una
finalidad constitucional, si es idónea respecto del fin pretendido, si es necesaria
por no existir alternativa razonable menos limitativa de la libertad e
igualmente eficaz y, finalmente, si el sacrificio a la autonomía resulta
adecuado y estrictamente proporcional en relación con la finalidad pretendida.[26]
Adicionalmente, la intensidad del juicio de proporcionalidad será mayor en
cuanto mayor sea la cercanía del ámbito en que se produce la restricción, con
el núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
En suma, es
posible afirmar que, en este tipo de casos, las medidas que imponen
restricciones a la apariencia personal de los educandos son inconstitucionales,
por ser violatorias del derecho fundamental al libre desarrollo de la
personalidad (C.P., artículo 16), salvo que sea posible demostrar que las
mismas buscan la protección o efectividad de un bien constitucional imperioso e
inaplazable de mayor peso que el derecho fundamental arriba anotado, caso en el
cual se estimarán ajustadas a la Constitución Política.
10. Según lo
establecido más arriba en relación con la autonomía de los menores de cuatro
años de edad para decidir aspectos atinentes a su apariencia personal (v.
supra), es posible afirmar que la órbita decisoria sobre la cual se ha impuesto
la limitación sometida al estudio de la Sala no forma parte del núcleo esencial
del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Las decisiones de los niños
de cuatro años de edad en torno a la longitud de su cabello, aunque
relacionadas con su identidad corporal, admiten intervenciones relativamente
amplias, siempre y cuando éstas se lleven a cabo en el marco de un diálogo
franco y afectuoso. En esta medida, el anotado ámbito de decisión admite la imposición
de restricciones cuya compatibilidad con la Constitución Política se
determinará mediante un juicio de proporcionalidad que, en el presente caso,
deberá ser particularmente intenso. Ciertamente, aún cuando las decisiones que
los niños adoptan con respecto a su identidad corporal no forman parte del
núcleo esencial del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad,
ésta órbita decisoria sí se encuentra muy próxima al mismo, habida cuenta de la
intensidad con que la Carta Política protege todos los asuntos relacionados con
el propio cuerpo y la identidad personal."  ( Las subrayas fuera del texto original).
3. En mérito de lo anteriormente enunciado,
es claro para esta Corporación que las restricciones en la apariencia de los
menores,  que no tengan un fundamento constitucional razonable, resultan
contrarias a la Carta. Para el colegio INEM "José  Felix de Restrepo"
en este caso, las restricciones impuestas en el Manual de Convivencia con
relación a la apariencia personal y corte de cabello, están directamente
relacionadas con el ejercicio de la disciplina que pretende inculcar la
institución educativa, motivo por el cual  considera que los llamados de
atención, los retiros de clase, y las notas en la hoja de seguimiento,  son
criterios válidos para lograr un acatamiento de las reglas institucionales por
parte de los estudiantes,  a fin de  consolidar así la formación académica y
personal que pretende el colegio.
En ese sentido, comparte la Corte  el valor
y la importancia de la aspiración institucional de lograr una  adecuada
formación de los estudiantes y de la búsqueda de criterios pedagógicos que
permitan un desarrollo armónico de nuestros jóvenes en principios, valores y
disciplina. Sin embargo, también reconoce la Corte como desproporcionada frente
a los otros derechos en juego, - como puede ser el derecho a la educación y el
libre desarrollo de la personalidad -, cualquier restricción que por motivos
estéticos impida el acceso de menores a clase o implique retiros de sus
actividades académicas, o pueda conllevar a la larga,  a la pérdida de un cupo
en una institución educativa, con fundamento en factores estéticos propios de
la individualidad de los estudiantes.
Así las cosas, para la Corte es claro en
esta oportunidad, i) que el menor ha sido retirado de sus clases para que le
sean impuestas las amonestaciones correspondientes, en razón a su corte de
pelo;  ii) que otros estudiantes llevan cortes de pelo diferentes a los
indicados en el Manual de Convivencia, y que por un convenio con la
institución, pueden llevarlos libremente  "sin ser molestados". Estas
circunstancias ponen de presente, la ausencia de razonabilidad de las sanciones
relacionadas con el corte de pelo en el caso del menor demandante, ya que la
simple pretensión de un criterio de formación, aparece incongruente frente a
otros casos concretos en los que los criterios estéticos no parecen
"incomodar" a la comunidad educativa.
Por consiguiente esta Corporación, si bien
no ordenará que las anotaciones en el libro diario del menor desaparezcan, por
no considerarlas en sí mismas violatorias de sus derechos fundamentales, si
decidirá, acorde con lo señalado en la sentencia SU-642 de 1998, que las
directivas de la institución ajusten las cláusulas reglamentarias relacionadas
específicamente con el corte de cabello, cuya inconstitucionalidad resulta
clara ante la ausencia de razonabilidad e incongruencia del trato entre unos y
otros estudiantes.
Por consiguiente, esta Corte revocará el
fallo de instancia, por las razones expuestas a lo largo de esta providencia.
III. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en el nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero : REVOCAR la sentencia
proferida por el Juzgado Sexto Laboral  del Circuito de Medellín del catorce de
febrero de dos mil  y, en su lugar, CONCEDER la tutela del derecho fundamental
al libre desarrollo de la personalidad e igualdad del menor Camilo Sandoval
Marin.
Segundo :ORDENAR  a las
directivas del INEM "José Felix de Restrepo" que adopten todas las
medidas necesarias para proceder a la reforma de la cláusula reglamentaria
relacionada con el corte de pelo de los menores, cuya inconstitucionalidad está
demostrada de conformidad con lo dicho en la presente sentencia.
Tercero:   Para los efectos
del artículo 36 del decreto 2591 de 1991, el juez de origen hará las
notificaciones y tomará las medidas conducentes para el cumplimiento de esta
sentencia.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
Ver con mayor profundidad, Corte Constitucional, Sentencia T-421/92. M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[2]
Este fallo tiene una importancia práctica: reiteró que los niños no pueden ser
retirados de clase por el no pago de las pensiones. Pero, respecto a la entrega
de notas distinguió: si los padres se han visto en una calamidad económica,
debidamente probada, mediante tutela se puede ordenar la entrega de notas
aunque sean morosos los padres, pero si los padres están dentro de la cultura
del no pago y ninguna fuerza mayor justifica la morosidad, no se puede ordenar
por tutela la entrega de notas, luego el colegio las puede retener hasta cuando
se le pague lo debido.
[3]
Sentencia T- 409/92. Dr. José Gregorio Hernández.
[4]
Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero.
[5]
La carga de la prueba le corresponde al padre de familia y debe ser seria,
luego no es de recibo una sospechosa declaración juramentada ante Notario. Debe
demostrarse que la crisis económica no se debió al propio padre de familia
(nemo auditur propiam turpitudinem allegans) sino a factores extraños (fuerza
mayor)
[6]
María José Cidurriz. "La libertad Religiosa en el Derecho Español".
Editorial Tecnos.  Madrid, 1984:
[7]
Corte Constitucional.  Sentencia T-219 de 1993. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[8]
Sentencia T-339/95 Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz
[9]
Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero,
[10]
Extracto Relatoría de la Corte Constitucional. T-124/98.
[11]
Corte Constitucional,
Sentencia T-386 del 31 de agosto de 1994. M.P.: Dr. Antonio Barrera Carbonell
[12]
Corte Constitucional. Sentencia
T-366 de 1997. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo;  Sentencia
T-211 de 1995. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero y Sentencia T-465 de 1994. José Gregorio
Hernández Galindo.
[13]
Ibídem.
[14]
Sentencia C-309/97. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[15]
Ibídem.
[16]
Ibídem.
[17]
Sentencia T-101/98. M.P. Fabio Morón Díaz.
[18]
Artículo 1º . Constitución Política.
[19]
Corte Constitucional. Sentencia  T-228/94.
M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
[20] Ver especialmente la Sentencia
SU-624/99. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[21] Véanse las sentencias
T-065/93 (MP. Ciro Angarita Barón); T-476/95 (MP. Fabio Morón Díaz); T-248/96
(MP. Jorge Arango Mejía); T-366/97 (MP. José Gregorio Hernández Galindo);
T-633/97 (MP. Hernando Herrera Vergara); T-636/97 (MP. Hernando Herrera
Vergara); T-124/98 (MP. Alejandro Martínez Caballero); T-207/98 (MP. Fabio
Morón Díaz).
[22] Véanse las sentencias
T-065/93 (MP. Ciro Angarita Barón); T-476/95 (MP. Fabio Morón Díaz); T-248/96
(MP. Jorge Arango Mejía).
[23] Véanse las sentencias
T-366/97 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); T-633/97 (MP. Hernando Herrera
Vergara); T-636/97 (MP. Hernando Herrera Vergara).
[24] Véase la sentencia
T-366/97 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).
[25] Véase la sentencia T-124/98
(MP. Alejandro Martínez Caballero).
[26] Véanse las sentencias C-309/97
(MP. Alejandro Martínez Caballero); T-067/98 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).