T-213-18
Sentencia T-213/18
LIBERTAD
RELIGIOSA Y DE CULTOS EN LOS CENTROS CARCELARIOS-Caso en que
Establecimiento Penitenciario le niega a recluso el porte de barba y cabello
largo, como código de presentación personal impuesto por la religión que
profesa: el vudú
ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS
DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Procedencia
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que se configura en los
siguientes eventos: hecho superado, daño consumado o situación sobreviniente
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO
CONSUMADO-Configuración
El daño
consumado se presenta en eventos en los que la protección
constitucional es innecesaria, no porque las causas de la afectación
desaparecieran, como es el caso del hecho superado, sino porque se concretó el
riesgo que se ceñía sobre los bienes ius fundamentales del accionante. Ocurre cuando la
amenaza se materializa, de modo que el juez de tutela no tiene forma efectiva
de responder a la situación para restablecer su ejercicio, que por demás es
imposible. En este escenario, la protección no puede concretarse y no es
posible restituir las cosas al estado anterior, de modo que lo que procede es
la retribución por la afectación, por lo que la acción de tutela, en principio,
no es el mecanismo de acción para obtenerla.
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO
CONSUMADO-Fallecimiento del actor
durante el trámite de la acción de tutela
El accionante falleció en condiciones que esta Sala desconoce. Su
muerte se produjo en el momento en que gozaba del permiso de 72 horas que
regularmente le era concedido, según él mismo lo había relatado en el escrito
de tutela. No puede deducirse que su muerte se haya producido como consecuencia
de la amenaza que se ceñía sobre sus derechos fundamentales, como si puede
hacerse en casos de reclamaciones por el derecho a la salud, cuando el paciente
muere por la falta de un insumo, medicamento o servicio médico, en los que es
claro que la amenaza se concreta y produce el deceso como resultado directo.
PRINCIPIO DE LAICIDAD Y NEUTRALIDAD
RELIGIOSA
LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS EN LOS
CENTROS CARCELARIOS-Límites
Considerada así la libertad religiosa
en el marco de la privación de la libertad, no solo adquiere valor como un
derecho fundamental de aquellos que no pueden ser restringidos, sino que además
como un dispositivo que permite concretar los fines de la pena. Así las cosas,
la garantía de su ejercicio a través de los elementos del culto propios de cada
una de las representaciones religiosas, resulta en pro del sistema
penitenciario.
Referencia:
Expediente T-6.454.029
Acción
de tutela instaurada por Gregorio Godoy Vallecilla contra el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán.
Procedencia:
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali.
Magistrada
sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Bogotá, D. C., primero (1°) de junio de dos mil
dieciocho (2018).
En ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el
Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y las Magistradas Cristina Pardo
Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo de segunda
instancia proferido el 1º de agosto de 2017 por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Popayán, que confirmó la sentencia emitida
por el Juzgado 5° Penal del Circuito de Popayán, el 22 de junio de 2017, en la
que este negó el amparo.
El asunto llegó a esta Corporación por remisión que
hizo el juez de segunda instancia, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2° el
artículo 86 de la Constitución y del inciso 2° del artículo 32 del Decreto 2591
de 1991.
Conforme a lo consagrado en los artículos 86
de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección
Número Once de la Corte Constitucional[1],
mediante auto del 24 de noviembre de 2017, escogió, para efectos de su
revisión, los expedientes T-6.454.029 y T-6.483.959 y decidió acumularlos entre sí para ser fallados en una misma
sentencia.
No obstante,
mediante Auto del 14 de febrero de 2018, la Sala Sexta de Revisión de Tutelas
advirtió que no existía unidad de
materia y decretó su desacumulación, para
que fueran fallados en sentencias independientes.
I. ANTECEDENTES
Gregorio Godoy Vallecilla promovió acción de tutela
contra el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana
Seguridad de Popayán, por considerar que éste comprometió sus derechos a la
dignidad humana, al libre desarrollo de su personalidad, al debido proceso y a
la igualdad (diversidad étnica, cultural y religiosa), al negarse a autorizar
en su caso el porte de barba y cabello largo, como código de presentación
personal impuesto por la religión que profesa: el vudú.
A. Hechos y pretensiones
1. Según lo
relató el accionante, él es una persona privada de la libertad y en varias
oportunidades le solicitó verbalmente a la entidad accionada una autorización para
usar cabello largo y barba al interior del centro de reclusión; también lo pidió
mediante escrito del 8 de marzo de 2017.
En atención a la petición escrita del accionante, el establecimiento
penitenciario demandado le dio una respuesta negativa. Según lo aseguró el
actor, esta contestación supone un acto de discriminación en su contra, como
los que ha debido soportar en forma constante por ser una persona negra y por
sus convicciones religiosas. La entidad accionada no tuvo en cuenta que el
cabello largo y la barba son imposiciones de su credo religioso, pues para el
vudú es propio de aquellos el crecimiento, porque al ser parte de la naturaleza
“deben evolucionar”[2].
Sin embargo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-
no considera al vudú como una convicción religiosa, por lo que la reclusión se
ha convertido para el accionante en “una tortura”[3], según
lo expuso en su escrito de tutela.
2. El actor
sostiene que él, su familia y sus antepasados practican el vudú de tradición
haitiana. Como quiera que él se encuentra en una fase de reclusión de mediana
seguridad y tiene permiso para reunirse con su familia cada mes, por 72 horas,
en esos momentos practican los ritos propios de su religión en búsqueda de la
prosperidad y la fertilidad. En quebradas y ríos sagrados, llevan a cabo ritos en
los que adoran a múltiples dioses que representan la fuerza de la naturaleza.
Uno de esos dioses es el dios del mar o “exu”, al que el actor manifestó
haber sido ofrecido desde el momento de su nacimiento. En virtud de tal
ofrecimiento, al tutelante le es exigible llevar barba y cabello largo, como solicitó
al centro de reclusión accionado y como pretende ahora mediante la acción de
tutela.
En razón a que el vudú hace parte de la cultura de sus padres y demás
antepasados, el accionante exige el respeto para las convicciones que devienen
de ese credo y su reconocimiento.
3. El 30 de mayo de 2017, con fundamento en lo anterior, el señor Godoy acudió
al juez constitucional para que le ordene a la accionada (i) terminar con el “régimen
total a acatar”[4]
que lo maltrata al interior de la cárcel en la que se encuentra recluido; (ii)
no discriminarlo por razón de su credo religioso; y (iii) que se le permita llevar
barba y afro para no compelerlo a cometer actos reprochables desde el punto de
vista de su religión.
B. Actuaciones
de instancia
Repartido el escrito de tutela al Juzgado 5° Penal del
Circuito de Popayán, mediante auto del 9 de junio de 2017 se admitió el trámite
constitucional y se le corrió traslado a la accionada. Adicionalmente, el juez
le solicitó a esta última la copia del reglamento del establecimiento
penitenciario y se le advirtió la aplicación del principio de veracidad, en
caso de no hacer manifestación alguna sobre la demanda.
C. Manifestaciones
de la entidad accionada
El Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Alta y Mediana Seguridad de Popayán le informó al juzgado que adelanta una
campaña de “cero papel”[5]
y por ese motivo le pidió informarle una dirección de correo electrónico a la
cual remitir el reglamento de ese centro de reclusión. En su defecto, solicitó
que se le hiciera saber si debía remitirlo en soporte físico. Finalmente, la
accionada no aportó el reglamento solicitado por el juez de primera instancia.
Sobre dicho reglamento, el accionado precisó que se
encuentra en etapa de modificación. No presentó ningún otro argumento, ni se
pronunció sobre los hechos y pretensiones planteados en el escrito de tutela.
D. Sentencia
de Primera Instancia
El 22 de junio de 2017, el Juzgado 5° Penal del
Circuito de Popayán profirió sentencia en la que negó el amparo. Tras analizar
los derechos al libre desarrollo de la personalidad y la libertad de
conciencia, sostuvo que por vía de tutela no es posible ordenar al
establecimiento penitenciario demandado que autorice al actor para que porte
barba y cabello largo, pues las autoridades penitenciarias están legalmente
facultadas para limitar los derechos de las personas privadas de la libertad
con el fin de salvaguardar el orden, la disciplina, la seguridad y la
salubridad al interior de las cárceles. En todo caso, encontró que los derechos
de los reclusos deben ceder para conservar el orden, máxime cuando se trata de
medidas soportables como aquellas contenidas en los artículos 52 y 152 del
reglamento de la cárcel accionada[6].
En relación con el caso concreto, el a quo destacó
que el accionante no aportó pruebas del carácter profundo, fijo y sincero de su
convicción religiosa, de modo que no es posible reconocerlo y tampoco amparar
los derechos reivindicados.
E. Impugnación
Inconforme con la decisión de primera instancia, el
accionante presentó recurso de apelación contra la sentencia del 22 de junio de
2017. Para sustentarlo, insistió en que el desconocimiento de la religión que
profesa y de sus designios, implica para él un trato carcelario ajeno a la
dignidad humana, pues le discrimina.
F. Sentencia
de Segunda Instancia
Una vez repartido el presente asunto a la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, le ofició a la
demandada para que hiciera llegar copia del censo religioso de los internos del
establecimiento carcelario, por auto del 17 de julio de 2017. La accionada lo
aportó el día 21 del mismo mes y año.
Finalmente el Tribunal, en sentencia del 1° de agosto
de 2017, resolvió confirmar la decisión de primera instancia. Encontró que en
el censo religioso aportado por la demandada el actor aparece como practicante
de la religión católica, por lo que él incurrió en una contradicción sobre sus
creencias. Por ese motivo, la convicción religiosa del señor Godoy no puede
considerarse profunda, fija ni sincera, en tanto se apega a dos credos “claramente
disímiles”[7]
y tanto el uso del cabello largo como de la barba, no concuerda con ninguno de
ellos.
Entonces, dado que la protección constitucional a la
libertad de culto depende de la profundidad de la creencia y ella está
desvirtuada en este caso, la medida tomada por el establecimiento demandado
sobre el corte de la barba y el cabello al accionante, es razonable.
G. Actuaciones en el trámite de
Revisión
1. La Magistrada sustanciadora emitió el auto del 12 de febrero de 2018,
mediante el cual:
1.1. Advirtió la existencia de una nulidad saneable, toda vez que
al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- no se le había
vinculado a este trámite constitucional, aun cuando esa entidad fue acusada por
el actor de perpetrar actos de discriminación en su contra. Entonces, procedió
a vincular a dicha entidad y le advirtió que podía sanear el vicio
detectado, si no se pronunciaba en los términos previstos en el Código General
del Proceso.
El oficio que le comunicaba al INPEC su
vinculación fue recibido por esa entidad el 14 de febrero de 2018[8], pero esta
se abstuvo de solicitar la nulidad de lo actuado, por lo que optó por dar
continuidad al trámite constitucional de la referencia.
1.2. Adicionalmente, la Magistrada sustanciadora, con el propósito de
recaudar mayores elementos de juicio sobre el caso que se analiza, solicitó
pruebas en el siguiente sentido:
a) Al accionante le ofició para que, con el acompañamiento de la
Defensoría del Pueblo (a quien ofició para ese fin), resolviera un cuestionario[9].
La Defensoría del Pueblo, a través de la Regional Cauca, puso en
conocimiento de la Sala que el accionante falleció el 4 de noviembre de 2017 en
la ciudad de Cali, de modo que las preguntas planteadas no pudieron ser
resueltas. Esa misma entidad adjuntó copia del registro civil de defunción del
actor[10].
b) Al INPEC se le solicitó responder un cuestionario[11]. Sin
embargo, esta entidad se limitó a informarle a esta Corporación que de
conformidad con la cartilla biográfica del accionante, el “pasado cuatro
(04) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) falleció en disfrute de
beneficio administrativo de 72 horas”[12].
No respondió las preguntas formuladas y allegó incompleta una de los anexos
anunciados: la Resolución 002122 de 15 de junio de 2012.
c) Al Ministerio de Justicia y del Derecho y al INPEC se
les pidió que informaran “cuál es el estado actual del
reglamento interno del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y
Mediana Seguridad de Popayán, y remitan la copia de (i) el reglamento vigente
para el momento de interposición de esta acción –Junio 6 de 2017-; (ii) la
propuesta de modificación que actualmente se encuentra en estudio; y/o (iii)
del nuevo reglamento aprobado.”
En respuesta a esta solicitud, la primera de las entidades remitió
la Resolución N°006349 del 16 de diciembre de 2016, por medio de la cual se
expidió el Reglamento General de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional,
que se encuentran a cargo del INPEC. Sobre el reglamento del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán se limitó a
informar que este hace parte de aquellos que serán analizados por “la Mesa
de Seguimiento a la Adecuación de Reglamentos Internos creados en el marco del
caso 11656 de la CIDH”[13]
y de abstuvo de remitir su copia.
Por
su parte, el INPEC guardó silencio al respecto.
d)
Al Ministerio del Interior se le
plantearon varias preguntas sobre el tema en debate[14]. Al
absolverlas esa entidad manifestó que se encarga del reconocimiento de la
personería jurídica de las entidades religiosas[15], de
conformidad con las normas constitucionales y legales que regulan su
competencia, como del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del
Interior y la jurisprudencia de esta Corporación. El análisis que debe hacer el
Ministerio, en los términos de la Ley 133 de 1994, se orienta exclusivamente a
la determinación del cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de
personerías jurídicas.
El reconocimiento de entidades
religiosas que hace el Ministerio, a través del análisis sobre la posibilidad
de conferirle personería jurídica a determinada confesión religiosa, implica
para aquellas en los términos del artículo 7° de la Ley 133 de 1994, la
posibilidad de:
(i)   Establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos y de
que sean respetados su destinación religiosa y su carácter confesional
específico;
(ii) Ejercer
libremente su propio ministerio, conferir órdenes religiosas, proveer los
cargos pastorales, comunicarse y mantener relaciones con sus fieles, en el
territorio nacional o en el extranjero, así como con otras Iglesias o
confesiones religiosas y con sus propias organizaciones;
(iii)
Establecer su propia jerarquía, designar a sus
correspondientes ministros libremente elegidos, por ellas, con su particular
forma de vinculación y permanencia según sus normas internas;
(iv)
Tener y dirigir autónomamente sus propios
institutos de formación y de estudios teológicos;
(v) Escribir,
publicar, recibir, y usar libremente sus libros y otras publicaciones sobre
cuestiones religiosas;
(vi)
Anunciar, comunicar y difundir, de palabra y por
escrito, su propio credo a toda persona, sin menoscabo del derecho reconocido
en el literal g) del artículo 6 y manifestar libremente el valor peculiar de su
doctrina para la ordenación de la sociedad y la orientación de la actividad
humana; y
(vii)
Cumplir actividades de educación, beneficencia y
asistencia que permitan poner en práctica los preceptos de orden moral desde el
punto de vista social de la respectiva confesión.
Si bien, misionalmente
el Ministerio del Interior propende por “reconoce[r] la diversidad de las
creencias religiosas, las cuales no constituirán motivo de desigualdad o
discriminación”, en los términos del artículo 3° de la Ley 133 de 1994, lo
cierto es que actualmente no dispone de parámetros que le permitan identificar
creencias religiosas minoritarias relacionadas con un origen étnico.
Simplemente, a solicitud de la iglesia o congregación interesada en conseguir personería
jurídica, evalúa su carácter confesional (ideología y confesión de fe), sus
fines religiosos (las actividades a desarrollar en el marco de sus creencias) y
sus antecedentes históricos en el país o en el exterior (para determinar su
arraigo y trayectoria), y se asegura de que no sea una convicción de aquellas
excluidas en el artículo 5° de la Ley Estatutaria de libertad religiosa y de
cultos.
El Ministerio destacó que en el
marco de sus competencias, en 2017, formuló la primera política pública de
libertad religiosa y de cultos. Una de sus líneas de acción, fue la
consolidación de un espacio de análisis y de investigación del hecho religioso
en Colombia, para comprender su complejidad y variedad. Este espacio, en el
futuro, puede ser útil para identificar creencias religiosas minoritarias.
Por último, en lo que atañe específicamente
al vudú, esta Cartera ministerial fue enfática en afirmar que “no es una
confesión o religión reconocida”[16]
en Colombia, y desconoce cuál es su fundamentación ideológica. Destacó que, en
todo caso, le corresponde a ese Ministerio hacer el análisis y/o el
reconocimiento del caso, para lo cual es imprescindible que medie una solicitud
en ese sentido. Sin embargo, incluso en ausencia del reconocimiento de una
creencia como entidad religiosa, los colombianos que la tengan como confesión pueden
ejercer la libertad de conciencia y cultos, de modo que pueden actuar de
conformidad con ella, siempre que no atenten contra la seguridad, la salud y la
moralidad pública.
e) Adicionalmente, mediante el mismo auto, se convocó a las facultades
de teología de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad
Santo Tomás para que, a través de un cuestionario[17],
conceptuaran en el presente asunto.
La Universidad Javeriana precisó qué se entiende por
religión desde el punto de vista académico. Afirmó que el término “religión”
denota un sistema de creencias, prácticas, formas de organización y normas
éticas a través de las cuales el ser humano puede comunicarse y tejer una
relación con seres sagrados, al punto en que aquel encuentra y desarrolla un
sentido trascendente de la existencia[18].
Recalcó además cómo la religión “imprime en el creyente una identidad que se
puede manifestar en su indumentaria, en formas de alimentación, en la forma como
lleva sus cabellos y en la forma como actúa”[19]. Por
ejemplo, los sacerdotes del vudú se caracterizarían por el uso de vestimenta
blanca, collares de conchas y aretes, entre otras.
A través de esa definición, esta Facultad fue enfática en sostener
que el vudú es una religión[20],
y como cualquiera de ellas, su legitimidad la deriva del “respeto que tienen
sus creyentes por la tradición (…), el sentido por lo sagrado, la fe en una
divinidad, el gusto por una ritualidad, [y] el respeto por una vida moral”[21].
El vudú y las creencias asociadas a él, se
basan en la convicción de la existencia de un dios central –Mawu o Nana Buluku-,
creador de todo el orden universal. De él desciende un conjunto de deidades,
conocidos como “loas”[22],
que se encargan de controlar lugares, territorios o expresiones de la
naturaleza, como los mares y los ríos. Esta convicción religiosa, alberga mecanismos
de defensa y ofensa a sus enemigos, que se concretan a través de rituales
mágicos, por los que es ampliamente reconocida.
La Universidad aclaró que, históricamente
el vudú, al entrar en contacto con el catolicismo, tuvo que adoptar los santos y
símbolos católicos para incluirlos en su idiosincrasia. Hacerlo le permitió camuflar
sus deidades en las de la religión mayoritaria, para evitar la persecución con
fines de evangelización a la que fueron sometidas las comunidades étnicas
durante la colonia. Esta Facultad señaló que el carácter sincrético que tiene
el vudú, no impide que sea considerado por sí mismo como religión.
Por su parte, la Universidad Santo
Tomás señaló que una religión es un conjunto sistémico de creencias que
gira en torno a lo sagrado, y que se funda en “el libre reconocimiento y
aceptación de la dependencia radical en que se encuentra el ser humano respecto
de una divinidad”[23],
a la que se venera y en la que busca la salvación. Cualquier religión[24] tiene
cuando menos tres elementos: (i) el reconocimiento de un poder distinto del ser
humano en el que identifica un sentido sagrado; (ii) un sentimiento de dependencia
respecto de él; y (iii) el deseo de relacionarse con esa deidad.
En el vudú se venera un dios central y una
gama de deidades o loas, que se encuentran categorizados en tres grupos
según su lugar de habitación (el cielo, la tierra o las nubes). Al primero,
toda vez que se encuentra en un lugar lejano, los creyentes no pueden acceder
ni adorarlo directamente, sino a través de los loas con quienes sí
pueden establecer contacto. También se veneran las almas, tanto la de los
muertos como aquellas que no han tenido relación con la materia, y que usualmente
se encuentran en la naturaleza.[25]
Según lo manifestó esta Universidad, “la
religión vudú” tiene gran variedad de símbolos rituales y culturales de
tipo animista, que permiten al creyente exteriorizar su fe e invocar a los
distintos loas en su vida cotidiana.
Dada la variedad de deidades y de ritos
iniciáticos, es difícil generalizar normas en relación con la apariencia de los
creyentes. El loa al cual el actor alega estar ofrendado desde el
momento de su nacimiento es Legba, reconocido como un súper humano con
temperamento y carácter ambivalente, que hace imposible fijar e identificar un código
de apariencia general a los ofrendados a él. La apariencia de los creyentes en
el vudú dependerá de las variables culturales y “epocales”, como de las
prácticas locales del vudú y de los dioses venerados.
Finalmente, destacó que el vudú no tiene
una similitud fundamental con la religión católica, “más allá de los
elementos religiosos (…) del catolicismo que fueron asumidos, transformados y
resignificados por el vudú de manera sincrética”[26].
Entre éstos últimos se encuentra la figura del sacerdote, pero a diferencia del
catolicismo, en el vudú se trata de una persona que tiene propiedad ritual
sobre el templo y los ritos. En consecuencia, el sacerdote vudú tiene cierta
libertad para modificar ritos y ceremonias, siempre que respete la tradición en
su esencia y ello hace muy difícil generalizar las prácticas y las normas de
conducta en esta religión.
f) Con
el mismo propósito y a través del mismo auto del 12 de febrero de 2018, se invitó
al Movimiento Nacional CIMARRON, a la Fundación Muntu Buntu, al Observatorio de
Discriminación Racial, a Procesos de Comunidades Negras, a la Conferencia
Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, al Instituto Colombiano de
Antropología e Historia –ICANH, al Instituto Colombiano para el Estudio de las
Religiones –ICER; al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de
Colombia; a la facultad de ciencias sociales de la Universidad de los Andes, a
la facultad de ciencias sociales y humanas de la Universidad de Antioquia y de
la Universidad del Cauca, a la facultad de humanidades de la Universidad
Nacional de Colombia[27],
de la Universidad Industrial de Santander, de la Universidad Externado de
Colombia y al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -Dejusticia-,
para que emitieran su concepto en este asunto sobre la base de cuestionamientos
puntuales[28].
El Instituto Colombiano de
Antropología e Historia –ICANH- en calidad de “entidad pública de
carácter científico y técnico del orden nacional, que responde a los
requerimientos de la sociedad colombiana relativos al diálogo intercultural y
al reconocimiento de la diversidad social y cultural”[29],
respondió el cuestionario planteado con fundamento en (i) investigaciones sobre
el vudú y las regiones de matriz africana; (ii) bibliografía sobre el tema y
(iii) entrevistas realizadas a expertos[30].
El ICANH sostuvo que el vudú sí es
una religión. Señaló que inició en el África y se desarrolló en Haití, Cuba y
República Dominicana, extendiéndose por el Caribe durante las migraciones
haitianas de los siglos XIX y XX, hasta llegar a países como Brasil y Colombia.
Sobre ella y sobre sus creencias existe un estigma, cuyo origen se remonta a la
época de la colonia en la que se señalaba una relación entre sus prácticas y
representaciones con el diablo, para condenarlas, censurarlas y eliminarlas.
Así, “la asociación que desde Europa se hizo hacia lo negro como algo
negativo y que en parte justificó la colonización y la trata de africanos, y
que está en las bases del racismo, ha estigmatizado las religiones practicadas
por personas afrodescendientes como brujería”[31].
Los ataques y la censura a los
elementos propios de esta religión, llevaron a que los afroamericanos tuvieran
por estrategia la veneración de sus dioses o la celebración de los ritos vudú en
festividades católicas, que servían para ocultar su veneración por los loas
y, en últimas, para llevar a cabo su culto sin riesgo de persecuciones. De este
modo, para el ICANH, el hecho de que como en este caso concreto un practicante
del vudú esté identificado como católico no es contradictorio; se explica como
una de las consecuencias de la evangelización forzosa que, antaño, fue
promovida en contra de las prácticas y las personas negras.
El ICANH hizo énfasis en que el vudú
no es solo una religión. Constituye además un emblema de la producción
intelectual y política de la negritud, así como de la diáspora africana y de la
desesclavización, que hace parte de la historia mundial y colombiana. Por lo
tanto, la práctica de esta religión por parte de personas
negras-afrocolombianas debe verse además como un mecanismo de “reivindicación
identitaria”[32]
para ellas.
La práctica del vudú se hace a
través de cofradías, que son autónomas entre sí. Cada una de ellas tiene estilo
y tradiciones propias para la veneración de los loa. Los homfor
son sus templos y los hugan sus sacerdotes. Entre otras características
del vudú el ICANH destacó que tiene un clero compuesto mayoritariamente por
mujeres y se caracteriza por el culto a los muertos, los ritos terapéuticos y los
sacrificios animales, entre otros.
En relación con la imposición de un
código de apariencia física para sus seguidores, el ICANH advirtió que la
ausencia de una doctrina única y fija impide reconocerlo en términos generales.
Recalcó que es preciso tener en cuenta, que los códigos de conducta
particulares en el vudú dependen, además, del loa al cual la persona fue
consagrada.
No obstante lo anterior este
instituto, fue enfático en decir que en el vudú la cabeza y todo lo que tiene
que ver con ella es de suma importancia para los creyentes, al punto en que “no
puede ser tocada por cualquier persona, y en general debe estar protegida por
el pelo o por otro elemento como turbante o gorro”[33].
La cabeza es la parte del cuerpo más importante, por el papel que juega en los
ritos que se practican y por ser el lugar en el que habita el loa a
quien la persona fue ofrecida. Adicionalmente, dicha entidad, destacó la
importancia que tiene el cabello para las personas afrodescendientes como un
emblema de la identidad étnica y cultural.
Sobre las afirmaciones del actor
en el escrito de tutela en cuanto a su posición en el vudú, el ICANH precisó
que el loa al que fue ofrecido desde el momento de su nacimiento es el Agoué.
Él reina en la naturaleza y gobierna el mar, su fauna y su flora, de modo que las
fiestas en su honor se desarrollan en el mar, en un estanque o en un río, en
donde se tocan tambores y se baila para él.
Por su parte, la Conferencia
Nacional de Organizaciones Afrocolombianas –CNOA- enfatizó en la necesidad
de que el ordenamiento jurídico colombiano tenga en cuenta las particularidades
de la cultura, la condición ancestral y las prácticas religiosas de la
comunidad afro. Informó que entre sus líneas de trabajo no se encuentra el tema
de estudio, por lo que considera que “se encuentra impedida para
manifestarse”[34]
sobre el mismo en una forma precisa.
Finalmente, la Universidad de
los Andes, a través de la Facultad de Ciencias Sociales, señaló que el vudú
es un sistema religioso de inspiración afro que se reprodujo en un contexto
marcado por la esclavitud y la diáspora africana. Es un sistema religioso que
tiene una fuerte relación con la cultura.
Como todas las religiones, el
vudú, tiene una estructura iniciática y una jerarquía complejas, en las que los
creyentes tienen funciones y compromisos en el templo y con la comunidad.
Se trata de una religión
monoteísta que cree en un dios central (femenino-masculino) del que surge toda
la creación y una pareja de mellizos como deidades, de las que a su vez
descienden los loas. El culto que se rinde a los tres primeros se hace a
través de estos últimos, que están vinculados a fuerzas de la naturaleza y que inciden
directamente en la cotidianidad de los creyentes.
Según informó la Universidad de
los Andes, sobre el vudú existe “una marcada estigmatización”[35] que
lo ha llevado a la barbarie y al desprestigio de sus prácticas, al punto de su “negación
e invisibilización”[36]
mediante ideas falsas transmitidas por ejemplo a través del cine. Estas han
consolidado una perspectiva en la que “el vodou y sus practicantes resultan
ser ‘otro’ radicalmente opuesto a la ‘buena sociedad’ y a la práctica de una
‘sana tradición’”[37].
En cuanto a las imposiciones sobre
la apariencia física, la Universidad destacó que luego de la iniciación de la
persona en el vudú “no debe cortarse el cabello (o permitir que su cabeza
sea tocada por alguien que no esté iniciado)”[38] y “como
bien señala la persona que tutela, [el cuerpo] deviene en un templo para la
divinidad”[39].
Entonces, sobre el caso particular que se analiza en esta oportunidad señaló
que:
“el cabello en
relación con lo que propone la persona que tutela adquiere sentido cuando se
mira el conjunto de argumentaciones que se han querido presentar, el cabello es
un símbolo de fertilidad y de prosperidad de muchas culturas, y en las
africanas adquiere gran relevancia (…) como un símbolo de respeto del pacto
entre la deidad y la persona”[40].
Sin embargo, este interviniente llamó
la atención sobre el hecho de que “los sistemas religiosos no son nunca
productos acabados, (…) se reinventan y reacomodan a las particularidades”[41] de
los contextos en los que surgen y se desarrollan, de los que dependen las prácticas
cotidianas influidas por la religión, por lo que no es posible hacer
generalizaciones sobre los códigos de apariencia física. Resaltó que, en
cualquier caso, “la trasgresión de la persona de los códigos religiosos
escritos u orales supone siempre la pérdida de sentido de vida de la persona,
el abandono de la divinidad (…) en cuanto a la orientación y protección en su
vida cotidiana”[42].
Finalmente, la Universidad de los
Andes manifestó que las personas iniciadas en religiones de origen afro, en
razón del estigma sobre sus creencias del que han sido víctimas, usualmente
optan por afirmarse en otro credo en tanto hay “reticencia o negativa a
hablar o mencionar esas otra(s) práctica(s) (…) por temor a la discriminación,
marginación y represalias sociales e incluso legales”[43].
g) Además, la magistrada sustanciadora resolvió invitar también a los
distintos grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS[44], que actualmente
abordan el tema que se debate, para conocer su postura sobre este asunto.
El Grupo de Investigación Religión,
Cultura y Sociedad de la Universidad de Antioquia sostuvo que “el vudú
es una práctica religiosa producto del sincretismo entre formas de animismo
africano y el cristianismo”[45],
que como toda religión tiene un número amplio de variaciones, dentro de las
cuales se “podría haber definido que los hombres deben usar el cabello o la
barba de una u otra manera. Negar o no reconocer estas nuevas versiones de las
religiosidades es volver al viejo problema de la exclusión de la diferencia
cultural, problema que el Estado multiculturalista pretende resolver”[46].
Este grupo de investigación destacó que en
el vudú, a diferencia de religiones como la católica, no es posible identificar
una autoridad central y suficientemente poderosa como para definir en forma
general y universal cuáles son sus parámetros y prácticas “verdaderas”.
Sobre el censo religioso que el INPEC aportó
a este trámite constitucional, el grupo manifestó que el mismo no da cuenta ni
es reflejo de la verdadera diversidad religiosa que existe en un país como
Colombia. El hecho de que el actor esté señalado en dicho censo como católico
no debería ser asumido como prueba de que no practica el vudú pues “un reo,
en las condiciones de reclusión y sometimiento en las que se encuentra, puede
responder ‘católico’ simplemente porque no existe otra categoría con la que se
identifique mejor en ese instante, o porque juzga conveniente dar esa respuesta
para no ser discriminado o maltratado en ese momento”[47].
El Grupo de Investigación Humanitas
de la Universidad Católica de Oriente, se pronunció en el sentido de que la
religión es un medio para que el ser humano se identifique con aquello que
considera sagrado y que le da sentido a su vida. Cualquier religión tiene, (i)
una concepción sobre la naturaleza y la divinidad; (ii) doctrinas sobre los
deberes y obligaciones recíprocas entre la divinidad y el ser humano; y (iii)
una serie de normas que permiten enfrentar la vida. La forma de expresión de la
religión, individual o colectiva, es el culto.
En relación con el vudú o voodoo, este
grupo explicó que se sustenta en un contacto con la naturaleza y los espíritus
a los que se atribuye cierto poder sobre el ser humano. Sin embargo, en
Colombia, Brasil y Cuba se ha combinado con prácticas cristianas. Por lo tanto,
es un culto y no una religión, como si lo es en su versión original africana.
Este grupo de investigación, precisó que
si bien el vudú se practica en algunas partes del mundo, es un sistema de
creencias minoritario y está excluido expresamente por el artículo 5° de la Ley
133 de 1994, del ámbito de la libertad religiosa, porque comprende una herencia
animista, mágica y espiritista, por lo que no puede dar lugar a la protección
del derecho a la libertad religiosa.
Sobre el caso concreto este grupo de
investigación afirmó que, la imposibilidad en la que se encuentra el actor para
exteriorizar a través de su apariencia física la religión que dice profesar, no
implica que se le haya obstruido la práctica íntima de la misma. Por lo tanto
las medidas de restricción en pro de la salud, seguridad y el orden públicos en
el establecimiento penitenciario accionado, resultan legítimas en el entorno
carcelario.
El Grupo de Investigación Sagrado y
Profano de la Universidad Industrial de Santander, conceptuó sobre el
origen del vudú, sus representaciones religiosas, su organización y prácticas.
Sobre lo primero destacó que el vudú es una creación de los esclavos africanos
en Haití y es una religión de tipo animista que pertenece a la familia de
religiones afroamericanas. Ha sido “despreciada y desvirtuada,
corrientemente asociada a la pobreza, ignorancia, ‘zombies’ y muñecos con
agujas, a la brujería y a prácticas diabólicas”[48].
Ello ha invisibilizado las principales características de esta religión: (i) el
respeto a un gran maestro, a los “luás” que protegen al individuo y a la
comunidad, como también a los muertos, ancianos, patriarcas y matriarcas; (ii)
la propensión por la generosidad y convivencia con vecinos y visitantes, y por
la solidaridad a parientes y amigos; y (iii) el respeto a las jerarquías.
Los luás se dividen en radas
y en petrós. Los primeros son amables, justos y ecuánimes, mientras los
segundos son belicosos, implacables y especialistas en magia. Su número depende
de la cofradía (cada una de condición autónoma) en la que se realice el culto,
y de cualquier modo el vudú es una religión abierta a la existencia de otros
dioses. En sus ceremonias se fortalecen los lazos entre las deidades y los
médiums, a través de los cuales éstas se expresan, en ellas son comunes los
sacrificios animales para dar ofrendas a las deidades y la utilización de muñecos,
bien para hacer hechizos o bien para lograr beneficios en favor de quienes los
portan.
En Colombia la práctica del vudú es
marginal y se presenta sobre todo en el Pacífico.
1.3. Finalmente, a
través del mismo auto referido, se le ordenó al INPEC identificar
el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que tiene a cargo el
cumplimiento de la pena del accionante, y darle a conocer este auto, la demanda
y las sentencias de instancia para que aquel se pronunciara sobre sí, “desde
el punto de vista de la ejecución de su pena, identifica alguna razón, más allá
del reglamento del establecimiento penitenciario, que justifique el corte de su
barba y su pelo”. El INPEC no acreditó el cumplimiento de esta orden.
El 16 de marzo de 2018,
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- remitió a esta
Corporación una comunicación en la que destacó que, verificado el sistema de la
Rama Judicial, la condena penal en contra del actor, por delitos contra la vida
y la integridad personal, estaba a cargo para su ejecución del Juzgado 4° de
Ejecución de Penas de Popayán. El proceso se extinguió por la muerte del
condenado “el 30 de noviembre de 2017”[49].
A pesar de esta comunicación, el INPEC no respondió íntegramente a las órdenes
contenidas en el auto del 12 de febrero de 2018, en tanto no le remitió al
juzgado interesado la invitación a participar en este trámite constitucional.
Finalmente el INPEC consideró
“preciso recordar que la muerte del accionante hace inoficiosa o
improcedente la acción de tutela”[50],
de modo que no amerita un pronunciamiento judicial de fondo.
2. Vista la respuesta obtenida al auto del 12 de febrero de 2018, y advertida
la falta de respuesta a algunos de los puntos y preguntas formuladas en él, la
Sala Sexta de Revisión, mediante auto del 21 de marzo de 2018:
2.1.
Requirió al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- para que respondiera los cuestionarios planteados en el primer
auto de pruebas, así como para que acreditara el cumplimiento de la orden
dictada en relación con la invitación al Juzgado de Ejecución de Penas que
llevaba el caso del actor. Así mismo le formuló nuevas preguntas[51] y le
ordenó remitir el texto completo de la Resolución 002122 del 15 de junio de
2012, que había sido aportada en forma incompleta.
En dicho auto se le advirtió
al INPEC que conforme el artículo 50 del Decreto 2067 de 1991, aplicable a
todos los juicios ante la Corte, los funcionarios públicos deberán prestar
colaboración eficaz e inmediata a la Corte Constitucional y que “el
incumplimiento de este deber será causal de mala conducta”. Sin embargo, el
INPEC optó nuevamente por guardar silencio sobre las preguntas que le fueron
formuladas.
2.2.
La Sala requirió, además, al Ministerio de Justicia
y del Derecho para que aportase el reglamento interno del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán y señalara el
impacto que tiene sobre su vigencia, la expedición de la Resolución 006349 del
16 de diciembre de 2016, que fijó el reglamento general para los
establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. Adicionalmente, se
insistió en que esa entidad respondiera una pregunta planteada en el auto del
12 de febrero de 2018.
Dicha Cartera
ministerial remitió la Resolución 002122 del 15 de junio de 2012 expedida por
el INPEC. Señaló que el reglamento general de los establecimientos
penitenciarios del orden nacional, atiende a un enfoque diferencial que
contempla la diversidad religiosa, en relación con la cual las restricciones impuestas
a las personas privadas de la libertad deben responder a un estricto criterio
de necesidad y proporcionalidad.
Contestó además en el
sentido de destacar que cada centro de reclusión debe evaluar las medidas y que
son sus autoridades quienes deben informar sobre las consecuencias que
conllevaría la eventual autorización a los internos para llevar el cabello
largo y la barba.
2.3.
Dados los términos necesarios para el trámite
probatorio que requerían las órdenes precedentes, la Sala resolvió suspender
los términos para decidir, por un lapso de 15 días.
3. Por último, la Magistrada sustanciadora, habida cuenta de las
manifestaciones y las competencias alegadas por el Ministerio del Interior en
su escrito de contestación al auto del 12 de febrero de 2018, vinculó a esa
entidad y le advirtió que podía alegar la nulidad de este trámite
constitucional, si era de su interés hacerlo.
Una vez el Ministerio
del Interior renunció a la posibilidad de alegar la nulidad de lo actuado en
este proceso, manifestó en su defensa que “no tiene legitimación en la causa
para enfrentar la pretensión de amparo del accionante”[52] y que
si bien la Ley 133 de 1994 le adjudicó la competencia para reconocer la personería
jurídica de las entidades religiosas, no tiene facultad para inspeccionarlas,
controlarlas o vigilarlas. No le es dable evaluar creencias y dogmas religiosos.
En relación con ello se limita a establecer si las confesiones están
expresamente excluidas del derecho a la libertad religiosa y de cultos, por
disposición del artículo 5° de la Ley 133 de 1994.
En relación con la
acción de tutela y el credo del actor, insistió en que el mismo no es una religión
reconocida en el país. Destacó que el hecho de que exista un practicante de esa
creencia no implica que el Estado deba reconocerla jurídicamente, sin los
requisitos y procedimientos del caso. Por ende, solicitó negar el amparo
constitucional.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1. En virtud
de las disposiciones contenidas en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución
Política de 1991, como en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta
Sala es competente para decidir el presente asunto.
Asunto objeto de revisión y problema jurídico
2. Para efectos de
resolver este asunto es importante recordar que el accionante denunció que el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán lesionó sus
derechos fundamentales al no reconocer su religión y no dejarle usar el cabello
largo y la barba, sometiéndolo a su corte regular sin considerar la relación
que tienen aquellos con sus convicciones religiosas. Para él, este es un trato
discriminatorio en razón de su etnia y su creencia. Destacó que esa práctica va
en contravía de su credo (el vudú).
3. La primera instancia
aseguró que el actor no había acreditado una convicción fija, profunda y sincera,
como debía hacerlo. La segunda, a través del censo religioso hecho por el
INPEC, destacó que no existía profundidad en la creencia del actor, como quiera
que en ese documento registraba como practicante del catolicismo.
4. El
4 de noviembre de 2017, durante el trámite de selección de este expediente, el
actor falleció, como consta en su registro civil de defunción, documento que
fue aportado por la Defensoría del Pueblo el 1° de marzo de 2018[53].
5. Planteada así la
situación, la Sala debe resolver dos problemas jurídicos. El primero, si la
acción de tutela que promovió el señor Gregorio Godoy Vallecilla es procedente.
Para ello, en lo que respecta a la procedencia formal de la acción, a la Sala le
corresponde precisar sí (i) ¿concurre o no legitimación por activa?; (ii) ¿la
acción de tutela es procedente, de cara al principio de inmediatez y
subsidiariedad?; y (iii) ¿en este caso se presenta una carencia actual de
objeto a raíz de la muerte del accionante? y, en caso afirmativo, ha de aclarar
si ello implica que esta Corporación debe abstenerse de hacer cualquier
pronunciamiento de fondo, como lo planteó el INPEC.
Abordadas esas cuestiones
preliminares es necesario establecer sí ¿las autoridades penitenciarias
comprometen el derecho a la libertad religiosa y de cultos, cuando no reconocen
en la dinámica carcelaria una práctica minoritaria que no ha sido identificada
como una religión, por el Estado colombiano? También es necesario analizar si ¿ante
la solicitud de reconocimiento de códigos de apariencia física asociados a este
tipo de religiones, el INPEC compromete el derecho al debido proceso, al limitarse
a negarla sin verificar a través de las autoridades competentes si hay
representaciones religiosas en juego?
Análisis formal de
procedencia
6. Para la Sala
la solicitud de amparo constitucional que se estudia en esta oportunidad,
satisface los requisitos formales de procedencia. Para explicarlo, en primer
lugar, se hará referencia a las cuestiones relacionadas con la legitimación de
las partes, tanto por activa como por pasiva; y luego, se analizarán los
requisitos de procedencia que se encuentran atados a la naturaleza y las
características con las que la norma superior dotó a la acción de tutela
–inmediatez y subsidiariedad. Finalmente, se abordará el alcance de la carencia
de objeto por daño consumado.
Legitimación de las
partes
7. La solicitud
de amparo puede ser formulada por el afectado (directamente) o a través de un
tercero que, ante el juez de tutela, asuma la representación y la agencia de
sus intereses (indirectamente[54]).
En el caso concreto es el titular de los derechos reivindicados quien formula
la acción de tutela y busca su protección, mediante la intervención del juez
constitucional. Se trata de Gregorio Godoy Vallecilla quien era una persona
privada de la libertad, que se encontraba sometida al reglamento interno del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Popayán, por estar (para el momento de interposición de esta acción) recluido
en él.
8. Correlativamente
el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Popayán, es la institución cuya actuación es censurada por el demandante, de
modo que su conducta se valorará de fondo.
9. Así
mismo, el INPEC y el Ministerio del Interior fueron vinculados por esta
Corporación, por ser terceros interesados en la definición de este caso, en la
medida en que el actor denunció en relación con el primero, una conducta
discriminatoria en su contra. En relación con el segundo, su legitimación por
pasiva deviene de las competencias constitucionales y legales que tiene en
materia de política pública de libertad religiosa y de cultos.
El principio
de subsidiariedad
10. La acción de tutela es un mecanismo judicial, de naturaleza
constitucional, orientado a la defensa judicial de los derechos fundamentales, que puedan
resultar vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, e
incluso de los particulares, en ciertas situaciones específicas. Por lo tanto,
su utilización es excepcional, y su interposición solo es jurídicamente viable
cuando, examinado el sistema de acciones judiciales, no se encuentre un medio
ordinario eficaz para la protección de los derechos y, por lo tanto, no haya
mecanismo judicial que brinde un amparo oportuno y evite una afectación grave e
irreversible de las garantías constitucionales.
11. En este caso particular la Sala encuentra que la acción de tutela
satisface el principio de subsidiariedad, en el entendido de que no existe
ningún otro mecanismo de defensa que el accionante pueda emplear para solicitar
la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la libertad
religiosa y de culto y al debido proceso.
El principio
de inmediatez
12. Otro de los requisitos que impone la naturaleza de la acción de
tutela es la inmediatez. La formulación de la acción de tutela debe ocurrir con
el propósito de proteger de forma oportuna y eficaz los bienes jurídicos que el
interesado estima comprometidos. Sobre ellos debe verificarse una amenaza grave
e inminente, que amerite la protección urgente del juez de tutela.
En virtud de dicha
inminencia, se previó para el trámite de la acción de tutela, un proceso
sumario y preferente que permitiera cumplir los objetivos formulados por el
constituyente primario. Correlativamente, al accionante le impuso el deber de
acudir al juez de tutela en un término razonable que, si bien no está
prestablecido a modo de término de caducidad, debe estimarse de acuerdo con los
supuestos de hecho que sustentan la solicitud de amparo constitucional. El
ejercicio oportuno de la acción, muchas veces revela cuan urgente considera el
mismo actor que es la protección que reclama.
13. En
el caso concreto, el 8 de marzo de 2017 el actor formuló una petición en la que
le solicitó al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana
Seguridad de Popayán autorización para portar el cabello largo y la barba.
Dicha petición fue resuelta
por la entidad demandada el 22 de marzo de 2017, que se negó a autorizar el
porte de cabello largo y barba por razones de seguridad, con el fin de evitar
suplantaciones. Menos de dos meses después, el 30 de mayo de 2017, el
accionante radicó ante la autoridad penitenciaria esta acción de tutela que el
6 de junio de 2018 fue repartida entre los juzgados penales del circuito. Así
las cosas la interposición de esta acción de tutela se hizo en un término
razonable.
Carencia Actual de Objeto.
El daño consumado y el alcance de la decisión del juez constitucional[55].
14. La sustracción de los motivos que
llevaron a la interposición de la solicitud de amparo, elimina la vocación
protectora que le es inherente a la acción de tutela, respecto del caso
concreto. Puede suceder que la intervención del juez de
tutela, que se consideraba urgente y determinante cuando se formuló la acción, deje
de serlo por el modo en que evolucionan los hechos, bien porque la amenaza se
concrete al punto en que el daño se materializó (daño consumado), o ya
porque las circunstancias que dieron lugar a la amenaza cesen y, con ellas, el
riesgo para los derechos fundamentales inicialmente comprometidos (hecho
superado).
En esos dos
eventos, el juez constitucional no tendrá materia sobre la que pueda concretar
una protección y en razón de ello cualquier orden que pueda emitir (i) caería
en el vacío[56] y (ii) desbordaría las competencias que le fueron reconocidas por
el artículo 86 superior, en consonancia con la naturaleza de esta acción
constitucional.
15. El
hecho superado se presenta cuando entre la
interposición de la acción y la emisión de la decisión cesan las circunstancias
que dieron lugar a la solicitud de amparo, de modo que “la amenaza o
violación del derecho no existen al momento de proferir el fallo, salvo que los
hechos que configuran una u otra persistan y sean actual y ciertamente
percibidas por el juez”[57].
Significa ello que el hecho superado se consolida cuando la materia de decisión
se sustrae, o lo que en algunas ocasiones es lo mismo, cuando todas las
pretensiones fueron satisfechas al punto en que la amenaza sobre los derechos
cesó y ésta no reclama intervención judicial alguna (ultra o extra
petita).
Conforme a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional la ocurrencia de un hecho superado se
asocia principalmente a la desaparición de “los motivos que (…) originaron”
la formulación de la acción[58].
Estos motivos son concebidos desde dos puntos de vista distintos pero
complementarios. De una parte, hay un enfoque que liga los motivos de la
interposición de la acción a los presupuestos fácticos o situaciones de hecho[59] que
llevaron al actor a percibir una amenaza para sus derechos y que, al mismo
tiempo, constituyen el marco de decisión del juez de tutela; y de otra, la
motivación se entiende en función de las pretensiones hechas en el escrito de
tutela[60],
de modo que cuando “la pretensión instaurada en defensa del derecho
conculcado está siendo satisfecha, el instrumento constitucional -acción de
tutela- pierde eficacia y por tanto, su razón de ser”[61].
Con todo, el parámetro
general de la ocurrencia del hecho superado siempre será la amenaza de los
derechos fundamentales, de modo que el juez valore si persiste o cesó, según el
curso de la situación particular. En ese contexto la insatisfacción de las
pretensiones del accionante solo será indicativa de la posible subsistencia de
la situación; esto sin perjuicio de que las solicitudes contenidas en el
escrito de tutela deban ser resueltas en acatamiento del principio de
congruencia de las decisiones judiciales.
16. Por
su parte, el daño consumado se presenta en eventos en los que la
protección constitucional es innecesaria, no porque las causas de la afectación
desaparecieran, como es el caso del hecho superado, sino porque se concretó el
riesgo que se ceñía sobre los bienes ius fundamentales del accionante.
Ocurre cuando la
amenaza se materializa, de modo que el juez de tutela no tiene forma efectiva de
responder a la situación para restablecer su ejercicio, que por demás es
imposible. En este escenario, la protección no puede concretarse y no es
posible restituir las cosas al estado anterior, de modo que lo que procede es
la retribución por la afectación, por lo que la acción de tutela, en principio[62], no es el
mecanismo de acción para obtenerla.
17. La doctrina ha sostenido que mientras el
daño consumado torna inviable el amparo por el carácter protector y
restitutorio de la acción de tutela, como quiera que “si el daño ya se
produjo, la tutela carece de objetivo”[63], el hecho
superado ocurre cuando “durante el trámite (…) la situación fáctica que
amenazaba el derecho fundamental desapareció y este último ya no se encuentra
en riesgo”[64].
18. Conforme
la jurisprudencia de esta Corporación, mientras en el hecho superado la
situación de hecho se transforma al punto de suprimir los motivos que llevaron
a interponer la acción, como consecuencia de la conducta de la autoridad
obligada (activa o pasiva[65],
según la gestión que se esperaba de ella) que finalmente, y durante el trámite
de la acción de tutela, elimina la barrera que había impuesto para el ejercicio
de las garantías ius fundamentales reclamadas por el actor o
identificadas por el juez[66],
en el daño consumado la parte accionada no redirige su conducta, y para
cuando en efecto el juez constata la afectación de los derechos del actor, ya
no está en condiciones de oportunidad para conjurarla y no puede, de ningún
modo, restituir el ejercicio de los mismos.
De ahí que un hecho
superado tenga un efecto simbólico menos reprochable que el daño consumado, en
la medida en que en el primer caso la accionada, alertada por la formulación de
la acción, corrigió su actuar e hizo cesar la afectación de los derechos por su
propia voluntad, mientras en el segundo la posición de la accionada lleva la
situación a un límite extremo en que el restablecimiento del derecho es
imposible.
19. Las
causas procesales de su configuración se han concebido en distintos sentidos
con la evolución de la jurisprudencia en la materia. En un primer momento, esta
Corte consideró que el daño consumado daba lugar a la improcedencia de la
acción de tutela, bajo el entendido de que la violación consumada de las
garantías fundamentales tornaba inocuo cualquier pronunciamiento judicial de
fondo, al no tener impacto real y efectivo[67].
En otras oportunidades, la Corte también declaró que la afectación definitiva
de los derechos reivindicados daba lugar a la configuración de un hecho
superado[68].
20. Cuando el juez de
tutela se enfrenta a la muerte del accionante, la Sala Plena de esta
Corporación, en la Sentencia SU-540 de 2007[69], se
pronunció para hacer varias precisiones.
La primera de ellas es que la muerte del
accionante no puede entenderse como un hecho superado. Inferirlo de ese modo sería
tanto como considerar que uno de los motivos de la acción de tutela es la vida
de quien solicita el amparo, y que puede haber una superación en la muerte, y
por consiguiente una declaración que exonere a la accionada cuando fallece su
contraparte.
Por el contrario,
tal hecho configura un daño consumado. “La
Corte ha sostenido que dada la finalidad de la acción de tutela, dirigida a
garantizar la protección del derecho constitucional fundamental de quien acude
al amparo constitucional, el fenómeno de la carencia actual de objeto, cuando muere el actor de la
tutela, se presenta como consecuencia del daño consumado, pues la finalidad de la acción se extingue,
porque, en principio, es una finalidad subjetiva”[70].
La segunda es que, a
diferencia del hecho superado a partir del cual se entiende finalizada y
extinta la situación que puso en riesgo los derechos del accionante y no hay
lugar al pronunciamiento judicial, el daño consumado puede implicar la emisión
de una decisión sobre los fallos de instancia, con el fin de cumplir los
propósitos del trámite de revisión.
La sentencia en cita unificó
los criterios sobre la materia, al señalar que:
“la circunstancia de la muerte
del actor en tutela configura un daño consumado, que no necesariamente conduce
a la improcedencia de la tutela porque ‘la existencia de una carencia actual de
objeto no es óbice para que la Corte analice’ (…), ‘si existió una vulneración
(…) [Entonces,] aunque ocurra la muerte del peticionario durante el trámite de
la tutela, [la Corte] conserva la competencia para emitir un pronunciamiento
sobre la cuestión objeto de debate, porque si bien es cierto que por esa causa,
entendida como un daño consumado, la Corte queda impedida para impartir contra
el demandado la orden a que hace referencia el artículo 86 Superior, también lo
es que (…) debe resolver sobre el fondo del asunto sometido a su estudio, i.)
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991,
que prohíbe la emisión de fallos inhibitorios en materia de tutela y ii.) en
consideración a que sus funciones, en materia de tutela, exceden a las que
cumple ordinariamente un tribunal de instancia.”
Ahora bien, el hecho de la muerte puede ocurrir como consecuencia
directa de la afectación de los derechos fundamentales reivindicados por el
accionante, o por causas que son ajenas a la situación de la que conoce el juez
de tutela. En el primero de los casos es clara la existencia de un daño
consumado, en el segundo es necesario hacer salvedades, como se explicará más
adelante.
21. La Sentencia
T-544 de 2017[71]
consideró que la verificación de la existencia de un daño consumado, se rige
por las siguientes reglas:
·
El daño consumado genera carencia actual de objeto.
·
El juez puede pronunciarse sobre la configuración del daño
consumado, puede valorar si la afectación tiene un sentido objetivo y si
involucra la competencia del juez constitucional y en especial la de la Corte
Constitucional, cuya función principal es interpretar normas y definir núcleos
o contenidos de derechos fundamentales.
·
Adicionalmente, y conforme el artículo 24 del Decreto 2591 de
1991, es preciso hacer “una advertencia a la autoridad pública [o
particular] para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para conceder la tutela”.
La existencia de un daño
consumado, además, faculta al juez para que, si lo estima necesario, (i) ordene
la compulsa de copias para que se investigue la conducta que generó el daño;
y/o (ii) diseñe las medidas de reparación que estime convenientes en el caso
concreto.
22. No
obstante lo anterior, se ha reconocido la existencia de eventos en los cuales
la muerte del accionante no deriva necesariamente en un daño consumado. En ese
sentido se han proferido varias decisiones de tutela en las que a la muerte del
accionante se le ha otorgado otro alcance.
La Sentencia
T-162 de 2015[72]
recalcó que el juez de tutela “puede
pronunciarse de diferentes maneras”, de acuerdo con los
supuestos del caso concreto.
22.1. En primer
lugar, habida cuenta de lo establecido en el artículo
68 del Código General del Proceso[73], puede presentarse el fenómeno
de la sucesión
procesal, en virtud de la cual la acción de tutela puede proseguir,
con fundamento en la continuidad de la afectación de los derechos fundamentales
sobre los miembros de la familia del accionante.  En este evento la muerte del
actor no implica la carencia actual de objeto[74].
22.2. En segundo lugar, cuando los
derechos comprometidos son de índole personalísima y, por ende, no susceptibles
de sucesión, y siempre que la muerte del accionante no tenga relación con las
circunstancias de hecho que rodean la afectación a los derechos que denunció,
no se habrá configurado ni un daño consumado ni un hecho superado. En cambio sí
habrá una carencia de objeto “por la
estrecha relación que existe entre el sujeto y el objeto de un amparo
constitucional”. En este evento el carácter personalísimo de
la prestación que se espera y de las medidas a adoptar, implican vaciar de
contenido cualquier orden que pudiera emitirse.
23. Ahora
bien, en relación con el caso que se estudia en esta oportunidad, cabe hacer
algunas precisiones.
Preliminarmente, es
pertinente valorar si en esta oportunidad la muerte del accionante puede
incluirse en alguna de las situaciones en las que el deceso no configura un
daño consumado.
En primer lugar, el
derecho comprometido, la libertad religiosa y de culto (y como se verá, el
debido proceso), son de un carácter tal que el actor no puede ser sustituido
por su familia en su ejercicio. Por lo tanto, no es objeto de sucesión
procesal.
De tal suerte, el
derecho tendría en principio y desde el punto de vista de la dimensión
subjetiva del derecho fundamental, una connotación personalísima por lo que la
inexistencia del titular haría innecesaria la adopción de cualquier medida. A
pesar de ello, en este asunto, como se verá, la causa de la afectación no se reduce
a este caso concreto, sino que proviene de la inexistencia de protocolos de
respuesta ante la existencia de creencias minoritarias al interior de los
establecimientos penitenciarios, que conduzcan a la autoridad penitenciaria a
buscar una decisión sobre si dichas convicciones están o no amparadas por la
libertad de culto, conforme la Ley 133 de 1994. Deviene de la dimensión
objetiva del derecho a la libertad de cultos en los escenarios carcelarios del
país[75].
Entonces, si bien no
hay una sucesión en favor de la familia del actor, dadas las condiciones de la causa
de la afectación y en el escenario actual, en el cual el sistema penitenciario
y carcelario se encuentra en un estado de cosas inconstitucional[76], no puede
asumirse que la afectación sea personal y completamente subjetiva. En tal
sentido en este asunto concreto es posible relacionar la muerte del actor con
un daño consumado.
Hecha esta precisión
es importante recordar que el accionante falleció el 4 de noviembre de 2017 en
la ciudad de Cali, en condiciones que esta Sala desconoce. Su muerte se produjo
en el momento en que gozaba del permiso de 72 horas que regularmente le era
concedido, según él mismo lo había relatado en el escrito de tutela.
No puede deducirse
que su muerte se haya producido como consecuencia de la amenaza que se ceñía
sobre sus derechos fundamentales, como si puede hacerse en casos de
reclamaciones por el derecho a la salud, cuando el paciente muere por la falta
de un insumo, medicamento o servicio médico, en los que es claro que la amenaza
se concreta y produce el deceso como resultado directo.
La muerte del actor,
independientemente de las causas de la misma, genera la imposibilidad para él de
vincularse con la divinidad que veneraba, en la forma en que esperaba hacerlo y
en que le solicitó al juez intervenir. Bajo esta óptica, la muerte se convierte
en un hecho que impide al juez de tutela adoptar medidas que puedan remediar la
situación, con el fin de que el actor concrete en el escenario carcelario sus
creencias, representaciones y prácticas religiosas. En consecuencia, se consumó
el daño denunciado por el accionante en el escrito de tutela.
De este modo, la
Sala considera que en el caso sometido a estudio en esta oportunidad se está
ante un daño consumado que genera la carencia actual de objeto, pero que a
diferencia de lo manifestado por el INPEC, no impide al juez de tutela pronunciarse
de fondo. Al contrario, la declaración de un daño consumado le permite al juez
establecer, primero, si hubo o no daño y, si este quedó consumado con los
hechos sobrevinientes a la interposición de la acción de tutela, tal y como se
desprende el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991. Luego, el pronunciamiento de
fondo puede obedecer a la necesidad de definir el alcance de las garantías ius
fundamentales, esto es a motivos pedagógicos o, como sucede en esta
oportunidad, a la importancia de prevenir otras afectaciones de derechos
fundamentales.
24. Así
las cosas, en el siguiente apartado la Sala se pronunciará de fondo sobre el
caso concreto. Para efectos de lo anterior, se considerará la naturaleza y el
alcance de la libertad religiosa en el marco de las directrices legales y
jurisprudenciales; se mencionará el papel de la religión y de las libertades
asociadas a ella en el escenario carcelario, como mecanismo para el desarrollo
espiritual de los internos, previsto por el Legislador como una herramienta de
resocialización. Precisados estos aspectos, se concentrará en el caso concreto.
La
religión y las libertades asociadas a ella en el ordenamiento jurídico
colombiano. Principio de neutralidad religiosa
25. La
religión es, como lo definieron los intervinientes en este caso, un sistema de
creencias que contiene una concepción sobre la divinidad y sobre la relación
que el ser humano puede tejer con ella, mediante patrones de conducta, normas y
esquemas de valoración del mundo que rodea al creyente, y de sí mismo. Brinda
elementos para pensar el mundo, percibirlo y actuar en él, cuando la religión
se internaliza y adquiere una función crucial en la vida del individuo[77].
La religión se
inserta en la cotidianidad de la persona y es transversal a ella, pues
contrario a lo que puede concebirse sobre las distintas religiones “la
acción movida por motivos mágicos o religiosos se orienta hacia este mundo. Las
ceremonias de carácter mágico o religioso deben realizarse ‘para que te vaya
bien (…) [Por lo tanto, l]a acción o el pensamiento religioso o ‘mágico’ no
debe separarse de forma absoluta de la órbita de la acción cotidiana con
arreglo a fines”[78].
Si bien no todas las personas tienen una convicción religiosa, quienes la
tienen resultan permeados por ella en aspectos básicos de la vida y de su
relación con el entorno social y natural[79].
Dentro del marco de
las representaciones religiosas sobre el mundo, los símbolos y los ritos
adquieren un valor interno a cada uno de los sistemas de creencias, que pueden
parecer intrascendentes desde un punto de vista exterior y que configuran “lo
sagrado y lo profano”[80],
que termina por ser el factor de distinción entre ellas y muchas veces de
exclusión. No obstante, para el creyente, hacen parte de sí mismo y conforman
en buena medida parte de su identidad. De ahí la importancia de la libertad
religiosa como una garantía constitucional que permite el desarrollo del ser y de
su dignidad humana.
26. De
la religión emanan, en el marco del Estado moderno, derechos y libertades. Ellas
no solo tienen varias facetas, de conformidad con aquello que le es exigible al
Estado –omisión y acción[81]-
sino además tiene dos dimensiones en función del titular de esos derechos, pues
el culto como un acto practicado con otros, tiene un escenario de desarrollo
meramente individual, pero además tiene un componente puramente colectivo.
Se reconoce una
garantía ius fundamental para la persona que tiene una creencia sobre la
divinidad, lo sagrado y la relación del ser humano con ella, y que parte de aquella
para desarrollarse cotidianamente. También –pero en sentido distinto- implica
prerrogativas para las colectividades que comparten ritos y cosmovisiones en
torno a ello. Para éstas últimas, las garantías se encuentran mediadas por el
reconocimiento que adquieran como personas jurídicas y entidades religiosas,
conforme lo establecido en la Ley 133 de 1994 y en el Decreto 1066 de 2015.
De este modo, el
reconocimiento de la personería jurídica no es un obstáculo para el desarrollo
de la creencia interna de la persona que se encuentre vinculada a una confesión
sin reconocimiento estatal. Sin embargo, aquella si puede ser condición para el
ejercicio de los derechos por parte de entidades religiosas en su relación con
el Estado[82].
Este caso convoca a la
Sala a pronunciarse sobre la dimensión individual y personal del derecho a la
libertad religiosa, en la que se concentrará en lo que sigue.
27. La
universalidad de los derechos, como un postulado del Estado liberal fundado en
la idea de un ser humano y de los aspectos comunes de sus congéneres, ha sido
paulatinamente sustituida por el reconocimiento de la diferencia y de la
heterogeneidad dentro de las fronteras nacionales, que han derivado en procesos
de especificación de los derechos fundamentales[83]. Esta
diferencia implica no solo la convicción de la multiplicidad de visiones y
percepciones de mundo en un mismo espacio-tiempo, sino también la necesidad de
que haya armonía entre ellas y que todas sean permeadas por la
institucionalidad y aporten a su configuración.
Colombia es un
Estado laico, que reconoce la diversidad de formas de percibir el mundo y de
actuar en él, asociadas a la religión, siempre que se ajusten a los principios
constitucionales y no atenten contra el orden público[84]. Es una
sociedad pluralista en la que coexiste la diferencia y en la que los sujetos
tienen las mismas garantías constitucionales, que se concretan en formas
disímiles en relación con sus particularidades.
28. Como
un mecanismo de respeto a las diferencias que surgen de la religión, la
Constitución, en su artículo 19, estableció que “todas las confesiones
religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”, disposición que
consagra el principio constitucional de la neutralidad religiosa.
Este principio
implica prohibiciones que pretenden promover el pluralismo religioso dentro de
un Estado liberal no confesional como el colombiano. Con ese fin está prohibido
(i) establecer una religión o iglesia oficial; (ii) que el Estado se
identifique formal y explícitamente con una iglesia o religión; (iii) que
realice actos oficiales de adhesión a una creencia, religión o iglesia; (iv)
que tome decisiones o medidas con una finalidad religiosa, mucho menos si ella
constituye la expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión; o (v)
que adopte políticas o desarrolle acciones cuyo impacto primordial real sea
promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia particular[85]. En suma
la Constitución prohíbe que el Estado entable relación con algunas religiones “y
no con otras igualmente protegidas en su dignidad y libertad por la
Constitución, si éstas quieren entablarlas en ejercicio de su autonomía”[86]. Ello,
indirectamente, implica que todas las personas recibirán, por igual, la
protección de su convicción religiosa en el ámbito nacional.
29. Así
no solamente se concreta el mandato superior citado, sino también los
compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano, tales como el
consagrado en el numeral 2 del artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales[87],
y en el artículo 12 y 13[88]
de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
30. La
Ley 133 de 1994, mediante la cual “se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa
y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política”
establece los lineamientos básicos del pluralismo religioso en Colombia. Señala
que si bien ninguna iglesia o confesión puede ser proclamada como oficial, ello
no implica en ninguna forma que el Estado pueda considerarse “ateo,
agnóstico, o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos”[89]. Entonces
la neutralidad religiosa no puede llegar al punto de dejar de reconocer la
importancia de la religión en la vida de las personas, sino al contrario,
conduce a la protección de las distintas creencias que confluyen en el espacio
social.
Sin embargo, la ley
en cita deja en claro que la libertad de culto y la libertad religiosa no
pueden entenderse en forma absoluta, de modo que encuentran limitaciones en (i)
la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas
y derechos fundamentales, (ii) la salvaguarda, de la seguridad, la salud y la
moralidad pública[90].
El Legislador dejó por fuera del ámbito de aplicación del derecho a la libertad
religiosa y de culto, varias prácticas por expresa disposición del artículo 5°
de la Ley 133. Se trata de:
·
Actividades relacionadas con el estudio y experimentación de los
fenómenos psíquicos o parapsicológicos.
·
El satanismo.
·
Las prácticas mágicas.
·
Las prácticas supersticiosas.
·
Las prácticas espiritistas u otras análogas ajenas a la religión.
31. La
Corte Constitucional al pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley en
comento, sostuvo que las exclusiones del artículo 5° de la Ley 133 de 1994, “no
significa[n] una definición de la libertad religiosa, sino solamente una
enumeración de las actividades que no quedan comprendidas por el ámbito de
[esa] (…) ley estatutaria; desde luego, se reitera, ellas quedan comprendidas
bajo la normatividad ordinaria o especial, pero no por la de la libertad
religiosa y de cultos”[91].
32. Ahora
bien, la jurisprudencia ha definido la libertad religiosa y de cultos, como una
garantía que se desprende de la libertad de conciencia. Ha precisado que “la
libertad de conciencia constituye la base de la libertad religiosa y de culto
(…) bajo el entendido que la libertad de conciencia confiere a las personas un
amplio ámbito de autonomía para que adopte cualquier tipo de decisión acerca de
sus opiniones, sentimientos o concepciones incluyendo (…) la posibilidad de
negar o afirmar su relación con Dios, así como adoptar o no determinados
sistemas morales”[92]
en relación con aquella convicción.
En la Sentencia SU-626 de
2015 se caracterizó la libertad religiosa y de cultos, como un derecho a la
religiosidad. Este conlleva, por un lado, que a su titular no se le pueda
imponer por parte de ningún otro agente, público o privado, determinado credo,
y por otro, que su convicción sobre lo sagrado no pueda ser objeto de
prohibición.
Se trata, como lo señaló la Sala
Plena en aquella oportunidad, de un derecho subjetivo que tiene varias facetas
en las que se conecta con otras libertades ius fundamentales. Por
ejemplo, en lo que atañe a la elección de una fe o de un sistema de creencias
sobre lo sagrado y la trascendencia, se mezcla con la libertad de conciencia.
En aquello relativo a la práctica individual o grupal de los ritos asociados a
ellos, se interconecta con la libertad de expresión, culto y asociación, si
fuere del caso[93].
Así las cosas, los
deberes estatales, no tienen que ver solo con el respeto, sino también con la
garantía de las prerrogativas asociadas a la libertad de religión y culto. De
este modo, el Estado no solo debe abstenerse de imponer un credo o de
promoverlo, sino también está obligado a respetar las creencias religiosas de
los asociados, sus manifestaciones y elementos de culto, como a garantizar el
ejercicio pacífico y tranquilo de las libertades asociadas a la religión.[94]
La libertad
religiosa y de culto en el escenario penitenciario[95]
33. La
relación de especial sujeción que surge en los distintos centros penitenciarios
entre la persona privada de la libertad y el Estado, es uno de los principales
elementos a tener en cuenta cuando se considera el ejercicio de los derechos
fundamentales en ese contexto.
Esa especial
sujeción se caracteriza por la subordinación jurídica y material de los
internos a las autoridades penitenciarias, que someten a los primeros a un
régimen administrativo y disciplinario particular. La reclusión implica para el
Estado la custodia y la guarda sobre los internos, que genera mayores
responsabilidades en relación con la garantía de derechos fundamentales dentro
del perímetro carcelario. El Estado debe brindar seguridad y las condiciones
materiales de existencia, que permitan consolidar una privación de la libertad
en condiciones dignas que conduzca a la resocialización del condenado.
En el marco de esa relación de
subordinación, el Estado está autorizado para restringirle a los reclusos
algunas de sus garantías constitucionales, siempre con criterios de
razonabilidad, utilidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas que emplee
para ello.
34. En el
contexto carcelario el ejercicio de los derechos fundamentales encuentra
particularidades y condicionalidades. La Corte ha clasificado los derechos en
tres grupos para comprender su ejercicio en el marco de la privación de la
libertad. El primero, agrupa los derechos que pueden ser suspendidos para
ejecutar la pena que se impuso a la persona condenada en un proceso penal, es
decir, la libertad de locomoción y la libertad física. El segundo, se refiere a
los derechos que pueden ser objeto de algún tipo de restricción en los centros
penitenciarios, como son “los derechos al trabajo, a la intimidad personal y
familiar, al libre desarrollo de la personalidad, a la educación y a la
familia”[96].
En el tercer y último grupo de
derechos se encuentran aquellas garantías superiores, cuyo ejercicio no puede
ser limitado en un contexto penitenciario. Entre ellos está el derecho a la
libertad religiosa y de cultos[97],
por lo que las mismas no son restringibles por el hecho de la ejecución de la
pena privativa de la libertad.
35. Tal
y como recientemente lo destacó la Sala Especial de seguimiento al estado de
cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria, en el Auto 121
de 2018[98],
la religión como uno de los mecanismos a través de los cuales se desarrolla la
espiritualidad humana, puede ser una herramienta de resocialización, de
conformidad con el artículo 10° de la Ley 65 de 1993.
Desde este punto de
vista, la religiosidad permite, aunque sea parcialmente, el cumplimiento de los
fines asociados a la pena. Así, la libertad religiosa ocupa un papel central en
el reencuentro entre el interno y la sociedad, para “asegurar que la persona
que ha cometido una falta [penal] vuelva”[99]
al seno de la sociedad y que esta última esté dispuesta a acogerla de nuevo. Sirve
al objetivo de que las relaciones sociales fracturadas entre el interno y la
ciudadanía se puedan reconstruir bajo el entendido de que en la dinámica social
“las garantías no tienen que estar fundadas en una teoría del merecimiento
sobre lo que valen de por sí los hechos (distinción entre buenos y malos), sino
de que el derecho penal produzca el menor daño posible en los sujetos, pues no
hay buenos ni malos, sino solo personas en conflicto social constante dentro
del sistema”[100].
En términos del auto en cita,
las libertades de religión y de culto, adquieren “un sentido transformador
de las relaciones sociales, al momento del retorno a la libertad, de modo que
la comunidad y el sujeto que retoma su vida, se reencuentren armónicamente
cuando este recobre el ejercicio pleno de sus derechos (…) [y en una]
oportunidad de integración social de la persona que ha incurrido en una
conducta lesiva de un bien jurídico penalmente relevante”.
36. Considerada
así la libertad religiosa en el marco de la privación de la libertad, no solo
adquiere valor como un derecho fundamental de aquellos que no pueden ser
restringidos, sino que además como un dispositivo que permite concretar los
fines de la pena. Así las cosas, la garantía de su ejercicio a través de los
elementos del culto propios de cada una de las representaciones religiosas, resulta
en pro del sistema penitenciario.
Análisis del
caso concreto
37. La situación que en
esta oportunidad conoce la Sala tiene relación con la decisión de la
administración de aplicar el estándar de apariencia física en cuanto al corte
de cabello y barba al actor, sin tener en cuenta que según lo manifestado por
él, ello contradecía los postulados de la religión que practicaba: el vudú.
38. Antes de
destacar los elementos probados dentro de este trámite constitucional, ante la
falta de respuesta de los accionados en relación con las manifestaciones
recogidas es preciso analizar preliminarmente la naturaleza de la presunción de
veracidad contenida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
Cuestión
preliminar. La presunción de veracidad.
39. El artículo 19 del Decreto 2591 de 1991
dispone que “el juez podrá requerir informes al órgano o a la autoridad
contra quien se hubiere hecho la solicitud y pedir el expediente administrativo
o la documentación donde consten los antecedentes del asunto”. Por su
parte, el artículo 20 de la misma norma consagra la presunción de veracidad, al
establecer que si dicho informe “no fuere rendido dentro del plazo
correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de
plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa”.
Esta
Corporación ha sostenido que la aplicación de esta presunción es un mecanismo para
solucionar prontamente los asuntos de tutela, para lograr el restablecimiento
efectivo y célere de los derechos fundamentales[101] y
que, además, reivindica el carácter vinculante y obligatorio de las decisiones
judiciales, cuyo desconocimiento acarrea consecuencias en el marco del proceso[102]. De
tal suerte, se ha entendido que “si la entidad requerida por el juez en el
acto de notificación de la acción, no hace uso de su derecho de defensa y no
contesta la solicitud de pronunciarse sobre lo expuesto en la demanda, se
somete a la presunción de veracidad establecida en el artículo 20 del Decreto
referido. También [aplica], si el demandante presentó un documento como prueba,
pero éste no es objetado o tachado de falso por la contraparte, se presume
legítimo y veraz.”[103]
40. Antes de valorar las pruebas y los hechos que se recaudaron, es
conveniente llamar la atención sobre el ejercicio del derecho a la defensa por
parte las entidades demandadas. Ni el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán, ni el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC- se pronunciaron en relación con los hechos
manifestados por el accionante. Así las cosas se impone la aplicación de la
referida presunción, por lo que la Sala tendrá por ciertos los hechos alegados
en el escrito de tutela.
Hechos relevantes para
definir este asunto
41. El accionante aseguró que fue objeto de discriminación por parte de
los accionados, en la medida en que (i) no reconocen como religión el credo que
eligió profesar y (ii) no autorizaron el uso de pelo largo y barba, al
contrario, optaron por recortárselo periódicamente. Todo ello en la medida en
que descartaron su cosmovisión y sus representaciones, como parte de una religión
y dieron un valor absoluto a las razones de seguridad que encontraron.
42. Las afirmaciones del actor en su escrito de tutela, coinciden con
varios de los conceptos de los intervinientes en este caso concreto.
Sobre la importancia
del pelo en la cosmovisión asociada al vudú, varios expertos aseguraron que, si
bien es imposible generalizar un código de apariencia física, la cabeza del
creyente en esa confesión es un espacio sagrado del cuerpo, que no puede ser
intervenido por una persona ajena al culto.
Además de lo anterior
la versión del accionante sobre los ritos en reverencia a su loa, fueron
avalados por los conceptos recogidos. La práctica del rito en favor de la
prosperidad y la abundancia, que el actor dijo hacer con su familia junto a un
río, coincide con el loa al que fue ofrecido, el dios del mar y a las
fiestas que le son ofrecidas. Los conceptos emitidos por los intervinientes
sobre las prácticas, organización y ritos asociados al vudú, refuerzan lo
manifestado por el actor, de modo que para esta Sala no cabe duda de que el
accionante expresó una creencia fija, sincera y profunda en relación con el
vudú, al que considera su religión.
De cara a lo anterior,
cabe destacar que la decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal
Superior de Popayán, conforme la cual al haberse señalado al accionante como
católico, este se contradijo, es desacertada si se tiene en cuenta (i) el
carácter sincrético de la religión vudú, y sus coincidencias con el
catolicismo, en el que los creyentes del primer credo debieron ocultar sus
propias deidades, con el fin de evitar persecuciones; (ii) y la apertura del
vudú a otras figuras sagradas.
43. No obstante lo anterior, si bien algunos de los intervinientes
manifestaron que el vudú puede considerarse una religión, no solo en Colombia,
sino en el mundo, otros redujeron su estatus al de culto, o la descartaron como
una religión oficialmente reconocida.
Sobre el particular, una
vez recaudadas las pruebas de este caso, la Sala no pudo obtener la certeza
necesaria sobre la naturaleza de este sistema de creencias, y por lo mismo no
puede asumirla en sede de tutela como una religión formalmente considerada. De
los hallazgos, es posible concluir que el debate sobre la calidad que debe
ostentar el vudú, es de tipo técnico y amerita contemplar todos sus elementos para
poder adoptar una determinación sólida. Ello corresponde sin duda a las
autoridades competentes para hacer este tipo de valoración y reconocimiento, y
no a esta Corporación.
Es el Ministerio del
Interior el encargado de identificar las religiones en Colombia, no solo a
través del reconocimiento de personería jurídica a las entidades religiosas,
sino también, como lo planteó en su contestación, mediante la investigación del
hecho religioso en el país, como lo contempla a futuro la política pública que
diseñó en 2017 en materia de libertad religiosa y de cultos. Habida cuenta de
la existencia de esta línea de acción, creada por esa Cartera ministerial, la Sala
la invitará a establecer en ella un espacio para acompañar a los
establecimientos penitenciarios en la identificación de religiones
minoritarias.
En ese contexto, es
conveniente destacar que la Sala no cuenta con elementos de juicio conclusivos para
asumir que el vudú sea y deba reconocerse como una religión. Ello además por
cuanto, en su seno se reconocen prácticas mágicas en relación con las cuales,
por ejemplo la Universidad Católica de Oriente, señaló a este conjunto de ritos
como una de las prácticas excluidas del ámbito de protección de la libertad
religiosa y de cultos, según lo normado en el artículo 5° de la Ley 133 de
1994.
44. Ni esta Corporación ni el INPEC podrían entrar a darle un estatus al
vudú, que no es claro que tenga desde una perspectiva legal y constitucional. Así
las cosas no le era exigible tampoco al INPEC, incluir en el censo religioso
una religión que pudiese considerarse inexistente o no reconocida formalmente, sin
efectuar el análisis de si esta convicción se acompasa o no con las limitaciones
constitucionales y legales a la libertad religiosa y de cultos. Es una valoración
que claramente no le corresponde.
45. No obstante lo anterior, ante las condiciones de subordinación en las
que está el interno frente a las autoridades penitenciarias, lo que la Sala evidencia
es que el INPEC actuó en desconocimiento del debido proceso administrativo, en
relación con la solicitud del accionante. Nótese que este no tiene manera de
ejercer sus derechos y de buscar el reconocimiento de su culto, mediante la
autoridad competente, no solo por la privación de la libertad, sino además
porque el vudú no responde a la organización de las entidades religiosas, que
se destacan por tener una cabeza visible, que en el sistema de cofradías
autónomas descrito por los intervinientes sería muy difícil lograr.
A continuación, la Sala
expresará algunas consideraciones breves sobre el derecho al debido proceso en
el marco del Estado de Derecho. Esto en razón a que también se evidencia que
esta garantía, que fue reivindicada en el escrito de tutela, efectivamente fue
conculcada en el caso objeto de examen en esta sentencia.
El debido proceso
administrativo
46. En la evolución histórica de la figura del Estado Moderno, el Estado
de Derecho aparece por oposición a las organizaciones sustentadas en el
ejercicio del poder absoluto del soberano. Se consolidó como una forma que
limitaba el poder a normas previamente establecidas, que suponían seguridad
jurídica y una garantía para el ejercicio de los derechos fundamentales.
Gracias a su aparición el Estado, sus instituciones y funcionarios se
encontraban y se encuentran sujetos a las normas que regulan la interacción
entre el ciudadano y la autoridad pública.
La principal consecuencia que
deriva de este avance histórico y jurídico es la supresión de la arbitrariedad[104]. Atado
el poder a la ley, el ciudadano podía estar seguro de los términos, mecanismos
y formas de interactuar con el Estado. Sabía qué esperar de él y podía exigir
la satisfacción de sus intereses mediante los mecanismos legales previstos,
pues bajo dicha forma estatal “las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente”[105].
Para ese
efecto, la actuación de la administración se encuentra reglada y condensada en
un “conjunto de etapas, exigencias o condiciones establecidas por la ley,
que deben concatenarse al adelantar todo proceso (…) administrativo”[106]. En
el ejercicio de la función pública, todas las actuaciones de la administración deben
ceñirse a los principios y protecciones que engendra el debido proceso, cuya
utilidad es esencialmente “evitar que la suerte del particular quede en
manos del ente administrativo”[107]
y de su arbitrio, para hacerla depender exclusivamente de las normas vigentes.
47. Vistos los mínimos que componen el derecho al debido proceso, la
Sala advierte que el presente asunto se comprometió el derecho al debido
proceso del actor, en la medida en que ante la noticia de que el actor
profesaba un credo distinto a los que se relacionaban en el censo religioso, no
se han abierto canales para establecer asuntos que puedan involucrar religiones
o cultos minoritarios.
Si bien, como
quedó dicho, el INPEC no podía reconocer en el vudú una religión, en criterio
de la Sala esa entidad, dada la especial relación de sujeción de los internos y
de su responsabilidad en la consecución de esquemas dignos de vida en
reclusión, debió buscar la asistencia de las entidades competentes, para que
mediante el proceso correspondiente se indagara, cuando menos, si el sistema de
creencias vudú estaba o no entre las exclusiones del derecho a la libertad de
culto y religión, o si por el contrario podía ser considerada como una religión
independiente según las normas que rigen la materia.
48. Además de lo anterior, observa esta Sala
que la respuesta ofrecida por el centro penitenciario al accionante, se
concentra en la imposibilidad de la autorización a llevar cabello largo y barba
por motivos de seguridad, para evitar la suplantación. Sin embargo, las normas
que habilitan al corte de cabello y de barba, citadas en la misma comunicación,
se amparan en razones asociadas con la salubridad y no con la seguridad. En esa
medida la razón esgrimida, si bien a primera vista puede considerarse razonable
al interior de un centro penitenciario, no corresponde con los fundamentos
legales y reglamentarios de en los que se basa el corte de cabello y barba.
Con
todo, el establecimiento penitenciario demandado, respondió al margen del
reglamento general, aportado por el Ministerio de Justicia y del Derecho,
mediante la Resolución 6349 del 19 de diciembre de 2016, que prevé el corte de
cabello como un mecanismo de higiene y no de seguridad. Así mismo, desconoció
que su artículo 87, prevé excepciones al corte de cabello y barba, en aras de
la garantía del derecho a la igualdad de las personas LGTBI, del derecho a la
libertad religiosa y de cultos, y a la diversidad cultural y étnica. No asumió
la carga de disponer de una medida diferencial que respondiera a la situación
del actor, por lo que lesionó en forma irreparable sus derechos.
En
tal sentido, se evidencia que el establecimiento carcelario vulneró el derecho
al debido proceso del actor, en su componente de la eficacia y del principio de
legalidad en la imposición de las medidas y, en general, de las restricciones
propias del régimen de privación de la libertad. Esto debido a que dejó de
tener en cuenta que, de acuerdo con la regulación administrativa, la autoridad
penitenciaria estaba en la obligación de ponderar las alegadas razones de
seguridad con el ejercicio de la libertad religiosa. En contrario, se omitió
cualquier consideración sobre el segundo aspecto, afectándose
desproporcionadamente dicho derecho y en contravía con las previsiones
aplicables.
Decisión sobre la conducta
procesal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Popayán
49. La
Sala Sexta de Revisión estima necesario llamar la atención sobre la conducta
procesal de dos de las demandadas.
50. Por
un lado ha de observarse que, en el auto admisorio de esta acción de tutela, el
juez de primera instancia le solicitó al Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán remitir el reglamento interno
que le regía y en el que se sustentaba la medida de corte de cabello y barba
del demandante[108]
y para ello le dio el término de los dos días siguientes a la notificación de
esa decisión. El auto es del 9 de junio de 2017 y fue notificado el día 12 del
mismo mes y año.
En la contestación,
que fue radicada el 14 de junio de 2017, el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán le ofreció al juez la
posibilidad de entregar el documento en medio magnético o a un correo
electrónico, dada la campaña de “cero papel” que desarrolla esa entidad.
El accionado también le hizo saber al juez de primera instancia que podía solicitar
el reglamento interno de la entidad por correo electrónico y precisó que debía
aclararle si era necesaria la remisión física del mismo[109].
Si bien es loable el
desarrollo del tipo de campañas anunciadas por el demandado, lo cierto es que
no puede excusarse en ellas para dilatar el término probatorio de la acción de
tutela. Esta acción como se dejó claro en las consideraciones sobre el
principio de inmediatez, dado el objeto en el que se concentra el juez
constitucional, esto es, en la protección urgente de derechos fundamentales,
tiene un término corto de tramitación, durante el cual deben recopilarse las
pruebas necesarias para adoptar la decisión que corresponda. Bajo el
señalamiento de la campaña ambiental referida, y a través de los
cuestionamientos al juez de instancia, el accionado evadió su obligación de
remitir el reglamento solicitado por el juez de tutela y, por este motivo, el
mismo nunca hizo parte del expediente.
51. Por
otro lado, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, no
obstante las advertencias del caso y los varios llamados a responder el cuestionario
planteado en el trámite de revisión, se abstuvo de darle respuesta y de cumplir
lo ordenado en los autos del 12 de febrero y 21 de marzo de 2018. Ello a pesar
de haber sido advertido sobre su deber de colaboración con esta Corporación y sobre
las consecuencias jurídicas que puede implicar el desconocimiento del mismo.
52. De
tal suerte, esta Sala compulsará copias del expediente con destino a la
Procuraduría General de la Nación para que indague sobre las razones que
llevaron a una y otra entidad a no acatar las órdenes del juez constitucional
en este asunto, y para que lleve a cabo las actuaciones que estime pertinentes por
sus omisiones, en el caso de encontrar razones parta ello.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.
REVOCAR el fallo
de segunda instancia proferido el 1º de agosto de 2017 por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, que confirmó la sentencia
proferida por el Juzgado 5° Penal del Circuito de Popayán, en el sentido de
negar el amparo formulado por el interno Gregorio Godoy Vallecilla. En su
lugar, DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO en el presente asunto, de
conformidad con la parte motiva de esta sentencia.
Segundo. ADVERTIR al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC- y al Establecimiento Penitenciario y Carcelario
de Alta y Mediana Seguridad de Popayán que, en adelante, deben llevar a cabo las
gestiones necesarias para evitar que se presenten las omisiones que dieron
origen a este reclamo constitucional, las cuales radican en la falta de protocolos
internos de respuesta para el eventual reconocimiento de posibles religiones
minoritarias, a través de las entidades competentes para su reconocimiento, de
conformidad con la Ley 133 de 1994.
Tercero. INVITAR al Ministerio del Interior
a que en la consolidación del espacio permanente en investigación y
análisis del hecho, la cultura y la pluralidad religiosa en el país, previsto
en la política pública integral de libertad religiosa y de cultos que diseñó en
2017, estructure un mecanismo de acompañamiento al INPEC en la identificación
de confesiones religiosas minoritarias y en el reconocimiento de sus
particularidades, como ente responsable de la política pública en la materia.
Cuarto.
COMPULSAR copias
del expediente a la Procuraduría General de la Nación, para que dentro del
marco de sus competencias constitucionales y legales y en el evento de
encontrar mérito para ello, investigue la conducta procesal del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán y del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, en relación con los oficios y
requerimientos no respondidos en el marco de este trámite constitucional, en
desconocimiento de los deberes de colaboración que tienen las autoridades
públicas para con la jurisdicción constitucional, de conformidad con lo
expuesto en esta providencia.
Quinto.
Por Secretaría General, LÍBRESE la
comunicación a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Magistrado
Con
salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
A LA SENTENCIA T-213/18
Con el respeto
acostumbrado por las decisiones de la Corte me permito expresar las razones que
me llevan a apartarme de manera parcial de lo adoptado por la mayoría en la
sentencia T-213 del 1° de junio de 2018 (M.P. Gloria
Stella Ortiz  Delgado).
1. En esa providencia la Corte
estudió el caso del señor Gregorio Godoy Valecilla quien se encontraba privado
de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y
Mediana Seguridad de Popayán y en múltiples ocasiones solicitó a la respectiva autoridad
penitenciaria la autorización para el porte de barba y  cabello largo, como
código de presentación de la religión que él y su familia profesaban, es decir,
el vudú de tradición haitiana.
En efecto, refirió el accionante
que comoquiera que desde su nacimiento fue ofrecido al dios del mar o exu,
le era exigible llevar pelo largo y barba y, que la negativa de la entidad
accionada para su autorización, constituía un acto de discriminación tanto por
ser una persona afro descendiente, como por tener convicciones religiosas
diversas.
2. Por lo anterior, solicitó a
través de la acción de tutela la protección de los derechos a la dignidad
humana, al libre desarrollo de la personalidad, al debido proceso y a la
igualdad, libertad de cultos y de creencias (diversidad étnica y cultural) y,
en consecuencia, se ordenara al establecimiento penitenciario: i)
terminar con el régimen que lo maltrata al interior del establecimiento; ii)
no discriminarlo por razón de su credo y; iii) permitirle llevar barba y
afro.
4. En primera instancia, el
Juzgado 5° Penal del Circuito de Popayán denegó el amparo solicitado al
considerar que por vía de tutela no era posible ordenar al establecimiento
demandado que autorizara el uso de barba y cabello largo, pues las autoridades penitenciarias
están legalmente facultadas para limitar los derechos de las personas privadas
de la libertad. Por su parte, el 1° de agosto de 2017, la Sala Penal del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán, en segunda instancia,
confirmó la decisión tras determinar que el peticionario habría incurrido en
una contradicción sobre el carácter profundo, sincero y fijo de su credo.[110]
5. En la sentencia T-213 de 2018,
la Sala evidenció que el 4 de noviembre de 2017 se había presentado el
fallecimiento del accionante en la ciudad de Cali, mientras se encontraba
gozando de un permiso de 72 horas;[111]
por esta razón, procedió a reiterar la jurisprudencia de la Corte en torno a la
carencia actual de objeto, haciendo referencia, en primer lugar, a dos de sus
modalidades, esto es, el hecho superado y el daño consumado.
6. Adicionalmente, expuso que el
hecho de la muerte del actor puede ocurrir como consecuencia directa de la
afectación de los derechos fundamentales, caso en el cual es clara la
ocurrencia de un daño consumado, pero también por causas que son ajenas a la
situación que conoce el juez constitucional; frente a este último enunciado,
realizó las siguientes consideraciones.
En primer lugar, advirtió que
conforme a lo establecido en la sentencia T-162 de 2015, existen eventos en los
cuales la muerte no deriva necesariamente en un daño consumado, habida cuenta
de que el artículo 68 del C.G.P. dispone que se puede presentarse el fenómeno
de la sucesión procesal, en virtud del cual, la acción de tutela proseguiría
con fundamento en la continuidad de la afectación de los derechos fundamentales
sobre los miembros de la familia del accionante y, en tal medida, no se
presentaría la carencia actual de objeto.
En segundo lugar, refirió que
cuando los derechos comprometidos son de índole personalísima[112]
y siempre que la muerte del accionante no tenga relación con las circunstancias
de hecho que rodean la afectación de los derechos que denunció, no se habría
configurado ni un hecho superado ni un daño consumado, pero sí habría una
carencia de objeto por la estrecha relación entre el sujeto y el objeto de un
amparo constitucional, ya que el carácter personalísimo de la prestación que se
esperaba vacía el contenido de cualquier orden que pudiera emitirse.
8. Particularmente, valoró si en
el caso objeto de estudio, la muerte del accionante podía incluirse en alguna
de las hipótesis en las que no se configura un daño consumado; así pues, de un
lado, manifestó que el derecho comprometido, es decir, la libertad religiosa y
de culto, ostentaba un carácter tal que el actor no podía ser sustituido por su
familia en su ejercicio, por lo tanto concluyó no era objeto de sucesión
procesal. No obstante, también estimó que la causa de la afectación no se
reducía al caso concreto, sino que provenía de la inexistencia de protocolos de
respuesta ante la presencia de confesiones minoritarias al interior del
establecimiento penitenciario, situación que “deviene de la dimensión
objetiva del derecho a la libertad de cultos en los escenarios carcelarios del
país”.[113]
De tal manera, explicó que si bien
no hay una sucesión en favor de la familia del actor, dadas las condiciones de
la afectación y del sistema penitenciario actual, no podía considerarse que la
vulneración fuere personal y subjetiva, por lo cual en el asunto concreto era
posible relacionar la muerte del actor con un daño consumado.
Por último, reiteró que la muerte
del actor generaba la imposibilidad para él de vincularse con la divinidad que
veneraba y en la forma en que esperaba hacerlo, siendo así, la muerte se
convertía en un hecho que impedía al juez de tutela adoptar medidas que
pudieran remediar la situación, razón por la cual se habría consumado el daño
denunciado en el escrito de tutela.[114]
9. Ahora bien, los motivos que
llevan a apartarme parcialmente de la posición mayoritaria son los siguientes:
Concuerdo en que en el caso
concreto se debía declarar la carencia actual de objeto dado el fallecimiento
del actor; sin embargo, mi desacuerdo radica en que este fenómeno no se
presenta en la modalidad de daño consumado.
10. Ciertamente se debe señalar que la Corte en
múltiple jurisprudencia ha indicado que el daño consumado “supone que no se reparó la vulneración del
derecho, sino por el contrario, a raíz de su falta de garantía se ha ocasionado
el daño que se buscaba evitar con la orden del juez de tutela”[115]
explicando además, que en el daño consumado el juez de tutela se enfrenta a
un evento en el cual no hubo reparación y, además la mencionada vulneración
derivó en un daño.
Al respecto, en la sentencia T-083 de 2010 esta
Corporación refirió que: “El fenómeno del daño consumado se presenta cuando la
vulneración o amenaza del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se
pretendía evitar
con la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y lo único que procede es el
resarcimiento del daño originado en la vulneración del derecho fundamental.”
Negrilla fuera del original.
Así mismo, en el fallo T-874 de 2012 se reiteró “se presenta un daño consumado cuando el
hecho en el que se fundó la violación o amenaza ya generó el perjuicio que se
pretendía evitar por medio de la acción de tutela. Igualmente, el juez debe fallar el caso
concreto y, si es del caso, impartir una orden tendiente a reparar el perjuicio
producido”. Negrilla fuera del original.
En concordancia, en la providencia T-970 de 2014 se
explicó que el daño consumado tiene lugar cuando la amenaza o la vulneración
del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con
la acción de tutela, así como que la configuración de este supuesto ha sido
declarado por la Corte, entre otros, en los “casos en que el solicitante de un tratamiento médico
fallece durante el trámite de la acción como consecuencia del obrar negligente
de su E.P.S.,[116] o cuando quien invocaba el derecho a la
vivienda digna fue desalojado en el curso del proceso del
inmueble que habitaba.[117]” Es decir,
cuando se evidencia que se produjo la lesión iusfundamental alegada
mediante la acción.
Recientemente, la Sala Plena de esta Corporación en
la SU-655 de 2017, señaló que la carencia actual de objeto por daño consumado
se presenta cuando se ha cumplido la vulneración que se buscaba impedir con la
acción de tutela, por lo cual ya no es posible hacer cesar la violación del
derecho. Además, precisó que es viable que la carencia actual de objeto se
presente por circunstancias distintas al hecho superado o al daño consumado,
como cuando por alguna otra circunstancia, el juez de tutela evidencia que la
orden relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surte ningún efecto.
En sentido similar a lo referido en los fallos en
cita, se pueden consultar las sentencias T-532 de 2014, T-349 de 2015, T-142 de
2016, T-178 de 2017, T-423 de 2017,  T-510 de 2017, T-721 de 2017, entre muchos
otras.
11. En suma, en principio este Tribunal, en la
mayoría de sus decisiones, ha entendido que el daño consumado se configura
cuando la lesión o amenaza del derecho fundamental ha producido el resultado
nocivo que se pretendía evitar, por lo cual, no es posible hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro.
12. Entonces, como se puede
advertir, la situación que se presenta en el asunto concreto difiere
ostensiblemente del daño consumado, toda vez que la muerte del señor Valecilla
Godoy mientras se encontraba gozando de un permiso de 72 horas, no fue
originada o desencadenada por la negativa del establecimiento penitenciario
respecto a la autorización de portar cabello largo y barba
como código de presentación de la religión que profesaba.
En otros términos, no puede predicarse que el
fallecimiento del actor fuera el resultado de la ausencia de satisfacción de la
pretensión esbozada mediante el trámite o de una acción u omisión atribuible a
la entidad accionada que guardara estrecha relación con el objeto jurídico de la
presente acción de tutela; por el contrario, se trata de una situación ajena a
los derechos que se pretendían reivindicar, esto es, la dignidad humana, el
libre desarrollo de la personalidad, el debido proceso y la igualdad
(diversidad étnica, cultural y religiosa).
13. Igualmente, en la sentencia T-213 de 2018 se indicó que la “muerte del actor, independientemente de las
causas de la misma, genera la imposibilidad para él de vincularse con la
divinidad que veneraba (…) [punto de vista desde el cual determinó que] la
muerte se convierte en un hecho que impide al juez de tutela adoptar medidas
que puedan remediar la situación”[118] y por ello,
se habría consumado el daño.
14. Pues bien, nuevamente se
advierte que este argumento desconoce el desarrollo conceptual que la Corte ha
establecido respecto al supuesto del daño consumado, según el cual, es
necesario que la ausencia de garantía o reparación por parte de la
entidad accionada origine el daño iusfundamental que se
torna irreparable. No en vano se debe precisar que según el sentido literal de
la expresión, el daño es el efecto de causar detrimento, perjuicio o
menoscabo,[119]
mientras que lo consumado hace referencia a aquello que sucede,[120]
de tal manera, daño consumado significa causar, originar o desencadenar el
detrimento o el perjuicio.
15. Con todo, como se advirtió,
considero que en el asunto bajo estudio ciertamente se presenta el fenómeno de
la carencia actual de objeto, pero no por el supuesto de daño consumado, sino
por una circunstancia sobreviniente o sustracción de materia que
determina que la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado quede en el
vacío.[121]
Sobre el particular, en la
sentencia T-349 de 2015 esta Corporación expuso que:
“Ahora
bien, advierte la Sala que es posible que la carencia actual de objeto no se
derive de la presencia de un daño consumado o de un hecho superado sino de
alguna otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de
tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto
y por lo tanto quede en el vacío. A manera de ejemplo, ello sucedería en el
caso en que, por una modificación en los hechos que originaron la acción de
tutela, el tutelante perdiera el interés en la satisfacción de la pretensión
solicitada o ésta fuera imposible de llevar a cabo.[122]”
Negrilla fuera del original.
Así mismo, en sentencia T-510 de
2017 la Corte dijo:
“En varios pronunciamientos[123] la
Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno jurídico de la carencia actual
de objeto puede generarse por la ocurrencia de un hecho superado, daño
consumado o cualquier otra circunstancia que torne inocuas las órdenes del
juez de tutela,[124]
por ejemplo, aquellos eventos en el que el accionante pierde el interés en sus
pretensiones o fueran imposible de realizarse, dada la ocurrencia de una
modificación en los hechos que originaron la acción de tutela”. Negrilla
fuera del original.
Tal posición, también fue señalada
en la sentencia T-585 de 2010,  en la cual la Corte indicó lo que se cita a
continuación:
“[A]dvierte la Sala que es posible que la carencia actual de objeto
no se derive de la presencia de un daño consumado o de un hecho superado sino
de alguna otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del/de la
juez/a de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta
ningún efecto. A manera de ejemplo, ello sucedería en el caso en que, por una
modificación en los hechos que originaron la acción de tutela, el/la tutelante
perdieran el interés en la satisfacción de la pretensión solicitada o ésta
fuera imposible de llevar a cabo.
Ello sucedió en un asunto similar al de la referencia –decidido a
través de la sentencia T-988 de 2007- en el que tanto la EPS como los jueces de
instancia se rehusaron ilegítimamente a practicar la interrupción voluntaria de
un embarazo producto de un acceso carnal violento en persona incapaz de
resistir. Ante la negativa, la mujer terminó su gestación por fuera del
sistema de salud, por lo que, en sede de revisión, cualquier orden judicial
dirigida a la interrumpir el embarazo resultaba inocua. No se trataba entonces
de un hecho superado, pues la pretensión de la actora de acceder a una IVE
dentro del sistema de salud en condiciones de calidad fue rechazada, pero
tampoco de un daño consumado en vista de que el nacimiento tampoco se produjo.”
En tal igual sentido, esta
Corporación encontró en la referida providencia que: “[e]n esta oportunidad la carencia actual de objeto no se
deriva de la presencia de un hecho superado o de un daño consumado pues la
pretensión de la actora de acceder a una IVE dentro del sistema de salud en
condiciones de calidad fue rechazada pero, al mismo tiempo, el nacimiento
tampoco se produjo. Aquí la carencia actual de objeto surge de una modificación
en los hechos que originaron la acción de tutela que hace que la pretensión sea
imposible de llevar a cabo.”[125]
Ahora, en la sentencia T-728 de 2014, mediante la cual la Corte
estudiaba la vulneración de los derechos a la salud y a la vida en condiciones
dignas, toda vez que la E.P.S. accionada se negaba a suministrar pañales, el traslado en ambulancia, el
servicio domiciliario de enfermería y la atención médica integral, la
Corporación conoció que el titular de los derechos había fallecido durante el
trámite de revisión; en tal sentido, precisó lo que in extenso se cita:
“Si bien las anteriores modalidades son las más típicas
en la jurisprudencia constitucional, no son las únicas especies de la carencia
actual de objeto, dado que este género puede agrupar cualquier caso en el que
se haya presentado un evento posterior a la solicitud de amparo, sea que venga
del propio titular, del accionado o de un tercero, que modifique de forma tal
los supuestos de la demanda al punto que resulte inane la protección real y en
el modo original que pretendían lograr los accionantes. […]
Cuestión distinta a cuando en el curso de
la acción constitucional el titular de los derechos, que demanda una prestación
personalísima no transmisible, fallece, pero su muerte no se encuentra
relacionada con el objeto de la acción. En este caso no se presenta la figura
de daño consumado, pero sí existe una carencia actual de objeto, en la medida
que lo pretendido ya no puede ser satisfecho y, en principio, las órdenes que
se profieran por el juez de tutela serían inocuas o “caerían en el vacío por
sustracción de materia”. Algunas de estas hipótesis, ya habían
sido mencionadas en una oportunidad anterior por esta misma Sala, indicando
ejemplos como “(…) cuando la persona muere de un infarto cardíaco y la acción
de amparo constitucional pretendía la protección del derecho a la educación por
la falta de expedición de certificados de notas, o cuando una persona fallece
por un accidente fortuito y requería por tutela el suministro de unos pañales.”
[…]
3.1.7. Ahora bien, frente al caso concreto
(T-4.394.966), la Sala observa que en la acción de tutela la señora Alba Luz
Rincón pretendía el suministro de pañales, el traslado en ambulancia a las
sesiones de hemodiálisis, la asistencia de camilleros, el servicio domiciliario
de enfermería y la atención médica integral para su padre.
3.1.8. Sin embargo, el pasado 25 de septiembre de 2014
la agente del señor José Manuel Rincón Carrascal, informó que su padre había
fallecido el 31 de julio de 2014, información confirmada con el respectivo
certificado de defunción.
De ahí que la Sala evidencie que las
pretensiones han perdido su objeto, toda vez que estas buscaban obtener
diversos elementos no POS con el fin de garantizar mejores condiciones de vida
al señor Rincón Carrascal, pero ha sido precisamente su muerte la que ha hecho
que se diluya el motivo constitucional en que se basaba la petición.
3.1.9. En ese orden de ideas, la Sala considera
que se ha configurado el fenómeno de la carencia actual de objeto, toda vez que
el fallecimiento sobreviniente del señor Rincón Carrascal, ha alterado de
manera significativa el supuesto fáctico sobre el que se estructuró el reclamo
constitucional, a tal punto que la necesidad de protección actual e
inmediata que requería con la autorización de los servicios e insumos
pretendidos ha desaparecido por completo.” Negrilla y subrayado fuera del original.
Siguiendo lo señalado, en el caso bajo estudio es clara la existencia de
la carencia actual de objeto por una
circunstancia sobreviniente derivada de una variación sustancial de las
circunstancias que originaron la acción de tutela, esto es, el deceso del señor
Godoy Valecilla, titular de los derechos que se pretendían proteger a través
del presente trámite de amparo. En efecto, como se advirtió previamente, no se
puede concluir que el fallecimiento del accionante se enmarque dentro de la
causal de daño
consumado, en razón a que la presunta vulneración o amenaza de las
garantías fundamentales que se procuraba evitar con la acción de tutela, no
originó o desencadenó el desafortunado evento. Evidentemente, la muerte del
peticionario no fue resultado de la ausencia de satisfacción de la pretensión
esbozada mediante el trámite o, de una acción u omisión atribuible a la entidad
accionada, que guardara estrecha relación con el objeto jurídico del presente
mecanismo constitucional.
De esta manera, en
la presente oportunidad se está ante una carencia actual de objeto en la
modalidad circunstancia sobreviniente ya que: (i) aconteció un hecho que
modificó sustancialmente el objeto jurídico de la acción de tutela, de forma
que la violación predicada ya no tiene lugar; ii) la situación descrita no
tuvo origen en el obrar de la entidad accionada, pues en efecto la falta de
garantía de la pretensión de la tutela indiscutiblemente no desencadenó el
evento y; iii) en razón a lo expuesto, se torna inocua la orden de satisfacer
la pretensión de tutela.
En estos términos, dejo consignado
mi salvamento parcial de voto.
Fecha ut supra,
JOSÉ FERNANDO REYES
CUARTAS
Magistrado
[1] Integrada por los magistrados Alberto Rojas Ríos y Alejandro
Linares Cantillo.
[2] Cuaderno
principal. Folio 4.
[3] Cuaderno
principal. Folio 4.
[4] Cuaderno
principal. Folio 7.
[5] Cuaderno
principal. Folio 20.
[6] En el
expediente no obra copia física o digital del reglamento, de modo que no es
claro si el juez de primera instancia tuvo acceso al reglamento que refiere en
su sentencia, ni tampoco el medio a través del cual lo obtuvo.
[7] Cuaderno
principal. Folio 59.
[8] Cuaderno de
revisión. Folio 22. Oficio OPT-A-428/2018
[9] “a)
¿Además del corte obligatorio de su cabello y su barba, hay otros actos que
considere discriminatorios en razón de su etnia y su convicción religiosa?
¿Cuáles son los actos puntuales de discriminación que ha sufrido al interior
del centro penitenciario denunciado? Describa las condiciones de modo, tiempo y
lugar en las que estos se han presentado // b) Describa en detalle las
consecuencias que ha traído para usted el corte de barba y cabello, desde el
punto de vista de su cosmovisión y de las relaciones con la divinidad, con su
familia y con su comunidad. Específicamente qué incidencia tiene el corte de
barba y cabello para (i) la práctica de los ritos en búsqueda de la fertilidad
y la prosperidad que practica ahora en forma mensual con su familia (ii) sus
relaciones familiares y comunitarias; (iii) su identidad personal desde el
punto de vista de su ofrecimiento al dios del mar en el momento de su
nacimiento; (iv) su futuro y su relación con el conjunto de deidades de usted
venera. // c) ¿Desde hace cuándo practica la religión vudú? // d) ¿Cuánto
tiempo lleva recluido en la cárcel accionada? // e) Durante su permanencia en
el establecimiento penitenciario en el que se encuentra privado de la libertad,
¿ha profesado otra religión distinta al vudú? En caso afirmativo ¿cuál o
cuáles? ¿durante cuánto tiempo? Y ¿en qué condiciones y bajo qué preceptos y
circunstancias empezó a practicar el vudú? // f) ¿En algún momento usted
manifestó a la administración del establecimiento penitenciario practicar el
vudú, a qué autoridad penitenciaria acudió? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que usted
hizo tal manifestación, y por qué? ¿Cuáles han sido las consecuencias que trajo
para usted, en su vida diaria, haber dado esa información al accionado? En caso
de que no lo haya manifestado, ¿por qué no lo hizo? // g) ¿Qué implicaciones tiene
para usted, para su vida cotidiana, para su familia y para su comunidad el
hecho de que al momento de su nacimiento haya sido ofrecido al dios del mar? //
h) ¿Cuál es la importancia que tiene para su convicción religiosa el portar el
cabello largo y la barba? ¿Qué consecuencias trae, o cree que traerá, el hecho
de llevar su cabello y barba recortados? ¿Por qué asume que estas consecuencias
derivan o derivarán de este hecho que, en las condiciones en las que se da al
interior del centro carcelario, no sería imputable a usted? // i) ¿Reconoce los
documentos foliados en el expediente con el número 45 y 46 en el que el
establecimiento penitenciario lo identifica como una persona que profesa la fe
católica? Ese es el apartado de un censo religioso que hace alusión a su fe,
como a la de otros internos cuyos nombres fueron suprimidos por ser
irrelevantes para definir este asunto. Con fundamento en él la segunda
instancia concluyó que su creencia no es profunda, pues hace pensar que usted
profesó simultáneamente dos religiones durante su estancia en la cárcel. //
¿Qué tiene que decir al respecto? Aclare si en algún(os) momento(s) el
establecimiento penitenciario le ha preguntado por su religión y en qué
condiciones. Responda específicamente si ¿usted manifestó que profesaba la
religión católica? Si la respuesta es afirmativa, explique el motivo y las
condiciones en que lo hizo.”
[10] Cuaderno de revisión. Folio 82.
[11] “a)
¿Cómo se asegura la diversidad de cultos y creencias entre la población privada
de la libertad en el marco de la política penitenciaria? // b) ¿Existe un
enfoque diferencial en virtud de las prácticas de determinados cultos que
puedan requerir un tratamiento especial en la vida en reclusión, identifique
cuáles y qué medidas diferenciales ha adoptado? // c) ¿Qué medidas se han
desplegado para establecer, entre la población privada de la libertad, un trato
diferencial a las convicciones religiosas que tienen algún tipo de código sobre
la apariencia física de sus creyentes? // d) ¿Cuáles son las medidas
establecidas para asegurar el respeto a los cultos que profesan los internos y
a la diversidad entre ellos? ¿Qué mecanismos de seguimiento a la ejecución de
estas medidas por parte de los distintos centros penitenciarios, ha consolidado
el INPEC para asegurar que se cumplan y que, en últimas, la población privada
de la libertad goce efectivamente del derecho a la libertad de cultos? // e)
¿Cuáles son los criterios que se emplean para definir las distintas religiones
que el INPEC y los establecimientos penitenciarios del país, tienen en cuenta
como cultos religiosos al interior de los establecimientos penitenciarios? //
f) ¿Cuáles son esos criterios, específicamente en lo que atañe a religiones
ancladas en una cosmovisión ancestral y étnica? // g) ¿El vudú es una religión
tenida en cuenta por el sistema penitenciario? En caso negativo ¿por qué no? y
en caso afirmativo ¿qué mecanismos usan para identificarlo como un credo
practicado por los internos? y ¿qué medidas diferenciales se emplean alrededor
del vudú? // h) ¿Bajo qué protocolos, con qué fines y en qué momento de la
privación de la libertad se indaga por las convicciones religiosas de las
personas privadas de la libertad? ¿Qué efecto tiene para la vida en reclusión
la identificación del culto religioso de las personas privadas de la libertad?
// i) ¿Con qué directrices y cada cuánto se aplica el censo religioso al
interior de los establecimientos penitenciarios? ¿Con qué fin? ¿Qué
conocimiento especial y qué perfil profesional u ocupacional tiene la persona
que lo practica? ¿Cómo se asegura de que los censos religiosos, al manejar
información sensible sobre los internos, respeten garantías ius fundamentales
tales como el derecho a la intimidad? // j) Según el reglamento y el esquema de
seguridad aprobado en la actualidad en el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán, ¿cuál es la incongruencia
entre el porte de cabello largo y la barba y los planes de defensa, seguridad y
emergencia con que opera actualmente el ente accionado? // k) ¿Cómo se atienden
usualmente los casos en los que las creencias religiosas pugnan con el
reglamento interno? ¿Qué directrices ha emitido al respecto y con qué mecanismo
evalúa su cumplimiento por parte de las cárceles del país? // l)   ¿Cuál es el
reglamento vigente en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y
Mediana Seguridad de Popayán para el momento de notificación de esta decisión y
cuál es la propuesta de modificación de reglamento que actualmente se encuentra
en estudio? // m) ¿La manifestación del tipo de religión tiene alguna
incidencia en los procesos de resocialización que se llevan a cabo en la
actualidad?”
[12] Cuaderno
de revisión. Folio 69.
[13] Cuaderno
de Revisión. Folio 87.
[14] “a)
¿Cómo identifica creencias religiosas minoritarias, ancladas en patrones y
convicciones relacionadas con un origen étnico? ¿Hay algunas reconocidas por el
Estado? ¿Cuáles? // b) ¿Qué mecanismos emplea para determinar la profundidad de
las creencias en este tipo de convicciones religiosas? // c) ¿El vudú es una
confesión o religión reconocida? Explique la respuesta. En caso negativo señalé
además ¿cuáles son las consecuencias para aquellos colombianos que aseguran
practicarla, sin reconocimiento estatal? // d) ¿Qué entiende por entidades
religiosas y cómo las determina? ¿Qué requisitos deben cumplir las distintas confesiones
para ser consideradas como entidades religiosas y que beneficios o
prerrogativas jurídicas tiene este tipo de reconocimiento?”
[15] A la
entidad religiosa la definió como “la vida jurídica de la iglesia, comunidad
de fe o religiosa” y como todo sujeto titular de los derechos colectivos
asociados a la libertad religiosa, es decir, las iglesias, confesiones y denominaciones
religiosas, como sus federaciones, confederaciones y asociaciones. (Cuaderno de
Revisión. Folio 123)
[16] Cuaderno
de revisión. Folio 122 vto.
[17] “a)
¿Cuáles son los parámetros para definir un sistema de creencias como una
religión? // b) ¿Cómo es posible determinar en cosmovisiones sincréticas como
el vudú, una convicción religiosa? ¿Cuáles pueden ser los parámetros que
permitan establecer cuándo hay una creencia profunda, fija y sincera, en este
tipo de religiones? // c) ¿Cuál es la similitud entre el catolicismo y el vudú?
¿Qué importancia tiene la apariencia física en una y otra religión? // d) En el
marco del vudú, ¿qué importancia tiene el ofrecimiento de una persona al dios
del mar, cuál es y a qué se debe el código de apariencia física de aquel que le
fue ofrecido?”
[18] Estas
afirmaciones parten de la referencia a MARSZAL, Manuel. “Sincretismos
religiosos latinoamericanos”. En: TORRES QUEIRUGA, Andrés et al. Religión.
Trotta, Madrid, 1993.
[19] Cuaderno
de Revisión. Folio 131.
[20] Precisó que esta religión, ha sido incluso reconocida por las
autoridades de otros credos, como el católico.
[21] Cuaderno
de Revisión. Folio 130.
[22] Éstos se
denominan orishas para los yorubas y para la santería. (Cuaderno de revisión.
Folio 129)
[23] Cuaderno
de revisión. Folio 133.
[24] Entendida
desde la postura de Santo Tomás de Aquino, al pronunciarse sobre tres
etiologías del concepto religión. Ello a través de DE AQUINO, Santo Tomás. Suma
Teológica (Parte II, Cuestión 81, Art. 1) BAC, Madrid.
[25] Cuaderno de revisión. Folio 136.
[26] Cuaderno de revisión. Folio 135.
[27] Esta facultad se excusó y manifestó su imposibilidad de rendir
concepto en este caso concreto, pues no cuenta con un profesional de planta que
pueda hacerlo. Llamó la atención sobre el hecho de que el trámite interno para
responder a una solicitud como esta requería de un plazo más amplio del
conferido por esta Corporación. Por otro lado los docentes expertos se
encontraban atendiendo labores previamente asignadas. (Cuaderno de revisión.
Folio 146)
[28] “a) ¿Es
el vudú una práctica que pueda considerarse religiosa, cultural o se encuentra
en ambas categorías? Explique la respuesta. // b) ¿Cuáles son los elementos más
característicos de esta convicción? // c) ¿Qué papel juega el dios del mar en
su sistema de creencias? // d) ¿Dicha convicción religiosa impone algún código
de apariencia física a quienes la practican y específicamente a las personas
que han sido ofrecidas, en el momento de su nacimiento, al dios del mar? ¿Qué
importancia tiene dicho código en la identidad religiosa, en la práctica de sus
ritos y en las relaciones comunitarias y/o familiares que se tejen a través del
vudú? // e) ¿Es la barba y el cabello largo un elemento importante y
trascendental para la cosmovisión atada al vudú? // f) ¿Hay elementos
históricos que conduzcan a la construcción de un estigma social sobre el vudú?
Explíquelos. // g) ¿Identifica en el entramado de prácticas y creencias
asociadas al vudú, una creencia religiosa? ¿En qué se basa para afirmarlo? //
h) ¿Cuáles son los criterios que permiten establecer en religiones sincréticas,
una convicción religiosa profunda en sus adeptos? ¿Es impropio o cuestiona la
sinceridad de la creencia la manifestación de ser practicante de una u otra
creencia religiosa, a través de la cual se ha consolidado? // i) ¿Cuál es la
similitud que puede encontrarse entre el catolicismo y el vudú, tanto en su
apreciación trascendental sobre la divinidad y su relación con el ser humano,
como en sus prácticas rituales? ¿qué importancia tiene la apariencia física en
una y otra religión? En caso de no haber similitud alguna especifique cuáles
son las diferencias más importantes entre ambas convicciones religiosas // j)
En el marco del vudú, ¿qué importancia tiene el ofrecimiento de una persona al
dios del mar y cuál y a qué se debe el código de apariencia física de aquel que
le fue ofrecido? ¿qué consecuencias tiene en el sistema de creencias del vudú
apartarse de dicho código?”.
[29] Cuaderno
de revisión. Folio 191 vto.
[30] Se trata de las entrevistas realizadas el 19 de febrero de 2018 a:
Jimmy Viera y Wilfredo Allen (ambos, “babalaos” colombianos) y con Juan Carlos
Castro PhD en Antropología, que se ha concentrado en el estudio de religiones
de matriz africana en Colombia.
[31] Cuaderno de revisión. Folio 195 vto.
[32] Cuaderno
de revisión. Folio 193.
[33] Cuaderno
de revisión. Folio 195.
[34] Cuaderno de revisión. Folio 233.
[35] Cuaderno
de revisión. Folio 367 vto.
[36] Cuaderno
de revisión. Folio 367 vto.
[37] Cuaderno
de revisión. Folio 368.
[38] Cuaderno
de revisión. Folio 366 vto.
[39] Cuaderno de revisión. Folio 367.
[40] Cuaderno de
revisión. Folio 367.
[41] Cuadernos de revisión. Folio 365 vto.
[42] Cuaderno
de revisión. Folio 370.
[43] Cuaderno
de revisión. Folio 369.
[44] A través de esta entidad se convocó a los distintos grupos de
investigación que pudieran rendir concepto sobre diversidad religiosa en el
país, y sobre las particularidades del vudú. En respuesta, COLCIENCIAS remitió
a 34 grupos de investigación la invitación a participar en este trámite
constitucional (Cuaderno de revisión. Folio 167). Algunos grupos informaron su
falta de experticia para responder las preguntas formuladas y se mostraron
dispuestos a participar en otra oportunidad, cada uno, en la materia en la que
son expertos (en este conjunto están los grupos PAIDEIA de la Universidad la
Gran Colombia, Filosofía y Teología Crítica de la Fundación Luis Amigó, Grupo
de estudios sobre desarrollo económico de la Universidad de los Andes de la
Universidad de los Andes). Otros, enviaron sus conceptos y los mismos serán
resumidos a continuación.
[45] Cuaderno de revisión. Folio 149.
[46] Cuaderno de revisión. Folio 150.
[47] Cuaderno de revisión. Folio 150.
[48] Cuaderno de revisión. Folio 222.
[49] Cuaderno principal. Folio 361.
[50] Cuaderno
principal. Folio 361.
[51] “a)
¿Las restricciones a la apariencia física de los internos se funda en razones
de seguridad, de higiene o de ambas? ¿Con fundamento en qué normatividad se
aplican respecto tanto a la higiene como a la seguridad? ¿Qué incidencia tienen
en los planes de seguridad de los centros carcelarios, respecto de la
apariencia exigida a los internos? // b) ¿Qué incidencia tiene el largo del
cabello en la disciplina interna de los establecimientos penitenciarios? // c)
¿Cómo se manejan las restricciones de apariencia física (largo del cabello) en
los establecimientos penitenciarios destinados a la reclusión de mujeres? ¿Qué
tipo de restricciones sobre el largo del cabello hay en estos? ¿Existen medidas
adicionales de higiene y seguridad en ellos, en relación con el porte del
cabello largo? Ejemplifique y especifique cuántos centros de reclusión
femeninos tienen estas restricciones y qué medios se emplean para llevarlas a
cabo. // d) Vista la existencia del Reglamento General de los establecimientos
penitenciarios del país (Resolución 006349 del 16 de diciembre de 2016), ¿qué
vigencia tiene la Resolución N°019 del 27 de abril de 2005, que fijó el
reglamento interno del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y
Mediana Seguridad de Popayán? ”
[52] Cuaderno de revisión. Folio 418.
[53] Cuaderno de revisión. Folios 217 y 218.
[54] Sentencia T-137 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.
[55] Apartado extraído, parcialmente, de la Sentencia T-544 de 2017. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[56] Sentencias T-585 de 2010. M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto y T-358 de 2014. M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[57]
Sentencia T-515 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[58]
Sentencias T-564 de 1993 y T-235 de 1994. M.P. Antonio Barrera
Carbonell; y T-100 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[59]
Sentencia T-100 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[60] Sentencia
SU-540 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis. “si lo pretendido con la acción de
tutela era una orden de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al
pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está
frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo
mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela”.
[61]
Sentencia T-467 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[62] Sin perjuicio de la procedencia de la condena en abstacto, en en
marco de las condiciones planteadas por la jurisprudencia, por ejemplo en las
sentencias T-611 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-303 de 1993
M.P. Hernando Herrera Vergara; SU-256 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa;
T-036 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-209 de 2008 M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[63] BOTERO, Catalina. La acción de tutela en el ordenamiento
constitucional colombiano. Bogotá: Escuela Rodrigo Lara Bonilla, Consejo
Superior de la Magistratura, 2006.
[64]
Ídem.
[65]
Sentencia SU-540 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[66]
Sentencia T-731 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo. Salvamento parcial de voto Gloria Stella ortiz Delgado.
[67] Sentencia
T-544 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. “Por ejemplo, en la
sentencia T-498 de 2000 esta Corporación resolvió negar una acción de tutela
presentada por el padre de una niña que padecía un tumor cerebral, cuya EPS se
había negado a llevar a cabo una biopsia ordenada por los médicos tratantes.
Cuando el caso llegó a esta Corporación, lamentablemente la hija del actor
había fallecido, razón por la que la Sala de Revisión consideró que el daño
consumado impedía el fin primordial de la acción de tutela, que no era otro que
la protección inmediata de los derechos fundamentales de la niña, para evitar
que se consumara cualquier violación sobre los mismos.”
[68] Sentencia
T-544 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. “en la sentencia T-936 de
2002 la Sala Primera de Revisión denegó el amparo que presentó una ciudadana, a
través de agente oficioso, en la que solicitaba que se le reconociera un
tratamiento integral por el lupus que padecía. Cuando la Corte seleccionó el caso
constató que la persona había muerto, por lo que decidió declarar la
improcedencia de la acción de tutela por hecho superado, aunque consideró que
la negligencia de las entidades involucradas debía ser debidamente
investigada.”
[69] M.P.
Álvaro Tafur Galvis.
[70] Sentencia SU-540 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
Reiterada en ese punto por las sentencias T-392 de 2012 M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub; T-397 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-414A  de
2014 M.P. Andrés Mutis Vanegas.
[71] M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[72]
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[73]
“Fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso
continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o
el correspondiente curador”
[74]
Sentencia T-437 de 2000. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[75] Sobre la doble dimensión de los derechos fundamentales, ver las
sentencias C-178 de 2014 (Funciones jurisdiccionales de la Dirección Nacional
de Derechos de Autor “no resulta posible establecer una diferencia absoluta
entre las dimensiones objetiva y subjetiva de determinados derechos, pues la
libre competencia es, a la vez, un derecho del ciudadano al acceso al mercado;
y un derecho colectivo, que se protege asegurando las condiciones
macroeconómicas para evitar la creación de organizaciones monopólicas.
Evidentemente, lo mismo ocurre con los derechos de los consumidores, que si
bien son calificados por la Ley como colectivos (Ley 472 de 1998), pueden
generar posiciones subjetivas para cada consumidor, que pueden ser susceptibles
de protección por la Superintendencia de Industria y Comercio, eventualmente,
al conocer de quejas individuales.”), T-199 de 2013 (Derecho a la Salud: “(…)
la Sala destacará en la presente sentencia la dimensión objetiva de los
derechos constitucionales fundamentales, en general, y subrayará, en
particular, el estrecho nexo que existe entre la efectividad del derecho
constitucional a la salud así como entre la vigencia de los derechos
constitucionales fundamentales de los adultos mayores y la necesidad de que el
Estado – y los particulares comprometidos con la debida realización de tales
derechos - desplieguen un conjunto de actuaciones, tareas o actividades
orientadas a garantizar las condiciones de posibilidad para que estos derechos
gocen de plena protección”), T-283 de 2012 (Derecho a la salud de los niños:
“La inclusión del concepto de la dimensión objetiva de los derechos
fundamentales en la jurisprudencia de esta Corporación de ninguna manera
excluye ni limita su dimensión subjetiva; la complementa reconociendo la doble
dimensión de los mismos en nuestro ordenamiento. En este sentido, los derechos
fundamentales además de su función principal de regular la relación
individuo-Estado cuentan con una faceta en la que, como principios de nivel
supremo de abstracción en los términos de Alexy, inciden en todos los ámbitos
del ordenamiento jurídico imponiendo determinados parámetros de actuación tanto
al Estado, como a los particulares.”), C-587 de 1992 (Los derechos
fundamentales: “En el Estado social de derecho -que reconoce el rompimiento de
las categorías clásicas del Estado liberal y se centra en la protección de la
persona humana atendiendo a sus condiciones reales al interior de la sociedad y
no del individuo abstracto-, los derechos fundamentales adquieren una dimensión
objetiva, mas –sic.- allá del derecho subjetivo que reconocen a los ciudadanos.
Conforman (…) el orden público constitucional, (…) En consecuencia, el Estado
está obligado a hacer extensiva la fuerza vinculante de los derechos
fundamentales a las relaciones privadas: el Estado legislador debe dar eficacia
a los derechos fundamentales en el trafico jurídico privado; El Estado juez
debe interpretar el derecho siempre a través de la óptica de los derechos
fundamentales”) o T-406 de 1992 (Los derechos fundamentales: “Dos notas
esenciales de este concepto lo demuestran. En primer lugar su dimensión
objetiva, esto es, su trascendencia del ámbito propio de los derechos
individuales hacia todo el aparato organizativo del Estado. Más aún, el aparato
no tiene sentido sino –sic.- se entiende como mecanismo encaminado a la
realización de los derechos. En segundo lugar, y en correspondencia con lo
primero, la existencia de la acción de tutela, la cual fue establecida como
mecanismo de protección inmediata de los derechos frente a todas las
autoridades públicas.”). En el mismo sentido TOLE MARTINEZ, José Julián. "La Teoría de la Doble Dimensión de los
Derechos Fundamentales en Colombia: El estado de cosas inconstitucionales un
ejemplo de su aplicación". En: México Cuestiones Constitucionales, Revista
Mexicana De Derecho Constitucional ISSN: 1405-9193 ed: v.15 fasc.N/A p.253 -
316, 2006. “hoy no se limitan a actuar como derechos subjetivos, no son
solamente prerrogativas, privilegios o potestades que tiene el titular del
derecho respecto al sujeto pasivo, bien sea el poder público o un particular,
sino que, como normas objetivas de principio y decisiones axiológicas, los
derechos fundamentales rigen como principios supremos que tienen validez para
todos los ámbitos del derecho, limitan la autonomía privada, constituyen
mandatos de actuación y deberes de protección para el Estado”
[76] Ver sentencias T-388 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa y T-762 de
2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, y Auto 121 de 2018 de la sala especial
de seguimiento a ambas decisiones.
[77] LUCKMANN, Thomas. La religión Invisible. El problema de la
religión en la Sociedad Moderna. Ágora. Ediciones Sígueme, Salamanca, 1973.
P. 63.
[78] WEBER, Max. Sociología de la religión. Akal. Madrid, 2012. P. 64.
[79] En Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Caso de Olmedo Bustos y otros contra el
Estado de Chile. Sentencia del 5 de febrero de 2001. En ella se planteó la
relación que existe entre la protección de la libertad religiosa y la
consolidación de las formas de vida del creyente.
[80] LUHMANN,
Niklas et al. Sociología de la religión. Herder, 2009. P. 212.
[81] Sentencia
T-982 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En el mismo sentido CERVANTES,
Luis Francisco. Los principios generales sobre la libertad religiosa en la
jurisprudencia de los sistemas europeo, interamericano y costarricense de
protección de los derechos humanos. Senderos: revista de ciencias
religiosas y pastorales, 2009, vol. 31, no 93, p. 271-309. “Una faceta
positiva que se corresponde con la posibilidad de tener y manifestar una o
ninguna convicción religiosa; y una faceta negativa que implica la
imposibilidad de verse compelido a declarar las convicciones religiosas
personales, de donde deviene la obligación del Estado de mantener una actitud
neutral en materia de creencias; es decir, se protege a la libertad religiosa para
que no sea perturbada en su ejercicio, ni por el Estado ni por los demás
sujetos particulares. La faceta positiva, inicialmente definida desde una
perspectiva interna –las convicciones personales– posee también un carácter
externo que consiste en poder manifestar –y por todas las vías legítimamente
aceptadas, dentro de las cuales se incluye el culto propiamente dicho, la
evangelización o proselitismo y la educación– estas convicciones y que
determinará la configuración de la así denominada “libertad de culto”.6 La
doctrina ha manifestado que ambas facetas de la libertad religiosa denotan que
su protección considera, al menos, tres principios básicos: (1) el derecho de
elegir la propia religión o convicción; (2) que el derecho de tener o no una
religión o una convicción va más allá de la tutela de la libertad de opción,
pues además de esa libertad se protege también la opción elegida; y (3) el
derecho de no revelar la propia religión, como parte de esa opción religiosa
individual.”
[82] Sentencia T-621 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[83] BOBBIO,
Norberto. El tiempo de los derechos. Editorial sistema, 2015.P. 109 y ss.
[84] Sin
embargo, conforme lo considerado por la Sala Plena de esta Corporación, en la
Sentencia C-088 de 1994, “no obstante ser permitidas
dichas expresiones del comportamiento humano [a las que alude el artículo 4 de
la Ley 133 de 1994], ellas no alcanzan a constituir lo que la experiencia
destaca como religión, ni como confesión religiosa, y que ellas no pueden gozar
de los beneficios especiales que les concede el Estado, y que deben someterse
al régimen general de la personería jurídica predicable de asociaciones,
agremiaciones y sociedades.”
[85] Sentencia C-152 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[86] Sentencia
C-288 de 2017. M.P. Lo anterior de conformidad con el inciso segundo del
artículo 2° de la Ley 133 de 1994.
[87] “2.
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra
índole”.
[88] “Artículo
12. Libertad de Conciencia y de Religión. 1. Toda persona tiene derecho a la
libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de
conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias,
así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias,
individual o colectivamente, tanto en público como en privado. // 2. Nadie
puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de
conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.
// 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está
sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean
necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o
los derechos o libertades de los demás. // 4. Los padres, y en su caso los
tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
[89] Ley 133 de 1994. Artículo 2, inciso 1.
[90] Ley 133 de
1994. Artículo 4.
[91] Sentencia C-088 de 1994. M.P. Fabio Morón Díaz.
[92]
Sentencia SU-626 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
[93] Sentencia
T-575 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[94] Sentencia
SU-626 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
[95] Apartado
sustentado en el Auto 121 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[96] Sala Especial de Seguimiento al estado de cosas inconstitucional en
materia penitenciaria y carcelaria. Auto 121 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[97] Además de este se encuentran en este grupo derechos como el derecho
de petición o el debido proceso.
[98] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[99]
GARGARELLA, Roberto. Castigar al Prójimo, Por una refundación democrática del
derecho penal. Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2016, p. 21.
[100] BUSTOS
RAMÍREZ, Juan. Control Social y Sistema Penal. Temis. Bogotá, 2012, p. 7.
[101] Sentencia T-306 de 2010. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[102] Sentencia
T-825 de 2008 M.P. Mauricio González Cuervo y T-1213 de 2005
[103] Sentencia
T-773 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[104] Entendida como la conducta “que se aparta de las normas
aplicables, para realizar [la] propia voluntad”. Sentencia T-391 de 1994.
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[105] Sentencia
C-980 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[106] Sentencia C-034 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
[107] Sentencia
T-391 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[108] Cuaderno principal. Folio 15 vto.
[109] Cuaderno principal. Folio 20.
[110] Al señalar en el censo religioso efectuado dentro del
establecimiento penitenciario que su religión era la católica.
[111] En circunstancias desconocidas para la
Corte.
[112] Por tal motivo no susceptibles de sucesión.
[113] Folio 26, sentencia T-213 de 2018.
[114] Con todo, en la sentencia T-213 de
2018, además de realizar las consideraciones referentes a la carencia actual de
objeto y encontrar la pertinencia de su declaración en la parte resolutiva de
la providencia, también se realizó un pronunciamiento respecto a la religión y
a las libertades asociadas a ella en el ordenamiento jurídico colombiano, así
como frente a la libertad religiosa y de culto en el escenario penitenciario.
Posteriormente, frente al caso concreto, la Sala determinó que una vez
recaudadas las pruebas, no era posible obtener la certeza necesaria para asumir
el vudú como una religión, ello por cuanto en su seno se reconocen prácticas
mágicas las cuales se encuentran excluidas del ámbito de protección de la
libertad religiosa y de cultos, según lo señalado en el artículo 5º de la Ley
133 de 1994. En tal sentido, consideró que el Ministerio del Interior, entidad
encargada de identificar las religiones en Colombia, debía ser la entidad
llamada a establecer un espacio con los establecimientos penitenciarios en la
identificación de las religiones minoritarias de las personas privadas de la
libertad.
Igualmente, consideró que en el asunto bajo examen, a pesar
de que el INPEC no estaba facultado para reconocer en el vudú una religión,
dada la especial relación de sujeción de los internos y de la responsabilidad
de procurar la consecución de esquemas dignos de vida en reclusión, debió
buscar la asistencia de las entidades correspondientes para que se indagara del
sistema de creencias del vudú, correspondía a una religión.
Por último, sostuvo que se evidenciaba una vulneración al
derecho al debido proceso administrativo, toda vez que, en el trámite de la
acción se advirtió que el establecimiento penitenciario accionado respondió al
margen del reglamento general (Resolución nº. 6349 de 2016), el cual prevé el
corte de cabello como mecanismo de higiene y no de seguridad, así como que son
excepciones al mismo, el ejercicio del derecho a la igualdad de las personas
LGTBI y del derecho a la libertad de cultos y de religiones.
[115] Sentencia T-170 de 2009.
[116] Sentencias T-478 de 2014 y T-877 de 2013.
[117] Sentencia T-637 de 2013.
[118] Folio 28, sentencia T-213 de 2018.
[119] 23ª Edición del Diccionario de la Lengua
Española (Real Academia Española).
[120] Ibídem.
[121] Cfr. sentencia T-200 de 2013.
[122] Sentencia T-585 de 2010.
[123] Ver:
SU-540 de 2007 y sentencia T-612 de
2009.
[124] Sentencia T-585 de 2010.
[125] Sobre esta modalidad de carencia actual de
objeto pueden ser consultadas las sentencias T-200 de 2013, T-532 de 2014,
T-349 de 2015, T-670 de 2016, T-423 de 2017, T-510 de 2017, entre otras.