T-714-10
Sentencia T-714/10
Sentencia T-714/10
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Casos en que es procedente amparo constitucional
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO EL
AFECTADO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE INDEFENSION-Caso en que cónsul honorario de Italia es víctima de
campaña de desacreditación por publicación difamante colocada en espacio
abierto al público pero bajo el control del accionado
En el caso que se revisa, el accionante sostiene que
la campaña de desacreditación que impulsa el accionado en su contra lo coloca
en situación de indefensión frente a éste, sin que disponga de medios eficaces
y oportunos de defensa que permitan desvirtuar la información difamante y
recobrar su condición de ciudadano italiano honorable y continuar con su labor
como cónsul honorario de Italia en Colombia. La Sala encuentra que le asiste la
razón al accionante, como quiera que la publicación del artículo considerado
difamante se hace a través de una cartelera colocada en un espacio abierto al
público, bajo el control del accionado, en un lugar frecuentemente visitado por
ciudadanos italianos y personas de habla italiana, pero fuera del alcance del
demandante, por lo que la única forma de impedir que el demandado continúe con
tal publicación, sería arrancar la publicación a la fuerza de dicha cartelera.
Por lo anterior, la tutela resulta procedente dada la situación de indefensión
en que se encuentra el tutelante.
DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Desarrollo y alcance constitucional frente a tensiones
respecto al ejercicio de la libertad de expresión
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION-Solo puede ser limitado para efectos de preservar
derechos constitucionales fundamentales
A
este respecto, debe tenerse en cuenta que la libertad de expresión, por su
trascendencia dentro del orden constitucional colombiano, sólo puede ser
limitada para efectos de preservar derechos que tengan un rango comparable: en
otras palabras, esta finalidad se refiere únicamente a derechos
constitucionales fundamentales, como la intimidad, el buen nombre y la
prohibición de la discriminación. La libertad de expresión no puede estar
sujeta a limitaciones para efectos de preservar derechos que no gozan de un
nivel de protección comparable en la Carta Política.
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION-No es lícito refugiarse en éste para revelar detalles
o realizar insinuaciones de la vida íntima de una persona con el único
propósito de fomentar el escándalo público
DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Vulneración por impacto negativo por difusión de
artículo de diario italiano por desconocimiento de reglas de veracidad e
integridad
El demandado es responsable
de la difusión en la cartelera de la Casa Italia en Cartagena, de la noticia
publicada por el diario La Stampa; que tal difusión ha tenido un impacto
negativo en el honor y buen nombre del tutelante, así como en su vida pública y
social. Adicionalmente, observa la Sala que al momento de interponer la tutela
el demandado no había retirado de la cartelera la copia del artículo de La Stampa
ni le había permitido al demandante la difusión a través de la misma cartelera,
de los extractos de la sentencia italiana en la que se señala la imposibilidad
de establecer la responsabilidad del accionante por prescripción de la acción
penal, en las mismas condiciones de visibilidad y temporalidad en que se fijó
el artículo de La Stampa. En esa medida, concluye la Sala que Giuseppe Mazzoni,
en su calidad de representante legal de la Fundación Casa Italia O.N.G, ha
violado los derechos a la dignidad y el buen nombre de Gianfranco Chiappo. La
situación planteada en el caso bajo revisión no desconoce la tensión que surge
entre derechos a la verdad y a la memoria histórica y el derecho al olvido, ni
inaplica la exceptio veritatis que permite la exoneración de responsabilidad en
los casos de injuria y calumnia.
Referencia:
expediente T-2652142
Acción de
tutela instaurada por Gianfranco Chiappo contra Giuseppe Mazzoni
Magistrada
Ponente:
María
Victoria Calle Correa
Bogotá, D.C., ocho (08)
de septiembre de dos mil diez (2010).
La Sala Primera de Revisión
de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle
Correa, Mauricio González Cuervo y Juan Carlos Henao Pérez, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en
el proceso de revisión de los fallos adoptados, en primera instancia, por el
Juzgado Trece Penal Municipal de Cartagena, en diciembre 7 de 2009 y, en
segunda instancia, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena, el
16 de febrero de 2010, dentro de la acción de tutela instaurada por Gianfranco
Chiappo contra Giuseppe Mazzoni.
I.
ANTECEDENTES
1.
Hechos
Hernando
Osorio Rico, quien actúa como apoderado de Gianfranco Chiappo, presentó el 20
de noviembre de 2009 acción de tutela contra Giuseppe Mazzoni, en su calidad de
representante legal de la Fundación Casa Italia O.N.G, por considerar que este
último se encuentra violando sus derechos a la dignidad, al buen nombre y al
trabajo.
Según
el accionante, el señor Giuseppe Mazzoni y las personas que lo apoyan “han
colocado en una cartelera que está en la entrada principal del establecimiento
“CASA ITALIA”, una reproducción ampliada del artículo que se publicó [el 28 de
septiembre de 2009] en Italia contra Gianfranco Chiappo, en el diario italiano
“La Stampa” y cuyo título fue “Il ladro di beneficenza fa il console in
Colombia” (“El ladrón de beneficencia está de Cónsul en Colombia”). Este
artículo versa sobre una investigación penal que el actor enfrentó en Italia a
finales de los años 90 y en la cual se le acusaba de haber malversado unos fondos
de la UNICEF, institución de la cual era vicepresidente. La traducción del
artículo anexada al expediente dice lo siguiente:
“EL LADRON DE BENEFICENCIA ESTÁ DE
CONSUL EN COLOMBIA. USÓ PARA Sí FONDOS DE UNICEF.
CARTAS DE PROTESTA ENVIADAS A FINI”
“El caso
Alberto Gaino
“La segunda vida de Chiappo en Cartagena
“Chiappo
era vicepresidente nacional y responsable piamontés de la UNICEF. El hecho se
tradujo en un proceso por apropiación indebida de 460 millones de liras en el
período de los precedentes 10 años. Suma muy consistente por aquellos tiempos y
por el valor adjunto que se atribuye a la ayuda a los últimos de los últimos:
los niños del Tercero (sic) y Cuarto Mundo.
“En el
(sic) 1998 el Tribunal de Turín condenó a 2 años y 8 meses de cárcel al “ladrón
de la beneficencia” (así lo definió el exsuegro, Mino Maggioni, su grande
acusador difunto hace pocos meses, que perdió salud u dinero). La sentencia se
extinguió después por vencimiento de los términos en las cuáles tenía que
concluirse el entero iter judicial por aquel reato y los otros (falsas
facturaciones y falso el balance) del cual el Chiappo fue declarado culpable.
En particular, cuatro años antes, después del embargo de una financiera de la
cual era socio, había pactado un año y nueve meses. Por el proceso principal
Chiappo retornó en propósito (sic) de Suramérica, bronceado y elegante, tenía
todavía preocupaciones de imagen: “son 10 años que la prensa me masacra.
Organizaba 82 manifestaciones y 14 congresos al año.
“Trató
de evadir a propósito de los “gastos de representación” (sic) UNICEF: compras
en joyerías, cuentas del hotel donde vivía junto a su madre, restaurantes y
prendas, suscripción a un círculo de tenis, y así siguiendo (sic)
“Un
reconocido parlamentario piamontés con intereses también por los italianos que
viven en el extranjero lo encontró y quedó impresionado (Chiappo fue siempre
acepto en la política).
“Tanto
de referir entusiásticamente (sic) en una newsletter como coordinador o
fundador de muchísimas asociaciones sin fines de lucro: AICO (Italiani in
Colombia), FAIAL (Federazione delle Associazioni Italiane in Sud America). Y
aún más, coordinador de las relaciones Europa-América latina, representante del
CRN, sobre todo animador de Funicol, Fundación Internacional Los Niños de
Colombia” que recoge más de 3000 niños de los barrios más pobres de Cartagena y
la cual la asociación necesita y busca continuamente ayudas.
“Chiappo
ni ha olvidado de conjugar la filantropía con la fidelidad en el fútbol: fundó
el Toro Club Caribe y de las Américas que habría puesto en campo 4000 “toritos”
recogidos siempre entre los niños más pobres de Cartagena.
“Se
puede pensar que la segunda vida de Gianfranco Chiappo sea dirigida
aparentemente a los demás, fue dedicada a la expiación de la vieja y que a los
64 años de edad el “profesor” se sea (sic) convertido verdaderamente en
benefactor. Pero no soporta esta esperanza el indignado tam tam de otra parte
del océano que, por medio de correo electrónico, trae noticias bien diferentes
acerca de Chiappo también en las funciones de cónsul. Lo acusan de actividades
para nada filantrópicas los exponentes de la comunidad italiana local y
representantes de ONG, y también el presidente del Centro de Cultura Casa
Italia de Cartagena.
“A uno
de los indignados connacionales que se dirigieron al consejero diplomático del
presidente de la cámara Fini, Alessandro Cortese, acaba de contestar por
e.mail: “hemos sensibilizado las competentes oficinas del ministerio del
exterior de parte de las cuales hemos recibido notas que el caso que ueste
presenta es conocido en la Farnesina”.[1]
La
fotografía publicada con el artículo lleva el siguiente comentario escrito:
“Escándalo al inicio de los años 90”
“PEDIATRA FILANTROPO TURINES, SE PUSO EN EL BOLSILLO
460 MILLONES DE LIRAS”
“Gianfranco
Chiappo, fue acusado de apropiación de fondos UNICEF por un total (sic) 460
millones de liras, valor a la mitad años ochentas. El escándalo hubo (
sic)vasta eco en la ciudad del momento (sic) que el pediatra animaba hace
tiempo la vida de la ciudad con muchas iniciativas filantrópicas que servían
para recoger dinero para el organismo ONU (sic) del cual Chiappo era el
presidente del comité piamontés. Al aparecer a su lado en esas públicas
ocasiones ofrecía un cierto “lustro” un poco como en tiempos más recientes ha
pasado con Giulano Soria. También el mecanismo de las malversaciones
–naturalmente más odiosas considerando el fin de UNICEF – era similar a lo
Soria: gastos de representación y una cadena de San Antonio de intereses”.[2]
En
la demanda de tutela se señaló que en el citado proceso penal se declaró que la
acción penal estaba prescrita y por lo mismo el señor Gianfranco Chiappo no fue
condenado dentro de tal proceso.
El
actor considera que su dignidad humana “se está viendo vulnerada con la publicación
del recorte de periódico en la puerta de la Casa Italia, pues (…) no contiene
una información veraz, sino que por el contrario, son simples especulaciones de
personas mal intencionadas que osan dañar el buen nombre de un hombre que ha
tenido una hoja de vida intachable.”
En
el mismo sentido el actor afirmó que “si bien es cierto que la información
errónea fue difundida en primera instancia por un medio de comunicación
italiano, es también claro que no por eso una persona que se encuentre en el
territorio colombiano puede utilizar la información falsa para dañar el buen
nombre de otro. Pues, en Colombia es requisito que las publicaciones gocen de
veracidad, imparcialidad y además deben constituirse en hechos probados
características que no son obligatorio cumplimiento por la prensa italiana,
pero sí por aquellos sometidos a las normas colombianas.”
Para
el actor, su derecho al trabajo ha sido vulnerado al ponerse en duda la imagen
de hombre honesto y honrado a partir de la difusión de una información falsa,
que ha afectado su ejercicio como cónsul de Italia en Cartagena y sus demás
contrataciones. El actor afirma que a raíz de este artículo y de las
comunicaciones enviadas a la embajada, finalmente tuvo necesidad de renunciar
al cargo de Cónsul Honorario de Italia de Colombia.
Por
último, indica que la acción de tutela es procedente en razón a que el señor
Gianfranco Chiappo se encuentra en indefensión frente el accionar de Giuseppe
Mazzoni al no poder ir a las instalaciones de la Casa Italia y arrancar los
avisos publicadas en su cartelera, porque esto representaría un altercado con
el representante legal de la organización.
El
actor presentó como pruebas fotos de la fachada de la casa Italia y de su
periódico mural, escrito informal en italiano con el contenido de la sentencia
emitida por el Tribunal de Torino, de fecha 16 de febrero de 2001, sin
traducción. Copia del artículo publicado en el diario La Stampa,  y traducción
de este artículo, carta remitida por el señor Giuseppe Mazzoni al Embajador de
Italia en Bogotá, e igualmente copia de una denuncia penal contra Giuseppe
Mazzoni por los delitos de injuria y calumnia motivada por hechos diferentes a
la publicación del artículo del diario italiano “La Stampa” que origina la
presente acción de tutela.
1.2
La parte demandada contestó la acción de tutela indicando que “respecto del
recorte de periódico fijado en la cartelera de la fachada de propiedad del
accionado, el artículo no se refiere solamente a la sentencia condenatoria
impuesta en primera instancia  por la competente autoridad judicial italiana,
sino también a que dicha sentencia se extinguió por vencimiento de términos, es
decir que la información es veraz y completa (…).”
“No
entendemos porque mi poderdante tiene que asumir alguna responsabilidad
respecto del contenido veraz o falaz del artículo de prensa, más bien el
accionante debería dirigir su accionar contra la Casa Editorial a la cual
pertenece el diario italiano que publicó el artículo.
También
afirmó, al contestar a los hechos, que el señor Giuseppe Mazzoni  “no ha
utilizado la información para atacar el accionante, sino para informar a la
comunidad italiana presente en esta ciudad y que estaba confundida y muy poco
enterada de la realidad de los hechos.”
Así
las cosas, el demandado concluye que no hay afectación de ningún derecho
fundamental porque no se ha difundido información falsa, así mismo indica que
no es procedente la tutela al existir otros medios de defensa judicial como la
acción penal por injuria y calumnia.
1.3.
Mediante escrito de fecha 3 de diciembre de 2009, el apoderado del Señor
Gianfranco Chiappo aportó nuevas pruebas documentales, presentadas de la
siguiente forma: traducción al español de la sentencia absolutoria de segunda
instancia de fecha 14 de julio de 2009,[3]
copia de la carta de renuncia del señor Chiappo como cónsul honorario, copia de
la carta de aceptación de la renuncia enviada por el señor embajador de Italia
en Colombia.[4]
2.      Decisión del Juez de
primera instancia.
Mediante
sentencia del día siete (7) de diciembre de dos mil nueve (2009), el Juzgado
Trece Penal Municipal de Cartagena de Indias, con funciones de conocimiento,
resolvió declarar improcedente la acción de tutela de la referencia al observar
que “en la situación planteada puede descartarse (…) la existencia de
relaciones de subordinación, (…) no existe una situación de asimetría social
entre demandante y demandado en la cual el segundo se encuentra colocado en una
situación de supremacía frente al primero, a partir de la cual aquél podría
incurrir en eventuales vulneraciones de los derechos fundamentales de éste.”
Adicionalmente, estableció: “Este despacho no puede conceder el amparo de los
derechos presuntamente violados (…) pues existe un medio más eficaz y expedito
para que sean resueltos las pretensiones solicitadas, la Jurisdicción Penal, el
(sic) cual es la vía necesaria a seguir(…).”
4.      Impugnación del fallo de
primera instancia.
Mediante
oficio de fecha 14 de diciembre de 2009,[5]
la apoderada del accionante Gianfranco Chiappo, impugnó el fallo de tutela de
primera instancia.
Para
el demandante, el caso expuesto es un claro ejemplo de indefensión  que se
patentiza en que el demandado tiene el poder de publicar cualquier contenido en
la cartelera de la Casa Italia.  “La asimetría entre el accionante y el
accionado esta dada por la incapacidad de medios que tiene [Gianfranco Chiapo]
para rectificar cualquier información que en la cartelera de la Casa Italia sea
publicada”. El accionante agrega que si el Estado no ordena remover los
artículos publicados, el demandado tampoco lo puede hacer y el hecho de que los
artículos hayan sido difundidos por una institución importante para la
comunidad italiana en Cartagena, prueba la existencia de una condición de
indefensión entre el demandado y el demandante.
Para
el actor no existe otro mecanismo de defensa judicial.  Para tal fin cita la
sentencia T-263 de 2008, en la cual se indica que la tutela es procedente  para
la protección de los derechos a la honra y el buen nombre por hechos que no
llegan a constituir injuria o calumnia. El apoderado del señor Chiappo, en el
mismo sentido afirma: “la Corte ha sostenido igualmente que siempre que haya
una manifestación pública que dañe el buen nombre de una persona el lesionado
debe entenderse en situación de indefensión”. El apoderado cita también las
sentencias T-411 de 1995 y T-921 de 1992.
Para
el actor la acción de tutela procede como un mecanismo transitorio para evitar
que se de un perjuicio irremediable causado por la publicación de un artículo
injurioso donde se trata de ladrón a Gianfranco Chiappo cuando no existe fallo
que así lo afirme.
La
parte demandada en enero 21 de 2010 radicó un escrito mediante el cual se
oponía a la impugnación planteada por el apoderado del Señor Chiappo y
solicitaba desestimar la impugnación presentada por el actor. El demandado
plantea que no existe estado de indefensión debido a que se fundamenta en un
hecho hipotético que consiste en que se provocaría un altercado físico con el
director de la Casa Italia, sin considerar que puede darse un entendimiento
pacífico sobre el asunto. “La indefensión se basa, según el accionante, en el
hecho que no puede dirigirse a solicitar directamente el retiro de la
publicación de un periódico italiano fijada en la cartelera de la casa de
propiedad de la persona natural accionada en el presente proceso, porque
provocaría alguna reacción del accionado.  Tan pueril afirmación carece de
fundamento fáctico, porque supone un hecho hipotético como la presunta fuerza
física que encontraría el accionante al pretender invadir la órbita privada del
accionado que se encuentra en su hogar, negándose el mismo accionante cualquier
posibilidad de entendimiento pacífico sobre lo ocurrido con el accionado”.
También
plantea el accionado “que la relación de indefensión entre accionante y
accionado tácticamente no existe y tampoco ha sido probada. Al contrario
consideramos que el que se encontraría en situación de superioridad es el
accionante respecto del accionado por haber sido, (…), cónsul honorario hasta
mediados de octubre de 2009”.
El
apoderado del demandado también señaló que el accionante no impetró “la acción
de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable
porque así no se le otorgó el poder y tampoco lo ha esbozado en su libelo
inicial, amén que tampoco ha demostrado y sustentado los requisitos fijados por
al jurisprudencia de la H. corte Constitucional y citados por esta apoderada en
su informe rendido al a quo, que configurarían el perjuicio irremediable”.
Adicionalmente,
indicó que desempeñar un cargo de relevancia social implica necesariamente
someterse al escrutinio público, por lo que la publicación de la información
sobre los negocios desarrollados en Italia resultaba relevante. Resalta que el
demandado fue condenado en un primer momento en un proceso de responsabilidad
fiscal y en una segunda oportunidad por hechos diferentes al primer proceso,[6] que son los que motivaron
el artículo publicado en el periódico “La Stampa” en donde fue condenado y
absuelto por prescripción de la acción en segunda instancia.
5.      Decisión del Juez de
segunda instancia.
Mediante
sentencia de dieciséis (16) de febrero de dos mil diez (2010), el Juzgado
Tercero Penal del Circuito de Cartagena confirmó el fallo de primera instancia,
mediante el cual el Juzgado Trece Penal Municipal de Cartagena, con funciones
de Conocimiento, declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el
apoderado de Gianfranco Chiappo, por violación de su derecho fundamental al buen
nombre, vida digna, honra y trabajo.
En
su fallo, el Juzgado Trece Penal Municipal consideró:
“que la entidad accionada no ha conculcado los
derechos fundamentales constitucionales invocados toda vez que posee otros
medios ordinarios e idóneos para reclamar los derechos conculcados”.[7] También indicó que es
cierto “que entre el accionante y el accionado no existe ninguna clase de
subordinación e indefensión que demande una alta complejidad para aseverar que
la situación se encuentra a punto de colapsar en las esfera (sic) de vulnerar
los derechos fundamentales constitucionales del actor.”
En
referencia con los argumentos constitucionales expuestos por el demandante
sobre la procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho al buen
nombre frente a hechos que no constituyen delitos de injuria o calumnia, el
juez de segunda instancia indicó:
“Como se puede apreciar, la Corte expresa que la
acción de tutela por vulneración del derecho al buen nombre solo procede fuera
del contexto penal, es decir cuando no se configuran los punibles de injuria y
calumnia, pues de estos eventos es la acción judicial ordinaria la que debe
dirimir el conflicto.  En este asunto, el presunto afectado adelanta
simultáneamente la actuación constitucional y la penal, lo que resulta
inadecuado frente a la protección de sus derechos a la honra y al buen nombre,
estimando entonces el actor que se ha estructurado la conducta delictiva y, por
ende ha instado a la Fiscalía General de la Nación  que proteja sus derechos,
pese a que ya lo esta haciendo por este medio constitucional.  En este
contexto, tiene entonces el accionante eficaces y ágiles mecanismos que puede
invocar aten el fiscal investigador  para garantizar los mismos derechos que
pretendan ampara por vía de tutela, invocando la aplicación inmediata de los
art. 133 y 134 de la Ley 906 de 2004, que le ordenan al fiscal la atención y
protección a las víctimas en forma rauda de “toda publicidad que implique un
ataque indebido a su vida privada o dignidad”, formulando las solicitudes
pertinentes al Juez de Control de Garantías.”
De
esta forma, el juez de segunda instancia reiteró que la tutela como mecanismo
judicial subsidiario y residual no puede ser utilizado como herramienta
procesal extraordinaria y adicional y resaltó que en el presente caso la acción
penal resulta efectiva para la protección de los derechos fundamentales
invocados.
II.
CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Es
competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero, y 241, numeral noveno de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991.
2.
Problema
Jurídico
Corresponde
a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:
¿Viola el derecho al buen nombre y a la honra de una
persona, el que un particular exponga en un lugar abierto al público y bajo su control,
copia de un artículo de periódico en el que se hace alusión a una investigación
penal seguida en contra de esa persona, a pesar de que, por un lado (i) dicho
particular ha solicitado que la publicación del artículo sea retirada de la
cartelera donde se expone, como quiera que el proceso en su contra concluyó con
una decisión a su favor y, por el otro, (ii) quien ha reproducido el artículo
afirma que no es responsable de la veracidad de la información difundida por el
medio de comunicación, como quiera que el artículo en cuestión, en donde se
habla tanto del proceso penal como de su preclusión, fue publicado en su
totalidad?
Con
el fin de resolver el anterior problema jurídico, la Sala recordará brevemente
en qué consiste la protección constitucional al derecho al buen nombre y a la
honra, y determinará si en el caso concreto, dadas las circunstancias
específicas del caso, se vulneró tal derecho.
No
obstante lo anterior, de manera preliminar deberá resolver la Sala si, dado que
el asunto planteado se refiere a una situación entre particulares, la tutela es
procedente.
3.
Procedencia
de la acción de tutela contra particulares
3.1. El inciso final
del artículo 86 de la Constitución Política determina que “la ley establecerá
los casos en que la acción de tutela procede contra particulares encargados de
la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y
directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se
halle en estado de subordinación o indefensión.” Esta disposición constitucional
fue desarrollada expresamente por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. En la
sentencia C-134 de 1994 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa), por la cual se estudió la
constitucionalidad de varias normas del Decreto 2591 de 1991, la Corte
Constitucional se expresó en los siguientes términos en relación con la
procedencia de la tutela contra particulares:
“La institución de la acción de tutela, tal como quedó
plasmada en nuestro ordenamiento constitucional, implica un notable avance en
relación con similares instituciones en otros ordenamientos. En efecto, el
Constituyente de 1991 contempló la posibilidad de que la tutela procediera
también contra particulares, lo cual no está previsto, como se ha dicho, en
otras legislaciones. Posiblemente se debe ello a que, en principio, se ha
considerado, erróneamente, que es el Estado, a través de las autoridades
públicas, quien viola, por acción u omisión, los derechos fundamentales de las
personas, cuando la realidad demuestra que éstos también  son vulnerados, en
forma quizás más reiterativa y a menudo más grave, por los mismos particulares.
Fue esta la eventualidad que quiso prever el Constituyente colombiano, al plasmar
en el inciso final del artículo 86, la procedencia de la acción de tutela
contra particulares que estén colocados en una de tres situaciones: a) Que
estén encargados de la prestación de un servicio público; b) que su conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo; o c) que respecto de ellos,
el solicitante se halle en estado de subordinación o de indefensión.
“Esta disposición puede calificarse como una novedad y
como un notable avance dentro del campo del derecho público, por cuanto
permite, bajo unas condiciones específicas que se analizarán más adelante, que
se protejan los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando
éstos han sido vulnerados por otros particulares, ya sean personas naturales o
jurídicas. Siendo ello así, la Corte advierte que resulta un contrasentido -por
no decir un retroceso-, como se explicará posteriormente, que el legislador,
desconociendo el espíritu del Constituyente y uno de los propósitos
fundamentales del nuevo ordenamiento constitucional colombiano, pretenda
limitar el radio de acción de la tutela, al señalar en forma taxativa aquellos
derechos fundamentales que, a su juicio, puedan ser amparados cuando la
conducta nociva provenga de un particular. (...)
“Ahora bien, si como se estableció, la procedencia de
la acción de tutela contra particulares parte del supuesto de que las personas,
en ciertos casos, no se encuentran en un plano de igualdad -ya porque están
investidos de unas determinadas atribuciones especiales, ora porque sus
actuaciones pueden atentar contra el interés general- lo que podría ocasionar
un "abuso del poder", entonces la función primordial del legislador
debe ser la de definir los casos en que se pueden presentar estos supuestos
fácticos y, en consecuencia, la potencial violación de un derecho fundamental
consagrado en la Carta Política. Por ello, conviene reiterarlo, el Constituyente
determinó tres situaciones en las cuales se pueden manifestar los presupuestos
citados, pues resulta contrario a un principio mínimo de justicia, partir de la
base de que la acción de tutela proceda siempre en cualquier relación entre
particulares, toda vez que ello llevaría a suprimir la facultad que se tiene
para dirimir esos conflictos ante la jurisdicción ordinaria, ya sea civil,
laboral o penal.”
Según el artículo 42
del Decreto 2591 de 1991, la tutela contra particulares procede (i) cuando estos
presten servicios públicos (numerales 1, 2 y 3), (ii) cuando exista
subordinación o indefensión frente al particular accionado (numerales 4 y 9),[8] (iii) cuando el
particular esté vulnerando el hábeas data (numerales 6 y 7), (iv) cuando el
particular esté vulnerando el artículo 17 de la Constitución (num. 5) y, (v)
cuando el particular ejerza función pública (num. 8).[9]
3.2.
Para el asunto bajo revisión, resulta pertinente examinar la segunda de las
situaciones descritas que hacen procedente la tutela contra particulares. En el
caso de la subordinación, ésta se predica cuando existe una relación jurídica
de dependencia que tiene su origen en la obligatoriedad emanada de un orden jurídico
o social determinado, como es el caso, de los trabajadores frente a sus
empleadores, o la de los estudiantes respecto de sus maestros o directivos del
plantel educativo al que pertenecen.[10]
En cuanto a la
indefensión, ésta tiene lugar cuando la persona afectada en su derecho carece
de defensa, es decir, cuando no puede darse una respuesta efectiva ante la
violación o la amenaza de que se trate. La Corte ha sostenido que “el estado de
indefensión se manifiesta cuando la persona ofendida por la acción u omisión
del particular se encuentra inerme o desamparada, es decir sin medios físicos o
jurídicos de defensa o con medios y elementos insuficientes para resistir o
repeler la vulneración o amenaza de su derecho fundamental. El juez de tutela
debe apreciar los hechos y circunstancias del caso a fin de establecer si se
presenta la indefensión a que se refieren los numerales 4 y 9 del artículo 42
del Decreto 2591 de 1991, para que proceda la acción de tutela contra
particulares”.[11]
Entonces, la
indefensión hace referencia a una relación que también implica una forma de
dependencia de una persona respecto de otra, pero ésta tiene su origen en
situaciones de naturaleza fáctica. El alcance conceptual de los fenómenos
jurídicos de la subordinación e indefensión ha sido delimitado así por la
jurisprudencia:
"(...) [la subordinación] alude a la existencia
de una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los
trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a sus
profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen, en
tanto que la indefensión, si bien hace referencia a una relación que también
implica la dependencia de una persona respecto de otra, ella no tiene su origen
en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado sino en
situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su
derecho carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de respuesta
efectiva ante la violación o amenaza de que se trate (...)".[12]
En
los supuestos en los que el juez de tutela debe entrar a estudiar de fondo el
caso a fin de determinar si la parte afectada en sus derechos fundamentales
estaba en una relación de indefensión o subordinación, la jurisprudencia
constitucional ha identificado casos típicos, como es el del empleado respecto
del empleador,[13]
del alumno en relación con los órganos directivos de los centros educativos y
de los copropietarios y residentes frente a los diversos órganos de dirección y
administración de la propiedad horizontal.[14]
Ahora
bien, en lo que respecta al estado de indefensión, la Corte ha sido igualmente
consecuente en definirla como la ausencia de opciones jurídicas o de hecho del
particular que demanda por vía de tutela, para defenderse de una agresión
injusta por parte del demandado.[15]
Pero existen otros supuestos en los que dicha condición de indefensión atenta
en contra de los derechos del demandante:
“i) la imposibilidad del particular de satisfacer una
necesidad básica o vital, por la forma irracional, irrazonable y
desproporcionada como otro particular activa o pasivamente ejerce una posición
o un derecho del que es titular;
ii) la existencia de un vínculo afectivo, moral,
social o contractual, que facilite la ejecución de acciones u omisiones que
resulten lesivas de derechos fundamentales de una de las partes como en la
relación entre padres e hijos, entre cónyuges, entre copropietarios, entre
socios, etc.
iii) el uso de medios o recursos que buscan, a través
de la presión social que puede causar su utilización, el que un particular haga
o deje de hacer algo en favor de otro”.[16]
3.3 En el caso que se revisa, el accionante sostiene
que la campaña de desacreditación que impulsa el accionado en su contra lo
coloca en situación de indefensión frente a éste, sin que disponga de medios
eficaces y oportunos de defensa que permitan desvirtuar la información
difamante y recobrar su condición de ciudadano italiano honorable y continuar
con su labor como cónsul honorario de Italia en Colombia.
La Sala encuentra que le asiste la razón al
accionante, como quiera que la publicación del artículo considerado difamante
se hace a través de una cartelera colocada en un espacio abierto al público,
bajo el control del accionado, en un lugar frecuentemente visitado por
ciudadanos italianos y personas de habla italiana, pero fuera del alcance del
demandante, por lo que la única forma de impedir que el demandado continúe con
tal publicación, sería arrancar la publicación a la fuerza de dicha cartelera.
Por lo anterior, la tutela resulta procedente dada la situación de indefensión
en que se encuentra el tutelante.
4.
El contenido
de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre (arts. 15 y 21 de la
Constitución Política), y las tensiones frente al ejercicio de la libertad de
expresión
4.1. La Constitución
Política consagra los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre en sus
artículos 15 y 21, y establece para el Estado el deber de respetarlos y
hacerlos respetar. Así mismo, en el artículo 2 de la Carta se señala que una de
las finalidades para las cuales se han instituido las autoridades de la
República, es precisamente la protección de las personas en su honra. La
consagración constitucional de estos derechos encuentra múltiples correlatos al
nivel de los instrumentos internacionales de derechos humanos que vinculan al
país, en particular la Declaración Americana e Derechos y Deberes del Hombre
(artículo 5),[17] la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12[18]),
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17[19]) y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11[20]
y artículo 14[21]),
que consagran el derecho de las personas a recibir la protección de las
autoridades frente a los ataques contra su honra y su reputación. Se trata de
derechos que, como ha reconocido la jurisprudencia constitucional, “por estar
ligados al respeto de la dignidad humana, principio fundamental  del Estado
Social de Derecho (Art. 2 C.P.), y valor fundamental de la Comunidad
internacional[22]”[23], son objeto de
protección constitucional expresa.
4.2. En cuanto al derecho
al buen nombre, éste ha sido definido como “la buena  opinión o fama adquirida
por un individuo en razón a la virtud y al mérito, como consecuencia necesaria
de las acciones protagonizadas por él”.[24]
Como se expresó en la sentencia T-494 de 2002 (MP. Jaime Córdoba Triviño),
“este derecho está atado a todos los actos o hechos que una persona realice y
por las cuales la sociedad hace un juicio de valor sobre sus virtudes y
defectos”. En la sentencia C-489 de 2002, la Corte Constitucional elaboró esta
definición en los siguientes términos:
“El
buen nombre ha sido entendido por la jurisprudencia y por la doctrina como la
reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se
configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de
expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas. Este
derecho de la personalidad es uno de los más valiosos elementos del patrimonio
moral y social y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona
debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad”.[25]
De allí que la jurisprudencia constitucional haya
anotado que en ciertas oportunidades, la afectación de la reputación o fama de
las personas, así como la de su honra, provienen de su propia conducta, por lo
cual en estos casos no es procedente la acción de tutela en tanto mecanismo de
protección. En este sentido, en la sentencia SU-056 de 1995 se precisó que por
tratarse de un derecho que “se construye por el merecimiento de la aceptación
social, esto es, gira alrededor de la conducta que observe la persona en su
desempeño dentro de la sociedad”, no es procedente su defensa a través de la
tutela “cuando el comportamiento de la persona no le permite a los asociados
considerarla como digna o acreedora de un buen concepto o estimación”. Es
decir, los derechos a la honra y al buen nombre, “únicamente pueden reclamarse
sobre el supuesto de la conducta irreprochable y limpia de su titular. (…) Por
eso, la Corte Constitucional ha sostenido que no hay honra ni buen nombre que
puedan exigirse como intangibles cuando no está de por medio el mérito de quien
los reivindica”.[26]
En igual sentido se dijo en la sentencia C-063 de
1994:
“Esta
Corte ha sostenido, que los derechos al buen nombre y a la honra son derechos
que se ganan de acuerdo a las acciones realizadas por el individuo, sea que en
virtud de ellas pueda gozar del respeto y admiración de la colectividad como
consecuencia de su conducta intachable, o sea que, por el contrario, carezca de
tal imagen y prestigio, en razón a su indebido comportamiento social. En este
último caso difícilmente se puede considerar violado el derecho a la honra  de
una persona, cuando es ella misma quien le ha imprimido el desvalor a sus
conductas y ha perturbado su imagen ante la colectividad”. [27]
Por otra parte, la
jurisprudencia constitucional ha establecido que se entiende lesionado el
derecho fundamental al buen nombre cuando se difunden afirmaciones,
informaciones o imputaciones falsas o erróneas respecto de las personas, que no
tienen fundamento en su propia conducta pública y que afectan su renombre e
imagen ante la sociedad.[28]
En la sentencia T-228 de 1994 (MP. José Gregorio Hernández Galindo) la Corte
precisó que “se atenta contra este derecho cuando, sin justificación ni causa cierta
y real, es decir, sin fundamento, se propagan entre el público -bien en forma
directa y personal, ya a través de los medios de comunicación de masas-
informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionan el concepto público
que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio
y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa, o
cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su
imagen”.[29]
Esta regla fue reiterada
en la sentencia C-489 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil), en donde textualmente
dijo la Corte: “El derecho al buen nombre, como expresión de la reputación o la
fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas
que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se
tiene del individuo”. En el mismo sentido, la sentencia T-494 de 2002 (MP.
Jaime Córdoba Triviño)[30]
estableció que “son atentados al derecho al buen nombre todas aquellas
informaciones contrarias a la verdad, que, sin justificación alguna,
distorsionen el prestigio social que tiene una persona”.
4.3. En relación con el
derecho a la honra, la jurisprudencia constitucional ha explicado que este
concepto, “aunque en gran medida (es) asimilable al buen nombre, tiene sus
propios perfiles”,[31]
se define como el derecho a “la estimación o deferencia  con la  que cada
persona  debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le
conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana”,[32]
por lo cual su salvaguarda es necesaria para preservar “el  valor intrínseco de
los individuos  frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la
adecuada consideración y valoración de las personas  dentro de la colectividad[33]”.[34]
Al igual que el derecho al buen nombre, el derecho a la honra “debe ser
protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos
frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada
consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad”.[35] En la sentencia T-603 de
1992 (MP. Simón Rodríguez Rodríguez),[36] la
Corte explicó:
“Como
derecho fundamental que es, la honra de la persona, tiene una esfera social
amplia, trasciende a un circulo grande de personas y su radio de acción y
conocimiento es proporcional a la ascendencia que la persona tiene en la
sociedad. Pero se considera importante calcular que este derecho personalísimo
es el resultado de la valoración individual que se han formado de ella,
respecto de los actos y ejecuciones que por ser acordes con la ley y los buenos
modales, le brindan la certeza a quien así se comporta de contar con la
aceptación general de los demás  y le prodigan  en su nombre serios y
ponderados conceptos de valoración individual que la hacen merecedora de la fe,
la confianza y la credibilidad que se ha sabido ganar en su manera de ser y con
su gestión personal.”
Vale la pena precisar que
la honra es una noción cercana a la de “honor”, pero no se confunde con ella,
dado que está fundamentalmente relacionada con la percepción externa que se
tiene de una persona con base en su conducta y sus características personales.[37] Sin embargo, retomando
lo expresado en la precitada sentencia C-489 de 2002, la Corte precisó que hace
parte del núcleo esencial de este derecho “tanto la estimación que cada individuo
hace de sí mismo, como, desde una perspectiva externa, el reconocimiento que
los demás hacen de la dignidad de cada persona,” por lo cual “para que pueda
tenerse como afectado el derecho a la honra, esos dos factores debe apreciarse
de manera conjunta.”
La jurisprudencia
constitucional ha precisado que la violación del derecho a la honra se produce
cuando se expresan conceptos u opiniones que generan un daño moral tangible al
sujeto afectado. En la sentencia C-392 de 2002 (MP. Álvaro Tafur Galvis), la
Corte señaló que “no todo concepto o expresión mortificante para el amor propio
puede ser considerada como imputación deshonrosa”, puesto que para ser
visualizadas como tales, las afirmaciones que se expresen deben tener la
virtualidad de “generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y su gravedad
no depende en ningún caso de la impresión personal que le pueda causar al
ofendido alguna expresión proferida en su contra en el curso de una polémica
pública, como tampoco de la interpretación que éste tenga de ella, sino del
margen razonable de objetividad que lesione el núcleo esencial del derecho”.
4.4. Ahora bien, en tanto
derechos fundamentales, la honra y el buen nombre son susceptibles de ser
protegidos por vía de la acción de tutela, como lo ha reconocido esta Corte en
múltiples ocasiones.
Así, en la sentencia
C-392 de 2002 (MP. Álvaro Tafur Galvis),[38]
se explicó que “independientemente de la existencia de mecanismos de protección
en materia penal,[39]
cuando se presenten violaciones a la honra y al buen nombre de las personas que,
sin llegar a constituir formas de injuria o de calumnia, afecten estos
derechos,  será posible invocar la acción de tutela, cuando ello sea necesario
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable”.[40]
Igualmente, en la
sentencia C-489 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil)[41]
se reiteró esta pauta jurisprudencial en los siguientes términos:
“Dado
su carácter de derechos fundamentales, tal como se acaba de expresar, el buen
nombre y la honra cuentan con un mecanismo de protección de rango
constitucional, como la acción de tutela. Tal protección, ha señalado la Corte,
es la más amplia y comprensiva, y pese a su carácter subsidiario, no se ve
desplazada por otros medios de defensa judicial, particularmente el penal,
cuando no obstante que una determinada conducta no constituya delito, sí
implique una lesión de los bienes jurídicos protegidos. Así, en Sentencia T-263
de 1998, la Corte expresó que ‘[l]a vía penal sólo protege determinadas
vulneraciones a los anotados derechos fundamentales, al paso que la protección
que la Constitución Política depara a los mismos es total. Por esta razón,
existen violaciones a la honra y al buen nombre de las personas que, sin llegar
a constituir formas de injuria o de calumnia, sí afectan estos derechos y, por
ende, autorizan su protección por vía de la acción de tutela, cuando ello es
necesario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.’”
En esa medida, para
proteger los derechos a la honra y al buen nombre es necesario establecer
cuáles son las condiciones bajo las cuales se entiende que se ha presentado una
limitación inconstitucional de su alcance.
4.5.
En el asunto bajo revisión, se presenta una tensión entre el ejercicio de la
libertad de expresión a través de un medio elegido por el demandado para
difundir una noticia, y el derecho del accionante a proteger su derecho a la
honra y buen nombre. Por esta razón, resulta relevante recordar lo que ha dicho
la Corte Constitucional en cuanto a la protección constitucional del medio de
expresión elegido por el titular de la libertad de expresión y los problemas
constitucionales que cada medio en particular plantea.
Uno
de los elementos constitutivos de la libertad de expresión en su dimensión
individual, es el derecho de quien se expresa a transmitir y difundir su
mensaje de la manera en que mejor considere hacerlo, y a través del medio que
elija para el propósito, sin que ello implique la posibilidad de exigir el
derecho a determinado medio de comunicación masiva, público o privado.
A
partir de la Sentencia T-115 de 1994, la Corte Constitucional ha señalado que
“el solo hecho de dar al conocimiento público algún mensaje o comunicación no
constituye, en sí mismo, vulneración de derechos fundamentales, pues la
violación de derechos tales como la honra o el buen nombre no se puede apreciar
haciendo abstracción de los contenidos que se difunden y, en consecuencia, es
menester “ponderar la información” destinada al conocimiento de los demás,
“para que de acuerdo con ese contenido resulte posible establecer si se viola o
no el derecho”[42].”[43]
En
la sentencia T-391 de 2007, la Corte recordó que dado que “la expresión puede
efectuarse a través de cualquier medio seleccionado por quien se expresa, y la
protección constitucional se extiende a dicho proceso de transmisión y
difusión, así como al medio utilizado (…), ha de tenerse en cuenta que cada
medio expresivo en particular, además de gozar de un nivel básico de protección
constitucional compartido por todas las formas de transmisión y difusión de las
expresiones, plantea a la vez sus propias especificidades constitucionalmente
relevantes, que inciden sobre el alcance de esta libertad en casos concretos”. [44]
De
conformidad con esa regla, la intensidad de esa protección de la libertad de
expresión varía dependiendo del medio escogido. Por ejemplo, la Corte ha
señalado la diferencia de protección, cuando se trata de libros o de medios de
comunicación masiva impresos, teniendo en cuenta el manejo de la información en
ellos consignada, dado su impacto y el espacio reflexivo que permiten a los
receptores.[45] En un sentido
similar, la Corte identificó la diferencia de protección que surge cuando el medio
empleado es un programa de televisión informativo y un dramatizado para efectos
de los deberes en el manejo de los datos.[46]
Según
lo ha reconocido la doctrina, aunque “las libertades de expresión y de
información sirven para comunicar datos entre las personas, su principal
diferencia radica en que mientras la libertad de información tan sólo pretende
“informar”, es decir, “enterar o dar noticias sobre un determinado suceso”[47]; la libertad de expresión,
por su parte, involucra todo tipo de declaración que tenga por objeto difundir
un pensamiento, idea, opinión, etc.[48].”[49]
Esta
Corporación ha señalado que los principios de veracidad e integridad como
límites al ejercicio de las libertades de comunicación, no tienen el mismo
alcance, pues los límites a la libertad de expresión son más reducidos que los
de la libertad de información, en atención a la mayor amplitud inherente a la
exposición de opiniones o comentarios personales sobre hechos reales o
imaginarios. Así, en la sentencia SU-056 de 1995 la Corte dijo lo siguiente:
“En lo que concierne con la libertad de expresión que
no se materializa o no tiene por objeto informar, sino recrear en una obra
literaria, gráfica, plástica o fílmica, hechos o situaciones reales o
imaginarios, no es procedente sujetarla a las exigencias impuestas a la libertad
de información, como son el atenerse a la verdad e imparcialidad de la noticia,
lo cual no significa que el artista -escritor, periodista, caricaturista,
pintor, director- pueda desconocer impunemente los derechos fundamentales de
terceras personas, en particular sus derechos a la intimidad, a la honra y al
buen nombre”.[50]
A
este respecto, debe tenerse en cuenta que la libertad de expresión, por su
trascendencia dentro del orden constitucional colombiano, sólo puede ser
limitada para efectos de preservar derechos que tengan un rango comparable: en
otras palabras, esta finalidad se refiere únicamente a derechos
constitucionales fundamentales, como la intimidad, el buen nombre y la
prohibición de la discriminación. La libertad de expresión no puede estar
sujeta a limitaciones para efectos de preservar derechos que no gozan de un
nivel de protección comparable en la Carta Política.
Así
mismo, la Corte ha precisado que el método a aplicar en estos casos de
conflicto entre la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, es el
de la ponderación, sobre la base inicial de la presunción de primacía de la
libertad de expresión sobre los demás derechos.[51]
Así por ejemplo, en la sentencia T-602 de 1995, la Corte explicó que la
libertad de expresión, en un Estado democrático y liberal, por lo general prima
sobre los derechos al buen nombre y a la honra, salvo que se demuestre una
intención dañina o una negligencia al presentar hechos falsos, parciales,
incompletos o inexactos que violan o amenazan los derechos fundamentales:
“El artículo 20 de la Constitución consagra el derecho
de toda persona a expresar libremente su pensamiento y sus opiniones. En un
Estado democrático y liberal como el nuestro, este derecho es prevalente, y
generalmente se le otorga primacía sobre los derechos al buen nombre y a la
honra, con los cuales frecuentemente resulta enfrentado, "salvo que se
demuestre por el afectado la intención dañina o la negligencia al presentar
hechos falsos, parciales, incompletos o inexactos que vulneran o amenazan sus
derechos fundamentales" (Sentencia T-80 de 1993. Magistrado ponente
Eduardo Cifuentes Muñoz)”.[52]
En
igual sentido, en la sentencia SU-1723 de 2000, se explicó que la libertad de
expresión o el derecho a la información pueden entrar en colisión con los
derechos a la intimidad y el buen nombre; y que cuando tal afectación es
inevitable, es procedente efectuar un juicio de ponderación entre los derechos
afectados, con base en el principio de armonización concreta:
“Para el caso que ahora ocupa la atención, la Corte
señaló en la sentencia T-403 de 1992, que ante la colisión de derechos
fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la intimidad,
respecto de los cuales la Constitución no establece ningún orden jerárquico que
sirva de directriz para resolver tales conflictos, “al juez le corresponde
hacer una cuidadosa ponderación de los intereses en juegos teniendo en cuenta
las circunstancias concretas (...) Enfrentados los derechos o libertades en
conflicto cabe establecer la función que cumplen dentro del ordenamiento
jurídico democrático, participativo y pluralista”, pero teniendo en cuenta
siempre el principio de concordancia práctica y armonización concreta orientado
a la coexistencia entre derechos”.[53]
En
cualquier caso, también lo ha señalado la Corte, el equilibrio entre los
derechos en conflicto variará, dependiendo del tipo de discurso del que se
trate, y del contexto en el cual se ejerza. Así por ejemplo, el discurso
político está sujeto a menores limitaciones y quienes se vean afectados por él,
concretamente las figuras públicas, deben soportar una carga mayor en el ámbito
de sus derechos a la honra, intimidad y buen nombre, más cuando la expresión se
ejerce a través de la prensa.[54]
El discurso religioso al constituir el ejercicio de la libertad de cultos, goza
de protección constitucional reforzada y en esa medida admite, dentro de su
órbita de protección, expresiones que en otro ámbito serían consideradas como
excesivas y lesivas de la honra y reputación ajenas.[55]
El
uso de los medios masivos de comunicación para transmitir expresiones a una
pluralidad indeterminada de receptores, admite regulaciones apropiadas a las
especificidades de cada tipo de medio masivo,[56]
pero también cuando se trata de audiencias protegidas constitucionalmente, como
es el caso de los niños, caso en el cual es posible establecer especiales
condiciones constitucionales para difundir la expresión, orientadas a preservar
el interés superior, el desarrollo integral y los derechos fundamentales de los
menores.[57]
Uno
de los casos más frecuentes de limitación de la libertad de expresión para
preservar derechos ajenos se genera por el ejercicio de las libertades de
información y de prensa a través de los medios masivos de comunicación, ante el
eventual daño a los derechos fundamentales a la intimidad, la honra o el buen
nombre de terceros, estableciendo por ejemplo, el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad.[58]
Otros
tipos de conflictos se presentan entre la libertad de expresión y derecho a la
intimidad, en casos de publicación de libros que revelan información o narran
eventos que afectan a personas reales. Así sucedió, por ejemplo, en la
sentencia T-293 de 1994, en donde la Corte señaló que por estar de por medio
una violación efectiva de derechos fundamentales de menores de edad con la
publicación de un libro, los escritores no podían hacer uso de su obra para
revelar detalles íntimos de otra persona o su familia, para cometer calumnia,
injuria o proferir amenazas, por lo que cuando en un escrito se atenta contra
los derechos fundamentales de personas concretas, es válido que el juez impida
mediante orden la circulación del escrito o impreso sin que ello implique una
censura. Dijo la Corte entonces:
“(…) el escritor no ejerce un derecho absoluto, está
sujeto a las restricciones que le impone la propia Constitución cuando consagra
derechos en cabeza de todos los asociados. Entonces, no le será lícito hacer
uso de la obra para revelar detalles de la vida íntima de otro individuo o de
su familia, o para proferir calumnias, injurias o amenazas. Atenta contra los
derechos constitucionalmente consagrados si en la publicación juega con la
honra o el buen nombre de personas o instituciones, pues éstas, en ejercicio de
las prerrogativas que la misma Constitución les reconoce, están en posición de
acudir al juez para que haga valer sus derechos e imparta las ordenes
necesarias para que cese la violación.
“De allí resulta que es válida la decisión judicial
que impida la circulación del escrito o impreso que probadamente atenta contra
derechos fundamentales de personas en concreto, sin que ello pueda considerarse
censura sino apenas el natural cumplimiento de los mandatos constitucionales en
lo que atañe al adecuado equilibrio entre deberes y derechos”.[59]
Por
ejemplo, en la sentencia SU-056 de 1995, la Corte explicó que a diferencia de
la información sobre hechos y opiniones transmitida a través de los medios de
comunicación, los libros que van más allá de la descripción de hechos y
constituyen creaciones de sus autores, están protegidos por la libertad de
expresión, en particular contra modificaciones por parte de las autoridades
públicas, dado su carácter intangible; y señaló que esta protección cesa, y
procede la rectificación o corrección del contenido, cuando el propósito del
libro es difundir informaciones inexactas o imparciales, o cuando afecta los
derechos fundamentales de terceros, por ejemplo su derecho a la intimidad:
“A diferencia de la publicación o difusión de hechos y
de opiniones por los medios de comunicación, los libros que revelan una
elaboración intelectual y personal constituyen una creación de sus autores. Por
ello, los libros de esta naturaleza constituyen una unidad inescindible, cuya
autoría es producto de la creatividad intelectual, propósito e intención del
autor y su contenido no puede ser modificado por una autoridad pública o un
particular. En tales condiciones, no es jurídicamente admisible que se pueda
solicitar por algún interesado la rectificación o corrección de su contenido, a
través del ejercicio de la acción de tutela, salvo que so pretexto de la
creación literaria o artística el autor consigne en el libro, total o
parcialmente, una información que no sea veraz e imparcial, o que no obstante
reunir estas características afecte la intimidad u otro derecho fundamental; en
tal virtud, la intangibilidad de la obra, si revela datos personales no
susceptibles de ser conocidos de otro modo, se desvanece si ella afecta dichos
derechos”. [60]
En esa sentencia, la Corte además precisó los
elementos que debían demostrarse para determinar si lo que se informa en un
libro publicado afectaba o no los derechos fundamentales de alguna persona, a
saber: (i) que la persona afectada sea identificada plenamente por la
descripción que de ella se hace, o que sea fácilmente identificable, (ii) que
se trate de una figura pública, (iii) que exista conocimiento público sobre los
hechos respecto de los que se informa, y (iv) que lo que se informe haga parte
del ámbito constitucionalmente protegido de su intimidad o (v) que afecte su
honra o buen nombre.[61]
Cuando se dan estas condiciones, hay lugar a que el juez adopte las medidas
necesarias para proteger la intimidad y el buen nombre del o la afectada.
5.
El caso concreto
Con
el fin de examinar si en el caso concreto la publicación del artículo de periódico
italiano en una cartelera ubicada en un espacio abierto al público, pero bajo
el control del accionado, constituye una violación de los derechos a la
dignidad, a la honra y al buen nombre del tutelante, es preciso, siguiendo la
metodología definida por la jurisprudencia, analizar (i) el contenido del
mensaje difundido, (ii) el medio empleado para la difusión y el contexto dentro
del cual se produjo la difusión del mensaje, (iii) las implicaciones de la
difusión del mensaje, y (iv) la responsabilidad de la parte demandada.
5.1.
En el asunto bajo revisión, el mensaje difundido es la copia de un artículo de
periódico, publicado por un medio de comunicación italiano, en idioma italiano,
en el que se hace alusión a la conducta del accionante cuando actuó como
representante ante UNICEF y según el cual, fue responsable de un hecho ilícito
de malversación de fondos, y de la supuesta continuación de actividades
ilícitas en territorio colombiano.
Aunque
en el mismo artículo se menciona una acción penal que prescribió, por la forma
como se expone la noticia, el juego de palabras y las insinuaciones empleadas
para dar vida a la noticia, así como la mención a una condena por otro ilícito
penal, y la información sobre los hechos que provee el medio italiano no queda
claro para el lector cuál es la verdad de los hechos informados. Sin
descalificar el mérito noticioso que tal descripción de los hechos pueda tener
en Italia, y sin entrar a valorar si dicho artículo se ajusta a las reglas que
deben respetar los medios de comunicación italianos para asegurar los derechos
a la honra y el buen nombre en ese país, asunto que no le corresponde resolver
a la Corte Constitucional, lo cierto es que la difusión de esa noticia en el
medio colombiano, sí tiene que sujetarse a las reglas constitucionales y
legales para el ejercicio de la libertad de expresión de una manera conforme al
respeto de los derechos a la dignidad, a la honra y al buen nombre, esto es, a
las reglas de veracidad e integridad.
En este caso, los
juegos de palabras y las insinuaciones, evidenciadas en la traducción no
oficial de la noticia, muestran un ánimo sensacionalista en la difusión de la
misma, más interesado en generar escándalo que en difundir la verdad de manera
completa, cuyo contenido no se ajusta a los estándares nacionales sobre verdad
e integridad mencionados. Frente a este tipo de expresiones, esta Corporación
ha considerado que no es lícito refugiarse en el derecho a la libertad
expresión para revelar detalles de la vida íntima de una persona o para
realizar insinuaciones sobre una persona ajenas a la realidad, con el único
propósito de fomentar el escándalo público.[62]
Sostiene
el demandado, que dado que se trata de una noticia publicada por un diario
italiano, la responsabilidad sobre la veracidad e integridad de la misma, son
exigibles a dicho diario, pero no a una publicación a través de la cartelera de
la Casa Italia en Cartagena. Sin embargo, si tal argumento se aceptara, por
esta vía, cualquier persona podría generar una vulneración permanente a los
derechos a la honra, buen nombre e intimidad de otra, con una “inocente” y
“desinteresada” difusión de escándalos periodísticos difundidos inicialmente
por medios de comunicación que hubieran desconocido las reglas de veracidad e
integridad, así posteriormente hubiera habido rectificación de la noticia o
retiro de la publicación, de la fotografía o de la expresión difamatoria, pero
abstenerse de publicar la rectificación de la noticia, si es que la hubo. En el
caso bajo revisión, la difusión en el medio colombiano de un artículo de
periódico como el publicado por La Stampa, el demandante hizo suya esa
expresión y en esa medida, asumió la responsabilidad por su integridad y
veracidad.
5.2.
En cuanto al medio empleado para la difusión del artículo de periódico, el
demandado lo hizo a través de la cartelera exterior de Casa Italia, ubicada en
la fachada que da a la calle por la que pasan diariamente cientos de ciudadanos
colombianos y extranjeros, muchos de ellos con conocimiento de la lengua
italiana. Dicha cartelera está bajo el control del accionado, se encuentra
cubierta por un vidrio y cerrada por un candado, por lo cual a través de ese
medio solo puede ser difundido lo que decida publicar Casa Italia en ese
espacio. El accionado publicó tanto la copia del artículo de La Stampa como un
letrero en el que repite el titular de la noticia, pero realizado con
caracteres lo suficientemente grandes como para llamar la atención de cualquier
transeúnte, así éste se encuentre ubicado a 3 o 4 metros de distancia de la
cartelera. A la fecha de interposición de la presente tutela, la noticia
continuaba expuesta en la cartelera de Casa Italia, sin que se tenga noticia de
que hubiere sido retirada o de que se le haya permitido al accionante publicar
en esa misma cartelera y en las mismas condiciones de visibilidad y
temporalidad los extractos de la sentencia italiana en la que se le exoneró de
responsabilidad penal, con el fin de permitir una especie de rectificación de
la información difundida por Casa Italia.
5.3.
En relación con las implicaciones de la difusión del mensaje, observa la Sala
que si bien es cierto que el medio empleado tiene una audiencia más reducida, y
puede generar un menor impacto que un medio masivo de comunicación, al estar
ubicado en un espacio público o abierto al público al que tienen acceso las
personas frente a las cuales el accionante ha construido su reputación como
cónsul honorario y como filántropo, tiene la potencialidad suficiente para dañar
el buen nombre y el honor del accionante, tanto así que según las pruebas que
reposan en el expediente, tuvo que renunciar a su cargo honorario.
5.4.
De lo anterior surge con claridad que el demandado es responsable de la
difusión en la cartelera de la Casa Italia en Cartagena, de la noticia
publicada por el diario La Stampa; que tal difusión ha tenido un impacto
negativo en el honor y buen nombre del tutelante, así como en su vida pública y
social. Adicionalmente, observa la Sala que al momento de interponer la tutela
el demandado no había retirado de la cartelera la copia del artículo de La
Stampa ni le había permitido al demandante la difusión a través de la misma
cartelera, de los extractos de la sentencia italiana en la que se señala la
imposibilidad de establecer la responsabilidad del accionante por prescripción
de la acción penal, en las mismas condiciones de visibilidad y temporalidad en
que se fijó el artículo de La Stampa. En esa medida, concluye la Sala que
Giuseppe Mazzoni, en su calidad de representante legal de la Fundación Casa
Italia O.N.G, ha violado los derechos a la dignidad y el buen nombre de
Gianfranco Chiappo. La situación planteada en el caso bajo revisión no desconoce
la tensión que surge entre derechos a la verdad y a la memoria histórica y el
derecho al olvido, ni inaplica la exceptio veritatis que permite la exoneración
de responsabilidad en los casos de injuria y calumnia.[63]
En
razón de lo dicho hasta aquí, la Sala revocará los fallos de instancia y en su
lugar concederá el amparo solicitado y ordenará al señor Giuseppe Mazzoni que
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la comunicación de esta
providencia, retire de la cartelera exterior de dicha entidad, si no lo ha
hecho ya, la copia del artículo del diario italiano “La Stampa” , titulado “Il
ladro di beneficenza fa il console in Colombia” y publique en la cartelera de
Casa Italia, en las mismas condiciones de visibilidad y temporalidad del
artículo retirado, los extractos de la sentencia en la que Giuseppe Mazzoni fue
exonerado de los hechos a los que hace referencia el artículo de La Stampa, y
que se encuentra traducidos al castellano en los folios 176 a 184 del cuaderno
de pruebas, con el fin de garantizar el restablecimiento de sus derechos a la
dignidad y buen nombre. En caso de que el accionado no cuente con una copia de
tales extractos, podrá solicitar al Juzgado Trece Penal Municipal de Cartagena una
copia de los mismos.
III.
DECISION
En mérito de lo expuesto,
la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
revocar los fallos proferidos en primera instancia, por el Juzgado Trece
Penal Municipal de Cartagena, en diciembre 7 de 2009 y, en segunda instancia,
por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena, el 16 de febrero de
2010, dentro de la acción de tutela instaurada por Gianfranco Chiappo contra
Giuseppe Mazzoni, y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos a la
dignidad y el buen nombre.
Segundo.-
ORDENAR al señor Giuseppe Mazzoni, como representante de la Fundación
Casa Italia ONG, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la
comunicación de esta providencia, retire de la cartelera exterior de dicha
entidad, si no lo ha hecho ya, la copia del artículo del diario italiano “La
Stampa”, titulado “Il ladro di beneficenza fa il console in Colombia” y
publique en la cartelera de Casa Italia, en las mismas condiciones de
visibilidad y temporalidad del artículo retirado, los extractos de la sentencia
en la que Giuseppe Mazzoni fue exonerado de los hechos a los que hace
referencia el artículo de La Stampa, y que se encuentra traducidos al
castellano en los folios 176 a 184 del cuaderno de pruebas, con el fin de
garantizar el restablecimiento de sus derechos a la dignidad y buen nombre. En
caso de que el accionado no cuente con una copia de tales extractos, podrá
solicitar al Juzgado Trece Penal Municipal de Cartagena una copia de los
mismos.
Tercero.-
Por Secretaría líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Cuaderno 2 de pruebas, folios 32 y 33.
[2] Cuaderno 2 de pruebas, folios 32 y 34.
[3] En la traducción presentada de la sentencia proferida el 14 de julio
de 1999 se indica que el Tribunal de Turín absolvió a Gianfranco Chiappo de los
delitos de fraude fiscal, falsedad en balances contables, y apropiación
indebida de sumas de dinero destinadas a la UNICEF, por encontrarse prescritos.
[4] En la aceptación de la carta de renuncia el Embajador de Italia,
Gerolamo Shiavoni indica “Para confirmar lo que ya habíamos anticipado en el
curso de nuestra reciente conversación telefónica, le notifico la revocación
del cargo como Cónsul Honorario de Italia en Cartagena, con efecto a partir del
13 de octubre de 2009 (…).”
[5] Ver folio 203, cuaderno 2.
[6] En la sentencia del Tribunal de Saluzzo del 9 de diciembre de 1994, se
condenó a Gianfranco Chiappo por los delitos contemplados en los artículos
100 y 81 cpv, C.p.  2624 cc porque actuando en ejecución de un
mismo diseño criminoso y en concurso entre ellos como administradores de la sps IFL  INTERFINANZIARIA  LEASING (…)
exponían fraudulentamente hechos no correspondientes a la verdad sobre las
condiciones económicas de la nombrada sociedad; en particular a través de los
abajo mencionados comportamientos fraudulentos eran disfrazadas gran parte las
grandes pérdidas sufridas por la sociedad durante los años fiscales desde 1984
hasta 1987, mientras se exponían pérdidas superiores a aquellas efectivas relativamente
al año fiscal 1988.  La condena fue a un año y nueve meses de reclusión y
se dispuso la ejecución condicional de la misma.
[7] Ver folio 240, cuaderno 2.
[8] En la sentencia C-134 de 1994. La Corte Constitucional decretó la
inexequibilidad de los apartes del numeral 9º del artículo 42 del Decreto 2591
de 1991 que mencionaban los derechos que podían invocarse en las acciones de
tutela contra los particulares. En dicha ocasión la Corte reconoció que la
acción de tutela contra particulares es viable cuando se intente proteger,
dentro de las tres situaciones fácticas que contempla la norma constitucional,
cualquier derecho constitucional fundamental, sin discriminación alguna”.
[9] Ver las sentencias T-587 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra) y
T-677 de 2005 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto).
[10] Ver entre otras las sentencias T-1062 de 2001 (MP. Álvaro Tafur
Galvis), T-808 de 2003 (MP. Alfredo Beltrán Sierra) y T-290 de 1993 (MP. José
Gregorio Hernández Galindo).
[11] Sentencia T-288 de 1995 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[12] Sentencia T-290 de 1993 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).
[13] Ver entre otras muchas, T-627 del 1° de julio de 2004 (M.P. Alfredo
Beltrán Sierra); T-362 del 22 de abril de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández) y T-165 del 26 de febrero de 2004 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[14] Ver las sentencias T-555 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas Hernández),
T-596 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-633 de 2003 (MP. Jaime
Araújo Rentería), T-1193 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), T-761 de
2004 (MP. Jaime Araújo Rentería), entre otras.
[15] T-761 del 11 de agosto de 2004 (MP. Jaime Araujo Rentería).
[16] Ver sentencias T-277 de 1999 (MP. Alfredo Beltrán Sierra) y T-761 de
2004 (MP. Jaime Araujo Rentería).
[17] Artículo 5. “Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley
contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y
familiar”.
[18]  Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en
su vida privada, su familia su domicilio y su correspondencia, ni de ataques a
su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley
contra tales injerencias y ataques”.
[19] Artículo 17 1. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni
de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
[20] Artículo 11. Protección de la Honra y de la
Dignidad  1. “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al
reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias
arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio
o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o
esos ataques”.
[21] Artículo 14. “Toda persona afectada por informaciones inexactas o
agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente
reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar
por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones
que establezca la ley. (…)”.
[22] Ver Sentencia C-410 de 2001 (MP. Álvaro Tafur Galvis).
[23] Sentencia C-392 de 2002 (MP. Álvaro Tafur Galvis).
[24] Sentencia T-411 de 1995 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[25] C-489 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil, AV. Manuel José Cepeda Espinosa).
[26] Sentencia T-552 de 1995 (MP. José Gregorio Hernández Galindo). En este caso la Corte se pronunció sobre la acción de tutela
interpuesta por un individuo que había sido identificado en un medio de
comunicación como integrante de una banda delincuencial desmantelada por las
autoridades, con motivo de un boletín de prensa remitido por la Policía.
[27] C-063 de 1994 (MP. Alejandro Martínez Caballero). Ver también las
sentencias T-411 de 1995 (MP. Alejandro Martínez Caballero) y C-392 de 2002
(MP. Álvaro Tafur Galvis).
[28] Ver entre otras las sentencias T-228 de 1994 (MP. José Gregorio Hernández Galindo), C-489 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar
Gil, AV. Manuel José Cepeda Espinosa), y T-494 de 2002 (MP. Jaime Córdoba
Triviño).
[29] T-228 de 1994 (MP. José Gregorio Hernández Galindo). En esta providencia la Corte estudió el caso de ciertos residentes de
un conjunto habitacional que interpusieron tutela contra la administración del
conjunto, dado que ésta publicaba en una cartelera pública los nombres de
quienes estaban incursos en mora en el pago de los gastos comunes.
[30] En este caso la Corte estudió la situación de un particular cuya
reputación personal y profesional había sido afectada por el envío, por parte
de otro particular, de cartas a personas que lo conocían, en las que se hacían
afirmaciones denigrantes sobre su conducta.
[31] T-228 de 1994 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).
[32] Sentencia C-392 de 2002 (MP. Álvaro Tafur Galvis).
[33] Ver Sentencia T-411 de 1995 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[34] Sentencia C-392 de 2002 (MP. Álvaro Tafur Galvis).
[35] Sentencia T-411 de 1995 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[36] En este caso la Corte estudió la tutela interpuesta contra una revista
en la que se publicó una nota sobre la supuesta “re-apertura” de una
investigación por los créditos concedidos a una productora cinematográfica por
Focine, que aludidamente estaban en mora de ser pagados – lo cual fue
desmentido por el accionante.
[37] En la Sentencia C-063-1994 la Corte precisó el alcance que dentro del
derecho a la honra tiene el concepto del honor y señaló que “[a]unque honra y
honor sean corrientemente considerados como sinónimos, existe una diferencia de
uso entre ellos. El honor se refiere a la conciencia del propio valor,
independiente de la opinión ajena; en cambio la honra o reputación es externa,
llega desde afuera, como ponderación o criterio que los demás tienen de uno,
con independencia de que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto
interno -el sentimiento interno del honor-, y otro el concepto objetivo externo
que se tiene de nosotros –honra.”
[38] En esta providencia la Corte examinó la constitucionalidad de una
disposición del Código Penal que eximía de responsabilidad penal a los abogados
litigantes por las conductas lesivas de la honra en las que pudiesen incurrir
en el curso del litigio, siempre y cuando sus afirmaciones no se hicieran
públicas.
[39] Título V del Código Penal (Ley 599 de 2000).
[40] Ver Sentencia T-263 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[41] En esta providencia, la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad
de algunas disposiciones del Código Penal que consagran la retractación como
eximente de responsabilidad penal en los casos de delitos cometidos contra el
honor de las personas (injuria y calumnia).
[42] Sentencia T-115 de 1994 (MP. Hernando Herrera Vergara).
[43] Sentencia T-959 de 2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[44] Sentencia T-391 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Rodrigo
Escobar Gil). Ver también las sentencias SU-056 de 1995 (MP. Antonio Barrera
Carbonell), donde se examina el medio empleado en este caso una novela “La
Bruja”, y se reconoce la intangibilidad de los libros de literatura en
tanto creaciones estéticas unitarias de sus autores y la forma en que dicha
intangibilidad se debe armonizar con los derechos de terceros; T-244
de 2000 (MP. Fabio Morón Díaz), sobre la novela “Amor y Crimen”; T-213 de 2004
(MP. Eduardo Montealegre Lynett), en relación con libros de periodismo
informativo; T-293 de 1994 (MP. José Gregorio Hernández Galindo) en relación
con libros biográficos; T-104 de 1996 (MP. Carlos Gaviria Díaz), en cuanto a
fotografías, en la que se examinan las dimensiones de la libertad
artística y sus vínculos con los derechos de los espectadores de todas las
edades.
[45] Sentencia T-213 de 2004 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
[46] Sentencia SU-1723 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[47] Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima
Primera Edición. Espasa Calpe.
[48] Al respecto, en Sentencia SU-1723 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero), la libertad de expresión consiste en: “la facultad que tienen
todas las personas de comunicar sus concepciones e ideas sin temor a ser
constreñidos por ello en manera alguna. Esta libertad constitucional no solo es
un derecho de cada persona sino que también debe ser entendida como un valor y
principio sine qua non para la consolidación de la opinión pública libre,
estrechamente ligada al pluralismo político característico de un Estado social
y democrático de derecho”.
[49] T-787 de 2004 (MP: Humberto Antonio Sierra Porto).
[50] SU-056 de 1995 (MP. Antonio Barrera Carbonell).
[51] Así lo ha explicado en anteriores
oportunidades la Corte Constitucional; así, en la sentencia SU-1721 de 2000
(MP. Álvaro Tafur Galvis), se señaló que cuando se presenta un conflicto entre
la libertad de expresión ejercida a través de los medios de comunicación y
otros derechos fundamentales, en principio prima la libertad de expresión, por
la importancia de la prensa para una democracia: “Tratándose de los
supuestos de conflicto de la libertad de expresión a través  de los medios de
comunicación,- aún de la libertad de  información con los derechos a la honra y
al buen nombre, estos últimos deben ceder ante aquel, dada la función
primigenia de control social que cumple la prensa”. En igual sentido, ver
las sentencias T-602 de 1995 (MP. Carlos Gaviria Díaz), T-080 de 1993 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-1723 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[52] Sentencia T-602 de 1995 (MP. Carlos Gaviria Díaz).
[53] SU-1723 de 2000 (MP. Alejandro Martínez  Caballero).
[54] Sentencia T-298 de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva) en donde la
Corte resaltó que “pese a que el discurso político y la crítica a los
funcionarios públicos está sujeta a menores limitaciones que las que puede
tener el ejercicio de este derecho en otros campos de menor relevancia pública,
lo cierto es que incluso en aquellos casos la libertad de expresión tiene
límites. En efecto, dado que la Constitución persigue la protección del derecho
a recibir información veraz e imparcial y que el derecho a la libre expresión
no es el único derecho fundamental protegido por la Carta, en los casos en los
cuales un medio publique una información que no satisfaga los estándares
mínimos de veracidad e imparcialidad, y que cause un daño específico a un
derecho fundamental de una persona, puede ser sometido a realizar una
rectificación en condiciones de equidad.”
[55] Ver la sentencia T-263 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), en la
cual se afirmó que en virtud de la protección constitucional reforzada del
discurso religioso, quedan amparadas ciertas expresiones que, desde otra
perspectiva, se verían como manifestaciones de intolerancia lesivas de la
intimidad y el buen nombre: “El carácter reforzado que ostenta la protección
constitucional del discurso religioso como manifestación de los dos derechos
antes anotados, implica que, en principio, resulten protegidas determinadas
expresiones que, desde otra perspectiva, podrían ser consideradas, stricto
sensu, como manifestaciones de intolerancia y que podrían estar localizadas en
el límite de lo admisible por otros derechos fundamentales, tales como la honra
(C.P., artículo 15) y el buen nombre (C.P., artículo 21). Lo anterior se
inscribe dentro de la jurisprudencia establecida por esta Corporación, según la
cual en ciertos ámbitos discursivos se admite una mayor protección de la
expresión y una consecuente menor intensidad en la protección constitucional de
derechos fundamentales como la intimidad, la honra y el buen nombre”. Sin
embargo, se precisó que no se trata de un derecho ilimitado, y que el ejercicio
de la libertad religiosa en tanto emisión de opiniones o calificación de conductas
desde su propia cosmovisión, tiene como límite el respeto por la dignidad, la
honra y el buen nombre de los demás en su núcleo esencial; por ello, no se
puede mediante tales opiniones o calificaciones imputar hechos que constituyan
delitos, hacer falsas imputaciones que comprometan el prestigio o la imagen de
esas personas, o calificaciones tendenciosas que en contextos de violencia o
intolerancia puedan generar una amenaza real y efectiva para la vida e
integridad personal de los afectados: “las afirmaciones y calificaciones que
se efectúen al amparo de la libertad religiosa y de expresión se encuentran
limitadas por la efectividad de la dignidad de la persona (C.P., artículo 1°),
en tanto principio constitucional fundante del entero orden jurídico
colombiano, y de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. En
este sentido, a quien emite opiniones o califica conductas conforme a los
postulados y dogmas de una específica cosmovisión religiosa le está vedado
imputar falsamente (1) hechos que constituyan delitos ; (2) que, en razón
de su distanciamiento con la realidad, comprometan el prestigio o la propia
imagen de las personas que son objeto de tales opiniones; o, (3) calificaciones
tendenciosas, que dentro de contextos de violencia o intolerancia, resulten
susceptibles de producir una amenaza real y efectiva de los derechos a la vida
y a la integridad personal de la persona afectada”.
[56] Ver las sentencias T-213 de 2004 (MP. Eduardo Montealegre Lynett) y
SU-1723 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[57] T-391 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Rodrigo Escobar
Gil).
[58] Ver, entre muchas otras, la sentencia C-489 de 2002 (MP. Rodrigo
Escobar Gil, AV. Manuel José Cepeda Espinosa), en la cual la Corte explicó que
existe una permanente tensión entre la libertad de expresión y de opinión, y
los derechos a la intimidad, al buen nombre y a la honra, resaltando que la
jurisprudencia constitucional ha otorgado primacía general a las primeras, por
su posición dentro del sistema democrático, pero también ha establecido
mecanismos específicos para proteger las segundas, a saber, la rectificación en
condiciones de equidad: “La protección constitucional de los derechos a la
intimidad, al buen nombre o a la honra de las personas se encuentra en
permanente tensión con las libertades de expresión y de opinión, y la
jurisprudencia constitucional ha otorgado a estas últimas una prevalencia sobre
las primeras, en atención a su importancia para la vida democrática y para el
libre intercambio de ideas.  // No obstante lo anterior, la propia Constitución
ha previsto modalidades de protección de la honra y el buen nombre de las
personas frente a las lesiones que tales derechos puedan sufrir como consecuencia
del ejercicio de la libertad de expresión. En particular, el propio artículo 20
de la Carta, que consagra la libertad de expresión, garantiza el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad. // La rectificación procede cuando a
través de un medio de comunicación se ha difundido una información que no
corresponde a la verdad, o que presenta una visión parcializada o incompleta de
los hechos, de manera que se afecte a una persona en su imagen o reputación”.
En el mismo sentido se puede consultar la sentencia T-602 de 1995 (MP. Carlos
Gaviria Díaz).
[59] T-293 de 1994 (MP: José Gregorio Hernández Galindo)
[60] SU-056 de 1995 (MP. Antonio Barrera Carbonell).
[61] T-391 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[62] Sentencia T-293 de 1994 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).
[63] Sobre el punto ver entre otras, la sentencia
C-417 de 2009 (MP. Juan Carlos Henao Pérez, SV Nilson Pinilla Pinilla, Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub, Luís Ernesto Vargas Silva y Manuel Urueta).