T-055-18
Sentencia T-055/18
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y
especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
IMPRESCRIPTIBILIDAD
DEL INCREMENTO PENSIONAL DEL 14% EN RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A)
PERMANENTE A CARGO-Jurisprudencia
constitucional
La Corte Constitucional
profirió la sentencia SU-310 de 2017, providencia mediante la cual decidió
unificar la interpretación respecto de algunos aspectos relativos a los
incrementos a la pensión de vejez contenidos en el artículo 21 del Acuerdo 049
de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año. En dicho momento, la
Corte consideró que era necesario proceder a unificar la jurisprudencia y
concluyó que, contrario a lo afirmado por los jueces de instancia, el
incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo no prescribía.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por no haberse
demostrado el defecto específico de desconocimiento del precedente en contra de
las providencias acusadas
La Sala concluyó que en
ninguno de los casos puestos a consideración de esta Corporación se había
incurrido en un defecto que hiciera procedente la acción de tutela contra
providencias judiciales. Por el contrario, (i) la reseñada providencia de
unificación no se refirió a la manera en la que se debía evaluar el presupuesto
de dependencia económica, (ii) los precedentes invocados por el Defensor del
Pueblo no son pertinentes y (iii) la interpretación normativa y probatoria que
realizaron los jueces del proceso de única instancia y de consulta sobre el
literal b) del artículo 21 del Decreto 758 de 1990, por las razones expuestas,
se ajusta a la Constitución.
Referencia: Expedientes
acumulados T-6.325.595 y T-6.365.928.
Acción de tutela
instaurada por Orlando de Jesús Aristizábal
Torres en contra del Juzgado Primero Laboral Municipal de Pequeñas Causas de
Bucaramanga y el Juzgado Tercero Laboral de esa misma ciudad.
Acción de tutela instaurada por
Ángel Ignacio Sanabria Pérez contra el Juzgado Sexto Laboral Municipal de
Pequeñas Causas de Bogotá y el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de esa
misma ciudad.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de
dos mil dieciocho (2018).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los
magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos
proferidos, en sede de tutela, por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia que, a su vez, confirmó la decisión de la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga –6.325.595- y de la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia que, en similar sentido, confirmó la sentencia
de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -6.365.928-, en las cuales se declaró
improcedente el amparo invocado por los accionantes en contra de las
providencias que se negaron a reconocer el incremento pensional del 14%
por cónyuge a cargo.
I. ANTECEDENTES
Expediente T-6.325.595. Acción de tutela instaurada por Orlando
de Jesús Aristizábal Torres en contra del Juzgado Primero Laboral
Municipal de Pequeñas Causas y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Bucaramanga.
A. LA DEMANDA DE TUTELA[1]
1. Orlando de Jesús Aristizábal Torres
interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Primero Laboral Municipal
de Pequeñas Causas y del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga,
por el presunto desconocimiento de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y al acceso efectivo a la administración de justicia,
así como del principio de favorabilidad en materia laboral. Lo anterior, en
consideración a que las autoridades judiciales se negaron a conceder el
incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo -dispuesto en el Decreto 758
de 1990-, circunstancia que, a juicio del accionante, implicó un
desconocimiento del precedente como causal específica de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
B. HECHOS RELEVANTES
2. El 22 de noviembre de 1969, Orlando de Jesús Aristizábal Torres contrajo
matrimonio con la señora Luz Marina Gómez Aristizábal, como así consta en el
registro civil[2].
3.
El 16 de diciembre de 2010, el Instituto de Seguros Sociales -ISS-, mediante
Resolución 104356, reconoció una pensión mínima de vejez con fundamento en el
Decreto 758 de 1990 (Acuerdo 049 de 1990), en favor de Orlando de Jesús
Aristizábal Torres. Afirma que, pese a que de allí deriva su ingreso le es descontado
por nómina, mensualmente, la suma de trescientos cincuenta y dos mil cincuenta
y ocho ($ 352.058), valor que corresponde a un crédito adquirido con el Banco
BBVA, en la modalidad de libranza[3].
3.
Según indica el actor, su cónyuge depende de los ingresos por él percibidos, es
ama de casa, no ejerce el comercio y, no obstante que posee un inmueble, éste
hace parte de la sociedad conyugal y la renta que él genera se destina al pago
del arriendo del inmueble en donde residen, del impuesto predial, la
valorización y los gastos por mantenimiento del mismo. En consecuencia, la
mesada pensional que recibe les resulta insuficiente para cubrir las demás
cargas y, por tanto, se vio en la necesidad de solicitarle a Colpensiones el
referido incremento, pretensión que fue negada.
4.
Con sustento en esta situación, Orlando de Jesús Aristizábal Torres instauró
demanda ordinaria en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-,
en la que solicitó el incremento del 14% sobre la pensión mínima por cónyuge a
cargo, con base en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 del ISS, aprobado por
el Decreto 758 de 1990[4].
5.
El 6 de marzo de 2017, el Juzgado Primero Laboral Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Bucaramanga, constituido en audiencia pública de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 72 del Código de Procedimiento Laboral, indicó que
no era cierto lo indicado por la demandada, en el sentido de que el artículo 21
del Acuerdo 049 de 1990 hubiera sido derogado por la Ley 100 de 1993. Por el
contrario, tal situación, con sustento en la jurisprudencia de la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia[5],
no ocurrió.
No
obstante, decidió absolver a Colpensiones, dado que el demandante no acreditó
que su cónyuge dependiera económicamente de él. Así, con independencia de que Orlando
de Jesús Aristizábal Torres hubiere demostrado ser pensionado bajo los
lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, no demostró uno de los presupuestos
necesarios para conceder tal beneficio, en consideración a que Luz Marina Gómez
Aristizábal es propietaria de un bien inmueble destinado al arriendo, por el
cual percibe un millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000) mensuales. Se indicó
en esta providencia lo siguiente:
“(…) conforme a los testimonios de los señores HENRY
ALZATE OSPINA, DIEGO RUEDA CAMARGO Y JOSÉ ABELARDO GIRALDO, los mismos
señalaron que LUZ MARINA GÓMEZ ARISTIZÁBAL, es ama de casa, y no conocen que la
misma ejerza algún tipo de profesión u oficio que le genere algún tipo de
ingreso, sin embargo en la declaración absuelta por la señora LUZ MARINA GÓMEZ
ARISTIZÁBAL, ésta manifestó que actualmente es propietaria de un bien inmueble,
el cual se encuentra en arriendo produciéndole rentas mensuales por un valor de
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000), los cuales son destinados al
pago del arriendo de su casa de habitación por valor de SETECIENTOS MIL PESOS
MCTE ($700.000), por lo cual la señora LUZ MARINA GÓMEZ ARISTIZÁBAL cuenta con
ingresos periódicos netos de OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($800.000)”[6].
Con
fundamento en la sentencia C-111 de 2006, que recopiló una serie de criterios
para valorar si una persona depende económicamente de otra, el juzgador consideró
que no existía certeza sobre este presupuesto. Con mayor razón, si la señora
Luz Marina Gómez Aristizábal manifiesta recibir una renta periódica que es
superior a la prestación económica percibida por el demandante.
6.
El 27 de abril de 2017, el accionante solicitó en escrito radicado en el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga –a quien le correspondió
conocer de este proceso en grado jurisdiccional de consulta- reconocer
en su favor el incremento de la pensión mínima por cónyuge a cargo, en atención
a que él y su cónyuge  exceden los 63 años[7],
cuentan con dificultades de salud y ciertas obligaciones dinerarias que reducen
su capacidad económica, condiciones que, a su juicio, los sitúan en
circunstancias de debilidad manifiesta acorde con lo preceptuado en el inciso
tercero del artículo 13 de la Constitución[8].
7.
El 4 de abril de 2017, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga
–constituido en audiencia- confirmó, en sede de consulta, la anterior
providencia. Como sustento de esta decisión consideró que, de acuerdo con el
artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 –reglamentado por el Decreto 758 del mismo
año-, para acceder al referido incremento del 14% por persona a cargo, el
pensionado debe acreditar que su pareja -bien sea en calidad de compañera
permanente o de cónyuge- dependa económicamente de éste y que no se encuentre
disfrutando de pensión alguna. Al descender al caso concreto, advirtió que de
las pruebas testimoniales era posible concluir que la cónyuge del demandante -esto
es Luz Marina Gómez Aristizábal- contaba con ingresos adicionales que ascendían
a un millón quinientos mil pesos ($1.500.000). En consecuencia, la decisión
absolutoria consultada se sustentó en el recaudo probatorio allegado al proceso[9].
8.
El 2 de junio de 2017, Orlando de Jesús Aristizábal -67 años[10]- interpuso acción de
tutela contra la sentencia del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Bucaramanga. Solicitó que, en aplicación de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del principio de favorabilidad en materia laboral, se dejen
sin efectos las reseñadas providencias y, en su lugar, se proceda a efectuar la
audiencia del artículo 72 del Código de Procedimiento Laboral, en la que se
deberá (i) analizar su “menguada” capacidad de ingresos y de su cónyuge y (ii)
no exigir requisitos adicionales a los establecidos en las normas que rigen el
incremento del 14%, ya que en dicha normatividad no se especifica que por
poseer vivienda o percibir algún ingreso por este concepto se pierda dicho
derecho. Con mayor razón si, como lo advirtió el accionante, la renta percibida
se destina al pago de otros rubros y, además, el abogado que lo asistía
presentó renuncia, la cual apenas fue aceptada en la audiencia, por lo que no
tuvo la oportunidad de buscar su reemplazo.
También se indicó que al ser el
proceso de única instancia no tuvo la oportunidad de controvertir el argumento
del juzgador, en el sentido de no haberse acreditado la dependencia económica.
Tampoco, en sede de consulta, se leyó el memorial aportado que se refería a la
difícil situación económica a la que se enfrenta el demandante y su pareja. En
consecuencia, las providencias atacadas habrían desconocido el precedente
constitucional como causal específica de procedencia de la acción de tutela contra
providencias y el principio de favorabilidad como mandato constitucional[11].
C. RESPUESTA
DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES ACCIONADAS
9. Mediante
auto del dos (2) de junio de dos mil diecisiete (2017), la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga admitió la acción de
tutela y la puso en conocimiento de las autoridades judiciales accionadas.
Asimismo, vinculó a Colpensiones a dicha actuación y otorgó a las accionadas un
(1) día para que rindieran un informe sobre los hechos, pretensiones y pruebas[12].
El Juzgado
Primero Laboral Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bucaramanga
10. El titular
del despacho, después de hacer referencia a los antecedentes de este proceso,
cuestionó algunos hechos de la acción de tutela. En particular, aquellos que
indicaban que, en su oportunidad, se había precisado que los ingresos del
arriendo percibido por la señora Luz Marina Gómez fueran destinados al pago del
impuesto predial unificado, la valorización u otros gastos. Tampoco se
aportaron pruebas que acreditaran el descuento en nómina por la deuda adquirida
con el Banco BBVA.
En similar
sentido, aclaró que en la declaración de la cónyuge del demandante se adujo que
la renta o ingreso económico se destina a pagar el arriendo del lugar en donde
conviven, el cual es de propiedad “(…) de uno de sus hijos” y que, en
relación con la supuesta indebida representación, en la audiencia del artículo
72 del Código de Procedimiento Laboral, celebrada el primero (1) de marzo de
dos mil diecisiete (2017), se le dio la posibilidad al demandante de aplazar la
diligencia –si así lo deseaba para poder darle poder a otro abogado-, pero Orlando
de Jesús Aristizábal manifestó que no necesitaba abogado para este tipo de
negocios. En consecuencia, el accionante indicó que deseaba actuar a nombre
propio, de conformidad con el artículo 33 del Código de Procedimiento Laboral
que dispone lo siguiente: “[l]as partes podrán actuar por sí mismas, sin intervención de abogados,
en procesos de única instancia y en las audiencias de conciliación”.
Ahora bien, respecto
a la decisión adoptada, consideró el juzgador que con la prueba documental y
testimonial recaudada no se aportaron los elementos suficientes para acreditar
la dependencia económica que, a su vez, causara el derecho al referido
incremento pensional en favor del actor. En consecuencia, solicitó la
improcedencia del amparo en consideración a que no es viable, a través de esta
especialísima vía, revivir etapas procesales agotadas y, además, es necesario
que quien alegue la vulneración de sus derechos fundamentales hubiere agotado
los medios de defensa disponibles, contrario a lo que sucedió con el
accionante, quien ahora pretende acreditar una serie de hechos no alegados.
El Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga
11. El titular
del juzgado señaló que conoció del referido asunto en el grado jurisdiccional
de consulta y que, con sustento en que las pruebas aportadas no daban cuenta de
la dependencia económica de la señora Luz Marina Gómez Aristizábal respecto del
demandante, confirmó la sentencia del Juzgado Primero Laboral Municipal de
Pequeñas Causas de Bucaramanga. Solicitó que fuera tenida como prueba la copia
informal tomada de los equipos de este juzgado de la providencia dictada, en
sede de consulta, el cuatro (4) de abril de dos mil diecisiete (2017)[13].
D. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Primera instancia: Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga, el trece (13) de junio de dos mil diecisiete
(2017)
12. El juez de instancia negó el amparo de
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y el acceso a la
administración de justicia de Orlando de Jesús Aristizábal, por
considerar que la dependencia económica no se probó dentro del proceso. En
consecuencia, el Juzgado Primero Laboral Municipal de Pequeñas Causas y el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga en ningún momento
desconocieron las pruebas aportadas al proceso. Por el contrario, analizaron
toda la situación y concluyeron que no debía condenarse a Colpensiones al pago
del incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo con fundamento en las
consideraciones de la sentencia C-111 de 2006. Indicó el juez de tutela que “[l]os funcionarios judiciales que
conocieron del caso no concluyeron de manera caprichosa ni arbitraria, en tanto
razonables y sustentadas fueron las providencias objeto de reproche que con
venero en la autonomía judicial no pueden aniquilarse en sede de tutela para
restarles valor y eficacia en la interpretación de la norma y el análisis de
las pruebas dio paso a declarar probada la excepción de inexistencia de la
obligación, formulada por la parte demandada”[14].
Impugnación[15]
11. El accionante impugnó la anterior
providencia. Indicó que, a través de un comunicado, la Corte Constitucional
había dado a conocer una sentencia de unificación en materia de incremento del
14% por cónyuge a cargo. En ese sentido, dicha Corporación acogió la
interpretación más favorable al trabajador, esto es que el nacimiento de dicho
derecho no prescribe con el paso del tiempo, pero sí las mesadas que no se
hubieren reclamado en su debida oportunidad.
12. El 30 de junio de 2017, como ampliación
de la impugnación, indicó el accionante que su cuestionamiento no se
centraba sólo en una indebida valoración probatoria, sino también en el derecho
al debido proceso y a la defensa. La ausencia de vivienda no es un requisito
que se encuentre previsto en la normatividad como causal para negar tal
derecho. Por el contrario, la vivienda digna es un derecho constitucional y, en
particular, el bien del cual es titular su cónyuge hace parte de la sociedad
nacida entre ambos. En ese sentido y debido a los descuentos que se le efectúan
por nómina, considera que el dinero percibido no es suficiente para que dos
personas –mayores de 63 años- subsistan. Además, en la sentencia SU-310 de 2017
se reiteró la vigencia del principio in dubio pro operario.
Segunda instancia: Sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, el doce (12) de julio de dos mil diecisiete (2017)
13. El juez de segunda instancia confirmó
en su integridad el fallo impugnado, en consideración a que la acción de tutela
contra providencias judiciales sólo procede en casos excepcionales cuando se
verifique que las actuaciones y omisiones de los jueces quebrantan, de forma
evidente y flagrante, derechos fundamentales. En efecto, pese a que se trataba
de un proceso en única instancia, se surtió el grado jurisdiccional de
consulta, en virtud de lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia
C-424 de 2015 y no obstante que el promotor de la impugnación hizo referencia a
la SU-310 de 2017, dicha Sala indicó que el asunto puesto a consideración por
el accionante no fue desarrollado en dicha providencia.
Expediente T-6.365.928. Acción de tutela instaurada por Ángel Ignacio Sanabria
Pérez en contra del Juzgado Sexto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Bogotá y el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá
A. LA DEMANDA DE TUTELA[16]
14. Ángel Ignacio
Sanabria Pérez interpuso acción de tutela contra el Juzgado Sexto Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Bogotá y el Juzgado Veintiocho Laboral del
Circuito de Bogotá, por el presunto desconocimiento de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia. Lo anterior, en consideración a que las
autoridades judiciales accionadas se negaron a conceder el incremento pensional
del 14% por cónyuge a cargo -dispuesto en el Decreto 758 de 1990-,
circunstancia que, a juicio del accionante, supone un defecto fáctico y el desconocimiento
del precedente como causal específica de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
B. HECHOS RELEVANTES
15. El 25 de septiembre de 1987, según se
indica, Ángel Ignacio Sanabria Pérez contrajo matrimonio con María del Carmen
Suárez de Sanabria, con quien ha convivido de forma ininterrumpida desde
entonces y quien depende de los ingresos del primero.
16. El 26 de junio de 2013, mediante
Resolución No. GNR 152555 de la Administradora Colombiana de Pensiones
–Colpensiones-, la accionada reconoció en favor del accionante una pensión por
valor de un millón quinientos once mil ciento treinta y siete pesos ($
1.511.137)[17].
17. El 17 de septiembre de 2014, el actor solicitó
a Colpensiones el reconocimiento del 14% por cónyuge a cargo, en virtud de que María
del Carmen Suárez deriva sus ingresos de él[18].
No obstante, tal petición no fue respondida en su debido momento hasta que, mediante
una sentencia de tutela que amparó el derecho fundamental de petición, se le
dio respuesta el 9 de marzo de 2015. Precisó Colpensiones que desde el 10 de
febrero de 2015, en la Resolución GNR 29577, se había negado el incremento
solicitado, en virtud de la Circular Interna No. 01 de 2012, de conformidad con
la cual “(…) no es posible el reconocimiento por personas a cargo toda vez
que desaparecieron de la vida jurídica con la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993”[19].
18. El 8 de julio de 2015, Colpensiones –a
través de la Resolución No. GNT 203462- negó la modificación del anterior acto
administrativo, en respuesta a un recurso de reposición y, en subsidio de
apelación, que había sido interpuesto por el
accionante[20].
En consecuencia, confirmó en todas y cada una de sus partes la negativa en
reconocer el incremento pensional por cónyuge a cargo.
19. Ante esta determinación, el 27 de
noviembre de 2015, Ángel Ignacio Sanabria Pérez presentó demanda ordinaria en
la que solicitó el incremento de su mesada pensional por cónyuge a cargo[21],
la cual fue conocida por el Juzgado Sexto Municipal de Pequeñas Causas de
Bogotá, quien la admitió, ordenó correr traslado al demandado y citó a
audiencia, celebrada el 02 de diciembre de 2016. En dicho momento, el juzgador
de instancia decidió (i) dar por contestada la demanda, (ii) declaró fallida la
conciliación, (iii) saneó el proceso, (iii) fijó el litigio y (iv) decretó una
serie de pruebas[22],
entre las que se encontraban las documentales aportadas y la citación del
demandante para contestar el interrogatorio[23]
y de cónyuge con el fin de rendir testimonio[24].
Aunado a ello, (v) recibió los alegatos de conclusión de las partes.
Una vez se agotó dicha etapa, el Juzgado
Sexto Municipal de Pequeñas Causas de Bogotá suspendió la audiencia y fijó una
nueva fecha para ser reanudada el 9 de noviembre de 2016. No obstante, sin que
exista claridad de las razones que llevaron a aplazarla, la misma se celebró el
11 de noviembre de 2016.
20. El 11 de noviembre de 2016, dicho
juzgado celebró audiencia de juzgamiento y dictó fallo, en el cual se dispuso
absolver a Colpensiones del incremento del 14% por cónyuge a cargo, con
sustento en que no se acreditó la dependencia económica entre el demandante y
su pareja. En síntesis indicó lo siguiente:
Frente a la vigencia de los incrementos
pensionales establecidos en el Acuerdo 049 de 1990, acogió la tesis
desarrollada por la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral- en
sentencia del 5 de diciembre de 2007, conforme a la cual los incrementos por
personas a cargo hacen parte del régimen de transición y, en consecuencia, de
ellos son beneficiarios aquellos ciudadanos a quienes se les hubiere reconocido
la pensión en virtud del Acuerdo 049 de 1990. Al tener en consideración que en
la Resolución No. GNR 152555 del 26 de junio de 2013, se estableció que al
demandante se le reconoció una pensión de vejez con base en el régimen de
transición podría, en principio, tener derecho al incremento pensional por
cónyuge a cargo previsto en el literal b del artículo 21 del Acuerdo 049 de
1990, siempre que acredite los presupuestos fijados para ello.
Sostuvo en su decisión que (i) Ángel
Ignacio Sanabria y María del Carmen Suárez contrajeron matrimonio, de acuerdo
al registro civil de matrimonio aportado. Además, como lo manifiesta la pareja,
esta relación ha perdurado en el tiempo. De otra parte, (ii) pese a que no se adjuntó
ningún documento idóneo que acreditara que María del Carmen Suárez no percibe
alguna pensión, como es beneficiaria en salud de su esposo, puede presumirse
que no la recibe. Finalmente, (iii) con el fin de acreditar la dependencia
económica se hizo alusión a los hallazgos de los interrogatorios, para advertir
que este último presupuesto no fue acreditado.
Sobre esto último, expuso que existían
ciertas inconsistencias en las versiones que habían sido suministradas por los
cónyuges, pues la señora María del Carmen indicó que no recordaba muchas
cuestiones, sin embargo no se esforzó por suministrar mayores detalles, por lo
que fue requerida por el Despacho. Eso sí, quedó claro que ella percibe un
ingreso fijo y rentable por el arriendo de uno de los apartamentos y, en
consecuencia, desacredita la dependencia económica ya que ella solventa algunos
gastos básicos. Si bien con la mesada pensional sufraga todo el rubro de la
alimentación, éste es sólo uno de los insumos para subsistir, con lo cual se
comprueba que “(…) María no depende en forma absoluta de su esposo”[25].
En consecuencia, no se modificó el valor de la mesada pensional del demandante.
21. El 12 de febrero de 2017, el Juzgado
Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, quien conoció en sede de consulta
del anterior proceso, confirmó, en su integridad, la anterior sentencia y dejó
constancia por escrito de que las partes, ni sus apoderados, comparecieron a la
audiencia de trámite en el grado jurisdiccional de consulta. De esta situación
también se dejó constancia en la grabación de la audiencia[26].
Luego de estudiar la decisión del juzgado
de única instancia, consideró que éste había actuado de forma adecuada, al
establecer que la cónyuge del demandante no dependía económicamente de él, ya
que recibía ingresos por concepto de arriendo, como así lo manifestó Ángel
Ignacio Sanabria y María del Carmen Suárez, en los respectivos, interrogatorio
y testimonio. Por lo cual no obra prueba alguna de la dependencia, que
constituye uno de los presupuestos para conceder el incremento pensional de
cónyuge a cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Acuerdo
049 de 1990.
22. El 02 de junio de 2017, Ángel Ignacio Sanabria Pérez interpuso acción de tutela en contra
del Juzgado Sexto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá y del
Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, por el presunto
desconocimiento de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad,
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Lo
anterior, en consideración a que las autoridades judiciales accionadas se
negaron a conceder el incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo
-dispuesto en el Decreto 758 de 1990-, circunstancia que, a juicio del
accionante, determinó la presencia de un defecto fáctico como causal específica
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, así como
un desconocimiento del precedente constitucional por no haberse atendido la
jurisprudencia de esta Corporación sobre la dependencia económica.
Según indica, la Corte Constitucional ha precisado que para
acreditar la dependencia económica no es necesario demostrar la carencia total
y absoluta de recursos -circunstancia que es propia de una persona que se
encuentra en un estado de desprotección o abandono- sino que, por el contrario,
basta la comprobación de estar imposibilitado para mantener el mínimo vital
existencial que le permita subsistir de manera digna. A continuación, el
accionante se refiere al concepto de “mínimo vital cualificado” y a la
sentencia C-111 de 2006 que retomó una serie de criterios utilizados para
determinar si una persona es dependiente o no[27].
En consecuencia, solicito el reconocimiento del incremento
pensional del 14% por cónyuge a cargo, en consideración a que la señora María
del Carmen Suárez de Sanabria depende económicamente del accionante.
C.
RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES ACCIONADAS
23. Mediante
auto del dos (2) de junio de dos mil diecisiete (2017), la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá admitió y puso en
conocimiento de las autoridades judiciales accionadas el amparo de la
referencia. Asimismo, vinculó a Colpensiones a dicha actuación y otorgó a las
accionadas un (1) día para que rindieran un informe sobre los hechos,
pretensiones y las pruebas[28].
Juzgado
Sexto Municipal Laboral de Pequeñas Causas de Bogotá[29]
24. La titular
del Despacho indicó que tramitó el proceso instaurado por el señor Ángel
Ignacio Sanabria Pérez contra la Administradora Colombiana de Pensiones
–Colpensiones-, en donde se pretendía el reconocimiento y pago del incremento
pensional del 14% por cónyuge a cargo, de conformidad con el literal b) del
artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990.  Advierte el juzgador de instancia que en
los audios se puede comprobar que el accionante fue informado en detalle del
proceso y de sus actuaciones particulares.
Sin embargo,
el Juzgado Sexto Municipal Laboral de Pequeñas Causas de Bogotá negó las
pretensiones de la demanda ya que, pese a que el vínculo matrimonial de Ángel
Ignacio Sanabria se encontraba vigente, constató que la señora María del Carmen
Suárez percibía un ingreso fijo y rentable[30].
En
consecuencia, la decisión se adoptó dentro de los principios de independencia y
autonomía judicial. Contrario a lo afirmado por el accionante, no existe una
vulneración al mínimo vital del actor, pues cuenta con una mesada pensional que
supera los dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigente y percibe
ingresos adicionales por las propiedades de las cuales es titular.
Juzgado
Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá[31]
25. El titular
del Despacho informó que el dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017) se
llevó a cabo audiencia, en el grado jurisdiccional de consulta, de la sentencia
proferida por el Juzgado Sexto Municipal de Pequeñas Causas. Además, se adjuntó
la grabación de ésta y copia del oficio que remitió el expediente al juzgado de
origen.
Administradora
Colombiana de Pensiones –Colpensiones-[32]
26. El
Director de Acciones Constitucionales de la Gerencia de Defensa Judicial se
refirió a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la procedencia
general y específica de la acción de tutela contra providencias. Con sustento
en ello indicó que, en el caso concreto, el juez actuó de acuerdo con la ley y
la Constitución, así como también aplicó la jurisprudencia en la materia.
En relación
con los presupuestos generales de procedencia, se indicó que (i) la cuestión
discutida no cuenta con relevancia constitucional, ya que las circunstancias
descritas no demuestran ninguna vulneración de derechos, (ii) el actor no se
enfrenta al acaecimiento de un perjuicio irremediable al estar percibiendo una
pensión y (iii) tampoco se avizora una irregularidad procesal, ya que la
providencia cumplió con todas las ritualidades. Por ende, la acción
constitucional debe declararse improcedente, con mayor razón si no existe
evidencia de que la providencia cuestionada hubiere incurrido en un defecto
fáctico.
D. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Primera instancia: Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, el dieciséis (16) de junio de dos mil diecisiete
(2017)[33]
27. El juez de instancia no concedió el
amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia. Como fundamento de esta decisión, se
indicó que, en el caso objeto de estudio, no se configuraban las causales
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias, pues la
controversia carece de relevancia constitucional y en las audiencias celebradas
el once (11) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) y el dos (2) de marzo de
dos mil diecisiete (2017) no se presentaron irregularidades procesales que
implicaran una trasgresión a los derechos fundamentales del accionante.
En todo caso, se precisó que el artículo 82
del Código de Procedimiento de Trabajo y de Seguridad Social señala que en la
audiencia de trámite y juzgamiento de segunda instancia o de consulta, el juez
oirá a las partes y, en el mismo acto, proferirá sentencia, sin que el precepto
en cita le prohíba al juzgador desarrollar la diligencia en caso de
inasistencia de las partes.
Impugnación[34]
28. El accionante impugnó la anterior
providencia al considerarla incongruente. Según se indicó, la decisión no se
ajusta a los antecedentes propuestos, desconoce un derecho que nació y se funda
en consideraciones inexactas. En consecuencia, omitió resolver la cuestión
trascendental de si al accionante se le habían vulnerado los derechos
fundamentales invocados.
Asimismo, adujo que los ingresos percibidos
por el núcleo familiar son ocasionales dado que los arrendatarios cambian y que,
además, en consideración al estado nervioso del accionante en la audiencia,
perdió un poco la capacidad para manifestar con claridad que sí percibía un
canon por el cuidado que efectúa una persona sobre el predio de Acacías (Meta).
Finalmente, se reiteraron algunas
consideraciones que la Corte Constitucional ha efectuado en torno a (i) los
presupuestos de dependencia económica y, en particular, a la sentencia C-111 de
2006[35],
así como a (ii) las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y (iii) a la conceptualización
de los derechos que el accionante considera trasgredidos.
Segunda instancia: Sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, el dieciséis (16) de agosto de dos mil diecisiete (2017)[36]
29. El juez de segunda instancia confirmó
en su integridad el fallo impugnado, en consideración a que la acción de tutela
contra providencias judiciales sólo procede en casos excepcionales cuando se
verifique que las actuaciones y omisiones de los jueces quebrantaron, de forma
evidente y flagrante derechos fundamentales. Por el contrario, las providencias
proferidas en el caso concreto no fueron caprichosas e inconsultas, pues el
proceso de la referencia se adelantó con sujeción al literal b) del artículo 21
del Acuerdo 049 de 1990, al estudio de las pruebas recaudadas y “(…) con la
percepción razonable del colegiado convocado”.
E. ACTUACIONES ADELANTADAS EN LA CORTE
CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE REVISIÓN
30. Mediante auto del dieciocho
(18) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)[37],
proferido por el Magistrado Sustanciador[38],
se solicitó complementar la información allegada al proceso T-6.325.595. En
consecuencia, se ofició al señor Orlando de Jesús Aristizábal Torres, al Juzgado Primero Laboral Municipal de
Pequeñas Causas de Bucaramanga y al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Bucaramanga para que aportaran: (i) la copia de la radicación y de la
demanda instaurada por el accionante contra Colpensiones; (ii) las grabaciones de las audiencias efectuadas.
31.1. El veintidós (22) de enero
de dos mil dieciocho (2018), se recibió respuesta del señor Orlando de Jesús Aristizábal Torres, accionante en el proceso
T-6.325.595, en la que (i) aportó la demanda que, según se indica, fue admitida
el cinco (5) de octubre de dos mil dieciséis (2016)[39]; (ii) se
aduce que, en consideración a que el mencionado juzgado carece de medios
electrónicos, nunca se le suministró la grabación de las audiencias, pero sí
aportó las fotocopias de las actas de ellas[40]
y (iii) adjuntó un disco compacto que contiene la audiencia celebrada por el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, que conoció en sede
jurisdiccional de consulta, el proceso de la referencia[41].
De otro lado, Orlando de Jesús Aristizábal
Torres indica que se debe tener en cuenta “(…) la especial protección de las
personas de la tercera edad y la afectación al mínimo vital en que nos
encontramos junto con mi esposa, quien jamás ha laborado y por tanto carece de
ingresos fijos o de pensión, por lo que cualquier otra exigencia es restrictiva
del derecho y crearía inválidamente mayores requisitos a los establecidos en el
Decreto 758 de 1990, el Acuerdo 049 de 1990 y la Resolución 104356 de 2010
reglamentaria del incremento de la pensión de salario mínimo legal por cónyuge”[42].
31.2. El seis (6) de febrero de dos mil
dieciocho (2018), se recibió respuesta del titular del Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Santander en la que (i) aportó el comprobante del recibo de
reparto de la demanda interpuesta por el señor Orlando
de Jesús Aristizábal Torres, el ocho (8) de marzo de dos mil diecisiete (2017)
y (ii) adjuntó un disco compacto que contiene la audiencia celebrada por el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga[43].
F. INSISTENCIAS PARA LA SELECCIÓN DE LOS
EXPEDIENTES[44]
32. El Defensor del Pueblo, en los términos
del artículo 57 del Reglamento de esta Corporación, insistió los expedientes de
la referencia. Con el fin de sustentar su selección, en escritos separados, se
refirió a los antecedentes e indicó que la sentencia C-111 de 2006 precisó el
grado de dependencia económica que deben exigir los fondos de pensiones para
acceder a la prestación estudiada, pese a que –advierte desde ya esta
Corporación que- en dicha oportunidad se estudiaron los presupuestos para
causar la pensión de sobrevivientes. En ese sentido, al resaltar uno de los
argumentos de dicha providencia indicó que la independencia económica no se
configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una
asignación mensual o un ingreso adicional.
Además, invocó como precedentes relevantes
los contenidos en las sentencias T-401 de 2004, T-396 de 2009, T-198 de 2009,
T-361 de 2010, T-557 de 2010, T-136 de 2011, T-353 de 2011, T-732 de 2012,
T-973 de 2012, T-140 de 2013 y T-326 de 2013. Con base en lo expuesto, sostuvo
la Defensoría del Pueblo que no comparte las decisiones de los jueces, ya que
no tuvieron en cuenta la jurisprudencia de la Corte sobre dependencia
económica.
32.1. En el expediente T-6.325.595 se
afirmó: “[s]i bien, la señora Luz Marina Gómez Aristizábal, cónyuge del
señor Aristizábal, declaró dentro del citado proceso que actualmente es
propietaria de inmueble, que también es de propiedad de su cónyuge, el cual se
encuentra en arriendo procediéndoles rentas mensuales por un valor de un millón
quinientos mil pesos ($1.500.000), los cuales son destinados al pago del
arriendo de su casa de habitación por un valor de setecientos mil pesos
($700.000), lo cual genera ingresos periódicos netos de ochocientos mil pesos
($800.000), no puede considerarse que no dependa económicamente de su cónyuge,
pues como bien lo ha decantado la Corte “La independencia económica no se
configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una
asignación mensual o un ingreso adicional”[45].
32.2. En el expediente T-6.365.928 indicó
que si bien la señora María del Carmen Suárez, cónyuge del señor Ángel Ignacio
Sanabria Pérez, “(…) declaró dentro del citado proceso que actualmente es
propietaria de inmueble, que también es de propiedad de su cónyuge, el cual se
encuentra en arriendo procediéndoles rentas mensuales por un valor de un millón
quinientos mil pesos ($1.500.000), no puede considerarse que no dependa
económicamente de su cónyuge, pues como bien lo ha decantado la Corte “La
independencia económica no se configura por el simple hecho de que el
beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional”[46].
II. CONSIDERACIONES
A. COMPETENCIA
33. Esta Corte es competente para conocer
de estas acciones de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo
86 y en el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución Política, en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así como en virtud del auto del
veintisiete (27) de octubre de dos mil diecisiete (2017), proferido por la Sala
de Selección de Tutelas Número Diez de la Corte, que decidió someter a revisión
las decisiones adoptadas por los jueces de instancia y acumular entre sí los
expedientes T-6.325.595 y T-6.365.928.
B. CUESTIONES PREVIAS -PROCEDENCIA DE LA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-
34. La Corte Constitucional ha
estructurado una línea jurisprudencial uniforme en materia de procedencia de la
acción de tutela contra las providencias dictadas por
las autoridades judiciales. Dicha labor ha tomado en consideración la
importancia de lograr un equilibrio adecuado entre los principios de cosa
juzgada, autonomía e independencia judicial y la prevalencia y efectividad de
los derechos fundamentales[47].
De esta
forma, en la sentencia C-590 de 2005 la Corte realizó una tarea de
sistematización y unificación de los criterios que venía aplicando la
jurisprudencia constitucional para efectos de definir si procedía o no la
acción de tutela contra una decisión judicial. Para ello, estableció un listado
de exigencias de procedencia, a saber: (i) los requisitos generales de
procedencia, de naturaleza procesal y (ii) las causales específicas de
procedibilidad, de naturaleza sustantiva.
35. Así,
previo al análisis del objeto de las acciones de tutela interpuestas, es
necesario estudiar los requisitos de procedencia de la demanda relativos a (i)
la legitimación por activa y por pasiva, (ii) la relevancia constitucional del
asunto, (iii) el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa, (iv) la observancia del presupuesto de inmediatez, (v) que los actores
hubieren identificado los hechos que dieron origen a la violación y que, de
haber sido posible, se hubiere alegado oportunamente tal cuestión en las
instancias y, finalmente, (vi) que la sentencia impugnada no sea producto de un
proceso de tutela. A continuación, se verificará si las acciones de tutela
interpuestas por Orlando de Jesús Aristizábal Torres y por Ignacio Sanabria
Pérez son procedentes.
35.1. Legitimación por activa: Los señores Orlando de
Jesús Aristizábal Torres (expediente T-6.325.595) y Ángel Ignacio Sanabria
Pérez (expediente T-6.365.928) interpusieron por separado acciones de tutela,
las cuales son acordes con el artículo 86 de la Carta Política[48] que
establece que toda persona que considere que sus derechos fundamentales han
sido vulnerados o se encuentren amenazados, podrá acudir a la acción de tutela
en nombre propio o a través de un representante que actúe en su nombre. En ambos
casos los accionantes actuaron a nombre propio considerando su condición de
demandantes en los procesos que concluyeron con las sentencias que cuestionan.
35.2. Legitimación por
pasiva: El Juzgado Primero Laboral Municipal de Pequeñas Causas y el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, en el caso de Orlando de Jesús Aristizábal Torres, así como el Juzgado Sexto
Municipal Laboral de Pequeñas Causas y el Juzgado Veintiocho Laboral del
Circuito de Bogotá, en el caso de Ángel Ignacio Sanabria Pérez, son autoridades
públicas y, como tales, resultan demandables en un proceso de tutela, de
acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2591 de 1991, en la sentencia C-590 de
2005 y en la jurisprudencia uniforme de esta Corporación.
35.3. Relevancia
constitucional: El asunto sometido al análisis de esta Corporación cuenta con
relevancia constitucional directa toda vez que, además de involucrar el derecho
fundamental al debido proceso de los accionantes, cuestiona si los jueces de
instancia están respetando el precedente constitucional al momento de
determinar la dependencia económica y, en particular, si se causó el derecho al
incremento pensional por cónyuge a cargo, estipulado en el literal b) del
artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, el cual fue aprobado por el Decreto 758 de
1990[49].
35.4. Agotamiento de los
recursos ordinarios y extraordinarios de defensa: La Sala observa que se
satisface el requisito de subsidiariedad por cuanto las providencias judiciales
atacadas fueron dictadas en procesos de única instancia, que no admiten recurso
alguno y, además, en ambos casos se surtió el grado jurisdiccional de consulta,
de conformidad con lo ordenado en la parte resolutiva de la sentencia C-424 de
2015[50]. En estos términos, todos los recursos
procedentes, fueron agotados por los accionantes.
35.5. Inmediatez: El presupuesto de inmediatez presupone que la acción de tutela se
interponga en un término razonable desde la afectación del derecho[51].
35.5.1. En
el caso de Jesús Orlando Aristizábal Torres se tiene que la presentación de la
acción de tutela se dio el dos (2) de junio de dos mil diecisiete (2017)[52],
mientras que la providencia dictada en audiencia, en sede jurisdiccional de
consulta, data del cuatro (4) de abril del dos mil diecisiete (2017). Es decir
que trascurrieron menos de dos (2) meses desde el momento en el que se consumó
la presunta afectación de los derechos fundamentales del actor y la
interposición de la tutela estudiada.
35.5.2. En
relación con el señor Ángel Ignacio Sanabria Pérez, debe indicarse que la
acción de tutela se interpuso el dos (2) de junio de dos mil diecisiete (2017)[53]
contra la providencia dictada en audiencia, en sede jurisdiccional de consulta,
el dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  Es decir que trascurrieron
tres (3) meses desde el momento en el que se consumó la presunta afectación de
los derechos fundamentales del actor y la interposición de la tutela estudiada.
35.5.3. Por
lo anterior, esta Sala considera que el tiempo acaecido entre las providencias
que originaron el presente trámite y la interposición de las acciones de tutela
es razonable.
35.6. Que la parte accionante hubiere identificado
razonablemente los hechos generadores de la vulneración, los derechos que se
vieron comprometidos y se haya alegado en el proceso judicial tales
circunstancias: Los
accionantes indicaron que los juzgados de la referencia vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, dado
que dejaron de aplicar el precedente de la Corte en materia de dependencia
económica de incremento del 14% y, en el caso de Ángel Ignacio Sanabria Pérez,
por incurrir en un defecto fáctico, al no haber reconocido un derecho que había
nacido.
En ese sentido,
precisaron que el hecho de percibir ingresos adicionales por concepto de
arrendamiento de bienes inmuebles de la sociedad conyugal, no implica que la
señora Luz Marina Gómez Aristizábal (expediente T-6.325.595) y la señora María
del Carmen Suárez (expediente T-6.365.928), pierdan la calidad de cónyuges que,
de acuerdo al literal b) del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, dependan
económicamente de los accionantes. En consecuencia, según se expone en los
amparos de la referencia, en ambos casos se causó el derecho a percibir el
incremento pensional.
35.7.    Que la sentencia impugnada no sea
de tutela. Las sentencias cuestionadas, como ya se adujo, son
producto de sendos procesos laborales de única instancia, por lo cual también
se acredita este requisito.
C.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
36. Los
problemas jurídicos que abordará la Corte en esta oportunidad son los
siguientes.
36.1. En esta oportunidad le corresponde a la Sala Cuarta de Revisión
determinar si, en el expediente T-6.325.595, el Juzgado Primero Laboral
Municipal de Pequeñas Causas Laborales y el Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Bucaramanga, con ocasión de la sentencia del seis (6) de mayo de
dos mil diecisiete (2017), que fue confirmada en sede jurisdiccional de
consulta, vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a
la administración de justicia y el principio de favorabilidad, al negarse a reconocer
el incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo en favor de Orlando de
Jesús Aristizábal Torres, tras considerar que no se acreditó el presupuesto de
dependencia económica. En consecuencia, se deberá estudiar si se incurrió en el
defecto específico de desconocimiento del precedente, el cual fue puesto de
presente por el actor.
36.2. De
otra parte, le corresponde a la Sala Cuarta de Revisión determinar si, en el
expediente T-6.365.928, el Juzgado Sexto Laboral Municipal de Pequeñas Causas
Laborales y el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, con ocasión
de la sentencia del once (11) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), que fue
confirmada en sede jurisdiccional de consulta, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, al
negarse a reconocer el incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo en
favor de Ángel Ignacio Sanabria Pérez, luego de considerar que no se acreditó
el presupuesto de dependencia económica. En consecuencia, se deberá estudiar si
se incurrió en el defecto específico de desconocimiento del precedente o en uno
fáctico, según se indicó en el amparo de la referencia.
37. Con la finalidad de resolver los
referidos problemas jurídicos, la presente sentencia se referirá, en términos
generales, (i) al defecto fáctico (Sección D), (ii) al defecto por
desconocimiento del precedente  (Sección E) y, en particular, a los temas
abordados en la sentencia SU-310 de 2017 (Sección F). Luego de ello, la Corte
procederá a resolver las situaciones que fueron planteadas por los accionantes
(Sección G).
D. EL DEFECTO FÁCTICO COMO CAUSAL DE
PROCEDENCIA ESPECÍFICA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES.
38. Una vez que se han verificado los
presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, le corresponde al juez constitucional determinar si se
ha configurado un defecto específico. No obstante, antes de analizar si tal
cuestión tiene lugar –lo cual se analizará en el caso concreto- es necesario
referirse al alcance del defecto fáctico, en consideración a que, como así se
ha expuesto desde la sentencia C-590 de 2005, éste analiza el respaldo
probatorio de la decisión judicial y, en particular, fue el alegado por uno de
los accionantes (expediente T-6.365.928)[54].
38.1. La evolución jurisprudencial ha
terminado por caracterizar e individualizar las expresiones de dicho defecto en
distintos procesos judiciales. En la sentencia T-261 de 2013, la Corte indicó
que el defecto fáctico busca garantizar que las decisiones se adopten de
acuerdo con el material probatorio que se ha recaudado en el proceso. En
consecuencia, es posible advertir su presencia en los siguientes eventos: (i)
cuando el juez, sin justificación alguna, deniega la práctica de una prueba,
(ii) cuando no se valora una prueba existente, (iii) se efectúa una valoración
que es, a todas luces, arbitraria o caprichosa o (iv) no se valora, en su
integridad, el material probatorio[55].
Sin embargo, en los términos de esa providencia, “(…) [e]n todos esos casos, el interesado tiene la carga
de demostrar que la prueba que no se decretó, no se valoró o se evaluó
irrazonablemente [y] era definitiva para la solución del proceso”.
38.2. La sentencia
T-582 de 2016, al retomar algunos presupuestos ya desarrollados
por la Corte, precisó que -al margen de la ocurrencia de un defecto fáctico- la
valoración del juez de tutela, en principio, (i) debe ser reducida en virtud
del respeto al juez natural y a su autonomía, de manera que (ii) debe
considerar que las diferencias en la valoración de una prueba no pueden
calificarse, per se, como errores fácticos. En efecto, “[e]l juez del proceso, en ejercicio
de sus funciones, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas
por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la
obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario,
que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima”. En consecuencia, para la
procedencia del defecto fáctico se requiere un error (iii) ostensible, (iv)
flagrante y (v) manifiesto que, a su vez, (vi) sea trascendente, esto es, que cuente
con una incidencia directa en la decisión, ya que el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia evaluadora de la actividad del juez ordinario[56].
38.3.
En la sentencia T-241 de 2016 se indicó que existen diversas modalidades de
este defecto, las cuales pueden traducirse en una dimensión positiva y en otra
negativa. La primera corresponde a las acciones valorativas o acciones
inadecuadas del juez frente al material probatorio, mientras que, la segunda
surge cuando se presentan omisiones en el decreto, práctica o valoración de las
pruebas[57]. Con sustento en lo expuesto, se
presentó una sistematización de las posibles causales del defecto fáctico:
“(…) es posible aclarar, que cuando se trata de la dimensión positiva
del defecto fáctico pueden presentarse dos hipótesis concretas: (a) por
aceptación de prueba ilícita por ilegal o por inconstitucional y (b) por dar
como probados hechos, sin que exista prueba de los mismos. Por su parte, la
dimensión negativa tiene lugar en tres situaciones: (i) por omisión o negación
del decreto o la práctica de pruebas determinantes, (ii) por valoración
defectuosa del material probatorio y (iii) por omitir la valoración de la
prueba y dar por no probado el hecho que emerge claramente de ella”.
E. EL DEFECTO DE DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE COMO CAUSAL DE PROCEDENCIA ESPECÍFICA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES.
39. De acuerdo con lo expuesto en algunas
providencias de esta Corporación, que se refirieron a la posible configuración
de este defecto en casos relativos al incremento pensional del 14% por cónyuge
a cargo o resolvieron supuestos en los que se invocó esta causal, el alcance
del desconocimiento del precedente como evento específico de procedencia de la
acción de tutela contra providencias puede caracterizarse a partir de las siguientes
premisas:
39.1. La definición de precedente. La
sentencia T-374 de 2017 indicó que, de tiempo a atrás, se ha definido el
precedente judicial como “(...) la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso
determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos
resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al
momento de emitir un fallo”[58]. En similar sentido,
se ha precisado que se trata de un mecanismo jurisdiccional que se sustenta en
el principio de “estarse a lo decidido” y que consiste en la adopción de
los criterios fijados en decisiones anteriores, con el fin de resolver casos
posteriores con circunstancias similares[59].
En consecuencia, el precedente debe ser relevante o pertinente, es
decir que la autoridad judicial estará obligada a determinar si la sentencia o
el grupo de sentencias son aplicables por referirse a un supuesto de hecho
análogo, al cual se le puede adjudicar la ratio decidendi[60] de un caso ya resuelto:
“(…) la Sala ha
recordado que la relevancia o pertinencia que pueda tener la sentencia o el
grupo de sentencias para la solución de un caso nuevo, la determina la
autoridad judicial a partir de la verificación de los siguientes aspectos: (i)
su ratio decidendi contiene una regla relacionada con el caso
posterior; (ii) esta ratio debió servir de base para resolver un
problema jurídico análogo al que se estudia en el caso posterior; (iii) los
hechos del caso o las normas juzgadas deben ser semejantes o plantean un punto
de derecho similar al que debe resolverse en el caso posterior”[61].
39.2. El valor del
precedente judicial y, en particular, del fijado en las decisiones de la Corte
Constitucional. La sentencia T-374 de 2017 indicó que las sentencias
proferidas por la Corte, en sede de control concreto de constitucionalidad,
cuentan con una supremacía especial dado que, de acuerdo al artículo 241 de la
Constitución, dicho Tribunal es el garante e intérprete autorizado de la Carta
Política[62].
Ahora bien, en esta misma
providencia esta Corporación consideró que, en virtud de los principios de
autonomía e independencia judicial, los jueces pueden apartarse del precedente –con
efectos inter partes- siempre que (i) efectúen una referencia a las sentencias
y providencias que resolvieron uno o varios casos análogos (carga de
transparencia) y, a su vez, (ii) ofrezcan una justificación razonable,
seria y suficiente de las razones que sustentan el motivo para apartarse de la
regla jurisprudencial construida (carga de argumentación)[63].
Sin embargo, resalta la Corte,
bajo ninguna circunstancia es posible sustraerse del precedente contenido en
sentencias adoptadas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, ni tampoco
cuando se encuentre demostrada la existencia de “jurisprudencia en vigor”[64], esto es cuando exista “una línea
jurisprudencial sostenida, uniforme y pacífica sobre un determinado tema”[65]. El valor acentuado del
precedente en estos casos encuentra su fuente, de una parte, en la especial
autoridad de las decisiones adoptadas por el pleno de esta Corporación -lo que
explica que el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991 prescriba que “[l]os
cambios de jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corte
(…)”- y, de otra, en la importancia que desde el punto de vista de la igualdad,
la seguridad jurídica y la buena fe tiene el seguimiento de aquellas reglas de
decisión que a lo largo del tiempo han conseguido en la Corte suficiente
estabilidad y claridad, a pesar de no haber sido establecidas directamente por
la Sala Plena. En estos casos, debe entenderse que el margen de autonomía de las
autoridades judiciales se reduce y, en consecuencia, los precedentes así
establecidos sólo podrán modificarse por otra decisión de la Sala Plena de este
Tribunal[66].
39.3. La posibilidad de
separarse de un precedente judicial. En la sentencia T-540 de 2017 se
precisó que los jueces gozan de autonomía e independencia para el ejercicio de
sus funciones, aunque estén sometidos en sus providencias al imperio de la ley.
En efecto, en el desarrollo de sus labores los funcionarios judiciales deben
aplicar una norma jurídica al caso puesto a su consideración y, con este fin, desarrollan
mediante sus providencias “(…) un complejo proceso de
creación e integración del derecho que dista de ser una simple aplicación
mecánica de la ley”[67]. En este contexto, el respeto del precedente implica no sólo
materializar los principios de igualdad de trato, confianza legítima y buena
fe, sino también dar soluciones similares a casos análogos, siempre que la ratio
decidendi o la regla que formuló el juez para resolver el problema jurídico
planteado sea aplicable, para lo cual se debe verificar que exista relación
entre los hechos de uno y otro caso, de tal forma que no se presente una
diferencia sustancial entre ellos[68].
F. UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA RESPECTO
DE LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL INCREMENTO PENSIONAL DEL 14%, SOBRE LA PENSIÓN
MÍNIMA LEGAL, POR CÓNYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE A CARGO EN LA SENTENCIA SU-310
DE 2017.
40. El
diez (10) de mayo de dos mil diecisiete (2017), la Sala Plena de la Corte
Constitucional profirió la sentencia SU-310 de 2017, providencia mediante la
cual decidió unificar la interpretación respecto de algunos aspectos relativos
a los incrementos a la pensión de vejez contenidos en el artículo 21 del
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año. En su
momento, fueron estudiados once (11) procesos de tutela, los cuales fueron
acumulados por presentar identidad fáctica y un problema jurídico en común.
En dicho
momento, la Corte consideró que era necesario proceder a unificar la
jurisprudencia y concluyó que, contrario a lo afirmado por los jueces de
instancia, el incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo no prescribía.
En consecuencia, en esta providencia se hizo referencia, de una parte, a la
tesis de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual disponía
que los incrementos del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 -aprobados por el
Decreto 758 de 1990- no hacían parte integral de la pensión y, por tanto, se
encontraban sujetos a la prescripción trienal establecida en los artículos 488
del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social y, de otra, a la tesis que planteaba que los incrementos sí
hacían parte integral de la pensión y que de conformidad con el artículo 53 de
la Constitución tales eran imprescriptibles. Con fundamento en las
interpretaciones posibles de la norma, la mayoría de la Corte Constitucional
concluyó que se debía acoger ésta última al considerarla más razonable.
41. La
decisión se fundamentó en el mandato constitucional del in dubio pro
operario[69], de conformidad con el cual, ante
varias interpretaciones razonables de una norma jurídica, el intérprete deberá
optar por aquella que resulte más favorable al trabajador. En ese orden de
ideas, el postulado según el cual los incrementos a la mesada por personas a
cargo, contenidos en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 -aprobado por el
Decreto 758 de ese mismo año-, hacen parte integral del derecho pensional y, en
esa medida, no están sujetos a la prescripción trienal, es más favorable para
los intereses del pensionado.
Respecto
de la duda que debe aparecer en el intérprete para que haga uso de los
principios de favorabilidad y de in dubio pro operario, la Sala Plena
consideró que ésta debe estar revestida de seriedad y objetividad, en tanto que
no es posible que una posición menos fundamentada prevalezca frente a otra
jurídicamente mejor argumentada[70]. Por ello, para identificar una
posición razonable y objetiva, se acudió a los criterios de (i) corrección de
la fundamentación jurídica, (ii) la aplicación judicial o administrativa y
(iii) la suficiencia de la argumentación, señalados en la sentencia T-545 de
2004.
42. En
ese sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional consideró que si bien las
decisiones proferidas por los jueces ordinarios laborales no habían desconocido
el precedente constitucional dado que para dicho momento existían dos
interpretaciones válidas, lo cierto es que sí incurrieron en el defecto de
violación directa de la Constitución, por cuanto omitieron aplicar el principio
in dubio pro operario. En consecuencia, esta Corporación ordenó: (i)
revocar los fallos de tutela de los jueces de instancia y, en su lugar, amparar
los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo
vital de todos los accionantes; y, por consiguiente, (ii) inaplicar las
providencias judiciales proferidas por las autoridades judiciales accionadas en
los procesos ordinarios laborales, en lo referente a la decisión de negar el
reconocimiento de los incrementos pensionales por persona a cargo, con
fundamento en la prescripción del derecho. Manifestó al respecto que dichas
decisiones judiciales son inoponibles ante cualquier trámite relacionado con
los incrementos pensionales[71].
No
obstante, en cuanto a los efectos de la decisión, la Corte,
de un lado, se abstuvo de manera expresa de dar efectos inter pares,
debido a las particularidades propias de cada caso, y de otro, determinó que en
tanto unificación de jurisprudencia, esta sentencia cerraba el debate judicial
sobre la existencia de los derechos irrenunciables a la seguridad social que
fueron objeto de protección. Por eso, advirtió que los asuntos similares,
tratados o por tratar, debían ser resueltos por la Administración o las
autoridades judiciales correspondientes de acuerdo con los lineamientos
jurisprudenciales decantados.
G. SOLUCIÓN DE LOS CASOS CONCRETOS
43. Antes de determinar si, en los en los
casos objeto de estudio, se configuró un defecto específico de procedencia de
la acción de tutela contra providencias, la Corte Constitucional considera
necesario precisar tres cuestiones. En ese sentido, se procederá (i) a
delimitar el precedente estudiado en la SU-310 de 2017 y (ii) a establecer el
invocado por el Defensor del Pueblo en sus insistencias. Luego de ello, (iii) analizará sucintamente
el contenido del literal b) del artículo 21 del Decreto 758 de 1990.
43.1. La Sentencia de Unificación 310 de
2017 no se ocupó del presupuesto de dependencia económica, sino de la
prescripción trienal. A partir de la relación de los hechos y del resumen
de la sentencia SU-310 de 2017, es posible concluir que, no obstante que ella abordó
el tema del incremento del 14% por cónyuge a cargo, en estricto sentido no es
un precedente pertinente para el caso que ahora se estudia. La razón de la
decisión fijada indica que la prescripción trienal no le es aplicable a este
derecho –sí a las mesadas-. La regla unificada por la Corte no se ocupó de
manera particular -como ocurre en los casos objeto de estudio- de establecer la
competencia de las decisiones de los jueces del proceso ordinario para valorar si
la situación fáctica de los accionantes se ajusta al supuesto de hecho de la
norma, en lo que atañe a la existencia de la dependencia económica entre el beneficiario
de la pensión y su cónyuge o compañera permanente, como condición para
reconocer dicho beneficio económico.
En consecuencia, dicha providencia no
sirvió de base para resolver un problema jurídico semejante y tampoco planteó
un punto de derecho análogo. De modo que la referida decisión no controla el
problema jurídico que esta Sala de Revisión debe adoptar dado que, en síntesis,
no existe un estrecho vínculo entre los presupuestos fácticos de la decisión de
unificación y el nuevo aspecto a resolver. Tan cierto es que el precedente no
controla los nuevos casos, que en ambos procesos los jueces no desestimaron las
pretensiones de la demanda al aplicar la prescripción, sino que negaron el
incremento al no haber encontrado acreditada la dependencia económica exigida
en el literal b) del artículo 21 del Decreto 758 de 1990.
43.2. Las
providencias citadas por el Defensor del Pueblo en sus escritos de insistencia[72]
y la sentencia C-111 de 2006, reseñada por uno de los accionantes, pese a
referirse a la dependencia económica, no controlan el problema jurídico de los
casos estudiados. En similar sentido al expuesto en relación con la SU-310
de 2017, debe considerarse que las sentencias citadas tampoco pueden
considerarse como un precedente aplicable, tal y como se explica a continuación.
43.2.1. En
efecto, la sentencia T-401 de 2004, no obstante que estudió un caso de sustitución
pensional en favor del hermano del causante, no se refirió a los criterios para
determinar la dependencia económica, sino que la razón de la decisión se limitó
a analizar si existía una exclusión en los órdenes de los beneficiarios de
dicha prestación.
Por su
parte, en las sentencias T-369 de 2009, T-198 de 2009, T-361 de 2010, T-136 de
2011, T-732 de 2012, T-973 de 2012 y T-326 de 2013, la Corte se ocupó de la
posibilidad de acreditar la dependencia parcial del causante para efectos de
reclamar la pensión de sobrevivientes. En esa medida, no obstante que se
trataba de beneficiarios de un derecho pensional, se dieron en un contexto
diferente al ahora estudiado ya que, en su momento, se discutía (i) la
dependencia económica de los padres respecto de los hijos en aras de, como ya
se dijo, (ii) causar la pensión de sobrevivientes[73].
43.2.2. Aunado
a lo anterior, (iii) las decisiones referenciadas tienen sustento directo en la
sentencia C-111 de 2006, en la que se conoció una demanda interpuesta contra
una expresión del literal d) del artículo 47 de la Ley 797 de 2003 que, en
particular, disponía que para causar el derecho a la pensión de sobrevivientes
-a falta de beneficiarios con mayor derecho- le correspondería a los padres demostrar
que dependían económicamente del difunto hijo “(…) de forma total y absoluta”.
En esta oportunidad, la Corte Constitucional concluyó que con sustento en una
posición humanista, por vía jurisprudencial, se ha reconocido que “la
dependencia económica” es distinta a la “ayuda o contribución que los
hijos pueden otorgar a los padres”, dado que la correcta interpretación de
este concepto implica la necesidad de auxilio de una persona en relación con
otra, de modo que “el beneficiario de dicha
prestación tiene que encontrarse subordinado o supeditado de manera cabal al
ingreso que le brindaba el causante para salvaguardar sus condiciones mínimas
de subsistencia”.
A partir de lo anterior, se concluye que trasladar el
concepto de “dependencia económica”, necesario para causar la pensión de
sobrevivientes, al requerido para quien ya disfruta de una mesada y pretende la
generación de un incremento adicional por cónyuge a cargo no es correcto, pues la
doctrina del precedente exige que el uso de las providencias previas no sea abstracto
o conceptual. Es decir que la existencia de un precedente relevante está
condicionada a la similitud de los hechos y no a que un concepto –aparentemente
común- se desarrolle en uno u otro caso. El precedente –se insiste- exige
demostrar que la razón de la decisión de una sentencia previa se relaciona con los
presupuestos fácticos del caso, que fue la base para resolver un problema
semejante o una cuestión asimilable y que los hechos del caso o las normas
juzgadas en la sentencia anterior planteen un punto de derecho análogo al que
se va a resolver con posterioridad.
No pueden equipararse los casos en los que la Corte ha
dado cumplimiento a la decisión de una sentencia de control abstracto que
declaró inexequible la exigencia de dependencia total y absoluta para la
pensión de sobrevivientes, al asunto objeto de estudio, esto es un incremento
pensional por cónyuge a cargo. Esta Corporación encuentra, al menos, tres
diferencias sustanciales: (i) en los casos de pensión de sobrevivientes se
trata del nacimiento de un derecho y de no concederse se estaría negando
cualquier posibilidad de solventar el mínimo vital del beneficiario, mientras
que en el caso del incremento pensional, ya existe un derecho reconocido y lo
que se discute es si corresponde pagar un mayor valor; (ii) en el primero de
los casos ya existió un pronunciamiento en control abstracto de la Corte
Constitucional y en el otro no y (iii) no puede ser asimiladas, sin más, al
tipo de relación que existe entre los cónyuges cuando llevan una vida en común
y perciben un ingreso, con la situación en la que se encuentra una persona
después del fallecimiento de un familiar cercano en donde carece, en absoluto,
de sustento[74].
En consecuencia, si bien los factores desarrollados en
la sentencia C-111 de 2006 resumen, en gran medida, algunos criterios que hasta
dicho momento la Corte había adoptado para estudiar el concepto de “dependencia
económica”, la inexequibilidad de la norma y las providencias del control
concreto expedidas a su amparo no son inmediatamente trasladables como
precedente, aunque en algunos casos podrían ser parámetros relevantes para otro
tipo de prestaciones[75].
43.3. Breve análisis del contenido del literal b) del artículo 21
del Decreto 758 de 1990. Finalmente, es necesario hacer alusión a las
condiciones que determinan el nacimiento del derecho al incremento pensional
por cónyuge a cargo, el cual está contemplado para las pensiones mensuales de
invalidez y de vejez –del régimen de transición- en los siguientes términos:
“b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal,
por el cónyuge o compañero o compañera del beneficiario que dependa
económicamente de éste y no disfrute de una pensión”.
De la
lectura de la disposición, es claro que para causar este derecho es necesario
que concurran cuatro (4) elementos fácticos: (i) la pensión sobre la cual se
pide el incremento debe corresponder a una mínima legal; (ii) el beneficiario
de ella debe contar con cónyuge o compañero permanente que, además, (iii)
dependa económicamente de éste y (iv) no disfrute de una pensión propia.
En los
casos ahora estudiados la controversia ha tenido como eje determinar si las
interpretaciones del material probatorio realizadas por los jueces de instancia
se corresponden con lo dispuesto en la norma y en la Constitución, al haber
descartado la dependencia económica con sustento en que existía un ingreso
mensual –adicional a la pensión ya reconocida- en favor de la pareja, el cual
es, por demás, muy superior a un salario mínimo mensual legal vigente. En
efecto, en las providencias cuestionadas se consideró que la suma percibida por
arrendamientos, desvirtuaba que, en estricto sentido, se tratara de un cónyuge
a cargo, ya que existían ingresos adicionales que de alguna forma permitían
solventar sus necesidades básicas. Visto de esta manera, la Corte no encuentra
que, en abstracto, se trate de una interpretación arbitraria de las normas y de
los hechos relevantes por las razones que a continuación se explican:
43.3.1. Esta
forma de abordar la situación descrita y, en particular, la dependencia
económica, privilegia la visión integral de los ingresos de la pareja. En
efecto, con independencia de que el régimen patrimonial aplicable, no impida la
libre disposición de los bienes, sí implica una serie de responsabilidades y de
comportamientos solidarios que son especialmente vinculantes para la pareja.
Esto explica los motivos por los que, al margen de la titularidad del bien del
cual derivan los arrendamientos, debe considerarse como un ingreso de ambos
que, en principio, debe solventar las cargas de los dos.
Decir lo
contrario, esto es, que un arriendo percibido en vigencia de una sociedad
conyugal no debe destinarse para la satisfacción de las necesidades básicas de los
cónyuges -o compañeros permanentes-, sino únicamente en favor del titular del
bien, propiciaría una separación irrestricta y artificiosa de una unión basada
en la solidaridad. Por el contrario, la interpretación de los jueces protege a
la familia como núcleo fundamental de la sociedad y reivindica la igualdad de
derechos y deberes recíprocos que, de conformidad con el artículo 42 de la
Carta Política, le son exigibles a las relaciones familiares.
Además,
como la ha señalado la jurisprudencia constitucional el matrimonio “no se determina por quienes lo conforman, sino
por la finalidad que representa el libre ejercicio del derecho a formar una
comunidad de vida”[76].
En esa dirección, según lo destacó esta corporación “[e]l objetivo
constitucionalmente perseguido por el matrimonio es constituir la familia, que
es el núcleo fundamental de la sociedad, aspecto sobre el cual conviene
precisar que los fines del matrimonio no son exclusivamente el desarrollo de la
sexualidad o la procreación, sino en esencia la consolidación de lazos
de voluntad o convivencia, que permiten conformar una familia”[77]
(subrayas y negrillas no son del original).
43.3.2.
Partir de la anterior base, es reconocer que la dependencia económica que se
exige en la disposición en comento, no puede desvirtuarse por el hecho de que
los frutos -naturales o civiles- que produce el bien de uno de los cónyuges
sean percibidos únicamente por su propietario. En efecto, la existencia de
dependencia económica puede descartarse cuando tales frutos se perciban
periódicamente y sean suficientes para llevar una vida digna.
Concluir lo contrario podría llevar a
circunstancias absurdas e inequitativas. Si la misma norma dispone que una
pareja perderá el derecho al reseñado incremento cuando la persona a cargo del
pensionado o pensionada, además, devengue una pensión, sería irrazonable que el
aumento de la mesada se reconociera en favor de otra pareja que se encuentre en
condiciones análogas. En consecuencia, una interpretación acorde con la
Constitución debe excluir el pago de este incremento no sólo en aquellos
eventos en los que nominalmente se reciba una “pensión”, sino también cuando la
pareja perciba un ingreso periódico adicional con vocación de permanencia y
éste sea suficiente para satisfacer las condiciones mínimas de existencia.
43.3.3. En
consecuencia, la valoración probatoria de los jueces de instancia que los
condujo a desvirtuar la dependencia económica -en ambos casos con sustento en
los ingresos adicionales del núcleo familiar- y a negar el referido incremento
pensional, no se opone a la Constitución y tampoco supone un entendimiento
irrazonable de la norma.
El anterior
argumento podría objetarse indicando que tal incremento puede buscar compensar
una injusticia en aquellos casos en que el cónyuge pensionado y propietario de
los bienes de los que se obtienen rentas adicionales, no ofrece apoyo económico
al cónyuge o compañero permanente “dependiente”. Sin embargo, dicha objeción no
puede abrirse paso dado que, como se encuentra estipulado en la norma, el
aumento se destina a la pensión ya reconocida y no puede ser reclamada por el “dependiente”.
Así, si el titular del derecho pensional se rehúsa a cumplir con sus
obligaciones de ayuda mutua y solidaridad en favor de su pareja, el aumento de
la mesada estudiado no es la forma de compensar tal circunstancia, lo cual es
un argumento adicional que apoya la interpretación efectuada por los
juzgadores.
43.3.4. Por
último, debe decirse que el reconocimiento del beneficio económico del 14% por
cónyuge o compañera a cargo, se trata de una prestación pensional sin respaldo
en cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral[78] y, por
tanto, se debe privilegiar que se reconozca en favor de las personas con
menores ingresos. Esto es, quienes siendo beneficiarios de una pensión mínima
legal, no cuenten con ingresos económicos adicionales que, por lo menos,
garanticen el mínimo vital en conexidad con la vida digna. El “mínimo vital
cualificado” como sustento del pago de una prestación que no se financia con
cotizaciones al sistema supondría una inequidad que los jueces no deberían
privilegiar con sus interpretaciones.
44. Procede
la Corte a resolver cada uno de los casos puestos a su consideración.
44.1. Expediente T-6.325.595.
Orlando de Jesús Aristizábal Torres cuestionó las decisiones adoptadas por el
Juzgado Primero Laboral Municipal de Pequeñas Causas y el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Bucaramanga, quienes se negaron a reconocer el
incremento del 14% por cónyuge a cargo, con sustento en que no se había
acreditado la dependencia económica de su cónyuge, la señora Luz Marina Gómez
Aristizábal. En consecuencia, se acusó a la sentencia dictada en el proceso de
única instancia y a la proferida en sede jurisdiccional de consulta de haber
incurrido en un defecto específico por desconocimiento del precedente y por
violación del mandato constitucional de favorabilidad.
En el escrito de tutela se citaron múltiples
apartes conceptuales sobre estos defectos, sin precisar las providencias que
habían sido desconocidas. No obstante en la impugnación –en sede de tutela- se
indicó que a través de una sentencia de unificación, la Corte Constitucional
había acogido el precedente más favorable al trabajador. En particular, destacó
el accionante que las decisiones judiciales cuestionadas crearon un nuevo
requisito para la obtención del incremento pensional del 14% por cónyuge a
cargo al considerar que contar con una vivienda propia excluía la dependencia
económica.
La Corte encuentra que las decisiones
judiciales no violaron los derechos fundamentales del accionante.
44.1.1. Como ya se indicó la sentencia SU-310
de 2017 no se ocupó del asunto relativo a la dependencia económica y, de otra
parte, de las providencias referenciadas por el Defensor del Pueblo –según se
explicó supra 43.2- no puede concluirse que los juzgados accionados incurrieron
en un desconocimiento del precedente.
44.1.2.  Las decisiones judiciales estudiaron
los criterios indicativos de la sentencia C-111 de 2006 y, aun así advirtieron
que al recibir un millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000) como renta mensual
por un arriendo, no podía entenderse acreditado el presupuesto de dependencia
económica. Con mayor razón, si dicho valor –incluso teniendo en consideración
los gastos de vivienda- es superior al percibido por la pensión. En
consecuencia, no es suficiente la situación de debilidad reseñada por el señor
Orlando de Jesús Aristizábal Torres y su cónyuge, quienes ponen de manifiesto
sus edades –superiores a 63 años, ciertas dificultades de salud y obligaciones
dinerarias que reducen la capacidad económica-, ya que su situación material no
es equiparable a aquellas familias que con un solo ingreso mínimo deben
solventar todas sus necesidades básicas.
44.1.3. De otra parte, en relación con el
cuestionamiento del actor conforme al cual los juzgadores crearon un nuevo
requisito para la obtención del incremento pensional del 14% por cónyuge a
cargo -cuando indicaron que no poseer vivienda propia era un presupuesto para
su causación- debe indicarse que la autonomía e independencia judicial cobija
distintos márgenes de apreciación para determinar si existía o no dependencia
económica. Por lo cual, no se trata de un presupuesto adicional a las
exigencias dispuestas en la norma, sino que percibir un ingreso mensual
superior al mínimo, periódico y con vocación de permanencia sí supone
cuestionar la necesidad del incremento pensional, en los términos de la
interpretación que, como ya estudió, debe entenderse ajustada a la Constitución
y razonable.
44.1.4. Tampoco se evidencia una indebida
representación en el curso del proceso, dado que era posible que el accionante
actuara de forma directa, por disposición explícita del artículo 33 del Código
de Procedimiento Laboral conforme al cual “[l]as partes podrán actuar por sí
mismas, sin intervención de abogados, en procesos de única instancia y en
las audiencias de conciliación”.
44.1.5. En consideración a lo anterior,
esta Sala procederá a confirmar las providencias dictadas, en sede de tutela,
por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga
del trece (13) de junio de dos mil diecisiete (2017) que, a su vez, fue confirmada
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el doce (12)
de julio de dos mil diecisiete (2017), en las cuales se negó el amparo de los
derechos invocados por Orlando de Jesús Aristizábal Torres al no haber
demostrado el defecto específico de desconocimiento del precedente en contra de
las providencias acusadas.
44.2. Expediente
T-6.365.928. Ángel Ignacio Sanabria Pérez controvirtió las decisiones
adoptadas por el Juzgado Sexto Laboral Municipal de Pequeñas Causas Laborales y
el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, quienes se negaron a
reconocer el incremento del 14% por cónyuge a cargo, con sustento en que no se
había acreditado la dependencia económica de su cónyuge, la señora María del Carmen
Suárez. En consecuencia, se acusó a la sentencia dictada en el proceso de única
instancia y a la proferida en sede jurisdiccional de consulta de haber
incurrido en un defecto por desconocimiento del precedente y en uno fáctico.
En efecto, la
acción de tutela de la referencia relacionó el contenido de los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia y al concepto de mínimo vital cualificado y, en consecuencia, el
actor solicitó el reconocimiento del incremento pensional del 14% por cónyuge a
cargo, que había sido negado por los juzgadores de instancia. Además expuso
que, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia C-111 de 2006, la
Corte Constitucional ha precisado que para acreditar la dependencia económica
no es necesario demostrar la carencia total y absoluta de recursos
–circunstancia que es propia de una persona que se encuentra en un estado de
desprotección o abandono- sino que, por el contrario, basta la comprobación de
estar imposibilitado para mantener el mínimo vital existencial que le permita
subsistir de manera digna.
44.2.1. Visto
lo anterior, le correspondería a la Corte determinar si las providencias
cuestionadas incurrieron en un defecto fáctico o en un desconocimiento del
precedente por negarse a reconocer el incremento pensional del 14% por cónyuge
cargo. No obstante la Corte advierte que este examen no es procedente en virtud
de que el señor Ángel Ignacio Sanabria Pérez no cuenta con una pensión
susceptible de percibir tal derecho, de acuerdo con lo estipulado en el literal
b) del artículo 21 del Decreto 758 de 1990. En los términos explícitos de esta
norma, los posibles beneficiarios del incremento deben percibir una “pensión
mínima legal”, mientras que al actor el veintiséis (26) de junio de dos mil
trece (2013) –mediante Resolución GNR 15255- reconoció en su favor una mesada
pensional de un millón quinientos once mil ciento treinta y siete pesos
(1.511.137)[79],
es decir, 2.56 veces el salario mínimo de esa anualidad.
De modo
que, como así lo reconoció el accionante en el interrogatorio de parte
efectuado por el juez de única instancia, en la actualidad, percibe una pensión
cercana a un millón setecientos mil pesos (1.700.000) y, por tanto, al no
tratarse de una pensión mínima legal, no acredita el primer presupuesto para
proceder al estudio de su derecho.
44.2.2.
Pero incluso suponiendo que la pensión del actor fuera susceptible del referido
incremento[80],
debe tenerse en consideración que no se encuentran acreditados los presupuestos
para encontrar configurado un defecto fáctico, de acuerdo a lo expuesto con
anterioridad, ya que (i) no se demostró la denegación de la práctica de una
prueba, (ii) el juez de única instancia o el de consulta no se abstuvo de valorar
las pruebas aportadas al proceso y (iii) no se constata que la valoración llevada
a efectos resultara arbitraria o caprichosa. Por el contrario, existe evidencia
de que el recaudo y valoración de los medios de prueba, en extenso referido en
los antecedentes, se fundamentó a las exigencias establecidas para el efecto y,
en lo referido a la valoración no se identifica un error ostensible, flagrante
y manifiesto y, por el contrario, sus consideraciones para determinar que no se
acreditó la dependencia económica en el caso objeto de estudio se apoyaron en
una interpretación constitucionalmente admisible.
Finalmente,
debe reiterarse en este aspecto que, en estricto sentido, las consideraciones de
la sentencia C-111 de 2006 y las subsiguientes providencias de control concreto
que las reiteraron, no son pertinentes por referirse a la pensión de
sobrevivientes y no al incremento pensional de la referencia.
44.2.3. En consideración a lo anterior,
esta Sala procederá a confirmar las providencias dictadas, en sede de tutela,
por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá del
dieciséis (16) de junio de dos mil diecisiete (2017) que, a su vez, fue confirmada
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el dieciséis
(16) de agosto de dos mil diecisiete (2017), en las cuales se negó el
amparo de los derechos invocados por Ángel Ignacio Sanabria Pérez al no haber
demostrado el defecto fáctico y el desconocimiento del precedente en contra de
las providencias acusadas.
H. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
45.1. Le correspondió a la Sala Cuarta de Revisión determinar si, en el
expediente T-6.325.595, el Juzgado Primero Laboral Municipal de Pequeñas Causas
y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, con ocasión de la
sentencia del seis (6) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que fue confirmada
en sede jurisdiccional de consulta, vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, el acceso a la administración de justicia y el principio de
favorabilidad, al negarse a reconocer el incremento pensional del 14% por
cónyuge a cargo en favor de Orlando de Jesús Aristizábal Torres. En
consecuencia, se estudió si se incurrió en el defecto específico de
desconocimiento del precedente, el cual fue puesto de presente por el actor.
45.2. De
otra parte, le correspondió a la Sala Cuarta de Revisión determinar si, en el
expediente T-6.365.928, el Juzgado Sexto Laboral Municipal de Pequeñas Causas
Laborales y el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, con ocasión
de la sentencia del once (11) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), que fue
confirmada en sede jurisdiccional de consulta, vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia, al negarse a
reconocer el incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo en favor de Ángel
Ignacio Sanabria Pérez. En consecuencia, se estudió si se incurrió en el
defecto específico de desconocimiento del precedente o en uno factico, según se
indicó en el amparo de la referencia.
46. Como resultado de las sub-reglas
jurisprudenciales analizadas en la parte motiva de esta providencia, observa la
Sala lo siguiente:
(a) El defecto fáctico supone que el
juez, sin justificación alguna, hubiere denegado una prueba, no hubiera
valorado una existente o la integridad del material probatorio o que su
valoración pueda considerarse, a todas luces, arbitraria o caprichosa. En
cualquiera de los eventos expuestos, el accionante deberá demostrar que la
prueba indebidamente valorada era definitiva para resolver el caso concreto y
que el error es ostensible, flagrante y manifiesto.
(b) El defecto por desconocimiento
del precedente implica que, en el nuevo caso, se hubiere desconocido la razón
de la decisión de una providencia previa que resultaba aplicable al caso por
ser pertinente, esto es que concurran los siguientes presupuestos: (i) que en
la razón de la decisión de la sentencia previa se encuentre una regla
relacionada con el caso a resolver, (ii) sirva como base para solucionar un
problema jurídico semejante o una cuestión constitucional asimilable y (iii)
los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben
plantear un punto de derecho común al que se va a resolver con posterioridad.
No obstante, es necesario aclarar que siempre que no se desconozca el
precedente de control abstracto, la jurisprudencia en vigor o una sentencia de
unificación, los jueces podrán apartarse del precedente, siempre y cuando
cumplan estrictamente la carga de transparencia y de argumentación.
(c) La sentencia SU-310 de 2017
procedió a unificar la jurisprudencia y concluyó que el incremento pensional
del 14% por cónyuge a cargo no prescribe pues se consideró por la mayoría de la
Sala que, de conformidad con el artículo 53 de la Constitución, éste hacía
parte integral del derecho pensional y, en esa
medida, no está sujeto a la prescripción trienal.
47. Sobre la base de lo anterior, la Sala
concluyó que en ninguno de los casos puestos a consideración de esta
Corporación se había incurrido en un defecto que hiciera procedente la acción
de tutela contra providencias judiciales. Por el contrario, (i) la reseñada
providencia de unificación no se refirió a la manera en la que se debía evaluar
el presupuesto de dependencia económica, (ii) los precedentes invocados por el
Defensor del Pueblo no son pertinentes y (iii) la interpretación normativa y
probatoria que realizaron los jueces del proceso de única instancia y de
consulta sobre el literal b) del artículo 21 del Decreto 758 de 1990, por las
razones expuestas, se ajusta a la Constitución.
III. DECISIÓN
En mérito
de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional de la
República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
CONFIRMAR la providencia dictada, en sede de
tutela, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga
del trece (13) de junio de dos mil diecisiete (2017) que, a su vez, fue
confirmada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el
doce (12) de julio de dos mil diecisiete (2017), en la cual se negó el amparo
de los derechos invocados por Orlando de Jesús Aristizábal Torres por no haber
demostrado una causal específica de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
Segundo.- CONFIRMAR la sentencia dictada, en sede de tutela, por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá del dieciséis (16) de junio
de dos mil diecisiete (2017) que, a su vez, fue confirmada por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el dieciséis (16) de agosto
de dos mil diecisiete (2017), en la cual se negó el amparo de los
derechos invocados por Ángel Ignacio Sanabria Pérez, pero por los motivos
expuestos en esta providencia, esto es al no haber demostrado una causal
específica procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Tercero.-
Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Acción de tutela presentada el 02 de junio de 2016. Folio 31 del
cuaderno principal. Expediente T- 6.325.595.
[2] Folio 60 del cuaderno de Revisión. Expediente T-6.325.595.
[3] Aporta certificado de consignación por nómina de febrero de 2017,
en la que consta que la pensión asciende a $738.717, no obstante se descuentan
$88.600 para el pago de salud y $297.029 por un crédito adquirido con el Banco
BBVA. En efecto, como valor neto se recibe $352.088. Folio 26 del cuaderno
principal. Expediente T- 6.325.595. Asimismo, en el folio 27 se aporta el
extracto de la cuenta de ahorros del mes de enero de 2017.
[4] En la acción de tutela no se especificó la fecha de la
interposición de la demanda y, pese a que en las pruebas recaudadas en Sede de
Revisión se aporta la demanda, no existe certeza de la fecha en que se
interpuso. Folios 49 a 54 del cuaderno de Revisión. Expediente T-6.325.595.
[5] Al respecto, es posible consultar la sentencia de la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, identificada bajo el consecutivo No. 29351,
con ponencia del Magistrado Luis Javier Osorio
López.
[6] Folio 14 del cuaderno principal. Expediente T- 6.325.595.
[7] Según consta en la fotocopia de la cédula de ciudadanía de su
cónyuge, ella nació el 13 de marzo de 1954, por lo cual, en la actualidad,
cuenta con 63 años. Folio 29 del cuaderno de revisión. Expediente T- 6.325.595.
[8] Folio 25 del cuaderno principal. Expediente T- 6.325.595.
[9] Pese a que el demandante no aportó copia escrita de los motivos que
sustentaron la decisión del grado jurisdiccional de consulta, en las pruebas
recaudas en el proceso de tutela, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Bucaramanga aportó copia informal de esta providencia. Folios 41 a 44 del
cuaderno principal. Expediente T- 6.325.595.
[10] Se aporta fotocopia de la cédula de ciudadanía del accionante en la
que consta que nació el 14 de junio de 1950. Folio 28 del cuaderno principal.
Expediente T- 6.325.595.
[11] Folios 1 a 11 del cuaderno principal. Expediente T- 6.325.595.
[12] Folio 33 del cuaderno principal. Expediente T- 6.325.595.
[13] Folios 41 a 44 del cuaderno principal. Sentencia del proceso con
radicado 2016-495-01. Expediente T- 6.325.595.
[14] Folio 60 del cuaderno principal. Expediente T- 6.325.595.
[15] Folios 66 a 68 del cuaderno principal. Expediente T- 6.325.595.
[16] Acción de tutela presentada el 2 de junio de 2017. Folio 75 del
cuaderno principal. Expediente T- 6.365.928.
[17] Folios 26 a 29 del cuaderno de principal. Expediente T- 6.365.928.
[18] Folios 30 a 32 del cuaderno principal. Expediente T- 6.365.928.
[19] Folio 35 del cuaderno principal. Expediente T- 6.365.928.
[20] Folios 36 a 45 del cuaderno principal. Recurso de reposición y, en
subsidio, apelación en contra de la Resolución No GNR 25577 del 10 de febrero
de 2015. Expediente T- 6.365.928.
[21] Folios 46 a 51 del cuaderno principal. Demanda del proceso
ordinario. Expediente T- 6.365.928.
[22] Folio 18 del cuaderno principal. Disco compacto en el que se
documenta, entre otros, la grabación de esta audiencia. . Expediente T-
6.365.928.
[23] El accionante
indicó que lleva más de cuarenta (40) años de casado y que producto de la
relación con su cónyuge tuvo tres (3) hijos, respecto de los cuales debe
indicarse lo siguiente: uno de ellos es una mujer de treinta y ocho (38) años
que trabaja con una empresa en el Departamento de Cauca, el segundo hijo
falleció y una mujer de treinta y dos (32) años que es docente del Distrito.
Precisó que su cónyuge, él y un nieto viven en una casa de tres (3) pisos en la
localidad de Bosa, la cual es propia. En relación con el segundo piso, se
especifica que recibe por los arriendos de cuatro apartamentos –dentro de la
misma casa- aproximadamente un millón cuatrocientos mil pesos ($1.400.000) y
que, además, son propietarios de un predio en Acacias (Meta), en el que
pretenden construir una pequeña casa. Indicó también que los dineros que recibe
por los arrendamientos son destinados a la construcción de una pequeña casa en
Acacias (Meta) y que, para dicho momento, percibía una mesada pensional de un
millón setecientos ($ 1.700.000). No obstante, informa que de tal valor le
descuentan doscientos mil pesos ($200.000) por las cotizaciones de salud y
cuatrocientos mil pesos ($ 400.000) para el pago de un crédito adquirido en una
Cooperativa. En consecuencia, como valor neto percibe un valor aproximado de un
millón ciento veintiocho mil pesos ($ 1.128.000).  Finalmente, precisó que
desde que nació su nieto vive con ellos y que la señora María del Carmen recibe
uno de los cánones de los apartamentos que tiene “(…) para sus cositas,
porque de resto todos los gastos los llevo yo”. El valor de lo recibido por
su cónyuge por este concepto asciende a doscientos ochenta mil pesos
($280.000), los cuales destina también para los gastos de su madre que sufre de
cáncer y para ayudarle a una hermana. Su nieto, si bien se paga sus estudios,
también depende del núcleo familiar, ya que la vivienda, alimentación y gastos
de ropa provienen de los recursos de sus abuelos. Precisa que desde hace muchos
años están arrendados los apartamentos, pero los arrendatarios no siempre
pagan.
[24] La señora María del Carmen Suárez indicó
que se dedica al hogar, el nivel de escolaridad y la dirección de su casa.
Confirma que nunca se ha separado de su cónyuge desde que decidieron formar un
hogar, que tuvieron tres hijos y su profesión. En la descripción de su casa
indica que cuenta con tres pisos, es de propiedad de los demandantes y fue
adquirida en vigencia de la sociedad conyugal. Por el valor de los apartamentos
de su casa indica recibir un valor total, aproximado, de un millón quinientos
mil pesos ($1.500.000). Los dineros producto de esto se destinan a ciertos
gastos del hogar, como los servicios públicos y las deudas. Afirma que viven
con su nieto que permanece con ellos y que sus hijas no les colaboran
económicamente porque ellas también tienen sus obligaciones. Advierte que,
además de esta casa, cuentan con un lote por fuera de Bogotá, en el cual hay
presencia de una familia que paga un pequeño arriendo por un valor aproximado
de ciento sesenta mil pesos ($160.000). No ha recibido ninguna herencia.  Hace
varios años tienen arrendado los apartamentos, pero no es fácil lidiar con
quienes viven allí. Recibe algo de los arriendos, que son doscientos sesenta
mil pesos ($260.000), pero los destina a colaborarle a su madre que está
enferma. Una de sus hijas, cuando puede, lleva detallitos o mercado.
[25] Folio 68 del cuaderno principal. Disco compacto con la grabación de
esta audiencia. Expediente T- 6.365.928.
[26] Folio 88 del cuaderno principal. Disco compacto con la grabación de
esta audiencia. Expediente T- 6.365.928.
[27] En efecto, el accionante citó el siguiente
aparte de dicha providencia: ““1. Para tener independencia económica los recursos deben ser
suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia
y la vida digna. // 2.   El
salario mínimo no es determinante de la independencia económica. // 3. No constituye
independencia económica recibir otra prestación. Por ello, entre otras cosas,
la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de sobrevivientes
como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de 1993.
// 4.   La
independencia económica no se configura por el simple hecho de que el
beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional. // 5. Los ingresos
ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir ingresos
permanentes y suficientes. // 6. Poseer un predio no es prueba suficiente
para acreditar independencia económica”.
[28] Folio 76 del cuaderno principal. Expediente T- 6.365.928.
[29] Folio 89 del cuaderno principal. Expediente T- 6.365.928.
[30] Sobre el particular se indicó lo
siguiente: “Dentro de las consideraciones expuestas en la sentencia objeto
de controversia se constató que efectivamente el vínculo matrimonial entre
ÁNGEL IGNACIO SANABRIA y MARÍA DEL CARMEN SUÁREZ permanecía vigente, y que
fruto de él se habían procreado tres hijos, uno fallecido. Igualmente, se
demostró que la pareja recibía arriendos de dos apartamentos que se ubicaban en
su vivienda desde hace 8 años, por un valor aproximado de $1.500.000, y que uno
de ellos era reclamado por la cónyuge, desvirtuándose de esta manera la
dependencia alegada. Igualmente, se presentaron diversas inconsistencias entre
una y otra versión, ya que la señora MARÍA adujo que la propiedad que tenían en
Acacías –Meta, también generaba un ingreso mensual de $180.000 por concepto de
canon, mientras que el demandante aseguró que en el predio se estaba
construyendo una vivienda y que nadie residía allí”.
[31] Folio 86 a 88 del cuaderno principal. Expediente T- 6.365.928.
[32] Folios 90 a 92 del cuaderno principal. Expediente T- 6.365.928.
[33] Folios 93 a 103 del cuaderno principal. Expediente T- 6.365.928.
[34] Folios 108 a 123 del cuaderno principal. Expediente T- 6.365.928.
[35] El accionante citó en la impugnación los
siguientes apartes: “26. Para el efecto, es indispensable comprobar la
imposibilidad de mantener el mínimo existencial que les permita a los padres
subsistir de manera digna, el cual debe predicarse de la situación que éstos
tenían al momento de fallecer su hijo. En este contexto, es innegable que la
dependencia económica siempre supondrá la verificación por parte de los
progenitores de un criterio de necesidad, de sometimiento o sujeción al auxilio
sustancial recibido del hijo,  que no les permita, después de su muerte,
llevar una vida digna con autosuficiencia económica. // De ahí que, si
se acredita que los padres del causante no tenían una relación de subordinación
material, en términos cualitativos, frente al ingreso que en vida les otorgaba
su hijo, en aras de preservar su derecho al mínimo vital, es claro que no
tienen derecho a la pensión de sobrevivientes, pues se entiende que gozan de
independencia económica para salvaguardar dicho mínimo existencial. // En
este contexto, se han identificado por la jurisprudencia un conjunto de reglas
que permiten determinar si una persona es o no dependiente, a partir de la
valoración del denominado mínimo vital cualitativo, o lo que es lo mismo,
del conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua
subsistencia de cada persona en particular. Estos criterios se pueden resumir
en los siguientes términos: // 1. Para tener independencia
económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios
materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna. // 2. El
salario mínimo no es determinante de la independencia económica. //3. No
constituye independencia económica recibir otra prestación. Por ello, entre
otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la
pensión de sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal
j, de la Ley 100 de 1993. //4. La independencia económica no se
configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una
asignación mensual o un ingreso adicional. // 5. Los ingresos
ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir ingresos
permanentes y suficientes. // 6. Poseer un predio no es prueba suficiente
para acreditar independencia económica”.
[36] Folios 3 a 7 del cuaderno de impugnación. Expediente T- 6.365.928.
[37] Folio 40 a 41 del cuaderno de Revisión. Expediente T-6.325.595.
[38] El inciso primero del artículo 64 del Reglamento de la Corte Constitucional
–Acuerdo 02 de 2015- dispone que “[c]on
miras a la protección inmediata y efectiva del derecho fundamental vulnerado y
para allegar al proceso de revisión de tutela elementos de juicio relevantes,
el Magistrado sustanciador, si lo considera pertinente, decretará pruebas. Una
vez se hayan recepcionado, se pondrán a disposición de las partes o terceros
con interés por un término no mayor a tres (3) días para que se pronuncien
sobre las mismas, plazo durante el cual el expediente quedará en la Secretaría
General”.
[39] Folios 45 a 63 del cuaderno de Revisión. Expediente T-6.325.595.
Demanda y anexos.
[40] Folios 64 a 73 del cuaderno de Revisión. Expediente T-6.325.595.
[41] Folio 74 del cuaderno de Revisión. Expediente T-6.325.595.
[42] Folio 45 del cuaderno de Revisión. Expediente T-6.325.595.
[43] Folios 78 a 81 del cuaderno re Revisión. Expediente T-6.325.595.
[44] Folios 3 a 13 del cuaderno de Revisión. Expediente T-6.325.595. //
Folios 3 a 11 del cuaderno de Revisión. Expediente T-6.365.928.
[45] Sentencia C-111/06. // Para consultar este aparte de la insistencia
del Defensor del Pueblo ver folio 13 del cuaderno de Revisión. Expediente
T-6.325.595.
[46] Sentencia C-111/06. //  Para consultar este aparte de la
insistencia del Defensor del Pueblo ver folio 11 del cuaderno de Revisión.
Expediente T-6.365.928.
[47] Corte Constitucional. Sentencia T-395/16.
[48] El artículo 86 de la Constitución Política
dispone que: “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública (…)”.
[49] La disposición en cuestión estipula
que “[l]as pensiones mensuales de
invalidez y de vejez se incrementarán así:” (…) “b) En un catorce por ciento
(14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o compañero o compañera del
beneficiario que dependa económicamente de éste y no disfrute de una pensión”.
[50] En esta oportunidad la Corte resolvió lo siguiente: “[d]eclarar
EXEQUIBLE, por los cargos examinados, la expresión “Las sentencias de
primera instancia” contenida en el artículo 69 del Código Procesal del
Trabajo, entendiéndose que también serán consultadas ante el correspondiente
superior funcional, las sentencias de única instancia cuando fueren
totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o
beneficiario”.
[51] La Constitución no prevé un término de
caducidad para presentar la acción de tutela. En el artículo 86 se indica que
puede ser interpuesta “(…) en todo momento y lugar”. Sin embargo, la
jurisprudencia ha precisado que el presupuesto de inmediatez es necesario para
declarar que la acción de tutela es procedente. Esta exigencia presupone que el
accionante acuda a la acción de tutela en un término razonable desde que se
produjo el hecho en el que funda la violación del derecho. No obstante, esta
exigencia debe ser analizada en atención a la proporcionalidad entre los medios
y fines, derivados de las circunstancias fácticas expuestas en  la acción de
tutela, sin que pueda exigirse de antemano un término máximo para la
interposición, como así se explicó en la sentencia SU-961/99.
[52] Folio 31 del cuaderno principal. Acta individual de reparto.
Expediente T-6.325.595.
[53] Folio 75 del cuaderno principal. Acta individual de reparto.
Expediente T-6.365.928.
[54] Sin embargo, se debe aclarar que en la providencia de la referencia
también se hizo alusión a otras causales de procedencia específica de la acción
de tutela contra decisiones judiciales como los defectos: (i) orgánico, (ii)
procedimental absoluto, (iii) material o sustantivo, (iv) error inducido, (v)
decisión sin motivación, (vi) desconocimiento del precedente y (vii) violación
directa de la Constitución.
[55] Este último supuesto, fue referido en la sentencia T-612 de 2016.
[56] La sentencia T-587/15 señaló, en desarrollo de lo anterior, que “[a]l
juez constitucional, en cambio, solo le corresponde conocer de violaciones o
amenazas a los derechos fundamentales derivadas de las actuaciones
judiciales, sin involucrarse en las controversias propias del litigio y,
además, solo en caso de que hayan sido alegadas al interior del proceso sin
éxito”.
[57] La sentencia SU-159 de 2002 fue una de las primeras providencias en
referirse a estas categorías del defecto fáctico. En su momento, se indicó que
“(…) los defectos
fácticos pueden agruparse en dos clases. La primera, la dimensión omisiva,
comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. La segunda, la
dimensión positiva, abarca la valoración de pruebas igualmente esenciales que
el juzgador no puede apreciar, sin desconocer la Constitución. Por eso, en lo
que respecta a la dimensión omisiva, “no se adecua a este desideratum, la
negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba” que se
presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración,
cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de
la misma emerge clara y objetivamente. En lo relativo a la dimensión positiva,
el defecto fáctico se presenta generalmente cuando aprecia pruebas que no ha
debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas
(artículo 29 C.P.). Al respecto, resulta particularmente ilustrativo recordar
la jurisprudencia de la Corte Constitucional en este punto específico, pues, en
materia penal, aún en el evento en el que en el conjunto de pruebas sobre las
que se apoya un proceso penal se detecte la existencia de una ilícitamente
obtenida, los efectos de esta irregularidad son limitados. Para la Corte, “el
hecho de que un juez tenga en cuenta dentro de un proceso una prueba
absolutamente viciada, no implica, necesariamente, que la decisión que se
profiera deba ser calificada como vía de hecho”. Así, “sólo en
aquellos casos en los que la prueba nula de pleno derecho constituya la única muestra
de culpabilidad del condenado, sin la cual habría de variar el juicio del
fallador, procedería la tutela contra la decisión judicial que la tuvo en
cuenta, siempre y cuando se cumplan, por supuesto, los restantes requisitos de
procedibilidad de la acción”. De tal manera que la incidencia de la prueba
viciada debe ser determinante de lo resuelto en la providencia cuestionada”.
[58] SU-354/17.
[59] Ibídem.
[60] En la sentencia SU-047/99 se explicó que
“la razón de la decisión” debe entenderse como la formulación general del
principio, regla o formulación abstracta que constituye la base de la decisión
específica, esto es el fundamento normativo directo de la parte resolutiva de
la providencia. En consecuencia, la ratio decidendi de una providencia
resulta de obligatoria aplicación para los jueces en casos similares. A su vez en
la sentencia T-292/06 se conceptualizó como “(…) aquellas razones de la parte
motiva de la sentencia que constituyen la regla determinante del sentido de la decisión y de su contenido
específico, o sea, aquellos
aspectos sin los cuáles sería imposible saber cuál fue la razón determinante
por la cual la Corte Constitucional decidió en un sentido, y no en otro
diferente, en la parte resolutiva”.
[61] Sentencia T-374 /17.
[62] Respecto de las decisiones adoptadas por
la Sala Plena en sede de control abstracto es necesario diferenciar dos
supuestos. En primer lugar, el relativo al desconocimiento de su ratio
decidendi que queda comprendido por el defecto de violación del precedente,
esto es, cuando una providencia judicial se aparta de las razones que
fundamentan una decisión previa de la Corte -aun cuando no se oponga a su parte
resolutiva-. En segundo lugar, el referido a los casos en los cuales una
providencia judicial es contraria a la parte resolutiva de una sentencia de
este Tribunal en sede de
control abstracto, en cuyo caso se configura un defecto sustantivo.
[63] En la sentencia C-179/16 se explicó, sobre el presupuesto de suficiencia,
que los jueces se pueden apartar de un precedente porque (i) a la luz de los
cambios introducidos en el ordenamiento jurídico o por la transformación del
contexto social dominante, se justifica o evidencia la necesidad de producir un
cambio jurisprudencial; (ii) se busca exponer los errores de la regla de la
decisión vigente o (iii) existe la importancia de brindar una lectura que,
desde el punto de vista interpretativo, brinde una mayor protección a los
valores, principios y derechos consagrados en la Carta, pero para emprender tal
labor “[n]o basta entonces simplemente
con ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta forzoso demostrar que
el precedente anterior no resulta válido, correcto o suficiente para resolver
un nuevo caso sometido a decisión. Una vez satisfechas estas exigencias, en
criterio de la Corte, se entiende protegido el derecho a la igualdad de trato y
garantizada la autonomía e independencia de los jueces”.
[64] En el Auto 132/15, la Corte Constitucional estableció que una de
las causales de anulación de una sentencia de la Corte Constitucional, es que
una providencia se aparte de la jurisprudencia en vigor de una Sala de Revisión
de tutela o de la jurisprudencia sentada por la Sala Plena, con lo cual se
contraviene el artículo 34 del Decreto 2591 de
1991 que, expresamente, dispone que los cambios de jurisprudencia
deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corte. En efecto, según se
indicó, “[l]a obligación de respetar el precedente, sin embargo, no
significa que los jueces no puedan desviarse del mismo, bajo determinadas
circunstancias. Sin embargo, para ello están sujetos a determinadas reglas que
varían dependiendo del órgano judicial de que se trate. Algunas de estas reglas
tienen que ver con la carga argumentativa que se le impone al juez para
desviarse de la jurisprudencia. Otras reglas tienen que ver con el órgano
competente para cambiar la jurisprudencia de la Corporación respectiva. Así, en
principio, ni un juez ni un tribunal pueden desviarse del precedente
establecido por el órgano de cierre de la respectiva jurisdicción. Deben
respetar lo que se ha denominado el precedente vertical, es decir, aquel
precedente establecido por los órganos de cierre, y en general, por sus
superiores funcionales. Sin embargo, algunas de tales reglas operan también en
relación con el denominado precedente horizontal,
que conforme la denominación utilizada por la Corte se
he llamado jurisprudencia en vigor”.
[65] Auto 290/16.
[66] Las consideraciones expuestas explican por qué, incluso la Corte
Constitucional, ha procedido a anular sentencias de Salas de Revisión que se
aparta de una sentencia de unificación o de la jurisprudencia en vigor. Al
respecto pueden consultarse los Auto 084/00 y 132/15, entre otros.
[67] Sentencia T-166/16.
[68] En la sentencia C-836/01 se indicó la
mejor manera de extraer la regla de la decisión y, por tanto, el precedente: “22. Si la parte de las
sentencias que tiene fuerza normativa son los principios y reglas jurídicas,
ello significa que no todo el texto de su motivación resulta obligatorio.
Para determinar qué parte de la motivación de las sentencias tiene fuerza
normativa resulta útil la distinción conceptual que ha hecho en diversas
oportunidades esta Corporación entre los llamados obiter dicta o
afirmaciones dichas de paso, y los ratione decidendi o fundamentos
jurídicos suficientes, que son inescindibles de la decisión sobre un
determinado punto de derecho. Sólo estos últimos resultan obligatorios,
mientras los obiter dicta, o aquellas afirmaciones que no se relacionan de
manera directa y necesaria con la decisión, constituyen criterios auxiliares de
la actividad judicial en los términos del inciso 2º del artículo 230 de la
Constitución.  Por supuesto, la definición general de dichos elementos no
es unívoca, y la distinción entre unos y otros en cada caso no resulta siempre
clara. Sin embargo, la identificación, interpretación y formulación de los
fundamentos jurídicos inescindibles de una decisión, son labores de
interpretación que corresponden a los jueces, y principalmente a las altas
Cortes.  La ratio decidendi de un caso, por supuesto, no siempre es
fácil de extraer de la parte motiva de una sentencia judicial como tal, y por
lo tanto, su obligatoriedad no implica la vinculación formal del juez a
determinado fragmento de la sentencia descontextualizado de los hechos y de la
decisión, aun cuando resulta conveniente que las altas Cortes planteen dichos
principios de la manera más adecuada y explícita en el texto de la providencia,
sin extender ni limitar su aplicabilidad, desconociendo o sobrevalorando la
relevancia material de aquellos aspectos fácticos y jurídicos necesarios para
su formulación en cada caso concreto” (…) // “24.
Adicionalmente, el juez puede observar que a pesar de las similitudes entre el
caso que debe resolver y uno resuelto anteriormente existen diferencias relevantes
no consideradas en el primero, y que impiden igualarlos, y en consecuencia,
estaría permitido que el juez se desviara de la doctrina judicial que en
apariencia resulta aplicable.  A contrario sensu, puede haber dos
casos que en principio parezcan diferentes, pero que, observados
detalladamente, tengan un término de comparación –tertium comparationis- que
permita asimilarlos en algún aspecto.  En esa medida, resulta adecuado que
el juez emplee criterios de igualación entre los dos, siempre y cuando la equiparación
se restrinja a aquellos aspectos en que son equiparables, y solamente en la
medida en que lo sean.  En este caso, el juez debe hacer explícitas las
razones por las cuales, a pesar de las similitudes aparentes, los casos no
merezcan un tratamiento igualitario o, a la inversa, debe argumentar porqué, a
pesar de las diferencias aparentes, los casos deben recibir un trato idéntico o
similar.  Tanto en una como en otra hipótesis, los criterios de igualación
o de diferenciación deben ser jurídicamente relevantes, y el trato debe ser
proporcional a la diferencia en la situación de hecho”.
[69] Ver, sentencias T-832A/2013, T-730/2014,
T-569/2015, entre otras.
[70] Ver sentencia T-1268/05.
[71] En igual sentido, ver la sentencia T-374/17.
[72] T-401/04, T-396/09, T-198/09, T-361/10,
T-557/10, T-136/11, T-353/11, T-732/12, T-973/12, T-140/13 y T-326/13.
[73] Ahora bien, debe precisarse que la sentencia T-557 de 2010 declaró
el daño consumado en salud y, por tanto, bajo ningún punto de vista es
aplicable a la controversia ahora estudiada. Mientras que en las sentencias
T-353 de 2011 y T-140 de 2013 se conocieron dos casos en los que un hijo en
situación de discapacidad solicitaba la pensión de sobrevivientes y la Corte
encontró que, debido a sus testimonios o por las especiales circunstancias de
los sujetos, debía entenderse acreditada la dependencia económica, por lo cual
la razón de la decisión tampoco es asimilable en estos casos.
[74] Además, otras personas podrían situar diferencias adicionales entre
uno y otro caso, con sustento en la finalidad histórica que dio origen a las
dos prestaciones. En ese sentido, se ha indicado que la finalidad de la pensión prevista en el artículo 47 de la Ley 100 de
1993 es proteger a los beneficiarios afectados con el fallecimiento del
afiliado o pensionado, mientras que el beneficio del artículo 21 del Decreto
758 de 1990 surgió como una medida de protección en favor de un núcleo familiar
en el que uno de sus miembros no cotizaba y, por tanto, no tenía acceso a una
pensión propia. En consecuencia, existiría una diferencia sustancial entre la
pensión de sobrevivientes y el incremento del 14% por cónyuge a cargo, en
consideración a que en el primer caso se consolida un derecho, mientras que en
el segundo de ellos, el aumento de la mesada está sujeta a una condición
resolutoria de acuerdo con el artículo 22 de esta última normatividad que, al
respecto, dispuso lo siguiente “(…) el derecho a ellos subsiste mientras
perduren las causas que le dieron origen”. En efecto, si existe un
divorcio, una separación de cuerpos o la persona a cargo se vuelve
independiente financieramente, el pensionado perderá el mayor valor de la
mesada.
[75] Indicó la Corte: “1. Para tener independencia económica los recursos deben ser
suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia
y la vida digna. // 2.  El salario
mínimo no es determinante de la independencia económica. // 3. No constituye independencia económica recibir otra
prestación. Por ello, entre otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no
opera en tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo reconoce
expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de 1993. // 4.   La independencia económica no se configura por
el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual
o un ingreso adicional. // 5. Los ingresos
ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir ingresos
permanentes y suficientes. // 6. Poseer un predio no es prueba suficiente
para acreditar independencia económica”.
[76] SU-214/16.
[77] SU-214/16.
[78] Al respecto, es posible consultar la intervención del Ministerio de
Hacienda a la sentencia SU-310/17.
[79] Folios 26 a 29 del cuaderno principal. Expediente T-6.365.928.
[80] En la sentencia del cinco (5) de diciembre
de 2007, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (M.P. Luis
Javier Osorio López) –Radicación N° 29741- adoptó una tesis, según la cual es
posible reconocer dicho incremento pensional, aun cuando la mesada pensional
exceda del mínimo, no obstante el incremento deberá calcularse sobre el salario
mínimo mensual legal vigente. Pese a esto, esta Corporación por las razones
esgrimidas, no comparte tal interpretación de la norma.