C-473-16
Sentencia
C-473/16
PRINCIPIO DE
IGUALDAD DE ARMAS EN EL JUICIO PENAL ORAL-Implica que solo la fiscalía y la
defensa puedan presentar pruebas de refutación
EXCLUSION DE
LA POSIBILIDAD PARA LA VICTIMA DE SOLICITAR DIRECTAMENTE LA PRACTICA DE PRUEBAS
DE REFUTACION-No desconoce los derechos a probar y de acceso a la justicia
POTESTAD DE
CONFIGURACION DEL LEGISLADOR EN MATERIA PROCESAL-Reiteración de
jurisprudencia
POTESTAD DE
CONFIGURACION DEL LEGISLADOR EN MATERIA PROCESAL-Límites
POTESTAD DE
CONFIGURACION DEL LEGISLADOR EN MATERIA PENAL SOBRE PERSECUCION Y JUZGAMIENTO
DE DELITOS-No desconoce el debido proceso y los principios para el
ejercicio del ius puniendi
DERECHOS DE
LAS VICTIMAS-Jurisprudencia constitucional/POTESTAD DE CONFIGURACION DEL
LEGISLADOR SOBRE DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Límites
POTESTAD DE
CONFIGURACION DEL LEGISLADOR EN MATERIA PROCESAL-Razonabilidad y
proporcionalidad
INVESTIGACION
Y JUICIO PENAL-Derechos y garantías procesales de la víctima o del sujeto
de la acción penal del Estado
ALCANCE DE
LAS FACULTADES DE LA VICTIMA EN EL PROCESO PENAL-Reiteración de
jurisprudencia/SISTEMA PROCESAL DE TENDENCIA ADVERSARIAL PREVISTO EN EL ACTO
LEGISLATIVO 03 DE 2002 Y LA LEY 906 DE 2004-Facultades de la víctima como
interviniente especial
MODELO
PROCESAL PREVISTO EN EL ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2003 Y LA LEY 906 DE 2004-Características
especiales, singulares y específicas
MODELO
PROCESAL PREVISTO EN EL ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2003 Y LA LEY 906 DE 2004-Protección
de la víctima y prerrogativas inherentes a su condición
FISCALIA
GENERAL DE LA NACION-Funciones según Acto Legislativo 03 de 2002/FISCALIA
GENERAL DE LA NACION-Protección de las víctimas/PROCESO PENAL Y
MECANISMOS DE JUSTICIA RESTAURATIVA-Términos para la intervención de las
víctimas
DERECHOS DE
LAS VICTIMAS-Reconocimiento por la Carta Política, el Código de
Procedimiento Penal y la jurisprudencia constitucional
PAPEL DE LAS
VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Jurisprudencia constitucional
INTERVENCION
DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Jurisprudencia constitucional
DERECHOS DE
LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL INSTITUIDO EN LEY 906 DE 2004-Características
y alcance/DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL INSTITUIDO EN LEY 906
DE 2004-Subreglas
PRINCIPIO DE
IGUALDAD DE ARMAS-Reiteración de jurisprudencia
PRINCIPIO DE
IGUALDAD DE ARMAS EN EL PROCESO PENAL-Mandato de carácter constitucional/PRINCIPIO
DE IGUALDAD DE ARMAS EN EL PROCESO PENAL-Garantía del debido proceso y del
derecho de acceso a la administración de justicia
IGUALDAD DE
ARMAS-Eje del proceso penal de rasgos adversariales/IGUALDAD DE ARMAS-Característica
esencial del sistema penal de tendencia acusatoria
MODELO
PROCESAL PREVISTO EN ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2003-Fundado en el principio
acusatorio/PRINCIPIO ACUSATORIO-Implicaciones
PRINCIPIO DE
IGUALDAD DE ARMAS EN EL MODELO PROCESAL PREVISTO EN ACTO LEGISLATIVO 02 DE
2003-Fiscalía ya no es una autoridad con potestades jurisdiccionales para
imponerse y decidir la situación del procesado
PRINCIPIO DE
IGUALDAD DE ARMAS-Núcleo esencial de los derechos de defensa, contradicción
y del principio del juicio justo
PRUEBA DE
REFUTACION-Regulación normativa/PRUEBA DE REFUTACION-Práctica
PRUEBA DE
REFUTACION-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia/PRUEBA DE
REFUTACION-Características
PRUEBA DE
REFUTACION-Objeto
PRUEBA DE
REFUTACION-Solo puede ser solicitada y decretada en el juicio oral/PRUEBA
DE REFUTACION-justificación
PRUEBA DE
REFUTACION-Debe sustentar su admisibilidad en los criterios establecidos en
la ley procesal penal
PRUEBA DE
REFUTACION-Destinación
PRUEBA DE
REFUTACION-Pretensión
PRUEBA DE
REFUTACION-Diferencia con medios empleados para impugnar la credibilidad
del testigo
OMISION
LEGISLATIVA RELATIVA-Requisitos
CODIGO DE
PROCEDIMIENTO PENAL-Juez decide orden de presentación de la prueba con la
salvedad de la presentación de las pruebas de refutación
ORDEN DE
PRESENTACION DE LA PRUEBA DE REFUTACION ENTRE FISCALIA Y DEFENSA-Norma no
menciona a la víctima/VICTIMAS EN TRAMITE DEL PROCESO PENAL-Intervinientes
especiales con derecho a participar y contar con una tutela judicial efectiva
para garantizar sus derechos a la verdad, justicia y reparación
VICTIMAS Y
PARTES CON POSIBILIDAD DE OFRECER PRUEBAS DE REFUTACION-Diferenciación está
desprovista de justificación/PRUEBA DE REFUTACION-Finalidad
PRUEBA DE
REFUTACION-Elemento a disposición de las partes de carácter esencialmente
estratégico
EXCLUSION DE
LA POSIBILIDAD PARA LA VICTIMA DE SOLICITAR DIRECTAMENTE LA PRACTICA DE PRUEBAS
DE REFUTACION-Plenamente justificada a la luz de la Constitución/POSIBILIDAD
PARA LA VICTIMA DE SOLICITAR DIRECTAMENTE LA PRACTICA DE PRUEBAS DE REFUTACION-De
concederse crearía desequilibrio entre las partes en desmedro de las garantías
procesales del acusado y del postulado de la igualdad de armas
EXCLUSION DE
LA POSIBILIDAD PARA LA VICTIMA DE SOLICITAR DIRECTAMENTE LA PRACTICA DE PRUEBAS
DE REFUTACION-No genera desigualdad injustificada entre los diferentes
actores del proceso penal
FISCALIA
GENERAL DE LA NACION-Autoridad asignada para promover la acción penal y en
su calidad de parte sostener la acusación en el juicio oral
FISCALIA,
JUEZ Y MINISTERIO PUBLICO-Obligación de velar por la protección integral de
los derechos fundamentales de las partes e intervinientes en todas las
instancias del proceso
Referencia:
expediente D-11256
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 362
(parcial) de la Ley 906 de 2004
Actor: Juan
Sebastián Serna Cardona
Magistrado
Ponente:
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil
dieciséis (2016).
La Sala Plena
de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 4 de la
Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados
en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente sentencia.
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241, numeral
4 de la Constitución Política, el demandante solicita a la Corte declarar
condicionalmente exequible el artículo 362 (parcial) de la Ley 906 de 2004, “[p]or
la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
Mediante providencia de catorce (14) de marzo de 2016, el Magistrado Sustanciador
dispuso admitir la demanda, por considerar que reunía los requisitos previstos
en el Decreto 2067 de 1991, corrió traslado al Procurador General de la Nación
y comunicó del inicio del proceso al Presidente de la República, al Presidente
del Congreso y a los Ministros del Interior y de Justicia y del Derecho.
De igual forma, invitó a participar en el presente juicio a las
Facultades de Derecho de las Universidades Externado de Colombia, Javeriana,
Nacional de Colombia, de Los Andes, ICESI de Cali, Libre, Eafit de Medellín,
del Atlántico, Industrial de Santander, de Ibagué, de Antioquia y del Rosario.
Así mismo, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Defensoría del
Pueblo, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al Centro de Estudios
sobre el Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia, a la Comisión Colombiana de
Juristas y la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de que emitieran
concepto técnico sobre la demanda, de conformidad con lo previsto en el
artículo 13 del Decreto 2067 de 1991.
Cumplidos los
trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el
Decreto Ley 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la
referencia.
II. NORMA
DEMANDADA
A continuación se transcribe el artículo demandado, subrayado en el
fragmento objeto de impugnación.
LEY
906 de 2004
(agosto 31)
“[p]or la cual se expide el Código de Procedimiento
Penal”.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
ARTÍCULO 362. DECISIÓN SOBRE EL ORDEN DE LA PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA.
El juez decidirá el orden en que debe presentarse la prueba. En todo caso, la
prueba de la Fiscalía tendrá lugar antes que la de la defensa, sin perjuicio de
la presentación de las respectivas pruebas de refutación en cuyo caso serán
primero las ofrecidas por la defensa y luego las de la Fiscalía.
III.
LA DEMANDA
El actor sostiene
que el aparte acusado contraviene los artículos 2, 13, 29, 228 y 229 de la
Constitución Política, sobre el derecho de acceso a la justicia, “la
efectividad e igualdad ante los tribunales y la defensa en el proceso”, así
como los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativos al  derecho de
toda persona a ser escuchada por un tribunal competente, independiente,
imparcial y con la debidas garantías.
1. Antes de
sustentar el cargo, el actor presenta tres órdenes de consideraciones. En
primer lugar, con base en doctrina, afirma que la prueba de refutación está dirigida
a contradecir y desestimar los medios probatorios de la contraparte y es una
figura autónoma e independiente de la impugnación de la credibilidad de testigos
y del uso del contrainterrogatorio, pese a que en ciertos casos “puede
llegar a completar la última fase del procedimiento, mediante el ofrecimiento
de evidencia extrínseca”.
Explica que
cuando se impugna la credibilidad de testigos, se hace a través del
contrainterrogatorio, mientras que en aquellos supuestos en los que se ofrece
un testimonio como prueba de refutación de otra evidencia, se examina por medio
del interrogatorio directo. Precisa que dicha prueba puede ser empleada para rebatir
el sustento probatorio, la calificación jurídica o la teoría del caso del
adversario, ya sea mediante la demostración de unos hechos o de que las
circunstancias fácticas acreditadas por el oponente son contradictorias.
En segundo
lugar, el demandante considera que del fragmento de disposición acusado se
derivan dos “conclusiones”: (i) que en la legislación procesal penal existe una
institución denominada prueba de refutación, con una identidad, un papel
y un cierto modo de operar en el “sistema acusatorio”, cuyo sentido y
aplicación corresponde precisar al operador jurídico; y (ii) que existe un
derecho a presentar pruebas de refutación, como manifestación del derecho a la
contradicción que, a su vez, es uno de los principios de la prueba en el
procedimiento penal colombiano.
En tercer
lugar, critica que, en lugar de haberse ampliado las garantías a favor de las
víctimas con la expedición del Código de Procedimiento Penal, originalmente este
estatuto solo les permitía interponer denuncias, aportar pruebas, solicitar
medidas cautelares sobre bienes, formular la alegación final en la audiencia de
juicio oral y promover el incidente de reparación integral. Aunque se les
reconoce en la audiencia de formulación de acusación, estima que ningún papel
jugaban en ese escenario, ni tampoco en la audiencia preparatoria, dado que el
Código no estableció que pudieran solicitar pruebas, intervenir en su práctica,
ni en desarrollo de la audiencia de juicio oral.
Añade que
tampoco podían intervenir después de la acusación, no les era permitido
solicitar medidas de aseguramiento o de protección, hacer peticiones de prueba,
ni pronunciarse sobre la preclusión, la aplicación del principio de oportunidad
o archivo de las diligencias, de tal manera que eran “convidados de piedra…
sin garantías, derechos ni recursos”. Pese a lo anterior, afirma que la
Corte Constitucional ha constatado la lesión de sus derechos y condicionado
varias normas, con el propósito de otorgarles prerrogativas vinculadas a la
realización de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Ejemplo
de ella serían los pronunciamientos de constitucionalidad 1154 de 2005, 1177 de
2005, 454 de 2006, 516 de 2007, 209 de 2007, 060 de 2008, 409 de 2009, 936 de
2010, 250 de 2011 y 782 de 2012.
2. Puesto de
presente lo que antecede, el demandante sostiene que la norma acusada es
inconstitucional porque omitió conceder a la víctima la posibilidad de
presentar pruebas de refutación. Sostiene que la disposición es contraria a la
línea jurisprudencial “vigente” y, en específico, a la Sentencia C-454 de 2006,
que otorgó a ese interviniente el derecho a aportar medios de convicción en el
trámite de la investigación y a solicitarlos en la audiencia preparatoria. Si
le concedió estas prerrogativas, estima impugnante, “no es constitucional
que se le excluya de la petición de pruebas de refutación”.
El actor ilustra
que, si en el curso del juicio oral, la defensa presenta un testigo sospechoso,
que puede ser desvirtuado a través de una prueba de refutación y el fiscal no
se “atreve” o no le parece necesario solicitarla, la víctima no podrá hacerlo,
puesto que el artículo impugnado solo faculta para el efecto a la parte
acusadora y a la defensa. De esta manera, se le desconocerían los derechos
reconocidos en las Sentencias C-456 de 2006 y C-209 de 2007.
De acuerdo
con el demandante, en la providencia C-456 de 2006, se promovió “con gran
peso” los derechos de las víctimas, se reconoció su papel protagónico en la
indagación, conforme a los rasgos propios del sistema procesal establecido en
la Ley 906 de 2004, y se señaló que la restricción de intervención hasta la
audiencia de acusación era atentatoria de sus derechos y garantías. Esta
decisión, a su juicio, ayudó a fortalecer las atribuciones de dicho
interviniente, quien, a pesar de haber sufrido las consecuencias del injusto,
no podía hacer solicitudes probatorias. Una situación como esta, afirma el
actor, era “irracional” e inadmisible, como lo es hoy la imposibilidad para ese
actor de solicitar pruebas de refutación.
El actor
indica que la limitación del rol de la víctima tiene origen en la consideración
del proceso como un sistema exclusivamente adversarial, conforme al cual, el
juez es un espectador imparcial que decide sobre el enfrentamiento entre la Fiscalía
y la defensa, de modo que la actuación se desequilibra en contra del procesado
si a la víctima se le permite hacer presencia y tomar parte activa en el
juicio, “tanto en el debate como en el escenario de la controversia
probatoria”.
Por el
contrario, refiere el demandante, “nuestra propuesta ha consistido en que a
la víctima se le ha de permitir la intervención material y directa, tanto en
las etapas pre procesales, como en las procesales”, de tal forma que en la
indagación e investigación pueda no solo aportar elementos materiales
probatorios y presentar solitudes específicas de impulso de la acción penal,
sino adelantar diligencias con el fin de recaudar evidencias. Así mismo,
señala, la Fiscalía debería responder de manera motivada las peticiones para
que, si es del caso, la víctima ejerza los controles jurisdiccionales
correspondientes ante el Juez de garantías y se le permita el acceso directo a
los resultados de sus “acciones y peticiones”.
3. A
continuación, mediante el test establecido por la Corte, el impugnante ilustra
la manera en que se configuraría una omisión legislativa relativa. En primer
lugar, señala que la disposición que incurre en la omisión demandada es el
artículo 362 del Código de Procedimiento Penal. En segundo lugar, indica que
ese enunciado normativo no consagró la facultad que también debe serle
reconocida a la víctima, consistente en solicitar pruebas de refutación.
Subraya que en
la Sentencia C- 454 de 2006, la Corte encontró que el artículo 357 C.P.P. contenía
una omisión legislativa relativa y lo declaró condicionalmente exequible, bajo
el entendido de que el representante de las víctimas podía realizar solicitudes
probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones con la
Fiscalía y la defensa. Lo propio ocurriría en el presente asunto, por cuanto la
norma no previó un sujeto que, en idéntica posición de la Fiscalía, le
asistiría el derecho a solicitar pruebas de refutación.
En tercer
lugar, según el actor, el artículo impugnado excluye a la víctima del supuesto
consagrado, sin una razón objetiva ni suficiente, como también sucedía con la
norma juzgada en la Sentencia C-454 de 2006. Agrega que esa exclusión vulnera
principios fundamentales como el acceso a la administración de justicia y el
derecho a la verdad. En cuarto lugar, indica que la omisión en cuestión genera
una desigualdad injustificada de la víctima en relación con la Fiscalía y la
defensa y desconoce, así, el debido proceso y los derechos a la tutela judicial
efectiva, a la verdad, la reparación y la justicia, entre otros.
Por último,
el actor asevera que los artículos 229 y 250, numeral 6,  C. P., sobre el
derecho a acceder a la administración de justicia y la obligación estatal de
adoptar medidas para la protección de los derechos de las víctimas, imponían
una obligación al legislador, que este incumplió en el artículo cuestionado. Con
base en las anteriores razones, el demandante solicita a la Corte declarar
exequible el artículo 362 (parcial) del Código de Procedimiento Penal, bajo el
entendido de que el representante de la víctima puede solicitar pruebas de
refutación, en las mismas condiciones que la Fiscalía y la defensa.
IV. INTERVENCIONES
4.1. Intervenciones oficiales
4.1.1. Ministerio de Justicia y del Derecho
El titular de la Dirección de Desarrollo del Derecho y
del Ordenamiento Jurídico, en nombre y representación del Ministerio de
Justicia y del Derecho, intervino para solicitar la declaratoria de
exequibilidad de la disposición demandada.
El representante del Ministerio cita algunos apartes de
una providencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
que aborda el concepto de la prueba de refutación, su finalidad, efectos,
legitimación y criterios de admisibilidad y, con base en esta, sostiene que las
partes del proceso penal, no los intervinientes, son quienes están facultados
para presentar ese tipo de evidencia, en razón de la naturaleza acusatoria del
proceso penal.
Así mismo, transcribe algunos fragmentos de la Sentencia
C-209 de 2007, con respaldo en los cuales reitera que el artículo 362 de la Ley
906 de 2004 excluye a la víctima de los actores procesales legitimados en el
juicio oral para presentar pruebas de refutación, exclusión que, sin embargo,
no es, en su criterio, injustificada ni irrazonable. Afirma que, a la luz del
fallo aludido, la participación directa de ese actor supondría una modificación
a la estructura del proceso penal, una alteración a la igualdad de armas y la
víctima se convertiría en un segundo acusador.
No se presentaría, por consiguiente, la omisión alegada
por el demandante, que genera una supuesta desigualdad injustificada entre los
actores del proceso. La medida prevista en la norma sería razonable y
necesaria, evitaría la creación de una situación de desventaja para el acusado
y respondería a las características propias del sistema penal acusatorio
establecido en la Constitución. El interviniente agrega que en la norma acusada,
el legislador no incumplió su deber de garantizar que las víctimas tengan la
posibilidad de participar de manera efectiva en el proceso penal, pues,
conforme a la sentencia C-209 de 2007, la facultad de controvertir los medios
de convicción presentados en el juicio oral, de examinar testigos y objetar
respuestas, debe ejercerse a través de la Fiscalía.
Con fundamento en las anteriores razones, el
representante del Ministerio solicita la declaratoria de exequibilidad de la
norma demandada.
4.1.2. Fiscalía General de la Nación
Jorge Fernando Perdomo Torres, Fiscal General de la
Nación (E), intervino para solicitar la declaratoria de exequibilidad del artículo
demandado, en el entendido de que las víctimas también pueden solicitar pruebas
de refutación, en igualdad de condiciones que la Fiscalía y la defensa.
4.1.2.1. El interviniente indica que, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, las víctimas tienen las mismas facultades
probatorias que la Fiscalía, pese a que su intervención directa dependa de la
etapa procesal que atraviese la actuación. Recuerda que la Corte reconoció que
pueden solicitar, en las fases de indagación e investigación, la práctica de
pruebas anticipadas, así como pedir y practicar las que le sean decretadas,
además de aportar otros medios de conocimiento, en desarrollo de la audiencia
de preclusión. De la misma manera, reconoció su derecho a hacer solicitudes
probatorias en la audiencia preparatoria. Todo lo anterior, en virtud de la
conexión de tales prerrogativas con sus derechos a la verdad, la justicia y la
reparación.
El representante de la Fiscalía, sin embargo, también
pone de presente que la Corte ha propugnado por un equilibro entre los derechos
de las víctimas y las garantías procesales del imputado, con el fin de que la
estructura del sistema adversarial no se vea desnaturalizada ni se produzca una
afectación considerable de los derechos de las primeras. De esta manera,
mientras que las víctimas tendrían protagonismo en términos probatorios durante
las etapas previas al juicio oral, en este último sus posibilidades de
intervención se canalizarían principalmente a través del fiscal del caso.
4.1.2.2. Considerado lo anterior, el interviniente sostiene
que las pruebas de refutación tienen dos características fundamentales. De un
lado, su propósito no es probar la responsabilidad ni demostrar elementos
tendientes a acreditar la inocencia del acusado, como tampoco las
circunstancias o hechos de la conducta, sino que se limitan a controvertir la
veracidad, alcance, autenticidad o integridad de otro medio probatorio. En este
sentido, no sustituirían las evidencias que se propusieron o dejaron de
solicitarse durante la fase preparatoria, para demostrar asuntos sobre el fondo
del juicio. De otro lado, su presentación es imprevisible y novedosa, pues solo
adquieren pleno sentido una vez descubierto y conocido el contenido de otros
medios de prueba, en el juicio oral.
Dados las anteriores características de las pruebas de
refutación, el representante de la Fiscalía estima que no hay ninguna
justificación para impedirle a la víctima solicitar su práctica. En su
criterio, si bien a ese interviniente no le es permitido participar del debate
probatorio, destinado a demostrar la responsabilidad del acusado, precisamente,
dado que el tipo de prueba en examen no tiene el propósito de acreditar
aspectos asociados a la culpabilidad del imputado sino cuestionar la veracidad
de otros medio de prueba, no hay razón para no conceder a la víctima la
posibilidad de solicitar su incorporación y práctica.
Reconocer esta última prerrogativa, a juicio del Fiscal
General (E), no altera la calidad de interviniente especial que la víctima
desempeña para el esclarecimiento de la verdad material, objetivo último de
proceso, justamente porque los elementos de refutación no están relacionadas
con el tema de prueba del juicio oral. El interviniente hace un breve recuento
de potestades procesales concedidas a las víctimas en las sentencias C-516 de
2007, C-209 de 2007 y C-454 de 2006 y subraya que la Corte ha fundado dichas
prerrogativas, entre otras razones, en que no generan un desequilibrio
procesal, en el aseguramiento del derecho a la verdad y en la materialización
de otros derechos como la justicia real y las garantías de no repetición.
Las citadas razones, apunta el representante de la
Fiscalía, conservan vigencia si se permite que las víctimas cuenten con la
facultad de solicitar pruebas de refutación. Debido al objetivo de estas, no se
verían afectados ni los derechos del debido proceso del acusado como tampoco la
teoría del caso formulada por la parte acusadora. Como cuestión independiente,
el interviniente advierte que el eje misional central de la institución que
representa tiene como objetivo los derechos de la víctimas, lo que se ha
buscado concretar incluso mediante proyectos de ley como el 021 de 2015,
actualmente en curso, mediante el cual se les pretenden reconocer, entre otras
facultades procesales, la de solicitar pruebas de refutación.
Con base en los anteriores argumentos, el representante
de la Fiscalía solicita a la Corte declarar condicionalmente exequible el apartado
demandado, en el entendido de que las víctimas pueden solicitar pruebas de
refutación durante la audiencia de juicio oral.
4.2. Intervenciones académicas
4.2.1. Universidad Libre
Jorge Kenneth Burbano Villamarín, Claudia Patricia Orduz Barreto y
Javier Silva Sánchez, miembros del Observatorio de Intervención  Ciudadana
Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Sede Bogotá,
intervinieron para defender la constitucionalidad de la norma acusada.
Con
fundamento en algunos apartes de la Sentencia C-025 de 2010, los intervinientes
argumentan que la audiencia de juicio oral se caracteriza por la participación
únicamente de las partes. Si bien la Ley 906 de 2004 reconoce a las víctimas
facultades procesales con el fin de garantizar sus derechos a la verdad, la
justicia y la reparación, los miembros del Observatorio consideran que a ese
interviniente no le está permitido en materia probatoria, directamente o a
través de su representante, “usurpar” al Fiscal. Tampoco, destacan, puede
intentar un “convencimiento reiterativo” del juez, primero con la
intervención de la Fiscalía y luego con la suya, en contra de la otra parte.
Añaden que la
Corte Constitucional, con base en la igualdad de armas, el debido proceso y el
principio acusatorio, ha establecido solo la participación de la Fiscalía y la
defensa en el juicio oral y ha reconocido la desventaja de la parte acusada
frente al poder del Estado, desequilibrio que, en opinión de los
intervinientes, se acentuaría si se habilitara la actuación de la víctima. En
este último supuesto, estiman que la Fiscalía y la víctima actuarían contra el
acusado y el proceso se “fundaría” en la desigualdad, lo cual desconocería
instrumentos internacionales de protección de derechos y derechos fundamentales
amparados en el orden interno.
De este modo,
concluyen que, no obstante la Corte ha concedido algunos derechos a la víctima
dentro del proceso penal, lo ha hecho en relación con etapas previas y
posteriores a la audiencia de juicio oral, escenario “máximo” del proceso de
tendencia acusatoria, en donde, por consiguiente, no es viable que la víctima
solicite pruebas de refutación. En este orden de ideas, los intervinientes
solicitan declarar exequible el artículo impugnado.
4.2.2.
Universidad Externado de Colombia
Jaime Bernal
Cuellar, Director del Departamento de Derecho Penal, Facultad de Derecho, de la
Universidad Externado de Colombia, allegó el concepto elaborado por Carmen
Eloisa Ruiz López, miembro de la misma Facultad, a través del cual solicita que
se declare exequible la norma impugnada.
4.2.2.1. La
interviniente afirma que, a partir de instrumentos internacionales sobre
derechos humanos y documentos de soft law, así como de jurisprudencia de
la Corte IDH y la Corte Constitucional, se ha puesto de manifiesto que a las víctimas
de los delitos les asiste los derechos, no solo a la reparación económica de
los daños causados, sino también a obtener justicia y reparación y a que les sean
garantizados mecanismos de acceso al sistema judicial, que les permitan hacer
efectivas dichas prerrogativas.
4.2.2.1. A
continuación, señala que las pruebas de refutación no suponen la
materialización del derecho de las partes e intervinientes a aportar elementos
y contribuir a la construcción de una verdad procesal, correspondiente a la
verdad material, sino que son parte del desarrollo del juicio y se presentan
como una de las opciones a disposición de las partes, dentro de sus estrategias,
para defender sus respectivas teorías del caso o atacar la de la contraparte.
Este tipo de
pruebas serían, por lo tanto, por completo diferentes y diferenciables de las
primeras que, por su naturaleza y finalidad, deben ser solicitadas en la
audiencia preparatoria. En este sentido, con base en jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, sostiene que las evidencias de refutación solo pueden ser
solicitadas y su pertinencia, conducencia y utilidad determinadas en el juicio
oral.
4.2.2.2.   A
partir de las Sentencias C-209 de 2007 y C-782 de 2012, la representante de la
Universidad Externado considera, entonces, que existen razones constitucionales
para limitar esa facultad de la víctima en la audiencia de juicio oral, pues su
actuación en las mismas condiciones respecto del Fiscal y la defensa resultaría
afectando la estructura básica del proceso y el principio de igualdad de armas.
Debido a que las pruebas de refutación tienen el papel de desvirtuar total o
parcialmente los elementos de la contraparte, materializarían la estrategia
jurídica y la teoría del caso de la acusación, cuya competencia exclusiva residiría
en el Fiscal.
La interviniente
indica que lo anterior no implica que la víctima esté completamente
imposibilitada para ejercer sus derechos en la citada audiencia, solo que
deberá llevarlo a cabo través del fiscal, quien la escuchará y decidirá el
camino a seguir. Añade, así mismo, un argumento de carácter práctico para
respaldar su punto de vista. Afirma que de permitírsele a la víctima solicitar
pruebas de refutación, si el juez las decreta correspondería a la Fiscalía su
práctica, pero bien podría desistir de ella o realizar un interrogatorio que
haga nugatoria la solicitud, dado que las observaciones de la víctima no la
vinculan.
Con
fundamento en los anteriores argumentos, la interviniente solicita declarar
exequible la disposición demandada.
4.5.
Universidad de Ibagué
Omar A. Mejía
Patiño, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad
de Ibagué, intervino para respaldar la demanda de inconstitucionalidad. Luego
de reseñar los términos del libelo y advertir que no existe cosa juzgada en
relación con el cargo formulado, destaca que la Corte ha reconocido la
importancia de los derechos de la víctima y ha identificado varias
prerrogativas a su favor, como uno de los actores del debate dentro de la
actuación penal. De esto resulta, en su criterio, que también debe “tener
acceso” a la prueba de refutación. En estos términos, reitera su “concepto
favorable a las pretensiones de la demanda”.
4.6. Academia Colombiana de Jurisprudencia
Juan Bautista
Parada Caicedo, Secretario General de la Academia Colombiana de Jurisprudencia,
allegó el concepto elaborado por Heraclio Fernández Sandoval, Académico Correspondiente,
mediante el cual defiende la constitucionalidad del artículo acusado.
El Académico
señala que, si bien la víctima no está facultada para solicitar directamente
pruebas de refutación, a la luz de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, puede ejercer sus derechos a través del Fiscal, quien cuenta
con voz dentro de la audiencia y debe oír a su representante judicial, mientras
al juez le corresponde garantizar ese espacio de diálogo, de ser el caso,
mediante la orden de un receso.
El
interviniente aclara que la Corte ha determinado en varios pronunciamientos que
al citado interviniente le asiste el derecho a realizar solicitudes de pruebas
en la audiencia preparatoria y, una vez decidido el sentido del fallo
condenatorio, puede participar en la audiencia de individualización de pena y
sentencia, en aras de alcanzar un mayor nivel de verdad, justicia y reparación.
Sin embargo, estima
que en razón del primer argumentos señalado, el artículo impugnado es
compatible con la Constitución. Como segunda conclusión, considera que “también
podría aceptarse, siempre que así lo estime la Honorable Corte Constitucional, la
constitucionalidad del artículo 362 de la Ley 906 de 2004, condicionada a la
participación de manera directa del representante de víctimas en lo referente a
refutación de la prueba de que trata este artículo”.
V.      CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Mediante escrito radicado en esta Corporación en la oportunidad
procesal correspondiente, el Procurador General de la Nación presentó el
concepto 006096, conforme a lo previsto en los artículos 242-2 y 278-5 de la
Constitución, en el que defiende la constitucionalidad de la disposición
impugnada.
5.1. Basado en jurisprudencia constitucional, el Jefe del Ministerio
Público estima que la víctima es un interviniente especial dentro del proceso,
titular de los derechos a conocer la verdad, a que se haga justicia, a obtener
una razonable reparación y medidas de protección y a contar con mecanismos de
acceso efectivo a los tribunales. Advierte que, sin embargo, el ejercicio de
sus prerrogativas debe ser garantizado conforme a la estructura y
características esenciales del proceso penal de tendencia acusatoria, el cual,
en algunos casos la faculta para actuar de manera directa, mientras que en
otros escenarios la condiciona a hacerlo a través de la Fiscalía.
De acuerdo con el Procurador, la propia Corte Constitucional ha
clarificado  que la víctima no está en posibilidad de tomar parte directa en el
juicio oral, cuyos rasgos estructurales ya fueron definidos por la Carta
Política. El funcionario advierte que, según las normas superiores, la referida
audiencia es un escenario adversarial, en el que se desenvuelve una
confrontación directa entre el acusado y el acusador y donde la víctima, por
consiguiente, supondría un “acusador adicional” y una desfiguración del sistema,
en detrimento de la inmediación de las pruebas, la contradicción y las
garantías del procesado. Esta consideración no significa, resalta la Vista
Fiscal, que el representante de la víctima no pueda presentar alegatos de
conclusión e impugnar el fallo adverso a sus intereses.
5.2. El Ministerio Público indica que la jurisprudencia de esta Corte
ha determinado que las víctimas tienen derecho a hacer solicitudes probatorias
en la audiencia preparatoria y a algunas intervenciones de similar índole en
otros momentos procesales, en virtud de la relación entre el derecho a probar y
la garantía de acceso a la justicia, en la que se inscriben, a su vez, los
derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo, considera que,
según la Corte, excluir a la víctima de la posibilidad de controvertir y
participar en los interrogatorios del juicio oral está constitucionalmente justificado
y no plantea un desconocimiento del principio de igualdad.
5.3. Finalmente, el Procurador sostiene que, conforme a la
jurisprudencia de la Corte Suprema, la prueba de refutación solo puede
solicitarse en el juicio oral con el propósito de controvertir aspectos
novedosos, sobrevinientes e imprevistos, surgidos durante la práctica de la
prueba. En este sentido, dado que en esa diligencia se enfrentan la defensa y
el acusador en igualdad de armas y, por razones constitucionales, no se permite
la intervención de la víctima, considera que tampoco se configura una omisión
legislativa relativa en el artículo impugnado
A partir de los anteriores argumentos, el Jefe del Ministerio Público
solicita declarar exequible la disposición demandada.
VI.    CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
6.1. Competencia
1. La Corte Constitucional es
competente para resolver la demanda de la referencia, en los términos del
artículo 241-4 C.P., puesto que se trata de la acción pública de
inconstitucionalidad contra disposiciones contenida en una Ley de la República.
6.2. Problema jurídico y
esquema de la decisión
El artículo
362 del Código de Procedimiento Penal prevé que el juez decidirá el orden de
presentación de las pruebas y que, en todo caso, la prueba de la Fiscalía
tendrá lugar antes que la de la defensa. Inmediatamente después señala que las evidencias
de refutación de la defensa serán presentadas previamente a las de la Fiscalía.
El demandante considera que, por omisión, este último fragmento normativo excluye
a la víctima de la posibilidad de ofrecer dicha clase de elementos, lo cual es
violatorio de su derecho a probar y, por ende, de sus prerrogativas al debido
proceso, la tutela judicial efectiva, la verdad, la justicia y la reparación,
reconocidos en la “línea jurisprudencial vigente”, en especial, en las
Sentencias C-456 de 2006 y C-209 de 2007.
El representante del Ministerio
de Justicia y del Derecho discrepa del actor. Desde su punto de vista, en tanto
las pruebas de refutación solo son ofrecidas en el juicio oral, audiencia de
naturaleza esencialmente acusatoria, únicamente la Fiscalía y la defensa pueden
solicitar su práctica. Estima que, de otro modo, se crearía un desequilibrio
entre las partes, en desmedro de las garantías procesales del acusado, y se
desconocería el principio de igualdad de armas.
Esta posición es básicamente
compartida por el Procurador General de la Nación y quienes intervienen en
representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y las Universidades
Libre y Externado de Colombia. La interviniente de este último centro educativo
subraya que, debido a su carácter y finalidad, las pruebas de refutación materializan
la estrategia jurídica y la teoría del caso de la acusación, cuya competencia
exclusiva reside en el fiscal del caso.
En contraste,
en criterio de representante de la Fiscalía General de la Nación, la
imposibilidad para la víctima de tomar parte de la práctica de la prueba en el
juicio oral se refiere solamente a los elementos de convicción destinados a
probar, o contradecir, la responsabilidad del procesado, no a las pruebas de
refutación, cuyo propósito es desvirtuar la veracidad de otras evidencias. De
esta manera, cree que no hay razón que justifique negarle la posibilidad de su solicitud
y práctica. Para el interviniente, no se verían afectados los derechos al
debido proceso del acusado ni tampoco la teoría del caso formulada por la parte
acusadora.
Planteado el
debate en los anteriores términos, la Sala considera que el problema jurídico
que debe ser resuelto es el siguiente: ¿desconoce los derechos a probar y de
acceso a la justicia de las víctimas, una norma que excluye la posibilidad de que
ofrezcan pruebas de refutación, las cuales, de suyo, solo están destinadas a controvertir
el mérito de otras evidencias en el escenario del juicio oral?.
A
fin de ilustrar el marco teórico necesario para dar respuesta al problema
formulado y adoptar la decisión de fondo, la Sala Plena reiterará su
jurisprudencia sobre la potestad de configuración del legislador en materia de
procedimientos y sus límites constitucionales (i), las facultades de la
víctima, como interviniente especial, dentro del sistema procesal de tendencia
adversarial, previsto en el Acto Legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004
(ii) y el principio de igualdad de armas (iii). A continuación, adelantará
algunas precisiones sobre la figura de la prueba de refutación, su finalidad y
ubicación (iv) y llevará a cabo el análisis de constitucionalidad de la
disposición demandada, a partir de los fundamentos expuestos (v).
6.3.
Fundamentos
i.
La potestad del legislador en materia procesal y sus límites. Reiteración de
jurisprudencia.
1.
De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el legislador cuenta con
la competencia para regular de manera detallada los diversos sectores del
ordenamiento jurídico, a través de la expedición de Códigos y de la
interpretación, reforma, derogación de sus disposiciones, conforme a los
numerales 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución Política. Específicamente
en materia procesal, el legislador goza de una amplia facultad de configuración
en orden a diseñar los procedimientos judiciales de cada ámbito de regulación,
los términos, competencias, poderes, cargas, etapas, recursos, modalidades de
notificaciones, plazos, fases de los trámites y todos los demás aspectos
considerados pertinentes[1].
2.
De la misma manera, en ejercicio de la potestad oficial de sancionar, el
legislador dispone de un margen de autonomía, no solo para penalizar conductas,
sino también para elaborar modelos de procesamiento acordes con la política
criminal que pretenda promover, con los momentos y requerimientos de tipo
histórico y político y las razones de conveniencia pública que crea aconsejable
atender. Puede optar, así, por diseñar sistemas de proceso penal con rasgos
definidos de uno u otro modelo teórico o elaborar las más variadas
instituciones, con diversas fases, actores, competencias y roles[2]. Así mismo, con
esquemas de garantías orgánicas y procesales que considere útiles, eficaces o
adecuadas y con técnicas particulares de investigación y juzgamiento.
3.
Pese a lo anterior, en un Estado constitucional como el fundado en la Carta
Política de 1991, en especial en materia penal, el legislador está rígidamente
sometido a un conjunto de límites y vínculos que condicionan la validez de la
producción normativa y restringen de manera importante su libertad de
configuración[3].
Por un lado, el modelo de proceso penal no puede contemplar injerencias
irrazonables a los derechos fundamentales y principios protegidos por la
Constitución. Esta es una cláusula derivada del mandato de supremacía
constitucional que, en general, vincula la acción política del Congreso en este
y otros campos del orden jurídico[4].
Cobran
aquí especial relevancia el derecho a ser tratado conforme a la dignidad
humana, la afirmación general del principio de libertad, la inviolabilidad de
comunicaciones y de domicilio, los derechos a la igualdad, la intimidad
personal y familiar, la honra, la libertad de conciencia y el buen nombre. Así
mismo, la prohibición de ser sometido a desaparición forzada, a torturas y a
tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; así como la interdicción de
detenciones, prisión o arresto por deudas y de penas y medidas de seguridad
imprescriptibles.
4.
Por otro lado, al construir un modelo de proceso penal para la persecución y el
juzgamiento de los delitos, el legislador no le está permitido desconocer el
debido proceso y los principios para el ejercicio del ius puniendi legados
de la tradición democrática y liberal, igualmente sancionados en la Carta
Política y ampliamente desarrollados en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional. En consecuencia, no está habilitado para anular ni restringir
sin estricta justificación constitucional la plenitud de las formas del
proceso, los principios de la presunción de inocencia, estricta legalidad
penal, juez natural, publicidad, imparcialidad, defensa técnica durante toda la
actuación penal, doble instancia y prohibición de doble incriminación, prisión
perpetua, destierro y confiscación, entre otros[5].
6. Tampoco el
Congreso puede llevar a cabo limitaciones indebidas e injustificadas a los
derechos que les asiste a las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación[6] y, en íntima conexión
con estos, a su derecho a un recurso judicial efectivo[7] y su participación
eficaz dentro del trámite procesal, prerrogativas reconocidas en el derecho y
la jurisprudencia internacionales y en la doctrina constitucional de esta
Corte, con fundamento en los artículos 229, 29 y 93 y 251 C.P.[8]. Además, al legislador no le es consentido realizar intromisiones
desmedidas y arbitrarias en las garantías como el debido proceso, el
derecho de defensa, el juez natural, la publicidad, etc.[9],
que, en virtud del principio de bilateralidad, les asiste también
a las víctimas[10].
Así,
de modo general, la Corte ha sostenido que el Congreso:
“no puede desconocer
las garantías fundamentales, y debe proceder de acuerdo con criterios de
proporcionalidad y razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio pleno del
derecho de acceso a la administración de una justicia recta. Por ello las leyes
que establecen procedimientos deben propender por hacer efectivos los derechos
de defensa, de contradicción, de imparcialidad del juez, de primacía de lo
substancial sobre lo adjetivo o procedimental, de juez natural, de publicidad
de las actuaciones y los otros que conforman la noción de debido proceso.”[11]
5.
Conforme a lo anterior, no obstante contar con libertad para diseñar los
procedimientos, el legislador no está en posibilidad de anular por completo las
garantías procesales y, en particular, está obligado a actuar con sujeción a la
proporcionalidad y razonabilidad que la Constitución impone en los supuestos de
limitaciones de derechos, de forma que se garantice el acceso a la justicia. El
legislador debe propender, según la Corte, por el respeto y la intangibilidad
del debido proceso y los derechos que le son consustanciales.
6.
Los derechos y las garantías procesales de la investigación y el juicio penal,
por lo tanto, no pueden ser arrebatadas al individuo, ya sea que se trate de la
víctima o del sujeto de la acción penal del Estado. Solo son susceptibles de
excepcionales restricciones, bajo estrictos criterios de necesidad y
proporcionalidad, a la luz de la Constitución. En otras palabras, en uso de su
potestad de configuración, las eventuales limitaciones al ejercicio de derechos
inherentes al proceso únicamente son procedentes si encuentran plena
justificación en los mandatos constitucionales. Al respecto, ha dicho la Corte
que la libertad del legislador se ve limitada “por la razonabilidad y
proporcionalidad de las medidas adoptadas, en cuanto éstas se encuentren
acordes con las garantías constitucionales de forma que permitan la realización
material de los derechos sustanciales”[12].
7.
En síntesis, al legislador le asiste autonomía política para establecer los
procedimientos judiciales en los diversos campos de regulación del sistema
jurídico, incluido el del proceso penal. Posee una amplia competencia para
adoptar modelos de investigación, de acusación y juzgamiento, con instituciones
y estructuras propias. Sin embargo, particularmente en este ámbito le está
impedido, por una parte, crear intromisiones desproporcionadas en las
libertades constitucionales fundamentales, en especial, en aquellas que con
mayor probabilidad pueden ser puestas en riesgo durante los procedimientos y,
por otra parte, está inhabilitado para injerir injustificadamente en las
garantías procesales que disciplinan el ejercicio del derecho de castigar.
Las
garantías procesales protegen no solamente a quien eventualmente se le siguen
indagaciones y formalmente se le procesa y somete a juicio, sino también a las
víctimas de los delitos. Los agraviados con la conducta tienen derechos
fundamentales a la verdad, la justicia, la reparación y, en articulación con
estos, a la tutela judicial efectiva, esto es, a un recurso idóneo que permita
hacer eficaces las prerrogativas que el orden constitucional y el derecho
internacional de los derechos humanos les conceden. También les asiste los
mismos derechos fundamentales que al procesado, compatibles con su condición,
en virtud del principio de bilateralidad.
Por
último, al diseñar el proceso penal, no le es permitido al legislador limitar
irrazonablemente y sin justificación constitucional la satisfacción de los
derechos de quien objeto de la acción penal, ni los que le asisten a las víctimas.
ii. Alcance de las facultades de la víctima dentro del proceso penal de
la Ley 906 de 2004. Reiteración de jurisprudencia.
8. La jurisprudencia de la Corte ha sostenido que el Acto Legislativo
02 de 2003 y la Ley 906 de 2004 introdujeron un modelo procesal con
características especiales, singulares y específicas[13]. Se distingue y separa
con claridad la fase de la investigación de la etapa del juicio y se acentúa la
concepción de un sistema de partes, Fiscalía y procesado, mediante la
supresión casi absoluta de poderes jurisdiccionales a la primera y la
tendencial equiparación de sus armas en las dos fases, en especial en la del
juicio. Correlativamente, el juez, especialmente de conocimiento y en la
audiencia de juicio oral, actúa como un tercero que modera y dirige la
controversia entre los adversarios, garantiza el cumplimiento de las reglas de
la práctica de la prueba y, por regla general, no imprime oficiosidad al
trámite. En este sentido, el sistema es marcadamente acusatorio o adversarial.
9. Sin embargo, al mismo tiempo se prescribe la obligación para los
jueces de establecer con objetividad la verdad y la justicia, de salvaguardar
los derechos fundamentales de las partes e intervinientes y de hacer prevalecer
el derecho sustancial. Se adopta la figura del Ministerio
Público, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los
derechos y garantías fundamentales, pero además, el modelo procesal
específicamente reconoce y protege la posición de la víctima y las prerrogativas
inherentes a su condición.
10. De acuerdo con el artículo 250 C. P, modificado por el artículo 2
del Acto Legislativo 03 de 2002, en ejercicio de sus funciones, la Fiscalía
General de la Nación deberá “solicitar al juez que ejerza las funciones de
control de garantías las medidas necesarias que aseguren la protección de la
comunidad, en especial, de las víctimas”. Es su obligación también “solicitar
al juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a
las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la
reparación integral a los afectados con el delito”. Además, debe “velar
por la protección de las víctimas”. Por otro lado, el numeral 7 del mismo
artículo prescribe que la ley fijará los términos en que podrán intervenir las
víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.
11. En desarrollo de los anteriores mandatos, la Ley 906 de 2004
definió la víctima como un interviniente, acreedor de medidas de protección,
atención y ciertas prerrogativas al interior del trámite. Así mismo, consagró
en su favor algunas formas de participación directa dentro de las fases de
investigación y juicio. Ahora bien, pese a lo anterior, el diseño de un modelo
procesal de carácter marcadamente acusatorio en varias de sus etapas y
procedimientos, caracterizado por la igualdad de armas entre Fiscalía y
procesado, ha planteado el problema de la ampliación de dichos espacios de
participación directa de los agraviados al interior del proceso.
La Carta Política, el Código de Procedimiento Penal y la jurisprudencia
constitucional han reconocido los derechos de las víctimas y la obligación
estatal de asegurar que alcancen verdad, justicia y reparación y, en
consecuencia, de garantizarles la posibilidad de acceso a la justicia. Sin
embargo, a la vez, el constituyente y, en desarrollo de sus mandatos, el
legislador han optado por un proceso penal de tendencia adversarial,
constituido primordialmente como un sistema de garantías, que opera bajo el
principio rector de igualdad entre acusador y acusado. Así concebido, el funcionamiento
del proceso ha puesto de manifiesto la trascendental dificultad de determinar
los alcances y límites de la participación directa de las víctimas dentro de la
actuación.
12. El anterior problema comenzó a ser identificado solo poco tiempo
después de la expedición de la Ley 906 de 2004. Como consecuencia, la Corte
Constitucional ha venido consolidando un precedente acerca del papel de la
víctima dentro de un proceso penal de partes y, en especial, sobre los
criterios para determinar sus legítimos ámbitos de actuación directa, las
circunstancias que justifican su participación, según la fase que atraviesen
los procedimientos, así como las razonables restricciones a su ejercicio. A
continuación, la Sala hará una mención de los principales pronunciamientos, que
permitirán identificar los rasgos centrales de dicho precedente y las subreglas
en la materia.
En la Sentencia C-1154 de 2005[14],
la Corte examinó la constitucionalidad, entre otros, del artículo 79 del Código
de Procedimiento Penal (C.P.P.), que faculta a la Fiscalía para archivar las
diligencias cuando no existan motivos o circunstancias fácticas que permitan
determinar la existencia o caracterizar una conducta como delito.  La
disposición indica, así mismo, que en caso de surgir nuevos elementos
probatorios la indagación se reanudará mientras no se haya extinguido la acción
penal.
La Sala
Plena consideró que la decisión de archivar la actuación podía tener incidencia
sobre los derechos de las víctimas, en especial, a la verdad y la justicia.
Como consecuencia, indicó que la decisión de la Fiscalía debía ser comunicada a
los agraviados, para que estos pudieran expresar su inconformidad y
controvertirla sobre la base de razones objetivas. Aclaró, así mismo, que las
víctimas pueden solicitar la reanudación de las diligencias y aportar nuevos
elementos probatorios para reabrir la investigación.
14.  Poco
después, la Corte analizó la constitucionalidad del artículo 69 C.P.P.,
en la Sentencia C-1177 de 2005[15].
La norma permitía a la Fiscalía inadmitir las denuncias “sin fundamento” y
disponer su ampliación por una sola vez. En la providencia, se consideró que la
denuncia adquiere una especial relevancia para las víctimas y perjudicados,
quienes tienen a través de ella un mecanismo fundamental de acceso la justicia
y de reivindicación de sus derechos, de tal manera que resultaba
inconstitucional no haber previsto, en relación con su inadmisión, la
procedencia de controles externos.
En
consecuencia, la Sala condicionó la exequibilidad de la norma a que la referida
decisión de inadmisión sea notificada a la víctima, a efectos de que, de ser
posible, ajuste su declaración a los requerimientos de fundamentación. En relación
con la posibilidad de ampliación de la denuncia por una sola vez, indicó que si
en el denunciante concurría, además, la condición de víctima
del delito, se le deben preservar “todos los espacios de intervención que el
orden jurídico prevé” a su favor.
15. El siguiente año, la Corte se pronunció nuevamente sobre la
garantía a la comunicación de las víctimas y, por primera vez, acerca del
derecho a efectuar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria. En la
Sentencia C-454 de 2006[16],
examinó, por un lado, el artículo 135 C.P.P., sobre garantías de comunicación a las víctimas, que omitía ordenar
a los órganos de investigación (fiscal y policía judicial) cumplir con
esa obligación antes de la intervención formal de dicho interviniente y, así
mismo, que no indicaba el contenido y alcance concretos de esa garantía. Por
otro lado, analizó el artículo 357 C.P.P. que excluía al mismo actor de la
posibilidad de solicitar pruebas en la audiencia preparatoria.
15.1. En
relación con la primera norma, la Corte reiteró el criterio señalado en las
sentencias C-1154 y C-1177 de 2005, y reafirmó que las víctimas tienen derecho
a obtener información desde el primer momento en que entren en contacto con las
autoridades, a conocer sus derechos y a acceder al expediente, dada la
conexidad entre esta prerrogativa y sus derechos a la justicia y la reparación.
De igual forma, clarificó que deben ser informadas sobre las facultades y
poderes procesales que se derivan de sus derechos, no solo a la reparación,
sino también a conocer la verdad y a que se haga justicia. A estos dos
entendimientos condicionó la exequibilidad de la norma.
15.2. En lo
que concierne a la norma que omitía conceder a las víctimas la posibilidad de
solicitar pruebas en la audiencia preparatoria, la Sala estimó que los derechos
a la verdad, la justicia y la reparación están directamente vinculados con el
derecho a acceder a la justicia y, en particular, a probar los hechos
constitutivos de la conducta punible y la responsabilidad del acusado. Por lo
tanto, si bien la ley obliga a la Fiscalía a propugnar por el restablecimiento
del derecho y la reparación integral de la víctima (artículo 250, numeral 6,
C.P.), la Corte señaló que ello no implica que la víctima no pueda optar por
agenciar por su cuenta (a través de su representante) sus intereses dentro del
proceso penal. En este orden de ideas, condicionó la exequibilidad de la norma a
que se entienda que puede realizar solitudes probatorias en la audiencia preparatoria.
16. En la
Sentencia C-209 de 2007[17],
la Corte analizó un amplio número de disposiciones de la Ley 906 de 2004,
relativas a facultades de la víctima en las audiencias de aplicación del
principio de oportunidad, de preclusión, de formulación de acusación,
preparatoria y de juicio oral. En algunos casos tales facultades estaban
ligadas a la introducción de elementos de convicción y a la práctica de la
prueba propiamente dicha, en otros a atribuciones procesales específicas cuya
ausencia, a juicio del demandante, comprometía los derechos de los agraviados
con el delito.
16.1. Antes de analizar los
cargos, sin embargo, la Corte adelantó una serie de consideraciones en relación
con el lugar y el papel de la víctima dentro del proceso penal de ascendencia
acusatoria. Señaló que si bien la Constitución previó su participación en el
proceso penal, no le otorgó la condición de parte sino de interviniente
especial, pero con potestades especiales para actuar y hacer valer de manera
directa sus prerrogativas a la verdad, la justicia y la reparación integral.
16.2. Sostuvo que la intervención
de la víctima dentro del trámite depende del papel asignado a otros
participantes, en particular al Fiscal, del rol que le reconoce la Constitución
a la propia víctima, del lugar donde ha previsto su participación, las
características de cada una de las etapas del proceso penal y del impacto que
esa participación tenga, tanto para sus derechos como para la estructura y las formas
propias del sistema penal acusatorio. De igual forma, recalcó que la definición
y caracterización de las distintas fases del trámite (investigación,
imputación, acusación y juzgamiento) tienen incidencia en la forma en que la
víctima está habilitada para participar.
16.3. La
Corte reiteró que dentro del proceso penal de tendencia adversarial el propio
Constituyente otorgó una clara preponderancia al juicio y lo constituyó en el
centro de gravedad de toda la actuación procesal, con sus caracteres de
publicidad, oralidad, inmediación probatoria, contradicción y concentración.
Pero además, subrayó que solo esa diligencia fue caracterizada por la misma
Constitución como una fase adversarial, en la que tiene lugar la confrontación
entre acusador y acusado, en equivalentes condiciones y con igualdad de armas,
por lo cual, la posibilidad de actuación directa y separada de las víctimas se
encuentra restringida.
16.4. La Sala
Plena enfatizó en que el Constituyente no fijó los rasgos de las demás etapas
del proceso penal y, por lo tanto, delegó en el legislador la potestad de
adoptarlos, de modo que la posibilidad de intervención directa de la víctima es
también mayor en las fases previas o posteriores al juicio y menor en este.
Advirtió que la participación activa de la víctima en el juicio oral, como
acusador adicional y distinto al Fiscal, generaría una desigualdad de armas y
una transformación esencial de lo que identifica un sistema acusatorio.
16.5. Con
base en los anteriores fundamentos, la Corte resolvió los cargos en los
siguientes términos. Señaló que un aparte del artículo 327 de la Ley 904 de
2004, vigente para ese momento[18],
resultaba contrario a la Constitución porque impedía a las víctimas impugnar la
decisión del juez de control de garantías sobre la aplicación del principio de
oportunidad. A juicio de la Sala, la efectividad de los derechos a la verdad,
la justicia y la reparación de las víctimas dependía en buena medida de esa
prerrogativa. De igual forma, estimó que el artículo 333, que imposibilitaba la
práctica de pruebas en la audiencia de preclusión no permitía a la víctima
controvertir adecuadamente la solicitud del fiscal y podía conducir a una
afectación a sus derechos e, incluso, a la impunidad.
16.6. Por
otro lado, la Corte indicó que resultaba incompatible con la Carta Política que
no se le permitiera a la víctima estar presente en la audiencia de formulación
de imputación, donde pueden ser adoptadas medidas de aseguramiento y se
interrumpe la prescripción penal (art. 289 C.P.P.). Así mismo, que no se
hubiera previsto la facultad a su favor, en la audiencia de formulación de
acusación, de hacer observaciones y fijar su posición frente al pliego
acusatorio, manifestar oralmente causales de incompetencia, impedimentos,
recusaciones o nulidades que pudieran existir (art. 339 C.P.P.) y solicitar el
descubrimiento de elementos material probatorios (art. 344 C.P.P.).
16.7. En
similar sentido, la Sala consideró que era inconstitucional no reconocer a la
víctima la posibilidad de solicitar la práctica de pruebas anticipadas (numeral
2, del artículo 284 C.P.P.) y, en el escenario de la audiencia preparatoria, de
participar y hacer observaciones sobre el descubrimiento de elementos
probatorios (356 C.P.P.); de solicitar su exhibición, con el fin de conocerlos
y estudiarlos, así como de pedir la exclusión, el rechazo o la inadmisibilidad
de aquellos impertinentes, inútiles o repetitivos (359 C.P.P).
16.8. Por último, también estimó
que desconocía la Constitución las normas que excluían a las víctimas del
derecho a acudir directamente al juez de control de garantías para solicitar la
celebración de audiencias de imposición de medidas de aseguramiento (arts. 306
y 316 C.P.P.), así como al de conocimiento para solicitar medidas de protección
(332 C.P.P.).
16.9. En
todos los supuestos anteriores, relativos a la Sentencia C-209 de 2007, la
Corte Constitucional consideró que no había una razón objetiva que justificara
la exclusión de la víctima del ejercicio de las potestades concedidas a las
partes o la Fiscalía. Afirmó que las omisiones del legislador entrañaban un  incumplimiento
de su deber de configurar una verdadera intervención de la víctima en el
proceso penal, lo que impedía asegurar sus derechos, en algunos casos a probar,
y a la verdad, a la justicia, a la reparación y a medidas de protección a su
favor.
Sostuvo que
la participación de la víctima en las diligencias previas al juicio oral no
conllevaba una modificación de los rasgos estructurales del sistema penal
introducido por el Acto Legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004, tampoco
alteraba la igualdad de armas, ni modificaba la calidad de la víctima como
interviniente especialmente protegido. Como consecuencia, declaró algunos
apartes inexequibles y condicionó la exequibilidad de otras normas, en el entendido
de que la víctima tenía las atribuciones procesales que el legislador había
omitido prever.
16.10 En
contraste, consideró que no contrariaba la Constitución no haber previsto que
la víctima tenía la posibilidad de controvertir los elementos materiales
probatorios y la evidencia física presentados en el juicio oral (art. 378
C.P.P.), de interrogar los testigos (art. 391 C.P.P.), oponerse a las preguntas
(art. 395 C.P.P.) y presentar una teoría del caso (art. 371 C.P.P.), diferente
o contraria a la de la defensa, que pudiera discrepar de la del Fiscal. Indicó
que debido a que todas estas facultades se ejercen en la citada audiencia, el
reconocimiento a su favor comportaría una modificación de los rasgos
estructurales del sistema acusatorio, una alteración a la igualdad de armas y
convertiría a la víctima en un segundo acusador o contradictor en desmedro de
la dimensión adversarial del proceso.
16.11. Puso de presente que las
citadas facultades, en la audiencia de juicio oral, deben ser ejercidas a
través del Fiscal. Refirió que este debe oír al representante de la víctima, la
cual, a su vez, está en posibilidad de realizar observaciones con el fin de facilitar
la contradicción de los elementos probatorios, antes y durante el juicio oral,
pese a que, en todo caso, solo el fiscal tiene voz en la audiencia. Además,
aclaró que de estar en desacuerdo con la sentencia, la víctima y su abogado
pueden impugnarla, de conformidad con el artículo 177 C.P.P., y que el
Ministerio Público también puede abogar por los derechos de todos, incluidas
las víctimas, sin sustituir al Fiscal ni a la defensa.
16.12. Adicionalmente, la Corte
recordó la posibilidad de que el abogado de las víctimas intervenga para hacer
alegatos finales al concluir el juicio oral. Afirmó que esta participación del representante
judicial de los agraviados no introduce un desbalance en la audiencia ni le
resta su dinámica adversarial, puesto que tiene lugar al final de la diligencia,
con miras precisamente a que la voz de las víctimas se escuche antes de
concluir esa etapa del proceso.
17. El mismo
año, en la Sentencia C-516 de 2007[19],
la Sala se ocupó, por un lado, de dos disposiciones que regulan la
representación de las víctimas cuando estas son varias, en diferentes momentos
procesales. El artículo 137.4, indica que durante la investigación, el Fiscal
debe solicitar que las víctimas designen hasta dos apoderados y, de no llegarse
a un acuerdo, aquél determinará lo más conveniente y efectivo. Por su parte, el
artículo 340 prescribe que, en el transcurso del juicio oral, el juez podrá
determinar igual número de representantes al de defensores. Para el demandante,
estas reglas instituían indebidas restricciones al acceso a la justicia de las
víctimas.
La
Corporación reconoció que la posibilidad de limitar el número de apoderados de
las víctimas en la etapa investigativa tenía fines plausibles, principalmente
en términos de racionalización de la administración de justicia. Sin embargo,
advirtió que, en tanto la restricción se produce en una fase de la actuación
con alto valor en términos de búsqueda de la verdad y de obtención de los
soportes fácticos para perseguir justicia y reparación, resultaba
desproporcionadamente lesiva de los intereses de la víctima privarla, si el
fiscal así lo consideraba, de una asistencia técnica para el impulso de su
causa, máxime porque en ciertas diligencias no siempre lo intereses del Fiscal
coincidían con los suyos.
En razón de
lo anterior, la Corte declaró inexequible la norma que contenía la citada
limitación. Por el contrario, en relación con la igualdad entre el número de
defensores y representantes de las víctimas que el juez puede determinar en el
juicio oral, la Corte indicó que la medida promovía un equilibrio entre la
acusación y la defensa, compatible con el componente adversarial del sistema
que se proyecta en dicha audiencia. Reiteró la Sentencia C-209 de 2007,
reseñada con anterioridad, y destacó que en este caso el derecho de las
víctimas no se ve drásticamente afectado, puesto que pueden canalizar sus
garantías de intervención, así como las que se proyectan en el ámbito
probatorio y argumentativo, no solamente a través de una actuación conjunta,
sino también por medio de la actuación del Fiscal.
La Sala recalcó
que la ley prevé la posibilidad de que el abogado de la víctima presente
directamente los alegatos finales en el juicio oral (art. 443 C.P.P.), momento
procesal en el cual, indicó, la medida resulta razonable, al promover un
desarrollo equilibrado y eficiente del juicio, sin que a la vez genere una
intolerable restricción de los derechos de las víctimas, garantizados mediante
sus aportes previos para la construcción del caso, la intervención del fiscal y
la vocería concertada de las víctimas con este en el juicio oral. Como consecuencia,
declaró exequible el artículo 340 C.P.P.
Por otro
lado, en la misma sentencia, la Corte determinó que los artículos 348, 350, 351
y 352 C.P.P., sobre la celebración de los preacuerdos y negociaciones entre la
Fiscalía y el imputado o acusado, no preveían un deber del Fiscal de consultar
previamente a la víctima sobre la proposición de un preacuerdo ni de
comunicarle su existencia una vez se lograra; tampoco la facultaban para
intervenir en la negociación, verbalmente o por escrito ante el juez
competente, cuando el acuerdo fuera sometido a aprobación y, de igual forma, no
se condicionaba la aprobación de dicho acuerdo, por parte del juez de
conocimiento, a la preservación de las garantías y derechos fundamentales,
explícitamente, de las víctimas.
La Sala
señaló que no existía una razón objetiva y suficiente que justificara las
mencionadas omisiones, dado que se trataba de trámites que se desarrollaban
previamente al juicio oral, justamente con el propósito de evitar esa etapa.
Indicó que la intervención de la víctima no tenía la potencialidad de alterar
los rasgos estructurales del sistema adversarial, no modificaba la calidad de
la víctima como interviniente especialmente protegido, ni auspiciaba una acusación
privada paralela a la del fiscal, puesto que el acuerdo se basa en el consenso,
el cual debe ser construido tomando en cuenta el punto de vista de la víctima.
Por otro
lado, la Corte indicó que si bien es cierto que la Constitución radicó en la
Fiscalía la titularidad de la acción penal y la ley le asignó un cierto nivel
de discrecionalidad, propiciar la fijación de una posición por parte de la
víctima frente a los preacuerdos y las negociaciones no afecta su autonomía
para investigar y acusar, ni lo desplaza en el ejercicio de las facultades que
le son propias. Resaltó que, además, las omisiones generaban una desigualdad
injustificada entre los distintos actores del proceso penal, que dejaba en
manifiesta desprotección los derechos de las víctimas y, de otro lado,
implicaban un incumplimiento por parte del legislador del deber de configurar
una intervención efectiva de la víctima en el proceso penal, todo lo cual
impedía asegurar su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación
integral.
Por lo
anterior, la Corte declaró la exequibilidad condicionada de los artículos
acusados, en el entendido de que la víctima puede intervenir en la celebración
de acuerdos y preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado o acusado, para lo
cual deberá ser oída e informada de su celebración por el fiscal, y oída por el
juez encargado de aprobar el acuerdo, quien para su aprobación velará por que el
mismo no desconozca o quebrante garantías tanto del imputado o acusado, como de
las víctimas.
18. En la
Sentencia C-250 de 2011[20]
la Corte examinó, entre otros, el artículo 447 CPP que omitía prescribir al
juez conceder la palabra, en igualdad de condiciones con la Fiscalía y la
defensa, a la víctima, para que se refiriera a las condiciones individuales,
familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del
responsable; a la probable pena aplicable y a la concesión de algún subrogado
penal, una vez determinado el sentido condenatorio del fallo o aceptado el
preacuerdo celebrado entre las partes.
La Corte
consideró que, en tanto la etapa de individualización de la pena y sentencia es
una fase posterior al juicio y el Constituyente confirió al legislador la
potestad de fijar los términos en que las víctimas pueden participar en el
proceso penal, la omisión de concederle la posibilidad, a ella o su
representante, de ser oídos por el Juez constituía una omisión sin razón
objetiva y suficiente. Afirmó que el legislador, al garantizar la intervención
de la víctima, estaba sujeto a los principios de acceso a la justicia, igualdad
ante los tribunales, defensa, imparcialidad e independencia, para garantizar la
verdad, la justicia y la reparación, por lo que la mencionada exclusión
implicaba no solamente el desconocimiento del derecho a la igualdad, sino también
la limitación de su prerrogativa a la tutela judicial efectiva. En
consecuencia, declaró condicionalmente exequible el artículo en referencia,
bajo el entendido de que les asiste la omitida facultad.
19. En la
Sentencia C-260 de 2011[21],
la Corte analizó la constitucionalidad del artículo 397 C.P.P., que no
contempla la posibilidad de que, una vez terminados los interrogatorios de las
partes, la víctima pueda hacer preguntas complementarias para el cabal
entendimiento del caso, como si lo permite al juez y al Ministerio Público. La
Sala consideró que si bien la disposición excluye de dicha facultad a la
víctima, existen motivos que justifican de manera objetiva y suficiente el
tratamiento disímil previsto en la norma.
Indicó que, a
diferencia del Juez y el Ministerio Público, quienes en el cumplimiento de sus
roles deben mantener la imparcialidad y evitar desequilibrios a favor o en
contra de una de las partes, la participación directa de la víctima, aun para
formular preguntas complementarias, podía convertirla en un segundo acusador o
contradictor. Esto, indicó la Corte, afectaría el principio de igualdad de
armas en desmedro de los derechos del imputado, quien además de hacer frente a
los reproches de la Fiscalía debería estar atento a eventuales interrogatorios,
cuestionamientos o incluso ataques de la víctima, lo cual alteraría la esencia
adversarial del proceso durante el juicio oral.
La Sala reiteró
la jurisprudencia y señaló que la víctima puede asegurar sus derechos a la
verdad, justicia y reparación integral por conducto de la Fiscalía, en la que
recae el mandato constitucional de velar por sus intereses, a tal punto que el
juez, de ser el caso, debe decretar un receso en el curso de la audiencia para
asegurar una comunicación efectiva entre ellos. Refirió que, no obstante las
divergencias que puedan presentarse entre Fiscalía y defensa, puesto que
aquella es la autoridad a la que se ha asignado la misión constitucional de
promover la acción penal y en su calidad de “parte” le corresponde dirigir la
acusación, exponer su teoría del caso y defenderla durante el juicio oral, es
también quien tiene la potestad de trazar la ruta a seguir.
Ligado a
lo anterior, en la providencia se explicó que tanto el juez como el Ministerio
Público tienen la obligación de velar por la protección integral de los
derechos de las víctimas en las diferentes instancias del proceso, siendo
también responsables en caso de un irregular desempeño en el cumplimiento de
las labores asignadas. De esta manera, declaró el artículo impugnado ajustado a
la Carta.
19. El
siguiente año, en la Sentencia C-782 de 2012[22],
la Sala Plena examinó la constitucionalidad del artículo 90 C.P.P., que no
contemplaba a la víctima dentro de los legitimados para solicitar adición de la
sentencia o de la decisión con efectos vinculantes, en aquellos eventos en que
el juez omite pronunciarse de manera definitiva sobre los bienes afectados con
fines de comiso.
La Corte
estimó que el legislador excluyó a la víctima de dicha facultad, pese a que se
encuentra en una posición jurídica, no solo equiparable a la de los sujetos procesales e intervinientes autorizados,
sino con un interés más directo y específico sobre la materia regulada. Explicó
que los intereses de restitución y reparación integral de la víctima pueden
resultar afectados con la omisión de un pronunciamiento sobre la disposición
definitiva de los bienes incautados, por cuanto la citada medida implica el
desplazamiento del bien, del patrimonio del condenado al Estado. Aunado a esto,
el legislador no tenía razón
objetiva y suficiente para justificar la referida omisión.
De acuerdo con la Sala, los derechos de intervención de la víctima en
el proceso penal con tendencia acusatoria dependen la estructura de este
proceso y los principios que lo orientan, en particular del principio de
igualdad de armas. En este sentido, recalcó que garantizar la intervención de
la víctima en una fase en que ya se ha definido la responsabilidad del acusado,
por haberse proferido el fallo o su equivalente, no involucra amenaza alguna
al equilibrio que debe existir entre acusación y defensa, ni afecta garantías
del procesado y, en cambio, sí introduce una limitación desproporcionada,
discriminatoria y lesiva de los derechos de la víctima, quien tiene un interés
legítimo en velar por que se adopten medidas que no afecten su derecho a la
restitución y a la reparación del daño.
Por lo anterior,
concluyó que con la referida omisión el legislador incumplió el deber
constitucional de configurar una intervención efectiva de la víctima en esta
fase del proceso penal. En consecuencia, declaró ajustada a la Carta la norma
demandada, en el entendido de que la víctima puede solicitar, en la audiencia de que trata el
precepto, la adición de la sentencia o de la decisión con efectos equivalentes,
que omita un pronunciamiento definitivo sobre los bienes afectados con fines de
comiso.
20. Por
último, en la Sentencia C-616 de 2014, la Corte analizó la constitucionalidad
del inciso tercero del artículo
443 de la Ley 906 de 2004, que omite facultar a la víctima para presentar
réplicas a los alegatos de conclusión de la defensa, al final del juicio oral,
y solo concede esta posibilidad a la Fiscalía.
La Corporación
reiteró que no existe un mandato constitucional que exija que las víctimas
tengan una intervención directa en todas las etapas del juicio oral y, al
contrario, la jurisprudencia ha señalado que su participación puede ser menor,
por cuanto en dicha audiencia se concentra el debate adversarial entre la
acusación y el acusado. De igual manera, refirió que, según la propia Corte, la
participación directa de la víctima en el juicio oral puede ser limitada cuando
afecte los rasgos estructurales del sistema acusatorio o comporte una alteración sustancial de la igualdad de armas y,
como consecuencia, convierta a ese interviniente en un segundo acusador o
contradictor en desmedro de la dimensión adversarial del trámite.
En el asunto
concreto, consideró que los alegatos de conclusión constituyen uno de los
momentos esenciales del debate adversarial, pues concentran la discusión entre
la acusación y la defensa, por lo que no se pueden contemplar reglas que
impliquen un desbalance de la posición del acusado, como sería permitir que
éste deba resistir las réplicas de varios intervinientes: la Fiscalía, los
apoderados de las víctimas e incluso el Ministerio Público.
En virtud de lo
anterior, estimó que la medida legislativa no genera una desigualdad
injustificada entre los distintos actores del proceso penal, sino que busca
evitar que la defensa quede en una situación de desventaja en el proceso, de
forma que está plenamente justificada. De otro lado, reafirmó que la Fiscalía
tiene el deber constitucional y legal de proteger los derechos de las víctimas,
por lo cual, si se presenta una réplica no deberá concentrarse solamente en la
defensa de la sociedad, sino también en la protección de los derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación de la víctima.
21. El
anterior recorrido jurisprudencial muestra que la Corte ha construido una
coherente y definida doctrina sobre las características y alcances que asume el
ejercicio de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal instituido
en la Ley 906 de 2004. De acuerdo con las líneas principales de la
jurisprudencia reseñada, las subreglas sobre la materia pueden ser sintetizadas
de la siguiente manera:
(i) Las víctimas
tienen el carácter de intervinientes especiales y les asiste el derecho a
intervenir y a contar con tutela judicial efectiva en el proceso penal, a fin
de ver garantizados sus derechos a recibir medidas de protección, a conocer la
verdad sobre lo sucedido, a que se haga justicia y logren la reparación del
daño causado con el delito.
(ii) La
intervención directa de la víctima dentro del proceso depende del papel
asignado a otros participantes, en particular a la Fiscalía, del rol que le
reconoce la Constitución, del lugar donde ha previsto específicamente su
participación y de las características de cada una de las etapas de la
actuación (indagación, investigación formal, juzgamiento, ejecución y
procedimientos posteriores a la sentencia); de la importancia de esa
participación para sus derechos y la incidencia en la estructura y formas
propias del sistema penal de tendencia acusatoria.
(iii) Dado
que el Constituyente consideró el juicio oral, público y contradictorio el
centro de gravedad de toda la actuación y acentuó su carácter adversarial, la
actuación directa e independiente de las víctimas en este escenario se
encuentra restringida, en virtud del principio de igualdad de armas entre
acusador y acusado que lo gobierna. Su participación directa, por ello, es
mayor en las etapas previas o posteriores al juicio oral y menor en este.
(iv) En el
juicio oral, las facultades directas de índole probatoria y el derecho a la
representación jurídica de las víctimas están limitados. Las prerrogativas a ser
oídas lo están en todos aquellos casos en que, de ser concedidas, produzcan una
erosión al equilibrio entre las partes y al principio de igualdad de armas.
(v) En la audiencia de juicio
oral, las atribuciones que no le son concedidas, de forma independiente, a las
víctimas, pueden ser ejercidas a través del Fiscal. Correlativamente, este
tiene la obligación de oír a su representante, quien puede realizar
observaciones para coadyuvar y fortalecer la estrategia de la acusación. Por su
parte, es obligación del juez garantizar el espacio de diálogo entre, por un
lado, el representante de la víctima y su abogado, y por el otro, la Fiscalía,
de ser el caso, mediante recesos de la audiencia.
(vi) En las
etapas de indagación y de investigación formal, a las víctimas les asiste el
derecho a recibir información y a intervenir activamente en todos los trámites
sobre iniciación, continuación, terminación, suspensión, archivo y rumbo de las
diligencias. Esto, mediante la  participación en las audiencias y procedimientos
preliminares, a través de la interposición de recursos, la solicitud y práctica
de medios de prueba y la posibilidad de ser oídas e informadas, dada la
estrecha relación de estas potestades con sus derechos a la verdad, la justicia
y la reparación.
(vii) Las
víctimas tienen derecho a promover la celebración de diligencias para la
imposición de medidas cautelares y, salvo al interior del juicio oral, la
adopción de otras decisiones de las que dependa directamente la satisfacción de
sus derechos a recibir protección, a conocer la verdad, a que se haga justicia
y se lleve a cabo la reparación de los daños ocasionados con el injusto.
(viii) En las
audiencias de formulación de la acusación y preparatoria, las víctimas tienen
derecho a fijar su posición, a ser oídas y, en especial, a participar en el
debate relativo a los términos de la acusación y a la incorporación y
descubrimiento de elementos materiales probatorios y evidencia física que se practicarán
en el juicio oral. De manera relevante, les asiste la facultad de solicitar
pruebas en la audiencia probatoria.
iii. El principio
de igualdad de armas. Reiteración de jurisprudencia.
22. Conforme
lo ha establecido la Sala, el principio de igualdad de armas dentro del proceso
penal es un mandato de carácter constitucional, derivado no solo del artículo
13 de la Carta, sino también del Acto Legislativo 02 de 2003, que fijó la
estructura del proceso de tendencia adversarial, y de los artículos 29 y 229
que garantizan el debido proceso y el derecho de toda persona de acceder a la
administración de justicia, respectivamente[23].
Supone que las partes deben contar con medios procesales homogéneos de
acusación y defensa, de tal manera que se garanticen las mismas posibilidades y
cargas de alegación, prueba e impugnación[24].
En la
Sentencia C-397 de 2007[25],
la Corte precisó que en el marco del proceso penal, “las partes enfrentadas,
esto es, la Fiscalía y la defensa, deben estar en posibilidad de acudir ante el
juez con las mismas herramientas de persuasión, los mismos elementos de
convicción, sin privilegios ni desventajas, a fin de convencerlo de sus
pretensiones procesales”. La igualdad de armas busca, en este sentido,
garantizar que la acusación y la parte acusada tengan a su alcance opciones reales
y ciertas para ejercer sus derechos y las herramientas necesarias para situarse
en un equilibrio de potestades y atribuciones en aras de hacer respetar sus
intereses[26].
23. La Sala
enfatiza que la igualdad de armas es uno de los ejes, específicamente, del
proceso penal de rasgos adversariales[27].
Más exactamente, es una característica esencial de los sistemas penales de
tendencia acusatoria, en cuanto poseen una configuración estrictamente
adversarial, derivada del hecho de que el procesado y la acusación se enfrentan
en paridad de condiciones, ante un juez imparcial que debe valorar el acervo
probatorio al adoptar una decisión de fondo[28].
En la
Sentencia C-1194 de 2005[29],
sostuvo la Corte: “el principio de igualdad de armas constituye una de las
características fundamentales de los sistemas penales de tendencia acusatoria,
pues la estructura de los mismos, contrario a lo que ocurre con los modelos de
corte inquisitivo, es adversarial, lo que significa que en el escenario del
proceso penal, los actores son contendores que se enfrentan ante un juez imparcial
en un debate al que ambos deben entrar con las mismas herramientas de ataque y
protección”.
El modelo de
proceso penal introducido mediante el Acto Legislativo 02 de 2003 se funda, en
efecto, en el principio acusatorio, el cual implica que el órgano de
persecución pública que adelanta la acción penal, investiga y acusa, por regla
general no detenta poderes jurisdiccionales en la fase de investigación, como
sí ocurre en los sistemas mixtos de tendencia inquisitiva, y tampoco juzga,
como sí lo hace en los modelos inquisitivos puros. El respeto de los derechos y
garantías procesales del implicado en la investigación está a cargo de un juez
constitucional (de control de garantías) y, a su vez, la decisión sobre la
responsabilidad del acusado corresponde a un juez independiente e imparcial que
define la controversia (juez de conocimiento).
Así, la Fiscalía,
como parte, adversario o contradictor realiza los
procedimientos policiales e investigativos y llama a juicio al imputado, quien,
junto con su defensor, han podido también desarrollar una investigación
paralela en favor de sus intereses y se enfrentarán, como la contraparte de
la causa, a la acusación oficial, en el escenario del juicio público, oral,
contradictorio y con inmediación de pruebas, ante el juez de conocimiento,
quien decidirá sobre la responsabilidad penal del implicado.
Lo anterior
explica bien por qué, debido a que la Fiscalía ya no es una autoridad con
potestades jurisdiccionales para imponerse y decidir en ningún sentido la
situación del procesado, sino que se enfrenta a él en un plano de equilibrio,
ante un tercero imparcial, es consustancial a este modelo el principio de
igualdad de armas. La acusación y el acusado, a fin de mantener la equidad y ese
equilibrio en que se funda el sistema, deben contar en términos generales con las
mismas oportunidades, prerrogativas y todo tipo de atribuciones propias del
trámite, pues de esto depende que el diseño y la estructura del proceso y sus
fines constitucionales, en términos de garantías penales, sean asegurados.
24. Como se
indicó en la sección anterior, el Constituyente consideró el juicio oral y público
el centro de gravedad de toda la actuación, acentuó su carácter acusatorio e
hizo particularmente intenso el cumplimiento del mandato de igualdad de armas. Por
lo tanto, de manera principal en ese escenario, la parte acusadora y la acusada
deben tener equivalentes facultades procesales para perseguir y obtener sus
intereses. Deben poseer las mismas atribuciones en el plano del debate
probatorio, de las facultades para intervenir y argumentar a favor de sus
posiciones, para hacer uso de las técnicas y estrategias propias de esa
audiencia y, en el caso del acusado, para contar con una asistencia técnica real
y efectiva.
24. La Corte
ha remarcado a este respecto que el principio de igualdad de armas hace parte
del núcleo esencial de los derechos de defensa, de contradicción, y más
ampliamente, del principio del juicio justo[30].
Esto permite observar que el mandato en cuestión se desconoce cuando el
legislador concede cierto privilegio o ventaja exclusiva a una de las partes, con
la potencialidad de reflejarse en los resultados del proceso, pero, así mismo, en
todos aquellos supuestos en que, de suyo, la ley conduce a fortalecer numérica
o sustantivamente uno de los dos protagonistas de la controversia, pues ello
anula las posibilidades de un juicio equitativo y justo y de una asistencia
técnica eficaz.
iv. La
prueba de refutación
25. La prueba
de refutación únicamente está prevista en el artículo 362 del C.P.P. Conforme a
esta disposición, a diferencia del orden de presentación de los demás medios de
convicción, las pruebas de refutación de la defensa deberán ser practicadas
antes que las ofrecidas por la Fiscalía. Pese a esta mínima regulación, la
oportunidad, admisibilidad y papel de la prueba de refutación pueden ser
reconstruidos a partir de su objeto en el debate probatorio del juicio oral.
26. En un
auto de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mencionada
por varios intervinientes, se llevó a cabo un detenido análisis de la prueba de
refutación que, por su relevancia, se estima pertinente transcribir a
continuación, en varios de sus párrafos. La mencionada Corporación sostuvo que
la prueba de refutación:
resulta ser independiente y diferente a las enunciadas por las
partes para llevar al juicio oral en la fase preparatoria del proceso con el
fin de sustentar sus pretensiones.
La prueba
refutada se practica en el juicio oral a petición de una de las partes y es
ofrecida, descubierta y solicitada en la fase probatoria ordinaria de la
actuación procesal (audiencia preparatoria, a menos que sea sobreviniente y
deba cumplirse ese rito en el juicio oral). Con ellas, cualquiera sea su
naturaleza o especie, se busca sustentar las pretensiones expresadas en la
teoría del caso o en los descargos, por tanto su objeto versa sobre aspectos
principales de la controversia procesal, probatoria, jurídica y sobre los
hechos objeto del juicio y que dieron lugar al adelantamiento de la causa
penal.
En tanto que
la prueba de refutación es un medio diferente al refutado y se dirige
directamente a controvertir, rebatir, contradecir o impugnar aspectos novedosos
e imprevistos y relevantes, suministrados por los medios de conocimiento
practicados en el juicio oral a petición de la contraparte para sustentar su
pretensión.
Dicho de
otra manera, la prueba de refutación tiene por objeto cuestionar un medio
refutado, en aspectos relativos a la veracidad, autenticidad o integridad, pero
con las connotaciones de ser la primera de las citadas directa, novedosa,
trascendente, conocida a través de un medio suministrado por la contraparte en
la audiencia pública, para contradecir otra prueba y no el tema principal del
litigio penal.
(…)
No debe
olvidarse que las pruebas de refutación han de tener un sustrato de novedad
respecto de su propósito para que no terminen sustituyendo las que se
propusieron por las partes en la fase ordinaria del proceso como demostrativas
del objeto del juicio, ni tampoco puede aquella desplazar lo que debe hacerse conforme
a su objeto específico a través de otros medios, con los que no se puede
confundir la refutación examinada[31].
De acuerdo
con lo anterior, las pruebas descubiertas y solicitadas por la Fiscalía y la
defensa y, es necesario añadir, por la víctima, en la audiencia preparatoria,
con el fin de ser practicadas en el juicio oral, son sustancialmente diferentes
a las pruebas de refutación, desde el punto de vista de su objeto. Mientras que
las primeras buscan demostrar la teoría del caso de la parte que las solicita y
las circunstancias que estructuran la responsabilidad penal del acusado o
tienden a desvirtuarla, el objeto de las pruebas de refutación es el conjunto
de elementos que permiten controvertir el mérito probatorio de otras pruebas.
La parte que ofrece la prueba de refutación tiene el propósito de atacar la
credibilidad de elementos de convicción previamente practicados por su
adversario.
La evidencia
de refutación puede poner de tela de juicio la veracidad, autenticidad o la
integridad del elemento de convicción que precedentemente ha desfilado en el
juicio público. A su vez, los aspectos de la evidencia contra los cuales se
dirige la censura, por un lado, deben haber tenido la potencialidad de
demostrar un hecho o circunstancia relevante para los resultados del juicio y,
por el otro, tienen que haber sido sorpresivos o, de alguna manera, imprevistos
para la parte que propone el elemento de refutación, pues de allí surge la
necesidad de solicitarlo en ese instante y no antes, en la preparación del
juicio oral. Según la providencia en cita, precisamente otro de los elementos
que caracteriza la prueba en examen es el momento en que puede ser solicitada:
La
oportunidad procesal para advertir la necesidad de aducir prueba de refutación
es el juicio oral, por ser este el momento en el que el aporte de información
con la prueba practicada puede suministrar datos razonablemente no previsibles
antes, lo que constituye uno los requisitos esenciales que justifican la
autorización de la citada prueba.
El
ofrecimiento de la prueba de refutación señalada (juicio oral) no requiere
protocolos especiales de descubrimiento, debe sí solicitarse durante el recaudo
de la prueba refutada y, en todo caso, si es procedente tiene que autorizarse y
en lo posible practicarse inmediatamente después que culmine la introducción
del medio a contradecir.
(…)
La prueba de
refutación es un evento excepcional, en el que el solicitante deberá demostrar
su necesidad, conducencia, pertinencia y utilidad, de conformidad
con la naturaleza y fines que en esta providencia se le han asignado a dicho
medio, que no son los mismos de la prueba del caso ni de las pretensiones de
las partes en el proceso.
Por tanto,
sería inadmisible la prueba de refutación que se postule en una fase procesal
que no le corresponde, que no se enmarque en los motivos referidos en el
párrafo anterior, que obedezca a causas atribuibles a la parte por deficiencias
u omisiones en el rol que cumple en el proceso, o por el impacto negativo que
su aceptación acarree, o su escaso valor probatorio respecto de los efectos
sobre la apreciación de la prueba cuestionada o cuando su finalidad es dilatar
el procedimiento o sea extemporánea su solicitud[32].
Conforme a lo
expuesto, la prueba de refutación solo puede ser solicitada en desarrollo del
juicio oral, por cuanto precisamente su objeto es controvertir el contenido de
una prueba practicada, momentos antes, en esa audiencia. La justificación de la
prueba de refutación está ligada al surgimiento de información, datos o hechos
importantes, no conocidos por la parte afectada antes de la práctica de la
respectiva evidencia. Por ello, solo en este trámite, en que se hace público el
contenido específico de las pruebas, pueden las partes ofrecer otras evidencias
orientadas a derrumbar su valor probatorio.  De ahí que, en lo posible, deben
ser utilizadas inmediatamente después de ser practicada la prueba cuya
verosimilitud se pretende rebatir.
En
correspondencia, de acuerdo con la providencia citada, la prueba de refutación
no puede ser lógicamente pedida en una etapa diferente. Tampoco puede serlo con
la intención de remediar errores u olvidos en la petición de pruebas, cumplida
en la fase preparatoria y destinada al tema principal del juicio oral. Por otro
lado, la parte que postula la prueba de refutación debe sustentar su
admisibilidad con base en los criterios establecidos en la ley procesal penal,
es decir, debe justificar su necesidad, conducencia, pertinencia y utilidad, a
la luz de sus fines y su objeto.
En
definitiva, de acuerdo con el auto referenciado, la novedad, el objeto
específico y el momento procesal son las características que distinguen las
pruebas de refutación del otro conjunto de pruebas, orientado a alimentar el
debate probatorio y acreditar una determinada teoría, ya sea de responsabilidad
o inocencia del acusado. La novedad se predica de los aspectos de hecho, potencialmente
probados por otros elementos, que pretenden rebatirse con la evidencia de
refutación.
27. Conviene
precisar también lo siguiente. Mediante la prueba de refutación se pretende
restar capacidad demostrativa a otros elementos de conocimiento. Sin embargo,
para hacerlo, la parte que la propone no demuestra una hipótesis más sostenible
que aquella que resulta acreditada con la prueba a controvertirse. La prueba de
refutación no propone una «verdad  paralela» a la que eventualmente muestra la
evidencia que se ataca. En la práctica, esa estrategia podría conducir a
disminuir la credibilidad de los medios de convicción censurados.
Indirectamente, una versión más consistente de lo sucedido puede hacer menos
verosímil la opuesta. Sin embargo, este no es el sentido de la prueba de
refutación. Por ello, en rigor, la prueba de refutación no es solo
genéricamente una prueba orientada a restar mérito probatorio a otra.
La prueba de
refutación está destinada específicamente a mostrar por qué otra prueba tiene
concretos problemas que impiden creer en lo que indica. Esto captura bien la
idea de que la prueba de refutación puede ser considerada una «prueba especial»,
en el sentido de que recae sobre otra prueba, no sobre los hechos del
caso. Su objetivo no es, como el de todas las demás evidencias, acreditar
hechos tendientes a demostrar la responsabilidad penal del acusado, o a
descartarla, sino a evidenciar que, a su vez, otras pruebas no son
creíbles. Están instituidas en función de persuadir al juez para que no tenga
por cierto lo que ellas indican, no a persuadirlo sobre la ocurrencia, o no, de
hechos relativos a la responsabilidad del procesado.
La prueba de
refutación, en consecuencia, pretende demostrar, por ejemplo, que un testigo no
estaba en capacidad de percibir, recordar o comunicar lo que declaró; que
poseía prejuicios, intereses o tenía motivos para estar parcializado; que se
trata de un testigo mendaz, entre otras circunstancias. Debe ser claro, por
otra parte, que la prueba de refutación no se dirige a cuestionar únicamente
pruebas testimoniales sino de cualquier tipo, pese a que por lo común son
utilizadas para refutar las declaraciones de testigos. La prueba de refutación,
en suma, intenta poner de manifiesto al juez que la fuerza persuasiva de otro
elemento es débil o nula porque un hecho o circunstancia específica le resta
verosimilitud.
28. Las evidencias
de refutación son diferentes de los medios autorizados para impugnar la
credibilidad del testigo, en los términos del artículo 403 C.P.P., pues si bien
estos sirven a los fines de controvertir el mérito del testimonio o de quien
rinde la declaración, han sido obtenidos en la investigación o descubiertos por
la contraparte y por eso pueden ser empleados con dicho propósito en el
contrainterrogatorio[33].
Tales elementos, por consiguiente, están a disposición de la parte que los
utiliza, antes de que el testigo impugnado rinda su interrogatorio directo.
Esto no ocurre con la prueba de refutación, la cual solamente puede ser
ofrecida una vez se ha practicado la evidencia que se busca rebatir.
Por otro
lado, mientras que la impugnación de la credibilidad de los testigos se realiza
mediante la técnica del contrainterrogatorio, conforme a las reglas previstas
en los artículos 393 y 391 incisos 2º y 4º C.P.P., la prueba de refutación se
introduce a través del interrogatorio directo y, en general, se somete a las
mismas reglas que las demás evidencias solicitadas por la parte que la ofrece. Así
mismo, la referida impugnación es propia de la prueba testimonial, está
dirigida a restar crédito a un declarante, mientras que, como se indicó, la
prueba de refutación puede estar orientada a atacar la solidez de medios de
prueba diferentes a los testimoniales.
29. Conviene
recabar en que la prueba de refutación únicamente puede ser solicitada y
decretada en el juicio oral, pues solamente allí se vierte el contenido de las
evidencias cuya credibilidad se ataca y, en especial, porque solo en ese
momento adquiere sentido. Mediante la prueba de refutación se pretende
demostrar al juez que una prueba carece de valor probatorio, por medio de la
demostración de un hecho que lleva a esa conclusión. No obstante, antes del
juicio oral son inciertas las pruebas que efectivamente se practicarán, dado
que las partes pueden renunciar a los elementos debidamente descubiertos y
solicitados y se desconocen los exactos términos de las teorías del caso que
buscarán demostrar.
Por lo
anterior, no es posible determinar de forma precedente a dicha audiencia la
pertinencia, necesidad, conducencia y utilidad de una prueba de refutación,
pues tampoco se conoce aquello que se podrá refutar. El objeto de la prueba de
refutación es otra prueba, la cual no alcanza ese carácter sino en el escenario
del juicio oral. Antes de que esto ocurra, en suma, la prueba de refutación no cobrará
razón de ser. De igual forma, en materia de prueba testimonial, el hecho, la
situación o circunstancia que comporta la pérdida de capacidad demostrativa del
testigo pueden ser demostrados en el juicio oral, mediante la mencionada figura
de la impugnación de la credibilidad del testigo (art. 403 CPP) o, simplemente,
a través del contrainterrogatorio (arts. 393 y 391 incisos 2º y 4º CPP), sin
tener que recurrirse a la prueba de refutación.
En efecto, la
utilización de la prueba de refutación destinada a derrumbar la verosimilitud
de un testigo depende, entre otras, de una condición[34].
Su procedencia supone que el declarante en cuestión, examinado mediante el
contrainterrogatorio o la modalidad de la impugnación de su credibilidad, no
reconozca el hecho o circunstancia que destruye su propio valor demostrativo.
Si el testigo los admite, no hay lugar a la prueba de refutación, pues claramente
habrá perdido su objeto.
En
consecuencia, la prueba de refutación es lógicamente dependiente de la práctica
de las demás evidencias y, en especial, de las que constituyen el objeto de la
refutación; en el caso de la prueba testimonial, además, depende de que los
factores que atentan contra la veracidad de los testigos no hayan quedado
demostrados antes con base en la figura de la impugnación de su credibilidad o por
medio del contrainterrogatorio. Por todo lo anterior, solamente en el juicio
oral, luego de lo indicado, las partes que las pretendan están en posibilidad
de solicitar las pruebas de refutación y de sustentar su admisibilidad, con
arreglo a los correspondientes criterios establecidos en el Código de
Procedimiento Penal.
30. En
síntesis, la prueba de refutación se caracteriza por los siguientes elementos:
(i) su objeto es controvertir la solidez y credibilidad de otra prueba, mostrar
que otra prueba no es creíble, no acreditar la responsabilidad del acusado ni
descartarla. (ii) Únicamente puede ser solicitada y decretada en el juicio
oral, pues solo a partir del resultado de la práctica de la prueba que se
pretende rebatir adquiere razón de ser. (iii) Este resultado de la prueba, dado
que se conoce solo en la citada audiencia, es naturalmente imprevisto. (iv) Debe
estar orientada a disminuir valor probatorio a un elemento que, a su vez,
potencialmente demuestre hechos relevantes para los resultados del juicio. (v)
Su admisibilidad depende de su necesidad, conducencia, pertinencia y utilidad, determinadas
a la luz de su objeto.
(vi) Las
pruebas de refutación son diferentes de los medios empleados para impugnar la
credibilidad del testigo, por cuanto (a) estos se encuentran a disposición de
la parte que los utiliza antes de que se practica la prueba que se ataca, en
tanto la evidencia de refutación solo surge con posterioridad; (b) mientras que
la citada impugnación se realiza a través del contrainterrogatorio, la prueba
de refutación se introduce por medio del interrogatorio directo, y (c) la
impugnación solo controvierte la prueba testimonial, mientras que la prueba de
refutación puede atacar la solidez de otros medios de prueba.
v.
Análisis de constitucionalidad de la disposición cuestionada
31. El
demandante acusa el artículo 362 del Código de Procedimiento Penal de
inconstitucional, por no conceder a la víctima la posibilidad de ofrecer
pruebas de refutación. Sostiene que el legislador incurrió en una omisión
inconstitucional, pues al excluirla de esa facultad vulnera su derecho a probar
y sus prerrogativas al debido proceso, la tutela judicial efectiva, la verdad,
la justicia y la reparación.
Los intervinientes en
representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, de la Academia
Colombiana de Jurisprudencia y las Universidades Libre y Externado de Colombia,
así como el Procurador General de la Nación, disienten del actor. Desde su
punto de vista, debido a que las pruebas de refutación son ofrecidas en el
juicio oral, audiencia de naturaleza esencialmente acusatoria, únicamente a la
Fiscalía y la defensa les asiste legitimidad para proponerlas. Consideran que,
de otro modo, se crearía un desequilibrio entre las partes, en desmedro de las
garantías procesales del acusado y del principio de igualdad de armas.
Por el
contrario, el representante de la Fiscalía General de la Nación estima que la
imposibilidad para la víctima de tomar parte de la práctica de la prueba en el
juicio oral se refiere solamente a los elementos destinados a demostrar, o
contradecir, la responsabilidad del procesado, no a las pruebas de refutación,
cuyo propósito es desvirtuar la veracidad de otras evidencias. Por lo tanto,
estima que no hay razón para negarle la posibilidad de su ofrecimiento y
práctica. Para el interviniente, no se verían afectados ni los derechos del
debido proceso del acusado, como tampoco la teoría del caso formulada por la
acusación.
32. Puesto
que la demanda considera que el legislador incurrió en una omisión relativa, es
necesario verificar las cinco exigencias indicadas en la jurisprudencia de la
Corte[35],
a fin de definir si ello efectivamente ha tenido lugar.
33. En primer
lugar, la demanda se dirige contra el artículo 362 C.P.P., del cual se predica
la omisión legislativa relativa. Esta disposición prescribe que el juez debe
decidir el orden de presentación de la prueba y que, en todo caso, la prueba de
la Fiscalía tendrá lugar antes que la de la defensa. Inmediatamente después,
hace la salvedad de que en el caso de la presentación de las pruebas de
refutación, serán practicadas primero las ofrecidas por la defensa y luego las
de la Fiscalía. Sobre esta última parte de la disposición recae la impugnación
del demandante. El primer requisito para encontrar configurada la omisión del legislador
se halla, así, cumplido.
34. En segundo
lugar, al prescribir el orden de presentación de la prueba de refutación
únicamente entre la Fiscalía y la defensa, la norma no menciona a la víctima,
con lo cual implícitamente la excluye de la posibilidad de ofrecer medios de
convicción de esa naturaleza. Sin embargo, la Corte constata que la situación
de la víctima no es la misma, en sus aspectos relevantes, que la de las partes,
considerado el preciso momento procesal al que se refiere la norma.
Las
víctimas son intervinientes especiales y les asiste el derecho a participar y
contar con una tutela judicial efectiva en el trámite del proceso penal, a fin
de ver garantizados sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. La
jurisprudencia reseñada en esta sentencia muestra que a la víctima se le han
reconocido varias prerrogativas, inicialmente concedidas solo a las partes o
únicamente a la Fiscalía, en razón de que, dada la estrecha relación entre esas
atribuciones y sus interés, no se encontraba en una posición esencialmente
diferente a la de las partes, que permitiera diferenciarlas.
Con todo,
en el presente asunto, la Sala observa que las víctimas se hallan en una condición
procesal diversa a aquella de los adversarios. Como se señaló en la sección anterior, la prueba de refutación se
solicita y se practica en el juicio público y oral, audiencia fundamentalmente
acusatoria, en la que, en consecuencia, los protagonistas directos e inmediatos son el acusador y el acusado, en
equivalentes condiciones e igualdad de armas. De ahí que la posición de la
víctima en este caso no sea en ningún sentido asimilable a aquella que
representan las partes.
35. En
tercer lugar, la diferenciación que hizo el legislador entre las víctimas y las
partes en cuanto a la posibilidad de ofrecer pruebas de refutación, no solo no
está desprovista de una justificación sino que cuenta con un amplio y
suficiente sustento constitucional, a la luz de las subreglas jurisprudenciales sintetizadas en el
fundamento jurídico 21 de este fallo. Según se advirtió, las pruebas de
refutación únicamente pueden ser solicitadas y decretadas en el juicio oral,
pues solamente cobran sentido a partir de los resultados de la práctica de la
evidencia que se pretende rebatir.
Su fin no es
llevar conocimiento al juez sobre el tema principal de prueba del juicio, sino controvertir la solidez y credibilidad de
otra prueba y, más exactamente, poner de manifiesto hechos, razones o
circunstancias por las cuales otra prueba tiene concretos problemas que impiden
creer en lo que aparentemente demuestra. Cuando la prueba objeto de
controversia es testimonial, la evidencia de refutación buscará mostrar, por
ejemplo, que el testigo no estaba en capacidad de percibir, recordar o
comunicar lo que declaró; que poseía prejuicios, intereses o tenía motivos para
estar parcializado; que se trata de un testigo mendaz, entre otras.
Lo anterior
muestra que la prueba de refutación es un elemento a disposición de las partes,
de carácter esencialmente estratégico. Esto, porque su fin no es demostrar
cuestiones de hecho relativas a la responsabilidad del acusado, sino
circunstancias que comprometen la credibilidad de otras pruebas practicadas en
el juicio oral. Si bien, indirectamente, la prueba de refutación puede tener
consecuencias en la convicción del juez acerca del tema principal de prueba,
esa relación no es evidente e inmediata. El medio de refutación no es de suyo un
elemento de persuasión sobre los hechos que convocan el juicio, sino una
herramienta permitida entre las partes para controvertir el desempeño de las
pruebas.
Por otro
lado, generalmente, la utilización de las pruebas de refutación es solo una
opción que se contempla en el análisis y en los cálculos de la parte que busca
contrarrestar la afectación ocasionada por la práctica de una evidencia. La
parte afectada puede considerar que otras pruebas solicitadas por ella son
aptas para construir una mejor versión de lo ocurrido, de tal manera que,
sopesadas las cosas, sean suficientes para desvirtuar la que afecta sus
intereses. Así mismo, en el caso de que la prueba a atacar sea testimonial,
puede estimar suficiente lo obtenido en el contrainterrogatorio o, incluso,
optar por no realizar contrainterrogatorio y, a cambio, presentar un eficaz
alegato de cierre, con el que busque dejar claras las inconsistencias del
declarante.
En suma, la
prueba de refutación está comprendida dentro de las armas estratégicas de las
que disponen las partes y, no obstante las diferencias indicadas en las
consideraciones de esta sentencia, es un medio para rebatir las evidencias
adversas, como también lo son la impugnación de la credibilidad del testigo y
el uso del contrainterrogatorio. Por lo tanto, es una herramienta propia del
debate probatorio que se desarrolla en el juicio público y oral, cuyo uso solo
puede recaer en el acusador y el acusado, como garantía del principio de
igualdad de armas.
En estos términos, la exclusión
de la posibilidad para la víctima de solicitar directamente la práctica de
pruebas de refutación se halla plenamente justificada en el mantenimiento del
mencionado principio y como forma de asegurar que el juicio se desarrolle en
condiciones de equidad. La Corte coincide, por ende, con la mayoría de los
intervinientes, quienes sostienen que de concederse esta posibilidad a la
víctima se crearía un desequilibrio entre las partes, en desmedro de las
garantías procesales del acusado y del postulado de la igualdad de armas.
A juicio de la Sala, se
generarían dos estrategias acusatorias que, al margen de su compatibilidad
entre sí, comportarían un doble ataque para el acusado y su defensor, lo que
significaría un ostensible quebranto al equilibrio entre las partes que
gobierna el juicio oral, con evidente desventaja y menoscabo para las garantías
del procesado. Un tercero vendría a fortalecer la parte acusadora y el abogado
del inculpado tendría que verse en la obligación de organizar una estrategia
defensiva para responder eficazmente a dos actores, lo cual desbordaría el
marco de juzgamiento de tipo acusatorio consagrado en la Carta.
La Corte reitera
que el Constituyente consideró el juicio oral, público y contradictorio el centro
de gravedad de toda la actuación, acentuó su carácter adversarial y, por ello,
la actuación directa e independiente de las víctimas en esta fase se encuentra
restringida. Cabe añadir que esta limitación para la víctima en el juicio oral
comprende todas aquellas atribuciones que, de ser concedidas, tendrían la
potencialidad de erosionar la igualdad de armas, por así prohibirlo el
principio acusatorio que subyace a la audiencia.
La Sala
discrepa, por ello, del representante de la Fiscalía, para quien, en razón de
que la prueba de refutación no está destinada a probar hechos relativos a la
responsabilidad del acusado, no existe razón para no conceder a la víctima la
posibilidad de ofrecerla. Como se ha subrayado, lo relevante es que la potestad
genere un rompimiento a la igualdad de armas entre las partes y que suponga una
duplicidad, a nivel estratégico, probatorio o argumentativo en el juicio oral, contra
una de ellas, que es lo que justamente ocurriría si, de forma independiente del
Fiscal, se permite a la víctima solicitar pruebas de refutación.
La anterior
subregla y no, como considera el demandante, la derivada de la Sentencia C-456
de 2006[36],
resulta aplicable y proporciona un principio de razón suficiente a la medida
legislativa examinada, según el esquema expuesto en el fundamento 21 de esta
providencia. En este orden de ideas, la Sala determina que la exclusión de la
citada facultad para la víctima está justificada a la luz de la Constitución.
36. En cuarto
lugar, por razón de lo indicado, la Corte observa que la medida acusada no
genera una situación de desigualdad injustificada entre los diferentes actores
del proceso penal. Como se ha clarificado, la limitación a sus espacios de
intervención en el juicio oral encuentra respaldo constitucional, pues busca
que se preserve el carácter acusatorio del procedimiento y, especialmente, la
igualdad entre el acusador y el acusado en el juicio oral.
Por otro
lado, pese a que la norma comporta una restricción para las víctimas a la
posibilidad de solicitar pruebas de refutación, esto no significa su completa
anulación. Conforme a una de las subreglas citadas atrás, las prerrogativas que
no le son concedidas a las víctimas de forma independiente, pueden ser
ejercidas a través de la Fiscalía, la cual, a su vez tiene la obligación de oír
a su representante judicial, quien puede realizar observaciones para coadyuvar
y fortalecer la estrategia de la acusación. Por su parte, es obligación del
juez garantizar el espacio de diálogo entre, por un lado, el representante de
la víctima y su abogado, y por el otro, la Fiscalía, incluso, mediante un
receso de la audiencia.
Es claro
que entre la Fiscalía y la víctima, o entre ésta y su apoderado, pueden
presentarse divergencias acerca de cuál es la mejor estrategia a adoptar en el
juicio oral. Sin embargo, la Corte ha sostenido que, en tanto la Fiscalía es la
autoridad a la cual se ha asignado la misión constitucional de promover la
acción penal y en su calidad de parte le corresponde sostener la acusación en
el juicio oral, es ella quien tiene la potestad de trazar la ruta a seguir, con
la respectiva asunción de consecuencias y responsabilidades en caso de
incumplimiento de su obligación de buscar la satisfacción de los derechos de
las víctimas[37].
Además,
no solo la Fiscalía sino también el juez y el Ministerio Público tienen la
obligación de velar por la protección integral de los derechos fundamentales de
las partes e intervinientes en todas las instancias del proceso[38]. De esta forma, no
solo la limitación a los derechos de la víctima en este caso está debidamente
justificada sino que su permanente acceso e intervención a la práctica de la
prueba, aunque encausado a través principalmente de la Fiscalía, se halla debidamente
garantizado. Además, se recuerda que la víctima tiene también la facultad
directa de impugnar la sentencia condenatoria y de presentar alegatos de
cierre.
37. Por
último, que el legislador no haya previsto a favor de la víctima la potestad de
solicitar pruebas de refutación no constituye la inobservancia de un deber
constitucional específico. Pese a que en aquél recae la obligación de prever
participación efectiva de las víctimas, como interviene especialmente protegido,
en la fase de juicio oral dicha intervención está limitada por todas las
razones anteriormente enunciadas y, por lo tanto, ese deber debe ser armonizado,
en virtud del principio de igualdad de armas y del derecho de las partes a
tener un juicio con todas las garantías, consagrado en el artículo 250.4.  C.
P.
38. En
conclusión, la Sala constata que no se configura una omisión legislativa
relativa en el aparte censurado del artículo 362 del Código de Procedimiento
Penal, a la luz del cargo analizado.
VII.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLE
el fragmento “la presentación de las respectivas pruebas de refutación en
cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa y luego las de la
Fiscalía”, contenida en el artículo 362 de la Ley 906 de 2004, por el cargo
analizado en esta sentencia.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional
María Victoria Calle Correa
Presidenta
LUIS
GULLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con
salvamento parcial de voto
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA (P)
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA
C-473/16
POSICION DE
LAS VICTIMAS Y LAS PARTES EN PROCESO PENAL ANTE LA POSIBILIDAD DE PRESENTAR
PRUEBAS DE REFUTACION-Diferenciación se encuentra justificada y acorde con
el ordenamiento jurídico y en armonía con la constitución (Salvamento parcial
de voto)/PRUEBAS DE REFUTACION-Solo pueden ser solicitadas en el juicio
oral (Salvamento parcial de voto)/PRUEBAS DE REFUTACION-Fin (Salvamento
parcial de voto)/PRUEBAS DE REFUTACION-Elemento a disposición de las
partes (Salvamento parcial de voto)/PRUEBAS DE REFUTACION-Objeto
(Salvamento parcial de voto)/PRUEBAS DE REFUTACION-Recaen en el acusador
y acusado como garantía del principio de igualdad de armas (Salvamento parcial
de voto)
NORMA SOBRE
POSIBILIDAD DE LAS VICTIMAS DE PRESENTAR PRUEBAS DE REFUTACION EN PROCESO
PENAL-Corte debió declarar la exequibilidad condicionada (Salvamento
parcial de voto)
POSIBILIDAD
DE LAS VICTIMAS DE PRESENTAR PRUEBAS DE REFUTACION EN PROCESO PENAL-Jurisprudencia
constitucional (Salvamento parcial de voto)
POSIBILIDAD
DE LAS VICTIMAS DE PRESENTAR PRUEBAS DE REFUTACION EN PROCESO PENAL-Consonancia
con los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición, así como la
determinación de la verdad material (Salvamento parcial de voto)
PROCESO
PENAL-Participación de la víctima en la presentación de la prueba de
refutación no viola el principio de igualdad de armas (Salvamento parcial de
voto)
Referencia: Expediente D-l 1256
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 362 (parcial) de la Ley 906 de 2004
Magistrado Ponente:
Luis
Ernesto Vargas Silva
Con el respeto que merecen las decisiones
de esta Corporación, a continuación expongo la razón que me llevó a salvar parcialmente
el voto en relación con lo decidido por la Sala Plena en el asunto de la
referencia.
1. Sentencia C-473 de 2016
1.1.  El ciudadano Juan Sebastián Serna
Cardona demandó parcialmente e;
artículo 362 (parcial) de la Ley 906 de 2004 por la cual se expide el
Código de
Procedimiento Penal[39].
Ajuicio del demandante, el aparte acusado
infringe los artículos 2, 13, 29, 228 y 229 de la Constitución Política, sobre
el derecho de acceso a la justicia, "la efectividad e igualdad ante los
tribunales y la defensa en el proceso", así como los artículos 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, relativos al derecho de toda persona a ser
escuchada por un tribunal competente, independiente, imparcial y con la debidas
garantías.
1.2.  Relató que la
norma acusada es inconstitucional porque omitió conceder a la víctima la
posibilidad de presentar pruebas de refutación, además porque es contraria a la
línea jurisprudencial que la Corte Constitucional ha desarrollado sobre la
materia.
1.3.  Para el
demandante existe una omisión legislativa relativa ya que la disposición
acusada no consagró la facultad que también debe serle reconocida a la víctima,
consistente en solicitar pruebas de refutación, excluirla de esa facultad
implica el desconocimiento de los derechos a probar y sus prerrogativas al
debido proceso, verdad, justicia y reparación.
1.4. La mayoría de la
Sala declaró exequible la norma en razón a que las víctimas se hallan en una
condición procesal diversa respecto de los adversarios. En efecto, la prueba de
refutación se solicita y se practica en el juicio público y oral, audiencia
fundamentalmente acusatoria, en la que los protagonistas directos e inmediatos
son el acusador y el acusado, en equivalentes condiciones e igualdad de armas.
En ese sentido, sostuvo que la posición de la víctima en este caso no sea en
ningún sentido asimilable a aquella que representan las partes.
Para la Corte la diferenciación que hizo
el legislador entre las víctimas y las partes en cuanto a la posibilidad de
ofrecer pruebas de refutación, se encuentra plenamente justificada y acorde con
el ordenamiento jurídico y en armonía con la constitución.
1.5. Aclaró que dichas
pruebas solo pueden ser solicitadas en el juicio oral, puesto que solamente
cobran sentido a partir de los resultados de la práctica de la evidencia que se
pretende rebatir. Su fin no es llevar conocimiento al juez sobre la cuestión
principal de prueba del juicio, sino controvertir la solidez y credibilidad de
otra prueba. La prueba de refutación es esencialmente un elemento a disposición
de las partes, de carácter estratégico. Su objeto no es demostrar cuestiones de
hecho relativas a la responsabilidad del acusado, sino circunstancias que
comprometen la credibilidad de otras pruebas practicadas en el juicio oral. Por
lo tanto, es una herramienta propia del debate probatorio que se desarrolla en
el juicio público y oral, cuyo uso solo puede recaer en el acusador y el
acusado, como garantía del principio de igualdad de armas.
La Corte concluyó que la exclusión de la
posibilidad para la víctima de solicitar directamente la práctica tiene como
fin asegurar que el juicio se desarrolle en condiciones de equidad. Por el
contrario, conceder tal posibilidad a la víctima crearía un desequilibrio entre
las partes, en desmedro de las garantías procesales del acusado y del postulado
de la igualdad de armas.
2. Motivos del
salvamento parcial de voto
En mi criterio, la Corte debió declarar
la exequibilidad condicionada de la norma, en el entendido de la que la víctima
tenga la posibilidad de participar en el orden de presentación de la prueba de
refutación.
En las sentencias C-456 de 2006, C-l 154
de 2005, C-1177 de 2005 y C-209 de 2007, este Tribunal ha precisado la
posibilidad de que las víctimas puedan intervenir en: (i) la audiencia
preparatoria para el descubrimiento de los elementos probatorios y la totalidad
de las pruebas que serán consideradas en el juicio oral; (ii) la audiencia
preparatoria para la exhibición de los elementos materiales probatorios y la
evidencia física y (iii) la audiencia preparatoria, para la exclusión, el
rechazo y la admisibilidad de la prueba.
En el presente asunto, la participación
de la víctima en la decisión sobre el orden de presentación de las pruebas de
refutación iría en consonancia con el precedente desarrollado antes descrito
donde se han garantizado y hecho énfasis en los derechos de las víctimas a la
verdad, justicia, reparación y condiciones de no repetición, así como la
determinación de la verdad material.
La participación de la víctima en la
decisión sobre el orden de presentación de la prueba de refutación no viola la
igualdad de armas, ni el orden lógico del proceso penal, ya que en este caso lo
que se establece es que la víctima pueda hacer parte en la determinación que
debe realizar el juez. Esa posibilidad se debe diferenciar de la práctica de
pruebas en la etapa de juzgamiento, que estaría en cabeza de la Fiscalía, pero
en donde se debería tener en cuenta el orden propuesto en la audiencia
preparatoria con participación de la víctima.
Darle la posibilidad a la víctima de que
participe en la decisión sobre el orden de presentación de la prueba de
refutación podría coadyuvar al ente acusador en si labor de investigación y
acusación, y en determinar la verdad material de los hechos del caso,
garantizando, de este modo, los derechos de las víctimas en el proceso penal,
porque puede darse el caso que el ente acusador omita realizar ciertas
actuaciones que sirvan para establecer la claridad de los hechos.
En éstos términos dejo expresado mi
salvamento parcial de voto.
Fecha ut supra,
JORGE IVAN
PALACIO PALACIO
Magistrado
[1] Ver, Sentencias C-038 de 1995,
M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-327 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz; C-555 de
2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-965 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil;
C-591 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-210 de 2007, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra; C-692 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-820
de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, citadas en la Sentencia C-782 de 2012.
Ver, también, la Sentencia C-233 de 2016, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[2] Sentencias C-316 de 2002, M. P.
Marco Gerardo Monroy Cabra; C-620 de 2001, M. P. Jaime Araujo Rentería; C-387
de 2014, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio; C-828 de 2010, M. P.  Humberto
Antonio Sierra Porto; C-782 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-1149 de
2001, M. P. Jaime Araujo Rentería; C-393 de 2002, M. P. Jaime Araujo Rentería; C-
248 de 2004, MP. Rodrigo Escobar Gil; C-822 de 2005, Manuel José Cepeda
Espinosa; C-1404 de 2000. MM.PP. Carlos Gaviria Díaz y Álvaro Tafur Galvis;
C-1086 de 2008, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[3] Sentencias C-250 de 2011, M. P.:
Mauricio González Cuervo y C-233 de 2016, cit.
[4] Sentencia C-555 de 2001,
reiterada en la Sentencia C-316 de 2002, cit.
[5] Sentencia C-555 de 2001, cit.
[6] Cfr., Sentencias C-144 de 2010,
M. P. Juan Carlos Henao Pérez, y C-260 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[7] Sentencia C-454 de 2006, M. P.
Jaime Córdoba Triviño. Ver, a este respecto, los artículos 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y  25 de la Convención Americana
de Derechos Humanos.
[8] Desde la Sentencia C-228 de
2002, (M.M.P.P., Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett), que
recogió los primeros avances de los fallos T-275 de 1994, T-443 de 1994, T-740
de 2001 y C-1184 de 2001, los derechos de las víctimas fueron ampliados en su
comprensión, de modo que se abandona definitivamente la idea de que a aquellas les
asiste solo la posibilidad de reclamar un resarcimiento económico por los daños
causados con el delito y se acoge la concepción de que tienen verdaderos
derechos, además, a la justicia, la verdad y a que se garantice la no
repetición de los crímenes que las vulneraron. La doctrina formulada en la
Sentencia C-228 de 2002 ha sido reiterada y ampliada en múltiples providencias
posteriores, desde las C-578, C-580 y C-916 de 2002, que inicialmente la
ratificaron, hasta, recientemente, la T-418 de 2015, pasando por las Sentencias
C-04 de 2003, C-370 de 2006, C-454 de 2006, C-936 de 2010, T-576 de 2008, C-715
de 2012, C-916 de 2002, C-1033 de 2006, C-099 de 2013, SU-254 de 2013, C-579 de
2013, C-180 de 2014 y C-286 de 2014, entre las más representativas.
[9] T-1184 de 2001, M. P. Eduardo
Montealegre Lynett, reiterada en la Sentencia C-454 de 2006, cit.
[10] Cfr. Sentencia C-454 de 2006,
cit.
[11] Sentencias C-555 de 2001, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra; C-651 de  2011, M.P. María Victoria Calle Correa,
C- 820 de 2011 y C-782 de 2012, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva, fallos
reiterados en la Sentencia T-782 de 2012.
[12]  Sentencia C-250 de 2011, M. P. Mauricio González
Cuervo, reiterada en la Sentencia C-233 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[13] Cfr., Sentencias C-591 de 2005 y
C-1260 de 2005, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, C-454 de 2006, cit., C-396
de 2007, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-782 de 2012, M. P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[14] M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[15] M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[16] M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[17] M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[18] El artículo 327 de la Ley 906 de
2004 fue modificado el artículo 5 de la Ley 1312 de 2009, que recogió la
decisión adoptada en la sentencia de constitucionalidad que se reseña en el
texto.
[19] M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[20] M. P. Mauricio González Cuervo.
[21] M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[22] M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[23] Sentencias C-591 de 2005, M. P.
Clara Inés Vargas Hernández; T-1110 de 2005, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto; C-1194 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, C-396 de 2007 y C-118
de 2008, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[24] C-396 de 2007, M. P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[25] M. P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[26] Sentencia C-118 de 2008, cit.
[27] La doctrina ubica el principio
en mención en el diseño procesal norteamericano, particularmente en el proceso Roviaro
Vs United Status, del que conoció la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Ante la necesidad de que la defensa tuviera oportunidad de producir evidencias
a su favor, la Corte Suprema estableció que, en aplicación del principio de
justicia procesal (fairness), la Fiscalía estaba obligada a revelar la
identidad de un testimonio que adujo como prueba de cargo. Con posterioridad,
la Corte Suprema de Justicia ha extendido los alcances del principio buscando
que la Fiscalía revele información y evidencia relevante para el proceso,
siempre y cuando la misma no esté sujeta a una reserva específica. Entre las
decisiones más importantes en la materia figuran Money Vs Holohan 294 U.S. 103
(1935); Brady Vs Maryland, 373 U.S. 83 (1963) y United Status Vs. Agurs, 427
U.S. 97 (1976). Referencia tomada de la Sentencia C-1194 de 2005, M. P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[28] Sentencia C-536 de 2008, M. P.
Jaime Araujo Rentería.
[29] M. P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[30] Sentencia C-616 de 2014. Ver,
así mismo, la Sentencia C-536 de 2008, M. P. Jaime Araujo Rentería.
[31] Corte Suprema de Justicia. Sala
de Casación Penal. Auto de 20 de agosto de 2014, radicación 43749, M. P.
Eugenio Fernández Carlier.
[32] Ibíd.
[33] Ibíd. Cfr. “ARTÍCULO 403 C. P.
P. Impugnación de la credibilidad del testigo. La impugnación tiene como única
finalidad cuestionar ante el juez la credibilidad del testimonio, con relación
a los siguientes aspectos:
1. Naturaleza inverosímil o increíble del
testimonio.
2. Capacidad del testigo para percibir, recordar o
comunicar cualquier asunto sobre la declaración.
3. Existencia de cualquier tipo de prejuicio,
interés u otro motivo de parcialidad por parte del testigo.
4. Manifestaciones anteriores del testigo, incluidas
aquellas hechas a terceros, o en entrevistas, exposiciones, declaraciones
juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías.
5. Carácter o patrón de conducta del testigo en
cuanto a la mendacidad.
6. Contradicciones en el contenido de la
declaración.
Artículo 440. C. P. P.  Utilización de la prueba de
referencia para fines de impugnación. Podrán utilizarse, con fines de
impugnación de la credibilidad del testigo o perito, las declaraciones que no
constituyan prueba de referencia inadmisible, de acuerdo con las causales
previstas en el artículo 438”.
[34] Mauet, Thomas A., Trial
Techniques, Aspen Publishers, New York, Gaithersburg, 2002, p. 274.
[35] Para la identificación de una omisión legislativa
relativa se requiere: (i) que exista una norma sobre la cual se predique el cargo;
(ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que,
por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo
cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de
acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con
los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes
carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación
y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una
desigualdad injustificada frente a los que se encuentran amparados por las
consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del
incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador.
Cfr. Sentencias C-427 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-041 de 2002, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra; C-1549 de 2000, M.P. (e) Martha Victoria Sáchica
Méndez; C-509 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-1009 de 2005, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa; C-1266 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto;
C-864 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-442 de 2009, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto; C-936 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-260 de
2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, sentencias reiteradas en el fallo C-782
de 2012. Ver, así mismo, la Sentencia C-233 de 2016, M. P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[36] En la cual se reconoció a la
víctima la posibilidad de hacer solicitudes probatorias en la audiencia
preparatoria.
[37] Sentencia C-260 de 2011, M. P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[38] Ibíd.
[39] "ARTÍCULO
362. DECISIÓN SOBRE EL ORDEN DE LA PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA. El juez decidirá
el orden en que debe presentarse la prueba. En todo caso, la prueba de la
Fiscalía tendrá lugar antes que la de la defensa, sin perjuicio de la
presentación de las respectivas pruebas de refutación en cuyo caso serán primer
las ofrecidas por la defensa y luego las de la Fiscalía".