T-368-18
Sentencia T-368/18
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ABUSO DEL DERECHO-Elementos que lo configuran
ACCION DE TUTELA PARA CONTROVERTIR DECISIONES JUDICIALES QUE HAN
RECONOCIDO Y RELIQUIDADO PENSIONES CON PALMARIO ABUSO DEL DERECHO-Procedencia
excepcional
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD EN LAS ACCIONES DE TUTELA INTERPUESTAS POR LOS
FONDOS DE PENSIONES-Reglas
Se han reiterado
unas reglas para el análisis del requisito de subsidiariedad en las acciones de
tutela interpuestas por los fondos de pensiones:
“(i) Por regla general
las acciones de tutela que pretendan controvertir providencias judiciales que
ordenaron algún tipo de reconocimiento prestacional periódico con abuso del
derecho, son improcedentes. (ii) Esa improcedencia general del amparo obedece a la existencia
del recurso extraordinario de revisión dispuesto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, siempre y cuando se interponga
dentro de la oportunidad establecida en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011
(cinco años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la
providencia judicial) o en la Sentencia
SU-427 de 2016 (cinco años contados
a partir del 12 de junio de 2013, en el caso de que sean providencias
judiciales proferidas antes de la fecha de sucesión de la UGPP en la
representación judicial de CAJANAL, o a partir de la fecha de ejecutoria). (iii) La legitimación para interponer el recurso extraordinario de
revisión por la configuración de un abuso del derecho recae, además de los
sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de
pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de
manera irregular. (iv) Excepcionalmente, las
acciones de tutela interpuestas por las administradoras de pensiones para
controvertir providencias judiciales por abuso del derecho, serán procedentes
si tal abuso del derecho es de carácter palmario. (v) Para la identificación de un abuso palmario
del derecho en materia pensional debe realizar un análisisen
conjunto de las diversas circunstancias presentes en los casos concretos y para
el efecto se puede acudir a los criterios y pautas de
interpretación fijados en las Sentencias SU-427 de 2016,
SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017, relacionados con la
existencia de incrementos pensionales desproporcionados, no correspondencia
entre el monto de la pensión y la historia laboral, ventajas irrazonables como
el desconocimiento de topes pensionales y/o vinculaciones precarias (subraya
fuera de texto). El accionante tiene la carga de aportar la información
necesaria, pertinente y conducente para establecer la existencia del abuso
palmario del derecho y, así, que en el caso concreto procede excepcionalmente
la acción de tutela. En todo caso, la Corte Constitucional, sus distintas Salas
de Revisión y los jueces de tutela, con base en los principios de autonomía e
independencia judicial, se encuentran en libertad para establecer su
convencimiento sobre el caso concreto y sobre si existe o no un abuso del
derecho de carácter palmario. (vi) En los
casos en los que se acredite un abuso palmario del derecho y se decida de fondo
el caso se adoptarán medidas para no afectar los derechos fundamentales de los
implicados en la causa, tales como establecer un período de gracia de seis
meses para hacer el reajuste pensional y/o no hacer exigible el reintegro de
sumas ya canceladas”.
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia
DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
REGIMEN
DE TRANSICION REFERENTE AL IBL-Desarrollo jurisprudencial
REGIMEN
DE TRANSICION PREVISTO EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY 100/93-Reiteración
de jurisprudencia
REGIMEN
DE TRANSICION PREVISTO EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993-Características
REGIMEN
DE TRANSICION PREVISTO EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993-Requisitos
REGIMEN
DE TRANSICION PREVISTO EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993-Jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia ha considerado
que el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
“solo conservó a sus
beneficiarios lo relativo a la edad, tiempo de servicios y monto porcentual de
la prestación. Por tanto, los demás aspectos del régimen pensional, incluido el
IBL, quedaron sometidos a la nueva legislación en materia de seguridad social,
especialmente, a lo dispuesto en los artículos 21 y 36 ibídem”. Lo
anterior, atendiendo a que el monto hace alusión al porcentaje que se debe aplicar más “no a la base reguladora de la
pensión o a los ingresos en los que esta se fundamenta”.
REGIMEN DE TRANSICION PREVISTO EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY
100 DE 1993-Jurisprudencia del Consejo de Estado
El
Consejo de Estado, por su parte, inicialmente consideró que los elementos que
cobijaba el régimen de transición eran la edad, el tiempo de servicios y el
monto, con base en que el IBL era un factor que no regulaba dicho beneficio.
Posteriormente, cambió su jurisprudencia “por razones de favorabilidad
laboral y del efecto útil de las normas”, y señaló que a quienes eran
beneficiarios del régimen de transición se les debía aplicar de manera integral el
régimen anterior, es decir, “el ingreso base de liquidación no
podía calcularse con fundamento en las normas del SGSS”. Esta postura se acogió
en tanto la redacción del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no era clara por lo
cual era necesaria aplicar la interpretación más favorable al trabajador. De manera
más reciente, la Sección Segunda del Consejo de Estado al proferir un fallo de
remplazo de una sentencia de unificación indicó que “el régimen de
transición no hace excepción respecto de los factores base de liquidación de la
pensión ni de la forma de liquidar la misma”, de lo que se puede deducir que el
IBL está incluido en el régimen de transición.
REGIMEN DE TRANSICION PREVISTO EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY
100 DE 1993-Jurisprudencia constitucional
APLICACION
DEL REGIMEN DE TRANSICION Y, EN PARTICULAR AL IBL-Subreglas
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MATERIA DE
RELIQUIDACION PENSIONAL-Procedencia por desconocimiento del precedente
constitucional que señala que el IBL no es un aspecto integrante del régimen de
transición
Se
concluye que el Tribunal Administrativo se apartó injustificadamente del
precedente fijado por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y
SU-230 de 2015 reiterado igualmente en la SU-427 de 2016 que señala que el
IBL no es un aspecto integrante del régimen de transición, incurriendo en el defecto
por desconocimiento del precedente constitucional vulnerando el derecho
fundamental de Pensiones de Antioquia al debido proceso.
Referencia: Expediente T-6.665.992.
Acción de tutela
instaurada por Pensiones de Antioquia contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia.
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Bogotá D.C.,
seis (6) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Séptima de Revisión de
tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Cristina Pardo Schlesinger
–quien la preside-, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política,
profiere la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de
revisión de los fallos de primera y segunda instancia[1]
proferidos dentro de la acción de tutela instaurada por Pensiones de Antioquia
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política (arts. 86 y
241-9), el Decreto 2591 de 1991 (art. 33) y el Acuerdo 02 de 2015 (art. 55), la
Sala de Selección Número Tres de la Corte Constitucional escogió, para efectos
de su revisión, cuatro acciones de tutela (T-6.631.024, T-6.644.430,
T-6.665.989 y T-6.665.992)[2]. En Auto de fecha 13 de
junio de 2018 se ordenó la acumulación de los expedientes T-6.644.430,
T-6.665.989 y T-6.665.992 al T-6.631.024 para que fueran fallados en una misma
sentencia por unidad de materia. Finalmente, por Auto de fecha 27 de junio del
presente año se ordenó la desacumulación del expediente T-6.665.992 para que
fuera fallado en sentencia aparte por cuanto se trataba de un tema que requería
un despliegue probatorio distinto. De conformidad con el artículo 34 del
Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia
correspondiente.
1. Hechos y solicitud
El 17 de mayo de 2017 Pensiones de Antioquia, a través de apoderado
judicial, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Oralidad por considerar que esa autoridad vulneró su
derecho fundamental al debido proceso al proferir la sentencia No. 52 del 24 de
noviembre de 2016, dentro del proceso promovido por la señora Luz Helena del
Socorro Pérez Correa contra la entidad en el que se condenó a reliquidar la
pensión de la demandante con base en todos los factores devengados en el último
año de servicios, configurándose un presunto desconocimiento del precedente
jurisprudencial de la Corte Constitucional. Funda su solicitud en los
siguientes hechos:
1.1. Pensiones de Antioquia, mediante la Resolución 2102 del 1 de
julio  de 1998, reconoció la pensión de vejez a la señora Luz Helena del
Socorro Pérez Correa, como beneficiaria del régimen de transición, en
concordancia con la Ley 6 de 1945 que requiere 50 años de edad y 20 años de
servicio al Estado. Para liquidar el monto de la pensión, se tuvo en cuenta lo
preceptuado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en cuanto a la edad, el tiempo
y el monto del régimen anterior “y se acudió a lo consagrado en el Inciso
Tercero del mismo Artículo 36, para establecer el IBL, porque a la afiliada le
faltaban menos de 10 años para adquirir el derecho cuando  entró en vigencia la
Ley 100 de 1993, por lo tanto, en el IBL entraron sólo los factores salariales
por los cuales cotizó”.
1.2. Indica que la señora Pérez Correa solicitó la reliquidación de
su pensión con base en el promedio mensual de los factores salariales
devengados en el último año de servicios a lo que Pensiones de Antioquia, en
Oficio No. 000873 del 13 de abril de 2013, se negó por considerar que la
solicitud “ya había sido objeto de demanda en la jurisdicción laboral y
constituía cosa juzgada”.
1.3. Comenta que la señora Luz Helena Pérez interpuso demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho cuyo conocimiento estuvo a cargo del
Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de Medellín que en sentencia
del 7 de septiembre del 2015 negó las pretensiones en aplicación del precedente
de la Corte Constitucional consignado en la sentencia SU-230 de 2015.
1.4. Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación
que se resolvió en fallo del 24 de noviembre de 2016 de la Sala Primera de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, en el cual se condenó a
Pensiones de Antioquia a reliquidar la pensión de la señora Pérez Correa “con
base en todos los factores devengados en el último año de servicios, de
conformidad con el precedente del Consejo de Estado sobre el Ingreso Base de
Liquidación de los beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993”.
1.5. Con esta decisión, aduce Pensiones de Antioquia, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad incurrió en una vía de
hecho por “Defecto sustantivo por haber vulnerado el derecho fundamental a
la garantía al debido proceso, por cuanto, en primer lugar: violó los
principios de legalidad, cuando revoca la sentencia de primera instancia (…).
En segundo lugar, Desconoce el precedente jurisprudencial de la Corte
Constitucional de las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-427 de
2016, que ratifican que el IBL de las pensiones de los beneficiarios del
régimen de transición no es objeto de la transición”.
1.6. Asegura que en el presente caso no procede el recurso
extraordinario de revisión “dado que no se tipifica en ninguna de las
causales del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo”.
1.7. Teniendo en cuenta lo anterior solicita tutelar el derecho al
debido proceso de Pensiones de Antioquia, ordenar al Tribunal accionado que
revoque su propia sentencia y que profiera una nueva teniendo en cuenta la
jurisprudencia de la Corte Constitucional contenida en las sentencias C-258 de 2013,
SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016.
2. Contestación
de la acción de tutela[3]
2.1. Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala primera de Oralidad[4]
El 30 de mayo de
2017, el Tribunal accionado dio contestación a la acción de tutela solicitando
que se declare “impróspera” teniendo en cuenta que el defecto sustantivo
que se alega “no se configura, toda vez que el aspecto concreto del IBL como
elemento integrante del régimen de transición, existen diferentes y
contradictorios precedentes jurisprudenciales, entre el Tribunal Supremo de lo
Contencioso Administrativo y la Honorable Corte Constitucional, ambos órganos
de cierre”. Aunado a lo anterior, en la providencia atacada se “dan
diferentes razones por las cuales nos apartamos de las providencias que hoy se
dice desconocimos, cumpliendo de este modo la carga argumentativa”.
Por otra parte,
resalta que el derecho pensional en estudio se consolidó el 4 de abril de 1998,
con más de 15 años de anterioridad a la expedición de las diferentes
providencias que consideran “que el IBL no hace parte del régimen de
transición, fecha para la cual estaban vigentes pronunciamientos
jurisprudenciales que incluían en el régimen de transición el IBL, y como tal,
no podemos aplicar los nuevos preceptos o disposiciones jurisprudenciales en
forma retroactiva, pues sería ir en contra de claras disposiciones
constitucionales como el art. 58”.
2.2. Luz
Helena del Socorro Pérez Correa[5]
La señora Luz
Helena del Socorro Pérez Correa presentó escrito en su calidad de tercero
interesado en el resultado del proceso, en el que se opone a las pretensiones
formuladas por la accionante, teniendo en cuenta que el fallo acusado se
soporta en la sentencia de unificación de Jurisprudencia de la Sección Segunda
del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010.
Afirmó que
fallar de una manera diferente es “violar derechos fundamentales como la
igualdad, el debido proceso, la favorabilidad, la confianza legítima y la buena
fe que inspiran nuestro Estado de Derecho y en especial el Derecho Social de los
Trabajadores”.
Frente a la
Sentencia SU-427 de 2016 alegada por la accionante como desconocida por el
fallador de instancia, señaló que no es aplicable al caso pues dicha sentencia
fue expedida “para evitar que se obtengan pensiones con abuso del derecho,
como sucedía con los altos funcionarios a quienes se les aplicaba el Artículo
17 de la Ley 4ª de 1992”, y no se debatieron en ella temas relacionados con
la Ley 6ª de 1945 o la Ley 33 de 1985.
3. Pruebas
que obran en el expediente
3.1. Poder
especial, amplio y suficiente de fecha 4 de mayo de 2017, otorgado por José
Nicolás Arenas Henao como representante legal de Pensiones de Antioquia a
Sergio León Gallego Arias para que interponga y sustente acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad[6].
3.2. Copia del
Decreto No. 3780 del 15 de diciembre de 1991, expedido por la Gobernación de
Antioquia “Por el cual se crea el Fondo Prestacional de los Empleados,
Trabajadores y Pensionados del Departamento de Antioquia”[7].
3.3. Copia de la
Ordenanza No. 30 del 12 de diciembre de 2003, expedida por la Asamblea
Departamental de Antioquia, “Por la cual se modifican los estatutos de
pensiones de Antioquia”[8].
3.4. Copia del
fallo emitido el 7 de septiembre de 2015 por el Juzgado Veinticinco
Administrativo Oral de Medellín, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho iniciado por Luz Helena del Socorro Pérez Correa
contra Pensiones de Antioquia en la que se resolvió negar sus pretensiones[9].
3.5. Copia del fallo
emitido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad,
de fecha 24 de noviembre de 2016, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho iniciado por Luz Helena del Socorro Pérez Correa contra Pensiones
de Antioquia en la que se resolvió revocar la providencia de primera instancia,
declarar la nulidad del oficio 000873 del 13 de abril de 2012 expedido por el
gerente de pensiones de Antioquia, establecer la prescripción de las mesadas
causadas con anterioridad al 18 de diciembre de 2008 y se ordenó a Pensiones de
Antioquia reliquidar la pensión de la señora Pérez Correa teniendo en cuenta el
promedio de los factores salariales de carácter legal devengados en el último
año de servicios, previa deducción de los aportes causados y destinados al
sistema de seguridad social en salud y pensiones[10].
3.6. Copia del
expediente administrativo de acción de nulidad y restablecimiento del derecho
iniciado por Luz Helena del Socorro Pérez Correa contra Pensiones de Antioquia[11].
4. Decisiones
judiciales objeto de revisión
4.1. El Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B, en sentencia de fecha 21 de junio de 2017, resolvió negar el amparo al
derecho al debido proceso invocado.
Lo anterior
teniendo en cuenta que el fallo atacado acoge los lineamientos del Consejo de
Estado impartidos en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 “en
el sentido de que el ingreso base de liquidación para las pensiones de las
personas beneficiarias del régimen de transición y de la Ley 33 de 1985, se
calcula con base en los factores salariales devengados durante el último año de
servicios”.
Aunado a esto,
el fallo examinado se apartó de lo previsto en el fallo SU-230 de 2015 de la
Corte Constitucional con base en que “los efectos de la sentencia sólo
serían aplicables respecto de los servidores públicos a quienes cobija el
artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, y no podrían extenderse de manera automática
para otros regímenes pensionales”. Así las cosas, dado que el Tribunal
accionado explicó en la providencia el motivo por el cual se aparta del
precedente constitucional “se concluye que colmó los respectivos criterios
de suficiencia y transparencia que exigen el deber de motivar razonablemente
las decisiones judiciales”.
4.2. El
apoderado judicial de Pensiones de Antioquia presentó impugnación con base en
los siguientes argumentos:
Los efectos
económicos de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 proferida por
el Consejo de Estado “son ruinosos para las administradoras del régimen de
prima media con prestación definida, porque rompen el equilibrio financiero del
sistema, máxime cuando se están incluyendo unos factores salariales por los
cuales no se ha cotizado, y que, por obvias razones, no han generado los
réditos necesarios para financiar las pensiones”.
Por otra parte,
las sentencias de la Corte Constitucional “apuntan a proteger el principio
de sostenibilidad financiera del sistema pensional y de contera, el interés
general, dado que es evidente que, de ese fondo común que constituye el régimen
de prima media, somos más lo que aspiran pensionarse, que los pocos
privilegiados del régimen de transición, que ya lo están”.
Con todo, afirma
que es “evidente que el precedente de la Corte Constitucional está señalado
a prevalecer y que a partir de la expedición de las sentencias C-258 de 2013,
SU-230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-395 de 2017, las autoridades
administrativas y judiciales no pueden optar por acoger la jurisprudencia de
otras cortes, cuando se evidencie que va en contravía de la interpretación
otorgada por la Corte Constitucional sobre el régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993”[12].
4.3. El Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en sentencia
de fecha 13 de febrero de 2018, resolvió confirmar el fallo de primera
instancia. Reiteró que el precedente judicial es de dos tipos, horizontal y
vertical de los cuales el funcionario judicial “puede apartarse (…) siempre
que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que
modifica su posición, de ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de
la separación del caso resuelto con anterioridad”.
Ahora bien, en
el caso concreto se evidencia que el derecho de la señora Luz Helena del
Socorro Pérez Correa a su pensión de vejez, fue adquirido antes de que se
profiriera la sentencia SU-230 de 2015, por tanto, como lo “sostuvo la Corte
Constitucional, no es viable su aplicación de manera retroactiva”. Además,
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se interpuso el 1 de
noviembre de 2013 lo que significa que las reclamaciones judiciales se hicieron
con anterioridad de la publicación de la sentencia mencionada, “es decir,
cuando la señora Pérez Correa acudió a la jurisdicción, tenía la expectativa
legítima de que le asistía el derecho al IBL con el régimen anterior”.
5.
Actuaciones en sede de revisión
5.1. Por Auto de
fecha 27 de junio de 2018 la Sala, para mejor proveer, le solicitó a la
accionante que informara[13]:
“(i) cuál es el
monto de la pensión reconocida y pagada por Pensiones de Antioquia inicialmente
a la señora Luz Helena Pérez Correa, actualizada a valores de junio de 2018;
(ii) cuál es el
monto de la pensión que reconoció o se debe reconocer en cumplimiento de la
sentencia de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Oralidad, actualizado a valores de junio de 2018; y
(iii) cuál es el incremento porcentual entre el monto previo a la liquidación
ordenada judicialmente y el monto calculado de cumplirse la orden judicial de
reliquidación respecto de Luz Helena Pérez Correa”.
5.2. El 10 de
julio de 2018 la Secretaría General de la Corte remitió al Despacho
comunicación informando que vencido el término probatorio se recibió vía correo
electrónico, el oficio 2018012154 del 6 de julio de 2018, suscrito por Sergio
León Gallego Arias, apoderado de Pensiones de Antioquia, en el que da respuesta
a lo solicitado en los siguientes términos:
“(i) El monto de
la mesada pensional pagado a junio de 2018 efectivamente es de $1.797.786.
(ii) El monto de
la mesada pensional reliquidado y actualizado a junio de 2018, de acuerdo con
lo proyectado por ustedes conforme a la sentencia de segunda instancia es de
$3.154.027.
(iii) El
incremento porcentual entre la mesada pensional actual y la reliquidada es de
75.44%”.
5.3. El 24 de
julio de 2018 la Secretaría General de la Corte remitió al Despacho, escrito
firmado por Luz Elena Gallego Córdoba, apoderada de la señora Luz Helena del
Socorro Pérez Correa, en el que da respuesta al auto del 27 de junio de 2018,
solicitando tener en cuenta los mismos argumentos esbozados en la contestación
de la acción de tutela, los cuales se resumen en que la providencia judicial
fue proferida de acuerdo con la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado
frente a la forma de liquidar el ingreso base.
5.4. El 30 de
julio de 2018 la Magistrada Sustanciadora profirió auto en el que se dio
traslado a las partes de las pruebas allegadas al proceso en sede de revisión.
En respuesta al anterior auto, se recibió escrito firmado por la señora Luz
Elena Gallego Córdoba, apoderada de la señora Luz Helena del Socorro Pérez
Correa, en el que manifiesta que la información suministrada por el Fondo de
Pensiones “da cuenta de unos guarismos cuyo origen o fórmula no se establece
para determinar el valor de la pensión reliquidada” por lo tanto, solicita
requerir a la entidad para que exponga los factores que tuvo en cuenta para
reliquidar de tal manera la pensión.
Ante la petición
de la tercera interesada en el proceso, esta Sala aclara que en el auto de
fecha 10 de julio de 2018, específicamente se le preguntó a la entidad
accionante “(…) (ii) cuál es el monto de la pensión que reconoció o se debe
reconocer en cumplimiento de la sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, actualizado a valores de
junio de 2018; y (iii) cuál es el incremento
porcentual entre el monto previo a la liquidación ordenada judicialmente y el
monto calculado de cumplirse la orden judicial de reliquidación respecto de Luz Helena Pérez Correa”, a lo que se
respondió: “(ii) El monto de la mesada pensional reliquidado y actualizado a
junio de 2018, de acuerdo con lo proyectado por ustedes conforme a la
sentencia de segunda instancia es de $3.154.027.”
En este orden de
ideas, y teniendo en cuenta que la sentencia de segunda instancia del proceso
administrativo, controvertida en sede de tutela ordenó “reliquidar la
pensión de la señora Luz Elena del Socorro Pérez Correa teniendo en cuenta el
promedio de los factores salariales de carácter legal devengados en el
último año de servicios” (subraya en el original), se deduce que los
factores que se tuvieron como base para señalar que ese valor ($3.154.027) es
el de la pensión de la señora Pérez Correa, son aquellos que se solicitaron en
el proceso administrativo[14], que tuvieran carácter
legal y que fueron devengados en el último año de servicios. De tal manera que
al ser la señora Pérez Correa la demandante dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, debe conocer los montos a que se hacen
referencia. De esta manera, entiende la Sala innecesario acceder a la petición
de la apoderada de la señora Pérez Correa.
II. CONSIDERACIONES
1.
Competencia
La Sala Séptima
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en
desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°,
de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados
en el proceso de esta referencia.
2. Problemas
jurídicos
La Sala deberá
verificar si (i) la acción de tutela interpuesta contra
una autoridad judicial cumple con los requisitos generales de procedencia
contra providencias judiciales.
Posteriormente, si la respuesta al anterior interrogante es
afirmativa y en consideración a los antecedentes planteados, corresponde a
la Sala de Revisión atender la siguiente problemática:
(ii) ¿La sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad incurrió en las
causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales denominadas defecto material o sustantivo y
desconocimiento del precedente constitucional, al ordenar la reliquidación de
la pensión de jubilación de una persona, teniendo en cuenta el 75% del salario
promedio devengado en el último año de servicios y con todos los factores
salariales, lo cual considera el peticionario, es una regla distinta a la
señalada por la jurisprudencia constitucional en las sentencias C-168 de 1995,
C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016, vulnerando su derecho fundamental al debido proceso?
Para resolver las cuestiones planteadas, la
Sala Séptima de Revisión de Tutelas reiterará jurisprudencia sobre: primero,
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales incluyendo las reglas fijadas para las acciones de tutela
interpuestas por las administradoras de fondos de pensiones en supuestos de
abuso del derecho, segundo, el examen de procedencia general en el caso
concreto para luego, de ser superado, analizar tercero, las causales
específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, cuarto, el defecto material o sustantivo, quinto, el
defecto por desconocimiento del precedente constitucional, sexto,
desarrollo jurisprudencial del régimen de transición referente al IBL, para
finalmente, séptimo, analizar el caso concreto.
3. Procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala Plena de la Corte Constitucional, desde ya
hace tiempo, sistematizó y unificó los requisitos de procedencia y las razones
o causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales[15]. De esta manera, la
Corte en la Sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño) señaló como
requisitos generales de procedencia los siguientes:
“a. Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional (…), b.
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable (…), c. Que se cumpla
el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración (…), d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…), e.
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…),
f. Que no se trate de sentencias de tutela”[16].
3.1. Frente a la evidente relevancia constitucional,
esta Corte ha concluido que dicha exigencia obedece al respeto por la órbita de
acción del juez constitucional así como de la de las demás jurisdicciones. Aquí
es el momento en el que el juez de tutela debe argumentar con fundamentos
claros y expresos por qué el asunto analizado es de relevancia constitucional
al punto de afectar garantías constitucionales de alguna o ambas partes.
3.2. El agotamiento de los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial está en estrecha relación con la
subsidiariedad de la acción de tutela pues, de no ser así, se convertiría en
una instancia adicional para las partes dentro del proceso. Esta exigencia trae
consigo una excepción consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y es
que puede flexibilizarse en aras de evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
Respecto de este requisito, específicamente, el Acto
Legislativo 1º de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución, indicó
que la Ley debía consagrar un “un procedimiento breve para la revisión de las pensiones
reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente
celebrados”,
entendiéndose como tal, aquel que debe iniciar cualquier administradora de
pensiones cuando considera que la prestación pensional de una persona, fue
otorgada con base en abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos.
La
sentencia SU-427 de 2016[17] señaló que la instrucción dada en el Acto
Legislativo mencionado no ha sido desarrollada legalmente de manera específica,
por lo tanto, se ha acudido al recurso de revisión consagrado en el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003[18],
para que las administradoras de pensiones puedan hacer revisar las prestaciones
pensionales que consideran fueran concedidas con base en irregularidades o con
abuso del derecho[19].
Esta misma
providencia aclaró que, aunque el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 indicó que
el recurso solo está en cabeza de algunas entidades[20], la
posibilidad de interponer el recurso de revisión por configurarse un abuso del
derecho recae “además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en
cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las
prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras
instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen
funcionamiento financiero”[21].
Frente al término
que tienen las entidades para interponer el recurso extraordinario de revisión
contra las decisiones judiciales que concedieron prestaciones pensionales que
consideran irregulares, se tiene que según la Ley 1437 de 2011, artículo 251,
debe ser iniciada dentro de los 5 años contados a partir de la ejecutoria de la
sentencia atacada o del 12 de junio de 2013, tratándose de la UGPP y de
sentencias judiciales proferidas antes de dicha fecha[22].
De acuerdo con lo
anterior, al existir otro medio idóneo para revisar las providencias judiciales
que conceden prestaciones económicas bajo presuntas irregularidades, las
acciones de tutela que interpongan las administradoras de fondos de pensiones
con el fin de evaluar un posible abuso del derecho se tornan improcedentes, a
la luz del artículo 86 de la Constitución Política.
No obstante, la
jurisprudencia constitucional[23]
ha señalado que dicha improcedencia tiene una excepción y es cuando del caso
concreto se puede evidenciar un abuso palmario del derecho en tanto, en
esas ocasiones, con dichas prestaciones pensionales se cruzan los límites
impuestos por el principio de solidaridad del sistema de seguridad social,
generando con esto, ventajas irrazonables frente a otros beneficiarios
afiliados obligando a los fondos de pensiones a pagar erogaciones cuantiosas “que, por su carácter periódico, atentan
contra la equidad y la sostenibilidad del sistema, de manera actual. Todo ello
debe derivar de la elusión de los principios y de las reglas que rigen el
sistema pensional”[24].
La Corte
Constitucional en diferentes sentencias de unificación ha establecido cuándo se
acredita el abuso palmario del derecho que permite hacer procedente
excepcionalmente la acción de tutela que pretende atacar providencias
judiciales que ordenaron el reconocimiento, reliquidación y/o pago de
pensiones.
En la sentencia
SU-427 de 2016[25]
se señalaron unos criterios que permiten declarar la configuración de un abuso
del derecho: (i) el monto del incremento
pensional y (ii) que este sea consecuencia de vinculaciones precarias en cargos
con asignaciones salariales superiores. De tal modo, si se verifican estas
circunstancias, la acción de tutela se hace procedente por advertirse un abuso
palmario del derecho.
La
sentencia SU-395 de 2017[26] indicó que a pesar de la posibilidad de
acudir al recurso de revisión, los “reconocimientos prestacionales logrados
mediante un abuso del derecho evidente, amerita que ante casos de graves
cuestionamientos jurídicos frente a un fallo judicial que impone el pago de
prestaciones periódicas a la UGPP” la acción de tutela es procedente
excepcionalmente. No obstante, el aumento pensional debe considerarse “grave”.
En
la sentencia SU-631 de 2017[27] se concretaron los criterios para
identificar un abuso palmario del derecho: (i) que se esté ante
incrementos pensionales ilegítimos  que resulten cuantiosos al punto de
desfinanciar el sistema, (ii) que no haya correspondencia entre lo reconocido y
la historia laboral del beneficiario, lo que supone un beneficio excesivo, y
(iii) que se presente una ventaja o incrementos significativos que, en
comparación con otros afiliados, resulte irrazonable como es el caso de omitir
el límite de 25 salarios mínimos legales vigentes, establecido en la sentencia
C-258 de 2013.
Dicha providencia también aclaró que puede presentarse
un abuso palmario del derecho cuando los beneficios o ventajas
irrazonables son consecuencia de una vinculación precaria, la cual se
define como fugaz resultado de por ejemplo un encargo o una provisionalidad o
un cargo de libre nombramiento y remoción, por cuanto las administradoras de
pensiones se ven obligadas a pagar “erogaciones
cuantiosas que, por su carácter periódico, atentan contra la equidad y la
sostenibilidad del sistema, de manera actual”[28].
No obstante, la verificación de uno solo de los criterios
mencionados[29] no lleva a la
configuración del abuso del derecho de manera palmaria, pues dichas pautas
tienen el “propósito de facilitar la labor interpretativa de la Corte para
determinar los casos de abuso palmario del derecho. Sin embargo, la Corte
Constitucional y sus distintas Salas de Revisión conservan la autonomía
interpretativa para formar su criterio en torno a la acreditación de un abuso
palmario del derecho que conduzca a la procedencia excepcional de la acción de
tutela”[30] (resaltado fuera
de texto).
De comprobarse la existencia de un abuso palmario del derecho
que haga procedente la acción de tutela, se ha indicado también que “el operador jurídico deberá
tomar las medidas necesarias para no afectar de manera grave los derechos
fundamentales de los implicados en la causa, por lo que, en caso de verificarse
la existencia de una irregularidad, lo procedente es disponer que el reajuste
de la prestación se dé conforme al ordenamiento jurídico constitucional”[31]. De tal manera
que los efectos de la decisión no pueden ser de manera inmediata sino que se
debe conceder un periodo de gracia prudencial que en la sentencia SU-631 de
2017[32]
se fijó en 6 meses contados a partir de la fecha de la notificación de la nueva
reliquidación. Aunado a lo anterior, se concluyó que no es posible ordenar el
reintegro de sumas ya pagadas ya que se presume que fueron recibidas de buena
fe.
22. En síntesis, se
han reiterado unas reglas para el análisis del requisito de subsidiariedad en
las acciones de tutela interpuestas por los fondos de pensiones:
“(i)
Por regla general las acciones de tutela que pretendan controvertir
providencias judiciales que ordenaron algún tipo de reconocimiento prestacional
periódico con abuso del derecho, son improcedentes.
(ii)
Esa improcedencia general del amparo obedece a la existencia del recurso
extraordinario de revisión dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, siempre y cuando se interponga dentro de la
oportunidad establecida en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 (cinco
años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la providencia judicial)
o en la Sentencia SU-427 de 2016 (cinco años contados a partir del 12
de junio de 2013, en el caso de que sean providencias judiciales proferidas
antes de la fecha de sucesión de la UGPP en la representación judicial de
CAJANAL, o a partir de la fecha de ejecutoria).
(iii)
La legitimación para interponer el recurso extraordinario de revisión por la
configuración de un abuso del derecho recae, además de los sujetos establecidos
en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas
del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular.
(iv) Excepcionalmente, las
acciones de tutela interpuestas por las administradoras de pensiones para
controvertir providencias judiciales por abuso del derecho, serán procedentes
si tal abuso del derecho es de carácter palmario.
(v) Para la identificación de un abuso
palmario del derecho en materia pensional debe realizar un análisis en conjunto de las diversas
circunstancias presentes en los casos concretos y para el efecto se puede acudir a los criterios y
pautas de interpretación fijados en las Sentencias SU-427 de 2016[33], SU-395 de 2017[34] y SU-631 de 2017[35], relacionados con
la existencia de incrementos pensionales desproporcionados, no correspondencia
entre el monto de la pensión y la historia laboral, ventajas irrazonables como
el desconocimiento de topes pensionales y/o vinculaciones precarias (subraya
fuera de texto). El accionante tiene la carga de aportar la información
necesaria, pertinente y conducente para establecer la existencia del abuso
palmario del derecho y, así, que en el caso concreto procede excepcionalmente
la acción de tutela. En todo caso, la Corte Constitucional, sus distintas Salas
de Revisión y los jueces de tutela, con base en los principios de autonomía e
independencia judicial, se encuentran en libertad para establecer su
convencimiento sobre el caso concreto y sobre si existe o no un abuso del
derecho de carácter palmario.
(vi) En los casos en los
que se acredite un abuso palmario del derecho y se decida de fondo el caso se
adoptarán medidas para no afectar los derechos fundamentales de los
implicados en la causa, tales como establecer un período de gracia de seis
meses para hacer el reajuste pensional y/o no hacer exigible el reintegro de
sumas ya canceladas[36]”[37] (Resaltados
propios del texto).
3.3. Para preservar la seguridad jurídica y la cosa juzgada
y poner fin a la posibilidad de que una decisión judicial pueda siempre ser
susceptible de una revisión constitucional, se debe cumplir con el requisito
de inmediatez[38] que
indica que debe interponerse la acción de tutela en un término razonable y
proporcionado contado desde el hecho que se considera vulnerador.
3.4. Las irregularidades alegadas deben
tener incidencia directa en los fallos cuestionados
ya que en caso contrario pudieron ser subsanadas en el trámite, ya sea por el
paso del tiempo o de las actuaciones, o por cuanto no se alegaron, de tal
manera que las únicas que pueden ser revisadas son aquellas que verdaderamente
pueden ser consideradas como violatorias de derechos fundamentales.
3.5. La parte accionante debe identificar
razonablemente los hechos que generaron la vulneración de derechos
fundamentales con el fin de ofrecer claridad respecto de la afectación que
pretende sea amparada y que se le imputa a la sentencia atacada.
3.6. No es posible atacar una sentencia
de tutela con el fin de no prolongar indefinidamente el debate
constitucional teniendo en cuenta que todos los fallos de tutela llegan ante la
Corte para su eventual revisión.
4. Examen de la procedencia general en
el caso concreto
4.1. Relevancia
constitucional. El caso bajo estudio tiene una evidente relevancia
constitucional pues se analiza la posible afectación del derecho fundamental al
debido proceso por cuanto las decisiones controvertidas ordenaron la
reliquidación pensional de una persona, aparentemente sin tener en cuenta la
normativa y jurisprudencia constitucional aplicable al ingreso base de
liquidación.
4.2. Requisito
de inmediatez. En cuanto a este requisito se tiene que la sentencia
proferida por el tribunal Administrativo de Antioquia es de fecha 24 de
noviembre de 2016 y la acción de tutela se interpuso el 17 de mayo de 2017, es
decir, entre las dos actuaciones transcurrieron cinco meses y 22 días, lo cual
se considera un tiempo razonable, prudente y proporcionado[39],
en la medida que la aludida vulneración de los derechos fundamentales es actual
y permanente, pues se trata del pago presuntamente irregular de una mesada
pensional que afectaría mes a mes las recursos estatales.
4.3. Las
irregularidades alegadas tienen incidencia directa en los fallos cuestionados.
El accionante identificó de manera clara y lógica los argumentos que considera
son los generadores de las presuntas vulneraciones de su derecho fundamental al
debido proceso. Efectivamente, se consideró que el fallo desconoció el
precedente constitucional que ha concluido que el IBL no hace parte del régimen
de transición.
4.4. No es
tutela contra tutela. La presente acción constitucional está dirigida
contra una sentencia de segunda instancia proferida por un Tribunal
Administrativo, al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
4.5. Agotamiento
de los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. En este
caso, el accionante es Pensiones de Antioquia, y se tiene que la señora Luz
Helena del Socorro Pérez Correa inició proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho solicitando la reliquidación de su pensión. El Juzgado Veinticinco
Administrativo del Circuito de Medellín negó las pretensiones. La señora Pérez
Correa apeló dicha decisión y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Oralidad, en fallo del 24 de noviembre de 2016, revocó la sentencia
de primera instancia y ordenó tener en cuenta para calcular el IBL el promedio
de todos los factores devengados en el último año. Contra este último fallo
procede el recurso extraordinario de revisión dispuesto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003 siempre y cuando se interponga dentro de la oportunidad
establecida en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011[40]
o en la sentencia SU-427 de 2016 en el caso de la UGPP. Pensiones de Antioquia
está legitimada para interponer el mencionado recurso cuando considera que se
configura un abuso del derecho ya que, además de los sujetos establecidos en la
Ley 797 de 2003, las administradoras de pensiones encargadas del pago de las
prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular pueden hacer uso de
éste. De tal manera que en principio, la presente acción tutelar se torna
improcedente. No obstante, el amparo será procedente si tal abuso del derecho
es de carácter palmario, por tanto, es necesario hacer un análisis
frente a las subreglas establecidas por la Corte Constitucional para estos
casos en las sentencias SU-427 de 2016 y SU-631 de 2017.
En el presente caso,
y de acuerdo con lo señalado en precedencia (criterios y pautas de
interpretación relacionados con la existencia de
incrementos pensionales desproporcionados, no correspondencia entre el monto de
la pensión y la historia laboral, ventajas irrazonables como el desconocimiento
de topes pensionales y/o vinculaciones precarias), Pensiones de
Antioquia señaló que la mesada pensional de la señora Luz Helena Pérez Correa,
a junio de 2018 equivale a $1.797.786 y, en cumplimiento de la orden judicial
acusada, asciende a $3.154.027 con un incremento del 75.44%. Es decir que el
aumento pensional supone que en cada mesada pensional se paguen $1.356.241
adicionales. Esta Sala considera que, en efecto, el aumento del 75.44% en la
mesada pensional de la señora Pérez Correa es desproporcionado; aunado a lo
anterior, el monto de la pensión no corresponde a la historia laboral de la
beneficiaria dado que se incluyeron factores que no hacían parte de su salario
mensual como primas especiales y por los cuales no se hicieron cotizaciones al
Sistema General de Pensiones. Lo anterior, evidencia un abuso palmario del
derecho que habilita la procedencia excepcional de la acción de tutela.
No obstante, se
aclara que Pensiones de Antioquia no acreditó otros criterios indicativos del abuso
palmario del derecho como una vinculación precaria en la historia laboral
de la señora Luz Helena Pérez. Según se desprende del expediente, la señora
Pérez “Trabajó al servicio del Departamento de Antioquia, durante más de
veinte años (11.654 días), contados con interrupciones del 16 de abril de 1966
al 31 de marzo de 1998”[41], como también que su
último cargo fue de “Profesional II, adscrito a la Secretaría de Educación”[42].
Aun así, se reitera que el incremento desproporcionado de la pensión y la no correspondencia
entre su historia laboral y la pensión reconocida son indicativos de la
existencia de un abuso palmario del derecho en el presente caso, como ya
se ha concluido en otros casos analizados por otras Salas de Revisión[43].
4.6. De lo
anterior, esta Sala concluye que la acción de tutela presentada cumple los
presupuestos procesales generales para ser estudiada de fondo. No obstante la
Sala considera que (i) al ser el recurso extraordinario de revisión consagrado
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 el medio ordinario de defensa idóneo en
el presente caso, y que (ii) la providencia judicial que se pretende atacar fue
proferida el 24 de noviembre de 2016, Pensiones de Antioquia tiene in margen de
tiempo suficiente para iniciar dicho recurso (5 años contados a partir de la
ejecutoria de la providencia). De tal manera que la presente acción de tutela
será estudiada de fondo y la protección que pueda generarse de ella tendrá
efectos transitorios.
5. Causales
específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Reiteración de jurisprudencia
La Corte
Constitucional, desde el 2005, recopiló la evolución jurisprudencial en sede de
tutela respecto de la posibilidad de interponer acción de tutela contra una
providencia judicial. Por esto, la Sala Plena profirió la sentencia C-590 de
2005[44] en donde se señaló que
además de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, como
mecanismo subsidiario en busca de la protección de garantías fundamentales, se
requería la presencia de alguna de las causales de procedibilidad especiales o
materiales del amparo tutelar contra las decisiones judiciales, las cuales son:
“a. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido.
c. Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que
afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
g.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
h. Violación
directa de la Constitución”.[45]
De tal manera
que, aunque en cada caso concreto se confirme la procedencia general de la
acción de tutela, es necesario que se pueda verificar la presencia de alguno de
los defectos mencionados, teniendo en cuenta que de lo que se trata es de
controvertir una decisión judicial.
6. El defecto material o sustantivo como causal de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. Reiteración de jurisprudencia
6.1. La Corte
Constitucional, en su jurisprudencia, ha señalado que el defecto sustantivo (o
material) se presenta cuando “la decisión que toma el juez desborda el marco
de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto”.[46]
De igual forma, se concluyó que este defecto se ha erigido como tal, como
consecuencia de que la competencia asignada a los jueces para interpretar y
aplicar las normas jurídicas no es completamente absoluta, aunque se funde en
el principio de autonomía e independencia judicial. En cuanto esto se indicó:
“[p]or tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.”[47]
6.2. Esta
corporación también ha identificado ciertas situaciones que pueden presentarse
y en las que se puede incurrir en dicho defecto:
“(i) la
sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable porque a) no es
pertinente, b) ha sido derogada y por tanto perdió vigencia, c) es inexistente,
d) ha sido declarada contraria a la Constitución, o e) a pesar de que la norma
cuestionada está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación
fáctica a la cual se aplicó, porque la norma utilizada, por ejemplo, se le dan
efectos distintos a los señalados expresamente por el legislador;
(ii) a
pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al
caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de
interpretación razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra
legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes” o cuando se aplica una norma jurídica de forma manifiestamente errada,
sacando de los parámetros de la juridicidad y de la interpretación jurídica
aceptable la decisión judicial;
(iii)
no se toman en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga
omnes;
(iv) la
disposición aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a la
Constitución;
(v) un
poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza “para un fin
no previsto en la disposición”;
(vi) la
decisión se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, con omisión del
análisis de otras disposiciones que regulan el caso; o
(vii)
se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso concreto”.[48]
6.3.
De lo anterior se concluye que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funda una decisión judicial configura un defecto sustantivo o material,
solo aquellas que se consideren irrazonables, desproporcionadas, arbitrarias o
caprichosas, pues de no comprobarse, la acción de tutela sería improcedente[49]. La
irregularidad señalada debe ser de tal importancia y gravedad que por su causa
se haya proferido una decisión que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos fundamentales[50].
Así las cosas, pueden
existir vías jurídicas distintas para resolver un caso concreto, las cuales
resultan admisibles si se verifica su compatibilidad con las garantías y
derechos fundamentales de los sujetos procesales[51].
7. El defecto por desconocimiento del precedente constitucional como
causal independiente. Reiteración de jurisprudencia
7.1. A la Corte Constitucional se le ha encargado, de acuerdo con el
artículo 241 Superior, “la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución”, de tal manera que tiene como una de sus funciones “fijar
los efectos de los derechos fundamentales y determinar el sentido en el que debe
interpretarse”[52] la misma.
Así, cuando un funcionario judicial se parta de una regla de
decisión establecida en un precedente constitucional fijado por la Corte
Constitucional, sin la carga de argumentación requerida, se configura la causal
específica que hace procedente la acción de tutela contra providencia judicial[53].
La sentencia SU-354 de 2017[54] trajo a
colación lo ya mencionado por esta Corporación, en cuanto a que:
“La interpretación de la Constitución, que además permite
materializar la voluntad del constituyente, tiene como propósito principal,
orientar el ordenamiento jurídico hacia los principios y valores
constitucionales superiores. No reconocer entonces el alcance de los fallos
constitucionales vinculantes, sea por desconocimiento, descuido, u omisión,
genera en el ordenamiento jurídico colombiano una evidente falta de coherencia
y de conexión concreta con la Constitución, que finalmente se traduce en
contradicciones ilógicas entre la normatividad y la Carta, que dificultan la
unidad intrínseca del sistema, y afectan la seguridad jurídica. Que perturba,
además la eficiencia y la eficacia institucional, en la medida en que se
multiplica innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales, más aún
cuando en definitiva, la Constitución tiene una fuerza constitucional
preeminente que no puede ser negada en nuestra organización judicial”
Así mismo, en la sentencia en mención[55]
se señaló que:
“Es preciso resaltar que los fallos emitidos por la Corte irradian
dos tipos de efectos: en el caso de los fallos de control abstracto de
constitucionalidad estos hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, de ahí
que se ha reconocido su carácter vinculante, obligatorio y de fuente de
derecho; por el contrario, los efectos de los fallos de tutela en principio son
inter partes. No obstante, existe un punto de encuentro y es que ambos fallos
se deben observar, no solo por reconocer que la Constitución es norma superior,
sino para garantizar el derecho a la igualdad de los administrados.
4.6. Los efectos inter partes de las acciones de tutela en ocasiones
pueden hacerse extensivos en virtud del alcance de la revisión que realiza el
Tribunal Constitucional. En este sentido, la vinculación de los jueces de
tutela a los precedentes constitucionales, resulta relevante para la unidad y
la armonía del ordenamiento jurídico como un conjunto estrechamente relacionado
a la Constitución. Por tal razón, de no acogerse un precedente
constitucional, la consecuencia devendría en restarle fuerza normativa a la
Carta, ya que cada juez podría interpretar la norma constitucional como
quisiera, desarticulando el sistema jurídico de las interpretaciones hechas a
Constitución”. (Subraya fuera de texto)
No obstante, a pesar de los efectos distintos de ambos tipos de
sentencias, “sí comparten una particularidad y es que se deben respetar, no
solo para reconocer que la Constitución es la norma Superior, sino para
garantizar el derecho a la igualdad”[56].
Así las cosas, se ha concluido que el deber de acatamiento del
precedente establecido por la jurisprudencia constitucional debe ser más
estricto “ya que las normas de la Carta Política tienen el máximo nivel de
jerarquía dentro del sistema de las fuentes del derecho”[57].
7.2. Ahora bien, el carácter obligatorio
de los fallos de constitucionalidad que profiere la Corte Constitucional emana
de sus efectos erga omnes y del tránsito a cosa juzgada constitucional
de que están revestidos[58]; por ello, se ha
precisado por la Corte que las razones o motivos de la decisión de las
sentencias de juicio abstracto contienen la solución constitucional a los
problemas jurídicos estudiados, y por tal razón, deben ser atendidas por las
autoridades judiciales, para que la aplicación del derecho sea conforme a la
Carta Política[59].
En el caso de los fallos en sede de
revisión de tutela, se ha concluido que el respeto a su ratio decidendi
se debe a “la concreción de los principios de igualdad en la aplicación de
la ley y la confianza legítima”.[60] De tal manera que, el
alcance que la Corte Constitucional le da a los derechos fundamentales debe
prevalecer sobre cualquier otra interpretación emitida por otras autoridades
judiciales.
Lo anterior se refuerza en los casos de
las sentencias de unificación y de control abstracto de constitucionalidad pues
un solo fallo o pronunciamiento ya es considerado un precedente teniendo en
cuenta que “las primeras, unifican el alcance e interpretación de un derecho
fundamental para casos que tengan un marco fáctico similar y compartan
problemas jurídicos y, las segundas, determinan la coherencia de una norma con
la Constitución Política”[61].
Esta Corporación ha señalado algunas
circunstancias en las que se puede configurar un desconocimiento del precedente
constitucional:
“(i) se aplican disposiciones
legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de
constitucionalidad, (ii) se
contraría la ratio decidendi de
sentencias de control de constitucionalidad, especialmente, la interpretación
de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del
texto superior, (iii) se
desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales
fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de
constitucionalidad o de revisión de tutela”.[62]
Así las cosas, se concluye que las
autoridades judiciales están obligadas a tener en cuenta y acatar las razones
de la decisión plasmadas en las sentencias proferidas por la Corte
Constitucional, ya que dicha Corporación es el máximo intérprete de la Carta
Política a la cual todos estamos sometidos.
7.3. Finalmente, esta Corte ha definido
unas pautas que sirven para determinar si se está ante la configuración del
defecto de desconocimiento del precedente constitucional:
“(i) Determinar la existencia de un precedente o de un
grupo de precedentes aplicables al caso concreto y distinguir las reglas
decisionales contenidas en estos precedentes.
(ii) Comprobar que el fallo judicial impugnado debió
tomar en cuenta necesariamente tales precedentes pues de no hacerlo incurriría
en un desconocimiento del principio de igualdad.
(iii) Verificar si el juez tuvo razones fundadas para
apartarse del precedente judicial bien por encontrar diferencias fácticas entre
el precedente y el caso analizado, bien por considerar que la decisión debería
ser adoptada de otra manera para lograr una interpretación más armónica en
relación con los principios constitucionales, y más favorable a la vigencia y
efectividad de los derechos fundamentales, de acuerdo con el principio pro
hómine”. [63]
De todo lo anterior se concluye que, “el
precedente Constitucional debe ocupar un lugar privilegiado en el análisis del
caso por parte del juez de la causa”[64] ya que en
caso de desconocerse, se contrarían principios constitucionales pues quienes
administran justicia tienen la obligación de respetar la jurisprudencia de esta
Corporación, “especialmente, porque es a través de la función jurisdiccional
de la Corte Constitucional que se garantiza la eficacia de los derechos
constitucionales a los asociados”[65].
8. Desarrollo jurisprudencial del régimen de transición referente al
IBL
8.1. Régimen
de transición. La Ley 100 de 1993, que organizó el
régimen de seguridad social, además modificó las condiciones para acceder a las
prestaciones pensionales como la de vejez. No obstante, estableció un régimen
de transición en aras de proteger las expectativas legítimas[66]
de quienes al 1º de abril de 1994 (fecha de entrada en vigencia de la
mencionada ley) estuvieran cotizando para otros regímenes y cumplieran ciertas
prerrogativas:
“ARTÍCULO 36.
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará
en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los
hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos
años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder
a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas,
y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en
vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más
años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual
se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente Ley.
El ingreso base
para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será
el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el
cotizado durante todo el tiempo si este fuere Superior, actualizado anualmente
con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.”
De lo anterior
se extrae que el beneficio cobija a quienes a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 (i) tuvieran 35 o 40 años o más (mujeres u hombres respectivamente)
o (ii) independientemente de la edad acrediten quince (15) años de servicios o
más.
El régimen de
transición estaba consagrado para que inicialmente rigiera hasta el 31 de julio
de 2010, pero se hizo extensivo para aquellos que al 25 de julio de 2005,
cuando entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, hubiesen cotizado como
mínimo 750 semanas, frente a estos casos, el beneficio se mantendría hasta el
31 de diciembre de 2014, fecha última para acreditar el cumplimiento de los
requisitos.
8.2. El régimen de transición y el Ingreso Base de Cotización – IBL[67].
La Corte Constitucional ha consolidado una línea jurisprudencial que señala que
el ingreso base de liquidación – IBL no es un elemento que haga parte del
régimen de transición. En sentido similar lo ha entendido la Corte Suprema de
Justicia, mas no así, el Consejo de Estado.
8.2.1. La Corte
Suprema de Justicia[68] ha considerado que el
régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 “solo
conservó a sus beneficiarios lo relativo a la edad, tiempo de servicios y monto
porcentual de la prestación. Por tanto, los demás aspectos del régimen
pensional, incluido el IBL, quedaron sometidos a la nueva legislación en
materia de seguridad social, especialmente, a lo dispuesto en los artículos 21
y 36 ibídem”[69]. Lo anterior, atendiendo
a que el monto hace alusión al porcentaje que se debe aplicar más
“no a la base reguladora de la pensión o a los ingresos en los que esta se
fundamenta”[70].
8.2.2. El
Consejo de Estado, por su parte, inicialmente consideró que los elementos que
cobijaba el régimen de transición eran la edad, el tiempo de servicios y el
monto, con base en que el IBL era un factor que no regulaba dicho beneficio[71].
Posteriormente, cambió su jurisprudencia[72] “por
razones de favorabilidad laboral y del efecto útil de las normas”[73],
y señaló que a quienes eran beneficiarios del régimen de transición se les
debía aplicar de manera integral el régimen anterior, es decir, “el
ingreso base de liquidación no podía calcularse con fundamento en las
normas del SGSS”[74]. Esta postura se acogió
en tanto la redacción del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no era clara por lo
cual era necesaria aplicar la interpretación más favorable al trabajador[75].
De manera más
reciente, la Sección Segunda del Consejo de Estado al proferir un fallo de
remplazo de una sentencia de unificación indicó que “el régimen de
transición no hace excepción respecto de los factores base de liquidación de la
pensión ni de la forma de liquidar la misma”[76],
de lo que se puede deducir que el IBL está incluido en el régimen de
transición.
8.2.3. La Corte Constitucional,
desde la sentencia C-168 de 1995[77] indicó que las
personas serían beneficiarias del régimen de transición si cumplían las
condiciones de edad, tiempo de servicio o semanas de cotización, pero respecto
de las demás condiciones del derecho pensional, se ceñiría a la Ley 100 de
1993.
Posteriormente,
en la sentencia C-258 de 2013, la Corte estudió la constitucionalidad de la
expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley
4 de 1992, y entre otras cosas, determinó que el “Ingreso Base de
Liquidación no fue un aspecto sometido a transición, como se aprecia claramente
en el texto del artículo 36”.
Ahora
bien, reforzando la regla interpretativa consagrada con la sentencia anterior,
en la sentencia T-078 de 2014[78], se reiteró que el monto
de la pensión se liquidaba con base en lo dispuesto por el régimen especial
pero el IBL estaba sujeto a lo preceptuado en el inciso 3° del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993.
En la
sentencia SU-230 de 2015[79], la Corte Constitucional
unificó su jurisprudencia en el sentido que “[a]unque
la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258 de
2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo
17 de la Ley 4 de 1992, (…), ello no excluye la interpretación en abstracto
que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de
establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son
las reglas contenidas en este las que deben observarse para determinar el monto
pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca” (negrillas originales) [80].
De
manera posterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional ha proferido
diferentes sentencias de unificación que han desarrollado el tema de manera
tangencial.
Por ejemplo, la
sentencia SU-427 de 2016 reiteró que: “el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 consagra un régimen de transición con el fin de salvaguardar
las expectativas legítimas que pudieran verse afectadas con la creación del
sistema general de seguridad social. Dicho beneficio consiste en la aplicación
ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero
solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o
cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación.
Lo anterior, evita que se reconozcan pensiones con abuso del derecho, en
especial, con fundamento en vinculaciones precarias derivadas de encargos que
buscan distorsionar la relación entre el monto de cotización y el monto de la
pensión.” (Subraya fuera de texto)
La sentencia SU-210 de 2017, señaló por su parte que
el IBL debe aplicarse conforme lo consagrado en la Ley 100 de 1993: “a los beneficiarios del régimen especial se les debe aplicar el
ingreso base de liquidación (IBL) establecido en el artículo 21 y el inciso 3º
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debido a que es la interpretación
normativa que mejor se ajusta a los principios constitucionales de equidad,
eficiencia y solidaridad del artículo 48 superior, a la cláusula de Estado
social de Derecho, y que evita los posibles casos de evasión y fraude al
sistema”, además de considerar que “para todos los efectos, con la base   del régimen general, esto
es, el promedio de los últimos 10 años de servicios[81]”. (Subraya fuera de texto)
Finalmente, en la Sentencia SU-023 de 2018[82]
se compilaron las reglas aplicables al régimen de transición, en especial, al
IBL, así:
“98. (i) El régimen de transición no puede
caracterizarse como una especie de derecho adquirido sino de expectativa.
99. (ii) El régimen de transición tenía como fecha
final el 31 de julio de 2010, excepto para quienes hubiesen cotizado, al menos,
750 semanas al 25 de julio de 2005, momento en el cual entró en vigencia el
Acto Legislativo 01 de 2005; para estas personas, dicho régimen se mantuvo
hasta el 31 de diciembre de 2014, con el fin de que pudieran reunir los
requisitos para ser acreedores a la pensión de vejez. Para estos últimos
efectos, el derecho debía consolidarse hasta el 31 de diciembre de 2014.
100.
(iii) El régimen de
transición está restringido a tres categorías de trabajadores: (i)
mujeres que al 1 de abril de 1994 tuvieran 35 años de edad o más; (ii) hombres
que al 1 de abril de 1994 tuvieran 40 años de edad o más; y (iii) trabajadores
que hubieren acreditado 15 o más años de servicios cotizados al 1 de abril de
1994 (750 semanas) sin consideración de su edad.
101. (iv)
A los beneficiarios del
régimen de transición les son aplicables las reglas previstas en las normas
anteriores a la Ley 100 de 1993 sobre: (i) edad para consolidar
el derecho; (ii) tiempo de servicios o semanas cotizadas;
y (iii) monto de la pensión.
102. (v) El monto corresponde a la tasa de
reemplazo o, en términos de la Corte Suprema de Justicia, al porcentaje
que se aplica al calcular la pensión.
103. (vi)
El Ingreso Base de
Liquidación (IBL), para el caso de las personas a las que se refiere el inciso
2º del artículo 36 de la Ley 100 del año 1993 (regla iii supra),
es el que regula el inciso 3º del referido artículo 36, en concordancia con el
artículo 21 ibídem y otras normas especiales en la materia.
104.
(vii) Los factores
constitutivos de salario, que deben tenerse en cuenta para calcular el monto de
la pensión de jubilación, por un lado, deben valorarse según las
consideraciones de la sentencia SU-395 de 2017 y, por el otro, tienen que ser
específicamente calculados para cada caso en concreto.
105.
(viii) La acreditación del
carácter subsidiario de la acción de tutela, en los
términos de las sentencias SU-427 de 2016 y SU-631 de 2017, a pesar de que se cuente
con la posibilidad de agotar los recursos ordinarios y, eventualmente, el
recurso extraordinario de revisión que regulan los artículos 19 y 20 de la Ley
797 de 2003[83], está supeditada, a que
se trate de un supuesto de “abuso palmario del derecho”. Este se
configura, si se constata (i) un caso de “vinculación precaria”
en “un cargo de mayor jerarquía y remuneración” y, (ii) que
hubiese conllevado a un “incremento excesivo en la mesada pensional”.”
De lo anterior se extrae que existe un precedente
constitucional consolidado según el cual quienes son beneficiarios del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 tienen la
posibilidad de que se les aplique el régimen anterior en lo referente a edad,
tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión, el cual se
refiere a la tasa de remplazo. El IBL debe corresponder a lo previsto en la
legislación vigente, esto es, el promedio de los factores salariales devengados
en los últimos 10 años de servicio.
Ahora bien, frente a los factores salariales que componen el IBL, la
Sentencia SU-395 de 2017 señaló específicamente que:
“En la medida
en que si el inciso tercero de la norma bajo análisis expresamente establece
cuál debe ser el Ingreso Base de Liquidación para los beneficiarios del régimen
de transición, entonces el monto se refiere al porcentaje aplicable a esa base
que será el señalado por la normativa anterior que rija el caso concreto. En
igual sentido, los factores salariales, al no determinar el monto de la pensión
sino parte de la base de liquidación de la misma, serán los señalados por la
normativa actual (…).
A través de las
Sentencias C-168 de 1995 y C-258 de 2013, a la Corte Constitucional le
correspondió estudiar la constitucionalidad de los incisos segundo y tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin dejar lugar a dudas sobre el alcance
del inciso tercero, en cuanto a que el mismo determina el ingreso base de
liquidación aplicable a los beneficiarios del régimen de transición en los
términos de los incisos primero y segundo”.
Aunado a que
“[e]l Acto Legislativo 01 de 2005, en su
inciso 6, introdujo la regla ya consagrada en el artículo 13 de la Ley 100 de
1993, de acuerdo con la cual, para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
las cotizaciones. Y, en cuanto al régimen de transición, hizo remisión a lo
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993”. (Subraya fuera de texto)
Finalmente,
dicha sentencia de unificación concluyó que:
“En este orden
de ideas, es posible concluir que de acuerdo con lo expresamente establecido
por el legislador en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por el Constituyente
en el Acto Legislativo 01 de 2005, así como con los principios de eficiencia
del Sistema de Seguridad Social, correspondencia entre lo cotizado y lo
liquidado, y el alcance y significado del régimen de transición, la
interpretación constitucionalmente admisible es aquella según la cual el monto
de la pensión se refiere al porcentaje aplicable al IBL, y, por tanto, el
régimen de transición no reconoce que continúan siendo aplicables ni el IBL ni
los factores salariales previstos con anterioridad a la Ley 100 de 1993”
(subraya fuera de texto).
9. Caso concreto
9.1. Análisis del caso frente al defecto
sustantivo
La sentencia proferida el 24 de noviembre
de 2016 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad,
sí incurrió en un defecto sustantivo.
La providencia acusada se basó en normas
que ya la Corte, en sentencias de unificación reiteradas además en sede de
revisión, había indicado que no podían ser parámetros jurídicos para
identificar el Ingreso Base de Liquidación de quien fuera beneficiario del
régimen de transición. Esto es, aplicar de manera integral la Ley 33 de 1985 y
ordenar a la accionada reliquidar la pensión de la beneficiaria calculando el
IBL con base en el promedio de todos los factores devengados en el último año
de servicios.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, al
proferir la decisión de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho iniciado por la señora Luz Helena Pérez, no aplicó
lo señalado por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230
de 2015 y SU-427 de 2016 (ya proferidas al momento de emitirse la decisión
acusada) en cuanto a que las normas para liquidar el IBL de aquellas personas
que son beneficiarios del régimen de transición son los artículos 21 y 36 de la
Ley 100 de 1993 ya que el ingreso base de liquidación no es un factor incluido
en los aspectos cobijados por el régimen de transición.
Para esta Sala no son de recibo los
argumentos esbozados por el Tribunal accionado, lo cuales se referían a que (i)
era necesario interpretar la expresión “monto” de manera amplia pues “no
tendría sentido que solo se pudiera recurrir al régimen anterior a la Ley 100
de 1993 sin tener en cuenta el IBL” pues la pensión está constituida por la
aplicación del porcentaje a una base; y (ii) que es posible aplicar las normas
de la Ley 100 “pero solo cuando éstas normas sean más favorables a las del
régimen anterior”, ya que desde la sentencia C-258 de 2013 se excluyó el
IBL del régimen de transición de todos los regímenes especiales.
Así las cosas, esta Sala concluye que la
sentencia que ordenó reliquidar la pensión de la señora Luz Helena Pérez Correa
con base en la legislación especial, es decir, con base en el promedio de todos
los factores percibidos en el último año de servicios, afirmando que el ingreso
base de liquidación hace parte del régimen de transición, incurrió en defecto
sustantivo o material vulnerando el derecho fundamental al debido proceso de
Pensiones de Antioquia.
9.2. Análisis frente al defecto de
desconocimiento del precedente constitucional
El Tribunal Administrativo de Antioquia, al
realizar el análisis de aplicación de las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de
2015 al caso concreto, concluyó que no eran aplicables por cuanto (i) la
sentencia C-258 de 2013 solo se refería a los servidores públicos a quienes
cobija el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 sin la posibilidad de extenderse sus
efectos de manera automática a otros regímenes pensionales (como los regidos
por la Ley 33 de 1985), (ii) al tratarse de una sentencia de unificación
(SU-230 de 2015) “sería eventualmente objeto de aplicación dentro de unas
situaciones de hecho estrechamente similares y donde se compartan problemas
jurídicos, lo cual no puede tenerse por configurado en el caso que nos ocupa”
ya que se está dentro de un proceso contencioso administrativo donde el órgano
de cierre es el Consejo de Estado, y no en una acción de tutela, y (iii) no se
desconoció el precedente reiterado y pacífico del Consejo de Estado sobre las
disposiciones normativas aplicables para el cálculo del IBL de pensiones
reconocidas en el marco del régimen de transición, el cual indica que “debe
efectuarse tomando en cuenta la totalidad de factores que constituyen salario y
fueron percibidos por el trabajador durante el último año de prestación de
servicios”.
Considera esta Sala de Revisión que los
argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo de Antioquia no cumplen con
la carga argumentativa necesaria para apartarse del precedente constitucional
en materia de IBL y el régimen de transición. Como se dijo anteriormente, la
Sentencia C-258 de 2013 dejó claro que el IBL está excluido de la transición y
en la sentencia SU-230 de 2015 señaló que las reglas consagradas en la Ley 100
de 1993 respecto del cálculo del IBL cobija a todos los beneficiarios de
cualquier régimen especial, no solo a lo regulado por la Ley 4ª de 1992.
Por otra parte, se recuerda el deber de
acatamiento del precedente constitucional y de las sentencias de unificación
proferidas por la Corte Constitucional para garantizar el principio de igualdad
pues, como ya se dijo, la interpretación y alcance que este tribunal le dé a
los derechos fundamentales deben prevalecer sobre otras interpretaciones
judiciales, aun sobre aquellas emitidas por tribunales de cierre de otras
jurisdicciones[84].
No sobra reiterar que una sola sentencia de unificación genera precedente ya
que en ella se unifica el alcance e interpretación de un derecho fundamental “para casos que tengan un marco fáctico similar y
compartan problemas jurídicos”[85]. De tal manera que, aunque exista un
precedente reiterado por el Consejo de Estado frente al IBL como elemento de la
transición, el cual discrepa del construido por la Corte Constitucional, era
obligación del Tribunal accionado aplicar el emitido por esta última o, si su
intención era apartarse del mismo, debía aportar la carga argumentativa
suficiente, lo cual no se hizo en el presente caso.
Por lo anterior,
se concluye que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Oralidad, con su sentencia del 24 de noviembre de 2016, se apartó
injustificadamente del precedente fijado por la Corte Constitucional en las
sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 reiterado igualmente en la SU-427 de
2016 que señala que el IBL no es un aspecto integrante
del régimen de transición, incurriendo en el
defecto por desconocimiento del precedente constitucional vulnerando el derecho
fundamental de Pensiones de Antioquia al debido proceso.
9.3. Órdenes a
impartir
(i) Teniendo en cuenta lo anterior, se
revocarán las decisiones proferidas en sede de tutela, en tanto negaron el amparo
invocado por la accionante.
Ahora bien, dado que al momento en que
entró en vigencia el sistema general de pensiones en el Departamento de
Antioquia (30 de junio de 1995) a la señora Luz Helena Pérez Correa le faltaban
menos de 10 años para adquirir su derecho pensional (ya tenía el tiempo de
servicios y cumplía 50 años el 3 de abril de 1998),  de acuerdo con el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 “[e]l ingreso base para liquidar la pensión de
vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de
diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si
este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice
de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”, por
tanto en este caso, (ii) se dejará sin efectos la providencia del 24 de
noviembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Oralidad y (iii) se ordenará a Pensiones de Antioquia que en el
término de quince (15) días contados a partir de la notificación de esta
providencia, reliquide la pensión reconocida a la señora Luz Helena Pérez
Correa teniendo como IBL el 75% de los ingresos percibidos por la afiliada del
30 de junio de 1995 al 31 de marzo de 1998, fecha en la que se hacía exigible
su derecho por cumplir 50 años (3 de abril de 1998), incluidos únicamente los
factores salariales sobre los cuales se realizaron efectivamente las
cotizaciones al sistema pensional, actualizado anualmente con base en la
variación del Índice de Precios al Consumidor. El amparo anterior se concederá
de manera transitoria, condicionado a que la accionante acuda al medio
ordinario de defensa, esto es, al recurso extraordinario de revisión consagrado
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Por otra parte, (iv) se advertirá que de
haberse recibido sumas con base en la reliquidación ordenada por la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual se deja sin
efectos en este fallo, de acuerdo con las consideraciones de esta providencia,
la reliquidación hoy ordenada a Pensiones de Antioquia sólo tendrá efectos
luego de trascurridos 6 meses contados a partir de la notificación de la
resolución que la accionante expida en cumplimiento de esta providencia, así
como que no habrá lugar al reintegro de las sumas de dinero ya canceladas.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR la sentencia proferida por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, el 13 de febrero
de 2018, en la que se confirmó el fallo de primera instancia emitido por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, el 21 de junio de 2017, en el que se resolvió negar el amparo
invocado y, en su lugar, CONCEDER el amparo del derecho fundamental al
debido proceso de Pensiones de Antioquia como MECANISMO TRANSITORIO que
regirá hasta que sea resuelto el recurso extraordinario de revisión que la
accionante debe formular, o si no lo instaura, hasta que transcurran cuatro (4)
meses contados a partir de la notificación de esta sentencia.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la providencia del 24 de noviembre de 2016
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad
dentro del proceso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho, iniciado
por Luz Helena del Socorro Pérez Correa contra Pensiones de Antioquia.
TERCERO.- ORDENAR a Pensiones de Antioquia que en el término de quince (15) días
contados a partir de la notificación de esta providencia, reliquide la pensión
reconocida a la señora Luz Helena del Socorro Pérez Correa teniendo como IBL el
75% de los ingresos percibidos por la afiliada del 30 de junio de 1995 al 31 de
marzo de 1998, fecha en la que se hacía exigible su derecho por cumplir 50
años, incluidos únicamente los factores salariales sobre los cuales se
realizaron efectivamente las cotizaciones al sistema pensional, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor.
CUARTO.- ADVERTIR a Pensiones de Antioquia que de haberse recibido sumas con base en
la reliquidación ordenada por la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, la reliquidación hoy ordenada sólo tendrá efectos
luego de trascurridos seis (6) meses contados a partir de la notificación de la
resolución que la accionante expida en cumplimiento de esta providencia, así
como que no habrá lugar al reintegro de las sumas de dinero ya canceladas.
QUINTO. –
LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría
General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las
notificaciones a las partes –a través del Juez de tutela de instancia–,
previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO
DEL MAGISTRADO
ALBERTO ROJAS RÍOS
A LA SENTENCIA
T-368/18
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MATERIA DE RELIQUIDACION PENSIONAL-Se desconoció jurisprudencia, por cuanto
entidades pensionales tienen la posibilidad de acudir al recurso extraordinario
de revisión, a menos que se acredite claramente un “abuso palmario del derecho
(Salvamento de voto)
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MATERIA DE RELIQUIDACION PENSIONAL-Decisión de autoridad accionada resultó
razonable y justificada, pues se ajustaba a la expectativa legítima de la
accionante (Salvamento de voto)
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MATERIA DE RELIQUIDACION PENSIONAL-Se debió declarar improcedente por
incumplir requisitos de procedencia (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente T-6.665.992
Acción de tutela instaurada por
Pensiones de Antioquia contra el Tribunal Administrativo de Antioquia
Magistrado Ponente:
Cristina Pardo Schlesinger
Me aparto de la decisión adoptada por la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional, dentro del proceso de la referencia, en
tanto sostuvo que el Tribunal accionado vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia de Pensiones de
Antioquia, por la supuesta configuración de un defecto sustantivo y de
un desconocimiento del precedente constitucional.
En relación con el defecto sustantivo, la Sala
concluyó que el Tribunal Administrativo de Antioquia aplicó normas que no
podían ser parámetros válidos para calcular el IBL, ya que la Corte ha referido
que las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición deben ser
liquidadas conforme a la Ley 100 de 1993.
Por su parte, en lo que concierne al desconocimiento del
precedente constitucional, el fallo del que tomo distancia señaló que el
Tribunal desconoció las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, pues aunque
abordó razones por las cuales inaplicaba tales precedentes, su argumentación
resultaba insuficiente para apartarse de las decisiones de la Corte
Constitucional.
Con base en lo anterior, la Sala Séptima de la Corporación
concedió el amparo constitucional invocado por Pensiones de Antioquia y ordenó
la reliquidación de la pensión objeto de estudio teniendo como IBL el 75% de
los ingresos percibidos por la afiliada entre el 30 de junio de 1995 y el 31 de
marzo de 1998, incluidos sólo los factores salariales sobre los cuales se
realizaron cotizaciones al sistema pensional, con las respectivas actualizaciones
conforme al IPC.
Pues bien: mi discrepancia frente a dicha determinación se
sustenta en los siguientes argumentos:
En primer lugar considero que la decisión adoptada en esta
oportunidad por la Sala Séptima desconoció la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, por cuanto ya en las sentencias T-212, 034 y 039 de 2018
−citadas en la sentencia− se ha reiterado la imposibilidad de
controvertir por vía de tutela las providencias judiciales que “ordenaron
algún tipo de reconocimiento prestacional periódico con abuso del derecho”,
por cuanto las entidades pensionales tienen la posibilidad de acudir al recurso
extraordinario de revisión, a menos que se acredite claramente un “abuso
palmario del derecho.”
Conforme a aquellos pronunciamientos, la entidad accionante
tenía la carga de aportar la información necesaria, pertinente y conducente
para probar “la existencia de incrementos pensionales desproporcionados, la
no correspondencia entre el monto de la pensión y la historia laboral, ventajas
irrazonables como el desconocimiento de topes pensionales y/o vinculaciones
precarias”[86].
Sin embargo, tal “abuso palmario del derecho” no se verificó en el
caso de la referencia −ni por la tutelante, ni por la Sala de
Revisión− y, en esa medida, estimo que no se debía eximir a Pensiones de
Antioquia de acudir al recurso extraordinario de revisión para controvertir la
decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
En segundo lugar, si en gracia de discusión se hubiese
superado el examen de procedencia, no debe olvidarse que el Tribunal
Administrativo de Antioquia emitió la decisión objeto de censura con base en el
principio de favorabilidad laboral, en beneficio de la ciudadana que formuló la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho; demanda que, recuérdese, fue
presentada con anterioridad a la expedición de la sentencia SU-230 de 2015.
Estimo que dicha decisión de la autoridad accionada resultó razonable y
justificada, pues se ajustaba a la expectativa legítima de la accionante, con
base en lo dispuesto en la línea jurisprudencial vigente para ese momento.
Por ello, no se le podía endilgar al Tribunal una violación
al debido proceso –como lo sostuvo la Sala Séptima−, pues en la misma
ponencia se resaltó, con base en sentencias T-118A de 2013 y SU-490 de 2016,
que “no cualquier diferencia en la interpretación en que se funda una
decisión judicial configura un defecto sustantivo o material, solo aquellas que
se consideran irrazonables, desproporcionados, arbitrarias o caprichosas”. Luego,
al constatar que la decisión acusada se soportó en el principio constitucional
de favorabilidad laboral y en el respeto a las expectativas legítimas, y que el
proceso surgió con anterioridad a la sentencia SU-230 de 2015, es desacertado
reprochar la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, pues
con ello se desestima la capacidad de razonamiento de los operadores
judiciales.
Por otra parte, aún en el escenario hipotético en que la
procedencia formal se hubiera acreditado, en cuanto al defecto de “desconocimiento
del precedente” señalado por la Sala, relacionado con la supuesta
insuficiencia de los argumentos esgrimidos por la autoridad accionada para
apartarse del mismo, considero que tal cargo tampoco podía haber prosperado,
por cuanto, por el contrario, se observó que el Tribunal Administrativo
de Antioquia i) reconoció la existencia de providencias de la Corte
Constitucional que abordan los elementos que integran el régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, y además de ello ii) ofreció razones para justificar su
apartamiento de dichos pronunciamientos, en tanto indicó que no resultaban
aplicables al caso concreto y argumentó que el criterio del Consejo de Estado
interpreta dicha norma de manera más favorable para los derechos fundamentales
de la pensionada, criterio bajo el cual también basó su decisión y que, en mi
opinión, es la que más favorecía a la pensionada.
Con el panorama de los anteriores elementos de juicio,
insisto en que la acción de tutela instaurada por Pensiones de Antioquia no
cumplía los requisitos de procedencia formal y, aún en el evento en que se
considerara viable la acción, tampoco comparto que pudiera predicarse la
configuración de los defectos alegados para enervar la providencia dictada por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, en virtud de lo cual ha debido
respetarse su presunción fundada de constitucionalidad.
Esta disidencia lleva, no obstante, el respeto que profeso
hacia las decisiones de la Sala Séptima de Revisión.
Fecha ut supra,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
[1] Sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Cuarta el 13 de febrero de 2018 que a su
vez confirmó la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B el 21 de junio de
2017.
[2] Sala de Selección Número Tres, conformada por los magistrados
Gloria Stella Ortiz Delgado y Alejandro Linares Cantillo. Auto de selección del
12 de marzo de 2018, notificado el 3 de abril de 2018 y Auto de selección del
23 de marzo de 2018, notificado el 23 de abril de 2018.
[3] El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, en Auto del 24 de mayo de 2017, admitió la
acción de tutela, ordenó la notificación a la parte accionada así como a la
señora Luz Helena del Socorro Pérez Correa como tercero interesado en el
resultado del proceso y solicitó en préstamo el expediente ordinario
05001-33-33-025-2013-00980-00 al Juzgado Veinticinco Administrativo de
Medellín. Folio 183 al 184, cuaderno 1 del expediente T-6.665.992.
[4] Escrito enviado al Consejo de Estado por correo electrónico de
fecha 30 de mayo de 2017. Folios 196 al 198, cuaderno 1 del expediente
T-6.665.992.
[5] Escrito enviado al Consejo de Estado por correo electrónico de fecha
31 de mayo de 2017. Folios 201 al 2010, cuaderno 1 del expediente
T-6.665.992.
[6] Folio 8, cuaderno 1 del expediente T-6.665.992.
[7] Folios 10 al 14, cuaderno 1 del expediente T-6.665.992.
[8] Folios 15 al 17, cuaderno 1 del expediente T-6.665.992.
[9] Folios 18 al 26, cuaderno 1 del expediente T-6.665.992.
[10] Folios 29 al 41, cuaderno 1 del expediente T-6.665.992.
[11] Folios 44 al 180, cuaderno 1 del expediente T-6.665.992.
[12] Folios 230 al 232, cuaderno 1 del expediente T-6.665.992.
[13] En el mismo Auto del 27 de junio de 2018, se ordenó
suspender el término para fallar por un periodo de un mes.
[14] En la solicitud de fecha 30 de noviembre de 2000, suscrita
por la señora Luz Helena Pérez Correa y dirigida a Pensiones de Antioquia, como
petición señala reliquidar la pensión de jubilación teniendo en cuenta “salarios,
prima de navidad, prima de vida cara y vacaciones”. Folio74 y 75, cuaderno
sede de revisión. || En la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
iniciada por la señora Pérez Correa se señaló como objeto de la petición “Se
RELIQUIDE LA PENSIÓN DE VEJEZ teniendo en cuenta el promedio mensual de lo
devengado en el último año de servicios anterior al retiro, entre el 01 de
Abril de 1997 y el 31 de Marzo de 1998, el cual incluye además de la asignación
básica mensual, la prima de Navidad, Prima de Vida Cara, Prima de Vacaciones y
Subsidio de Transporte (…)” (resaltado en el original).
[15] Tema que había sido tratado, entre muchas otras, en las Sentencias
T-079 de 1993 y T-231 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-118 de 1995 (MP
José Gregorio Hernández Galindo), T-055 de 1997 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz),
T-204 de 1998 (MP Hernando Herrera Vergara), T-001 de 1999 (MP José Gregorio
Hernández Galindo), T-1009 de 2000 (MP Carlos Gaviria Díaz), T-025 de 2001 (MP
Eduardo Montealegre Lynnet), T-188 de 2002 (MP Alfredo Beltrán Sierra).
[16] Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba
Triviño), reiterada uniformemente en múltiples pronunciamientos como en las
sentencias T-950 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-905 de 2006 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-203 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-264
de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-583 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T-453 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-589 de 2010 (MP
María Victoria Calle Correa), T-464 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; AV
Nilson Elías Pinilla Pinilla), T-872 de 2012 (MP Mauricio González Cuervo),
SU-918 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo y Nilson Elías Pinilla Pinilla), T-103 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio), T-213 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa), SU-297 de 2015 (MP
Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-060 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo;
AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Gloria Stella Ortiz Delgado) y T-176 de
2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV Jorge Iván Palacio Palacio).
[17] Corte Constitucional, sentencia SU-427 de 2016 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
[18] Artículo 20 de la Ley 797 de 2003: “Revisión de reconocimiento
de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza
pública. <Apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales
que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública
la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación. || La revisión también procede cuando el
reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o
extrajudicial. || La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para
el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá
solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas
para este en el mismo código y además: || a) Cuando el reconocimiento se haya
obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables”.
[19] Lo anterior fue inicialmente señalado en la sentencia C-258
de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[20] El Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Contralor General de la
República o el Procurador General de la Nación.
[21] Corte Constitucional, sentencia SU-427 de 2016 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
[22] La Corte Constitucional, en la sentencia SU-427 de 2016 (MP Luis
Guillermo Guerrero Pérez), indicó que en el caso específico de las
reclamaciones que presente la UGPP atacando decisiones judiciales proferidas
antes a que dicha entidad asumiera la defensa judicial de CAJANAL, “el plazo
para acudir a dicho instrumento debe iniciarse a contar no antes del día en que
la demandante asumió las funciones de esta última empresa [CAJANAL], es
decir, con posterioridad al 12 de junio de 2013”.
[23] Corte Constitucional, sentencias C-258 de 2013 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub), SU-427 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez) y SU-631 de
2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
[24] Corte Constitucional, sentencia SU-631 de
2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[25] Corte Constitucional, sentencia SU-427 de 2016 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
[26] Corte Constitucional, sentencia SU-395 de 2017 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
[27] Corte Constitucional, sentencia SU-631 de 2017 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[28] Corte Constitucional, sentencia SU-631 de 2017 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado).
[29] (a) El monto del incremento pensional; (b) la vinculación precaria
en cargos con asignaciones salariales superiores, (c) la falta de
correspondencia entre el reconocimiento pensional y la historia laboral del
beneficiario y (d) la ventaja irrazonable en comparación con otros
beneficiarios del sistema pensional como es el caso de la exclusión de topes al
monto pensional.
[30] Corte Constitucional, sentencia T-212 de 2018 (MP Gloria
Stella Ortiz Delgado).
[31] Corte Constitucional, sentencia T-212 de 2018 (MP Gloria
Stella Ortiz Delgado), reiterando lo señalado en la sentencia SU-427 de 2016
(MP Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[32] Corte Constitucional, sentencia SU-631 de 2017 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado).
[33] “M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez”.
[34] “M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez”.
[35] “M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado”.
[36] “T-212 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado),
reiterando las sentencias T-034 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado) y
T-039 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado)”.
[37] Corte Constitucional, sentencia SU-631 de 2017 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado).
[38] Sobre este punto, es pertinente recordar que esta Corporación ha
establecido como requisito de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales el principio de inmediatez, el cual se traduce en el
deber de solicitar el amparo constitucional tan pronto como sea posible,
atendiendo las particularidades del hecho que genera la violación. Al respecto,
se puede consultar entre muchas otras: sentencias T-1089 de 2004 (MP Álvaro
Tafur Galvis), T403 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-1009 de 2006 (MP
Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime Araújo Rentería), T-607 de 2008 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-680 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-611 de 2011
(MP Mauricio González Cuervo), T-323 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; AV Nilson Pinilla Pinilla), T-034 de 2013 (MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez), SU-377 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero
Pérez) y T-539 de 2015 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez; SV Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo).
[39] Corte Constitucional, sentencia T-217 de 2013 (MP Alexei Julio
Estrada), T-712 de 2017 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-018 de 2018 (MP
José Fernando Reyes Cuartas), entre otras.
[40] Cinco años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la
providencia judicial.
[41] Resolución No. 2102 del 1 de junio de 1998, expedida por la
Entidad Administradora de Pensiones, Departamento de Antioquia.
[42] Resolución No. 2102 del 1 de junio de 1998, expedida por la
Entidad Administradora de Pensiones, Departamento de Antioquia.
[43] Por ejemplo, la Corte Constitucional, en la sentencia T-039
de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), analizó varios casos, tres de los cuales
sólo se evidenció un incremento desproporcionado en la mesada pensional en un
52, 78 y 73.7%, los cuales, a juicio de la Sala, eran procedentes, a pesar de
que no se evidenciara otro criterio indicativo de un abuso palmario del
derecho: “(iii) T-6.355.658: UGPP contra el Juzgado Segundo Administrativo
de Descongestión del Circuito de Bogotá, Sección Segunda. 41. En lo que
respecta a la acción de tutela interpuesta por la UGPP dentro del Expediente
(iii) T-6.355.658, la UGPP mostró que la mesada pensional a 2017 de la señora
María Leyla Alarcón Carbonell equivale a $1’175.173,18 y, en cumplimiento de
las órdenes judiciales de reliquidación asciende a $1’788.062,28 con un
incremento del 52 %. Agregó que el aumento pensional supone que en cada
mesada pensional se paguen $612.889 adicionales. La UGPP aseguró que el
incremento mencionado constituye un abuso palmario del derecho por el cual
procede excepcionalmente la acción de tutela pese a no haber agotado el recurso
de revisión. En efecto, la Sala coincide con el criterio expuesto por la UGPP y
considera que el aumento del 52 % en la mesada pensional de la señora Alarcón
Carbonell es un incremento desproporcionado de su monto pensional que
evidencian que en este caso se está ante un abuso palmario del derecho y que
habilita la procedencia excepcional de la acción de tutela en este caso
particular. Lo anterior, pese a que la UGPP no acreditó otros supuestos
indicativos de abuso palmario del derecho como lo es la existencia de
vinculaciones precarias en la historia laboral de María Leyla Alarcón
Carbonell. En efecto, según la UGPP [156], la señora Alarcón Carbonell
prestó servicios a la Rama Judicial entre el 1º de diciembre de 1975 y el 31 de
enero de 1990 y el 1º de febrero de 1990 hasta el 30 de abil de 2004. Así
mismo, informó que el último cargo desempeñado por la referida señora fue el de
Asistente Administrativo Grado 5 de Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de Bogotá. Con todo, se reitera que el incremento desproporcionado de
la pensión indica la existencia de un abuso palmario del derecho en el caso de
María Leyla Alarcón Carbonell”. || (viii) T-6.422.978: UGPP contra el
Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja y el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 4. 42. Una
consideración similar merece el caso del expediente (viii) T-6.422.978 en el
que se discute el incremento pensional del señor Marco Tulio Fagua Bautista.
Las proyecciones hechas por la UGPP evidenciaron que el monto pensional inicialmente
reconocido al beneficiario del régimen de transición al año 2017 es de
$1’938.441 y, en el mismo año, el valor de la pensión al cumplir la
reliquidación ordenada judicialmente es de $3’473.089. Con lo anterior
evidencia un incremento porcentual en su monto pensional del 78 %. Este
incremento, a juicio de la Sala, es desproporcionado e indica que su caso
obedece a un abuso palmario del derecho por cuyo aumento porcentual habilita la
procedencia de la acción de tutela en este caso. 43. La Sala aclara que no se
encontró que en el caso del señor Fagua Bautista existió una vinculación
precaria como criterio indicativo de un abuso palmario del derecho. En ese
sentido, la UGPP manifestó en el escrito de tutela que al señor Fagua Bautista
prestó sus servicios a la Universidad Pedagógica desde el 1º de febrero de 1974
hasta el 1º de septiembre de 2011 y su último cargo desempeñado fue el de
celador en la ciudad de Tunja. En consecuencia, la UGPP no dio cuenta que la
historia laboral del pensionado fue afectada por vinculaciones fugaces por las
cuales se haya visto acrecentada su pensión como consecuencia de una
vinculación precaria. || (ix) T-6.422.982: UGPP contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A. 44. Respecto de la acción de
tutela interpuesta por la UGPP dentro del expediente (ix) T-6.422.982 la
Sala considera que el incremento pensional ordenado judicialmente a favor del
señor Clímaco Molina Ramos es desproporcionado al representar un 73,7 %
de la pensión inicialmente liquidada. La UGPP mostró cómo, de cumplirse los
fallos judiciales que ordenen la reliquidación pensional del señor Molina Ramos
sin aplicación de topes legales y/o constitucionales, el monto ascendería de
$11.938.258,95 a $20’733.309,66. Ese incremento que representaría una
diferencia mensual de $8’795.051 pesos conduce a un monto pensional que es, en
sí mismo, significativo pues corresponde a más de 12 salarios mínimos legales
mensuales vigentes e impacta de manera importante la sostenibilidad del sistema
pensional. La Sala tampoco puede perder de vista que el incremento pensional
del señor Molina Ramos obedece, en parte, a la exclusión de topes pensionales,
asunto que es manifiestamente contrario al Acto Legislativo 01 de 2005 y la
Sentencia C-258 de 2013 y que a juicio de la Sala, obedece a un abuso palmario
del derecho que conduce a la procedencia excepcional de la acción de tutela en
el presente caso. 45. La Sala aclara que, como lo manifestó el señor Molina
Ramos, no se constató que en su caso existió una vinculación precaria como
criterio indicativo de un abuso palmario del derecho. En ese sentido, el
nombramiento en propiedad como Magistrado de Tribunal por varios años excluye
la posibilidad de que el señor Molina Ramos haya visto acrecentada su pensión
como consecuencia de una vinculación precaria. Sin embargo, el incremento
monetario obtenido como consecuencia de excluir de cualquier tope pensional la
mesada del señor Molina Ramos sí da cuenta de una ventaja irrazonable en
comparación con otros afiliados y beneficiarios del régimen de transición en
pensiones, indicativo de un abuso palmario del derecho”. (Subrayas fuera de
texto).
[44] Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba
Triviño).
[45] Dichas causales han sido reiteradas y tenidas en cuenta para fallar
innumerables casos en donde la(s) providencia(s) atacada(s) presenta(n) alguno
de los defectos señalados. Por ejemplo, las sentencias SU-540 de 2007 (MP
Álvaro Tafur Galvis; AV Nilson Elías Pinilla Pinilla; SV Humberto Antonio
Sierra Porto), T-766 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra; AV Nilson Elías
Pinilla Pinilla), T-819 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-257 de
2010 (MP Mauricio González Cuervo), T-429 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T-978 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; AV Nilson Elías
Pinilla Pinilla), T-010 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; AV Nilson Elías
Pinilla Pinilla), T-267 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-482 de 2013
(MP Alberto Rojas Ríos), T-941 de 2014 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-414 de 2015 (MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez), T-574 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo; SV Gloria Stella Ortiz
Delgado), entre otras.
[46] Corte Constitucional, sentencia T- 008 de
1999 (MP Alfredo Beltrán Sierra), T- 156 de 2000 (MP José Gregorio Hernández
Galindo), SU-416 de 2015 (MP
Alberto Rojas Ríos).
[47] Corte Constitucional, sentencia T- 757 de
2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[48] Corte Constitucional, sentencia T-453 de 2017 (MP Diana Fajardo
Rivera) reiterando lo señalado en las sentencias SU-399 de 2012 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto), SU-400 de 2012 (MP (e) Adriana María Guillén Arango),
SU-416 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos) y SU-050 de 2017 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva).
[49] Corte Constitucional, sentencias T-118A de 2013 (MP Mauricio
González Cuervo), SU-490 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[50] Corte Constitucional, sentencias SU-241 de 2015 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado), SU-432 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa), SU-427 de 2016
(MP Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[51] Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[52] Corte Constitucional, sentencia SU -354 de 2017 (MP Iván
Humberto Escrucería Mayolo).
[53] Corte Constitucional, sentencia T-369 de 2015 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub).
[54] Reiterando lo señalado en las sentencias SU-640 de 1998 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-270 de 2013 (MP Nilson Pinilla Pinilla), entre
otras.
[55] Reiterado en la sentencia T-018 de 2018 (MP José Fernando
Reyes Cuartas).
[56] Corte Constitucional, sentencia T-018 de 2018 (MP José
Fernando Reyes Cuartas) reiterando la T-270 de 2013 (MP Nilson Pinilla
Pinilla).
[57] Corte Constitucional, sentencia T-018 de 2018 (MP José
Fernando Reyes Cuartas) reiterando la Sentencia T-102 de 2014 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio).
[58] Constitución Política de Colombia. Artículo 243.
[59] Corte Constitucional, sentencia T-410 de 2014 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva), reiterada en el fallo T-123 de 2017 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), entre otras.
[60] Corte Constitucional, sentencia T-018 de 2018 (MP José
Fernando Reyes Cuartas).
[61] Corte Constitucional, sentencia T-233 de 2017 (MP María Victoria
Calle Correa).
[62] Ver sentencia T-1092
de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), reiterado en la T-656 de 2011 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-536 de 2017 (MP Iván
Humberto Escrucería Mayolo), y T-018 de 2018 (MP José Fernando Reyes Cuartas).
[63] Corte Constitucional, sentencia T-107 de 2016 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[64] Corte Constitucional, sentencia T-018 de
2018 (MP José Fernando Reyes Cuartas).
[65] Corte Constitucional, sentencia T-018 de 2018 (MP José Fernando
Reyes Cuartas) reiterando la T-410 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva),
reiterada en el fallo T-123 de 2017 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), entre
otras.
[66] Corte Constitucional, sentencias C-789 de 2002 (MP Rodrigo Escobar
Gil), T-543 de 2015 (MP Mauricio González Cuervo) y T-045 de 2016 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub).
[67] Consideración basada y reiterativa de lo señalado en la
SU-023 de 2018 (MP Carlos Bernal Pulido).
[68] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del
7 de febrero de 2018 (52594): “Es sabido que con los regímenes de transición
especialmente creados para cuando se modifiquen los requisitos para acceder a
los derechos pensionales, se ha buscado por el legislador no afectar de manera
grave las expectativas legítimas de quienes, al momento de producirse el cambio
normativo, se hallaban más o menos próximos a consolidar el derecho. || Desde
luego, esos regímenes pueden tener diferentes modalidades respecto de la
utilización de la nueva preceptiva y la vigencia de las normas derogadas o
modificadas, de ahí que no impliquen necesariamente la aplicación, en su
integridad, de estas normas, que, por lo general, consagran beneficios más
favorables al trabajador o al afiliado a la seguridad social. Ya la Corte
Constitucional ha explicado, al referirse al artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
que goza el legislador de un amplio poder de configuración al momento de
definir la protección que le otorgue a las expectativas de los ciudadanos, como
las referidas a los derechos prestacionales. || Precisamente con el régimen de
transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no
quiso el legislador mantener para los beneficiarios la aplicación en su
totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, sino
solamente una parte de ella. Esta Sala de la Corte ha consolidado, por
reiterado y pacífico, el criterio de que dicho régimen comporta para sus beneficiarios
la aplicación de las normas legales anteriores a la vigencia del Sistema
General de Pensiones, en tres puntuales aspectos: edad, tiempo de servicios o
semanas cotizadas y monto de la pensión. Y que el tema de la base salarial de
liquidación de la pensión no se rige por tales disposiciones legales, sino que
pasa a ser regido, en principio, y para quienes les hacía falta menos de diez
años para adquirir el derecho por el inciso 3º del artículo 36 citado (…)”.
[69] Corte Constitucional, sentencia SU 023 de 2018 (MP Carlos
Bernal Pulido).
[70] Corte Constitucional, sentencia SU 023 de 2018(MP Carlos
Bernal Pulido). Dicha tesis ha sido reiterada por la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias con radicados exp. 20223 de
1997, exp. 11128 de 1998, exp. 11455 de 1999, exp. 19663 de 2003, exp. 22226 de
2004, exp. 33578 de 2008, exp. 33343 de 2008, exp. 31711 de 2009, exp. 571960
de 2018, 52594 de 2018.
[71] Esta tesis se fundamentó en un concepto de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del 20 de mayo del año 1998.
[72] Corte Suprema de Justicia, expedientes No. 470-90 de 2000 y 2004-00
de 2000. En la última se señaló: “[e]n armonía con lo anterior, concluye la
Sala, el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, consagró el régimen
de transición, consistente en que, las personas que cumplan las hipótesis allí
previstas, en cuanto a edad, tiempo de servicio y monto de la pensión, se les
aplica en su integridad el régimen anterior que las regula y beneficia.  Si se
aplica el inciso tercero del mismo artículo 36 de la citada ley, para
establecer la base de liquidación de la pensión, se escinde la ley, pues la
normatividad anterior (Ley 33 de 1985) señala la forma de liquidar la pensión,
se desnaturaliza el régimen, y se dejaría de aplicar el principio de
favorabilidad de la ley en los términos ya indicados” (negrillas
originales).
[73] Corte Constitucional, sentencia SU 023 de 2018 (MP Carlos
Bernal Pulido).
[74] Corte Constitucional, sentencia SU 023 de 2018 (MP Carlos
Bernal Pulido).
[75] “81. Esta tesis ha sido reiterada en casos posteriores, del 16
de febrero de 2006 (radicación 4076-04), 6 de marzo de 2008 (radicación
4799-05) y 17 de abril de 2013 (radicación 0112-12).” Corte Constitucional,
SU-023 de 2018 (MP Carlos Bernal Pulido).
[76] Consejo de Estado, Sección Segunda.
Expediente No. 0112-2009.
[77] La Corte, mediante control abstracto de constitucionalidad de los
artículos 11 parcial, 36 parcial, y 288 de la ley 100 de 1993, excluyó del
ordenamiento jurídico colombiano, aquellas expresiones del artículo 36 referido
que establecían un trato discriminatorio para la población afiliada al sector
privado y los del sector público, pues mientras para los primeros se tomaba
como base en el promedio de los devengado los 2 últimos años de servicios, para
los segundos, el promedio se calcula solamente, sobre lo devengado en el último
año. || En esa ocasión se señaló: “Dado que en la [L]ey 100 de 1993 se
modifican algunos de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, se
establece en el inciso segundo del artículo 36, materia de acusación, un
régimen de transición que da derecho a obtener ese beneficio mediante el
cumplimiento de los requisitos de edad, tiempo de servicio, o semanas cotizadas
estatuidas en la legislación anterior, para las personas que a la fecha de
entrar a regir el nuevo sistema de seguridad social, tengan 35 años o más de
edad si son mujeres, y 40 o más años de edad si son hombres; o a quienes hayan
cumplido 15 o más años de servicios cotizados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para obtener tal derecho son los contenidos en las
disposiciones de la nueva ley.”
[78] Corte Constitucional, sentencia T-078 de 2014 (MP Mauricio González
Cuervo).
[79] Corte Constitucional, sentencia SU-230 de 2015 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[80] De manera previa, en el Auto 326 de 2014, al conocer el incidente
de nulidad de la sentencia T-078 de 2014, en la que la Sala Segunda de Revisión
había negado las pretensiones, en un caso similar al que se estudia, la Sala
Plena consideró lo siguiente: “A partir de las anteriores razones, la
Sala Plena considera que la solicitud de nulidad no está llamada a prosperar,
por cuanto la Sala Segunda de Revisión de Tutelas no cambió la jurisprudencia
constitucional en vigor, relativa a la interpretación del inciso 2º y 3º del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en lo atinente a la forma de liquidar el
monto y el ingreso base de liquidación, sino que, por el contrario, siguió en
estricto rigor la interpretación autorizada que realizó la Sala Plena en la
Sentencia C-258 de 2013, que por un lado, ha hecho tránsito a cosa juzgada
constitucional sólo en cuanto al régimen pensional especial contenido en la Ley
4 de 1992 y, que por otro lado, preciso es reiterarlo, establece un precedente
interpretativo sobre la aplicación del artículo 21 y el inciso 3° del artículo
36 de la Ley 100/93, según el cual el monto y el ingreso base de liquidación se
calculan bajo presupuestos diferentes, el primer concepto, bajo el régimen
especial del que fuese beneficiario el afiliado antes de la entrada en vigencia
del tránsito normativo, y el segundo, siguiendo lo previsto en las normas antes
mencionadas de la Ley 100/93 [32]”.
[81] “Consultar, entre otras, las Sentencias C-258 de 2013, T-078 de
2014 y SU-230 de 2015”.
[82] Corte Constitucional, SU-023 de 2018 (MP Carlos Bernal
Pulido).
[83] “El Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso en su artículo 1 que el
Legislador debía regular un procedimiento breve para la revisión de las
pensiones reconocidas con abuso del derecho, o sin el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales
válidamente celebrados. Esta disposición no ha sido objeto de desarrollo
legislativo, por tanto, tal como se ha considerado a partir de las sentencias
C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, reiteradas en las sentencias SU-427 de 2016,
SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017, el medio judicial procedente es el recurso
extraordinario de revisión que contemplan los artículos 19 y 20 de la Ley 797
de 2003”.
[84] Corte Constitucional, sentencia T-566 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz) reiterada en la sentencia T-292 de 2006 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), entre otras.
[85] Corte Constitucional, sentencia T-830
de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[86] Sentencias
T 212, 034, 039 de 2018