C-941-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-941/03
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
SOBRE NORMA SUBROGADA-Producción de efectos jurídicos
REGIMENES ESPECIALES Y REGIMEN
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL-Criterios fijados en materia de comparación
REGIMENES DE SEGURIDAD SOCIAL-Regulación corresponde al
legislador ordinario o extraordinario
REGIMEN PRESTACIONAL DE
OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL-Características de la prestación de
asignación de retiro
ASIGNACION DE RETIRO-Noción
OFICIAL Y SUBOFICIAL DE LA
POLICIA NACIONAL-Asignación
de retiro
OFICIAL Y SUBOFICIAL DE LA
POLICIA NACIONAL-Derecho
a servicios médico asistenciales y a mesada de navidad cuando gozan de
asignación de retiro
OFICIAL Y SUBOFICIAL DE LA
POLICIA NACIONAL-Beneficiarios
de la asignación de retiro en caso de muerte
REGIMEN PRESTACIONAL DE
OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL-Contenido y alcance de la norma que
contiene la expresión acusada
OFICIAL Y SUBOFICIAL DE LA
POLICIA NACIONAL-Reajuste
de las pensiones
OFICIAL Y SUBOFICIAL DE LA
POLICIA NACIONAL-Reajuste
de la asignación de retiro
REGIMEN DE LIQUIDACION DE LA
PRESTACION DE ASIGNACION DE RETIRO-Ausencia de vulneración del principio de igualdad
OFICIAL Y SUBOFICIAL DE LA
POLICIA NACIONAL-Imposibilidad
de comparación entre el régimen de pensiones y la asignación de retiro
En relación con la prestación de
asignación de retiro regulada por el Decreto 1212 de 1990, como se desprende de
las consideraciones preliminares de esta sentencia,  no resulta posible
establecer una comparación  con el régimen señalado para las pensiones
reguladas en la ley 100 de 1993, pues se trata de prestaciones diferentes que
no pueden asimilarse y en  relación con las cuales no cabe entonces predicar la
configuración de un tratamiento discriminatorio para los oficiales y
suboficiales con derecho a la asignación de retiro en los términos señalados en
el Decreto 1212 de 1990 frente al  tratamiento dado a los servidores a los que
se les aplica el régimen general de la ley 100 de 1993
OFICIAL Y SUBOFICIALES DE LA
POLICIA NACIONAL-Norma
aplicable para la liquidación de pensiones no vulnera el principio de igualdad
Referencia:
expediente D-4531
Demanda de inconstitucionalidad
contra la expresión “en todo
tiempo”
contenida en el artículo 151 del Decreto 1212 de 1990, “Por el cual se reforma el estatuto del personal de
oficiales y suboficiales de la Policía Nacional”
Actores: Edgard Peña Velásquez y Arnulfo
Esteban Barrera.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá D. C., quince (15) de
octubre de dos mil tres (2003).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad,
los ciudadanos Edgard Peña Velásquez y Arnulfo Esteban Barrera, presentaron
demanda contra la expresión “en
todo tiempo”
contenida en el artículo 151 del Decreto 1212 de 1990, “Por el cual se reforma el estatuto del personal de
oficiales y suboficiales de la Policía Nacional”.
Mediante auto del 23 de abril
de 2003 el Magistrado Sustanciador admitió la demanda, una vez ésta fue
corregida por los demandantes de acuerdo con lo señalado en auto del 27 de
marzo del mismo año.  En la misma providencia dispuso correr traslado al
Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, ordenó
fijar en lista las normas acusadas para asegurar la intervención ciudadana y
comunicar la iniciación del proceso al señor Presidente de la República, y al
Presidente del Congreso de la República, así como también a los Ministros del
Interior y de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, de Defensa Nacional, al
Comandante General de las Fuerzas Militares y al Director General de la Policía
Nacional, a fin de que, de estimarlo oportuno, conceptúen sobre la
constitucionalidad de las normas acusadas.
Cumplidos los trámites ya relacionados,
propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General
de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II.      NORMAS DEMANDADAS
A continuación se transcribe el texto de
la norma demandada de conformidad con su publicación en el Diario Oficial
No.39.406 del 8 de junio de 1990. Se subraya lo demandado.
“ DECRETO NUMERO 1212 DE 1990 ”
(junio 8)
Por el cual se reforma el Estatuto del Personal
de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional.
El Presidente de la República de Colombia, en
uso de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 66 de 1989,
DECRETA:
(…)
TITULO VI
DE LAS PRESTACIONES SOCIALES
(…)
CAPITULO II
De las prestaciones por retiro
(…)
ARTICULO 151.  Oscilación de asignaciones de
retiro y pensiones.  Las asignaciones de retiro y las pensiones de que
trata el presente Decreto, se liquidarán tomando en cuenta las variaciones que en
todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para cada grado
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de este Decreto.  En
ningún caso aquéllas serán inferiores al salario mínimo legal.  Los Oficiales y
Suboficiales o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas que regulen
ajustes prestacionales en otros sectores de la Administración Pública, a menos
que así lo disponga expresamente la Ley.”  (…).
PARAGRAFO.
Para la oscilación de las asignaciones de retiro y pensiones de Oficiales
Generales y Coroneles, se tendrá en cuenta como sueldo básico, el porcentaje
que como tal determinen las disposiciones legales vigentes que regulen esta
materia, más las partidas señaladas en el artículo 140 de este Decreto.
(…)
III.
LA DEMANDA
Para los demandantes la expresión “en
todo tiempo” contenida en el artículo 151 del Decreto 1212 de 1990, vulnera
el preámbulo y los artículos 2, 4, 13, 25, 42, 46, 48 y 53 de la Constitución
Política, en la medida en que el principio de oscilación establecido en la
citada norma para el reajuste de la asignación de retiro y las pensiones de los
servidores de la Policía Nacional ha dado lugar a que se genere desigualdad y
discriminación frente al tratamiento dado a los trabajadores a quienes se les
aplica la ley 100 de 1993.
Explican que al “momento de la
expedición del Decreto Ley 1212 de 1990, no existía ninguna razón para
cuestionar su compatibilidad con el ordenamiento.  Antes por el contrario, se
consagraba en dicho Estatuto, un régimen prestacional y pensional para los
servidores de la Policía Nacional, que les daba favorecimientos frente a otros
funcionarios del sector público …”.  Pero que con la expedición de la ley
100 de 1993, los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional regidos por el
decreto 1212 de 1990 , “pasaron de un régimen prestacional y
pensional con raigambre constitucional, excepcionalmente generoso, a un
tratamiento mucho más restrictivo y pauperizante que el del común de los
servidores públicos, que no están sometidos al riesgo que implica el desempeño
de la labor, ni al rigor, ni la disciplina, los horarios ni el sacrificio del
uniformado, y quienes están percibiendo sus incrementos pensionales en función
del aumento en el Indice de Precios al Consumidor (IPC). …”.
Explican que en este caso se trata de un
problema de “temporalidad”, pues si bien el principio de oscilación
establecido en el artículo 151 del Decreto 1212 de 1990 es bueno, ya que es un
reflejo de la aplicación del principio de favorabilidad y además, ha
constituido una conquista laboral de la fuerza pública, su aplicación
irrestricta no resulta compatible con la Carta Política, “cuando se expiden
disposiciones legales que otorgan mayores beneficios a los que entraña el
citado principio, y además cuando so pretexto de invocar su especialidad, se
genera discriminación, desigualdad y pérdida del poder adquisitivo de las
mesadas de los pensionados de la Policía Nacional”.
Al respecto afirman que a pesar de que
el legislador para remediar la pérdida del poder adquisitivo de las mesadas
pensionales de la fuerza pública, expidió la Ley 238 de 1995, mediante la que
se hizo la salvedad con relación a la aplicación del artículo 279 de la Ley 100
y dispuso que las excepciones contempladas en ese artículo no implicaban la
negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de
la Ley 238, en relación con los pensionados de los sectores allí contemplados,
- con lo que se autorizó en su parecer de esa manera el reajuste tanto de las
asignaciones de retiro como de las pensiones de conformidad con el incremento
del IPC-, la lectura exegética por la Caja de sueldos de retiro de la expresión
“en todo tiempo” ha implicado el desconocimiento de lo ordenado en los
artículos 48 y 53 superiores, en cuanto se impide el reajuste de las
asignaciones de retiro en los montos correspondientes a la variación del IPC.
Citan como sustento de sus aseveraciones
un cuadro comparativo, que consigna los aumentos de pensiones según el IPC
certificado por el DANE en cada año, contra los aumentos de las asignaciones de
retiro.
Consideran entonces que se debe declarar
la inexequibilidad de la referida expresión para que pueda darse aplicación a
la norma que según las circunstancias garantice el mantenimiento del poder
adquisitivo de los oficiales y suboficiales que tienen derecho a la asignación
de retiro y se respeten así los postulados superiores que rigen los derechos de
los pensionados y en particular el principio de igualdad.
Indican además que la discriminación que
resulta de la expresión “en todo tiempo”, comporta  el consecuente
desconocimiento del Preámbulo y de los artículos 2,4,25,42,46, 48 y 53
superiores.
IV.    INTERVENCIONES
1.  Ministerio del
Interior y de Justicia
La entidad señalada a
través de apoderada judicial interviene en el presente proceso con el fin de
solicitar la declaratoria de exequibilidad de la expresión acusada, con base en
las razones que a continuación se sintetizan.
Recuerda que los
artículos 217 y 218 superiores establecen para la Fuerza Pública un régimen
prestacional de carácter especial.
Señala también que el
artículo 53 constitucional en su inciso tercero establece la  garantía del pago
oportuno y el reajuste de pensiones legales, pero no establece la manera de
efectuar ese reajuste, correspondiendo al Congreso regular la materia. Cita al
respecto  apartes de la sentencia  C-529/96.
Recuerda que, el
Congreso expidió la Ley 4 de 1992, que fijó los criterios y objetivos a los que
debía sujetarse el Gobierno Nacional para la expedición del régimen
prestacional de los empleados públicos, los miembros del Congreso y la Fuerza
Pública.  Precisa que dicho estatuto estableció  en su artículo 13 el principio
de nivelación entre la remuneración del personal activo y el personal retirado.
En ese sentido,
considera que: “… el Gobierno Nacional al expedir los decretos 107/96, 122/97,
58/98, 62/99, 2724/00, 2737/01 y 745/02, lo hizo con el objeto de señalar los
parámetros que regirían los reajustes de su pensión, siendo estas las normas
especiales que regularon la materia específica y que la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional ha venido acatando, conforme al mandato de las
normas descritas…“.
Afirma  que  la Constitución fija los
parámetros para la regulación del sistema prestacional de la Policía Nacional
que por tratarse de un sistema excepcional, bien puede contener reglas
diferentes al régimen general  para el reconocimiento y pago de la asignación
de retiro. Al respecto cita apartes de las  sentencias C-530/93, C-461/95,
C-173 y C-665/96, C-089/97, C-080 y C-890/99.
2. Ministerio de Hacienda y Crédito
Público
La citada entidad mediante apoderada
judicial, debidamente acreditada interviene en el presente proceso para
defender la constitucionalidad del artículo demandado, oponiéndose a las
pretensiones de los actores, a partir de las consideraciones que enseguida se
sintetizan.
La interviniente
recuerda que fue voluntad del Constituyente que los agentes de la fuerza
pública tuvieran un régimen prestacional distinto al de los demás trabajadores
de la administración pública, atendiendo a situaciones de orden objetivo y
material debido a las funciones especiales que cumplen  (arts 217 y 218 C.P.);
ello significa que se encuentran excluidos de la aplicación de la Ley 100 de
1993, como lo dispone expresamente el artículo 279 de la misma ley, norma que
fue analizada y declarada exequible por la Corte Constitucional.
Afirma que la Corte
Constitucional en varias de sus providencias  ha  explicado que puede existir
un trato diferencial cuando los presupuestos fácticos que se presenten sean
diferentes y la distinción obedezca  a criterios razonables, objetivos y
proporcionados.   Al respecto cita apartes de las sentencias C-835 y C-1032  de
2002, y C-101 y C-104 de 2003.
Precisa que  la asignación de retiro “…es
una prestación exclusiva de las fuerzas militares y de policía, que ha sido
definida por las fuerzas militares como un reconocimiento o remuneración que se
asigna al personal de oficiales, suboficiales y agentes que, sin perder su
grado cesan en su obligación de prestar servicio en actividad, sin perjuicio de
la posibilidad de reincorporación, llamamiento especial al servicio o
movilización…”.
De lo anteriormente expuesto, deduce
entonces que esta prestación no se puede asimilar a la pensión de vejez, como
lo pretenden los actores, toda vez que no es producto de la acumulación de un
ahorro durante toda la vida laboral de los servidores de policía, ni se otorga
a quienes por haber transcurrido el periodo productivo de su vida no se
encuentran en condiciones de proveer un sustento económico para si y para su
grupo familiar, pues ésta asignación se otorga es a quienes han cumplido los
requisitos establecidos en la ley, que se refieren a tiempo de servicio sin
tener en cuenta la edad del servidor.
Explica que dicha
asignación de retiro de las fuerzas armadas y de policía  debe variar igual que
las asignaciones del personal activo, de forma tal que al ser reincorporada una
persona al servicio activo mantenga el mismo nivel salarial que aquel que
perciben sus compañeros en igual cargo y antigüedad.
Hace énfasis en que:
“esta prestación es una forma especial de salario que percibe el servidor
retirado, ya que en muchos casos tal retiro no obedece a su voluntad sino a la
decisión de la Fuerza y puede ser llamado nuevamente al servicio en cualquier
tiempo…”.
Considera entonces
que el cargo propuesto por los actores sobre el supuesto desconocimiento del
principio de igualdad no tiene fundamento pues los demandantes confunden
prestaciones que no resultan comparables, toda vez que, son diferentes y
responden a criterios y fines distintos.
Estima así mismo
que  la supresión de la expresión acusada “en todo tiempo”, del artículo
151 del Decreto 1212 de 1990, no generaría ningún efecto práctico, toda vez
que, la norma:  “habría de interpretarse exactamente igual a como se puede entender
en la actualidad, pues en este caso las asignaciones de retiro se incrementan
según “las variaciones que se introduzcan en las asignaciones de actividad para
cada grado”…”.
Frente al caso de
las pensiones de invalidez y sobrevivencia,  afirma que no  entiende el
propósito de la demanda, toda vez que, para este tipo de prestaciones  en
atención al mandato contenido en la Ley  238 de 1995 los incrementos siempre
han sido calculados de acuerdo con  el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, es
decir, con base en el IPC, de forma tal que, a diferencia de lo que ocurre con
las asignaciones en retiro, el incremento de  las pensiones de invalidez y
sobrevivencia en el régimen especial citado, se atienen  al mismo principio del
régimen general de  la Ley 100 de 1993.
Considera que, de la
lectura del texto de la demanda, se deduce que lo que los actores pretenden no
es eliminar una norma del ordenamiento jurídico por ser contraria a la Constitución,
sino que buscan crear un nuevo mecanismo para incrementar la asignación de
retiro y las pensiones, según su conveniencia, pues se trata en realidad de
obtener un pronunciamiento jurisdiccional que señale para dichas prestaciones,
incrementos en algunos casos con base en el IPC y en otros con base en las
variaciones que se presenten en las asignaciones del personal activo, de
acuerdo con la que en un momento determinado resulte más ventajoso.
Advierte en este
sentido que no tendría ningún sentido declarar la inexequibilidad de la
disposición acusada, pues, ello generaría una “inequidad injustificada” frente
al resto de servidores públicos  y además porque el Juez Constitucional
no puede desconocer:  “…las razones de la órbita política y financiera que
se tuvieron en cuenta al diseñar el esquema bajo estudio, pues es pretender que
el juez sustituya las funciones propias del legislador …”.
3. Ministerio de Defensa Nacional
La entidad mencionada, a través de
apoderada judicial participa en el presente proceso para solicitar que se
declare la constitucionalidad de la expresión acusada a partir de  los
argumentos que se resumen a continuación.
Recuerda que de acuerdo con la
jurisprudencia de la Corporación  la existencia de regímenes especiales de
seguridad social no vulnera en sí misma la igualdad. Cita como sustento de sus
aseveraciones apartes de la sentencia C-461 de 1995.
Señala que, la esencia del régimen
prestacional especial para los miembros de la fuerza pública radica en la especialidad
de sus funciones asignadas constitucionalmente, tema sobre el que la Corte se
ha referido en varias oportunidades.  Al respecto y en relación con el régimen
especial y exclusivo de pensiones que tiene la Fuerza Pública, cita un extenso
aparte de la sentencia C-1032 de 2002, del que
concluye que:  “…se observa sin lugar a dudas que no le asiste razón alguna
al hoy actor para considerar vulneradas las normas constitucionales a las que
ha hecho alusión.  Por el contrario esa H. Corporación se ha referido en
diversas sentencias algunas citadas en este escrito refiriéndose al tema de la
coexistencia de regímenes especiales con el régimen general que establece la
ley 100 de 1993, y no es lógico pretender acogerse en lo que beneficia al
sistema general, al considerar que la mesada pensional del personal cobijado
por el Decreto 1212 de 1990, también ha tenido incremento, y que la aludida
discriminación de que habla el actor no existe por cuánto ambos sistemas
consagran beneficios al personal bajo su régimen…”.
4.     Comandante General de las
Fuerzas Militares
El Comandante General
de las Fuerzas Militares  interviene en el presente proceso para defender la
constitucionalidad de la expresión demandada, a partir de las consideraciones
que  enseguida se sintetizan.
Recuerda que en ejercicio de las
facultades extraordinarias que le fueren conferidas al Presidente de la
República  por la ley 66 de 1989  en el Decreto-Ley 1212 de 1990 se estructuró
el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional,
así como su régimen prestacional.
Frente a  la expresión acusada y la
presunta vulneración del derecho de igualdad, afirma que las normas del Decreto
1212 de 1990 atienden a las condiciones especiales del personal al que se
aplican (art.  218 C.P.) y no pueden compararse pura y simplemente con el
régimen general. Cita como sustento de sus argumentos apartes de las sentencias
C-479/98  y  C-598/97.
Precisa que de liquidarse las asignaciones
de retiro y pensiones de los miembros de la Policía de manera diferente a la
señalada en el artículo 151 del Decreto 1212 de 1990  como lo pretenden los
demandantes “el resultado sería  ilógico e incoherente, toda vez que, el
personal retirado con derecho a asignación de retiro o pensión, tendría una
remuneración más alta a la del personal que se encuentra en actividad en su
mismo grado”.
Afirma así mismo  que la norma acusada,
tiene una justificación objetiva y razonable, pues establece un equilibrio
entre el régimen laboral común aplicable a la generalidad de trabajadores que
no gozan de muchos de los beneficios establecidos en el Decreto 1212 de 1990.
5.  Policía Nacional
La Policía Nacional, actuando a través de
su Secretario General, participa en el presente
proceso, para solicitar que se declare la constitucionalidad de la expresión
acusada, con fundamento en los argumentos que se resumen a continuación.
El interviniente recuerda que el artículo
218 constitucional, establece de manera expresa que la Ley determinará el
régimen de carrera, prestacional y disciplinario de la Policía Nacional, y que,
para esos fines se expidió el Decreto 1212 de 1990, donde se estableció el
conjunto de disposiciones especiales, aplicables para el personal de oficiales
y suboficiales de la Policía Nacional.
Recuerda  que en desarrollo de ese
carácter especial, el citado Decreto en el artículo 144, dispuso que el
personal de oficiales y suboficiales retirado del servicio activo después de 15
años de servicio, tiene derecho a que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, les pague una asignación mensual de retiro.
En este punto, señala que, los
beneficiados con la asignación de retiro tienen una ventaja respecto de los
servidores  regulados por la Ley 100 de 1993, pues solamente acceden a  la
misma  con el cumplimiento del requisito del tiempo, sin que tengan que cumplir
requisitos adicionales como la edad, además, que el hecho del retiro con
derecho a la asignación de retiro les permite continuar gozando de privilegios
tales como los servicios de sanidad y bienestar social junto con su núcleo
familiar.
Así mismo recuerda que en virtud de la Ley
4 de 1992, artículo 19, literal B:  “…  el personal con Asignación de
Retiro, Pensión Policial o Militar puede devengar otro salario, remuneración o
asignación proveniente del Tesoro Público, o de empresas o instituciones que
tengan participación del Estado, lo que indica que con relación a los demás
empleados del Estado o pensionados por Jubilación o Vejez, tienen mejores
ventajas …”.
Recuerda que la
jurisprudencia ha explicado que considerando que los regímenes de seguridad son
complejos e incluyen diversos tipos de prestaciones, no es procedente en
principio hacer un examen aislado de una prestación entre dos regímenes
prestacionales diferentes, ya que la desventaja que pueda aparecer en una
prestación, puede aparecer compensada por una prerrogativa diferente del mismo
régimen.
Hace énfasis en que, esa es la razón por
la que las personas vinculadas a los regímenes excepcionales o especiales deben
someterse integralmente a estos sin que puedan acogerse a garantías más
favorables concebidas en otros regímenes  como lo pretenden los actores  en el
presente caso, cuando buscan que se les apliquen las normas prestacionales más
favorables del régimen especial  de la Policía Nacional y al mismo tiempo las
más favorables del régimen general de seguridad social.
Estima que, aspectos tales como la
reincorporación al servicio y la movilización del personal uniformado, podrían
verse afectados con la aplicación del aumento a las asignaciones de retiro con
base en el IPC, “toda vez que, si ese personal esta devengando asignación de
retiro y sus aumentos anuales se efectúan con base en el IPC y en cambio, al
personal en actividad se le han hecho los incrementos con base en las Políticas
Gubernamentales, es decir, que estos han sido inferiores al IPC o simplemente
no se han incrementado, como ha sucedido recientemente, puede llegar el punto
en que el retirado devengue una asignación superior al salario de un activo.”
V.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE
LA NACIÓN
El Señor Procurador
General de la Nación allegó el concepto número 3250,   recibido el 10 de junio
de 2003, en el cual solicita a la Corte declarar la exequibilidad de la
expresión acusada, contenida en el artículo 151 del Decreto 1212 de 1990, bajo
el entendido que las pensiones por invalidez del régimen de seguridad
social de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional se deben reajustar de
acuerdo con el sistema que más favorezca su poder adquisitivo constante, ya sea
el del artículo 151 del Decreto 1212 de 1990 o el del artículo 14 de la Ley 100
de 1993.  Lo anterior de conformidad con las siguientes consideraciones.
Frente al cargo por
presunta vulneración del derecho a la igualdad, por no permitirse el incremento
de la asignación de retiro y de las pensiones  de los oficiales y suboficiales
de la Policía Nacional con base en el IPC como si se hace actualmente en el
régimen general de pensiones de la ley 100 de 1993, advierte que lo primero que
debe resolverse es si se configura un trato legal igual entre iguales o
diferente entre diferentes.   Cita los criterios que se deben tener en cuenta
para efectuar dicho juicio de igualdad a partir de lo establecido en las
sentencias C-598/97 y C-445/95, proferidas por ésta Corporación.
Hace énfasis, en
que:  “…En términos generales, en materia de regímenes laborales
prestacionales para poder determinar la existencia o no de tratos
discriminatorios, el análisis comparativo se hace en forma global y no puntual
para cada una de las figuras objeto de cuestionamiento constitucional, por
cuanto no resulta procedente efectuar un examen de igualdad sobre prestaciones
aisladas, sino que se requiere un estudio general de la igualdad del sistema
prestacional previsto en los regímenes objeto de comparación (sentencia C-598
de 1997), dado que se admite que existan tratos diferentes siempre y cuando
ello tenga justificación razonable a partir de regímenes diferentes…”.
En ese sentido, cita
la sentencia C-1032 de 2002, proferida por ésta Corporación, en la que se
sintetizaron los criterios que se deben observar al comparar el régimen de
seguridad social general contemplado en la Ley 100 de 1993, frente a regímenes
especiales como el regulado en el Decreto 1212 de 1990.
Explica que el carácter
especial del régimen salarial y prestacional de la Policía Nacional, atiende  a
la naturaleza propia de la especial función que ella tiene en relación con el
mantenimiento del orden público y la convivencia (art. 218 C.P.),  y  que es en
ese sentido que el Constituyente encomendó al Legislador la labor de regular un
régimen que atendiera su particular condición.
Recuerda que  la
Corte en la  sentencia C-835 de 2002, se pronunció sobre este régimen  especial
y sostuvo que el Decreto 1212 de 1990, regula situaciones de hecho diferentes a
las contempladas en la Ley 100 de 1993, y que en términos generales es un
régimen más favorable y benéfico que el sistema general.
Destaca que los
oficiales y suboficiales de la Policía Nacional son beneficiarios de la
asignación de retiro y no de pensión de jubilación, lo que les permite
retirarse a cualquier edad, es decir, solamente contando su tiempo de servicio
(15 años), entre otros beneficios.
Al respecto  hace énfasis  en que en
relación con la  liquidación del reajuste de dicha asignación de retiro  a que
se elude en el artículo 151 del decreto 1212 de 1990 - del que hace parte la
expresión acusada -, no cabe  considerar vulnerado el principio de igualdad por
cuanto i) en este caso se trata de  la existencia de dos regímenes pensionales
diferentes, uno general y otro de naturaleza especial que no son comparables
ii) el sistema general de pensiones obedece al desarrollo de la seguridad
social como derecho derivado del derecho fundamental al trabajo y como un servicio
público que debe garantizar el Estado a todos sus habitantes, mientras que  el
sistema especial de asignaciones de retiro para la Policía Nacional, tiene ese
carácter especial reconocido constitucionalmente en virtud de la naturaleza
propia de la Fuerza Pública, iii) para determinar la existencia o no de tratos
discriminatorios en materia de regímenes salariales y prestacionales, su
análisis comparativo debe efectuarse sobre la generalidad o globalidad de los
sistemas a comparar y no figuras laborales o prestaciones aisladas.  Esto
significa, que se debe verificar la existencia de beneficios compensatorios que
compensen en conjunto la presunta desventaja o discriminación cuestionada…”,
iv)   el sistema de seguridad social integral maneja la figura pensional como
un ahorro diferido encaminado a asegurar la subsistencia en condiciones de vida
digna a las personas que por razones de salud o edad avanzada no pueden de
manera eficiente, conseguir los recursos necesarios para su subsistencia y la
de su familia, por tanto, el sistema permite únicamente el derecho a una sola
pensión como consecuencia de la afiliación, en cambio en el sistema
prestacional especial de la Policía Nacional, se establece la figura de
asignación de retiro, no como una pensión sino como un derecho adquirido a
seguir devengando ingresos saláriales, por las condiciones especiales en las
que sirvió el funcionario a la Patria, como por la eventual posibilidad de
reincorporación al servicio.
Concluye entonces a este respecto que:  “…en relación
con el mecanismo de reajuste de las asignaciones de retiro de los oficiales y
suboficiales de la Policía Nacional … no se ha producido ningún trato
discriminatorio debido a que se trata de regímenes de seguridad social
diferentes, protegidos constitucionalmente, y porque la naturaleza de la
asignación de retiro otorga una serie de beneficios a sus agraciados que les
permite compensar con creces el no incremento indexatorio deseado, lo cual
resulta razonable, proporcionado y conforme con la justicia que anima nuestro
orden constitucional…”.
Empero aclara  que en el caso del reajuste de  las
pensiones de invalidez o de sobrevivientes establecidas en el Decreto 1212 de
1990 a que también alude el artículo 151 del Decreto 1212 de 1990, se debe dar
aplicación a lo ordenado por la Ley 238 de 1995 si ello resulta más favorable
para los pensionados.
Explica que ello debe ser así  “·…debido
a que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, excluyó de la aplicación del
sistema integral de seguridad social a los miembros de la Policía Nacional.
Sin embargo, la Ley 238 de 1995, adicionó el artículo 279 referido, para
indicar que las excepciones consagradas en tal artículo no implican negación de
los beneficios y derechos determinados e los artículos 14 y 142 de la Ley 100
de 1993 para los pensionados de los sectores o regímenes legales especiales de
seguridad social excluidos…”.  Es decir  que para el caso de las citadas
pensiones de invalides y sobrevivientes de los oficiales y suboficiales de la
Policía Nacional el sistema de reajuste señalado en el artículo 14 de la Ley
100 de 1993[1]
puede aplicarse,  por lo que considera  que  en función del principio de
favorabilidad, el referido reajuste anual se deberá efectuar tomando en cuenta
bien sea el artículo 151 del Decreto 1212 de 1990, ó bien  el artículo 14
citado, de acuerdo con el sistema que más favorezca el mantenimiento del poder
adquisitivo constante de las pensiones aludidas.
VI.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 241, numeral 5° de la Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre
la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues las disposiciones acusadas hacen parte de un Decreto con
fuerza de ley expedido en los términos del artículo 150-10 superior.
2.      La materia sujeta a examen
Para los demandantes la expresión “en
todo tiempo” contenida en el artículo  151 del decreto 1212 de 1990 en el
que se  establece el principio de oscilación de las asignaciones de retiro y de
las pensiones  de los oficiales y sub oficiales de la policía nacional,
comporta  una discriminación para dichos servidores frente a los demás
trabajadores  a los que se les aplica el régimen general de pensiones (ley 100
de 1993) con lo que se vulnerarían los artículos 2, 4, 13, 25, 42, 46, 48, y 53
superiores.  Explican que  dicha expresión  impone  que la asignación de retiro
- prestación cuya naturaleza  debe asimilarse en su parecer a la de una
pensión- y las pensiones que establece el decreto 1212 de 19090 para los
oficiales y suboficiales de la Policía Nacional,  se liquiden  siempre
tomando  en cuenta las variaciones  que se introduzcan  en las asignaciones de
actividad para cada grado y no como sucede en el caso del régimen general de
pensiones tomando en cuenta el índice de precios al consumidor IPC  a que alude
el artículo 14 de la ley 100 de 1993.
Advierten que la ley 238 de 1995 dispuso
que las excepciones  a la aplicación de la ley 100 de 1993 establecidas en el
artículo  279 de la misma  normativa no implicaban la negación  de los
beneficios y derechos  determinados en los artículos  14 y 142  de la misma
ley  para los pensionados a que alude dicho artículo, -a saber entre otros los
oficiales y suboficiales de la policía nacional -, habilitando en su criterio
de esta manera  el reajuste  tanto de las asignaciones de retiro  como de las
pensiones de conformidad con el incremento del IPC. Habilitación que afirman no
ha sido tomada en cuenta por la Caja de sueldos de retiro de la Policía
Nacional  para efectuar los reajustes correspondientes por la interpretación
que ésta ha hecho de la expresión en todo tiempo.
Consideran entonces que se debe declarar
la inexequibilidad de la  referida expresión para que pueda darse  aplicación
a la norma que  según las circunstancias garantice el mantenimiento del poder
adquisitivo de los oficiales y suboficiales que tienen derecho a la asignación
de retiro y se respeten así los postulados superiores  que rigen los derechos
de los pensionados y  en particular el principio de igualdad.
Los intervinientes  se oponen a la
pretensión de los demandantes y solicitan la declaratoria  de exequibilidad de
la expresión acusada.
Afirman que la asignación de retiro es una
prestación  específica del régimen especial aplicable a la Policía Nacional
(art. 218 C.P.)  que no puede asimilarse a las pensiones y que por tanto no
cabe  establecer una comparación  entre el régimen de fluctuación de  dicha
asignación  a que alude el artículo 51 del Decreto 1212 de 1990 - del que hace
parte la expresión acusada- y el régimen de reajuste de pensiones  establecido
en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 - que liga dicho reajuste a  la
variación en el índice de precios al consumidor -.
El  interviniente en representación del
Ministerio de Hacienda y  Crédito Público precisa además que  de acuerdo con la
ley 238 de 1995 en el caso de las pensiones de la Policía nacional deberá
aplicarse en materia de reajuste  el artículo 14 de la ley 100 de 1993, por lo
que en relación con ellas no encuentra sentido al cargo planteado por los
demandantes respecto de la supuesta vulneración del principio de igualdad por
el aparte acusado del artículo 151 del Decreto 1212 de 1990.
Éste como los demás intervinientes hace
énfasis así mismo en que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación
no es posible establecer comparaciones entre presentaciones específicas
pertenecientes a regímenes prestacionales diferentes  analizando aisladamente
determinados beneficios  o desventajas, sino que el examen debe hacerse frente
al conjunto del régimen de que se trate.
Los intervinientes destacan igualmente
que de acuerdo con la misma jurisprudencia los actores no pueden pretender  que
se les apliquen  las normas prestacionales más favorables del régimen especial
y al mismo tiempo  las más favorables del régimen general, pues cada régimen
tiene unos criterios y un sistema de financiación que debe ser  tomados en
cuenta  de manera integral   so pena de comprometer el equilibrio financiero del
sistema de seguridad social  y el propio principio de igualdad.
El señor Procurador General de la Nación
por su parte afirma que no cabe asimilar la naturaleza jurídica de la
prestación de asignación de retiro establecida para la  Policía Nacional con las
pensiones establecidas  en el régimen general de seguridad social regulado por
la ley 100 de 1993, por lo que en consecuencia no puede predicarse la
vulneración del  principio de igualdad por el tratamiento diferente que pueda
darse por la norma acusada en el presente caso respecto del reajuste de dicha
asignación.
Empero advierte que  dado que  en virtud
de la ley 238 de 1995, el artículo 14 de la ley 100 de 1993 puede ser aplicado
para efectuar el reajuste de las pensiones establecidas en el decreto 1212 de
1990 para los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, es necesario dar
aplicación al “principio de favorabilidad laboral”  y solicita  en consecuencia
que  se condicione la constitucionalidad de la expresión acusada  en el sentido
de que “las pensiones por invalidez  del régimen de seguridad social de
oficiales y suboficiales de la Policía Nacional  se debe reajustar de acuerdo
con el sistema  que más favorezca  su poder adquisitivo constante, ya sea el
del artículo  151 del Decreto 1212 de 1990 o el del artículo 14 de la ley 100
de 1993”.
Así las cosas, corresponde a la Corte
determinar si  con la expresión “en todo tiempo” contenida en el artículo 151
del Decreto 1212 de 1990  se está  estableciendo una discriminación contraria a
la Constitución frente al régimen general establecido en la ley 100 de 1993  y
si consecuentemente se están vulnerando los demás textos superiores invocados
por  los demandantes,   por cuanto con ella se impediría que el reajuste anual
de la asignación de retiro, así como de las pensiones a que puedan tener
derecho los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional,   se haga  tomando
en cuenta la variación  en el índice de precios al consumidor IPC, cuando la
aplicación de las normas generales de la ley 100 de 1993 - que establecen dicho
sistema de reajuste- resulte más favorable a dichos servidores.
3.  Consideraciones preliminares
Previamente la Corte considera necesario
efectuar algunas precisiones relativas a i) la subrogación de la norma en la
que se contiene la expresión acusada.;  ii) los criterios fijados en la
jurisprudencia en materia de comparación de regímenes especiales frente al
régimen general de seguridad social ;  iii) el régimen prestacional de la
Policía Nacional y las características de la prestación de  asignación de
retiro para los oficiales y suboficiales de la misma institución  regulada por
el Decreto 1212 de 1990 y iv)  el contenido y alcance de la norma en la que se
contiene  la expresión acusada, que resultan pertinentes para el análisis de
los cargos planteados en la demanda.
3.1 La subrogación del artículo en el que
se contiene la expresión acusada
La Corte constata que el Presidente de la República en
ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en el artículo 17
numeral 3 de la Ley 797 de 2003[2]
expidió el decreto  2070 de 2003  del 25 de julio de 2003 “Por medio de la
cual se reforma el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional” cuyas disposiciones de acuerdo con el artículo 1° de la
misma norma se aplicarán a los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares, Oficiales, Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de
la Policía Nacional, alumnos de las escuelas de formación de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional y a los Soldados de las Fuerzas Militares,
en los términos que se señalan en el mismo decreto.
En dicho decreto se regula la
oscilación  de la asignación de retiro y de las pensiones  de la Fuerza
Pública,   -a que alude  igualmente el artículo 151 del Decreto 1212 de 1990
para el caso de la Policía nacional-,   en los siguientes términos:
Artículo 42. Oscilación
de la asignación de retiro y de la pensión.
Las asignaciones de retiro y las pensiones contempladas en el presente decreto,
se incrementarán en el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones en
actividad para cada grado. En ningún caso las asignaciones de retiro o
pensiones serán inferiores al salario mínimo legal mensual vigente.
El personal de
que trata este decreto, o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas que
regulen ajustes en otros sectores de la administración pública, a menos que así
lo disponga expresamente la ley.
Así las cosas es
claro que con la expedición del citado artículo 42 se produjo la subrogación[3] del
artículo 151 del Decreto 1212 de 1990[4]
- en el que se contiene la expresión acusada en el presente proceso, que no se
reproduce en el nuevo texto a que se ha hecho referencia -.
Cabe precisar que   esta circunstancia no comporta la
inhibición de la Corte  en el presente caso por carencia actual de objeto[5], pues la norma
subrogada  sigue produciendo efectos jurídicos en relación con  los derechos de
los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional que  adquirieron el derecho
a la asignación de retiro y a las pensiones  que se establecieron en el
Decreto 1212 de 1990, antes de la entrada en vigencia  del Decreto  2730 de
2003, disposición  ésta última que por lo demás señala en su artículo 2°  que “Los
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales,
Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, alumnos
de las escuelas de formación de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional y Soldados de las Fuerzas Militares, o sus beneficiarios, que a la
fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cumplido la
totalidad de los requisitos exigidos para acceder a una asignación de retiro o
a una pensión de invalidez, o a su sustitución, o a una pensión de
sobrevivencia, conservarán todos los derechos, garantías, prerrogativas,
servicios y beneficios adquiridos, conforme a normas anteriores.”
Dentro de dichos derechos adquiridos
figura necesariamente el régimen de  reajuste de las asignaciones de retiro y
de las pensiones que existía al momento en el que  dichos servidores
adquirieron el derecho a las mismas.
Dado entonces que  la norma sigue
produciendo efectos jurídicos, la Corte deberá pronunciarse sobre los cargos
planteados por los demandantes en el presente proceso, a pesar de la
subrogación  a que se ha hecho referencia y la consecuente desaparición del
ordenamiento jurídico de la expresión “en todo tiempo” acusada por los
demandantes.
3.2 Los criterios fijados en la
jurisprudencia en materia de comparación de regímenes especiales frente al
régimen general de seguridad social
En la Sentencias  C-835/02 y C-1032/02
la Corte, a partir de  la jurisprudencia  existente en la materia, hizo una
síntesis de  los criterios que deben orientar  la comparación entre el régimen
general establecido en la Ley 100 de 1993 y los   regímenes especiales
establecidos por el Legislador  para la fuerza pública.
A continuación la Corte retoma dichos
criterios que resultan pertinentes  para  el análisis del los  cargos planteado
en esta ocasión por los demandantes en contra de la expresión “en todo tiempo”
contenida en el artículo 151 del decreto 1212 de 1990.
De dichas decisiones se desprende en efecto
lo siguiente:
“(i) La existencia de regímenes
prestacionales diferentes no es en sí misma contraria al principio de igualdad
constitucional[6];
(ii) la existencia de sistemas prestacionales especiales responde a la necesidad
de garantizar los derechos adquiridos de ciertos sectores de la población que
por sus características especiales merecen un trato justificadamente diferente
al que reciben los demás beneficiarios de la seguridad social[7]; (iii)
la Constitución Política admite en este sentido la existencia de un régimen
especial de prestación social exclusivamente dirigido a los miembros de la
Fuerza Pública y que, por consiguiente, dicho sistema se encuentra regulado por
disposiciones diferentes a las que constituyen el régimen general de seguridad
social previsto en la Ley 100 de 1993; (iv) la Corte ha señalado que, aunque el
trato diferencial no quebranta por sí mismo el principio de igualdad
constitucional de los miembros del régimen especial frente a los beneficiarios
del régimen  general, dicho tratamiento diferencial debe estar encaminado a mejorar
las condiciones económicas del grupo humano al cual se aplica, por lo que
resultan inequitativos, es decir, contrarios al principio de igualdad
constitucional, los regímenes especiales de seguridad social que introducen
desmejoras o tratamientos de inferior categoría a los concedido por el régimen
general[8]
; (v) No obstante, la Corte ha precisado que  dada la complejidad de los
sistemas prestacionales y la interdependencia de las prerrogativas por ellos
conferidas, para que el trato diferencial otorgado por un régimen especial sea
verdaderamente discriminatorio es necesario que el mismo se evidencie de manera
sistemática, no fraccionada. En otros términos, el trato resulta
discriminatorio y, por tanto, constitucionalmente reprochable solo si el
conjunto del sistema - no apenas uno de sus elementos integrantes -, conlleva
un tratamiento desfavorable para el destinatario; (vi) Así entonces, si la
desmejora sólo se evidencia en un aspecto puntual del régimen, en una
prestación definida o en un derecho concreto, no es dable deducir por ello
trato discriminatorio; en estos casos deberá estudiarse –conclusión a la que se
llega después de analizar el sistema en su conjunto- si la desventaja detectada
en un aspecto puntual del régimen especial se encuentra compensada por otra
prestación incluida en el mismo[9];
(vii) Al respecto la Corte ha señalado así mismo  que “...las personas
‘vinculadas a los regímenes especiales deben someterse integralmente a éstos
sin que pueda apelarse a los derechos consagrados en el régimen general’[10]. En
efecto, no es equitativo que una persona se beneficie de un régimen especial,
por ser éste globalmente superior al sistema general de seguridad social, pero
que al mismo tiempo el usuario pretenda que se le extiendan todos los aspectos
puntuales en que la regulación general sea más benéfica.”[11];
(viii)  La Corte ha precisado además que dado que los sistemas de seguridad
social - tanto el general como los regímenes especiales- funcionan de acuerdo
con metodologías propias, además de que confieren prerrogativas diversas - por
razón de las características comunes al grupo humano que se dirigen -, no
resultaría legítimo que, para detectar posibles discriminaciones, se los
comparara con la misma regla o se les aplicaran iguales patrones de
confrontación;  (ix) Sólo si la prestación social de la cual se predica la
posible discriminación es lo suficientemente autónoma como para advertir que
ella, en sí misma, constituye una verdadera discriminación respecto del régimen
general, podría el juez constitucional retirarla del ordenamiento jurídico[12]. (x)
Pero la Corporación ha precisado que solamente podría darse esa circunstancia
(a) si la prestación es autónoma y  separable, lo cual debe ser  demostrado
claramente (b) la ley prevé un beneficio indudablemente inferior para el
régimen especial, y (c) que no exista otro beneficio superior en ese régimen
especial que compense la desigualdad frente al sistema general  de seguridad
social y que la carencia de compensación resulte evidente[13].”[14]
La Corte ha puesto
de presente así mismo que “por mandato constitucional (art 48 y 150-19-e) C.P.) la regulación de los regímenes
de seguridad social, general y especiales, hace parte de los asuntos en los que
el Legislador - ordinario o extraordinario- tiene una amplia potestad  de
configuración. De allí que mientras la ley no establezca condiciones excesivas,
desproporcionadas o irracionales para el ejercicio o reclamación de un derecho,
no puede hablarse de desconocimiento del texto constitucional.”
Cabe señalar así mismo que la Corte ha
hecho énfasis en que de la aplicación de dichos criterios se desprende el
carácter ampliamente favorable que tiene el régimen prestacional establecido en
los decretos 1211, 1212, 1213  y 1214 de 1990 frente al régimen general
establecido en la Ley 100 de 1993.
Ha dicho la Corte:
“Basta en efecto recordar cuales son las
características  del régimen especial aplicable  en cada caso a los agentes de
la Policía Nacional, a los oficiales y suboficiales de la misma institución, a
los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, así como  al personal
civil  del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, para llegar a la
conclusión de que dichos regímenes tienen una serie de características que no
son comparables con las del régimen general de la Ley 100 de 1993, al tiempo
que tanto en lo que se refiere al régimen de pensión de sobrevivientes como a
las demás prestaciones que en ellos se establecen las previsiones contenidas en
los decretos 1211, 1212, 1213  y 1214 de 1990 resultan ampliamente favorables
para los servidores que se encuentran sometidos a ellos[15],
circunstancias que evidencian la ausencia de un trato discriminatorio en contra
de dichos servidores, contrariamente a lo que señala el demandante”[16].
3.3 El régimen prestacional  establecido
en el Decreto 1212 de 1990 para los oficiales y suboficiales de la Policía
Nacional y las características de la prestación de  asignación de retiro  que
en él se regula
Según el artículo 2 del Decreto 1212 de
1990 en él se  regula “la carrera profesional de los Oficiales y Suboficiales
de la Policía Nacional y sus prestaciones sociales”.
En el título VI del  mismo decreto, relativo a las
prestaciones sociales  se establece respectivamente en el capítulo I,  las prestaciones
en actividad - artículos 132 a 138-, en el capítulo II, las prestaciones
por retiro  - artículos 140 a 158- ,  en el capítulo III, las prestaciones
por incapacidad psicofísica - artículos 159 a 162-,  en el capítulo IV, las
prestaciones por muerte en actividad, - artículos 163 a 171-, en el
capítulo V, las prestaciones por muerte en retiro, - artículos 163 a
171-, el capitulo VI las prestaciones por separación - artículos 175 a
177- y el capítulo VII se ocupa de la situación de los  desaparecidos y los
prisioneros - artículos 178 a 180-. Así mismo el titulo VIII se ocupa de las prestaciones
de los alumnos de las escuelas de formación - artículos 183 a 196-.
En cuanto  a la asignación de retiro cabe
señalar que  de acuerdo con el artículo 111 del decreto 1212 de 1990 el retiro de la Policía
Nacional es la situación en que por disposición del Gobierno para Oficiales a
partir del grado de Coronel o por resolución ministerial para los demás grados,
o de la Dirección General de la Policía Nacional para Suboficiales, unos y
otros, sin perder su grado policial, de acuerdo con las causales establecidas
en el artículo 112 del mismo decreto[17],
cesan en la obligación de prestar servicio en actividad, salvo en los casos de
reincorporación[18],
llamamiento especial al servicio[19]
o movilización[20].
De acuerdo con el artículo 144 del
Decreto 1212 de 1990 los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que
sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento
a calificar servicios, o por mala conducta, o por no asistir al servicio por
más de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno o de
la Dirección General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad máxima
correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por
incapacidad profesional, o por conducta deficiente y los que se retiren o sean
separados con más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de
la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta[21], a que por la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de
retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de
que trata el artículo 140 del mismo  decreto 1212 de 1990[22], por los quince (15)
primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que
exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por
ciento (85%) de los haberes de actividad.
El mismo artículo precisa que la asignación de retiro
de los Oficiales y Suboficiales que durante la vigencia de este Estatuto se
retiren con treinta (30) o más años de servicio, será equivalente al noventa y
cinco por ciento (95%) de las partidas fijadas en el  referido artículo 140.
En la norma se señala igualmente que los Oficiales y
Suboficiales retirados antes del 17 de diciembre de 1968 con treinta (30) o más
años de servicio, continuarán percibiendo la asignación de retiro reajustada al
noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas que se incluyeron en cada caso
para la respectiva asignación.
Cabe precisar que los Oficiales y Suboficiales de la
Policía Nacional en goce de asignación de retiro o de alguna de las pensiones
reconocidas en el decreto 1212 de 1990, -a saber: pensión por disminución de
capacidad psicofísica (art.159), por incapacidad absoluta (art. 160), por
incapacidad absoluta en actos meritorios del servicio (art 161), por muerte en
actividad (art.163) por muerte en actos especiales del servicio (art. 164), por
muerte en actos meritorios del servicio (art. 165)-, tendrán derecho a
servicios médico asistenciales[23]
y a mesada de navidad[24].
Debe señalarse así mismo que  acuerdo con el artículo
172 de la misma normativa a la muerte de un Oficial o Suboficial de la Policía
Nacional en goce de asignación de retiro o de alguna de las pensiones aludidas,
sus beneficiarios en el orden y proporción establecidos en el mismo Estatuto[25] tendrán derecho a una
pensión mensual pagadera por el Tesoro Público o por la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional equivalente en todo caso a la totalidad de la
prestación que venía gozando el causante.
Así mismo, el cónyuge, los hijos hasta la
edad de veintiún (21) o veinticuatro (24) años si fueren estudiantes y los
inválidos absolutos cualquiera sea su edad, tendrán derecho a que el Gobierno
les suministre asistencia médica, quirúrgica, odontológica, servicios
hospitalarios y farmacéuticos, mientras disfruten de pensión decretada con base
en los servicios del fallecido.
La norma señala que el Gobierno establecerá tarifas
para la prestación de los servicios asistenciales a los beneficiarios de los
Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, fallecidos en goce de
asignación de retiro o pensión[26].
3.4. El contenido y alcance de la norma en
la que se contiene  la expresión acusada
De acuerdo con el artículo 151 del Decreto
1212 de 1990 las asignaciones de retiro y las
pensiones de que trata el mismo Decreto, se liquidarán tomando en cuenta las
variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad
para cada grado[27]
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la misma normativa[28].
La norma precisa que en ningún
caso aquéllas serán inferiores al salario mínimo legal.
Así mismo se establece que los
Oficiales y Suboficiales o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas que
regulen ajustes prestacionales en otros sectores de la Administración Pública,
a menos que así lo disponga expresamente la Ley.
Al respecto cabe  precisar, como lo hacen
los propios demandantes y varios intervinientes, que
el artículo 279 de la ley 100 de 1993 en el que se  excluía de la aplicación
del Sistema Integral de Seguridad Social contenido en dicha ley,  entre otros,
a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, vinculado
antes  de la vigencia de la misma ley 100, fue adicionado por el artículo 1° de
la  ley 238 de 1995[29]  en el que se señaló que las excepciones consagradas en el
referido  artículo no implican negación de los beneficios y derechos
determinados en los artículos  14 y 142 de la  ley  100 de 1993 para los
pensionados de los sectores a que dicho artículo  279 alude[30].
Los referidos artículos 14 y 142 por su
parte señalan lo siguiente:
ARTÍCULO 142. MESADA ADICIONAL
PARA ACTUALES PENSIONADOS. Los pensionados por jubilación, invalidez,
vejez y sobrevivientes, de sectores públicos, oficial, semioficial, en todos
sus órdenes, en el sector privado y del Instituto de Seguros Sociales, así como
los retirados y pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, cuyas pensiones se hubiesen causado y reconocido antes del
primero (1o) de enero de 1988, tendrán derecho al reconocimiento y pago
de treinta (30) días de la pensión que le corresponda a cada uno de ellos por
el régimen respectivo, que se cancelará con la mesada del mes de junio de cada
año, a partir de 1994.
Los pensionados por vejez
del orden nacional, beneficiarios de los reajustes ordenados en el decreto 2108
de 1992, recibirán el reconocimiento y pago de los treinta días de la mesada
adicional solo a partir de junio de 1996.
PARÁGRAFO. Esta mesada
adicional será pagada por quien tenga a su cargo la cancelación de la pensión
sin que exceda de quince (15) veces el salario mínimo legal mensual.
Las expresiones tachadas en itálica,
fueron declaradas INEXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia
C-409 de 1994.
ARTÍCULO 14. REAJUSTE DE
PENSIONES. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de
invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes
del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se
reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la
variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el
DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo
monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán
reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente
dicho salario por el Gobierno.
Cabe precisar que el aparte final en
itálica fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional  en la Sentencia
C-387 de 1994 en el entendido que "en el caso de que la variación
porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE, para
el año inmediatamente anterior a aquél en que se vaya a efectuar el reajuste de
las pensiones, SEA SUPERIOR al porcentaje en que se incremente el salario
mínimo mensual, las personas cuya pensión sea igual al salario mínimo mensual
vigente, tendrán derecho a que ésta se les aumente conforme a tal índice".
Es decir que en relación con el reajuste de las pensiones
para los oficiales y suboficiales de la policía nacional o sus beneficiarios
reconocidas de acuerdo con el Decreto  1212 de 1990, claramente resulta
aplicable el artículo 14 de la ley 100 de 1993, pues el artículo 1°  de la ley
238 de 1995 se refirió específicamente a los pensionados de los sectores que
fueron excluidos por el artículo 279 de la ley 100 de 1993.
Cosa distinta sucede con   el reajuste de la asignación de
retiro, prestación que no puede asimilarse a las pensiones que se establecen en
el decreto 1212 de 1990, dadas sus especiales características  a que se hizo
referencia en el  acápite anterior de esta sentencia, que igualmente impiden
asimilarla a la pensión de vejez del régimen general de la ley 100 de 1993.
Dicha asignación en efecto  responde a criterios
claramente diferentes del régimen señalado para la pensión de vejez  del
régimen general tanto en el caso  del régimen de prima media con prestación
definida (art. 33 de la ley 100 de 1993 y  artículo 9 de la Ley 797 de 2003),
como del régimen  de ahorro individual con solidaridad (artículo 64 de la ley
100 de 1993), pues no es  en función de la edad, del número de semanas
cotizadas, o del capital acumulado que se tendrá derecho a ella, sino que es en
función de las causales a que alude el artículo 144 del decreto 1212 de 1990[31] que producido el
retiro  después de 15 o 20 años de servicio se tendrá derecho a dicha
asignación  y que,  sin perder su grado policial, los oficiales y suboficiales
cesarán en la obligación de prestar servicio en actividad, salvo en los casos
de reincorporación[32],
llamamiento especial al servicio[33]
o movilización[34].
4.      Análisis de los cargos
4.1 El análisis del cargo por la
supuesta  vulneración del principio de igualdad
Para los demandantes la expresión acusada
comporta un tratamiento discriminatorio para los oficiales y suboficiales de la
policía nacional, a los que no se les aplicaría  para  el reajuste de la
prestación de asignación de retiro   como de las pensiones a que alude el
Decreto 1212 de 1990 el mismo régimen establecido  en el artículo 14 de  la ley
100 de 1993 - disposición que liga el reajuste de las pensiones a la variación
en el índice de precios al consumidor -,  Y por el contrario en relación con
ellos  siempre se tiene en cuenta las variaciones   que “en todo tiempo” se
introduzcan en las asignaciones de actividad para cada grado,  las cuales en
muchos casos pueden ser inferiores  a la variación que se de en el índice de
precios al consumidor.  Dejando así a dichos servidores sin la posibilidad de
que se les aplique la norma que les resulte más favorable para asegurar el
mantenimiento del poder adquisitivo de las referidas prestaciones.
4.1.1 La
ausencia de vulneración del principio de igualdad en relación con el régimen de
liquidación de  la prestación de asignación de retiro
Al respecto la Corte señala que en
relación con la prestación de asignación de retiro regulada por el Decreto 1212
de 1990, como se desprende  de las consideraciones preliminares de esta
sentencia,  no resulta posible establecer una comparación  con el régimen
señalado para las pensiones reguladas en la ley 100 de 1993, pues se trata de
prestaciones diferentes que no pueden asimilarse y en  relación con las cuales
no cabe entonces predicar la configuración de un tratamiento discriminatorio
para los oficiales y suboficiales con derecho a la asignación de retiro  en los
términos señalados en el Decreto 1212 de 1990 frente al  tratamiento dado a los
servidores a los que se les aplica el régimen general de la ley 100 de 1993
Cabe tener en cuanta así mismo que aún si
dicha comparación resultara posible, en aplicación de los criterios  a que
también ya se hizo referencia  en los apartes preliminares de esta sentencia
para  comparar las prestaciones establecidas en los regímenes especiales y el régimen
general de seguridad social,  no podría establecerse en este caso la
configuración de un tratamiento discriminatorio pues   para que el trato
diferencial otorgado por un régimen especial sea verdaderamente discriminatorio
es necesario que el mismo se evidencie de manera sistemática, no fraccionada.
Es decir que para que  el trato resulte discriminatorio y, por tanto,
constitucionalmente reprochable es necesario que  el conjunto del sistema - no
apenas uno de sus elementos integrantes -, conlleve un tratamiento desfavorable
para el destinatario.
Al respecto  es claro que los beneficios establecidos
en materia  prestacional  en el decreto 1212 de 1990  para los oficiales y
suboficiales de la Policía Nacional son globalmente considerados mas favorables
que los que se establecen el  régimen general de la ley 100 de 1993, como lo
precisó ya la Corte en diversas sentencias[35]
y no cabe en consecuencia considerar vulnerado el artículo 13 superior en este
caso.
4.1.2 La
ausencia de vulneración de principio de igualdad en relación con el reajuste
de  las pensiones  establecidas en  el Decreto 1212 de 1990
Para la Corte como se desprende de las consideraciones
preliminares de esta sentencia  en virtud de la ley 238 de 1995 en el caso de
la liquidación de las pensiones que se establecen en el Decreto 1212 de 1990,
la norma aplicable es el artículo 14 de la ley 100 de 1993, por lo que en
manera alguna puede considerarse que en este caso se esté estableciendo una
discriminación para los oficiales y suboficiales de la Policía nacional  frente
a  la situación de los servidores a los que se les aplica el régimen general de
la Ley 100 de 1993, pues es exactamente el mismo régimen el que resulta
aplicable.
Cabe precisar que dicha interpretación se desprende
del alcance que debe darse al  aparte final del primer inciso del artículo 151
del decreto 1212 de 1990[36],
analizado en concordancia con  los mandatos de la ley  238 de 1995  que los
mismos actores invocan en su demanda, sin que para ello en nada incida la
existencia de la expresión “en todo tiempo” que estos acusan.
Cabe precisar  así mismo  que  la
solicitud hecha  por  el señor Procurador  para que se declare la
constitucionalidad condicionada de la expresión acusada[37] no resulta
pertinente,  pues  pretender, como lo hacen igualmente los demandantes, que  se
apliquen  tanto los beneficios del régimen especial, como los beneficios del
régimen general  de  prestaciones sociales, de acuerdo con lo que en su momento
resulte más favorable a  los oficiales o suboficiales de la policía, desconoce
el hecho de que  precisamente se trata de regímenes diferentes  cuyas
prestaciones no pueden considerarse aisladamente, dado que una desventaja
detectada en un aspecto puntual del régimen especial bien puede  encontrarse
compensada por otra prestación incluida en el mismo régimen[38], como evidentemente
sucede en este caso y como el mismo señor Procurador lo puso de presente en su
intervención al destacar  el carácter globalmente favorable que tiene el
régimen presatacional establecido en el decreto 1212 de 1990 para los oficiales
y suboficiales de la Policía Nacional frente al régimen general de la ley 100
de 1993.
Al respecto  ha de recordarse así mismo
que la Corte ha sido enfática en que  “...las personas ‘vinculadas a los
regímenes especiales deben someterse integralmente a éstos sin que pueda
apelarse a los derechos consagrados en el régimen general’[39]. En
efecto, no es equitativo que una persona se beneficie de un régimen especial,
por ser éste globalmente superior al sistema general de seguridad social, pero
que al mismo tiempo el usuario pretenda que se le extiendan todos los aspectos
puntuales en que la regulación general sea más benéfica.”[40];
Así las cosas, la Corte concluye que  no
cabe considerar que en este caso se esté vulnerando el principio de igualdad y
particularmente que la expresión acusada comporte un tratamiento
discriminatorio para los oficiales y suboficiales de la policía nacional a los
que se les aplica el decreto 1212 de 1990, por lo que  el cargo formulado en
este sentido por los demandantes no  puede prosperar y así se señalará en la
parte resolutiva de esta sentencia.
4.2 La  consecuente ausencia de vulneración de los
demás preceptos constitucionales invocados en la demanda
Dado que como acaba de señalarse la
presunta discriminación de los oficiales y suboficiales de la policía nacional
no se configura y que la consecuente vulneración de los artículos 2, 4, 25, 42,
48 y 53 superiores  derivada  por los actores de la existencia de dicha
discriminación  carece de sustento, la Corte  declarará la exequibilidad de la
expresión acusada por los cargos planteados en ese sentido y así lo señalará en
la parte resolutiva de esta sentencia.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
R E S U E L V E:
Declarar EXEQUIBLE, por  los cargos formulados  la
expresión “en todo tiempo” contenida en el artículo
151 del Decreto 1212 de 1990, “Por
el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de la
Policía Nacional”.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Presidenta
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
[1] ARTÍCULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES. Con el objeto de que las
pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente,
en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan
su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero
de enero de cada año, según la variación porcentual del Indice de Precios al
Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No
obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal
mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje
en que se incremente dicho salario por el Gobierno
[2] Cabe precisar que en contra de dicho
numeral cursa actualmente sendos  proceso de inconstitucionalidad por la
vulneración del artículo 150-19 superior. Expedientes D-4500 y D-4613.
[3] Subrogación que ha de tomarse en cuenta en
este caso, independientemente de la  decisión que se adopte en cuanto a la
constitucionalidad del numeral 3 de la Ley  797 de 2003 en los procesos a los
que se ha hecho referencia.
[4] ARTICULO 151.  Oscilación de
asignaciones de retiro y pensiones.  Las asignaciones de retiro y las
pensiones de que trata el presente Decreto, se liquidarán tomando en cuenta las
variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad
para cada grado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de este
Decreto.  En ningún caso aquéllas serán inferiores al salario mínimo legal.
Los Oficiales y Suboficiales o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas
que regulen ajustes prestacionales en otros sectores de la Administración
Pública, a menos que así lo disponga expresamente la Ley.
PARAGRAFO.  Para la oscilación de las
asignaciones de retiro y pensiones de Oficiales Generales y Coroneles, se
tendrá en cuenta como sueldo básico, el porcentaje que como tal determinen las
disposiciones legales vigentes que regulen esta materia, más las partidas
señaladas en el artículo 140 de este Decreto”
[5]  Conforme a reiterada jurisprudencia de
esta Corporación no procede el pronunciamiento de fondo de la Corte cuando una
norma ha sido derogada y no se encuentra produciendo efectos jurídicos. Por el
contrario  es necesario que haya decisión de fondo cuando se impugnan normas
derogadas o subrogadas pero que continúan produciendo efectos jurídicos Ver al
respecto, entre otras,  las sentencias C-103/93, C-454/93, C-546/93, C-004/96,
C-255/97, C-406/98.
[6] Cfr. Sentencia C-461 de 1995, MP Eduardo Cifuentes
Muñoz
[7] Sentencia C-654 de 1997. MP Antonio Barrera Carbonell.
Consideración de la Corte 3.6. En el mismo sentido ver la Sentencia C-956 de
2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[8] “Por las razones anteriores la Corte
considera que el establecimiento de regímenes pensionales especiales, como
aquellos señalados en el artículo 279 de la Ley 100, que garanticen en relación
con el régimen pensional, un nivel de protección igual o superior, resultan
conformes a la Constitución, como quiera que el tratamiento diferenciado lejos
de ser discriminatorio, favorece a los trabajadores a los que cobija. Pero
si se determina que al permitir la vigencia de regímenes especiales, se
perpetúa un tratamiento inequitativo y menos favorable para un grupo
determinado de trabajadores, frente al que se otorga a la generalidad del
sector, y que el tratamiento dispar no es razonable, se configuraría un trato
discriminatorio en abierta contradicción con el artículo 13 de la Carta”
(subrayas no originales) (Sentencia C-461 de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz)
[9] Ver la Sentencia C-080/99, M.P. Alejandro
Martínez Caballero, en la que se señala : “la singularidad y autonomía que
caracterizan a estos regímenes excepcionales, sumado a la diversidad de
prestaciones que los integran, han llevado a la Corte Constitucional a considerar
que, en principio, “no es procedente un examen de aspectos aislados de una
prestación entre dos regímenes prestacionales diferentes, ya que la desventaja
que se pueda constatar en un tema, puede aparecer compensada por una
prerrogativa en otras materias del mismo régimen.”.
[10] Sentencia T-348 de 1997. MP Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[11] Sentencia C-956/01, M.P. Eduardo
Montealegre Lynett
[12] Ibidem Sentencia C-956/01 M.P.. Eduardo
Montealegre Lynett
[13] Sentencia C-890 de 1999 M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.   En dicha sentencia se señaló lo siguiente “‘Así las cosas,
es posible concluir que existe una discriminación (i) si la prestación es
separable y (ii) la ley prevé un beneficio inferior para el régimen especial,
sin que (iii) aparezca otro beneficio superior en ese régimen especial que
compense la desigualdad frente al sistema general  de seguridad social. Sin
embargo, en virtud de la especialidad de cada régimen de seguridad social, en
principio éste es aplicable en su totalidad al usuario, por lo cual la Corte
considera que estos requisitos deben cumplirse de manera manifiesta para que
puede concluirse que existe una violación a la igualdad. Por consiguiente, (i)
la autonomía y separabilidad de la prestación deben ser muy claras, (ii) la
inferioridad del régimen especial debe ser indudable y (iii) la carencia de
compensación debe ser evidente. En el mismo sentido ver la sentencia C-956
de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[14] Sentencia C-1032/02 M.P. Álvaro Tafur
Galvis.
[15] Cabe recordar que luego de la expedición
del Decreto 1091 de 1995 por el cual se estableció "el régimen de
asignaciones y prestaciones para el personal del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995", existen varios regímenes
prestacionales para los miembros de la Policía Nacional.  Los suboficiales y
agentes de la Policía contaron con la opción de permanecer en el régimen
prestacional anterior al Decreto 1091, es decir, los  Decretos 1212 y  1213 de
1990, o acogerse  a el,  por lo que solo a los beneficiarios de algunos de los
miembros de la Policía Nacional que decidieron permanecer en el régimen
anterior les son aplicables las normas bajo examen.  Cabe recordar así mismo
que  a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993 el  personal civil del
Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional se encuentra sometido al régimen
general de seguridad social. Sin embargo y con el fin de respetar los derechos
adquiridos  del personal que se encontraba sometida al régimen del Decreto 1214
de 1990,  el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 excluyo  de la aplicación  del
régimen general  que ella consagra al personal  civil del Ministerio de Defensa
y de la Policía Nacional vinculado antes  de su vigencia.
[16] Sentencia C-1032/02 M.P. Álvaro Tafur
Galvis
[17] ARTICULO 112.
CAUSALES DE RETIRO. El retiro del servicio activo de los Oficiales y
Suboficiales de la Policía Nacional, se clasifica según su forma y causales,
así:
a. Retiro temporal con pase a la reserva:
1. Por solicitud propia
2. Por cumplir cuatro (4) años en el grado de General.
3. Por llamamiento a calificar servicios.
4. Por voluntad del Gobierno para Oficiales, o de la
Dirección General para Suboficiales.
5. Por sobrepasar la edad correspondiente al grado.
6. Por disminución de la capacidad sicofísica para la
actividad policial.
7. Por incapacidad profesional.
8. Por inasistencia al servicio por más de cinco (5)
días sin causa justificada.
b. Retiro absoluto:
1. Por incapacidad absoluta y permanente o por gran
invalidez.
2. Por conducta deficiente.
3. Por haber cumplido sesenta y cinco (65) años de edad
los Oficiales y cincuenta y cinco (55) años los Suboficiales.
[18] ARTICULO 127. LLAMAMIENTO AL SERVICIO
ACTIVO. Los Oficiales y Suboficiales retirados en forma temporal podrán ser
reincorporados al servicio activo de la Policía Nacional, en cualquier tiempo,
a solicitud de parte o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General,
según el caso, previo concepto favorable de la Junta Asesora de la Policía
Nacional.
[19] ARTICULO 129. LLAMAMIENTO ESPECIAL AL
SERVICIO. El Gobierno y la Dirección General de la Policía Nacional, podrán
llamar en forma especial al servicio a los Oficiales y Suboficiales retirados
en forma temporal, en cualquier tiempo para fines de entrenamiento o para
satisfacer necesidades orgánicas de la Policía o hacer frente a las exigencias
de la seguridad nacional.
Los Oficiales y Suboficiales que infringieren lo
dispuesto en este artículo serán sancionados por resolución motivada de la
Dirección General con multa que oscile de uno (1) a diez (10) sueldos básicos
correspondientes al grado que ostenten al momento del llamamiento especial al
servicio, descontable del sueldo de retiro o exigible por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, sin perjuicio de la acción penal correspondiente.
Estos Oficiales y Suboficiales podrán ser retirados
nuevamente, a juicio de la autoridad que efectuó el llamamiento, aunque no
hayan cumplido quince (15) años de servicio.
PARAGRAFO. Las personas naturales o jurídicas con las
cuales se encuentren trabajando los Oficiales y Suboficiales a que se refiere
este artículo en el momento de su llamamiento especial al servicio activo,
están en la obligación de reincorporarlos a sus respectivos cargos dentro de
los treinta (30) días siguientes a la fecha de su retiro. El llamamiento
especial al servicio sólo suspende transitoriamente los contratos de trabajo.
Además de lo previsto en las leyes laborales, la
contravención será sancionada por el Gobierno con multas de cinco (5) a diez
(10) salarios mínimos legales mensuales por cada Oficial o Suboficial.
[20] De
acuerdo con el artículo 130 del mismo Decreto los Oficiales y Suboficiales que sean reincorporados al
servicio activo de la Policía Nacional, ingresarán con la misma antigüedad que
tenían en el momento del retiro y tendrán derecho a todas las prerrogativas
correspondientes a su grado.
[21] ARTICULO 145. TRES
(3) MESES DE ALTA. Los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que
pasen a la situación de retiro temporal o absoluto y tengan derecho a
asignación de retiro o pensión, continuarán dados de alta en la respectiva
pagaduría por tres (3) meses a partir de la fecha en que se cause la novedad de
retiro, para la formación del expediente de prestaciones sociales. Durante
dicho lapso y salvo lo dispuesto en el artículo 175 de este Decreto continuarán
recibiendo la totalidad de los haberes devengados en actividad correspondientes
a su grado. El lapso de los tres (3) meses de alta se considerará como de
servicio activo, únicamente para efectos de prestaciones sociales.
[22] ARTICULO 140. BASES
DE LIQUIDACION. A partir de la vigencia del presente Decreto, al personal de
Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sea retirado del servicio
activo se le liquidará las prestaciones sociales unitarias y periódicas sobre
las siguientes partidas, así:
1. Sueldo básico.
2. Prima de actividad en los porcentajes previstos en
este Estatuto.
3. Prima de antigüedad.
4. Prima de Oficial Diplomado en Academia Superior de
Policía, en las condiciones indicadas en este Estatuto.
5. Duodécima (1/12) parte de la prima de navidad.
6. Prima de vuelo en las condiciones establecidas en
este Decreto.
7. Gastos de representación para Oficiales Generales.
8. Subsidio familiar. En el caso de las asignaciones de
retiro y pensiones, se liquidará conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de
este Estatuto, sin que el total por este concepto sobrepase el cuarenta y siete
por ciento (47%) del respectivo sueldo básico.
9. La bonificación de los Agentes del Cuerpo Especial,
cuando sean ascendidos al grado de Cabo Segundo y hayan servido por lo menos
treinta (30) años como Agentes, sin contar los tiempos dobles.
PARAGRAFO. Fuera de las partidas específicamente
señaladas en este artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, auxilios y
compensaciones consagradas en este Estatuto, serán computables para efectos de
cesantías, asignaciones de retiro, pensiones, sustituciones pensionales y demás
prestaciones sociales.
[23] ARTICULO 157.
SERVICIOS MEDICO-ASISTENCIALES EN RETIRO. Los Oficiales y Suboficiales de la
Policía Nacional en goce de asignación de retiro o pensión, tendrán derecho a
que el Gobierno les suministre dentro del país, asistencia médica, quirúrgica,
odontológica, farmacéutica, hospitalaria y demás servicios asistenciales para
ellos, sus cónyuges e hijos hasta la edad de veintiún (21) años en hospitales y
clínicas de la Policía o por medio de contratos con personas naturales o
jurídicas.
PARAGRAFO 1o. Igualmente tendrán derecho los hijos que
dependan económicamente del Oficial o Suboficial y que se encuentren en alguna
de las siguientes situaciones:
a. Inválidos absolutos cualquiera que sea su edad.
b. Estudiantes hasta la edad de veinticuatro (24) años.
PARAGRAFO 2o.
El Gobierno Nacional establecerá tarifas para la prestación de los servicios
asistenciales a los beneficiarios de los Oficiales y Suboficiales en goce de
asignación de retiro o pensión.
[24] ARTICULO 158.
MESADA DE NAVIDAD PARA EL PERSONAL EN GOCE DE ASIGNACION DE RETIRO O PENSION. A
partir de la vigencia de este Decreto, los Oficiales y Suboficiales de la
Policía Nacional, en goce de asignación de retiro o pensión o sus
beneficiarios, tendrán derecho a percibir anualmente de la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional o del Tesoro Público, una mesada pensional de
navidad, equivalente a la totalidad de la asignación o pensión mensual que
disfruten el treinta (30) de noviembre del respectivo año. Esta mesada debe
pagarse dentro de la primera quincena del mes de diciembre
[25] ARTICULO 173. ORDEN DE BENEFICIARIOS. Las
prestaciones sociales por causa de muerte de un Oficial o Suboficial de la
Policía Nacional en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión
se pagarán según el siguiente orden preferencial:
a. La mitad al cónyuge sobreviviente y la otra mitad a
los hijos del causante, en concurrencia estos últimos en las proporciones de
ley.
b. Si no hubiere cónyuge sobreviviente, las
prestaciones corresponden íntegramente a los hijos en las proporciones de ley.
c. Si no hubiere hijos la prestación se divide así:
- Cincuenta por ciento (50%) para el cónyuge.
- Cincuenta por ciento (50%) para los padres en partes
iguales.
d. Si no hubiere cónyuge sobreviviente, ni hijos, la
prestación se
dividirá entre los padres así:
- Si el causante es hijo legítimo llevan toda la
prestación los padres.
- Si el causante es hijo adoptivo la totalidad de la
prestación corresponde a los padres adoptantes en igual proporción.
- Si el causante es hijo extramatrimonial, la
prestación se divide en partes iguales entre los padres.
- Si el causante es hijo extramatrimonial con adopción
plena, la totalidad de la prestación corresponde a sus padres adoptivos en
igual proporción.
- Si no ocurriere ninguna de las personas indicadas en
este artículo, llamadas en el orden preferencial en el establecido, la
prestación se paga, previa comprobación de que el extinto era su único sostén,
a los hermanos del Oficial o Suboficial que sean menores de dieciocho (18)
años.
- Los hermanos carnales recibirán doble porción de los
que sean simplemente maternos o paternos.
- A falta de
descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptivos, hermanos y
cónyuge, la prestación corresponderá a la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional.
[26] Cabe recordar además que de acuerdo con el
artículo 169 del mismo decreto al cónyuge supérstite de Oficiales y
Suboficiales de la Policía Nacional, a los hijos inválidos absolutos y a las
hijas célibes que hayan tenido el derecho consagrado o disfrutado de la
sustitución de asignación de retiro o pensión prevista en el Decreto 981 de
1946, se les restablecerá el derecho a partir del veintisiete (27) de abril de
1979, a continuar percibiendo la prestación del causante, en la forma
consagrada en este Decreto.
[27] El parágrafo de
la misma disposición señala que para la oscilación de las asignaciones
de retiro y pensiones de Oficiales Generales y Coroneles, se tendrá en cuenta
como sueldo básico, el porcentaje que como tal determinen las disposiciones
legales vigentes que regulen esta materia, más las partidas señaladas en el
artículo 140 del mismo Decreto.
[28] ARTICULO 140. BASES DE LIQUIDACION. A
partir de la vigencia del presente Decreto, al personal de Oficiales y
Suboficiales de la Policía Nacional que sea retirado del servicio activo se le
liquidará las prestaciones sociales unitarias y periódicas sobre las siguientes
partidas, así:
1. Sueldo básico.
2. Prima de actividad en los porcentajes previstos en
este Estatuto.
3. Prima de antigüedad.
4. Prima de Oficial Diplomado en Academia Superior de
Policía, en las condiciones indicadas en este Estatuto.
5. Duodécima (1/12) parte de la prima de navidad.
6. Prima de vuelo en las condiciones establecidas en
este Decreto.
7. Gastos de representación para Oficiales Generales.
8. Subsidio familiar. En el caso de las asignaciones de
retiro y pensiones, se liquidará conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de
este Estatuto, sin que el total por este concepto sobrepase el cuarenta y siete
por ciento (47%) del respectivo sueldo básico.
9. La bonificación de los Agentes del Cuerpo Especial,
cuando sean ascendidos al grado de Cabo Segundo y hayan servido por lo menos
treinta (30) años como Agentes, sin contar los tiempos dobles.
PARAGRAFO. Fuera de las partidas específicamente señaladas
en este artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, auxilios y
compensaciones consagradas en este Estatuto, serán computables para efectos de
cesantías, asignaciones de retiro, pensiones, sustituciones pensionales y demás
prestaciones sociales.
[29] &$ARTÍCULO
1o. Adiciónese al artículo 279 1 de la Ley
100 de 1993, con el siguiente parágrafo:
"Parágrafo
4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de
los beneficios y derechos determinados en los artículos  14 y 142 de esta ley para
los pensionados de los sectores aquí contemplados". (negrilla fuera de
texto)
[30] &$ARTÍCULO
279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990,
con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente
Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores
que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el
efecto se expida.
Se exceptúan también, los trabajadores de las empresas que al
empezar a regir la presente Ley, estén en concordato preventivo y obligatorio
en el cual se hayan pactado sistemas o procedimientos especiales de protección
de las pensiones, y mientras dure el respectivo concordato.
Igualmente, el
presente régimen de Seguridad Social, no se aplica a los servidores públicos de
la Empresa Colombiana de Petróleos, ni a los pensionados de la misma. Quienes
con posterioridad a la vigencia de la presente Ley, ingresen a la Empresa
Colombiana de Petróleos-Ecopetrol, por vencimiento del término de contratos de
concesión o de asociación, podrán beneficiarse del régimen de Seguridad Social
de la misma, mediante la celebración de un acuerdo individual o colectivo, en
término de costos, forma de pago y tiempo de servicio, que conduzca a la
equivalencia entre el sistema que los ampara en la fecha de su ingreso y el
existente en Ecopetrol.
PARÁGRAFO 1o. La empresa y los servidores de que trata el inciso
anterior, quedan obligados a efectuar los aportes de solidaridad previstos en
esta ley.
Las entidades empleadoras referidas en el presente artículo,
quedan facultadas para recibir y expedir los bonos correspondientes a los
períodos de vinculación o cotización a que hubiere lugar, de conformidad con la
reglamentación que para tal efecto se expida.
PARÁGRAFO 2o. La pensión gracia para los educadores de que trata
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, continuará a cargo de la Caja
Nacional de Previsión y del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional,
cuando éste sustituya a la Caja en el pago de sus obligaciones pensionales.
PARÁGRAFO 3o. Las pensiones de que tratan las leyes 126 de 1985
adicionada por la Ley 71 de 1988, continuarán vigentes en los términos y
condiciones en ellas contemplados.
PARÁGRAFO 4o. <Adicionado por el artículo 1o. de la Ley
238 de 1995,:> Las excepciones consagradas en el presente artículo no
implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14
y 1424465 4466
de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados. (subrayas y negrilla fuera de texto)
[31] A saber, después de quince (15) años, por
llamamiento a calificar servicios, o por mala conducta, o por no asistir al
servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad del
Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la
edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad
sicofísica, o por incapacidad profesional, o por conducta deficiente y los que
se retiren o sean separados con más de veinte (20) años de servicio.
[32] ARTICULO 127. LLAMAMIENTO AL SERVICIO
ACTIVO. Los Oficiales y Suboficiales retirados en forma temporal podrán ser
reincorporados al servicio activo de la Policía Nacional, en cualquier tiempo,
a solicitud de parte o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General,
según el caso, previo concepto favorable de la Junta Asesora de la Policía
Nacional.
[33] ARTICULO 129. LLAMAMIENTO ESPECIAL AL
SERVICIO. El Gobierno y la Dirección General de la Policía Nacional, podrán
llamar en forma especial al servicio a los Oficiales y Suboficiales retirados
en forma temporal, en cualquier tiempo para fines de entrenamiento o para
satisfacer necesidades orgánicas de la Policía o hacer frente a las exigencias
de la seguridad nacional.
Los Oficiales y Suboficiales que infringieren lo
dispuesto en este artículo serán sancionados por resolución motivada de la
Dirección General con multa que oscile de uno (1) a diez (10) sueldos básicos
correspondientes al grado que ostenten al momento del llamamiento especial al
servicio, descontable del sueldo de retiro o exigible por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, sin perjuicio de la acción penal correspondiente.
Estos Oficiales y Suboficiales podrán ser retirados
nuevamente, a juicio de la autoridad que efectuó el llamamiento, aunque no
hayan cumplido quince (15) años de servicio.
PARAGRAFO. Las personas naturales o jurídicas con las
cuales se encuentren trabajando los Oficiales y Suboficiales a que se refiere
este artículo en el momento de su llamamiento especial al servicio activo,
están en la obligación de reincorporarlos a sus respectivos cargos dentro de
los treinta (30) días siguientes a la fecha de su retiro. El llamamiento
especial al servicio sólo suspende transitoriamente los contratos de trabajo.
Además de lo previsto en las leyes laborales, la
contravención será sancionada por el Gobierno con multas de cinco (5) a diez
(10) salarios mínimos legales mensuales por cada Oficial o Suboficial.
[34] De
acuerdo con el artículo 130 del mismo Decreto los Oficiales y Suboficiales que sean reincorporados al
servicio activo de la Policía Nacional, ingresarán con la misma antigüedad que
tenían en el momento del retiro y tendrán derecho a todas las prerrogativas
correspondientes a su grado.
[35] Ver al respecto entre otras las sentencias
C-835/02 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra  C-1032/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis,
C-101 y C-104/03  M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[36] ARTICULO 151.  Oscilación
de asignaciones de retiro y pensiones.  Las asignaciones de retiro y las
pensiones de que trata el presente Decreto, se liquidarán tomando en cuenta las
variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad
para cada grado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de este
Decreto.  En ningún caso aquéllas serán inferiores al salario mínimo legal.  Los
Oficiales y Suboficiales o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas que
regulen ajustes prestacionales en otros sectores de la Administración Pública,
a menos que así lo disponga expresamente la Ley.”  (…). (subrayas fuera de
texto)
[37] En el entendido que “las pensiones por invalidez  del régimen de seguridad
social de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional  se debe reajustar de
acuerdo con el sistema  que más favorezca  su poder adquisitivo constante, ya
sea el del artículo  151 del Decreto 1212 de 1990 o el del artículo 14 de la
ley 100 de 1993”.
[38] Ver la Sentencia C-080/99, M.P. Alejandro
Martínez Caballero, en la que se señala : “la singularidad y autonomía que
caracterizan a estos regímenes excepcionales, sumado a la diversidad de
prestaciones que los integran, han llevado a la Corte Constitucional a considerar
que, en principio, “no es procedente un examen de aspectos aislados de una
prestación entre dos regímenes prestacionales diferentes, ya que la desventaja
que se pueda constatar en un tema, puede aparecer compensada por una
prerrogativa en otras materias del mismo régimen.”.
[39] Sentencia T-348 de 1997. MP Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[40] Sentencia C-956/01, M.P. Eduardo
Montealegre Lynett