T-266-15
Sentencia T-266/15
ACCION DE TUTELA
PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE JUBILACION-Caso en que se presenta
carencia actual de objeto por hecho superado por cuanto la entidad accionada
reconoció la pensión solicitada
TEMERIDAD-Configuración
Se configura una actuación temeraria cuando sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, situación que da lugar a que la acción
interpuesta deba rechazarse o declararse improcedente. Se configura la temeridad respecto de un asunto puesto en
conocimiento del juez de tutela, cuando se reúnen los siguientes
requisitos: (i) identidad de partes, (ii) identidad de hechos, (iii)
identidad de pretensiones; y, (iv) ausencia de justificación frente al
ejercicio de la nueva acción de tutela. Si la actuación cuestionada cumple con
los anteriores requisitos, puede concluirse que se trata de una actuación
temeraria que lesiona los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, así
como también los mandatos constitucionales de buena fe, el no abuso de los
derechos propios y el deber de colaboración para el funcionamiento de la
administración de justicia. Es más, en el marco de la jurisprudencia
constitucional, resulta claro que la verificación de los requisitos antedichos,
prima facie, torna improcedente la nueva acción de tutela comoquiera que sobre
el mismo asunto objeto de análisis existe una decisión judicial definitiva e
inmutable, es decir, por cuanto ha operado el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional.
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que puede presentarse
a partir de dos eventos que a su vez sugieren consecuencias distintas: hecho
superado y daño consumado
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Caso en que UGPP
ordenó reconocimiento y pago de pensión de jubilación
Referencia:
Expediente
T-4.420.892
Demandante:
Mario Augusto Medina
Hernández.
Demandados:
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales
de la Protección Social “UGPP”.
Magistrado Ponente:
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA  MARTELO
Bogotá, D.C.
siete  (7) de mayo de (2015).
La Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Jorge Iván Palacio
Palacio en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión del fallo dictado por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Civil Familia, el 7 de abril de 2014,
dentro de la acción de amparo constitucional instaurada por Mario Augusto
Medina Hernández contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Parafiscales de la Protección Social “UGPP”, Administradora Colombiana de
Pensiones “Colpensiones” y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Villavicencio “E.A.A.V”
La presente
acción de tutela fue escogida para revisión por la Sala de Selección Número Siete,
mediante auto del diez (10) de julio de dos mil catorce (2014), y repartida a
la Sala Cuarta de esta Corporación para su decisión.
I.
ANTECEDENTES
1. Solicitud
Mario Augusto Medina Hernández, presentó acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales
de la Protección Social, -que en adelante se llamará UGPP-, con el fin de proteger los derechos fundamentales a la vida y
seguridad social.
2. Reseña
fáctica
2.1. El señor
Mario Augusto Medina Hernández nació el 7 de abril de 1939, tiene 74 años de
edad, trabajó en el sector oficial durante 21 años, 6 meses y 28 días, se
retiró el 23 de marzo de 1983.  Cumplió la edad para pensionarse el 7 de abril
de 1994, razón por la cual considera que reúne los requisitos para obtener el
reconocimiento de la pensión de jubilación liquidada con lo devengado en el
último año de servicio y los correspondientes factores salariales, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.
2.2. Solicitó a
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.A.A.V. E.S.P., el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, por ser la última empresa a
la cual prestó servicios. La entidad dio respuesta a su petición de manera
negativa y advirtió que quien debía reconocer la pensión era el Instituto de
Seguros Sociales.
2.3. Presentó petición
de reconocimiento de pensión de jubilación al Instituto de Seguros Sociales,
quien la negó, mediante Resolución No. 003154 del 5 de septiembre de 2001 y, en
su lugar,  le reconoció una indemnización sustitutiva por valor de
$1’770.859.oo.  Mediante Resolución No. 0067, del 23 de enero de 2003, se
modificó el valor de dicha indemnización y se liquidó dicha prestación por la
suma de $2’033.070.oo. Interpuso recurso de reposición contra dicho acto
administrativo, en el cual se insistió en obtener el reconocimiento de la
pensión de jubilación. La Resolución No. 0067 del 23 de enero de 2003, negó la
solicitud argumentando que quien debe asumir el pago de la pensión es la Caja
Nacional de Previsión Social.
2.4. Promovió
acción de tutela y solicitó la protección a su mínimo vital, proceso dentro del
cual le fue concedido el amparo consistente en ordenarle a la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio el reconocimiento pensional en
cuantía de un salario mínimo legal vigente, de manera transitoria.  En consecuencia,
el actor presentó la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en aras
de obtener un pronunciamiento definitivo de su derecho por la vía ordinaria.
2.5. El Juzgado
Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Villavicencio, mediante
fallo del 4 de septiembre de 2012, dentro de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho resolvió declarar de oficio la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva, decisión que fue confirmada por el
Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, en la que se dijo que la Caja
Nacional de Previsión Social es quien debe asumir el pago de la pensión.
2.6. El señor
Medina Hernández reclamó la pensión de jubilación ante la U.G.P.P, quien negó
la prestación mediante Resolución No. RPD049557 del 25 de octubre de 2013.  Se
argumentó en el acto administrativo que la certificación del tiempo de servicio
fue allegado mediante documento en copia simple y que carecía de valor
probatorio. Adicional a lo anterior, allí se manifestó que el único documento
válido para acreditar la fecha de nacimiento es el registro civil.  Presentó recurso
de reposición contra dicho acto administrativo el cual fue confirmado por parte
de la entidad la cual señaló, además, que quien debe asumir la pensión es la
Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”.
2.7. Manifiesta
el actor que ha agotado todos los recursos a su alcance y debido a su avanzada
edad le ha sido imposible interponer las acciones judiciales correspondientes
en contra de la U.G.P.P.  Que no puede demandar a dicha entidad puesto que se trata
de un caso ya juzgado. Su salud física se ha afectado, ha perdido la visión del
ojo derecho y tiene comprometida la izquierda, no lo pueden intervenir
nuevamente porque puede perder la visión. Considera que se le ha causado un
daño irreversible al no poder acceder a medicamentos que le permitan tener
calidad de vida.
3.  Pretensiones de la demanda
Solicita el accionante que se ordene a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales
de la Protección Social “UGPP”, el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación con base en los salarios
devengados en el último año de servicios, más los factores salariales, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, la
indexación de los valores y el pago de los intereses moratorios.
4. Pruebas
relevantes que obran en el expediente
Con el escrito
contentivo de la tutela se aportaron como pruebas las siguientes:
-
Copia de la cédula de ciudadanía del
demandante. (Folio 8)
-
Copia de la carta CI-SD-455-04 dirigida al
demandante en la que se le comunica que el tiempo de servicios fue cotizado al
Instituto de Seguros Sociales hasta el 1º de octubre de 1982. (Folio 9)
-
Sentencia del 31 de agosto de 2012, proferida
por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión. (Folio 10)
-
Sentencia del 21 de mayo de 2013, proferida
por el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta. (Folio 21)
-
Resolución No. RDP 049557, del 25 de octubre
de 2013, por medio de la cual se niega el reconocimiento y pago de la pensión
de vejez. (Folio 37)
-
Resolución No. RDP 054459, del 29 de noviembre
de 2013, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición.  (Folio 42)
-
Resolución No. RDP 055370, del 5 de diciembre
de 2013, por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación. (Folio 44)
-
Partida de bautismo del señor Augusto Medina
Hernández. (Folio 101)
-
Constancia de vinculación laboral del señor
Medina Hernández expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro.
(Folio 102)
-
Certificación laboral expedida por el
Departamento de Servicios Administrativos de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Villavicencio E.S.P. (Folio 103).
-
Certificación laboral de Empleadores para bono
pensional, expedida por el Ministerio de Agricultura (Folio 104).
-
Constancia de prestación de servicios del señor
Medina Hernández al Municipio de Villavicencio (folio 108).
-
Certificado de lo devengado en el cargo de
Inspector de Energía y de Parques del 16 de febrero al 5 de mayo de 1977 y del
6 de mayo de 1977 hasta el 23 de marzo de 1983 en el cargo de Almacenista
Proveedor. (Folio 107).
5. Actuaciones
en sede de instancia
Mediante auto
del 19 de febrero de dos mil catorce (2014), el Juez Tercero Civil del Circuito
vinculó a la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones” y La Empresa
de Acueducto y Alcantarillado E.A.A.V ESP.
6.  Actuaciones
en sede de Revisión
Mediante auto
del 30 de septiembre de 2014, través de la Secretaria
General de esta Corporación, fue solicitada la remisión del expediente de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho radicado, No.
500013331007-2008-0347-00, demandante Mario Augusto Medina Hernández contra el
Instituto de Seguros Sociales y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Villavicencio E.A.A.V. E.S.P.
El 16 de octubre
de 2014 se pidió a la Alcaldía de Villavicencio, Meta, a la Oficina de
Instrumentos Públicos de San Martín, y a la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Villavicencio, Meta, certificación del tiempo de servicios
prestado por el actor y si este fue cotizado con alguna Caja de Previsión
Social. A la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Parafiscales de la Protección Social “UGPP”, y al Instituto de Seguros Sociales la copia de la historia
laboral del señor Mario Augusto Medina Hernández.
Fue solicitado a la Unidad Administrativa Especial de Gestión y Parafiscales
“U.G.P.P” informe sobre si expidió acto administrativo que diera cumplimiento a
lo ordenado en el fallo de tutela del 17 de septiembre de 2014, proferido por
el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio, Radicado
5000133330072014040000[1].
6.1 Pruebas recolectadas por la Corte
Constitucional durante el trámite de Revisión
-Oficio No. 20143110244501 del 23 de
octubre de 2014 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Grupo de
Talento Humano.
-Oficio No. 13100-01-0125296 del 21 de
octubre de 2014 firmado por la Apoderada General de la Central Nacional de
Tutelas del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación.
-Oficio No. 2014211559251 del 22 de octubre
de 2014 de la Unidad Administrativa especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafíscales de Protección Social “UGPP”, anexando la historia
laboral del señor Hernández Medina.
-Oficio No. 2014-113-1268 del 31 de octubre
de 2014 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P. en
el que consta el tiempo de servicios laborado por el actor.
-Oficio UGPP No. 20142116119271 del 27 de
noviembre de 2014 mediante el cual se anexa copia de la Resolución RDP 032320
del 24 de octubre de 2014, mediante el cual se reconoce una pensión de
jubilación por aportes y la liquidación del retroactivo pensional.
-Copia del proceso de acción de nulidad y
restablecimiento del Derecho del señor Mario Augusto Medina Hernández contra el
Instituto de Seguros Sociales.
7.      DECISIONES
DE INSTANCIA
7.1 Sentencia
de Primera Instancia
El Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Villavicencio negó la presente acción de tutela considerándola
improcedente[2].
Al efecto manifestó que si bien el actor es un sujeto de especial protección,
no existe prueba de la reclamación efectuada a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, lo cual se torna indispensable, pues se indicó en un fallo de la justicia
contencioso administrativa que a dicha entidad le corresponde asumir el pago de
la prestación reclamada, pronunciamiento que no conoce la U.G.P.P.
No encontró
agotada dicha vía judicial puesto que no existió pronunciamiento contra la
U.G.P.P, razón por la cual considera que no se predica la cosa juzgada. Advierte
que no existe certeza respecto del cumplimiento de los requisitos de la
prestación económica.
2.
Impugnación
Inconforme con
la decisión el actor impugnó el fallo de primera instancia pues, a su juicio,
la entidad accionada cuenta con oficinas sustanciadoras que deben estudiar los
casos de conformidad con las normas vigentes.  Que no anexó a la petición que
elevó ante la UGPP las decisiones judiciales que resolvieron su caso por cuanto
la entidad tutelada no formó parte del proceso y aclara que su solicitud no está
dirigida a obtener el cumplimiento de un fallo, sino a cesar la vulneración de
sus derechos fundamentales.
Manifiesta que el
cumplimiento de los requisitos de la pensión de jubilación que reclama consta
en las sentencias aportadas, lo que fue constatado por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Villavicencio, así como por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Meta. Que los argumentos del juez de tutela tuvieron un
enfoque meramente procesal, con lo cual fueron vulnerados los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso y
petición, además de principios como justicia e igualdad.
7.3 Decisión
de Segunda Instancia
La Sala Civil
Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, confirmó
la decisión de primera instancia[3].
Consideró que existe pronunciamiento de fondo por parte de la entidad
demandada, de conformidad con los actos administrativos anexados, razón por la
cual no se puede predicar que no obra reclamación administrativa.  A su juicio,
existe otro mecanismo judicial que le permite al actor defender los derechos
que considera vulnerados, motivo por el cual debe acudir al juez contencioso
administrativo.  Que por la sola edad del accionante no puede predicarse la
existencia de un perjuicio irremediable y sus problemas de salud no comprometen
su supervivencia o lo colocan en un estado de urgencia que haga imperiosa la
intervención del juez constitucional.  Estimó que la
negativa de la entidad no configura necesariamente un perjuicio puesto que no
se observa un daño irreversible y cuenta con los mecanismos legales para lograr
el pago de la prestación desde el momento de su causación.
II.      CONSIDERACIONES
1.
Competencia
Esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar la sentencia
proferida dentro del proceso de la referencia con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala Cuarta de Revisión determinar (i) si la
acción de tutela es procedente para obtener el reconocimiento de la pensión de
jubilación y (ii) si las entidades demandadas vulneraron los derechos fundamentales
a la vida, mínimo vital y seguridad social del señor Mario Augusto Medina
Hernández. Sin embargo, como quiera que durante
la etapa de revisión surtida en la Corte Constitucional la U.G.P.P allegó la resolución
por medio de la cual se reconoce al actor la pensión de jubilación, en
cumplimiento de una segunda acción de tutela presentada por el actor, la Sala
deberá estudiar si, respecto de la situación reseñada 1) existe temeridad y 2)
se ha configurado la carencia actual de objeto por hecho superado, para
así resolver el caso concreto.
2.1 Aspecto previo: examen sobre la configuración
de temeridad en el presente caso. Reiteración de jurisprudencia
2.1.1. De conformidad con lo
establecido en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, se configura una
actuación temeraria “cuando
sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada
por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales”, situación que da lugar a que la
acción interpuesta deba rechazarse o declararse improcedente.
2.1.2. La finalidad de la norma es
evitar que los ciudadanos presenten dos o más acciones de tutela dirigidas a la
protección de los derechos fundamentales con base en una misma situación
fáctica, lo que constituye un uso abusivo del derecho y lesiona la prestación
del servicio de la administración de justicia, además de afectar el principio
de lealtad procesal y seguridad jurídica.[4]  Asimismo,
con ello se desconoce el principio de buena fe pues la persona “asume una actitud
indebida para satisfacer intereses individuales a toda costa lo que expresa un
abuso del derecho cuando deliberadamente y sin razón alguna se instaura
nuevamente una acción de tutela”.[5]
2.1.3. La Corporación en reiteradas ocasiones ha precisado
que  se configura la temeridad respecto de un asunto puesto en conocimiento del
juez de tutela, cuando se reúnen los siguientes requisitos: “(i) identidad
de partes, (ii) identidad de hechos, (iii) identidad de pretensiones; y, (iv)
ausencia de justificación frente al ejercicio de la nueva acción de tutela. Si
la actuación cuestionada cumple con los anteriores requisitos, puede concluirse
que se trata de una actuación temeraria que lesiona los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, así como también los mandatos constitucionales de
buena fe, el no abuso de los derechos propios y el deber de colaboración para
el funcionamiento de la administración de justicia. Es más, en el marco de la
jurisprudencia constitucional, resulta claro que la verificación de los
requisitos antedichos, prima facie, torna improcedente la nueva acción de
tutela comoquiera que sobre el mismo asunto objeto de análisis existe una
decisión judicial definitiva e inmutable, es decir, por cuanto ha operado el
fenómeno de la cosa juzgada constitucional.”[6]
2.1.4. Empero,  la
jurisprudencia constitucional también ha destacado los casos en los que, a
pesar de cumplirse la identidad de partes y hechos, no se configura la actuación
temeraria toda vez que la misma se funda en : “(i) la condición del actor que lo coloca en estado de ignorancia
o indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no por
mala fe; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho (iii)
en la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la
interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra
situación que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s)
anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales
del demandante y por último (iv) se puede resaltar la posibilidad de interponer
una nueva acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere una
sentencia de unificación, cuyos efectos hace explícitamente extensivos a un
grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso si con
anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de tutela por los mismos
hechos y con la misma pretensión”[7]
2.1.5 Le corresponde entonces al juez de tutela no
solo verificar la existencia de los requisitos procedimentales señalados, sino,
también, las circunstancias de cada caso en concreto a fin de garantizar la
protección de los derechos fundamentales.  Ya la jurisprudencia ha reseñado que no siempre que exista
pluralidad de acciones de amparo se produce la temeridad; el funcionario debe
examinar, además, que no se configure una de las excepciones ya planteadas, exista
la mala fe del accionante y no emerja otra causa que justifique la
interposición de un nuevo amparo[8]. De igual manera, ha advertido la
Corte que cuando el juez constitucional no se ha pronunciado sobre las
pretensiones del actor[9], teniendo en cuenta que una vez
fallada la acción de tutela, surgen eventos cuya consecuencia genera un
perjuicio iusfundamental en la misma situación de hecho, que en su momento se
consideró improcedente, no existe la temeridad[10];
asimismo, cuando la violación de los derechos fundamentales se mantiene o se
agrava.
2.1.6
Valoración de la probable temeridad
En
el caso objeto de estudio, encuentra la Sala que el actor con posterioridad a
la presente acción de tutela interpuso una nueva reclamación de amparo contra
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafíscales U.G.P.P, en la cual solicitó el reconocimiento de la pensión de
jubilación con los valores señalados en las normas aplicables al momento de su
retiro, la indexación de los valores, el pago de los intereses moratorios y la
inclusión en nómina.[11]
El
juez de instancia[12] estudió la vulneración de los
derechos fundamentales a la Seguridad Social, mínimo vital, dignidad e igualdad
del señor Medina Hernández. “Ante la precaria situación del actor”[13]
y su edad[14], concedió el amparo y ordenó el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.
En
la tutela que se examina por parte de esta Sala de Revisión, el actor solicitó
la pensión de jubilación, la liquidación de la mesada con la inclusión de los
factores salariales de conformidad con la Ley 33 de 1985 y los intereses
moratorios, sin embargo, se observa que en los hechos que sirven de fundamento,
nada se advierte respecto de la situación económica del accionante, pues solo
hace alusión a su grave estado de salud.
Con
sujeción a lo expuesto, si bien coinciden las partes,  los hechos y
pretensiones que motivan la presentación de las distintas acciones de amparo,
no se predica la temeridad puesto que: (i) con relación con la primera
acción, – la que nos ocupa- no existió un estudio de fondo por parte de los
jueces de instancia en relación con los derechos fundamentales vulnerados, por
el contrario, la evaluación se realizó respecto de la procedibilidad de la
misma, determinando que el estado de salud del actor no era suficiente para
proceder con el estudio de la acción constitucional; (ii) la vulneración
de los derechos fundamentales no cesó sino que permaneció hasta que fue
resuelta la segunda de las acciones promovidas, evidenciándose en esta última la
gravedad de la situación económica del actor y su avanzada edad, situación que
no puede desatender el juez de tutela, en la medida en que se trata de un
sujeto de especial protección constitucional y (iii) se considera que el
accionante adujo un hecho nuevo en la segunda de las acciones presentadas,
puesto que añade y aporta pruebas de que su situación económica es precaria,
hecho que no fue expuesto en la presente y que constituyó uno de los motivos
determinantes para concederla. Concluye entonces la Sala que no existen razones
para declarar improcedente la presente acción de tutela y,  por consiguiente,
se descarta la temeridad, en consecuencia, atendiendo a que la entidad
accionada reconoció la pensión solicitada en cumplimiento de la segunda acción
de amparo presentada, la Sala procede a estudiar si existe carencia actual de
objeto.
3. La carencia actual de objeto por hecho
superado.
El artículo 6º,
numeral 4º del Decreto 2591 de 1991, señala que la acción de tutela será
improcedente: “Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un
daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del
derecho”.
En
sentencia T-170 de 2009 la Corte explica que la carencia actual de objeto puede presentarse a partir de dos eventos que,
a su vez, sugieren consecuencias distintas: (i) el hecho superado y (ii) el
daño consumado[15].
Esta Corporación, en
reiterada jurisprudencia[16],
ha señalado que, si la situación fáctica que motiva la presentación de la
acción de tutela, se modifica porque cesa la acción u omisión que, en
principio, generó la vulneración de los derechos fundamentales, de manera que
la pretensión esbozada para procurar su defensa, está siendo debidamente
satisfecha, pierde eficacia la solicitud de amparo, toda vez que desaparece el
objeto jurídico sobre el que recaería una eventual decisión del juez de tutela,
y consecuentemente, cualquier orden de protección sería inocua. Por lo tanto,
ante ese escenario, lo procedente es que el juez de tutela declare la
configuración de un hecho superado por carencia actual de objeto.
Frente al particular, esta
corporación ha sostenido:
“El objetivo de la acción de
tutela, conforme al artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, al
Decreto 2591 de 1.991 y a la doctrina constitucional, es la protección efectiva
y cierta del derecho constitucional fundamental, presuntamente vulnerado o
amenazado por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular
en los casos expresamente señalados por la ley.
En virtud de lo anterior, la
eficacia de la acción de tutela radica en el deber que tiene el juez, en caso
de encontrar amenazado o vulnerado un derecho alegado, de impartir una orden de
inmediato cumplimiento orientada a la defensa actual y cierta del derecho que
se aduce.
No obstante lo anterior, si la
situación de hecho que origina la violación o la amenaza ya ha sido superada en
el sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está
siendo satisfecha, la acción de tutela pierde su eficacia y su razón de ser.”[17]
4. Caso en concreto
Con base en los fundamentos expuestos, a continuación, la Sala de
Revisión determinará si, en razón de las pruebas allegadas en sede de revisión,
se configura la carencia actual de objeto por existir un hecho superado.
En el presente asunto el actor es una persona de 75[18]
años de edad, en consecuencia, exigirle que acuda a un proceso ordinario o
contencioso con el fin de que su caso sea decidido por el juez natural, resulta
desproporcionado y lesivo de sus derechos fundamentales puesto que esto lo
obligaría a una espera indefinida, que haría nugatorio el goce oportuno y
efectivo de su derecho pensional.
Adicional a lo anterior, el accionante ha sido diligente en obtener el
reconocimiento de su pensión ante las autoridades administrativas y judiciales,
pues, según se observa solicitó la pensión de jubilación ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales
de la Protección Social UGPP[19].
Presentó los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron decididos
mediante las Resoluciones RDP055370 del 5 de diciembre de 2013 y RDP054459 del
29 de noviembre de 2013.[20]
Los argumentos de la entidad para negar el reconocimiento se limitan a
cuestionar la documentación allegada, pues se indica que debió presentarse con la
solicitud el registro civil de nacimiento y no la partida de bautizo, además
aduce que no fue acreditado el tiempo de servicios, pues el lapso laborado
entre el 16 de febrero de 1977 y el 1 de octubre de 1982 se allegó mediante
documento en copia simple y por lo tanto, carece de valor probatorio. Advierte
además, al momento de decidir los recursos, que la entidad a la que corresponde
el reconocimiento de la pensión de jubilación es el Instituto de los Seguros
Sociales.
El accionante presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho
ante la jurisdicción contencioso administrativa, en contra del Instituto de
Seguros Sociales y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio
E.A.A.V. E.S.P., decisión[21]
que le resultó desfavorable pues fue declarada, de oficio, la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva. La providencia fue confirmada
mediante sentencia del 21 de mayo de 2013[22],
por parte del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta.
En transcurso de la etapa de revisión U.G.P.P., envió copia de la
carpeta contentiva de la historia laboral del actor.  Dentro de los documentos
anexados se encuentra la sentencia del 17 de diciembre de 2014, proferida por
el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio, que amparó los
derechos fundamentales a la vida, dignidad, mínimo vital y seguridad social del
señor Mario Augusto Medina Hernández y, en consecuencia, ordena el reconocimiento,
pago y liquidación de la pensión de jubilación y la inclusión del accionante en
la nómina de pensionados.[23]
En respuesta a la información requerida por la Corporación, en auto de
21 de noviembre de 2014, la entidad accionada envió copia de la Resolución No
RDP032320 del 24 de octubre de 2014, mediante la cual da cumplimiento al fallo
judicial proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Villavicencio, en consecuencia ordena el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación por aportes a partir del 7 de abril de 1999, se liquidó un
retroactivo por valor de $101.975.957 pesos,[24]
con base en el salario mínimo legal vigente.
Con fundamento en lo anterior, la Sala infiere que la reclamación de los derechos cuya protección pedía
el actor carece de actualidad, al quedar establecido el hecho superado con la
expedición de la citada resolución, el pago de las mesadas pensionales y la
inclusión en nómina. En consecuencia, esta Sala de Revisión, constata la
configuración de una carencia actual de objeto por un hecho superado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.-
LEVANTAR la suspensión de términos decretada en
el presente proceso.
SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia proferida dentro del proceso de tutela en
segunda instancia por el Tribunal Superior de Villavicencio, Sala Civil-
Familia  del 7 de abril de 2014, que a su vez confirmó la dictada en primera
instancia por la el Juez Tercero Civil del Circuito de Villavicencio, el 27 de
febrero de 2014.
TERCERO.- DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho
superado en la presente acción de tutela.
CUARTO.- Por
Secretaría General, devuélvase el expediente Radicado
5001-3331-007-2008-00347-00 al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
Judicial de Villavicencio.
QUINTO.-Por
Secretaría General líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado Ponente
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
ANDRES
MUTIS VANEGAS
Secretario
(E).
[1]
El accionante promueve una nueva acción de tutela fallada por el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio, mediante la cual se
ordena el reconocimiento de la pensión de vejez a la Unidad Administrativa
Especial de Parafíscales.
[2] Sentencia del 27 de febrero de 2014.
[3] Sentencia del 7 de abril de 2014.
[4] T-169 de 2011.
[5] T-1215 de 2003.
[6] T-349 de 2013
[7] T-660 de 2011
[8] T-151-2012
[9] En sentencia T-435 de 2014,la Corte al examinar la posible temeridad
respecto de tres acciones de tutela presentadas respecto de temas relativos a
la seguridad social y mínimo vital, advirtió que: “aquellas decisiones que
rechazan, inadmiten, o declaran improcedente una acción de tutela, no puede
otorgárseles perse, la propiedad de resolver un conflicto de fondo, como quiera
que apenas tratan aspectos procedimentales que no desarrollan el conflicto
sobre derechos fundamentales que propone cada acción”.
[10] T-1104-2008
[11]
Folio 203, copia del fallo proferido el 18 de septiembre de 2014, por el Juez
Séptimo Administrativo Oral de Villavicencio. La sentencia se encuentra en la
carpeta contentiva de la historia laboral del actor, enviada por la UGPP. La
presente acción de tutela fue confirmada por el Tribunal Administrativo del
Meta, y no fue seleccionada por la Corte Constitucional como consta en el auto
del 20 de febrero de 2015 proferido por la Sala de Selección de esta
Corporación.
[12]
Juez Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio, sentencia del 14 se
septiembre de 2014, confirmada por el Tribunal Administrativo del Meta.
[13]
Se allegó declaración extrajuicio del actor (folio 289 Cuaderno de la CC),
información que consta en la providencia judicial, en la que manifiesta que se
encuentra desempleado, que no cuenta con un sustento diario, y prácticamente
vive de la caridad pública. Su hijo menor le brinda una comida al día y cuenta
con 75 años de edad.
[14]
75 años. (folio8)
[15] La
carencia actual de objeto por hecho superado, se da cuando en el entre tanto de
la interposición de la demanda de tutela y el momento del fallo del juez de
amparo, se repara la amenaza o vulneración del derecho cuya protección se ha
solicitado. En dicho sentido, no es perentorio para los jueces de instancia,
aunque sí para Corte en sede de Revisión[6], incluir en la argumentación
de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales
planteada en la demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que
la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado,
incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de
la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la
inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo
considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la
providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes
del momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado.
Ahora
bien, la carencia de objeto por daño consumado supone que no se reparó la
vulneración del derecho, sino por el contrario, a raíz de su falta de garantía
se ha ocasionado el daño que se buscaba evitar con la orden del juez de tutela.
En estos casos resulta perentorio que el juez de amparo, tanto de instancia
como en sede de Revisión, se pronuncie sobre la vulneración de los derechos
invocados en la demanda, y sobre el alcance de los mismos. Igualmente, debe
informar al demandante o a los familiares de éste, sobre las acciones jurídicas
de toda índole, a las que puede acudir para la reparación del daño, así como
disponer la orden consistente en compulsar copias del expediente a las
autoridades que considere obligadas a investigar la conducta de los demandados
cuya acción u omisión causó el mencionado daño.[7]
[16] Ver entre otras las sentencias T-495 de 2001, T-692 A de
2007, T- 178 de 2008, T- 975 A de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[17] Ver sentencia T-495 de
2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[18] Nació el 7 de abril de 1939 folio 8.
[19] Petición radicado 2013-514-277725-2, el 17 de octubre (folio 44).
[20] Folios 40 y 44.
[21] Sentencia del 31 de agosto de 2013 (folio 10).
[22] Folio 21.
[23]
La sentencia proferida  por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de
Villavicencio decide una nueva  acción de tutela promovida por el actor contra
la “U.G.P.P”, el 4 de septiembre de 2014,  radicado 500013333007-20140040000,
fue confirmada  por el Tribunal Administrativo del Meta. (información
corroborada en el sistema de consulta de procesos de la página web de la rama
judicial).Obran a folios Folios 203, 211-212, y 270 Cuaderno de la Corte
Constitucional copia de las notificaciones y fallo de primera instancia.
[24] Folios 372-380 vuelta. El Magistrado Sustanciador se comunicó
telefónicamente con el actor quien manifestó haber recibido dicha suma.