T-616-19
Sentencia T-616/19
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Se reconoció pensión de invalidez
Referencia: expediente T-7.294.150
Acción de tutela interpuesta por José
Mercedario Montoya Urán contra la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil
diecinueve (2019)
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los magistrados Antonio
José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
A.
LA DEMANDA DE TUTELA[1]
1. El
señor José Mercedario Montoya Urán solicitó que se tutelaran sus derechos a la vida
en condiciones dignas, de petición y a la seguridad social, ordenando a la Administradora
Colombiana de Pensiones (en adelante “Colpensiones”), “RECONOCER Y
PAGAR de manera transitoria la pensión de invalidez a que tengo
derecho, por reunir los requisitos requeridos para acceder a la misma […] mientras
se inicia el proceso de interdicción judicial para obtener el pago del
retroactivo pensional y reconocimiento definitivo”[2].
El accionante expresamente refiere que solicita la protección de sus derechos
fundamentales de manera transitoria, como medio para “evitar un perjuicio
irremediable”[3].
B.
HECHOS RELEVANTES
2. El señor José Mercedario Montoya Urán nació el 6 de enero
de 1940; en la actualidad cuenta con 79 años de edad[4].
3. El 22 de noviembre de 2014, el señor Montoya Urán habría
sufrido un “accidente cerebrovascular por t[rauma] e[ncéfalo] c[raneano]
severo”[5].
4. Mediante dictamen de fecha 11 de abril de 2016, Colpensiones
determinó que el accionante presentaba una pérdida de la capacidad laboral del 53.6%
por enfermedad y riesgo de origen común, con fecha de estructuración el 19 de
febrero de 2016[6].
Como sustento de ello, expuso que el accionante presentaba “secuelas de T[rauma]
E[ncéfalo] C[raneano] severo, sin posibilidad de reintegro laboral”[7].
Así mismo, determinó que el accionante requiere de la ayuda de terceras
personas para la toma de decisiones[8].
Este dictamen, fue apelado por el señor Montoya Urán, al presentar
inconformidad con la fecha de estructuración señalada.
5. Mediante dictamen del 11 de enero de 2017[9],
la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Quindío determinó que la fecha
de estructuración de la invalidez del ciudadano Montoya Urán debía ser la fecha
en la que ocurrió el accidente cerebrovascular que lo incapacitó, es decir, el
22 de noviembre de 2014.
6. El 17 de febrero de 2017, el señor Montoya Urán solicitó
el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez ante la accionada,
solicitud que se identificó con el radicado 2017-1754917[10].
7. Mediante resolución identificada con el número SUB-48606
del 28 de abril de 2017, Colpensiones decidió reconocer la pensión solicitada, determinando
como valor de la mesada $737,717 para el año 2017. Sin embargo, dejó en suspenso
el ingreso del accionante a la nómina de pensionados, al considerar que:
a.
Mediante un procedimiento administrativo interno se consultó a la
Gerencia de Medicina Laboral, para que informara si la enfermedad del actor se
debía catalogar como “congénita catastrófica o degenerativa […] así
mismo si requiere de ayuda de terceros para la toma de decisiones”[11].
b.
Sin mediar examen alguno al solicitante, la Gerencia requerida conceptuó
que “verificado el contenido del dictamen anexo, encuentro que presenta una
invalidez generada por una enfermedad catastrófica y requiere de terceras
personas para que decidan por el (sic)”[12].
c.
Por lo anterior, la entidad accionada consideró que debía darse
aplicación a lo dispuesto en los artículos 52, 88 y 89 de la Ley 1306 de 2009[13],
que se refieren a la figura del curador para las personas con discapacidad
mental absoluta, su forma y representación.
d.
Mediante radicado No. 2017-2384696, se requirió al accionante para que “aportara
los referidos documentos”[14]
(sin indicar cuáles).
e.
En vista de que el señor Montoya Urán no aportó lo solicitado, se
determinó que la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez
resultaba incompleta, por lo que procedía la aplicación del artículo 17 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en
adelante “CPACA”)[15],
en virtud del cual la autoridad peticionada se encuentra facultada para
decretar el desistimiento y archivo del expediente.
f.
Corolario de lo expuesto, se argumentó que “[S]e hace necesario que
se allegue en debida forma la siguiente documentación, la cual no se evidencia
dentro del expediente administrativo:
·
Sentencia debidamente ejecutoriada proferida por autoridad
competente, mediante la cual se declare la interdicción de MONTOYA URAN JOSE
MERCEDARIO, ya identificado, en virtud al (sic) por retardo mental que
padece y, en consecuencia se designe al curador legal.
·
Registro civil de nacimiento de MONTOYA URAN JOSE MERCEDARIO,
con la inscripción de la sentencia mediante la cual se declare interdicto y la
designación del curador.
·
Acta de aceptación y posesión del cargo de curadores
(sic)”[16].
g.
Como fundamento de ello, expuso que los documentos solicitados resultan
“indispensable[s] para el pago de la prestación”[17],
por lo que “[d]ebe dejarse en suspenso la pensión de invalidez”[18].
h.
Por último, se reconoció “personería al(a) Doctor(a) CORTES HENAO
DIEGO FERNANDO, identificado con CC número 10,141,036 y con T.P. NO. 181373 del
Consejo Superior de la Judicatura”[19].
8. El 1º de noviembre de 2017, el ciudadano Montoya Urán
solicitó a Colpensiones “nuevo estudio tendiente a obtener reconocimiento y
pago de pensión invalidez (sic)”, obteniendo para el efecto el radicado
No. 2017-11603277.
9. Mediante Resolución SUB-259731 del 17 de noviembre de
2017, Colpensiones respondió la solicitud reiterando su decisión de suspender la
inclusión en nómina del actor. En dicha ocasión, señaló que:
a.
Mediante radicado interno No. 2017_3915375 se consultó al área de
medicina laboral – información de enfermedades congénitas, catastróficas,
degenerativas/progresivas, “para que informara si se trataba de una
enfermedad que estaba catalogada como enfermedad congénita catastrófica o
degenerativa según el dictamen, así mismo si el solicitante requería ayuda de
terceros para la toma de decisiones, a lo (sic) se señaló: ||
‘Verificado el contenido del dictamen anexo, encuentro que presenta una
invalidez generada por una enfermedad catastrófica y requiere de terceras
personas para que decidan por el (sic)”[20].
b.
Que en la sustentación del dictamen de pérdida de la capacidad laboral
del 11 de abril de 2016, elaborado por Colpensiones, se señaló expresamente que
el accionante “REQUIERE DE TERCERAS PERSONAS PARA LA TOMA DE DECSIONES
– SI”[21]
(subrayas y negrita de Colpensiones).
c.
Que lo anterior no fue objeto de apelación ni de pronunciamiento por
parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez en su dictamen de
segunda instancia.
d.
Que de conformidad con los artículos 52, 88 y 89 de la Ley 1306 de 2009
(ver supra, numeral 7, literal c) “será necesario que se allegue
sentencia y acta de posesión de quien sea designado como curador del señor
MONTOYA URAN JOSE MERCEDARIO, para proceder a la inclusión en nómina de
pensionados”[22].
e.
Se reafirmó el reconocimiento de personería jurídica al señor Diego
Fernando Cortés Henao, como apoderado del solicitante.
10.
La Resolución SUB-259731 del 17 de noviembre de 2017 fue notificada por aviso el
6 de marzo de 2018[23].
11. El accionante manifestó que no cuenta con los recursos
económicos para costear un proceso de interdicción, en especial para la
obtención de los conceptos de psiquiatría necesarios para el efecto. A pesar de
esto, señaló que “si bien sigo vinculado laboralmente, dicha vinculación
únicamente me representa tener el servicio de salud, porque ya no se me
cancelan incapacidades y no me puedo reintegrar laboralmente”[24].
Como soporte de ello, anexó una certificación expedida por Cafesalud EPS, en la
que se deja constancia de que dicha entidad pagó las incapacidades a nombre del
actor hasta el día 23 de agosto de 2016, y a partir del día siguiente “la
incapacidad superior a 180 días a cargo de la AFP”[25].
12. Motivo de lo anterior, solicitó que se tutelen sus
derechos fundamentales “a la vida, la dignidad humana, el derecho de
petición, el mínimo vital, la seguridad social y la protección de las personas
con extrema debilidad manifiesta”[26]
y que, como consecuencia de ello, se ordene el “reconocimiento” y pago
transitorio de su pensión, mientras se inicia el proceso de interdicción
judicial ante la jurisdicción ordinaria para obtener el pago del retroactivo
pensional y “reconocimiento definitivo”.
C.
RESPUESTA DE LAS ENTIDADES
ACCIONADAS O VINCULADAS AL TRÁMITE
Colpensiones[27]
13. La entidad accionada sostuvo que se desconoce el
carácter subsidiario de la acción de tutela cuando el asunto planteado
corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral, concretamente, en lo que
concierne a “controversias referentes al sistema de seguridad social
integral, que se susciten entre los afiliados […] y las entidades
administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación
jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan”[28].
14.
En este sentido, expuso que en relación con el trámite de reconocimiento de la pensión
del accionante, expidió las resoluciones SUB-48606 y SUB-259731 (ver supra,
numerales 7 y 9). Respecto de las cuales, si existiera discrepancia sobre lo
decidido, el accionante debía agotar los mecanismos judiciales ordinarios,
antes de acudir a la acción de tutela.
15.
En los anteriores términos, solicitó que se declarara improcedente el amparo en
el asunto de la referencia.
D.
DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE
REVISIÓN
Sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Armenia, Quindío, el dieciocho (18) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)[29]
16.  El juez de primera instancia “declaró improcedente”
el amparo solicitado.
17.
En primer lugar, estableció como problema jurídico a resolver, el siguiente: “¿Se
ha vulnerado por parte de la accionada, los derechos fundamentales de la parte
actora a la seguridad social, debido proceso y el principio de legalidad, al no
efectuarse el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez?”[30].
18.
Al valorar las pruebas aportadas al proceso, el juez encontró que la exigencia
de una sentencia de interdicción donde se designe un curador no implica un
desconocimiento del principio de legalidad. Explicó, que Colpensiones no ha rehusado
el pago reclamado, sino que el cumplimiento del mismo depende del aporte de una
documentación y diligenciamiento de una forma, trámite “que en momento alguno
resulta excesivo o insoportable”[31].
19.
De otro lado, resaltó el hecho de que, en la calificación de la invalidez, se
indicó que el accionante “requiere de terceras personas para la toma de
decisiones”[32],
por lo que concluyó que aquello equivalía a advertir “la necesidad de un
curador para la toma de decisiones”[33].
Consideró entonces que el dictamen constituye una “prueba idónea que
demuestra la necesidad de un curador para el tutelante”[34],
por lo cual, la carga impuesta por Colpensiones se ajustaba a lo dispuesto en
los artículos 52, 88 y 89 de la Ley 1306 de 2009 (ver supra, numeral 7 literal c).
20.
De esta manera, en criterio del juez de instancia, la imposición de este
requisito por parte de la entidad accionada no constituyó un actuar transgresor
de derechos fundamentales. Igualmente, destacó que el accionante no interpuso
recurso alguno contra la decisión de Colpensiones, notificada el 5 de marzo de
2018, y dejó transcurrir “7 meses” entre su notificación y la
interposición de la presente acción constitucional.
21. Finalmente,
señaló que, tratándose de un derecho de contenido prestacional, el promotor debía
agotar las vías jurisdiccionales ordinarias que la ley autoriza para la
consecución de los fines perseguidos, y que en caso de que éste carezca de los
recursos para asumir los gastos del proceso, podría acudir a la figura del
amparo de pobreza prevista en el artículo 151 del Código General del Proceso.
E.
ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LA
CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE REVISIÓN
22.
Mediante Auto del 30 de abril de 2019, la Sala de Selección de Tutelas Número
Cuatro decidió someter el presente asunto a revisión por parte de esta
corporación, correspondiéndole tal labor al magistrado Alejandro Linares
Cantillo, en su calidad de Magistrado Ponente de la Sala Cuarta de Revisión.
23. Una vez asumido el conocimiento sobre el expediente
para sustanciación, con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que
permitieran un mejor proveer sobre el asunto objeto de conocimiento, el Magistrado
sustanciador resolvió decretar pruebas mediante Auto del 25 de junio de 2019[35],
en el que requirió al accionante para que informara acerca de su situación
socio-económica, y a Colpensiones, para efectos de que informara sobre los
siguientes aspectos:
·
Si actualmente el accionante o algún representante suyo se
encontraba recibiendo la pensión de invalidez que le fue reconocida.
·
En qué consiste el trámite interno de consulta a la Gerencia de
Medicina Laboral para efectos de verificar el origen de la enfermedad y si el
accionante requiere ayuda en la toma de decisiones (ver supra, numeral 7 literal a), señalando si para la emisión de tal concepto se realizó una nueva
evaluación sobre el accionante, si éste tuvo oportunidad de controvertirlo, y
los fundamentos normativos de ello.
·
Señalar los fundamentos fácticos, normativos y administrativos de
que la dependencia de Gerencia de Medicina Laboral hubiere calificado como “enfermedad
catastrófica” el diagnóstico de “trauma encéfalo craneano severo”
del accionante (ver supra, numeral 7
literal b) e indicar si cualquier paciente que reciba tal calificativo por
parte de esa dependencia queda excluido automáticamente de la nómina de
pensionados.
·
Indicar los sustentos fácticos y normativos de haber calificado
la situación del accionante como “retardo mental” en la Resolución SUB-48606
de 2017 (ver supra, numeral 7 literal f)
y si ello equivale a la falta de capacidad jurídica de una persona.
·
Explicar por qué el accionante se encontraba en capacidad
jurídica de apoderar a un abogado, y no para recibir sus mesadas pensionales
(ver supra, numeral 7 literal h y numeral 9
literal e), y
·
Sustentar por qué un dictamen de capacidad laboral constituye
razón suficiente para determinar la capacidad jurídica de una persona para
recibir una mesada pensional, así como relacionar la normatividad que sirve de
sustento para exigir los documentos de la declaración de interdicción como
requisito para el acceso a nómina y pago de mesada pensional.
24.
Mediante informe remitido por la Secretaria General de la Corte, se recibieron
las siguientes respuestas al auto.
Colpensiones[36]
25.
En primer lugar, expuso que de conformidad con el concepto BZ_2018-13159936 del
17 de octubre de 2018, únicamente las personas diagnosticadas con discapacidad
mental absoluta requieren de curador provisorio para acceder a la nómina de
pensionados, y de curador definitivo, para obtener el pago del retroactivo. En
este sentido, señaló que en aquellos casos en que no se acredite claramente
que la persona padece de una discapacidad mental absoluta, resulta
inconstitucional exigirle un curador para efectos de su inclusión en nómina de
pensionados.
26. De esta manera, señaló que, sobre la situación del
accionante en particular, profirió el acto administrativo SUB-83743 del 05
de abril de 2019[37],
mediante el cual, en respuesta a una nueva solicitud radicada por el accionante
el día 7 de febrero de 2019, resolvió incluir al señor Montoya Urán en la
nómina de pensionados, tras constatar que, al interior del correspondiente
expediente administrativo, no se evidenciaba claramente que éste padeciera de
una “afectación mental absoluta”. Adicionalmente, en lo referente al
pago del retroactivo a que hubiere lugar, constató que en dicho expediente no
existía certeza sobre si hubo lugar al pago de incapacidades por parte de la
EPS Cafesalud, por lo que requirió al accionante para que presentara una nueva
solicitud, en que anexara las certificaciones correspondientes al pago de  incapacidades
para ese período en comento. Lo anterior, con el propósito de no incurrir en un
doble pago que afectara el erario público.
27. Junto con su oficio de respuesta, Colpensiones anexó certificación
de la dirección de Nómina de Pensionados, que da cuenta de la inclusión del
accionante en dicho plantel desde el mes de abril de 2019[38].
28. En oficio posterior, Colpensiones[39]
hizo un recuento de las solicitudes de reconocimiento pensional presentadas por
el accionante ante esta entidad[40]
(ver supra, numerales 6 y 8), y los actos administrativos mediante los
cuales se pronunció sobre las mismas (ver supra numerales 7
y 9), destacando, que mediante petición del 7 de febrero de 2019, se presentó
una nueva solicitud de inclusión en nómina por parte del accionante, la cual
fue resuelta favorablemente el 5 de abril de 2019 (ver supra, numeral 26).
Así mismo, hizo un recuento de la decisión de instancia objeto de análisis en este
trámite de revisión (ver supra, numeral 16)
y reiteró los argumentos según los cuales la entidad procedió a la inclusión en
nómina del accionante expuestos en su primer escrito de respuesta (ver supra,
numeral 26).
29. De lo anterior, concluyó que en el presente caso se
presenta lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado “carencia
actual de objeto por hecho superado”.
30.
Finalmente, en un último oficio de respuesta, la entidad[41]
absolvió los interrogantes relacionados con el procedimiento interno adelantado
ante la Gerencia de Medicina Laboral de Colpensiones para la expedición de las
resoluciones SUB-48606 y SUB-259731 de 2017, planteados por la Corte en el Auto
de pruebas (ver supra, numeral 23), en los siguientes términos:
31. En primer lugar, expuso que el accionante se encuentra
devengando su pensión de invalidez, según lo dispuesto en la Resolución SUB-83743
del 5 de abril de 2019 (ver supra, numeral 26).
32.
Sobre el trámite de consulta interna a la Gerencia de Medicina Laboral, con el
fin de verificar el tipo de enfermedad padecida por el accionante y si requería
de ayuda en la toma de decisiones, expuso que dicha dependencia basó su respuesta
en los dictámenes y las historias clínicas preexistentes del afiliado, más no
realizó nuevas valoraciones ni dio oportunidad de controvertir dicho concepto.
33.
Sobre la calificación de la enfermedad del accionante como “catastrófica”
señaló que el diagnóstico de “accidente cerebro vascular secundario a TEC
(trauma cráneo encefálico) severo” encuadra dentro de las características
de enfermedades de alto costo enunciadas en el numeral 4 del artículo 45 del
Acuerdo 029 de 2011 expedido por la Comisión de Regulación en Salud, esto es, “manejo
quirúrgico para enfermedades del sistema nervioso central”.
34.
Así mismo, explicó que el hecho de que una persona sea diagnosticada un con una
enfermedad catastrófica, no la excluye automáticamente de la nómina de
pensionados, pues ello sólo ocurre cuando se presenta una discapacidad
mental absoluta.
35.
Expuso, que, a pesar de la situación del accionante, procedió a reconocer
personería jurídica a su apoderado para garantizarle el acceso al Sistema
General de Seguridad en Pensiones, y de esta manera, pudiera ejercer su derecho
de representación, defensa y contradicción. Situación distinta de permitir el
acceso a los dineros de su mesada pensional, pues “por su propio bienestar,
este requiere de la ayuda de terceros en su administración, para efectos de que
estos sean utilizados de la manera más idónea”. Finalmente, sobre el
fundamento legal de la exigencia del soporte documental de nombramiento de
curador al afiliado para su inclusión en la nómina de pensionados (ver supra,
numerales 7 y 9), señaló que de conformidad con la Ley 1306 de 2009[42],
se entiende que una persona natural tiene discapacidad mental cuando “padece
limitaciones psíquicas o de comportamiento, que no le permite comprender el
alcance de sus actos o asumen riesgos excesivos o innecesarios en el manejo de
su patrimonio”. En este sentido, hizo alusión a los artículos 47, 52 y 81
de la misma norma[43],
y señaló que de conformidad con lo allí dispuesto, junto con la determinación
de la junta calificadora en el dictamen de PCL (ver supra, numerales 4
y 5) y lo conceptuado por la Gerencia de Medicina Laboral (ver supra,
numerales 7 y 9) procedía exigir la documentación en comento.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
36. Esta
Corte es competente para conocer de la presente acción de tutela de conformidad
con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución
Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así como en virtud
del Auto del 30 de abril de 2019, proferido por la Sala de Selección de Tutelas
Número Cuatro.
B.
CUESTIÓN PREVIA - PROCEDIBILIDAD
DE LA ACCIÓN DE TUTELA
37. El primer
análisis que debe realizar la Corte Constitucional al emprender la revisión de
un fallo de tutela consiste en la verificación del cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia, cuya superación es indispensable para
realizar un estudio del fondo del caso y determinar si se configura la
vulneración alegada. Para ello, deben concurrir los siguientes requisitos: que
las partes estén legitimadas para actuar en el proceso, que haya inmediatez
entre la ocurrencia de los hechos y la interposición de la acción de amparo, que
se hayan agotado los medios judiciales para la protección de los derechos
invocados antes de acudir a la tutela, a no ser que estos no existan o se esté
ante la inminencia de un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela en el caso concreto
38. Legitimación
por activa: El artículo 86 de la Constitución Política establece que “[t]oda
persona tendrá acción de tutela para reclamar […], por sí misma o por
quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales” (subrayas fuera del texto original). En desarrollo
de esta disposición, el Decreto 2591 de 1991 señala que este mecanismo de
protección se puede ejercer en nombre propio, a través de apoderado, mediante
agente oficioso, e incluso, por el Ministerio Público, a través de la
Defensoría del Pueblo y los personeros municipales.
39. En el caso
concreto, el señor José Mercedario Montoya Urán presentó la acción de tutela en
nombre propio, y es el titular de los derechos fundamentales presuntamente
conculcados, por lo que la Sala haya acreditado el requisito de legitimación en
la causa por activa.
40. Legitimación
por pasiva: De conformidad con lo
previsto en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede
ejercerse contra la autoridad pública transgresora de los derechos invocados o
su representante legal. Así mismo, el artículo 42 de dicho Decreto Estatutario
prevé que este mecanismo de defensa puede ejercerse contra particulares, en los
casos allí previstos.
41. Colpensiones,
en su calidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como
entidad financiera de carácter especial, adscrita al Ministerio del Trabajo[44],
administra las prestaciones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida,
y es quien determina, a través de su Dirección de Prestaciones Económicas, qué
ciudadanos tienen derecho, y en qué condiciones, a acceder a las mesadas
pensionales que se pagan con cargo a los recursos públicos del Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones colombiano. Por tal motivo, al gozar de la
facultad para conceder o denegar el acceso a este tipo de prestaciones que
garantizan el derecho a la seguridad social de los colombianos, y a su vez, la
vida digna o el mínimo vital en algunos casos, la entidad accionada es
susceptible de ser demandada por este medio de defensa.
42. En el
presente caso, se observa que las resoluciones SUB-48606 y SUB-259731 de 2017,
cuyo contenido es señalado como transgresor de derechos fundamentales en la
presente acción constitucional, fueron proferidas por Colpensiones. En
consecuencia, se observa que en caso de encontrarse configurada la vulneración
alegada, y de ser procedente emitir una orden relativa al restablecimiento de
los derechos del tutelante, Colpensiones sería la entidad llamada para tal
efecto.
43. Por las
razones expuestas, la Sala encuentra acreditado el requisito de legitimación en
la causa por pasiva.
44. Inmediatez: El artículo 86 de la Constitución Política establece
que la acción de tutela puede ser ejercida “en todo momento y lugar”, sin
que exista un límite temporal para su ejercicio. No obstante, la Corte
Constitucional ha establecido en diferentes pronunciamientos, que entre la
ocurrencia de los hechos presuntamente transgresores de derechos y la
interposición de la acción de amparo, debe transcurrir un plazo razonable,
que será analizado en cada caso concreto[45].
Al respecto, ha admitido que en algunos casos es aceptable que transcurra un extenso
espacio de tiempo entre la ocurrencia de los hechos y la interposición de la
acción, cuando pueda evidenciarse que la vulneración de derechos es permanente
en el tiempo, esto es, continua y actual[46].
Particularmente, en materia de prestaciones periódicas relacionadas con la
seguridad social, esta corporación ha sostenido que la negativa en su
reconocimiento genera una vulneración con vocación de actualidad,
independientemente del plazo transcurrido entre la negación del derecho y la
interposición de la acción, en la medida en que la negativa en el pago se ha
perpetuado en el tiempo[47].
45. En el
presente caso, se observa que el accionante cuestiona la decisión de la entidad
accionada de mantener en suspenso su ingreso a la nómina de pensionados, hasta
tanto no allegue la documentación requerida por Colpensiones para tal efecto.
Sobre el particular, observa la Sala que se han proferido dos actos administrativos:
(i) la Resolución SUB-48606 de abril de 2017 – sobre la cual no obra constancia
de la fecha de notificación–, y (ii) la Resolución SUB-259731 de 2017 – notificada
por aviso el día 6 de marzo del año 2018. Ahora bien, es importante señalar que
mientras el accionante se refiere al contenido de la primera resolución en su
escrito de tutela, no manifiesta tener conocimiento del contenido del segundo
acto administrativo, y se limita a señalar el número con el que fue radicado su
trámite en la entidad[48].
46. De cara a lo
anterior, la Sala considera que al tratarse del reconocimiento de una
prestación periódica cuya falta de pago seguía generando una presunta
afectación a las garantías fundamentales del accionante al momento en que fue
interpuesta la tutela, en la medida en que seguía sin recibir, mes a mes y
desde el momento en que se decidió la abstención de su inclusión en nómina, el
pago de su mesada pensional, se da por satisfecho el requisito de inmediatez.
47. Subsidiariedad:
El artículo 86 de la Constitución Política, interpretado en reiterada
jurisprudencia constitucional[49],
y desarrollado en los artículos 6 y 8 del Decreto 2591 de 1991, establece que
la acción de tutela tiene un carácter subsidiario, razón por la cual sólo
procede como mecanismo de protección definitivo (i) cuando el presunto afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, o (ii) cuando existiendo, ese
medio carece de idoneidad y eficacia para proteger de forma adecuada los
derechos fundamentales, de acuerdo con las circunstancias de cada caso. Así
mismo, procede como mecanismo de protección transitorio, cuando, a pesar de la
existencia de un medio judicial idóneo para la defensa de los derechos
invocados, se ejerce para evitar un perjuicio irremediable.
48. En este sentido,
la jurisprudencia ha descartado “la
utilización de la tutela como vía preferente para el restablecimiento de los
derechos”[50] y ha
reconocido que tal calidad “obliga a los asociados a incoar los recursos
ordinarios con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva de
sus derechos y que impide el uso indebido de la acción como vía preferente o
instancia adicional de protección”[51].
49. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha
advertido que, el análisis de este requisito debe realizarse de forma flexible
cuando se está ante determinadas personas que, por sus condiciones físicas,
psíquicas, sociales o económicas, son considerados sujetos de especial
protección constitucional[52],
y entre ellos, ha clasificado a las personas que por motivo de su edad o estado
de salud, se encuentran en un estado de debilidad manifiesta frente a los demás
miembros de la sociedad[53].
De esta manera, ha explicado que la edad se torna en un criterio relevante para
analizar la eficacia de los mecanismos ordinarios de defensa, en tanto exigir
el agotamiento de la vía ordinaria a personas de la tercera edad, es un proceso
que puede no tener resultado, pues “debido al desgaste fisiológico propio
del paso de los años, es posible que la persona fallezca antes de que el
proceso concluya con una decisión”[54].
50. En el caso concreto, se observa que la acción de
tutela es presentada por el señor José Mercedario Montoya Urán, quien cuenta
con 79 años de edad y una PCL del 53.6% sustentada en “secuelas de trauma
encéfalo craneano severo (...) sin posibilidades de reintegro laboral” (ver
supra, numeral 4), producto de
la cual, además, se determinó que “requiere de terceras personas para la
toma de decisiones” (Ibíd.) y quien afirma, que al momento de la
interposición del amparo, “ya no le cancelaban las incapacidades”,
afirmación que se corresponde con la certificación aportada con la demanda, en
la cual la EPS Cafesalud certificó que cubrió el pago de dichas prestaciones
hasta el día 23 de agosto de 2016 (ver supra, numeral 11).
51. Lo anterior, aunado al hecho de que el accionante manifestó
no devengar ingresos al momento de la interposición del amparo, y a su
razonable dificultad de incorporarse al mercado laboral debido a su edad y
grado certificado de incapacidad, lleva a la conclusión de que, en efecto, la
acción de tutela procede en este caso como mecanismo de protección transitorio
mientras se inician los procesos ordinarios pertinentes, para efectos de lo
cual, el accionante puede acudir a la figura del amparo de pobreza, previsto en
el artículo 151 del Estatuto Procesal vigente[55].
C.
PROBLEMA JURIDICO, MÉTODO Y
ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
52. De conformidad
con lo hasta aquí expuesto, corresponde a la Sala de Revisión determinar si
Colpensiones vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, vida
digna y mínimo vital del accionante con su negativa de incluirlo en nómina de
pensionados, bajo el argumento de que éste primero debía allegar la
documentación correspondiente a su declaratoria de interdicción, junto con la
posesión de un curador y constancia de inscripción, en virtud de los conceptos
emitidos por la Junta de Calificación de Invalidez y la Gerencia de Medicina
Laboral de la misma entidad.
53. Para efectos de absolver el interrogante planteado, la
Sala abordará los siguientes temas: (i) la pensión de invalidez en el
ordenamiento jurídico colombiano y los requisitos para acceder a ella; (ii) el concepto
de discapacidad mental absoluta, cuándo hay lugar a ella y su relación con los
requisitos de acceso a la pensión de invalidez; (iii) obligación de las
entidades administradoras del Sistema General de Seguridad Social de no imponer
trabas injustificadas en el acceso al reconocimiento y goce efectivo de las
prestaciones a su cargo; (iv) protección especial al adulto mayor en el
ordenamiento constitucional colombiano; y (v) resolución del caso concreto.
54. No obstante lo
anterior, de conformidad con las pruebas allegadas en sede de revisión, la
entidad accionada puso en conocimiento de la Sala que (i) ordenó la inclusión
del accionante en la nómina de pensionados mediante acto administrativo
debidamente motivado (ver supra, numerales 26,
29 y 31); (ii) anexó copia de dicho acto administrativo, mediante el cual se
accedió integralmente a la pretensión planteada en el escrito de tutela; y
(iii) allegó certificación de su Dirección de Nómina de Pensionados, que da
cuenta de la inclusión del accionante en dicho plantel desde el mes de abril de
2019 (ver supra, numeral 27).
55. Por lo expuesto,
antes de absolver el problema jurídico planteado, la Sala entrará a estudiar la
figura de la carencia actual de objeto en la jurisprudencia constitucional, sus
modalidades y desarrollo, así como a determinar si se configuró dicho fenómeno
en el presente caso.
D.
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO –
MODALIDADES. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA[56]
56. Durante el trámite de la acción de
tutela, hasta antes de que se profiera sentencia, pueden presentarse tres
situaciones: (i) que los hechos que dieron origen a la acción persistan,
y el asunto amerite emitir un pronunciamiento de fondo, porque se encuentran
satisfechos los requisitos generales de procedencia y 1. puede evidenciarse la
configuración de la vulneración alegada, caso en el cual es procedente amparar
los derechos invocados, o 2. no pudo comprobarse la afectación de un derecho
fundamental, y debe negarse la protección deprecada; (ii) que persistan
los hechos que dieron origen al amparo, pero el caso no cumpla los requisitos
generales de procedencia, caso en el cual debe declararse improcedente la
acción de tutela; o (iii) que ocurra una variación sustancial en los
hechos, de tal forma que desaparezca el objeto jurídico del litigio, porque
fueron satisfechas las pretensiones, ocurrió el daño que se pretendía evitar, o
se perdió el interés en su prosperidad. Los escenarios descritos en este último
evento, han sido conocidos en la jurisprudencia como el hecho superado, daño
consumado y situación sobreviniente, y son las modalidades en las
que puede darse la carencia actual de objeto.
57. Al respecto,
este tribunal ha reconocido que antes de emitir un pronunciamiento de fondo en
el marco de un proceso de tutela, pueden presentarse ciertas circunstancias
que, por encajar en alguna de las hipótesis antes mencionadas, hacen
desaparecer el objeto jurídico de la acción, de tal forma que cualquier orden
que pudiera emitirse al respecto “caería en el vacío” o “no tendría
efecto alguno”[57].
58. La primera modalidad, conocida como el hecho
superado, se encuentra regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991[58], y consiste en que, entre la interposición de la acción de tutela,
y el momento en que el juez va a proferir el fallo, se satisfacen íntegramente
las pretensiones planteadas, por hechos atribuibles a la entidad accionada. De
esta forma, pronunciarse sobre lo solicitado carecería de sentido, por cuanto
no podría ordenarse a la entidad accionada a hacer lo que ya hizo, o abstenerse
de realizar la conducta que ya cesó, por su propia voluntad. En este caso, el
juez no debe emitir un pronunciamiento de fondo, ni realizar un análisis sobre
la vulneración de los derechos, pero ello no obsta para que, de considerarlo
necesario, pueda realizar un llamado de atención a la parte concernida por la
falta de conformidad constitucional de su conducta, conminarla a su no
repetición o condenar su ocurrencia[59].
59. De esta manera, para que se configure la
carencia actual de objeto por hecho superado, deben acreditarse tres
requisitos, a saber: (i) que ocurra una variación en los hechos que originaron
la acción; (ii) que dicha variación implique una satisfacción íntegra de las
pretensiones de la demanda; y (iii) que ello se deba a una conducta asumida por
la parte demandada, de tal forma que pueda afirmarse que la vulneración cesó,
por un hecho imputable a su voluntad. Así, esta Corte ha procedido a declarar la
existencia de un hecho superado, por ejemplo, en casos en los que las
entidades accionadas han reconocido las prestaciones solicitadas[60], el suministro de los servicios en salud requeridos[61], o dado trámite a las solicitudes formuladas[62], antes de que el juez constitucional o alguna otra autoridad emitiera
una orden en uno u otro sentido.
60. Por su parte, el daño consumado
se configura cuando, entre el momento de incoarse la acción de tutela y el
pronunciamiento por parte del juez, ocurre el daño que se pretendía evitar. De
esta manera, cualquier orden que pudiera dar el juez sobre las pretensiones
planteadas, también “caería en el vacío”, por cuanto el objeto mismo de
la tutela, que es lograr la protección inmediata y actual de los derechos
fundamentales, ya no podría materializarse debido a la consumación del
perjuicio que pretendía evitarse.
61. Sobre este escenario, la Corte ha
precisado que al no ser posible hacer cesar la vulneración, ni impedir que se
concrete el peligro, lo único que procede es el resarcimiento del daño causado,
no siendo la tutela, en principio[63], el medio adecuado para obtener dicha reparación[64]. De esta manera, se ha procedido a la declaratoria del daño
consumado, por ejemplo, en casos en los que tras la muerte del
peticionario, no es posible restablecer la vulneración del derecho a la salud
de que este fue objeto[65], o se comprobó la dilación injustificada en resolver de forma
oportuna las solicitudes de servicios en salud por él planteadas[66].
62. Así, para que se configure el fenómeno
del daño consumado, debe acreditarse que (i) ocurra una variación en los hechos
que originaron la acción; (ii) que la misma derive en una afectación al
peticionario; (iii) que esa afectación sea resultado de la acción u omisión
atribuible a la parte accionada que motivó la interposición de la acción; y
(iv) que, como consecuencia de ello, ya no sea posible al juez acceder a lo
solicitado.
63. Finalmente, la situación
sobreviniente se configura en aquellos casos en los que, entre la
interposición de la acción y el momento del fallo, ocurre una variación en los
hechos, de tal forma que (i) el accionante asumió una carga que no debía
asumir; (ii) a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado del
proceso; o (iii) las pretensiones son imposibles de llevar a cabo[67]. En este escenario, a diferencia del hecho superado, la
presunta vulneración de los derechos no cesa por una actuación desplegada por
la entidad accionada, sino por circunstancias ajenas a su voluntad.
64. La Corte ha aplicado esta figura, por
ejemplo, en aquellos casos en los que ya no es posible acceder a lo solicitado,
porque (i) la vulneración cesó en cumplimiento de una orden judicial[68]; (ii) la situación del accionante mutó, de tal forma que ya no
requiere lo que había solicitado inicialmente[69]; y (iii) se reconoció a favor del demandante un derecho, que hizo
que perdiera el interés en el reconocimiento de lo que solicitaba en la tutela[70]. En todos estos casos, esta corporación concluyó que las
situaciones de los accionantes no encajaban en el supuesto de hecho superado,
ni daño consumado, toda vez que aquellos ya habían perdido cualquier
interés en la prosperidad de sus pretensiones, pero por hechos que no podían
atribuirse al obrar volitivo de las entidades demandadas.
65. Así, para que se configure la situación
sobreviniente, es necesario que (i) ocurra una variación en los hechos que
originaron la acción; (ii) que dicha variación implique la pérdida de interés
del accionante en que se acceda a sus pretensiones, o que estas no se puedan
llevar a cabo; y (iii) que la alteración en los hechos no sea atribuible a una
conducta asumida por la parte accionada.
66. De conformidad con lo expuesto, en caso
de que, al momento de proferir el fallo, el juez observe una variación en los
hechos que implique la configuración de alguno de los escenarios anteriores,
corresponde a este declarar la carencia actual de objeto, ya que cualquier
orden que pudiera impartirse sobre lo solicitado sería “inocua” o “caería
en el vacío”.
E.
SOLUCIÓN AL CASO CONCRETO
67. En el presente caso, el accionante expuso
que Colpensiones vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida
digna y a la seguridad social, al negarse a incluirlo en la nómina de
pensionados bajo el argumento de que, en virtud de los conceptos de la Junta de
Calificación de Invalidez y la Gerencia de Medicina Laboral de dicha entidad, según
los cuales “requiere de la ayuda de terceros en la toma de decisiones”, éste
debía allegar una sentencia en que se le declarara interdicto y se le designara
un curador, esto, para efectos de proceder con el pago de su pensión. Frente a
lo anterior, el tutelante afirmó carecer de los recursos necesarios para
iniciar dicho proceso judicial, y no contar con ingresos económicos al momento
de la interposición de la acción constitucional (ver supra numeral 11). Por ello, solicitó la intervención
transitoria del juez de tutela, para efectos de que ordenara su inclusión en la
nómina de pensionados de la entidad, mientras iniciaba el proceso de
interdicción, obtenía el pago del retroactivo y el reconocimiento definitivo de
la prestación (ver supra, numeral 12).
68. Frente a los hechos planteados en la
acción constitucional, la entidad demandada solicitó la declaración de
improcedencia del amparo, al considerar que el accionante debía agotar los
medios ordinarios de defensa a su disposición, por tratarse de una controversia
relativa Sistema General de Seguridad Social (ver supra, numeral 13).
69. No obstante lo anterior, de conformidad
con las pruebas allegadas en sede de revisión, la Sala pudo constatar que el
accionante goza actualmente del pago de su pensión (ver supra,
numerales 26, 27, 29 y 31), motivo por el cual, puede afirmarse que en efecto,
la pretensión planteada en la acción de tutela fue satisfecha en su integridad
y de forma definitiva. Ocurriendo así, una variación sustancial en los hechos
que conlleva la configuración de una carencia actual de objeto, en la
modalidad de hecho superado.
70. En efecto, y de conformidad con lo expuesto en la Sección
II.D de esta sentencia, la carencia actual de objeto por hecho superado se
configura cuando (i) ocurre una variación en los hechos que originaron la
acción; (ii) dicha variación implicó la satisfacción íntegra de las
pretensiones de la demanda; y (iii) tal situación se debió al obrar de la
entidad accionada, quien voluntariamente cesó en la vulneración alegada.
71. De lo anterior, y de cara al caso
concreto, se concluye que: (i) la expedición del acto administrativo SUB-83743
de 2019, que dispuso la inclusión en nómina del accionante, de forma
definitiva, constituye una variación sustancial en los hechos, toda vez que la
negativa en el pago fue lo que originó la presente solicitud; (ii) la
pretensión relativa al pago efectivo de la prestación como mecanismo
transitorio mientras se iniciaban las acciones judiciales pertinentes, fue
satisfecha de forma permanente; incluso, la entidad accionada le indicó a la tutelante
los pasos a seguir para obtener el pago del retroactivo a que hubiere lugar,
situación que éste pensaba dirimir mediante las acciones judiciales ordinarias;
y (iii) la expedición del acto administrativo SUB-83743 se dio en respuesta a
una solicitud elevada por el accionante el día 7 de febrero de 2019, en la
cual, dicha entidad se encontraba en libertad de resolver de forma positiva o
negativa, argumentando su decisión en uno u otro sentido; no obstante, resolvió
reconocer el pago efectivo de la prestación, y ello implicó el cese en la presunta
vulneración.
72. En virtud de lo expuesto, y al haber
desaparecido la causa que originó el reclamo constitucional del señor Montoya
Urán contra Colpensiones, la Sala procederá a declarar la carencia actual de
objeto, por hecho superado, en la acción de tutela de la referencia.
F.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
73. El señor José Mercedario Montoya Urán solicitó que se
ordenara a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones – su
inclusión en la nómina y el pago de la pensión de invalidez que fuera
reconocida a su favor mediante Resolución SUB-48606 de 2017; toda vez que la
abstención en el pago de dicha prestación vulneraba sus derechos a la seguridad
social, vida digna y mínimo vital.
74. Como resultado de las sub-reglas
contenidas en la Sección II.D de esta sentencia, la Sala explicó que de
conformidad con lo previsto en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 y la
jurisprudencia de esta corporación, se configura la carencia actual de objeto
por hecho superado cuando (i) ocurre una variación en los hechos que
originaron la acción; (ii) dicha variación implicó la satisfacción íntegra de
las pretensiones de la demanda; y (iii) tal situación se debió al obrar de la
entidad accionada, quien voluntariamente cesó en la vulneración alegada. Lo
anterior, conllevando que cualquier orden que emita el juez sobre la
controversia planteada sea “inocua” o “caiga en el vacío”.
75. Para el caso concreto, la Sala constató que
(i) mediante acto administrativo SUB-83743 de 2019 Colpensiones dispuso el
ingreso en nómina de pensionados del accionante por concepto de su pensión de
invalidez; (ii) una vez verificado lo anterior, la pretensión planteada como
mecanismo de protección transitorio en la acción de tutela fue satisfecha de
forma definitiva; y (iii) tal determinación fue adoptada de forma autónoma por
Colpensiones, sin la necesidad de intervención de terceros que le ordenaran el
pago de las sumas pretendidas a favor del accionante.
76. En consecuencia, la Sala resolvió declarar la carencia
actual de objeto, por hecho superado, en la acción de tutela de la referencia.
III.      DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- DECLARAR la
carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela interpuesta
por el señor José Mercedario Montoya Urán contra la Administradora Colombiana
de Pensiones – Colpensiones –, de conformidad con las consideraciones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Acción de tutela interpuesta el cuatro (4) de septiembre de
dos mil dieciocho (2018).
[2] Cuaderno principal, fl. 33.
[3] Ibíd.
[4] Cuaderno principal, fl. 2.
[5] Cuaderno principal, fl. 9. Dictamen de la Junta regional de
Calificación de Invalidez del Quindío.
[6] Cuaderno principal, fls. 4-7.
[7] Ibíd.
[8] Ibíd.
[9] Cuaderno principal, fls. 8-11.
[10] Cuaderno principal, fl. 22.
[11] Cuaderno principal, fl. 24 reverso.
[12] Ibíd.
[13] Ley 1306/2009:
-
Art. 52: “Curador de la persona
con discapacidad mental absoluta. A
la persona con discapacidad mental absoluta mayor de edad no sometido a patria
potestad se le nombrará un curador, persona natural, que tendrá a su cargo el
cuidado de la persona y la administración de sus bienes. || El curador es
único, pero podrá tener suplentes designados por el testador o por el Juez. ||
Las personas que ejercen el cargo de curador, los consejeros y los
administradores fiduciarios de que trata el presente Capítulo, se denominan
generalmente guardadores y la persona sobre la cual recae se denomina, en
general, pupilo”.
-
Art. 88: “Representación de la
persona con discapacidad mental absoluta y el menor. El curador representará al pupilo en todos los actos
judiciales y extrajudiciales que le conciernan, con las excepciones de ley. ||
Las acciones civiles contra personas con discapacidad mental absoluta y menores
deberán dirigirse contra el curador, para que lo represente en la litis. No
será necesaria autorización del curador para proceder penalmente contra los
pupilos, pero en todo caso el guardador deberá ser citado para que suministre
los auxilios que se requieran para la defensa”.
-
Art. 89: “Forma de la
representación. El curador
realizará todas las actuaciones que se requieran en representación del pupilo,
debiendo expresar esta circunstancia en el documento en que conste el acto o
contrato, so pena de que, omitida esta expresión, se repute ejecutado en
representación del pupilo si le fuere útil y no de otro modo. || En los casos
previstos en la ley, podrá el guardador sanear las actuaciones realizadas
directamente por el pupilo.|| Parágrafo. La representación de los
impúberes y menores adultos será la prevista en este artículo. Con todo, el
guardador del menor adulto podrá facultar al pupilo para realizar actuaciones
directas y en tal caso, se aplicarán las reglas de que trata el artículo
siguiente”.
[14] Cuaderno principal, fl. 25.
[15] CPACA, Art. 17: “PETICIONES INCOMPLETAS Y
DESISTIMIENTO TÁCITO. En virtud del principio de eficacia,
cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que
el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para
adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse
a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a
la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.
|| A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o
informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. || Se
entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación
cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo
concedido solicite prórroga hasta por un término igual. || Vencidos los
términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido
el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del
expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará
personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin
perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el
lleno de los requisitos legales”.
[16] Cuaderno principal, fl. 25 – reverso.
[17] Ibíd.
[18] Ibíd.
[19] Ibíd.
[20] Cuaderno principal, fl. 64.
[21] Ibíd.
[22] Cuaderno principal, fl. 65.
[23] Cuaderno principal, fls.  45, 67. La guía de correo en la
que consta la entrega de la comunicación data del cinco (5) de marzo de dos mil
dieciocho (2018) (Cuaderno principal, fl. 68) y de conformidad con lo previsto
en el artículo 69 del CPACA, la notificación se considera surtida al finalizar
el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.
[24] Cuaderno principal, fls. 30-31.
[25] Cuaderno principal, fl. 27.
[26] Cuaderno principal, fl 33.
[27] Actuando a través del Gerente de Defensa Judicial de la
entidad. En el escrito de contestación se especificó que la capacidad para
representar judicialmente a la entidad se verificaba en el artículo 4.4.3 del
Acuerdo 131 del 26/04/2018(https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/acuerdo_colpensiones_0131_2018.htm).Sin
embargo, junto con el escrito de respuesta no fueron allegados los actos
administrativos de posesión de dicho funcionario en el cargo de Gerente de
Defensa Judicial. Esta situación, constituye causal de nulidad procesal en los
términos del artículo 133.4 del Código General del Proceso. Sin embargo, es
saneable en los términos del artículo 136 de dicho Estatuto.
[28] Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, Art.
2.
[29] Cuaderno principal, fls. 69-71.
[30] Cuaderno principal, fl. 69 - reverso.
[31] Cuaderno principal, fl. 70 – reverso.
[32] Ibíd.
[33] Ibíd.
[34] Ibíd.
[35] Cuaderno de revisión, fls 30 – 32.
[36] Actuando a través de su Dirección de Acciones Constitucionales.
En el escrito de contestación se especificó que la capacidad para representar
judicialmente a la entidad se verificaba en el inciso 2 del memorando GTH-1204
del 10 de junio de 2019, “Por medio del cual se asignan las funciones de
director”. Sin embargo, junto con el escrito de respuesta no fueron
allegados los actos administrativos de posesión de dicho funcionario en el
cargo de Director de Acciones Constitucionales. Esta situación, constituye
causal de nulidad procesal, en los términos del artículo 133.4 del Código
General del Proceso. Sin embargo, es saneable en los términos del artículo 136
de dicho Estatuto.
[37] Acto allegado junto con el oficio de respuesta, fls. 59 –
66.
[38] Cuaderno de revisión, fl. 42.
[39] Actuando a través de su Gerente Asignado de Defensa
Judicial. Cuaderno de revisión - fls. 69 – 72. En el escrito de contestación se
especificó que la capacidad para representar judicialmente a la entidad se
verificaba en el memorando GTH-1203 del 10 de junio de 2019. Sin embargo, junto
con el escrito de respuesta no fueron allegados los actos administrativos de
posesión de dicho funcionario en el cargo de Gerente Asignado de Defensa
Judicial o el memorando referido. Esta situación, constituye causal de nulidad
procesal, en los términos del artículo 133.4 del Código General del Proceso.
Sin embargo, es saneable en los términos del artículo 136 de dicho Estatuto
Procesal.
[40] Cuaderno de revisión, fl 72.
[41] Actuando a través de su Dirección de Acciones Constitucionales.
En el escrito de contestación se especificó que la capacidad para representar
judicialmente a la entidad se verificaba en el inciso 2 del memorando GTH-1204
del 10 de junio de 2019, “Por medio del cual se asignan las funciones de
director”. Sin embargo, junto con el escrito de respuesta no fueron
allegados los actos administrativos de posesión de dicho funcionario en el
cargo de Director de Acciones Constitucionales. Esta situación, constituye
causal de nulidad procesal, en los términos del artículo 133.4 del Código
General del Proceso. Sin embargo, es saneable en los términos del artículo 136
de dicho Estatuto.
[42] Artículo 2º.
[43] Ley 1306 de 2009:
-
Art. 47: Las decisiones de interdicción o inhabilitación y el
levantamiento de las medidas se harán constar en el folio de nacimiento del
registro del estado civil del afectado (…)
-
Art. 52: A la persona con discapacidad mental absoluta mayor de edad
no sometido a patria potestad se le nombrará un curador, persona natural, que
tendrá a su cargo el cuidado de la persona y la administración de sus bienes
(…)
-
Art. 81: Para asumir el cargo de curador se requiere (…) la posesión
del guardador ante el juez (…).
[44] Ver Decreto 4121 de 2011 y Acuerdo 106 de 2017, proferido por la
junta directiva de Colpensiones.
[45] Corte Constitucional, entre otras, sentencias T–060 de 2019, T–291
de 2017, T–060 de 2016, T-246 de 2015, SU-189 de 2012, T–290 de 2011, T–792 de
2009 y SU–961 de 1999.
[46] Corte Constitucional, sentencias T–835 de 2014 y T–060 de 2016.
[47] Corte Constitucional, sentencia T–471 de 2017.
[48] Cuaderno principal, fl. 34.
[49] Corte Constitucional, entre otras, sentencias T-119 de 2015, T-250
de 2015, T-446 de 2015, T-548 de 2015, T-317 de 2015, T-260 de 2018.
[50] Corte Constitucional, sentencia T-603 de 2015.
[51] Ibíd.
[52] Corte Constitucional, sentencia T–041 de 2019.
[53] Corte Constitucional, sentencias T–252 de 2017 y T–041 de
2019.
[54] Corte Constitucional, sentencia T-015 de 2019.
[55] Código General del Proceso, artículo 151: “Se concederá el
amparo de pobreza a la persona que no se halle en capacidad de atender los
gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y
la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda
hacer valer un derecho litigioso a título oneroso.”
[56] Similares consideraciones fueron expuestas por la Sala Plena de la
Corte Constitucional, en la sentencia SU-522 de 2019 (Expediente T-6.997.802).
[57] Corte Constitucional, sentencias T-085 de 2018 y T-060 de 2019.
[58] “ARTÍCULO 26. CESACIÓN DE LA ACTUACIÓN IMPUGNADA. Si,
estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial,
que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes (…)”
[59] Corte Constitucional, entre otras, sentencias T–170 de 2009, T–498
de 2012 y T–070 de 2018.
[60] Corte Constitucional, entre otras, sentencias T-047 de 2016, T-013
de 2017 y T-085 de 2018.
[61] Corte Constitucional, entre otras, sentencias T-256 de 2018 y T-387
de 2018.
[62] Corte Constitucional, sentencia T-070 de 2018.
[63] Salvo lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, ver sentencia
SU-256 de 1996.
[64] Corte Constitucional, sentencia T-213 de 2018.
[65] Corte Constitucional, entre otras, sentencias T-544 de 2017 y T-213
de 2018. No obstante, en la sentencia T-443 de 2015, reiterada recientemente en
la Sentencia T-180 de 2019, la Corte diferenció las situaciones que pueden
darse cuando se configura una carencia actual de objeto por el fallecimiento
del titular de los derechos. De esta manera, explicó que ante tal situación, el
juez puede pronunciarse en varios sentidos, a saber: (i) en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 68 del CGP, puede aplicarse la figura de la sucesión
procesal, en virtud de la cual, el proceso puede continuar con la familia o
herederos del causante, cuando la vulneración alegada continúe produciendo
efectos, incluso después de su muerte; (ii) si la vulneración o amenaza ha
tenido lugar, y tiene relación directa con el objeto de la tutela, esto es, que
el fallecimiento del titular sea consecuencia de la acción u omisión que se
pretendía corregir con el mecanismo de amparo constitucional, se puede producir
un pronunciamiento de fondo, en caso de considerarse necesario, para efectos de
determinar si se configuró la vulneración alegada, y unificar y armonizar la
jurisprudencia, o disponer las medidas correctivas a que haya lugar; y (iii)
por último, se puede dar que la muerte del titular no se encuentre relacionada
con el objeto de la acción, y la prestación solicitada tenga un carácter
personalísimo, no susceptible de sucesión. En este caso, sería inocua cualquier
orden del juez, y procede la declaración de la carencia actual de objeto como
consecuencia del carácter personalísimo de la prestación.
[66] Corte Constitucional, sentencia T–544 de 2017.
[67] Corte Constitucional, sentencia T-060 de 2019.
[68] Íbid.
[69] Corte Constitucional, sentencia T-379 de 2018.
[70] Corte Constitucional, Sentencia T-200 de 2013.