T-103-01
Sentencia T-103/01
Sentencia
T-103/01
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias
laborales/DERECHO AL MINIMO VITAL DEL PENSIONADO-Pago oportuno de
mesadas
Referencia:
expediente T 338 743
Acción de tutela
instaurada por Tulia Figueroa de Figueroa contra Departamento de Boyacá, Caja
de Previsión Social de Boyaca y Secretaria de Hacienda.
Magistrado Ponente:
Dr. FABIO MORON DIAZ
Bogotá D.C., enero
treinta y uno (31) de dos mil uno (2001).
La Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1.991, ha
proferido la siguiente,
SENTENCIA
dentro del proceso
de revisión del fallo de Tutela número T 338 743, proferido por la Sala de
Decisión No. 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá, en la acción de Tutela
incoada por Tulia Figueroa de Figueroa contra Departamento de Boyacá, Caja de
Previsión Social de Boyaca y Secretaria de Hacienda.
I. ANTECEDENTES.
Tulia Figueroa de
Figueroa, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 86 de la Carta
Magna, instauraron acción de tutela contra DEPARTAMENTO DE BOYACA, CAJA DE
PREVISION SOCIAL DE BOYACA Y SECRETARIA DE HACIENDA, con el fin de obtener la
protección de sus derechos al Pago oportuno de las mesadas pensionales, a la
Seguridad Social y la protección a la tercera edad, trabajo, salud, seguridad
social, vida, igualdad  consagrados en los art. 53, y 46 de la C.N
Argumenta la
accionante que, en su condición de pensionada, de la entidad demandada, ésta no
ha cumplido para con ella con la obligación legal y constitucional de cancelar
en forma oportuna las mesadas pensionales a las cuales tienen derecho por los
meses de Diciembre de 1999 y enero, febrero y marzo  de 2000 – fecha de
presentación de la acción -.
Argumenta atravesar
por una difícil situación económica, siendo sus ingresos pensionales el único
sustento,  pues cuenta con 81 años de edad.
La actora pide al
Juez de Tutela, ordenar a los entes demandados la cancelación en forma total y
oportuna de las acreencias laborales adeudadas, así como ordenar el pago de los
intereses moratorios y la indexación.
II. DECISIONES
JUDICIALES QUE SE REVISAN
Las Sala de Decisión
No. 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá, negó la protección solicitada, al
considerar que la accionante ya había obtenido resolución favorable a sus
intereses y lo que cabría interponer sería el incidente de desacato.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA REVISION
1.  Competencia.
De conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos  31 a 36 del Decreto 2591 de 1.991, la Corte Constitucional es
competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas.
2. Procede la
tutela ante la omisión en el pago oportuno de las mesadas pensionales.
Reiteración De Jurisprudencia.
La tutela no es el
medio judicial idóneo para exigir el pago de acreencias laborales, a menos que
se trate de personas claramente afectadas en su mínimo vital, o, en el caso de
los pensionados, de quienes, por carecer de todo otro ingreso, se encuentran
en situación de debilidad manifiesta, y en riesgo de no mantener una
subsistencia digna por causa de la indolencia de la entidad encargada de pagar
las mesadas. Estas, de conformidad con el artículo 53 de la Constitución, deben
ser pagadas oportunamente, y el derecho a recibirlas debe ser protegido
judicialmente, en casos como el presente a través de la acción de tutela.
Como lo relata la
actora en su demanda, “el único sustento económico que poseo proviene de la
mesada pensional que recibo y el atraso ha lesionado gravemente mi estabilidad
social, económica y familiar”.(Folio 2 del escrito de tutela).
Es así procedente
reiterar en este caso la jurisprudencia según la cual ha manifestado que,
excepcionalmente, proceden las tutelas cuando los demandantes se encuentran en
circunstancias apremiantes que ameritan la protección del juez por pertenecer a
la tercera edad o por hallarse en juego su mínimo vital.[1]
En
consecuencia, se revocará la sentencia objeto de revisión; máxime que
habiéndose oficiado al Tribunal Administrativo de Boyacá, para que se enviara
copia de la decisión, según la cual ya se habían protegido los derechos
alegados, no se ha allegado, hasta el día en que se profiere ésta decisión, y
dándosele credibilidad a lo manifestado por el accionante, y con base en la
presunción de veracidad que establece el art. 20 del Decreto 2591 de 1991, se
ordenará al ente accionado, que dentro del término de quince (15) días
siguientes a la notificación de ésta providencia, cancele lo adeudado a los
demandantes, poniendo de presente que el Departamento también podrá hacer uso
del mecanismo previsto en el parágrafo segundo de la Ley 549 de 1999, mediante
el cual se creó el Fondo de Pensiones de las entidades territoriales y se
dispuso anticipar a éstas los recursos que debe girarles la Nación, para que
fuesen destinados al pago de las mesadas pensionales atrasadas.
IV. DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCASE la sentencia de Tutela
proferida en el expediente T 338 743 por la Sala de Decisión No. 1 del Tribunal
Administrativo de Boyacá, en la acción de Tutela incoada por Tulia Figueroa de
Figueroa contra Departamento de Boyacá, Caja de Previsión Social de Boyaca y
Secretaria de Hacienda. En consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada
por Tulia Figueroa de Figueroa.
Segundo. ORDENAR a la entidad demandada, que dentro del
término de los quince (15)  días siguientes a la notificación de ésta providencia,
cancele  las mesadas adeudadas a los demandantes, advirtiéndole que también
podrá hacer uso del anticipo contemplado en el parágrafo 6 del artículo 2 de la
Ley 549 de 1999, para lo cual dispondrá del término de un (1) mes.
Tercero. PREVENIR
a la entidad demandada
para que cumpla lo dispuesto en éste fallo, so pena de incurrir en desacato, y
para que en lo sucesivo no repita la omisión que dio origen a la presente
acción.
Cuarto. Por Secretaría líbrese la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
FABIO MORON DIAZ.
Magistrado Ponente
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada (e)
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVAN H. ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
[1]
T 234 de 2000  M.P. José Gregorio Hernández, T 424 de 2000, M.P. Alvaro Tafur
Galvis, T 468 de 2000 M.P. Alvaro Tafur Galvis, entre otras.