T-281-18
Sentencia T-281/18
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Es
un derecho fundamental y un servicio público cuya prestación debe asegurar el
Estado
DERECHO FUNDAMENTAL A LA
SEGURIDAD SOCIAL-Concepto, naturaleza y
protección constitucional
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Reconocimiento
del carácter fundamental en el ámbito internacional
DERECHO FUNDAMENTAL A LA
SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION POR MEDIO DE ACCION DE TUTELA-Procedencia
excepcional
SUSTITUCION PENSIONAL-Naturaleza,
finalidad y principios constitucionales
SUSTITUCION PENSIONAL Y
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Diferencias
SUSTITUCION PENSIONAL-Requisitos
que debe acreditar el hijo en situación de discapacidad para ser beneficiario
FAMILIA-Núcleo
fundamental de la Sociedad
CONCEPTO
DE FAMILIA-Alcance
FAMILIA-Instrumentos
internacionales que consagran la protección
FAMILIA-Concepto en la jurisprudencia
constitucional a partir de lazos de afecto, solidaridad, respeto y asistencia
entre padres e hijos de crianza
FAMILIA-Protección
equitativa de diferentes modalidades
FAMILIA
DE CRIANZA-Definición
Esta Corporación ha definido a la familia de crianza como
aquella que no se
conforma por vínculos biológicos, sino por la comprobación de criterios
materiales, y es una modalidad de grupo familiar con reconocimiento y protección
constitucional. Se trata de una figura de creación jurisprudencial que se ha dado, por un lado, en
respuesta al desarrollo de la sociedad, la cual consta en una relación entre
padres e hijos que no tienen un lazo consanguíneo ni jurídico, y de características
precisas que se abordarán más adelante; y por el otro, ante la ausencia de
regulación sobre el particular en la legislación colombiana.
FAMILIAS DE CRIANZA-Reconocimientos en la
jurisprudencia
FAMILIA DE
CRIANZA-Protección constitucional
FAMILIA DE CRIANZA-Reiteración
de jurisprudencia
FAMILIA DE
CRIANZA-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
HIJOS DE
CRIANZA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD COMO BENEFICIARIOS DE LA SUSTITUCION
PENSIONAL-Subreglas para la determinación de acceso a la pensión de sobrevivientes
o sustitución pensional
Para esta Corporación no se
debe distinguir la naturaleza de la relación familiar que se tenga entre hijo y
padre, al momento de otorgar el reconocimiento y pago de una mesada pensional
por medio de la figura de la sustitución, cuando se produce el fallecimiento
del titular de la prestación; en consecuencia, a las entidades estatales o
particulares encargados del reconocimiento de dicha prestación, les está
prohibido realizar distinciones entre familias configuradas por vínculos de
facto, pues ello se traduce en la vulneración de los derechos fundamentales que
los revisten como parte de un grupo familiar. En todo caso, se deberá analizar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para acceder a la
sustitución pensional y constatar la configuración de los presupuestos que
permitan evidenciar la existencia de la familia de crianza.
DERECHO A LA SUSTITUCION
PENSIONAL PARA HIJO DE CRIANZA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD-Orden reconocer y pagar
sustitución pensional en favor de accionante
Referencia:
Expediente T-6.608.264
Acción
de tutela instaurada por Agobardo Córdoba Aragonés, actuando en calidad de
curador legítimo de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, contra la sociedad Riopaila
Castilla S.A, la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y la
Fundación Gerontológica Luz y Esperanza[1].
Magistrado
Ponente:
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Octava
de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Carlos Bernal Pulido, Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes
Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso
de revisión de los fallos dictados por el Juzgado 26 Civil Municipal de
Oralidad de Cali en primera instancia y del Juzgado 4 Civil del Circuito de la
misma ciudad en segunda instancia, en la acción de tutela instaurada por Agobardo Córdoba Aragonés, actuando en calidad de curador legítimo
de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, contra la sociedad Riopaila Castilla S.A[2].
El asunto llegó a la Corte
Constitucional por remisión que hizo el Juzgado 4 Civil del
Circuito de Cali, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991. El 27 de febrero de 2018, la Sala de Selección de Tutelas
número Dos de esta Corte[3]
lo escogió para revisión[4].
I.
Antecedentes
Hechos
Sobre la
situación familiar de Pedro Pablo Córdoba Aragonés
1.
El señor Pedro Pablo Córdoba Aragonés nació el
29 de junio de 1978 en Andalucía, Valle del Cauca. Ese día su madre biológica,
la señora Rubiela Aragonés Parga, lo abandonó.
2.
Desde ese momento, Clementina Aragonés, tía de
Rubiela Aragonés Parga, y Agobardo Córdoba, su esposo y padre del señor Agobardo Córdoba Aragonés, se hicieron cargo
de él.
3.
Pedro Pablo Córdoba fue bautizado por Agobardo
Córdoba, pues no se sabía quién era su padre biológico y no se tenía
conocimiento del paradero de su madre biológica.
4.
Cuando Pedro Pablo Córdoba tenía diez años
empezó a presentar ciertas dificultades en su comportamiento, como no continuar
con sus estudios y consumir drogas, por lo que el señor Agobardo Córdoba se vio
en la obligación de internarlo en centros de rehabilitación en varias oportunidades.
5.
El 14 de marzo de 2008, falleció la señora Clementina
Aragonés, según señala el actor “de pena moral por verlos en ese estado”[5].
6.
Posteriormente, el 4 de agosto de 2011 Agobardo
Córdoba decidió registrar a Pedro Pablo con su apellido, en la Notaría de
Andalucía, porque  “lo amaba mucho, le daba todo lo necesario. Para todas
las cosas, hacía como ‘padre putativo’ pues dependía emocional y económicamente
de él”[6].
7.
Actualmente, Pedro Pablo Córdoba se encuentra en
una casa de paso llamada Fundación Gerontológica Luz y Esperanza, donde se
pagan $400.000 mensuales. Sin embargo, de acuerdo a lo afirmado por el Agobardo
Córdoba Aragonés, es necesario trasladarlo a un centro de rehabilitación “donde
no logre salirse, pues no es solo un drogadicto sino con retardo mental,
esquizofrenia, comportamientos desordenados, y en ese centro nos cobran
$1.500.000”[7].
Sobre
la solicitud de pensión de sobreviviente para un hijo de crianza
8.
El señor Agobardo Córdoba prestó sus servicios a
la Empresa Ingenio Riopaila S.A.
9.
Mediante la Resolución No. 01205 del 21 de mayo
de 1986, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión de vejez, la
cual era sufragada en una cuota parte por el Ingenio Riopaila Castilla.
10.
El 30 de marzo de 2014, el señor Agobardo Córdoba
falleció, razón por la cual el 20 de agosto de 2014 Agobardo Córdoba Aragonés
solicitó a dicha empresa y en nombre de Pedro Pablo Córdoba el reconocimiento
de la sustitución pensional.
11.
El 12 de septiembre de 2014, el Director de
Gestión Laboral del Ingenio Riopaila Castilla le informó al peticionario que
para iniciar el proceso de reconocimiento de dicha prestación era necesario
indicar quién era el representante legal o curador designado del señor Pedro
Pablo Córdoba.
12.
Surtido el trámite correspondiente, mediante
sentencia del 31 de octubre de 2016 el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad
de Cali declaró en interdicción judicial definitiva por discapacidad mental
absoluta a Pedro Pablo Córdoba Aragonés y designó a Agobardo Córdoba Aragonés
como su curador legítimo[8].
13.
Los días 22 y 23 de diciembre de 2016 fueron
radicados los documentos para el reconocimiento de la sustitución pensional
ante el Director de Gestión Laboral de Riopaila y ante Colpensiones,
respectivamente.
14.
A través de la Resolución No. GNR 46366 del 13
de febrero de 2017 Colpensiones reconoció  y ordenó el pago de dicha prestación
a favor de Pedro Pablo Córdoba Aragonés a partir del 30 de marzo de 2014, en
calidad de hijo en condición de invalidez con una pérdida de capacidad laboral
del 70.25%.
15.
En oficio del 28 de julio de 2017 Riopaila
Castilla S.A., negó la solicitud al considerar que una vez revisada la
documentación, la realización de dos visitas domiciliarias y la práctica de
otras pruebas, “el señor Pedro Pablo Córdoba (registrado como Pablo Aragonés)
realmente es sobrino político del señor Agobardo, hijo de una hermana de quien
fuera su esposa, la señora Rubiela Aragonés y no hijo del mencionado señor”[9].
Solicitud
a través de acción de tutela
16.
El 25 de septiembre de 2017, el señor Agobardo Córdoba Aragonés instauró acción de tutela en calidad de
curador legítimo de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, con el fin de que le fueran
amparados los derechos fundamentales al mínimo vital, a una vida digna y a la
igualdad.
17.
Señaló que la empresa Riopaila Castilla S.A.,
desconoció la realidad fáctica y jurídica consistente en la intención del señor
Agobardo Córdoba de formalizar legalmente el reconocimiento como padre de Pedro
Pablo Córdoba Aragonés, según consta en el registro civil de nacimiento, serial
39606715.
18.
Manifestó que él y sus tres hermanos han asumido
como tíos el sostenimiento de Pedro Pablo, pero sus actuales condiciones
económicas no les permiten solventar los gastos mensuales que requiere, los
cuales ascienden a la suma de $1.200.000 y eran cubiertos por el señor Agobardo
Córdoba.
19.
Mencionó que las declaraciones extra juicio que
anexa al expediente coinciden en señalar que cuando Pedro Pablo Córdoba nació
fue abandonado por su madre, por lo que Agobardo Córdoba y Clementina Aragonés
se hicieron cargo de él, “se lo llevaron para la casa y lo hicieron parte
del hogar, dado que nunca se conoció quién era el padre biológico. Le brindaron
apoyo económico, emocional y material determinante para su adecuado desarrollo.
Desde que nació hasta que murió don Agobardo asumió todos los gastos de
crianza, manutención, estudio, aseo personal (…) siempre lo consideró como un
hijo y le brindó educación. (…) Les llamaba papá y mamá”[10].
20.
Por otro lado, hizo referencia a la historia
clínica de Pedro Pablo Córdoba, donde quedó registrado que su cuidado estaba a
cargo de “sus padres adoptivos” y una vez fallecen “sus hermanas”.
Así mismo, al informe de evaluación del Instituto de terapia INTEI donde se
consignó que “Pedro Pablo pertenece a una familia donde las relaciones son
adecuadas”[11].
Finalmente, a una petición radicada ante la Nueva EPS el 5 de noviembre de 2013,
donde se lee “Mi hijo Pedro Pablo Aragonés (…)”[12].
21.
Con fundamento en lo anterior, solicitó que se
le ordenara a la empresa accionada reconocer la sustitución pensional a favor
de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, incluyendo la liquidación y el pago
retroactivo desde la fecha en la que se consolidó su derecho, esto es, el 31 de
marzo de 2014.
Trámite procesal
22.
Mediante Auto del 26 de septiembre de 2017, el
Juzgado 26 Civil Municipal de Cali avocó conocimiento de la acción de tutela y
vinculó al trámite a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-.
23.
Más adelante, a través de Auto del 4 de octubre
de 2017 vinculó a la Fundación Gerontológica Luz y Esperanza.
Respuesta de las entidades accionadas
24.
La sociedad Riopaila Castilla S.A., resaltó que
desde un principio la petición formulada por el señor Agobardo Córdoba Aragonés
ante esa empresa lo fue bajo el entendido de que Pedro Pablo Córdoba Aragonés
era hijo natural de Agobardo Córdoba, y no hijo de crianza como se evidenció
posteriormente. Al respecto, indicó que esa empresa no tuvo la oportunidad de
controvertir ninguna prueba o afirmación en ese sentido “lo que hace ilegal,
injusto e inconstitucional cualquier determinación que pretenda reconocer
sustitución a esa condición”[13].
Así mismo, puso de presente que el actor también se presentó como hermano
natural del señor Pedro Pablo Córdoba ante el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad
de Cali, que conoció el proceso de interdicción judicial, y ante Colpensiones,
toda vez que la resolución mediante la cual se reconoce la pensión de
sobrevivientes en ningún aparte considera la condición de hijo de crianza del
causante, sino de hijo natural.
Destacó que en el Registro Civil de Nacimiento original se registró
como nombre “Pedro Pablo Aragonés”, pero solo hasta 2011, esto es, tres
años antes de la muerte de Agobardo Córdoba, se modificó dicho registro
incluyendo el apellido de este último, documento en el cual se dejó una
inscripción para la toma de la huella y la firma a ruego, siendo que el señor
Córdoba sabía leer y escribir.
Adicionalmente, expuso que durante la ejecución del contrato de
trabajo, el señor Agobardo Córdoba nunca inscribió a Pedro Pablo Córdoba como
hijo natural ni como hijo de crianza. De igual modo, sostuvo que las
declaraciones que anexó a la solicitud nunca fueron presentadas ante la empresa.
Finalmente, mencionó que no se acredita el requisito de inmediatez
pues el fallecimiento del señor Agobardo Córdoba ocurrió en marzo de 2014 y el
nombramiento del actor como curador en 2016, lo que desvirtúa la urgencia
alegada por el señor Agobardo Córdoba Aragonés.
25.
La Administradora Colombiana de Pensiones
-Colpensiones- y la Fundación Gerontológica Luz y Esperanza guardaron silencio[14].
Sentencias
objeto de revisión
Primera
instancia
26.  Mediante sentencia del 5 de octubre de 2017, el Juzgado 26 Civil
Municipal de Oralidad de Cali declaró improcedente el amparo invocado.
27.  En
primer lugar, señaló que no emitiría ningún juicio de valor en cuanto a la
relación afectiva que se estableció entre el señor Pedro Pablo y el causante
Agobardo Córdoba, dado que si bien es indiscutible que las familias de crianza
surgen de presupuestos sustanciales y no formales, en los que prima la relación
de afecto que debe ser ponderada en cada caso concreto, se trata de un asunto
que debe ser valorado ante la jurisdicción ordinaria laboral. A juicio del
fallador, la controversia impone un análisis exhaustivo del material probatorio
y uno detallado de la normatividad que gira en torno al reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes en las familias de crianza.
28.  En
relación con la afectación al mínimo vital encontró que Colpensiones reconoció y
ordenó el pago de la pensión solicitada con una mesada de $737.717 y un
retroactivo de $25.421.304, suma que consideró suficiente para satisfacer las
necesidades enunciadas en sede de tutela, referentes al tratamiento que
requiere el señor Pedro Pablo Córdoba para su problema de drogadicción.
29.  Por
otro lado, advirtió que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, ya
que no fueron agotadas las vías ordinarias establecidas por el legislador
cuando se presenta una inconformidad con la decisión emitida respecto al
reconocimiento de un derecho pensional. Finalmente, concluyó que tampoco se
acreditó el requisito de inmediatez, por cuanto las circunstancias fácticas que
originaron la solicitud de amparo constitucional ocurrieron el 30 de marzo de
2014 cuando falleció el causante y solo hasta el 25 de septiembre de 2017 fue
interpuesta la acción de tutela, es decir, más de tres años después.
Impugnación
30.  Agobardo
Córdoba Aragonés presentó escrito de
impugnación contra la decisión de primera instancia. En primer lugar, explicó
que el 20 de agosto de 2014, esto es, 5 meses y 9 días después del
fallecimiento del causante, solicitó ante Riopaila Castilla S.A., la
sustitución pensional a favor de Pedro Pablo Córdoba Aragonés. El 12 de
septiembre de 2014 la empresa le informó que requería información sobre el
curador legítimo del beneficiario y el porcentaje de pérdida de capacidad
laboral. Indicó que ante dicho requerimiento, inició el proceso de calificación
de pérdida de capacidad laboral, así como el trámite de interdicción judicial.
Manifestó que el primer trámite
culminó el 4 de diciembre de 2014 cuando Colpensiones determinó una pérdida de
capacidad laboral del 70.25%, mientras que el segundo finalizó con la sentencia
proferida el 31 de octubre de 2016, mediante la cual el Juzgado Séptimo de
Familia de Oralidad de Cali lo designó como curador legítimo de Pedro Pablo
Córdoba. Señaló que una vez se completaron los documentos requeridos por
Riopaila Castilla S.A., se reanudó ante esa entidad el trámite de sustitución
pensional el 22 de diciembre de 2016, el cual terminó el 29 de junio de 2017
con la respuesta negativa por parte de la empresa.
31.       Sobre la presunta irregularidad
relacionada con haber ocultado la calidad de hijo de crianza del señor Pedro
Pablo, mencionó que en la solicitud de sustitución pensional presentada ante la
empresa accionada se hizo referencia a “hermano de parentesco” y no a “hermano
natural” como lo señala la empresa. Así mismo, puso de presente que ante el
juzgado que conoció el proceso de interdicción se dejó claramente establecida
la calidad de hijo de crianza del beneficiario, y la decisión adoptada en ese
proceso fue allegada tanto a la empresa accionada como a Colpensiones. De igual
forma, puso de presente que en el dictamen de pérdida de capacidad laboral se
ventiló ante Colpensiones dicha situación: “hermano de crianza, abandono por
la madre biológica”. Además, resaltó que de la solicitud
de entrega de medicamentos para Pedro Pablo Córdoba Aragonés, presentada el 5
de noviembre de 2013 por Agobardo Córdoba ante la Nueva EPS, se evidenciaba que
este lo tenía afiliado como su beneficiario y lo reconocía como su hijo de
parentesco.
Sobre el particular, adujo que en todo
caso “no está a cargo del accionante (sic) demostrar la calidad de hijo (así
sea de crianza) ante Riopaila Castilla por la vía ordinaria,  toda vez que esta
calidad se ventiló ante Colpensiones y ante un juez de familia en un proceso de
interdicción”[15].
32.       Por otro lado, reiteró que el señor
Agobardo Córdoba no sabía leer ni escribir, para lo cual anexó una copia de la
cédula de ciudadanía donde aparece consignado que “NO FIRMA”.
33.       Finalmente, resaltó que la cuota parte
de la mesada pensional a cargo de Riopaila Castilla S.A., es necesaria para
continuar con el proceso de rehabilitación integral del representado.
Segunda instancia
34.  Mediante sentencia del 20 de noviembre de 2017,
el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cali confirmó el fallo impugnado.
35.  No encontró razones
para revocar el fallo de primera instancia a pesar de que, a su juicio, el a
quo erró en la interpretación sobre el requisito de inmediatez, pues la
causa que originó la presente acción obedeció a la negativa de la empresa
accionada de reconocer la sustitución pensional, lo cual ocurrió tan solo dos
meses antes de la interposición del amparo.
Sin embargo, estimó el ad aquem que no se demostró de manera
contundente la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable que hiciera
viable la intervención del juez de tutela.
Al respecto, sostuvo que el curador cuenta con otros mecanismos de
defensa judicial, ya que si bien el representado es una persona en condición de
discapacidad y, por lo tanto, sujeto de especial protección constitucional, no
se indicaron ni se demostraron las circunstancias que configuraran la
afectación al mínimo vital. Por el contrario, encontró acreditado que ha
contado con el pago oportuno de la pensión reconocida por Colpensiones.
36.  Por
último, destacó que con el nuevo sistema procesal de oralidad, el tiempo que
conlleva la resolución de esta clase de conflictos ante la jurisdicción
ordinaria laboral es más expedita que en años anteriores, lo que hace idóneo y
eficaz ese mecanismo judicial.
Pruebas
37.
Entre las pruebas
aportadas en el trámite de la acción de tutela la Sala destaca las siguientes:
-
Copia del Registro Civil de Nacimiento de Pedro
Pablo Aragonés, serial 3423162[16].
-
Copia del Registro Civil de Nacimiento de Pedro
Pablo Córdoba Aragonés, serial 39606715, que reemplaza aquel de serial 3423162[17].
-
Copia del Registro Civil de Nacimiento de María
Rubiela Aragonés Parga[18].
-
Copia del Registro Civil de Defunción de la
señora Clementina Aragonés Parga[19].
-
Copia de la petición radicada por Agobardo
Córdoba Aragonés el 20 de agosto de 2014 ante Recursos Humanos del Ingenio
Riopaila Castilla, mediante la cual solicitó el reconocimiento de la pensión
sustitutiva a favor de Pedro Pablo Córdoba Aragonés[20].
-
Copia de la respuesta emitida el 12 de
septiembre de 2014 por el Director de Gestión Laboral de Riopaila Castilla,
donde le indica al peticionario que se requiere información sobre el
representante legal o curador de Pedro Pablo Córdoba Aragonés para efectos de
la pensión sustitutiva[21].
-
Copia de la petición radicada por Agobardo
Córdoba Aragonés el 22 de diciembre de 2016 ante el Director de Gestión Laboral
de Riopaila Castilla, mediante la cual solicitó el reconocimiento de la pensión
sustitutiva a favor de Pedro Pablo Córdoba Aragonés[22].
-
Copia de la respuesta emitida el 28 de julio de
2017 por el Gerente de Gestión Laboral de Riopaila Castilla, en la cual niega
el reconocimiento de la sustitución de la cuota parte de la pensión de
jubilación a favor de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, por no ser hijo del
causante[23].
-
Copia de la Resolución No. 46366 del 13 de
febrero de 2017, a través de la cual Colpensiones reconoce la pensión de
sobrevivientes al señor Pedro Pablo Córdoba Aragonés[24].
-
Copia del dictamen de pérdida de capacidad
laboral del señor Pedro Pablo Córdoba Aragonés, emitido por el Grupo Médico
Laboral de Colpensiones[25].
-
Copia de la declaración extra juicio rendida por
Luis Arnulfo Rayo Pérez y Luzmila Rivera de Victoria el 24 de noviembre de 2011
ante la Notaría Única de Andalucía, Valle[26].
-
Copia de las declaraciones extra juicio rendidas
por Rosenber Cataño Jaramillo, Gloria Josefa Cataño Jaramillo y Nohoralba
Aragonés, autenticadas, las dos primeras el 13 de septiembre de 2017 ante la
Notaría Única de Andalucía, Valle, y la tercera el 20 de septiembre de 2017
ante la Notaría 19 de Cali[27].
-
Copia de la sentencia proferida el 31 de octubre
de 2016 por el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Cali, en el proceso de
interdicción judicial radicado No. 2015-00467-00 interpuesto por Agobardo
Córdoba Aragonés[28].
-
Copia del acta de la diligencia de posesión  de
Agobardo Córdoba Aragonés en el cargo de curador legítimo de Pedro Pablo
Córdoba Aragonés, celebrada el 31 de enero de 2017 ante el Juzgado Séptimo de
Familia de Oralidad de Cali[29].
-
Copia de la nota de urgencias siquiátricas
emitida por el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle el
15 de mayo de 2003 ante el ingreso de Pedro Pablo Córdoba Aragonés[30].
-
Copia de la historia clínica de Pedro Pablo
Córdoba Aragonés expedida por el Hospital Departamental Psiquiátrico
Universitario del Valle[31].
-
Copia de la certificación expedida por el médico
Julián Llanos Romero del Hospital San Vicente Ferrer de Andalucía, Valle, donde
consta que Pedro Pablo Córdoba Aragonés depende totalmente de sus cuidadores
(María Felinda Córdoba Aragonés – hermana del paciente)[32].
-
Copia de la historia clínica de Pedro Pablo
Córdoba Aragonés expedida por el Hospital San Vicente Ferrer de Andalucía,
Valle[33].
-
Copia de la certificación expedida por el médico
siquiatra Juan Pablo Villamarín, sobre el estado de salud de Pedro Pablo
Córdoba Aragonés[34].
-
Copia del informe de evaluación realizado por el
Instituto de Terapia Integral -INTEI- sobre el estado de salud de Pedro Pablo
Córdoba Aragonés[35].
-
Copia de la solicitud de entrega de medicamentos
para Pedro Pablo Córdoba Aragonés, presentada el 5 de noviembre de 2013 por
Agobardo Córdoba ante la Nueva EPS[36].
-
Copia de la solicitud de la historia clínica de
Pedro Pablo Córdoba Aragonés presentada por María Felinda Córdoba Aragonés el
24 de julio de 2014 ante el Hospital San Vicente Ferrer de Andalucía, Valle[37].
-
Copia de la certificación expedida 19 de
septiembre de 2017 por el Director de la Fundación Gerontológica Luz y
Esperanza de Cali, donde consta que Pedro Pablo Córdoba Aragonés es paciente en
esa institución, donde se sufraga un aporte mensual de $450.000[38].
-
Copia de la página de la IPS RENASERES donde
obra el portafolio de servicios y precios de esta institución[39].
-
Copia de la certificación expedida el 7 de julio
de 2017 por la Coordinadora del Adulto Mayor de Baraya, Huila, donde consta que
María Rubiela Aragonés Parga “tiene discapacidad mental y habita en la casa
del abuelo de este municipio”[40].
Actuación en sede de revisión
38.
Mediante Auto del 8 de mayo de 2018 el
magistrado sustanciador solicitó lo siguiente: i) a la empresa Riopaila Castilla S.A., que indicara a cuánto asciende
la cuota parte de la mesada pensional cuya sustitución se solicita en la
presente tutela; ii) al señor Agobardo Córdoba
Aragonés que manifestara a cuánto ascienden sus ingresos y egresos mensuales,
así como los miembros de la familia que están a cargo del sostenimiento de
Pedro Pablo Córdoba Aragonés; iii) a la Nueva EPS que informara desde
qué fecha fue afiliado el señor Pedro Pablo Córdoba Aragonés en esa entidad en
calidad de beneficiario del señor Agobardo Córdoba,  y cuál es su estado de
afiliación actual; y iv) a Colpensiones le informó que la presente
acción se encuentra en esta Corporación, para que se pronunciara sobre el
asunto.
39.
La sociedad Rioapaila Castilla S.A., informó que
la última mesada pensional que recibió el señor Agobardo Córdoba en el año 2014
fue por un valor de $616.000[41].
40.
El señor Agobardo
Córdoba Aragonés, a través de apoderado judicial, anexó los siguientes
documentos:
-
Declaración extra juicio rendida el 11 de mayo
de 2018 por Agobardo Córdoba Aragonés donde indica que: i) se desempeña
como mensajero independiente de Fonaviemcali; ii) en promedio percibe
$1’200.000; iii) tiene un crédito con el Banco Caja Social del cual debe
197 cuotas, cada una de $309.960, paga $227.300 de seguridad social y pensión,
$70.000 aproximadamente de servicios públicos, $200.000 en transporte, ya que
vive en una zona rural de Jamundí y debe desplazarse hasta Cali, y $200.000 en
promedio de alimentación; iv) le quedan libres $192.000 con lo que
sufraga los gastos de vestido y recreación, aunado a que ayuda a su hermano de
crianza Pedro Pablo Córdoba y a su hijo de crianza Diego Alejandro Ordoñez; v)
su hermana María Felinda Córdoba Aragonés recibió una indemnización
sustitutiva, trabaja en casa de familia “y en lo que puede cuando le alcanza
nos colabora para Pedro Pablo en ocasiones nos envía gallinas y frutos del
campo”; vi) su hermano Sigifredo Córdoba Aragonés tampoco es
pensionado y “se dedica a la venta de limones frutos del campo que recoge
por ahí ya que no tiene finca, vive en un ranchito que dejó nuestro padre,
ayuda lo que puede para los cuidados de Pedro Pablo”[42].
-
Constancia de pago de seguridad social del señor
Agobardo Córdoba Aragonés, correspondiente a los meses de abril y marzo de 2018[43].
-
Copia del recibo del agua del mes de abril de
2018 a nombre de Agobardo Córdoba Aragonés, estrato 2, por un valor de $60.300[44].
-
Certificado de afiliación a la EPS S.O.S donde
constan como sus beneficiarios de Agobardo Córdoba Aragonés la señora Jhamilet
Valencia y el menor Diego Alejandro Ordoñez Valencia[45].
-
Extracto del último año de la cuenta bancaria del
señor Agobardo Córdoba Aragonés[46].
-
Estado de crédito de vivienda del señor Agobardo
Córdoba Aragonés[47].
-
Resolución No. GNR301382 del 12 de octubre de
2016, donde se documenta indemnización sustitutiva de pensión de vejez de la
señora María Felinda Córdoba Aragonés[48].
-
Declaración extra juicio rendida el 11 de mayo
de 2018 por Nohoralba Aragonés, donde indica que: i) vive con su hija y
su nieto, su hija Paola no tiene un trabajo estable y cuando está desempleada
le ayuda con los gastos de su nieto; ii) es pensionada de Colpensiones
por lo que recibe $687.442 mensuales, aunado al ingreso obtenido rentando
piezas y el garaje de su casa, para un total de $2.287.422; iii) sufraga
$600.000 por los gastos de alimentación y de ayuda a Pedro Pablo y a sus
hermanos[49],
$95.000 por el colegio de su nieto, $165.130 por los servicios públicos,
$84.700 por teléfono, internet y parabólica y $14.155 por el gas, $532.000 de
cuota por un carro que tiene prenda, $349.000 mensuales por un crédito con el
Banco Caja Social y $345.000 mensuales por un crédito con Mundo Mujer; iv)
sus egresos suman un total de $2.185.000; y v) con lo que recibe “no
alcanza a cubrir los gastos de Pedro Pablo en un centro de rehabilitación donde
le ofrezcan una mejor calidad de vida, donde se encuentra en este momento no ha
tenido avance en la recuperación de su salud y en otro lugar nos cuesta
$1.500.000”[50].
-
Constancia de pago de la pensión para Nohoralba
Aragonés por un valor de $687.442, para mayo de 2018[51].
-
Copia del recibo del agua del mes de abril de
2018 a nombre de Nohoralba Aragonés, estrato 3, por un valor de $165.130[52], recibo de UNE por un
valor de $84.700[53]
y recibo del gas por $14.155[54].
-
Tarjeta de propiedad del carro a nombre de
Nohoralba Aragonés donde se evidencia la pignoración[55].
-
Constancia del crédito con el Banco Caja Social y
con Mundo Mujer a nombre de Nohoralba Aragonés[56].
-
Constancia del pago del colegio del nieto de
Nohoralba Aragonés por un valor de $94.817.
41.
La Administradora Colombiana de Pensiones
-Colpensiones-[57]
indicó que como la tutela se dirige contra la empresa Riopaila Castilla S.A.,
está acreditada la falta de legitimación por pasiva de Colpensiones.
Aclaró que esa administradora le reconoció la sustitución pensional
a Pedro Pablo Córdoba Aragonés, quien a través de los medios idóneos, esto es,
el Registro Civil de Nacimiento, probó ser dependiente del causante, y a través
del fallo de interdicción y el dictamen de pérdida de capacidad laboral,
acreditó que es una persona en situación de discapacidad que dependía
económicamente del causante.
Resaltó que la sociedad accionada negó la prestación pensional al no
considerar cierto el vínculo filial presentado entre el causante y el
interdicto. Al respecto, hizo referencia al artículo 103 del Decreto 1260 de
1970 en virtud del cual “[S]e presume la autenticidad y pureza de las
inscripciones hechas en debida forma en el Registro del Estado Civil”, por
lo tanto, señaló que  la falta de veracidad de aquella inscripción debía acreditarse
judicialmente.
Con sustento en lo anterior, solicitó a la Corte declarar la falta
de legitimación por pasiva respecto de Colpensiones, en la medida que no es la
responsable del quebrantamiento de los derechos fundamentales invocados por el
actor.
42.
Finalmente, la Nueva EPS informó que el señor
Pedro Pablo Córdoba Aragonés se encuentra afiliado a esa entidad desde el 29 de
febrero de 2012.
De la planilla enviada por esa entidad se evidencia que: i)
estuvo afiliado en calidad de beneficiario desde febrero de 2012 hasta el 9 de
abril de 2014 y el documento de identificación del cotizante corresponde al del
señor Agobardo Córdoba; ii) Pedro Pablo Córdoba aparece nuevamente
afiliado a esa EPS desde el 1° de junio de 2017 hasta la fecha, en calidad de
cotizante[58].
II. CONSIDERACIONES
Problema
jurídico
De acuerdo con
los hechos descritos corresponde a esta Sala de Revisión establecer si ¿la
sociedad Riopaila Castilla S.A., vulneró los derechos fundamentales a la
vida en condiciones dignas, al mínimo vital y a la seguridad social de Pedro
Pablo Córdoba Aragonés al negarle el reconocimiento de la sustitución pensional
del señor Agobardo Córdoba, de quien se alega ser su hijo de crianza, al
considerar que no se acreditan los presupuestos legales para tal reconocimiento
en tanto es sobrino político del causante y no su hijo natural?
Para ello, la Sala comenzará por reiterar la jurisprudencia constitucional
en relación con: i) la seguridad social como derecho fundamental y su protección por
medio de la acción de tutela; ii) la sustitución pensional para hijos en condición de discapacidad; iii) el concepto de
familia en el ordenamiento jurídico colombiano. Protección del pluralismo y la
igualdad entre las diferentes modalidades de conformación; iv) protección
a la familia de crianza; v) el derecho a la sustitución pensional para
hijos de crianza en condición de discapacidad. Finalmente vi) se
resolverá el caso concreto.
La
seguridad social como derecho fundamental y su protección por medio de la
acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia[59]
43.
El artículo 48 de la Constitución Política
consagra el derecho a la seguridad social bajo una doble connotación: i)
como derecho fundamental; y ii) como un servicio público de carácter
obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado[60].
Esta garantía
fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en
un obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”[61]. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad humana
en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de
sus actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les
permitan ejercer sus derechos subjetivos”[62].
Según ha sido
interpretado por esta Corporación, los objetivos de la seguridad social guardan
necesaria correspondencia con los fines esenciales del Estado social de derecho
“como el servir a la comunidad; promover la prosperidad general; garantizar
la efectividad de los principios y derechos constitucionales; promover las
condiciones para una igualdad real y efectiva; adoptar medidas a favor de
grupos discriminados o marginados; proteger especialmente a aquellas personas
que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia
de debilidad manifiesta; y reconocer sin discriminación alguna de la primacía
de los derechos inalienables de la persona como sujeto, razón de ser y fin
último del poder político”[63].
44.  La protección de este derecho fundamental se refuerza además según
lo consagrado en distintos instrumentos internacionales[64]. En primer lugar, se
tiene el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en
virtud del cual “toda persona, como miembro de
la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el
esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad”.
En el mismo
sentido lo consagra el artículo 16 de la Declaración Americana de los
Derechos de la Persona cuyo tenor dispone que “toda persona tiene derecho a
la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación,
de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena
a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de
subsistencia”.
De otro lado, el artículo 9°
del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales establece que “los
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la
seguridad social, incluso al seguro social”. Así mismo, el artículo 9° del
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone que “toda persona
tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de
la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para
obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del
beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus
dependientes”.
45.  Ahora bien, es claro que aun cuando el derecho a la seguridad social
ostenta un carácter fundamental, tal particularidad no puede ser confundida con
la posibilidad de hacerlo efectivo, en todos los casos, por medio de la acción
de tutela.
Al respecto,
este Tribunal ha señalado que el legislador previó los mecanismos judiciales
para la solución de las controversias relativas al reconocimiento y pago de las
prestaciones que cubren las contingencias amparadas por el Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones, lo que significa que, por regla general, la
acción de tutela resulta improcedente para resolver disputas de esa naturaleza[65].
Sin embargo,
excepcionalmente, es plausible acudir a ese mecanismo constitucional para
obtener el reconocimiento y pago de prestaciones sociales. Esto sucede en el
evento en que el agotamiento de los medios ordinarios de defensa supone una
carga procesal excesiva, porque quien la solicita es un sujeto de especial
protección constitucional (mecanismo principal de defensa) o se encuentra ante
la inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable (mecanismo de protección
transitorio). Sobre este punto, la Corte ha explicado lo siguiente:
“14. Para
que la acción de tutela proceda como mecanismo principal y definitivo, el
demandante debe acreditar que no tiene a su disposición otros medios de defensa
judicial, o que, teniéndolos, estos no resultan idóneos ni eficaces para lograr
la protección de los derechos presuntamente conculcados. El ejercicio del
amparo constitucional como mecanismo transitorio implica, a su turno, que los
medios de protección judicial ordinarios, aun siendo idóneos y eficaces,
puedan ser desplazados por la tutela ante la necesidad de evitar la consumación
de un perjuicio irremediable[66].
En esos eventos, la protección constitucional opera provisionalmente, hasta que
la controversia sea resuelta por la jurisdicción competente, de forma
definitiva.
El examen
de procedibilidad formal de las tutelas instauradas para obtener el
reconocimiento o el pago de derechos pensionales resulta así, inevitablemente
vinculado al análisis de la aptitud que los instrumentos judiciales ordinarios
tengan para el efecto en cada caso concreto. La decisión sobre la viabilidad de
resolver en esta sede acerca del reconocimiento de un derecho pensional debe
considerar, por eso, el panorama fáctico y jurídico que sustenta la solicitud
de amparo”[67].
Lo anterior
significa entonces que el juez constitucional debe valorar las circunstancias
particulares del accionante, considerando aspectos como, por ejemplo, el tiempo
transcurrido desde que formuló la primera solicitud de reconocimiento
pensional, la edad, la composición de su núcleo familiar, las circunstancias
económicas, el estado de salud, el grado de formación escolar, entre otros.
En este punto
es preciso mencionar además que “la Corte ha llamado la atención sobre la
importancia de verificar que quien acude a la acción de tutela para obtener el
reconocimiento de su pensión haya buscado antes, con un grado mínimo de
diligencia, la salvaguarda del derecho que invoca y que su mínimo vital se haya
visto efectivamente afectado como consecuencia de la negación del derecho
pensional”[68].
Bajo ese
entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido varias reglas para
evaluar la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de
prestaciones sociales como manifestación del derecho a la seguridad social, a
saber: i) que la falta de pago de la prestación o su disminución genere
un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del
derecho al mínimo vital; ii) que el accionante haya desplegado cierta
actividad administrativa y judicial con el objetivo de que le sea reconocida la
prestación reclamada; iii) que se acredite siquiera sumariamente, las
razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la
protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados; iv)
y que exista una mediana certeza sobre el cumplimiento de los requisitos de
reconocimiento del derecho reclamado[69].
46.  En definitiva, el derecho a la seguridad social busca proteger al
trabajador cuando por algún evento o contingencia que mengua su salud, calidad
de vida o capacidad económica, requiere de la ayuda del Estado y de la
comunidad para proveerse los medios mínimos que le garanticen una subsistencia
en condiciones dignas. Si bien esta prerrogativa constitucional ostenta un
carácter fundamental, no por ello puede hacerse efectiva, en todos los casos, a
través de la acción de tutela, porque para ello existen otros mecanismos de
defensa judicial previstos por el Legislador. La procedencia de la acción de
tutela para obtener la protección del derecho a la seguridad social es
excepcional y depende de las circunstancias propias de cada asunto, debiendo el
juez constitucional evaluar criterios como la edad, el estado de salud, la
composición del núcleo familiar, la situación económica, así como cualquier
aspecto que permita identificar por qué este debe ser el mecanismo principal o
transitorio de protección.
La sustitución
pensional para hijos en condición de discapacidad. Reiteración jurisprudencial
47.
Con la implementación del Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones el Legislador consagró diferentes prestaciones
económicas dirigidas a prevenir las contingencias de los trabajadores, como la
viudez, la invalidez, la muerte y la vejez. Para ello, fueron creados derechos
pensionales cuyo reconocimiento depende del cumplimiento de los requisitos
establecidos según la eventualidad acaecida[70].
La sustitución pensional es una figura dirigida a que la familia de
la persona que ostentaba una pensión ya constituida pueda acceder a la misma
con el fin de que no se vea desmejorado ostensiblemente su mínimo vital y para
evitar que haya una doble afectación, tanto moral, como material. En otras
palabras, como su mismo nombre lo indica, lo que pretende tal prestación es
sustituir el derecho que otro ha adquirido, situación que se puede llevar a
cabo siempre y cuando el titular del mismo haya fallecido, con el propósito de que
el apoyo monetario recaiga en quienes dependían económicamente del causante[71]. En ese sentido, la
Ley 100 de 1993 en su artículo 46 estipula:
“Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1.  Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o
invalidez por riesgo común, que fallezca.
2.  Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca,
siempre que éste hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a)  Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere
cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte, y
b)  Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado
aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente
anterior al momento en que se produzca la muerte.
PARAGRAFO.-Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere
el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del
artículo 33 de la presente ley”.[72] (Resaltado fuera de texto).
Por lo tanto, es del numeral primero del artículo transcrito que se desarrolla la
sustitución pensional, cuya finalidad se asimila a la de la pensión de
sobrevivientes, salvo que, en esta última no se ha consolidado el derecho
pensional en favor del afiliado; es decir, se diferencia de la
pensión de sobrevivencia en el hecho de que en la primera, para su
configuración ya debe estar causada la pensión de vejez o invalidez que se
pretende sustituir, mientras que para solicitar la segunda, es preciso
demostrar que se cumplen los requisitos que estipula de Ley 100 de 1993, para poder
otorgar la prestación a los causantes de la persona que estaba próxima a
obtener su pensión de vejez o invalidez.
48.
Pese a que la figura está regulada en la
legislación colombiana, esta Corporación en múltiples sentencias se ha referido
a ella para delimitar su ámbito de aplicación y su importancia para quienes la
solicitan, con el fin de evitar la vulneración desmesurada de los derechos
fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y la vida digna.
Desde sus primeros pronunciamientos, la Corte explicó que la
sustitución pensional “tiene como finalidad evitar que las personas allegadas al
trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el
simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección. Principios
de justicia retributiva y de equidad justifican que las personas que
constituían la familia del trabajador tengan derecho a la prestación pensional
del fallecido para mitigar el riesgo de viudez y orfandad al permitirles gozar
post-mortem del status laboral del trabajador fallecido. (...)”[73].
Así mismo, ha
señalado que esta figura persigue “suplir la ausencia repentina del
apoyo económico que el pensionado ofrecía a sus familiares, y que el deceso de
éste no determine el cambio sustancial de las condiciones de vida del
beneficiario o beneficiarios, pues es un hecho cierto que en la mayoría de los
casos la sustitución tiene el alcance de una ayuda vital para dichos
beneficiarios, es decir, indispensable para su subsistencia”[74]. Concretamente, se ha
pronunciado en los siguientes términos:
“Esta
Corporación en distintas ocasiones ha tenido la oportunidad de pronunciarse
acerca de la constitucionalidad de medidas legislativas relacionadas con la
pensión de sobrevivientes, señalando que la misma busca impedir que, ocurrida
la muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a
soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su
fallecimiento. Desde esta perspectiva, la Corte ha dicho que la sustitución
pensional responde a la necesidad de mantener para sus beneficiarios, al menos
el mismo grado de seguridad social y económica con que contaban en vida del
pensionado o del afiliado fallecido, que al desconocerse puede significar, en
no pocos casos, reducirlos a una evidente desprotección y posiblemente a la
miseria. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de
prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y que,
además, en muchos casos compartían con él su vida, reciban una pensión para
satisfacer sus necesidades mínimas”[75].
Así pues, se puede evidenciar que tanto la legislación colombiana
como la Corte Constitucional han abordado el tema de la sustitución pensional,
siempre generando una garantía de estabilidad económica para las personas que
solicitan dicho beneficio, en el entendido que el mínimo vital es considerado
como un derecho fundamental, además de estar intrínsecamente relacionado con la
vida en condiciones dignas.
49.
Ahora bien, en cuanto a los posibles beneficiarios
de la sustitución pensional, la Ley 100 de 1993 en su artículo 47 estipula a
quién se le puede otorgar dicha prestación, bajo los siguientes requisitos
específicos:
“Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a)  En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite.
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del
pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde
el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una
pensión de vejez o invalidez hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido
no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya
procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido;
b)  Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y
hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si
dependían económicamente del causante al momento de su muerte; y, los hijos
inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las
condiciones de invalidez;
c)  A falta del cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos
con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían
económicamente de éste, y
d)  A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e
hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si
dependían económicamente de éste”.[76]
(Resaltado fuera de texto).
La norma es clara
en señalar que son beneficiarios de la sustitución pensional los hijos en
condición de invalidez si dependían económicamente del causante y mientras
subsistan las condiciones de invalidez. Sin embargo, ha surgido la controversia
en asuntos en que, como en el caso objeto de estudio, las entidades encargadas
del reconocimiento de esa prestación social la niegan bajo el supuesto que se
trata de un hijo de crianza del causante. Por esa razón, la Sala se pronunciará
sobre el concepto ampliado de familia y el reconocimiento de los derechos
pensionales en virtud de la protección de la familia de crianza.
El concepto de familia en el
ordenamiento jurídico colombiano.  Protección del pluralismo y la igualdad
entre las diferentes modalidades de conformación. Reiteración de jurisprudencia
50.  El artículo 42
de la Constitución Política de 1991 definió la familia como el núcleo esencial
de la sociedad[77].
El numeral primero de esa disposición establece que la familia se constituye
por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una
mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla[78].
Es a partir del referido artículo
que se pueden observar tanto los derechos que les asisten a las familias
consagradas en el Estado colombiano, como los deberes a tener en cuenta al
momento de la constitución de la misma, protegiéndose así sus derechos
patrimoniales, derechos a la igualdad entre cónyuges e hijos, y deja abierta la
puerta para la protección a demás derechos e imposición de deberes dependiendo
del desarrollo social de la figura.
51.
Ahora bien, en relación con el bloque de constitucionalidad, el cual
hace parte del ordenamiento jurídico colombiano según lo dispuesto en el
artículo 93 de la Carta, existen diversos instrumentos internacionales que han
tratado la figura de la familia, consagrando su importancia y la trascendencia
de su protección por parte del Estado.
En ese sentido, la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San
José de Costa Rica-, coinciden en describir la familia como el núcleo
fundamental de la sociedad, sobre la que se construye la misma, asignándole al
Estado la responsabilidad de protección y asistencia.
El numeral 3° del artículo 16 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “la familia es el
elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección
de la sociedad y del Estado”; esta definición fue reproducida en los mismos
términos en el numeral 1° del artículo 17 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-[79];
por otro lado, el numeral 1° del artículo 23 del Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos[80]
dispone que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad
y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”; y el numeral
1° del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales[81]
señala que “se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y
fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles,
especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la
educación de los hijos a su cargo”.
52.  Esta
Corporación ha definido el alcance del concepto de familia y, de manera
general, ha señalado que es “un fenómeno sociológico que se comprueba cuando
dentro de un grupo de personas se acreditan lazos de solidaridad, amor, respeto
mutuo y unidad de vida común, construida bien por la relación de pareja, la
existencia de vínculos filiales o la decisión libre de conformar esa unidad
familiar”[82].
De igual forma, ha sostenido que es un concepto dinámico, por lo que debe
guardar correspondencia con la constante evolución e interacción de las
relaciones humanas, de modo que “no es posible fijar su alcance a partir de
una concepción meramente formal, sino atendiendo a criterios objetivos y
sustanciales surgidos de las diversas maneras que tienen las personas de
relacionarse y de la solidez y fortaleza de los vínculos que puedan surgir
entre ellos”[83].
Bajo
ese entendido, la conformación del grupo familiar no corresponde necesariamente
a una estructura de tipo parental, sino que su existencia se determina a partir
de la verificación de los lazos de solidaridad, amor, respeto mutuo y unidad de
vida común, según se mencionó previamente[84].
Este Tribunal entiende entonces que “la Constitución Política de 1991, no solo
protege un único concepto de familia, en tanto esta protección se extiende a un
sinnúmero de situaciones que por circunstancias de hecho se crean y que a pesar
de no contar con las formalidades jurídicas, no implica el desconocimiento como
familia”.[85]
De lo anterior surge el
reconocimiento y la protección equitativa de las diversas modalidades de
familia, lo cual encuentra sustento además en cuatro argumentos de índole
constitucional, según se explica a continuación[86]:
(i) La protección del derecho a la
igualdad, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad. La Corte ha
explicado que una de las vías para la construcción de la familia es la “voluntad
responsable de conformarla”, según lo establece el artículo 42 de la
Constitución, lo que significa que involucra un amplio grado de autonomía, esto
es, que las personas pueden optar por “configurar su grupo familiar de
acuerdo con su personal criterio, con la sola condición que se trate de una
decisión responsable”[87].
(ii) La vigencia del derecho a la
intimidad. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado que, en los términos
del artículo 15 de la Carta, todas las personas tienen derecho a su intimidad
personal o familiar, por lo que cuando se privilegia injustificadamente una
modalidad constitutiva de familia sobre otra, se está afectando este derecho, en
tanto el Estado invade la órbita interna del sujeto,  al indicarle qué modo de
familia debe conformar con el fin de hacerse acreedor de la protección jurídica
correspondiente[88].
(iii) La obligación de
tratamiento jurídico paritario entre los hijos. Según el inciso 7° del artículo
42 de la Constitución, los hijos habidos en el matrimonio o
fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica,
tienen iguales derechos y deberes. A raíz de lo anterior, la Corte ha
establecido que existe un mandato imperativo de protección jurídica equitativa
a los hijos, sin que puedan establecerse discriminaciones entre ellos por
ninguna circunstancia, pues asumir una postura contraria implicaría una
distinción fundada en la naturaleza de la filiación, la cual se encuentra
prohibida por la Carta. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha
referido que “lo previsto en el artículo 42 C.P. no puede ser comprendido
únicamente como la igualdad entre los hijos, sino que también incorpora la
necesidad de equiparar a las diferentes formas de filiación y, de una manera
más general, de vínculo familiar fundado en características de carácter
material, según se ha explicado en precedencia”[89].
(iv) La necesidad de dotar de
sentido al principio de respeto del pluralismo, como elemento
definitorio del Estado Social y Democrático de Derecho. En cuanto a este
argumento, la Corte ha indicado que la conformación de la familia
constitucionalmente protegida no se limita a las opciones que confiere la
filiación biológica, sino que adopta múltiples posibilidades, todas ellas
sujeto de protección, “no solo porque esto es corolario del reconocimiento
de la diversidad al interior de la sociedad, sino debido a que es la concepción
más garantista de los derechos de sus integrantes”[90].
De ese modo, la jurisprudencia de
la Corte Constitucional ha definido la figura de la familia de una forma clara
y precisa, demostrando además que no existe una forma de familia inmodificable,
sino que la misma responde al desarrollo social y puede estar constituida de
diversas formas, tradicionales, monoparentales, de crianza, entre otras. Al
respecto, en la sentencia T-292 de 2016 señaló:
“El concepto de esta institución social puede
estudiarse, entre otras, desde dos ópticas, por lo general, complementarias
entre sí. La primera, concibiéndola como un conjunto de personas emparentadas
por vínculos naturales o jurídicos, unidas por lazos de solidaridad, amor y
respeto, y caracterizadas por la unidad de vida o de destino, presupuestos que,
en su mayoría, se han mantenido constantes. La segunda, se puede desarrollar en
consideración a sus integrantes, desde esta perspectiva el concepto de familia
se ha visto permeado por una realidad sociológica cambiante que ha modificado
su estructura. En este
sentido se ha señalado que ‘el concepto de familia no puede ser entendido de
manera aislada, sino en concordancia con el principio de pluralismo’, porque
“en una sociedad plural, no puede existir un concepto único y excluyente de
familia, identificando a esta última únicamente con aquella surgida del vínculo
matrimonial”[91]
53.
En el ámbito del derecho internacional de los
derechos humanos se ha protegido la diversidad en las familias, y se han establecido
directrices tendientes a garantizar el acceso en materia de derechos a todas
sus formas, sin discriminación. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, en su observación número 19 sobre la familia, resaltó la
importancia del artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, sosteniendo que[92]:
“El Comité
observa que el concepto de familia puede diferir en algunos aspectos de un
Estado a otro, y aun entre regiones dentro de un mismo Estado, de manera que no
es posible dar una definición uniforme del concepto. Sin embargo, el Comité
destaca que, cuando la legislación y la práctica de un Estado consideren a un
grupo de personas como una familia, éste debe ser objeto de la protección
prevista en el artículo 23. (…) Cuando existieran diversos conceptos de familia
dentro de un Estado, "nuclear" y ‘extendida’, debería precisarse la
existencia de esos diversos conceptos de familia, con indicación del grado de
protección de una y otra. En vista de la existencia de diversos tipos de
familia, como las de parejas que no han contraído matrimonio y sus hijos y las
familias monoparentales, los Estados Partes deberían también indicar en qué
medida la legislación y las prácticas nacionales reconocen y protegen a esos
tipos de familia y a sus miembros.”
La Corte Interamericana de
Derechos Humanos se pronunció de manera similar en el caso Atala Riffo y niñas
contra el Estado de Chile, estableciendo que no hay modelos específicos de
familia, en la medida en que la sociedad ha venido evolucionando y generando
diferentes formas de convivencia y vida[93]:
“El
Tribunal constata que, en el marco de las sociedades contemporáneas se dan
cambios sociales, culturales e institucionales encaminados a desarrollos más
incluyentes de todas las opciones de vida de sus ciudadanos, lo cual se
evidencia en la aceptación social de parejas interraciales, las madres o padres
solteros o las parejas divorciadas, las cuales en otros momentos no habían sido
aceptadas por la sociedad. En este sentido, el Derecho y los Estados deben
ayudar al avance social, de lo contrario se corre el grave riesgo de legitimar
y consolidar distintas formas de discriminación violatorias de los derechos
humanos.
(…)
En efecto,
esta Corte considera que la imposición de un concepto único de familia debe
analizarse no sólo como una posible injerencia arbitraria contra la vida
privada, según el artículo 11.2 de la Convención Americana, sino también, por
el impacto que ello pueda tener en un núcleo familiar, a la luz del artículo
17.1 de dicha Convención.”
54.  En definitiva,
tanto en el plano internacional como la jurisprudencia constitucional se ha
reconocido el concepto amplio de familia y, así mismo, su ámbito de protección
más allá del concepto formal. Esta Corporación ha desestimado la estructura
parental de la familia como única reconocida en el ordenamiento jurídico y ha
fijado el alcance de su existencia a los lazos de solidaridad, amor, respeto
mutuo y unidad de vida común, como parámetros que consolidan la conformación
del grupo familiar.
La familia de crianza es una de
las tipologías reconocidas por la jurisprudencia constitucional, razón por la
cual a continuación la Sala se referirá al respecto, particularmente, sobre la
protección de los derechos pensionales en favor de los hijos de crianza.
Protección
a las familias de crianza. Reiteración de jurisprudencia
55.  Esta
Corporación ha definido a la familia de crianza como aquella que no se
conforma por vínculos biológicos, sino por la comprobación de criterios
materiales, y es una modalidad de grupo familiar con reconocimiento y
protección constitucional[94].
Se trata de una figura de creación jurisprudencial que se ha
dado, por un lado, en respuesta al desarrollo de la sociedad, la cual consta en
una relación entre padres e hijos que no tienen un lazo consanguíneo ni
jurídico, y de características precisas que se abordarán más adelante; y por el
otro, ante la ausencia de regulación sobre el particular en la legislación
colombiana.
Según se desprende del artículo 67 del Código de la Infancia y la
Adolescencia, el Legislador reconoce que la figura de familia por lazos de
solidaridad puede ocurrir y les da una prelación a las personas que tengan a su
cuidado a menores de edad sin lazos de consanguinidad, para que al momento de
iniciar un proceso de adopción sean tenidos en cuenta de manera preferente.
Pese a ello, no ha habido un desarrollo normativo amplio que aborde el tema de
las familias de crianza y determine sus derechos y deberes en el ordenamiento
jurídico colombiano, para evitar inseguridad jurídica al momento de buscar la
satisfacción por parte de un miembro de una familia de crianza respecto de los
beneficios patrimoniales o morales.
56.
Este reconocimiento ha sido producto, en su mayoría, de
pronunciamientos en fallos de revisión de tutela, por lo que se hará una
referencia a las principales decisiones que sobre el particular ha adoptado
esta Corporación[95]:
En
la sentencia T-495 de 1997 la Corte estudió el caso de un soldado que falleció
en razón del servicio y sus padres de crianza, quienes asumieron su cuidado
personal desde la niñez sin que se formalizara la relación, solicitaron al
Ejército Nacional el pago de la indemnización prevista en la ley.  Esta
prestación les fue negada debido a la ausencia de vínculo filial. En esa
oportunidad se determinó que a pesar de no concurrir dicha formalización, se
estaba ante una verdadera familia objeto de protección, atendiéndose a un
criterio material para su conformación.  Se destacó cómo había surgido entre el
causante y los solicitantes “una familia que para
propios y extraños no era diferente a la surgida de la adopción o, incluso, a
la originada por vínculos de consanguinidad, en la que la solidaridad afianzó
los lazos de afecto, respeto y asistencia entre los tres miembros, realidad
material de la que dan fe los testimonios de las personas que les conocieron”.
Más adelante, en la sentencia T-586 de 1999 esta Corporación
revisó el caso de una menor a la que le fue negado un subsidio por parte
de una caja de compensación familiar, al no ser considerada hijastra,
toda vez que la afiliada  -compañera permanente del padre de la niña- no se
encontraba casada con el progenitor de la menor. La Corte concluyó que esa
distinción contrariaba tanto el mandato de protección equitativa de las
distintas formas de familia, como la igualdad ante los hijos, al considerar que
“si el constituyente quiso equiparar la familia que
procede del matrimonio con la familia que surge de la unión de hecho, y a los
hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, forzoso es concluir que proscribe
cualquier tipo de discriminación procedente de la clase de vínculo que da
origen a la familia. Por lo tanto, establecer que son ‘hijastros’ los hijos que
aporta uno de los cónyuges al matrimonio, pero que no lo son los que aporta el
compañero a una unión de hecho, se erige en un trato discriminatorio que el orden
jurídico no puede tolerar”.
Tiempo después, mediante la
sentencia T-606 de 2013 concedió la protección de los derechos de una
persona trasgredidos por una empresa al no llevar a cabo el procedimiento
administrativo requerido para inscribir a su hija de crianza como beneficiaria
de ciertas prerrogativas convencionales, por no tener filiación biológica. A juicio
de este Tribunal, “el derecho de los niños a tener una familia se puede
materializar en el seno de cualquiera de los tipos de familia que protege la
Carta Política[96],
habida cuenta de que el primer espacio al cual el infante tiene derecho a
pertenecer es su núcleo familiar, en el cual ha de encontrar las condiciones
personales y afectivas más adecuadas para que su proceso de educación moral y
formación ciudadana sea llevado a cabo cabalmente”.
En similar sentido se pronunció a
través de la sentencia T-070 de 2015, en donde se negó el subsidio
educativo al hijo de crianza de un trabajador, en razón a que carecía de una
filiación biológica o adoptiva, pues era hijo de su pareja. En esa ocasión señaló
que “[l]as familias conformadas por padres e hijos
de crianza han sido definidas por la jurisprudencia constitucional como aquellas
que nacen por relaciones de afecto, respeto, solidaridad, comprensión y
protección, pero no por lazos de consanguinidad o vínculos jurídicos. Sin
embargo, la protección constitucional que se le da a la familia, también se
proyecta a este tipo de familias”.
En reciente
jurisprudencia, sentencia T-074 de 2016,
estudió el caso de un menor de edad que como hijo de crianza de su abuelo
solicitaba el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. En esa
oportunidad, se dijo al respecto de la figura: “[e]sta protección
constitucional de la familia también se proyecta a aquellas conformadas por
madres, padres e hijos de crianza; es decir, a las que no surgen por lazos de
consanguineidad o vínculos jurídicos, sino por relaciones de afecto, respeto,
solidaridad, comprensión y protección. Lo anterior, puesto que el concepto de
familia se debe entender en sentido amplio, e incluye a aquellas conformadas
por vínculos biológicos, o las denominadas ‘de crianza’, las cuales se
sustentan en lazos de afecto y dependencia, y cuya perturbación afecta el
interés superior de los niños”.
Luego, en la
sentencia T-354 de 2016, se analizó el caso de una familia de crianza,
donde uno de sus miembros tenía derecho a beneficios contenidos en una
convención colectiva de trabajo, los cuales no podía extender a sus padres de
crianza, pues la norma solo confería el beneficio a los padres biológicos o
adoptivos. La Corte concluyó que esta distinción era contraria a la
Constitución, aduciendo que “las relaciones humanas conllevan la imperiosa
necesidad de adaptar la legislación y el derecho a la realidad, toda vez que en
materia de familia, los vínculos entre sus miembros se han extendido más allá
de los meramente jurídicos o existentes por consanguinidad, para dar paso a un
concepto más amplio que comprende las relaciones de afecto, convivencia,
solidaridad, respeto y apoyo mutuo, situaciones de facto que dan lugar al
reconocimiento de derechos y la imposición de deberes”.
Posteriormente, en la sentencia T-525 de 2016 donde se revisó el caso de dos
menores que solicitaban a Colpensiones el reconocimiento
de la sustitución pensional de su abuelo, de quien alegaban ser hijos de
crianza, se dijo puntualmente: “[s]e puede colegir que las familias de
crianza son las que no necesariamente surgen por lazos de consanguinidad o
vínculos jurídicos, sino principalmente por relaciones de facto que involucran
sentimientos de afecto, respeto, solidaridad, comprensión y protección que
consolidan el núcleo familiar (…) Se generan, normalmente, cuando padres
de crianza toman como suyos hijos que en principio no lo son, ante la ausencia
de uno o todos los integrantes de la familia consanguínea o jurídica. Estas
familias generan derechos y obligaciones, y es responsabilidad del Estado
concebir escenarios de protección que faciliten el cumplimiento de sus deberes
a las familias de crianza (…)”.
De igual modo lo consideró la Corte en la sentencia T-316 de 2017
cuando estudió el caso de una persona a quien Ecopetrol le negó la sustitución
pensional por considerar que la entidad tiene un régimen especial y que la
condición parental de nieto del pensionado fallecido no se encontraba incluida
dentro de los beneficiarios legales. En esa ocasión, indicó que “en
Colombia, como consecuencia de la evolución de las relaciones humanas y de la
aplicación del principio de solidaridad, existen diferentes tipos de familia.
Entonces, el derecho debe ajustarse a las realidades sociales, de manera tal
que reconozca y brinde la protección necesaria a las relaciones familiares,
donde las personas no están unidas única y exclusivamente por vínculos
jurídicos o biológicos, sino en virtud de los lazos de afecto, solidaridad,
respeto, protección y asistencia”.
Así pues, se
vislumbra cómo las definiciones que se han dado en diferentes providencias de
esta Corporación, manejan una misma línea conceptual respecto a las familias de
crianza, describiendo sus características específicas y otorgándoles las mismas
preferencias en cuanto a los derechos y beneficios que tradicionalmente habían
sido privativos de familias conformadas de forma natural o jurídica.
57.  Recientemente,
la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC6009-2018
del 9 de mayo de 2018[97], conoció una acción
de tutela interpuesta por una ciudadana contra el Juzgado de Familia de Soacha,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia, desconocidos por ese
despacho judicial al rechazar una demanda por ella promovida con el objeto de
que los señores Teófilo Romero Ríos (q.e.p.d) y Berenice Romero de Romero
fueran declarados sus padres de crianza, quienes asumieron ese rol desde que
ella tenía 3 años de edad. El juzgado accionado rechazó esa demanda bajo el
argumento de que “la figura de padres de crianza no existe en la ley y
tampoco se halla previsto procedimiento para tramitarlo”[98]
y porque “tampoco acreditó a través de la prueba de ADN existencia de lazos
de consanguinidad entre ella y los padres de crianza”[99].
Al conocer el asunto, la Sala Civil hizo
referencia de manera preliminar al artículo 42 de la Constitución y señaló que,
a partir de la definición del concepto de familia allí contenido, la
jurisprudencia desarrollada por las Altas Cortes ha sido coincidente en ir más
allá de los límites trazados en esa disposición, “entendiendo que la familia
no solo se constituye por el vínculo biológico o jurídico, sino también a
partir de las relaciones de hecho o crianza, edificadas en la solidaridad, el
amor, la protección, el respeto, en cada una de las manifestaciones inequívocas
del significado ontológico de una familia”[100].
Luego de ello, citó la jurisprudencia de la Corte
Constitucional donde se ha fijado el alcance de la protección al núcleo
familiar, la cual no se predica únicamente de la acepción rígida normal
concebida de antaño, sino del criterio eminentemente sustancial[101].
Así mismo, hizo referencia a la sentencia SCE, 2 sep. 2009, rad. 17997 de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, reiterada en la SCE, 11 jul. 2013, rad.
31252, en la cual se dijo que:
“[L]a familia
no solo se constituye por vínculos jurídicos o de consanguinidad, sino que
puede tener un sustrato natural o social, a partir de la constatación de una
serie de relaciones de afecto, de convivencia, de amor, de apoyo y solidaridad,
que son configurativas de un núcleo en el que rigen los principios de igualdad
de derechos y deberes para una pareja, y el respeto recíproco de los derechos y
libertades de todos los integrantes. (…) [L]a familia no se configura solo a
partir de un nombre y un apellido, y menos de la constatación de un parámetro o
código genético, sino que el concepto se fundamenta, se itera, en ese conjunto
de relaciones e interacciones humanas que se desarrollan con el día a día, y
que se refieren a ese lugar metafísico que tiene como ingredientes principales
el amor, el afecto, la solidaridad y la protección de sus miembros entre sí, e
indudablemente, también a factores sociológicos y culturales”.
Acto seguido, la Corte Suprema destacó que a
partir del reconocimiento dado por la vía jurisprudencial a las familias de
crianza, se han reconocido derechos patrimoniales para sus integrantes, como
sucedió en las sentencias T-459 de 1997, T-586 de 1999, T-403 de 2011, T-606 de
2013, T-233 de 2015, T-074 de 2016 y T-177 de 2017 de la Corte Constitucional,
y en la sentencia 18846 del 16 de marzo de 2008 proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado, a partir de la cual se admitió el vínculo de
crianza como forma válida de familia, reconociéndole a cualquiera de sus
integrantes legitimidad para reclamar el resarcimiento de perjuicios por daños
antijurídicos imputables al Estado.
Sobre el caso concreto, concluyó que el operador
judicial incurrió en un defecto sustantivo, pues sin detenerse a verificar si
la demanda reunía los requisitos formales del Código General del Proceso se
apresuró a rechazarlo bajo un argumento que no constituye una causal enunciada
en la norma. Si bien encontró que el juez erró en su decisión, resaltó que con
ello no se indicaba que la pretensión de la demandante debía ser acogida por el
juzgador al momento de dictar sentencia, sino que se pretendía poner de
presente “la existencia de múltiples decisiones judiciales que evidencian
una situación sensible en el devenir humano, que por lo menos amerita dar curso
a la demanda, con independencia  de la resolución final que se adopte”.
Con sustento en ello, la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia revocó el fallo de primera instancia que negó el amparo
invocado y, en su lugar, ordenó al Juzgado de Familia de Soacha, dejar sin
efectos el auto mediante el cual se rechazó la demanda interpuesta por la
accionante y adoptar las medidas pertinentes para dar trámite al proceso.
58.  Se puede
interpretar entonces que la familia de crianza nació como una necesidad de
brindar protección a los menores que resultaban en estado de abandono por parte
de sus padres biológicos, ya que estos no podían o no tenían la voluntad de
velar por su integridad y cuidados básicos, por lo que otras personas
voluntariamente se hacían con dicha obligación de crianza y protección de forma
permanente, sin la intervención del Estado, generando así una relación
interpersonal estrecha de aprecio, acompañamiento y apoyo continuo, tanto
económico como emocional, que se evidencia claramente por parte de la sociedad,
de tal manera que sean vistos como una familia tradicional.
En ese
sentido, es deber del Estado colombiano velar por la protección de los derechos
de las familias de crianza sin discriminación alguna, ofreciendo las mismas
garantías y prerrogativas, toda vez que al generarse este tipo de relaciones,
se crea implícitamente en ellas la expectativa de que recibirán el mismo trato
y beneficios de una familia con lazos naturales, en cuanto al vínculo padre e
hijo, teniendo de esta manera la posibilidad de acceder tanto a
indemnizaciones, como a prestaciones que le corresponderían por derecho a sus
familiares.
Derecho a la sustitución pensional para hijos de crianza en
condición de discapacidad
59.
Como se expuso en acápites anteriores, la
legislación en materia laboral determina cuáles son los parentescos y uniones que se deben verificar para efectos del reconocimiento de la
sustitución pensional.
Esta Corporación  ha sostenido que debe garantizarse la igualdad de
trato a todas las familias, incluyendo la verificación de los requisitos para
acceder a tales derechos pensionales. Al respecto, ha resaltado que “limitar
la protección de estos derechos a las familias expresamente reconocidas por
mecanismos formales y jurídicos no se compagina con los fines del Estado en
materia de protección, ni con las manifestaciones propias del principio de
solidaridad, ya que la voluntad del constituyente ha sido la de defender la
maleabilidad del vínculo familiar en el marco de un Estado pluricultural”[102].
Bajo ese entendido es que ha protegido todas las formas de familia
superando las concepciones básicas de aquellas que han
sido creadas por vínculos de consanguinidad y/o formalidades jurídicas. Por esa
razón, ha reconocido a los hijos y padres de crianza sus derechos en igualdad
de condiciones a las demás familias. Por ejemplo, en la sentencia T-074 de 2016 reconoció el derecho a la pensión
de sobrevivientes de las familias de crianza determinando la existencia de una
familia por asunción solidaria de la paternidad, a partir de la figura del
co-padre de crianza, bajo las siguientes
consideraciones:
“De esta manera, el reconocimiento y protección de esa relación
material que surge dentro de la familia, se extiende a todos los ámbitos del
derecho, por lo que es claro que los hijos de crianza por asunción solidaria de
la paternidad, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, al igual que
los naturales y adoptados, toda vez que la Ley 100 establece como beneficiarios
a los hijos del causante.
Este reconocimiento encuentra fundamento en el principio de
solidaridad, y en la igualdad, ya que todos los hijos son iguales ante la ley,
y gozan de los mismos derechos y merecen una protección similar.
Adicionalmente, la naturaleza y finalidad de la prestación misma
permite la creación de esta regla puesto que el objetivo de la pensión de
sobrevivientes es amparar a los beneficiarios de un afiliado al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones al momento de su fallecimiento. Para así obtener
una suma económica que les facilite suplir el auxilio material con que les
protegía antes de su muerte”.[103] (Resaltado fuera de
texto).
En esa sentencia
también se explicó que la expresión hijos contenida en
el literal b) del artículo 47 de la Ley 100 debe entenderse en sentido amplio,
esto es, incluyendo como beneficiarios a los hijos naturales, adoptivos, de
simple crianza y de crianza, por asunción solidaria de la paternidad.
Entre
tanto, en la sentencia T-525 de 2016 abordó el asunto de un joven que promovió
acción de tutela en nombre propio y como agente oficioso de su hermana menor,
en contra de Colpensiones, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a
la vida digna, al mínimo vital y a la seguridad social, debido a que no se les
concedió la sustitución pensional de su abuelo. En esa ocasión, se dijo
respecto de la sustitución pensional para hijos de crianza, lo siguiente:
“Queda claro, entonces, que la figura de la pensión de
sobrevivientes, o la sustitución pensional de ser el caso puede llegar a
proceder en favor de los hijos de crianza en condiciones de igualdad a los
hijos de las otras formas y tipologías de familia, siempre y cuando se den las
condiciones para tal sustitución, así como algunos presupuestos que permitan
entrever la existencia de una familia de crianza. Estos últimos deben ser
analizados en cada caso concreto por parte del juez o las instituciones
administradoras de pensiones, sin acudir a ninguna clase de taxatividad, ya que
lo que primará al final serán las particularidades de cada caso. Lo anterior,
con el fin de no vulnerar los derechos a la igualdad de que puede llegar a
tener una familia de crianza, así como los derechos al mínimo vital, dignidad y
seguridad social de sus miembros, que quedan en una situación de desamparo ante
la muerte de quien garantizaba, a partir de sus aportes económicos y
emocionales, el adecuado desarrollo del hogar”[104].
60.
Teniendo claro, entonces, que la sustitución
pensional procede en favor de los hijos de crianza, siempre y cuando se den las
condiciones establecidas en la ley para tal sustitución, se deben acreditar
adicionalmente los presupuestos que permitan evidenciar la existencia de una
familia de crianza, los cuales han sido delimitados por la jurisprudencia de
esta Corporación en los siguientes términos[105]:
(i) La solidaridad.
Se evalúa en la causa qué motivó al padre o madre de crianza a generar una
cercanía con el hijo, que deciden hacer parte del hogar y al cual brindan un
apoyo emocional y material constante y determinante para su adecuado
desarrollo. Esta se encuentra justificada en los artículos 1 y 95 de la Constitución,
la jurisprudencia constitucional y en el artículo 67 del Código de la Infancia
y la Adolescencia.
(ii)
Reemplazo de la figura paterna o materna (o ambas). Se sustituyen los
vínculos consanguíneos o civiles por relaciones de facto. Podrá observarse si
el padre de crianza tiene parentesco con el hijo, pero no será determinante en
la evaluación de la existencia de la familia de crianza, ya que en la búsqueda
de la prevalencia del derecho sustancial se privilegiará la crianza misma así
provenga de un familiar.
(iii) La dependencia económica.
Se genera entre padres e hijos de crianza que hace que estos últimos no puedan
tener un adecuado desarrollo y condiciones de vida digna sin la intervención de
quienes asumen el rol de padres. Es el resultado de la asunción del deber de
solidaridad, las normas legales y constitucionales que regulan la institución
de la familia y las disposiciones que buscan garantizar ambientes adecuados
para los menores, como el Código de la Infancia y la Adolescencia, que generan
el surgimiento de los demás deberes que acarrea la paternidad responsable.
(iv) Vínculos de afecto,
respeto, comprensión y protección. Se pueden verificar con la afectación
moral y emocional que llegan a sufrir los miembros de la familia de crianza en
caso de ser separados, así como en la buena interacción familiar durante el día
a día.
(v) Reconocimiento de la
relación padre y/o madre, e hijo. Esta relación debe existir, al menos
implícitamente, por parte de los integrantes de la familia y la cual debe ser
observada con facilidad por los agentes externos al hogar.
(vi) Existencia
de un término razonable de relación afectiva entre padres e hijos. La relación familiar no se determina a
partir de un término preciso, sino que debe evaluarse en cada caso concreto con
plena observancia de los hechos que rodean el surgimiento de la familia de
crianza y el mantenimiento de una relación estable por un tiempo adecuado para
que se entiendan como una comunidad de vida. Es necesario que transcurra un
lapso que forje los vínculos afectivos.
(vii) Afectación del principio
de igualdad. Se configura en idénticas consecuencias legales para las
familias de crianza, como para las biológicas y jurídicas, en cuanto a
obligaciones y derechos y, por tanto, el correlativo surgimiento de la
protección constitucional. En la medida en que los padres de crianza muestren a
través de sus actos un comportamiento tendiente a cumplir con sus obligaciones
y deberes en procura de la protección y buen desarrollo de los hijos, se tendrá
claro que actúan en condiciones similares a las demás familias, por lo que
serán beneficiarias de iguales derechos y prestaciones.
Estos presupuestos deben ser evaluados de acuerdo a las
circunstancias propias de cada caso, y pueden ser más amplios o restringidos
conforme cada situación o familia. Por ejemplo, el último de ellos, referido a
la igualdad solo se podría analizar en aquellos casos en los que se encuentre a
una familia que ha sido discriminada o tratada en forma desigual por ser una
unión de facto[106].
61.       En conclusión, para esta Corporación no se debe
distinguir la naturaleza de la relación familiar que se tenga entre hijo y
padre, al momento de otorgar el reconocimiento y pago de una mesada pensional
por medio de la figura de la sustitución, cuando se produce el fallecimiento
del titular de la prestación; en consecuencia, a las entidades estatales o
particulares encargados del reconocimiento de dicha prestación, les está
prohibido realizar distinciones entre familias configuradas por vínculos de
facto, pues ello se traduce en la vulneración de los derechos fundamentales que
los revisten como parte de un grupo familiar. En todo caso, se deberá analizar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para acceder a la
sustitución pensional y constatar la configuración de los presupuestos que
permitan evidenciar la existencia de la familia de crianza.
Con los
elementos de juicio explicados en los capítulos precedentes, entrará la Sala de
Revisión a evaluar el caso concreto.
El caso
concreto
Breve
presentación del asunto
62.       El representado Pedro Pablo Córdoba Aragonés, de 40 años de edad,
fue abandonado por su madre biológica el día de su nacimiento y de su padre
biológico no se conoce su paradero. Desde ese momento, Clementina Aragonés, tía
de la madre de Pedro Pablo, y Agobardo Córdoba, su esposo y padre del señor Agobardo Córdoba Aragonés, se hicieron cargo
él. El 4 de agosto de 2011, Agobardo Córdoba decidió registrar a Pedro Pablo
con su apellido, en la Notaría de Andalucía de Cali.
Cuando tenía diez años empezó a presentar ciertas dificultades en su
comportamiento, como no continuar con sus estudios y consumir drogas, por lo
que el señor Agobardo Córdoba se vio en la obligación de internarlo en centros
de rehabilitación en varias oportunidades. Actualmente, se encuentra en una
casa de paso llamada Fundación Gerontológica Luz y Esperanza, donde se pagan
$400.000 mensuales. Sin embargo, de acuerdo a lo afirmado por el señor Agobardo Córdoba Aragonés, es necesario trasladarlo a un centro de
rehabilitación “donde no logre salirse, pues no es solo un drogadicto sino
con retardo mental (sic), esquizofrenia, comportamientos desordenados, y en ese
centro nos cobran $1.500.000”[107].
El señor Agobardo Córdoba prestó sus servicios a la Empresa Ingenio
Riopaila S.A., y el 21 de mayo de 1986 el Instituto de Seguros Sociales le
reconoció la pensión de vejez, la cual era sufragada en una cuota parte por el
Ingenio Riopaila Castilla.  El 30 de marzo de 2014 el señor Agobardo Córdoba
falleció, razón por la cual su hijo, Agobardo Córdoba Aragonés, solicitó tanto
a Colpensiones como a dicha empresa y en nombre de Pedro Pablo Córdoba, el
reconocimiento de la sustitución pensional. Esta prestación fue reconocida por
Colpensiones a favor de Pedro Pablo en calidad de hijo en condición de
invalidez con una pérdida de capacidad laboral del 70.25%, mientras que la
sociedad Riopaila Castilla S.A., negó la solicitud al considerar que una vez
revisada la documentación, la realización de dos visitas domiciliarias y la
práctica de otras pruebas, “el señor Pedro Pablo Córdoba (registrado como
Pablo Aragonés) realmente es sobrino político del señor Agobardo, hijo de una
hermana de quien fuera su esposa, la señora Rubiela Aragonés y no hijo del
mencionado señor”[108].
En virtud de lo anterior, el señor Agobardo
Córdoba Aragonés instauró acción de tutela en calidad de curador legítimo de
Pedro Pablo Córdoba Aragonés, con el fin de que le fueran amparados los
derechos fundamentales al mínimo vital, a una vida digna y a la igualdad. Solicitó que se le ordenara a la empresa accionada reconocer la
sustitución pensional, incluyendo la liquidación y el pago retroactivo desde la
fecha en la que se consolidó su derecho, esto es, el 31 de marzo de 2014.
63.
La sociedad Riopaila Castilla S.A., resaltó que
desde un principio la petición formulada por el señor Agobardo Córdoba Aragonés
ante esa empresa lo fue bajo el entendido de que Pedro Pablo Córdoba Aragonés
era hijo natural de Agobardo Córdoba, y no hijo de crianza como se evidenció
posteriormente. Puso de presente que el actor también se presentó como hermano
natural del señor Pedro Pablo Córdoba ante el Juzgado Séptimo de Familia de
Oralidad de Cali, que conoció el proceso de interdicción judicial, y ante
Colpensiones, toda vez que la resolución mediante la cual se reconoce la
pensión de sobrevivientes en ningún aparte considera la condición de hijo de
crianza del causante, sino de hijo natural.
Destacó que en el Registro Civil de Nacimiento original se registró
como nombre “Pedro Pablo Aragonés”, pero solo hasta 2011, esto es, tres
años antes de la muerte de Agobardo Córdoba, se modificó dicho registro
incluyendo el apellido de este último. Adicionalmente, expuso que durante la
ejecución del contrato de trabajo, el señor Agobardo Córdoba nunca inscribió a
Pedro Pablo Córdoba como hijo natural ni como hijo de crianza.
64.  El Juzgado 26 Civil Municipal de Oralidad de Cali declaró
improcedente el amparo invocado, al considerar que se trata de un asunto
que debe ser valorado ante la jurisdicción ordinaria laboral, por lo que no se
acreditó el requisito de subsidiariedad. Advirtió que tampoco se cumplió con el
requisito de inmediatez, por cuanto las circunstancias fácticas que originaron
la solicitud de amparo constitucional ocurrieron el 30 de marzo de 2014 cuando
falleció el causante y solo hasta el 25 de septiembre de 2017 fue interpuesta
la acción de tutela, es decir, más de tres años después. Por último, en relación
con la afectación al mínimo vital encontró que Colpensiones reconoció y ordenó
el pago de la pensión solicitada con una mesada de $737.717 y un retroactivo de
$25.421.304, suma que consideró suficiente para satisfacer las necesidades
enunciadas en sede de tutela, referentes al tratamiento que requiere el señor
Pedro Pablo Córdoba para su problema de drogadicción.
65.  Esta decisión fue
confirmada por el Juzgado Cuarto
Civil del Circuito de Cali. Aclaró que el a quo erró en la
interpretación sobre el requisito de inmediatez, pues la causa que originó la
acción obedeció a la negativa de la empresa accionada de reconocer la
sustitución pensional, lo cual ocurrió tan solo dos meses antes de la
interposición del amparo. Sin embargo, estimó que
no se demostró de manera contundente la posible ocurrencia de un perjuicio
irremediable que hiciera viable la intervención del juez de tutela, pues el
actor cuenta con otros mecanismos de defensa judicial.
66.  En sede de revisión, la
sociedad Rioapaila Castilla S.A., informó que la última mesada pensional que
recibió el señor Agobardo Córdoba en el año 2014 fue por un valor de $616.000[109]. Por su parte, el señor Agobardo Córdoba Aragonés, a través de apoderado judicial, anexó
varios documentos a través de los cuales informó sobre los ingresos y egresos
de él y de los familiares que tienen a su cargo el sostenimiento de Pedro Pablo
Córdoba. Colpensiones indicó que como la tutela se dirige contra la empresa
Riopaila Castilla S.A., está acreditada la falta de legitimación por pasiva de
esa entidad. Aclaró que esa administradora reconoció la sustitución pensional
luego de que el beneficiario acreditara con los documentos pertinentes ser
dependiente del causante y estar en situación de discapacidad. La Nueva EPS
informó que el señor Pedro Pablo Córdoba Aragonés: i) estuvo afiliado en
calidad de beneficiario desde febrero de 2012 hasta el 9 de abril de 2014 y el
documento de identificación del cotizante corresponde al del señor Agobardo
Córdoba; ii) Pedro Pablo Córdoba aparece nuevamente afiliado a esa EPS
desde el 1° de junio de 2017 hasta la fecha, en calidad de cotizante.
Legitimación en la causa por activa
67.
En primer lugar,
es preciso hacer mención a la calidad por medio de la cual actúa el señor
Agobardo Córdoba Aragonés, pues interpuso la acción de tutela como curador
legítimo de Pedro Pablo Córdoba Aragonés.
De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 62
del Código Civil las personas incapaces de celebrar negocios serán
representadas por el tutor o curador que ejerciere la guarda sobre menores de
18 años no sometidos a patria potestad y sobre las personas en condición de
discapacidad mental, disipadores y sordomudos que no pudieren darse a entender.
En el caso que ahora estudia el señor Agobardo Córdoba Aragonés
manifiesta de manera expresa en el escrito de tutela que actúa “en calidad
de curador legítimo del señor Pedro Pablo Córdoba Aragonés, designado mediante
sentencia de interdicción No. 260 proferida el 31 de octubre de 2016, por el
Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad, mediante la cual decreta la
interdicción judicial definitiva por discapacidad mental absoluta”[110].
De otra parte, es preciso señalar que la persona en cuya
representación se actúa no se encuentra en condiciones físicas ni mentales de
promover su defensa, pues lo señalado por el señor Agobardo
Córdoba Aragonés está debidamente acreditado en el expediente, con los
siguientes documentos:
(i) Copia de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2016 por el
Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Cali, en el proceso de interdicción
judicial radicado No. 2015-00467-00 interpuesto por Agobardo Córdoba Aragonés,
de la cual se extrae lo siguiente[111]:
“PRIMERO. DECLARAR EN INTERDICCIÓN JUDICIAL DEFINITIVA por discapacidad
mental absoluta a Pedro Pablo Córdoba Aragonés (…) TERCERO. DESIGNAR a AGOBARDO
CÓRDOBA ARAGONÉS, (…) en su condición de hermano como curador legítimo de PEDRO
PABLO CÓRDOBA ARAGONÉS (…)”.
(ii) Copia del acta de la diligencia de posesión  de Agobardo
Córdoba Aragonés en el cargo de curador legítimo de Pedro Pablo Córdoba
Aragonés, celebrada el 31 de enero de 2017 ante el Juzgado Séptimo de Familia
de Oralidad de Cali[112].
(iii) Copia del dictamen de pérdida de capacidad laboral del señor
Pedro Pablo Córdoba Aragonés, emitido por el Grupo Médico Laboral de
Colpensiones, donde se dictamina una PCL del 70.25% por enfermedad de origen
común y con fecha de estructuración del 8 de febrero de 2012[113].
68.
Bajo los anteriores términos, se encuentra
acreditado que el señor Agobardo Córdoba Aragonés está legitimado para actuar
en representación del señor Pedro Pablo Córdoba Aragonés.
Legitimación en la causa por pasiva
69.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos
13[114]
y 42[115]
del Decreto 2591 de 1991, se puede invocar la acción de tutela contra una
autoridad pública o un particular que haya vulnerado o amenazado algún derecho
de rango constitucional fundamental. Al respecto, esta Corporación ha señalado
que la legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la “aptitud
legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la
llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental. Es un
presupuesto procesal que exige que la persona contra quien se incoa la tutela
sea la autoridad o el particular que efectivamente vulneró o amenaza vulnerar
el derecho fundamental”[116].
70.
En el caso que se revisa, la acción de tutela
fue interpuesta contra la sociedad Riopaila Castilla S.A., y durante el trámite
de la acción de tutela el Juzgado 26 Civil Municipal de
Cali, que conoció el asunto en primera instancia, vinculó a Colpensiones y la Fundación Gerontológica Luz y Esperanza.
La Corte encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva
respecto de la sociedad Riopaila Castilla S.A., pues es la empresa llamada a
responder por la vulneración alegada en esta oportunidad. En efecto, de
hallarse demostrada la violación de los derechos fundamentales, deberá ser
dicha sociedad la que asuma lo concerniente al reconocimiento del derecho
pensional, en tanto era la que tenía a cargo el pago de la pensión que en vida
le fue concedida al causante Agobardo Córdoba.
Sin embargo, a juicio de la Sala, Colpensiones
y la Fundación Gerontológica Luz y Esperanza no están llamadas a responder en
este caso, por cuanto el asunto se circunscribe a determinar si se vulneraron
los derechos fundamentales de Pedro Pablo Córdoba Aragonés al negarle el reconocimiento de la
sustitución pensional del señor Agobardo Córdoba, de quien se alega ser su hijo
de crianza. Por una parte, la Fundación Gerontológica
Luz y Esperanza es el lugar de paso donde actualmente se encuentra internado el
representado, pero respecto de la cual no se alega ningún tipo de vulneración.
Por otra, según se desprende del material probatorio que obra en el expediente,
Colpensiones reconoció la sustitución pensional en la parte que le corresponde,
por lo que no puede endilgarse algún tipo de responsabilidad respecto de esta
entidad.
71.
Bajo ese entendido, la Sala dispondrá la
desvinculación de Colpensiones y la Fundación Gerontológica Luz y Esperanza,
del trámite de esta tutela.
Análisis de los requisitos de
procedencia de la acción de tutela
72.
En cuanto al requisito de subsidiariedad,
sea lo primero señalar que el Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, en el numeral 4º  del artículo 2º, establece que es
competencia de la jurisdicción ordinaria conocer de “[l]as
controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social
que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores
y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad
médica y los relacionados con contratos.”. De ahí que, la existencia de
dicho medio, en principio, permite al señor Agobardo Córdoba Aragonés acudir ante esa jurisdicción para
aportar los elementos probatorios y jurídicos para obtener la sustitución
pensional en favor de Pedro Pablo Córdoba Aragonés.
Según
se expuso en acápites precedentes, aun cuando el derecho a la
seguridad social ostenta un carácter fundamental, tal particularidad no puede
ser confundida con la posibilidad de hacerlo efectivo, en todos los casos, por
medio de la acción de tutela. Sin embargo, este mecanismo constitucional
procede de manera excepcional para reclamar el reconocimiento de la sustitución pensional, a
pesar de la existencia de un medio judicial ordinario idóneo y eficaz, cuando
es necesaria para evitar un perjuicio irremediable, el cual se configura, en
estos casos, cuando se viola o amenaza el derecho al mínimo vital del peticionario
y/o de su familia por la ausencia de la referida prestación.
Esta Corporación ha señalado
que frente a la presunción de afectación al mínimo vital, pese a la
informalidad de la acción de tutela, el accionante debe acompañar a su
afirmación de que le asiste el derecho alguna prueba siquiera sumaria o esta
debe ser decretada por el juez de tutela, de oficio[117]. Por
otro lado, ha establecido que el estudio de la procedencia de la acción de
tutela en esta clase de asuntos deben responder a un “criterio amplio” cuando
quien la presente tenga el carácter de sujeto de especial protección
constitucional, lo que significa que el análisis debe efectuarse con una
óptica, “si bien no menos rigurosa, sí menos estricta, para así
materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y
protección que el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones
de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad” [118].
Finalmente, es
necesario recordar que el excepcional reconocimiento del derecho a la sustitución
pensional por vía de tutela se encuentra sometido, además, a una última
condición de tipo probatorio, consistente en: i) que el
accionante haya agotado algún trámite administrativo o judicial tendiente a
obtener el reconocimiento de tal prestación; y ii) que en el
expediente esté acreditada la procedencia del derecho impetrado[119].
En el caso
objeto de estudio, la Sala advierte que la persona en favor de quien se
presenta la acción de tutela es un sujeto de especial protección constitucional
en razón a su condición de discapacidad, situación que a su vez le impide
proveerse los medios para una subsistencia digna. Aunque las controversias
referentes al reconocimiento de la sustitución pensional se deben ventilar ante
la justicia laboral, dicho medio carece de eficacia para proteger los derechos
fundamentales al mínimo vital y la vida en condiciones dignas del representado.
Si bien a
Pedro Pablo Córdoba le fue reconocida la sustitución pensional por parte de
Colpensiones en un valor de $737.717, el curador
legítimo puso de
presente que dicha suma es insuficiente para solventar las necesidades básicas
del representado, las cuales se suplen con los aportes que, en la medida de lo
posible, realizan quienes asumieron su cuidado. Lo anterior, se sustenta en las
declaraciones extra juicio allegadas en sede de revisión y de las cuales se
deriva que los ingresos y los gastos asumidos por Agobardo Córdoba Aragonés,
Nohoralba Aragonés, María Felinda Córdoba Aragonés y
Sigifredo Córdoba Aragonés no son suficientes para cubrir de lo que en vida era
sufragado por Agobardo Córdoba.
-
Si bien el señor Agobardo Córdoba Aragonés
percibe aproximadamente $1.200.000 mensuales, le quedan libres $192.000, con lo
que sufraga los gastos de vestido y recreación, y ayuda a su hermano de crianza
Pedro Pablo Córdoba y a su hijo de crianza Diego Alejandro Ordoñez.
-
María Felinda Córdoba Aragonés recibió una
indemnización sustitutiva, trabaja como auxiliar de servicios domésticos “y
en lo que puede cuando le alcanza nos colabora para Pedro Pablo en ocasiones
nos envía gallinas y frutos del campo”.
-
Sigifredo Córdoba Aragonés tampoco es pensionado
y “se dedica a la venta de limones frutos del campo que recoge por ahí ya
que no tiene finca, vive en un ranchito que dejó nuestro padre, ayuda lo que
puede para los cuidados de Pedro Pablo”[120].
-
Nohoralba Aragonés, si bien tiene un ingreso de
$2.287.422, sus egresos ascienden a la suma de $2.185.000, por lo que “no
alcanza a cubrir los gastos de Pedro Pablo en un centro de rehabilitación donde
le ofrezcan una mejor calidad de vida, donde se encuentra en este momento no ha
tenido avance en la recuperación de su salud y en otro lugar nos cuesta
$1.500.000”[121].
Lo anterior, se corrobora además con los recibos de pago y
constancias de créditos bancarios, que fueron anexados en sede de revisión.
Bajo ese entendido, es clara la premura de  la intervención del
juez constitucional para proteger el derecho a la seguridad social y la vida en
condiciones dignas de Pedro Pablo Córdoba Aragonés.
73.
Ahora bien,
en cuanto al requisito de inmediatez, la Sala observa que el mismo se
encuentra acreditado, una vez revisadas las actuaciones efectuadas por el curador
luego del fallecimiento del señor Agobardo Córdoba.
-
El 20 de agosto de
2014, esto es, 5 meses y 9 días después del fallecimiento del causante,
solicitó ante Riopaila Castilla S.A., la sustitución pensional a favor de Pedro
Pablo Córdoba Aragonés[122].
-
El 12 de
septiembre de 2014 la empresa le informó que requería información sobre el
curador legítimo del beneficiario y el porcentaje de pérdida de capacidad
laboral[123].
-
Ante dicho
requerimiento, inició el proceso de calificación de pérdida de capacidad
laboral, así como el trámite de interdicción judicial. El primero, culminó el 4
de diciembre de 2014 cuando Colpensiones determinó una pérdida de capacidad
laboral del 70.25%[124]. El segundo, finalizó con la sentencia
proferida el 31 de octubre de 2016, mediante la cual el Juzgado Séptimo de
Familia de Oralidad de Cali designó como curador legítimo de Pedro Pablo Córdoba
al señor Agobardo Córdoba Aragonés[125].
-
El 22 de diciembre
de 2016, solicitó nuevamente la sustitución pensional ante la empresa,
recibiendo la respuesta el 29 de junio de 2017.
La tutela fue interpuesta el 25 de
septiembre de 2017, esto es, tres meses después de recibir la respuesta que se
considera vulneratoria de los derechos fundamentales de Pedro Pablo Córdoba
Aragonés, lo que a juicio de la Sala es un término razonable para acudir al
amparo constitucional.
Análisis de fondo
74.
Superado
el análisis de procedibilidad de la acción de tutela, la Corte debe examinar si
se cumplen los presupuestos para la determinación de acceso a la sustitución
pensional tratándose de una familia de crianza, de conformidad con lo señalado
en acápites precedentes:
(i)  La solidaridad
Del escrito tutelar y las declaraciones extra juicio anexadas al
expediente, se determinó que las circunstancias por las cuales el señor
Agobardo Córdoba y su esposa Clementina Aragonés acogieron a Pedro Pablo
Córdoba Aragonés en su hogar, como hijo se crianza, fueron que su madre natural
lo abandonó en el Hospital donde nació, nunca se conoció quién era su padre y
desde su nacimiento tuvo múltiples problemas de salud, que solo al cuidado de
sus padres de crianza, pudo superar.
El señor Agobardo Córdona Aragonés indicó en el escrito de la tutela
que: i) Agobardo Córdoba y Clementina Aragonés se hicieron cargo de
Pedro Pablo desde el día que nació, debido a que la madre biológica lo abandonó[126]; ii) fue
bautizado por el señor Agobardo Córdoba como padre, pues no se conocía el
paradero de su progenitor[127];
iii) Agobardo Córdoba decidió darle el apellido el 4 de agosto de 2011 “pues
lo amaba mucho, le daba todo lo necesario”[128].
El 24 de noviembre de 2011 los señores Luis Arnulfo Rayo Pérez y
Luzmila Rivera de Victoria declararon que:
“Conocemos desde hace más de 30 años de vista, trato y comunicación
al señor Agobardo Córdoba, (…) quien es nuestro vecino. (…) Sabemos y nos
consta que el señor Agobardo Córdoba es quien le suministra todo lo necesario a
su hijo discapacitado el señor Pedro Pablo Córdoba tales como vestuario,
alimentación, vivienda, medicamento, etc, puesto que viven bajo el mismo techo”[129].
El 13 de septiembre de 2017 el señor Rosenber Cataño Jaramillo y la
señora Gloria Josefa Cataño Jaramillo declararon lo siguiente:
“Cuando nació Pedro Pablo, quien era hijo de Rubiela Aragonés,
persona aue padecía de retardo mental, quien lo abandonó en el hospital desde
el momento en que nació, a los esposos el señor Agobardo Córdoba y Clementina
Aragonés (tía de Rubiela) en el hospital le entregaron al niño que nació con
muchas deficiencias, a tal punto que no tenía talla normal de un bebé (…) Se lo
llevaron para la casa y lo hicieron parte del hogar dado que nunca se conoció
quién era el padre biológico, le brindaron apoyo económico, emocional y
material determinante para su crianza (…) Como el padre ni la madre biológica
lo reconocieron como hijo fue recogido por los esposos siendo este un recién
nacido con la intención de asumirlo como propio con todas las obligaciones”[130].
De igual forma, el 20 de septiembre de 2017 Nohoralba Aragonés
declaró que:
“Soy hermana de crianza de Pedro Pablo Córdoba, no soy hija de
Agobardo Córdoba, sino de Clementina Aragonés su esposa, soy la hija mayor. Mi
mamá también fallecida siempre lo que iba hacer (sic) me lo hacía saber. Cuando
Rubiela Aragonés sobrina de mi mamá fue a dar a luz hizo que llamaran a mi
mamá. Ella inmediatamente me llamó aquí a Cali donde vivo. Desde ese día Pedro
Pablo quedó al cuidado de mi mamá Clementina y su esposo Agobardo Córdoba era
el que respondía por todos los gastos de alimentación, educación, ropa,
bienestar del hogar conformado por Sigifredo, Agobardo, María Felinda, Pedro
Pablo. Siempre y hasta el momento de su fallecimiento Agobardo a cada momento
nos decía que no le fuéramos a desamparar a Pedro Pablo. Yo desde acá de Cali
siempre he estado pendiente por todos ellos y ayudándoles en todo lo que más he
podido. Aquí en Cali siempre llevo a Pedro al siquiatra y lo tengo por ahora en
un centro, espero una ayuda más para colocarlo en un lugar donde se pueda
rehabilitar como debe ser”[131].
(ii)
Reemplazo de la figura paterna o materna (o ambas):
Del análisis del expediente se pudo concretar que hubo un reemplazo
de ambas figuras, tanto paterna como materna, en la vida de Pedro Pablo
Córdoba, ya que desde su nacimiento las personas que estuvieron a su cuidado
fueron Clementina Aragonés y Agobardo Córdoba, como sus padres de facto. Aunque
es claro que su madre de crianza, era a su vez tía de su madre natural, este
aspecto no es óbice para que se desvirtúe la figura que se estudia.
Además de las declaraciones extra juicio citadas y de lo manifestado
por el señor Agobardo Córdoba Aragonés en el escrito de
tutela, en el expediente se encuentran varios documentos que dan cuenta del
reemplazo de las figuras paterna y materna.
Por ejemplo, está la nota de urgencias psiquiátricas emitida por el
Hospital Departamental Siquiátrico Universitario del Valle el 15 de mayo de
2003, ante el ingreso de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, donde se registra como
padres a Agobardo Córdoba y a Clementina Aragonés[132]. Así mismo, en la
historia clínica de Pedro Pablo emitida por ese mismo hospital, se consigna: “paciente
asiste a consulta de control después de 9 años, viene en compañía de su
familiar quien manifiesta que él se crio como su hermano pero en realidad fue
acogido en su hogar recogido en un hospital y que su madre biológica tenía
problemas mentales (…)”[133].
De igual modo, la certificación expedida por el médico siquiatra Juan Pablo
Villamarín, sobre el estado de salud de Pedro Pablo, donde se registra: “paciente
con antecedente de retardo psicomotor y esquizofrenia, quien además consume
marihuana y basuco (sic) cada vez que ‘se vuela’, nunca ha trabajado y su
cuidado corría a cargo de sus padres adoptivos y una vez fallecen a cargo de
sus hermanas (…)”[134].
(iii) La
dependencia económica
Según se reseñó previamente, en las declaraciones extra juicio
adjuntadas al expediente, tanto los señores Luis Arnulfo Rayo Pérez y Luzmila
Rivera de Victoria, y Rosenber Cataño Jaramillo y Josefa Cataño Jaramillo, como
su hermana de crianza, Nohoralba Aragonés, manifestaron bajo la gravedad de
juramento que el señor Agobardo Córdoba fue quien veló por las necesidades
básicas de Pedro Pablo desde su nacimiento, como lo fue “gastos de
alimentación, educación, ropa, bienestar del hogar” por lo que sin esta
intervención económica de su padre de crianza, el señor Pedro Pablo no habría
tenido un adecuado desarrollo.
Cabe señalar además, que a partir del fallecimiento del señor
Agobardo Córdoba, los hijos de este, se hicieron cargo económicamente de su
hermano de crianza, a raíz de su estado de interdicción por discapacidad mental
absoluta, reconocida judicialmente.
La dependencia económica quedó igualmente demostrada con el
reconocimiento de la sustitución pensional por parte de Colpensiones. Mediante
la Resolución GNR 46366 del 13 de febrero de 2017 esa entidad accedió a dicha
prestación teniendo en cuenta, entre otros documentos, las declaraciones extra
juicio rendidas por terceros, allegadas como medio probatorio en la reclamación
del derecho pensional, las cuales daban cuenta de la dependencia económica del
peticionario del causante. Lo mismo fue afirmado por esa entidad en sede de
revisión[135].
Incluso, el señor Agobardo Córdoba lo tenía afiliado como su
beneficiario en el sistema de salud, según quedó demostrado con las pruebas
enviadas por la Nueva EPS[136].
(iv) Vínculos
de afecto, respeto, comprensión y protección
Han sido los hermanos de crianza de Pedro Pablo Córdoba Aragonés,
los que han manifestado las razones por las cuales se puede constatar que
existió un vínculo de afecto, respeto, comprensión y protección en dicha
familia de crianza, para lo cual se debe realizar una mirada retrospectiva a la
época de nacimiento del representado, en el entendido de que se manifestó en
las pruebas anexadas al expediente que “cuando nació (Pedro Pablo Córdoba)
no tenía una talla de un recién nacido, demasiado pequeño, no comía pues todo
se le devolvía, (Clementina Aragonés) lo alimentaba con un gotero hasta que lo
operaron…”[137],
así mismo, que “siempre y hasta el momento de su fallecimiento Agobardo
a cada momento nos decía que no le fuéramos a desamparar a Pedro Pablo”[138], evidenciándose
así, que desde su nacimiento tuvo la protección de ambos padres de crianza, que
permite demostrar además el afecto que tenían hacia él, que se fue consolidando
con el paso del tiempo.
De igual modo se deriva de la declaración de Rosenber Cataño
Jaramillo y Gloria Josefa Cataño Jaramillo quienes señalaron que: “Pedro
Pablo vivió con la familia Córdoba Aragonés desde el nacimiento hasta la
muerte, sustentada en el cariño, amor, acompañamiento mutuo y comprensión entre
ellos. Existiendo al interior del hogar un ambiente de cordialidad, tolerancia
y respeto aun cuando existen dificultades. Les llamaba papá y mamá. La decisión
del señor Agobardo fue desinteresada, fue su voluntad darle hogar adecuado y
estable, ante el desamparo de la madre biológica y el abandono del padre
biológico”[139].
(v) Reconocimiento de la
relación padre y/o madre, e hijo
El presente requisito se concreta con las actuaciones realizadas por
sus hermanos de crianza, tanto Agobardo Córdoba Aragonés, quien solicitó ser su
curador dentro del proceso de interdicción que se adelantó, demostrando así su
reconocimiento como hermano de facto, como Nohoralba Aragonés, quien en la
declaración extrajuicio, reconoció el vínculo filial que tenía Pedro Pablo, con
sus padres de crianza. Además de lo anterior se cuenta también con la
declaración de Rosenber Cataño Jaramillo y Josefa Cataño Jaramillo, quienes
señalaron bajo la gravedad de juramento, la relación que ostentaba dicha
familia de facto, la cual cumplía todas las características de una familia tradicional.
Incluso, el señor Agobardo Córdoba efectuó dicho reconocimiento de
manera formal, registrando a Pedro Pablo con su apellido, según consta en el
Registro Civil de Nacimiento serial 39606715[140].
(vi) Existencia
de un término razonable de relación afectiva entre padres e hijos
Claramente del estudio de las pruebas anexadas a la acción de tutela
se puede establecer que dicho vínculo de crianza se dio desde el nacimiento de
Pedro Pablo en el año 1978, hasta la muerte de su padre de crianza en el año
2014 y ha trascendido, pues continúa vigente con sus hermanos de crianza.
Si bien el reconocimiento formal se dio hasta el 4 de agosto de
2011, según consta en el Registro Civil de Nacimiento serial 39606715, lo
cierto es que dicho medio probatorio no puede ser analizado de forma aislada, y
como se señaló previamente, del conjunto de medios probatorios es posible
determinar que la relación afectiva entre padre e hijo se dio desde el momento
del nacimiento del representado.
(vii) Afectación
del principio de igualdad
Finalmente, se debe decir que el hecho de que el señor Agobardo
Córdoba le haya dado su apellido al señor Pedro Pablo Córdoba Aragonés, como
consta en su actual registro civil de nacimiento, además de que en todo el
transcurso de su vínculo afectivo le dio el mismo trato que a sus demás
hermanos de crianza, prueba la necesidad de reconocimiento como familia que
quería establecer su padre de crianza, tanto para cumplir con los mismos
deberes familiares, como para poder acceder a los mismos derechos con los que
cuentan las demás familias conformadas por vínculos naturales o jurídicos. A
pesar de ello, la empresa Riopaila Castilla S.A., negó el reconocimiento de la
sustitución pensional aduciendo que:
“Después de revisada la documentación incluida en su solicitud, la
realización de dos visitas domiciliarias y la práctica de otras pruebas por
parte de Riopaila Castilla S.A., la empresa considera que el señor Pedro Pablo
Córdoba (registrado como Pedro Aragonés) realmente es sobrino político del
señor Agobardo Córdoba, hijo de una hermana de quien fuera su esposa la señora
la señora Rubiela Aragonés y no hijo del mencionado señor.
Motivo por el cual, al no darse los presupuestos legales para la
sustitución solicitada Riopaila Castilla S.A., considera que no se ajusta a
derecho y se niega”[141].
Esta
determinación generó una inmediata discriminación, pues la empresa
accionada negó la prestación solicitada bajo el único argumento de no ser Pedro
Pablo hijo natural del causante.
Ahora bien, en la contestación de
la acción de tutela, la empresa resaltó que desde un principio
la petición formulada por el señor Agobardo Córdoba Aragonés ante esa empresa
lo fue bajo el entendido de que Pedro Pablo Córdoba Aragonés era hijo natural
de Agobardo Córdoba, y no hijo de crianza como se evidenció posteriormente. Al
respecto, indicó que no tuvo la oportunidad de controvertir ninguna prueba o
afirmación en ese sentido “lo que hace ilegal, injusto e inconstitucional
cualquier determinación que pretenda reconocer sustitución a esa condición”[142]. De igual modo,
sostuvo que las declaraciones que anexó el curador nunca fueron presentadas
ante la empresa.
Al respecto, es
preciso indicar que si bien no existe prueba de que la empresa tuviera
conocimiento de las declaraciones extra juicio antes del proceso de tutela, lo
cierto es que sí pudo acceder a las mismas durante este trámite, al punto que
tuvo la oportunidad de controvertirlas; a pesar de ello, no lo hizo. De igual
forma sucede con las pruebas o afirmaciones sobre la existencia de la familia
de crianza, pues todos los documentos que sobre el particular obran en el
líbelo, fueron puestos a su disposición para que se pronunciara sobre los
mismos.
Por otro lado, destacó que en el Registro Civil de Nacimiento
original se registró como nombre “Pedro Pablo Aragonés”, pero solo hasta
2011, esto es, tres años antes de la muerte de Agobardo Córdoba, se modificó
dicho registro incluyendo el apellido de este último, documento en el cual se
dejó una inscripción para la toma de la huella y la firma a ruego, siendo que
el señor Córdoba sabía leer y escribir.
En primer lugar, como se expuso anteriormente, si bien el
reconocimiento formal se dio hasta el 4 de agosto de 2011, según consta en el
Registro Civil de Nacimiento serial 39606715, ese medio probatorio no puede ser
analizado de forma aislada, pues del conjunto probatorio se logró establecer el
vínculo afectivo desde el momento del nacimiento de Pedro Pablo. Ese documento
lo único que permite evidenciar es la reafirmación formal del vínculo generado
materialmente a lo largo de la vida del representado. En segundo lugar, en
cuanto a la toma de la huella y la firma a ruego cuando el señor Córdoba sabía
leer y escribir, la empresa intenta sugerir una falsedad sobre la firma del
documento sin ningún sustento para hacer una afirmación en ese sentido, y
siendo que de la copia de la cédula de ciudadanía del señor Agobardo Córdoba se
desprende una inscripción igual de “NO FIRMA”[143].
75.
Por lo anterior, se puede concluir que Pedro Pablo Córdoba Aragonés
cumple con las características propias, previamente desarrolladas, para ser
considerado como hijo de crianza de Agobardo Córdoba, con quien constituyó un
vínculo que trascendió de la mera cooperación económica y se hizo verificable
en términos emocionales y de afecto. Por tal motivo, es sujeto de derecho de
todos los beneficios que en materia de seguridad social se desprenden de la
muerte del señor Córdoba, al ostentar la calidad de hijo de crianza.
76.
Con fundamento en lo anterior, la Sala revocará
la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2017 por el Juzgado Cuarto Civil
del Circuito de Cali, que confirmó la emitida el 5 de octubre de 2017 por el
Juzgado 26 Civil Municipal de Oralidad de Cali, que declaró improcedente el
amparo. En su lugar, concederá la protección de los derechos fundamentales al
mínimo vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas, y
ordenará a la empresa demandada reconocer la sustitución pensional del señor Agobardo
Córdoba en favor de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, quien actúa a través de
curador legítimo.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida
el 20 de noviembre de 2017 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cali,
que confirmó la emitida el 5 de octubre de 2017 por el Juzgado 26 Civil
Municipal de Oralidad de Cali, que declaró improcedente el amparo, dentro de la acción de tutela instaurada por Agobardo Córdoba
Aragonés, actuando en calidad de curador legítimo de Pedro Pablo Córdoba
Aragonés, contra la sociedad Riopaila Castilla S.A. En
su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales al mínimo
vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas de Pedro Pablo Córdoba Aragonés.
Segundo.- ORDENAR a la sociedad Riopaila
Castilla S.A., que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta sentencia, inicie los trámites correspondientes para
reconocer y pagar la sustitución pensional del señor Agobardo Córdoba en favor
de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, reconocimiento que deberá ser efectivo a más
tardar dentro del mes siguiente a la notificación de la sentencia. La sociedad
deberá pagar retroactivamente las mesadas pensionales a que haya lugar por
dicho concepto a partir de la notificación de la presente providencia, en
cuanto no estén prescritas, de conformidad con lo establecido en los artículos
488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo.
Tercero.- DESVINCULAR
del presente trámite de tutela a la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y a la Fundación Gerontológica Luz y
Esperanza, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de
esta sentencia.
Cuarto.- LÍBRENSE
por Secretaría General las comunicaciones previstas en el artículo 36 del
Decreto ley 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento de
voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO
DE VOTO MAGISTRADO
CARLOS
BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA T-281/18
ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL PARA HIJO DE CRIANZA EN CONDICION DE
DISCAPACIDAD-Se
debió declarar improcedente por cuanto existía otro medio de defensa judicial
(Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL PARA HIJO DE CRIANZA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD-Desacuerdo con la
flexibilización que se realizó del requisito de subsidiariedad (Salvamento de
voto)
Referencia:
Expediente
No. T-6.608.264
Magistrado
Ponente: José Fernando Reyes
En atención a la decisión
adoptada por la Sala Octava de Revisión en el Expediente T-6.608.264, me
permito presentar Salvamento de Voto.
No
estoy de acuerdo con el análisis realizado al elemento de la subsidiariedad en
el caso concreto. En efecto, al tratarse de una pretensión que gira entorno a una
prestación económica del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones
existe otro mecanismo judicial para resolver el conflicto jurídico, esto es, el
proceso ordinario laboral. Ahora bien, no estoy de acuerdo con la
flexibilización que se realiza de dicho requisito de procedibilidad de acuerdo
a las siguientes consideraciones:
(i)
El ser un sujeto de especial protección no es una condición suficiente para
relevar al accionante de acudir a la jurisdicción ordinaria laboral. Lo
anterior se sostiene debido a que todas las prestaciones del sistema de
pensiones amparan a sujetos de especial protección. Si el accionante no
tuviera esta condición, no sería beneficiario de la pensión. En efecto, es su
condición de discapacidad la que lo hace beneficiario de la pensión de sobrevivientes.
(ii)
Del expediente no se derivan condiciones de riesgo adicionales que permitan
realizar una valoración flexible de la subsidiariedad. En efecto, el accionante
no es una persona de la tercera edad, no está en situación de abandono,
contrario a esto, se observa una red de apoyo familiar que está presta a su
cuidado.
(iii)
Tampoco se evidencia un perjuicio irremediable. El accionante recibe
actualmente una pensión de Colpensiones equivalente al salario mínimo, recibió
un retroactivo pensional mayor a 25 millones de pesos y su atención en salud
está garantizada mediante el régimen contributivo. Por estas razones, considero
que no existe una afectación grave e inminente al mínimo vital.
Así
las cosas, no se observa que la intervención del juez de tutela sea urgente e
impostergable, como para desplazar a la jurisdicción ordinaria laboral.
Atentamente,
Carlos Bernal Pulido
Magistrado
[1] La Administradora Colombiana de Pensiones
-Colpensiones- y la Fundación Gerontológica Luz y Esperanza fueron vinculados
por el Juzgado 26 Civil Municipal de Cali, que conoció
el asunto en primera instancia.
[2] La acción de tutela fue instaurada en contra del Grupo
Agroindustrial Riopaila Castilla. Sin embargo, el Juzgado 26 Civil Municipal de
Oralidad de Cali vinculó a la sociedad Riopaila Castilla S.A., luego de que
esta última interviniera como entidad pagadora de la cuota parte pensional que
se discute en este proceso y aclarara que dicho grupo agroindustrial no existe
y no es una persona jurídica.
[3] Conformada por la Magistrada Cristina Pardo Schlesinger y el
Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
[4] Los criterios orientadores por los cuales se seleccionó el asunto
de la referencia fueron: i) objetivo: necesidad de pronunciarse sobre
determinada línea jurisprudencial; y ii) subjetivo: urgencia de proteger
un derecho fundamental.
[5] Cuaderno de instancias. Acción de tutela. Hecho 19. Folio 4.
[6] Cuaderno de instancias. Acción de tutela. Hecho 20. Folio 4.
[7] Cuaderno de instancias. Acción de tutela. Hecho 22. Folio 4.
[8] Cuaderno de instancias. Sentencia del 31 de octubre de 2016 en el
proceso de interdicción judicial 2015-00467. Folios 28 a 38.
[9] Cuaderno de instancias. Acción de tutela. Hecho 9. Folio 3.
[10] Cuaderno de instancias. Acción de tutela. Hecho 24. Folio 4.
[11] Cuaderno de instancias. Acción de tutela. Hecho 26. Folio 5.
[12] Cuaderno de instancias. Acción de tutela. Hecho 26. Folio 6.
[13] Cuaderno de instancias. Contestación de la acción de tutela. Folio
89.
[14] En el expediente se encuentra un documento allegado por
Colpensiones, el cual se dirige a un juzgado que no corresponde al que conoce
este asunto y se refiere a una acción de tutela diferente a la que ahora se
revisa. Ver folios 155 a 159 del cuaderno de instancias.
[15] Cuaderno de instancias. Escrito de impugnación. Folio 194.
[16] Cuaderno de instancias, folio 10.
[17] Cuaderno de instancias, folio 11.
[18] Cuaderno de instancias, folio 27.
[19] Cuaderno de instancias, folio 12.
[20] Cuaderno de instancias, folios 13 y 14.
[21] Cuaderno de instancias, folio 15.
[22] Cuaderno de instancias, folios 202 a 205.
[23] Cuaderno de instancias, folio 24.
[24] Cuaderno de instancias, folios 16 a 20.
[25] Cuaderno de instancias, folios 21 a 23.
[26] Cuaderno de instancias, folio 54.
[27] Cuaderno de instancias, folios 25 y 26.
[28] Cuaderno de instancias, folios 28 a 39.
[29] Cuaderno de instancias, folio 76.
[30] Cuaderno de instancias, folio 40.
[31] Cuaderno de instancias, folios 42 a 44.
[32] Cuaderno de instancias, folio 45.
[33] Cuaderno de instancias, folios 46 a 50.
[34] Cuaderno de instancias, folio 51.
[35] Cuaderno de instancias, folios 52 y 53.
[36] Cuaderno de instancias, folios 55 y 56.
[37] Cuaderno de instancias, folio 57.
[38] Cuaderno de instancias, folio 58.
[39] Cuaderno de instancias, folios 59 a 74.
[40] Cuaderno de instancias, folio 75.
[41] Cuaderno de la Corte. Folios 32 a 34.
[42] Cuaderno de la Corte. Folio 37.
[43] Cuaderno de la Corte. Folio 38 vto., y 39.
[44] Cuaderno de la Corte. Folio 39 vto.
[45] Cuaderno de la Corte. Folio 40.
[46] Cuaderno de la Corte. Folios 40 vto., a 42.
[47] Cuaderno de la Corte. Folios 41 vto.
[48] Cuaderno de la Corte. Folios 43 a 46.
[49] El apoderado del señor Agobardo Córdoba Aragonés aclaró que según
la información dada por la señora Nohoralba, por error se repitió la suma de
600.000 pesos mensuales con lo cual ella paga los gastos de alimentación y le
ayuda a sus hermanos. Indicó que no se pudo corregir la misma debido al costo
del certificado.
[50] Cuaderno de la Corte. Folio 47.
[51] Cuaderno de la Corte. Folio 48.
[52] Cuaderno de la Corte. Folio 48 vto.
[53] Cuaderno de la Corte. Folio 50.
[54] Cuaderno de la Corte. Folio 50 vto.
[55] Cuaderno de la Corte. Folio 51 vto.
[56] Cuaderno de la Corte. Folio 52.
[57] Cuaderno de la Corte. Folios 73 a 75.
[58] Cuaderno de la Corte. Folios 141 a 143.
[59] Sobre el derecho a la seguridad social se pueden consultar, entre
muchas otras, las sentencias T-628 de 2007, T-053 de 2010, T-295 de 2011, T-543
de 2012, T-164 de 2013, SU-918 de 2013, T-482 de 2015, T-173 de 2016, T-150 de
2017, T-379 de 2017. Cfr. Sentencia T-125 de 2018 proferida por esta misma Sala
de Revisión.
[60] Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de
carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control
del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los
habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la
participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la
Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que
determine la Ley”.
[61] Sentencia T-173 de 2016.
[62] Ibídem.
[63] Sentencia T-628 de 2007.
[64] Ver las sentencias T-164 de 2013 y SU-918 de 2013.
[65] Sentencia T-079 de 2016.
[66] Sobre la figura del perjuicio irremediable y sus
características, la Corte, en sentencia T-786 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda)
expresó: “Dicho perjuicio se caracteriza, según la jurisprudencia, por
lo siguiente: (i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que
está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o
menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran
intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el
perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable
a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en
toda su integridad.”. En un sentido semejante pueden consultarse las
sentencias T-225/93 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), SU-544/01 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett), T-1316/01 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), T-983/01 (M.P.
Álvaro Tafur Galvis), entre otras.
[67] Sentencia T-079 de 2016.
[68] Ibídem.
[69] Sentencia T-482 de 2015.
[70] Sentencia T-015 de 2017.
[71] Ibídem.
[72] Ley 100 de 1993, artículo 46.
[73] Sentencia T-190 de 1993
[74] Sentencia C-002 de 1999. En esa oportunidad, la Corte estudió la
demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5 del decreto ley 1305 de
1975.
[75] Sentencia C-111 de 2016. Este Tribunal estudió la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 13, literal d), parcial, de la Ley 797 de 2003.
[76] Ley 100 de 1993, artículo 47.
[77] Artículo 42. “La familia es el núcleo fundamental de la
sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión
libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad
responsable de conformarla.
El Estado y la sociedad garantizan
la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio
familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la
familia son inviolables.
Las relaciones familiares se basan
en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco
entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se
considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la
ley.
Los hijos habidos en el matrimonio
o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica,
tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura
responsable.
La pareja tiene derecho a decidir
libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y
educarlos mientras sean menores o impedidos.
Las formas del matrimonio, la edad
y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su
separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil.
Los matrimonios religiosos tendrán
efectos civiles en los términos que establezca la ley.
Los efectos civiles de todo
matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil.
También tendrán efectos civiles
las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las
autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley.
La ley determinará lo relativo al
estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes”
[78] Sobre el particular se debe mencionar que el concepto de familia ha
sido ampliado por la jurisprudencia de esta Corporación, bajo el entendido que
no solo las parejas heterosexuales tienen la posibilidad de conformar una
familia. Así, en la sentencia SU-214 de 2016, la Corte señaló: “Las
líneas jurisprudenciales desarrolladas por esta Corte  en decisiones de
amparo (control concreto), así como de constitucionalidad (control abstracto)
han señalado que los homosexuales son un grupo tradicionalmente discriminado;
sin embargo, a la luz de los principios que inspiran la Constitución Política
de 1991, toda diferencia de trato fundada en la orientación sexual de un ser
humano, debe ser sometida a un control estricto de constitucionalidad y se
presume violatoria de los principios de igualdad, dignidad humana y libertad.
La definición del concepto de familia ha
evolucionado, lo cual ha permitido que las parejas del mismo sexo puedan
conformarla, superando parcialmente el déficit de protección detectado con
anterioridad; máxime si este Tribunal Constitucional admitió que aquéllas
pueden adoptar niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta el interés
superior del menor y la inexistencia de razones que justifiquen un trato diferenciado
entre las diversas parejas en Colombia.
En el contexto de las decisiones judiciales que, de
manera constante, pacífica y reiterada han amparado el derecho fundamental a la
igualdad de las personas discriminadas por motivos de orientación sexual, la
posibilidad de unirse formal y solemnemente para contraer matrimonio civil,
constituye un avance trascendental en la tarea del juez constitucional de
proteger los derechos de un grupo minoritario”. (Resaltado fuera de
texto).
[79] Ley 16 de 1972.
[80] Ley 74 de 1968.
[81] Ibídem.
[82] Sentencia C-107 de 2017.
[83] Sentencia C-026 de 2016. Reiterada en la sentencia T-316 de 2017.
[84] Sentencia C-107 de 2017.
[85] Sentencia T-233 de 2015.
[86] Sentencia C-107 de 2017.
[87] Ibíd. Consideración 18.1.
[88] Ibíd. Consideración 18.2.
[89] Ibíd. Consideración 18.3.
[90] Ibíd. Consideración 18.4.
[91] Sentencia T-292 de 2016.
[92] Cfr. Sentencia T-525 de 2016.
[93] Ibídem.
[94] Sentencia C-107 de 2017.
[95] El análisis jurisprudencial es tomado de la recapitulación hecha
por la Corte en las sentencias T-354 de 2016 y C-107 de 2017.
[96] Sentencia T-292 de 2004.
[97] Radicación 25000-22-13-000-2018-00071-01.
[98] Antecedentes de la sentencia. Hecho 2.2.
[99] Respuesta del accionado y vinculados. Numeral 1.
[100] Consideración 2.2.
[101] Citó las sentencias T-887 de 2009, T-572 de 2009 y T-606 de 2013
[102] Sentencia T-525 de 2016.
[103] Sentencia T-074 de 2016.
[104] Sentencia T-525 de 2016.
[105] Análisis adoptado en la sentencia T-525 de 2016.
[106] Sentencia T-525 de 2016.
[107] Cuaderno de instancias. Acción de tutela. Hecho 22. Folio 4.
[108] Cuaderno de instancias. Acción de tutela. Hecho 9. Folio 3.
[109] Cuaderno de la Corte. Folios 32 a 34.
[110] Cuaderno de instancias. Encabezado del escrito de tutela, folio 2.
[111] Cuaderno de instancias, folios 28 a 39.
[112] Cuaderno de instancias, folio 76.
[113] Cuaderno de instancias, folios 21 a 23.
[114] Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e
intervinientes. “La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental.
Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones
impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se
entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por
ejercida contra el superior. Quien tuviere un interés legítimo en el resultado
del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o
autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.
[115] Artículo 42. Procedencia. “La acción de tutela procederá contra
acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos:
1. Cuando aquel contra quien se
hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público
de educación para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15,
16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución.
2. Cuando aquel contra quien se
hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público
de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y
a la autonomía.
3. Cuando aquel contra quien se
hubiera hecho la solicitud esté encargado de la prestación de servicios
públicos domiciliarios.
4. Cuando la solicitud fuere
dirigida contra una organización privada, contra quien la controle
efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la
acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o
indefensión con tal organización.
5. Cuando aquel contra quien se
hubiere hecho la solicitud viole o amenace violar el artículo 17 de la
Constitución.
6. Cuando la entidad privada sea
aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas
data, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución.
7. Cuando se solicite
rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá
anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la
rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la
eficacia de la misma.
8. Cuando el particular actúe o
deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el
mismo régimen que a las autoridades públicas.
9. Cuando la solicitud sea para
tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situación de
subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso
la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela”.
[116] Sentencia T-626 de 2016.
[117] Sentencia T-316 de 2017.
[118] Sentencia T-326 de 2007.
[119] Sentencia T-316 de 2017
[120] Cuaderno de la Corte. Folio 37.
[121] Cuaderno de la Corte. Folio 47.
[122] Cuaderno de instancias. Folios 13 y 14.
[123] Cuaderno de instancias. Folio 15.
[124] Cuaderno de instancias. Folios 21 a 23.
[125] Cuaderno de instancias. Folios
[126] Hecho 14.
[127] Hecho 16.
[128] Hecho 20.
[129] Cuaderno de instancias. Folio 54.
[130] Cuaderno de primera instancia. Folio 25.
[131] Cuaderno de instancias. Folio 26.
[132] Cuaderno de instancias. Folio 40.
[133] Cuaderno de instancias. Folio 42.
[134] Cuaderno de instancias. Folio 51.
[135] Cuaderno de instancias. Folios 16 a 20.
[136] Cuaderno de la Corte. Folios 141 a 143.
[137] Cuaderno principal. Folio 26. Declaración de Nohoralba Aragonés.
[138] Ibídem.
[139] Cuaderno de instancias. Folio 26.
[140] Cuaderno de instancias. Folio 11.
[141] Cuaderno de instancias. Folio 24.
[142] Cuaderno de instancias. Contestación de la acción de tutela. Folio
89.
[143] Cuaderno de instancias. Folio 211.