C-429-20
Sentencia C-429/20
Expediente:
D-13512
Asunto:
Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 152 de la Ley 906 de
2004, “por la cual se
expide el Código de Procedimiento Penal”
Demandantes:
Mauricio Pava Lugo y Luis Alejandro Ramírez Álvarez
Magistrada
Sustanciadora:
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Bogotá,
D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020)
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en
el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
1.
En
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Mauricio
Pava Lugo y Luis Alejandro Ramírez Álvarez demandaron el
artículo 152 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal”, por considerar que vulnera los artículos 1º, 2º,
20, 29, 74 y 228 de la Constitución Política.  La demanda fue radicada con el
número D-13512.
2.
Mediante
Auto del 28 de octubre de 2019, la magistrada sustanciadora decidió admitir la
demanda tras concluir que los cargos formulados cumplen con los requisitos
mínimos para suscitar una discusión constitucional. Así mismo decidió comunicar
el inicio del proceso a la Presidencia de la República, a la Presidencia del
Congreso de la República, al Ministerio de Justicia y a la Presidencia de la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, conforme a lo establecido en el
artículo 11 del Decreto 2067 de 1991. Adicionalmente, ordenó comunicar el
proceso para efectos de intervención a los decanos de derecho de la Universidad
Nacional de Colombia, Universidad del Rosario, Universidad Externado,
Universidad de Los Andes, Universidad Libre, Universidad de La Sabana,
Universidad Industrial de Santander, Universidad del Valle y Universidad de
Antioquia. Igualmente, ordenó comunicarla a los decanos de las facultades de
comunicación de la Universidad Javeriana, Universidad Externado, Universidad de
La Sabana y al director del programa de Periodismo y Opinión Pública de la
Universidad de Los Andes. Finalmente, ordenó comunicar la demanda a la
Fundación para la Libertad de Prensa, al Centro de Estudios Jurídicos y
Sociales –Dejusticia–, a la Corporación Excelencia en la Justicia, a la
Comisión Colombiana de Juristas y al Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo. Por otra parte, ordenó fijar en lista la norma acusada para efectos
de intervenciones ciudadanas y dar traslado al Procurador General de la Nación
para que rinda su concepto frente a la constitucionalidad de la disposición
demandada, de conformidad con el inciso segundo del artículo 7º del Decreto
2067 de 1991. De acuerdo con el informe de la Secretaría General de esta
Corporación, dicho auto fue notificado el 30 de octubre de 2019.
II.
NORMA DEMANDADA
A
continuación, se transcribe el texto de la norma demandada:
“LEY 906 DE 2004
(agosto 31)
‘Por la cual se
expide el Código de Procedimiento Penal’.
El Congreso de
Colombia
DECRETA:
(…)
“Art. 152. Restricciones a la
publicidad por motivos de interés de la justicia. Cuando los intereses de la
justicia se vean perjudicados o amenazados por la publicidad del juicio, en
especial cuando la imparcialidad del juez pueda afectarse, el juez, mediante
auto motivado, podrá imponer a los presentes el deber de guardar reserva sobre
lo que ven, oyen o perciben, o limitar total o parcial el acceso del público o
de la prensa”.
III. LA DEMANDA
Los accionantes plantean dos cargos básicos
de inconstitucionalidad en contra del artículo 152 de la Ley
906 de 2004. De acuerdo con el primero de ellos, la disposición acusada
desconoce los artículos 20, 29, 74 y 228 de la Constitución Política, por
cuanto “habilita al juez penal para que limite total o parcialmente el
acceso a la prensa y al público a audiencias judiciales que por regla general
son públicas”, sin que existan razones objetivas que justifiquen tal
restricción. En este sentido, los demandantes afirman que el artículo
cuestionado permite que la autoridad judicial limite “la publicidad del
juicio penal por cuenta de razones vagas y ambiguas”[1], como
lo es la “probabilidad de (…) [afectación a] la justicia o la
imparcialidad”[2].
A juicio de los accionantes, como consecuencia de ello, el permiso que concede
el artículo 152 limita de manera “irrazonable y desproporcionada”[3] la libertad
de información y de prensa, así como el principio de publicidad que rige el juicio
penal.
De conformidad con el segundo cargo, el
precepto demandado transgrede el debido proceso y los fines del Estado Social
de Derecho contenidos en los artículos 1°, 2° y 29 de la Constitución Política,
por cuanto no permite que los afectados con la restricción interpongan recursos
contra ella. Sobre el particular, los demandantes indican que “los medios de
comunicación y sociedad en general”[4]
no pueden presentar recurso alguno en contra de dicha decisión, porque, pese a
que la decisión afecta directamente sus intereses, no son partes del proceso
penal. Por lo tanto, una decisión que no puede ser cuestionada por los
directamente afectados por ella permite la arbitrariedad del juez.
Los argumentos planteados por los
demandantes para justificar cada uno de los cargos de inconstitucionalidad
enunciados se explican a continuación.
Primer cargo: el
artículo 152 de la Ley 906 de 2004 viola los artículos 20, 29, 74 y 228 de la
Constitución que versan sobre la libertad de información, libertad de prensa y
publicidad en la administración de justicia.
Los demandantes afirman que el artículo
acusado concede a la autoridad judicial la facultad de restringir la publicidad
de una actuación dentro de los procesos penales con fundamento en razones que
pueden llegar a ser “irracionales y desproporcionadas”[5].
Para sustentar la acusación, los actores
exponen el contenido del derecho a la libertad de información y de prensa, así
como su relevancia en un sistema democrático. Seguidamente hacen referencia al principio
de publicidad en los procesos penales y su importancia en la administración de
justicia, y finalizan con un análisis de constitucionalidad del caso concreto.
En primer lugar, frente a la libertad de
información y de prensa, los accionantes se basan en la jurisprudencia constitucional[6] para
decir que se trata de una garantía de doble alcance. Por un lado, se protege la
facultad para buscar y publicar información como prerrogativa en cabeza del
sujeto informante y por el otro, la de recibir información imparcial y veraz, que
está en cabeza de los destinatarios de la información. Es así como la
salvaguarda de ambos sentidos de la libertad de información permite garantizar
el contenido del artículo 20 constitucional.
Adicionalmente, los demandantes afirman
que la libertad de información es un elemento esencial para el funcionamiento
de la democracia. Argumentan que los medios de comunicación permiten la
formación de la opinión pública y el debate libre y abierto entre diferentes
grupos sociales. Por lo tanto la restricción a la actividad de los medios por parte
de cualquier autoridad “se ha de asumir como sospechosa”[7] y debe
examinarse a la luz de la Constitución Política.
Por otro lado, respecto de la publicidad
de los procesos penales, los accionantes afirman que este principio es un
elemento trascendental del Estado Social de Derecho y de los regímenes
democráticos. Aseguran que la publicidad de estos procesos judiciales garantiza
la imparcialidad y la trasparencia en las decisiones del juez, ya que permite a
la comunidad el acceso a la información de interés público. Lo anterior,
además, facilita el ejercicio del derecho de contradicción a quienes se vean
afectados por la decisión de la autoridad judicial. En consecuencia, la publicidad
“se convierte en condición necesaria para la legitimidad de la función
judicial”[8].
Los demandantes agregan que, si bien el
principio de publicidad no es absoluto, la posibilidad de que sea limitado debe
ser evaluada mediante un riguroso juicio de razonabilidad y proporcionalidad. Dentro
de los elementos del juicio formulado por la jurisprudencia de esta Corporación
para efectos del principio de publicidad resaltan los referentes a que “i)
la norma debe ser precisa y clara en sus términos, de forma que no sirva de
justificación a actuaciones arbitrarias o desproporcionadas, ii) las razones se
deben sujetar estrictamente a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, y iii) deben existir recursos para impugnar la decisión por
parte de los afectados”[9].
Así, “el principio de publicidad se respeta cuando se mantiene como norma
general, y siempre que las excepciones, señaladas por la ley, sean razonables,
proporcionales, y se ajusten a un fin constitucionalmente admisible”[10]. De
lo anterior los demandantes concluyen que la norma acusada no satisface el
juicio propuesto y, por tanto, restringe el principio de publicidad de manera
desproporcionada e irracional.
Finalmente, los accionantes consideran que
el artículo demandado habilita al juez para limitar el principio de publicidad
con fundamento en razones ambiguas y genéricas. Lo anterior, lo observan en el
texto acusado en expresiones como “cuando los intereses de la justicia se
vean perjudicados o amenazados” o que “pueda afectarse” la
imparcialidad del juez. Los demandantes indican que el test propuesto en
la jurisprudencia constitucional exige que la norma sea precisa y clara en sus
términos. El texto acusado desconoce el requisito en mención cuando limita la
publicidad del juicio al grado de amenaza sin exigir rigor en la ponderación de
los principios en pugna.
En consecuencia, los demandantes
aseguran que el artículo 152 de la Ley 906 de 2004 quebranta las libertades de
información y de prensa, y la publicidad del juicio penal. Lo anterior en vista
de que permite habilitar la reserva de las audiencias penales con fundamento en
razones que carecen de rigor y aplicación de los juicios de razonabilidad y
proporcionalidad exigidos en la jurisprudencia constitucional. Por lo tanto, se
configura una situación constitucionalmente inadmisible.
Segundo cargo: la
disposición acusada desconoce los artículos 1º, 2º y 29 de la Constitución
Política que consagran los fines del Estado Social de Derecho y el derecho al
debido proceso.
Para justificar este cargo los
accionantes sostienen que el artículo demandado limita de manera injustificada
el ejercicio del derecho de contradicción por parte de los perjudicados con la restricción
de la publicidad de la audiencia penal. Argumentan que reservar o limitar el
acceso a una audiencia afecta al enjuiciado, de quien no se podría conocer el
proceso en el que está inmerso, y a los demás interesados en acceder a una
información que por regla general es pública.
Por un lado, los demandantes afirman que
la Constitución Política prevé como uno de los fines del Estado la posibilidad
de que las personas participen en las decisiones que las afecten. Este precepto
va estrechamente relacionado con el debido proceso. Así, la limitación de
acceso a audiencias judiciales puede ser oponible a los ciudadanos, pero no
puede ser una barrera para el control de las actuaciones judiciales. De manera
que la reserva de una audiencia, en los términos del artículo demandado, impide
que quienes se puedan ver afectados con tal decisión consigan contradecirla y
ejercer control sobre la actuación del juez.
Por otro lado, los demandantes señalan
que, según el Código de Procedimiento Penal, pueden interponer recursos en
contra de decisiones del juez penal: la víctima, la fiscalía y la defensa, como
sujetos procesales. Es por ello que el hecho de restringir el acceso a una
audiencia no es per se inconstitucional; sin embargo, el derecho
a la información abarca un rango poblacional mayor. En consecuencia, lo que
resulta contrario a la Constitución es que quienes se vean afectados con la
limitación no tengan ninguna herramienta para contradecirla.
En suma, los actores de la demanda
sostienen que el artículo acusado concede al juez una facultad general e
indeterminada para limitar el acceso a los medios y a la comunidad en general a
las audiencias penales. Este precepto restringe el derecho a la información y
al debido proceso de los interesados para oponerse a la afectación de sus
derechos, además de desconocer el rigor con el que debe ser ponderada la
limitación de mandatos constitucionales.
En consecuencia, los demandantes
solicitan a la Corte Constitucional declarar la INEXEQUIBILIDAD del
artículo 152 de la Ley 906 de 2004, por ser violatorio de la libertad de
información y de prensa, de la publicidad de las actuaciones judiciales, del
fin esencial del Estado de participación de las personas en las decisiones que
les afecte y del debido proceso; garantías contenidas en los artículos 1º, 2º,
20, 29, 74 y 228 de la Constitución Política.
De manera subsidiaria, los
demandantes instan a la Corte a que, en caso de no considerarse la
inconstitucionalidad, se condicione el alcance del artículo demandado de una
manera que no desconozca los mandatos constitucionales que se evidencian
menoscabados.
IV. INTERVENCIONES
1.
INTERVENCIONES
DE ENTIDADES OFICIALES
A)  Ministerio de Justicia y del Derecho
El 22 de noviembre de 2019 el
Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Directora de Desarrollo
del Derecho y del Ordenamiento Jurídico, allegó escrito de intervención en el
que solicitó declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 152 de la Ley 906 de 2004,
por considerarlo ajustado a la Constitución. Para sustentar su solicitud,
aborda el marco de protección del principio de publicidad en el derecho
internacional y en el derecho interno y desarrolla los argumentos que se
exponen a continuación.
En primer lugar, el Ministerio de
Justicia expone los artículos de diferentes instrumentos de derecho
internacional que consagran la publicidad del proceso penal y la necesidad de
su reserva para preservar los “intereses de la justicia”[11].
Afirma además que la Constitución dispone la publicidad de las actuaciones
judiciales salvo excepciones legales[12].
Excepciones consideradas en leyes como la 975 de 2005 y la 906 de 2004 (que
contiene el artículo demandado). La anterior legislación prescribe la
limitación a la publicidad de las audiencias penales con el propósito de
proteger a las víctimas, que pueden ser menores de edad, a los testigos, al
acusado o demás intervinientes en el proceso, siendo este un fin constitucional.
Por otro lado, el Ministerio expone que,
de acuerdo con diferentes artículos de la Ley 906 de 2004, el acceso de la
prensa y el público a las audiencias penales puede ser negado previa decisión
judicial[13]
y “mediante auto motivado”[14].
Lo anterior excluye la falta de razonabilidad y proporcionalidad en la
decisión del juez. Considera además que la jurisprudencia constitucional es
clara al recordar la posibilidad de limitar el principio de publicidad en caso
de ser necesario, dado que este no es absoluto. Además, el ejercicio del
derecho de contradicción es una garantía de los sujetos procesales, y no de
todos los asistentes. Por lo tanto, no se atenta contra el derecho de
contradicción en vista de que las disposiciones normativas en la materia exigen
una decisión justificada y previa a la reserva del proceso.
En tercer lugar, la interviniente
argumenta que el artículo acusado no contiene conceptos genéricos o ambiguos.  Considera
que en línea con la jurisprudencia constitucional la expresión “interés de
la justicia”[15]
se ha empleado para dar discrecionalidad al juez en casos de  necesaria
maniobra y que son de su competencia. Así el funcionario judicial, con
motivación suficiente, determinará en cada juicio los intereses de la justicia
que considere proteger y que son perfectamente determinables.
Finalmente, el Ministerio afirma que no
es prevalente la protección de la libertad de información y de prensa frente a
otras garantías constitucionales. Argumenta que en un ejercicio de ponderación
debe estudiarse la legitimidad, idoneidad, razonabilidad y justificación para
determinar la prioridad de una garantía. Estas características se cumplen
cuando se busca proteger la seguridad integral de los intervinientes en un
juicio penal, la autonomía del juez y la efectividad del juicio, entre otros
intereses de la justicia. Intereses que pueden verse altamente afectados cuando
se da a conocer a la opinión pública el contenido de audiencias penales.
La interviniente aduce que en la demanda
no se sustenta la supuesta vulneración del artículo 2° por parte de la
disposición acusada y por lo tanto no amerita decisión de fondo por parte de la
Corte sobre el particular.
En consecuencia, el Ministerio de
Justicia y del Derecho considera que el artículo demandado no contiene
disposiciones que atenten contra la integridad de la Constitución y por lo
tanto solicita a la Corte Constitucional la declaración de EXEQUIBILIDAD
de la disposición objeto de acción.
A)  Fiscalía General de la Nación
El 22 de noviembre de 2019 la
Fiscalía General de la Nación, por medio de la Directora de Asuntos Jurídicos,
radicó escrito de intervención en el caso objeto de análisis constitucional
avocando la EXEQUIBILIDAD del artículo demandado. La Fiscalía asegura que el
texto acusado permite a los jueces penales restringir las libertades de
información y de prensa en respuesta a un fin legítimo y proporcional. Para
sustentar la solicitud analiza cada uno de los cargos propuestos por los
demandantes y realiza, en el primero de ellos, un ejercicio de ponderación
entre los intereses de la justicia y la libertad de información y de prensa en
el marco de actuaciones judiciales, como se plantea a continuación.
Como primera medida, la Fiscalía
expone el fin constitucionalmente legítimo que persigue el artículo acusado.
Argumenta que la jurisprudencia de la Corte[16]
ha indicado que la reserva de las audiencias es una alternativa legislativa
legítima, dado que las libertades en cuestión –de información y de prensa– no
son absolutas. De esta manera el legislador busca proteger intereses generales
y derechos que suelen comprometerse en el desarrollo de audiencias penales. En
consecuencia, la disposición pretende el correcto funcionamiento del aparato
judicial en las audiencias penales. Finalidad evidentemente constitucional.
Una vez definido el fin legítimo,
la interviniente desarrolla el juicio de proporcionalidad entre los intereses
antes señalados y afirma que la medida del artículo demandado es idónea,
necesaria y proporcional. Por un lado, asegura que la medida es apta para
alcanzar el fin perseguido.  Afirma que restringir el acceso al público y la
prensa evita la difusión de información que pueda comprometer intereses
constitucionales de los intervinientes. De otro lado señala que la habilitación
contenida en el artículo acusado es necesaria al ser el mecanismo menos lesivo
de las libertades alegadas como vulneradas. Considera que el artículo 152
acusado no secunda los mismos fines de los artículos 150 y 151 precedentes,
como sostienen los demandantes para sustentar la falta de necesidad de reserva
en las audiencias. Incluso en ellos también se acoge la posibilidad del juez de
restringir el acceso o reservar el contenido de la audiencia, situación que los
demandantes no acusan.
Siguiendo lo anterior, la
Fiscalía afirma que el artículo 152 accionado reporta beneficios equivalentes a
la restricción de las libertades de información y de prensa y por tanto la
medida es proporcional. Explica que la habilitación dada al juez le permite
ejercer sus facultades como director del proceso, al tiempo que garantizar la
integridad de la administración de justicia y la salvaguarda de principios como
la vigencia de un orden justo, la protección a los intervinientes en su vida, honra
y bienes, entre otros. En consecuencia, la intensidad de afectación a las
libertades de información y de prensa, que opera de manera excepcional, son
menores con relación a los intereses que se buscan proteger con la disposición
acusada.
Por otro lado, la Fiscalía
manifiesta que el segundo cargo no debe prosperar considerando que el debido
proceso en las actuaciones judiciales cobija un interés legítimo y directo de
su titular. La entidad resalta que los accionantes alegan la ausencia de
mecanismos procesales que permita actuar a los medios y a la comunidad dentro
del proceso cuando se decide reservar o restringir el acceso a la audiencia. Lo
anterior no es considerado en ningún sentido por el artículo acusado, lo que
hace el cargo carente de fundamento en un texto normativo cierto y específico.
Adicionalmente, la interviniente
asegura que no es cierto que los medios y la comunidad se encuentren
desprotegidos cuando se les restringe el ingreso a las audiencias penales. Señala
que el ordenamiento jurídico en materia penal dispone la participación del
Ministerio Público como encargado de velar por la integridad del orden jurídico
y los derechos fundamentales. Dentro del desarrollo procesal penal el Ministerio
tiene la posibilidad de actuar, incluso en el caso de decisión de reserva del
proceso. Es así como la comunidad participa de manera indirecta, representada
por el Ministerio Público en las actuaciones judiciales en materia penal. Por
lo tanto, no se afecta la participación de las personas en los procesos
judiciales ni se atenta contra la vigencia del Estado Social de Derecho.
En conclusión, la Fiscalía
General de la Nación considera que el contenido del artículo demandado busca
garantizar el amparo de intereses generales y garantías constitucionales
legítimas a través de una medida idónea, necesaria, proporcional y que no
afecta la participación de la comunidad en las actuaciones judiciales como uno
de los fines del Estado Social de Derecho. Por lo tanto, solicita a la Corte
Constitucional la declaratoria de EXEQUIBILIDAD del artículo 152 de la
Ley 906 de 2004.
2.
INTERVENCIONES
DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
A)  Pontificia Universidad Javeriana
El 15 de noviembre de 2019, la
Universidad Javeriana intervino en el caso de la referencia y solicitó a la
Corte Constitucional declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 152 de la Ley 906
de 2004. Soporta la solicitud en la afirmación de que la disposición acusada
tiene fundamento en la Constitución, en diferentes instrumentos de Derecho
Internacional y no contradice valor o principio alguno constitucional. Por el
contrario, permite la garantía de los derechos de los involucrados en el
proceso penal.
En primer lugar, la Universidad asegura
que la reserva de las audiencias penales no suprime la posibilidad de tener
conocimiento del proceso. Aduce que la privatización del proceso penal no
violenta la administración de justicia en razón de que no impide la celebración
del juicio; contrario a ello prevé un recto funcionamiento de las actuaciones
judiciales en procura de garantías constitucionales. Además, la información
relativa al proceso puede ser conocida por el público con posterioridad a la
decisión judicial. En consecuencia, no se configura afectación alguna a las
libertades de información y de prensa.
Por otro lado, la institución expone que
la publicidad del juicio como regla general aplicable a los procesos penales no
se impone como principio absoluto ni anula la existencia de excepciones.
Argumenta que la norma acusada permite que el juez pueda velar por la garantía
de los derechos de los intervinientes en el juicio y evitar que el principio de
publicidad provoque la violación de garantías de los sujetos procesales. Así lo
consideran la Constitución en su artículo 228, la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos (Art.8.5) y el Pacto de San José (Art. 14.1) cuando disponen
que, en el juicio penal, aun cuando la publicidad es regla general, el juez
puede restringirla para proteger los intereses de la justicia. Por lo tanto, la
facultad contenida en el artículo demandado tiene sustento suficiente en los
mandatos constitucionales.
En consecuencia, la Universidad
Javeriana considera que el artículo 152 de la Ley 906 de 2004 no transgrede
ninguna disposición constitucional y, por tanto, solicita a la Corte declarar
la EXEQUIBILIDAD del texto legal demandado.
B)   Universidad Católica de Colombia
El 20 de noviembre de 2019, la
Universidad Católica de Colombia intervino en el asunto objeto de análisis
constitucional solicitando la declaración de EXEQUIBILIDAD del artículo 152 de
la Ley 906 de 2004, en vista de que se encuentra ajustado a los parámetros
constitucionales y convencionales aplicables en nuestro ordenamiento jurídico.
La institución educativa para sustentar
su posición hace un análisis normativo en los niveles interno e internacional,
relaciona algunos pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales de la Corte
Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del
principio de publicidad, analiza la importancia de la garantía de la libertad
de información y de prensa en un Estado democrático, finalizando con la
referencia al caso de la demanda.
En primer lugar, la Universidad expone que
en línea con la normatividad penal interna el principio de publicidad es
susceptible de varios tipos de limitaciones. Una de ellas es la contenida en el
artículo 152 demandado, pero todas persiguen fines constitucionales y disponen
la reserva del juicio como excepción a la regla general de publicidad. Es así
como la decisión de limitar la publicidad del juicio demanda la justificación del
juez en cuestión.
En ese mismo orden de ideas, la
intervención desarrolla dos tipos de enfoque del principio de publicidad. El
primero referente a los sujetos procesales y el segundo respecto de la sociedad
en general para conocer las actuaciones de los jueces. La perspectiva relativa
a la información de la comunidad cumple con una función social en la que la
población sirve de vigía para la recta administración de justicia. Sin embargo,
tanto el desarrollo doctrinal como el Convenio Europeo de Derechos Humanos
(Art. 10.2) consideran que la libertad de expresión puede ser limitada por
causas legítimas y justificadas, dentro de las que la autoridad e imparcialidad
del poder judicial es una de ellas. En consecuencia, los intereses de la
justicia referidos en el texto demandado operan como causa legítima para
restringir el acceso de la prensa y el público a audiencias penales.
Por otro lado, la Universidad Católica
manifiesta que el principio de publicidad, tal como lo ha indicado la Corte
Constitucional, es una herramienta para el control de la actividad judicial
mediante el ejercicio del derecho de contradicción. Adicionalmente, es un medio
que permite conservar la integridad del sistema democrático y del Estado Social
de Derecho. Sin embargo, lo anterior no indica que la publicidad sea un
principio aplicable sin excepción. Siguiendo la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia constitucional y
disposiciones de orden internacional como la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, afirman que el principio de publicidad puede ser limitado en
procura de la conservación de un interés público imperativo. De esta manera la
restricción debe ser necesaria y proporcional al interés que la justifica y
estar dirigida al logro de dicho fin, como ocurre en el caso del artículo
demandado.
Por último, la institución de educación
superior señala que el derecho a la información tiene una amplia regulación que
lo protege, pero no se pueden dejar de lado los límites que ha de tener frente
a la afectación a otras garantías. En este sentido, afirma que bajo ningún
argumento las autoridades públicas o la población en general, por buscar
acceder a información, pueden vulnerar el derecho a la intimidad de las
personas o la presunción de inocencia latentes en un proceso penal. Afirma que
el artículo acusado busca proteger esos intereses legítimos de la
administración de justicia, de manera justificada y equilibrada frente a las
libertades de información y de prensa. Por lo tanto, el artículo cuestionado no
contiene afectación constitucional alguna.
En conclusión, la Universidad Católica
de Colombia solicita a la Corte Constitucional declarar la EXEQUIBILIDAD
del artículo 152 de la Ley 906 de 2004, toda vez que no atenta contra las
libertades de información y de prensa, ni contra el debido proceso y el Estado
Social de Derecho, conforme fue expuesto en el contenido de la intervención.
C)  Universidad Libre de Colombia[17]
El 25 de noviembre de 2019, la
Universidad Libre presentó escrito de intervención en el caso objeto de estudio
constitucional y solicitó declarar la INEXEQUIBILIDAD del artículo 152 de la
Ley 906 de 2004 por considerarlo violatorio del artículo 20 de la Constitución.
Para sustentar su solicitud, la Universidad
analiza la tensión existente entre el derecho de la sociedad civil de acceder a
la información y el poder judicial de reservar los juicios penales. Como
consecuencia de ello, encuentra que debe prevalecer el fundamento del sistema
democrático y Social de Derecho en los que se soporta el principio de
publicidad. Los argumentos dados por la institución son desarrollados a
continuación.
Por una parte, la Universidad Libre
sostiene la necesidad de la participación de los periodistas y la sociedad
civil en las actuaciones de los poderes públicos. Afirma que gracias a la
función de la prensa en las audiencias penales se hace posible para la
comunidad formar un juicio, fortalecer la percepción del sistema de justicia y
dar cuenta de las decisiones de mayor relevancia en la justicia colombiana. Lo
anterior de la mano de la importante y necesaria labor de los medios de llevar
al lenguaje común las expresiones jurídicas en medio de las que se desarrolla
una audiencia judicial. Por lo tanto, es imperioso que la prensa pueda acceder
a la información de lo que ocurre en los procesos penales para luego informar a
la comunidad los sucesos de su interés.
En segundo lugar, la institución analiza
la facultad del juez de privatizar las audiencias penales y afirma que las
razones que contempla el artículo demandado relativas a la imparcialidad del juez
y los intereses de la justicia carecen de objetividad. Argumenta que no hay
duda sobre la facultad legal que tienen los jueces de restringir el acceso de
la prensa y el público a los procesos penales. Además, a juicio de la
interviniente casi todos los intereses públicos que pueden proteger los jueces
con la reserva de un proceso judicial son taxativos en el Código de
Procedimiento Penal. Sin embargo, la Ley deja consagrados dos de ellos de
manera subjetiva, los intereses de la justicia y la imparcialidad del juez.
Esta indeterminación, contenida en el artículo demandado constituye un
parámetro de inconstitucionalidad que limita la libertad de información y de
prensa de manera poco objetiva.
En conclusión, la Universidad asegura
que el texto normativo demandado debe ser declarado inconstitucional, salvo que
la Corte defina cómo deben ser entendidos cada uno de los intereses que busca
proteger el artículo acusado y que no son claros ni precisos.
En consecuencia, la Universidad Libre de
Colombia solicita a la Corte Constitucional declarar la INEXEQUIBILIDAD
del artículo 152 de la Ley 906 de 2004 al contener disposiciones normativas
abstractas que atentan contra las libertades de información y de prensa
contenidas en la Constitución.
D)  Universidad Externado de Colombia[18]
El 17 de diciembre de 2019, la
Universidad Externado de Colombia allegó escrito de intervención en el cual
solicitó declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 152 de la
Ley 906 de 2004 en el sentido de que las medidas restrictivas que contiene sean
aplicadas después de la realización de un juicio de proporcionalidad, y antes
de que el público y los medios conozcan el contenido de la audiencia que se
reserva.
En primer lugar, la institución señala
que el artículo acusado no prevé una restricción absoluta al acceso a las
audiencias penales. La disposición demandada es clara cuando señala que es
posible limitar la publicidad de las audiencias en el evento en el que la
protección de los intereses de la justicia, y en particular la imparcialidad
del juez, puedan ser afectadas. Lo anterior indica que la aplicación de la
restricción en mención es excepcional al principio de publicidad de las
audiencias.
Agrega la institución que, si bien no es
absoluta la aplicación de la medida del artículo 152, tampoco lo es la supuesta
prevalencia de la libertad de información que sostienen los demandantes. Aduce
que es cierto que la jurisprudencia constitucional ha indicado el deber de
favorecer la libertad de información en caso de conflicto con otros principios.
Sin embargo, también ha señalado que dicha favorabilidad debe aplicarse “siempre
teniendo en cuenta las características del asunto en concreto”[19]. Por
lo tanto, no es una preeminencia de la que goce la libertad de información de
manera general y abstracta que la haga exenta de limitaciones
constitucionalmente válidas.
Por otro lado, la Universidad sostiene
que los demandantes se basan en la sentencia C-491 de 2007 para alegar la falta
de precisión y claridad del artículo accionado aun cuando el supuesto de la
sentencia es sustancialmente distinto. La jurisprudencia citada se refiere a la
exigencia de claridad y precisión en procura de la libertad de información,
pero con relación a los documentos que dentro del proceso el juez valora con
reserva legal. Esta exigencia se aplica como medio de control de la
discrecionalidad del juez frente a la reserva de documentación, lo que nada
tiene que ver con la libertad de información derivada del principio de
publicidad de las audiencias.
Añade la interviniente que, frente a la
precisión y claridad de la norma, no es exigible al Legislador definir cada uno
de los eventos en los que un principio o valor pueda afectarse. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos[20]
ha considerado que a la hora de dirimir conflictos entre principios
convencionales y la libertad de expresión, el juicio de proporcionalidad es la
técnica adecuada para resolver cada caso. Como es evidente no se exige que los
supuestos en los que es válida la limitación de la libertad de información
deban ser descritos de manera detallada en la norma. En consecuencia, hay
principios y valores constitucionales, como los intereses de la justicia y la
imparcialidad del juez, cuya aplicación preferente frente a otras garantías
solo puede ser precisada caso a caso.
Ahora bien, la intervención sostiene que
no es cierta la acusación por parte de los demandantes sobre la falta de
recursos frente a la decisión de reserva de una audiencia. Señala que, aunque
el público y la prensa no tienen la titularidad de interponer recursos al
interior del proceso, ello no impide que quienes consideren sus derechos
afectados por la decisión de reserva puedan acudir a la acción de tutela para
solicitar el amparo de los mismos.
Por último, la universidad afirma que el
artículo 20 constitucional podría afectarse si el juez ordenara la reserva de
lo que ocurrió en la audiencia después de haberse desarrollado en presencia del
público y los medios. Lo anterior se puede evitar si se interpreta el artículo
demandado en el sentido de que el juez debe advertir la consideración de
reservar el contenido de la audiencia antes de su desarrollo, de lo contrario
derivaría en la inconstitucionalidad de dicha normativa por censura de la
información ya conocida.
Adicionalmente, la institución asegura
que en el momento procesal en el que el juez explica el sentido del fallo no
debe ser restringido el acceso al público o a los medios. Afirma que es
comprensible que en otras etapas procesales donde se pueden poner en riesgo
derechos fundamentales de los sujetos procesales sea limitada la publicidad del
juicio. Sin embargo, el momento de la audiencia es relevante para la comunidad
y los medios, como parte importante en el control de las actuaciones
judiciales.
Agrega que la limitación a la libertad
de información no debe ser aplicada cuando el objeto del proceso penal sea la
conducta de servidores públicos en ejercicio de su cargo, especialmente si se
trata de eventos de corrupción o violación de derechos humanos. Lo anterior con
fundamento en lo que ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
pues la identidad del procesado y el hecho desarrollado en su función pública
por el que es acusado justifica un especial interés de la población en el
proceso y “es esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente
democrático”[21].
Por lo tanto, a juicio de la interviniente, la calidad de servidor público
del acusado debe ser un elemento relevante en el juicio de proporcionalidad que
de prevalencia a la protección de la libertad de información.
En conclusión, la Universidad Externado
de Colombia afirma que no encuentra afectación alguna de la Constitución por
parte del artículo acusado, siempre que se advierta la reserva del contenido de
la audiencia antes de su desarrollo y no se considere la reserva en la fase de
conocimiento de la decisión judicial.
En consideración a las razones
esgrimidas anteriormente, la Universidad Externado de Colombia insta a la Corte
Constitucional a declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la
disposición normativa acusada.
3.
INTERVENCIONES CIUDADANAS
A)   Ciudadanos Dagoberto Mayorquín, Leydi K. Rubio, Karen T. Castro y
Yeimy V. Veloza.
El 20 de noviembre de 2019, los
ciudadanos Dagoberto Mayorquín, Leydi K. Rubio, Karen T. Castro y Yeimy V.
Veloza presentaron escrito de intervención en el caso de la referencia, en el
que solicitaron declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 152 de la Ley 906 de
2004, a partir de un estudio del caso a la luz de los preceptos
constitucionales, pronunciamientos jurisprudenciales en la materia y la
legislación penal. Los argumentos presentados se exponen a continuación.
Por un lado, los intervinientes
se basan en los artículos 13, 15 y 29 de la Constitución, haciendo énfasis en las
garantías de los menores de edad como sujetos de especial protección y de las personas
en estado de indefensión. Lo anterior teniendo en cuenta que un menor cuando los
derechos del menor están en juego en estos procesos, el menor debe contar con protección
mayor. Por lo tanto, la alegada libertad de expresión por parte de los
demandantes no debe ser antepuesta sobre derechos de protección especial.
Adicionalmente, sostienen que en muchos
procesos penales los asuntos que se discuten son sensibles y de alto impacto.
Por lo anterior el juez puede considerar la privacidad de los mismos para que
la salvaguarda del debido proceso y la presunción de inocencia del procesado
sean debidamente aseguradas. Consideran que, si bien el rol de la prensa es
informar con transparencia e imparcialidad, en algunos casos terminan
cumpliendo con una finalidad diferente que puede contaminar el decurso del
proceso penal. Es por ello que oportunamente el juez se dispone de facultades
como la concedida en el artículo 152 acusado.
Por otro lado, los ciudadanos
intervinientes se apoyan en un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia[22] para
argumentar que es deber del Estado salvaguardar las garantías de las víctimas,
de los testigos dentro de la investigación, del procesado y en general velar
por la eficacia en el desarrollo del proceso penal. Por lo anterior, la
limitación de acceso a las audiencias penales, cuando se juzgue necesario,
además de ser una facultad del juez, es una actuación que deriva de finalidades
constitucionalmente legítimas.
Por último, los intervinientes afirman
que la norma demandada goza de legitimidad democrática, toda vez que permea
otras esferas legales no consideradas en la demanda. Un ejemplo de ello es el Código
Penal Militar que, en su artículo 315, contiene una disposición normativa muy
similar a la contenida en el artículo acusado. Lo anterior da cuenta de la
relevancia constitucional de la facultad del juez para limitar la publicidad
del proceso frente a la necesidad de protección de intereses superiores. Por lo
tanto, es evidente que el mandato contenido en el artículo acusado ha tenido
amplio respaldo en el Congreso y, por ende, concede a la norma sustento legal y
legitimidad democrática.
En consecuencia, los intervinientes
solicitan a la Corte Constitucional declarar la EXEQUIBILIDAD del
artículo 152 de la Ley 906 de 2004, al considerarlo ajustado a la Constitución,
conforme se expuso en el contenido de la argumentación.
B)   Ciudadana Belsi Ome Antury
El 21 de noviembre de 2019, la ciudadana
Belsi Ome Antury, remitió intervención en el caso objeto de estudio
constitucional en el que solicita declarar la INEXEQUIBILIDAD del artículo 152
de la Ley 906 de 2004, por considerarlo contrario a la Constitución.
En primer lugar, la interviniente señala
que, por mandato constitucional, el interés general prevalece sobre el
particular. Es por ello que la garantía de la efectividad de los principios,
derechos y deberes constitucionales se obtiene a través del cumplimiento de los
principios que rigen la función administrativa, como el principio de publicidad.
A pesar de lo anterior, el artículo 152 demandado concede al juez plena
autoridad para restringir la publicidad de los juicios penales. En consecuencia,
el texto demandado impide la efectividad del principio y derecho constitucional
de publicidad.
En segundo lugar, la ciudadana destaca
la sentencia C-592 de 2012 donde la Corte resalta la relevancia de la libertad
de información dentro del ordenamiento constitucional. Asegura que, en virtud
de dicha libertad, toda persona tiene derecho a buscar y recibir información. Sin
embargo, el artículo demandado permite al juez limitar subjetivamente la
publicidad de las actuaciones penales. Por lo tanto, el texto normativo en
cuestión vulnera la libertad de información de la comunidad en general.
De la mano de lo anterior, la
interviniente considera que el artículo demandado vulnera el debido proceso
contenido en el artículo 29 de la Constitución. Sostiene que la disposición del
texto acusado no establece lineamientos que el juez deba seguir a la hora de
considerar la reserva de un juicio y contrario a ello le permite ampararse en
su criterio. Adicionalmente, el artículo demandado tampoco contiene la
posibilidad de que los intervinientes puedan interponer recurso en contra de la
decisión de reserva del juez. Por lo anterior, la disposición normativa
accionada permite la arbitrariedad del juez y por tanto es contraria a la
Constitución.
En consecuencia, la ciudadana Belsi Ome,
concluye que el artículo 152 de la Ley 906 de 2004 viola la libertad de
información y el principio de publicidad como garantía procesal al considerar limitaciones
en interés de la justicia y detrimento del interés general. Por lo tanto, solicita
a la Corte Constitucional declarar la INEXEQUIBILIDAD del artículo en
cuestión.
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El
13 de enero de 2020 la Procuraduría General de la Nación allegó escrito de
intervención en el caso de la referencia y solicitó a la Corte Constitucional
declarar la EXEQUIBILIDAD de la norma demandada, tras considerar que el
artículo 152 de la Ley 906 de 2004 no vulnera los artículos 1°, 2°, 20, 29, 74
y 228 de la Constitución Política.
Para
justificar su posición, el Ministerio Público aplica el test de
razonabilidad a la medida de restringir la publicidad de audiencias penales
frente al principio de publicidad y la libertad de información, analiza la
supuesta violación al derecho de contradicción y concluye la constitucionalidad
del artículo demandado.
En
primer lugar, la Procuraduría expone que el principio de publicidad tiene un
ámbito de aplicación doble, por un lado, frente a la comunidad y por el otro frente
a las partes y terceros con interés, vinculados en un proceso judicial. Este
principio se traduce en una garantía según la cual todas las personas tienen el
derecho de conocer las actuaciones del poder judicial y ser un medio de control
social sobre las actuaciones de los jueces. Sin embargo, la publicidad no
constituye un principio absoluto y puede ser limitada cuando se considere
necesario, tal como lo considera el contenido del artículo demandado.
Ahora
bien, la intervención propone que, para determinar si el Legislador introdujo
en el texto demandado límites constitucionalmente legítimos, es necesario
analizar la proporcionalidad y razonabilidad de la medida.
La
Procuraduría parte de considerar que la medida consiste en la facultad del
juzgador de limitar la publicidad de las audiencias penales cuando se vean
amenazados los intereses de la justicia y la imparcialidad del juez. Agrega que
a esta medida se debe aplicar un test estricto, ya que su materialización
implica la restricción del principio de publicidad que orienta la función
pública y de la libertad de información.
El
Ministerio Público considera que la medida es idónea, en vista de que
persigue dos finalidades amparadas en la Constitución. Por un lado, la
integridad de la justicia orientada a la búsqueda de un orden justo (artículo 2
de la Constitución), y por el otro, la imparcialidad del juez basada en la
independencia y autonomía judicial (artículo 228 constitucional). Esta medida,
a juicio de la Procuraduría, a su vez es necesaria. Lo anterior, considerando
que limitar la publicidad de la audiencia evita que la “presión mediática o
la exaltación popular, originada por la calidad de las partes vinculadas al
proceso, la relevancia de la infracción penal que se juzga, o el impacto social
de un determinado proceso, puedan ser instrumento de presión para el Juez afectando
su imparcialidad”[23].
En
consecuencia, la Procuraduría considera que las restricciones previstas en el
artículo demandado son un instrumento adecuado para la efectividad de la
justicia. La medida es la menos restrictiva de la libertad de información y del
principio de publicidad y, por tanto, es también proporcional. Lo
anterior debido a que la medida permite que las partes, participen y en general
garantiza el debido proceso de los intervinientes, procura la libertad e imparcialidad
del juez y la recta administración de justicia, limitando en grado menor la
libertad de información.
La
referida limitación, según el Ministerio Público, no se aplica a todo el
proceso sino a algunos momentos concretos donde se juzgue necesario. Por lo
tanto, la disposición del artículo demandado cumple con los requisitos de
proporcionalidad y razonabilidad, lo que conduce a la constitucionalidad de la
medida.
Por
último, el Procurador sostiene que los demandantes interpretan de manera errada
la naturaleza del auto que decide restringir el acceso a una audiencia penal o
reservar su contenido. A juicio del procurador, los accionantes consideran el
auto como una de las formas del proceso penal y en consecuencia debería ser
recurrible. Sin embargo, dejan de lado que el auto al que se refiere el
artículo accionado hace parte de la manifestación de poderes y medidas
correccionales del juez frente al juicio. Por lo tanto, respecto de dicho auto
no es exigible ningún medio de impugnación.
En
conclusión, la Procuraduría General de la Nación considera que el artículo 152
de la Ley 906 de 2004 cumple con los requisitos de proporcionalidad y
razonabilidad y no afecta el derecho de contradicción alegado por los
accionantes. Por lo tanto, solicita a la Corte Constitucional declarar la EXEQUIBILIDAD
del artículo en cuestión.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Planteamiento de los problemas jurídicos
1.      Los
problemas jurídicos que los demandantes le plantean a la Corte en esta
oportunidad se relacionan con la constitucionalidad de la potestad legal del
juez para restringir la publicidad del juicio penal. En particular, se trata de
establecer si el juez puede restringir el acceso a las audiencias de la etapa del
juicio del público en general y de los medios de comunicación, o de ordenarles
guardar la reserva sobre lo que ven, oyen o perciben en ellas. Para adoptar
esta decisión, el juez debe proferir un auto motivado en el cual da cuenta de
la manera en que la publicidad del juicio perjudica o amenaza los intereses de
la justicia.
2.      Para
los demandantes esta potestad es inconstitucional por dos motivos básicos:
·
Porque, al tratarse de una facultad definida vagamente,
permite que el juez la ejerza de manera arbitraria y desproporcionada. Por lo
tanto, el otorgamiento de esta facultad de manera vaga resulta contraria a los
principios de proporcionalidad y razonabilidad.
·
Por otra parte, el ejercicio de una facultad
judicial que afecta de manera directa el derecho del público y de los medios de
comunicación debería estar sujeto a un control judicial, permitiéndoles a los
afectados interponer los respectivos recursos dentro del proceso. Sin embargo,
ni los medios, ni el público son partes dentro del proceso. Por lo tanto, no
tienen a su disposición los recursos necesarios para cuestionar las decisiones
que restrinjan su acceso a las audiencias del juicio penal.
3.
A partir de los argumentos de la demanda, de las
intervenciones y del concepto del procurador, le corresponde a esta Corte
resolver los dos problemas jurídicos que se plantean a continuación:
¿Restringe
desproporcionadamente los derechos a la información y a la libertad de prensa,
y el principio de publicidad en los procesos judiciales penales una disposición
que le permite al juez limitar el ingreso del público y de los medios de
comunicación a las audiencias del juicio penal, o imponer la reserva total o
parcial de difundir lo que vean, oigan o perciban en ellas?
¿Se vulnera el derecho al
debido proceso y la finalidad de garantizar a las personas la facultad de
intervenir en las decisiones que los afectan al no permitirles a los medios de
comunicación y al público recurrir el auto mediante el cual un juez limita su
ingreso a las audiencias del juicio penal, o que les impone la reserva total o
parcial de difundir lo que vean, oigan o perciban en ellas?
4.      Para
resolver los anteriores problemas jurídicos la Corte hará un breve recuento de
su jurisprudencia en torno a la tensión constitucional existente entre las
restricciones a la publicidad del proceso penal y las libertades de información
y prensa. Posteriormente, analizará los cargos planteados en el caso concreto,
refiriéndose en particular a tres aspectos de los mismos. En cuanto al primer
cargo, la Sala estudiará la facultad del juez para limitar la publicidad del
juicio penal y, en particular, el alcance de la expresión “por motivos de
interés de la justicia” como justificación para restringir el acceso a la
audiencia o la difusión de lo ocurrido en las audiencias del juicio penal. Respecto
del segundo, la Sala reiterará el carácter adversarial del juicio penal y, con
fundamento en él, analizará la constitucionalidad de la ausencia de recursos
para que la prensa o el público cuestionen la decisión del juez de restringir
el ingreso a la audiencia o impida difundir lo que ocurra en ella.
Consideraciones generales sobre las
restricciones a la publicidad por motivos de interés de la justicia y su
relación con las libertades de información y prensa
5.      La jurisprudencia constitucional
ha estudiado la protección de las libertades de expresión, información y prensa
frente a la publicidad del proceso penal. Varios pronunciamientos de la Corte
Constitucional han hecho precisiones sobre el tema, las cuales se expondrán a
continuación.
6.      En primera medida, en la
sentencia C-010 de 2000, se señaló que la libertad de expresión es un
eje esencial de nuestra Constitución, toda vez que tiene un rol importante en
el desarrollo de la autonomía y libertad de las personas, del conocimiento y la
cultura y, especialmente, en la medida en que “constituye un elemento
estructural básico para la existencia de una verdadera democracia
participativa”[24].
De ahí que se haya destacado la trascendencia de esta libertad, puesto que no
sólo salvaguarda la posibilidad de difundir o expresar opiniones e ideas, es
decir, la de expresarse libremente stricto sensu, sino también la de buscar,
recibir y difundir información de toda clase, esto es, el derecho de informar y
ser informado.
7.      De dicha protección también se
deriva la relacionada con la libertad de prensa, cuyos titulares son los medios
de comunicación.
Este derecho
está consagrado en los artículos 20 y 74 de la Constitución Política, y ha sido
considerado como una “condición estructural del funcionamiento de la
democracia y del Estado de derecho. En efecto, sólo con una prensa libre,
pluralista e independiente, puede desarrollarse un debate democrático vigoroso
y pueden los ciudadanos controlar los eventuales abusos de los gobernantes”[25].
8.      Pese a la importancia que se les
ha dado a las libertades de expresión, información y prensa, esta Corporación
ha enfatizado que aquellos derechos no son absolutos y, por el contrario,
tienen límites como todo derecho fundamental. En particular, la libertad de
expresión puede chocar con otros derechos y principios constitucionales
fundamentales. Como consecuencia de ello, varios tratados internacionales de
derechos humanos y la Constitución Política han establecido ciertas
restricciones legítimas a las referidas libertades. En particular ha dicho que “conforme
a los artículos 13 de la Convención Interamericana y 19 del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, este derecho puede ser limitado
para asegurar (i) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
para (ii) la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o
la moral públicas. Por ello, esta Corporación ha también admitido, en numerosas
decisiones, ciertas restricciones a la libertad de expresión a fin de proteger
y asegurar, en ciertos casos concretos, otros bienes constitucionales, como el
orden público o los derechos a la intimidad o al buen nombre”[26].
9.      Con base en lo anterior, la
Corte afirmó que las limitaciones que se hagan a la libertad de prensa deberán
someterse a un estricto examen constitucional. Al respecto, en la Sentencia T-391
de 2007, se advirtió que “las autoridades que pretendan establecer una
limitación a la libertad de expresión deben cumplir con tres cargas especiales,
cuya verificación compete al juez constitucional”[27], las
cuales son:
(i)
La carga definir la finalidad de la restricción:
“Es la carga de decir en qué consiste la finalidad que se persigue mediante
la limitación de la libertad de expresión; cuál es su fundamento legal preciso,
claro y taxativo; y cuál es de manera específica la incidencia que tiene el
ejercicio de la libertad de expresión sobre el bien que se pretende proteger
mediante la limitación. Esta carga definitoria debe cumplirse en el acto mismo
en el cual se adopta la limitación, como parte constitutiva de su
fundamentación jurídica”[28].
(ii)
La carga argumentativa suficiente para
desvirtuar la presunción de constitucionalidad que recae sobre el ejercicio del
derecho: “Con base en el cumplimiento de la carga definitoria, compete a las
autoridades que pretenden establecer limitaciones a la libertad de expresión
plasmar, en el acto jurídico de limitación, los argumentos necesarios para
demostrar fehacientemente que se han derrotado las distintas presunciones
constitucionales que amparan la libertad de expresión, y que se ha cumplido con
cada uno de los requisitos que deben reunir las limitaciones a dicha libertad”[29].
(iii)
La carga probatoria respecto de las amenazas o
impactos que tiene el ejercicio del derecho sobre otros bienes jurídicos en
concreto: “Finalmente, las autoridades que limitan la libertad de expresión
deben asegurarse de que los elementos fácticos, técnicos o científicos que
sustentan su decisión de limitar la libertad de expresión cuenten con una base
sólida en evidencias que den suficiente certeza sobre su veracidad”[30].
10.    En
este mismo pronunciamiento, la Corte sostuvo que las limitaciones a las que es
susceptible la libertad de expresión, plasmadas en los tratados internacionales
aplicables, deben interpretarse de una forma restrictiva, de manera que se
preserve al máximo el libre ejercicio de la expresión de interferencias
estatales. Por consiguiente, la Corte estimó necesario que toda restricción que
se imponga se someta a un juicio estricto de revisión constitucional, en el que
se evalúe el cumplimiento de los requisitos que la Corte ha previsto para estos
escenarios.
Sobre
este punto en particular, se afirmó que “cualquier acto jurídico o actuación
de hecho, de carácter general o particular, que de manera directa o indirecta
limite el ejercicio de la libertad de expresión en cualquiera de sus
manifestaciones, realizado por cualquier autoridad estatal colombiana
independientemente de su jerarquía o su posición dentro de la estructura del
Estado, ha de considerarse como una invasión sospechosa del ejercicio de este
derecho y, por ende, someterse a revisión constitucional estricta para efectos
de determinar si están dados los requisitos que hacen admisible una limitación
estatal al ejercicio de esta importante libertad”[31].
11.    Así, se estableció como marco
general de las limitaciones admisibles a la libertad de expresión lo dispuesto
en los artículos 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los cuales orientan la
interpretación adecuada del artículo 20 de la Carta Política.
12.    En
síntesis, la Corte Constitucional ha concluido que las limitaciones deben: (i)
estar formuladas precisa y taxativamente en una Ley de la República; (ii)
perseguir el logro de finalidades imperiosas definidas de manera concreta y
específica, como la necesidad de preservar los derechos de carácter
fundamental, tales como la intimidad, el buen nombre y la prohibición de
discriminación, o para preservar la seguridad y el orden público, o la
moralidad pública; (iii) ser apta, apropiada o efectivamente conducente
para el logro de dicho objetivo; (iv) la incidencia de la limitación
sobre la libertad de expresión deberá ser proporcionada, garantizándose que
entre el fin buscado y el alcance de la limitación se logre un equilibrio
adecuado y (v) ser posteriores y no constituir censura[32].
13.    Por
último, es de gran importancia resaltar que la Corte sostuvo que el carácter
necesario de la finalidad que persigue la restricción debe entenderse como un
bien jurídico importante dentro de la axiología constitucional, no sinónimo de
indispensable. Al respecto sostuvo que “[e]l adjetivo ‘necesario’ no es
sinónimo de ‘indispensable’, pero tampoco tiene la flexibilidad de expresiones
como ‘admisible’, ‘ordinario, ‘útil’, ‘razonable’ o ‘deseable’ – implica una
necesidad social apremiante o imperiosa, más que simplemente útil, importante,
legítima u oportuna. Además, se ha precisado que el margen con el que cuentan
las autoridades para establecer la necesidad de una limitación a la libertad de
prensa es más restringido que aquel con el que cuentan para determinar si es
necesario establecer limitaciones a otros elementos de la libertad de expresión
en sentido genérico, por la importancia de los medios de comunicación en la
democracia”[33].
14.    Ahora
bien, respecto de la publicidad y la reserva aplicables a procesos penales, en
la Sentencia T-049 de 2009, la Corte explicó que el principio de
publicidad en actuaciones judiciales se consagró en el artículo 228 de la
Constitución Política como uno de los ejes axiales de la administración de
justicia. Particularmente, en relación con el proceso penal, el artículo 29 de
la Carta Política dispuso que toda persona tiene derecho “a un debido
proceso público sin dilaciones injustificadas”.
15.    En
este mismo sentido, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos dispone que “[e]l proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea
necesario para preservar los intereses de la justicia” y el artículo 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé que “[t]oda
persona tendrá derecho a ser oída públicamente (…). La prensa y el público
podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones
de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o
cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida
estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias
especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la
justicia”.
16.    De igual forma, la Corte
Constitucional, con fundamento en los referidos instrumentos internacionales, sostuvo
que, al ser el principio de publicidad en las actuaciones judiciales un
elemento esencial para la legitimidad de la función judicial en un Estado
Social de Derecho, esta garantía se constituye como un instrumento fundamental
para la efectividad de los derechos al debido proceso, defensa, contradicción y
seguridad jurídica de los cuales son titulares los sujetos procesales.
Igualmente, este principio termina convirtiéndose en una forma de controlar y
vigilar las actuaciones de las autoridades judiciales. Por todo lo anterior, la
Corte sostuvo que el principio de publicidad no puede verse como una simple
formalidad procesal. A contrario sensu¸ debe verse como el medio para
garantizar la eficacia de la función judicial y legitimación de la democracia
participativa.
17.    No obstante, se aclaró que el
principio de publicidad no es absoluto y, por tanto, en “el transcurso del
proceso penal puede limitarse (…) tanto para la comunidad en general como para
los sujetos procesales. En efecto, (…) a pesar de que la regla general es la
aplicación del principio de publicidad en la administración de justicia, es
perfectamente posible que la ley disponga la reserva de algunas actuaciones
judiciales para preservar valores, principios superiores y derechos que también
gozan de protección constitucional”[34].
En este sentido, la Corte ha destacado que “el mismo artículo 228 de la
Carta autoriza al legislador a establecer excepciones a la publicidad de las
actuaciones administrativas”[35],
Asimismo, “el artículo 8º del Pacto de San José a limitar la
publicidad para ‘preservar los intereses de la justicia’ y el artículo 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que ‘La prensa y el
público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios (…) cuando
por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los
intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa
será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija
lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la
tutela de menores’”[36].
18.        Por
su parte, al resolver la impugnación de una sentencia de tutela, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que, a la luz de los
referidos instrumentos internacionales, la restricción de la publicidad del
juicio penal (prohibición de ingresar cámaras de vídeo y de fotografía a la
audiencia) “no resulta desproporcionada, irrazonable o contraria al
ordenamiento jurídico”, cuando algunos de “los sujetos procesales,
intervinientes y funcionarios involucrados en la actuación penal, …habían
manifestado intimidaciones en su contra con anterioridad”[37].
Esto, habida cuenta de que los intereses de la justicia incluyen no solo
“el esclarecimiento de los hechos, la verdad material y procesal y la
imposición de una sanción penal sino la protección de las personas que se ven
avocadas a intervenir en ella como sujetos activos o pasivos o simples
espectadores de la actuación”[38].
19.    Más recientemente, en la Sentencia
SU-274 de 2019, la Corte Constitucional introdujo a su análisis el
concepto de la “indefensión”. Para ello, expuso que “la doctrina ha
considerado que los medios de comunicación masiva son un poder, que aunque
sustraído del concepto tradicional del Poder Público, entra en el juego de los
equilibrios, pesos y contrapesos de una sociedad”[39]. A
raíz de lo anterior, en la relación existente entre el medio de comunicación y
la persona involucrada en la noticia que se divulga puede generarse un estado
de indefensión, “en razón a que la actividad informativa que desempeñan este
tipo de organizaciones, además de tener un gran alcance, en tanto llevan su
mensaje a diversos sectores de la sociedad, también tienen el poder de impacto
social, comoquiera que pueden influir generar determinada opinión en el
conglomerado”[40].
En otras palabras, la Corte reconoció que “una expresión de indefensión es
la inferioridad generada por la ‘divulgación de información u otras expresiones
comunicativas, por medios que producen un amplio impacto social y que
trasciende del entorno privado en el que se desenvuelven los involucrados, como
lo son los medios de comunicación y las redes sociales’”[41].
20.    A su turno, la Corte insistió en
el uso del test tripartito, desarrollado a través de la jurisprudencia
interamericana, dirigido a controlar la legitimidad de una restricción a la
libertad de expresión, indicando que para que sea admisible, aquella deberá: “i)
haber sido definida en forma previa, precisa y clara por una ley en sentido
formal y material; ii) estar orientada a lograr un objetivo imperioso
autorizado por la Convención Americana; y iii) ser necesaria en una sociedad
democrática para el logro de los fines imperiosos, estrictamente proporcionada
a la finalidad perseguida e idónea para lograr el objetivo imperioso que
pretende lograr”[42].
21.    Adicionalmente, en este fallo se
agregó que, respecto del deber de reserva de la información judicial en materia
penal, “‘no obstante siendo la investigación abierta para los sujetos
procesales y el juicio público, es posible que se establezcan actuaciones
reservadas, como lo consagran los artículos 321, 331 y 342, [Ley 600 de 2000]
los cuales también encuentran fundamento constitucional en el artículo 228 de
la Constitución, que permite a la administración de justicia mantener bajo
reserva determinadas actuaciones judiciales que se surten dentro del proceso
penal’ . Así mismo, ha señalado que ‘es deber esencial de los funcionarios
judiciales garantizar igualmente los demás derechos de rango superior o legal,
en particular los constitucionales fundamentales, que de una forma u otra deban
ser protegidos a lo largo del proceso, (…) por ejemplo, el juez debe abstenerse
de divulgar la información reservada contenida en un expediente, o de opinar
públicamente acerca de ella”[43].
22.    Sin embargo, se hizo la
aclaración de que, en caso de restringir el acceso a cierta información, por
tratarse de una limitación a un derecho fundamental, la autoridad pública
deberá justificar la reserva de la misma a partir de la Constitución o la ley. En
aquella oportunidad esta Corporación explicó que del derecho fundamental a un
debido proceso se derivan varias garantías constitucionales, las cuales tienen
como objetivo proteger al ciudadano incurso en una actuación judicial o
administrativa, de tal suerte que todos sus derechos sean salvaguardados, como
el del acceso a la administración de justicia, a un juez natural, a la defensa,
la independencia e imparcialidad del juez y a la presunción de inocencia, entre
otros. “La imparcialidad del juez comprende no solo la probidad de este, de
manera que no se incline intencionalmente para favorecer o perjudicar a alguno
de los sujetos procesales, sino, además, no tener contacto anterior con el
asunto que decide. La presunción de inocencia se garantiza a toda persona sometida
a un proceso, desde el inicio hasta la ejecutoria de la sentencia que ponga fin
al mismo, e impone una obligación en cabeza de las autoridades y de la sociedad
en general de no hacer prejuzgamientos ni emitir juicios de culpabilidad de
forma previa a la ejecutoria del pronunciamiento judicial que así lo declare”[44].
23.    Con fundamento en ello, la Corte
concluyó que “existen ciertas actuaciones, documentos y diligencias que no
pueden ser objeto de conocimiento del público -por lo menos de manera temporal
dada la concomitancia de la actuación con la decisión de fondo a adoptar-, por
cuanto el libre uso de su contenido podría atentar contra el interés general o
el ejercicio de otros derechos fundamentales de los asociados; pero además
podría generar una grave afectación del derecho al debido proceso de quien es
sometido al ejercicio del ius puniendi, especialmente en su faceta de
imparcialidad y autonomía judicial. || Sobre este particular se ha indicado
que, no obstante, la garantía de la publicidad, existe el secreto sumarial de
ciertas actuaciones judiciales, particularmente, en los procesos penales. Este
deber se reserva en cabeza de quienes integran el poder judicial ‘se justifica
por la necesidad de preservar la imparcialidad y la limpieza del proceso, que
se verían seriamente comprometidas si los jueces difundieran informaciones
reservadas’”[45].
24.    En este punto, se hizo una
diferenciación entre la Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004; pues en la primera se
determinó que en los procesos penales, en especial durante las etapas
preliminares a la calificación del mérito del sumario, se entienden reservadas
(artículos 330 y 393) todas las actuaciones judiciales y sólo hasta la etapa de
juzgamiento (artículo 400) se entiende que estas se realizan a “vista
pública”; mientras que en la segunda, al haber instituido un sistema penal con
tendencia acusatoria, su ejercicio se orienta a respetar el principio procesal
de publicidad, así de manera más temprana “permite que las actuaciones sean
conocidas públicamente, esto es desde la audiencia de legalización de captura o
formulación de imputación, no obstante otorga al director del proceso la
posibilidad de limitar dicha publicidad según los parámetros contenidos en
el artículo 18 de esa misma normativa – en concordancia con los artículos 150 y
152”[46].
(Subrayado fuera del texto)
25.    Igualmente,
la Corte sostuvo que la libertad de información y la actividad periodística
están limitadas en virtud del principio de armonización concreta. Uno de los
límites que podrían tener está asociado con el debido proceso, en aquellos
escenarios en los que las garantías que se derivan de dicho derecho pueden
llegar a verse afectadas por la divulgación de información vinculada con un
trámite judicial; concretamente, en aquellos casos en que la imparcialidad del
juez o la presunción de inocencia podrían verse afectadas.
26.    En la Sentencia SU-274 de 2019,
la Corte estableció que “[s]e debe partir del mayor respeto posible del
derecho a la libertad de información y de la prohibición prima facie de
cualquier restricción, salvo que sea constitucionalmente imperioso. Así, la
restricción estaría permitida cuando: i) exista un riesgo de afectación del
derecho a un juicio imparcial o a la presunción de inocencia, que no pueda justificarse
en la importancia de divulgar información relativa al proceso; ii) ese riesgo
deberá ser grave, cierto y actual; y iii) en la valoración del riesgo deberán
ser tenidas en cuenta las diferentes variables que rodean el caso considerando
las mayores o menores probabilidades de afectación”[47].
27.    A su vez, haciendo un recuento de
las reglas que debe respetar cualquier medida que restrinja la libertad de
información, la Sentencia C-559 de 2019 reiteró:
“i) La restricción debe estar
autorizada por la ley o la Constitución, de manera que donde quiera que no
exista reserva legal expresa debe imperar el derecho fundamental de acceso a la
información.
ii) La norma que establece el
límite debe ser precisa y clara en sus términos de forma tal que no ampare actuaciones
arbitrarias o desproporcionadas de los servidores públicos.
iii) La decisión del servidor
público que decide ampararse en la reserva para no suministrar una información
debe estar motivada por escrito y fundada en la norma legal o constitucional
que lo autoriza. En estos casos, la Corte ha considerado que corresponderá al
juez que ejerce el control sobre la decisión de no entregar determinada
información, definir si tal decisión se encuentra soportada de manera clara y
precisa en una ley y si la misma resulta razonable y proporcionada al fin que
se persigue.
iv) La ley que establece un
límite temporal a la reserva, debe fijar un plazo que ha de ser razonable y
proporcional al bien jurídico que se protege. Vencido este plazo, la reserva
debe levantarse.
v) Deben existir sistemas
adecuados de custodia de la información reservada que permitan su posterior
publicidad.
vi) Deben existir controles
administrativos y judiciales de las actuaciones o decisiones reservadas. A ese
respecto, la Corte ha considerado ‘que la reserva puede ser oponible a los
ciudadanos, pero no puede convertirse en una barrera para impedir el control
intra o inter orgánico, jurídico y político, de las decisiones y actuaciones
públicas de que da cuenta la información reservada’. Razón por la cual, en
criterio de la Corporación, la exigencia de motivación de la decisión de no
entregar una información ‘reservada’ facilita el control judicial de dicha
decisión.
vii) La reserva opera respecto
del contenido de un documento público, pero no respecto de su existencia. Por
lo anterior, ‘el secreto de un documento público no puede llevarse al extremo
de mantener bajo secreto su existencia. El objeto de protección constitucional
es exclusivamente el contenido del documento. Su existencia, por el contrario,
ha de ser pública, a fin de garantizar que los ciudadanos tengan una
oportunidad mínima a fin de poder ejercer, de alguna manera, el derecho
fundamental al control del poder público (art. 40 de la C.P.)’
viii) La reserva obliga a los servidores
públicos comprometidos, pero no impide que los periodistas que acceden a dicha
información puedan publicarla.
ix) La reserva debe sujetarse
estrictamente a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Al
respecto, se ha considerado que la reserva legal ‘sólo puede operar sobre la
información que compromete derechos fundamentales o bienes constitucionales,
pero no sobre todo el proceso público dentro del cual dicha información se
inserta’. Igualmente, la reserva legal no puede cobijar información que por
decisión constitucional deba ser pública.
x) Deben existir recursos o
acciones judiciales para impugnar la decisión de mantener en reserva una
determinada información.”[48]
28.    De la misma manera, se enfatizó
que la reserva de información resulta legítima en las siguientes
circunstancias: “‘(1) para garantizar la defensa de los derechos
fundamentales de terceras personas que puedan resultar desproporcionadamente
afectados por la publicidad de una información; (2) ante la necesidad de
mantener la reserva para garantizar la seguridad y defensa nacional; (3) frente
a la necesidad de asegurar la eficacia de las investigaciones estatales de
carácter penal, disciplinario, aduanero o cambiario; (4) con el fin de
garantizar secretos comerciales e industriales.  En todo caso cualquier
restricción debe resultar razonable y proporcionada a los fines que se busca
alcanzar’.  Del mismo modo, en cuanto a la finalidad de proteger la seguridad o
defensa nacional, señaló que la misma es ‘constitucionalmente legítima y por lo
tanto para el logro de tales objetivos puede establecerse la reserva de cierta
información’. Sin embargo, aclaró que no es suficiente apelar a esta fórmula
sino que es necesario que en cada caso se acredite que tales derechos o bienes
‘se verían seriamente afectados si se difunde determinada información, lo que
hace necesario mantener la reserva’”[49].
29.    Para finalizar, en esta sentencia
se afirmó que, de conformidad con la Constitución Política y los instrumentos
internacionales citados a lo largo de este acápite, “es admisible la
restricción de la publicidad de ciertas etapas procesales o de algunos
procedimientos con el fin de garantizar el éxito de la investigación y la
protección de bienes jurídicos superiores. Sin embargo, la jurisprudencia
constitucional ha dejado claro que la existencia de este tipo de reservas en el
proceso penal no puede llegar al punto de hacer nugatorio el derecho de defensa
de las partes o de las víctimas”[50].
Análisis concreto respecto de la disposición
demandada
Ámbito de aplicación del artículo 152 de la Ley 906
de 2004
30.    El
artículo 152 de la Ley 906 de 2004 faculta al juez para que restrinja la
publicidad del juicio penal cuando esta amenace o perjudique “los intereses
de la justicia”. En este sentido, la disposición demandada permite que el
juez, en la etapa del juicio penal y mediante auto motivado, “imponga a los
presentes [en las audiencias] el deber de guardar reserva sobre lo que
ven, oyen o perciben, o limitar total o parcial el acceso del público o de la
prensa”.
31.
Esta disposición normativa hace parte del capítulo II de la Ley 906 de 2004[51], en
el cual se regula la publicidad de los procedimientos judiciales en el marco
del sistema penal con tendencia acusatoria. En este sentido, el artículo 149 de
la referida Ley prevé, como regla general, que “[t]odas las audiencias que
se desarrollen durante la etapa de juzgamiento serán públicas y no se podrá
denegar el acceso a nadie, sin decisión judicial previa”. En todo caso,
“[a]un cuando se limite la publicidad al máximo, no podrá excluirse a la
Fiscalía, el acusado, la defensa, el Ministerio Público, la víctima y su
representación legal”. Asimismo, dispone que las limitaciones a la publicidad
de los procedimientos deben: (i) adoptarse “previa audiencia privada
con los intervinientes”; (ii) “sujetarse al principio de
necesidad”, por lo que, “si desaparecieren las causas que dieron origen
a esa restricción, el juez la levantará de oficio o a petición de parte” y (iii)
adoptarse “de conformidad con los artículos siguientes”.
32.    A
su vez, los artículos 150, 151, 152 y 152A de la Ley 906 de 2004 prevén la
posibilidad de que el juez restrinja la publicidad del proceso penal cuando: (i)
se “comprometa la preservación de la moral pública”, (ii) “fuere
llamada a declarar una víctima menor de edad”, (iii) “los
intereses de la justicia se vean perjudicados o amenazados” y (iv) sea
necesario para “garantizar la vida e integridad personal de los testigos”,
respectivamente. De igual forma, el artículo 18 de la referida Ley prevé que
podrá limitarse la publicidad del proceso penal en “los casos en los cuales
el juez considere que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las
víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte la
seguridad nacional; se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que
deban intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo; o se
comprometa seriamente el éxito de la investigación”. En este orden de
ideas, es claro que el Legislador dispuso, como regla general, la publicidad del
proceso penal, pero también previó excepciones al principio de publicidad con
el fin de garantizar otros principios constitucionales y los derechos de las
partes e intervinientes en el proceso, dentro de las cuales se enmarca la
disposición demandada.
33.
Con el fin de tener mayor claridad sobre el alcance de la disposición
demandada, la Sala considera pertinente reiterar la distinción entre las etapas
del proceso penal, en el marco de la Ley 906 de 2004, a la luz del principio de
publicidad. Al respecto, esta Corte ha explicado que dicho proceso penal se
caracteriza, entre otros, por diferenciar “dos etapas o fases procesales
principales, unidas por una etapa que podría denominarse como intermedia o de
transición”[52].
34.
La primera etapa, denominada de indagación e investigación, tiene como
objetivo principal “la preparación del juicio”. En esta etapa, los
sujetos e intervinientes “despliegan una actividad de recaudo de la
evidencia y de los elementos materiales probatorios que pretenden llevar al
juicio para respaldar sus posiciones procesales”[53]. La
etapa intermedia “se caracteriza por que, una vez que las partes y los
intervinientes se encuentran preparados, se presentan ante el juez con el
propósito de buscar una aproximación al objeto del debate y una definición del
marco en el que habrá de desenvolverse el juicio oral”[54]. La
última etapa corresponde al juicio oral. En esta etapa, se llevan a cabo
actuaciones importantes como, por ejemplo, la presentación de las teorías del
caso de las partes y la práctica de las pruebas previamente decretadas por el
juez[55].
Así, el juicio oral se caracteriza por ser “público, concentrado y con inmediación
de la prueba”[56].
Al respecto, la Corte ha precisado que “[d]e acuerdo con la estructura y las
denominaciones utilizadas por el legislador, tanto la etapa intermedia como la
del juicio oral, propiamente dicho, conforman la fase de juzgamiento, en tanto
que una y otra se encuentran precedidas de una acusación formalmente presentada
por la Fiscalía”[57].
En consecuencia, en la fase de juzgamiento se llevan a cabo, ante el juez de
conocimiento, las audiencias: (i) de formulación de acusación, (ii)
preparatoria y (iii) del juicio oral.
35.
Ahora bien, habida cuenta de que el proceso regulado por la Ley 906 de 2004
corresponde a “un sistema con tendencia acusatoria”
la publicidad está presente “de manera más temprana [y] permite que
las actuaciones sean conocidas públicamente, (…) desde la audiencia de
legalización de captura o formulación de imputación”[58].
Sin embargo, el principio de publicidad adquiere mayor relevancia en la fase de
juzgamiento, debido a que la etapa de juicio es “el centro de gravedad
del proceso penal bajo el sistema instituido por el Acto Legislativo [3
de 2002]”[59]
y, por tanto, es “una etapa regida por la oralidad,
la publicidad, la inmediación de las pruebas, la contradicción, la
concentración y el respeto por todas las garantías fundamentales”[60]. Así
las cosas, la importancia de la publicidad del juicio penal radica
en que evita
que
“pruebas ocultas, secretas, huérfanas de contradicción sirvan para
fundamentar la decisión judicial”[61],
por cuanto garantiza
que “la prueba
incorporada sea pública para las partes y los intervinientes procesales”[62], de tal
forma que las partes puedan ejercer su “derecho a la
contradicción”[63].
36.
En tales términos, la Sala advierte que el artículo 152 de la Ley 906 de
2004 habilita al juez para limitar el principio de publicidad del juicio
en sentido amplio, de tal suerte que comprende las actuaciones reguladas por el
libro III del Código de Procesal Penal[64].
En consecuencia, la facultad de “imponer a los presentes el deber de guardar
reserva sobre lo que ven, oyen o perciben, o limitar total o parcial el acceso
del público o de la prensa”, que prevé la disposición demandada, se predica
de las audiencias que se llevan a cabo en la fase de juzgamiento.
37.    En
este orden de ideas, la Sala constata que: (i) el principio de
publicidad tiene especial relevancia en las audiencias que se llevan a cabo en
la fase de juzgamiento y (ii) la norma demandada prevé la posibilidad de
que el juez disponga limitaciones al principio de publicidad en esta fase del
proceso penal. Por tanto, le corresponde a la Corte determinar si la facultad
prevista por el artículo 152 de la Ley 906 de 2004 implica la posibilidad de
que el juez limite, de forma arbitraria y desproporcionada, el principio de
publicidad del juicio penal y, de contera, los derechos a la libertad de prensa
y acceso a la información.
Análisis del primer cargo de inconstitucionalidad
38.    A
juicio de los demandantes, el artículo 152 de la Ley 906 de 2004 otorga una
facultad definida vagamente, por lo cual permite que el juez la ejerza de
manera arbitraria y desproporcionada, en detrimento de los derechos de acceso a
la información y a la libertad de prensa. La vaguedad de dicha facultad radica
en que las condiciones en las cuales el juez puede ejercerla son amplias,
debido a que basta con que el juez invoque la protección de los “intereses
de la justicia”, pero este concepto es indeterminado y, además, no hay un
criterio que permita graduar cuándo le corresponde al juez adoptar medidas más
o menos restrictivas.
39.    Al
respecto, la Sala constata que el Legislador previó que el juez penal puede
imponer el deber de reserva a los asistentes a las audiencias del juicio penal
o limitar, total o parcialmente, el acceso del público o de la prensa a dichos
procedimientos. Asimismo, supeditó el ejercicio de dicha facultad a dos
condiciones: (i) que se adoptada mediante “auto motivado” y (ii)
que tenga como fundamento la protección de los “intereses de la justicia”
y, en especial, “la imparcialidad del juez”. En este sentido, del tenor
del referido texto normativo se deriva que el juez debe exponer, mediante
providencia judicial, las razones que justifican la imposición del deber de
reserva y la limitación del “acceso del público o de la prensa” a las
audiencias correspondientes a la fase de juzgamiento, en el marco del proceso
penal. En otras palabras, el mismo texto de la norma demandada impide, prima
facie, que la decisión judicial de limitar la publicidad del juicio penal sea
caprichosa o arbitraria. Sin embargo, la Corte debe analizar si, como lo
afirman los demandantes, la norma cuestionada confiere al juez de conocimiento la
facultad de restringir la publicidad del juicio penal de forma arbitraria y,
por tanto, implica una afectación desproporcionada de los derechos de acceso a
la información y de libertad de prensa.
40.    La
Sala encuentra que la expresión “intereses de la justicia”, pese a ser
de textura abierta, no está desprovista de contenido y, por tanto, la
disposición demandada no implica que el juez pueda restringir la publicidad del
juicio penal de forma arbitraria. En efecto, la interpretación sistemática y
teleológica del Código de Procedimiento Penal hace evidente que, en el proceso
penal con tendencia acusatoria, la publicidad del juicio, aunque importante, no
es absoluta y, por tanto, puede ser restringida cuando sea necesario para
proteger a las partes e intervinientes en el proceso, así como la adecuada
administración de justicia.
41.    Como
lo destaca la jurisprudencia citada en las consideraciones generales, la
administración de justicia puede verse afectada por la publicidad de un proceso
judicial. En efecto, la adecuada administración de justicia no siempre coincide
con las preferencias de la opinión pública. Esta situación se presenta con
frecuencia en el caso de los jueces penales, a quienes les corresponde velar
por la protección de los derechos de las partes e intervinientes en el proceso
penal y, además, deben garantizar el derecho del acusado a tener un juicio
justo. Esta compleja labor puede entrar en contradicción con las preferencias
de la opinión pública, en especial, en casos en los cuales los crímenes que se
les imputan ofenden la conciencia moral colectiva. En estos casos, la opinión
pública suele exigir la pronta identificación y condena de los delitos con base
en información limitada y, en ocasiones, incompleta. Por el contrario, el juez
penal debe decidir con fundamento en un análisis más completo y sosegado,
porque, entre otras razones, deben brindar a los sindicados las garantías
necesarias para
evitar que una conclusión apresurada signifique la condena de una persona
inocente.
42.    En
este sentido, la Ley 906 de 2004 incluye dentro de los “principios rectores”
del proceso penal: (i) la dignidad humana de los intervinientes en el
proceso[65],
(ii) la igualdad[66]
y (iii) la imparcialidad[67].
Asimismo, impone el deber de garantizar la protección de la intimidad de las
víctimas[68]
y prevé que las actuaciones procesales “se desarrollará[n] teniendo
en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que
intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la
justicia”[69].
De igual forma, el artículo 18 instituye la publicidad de las actuaciones
procesales, con excepción de “los casos en los cuales el juez considere que
la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados,
testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte la seguridad nacional; se
exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir; se
menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo; o se comprometa seriamente
el éxito de la investigación”.
43.    Así
las cosas, en el marco del proceso penal, los intereses de la justicia incluyen
no solo “el esclarecimiento de los hechos, la verdad material y procesal y
la imposición de una sanción penal sino la protección de las personas que se
ven avocadas a intervenir en ella como sujetos activos o pasivos o simples
espectadores de la actuación”[70].
De allí que, por ejemplo, el juez pueda limitar la publicidad del juicio cuando
sea estrictamente necesario para “la protección a la vida, seguridad e
integridad de los sujetos procesales, intervinientes y funcionarios
involucrados en la actuación penal”[71].
44.    De
igual forma, la Sala advierte que le juez de conocimiento, al analizar los
testimonios, debe examinar su credibilidad, lo cual implica verificar si
el testigo incurre en “verdadera contradicción, interna o
externa, sobre aspectos esenciales relevantes”[72].
Para tal fin, el artículo 396 de la Ley 906 de 2004 exige que los testigos sean
“interrogados
separadamente, de tal manera que no puedan escuchar las declaraciones de
quienes les preceden”. El cumplimiento de esta exigencia
suministra al juez elementos objetivos para determinar si el relato de un
testigo coincide con las declaraciones de los demás testigos sobre el mismo
hecho y, así, valorar su credibilidad. En consecuencia, la publicidad del
juicio penal puede perjudicar los intereses de la justicia cuando esta
permita que, sin justificación[73],
un testigo conozca las declaraciones de otros testigos, porque con ello se
afecta el análisis del juez respecto de la credibilidad de los testimonios y,
de contera, afecta la decisión final y la adecuada administración de justicia.
45.    En
el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos[74]
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[75], así
como el Convenio Europeo de Derechos Humanos[76],
reconocen que el carácter público del juicio penal podrá ser limitado cuando
sea necesario para la protección de los “intereses de la justicia”. Al
respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha insistido en que: (i)
tales restricciones son excepcionales y (ii) las autoridades nacionales
deben acreditar “la necesidad y proporcionalidad de la limitación de la
garantía de publicidad del proceso”[77].
A su vez, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que la
prensa o el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios
“en la medida estrictamente necesaria”, cuando “en circunstancias
especiales [el tribunal considere] (…) que la publicidad pudiera
perjudicar los intereses de la justicia”[78].
Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sostenido que el
derecho a tener un juicio público puede ser limitado, por ejemplo, para “proteger
la seguridad o privacidad de los testigos, o para promover el libre intercambio
de información y opiniones en pro de la justicia”[79].
46.    En
atención a las anteriores consideraciones, la Corte considera que dentro de los
intereses de la justicia se encuentran: (i) resguardar la imparcialidad
del juez, al evitar que su decisión se vea afectada por la presión de la
opinión pública; (ii) proteger la dignidad humana, la seguridad y la
privacidad de las partes e intervinientes en el proceso penal; (iii)
brindarle al juez elementos objetivos para examinar la credibilidad de los
testigos, lo cual supone evitar que los testigos conozcan las declaraciones de
quienes los han precedido y (iv) promover el libre intercambio de
información en las audiencias de la fase de juzgamiento y, en especial, en el
marco del debate probatorio que se lleva a cabo en el juicio oral.
47.    En
suma, con fundamento en las consideraciones anteriores, la Sala concluye que
las expresiones “los intereses de la justicia” y la imparcialidad del
juez no están desprovistas de contenido y, por ende, no habilitan al juez para
limitar la publicidad del juicio penal de forma arbitraria. Sin embargo, no es
posible establecer a priori un catálogo cerrado de circunstancias en las
cuales la publicidad del juicio penal implica perjuicio o amenaza para tales
intereses. Por el contrario, le corresponde al juez analizar y justificar, caso
a caso, por qué es necesaria la restricción al principio de publicidad. Este
análisis, implica que el juez debe: (i) señalar qué elemento propio de
la administración de justicia penal (v.gr imparcialidad) está perjudicado o
amenazado por la publicidad del juicio; (ii) exponer de forma clara las
razones por las cuales considera afectado dicho elemento; (iii) identificar
la medida a implementar (imposición del deber de reserva o limitación, total o
parcial, del acceso a la audiencia); (iv) justificar la necesidad de la
medida y (v) explicar por qué, en el caso concreto, dicha medida resulta
razonable y proporcionada, en particular, frente a la afectación de los
derechos de acceso a la información y a la libertad de prensa.
48.    En
tales términos, es claro que la facultad prevista por el artículo 152 de la Ley
906 de 2004 permite que el juez limite la publicidad del juicio penal de manera
discrecional, pero no arbitraria. Esto, por cuanto dicha facultad debe
ejercerse mediante auto motivado de conformidad con las consideraciones de esta
sentencia y, además, el Legislador limitó el tipo de medidas que el juez puede
implementar para proteger los intereses de la justicia cuando la publicidad del
juicio implique un perjuicio o amenaza para estos. Así, contrario a lo
sostenido por los demandantes, la textura abierta de la expresión “intereses
de la justicia” y la ausencia de un criterio fijo para graduar cuándo le
corresponde al juez adoptar medidas más o menos restrictivas, no implican que
el juez pueda limitar la publicidad del juicio penal de forma caprichosa o
arbitraria. Al respecto, la Sala insiste en que el juez deberá, en el auto por
el cual restringe la publicidad del juicio, indicar cuál es la medida a
implementar (deber de reserva o limitación al acceso a la audiencia) y
justificar la necesidad y proporcionalidad de la medida, frente a los otros
derechos y principios constitucionales involucrados.
49.    Por
último, en los casos en los cuales el juez restrinja totalmente el acceso a las
audiencias de la fase de juzgamiento, una vez finalicen, la autoridad judicial
debe proveer a los medios de comunicación y al público en general, la información
de interés público que no comprometa los derechos fundamentales de las personas
ni la adecuada administración de justicia. Para tal fin, el juez podrá hacer
uso de recursos alternativos como los comunicados de prensa, las ruedas de
prensa, la edición de lo acontecido, entre otros[80]. Esto,
con el fin de evitar la completa anulación de la publicidad del juicio penal y
de las garantías constitucionales que se derivan de esta.
Análisis del segundo cargo de inconstitucionalidad
50.    Como
segundo cargo de inconstitucionalidad, los demandantes sostienen que el
artículo 152 de la Ley 906 de 2004 vulnera la finalidad estatal de garantizar a
las personas la posibilidad de participar en las decisiones que los afectan y
el derecho al debido proceso. Esto, porque la disposición demandada no prevé la
posibilidad de que los medios de comunicación o el público recurran la decisión
judicial que impide su acceso a la audiencia o la difusión de su contenido. Sin
embargo, el argumento de los demandantes no resulta de recibo, puesto que desconoce
el carácter adversarial del juicio penal.
51.    La
jurisprudencia constitucional ha insistido en que el sistema penal con
tendencia acusatoria, dispuesto por el Acto Legislativo 3 de 2002 y
desarrollado por la Ley 906 de 20014, se caracteriza, entre otros, por su carácter
adeversarial “en la medida en que se introduce un sistema de partes”[81], así:
“[e]n un extremo, la acusación encabezada por la Fiscalía y, en el otro, el
procesado junto con su defensor”[82].
Esta característica “supone la confrontación entre el acusado y el acusador”[83], con
lo cual se deja de lado “la posibilidad de confrontación de varios acusadores
en contra del acusado”[84], debido a
que las partes “se ubican tendencialmente en el mismo plano y
disponen de igualdad de armas, especialmente en el escenario del juicio oral”[85].
52.
En consecuencia, en el sistema penal con tendencia acusatoria, la calidad de
sujeto determina sus derechos y prerrogativas en el marco del proceso penal. En
efecto, la finalidad principal del juicio penal es determinar la
responsabilidad penal individual, así como garantizar el conocimiento de la
verdad, por lo tanto, todo el conjunto de etapas, actuaciones y recursos que lo
componen, debe estar dirigido a la obtención de estos objetivos. Para tal fin,
el ordenamiento jurídico establece unas categorías de sujetos que son partes en
el mismo y tienen a su disposición la plenitud de los recursos y garantías
propias del proceso, en atención al carácter adversarial del proceso penal.
Otros sujetos procesales, tienen un conjunto más reducido de garantías y
recursos, para no vaciar de contenido el carácter adversarial del juicio y la
igualdad de armas[86].
De tal suerte que el alcance de las garantías que el ordenamiento le otorga a
los distintos sujetos procesales está estructurado para el logro de los
objetivos del proceso y parte tiene como punto de partida las características
del sistema penal con tendencia acusatoria.
53.    Así,
es posible distinguir entre: (i) las partes, esto es, la Fiscalía y el
procesado junto con defensor; (ii) los intervinientes y (iii) el público
asistente que comprende a los medios de comunicación y al público en general,
presenten las audiencias penales. Sobre el particular, es importante mencionar
que dentro de la categoría “intervinientes” se encuentran las víctimas[87] y el
Ministerio Público[88],
cuya participación en el proceso penal es de especial importancia por los
intereses que representan, pero, no tienen las mismas prerrogativas procesales
que las partes ni pueden sustituirlas en sus roles dentro del proceso penal[89].
54.    En
tales términos, la Sala advierte que, si bien los medios de comunicación y el
público en general tienen un interés en el proceso, no son partes del proceso
penal ni intervinientes especiales y, por tanto, el Legislador no previó la
posibilidad de que presenten recursos en contra de las decisiones del juez
penal. Por lo tanto, a pesar de la importancia que tienen los medios dentro de
las sociedades democráticas, su posición respecto del proceso no les otorga el
mismo conjunto de garantías, derechos y recursos que tienen las partes o los
intervinientes.
55.    Ahora
bien, contrario a lo que entienden los demandantes, de la imposibilidad de que
los medios de comunicación y el público en general recurran la decisión del
juez de limitar la publicidad del juicio, no se desprende la vulneración del
derecho al debido proceso ni que el derecho a la información y la libertad de
prensa se encuentren desprotegidos dentro del juicio penal. En efecto, los
medios de comunicación y el público en general no son sujetos procesales dentro
del juicio penal y, por tanto, no son titulares de las garantías procesales
previstas por el Legislador. Sin embargo, el ordenamiento jurídico dispone de
otros instrumentos para asegurar la protección de los intereses de los medios
de comunicación y del público. Así, el Legislador previó la intervención del
Ministerio Público en el proceso penal, con el fin de defender “[el] orden
jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales”[90], por
lo que dentro de sus funciones se encuentra “[p]rocurar que las decisiones
judiciales cumplan con los cometidos de lograr la verdad y la justicia”[91]. En ejercicio de
sus funciones como interviniente, al Ministerio Público le corresponde actuar
para proteger la libertad de prensa y el derecho a la información, y más
específicamente, para velar el conocimiento de la verdad como uno de los
resultados del proceso.
56.    De
igual forma, los periodistas y los medios de comunicación, así como el público
general, pueden presentar acción de tutela cuando consideren que la decisión de
un juez de limitar el principio de publicidad del juicio, con fundamento en la
norma demandada, vulnere sus derechos fundamentales[92]. Por lo
tanto, tampoco desde esta perspectiva puede prosperar el segundo cargo
planteado por los demandantes.
57.    En consecuencia,
si bien los medios de comunicación y el público no son titulares de un derecho
subjetivo a estar presentes en las audiencias del juicio penal ni a recurrir
las decisiones del juez de conocimiento, de ello no se desprende que el
ordenamiento jurídico no cuente con mecanismos que permitan la protección de
sus derechos frente a la decisión del juez de limitar la publicidad del juicio
penal, con fundamento en el artículo 152 de la Ley 906 de 2004.
58.    Con
fundamento en las anteriores consideraciones, esta Corte concluye que el artículo
152 de la Ley 906 de 2004 no incurren en los cargos de inconstitucionalidad
endilgados por los demandantes.
DECISIÓN
En
mérito a las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar
EXEQUIBLE el artículo 152 de la Ley 906 de 2004, “por
la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Presidente
Con
aclaración de voto
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
LUIS
JAVIER MORENO ORTIZ
Magistrado
(e)
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
RICHARD
S. RAMÍREZ GRISALES
Magistrado
(e)
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Texto de la demanda
del expediente
D-13512, folio 1.
[2] Id. Folio 13.
[3] Id. Folio 1.
[4] Id.
[5] Id.
[6] Ver sentencia T-292 de 2018. M.P.
Cristina Pardo Schlesinger.
[7] Sentencia T-391 de 2007. M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[8] Texto de la demanda
del expediente
D-13512, folio 11.
[9] C-279 de 2019, en el
texto de la demanda del expediente
D-13512, folio 12.
[10] C-641 de 2002. M.P. Rodrigo
Escobar Gil, citada en el texto de la demanda, folio 12.
[11] Cfr. Art. 8, Convención Americana
Sobre Derechos Humanos; art. 14.1, Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y art. 6, Convenio Europeo de Derechos Humanos, en expediente
D-13512, folio 89.
[12] Artículo 228 de la Constitución
Política.
[13] Ver artículo 149 de
la Ley 906 de 2004.
[14] Artículo 150 de la
Ley 906 de 2004 en expediente D-13512,
folio 89.
[15] Sentencia C-516 de
2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[16] Ver Sentencias C-413 de 2004 y
C-010 de 2000, en expediente D-13512, folio 101.
[17] Esta intervención fue recibida
fuera del término para intervenir. Los intervinientes manifiestan no haber
podido hacerlo oportunamente, debido a la situación de orden público.
[18] Esta intervención fue recibida
fuera del término para intervenir.
[19] Sentencia T-260 de 2010, MP.
Mauricio González Cuervo.
[20] Ver Corte IDH. Caso Reyes y
otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Párr. 91.
[21] Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa
Rica. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Parrs. 128 y 129.
[22] Sentencia STP 5404-2019.
[23] Concepto del
Procurador General de la Nación en expediente D- 13512. Folio 124.
[24] Corte Constitucional,
Sentencia C-010 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[25] Id.
[26] Corte Constitucional,
Sentencia C-010 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[27] Corte Constitucional,
Sentencia T-391 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[28] Id. “Así, por
ejemplo, no cumple esta carga la autoridad que, para justificar el establecimiento
de una limitación sobre la libertad de expresión, invoca la moralidad pública
en abstracto. La importancia de esta carga de definir las bases que se invocan
para justificar cierta limitación de la libertad de expresión, reside en que
cumple una función antiintuitiva, es decir, busca evitar que el subjetivismo de
la autoridad, en lugar de parámetros objetivos, sea la base explícita o
implícita del establecimiento de limitaciones sobre esta importante libertad
constitucional”.
[29] Corte Constitucional,
Sentencia T-391 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[30] Id. “Por ejemplo,
cuando se invoca como justificación para limitar la expresión la posible
generación de impactos psicológicos o sociales nocivos, éstos impactos han de
estar sólidamente demostrados con evidencias científicas y técnicas que
comprueben su objetividad y provean, así, un sustento a las decisiones que se
adoptarán”.
[31] Id.
[32] Corte Constitucional,
Sentencia T-391 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[33] Id.
[34] Corte Constitucional,
Sentencia T-049 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[35] Id.
[36] Id.
[37] Corte
Suprema de Justicia, Sala Casación Penal. Sentencia de 12 de agosto 2009. Exp.
T-43391. M.P.
Alfredo Gómez Quintero.
[38] Id.
[39] Corte Constitucional,
Sentencia SU-274 de 2019, M.P. José Fernando Reyes Cuartas; en la que se hizo
referencia a la sentencia T-219 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
[40] Corte Constitucional,
Sentencia SU-274 de 2019, M.P. José Fernando Reyes Cuartas; en la que se hizo
referencia a la sentencia T-219 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
[41] Corte Constitucional,
Sentencia SU-274 de 2019, M.P. José Fernando Reyes Cuartas; en la que se citó
la Sentencia T-117 de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger y se recomendó
revisar las sentencias T-921 de 2002, T-787 de 2004 y T-634 de 2013.
[42] Corte Constitucional,
Sentencia SU-274 de 2019, M.P. José Fernando Reyes Cuartas; en la que se
incluyó información encontrada en el informe sobre “Jurisprudencia Nacional en
Materia de Libertad de Expresión”, 2016, Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, disponible [en
línea]:
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/basicos/JURISPRUDENCIA_ESP.pdf
[43] Corte Constitucional,
Sentencia SU-274 de 2019, M.P. José Fernando Reyes Cuartas; en la que se hizo
alusión a la sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[44] Corte Constitucional,
Sentencia SU-274 de 2019, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[45] Id.
[46] Id.
[47] Corte Constitucional,
Sentencia SU-274 de 2019, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[48] Corte Constitucional,
Sentencia C-559 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; en la que se hizo
referencia a la sentencia C-491 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[49] Corte Constitucional,
Sentencia C-559 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; en la que se hizo
referencia a la sentencia C-491 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[50] Corte Constitucional,
Sentencia C-559 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[51] Correspondiente a los
artículos 149 a 152A.
[52] Corte Constitucional,
Sentencia C-920 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[53] Id.
[54] Id.
[55] Cfr. Id.
[56] Id.
[57] Id.
[58] Corte Constitucional,
Sentencia SU-274 de 2019, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[59] Corte Constitucional,
Sentencias T-205 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; C-1260 de 2005, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández y C-873 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[60] Id.
[61] Corte
Suprema de Justicia, Sala Casación Penal. Sentencia de 24 de febrero 2016. Radicado
41712. MP. José
Leonidas Bustos Martínez.
[62] Corte Suprema de
Justicia, Sala Casación Penal. Sentencia de 24 de febrero 2016. Radicado 41712. MP. José Leonidas Bustos
Martínez.
[63] Id.
[64] El Título III
corresponde a “el juicio” y comprende los artículos 336 a 483.
[65] Artículo 1 de la Ley
906 de 2004.
[66] Artículo 4 de la Ley
906 de 2004.
[67] Artículo 5 de la Ley
906 de 2004.
[68] Artículo 11.b de la
Ley 906 de 2004.
[69] Artículo 10 de la Ley
906 de 2004.
[70] Corte
Suprema de Justicia, Sala Casación Penal. Sentencia de 12 de agosto 2009. Exp.
T- 43391. M.P.
Alfredo Gómez Quintero.
[71] Id. En este caso, la
Sala encontró que la restricción de la publicidad del juicio penal (prohibición
de ingresar cámaras de vídeo y de fotografía a la audiencia), habida cuenta de
que algunos de “los sujetos procesales, intervinientes y funcionarios
involucrados en la actuación penal, algunos de los cuales habían manifestado
intimidaciones en su contra con anterioridad”.
[72] Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Penal. Sentencia de 4 de diciembre de 2019. Radicado 54814. MP:
Jaime Humberto Moreno Acero.
[73] El artículo 396 de la Ley 906 de
2004 prevé como excepción a la regla general de interrogatorio separado de
testigos “la víctima y el acusado cuando decide declarar, [así como] aquellos
testigos o peritos que debido al rol desempeñado en la preparación de la
investigación se requiera de su presencia ininterrumpida en la sala de
audiencias, bien sea apoyando a la Fiscalía o a la defensa”.
[74] Artículo 8.5.
[75] Artículo 14.1.
[76] Artículo 6.1.
[77] Corte IDH. Caso J.
Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27
de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 220.
[78] Comité de Derechos
Humanos. Observación General No. 32, 90° periodo de sesiones (2007).
[79] Caso B. and P. v. The
United Kingdom No.
36337/97 y 35974/97 (2001). En
el caso Welke and Bialke v. Poland No. 15924/05 (2011), el Tribunal Europeo
concluyó que las autoridades polacas no habían vulnerado el artículo 6.1 del
CEDH, por cuanto limitaron la publicidad del proceso penal, porque a su juicio,
perjudicaba los intereses de la justicia. En concreto, las autoridades judiciales
domésticas excluyeron el público para mantener en secreto los métodos de
investigación policial utilizados en ese caso. “The exclusion of the public
was further warranted by the need to keep secret police methods of
investigation that had been used in the applicants’ case and to take evidence
from police officers who had carried out the covert operations. (…) Having
regard to the above, the Court considers that the exclusion of the public in
the present case can be considered to have been strictly necessary”.
[80] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencia SU-141 de 2020, M.P. Carlos Bernal Pulido. En esta
sentencia, respecto de las restricciones a la prensa para ingresar a las
audiencias preliminares, la Corte Constitucional sostuvo que “correspondía a
la Juez analizar la existencia de medidas alternativas, que permitieran dar a
conocer información completa y suficiente sobre el desarrollo de dichas
audiencias, y sin afectar el curso del proceso, de la investigación o los
derechos de las víctimas y testigos”. Asimismo, indicó que “es el juez
de conocimiento quien tiene la competencia para pronunciarse sobre la reserva
del proceso penal, y, en este sentido, determinar qué información puede
entregarse a los medios de comunicación”.
[81] Corte Constitucional,
Sentencia C-031 de 2018, MP. Diana Fajardo Rivera.
[82] Id.
[83] Corte Constitucional, Sentencia
C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[84] Id.
[85] Corte Constitucional,
Sentencia C-031 de 2018, M.P. Diana Fajardo Rivera.
[86] Por ejemplo, en la
sentencia C-209 de 2007, la Corte advirtió que “la víctima [no puede] participar
de manera autónoma y al margen de la actuación del fiscal”, porque “la participación de la víctima
como acusador adicional y distinto al Fiscal generaría una desigualdad de armas
y una transformación esencial de lo que identifica a un sistema adversarial en
la etapa del juicio”.
[87] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencia C-031 de 2018, M.P. Diana Fajardo Rivera.
[88] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencias T-293 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa, y
C-144 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[89] Por ejemplo, en la
Sentencia T-293 de 2013, la Corte sostuvo que, como interviniente, el
Ministerio Público tiene una función, pero esta “no permite que el cumplimiento de
sus funciones constitucionales y legales como ministerio público, le lleve a
actuar como ente acusador”.
De igual forma, la Corte ha reconocido la especial protección que merecen los
derechos de las víctimas, pero también ha precisado que, debido al carácter
adversarial del juicio penal “la participación directa de las víctimas en este
momento procesal se encuentra restringida. Correlativamente, su participación
es mayor en las audiencias y fases procesales previas y posteriores a este
escenario”.
(Sentencia C-031 de 2018).
[90] Artículo 109 de la Ley 906 de
2004.
[91] Artículo 111, sección c, de la
Ley 906 de 2004.
[92] En este sentido se pronunció la
Corte Constitucional respecto de las restricciones para que los periodistas
ingresen a las audiencias preliminares. Sentencia SU-141 de 2020, M.P. Carlos
Bernal Pulido.