T-449-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-449/13
(Bogotá, D.C.,
julio 12)
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional para la protección de
derechos fundamentales
La acción de tutela contra providencias judiciales es un
mecanismo idóneo para garantizar la primacía y la efectividad de los derechos
constitucionales, de manera acorde con lo previsto en la Constitución (art. 86)
y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 25), en tanto
constituye un recurso efectivo para su protección. Esta acción, además, permite
el ejercicio de una función imprescindible en un Estado Democrático y Social de
Derecho, como es la de unificar la jurisprudencia constitucional sobre los
derechos fundamentales. Esta unificación permite precisar el alcance y sentido
de los derechos y, al hacerlo, asegura la aplicación igual de las normas que
los reconocen, con la seguridad jurídica y la justicia material que de ello se
sigue.
JURISDICCION CONSTITUCIONAL-Sentido
orgánico y sentido funcional
Este tribunal ha distinguido dos sentidos de la
jurisdicción constitucional: el orgánico y el funcional. Según el primer
sentido, la jurisdicción constitucional está conformada sólo por la Corte
Constitucional. Según el segundo sentido, la jurisdicción constitucional está
conformada por todos los jueces de la República, sean individuales o
colegiados, en tanto tienen competencia para conocer de acciones de tutela y
pueden ejercer el control de constitucionalidad difuso de las normas infra
constitucionales, por medio de la excepción de inconstitucionalidad (art. 4 C.P.). La acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, la actuación de la
jurisdicción constitucional se restringe a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos fundamentales, y no a
problemas de carácter legal.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL-Formas en que puede ser desconocida la jurisprudencia
La Corte ha precisado que el carácter vinculante del
precedente constitucional puede desconocerse de cuatro maneras: (i) al aplicar
normas declaradas inexequibles en fallos de constitucionalidad; (ii) al aplicar
disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la
Constitución; (iii) al contrariar la ratio decidendi de las sentencias de
constitucionalidad; y (iv) al desconocer el alcance de los derechos
fundamentales fijado por la Corte en la ratio decidendi de sus sentencias de
tutela. No obstante, este tribunal reconoce que el juez puede apartarse del
precedente jurisprudencial, siempre y cuando advierta su existencia y
justifique separarse de él con razones fundadas, que satisfagan la carga
argumentativa de demostrar que el precedente, en todo o en parte, es contrario
a la Constitución.
DEFECTO SUSTANTIVO-Configuración
El defecto sustantivo se presenta cuando la providencia
judicial incurre en un yerro trascendente, cuyo origen se encuentra en el
proceso de interpretación y de aplicación de las normas jurídicas. No se trata,
pues, de un yerro cualquiera, sino que es menester que sea de tal entidad que
pueda obstaculizar o lesionar la efectividad de los derechos fundamentales. En
la práctica judicial, este tribunal ha encontrado cuatro hipótesis en las
cuales se configura el defecto sustantivo, a saber: (i) cuando la norma
aplicable es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el juez; (ii)
cuando la decisión se apoya en una norma claramente inaplicable, sea por haber
sido derogada, sea por haber sido declarada inexequible, sea porque resulta
claramente inconstitucional y el juez no dejo de aplicarla en ejercicio del
control de constitucionalidad difuso, por medio de la excepción de
inconstitucionalidad, o sea por no adecuarse a los supuestos de hecho del caso;
(iii) cuando la providencia judicial desconoce sentencias con efecto erga
omnes; y (iv) cuando la aplicación de la norma jurídica, derivada
interpretativamente de una disposición normativa, es inaceptable por ser
producto de una hermenéutica abiertamente errónea o irrazonable.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO
MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-En casos de interpretación irrazonable
La ley no puede interpretarse de manera aislada a la
Constitución. Por el contrario, debe interpretarse a partir y conforme a la
Constitución, que es la norma suprema y, en tanto tal, la que da unidad y
coherencia al ordenamiento jurídico. La hermenéutica jurídica es una disciplina
compleja, que admite respecto de ciertos textos lecturas razonables diversas.
Sin embargo, existen ciertas hipótesis, en las cuales la interpretación resulta
irrazonable, al punto de configurar un defecto sustantivo. Estas hipótesis son:
(i) cuando, de manera protuberante, se otorga a la disposición jurídica un
sentido y un alcance que no tiene, valga decir, se pretende desprender una
norma jurídica de un contenido normativo que no la prevé, de manera contraria a
la lógica y a las reglas de la experiencia; y (ii) cuando se le da a la
disposición jurídica un sentido y un alcance que sí puede tener, pero que en
realidad resulta contraria a la Constitución o conduce a resultados
desproporcionados.
JURISDICCION INDIGENA EN LA LEY
ESTATUTARIA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Ante la circunstancia de que la jurisdicción indígena sí
hace parte de la Rama Judicial, pero no pertenece a su estructura orgánica, es
menester precisar de qué manera la jurisdicción indígena hace parte de la Rama
Judicial. La respuesta la brinda el inciso segundo del artículo 12 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia, que regula el ejercicio de la
función jurisdiccional por la Rama Judicial, al prever, de manera acorde con la
propia Constitución, que la jurisdicción indígena es una jurisdicción especial,
junto a las jurisdicciones penal militar y de paz. Este inciso fue declarado
exequible en la Sentencia C-713 de 2008, bajo el entendido de que “la
competencia residual de la jurisdicción ordinaria no comprende los asuntos de
orden constitucional que por su naturaleza corresponden a la Corte
constitucional. Así mismo, en el entendido de que la Fiscalía General de la
Nación ejerce excepcionalmente función jurisdiccional, y que la penal militar y
la indígena.
JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA-Alcance
y límites
La existencia de una jurisdicción especial indígena
plantea un problema en las fuentes del derecho entre la jerarquía de la ley y
la de las costumbres y usos indígenas. Este problema se resuelve por la Corte
con la condición de que dichas costumbres y usos no pueden ser contrarios a la
Constitución y a la ley. Para resolver en la práctica los problemas de
aplicación normativa, este tribunal planteó los siguientes criterios: (i) a
mayor conservación de los usos y de las costumbres, mayor autonomía; (ii) los
derechos fundamentales constituyen el mínimo obligatorio de convivencia para
todos los particulares; (iii) las normas legales imperativas de la República
priman sobre los usos y costumbres de las comunidades indígenas, siempre y
cuando protejan directamente un valor constitucional superior al principio de
diversidad étnica y cultural; y (iv) los usos y costumbres de las comunidades
indígenas priman sobre las normas legales dispositivas.
DELITO DE DESAPARICION FORZADA-Prohibición
que este delito sea juzgado por jurisdicciones especiales
CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-Sentencia C-580 de
2002
JURISDICCION INDIGENA Y
JURISDICCION ORDINARIA-Solamente la jurisdicción ordinaria puede juzgar a
los presuntos responsables del delito de desaparición forzada, se excluye la
jurisdicción indígena y jurisdicción penal militar
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto no se configura defecto
sustantivo, al interpretar razonablemente la competencia de la jurisdicción
ordinaria para juzgar indígenas por el delito de desaparición forzada
Referencia: expediente T-3.821.137
Fallos
de tutela objeto revisión: Sentencia del 8 de octubre de 2012, proferida
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá D.C.
Accionantes: José María Dogenesema Dosabia y otros.
Accionada: Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura.
Magistrados de la Sala Segunda de Revisión: Mauricio
González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
Magistrado ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
I. ANTECEDENTES.
1.
Demanda de tutela[1].
1.1. Elementos.
1.1.1. Derechos fundamentales invocados: debido
proceso, derecho de defensa, libertad e igualdad.
1.1.2. Conducta que causa la vulneración: decisiones
de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
del 8 de febrero y del 6 de junio de 2012, por medio de las cuales se define
que corresponde a la jurisdicción ordinaria investigar y juzgar a los
accionantes por la posible comisión de los delitos de desplazamiento forzado y
de homicidio.
1.1.3. Pretensión: que se tutelen los derechos al debido
proceso, a la defensa, a la libertad y a la igualdad y, en consecuencia, se
disponga la remisión del proceso al Resguardo Indígena Embera Chamí, para que
se tramite ante la justicia indígena.
1.2
. Fundamento de la pretensión.
1.2.1. El 31 de agosto de 2011, por hechos acaecidos el 4 de
agosto de 2009, en cercanías del Río Mistrató, relacionados con la desaparición
forzada y posterior homicidio de Héctor Fabio Moscoso Ramírez, fueron detenidos
José María Dogenesema Dosabia, Rosendo Dosabia Nayasa, José Luis Dogenesema
Wasirucama, Arnulfo Dogenesema Wasirucama y Ovidio Dogenesema Wasirucama[2].
1.2.2. El 14 de agosto de 2011, se imputaron cargos a estas
personas por los referidos hechos, quienes no aceptaron, al considerar que el
asunto le correspondía a la jurisdicción indígena.
1.2.3. El 7 de diciembre de 2011, al tramitarse la audiencia
de acusación, se advirtió la falta de competencia de la jurisdicción ordinaria
para adelantar el proceso, dada la condición de indígenas de los procesados.
1.2.4. El 8 de febrero de 2012, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al resolver la “impugnación
de competencia” propuesta por la defensa en el proceso penal, negó la
posibilidad de que los accionantes fueran juzgados por la jurisdicción indígena,
al no estar demostrado que el hecho hubiese ocurrido en el resguardo, y al
tratarse de delitos de desaparición forzada y homicidio[3]. En sus palabras:
En efecto, si bien se adjuntó
certificación del Secretario de Gobierno, Administrativo y de Educación del
Municipio de Mistrató sobre la pertenencia de los imputados al resguardo
unificado Emberá Chami de la citada municipalidad, el elemento objetivo no se
encuentra acreditado, pues no se allegó medio probatorio alguno demostrativo
que (sic.) los hechos objeto de juzgamiento se desarrollaron dentro del
territorio indígena, por el contrario, del escrito de acusación, concretamente
del aparte relacionado con el suceso, se infiere que este se presentó por fuera
de la región de los nativos.
(…)
Aunado a lo anterior, no puede
soslayarse que el caso en estudio refiere a delitos de desaparición forzada y
homicidio, consumados en forma sorpresiva y vandálica, lo cual permite inferir
que los procesados participan de la cultura mayoritaria y en ese sentido
interactuaban con pleno conocimiento de las consecuencias de sus
comportamientos, por lo tanto, no estaría bien avalar el pedimento de la
Gobernadora indígena.
En este orden de ideas, como no
concurren los elementos propios que integren ese componente determinante del
fuero indígena, tal como lo determinó la jurisprudencia antes relacionada, se
concluye entonces, (sic.) que la competencia para continuar conociendo del
asunto, por ahora y frente a lo que se tiene en este momento, sin perjuicio que
(sic.) más adelante cambie la situación, la tiene la jurisdicción ordinaria
penal (…) por cuanto se impone el fuero general para conocer de delitos, siendo
la jurisdicción especial una excepción que debe acreditarse conforme a las
exigencias constitucionales y en este caso jurisprudenciales.
1.2.5. El 6 de junio de 2012, al conocer “por segunda vez
de la impugnación de competencia”, ante la circunstancia de que la víctima
de los delitos era un menor, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura determinó que su conocimiento correspondía a la
jurisdicción ordinaria[4].
En esta providencia también se señala que delitos como la desaparición forzada
descartan de plano a las jurisdicciones especiales. En sus palabras:
Ahora, como el caso refiere a los
delitos de DESAPARICIÓN FORZADA y HOMICIDIO de UN MENOR DE EDAD, ha de preferir
la Sala la protección, garantías y derechos del menor, por encima de los
derechos que puedan asistirle a la comunidad indígena, en tanto es ella la que
reclama la competencia haciendo valer la condición de juez natural respecto de
los comunitarios involucrados en el delito.
Al respecto, ha de precisarse que
se reclama por parte de la jurisdicción indígena el conocimiento del asunto,
por la pertenencia de los imputados a esa comunidad, y aportó para la causa
prueba documental que da cuenta de tal acreditación, al igual que la
circunstancia de haberse cometido el plagio de la víctima en territorio
indígena, aunque no su consumación final. No obstante, y pese a que están dados
los elementos jurisprudencialmente concebidos para el reconocimiento de dicho
fuero especial, no es regla inviolable que pueda determinar per se el rumbo del
conocimiento hacia determinada jurisdicción, por estar sujeta esa jurisdicción
a los derroteros de la Constitución misma y el arraigo o cosmovisión de los
incriminados.
(…)
(…) no es menos cierto que delitos
como la desaparición forzada, por su finalidad y connotación, descartan por sí
mismo, (sic.) de plano, la aplicación de fueros especiales; no es práctica que
deba reconocerse como parte cultural de ninguna comunidad, menos la indígena;
es delito atroz, de lesa humanidad que para su investigación debe seguirse la
línea general de competencia, radicada precisamente en la jurisdicción penal
ordinaria; este y otros delitos, como sucede con la justicia castrense, de
antemano reniegan de excepciones en materia de jurisdicción, son
comportamientos que la Constitución no reserva para ser castigado acorde a los
usos y costumbres de estas comunidades, principios aplicables siempre y cuando
no contraríen la constitución política.
Así como el narcotráfico, la
tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes entre otros, no son
generadores de unificación de competencia en el Juez que de ordinario conoce
delitos, mal haría la Sala en reconocerle excepción de jurisdicción a quienes
cometan delito de desaparición forzada, al igual que los punibles denominados
políticos. En conclusión, el caso de autos no es ajeno a la justicia ordinaria.
1.2.6. El 5 de septiembre de 2012, la Defensoría del Pueblo
Regional Risaralda, con el apoyo de un técnico en criminalística, en respuesta
a una petición de los accionantes[5],
hizo entrega de los videos[6]
y fotografías[7]
del lugar de los hechos, de documentos dados por el Hospital San Vicente de
Paul de Mistrató[8],
por la Universidad Tecnológica de Pereira[9],
por la antropóloga Cecilia Luca Escobar Vekerman[10], por la Gobernación de
Risaralda[11]
y por el IGAC[12].
1.2.7. A la fecha de presentación de la tutela, esto es al
10 de septiembre de 2012, el proceso estaba en etapa de juicio ante el Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado Adjunto de Pereira.
1.3. Argumentos del actor.
Con fundamento en estos hechos, la demanda de tutela
cuestiona el argumento de que, por ser la víctima un menor el proceso debe
tramitarse por la jurisdicción ordinaria y no por la jurisdicción indígena.
Para sustentar su dicho, da dos argumentos: (i) que en la Sentencia T-617 de
2010, al resolver una caso semejante, en el cual la víctima es un menor, la
Corte preserva la jurisdicción indígena; y (ii) que, en todo caso, la
providencia objeto de la tutela se funda en una inadecuada interpretación de los
artículos 246 y 256 de la Constitución, al que se considera de manera
injustificada como incompatible con el artículo 44 ibídem.
2.
Admisión de la demanda y trámite procesal.
2.1.
Al presentarse la acción ante la propia entidad accionada, esta procedió a remitirla,
por Auto del 19 de septiembre de 2012[13],
a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura
de Bogotá, que avoca conocimiento del proceso por Auto del 26 de septiembre de
2012. La razón de este proceder, que parece contrariar lo dispuesto en el
artículo 1.2 del Decreto 1382 de 2000, se encuentra en el Auto del 19 de
septiembre de 2012 así:
Establece el inciso 2 del numeral 2 del artículo 1°
del Decreto 1382 de 2000, que las acciones de tutela contra el Consejo Superior
de la Judicatura, serán repartidas a la misma Corporación y se resolverán por
Sala de Decisión, sección o subsección, lo cual impondría el conocimiento por
parte de esta Colegiatura de la presente acción.
Sin embargo, teniendo en cuenta que esta Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por ser cabeza
de jurisdicción disciplinaria, no tiene superior, y no está conformada por
otras salas, secciones o subsecciones, como sí ocurre en la Corte Suprema de
Justicia y el Consejo de Estado, si eventualmente fallase la acción de tutela
impetrada dejaría sin segunda instancia a los sujetos procesales, contrariando
así el artículo 86 de la Constitución Política, que señala “El fallo, será
de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente…”.
En consecuencia, por factor territorial, se dispone
enviar el escrito de tutela y sus anexos a la SALA DISCIPLINARIA DEL CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ, para que dicha Corporación proceda a
tramitar la primera instancia.
2.2.
En el Auto del 26 de septiembre de 2012 se dispone oficiar a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado Adjunto de Pereira, a la Fiscalía 11
de la Unidad Nacional de Desaparición y Desplazamiento Forzado de Pereira, a la
Procuraduría 149 Judicial II Penal de Pereira y al Resguardo Unificado Embera
Chamí de Mistrató de las veredas del Nuevo Cabildo Indígena del Resguardo zona
1 y 2[14].
2.3.
Dado que los accionantes solicitaron, como medida provisional, suspender la
audiencia de juicio oral que se adelanta ante el Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Pereira, en otro Auto del mismo 26 de septiembre de
2012, se niega dicha solicitud, por considerar que en el estado en el cual se
encuentra el proceso no hay elementos probatorios que permitan determinar la
viabilidad y necesidad de la medida invocada.
3.
Intervenciones y respuesta de la accionada.
3.1.
El 2 de octubre de 2012, la Fiscalía 11 Especializada UNCDES interviene en el
proceso para informar que dentro del radicado 660016000058200902227 se adelantó
la indagación, se formuló la imputación y se solicitó e impuso la medida de
aseguramiento intramural a los accionantes, cuyo juicio se tramita en la
actualidad[15].
En cuanto a la ocurrencia de los hechos punibles, de cuyo juzgamiento se trata,
precisó que[16]:
“(…) a las dos de la tarde de un día del mes de junio
de 2009, se encontraba en su casa tienda de la vereda Río Mistrató de ese
municipio en el del (sic.) Departamento de Risaralda, la señora CECILIA
DOGENESAMA WASIRUCAMA, esposa de FRANCISCO JAVIER SANCHEZ BERRIO, hasta donde
llegó un muchacho moreno y al entrar a la casa le pedía que le entregara CUATRO
MILLONES DE PESOS, ella decía que no tenía esa plata, por lo que éste (sic.)
joven buscó por toda la casa hasta que encontró aproximadamente NOVECIENTOS MIL
PESOS y CINCUENTA MIL PESOS que ella le entregó, los que se llevó después de
amenazarla poniéndole un revólver dentro de la boca, dejándola sujetada de la
cama y amarrada la cabeza con un trapo y las manos hacia atrás.
Se denuncia luego que el día 03 de julio de 2009, a las diez de la mañana se encontraba CECILIA DOGENESAMA WASIRUCAMA en el mismo inmueble,
enferma, sola, con la puerta de enfrente cerrada, entrando un muchacho por la
puerta de abajo con un cuchillo grande sin cachas, sin amolar, la cogió del
pelo y de la nuca para chuzarla y ella no se dejó, luchó por unos diez minutos
con aquel hasta que le quitó el cuchillo, propinándole el hombre puños y
patadas, la tiró al suelo y la lesionó en la barriga, la espalda, trató de
cortarle el cuello y le lesionó un dedo, logrando ella quitarle el trapo que
llevaba en la cara y reconociéndolo, hechos que fueron presenciados por su hijo
JAMES de cinco años y quien avisó a sus familiares y conocidos, cayendo mareada
a la cama, procediendo el muchacho que se reconociera después como HECTOR a
meterse a la tienda a buscar la plata, llevándose el dinero que se encontraba
en las bolsas y que se trataba de monedas y dinero en billetes por valor
aproximado de OCHOCIENTOS MIL PESOS.
Informan los elementos materiales probatorios que la
señora CECILIA DOGENESIANA WASIRUCAMA, al reconocer al autor del segundo hurto
y las lesiones, con el nombre de HECTOR, le avisó a su esposo FRANCISCO JAVIER
SÁNCHEZ, verificando éste que se trataba de HECTOR FABIO MOSCOSO RAMÍREZ, que
trabajaba como ayudante de los choferes del recorrido para el Río Mistrató, que
este muchacho había dicho que la iba a perseguir hasta matarla, por lo que le
contó a su familia, manifestando luego sus hermanos OVIDIO y JOSÉ LUIS
DOGENESAMA WASIRUCAMA, que ese muchacho la iba a salir matando y que ellos iban
a hacer la Ley, porque la Ley no hace caso, que ellos lo iban a coger, pero que
ella les dijo a sus hermanos que tenían que entregarlo al cabildo y éste a la
Ley.
Se establece por la información legalmente obtenida
que el día martes 04 de agosto de 2009, sale el joven HECTOR FABIO MOSCOSO
RAMÍREZ como ayudante del Carpati conducido por el señor RUBEN DARÍO ARIAS
OSORIO, en el recorrido entre Mistrató – Río Mistrató, salida a las tres de la
tarde y llegada entre las cinco y treinta a seis de la tarde, alojándose esa
noche en el inmueble o residencia de los señores NELSY MERY MARÍN CASTAÑEDA y
WILSON OROZCO CASTAÑEDA, fuera de la jurisdicción indígena, donde a eso de las
diez y media de la noche golpearon la puerta de entrada, al abrir WILSON
ingresaron unas cuatro, cinco o seis personas uniformadas, armadas y con la
cara tapada, custodiaron a WILSON y a RUBEN DARIO dos o tres de éstos, mientras
que otros dos siguieron hasta una de las habitaciones del fondo donde
descansaba el menor HECTOR FABIO MOSCOSO, sacándolo de allí sin camisa y tomado
por los brazos por cada uno de los ofensores que en el traslado le decía
“caítes gran hijueputa”, llevándoselo hacia el exterior y cerrando la puerta
con uno de los pies del último que partió, desconociéndose a la fecha sobre el
paradero del menor.
Indica los (sic.) diferentes elementos materiales
probatorios que a HECTOR FABIO MOSCOSO RAMIREZ lo sometieron a privación
ilícita de su libertad y se lo llevaron a las diez y media de la noche del día
martes 4 de agosto de 2009, retenido y sacado por la fuerza del alojamiento de
Río Mistrató, por parte de indígenas familiares de la víctima de los hurtos de los
que fuera objeto la señora CECILIA DOGENASAMA WASIRUCAMA, que esa noche pasaron
por la casa de CECILIA previamente y como a las nueve de la noche: JOSE LÚIS y
OVIDIO DOGENESAMA WASIRUCAMA, hermanos de Cecilia; ARNULFO DOGENESAMA
WASIRUCAMA, primo de Cecilia; ROSENDO DOSABIA NAYAZA, vecino de Cecilia y JOSE
MARIA DOGENESAMA DOSABIA, “Alias POMPILIO” tío de Cecilia y desmovilizado del
frente Aurelio Rodríguez de las FARC, manifestando los dos primeros y los dos
últimos que iban a coger y matar a ese muchacho HECTOR FABIO, porque después él
venía a robarle más plata y ese man si la mataba a ella porque era un ladrón,
que de allí salieron y se fueron a Río Mistrató a sacar el muchacho y pasaron
luego como a las diez de la noche y entró JOSE LUIS únicamente a comprar unos
cigarrillos, miró por una ventana y vio a seis personas porque ya llevaban al
muchacho, que al otro día estaba Cecilia donde la tía Carmelita y la llamó JOSE
LUSI como a las dos de la tarde y le dijo “nosotros matamos al muchacho”, que
igual manifestación le hizo como al mes su tío “POMPILIO”, sin que le
manifestaran el sitio donde lo habían enterrado y recibiendo amenazas de sus
familiares si decía algo; pero que se decidió a hablar de lo que conoció frente
a estos hechos por las amenazas de la familia del desaparecido HECTOR FABIO de
querer torturarla, matarla o acabar con sus hijos por la desaparición del joven
MOSCOSO RAMIREZ.”
La
fiscalía precisa que el lugar de los hechos es el sitio denominado vereda Río
Mistrató; que este sitio aparece dentro de dos Veredas: Barranca y Carrema; y
que sólo la segunda hace parte de las 28 veredas que conforman el resguardo
indígena[17].
Pone de presente que la víctima, “es un mestizo que nada tiene que ver con
la población indígena”[18].
Y advierte que, al tenor de lo dispuesto por la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas, los estados se comprometen a adoptar varias
medidas, entre ellas, la de estos hechos solo pueden ser juzgados por las
jurisdicciones de derecho común competentes, con exclusión de toda jurisdicción
especial.
3.2.
El 5 de octubre de 2012, la Procuraduría 149 Judicial II Penal intervino en el
proceso para decir que comparte la decisión objeto de la tutela[19]. Y la comparte, porque
no se demostró que los hechos punibles hubiesen ocurrido en el resguardo, como
lo puso de presente la fiscalía, y porque la conducta punible que se endilga a los
procesados afecta de manera grave el derecho internacional de los derechos
humanos y el derecho internacional humanitario.
3.3.
El 5 de octubre de 2012, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado
Adjunto de Pereira intervino en el proceso para dar cuenta de las diligencias
realizadas y para advertir que está a la espera de la decisión que se adopte
sobre la acción de tutela, para proseguir o no el juicio[20].
3.4.
En comunicación del 28 de septiembre de 2012, que tiene un sello de recepción
del 12 de octubre de 2012[21],
la entidad accionada presentó su respuesta a la demanda de tutela. Comenzó por
advertir que, en vista de que la providencia que es objeto de la tutela se
dictó el 8 de febrero de 2012, la acción no satisface el requisito de
inmediatez, por lo cual es improcedente. Para ilustrar este aspecto trae a
cuento la Sentencia T-890 de 2006.
Si
se decidiera conocer de fondo el asunto, que no es lo técnico o aconsejable, la
providencia objeto de la tutela no merece reparo alguno por considerar que la
autonomía de los pueblos indígenas no es absoluta. Tampoco se puede
controvertir que el proceso quedará en manos de la jurisdicción ordinaria,
cuando no se satisface el factor territorial, que es objetivo, entre otras
razones, por la falta de colaboración con la administración de justicia del
resguardo indígena involucrado en el caso.
4.
Decisión de tutela objeto de revisión: Sentencia de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá D.C., del 8 de
octubre de 2012[22].
Luego
de hacer un recuento de lo actuado y de las intervenciones de las partes,  se
ocupa de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales[23], y se advierte
que ésta debe satisfacer requisitos generales y especiales. En cuanto a la
naturaleza de la providencia por medio de la cual se dirime un conflicto entre
jurisdicciones, como ocurre en este caso, se trae a cuento la Sentencia T-806
de 2000, para decir que la regla es la de que estas decisiones “se
convierten en ley del proceso de obligatorio cumplimiento, y, como tal, no
pueden ser discutidas ni desconocidas por las partes o funcionario judicial
alguno”. A partir de las Sentencias T-175 de 1994 y T-806 de 2000, se
señala que esta regla tiene una excepción, que se configura cuando la providencia
atenta contra las garantías fundamentales de alguno de los intervinientes e
irradie per se una protuberante vía de hecho.
Fijados
los parámetros de juicio, se estudia la procedencia de la acción y constata que
ésta satisface los requisitos generales y especiales. Respecto del requisito de
inmediatez, al que alude la accionada, se pone de presente que la acción de
tutela se presentó el 12 de septiembre de 2012, es decir, un poco más de tres
meses después de la última providencia controvertida, que es del 6 de junio de
2012, término que estima como razonable. Se agrega que en la primera
providencia, que es del 8 de febrero de 2012, la accionada había dejado abierta
la posibilidad de cambiar su decisión, si los medios de prueba por aportarse al
proceso así lo exigían.
Al
estudiar las providencias objeto de la tutela, se afirma que éstas no
desconocen la jurisdicción especial indígena, sino que atienden de manera
razonable a la tensión constitucional entre las garantías fundamentales de los
menores, las normas supranacionales, y la autonomía de los pueblos indígenas en
materia de su propia jurisdicción especial. Frente al principio de maximización
de la autonomía indígena se opone el principio de minimización de las
restricciones para concluir, con fundamento en la Sentencia T-1294 de 2005,
que, en todo caso, la autonomía “debe comportar el respeto por la
Constitución y las leyes de la República”.
Además,
se dice que al no haber certeza “de que el resguardo indígena que reclama la
competencia para investigar y juzgar a los accionantes, cuente dentro de su
estructura con la logística suficiente para hacer efectiva su potestad
sancionadora” y de “si cuenta con las reglas o normas a través de las
cuales pueda hacer efectiva la misma”, que son condiciones sine qua non para
ejercer su competencia, pese al esfuerzo desplegado por el tribunal cuyas
providencias se censuran para constatarlas, no era posible dejar el caso en
manos de la jurisdicción indígena.
Por
lo expuesto, la Sala niega el amparo solicitado.
De
esta providencia aclara su voto la Consejera Paulina Canosa Suárez, para
señalar que el último punto de la sentencia, relativo a las condiciones para
que la jurisdicción indígena pueda conocer del asunto, constituye la ratio
decidendi de la Sentencia T-002 de 2012, y debe ser la ratio de la
decisión que ahora se adopta.
II.
CONSIDERACIONES.
1.     Competencia.
La Corte Constitucional es
competente para revisar la decisión judicial mencionada, con base en la
Constitución Política -artículos 86 y 241.9- y lo desarrollado en el Decreto
2591 de 1991 -artículos 31 a 36[24].
2.     Admisibilidad
de la demanda de tutela.
2.1. Alegación de afectación
de un derecho fundamental: Los actores consideran que las providencias del
8 de febrero y del 6 de junio de 2012, proferidas por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al definir que corresponde
a la jurisdicción ordinaria investigarlos y juzgarlos por la posible comisión
de los delitos de desaparición forzada y de homicidio, vulnera sus derechos a
un debido proceso, a la defensa, a la libertad y a la igualdad.
2.2. Legitimación por activa: Los ciudadanos José
María Dogenesema Dosabia, Rosendo Dosabia Nayasa, José Luis Dogenesema
Wasirucama, Arnulfo Dogenesema Wasirucama y Ovidio Dogenesema Wasirucama, están
legitimados para presentar la acción de tutela en su condición de miembros del
Resguardo Unificado Embera Chamí del Municipio de Mistrató, de enjuiciados en
el proceso penal que adelanta la jurisdicción ordinaria y de directamente
afectados por las providencias proferidas por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
2.3. Legitimación por pasiva: La Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en tanto es quien profiere
las dos providencias objeto de la acción de tutela, está legitimada en el
proceso.
2.4. Inmediatez: Dado que las decisiones objeto de la
acción de tutela son del 8 de febrero y del 6 de junio de 2012, y que la correspondiente
acción se presentó el 10 de septiembre de 2012, es decir, poco más de tres
meses después de haberse proferido la última de ellas, sin descontar el tiempo
correspondiente a su notificación, se satisface el requisito de inmediatez.
2.5. Subsidiariedad: Entre otras, en las Sentencias
T-806 de 2000[25]
y T-002 de 2012[26],
se advirtió que las decisiones que definen un conflicto entre jurisdicciones,
tomadas por el órgano competente para ello, además de ser vinculantes para las
partes como para las autoridades, tienen el carácter de definitivas,
inmodificables e inmutables. En vista de que contra estas decisiones no procede
recurso alguno[27],
si se pretende cuestionarlas por incurrir en vía de hecho o en graves defectos,
la Corte precisa que el medio idóneo para hacerlo es la acción de tutela.
3. Problema Jurídico.
La Sala Segunda de la Corte Constitucional resolverá si las
providencias del 8 de febrero y del 6 de junio de 2012, proferidas por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al definir
que le corresponde a la jurisdicción ordinaria investigar y juzgar a los
actores, por la posible comisión de los delitos de desaparición forzada y de
homicidio, se enmarcan dentro de los parámetros de las causales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por vulnerar sus
derechos a un debido proceso, a la defensa, a la libertad y a la igualdad.
4. Cargo: vulneración de
los derechos a un debido proceso, a la defensa, a la libertad y a la igualdad.
4.1. Concepto
de inconstitucionalidad en la demanda.
La demanda de tutela señala que las providencias en comento
incurren en dos defectos. El primero consiste en que se desconoce el precedente
constitucional dado en la Sentencia T-617 de 2010, en el cual, pese a ser la víctima
del hecho punible un menor, la Corte consideró que, al tratarse de victimarios
indígenas y haberse cometido el delito dentro del ámbito territorial de un
resguardo, la tarea de investigar y juzgar esta conducta correspondía a la jurisdicción
indígena. El segundo es el de que se hace una interpretación errónea del
artículo 246 de la Carta, al que se considera como incompatible con el artículo
44 ibídem, sobre la base de estimar que los derechos del menor y de las
víctimas del delito no tendrían garantías suficientes y adecuadas en la jurisdicción
indígena.
4.2. Parámetros
normativos.
Para juzgar este caso, es menester considerar los siguientes
parámetros (i)  la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales (arts. 86, 241 C.P.); (ii) la jurisdicción indígena en la Ley
Estatutaria sobre Administración de Justicia (arts. 11 y 12); (iii) el sentido,
alcance y límites de la jurisdicción indígena (art. 246 C.P.); (iv) y la prohibición explícita de que los hechos constitutivos del delito de desaparición
forzada sean juzgados por jurisdicciones especiales (artículo 93 de la
Constitución Política y artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas, aprobada por la Ley 707 de 2001).
4.3. Procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de
jurisprudencia.
En repetidas oportunidades[28]
este tribunal ha reiterado que la acción de tutela procede contra providencias
judiciales. Este aserto se funda en el artículo 86 de la Constitución, al tenor
del cual la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública cuando
se haya vulnerado o se amenace con vulnerar derechos fundamentales. Como
intérprete autorizada de la Constitución y guardián de su integridad (art. 241 C.P.), la Corte ha desarrollado una consistente doctrina sobre esta materia, sobre la base de un
equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada, autonomía e
independencia judicial, por una parte, y la prevalencia y efectividad de los
derechos constitucionales, por otra[29].
La acción de tutela contra providencias judiciales es un
mecanismo idóneo para garantizar la primacía y la efectividad de los derechos
constitucionales, de manera acorde con lo previsto en la Constitución (art. 86)
y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 25), en tanto
constituye un recurso efectivo para su protección[30]. Esta acción, además,
permite el ejercicio de una función imprescindible en un Estado Democrático y
Social de Derecho, como es la de unificar la jurisprudencia constitucional
sobre los derechos fundamentales[31].
Esta unificación permite precisar el alcance y sentido de los derechos y, al
hacerlo, asegura la aplicación igual de las normas que los reconocen, con la
seguridad jurídica y la justicia material que de ello se sigue[32].
Como se dejó en claro en la Sentencia C-713 de 2008, al
analizar la exequibilidad del proyecto que a la postre sería la Ley 1285 de
2009, modificatoria de la Ley 270 de 2006, Estatutaria de la Administración de
Justicia, la acción de tutela procede “contra todo tipo de providencias
judiciales, en particular contra las sentencias de los órganos máximos de las
jurisdicciones ordinaria, contencioso administrativa y jurisdiccional
disciplinaria”. Frente al argumento de que la acción de tutela vulnera los
principios de seguridad jurídica y de autonomía funcional del juez, este
tribunal puso de presente, a partir de lo dicho en la Sentencia C-590 de 2005,
que:
“El argumento según el cual la
tutela contra sentencias de última instancia afecta la distribución
constitucional de competencias entre las altas Cortes y, en particular, la
naturaleza de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado como
“órganos de cierre” de la respetiva jurisdicción, es falso, pues el juez
constitucional no tiene facultades para intervenir en la definición de una
cuestión que debe ser resuelta exclusivamente con el derecho ordinario o
contencioso. Su papel se reduce exclusivamente a intervenir para garantizar, de
manera residual y subsidiaria, en los procesos ordinarios o contencioso
administrativos, la aplicación de los derechos fundamentales, cuyo intérprete
supremo, por expresa disposición de la Constitución, es la Corte
Constitucional.”
De manera acorde con el equilibrio adecuado entre
principios, al que se alude atrás, este tribunal ha forjado una doctrina sobre
causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales[33].
El temor que existe ante el posible riesgo que genera la acción de tutela
contra providencias judiciales a los principios de cosa juzgada, autonomía e
independencia judicial, manifestado por algunos operadores jurídicos, es
infundado. Y lo es, porque parte de una visión incompleta de la jurisdicción
constitucional. En efecto, este tribunal ha distinguido dos sentidos de la
jurisdicción constitucional: el orgánico y el funcional[34]. Según el primer sentido,
la jurisdicción constitucional está conformada sólo por la Corte
Constitucional. Según el segundo sentido, la jurisdicción constitucional está
conformada por todos los jueces de la República, sean individuales o
colegiados, en tanto tienen competencia para conocer de acciones de tutela y
pueden ejercer el control de constitucionalidad difuso de las normas infra
constitucionales, por medio de la excepción de inconstitucionalidad (art. 4 C.P.). La acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, la actuación de la
jurisdicción constitucional se restringe a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos fundamentales, y no a
problemas de carácter legal.
Las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se concretan en dos tipos de exigencias o requisitos,
conforme se señala y se precisa en la Sentencia C-590 de 2005, y según pasa a
verse enseguida.
El primer tipo de exigencias o requisitos, denominado
requisitos formales o causales genéricas, está integrado por seis elementos, a
saber: (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional[35];
(ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios, antes de acudir a la acción de tutela, salvo que se trate de
evitar un perjuicio irremediable[36];
(iii) que la acción se presente de manera inmediata en el tiempo, conforme a
criterios de razonabilidad y de proporcionalidad; (iv) que, si se trata de una
irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión que
vulnera los derechos fundamentales, valga decir, que su efecto sea crucial o
determinante; (v) que el actor identifique de manera razonable los hechos que
generan la violación y que, en caso de haber sido posible, esta circunstancia
haya sido alegada al interior del proceso; y (vi) que no se trate de sentencias
de tutela[37].
El segundo tipo de exigencias o requisitos, denominado
requisitos sustanciales o materiales o causales específicas, está integrado por
ocho elementos, a saber: (i) defecto orgánico: se presenta cuando el juez que
profirió la providencia carezca absolutamente de competencia para ello; (ii)
defecto procedimental absoluto: ocurre cuando el juez se aparta por completo
del procedimiento establecido[38];
(iii) defecto fáctico: surge cuando la aplicación del supuesto legal en el cual
se sustenta la decisión carece de apoyo o soporte probatorio; (iv) defecto
material o sustantivo: se configura en aquellos casos en los cuales el juez
decide con base en normas inexistentes o inexequibles, o cuando las
providencias judiciales presenten una evidente y grosera contradicción entre
sus fundamentos y su decisión[39];
(v) error inducido -conocido también como vía de hecho por consecuencia-:
acontece cuando a pesar del obrar razonable y ajustado a derecho del juez, su
decisión se afecta por el engaño de terceros, por fallas estructurales en la
Administración de Justicia o por ausencia de colaboración entre los órganos del
poder público[40];
(vi) decisión sin motivación: se da cuando el juez incumple su deber de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que soportan su decisión[41]; (vii)
desconocimiento del precedente constitucional: aparece cuando la Corte
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez aplica la ley
limitando de manera sustancial dicho alcance[42];
(viii) y violación directa de la Constitución: se realiza cuando el juez da
alcance a una disposición normativa contraria a la Constitución[43], o cuando el juez no ejerce
el control de constitucionalidad difuso, vía excepción de inconstitucionalidad,
a pesar de ser evidente la inconstitucionalidad de la norma aplicable y a que
lo haya solicitado alguno de los sujetos procesales[44].
4.3.1. Breve caracterización de la causal específica de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por
desconocimiento del precedente constitucional.
En numerosas ocasiones este tribunal se ha ocupado de la
jurisprudencia constitucional como fuente de derecho en el ordenamiento
jurídico colombiano y sobre el rol del precedente judicial en el ejercicio de
la función administrativa y judicial[45].
Para fines de caracterizar la causal específica de procedencia de la acción de
tutela por desconocimiento del precedente judicial, conviene hacer varias
precisiones, como se hace enseguida.
De las tres clases de elementos que conforman una decisión
judicial: decisum, ratio decidendi y obiter dicta, este tribunal
precisó en la Sentencia SU-047 de 1999, y reiteró en la Sentencia T-292 de
2006, que sólo los dos primeros tienen valor normativo. En este contexto, el
precedente judicial se define como “aquel antecedente del conjunto de
sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para
la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia”.
En la Sentencia T-1317 de 2001, reiterada en las Sentencias
T-1093 y T-1095 de 2012, se señala que una sentencia antecedente o previa es
relevante para resolver un caso, cuando presenta alguno de los siguientes
aspectos (o todos ellos): (i) su ratio decidendi contiene una regla
relacionada con el caso posterior; (ii) esta ratio debió servir de base
para resolver un problema jurídico semejante o una cuestión constitucional
semejante a la que se estudia en el caso posterior; (iii) los hechos del caso o
las normas juzgadas son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al
que debe resolverse en el caso posterior. Frente al precedente judicial es
necesario aplicar la técnica de la distinción, valga decir, si se está ante
situaciones similares, pero sus hechos determinantes no concuerdan, el juez
puede considerar como no vinculante el precedente.
Tanto en las decisiones de constitucionalidad como en las
decisiones de tutela este tribunal, en tanto guardián de la Carta y garante de
su supremacía normativa, interpreta el texto de la Constitución con efectos
vinculantes.
El decisum de los fallos de constitucionalidad tiene
efectos erga omnes y genera cosa juzgada constitucional, de suerte que
el contenido normativo que se declara inexequible no puede reproducirse por
ninguna autoridad (art. 243 C.P.). La ratio decidendi de estos fallos,
contenida en su parte motiva, en tanto corresponde al fundamento con arreglo al
cual se resuelve los problemas jurídicos estudiados, debe ser atendida por
todas las autoridades, pues se trata del parámetro constitucional relevante,
como se advierte, por ejemplo, en los casos en los que se configura el fenómeno
de cosa juzgada material[46].
Respetar la ratio decidendi de los fallos de tutela
es un presupuesto necesario para asegurar la igual aplicación de las normas
jurídicas; constituye una exigencia del principio de confianza legítima;
implica la garantía adecuada del carácter normativo de la Constitución y de la
efectividad de los derechos fundamentales; y asegura la unidad y coherencia del
ordenamiento jurídico[47].
En este contexto, la Corte ha precisado que el carácter
vinculante del precedente constitucional puede desconocerse de cuatro maneras:
(i) al aplicar normas declaradas inexequibles en fallos de constitucionalidad;
(ii) al aplicar disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido
encontrado contrario a la Constitución; (iii) al contrariar la ratio
decidendi de las sentencias de constitucionalidad; y (iv) al desconocer el
alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte en la ratio
decidendi de sus sentencias de tutela[48].
No obstante, este tribunal reconoce que el juez puede apartarse del precedente
jurisprudencial, siempre y cuando advierta su existencia y justifique separarse
de él con razones fundadas, que satisfagan la carga argumentativa de demostrar
que el precedente, en todo o en parte, es contrario a la Constitución[49].
4.3.2. Breve caracterización del defecto sustantivo como
causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. La
interpretación irrazonable como causa del defecto sustantivo.
El defecto sustantivo se presenta cuando la providencia
judicial incurre en un yerro trascendente, cuyo origen se encuentra en el
proceso de interpretación y de aplicación de las normas jurídicas. No se trata,
pues, de un yerro cualquiera, sino que es menester que sea de tal entidad que
pueda obstaculizar o lesionar la efectividad de los derechos fundamentales[50].
En la práctica judicial, este tribunal ha encontrado cuatro
hipótesis en las cuales se configura el defecto sustantivo, a saber: (i) cuando
la norma aplicable es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el juez[51]; (ii) cuando
la decisión se apoya en una norma claramente inaplicable[52], sea por haber sido
derogada, sea por haber sido declarada inexequible, sea porque resulta
claramente inconstitucional y el juez no dejo de aplicarla en ejercicio del
control de constitucionalidad difuso, por medio de la excepción de
inconstitucionalidad, o sea por no adecuarse a los supuestos de hecho del caso;
(iii) cuando la providencia judicial desconoce sentencias con efecto erga
omnes; y (iv) cuando la aplicación de la norma jurídica, derivada
interpretativamente de una disposición normativa, es inaceptable por ser
producto de una hermenéutica abiertamente errónea o irrazonable.
La última de las hipótesis es la más restringida, pues la
interpretación de la ley corresponde de manera principal al juez del caso, en
ejercicio de los principios de independencia y autonomía judicial. Si bien
estos principios son muy importantes, en todo caso no son absolutos[53]. Y no lo son
porque existen otros principios, como los de la supremacía de la Constitución,
la primacía de los derechos humanos, la eficacia de los derechos fundamentales,
la legalidad y la garantía del acceso a la justicia, que ameritan un ejercicio
ponderado y, cuando se trata de una interpretación abiertamente irrazonable,
activan la competencia del juez constitucional.
La ley no puede interpretarse de manera aislada a la
Constitución. Por el contrario, debe interpretarse a partir y conforme a la
Constitución, que es la norma suprema y, en tanto tal, la que da unidad y
coherencia al ordenamiento jurídico[54].
La hermenéutica jurídica es una disciplina compleja, que admite respecto de
ciertos textos lecturas razonables diversas. Sin embargo, existen ciertas
hipótesis, en las cuales la interpretación resulta irrazonable, al punto de
configurar un defecto sustantivo. Estas hipótesis son: (i) cuando, de manera
protuberante, se otorga a la disposición jurídica un sentido y un alcance que
no tiene, valga decir, se pretende desprender una norma jurídica de un
contenido normativo que no la prevé, de manera contraria a la lógica y a las
reglas de la experiencia[55];
y (ii) cuando se le da a la disposición jurídica un sentido y un alcance que sí
puede tener, pero que en realidad resulta contraria a la Constitución o conduce
a resultados desproporcionados[56].
4.4. La jurisdicción indígena en la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia.
El artículo 11 del texto original de la Ley 270 de 1996,
Estatutaria de la Administración de Justicia, relativo a los órganos que
constituyen la Rama Judicial del Poder Público, incluye a la jurisdicción de
las comunidades indígenas en su literal e). Este texto no fue modificado por la
Ley 585 de 2000 ni por el Decreto 2637 de 2004 –que fue declarado inexequible
en la Sentencia C-672 de 2005-. No obstante, al estudiar el proyecto que a la
postre será la Ley 1285 de 2009, que modifica la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, en la Sentencia C-713 de 2008, este tribunal
declaró inexequible el referido literal e), por considerar que:
“6. En cuanto a la jurisdicción de
las comunidades indígenas, cabe reconocer que sus autoridades están
constitucionalmente avaladas para administrar justicia. Ello se finca en el
reconocimiento de su autonomía para ejercer funciones jurisdiccionales dentro
de su ámbito territorial, es decir, “de conformidad con sus propias normas y
procedimientos” (art. 246 CP), en la diversidad étnica y cultural (art. 7
CP) y en el respeto al pluralismo y la dignidad humana (art. 1 CP).
Desde el punto de vista funcional
la jurisdicción indígena hace parte de la rama judicial; por ello no sólo es
razonable sino jurídicamente exigible que el Consejo Superior de la Judicatura
promueva labores de divulgación y sistematización de asuntos relativos a la
jurisdicción indígena.
Sin embargo, la Corte considera
necesario precisar que las autoridades indígenas no pertenecen a la estructura
orgánica de la Rama Judicial del poder público, como en repetidas oportunidades
lo ha puesto de presente la jurisprudencia de esta Corporación[57]. En consecuencia, deberá
declarar la inexequibilidad del literal e) del numeral I del artículo 3º del
proyecto, pues la norma está referida a la estructura orgánica de la rama
judicial.”
Ante la circunstancia de que la jurisdicción indígena sí
hace parte de la Rama Judicial, pero no pertenece a su estructura orgánica, es
menester precisar de qué manera la jurisdicción indígena hace parte de la Rama
Judicial. La respuesta la brinda el inciso segundo del artículo 12 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia, que regula el ejercicio de la
función jurisdiccional por la Rama Judicial, al prever, de manera acorde con la
propia Constitución[58],
que la jurisdicción indígena es una jurisdicción especial, junto a las
jurisdicciones penal militar y de paz. Este inciso fue declarado exequible en la
Sentencia C-713 de 2008, bajo el entendido de que “la competencia residual
de la jurisdicción ordinaria no comprende los asuntos de orden constitucional
que por su naturaleza corresponden a la Corte constitucional. Así mismo, en el
entendido de que la Fiscalía General de la Nación ejerce excepcionalmente
función jurisdiccional, y que la penal militar y la indígena ejercen función
jurisdiccional pero no hacen parte de la rama judicial”.
Antes de haber sido modificado por el artículo 5 de la Ley
1285 de 2009, el texto del artículo 12 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia contenía otro inciso: el quinto, que también era
relevante para establecer el rol de la jurisdicción indígena dentro de esta
ley. Dicho inciso decía:
“Las autoridades de los
territorios indígenas previstas en la ley ejercen sus funciones jurisdiccionales
únicamente dentro del ámbito de su territorio y conforme a sus propias normas y
procedimientos, los cuales no podrán ser contrarios a la Constitución y a las
Leyes. Estas últimas establecerán las autoridades que ejercen el control de
constitucionalidad y legalidad de los actos proferidos por las autoridades de
los territorios indígenas.”
Al examinar la constitucionalidad de este inciso que hacía
parte del proyecto que luego será la Ley 270 de 1996, en la Sentencia C-037 de
1996, dijo la Corte:
“En
cuanto al ejercicio de la función jurisdiccional por parte de las autoridades
de los territorios indígenas de que trata el inciso quinto del artículo bajo
examen, la norma no hace sino reiterar lo consagrado en el artículo 246 de la
C.P., en concordancia con los artículos 86 y 287 de la misma, precisando que
dicha función se ejerce únicamente dentro del ámbito de su
territorio. Dentro de ese orden de ideas, puede decirse entonces que, de
acuerdo con lo establecido por esta Corporación, tanto el juez de la República
como la autoridad indígena adquieren por igual la responsabilidad de respetar,
garantizar y velar por la salvaguardia de los derechos de las personas que
intervienen en el proceso, sin importar el sexo, la raza, el origen, la lengua
o la religión.
De igual
forma, considera la Corte que la distribución de competencias entre las
autoridades que pueden administrar justicia es, en principio, atribución
exclusiva del legislador ordinario, salvo que el Constituyente, de manera
expresa, haya reservado el conocimiento de algunos asuntos a ciertas
corporaciones judiciales. En consecuencia, es dentro de estos términos que debe
interpretarse la facultad que le asigna el inciso quinto del artículo bajo
examen a las autoridades indígenas para ejercer el control sobre los actos que
ellas profieran.
Bajo
estas condiciones, el inciso quinto será declarado exequible.”
4.5. Sentido, alcance y límites
de la jurisdicción indígena. Reiteración de jurisprudencia.
4.5.1. La decisión de castigar el delito de hurto, cometido
por un indígena, con su expulsión y la de su familia, tomada por la comunidad
de la que forma parte, brinda a este tribunal una de las primeras oportunidades
para ocuparse de la jurisdicción indígena, como lo hace en la Sentencia T-254
de 1994. Al analizar la compleja relación entre el régimen unitario y la
autonomía indígena, que se armoniza bajo el concepto de diversidad en la
unidad, la Corte advierte que la autonomía política y jurídica de las comunidades
indígenas se debe ejercer “de conformidad con sus usos y costumbres, siempre
y cuando no sean contrarios a la Constitución y a la ley (CP arts. 246, 330),
de forma que se asegure la unidad nacional”. Desde esta sentencia la Corte
advierte que “el ejercicio de la jurisdicción indígena no está condicionado
a la expedición de una ley que lo habilite”.
La existencia de una jurisdicción especial indígena plantea
un problema en las fuentes del derecho entre la jerarquía de la ley y la de las
costumbres y usos indígenas. Este problema se resuelve por la Corte con la
condición de que dichas costumbres y usos no pueden ser contrarios a la Constitución
y a la ley. Para resolver en la práctica los problemas de aplicación normativa,
este tribunal planteó los siguientes criterios: (i) a mayor conservación de los
usos y de las costumbres, mayor autonomía[59];
(ii) los derechos fundamentales constituyen el mínimo obligatorio de
convivencia para todos los particulares[60];
(iii) las normas legales imperativas de la República priman sobre los usos y
costumbres de las comunidades indígenas, siempre y cuando protejan directamente
un valor constitucional superior al principio de diversidad étnica y cultural[61]; y (iv) los
usos y costumbres de las comunidades indígenas priman sobre las normas legales
dispositivas[62].
4.5.2. En la Sentencia C-139 de
1996, al estudiar la constitucionalidad de los artículos 1, 5 y 40 de la Ley 89
de 1890, se señala que la jurisdicción indígena se funda en el reconocimiento
constitucional de la diversidad étnica y cultural, que es propio de una visión
participativa y pluralista. Al analizar el artículo 246 C.P., se encuentra cuatro elementos centrales de esta jurisdicción, a saber: (i) la posibilidad
de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas; (ii) la
potestad de estos pueblos para establecer normas y procedimientos propios;
(iii) la sujeción de esta jurisdicción, de estas normas y de estos
procedimientos a la Constitución y a la ley; y (iv) la competencia del
legislador para señalar las formas de coordinación entre esta jurisdicción y el
sistema judicial nacional.
4.5.3. En la Sentencia T-496 de
1996 se hace un recuento de la situación de los indígenas en nuestro derecho,
desde la Ley 11 de 1821 hasta el Código Penal vigente en ese año: el Decreto
Ley 100 de 1980, en los siguientes términos:
“2.3. El Indígena ante el
Régimen Penal
2.3.1. Antecedentes
legislativos
Tradicionalmente, el indígena era
considerado como un menor de edad, un salvaje que por su clara posición de inferioridad
ante el hombre blanco debía ser civilizado y sometido a una tutela
paternalista. Dentro de esta perspectiva fueron promulgadas normas como la Ley
11 de 1821 que lo exoneraba de los costos que suponía un proceso, asimilándolo
"a los demás ciudadanos considerados en la clase de miserables"; o la
Ley 153 de 1887 que establecía, entre otras disposiciones, que los
"bárbaros" que hubieran sido condenados a pena corporal y durante el
cumplimiento de ésta fueran catequizados y bautizados,  podrían pedir rebaja de
pena.
La ley 89 de 1890, reafirmó la
idea de minusvalía de estos pueblos, pero abrió la posibilidad de una
legislación especial para los indígenas "que fueran reduciéndose a la vida
civilizada". Para ello creó un fuero legislativo especial, cuya
titularidad correspondía al gobierno y a la autoridad eclesiástica.  Por lo
tanto, se entendía que las leyes de la república no serían aplicadas a los
indígenas, si no que estas comunidades debían quedar sujetas al régimen de
misiones y a los convenios que celebraran el gobierno y la autoridad
eclesiástica. Además se otorgó competencia a los cabildos indígenas para
sancionar con penas correccionales, las faltas que cometieran sus miembros
contra la moral.[63]
Posteriormente fue expedida la ley
72 de 1892, que delegó a los misioneros facultades extraordinarias para ejercer
autoridad civil, penal o judicial frente a los indígenas que fueran abandonando
el estado "salvaje".
Ahora bien, frente a estas dos
últimas leyes surgió un conflicto de interpretación, pues como las únicas
conductas que podían juzgar las autoridades indígenas (cabildos), eran los
actos contra la moral (art. 5 de la Ley 89 de 1890), se entendía que los
indígenas responderían por los delitos comunes ante los jueces ordinarios. Sin
embargo, de acuerdo con el art. 1 de la Ley 89 de 1890 y art. 2 de la Ley 72 de
1892, en estos casos las conductas no debían ser analizadas a la luz de las
leyes penales, pues éstas no podían ser aplicadas a los indígenas, sino a
través de los regímenes de misiones y convenios del Gobierno con la autoridad
eclesiástica.
Otro conflicto surgió con la
expedición del anterior Código Penal (Ley 95 de 1936), que establecía la
aplicación de la ley penal a todos los habitantes del territorio nacional, y
dentro de ellos, obviamente se entendían incluidos los indígenas. Las
inconsistencias señaladas, llevaron a la Corte Suprema de Justicia a emitir
decisiones encontradas. Por ejemplo, en julio  de 1948, admitió la competencia
de los misioneros para juzgar a los indígenas, argumentando que tanto la ley 89
como la ley 72 se encontraban vigentes; y en fallo de mayo de 1970, señaló que
no existía autoridad para juzgarlos y que no cabría la aplicación de la ley
penal, ni la de ninguna otra norma.
Ahora bien: en los proyectos
previos al Código de 1980, era evidente la preocupación del legislador por
regular la conducta de quien siendo indígena, cometiera un hecho delictuoso,
debido a su particular cosmovisión. Sin embargo, la solución se inclinaba a
declarar al indígena como inimputable. Por ejemplo, el anteproyecto de 1974
sostenía la inimputabilidad del indígena, en una norma penal especial,
independiente de las categorías de trastorno mental e inmadurez sicológica,
pero limitando esta calificación del sujeto a las circunstancias particulares
del caso. El proyecto de 1976, en cambio, estableció una presunción general, en
el sentido de que todos los indígenas no integrados a la colectividad debían
ser considerados como inimputables.
Aunque en el texto del actual
Código Penal no se establecieron  precisiones casuísticas sobre los sujetos que
debían ser considerados como inimputables, en el artículo 96 se hizo una única
referencia concreta a los indígenas: ... "Cuando se tratare de indígena
inimputable por inmadurez sicológica, la medida consistirá en la
reintegración a su medio ambiente natural". (Negrillas fuera del texto).”
En esta sentencia se propone la noción de fuero indígena,
como una expresión del derecho colectivo de las comunidades indígenas a
mantener su singularidad. Este derecho colectivo “puede ser limitado sólo
cuando se afecte un principio constitucional o un derecho individual de alguno
de los miembros de la comunidad o de una persona ajena a ésta”. Del
hecho de que un indígena esté involucrado en una conducta criminal no se sigue,
de manera necesaria, que sea la jurisdicción indígena la competente para
conocer de ella. En vista de esta circunstancia, la Corte señala que en la
noción de fuero indígena se conjugan dos elementos: (i) el personal, según el
cual el indígena debe ser juzgado con las normas y por las autoridades de su
propia comunidad; y (ii) el geográfico, según el cual la comunidad indígena
puede juzgar las conductas que ocurran dentro de su territorio.
4.5.4. En los años siguientes la
doctrina se fue consolidando a partir de múltiples decisiones de tutela[64] y de
constitucionalidad[65].
Del amplio grupo de sentencias referidas, por su relevancia para el caso, se
traerá a cuento más en detalle las Sentencias T-009 de 2007, C-882 de 2011 y
T-523 de 2012.
4.5.5. En la Sentencia T-009 de
2007, al estudiar una acción de tutela contra una providencia proferida por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior, se puede ver como la
doctrina sobre fuero indígena se desarrolla, a partir de sentencias como la
T-552 de 2003 y la T-1238 de 2004, para considerar tres elementos, un ámbito,
un factor y una condición. Los elementos son: (i) el humano, que consiste en la
existencia de un grupo diferenciable en razón de su origen étnico y de la
persistencia diferenciada de su identidad cultural; (ii) el orgánico, dado por
la existencia de autoridades tradicionales que ejerzan funciones de control
social en el seno de las comunidades; y (iii) el normativo, conforme al cual la
comunidad debe regirse por un sistema jurídico propio, a partir de sus usos y
costumbres tradicionales, tanto en lo sustantivo como en lo procedimental. El
ámbito es el geográfico, relativo al territorio. Y el factor es el de
congruencia, en la medida en que el orden jurídico de las comunidades no puede
ser contrario a la Constitución o a la ley. La condición es la de que la
comunidad indígena manifieste su voluntad de conocer el caso.
4.5.6. En la Sentencia C-882 de
2011, la jurisdicción indígena se analiza a partir de tres preguntas: (i)
¿cuáles son las normas y procedimientos propios de las comunidades indígenas?,
valga decir, ¿qué es el derecho propio?; (ii) ¿en qué casos las comunidades
indígenas pueden administrar justicia?; y (iii) ¿cuáles son los límites del
ejercicio de la jurisdicción por las comunidades indígenas? La respuesta a las
anteriores preguntas fue:
“2.6.2.1. La noción de
derecho propio
El concepto de derecho propio es
mucho más amplio que el concepto de Derecho de la tradición jurídica
occidental; como señalan algunos doctrinantes, pues “(…) el fenómeno jurídico
[indígena] está integrado por una realidad más amplia: el papel de los sueños,
los ritos, los mitos, los consejos, el arreglo directo entre las partes, el
ejemplo, la conciliación, las mediaciones chamánicas son, entre otros, elementos
de la experiencia jurídica indígena (…)”.[66]
En un comienzo, la Corte adoptó
una concepción restringida del derecho propio indígena que ignora la dinámica
de las culturas. Así, en la sentencia T-254 de 1994[67], identificó el derecho
propio únicamente con la normativa ancestral, es decir, las reglas de tiempo
atrás que una comunidad utiliza para dirimir sus conflictos; por ello la Corte
ligó el grado de autonomía en temas jurisdiccionales al grado de mantenimiento
de usos y costumbres ancestrales por las comunidades indígenas y fijó la
siguiente regla: “A mayor conservación de usos y costumbres, mayor autonomía”.
En sentencias más recientes, la
Corte ha ampliado su concepción del derecho propio; el derecho propio ahora es
entendido por la Corte como la normativa que surge en el seno de las
comunidades, por oposición al derecho que se les impone desde afuera. Esta idea
de derecho propio puede abarcar construcciones jurídicas influenciadas por el
derecho estatal y otras tradiciones jurídicas, en virtud del reconocimiento del
carácter dinámico de la cultura.[68]
(…)
2.6.2.2. Criterios para
determinar en qué casos las comunidades indígenas pueden administrar justicia
En relación con
el alcance de la jurisdicción especial indígena, la Corte se ha enfocado en la
definición de los casos en los que las comunidades pueden ejercer jurisdicción
y los límites del ejercicio de jurisdicción.
Sobre la
primera cuestión, es decir, los casos en los que las comunidades pueden
ejercer jurisdicción, la Corte ha acudido a los tres criterios
tradicionales empleados en el derecho para determinar la competencia: (i)
el criterio personal, (ii) el criterio territorial y (iii) el
criterio objetivo o de la materia. En cada caso es necesario examinar la
presencia de alguno o varios de estos criterios –aunque no es necesario que
siempre concurran los tres- y la importancia que el factor cultural tiene.[69]
Con el
factor personal se determinan los sujetos de juzgamiento y de la relación
procesal, activa y pasiva. La Corte ha señalado que las comunidades indígenas
deben ocuparse del juzgamiento de sus propios integrantes. Es más, para la
Corte, la pertenencia a una comunidad otorga a sus miembros un fuero especial
conforme al cual deben ser juzgados por sus propias autoridades y según el
derecho propio. El fuero de jurisdicción garantiza el respeto por la
particular cosmovisión de las comunidades indígenas.[70] No obstante, es
necesario aclarar en relación con este elemento, que no es suficiente con que
el sujeto haga parte de la comunidad, es preciso además que esté integrado a
ella y viva según sus usos y costumbres.
El factor
territorial, de otra parte, permite que cada comunidad juzgar las conductas
cometidas en su ámbito territorial y aplicar su sistema jurídico dentro del
mismo.[71]
La jurisprudencia ha considerado que este elemento se refiere de manera
concreta a la existencia de una comunidad indígena organizada, con vocación de
pertenencia sobre la tierra que ocupa y con su convivencia regida por su
cultura.
El factor
objetivo, finalmente, hace referencia a las materias sobre las que versan
las controversias que deben ser dirimidas. La Corte ha sostenido que las
comunidades indígenas pueden conocer de casi cualquier tipo de controversia que
suscite la aplicación de su derecho propio.[72]
Sin embargo,
estos criterios no son absolutos; por ejemplo, (i) en casos de conductas
realizadas en el territorio de una comunidad, pero que causan daños a terceros
ajenos, es posible que el asunto deba ser juzgado por la jurisdicción
ordinaria.[73]
(ii) De igual forma, como en el caso analizado en la sentencia T-496 de
1996[74],
es posible que pese a que una conducta reprochada por una comunidad haya sido
cometida por uno de sus miembros dentro de su territorio, el caso deba ser
remitido a la jurisdicción nacional debido a la no pertenencia de la víctima a
la comunidad y al grado de integración del infractor a la cultura mayoritaria.[75] (iii) También
es posible, como en el caso examinado en la sentencia T-1238 de 2004[76], que una
falta que tuvo lugar fuera del territorio, deba ser sometida a la jurisdicción
de la comunidad por haberse realizado contra un miembro de la misma.[77]
2.6.2.3. Límites del
ejercicio de la jurisdicción por las comunidades indígenas
En relación con la tercera
cuestión, esta es, los límites de la jurisdicción especial indígena, la
Corte ha adoptado varios criterios:
En primer término, ha
defendido una teoría de mínimos en términos de derechos humanos que no
pueden librarse a la autonomía de los pueblos indígenas. Estos mínimos también
han sido denominados núcleo duro de los derechos humanos.[78] Una de las primeras
oportunidades en las que la Corte se pronunció sobre tales mínimos fue en la
sentencia T-349 de 1996[79],
al revisar la tutela interpuesta por un miembro de la comunidad indígena
embera-chamí contra las autoridades del cabildo, por imponerle una pena de 20
años por el homicidio de otro indígena, en su concepto, con desconocimiento del
debido proceso. La Corte consideró en este fallo que la jurisdicción especial
indígena y la posibilidad de gobernarse por leyes propias encuentran límites en
“(…) lo que verdaderamente resulta intolerable por atentar contra los bienes
más preciados del hombre.” En el caso bajo revisión, la Corte estimó que la
comunidad había excedido sus facultades jurisdiccionales y desconocido el
debido proceso del actor -uno de los derechos mínimos que limitan la
jurisdicción especial indígena- por imponerle una sanción no prevista de
antemano por el derecho propio de la comunidad, es decir, una sanción no
previsible.
Reiterando la sentencia T-349 de
1996, en la SU-510 de 1998[80],
cuyos antecedentes ya fueron reseñados, la Corte precisó que aquellos bienes
más preciados para el hombre y que representan el límite de la jurisdicción
especial indígena están constituidos “(…) por el derecho a la vida (C.P.,
artículo 11), por las prohibiciones de la tortura (C.P., artículo 12) y la
esclavitud (C.P., artículo 17) y por legalidad del procedimiento y de los
delitos y de las penas (C.P., artículo 29).” Al respecto, la Corte explicó:
“En efecto, como lo ha manifestado
la Corte, (1) sobre estos derechos existe verdadero consenso intercultural; (2)
los anotados derechos pertenecen al grupo de derechos intangibles que reconocen
todos los tratados internacionales de derechos humanos y que no pueden ser
suspendidos ni siquiera en situaciones de conflicto armado (Pacto de Derechos
Civiles y Políticos [Ley 74 de 1968], artículo 4-1 y 2; Convención Americana de
Derechos Humanos [Ley 16 de 1972], artículo 27-1 y 2; Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes [Ley 78 de
1986], artículo 2-2; Convenios de Ginebra [Ley 5 de 1960], artículo 3°;
Convención Europea de Derechos Humanos, artículo 15-1 y 2); y, (3) con relación
al derecho a la legalidad del procedimiento y de los delitos y de las penas, el
artículo 246 de la Constitución hace expresa referencia a que el juzgamiento se
hará conforme a las "normas y procedimientos" de la comunidad
indígena, lo cual supone la preexistencia de los mismos respecto del
juzgamiento de las conductas.”
La Corte ha tutelado en varias ocasiones
este núcleo duro de derechos humanos vulnerados a miembros de comunidades
indígenas. La jurisprudencia ha sido particularmente numerosa en materia de
debido proceso. Por ejemplo, en la sentencia T-048 de 2002[81], la Corte conoció
de un caso en el que el tutelante era un indígena de la comunidad Los Ángeles -
Las Vegas del municipio de Natagaima, quien alegaba que el Cabildo le había
vulnerado su derecho al debido proceso al expulsarlo de la comunidad a raíz de
un proceso que nunca conoció y en el que no tuvo la oportunidad de ejercer su
derecho a la defensa.  La Corte determinó que el Cabildo había vulnerado su
derecho al debido proceso, ya que  “(…) lo sancionó i) sin seguir el
procedimiento que para el efecto prevé su propio reglamento
interno-requerimiento, amonestación y decisión unánime de la asamblea-por su
inasistencia a las reuniones y los trabajos comunitarios-, ii) sin investigar
las nueve acusaciones que le fueron formuladas, por faltas que habría cometido
en ejercicio de su cargo de gobernador del cabildo, y iii) sin haberle dado la
oportunidad de explicar su conducta.” La Corte reiteró las reglas ya
establecidas sobre los límites a la jurisdicción indígena, en cuanto al respeto
a la legalidad de los procedimientos internos de cada comunidad. [82]
Posteriormente, en la sentencia T-811
de 2004[83],
la Corte revisó el caso de un indígena que alegaba que se le había
vulnerado su derecho al debido proceso, ya que –aseguraba- había sido condenado
por el homicidio de otro indígena, pese a que su conducta, empezar una riña, no
constituía un delito penalizado ni en su comunidad ni el la jurisdicción
ordinaria. La Corporación encontró que las autoridades sí habían violado el
derecho al debido proceso al condenar al tutelante por un acto que no cometió y
reiteró que el derecho a la legalidad de los procedimientos constituyó un
límite al ejercicio de la jurisdicción indígena[84].
No obstante, en materia de debido
proceso, la Corte también ha establecido que no puede exigirse al derecho
propio de las comunidades estructurarse igual que el derecho nacional en
términos de las exigencias de los principios de tipicidad, legalidad del
procedimiento y la sanción, y juez natural. Para la Corte, estos principios se
garantizan si las conductas sancionables, el procedimiento y las sanciones a
imponer son previsibles. Por ejemplo, en la sentencia T-552 de 2003[85], la
Corte conoció la tutela que el Gobernador del Resguardo de Caquiona (etnia
Yanacona) de Cauca interpuso contra el Consejo Superior de la Judicatura, bajo
el argumento de que había violado los derechos al debido proceso, al juez
natural, a la igualdad y a la diversidad étnica y cultural de la comunidad, al
dirimir un conflicto de competencias a favor de la justicia ordinaria en el
proceso que se seguía contra un miembro de la comunidad por los delitos de
porte ilegal de armas y homicidio. El Consejo Superior de la Judicatura
consideró que la jurisdicción competente era la ordinaria, a pesar de que el
sindicado era indígena, el delito se había cometido contra otro indígena y en
territorio de la comunidad, debido a que la comunidad no contemplaba en su
derecho propio esas conductas como delitos ni tenía un procedimiento
establecido de antemano para juzgarlas.[86]
La Corte consideró que dicha decisión constituía una vía de hecho por indebida
aplicación de la ley.
Luego, en la sentencia T-009 de
2007[87],
la Corte precisó que no es necesario que las comunidades tengan jueces
especializados –como los jueces laborales- para dirimir las controversias que
se suscitan a su interior. En este fallo, la Corte conoció el caso de un
indígena que laboró como conductor de un camión de la comunidad y que a la
finalización de su contrato interpuso una demanda contra la misma por el pago
de las acreencias laborales. El Tesorero del Cabildo propuso un conflicto de
jurisdicciones para que el asunto fuera remitido a la Jurisdicción Especial
Indígena. La petición fue negada por el juez de instancia y se ordenó continuar
con el trámite del proceso, por cuanto consideró que la comunidad no contaba
con una jurisdicción laboral especial. La Corte afirmó que la posición del
juzgado de reprochar que en el Cabildo no existieran jueces especializados en
lo laboral para dirimir el conflicto ni tampoco tribunales autónomos y con
independencia de la asamblea de la comunidad, imponía la visión jurídica
occidental, al igual que las formas de organización y control occidentales.
En relación con la prohibición de
tortura y de penas y tratos crueles e inhumanos, la jurisprudencia
constitucional ha sido restringida y se ha inclinado por proteger la autonomía
de las comunidades para fijar sanciones. En pocas ocasiones se han concedido
tutelas por violación de esta garantía. Por ejemplo, en la sentencia T-254 de
1994[88],
la Corte tuteló los derechos de un indígena de la Comunidad
de El Tambo y su familia, quienes habían sido condenados a expulsión por la
“supuesta” comisión del delito de hurto por el primero, y despojados de una
parcela adjudicada por la misma comunidad. A juicio de la Corte, un límite
constitucional explícito al ejercicio de la potestad punitiva por parte de las
autoridades de los pueblos indígenas, lo constituye la prohibición de imponer
penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Luego, en la sentencia
T-030 de 2000[89],
la Corte tuteló el derecho de dos niños gemelos de la comunidad U’WA,
quienes habían sido entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
por sus padres porque los U’WA repudian los nacimientos múltiples, ya que
consideran que “contaminan” su comunidad. La Corte ordenó a la institución de
protección familiar continuar el proceso de definición de la situación de los
niños.[90]
En la mayoría de los casos, la
Corte ha avalado las sanciones impuestas por las comunidades a sus miembros. En
la sentencia T-1294 de 2005[91],
la Corte conoció el caso de un indígena de la comunidad de Pioyá que había sido
condenado por la comunidad a 40 años de prisión por el delito de homicidio. El
tutelante consideraba que se le había violado su derecho a una pena justa y
razonable al no imponérsele una pena que se encontrara dentro de los límites de
la legislación colombiana. La Corte reiteró el principio de maximización de la
autonomía y de minimización de las restricciones, y consideró que la pena
impuesta por el Cabildo no había vulnerado derecho fundamental alguno del
demandante y que su actuación se encontraba ajustada a los límites impuestos al
ejercicio de la jurisdicción indígena, al igual que a los usos y costumbres de
la comunidad.
En segundo término, la
Corte también ha indicado que constituye un límite de la jurisdicción especial
indígena “la realización o consumación de actos arbitrarios que lesionen
gravemente la dignidad humana al afectar el núcleo esencial de los derechos
fundamentales de los miembros de la comunidad.”[92] Como se indicó en la
sentencia T-514 de 2009[93],
el concepto de derechos fundamentales es distinto al de “núcleo duro de los
derechos humanos”, que son solamente los delimitados en las sentencias antes
analizadas. El limite que ahora se explora se refiere a los contenidos que no
pueden ser limitados de todos los derechos fundamentales de los miembros de las
comunidades indígenas. La definición de los contenidos no limitables depende de
la ponderación que se lleve a cabo en cada caso, como se explicó en la
sentencia citada en líneas anteriores:
“Los derechos fundamentales
constituyen un límite que debe establecerse a través de un ejercicio de
ponderación en cada caso concreto, en la medida en que un conflicto entre la
autonomía, la integridad o la diversidad cultural y un derecho fundamental
determinado es un conflicto entre normas constitucionales de igual jerarquía.
En estos conflictos, sin embargo, los derechos de la comunidad gozan de un peso
mayor, prima facie, en virtud al principio de ‘maximización de la
autonomía’”.
4.5.7. En la Sentencia T-523 de
2012, una de las más recientes sobre esta materia, la Corte retoma los
criterios para resolver en la práctica los problemas de aplicación
normativa[94],
y plantea los siguientes criterios: (i) maximización de la autonomía de las
comunidades indígenas y minimización de sus restricciones; (ii) mayor autonomía
a mayor conservación de los usos y costumbres propios; (iii) mayor autonomía
para la decisión de los conflictos internos; (iv) primacía de los derechos
fundamentales constitucionales en tanto mínimo obligatorio de convivencia para todos
los particulares; (v) primacía de las normas legales imperativas de la
República si protegen un valor constitucional al de la diversidad cultural;
(vi) primacía de los usos y costumbres indígenas sobre las normas legales dispositivas;
y (vii) necesidad de adoptar un enfoque casuístico que responda a las
especificidades de cada caso concreto.
4.6. Prohibición explícita de
que los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada sean juzgados
por jurisdicciones especiales.
4.6.1. La Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas, adoptada en Belén do Pará el 9 de junio de 1994 y aprobada
por la Ley 707 del 28 de noviembre de 2001, dispone en su artículo IX lo
siguiente:
“Los presuntos responsables de los hechos
constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser
juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado,
con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar.
Los hechos constitutivos de la
desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de
las funciones militares.
No se admitirán privilegios, inmunidades,
ni dispensas especiales en tales procesos, sin perjuicio de las disposiciones
que figuran en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.”
4.6.2. En la Sentencia C-580 de 2002 este tribunal
declaró exequibles tanto la convención como su ley aprobatoria. Al analizar el
artículo IX de la convención, en cuanto atañe a las jurisdicciones especiales
y, dentro de ellas, a la jurisdicción indígena, dijo la Corte:
“El artículo 9 establece que los
hechos constitutivos del delito no podrán considerarse cometidos en ejercicio
de funciones militares y que las personas acusadas de desaparición forzada sólo
podrán ser juzgados por la justicia ordinaria, y prohíbe que lo sean por parte
de cualquier jurisdicción especial, particularmente la militar.
(…)
Aun así, podría encontrarse reparo
a la norma, pues no sólo se refiere a la justicia militar, sino que extiende la
prohibición a toda jurisdicción especial. Ahora bien, aparte de las autoridades
administrativas y de los particulares que cumplen funciones jurisdiccionales de
manera transitoria, las jurisdicciones especiales que consagra la Constitución
son aquellas que no hagan parte de la jurisdicción ordinaria. En particular, la
jurisdicción penal militar, la jurisdicción indígena y los jueces de paz.
(…)
En relación con la proscripción de
la jurisdicción indígena para conocer del delito de desaparición forzada,
tampoco observa la Corte que exista reparo de constitucionalidad, pues según el
artículo 246 constitucional, corresponde precisamente al legislador establecer
“las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema
judicial nacional.”
Por lo anterior, la exclusión de
las demás jurisdicciones especiales tampoco merece reproche constitucional.”
En la sentencia en comento, al estudiar de manera general el
convenio,  también se analizó si las garantías adicionales de la convención, “que
no estén expresas en la Carta Política o adscritas directamente a ella”, hacen
parte del bloque de constitucionalidad. El análisis de esta cuestión se presentó
en los siguientes términos:
“Por
otra parte, vale la pena resaltar que la Convención, si bien no pretende
propiamente definir o regular el contenido y alcance de tales derechos, sí
impone ciertos deberes a los Estados, como sujetos obligados a protegerlos. Por
otra parte, la misma Convención afirma que los Estados no pueden eximirse de
cumplir tales deberes en ningún caso, y que el delito no es aceptable ni
siquiera durante los estados de excepción.
A pesar
de que la presente Convención no constituye en estricto sentido un tratado de
derechos humanos sino más bien un mecanismo de erradicación del delito,
comparte con aquellos el mismo fin protector de los derechos esenciales de las
personas.[95]  En tal medida, puede afirmarse que desde un punto de
vista teleológico la Convención reconoce los derechos humanos y establece
mecanismos que contribuyen en gran medida a su protección.
Por lo
tanto, de conformidad con el artículo 93 de la Carta,[96] en concordancia con el
artículo 94,[97]
aquellas garantías adicionales de la Convención, que no estén expresas en la
Carta Política o adscritas directamente a ella, hacen parte del bloque de
constitucionalidad[98]
latu sensu.[99]
Es decir, constituyen parámetros para la interpretación de los alcances del
artículo 12 constitucional.[100]”
Además de la referida convención interamericana, se debe
tener en cuenta la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas, adoptada en Nueva York el 20 de diciembre
de 2006 y aprobada por la Ley 1418 del 1 de diciembre de 2010[101]. Esta norma no contiene
una prohibición explícita similar a la del artículo IX de la convención
interamericana, pero tampoco resulta incompatible con ella. En su redacción no
se busca regular el tema del conflicto interno entre las jurisdicciones sino el
trabajo coordinado entre las jurisdicciones de varios Estados, al punto de
fijar pautas precisas en materia de extradición y de juzgamiento del delito.
4.7. Caso concreto.
Para resolver el problema
jurídico planteado, en primer lugar es menester verificar las causales
genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En caso de superarse esta verificación, se debe proceder a
verificar las dos causales específicas de procedibilidad indicadas por los
actores: la de haberse desconocido el precedente constitucional y la de haberse
incurrido en un defecto sustantivo, por interpretación irrazonable de la
Constitución.
4.7.1. Verificación de las
causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales: Las seis causales genéricas de las que se dio cuenta atrás[102], se
verifican así:
(i) El asunto sub examine tiene
relevancia constitucional en tanto y en cuanto se trata de definir la aplicación
de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, para
efectos de dirimir un conflicto entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción
indígena;
(ii) Contra las providencias de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que
dirimen el conflicto en comento, proferidas el 8 de febrero y el 6 de junio de
2012, no procede recurso alguno[103];
(iii) La acción de tutela se
presentó poco más de tres meses y cuatro días después de la fecha de la última
providencia que controvierte, sin descontar lo correspondiente a su
notificación, valga decir, se presentó en un término razonable[104].
(iv) Al no señalar ningún
defecto procesal, sino otras causales específicas de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, no es menester señalar ninguna
irregularidad procesal, ni su trascendencia.
(v) Los hechos que generan la
violación ocurren en la decisión misma, y no se podían alegar al interior del
proceso que conduce a dirimir el conflicto entre jurisdicciones.
(vi) Las dos providencias que
son objeto de la acción de tutela, no son sentencias de tutela.
4.7.2. Verificación de la
causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales de desconocimiento del precedente constitucional: de las cuatro
maneras posibles de desconocer el carácter vinculante del precedente
constitucional[105],
la demanda de tutela se enmarca en la cuarta, valga decir, en desconocer el
alcance de los derechos fundamentales fijados por la Corte en la ratio
decidendi de sus sentencias de tutela. De ahí que se traiga a cuento, con
insistencia, la Sentencia T-617 de 2010.
Los hechos relevantes de la Sentencia
T-617 de 2010 son: un adulto que pertenece a la comunidad indígena del
Resguardo de Túquerres incurrió en la conducta de abuso sexual de una menor de
14 años, que pertenece a la misma comunidad indígena.
Si bien esta sentencia parecería
ser prima facie relevante para decidir el caso sub examine, hay
varias circunstancias que permiten afirmar lo contrario. Dos circunstancias son
obvias y surgen de bulto en los hechos: (i) la diferencia de los delitos, en el
primer caso abuso sexual de menor de 14 años y en el segundo desaparición
forzada y homicidio; y (ii) la diferencia de la víctima, en el primer caso
indígena y en el segundo no haber prueba de que sea indígena, y no haberse
alegado esta circunstancia en el proceso. Si bien ambas víctimas son menores de
edad, el tipo de delito y la condición de la víctima generan serias
discrepancias entre los casos.
La circunstancia de que el
delito cometido sea el de desaparición forzada, que tiene una especial connotación
en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho
internacional humanitario, y que puede ser objeto de la jurisdicción de
tribunales internacionales, implica la necesidad de considerar y aplicar, incluso
para dirimir conflictos de competencia, normas como la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada[106],
aprobada por el Congreso de la República por medio de la Ley 707 de 2001 y
declarada exequible por este tribunal en la Sentencia C-580 de 2002.
El inciso primero del artículo
IX de la convención en comento, dispone de manera explícita que “Los
presuntos responsables de los hechos constitutivos de desaparición forzada de
personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común
competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en
particular la militar”.
El precitado inciso tiene un
doble énfasis: de una parte señala que este tipo de hechos sólo pueden ser
juzgados por la jurisdicción común u ordinaria y, de otra, prohíbe o excluye
cualquier jurisdicción especial, como es, merced a la propia Constitución y a la
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia[107], la jurisdicción
indígena.
No es necesario ahondar en el
análisis de la circunstancia de que la víctima no sea indígena, pues incluso en
el evento de serlo, si se trata de juzgar hechos constitutivos de desaparición
forzada de personas, el asunto corresponde de manera exclusiva a la
jurisdicción ordinaria, con exclusión de la jurisdicción especial indígena.
Al no ser relevante para el caso
la Sentencia T-617 de 2010, no se verifica la causal específica de
desconocimiento del precedente constitucional vinculante.
4.7.3. Verificación de la causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales de defecto
sustantivo por interpretación irrazonable: de las cuatro maneras posibles
de incurrir en defecto sustantivo[108],
la demanda de tutela se enmarca en la cuarta, es decir, en la de que aplicar la
norma jurídica, derivada interpretativamente de una disposición normativa, es
inaceptable por ser producto de una hermenéutica abiertamente errónea o
irrazonable.
Esta hipótesis es la más restringida, ya que en virtud de
los principios de independencia y autonomía judicial, la interpretación de la
norma aplicable a cada caso corresponde al juez del caso. Para ilustrar este
cargo, la demanda vuelve a traer a cuento la Sentencia T-617 de 2010, que no es
relevante para el caso, por las razones que se acaban de exponer, e incurre en
una injustificable reducción argumentativa, al afirmar que la única razón por
la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura dirimió el conflicto entre jurisdicciones en favor de la ordinaria,
fue la de que la víctima era un menor.
Basta leer las providencias objeto de la acción de tutela[109],
para advertir que, además de la circunstancia de que la víctima era un menor,
se tuvo en cuenta tanto la circunstancia de tratarse de delitos de desaparición
forzada y de homicidio como la circunstancia de que éstos, por su finalidad y
connotación “permiten inferir que los procesados participan de la cultura
mayoritaria”. Incluso se llegó a decir que el delito atroz de la
desaparición forzada reniega de excepciones en materia de jurisdicción.
La argumentación de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura es más compleja de lo que asumen los actores,
y no se limita a interpretar los artículos 44, 246 y 256 de la Constitución de
manera abiertamente errónea o irrazonable, valga decir, no le otorga a esta
disposición un alcance que no tiene, de manera contraria a la lógica o a las
reglas de la experiencia, ni le reconoce un sentido que sí puede tener, pero
que es contrario a la Constitución o conduce a resultados desproporcionados.
Al tratarse de una
interpretación razonable de la Constitución, dado que se hace de manera
coherente con lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada, aunque sin mencionarla de manera expresa, no se verifica la causal
específica de defecto sustantivo por interpretación irrazonable.
5. Razón de la decisión.
5.1. Síntesis del caso.
No se concede el amparo a los actores por no haberse podido
verificar las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales de desconocimiento del precedente constitucional
vinculante y de defecto sustantivo por interpretación irrazonable, ya que el precedente
alegado no es relevante para el caso y la interpretación de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es coherente
con la disposición explícita y unívoca del inciso primero del artículo IX de la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.
5.2
. Regla de decisión.
Solamente la jurisdicción
ordinaria puede juzgar a los presuntos responsables de hechos constitutivos de
desaparición forzada, con exclusión de cualquier jurisdicción especial, sea la
jurisdicción penal militar o sea la jurisdicción indígena.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR la Sentencia del 8 de octubre de 2012,
proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá D.C.
Por Secretaría, líbrese la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, publíquese y cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO.
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Folios 1 a 7, c. 1.
[2]
A folios 1 y 20 del cuaderno 2, aparece repetida la comunicación del 28 de
agosto de 2011 del Secretario de Gobierno, Administrativo y de Educación del
Municipio de Mistrató, en la cual certifica que los accionantes pertenecen al
Resguardo Unificado Embera Chamí del Municipio de Mistrató, el cual está en
trámite de reconocimiento legal ante el Ministerio del Interior.
[3] Folios 33 a 41, c. 1
[4]
Folios 2 a 18, c. 2.
[5]
Folios 20 a 91, c. 2.
[6] El dvd que contiene los
videos y las fotografías aparece a folio 24, c. 2.
[7] Además de su soporte digital,
algunas de las fotografías aparecen organizadas e impresas en informes
fotográficos que aparecen a folios 25 a 42 del cuaderno 2.
[8] El hospital entrega una copia
de un mapa a mano alzada, tomado del libro EMBERA WERA / Mujer Embera / del
Silencio a la Palabra / Bibliografía (f. 49 a 52, c. 2), la asignación de las veredas del Municipio de Mistrató a los funcionarios de puestos de salud (f. 53 a 56, c. 2) y una certificación de que el accionante Ovidio Dogenesama Wasirucama trabhajó en esa
institución, entre el 1 de enero de 2004 y el 13 de agosto de 2011, como
auxiliar de salud (f. 57, c. 2).
[9] A folio 58 del cuaderno 2, la Universidad remite copia de la Resolución 2468 del 28 de octubre de 2011, por la cual designa
a la docente CECILIA LUCA GILBERTE ESCOBAR, para rendir el dictamen pericial
solicitado por el técnico en criminalística. La resolución obra a folio 59 del
mismo cuaderno.
[10] A folios 60 y 61 del
cuaderno 2, la docente manifiesta que no es la más idónea para pronunciarse
sobre el asunto, plantea unas posibles acciones de trabajo para recopilar la
información ante la oficina de planeación departamental y el IGAC, y recomienda
consultar al historiador Víctor Zuluaga, que tiene obras e investigaciones
sobre las comunidades Embera Chamí y a la Universidad de Caldas, que tiene un Departamento de Antropología y Sociología, y cuyos
alumnos han estudiado a estas comunidades.
[11] La Gobernación de Risaralda remite un mapa en el cual se delimita el área del resguardo en
cuestión en el departamento (f. 62 y 63, c. 2).
[12] El IGAC suministra copia de la Resolución 061, al parecer de 1986, porque la copia es ilegible en su fecha (f. 65 a 69, c. 2), en la cual se “confiere el carácter legal de Resguardo Indígena a las tierras
Reservadas en beneficio de la Comunidad CHAMI, ubicada (sic.) en los Municipios de PUEBLO RICO Y MISTRATÓ, Departamento de Risaralda; y copia
de la Resolución 036 del 10 de abril de 2003 (f. 70 a 91, c. 2), por la cual se “amplía, con 36 predios que hacen parte de los bienes del Fondo
Nacional Agrario y un predio de propiedad del Cabildo, el resguardo indígena
UNIFICADO CHAMI DEL RÍO SAN JUAN, creado por la resolución No. 23 del 23 de
mayo de 1995, emanada de la Junta Directiva del INCORA, localizado en
jurisdicción de los municipios de Pueblo Rico y Mistrató, departamento de
Risaralda”;
[13]
Folio 10, c. 1.
[14] Folios 21 a 24, c. 1.
[15]
Folios 67 a 71, c. 1.
[16] Folios 67 a  69, c. 1.
[17]
Este aserto se funda en la información dada por la Gobernación de Risaralda, que aparece a folios 56 a 65 del cuaderno 1, según la cual el
Resguardo Unificado Embera Chamí sobre el Río San Juan ocupa territorios de los
Municipios de Pueblo Rico y de Mistrató. En el primer municipio comprende las
siguientes veredas: Alto Humacas, Caja de Oro, Encanto, Inamurcito, Palmitas,
El Diamanete, Puerto Leticia, Minitas, Kundumi, Waisur, Tambo Regadera, San
Juan, Alto Barakirura, Bajo Barikirura, Bichubara, Marruecos, Gete Pital,
Sinay, Angostura, Botuma, Arenales, Similito, Santa Rita, La Loma, Santa Marta y Bajo Palmar. En el segundo municipio comprende las siguientes veredas:
Purembará, Palmas, Alto Chata, Josefina, Cantarrana, La India, Geguadas, Carrema, Socorro, Alto Llano, Canchivare Bajo, Canchivare Alto, Alto
Humacas, Currumay Medio, Barranca, Aribato, Silencio, Delicias, Urrabare, Buena
Vista, La María, Playa Bonita, Puerto de Oro, Caimito, Bidua, Beke, Embordó,
Alto Gette.
[18] Para ilustrar esta
información se adjunta la fotocopia de una fotografía de la víctima, que obra a
folio 66 del cuaderno 1.
[19]
Folios 43 a 44, c. 1.
[20] Folios 47 a 50, c. 1.
[21] Folios 51 a 54, c. 1.
[22] Folios 73 a 94, c. 1.
[23] A partir de la Sentencia C-590 de 2005.
[24] En Auto del 21 de marzo de dos mil trece
(2013) de la Sala de Selección de tutela No. 3 de la Corte Constitucional, se dispuso la revisión de la providencia en cuestión y se procedió a su
reparto.
[25] En esta sentencia se estudia
una tutela contra la decisión que define un conflicto entre la jurisdicción
ordinaria y la jurisdicción penal militar.
[26] En esta sentencia se estudia
varias tutelas contra decisiones que definen conflictos entre la jurisdicción
ordinaria y la jurisdicción indígena.
[27]
Para sustentar este aserto, la Corte pone de presente: (i) que la ley no
consagra recurso alguno contra estas providencias; (ii) que la nulidad por este
aspecto no es viable; (iii) que el recurso extraordinario de casación no
procede; (iv) que el funcionario a quien se le remite el proceso, no se puede
negar a tramitarlo, ya que la autoridad competente para hacerlo definió el
asunto y está obligado a cumplir lo resuelto por ella.
[28]
Entre las decisiones más recientes están las Sentencias T-1033, T-1093 y T-1095
de 2012.
[29]
Cfr. Sentencias T-006 y C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-231 de 1994, SU-014 y
T-1180 de 2001, T-441, T-462, T-771 y T-949 de ­2003, T-701 de 2004 y C-590 de
2005.
[30] Cfr. Sentencia C-590
de 2005.
[31]
Cfr. Sentencia C-018 de 1993 y Autos 034 de 1996 y 220 de 2001.
[32]
Cfr. Sentencias T-566 de 1998, C-836 de 2001 y T-292 de 2006.
[33]
A modo de ejemplo, puede verse lo dicho en la Sentencia T-1093 de 2012, reiterado en la Sentencia T-1095 de este mismo año, en el sentido
de que la subsidiariedad “asegura la independencia y autonomía judicial pues
el peticionario sólo puede acudir a la tutela una vez haya agotado todos los
mecanismos previstos en el sistema jurídico”; y la inmediatez “evita que
se dé una erosión muy acentuada de la seguridad jurídica y la cosa juzgada,
pues preserva la intangibilidad de las sentencias ejecutoriadas, toda vez que,
transcurrido un tiempo razonable no es posible que sean cuestionadas [las
providencias judiciales] por un supuesto desconocimiento de derechos
fundamentales”.
[34] Cfr. Sentencias C-560 de
1999 y C-1290 de 2001.
[35]
Cfr. Sentencias T-173 de 1993 y C-590 de 2005.
[36] Cfr. Sentencia T-1049 de
2008.
[37]
Cfr. Sentencia C-590 de 2005.
[38] Cfr. Sentencias T-008 de
1998, T-937 de 2001, SU-159 de 2002, T-996 de 2003 y T-196 de 2006.
[39]
Cfr. Sentencias T-079 de 1993, T-008 de 1998, T-522 de 2001 y C-590 de 2005.
[40]
Cfr. Sentencias SU-846 de 2000, SU-014 y T-1180 de 2001.
[41]
Cfr. Sentencia T-114 de 2002.
[42] Cfr. Sentencias SU-640 de
1998, SU-168 de 1999, T-1625 de 2000, T-1031 y SU-1184 de 2001 y T-462 de 2003.
[43] Cfr. Sentencias T-1625 de
2000, T-1031 y SU-1184 de 2001.
[44] Cfr. Sentencia T-522 de
2001.
[45] Cfr. Sentencias C-104, C-113
y C-131 de 1993, C-038 y T-123 de 1995, C-036 y C-447 de 1997, SU-047 de 1999,
C-836 y SU-1219 de 2001 y T-292 de 2006.
[46]
Cfr. Sentencia C-131 de 1993.
[47] Cfr. Sentencias C-386 de
1996, C-036 de 1997, SU-1184 de 2001 y T-292 de 2006.
[48] Cfr. Sentencias T-1625 de
2000, SU-1184 de 2001, T-462 de 2003, T-158 y T-292 de 2006 y T-086 de 2007.
[49] Cfr. Sentencia T-292 de
2006.
[50] Cfr. Sentencia SU-159 de
2002, T-462 de 2003, C-590 de 2005, T-018 de 2008 y T-757 de 2009.
[51]
Cfr. Sentencia t-573 de 1997.
[52]
Cfr. Sentencias C-231 de 1994, T-008 de 1998 y SU-1722 de 2000.
[53] Cfr. Sentencias T-1001 y T-1031 de 2001.
[54] Cfr. Sentencia C-1026 de
2001.
[55]
Cfr. Sentencias T-1045 de 2008 y T-079 de 2010.
[56] Cfr. Sentencias T-1045 de
2008 y T-191 de 2009.
[57]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-037 de 1996, C-139 de 1996, T-349 de
1996, C-370 de 2002, T-1294 de 2005 y T-945 de 2007, entre otras.
[58] La jurisdicción indígena
está prevista en el artículo 246 de la Constitución, que hace parte del Capítulo 5: De las jurisdicciones especiales, dentro del Título VIII: De la Rama Judicial.
[59] 7.1 A mayor conservación de sus usos y costumbres, mayor autonomía. La realidad colombiana muestra que
las numerosas comunidades indígenas existentes en el territorio nacional han
sufrido una mayor o menor destrucción de su cultura por efecto del sometimiento
al orden colonial y posterior integración a la "vida civilizada" (Ley
89 de 1890), debilitándose la capacidad de coerción social de las autoridades
de algunos pueblos indígenas sobre sus miembros. La necesidad de un marco
normativo objetivo que garantice seguridad jurídica y estabilidad social dentro
de estas colectividades, hace indispensable distinguir entre los grupos que
conservan sus usos y costumbres - los que deben ser, en principio, respetados
-, de aquellos que no los conservan, y deben, por lo tanto, regirse en mayor
grado por las leyes de la República, ya que repugna al orden constitucional y
legal el que una persona pueda quedar relegada a los extramuros del derecho por
efecto de una imprecisa o inexistente delimitación de la normatividad llamada a
regular sus derechos y obligaciones.
[60] 7.2 Los derechos fundamentales
constitucionales constituyen el mínimo obligatorio de convivencia para todos
los particulares. Pese a que la sujeción a la Constitución y a la ley es un deber de todos los nacionales en general (CP arts. 4, 6 y 95),
dentro de los que se incluyen los indígenas, no sobra subrayar que el sistema
axiológico contenido en la Carta de derechos y deberes, particularmente los
derechos fundamentales, constituyen un límite material al principio de
diversidad étnica y cultural y a los códigos de valores propios de las diversas
comunidades indígenas que habitan el territorio nacional, las que, dicho sea de
paso, estuvieron representadas en la Asamblea Nacional Constituyente.
[61] 7.3 Las normas legales imperativas
(de orden público) de la República priman sobre los usos y costumbres de las
comunidades indígenas, siempre y cuando protejan directamente un valor
constitucional superior al principio de diversidad étnica y cultural. La
interpretación de la ley como límite al reconocimiento de los usos y costumbres
no puede llegar hasta el extremo de hacer nugatorio el contenido de éstas por
la simple existencia de la norma legal. El carácter normativo de la Constitución impone la necesidad de sopesar la importancia relativa de los valores protegidos
por la norma constitucional - diversidad, pluralismo - y aquellos tutelados por
las normas legales imperativas. Hay un ámbito intangible del pluralismo y de la
diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas que no puede ser objeto
de disposición por parte de la ley, pues se pondría en peligro su preservación
y se socavaría su riqueza, la que justamente reside en el mantenimiento de la
diferencia cultural. La jurisdicción especial (CP art. 246) y las funciones de
autogobierno encomendadas a los consejos indígenas (CP art. 330) deben
ejercerse, en consecuencia, según sus usos y costumbres, pero respetando las
leyes imperativas sobre la materia que protejan valores constitucionales
superiores.
[62] 7.4 Los usos y costumbres de una
comunidad indígena priman sobre las normas legales dispositivas. Esta regla
es consecuente con los principios de pluralismo y de diversidad, y no significa
la aceptación de la costumbre contra legem por tratarse de normas
dispositivas. La naturaleza de las leyes civiles, por ejemplo, otorga un amplio
margen a la autonomía de la voluntad privada, lo que, mutatis mutandis,
fundamenta la prevalencia de los usos y costumbres en la materia sobre normas
que sólo deben tener aplicación en ausencia de una autoregulación por parte de
las comunidades indígenas.
[63]La Corte Constitucional, en sentencia C. 139/96 declaró inexequibles los artículos 1, 5 y 40 de la Ley 189 de 1890, en comento.
[64]
Ver, entre otras, las siguientes Sentencias T-349 de 1996,  T-523 de 1997,
T-344 de 1998, T-934 de 1999, T-728 de 2002, T-811 y T-1238 de 2004, T-1070 de
2005, T-009, T-945 y T-996 de 2007, T-1026 de 2008, T-903 de 2009, T-364 y
T-669 y T-1127 de 2011, T-001, T-002, T-097 y T-523 de 2012.
[65]
Ver, entre otras, las Sentencias C-713 de 2008 y C-882 de 2011.
[66]
Cfr. Lopera Mesa, Gloria Patricia y Hoyos Ceballos, Esteban. “Fronteras
difusas. Apuntes sobre el surgimiento de la jurisdicción especial indígena en
Colombia y sus relaciones con el derecho estatal” (2008). Revista
Co-herencia, 5, 9, p. 157.
[67] M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[68]
Ver Lopera Mesa, Gloria Patricia y Hoyos Ceballos, Esteban. “Fronteras difusas.
Apuntes sobre el surgimiento de la jurisdicción especial indígena en Colombia y
sus relaciones con el derecho estatal” (2008). Revista Co-herencia, 5,
9, p. 159.
[69] Ver sentencia T-496 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[70] Ver sentencia T-496 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz. No obstante, en este fallo la Corte indicó que el fuero indígena tiene límites, pero no fueron delimitados por la Corte en dicha ocasión.
[71] Ver sentencia T-496 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[72] Por ejemplo, en la sentencia T-945 de
2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), la Corte conoció del caso de una mujer
embarazada que había sido despedida de una entidad de salud indígena. La
accionante alegaba el desconocimiento de su fuero especial de mujer en estado
de embarazo e interpuso acción de tutela contra el Cabildo. La Corte consideró que este no era el mecanismo adecuado, todo vez que al tratarse de un asunto
ocurrido dentro del territorio indígena y que involucraba a sus miembros, debía
ser conocido por las autoridades tradicionales.
[73] Ver sentencia T-496 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz. En este fallo la Corte explicó lo siguiente:
“En efecto, la solución puede variar si la acción
típica es cometida por miembros de pueblos indígenas dentro de su territorio, o
si un indígena, de manera individual, incurre en ella afectando a quien no es
miembro de su comunidad por fuera del ámbito geográfico del resguardo. En el
primero caso, en virtud de consideraciones territoriales y personales, las
autoridades indígenas son las llamadas a ejercer la función jurisdiccional;
pero en el segundo, el juez puede enfrentar múltiples situaciones no solucionables
razonablemente mediante una regla general de territorialidad. Por ejemplo:
a. Cuando la conducta del indígena sólo es sancionada
por el ordenamiento nacional, en principio, los jueces de la República son los competentes para conocer del caso; pero como se encuentran ante un
individuo de otra comunidad cultural, tienen el deber de determinar si el
sujeto agresor entendía, al momento de cometer el ilícito, que su conducta era
realmente negativa, para efectos de reconocerle, o no, el derecho al fuero. En
este orden de ideas, las autoridades nacionales pueden encontrarse ante  un
indígena que de manera accidental entró en relación con una persona de otra
comunidad, y que por su particular cosmovisión, no le era dable entender que su
conducta en otro ordenamiento era considerada reprochable; o, por el contrario,
enfrentar un sujeto que por su especial relación con la comunidad mayoritaria
conocía el carácter perjudicial del hecho, sancionado por el ordenamiento
jurídico nacional. En el primer caso, el intérprete deberá considerar devolver
al individuo a su entorno cultural, en aras de preservar su especial conciencia
étnica; en el segundo, la sanción, en principio, estará determinada por el
sistema jurídico nacional.
b. En el caso de que la conducta sea sancionada en
ambos ordenamientos, es claro que la diferencia de racionalidades no influye en
la comprensión de tal actuar como perjudicial. Sin embargo, el intérprete
deberá tomar en cuenta la conciencia étnica del sujeto y el grado de
aislamiento de la cultura a la que pertenece, para determinar si es conveniente
que el indígena sea juzgado y sancionado de acuerdo con el sistema jurídico
nacional, o si debe ser devuelto a su comunidad para que sea juzgado por sus
propias autoridades, de acuerdo a sus normas y procedimientos.”
[74] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[75] En la sentencia T-496 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz, la Corte negó la tutela solicitada por un indígena paéz, quien sería
juzgado por la jurisdicción ordinaria por el asesinato de un miembro de otra
comunidad indígena. El acto solicitaba ser juzgado por las autoridades paéces. La Corte se opuso con fundamento en los siguientes argumentos:”(…) no es dable reconocerle a (…)
el derecho al fuero indígena, con base exclusiva en el factor personal, pues al
ser un sujeto aculturado, capaz de entender los valores de la conducta
mayoritaria, no resulta inconveniente juzgarlo de acuerdo con el sistema
jurídico nacional. Además, no debe olvidarse que el demandante se alejó de su
comunidad, no accidentalmente, sino por deseo propio, debiendo asumir los
‘riesgos’ que se derivan de su acción, es decir, que como miembro del
territorio colombiano goza de las mismas prerrogativas de todo ciudadano, pero
también está expuesto al cumplimiento de deberes y  sanciones que imponen las
autoridades de la República.”
[76] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[77] En este fallo la Corte Constitucional estudió el caso de un indígena que se encontraba fuera de los
territorios ancestrales  visitando a un médico de su comunidad. Éste le indicó
que el origen de su enfermedad era que otros indígenas le habían hecho
brujerías, razón por la cual asesinó a los presuntos autores de estos
maleficios. El asesinado se produjo fuera del territorio de la comunidad. La
jurisdicción ordinaria asumió el caso y condenó al indígena a diez años de
prisión. El abogado defensor solicitó la nulidad del proceso por desconocimiento
del fuero especial indígena, petición que fue negada aduciéndose que el
asesinato se había producido fuera de los límites de la comunidad. A
continuación, el defensor interpuso una acción de tutela en  la que solicitó la
declaratoria de nulidad del proceso. En sede de revisión, la Corte Constitucional concedió el amparó y señaló que el concepto de territorio no debía
entenderse limitado en su dimensión
formal y cultural, sino que el mismo puede tener, de manera excepcional, un
efecto expansivo, de manera que puedan tenerse como amparadas por el fuero
conductas ocurridas por fuera de ese ámbito geográfico, pero en condiciones que
permitan referirla al mismo. Tal sería, por ejemplo, el delito cometido por un
indígena por fuera de su territorio, en relación con otro integrante de la
misma comunidad.
[78] Ver sentencia T-514 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[79] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[80] M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[81]
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[82] Sentencia T-048 de 2002 MP: Álvaro Tafur
Galvis. Sobre los límites al ejercicio de la jurisdicción se dijo: “Ahora bien,
en virtud del bloque de constitucionalidad a que se hace mención,
particularmente, para el caso sub examine, en razón de lo dispuesto en los
artículos 8°, 9° y 10 del Convenio en cita, y dada las dificultades de
aplicación de las disposiciones constitucionales que consagran derechos
fundamentales, en consonancia con las que reconocen el derecho de los pueblos
indígenas a conservar su identidad-ya referida-, la Corte se ha detenido en aquellos derechos que marcan un límite claro del fuerte vínculo que
liga a las comunidades indígenas con sus integrantes, como el derecho a la
vida, la prohibición de la tortura y de los tratos denigrantes, la prohibición
de imponer las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, la
obligación de garantizar los principios constitucionales del debido proceso y
la necesidad de garantizar el acceso de las comunidades y de sus integrantes a
la propiedad colectiva del resguardo (sentencia SU 510 de 1998 MP: Eduardo
Cifuentes Muñoz).
[83] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[84] Sentencia T-811 de 2004 MP: Jaime
Córdoba Triviño. “Por lo anterior, es evidente que las autoridades indígenas de
Quizgó violaron el derecho fundamental al debido proceso y el principio
constitucional de culpabilidad que asiste al peticionario, tal como lo consagra
el artículo 29 Superior. De la información que obra en el expediente es
indudable que a Ramón Libardo Pillimué se le impuso una pena por un acto que no
cometió. Si bien él, junto con Ramón Villano, alteraron el orden público el día
de los hechos, no por ello puede estimársele responsable de la muerte de
Gilberto Pechene y ser sancionado por dicho evento.
En este asunto
en particular, resulta pertinente señalar que, como consecuencia del
reconocimiento de la dignidad humana, la Constitución Política proscribe la responsabilidad penal objetiva y prevé un derecho penal de
acto y no de autor. Al respecto, el artículo 29 superior establece que “no
puede haber delito sin conducta”[84], al
señalar que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al
acto que se le imputa” y que “toda persona se presume inocente mientras no
se le haya declarado judicialmente culpable” (Subrayado fuera de
texto).”
[85]
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[86] Los argumentos del Consejo
Superior de la Judicatura eran los siguientes: “el Cabildo que reclama la
jurisdicción no tiene unas normas que describan como ilícita la conducta que se
le imputa al sindicado, ni tiene previsto un procedimiento para la
investigación de los hechos y para el juzgamiento de los autores, ni definidas las
penas que cabría aplicarles. Por tal razón no es posible determinar (…) si el
ordenamiento indígena que resultaría aplicable es contrario o no a la Constitución, a diferentes normas internacionales y a la ley penal.”
[87] M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[88] M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[89] M.P.
Fabio Morón Díaz.
[90] En dicha ocasión, la Corte estudió el caso de un padre que el momento en que su esposa da a luz a unos gemelos
decide entregarlos en forma transitoria a la entidad encargada de la protección
de la niñez en Colombia. Esta situación se genera por cuanto en la comunidad
indígena a la que pertenecen, los gemelos son considerados como una maldición.
Los padres
solicitan que no los den en adopción mientras que las comunidades indígenas
decidan que va a pasar con los niños. Sin embargo, la Directora del hogar donde se encontraban decidió interponer una acción de tutela con el fin
de tomar las medidas respectivas y darlos en adopción. Además, considera que
devolverlos a su comunidad pone en riesgo su vida.
La Corte niega la petición para proceder a la adopción
del niño, y por el contrario, constituye un grupo interdisciplinario para que
estudie la  mejor opción para el niño. Dentro de las posibilidades puede estar
el reintegro a su comunidad, pero ésta jamás podrá atentar contra la vida o
integridad del  menor. Es decir, que es plenamente
compatible con el ordenamiento superior y con la ley, la solicitud que elevaron
las autoridades tradicionales U´WA ante el Estado, representado en este caso
por el I.C.B.F., en el sentido de que mantuviera transitoriamente a los gemelos
bajo su cuidado, exactamente por siete meses, tiempo durante el cual ellos
realizarían un proceso de reflexión y de consulta interno para tomar una
decisión definitiva, decisión que obviamente no podía ser la de proceder
conforme lo señalaba la tradición, pero en cambio sí podía consistir en
encargar el cuidado de los menores a personas o familias que no pertenecieran a
la comunidad, manteniendo contacto con ellos, como en efecto ha sucedido, que
se autorizara la adopción, o, como se presenta ahora, que exigieran el retorno
de los niños a su seno.
[91] M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[92] Ver sentencia SU-510 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[93] M.P. Luís Ernesto Vargas
Silva.
[94]
Supra 4.5.1.
[95]
Este mismo criterio teleológico ha sido empleado por la Corte en las Sentencias C-574/92 aparte B.1.c); C-179/94, C-225/95 fundamentos 7 y 11, para
considerar los tratados de Derecho Internacional Humanitario como parte del
corpus de derechos humanos. En el fundamento 7, esta última Sentencia afirma
que “(…) estos convenios hacen parte, en sentido genérico, del corpus
normativo de los derechos humanos, puesto que, tanto los tratados de derechos
humanos en sentido estricto como los convenios de derecho humanitario son
normas de ius cogens que buscan, ante todo, proteger la dignidad de la
persona humana. Son pues normatividades complementarias que, bajo la idea común
de la protección de principios de humanidad, hacen parte de un mismo género: el
régimen internacional de protección de los derechos de la persona humana. La
diferencia es entonces de aplicabilidad, puesto que los unos están diseñados,
en lo esencial, para situaciones de paz, mientras que los otros operan en situaciones
de conflicto armado, pero ambos cuerpos normativos están concebidos para
proteger los derechos humanos”. El carácter determinante de la finalidad
protectora de los derechos humanos fundamentales como criterio para integrar al
bloque de constitucionalidad quedó al parecer definido en la Sentencia C-179/94 que afirmó: “Finalmente cabe agregar que las disposiciones del derecho
internacional humanitario que tratan sobre el manejo de las personas y las
cosas vinculadas a la guerra, como las que señalan la forma de conducir las
acciones bélicas, se han establecido con el fin de proteger la dignidad de la
persona humana y para eliminar la barbarie en los conflictos armados.”
(resaltado fuera de texto). Ver también Sentencia C-156/99. Reiterando dicho
criterio ver: C-423/95, C-578/95, C-092/96  C-135/96, C-040/97 y C-156/99
aparte 2.2.2, SU-256/99.
[96]
En cuanto establece que “los tratados y convenios internacionales
ratificados por el Congreso y que reconocen los derechos humanos y que prohíben
su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”
[97] Según este artículo “[l]a
enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de
otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en
ellos”.
[98] En la Sentencia C-295/93 la Corte estableció que para que una disposición de un tratado
internacional haga parte del bloque de constitucionalidad: “... es necesario que se den los dos supuestos a
la vez, de una parte, el reconocimiento de un derecho humano, y de la otra que
sea de aquellos cuya limitación se prohíba durante los estados de excepción.”
Ver también Sentencias C-295/93 y C-092/96 fundamento 11.  El hecho de
que el artículo 93 se refiera a tratados y no a los derechos en sí mismos y
que, por consiguiente para que estos prevalezcan en el ordenamiento interno
sería necesario, en principio, que el tratado estableciera expresamente la
prohibición de limitarlos en estados de excepción quedó zanjada definitivamente
con la incorporación del derecho internacional humanitario al bloque de
constitucionalidad, pues no todos los tratados de DIH proscriben la limitación
de los derechos consagrados en ellos durante estados de excepción. Algunos ni
siquiera consagran propiamente derechos. Sin embargo la Corte afirmó esta circunstancia se deriva de su mismo ámbito de aplicación. Ver Sentencia
C-225/95 fundamento 11.
[99] La Corte ha dicho que “... conforme a esta acepción, el bloque de constitucionalidad estaría
conformado no sólo por el articulado de la constitución sino, entre otros, por
los tratados internacionales de que trata el artículo 93 de la Carta, por las leyes orgánicas y, en algunas ocasiones, por las leyes estatutarias ...”
Sentencia C-359/97. Posteriormente ha sostenido que las disposiciones que hacen
parte del bloque de constitucionalidad latu sensu constituyen “...
parámetros para determinar el valor constitucional de las disposiciones sometidas
a control” Sentencia C-774/01.
[100] En relación con el bloque
de constitucionalidad, la Corte ha señalado que no todas las disposiciones de
un tratado de derechos humanos entran a ser parte del bloque de
constitucionalidad. Al respecto ha dicho: “.Si bien es cierto que los tratados
internacionales vigentes en Colombia encuentran un incuestionable fundamento en
normas constitucionales, ello no significa que todas sus normas integran el
bloque de constitucionalidad y sirven de fundamento para realizar el control de
constitucionalidad de las leyes que lleva a cabo esta Corporación.”
(resaltado fuera de texto) Sentencia C-327/97.
[101] En la Sentencia C-620 de 2011 este tribunal declaró exequibles tanto la convención como su ley
aprobatoria.
[102]
Supra 4.3.
[103] Supra 2.5.
[104] Supra 2.4.
[105]
Supra 4.3.1.
[106]
Supra 4.6.
[107]
Supra 4.4.
[108]
Supra 4.3.2.
[109] Supra 1.2.4. y 1.2.5.