T-515-16
Sentencia
T-515/16
PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA-La acción de tutela
debe ser entendida de conformidad con este principio
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE COMO CAUSAL
ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
Se desconoce el precedente constitucional
cuando (i) se aplica las normas que han sido declaradas inexequibles
por las sentencias de control abstracto de constitucionalidad, (ii) se
contraría la ratio decidendi de las sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente cuando la Corte señala la interpretación de
la norma que debe acogerse de acuerdo con la Carta Política, (iii) se
desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada y
(iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de revisión de
tutela.
PRIVACION DE LA LIBERTAD DE INDIGENAS EN
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Indígenas pueden ser recluidos excepcionalmente
en establecimientos ordinarios, sin afectar la identidad cultural
PRIVACION DE LA LIBERTAD DE INDIGENAS EN
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y DERECHO A LA IDENTIDAD CULTURAL INDIGENA-Reglas
para garantizar identidad cultural de indígena procesado por la jurisdicción
ordinaria
Los indígenas tienen derecho a la aplicación de
un enfoque diferencial en materia carcelaria y penitenciaria que les permita
garantizar la protección y permanencia de sus costumbres y tradiciones étnicas.
Esto implica que los indígenas que se encuentran recluidos en un
establecimiento penitenciario ordinario por disposición de la máxima autoridad
de su resguardo o por no haber cumplido los presupuestos jurisprudenciales para
acceder al fuero especial, tienen derecho a pagar su condena en un pabellón
especial que les garantice la protección de su derecho fundamental a la
identidad cultural.
DERECHO A LA IDENTIDAD CULTURAL DE MIEMBRO DE COMUNIDAD INDIGENA
PRIVADO DE LA LIBERTAD-Podrá solicitar, previa autorización de autoridad
de comunidad indígena, cumplir pena al interior de su territorio, siempre y
cuando el mismo cuente con las instalaciones necesarias para el cumplimiento de
la pena
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
por desconocimiento del precedente constitucional relativo al traslado de los
indígenas a sus resguardos para el cumplimiento de la pena impuesta por la
jurisdicción ordinaria
Existe una
línea jurisprudencial consolidada que establece que cuando una persona indígena
se encuentra recluida en un establecimiento penitenciario ordinario se deben
adoptar medidas de protección que garanticen la conservación de sus costumbres
y de su identidad cultural, entre las que se encuentra el cumplimiento de la
pena impuesta en su resguardo.
DERECHO A LA IDENTIDAD CULTURAL Y AL DEBIDO
PROCESO-Orden de trasladar a la accionante a su comunidad indígena para
terminar de cumplir la condena privativa de la libertad que le impuso la
justicia ordinaria
DERECHO A
LA IDENTIDAD CULTURAL Y AL DEBIDO PROCESO-Se exhorta al Presidente de la
República, al Ministro de Justicia y del Derecho, y al Presidente del Congreso
de la República para que regulen lo relativo a la privación de la libertad de
personas pertenecientes a comunidades indígenas
Referencia:
Expediente T-5578227
Acción de tutela presentada por Diocelina Osorio Docresama, mediante
apoderado judicial, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pereira y el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Pereira.
Magistrada
Ponente:
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., veinte (20) de
septiembre de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María
Victoria Calle Correa y los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y
Alejandro Linares Cantillo, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,
y previo el cumplimiento de los requisitos y trámites legales y reglamentarios,
ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
En el proceso de revisión de las
decisiones judiciales proferidas, en primera instancia, por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia el diez (10) de marzo de dos mil
dieciséis (2016) y, en segunda instancia, por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia el cinco (05) de mayo de dos mil dieciséis (2016), en
el proceso de tutela iniciado por Diocelina Osorio Docresama, actuando mediante
apoderado judicial, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pereira y el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Pereira.
El proceso de la referencia fue
seleccionado para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Seis de
la Corte Constitucional, mediante auto proferido el catorce (14) de junio de dos
mil dieciséis (2016).
I.
DEMANDA
Y SOLICITUD
La accionante,
actuando mediante apoderado judicial adscrito a la Defensoría del Pueblo
regional Risaralda, presentó acción de tutela contra la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pereira y el Juzgado Tercero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira porque a su juicio, las autoridades
judiciales desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y el acceso a la administración de justicia, al no permitirle cumplir,
dentro de su resguardo indígena, la pena privativa de la libertad que la
jurisdicción penal ordinaria le impuso por la comisión del delito de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes. En consecuencia, solicitó que se le
permitiera purgar la pena en su territorio indígena de origen.
1. La
accionante funda su solicitud de tutela en los siguientes hechos
1.1. Diocelina Osorio Docresama,
madre de dos menores de edad,[1]
hace parte de la comunidad indígena Surdé -perteneciente al Resguardo Embera
Chamí-[2]
ubicada en la vereda El Vergel del municipio de Ansermanuevo (Valle del Cauca).[3]
1.2. El cuatro (4) de febrero de
dos mil trece (2013), en un procedimiento rutinario de control desarrollado por
la Policía Nacional en la carretera que comunica los municipios de Apía y
Pueblo Rico (Risaralda), la señora Osorio Docresama fue capturada por tener en
su poder 110 gramos de cocaína camuflados en un producto alimenticio.[4]
1.3. El Juzgado Promiscuo del
Circuito de Apía (Risaralda), mediante sentencia del veintinueve (29) de enero
de dos mil catorce (2014), [5]
declaró a la accionante responsable penalmente por el delito de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes y la condenó a la pena de setenta y
cinco meses de prisión en establecimiento carcelario y al pago de una multa de
un millón ciento setenta y nueve mil pesos ($1.179.000).[6]
1.4. Una vez ejecutoriada la
sentencia, la señora Osorio Docresama fue trasladada al Establecimiento Penitenciario
La Badea, ubicado en el municipio de Dosquebradas (Risaralda). El Juzgado Tercero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira asumió el control y la
vigilancia de la pena impuesta.
1.5. El veinte (20) de abril de
dos mil quince (2015), el defensor público de la señora Diocelina le solicitó al
juez de ejecución de penas que le permitiera a la condenada cumplir en el lugar
destinado por su comunidad indígena la pena de prisión impuesta.
1.6. Mediante auto interlocutorio
No. 671 del veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015), el Juzgado
Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira negó el
traslado de la accionante a su resguardo indígena. Consideró que si bien el
artículo 96 de la Ley 1709 de 2014[7]
pretendió definir “las condiciones de reclusión y resocialización para
miembros de los pueblos indígenas”, la falta de regulación por parte del Presidente de la República sobre
la materia en el término legal dispuesto para tal fin, impedía acceder a lo
pretendido por la señora Osorio Docresama.
Reconoció que “existen
algunos pronunciamientos [de la Corte Constitucional] acerca del aludido
tema, en los que incluso se dan algunas pautas para la privación de la libertad
de los indígenas procesados por la justicia ordinaria, entre ellos la sentencia
T-921 del 2013[8]”.
No obstante, concluyó que dada la existencia de un mandato legal posterior,
no podía darse aplicación al precedente sino que debía estarse a lo resuelto
por el Gobierno Nacional en el decreto con fuerza de ley que regulara todo lo
relativo a la privación de la libertad de los miembros indígenas. Esta decisión
fue impugnada por la defensora pública de la accionante.
1.7. El diez
(10) de agosto de dos mil quince (2015), la Sala Penal del Tribunal Superior de
Pereira decidió confirmar la decisión del Juzgado de Ejecución de Penas.[9]
Después de analizar el contenido del artículo 96 de la Ley 1709 de 2014,[10]
concluyó que la reclusión de personas que hacen parte de las comunidades
indígenas, afro, raizales y palenqueras en establecimientos carcelarios ordinarios,
tiene un gran impacto en su identidad cultural e idiosincrasia, ya que son sometidos
a costumbres y personas ajenas a su etnia. Sin embargo, consideró que al no
existir una norma que regule la privación de la libertad de pueblos indígenas
se deben aplicar integralmente las disposiciones del Código de Procedimiento
Penal y del Código Penitenciario y Carcelario.
En cuanto a la
aplicación de las subreglas desarrolladas por la jurisprudencia constitucional
sobre la materia, consideró que en el caso concreto no se cumplían dos de los
presupuestos contemplados en la sentencia T-921 de 2013 para acceder a lo
pretendido, esto es, que la máxima autoridad de la comunidad indígena (i) manifestara
su compromiso de cumplir la pena dentro de su territorio y (ii) acreditara que
el asentamiento “cuenta con las instalaciones idóneas para garantizar la
privación de la libertad en condiciones dignas y con vigilancia de su
seguridad”, toda vez que el Gobernador de la comunidad indígena a la que
pertenece la accionante, según la Sala, solo cuestionó la competencia de la
jurisdicción ordinaria para condenar a la ya procesada, lo cual, “resulta
totalmente extemporáneo si se tiene en cuenta que el caso se encuentra en
ejecución de la sentencia condenatoria”.
Finalmente, la
Sala sostuvo que, a su juicio, persisten dudas respecto a la obligatoriedad del
precedente constitucional aplicable al asunto estudiado porque “las
subreglas establecidas por el Alto Tribunal generaron una normatividad que el
Estado aún no ha expedido y la sentencia solo tiene efectos interpartes”.
1.8. En
desacuerdo con lo decidido, el veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciséis
(2016), la señora Diocelina Osorio Docresama, actuando mediante apoderado
judicial adscrito a la Defensoría del Pueblo regional Risaralda, presentó
acción de tutela contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pereira y el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Pereira porque a su juicio, las autoridades judiciales desconocieron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y el acceso a la
administración de justicia, por negarle cumplir en el lugar destinado por su
resguardo indígena, la condena de prisión que la jurisdicción penal ordinaria
le impuso. Entre los documentos que aportó a la tutela se encuentra un escrito
firmado por el Gobernador de la comunidad indígena Surdé -perteneciente al Resguardo
Embera Chamí-, el señor Fernando José Aizama Osorio, en el que se manifestó lo
siguiente:
“(i) Que
la señora Diocelina Osorio Docresama, pertenece a la comunidad indígena Embera
Chamí. (ii) Como Gobernador, me comprometo a que esta prisión, se
cumplirá en nuestro territorio. (iii) Para lo anterior, el juez podrá
verificar en visita hecha a nuestro territorio, que tenemos las instalaciones
idóneas para garantizar la privación de la libertad en condiciones dignas. (iv)
Que tenemos la guardia indígena que puede prestarle la vigilancia y la seguridad.
(v) Que podemos garantizar las visitas que el INPEC quiera realizar al
territorio para verificar que la sentenciada se encuentra efectivamente privada
de la libertad y cumple con la pena. (vi) Me someto atender y
suministrar a las demás requisitos y/o preguntas que quiera hacerme el juez
para lo que podrá ubicarme en […]”[11].
La única
pretensión de la accionante es que se le traslade al lugar destinado por su
comunidad indígena Surdé, Resguardo Embera Chamí, para cumplir la pena que le
impuso la jurisdicción ordinaria penal.
2.  Actuaciones
y decisión del juez de tutela de primera instancia
2.1. La Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de tutela de la referencia y
decidió vincular al Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Risaralda), a la
Junta Directiva de la Comunidad Embera Chamí -a través de la Organización
Regional Indígena del Valle del Cauca- y a las partes e intervinientes
reconocidas en el escrito de tutela. El dos (2) de marzo de dos mil dieciséis
(2016), el Juez Promiscuo de Apía (Risaralda) presentó escrito en el que hizo un
breve recuento de su actuación como juez de conocimiento en el proceso penal
que se adelantó contra la señora Osorio Docresama y detalló la pena que se le
impuso. Respecto a la petición de traslado elevada por la accionante, el Juez
informó que no tuvo conocimiento de la misma y por ende no emitió ningún
pronunciamiento dentro de esa actuación.[12]
2.2. Mediante sentencia del diez
(10) de marzo de dos mil dieciséis (2016), la Sala de Casación Penal decidió
negar la protección reclamada. Según la Sala, “las decisiones judiciales
objeto de reproche estuvieron precedidas del análisis serio y ponderado de la
controversia planteada, y la interpretación de la normativa pertinente, lo que
conllevó la conclusión sobre la imposibilidad de acceder a la pretensión
elevada por la memorialista”. Consideró que los motivos expuestos por las
autoridades judiciales no resultan caprichosos o arbitrarios. Por el contrario,
se ajustan a derecho ya que se fundamentan en disposiciones legales y
jurisprudenciales sobre la materia. Finalmente, la Sala señaló que en virtud
del principio de la autonomía de la función jurisdiccional, el juez de tutela
no puede “inmiscuirse en providencias como la controvertida, que hizo
tránsito a cosa juzgada, sólo porque la demandante no comparte o tiene una
comprensión diversa a la concretada [por el juez
ordinario]”.
3.
Impugnación
El diecisiete
(17) de marzo de dos mil dieciséis (2016), el defensor público de la accionante
presentó escrito de impugnación. A su juicio, lo que se pretendía con la acción
de tutela no era cuestionar si el análisis que se desplegó en las decisiones
judiciales controvertidas había sido “serio y ponderado”, sino que se
determinara si los jueces accionados habían vulnerado las garantías
fundamentales de la señora Osorio Docresama al debido proceso, la igualdad y el
libre acceso a la administración de justicia por “haberse apartado del
precedente jurisprudencial constitucional sin ofrecer un mínimo razonable de
interpretación [y haber] desbordado su discrecionalidad interpretativa
en perjuicio de los derechos fundamentales de la [accionante]” bajo
el argumento que una norma legal no había sido reglamentada por el Gobierno
Nacional. Por último, señaló que en distintos pronunciamientos, esta
Corporación ha precisado que la aplicación de la jurisprudencia constitucional
es obligatoria.[13]
4.   Decisión del juez de tutela de segunda instancia
La Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del cinco (05) de mayo de dos mil
dieciséis (2016), resolvió confirmar el fallo recurrido por considerar que la
decisión que resolvió de manera definitiva la solicitud de la accionante se
motivó adecuadamente mediante una razonada interpretación de las normas. En ese
sentido, concluyó que la pretensión de la accionante se fundó exclusivamente en
un disenso subjetivo de lo decidido, lo cual, excede el ámbito del juez de
tutela.
5. Pruebas aportadas por la
accionante y valoradas por los jueces de instancia
Se aportaron como pruebas al
trámite de tutela los siguientes documentos: (i) copia del carné que acredita a
Fernando José Aizama Osorio como miembro de la comunidad indígena Surdé, Resguardo
Embera Chamí;[14]
(ii) reglamento interno de la comunidad indígena Surdé del Resguardo Embera
Chamí;[15]
(iii) copia del certificado de reconocimiento de la comunidad indígena
Surdé expedido por la Organización Regional Indígena Valle del Cauca (ORIVAC)
el veintidós (22) de julio de dos mil diez (2010);[16] (iv) solicitud de
traslado de la señora Osorio Docresama a su comunidad indígena hecha al juez de
tutela por el Gobernador Indígena, el señor Fernando José Aizama Osorio;[17] (v) copia
del auto interlocutorio No.671 del veintidós (22) de abril de dos mil quince
(2015) proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Pereira;[18]
(vi) Copia del auto interlocutorio No. 469 del diez (10) de agosto de
dos mil quince (2015) proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Pereira;[19]
(vii) copia del carné que acredita a Diocelina Osorio Docresama
como miembro de la comunidad indígena Surdé del Resguardo Embera Chamí;[20] (viii) copia
de la cédula de ciudadanía del señor Fernando José Aizama Osorio[21] y (ix) copia
del poder otorgado por Diocelina Osorio Docresama al abogado Gustavo Ríos
Bedoya.[22]
6. Actuaciones surtidas en sede
de revisión
El
quince (15) de julio de dos mil dieciséis (2016), mediante correo electrónico,
el apoderado de la accionante remitió copia de (i) la sentencia proferida por
el Juzgado Promiscuo Municipal de Apía (Risaralda) en la que se condenó
penalmente a la accionante por la comisión del delito de tráfico, fabricación y
porte de estupefacientes;[23]
(ii) del certificado firmado por la Personera municipal de Ansermanuevo (Valle
del Cauca) en el que se hace constar que “en el corregimiento El Vergel,
ubicado dentro de la jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del
Cauca, se encuentra ubicada la parcialidad indígena “Sordé” reconocida y
afiliada ante la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca “ORIVAC”,
perteneciente a la etnia Embera Chamí, de la cual según censo poblacional
correspondiente al año 2012, hace parte la señora DIOCELINA OSORIO DOCRESAMA,
identificada con cédula de ciudadanía No. 25.001.283”; [24] y (iii) de
la constancia firmada por el Gobernador de la comunidad indígena Surdé, el
señor Fernando José Aizama Osorio, en la que “la señora DIOCELINA OSORIO
DOCRESAMA, identificada con cédula de ciudadanía No. […] pertenece a la
comunidad indígena del asentamiento de Surdé, ubicado en el corregimiento El
Vergel del municipio de Ansermonuevo (Valle del Cauca), hace diez (10) años.
Quien convive con sus dos hijos menores de edad [nombre de los menores].
También se brinda testimonio que en el tiempo que la señora Diocelina Osorio se
encontró en la comunidad indígena nunca presentó dificultades de convivencia.”[25]
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión es competente para revisar los fallos de
tutela proferidos dentro del trámite de referencia, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso y
planteamiento del problema jurídico
2.1. La
accionante, a través de defensor público, presentó acción de tutela por
considerar que las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y el acceso a la administración
de justicia, al no permitirle cumplir en el resguardo al que pertenece, la pena
privativa de la libertad que la jurisdicción penal ordinaria le impuso. Por su
parte, las autoridades judiciales demandadas consideraron que si bien existe un
precedente de la Corte Constitucional sobre la materia, que admite esa
posibilidad bajo determinadas condiciones, éste no puede ser aplicado porque (i)
no tiene carácter vinculante, pues sus efectos son inter partes y, (ii)
existe una norma posterior relativa a las condiciones de reclusión y
resocialización para miembros de los pueblos indígenas y otras comunidades que
somete su aplicación a la existencia de una regulación por parte del Gobierno
Nacional, que hasta la fecha no se ha efectuado.
2.2. Antes de plantear el
problema jurídico, resulta necesario realizar una aclaración metodológica:
En el ámbito de la tutela contra
providencia judicial, esta Corte ha señalado que los accionantes deben asumir
una carga argumentativa mínima, pues aunque la tutela no es una acción de
naturaleza formal o técnica, el respeto por la autonomía e independencia de los
jueces sí exige que el interesado brinde suficientes razones para la creación
de un problema de constitucionalidad. Cumplida la exigencia de construir una
discusión relevante desde el punto de vista de los derechos fundamentales, el
juez de tutela cuenta con la posibilidad de aplicar los principios iura
novit curia, y fallar ultra o extra petita, como se explicó en la decisión
de unificación SU-195 de 2012.[26]
En este trámite, los
peticionarios identifican como autoridad y acto de los que surge la violación
de sus derechos al juez de ejecución de penas y a la providencia que negó a la
peticionaria la posibilidad de traslado al resguardo para el cumplimiento de la
pena impuesta por la justicia ordinaria. Ni el Gobernador del cabildo de ese
resguardo, ni la señora Diocelina, elevan argumento alguno de inconformidad
contra la decisión del juez penal de conocimiento y la sentencia por la que fue
hallada responsable del delito de tráfico de armas. En consecuencia, la Sala no
analizará aspectos relacionados con ese fallo (como la competencia de la
justicia ordinaria o el contenido de la sentencia condenatoria), sino que
enfocará su análisis en el problema relativo a dónde debe cumplir la pena la
accionante[27].
2.3. Teniendo en cuenta que tanto
la solicitud de la accionante en su escrito de tutela como la del Gobernador
del Cabildo ante el juez de ejecución de penas se centran exclusivamente en la
posibilidad que la señora Osorio Docresama cumpla en su resguardo la pena
privativa de la libertad impuesta por la jurisdicción ordinaria, la Sala
analizará las decisiones que se adoptaron en el trámite de la ejecución de la
pena.
2.4. En ese contexto, corresponde
a la Sala resolver el siguiente problema jurídico: ¿una autoridad judicial
vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia y a la identidad cultural de una persona
indígena al negarle cumplir la pena que le impuso la jurisdicción ordinaria en
su resguardo indígena por la falta de reglamentación por parte del Gobierno
Nacional de la norma que regula las condiciones de reclusión y resocialización
para miembros de los pueblos indígenas, aun cuando el precedente constitucional
ha definido los presupuestos para acceder a ese beneficio?
2.5. Con el propósito de resolver
la cuestión de constitucionalidad, la Sala examinará si la acción de tutela
presentada por la señora Diocelina Osorio Docresama es procedente para censurar
las providencias judiciales referenciadas; y luego, de cumplirse los requisitos
generales de procedibilidad, verificará si efectivamente las autoridades
judiciales demandadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por la
accionante, partiendo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
3. La acción de tutela
presentada por Diocelina Osorio Docresama, a través de apoderado judicial,
contra el juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Pereira y la Sala Penal del
Tribunal Superior de Pereira cumple las condiciones generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra decisiones judiciales
3.1. El artículo 86 de la Carta
establece que los ciudadanos pueden acudir a la acción de tutela cuando sus
derechos fundamentales “resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública”. En tanto los jueces son autoridades públicas y algunas de sus acciones toman la forma de providencias, si con una de ellas
se amenazan o violan derechos fundamentales, la acción de tutela es procedente
para solicitar la protección de los mismos.
3.2. Desde la sentencia C-543 de
1992,[28]
esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela procede contra
providencias judiciales si de manera excepcional se verifica que la autoridad
que la profirió incurrió en una vía de hecho.[29] Actualmente, tras un
desarrollo jurisprudencial que decantó esta postura, dentro del cual debe
mencionarse la sentencia C-590 de 2005,[30]
se sustituyó el concepto de vía de hecho por el de causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
3.3. Según esta doctrina, la
tutela contra providencias judiciales está llamada a prosperar siempre y cuando
satisfaga una serie de condiciones. En primer lugar, la acción de tutela debe
cumplir con unos requisitos de procedibilidad generales, a saber: (i) si
la problemática tiene relevancia constitucional; (ii) si han sido agotados
todos los recursos ordinarios o extraordinarios de defensa de los derechos, a
menos que se trate de impedir un perjuicio irremediable o que los recursos sean
ineficaces en las circunstancias particulares del peticionario; (iii) si se
cumple el requisito de la inmediatez (que haya transcurrido un tiempo razonable
desde el hecho que originó la violación y la solicitud de amparo); (iv) si se
trata de irregularidades procesales, que ellas hubieran tenido incidencia en la
decisión cuestionada, salvo que de suyo afecten gravemente los derechos
fundamentales; (v) si el actor identifica debidamente los hechos que originaron
la violación, así como los derechos vulnerados y si (de haber sido posible) lo
mencionó oportunamente en las instancias del proceso ordinario o contencioso;
(vi) si la providencia impugnada no es una sentencia de tutela.[31]
La Sala observa que en el caso
objeto de revisión concurren los requisitos generales de procedibilidad ya
mencionados, por lo que la acción de tutela presentada por Diocelina Osorio
Docresama, a través de apoderado judicial, es apta para controvertir las sentencias
proferidas por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Pereira y la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira.
3.4. De manera que, (i) la cuestión debatida resulta de evidente relevancia
constitucional, toda vez que se discute si las autoridades judiciales
demandadas desconocieron los derechos fundamentales al debido proceso, la
igualdad y la autonomía e integridad cultural de la accionante por negarle cumplir
la condena de prisión que la jurisdicción penal ordinaria le impuso en el lugar
destinado por su resguardo indígena bajo el argumento que el Gobierno Nacional
no había regulado las condiciones de reclusión y resocialización para los
miembros indígenas, lo que demuestra la incidencia directa en la eficacia de un
amplio conjunto de derechos constitucionales. Además, el asunto objeto de
estudio genera una discusión relativa a las bases del sistema colombiano,
concebido como diverso, respetuoso de la igualdad en la diferencia, pluralista
y multicultural. El requisito se encuentra cumplido.
3.5. Igualmente, (ii) la
accionante agotó todos los recursos idóneos y eficaces para la
protección de sus derechos fundamentales. Como se precisó en el acápite de
hechos, la decisión del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Pereira, que negó el cumplimiento de la pena impuesta a la
accionante en su resguardo indígena, fue apelada por su defensor público y,
posteriormente, confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pereira. Al respecto, la sentencia T-975 de 2014,[32] citada con anterioridad,
determinó que en este tipo de casos “[el afectado] no cuenta con otro
instrumento que [le] permita solicitar el cumplimiento de la pena al
interior de su resguardo.”
En
consecuencia, puede afirmarse que la señora Osorio Docresama agotó todos los
medios de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales,
por lo que debe entenderse satisfecho este requisito.
3.6. En lo relativo al principio de inmediatez, esta Corporación
ha concluido que “no existe una definición de antemano, con vocación general,
de la razonabilidad y proporcionalidad para el tiempo de presentación de la
acción de tutela contra providencias judiciales. De allí que sea deber del juez
constitucional analizar, en cada caso particular, si la solicitud de amparo fue
presentada dentro de un término que revista dichas características.”[33]
Para facilitar esta tarea, la sentencia T-1028 de 2010[34]
estableció una serie de circunstancias en las que la tutela resultaba
procedente aun cuando no se hubiera interpuesto en un tiempo “considerable”,
entre las que se encuentra:
“Cuando
a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación
desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es
actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia
de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la
acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de
derechos fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata.”
En el caso concreto, (iii) la Sala advierte que la acción de tutela cumple
con este presupuesto ya que aun cuando transcurrieron 6 meses entre la fecha en
que la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira confirmó la decisión de
primera instancia que negaba la solicitud de traslado de la señora Osorio
Docresama, diez (10) de agosto de dos mil quince (2015), y en la que se
presentó la acción de tutela, veintiséis (26) de febrero
de dos mil dieciséis (2016), la amenaza de los derechos fundamentales de la
accionante se encontraba vigente.
3.7. Por lo demás, la Sala observa que (iv) la accionante en su
solicitud no alega una irregularidad procesal, sino que las sentencias
censuradas incurrieron en un defecto sustantivo por desconocer el precedente
jurisprudencial sobre la materia. Por lo tanto, puede concluirse que la señora
Osorio no pretende esgrimir
nuevos argumentos o exhibir elementos de prueba adicionales a los que presentó
ante el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y la Sala
Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad. Por último, (vi) en este caso
está claro que la providencia censurada no es una sentencia de tutela.
Después de verificar el cumplimiento de los
requisitos de
carácter general que habilitan la viabilidad procesal del amparo,[35] la Sala
procederá a determinar si se configura alguna de las causales especiales de
procedibilidad, puntualmente, el desconocimiento del precedente constitucional.
4. Defecto por desconocimiento
del precedente jurisprudencial como causal autónoma y específica de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial. Reiteración
jurisprudencial
4.1. Aunque en
algunas decisiones en las que se comenzó a perfilar el alcance del
desconocimiento del precedente esta Corporación indicó
que se trataba de una hipótesis de defecto sustantivo, o se confundía con este
último, en la medida que apartarse de un precedente implica desconocer la
interpretación judicial de las normas legales. Sin embargo, al sistematizar la
jurisprudencia sobre las causales especiales o materiales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005[36] definió el
desconocimiento del precedente como un defecto autónomo e independiente del defecto
sustantivo. Al respecto la sentencia precisó:
“En este
sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos
que adelante se explican. […] d. Defecto material o sustantivo, como son los
casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión. […] h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.”
A propósito, la sentencia SU-432
de 2015[37]
indicó que “[l]a concepción inicial del desconocimiento del
precedente como defecto sustantivo explica que aun actualmente, en ciertas
ocasiones, las Salas de Revisión presenten este yerro como una hipótesis de
defecto sustantivo, mientras que en otras se conciba de manera independiente”. Sostuvo
que si bien esa distinción no representaba un desacuerdo jurisprudencial de
especial trascendencia, el manejo independiente del defecto otorgaba algunas
ventajas hermenéuticas:
“[i] La
naturaleza de la violación iusfundamental es clara cuando se incurre en este
defecto, en tanto su relación con el principio de igualdad explica
perfectamente cuándo el juez ha efectuado una distinción legítima, y cuándo ha
violado las normas jurisprudenciales que lo vinculan. [ii] Si bien la ley y el
precedente son objetos de interpretación judicial, las herramientas apropiadas
para ese ejercicio son diversas en cada caso, así que desde un punto de vista
técnico sea adecuada su concepción autónoma. Esto se evidencia especialmente en
los conceptos de ratio decidendi y obiter dicta, esenciales en la
interpretación del precedente, pero innecesarios en la interpretación y
aplicación de las normas legales. [iii] Las cargas de argumentación que debe
asumir un juez al momento de aplicar, interpretar o apartarse de un precedente
se encuentran descritas con relativa amplitud por la jurisprudencia
constitucional, de manera que mezclar su estudio con el del defecto sustantivo
puede generar más confusión que beneficios entre los operadores jurídicos. [Y
finalmente, iv] la independencia del defecto contribuye en la definición del
remedio judicial, el cual debe dirigirse a la protección del derecho a la
igualdad, o al cumplimiento de las cargas argumentativas necesarias para un
abandono legítimo del precedente, cuando ello resulte procedente.”
4.2.
La figura del precedente jurisprudencial ha sido definida por esta Corporación como
“aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un
caso nuevo [en cuanto a] los patrones fácticos y
problemas jurídicos, y en las que [se] ha fijado una regla para resolver
la controversia, que sirve también para resolver el nuevo caso.”[38]
Su fuerza vinculante tiene como propósito garantizar en los procesos
judiciales la materialización de ciertos principios constitucionales como la
igualdad, la buena fe y la confianza, además de otorgar seguridad jurídica a
los asociados.
4.3. En relación
con el principio de igualdad, la sentencia T-123 de 1995[39] señaló que “es
razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la aplicación de la ley,
que los jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse
de la línea jurisprudencial trazada por las altas cortes, [lo pueden hacer]
siempre que justifiquen de manera suficiente y adecuada su decisión, pues,
de lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art.13).”, es
decir, la aplicación de este principio en el ejercicio de la función judicial
exige tratar de manera igual casos sustancialmente iguales. Por su parte, el
reconocimiento de los principios de buena fe y confianza legítima en la
solución de un caso de acuerdo al precedente implica respetar las expectativas
de solución que han generado las decisiones previas. Finalmente, en cuanto a la
seguridad jurídica y la disciplina judicial, recurrir al precedente permite que
las sentencias sean “razonablemente previsibles” y que “exista un
mínimo de coherencia en el sistema judicial”. [40]
4.4. La
sentencia T-158 de 2006 definió tres presupuestos esenciales para solucionar un
caso conforme al precedente judicial. Primero, que “los hechos relevantes
que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho
que enmarcan el caso pasado”, segundo, que “la consecuencia jurídica
aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso
presente” y, finalmente, que “la regla jurisprudencial no [haya] sido
[modificada].”[41]
4.5. De acuerdo
con el artículo 241 de la Constitución Política, a la Corte Constitucional se
le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución como norma
de normas (art. 4° C.P.). Esto implica que las sentencias de constitucionalidad
y de tutela que esta Corporación profiere en virtud de la calidad de intérprete
autorizado de la Carta, determinan el alcance de los derechos fundamentales.
Respecto a la obligatoriedad y el acatamiento del precedente constitucional, la
sentencia T-656 de 2011[42]
precisó:
“[…] el deber de acatamiento del precedente judicial se hace más
estricto cuando se trata de jurisprudencia constitucional, en la medida en que
la normas de la Carta Política tienen el máximo nivel de jerarquía dentro del
sistema de fuentes del derecho, de modo que las decisiones que determinan su
alcance y contenido se tornan ineludibles para la administración. No entenderlo
así, resulta contrario a la vigencia del principio de supremacía
constitucional”.
4.6. A propósito
del desconocimiento de los precedentes fijados por esta Corporación, la
sentencia SU-918 de 2013[43]
estableció que se desconoce el precedente constitucional cuando (i) se aplica
las normas que han sido declaradas inexequibles por las sentencias de control
abstracto de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de
las sentencias de control de constitucionalidad, especialmente cuando la Corte
señala la interpretación de la norma que debe acogerse de acuerdo con la Carta
Política, (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de
exequibilidad condicionada y (iv) se desconoce el alcance de los derechos
fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi
de sus sentencias de revisión de tutela.[44]
Sin embargo, con
el fin de armonizar la obligatoriedad del precedente con los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial, esta Corporación ha
reconocido que los jueces se pueden apartar excepcionalmente del rumbo trazado
por el precedente, siempre que lo identifiquen adecuadamente, expliquen por qué
consideran que una decisión distinta se ajusta mejor a los mandatos de la
Constitución Política, y asuman la carga de explicar por qué es válido el
sacrificio que la nueva decisión supone en los principios de igualdad, confianza
legítima, seguridad jurídica y unidad en la interpretación.[45]
4.7. Por lo
demás, puede concluirse que cuando el  juez desconoce o se aparta de un precedente
jurisprudencial, sin asumir las cargas argumentativas descritas, “desborda
su discrecionalidad interpretativa en perjuicio de los derechos fundamentales
de los asociados”[46],
de manera que se configura una causal autónoma y especifica de procedibilidad
de la tutela contra providencia judicial.
La Sala entrará
a estudiar el precedente jurisprudencial constitucional relativo al enfoque
diferencial que la Constitución Política otorgó a favor de los miembros de las
comunidades indígenas.
5. Protección
del derecho fundamental a la identidad cultural, la diversidad étnica y cultural
de los indígenas privados de la libertad –principio de enfoque diferencial-.
Reiteración jurisprudencial
5.1. El artículo
246 de la Constitución Política reconoció a favor de las comunidades indígenas
una competencia jurisdiccional especial dentro de su ámbito territorial, de
conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean
contrarios a la Constitución y las leyes de nuestro país, es decir, que no desconozcan
las garantías fundamentales que tiene toda persona a la vida, la prohibición a
la desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes (art. 12 C.P.).[47]
Además, determinó que la ley establecería las formas de coordinación de esta
jurisdicción especial con el sistema ordinario judicial.
A pesar de ello,
al día de hoy la ley de coordinación no ha sido proferida por el Congreso,
razón por la cual, la jurisprudencia constitucional ha ido definiendo, caso a
caso, un conjunto de subreglas aplicables al momento de definir los límites a
la justicia indígena y los modos de coordinación entre el sistema mayoritario y
el derecho propio de los pueblos indígenas.
En este caso,
según se expresó al definir el problema jurídico a resolver, no se analizará la
validez de la decisión penal adoptada por la justicia mayoritaria, sino la
viabilidad del traslado al resguardo, uno de los aspectos en los que el Estado
viene realizando esfuerzos para establecer mecanismos adecuados de
coordinación, y en el que la jurisprudencia ha definido estándares y subreglas
plenamente definidas.
Para comenzar,
teniendo en cuenta el principio de diversidad cultural, el mandato de igualdad
material y el enfoque diferencial frente a ciertos sujetos de especial
protección constitucional, contenidos en la Carta Política, el Congreso de la
República incorporó en el artículo 29 de la Ley 65 de 1993,[48] por la cual
se expidió el Código Penitenciario y Carcelario, las hipótesis en las que el
tratamiento penitenciario debe adecuarse a las condiciones personales de los
peticionarios, no como un privilegio, sino como una exigencia de la igualdad,
pues el tratamiento ordinario supondría una lesión y un impacto diferencial a
sus derechos fundamentales. Entre estas hipótesis se encuentra aquella en la
que la persona que debe cumplir la pena defiende una identidad étnica diversa:
“Cuando el hecho punible haya sido cometido por personal del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, funcionarios y empleados de la
Justicia Penal, Cuerpo de Policía Judicial y del Ministerio Público, servidores
públicos de elección popular, por funcionarios que gocen de fuero legal o
constitucional, ancianos o indígenas, la detención preventiva se llevará
a cabo en establecimientos especiales o en instalaciones proporcionadas por el
Estado. Esta situación se extiende a los ex servidores públicos respectivos.” (Destaca
la Sala)
5.2. La anterior
disposición fue demandada por inconstitucional. A juicio del ciudadano, establecer
este tipo de distinciones transgredía el principio de igualdad contemplado en
el artículo 13 Superior. Mediante la sentencia C-394 de 1995,[49] la Sala
Plena decidió declarar exequible el artículo demandado. Sostuvo que la
reclusión de indígenas en establecimientos penitenciarios corrientes implicaría
una amenaza a sus tradiciones y costumbres “que gozan de reconocimiento
constitucional; de ahí que se justifique su reclusión en establecimientos
especiales.”
5.3. En marzo de
2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cumplimiento del literal
b del artículo 41 del Pacto de San José de Costa Rica[50] aprobado por
el Congreso de Colombia a través de la Ley 16 de 1972,[51]    recomendó
a los gobiernos de los Estados partes la implementación de “Principios y
buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad”.[52]
El principio III de la recomendación que trata sobre la libertad
personal establece que “[c]uando se impongan sanciones penales
previstas por la legislación general a miembros de los pueblos indígenas,
deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento
conforme a la justicia consuetudinaria y en consonancia con la legislación
vigente”.
5.4. Por su
parte, el artículo 2° de la Ley 1709 de 2014[53]
añadió al Código Penitenciario y Carcelario desarrolló con mayor precisión el
concepto de enfoque diferencial en el sistema carcelario, al reconocer que “hay
poblaciones con características particulares en razón de su edad, género,
religión, identidad de género, orientación sexual, raza, etnia, situación de
discapacidad y cualquiera otra. Por tal razón, las medidas penitenciarias
contenidas en la presente ley, contarán con dicho enfoque.”
5.5. En atención
a las disposiciones normativas de rango constitucional y legal descritas, esta
Corporación ha concluido que la aplicación del enfoque diferencial en materia
carcelaria y penitenciaria a favor de un indígena garantiza la protección de su
derecho fundamental a la identidad cultural, toda vez que “conduce
efectivamente a proteger [sus] costumbres, tradiciones y diferentes cosmovisiones”[54]
e impide que estas desaparezcan, mediante la integración forzosa a las
costumbres y tradiciones de la cultura mayoritaria.
La protección de
los principios de diversidad cultural, igualdad y pluralismo, en el ámbito del
cumplimiento de la pena ha sido abordada bajo dos líneas distintas en la
jurisprudencia constitucional, a saber (i) en torno al derecho a permanecer en
pabellones especiales dentro de establecimientos penitenciarios ordinarios[55];
o (ii) permitir a las personas con identidad étnica indígenas condenadas por la
justicia ordinaria, el cumplimiento de la pena en el resguardo (o viceversa). A
continuación, la Sala profundizará en cada una de estas hipótesis.
5.5.1.
Reclusión de indígenas en establecimientos penitenciarios ordinarios que
cuenten con pabellones especiales que garanticen la conservación de sus
costumbres y tradiciones.
5.5.1.1. Este
Tribunal ha establecido que una persona indígena puede ser recluida en un
establecimiento penitenciario corriente cuando (i) ha sido juzgada y
condenada por la jurisdicción penal ordinaria, suponiendo que se cumplen los
factores de competencia personal, territorial y objetivo, para el
efecto, o (ii) cuando, en virtud del dialogo intercultural entre
las jurisdicciones especial y ordinaria, la autoridad indígena que impone la
pena privativa de la libertad así lo determina. En relación con este último
supuesto y debido a la ausencia de una ley que establezca las formas de coordinación
entre ambas jurisdicciones, esta Corporación ha fijado ciertas pautas que
tienen como propósito el que el traslado de un ámbito cultural a otro se base
en un dialogo intercultural, lo más vigoroso posible. En ambos
casos, el establecimiento penitenciario ordinario debe contar con un pabellón
especial que le permita al indígena privado de la libertad proteger y conservar
sus costumbres y tradiciones.[56]
5.5.1.2. En la
sentencia T-239 de 2002,[57]
la Corte revisó el caso de un ciudadano indígena que se encontraba recluido en
un establecimiento carcelario de la justicia ordinaria, por decisión de las
autoridades de su comunidad. La Corte se preguntó si un ciudadano indígena
sancionado por su autoridad tradicional con la pena privativa de la libertad,
podía cumplir la condena en las cárceles de la jurisdicción ordinaria. Señaló
que si bien la Carta Política establece que le corresponde a la ley fijar las
formas de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y el sistema
judicial nacional, la ausencia de una norma no era óbice para la aplicación y
el reconocimiento de las decisiones que adopten las comunidades indígenas. Concluyó
que le corresponde al juez constitucional determinar la forma de coordinación
entre las autoridades.
5.5.1.3. En un
caso similar, con fundamento en el anterior pronunciamiento, la sentencia
T-1026 de 2008[58]
determinó que siempre que se prive de la libertad a un indígena en un
establecimiento penitenciario ordinario se debe adelantar un procedimiento de
enfoque diferencial para garantizar que:
“(i) el interno sea tratado de acuerdo a sus condiciones
especiales y en un sitio de reclusión cercano a la ciudad [en la que se
encuentra su resguardo o comunidad], (ii) la conservación de sus usos y
costumbres por la existencia de un pabellón especial para comuneros condenados
por la jurisdicción especial indígena, (iii) la preservación de los
derechos fundamentales de los miembros de la comunidad como sujetos de especial
protección y (iii) la asunción de obligaciones en cabeza de las
autoridades tradicionales en el acompañamiento del tratamiento penitenciario y
la permanencia dentro de las costumbres de la comunidad.”
En consecuencia, la Sala Sexta de Revisión ordenó que, en
coordinación con las autoridades del cabildo indígena, se remitiera a los
accionantes a un establecimiento penitenciario corriente con el fin que allí se
cumpliera la pena impuesta por las autoridades indígenas tradicionales.
5.5.1.4. Por otra parte, en la sentencia T-866 de 2013[59]
la Corte se refirió a los aspectos relevantes para consolidar un dialogo
intercultural entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción
ordinaria, los cuales pueden resumir de la siguiente manera:
“(i) comunicar de la existencia del proceso a la
máxima autoridad de su comunidad o su representante; (ii) permitir la
intervención procesal de la máxima autoridad indígena o su representante como
vocero del sujeto indígena investigado; (iii) elevar el conflicto de
competencias ante el Consejo Superior de la Judicatura en caso de que dicha
autoridad, el investigado o su defensor invoquen el fuero especial indígena; (iv)
en el caso de que se haya dictado una medida privativa de la libertad, el
operador jurídico deberá valorar un enfoque diferencial en las condiciones de
reclusión que deben aplicarse para poblaciones con características particulares
en razón de su etnia; (v) para todo lo anterior, los jueces penales
y de ejecución de penas deberán contar con un directorio o registro actualizado
de comunidades y autoridades indígenas, el cual deberá proveer el Consejo
Superior de la Judicatura […]” (Negrilla fuera de
texto).
5.5.1.5. Finalmente, en la sentencia T-208 de 2015,[60] la
Sala Quinta de Revisión estudió el caso de varios ciudadanos indígenas
recluidos en el establecimiento penitenciario y carcelario de San Isidro,
Popayán, que reclamaban un patio exclusivo debido a las agresiones físicas y
discriminación que sufrían en virtud de sus costumbres. La Corte estudió los
mecanismos de coordinación entre el INPEC y las autoridades indígenas para
garantizar la preservación del derecho a la integridad cultural de los
indígenas recluidos en cárceles del sistema ordinario con fundamento en el
precedente constitucional sobre la materia. Efectuó una tarea
de sistematización sobre las reglas de coordinación para el cumplimiento de la
pena, y determinó las circunstancias en las que resultaría posible la ejecución
de la pena impuesta por una comunidad indígena a uno de sus miembros en un
centro de reclusión ordinario, que pueden resumirse básicamente en tres: “para
preservar la vida y la integridad física de las autoridades de la comunidad, o
de la comunidad en general,[61]
debido a la falta de desarrollo institucional de los pueblos indígenas[62]
y con el fin de evitar el “riesgo de linchamiento” al condenado.[63]
Concluyó que “los
indígenas tienen derecho a ser recluidos en espacios especiales, lo cual no
quiere decir que deban ser recluidos en recintos exclusivos. Lo importante es
que se encuentren ubicados en un pabellón donde se garantice en la mayor medida
posible la conservación de sus usos y costumbres, y que se lleve a cabo un acompañamiento
de las autoridades tradicionales de los resguardos o territorios a los que
pertenecen.”
En atención
de lo anterior, concedió la protección reclamada y entre las medidas de
protección, exhortó al Presidente de la República, al Ministro de Justicia y
del Derecho, y al presidente del Congreso de la República para que regularan lo
relativo a la privación de la libertad de personas pertenecientes a comunidades
indígenas. Lo anterior, porque había expirado el término de seis (6) meses
otorgado por el artículo 96 de la Ley 1709 del 2014, concedido para que el
Presidente dictara un decreto con fuerza de ley para tal fin.
5.5.2. Posibilidad de cumplir en el resguardo la pena
privativa de la libertad impuesta por la jurisdicción ordinaria a una persona indígena
5.5.2.1. Así como ha existido un desarrollo jurisprudencial que
permite, con fundamento en el principio de igualdad, la colaboración
armónica entre las jurisdicciones y el dialogo intercultural entre
las autoridades indígenas y los jueces ordinarios, que los indígenas condenados
por su comunidad puedan cumplir la condena en un establecimiento penitenciario
corriente; esta Corporación también ha indicado que un indígena condenado por
la jurisdicción ordinaria puede cumplir la condena en su resguardo indígena
siempre que se cumplan ciertos supuestos, como se pasa a exponer.
5.5.2.2. En la sentencia T-097 de 2012,[64] la Sala
Segunda de Revisión estudió un caso que planteaba un problema jurídico similar
al que hoy se analiza. Se cuestionó si una “medida de detención preventiva o
una pena de privación de la libertad, dictada por una autoridad judicial
ordinaria contra los miembros de una comunidad indígena, puede realizarse en un
centro de reclusión avalado por el respectivo resguardo”.
La Corte consideró que el legislador, como titular de la reserva
legal sobre la legalidad de las penas y su ejecución, era el competente para “autorizar
por vía general que las penas decididas por los jueces ordinarios relativas a
indígenas se ejecuten en centros de reclusión de las comunidades indígenas que
sean habilitados por la autoridad penitenciaria.” por lo que no era
conveniente que el juez de tutela sustituyera la evolución normativa. Sin
embargo, resaltó que la existencia de una norma que regulara este tipo de
eventos “reflejaría bien el ideario constitucional asentado en el pluralismo
étnico-cultural y en la propia filosofía de la pena”. En consecuencia,
confirmó la decisión del juez de tutela que negó el traslado de los accionantes
a su resguardo indígena.
5.5.2.3. Posteriormente, en la sentencia T-921 de 2013,[65]
citada con anterioridad, la Corte resolvió el siguiente problema jurídico: ¿se
vulneró el debido proceso del [accionante] al ser juzgado por la
jurisdicción ordinaria y al no haberse tenido en cuanta su condición de
indígena en su privación de la libertad?
Con el objeto de resolver el segundo componente del cuestionamiento,
la Sala Séptima de Revisión consideró que “la simple privación de la
libertad de un indígena en un establecimiento penitenciario ordinario puede
llegar a transformar completamente su identidad cultural y étnica, lo cual se
presenta tanto su el indígena es juzgado por la jurisdicción ordinaria, como
también si es procesado por la jurisdicción indígena y luego es recluido en un
establecimiento común.” Concluyó que, en el caso concreto, el accionante
había sido recluido en un establecimiento penitenciario y carcelario ordinario
sin que se le hubiera permitido permanecer en pabellón especial. En
consecuencia, fijó tres reglas que debían cumplirse en casos en los que un
indígena fuera procesado y condenado por la jurisdicción ordinaria y recluido
en un establecimiento penitenciario “sin ninguna consideración relacionada
con su cultura”, a saber:
“(i)
Siempre que el investigado en un proceso tramitado por la jurisdicción
ordinaria sea indígena se comunicará a la máxima autoridad de su comunidad o su
representante. (ii) De considerarse que puede proceder la medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva el juez de control de
garantías […] o el fiscal que tramite el caso […] deberá consultar a la máxima autoridad de su comunidad
para determinar si el mismo se compromete a que se cumpla la detención
preventiva dentro de su territorio. En ese caso, el juez deberá verificar si la
comunidad cuenta con instalaciones idóneas para garantizar la privación de la
libertad en condiciones dignas y con vigilancia de su seguridad.
Adicionalmente, dentro de sus competencias constitucionales y legales el INPEC
deberá realizar visitas a la comunidad para verificar que el indígena se
encuentre efectivamente privado de la libertad. En caso de que el indígena no
se encuentre en el lugar asignado deberá revocarse inmediatamente este
beneficio. A falta de infraestructura en el resguardo para cumplir la medida se
deberá dar cumplimiento estricto al artículo 29 de la Ley 65 de 1993. (iii)
Una vez emitida la sentencia se consultará a la máxima autoridad de la
comunidad indígena si el condenado puede cumplir la pena en su territorio. En
ese caso, el juez deberá verificar si la comunidad cuenta con instalaciones
idóneas para garantizar la privación de la libertad en condiciones dignas y con
vigilancia de su seguridad. Adicionalmente, dentro de sus competencias constitucionales
y legales el INPEC deberá realizar visitas a la comunidad para verificar que el
indígena se encuentre efectivamente privado de la libertad. […]” (Se destaca)
Además, esta Corporación resaltó que de conformidad con el principio
de favorabilidad, las reglas descritas debían aplicarse a todos los indígenas
que se encontraran privados de la libertad en establecimientos penitenciarios
ordinarios, quienes con la respectiva autorización de la autoridad indígena de
su resguardo podrían cumplir la pena privativa de la libertad al interior del
resguardo siempre que el mismo contara con las instalaciones necesarias para
tal fin.
5.5.2.4. En
la sentencia T-642 de 2014,[66]
la Corte revisó el caso de un miembro de la comunidad indígena Frey de Mistrató
que se encontraba recluido en el establecimiento penitenciario de Ibagué, en
cumplimiento de una sentencia ordinaria sin tenerse en cuenta que para el año
2000 ya había cumplido la sanción impuesta por su autoridad indígena en 1985,
consistente en 10 años en el cepo y 5 años de trabajo comunitario.
La Sala
Octava de Revisión resolvió el siguiente problema jurídico: “determinar si
la actuación del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
accionado, amenazó o vulneró los derechos constitucionales fundamentales del [accionante], a la libertad, a la jurisdicción especial
indígena, al debido proceso y a la diversidad étnica y cultural, toda vez que
invoca encontrarse detenido ilegalmente en establecimiento común de reclusión,
habiendo cumplido previamente la pena impuesta por la jurisdicción especial
indígena.”
Después de
analizar el principio de enfoque diferencial, de acuerdo con la Carta Política,
los diferentes instrumentos internacionales[67]
y el precedente jurisprudencial constitucional, esta Corporación señaló que “en
casos de precedencia de la investigación y juzgamiento de la conducta punible
por la jurisdicción ordinaria, ante la ausencia en la configuración de los
elementos constitutivos del fuero especial indígena, […]
todos los jueces de la República, sin excepción de ningún tipo, deberán tener
en cuenta las características económicas, sociales y culturales de los miembros
de dichos pueblos, dando preferencia a tipos de sanción distintos del
encarcelamiento. Por ello, como regla general, independiente de la jurisdicción
aplicable, los miembros de comunidades indígenas no deben cumplir penas en
establecimientos ordinarios de reclusión.”
En consecuencia, decidió declarar la nulidad de la sentencia penal
mediante la cual se condenó al miembro de la comunidad indígena Frey de
Mistrató a 20 años de cárcel, ordenó al juzgado de ejecución
de penas y medidas de seguridad su traslado al resguardo indígena y, por
último, ordenó a las autoridades indígenas que iniciaran el proceso de
investigación, juzgamiento y condena.
5.5.2.5. Por su parte, en la sentencia T-975 de 2014[68] la Sala Séptima de Revisión estudió el caso de un
indígena que había sido juzgado por la jurisdicción indígena y recluido en un
establecimiento penitenciario ordinario. Después de reiterar las reglas
establecidas en la sentencia T-921 de 2013,[69]
la Sala señaló:
“Por tal
motivo, y  así como a través de la colaboración armónica entre la
jurisdicción ordinaria y la indígena, esta Corte permitió que los indígenas
cumplieran sus penas privativas de la libertad en establecimientos ordinarios,
se estableció que tal colaboración permite que la jurisdicción indígena apoye a
la jurisdicción ordinaria, autorizando que los indígenas privados de la
libertad cumplan su detención o pena dentro del resguardo, evitando de esta
manera los terribles efectos culturales de recluir a un indígena al interior de
un establecimiento ordinario.”
Sin embargo,
resaltó que permitir el cumplimiento de la pena impuesta por la jurisdicción
ordinaria en el resguardo indígena no debe afectar la naturaleza ni la duración
de la pena o medida impuesta.
5.5.2.6. Finalmente,
en la sentencia T-685 de 2015[70]
la Sala Segunda de Revisión resolvió el caso de dos miembros de la etnia Zenú
del resguardo indígena San Andrés de Sotavento, condenados por la jurisdicción
ordinaria por los delitos de homicidio agravado con fines terroristas,
tentativa de homicidio con fines terroristas y fabricación, tráfico y porte de
armas. Los accionantes solicitaban que el tiempo que permanecieron recluidos en
su resguardo indígena se contabilizara para el cumplimiento de la pena impuesta
por la jurisdicción ordinaria. Consideró que un “indígena podrá cumplir la
condena en su resguardo indígena siempre que la máxima autoridad de su
resguardo así lo solicite y la comunidad cuente con instalaciones idóneas para
garantizar la privación de la libertad en condiciones dignas y con vigilancia
de su seguridad.”
Después de
estudiar y reiterar las reglas establecidas en la sentencia T-921 de 2013,[71] la Sala
concluyó que “el tiempo que los condenados […] alegan
haber descontado en el Centro de Reclusión y Resocialización Indígena Zenú
“Cacique Mexión” del resguardo de San Andrés de Sotavento, no puede ser
contabilizado como parte de la pena impuesta por [los jueces
penales ordinarios], toda vez que no está amparado por una orden de la
autoridad judicial competente, ni avalado por la autoridad administrativa
rectora del sistema penitenciario. Tampoco cumple con los requisitos que de
acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación deben concurrir para que la
pena impuesta por la jurisdicción penal ordinaria pueda ser descontada en
centros de reclusión [de los resguardos indígenas] avalados por el INPEC.”
5.6. Por lo
demás, puede concluirse que: primero, de acuerdo con las disposiciones
normativas de rango constitucional y legal, los instrumentos internacionales y
la jurisprudencia de esta Corporación, los indígenas tienen derecho a la
aplicación de un enfoque diferencial en materia carcelaria y penitenciaria que
les permita garantizar la protección y permanencia de sus costumbres y
tradiciones étnicas. Esto implica que los indígenas que se encuentran
recluidos en un establecimiento penitenciario ordinario por disposición de la
máxima autoridad de su resguardo o por no haber cumplido los presupuestos
jurisprudenciales para acceder al fuero especial, tienen derecho a pagar su
condena en un pabellón especial que les garantice la protección de su derecho
fundamental a la identidad cultural.
5.7. Segundo,
una persona indígena que fue condenada por su comunidad puede cumplir la pena
en un establecimiento penitenciario ordinario cuando existe una falta de
desarrollo institucional del pueblo indígena para el cumplimiento de la pena,
cuando existe un riesgo de linchamiento del condenado y cuando tiene por objeto
preservar la vida y la integridad física de las autoridades de la comunidad o
de las comunidad en general. En este tipo de eventos, la máxima autoridad del
resguardo debe comunicar al juez ordinario competente su decisión.
5.8. Y
tercero, en el evento en el que una persona indígena (i) sea responsable
de la comisión de un delito, (ii) no cumpla con los presupuestos
jurisprudenciales para acceder al fuero especial y (iii) sea condenado
por la jurisdicción ordinaria, ésta podrá cumplir la condena en su resguardo
indígena siempre que la máxima autoridad indígena así lo solicite y la comunidad
cuente con instalaciones idóneas para garantizar la privación de la libertad en
condiciones dignas y con vigilancia de su seguridad.
5.9. De
conformidad con el precedente jurisprudencial expuesto, la Sala analizará el
caso concreto y determinará si las autoridades judiciales accionadas
desconocieron el precedente jurisprudencial descrito anteriormente y, en
consecuencia, vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y a la identidad cultural de la accionante al no haberle permitido a
la accionante cumplir en su resguardo indígena la pena impuesta por la
jurisdicción penal ordinaria.
6. Los órganos judiciales accionados incurrieron en
desconocimiento del precedente constitucional – caso concreto
6.1. La señora
Diocelina Osorio Docresama, actuando mediante apoderado judicial adscrito
a la Defensoría del Pueblo, Regional Risaralda, presentó acción de tutela
contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y
el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira
porque, a su juicio, las autoridades judiciales desconocieron el precedente
sentado en la sentencia T-921 de 2013[72]
en el que se establecen una serie de presupuestos para cumplir una pena
impuesta por la jurisdicción ordinaria en un resguardo indígena; desconociendo
así sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la
identidad cultural.
6.2. Como se
puede advertir del anterior capítulo, existe una línea jurisprudencial
consolidada que establece que cuando una persona indígena se encuentra recluida
en un establecimiento penitenciario ordinario se deben adoptar medidas de
protección que garanticen la conservación de sus costumbres y de su identidad
cultural, entre las que se encuentra el cumplimiento de la pena impuesta en su
resguardo.
En relación con
esta última medida de protección, la sentencia T-921 de 2013[73] resolvió un
problema jurídico que contemplaba dos actuaciones que podrían desconocer el
debido proceso del ciudadano indígena que actuaba como accionante: haber sido
juzgado por la jurisdicción ordinaria y no haberse tenido en cuenta su
condición de indígena al momento de determinar la privación de su libertad. En
esa oportunidad, la Corte concluyó que, en el caso concreto, el accionante
había sido recluido en un establecimiento penitenciario y carcelario ordinario “sin
ninguna consideración relacionada con su cultura étnica” -como ocurrió en
el caso de la señora Osorio Docresama- por lo que fijó un procedimiento para
este tipo de eventos compuesto por tres pasos: (i) comunicar del proceso
a la máxima autoridad o representante de la comunidad indígena y (ii) consultarle
sí se compromete a que la detención preventiva se cumpla dentro de su
territorio.
En ese evento,
el juez debe verificar si la comunidad indígena cuenta con las instalaciones
idóneas para garantizar la privación de la libertad en condiciones dignas y con
vigilancia de su seguridad. Por último, una vez emitida la sentencia ordinaria
se debe (iii) consultar “a la máxima autoridad de la comunidad
indígena si el condenado puede cumplir la pena en su territorio. En ese caso,
el juez deberá verificar si la comunidad cuenta con instalaciones idóneas para
garantizar la privación de la libertad en condiciones dignas y con vigilancia
de su seguridad.”
6.3. El Juzgado
Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira aseguró en su
providencia que si bien el artículo 96 de la Ley 1709 de 2014[74] pretendió
definir “las condiciones de reclusión y resocialización para miembros de los pueblos indígenas”, la falta de
regulación por parte del Presidente de la República sobre la materia en el
término legal dispuesto para tal fin, impedía acceder a lo pretendido por la
condenada.
6.4. Para la
Sala este argumento resulta insuficiente toda vez que los ciudadanos no tienen
que soportar las cargas negativas que se derivaron de la expiración del término
otorgado al Gobierno Nacional para que expidiera un decreto en el que se
regulara todo lo relativo a la privación de la libertad de los miembros de las
comunidades indígenas. En la sentencia C-139 de 1996,[75] la Sala Plena resolvió
una demanda de constitucionalidad presentada contra los artículos 1°, 5° y 40
de la Ley 89 de 1890, por la cual se determina la manera como deben ser
gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada. El
demandante sostuvo que la calificación de unos ciudadanos colombianos como
“salvajes” reñían con el principio de dignidad humana y que las facultades
jurisdiccionales otorgadas a los Gobernadores de los cabildos en el artículo 5°
para sancionar las faltas morales, contrariaban el artículo 246 Superior puesto
que la jurisdicción indígena no podía entrar en funcionamiento mientras no se
expidiera la ley que estableciera la forma de coordinación entre esta
jurisdicción y el sistema judicial nacional. La Corte declaró inexequibles los
artículos demandados. Sin embargo, en relación con el cargo contra el artículo
5° de la Ley demandada sostuvo:
“No es cierto
[…] que la vigencia de la jurisdicción indígena esté en suspenso hasta que se
expida la ley de coordinación con el sistema judicial nacional. La Constitución
tiene efectos normativos directos, como lo ha afirmado esta Corte reiteradamente,
de tal manera que si bien es de competencia del legislador coordinar el
funcionamiento de la jurisdicción indígena y la jurisdicción nacional, el
funcionamiento mismo de ésta no depende de dicho acto del legislativo.”[76]
Esta afirmación, que se desprende
del valor normativo de la Constitución Política, es también aplicable al
escenario de la coordinación para el traslado y la definición del lugar de
cumplimiento de la pena. Por supuesto, si no hace falta una regulación legal
para el ejercicio del derecho a la autonomía jurisdiccional indígena, menos aún
puede aceptarse que la ausencia de un reglamento impida la aplicación de la
jurisprudencia constitucional, en un tema relevante, pero accesorio, como la
coordinación acerca del lugar de cumplimiento de una pena.
6.5. Así las cosas, la Sala
considera que el argumento expuesto por el Juzgado Tercero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira para negar el traslado de la accionante
a su resguardo indígena resulta insuficiente y débil desde un punto de vista
constitucional, ya que desconoce el carácter normativo de la Carta y la subregla
según la cual, la ausencia de una ley no impide el ejercicio de los
derechos de los pueblos indígenas.
6.6. Por su
parte, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira al abordar el caso de la
accionante de conformidad con lo expuesto en la sentencia T-921 de 2013 se
contradice en cuanto a la obligatoriedad del precedente. En un primer momento
indica que en el caso concreto no se cumplían dos de los presupuestos
contemplados en la referida sentencia para acceder a lo pretendido, esto es,
que la máxima autoridad de la comunidad indígena (i) manifestara su compromiso
de cumplir la pena dentro de su territorio y (ii) acreditara que el
asentamiento “cuenta con las instalaciones idóneas para garantizar la
privación de la libertad en condiciones dignas y con vigilancia de su
seguridad”, razones suficientes para confirmar la decisión del juzgado de
ejecución de penas. Es decir, fundó su decisión en el “incumplimiento” de dos
de las reglas establecidas en el precedente jurisprudencial sobre la materia.
No obstante, señaló que persistían “serias dudas respecto de la
obligatoriedad del precedente constitucional para el asunto estudiado, dado que
las subreglas establecidas por [esta Corporación] generaron una
normatividad que el Estado aún no ha expedido, la sentencia solo tiene efectos
interpartes y lo decidido frente al tema objeto de estudio fue una situación colateral
al fondo del asunto allí debatido”.
6.7. En relación al
incumplimiento de los presupuestos contemplados en la sentencia T-921 de 2013[77] para lograr
el traslado de la accionante a su reguardo indígena, la Sala advierte que,
primero, en el expediente está demostrado que la accionante hace parte de la
comunidad indígena Surdé -perteneciente al Resguardo Embera Chamí-[78] ubicada en
la vereda El Vergel del municipio de Ansermanuevo (Valle del Cauca). La
Personera Municipal, mediante documento de catorce (14) de
julio de dos mil dieciséis (2016), certificó que “según censo poblacional
correspondiente al año 2012, la señora DIOCELINA OSORIO DOCRESAMA, identificada
como cédula de ciudadanía No. 25.001.283 hace parte de la etnia Embera Chamí”.[79]
De modo similar, el Gobernador del cabildo hizo constar, mediante documento
del veintiséis (26) de julio de dos mil dieciséis (2016), que la accionante “pertenece
a la comunidad indígena del Asentamiento Surdé, ubicado en el corregimiento El
Vergel del municipio del municipio de Ansermonuevo (Valle del Cauca), hace diez
(10) años. Quien convive con sus dos hijos menores de edad […].” No
hay, por otra parte, elementos de juicio que pongan en duda la identidad étnica
indígena de la accionante, su pertenencia a la comunidad mencionada y su
calidad de madre.
Y segundo, el
Gobernador de la comunidad indígena Surdé, el señor Fernando José Aizama
Osorio, adjuntó a la solicitud de tutela en escrito en el que manifestó lo
siguiente:
“(i) Que
la señora Diocelina Osorio Docresama, pertenece a la comunidad indígena Embera
Chamí. (ii) Como Gobernador, me comprometo a que esta prisión, se
cumplirá en nuestro territorio. (iii) Para lo anterior, el juez
podrá verificar en visita hecha a nuestro territorio, que tenemos las
instalaciones idóneas para garantizar la privación de la libertad en
condiciones dignas. (iv) Que tenemos la guardia indígena que
puede prestarle la vigilancia y la seguridad. (v) Que podemos
garantizar las visitas que el INPEC quiera realizar al territorio para
verificar que la sentenciada se encuentra efectivamente privada de la libertad
y cumple con la pena. (vi) Me someto atender y suministrar a las demás
requisitos y/o preguntas que quiera hacerme el juez para lo que podrá ubicarme
en […]”[80]
(para destacar).
6.8. Resulta claro entonces que
en el caso concreto la máxima autoridad de la comunidad indígena a la que
pertenece la accionante (i) solicitó que la pena impuesta se cumpliera en su
territorio y (ii) requirió al juez que verificara que su comunidad contaba con
las instalaciones para garantizar la privación de la libertad en condiciones
dignas y con la vigilancia requerida. Finalmente, aseguró que el INPEC podría
realizar las visitas periódicas para verificar el cumplimiento de la pena.
6.9. Ahora, en
cuanto al argumento relacionado con la inaplicabilidad del precedente contenido
en la sentencia T-921 de 2013 por su efecto inter partes  y porque lo
pretendido en esta oportunidad fue un asunto colateral en esa sentencia, la
Sala advierte que las reglas que se fijaron en la referida sentencia para los casos
en los que un indígena fuera procesado y condenado por la jurisdicción
ordinaria y recluido en un establecimiento penitenciario “sin ninguna
consideración relacionada con su cultura étnica”, tenían como propósito
resolver el segundo componente del problema jurídico (no haberse tenido en
cuanta su condición de indígena en su privación de la libertad). En ese
sentido, estas reglas hacen parte de la ratio decidendi de la sentencia
T-921 de 2013 y se vuelven vinculantes en todos los casos similares. De ahí que,
estas reglas jurisprudenciales hayan sido reiteradas en por esta Corporación en
las sentencias T-642 de 2014,[81]
T-975 de 2014,[82]
T-208 de 2015[83]
y T-685 de 2015,[84]
consolidando así un precedente jurisprudencial.
Así las cosas,
las autoridades judiciales accionadas parte de un punto de vista incompatible
con la visión del precedente como fuente de derecho, que ha desarrollado
ampliamente la Corte Constitucional. La jurisprudencia se encuentra en la ratio
decidendi de las sentencias y no en su parte resolutiva. Esta última, en
efecto, tiene efectos erga omnes, siempre que la Corte no decida algo distinto.
Sin embargo, la ratio decidendi sirve como fundamento para la decisión de todo
caso semejante, pues contiene los argumentos constitucionales que responden
adecuadamente a un problema jurídico determinado.
6.10. Así las cosas, la Sala
considera que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Pereira y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad desconocieron
el precedente jurisprudencial de esta Corporación relativo al traslado de los
indígenas a sus resguardos para el cumplimiento de la pena impuesta por la
jurisdicción ordinaria y, en consecuencia, vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, la igualdad y a la identidad cultural de
Diocelina Osorio Docresama.
6.11. Por lo expuesto, la Sala
Primera de Revisión revocará la sentencia del diez (10) de marzo de dos mil
dieciséis (2016) proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, que negó la acción de tutela presentada por Diocelina Osorio
Docresama, mediante apoderado judicial, contra el Juzgado Tercero de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira y la Sala Penal del Tribunal
Superior de Pereira; y la sentencia del cinco (5) de mayo de dos mil dieciséis
(2016), emanada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
que confirmó la anterior. En su lugar, concederá la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso y a la identidad cultural de la señora
Diocelina Osorio Docresama.
7.
Conclusiones
7.1. De
acuerdo con las disposiciones normativas de rango constitucional
y legal, los instrumentos internacionales y la jurisprudencia de esta
Corporación, los indígenas tienen derecho a la aplicación de un enfoque
diferencial en materia carcelaria y penitenciaria que les permita garantizar la
protección y permanencia de sus costumbres y tradiciones étnicas. Esto implica
que los indígenas que se encuentran recluidos en un establecimiento
penitenciario ordinario por disposición de la máxima autoridad de su resguardo
o por no haber cumplido los presupuestos jurisprudenciales para acceder al
fuero especial, tienen derecho a pagar su condena en un pabellón especial que
les garantice la protección de su derecho fundamental a la identidad cultural,
o a ser enviados a su resguardo para cumplir dentro de su ámbito territorial la
sanción.
7.2. En el
evento en el que una persona indígena sea responsable de la comisión de
un delito, no cumpla con los presupuestos jurisprudenciales para acceder al
fuero especial y haya sido condenado por la jurisdicción ordinaria, ésta podrá
cumplir la condena en su resguardo indígena siempre que la máxima autoridad
indígena así lo solicite y la comunidad cuente con instalaciones idóneas para
garantizar la privación de la libertad en condiciones dignas y con vigilancia
de su seguridad.
7.3. En
acatamiento de la jurisprudencia constitucional, el Legislador decidió proferir
la Ley 1709 de 2014, con el propósito de regular de la mejor manera posible la
forma de llevar a cabo la coordinación entre las autoridades indígenas y las de
la justicia ordinaria, en lo que tiene que ver con el traslado de un resguardo
a un centro penitenciario, o viceversa. Los órganos judiciales accionados en
esta oportunidad declararon conocer las reglas jurisprudenciales (se refirieron
a la sentencia T-921 de 2013, aunque como se demostró previamente, se trata de
una línea jurisprudencial consolidada), pero decidieron no aplicarlas por
considerar que (i) esa sentencia tiene carácter inter partes y (ii) es
necesario esperar a que se reglamente la Ley citada para acceder a la petición
de traslado.
8. Del alcance
de la decisión
8.1. Cuando la
Corte verifica que las decisiones judiciales ordinarias que fueron cuestionadas
por medio de la acción de tutela vulneran los derechos fundamentales del
peticionario y desconocen el alcance que esta Corporación les ha otorgado, la
sentencia SU-917 de 2010[85] señaló
tres formas de resolver el conflicto que garantizan un equilibrio entre la
protección de los derechos fundamentales y el respeto por la autonomía e
independencia judicial:
“La primera hipótesis se presenta cuando en el proceso
ordinario o ante la jurisdicción contencioso administrativa uno de los fallos
de instancia ha sido conforme a la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional. En tal caso, el juez de tutela debe dejar sin efecto la
sentencia contraria al precedente y, en su lugar, confirmar el fallo de
instancia que se ajusta a la jurisprudencia constitucional.
La segunda hipótesis se presenta cuando no es posible
dejar en firme ninguna decisión de instancia porque todas van en contravía de
la jurisprudencia constitucional. En tal caso corresponderá al juez de tutela
dejar sin efecto el fallo de última instancia y ordenar que se dicte uno nuevo
ajustado al precedente constitucional.
Finalmente, la tercera hipótesis se presenta cuando en
oportunidades precedentes se ha ordenado dictar un nuevo fallo pero el juez de
instancia se niega a proferirlo o lo hace en contravía las reglas fijadas en la
jurisprudencia constitucional, existiendo la certidumbre de que la protección
efectiva de los derechos fundamentales resultará afectada.”
8.2. En el caso concreto, la Sala estima que hay
suficientes elementos de juicio para considerar que resulta necesario que esta
Corporación profiera directamente la decisión de reemplazo a las decisiones
judiciales cuestionadas. Concretamente, el hecho de que se haya desconocido
abiertamente un precedente relevante para la solución de la controversia,
demuestra que está en juego la supremacía de la Carta, el derecho fundamental a
la igualdad, y el respeto por las decisiones de la Corte Constitucional. En
segundo lugar, es inadmisible desde el punto de vista constitucional que la
señora Diocelina Osorio Docresama se encuentre recluida en un establecimiento
penitenciario ordinario, poniendo en riesgo sus costumbres, tradiciones y
cosmovisión, es decir, su identidad étnica y cultural, aun cuando esta Sala
concluyó que cumplía los presupuestos jurisprudenciales para pagar la condena
privativa de la libertad en su resguardo indígena. En tercer término, la
sentencia violatoria de los derechos fundamentales fue dictada en sede de
‘ejecución de penas’, instancia en la que se ha agotado la discusión acerca de
la responsabilidad penal, y la Sala ya ha concluido que el traslado es
procedente. En tal escenario, la remisión al juez de ejecución de penas no
llevaría a la maximización de su autonomía e independencia, sino que se
limitaría a satisfacer una formalidad, en detrimento de los derechos de la
peticionaria.
8.3. Por lo anterior, la Sala de Revisión dejará
sin efecto las decisiones proferidas por el Juzgado Tercero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira el veintidós (22) de abril de dos mil
quince (2015), confirmada en todas sus partes por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Pereira el diez (10) de agosto de dos mil quince
(2015), que negaron el cumplimiento de la pena impuesta por la jurisdicción
ordinaria a la señora Diocelina Osorio Docresama en su resguardo indígena. En
consecuencia, ordenará al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Pereira que en el término improrrogable de los cinco
(5) días siguientes a la notificación de esta sentencia, traslade a la señora
Diocelina Osorio Docresama a su comunidad indígena, ubicada en la vereda El
Vergel del municipio de Ansermanuevo (Valle del Cauca), para terminar de
cumplir la condena privativa de la libertad que le impuso el Juzgado Promiscuo
del Circuito de Apía (Risaralda) por la comisión del delito de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes. Este traslado se realizará con la
cooperación de la Dirección Regional de Pereira del INPEC y del Gobernador del
resguardo.
8.4. También,
la Sala ordenará a la Dirección Regional de Pereira del INPEC que realice
visitas periódicas a la comunidad Surdé, ubicada en la vereda El Vergel del
municipio de Ansermanuevo (Valle del Cauca), para verificar que la señora
Diocelina Osorio Docresama se encuentre efectivamente privada de la libertad.
Lo anterior, teniendo en cuenta que permitir el cumplimiento de la pena
impuesta por la jurisdicción ordinaria en el resguardo indígena no debe afectar
la naturaleza ni la duración de la pena impuesta.
8.5. Finalmente, la Sala reiterará la exhortación que la sentencia T-208 de 2015[86]
le hizo al Presidente de la República, al Ministro de Justicia y del
Derecho, y al presidente del Congreso de la República para que regularan lo
relativo a la privación de la libertad de personas pertenecientes a comunidades
indígenas. Lo anterior, porque había expirado el término de seis (6) meses
otorgado por el artículo 96 de la Ley 1709 del 2014, concedido para que el
Presidente dictara un decreto con fuerza de ley para tal fin.
Al decidir de
esa manera el caso objeto de estudio, violaron el precedente constitucional y,
por lo tanto, el derecho fundamental a la igualdad de trato por parte de los
órganos jurisdiccionales. Además, desconocieron el carácter normativo de la
Carta Política, y el valor de la jurisprudencia como fuente de derecho, en los
términos ya expuestos.  A continuación, la Sala determinará el alcance de la
decisión a adoptar.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.-   REVOCAR
la
sentencia del diez (10) de marzo de dos mil dieciséis (2016) proferida por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que negó la acción de
tutela presentada por Diocelina Osorio Docresama, mediante apoderado judicial,
contra el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Pereira y la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira; y la sentencia del
cinco (5) de mayo de dos mil dieciséis (2016), emanada de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la anterior. En su
lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la identidad cultural de la señora Diocelina Osorio Docresama.
Segundo.-
DEJAR SIN EFECTOS las decisiones proferidas por el Juzgado Tercero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira el veintidós (22) de abril
de dos mil quince (2015), confirmada en todas sus partes por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Pereira el diez (10) de agosto de dos mil
quince (2015), que negaron el cumplimiento de la pena impuesta por la
jurisdicción ordinaria a la señora Diocelina Osorio Docresama en su resguardo
indígena, en cuanto desconocieron el precedente jurisprudencial de esta
Corporación relativo al traslado de los indígenas a su resguardo para el
cumplimiento de la pena impuesta por la jurisdicción ordinaria.
Tercero.- ORDENAR al
Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira que en
el término improrrogable de los cinco (5) días siguientes a la notificación de
esta sentencia, traslade a la señora Diocelina Osorio Docresama a su comunidad
indígena, ubicada en la vereda El Vergel del municipio de Ansermanuevo (Valle
del Cauca), para terminar de cumplir la condena privativa de la libertad que le
impuso el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Risaralda) por la comisión
del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Este traslado se
debe realizar con la cooperación de la Dirección Regional de Pereira del INPEC
y del Gobernador del resguardo indígena.
Cuarto.- ORDENAR a la Dirección Regional de Pereira del INPEC
que realice visitas periódicas a la comunidad Surdé, ubicada en la vereda El
Vergel del municipio de Ansermanuevo (Valle del Cauca), para verificar que la
señora Diocelina Osorio Docresama se encuentre efectivamente privada de la
libertad. Lo anterior, teniendo en cuenta que permitir el cumplimiento de la
pena impuesta por la jurisdicción ordinaria en el resguardo indígena no debe
afectar la naturaleza ni la duración de la pena impuesta.
Quinto.- EXHORTAR al
Presidente de la República, al Ministro de Justicia y del Derecho, y al Presidente
del Congreso de la República para que regulen lo relativo a la privación de la
libertad de personas pertenecientes a comunidades indígenas. Lo anterior, tomando
en cuenta que ya expiró el término de seis (6) meses otorgado por el artículo
96 de la Ley 1709 del 2014, concedido para que el Presidente dictara un decreto
con fuerza de ley para tal fin.
Sexto.- Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese y cúmplase.
MARIA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]
El Gobernador de la comunidad indígena Surdé, el señor Fernando José Raizama
Osorio, mediante documento escrito con fecha del veintiséis de julio de dos mil
dieciséis (2016) hace constar que “la señora DIOCELINA OSORIO DOCRESAMA,
identificada con cédula de ciudadanía No. 25.001.283 pertenece a la comunidad
indígena del asentamiento de Surdé, ubicado en el corregimiento El Vergel del
municipio de Ansermonuevo (Valle del Cauca), hace diez (10) años. Quien convive
con sus dos hijos menores de edad [nombre de los menores].” Folio 33
del cuaderno de revisión de la Corte Constitucional.
[2]
A través de documento escrito el catorce (14) de julio de dos
mil dieciséis (2016), la Personera Municipal de Ansermanuevo (Valle del Cauca),
la señora Clara Lorena Rodríguez Jaramillo, certificó que, de la cual según
censo poblacional correspondiente al año 2012, hace parte la señora DIOCELINA
OSORIO DOCRESAMA, identificada como cédula de ciudadanía No. 25.001.283.”
Folio 32 del cuaderno de revisión de la Corte Constitucional.  Asimismo,
el Gobernador del cabildo Embera Chamí, el señor Fernando José Aizama Osorio,
certificó mediante escrito remitido al juez de tutela que la señora Diocelina
Osorio Docresama pertenece a la comunidad indígena que representa. Folio 46
(siempre que se haga mención a un folio se entenderá que se alude al primer
cuaderno del expediente de tutela, salvo que se diga otra cosa).
[3]
Mediante documento suscrito el veintidós (22) de julio de dos mil diez (2010),
la Organización Regional Indígena Valle del Cauca (ORIVAC) certificó que “el
asentamiento indígena del Pueblo Embera Chamí, ubicado en el municipio del
Ansermanuevo (Valle del Cauca), corregimiento de El Vergel, está actualmente
reconocido y afiliado a la organización”. Folio 45. De igual forma, la
Personera Municipal de Ansermonuevo (Valle del Cauca) mediante escrito suscrito
el catorce (14) de julio de dos mil dieciséis (2016), certificó que “en el corregimiento El Vergel, ubicado dentro de la jurisdicción
del Municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, se encuentra ubicada la
parcialidad indígena SUR DE reconocida y afiliada ante la Organización Regional
Indígena del Valle del Cuaca “ORIVAC”, perteneciente a la etnia EMBERA CHAMÍ”. Finalmente, el reglamento interno
del asentamiento Indígena Surdé del cabildo Embera Chame se precisa que “el
resguardo Embera Chamí del municipio de Ansermanuevo (Valle del Cauca),
corregimiento El Vergel, es una comunidad conformada con 140 habitantes,
constituido como parcialidad indígena desde el 19 de enero de 1990 denominado
Asentamiento Surde del Pueblo Indígena Embera Chamé”. Folio 35.
[4]
La sentencia penal del Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Risaralda)
respecto a los hechos delictivos precisó: “mediante informe de la Policía de
vigilancia en casos de captura en flagrancia fechado del 04 de febrero de 2013,
los uniformados […] de la estación de Policía del municipio d Pueblo Rico
(Risaralda), dejan a disposición de la Fiscalía a las señoras que dijeron
llamarse […] y DIOCELINA OSORIO DOCRESAMA. Esto toda vez que en la fecha arriba
señalada, siendo aproximadamente las 15:30 horas, mediante puesto de control
ubicado en la entrada del municipio de Pueblo Rico (Risaralda) en sentido Apía
a dicha municipalidad, se hace señal de pare al vehículo tipo buseta de
servicio público […] se procedió a requisar a los pasajeros y es así, como la
patrullera […] procede a requisar […] a la señora Osorio Docresama, a quien se
le halló en su poder una bolsa plástica color negro, la cual contenía una caja
de cartón color rojo de producto alimenticio carve y en su interior llevaba
alojadas nueve (09) bolsas plásticas transparentes pequeñas [que contenían 110
gramos de cocaína].” Visible del folio 28 al 31 del cuaderno de Revisión
de la Corte Constitucional.
[5]
La sentencia penal se encuentra visible desde el folio 23 al folio 26 del
cuaderno de revisión de la Corte Constitucional.
[6]
El artículo 38 de la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano, modificado por
el artículo 22 de la Ley 1709 de 2014 precisa: “ La ejecución de la pena
privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del
sentenciado, o en su defecto en el que el Juez determine, excepto en los casos
en que el sentenciado pertenezca al grupo familiar de la víctima, siempre que
concurran los siguientes presupuestos: 1. Que la sentencia se imponga por
conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de cinco (5) años de
prisión o menos. […]”. Por su parte, el artículo 63 de la Ley 599 de 2000,
Código Penal Colombiano, adicionado por el artículo 4 de la Ley 890 de 2004 y
modificado por el artículo 29 de la Ley 1709 de 2014, establece: “Suspensión
condicional de la ejecución de la pena. La ejecución de la pena privativa de la
libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única instancia, se
suspenderá por un período de dos (2) a cinco (5) años, de oficio o a petición
del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos: 1. Que la pena
impuesta sea de prisión que no exceda de tres (3) años”.
[7]
El artículo 96 de la Ley 1709 de 2014, por medio de la cual se reforman algunos
artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y
se dictan otras disposiciones, establece: “CONDICIONES DE RECLUSIÓN Y
RESOCIALIZACIÓN PARA MIEMBROS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS; DE COMUNIDADES
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS; Y DE GRUPOS ROM. Concédanse facultades
extraordinarias al Presidente de la República para que, dentro del término de
seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, y previa
consulta con los Pueblos Indígenas; las comunidades afrocolombianas, raizales y
palenqueras; y los grupos ROM, expida un decreto con fuerza de ley que regule
todo lo relativo a la privación de la libertad de los miembros de estos
grupos.”
[8]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[9]
La decisión de segunda instancia de la Sala Penal del Tribunal Superior de
Pereira se encuentra visible desde el folio 49 hasta el 52.
[10] Por medio de la cual se
reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la
Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones.
[11] Visible en el folio 46.
[12] Visible
en el folio 67.
[13] El escrito de
impugnación se encuentra visible desde el folio 89 al 94.
[14] Folio
34.
[15] Visible
desde el folio 35 al 44.
[16] Folio
45.
[17] Folio
46.
[18] Folio
48.
[19] Visible
desde el folio 49 al 52.
[20] Folio
53.
[21] Folio
54.
[22] Folio
55.
[23] Visible
del folio 28 al 31 del cuaderno de revisión de la Corte Constitucional.
[24] Visible en el folio 32
del cuaderno de revisión de la Corte Constitucional.
[25] Folio 33 del cuaderno de
revisión de la Corte Constitucional.
[26] M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[27] Por supuesto, esta
decisión metodológica obedece a los antecedentes del caso, y no excluye la
posibilidad de que en otro asunto, donde existan claros indicios de una
violación a la jurisprudencia constitucional en la sentencia condenatoria, el
juez de tutela proceda a vincular a la autoridad judicial responsable y a
estudiar la validez constitucional de esa sentencia.
[28] M.P. José
Gregorio Hernández Galindo, S.V. Ciro Angarita Barón, Eduardo
Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero. En esa oportunidad la Corte
declaró inexequibles los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política. Si bien allí se declararon inexequibles las
disposiciones acusadas por considerar que vulneraban las reglas de competencia
fijadas por la Constitución Política, también se dijo en la parte motiva que la
acción de tutela podía llegar a ser procedente contra actuaciones judiciales en
circunstancias excepcionales, cuando ellas resultaran ser una vía de hecho.
[29] La misma regla ha sido reiterada por la Sala Plena de la Corte
Constitucional, por ejemplo, en las sentencias C-037 de 1996 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa, S.P.V. Vladimiro Naranjo Mesa, José Gregorio Hernández
Galindo, Alejandro Martínez Caballero y Hernando Herrera Vergara, SV. José
Gregorio Hernández Galindo, A.V. Vladimiro Naranjo Mesa, Hernando Herrera Vergara,
José Gregorio Hernández Galindo y Eduardo Cifuentes Muñoz),
SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
S.V. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra) y, más adelante, en la sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño).
[30] M.P. Jaime
Córdoba Triviño, unánime. En ella se declaró inexequible la expresión “acción”
contenida en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, en tanto excluía toda
posibilidad de interponer acciones de tutela contra las sentencias de la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[31] Corte
Constitucional, sentencia T-282 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo). En ese fallo la Sala Cuarta de Revisión de la Corte recordó
la improcedencia de la tutela contra tutela, y se explicaron los presupuestos
generales de procedibilidad de la misma.
[32] M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub. A.V. Luis Ernesto Vargas Silva. En esa oportunidad, se
resolvió si se vulneraba el derecho fundamental al debido proceso de un miembro
del resguardo indígena Munchique, Los Tigres, al no habérsele juzgado con la
intervención de las autoridades de su comunidad y al haber sido recluido en un
establecimiento ordinario. Al resolver el caso concreto, la Corte concluyó que
no era posible acceder a la solicitud del accionante relativa al cumplimiento
de la pena al interior de su comunidad, por cuanto el jefe del resguardo de
Munchique Los Tigres no dio su consentimiento para que el accionante fuese
trasladado, a pesar de haber sido consultado en dos ocasiones sobre el tema,
tal como lo exige la Sentencia T-921 de 2013. Además, las circunstancias
específicas que rodearon la comisión de la conducta punible permitieron
concluir que el traslado del accionante al resguardo podía poner en peligro a
esa comunidad, pues fue condenado por un acto dirigido por un grupo organizado
al margen de la Ley. La Sala ordenó al INPEC la reclusión del accionante en un
lugar o pabellón especial en el cual se tuviera en cuenta su condición de
indígena y permitiera que el accionante fuera visitado por el médico de su
comunidad.
[33] Ver las sentencias T-328
de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-1028 de 2010 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto), T-288 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-142 de
2012 (Humberto Antonio Sierra Porto), entre otras.
[34] M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[35] Al
respecto la sentencia T-933 de 2012 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez)
resaltó: “La jurisprudencia de esta Corporación, en reiterados
pronunciamientos, ha entendido que la acción de tutela contra providencias
judiciales procede si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos. Dentro de
éstos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la viabilidad
procesal del amparo, y otros de carácter específico, que determinan su
prosperidad.” Este argumento fue reiterado en las sentencias T-1047 de 2012,
T-688 de 2013 y T-881 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), entre
otras.
[36] M.P. Jaime Córdoba
Triviño, unánime. En ella se declaró inexequible la expresión “acción”
contenida en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, en tanto excluía toda
posibilidad de interponer acciones de tutela contra las sentencias de la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[37] M.P. María Victoria
Calle Correa. A.V. María Victoria Calle Correa. S.V. Luis Guillermo Guerrero
Pérez y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esa oportunidad, la Sala Plena
estudió un caso en el que se inició un proceso ordinario laboral contra la
Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. con el propósito de obtener la
declaratoria de ilegalidad de despido y el consecuente reintegro laboral.
Después de proferirse las sentencias ordinarias, la Sala de Casación Laboral
decidió no casar la sentencia de segunda instancia. La parte accionante alegó
las decisiones desconocían el precedente jurisprudencial constitucional
aplicable a ese tipo de casos. Al respecto, la Corporación consideró que la
acción de tutela es procedente para controvertir la interpretación de las
normas efectuada por el juez natural del conflicto, si la opción hermenéutica
escogida por este último resulta insostenible desde el punto de vista
constitucional por (i) entrar en conflicto con normas constitucionales; (ii)
ser irrazonable, pues la arbitrariedad es incompatible con el respeto por el
debido proceso, o (iii) devenir desproporcionada, al lesionar excesivamente los
intereses de una de las partes, siempre que esta afectación ostente relevancia
constitucional. En consecuencia, concedió el amparo y ordenó el reintegro y el
pago retroactivo de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos
dejados de percibir por el accionante.
[38] Ver las
sentencias T-292 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-783 de 2014
(M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[39] M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[40] Al respecto, la
sentencia T-906 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa) sostuvo: “el
precedente tiene fuerza vinculante en el ordenamiento jurídico colombiano, lo
cual se explica al menos por cuatro razones: (i) en virtud del principio de
igualdad en la aplicación de la Ley, que exige tratar de manera igual
situaciones sustancialmente iguales; (ii) por razones de seguridad jurídica, ya
que las decisiones judiciales deben ser “razonablemente previsibles”; (iii) en
atención a los principios de buena fe y confianza legítima, que demandan respetar
las expectativas generadas a la comunidad; y finalmente, (iv) por razones de
“disciplina judicial”, en la medida en que es necesario un mínimo de coherencia
en el sistema judicial.” Esta posición ha sido desarrollada por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-1184 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett), T-086 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-830 de 2012 (M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-444 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio), T-849ª de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-906 de 2013
(M.P. María Victoria Calle Correa), SU-074 de 2014 (M.P. Mauricio González
Cuervo), T-102 de 2014 y T-783 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
entre otras.
[41] La sentencia que fijó
estos presupuestos es la T-158 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
esa oportunidad se revisó un caso en el que se discutía si la aplicación
estricta del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para calcular el
monto base de una pensión, se configuraba en una vía de hecho. La Sala Séptima de
Revisión, después de hacer un análisis del precedente jurisprudencial,
determinó que una utilización correcta del precedente jurisprudencial
requería el cumplimiento de los presupuestos ya descritos. Esta posición ha
sido reiterada en las sentencias T-158 de 2006, T-1065 de 2006, T-017 de 2007,
T-023 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-232 de 2007 y T-495 de
2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-589 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra), T- 457 de 2008 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-766 de 2008
(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-162 de 2009 (M.P. Mauricio González
Cuervo), T- 265 de 2009 y T-1026 de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto),
T-161 de 2010 y T-464 de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-503 de 2011
(M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-135 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio), T-656 de 2012 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-267 de 2013
(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-284 de 2013 y T-809 de 2014 (M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-340 de 2015 y T-228 de 2016 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio), entre otras.
[42] M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub. En esa oportunidad, la Corte estudió la acción de tutela
presentada por un miembro de la Dirección Regional CTI contra del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca por un fallo del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que inició en contra de la Fiscalía General de la Nación, respecto de
la declaratoria de insubsistencia que dicha entidad declaró a su nombramiento.
Insistió que este Tribunal había incurrido en una causal de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales: el desconocimiento del
precedente constitucional. El accionante solicitó la protección del derecho
fundamental al debido proceso. La Sala reiteró la jurisprudencia dada por esta
Corporación que indica que la falta de motivación de la declaratoria de
insubsistencia de quien ejerce un cargo en provisionalidad conlleva
irremediablemente la nulidad del acto, en la medida en que se vulneran Normas
Superiores, lo que deberá ser reclamado empleando las acciones que el
ordenamiento jurídico establece para tal fin, concretamente la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso
administrativa. En el caso concreto, la Sala concluyó que se había configurado
un defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente constitucional
relativo a la necesidad de motivar la desvinculación de funcionarios nombrados
provisionalmente en cargos de carrera. Por lo anterior, revocó la sentencia de
segunda instancia y concedió el amparo.
[43] M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub. se estudió la acción de tutela presentada por una persona de
70 años de edad, a quien, el Instituto de Seguros Sociales le negó el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez, argumentando que no reunía los
requisitos establecidos, pese a que el tiempo laborado a entidades del Estado
y  el cotizado al Instituto de Seguros Sociales equivalía a 1.000 semanas
cotizadas. Debido a ello, la accionante inició proceso ordinario laboral en
contra de dicha entidad, en el cual en primera instancia fueron negadas sus
pretensiones. En grado de consulta, el Tribunal revocó la sentencia
considerando que la actora siendo beneficiaria del régimen de transición,
reunía los requisitos establecidos por la normativa, esto es, tener 55 años de
edad y 20 años de servicios laborados. La entidad accionada interpuso recurso
extraordinario de casación, y en esta sede la sentencia fue revocada
nuevamente, confirmándose la negación de primera instancia. La Sala concluyó
que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia había incurrido
en el defecto de violación directa de la Constitución y del desconocimiento del
precedente constitucional, debido a que aplicó un precepto abiertamente
inconstitucional en el caso concreto. Por estas razones, concedió el amparo.
[44] En las Sentencias SU-640
de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-462 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett) y T-292 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) se ha señalado que
el juez de igual jerarquía debe vincularse al precedente horizontal y el juez
de inferior jerarquía al precedente vertical en lo que atañe a la ratio
decidendi de una jurisprudencia anterior.
[45] Ver sentencia SU-432 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[46] En la sentencia T-1031
de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) esta Corporación decidió que la acción
de tutela procede contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna,
los precedentes aplicables al caso o cuando “su discrecionalidad
interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los
asociados.”
[47] Al respecto, la
sentencia C-139 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz. Unánime) señaló: “[e]l
análisis del artículo 246 muestra los cuatro elementos centrales de la
jurisdicción indígena en nuestro ordenamiento constitucional: la posibilidad de
que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, la
potestad de éstos de establecer normas y procedimientos propios, la sujeción de
dichas jurisdicción y normas a la Constitución y la ley, y la competencia del
legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena
con el sistema judicial nacional.” En la misma línea, la sentencia C-463 de
2014 (M.P. María Victoria Calle Correa. A.V. Jorge Iván Palacio Palacio y Luis
Ernesto Vargas Silva. S.P.V. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) indicó que “[l]a
jurisdicción indígena es expresión de los principios de pluralismo, identidad
y  diversidad étnica y cultural. A través de ellos se concreta la autonomía de
los pueblos indígenas, reconocida tanto en el Convenio 169 de 1989 de la OIT
como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Esto no implica que siempre que se establezca una restricción al
ejercicio de la jurisdicción indígena se afecten los principios citados, pues,
por ejemplo, los derechos fundamentales configuran límites concretos a su
ejercicio.”
[48] El artículo 29 de la Ley
65 de 1993 establece: “RECLUSION EN CASOS ESPECIALES. Cuando el hecho punible
haya sido cometido por personal del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, funcionarios y empleados de la Justicia Penal, cuerdo de Policía
inicial y del Ministerio Público, servidores públicos de elección popular, por
funcionarios que gocen de fuero legal o constitucional, ancianos o indígenas,
la detención preventiva se llevará a cabo en establecimientos especiales o en
instalaciones proporcionadas por el Estado. Esta situación se extiende a los ex
servidores públicos respectivos. La autoridad judicial competente o el Director
General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, según el caso, podrá
disponer la reclusión en lugares especiales, tanto para la detención preventiva
como para la condena, en atención a la gravedad de la imputación, condiciones
de seguridad, personalidad del individuo, sus antecedentes y conducta […].”
[49] M.P. Vladimiro Naranja
Mesa. S.V. Alejandro Martínez Caballero.
[50] El literal b del
artículo 41 del Pacto de San José de Costa Rica establece: La Comisión tiene la
función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos
humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y
atribuciones: […] b). formular recomendaciones, cuando lo
estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten
medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus
leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones
apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos.”
[51] Por medio de la cual se
aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José
de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de
1969".
[52] El documento relativo a
los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas
de la Libertad en las Américas fue aprobado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en su 131° periodo ordinario de sesiones, celebrado del 3 al
14 de marzo de 2008.
[53] Por medio de la cual se
reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la
Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones.
[54] Ver sentencia T-642 de
2014 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez).
[55] Ver las
sentencias T-097 de 2012 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-866 de 2013 (M.P.
Alberto Rojas Ríos), T-921 de 2013 y T-975 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), entre otras.
[56] Al respecto ver las
sentencias T-239 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-1026 de 2008 (M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra), T-866 de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos), T-208 de
2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
[57] M.P.
Alfredo Beltrán Sierra.
[58] M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[59] M.P.
Alberto Rojas Ríos. En esa oportunidad, esta Corporación revisó una acción de
tutela presentada por el Gobernador del Cabildo Muisca de Bosa en calidad de
agente oficioso de uno de los miembros de su comunidad que había sido condenado
por la jurisdicción penal ordinaria por el delito de hurto calificado aun
cuando, en virtud de su fuero indígena, ya había cumplido la sanción impuesta
por las autoridades indígenas. En consecuencia, solicitó que se ordenara la
libertad inmediata del agenciado.
[60] M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado. En esa oportunidad, se estudió la acción de tutela
presentada por indígenas condenados por sus propias autoridades, recluidos en
el Centro Penitenciario y Carcelario de San Isidro – Popayán, que solicitaban
su reubicación en un patio especial que garantizara el respeto de sus
costumbres y no fueran sometidos a agresiones físicas y discriminaciones. La
Sala concluyó que la entidad accionada había vulnerado los derechos
fundamentales de petición e integridad étnica y cultural de los accionantes.
Constató que se configuró la omisión por parte de las autoridades
tradicionales, debido a la falta de acompañamiento para vigilar el cumplimiento
de la pena privativa de la libertad y la función resocializadora de la misma.
Bajo este entendido y atendiendo a los postulados constitucionales que
propugnan por la especial protección de los indígenas, se concedió el amparo.
[61] Al
respecto, la sentencia T-208 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado)
precisó: “En ocasiones los indígenas condenados amenazan con tomar
retaliaciones contra las autoridades o contra miembros de la comunidad. De esa
manera, resulta necesario el aislamiento del indígena de la comunidad y de su
territorio, para así evitar la agudización de conflictos internos. No se puede
desconocer que una parte importante de las comunidades indígenas de nuestro
país tienen sus territorios en las zonas más apartadas y olvidadas de la
geografía nacional, donde hay presencia de actores armados ilegales, y estos,
en muchos casos suponen un riesgo para el ejercicio de la jurisdicción
indígena. En esa medida, la reclusión de un indígena por la comisión de un
delito que puede estar relacionado con la actividad de dichos grupos supone un
riesgo para las autoridades y para la comunidad. Las autoridades del Estado y
la sociedad tienen la responsabilidad de contribuir a mitigar estos riesgos
asociados con el ejercicio de la jurisdicción indígena poniendo a disposición
de las autoridades indígenas los centros de reclusión disponibles.”
[62] Al
respecto, la sentencia T-208 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado) señaló:
“donde los territorios indígenas no cuentan con una estructura carcelaria
propia. En lo que concierne a esta excepción, la Corte Constitucional en la
Sentencia T-239 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), destacó que la autonomía
de la jurisdicción indígena está en desarrollo, y como tal, no cuenta con todos
los instrumentos físicos, educativos, divulgativos e instalaciones carcelarias.
Por lo tanto, hasta tanto las comunidades cuenten con las instalaciones propias
necesarias para la ejecución de medidas privativas de la libertad, es
obligación del Estado, a través de sus autoridades, colaborar con aquella, por
ejemplo al prestar sus instalaciones físicas carcelarias, mientras la
jurisdicción indígena puede avanzar en su consolidación”
[63] Al
respecto, la sentencia T-208 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado) indicó:
“pues en algunos casos, cuando la comunidad se siente muy ofendida por el
delito que se ha cometido, cuando prevé que el infractor no va a ser castigado,
o cuando la comunidad enfrenta un riesgo por parte de un agente externo o de un
factor estructural ajeno a su control, puede llegar a ejercer una especie de
“justicia por propia mano”, linchando al presunto infractor públicamente”:
[64] M.P.
Mauricio González Cuervo.
[65] M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub. En esa oportunidad, la Sala Séptima de Revisión estudió el caso
en el que el accionante, miembro del Resguardo Indígena de San Lorenzo, se
encontraba inmerso en proceso penal por el delito de acceso carnal abusivo en
menor de catorce años. El Gobernador de dicho resguardo tuvo conocimiento del
caso y solicitó el cambio de jurisdicción, esto es, pasar de la jurisdicción
ordinaria a la indígena. En razón al conflicto de competencias, el caso fue
remitido al Consejo Superior de la Judicatura, el cual decidió adscribir el
conocimiento del caso a la jurisdicción ordinaria teniendo en cuenta la
prevalencia del interés del menor sobre el reconocimiento de fueros especiales.
Al respecto, la Sala consideró que el fuero indígena autoriza para que en unos
casos una persona sea juzgada por la justicia ordinaria y en otros, por la
indígena, pero en ningún momento permite que se desconozca la identidad
cultural de una persona, quien independientemente del lugar de reclusión, debe
poder conservar sus costumbres, pues de lo contrario, la resocialización
occidental de los centros de reclusión operaría como un proceso de pérdida
masiva de su cultura.  En consecuencia, concedió el amparo y ordenó a las
autoridades tradicionales que asuman competencia sobre el proceso penal
adelantado contra el accionante teniendo en cuenta los criterios de protección
del interés superior de la menor.
[66] M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez.
[67] Concepto
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativo a los “principios
y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad
en las Américas” y el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo.
[68] M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. A.V. Luis Ernesto Vargas Silva. En esa
oportunidad, se resolvió si se vulneraba el derecho fundamental al debido
proceso de un miembro del resguardo indígena Munchique, Los Tigres, al no
habérsele juzgado con la intervención de las autoridades de su comunidad y al
haber sido recluido en un establecimiento ordinario. Al resolver el caso
concreto, la Corte concluyó que no era posible acceder a la solicitud del
accionante relativa al cumplimiento de la pena al interior de su comunidad, por
cuanto el jefe del resguardo de Munchique Los Tigres no dio su consentimiento
para que el accionante fuese trasladado, a pesar de haber sido consultado en
dos ocasiones sobre el tema, tal como lo exige la Sentencia T-921 de 2013.
Además, las circunstancias específicas que rodearon la comisión de la conducta
punible permitieron concluir que el traslado del accionante al resguardo podía
poner en peligro a esa comunidad, pues fue condenado por un acto dirigido por
un grupo organizado al margen de la Ley. La Sala ordenó al INPEC la reclusión
del accionante en un lugar o pabellón especial en el cual se tuviera en cuenta
su condición de indígena y permitiera que el accionante fuera visitado por el
médico de su comunidad.
[69] M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub. En esa oportunidad, la Sala Séptima de Revisión estudió el
caso en el que el accionante, miembro del Resguardo Indígena de San Lorenzo, se
encontraba inmerso en proceso penal por el delito de acceso carnal abusivo en
menor de catorce años. El Gobernador de dicho resguardo tuvo conocimiento del
caso y solicitó el cambio de jurisdicción, esto es, pasar de la jurisdicción
ordinaria a la indígena. En razón al conflicto de competencias, el caso fue
remitido al Consejo Superior de la Judicatura, el cual decidió adscribir el conocimiento
del caso a la jurisdicción ordinaria teniendo en cuenta la prevalencia del
interés del menor sobre el reconocimiento de fueros especiales. Al respecto, la
Sala consideró que el fuero indígena autoriza para que en unos casos una
persona sea juzgada por la justicia ordinaria y en otros, por la indígena, pero
en ningún momento permite que se desconozca la identidad cultural de una
persona, quien independientemente del lugar de reclusión, debe poder conservar
sus costumbres, pues de lo contrario, la resocialización occidental de los
centros de reclusión operaría como un proceso de pérdida masiva de su cultura.
En consecuencia, concedió el amparo y ordenó a las autoridades tradicionales
que asuman competencia sobre el proceso penal adelantado contra el accionante
teniendo en cuenta los criterios de protección del interés superior de la
menor.
[70] M.P.
Myriam Ávila Roldán.
[71] M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esa oportunidad, la Sala Séptima de
Revisión estudió el caso en el que el accionante, miembro del Resguardo
Indígena de San Lorenzo, se encontraba inmerso en proceso penal por el delito
de acceso carnal abusivo en menor de catorce años. El Gobernador de dicho
resguardo tuvo conocimiento del caso y solicitó el cambio de jurisdicción, esto
es, pasar de la jurisdicción ordinaria a la indígena. En razón al conflicto de
competencias, el caso fue remitido al Consejo Superior de la Judicatura, el
cual decidió adscribir el conocimiento del caso a la jurisdicción ordinaria
teniendo en cuenta la prevalencia del interés del menor sobre el reconocimiento
de fueros especiales. Al respecto, la Sala consideró que el fuero indígena
autoriza para que en unos casos una persona sea juzgada por la justicia
ordinaria y en otros, por la indígena, pero en ningún momento permite que se
desconozca la identidad cultural de una persona, quien independientemente del
lugar de reclusión, debe poder conservar sus costumbres, pues de lo contrario,
la resocialización occidental de los centros de reclusión operaría como un
proceso de pérdida masiva de su cultura. En consecuencia, concedió el amparo y
ordenó a las autoridades tradicionales que asuman competencia sobre el proceso
penal adelantado contra el accionante teniendo en cuenta los criterios de
protección del interés superior de la menor.
[72] M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub. En esa oportunidad, la Sala Séptima de Revisión estudió el
caso en el que el accionante, miembro del Resguardo Indígena de San Lorenzo, se
encontraba inmerso en proceso penal por el delito de acceso carnal abusivo en
menor de catorce años. El Gobernador de dicho resguardo tuvo conocimiento del
caso y solicitó el cambio de jurisdicción, esto es, pasar de la jurisdicción
ordinaria a la indígena. En razón al conflicto de competencias, el caso fue
remitido al Consejo Superior de la Judicatura, el cual decidió adscribir el
conocimiento del caso a la jurisdicción ordinaria teniendo en cuenta la
prevalencia del interés del menor sobre el reconocimiento de fueros especiales.
Al respecto, la Sala consideró que el fuero indígena autoriza para que en unos
casos una persona sea juzgada por la justicia ordinaria y en otros, por la
indígena, pero en ningún momento permite que se desconozca la identidad
cultural de una persona, quien independientemente del lugar de reclusión, debe
poder conservar sus costumbres, pues de lo contrario, la resocialización
occidental de los centros de reclusión operaría como un proceso de pérdida
masiva de su cultura. En consecuencia, concedió el amparo y ordenó a las
autoridades tradicionales que asuman competencia sobre el proceso penal
adelantado contra el accionante teniendo en cuenta los criterios de protección
del interés superior de la menor.
[73] M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esa oportunidad, la Sala Séptima de
Revisión estudió el caso en el que el accionante, miembro del Resguardo
Indígena de San Lorenzo, se encontraba inmerso en proceso penal por el delito
de acceso carnal abusivo en menor de catorce años. El Gobernador de dicho
resguardo tuvo conocimiento del caso y solicitó el cambio de jurisdicción, esto
es, pasar de la jurisdicción ordinaria a la indígena. En razón al conflicto de
competencias, el caso fue remitido al Consejo Superior de la Judicatura, el
cual decidió adscribir el conocimiento del caso a la jurisdicción ordinaria
teniendo en cuenta la prevalencia del interés del menor sobre el reconocimiento
de fueros especiales. Al respecto, la Sala consideró que el fuero indígena
autoriza para que en unos casos una persona sea juzgada por la justicia
ordinaria y en otros, por la indígena, pero en ningún momento permite que se
desconozca la identidad cultural de una persona, quien independientemente del
lugar de reclusión, debe poder conservar sus costumbres, pues de lo contrario,
la resocialización occidental de los centros de reclusión operaría como un
proceso de pérdida masiva de su cultura. En consecuencia, concedió el amparo y
ordenó a las autoridades tradicionales que asuman competencia sobre el proceso
penal adelantado contra el accionante teniendo en cuenta los criterios de
protección del interés superior de la menor.
[74] El artículo 96 de la Ley
1709 de 2014, por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65
de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras
disposiciones, establece: “CONDICIONES DE RECLUSIÓN Y RESOCIALIZACIÓN PARA
MIEMBROS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS; DE COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y
PALENQUERAS; Y DE GRUPOS ROM. Concédanse facultades extraordinarias al
Presidente de la República para que, dentro del término de seis (6) meses
contados a partir de la vigencia de la presente ley, y previa consulta con los
Pueblos Indígenas; las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras; y
los grupos ROM, expida un decreto con fuerza de ley que regule todo lo relativo
a la privación de la libertad de los miembros de estos grupos.”
[75] M.P. Carlos Gaviria
Díaz. Unánime.
[76] En la sentencia C-139 de
1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz. Unánime) se citó el siguiente párrafo de la
sentencia T-254 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz): “El ejercicio de la
jurisdicción indígena no está condicionado a la expedición de una ley que la
habilite, como podría pensarse a primera vista. La Constitución autoriza a las
autoridades de los pueblos indígenas el ejercicio de funciones jurisdiccionales
dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y
procedimientos, siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución y a la
ley. De otra parte, al Legislador corresponde la obligación de regular las
formas de coordinación de esta jurisdicción con el sistema de justicia nacional
(CP art. 246)”. Esta posición fue reiterada por la sentencia T-496 de 1996
(M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[77] M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esa oportunidad, la Sala Séptima de
Revisión estudió el caso en el que el accionante, miembro del Resguardo
Indígena de San Lorenzo, se encontraba inmerso en proceso penal por el delito
de acceso carnal abusivo en menor de catorce años. El Gobernador de dicho
resguardo tuvo conocimiento del caso y solicitó el cambio de jurisdicción, esto
es, pasar de la jurisdicción ordinaria a la indígena. En razón al conflicto de
competencias, el caso fue remitido al Consejo Superior de la Judicatura, el
cual decidió adscribir el conocimiento del caso a la jurisdicción ordinaria
teniendo en cuenta la prevalencia del interés del menor sobre el reconocimiento
de fueros especiales. Al respecto, la Sala consideró que el fuero indígena
autoriza para que en unos casos una persona sea juzgada por la justicia
ordinaria y en otros, por la indígena, pero en ningún momento permite que se
desconozca la identidad cultural de una persona, quien independientemente del
lugar de reclusión, debe poder conservar sus costumbres, pues de lo contrario,
la resocialización occidental de los centros de reclusión operaría como un
proceso de pérdida masiva de su cultura. En consecuencia, concedió el amparo y
ordenó a las autoridades tradicionales que asuman competencia sobre el proceso
penal adelantado contra el accionante teniendo en cuenta los criterios de
protección del interés superior de la menor.
[78] A
través de documento escrito el catorce (14) de julio de dos mil dieciséis
(2016), la Personera Municipal de Ansermanuevo (Valle del Cauca), la señora
Clara Lorena Rodríguez Jaramillo, certificó que, de la cual según censo
poblacional correspondiente al año 2012, hace parte la señora DIOCELINA OSORIO
DOCRESAMA, identificada como cédula de ciudadanía No. 25.001.283.” Folio 27
del cuaderno de revisión de la Corte Constitucional.  Asimismo,
el Gobernador del cabildo Embera Chamí, el señor Fernando José Aizama Osorio,
certificó mediante escrito remitido al juez de tutela que la señora Diocelina
Osorio Docresama pertenece a la comunidad indígena que representa. Folio 46
(siempre que se haga mención a un folio se entenderá que se alude al primer
cuaderno del expediente de tutela, salvo que se diga otra cosa).
[79] Folio 32
[80] Visible en el folio 46.
[81] M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez. En esa oportunidad, la Corte revisó el caso de un miembro de la
comunidad indígena Frey de Mistrató que se encontraba recluido en el
establecimiento penitenciario de Ibagué en cumplimiento de una sentencia
ordinaria sin tenerse en cuenta que para el año 2000 ya había cumplido la
sanción impuesta por su autoridad indígena en 1985, consistente en 10 años en
el cepo y 5 años de trabajo comunitario. La Sala Octava de Revisión concedió el
amparo de los derechos fundamentales a la jurisdicción especial indígena, al
juez natural, a la diversidad étnica y cultural y al debido proceso a favor del
accionante y, en consecuencia, declaró la nulidad de la sentencia proferida por
la jurisdicción ordinario y ordenó el traslado del accionante a disposición de
las autoridades indígenas de su resguardo.
[82] M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub. A.V. Luis Ernesto Vargas Silva. En esa oportunidad, En esa
oportunidad, se resolvió si se vulneraba el derecho fundamental al debido
proceso de un miembro del resguardo indígena Munchique, Los Tigres, al no
habérsele juzgado con la intervención de las autoridades de su comunidad y al
haber sido recluido en un establecimiento ordinario. Al resolver el caso
concreto, la Corte concluyó que no era posible acceder a la solicitud del
accionante relativa al cumplimiento de la pena al interior de su comunidad, por
cuanto el jefe del resguardo de Munchique Los Tigres no dio su consentimiento
para que el accionante fuese trasladado, a pesar de haber sido consultado en
dos ocasiones sobre el tema, tal como lo exige la Sentencia T-921 de 2013.
Además, las circunstancias específicas que rodearon la comisión de la conducta
punible permitieron concluir que el traslado del accionante al resguardo podía
poner en peligro a esa comunidad, pues fue condenado por un acto dirigido por
un grupo organizado al margen de la Ley. La Sala ordenó al INPEC la reclusión
del accionante en un lugar o pabellón especial en el cual se tuviera en cuenta
su condición de indígena y permitiera que el accionante fuera visitado por el
médico de su comunidad.
[83] M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado. En esa oportunidad, se estudió la acción de tutela
presentada por indígenas condenados por sus propias autoridades, recluidos en
el Centro Penitenciario y Carcelario de San Isidro – Popayán, que solicitaban
su reubicación en un patio especial que garantizara el respeto de sus
costumbres y no fueran sometidos a agresiones físicas y discriminaciones. La
Sala concluyó que la entidad accionada había vulnerado los derechos
fundamentales de petición e integridad étnica y cultural de los accionantes.
Constató que se configuró la omisión por parte de las autoridades
tradicionales, debido a la falta de acompañamiento para vigilar el cumplimiento
de la pena privativa de la libertad y la función resocializadora de la misma.
Bajo este entendido y atendiendo a los postulados constitucionales que
propugnan por la especial protección de los indígenas, se concedió el amparo.
[84] M.P. Myriam Ávila
Roldán. En esa oportunidad, la Sala Segunda de Revisión resolvió el caso de dos
miembros de la etnia Zenú del resguardo indígena San Andrés de Sotavento,
condenados por la jurisdicción ordinaria por los delitos de homicidio agravado
con fines terroristas, tentativa de homicidio con fines terroristas y
fabricación, tráfico y porte de armas. Los accionantes solicitaban que el
tiempo que permanecieron recluidos en su resguardo indígena se contabilizara
para determinar el cumplimiento de la pena impuesta por la jurisdicción
ordinaria. La Corte concluyó que lo pretendido por los accionantes no estaba
amparado por una orden de la autoridad judicial competente, ni avalado por la
autoridad administrativa rectora del sistema penitenciario. Asimismo que
tampoco se cumplían los requisitos que de acuerdo con la jurisprudencia de esta
corporación deben concurrir para que la pena impuesta por la jurisdicción penal
ordinaria pueda ser descontada en centros de reclusión especiales avalados por
el INPEC.”
[85] M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio. S.P.V. Nilson Elías Pinilla Pinilla.
[86] M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado. En esa oportunidad, se estudió la acción de tutela
presentada por indígenas condenados por sus propias autoridades, recluidos en
el Centro Penitenciario y Carcelario de San Isidro – Popayán, que solicitaban
su reubicación en un patio especial que garantizara el respeto de sus
costumbres y no fueran sometidos a agresiones físicas y discriminaciones. La
Sala concluyó que la entidad accionada había vulnerado los derechos
fundamentales de petición e integridad étnica y cultural de los accionantes.
Constató que se configuró la omisión por parte de las autoridades
tradicionales, debido a la falta de acompañamiento para vigilar el cumplimiento
de la pena privativa de la libertad y la función resocializadora de la misma.
Bajo este entendido y atendiendo a los postulados constitucionales que
propugnan por la especial protección de los indígenas, se concedió el amparo.