C-841-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-841/03
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL-Expedición por el Congreso en desarrollo
del derecho a la seguridad social
SISTEMA GENERAL DE PENSIONES-Objeto
En lo que concierne al régimen de
pensiones, la Ley 100 de 1993 establece como objetivo “garantizar a la
población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la
invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y
prestaciones que se determinan en la Ley (...), así como propender por la
ampliación progresiva de cobertura a los sectores de la población no amparados
con un sistema de pensiones.”
POTESTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
SISTEMA GENERAL DE PENSIONES-Establecimiento
de regímenes solidarios de pensiones excluyentes/SISTEMA GENERAL DE
PENSIONES-Características
En ejercicio de su potestad de configuración, el legislador
estableció dos regímenes solidarios de pensiones excluyentes entre sí, que
coexisten: el “Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida” y el
“Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad”. La afiliación a cualquiera de
estos regímenes es obligatoria y la selección de uno de estos dos sistemas es
libre y voluntaria por parte del afiliado, quien adquiere a partir de su
vinculación o traslado al régimen seleccionado, la obligación de cumplir con
los aportes de ley para el reconocimiento y pago de las prestaciones y de las
pensiones a las cuales tendrá derecho.
REGIMEN SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA CON
PRESTACION DEFINIDA-Concepto/REGIMEN
SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA-Fondo común de naturaleza
pública/REGIMEN SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA-Características/REGIMEN
SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA-Entidades administradoras
De conformidad con el artículo 31 de la Ley 100 de
1.993 el “régimen solidario de prima media con prestación definida” es “aquel
mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de
vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente
definidas.” En este régimen los aportes de los afiliados y sus rendimientos
constituyen “un fondo común de naturaleza pública”, que garantiza el pago de
las prestaciones a quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia,
los respectivos gastos de administración y la constitución de reservas de
acuerdo con lo dispuesto en la ley. Su administración corresponde al Instituto
de Seguros Sociales y a las cajas, fondos o entidades de seguridad social del
sector público o privado mientras subsistan, existentes al momento de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD-Concepto
El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad “es el
conjunto de entidades, normas y procedimientos, mediante los cuales se
administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y
prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados”, de acuerdo con lo previsto
en el inciso primero del artículo 59 de la Ley 100 de 1993.
REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON
SOLIDARIDAD-Características/CUENTA
INDIVIDUAL DE AHORRO PENSIONAL-Constitución de patrimonios autónomos
propiedad de los afiliados
Este régimen está basado en el ahorro proveniente de
las cotizaciones del afiliado y de su empleador, de las contribuciones
voluntarias que haga el afiliado, de los bonos pensionales que se reconozcan
por el traslado de un régimen a otro, de  los
subsidios del Estado, si a ello hubiere lugar,  de las garantías de
pensión mínima y de los aportes al Fondo de Solidaridad, así como por sus
respectivos rendimientos financieros. Los aportes no ingresan a un fondo común
como en el régimen de prima media, sino que son depositados en una cuenta
individual de ahorro pensional constituida a título personal. Una parte de esos
aportes se capitalizará en la cuenta individual de ahorro pensional de cada
afiliado y la otra parte se destinará al pago de primas de seguros para atender
las pensiones de invalidez y de sobrevivientes y la asesoría para la
contratación de la renta vitalicia, a financiar el Fondo de Solidaridad
Pensional y a cubrir el costo de administración del régimen.
REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON
SOLIDARIDAD-Conjunto de
cuentas de ahorro pensional conforman un fondo/REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL
CON SOLIDARIDAD-Entidades administradoras
El conjunto de cuentas de ahorro pensional conforman
un fondo de pensiones que es administrado por entidades privadas especializadas
que hacen parte del sistema financiero, y que están sometidas a inspección y
vigilancia del Estado.
REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON
SOLIDARIDAD-Relación entre
capital ahorrado en la cuenta individual de los afiliados y la pensión
Como sistema de capitalización que es,
garantiza la pensión de vejez únicamente a condición de haber reunido en la
cuenta individual el capital necesario para financiarla, sin que sea necesario
el cumplimiento de una edad determinada o de un número mínimo de semanas de
cotización, requisitos propios del sistema de prima media con prestación
definida. Conforme al artículo 64 de la Ley 100 de 1993, los afiliados tendrán
derecho a retirarse a la edad que escojan, siempre y cuando el capital
acumulado en su cuenta les permita obtener una pensión superior al 110% del
salario mínimo legal mensual vigente.
PENSION DE
VEJEZ-Requisitos para su obtención/PENSION
MINIMA DE VEJEZ-Garantía/PENSION DE VEJEZ INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTES-Resolución
de saldos
Cuando se hayan cotizado un número
mínimo de semanas y se reúnan las exigencias para obtener la garantía de
pensión mínima de vejez, pero el capital no financie esa pensión mínima, los
pensionados tienen derecho a que del Fondo de Garantía complete la parte que
les haga falta. Cuando no hayan alcanzado acumulado el capital necesario para
financiar la pensión mínima, tienen derecho a la devolución del capital
acumulado en la cuenta de ahorro individual incluidos los rendimientos
financieros. En el evento de no alcanzarse la pensión por insuficiencia del
capital pensional y el afiliado no desee o no pueda continuar cotizando, el
sistema prevé mecanismos para la devolución del capital acumulado en la cuenta
individual, conforme lo indican los artículos 66 (pensión de vejez), 72
(devolución de saldos por invalidez) y 78 (para pensiones de sobrevivientes).
REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON
SOLIDARIDAD-Modalidades
legales de pensión
En el Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad, existen varias modalidades legales de pensión, según lo prevé el
artículo 79 de la Ley 100 de 1993: a) renta vitalicia
inmediata; b) retiro programado; c) retiro programado con renta vitalicia
diferida; o d) Las demás que autorice la Superintendencia Bancaria.
REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON
SOLIDARIDAD-Planes
alternativos de capitalización y de pensiones
La Ley 100 de 1993 prevé opciones a
los afiliados para contratar planes alternativos de capitalización y de
pensiones, con la finalidad de acumular recursos para obtener una pensión de
vejez, una vez el aportante haya acumulado en la cuenta individual el capital
necesario para financiar una pensión mínima y cumpla las demás exigencias a que
se refieren los artículos 87 y 88 de la Ley.
REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CONSOLIDADO-Garantía de crédito y adquisición de
vivienda
Los afiliados al régimen de ahorro
individual con solidaridad que hayan acumulado más del 110% del capital
necesario para financiar su pensión, pueden utilizar el exceso de dicho capital
ahorrado como garantía de créditos de vivienda y educación.”
REGIMEN DE
AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD-Cambio de plan de
capitalización o de pensiones o traslados de entidad administradora
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD-Libertad de configuración
legislativa en juicio de igualdad
JUICIO DE
IGUALDAD-Estructura analítica básica
JUICIO DE
IGUALDAD-Relevancia del principio de igualdad
JUICIO DE
IGUALDAD-Razonabilidad de la norma
JUICIO DE
IGUALDAD-Justificación de trato diferente/JUICIO
DE IGUALDAD-Análisis de proporcionalidad para evitar trato diferente
JUICIO DE
IGUALDAD-Finalidad/LIBERTAD DE CONFIGURACION
LEGISLATIVA Y JUICIO DE IGUALDAD-Margen e intensidad/LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA-Análisis de trato diferente
POTESTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA-Grado de amplitud
La determinación del grado de amplitud
de la potestad de configuración del Legislador depende (i) de la materia
regulada; (ii) de los principios constitucionales tocados por la forma en que
dicha materia fue regulada; y (iii) de los grupos de personas perjudicados o
beneficiados con el trato diferente.
DERECHO A LA IGUALDAD-Elementos fundamentales/IGUALDAD DE
TRATO-Desconocimiento por tratamiento discriminatorio sin justificación
razonable
Tal como lo ha reconocido esta Corporación, el
artículo 13 constitucional tiene 6 elementos fundamentales: (i) un principio
general, que se refiere tanto a la igualdad ante la ley (igualdad formal), como
a la protección igual por parte de las autoridades, la igualdad de
oportunidades y a la igualdad de trato (igualdad material); (ii) la prohibición
de discriminar por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica; (iii) la obligación de promover las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva; (iv) la posibilidad de
adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados; (v) la obligación
del Estado de brindar especial protección a personas que por su condición
económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad
manifiesta; y (vi) el deber del Estado de sancionar los abusos o malos tratos
contra quienes se encuentren en condiciones de indefensión o marginación. La igualdad de trato a que hace referencia el artículo 13
Superior, se desconoce cuando el legislador establece, en relación con
cualquiera de los 6 elementos anteriormente mencionados, un tratamiento
discriminatorio sin justificación razonable, aun cuando no emplee alguno de los
criterios sospechosos expresamente señalados en su inciso primero.
IGUALDAD-Identificación del criterio de comparación
REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON
SOLIDARIDAD-Categorías
comparables de afiliados y pensionados/REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON
SOLIDARIDAD-Servicios administrativos y rentabilidad financiera más
favorable para usuarios de entidades administradoras
La Corte estima que los afiliados y los pensionados
del régimen de ahorro individual con solidaridad sí son categorías comparables,
a la luz de los fines perseguidos por el artículo 107 de la Ley 100 de 1993:
(i) garantizar un servicio administrativo y financiero eficiente de los
recursos del régimen de pensiones de ahorro individual con solidaridad; y (ii)
asegurar la estabilidad financiera y la rentabilidad de la entidad
administradora o aseguradora.
ENTIDAD ADMINISTRADORA O ASEGURADORA DE
PENSIONES-Conocimiento de
reservas y gastos financieros que deben asumir/ENTIDAD ADMINISTRADORA O
ASEGURADORA DE PENSIONES-Requisitos/ENTIDAD ADMINISTRADORA O ASEGURADORA
DE PENSIONES-El traslado frecuente afecta la estabilidad financiera y
reduce la rentabilidad de inversión
JUICIO DE IGUALDAD-Modulación de intensidad
JUICIO DE IGUALDAD EN SISTEMA GENERAL DE
PENSIONES-Intensidad
Es necesario ponderar varios aspectos,
a saber: 1) el asunto de que trata la regulación: un asunto económico
relacionado con la configuración del sistema de seguridad social; 2) el tipo de
derechos regulados: los derechos a la pensión de jubilación, invalidez y
sobrevivientes, y al mínimo vital; 3) la naturaleza del grupo afectado con la
medida: personas especialmente protegidas por la Carta que tienen derecho a una
pensión: personas de la tercera edad, madres cabezas de familia, menores de edad
y minusválidos, cuya subsistencia puede llegar a depender del pago oportuno y
efectivo de una pensión.
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
SISTEMA GENERAL DE PENSIONES-Margen
amplio/SISTEMA GENERAL DE PENSIONES-Principios de universalidad, eficiencia
y solidaridad
Tal como lo ha sostenido de manera reiterada esta
Corporación, la Constitución atribuyó al legislador la función de configurar el
sistema de pensiones, y le otorgó un margen amplio para hacerlo, a fin de
garantizar que el sistema cuente con los “medios para que los recursos
destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante,” y su
prestación se haga de conformidad con  los principios de universalidad,
eficiencia y solidaridad, conforme al artículo 48 de la Carta. En ejercicio de
esta potestad, el legislador señaló, entre otras cosas, los regímenes y
modalidades de las pensiones que conforman el sistema, las contingencias
cubiertas, los requisitos que deben ser cumplidos para tener derecho a las
distintas prestaciones dentro de cada uno de los regímenes de seguridad social
en pensiones, las entidades responsables de su prestación, y las condiciones
bajo las cuales se adelantaría la gestión financiera y administrativa de dichas
entidades. Igualmente, en ejercicio de esa potestad, el legislador podía
establecer las condiciones que permitieran una sana competencia entre las
distintas administradoras de pensiones, de tal forma que la calidad de los
servicios financieros y administrativos ofrecidos a los usuarios fuera
estimulada por el libre mercado. También podía el legislador, eliminar los
factores de riesgo que amenazaran la sostenibilidad de los recursos del
sistema, o que resultaran contrarios a la búsqueda de las finalidades de
eficiencia, universalidad, solidaridad, y ampliación de la cobertura y, en
consecuencia, determinar las condiciones para el  traslado de régimen de
pensiones, la trasferencia de plan de capitalización o de pensiones, y el
cambio de entidad administradora de pensiones.
SISTEMA GENERAL DE PENSIONES-Regulación de conformidad con fines
constitucionales
ENTIDAD ADMINISTRADORA O ASEGURADORA DE
PENSIONES-Cambio afecta
derechos a la pensión y al mínimo vital/JUICIO DE IGUALDAD-Rigurosidad/JUICIO
DE IGUALDAD EN SISTEMA GENERAL DE PENSIONES-Características
Como la norma no emplea ninguna de las categorías
sospechosas que consagra el artículo 13 Superior, por lo que procede es un
juicio de igualdad con las siguientes características: De conformidad con la
jurisprudencia de esta Corporación, en el juicio de igualdad aplicable cuando
el legislador dispone de un margen de configuración ordinario, se requiere (1)
que el fin o los fines no sólo sean legítimos sino también constitucionalmente
importantes, en razón de que promueven intereses públicos valorados por la Carta
o en razón de la magnitud del problema que el legislador busca resolver; (2)
que el medio sea legítimo; y (3) que el trato diferente sea no sólo adecuado,
sino efectivamente conducente a alcanzar el fin o los fines buscados por la
norma sometida a control judicial.
REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON
SOLIDARIDAD-Fines
SEGURIDAD SOCIAL Y SISTEMA GENERAL DE
PENSIONES-Relación
ENTIDAD ADMINISTRADORA O ASEGURADORA DE
PENSIONES-Prestación
eficiente de servicios
REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON
SOLIDARIDAD-El mejor
manejo de recursos financieros y administrativos permite mayor cobertura de
contingencias
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN REGIMEN DE
AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD-Desarrollo
Garantizar
la eficiencia administrativa y financiera y la sostenibilidad del sistema de
pensiones bajo el régimen de ahorro individual desarrolla cabalmente el
principio de solidaridad, porque en este también se da la práctica de la mutua
ayuda entre personas, generaciones, sectores económicos y comunidades, “para
hacer efectiva la protección del más fuerte hacia el más débil, en la medida en
que se puede obtener una pensión mínima que ampare al afiliado en su vejez o
invalidez y a los beneficiarios de una pensión de sobrevivientes en caso de
muerte, sino también el financiamiento para aquellos afiliados cuyos recursos
son insuficientes.”
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL-Mecanismos que contribuyen a la
prestación eficiente de la seguridad social
, la Ley 100 de 1993 contiene varios mecanismos que
contribuyen a la prestación eficiente de la seguridad social, dentro de los
cuales se encuentran (i) la autorización para que el afiliado traslade sus
aportes del régimen pensional de prima media con prestación definida al régimen
de ahorro individual con solidaridad, y viceversa (Artículo 113, Ley 100 de
1993); (ii) el establecimiento de diferentes modalidades de pensión que se
acomoden a las necesidades futuras del pensionado (Artículo 79, Ley 100 de
1993); (iii) la autorización para que el afiliado trasfiera su cuenta de ahorro
individual de plan de capitalización o de pensiones, y de entidad
administradora (Artículo 107, Ley 100 de 1993, norma cuestionada en el presente
proceso); (iv) la limitación a la frecuencia con que puede hacerse el traslado
(Artículo 2, Ley 797 de 2003); (v) el establecimiento de garantías de
sostenibilidad del régimen, a través de pólizas, fondos de garantías, garantías
estatales, niveles de patrimonio mínimo de las entidades administradoras de
pensiones, beneficios tributarios, etc. (Artículos 68, 70, 71, 75, 77, 99, 109
Ley 100 de 1993; y 14, Ley 797 de 2003, entre otros); (vi) el establecimiento
de garantías de rentabilidad mínima (Artículo 101, Ley 100 de 1993); (vii) los
mecanismos de control y vigilancia sobre las entidades administradoras de pensiones
(Artículos 91, 92, 95, 96, Ley 100 de 1993, entre otros).
RENTA VITALICIA INMEDIATA-Concepto y alcance
Este tipo de plan pensional es, por
expresa definición legal, un contrato irrevocable entre el afiliado y una
aseguradora, mediante el cual el afiliado adquiere un seguro que le otorga al
beneficiario y sus descendientes el derecho a recibir una renta vitalicia
mensual. Por su naturaleza, como contrato de seguro que es, los riesgos
financieros y de contingencias propias de este tipo de contrato se trasladan a
la compañía aseguradora, quien a partir de la celebración del mismo debe hacer
las reservas necesarias, adquirir reaseguros y adoptar otras medidas para
garantizar la rentabilidad y estabilidad del contrato. Por ello, resulta
efectivamente conducente para garantizar la sostenibilidad del sistema y
servicios administrativos y financieros adecuados, restringir la posibilidad de
traslado en esta modalidad de pensión. De no establecerse esta restricción,
ninguna aseguradora aceptaría asumir los costos de una renta vitalicia, si la
continuidad de la relación con el beneficiario quedara sometida a su mera
voluntad.
RETIRO PROGRAMADO CON RENTA VITALICIA
DIFERIDA
En el caso de la modalidad de ahorro
programado con renta vitalicia diferida, ocurre algo similar una vez se haya
adquirido el derecho a la renta vitalicia, pues el contrato se vuelve
irrevocable a partir de ese momento, es decir, cuando se contrata la renta
vitalicia. Esta circunstancia, por lo tanto, no carece de razonabilidad impedir
el traslado previsto en el artículo 107 cuestionado.
RETIRO PROGRAMADO SIN RENTA VITALICIA-Alcance
En la modalidad de ahorro programado
sin renta vitalicia, el afiliado no adquiere el derecho a una prestación fija,
sino que el pago de su pensión se calcula con base en el capital acumulado, y
por tanto ésta depende de sus aportes, sin perjuicio de las garantías de
rentabilidad mínima (Artículo 101, Ley 100 de 1993), pensión mínima (Artículo
84, Ley 100 de 1993), y la garantía estatal a las pensiones contratadas con
aseguradoras (Artículo 109, Ley 100 de 1993). No obstante, cuando el afiliado
adquiere la calidad de pensionado, el monto de la cuenta de ahorro pensional
deja de incrementarse con base en aportes mensuales que haga el pensionado y la
administradora de pensiones asume costos financieros adicionales. Permitir el
traslado de una entidad administradora de pensiones a otra, una vez se ha
adquirido la calidad de pensionado puede poner en riesgo la sostenibilidad del
sistema, aumentar los costos de los servicios administrativos y financieros, y
desestimular la obtención de mayores niveles de rentabilidad a través de
inversiones de mediano y largo plazo, dado que la posibilidad de traslado
quedaría sujeta al capricho del pensionado.
SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL-Protección de aportes del
afiliado y gestión administrativa y financiera
CUENTA DE
AHORRO PENSIONAL-Límites del traslado cuando se ha
adquirido calidad de pensionado
Referencia: expediente D-4532
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 107 (parcial) de la Ley 100 de 1993
Demandante:
Enrique Guarín Álvarez
Magistrado Ponente:
Dr. Manuel
José Cepeda Espinosa
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de septiembre de dos
mil tres (2003)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y de los
trámites establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
I.   ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en el
artículo 241 de la Constitución, el ciudadano Enrique Guarín Álvarez demandó la
expresión “y que no haya adquirido la calidad de pensionado” contenida
en el artículo 107 de la Ley 100 de 1993.
Mediante Auto del 26 de marzo de 2003, la
Corte admitió la demanda contra el artículo 107 (parcial) de la Ley 100 de
1993.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales
propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede
a decidir acerca de la demanda en referencia.
II.  NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto del artículo 107
de la Ley 100 de 1993, con el aparte cuestionado subrayado:
Ley 100 de 1993
(diciembre 23)
por la cual se crea el sistema de seguridad social
integral y se dictan otras disposiciones
(...)
ARTICULO
107. Cambio de Plan de
Capitalización o de Pensiones y de Entidades Administradoras. Todo afiliado al
régimen y que no haya adquirido la calidad de pensionado,
podrá transferir voluntariamente el valor de su cuenta individual de ahorro
pensional a otro plan de capitalización o de pensiones autorizado, o
trasladarse a otra entidad administradora.
Los cambios
autorizados en el inciso anterior no podrán exceder de una vez en el semestre
respectivo, previa solicitud presentada por el interesado con no menos de 30
días calendario de anticipación.
III.
LA DEMANDA
El demandante
solicita que la expresión “y que no haya adquirido la
calidad de pensionado”,
contenida en el artículo 107 de la Ley 100 de 1993, sea declarada inexequible
por violación de los artículos 1, 2, 5, 13 y 48 de la Constitución. La
inconstitucionalidad de la expresión demandada la sustenta de la siguiente
manera.
En primer
lugar, para el demandante la expresión cuestionada desconoce el artículo 1 de
la Carta Política, que establece que Colombia es un Estado Social de derecho
fundado en el respeto de la dignidad humana, al limitar a los pensionados de
manera injustificada “e indigna” el derecho a escoger libremente la entidad
administradora de pensiones que les conviene más, obligándolos a permanecer en
una determinada entidad aun cuando sea ineficiente y les ofrezca el peor
servicio.
En segundo
lugar, sostiene el actor que la limitación que establece el artículo 107 a los
pensionados, desconoce los artículos 2 y 5 Superiores porque no garantiza la
efectividad de los derechos consagrados en la Carta, pues “impide promover la prosperidad de los pensionados por el régimen de
ahorro individual. Con aquella limitante, la efectividad de los principios
constitucionales como el del libre desarrollo de la personalidad, el de la
igualdad, el de la irrenunciabilidad a los derechos, el de favorabilidad, el
del amplio y progresivo cubrimiento de la seguridad social, (...) no se cumplen
(...) porque el pensionado no tiene ninguna opción o posibilidad de buscar en
el mercado de las administradoras una mejor opción, él está condenado de por
vida a permanecer afiliado a una AFP.”
En tercer
lugar, afirma el demandante que la expresión cuestionada desconoce el artículo
13 de la Carta porque “establece una discriminación
injusta e inconstitucional contra las personas pensionadas, habida cuenta que
les impide buscar un mejor beneficio para ellos (...) aun cuando se les preste
un mal servicio o atención y sus ingresos pensionales se vean afectados por
culpa de la administradora.”
Para el actor,
“no existe una racionalidad en la prohibición demandada
ni una proporcionalidad en la limitación del derecho a cambiar de
administradora entre los cotizantes y los pensionados. El disfrutar de una
pensión no puede considerarse como argumento para establecer la exclusión de la
posibilidad del traslado a otra administradora que puede prestar las mismas
funciones que la otra pero en mejor forma. La igualdad debe predicarse de todas
las personas afiliadas al RAIS [régimen
de ahorro individual con solidaridad],
sin que entre ellos existan diferencias en cuanto a la posibilidad de traslado.”
“(...) [S]i la ley concedió a los afiliados al RAIS la opción de
trasladarse a otra administradora cada seis meses, quizás en busca de una mejor
rentabilidad, de [un] mejor (...) servicio, o por cualquier otra razón, ¿qué
justificación puede haber para que el afiliado que ya está pensionado deba
quedar atado, de por vida, a una administradora cuya rentabilidad o cuyo
servicio, entre otras causas, no le satisfagan?   “No sobra indicar que los
pensionados, en retiro programado, y los afiliados cotizantes son iguales pues
ambos mantienen su expectativa de ingreso acorde con el rendimiento real que
produzca el fondo. Por tanto, así como el afiliado cotizante puede trasladarse
a otro fondo (....), el pensionado debe poder hacer lo mismo, más aún cuando se
sabe que el contrato de retiro programado es revocable en cualquier momento.”
Finalmente, en
relación con la violación al artículo 48 constitucional, el actor sostiene que
la expresión cuestionada impide que el derecho a la seguridad social sea
respetado en su integridad, “toda vez que a los
pensionados afiliados al RAIS se les limita injustificadamente el derecho a
trasladarse a otra administradora. (...) Si el derecho a trasladarse libremente
de AFP se consagró para todos los afiliados al RAIS, ese mismo derecho no puede
limitarse a los pensionados, pues lo que determina la posibilidad del traslado
es la calidad del servicio, los rendimientos, la puntualidad y naturalmente la
voluntad del afiliado.”
IV. INTERVENCIONES
1.  Instituto de Seguros Sociales
Dentro del término legal previsto en el
artículo 11 del Decreto 2067 de 1991, el Director del Instituto de Seguros
Sociales intervino para solicitar que el artículo 107 de la Ley 100 de 1993,
demandado parcialmente, sea declarado exequible por las siguientes razones.
Para el interviniente el problema
constitucional que debe resolver la Corte es si el artículo demandado establece
una discriminación inconstitucional al diferenciar las calidades de pensionado
y afiliado para efectos de permitir el cambio de plan de capitalización de
pensiones o de entidad administradora. Con el fin de analizar este problema,
recuerda la doctrina de la Corte Constitucional en materia de igualdad y con
base en los criterios establecidos en dicha doctrina, propone evaluar la
naturaleza de las categorías empleadas por la norma con el fin de determinar el
“tipo de test de igualdad” que debe ser aplicado.
Señala que el artículo 107 establece a favor del
afiliado que es cotizante al régimen de pensiones, la posibilidad de transferir
voluntariamente el valor de su cuenta individual de ahorro pensional a otro
plan de capitalización o de pensiones autorizado, o trasladarse a otra entidad
administradora. Esta posibilidad fue vedada por el legislador al afiliado que
ya ha adquirido la calidad de pensionado. Por lo cual, según el interviniente,
las categorías que deben ser analizadas por la Corte son las de afiliado
cotizante y afiliado pensionado.
Sostiene el representante del Instituto de Seguros
Sociales que “tales categorías no tienen el carácter de sospechosas ni son
potencialmente discriminadoras, pues no están basadas en la constitución
fisiológica o psicológica de las personas –como sucedería, por ejemplo, si el
trato tuviera como base la raza de una persona‑, ni en el pasado han sido
utilizadas para estigmatizar a un grupo de la población –tal y como sucede
cuando la diferencia se funda en el origen nacional‑. Puede afirmarse que
las categorías no comportan ni siquiera el carácter de semi-sospechosas, pues
los términos allí empleados tienen un carácter conceptualmente neutro. Por tal
razón, debería aplicarse un análisis débil de igualdad.”
“Sin embargo, dado que la norma podría afectar en
cierto grado el derecho de un grupo de personas para elegir libremente a la
entidad administradora de sus pensiones, se supondrá hipotéticamente que tal
situación afecta en alguna medida un derecho constitucional y que, por lo
tanto, el análisis de igualdad debe ser intermedio.
“De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, los
análisis intermedios de igualdad exigen (i) que se identifique la legitimidad
del fin, (ii) que el medio utilizado no sea irracional (aspectos del test
débil), (iii) que exista una relación sustantiva entre el medio utilizado y el
fin buscado y que además, (iv) el fin sea constitucionalmente importante y el
medio efectivamente conducente a la realización de intereses públicos (...)
(aspectos del test intermedio. (...)”
A pesar de haber propuesto un juicio de
igualdad intermedio para examinar la constitucionalidad de la expresión
cuestionada, el interviniente solo analiza la finalidad de la medida, pero no
se refiere al medio escogido por el legislador ni a su efectiva conducencia
para alcanzar el fin buscado por la norma.
En cuanto al fin de la norma, el interviniente
identifica que “es asegurar los recursos disponibles en el régimen de
pensiones. Tal objetivo tiene un carácter legal y legítimo. Protege principios
contractuales dentro del marco de la Constitución y no comportan un carácter
irracional o arbitrario, por cuanto la misma disposición permite a las personas
que durante su vida laboral, puedan escoger libremente la administradora.
Además de lo anterior, el fin buscado a través de esa disposición, tiene un
carácter constitucional relevante fundado entre otros en el principio de solidaridad.
Es parte de una política pública que busca dar estabilidad financiera al
Sistema de Seguridad Social en general y a cada una de sus administradoras en
particular, para de esta forma garantizar su viabilidad y disponer las bases
con las cuales lograr una progresividad de estos derechos sociales.”
Concluye el Director del Instituto de Seguros Sociales
que “la norma acusada no viola el principio de igualdad, pues existe una
condición diferente entre los trabajadores activos y los pensionados, dado que
a éstos últimos, a través del reconocimiento de la pensión, se les ha
garantizado su derecho a la seguridad social y tienen una pensión adquirida.
Las pensiones son derechos personales de los beneficiarios y créditos contra la
entidad que las concede, razón por la cual la situación jurídica que ha
obtenido el pensionado no puede menoscabársele ni incumplir con el pago
oportuno de las mesadas. Por el contrario, los trabajadores activos afiliados
al Sistema General de Pensiones, se encuentran aportando al Régimen que hayan
escogido en procura de la construcción de su pensión.”
2.  Ministerio del Interior y de Justicia
Dentro del término legal previsto en el
artículo 11 del Decreto 2067 de 1991, Ana Lucía Gutiérrez, actuando como
apoderada del Ministerio del Interior y de Justicia  intervino para solicitar
que el artículo 107 de la Ley 100 de 1993, demandado parcialmente, sea
declarado exequible con base en los siguientes razonamientos.
Para la apoderada del Ministerio, ‑y
con el fin de desechar los cargos por violación de los artículos 1, 2 y 5‑
si bien es cierto que dentro del Estado Social de Derecho se consagra la
primacía del derecho a la seguridad social como un servicio público
obligatorio, dirigido, controlado y coordinado por el ente estatal para
proteger la vida, la dignidad humana, la integridad familiar y moral, el hecho
que la disposición demandada no permita el traslado una vez se haya adquirido
la calidad de pensionado no vulnera el derecho a la seguridad social.
Señala la apoderada que el contenido de la norma
demandada hace referencia a un requisito para acceder al cambio de plan de
capitalización o de pensiones y de entidades administradoras, que no constituye
un desconocimiento de la dignidad humana, pues “ni se le están coaccionando
al pensionado sus derechos fundamentales, ni cohibiendo su acceso, ya que
siguen haciendo parte del régimen de pensiones que legalmente han adquirido y
les es aplicable. (...) Por ende, no se ignora el fin esencial
del Estado Social de Derecho que pretende brindar a todas las personas la
efectividad de los principios y derechos constitucionalmente consagrados, con
el fin de alcanzar la convivencia pacífica ciudadana y la vigencia de un orden
justo, a contrario sensu (sic), la disposición acusada en lugar de vulnerar la
Carta se adecúa a sus mandatos, al cumplir con uno de los fines esenciales del
Estado cual es la vigencia del orden justo.”
En relación con el cargo formulado por violación del
artículo 13 de la Carta, sostiene la apoderada que tal acusación carece de
fundamento ya que la expresión demandada, no trasgredió “aquellas normas
mínimas que la Constitución o la ley establecen para las actuaciones
procesales, ni mucho menos se desconoce la garantía de los derechos e intereses
de las personas, por cuanto no está involucrado el concepto de discriminación
que implica la violación al derecho de igualdad consagrado constitucionalmente.”
“(...) la violación del derecho a la igualdad sólo
se da si la desigualdad (sic) está precedida de una justificación objetiva y
razonable, y la existencia de dicha justificación debe apreciarse según la
finalidad y los efectos de la medida considerada. Por consiguiente al afirmar
(...) que la expresión demandada discrimina a los pensionados, (...) no tiene
fundamento suficiente (...). [La Constitución prohíbe sólo] la discriminación
enmarcada dentro de ciertos criterios que en realidad esconden prejuicios
sociales y culturales, como cuando se tienen en cuenta características físicas
inmutables como el sexo y el color de la piel, o circunstancias fuera del
control del individuo, como su origen nacional o familiar, o sus opiniones
políticas, o expresadas en el ejercicio de libertades protegidas
constitucionalmente (...).”
En cuanto a la vulneración del derecho a la seguridad
social, sostiene la interviniente que la norma acusada “no está
desconociendo los derechos del pensionado, ni desmejorando su calidad de vida,
ni mucho menos se está violando la norma superior, pues éstos ya consolidaron
su derecho a pertenecer a un régimen de seguridad social en pensiones (...).
Por consiguiente la facultad para cambiarse de entidad administradora de
pensiones o a otro plan de capitalización o de pensiones no los limita en sus
prerrogativas esenciales de protección y amparo contempladas en la norma
superior, ya que las entidades administradoras de pensiones deben ofrecer el
mínimo de garantías y respetar los postulados constitucionales y legalmente
aplicables dentro del Sistema de Seguridad Social de Pensiones. La referida
norma no pretende afectar las situaciones jurídicas subjetivas concretas ya
consolidadas, las cuales se derivan de una relación laboral o contrato de
trabajo, como son el derecho subjetivo irrenunciable a la seguridad social
(...).”
3.  Ministerio de Protección Social
Dentro del término legal previsto en el
artículo 11 del Decreto 2067 de 1991, Jackeline Becerra Castro, actuando como
apoderada del Ministerio de Protección Social, intervino para solicitar que el
artículo 107 de la Ley 100 de 1993, demandado parcialmente, sea declarado
exequible por las siguientes razones.
Según la apoderada del Ministerio, “el Legislador,
en desarrollo del mandato Superior (Art. 48) y en concordancia con el Artículo
45 de la Carta Política, garantiza el derecho a la seguridad social integral de
los pensionados a través de un sistema orientado a la protección contra las
contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones determinadas en la ley, a través
de los sistemas de prima media con prestación definida o de ahorro individual,
de acuerdo con la libre escogencia que realice el pensionado durante su etapa
de afiliado y cotizante al sistema.”
En relación con la existencia de una
supuesta discriminación, la interviniente sostiene que ésta no existe pues
desde el punto de vista legal, la condición de afiliado y pensionado implica
diferencias sustanciales. “No es cierto (...) que con la citada disposición
se esté vulnerando el artículo 1 de la Constitución, al no respetar la dignidad
porque se impide el traslado al pensionado, toda vez que objetivamente se trata
de dos condiciones diferentes (afiliado –pensionado) que conllevan la
aplicación de un tratamiento diferencial desde el punto de vista jurídico
(...), pero [sin que ello signifique] el desconocimiento o
quebrantamiento de normas superiores (...).”
Más adelante agrega lo siguiente:
“Debe quedar claro que como se encuentra establecido en el sistema de ahorro
individual, el monto de la pensión es determinado por el ahorro proveniente de
las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros durante el período
de cotización del afiliado, en consecuencia (...) no es acertado afirmar como
lo hace el actor que la no posibilidad de cambiarse de administradora de
pensiones ‘menoscabe la prosperidad y el acceso a un mejor nivel de vida’,
violando el artículo 5 de la Constitución Política.”
En cuanto a la supuesta violación del
derecho a la igualdad, afirma la interviniente que la norma en cuestión si bien
establece una diferencia entre afiliados y pensionados, tal diferenciación
resulta razonable y proporcional. “La norma demandada está regulando dos
situaciones fácticas con efectos jurídicos diferentes (...) que requieren un tratamiento
diferenciado que no afecta de manera desmedida los intereses jurídicos de otros
grupos, (...) ya que estos se encuentran protegidos y garantizados por las
normas que rigen el sistema de pensiones.”
Como parte de esa protección la
interviniente menciona el control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria
sobre la actividad de las entidades administradoras de pensiones y
aseguradoras, el reconocimiento de una rentabilidad mínima sobre los aportes de
trabajadores y empleadores para pensiones, la existencia del FOGAFIN para
garantizar el pago de pensiones en caso de menoscabo patrimonial o suspensiones
de pago de la compañía aseguradora responsable de su cancelación, el
reconocimiento de intereses moratorios sobre la mesadas pensionales atrasadas,
así como las medidas legales dirigidas a agilizar el pago de las mesadas
pensionales.
Finalmente sostiene la apoderada del
Ministerio que la expresión cuestionada tampoco viola el artículo 48 Superior,
ya que ésta hace parte del marco legal orientado a garantizar y proteger el
derecho a la pensión y a la seguridad social integral de los pensionados.
4.  Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dentro del término legal previsto en el
artículo 11 del Decreto 2067 de 1991, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, intervino mediante apoderado especial, para solicitar que el artículo
107 de la Ley 100 de 1993, demandado parcialmente, sea declarado exequible por
las siguientes razones.
En primer lugar, el representante del
Ministerio expone el contexto normativo aplicable a los regímenes de pensiones,
como marco dentro del cual debe analizarse la disposición acusada. En relación
con el Régimen de Ahorro individual señala que “dentro de su libertad de
configuración del Sistema General de Pensiones, el legislador estableció un
régimen que se caracteriza porque las cotizaciones de trabajadores y
empleadores conforman unas cuentas de ahorro individual, las cuales se
administran por entidades privadas especializadas sometidas a inspección y vigilancia
del Estado, bajo la forma de patrimonios autónomos. Dentro del Régimen
de Ahorro individual, los beneficiarios pueden acogerse a alguna de las
modalidades de pensión reguladas en el artículo 79 de la Ley 100, las cuales
consisten esencialmente en rentas vitalicias contratadas con aseguradoras y
retiros programados contratados con administradoras de fondos de pensiones
–AFP.”
Las diferencias entre estas dos modalidades, según el
apoderado del Ministerio, se encuentran en los artículos 80 y 81 de la Ley 100
de 1993. Según el artículo 80, “en la renta vitalicia la ley señala que se
trata de un contrato irrevocable con una compañía aseguradora, por el cual el
afiliado contrata una renta mensual vitalicia para sí y para sus sobrevivientes.
En el retiro programado, en los términos del artículo 81, el afiliado
integra con su cuenta de ahorro individual,[1]
el capital necesario para obtener una pensión. Dicha pensión se calcula
anualmente de acuerdo con la expectativa de vida del afiliado y el grupo
familiar. La mensualidad se recalcula anualmente teniendo en cuenta el saldo de
los recursos en la cuenta de ahorro individual. Si al momento de hacer el
recálculo la administradora encuentra que el capital mínimo es inferior al requerido
para una renta vitalicia, debe proceder a adquirir una renta vitalicia.”
“La renta vitalicia, una vez contratada, adquiere
características de irrevocabilidad puesto que el beneficiario adquiere el
derecho al pago de una suma fija mensual transfiriendo de esta forma los
riesgos futuros (financieros, extralongevidad, etc.) a la aseguradora. En el
retiro programado, el afiliado no adquiere el derecho a una prestación fija y,
por tanto, conserva los riesgos que resulten de la gestión financiera del administrador,
sin perjuicio de las garantías a cargo de éste último (v.gr. rentabilidad
mínima) y de la garantía estatal, cuando ésta sea procedente.”
“De manera complementaria, el beneficiario tiene
también la posibilidad de optar por planes alternativos de capitalización y de
pensiones. En todo caso, el afiliado que haga uso de esta opción deberá haber
cumplido con unos montos mínimos de ahorro pensional, y renunciar a la garantía
de pensión mínima, toda vez que dichos planes pueden involucrar riesgos financieros
de los cuales debe estar suficientemente informados(...).[2] Teniendo en cuenta los riesgos que se
mencionan, el artículo 95[3] de la Ley 100 reitera la necesidad de que
dichos planes cuenten con la previa autorización de la Superintendencia
Bancaria. (...) Pero también es preciso tener en cuenta que los contratos que
respaldan los planes de capitalización tienen la característica de ser
bilaterales e irrevocables, y por tanto los riesgos, elemento de su esencia,
afectan por igual a ambos contratantes. En tal sentido, una vez que una de las
partes ha asumido de manera íntegra los riesgos propios del negocio no le es
dable a la otra retraerse voluntariamente de sus efectos sin causarle un grave
perjuicio.”
“Aplicado el anterior análisis a los contratos de
renta vitalicia y a los planes de capitalización y de pensiones, se tiene que
una vez asumido el riesgo por parte de la administradora o aseguradora, no
sería posible que el pensionado se retractase unilateralmente, afectando de
este modo las reservas que las entidades han debido realizar. Es en este
contexto que la limitación legal cobra sentido: una vez se han cumplido los
requisitos para la pensión bajo el contrato de renta vitalicia, el plan de
capitalización o el plan especial de pensiones, el pensionado debe respetar las
condiciones originalmente pactadas.”
“No puede perderse de vista que en estos casos se
trata de mecanismos específicos de pensión, a los cuales el afiliado se acoge
de manera voluntaria, previa selección entre las diversas alternativas
diseñadas por el legislador, y entre las diversas entidades autorizadas para
ofrecer el producto. Si el afiliado considera que se encuentra en condiciones
de asumir los riesgos propios de las inversiones de los recursos en el mercado
de capitales, puede optar por la modalidad de retiro programado; si pretende
una prestación fija, sin asumir riesgos financiero y de extralongevidad, puede
optar por la renta vitalicia. Iguales consideraciones se pueden predicar de los
planes de capitalización y de pensiones especiales, aprobados por la
Superintendencia Bancaria.”
En relación con los cargos por violación
del artículo 1 de la Carta, el representante del Ministerio sostiene que por el
hecho de que la ley obligue al pensionado a respetar el contrato tal y como
originalmente fue pactado, en nada viola la dignidad, pues la legislación
permite la libre elección entre diversas opciones, de acuerdo con las
necesidades e intereses del afiliado y su capacidad para asumir los riesgos
correspondientes.
“Por el contrario, si la ley permitiese el retracto
indefinido no sólo afectaría injustamente la estabilidad de la entidad
administradora o aseguradora, sino también al afiliado, que puede ser objeto de
manipulaciones o maniobras engañosas por parte de los interesados en celebrar
el negocio. Por otra parte, también se induciría a conductas unilaterales
incorrectas de cualquiera de las dos partes, puesto que tal posibilidad se
podría predicar tanto del beneficiario como del asegurador.  (...) El retracto
o el cambio de administrador es perfectamente posible en la modalidad de retiro
programado porque mientras no se haya celebrado el contrato de renta vitalicia
tendiente a garantizar la pensión mínima, los beneficios del afiliado dependen
del resultado de la gestión financiera de la administradora, y todos los
riesgos (positivos y negativos) se mantienen en cabeza del afiliado. Por el
contrario, en los demás esquemas que se analizan (renta vitalicia y planes de
capitalización y pensiones) las condiciones iniciales deben mantenerse porque
los riesgos han sido asumidos por el administrador.”
En cuanto al cargo por violación del artículo 2
Superior, señala el interviniente que “la efectividad de los derechos y la
vigencia de un orden justo suponen también la capacidad de los individuos para
tomar las decisiones que les competen, dentro de unas reglas de juego claras y
equilibradas que garanticen a la vez el cumplimiento ordenado de los contratos.
(...) las reservas de las entidades administradoras y aseguradoras garantizan
el pago de esta prestación especial, teniendo en cuenta las características
propias de cada uno de los productos que ofrecen.”
En relación con el cargo por violación del artículo 5
de la Carta, afirma el interviniente que el aparte demandado en nada lo
desconoce porque “la elección que realiza el beneficiario de la modalidad de
pensión no sólo es libre y espontánea al momento de contratar, sino que es una
decisión que implica un nivel de responsabilidad mínimo, para lo cual tuvo la
asesoría de la AFP. En el único caso en que puede considerarse procedente un
cambio de administradora es en la modalidad de retiro programado, mientras no
se haya contratado la renta vitalicia, puesto que (...) bajo esta opción la
administradora no asume los riesgos resultantes de la gestión financiera de los
recursos, salvo las obligaciones legales indicados.”
En cuanto a la supuesta violación del artículo 13 de
la Carta, el apoderado del Ministerio resalta que el demandante le asigna a la
expresión cuestionada unos alcances que no tiene, pues “las limitaciones a
los traslados establecidas por el legislador están referidas a aquellas
modalidades de pensión en las cuales el asegurador o administrador podría
correr unos riesgos no asumidos como resultado del retracto.”
“En los planes de pensiones obligatorias
bajo la modalidad de retiro programado tal traslado es relativamente
indiferente para el administrador, puesto que, si no se ha contratado la renta
vitalicia, la obligación del administrador consiste en transferir el saldo de
la cuenta individual y sus rendimientos a la nueva entidad seleccionada por el
afiliado. (...) [E]n ningún evento el saldo de la cuenta de retiro programado
podrá ser inferior al capital necesario para adquirir una renta vitalicia de
pensión mínima, porque en tal hipótesis la administradora deberá proceder a
contratar tal renta o solicitar la garantía estatal de pensión mínima.”
“[L]as limitaciones establecidas por el artículo 107
de la Ley 100 de 1993 se refieren exclusivamente a aquellas modalidades de
pensión en las que el afiliado ha transferido irrevocablemente los riesgos al
asegurador o administrador, por (...) razones de estabilidad financiera y
equilibrio contractual (...). No se dirige la restricción a limitar el traslado
de administradoras en los planes de retiro programado, porque bajo esta
modalidad de pensión los recursos que integran la cuenta constituyen el capital
de la pensión y no aplican por tanto las restricciones que hemos mencionado, y
en la medida en que es el afiliado quien ha asumido los riesgos resultantes de
la variación de dicho capital, bien puede optar por seleccionar una nueva
administradora que en su sentir pueda ofrecerle mejores condiciones de gestión
y rentabilidad, o cambiarse a la modalidad de renta vitalicia.”
Finalmente, en cuanto a la pretendida
violación del artículo 48 de la Constitución, sostiene el interviniente que el
actor se limita a afirmar que la prohibición de traslado para los pensionados
contradice la disposición constitucional, pero no expresa las razones por las
cuales ello es así. Para el interviniente, el actor no plantea un cargo
distinto a los ya analizados.
V.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
Mediante escrito del 19 de mayo de 2003, el Procurador
General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, intervino en el proceso de la
referencia y solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de la expresión “y
que no haya adquirido la calidad de pensionado”. Las razones de su
solicitud se resumen a continuación.
Para el Procurador, el problema que debe
resolver la Corte es establecer si la disposición demandada desconoce el orden
justo, el principio de igualdad y el derecho a la seguridad social, al no
permitir que quien adquiere la calidad de pensionado pueda trasladar su cuenta
de ahorro individual voluntariamente a otra sociedad administradora de fondos
de pensiones o cambiar de plan de capitalización.
Con el fin de resolver el problema
planteado, la Vista Fiscal precisa, en primer lugar, la naturaleza de los
fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad. “Se ha
entendido que el Sistema de Seguridad Social, a través de los Fondos de
Pensiones si se trata del régimen de ahorro individual o del Instituto de
Seguros Sociales, si es el régimen de prima media con prestación definida, es
la asunción de un riesgo que se traduce en el pago de las correspondientes
pensiones en las distintas modalidades –de vejez, invalidez y sobrevivientes‑,
así como de las respectivas indemnizaciones a que haya lugar, una vez se
cumplan los requisitos establecidos en la ley.”
“[E]l régimen de ahorro individual con
solidaridad ‘es el conjunto de entidades, normas y procedimientos, mediante los
cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las
pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados’. Se trata
entonces de la constitución de una cuenta de ahorro individual que se nutre de
las cotizaciones del afiliado, del empleador y de sus respectivos rendimientos
financieros, para que en el momento oportuno se determine el monto de la
pensión de la persona que cumple los requisitos para acceder a la misma de
forma vitalicia. Por el contrario, el régimen de prima medio con prestación
definida es aquel en el cual el aporte de cada afiliado ingresa a un fondo común,
y se extraen los recursos necesarios para cubrir la pensión una vez se reúnan
los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas cotizadas. (...) [E]n el
régimen de ahorro individual si bien la propiedad del patrimonio autónomo de
los afiliados pertenece a los mismos, tal como lo señala el literal d) del
artículo 60 de la Ley 100 de 1993, corresponde a las sociedades de naturaleza
privada que se constituyan para tal efecto, la administración de dicho
patrimonio de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la Constitución
Política, la cual se encuentra bajo el control del Estado a través de la
Superintendencia Bancaria.”
En segundo lugar, el representante del
Ministerio Público distingue la situación del afiliado al Sistema de Seguridad
Social en Pensiones de quien ya adquirió la calidad de pensionado. Según la
Vista Fiscal, el carácter de afiliado al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones está consagrado en el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, que señala
que la afiliación puede ser obligatoria en relación con todas aquellas personas
vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos y voluntaria
en cuanto a los trabajadores independientes y, en general, a cualquier persona
que no tenga la calidad de afiliado obligatorio. Esa calidad “implica el
esfuerzo económico, tanto del cotizante como del empleador, que le permite al
afiliado según el régimen correspondiente, constituir una cuenta individual o
un fondo común de naturaleza pública que conforman los recursos de los cuales
se cancelará la respectiva pensión, una vez acceda a las exigencias legales; lo
que significa que el afiliado a dicho sistema, desde el instante que empieza a
cotizar hasta el momento que haga el último aporte y con el cumplimiento del
requisito de edad que lo haga merecedor de la prestación periódica en comento,
se encuentra a la expectativa de disfrutar del esfuerzo que hizo a lo largo de
su vida laboral.”
“Es decir, mientras una persona
–afiliado‑ no reúna los requisitos legales para acceder a la pensión en
sus distintas modalidades, no es dable afirmar que se trata de un beneficiario
del Sistema de Seguridad Social en Pensiones. El beneficiario, entendido como
aquella persona que es llamada a recibir esta prestación económica, adquiere
esa calidad cuando precisamente ha cumplido los requisitos legales para acceder
a esa situación jurídica, lo que implica lógicamente que pierde la calidad de
afiliado por haber dejado de efectuar las cotizaciones correspondientes
exigidas en la Ley 100 de 1993.”
Por lo tanto, concluye el Procurador General, la
calidad de beneficiario se adquiere en el momento de acceder a la pensión de
jubilación o vejez, momento en el cual pierde la calidad de afiliado, es decir,
de la persona que hace las cotizaciones correspondientes, ya sean obligatorias
o voluntarias, al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.
En tercer lugar, sostiene la Vista Fiscal
que la norma demandada no vulnera las normas invocadas por el actor. El
Procurador General de la Nación concentra su análisis en la violación del
principio de igualdad y afirma que dado que no se está en presencia de sujetos
puestos en una misma situación de hecho, no procede un juicio de igualdad.
“En efecto, de una parte, tenemos a un afiliado
cotizante que realiza aportes periódicos al Sistema General de Pensiones y, de
otra, encontramos a un beneficiario del Sistema, es decir, aquel que ya goza de
los beneficios económicos obtenidos como contraprestación al esfuerzo laboral y
económico realizado durante determinado número de años.  (...) En este sentido,
el legislador está facultado para establecer tratamientos diferentes frente a
situaciones de hecho igualmente distintas, es decir, las disposiciones
normativas pueden establecer esta diferenciación siempre que la misma se justifique
sobre elementos de carácter objetivo, que estén acordes con una finalidad
constitucional legítima y que no se trate de consideraciones caprichosas e
irracionales del legislador,”
“La movilidad de los pensionados en el régimen de
ahorro individual con solidaridad, no está permitida por ley, ya que esa
posibilidad de cambiar de entidad administradora de fondos de pensiones tiene
como único propósito garantizar a los afiliados y no a los  beneficiarios una
mayor rentabilidad sobre el patrimonio que han constituido e incrementado con
su cotización, para poder así completar el monto necesario para acceder a una
pensión, que de conformidad a lo establecido por el artículo 64 de la Ley 100
de 1993, no podrá ser inferior al 110% del salario mínimo legal mensual
vigente, de acuerdo con los cálculos actuariales que deben realizar las
entidades administradoras de los fondos de pensiones.”
Según el Procurador General, “el hecho de generarse
una mayor rentabilidad sobre el capital ahorrado no incide de forma directa en
la mayor o menor cuantía del monto de la pensión, puesto que dicho monto se
establece al momento de cumplirse con los requisitos para acceder a la
prestación, de acuerdo con cálculos actuariales en los que cuenta básicamente
la edad promedio de esperanza de vida de una persona (según las tablas de
mortalidad oficiales para la población colombiana) y el capital constituido
durante los años que se aportó al sistema con las cotizaciones adicionales, en
caso de haberse efectuado.”
El precepto consagrado en el artículo 107 de la Ley
100 de 1993 busca, según la Vista Fiscal, “garantizar al afiliado la
obtención de una mayor rentabilidad de sus aportes mediante libre escogencia de
la sociedad administradora que ofrezca un mejor portafolio de servicios financieros.
Situación distinta, como se anotó, del beneficiario del sistema, el cual una
vez obtenga la calidad de pensionado accederá a una prestación fija con base en
unos cálculos actuariales, pensión que de conformidad con lo establecido en el
artículo 14 de la Ley 100 de 1993 tiene la garantía de mantener su poder
adquisitivo constante mediante el reajuste anual de oficio.”
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.  Competencia
En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 la
Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de
inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como la que se acusa en la
demanda bajo estudio.
2.  Problemas jurídicos
El actor en su demanda afirma que la expresión “y que
no haya adquirido la calidad de pensionado”, contenida en el artículo 107
de la Ley 100 de 1993, es contraria a los artículos 1, 2, 5, 13 y 48 de la
Constitución, por establecer un tratamiento discriminatorio en contra de los
pensionados, que desconoce su dignidad y su derecho a la seguridad social, al
impedirles el traslado de administradora de pensiones una vez han adquirido tal
calidad.
Por su parte los intervinientes defienden la
constitucionalidad de la expresión cuestionada indicando: (i) que el
tratamiento diferente entre pensionados y afiliados para efecto del traslado de
la cuenta de ahorro pensional se justifica como medio para asegurar una
administración adecuada de los recursos disponibles en el régimen de pensiones
y para asegurar estabilidad financiera de la entidad administradora o
aseguradora de pensiones; (ii) que las calidades de pensionado y
afiliado se refieren a categorías jurídicas diferentes que no son comparables,
por lo cual no es posible alegar una violación del principio de igualdad; (iii)
que a fin de proteger la seguridad y eficiencia financiera en el manejo del
ahorro pensional, el legislador previó mecanismos que aseguran un mejor
servicio al pensionado, lo que hace innecesario permitir al pensionado
trasladarse de administradora de pensiones, dado el riesgo que tal operación
podría acarrear para la sostenibilidad del sistema.
Por lo anterior, pasa la Corte a resolver los
siguientes problemas jurídicos:
1.  ¿Es contrario al
principio de igualdad, el que se impida a los pensionados transferir su cuenta
individual de ahorro pensional a otro plan de capitalización o de pensiones o
trasladarse a otra entidad administradora?
2.  ¿Vulnera el derecho a la
seguridad social de los pensionados, el que se les impida escoger la entidad
administradora de pensiones o el plan de capitalización que le ofrezca el mejor
servicio administrativo y financiero, una vez han adquirido la calidad de
pensionados?
Con el fin de resolver los anteriores problemas, la
Corte primero recordará el contexto normativo de los regímenes de pensiones
dentro del cual se inscribe la norma cuestionada. Posteriormente, examinará si
la distinción que estableció el Legislador entre pensionados y afiliados para
efectos de autorizar el traslado de la cuenta individual de ahorro pensional,
respeta el derecho a la igualdad. Para ello, empleará el juicio de igualdad,
metodología a través de la cual se analizará si el fin perseguido por el
legislador, el medio empleado y la relación entre el medio y el fin, se ajustan
a la Carta, o si son discriminatorios. Finalmente, examinará si la disposición
cuestionada resulta contraria al derecho a la seguridad social.
3.  El marco normativo del traslado de la cuenta individual
de ahorro pensional en la Ley 100 de 1993
En desarrollo del derecho a la seguridad
social (Art. 48, CP), el Congreso de la República expidió el marco general del
Sistema de Seguridad Social Integral contenido en la Ley 100 de 1.993. Este
sistema hace referencia tanto a los regímenes generales de pensiones (Arts. 10
a 151, Ley 100 de 1993), como a los regímenes de salud, riesgos profesionales y
servicios complementarios.
En lo que concierne al régimen de
pensiones, la Ley 100 de 1993 establece como objetivo “garantizar a la
población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la
invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y
prestaciones que se determinan en la Ley (...), así como propender por la
ampliación progresiva de cobertura a los sectores de la población no amparados
con un sistema de pensiones.”[4]
En ejercicio de su potestad de configuración, el
legislador estableció dos regímenes solidarios de pensiones excluyentes entre sí,
que coexisten: el “Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida” y
el “Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad”.[5] La afiliación a
cualquiera de estos regímenes es obligatoria y la selección de uno de estos dos
sistemas es libre y voluntaria por parte del afiliado,[6]  quien adquiere a
partir de su vinculación o traslado[7]
al régimen seleccionado, la obligación de cumplir con los aportes de ley para
el reconocimiento y pago de las prestaciones y de las pensiones a las cuales
tendrá derecho[8].
De conformidad con el artículo 31 de la Ley 100 de
1.993 el “régimen solidario de prima media con prestación definida” es “aquel
mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de
vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente
definidas.”[9]
En este régimen los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen “un
fondo común de naturaleza pública”[10],
que garantiza el pago de las prestaciones a quienes tengan la calidad de
pensionados en cada vigencia, los respectivos gastos de administración y la
constitución de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la ley.[11] Su administración
corresponde al Instituto de Seguros Sociales y a las cajas, fondos o entidades
de seguridad social del sector público o privado mientras subsistan,[12] existentes al momento
de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.[13]
A su turno, el Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad “es el conjunto de entidades, normas y procedimientos, mediante
los cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar
las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados”,[14] de acuerdo con lo
previsto en el inciso primero del artículo 59 de la Ley 100 de 1.993.
Este régimen está basado en el ahorro proveniente de
las cotizaciones del afiliado y de su empleador, de las contribuciones
voluntarias que haga el afiliado, de los bonos pensionales que se reconozcan
por el traslado de un régimen a otro,[15]
de  los subsidios del Estado, si a ello hubiere
lugar,  de las garantías de pensión mínima y de los aportes al Fondo de
Solidaridad, así como por sus respectivos rendimientos financieros.[16] Los aportes no
ingresan a un fondo común como en el régimen de prima media, sino que son
depositados en una cuenta individual de ahorro pensional constituida a título
personal.[17]
Una parte de esos aportes se capitalizará en la cuenta individual de ahorro
pensional de cada afiliado y la otra parte se destinará al pago de primas de
seguros para atender las pensiones de invalidez y de sobrevivientes y la
asesoría para la contratación de la renta vitalicia, a financiar el Fondo de
Solidaridad Pensional y a cubrir el costo de administración del régimen.[18]
El conjunto de cuentas de ahorro pensional conforman
un fondo de pensiones que es administrado por entidades privadas especializadas
que hacen parte del sistema financiero, y que están sometidas a inspección y
vigilancia del Estado.[19]
En el Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad existe una relación directa entre el capital ahorrado en la cuenta
individual de los afiliados y la pensión. El valor de la pensión es variable y
depende entre otros factores, del monto acumulado en la cuenta, de la edad a la
cual decida pensionarse el afiliado, de las semanas de cotización, de la
rentabilidad y de la modalidad de la pensión.
Como sistema de capitalización que es,
garantiza la pensión de vejez únicamente a condición de haber reunido en la
cuenta individual el capital necesario para financiarla, sin que sea necesario
el cumplimiento de una edad determinada o de un número mínimo de semanas de
cotización, requisitos propios del sistema de prima media con prestación
definida. Conforme al artículo 64 de la Ley 100 de 1993, los afiliados tendrán
derecho a retirarse a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado
en su cuenta les permita obtener una pensión superior al 110% del salario
mínimo legal mensual vigente.[20]
Cuando se hayan cotizado un número mínimo
de semanas y se reúnan las exigencias para obtener la garantía de pensión
mínima de vejez, pero el capital no financie esa pensión mínima, los
pensionados tienen derecho a que del Fondo de Garantía complete la parte que
les haga falta.[21]
Cuando no hayan alcanzado acumulado el capital necesario para financiar la
pensión mínima, tienen derecho a la devolución del capital acumulado en la
cuenta de ahorro individual incluidos los rendimientos financieros.[22] En el evento de no
alcanzarse la pensión por insuficiencia del capital pensional y el afiliado no
desee o no pueda continuar cotizando, el sistema prevé mecanismos para la
devolución del capital acumulado en la cuenta individual, conforme lo indican
los artículos 66 (pensión de vejez), 72 (devolución de saldos por invalidez)[23] y 78 (para pensiones
de sobrevivientes).[24]
De otra parte, en el Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, existen varias modalidades legales de pensión,
según lo prevé el artículo 79 de la Ley 100 de 1993: a)
renta vitalicia inmediata; b) retiro programado; c) retiro programado con renta
vitalicia diferida; o d) Las demás que autorice la Superintendencia Bancaria.
a)  En la Renta Vitalicia Inmediata, el “afiliado
contrata directa e irrevocablemente con la aseguradora de su elección el pago
de una renta mensual hasta su fallecimiento,” así como el pago de pensión
de sobrevivientes a sus beneficiarios.[25]
Una vez se opte por esta modalidad, el contrato adquiere características de
irrevocabilidad, y mediante él, el beneficiario obtiene el derecho al pago de
una suma mensual uniforme, en términos de poder
adquisitivo constante, que no puede ser inferior a la pensión mínima vigente del momento, mientras que la
aseguradora asume los riesgos propios de este tipo de contrato, tales como los
riesgos financieros, la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de
rentabilidad de inversiones, o la ocurrencia de ciertas contingencias, como por
ejemplo, la extralongevidad.[26]
Para financiar
esta modalidad de pensión, el afiliado debe transferir a la compañía de
seguros, el valor total del capital necesario para asegurar la mesada pensional,
cuyo monto se calcula teniendo en cuenta el monto de la mensualidad de
referencia, la edad del afiliado y la edad de sus beneficiarios.[27] Todos los riesgos
financieros que ocurran por la realización de las inversiones son de
responsabilidad de la aseguradora.[28]
b)  El Retiro Programado, es la modalidad en la cual
el afiliado o sus beneficiarios obtienen su pensión de la sociedad
administradora con cargo a la cuenta individual de ahorro pensional y al bono
pensional, si a él hubiere lugar. Esta modalidad de pensión se calcula
anualmente de acuerdo con la expectativa de vida del afiliado y de su grupo
familiar y la mensualidad se recalcula anualmente teniendo en cuenta el saldo
de los recursos en la cuenta de ahorro individual. Mientras el afiliado
disfruta de una pensión por retiro programado, el saldo de la cuenta de ahorro
pensional, no puede ser inferior al capital requerido para financiar al
afiliado y sus beneficiarios una renta vitalicia de un salario mínimo legal
mensual vigente. Cuando no hubiere beneficiarios, los saldos que queden en la
cuenta de ahorro al fallecer un afiliado que esté disfrutando una pensión por
retiro programado, acrecentarán la masa sucesoral. Si no hubiere causahabientes,
dichas sumas se destinarán al financiamiento de la garantía estatal de pensión
mínima.[29]
c)  En el Retiro Programado con Renta Vitalicia Diferida,
el afiliado contrata con la aseguradora de su elección, una renta vitalicia con
el fin de recibir pagos mensuales a partir de una fecha determinada, reteniendo
en su cuenta individual de ahorro pensional los fondos suficientes para obtener
de la administradora un retiro programado. La retención del ahorro pensional se
hará durante el período comprendido entre la fecha en que ejerce la opción por
esta modalidad y la fecha en que la renta vitalicia diferida comience a ser pagada
por la aseguradora. En esta modalidad, se deben mantener en la cuenta de ahorro
individual los fondos suficientes para obtener un retiro programado.[30] La renta vitalicia
diferida contratada no podrá ser inferior a la pensión mínima de vejez vigente.
Igualmente, la Ley 100 de 1993 prevé
opciones a los afiliados para contratar planes alternativos de capitalización y
de pensiones, con la finalidad de acumular recursos para obtener una pensión de
vejez, una vez el aportante haya acumulado en la cuenta individual el capital
necesario para financiar una pensión mínima y cumpla las demás exigencias a que
se refieren los artículos 87[31]
y 88[32]
de la Ley.
Los afiliados al régimen de ahorro individual
con solidaridad que hayan acumulado más del 110% del capital necesario para
financiar su pensión, pueden utilizar el exceso de dicho capital ahorrado como
garantía de créditos de vivienda y educación.”[33]
Es en este contexto del Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad en el que se inscribe el artículo 107 de la Ley 100
de 1993, parcialmente demandado en este proceso. Esta disposición hace parte de
las normas que regulan el funcionamiento de las Administradoras de Fondos de
Pensiones, contenida en el Título III, Capítulo VIII: Administradoras del Régimen
de Ahorro Individual con Solidaridad.
Según esta disposición, la posibilidad de
cambiar de plan de capitalización o de pensiones o de trasladarse de entidad
administradora de pensiones, permite al afiliado a este régimen, buscar un
mejor servicio financiero y administrativo por parte de las sociedades
administradoras.
La norma cuestionada permite al afiliado
al régimen de ahorro individual con solidaridad, transferir su cuenta de ahorro
pensional para buscar un plan de capitalización o de pensiones que le ofrezca
mejores condiciones financieras, o trasladarse de administradora de pensiones,
en busca de un mejor servicio.
Teniendo en cuenta este marco, pasa la
Corte a examinar si la limitación que establece el artículo 107 de la Ley 100
de 1993 para el traslado de la cuenta individual de ahorro pensional, establece
un tratamiento discriminatorio contra los pensionados.
4.  El derecho a la igualdad y el tratamiento diferenciado
entre afiliados y pensionados para efectos del traslado de la cuenta individual
de ahorro pensional
En los antecedentes de la presente
sentencia se resumió el debate entre el actor y los intervinientes acerca de la
procedencia y la intensidad con que debía adelantarse el juicio de igualdad al examinar
la constitucionalidad de la limitación, al cambio de plan de capitalización o
de pensiones y de entidades administradoras de pensiones, que establece el
artículo 107 de la Ley 100 de 1993.
Para el demandante, la prohibición de
trasladar la cuenta individual de ahorro pensional cuando se ha adquirido la
calidad de pensionado, supone una restricción irrazonable y desproporcionada
del derecho de los pensionados a buscar un mejor servicio financiero y
administrativo. Por su parte, el Ministerio del Interior y de Justicia sostiene
que la norma cuestionada no viola el derecho a la igualdad por cuanto en ella
no se hace referencia a ninguno de los criterios prohibidos expresamente por la
Carta. El Ministerio de Protección Social, a su vez, afirma que no procede el
juicio de igualdad, pues las categorías de afiliado y pensionado no son
comparables. El Instituto de los Seguros Sociales propone que se examine la
norma con un juicio de igualdad intermedio y concluye que dada la libertad de
configuración del legislador y la existencia de medios alternativos que
protejan la estabilidad y rentabilidad mínima de los pensionados, la limitación
de la posibilidad de traslado resulta razonable y proporcionada. Finalmente, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público indica que la medida se justifica para
garantizar la eficiencia administrativa y financiera de este régimen de
pensiones y la estabilidad financiera de la entidad administradora o
aseguradora, por lo cual resulta razonable dicha limitación.
En primer lugar, es preciso reiterar, que
el juicio de igualdad es tan sólo uno de los métodos de análisis empleados por
la Corte Constitucional para examinar la constitucionalidad de tratamientos
distintos establecidos por el legislador en ejercicio de su potestad de configuración.
Recientemente esta Corporación recordó la
estructura analítica básica del juicio de igualdad en los siguientes términos.[34]
El primero versa sobre la relevancia del
principio de igualdad en un determinado caso. Cuando el legislador ha tratado
de manera diferente situaciones que son claramente distintas, la Corte ha
considerado que no procede efectuar un juicio de igualdad. Para determinar
cuando dos situaciones sí son comparables y, por lo tanto, es pertinente
realizar un juicio de igualdad, la Corte ha señalado criterios que integran el
primer elemento del juicio de igualdad, a los cuales se hará referencia
posteriormente, cuando se aluda a las finalidades de la norma acusada.
El segundo elemento de la estructura
analítica del juicio de igualdad versa sobre la razonabilidad de la norma
acusada a la luz del principio de igualdad. Para determinar si el trato
diferencial establecido en una norma es razonable la Corte ha mirado, primero,
cuáles son los fines buscados por tal diferencia; segundo, cuál fue el medio
empleado por el legislador para alcanzarlos y, tercero, cuál es la relación
entre este medio y dichos fines. Es claramente violatoria de la igualdad una
norma que tiene un fin discriminatorio o persecutorio. Pero también lo es la
norma que a pesar de estar encaminada a alcanzar fines compatibles con la
Constitución, consagra medios que en sí mismos están prohibidos por el
principio de igualdad, como una clasificación basada en la raza o el sexo. Inclusive,
cuando tanto el medio elegido por el legislador como el fin que pretende
alcanzar son ambos compatibles con la Constitución, la norma acusada puede
resultar irrazonable cuando el trato diferente no guarda una relación
suficiente con el fin que supuestamente justifica la diferenciación. En ese
sentido, el juicio de igualdad exige del legislador cierta racionalidad cuando
trate de manera diferente situaciones o personas comparables.
El tercer elemento de esta estructura
analítica versa sobre los criterios para determinar si la relación entre el
trato diferente escogido por el legislador para alcanzar el fin buscado es
jurídicamente suficiente o no lo es, así como sobre los parámetros para juzgar
si el fin o los fines buscados justifican el trato diferente acusado de violar
el principio de igualdad. Estos criterios o parámetros no son siempre los
mismos. Generalmente la Corte analiza si el trato diferente es idóneo o
adecuado para alcanzar un fin legítimo. No obstante, la Corte también ha
indicado que en algunos casos esto no es suficiente para concluir que la norma
acusada pasó el juicio de igualdad. Se requiere, además, que el trato diferente
sea “efectivamente conducente” o, inclusive, “necesario” para alcanzar los
fines buscados por la norma acusada. Además, la Corte también ha exigido que,
en algunos casos por ella señalados, el fin mediante el cual se pretende
justificar el trato diferente establecido en la norma, sea, además de legítimo,
“importante” en un estado social y democrático de derecho o, inclusive,
“imperioso”. Cuando la Corte ha estimado que el trato diferente incide en
principios constitucionales especialmente protegidos en un Estado social y
democrático de derecho, ha señalado que el juicio de igualdad también comprende
un análisis de proporcionalidad, stricto sensu, para evitar excesos
resultantes del trato diferente. De tal manera que así el trato diferente
adoptado por el legislador sea necesario para alcanzar un fin imperioso, la
norma acusada es inconstitucional si afecta de manera desproporcionada otros
principios constitucionales.
La determinación clara y expresa de los
parámetros a aplicar en el juicio de igualdad, que es objeto de controversia
entre el demandante y los intervinientes en el presente proceso, tiene como
finalidad garantizar el respeto del principio democrático, el principio de la
seguridad jurídica así como de la presunción de constitucionalidad que existe
sobre las decisiones legislativas.[35]
Por esa razón, esta Corporación ha reconocido que “a mayor libertad de
configuración del legislador en una materia, más flexible debe ser el control
constitucional del respeto de la igualdad, y a menor margen de configuración
legislativa, en la medida que la Constitución restringe tal actuación, deberá
ser más estricto el control de constitucionalidad.” [36]
Así, si la potestad de configuración del
legislador fuera ilimitada –hipótesis inaceptable en un sistema democrático,
que no admite poderes absolutos‑ no sería posible para el juez
constitucional hacer un juicio de igualdad de la medida adoptada. Pero como
toda ley debe respetar la Constitución, el juicio de igualdad no puede ser prima
facie excluido. El juicio de igualdad será más estricto a medida que el
margen de configuración del legislador, dada la materia por él regulada, la
forma en que la reguló y los grupos afectados, se reduzca. Por eso, si la
potestad de configuración es grande, el juicio de igualdad se concentra en
examinar si la medida adoptada por el legislador es manifiestamente
irrazonable. Cuando se trata de una potestad amplia, el juicio de igualdad se
dirige a examinar si el fin es contrario a la Carta, si el trato diferente no
ha sido prohibido por la Constitución y si éste resulta inadecuado o carente de
relación racional con el fin que pretende alcanzar. Si la potestad de
configuración del legislador es la ordinaria, el juicio de igualdad se orienta a
considerar si el fin buscado es constitucionalmente importante en un Estado
Social y democrático de derecho y si el trato diferente resulta efectivamente
conducente para alcanzarlo. Finalmente, si se está ante una potestad de
configuración legislativa reducida, con el juicio de igualdad se analiza si el
fin que justifica el trato diferente es imperioso, si la diferencia de trato
adoptada por el legislador es necesaria para alcanzar tal fin y si, además, no
resulta desproporcionada, stricto sensu.
La determinación del grado de amplitud de
la potestad de configuración del Legislador depende (i) de la materia regulada;
(ii) de los principios constitucionales tocados por la forma en que dicha
materia fue regulada; y (iii) de los grupos de personas perjudicados o
beneficiados con el trato diferente.
Antes de proceder al análisis de la
medida cuestionada mediante el método del juicio de igualdad, la Corte
considera necesario recordar que, contrario a lo que afirma el Ministerio del
Interior y de Justicia, el derecho a la igualdad no se viola exclusivamente
cuando sin justificación razonable y objetiva se emplea alguno de los criterios
expresamente prohibidos en el inciso primero del artículo 13 Superior. Esta
visión restringida de la igualdad no refleja la concepción que de este
principio consagra la Carta.
Tal como lo ha reconocido esta
Corporación, el artículo 13 constitucional tiene 6 elementos fundamentales: (i)
un principio general, que se refiere tanto a la igualdad ante la ley (igualdad
formal), como a la protección igual por parte de las autoridades, la igualdad
de oportunidades y a la igualdad de trato (igualdad material); (ii) la
prohibición de discriminar por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica; (iii) la
obligación de promover las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva; (iv) la posibilidad de adoptar medidas a favor de grupos
discriminados o marginados; (v) la obligación del Estado de brindar
especial protección a personas que por su condición económica, física o mental
se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta; y (vi) el deber
del Estado de sancionar los abusos o malos tratos contra quienes se encuentren en
condiciones de indefensión o marginación. La igualdad
de trato a que hace referencia el artículo 13 Superior, se desconoce cuando el
legislador establece, en relación con cualquiera de los 6 elementos
anteriormente mencionados, un tratamiento discriminatorio sin justificación
razonable, aun cuando no emplee alguno de los criterios sospechosos
expresamente señalados en su inciso primero. Además, la Corte ha dicho que la
enumeración de criterios de clasificación sospechosos contenida en el artículo
13 no es taxativo. Por eso, ha precisado que hay otros criterios prima facie
prohibidos, como la orientación sexual y  la edad.[37]
Aclarado este punto, pasa la Corte a
analizar la medida cuestionada en el presente proceso, siguiendo la estructura
analítica del juicio de igualdad anteriormente descrita.
Para ello, primero determinará si el
asunto planteado por el demandante se refiere a situaciones o grupos
comparables que hagan procedente el juicio de igualdad. Posteriormente,
estudiará los fines perseguidos por el legislador. En tercer lugar, examinará
el medio escogido para alcanzar tales fines. Y, finalmente, considerará la
relación entre dicho medio y los fines buscados por el Legislador, teniendo en
cuenta la potestad de configuración del legislador, la naturaleza de los
derechos limitados con la medida y las características del grupo de personas
afectado por ella.
4.1.    Las calidades de afiliado y de pensionado son
categorías comparables a la luz de los fines perseguidos por el artículo 107 de
la Ley 100 de 1993.
Tal como lo ha señalado esta Corporación,
la identificación del criterio de comparación es el paso inicial para examinar
si la clasificación objeto de cuestionamiento fue racionalmente configurada por
el legislador. Así, la racionalidad de la medida diferenciadora obedece al
grado de acierto del Legislador en incluir a todas las personas similarmente situadas
para los fines de la ley. Por ello, para determinar si dos grupos o categorías
son comparables es necesario examinar su situación a la luz de los fines de la
norma.
La Corte estima que los afiliados y los pensionados
del régimen de ahorro individual con solidaridad sí son categorías comparables,
a la luz de los fines perseguidos por el artículo 107 de la Ley 100 de 1993:
(i) garantizar un servicio administrativo y financiero eficiente de los
recursos del régimen de pensiones de ahorro individual con solidaridad; y (ii)
asegurar la estabilidad financiera y la rentabilidad de la entidad
administradora o aseguradora.
En cuanto al fin de garantizar un
servicio administrativo y financiero eficiente de los recursos del régimen de
pensiones de ahorro individual con solidaridad, la posibilidad de traslado de
las cuentas individuales ahorro pensional estimula la competencia entre las
sociedades administradoras de fondos pensionales.  Con el fin de atraer un
mayor número de usuarios, y por ende, mayores recursos para inversión, estas
entidades ofrecerán mejores servicios administrativos y condiciones de
rentabilidad financiera más favorables para sus usuarios. De conformidad con
esa finalidad, tanto los afiliados al régimen de ahorro individual con
solidaridad, como los pensionados del mismo, serían grupos comparables para
efectos de obtener el mejor servicio administrativo y financiero posible. Sin
embargo, el criterio empleado por el legislador en este caso genera un problema
relativo tanto a la igualdad de derechos, como a la igualdad de oportunidades
de los pensionados.
En cuanto a la igualdad de derechos, el
criterio empleado por el legislador, restringe el derecho de los pensionados a
buscar el mejor servicio financiero y administrativo que el mercado pueda
ofrecerle. En relación con la igualdad de oportunidades, la medida, les limita
la posibilidad de buscar entidades administradoras eficientes que efectúen
inversiones de alta rentabilidad que aseguren un manejo adecuado de sus
pensiones.
En relación con el segundo fin identificado, la
restricción al traslado de la cuenta individual de ahorro pensional le
permitirá a  la entidad administradora o aseguradora de pensiones, conocer con
certeza el monto de las reservas y los gastos financieros que debe asumir para
efectos de garantizar el pago de las pensiones a su cargo, así como hacer una
mejor gestión financiera, invirtiendo los recursos disponibles en donde obtenga
una mayor rentabilidad. Permitir el retracto indefinido de los contratos de
pensiones puede resultar excesivamente oneroso para la entidad administradora,
que vería reducida la rentabilidad de sus inversiones al no poder establecer
flujos de caja predecibles que le permitan garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones.[38]
Pero también podría poner en riesgo los beneficios del titular de la cuenta de
ahorro pensional, pues al trasladarse frecuentemente de administradora de
pensiones o de plan de capitalización, reduciría la posibilidad de acceso a
inversiones de mediano y largo plazo que ofrezcan buenos índices de
rentabilidad y, además tendría que asumir los costos financieros y
administrativos que implique ese traslado, afectando de esa manera el capital
ahorrado, disponible para la pensión.
A la luz de esta finalidad, las categorías de afiliado
y pensionado también serían comparables, pues la decisión de afiliados y
pensionados de permanecer o trasladarse de entidad administradora de los fondos
pensionales, afecta la estabilidad financiera y la rentabilidad de sus
inversiones.
Una vez se ha establecido que las
calidades de afiliado y pensionado son comparables a la luz de las finalidades
que persigue la limitación del traslado de las cuentas individuales de ahorro
pensional y que, por lo tanto, es procedente hacer un juicio de igualdad, pasa
la Corte a determinar las características del juicio de igualdad en este caso.
4.2.    La determinación de los parámetros del juicio de
igualdad que debe aplicarse para examinar la restricción al traslado de las
cuentas individuales de ahorro pensional una vez se ha adquirido la calidad de
pensionado
Tal como lo ha señalado esta Corporación
en anteriores sentencias, el sentido básico de los distintos grados de
intensidad con los que se aplica el juicio de igualdad a una medida
legislativa, es preservar el principio democrático (Artículo 1, CP), así como
los principios de separación de las ramas del poder público y de colaboración
armónica entre ellas (Artículo 113 inciso 2, CP) y el de primacía de los
derechos inalienables de la persona (Artículo 5, CP). Estos principios son
interpretados sistemáticamente y ponderados en cada caso concreto de forma que
al examinar posibles violaciones al derecho a la igualdad se respeten las
competencias constitucionales tanto del legislador como de la Corte
Constitucional.[39]
En el caso bajo estudio, es necesario
ponderar varios aspectos, a saber: 1) el asunto de que trata la regulación: un
asunto económico relacionado con la configuración del sistema de seguridad social;
2) el tipo de derechos regulados: los derechos a la pensión de jubilación,
invalidez y sobrevivientes, y al mínimo vital; 3) la naturaleza del grupo
afectado con la medida: personas especialmente protegidas por la Carta que
tienen derecho a una pensión: personas de la tercera edad, madres cabezas de
familia, menores de edad y minusválidos, cuya subsistencia puede llegar a
depender del pago oportuno y efectivo de una pensión.
Tal como lo ha sostenido de manera reiterada esta
Corporación, la Constitución atribuyó al legislador la función de configurar el
sistema de pensiones, y le otorgó un margen amplio para hacerlo, a fin de
garantizar que el sistema cuente con los “medios para que los recursos
destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante,” y su
prestación se haga de conformidad con  los principios de universalidad,
eficiencia y solidaridad, conforme al artículo 48 de la Carta.[40]
En ejercicio de esta potestad, el legislador señaló,
entre otras cosas, los regímenes y modalidades de las pensiones que conforman
el sistema, las contingencias cubiertas, los requisitos que deben ser cumplidos
para tener derecho a las distintas prestaciones dentro de cada uno de los
regímenes de seguridad social en pensiones, las entidades responsables de su
prestación, y las condiciones bajo las cuales se adelantaría la gestión
financiera y administrativa de dichas entidades. Igualmente, en ejercicio de
esa potestad, el legislador podía establecer las condiciones que permitieran
una sana competencia entre las distintas administradoras de pensiones, de tal
forma que la calidad de los servicios financieros y administrativos ofrecidos a
los usuarios fuera estimulada por el libre mercado. También podía el
legislador, eliminar los factores de riesgo que amenazaran la sostenibilidad de
los recursos del sistema, o que resultaran contrarios a la búsqueda de las
finalidades de eficiencia, universalidad, solidaridad, y ampliación de la
cobertura y, en consecuencia, determinar las condiciones para el  traslado de
régimen de pensiones, la trasferencia de plan de capitalización o de pensiones,
y el cambio de entidad administradora de pensiones.
Sin embargo, dado que la regulación del sistema
general de pensiones debe hacerse de conformidad con los fines constitucionales
de eficiencia, universalidad y solidaridad, el margen de configuración con que
cuenta el legislador en esta materia es el ordinario, lo que indicaría, en
principio, que el juicio de igualdad estaría orientado a mirar si el fin
buscado es constitucionalmente importante y si el medio escogido por el
legislador es efectivamente conducente.
Adicionalmente, en virtud de que la disposición afecta
los derechos a la pensión y al mínimo vital de personas especialmente
protegidas por la Carta, tales como las personas de la tercera edad, las
mujeres cabeza de familia, los niños y los minusválidos, este hecho confirmaría
la procedencia de un juicio más riguroso. Por otra parte, como la norma no
emplea ninguna de las categorías sospechosas que consagra el artículo 13
Superior, por lo que procede es un juicio de igualdad con las siguientes
características: De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, en
el juicio de igualdad aplicable cuando el legislador dispone de un margen de
configuración ordinario, se requiere (1) que el fin o los fines no sólo sean
legítimos sino también constitucionalmente importantes, en razón de que
promueven intereses públicos valorados por la Carta o en razón de la magnitud
del problema que el legislador busca resolver; (2) que el medio sea legítimo; y
(3) que el trato diferente sea no sólo adecuado, sino efectivamente
conducente a alcanzar el fin o los fines buscados por la norma sometida a
control judicial.
Pasa la Corte a
aplicar la metodología descrita a la disposición cuestionada en el presente
proceso.
4.3.    Los fines perseguidos por el artículo 107 de la
Ley 100 de 1993 son legítimos e importantes.
Tal como se señaló anteriormente, el artículo 107 de
la Ley 100 de 1993 busca alcanzar al menos dos fines claramente identificables:
(i) garantizar un servicio administrativo y financiero eficiente de los
recursos del régimen de pensiones de ahorro individual con solidaridad; y (ii)
asegurar la estabilidad financiera y la rentabilidad de las inversiones de la
entidad administradora o aseguradora.
Estos dos fines están estrechamente ligados a los
fines constitucionales de eficiencia, universalidad y solidaridad que orientan
la prestación y ampliación de la cobertura de la seguridad social, en general,
y del sistema general de pensiones, en particular. Por ello, garantizar un
servicio administrativo y financiero eficiente y asegurar la estabilidad y la
sostenibilidad del sistema, constituyen fines legítimos y constitucionalmente
importantes en un Estado Social de Derecho como el colombiano.
La búsqueda de la prestación eficiente de servicios
que garanticen la rentabilidad, la administración adecuada y la sostenibilidad
del sistema de seguridad social en pensiones, contribuye a una competencia
entre administradoras de pensiones para ofrecer los mejores recursos
administrativos, técnicos y financieros disponibles y  repercute en una
prestación adecuada, oportuna y suficiente del derecho a la seguridad social.
Estos fines también resultan acordes con la finalidad
de garantizar la universalidad de la seguridad social en pensiones. El mejor
manejo de los recursos financieros y administrativos disponibles dentro del
sistema de ahorro individual con solidaridad, permite una mayor cobertura de
todas las contingencias que afectan la vida, la salud, la capacidad laboral y,
en general, las condiciones de vida de toda la población.
Finalmente, garantizar la eficiencia administrativa y
financiera y la sostenibilidad del sistema de pensiones bajo el régimen de
ahorro individual desarrolla cabalmente el principio de solidaridad, porque en
este también se da la práctica de la mutua ayuda entre personas, generaciones,
sectores económicos y comunidades, “para hacer efectiva la protección del más
fuerte hacia el más débil, en la medida en que se puede obtener una pensión
mínima que ampare al afiliado en su vejez o invalidez y a los beneficiarios de
una pensión de sobrevivientes en caso de muerte, sino también el financiamiento
para aquellos afiliados cuyos recursos son insuficientes.” [41]
4.4.    Regular la posibilidad de traslado de las cuentas
individuales de ahorro pensional es un medio legítimo
Tal como se señaló anteriormente, la potestad de
configuración del legislador al diseñar el sistema de seguridad social es
amplia, y en ejercicio de ella, el legislador puede crear estímulos que
favorezcan el ofrecimiento de servicios financieros y administrativos
eficientes, adecuados, sostenibles y rentables para el manejo de los recursos y
pensiones dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad. También
puede el legislador regular la frecuencia y oportunidad con que se puede
trasladar el afiliado dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad.
En ese sentido, la Ley 100 de 1993 contiene varios
mecanismos que contribuyen a la prestación eficiente de la seguridad social,
dentro de los cuales se encuentran (i) la autorización para que el afiliado
traslade sus aportes del régimen pensional de prima media con prestación
definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, y viceversa (Artículo
113, Ley 100 de 1993); (ii) el establecimiento de diferentes modalidades de
pensión que se acomoden a las necesidades futuras del pensionado (Artículo 79,
Ley 100 de 1993); (iii) la autorización para que el afiliado trasfiera su
cuenta de ahorro individual de plan de capitalización o de pensiones, y de
entidad administradora (Artículo 107, Ley 100 de 1993, norma cuestionada en el
presente proceso); (iv) la limitación a la frecuencia con que puede hacerse el
traslado (Artículo 2, Ley 797 de 2003); (v) el establecimiento de garantías de
sostenibilidad del régimen, a través de pólizas, fondos de garantías, garantías
estatales, niveles de patrimonio mínimo de las entidades administradoras de
pensiones, beneficios tributarios, etc. (Artículos 68, 70, 71, 75, 77, 99, 109
Ley 100 de 1993; y 14, Ley 797 de 2003, entre otros); (vi) el establecimiento
de garantías de rentabilidad mínima (Artículo 101, Ley 100 de 1993); (vii) los
mecanismos de control y vigilancia sobre las entidades administradoras de
pensiones (Artículos 91, 92, 95, 96, Ley 100 de 1993, entre otros).
La medida cuestionada en el presente proceso es, por
lo tanto, una medida legítima que podía adoptar el legislador en ejercicio de
su potestad de configuración del sistema general de pensiones.
4.5.    La restricción del traslado de la cuenta de ahorro
pensional de quienes ya han adquirido la calidad de pensionados resulta
efectivamente conducente para alcanzar fines legítimos e importantes
Dado que tanto el demandante como alguno de los
intervinientes señalan la relevancia de examinar el tratamiento dado a
pensionados y afiliados bajo las tres modalidades de pensión existentes en el
régimen de ahorro individual con solidaridad, pasa la Corte a examinar si el
medio escogido por el legislador es efectivamente conducente para alcanzar los
fines importantes anteriormente enunciados en cada una de las tres modalidades
a las cuales se aplica el artículo107 cuestionado.
Como se señaló en la sección 3 de esta
sentencia, dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad, existen por
lo menos 3 subsistemas de pensiones por los que puede optar el afiliado: (a) la
renta vitalicia inmediata; (b) el ahorro programado; y (c) el ahorro programado
con la renta vitalicia diferida.
Cuando se trata de la modalidad de renta
vitalicia inmediata, la naturaleza misma del contrato no permitiría el traslado
en ningún caso, dado que el afiliado adquiere la condición de pensionado desde
el momento mismo en que contrata la renta vitalicia. Este tipo de plan
pensional es, por expresa definición legal,[42]
un contrato irrevocable entre el afiliado y una aseguradora, mediante el cual
el afiliado adquiere un seguro que le otorga al beneficiario y sus
descendientes el derecho a recibir una renta vitalicia mensual. Por su
naturaleza, como contrato de seguro que es, los riesgos financieros y de contingencias
propias de este tipo de contrato se trasladan a la compañía aseguradora, quien
a partir de la celebración del mismo debe hacer las reservas necesarias,
adquirir reaseguros y adoptar otras medidas para garantizar la rentabilidad y
estabilidad del contrato. Por ello, resulta efectivamente conducente para
garantizar la sostenibilidad del sistema y servicios administrativos y
financieros adecuados, restringir la posibilidad de traslado en esta modalidad
de pensión. De no establecerse esta restricción, ninguna aseguradora aceptaría
asumir los costos de una renta vitalicia, si la continuidad de la relación con
el beneficiario quedara sometida a su mera voluntad.
En el caso de la modalidad de ahorro
programado con renta vitalicia diferida, ocurre algo similar una vez se haya
adquirido el derecho a la renta vitalicia, pues el contrato se vuelve
irrevocable a partir de ese momento, es decir, cuando se contrata la renta
vitalicia. Esta circunstancia, por lo tanto, no carece de razonabilidad impedir
el traslado previsto en el artículo 107 cuestionado.
En la modalidad de ahorro programado sin
renta vitalicia, el afiliado no adquiere el derecho a una prestación fija, sino
que el pago de su pensión se calcula con base en el capital acumulado, y por
tanto ésta depende de sus aportes, sin perjuicio de las garantías de
rentabilidad mínima (Artículo 101, Ley 100 de 1993), pensión mínima (Artículo
84, Ley 100 de 1993), y la garantía estatal a las pensiones contratadas con
aseguradoras (Artículo 109, Ley 100 de 1993). No obstante, cuando el afiliado
adquiere la calidad de pensionado, el monto de la cuenta de ahorro pensional
deja de incrementarse con base en aportes mensuales que haga el pensionado y la
administradora de pensiones asume costos financieros adicionales. Permitir el
traslado de una entidad administradora de pensiones a otra, una vez se ha
adquirido la calidad de pensionado puede poner en riesgo la sostenibilidad del
sistema, aumentar los costos de los servicios administrativos y financieros, y
desestimular la obtención de mayores niveles de rentabilidad a través de
inversiones de mediano y largo plazo, dado que la posibilidad de traslado
quedaría sujeta al capricho del pensionado.
Por lo anterior, encuentra la Corte que la restricción
al traslado de la cuenta individual de ahorro pensional una vez se ha adquirido
la calidad de pensionado, resulta efectivamente conducente para garantizar la
eficiencia de los servicios administrativos y financieros que ofrecen las
entidades administradoras a sus afiliados, cualquiera que sea la modalidad de
pensión que se adquiera.
Además, es importante resaltar que la Ley 100 de 1993
ha previsto mecanismos adicionales para proteger los aportes del afiliado y una
gestión administrativa y financiera mínima por parte de las entidades
administradoras de pensiones. Aun cuando estos medios de protección no están
dirigidos a garantizar que el pensionado obtenga el mejor servicio posible ni a
obtener una mayor rentabilidad, sí impiden que una mala gestión administrativa
y financiera por parte de la administradora de pensiones ponga en riesgo el
mínimo vital del pensionado. En efecto, la vigilancia de la gestión de las
administradoras de pensiones por la Superintendencia Bancaria, el
reconocimiento de una rentabilidad mínima, la existencia de FOGAFIN para
garantizar el pago de pensiones en caso de deterioro patrimonial, el
reconocimiento de intereses moratorios sobre mesadas pensionales atrasadas,
entre otros mecanismos, están dirigidos a establecer un mínimo de protección,
estabilidad y rentabilidad a los pensionados.
Por lo anterior, la limitación del traslado de la
cuenta de ahorro pensional cuando se ha adquirido la calidad de pensionado,
resulta efectivamente conducente para el logro de los fines de eficiencia
administrativa y financiera de las entidades administradoras y de
sostenibilidad y rentabilidad del sistema. Por esa razón, la Corte declarará la
constitucionalidad de la expresión “y que no haya adquirido la calidad de
pensionado” contenida en el artículo 107 de la Ley 100 de 1993.
Finalmente, en cuanto a la pretendida
violación del artículo 48 de la Constitución, encuentra la Corte que el actor
fusionó el cargo relativo al desconocimiento del derecho a la seguridad social
con el cuestionamiento de la existencia de un tratamiento discriminatorio, por
lo cual  no es necesario ahondar en este punto.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de
la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLE la expresión “y que no haya adquirido la
calidad de pensionado”, contenida en el artículo 107 de la Ley 100 de 1993.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (E)
[1]
La cual incluye las cotizaciones, los rendimientos, el bono pensional y la suma
adicional a cargo de la aseguradora de pensiones de invalidez y sobrevivencia.
(Ley 100 de 1993, Artículos 70 y  77 que establecen la forma de financiación de
las pensiones de invalidez y de sobrevivientes).
[2] Ley 100 de 1993, ARTICULO 87. Planes Alternativos de
Capitalización y de Pensiones. Los afiliados al Régimen de Ahorro Individual
con Solidaridad podrán optar por planes alternativos de capitalización, que
sean autorizados por la Superintendencia Bancaria. Los capitales resultantes
del plan básico y de dichas alternativas de capitalización, podrán estar
ligados a planes alternativos de pensiones que sean autorizados por la misma
Superintendencia.   El ejercicio de las opciones de que trata este artículo,
está sujeto a que los afiliados hayan cumplido metas mínimas de capitalización.
Los planes aprobados deberán permitir la movilidad entre planes,
administradoras y aseguradoras, y deben separar los patrimonios y cuentas
correspondientes a capitalización y seguros, en la forma que disponga la
Superintendencia Bancaria. El Gobierno Nacional señalará los casos en los
cuales el ingreso a planes alternativos implica la renuncia del afiliado a garantías
de rentabilidad mínima o de pensión mínima.   Parágrafo. Lo dispuesto en el
presente artículo no exime al afiliado ni al empleador, del pago de las
cotizaciones previstas en la presente Ley. (subrayado fuera de texto).
[3] Ley 100 de 1993, Artículo 95. Aprobación de los
Planes de Pensiones. Las entidades autorizadas para actuar como administradoras
o aseguradoras del sistema, deberán someter a la aprobación de la
Superintendencia Bancaria los planes de capitalización y de pensiones que
pretendan administrar.
[4]
Ley 100 de 1993, Artículo 10.
[5]
Ley 100 de 1993, Artículo 12. Regímenes del
Sistema General De Pensiones. El Sistema General de Pensiones está compuesto por
dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten, a saber:   a. Régimen
Solidario de Prima Media con Prestación Definida.   b. Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad.
[6]
Ley 100 de 1993, Artículo 13. Características del
Sistema General de pensiones. El
Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características:  a. La
afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e
independientes [Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003]; b.
La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo
anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto
manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del
traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca
este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el
inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley. (...)
[7]
La posibilidad de traslado entre regímenes fue limitada por la Ley 797 de 2003,
en los siguientes términos: “Los afiliados al Sistema
General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una
vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen
por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección
inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado
no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para
cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez.” [Literal e) del
Artículo 13 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 797
de 2003].
[8]
Ley 100 de 1993, Artículo 13. Características del Sistema General de pensiones. El Sistema General de
Pensiones tendrá las siguientes características:  (...) c. Los afiliados
tendrán derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones y de las pensiones
de invalidez, de vejez y de sobrevivientes, conforme a lo dispuesto en la
presente ley.   d. La afiliación implica la obligación de efectuar los aportes
que se establecen en esta ley.
[9]
Ley 100 de 1993, Artículo 31.
[10] La “naturaleza pública” de ese fondo común, contenida en el literal
b del artículo 32 de la Ley 100 de 1993, fue declarada exequible en la
Sentencia C-378 de 1998, MP. Alfredo Beltrán Sierra, “en el entendido que la
naturaleza pública que se reconoce al fondo común que se constituye con los
aportes de los afiliados en el régimen de prima media con prestación definida,
dado su carácter parafiscal, en ningún caso, debe ser entendida en el sentido
que los dineros que de él hacen parte pertenecen a la Nación.”
[11] Ley 100 de 1993, Artículo 32. Características. El Régimen de Prima
Media con Prestación Definida tendrá las siguientes características:  a. Es un
régimen solidario de prestación definida;   b. Los aportes de los afiliados y
sus rendimientos, constituyen un fondo común de naturaleza pública, que
garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de
pensionados en cada vigencia, los respectivos gastos de administración y la constitución
de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley. c. El Estado
garantiza el pago de los beneficios a que se hacen acreedores los afiliados. [El aparte subrayado condicionalmente EXEQUIBLE en la
sentencia C-378 de 1998, MP: Alfredo Beltrán Sierra, ya citada]
[12] Ley 100 de 1993, Artículo 52. Entidades Administradoras. El régimen
solidario de prima media con prestación definida será administrado por el
Instituto de Seguros Sociales.  Las cajas, fondos o entidades de seguridad
social existentes, del sector público o privado, administrarán este régimen
respecto de sus afiliados y mientras dichas entidades subsistan, sin perjuicio
de que aquellos se acojan a cualesquiera de los regímenes pensionales previstos
en esta Ley.  Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del
sector público o privado, estarán sometidas a la vigilancia y control de la
Superintendencia Bancaria.
[13] Diciembre 23 de 1993.
[14] Ley 100 de 1993, Inciso Primero, Artículo 59. Concepto. “El Régimen
de Ahorro Individual con Solidaridad es el conjunto de entidades, normas y
procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos privados y
públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse
a sus afiliados, de acuerdo con lo previsto en este Título.”
[15] Ley 100 de 1.993, Artículo 60, literales d y h. Ver la Sentencia
C-086 de 2002,  MP: Clara Inés Vargas Hernández, donde la Corte declaró la
constitucionalidad de los literales a) – h) del artículo 60 de la Ley 100 de
1993, acusados por ser supuestamente  contrarios al principio de solidaridad.
[16] Ley 100 de 1993, Inciso Segundo del Artículo 59. Concepto. (...)
“Este régimen está basado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus
respectivos rendimientos financieros, la solidaridad a través de garantías de
pensión mínima y aportes al Fondo de Solidaridad, y propende por la competencia
entre las diferentes entidades administradoras del sector privado, sector
público y sector social solidario, que libremente escojan los afiliados.” La
Sentencia C-086 de 2002,  MP: Clara Inés Vargas Hernández, declaró exequible la
expresión “Este Régimen está basado en el ahorro proveniente de las
cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros”, contenida en el
inciso segundo del artículo 59 de la Ley 100 de 1993, acusada por ser
supuestamente  contraria al principio de solidaridad.
[17] Ley 100 de 1993, Artículos 60, literal d y 97. Artículo 60.
Características. “El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad tendrá
las siguientes características: (...) d. El conjunto de las cuentas
individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de
los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del
patrimonio de la entidad administradora; (...)” Ver también la Sentencia C-086 de 2002,  MP: Clara Inés Vargas
Hernández, donde la Corte declaró la constitucionalidad de los literales a) –
h) del artículo 60 de la Ley 100 de 1993, acusados por ser supuestamente
contrarios al principio de solidaridad.
Artículo 97. Fondos de pensiones como patrimonios
autónomos. Los fondos de pensiones, conformados por el conjunto de las cuentas
individuales de ahorro pensional y los que resulten de los planes alternativos
de capitalización o de pensiones, así como los intereses, dividendos o
cualquier otro ingreso generado por los activos que los integren, constituyen
patrimonios autónomos, propiedad de los afiliados, independientes del
patrimonio de la administradora.  La contabilidad de los mismos, se sujetará a
las reglas que para el efecto expida la Superintendencia Bancaria.”
[18] Ley 100 de 1993, Artículo 60, literales a y b.- “ El Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad tendrá las siguientes características: a. Los afiliados al Régimen tendrán derecho al reconocimiento
y pago de las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, así como de
las indemnizaciones contenidas en este título, cuya cuantía dependerá de los
aportes de los afiliados y empleadores, sus rendimientos financieros, y de los
subsidios del Estado, cuando a ellos hubiere lugar;   b. Una parte de los
aportes mencionados en el literal anterior, se capitalizará en la cuenta
individual de ahorro pensional de cada afiliado. Otra parte se destinará al
pago de primas de seguros para atender las pensiones de invalidez y de
sobrevivientes y la asesoría para la contratación de la renta vitalicia,
financiar el Fondo de Solidaridad Pensional y cubrir el costo de administración
del Régimen.   Las cuentas de ahorro pensional, serán administradas por
las entidades que se autoricen para tal efecto, sujetas a la vigilancia y
control del Estado (...)” Ver Sentencia C-086 de 2002,  MP: Clara Inés Vargas
Hernández, donde la Corte declaró exequibles los literales a) – h) del artículo
60 de la Ley 100 de 1993, acusados por ser supuestamente  contrarios al
principio de solidaridad.
[19] Ley 100 de 1993, “Artículo 90. Entidades Administradoras. Los
fondos de pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad serán
administrados por las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, cuya
creación se autoriza. Las sociedades que de conformidad con lo establecido en
las disposiciones legales vigentes administren fondos de cesantía, están
facultadas para administrar simultáneamente fondos de pensiones, previo el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley.   Las entidades
de derecho público del sector central o descentralizado, de cualquier nivel territorial,
podrán promover la creación o ser socias de Sociedades Administradoras de
Fondos de Pensiones.   También podrán promover la constitución o ser socias de
las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones las entidades del sector
social solidario, tales como cooperativas, organizaciones sindicales, fondos
mutuos de inversión, bancos cooperativos, fondos de empleados y las Cajas de
Compensación Familiar.   Las Cajas de Compensación Familiar directamente o a
través de instituciones de economía solidaria podrán promover la creación, ser
socias o propietarias de sociedades administradoras de fondos de pensiones y/o
cesantía, en los términos de la Ley. A efectos de lograr la democratización de
la propiedad, las Cajas de Compensación Familiar deberán ofrecer a sus
trabajadores afiliados en término no mayor a cinco años la titularidad de por
lo menos el 25% de las acciones que posean en las respectivas administradoras,
conforme a los reglamentos. El plazo de cinco años se contará a partir de la
constitución de la sociedad administradora. Las Cajas de Compensación Familiar
podrán destinar recursos de sus excedentes para el pago de los aportes a las
sociedades administradoras.  Las compañías de seguros podrán ser socias de las
entidades a que se refiere el presente artículo, pero solo podrán participar
directamente en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad mediante los
planes de seguros que se adopten en esta Ley.” La Sentencia C-086 de 2002,  MP:
Clara Inés Vargas Hernández, declaró exequible el inciso final del artículo  90
de la Ley 100 de 1993, acusado por ser supuestamente contrario al principio de
solidaridad.
[20] Ley 100 de 1993, Artículo 64. Requisitos para obtener la pensión de
vejez. Los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tendrán
derecho a una pensión de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el
capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una
pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la
fecha de expedición de esta Ley, reajustado anualmente según la variación
porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE. Para el
cálculo de dicho monto se tendrá en cuenta el valor del bono pensional, cuando
a éste hubiere lugar.   Cuando a pesar de cumplir los requisitos para acceder a
la pensión en los términos del inciso anterior, el trabajador opte por
continuar cotizando, el empleador estará obligado a efectuar las cotizaciones a
su cargo, mientras dure la relación laboral, legal o reglamentaria, y hasta la
fecha en la cual el trabajador cumpla sesenta (60) años si es mujer y sesenta y
dos (62) años de edad si es hombre.
[21] Ley 100 de 1993, Artículo 65. Garantía de pensión mínima de vejez,
modificado por el artículo 14 de la Ley 797 de 2003. “En desarrollo de
los artículos 13 y 48 de la Constitución Política, créase el Fondo de Garantía
de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro individual con Solidaridad, como un
patrimonio autónomo con cargo al cual se pagará, en primera instancia, la
garantía de que trata este artículo. El Gobierno Nacional definirá el régimen
de organización y administración de este fondo, así como la entidad o entidades
que lo administrarán.   Los afiliados que a los sesenta y dos (62) años de
edad, si son hombres, y cincuenta y siete (57), si son mujeres, no hayan
alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la Ley 100
de 1993, y hubiesen cotizado por lo menos mil ciento cincuenta (1.150) semanas
tendrán derecho a que el Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad, en desarrollo del principio de solidaridad,
les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión.   A partir del
1o. de enero de 2009 el número de semanas se incrementarán en veinticinco (25)
semanas cada año hasta alcanzar 1.325 semanas de cotización en el 2015.
Parágrafo. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente
artículo, se tendrá en cuenta lo previsto en los parágrafos del artículo 33 de
la Ley 100 de 1993.
[22] Ley 100 de 1993, Artículo 66. Devolución de saldos. “Quienes
a las edades previstas en el artículo anterior no hayan cotizado el número
mínimo de semanas exigidas, y no hayan acumulado el capital necesario para
financiar una pensión por lo menos igual al salario mínimo, tendrán derecho a
la devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual,
incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, si a éste
hubiere lugar, o a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho.” En la
Sentencia C-086 de 2002,  MP: Clara Inés Vargas Hernández, la Corte declaró
exequible el artículo 66 de la Ley 100 de 1993, acusado por ser supuestamente
contrario al principio de solidaridad.
[23] Ley 100 de 1993, Artículo 72. Devolución de saldos por invalidez.
“Cuando el afiliado se invalide sin cumplir con los requisitos para acceder a
una pensión de invalidez, se le entregará la totalidad del saldo abonado en su
cuenta individual de ahorro pensional, incluidos los rendimientos financieros y
adicionado con el valor del bono pensional si a ello hubiere lugar.  No
obstante, el afiliado podrá mantener un saldo en la cuenta individual de ahorro
pensional y cotizar para constituir el capital necesario para acceder a una
pensión de vejez.” La Sentencia C-086 de 2002,  MP: Clara Inés Vargas
Hernández, declaró exequible el artículo  72 de la Ley 100 de 1993, acusado por
ser supuestamente  contrario al principio de solidaridad.
[24] Ley 100 de 1993, Artículo 78. Devolución de saldos.
“Cuando el afiliado fallezca sin cumplir con los requisitos para causar una
pensión de sobrevivientes, se le  entregará a sus beneficiarios la totalidad
del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro pensional, incluidos los
rendimientos, y el valor del bono pensional si a este hubiera lugar.” La
Sentencia C-086 de 2002,  MP: Clara Inés Vargas Hernández, declaró la
constitucionalidad del artículo 78 de la Ley 100 de 1993, acusado porque para
el demandante las normas eran contrarias al principio de solidaridad.
[25] Ley 100 de 1993, Artículo 80. Renta vitalicia
inmediata. La renta vitalicia inmediata, es la modalidad de pensión
mediante la cual el afiliado o beneficiario contrata directa e irrevocablemente
con la aseguradora de su elección, el pago de una renta mensual hasta su
fallecimiento y el pago de pensiones de sobrevivientes en favor de sus
beneficiarios por el tiempo a que ellos tengan derecho. Dichas rentas y
pensiones deben ser uniformes en términos de poder adquisitivo constante y no
pueden ser contratadas por valores inferiores a la pensión mínima vigente del
momento. La administradora a la que hubiere estado cotizando el afiliado al momento
de cumplir con las condiciones para la obtención de una pensión, será la
encargada de efectuar, a nombre del pensionado, los trámites o reclamaciones
que se requieran, ante la respectiva aseguradora.
[26] Ley 100 de 1993, Artículos 91, 94, 99, Decreto 656 de 1994, por el cual se establece el
régimen jurídico y financiero de las sociedades que administren fondos de
pensiones; Decreto 719 de 1994, por medio del cual se reglamenta el literal b) del artículo 60 de
la ley 100 de 1993, en lo relativo a la selección de la entidad aseguradora de
vida del contrato de renta vitalicia y Decreto 606 de
1998, por el cual se reglamenta parcialmente el artículo
300 del Estatuto Orgánico  del Sistema Financiero, en concordancia con la Ley
100 de 1993.
[27] Ley 100 de 1993, Artículo 80; Decreto 876
de 1994, por medio del cual
se reglamenta el literal b) del articulo 60 de la ley 100 de 1993, en lo
relativo a la selección de la entidad aseguradora de vida del contrato de renta
vitalicia.
[28] Ley 100 de 1993, Artículos 91, 99, 101 y 102; Decreto 656 de 1994.
[29] Ley 100 de 1993, Artículo 81. Retiro programado. El retiro
programado es la modalidad de pensión en la cual el afiliado o los
beneficiarios obtienen su pensión de la sociedad administradora, con cargo a su
cuenta individual de ahorro pensional y al bono pensional a que hubiera lugar.
Para estos efectos, se calcula cada año una anualidad en unidades de valor
constante, igual al resultado de dividir el saldo de su cuenta de ahorro y bono
pensional, por el capital necesario para financiar una unidad de renta
vitalicia para el afiliado y sus beneficiarios. La pensión mensual
corresponderá a la doceava parte de dicha anualidad.   El saldo de la cuenta de
ahorro pensional, mientras el afiliado disfruta de una pensión por retiro
programado, no podrá ser inferior al capital requerido para financiar al
afiliado y sus beneficiarios una renta vitalicia de un salario mínimo legal
mensual vigente.  Lo dispuesto en el inciso anterior, no será aplicable cuando
el capital ahorrado más el bono pensional si hubiere lugar a él, conduzcan a
una pensión inferior a la mínima, y el afiliado no tenga acceso a la garantía
estatal de pensión mínima.  Cuando no hubiere beneficiarios, los saldos que
queden en la cuenta de ahorro al fallecer un afiliado que esté disfrutando una
pensión por retiro programado, acrecentarán la masa sucesoral. Si no hubiere
causahabientes, dichas sumas se destinarán al financiamiento de la garantía
estatal de pensión mínima.  Ver también Sentencia C-086 de 2002,  MP: Clara
Inés Vargas Hernández, donde la Corte declaró la constitucionalidad del
artículo 81 de la Ley 100 de 1993, acusado por ser supuestamente  contrario al
principio de solidaridad.
[30] Ley 100 de 1993, Artículo 82. Retiro programado con renta
vitalicia diferida. “El retiro programado con renta vitalicia diferida,
es la modalidad de pensión por la cual un afiliado contrata con la aseguradora
de su elección, una renta vitalicia con el fin de recibir pagos mensuales a
partir de una fecha determinada, reteniendo en su cuenta individual de ahorro
pensional, los fondos suficientes para obtener de la administradora un retiro
programado, durante el período que medie entre la fecha en que ejerce la opción
por esta modalidad y la fecha en que la renta vitalicia diferida comience a ser
pagada por la aseguradora. La renta vitalicia diferida contratada tampoco podrá
en este caso, ser inferior a la pensión mínima de vejez vigente.” La Sentencia
C-086 de 2002,  MP: Clara Inés Vargas Hernández, declaró la constitucionalidad
del artículo  82 de la Ley 100 de 1993, acusado por ser supuestamente contrario
al principio de solidaridad.
[31] Ley 100 de 1993, Artículo 87. Planes alternativos de capitalización
y de pensiones. Los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad
podrán optar por planes alternativos de capitalización, que sean autorizados
por las Superintendencia Bancaria. Los capitales resultantes del plan básico y
de dichas alternativas de capitalización, podrán estar ligados a planes
alternativos de pensiones que sean autorizados por la misma Superintendencia.
El ejercicio de las opciones de que trata este artículo, está sujeto a que los
afiliados hayan cumplido metas mínimas de capitalización. Los planes aprobados
deberán permitir la movilidad entre planes, administradoras y aseguradoras, y
deben separar los patrimonios y cuentas correspondientes a capitalización y
seguros, en la forma que disponga la Superintendencia Bancaria. El Gobierno
Nacional señalará los casos en los cuales el ingreso a planes alternativos
implica la renuncia del afiliado a garantías de rentabilidad mínima o de
pensión mínima.  Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo no exime al
afiliado ni al empleador, del pago de las cotizaciones previstas en la presente
ley.
[32] Ley 100 de 1993, Artículo 88. De otros planes alternativos de pensiones.
Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, podrán invertir en
contratos de seguros de vida individuales con beneficios definidos y ajustados
por inflación, las cantidades que permitan asegurar un monto de jubilación no
menor al monto de la pensión mínima establecida por la Ley.   Las mencionadas
pólizas de seguros de vida, deberán cubrir los riesgos de invalidez y
sobrevivencia y serán adquiridas con cargo a la cuenta de ahorro individual de
la cual se invertirá el porcentaje necesario que garantice por lo menos la
pensión mínima arriba mencionada.   El Gobierno Nacional reglamentará el
porcentaje máximo del portafolio que podrán invertir los fondos de pensiones en
estos tipos de pólizas.
[33] Ley 100 de 1993, Artículo 89. “Garantía de crédito y adquisición de
vivienda. El afiliado que haya acumulado en su cuenta individual de ahorro
pensional el capital requerido para financiar una pensión superior al 110% de
la pensión mínima de vejez, podrá emplear el exceso de dicho capital ahorrado,
como garantía de créditos de vivienda y educación, de acuerdo con la
reglamentación que para tal efecto se expida.” En la Sentencia C-086 de 2002,
MP: Clara Inés Vargas Hernández, la Corte declaró la constitucionalidad del
artículo  89 de la Ley 100 de 1993, acusado por ser supuestamente  contrario al
principio de solidaridad.
[34] Corte Constitucional, Sentencia C-741 de 2003, MP: Manuel José
Cepeda Espinosa, donde la Corte examinó dos disposiciones de la Ley 142 de
1994, que establecían una limitación territorial para la participación de
organizaciones autorizadas en la prestación de servicios públicos
domiciliarios.
[35] Corte Constitucional. Sentencias C-531 de
1993, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz (SV. Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera
Carbonell y Hernando Herrera Vergara); C-081 de 1996, MP. Alejandro Martínez
Caballero; C-093 de 2001, MP: Alejandro Martínez Caballero; C-404 de 2001
(salvamento parcial de voto Dr. Jaime Araujo Rentería), MP: Marco Gerardo
Monroy Cabra, C-673 de 2001 (A.V. Jaime Araujo Rentería y Álvaro Tafur Galvis),
MP: Manuel José Cepeda Espinosa y C-1191 de 2001, MP. Rodrigo Uprimny Yepes.
[36] Corte Constitucional, Sentencia C-674 de 2002, MP: Jaime Córdoba
Triviño, AV: Jaime Araujo Rentería, donde la Corte declaró la
constitucionalidad de una disposición que establecía la inversión mínima de los
proyectos industriales en las zonas especiales económicas de exportación,
cuestionada porque supuestamente establecía una condición discriminatoria para
que un proyecto industrial pueda ser calificado como elegible.
[37] Corte Constitucional, C-093 de 2001, MP: Alejandro Martínez
Caballero, donde la Corte analizó la constitucionalidad de la edad mínima para
adoptar.
[38] Los artículos 91; 99, 100,101, 102 de la Ley 100 de 1993 regulan
algunas de las obligaciones de las administradoras del régimen de ahorro
individual con solidaridad. Los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994,
desarrollaron esas obligaciones.
[39] Ver entre otras, las sentencias C-531 de 1993, MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz (SV. Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara); C-081 de 1996, MP. Alejandro Martínez Caballero; C-093 de
2001, MP: Alejandro Martínez Caballero; C-404 de 2001 (salvamento parcial de
voto Dr. Jaime Araujo Rentería), MP: Marco Gerardo Monroy Cabra, C-673 de 2001
(AV. Jaime Araujo Rentería y Álvaro Tafur Galvis y C-1191 de 2001, MP. Rodrigo
Uprimny Yepes;  C-674 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño, AV: Jaime Araujo
Rentería.
[40] Ver entre otras, las sentencias C-086 de 2002, MP: Clara Inés
Vargas Hernández, C-789 de 2002, MP: Rodrigo Escobar Gil.
[41] Corte Constitucional, Sentencia C-408 de 1994, MP: Fabio Morón
Díaz  y C-086 de 2002, MP: Clara Inés Vargas Hernández.
[42] Ley 100 de 1993, Artículo 80.