T-609-19
Sentencia T-609/19
REQUISA EN
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Tratos
crueles, inhumanos y degradantes en la requisa a internos y visitantes
PRINCIPIO
DE DIGNIDAD HUMANA-Naturaleza
i) La dignidad
humana comprendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y
de determinarse según sus características; ii) la dignidad humana entendida
como el conjunto de condiciones materiales concretas de existencia; y iii) la
dignidad humana vista como la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad
física e integridad moral o, en otras palabras, que los ciudadanos puedan vivir
sin ser sometidos a cualquier forma de humillación o de instrumentalización,
esto es, privados de su posibilidad de vivir con arreglo a los fines que han
trazado para su propia existencia
ESTABLECIMIENTO
CARCELARIO-Reglas
constitucionales y jurisprudenciales en requisas
-Las requisas
que impliquen desnudarse, hacer cuclillas, o someterse a inspecciones de las
partes íntimas, constituyen tratos degradantes y, en esa medida, violan los
derechos a la dignidad humana y a la integridad personal.
-Para que las
intervenciones, registros, injerencias, comprobaciones o extracciones sobre los
cuerpos no violen los derechos fundamentales de quien se somete al registro, se
requiere: (i) un mandato legal, (ii) supervisión judicial, (iii) el
consentimiento informado del visitante, (iv) que el registro se practique de
modo que el pudor y el decoro personal no resulten ofendidos, ni la integridad
física vulnerada, (v) la intervención debe realizarse por parte de personal
experto, y (vi) debe darse en condiciones sanitarias adecuadas.
-Para realizar
requisas con perros, es necesario que el funcionario de custodia tenga pleno
dominio sobre el canino y no haya posibilidad de que éste tenga contacto
directo con los genitales de la persona que es sometida a registro
DERECHO A LA
DIGNIDAD HUMANA DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Vulneración por requisas indignas y
degradantes a familiares y amigos visitantes de los internos
DERECHO A LA DIGNIDAD
HUMANA DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Efectos inter comunis respecto a requisa en
establecimiento carcelario
(i)
Tanto
el accionante, como los hombres privados de la libertad y las mujeres
visitantes, fueron sometidos a los mismos agravios y, por lo tanto, están en
una situación análoga; (ii) existe identidad de derechos fundamentales
violados, hechos generadores, y autoridad responsable de la vulneración del
derecho; y (iii) la orden de protección dada por el juez de tutela repercute de
manera directa e inmediata en la salvaguarda de los derechos fundamentales de
aquellos no tutelantes
REQUISA EN
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Prohibición
de requisas visuales o por contacto sobre cuerpos desnudos a internos y
visitantes
El registro de personas
está ampliamente regulado tanto en disposiciones legales como reglamentarias.
En términos generales, ninguna requisa se realiza al desnudo, todas deben ser
ejecutadas por medios electrónicos y está prohibido cualquier contacto directo
con la piel o el roce de las partes íntimas. Para el caso de los visitantes,
estos deben ser requisados cada vez que entran al establecimiento y, si tienen
contacto con las personas privadas de la libertad, se someten al registro de
segundo nivel y a ser olfateados por un perro mientras están sentados en
sillas. En cuanto a las personas privadas de la libertad, se someten al
registro de tercer nivel, y a ser olfateadas por un perro mientras están de pie
formando una fila.
Referencia: expediente T-7.535.849
Acción de tutela presentada por Francisco Javier Pico
Rivero contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- y el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías.
Procedencia: Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Villavicencio.
Asunto: derechos a la dignidad humana y a la integridad
personal en las requisas realizadas en establecimientos penitenciarios y
carcelarios.
Magistrada sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., doce (12) de diciembre
de dos mil diecinueve (2019)
La Sala Sexta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas,
y las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado,
quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del
fallo de segunda instancia, adoptado por la Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Villavicencio el 14 de junio de 2019, que modificó la
decisión adoptada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Acacías, el 13 de mayo de 2019, en el proceso de tutela promovido
por Francisco Javier Pico Rivero contra el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario –INPEC- y el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad de Acacías.
Conforme a lo consagrado en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala
de Selección Número Ocho de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su
revisión, el asunto de la referencia.
De acuerdo con el artículo 34
del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia
correspondiente.
I.
ANTECEDENTES
El 22 de abril
de 2019, Francisco Javier Pico
Rivero, a nombre propio, interpuso acción de tutela
contra el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
–INPEC-, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la dignidad humana y a la integridad personal.
A.Hechos y pretensiones
1.
El accionante
está privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Mediana Seguridad de Acacías.
2.  Sostiene que el domingo 3 de marzo de 2019, cuando los
internos del Patio Tres del establecimiento recibieron la visita íntima, tanto
las mujeres visitantes como los hombres privados de la libertad, fueron
sometidos a requisas que atentaron contra su dignidad e integridad.
3.  En particular, explica que los guardias de seguridad
obligaron a las mujeres visitantes a desnudarse, tocaron sus partes íntimas y
posteriormente fueron registradas por un perro sin bozal. En ese sentido,
indica que fueron maltratadas y sometidas a requisas prolongadas que redujeron
el tiempo de la visita a 60 minutos.
4.  Además, afirma que, después de la visita íntima, los
internos fueron obligados a salir al patio, quitarse la ropa y permanecer en
ropa interior mientras un perro sin bozal acercaba su hocico a sus partes
íntimas. Posteriormente, un dragoneante pasó con un detector de metales rozó de
manera invasiva los genitales de los internos.
5.  Menciona que cuando las parejas llevan alimentos para
consumir durante la visita, el establecimiento impide que las personas privadas
de la libertad los ingresen a las celdas, a pesar de que estos fueron comprados
al interior del centro de reclusión.
6.  En consecuencia, el 7 de marzo de 2019, en ejercicio
de su derecho fundamental de petición, el demandante radicó una solicitud
dirigida al director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad de Acacías, en la que puso de presente los hechos ocurridos en la
visita íntima del 3 de marzo de 2019 y pidió el cese de las requisas
degradantes por parte del personal de seguridad del establecimiento[1].
7.  Mediante escrito notificado al accionante el 29 de
marzo de 2019[2],
el establecimiento accionado le indicó que: (i) el personal del cuerpo de
custodia y vigilancia que presta sus servicios en ese establecimiento
penitenciario está capacitado en los procedimientos vigentes de requisa a las
personas privadas de la libertad, (ii) los caninos no pueden llevar bozal al
momento del registro, porque la detección de narcóticos sería imposible, y
(iii) la Ley 65 de 1993 dispone que los internos deben ser requisados
rigurosamente después de cada visita. Además, transcribió apartes de las
sentencias T-501 de 1994 y T-317 de 1997, en los que se señala que en los
establecimientos de reclusión el derecho a la intimidad no es absoluto.
8.  El actor considera que someter a las personas privadas
de la libertad a requisas degradantes, viola sus derechos a la dignidad humana
y a la integridad personal.
9.  En consecuencia, solicita al
juez de tutela que: (i) ordene al establecimiento accionado que cumpla con los
mandatos contenidos en la Constitución Política, las leyes y la jurisprudencia
constitucional y, por lo tanto, dé un trato digno a las personas que son
sometidas a requisas; y (ii) imparta las órdenes que considere pertinentes para
el restablecimiento de sus derechos fundamentales.
B. Actuaciones en sede de tutela
Mediante
auto del 30 de abril de 2019[3], el Juzgado Primero de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías avocó el conocimiento de la acción
de tutela y ordenó vincular, en calidad de entidades accionadas, al asesor
jurídico y al director y comandante de custodia y vigilancia del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad de Acacías.
Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías
Mediante
escrito del 2 de mayo de 2019[4], el director del establecimiento señaló que el accionante
cuestiona la legalidad del reglamento interno, de ahí que pueda controvertir el
régimen de visitas a través del medio de control de nulidad, por lo que la
acción de tutela es improcedente.
En relación con el registro con caninos, indicó que éste se hace
con el fin de detectar narcóticos y consiste en ubicar a la persona en una
silla, mientras el perro, sin bozal, la rodea a una distancia de 50
centímetros.
Además, explicó que la requisa realizada a los internos con
posterioridad a la visita íntima “(…) es completamente legal y ajustada a
los procedimientos establecidos para los establecimientos de reclusión pues la
misma es realizada por funcionarios de custodia y vigilancia con la ayuda de un
dispositivo detector de metales, se aclara que la realizada dicho día es nivel
III (…) [E]sto tiene su sentido lógico pues existe el caso de visitantes que
ingresan elementos prohibidos adheridos o al interior de su cuerpo, por ello
igualmente se utiliza el binomio canino en la requisa después de la salida de
visita, sin que con ello se vulnere [sic] sus derechos fundamentales”[5].
En particular, afirmó que se trata de un procedimiento reglado que
fue cumplido a cabalidad por el personal de custodia y, por ese motivo, el
establecimiento no vulneró los derechos invocados por el accionante. En
consecuencia, pidió al juez de tutela negar el amparo, en consideración a que
sus pretensiones deben ser resueltas por la jurisdicción competente para
analizar la legalidad de tales procedimientos.
C.Decisiones
objeto de revisión
Sentencia
de primera instancia
En decisión del 13 de mayo de
2019[6], el Juzgado
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías “negó por
improcedente” el amparo, en consideración a que la medida de requisa está
ajustada a la Constitución y a la ley, y resulta razonable debido a las
circunstancias de orden público y de seguridad de las cárceles del país.
Específicamente, señaló que la
entidad pública desmintió las afirmaciones realizadas por el demandante, al
precisar que el procedimiento de requisa a los visitantes y a los internos se
realiza de conformidad con los procedimientos legalmente establecidos para el
registro de personas al momento de ingresar a un establecimiento de reclusión,
esto es: el régimen interno adoptado mediante Resolución No. 1060 de 2011, el
Acuerdo 011 de 1995 y la Ley 65 de 1993. Por lo tanto, aclaró que no existe un
medio de convicción que demuestre que la accionada haya realizado tales
procedimientos a los visitantes y a los internos de forma desmedida o
extralimitada, por lo que no atentó contra sus derechos fundamentales a la
dignidad humana o a la intimidad.
En ese orden de ideas, indicó que
el accionante no demostró que el procedimiento realizado obedeciera al arbitrio
de los funcionarios y, por consiguiente, era evidente que se ajustó al reglamento
interno del establecimiento y no fue degradante. Así, concluyó que la censura
del demandante se dirigía a cuestionar un acto administrativo vigente que goza
de presunción de legalidad y cuya suspensión se puede solicitar en ejercicio
del medio de control correspondiente.
Impugnación
El 14 de mayo de 2019[7],
cuando se llevó a cabo la notificación personal de la sentencia, la parte
demandante impugnó la decisión de primera instancia. Este recurso no fue
sustentado.
Sentencia de segunda
instancia
En decisión del 14 de junio de
2019[8],
la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio
modificó la decisión del a quo y resolvió no tutelar los derechos
invocados por el actor. En primer lugar, aclaró que las pretensiones no se
dirigen a controvertir el procedimiento de requisa previsto en el reglamento
interno del establecimiento, sino los excesos en la implementación de las
medidas previstas en éste.
Sin embargo, consideró que no
existía un medio de prueba que demostrara los supuestos excesos en los que
incurrieron los guardias de seguridad del establecimiento. Por el contrario, la
entidad accionada anexó fotografías en las que se veían mujeres sentadas en
sillas plásticas de manera lineal y el canino pasando sin bozal alrededor de
las visitantes. En particular, indicó que, tal y como lo mostró el
establecimiento en su respuesta, el uso del bozal impide la detección de
narcóticos, motivo por el cual era razonable hacer este tipo de registro sin ese
dispositivo.
De otra parte, señaló que la inconformidad del accionante
en relación con el decomiso de alimentos comprados por su visitante en el mismo
establecimiento penitenciario, no fue puesta en conocimiento a través de la
petición que elevó a sus directivas. Además, explicó que corresponde al
establecimiento determinar qué elementos son permitidos dentro de las celdas, y
dicha prohibición no resulta violatoria de los derechos fundamentales del actor.
Con fundamento en tales argumentos, la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio resolvió “no tutelar”
los derechos fundamentales invocados por el accionante.
D.Actuaciones en
sede de revisión
1.  La Magistrada sustanciadora profirió el Auto del 7 de octubre
de 2019[9],
en el que formuló una serie de preguntas al Director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Acacías, con el fin de dilucidar cómo se lleva a
cabo el registro de personas en ese centro de reclusión.
De otra parte, vinculó, en
calidad de autoridad accionada, al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario –INPEC-. Además, formuló preguntas a la entidad con el fin de
aclarar cuáles son los protocolos de registro a las personas privadas de la
libertad y a sus parejas, para la realización de la visita íntima.
En cumplimiento de la
providencia mencionada, mediante correo electrónico recibido el 17 octubre de
2019[10],
el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de
Acacías dio respuesta a cuatro de las nueve preguntas formuladas por este
Tribunal. En el documento, suscrito por un dragoneante del establecimiento, no
se explicó por qué se omitió dar respuesta a cinco de las preguntas restantes.
Específicamente, el funcionario
del establecimiento informó a esta Corporación lo siguiente:
-
El procedimiento de registro está
reglado por: (i) la Resolución No. 2378 de 2018 “Por la cual se expide el
Reglamento de Régimen Interno del Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario de Acacías – Meta”[11];
(ii) el manual del INPEC para la utilización de medios caninos en los
establecimientos de reclusión y sedes administrativas[12]; y (iii) el manual del INPEC de registro
a personas y requisa de paquetes, vehículos e instalaciones[13].
-
Tanto el registro antes de entrar
al centro de reclusión, como la requisa de las personas privadas de la libertad
después de la visita conyugal, requieren el uso de caninos, según los artículos
71 y 84 del Reglamento Interno.
-
Los instrumentos alternativos para
detectar narcóticos y el porte de objetos en el cuerpo de los visitantes son el
detector manual, la silla detectora y los arcos detectores de metales.
-
Por último, a la pregunta sobre el
mecanismo de detección que se utiliza para registrar a hombres y mujeres antes
y después de la visita conyugal, se limitó a transcribir el manual de requisa
del INPEC, según el cual existen tres niveles de registro de personas.
El registro de primer nivel se
lleva a cabo con arco detector de metales, silla detectora de metales o equipo
de seguridad electrónica. El de segundo nivel, al que se deben someter quienes
tengan contacto con las personas privadas de la libertad, se realiza con los
mismos elementos del registro de primer nivel, pero requiere quitarse los
zapatos, el cinturón, la chaqueta y sacar los objetos de los bolsillos. El de
tercer nivel se aplica exclusivamente a las personas privadas de la libertad en
distintas circunstancias, una de éstas es después de la visita conyugal.
Implica: (i) quitarse la ropa hasta tener una prenda que cubra las extremidades
inferiores (puede ser pantalón, falda o pantaloneta) y otra que cubra el
tronco, “sin presentar desnudez” (según el Manual de registro a personas y
requisa de paquetes, vehículos e instalaciones del INPEC, la desnudez
implica “nada de ropa o con poca ropa -solo ropa interior-”), y (ii)
someterse a un registro en la modalidad de cacheo, en el cual el guardia no
debe tener contacto con la piel de quien es registrado.
Además,
mediante correo electrónico recibido el
17 octubre de 2019[14],
el INPEC dio respuesta a la tutela. La entidad solicitó su desvinculación del
trámite y se abstuvo de responder las preguntas que le fueron formuladas. En
particular, indicó que el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad de Acacías daría respuesta a tales cuestionamientos, por cuanto “tienen
de primera mano la información de los hechos narrados por los tutelantes”.
2.
En consecuencia, la Magistrada
sustanciadora profirió el Auto del 22 de octubre de 2019[15], en el que requirió: (i) al INPEC,
para que respondiera directamente las preguntas que le fueron formuladas en el
Auto del 7 de octubre de 2019, con el fin de aclarar cuáles son los protocolos
de registro a las personas privadas de la libertad y a sus parejas para la
realización de la visita íntima; y (ii) al Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías, para que respondiera las cinco
preguntas planteadas en el Auto del 7 de octubre de 2019, las cuales se abstuvo
de responder, todas dirigidas a aclarar cómo se realizó el registro de personas
el domingo 3 de marzo de 2019.
Mediante oficio recibido por la
Secretaría General de la Corte Constitucional el 25 de octubre de 2019[16], el apoderado judicial del INPEC
informó a esta Corporación lo siguiente:
-
El reglamento general para la
realización de requisas y detección de narcóticos en los visitantes y los
internos es el manual del INPEC de registro a personas y requisa de paquetes,
vehículos e instalaciones.
-
El registro de personas antes de
entrar al centro de reclusión y la requisa de los internos después de la visita
conyugal, requieren del uso de caninos, porque ese es el único mecanismo
efectivo con el que cuenta el INPEC para detectar narcóticos.
-
El protocolo para la detección de
narcóticos en las requisas mediante caninos, que deben ser hechas sin bozal, está
regulado en el manual del INPEC para la utilización de medios caninos en los
establecimientos de reclusión y sedes administrativas.
-
La única alternativa para detectar
narcóticos es el uso del binomio canino (canino-funcionario) y para detectar
objetos en el cuerpo de los visitantes se usan la silla BOSS por sus siglas en
inglés (Body Orifice Security Scanner[17])
y el detector de metales Garrett.
-
Actualmente el INPEC cuenta con
157 sillas BOSS distribuidas en los 132 establecimientos que tiene a cargo. El
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías
cuenta con cuatro sillas detectoras de metales de esta naturaleza.
-
Cuando no existe una máquina de
detección como la silla BOSS se utiliza el dispositivo de detección de metales
manual Garrett y el arco de detección metálica.
-       A la pregunta sobre si existe algún mecanismo de
detección que requiera quitarse la ropa, o conlleve tocar el cuerpo de quien es
requisado, indicó que el registro de tercer nivel, que requiere quitarse unas
capas de ropa, única y exclusivamente aplica para las personas privadas de la
libertad.
Por su parte, el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad de Acacías no dio respuesta a las cinco preguntas que le fueron
planteadas, a pesar de haber sido requerido mediante Auto del 22 de octubre de 2019. A
continuación, se transcriben las preguntas referidas.
a)
En la respuesta del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías a la
petición elevada por el señor Francisco Javier Pico Rivero, se explica que los
caninos no pueden llevar bozal al momento del registro, porque la detección de
narcóticos sería imposible. ¿Cuál es el protocolo para la detección de
narcóticos en las requisas mediante caninos y, en particular, qué medidas de
seguridad se adoptan para evitar que ocurra un accidente cuando se realiza este
procedimiento?
b)
¿El Establecimiento Penitenciario
y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías cuenta con silla detectora de
metales, denominada BOSS por sus siglas en inglés (Body Orifice Security
Scanner)?
c)
En caso de que la respuesta a la
pregunta anterior sea negativa, ¿el Establecimiento Penitenciario y Carcelario
de Mediana Seguridad de Acacías cuenta con otra tecnología que permita la
requisa a internos y visitantes?
d)
Describa en detalle el
procedimiento de requisa realizado a las parejas de los internos del Patio Tres
antes de la visita conyugal del 3 de marzo de 2019. En particular, explique si
se les ordenó quitarse la ropa y si el registro implicó tocar su cuerpo.
Asimismo, deberá describir las instalaciones en las que se lleva a cabo ese
registro e informar cuál es el personal está encargado del mismo.
e)
Describa en detalle el
procedimiento de requisa realizado a los internos del Patio Tres después de la
visita conyugal del 3 de marzo de 2019. En particular, explique si se les
ordenó quitarse la ropa y si el registro implicó tocar su cuerpo.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1.  Con fundamento en las facultades conferidas por los
artículos 86 y 241 -numeral 9°- de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591
de 1991, la Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es
competente para revisar el fallo de tutela proferido en el proceso de la
referencia.
Asunto
objeto de análisis y problemas jurídicos
2.
Francisco Javier Pico Rivero interpuso acción de tutela, a
nombre propio, contra el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC y el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías, en razón a que,
el domingo 3 marzo de 2019, cuando los internos del Patio Tres del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías
recibieron la visita íntima, tanto las mujeres visitantes como los hombres
privados de la libertad, fueron sometidos a requisas que atentaron contra su
dignidad e integridad.
En consecuencia,
pide que: (i) se amparen sus derechos fundamentales a
la dignidad humana y a la integridad personal y, en consecuencia, se ordene a las accionadas: que cumplan con los mandatos
contenidos en la Constitución Política, las leyes y la jurisprudencia
constitucional y se dé un trato digno a las personas que son sometidas a
requisas; y (ii) se impartan las órdenes que sean pertinentes para el
restablecimiento de sus derechos fundamentales.
3.  El Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad de Acacías,
afirmó que el registro de personas es un procedimiento reglado que es cumplido a
cabalidad por el personal de custodia y, por ese motivo, el establecimiento no
vulneró los derechos invocados por el accionante. Por su parte, el INPEC solicitó su desvinculación del trámite, por
tratarse de un asunto de competencia del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías.
4.  La situación fáctica exige a la Sala determinar si
procede la tutela para solicitar la protección de los derechos fundamentales a
la dignidad humana y a la integridad personal, ante las requisas presuntamente
degradantes a las que fueron sometidos los hombres privados de la libertad y
las mujeres que asistieron a la visita íntima.
5.  En caso de superar los requisitos de procedencia
general, se analizará el fondo del asunto, el cual plantea este interrogante:
¿se desconocen los derechos a la dignidad humana y a la
integridad personal, cuando un establecimiento penitenciario obliga al
accionante a desnudarse y lo somete a requisas en las que se presenta contacto
con sus partes íntimas?
Para resolver los problemas planteados, se estudiarán
los siguientes temas: primero, la procedencia de la tutela en el caso
objeto de estudio; segundo, la naturaleza
y alcance de los derechos a la dignidad humana y a la integridad personal; y tercero,
el marco normativo del registro de personas en los establecimientos
penitenciarios y carcelarios. Con fundamento en tales consideraciones, se
resolverá el caso concreto.
A continuación se estudiarán los requisitos generales
de procedencia de este caso, después se desarrollará el fundamento de la
decisión, y finalmente se resolverá el fondo del asunto.
Procedencia de la acción de
tutela
-
Legitimación activa
6.
El artículo 86 de la Constitución
Política establece la facultad que tiene toda persona para interponer la acción
de tutela por sí misma o por quien actúe a su nombre, con el fin de reclamar
ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados.
La legitimidad para el
ejercicio de esta acción es regulada por el artículo 10[18]
del Decreto 2591 de 1991, el cual establece que puede ser presentada: (i) directamente
por el afectado, (ii) a través de su representante legal, (iii) por medio de
apoderado judicial, o (iv) por medio de agente oficioso[19].
El inciso final de esta norma también faculta al Defensor del Pueblo y a los
personeros municipales para ejercer la tutela directamente.
En este caso, el señor Francisco Javier Pico Rivero
invoca la protección de sus derechos a la dignidad humana y a la integridad
personal e interpone la tutela a nombre propio, por lo que está legitimado para
actuar.
-
Legitimación pasiva
7.  La legitimación pasiva en la acción de tutela hace
referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción,
de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte
demostrada.[20]
Sobre el particular, el
artículo 86 de la Constitución establece que la tutela procede contra cualquier
autoridad pública. Por lo tanto, es posible concluir que el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario y el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Mediana Seguridad de Acacías, están legitimados por pasiva en el caso que se
analiza, pues se trata de autoridades públicas.
-       Subsidiariedad
8.
El inciso 4º del artículo 86 de la
Constitución consagra el principio de subsidiariedad como requisito de
procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”.
Del texto de la
norma se evidencia que, si existen otros mecanismos de defensa judicial que
resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se
consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a ellos y no a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha indicado que cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos,
no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento
jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las
del funcionario que debe conocer dentro del marco estructural de la
administración de justicia, de un determinado asunto radicado bajo su
competencia[21].
No obstante lo
anterior, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 Superior y 6º del
Decreto 2591 de 1991, aunque exista un mecanismo ordinario que permita la
protección de los derechos que se consideran vulnerados, la tutela es
procedente si se acredita (i) que el mecanismo no es idóneo ni eficaz, o (ii)
que “siendo apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de
un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de
los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia
excepcional de la tutela”[22].
9.
En esta oportunidad, el accionante afirma que las autoridades
demandadas vulneraron sus derechos a la dignidad humana y a la integridad
personal porque la requisa realizada a las personas privadas de la libertad en
el Patio Tres del establecimiento con posterioridad a la visita íntima del 3 de
marzo de 2017, fue degradante. En particular, solicita al juez de tutela que ordene al
establecimiento accionado que cumpla con los mandatos contenidos en la
Constitución Política, las leyes y la jurisprudencia constitucional y, por lo
tanto, dé un trato digno a las personas que son sometidas a requisas.
En ese sentido, contrario a lo que sostuvo el a quo,
para la Sala es claro que en este caso el accionante no cuestiona la legalidad
del reglamento interno del establecimiento. En efecto, el demandante acude a la
tutela porque considera que el establecimiento desconoció mandatos constitucionales
y legales al dar un trato indigno a las personas sometidas a la requisa. En ese
orden de ideas, el medio de control de nulidad simple no es el mecanismo idóneo
para obtener sus pretensiones, dirigidas a prevenir los excesos en la
implementación de la medida de registro de personas, prevista en el reglamento
interno.
Así pues, el demandante no cuenta con un mecanismo judicial
distinto de la tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales
a la dignidad humana y a la integridad personal, presuntamente vulnerados por
el establecimiento, y prevenir que los hechos vuelvan a suceder. En
consecuencia, la tutela es el mecanismo principal, idóneo para obtener la
protección de sus derechos fundamentales.
10.  Cabe mencionar que el accionante sugirió que cuando las parejas llevan alimentos para consumir
durante la visita, el establecimiento impide que las personas privadas de la
libertad los ingresen a las celdas, a pesar de que estos fueron comprados al
interior del centro de reclusión.
A juicio de la Sala, el hecho
aludido por el demandante se justifica en el artículo 66 de la Resolución No.
2378 del 22 de noviembre de 2018, “Por la cual se expide el Reglamento de
Régimen Interno del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario de Acacías – Meta”, que regula el régimen común de visitas. La
norma en cita establece que, una vez terminada la visita, “(…) por
disciplina, salubridad e higiene (…) no se permitirá llevar comidas de ninguna
especie desde el patio de visitas hasta el pabellón.”
En ese orden de ideas, aunque el actor no planteó
una pretensión específica en relación con este hecho, parece ser que no está de
acuerdo con la prohibición prevista en el reglamento del establecimiento. En
esa medida, la tutela es improcedente en relación con este asunto, por cuanto
el accionante podría cuestionar la legalidad del reglamento del establecimiento
mediante el medio de control de nulidad. Además, de los hechos de la tutela no se
deriva una situación de indefensión por el hecho de no poder entrar la comida
al patio, actuación que está expresamente prohibida por el reglamento en cita.
Por lo tanto, respecto de este hecho no se cumple con el requisito de
subsidiariedad y, por consiguiente, no será estudiado por la Sala en esta
oportunidad.
-       Inmediatez
11.  La
jurisprudencia constitucional ha resaltado que, de conformidad con el artículo
86 de la Constitución, la acción de tutela no tiene término de caducidad. Sin
embargo, la solicitud de amparo debe formularse en un plazo razonable desde el
momento en el que se produjo el hecho vulnerador.
Esta exigencia se deriva de la
finalidad de la acción, que pretende conjurar situaciones urgentes que
requieren de la inmediata intervención del juez constitucional. Por ende,
cuando ha transcurrido un periodo considerable y desproporcionado entre la
ocurrencia del evento en el que se vulneraron o amenazaron los derechos
fundamentales y la presentación de la tutela, se entiende prima facie
que su carácter apremiante fue desvirtuado, siempre que no se hayan expuesto
razones que justifiquen la tardanza para acudir al instrumento constitucional
mencionado.
En el presente caso, las requisas que
el demandante considera degradantes y violatorias de sus derechos fundamentales
ocurrieron el 3 de marzo de 2019 y la tutela se interpuso el 22 de abril de
2019. En ese orden de ideas, el accionante tardó menos de dos meses para
formular la tutela, término que, a juicio de la Sala, demuestra el cumplimiento
del requisito de inmediatez.
De otro lado, también debe tenerse en
cuenta que en el caso analizado no se está ante una carencia actual de objeto
por daño consumado. En efecto, si bien la requisa del 3 de marzo de 2019 ya
sucedió, a partir de las pruebas recaudadas se evidencia que ésta se hizo en el
marco de las actividades de vigilancia y control que se llevan a cabo en el
establecimiento carcelario. A su vez, las autoridades de este establecimiento
sostienen que dichas acciones se ajustan a las normas legales y reglamentarias
aplicables, lo que permite suponer su común ocurrencia. Por ende, el asunto a
analizar en el presente caso no se restringe a un episodio particular, sino a
la práctica de requisas en ese establecimiento penitenciario, que el actor
cuestiona por ser contraria a sus derechos fundamentales.
12.
Las consideraciones expuestas previamente
dan cuenta del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela bajo examen. En consecuencia, la Sala analizará el problema
jurídico de fondo, anunciado en el fundamento jurídico 5 de esta sentencia. Por
lo tanto, se referirá a los derechos a la dignidad humana y a la integridad
personal.
La naturaleza y alcance de
los derechos a la dignidad humana y a la integridad personal
13.  El artículo
1º de la Constitución Política establece que Colombia es
un Estado social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana. El
derecho a la dignidad humana guarda estrecha relación con el derecho a la
integridad personal, que está consagrado en el artículo 12 de la Carta, según
el cual nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas
ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
14.  Sobre el
derecho a la dignidad humana, la Corte ha señalado en reiteradas oportunidades[23]
que debe entenderse desde dos dimensiones: a partir de su objeto concreto de
protección y de su funcionalidad normativa. Respecto de la primera, este
Tribunal ha identificado tres lineamientos claros y diferenciables: i) la
dignidad humana comprendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un
plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad humana
entendida como el conjunto de condiciones materiales concretas de existencia; y
iii) la dignidad humana vista como la intangibilidad de los bienes no
patrimoniales, integridad física e integridad moral o, en otras palabras, que
los ciudadanos puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de humillación o
de instrumentalización, esto es, privados de su posibilidad de vivir con
arreglo a los fines que han trazado para su propia existencia.
En ese orden de ideas, el derecho a
la integridad física hace parte de la dignidad humana entendida en esa tercera
faceta, esto es, la protección de la intangibilidad de los bienes no
patrimoniales.
De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la
norma, esta Corporación también ha identificado tres expresiones de la
dignidad: i) como valor, por ser principio fundante del ordenamiento jurídico y
por tanto del Estado; ii) como principio constitucional; y iii) como derecho
fundamental autónomo. Este concepto guarda una estrecha relación con los
derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la autonomía y a la
identidad personal[24]:
15.  De otra
parte, en el ámbito internacional, los tratados internacionales de derechos
humanos, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, también reconocen
los derechos a la dignidad humana y a la integridad personal y proscriben el
sometimiento de las personas a tratos inhumanos y degradantes.
En efecto, los artículos 7[25] y 10.1[26]
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[27]
prevén la prohibición de los tratos inhumanos y degradantes y consagran la
obligación de tratar humanamente a las personas privadas de la libertad.
Por su parte, los artículos 5.1. y 5.2.[28]
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[29]
establecen que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad moral
y física y que las personas privadas de la libertad tienen el derecho a ser
tratadas en forma digna, de acuerdo con el valor que les confiere su calidad de
personas.
En consonancia con estos derechos, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos consagró los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección
de las Personas Privadas de Libertad en las Américas[30].
El principio XXI se refiere a los registros corporales a las personas privadas
de libertad y a los visitantes de los lugares de privación de libertad, y
establece que estos deberán ser compatibles con la dignidad humana y respetar
los derechos fundamentales. Con este propósito, los Estados parte deben
utilizar medios alternativos, preferiblemente tecnológicos, y tienen la
obligación de prohibir los registros intrusivos vaginales y anales.
16.  En múltiples
oportunidades la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la violación de
los derechos a la dignidad humana y a la integridad personal cuando las
personas son sometidas a requisas que conllevan desnudarse, o que suponen que
los miembros del cuerpo de custodia toquen sus partes íntimas.
En Sentencia
T-269 de 2002[31], la Corte Constitucional estudió la
tutela presentada por una mujer contra un establecimiento carcelario porque
cuando entraba al centro prenitenciario era requisada de forma intrusiva. En
particular, a la accionante le ordenaban quitarse la ropa interior, le
revisaban sus genitales y la obligaban a hacer cuclillas para revisar si
portaba algún elemento peligroso en su cuerpo.
La Corte
estableció que dicho tipo de requisa era un trato inhumano y degradante y, por
lo tanto, violaba el derecho al respeto pleno de la dignidad humana, pues la rutina de
hacer desnudar a la persona, obligarla a agacharse o a hacer flexiones de
piernas y a mostrar exhaustivamente sus genitales a la guardia, resultaba de
por sí vergonzosa y humillante. En ese
orden de ideas, sostuvo que esa clase de requisa constituye un trato cruel, inhumano y
degradante, y por ende violatorio del derecho fundamental a la dignidad.
De otra
parte, advirtió que esta práctica era innecesaria, debido a que existían otros
instrumentos para detectar elementos prohibidos en el cuerpo de los internos.
Por último, aclaró
que no solamente los reclusos deben ser tratados acorde a la dignidad humana.
En efecto, las personas que acuden a visitarlos también son merecedoras de un
trato digno, “más aún cuando estas no tienen restringidos sus derechos en
virtud de una pena privativa de la libertad”.
En consecuencia, la Corte concedió el amparo y previno al
establecimiento para que no realizara requisas vejatorias y contrarias a la
dignidad humana para el ingreso al establecimiento carcelario de los visitantes
de los reclusos.
Posteriormente, en Sentencia
T-690 de 2004[32], este Tribunal analizó la
tutela presentada por una persona privada de la libertad, quien ponía de
presente que tanto a él como a su pareja, los obligaban a someterse a requisas
que implicaban desnudarse, hacer cuclillas y tocar su cuerpo.
En aquella ocasión este
Tribunal estableció que ciertas prácticas, que limitan la intimidad corporal,
la libertad personal y el derecho al silencio podrían estar permitidas, a
condición de que no comporten tratos vejatorios o denigrantes (por ejemplo, las
pruebas dactiloscópicas, fotográficas y antropométricas, o los registros o
cacheos de la ropa que portan los individuos). En contraste, no están permitidas
las intervenciones, registros, injerencias, comprobaciones o extracciones sobre
sus cuerpos, salvo por razones fundadas y siempre que medie el consentimiento
informado del afectado y el registro se practique de modo que el pudor y el
decoro personal no resulten ofendidos, ni se viole la integridad física.
En esa oportunidad, la
Corte amparó el derecho fundamental del actor a no ser sometido a tratos
crueles, inhumanos y degradantes, y ordenó al Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario que dotara al establecimiento de la tecnología que permitiera
detectar armas, explosivos y sustancias adictivas, sin someter a las personas a
requisas contrarias a su dignidad.
Del mismo modo, en Sentencia
T-622 de 2005[33], este Tribunal estudió
la tutela presentada por algunas mujeres contra un establecimiento
penitenciario, por cuanto las sometía a requisas vaginales e impedía su ingreso
al cuando tenían la menstruación.
En aquella ocasión, la
Corte estableció que el período menstrual, como ciclo natural y biológico que
es, hace parte de la intimidad corporal de la mujer, de su fuero interno y de
su dignidad como ser humano. En ese orden de ideas, indicó que el
establecimiento no debía indagar sobre el período de las mujeres, porque ese
asunto no tiene ninguna relevancia para el ejercicio de la visita íntima y, por
lo tanto, no interesaba al accionado.
Por lo tanto,
sostuvo que la prohibición establecida
en la disposición del reglamento interno, además de ser discriminatoria, era
lesiva de la dignidad humana, la prohibición de ser sometido a tratos crueles,
inhumanos ni degradantes y la intimidad e integridad corporales.
Asimismo, la Sentencia
T-1069 de 2005[34] estudió la tutela presentada por una
mujer que visitaba semanalmente a su hermano en un establecimiento
penitenciario y afirmaba que, además de ser obligada a desnudarse y ser tocada
por las dragoneantes de forma morbosa, el examen se hacía en condiciones
insalubres porque no cambiaban los guantes.
En aquella ocasión
la Corte reiteró que no son razonables aquellas requisas que se realicen con
desconocimiento del derecho a la dignidad humana. En particular, dijo que las
requisas intrusivas practicadas por la guardia de un establecimiento de
reclusión, tales como desnudar al visitante, violan el derecho fundamental a no
ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Ahora bien,
esta Corporación aclaró que la jurisprudencia ha aceptado que las
intervenciones, registros, injerencias, comprobaciones o extracciones sobre los
cuerpos se presenten por razones fundadas, pero para su práctica se debe
cumplir con una serie de requisitos, como son: “(i) el consentimiento
informado del visitante; (ii) el registro debe ser practicado de modo que el
pudor y el decoro personal no resulten ofendidos, ni la integridad física
vulnerada; (iii) debe existir un mandato legal;  (iv) debe mediar la
supervisión judicial; (v) la intervención debe realizarse por parte de personal
experto y (vi) debe darse en condiciones sanitarias adecuadas”[35].
En Sentencia
T-462 de 2009[36], la Corte Constitucional analizó las
tutelas presentadas por unos hombres privados de la libertad, que alegaban que
el manejo indebido de los perros encargados de hacer las requisas vulneraba sus
derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, a la intimidad personal y familiar,
a la dignidad humana y a no ser sometidos a tratos crueles inhumanos o
degradantes.
En esa oportunidad, este Tribunal
advirtió que, si bien la realización de requisas utilizando ejemplares caninos
no resulta en sí misma contraria a la Carta, sí puede llegar a serlo por el hecho
de que los perros establezcan contacto directo con las partes íntimas de las
personas, lo que puede considerarse como una invasión en el cuerpo, contraria a
la dignidad y a la integridad personal. En ese sentido, advirtió que la
decisión de dejar libres los perros sin que el guía ejerciera dominio sobre
ellos para controlarlos efectivamente durante la requisa, permitía que los
perros tuvieran contacto directo con los genitales de las personas, y pudieran
eventualmente intimidarlas, atemorizarlas y avergonzarlas.
En consecuencia, determinó que la
requisa con perros representaba una amenaza al derecho fundamental a la
integridad personal de los accionantes y podía ocasionar la vulneración
efectiva de la integridad personal de quienes eran objeto de la misma. En particular,
tuteló el derecho invocado y previno a la entidad accionada para que
estableciera un reglamento que dispusiera que durante las requisas realizadas a
los internos y a los visitantes, los perros debían mantenerse sujetos mediante
la traílla y el correspondiente bozal cuando fuese el caso. Además, indicó que
debía imponer los controles necesarios, “con el fin de evitar que se
presentaran tratos poco respetuosos contra las personas privadas de la libertad
o sus visitantes”.
17.  De la
jurisprudencia antes citada, resultan relevantes las siguientes reglas:
-
Las requisas que impliquen desnudarse, hacer cuclillas, o someterse a
inspecciones de las partes íntimas, constituyen tratos degradantes y, en esa
medida, violan los derechos a la dignidad humana y a la integridad personal.
-
Para que las intervenciones, registros, injerencias, comprobaciones o
extracciones sobre los cuerpos no violen los derechos fundamentales de quien se
somete al registro, se requiere: (i) un mandato legal, (ii) supervisión
judicial, (iii) el consentimiento informado del visitante, (iv) que el registro
se practique de modo que el pudor y el decoro personal no resulten ofendidos,
ni la integridad física vulnerada, (v) la intervención debe realizarse por
parte de personal experto, y (vi) debe darse en condiciones sanitarias
adecuadas.
-
Para realizar requisas con perros, es necesario que el funcionario de
custodia tenga pleno dominio sobre el canino y no haya posibilidad de que éste tenga
contacto directo con los genitales de la persona que es sometida a registro.
Identificadas las
reglas jurisprudenciales que compatibilizan la posibilidad de realizar
registros personales en el ámbito carcelario y el derecho a la dignidad humana,
a continuación se hará referencia a las normas que regulan la requisa de personas
en los establecimientos penitenciarios y carcelarios.
El marco normativo del registro de personas en los
establecimientos penitenciarios y carcelarios
18.  Teniendo en cuenta que el ejercicio del registro de
personas en los establecimientos penitenciarios supone la restricción a los
derechos de quienes se someten a éste, el Legislador ha regulado su ejercicio
de forma expresa.
19.  La Ley 65 de 1993 “Por la cual se expide el
Código Penitenciario y Carcelario” establece que en los
establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a
las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente
reconocidos[37].
Además, las medidas que tienen que ver con restricción de derechos se rigen por
el principio de intervención mínima, según el cual las garantías de las
personas privadas de la libertad sólo podrán ser limitadas según lo dispuesto
en la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y los reglamentos
del régimen interno del Establecimiento Penitenciario y Carcelario[38].
Del mismo
modo, la normativa en cita establece que toda persona que ingrese a un centro de reclusión o salga de
él, por cualquier motivo, deberá ser “razonablemente requisada” y sometida a
los procedimientos de ingreso y egreso[39].
En particular, el artículo 112 prevé el régimen general de visitas y dispone
que:
(i)
Las
requisas y demás medidas de seguridad que se adopten, deben darse dentro de un
marco de respeto a la dignidad humana y a la integridad física.
(ii)
Las
requisas se realizarán en condiciones de higiene y seguridad.
(iii)
El
personal de guardia estará debidamente capacitado para la correcta y razonable
ejecución de registros y requisas.
(iv)
Para
practicar registros, se designará a una persona del mismo sexo del de aquella
que es objeto de registro.
(v)
Se
prohibirán las requisas al desnudo y las inspecciones intrusivas; únicamente se
permite el uso de medios electrónicos para este fin.
20.  En el mismo sentido, la Resolución No. 2378 del 22 de
noviembre de 2018, “Por la cual se
expide el Reglamento de Régimen Interno del Establecimiento Penitenciario de
Mediana Seguridad y Carcelario de Acacías – Meta”, contiene algunas disposiciones que reglamentan el
registro de personas.
Específicamente, el artículo 66 del reglamento, que
regula el régimen común de visitas, establece que, una vez terminada la visita,
las personas privadas de la libertad se someterán a los controles y
procedimientos de seguridad de requisa legalmente aprobados por el INPEC. De
otra parte, dispone que “(…) por disciplina, salubridad e higiene las
comidas preparadas durante la visita deberán ser consumidas con sus familias,
no se permitirá llevar comidas de ninguna especie desde el patio de visitas
hasta el pabellón.”
Además, el artículo 68 prevé los parámetros para el
ingreso de visitas. Y reitera el contenido del artículo 112 de la Ley 65 de
1993. Particularmente, establece que “[s]in excepción, toda persona que
ingrese al establecimiento deberá ser debida y plenamente requisado [sic]
teniendo en cuenta en todo momento que las requisas y demás medidas de
seguridad que se adopten deben darse dentro de un marco de respeto a la dignidad
humana y a la integridad física, teniendo en cuenta en los medios y métodos
establecidos para tal efecto.” Además, el parágrafo 2º prohíbe expresamente
las requisas al desnudo y las inspecciones intrusivas y el parágrafo 3º del
mismo artículo reitera que “[l]as requisas se realizarán en
condiciones de higiene aptas y demás medidas de seguridad que se adopten dentro
del Instituto [sic], y dentro de un marco de respeto a la dignidad humana e
integridad física.”
De otra parte, el artículo 71,
parágrafo 2º, determina que antes y después de practicarse la visita íntima,
tanto la persona privada de la libertad como el visitante, serán objeto de una
requisa que se practicará de conformidad con lo establecido en los
procedimientos adoptados por el instituto y dentro del respeto por la dignidad
humana. La misma norma advierte que “[e]l incumplimiento por parte de los
funcionarios de lo previsto en el presente artículo acarreará la
correspondiente investigación disciplinaria por omisión del deber.”
Asimismo, el artículo 121 de la
resolución en cita reglamenta las requisas y establece que toda persona que
ingrese a un establecimiento de reclusión o salga de él, deberá ser requisada
apoyados con los equipos electrónicos de seguridad y los binomios
(hombre-canino). De igual forma, las personas privadas de la libertad después
de cada visita general, particular, íntima, o cuando sean remitidos por fuera
del establecimiento, ingresen a él, a cada dormitorio, aulas, talleres, área de
sanidad y capilla, serán objeto de registro personal acorde con los
procedimientos para tal fin.
21.
El manual del INPEC para la utilización
de medios caninos en los establecimientos de reclusión y sedes administrativas
establece dos procedimientos de registro de personas. El primero es el registro
corporal en fila de personas, que se efectúa exclusivamente para la requisa de
personas privadas de la libertad. El guía canino procede a registrar con el
semoviente, haciendo un recorrido en forma lineal paralelo a todas las personas
privadas de la libertad, entre quienes debe haber una distancia de mínimo 60
centímetros.
El segundo es el registro corporal a personas sentadas
en sillas que se realiza a los visitantes. Las personas se sientan en sillas
dispuestas en forma lineal y el guía canino hace un recorrido con el perro, que
olfatea a todas las personas sentadas.
De conformidad con la respuesta del establecimiento a
esta tutela, el registro de personas con binomio guardia-canino se hace a 50
centímetros de distancia y no requiere el uso de bozal porque la detección de
narcóticos es imposible con este artefacto.
22.
Por último, tal y como lo informó en este
proceso un dragoneante del establecimiento penitenciario demandado, el manual
del INPEC de registro a personas y requisa de paquetes, vehículos e
instalaciones, diferencia tres tipos de registro de personas: de primer,
segundo y tercer nivel.
El registro de primer nivel se
lleva a cabo con el arco detector s, la silla detectora de metales, y el equipo
de seguridad electrónica. El de segundo nivel, al que se deben someter quienes
tengan contacto con las personas privadas de la libertad, se realiza con los
mismos elementos del registro de primer nivel, pero requiere quitarse los zapatos,
el cinturón, la chaqueta y sacar los objetos de los bolsillos. El de tercer
nivel se aplica exclusivamente a las personas privadas de la libertad en
distintas circunstancias, una de estas es después de la visita conyugal.
Implica: (i) quitarse la ropa hasta tener una prenda que cubra las extremidades
inferiores (puede ser pantalón, falda o pantaloneta) y otra que cubra el tronco,
sin presentar desnudez, y (ii) someterse a un registro en la modalidad
de cacheo[40],
en el cual el guardia no debe tener contacto con la piel de quien es
registrado.
En caso de no contar con los equipos de seguridad
electrónica o de que los medios electrónicos generen una alerta, el servidor
del cuerpo de custodia y vigilancia solicitará a la persona que se ubique en el
espacio especialmente destinado para la práctica del registro. Se pedirá que ponga
todos los elementos que posea en un lugar visible y se sitúe frente al servidor
con los brazos extendidos a los lados formando una línea recta a la altura de
los hombros, las palmas de las manos hacia arriba y los pies separados formando
un ángulo de 30 grados. A una distancia prudencial y mediante un recorrido sin
contacto, se pasa el detector manual de metales.
Sólo en caso de no tener detector manual de metales
puede hacerse un barrido por contacto sobre las prendas de vestir, el cual no
puede conllevar tocamientos en las partes íntimas.
23.
En síntesis, el registro de personas está
regulado de manera pormenorizada. En términos generales, ninguna requisa se
realiza al desnudo, todas deben ser adelantadas por medios electrónicos y está
prohibido cualquier contacto directo con la piel o el roce de las partes
íntimas. El incumplimiento de estas reglas por parte de los funcionarios
acarreará la investigación disciplinaria correspondiente por omisión del deber.
Para el caso de los visitantes, estos deben ser requisados cada vez que entran
al establecimiento y, si tienen contacto con las personas privadas de la
libertad, se someten al registro de segundo nivel y a ser olfateados por un
perro mientras están sentados en sillas. En cuanto a las personas privadas de
la libertad, se someten al registro de tercer nivel, y a ser olfateadas por un
perro mientras forman una fila y permanecen de pie.
Análisis del caso concreto
Cuestión
previa. Aplicación de la presunción de veracidad contenida en el artículo 20
del Decreto 2591 de 1991
24.  El
artículo 20 del Decreto 2591 de 1991[41],
establece la presunción de veracidad de los hechos presentados en la solicitud
de amparo, ante la negligencia u omisión de las entidades accionadas de
presentar los informes requeridos por el juez de tutela, en los plazos
otorgados por el mismo. En este sentido, la Corte ha manifestado que:
“La presunción de veracidad consagrada en esta norma
[Art. 20 Dec-ley 2591/91] encuentra sustento en la necesidad de resolver con
prontitud sobre las acciones de tutela, dado que están de por medio derechos
fundamentales, y en la obligatoriedad de las providencias judiciales, que no se
pueden desatender sin consecuencias, bien que se dirijan a particulares, ya que
deban cumplirlas servidores o entidades públicas[42]. Hecha
la anterior precisión, la Corte ha establecido que la consagración de esa
presunción obedece al desarrollo de los principios de inmediatez y celeridad
que rigen la acción de tutela, y se orienta a obtener la eficacia de los
derechos constitucionales fundamentales y el cumplimiento de los deberes que la
Carta Política ha impuesto a las autoridades estatales (Artículos 2, 6, 121 e
inciso segundo del artículo 123 C.P.).”[43]
25.  En
la respuesta que el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad de Acacías dio a la tutela, la institución se abstuvo de responder
directamente las afirmaciones del accionante. En efecto, de forma genérica
manifestó que la requisa realizada a las personas privadas de la libertad con
posterioridad a la visita íntima “(…) es completamente legal y ajustada a
los procedimientos establecidos para los establecimientos de reclusión” y
explicó cuáles eran las reglas relativas al registro de personas con binomios
caninos. No obstante, no dio respuesta directa a las acusaciones contenidas en
el escrito de tutela relacionadas con los excesos en las requisas realizadas a
los visitantes antes de la visita íntima y a las personas privadas de la libertad
después de que aquella se llevara a cabo, el 3 de marzo de 2019.
26.  En
consecuencia, en el trámite de la revisión de la presente acción de tutela,
mediante Auto del 7 de octubre de 2019, la Magistrada sustanciadora formuló una
serie de preguntas al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario
de Acacías, con el fin de dilucidar cómo se lleva a cabo el registro de
personas en ese centro de reclusión y, en particular, qué sucedió en las
requisas practicadas el 3 de marzo de 2019. Sin embargo, el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías dio respuesta a
cuatro de las nueve preguntas formuladas por este Tribunal y no explicó por qué
omitió contestar las cinco preguntas restantes.
En consecuencia, la Magistrada sustanciadora profirió
el Auto del 22 de octubre de 2019, en el que requirió al Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías, para que
respondiera las cinco preguntas planteadas en el auto anterior, todas dirigidas
a aclarar cómo se realizó el registro de personas el domingo 3 de marzo de
2019. No obstante, el establecimiento no dio respuesta a esta última
providencia.
Cabe
resaltar que las preguntas que no fueron respondidas estaban dirigidas a aclarar
si en las requisas del 3 de marzo de 2019 se había ordenado a los hombres
privados de la libertad y a sus visitantes quitarse la ropa, si habían tocado
sus cuerpos, y qué medidas preventivas habían tomado para realizar el registro
con binomio canino.
27.  En ese orden de ideas, a pesar de que en la
contestación a la tutela el establecimiento accionado afirmó que no había
vulnerado los derechos fundamentales del accionante porque su actuación estaba
reglada, para la Sala es claro que se trató de una respuesta genérica y ambigua
que no contradijo las afirmaciones del demandante en el escrito de tutela. Por
esa razón, la Magistrada sustanciadora profirió un auto que tuvo como propósito
aclarar lo sucedido en la requisa del 3 de marzo de 2019. Sin embargo, el
establecimiento no dio respuesta a las preguntas que indagaban específicamente
sobre los hechos descritos en la tutela y, a pesar de haber sido requerido por
esta Corte para pronunciarse sobre el particular, persistió en su conducta
contumaz.
En esa medida, y dado que no existe otra prueba que
logre desvirtuar lo afirmado por el actor en la acción de tutela, en este caso
opera la presunción de veracidad contemplada en el artículo 20 del Decreto 2591
de 1991, según la cual, a la luz de los principios de celeridad, inmediatez y
buena fe que rigen la actuación judicial, ha de entenderse que si la entidad
requerida por el juez no contesta la solicitud de pronunciarse sobre lo
expuesto en la demanda, se presumen ciertos los hechos. Por lo tanto, en este
caso la contumacia del establecimiento accionado para aclarar lo sucedido hace
posible presumir que, al efectuar el registro de personas el domingo 3 de marzo
de 2019, los miembros del cuerpo de custodia del Establecimiento Penitenciario
y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías: (i) antes del ingreso de las
mujeres, las obligaron a desnudarse y tocaron sus partes íntimas, y (ii)
después de terminar la visita íntima, exigieron a los hombres que permanecieran
en calzoncillos, rozaron sus genitales con el detector de metales y les
acercaron el hocico del perro a dicha área.
A continuación se analizará el fondo del asunto. En particular, se
estudiará si el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad
de Acacías desconoció los derechos fundamentales a la dignidad humana y a la
integridad personal, al realizar requisas al desnudo y tocar las partes íntimas
de las personas sujetas a registro.
El establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías desconoció los
derechos fundamentales a la dignidad humana y a la integridad personal del
accionante
28.
Se interpuso acción de tutela contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
–INPEC y el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de
Acacías, en razón a
que el domingo 3 marzo de 2019,
cuando los internos del Patio Tres del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías recibieron la visita íntima, tanto
las mujeres visitantes como los hombres privados de la libertad, fueron
sometidos a requisas que atentaron contra su dignidad e integridad.
Por ello, el
accionante pide que: (i) se amparen sus derechos
fundamentales a la dignidad humana y la integridad personal y, en
consecuencia, se ordene a las accionadas: que cumplan con
los mandatos contenidos en la Constitución Política, las leyes y la jurisprudencia
constitucional y se dé un trato digno a las personas que son sometidas a
requisas; y (ii) se impartan las órdenes que sean pertinentes para el
restablecimiento de sus derechos fundamentales.
29.  El Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad de Acacías,
afirmó de manera general que el registro de personas es un procedimiento reglado que
es cumplido a cabalidad por el personal de custodia y, por ese motivo, el
establecimiento no vulneró los derechos invocados por el accionante. Por su parte, el INPEC solicitó su desvinculación del trámite, por
tratarse de un asunto de competencia del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías.
30.  De los hechos mencionados, que se presumen ciertos en
aplicación del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, se infiere que el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías
violó los derechos fundamentales a la dignidad humana y a la integridad
personal del accionante, por cuanto realizaron requisas en las que desnudaron a
hombres y mujeres, tocaron sus genitales y los sometieron al control del
binomio canino sin tomar una distancia prudente entre el perro y el cuerpo de
quien fue sometido a requisa.
31.  En primer lugar, el artículo 112 de la Ley 65 de 1993
prohíbe las requisas al desnudo y el manual del INPEC de registro a personas y
requisa de paquetes, vehículos e instalaciones, establece que el registro de
personas de tercer nivel requiere quitarse la ropa hasta tener una prenda que
cubra las extremidades inferiores (puede ser pantalón, falda o pantaloneta) y
otra que cubra el tronco, sin presentar desnudez. Así pues, al requerir
que los internos se retiraran la ropa y fueran requisados en calzoncillos, el
establecimiento vulneró sus derechos a la dignidad humana y a la integridad
personal.
32.
En segundo lugar, el artículo 112 en cita prohíbe las inspecciones
intrusivas. En este caso el accionante relata que al pasar el detector de
metales por su cuerpo, el funcionario del cuerpo de custodia y vigilancia rozó
sus testículos con el dispositivo. El roce de las partes íntimas del accionante
también comporta el desconocimiento de sus derechos fundamentales a la dignidad
humana y a la integridad personal, pues lo sometió a una situación humillante.
33.  En tercer lugar, al realizar el procedimiento con el
binomio canino (perro-guardia de seguridad), el funcionario permitió que el
perro acercara el hocico entre los glúteos del accionante. Esta situación
desconoce los lineamientos para el registro de personas, que debe realizarse a
50 centímetros de distancia de quien se somete a requisa, con el fin de no
exponer al interno al riesgo de sufrir una lesión física, pues para la
detección de narcóticos el canino no usa bozal.
34.  En cuarto lugar, tan pronto sucedieron los hechos
objeto de tutela, el accionante informó al Director del establecimiento sobre
lo ocurrido. No obstante, el accionado le indicó: (i) que el personal del
cuerpo de custodia y vigilancia que presta sus servicios en ese establecimiento
penitenciario está capacitado en los procedimientos vigentes de requisa a las
personas privadas de la libertad, (ii) que los caninos no pueden llevar bozal
al momento del registro, porque la detección de narcóticos sería imposible, y
(iii) que la Ley 65 de 1993 dispone que los internos deben ser requisados
rigurosamente después de cada visita. Además, transcribió apartes de las
sentencias T-501 de 1994 y T-317 de 1997, en los que se señala que en los
establecimientos de reclusión el derecho a la intimidad no es absoluto.
La Sala rechaza la actuación del establecimiento, el
cual, en vez de tomar las medidas requeridas para remediar la vulneración de
derechos que el interno le puso de presente, justificó la actuación humillante
de sus funcionarios. Cabe resaltar que esta respuesta desconoce el artículo 71
de la Resolución No. 2378 del 22 de noviembre de 2018, “Por la cual se
expide el Reglamento de Régimen Interno del Establecimiento Penitenciario de
Mediana Seguridad y Carcelario de Acacías – Meta”.
Lo anterior ocurre porque la norma en cita impone la
obligación de que las requisas realizadas antes y después de practicarse la
visita íntima, se lleven a cabo “dentro del respeto por la dignidad humana”.
A continuación, el parágrafo 2º advierte
que “[e]l incumplimiento por parte de los funcionarios de lo previsto en el
presente artículo acarreará la correspondiente investigación disciplinaria por
omisión del deber.”
Así pues, si el accionante informó al establecimiento
de irregularidades en el procedimiento de registro de personas, éste tenía la
obligación de iniciar la correspondiente investigación disciplinaria por
omisión del deber y no lo hizo. Por el contrario, emitió una respuesta en la
que le informó al actor que su derecho a la intimidad no es absoluto y de ese
modo avaló la actuación ilegítima de sus funcionarios.
35.  En síntesis, el establecimiento sometió al accionante
a tratos inhumanos y degradantes, que están expresamente prohibidos por la
Constitución Política, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Ley 65 de 1993, el
reglamento del establecimiento, y los manuales del INPEC para el uso de caninos
y registro de personas.
En
consecuencia, la Sala llama
la atención de ese establecimiento, acerca de la necesidad de dar estricto
cumplimiento al reglamento en lo que respecta a los registros a visitantes e
internos, no sólo en lo que tiene que ver con las conductas prohibidas, sino
también con el uso de los instrumentos electrónicos con que cuenta el penal
para el efecto. Así, como lo explicó el INPEC en su respuesta a la Corte, el
establecimiento de Acacías cuenta con cuatro sillas BOSS y detectores de
metales Garrett, los cuales se muestran idóneos para realizar requisas no
intrusivas. La omisión injustificada en el uso de estas tecnologías no solo
facilita la vulneración de los derechos invocados, sino que también puede tener
significado desde el punto de vista fiscal, ante el uso inadecuado de los
recursos públicos.
Alcance
de las órdenes a impartir[44]
36.
De acuerdo con lo previsto en el artículo
86 superior, la acción de tutela es un mecanismo de rango constitucional al
alcance de todas las personas para obtener la protección de sus derechos
fundamentales en los eventos en los que hayan sido vulnerados o amenazados por
las acciones u omisiones de autoridades públicas o, en casos específicos, de
particulares.
En la medida en que esta acción constitucional busca
la protección individual de los derechos fundamentales de los asociados, las
decisiones de tutela tienen un alcance particular y concreto, y, por ende, de éstas
no se predican efectos generales, impersonales o abstractos. En consecuencia,
las sentencias de revisión de tutela emitidas por esta Corporación tienen
efectos inter partes, tal y como lo establece el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991[45].
37.
No obstante lo anterior, la
jurisprudencia constitucional también ha reconocido la competencia del juez
para determinar los efectos de sus fallos de revisión en aras de garantizar la
protección de los derechos fundamentales y, por consiguiente, definir un
alcance de la decisión que supere a las partes de la acción constitucional.
Sobre el particular, en la Sentencia T-025 de 2015[46] la Corte
reiteró lo dicho en la Sentencia SU-1023 de 2001[47], en la que se explicó
que:
“(…) hay
eventos excepcionales en los cuales los límites de la vulneración deben fijarse
en consideración tanto del derecho fundamental del tutelante como del derecho
fundamental de quienes no han acudido a la tutela, siempre y cuando se
evidencie la necesidad de evitar que la protección de derechos fundamentales
del accionante se realice paradójicamente en detrimento de derechos igualmente
fundamentales de terceros que se encuentran en condiciones comunes a las de
aquel frente a la autoridad o particular accionado.
Desde esa
óptica, los efectos inter comunis pueden definirse como aquellos efectos de un
fallo de tutela que de manera excepcional se extienden a situaciones concretas
de personas que, aun cuando no promovieron el amparo constitucional, se
encuentran igualmente afectadas por la situación de hecho o de derecho que lo
motivó, producto del actuar de una misma autoridad o particular, justificado en
la necesidad de dar a todos los miembros de una misma comunidad un trato
igualitario y uniforme que asegure el goce efectivo de sus derechos fundamentales”.
Además, la jurisprudencia también ha señalado que la
modulación de los efectos de las sentencias de revisión se justifica para
evitar la afectación de derechos de terceros, asegurar el goce efectivo de las
garantías superiores de todos los miembros de una misma comunidad, responder al
contexto dentro del cual se inscribe cada proceso y materializar el acceso a la
administración de justicia.
Con fundamento en esas finalidades, la fijación de
efectos inter comunis procede de manera excepcional y cuando se constate
la existencia de grupos en los que: (i) existan otras personas en la misma
situación; (ii) exista identidad de derechos fundamentales violados, en los
hechos generadores, los accionados y las pretensiones; y (iii) un derecho común
a reconocer.
38.
En síntesis, la fijación de efectos inter
comunis se enmarca dentro de la potestad otorgada al juez de revisión para
determinar el alcance de su fallo, constituye una excepción al carácter inter
partes de las decisiones de revisión y se fija en la sentencia únicamente
cuando concurren los requisitos desarrollados en la jurisprudencia
constitucional para el efecto.
39.
En esta oportunidad, la Sala advierte
que, a pesar de que el accionante manifestó que presentó la tutela a nombre
propio, es evidente que con los hechos ocurridos el 3 de marzo no sólo se
vulneraron los derechos a la dignidad humana y a la integridad del actor, sino
también los de los hombres que están privados de la libertad en el Patio Tres
del establecimiento y las personas que los visitaron, particularmente mujeres.
En efecto, es
claro que tanto hombres como mujeres fueron desnudados y tocados en sus partes
íntimas y esa conducta, además de estar prohibida por la ley y los reglamentos,
viola el derecho a la dignidad humana y la obligación de respeto correlativa a
ese derecho, de la cual se deriva la prohibición de someter a las personas a
tratos degradantes.
Por esta razón, la Sala concluye que en el caso objeto
de análisis concurren los requisitos para dictar una decisión con efectos inter
comunis, porque: (i) tanto el accionante, como los hombres privados de la
libertad y las mujeres visitantes, fueron sometidos a los mismos agravios y,
por lo tanto, están en una situación análoga; (ii) existe identidad de derechos
fundamentales violados, hechos generadores, y autoridad responsable de la
vulneración del derecho; y (iii) la orden de protección dada por el juez de
tutela repercute de manera directa e inmediata en la salvaguarda de los
derechos fundamentales de aquellos no tutelantes.
Sobre este último punto, es preciso aclarar que los
efectos extendidos de esta providencia permiten que se materialice el goce
efectivo de los derechos fundamentales de sujetos que merecen especial
protección constitucional. De una parte, beneficia a las personas privadas de
la libertad, quienes están en una relación de especial sujeción respecto del
Estado y, de otra, protege a las mujeres, quienes históricamente se enfrentan a
estereotipos sociales discriminatorios, en particular, al control y la
cosificación de su cuerpo.
En consecuencia, las órdenes que se adoptan tienen
como propósito proteger los derechos fundamentales a la dignidad humana y a la
integridad personal de todas las personas privadas de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad de Acacías y de quienes los visitan. Por lo tanto, se ordenará a esa
entidad que, en lo sucesivo, el Cuerpo de Custodia y Vigilancia se abstenga de
realizar requisas al desnudo, en las que se tenga contacto con las partes
íntimas de quienes son sometidos a registro.
Además, con el fin de adoptar una medida que repare
desde una perspectiva simbólica  las humillaciones sufridas por los hombres
privados de la libertad y las mujeres visitantes el 3 de marzo de 2019, se
ordenará al establecimiento accionado ofrecer disculpas a las personas que
fueron requisadas de esta manera. Para ello deberá (i) reconocer la existencia
de los hechos vejatorios a la dignidad de las personas con ocasión de la visita
a los internos; (ii) expresar su disculpa por la comisión de esos hechos; y
(iii) manifestar que estos hechos no volverán a tener ocurrencia.
Con el fin de que esta orden sea efectivamente cumplida,
se dispondrá que dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia,
el centro penitenciario remita un informe al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Acacías en el que acredite
el ofrecimiento de disculpas.
La Sala compulsará copias a la Procuraduría General de
la Nación
40.
De conformidad con el artículo 6º de la Carta, los servidores
públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes, y por la
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. En el mismo
sentido, el artículo 123 Superior determina que los servidores públicos
ejercerán sus funciones en la forma en que ello se encuentre previsto por la
Constitución, la ley y el reglamento.
Así pues, el
principio de responsabilidad reconocido expresamente por la Carta constituye el
fundamento de la potestad sancionatoria, la cual permite a las autoridades del
Estado evaluar el comportamiento de los servidores públicos y, en caso de ser
procedente, imponer las sanciones correspondientes. El ejercicio de tal
potestad tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de los principios que
regulan el ejercicio de la función pública, como son la igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
El artículo 277-6 de
la Constitución consagra el poder disciplinario de la Procuraduría General de
la Nación. En particular, la disposición mencionada: (i) asigna al Procurador
la competencia preferente para conocer los asuntos con
relevancia disciplinaria; (ii) define los sujetos respecto de los cuales se
ejerce el poder disciplinario -todos aquellos que tengan a su cargo el
ejercicio de funciones públicas-; (iii) asigna al Procurador la competencia
para investigar conductas; y (iv) le atribuye el poder de sancionar a los funcionarios sometidos al poder disciplinario[48].
41.
En este caso, la
Sala Sexta de Revisión infiere el incumplimiento
de la ley y el reglamento por parte del cuerpo de custodia de institución
accionada. En ese orden de ideas, corresponde a la Procuraduría General de la
Nación investigar las posibles actuaciones irregulares de los funcionarios del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías de
las personas involucradas en las requisas realizadas el 3 de marzo de 2019 y de
los funcionarios que se abstuvieron de investigar las conductas puestas de
presente por el accionante mediante una solicitud escrita. En efecto,
corresponde al Ministerio Público investigar las actuaciones mediante las
cuales los servidores públicos puedan incurrir en faltas relacionadas con el régimen penitenciario y
carcelario.
42.
De otro lado, en consideración a que (i)
mediante Auto del 7 de octubre de 2019 la Magistrada ponente ofició al
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías para
que respondiera nueve preguntas dirigidas a esclarecer los hechos del caso, y
(ii) ante la omisión en responder la totalidad de las preguntas, mediante Auto
del 22 de octubre de 2019 requirió al Director del establecimiento para que
respondiera las preguntas restantes y nuevamente omitió hacerlo;
se compulsarán copias de esta tutela a la Procuraduría General de la
Nación, para que dentro de sus competencias, investigue la conducta omisiva del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías, que
al tenor de lo dispuesto en el artículo 61 del Código General Disciplinario
constituye causal de mala conducta.
Conclusiones y decisión a
adoptar
Del análisis
del caso planteado, se derivan las siguientes conclusiones:
43.  El derecho a la dignidad humana tiene tres facetas claras
y diferenciables: i) la dignidad humana comprendida como autonomía o como
posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus
características; ii) la dignidad humana entendida como el conjunto de
condiciones materiales concretas de existencia; y iii) la dignidad humana vista
como la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e
integridad moral o, en otras palabras, que los ciudadanos puedan vivir sin ser
sometidos a cualquier forma de humillación.
En ese orden
de ideas, el derecho a la integridad física hace parte de la dignidad humana
entendida en esa tercera faceta, esto es, la protección de la intangibilidad de
los bienes no patrimoniales.
44.  De la
jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de registro de personas,
resultan relevantes las siguientes reglas:
-
Las requisas que impliquen desnudarse, hacer cuclillas, o someterse a
inspecciones de las partes íntimas, constituyen tratos degradantes y, en esa
medida, violan los derechos a la dignidad humana y a la integridad personal.
-
Para que las intervenciones, registros, injerencias, comprobaciones o
extracciones sobre los cuerpos no violen los derechos fundamentales de quien se
somete al registro, se requiere: (i) un mandato legal, (ii) supervisión
judicial, (iii) el consentimiento informado del visitante, (iv) que el registro
se practique de modo que el pudor y el decoro personal no resulten ofendidos,
ni la integridad física vulnerada, (v) la intervención debe realizarse por
parte de personal experto, y (vi) debe darse en condiciones sanitarias
adecuadas.
-
Para realizar requisas con perros, es necesario que el funcionario de
custodia tenga pleno dominio sobre el canino y no haya posibilidad de que éste
se acerque a los genitales de la persona que es sometida a registro.
45.
El registro de personas está ampliamente
regulado tanto en disposiciones legales como reglamentarias. En términos
generales, ninguna requisa se realiza al desnudo, todas deben ser ejecutadas
por medios electrónicos y está prohibido cualquier contacto directo con la piel
o el roce de las partes íntimas. Para el caso de los visitantes, estos deben
ser requisados cada vez que entran al establecimiento y, si tienen contacto con
las personas privadas de la libertad, se someten al registro de segundo nivel y
a ser olfateados por un perro mientras están sentados en sillas. En cuanto a
las personas privadas de la libertad, se someten al registro de tercer nivel, y
a ser olfateadas por un perro mientras están de pie
formando una fila.
46.
Dado que el Establecimiento Penitenciario
y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías no respondió a las preguntas
planteadas por esta Corte y no existe otra prueba que logre desvirtuar lo afirmado
por el actor en la acción de tutela, en este caso opera la presunción de veracidad
contemplada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. Por lo tanto, se
presume que al efectuar el registro de personas el domingo 3 de marzo de 2019,
los miembros del cuerpo de custodia del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías hicieron requisas intrusivas a las
mujeres visitantes y a los hombres privados de la libertad.
47.  En esta oportunidad el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías violó los derechos fundamentales a
la dignidad humana y a la integridad personal del accionante, de los hombres
que están privados de la libertad en el Patio Tres y de las personas que los
visitan, particularmente mujeres, por cuanto realizaron requisas en las que los
desnudaron, tocaron sus genitales y los expusieron al control del binomio
canino sin tomar una distancia prudente entre el perro y el cuerpo de quien fue
registrado. Así, los sometieron a tratos inhumanos y degradantes, que están
expresamente prohibidos por la Constitución Política, la Ley 65 de 1993, el
reglamento del establecimiento, y los manuales de uso de caninos y registro de
personas.
48.  En el caso objeto de análisis concurren los
requisitos para dictar una decisión con efectos inter comunis, porque:
(i) tanto el accionante, como los hombres privados de la libertad y las mujeres
visitantes, fueron sometidos a los mismos agravios y, por lo tanto, están en
una situación análoga; (ii) existe identidad de derechos fundamentales
violados, hechos generadores, y autoridad responsable de la vulneración del
derecho; y (iii) la orden de protección dada por el juez de tutela repercute de
manera directa e inmediata en la salvaguarda de los derechos fundamentales de
aquellos no tutelantes.
Sobre este último punto, es preciso aclarar que los
efectos extendidos de esta providencia suponen adoptar medidas dirigidas a
proteger los derechos de todas las personas privadas de la libertad en el
establecimiento accionado y de sus visitantes. Además, esta medida materializa
el goce efectivo de los derechos fundamentales de sujetos que merecen especial
protección constitucional. De una parte, beneficia a las personas privadas de
la libertad, quienes están en una relación de especial sujeción respecto del
Estado y, de otra, protege a las mujeres, quienes históricamente se enfrentan a
estereotipos sociales discriminatorios, en particular, al control y la
cosificación de su cuerpo.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.-
REVOCAR las decisiones adoptadas el 13
de mayo de 2019, por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Acacías, y el 14 de junio de 2019, por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Villavicencio. En su lugar, CONCEDER el amparo impetrado.
SEGUNDO.- En
consecuencia, ORDENAR al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Mediana Seguridad de Acacías que (i) con el fin de remediar las humillaciones sufridas por
los hombres privados de la libertad y de las mujeres visitantes el 3 de marzo
de 2019, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta
sentencia, les ofrezca disculpas por lo ocurrido, de acuerdo con las condiciones
previstas en la parte motiva de esta sentencia; y (ii) en lo
sucesivo, se abstenga de incurrir en las conductas que dieron origen a esta
tutela.
Para ello deberá (i) reconocer la existencia de los
hechos vejatorios a la dignidad de las personas con ocasión de la visita a los
internos; (ii) expresar su disculpa por la comisión de esos hechos; y (iii)
manifestar que estos hechos no volverán a tener ocurrencia.
Dentro del mes siguiente a la notificación de esta
sentencia, el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad
de Acacías deberá presentar un informe al Juzgado
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, en el que
acredite el cumplimiento del numeral (i) de esta orden.
TERCERO.- COMPULSAR COPIAS de la tutela a la Procuraduría General de la Nación
para que, dentro de sus competencias, investigue: (i) la presunta conducta transgresora
de los derechos a la dignidad humana y a la integridad personal de las personas
privadas de la libertad y de las mujeres visitantes, por parte del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías, y
(ii) la omisión de respuesta en el trámite de esta tutela. Para el efecto, se
remitirá copia completa de esta providencia.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con salvamento parcial de
voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
A LA SENTENCIA T-609/19
DERECHOS
DEL INTERNO-Relación de
especial sujeción entre el Estado y las personas privadas de la libertad
(Salvamento parcial de voto)
La sentencia
proferida por esta Corporación se pronuncia sobre los derechos a la dignidad
humana e integridad personal sin enfatizar en la condición de sujetos de
especial protección constitucional de los internos y se enfoca en los límites
del registro sin hacer alusión a la tutela reforzada del Estado. Un
pronunciamiento más a fondo de la Corte era necesario por cuanto las facultades
de los administradores de los centros penitenciarios no son absolutas debido a
la existencia de ciertos derechos fundamentales que no admiten restricción
REQUISA
EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Se debieron tomar acciones más contundentes contra la acción irregular de las
autoridades del Establecimiento Penitenciario y Carcelario (Salvamento parcial
de voto)
Los
agentes del INPEC actuaron en contra de la normatividad y la jurisprudencia
existentes al incurrir en acto desmedido mediante las exigencias de desnudez a
los internos y sus visitantes para llevar a cabo una requisa intrusiva. Por lo
tanto, estimo que en la sentencia se debió estudiar a fondo la incidencia en
materia penal que tienen los hechos ocurridos en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías y haber dispuesto el
traslado correspondiente a la Fiscalía General de la Nación para que se realizaran
las investigaciones respectivas
DERECHO
A LA DIGNIDAD HUMANA DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Se debieron compulsar copias a la Fiscalía,
por la comisión de los delitos de constreñimiento ilegal y abuso de autoridad
por acto arbitrario e injusto en la requisa intrusiva (Salvamento parcial de
voto)
Con el respeto acostumbrado
por las decisiones de la Corte me permito expresar las razones que me llevan a
apartarme parcialmente de la posición adoptada por la mayoría, en la sentencia
T-609 del 12 de diciembre de 2019
(M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
1. En esta providencia la Corte estudió el
caso de Francisco Javier Pico Rivero contra el Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario –INPEC- y el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad de Acacías por la vulneración de los derechos fundamentales a la
dignidad humana y la integridad personal.
El accionante, quien se hallaba privado
de la libertad en el mencionado establecimiento penitenciario, sostuvo que el
día 3 de marzo de 2019, en el que se recibieron las visitas íntimas de los
internos, se realizaron procedimientos anormales de requisa que atentaron
contra sus derechos a la dignidad humana e integridad personal, así como los de
las parejas que asistieron ese día al establecimiento y las demás personas
privadas de la libertad. Entre las actividades irregulares de requisa se
presentaron exigencias de desnudarse a las mujeres visitantes junto con
toqueteos en sus partes íntimas y registro por un perro sin bozal.
Adicionalmente, tras la jornada se les
ordenó a los internos formarse en el patio y retirarse la ropa, quedando en
ropa interior, mientras se registraban sus genitales por un perro sin bozal y
se rozaban con un detector de metales. Finalmente, se impidió el ingreso a las
celdas de los alimentos que recibieron los internos de sus parejas,
independientemente de que estos fueron comprados dentro del establecimiento
penitenciario.
Ante estos hechos y la respuesta
insatisfactoria de la dirección del establecimiento penitenciario frente los
reclamos del actor, este presentó una acción de tutela el 30 de abril del 2019
para la protección de sus derechos.
2. Mediante la sentencia de la
referencia, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional resolvió
revocar los fallos de instancia y conceder el amparo de los derechos del
accionante, ordenar al Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías ofrecer disculpas a
las personas afectadas por la actuación irregular y compulsar copias a la
Procuraduría General de la Nación para que se investigara i) la presunta
conducta transgresora de los derechos fundamentales y ii) la omisión de
respuesta al trámite de tutela.
3. Si bien comparto la mayoría de lo
expuesto en la sentencia de tutela proferida por esta Corporación, es necesario
apartarme de la decisión tomada por la Sala en dos puntos: i) la falta de desarrollo
de los derechos de las personas privadas de la libertad como sujetos de
especial protección constitucional y ii) la omisión de compulsar copias a la
Fiscalía General de la Nación. Paso ahora a desarrollar el primero de estos.
4. La Corte Constitucional ha establecido
en diversas ocasiones la calidad de sujetos de especial protección
constitucional de las personas privadas de la libertad[49] en razón a
la posición de superioridad que ejerce el Estado al limitar su libertad y la
correlativa obligación de garantizarles una vida digna en el marco de esta
privación, lo que genera una “especial relación de sujeción”, con las
siguientes consecuencias precisadas por esta Corporación:
“(i)
la posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales de los
reclusos (intimidad, reunión, trabajo, educación). (ii) La imposibilidad de
limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida, dignidad humana,
libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros). (iii) El deber
positivo en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los
derechos no fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea
objeto de limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los
demás, debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta
en la que se encuentran los reclusos. (iv) El deber positivo en cabeza del
Estado de asegurar todas las condiciones necesarias que permitan a su vez
condiciones adecuadas para la efectiva resocialización de los reclusos.”[50]
En este sentido, las personas privadas de
la libertad implican para el Estado una serie de especiales obligaciones
relacionadas con garantizar su dignidad humana e integridad personal tras el
ejercicio del ius puniendi. Por esto, analizando las limitaciones
impuestas a los derechos de los internos y las consideraciones especiales por
la “relación especial de sujeción” que se establece, la Corte ha distinguido
entre tres categorías de derechos de estos sujetos de especial protección:
“En este sentido, hay
derechos que: i) pueden ser suspendidos, como consecuencia de la pena impuesta,
como la libertad física y la libre locomoción; ii) son restringidos debido al
vínculo de sujeción del recluso con el Estado, como derechos al trabajo, a la
educación, a la familia, a la intimidad personal; y iii) otros se mantienen
incólumes o intactos, pues no pueden limitarse ni suspenderse a pesar de que el
titular se encuentre sometido al encierro, dado que son inherentes a la
naturaleza humana.  Este último grupo incluye el derecho a la vida, a la
integridad personal, la dignidad, la igualdad, la salud y el derecho de
petición”[51]
En la presente acción de tutela, la
sentencia, si bien realiza un análisis de los derechos de esta población, se
restringe a los elementos relativos al debido procedimiento de la requisa, sin
hacer hincapié en que todos estos derechos se derivan de la “relación especial
de sujeción” entre el Estado y las personas privadas de la libertad. Esta no es
una consideración accesoria o secundaria, pues es en virtud de esta relación
que se han distinguido las tres categorías de derechos referenciadas, para
establecer el límite de la discrecionalidad de las autoridades penitenciarias
en el país.
Adicionalmente, los entes penitenciarios
deben siempre actuar con miras al fin de la pena establecido por el
ordenamiento jurídico colombiano: la resocialización. En este sentido, la Corte
en sentencia T-851 del 2004 recalcó que este es un fin que no pueden perder de
vista las autoridades penitenciarias, y que toda limitación a los derechos de
la población carcelaria debe responder a la preservación del orden público, la
convivencia dentro de la instalación o la resocialización.
Así, la sentencia proferida por esta
Corporación se pronuncia sobre los derechos a la dignidad humana e integridad
personal sin enfatizar en la condición de sujetos de especial protección
constitucional de los internos y se enfoca en los límites del registro sin
hacer alusión a la tutela reforzada del Estado. Un pronunciamiento más a fondo
de la Corte era necesario por cuanto las facultades de los administradores de
los centros penitenciarios no son absolutas debido a la existencia de ciertos
derechos fundamentales que no admiten restricción.
5. En segundo lugar, el reparo se realiza
al numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia en el cual se
determinó compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que investigara
i) la presunta conducta transgresora de los derechos de los internos y sus
visitantes y ii) la omisión de respuesta en el trámite de la tutela.
Frente a la compulsa de copias realizada en virtud del
artículo 28 del Decreto 2591 de 1991, respetuosamente considero que esta era
una oportunidad para tomar acciones más contundentes contra la acción irregular
de las autoridades del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías, que podrían
inclusive tener consecuencias penales por la posible comisión de los delitos de
constreñimiento ilegal[52]
o abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.[53]
A mi juicio, de los elementos fácticos obrantes en el
expediente puede obtenerse la suficiente información para realizar compulsa de
copias a la Fiscalía General de la Nación por la posible activación de los
referidos tipos penales, como será explicado a continuación mediante un análisis
de los elementos jurídicos de las requisas en el país y posteriormente sobre la
posible comisión de los injustos penales.
Frente a las requisas, debe recordarse que estas
tienen por finalidad de identificar la tenencia de elementos prohibidos con los
que se puede llegar a afectar los intereses de la sociedad y la vida e
integridad física de los internos, funcionarios y visitantes. En este sentido,
se distingue entre la intervención corporal, referente a la extracción
de elementos de una persona que puedan servir como pruebas dentro de un
proceso, y la inspección corporal, que es una injerencia en el cuerpo
vivo de una persona de manera exterior (dactiloscopia) o interior (vaginal o
anal).[54]
A nivel de derecho comparado, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la materia, indicando que para la
inspección corporal se requiere una intervención que es razonable y legítima
pero que debe respetar mínimo: i) los derechos de las personas, ii) la
legalidad de las restricciones a los derechos, iii) la necesidad y
proporcionalidad de la restricción de cara a la acción realizada y iv) el
consentimiento del afectado.[55]
Esta jurisprudencia internacional se adecua a las
disposiciones nacionales al respecto que, si bien permiten las inspecciones corporales[56], disponen
que dichas requisas deben ser realizadas en el marco de la dignidad humana y la
integridad física[57],
por lo que se prohíben las requisas al desnudo y las inspecciones intrusivas.[58] Esto ha sido
enfatizado por la Corte Constitucional en la sentencia T-690 del 2004:
“Las requisas visuales o cacheos
superficiales, sobre las personas recluidas en los centros penitenciarios y
quienes ingresan a los mismos, como también sobre los elementos que unas y
otras poseen o pretenden ingresar a los reclusorios están permitidas, y pueden
ser practicadas por el personal de guardia, atendiendo los requerimientos de
orden y seguridad del penal. No así las injerencias visuales o por contacto
sobre los cuerpos desnudos de internos y visitantes, como tampoco las
intervenciones, comprobaciones y registros corporales, en cuanto, como medidas
restrictivas de la intimidad corporal, de la libertad personal, de la
integridad física, moral y jurídica del afectado, su realización impone la
directa y razonable intervención judicial, atendiendo las pautas y lineamientos
constitucionales y legales sobre el punto, en aras de garantizar el respeto de
los derechos fundamentales que tales procedimientos comprometen.”[59]
Es por esto que se han establecido una serie de reglas
especiales para desarrollar este tipo de requisas intrusivas, que deben estar
condicionadas a la necesidad de su realización. Así, en varias decisiones[60] la Corte
estableció que son viables siempre que i) medie consentimiento informado del
afectado; ii) se realicen sin transgredir su integridad física; iii) exista un
mandato legal; iv) se verifique supervisión judicial; v) que sea llevada a cabo
por autoridad competente;[61]
vi) se realice de manera breve y eficiente; vii) se utilicen los instrumentos y
medios necesarios en condiciones de higiene, salubridad y privacidad y viii) en
un lugar acondicionado para este fin. Adicionalmente, en sentencia C-789 de
2006, la Corte sostuvo lo siguiente:
“En este caso, es evidente que se
presenta una grave invasión sobre los derechos de las personas sometidas a este
procedimiento, por lo cual es indispensable contar con la previa autorización
judicial, exigencia que se echa de menos en la expresión acusada del artículo
208 de la Ley 906 de 2004, en cuanto habilitaría a lo (sic) servidores de la
Policía Nacional para realizar inspecciones corporales en desarrollo de su
acción administrativa. De tal manera, resulta contrario a la Constitución que
la Policía Nacional, en ejercicio de su función preventiva, realice inspección
corporal de tales alcances, constitutivos de vulneración de la intimidad, la
dignidad y otros derechos fundamentales, que ciertamente requiere previa
autorización judicial como garantía de legalidad, procedencia, necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad.”
Considero que en el caso concreto se presentó una
situación similar ya que los funcionarios del INPEC invadieron la privacidad de
los reclusos y los visitantes mediante la requisa intrusiva del 3 de marzo de
2019, sin mediar orden judicial, desconociendo lo preceptuado en el artículo
247 del Código de Procedimiento Penal[62],
sumado a que no se evidencia que se tuviera el consentimiento informado de los
afectados. La irregularidad del procedimiento se ve acrecentada por el uso de
caninos de acuerdo a la sentencia T-462 de 2009 que estableció:
“(…) si bien no resulta en si
misma contraria a la Carta, si puede llegar a serlo por el hecho de que los
perros establezcan contacto directo con las partes íntimas de las personas, lo
que puede considerarse como una intrusión invasiva en el cuerpo humano
contraria a la dignidad que le es inherente a la persona y que constituye
además una amenaza contra la integridad personal.”
De los hechos acreditados dentro del trámite tutelar,
se muestra que los funcionarios del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de
Acacías se extralimitaron en sus
funciones, sin respetar los preceptos legales y jurisprudenciales sobre el
tema. Es en este sentido como podría configurarse la comisión de los delitos de
constreñimiento ilegal y el abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto,
tal y como estos han sido concebidos por la jurisprudencia de la jurisdicción
ordinaria.
Diversos pronunciamientos de la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia[63]
que definen el constreñimiento como el hecho de “obligar, compeler o forzar
a alguien para que haga algo. Es ejercitar con violencia o amenazas presión
sobre una persona alterando el proceso de formación de su voluntad, sin
eliminarla, determinándola a hacer u omitir una acción distinta a la que
hubiese realizado en condiciones diversas”. Es así como este tipo penal se
pudo haber configurado, ya que se obligó a los internos y sus visitantes a
tolerar requisas intrusivas en contra de su voluntad, sin estar obligados a
soportarlas.
Adicionalmente, sostuvo esa Corporación sobre el abuso
de autoridad por hecho acto arbitrario e injusto:
“(…) sólo puede admitir adecuación típica “fuera
de los casos especialmente previstos como conductas punibles”, frente algún
acto de servidor público que se denuncie o se señale de “arbitrario” -el cual,
como viene de verse en el acápite anterior, su configuración exige manifiesta
ilegalidad, en tanto la contrariedad con el Ordenamiento debe superar toda
posibilidad interpretativa de tal manera que se ponga en evidencia el capricho
del servidor”[64]
En el caso sub judice existe la posibilidad de
la comisión de este delito, debido a que los agentes del INPEC actuaron en
contra de las normatividad y la jurisprudencia existentes al incurrir en acto
desmedido mediante las exigencias de desnudez a los internos y sus visitantes
para llevar a cabo una requisa intrusiva. Por lo tanto, estimo que en la
sentencia se debió estudiar a fondo la incidencia en materia penal que tienen
los hechos ocurridos en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías y haber dispuesto el
traslado correspondiente a la Fiscalía General de la Nación para que se
realizaran las investigaciones respectivas.
Considero así que estos son los reparos de los que es
susceptible la sentencia proferida en esta ocasión, ambos encaminados a dar una
mayor comprensión de los derechos vulnerados especialmente sobre la óptica en
la que deben ser considerados y la forma en que mejor pueden satisfacerse.
En estos términos, dejo consignado mi
salvamento parcial de voto.
Fecha ut supra,
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
[1] La solicitud radicada por
el accionante se encuentra a Folios 11-14 del Cuaderno de Primera Instancia.
[2] La respuesta del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Acacías a la solicitud elevada por el accionante
se encuentra a Folio 15 del Cuaderno de Primera Instancia.
[3] Folio 26, Cuaderno de Primera Instancia.
[4] A folios 31-34 del Cuaderno de Primera Instancia se
encuentra la impresión del correo electrónico mediante el cual el director del
establecimiento penitenciario accionado dio respuesta a la tutela.
[5] Folio 33, Cuaderno de Primera
Instancia.
[6] Folios 35-42, ibídem.
[7]
Folio 43, ibídem.
[8]
Folios 3-7, Cuaderno de Segunda Instancia.
[9] Folios 17-20, Cuaderno de Revisión.
[10] Folios 41-43, Cuaderno de Revisión.
[11] Folios 44-88, Cuaderno de Revisión.
[12] Folios 89-100, Cuaderno de Revisión.
[13] Folios 101-125, Cuaderno de Revisión.
[14] Folios 29-39, Cuaderno de Revisión.
[15] Folios 127-129, Cuaderno de Revisión.
[16] Folios 136-142, Cuaderno de Revisión.
[17] En español “escáner de seguridad de
orificios corporales” o silla detectora de metales.
[18] ARTICULO
10. LEGITIMIDAD E INTERÉS. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales.
[19] Sentencia
T-531 de 2002; M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[20] Ver sentencias T-1015 de 2006, M.P. Álvaro Tafur
Galvis y T-780 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[21] En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba
Triviño, se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales,
en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en
el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de
tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de
las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las
disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección
de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
[22] Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[23]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-881 de 2002; M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
[24] Cfr. Corte
Constitucional. Sentencia T-090 de 1996; M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[25] Artículo
7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a
experimentos médicos o científicos.
[26] Artículo
10
1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con
el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
[27] Aprobado mediante Ley 74 de 1968.
[28] Artículo
5.  Derecho a la Integridad Personal
1. Toda
persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y
moral.
2. Nadie
debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano.
[29] Aprobada
por el Congreso de la República mediante la Ley 16 de 1972.
[30] Estos principios, cuyo
valor en el sistema de fuentes es de soft law, tiene un valor
hermenéutico para definir el alcance del derecho a la dignidad humana de las
personas privadas de la libertad.
[31] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[32] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[33] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[34] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[35] En el mismo
sentido, se puede ver la Sentencia T-848 de 2005.
[36] M.P. Mauricio González Cuervo.
[37] Artículo 5º de la Ley 65
de 1993, modificado por la Ley 1709 de 2014.
[38] Artículo 10A de la Ley
65 de 1993, modificado por la Ley 1709 de 2014.
[39] Artículo 55 de la Ley 65
de 1993.
[40] El Manual
de registro a personas y requisa de paquetes, vehículos e instalaciones del
INPEC define el “cacheo” como la “actividad realizada mediante técnica de
barrido utilizando las manos, de carácter minucioso, extenso, rápido y
metódico, que se lleva a cabo sobre el cuerpo con vestimenta, con el fin de
detectar elementos ilícitos o prohibidos”. En particular, el cacheo inicia
con la persona privada de la libertad de espalda al servidor del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia, quien inicia el registro desde la extremidad superior
derecha hasta la izquierda pasando a la altura de los hombros y continuando el
desplazamiento desde el cuello hasta la cintura primero por el pecho y luego
por la espalda. Posteriormente, desde la cintura recorriendo la extremidad
inferior derecha de arriba hacia abajo y de igual forma en la extremidad
izquierda, no se hará contacto de las manos del servidor del Cuerpo de Custodia
y Vigilancia con la piel de quien es sometido a registro.
[41] “Presunción de veracidad. Si el informe no fuere
rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se
entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra
averiguación previa.”
[42]
Sentencia T-391 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[43] Sentencia T-825 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo.
[44] En este acápite se reitera el Auto 705 de 2018 (M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado).
[45] “Artículo 36. Efectos de la revisión. Las sentencias en que se
revise una decisión de tutela solo surtirán efectos en el caso concreto y
deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera
instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará
las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por ésta.”
[46] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[47] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[48] Sobre el particular, ver sentencia C-500 de 2014, M.P. Mauricio
González Cuervo.
[49] Para algunas de las sentencias más representativas de esta línea
consúltese la T-153 de 1998, T-720 de 2017 y recientemente la T-498 del 2019.
[50] T-687 de 2003, reiterado recientemente en sentencia T-498 de 2019.
[51] T-182
de 2017.
[52] Artículo 182 ley 599 del 2000. Constreñimiento
ilegal. El que, fuera de los casos especialmente previstos como delito,
constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, incurrirá en prisión de
dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses.
[53] Artículo 416 ley 599 del 2000. Abuso de autoridad
por acto arbitrario e injusto. El Servidor público que fuera de los casos
especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de sus funciones o
excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto,
incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.
[54] Montealegre,
L.M. (2011), Los registros personas e inspecciones corporales realizados por
los funcionarios de policía judicial frente al derecho a la intimidad y a la
exclusión de la evidencia en el proceso penal. Universidad Libre. P. 9
[55] Asunto
Thomas McFeeley y otros contra el Reino Unido de 1980, asunto Iwaczuk contra
Polonia de 2001, asunto Valašinas
contra Lituania de 2011, entre otros.
[56] Artículo 55 y 112 de la ley 65 de 1993.
[57] Inciso 3º del artículo 73 de la ley 1709 de 2014.
[58] Inciso 4º del artículo 73 de la ley 1709 de 2014.
[59] Esta
tesis ha sido ratificada por el Consejo de Estado en sentencia nº
630001-23-31-000-20008-00009-01 al establecer que el INPEC incurrió en falla
del servicio al despojar completamente de su ropa al actor en dicho proceso.
[60] Sentencias T-622 de 2005, T-624 de 2005, C-789 de 2006.
[61]
Esta condición y las tres siguientes fueron agregadas por la sentencia T-848 de
2005.
[62] Artículo 247 ley 906 del
2004. Inspección corporal. Cuando el Fiscal General, o el fiscal
tengan motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos
previstos en este código, para creer que, en el cuerpo del imputado existen
elementos materiales probatorios y evidencia física necesarios para la
investigación, podrá ordenar la inspección corporal de dicha persona. En esta
diligencia deberá estar presente el defensor y se observará toda clase de
consideraciones compatibles con la dignidad humana.
[63] Sentencia
SP14623-2014 del 27 de octubre del 2014, radicado 3428; sentencia SP7830-2017
del 1 de junio del 2017, radicado 46165; sentencia SP621-2018 del 7 de marzo
del 2018, radicado 51482.
[64] Sentencia AP4835-2016 del 27 de julio del 2016, radicado
47806.