T-601-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-601/13
DERECHO AL TRABAJO DE PERSONAS EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD-Protección
constitucional
DISCAPACIDAD-Evolución
histórica del concepto
No
puede desconocerse que el ambiente (físico, cultural, etc.) puede tener un
impacto positivo o negativo en la manera de asumir y entender la discapacidad,
pues “los efectos de la discapacidad sobre una persona dependen de manera
fundamental del entorno social, es decir, que la discapacidad no es únicamente
un problema individual. Esto significa que un medio social negativo y poco
auspiciador puede convertir la discapacidad en invalidez, y que, por el
contrario, un ambiente social positivo e integrador puede contribuir de manera
decisiva a facilitar y aliviar la vida de las personas afectadas con una
discapacidad”. En particular, una de las condiciones negativas que contribuyen
a la exclusión de las personas con discapacidades es la no adaptación del
ambiente físico a las necesidades de esta población, es decir, el entorno
físico está concebido para personas sin ningún tipo de discapacidad, lo cual
corresponde al imaginario social acerca la belleza, lo que brinda bienestar,
las potencialidades que cada uno debe tener, etc. El ambiente físico tiene una
gran importancia en términos de inclusión/exclusión social para cada ser humano
según su proyecto de vida. Es decir, la relación persona – ambiente juega un
papel fundamental para el desarrollo del ser humano y la posibilidad de llevar
a cabo sus aspiraciones más profundas. Por consiguiente, es necesario que los
estados y las sociedades reconozcan la importancia de que el entorno responda a
las necesidades de todas las personas, teniendo en cuenta a aquellas con
diferentes tipos de discapacidades para lograr su integración social y
garantizar plenamente el ejercicio de todos sus derechos. El derecho a la
accesibilidad constituye un puente para el disfrute de otras garantías
constitucionales como la libertad de locomoción, el libre desarrollo de la personalidad
y la autonomía como expresión de la dignidad humana, pues a través de la
posibilidad de acceder a diferentes espacios físicos, el individuo puede elegir
hacia dónde quiere dirigirse de manera autónoma y seguir el plan de vida que él
mismo se ha trazado. El derecho a acceder al ambiente físico se encuentra
relacionado con el derecho a la libertad en sus múltiples expresiones, entre
las que se encuentra la atinente al libre desarrollo de la personalidad:
DERECHO FUNDAMENTAL AL TRABAJO-Alcance frente a personas en situación de discapacidad
PERSONAS EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD FRENTE A CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACION LABORAL-Normatividad nacional e internacional
ACCIONES AFIRMATIVAS A
FAVOR DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-En el ámbito laboral
MEDICO LABORAL-Facultad para decidir cuáles son las
medidas que protegen en mayor grado la salud de los empleados
ACCION DE TUTELA CONTRA
SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Procedencia para proteger derechos de
Magistrada de Tribunal con discapacidad visual, por desconocimiento de
restricción laboral que emitió médico laboral sobre la suspensión del reparto
de expedientes
La Sala encuentra que aunque la
restricción laboral emitida por el médico laboral de la EPS protege el derecho
a la salud de la actora, ésta resulta desproporcionada frente a la realización
del contenido de otras garantías como el trabajo y el servicio público de la
administración de justicia; por cuanto la medida adoptada no tiene en cuenta
que el reparto de expedientes constituye la base del desarrollo de las labores
de la peticionaria al igual que el resto de sus compañeros de Sala, que como
quedó probado tienen una alta congestión judicial en sus despachos. Lo mismo
ocurre frente a la decisión adoptada por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, esto es, aunque la Corte comparte que la situación
de la actora no sólo debe abordarse desde una perspectiva médica, la entidad
accionada se preocupa principalmente de proveer una solución frente al servicio
público de la administración de justicia, adoptando una medida que también
fortalece el paradigma asistencialista, cuando la magistrada tiene todas las
capacidades para desarrollar sus actividades y lo que necesita es realizar sus
actividades con autonomía. En consecuencia, su análisis debió ser más amplio y
cuestionarse acerca de los límites que tiene la servidora judicial para
desarrollar las tareas propias de su cargo, como también si estos obstáculos
constituyen una vulneración de su derecho a la igualdad y al trabajo. Por
tanto, para la Corte, las medidas adoptadas en el caso de la peticionaria, no
responden de manera integral a sus necesidades específicas, lo cual implica que
tenga que realizar un mayor esfuerzo que el resto de sus compañeros de Sala
para desarrollar su labor; en consecuencia, se encuentran comprometidos sus
derechos a la igualdad y al trabajo.
DERECHO AL TRABAJO Y PROHIBICION DE DISCRIMINACION POR
RAZON DE GENERO-Caso de Magistrada
con discapacidad visual a quien el Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Administrativa, no tuvo en cuenta la restricción laboral ordenada por el médico
laboral
DERECHO AL TRABAJO DE PERSONAS EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD-Orden a la Sala Administrativa
del CSJ prorrogue la medida de designar al despacho de la Magistrada con
discapacidad visual, un auxiliar judicial que cumpla con labores de lectura y
digitación, realizando reparto de manera gradual, de acuerdo a las
prescripciones del médico laboral y oftalmólogo
DERECHO AL TRABAJO DE PERSONAS EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD-Orden al CSJ implemente
medidas para adaptación e integración de tecnologías en la Rama Judicial para
funcionarios y empleados en situación de discapacidad
Referencia: expediente  T- 3.829.164
Acción de Tutela instaurada por Nancy Ávila de Miranda
contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Derechos tutelados: derecho al trabajo y al empleo, y
a la igualdad.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil trece
(2013)
La Sala
Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por
los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub –quien la preside-, Alberto Rojas
Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales y, específicamente, las previstas en los artículos
86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos proferidos por
la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, el veinte
(20) de noviembre de dos mil doce (2012) y, por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, el cinco (05) de febrero de dos mil trece (2013), en
la acción de tutela instaurada por Nancy Ávila de Miranda contra la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
1
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política, 33 del Decreto 2591 de 1991 y 49 del
Reglamento de la Corporación, la Sala de Selección Número Cinco de la Corte
Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la
referencia.
De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de
1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la Sentencia correspondiente.
1.1
SOLICITUD
Nancy Ávila de Miranda demandó ante el juez de tutela la protección de sus derechos
fundamentales a la salud, a la vida digna y al debido proceso, presuntamente
vulnerados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
quien a través de su presidente emitió el Acuerdo NPSAA12-9714 del 3 de octubre
de 2012, mediante el cual decidió dejar sin efecto la medida de restricción suscrita
por el médico laboral de la EPS a la que se encuentra afiliada, consistente en
la suspensión del reparto de expedientes de manera temporal en razón a la
“degeneración macular en ambos ojos” que presenta, y que fue acogida por la
Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia. En su
sentir, con dicho proceder se revocó de manera unilateral y sin motivación alguna
el acto administrativo que ordenó ejecutar la medida laboral a su favor y, por ello,
solicita la protección invocada.
1.1.1
Hechos relatados por la accionante:
1.1.1.1
La actora refiere que el 1 de
marzo de 2007, tomó posesión en el cargo de Magistrada de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Antioquia, y que en ese mismo año un retinólogo de la EPS
a la cual se encuentra afiliada le diagnosticó una enfermedad en ambos ojos
denominada “degeneración macular”. En virtud de lo anterior, cuenta, se
encuentra en tratamiento, tal y como se evidencia de la historia clínica que
aporta con la solicitud de amparo, de la cual destaca el informe rendido por su
oftalmólogo en donde consta que presenta “membrana neovascular coroidea en
ambos ojos”.
1.1.1.2
Indica que durante el año
2012, el médico laboral de la EPS Salud Total presentó a su empleador dos
solicitudes de restricción laboral que éste debía tener en cuenta frente al
trabajo que desempeñaba en el cargo de magistrada de la Sala Penal del Tribunal
Superior de Antioquia. La primera medida de restricción que emitió el médico
laboral el 5 de enero de 2012, consistió en que se le debía disminuir a la
accionante el reparto de expedientes en un 50%, asegurando que con ello la
paciente podría realizar sus actividades normalmente y sin deterioro de su
salud visual. La segunda medida emitida el 25 de junio de 2012 consistió en la
suspensión del reparto de expedientes. El médico justificó esta última
restricción en el diagnóstico de “degeneración macular en ambos ojos” que tiene
la actora, y explicó que con esta medida, la paciente podría cumplir con la
sustanciación de los procesos pendientes y una vez finalizara con dicha tarea,
se le podría realizar el reparto de expedientes de forma gradual.
1.1.1.3Afirma que las dos restricciones laborales fueron
atendidas en su totalidad y, adicional a ello, la Vicepresidenta de la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia remitió
copia de las recomendaciones laborales a la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico UDAE de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, con el fin de que se incluyera “…en el concepto que sobre
creación de cargo de magistrados (as) y descongestión para la citada Sala Penal
fuera elevada ante la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico UDAE de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura…”[1]
1.1.1.4
Posteriormente, señala, el
Acuerdo NPSAA12-9714 del 3 de octubre de 2012, “Por el cual se adopta una
medida de descongestión para un despacho de magistrado de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Antioquia” dejó sin efecto la segunda medida de
restricción laboral en su numeral tercero, en los siguientes términos: “…Reparto.
A partir de la fecha, el despacho de la Magistrada objeto de descongestión
ingresará al reparto normal de procesos…”[2]. Cuenta la actora que
contra la anterior decisión instauró recurso de reposición, el cual fue
resuelto negativamente.
1.1.1.5
En virtud de lo expuesto,
considera, se revocó de manera unilateral y sin motivación alguna el acto
administrativo proferido por la Vicepresidenta de la Sala Administrativa del
Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, actuación que califica de
arbitraria y que atenta contra la realización de sus derechos fundamentales a
la salud, a la vida digna y al debido proceso.
2
TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA
DEMANDA
Radicada la acción de tutela, la Sala Tercera de
Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín la admitió el 6 de noviembre
de 2012 y ordenó correr traslado al Presidente de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura como también a las entidades vinculadas: ARP
Colmena, Comité de Salud Ocupacional de la Rama Judicial del Poder Público y a la
Vicepresidenta de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura
de Antioquia, con el fin de que ejercieran su derecho de defensa.
Posteriormente, mediante auto del 13 de noviembre de
2012, el despacho sustanciador decidió vincular al proceso de tutela de la
referencia a los demás magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de
Antioquia, para que manifestaran lo que consideraran pertinente, como también
al médico tratante de la accionante con el fin de que informara (i) cuál era su
estado de salud actual, (ii) la evolución de la patología denominada
“degeneración mascular en ambos ojos”, (iii) las razones por las cuales
consideró que se debía suspender el reparto de expedientes a la accionante;
(iv) si la tutelante actualmente se encuentra en posibilidades de laborar y en
qué condiciones; (v) si ha sido incapacitada o se ha estudiado su caso para efectuar
la calificación de pérdida de capacidad laboral por el diagnóstico
anteriormente anotado y las fechas y periodos de dichas incapacidades.
2.1
Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia
La Vicepresidenta del Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia, sostuvo que lo expuesto en el oficio No.
CSJA-SA12-2639 del 17 de julio de 2012 dirigido a la Coordinadora de la Oficina
Judicial de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Antioquia-Chocó, no constituye en modo alguno una orden, en el sentido de que
deba darse cumplimiento a la restricción laboral como lo manifestó la
accionante, sino que es una comunicación mediante la cual se dio traslado de
una recomendación médico laboral expedida por la EPS Salud Total.
En particular, considera que la decisión del
Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en
el sentido de crear un cargo de auxiliar judicial en el despacho de la peticionaria
con el fin de colaborarle en el ejercicio de su función como magistrada de la
Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, a través del Acuerdo No.
PSAA12-9714 del 3 de octubre de 2012, es un acto que realiza los principios
constitucionales de legalidad y justicia.
Bajo esta perspectiva, indica, el Acuerdo cuestionado
no revoca el supuesto acto administrativo emitido por la Vicepresidencia de la
Sala Administrativa Seccional de Antioquia, por cuanto a través de éste sólo se
remitió un documento y, en consecuencia, no se creó una situación jurídica de
carácter particular y concreto como lo pretende hacer ver la actora.
Finalmente, solicita, se desestimen las pretensiones
de la acción de tutela por falta de objeto, ya que el Acuerdo contra el cual se
dirige su reproche  fue el que se expidió específicamente para proteger su
derecho a la salud, designándole a su despacho un auxiliar judicial que leyera
y digitalizara los asuntos que tiene a su cargo.
2.2
Colmena
La apoderada general de Colmena Vida y Riesgos Profesionales
informó que ni la EPS ni la trabajadora reportaron a dicha administradora de
riesgos evento alguno relacionado con un accidente o enfermedad que pudiera ser
objeto de cobertura por parte del Sistema General de Riesgos Laborales.
En virtud de lo anterior, aduce, la patología que tiene
la accionante ha sido atendida por la EPS a la cual se encuentra afiliada
dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, presuntamente, como
una enfermedad general de origen común.
Al respecto, informa que en los términos de la Ley 100
de 1993 y demás normas complementarias, el Sistema General de Seguridad Social
en Salud, a través de las Entidades Promotoras de Salud, se encuentra encargado
de garantizar las prestaciones asistenciales y económicas a sus afiliados, en
caso de accidente o enfermedad de origen común.
Igualmente, recuerda que existe un procedimiento
legalmente consagrado para determinar el origen de una enfermedad, según el
cual el origen de una enfermedad debe ser calificado por la EPS de afiliación
al trabajador y/o administradora de riesgos laborales. Señala que en caso que la
EPS califique la enfermedad o el accidente como de origen profesional, debe
remitir el caso debidamente soportado a la administradora de riesgos laborales
y, si llegare a presentarse controversia sobre la calificación realizada,
deberá acudirse a la Juntas de Calificación de Invalidez para que dirima la
controversia sobre el origen.
Finalmente, sostiene, Colmena Vida y Riesgos
Profesionales no ha incurrido en vulneración alguna de los derechos
fundamentales de la señora Nancy Ávila de Miranda; pues, reitera, la enfermedad
que presenta la actora no fue conocida ni reportada a la Administradora de
Riesgos Laborales por su EPS ni por la accionante. En consecuencia, solicita la
improcedencia de la acción de tutela en su contra.
2.3
Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
El Director Administrativo de Procesos de la Unidad de
Asistencia Legal, expuso que en el presente caso la enfermedad que invoca la
actora como causal para proteger su derecho a la salud, y según se desprende de
la historia clínica aportada al expediente, no evidencia que ésta se encuentre
en situación de discapacidad.
Agrega que, de conformidad con las pruebas obrantes en
el plenario, la enfermedad de la peticionaria es de carácter general y según
certificación emitida por la Clínica Oftalmológica San Diego, es susceptible de
corrección.
En virtud de lo anterior, cuenta, la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura profirió el Acuerdo No.
PSAA12-9714 del 3 de octubre de 2012, a través del cual se creó de manera
transitoria en su despacho el cargo de auxiliar grado 1, cuyas funciones están
reglamentadas en el artículo 2 del mismo Acuerdo y que están enfocadas a
proteger el derecho a la salud de la magistrada.
Por tanto, advierte, la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, una vez adoptó la medida tendiente a proteger
los derechos de la accionante, procedió a ingresar al despacho de la
funcionaria al reparto normal de procesos para garantizar la prestación del
servicio público de administración de justicia.
Finalmente, sostiene que la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para solicitar la suspensión de ejecución de un acto administrativo,
como el Acuerdo No. NPSAA12-9714, pues para el efecto, la accionante puede
ejercer el medio de control de nulidad y/o nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el Código de Procedimiento Administrativo, trámite dentro
del cual puede solicitar la suspensión de los efectos del acto administrativo
cuestionado.
2.4
Magistrados Sala Penal del
Tribunal Superior de Antioquia
Los integrantes de la Sala Penal del Tribunal Superior
de Antioquia de la cual hace parte la peticionaria, señalaron que conocen las
limitaciones de salud visual que tiene su compañera y, respetan todas las
medidas adoptadas para proteger su derecho a la salud.
Sin embargo, solicitan que cualquier medida que se
tome en relación con el reparto de expedientes no afecte al resto de los
miembros que integran la Sala. En particular, solicitan que en el evento en que
se acceda a la exoneración del reparto de expedientes a la magistrada Nancy
Ávila de Miranda, esta carga laboral no les sea asignada a sus despachos, ya
que como es de conocimiento de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, la Sala Penal de este Tribunal sufre una grave situación de
congestión, lo cual hace imposible que el resto de los magistrados pueda asumir
un reparto adicional de expedientes.
Cuentan que ante la medida de exoneración parcial y
total de reparto, ya han recibido una considerable carga de trabajo adicional
que no se encuentran en condiciones de tramitar debidamente, por lo cual, si
llegaren a reactivarse dichas medidas se requieren soluciones administrativas
concretas, como por ejemplo, la asignación de un magistrado de descongestión que
asuma la carga correspondiente a la actora, de tal manera que conozca tanto de
los procesos que les han sido asignados en la vigencia de la exoneración como
de los que llegaren a ser repartidos, si se opta de nuevo por esta medida.
Para finalizar, advierten que cualquier decisión que
no guarde conformidad con lo que solicitan, afectará de manera grave el
servicio de justicia penal y constitucional que prestan en el distrito judicial
de Antioquia, el cual ya ha sido impactado en el cumplimiento de términos por
la carga laboral existente, como también repercutirá en el estado de salud de
los demás miembros de la Sala Penal de esta Corporación.
2.5
Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín, Antioquia.
El 15 de noviembre de 2012, el Director Ejecutivo
Seccional de Medellín, sostuvo que una vez fue conocida la situación de la
magistrada Nancy Ávila de Miranda, el Área de Salud Ocupacional de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Medellín, adoptó las siguientes
medidas:
2.5.1
El 11 de enero de 2012, la peticionaria
presentó las recomendaciones médico laborales al área de Salud Ocupacional y
ésta procedió a darles trámite agotando previamente los protocolos previstos en
el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, incluyendo el acompañamiento a
la funcionaria en el aspecto emocional.
2.5.2
Posteriormente, se remitió la
recomendación emitida por el médico laboral de la EPS Salud Total, relacionada
con la disminución del 50% del reparto de expedientes a la funcionaria, ante la
Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, sin
que hubiera emitido respuesta por escrito.
2.5.3
Luego, remitió la anterior
recomendación ante la Presidencia del Tribunal Superior de Antioquia sin que
hubiese recibido respuesta alguna, como también ante la Presidencia de la Sala
Penal del Tribunal Superior de Antioquia. Esta última Corporación respondió
mediante oficio del 18 de enero de 2012 que no tenía competencia para hacer
efectivas las recomendaciones de Salud Ocupacional.
2.5.4
Mediante comunicación interna
del 24 de enero de 2012, el Director Ejecutivo Seccional instruyó a las
Coordinadoras de la Oficina Judicial de Medellín y del Grupo de Mantenimiento y
Soporte Tecnológico, vinculadas a la Dirección Seccional, sobre la reducción
del 50% del reparto correspondiente al despacho de la magistrada Nancy Ávila de
Miranda, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1016 de 1989, la Ley
776 de 2002 y el Decreto Ley 1295 de 1994. Esta decisión fue comunicada a la
Presidencia de la Sala Penal de la Corporación.
2.5.5
A través del oficio No.
08-465 del 26 de enero de 2012, le comunicó al médico laboral de la EPS Salud
Total que había procedido a atender su recomendación temporalmente hasta tanto
se recibiera de su parte la aclaración acerca del tiempo en que debía
mantenerse la misma, teniendo en cuenta que la jornada laboral se extiende
hasta 8 horas, sin que haya emitido respuesta alguna en este sentido. A la vez,
mediante oficios 10-147 del 28 de mayo de 2012 y 10-4753 del 12 de junio de
2012, se envió a la EPS, solicitud de evaluación y estudio de origen de la
enfermedad que tiene la actora pero no ha respondido a la fecha.
2.5.6
El 4 de junio de 2012, el
Área de Salud Ocupacional de la Dirección Seccional remitió a la funcionaria a
valoración por parte del médico laboralista adscrito a Comfama dentro del
Convenio Rama Judicial, con el fin de recibir de su parte otras recomendaciones,
cuyo resultado fue que se debe disminuir el reparto en un 30% de expedientes de
manera definitiva.
2.5.7
Mediante oficio 10-5435 del 5
de julio de 2012, remitió a la Presidencia de la Sala Administrativa del
Consejo Seccional de la Judicatura las nuevas recomendaciones laborales que
emitió la EPS Salud Total, en el sentido de suspender todo el reparto de
expedientes a la magistrada.
2.5.8
Actualmente, la peticionaria
recibe acompañamiento sicológico a través del Convenio Comfama- Rama Judicial.
2.5.9
Por lo expuesto, considera
que el área de Salud Ocupacional de la Dirección de Administración Judicial ha
sido diligente y por tanto, la solicitud de amparo debe ser declarada
improcedente.
2.6
Salud Total EPS
La Coordinadora Jurídica de Salud Total EPS de
Medellín, informó que no puede indicar el estado de salud actual de la
accionante en razón a que la última valoración realizada a la paciente en sus
instalaciones fue el 25 de junio de 2012.
También señaló que el doctor Rodríguez Laverde es un
médico especialista en salud ocupacional y que él no define el tratamiento para
las patologías sino que determina entre otros eventos, si existe incapacidad o discapacidad,
si remite al fondo de pensiones o a la administradora de riesgos laborales, o
si establece restricciones laborales para el correcto desarrollo de las labores
de los afiliados.
Con respecto a las razones por las cuales el doctor
Rodríguez Laverde consideró que se le debía suspender el reparto de expedientes
a la magistrada Ávila, indicó que de acuerdo con lo que reposa en la historia
clínica de la paciente esto se debió a una remisión expresa del retinólogo
tratante. Sin embargo, aclaró que al formar parte del criterio profesional, es
una pregunta que debe responder el doctor Rodríguez Laverde.
Igualmente, asevera que puede certificar acerca de la
proyección laboral de la accionante una vez realice un estudio exhaustivo de su
estado clínico actual por parte del médico retinólogo tratante y de los
especialistas en medicina laboral.
Finalmente, en relación con las incapacidades, informa
que en su sistema no figura que se haya generado incapacidad alguna a la actora
por causa del diagnóstico referido. Por esta razón, no es posible iniciar un
estudio de calificación por pérdida de capacidad laboral, ya que para ello se
requiere que el paciente sufra una incapacidad continua que le impida el
desarrollo de sus labores.
3                   DECISIONES JUDICIALES
3.1
DECISIÓN DE PRIMERA
INSTANCIA - SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN-
En primera instancia, la Sala Tercera de Decisión
Laboral del Tribunal Superior de Medellín, mediante sentencia proferida el 20
de noviembre de 2012, decidió no tutelar los derechos fundamentales al debido
proceso, salud y vida digna.
Para iniciar, recuerda que en principio la acción
constitucional no es el mecanismo idóneo para controvertir actos
administrativos de contenido particular y concreto, como el Acuerdo No.
PSAA12-9714 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, pues para ello
se encuentra consagrada la acción de nulidad ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, a no ser que se acuda a esta acción para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable, lo cual no se encuentra acreditado
en el caso particular de la actora.
Expone que es responsabilidad de la paciente cumplir
con las indicaciones médicas y tener constancia respecto del tratamiento
prescrito para mejorar sus condiciones de salud y, sobre todo, debe acudir al
médico para determinar el avance o la disminución de la enfermedad que tiene.
Sin embargo, sostiene, de la historia laboral de la accionante puede constatarse
que no acude desde el 25 de junio de 2012 al médico de su EPS así como tampoco
obra prueba en el plenario de que haya consultado con otros especialistas no
adscritos a dicha entidad.
Agrega que si un trabajador no puede cumplir con sus
funciones por su estado de salud mental o físico, y requiere apartarse de su
trabajo temporalmente porque fue incapacitado por su médico, debe aceptarse
esta situación “…y hasta buscar dicha determinación…”[3] por parte de la entidad
de seguridad social. Al paso que cuestiona, porqué si la restricción laboral
consiste en la suspensión total del reparto, no se otorga una incapacidad
laboral para proteger el derecho a la salud de la accionante.
Además, después de presentar un recuento de todas las
medidas adoptadas por parte del Consejo Superior de la Judicatura, encontró que
el empleador no pasó por alto las complicaciones visuales de la funcionaria y
que todas ellas se dirigieron a mejorar sus condiciones de trabajo para
garantizar el buen desempeño de las funciones asignadas, preservar su salud, el
derecho de acceso a la justicia de los usuarios del sistema y el derecho a la
igualdad de los magistrados que integran la Sala Penal del Tribunal Superior de
Antioquia.
Sumado a lo anterior, refiere, la entidad accionada
creó el cargo de auxiliar judicial 1 con el fin de cubrir la limitación laboral
de la peticionaria y así, proveerle lo necesario para el cumplimiento de sus
funciones.
Por otra parte, frente a la afirmación de la actora en
el sentido de que se vulneró su derecho al debido proceso porque la entidad
accionada no motivó la revocatoria de la medida de restricción tomada por el
Consejo Seccional de la Judicatura de Medellín, Sala Administrativa, considera
que tal y como lo indicó el Consejo Seccional de la Judicatura, el Acuerdo no
revoca ninguna decisión administrativa anterior, toda vez que tal y como se
pudo constatar, esta entidad lo que dirigió fue un oficio a la Coordinadora de la
Oficina Judicial informándole acerca de la restricción laboral recomendada por
el médico tratante de la accionante, por lo cual, el Consejo Superior de la
Judicatura, a través del Acuerdo No. PSAA12-9714 buscó regular temporalmente
una situación particular de uno de sus trabajadores, es decir, proteger el
derecho a la salud de la tutelante sin desconocer las condiciones de sus demás
compañeros, a través de la creación del cargo de auxiliar judicial 1.
Por lo expuesto, considera que si lo que pretende es
que se analice la legalidad del acto, la acción de tutela no es el mecanismo
para ello.
Por último, advirtió a las entidades vinculadas al
presente proceso que deben actuar con diligencia, teniendo en cuenta sus
recursos, obligaciones y responsabilidades legales, para que las medidas
administrativas que adopte el Consejo Superior de la Judicatura realicen los
fines que persigue la administración de justicia como también preserven la
salud mental y física de quienes prestan sus servicios en la rama judicial,
especialmente, en el área penal en donde se maneja una alta carga laboral.
3.2
IMPUGNACIÓN
La accionante impugnó el fallo de tutela, aduciendo
que no es cierto que el Acuerdo NPSAA12-9714 del 3 de octubre de 2012, proferido
por el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, doctor Néstor Raúl Correa Henao, no revoca ninguna decisión administrativa
anterior, bajo el argumento de que el Consejo Seccional de la Judicatura lo que
expidió fue un oficio dirigido a la Coordinadora de la Oficina Judicial, a
través del cual les informaba acerca de la restricción laboral recomendada por
el médico tratante de la accionante y que lo remitía para lo pertinente.
Lo anterior, a su parecer, desconoce la existencia de
un acto administrativo en el oficio CSJA-SA 12-2639 del 17 de julio de 2012,
suscrito por la doctora María Eugenia Osorio, dirigido a la Coordinadora de la
Oficina Judicial. Al respecto, sostiene lo siguiente:
“...en el presente caso el acto administrativo
expedido por la Dra. María Eugenia Osorio, se ajusta al orden jurídico, crea una
situación jurídica particular y concreta al punto de ser el fundamento de la
suspensión del reparto en un porcentaje del 100%, la cual realmente tuvo
ocurrencia durante un lapso aproximado de tres (3) meses, tendiente a hacer
efectiva la medida de restricción laboral en salvaguarda del derecho a la
salud. De no ser así, se pregunta por qué se suspende el reparto durante el
lapso mencionado? Cuál fue entonces el origen de la suspensión que
efectivamente se realizó?...
Adicionalmente, la Dra. María Eugenia Osorio, suscribe
el oficio CSJA-SA12-2632 del 16 de julio de 2012, dirigido a la Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico UDAE de la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura, remitiendo copia de la recomendación expedida por el médico
laboral de la EPS Salud Total, ´a fin de que se incluya en el concepto que
sobre creación de cargo de magistrados (as) y descongestión para la Sala Penal
del Tribunal Superior de Antioquia elevamos ante la Unidad de Desarrollo y
Análisis Estadístico UDAE de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura´. Se pregunta entonces la razón por la cual en el Acuerdo
N.PSAA12-9714 del tres (03) de octubre de dos mil doce (2012), proferido por el
Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se
adoptan las medidas contenidas en los numerales 1 y 2 de la parte resolutiva?.
Cómo llega a conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura la existencia
de la restricción laboral proferida por el médico laboral, de la EPS para
salvaguardar mi salud, sino fue por el medio antes anunciado?...”
Por las razones anteriores considera que la
revocatoria del acto administrativo emitido por el Consejo Seccional de la
Judicatura sólo podía efectuarse con su consentimiento previo y expreso, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011. Sin
embargo, de manera unilateral se dejó sin efectos lo dispuesto por dicho
Consejo a través del numeral tercero del Acuerdo emitido el 3 de octubre de
2012. Además, advierte que la decisión de dicho acto administrativo no fue
motivada, lo cual desborda el marco de la discrecionalidad del funcionario que
la profirió.
Finalmente, en su sentir, el Consejo Superior de la
Judicatura sin conocer su historia clínica ni su estado de salud física y
mental, resolvió revocar unilateralmente la medida de protección laboral para,
en su lugar, implementar otra orden que en su criterio es la adecuada con base
en un criterio de igualdad frente a sus compañeros de Sala. Sin embargo, este juicio,
explica, es cuestionable porque con la decisión que adoptó la entidad accionada
se mantuvo la carga laboral en idénticas condiciones al del resto de los miembros
de la Sala Penal que integra, con la diferencia de que en su caso particular,
presenta disminución en la agudeza visual, distorsión de las imágenes junto a
la pérdida de color de las mismas, circunstancia que implica un mayor esfuerzo
de su parte para cumplir con las tareas que le exige su cargo de magistrada del
Tribunal Superior de Antioquia.
Por lo expuesto, solicita (i) la revocatoria del fallo
de primera instancia, en particular, se deje sin efecto el numeral tercero de
la parte resolutiva del Acuerdo NPSAA12-9714 del 3 de octubre de 2012 y, en su
lugar, amparen sus derechos a la salud, a la vida digna y al debido proceso y;
en consecuencia, (ii) que las cosas vuelvan a su estado anterior, esto es, que
se ordene a la entidad accionada que realice las gestiones pertinentes para que
se cumpla el acto administrativo proferido por la vicepresidenta de la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante el
cual ordena la ejecución de la medida de restricción laboral consistente en la
suspensión del reparto de expedientes.
3.3
DECISIÓN DE SEGUNDA
INSTANCIA –SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, mediante providencia del 5 de febrero de 2013, revocó la decisión
adoptada por el juez de instancia y resolvió tutelar el derecho a la salud de
la accionante como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable, aduciendo que en el caso concreto la actora podría
sufrir un mayor deterioro en su salud visual al adoptarse una medida que no fue
recomendada por medicina laboral.
En particular, sostiene, se adoptó una medida diferente
a la contemplada en las restricciones laborales recomendadas, como la creación
transitoria de un cargo de auxiliar judicial 1 en el despacho de la magistrada
Nancy Ávila de Miranda con funciones de lectura y digitación, sin que dicha determinación
hubiese sido valorada por medicina laboral para evaluar su pertinencia con
relación a la condición de salud de la accionante. Por tanto, explica, sin
valoración médica no existe certeza de que la medida adoptada sea la idónea
para proteger el derecho a la salud de la tutelante ni tampoco que ésta no
impacte en mayor grado su estado de salud por la asignación plena de su carga
laboral.
En consecuencia, le ordenó a la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura la suspensión del cumplimiento del
Acuerdo PSAA12-9714 del 3 de octubre de 2012, hasta tanto la EPS Salud Total a
la que se encuentra afiliada la accionante emita un concepto sobre la
pertinencia de las medidas adoptadas y si la designación de un auxiliar
judicial para el despacho con fines de lectura y digitación es suficiente para
proteger su salud de acuerdo con el diagnóstico de degeneración macular en
ambos ojos. En caso afirmativo, indica, se le debe otorgar a la accionante un
tiempo prudencial de 6 meses para que se adapte a dicho esquema, de forma que
no se le imponga el reparto al 100% inmediatamente.
4       PRUEBAS Y DOCUMENTOS
4.1  EN EL EXPEDIENTE OBRAN, ENTRE OTRAS, LAS
SIGUIENTES PRUEBAS:
4.1.1
Fotocopia de la historia
clínica de la actora
4.1.2
Fotocopia del informe del
retinólogo Juan Gonzalo Mejía Martínez en donde le diagnostica a la actora
“degeneración macular”
4.1.3
Fotocopia del informe de
restricción laboral emitido el 5 de enero de 2012, referente a la disminución del
reparto a la actora en un 50%.
4.1.4
Fotocopia de la comunicación
interna emitida por el Director Ejecutivo del Consejo Seccional de la
Judicatura de Medellín, dirigida a la Coordinadora de la Oficina Judicial y a la
Coordinadora del Grupo de Mantenimiento y Soporte Tecnológico, emitida el 24 de
enero de 2011.
4.1.5
Fotocopia del informe de
restricción laboral emitido el 25 de junio de 2012, relativo a la suspensión
del reparto de procesos.
4.1.6
Fotocopia del oficio que
remitió la magistrada María Eugenia Osorio Cadavid, el 16 de julio de 2012, a la Directora del UDAE del Consejo Superior de la Judicatura para allegar la recomendación
médico laboral anteriormente referida.
4.1.7
Fotocopia del oficio que
dirigió la Vicepresidenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia,
el 17 de julio de 2012, a través del cual le informó a la Coordinadora de la
Oficina Judicial acerca de la recomendación de restricción laboral emitida el
25 de junio de 2012 sobre la suspensión de reparto a la magistrada de la Sala
Penal del Tribunal Superior de Antioquia.
4.1.8
Fotocopia del Acuerdo No.
PSAA12-9714 del 3 de octubre de 2012 “Por el cual se adopta una medida de
descongestión para un despacho de magistrado de la Sala Penal del Tribunal
Superior de Antioquia”
4.1.9
Fotocopia del recurso de
reposición presentado por la actora en contra del anterior Acuerdo, el 8 de
octubre de 2012, a través del cual solicita revocar las decisiones que en éste
se adoptaron, para que en su lugar, las autoridades laborales sean quienes
decidan acerca de la idoneidad de las medidas adoptadas por el Consejo Superior
de la Judicatura dirigidas a proteger su derecho a la salud.
4.1.10
Respuesta al derecho de
petición instaurado por la peticionaria, el 22 de octubre de 2012.
4.1.11
Fotocopia del informe de
estadística del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre
de 2012 que evidencia la gestión adelantada por el despacho de la peticionaria.
4.1.12
Fotocopia de la sentencia
emitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 5 de junio de 2008.
4.2
ACTUACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL: pruebas decretadas por la Sala.
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, mediante auto del
diecinueve (19) de julio de 2013, con el fin de contar con elementos adicionales
de juicio que explicaran mejor los hechos particulares del caso, decretó las
siguientes pruebas:
4.2.1
Solicitó al doctor Jairo León Rodríguez
L., médico laboral de Salud Total EPS, que respondiera una serie de
cuestionamientos acerca del estado de salud actual de la peticionaria, así como
también explicara las particularidades del diagnóstico de “degeneración macular
en ambos ojos” y las consecuencias a futuro en la capacidad visual de la
accionante, entre otras preguntas.
4.2.2 Ofició a la EPS Salud Total de Medellín, para
que (i) remitiera copia de la historia clínica de Nancy Ávila de Miranda, (ii) informara
acerca de las prestaciones médicas y
asistenciales suministradas por la entidad para atenderla, (iii) emitiera un
concepto acerca de la medida adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura
a favor de la actora y, (iv) enviara a la Junta de Calificación de Invalidez de
Antioquia la historia clínica de la accionante para que determinara su pérdida
de capacidad laboral.
4.2.3
Ofició a la Junta de Calificación de
Invalidez de Antioquia para que calificara el origen y porcentaje de la pérdida
de capacidad laboral de la accionante.
4.2.4 Ofició al oftalmólogo que le diagnosticó a
la peticionaria “degeneración macular en ambos ojos” para que le informara al
despacho del magistrado sustanciador (i) cuál es el estado de salud actual de
la magistrada Ávila de Miranda y si en razón a dicho diagnóstico requiere de
incapacidad médica, (ii) cuál es el tiempo aproximado diario que puede destinar
a las labores de lectura y digitación y si esta actividad compromete su estado
de salud. Además, también se le pidió que emitiera su concepto frente a la
medida adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura a favor de la actora,
en el sentido de designarle un auxiliar judicial a su despacho para que
desempeñara funciones de lectura y digitación.
4.2.5 Ofició al Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Administrativa, y a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Medellín, para que informarán (i) cuáles son las medidas o
herramientas con que cuentan para responder a las necesidades de los
trabajadores de la rama judicial que presentan una disminución de su capacidad
visual, parcial o total, con el fin de garantizar el desarrollo de sus labores,
y (ii) cuáles son las medidas o herramientas con las que cuentan para
garantizar el acceso de la población en situación de discapacidad a los cargos
públicos de la rama judicial.
4.2.6 Finalmente, invitó al Grupo de Investigación de Derechos Humanos y DIH
“De las Casas” de la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda de
Bogotá, al Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social –PAIIS- de la
Universidad de los Andes, al director de la maestría en Discapacidad e
Inclusión Social de la Universidad Nacional de Colombia, al Grupo de
investigación en Derechos Humanos y a la Escuela de Medicina y Ciencias de la
Salud de la Universidad del Rosario, al Instituto Nacional Para Ciegos (INCI) y
al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -Dejusticia-, con el fin
de que, si lo consideraban pertinente, emitieran un concepto técnico sobre la
demanda.
4.3
INFORMES E INTERVENCIONES
Rendidos los informes del caso, la Sala resume las
comunicaciones e intervenciones allegadas por la Secretaría General, al
despacho del Magistrado Sustanciador:
4.3.1
Médico laboral Salud Total
EPS
El médico laboral de la EPS Salud Total, expuso que la
paciente presenta una alteración de agudeza visual en ambos ojos. Además,
explicó que el diagnóstico de degeneración relacionada con la edad (DMRE) es
progresiva y puede dar lugar a una incapacidad visual, principalmente, de cerca;
sin embargo, en razón al estado de salud actual de la actora, cuya agudeza
visual permanece casi en su totalidad en el ojo izquierdo mientras que en el
ojo derecho tiene una pérdida que califica de permanente leve a moderada, en su
criterio, no requiere de incapacidad.
Agrega que las restricciones laborales no implican la
expedición de incapacidades médicas, pues a través de éstas se pretende que la
paciente realice sus actividades laborales normalmente y sin deterioro de su
salud visual. Explicó que las restricciones que emitió fueron adoptadas tras el
análisis de la carga laboral que realizó el área de Salud Ocupacional de la
Rama Judicial, en el cual se evidenció, en general, el estado de congestión
laboral de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia
y, en particular, el caso de la magistrada Nancy Ávila de Miranda, quien, según
el informe, se apoyaba en el personal de la Secretaría en las audiencias
públicas ante las dificultades visuales que presenta.
Advierte que la paciente presentó un alto grado de
estabilidad en su salud visual mientras el empleador observó las restricciones
laborales; pero luego de que le fuera restablecido el reparto en un 100%, en
ejecución de la orden emitida por el Consejo Superior de la Judicatura el 21 de
mayo de 2013, a través del Acuerdo PSAA13-9911, presentó una recaída y además desprendimiento
de la neuroretina, según lo informó el oftalmólogo-retinólogo el pasado 13 de
julio.
Por otra parte, indicó que ante la sintomatología de
la enfermedad de la accionante (pérdida progresiva de la visión; distorsión de
las letras, los números y los renglones; pérdida en la intensidad de los
colores; dolor en los ojos y en la cabeza al realizar prolongadas labores de
lectura y digitación) es recomendable que efectúe pausas activas de 5 a 8 minutos cada media hora.
Por lo anterior, considera necesario designar de
manera definitiva un auxiliar judicial a la paciente para apoyar labores de
lectura y digitación, en particular, para la visión cercana, pues en razón a
que la actora presenta una disminución de su capacidad visual que se evidencia
en una  lectura distorsionada de letras, números, renglones y colores, es
importante que cuente con este apoyo. Ahora bien, afirma que todos estos
síntomas, se irán agravando con el paso del tiempo dado el carácter
degenerativo, progresivo e irreversible de la enfermedad.
Finalmente, anexa un oficio dirigido a la Comisión
Laboral del Fondo de Pensiones -Colpensiones- solicitándole que califique la pérdida
de capacidad laboral de Nancy Ávila de Miranda por presentar una patología de pronóstico
no favorable.
4.3.2
Oftalmólogo tratante
El oftálmólogo Juan Gonzalo Mejía Martínez, señaló que
en general la peticionaria puede ejercer su trabajo en condiciones normales
pero con restricciones, específicamente en la lectura y en la digitación debido
a la pérdida de agudeza visual leve a moderada en su ojo derecho. Por otra
parte, sostuvo, también puede existir un componente de estrés emocional que puede
conducir al padecimiento de una “coroidopatia serosa central”.
En virtud de lo anterior, califica como idónea la
decisión emitida por el Consejo Superior de la Judicatura, ya que si la
accionante tiene dificultades para cumplir con labores de lectura y digitación,
la designación de un auxiliar judicial para el apoyo en estas labores  redunda
en un mejor desempeño de la actora, como en el aumento de la productividad de
su despacho.
4.3.3
Consejo Superior de la
Judicatura- Sala Administrativa- Unidad de Administración de Carrera Judicial.
La directora de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, informó que, de conformidad con
el artículo 256-1 Superior, los preceptos que regulan los procesos de selección
para los cargos de carrera de la Rama Judicial son la Ley 270 de 1996, y los
Decretos 52 de 1987 y 1660 de 1978 siempre y cuando no contraríen lo dispuesto
en dicha ley. A la luz del contenido de estos preceptos, refiere, el ingreso en
propiedad a los empleos de carrera debe realizarse en condiciones de igualdad
para todos los interesados y requiere la aprobación de un concurso de méritos
sujeto a convocatoria pública a través del cual se establecen las reglas de
ingreso, permanencia y promoción a dicho sistema. Su fin, es garantizar la
eficacia y la calidad del servicio de la administración de justicia.
Específicamente, frente al cuestionamiento de cuáles
son las medidas o herramientas con que cuenta el Consejo Superior de la
Judicatura para garantizar el acceso a la población en situación de
discapacidad a los cargos públicos de la rama judicial, indicó que en el formulario
de inscripción dispuesto para que los ciudadanos surtan este proceso, existe un
ítem para que las personas que se inscriban indiquen si presentan algún tipo de
discapacidad y describan su naturaleza, ello con el propósito de garantizar el
acceso en igualdad de condiciones al concurso durante todas las etapas del
proceso de selección.
4.3.4
Consejo Superior de la
Judicatura- Sala Administrativa- Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial.
La directora administrativa de la División de Procesos
de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, respondió que el Consejo Superior de la Judicatura ha adoptado varias
medidas para atender las necesidades de los trabajadores de la rama judicial
que presentan una disminución de su capacidad visual, parcial o total, pero no
especificó cuáles son éstas. Al respecto, expuso lo siguiente:
“…Mediante oficio DEAJRH13-6351 de julio 26 de
2013, la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, remitió a la Unidad de Asistencia Legal el informe sobre las medidas
que se han venido ejecutando en materia de discapacidad visual para los
trabajadores de la Rama Judicial.
´La Rama Judicial cuenta con el Programa de Medicina
Preventiva que hace parte del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el
Trabajo, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1562 de 2012 y demás
normas relacionadas con Riesgos Laborales.
En desarrollo de este programa se llevan a cabo mesas
conjuntas entre la Unidad de Recursos Humanos, la ARL Colmena y la EPS para
efectuar seguimiento de las condiciones de salud originadas en Accidentes
Laborales, Enfermedad Laboral o Enfermedad General, para concertar alternativas
de solución desde el punto de vista administrativo, para aquellos servidores
judiciales que lo requieran.
Por parte de la Unidad de Recursos Humanos de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, una vez conoció el caso,
solicitó a la Comisión Laboral de la EPS Salud Total mediante oficio
DEAJRH13-2322 del 1° de abril de 2013, recomendaciones médico laborales
específicas de especialista en oftalmología validadas por la Comisión Laboral
de la EPS Salud Total y cumplir el procedimiento de Pérdida de Capacidad
Laboral por el carácter irreversible, progresivo y limitante de su patología.´”
4.3.5
Universidad Nacional de
Colombia
La Coordinadora Académica de la Maestría en
Discapacidad e Inclusión Social, manifestó que, a su parecer, una vez se defina
por parte de la Junta de Calificación de Invalidez el grado de discapacidad de
la servidora judicial deben realizarse los “ajustes razonables” con el fin de
que pueda continuar desempeñándose como magistrada, para el caso particular,
considera que además de un asistente sería pertinente que implementaran el uso
de lector de pantalla, tipo Jaws, para facilitar el cumplimiento de su labor
como servidora judicial. Estas medidas protegerían su salud visual y su seguridad
en el trabajo, de conformidad con lo establecido en la Ley 1346 de 2009,
artículo 27, numeral b.
Al respecto, recordó que el Estado debe salvaguardar y
promover el ejercicio del derecho al trabajo de las personas con discapacidad,
las cuales necesitan un apoyo más intenso, ya sea que accedan al empleo en
circunstancia de discapacidad como también aquéllas que adquieran una
discapacidad durante la ejecución de su trabajo. En este orden de ideas,
indica, una vez es conocida esta situación deben realizarse las modificaciones
y adaptaciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer
sus funciones.
De otro lado, enfatiza, en caso de que a la fecha la
condición visual de la accionante haya avanzado significativamente, y que a
juicio del médico laboralista tratante no pueda cumplir con las demandas de su
trabajo o con la carga laboral que este implica, a su parecer, debe
considerarse concertadamente con la funcionaria la reubicación de puesto de
trabajo o en caso extremo contemplar la pensión de invalidez, previo concepto
de la Junta de Calificación de Invalidez.
Finalmente, indica, el literal g) del artículo 27 de la
Ley 1346 de 2009 tiene como propósito que se empleen personas con discapacidad
en el sector público, por tanto, es necesario que se tomen las medidas pertinentes
para que los y las trabajadoras que ingresen en el futuro a cargos de la rama
judicial, cuenten con condiciones de acceso y con los ajustes razonables requeridos
para desempeñar sus funciones. Igualmente, aduce, estas medidas deben pensarse
frente a quienes ya se encuentran vinculados al servicio público, previa
concertación con las personas en esta circunstancia, y tomando en consideración
las particularidades y severidad de cada discapacidad, como las demandas
específicas de cada cargo. En todo caso, indica, esto implica un seguimiento a
las medidas adoptadas y la modificación de las mismas cuando así se requiera, de
tal forma que se garanticen condiciones de trabajo seguras y saludables.
4.3.6
Universidad del Rosario
El Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la
Facultad de Jurisprudencia, sostiene que la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad (CDPCD) es aplicable al caso de la accionante. En
particular, hace referencia al artículo 6 de la Convención, en el cual se hace
alusión al mayor grado de discriminación al que se pueden ver sometidas las
niñas y mujeres en situación de discapacidad por cuestiones de género. Agrega
que, apróximadamente, la mitad de las personas con discapacidad en el mundo son
mujeres, lo cual las ubica en una situación de desventaja frente a quienes no
tienen discapacidad, ya sean mujeres u hombres.
Lo anterior, explica, conlleva que este grupo
específico de niñas y mujeres se encuentren en una situación de especial
vulnerabilidad, pues deben enfrentarse a circunstancias aún más desventajosas que
otros grupos de la sociedad.
Por otro lado, también menciona expresamente la
importancia del contenido del artículo 27 de la CDPCD, en el caso concreto,
sobre el derecho al trabajo y al empleo. En relación con el derecho al trabajo
y la situación de discapacidad, refiere que infortunadamente las tasas de
desempleo y subempleo de esta población no se duplican sino que se triplican en
comparación con otros grupos. Acerca del contenido de este derecho, expone que,
en primer lugar, se pretende asegurar el ejercicio pleno de los derechos
laborales y sindicales en igualdad de condiciones frente a los demás y; en
segundo lugar, busca que se realicen efectivamente los ajustes razonables en
los lugares donde laboran las personas en esta circunstancia.
En el caso particular, aduce, otorgar un apoyo es sin
duda una gran ayuda, sin embargo, a su parecer, la petición de la actora no va
encaminada en este sentido sino a adquirir la confianza para estar al día en el
análisis de sus expedientes y en la necesidad de conocer y asumir su nueva
situación, lo cual constituye la única fuente para determinar hasta donde puede
avanzar en el desempeño de sus labores.
4.3.7
Instituto Nacional para
Ciegos -INCI-
El director encargado del Instituto Nacional para
Ciegos, consideró que (i) la condición de discapacidad visual adquirida por la
demandante no implica restricciones en sus labores cotidianas siempre y cuando
adelante un proceso de rehabilitación, el cual debe ser prestado por su EPS, de
tal forma que en atención a su circunstancia pueda contar con la independencia
y autonomía necesarias para el ejercicio de sus funciones; (ii) la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura debe asegurar que la
demandante cuente con la tecnología especializada que le permita acceder de
manera autónoma e independiente a los documentos a los cuales deba acceder en
ejercicio de su cargo; (iii) la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura debe garantizar el acceso a la información de la demandante
garantizando que los expedientes y demás documentos que le sean entregados se
encuentren en formatos accesibles para ser leídos a través de la tecnología
especializada puesta a su disposición.
Teniendo en cuenta lo expuesto, expone que la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, puede recurrir a la
asesoría y asistencia técnica del Instituto Nacional para Ciegos -INCI- con el
propósito de garantizar el cumplimiento de las condiciones antes anotadas.
4.3.8
Salud Total EPS
El representante legal de Salud Total EPS, allegó
copia de la historia clínica que reposa en su base de datos en la que constan
los servicios prestados directamente en las unidades de la EPS.
Precisa que la actora ha sido atendida en diferentes
IPS oftalmológicas de Medellín, ya sea por remisión de Salud Total EPS o porque
la usuaria accede a éstas mediante consulta particular o a través de su plan
complementario de salud.
Con respecto al estado de salud actual de la
peticionaria, relaciona las observaciones emitidas por los médicos tratantes
que detectaron, desde el año 2007, la pérdida de su capacidad visual. Sobre
este mismo punto, agrega que su médico laboral informó que la paciente tiene
una pérdida de agudeza visual casi total en su ojo izquierdo y una disminución
permanente de leve a moderada en su ojo derecho, y que dicho diagnóstico no da
lugar a incapacidad alguna.
Sin embargo, informa que el médico laboral envió un
comunicado al Fondo de Pensiones con el fin de que realice la calificación de
pérdida de capacidad laboral.
Finalmente, con respecto a la solicitud por parte de
esta Sala en el sentido de que informara la evolución de la paciente desde el
año 2007 como también que emitiera un concepto acerca de la medida adoptada por
el Consejo Superior de la Judicatura a favor de la actora, respondió lo
siguiente:
“…frente a la solicitud de precisar la evolución de
la enfermedad de la usuaria, así como del tratamiento integral por ella
requerido, debemos manifestarle…que esta información nuestra entidad se
encuentra impedida para suministrarla, toda vez que deberá ser el oftalmólogo
–retinólogo tratante, quien establezca todas las líneas de tratamiento
utilizadas y la respuesta de la paciente a todas ellas. Igualmente, será él
quien precise cuál es el tratamiento adecuado y óptimo para la paciente, entre
otras cosas, porque su atención se realiza de manera particular o en su defecto
a través de plan complementario de salud el cual es costeado por la usuaria
misma…”
Ahora, frente a la decisión del Consejo Superior de la
Judicatura, en el caso particular de la actora, indicó:
“…nuestra entidad debe abstenerse de emitir dicho
concepto toda vez que el mismo, deberán emitirlo los especialistas tratantes
que han conocido el curso de la enfermedad de la usuaria y que determinarán las
condiciones visuales de la misma y nos atenemos a las recomendaciones dadas por
ellos. Esto es, médico oftalmólogo- retinólogo y médico laboral...”
5
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
5.1
COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, en desarrollo de las
facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución,
33 del Decreto 2591 de 1991 y 49 del Reglamento de la Corporación es competente
para revisar el fallo de tutela adoptado en el proceso de esta referencia.
5.2
PROBLEMA JURÍDICO
Corresponde a la Sala examinar si la entidad accionada
vulneró los derechos fundamentales de la actora a la salud, a la vida digna, y al
debido proceso, al inobservar la medida de restricción laboral emitida por el
médico laboral de su EPS, consistente en la suspensión temporal del reparto de
expedientes a su despacho en razón a la pérdida de capacidad visual que le fue
diagnosticada y, en su lugar, implementar otra orden que en su sentir es la
adecuada: la designación de un auxiliar judicial con funciones de lectura y
digitación.
Además del anterior problema jurídico general, la
Corte también deberá ocuparse de abordar los siguientes problemas jurídicos
concretos:
(i)
¿la entidad accionada desconoce
el derecho al trabajo de la actora, al no proveerle las herramientas necesarias
para el desarrollo de sus labores como magistrada del Tribunal Superior de
Antioquia, de acuerdo con la pérdida de capacidad visual que presenta en la
actualidad?
(ii)
¿La implementación de la medida
adoptada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
compromete el derecho a la igualdad, por un lado, de la actora, quien
sostiene que debe asumir la misma carga laboral que el del resto de sus
compañeros sin tener en cuenta un criterio diferenciado que tome en
consideración su pérdida de capacidad visual y, de otro lado, el de los demás
miembros que integran la Sala Penal, quienes aducen que esta Sala presenta un
alto grado de congestión, que exige la ejecución de medidas concretas para no
comprometer un bien superior como lo es la prestación del servicio de administración
de justicia, razón por la cual no están en capacidad de asumir una carga
adicional de expedientes derivados de la exoneración de reparto total y parcial
a la actora?
Para el análisis del problema jurídico planteado, esta
Sala abordará el estudio de las siguientes premisas: primero, el
derecho al trabajo y la circunstancia de discapacidad; segundo, el
deber de desarrollar acciones afirmativas frente a las personas en
circunstancia de discapacidad como manifestación del derecho fundamental a la
igualdad real y efectiva y; tercero, el análisis del caso
concreto.
5.2.1    EL DERECHO AL TRABAJO Y LA DISCAPACIDAD
5.2.1.1
Breve contextualización acerca
de la transformación del concepto de discapacidad.
Es importante resaltar que la protección de los
derechos humanos de las personas que se encuentran en alguna circunstancia de
discapacidad se aborda en la actualidad desde el modelo social, esto es,
la discapacidad entendida como una realidad, no como una enfermedad que
requiere ser superada a toda costa, en otras palabras, se asume desde el punto
de vista de la diversidad, de aceptar la diferencia. Este modelo tiene una
visión amplia, pues (i) supera un primer modelo centrado en la caridad y
el asistencialismo y, (ii) además, parte de que no sólo debe abordarse la
discapacidad desde el punto de vista médico o de rehabilitación sino que
se centra en el aprovechamiento de todas las potencialidades que tienen los
seres humanos, independientemente del tipo de discapacidades que tengan.
Con la anterior perspectiva hay un cambio de paradigma
en la forma cómo debe abordarse la discapacidad, pues según esta aproximación, la
discapacidad surge principalmente del fracaso de la adaptación del ambiente
social a las necesidades y aspiraciones de las personas con discapacidad, no de
la incapacidad de estas personas de adaptarse al ambiente. Bajo este
modelo, la discapacidad es principalmente un problema de discriminación y
estigmatización. Además, las dificultades que enfrentan las personas con
discapacidad surgen de un ambiente no adaptado a sus condiciones. En su
modo más puro, quienes defienden este modelo sostienen que la discapacidad es
una construcción social (de hecho esta afirmación es hecha en el Plan de Acción
para la Discapacidad de la Unión Europea de 2003) y, por tanto, que la sociedad
debe adaptarse para responder a las necesidades de las personas con
discapacidad. Este modelo se concretó en la Declaración para la Igualdad de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad de julio de 1996, inspirada en
las Reglas Estándar de las Naciones Unidas para la equidad de oportunidades de
las personas con discapacidad. En este instrumento se afirma que la forma
como la sociedad está organizada sirve a la exclusión de las personas con
discapacidad y hace un llamado al diálogo cívico con organizaciones no
gubernamentales que abogan por los derechos de estas personas.[4]
Por tanto, no puede desconocerse que el ambiente
(físico, cultural, etc.) puede tener un impacto positivo o negativo en la
manera de asumir y entender la discapacidad, pues “los efectos de la
discapacidad sobre una persona dependen de manera fundamental del entorno
social, es decir, que la discapacidad no es únicamente un problema individual.
Esto significa que un medio social negativo y poco auspiciador puede convertir
la discapacidad en invalidez, y que, por el contrario, un ambiente social
positivo e integrador puede contribuir de manera decisiva a facilitar y aliviar
la vida de las personas afectadas con una discapacidad”.[5]
En particular, una de las condiciones negativas que
contribuyen a la exclusión de las personas con discapacidades es la no
adaptación del ambiente físico[6]
a las necesidades de esta población, es decir, el entorno físico está concebido
para personas sin ningún tipo de discapacidad, lo cual corresponde al
imaginario social acerca la belleza, lo que brinda bienestar, las
potencialidades que cada uno debe tener[7],
etc. Al respecto, esta Corporación ha afirmado lo siguiente:
“En el curso de la historia, las personas
discapacitadas han sido tradicional y silenciosamente marginadas. A través del
tiempo, las ciudades se han construido bajo el paradigma del sujeto
completamente habilitado. La educación, la recreación, el transporte, los
lugares y los medios de trabajo, incluso el imaginario colectivo de la
felicidad, se fundan en la idea de una persona que se encuentra en pleno
ejercicio de todas sus capacidades físicas y mentales. Quien empieza a decaer o
simplemente sufre una dolencia que le impide vincularse, en igualdad de
condiciones, a los procesos sociales – económicos, artísticos, urbanos -, se ve
abocado a un proceso difuso de exclusión y marginación, que aumenta
exponencialmente la carga que debe soportar”.[8]
De lo anterior puede colegirse que el ambiente
físico tiene una gran importancia en términos de inclusión/exclusión social
para cada ser humano según su proyecto de vida. Es decir, la relación persona –
ambiente juega un papel fundamental para el desarrollo del ser humano y la
posibilidad de llevar a cabo sus aspiraciones más profundas. Por consiguiente,
es necesario que los estados y las sociedades reconozcan la importancia de que
el entorno responda a las necesidades de todas las personas, teniendo en cuenta
a aquellas con diferentes tipos de discapacidades para lograr su integración
social y garantizar plenamente el ejercicio de todos sus derechos.
Ahora bien, el derecho a la accesibilidad
constituye un puente para el disfrute de otras garantías constitucionales como
la libertad de locomoción, el libre desarrollo de la personalidad y la
autonomía como expresión de la dignidad humana, pues a través de la posibilidad
de acceder a diferentes espacios físicos, el individuo puede elegir hacia dónde
quiere dirigirse de manera autónoma y seguir el plan de vida que él mismo se ha
trazado. El derecho a acceder al ambiente físico se encuentra relacionado con
el derecho a la libertad en sus múltiples expresiones, entre las que se
encuentra la atinente al libre desarrollo de la personalidad:
“La esencia del libre desarrollo de la personalidad
como derecho, es el reconocimiento que el Estado hace de la facultad natural de
toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles
injustificados o impedimentos por parte de los demás.
El fin de ello es la realización de las metas de cada
individuo de la especie humana, fijadas autónomamente por él, de acuerdo con su
temperamento y su carácter propio, con la limitación de los derechos de las
demás personas y del orden público”[9]
Acerca de la protección constitucional del
derecho a la libre locomoción, “la jurisprudencia de
esta Corporación ha promovido la aplicación de las normas constitucionales y
legales que reconocen la protección especial que el Estado debe brindar a las
personas discapacitadas y ha garantizado su acceso, en igualdad de condiciones,
al espacio público y las instalaciones y edificios abiertos al público”[10]
5.2.1.2
El derecho fundamental al trabajo,
en particular, su alcance frente a las personas que se encuentran en alguna circunstancia
de discapacidad.
5.2.2.1.1 Normativa nacional
El artículo 25 Superior consagra el trabajo como un
derecho fundamental y una obligación social, de cuyo contenido se destaca que
toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
Específicamente, frente a la población en
circunstancia de discapacidad, el artículo 54 de la Carta, establece que es
obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación
profesional y técnica a quienes lo requieran. En particular, señala que el
Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar
y garantizar a las personas en situación de discapacidad el derecho a un
trabajo acorde con sus condiciones de salud.
En consonancia con estos mandatos constitucionales, la
Ley 361 de 1997 establece en su artículo 4° la obligación ineludible del Estado
de poner a disposición de la población en situación de discapacidad todos los
recursos necesarios para su protección. Entre los objetivos de tal amparo se
encuentra la integración laboral, cuyo alcance ha sido definido por esta
Corporación, al entender que implica la  ubicación laboral acorde con sus
condiciones de salud y el acceso efectivo a los bienes y servicios básicos para
su subsistencia y el sostenimiento de su familia (C.P., arts. 54 y 334), para
todos aquellos que se encuentren en edad de trabajar.[11]
No obstante, es importante aclarar que la protección
del derecho al trabajo de las personas con discapacidad no sólo incluye la
garantía de los medios de subsistencia sino también la posibilidad real, como el
resto de personas, de desarrollar al máximo todas sus potencialidades y lograr
una plena integración social[12].
5.2.2.1.2 Normativa internacional
Para iniciar, es importante hacer alusión a la
Observación general N° 18, emitida por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, acerca del contenido del derecho al trabajo. En este
respecto, el Comité señaló que el ejercicio laboral supone la existencia de los
siguientes elementos:
(i)
Disponibilidad: “Los Estados Partes deben contar con servicios especializados
que tengan por función ayudar y apoyar a los individuos para permitirles
identificar el empleo disponible y acceder a él”
(ii)
Accesibilidad: el mercado laboral
debe ser accesible a toda persona, cuyo contenido implica, en primer lugar,
la prohibición de toda discriminación en el acceso al empleo y en la
conservación del mismo, en razón al sexo, estado de salud, discapacidad, o de
otra naturaleza, con la intención o que tenga el efecto de oponerse al
ejercicio del derecho al trabajo en igualdad de condiciones o hacerlo
imposible; en segundo lugar, la accesibilidad física como una dimensión
del acceso al trabajo, de conformidad con lo establecido en el párrafo 22 de la
Observación general N° 5 sobre las personas con discapacidad y; en tercer
lugar, la accesibilidad a la información sobre los medios para obtener el
acceso al trabajo.
(iii)
Aceptabilidad y calidad: esta
dimensión está referida al derecho del trabajador a desarrollar su trabajo en
condiciones dignas y justas, en particular, a gozar de unas condiciones
laborales seguras, a constituir sindicatos y a aceptar y elegir libremente
empleo.
Ahora bien, a nivel internacional, algunos de
los instrumentos internacionales que consagran el derecho al trabajo de todas
las personas en condiciones de igualdad, enfatizando la importancia de reforzar
esta garantía frente a personas en situación de vulnerabilidad por razones de
género o discapacidad, pueden mencionarse los siguientes:
El artículo 27 de la CDPCD consagra el derecho al trabajo y empleo de las personas
con discapacidad (PCD) en igualdad de condiciones frente a las demás. Esto
incluye no sólo el derecho a tener la oportunidad de acceder a un empleo sino a
gozar de un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible. Para el
cumplimiento de este propósito, los Estados tienen el compromiso de
salvaguardar y promover el ejercicio del derecho al trabajo para las PCD
incluyendo a aquéllas que puedan llegar a encontrarse en dicha circunstancia en
ejecución de sus labores, a través de medidas como las siguientes:
(i)
promulgar leyes;
(ii)
prohibir la discriminación por
motivos de discapacidad;
(iii)
garantizar la continuidad en
el empleo y unas condiciones de trabajo seguras y saludables;
(iv)
emplear a personas con
discapacidad en el sector público;
(v)
velar porque se realicen
ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo; y
(vi)
promover programas de
rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.
A su vez, el artículo 2 de esta
Convención establece una serie de definiciones dentro las cuales se
resaltan, por su pertinencia para el caso, dos: diseño universal y ajustes
razonables. Con respecto a la primera, dicho instrumento  señala que por diseño
universal “se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y
servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible,
sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El ´diseño universal´ no
excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con
discapacidad, cuando se necesiten”. Respecto al segundo concepto, preceptúa que
por  ajustes razonables “se
entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales”.
En definitiva, este instrumento indica que
la autonomía y la participación en todos los ámbitos de la vida pública y
privada de las personas en situación de discapacidad dependen en un grado muy
importante de la garantía de accesibilidad al entorno físico.
Además, el artículo 11 de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
establece que los Estados Partes deben adoptar todas las medidas apropiadas
para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo con el fin
de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos
derechos, en particular el derecho al trabajo.
En relación con el estado de vulnerabilidad por
cuestiones de género, el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos
Humanos de las Personas con Discapacidad, evidencia que la mujer además de
encontrarse en situación de vulnerabilidad por razones de género, dicho grado
de indefensión también se acentúa cuando se encuentra en alguna circunstancia
de discapacidad. Por ello, en el numeral 2 de este precepto se hace un llamado
a los Estados para que tomen todas las medidas pertinentes en orden a asegurar
el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de
garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y libertades
fundamentales.
De otro lado, el literal b. del artículo 7 del
Protocolo de San Salvador, consagra como uno de los contenidos del derecho
al trabajo el relativo a que la persona cuente con la oportunidad de seguir su
vocación y dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas.
5.2.2    LA PROHIBICIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN ESTABLECIDA EN EL
ARTÍCULO 13, Y LA CONSECUENTE OBLIGACIÓN DE DESARROLLAR ACCIONES AFIRMATIVAS A
FAVOR DE LAS PERSONAS EN CIRCUNSTANCIA DE DISCAPACIDAD.
La cláusula del derecho a la igualdad prohíbe
cualquier discriminación originada en razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, entre otros
criterios. Además, establece la obligación, a cargo del Estado, de adelantar acciones
afirmativas a favor de grupos históricamente marginados y excluidos de la
sociedad, las cuales son constitucionalmente admisibles para garantizar real y
materialmente el ejercicio de este derecho, por lo menos, en iguales
condiciones, a las personas en situación de debilidad, vulnerabilidad o cuya
situación se enmarque dentro de los criterios que son considerados como
sospechosos, frente a las demás que no se encuentren en su misma circunstancia.
En la actualidad
existe un debate acerca de las dimensiones de la justicia social como lo son la
justicia distributiva y de reconocimiento. En particular, la justicia de
reconocimiento (i) acepta la diferencia y valora la diversidad; (ii) construye
la individualidad a partir del reconocimiento del otro como igual pero diferente
de sí mismo (fenomenología de la conciencia); (iii) interpreta las injusticias
como culturales, por ejemplo la invisibilización a la que han sido sometidas
poblaciones que gozan de una estima y un prestigio menor respecto de otros
grupos sociales (estatus); (iv) promueve la creación de patrones que expresen
la igualdad, el respeto por las personas excluidas socialmente y su
reconocimiento como plenos sujetos de derechos; y (v) cuestiona actitudes
culturales de indiferencia.[13]
En punto al importante cometido que se busca alcanzar
a través del despliegue de acciones afirmativas por parte del Estado frente a
las personas en situación de discapacidad, esta Corporación ha referido que “el
fin perseguido a través de las medidas de diferenciación positiva es el de contrarrestar
- equilibrar - los efectos negativos que generan las discapacidades en punto a
la participación de los discapacitados en las distintas actividades que se
desarrollan en la sociedad”[14]
(Negrilla fuera de texto)
Se reitera que el contenido del artículo 13 de la
Constitución Política busca la realización de una justicia material para todas
las personas. En consecuencia, la especial protección constitucional que se
otorga a diferentes personas o grupos en estado de vulnerabilidad, como es el
caso de aquéllos ciudadanos con diferentes discapacidades, no es un favor que
les otorga el Estado o un acto de caridad sino que es un deber
constitucional (artículos 13, 47, 54, 68). Al respecto, esta Corporación ha
sido enfática en sostener que:
“…el trato favorable no constituye un privilegio
arbitrario o una concesión caritativa. Es, por el contrario, simple
cumplimiento del deber constitucional de especial protección al que se ha hecho
mención, a fin de lograr que las personas discapacitadas no tengan que sumar a
su circunstancia y a la marginación a la que usualmente se ven sometidos, una
carga adicional a la que deben soportar el resto de los habitantes de la
ciudad. Desconocer esta situación no sólo contradice el postulado mínimo de
igualdad sino la más elemental idea de un orden justo”[15] (Subraya fuera de texto)
Sin embargo, el deber de trato especial no significa
que las personas en situación de discapacidad se encuentren relevadas de sus
deberes y obligaciones constitucionales como cualquier otro ciudadano.[16]
En este orden de ideas, la omisión de un trato
más favorable constituye una forma de discriminación, incluso aunque no haya
ánimo de discriminar, ello no significa que el contenido de las normas no sea
excluyente. La omisión del Estado de adoptar medidas diferenciales a favor de
grupos vulnerables, marginados y/o históricamente discriminados constituye una
vulneración de su derecho a la igualdad.
Específicamente, en el caso de las personas en
situación de discapacidad, esta Corporación ha referido que pueden constituir
actos de discriminación contra esta población: “la conducta, actitud o trato,
consciente o inconsciente, dirigido a anular o restringir sus derechos,
libertades y oportunidades, sin justificación objetiva y razonable. Por otro,
el acto discriminatorio consistente en una omisión injustificada en el trato
especial a que tienen derecho los discapacitados, la cual trae como efecto
directo su exclusión de un beneficio, ventaja u oportunidad. [17]” [18] (Subraya
fuera de texto)
El acto discriminatorio puede originarse en una acción
deliberada o un resultado no previsto, lo cual en todo caso “(…) implica la
violación del derecho a la igualdad. Su prohibición constitucional va dirigida
a impedir que se coarte, restrinja o excluya el ejercicio de los derechos y
libertades de una o varias personas, se les niegue el acceso a un beneficio o
se otorgue un privilegio sólo a algunas, sin que para ello exista
justificación objetiva y razonable”[19].
(Subraya fuera de texto)
Ahora bien, para que un trato diferente esté justificado
esta Corporación ha encontrado que deben observarse los siguientes parámetros:
“primero, que los hechos sean distintos; segundo, que la decisión de tratarlos
de manera diferente esté fundada en un fin aceptado constitucionalmente; y
tercero, que la consecución de dicho fin por los medios propuestos sea posible
y además adecuada.”[20]
Los actos discriminatorios pueden originarse en el
lenguaje de las normas o en las prácticas de las instituciones o de la sociedad
que de manera injustificada llegan a constituirse en una forma de vida y son
aceptados con naturalidad, lo cual conlleva que las personas que sufren este
tipo de exclusión tengan que soportar cargas infundadas desde el punto de vista
moral y/o jurídico.[21]
A la luz de las consideraciones precedentes, la
vulneración del derecho fundamental a la igualdad de las personas en situación
de discapacidad puede devenir no sólo por acción si no también por la omisión
de acciones afirmativas de que son titulares[22]
lo cual mantiene la estructura de exclusión social e invisibilidad a la que han
sido sometidas históricamente, y que obstaculiza el ejercicio pleno de sus
derechos fundamentales.[23]
Al respecto, esta Corporación ha establecido que para
verificar la existencia de un acto discriminatorio por omisión de acciones
afirmativas, deben concurrir los siguientes requisitos:
“La existencia de una discriminación por omisión de
trato más favorable supone que el juez verifique en la práctica diversos
extremos: (1) un acto - jurídico o  de hecho - de una autoridad pública o de un
particular, en los casos previstos en la ley; (2) la afectación de los derechos
de personas con limitaciones físicas o mentales; (3) la conexidad directa entre
el acto, positivo u omisivo, y la restricción injustificada de los derechos,
libertades u oportunidades de los discapacitados.”[24]
En últimas, cualquier trato diferenciado para que sea
constitucionalmente admisible debe tener sustento en los valores y principios
constitucionales y, claramente, en la observancia del contenido del artículo 13
de la Carta Fundamental.
Teniendo en cuenta lo anterior, pasará esta Sala a
analizar el presente caso a la luz de las premisas expuestas.
6       ESTUDIO DEL CASO
CONCRETO
6.1  HECHOS PROBADOS:
Antes de avocar el estudio de los
supuestos fácticos para acoger o desestimar las pretensiones de la solicitante,
es pertinente referirse a los hechos que se encuentran debidamente probados en
el presente caso y que a continuación se resumen:
6.1.1 En el año 2007, la actora se posesionó como magistrada
de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, y en ese mismo periodo el
retinólogo de su EPS le diagnosticó “degeneración macular en ambos ojos” (Folio
19 del cuaderno principal)
6.1.2 Posteriormente, en el año 2012, el médico laboral
adscrito a su EPS emitió dos restricciones laborales, la primera el 5 de enero,
referente a la disminución del reparto en un 50%, y la segunda el 25 de junio, consistente
en la suspensión del reparto de expedientes. Las dos medidas tuvieron sustento
en la dificultad para la visión y la disminución de agudeza con fatiga visual
de la accionante (Folios 23 y 25 del cuaderno principal)
6.1.3
La Vicepresidenta del Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia, mediante oficio CSJA-SA12-2633 del 16 de julio de
2012, le informó a la peticionaria que “…mediante oficio CSJA-SA12-2632
(16-07-12) se remitió copia de la recomendación expedida por el médico laboral
de la EPS Salud Total que adjuntó, a fin de que se incluya en el concepto que
sobre creación de cargo de magistrados (as) y descongestión para la Sala Penal del
Tribunal Superior de Antioquia elevamos ante la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico UDAE de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura…”
(Folio 27 del cuaderno principal)
6.1.4 También se encuentra acreditado que la Vicepresidenta
del Consejo Seccional de la Judicatura, mediante oficio CSJA-SA12-2639 del 17
de julio de 2012, le envío a la Coordinadora de la Oficina Judicial de la
Dirección Seccional de Administración Judicial Antioquia-Chocó, copia de la
recomendación médico laboral emitida el 25 de junio de 2012 relativa a la
suspensión del reparto de procesos a la peticionaria para lo pertinente (Folio
26 del cuaderno principal)
6.1.5 Igualmente, consta dentro del plenario copia del
Acuerdo No. PSAA12-9714 del 3 de octubre de 2012, a través del cual se creó transitoriamente un cargo de auxiliar judicial 1 en el despacho de la
actora, para que cumpliera con labores de lectura y digitación, desde el 4 de
octubre de 2011 hasta el 19 de diciembre de 2012. Así mismo, se evidencia que
en el artículo 3 de este Acuerdo se dispuso que el despacho de la magistrada ingresara
al reparto normal de procesos a partir de la fecha.
6.1.6 Por su parte, el médico laboral de la EPS Salud Total sostiene
que no es necesario emitir incapacidad alguna porque (i) la pérdida de
capacidad visual de la actora se encuentra principalmente en su ojo izquierdo, es
decir, la actora no tiene una incapacidad continua que le impida el desarrollo
de sus labores; y aclara que (ii) las restricciones laborales no implican la
expedición de incapacidades médicas, pues su objetivo es lograr que la persona
realice sus actividades normalmente.
6.2  EXAMEN DE LA PROCEDENCIA DE LA
ACCIÓN DE TUTELA
6.2.1 La accionante solicita (i) dejar sin efecto el numeral
tercero del Acuerdo   No. PSAA12-9714 del 3 de octubre de 2012, el cual
consagra que “…A partir de la fecha, el despacho de la Magistrada objeto de
descongestión ingresará al reparto normal de procesos…” y en su lugar, se
protejan sus derechos a la salud, a la vida digna y al debido proceso y; (ii) ordenar
a la entidad accionada que dé cumplimiento al acto administrativo proferido por
la vicepresidenta de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia, mediante el cual ordenó la ejecución de la medida de
restricción laboral consistente en la suspensión del reparto de expedientes.
6.2.2 Para iniciar, es importante recordar que la Corte
Constitucional ha establecido como regla general la improcedencia de la acción
de tutela ante la existencia de otros mecanismos ordinarios que garanticen
efectivamente la defensa de los derechos fundamentales invocados.
6.2.3 A la luz de lo expuesto, esta Sala debe analizar si
la comunicación que firmó la Vicepresidenta del Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia es un acto administrativo, con el fin de determinar si
la actora puede acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
para solicitar el amparo de sus derechos.
Al respecto, se observa
que la comunicación emitida el 17 de julio de 2012, se trata de un oficio que la
vicepresidenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia remitió a la
Coordinadora de la Oficina Judicial de la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Antioquia- Chocó, mediante el cual le envía la copia de la medida
relativa a la suspensión del reparto que adoptó el médico de la EPS.
En este orden de
ideas, del contenido del oficio CSJA-SA12-2639 no puede derivarse la
consecuencia que le otorga la actora, en el sentido de que el Acuerdo No.
NPSAA12-9714 del 3 de octubre de 2012 revoca de manera unilateral y sin
motivación alguna un acto administrativo que consagró la medida de restricción
laboral a su favor. Esta afirmación no es cierta porque el oficio
CSJA-SA12-2639 no es un acto administrativo, sino que se trata de una
comunicación que puso en conocimiento la medida emitida a favor de la actora
por el médico laboral de la EPS, con el fin de que su situación fuera
tenida en cuenta por la autoridad competente y también se considerara como
sustento de las decisiones relativas a la grave crisis de congestión que
enfrenta la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia.
Por otro lado,
frente al Acuerdo No. NPSAA12-9714, aunque es susceptible de ser atacado ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no se torna en un mecanismo
idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales invocados, por
lo menos, por dos razones: (i) ante la demora en su resolución y (ii) porque
además su análisis estaría circunscrito al análisis de la legalidad del acto
administrativo y no a resolver cuestiones sobre la vulneración de las garantías
superiores de la actora.
6.2.4 Ahora bien, frente
a la vulneración del derecho a la igualdad que alega la peticionaria, quien
sostiene que no se aplicó un criterio diferenciado que tomara en consideración su
pérdida de capacidad visual, esta Sala observa que tampoco existen mecanismos
de defensa judicial para solicitar la protección invocada.
6.2.5 Agregado a lo anterior, la Sala evidencia que la
accionante se encuentra en situación de vulnerabilidad (i) por su pérdida de
capacidad visual y (ii) por cuestiones de género.
6.2.6 En consecuencia, ante la inexistencia  de otros
mecanismos ordinarios que garanticen efectivamente la defensa de los derechos
invocados, la situación de vulnerabilidad de la actora, y por tratarse de un
asunto de relevancia constitucional, la acción de tutela se abre paso como el
mecanismo idóneo para invocar el amparo de los derechos fundamentales a la
salud, a la vida digna, al debido proceso, al trabajo y a la igualdad.
6.3       ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES INVOCADOS.
6.3.1     La señora Nancy Ávila de Miranda considera que la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vulneró sus derechos
fundamentales a la salud y a la vida digna, al desconocer la medida de
restricción que emitió el médico laboral de su EPS sobre la suspensión del
reparto de expedientes a su despacho y, en cambio, designarle un auxiliar
judicial con funciones de lectura y digitación como fórmula de descongestión.
Por su parte, la entidad accionada
considera que la enfermedad de la peticionaria es de carácter general y según
certificación del oftalmólogo de la Clínica de San Diego, es susceptible de
corrección. Por estas razones, aduce, no se encuentra en situación de
discapacidad.
Igualmente, explica, una vez adoptó la
medida de descongestión para el despacho de la magistrada con el fin de
garantizarle su derecho a la salud, decidió asignarle el reparto normal de
procesos para garantizar la prestación del servicio público de administración
de justicia.
El juez de primera instancia, sostiene que
si un trabajador no puede cumplir con sus funciones por su estado de salud
mental o físico, debe aceptar, e incluso propiciar, que la entidad promotora de
salud emita una incapacidad. Además, cuestiona porqué si la restricción laboral
consiste en la suspensión total del reparto no se le otorgó una incapacidad
laboral a la actora para proteger su derecho a la salud. Por lo anterior,
decidió no tutelar los derechos invocados pero advirtió a las entidades
vinculadas al proceso de tutela que deben cumplir con las responsabilidades
asignadas a cada una de ellas para que las medidas adoptadas por el Consejo
Superior de la Judicatura, realicen los fines de la administración de justicia,
y la salud mental y física de quienes prestan sus servicios en la rama
judicial, especialmente en el área penal en donde se presenta una alta carga
laboral.
En segunda instancia, se expuso que la
actora podía sufrir un mayor deterioro en su salud visual porque la entidad
accionada había adoptado una medida diferente a la que había recomendado el
médico laboral de la EPS de la actora. Específicamente, adujo, la determinación
de designar un auxiliar judicial al despacho de la actora con fines de lectura
y digitación no fue valorada por medicina laboral para evaluar su pertinencia
con relación al estado de salud de la actora. En consecuencia, decidió revocar
la decisión de primera instancia y, en su lugar, ordenó la suspensión de los
efectos del Acuerdo PSAA12-9714 del 3 de octubre de 2012, hasta tanto la EPS Salud
Total emitiera un concepto sobre la pertinencia de la medida adoptada para
asegurar el derecho a la salud de la accionante, y en caso afirmativo, la
medida se adoptara de manera progresiva en un término de 6 meses, con el objeto
de que no se le impusiera el reparto en un 100% de forma inmediata.
En este contexto, la Corte deberá analizar
si la medida adoptada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
(i) vulneró el derecho fundamental a la salud de la actora, y además, si está
decisión, desconoció el contenido de otras garantías, como el derecho al
trabajo y al empleo, y a la igualdad.
6.3.2     Con respecto a la protección del derecho a
la salud de la peticionaria, esta Sala evidencia, por un lado, que
el médico laboral de la EPS Salud Total emitió una restricción laboral el 25 de
junio de 2012 relativa a la suspensión del reparto de expedientes, cuyo fin es
que la magistrada Ávila de Miranda pueda superar el atraso que presenta su
despacho originado por la alta carga laboral que tiene la Sala Penal del Tribunal
Superior de Antioquia, como también por las dificultades que presenta la actora
para leer y digitar, en razón a su pérdida de capacidad visual y, de otro
lado, que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
emitió el Acuerdo No. PSAA12-9714 del 3 de octubre de 2012 mediante el cual
adoptó una medida de descongestión para el despacho de la accionante
consistente en la designación de un auxiliar judicial con funciones de lectura
y digitación, para proteger su derecho a la salud, y como consecuencia de ello,
decidió, contrario a lo dispuesto por el médico laboral, ingresar a su despacho
en el reparto normal de procesos para garantizar el buen funcionamiento de la
administración de justicia.
Como puede observarse las dos medidas tienen el
propósito de proteger el derecho a la salud de la actora, sin embargo, al igual
que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, esta
Corporación considera que la entidad accionada adoptó una medida encaminada,
entre otras finalidades, a proteger el derecho a la salud de la señora Nancy
Ávila de Miranda sin consultar con las autoridades médicas acerca de su
pertinencia, con lo cual puso en alto riesgo el estado de salud físico y
emocional de la actora. Sobre el punto, se subraya, el empleador no es la
autoridad competente para decidir cuáles son las medidas que protegen en mayor
grado la salud de sus empleados porque para ello se encuentra destinado el
personal médico y los profesionales en el área de la salud.
Sin embargo,
está irregularidad en el marco de la orden emitida por el juez de segunda
instancia quedó superada, pues en sede de revisión el médico laboral y el
oftalmólogo conceptuaron a favor de la decisión de nombrar un auxiliar en el
despacho de la actora con fines de lectura y digitación, siempre y cuando
tuviera el carácter de permanente.
Siguiendo
adelante con el análisis de esta medida, llama la atención lo siguiente: respecto
del médico laboral, que la decisión de suspender el reparto al despacho de
la actora se adoptó sin establecer un límite en el tiempo. Sin embargo, señaló
que esta orden debe operar hasta que la actora supere el atraso en el que se
encuentra, y una vez alcanzada esta meta, su reparto debe ser gradual, sin
presentar mayores explicaciones.
Frente a
la entidad accionada, que en realidad el Acuerdo regula una medida de
descongestión con el propósito de asegurar el buen funcionamiento de la
administración de justicia, la cual se pensó atendiendo a la pérdida de
capacidad visual de la actora.
De lo
anterior, puede concluirse que el médico laboral adoptó la medida de
restricción laboral desde una perspectiva médica, sin tomar en consideración el
impacto de dicha decisión en la prestación del servicio de la administración de
justicia ni en el ejercicio del derecho al trabajo de la actora, cuya materia
principal se da a través del reparto de expedientes. Con esto, no se pretende
cuestionar su decisión, la cual emitió desde su perspectiva médica para
garantizar la estabilidad física de la actora, sino poner en evidencia la
necesidad de abordar la discapacidad desde una perspectiva integral, máxime cuando
ha afirmado, al igual que el oftalmólogo, que la pérdida de capacidad visual de
la actora no le impide el ejercicio de sus funciones y que puede realizar sus
actividades laborales normalmente con restricciones de lectura y digitación.
Por su parte, la entidad demandada abordó esta
situación desde una perspectiva asistencialista, esto es, como el médico
laboral emitió la restricción de la suspensión del reparto de expedientes, sin
tomar en consideración la situación particular de la Sala Penal del Tribunal
Superior de Antioquia, la Sala Administrativa expidió el Acuerdo del 3 de
octubre de 2012, a través del cual decidió replantear en sus propios términos
la medida de la EPS Salud Total, así: si la razón por la cual la actora no puede
tener un reparto en condiciones normales como el resto de sus compañeros es en
razón a su pérdida de capacidad visual, una de las soluciones que proceden es
nombrarle un auxiliar para que cumpla funciones de lectura y digitación, con lo
cual consideró superada la causa que estaba impidiéndole a la actora cumplir
con sus labores y sobre todo garantizar el buen funcionamiento de la administración
de justicia.
En este punto, se observa que la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura confunde dos situaciones que merecen
tratamientos distintos, estas son: la congestión judicial que se presenta en la
Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia y las medidas específicas que
requiere la actora en razón a su circunstancia de discapacidad. Al respecto, es
importante anotar que frente a la crisis de congestión judicial que se presenta
en la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, la entidad accionada debe
adoptar las órdenes que considere pertinentes para hacer frente a esta
situación, las cuales, en ningún caso, deben confundirse con las adecuaciones
específicas que requiere la actora para ejercer sus funciones como magistrada
de dicho órgano colegiado. En otras palabras, deben diferenciarse, de un
lado, las medidas de descongestión que proceden frente a la crisis que
atraviesa la Sala Penal de este Tribunal, y de otro lado, las decisiones que
deben adoptarse a favor de la actora para garantizarle el desarrollo de sus
tareas judiciales.
Bajo la
anterior perspectiva, se vislumbra que el objetivo principal de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se centró fundamentalmente
en buscar una salida a la congestión particular del despacho de la actora -lo
cual sin duda, está ligado con su derecho a la salud- pero no responde a las
necesidades particulares de la magistrada en razón a la discapacidad visual que
presenta. Aunque la entidad accionada sostiene que se trata de una pérdida de
capacidad visual que puede corregirse, según el diagnóstico allegado al
expediente los síntomas son de carácter degenerativo, progresivo e
irreversible.
Por lo tanto, en los términos del artículo 25 de la
Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, la
entidad competente, en este caso, Salud Total, es quien debe seguir brindándole
a la actora el disfrute del más alto nivel posible de salud, el acceso a sus
servicios teniendo en cuenta su género como también la rehabilitación en
relación con su diagnóstico.
En resumen, la Sala encuentra que aunque la
restricción laboral emitida por el médico laboral de la EPS protege el derecho
a la salud de la actora, ésta resulta desproporcionada frente a la realización
del contenido de otras garantías como el trabajo y el servicio público de la
administración de justicia; por cuanto la medida adoptada no tiene en cuenta que
el reparto de expedientes constituye la base del desarrollo de las labores de
la peticionaria al igual que el resto de sus compañeros de Sala, que como quedó
probado tienen una alta congestión judicial en sus despachos.
Lo mismo ocurre frente a la decisión adoptada por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, esto es, aunque la
Corte comparte que la situación de la actora no sólo debe abordarse desde una perspectiva
médica, la entidad accionada se preocupa principalmente de proveer una solución
frente al servicio público de la administración de justicia, adoptando una
medida que también fortalece el paradigma asistencialista, cuando la magistrada
tiene todas las capacidades para desarrollar sus actividades y lo que necesita
es realizar sus actividades con autonomía. En consecuencia, su análisis debió
ser más amplio y cuestionarse acerca de los límites que tiene la servidora
judicial para desarrollar las tareas propias de su cargo, como también si estos
obstáculos constituyen una vulneración de su derecho a la igualdad y al
trabajo.
Por tanto, para la Corte, las medidas adoptadas en el
caso de la peticionaria, no responden de manera integral a sus necesidades
específicas, lo cual implica que tenga que realizar un mayor esfuerzo que el
resto de sus compañeros de Sala para desarrollar su labor; en consecuencia, se
encuentran comprometidos sus derechos a la igualdad y al trabajo, como se
verá a continuación.
6.3.3    De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia, en la actualidad la discapacidad es abordada desde el modelo
social, esto es, partiendo de la base de que es una realidad[25]. En particular, uno de
los tipos de discapacidad más común de las personas en edad de trabajar (15-59
años) es la visual, que incluye a la población que no puede ver aún utilizando
gafas[26].
Desde esta perspectiva, la discapacidad
surge principalmente del fracaso de la adaptación del entorno social a las
necesidades y aspiraciones de las personas con discapacidad, no de su
incapacidad de adaptarse al ambiente. En este sentido, la Declaración para la
Igualdad de Oportunidades de esta población, explica que la forma de
organización de la sociedad sirve a la exclusión de las personas en
circunstancia de discapacidad. Por ejemplo, la no adaptación del entorno físico
en los lugares de trabajo contribuye a la marginación de esta población y
constituye un obstáculo para la realización del proyecto de vida que cada persona
se ha trazado. Por esta razón, es importante que el ambiente físico laboral,
por ejemplo, tenga en cuenta las diferentes discapacidades para lograr la
integración social de esta población y garantizarle el ejercicio pleno de todos
sus derechos.
Además, es importante reiterar que
tratándose de esta población la accesibilidad física es un elemento del
contenido del derecho al trabajo y que a la luz del artículo 27 de la CDPCD se
les debe garantizar su acceso a empleos en el sector público, incluyendo a
quienes se puedan llegar a encontrar en dicha circunstancia en ejecución de sus
labores.
Para el logro de un entorno laboral
inclusivo, deben realizarse los ajustes razonables cuando se requieran en un
caso particular para garantizar que las personas gocen o ejerzan, en igualdad
de condiciones frente a quienes no se encuentren en dicha circunstancia, de
todos sus derechos y libertades.
En el caso concreto, se encuentra
acreditado que la accionante cuenta en la actualidad con 51 años de edad;
presenta una discapacidad visual bajo el diagnóstico de “degeneración macular
en ambos ojos”, la cual tiene el carácter de progresiva y degenerativa; tiene
una larga trayectoria al servicio del Estado (27 años)[27]; accedió desde el año
2007 al cargo de magistrada del Tribunal Superior de Antioquia, luego de
superar un concurso público de méritos y; el médico laboral y el oftalmólogo
consideran que su diagnóstico no le impide ejercer las funciones que le exigen
su cargo, pero con algunas restricciones de lectura y digitación.
Lo anterior, evidencia que más allá de una
medida que genere dependencia para el desarrollo de sus funciones, como la
designación de un auxiliar judicial, lo que requiere son acciones afirmativas
por parte del Estado que atiendan a su circunstancia particular de pérdida de
capacidad visual, fortalezcan su autonomía y realicen todos sus derechos
fundamentales, en particular, el derecho al trabajo y empleo, en igualdad de condiciones,
frente a sus compañeros de Sala. En este punto cabe mencionar que en el caso de
la peticionaria, su condición de discapacidad y de género, tienen una doble
connotación en términos de discriminación, lo cual también debe considerarse al
momento de elegir las medidas a adoptar para proteger no sólo el buen
funcionamiento de la administración de justicia sino los derechos y libertades
de la accionante.
Entonces, si la discapacidad visual que
presenta la actora ha sido atendida desde la perspectiva del sistema de salud,
dentro del cual su EPS le ha brindado las prestaciones económicas y
asistenciales requeridas, a la luz de lo establecido en la Convención de los
Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en particular, acerca de
promover la permanencia de las personas en esta circunstancia en el sector
público, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, como
empleador de la actora, es quien debe adecuar el entorno físico a sus
necesidades, realizando los ajustes razonables que requiere de acuerdo con la
discapacidad visual que presenta, adecuaciones que, no debe olvidarse, hacen
parte del contenido de su derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Por
ejemplo, en el plano de la comunicación, estos ajustes se concretan a
través de la implementación de las herramientas tecnológicas que le permitan la
visualización de textos, sistemas auditivos, dispositivos multimedia de fácil
acceso, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos
aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la
información y las comunicaciones de fácil acceso. Entre estos, pueden contarse
la máquina inteligente de lectura Allreader y el software de lector de pantalla
Jaws para Windows, como lo expuso el INCI en su intervención.
Sin embargo, de las
pruebas obrantes en el plenario puede colegirse que el Consejo Superior de la
Judicatura no cuenta con una política para responder a las necesidades de los
trabajadores de la rama judicial que presentan una disminución de su capacidad
visual, parcial o total, con el fin de garantizar el cumplimiento de sus
labores[28].
Así se vislumbra de la información contenida en los oficios allegados en sede
de revisión, en donde la entidad accionada se limitó a explicar que en el
formulario de inscripción para participar en el concurso público de méritos de
la rama judicial, se encuentra un ítem en el que la persona puede especificar
si tiene o no algún tipo de discapacidad, lo cual no responde a la pregunta de
cuáles son las medidas específicas con que cuenta el Consejo Superior de la
Judicatura para garantizar el acceso y el ejercicio del derecho al trabajo de
quienes se encuentran en dicha circunstancia, ni tampoco de quienes ya se
encuentran en el sistema de carrera judicial y que en ejecución de sus labores
puedan llegar a encontrarse en dicha situación.
Por todo lo expuesto, la Corte encuentra que la
entidad accionada, al no contar con un plan específico en el plano laboral para
responder a las necesidades de todas las personas que acceden a la carrera del
sistema judicial, incluyendo a quienes pueden llegar a encontrarse en dicha
circunstancia en ejecución de sus labores, vulneró los derechos fundamentales
de la actora al trabajo y empleo, e igualdad.
6.3.4     En consecuencia, independientemente del resultado de
la valoración por la Junta de Calificación de Invalidez sobre la pérdida de
capacidad laboral de la actora – ya que se encuentra acreditado que la
peticionaria puede desempeñar con idoneidad y competencia sus funciones, pero
que en razón al entorno físico y cultural excluyente que la rodea no ha tenido
la oportunidad de ejercer plenamente sus derechos- dictará las siguientes
órdenes:
6.3.4.1
Inmediatas
6.3.4.1.1
Como una medida provisional,
confirmará parcialmente la orden emitida por la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, en el sentido de que el Consejo Superior de la Judicatura
debe prorrogar la medida adoptada en el Acuerdo No. PSAA12-9714 del 3 de
octubre de 2012, designándole al despacho de la actora un auxiliar judicial que
cumpla con labores de lectura y digitación, mientras se realizan los ajustes
razonables en su entorno físico, que le permita ejercer plenamente su derecho
al trabajo y empleo, con autonomía y libertad. Para el efecto, el reparto
deberá realizarse de forma gradual, de acuerdo con las prescripciones que para
el efecto emita el médico laboral y el oftalmólogo tratante.
6.3.4.1.2   Ordenará a la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura que incluya dentro del Programa de Formación y Capacitación
TIC, que tiene como propósito incrementar los niveles de incorporación,
adaptación e integración de estas tecnologías en la Rama Judicial, las
necesidades de los funcionarios y empleados judiciales del país que aspiren a acceder
al sistema de carrera judicial como de aquéllos que se encuentran en situación
de discapacidad visual, total y/o parcial.
6.3.4.1.3   Ordenará a la EPS Salud Total que le brinde un proceso de rehabilitación integral a
la accionante en lo atinente a su salud física, sicológica y emocional, con el
fin de que la actora pueda asumir su circunstancia y logre alcanzar la
independencia y autonomía necesarias para el desarrollo de sus funciones como
servidora judicial.
6.3.4.1.4   Instará al Consejo Superior de la Judicatura
para que adelante una campaña de sensibilización dirigida a los servidores
públicos y personal administrativo que labora en el Tribunal Superior de
Antioquia, con el fin de generar un mayor compromiso y comprensión de las
circunstancias en las que viven las personas con diferentes discapacidades.
6.3.4.2
Mediano y largo plazo
6.3.4.2.1 Ordenará a la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura, que la magistrada Nancy
Ávila de Miranda cuente con la tecnología especializada que le permita acceder
de manera autónoma e independiente a los documentos que manipule diariamente
para el cumplimiento de su labor. Para el efecto, dispondrá que debe asesorarse
técnicamente del Instituto Nacional para Ciegos INCI.
6.3.4.2.2 Ordenará a la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, que la magistrada Nancy Ávila de Miranda pueda
acceder a la información contenida en los expedientes y demás documentos en
formatos para ser leídos a través de la tecnología especializada puesta a su
disposición, e igualmente dispondrá que debe buscar asesoría técnica en el Instituto
Nacional para Ciegos INCI.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de
Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo colombiano y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia emitida el cinco (05) de febrero de dos mil trece (2013) por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto revocó el fallo de
primera instancia y, en su lugar, tuteló el derecho a la salud de la
accionante.
SEGUNDO. ADICIONAR la sentencia proferida el cinco (05) de febrero de dos mil trece (2013)
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para TUTELAR
los derechos fundamentales de la actora al trabajo y empleo, e igualdad,
por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Como una medida provisional, confirmará parcialmente
la orden emitida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para que,
a partir de la notificación del presente fallo de tutela, el Consejo Superior
de la Judicatura prorrogue la medida adoptada en el Acuerdo No. PSAA12-9714 del
3 de octubre de 2012, por el término de seis (6) meses, designándole al
despacho de la actora un auxiliar judicial que cumpla con labores de lectura y
digitación, mientras se realizan los ajustes razonables en su entorno físico,
que le permitan ejercer plenamente su derecho al trabajo y empleo con autonomía
y libertad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia. Para el efecto, el reparto deberá realizarse de forma gradual, de
acuerdo con las prescripciones que emita el médico laboral y el oftalmólogo
tratante, las cuales deberán entregarse al empleador.
CUARTO. ORDENAR a la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, que dentro del término máximo de seis (6) meses,
contado a partir de la notificación del presente fallo de tutela, la magistrada
Nancy Ávila de Miranda cuente con la tecnología especializada que le permita
acceder de manera autónoma e independiente a los documentos que manipule diariamente
para el desarrollo de sus labores, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia, en particular, el numeral 6.3.3. Con el fin de dar
cumplimiento a la presente orden, deberá recurrir a la asesoría y asistencia
técnica del Instituto Nacional para Ciegos INCI.
QUINTO. ORDENAR a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que dentro del término de un (1) año, contado a
partir de la notificación del presente fallo de tutela, la magistrada Nancy
Ávila de Miranda pueda acceder a la información contenida en los expedientes y
demás documentos en formatos para ser leídos a través de la tecnología
especializada puesta a su disposición de acuerdo con lo expuesto en la parte
motiva, en particular, el numeral 6.3.3. Con el fin de dar cumplimiento a la
presente orden, deberá recurrir a la asesoría y asistencia técnica del
Instituto Nacional para Ciegos INCI.
SEXTO. ORDENAR
a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que, a partir de
la notificación del presente fallo de tutela, incluya dentro del Programa de
Formación y Capacitación TIC, que tiene como propósito incrementar los niveles
de incorporación, adaptación e integración de estas tecnologías en la Rama
Judicial, las necesidades de los funcionarios y empleados judiciales del país
que aspiren a acceder al sistema de carrera judicial como de aquéllos servidores
judiciales en situación de discapacidad visual, total y/o parcial.
SÉPTIMO. ORDENAR  a la EPS Salud Total que, dentro
del término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación
del presente fallo de tutela, inicie de inmediato el trámite tendiente a
brindarle un proceso de rehabilitación integral a la accionante en lo atinente
a su salud física, sicológica y emocional, con el fin de que pueda asumir su
circunstancia y logre alcanzar la independencia y autonomía necesarias para el
desarrollo de sus funciones como servidora judicial.
OCTAVO. INSTAR
al Consejo Superior de la Judicatura para
que, en el término de un (1) mes contado a partir de la notificación del
presente fallo de tutela, adelante una campaña de sensibilización
dirigida a los servidores públicos y personal administrativo que laboran en el Tribunal
Superior de Antioquia, con el fin de generar un mayor compromiso y comprensión
de las circunstancias en las que viven las personas con diferentes
discapacidades.
NOVENO. EXHORTAR
al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, para que
verifique la implementación de las leyes de integración social de las personas
en situación de discapacidad y de la Convención de los Derechos Humanos de las
personas con discapacidad, con el fin de garantizar el pleno ejercicio de los
derechos humanos de esta población, específicamente, en lo atinente al derecho
al trabajo y empleo en los cargos públicos.
DÉCIMO. COMUNICAR
la presente decisión al Procurador General de la Nación, al Defensor del
Pueblo, y al INCI para que, hagan un seguimiento del cumplimiento de esta
providencia.
DÉCIMO PRIMERO.
Por secretaría general librar las
comunicaciones de que trata el Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional,
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folio 28 del cuaderno principal
[2] Folio 29 del cuaderno principal
[3] Ver folio 155 del cuaderno principal
[4] Corte Constitucional, sentencia T-974 del 30 de noviembre de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[5] Corte Constitucional, sentencia T-207 del 12 de abril de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[6] Acerca de la noción de ambiente físico, el arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, Javier Peinado Pontón, señaló: “(…) Cuando ustedes se
refieren al ambiente físico, nosotros lo llamamos paisaje o naturaleza. En
términos de geografía equivale a todo el mundo natural, el entorno natural e
intervenido y el entorno físico; y este entorno físico tiene significado, tiene
razón de ser para los humanos en la medida en que está ocupado; la
significación se la da la vida social y la cultura” Tomado de PEINADO PONTÓN,
Javier, “Hábitat y Discapacidad” en “Discapacidad e Inclusión Social.
Reflexiones desde la Universidad Nacional de Colombia”, octubre de 2005,
Maestría en Discapacidad e Inclusión Social de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Pág. 287.
[7] Es importante hacer una nota sobre la noción de discapacidad y
especialmente subrayar que todos los seres humanos estamos avocados a convivir
con esta circunstancia: “(…) En este sentido me he dado cuenta de que la
discapacidad, como la enfermedad, es connatural a la condición humana. O sea
que, inevitablemente el desarrollo de una persona avanza hacia la pérdida de su
capacidad para intervenir laboralmente, para operar con autonomía en los
ámbitos en que se mueve. Insisto, la independencia ocupacional, el autocuidado,
la asunción de las responsabilidades que se tienen a nivel familiar y toda
suerte de participaciones sociales, con el tiempo se van perdiendo (…)” Tomado
de GUERRERO Juan, “Discapacidad, discapacitados y expertos” en “Discapacidad e
Inclusión Social. Reflexiones desde la Universidad Nacional de Colombia”, octubre de 2005, Maestría en Discapacidad e Inclusión
Social de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Pág. 82.
[8] Corte Constitucional, sentencia T-823 del 21 de octubre de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Múñoz
[9] Corte Constitucional, sentencia T-594 del 15 de diciembre de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[10] Ibídem
[11] Sentencia C-531 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[12] Corte Constitucional, sentencia T-770 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[13] FRASER, Nancy, “La justicia social en la
era de la política de identidad: redistribución, reconocimiento y
participación” en Revista de Trabajo, número 6, año 4, agosto- diciembre, 2006,
pp. 83-99.
[14] Corte Constitucional, sentencia T-207 del 12 de abril de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Múñoz
[15] Corte Constitucional, sentencia T-823 del 21 de octubre de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Múñoz
[16] Ibídem
[17] Ver las Sentencia T-288/95  y T-378/97 MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[18] Corte Constitucional, sentencia C-401 del 20 de mayo de 2003. M.P. Alvaro Tafur Galvis
[19] Ibídem
[20] Corte Constitucional, sentencia T-117 del 13 de febrero de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[21] Ibídem
[22] Sobre el acto discriminatorio por omisión
del deber de trato especial pueden consultarse, entre otras, las sentencias
T-378 de 1997, C-381 de 2005, T-068 de 2006, T-1248 de 2008, C-640 de 2009.
[23] Ibídem
[24] Corte Constitucional, sentencia T-288 del 5 de julio de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Múñoz
[25] “En ese sentido, la
discapacidad va más allá de un problema de salud individual y, por tanto,
afecta al individuo en relación con su familia y en su integración social. En
la práctica, no necesariamente es una desventaja; es la situación que la rodea
y la falta de oportunidades para superar el problema lo que genera tal
condición (Ministerio de la Protección Social, 2008). En efecto, la discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complejo conjunto de
condiciones, muchas de las cuales son creadas por el contexto social…” tomado de Discapacidad y Derecho al Trabajo, César Rodríguez
Garavito y Laura Rico Gutiérrez de Piñeres (Coordinadores), ediciones Uniandes,
2009.
[26] Ibídem
[27] Folio 6 del cuaderno principal
[28] En este sentido, mediante los oficios allegados en sede de
revisión se limitó a explicar que en el formulario de inscripción para
participar en el concurso público de méritos de la rama judicial, se encuentra
un ítem en el que la persona puede especificar si tiene o no algún tipo de
discapacidad, lo cual no responde a la pregunta de cuáles son las medidas
específicas con que cuenta el Consejo Superior de la Judicatura para garantizar el acceso y el ejercicio del derecho al trabajo de quienes se
encuentran en dicha circunstancia, ni tampoco de quienes ya se encuentran en el
sistema de carrera judicial y que en ejecución de sus labores puedan llegar a
encontrarse en dicha situación.