T-040-16
Sentencia T-040/16
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Procedencia excepcional de la acción de tutela para su
protección cuando el trabajador se encuentra en estado de debilidad manifiesta
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONAS EN SITUACION DE
DEBILIDAD MANIFIESTA E INDEFENSION POR DETERIORO DEL ESTADO DE SALUD-Reiteración
de jurisprudencia
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Sujetos
de especial protección por parte del Estado y de la sociedad
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD-Contenido
y alcance
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DERECHO A LA ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA-Reiteración
de jurisprudencia
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON EL ESTADO-Concepto
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-No puede suscribirse para
desempeñar funciones de carácter permanente de la administración
RELACION LABORAL-Configuración
Existirá una relación laboral
o reglamentaria según el caso cuando: “i)
se presten servicios personales, ii)
se pacte una subordinación que imponga el cumplimiento de horarios o
condiciones de dirección directa sobre el trabajador y, iii) se acuerde una
contraprestación económica por el servicio u oficio prestado.” Además de los tres elementos propios de
las relaciones laborales, la permanencia en el empleo es un criterio
determinante para reconocer si en un caso concreto se presenta una relación
laboral.
PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE
FORMALIDADES EN RELACIONES LABORALES-Aplicación
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA CON
LIMITACIONES FISICAS, PSIQUICAS O SENSORIALES-Garantías
contenidas en la Ley 361 de 1997 y jurisprudencia constitucional sobre su
aplicación
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Orden para celebrar nuevo contrato de prestación de servicios
con accionante
Referencia: expediente
T-5.168.539
Acción de tutela instaurada por
Héctor Javier Guzmán Rincón contra la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales                     -ANLA-.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Bogotá, D.C., nueve (9) de febrero de dos
mil dieciséis (2016).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los
magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Alejandro Linares Cantillo, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
1.
La demanda de tutela
El señor Héctor Javier Guzmán Rincón,
interpuso acción de tutela contra la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA- por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo
vital, al trabajo, a la seguridad social, al debido proceso y a la estabilidad
laboral reforzada. La conducta que causa la vulneración es la no prórroga del
contrato de prestación de servicios pactado con la accionada, desconociendo su
condición de debilidad manifiesta por su estado de salud –paciente con fibrosis
quística-  y sin autorización de la autoridad competente.
Frente a lo anterior, el ciudadano solicitó
al juez de tutela ordenar su reintegro y el pago de la indemnización por
despido sin el cumplimiento de requisitos legales.
2.
Hechos
relevantes
2.1. A los 9 años de edad el
ciudadano Héctor Javier Guzmán Rincón fue diagnosticado con fibrosis
quística[1],
enfermedad que según el actor es “crónica letal y de evolución progresiva
hacia el deterioro, de carácter irreversible, sin posibilidad actual de
rehabilitación, sin cura conocida y de pronóstico reservado.”
2.2. Desde el 01 de septiembre de
2012 hasta el 30 de abril de 2015, el accionante ejecutó cuatro contratos de
prestación de servicios con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales[2],
así:
Primer contrato: contrato de prestación de servicios profesionales No. 506 de 2012
del 04 de septiembre de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales para
apoyar técnicamente en el área física a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-, en la proyección de conceptos técnicos de evaluación y
seguimiento y de Certificación de Emisiones de Prueba Dinámica Físico, tanto de
Uso Propio como de Comercialización en cumplimiento de la Resolución 910 de
junio 5 de 2008, que reglamenta las emisiones para motocicletas, vehículos
automóviles y de carga y la Resolución 2604 de 29 de diciembre de 2009, que
reglamenta las emisiones para vehículos que serán incorporados al sistema de
trasporte público de pasajeros y motocarros.
Valor del contrato: $17.680.000
Segundo contrato: contrato de prestación de servicios profesionales No. 174 de 2013
del 21 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales -ANLA- en las actividades técnicas del área física, que
se requiera para la expedición y seguimiento a permisos y trámites ambientales.
Valor del contrato: $60.012.000
Tercer contrato: contrato de prestación de servicios profesionales No. 170 de 2014
del 14 de enero de 2014 al 31 de octubre de 2014.
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar
las actividades técnicas de expedición y seguimiento a permisos y trámites
ambientales competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-.
Valor del contrato: $51.000.000
Cuarto contrato: contrato de prestación de servicios profesionales No. 186 de 2015
del 06 de enero de 2015 al 30 de abril de 2015.
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar la
revisión y aprobación de las solicitudes presentadas ante la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales -ANLA- con respecto al Certificado de Emisiones por
Prueba Dinámica.
Valor del contrato: $25.600.000
2.3. El actor manifestó que mensualmente
solicitaba permisos a la entidad para asistir a las citas médicas de control de
su enfermedad. Adicionalmente, en el mes de marzo de 2015 estuvo incapacitado
por 3 días, lo que demuestra que la accionada -hace mención a la señora Claudia
Victoria González Hernández- tenía conocimiento de su situación de salud y con
motivo de ésta no le renovó el contrato.
Prueba de la discriminación es que, al
reintegrarse de su incapacidad, sus labores las estaba realizando otra persona
y sin justificación alguna, ni autorización de la autoridad laboral competente,
decidieron no prorrogarle el contrato de prestación de servicios que culminó en
abril de 2015.
2.4. A la fecha de presentación de la acción
de tutela  -25 de junio de 2015- se encontraba desempleado, y por tanto, sin
recursos económicos para responder por él y por la manutención de su mamá quien
tiene 60 años de edad.
2.5. La enfermedad que padece es fibrosis
quística, catalogada como huérfana, de difícil tratamiento y motivo del
fallecimiento de dos de sus hermanas.
3.
Respuesta de la entidad accionada y las
vinculadas
3.1. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
-ANLA- solicitó negar
la acción de tutela argumentando que:
3.1.1.
El accionante se
vinculó con la ANLA mediante contrato de prestación de servicios profesionales,
es decir, no tuvieron una relación laboral y, en consecuencia, no le era
aplicable la estabilidad laboral reforzada.
3.1.2.
La entidad no tenía
conocimiento de la enfermedad del señor Héctor Guzmán. Negó que la subdirectora
de instrumentos, permisos y trámites ambientales -Claudia Victoria González
Hernández-  conociera el estado de salud del accionante. En cuanto a los
permisos para ir al médico, argumentó que, por tratarse de un contrato de
prestación de servicios, el contratista no tenía la obligación de pedir permiso
para ausentarse de sus labores.
3.1.3.
Ante el desconocimiento
de la enfermedad del actor, la accionada expuso que la culminación del contrato
se produjo con ocasión al vencimiento del término inicialmente pactado para su
ejecución.
3.1.4.
Respecto de la persona
que dice haber encontrado haciendo sus funciones, fue una decisión adoptada por
la entidad teniendo en cuenta  el requerimiento que él mismo realizó donde
sugería la contratación de más personas para desarrollar las funciones del
grupo de prueba dinámica, por ser insuficientes las existentes.
3.1.5.
Finalmente, adjuntó los
contratos de prestación de servicios profesionales pactados con el accionante[3].
3.2. Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible solicitó su
desvinculación por falta de legitimidad en la causa por pasiva pues la entidad
no tiene injerencia alguna en los hechos que indica el accionante.
4.
Decisiones
judiciales objeto de revisión
4.1. Primera instancia: Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
-Sala Laboral-, del 10 de julio de 2015[4].
Negó la acción de tutela. Consideró que:
(i) el vínculo entre las partes fue un contrato de prestación de servicios y no
uno de naturaleza laboral; (ii) en dicho contrato se pactó un término de
finalización del mismo por lo tanto, no existió un despido; (iii) debido a lo
anterior, no se puede predicar la necesidad de la autorización de la autoridad
del trabajo. Adicionalmente, (iv) el actor no logró probar el conocimiento de
la ANLA sobre su estado de salud, ni la configuración de un perjuicio
irremediable y, en consecuencia, (v) debe acudir al juez ordinario competente
donde se evaluará la existencia o no de un contrato realidad.
4.2. Impugnación
El señor Héctor Javier Guzmán insistió en
que la señora Claudia Victoria González Hernández sí tenía conocimiento de su
enfermedad pues su tratamiento requiere continuos controles médicos.
4.3. Segunda instancia: Sentencia de la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación
Laboral-, del 26 de agosto de 2015
Confirmó el fallo del juez de primera
instancia. Consideró improcedente la acción de tutela por ausencia del
requisito de subsidiariedad pues, a su juicio, las pretensiones del actor deben
ser ventiladas ante el juez ordinario laboral donde se adelantará un amplio
debate probatorio en torno a los hechos planteados, máxime cuando no se encuentra
configurada la existencia de un perjuicio irremediable.
5.
Actuación adelantada en la Corte
Constitucional
5.1. En desarrollo
del trámite de revisión, el magistrado ponente consideró necesario disponer de
mayores elementos de juicio que le permitieran esclarecer la situación fáctica
del asunto sometido a estudio. Para ello, ordenó:
PRIMERO. Por Secretaría General de esta Corporación, OFÍCIESE al
señor Héctor Javier Guzmán Rincón para que dentro del término de dos (2) días
hábiles siguientes al recibo de la notificación de esta providencia, informe:
(i)
Acorde con su historia clínica, durante la
vigencia de los contratos de prestación de servicios ¿cuántas veces acudió al
médico para el tratamiento de su enfermedad? especifique fechas. De ser
posible, adjuntar la historia clínica.
(ii)
Durante la vigencia de los contratos de
prestación de servicios ¿cuántas veces fue incapacitado con motivo de su
enfermedad? especifique las fechas. Adjuntar documentación.
(iii)
¿Los permisos que dice haber solicitado para
asistir al médico a qué persona, dentro de la entidad accionada, le fueron
presentados? ¿Alguien dentro de la entidad debía autorizar sus inasistencias al
trabajo? Adjuntar documentación.
(iv)
¿Cuál fue el trámite impartido a las
incapacidades? ¿A qué persona, dentro de la entidad accionada, se las entregó?
Adjuntar documentación.
(v)
¿Usted cumplía horario? De ser afirmativa la
respuesta ¿Cuál era el horario laboral? ¿si incumplía dicho horario había
alguna consecuencia?
(vi)
En el desarrollo del contrato ¿existió
continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador
que facultara a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo? De ser afirmativa la
respuesta, ¿en qué consistía dicha subordinación?
(vii)
En términos prácticos ¿considera que el objeto
del contrato era el mismo en todos los contratos de prestación de servicios pactados
con la entidad?, es decir, sus funciones fueron las mismas desde el primer
contrato hasta el último o variaron con el cambio de contrato.
SEGUNDO. Por Secretaría General de esta
Corporación, OFÍCIESE a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
-ANLA-, para que dentro del término de dos (2) días hábiles siguientes al
recibo de la notificación de esta providencia, informe:
(i)
¿La ANLA tenía conocimiento de la enfermedad
diagnosticada al accionante? ¿Eran constantes los permisos solicitados por el
actor para asistir al médico?
(ii)
¿La señora Claudia Victoria González Hernández,
vinculada con la entidad, tenía conocimiento de la enfermedad del actor?
(iii)
¿El señor Héctor Javier Guzmán Rincón cumplía un
horario?
(iv)
En el desarrollo del contrato ¿existió
continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que facultara a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo?
(v)
¿Cuál fue la justificación para la no renovación
del contrato de prestación de servicios pactado con el accionante?
(vi)
¿Actualmente, alguien ejerce las funciones que
desarrollaba el accionante en vigencia de su contrato?
5.2. Héctor Javier Guzmán Rincón
(i)
Acorde con su historia clínica, durante la
vigencia de los contratos de prestación de servicios ¿cuántas veces acudió al
médico para el tratamiento de su enfermedad? especifique fechas. De ser
posible, adjuntar la historia clínica.
Rta. Del 11 de noviembre de 2012 al 5 de
marzo de 2015, tuvo que acudir al médico en 39 ocasiones, en virtud de su
diagnóstico de fibrosis quística -adjunta historia clínica-.
(ii)
Durante la vigencia de los contratos de
prestación de servicios ¿cuántas veces fue incapacitado con motivo de su
enfermedad? especifique las fechas. Adjuntar documentación.
Rta. Fueron dos incapacidades: del 22 de
octubre al 4 de noviembre de 2014 y del 05 al 07 de marzo de 2015 -adjunta las
incapacidades-.
(iii)
¿Los permisos que dice haber solicitado para
asistir al médico a qué persona, dentro de la entidad accionada, le fueron
presentados? ¿Alguien dentro de la entidad debía autorizar sus inasistencias al
trabajo? Adjuntar documentación.
Rta. Los
permisos se solicitaron de manera verbal a las personas a cargo durante cada
periodo, a ellas también les informó con soportes médicos escritos sobre su
estado de salud y los cuidados a los que debía someterse. Señala un link de un
programa realizado por la Superintendencia Nacional de Salud donde expone su
caso.
(iv)
¿Cuál fue el trámite impartido a las
incapacidades? ¿A qué persona, dentro de la entidad accionada, se las entregó?
Adjuntar documentación.
Rta. En
ambos casos la incapacidad fue presentada al subdirector de turno quienes
ordenaban dejar una copia con la Sra. Nancy Galindo, quien archivaba el
documento.
(v)
¿Usted cumplía horario? De ser afirmativa la
respuesta ¿Cuál era el horario laboral? ¿si incumplía dicho horario había
alguna consecuencia?
Rta. Hasta
diciembre de 2014, no exigían un horario específico, simplemente se exigía el
cumplimiento de metas y tiempos en la entrega de los conceptos técnicos y
revisiones solicitadas en los productos del contrato. A partir de enero de
2015, la ANLA exigió una disponibilidad horaria de 7:00 am a 6:00 pm, por
reuniones que la subdirectora programaba a las 7:00 am.
(vi)
En el desarrollo del contrato ¿existió
continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador
que facultara a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo? De ser afirmativa la
respuesta, ¿en qué consistía dicha subordinación?
Rta. Sí
existía subordinación, siempre se exigía el cumplimiento de los términos de ley
y de las metas internas de la subdirección para dar respuesta a los usuarios en
cuanto a las peticiones realizadas.
(vii)
En términos prácticos ¿considera que el
objeto del contrato era el mismo en todos los contratos de prestación de servicios
pactados con la entidad?, es decir, sus funciones fueron las mismas desde el
primer contrato hasta el último o variaron con el cambio de contrato.
Rta. Las
funciones pactadas en los contratos variaron en dos oportunidades.
5.3. Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales:
(i)
¿La ANLA tenía conocimiento de la enfermedad
diagnosticada al accionante? ¿Eran constantes los permisos solicitados por el
actor para asistir al médico?
Rta. La ANLA no tenía conocimiento de la enfermedad
del accionante, y siendo el vínculo un contrato de prestación de servicios no
debía solicitar permisos para ir al médico.
(ii)
¿La señora Claudia Victoria González
Hernández, vinculada con la entidad, tenía conocimiento de la enfermedad del
actor?
Rta. No.
(iii)
¿El señor Héctor Javier Guzmán Rincón cumplía
un horario?
Rta. No, sus obligaciones contractuales estaban
ligadas a la realización de una serie de actividades y a la entrega de
productos que le fueran asignados.
(iv)
En el desarrollo del contrato ¿existió
continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que facultara a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo?
Rta. No. Sin embargo, sus funciones las
debía cumplir teniendo en cuenta los plazos establecidos por las normas legales
que rigen la materia para el trámite de aprobación de los certificados de
emisiones por prueba dinámica, respecto del cual al señor Guzmán le
correspondía realizar la revisión y aprobación de dichas solicitudes. Para
ello, utilizaba un sistema de información denominado SILA, herramienta que
determina el proceso de expedición de licencias.
(v)
¿Cuál fue la justificación para la no renovación
del contrato de prestación de servicios pactado con el accionante?
Rta. La decisión de no contratarlo obedeció
estrictamente a la discrecionalidad y autonomía con la que cuentan las
entidades públicas para decidir con quién o quienes deciden contratar.
(vi)
¿Actualmente, alguien ejerce las funciones
que desarrollaba el accionante en vigencia de su contrato?
Rta. No. La entidad tenía a su disposición
dos profesionales para desarrollar las funciones que ejecutaba el accionante,
luego de la terminación del contrato del actor, solo cuenta con una persona.
II.
FUNDAMENTOS
1.
Competencia
La Corte Constitucional es competente para
revisar la decisión judicial mencionada, con base en la Constitución Política
-artículos 86 y 241 numeral 9- y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991
-artículos 31 a 36[5].
2. Problema jurídico a resolver
El señor Héctor Javier Guzmán Rincón, quien
desde el año 2012 estuvo vinculado a través de varios contratos de prestación
de servicios con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-,
interpuso acción de tutela contra dicha entidad por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales como consecuencia de la no renovación del contrato de
prestación de servicios que tenía con la accionada, desconociendo su condición
de salud -fibrosis quísticas- y sin autorización de la autoridad laboral
competente. El actor pretende que el juez de tutela ordene su reintegro y el
pago de la indemnización por despido sin el cumplimiento de requisitos legales.
La ANLA expuso que si bien el contrato del
actor no fue prorrogado, no fue como consecuencia de su estado de salud, pues
la entidad no tenía conocimiento de dicha situación.
Por su parte, los jueces de instancia
negaron el amparo considerando que: (i) la acción de tutela no cumplía con el
requisito de subsidiariedad al no demostrarse la configuración de un perjuicio
irremediable; (ii) existía controversia entre si la entidad conocía o no el
estado de salud del actor; y (ii) se trataba de un contrato de prestación de
servicios que no generaba una relación laboral.
Acorde con lo anterior, le corresponde a la
Sala resolver si ¿la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales vulneró los
derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la seguridad social y a
la estabilidad laboral reforzada del señor Héctor Javier Guzmán Rincón como
consecuencia de la no prórroga del contrato de prestación de servicios pese a
ser un paciente diagnosticado con fibrosis quística y sin la autorización de la
autoridad competente?
Con el fin
de resolver el problema jurídico planteado, la Sala reiterará su jurisprudencia
sobre el requisito de subsidiariedad para la procedencia de la acción de tutela.
Posteriormente, al analizar el derecho a la estabilidad reforzada para personas
con discapacidad o en condición de debilidad manifiesta en las distintas
opciones productivas o de generación de ingresos, se hará énfasis en: (i) los
fundamentos constitucionales y legales de la protección reforzada, (ii)
precedentes de protección del derecho cuando el vínculo es un contrato de
prestación de servicios; (iii) los sujetos que cobija la protección reforzada y
(iv) las reglas jurisprudenciales para la aplicación de la protección reforzada.
Finalmente, se resolverá el caso concreto.
3. Procedencia general de la acción de
tutela. Reiteración de jurisprudencia
3.1.
Subsidiariedad de la acción de tutela
3.1.1.  El artículo 86 de la Constitución dispone que:
“Toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.
La protección consistirá en una
orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se
abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá
impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Esta acción solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En ningún caso podrán transcurrir
más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.
La ley establecerá los casos en
los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la
prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente
el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado
de subordinación o indefensión” (Negrilla fuera del texto).
Por su parte, el artículo 6º del Decreto
2591 de 1991 prescribe que la procedencia de la acción de tutela deberá ser
apreciada en concreto, considerando (a) su eficacia y (b) las circunstancias
del accionante[6].
3.1.2. Recientemente, en la Sentencia SU-355 de 2015, la Corte
Constitucional unificó su jurisprudencia respecto del principio de
subsidiariedad. En este pronunciamiento la Corte concluyó que este requisito
hace referencia a dos reglas: (i) regla de exclusión de procedencia y
(ii) regla de procedencia transitoria.
3.1.2.1.
La primera implica declarar la improcedencia de
la acción cuando en el ordenamiento está previsto un medio judicial idóneo y
eficaz[7] para defenderse de una agresión iusfundamental. Al respecto
la Corte considera que:
“El medio debe
ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente apto para producir el
efecto protector de los derechos fundamentales. Además, debe ser un medio
eficaz, esto es, que debe estar diseñado de forma tal que brinde oportunamente
una protección al derecho.
Para determinar
la concurrencia de estas dos características, deben examinarse los
planteamientos fácticos de cada caso y establecerse (i) si la utilización del
medio o recurso de defensa judicial existente tiene por virtud ofrecer la misma
protección que se lograría a través de la acción de tutela[8]; (ii) si es
posible hallar circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado no
haya promovido los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance[9]; (iii) si la
persona que solicita el amparo es un sujeto de especial protección constitucional,
y por lo tanto su situación requiere de particular consideración.”[10]
De comprobarse que el medio judicial
alternativo no es idóneo ni eficaz, el juez de tutela será competente para
adoptar decisiones definitivas respecto de la cuestión sometida a su examen.
3.1.2.2.
La segunda, contiene la excepción de la regla
general y procede cuando, a pesar de existir tales medios judiciales la acción
de tutela es procedente transitoriamente para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable:
“La Corte ha
señalado que corresponde a quien solicita el amparo mostrar por qué la tutela
es una medida necesaria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable
en contra del afectado[11].
Al respecto, la
Corte ha establecido que un perjuicio tendrá carácter irremediable cuando
quiera que, en el contexto de la situación concreta, pueda demostrarse que[12]: (i) El perjuicio es cierto e inminente. Es decir, que “su existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir
de una evaluación razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o
deducciones especulativas”[13], de suerte que, de no frenarse la causa, el daño se generará
prontamente[14].
(ii) El perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con lesionar
con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de alta
significación para el afectado. (iii) Se requiere de la adopción de medidas
urgentes e impostergables, que respondan de manera precisa y proporcional a la
inminencia del daño ya que, de no tomarse, la generación del daño es
inevitable.”[15]
Es decir,
ante la existencia de un mecanismo judicial idóneo y eficaz donde el ciudadano
tenga la posibilidad de plantear la controversia, el interesado deberá
demostrar cómo, en su caso, es completamente necesaria la intervención del juez
de tutela para evitar la configuración de un perjuicio irremediable[16], situación que de
aprobarse por el juez hará procedente la acción de tutela como instrumento
transitorio de amparo.
3.1.3. En síntesis, (i) cuando el ciudadano cuenta
con otros mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces donde resolver las
cuestiones planteadas y no se configura un perjuicio irremediable, la acción de
tutela es improcedente; (ii) cuando el accionante no cuenta con otros
mecanismos judiciales idóneos y eficaces, las órdenes del juez de tutela son
definitivas; y (iii) excepcionalmente, cuando el afectado dispone de otros
mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces pero la actuación del juez es
necesaria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, el juez de
tutela podrá dar órdenes transitorias que brinden protección al derecho
fundamental hasta tanto el juez ordinario o la autoridad competente se
pronuncie sobre las pretensiones.
Previo al estudio
de procedencia de la acción de tutela en el caso concreto, y teniendo en cuenta
que la conducta que se reprocha supone el desconocimiento del principio
constitucional de la estabilidad reforzada, a continuación, la Sala reiterará
su jurisprudencia sobre la estabilidad reforzada de las
personas con discapacidad o en condición de debilidad manifiesta en las
distintas opciones productivas o de generación de ingresos. Con esto, se busca
determinar si el accionante es sujeto de esta prerrogativa, si su vínculo con
la entidad permite dicha estabilidad, si cuenta con otros mecanismos de defensa
judicial donde plantear sus pretensiones y/o si se configura un perjuicio
irremediable.
4.
La estabilidad reforzada de las personas
con discapacidad o en condición de debilidad manifiesta en las distintas
opciones productivas o de generación de ingresos[17].
Reiteración de jurisprudencia
5.1.
Fundamentos constitucionales y legales
de la protección reforzada
La
Constitución Política de Colombia contiene diferentes disposiciones que
protegen el derecho al trabajo. Así, el artículo 2º establece su condición de
principio fundante de la organización social, el artículo 25 lo cataloga como
derecho fundamental y el artículo 53 determina los principios mínimos que deben
observarse en el marco de las relaciones laborales, uno de ellos la estabilidad
en el empleo.
Concretamente,
el derecho a la estabilidad reforzada para personas en situación de  debilidad
manifiesta por razones de salud ha sido construido con apoyo a los mandatos
constitucionales contenidos en los artículos 1º, 13, 47, 54 y 95.
El artículo
13 de la Constitución Política establece la igualdad de derechos, consideración
y respeto para todos los ciudadanos. De una parte, en el inciso primero se
consagran la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación,
componentes esenciales de la dimensión formal de la igualdad. Por otra parte,
los incisos segundo y tercero, ordenan la adopción de un tratamiento
diferencial, de carácter favorable, frente a personas en condición de debilidad
manifiesta o vulnerabilidad, por medio de acciones positivas destinadas
a superar las desventajas de hecho que se presentan en la sociedad para
alcanzar así una igualdad material.
Es relevante
mencionar que los artículos 47 y 54 de la Carta consideran sujetos de
protección constitucional a las personas con discapacidad, y ordena a las autoridades
estatales la adopción de medidas adecuadas de protección, y a la sociedad
en su conjunto dirigir esfuerzos concretos para su integración social.
Especial
énfasis se debe hacer sobre el principio de solidaridad social, cuya fuente
normativa se encuentra en los artículos 1º y 95 de la Constitución. Dicho
principio ha sido explicado así:
“La
jurisprudencia constitucional ha explicado que el principio de solidaridad, por
regla general, debe ser objeto de desarrollo legislativo para que de éste se
deriven deberes concretos en cabeza de las autoridades. Sin embargo, también ha
señalado que este principio puede generar obligaciones impuestas directamente
por la Constitución frente a grupos vulnerables, precisamente por su relación
con el principio de igualdad material.”[18]
La Corte ha
explicado que el principio de solidaridad indicando que se trata de “un deber, impuesto a toda persona [y a las autoridades estatales] por el sólo hecho
de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del
propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en
interés colectivo”[19].http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-181-12.htm
- _ftn13 También ha manifestado la Corte que la solidaridad
posee una estructura compleja que abarca, al menos, las siguientes
dimensiones: “(i) [es] una pauta de comportamiento conforme a la cual
deben obrar las personas en determinadas ocasiones; (ii) un criterio de
interpretación en el análisis de las acciones u omisiones de los particulares
que vulneren o amenacen los derechos fundamentales; [y] (iii) un límite
a los derechos propios”[20].
En
desarrollo de estos mandatos, el Legislador expidió la Ley 361 de 1997,
adoptando medidas para la integración social de la población con discapacidad.
Por un lado, dispuso acciones positivas, tendientes a propiciar la contratación
de personas con discapacidad, instaurando una serie de incentivos crediticios,
tributarios y de prelación en procesos de licitación, adjudicación y
contratación con el Estado.
Por otro
lado, en su artículo 26, prohibió el despido discriminatorio de personas con
discapacidad, creando así una restricción constitucionalmente legítima a la
libertad contractual del empleador, quien solo está facultado para terminar el
vínculo después de solicitar una autorización a la Oficina del Trabajo, para
que ésta determine si existe una justa causa para la terminación del vínculo[21].
La sanción en caso de presentarse el despido de una persona con discapacidad
sin el citado permiso, es el pago de una indemnización equivalente a 180 días
de salario.
En la
sentencia C-531 de 2000[22],
la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de la disposición
considerando que el pago de la sanción no autoriza al empleador a despedir al
discapacitado, un despido de esa naturaleza carece de efectos, siendo
procedente por lo tanto, el reintegro del afectado, sin solución de continuidad
en materia de salarios y prestaciones sociales.
Citadas las
normas constitucionales y legales que protegen a las personas en situación de
discapacidad, la Sala considera necesario reseñar los casos jurisprudenciales
en los que se ha aplicado la protección reforzada a personas quienes su vínculo
con la entidad se basa en un contrato de prestación de servicios.
5.1.1. Jurisprudencia constitucional respecto de la estabilidad reforzada
en contratos de prestación de servicios
La
jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado la aplicación de la protección
constitucional en las diversas alternativas productivas, lo que incluye
el contrato de prestación de servicios. La Sala considera importante ahondar en
la jurisprudencia constitucional que desarrolla el tema, en aras de resolver el
caso concreto.
Han sido
varios los pronunciamientos de esta Corporación respecto de la protección
laboral reforzada para personas a quienes no se les prorrogó su contrato de
prestación de servicios pese a estar en situación de debilidad manifiesta por
su condición de salud. A continuación, se exponen algunas de las sentencias más
relevantes sobre el asunto:
5.1.1.1.
En la Sentencia T-1210 de 2008[23],
la Corte Constitucional se pronunció sobre el caso de una ciudadana a quien,
pese a encontrarse enferma[24],
la alcaldía accionada no le prorrogó su contrato de prestación de servicios.
En primer
lugar, la Corte se ocupó de exponer las características del contrato de
prestación de servicios celebrado con entidades estatales y su relación con el
contrato de trabajo. Al respecto dijo:
“Desde este
panorama, puede concluirse que, aún en el seno del contrato de prestación de
servicios, puede predicarse ciertas garantías de la que gozan las relaciones
laborales, al cobrar importancia los principios de estabilidad laboral a
ciertos sujetos y de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por las partes del contrato laboral, y en los eventos en que se pueda
advertir la desnaturalización del contrato de prestación de servicios”.
En segundo lugar, reiteró la
jurisprudencia constitucional acerca de la procedencia de la acción de tutela
para obtener el reintegro de una persona despedida por su condición de discapacidad,
concluyendo que: en el evento de comprobarse un nexo causal entre la desvinculación
y el estado de salud del trabajador, se configura una discriminación, y es
procedente la tutela como mecanismo de protección; de lo contrario dicho asunto
le corresponde resolverlo al juez ordinario.
Al resolver
el caso concreto, la Sala consideró que si bien la accionante estaba enferma
para el momento de terminación del contrato, no encontró configurados los
presupuestos para declarar la existencia de un contrato laboral, y tampoco el
nexo causal entre la no renovación del contrato y el estado de salud de la
accionante, teniendo en cuenta que la enfermedad no era evidente y el contrato
fue de apenas un mes. Consideraciones suficientes para negar el amparo.
5.1.1.2.
En la Sentencia T-490 de 2010[25], la
Corte conoció de dos casos de despido. Uno de ellos, el relevante para el caso
que esta Sala debe resolver, trató sobre una enfermera a quien no le fue
renovado su contrato de prestación de servicios por padecer algunas “limitaciones
físicas”[26]
que requerían terapias constantes.
En esta
oportunidad, se reiteró la estabilidad laboral reforzada de la que gozan las
personas en situación de debilidad manifiesta o indefensión al padecer una afección o alguna
enfermedad que afecta su estado de salud, resaltando la importancia del
principio de solidaridad, así:
“En virtud del principio de solidaridad social es
obligación del Estado y de los mismos particulares proteger a quienes están en
una condición de debilidad manifiesta y en caso de incumplirse con esa carga,
la autoridad competente tiene la facultad de intervenir y disuadir el
incumplimiento. Lo anterior por cuanto las normas constitucionales no se
interpreten únicamente de manera descriptiva, sino que son mandatos
prescriptivos de aplicación inmediata (arts. 13, 23, 29, 43, 44,
entre otros) de tal
forma que intervienen en las relaciones de los asociados y de estos con el
Estado”.
Dando
aplicación al principio de solidaridad y sin análisis previo de la existencia o
no de un contrato realidad, la Corte tuteló el derecho fundamental a la
estabilidad laboral de la accionante considerando que:
“En efecto, la Corte
Constitucional definió que sin importar el tipo de relación laboral y la
naturaleza de la discapacidad, todo trabajador en esta situación tiene derecho
a que se le garantice la estabilidad laboral reforzada por estar en una
condición de debilidad manifiesta. Por tanto, el empleador podrá únicamente
mediante autorización del inspector de trabajo y por una justa causa objetiva
desvincular al trabajador que presente una disminución física o psíquica en su
organismo”.
En síntesis,
en esta sentencia, se otorgó la protección a la estabilidad laboral reforzada
de la accionante, pese a estar vinculada mediante contrato de prestación de
servicios, al comprobarse que la no renovación fue consecuencia de la situación
de salud del accionante[27].
Por ende, ordenó a la entidad la renovación del contrato de prestación de
servicios.
5.1.1.3.
En la Sentencia T-292 de 2011[28], la
Sala Novena de Revisión conoció el caso de una señora que consideró vulnerados sus derechos a la estabilidad laboral
reforzada y al mínimo vital, debido a que la alcaldía accionada no le prorrogó
el contrato de prestación de servicios a pesar de estar incapacitada.
La Sala planteó el
siguiente problema jurídico: ¿la Alcaldía Municipal de la Dorada – Caldas –
vulneró  los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada y
el mínimo vital de la señora Carmen Rosa López Pineda, al no permitirle
continuar la relación laboral, durante la vigencia de la incapacidad laboral?
Para resolver el problema jurídico
planteado por la Corte, lo primero que determinó la Sala fue que el contrato de
prestación de servicios encubría un verdadero contrato laboral, y en virtud de
ello, aplicó la jurisprudencia respecto de la protección laboral reforzada para
personas en situación de debilidad manifiesta por su condición de salud, encontrando
que, en efecto, la accionante fue despedida en estado en incapacidad sin la
autorización de la autoridad competente y, por lo tanto, debía ser reintegrada
a su puesto de trabajo con las condiciones laborales a las que tenía derecho.
En esta providencia la Corte dio un giro a
su jurisprudencia pues ahora consideró necesario determinar la existencia de un
verdadero contrato de trabajo previo a la aplicación de las reglas sobre
estabilidad laboral reforzada; a diferencia de las sentencias anteriores que
consideraban que la estabilidad laboral reforzada era exigible en contratos de
prestación de servicios[29].
5.1.1.4.
En la Sentencia T-988 de 2012[30], la
Sala Primera de Revisión se encargó de resolver el asunto de una persona de 78
años de edad, quien tenía una vinculación con un hospital a través de un
contrato de prestación de servicios, el cual no fue renovado por su condición
de salud.
En esta oportunidad, la Corte reiteró la
posición de las sentencias T-1210 de 2008 y T-490 de 2010, al establecer que:
“Finalmente, en lo
atinente al ámbito material de protección, la Corporación ha señalado de manera
reiterada y uniforme que la estabilidad no depende de la denominación del
vínculo por el cual la persona logra ejercer una alternativa productiva. La
eficacia directa de la Constitución Política en lo que hace al principio de no
discriminación y el deber de solidaridad; y la existencia de deberes en cabeza
de toda la sociedad para la integración de la población con discapacidad, proscriben
una lectura que limite la protección al escenario específico del contrato de
trabajo, o a una modalidad determinada de este último.
La naturaleza del
vínculo, sin embargo, posee importancia al momento de determinar el alcance del
amparo, una vez constatada la violación al derecho a la estabilidad laboral
reforzada pues, a manera de ilustración, resulta claro que la terminación de un
vínculo de carácter laboral indefinido debe dar lugar al reintegro sin solución
de continuidad y, en caso de hallarse plenamente comprobada la actitud
discriminatoria del empleador, puede dar lugar a la condena al pago de la
indemnización de 180 días de salario. A su turno, cuando la opción productiva
es un contrato o una orden de prestación de servicios, el amparo se concreta en
declarar la ineficacia de la terminación del mismo, y ordenar su renovación por
un período igual al inicialmente pactado. Obviamente, si persiste el estado de
debilidad manifiesta del actor por razones de salud, la terminación del nuevo
contrato estará sometida a la existencia del permiso de la autoridad del
trabajo.”
Para el caso concreto la Sala consideró que no era adecuado analizar
la existencia de un contrato realidad, pues la edad del accionante -78 años-,
ya había superado el umbral de los 65 años de retiro forzoso, por lo que se
podría inferir que, en efecto, el Hospital no podía vincularlo laboralmente,
aunque sí podían las partes suscribir órdenes esporádicas de prestación de
servicios, de acuerdo con las necesidades del servicio.
En este sentido, la Corte concluyó que la no declaración de un
contrato realidad no constituía “un obstáculo para que la Sala otorgue la
protección constitucional al derecho a la estabilidad reforzada del actor en su
opción productiva y que, en atención a las circunstancias de vulnerabilidad que
enfrenta, por razones de enfermedad, se dicten las órdenes adecuadas de
protección.”
De esta manera, la Sala concedió el amparo en los siguientes
términos:
“En ese sentido, la Sala
declarará la ineficacia de la terminación del vínculo contractual entre las
partes, e inaplicará la cláusula de la última orden de prestación de servicios,
que establecía su duración hasta el 31 de diciembre de 2011. Ordenará, en
consecuencia, a la parte accionada el pago de los honorarios dejados de
percibir por el actor desde la ineficaz terminación del vínculo.
En atención a las
circunstancias de vulnerabilidad del actor, el amparo se extenderá hasta que el
actor recupere definitivamente su salud, de acuerdo con concepto de medicina
laboral; o hasta que la entidad obtenga autorización de la Oficina del trabajo
para darlo por terminada la relación contractual. Además, si la empresa pretende
alegar como causal de terminación la edad del actor, esta sólo podrá aplicarse
una vez se haya efectuado un análisis integral de la situación pensional del
actor por parte de la AFP a la que esté afiliado, proceso en el cual la entidad
accionada deberá acompañar al peticionario”.
Del análisis de este precedente se puede
concluir que: (i) la estabilidad laboral reforzada para personas en situación
de debilidad manifiesta por su estado de salud aplica para cualquier opción
productiva, bien sea laboral o civil; (ii) cuando el juez de tutela encuentra
evidencia de que un contrato de prestación de servicios encubre una verdadera
relación laboral, declarará el contrato realidad, ordenará el reintegro y condenará al pago de la
indemnización de 180 días de salario; y (iii) cuando el juez de tutela
no tiene los elementos suficientes para declarar la configuración del contrato
laboral, pero (a) evidencia que las condiciones especiales del accionante
-edad- requieren la actuación del juez constitucional y (b) determina  que la
no prórroga del contrato fue consecuencia del estado de salud del contratista;
(c) adoptarán las
medidas necesarias para que cese la vulneración.
5.1.1.5.
En la Sentencia T-761A de 2013¸ la Sala
Séptima de Revisión de Tutela, analizó el caso de una persona a quien no le
renovaron el contrato de prestación de servicios pese a que la entidad
accionada tenía conocimiento de la discapacidad del actor.
En esta
providencia, la Sala argumentó que la protección laboral reforzada, solo
amparaba a personas vinculadas a través de un contrato de trabajo y, por lo
tanto, cuando la protección constitucional se basa en la no renovación de un
contrato de prestación de servicios, es necesario determinar si este oculta un
contrato realidad. La Sala dijo:
“Esta Corporación debe pronunciarse sobre la posible vulneración de los
derechos a la vida digna, estabilidad laboral reforzada, y mínimo vital del
accionante, por parte de Centro Hospital Divino Niño E.S.E., al haberle
terminado su contrato de prestación de servicios, de manera abrupta y sin haber
contado con autorización de la oficina de Trabajo, encontrándose el actor
discapacitado.
Para dicho efecto, y con el
fin de determinar si existe estabilidad laboral reforzada en el caso, la
cual se predica de los contratos laborales, debe analizarse si realmente el
contrato del señor Bacca Veira es de prestación de servicios o si existe una
relación laboral con la accionada.
(…)
Así las cosas, efectivamente
puede afirmarse que la estabilidad reforzada, sí se debió respetar en este
caso, por cuanto se trata de una persona en situación de discapacidad, la cual
en realidad se encontraba ejecutando un contrato laboral y no uno de prestación
de servicios”.
De esta
manera, aunque no hizo mención de la Sentencia T-292 de 2011, adoptó la
misma razón de la decisión, esto es, verificar la configuración de los
requisitos de un contrato de trabajo y, luego sí, analizar los presupuestos
para determinar la existencia de discriminación en el despido.
5.1.1.6.
En conclusión, de la jurisprudencia analizada
podemos señalar que, en algunos pronunciamientos, la Corte consideró necesario
declarar la existencia del contrato realidad previo a otorgar la protección
constitucional; en otras ocasiones, la Corte no consideró pertinente analizar
la existencia del contrato realidad, sin embargo, otorgó la protección
constitucional.
De esta
manera, pese a encontrar diferentes métodos para resolver los problemas jurídicos
planteados, en ninguno de los pronunciamientos constitucionales se ha negado el
derecho con el único argumento de tratarse de un contrato de prestación de
servicios. Así, la Corte ha otorgado el derecho, o bien declarando previamente
la existencia de un contrato realidad o, en aplicación directa de la
Constitución, cuando se vislumbra la configuración de un perjuicio irremediable
por la inacción del juez de tutela, siempre y cuando se demuestre la calidad de
persona de especial protección y el nexo causal entre el despido y la condición
de salud del contratista.
Ahora bien, la relevancia que tiene el
determinar o no la existencia de un contrato realidad tiene como consecuencia
las órdenes a impartir en el caso concreto, (i) si se declara el contrato realidad
y se configura un despido en razón de la discapacidad, se deberá ordenar el
reintegro y se condenará
al pago de la indemnización de 180 días de salario; y (ii) si no se
demuestra la existencia de un contrato laboral, es necesario probar que: (a) la
situación de debilidad manifiesta del accionante requiere la actuación urgente
del juez de tutela con el fin de evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable y (b) que sea evidente que la no renovación del contrato fue
consecuencia del estado de salud del contratista; cumplidos los requisitos, el
juez de tutela proferirá
las órdenes que considere necesarias para superar la vulneración.
- El contrato de prestación de servicios
con entidades del Estado y la declaración del contrato realidad por vía de tutela
El numeral
3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993[31],
define el contrato de prestación de servicios, así:
“Son contratos de prestación de
servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos
contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o
requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos
contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.”
En la
Sentencia C-154 de 1997[32], la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad de la norma
referida concluyendo que el contrato de prestación de servicios se celebra con
el Estado cuando la función de la administración no puede ser ejercida por
personal vinculado a la entidad oficial contratante o cuando requiere de
conocimientos especializados.
La Corte ha
entendido que el contrato de prestación de servicios con el Estado debe cumplir
siguientes características[33]:
(i) El
contratista adquiere una obligación de hacer, para ejecutar labores en razón a
su experiencia, capacitación y formación profesional en determinada materia.
Entonces, el objeto contractual consiste en la realización temporal de
actividades relacionadas con el objeto y finalidad para la cual fue creada y
organizada la entidad.
(ii) El
contratista goza de autonomía e independencia desde el punto de vista técnico y
científico. Lo anterior implica que dispone de un margen de discrecionalidad en
relación con la ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado, según
las estipulaciones acordadas.
(iii) Se trata de
un tipo de vinculación excepcional, motivo por el cual su vigencia es temporal,
es decir, por el tiempo indispensable para ejecutar el objeto contractual
convenido. Por consiguiente, en caso de que las actividades que se desarrollen
por medio de estos contratos demanden una permanencia indefinida, que exceda su
carácter excepcional y temporal, la entidad tiene la obligación de adoptar las
medidas y provisiones pertinentes para dar cumplimiento al artículo 122 de la
Carta Política.
(iv) Este tipo de
contratación no da derecho al reconocimiento de las prestaciones derivadas del
contrato de trabajo. No obstante, si se acreditan las características
esenciales de la relación laboral (prestación personal del servicio, salario y
subordinación), se desvirtuará la presunción establecida en la norma y surgirá
el derecho al pago de las prestaciones sociales en favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas.
Más adelante, en la Sentencia C-614 de 2009[34],
la
Sala Plena concluyó que la administración no puede suscribir contratos de
prestación de servicios para que se desempeñen funciones de carácter indefinido,
pues para ese efecto debe crear los cargos requeridos en la respectiva planta
de personal. Así las cosas, la Corte fijó cinco criterios para determinar el
concepto de permanencia de la función, a saber:
i) Criterio
funcional: implica que si la función contratada se refiere a aquellas que
usualmente debe adelantar la entidad pública, en los términos señalados en el
reglamento, la ley y la Constitución, debe ejecutarse mediante un vínculo
laboral.
ii) Criterio
de igualdad: si las labores desarrolladas por el contratista son las mismas
que las de los servidores públicos vinculados a la planta de personal de la
entidad, debe acudirse a la relación legal y reglamentaria o al contrato
laboral y no a la contratación pública.
iii) Criterio
temporal o de la habitualidad: si las funciones contratadas demuestran el
ánimo de la administración de emplear de modo permanente y continuo los
servicios de una misma persona y se encuentra que no se trata de un vínculo de
tipo ocasional o esporádico, se trata de una relación laboral.
iv) Criterio
de la excepcionalidad: si la tarea acordada corresponde a una “actividad
nueva” que no puede ser desarrollada por el personal de planta, o se requieren
conocimientos especializados, o de manera transitoria resulta necesario redistribuir
funciones por la excesiva carga laboral para el personal de planta, puede
acudirse a la contratación pública. Es decir que, si la gestión contratada
equivale al “giro normal de los negocios” de la entidad, las labores se deben
desempeñar por medio de una relación laboral y no contractual.
v) Criterio
de la continuidad: si la vinculación se realiza mediante contratos
sucesivos de prestación de servicios, para desempeñar funciones de carácter
permanente, la relación existente es de tipo laboral.
En conclusión,
existirá una relación laboral o reglamentaria según el caso cuando: “i) se
presten servicios personales,
ii) se pacte una subordinación que imponga el cumplimiento de horarios o
condiciones de dirección directa sobre el trabajador y, iii) se acuerde una
contraprestación económica por el servicio u oficio prestado.”[35]
Además de los tres elementos propios de las relaciones laborales, la
permanencia en el empleo es un criterio determinante para reconocer si en un
caso concreto se presenta una relación laboral.
Con todo, podría
ocurrir que el contrato de prestación de servicios encubra una verdadera
relación laboral. Por ello, el artículo 53 de la
Constitución prescribe los principios mínimos fundamentales que deben regir el
estatuto del trabajo, entre ellos, la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, del
cual surge el concepto de contrato realidad.
En este sentido, la misma Sentencia C-154
de 1997, hizo énfasis en que, las personas que consideren que su contrato de
prestación de servicios encubre un contrato laboral, podría “demandar
por la vía judicial competente el reconocimiento de la existencia de la
vinculación laboral y las consecuencias derivadas del presunto contrato de
trabajo relacionadas con el pago de prestaciones sociales.” En este
escenario el interesado podrá desplegar todo el aparato judicial y hará uso de
los medios probatorios necesarios para demostrar que existió un contrato de
trabajo, y no un contrato de prestación de servicios.
Entonces, si el
interesado considera que su contrato de prestación de servicios encubre una
verdadera relación laboral con la administración, debe acudir (i) a la justicia
ordinaria, cuando la relación se asimile a la de un trabajador oficial, o (ii)
a la jurisdicción contencioso administrativa, cuando el contratista desarrolle
el objeto del contrato en ejercicio de las mismas funciones que corresponderían
a un cargo de empleado público. Escenarios propios para plantear el debate.
Al respecto,
recientemente la Sección Segunda - Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, conoció de un caso en el que un ciudadano pretendía
el reconocimiento de un contrato realidad. En esa oportunidad la Sala consideró
que para declarar la existencia de un contrato realidad es necesario acreditar
los tres elementos propios de una relación de trabajo. A continuación se trascribe
los partes relevantes que para el caso corresponden:
“Así mismo, se ha
sostenido que entre contratante y contratista puede existir una relación de
coordinación en sus actividades, de manera que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad
encomendada, lo cual incluye el cumplimiento de un horario, o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar
informes sobre sus resultados, pero ello no significa necesariamente la
configuración de un elemento de subordinación.
(…)
Entonces, constituye requisito
indispensable para demostrar la existencia de una relación de trabajo, que el
interesado acredite en forma incontrovertible la subordinación y dependencia, y
el hecho de que desplegó funciones públicas, de modo que no quede duda acerca
del desempeño del contratista en las mismas condiciones de cualquier otro
servidor; siempre y cuando, de las circunstancias en que se desarrollaron tales
actividades, no se deduzca que eran indispensables en virtud de la necesaria
relación de coordinación entre las partes contractuales”.
En consecuencia, el cumplimiento de un horario no
necesariamente implica la configuración de un contrato de trabajo, pues puede
tratarse de una condición necesaria para el desarrollo eficiente de la
actividad encomendada. Por lo tanto, no debe confundirse subordinación y
dependencia con coordinación entre las partes contractuales.
Hasta aquí
se puede concluir que, es competencia de los jueces ordinarios[36] dentro del
proceso correspondiente y con los elementos de prueba que consideren
apropiados, determinar la configuración de los presupuestos mencionados para
declarar la existencia de un contrato realidad, lo cual conlleva la existencia
de un mecanismo de defensa judicial idóneo. Sin embargo, cuando dicho mecanismo
no es idóneo ni eficaz para el caso concreto, excepcionalmente, y en casos
donde sea evidente la configuración de un verdadero contrato laboral, el juez
de tutela puede declarar su existencia[37].
Esta
excepción es procedente únicamente cuando existe certeza de la afectación del
mínimo vital del accionante o de algún otro tipo de derecho fundamental[38],
que involucre la posible configuración de un perjuicio irremediable.
5.2.
Sujetos de protección constitucional:
personas en condición de discapacidad o en debilidad manifiesta
En
desarrollo de la Carta, la Corte ha considerado que la estabilidad laboral no
es una garantía que se traduzca en la permanencia indefinida o absoluta en los
puestos de trabajo, sino que se concreta por diversos mecanismos y en distintos
niveles de intensidad. Sin embargo, en desarrollo de la Carta, tanto la
Corte Constitucional como el Legislador, han establecido un nivel especial de
protección frente a personas que pertenecen a grupos vulnerables o en condición
de debilidad manifiesta, otorgándole a la estabilidad laboral un carácter
reforzado que constituye un derecho fundamental para sus titulares.
De
pronunciamientos anteriores, se puede concluir que el derecho a la estabilidad
laboral reforzada en las diversas alternativas productivas tiene por
titulares a: (i) mujeres embarazadas; (ii) personas con discapacidad o en
condición de debilidad manifiesta por motivos de salud; (iii) aforados
sindicales; y (iv) madres cabeza de familia.
En lo relacionado
con las personas con discapacidad o en
condición de debilidad manifiesta por motivos de salud, la Ley
361 de 1997[39]
establece lo siguiente:
“En ningún caso la limitación de una persona, podrá
ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha
limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el
cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser
despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la
oficina de Trabajo.
No obstante, quienes fueren
despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el
cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a
una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio
de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con
el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen
o aclaren”.
Reiteradamente[40],
la Corte ha determinado que la protección constitucional aplica tanto para las
personas que acreditan una discapacidad médicamente calificada por los órganos
competentes, como a las personas que se hallan en condición de debilidad
manifiesta por una condición de salud. Tan es así que en la Sentencia C-531 de
2000, la Corte al analizar la norma citada, estudió al sujeto de la disposición
como “persona con una
limitación física, sensorial o mental”, sin mencionar la necesidad de ser calificada como
tal. Al respecto dijo:
“Sólo en la medida en que para el tratamiento de la
situación particular de este grupo social afectado por una limitación física,
sensorial o mental, se realcen los valores fundantes constitucionales de la
dignidad humana, el trabajo y la solidaridad, es que adquiere verdadero sentido
el deber de protección especial de la cual son objeto precisamente por razón de
sus circunstancias de debilidad manifiesta frente al conglomerado social.
Constituye esta la vía para contrarrestar la discriminación que está allí
latente y que impone adelantar una acción estatal y particular que promueva
condiciones de igualdad material real y efectiva para estas personas, hacia la
búsqueda de un orden político, económico y social justo (C.P., Preámbulo y art.
13)”.
En ese orden
de ideas, darles un trato diferente a las personas en condición de debilidad
manifiesta por motivos de salud y a las personas calificadas como
discapacitados, desconoce los fundamentos constitucionales y, principalmente,
su relación con los principios de igualdad y solidaridad, pues resulta
discriminatorio tratar de igual manera a una persona sana que a una enferma,
este o no calificada.
Así, las
personas con discapacidad y aquellas que se encuentren en condición de
vulnerabilidad por razones de salud enfrentan una situación de debilidad social
que genera deberes derivados del principio de solidaridad, tanto para las
autoridades como para los particulares.
Desde el
punto de vista del derecho a la igualdad, las personas en condición de debilidad
manifiesta merecen un trato especial, de carácter favorable, por parte del
resto de la sociedad. Esas consideraciones operan de manera armónica al
principio de solidaridad, principio que impone a los empleadores y a la
administración pública brindar a la persona en condición de debilidad por
motivos de enfermedad un empleo estable brindándole una fuente de ingresos que
le permita perspectivas de realización personal, garantizando además el mínimo
vital propio y el de su familia.
Es necesario indicar que si bien ésta ha
sido la doctrina reiterada por la mayoría de las Salas de Revisión de la Corte
Constitucional, algunos magistrados han salvado o aclarado su voto, dando un
enfoque diferente a la estabilidad laboral reforzada para personas en situación
de debilidad manifiesta[41].
En dichos disentimientos se ha expuesto que
es diferente la protección brindada a las personas discapacitadas -que se
entienden calificadas-, a la protección otorgada a las personas en situación de
debilidad manifiesta, quienes si bien no han sido calificadas ven disminuido su
estado de salud. De esta manera, (i) la estabilidad reforzada del primer grupo
se otorga en aplicación de la Ley 361 de 1997 y por tanto, ante el despido de
una persona calificada como discapacitada sin la autorización de la autoridad
laboral competente, procede el pago de la indemnización prevista en la Ley y el
reintegro correspondiente. (ii) Respecto del segundo grupo, su protección no se
desprende de la ley sino directamente de la Constitución, por ello, al
comprobarse el despido de una persona en debilidad manifiesta no es procedente
el pago de una indemnización sino simplemente el reintegro, teniendo en cuenta
que la sanción se genera por la presunción contenida en la ley[42].
Con todo,
esta Sala asume la posición mayoritaria que considera que la Ley 361 de 1997,
que desarrolla principios Constitucionales, le es aplicable a personas que se
encuentren en situación de debilidad manifiesta bien sea porque su discapacidad
haya sido calificada o porque su salud se encuentre afectada por una disminución
física, sensorial o mental, sin que ello implique calificación[43].
5.3.
Reglas jurisprudenciales para la aplicación
de la protección laboral reforzada:
La Sentencia T-077 de 2014, entre muchas otras,
reiteró la Sentencia T-519 de 2003, estableciendo las siguientes reglas:
(i) La tutela no puede llegar al extremo de ser
considerada el instrumento para garantizar el reintegro de todas las personas
retiradas de un cargo, en la medida en que no existe un derecho fundamental general
a la estabilidad laboral. Sin embargo, en los casos en que la persona se
encuentra en una situación de debilidad manifiesta, la tutela puede llegar
a ser procedente como mecanismo de protección[44],
atendiendo las circunstancias particulares del caso.
(ii) El
concepto de “estabilidad
laboral reforzada” se ha aplicado en situaciones en las que personas que
gozan de ella, han sido despedidas o sus contratos no han sido renovados, en
claro desconocimiento de las obligaciones constitucionales y de ley, para con
las mujeres embarazadas, trabajadores aforados, personas discapacitadas u otras
personas en estado debilidad manifiesta.
(iii) Con
todo, no es suficiente la simple
presencia de una enfermedad o de una discapacidad en la persona, para que por
vía de tutela se conceda la protección constitucional descrita. Para que la
defensa por vía de tutela prospere, debe estar probado que la desvinculación
fue consecuencia de esa particular condición de debilidad, es decir, con
ocasión de embarazo, de la discapacidad, de la enfermedad, etc. En otras
palabras, debe existir un nexo causal entre la condición que consolida la
debilidad manifiesta y la desvinculación laboral[45].
6.
Caso concreto
6.1.
Presentación del caso:
El señor
Héctor Javier Guzmán Rincón, estuvo vinculado con la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales -ANLA-, a través de varios contratos de prestación de
servicios.
Desde el 01 de
septiembre de 2012 hasta el 30 de abril de 2015, el accionante ejecutó cuatro
contratos de prestación de servicios[46],
así: (i) contrato de prestación de servicios profesionales No 506 de 2012 del
04 de septiembre de 2012 al 31 de diciembre de 2012; (ii) contrato de
prestación de servicios profesionales No 174 de 2013 del 21 de enero de 2013 al
31 de diciembre de 2013; (iii) contrato de prestación de servicios
profesionales No 170 de 2014 del 14 de enero de 2014 al 31 de octubre de 2014;
y (iv) contrato de prestación de servicios profesionales No 186 de 2015 del 06
de enero de 2015 al 30 de abril de 2015.
El último contrato no fue prorrogado, según
el accionante, por su condición de salud, pues al estar diagnosticado con
fibrosis quística, son constantes las visitas médicas a las que tiene que
acudir, y las incapacidades a las que debe someterse.
Por todo lo anterior, interpuso acción de
tutela contra dicha entidad por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al mínimo vital, al trabajo, a la seguridad social, al debido
proceso y a la estabilidad laboral reforzada, pretendiendo la renovación de su
contrato.
La ANLA
expuso que si bien el contrato del actor no fue prorrogado, no fue como
consecuencia de su estado de salud, pues la entidad no tenía conocimiento de
dicha situación y que por tratarse de un contrato de prestación de servicios la
estabilidad reforzada no era procedente.
Los jueces
de instancia negaron el amparo considerando que: (i) la acción de tutela no
cumplía con el requisito de subsidiariedad al no demostrarse la configuración
de un perjuicio irremediable; (ii) existe controversia acerca de si la entidad
conocía o no el estado de salud del actor; y (ii) se trata de un contrato de
prestación de servicios que no genera una relación laboral.
Para
responder al problema jurídico planteado y acorde con las consideraciones
expuestas, deberá la Sala: (i) establecer si la acción de tutela cumple con el
requisito de subsidiariedad; (ii) determinar la existencia o no de un contrato
realidad; (iii) verificar si esta frente a una posible configuración de un
perjuicio irremediable; (iv) dar aplicación a las reglas sobre estabilidad reforzada
para estos casos.
6.2.
La acción de tutela cumple con el
requisito de subsidiariedad.
Lo primero que debe aclarar la Corte es que
el accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial cuyo trámite, en
condiciones normales, le permitiría para ventilar las pretensiones planteadas
por vía de tutela.
Sin embargo, el señor Héctor Javier Guzmán
Rincón padece fibrosis quística. Acorde con el historial clínico del accionante
y de las pruebas aportadas al proceso, son varios los indicios que permiten a
la Sala determinar la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra
el accionante por su estado de salud, pues su enfermedad está lejos de ser
catalogada como simple.
6.2.1. En primer lugar, la enfermedad que padece el actor es de aquellas
que la ley colombiana a denominadas huérfana[47].
En este sentido, la Ley 1392 de 2010 “Por
medio de la cual se reconocen las enfermedades huérfanas como de especial
interés y se adoptan normas tendientes a garantizar la protección social por
parte del Estado colombiano a la población que padece de enfermedades huérfanas
y sus cuidadores”, denomina las enfermedades huérfanas como aquellas “crónicamente
debilitantes, graves, que amenazan la vida y con una prevalencia menor de 1
por cada 2.000 personas, comprenden, las enfermedades raras, las ultrahuérfanas
y olvidadas. Las enfermedades olvidadas son propias de los países en desarrollo
y afectan ordinariamente a la población más pobre y no cuentan con tratamientos
eficaces o adecuados y accesibles a la población afectada.” (Resaltado
fuera del texto).
La misma ley ordena al Ministerio de la
Protección Social actualizar cada dos años la lista de las enfermedades
huérfanas. De esta manera, en la  Resolución 0430 de 2013 del Ministerio de
Salud y Protección Social la Fibrosis Quística fue catalogada como enfermedad
huérfana.
La condición que le da el Ministerio de
Salud a estas enfermedades: crónicamente debilitantes, graves y que amenazan la
vida, son elementos que sugieren una protección especial para sus portadores.
6.2.2.  En segundo lugar, de la historia clínica del accionante se
desprende que dos hermanas del señor Guzmán fallecieron como consecuencia de la
fibrosis quística, lo que sugiere a la Sala una amenaza para la vida del actor,
o por lo menos una situación que ubica al señor Guzmán en una situación
diferente a la de otros contratistas.
6.2.3. En tercer lugar, se demostró que en un poco más de dos años ha
tenido que acudir a control médico en 39 oportunidades, e incapacitado en dos
ocasiones; que el tratamiento de su enfermedad requiere medicación diaria y
terapias constantes; que, según el actor, es una de las personas con más edad
que padece esta enfermedad -generalmente pierden la vida a temprana edad-; todo
esto refuerza el argumento de debilidad manifiesta en que se encuentra el actor
frente a otros trabajadores.
6.2.4. Los dos hechos relatados, la amenaza a la vida del accionante y el
hecho de ser uno de los pacientes con más edad, encuentran relación en el
concepto psicológico que reposa en su historia clínica que señala: “se
detecta marcada dificultad en el paciente en lo que se refiere a la planeación
y proyección de futuro. Esta situación merma sus intenciones de relacionarse
afectivamente con los otros, e incrementa su sentido de urgencia por la
realización de proyectos cortos y de poco alcance. Al ahondar sobre esta
situación, pareciera que se encuentra relacionada con la percepción de
inestabilidad en tratamiento, ya que es uno de los pocos casos de esta
enfermedad que sobrepasa los 30 años de edad, y que refiere que la institución
y/o cuerpo médico tratante tampoco tiene claridad sobre el caso.”
6.2.5. Sumado a lo relatado, su grave situación de salud lo obliga a tener
una vinculación en salud de carácter primordial.
6.2.6. Todo lo anterior, lleva a la Corte a considerar que si bien el señor
Guzmán cuenta con mecanismos judiciales para su defensa, por su condición de
salud, éstos no pueden ser denominados eficaces. Así, someterlo a esperar que la justicia ordinaria
resuelva de fondo la controversia planteada, haría nugatoria la protección
efectiva de sus derechos constitucionales.
6.3.
Estabilidad reforzada aplicada a
contratos de prestación de servicios
Acorde con las consideraciones expuestas en
esta providencia, la estabilidad reforzada ha sido aplicada a contratos de
prestación de servicios por varias vías:
- La primera, señala que la estabilidad
laboral reforzada para personas en situación de debilidad manifiesta por su
estado de salud aplica a todas las  alternativas productivas, incluyendo al
contrato de prestación de servicios. Por lo tanto, no es necesario declarar un
contrato realidad y con solo demostrarse la discriminación, se debe ordenar
reintegro y pago de indemnización.
- La segunda, considera necesario declarar
la configuración de un contrato realidad para luego sí aplicar las reglas de
protección reforzada. Probada la existencia del contrato laboral y la
discriminación, se debe ordenar reintegro y pago de indemnización. En
estricto sentido no es un caso de contrato de prestación de servicios.
- La tercera, indica que se debe estudiar la
configuración de un contrato realidad, sin embargo, si no existen elementos
probatorios que permitan verificar su configuración, también se debe evaluar la
discriminación.
En este
evento, la relevancia del vínculo se circunscribe a las órdenes que el juez de
tutela debe proferir ante la actuación discriminatoria del empleador o del
contratista. De esta manera, si se demuestra que el contrato de prestación de
servicios oculta un verdadero contrato laboral, y probada la discriminación,
las ordenes serán el reintegro y el pago de la indemnización contenida en la
ley (vía 2). Contrario sensu, si no se configura un contrato de trabajo, pero
se prueba la discriminación, la órdenes estarán dirigidas a buscar que cese la
vulneración de derechos constitucionales de manera inmediata, lo que no implica
reintegro y pago de salarios pues esta orden es propia del contrato de trabajo.
La Sala acoge la tercera posición por
considerar que es la que más se ajusta al mandato constitucional de protección
de las personas en situación de debilidad manifiesta. Así, primero analizará
las pruebas obrantes en el expediente para determinar si el contrato realidad
encubría una verdadera relación laboral, para luego aplicar las reglas
correspondientes.
6.4.
Configuración de un contrato realidad
Como se mencionó en la parte considerativa de esta sentencia, para
que se proceda a declarar la existencia real y efectiva de una relación
laboral, deben mediar tres circunstancias específicas, a saber: (i) la
actividad personal del trabajador, (ii) la continuada subordinación o
dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para
exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo y (iii) un salario como retribución del servicio.
Ahora bien,
tratándose de entidades estatales, como es el caso de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales, estos contratos deben responder a ciertas
características para que, en efecto, sean considerados contratos de prestación
de servicios.
La Sala
considera que no cuenta con los elementos probatorios suficientes para
determinar la existencia de un contrato realidad por las siguientes razones:
6.4.1.  En la demanda de tutela el
accionante no expone, ni siquiera sugiere, la existencia de una verdadera
relación laboral. En estos términos, en ningún momento hace alusión a que su
contrato de prestación de servicios encubra una verdadera relación laboral.
6.4.2.  De las pruebas allegadas a
esta Corporación, tampoco es posible concluir con certeza la configuración de
un contrato laboral. En ellas tanto el accionante como la accionada coinciden
en que las funciones ejecutadas por el señor Héctor Guzmán respondían al “cumplimiento
de los términos de ley para dar respuesta a los usuarios en cuanto a las peticiones
realizadas”, situación que dista de ser una relación de dependencia y en cambio sí podría ser una
consecuencia necesaria para la ejecución del contrato.
6.4.3.  Por otra parte, el accionante dice que hasta diciembre
de 2014 no cumplía un horario -lo cual es un indicio de la no subordinación-, y
que a partir de 2015 “tácitamente” lo han obligado a cumplir con un
horario de 7:00 am a 6:00 pm porque la subdirectora programa reuniones a las
7:00 am “que exigían soporte técnico” del accionante. Como se reseñó en
las consideraciones, la jurisprudencia ha determinado que no debe confundirse
subordinación y dependencia con coordinación entre las partes contractuales
para el cumplimiento de las obligaciones asignadas.
6.4.4.  Si bien el accionante ha
estado vinculado a la entidad por un poco más de dos años, lo cual en principio
permitiría a la Corte desvirtuar la calidad de contrato de prestación de
servicios al vínculo entre las partes -por el requisito de temporalidad[48]-; considera
la Sala que este hecho es discutible, ya que durante dicho tiempo han sido
ejecutados cuatro contratos de prestación de servicios, en algunos de ellos con
objetos y funciones distintas[49].
6.4.5.   Igual déficit probatorio
encuentra la Sala al momento de determinar si se cumple el criterio funcional, de
igualdad, de excepcionalidad y de continuidad. De esta manera, si bien está
demostrado que sí se ejecutaron actividades por parte
del accionante y que en contraprestación recibía unos honorarios, la Sala no
encontró indicios que sugirieran la subordinación como requisito necesario para
la declaración de un contrato realidad.
6.4.6.  Por todo lo anterior, debe
ser la jurisdicción ordinaria competente la que resuelva, si el señor Guzmán
así lo requiere, la existencia de un verdadero contrato laboral. Allí, se
recaudarán las pruebas necesarias y se dará el debate normal que envuelve este
tipo de procesos.
Ahora bien,
carecer de elementos probatorios suficientes para declarar la existencia de una
verdadera relación laboral, no implica la inaplicación de la estabilidad
reforzada de la que son destinatarias las personas en situación de debilidad
manifiesta por su estado de salud[50].
Sin embargo, esta circunstancia obliga al juez a tener la certeza de
encontrarse frente a un caso que evidentemente requiere la protección
constitucional, pues en este escenario ya no se estaría dando aplicación a la
reglamentación legal sino directamente a los principios constitucionales.
6.5.
La Autoridad Nacional de Licencia
Ambientales vulneró el derecho constitucional a la estabilidad reforzada del
accionante – aplicación de las reglas jurisprudenciales
(i) Hasta aquí
podemos concluir que la acción de tutela no es un instrumento para garantizar
el reintegro de todas las personas retiradas de un cargo y menos aun cuando su
vínculo es un contrato de prestación de servicios, en la medida en que no
existe un derecho fundamental a la estabilidad en el empleo. Sin embargo,
excepcionalmente, cuando la persona se encuentra en una situación de
debilidad manifiesta y atendiendo las circunstancias particulares del caso, la
tutela puede llegar a ser procedente como mecanismo de protección[51].
Como se expuso en el numeral 6.2. la enfermedad que
padece el actor es fibrosis quística, una condición catalogada como
enfermedad huérfana que podría inclusive causarle la muerte. Tan es así, que
dos hermanas del accionante fallecieron como consecuencia de dicho diagnóstico.
Es decir, el dictamen médico del señor Guzmán no sugiere una simple dolencia
pasajera o de fácil superación, todo lo contrario, es un diagnóstico que
implica cuidados y medicación diaria.
Esta circunstancia especialísima es suficiente para
que la Sala considere al accionante como sujeto de especial protección
constitucional por su estado de salud y, por lo tanto, sujeto de la protección
reforzada.
(ii) El
concepto de “estabilidad
laboral reforzada” se ha aplicado en situaciones en las que personas en
estado debilidad manifiesta por su condición de salud, han sido despedidas o
sus contratos no han sido renovados, en claro desconocimiento de las
obligaciones constitucionales y de ley.
Como tantas veces se ha dicho, en casos excepcionales
la Corte ha aceptado la aplicación de la estabilidad reforzada para personas
vinculadas a través de un contrato de prestación de servicios. Sin embargo, al
ser una protección que deviene de la Constitución y no de la ley -la ley sólo
regula contratos laborales- no es viable ordenar el pago de la indemnización
con motivo de la probada discriminación, en estos eventos lo procedente es
proferir las ordenes que correspondan para que se supere la vulneración.
Por ejemplo, la declaración del contrato realidad, el
pago de prestaciones sociales y de salarios y todas aquellas acreencias a la
que el afectado considera tener derecho, corresponderá al juez ordinario, a
petición del interesado, resolverlas.  De esta manera el juez de tutela dará
una orden que permita superar de manera inmediata la vulneración.
Con esta fórmula, se busca, por un lado proteger al
sujeto de especial protección constitucional y por otro lado, no cargar a la
entidad contratistas con imposiciones que legalmente no estaría en la
obligación de soportar.
(iii) Debe
existir un nexo causal entre la condición que consolida la debilidad manifiesta
y la desvinculación laboral[52].
Este presupuesto generalmente requiere un
amplio debate probatorio, máxime cuando se trata de un contrato de prestación
de servicios donde, en principio, no es necesario pedir permisos para asistir
al médico o presentar las incapacidades al supervisor del contrato.
En materia probatoria la Corte ha
establecido que los casos de los trabajadores que se encuentren en situación de
vulnerabilidad por padecer algún tipo de limitación física que les impida
ejercer sus actividades, “recae sobre el empleador una
“presunción de despido sin justa causa”.  Esto implica que se invierte la
carga de la prueba y por tanto, el empleador debe demostrar que existen
causales objetivas y razonables para que el vínculo laboral se haya
quebrantado. En consecuencia, el empleador debe demostrar que el motivo del
despido no fue la limitación física del empleado”.
Por lo anterior, el empleador deberá
demostrar que existen causas objetivas para poder efectuar la terminación del
contrato. Estas causas deberán demostrar que la razón para terminar es
diferente a las limitaciones físicas o psíquicas que pueda padecer el afectado.
Haciendo una aplicación analógica de la
norma, en los casos de prestación de servicios, es la entidad contratista la
encargada de demostrar una causal objetiva para decidir la no prórroga del
contrato, la cual, por recaer sobre un sujeto de especial protección
constitucional, no se puede limitar al cumplimiento del término.
En el caso concreto, la ANLA expone dos
argumentos para desvirtuar la discriminación: (i) que no tenía conocimiento de
la enfermedad del accionante; y (ii) que no tenía la obligación de contratarlo
nuevamente.
(i)
Respecto del
conocimiento de la enfermedad la Sala considera que existen indicios para
determinar que dentro de la entidad sí se tenía conocimiento de la situación de
salud del accionante, a saber:
- Si bien la accionada se defiende
argumentando que por tratarse de un contrato de prestación de servicios, el
accionante no tenía que pedir permisos para acudir al médico, o presentar las
incapacidades, y por lo tanto nunca se enteraron de su enfermedad, lo cierto es
que en los contratos de prestación de servicios profesionales No. 170 de 2014 y
No. 186 de 2015, dentro de las obligaciones del contratista, en el numeral 13,
de la cláusula segunda dice: “informar a la ANLA la ocurrencia de incidentes,
accidentes de trabajo y enfermedades laborales”. Esta cláusula, aunque
genérica, es un indicio de la necesidad que tenía el contratista de anunciar su
estado de salud el cual, si bien no tiene un origen laboral, si incide en el
desarrollo de sus funciones, pues como antes si dijo, requiere de cuidados
constantes.
- Tan
es así que durante la ejecución de los contratos el señor Guzmán tuvo que
acudir en 39 ocasiones al médico: 11 de noviembre de 2012, 7 de diciembre de
2012, 12 de diciembre de 2012, 11 de enero de 2013, 12 de febrero de 2013, 4 de
marzo de 2013, 18 de marzo de 2013, 24 de marzo de 2013, 3 de abril de 2013, 06
de junio de 2013, 12 de junio de 2013, 24 de julio de 2013, 14 de septiembre de
2013, 11 de octubre de 2013, 15 de octubre de 2013, 16 de octubre de 2013, 23
de octubre de 2013, 5 de noviembre de 2013, 28 de noviembre de 2013, 23 de
diciembre de 2013, 14 de enero de 2014, 19 de febrero de 2014, 17 de marzo de
2014, 16 de abril de 2014, 07 de mayo de 2014, 15 de mayo de 2014, 06 de junio
de 2014, 16 de junio de 2014, 07 de julio de 2014, 26 de agosto de 2014, 08 de
septiembre de 2014, 14 de octubre de 2014, 17 de octubre de 2014, 22 de octubre
de 2014, 05 de noviembre de 2014, 10 de diciembre de 2014, 07 de enero de 2015,
25 de febrero de 2015 y 05 de marzo de 2015.
- Adicionalmente, durante la ejecución de
los contratos el accionante estuvo incapacitado en dos oportunidades: del 22 de
octubre al 4 de noviembre de 2014 y del 05 al 07 de marzo de 2015.
- Sumado a lo anterior, de los contratos se
desprende que las actividades desarrolladas por el accionante debían
desarrollarse en la misma entidad. De hecho, en respuesta a la prueba
solicitada la entidad accionada dice que es necesaria la presencia del accionante
en la ANLA, pues su herramienta de trabajo es un sistema de la entidad.
Adicionalmente, porque debe asistir a las reuniones que lo requieran. En estas
condiciones resulta por lo menos difícil admitir que el supervisor del contrato
no se haya enterado de las 39 ausencias al trabajo y de las incapacidades del
actor, una de ellas por 15 días.
- Por último, el actor asegura haber
entregado los sustentos de sus citas médicas, sus incapacidades y los cuidados
a los que debía someterse, a los coordinadores de área, dejando copia con una
de las empleadas de la entidad, quien archivaba el documento, de los cuales no
le daban una constancia de haberlo recibido.
(ii) Respecto de la causal objetiva para la
no prórroga de contrato, esto es, que no tenía la obligación de volverlo a
contratar, la Sala considera que esta afirmación desconoce los presupuestos
constitucionales que protegen a las personas en condición de debilidad
manifiesta, más tratándose de una entidad del Estado.
Acorde con la manifestación de la ANLA, el objeto del contrato aún
continúa, tan es así que actualmente otra persona está cumpliendo las funciones
que antes ejecutaba el señor Guzmán. Adicionalmente, la misma entidad se
contradice al decir que la contratación de esta persona se realizó teniendo en
cuenta la cantidad de trabajo que tenían en esa área, y posteriormente, luego
de la incapacidad del accionante, decide, sin mayor justificación, no
prorrogarle el contrato al accionante.
6.6.
Por todo lo anterior, se revocarán las sentencias
de instancia y se tutelará el derecho fundamental a la estabilidad reforzada
del señor Héctor Javier Guzmán Rincón, ordenando a la ANLA suscribir un nuevo
contrato con el accionante en las mismas o superiores condiciones.
Teniendo en
cuenta que, como ya se ha dicho, la protección no es absoluta, si la entidad
accionada considera que existe una causal objetiva -diferente al simple
cumplimiento del término del contrato- para no prorrogar el contrato suscrito
con el accionante con ocasión de ésta sentencia, deberá exponerle al señor
Héctor Javier Guzmán, de manera escrita, una razón objetiva que justifique
porque resuelve no prorrogar o acordar un nuevo contrato de prestación de
servicios.
III.
CONCLUSIÓN
1. Síntesis del caso
El señor Héctor Javier Guzmán Rincón,
estuvo vinculado a través de contratos de prestación de servicios con la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales                   -ANLA-. En el mes
de abril de 2015 su contrato finalizó y la entidad no lo prorrogó, desconociendo
su condición de sujeto de especial protección constitucional por su estado de
salud –padece fibrosis quística-  y sin autorización de la autoridad laboral
competente.
Por lo anterior, interpuso acción de tutela
contra dicha entidad, considerando vulnerados sus derechos fundamentales y
solicitando al juez de tutela ordenar su reintegro y el pago de la
indemnización por despido sin el cumplimiento de requisitos legales.
La Sala, pese a no contar con los elementos
suficientes para declarar la existencia de un contrato realidad, consideró que,
en efecto, la entidad accionada desconoció el derecho fundamental a la
estabilidad reforzada en el empleo del accionante, al no probar la existencia
de una causal objetiva que justificara la no prórroga del contrato del
accionante.
2. Decisión
(i) Revocar las sentencias de instancia,
(ii) tutelar el derecho fundamental a la estabilidad reforzada del señor Héctor
Javier Guzmán Rincón, (iii) ordenar a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, suscribir un nuevo contrato con el accionante.
3. Razón de la decisión
Se vulnera el derecho a la estabilidad
reforzada cuando (i) una entidad del Estado, (ii) no prorroga el contrato de
prestación de servicios de un sujeto en condición de debilidad manifiesta por
padecer de fibrosis quística, (iii) teniendo conocimiento de la enfermedad de
la persona, (iv) sin demostrar una causal objetiva, diferente al simple
vencimiento del término para la terminación del vínculo contractual, y (v) ante
la continuidad del objeto del contrato.
IV.
DECISIÓN
La Corte Constitucional de la República de
Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.- Revocar
la sentencia proferida por
la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral- el veintiséis (26) de agosto de dos
mil quince (2015) que confirmó el fallo proferido por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-, el diez (10) de julio de dos mil
quince (2015), por medio de la cual se decidió negar el amparo invocado por el
peticionario y, en su lugar, conceder la protección de los derechos
fundamentales a la estabilidad reforzada del señor Héctor Javier Guzmán Rincón.
Segundo.- Ordenar a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales celebrar un nuevo contrato de prestación de servicios con
el señor Héctor Javier Guzmán Rincón en las mismas o
superiores condiciones del contrato anterior. Una vez venza el término de duración de este nuevo contrato, y en
caso de considerar que existe una causal objetiva -diferente al simple
vencimiento del término del contrato- para no prorrogarlo, deberá exponerle al
señor Héctor Javier Guzmán, de manera escrita, una razón objetiva que justifique
la razón por la cual se resuelve no prorrogar o celebrar un nuevo contrato de
prestación de servicios.
Tercero.- Por Secretaría, líbrese la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con
salvamento parcial de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-040/16
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Tesis que plantea la sentencia respecto a la aplicación
frente a personas en situación de discapacidad o en condición de debilidad
manifiesta, es confusa (Salvamento parcial de voto)
CONTRATO REALIDAD-Requisitos se
encuentran probados en el caso concreto, y por lo tanto, la Corte debió
reconocer dicha situación en virtud del principio de supremacía de la realidad
sobre las formas (Salvamento parcial de
voto)
ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Parte resolutiva de
la sentencia debió señalar que el empleador sólo podía dar por terminado el
contrato de trabajo a través de los medios legales idóneos por cuanto sí
existió vínculo laboral (Salvamento parcial de voto)
Referencia: Acción de tutela instaurada por
Héctor Javier Guzmán Rincón contra la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
1. Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la
Corte Constitucional, a continuación presento las razones que me conducen a salvar
parcialmente el voto en la decisión adoptada por la mayoría de la Sala
Tercera de Revisión  en la providencia del 9 de febrero de 2016, mediante la
cual se ampararon los derechos fundamentales a la seguridad social y a la
estabilidad laboral reforzada del accionante. Si bien estoy de acuerdo con la
decisión adoptada en la Sentencia T-040 de 2016, lo cierto es que no comparto la argumentación de la providencia.
Considero que la tesis que plantea la sentencia respecto a la aplicación del
derecho de estabilidad laboral reforzada frente a personas en situación de
discapacidad o en condición de debilidad manifiesta, es confusa.
En efecto, la
sentencia admite que el derecho a la estabilidad laboral reforzada puede
aplicarse sin necesidad de analizar las características de “la opción
productiva”, por ejemplo, si es un contrato de prestación de servicios o
no. Para ello, se apoya en el concepto de “opción productiva”, y cita las Sentencias
T-988 de 2012 y T-901 de 2013, en las que se usa este término. No obstante,
considero que de las mencionadas sentencias no se deriva tal conclusión. En
efecto, en la Sentencia T-901 de 2013 se estudiaba el caso de una
accionante que tenía un contrato laboral con la Embajada de Egipto, por lo cual
la naturaleza del contrato no era objeto de discusión, ya que se trataba de un
verdadero contrato laboral.
Igualmente, en
la Sentencia T-988 de 2012, si bien se trataba de un contrato de
prestación de servicios, el accionante era un médico de 78 años. En este tipo
de actividades, que requieren una permanencia en el lugar de trabajo, horario,
entre otros aspectos, es posible deducir, de una forma más o menos clara, la
existencia de un contrato de trabajo bajo el principio de “primacía de la
realidad sobre las formas”.
Asimismo, la providencia cita la Sentencia
T-490 de 2010 y concluye que en ésta se estipuló que no era necesario el
análisis de la existencia de un contrato realidad para tutelar el derecho
fundamental de una persona en situación de debilidad manifiesta. No obstante, en
dicho caso la accionante era una auxiliar de enfermería, que tenía hijos a
cargo y que había sufrido un accidente laboral, situación que era especialmente
particular.
En este sentido, las Sentencias T-490 de
2010 y T-988 de 2012 no constituyen de forma enfática el precedente que el
proyecto sugiere, esto es, que “la estabilidad laboral aplica para cualquier
opción productiva, bien sea laboral o civil”. Por el contrario, considero
que, en todo caso, en dichas providencias se analizó la particularidad de la
situación laboral en la que se encontraba el trabajador bajo el principio de
primacía de la realidad sobre las formas.
2. También disiento de la tesis plasmada en
la providencia, respecto a la inexistencia de un contrato realidad entre el
accionante y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Por el
contrario, considero que los requisitos del contrato realidad se encuentran
probados en el caso concreto, y que por lo tanto, la Corte debió reconocer
dicha situación en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las
formas.
En efecto, en el último contrato celebrado
por el accionante con la ANLA, se logró probar i) la relación de subordinación
(por la exigencia de un horario y los continuos permisos para ir al médico),
ii) el objeto (que las labores del accionante eran permanentes en la entidad, y
por lo tanto, no eran proyectos ocasionales); iii) los continuos permisos para
ir al médico, y, finalmente, iv) la vinculación a la entidad por un periodo de
más de dos años. Todos estos elementos constituyen indicios claros de la
existencia de una relación de trabajo.
Ahora bien, tanto la Corte Constitucional como
el Consejo de Estado se han referido a la aplicación del principio de realidad
sobre las formas, y han puesto de presente aquellos casos en los que la
Administración encubre relaciones laborales con contratos de prestación de
servicios. Al respecto, la Sentencia T-253 de 2015 señaló:
“En
la sentencia del 1º de marzo de 2012, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, conoció el caso de una mujer que había sido vinculada como
bacterióloga a una empresa social del Estado, mediante contratos de prestación
de servicios personales durante seis años. La actora consideraba que realmente
había existido un contrato laboral y solicitaba su reconocimiento, y el pago de
los salarios y prestaciones que se derivaban de la relación laboral.
En
particular, la Sección Segunda determinó que “existirá una relación
contractual regida por la Ley 80 de 1993, cuando: a) se pacte la prestación de
servicios relacionadas [sic] con la administración o funcionamiento
de la entidad pública, b) el contratista es autónomo en el cumplimiento de la
labor contratada, c) se le paguen honorarios por los servicios prestados y d)
la labor contratada no pueda realizarse con personal de planta o se requieran
conocimientos especializados. Sobre esta última condición para suscribir
contratos de prestación de servicios, vale la pena señalar que debe ser
entendida a aquellos casos en los que la entidad pública contratante requiere
adelantar labores ocasionales, extraordinarias, accidentales o que
temporalmente exceden su capacidad organizativa y funcional, pues se
desdibujaría la relación contractual cuando se contratan por prestación de
servicios a personas que deben desempeñar exactamente las mismas funciones que,
de manera permanente, se asignan a los demás servidores públicos.” (Negrillas
fuera del texto)
(…)
En
esa oportunidad, la Sección Segunda declaró la existencia de una relación
laboral, en razón a que en la planta de personal de la entidad demandada
existía el respectivo cargo cuya naturaleza correspondía a las mismas funciones
desempeñadas por la actora durante su permanencia en la institución, la
demandante no contó con la posibilidad de discutir las condiciones de cada uno
de los contratos que suscribió, y el Hospital fijaba las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en la prestación del servicio”.[53]
En todo caso, es necesario aclarar que esta
tesis no contradice el precedente constitucional que señala que los contratos
de prestación de servicios no pueden terminarse exclusivamente con el
vencimiento del plazo si la entidad conoce la enfermedad y el servicio requiere
continuidad, tal y como quedó demostrado en el caso analizado. No obstante, la
diferencia principal entre dicha situación y la del accionante, es que en este
caso sí se encontraba probada la existencia de un contrato realidad.
3. Finalmente, en tanto en el caso
analizado sí existió un vínculo laboral, considero que la parte resolutiva de
la Sentencia T-040 de 2016 debió señalar que el empleador sólo podía dar
por terminado el contrato de trabajo a través de los medios legales idóneos, a
saber, el permiso del inspector de trabajo como resultado de la demostración de
una de las justas causas contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo.
De esta
manera, expongo las razones que me llevan a salvar parcialmente el voto con
respecto a las consideraciones expuestas y a su consecuencia en la parte
resolutiva de la providencia de la referencia.
Fecha
ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Ver historia clínica en los folios 11 al
14 del cuaderno 1.
[2] Ver los contratos en los folios del 15 al
32 del cuaderno 1.
[3] Ver folios 75 al 86 del cuaderno 1.
[4] Ver folios 93 al 102 del cuaderno 1.
[5] En Auto del quince (15) de octubre de 2015
la Sala de Selección de tutela Número Diez de la Corte Constitucional, dispuso
la revisión de la providencia en cuestión y procedió a su reparto.
[6] En la sentencia T-414 de 1992 -Magistrado
ponente Ciro Angarita Barón-, esta Corporación aclaró “que el otro medio de
defensa judicial a que alude el artículo 86 debe poseer necesariamente, cuando
menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos
constitucionales fundamentales que, por su naturaleza, tiene la acción de
tutela (…)”, de lo contrario “se estaría haciendo simplemente una burda y
mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción con los principios
vigentes en materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento
absoluto del querer expreso del Constituyente.” Así las cosas, concluyó este
Tribunal “que "el otro medio de defensa judicial" a disposición de la
persona que reclama ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales
ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para
lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata”. De esta
manera, la idoneidad del medio judicial puede determinarse, según la Corte lo
ha indicado, examinando el objeto de la opción judicial alternativa y el resultado previsible de acudir a ese otro medio de
defensa judicial. Ver también la Sentencia T-580 de 2006 Magistrado
ponente Manuel José Cepeda Espinoza.
[7] La Corte ha sostenido que la sola existencia de otro mecanismo
judicial no constituye una razón suficiente para declarar la improcedencia de
la acción. Ver, entre otras, las sentencias T-580 de 2006 Magistrado ponente
Manuel José Cepeda, T-972 de 2005 Magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño,
T-068 de 2006 Magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil y SU-961 de 1999
Magistrado ponente Vladimiro Naranjo Mesa.
[8] Ver las sentencias T-068 de 2006 Magistrado ponente Rodrigo Escobar
Gil, T-822 de 2002 Magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil,  T-384 de 1998
Magistrado ponente Alfredo Beltrán Sierra, y T-414 de 1992 Magistrado ponente
Ciro Angarita Barón.
[9] Ibídem.
[10] Ver las sentencias T-656 de 2006 Magistrado ponente Jaime Araújo
Rentería, T-435 de 2006 Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto, T-768
de 2005, T-651 de 2004, y T-1012 de 2003.
[11] T-043/07, T-1068/00.
[12] Ver sentencias T-494 de 2006, SU-544 de 2001, T-142 de 1998 y T-225
de 1993.
[13] Ver sentencia T-456 de 2004
[14] Ver sentencia T-234 de 1994
[15] Ver Sentencia T-211 de 2009.
[16] Ver Sentencia T-225 de 1993.
[17] Este término ha sido utilizado en las sentencias T-988 de 2012 y
T-901 de 2013.
[18]  Ver Sentencia T-988 de 2012 Magistrada
Ponente María Victoria Calle.
[19] Ver Sentencia C-464 de 2004
Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentería.
[20] Ver Sentencia C-803 de 2009 Magistrado ponente Nilson Pinilla
Pinilla.
[21] Ley 361 de 1997 (Por la
cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con
limitación y se dictan otras disposiciones). Artículo 26. No discriminación a
persona en situación de discapacidad. <Artículo
modificado por el artículo 137 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el
siguiente:> En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo
para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea
claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a
desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su
contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización del
Ministerio del Trabajo.
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, no se requerirá
de autorización por parte del Ministerio del Trabajo cuando el trabajador
limitado incurra en alguna de las causales establecidas en la ley como justas
causas para dar por terminado el contrato. Siempre se garantizará el derecho al
debido proceso.
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por
razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso
primero del presente artículo, tendrán derecho a una indemnización equivalente
a ciento ochenta (180) días del salario, sin perjuicio de las demás
prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código
Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen,
complementen o aclaren.
[22] (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[23] Magistrada ponente Clara Inés Vargas.
[24] Displasia del desarrollo de las caderas con luxación bilateral y
fenómenos de osteoartritis degenerativa, más evidenciado en el lado derecho,
donde observó el médico tratante importante pinzamiento de esclerosis
subcondral.
[25] Magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[26] FIBROMIALGIA
[27] El magistrado Luis Ernesto Vargas Silva salvó parcialmente el voto,
entre otras cosas, porque el resuelve “parece
conceder una inamovilidad absoluta a ciertos trabajadores, desconociendo que el
sentido de la protección reconocida por la Corte consiste en que los
empleadores tienen la obligación legal y constitucional de proteger de manera
especial a la población discapacitada y de obtener una autorización de las
autoridades correspondientes del trabajo antes de llevar a cabo su despido, de
suerte que se garanticen plenamente los derechos de los afectados. Esto es así
tanto respecto de los contratos laborales como en los contratos de prestación
de servicios en los que las condiciones de subordinación generan un “contrato
realidad”” Llama la atención que en los renglones finales del párrafo, el magistrado
sugiere que este tipo de estabilidad solo es procedente para contratos de
prestación de servicios que encubran una verdadera relación laboral.
[28] Magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
[29] El magistrado Mauricio González Cuervo salvó el voto, entre otras
circunstancias, por considerar que no era función del juez de tutela determinar
la existencia de un contrato realidad, pues la protección a la estabilidad
reforzada de personas en condición de debilidad manifiesta procedía sin
importar el tipo de relación contractual: “Siendo
esto así, era suficiente con declarar infringido el derecho a la estabilidad
laboral del trabajador en estado de debilidad manifiesta, tutelarlo y ordenar,
por ejemplo, la renovación de la vinculación a través del contrato de
prestación de servicios y el pago de honorarios, sin necesidad de hacer
afirmaciones que ponen en duda el carácter subsidiario de la tutela y se
encaminan a resolver conflictos de rango legal más que de carácter
constitucional. Obrar en el sentido que se indicó, evitaría invadir la
competencia de los jueces ordinarios, quienes a través de su labor son los
llamados a declarar o no la existencia de una relación laboral.”
[30] Magistrada ponente María Victoria Calle Correa.
[31] “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública”
[32] M.P. Hernando Herrera Vergara
[33] Reiteración sentencia T-253 de 2015, Magistrada Ponente Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[34] Con ocasión del estudio del artículo
2º del Decreto 2400 de 1968, modificado por el Decreto 3074 del
mismo año.
[35] Citación de la Sentencia C-614 de 2009.
[36] Ver Sentencia T-523 de 1998.
[37] En la Sentencia T-500 de 2000, la Corte
señaló que la denominación “contrato de prestación de servicios” no afecta la
viabilidad de la tutela, si en realidad puede probarse una relación laboral.
[38] Ver sentencia C-614 de 2009.
[39] “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las
personas con limitación y se dictan otras disposiciones”.
[40] En sentencias T-1040 de 2001 y T-198 de 2006, la Corte sentó su
posición sobre el ámbito personal de protección de esta garantía
constitucional. Expresó, en esa oportunidad, al abordar el análisis del caso
concreto: “La demandante en el
presente caso no ha sido valorada como discapacitada.[40] Sin embargo, sí estaba disminuida
físicamente en el momento en que fue despedida, en la medida en que su
afectación de la salud y la recuperación posterior a las intervenciones a las
que fue sometida le impedían el desarrollo de las labores impuestas por su
empleador.  Es necesario determinar entonces si la situación de disminución
física en que se encontraba la demandante debido a su afectación de salud y a
su recuperación la hacen sujeto de una protección especial que implique el
derecho al reintegro. […] En el presente caso la empresa desatendió
las órdenes médicas que contraindicaban la realización de determinadas labores
físicas y, por el contrario, se empeñó en asignarle funciones contraindicadas,
mientras el estado de salud de la demandante desmejoraba radicalmente. La Corte
observa que a la demandante le fueron encargadas diversas labores que no se
encontraba en capacidad de realizar.  En primera medida, por su estado de
salud, y en segunda medida, porque no fue adecuadamente capacitada para
realizarlas.  De hecho, fue despedida del último cargo que ocupó cuando llevaba
sólo pocos días de labores.  Por otra parte, pese a la orden médica de
realizarle una valoración médica laboral a la demandante, y a que ella entregó
dicha orden en la empresa, ésta nunca se puso en contacto con la Aseguradora de
Riesgos Profesionales, ni con alguna entidad para autorizarla.[40]
[41] Ver las aclaraciones y salvamentos de voto presentados por el
Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez a las siguientes Sentencias: Sala
Segunda de Revisión, Sentencia T-302 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo y
S.P.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez); Sala Primera de Revisión, Sentencia
T-773 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa, A.V. María Victoria Calle
Correa y A.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez); Sala Primera de Revisión,
Sentencia T-217 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa y S.P.V. Luis
Guillermo Guerrero Pérez); Sala Primera de Revisión, Sentencia T-445 de 2014
M.P. María Victoria Calle Correa, A.V. Mauricio González Cuervo y A.V. Luis
Guillermo Guerrero Pérez), Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-453 de 2014
(M.P. Mauricio González Cuervo, S.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y A.V.
Luis Guillermo Guerrero Pérez), Sala Primera de Revisión, Sentencia T-837 de
2014 (M.P. María Victoria Calle Correa y S.P.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez),
y Sala Primera de Revisión, Sentencia T-405 de 2015 (M.P. María Victoria Calle
Correa y S.P.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez), entre otras.
[42] Ver los salvamentos de voto presentados por el Magistrado Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo a las siguientes Sentencias: Sala Tercera de Revisión,
Sentencia T-166 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez y S.PV. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo), Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-850 de 2011 (M.P.
Mauricio González Cuervo y S.P.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), entre
otras.
[43] Sin perjuicio de que la Sala Plena de esta Corporación, al
pronunciarse sobre un caso similar, cambie su precedente.
[44] Sentencia T-576 de 1998.
[45] Sentencia T-826 de 1999.
[46] Ver folios 15 al 32 del cuaderno 1.
[47] Catalogada como tal en la Resolución 0430 de 2013 del Ministerio de
Salud y Protección social.
[48] i) Criterio funcional: implica que si la función
contratada se refiere a aquellas que usualmente debe adelantar la entidad
pública, en los términos señalados en el reglamento, la ley y la Constitución,
debe ejecutarse mediante un vínculo laboral.
ii) Criterio
de igualdad: si las labores desarrolladas por el contratista son las mismas
que las de los servidores públicos vinculados a la planta de personal de la
entidad, debe acudirse a la relación legal y reglamentaria o al contrato
laboral y no a la contratación pública.
iii) Criterio
temporal o de la habitualidad: si las funciones contratadas demuestran el
ánimo de la administración de emplear de modo permanente y continuo los
servicios de una misma persona y se encuentra que no se trata de un vínculo de
tipo ocasional o esporádico, se trata de una relación laboral.
iv) Criterio
de la excepcionalidad: si la tarea acordada corresponde a una “actividad
nueva” que no puede ser desarrollada por el personal de planta, o se requieren
conocimientos especializados, o de manera transitoria resulta necesario
redistribuir funciones por la excesiva carga laboral para el personal de
planta, puede acudirse a la contratación pública. Es decir que, si la gestión
contratada equivale al “giro normal de los negocios” de la entidad, las labores
se deben desempeñar por medio de una relación laboral y no contractual.
v) Criterio
de la continuidad: si la vinculación se realiza mediante contratos
sucesivos de prestación de servicios, para desempeñar funciones de carácter
permanente, la relación existente es de tipo laboral.
[49] Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales para
apoyar técnicamente en el área física a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-, en la proyección de conceptos técnicos de evaluación y
seguimiento y de Certificación de Emisiones de Prueba Dinámica Físico, tanto de
Uso Propio como de Comercialización en cumplimiento de la Resolución 910 de
junio 5 de 2008, que reglamenta las emisiones para motocicletas, vehículos
automóviles y de carga y la Resolución 2604 de 29 de diciembre de 2009, que
reglamenta las emisiones para vehículos que serán incorporados al sistema de
trasporte público de pasajeros y motocarros.
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales -ANLA- en las actividades técnicas del área física, que
se requiera para la expedición y seguimiento a permisos y trámites ambientales.
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar
las actividades técnicas de expedición y seguimiento a permisos y trámites
ambientales competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
-ANLA-.
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar la
revisión y aprobación de las solicitudes presentadas ante la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales -ANLA- con respecto al Certificado de Emisiones por
Prueba Dinámica.
[50] En la sentencia T-988 de 2012, la Corte dijo: “Esa conclusión, por supuesto, no constituye un
obstáculo para que la Sala otorgue la protección constitucional al derecho a la
estabilidad reforzada del actor en su opción productiva y que, en atención a
las circunstancias de vulnerabilidad que enfrenta, por razones de enfermedad,
se dicten las órdenes adecuadas de protección.”
[51] Sentencia T-576 de 1998.
[52] Sentencia T-826 de 1999.
[53] Corte Constitucional, Sentencias T-253 de 2015