C-537-08
-Proyecto de circulación restringida-
Sentencia
C-537/08
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Características del control constitucional
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Alcance del control constitucional
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento del requisito de anuncio previo de votación/REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Vicio subsanable/LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL
REMITIDA POR SEGUNDA VEZ-Remisión para revisión
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Subsanación
del vicio advertido/LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento
del trámite legislativo aplicable
La Corte identificó la existencia de un vicio en el trámite
legislativo, relacionado con el incumplimiento del requisito del anuncio previo
a la discusión y aprobación del proyecto de ley, para el caso de la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes. Con el fin de subsanar dicha
irregularidad y de acuerdo con lo ordenado por la Sala en el Auto 232/07, la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes sometió nuevamente a
consideración el proyecto de ley, el cual fue discutido y aprobado. El
procedimiento surtido por el proyecto de ley, tanto en su trámite original como
el de subsanación de los vicios identificado por esta Corporación en el Auto
232/07, permiten a la Corte concluir que la norma de la referencia es exequible
desde su aspecto formal.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY
APROBATORIA-Suscripción del tratado y aprobación
presidencial
CONVENCION DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS ENTRE ESTADOS-Validez en la representación de un Estado
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento
de los requisitos para su aprobación, luego del saneamiento de que fue objeto
como consecuencia de lo ordenado por la Corte Constitucional
CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO-Objeto
La Convención Interamericana contra el Terrorismo, es un instrumento
internacional, promulgado bajo el marco de la Carta de la Organización de los
Estados Americanos y la Carta de las Naciones Unidas, cuya finalidad se centra
en adoptar en el sistema interamericano medidas eficaces para prevenir,
sancionar y eliminar el terrorismo, a través de la estipulación de mecanismos
fundados en la más amplia cooperación entre los Estados parte. Para el efecto, la
Convención identifica los instrumentos internacionales aplicables para la
determinación de las conductas que encuadran dentro del concepto de terrorismo
y determina el régimen sobre la aplicabilidad de estos convenios para los
Estados parte. Del mismo modo, establece las obligaciones que contraen los
Estados respecto de la implementación de medidas para prevenir, combatir y
erradicar la financiación del terrorismo; la adopción de medidas para embargar
y decomisar los bienes relacionados con ese delito; la tipificación en la
legislación penal interna de las conductas determinantes del lavado de dinero
y; la promoción y fortalecimiento de los mecanismos de cooperación
internacional, el intercambio de información y la asistencia jurídica mutua,
dirigidos a la prevención y sanción del terrorismo.
TERRORISMO-Tratamiento en la
jurisprudencia constitucional
TERRORISMO-Reglas de las implicaciones
de este delito/TERRORISMO-Delito atroz y abominable/TERRORISMO-No
es delito político/TERRORISMO-Delito excluido para concesión de
amnistías e indultos/TERRORISMO-Delito excluido para concesión de
subrogados y beneficios penales
Las conductas constitutivas de actos de terrorismo configuran un
delito atroz, que afecta gravemente bienes constitucionales que conforman los
pilares del modelo de Estado adoptado por la Carta Política, en especial la
vida, la integridad personal, la dignidad humana y la búsqueda de la paz y un
orden justo. En consecuencia, las decisiones que adopte el legislador dirigidas
la implementar medidas para la prevención, represión y sanción del terrorismo
son prima facie armónicas con el Estatuto Superior; asimismo, se ajustan a la
Carta aquellas previsiones que impiden que el terrorismo sea comprendido como
delito político y, por ende, susceptible de que los responsables del mismo sean
cobijados por amnistías o indultos; resultan compatibles con al Constitución la
expedición de normas que impongan un tratamiento penal estricto en contra de
los responsables de terrorismo y, entre otras restricciones, los excluyan a del
goce de beneficios y subrogados penales; y por la gravedad de los actos
constitutivos de terrorismo legitima la adopción, por parte del Estado
colombiano, de convenios dirigidos a garantizar la prevención, represión y
sanción de esa conducta, fundados en instrumentos amplios de cooperación
internacional, en todo caso respetuosos tanto de la soberanía estatal, como de
los derechos constitucionales de sus habitantes.
CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO-Declaración interpretativa
Referencia: expediente LAT-300
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1108 del 27 de diciembre de
2006, “por medio de la cual se aprueba la
“Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de
Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el
trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos.”
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C.,
veintiocho (28) de mayo de dos mil ocho (2008).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución
Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el
Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del
proceso de revisión de la Ley 1108 del 27 de diciembre de 2006, “por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana contra
el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de
junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones
de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.”
I. TEXTO DE LA
NORMA
La ley objeto
de análisis, cuya publicación se efectuó en el Diario Oficial 46.494 del 27 de diciembre de
2006, es la siguiente:
LEY 1108 DE 2006
(diciembre 27)
por medio de la cual se aprueba la “Convención
Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown,
Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo
período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos.
El Congreso de Colombia
Visto el texto de la “Convención Interamericana
contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres
(3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario
de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos,
que a la letra dice:
(para ser transcrito: se adjunta fotocopia del texto
íntegro del instrumento internacional mencionado).
Convención Interamericana contra el Terrorismo
Interamerican Convention Against Terrorism
Convenção Interamericana contra o Terrorismo
Convention interaméricaine contre le terrorisme
CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO
LOS ESTADOS PARTE EN LA PRESENTE CONVENCION,
TENIENDO PRESENTE los propósitos y
principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la
Carta de las Naciones Unidas;
CONSIDERANDO que el terrorismo constituye una grave
amenaza para los valores democráticos y para la paz y la seguridad
internacionales y es causa de profunda preocupación para todos los Estados
Miembros;
REAFIRMANDO la necesidad de adoptar en el sistema
interamericano medidas eficaces para prevenir, sancionar y eliminar el
terrorismo mediante la más amplia cooperación;
RECONOCIENDO que los graves daños económicos a los
Estados que pueden resultar de actos terroristas son uno de los factores que
subrayan la necesidad de la cooperación y la urgencia de los esfuerzos para
erradicar el terrorismo;
REAFIRMANDO el compromiso de los Estados de prevenir,
combatir, sancionar y eliminar el terrorismo, y
TENIENDO EN CUENTA la resolución RC.23/RES. 1/01 rev.
1 corr. 1, “Fortalecimiento. de la cooperación hemisférica para prevenir,
combatir y eliminar el terrorismo”, adoptada en la Vigésima Tercera Reunión de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores,
HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:
Artículo 1
Objeto y fines
La presente Convención tiene como objeto prevenir,
sancionar y eliminar el terrorismo. Para tal efecto, los Estados Parte se
comprometen a adoptar las medidas necesarias y fortalecer la cooperación entre
ellos, de acuerdo con lo establecido en esta Convención.
Artículo 2
Instrumentos internacionales aplicables
1. Para los propósitos de esta Convención, se entiende
por “delito” aquellos establecidos en los instrumentos internacionales que se
indican a continuación:
a. Convenio para la represión del apoderamiento
ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970.
b. Convenio para la represión de actos ilícitos contra
la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de
1971.
c. Convención sobre la prevención y el castigo de
delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes
diplomáticos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de
diciembre de 1973.
d. Convención Internacional contra la toma de rehenes,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de
1979.
e. Convenio sobre la protección física de los
materiales nucleares, firmado en Viena el 3 de marzo de 1980.
f. Protocolo para la represión de actos ilícitos de
violencia en los aeropuertos que prestan servicios a la aviación civil
internacional, complementario del Convenio para la represión de actos Ilícitos
contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 24 de febrero
de 1988.
g. Convenio para la represión de actos ilícitos contra
la seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988.
h. Protocolo para la represión de actos ilícitos
contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma
continental, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988.
i. Convenio Internacional para la represión de los
atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997.
j. Convenio Internacional para la represión de la
financiación del terrorismo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 9 de diciembre de 1999.
2. Al depositar su Instrumento de ratificación a la
presente Convención, el Estado que no sea parte de uno o más de los
instrumentos internacionales enumerados en el párrafo 1 de este artículo podrá
declarar que, en la aplicación de esta Convención a ese Estado Parte, ese
instrumento no se considerará incluido en el referido párrafo. La declaración
cesará en sus efectos cuando dicho instrumento entre en vigor para ese Estado
Parte, el cual notificará al depositario de este hecho.
3. Cuando un Estado Parte deje de ser parte de uno de
los instrumentos internacionales enumerados en el párrafo 1 de este artículo,
podrá hacer una declaración con respecto a ese instrumento, tal como se dispone
en el párrafo 2 de este artículo.
Artículo 3
Medidas internas
Cada Estado Parte, de acuerdo con sus disposiciones
constitucionales, se esforzará por ser parte de los instrumentos
internacionales enumerados en el artículo 2 de los cuales aún no sea parte y
por adoptar las medidas necesarias para la aplicación efectiva de los mismos,
incluido el establecimiento en su legislación interna de penas a los delitos
ahí contemplados.
Artículo 4
Medidas para prevenir, combatir y erradicar la
financiación del terrorismo
1. Cada Estado Parte, en la medida en que no lo haya
hecho, deberá establecer un régimen jurídico y administrativo para prevenir,
combatir y erradicar la financiación del terrorismo y para lograr una
cooperación internacional efectiva al respecto, la cual deberá incluir:
a. Un amplio régimen interno normativo y de
supervisión para los bancos, otras Instituciones financieras y otras entidades
consideradas particularmente susceptibles de ser utilizadas para financiar
actividades terroristas. Este régimen destacará los requisitos relativos a la
identificación del cliente, conservación de registros y comunicación de
transacciones sospechosas o inusuales.
b. Medidas de detección y vigilancia de movimientos
transfronterizos de dinero en efectivo, instrumentos negociables al portador y
otros movimientos relevantes de valores. Estas medidas estarán sujetas a
salvaguardas para garantizar el debido uso de la información y no deberán
impedir el movimiento legítimo de capitales.
c. Medidas que aseguren que las autoridades
competentes dedicadas a combatir los delitos establecidos en los instrumentos
internacionales enumerados en el artículo 2 tengan la capacidad de cooperar e
intercambiar información en los niveles nacional e internacional, de
conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno. Con ese fin,
cada Estado Parte deberá establecer y mantener una unidad de inteligencia
financiera que sirva como centro nacional para la recopilación, el análisis y
la difusión de información relevante sobre lavado de dinero y financiación del
terrorismo. Cada Estado Parte deberá informar al Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos sobre la autoridad designada como su
unidad de inteligencia financiera.
2. Para la aplicación del párrafo 1 del presente
artículo, los Estados Parte utilizarán como lineamientos las recomendaciones
desarrolladas por las entidades regionales o internacionales especializadas, en
particular, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, cuando sea
apropiado, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y el Grupo de Acción
Financiera de Sudamérica (GAFISUD).
Artículo 5
Embargo y decomiso de fondos u otros bienes
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los
procedimientos establecidos en su legislación interna, adoptará las medidas
necesarias para identificar, congelar, embargar y, en su caso, proceder al
decomiso de los fondos u otros bienes que constituyan el producto de la
comisión o tengan como propósito financiar o hayan facilitado o financiado la
comisión de cualquiera de los delitos establecidos en los instrumentos
internacionales enumerados en el artículo 2 de esta Convención.
2. Las medidas a que se refiere el párrafo 1 serán
aplicables respecto de los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la
jurisdicción del Estado Parte.
Artículo 6
Delitos determinantes del lavado de dinero
1. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias
para asegurar que su legislación penal referida al delito del lavado de dinero
incluya como delitos determinantes del lavado de dinero los delitos
establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de
esta Convención.
Los delitos determinantes de lavado de dinero a que se
refiere el párrafo 1 incluirán aquellos cometidos tanto dentro como fuera de la
jurisdicción del Estado Parte.
Artículo 7
Cooperación en el ámbito fronterizo
1. Los Estados Parte, de conformidad con sus
respectivos regímenes jurídicos y administrativos internos, promoverán la
cooperación y el intercambio de información con el objeto de mejorar las
medidas de control fronterizo y aduanero para detectar y prevenir la
circulación internacional de terroristas y el tráfico de armas u otros materiales
destinados a apoyar actividades terroristas.
2. En este sentido, promoverán la cooperación y el
intercambio de información para mejorar sus controles de emisión de los
documentos de viaje e identidad y evitar su falsificación, alteración ilegal o
utilización fraudulenta.
3. Dichas medidas se llevarán a cabo sin perjuicio de
los compromisos internacionales aplicables al libre movimiento de personas y a
la facilitación del comercio.
Artículo 8
Cooperación entre autoridades competentes para la
aplicación de la ley
Los Estados Parte colaborarán estrechamente, de
acuerdo con sus respectivos ordenamientos legales y administrativos internos, a
fin de fortalecer la efectiva aplicación de la ley y combatir los delitos
establecidos en los instrumentos internacionales enumerados, en el artículo 2.
En este sentido, establecerán y mejorarán, de ser necesario, los canales de
comunicación entre sus autoridades competentes a fin de facilitar el
intercambio seguro y rápido de información sobre todos los aspectos de los
delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el
artículo 2 de esta Convención.
Artículo 9
Asistencia jurídica mutua
Los Estados Parte se prestarán mutuamente la más
amplia y expedita asistencia jurídica posible con relación a la prevención,
investigación y proceso de los delitos establecidos en los instrumentos
internacionales enumerados en el artículo 2 y los procesos relacionados con
estos, de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables en vigor. En
ausencia de esos acuerdos, los Estados Parte se prestarán dicha asistencia de
manera expedita de conformidad con su legislación interna.
Artículo 10
Traslado de personas bajo
custodia
1. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo
una condena en el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en
otro Estado Parte para fines de prestar testimonio o de identificación o para
que ayude a obtener pruebas necesarias para la investigación o el
enjuiciamiento de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales
enumerados en el artículo 2 podrá ser trasladada si se cumplen las condiciones
siguientes:
a. La persona presta libremente su consentimiento, una
vez informada, y
b. Ambos Estados están de acuerdo, con sujeción a las
condiciones que consideren apropiadas.
2. A los efectos del presente artículo:
a. El Estado al que sea trasladada la persona estará
autorizado y obligado a mantenerla detenida, salvo que el Estado desde el que
fue trasladada solicite o autorice otra cosa.
b. El Estado al que sea trasladada la persona cumplirá
sin dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado desde el que
fue trasladada según convengan de antemano o de otro modo las autoridades
competentes de ambos Estados.
c. El Estado al que sea trasladada la persona no podrá
exigir al Estado desde el que fue trasladada que inicie procedimientos de
extradición para su devolución.
d. Se tendrá en cuenta el tiempo que haya permanecido
detenida la persona en el Estado al que ha sido trasladada a los efectos de
descontarlo de la pena que ha de cumplir en el Estado desde el que haya sido
trasladada.
3. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de
trasladar una persona de conformidad con el presente artículo esté de acuerdo,
dicha persona, cualquiera sea su nacionalidad, no será procesada, detenida ni
sometida a cualquier otra restricción de su libertad personal en el territorio
del Estado al que sea trasladada en relación con actos o condenas anteriores a
su salida del territorio del Estado desde el que fue trasladada.
Artículo 11
Inaplicabilidad de la excepción por delito político
Para los propósitos de extradición o asistencia jurídica
mutua, ninguno de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales
enumerados en el artículo 2 se considerará como delito político o delito conexo
con un delito político o un delito inspirado por motivos políticos. En
consecuencia, una solicitud de extradición o de asistencia jurídica mutua no
podrá denegarse por la sola razón de que se relaciona con un delito político o
con un delito conexo con un delito político o un delito inspirado por motivos
políticos.
Artículo 12
Denegación de la condición de refugiado
Cada Estado Parte adoptará las medidas que
corresponda, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho
interno e internacional, para asegurar que la condición de refugiado no se
reconozca a las personas respecto de las cuales haya motivos fundados para
considerar que han cometido un delito establecido en los instrumentos
internacionales enumerados en el artículo  2 de esta Convención.
Artículo 13
Denegación de asilo
Cada Estado Parte adoptará las medidas que corresponda,
de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho interno e
internacional, a fin de asegurar que el asilo no se otorgue a las personas
respecto de las cuales haya motivos fundados para considerar que han cometido
un delito establecido en los instrumentos internacionales enumerados en el
artículo 2 de esta Convención.
Artículo 14
No discriminación
Ninguna de las disposiciones de la presente Convención
será interpretada como la imposición de una obligación de proporcionar
asistencia jurídica mutua si el Estado Parte requerido tiene razones fundadas
para creer que la solicitud ha sido hecha con el fin de enjuiciar o castigar a
una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u
opinión política o si el cumplimiento de la solicitud causaría un perjuicio a
la situación de esa persona por cualquiera de estas razones.
Artículo 15
Derechos Humanos
1. Las medidas adoptadas por los Estados Parte de
conformidad con esta Convención se llevarán a cabo con pleno respeto al Estado
de Derecho, los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.
2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención se
interpretará en el sentido de que menoscaba otros derechos y obligaciones de
los Estados y de las personas conforme al derecho internacional, en particular la
Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados
Americanos, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos y el Derecho Internacional de los Refugiados.
3. A toda persona que se encuentre detenida o respecto
de la cual se adopte cualquier medida o sea encausada con arreglo a la presente
Convención se le garantizará un trato justo, incluido el goce de todos los
derechos y garantías de conformidad con la legislación del Estado en cuyo
territorio se encuentre y las disposiciones pertinentes del Derecho
Internacional.
Artículo 16
Capacitación
1. Los Estados Parte promoverán programas de
cooperación técnica y capacitación, a nivel nacional, bilateral, subregional y
regional y en el marco de la Organización de los Estados Americanos, para
fortalecer las instituciones nacionales encargadas del cumplimiento de las
obligaciones emanadas de la presente Convención.
2. Asimismo, los Estados Parte promoverán, según
corresponda, programas de cooperación técnica y de capacitación con otras
organizaciones regionales e internacionales que realicen actividades vinculadas
con los propósitos de la presente Convención.
Artículo 17
Cooperación a través de la Organización de los Estados
Americanos
Los Estados Parte propiciarán la más amplia
cooperación en el ámbito de los órganos pertinentes de la Organización de los
Estados Americanos, incluido el Comité Interamericano contra el Terrorismo
(CICTE), en materias relacionadas con el objeto y los fines de esta Convención.
Artículo 18
Consulta entre las Partes
1. Los Estados Parte celebrarán reuniones periódicas
de consulta, según consideren oportuno, con miras a facilitar:
a. La plena implementación de la presente Convención,
incluida la consideración de asuntos de interés relacionados con ella
identificados por los Estados Parte, y
b. El intercambio de información y experiencias sobre
formas y métodos efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar el
terrorismo.
2. El Secretario General convocará una reunión de
consulta de los Estados Parte después de recibir el décimo instrumento de
ratificación. Sin perjuicio de ello, los Estados Parte podrán realizar las
consultas que consideren apropiadas.
3. Los Estados Parte podrán solicitar a los órganos
pertinentes de la Organización de los Estados Americanos, incluido el CICTE,
que faciliten las consultas referidas en los párrafos anteriores y preste otras
formas de asistencia respecto de la aplicación de esta Convención.
Artículo 19
Ejercicio de jurisdicción
Nada de lo dispuesto en la presente Convención
facultará a un Estado Parte para ejercer su jurisdicción en el territorio de
otro Estado Parte ni para realizar en él funciones que estén exclusivamente
reservadas a las autoridades de ese otro Estado Parte por su derecho interno.
Artículo 20
Depositario
El instrumento original de la presente Convención,
cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos,
será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos.
Artículo 21
Firma y ratificación
1. La presente Convención está abierta a la firma de
todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos.
2. Esta Convención está sujeta a ratificación por
parte de los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos
constitucionales. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 22
Entrada en vigor
1. La presente Convención entrará en vigor el
trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el sexto
instrumento de ratificación de la Convención en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos.
2. Para cada Estado que ratifique la Convención
después de que se haya depositado el sexto Instrumento de ratificación, la
Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal
Estado haya depositado el instrumento correspondiente.
Artículo 23
Denuncia
1. Cualquier Estado Parte podrá denunciar la presente
Convención mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos. La denuncia surtirá efecto un año
después de la fecha en  que la notificación haya sido recibida por el
Secretario General de la Organización.
2. Dicha denuncia no afectará ninguna solicitud de
información o de asistencia hecha durante el período de vigencia de la
Convención para el Estado denunciante.
Organización de los Estados Americanos
Secretaría General
Washington, D. C.
Certifico que el documento adjunto, es copia fiel y
exacta de los textos auténticos en español, inglés, portugués y francés de la
Convención Interamericana contra el Terrorismo,  suscrita en la ciudad de
Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002, en el trigésimo segundo período
ordinario de sesiones de la Asamblea General, y que los textos firmados de
dichos originales se encuentran depositados en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos. Se expide la presente certificación a
solicitud de la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de los
Estados Americanos.
18 de junio de 2002
Jean Michel Arrighi
Director Departamento de Derecho Internacional
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 30 de julio de 2002
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los
efectos constitucionales.
(Fdo.),
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones Exteriores (Fdo.),
Guillermo Fernández de Soto.
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase la “Convención
Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown,
Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo
período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la “Convención Interamericana contra el
Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de
junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de
sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos,
que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los…
Presentado al honorable Congreso de la República por
el Ministro del Interior y de Justicia, y la Ministra de Relaciones Exteriores.
Sabas Pretelt de la Vega,
Ministro del Interior y de Justicia.
Carolina Barco Isakson,
Ministra de Relaciones Exteriores.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 30 de julio de 2002
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los
efectos constitucionales.
(Fdo.),
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones Exteriores (Fdo.),
Guillermo Fernández de Soto.
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase la “Convención Interamericana
Contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres
(3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario
de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la “Convención Interamericana Contra el
Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de
junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de
sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos,
que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
La Presidenta del honorable Senado de la República,
Dilian Francisca Toro Torres.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
Emilio Ramón Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
Alfredo Ape Cuello Baute.
El Secretario General de la honorable Cámara de
Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme
al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2006.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,
Carlos Holguín Sardi.
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Consuelo Araújo Castro.
II.
INTERVENCIONES
2.1. Ministerio
de Relaciones Exteriores
La ciudadana
Gaia Hernández Palacios, apoderada especial del Ministerio de Relaciones
Exteriores, intervino en el presente proceso con el fin de defender la constitucionalidad
de la Convención Interamericana contra el Terrorismo (en adelante la
Convención)  y de su ley aprobatoria. Con este fin, expuso en primer término
las condiciones de suscripción del tratado, para lo cual puso de presente que
dicho instrumento fue adoptado en el trigésimo segundo periodo de sesiones de la
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, fue suscrita por el
entonces Embajador de Colombia ante ese organismo, conforme los plenos poderes
que para ello le había conferido el Presidente de la República.  Luego de esta
actuación, el 30 de julio de 2002 el Presidente impartió la aprobación
ejecutiva al citado instrumento y ordenó que fuera sometido a la consideración
del Congreso.
Surtido el
procedimiento legislativo correspondiente, fue expedida la Ley aprobatoria 898
del 21 de julio de 2004, norma declarada inexequible por esta Corporación por
vicios de procedimiento en su formación, según lo decidido en la sentencia
C-333 de 2005.  En consecuencia, el 18 de agosto de 2005 Gobierno Nacional
presentó nuevamente ante el Senado el instrumento internacional, el cual fue
aprobado por la ley sujeta a examen.
En cuanto al
aspecto material de la Convención, el Ministerio advirtió que luego de los
atentados terroristas de 2001 en Estados Unidos, adquirió mayor relevancia en
el ámbito internacional la necesidad de crear herramientas multilaterales para
atacar el terrorismo, medidas que han sido planteadas en el marco de la
cooperación entre Estados.  Por ende, el acuerdo de los países de la región
plasmado en la Convención, se muestra acorde con los principios
constitucionales que ordenan las relaciones internacionales.  Desde esta
perspectiva, el tratado “plantea como objetivo estratégico el
fortalecimiento de las relaciones con otros países de América Latina y el
Caribe, de acuerdo con la Constitución Política, privilegiando el escenario interamericano
y fortaleciendo las decisiones tomadas en el marco de la Organización de los
Estados Americanos – OEA, la cual juega un papel determinante en la seguridad
del hemisferio. Del mismo modo, se contemplan como acciones necesarias, apoyar
a la OEA en el avance de los trabajos tendientes a reforzar el sistema de
seguridad colectiva en el hemisferio, y el Comité Interamericano contra el Terrorismo
(CICTE).|| En ese sentido, la Convención bajo estudio de constitucionalidad
tiene como propósitos prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo, así como
fortalecer los mecanismos de cooperación entre los Estados Partes.”
El Ministerio
resalta, del mismo modo, que la Convención no hace una referencia a una
tipificación expresa del delito de terrorismo, sino que refiere a las conductas
señaladas como tales en los instrumentos internacionales descritos en el
artículo 2º del tratado.  Así, la intervención ofrece una relación de estos
acuerdos, como base en la cual puede concluirse que para el caso colombiano se
encuentran actualmente en vigor el Convenio para la represión del apoderamiento
ilícito de Aeronaves de 1970, el Convenio para la represión de actos ilícitos contra
la seguridad de la aviación civil de 1971, la Convención sobre la prevención y
el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive
los agentes diplomáticos de 1973, la Convención internacional contra la toma de
rehenes de 1979, la Convención sobre la protección física de los materiales
nucleares de 1980, el Protocolo para la represión de actos ilícitos de
violencia en los aeropuertos que prestan servicios a la aviación civil de 1988,
complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la
seguridad de la aviación civil, el Convenio internacional para la represión de
los atentados terrorista cometidos con bombas de 1988 y el Convenio
internacional para la represión de la financiación del terrorismo de 1999.
Sobre este particular, el interviniente hace énfasis en que la Convención “respeta
la decisión de los Estados para hacerse parte de los instrumentos
internacionales citados, y deja en libertad a cada Parte para que establezca la
regulación de las medidas, de acuerdo con su normatividad interna.”
A manera de
conclusión, la Ministerio considera que la Convención materia de análisis se
inserta en el contexto internacional y nacional interesado en la lucha contra
el terrorismo.  Este objetivo es desarrollado a través de acciones encaminadas
a proteger bienes constitucionales fundamentales, como la dignidad humana, la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, al igual que los derechos
a la vida y a la paz.  De la misma manera, insiste en que el instrumento
internacional “armoniza con los postulados constitucionales de respeto a la
soberanía nacional y de reconocimiento de los principios de derecho
internacional aceptados por Colombia (…), toda vez que ha sido suscrita
en observancia de la autonomía y soberanía de los Estados, así como de los
preceptos constitucionales establecidos para las manifestaciones de
consentimiento del Estado colombiano en obligarse en este tipo de instrumentos;
y es coherente con las directrices constitucionales en virtud de las cuales la
cooperación e integración con los Estados de América y el Caribe es
privilegiada.  Del mismo modo, sus disposiciones son compatibles con los
compromisos adquiridos por Colombia tanto a nivel bilateral, regional, como
multilateral, en la lucha contra el terrorismo.”
2.2.
Ministerio del Interior y de Justicia
El ciudadano
Fernando Gómez Mejía, Director de Ordenamiento Jurídico del Ministerio de
Interior y de Justicia, presentó escrito justificativo de la constitucionalidad
de la Ley 1108/06.  Para ello, describió el proceso legislativo del proyecto de
Ley que precedió a la norma analizada y concluyó que el trámite se había
ajustado a los preceptos de la Carta Política.
En cuanto al
aspecto material del instrumento internacional, luego de exponer de los
antecedentes del mismo, que demuestran la relación intrínseca entre la
Convención y los esfuerzos de los países del hemisferio para combatir el
terrorismo; el Ministerio resalta como la Convención es compatible con las
disposiciones constitucionales, en cuanto prescribe a la  vigencia de la
soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos, la integración con
América Latina y el Caribe y el reconocimiento de los principios de derechos
internacional como bases de las relaciones exteriores del Estado colombiano.
A juicio del
Ministerio del Interior, “la adopción de medidas tendientes a prevenir,
sancionar y erradicar el fenómeno del terrorismo del ámbito hemisférico
armoniza con la consecución de los fines esenciales del Estado consagrados en
el artículo 2º Superior, en particular con la garantía de efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Carta, la defensa de la
independencia nacional, el mantenimiento de la integridad territorial, el
aseguramiento de la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. || A
su vez, la implementación de mecanismos de lucha contra el terrorismo redunda
en la protección de derechos fundamentales tales como el respeto a la dignidad
humana, el derecho a la vida, el derecho a la paz y a la libre locomoción,
entre otros. || En el mismo sentido, dota de mecanismos a las autoridades de la
República para hacer frente a la amenaza terrorista, como herramienta tendiente
a la materialización de los derechos, garantías y deberes consagrados en la
Carta.”  Estas finalidades, a juicio del interviniente, demuestran la
compatibilidad entre el instrumento internacional y la Constitución.
2.3.
Defensoría del Pueblo
La ciudadana
Karin Irina Kuhfeldt Salazar, Defensora para Asuntos Constitucionales de la
Defensoría del Pueblo, presenta escrito justificativo de la constitucionalidad
de la norma sujeta a estudio.  Para ello, expone argumentos similares a los
expuestos por los demás intervinientes, relacionados con la armonía entre los
propósitos que inspiran a la Convención y los principios que sustentan las
relaciones internacionales del Estado.  De manera particular, la Defensoría enfatiza
en que las conductas delictivas materia del tratado corresponden a varios tipos
penales incluidos en ordenamiento interno. Entre ellas, el Código Penal vigente
establece los delitos de homicidio, con sus causales de agravación punitiva;
toma de rehenes; secuestro, al que igualmente se aplican causales de
agravación; apoderamiento y desvío de aeronaves o medios de transporte
colectivo; lavado de activos; concierto para delinquir; entrenamiento para
actividades ilícitas; terrorismo; administración de recursos relacionados con
actividades terroristas; amenazas; instigación a delinquir; perturbación en
servicio de transporte colectivo y oficial; siniestro o daño de nave; pánico;
tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos; empleo o
lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; y tráfico, transporte y
posesión de materiales radioactivos o sustancias nucleares.
En relación
específica con lo dispuesto en el artículo 4º de la Convención, relativo a las
modalidades de cooperación entre Estados para la prevención, combate y
erradicación de las formas de financiación del terrorismo, la Defensoría
advierte que las medidas allí enunciadas “respetan el ordenamiento
constitucional, especialmente en lo que atañe con el derecho a la libertad de
empresa, por cuanto la aplicación de lo allí dispuesto en nada afecta el normal
desarrollo de la actividad financiera y bancaria. (…) No obstante, la
Defensoría del Pueblo considera oportuno advertir sobre el deber del Estado de
garantizar el hábeas data.  La recolección, tratamiento y circulación de
informaciones personales en bancos de datos y en archivos de entidades debe
respetar los derechos a la intimidad y al buen nombre. Esta entidad (…) ha
insistido en la necesidad para Colombia de adoptar un estatuto de protección de
datos personales que garantice la protección efectiva de estos derechos
ciudadanos. En ausencia de tal regulación, la Defensoría estima que para la
adecuada interpretación y aplicación de esta disposición de la Convención,
deben respetarse los principios de libertad, necesidad, veracidad, integridad,
incorporación, finalidad, utilidad, circulación restringida, caducidad e
individualidad, precisados por la jurisprudencia constitucional.”[1]
Respecto de lo
regulado por los artículos 5 y 6 del instrumento internacional, dirigidos
esencialmente a prescribir la obligación de los Estados Parte de implementar
procedimientos para contrarrestar el uso y manejo de recursos económicos
vinculados al terrorismo, la entidad interviniente considera que el desarrollo
de estas medidas resulta válido en tanto se ejecuten, como lo indica la
Convención, en concordancia con las normas de la legislación interna, en
especial las disposiciones constitucionales. Igualmente, este condicionamiento
resulta predicable para el caso de los artículos 7, 8 y 9 de la Convención, relacionados
con la promoción de la cooperación y el intercambio seguro de información entre
las autoridades competentes en la persecución, investigación, procesamiento y
sanción de los delitos y delincuentes de actividades terroristas.
En lo que hace
relación con el artículo 10 de la Convención, que regula el traslado de
personas detenidas o condenadas de un Estado Parte a otro, con el fin de
practicar pruebas en procesos por delitos constitutivos de terrorismo, la
Defensoría sostiene que “estas previsiones respetan los artículos 29 y 35 de
la Carta por cuanto garantizan el derecho al debido proceso y no desbordan los
requisitos para la procedencia de la extradición. || En relación con la posibilidad
de procesar a la persona trasladada al territorio del Estado Parte por actos o
condenas anteriores a su salida del territorio del Estado desde el fue
traslada, únicamente con el consentimiento de este último, el numeral 3 de
artículo 10 respeta la soberanía del Estado colombiano prevista en el artículo
9 de la Constitución.”
El artículo 11
de la Convención, que prohíbe considerar a los actos constitutivos de
terrorismo como delitos políticos o delitos conexos a ellos, es una norma que a
juicio del de la Defensoría “se ajusta a la Carta Política no sólo porque
garantiza el derecho a la justicia de las víctimas ya que impide que se enerve
la sanción penal por la configuración equívoca de la conducta, sino que además
respeta el derecho internacional de la soberanía de cada Estado, el principio
de legalidad, la prevalente protección de la dignidad y de los derechos
humanos, el debido proceso y el derecho de defensa.”  Estas consideraciones
son, en general, igualmente aplicables respecto de la constitucionalidad de los
artículos 12 y 13 de la Convención, que prohíben adscribir la condición de
refugiado y el derecho de asilo a las personas respecto de las cuales existan
motivos serios para considerar que han cometido conductas establecidos en el
artículo 2º del tratado como actividades terroristas.
Por último, la
entidad interviniente considera que las cláusulas previstas en las demás normas
de la Convención son plenamente compatibles con la Carta Política, en tanto
reafirman los principios de derecho internacional aceptados por el ordenamiento
constitucional colombiano, son compatibles con los derechos fundamentales y
permiten en el ejercicio efectivo de la soberanía del Estado.
2.4. Fiscalía
General de la Nación
El ciudadano
Mario Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación, interviene ante la Corte con
el fin de solicitar que se declare la constitucionalidad de la norma de la
referencia.  Con este fin, presenta un análisis detallado de cada una de las
disposiciones que conforman el instrumento internacional.  En ese sentido, esta
Corporación sintetizará los aspectos centrales de la intervención.
Para el Fiscal
General, los objetivos y fines de la Convención (Art. 1º), son no sólo
compatibles con la Carta, sino que constituyen un
desarrollo de la misma, en varios de sus puntos más importantes. De un lado, el
terrorismo es una práctica gravemente lesiva de los derechos fundamentales, los
principios y valores fundantes del ordenamiento constitucional, por lo cual es
necesaria la lucha de Estado en contra de los fenómenos que lo acarrean y de la
práctica en sí misma, para poder garantizar un escenario pacífico y democrático
en el cual los derechos sean plenamente garantizados y los postulados
axiológicos sobre los que se cimienta el Estado colombiano pueden realizarse.
Desde esta perspectiva, instrumentos como el propuesto resultan relevantes si
se reconoce que el combate contra el terrorismo no puede ser emprendido con un
grado de eficacia óptimo si no se cuenta con el respaldo de la comunidad
internacional, el cual se debe dar en el marco de organizaciones e instrumentos
internacionales que fijen claros compromisos al respecto. La cooperación en
este ámbito, es no sólo deseable, sino absolutamente necesaria, dada la
infraestructura transnacional con la que cuentan hoy día las organizaciones
terroristas que hace difícil para los Estados  el combatirlas por fuera de sus
propias fronteras.
La tipificación
de las conductas constitutivas de terrorismo (Art. 2), son a juicio del
interviniente acordes con el principio de legalidad, habida cuenta que cada uno
de los instrumentos internacionales allí previstos estipulan las condiciones
específicas constitutivas del delito de terrorismo. Además, debe tenerse en
cuenta que dichas conductas encontraban plena adecuación en el tipo previsto en
el artículo 343 del Código Penal.  Esta norma, aunque prevé una tipificación
penal abierta, resulta acorde con la constitución, habida cuenta el carácter
dinámico de la conducta, su naturaleza pluriofensiva, la sofisticación de los
métodos utilizados para su comisión y la grave afectación de derechos
constitucionales derivada del comportamiento ilícito.[2]
En lo que
respecta a las medidas previstas en la Convención para prevenir, combatir y
erradicar la financiación del terrorismo (Art. 4º), la Fiscalía General estima su
exequibilidad “siempre y cuando su aplicación
se dé en forma respetuosa de los derechos y principios constitucionales, pues
como se señaló respecto de la medida contemplada en el literal a) del mismo
artículo, pese a tener un fin constitucionalmente legítimo, la implementación
de esta medida puede traer consigo la limitación de otros derechos amparados
por la Carta Política, como en este caso, la libertad de circulación, el
ejercicio legítimo del derecho de propiedad, la libertad de empresa, entre
otros, frente a los cuales, la regulación que se derive de la Convención debe
ser proporcionada.”
Consideraciones
adicionales son predicables de las obligaciones que tienen los Estados Parte en
relación con la implementación de medidas para la identificación, embargo y
decomiso de bienes relacionados con actividades terroristas (Art.5º) Ello debido
a que estas acciones deben estar supeditadas a los procedimientos de la
legislación interna del Estado Parte, “lo cual deja a salvo el respeto de
las garantías constitucionales y legales a favor de quienes sean sometidos a la
aplicación de esta medida, que sólo se tornará definitiva cuando se halla
surtido un proceso judicial, que establezca que por el destino o proveniencia
ilícitos de los recursos, el derecho de propiedad de su titular respecto de
ellos debe declararse extinto.”.  Estas facultades, a juicio del Fiscal
General, encuadran dentro del concepto de extinción de dominio previsto en el
artículo 34 C.P.  Así, son plenamente diferenciables de otras medidas, estas sí
inconstitucionales, como la confiscación.
El deber de los
Estados Parte de tipificar como conductas determinantes del lavado de activos,
aquellas descritas en los instrumentos internacionales previstos en el artículo
2º de la Convención (Art. 6º) es constitucional, en tanto el legislador
nacional ha previsto normas en ese sentido.  En efecto, el artículo 323 del
Código Penal establece el tipo general de lavado de activos, norma que fue
modificada por el artículo 17 de la Ley 1121/06, precisamente con el objeto de
incluir dentro de los comportamientos constitutivos de delito la financiación
del terrorismo y la administración de recursos relacionados con actividades
terroristas. “En este sentido, el Estado Colombiano ha estado a la
vanguardia para incluir en su legislación de lavado de activos, como delito
subyacente, a la financiación al terrorismo, con ello se está dando
cumplimiento anticipado al artículo 6 del tratado bajo estudio.  Debe tenerse
en cuenta además que el instrumento internacional da claridad respecto a los
actos que deben ser considerados como terroristas, sin que ello implique una
enumeración taxativa, lo cual facilitará la interpretación de los artículos
323, 343 y 345 del Código Penal. El acatamiento a la convención será sumamente
provechosa para el país en términos de la lucha contra el terrorismo.”
Las
disposiciones de la Convención que prevén distintas modalidades de cooperación
entre Estados para la prevención, sanción y eliminación del terrorismo (Arts.
7, 8 y 9) son igualmente acordes con la Constitución, puesto que responden
adecuadamente al carácter transnacional de las conductas terroristas e,
igualmente, son normas respetuosas del ámbito de soberanía de los Estados Parte
del instrumento internacional.[3]
Frente a las
disposiciones relativas al traslado de personas bajo custodia con fines
probatorios (Art. 10), la entidad interviniente considera que los requisitos
allí previstos para la remisión de detenidos o condenados de un Estado Parte a
otro garantizan la eficacia de los postulados constitucionales. En criterio del
Fiscal General, esta disposición es “respetuosa de la dignidad humana
(artículos 1º y 12 C.N.), pues no se trata simplemente de instrumentalizar a
una persona en aras de la lucha contra el terrorismo, sino que la colaboración
que esa persona preste debe ser producto de su consentimiento informado.
Asimismo, los Estados que intervengan en la operación deben estar de acuerdo,
en ejercicio de su soberanía, lo cual garantiza que no se trate de una maniobra
subrepticia sino que se da bajo la supervisión y vigilancia de cada uno de los
Estados, control que redunda en beneficio no sólo de la eliminación del
terrorismo sino también de los derechos de la persona que voluntariamente ha
decidido colaborar en la consecución de este fin. || Por lo demás, las
demás condiciones previstas por la Convención para el desarrollo de esta
herramienta de cooperación, redundan en interés de la persona sometida a
custodia y de los intereses del Estado en cuanto a la erradicación del
terrorismo, de forma tal que esta disposición está plenamente ajustada a la
Constitución.”
La inaplicabilidad
de la tipificación como delito político de las conductas constitutivas de
terrorismo (Art. 11) encuentra, a juicio del interviniente, pleno respaldo
constitucional, conforme a decisiones anteriores de la Corte que han sostenido
la imposibilidad de otorgar tratamiento penal favorable a actos que implican el
desconocimiento manifiesto de valores axiales para el ordenamiento
constitucional.[4]  Del mismo modo, la
prohibición de extender la condición de refugiado y asilado a los autores de
conductas constitutivas de terrorismo (Art. 12 y 13) “guarda entera
coherencia con las disposiciones constitucionales en varios sentidos. En primer
término y como se señaló en un principio, sólo la vigencia de un orden justo
tanto nacional como internacional es el escenario propicio para la garantía de
los derechos individuales de los asociados (artículo 2º), en especial, el
derecho a la paz (artículo 22), de ahí que sea preciso aunar esfuerzos entre la
comunidad internacional para erradicar el terrorismo, lo cual, como es
evidente, no será posible si existen Estados que amparan este tipo de
prácticas. Es por esto, que la concesión de garantías a terroristas va en
detrimento de los derechos constitucionales y desconoce los principios
fundantes del ordenamiento constitucional. || De esta forma, resulta
clara la constitucionalidad de dos normas que, respetando la competencia
atribuida al legislador, por cuanto prevén que cada Estado debe adoptar las
medidas correspondientes de conformidad con las disposiciones pertinentes
del derecho interno o internacional, busca evitar la concesión de
beneficios injustificados a favor de quienes lleven a cabo los actos
considerados como delitos por la Convención, por cuanto tal forma de actuar del
Estado se constituiría en un obstáculo para la lucha internacional contra el
terrorismo y en tal sentido en un incumplimiento de los fines que la Carta
Política ha trazado en cuanto a cooperación internacional y a garantía de los
derechos se refiere. ”
La necesidad que
las previsiones de la Convención no se conviertan en instrumentos para la
discriminación injustificada y la violación de los derechos humanos
internacionalmente reconocidos (Art. 14 y 15) es exequible, habida cuenta que
son precisamente estas previsiones las que constituyen el límite al ejercicio
del poder punitivo del Estado; puesto que “pese a la importancia de la
eliminación de las prácticas terroristas a nivel nacional e internacional, este
propósito no justifica el desconocimiento de los derechos de la persona humana.
Interpretación absolutamente coherente con los principios fundamentales
previstos en los artículos 1º, 2º y 5º de la Constitución Política.”
Del mismo modo,
las normas sobre cooperación entre los Estados Partes (Art. 16, 17 y 18), al
igual que las restricciones al ejercicio de jurisdicción de un Estado Parte en
el territorio de otro resultan acordes con la Constitución.  Estas
prescripciones permiten el ejercicio adecuado “de la soberanía de cada
Estado en la aplicación y desarrollo de la Convención y las medidas previstas
por la misma, dejando claro que lo previsto por este instrumento internacional
es la cooperación y no la abrogación de competencias que son parte de la
soberanía de cada Estado. || De esta forma, esta disposición se encuentra ajustada
a la Constitución y en particular a los artículos 9, 226 y 227.
Finalmente, el
interviniente no encuentra reparo de constitucionalidad alguno respecto a las
disposiciones finales de la Convención, habida cuenta que son reflejo de las
normas generales de derecho internacional público, previstas por la Convención
de Viena sobre Derecho de los Tratados.
III. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador
General de la Nación, en ejercicio de las competencias previstas en el 242-2 y
278 de la Constitución Política, presentó concepto dentro del trámite de la
referencia, en el que solicita a la Corte que devuelva la Ley a la Cámara de
Representantes, con el fin que subsane los vicios de procedimiento que, en su
criterio, acaecieron en el trámite que precedió a la aprobación de la norma
objeto de examen.  Para arribar a esta conclusión, el Ministerio Público
identifica dos irregularidades definidas.  En primer lugar, sostiene que se
incumplió con lo dispuesto en el artículo 157 C.P., en cuanto prevé la
necesidad que todo proyecto de ley deba ser publicado oficialmente por el
Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva.  En segundo término,
estima que el requisito de anuncio previo a la votación previsto en el artículo
160 Superior fue pretermitido para el caso de la aprobación del proyecto durante
el primer debate en la Cámara de Representantes.
Respecto al
primer nivel de análisis, la Vista Fiscal resalta el hecho que la publicación
de los proyectos de ley constituya una garantía de publicidad para los congresistas, que
tendrán la oportunidad de conocer previamente el texto que se someterá a su
aprobación, dándoles la oportunidad de participar en el debate expresando sus
juicios y opiniones con respecto al proyecto o proposición, lo que desarrolla
el principio democrático de soberanía popular consagrado en nuestra
Constitución, conforme lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional.[5] En especial, el
Procurador General trae a colación argumentos según los cuales la publicación
responde al “acatamiento de un supuesto mínimo de racionalidad deliberativa
y decisoria que implica el conocimiento previo por parte de los Congresistas,
tanto de los proyectos de ley como de las modificaciones propuestas respecto de
los mismos, de manera que se garantice el principio democrático del debate
legislativo en el proceso de formación de la ley, pues el desconocimiento del
proyecto y de las modificaciones conlleva a la carencia de objeto para el
desarrollo de la discusión legislativa”[6].
A juicio del
Ministerio Público, en el presente caso se aprecia claramente que cuando el
proyecto de ley aprobatoria del referido instrumento internacional fue
tramitado en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes, se desconoció el artículo 157 numeral 1° de la Carta y, por
ende, los artículos 144, 156 y 157 del Reglamento del Congreso, que exigen la
publicación de la ponencia antes de darle curso al proyecto en la célula
legislativa, toda vez que la ponencia para primer debate fue publicada el 31 de
marzo de 2006, y el anuncio para primer debate se llevó a cabo el día 29 de
marzo del mismo año.  De esta manera, para la Vista Fiscal el trámite
legislativo en estudio se encuentra viciado de inconstitucionalidad, por cuanto
el Congreso de la República desconoció la exigencia constitucional y
reglamentaria de la publicación del proyecto de ley “antes de darse curso en
la comisión respectiva”, en este caso, ha debido tener lugar antes de
realizarse el anuncio.
Frente a la segunda
objeción relacionada con el trámite del proyecto de ley, el Procurador General advierte
que los requisitos previstos por la jurisprudencia constitucional para la
ejecución del anuncio previo a la votación de proyectos de ley (Art. 160 C.P.),
no fueron cumplidos a propósito del primer debate en la Cámara de
Representantes.  Para ello, resalta como “al
finalizar la sesión de 29 de marzo de 2006, sesión en la que se realizó el
anuncio del proyecto de ley No 221/05 Cámara, 075/05 Senado, se indicó:”Se
levanta la sesión y se convoca para el próximo miércoles”. Un anuncio en tales
términos resulta absolutamente claro, estamos frente a una fecha plenamente
determinada. En ese sentido, la votación debía tener lugar el miércoles
siguiente al 29 de marzo de 2006, es decir, el miércoles 5 de abril, pero
finalmente, ésta se dio el tercer miércoles después del anuncio, o sea el
miércoles 19 de abril de ese año. Así,  se pregunta: ¿debe entenderse que el
orden del día previsto para el 5 de abril sería el del día en el que se
volviera a sesionar? O mejor aún ¿a la expresión próximo miércoles puede
dársele el alcance de próxima sesión?  Para este despacho la respuesta es
negativa. Responder afirmativamente los interrogantes planteados implicaría
flexibilizar en extremo la interpretación del requisito exigido por el artículo
8 del Acto Legislativo 01 de 2003 al punto de terminar haciéndolo inoperante.
La votación ha debido hacerse en la sesión del miércoles 5 de abril que fue
para la que previamente se anunció y no en otra  (que resultó siendo además
incierta  ¿cuál próximo miércoles?). Ese es el real alcance del artículo 160
constitucional. En estos casos, si se cambió la fecha de la sesión, lo
procedente era actuar en la forma como lo establece el artículo 8 citado: en
una sesión distinta anunciar la fecha en que se discutirá y votará un proyecto
de ley.”
Ante esta
irregularidad y de conformidad con la regla jurisprudencial aplicable a la
materia, el Ministerio Público considera que se trata de un vicio de naturaleza
subsanable, razón por la cual la ley debe devolverse al Congreso, con el fin
que vuelva a surtirse el trámite correspondiente, subsanándose el defecto
observado.
No obstante
el planteamiento expuesto, la Vista Fiscal presenta argumentos adicionales,
destinados a comprobar la constitucionalidad del instrumento internacional por
su aspecto material.  Sobre el particular, el concepto indica que la Convención
constituye un importante mecanismo para impulsar y consolidar las relaciones
multilaterales en materia de seguridad y prevención del terrorismo, lo cual
está en consonancia con los postulados constitucionales consagrados en los
artículos 9°, 226 y 227 de la Constitución, que orientan la política exterior
del Estado colombiano referentes a la internacionalización de las relaciones
políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional así como en el respeto de la soberanía
nacional y el respeto a la autodeterminación de los pueblos.  Desde esta
perspectiva, el tratado internacional sujeto a análisis atiende la obligación
constitucional del Estado de promover la integración económica, social y
política con las demás naciones. Así, su suscripción por parte del Estado
colombiano resulta suficientemente sustentada, pues se presenta como una
herramienta de integración entre varios Estados en pro de encontrar mecanismos
para prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo.
Frente a los
aspectos puntuales de la Convención, el Ministerio Público sostiene que
resultan plenamente compatibles con la Constitución, en la medida en que (i)
coinciden con lo consagrado en los artículos 1 y 2, y con el Capítulo 1
del Título II de la Carta, pues establecen que las medidas adoptadas por los
Estados Parte se llevarán a cabo con pleno respeto al estado de derecho, los
derechos humanos y las libertades fundamentales; (ii) afianzan el
proceso de integración, al establecer, desde su Parte Considerativa, que la
Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta de las Naciones
Unidas y el derecho internacional, constituyen el marco apropiado para
fortalecer la cooperación hemisférica en la prevención, combate y eliminación
del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, lo que resulta acorde con
lo señalado en los artículos 9°, 226 y 227 de la Constitución; (iii) tienen
por objeto prevenir, sancionar y eliminar las conductas constitutivas de
terrorismo; actos que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 Superior deben
ser evitados y sancionados por parte del Estado Colombiano; y (iv) salvaguardan
la soberanía nacional del Estado Colombiano, puesto que la aplicación de sus
preceptos está sujeta al ordenamiento jurídico interno.
IV.
SUBSANACIÓN DEL VICIO DE PROCEDIMIENTO EN LA FORMACIÓN DE LA LEY
Con el fin que la
Corte ejerciera el control automático de constitucionalidad previsto en el
artículo 241-10 de la Carta Política, el Secretario Jurídico de la Presidencia
de la República remitió a la Presidencia de esta Corporación, a través de
escrito radicado el 17 de enero de 2007, el texto de la Ley 1108 de 2006.
Una vez
adjuntado el expediente legislativo correspondiente por parte del Congreso, la
Corte asumió el estudio de constitucionalidad de la citada norma y concluyó que
durante el procedimiento de formación de la ley se había incurrido en un vicio,
relacionado con el incumplimiento del requisito de anuncio previo a la
discusión y votación del proyecto de ley (Art. 160 C.P.), durante el trámite en
la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Igualmente, la Sala Plena
verificó que el vicio tenía carácter subsanable, razón por la cual dio
cumplimiento a lo previsto en el parágrafo del artículo 241 C.P. y ordenó
devolver la Ley al Congreso, con el fin que enmendara el procedimiento.  Al
respecto, la parte resolutiva del Auto 232 del 5 de septiembre de 2007 estipuló
lo siguiente:
Primero.- Por Secretaría General de la Corte Constitucional,
DEVUÉLVASE a la presidencia de la Cámara de Representantes la Ley 1108 del
27 de diciembre de 2006, “por medio de la cual se aprueba la “Convención
Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown,
Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo
período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos.” con el fin de que tramite la subsanación del vicio de
procedimiento identificado en esta providencia.
Segundo.- CONCÉDASE a la Comisión Segunda Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes el término de 30 días, contados a
partir de la notificación de este auto a la Presidencia de la misma, para que
subsane el vicio detectado en esta providencia.
Tercero.- Una vez subsanado el vicio a que se refiere la parte
considerativa de esta providencia, la Cámara de Representantes dispondrá hasta
el 16 de diciembre de 2007, para cumplir las etapas posteriores del proceso
legislativo. Luego, el Presidente de la República tendrá el plazo establecido
en la Carta para sancionar el proyecto de ley.
Cuarto.- Cumplido el trámite anterior, la Presidenta del
Congreso remitirá a la Corte la Ley 1108 de 2006, para decidir definitivamente
sobre su exequibilidad.
En cumplimiento
de lo dispuesto en esta decisión, la Presidenta del Congreso, a través de
comunicación radicada en la Secretaría General de esta Corporación el 18 de
enero de 2008, remitió el expediente legislativo contentivo de la subsanación
del vicio de trámite, junto con el texto de la Ley 1108/06, sancionada
nuevamente por el Presidente de la República.  Así, verificado los presupuestos
materiales para el efecto, la Sala procede a adoptar decisión definitiva sobre
la constitucionalidad del tratado internacional y de su ley aprobatoria.
V. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Naturaleza
del control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados
De conformidad
con lo previsto en el artículo 241-10 de la Carta Política, la Corte
Constitucional es competente para revisar este instrumento internacional y su
ley aprobatoria. El control de constitucionalidad que realiza esta Corporación
es completo, automático y versa tanto sobre el contenido material de la
Convención y de su ley aprobatoria, como sobre la concordancia entre su trámite
legislativo y las normas constitucionales aplicables.
En relación con
el aspecto formal corresponde a la Corte examinar la validez de la
representación del Estado colombiano durante el proceso de negociación,
celebración y suscripción del tratado, al igual que la observancia de las
reglas del trámite legislativo que precedieron a la aprobación de la ley sujeta
a análisis.
Al respecto,
esta Corporación tiene en cuenta que la Constitución Política no dispone de un
procedimiento legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de
un tratado internacional, de tal manera que debe seguir, en términos generales,
el mismo trámite que una ley ordinaria. No obstante, esta previsión opera salvo
las obligaciones de (i) iniciación del debate en el Senado de la
República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (Art.
154 C.P.); y (ii) remisión de la ley aprobada a la Corte Constitucional,
por parte del Gobierno, para efectos de su revisión definitiva (Art. 241-10
C.P.).
Desde esta
perspectiva se requiere, en razón del trámite ordinario; (i) la
publicación oficial del proyecto de ley; (ii) el inicio del
procedimiento legislativo en la comisión constitucional correspondiente del
Senado de la República; (iii) la aprobación reglamentaria en los debates
de las comisiones y plenarias de cada una de las cámaras (Art. 157 C.P.); (iv)
que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a ocho días y
que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del
debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.P.); (v)
la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los
debates; y (vi) la sanción presidencial y la remisión del texto a la
Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes, (Art.  241-10 C.P.).
Por último,
frente al aspecto material o de fondo, la labor de la Corte consiste en
confrontar las disposiciones del instrumento internacional sujeto a análisis y
las de su ley aprobatoria con la totalidad de los preceptos constitucionales, a
fin de  determinar si se ajustan o no a la Carta Política.
De acuerdo con
este marco de análisis, la Sala asume a continuación el estudio del tratado.
2. La
revisión por el aspecto formal
2.1. Representación del Estado, suscripción del tratado y aprobación
presidencial
El Ministerio de
Relaciones Exteriores informó[7] a esta Corporación que la
Convención Interamericana contra el Terrorismo fue firmada por el ciudadano
Humberto de la Calle Lombana, quien para la época se desempeñó como Embajador y
Representante Permanente de Colombia ante la Organización de Estados
Americanos, de conformidad con los plenos poderes otorgados para el efecto por
el Presidente de la República.[8]  Del mismo modo, el 30 de
julio de 2002, el mismo funcionario le impartió aprobación ejecutiva a la Convención
y ordenó someterla a la consideración del Congreso de la República.[9]
En este orden de
ideas, el tratado en comento fue suscrito de conformidad con las disposiciones
constitucionales que regulan la celebración de acuerdos internacionales por
parte del Estado colombiano.  En el mismo sentido, fueron cumplidas las
previsiones contenidas en el artículo 7-2 a. de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados, en el sentido que para la adopción y autenticación de
un tratado, al igual que para manifestar el consentimiento del Estado en
obligarse por un acuerdo internacional, se considera que una persona representa
a un Estado si presenta los adecuados plenos poderes, como sucede en el
presente caso.
Finalmente, en
lo que tiene que ver con la aprobación presidencial de la Convención, se tiene
que el Presidente de la República cumplió con este requisito y ordenó la
remisión del texto correspondiente al Congreso, con el fin que fuera discutido
y aprobado, cumpliéndose con ello lo previsto en los artículos
189-2 y 224 de la Constitución Política.
2.2. El
trámite legislativo del proyecto de ley
El expediente
legislativo enviado a la Corte por el Congreso de la República demuestra que el
proyecto de ley n.° 075/05 Senado, 221/05 Cámara, que finalizó con la
expedición de la Ley 1108 de 2006 “por medio de la cual se aprueba la
“Convención Interamericana contra el Terrorismo, suscrita en la ciudad de
Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002) en el
trigésimo segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos”, surtió el siguiente
trámite:
2.2.1. Senado
de la República
2.2.1.1. El
proyecto de ley correspondiente fue presentado al Congreso de la República por
el ministro del Interior y de Justicia y la ministra de Relaciones Exteriores.
2.2.1.2. Su
texto fue publicado en la Gaceta del Congreso 561 del 25 de agosto de 2005.[10]
2.2.1.3. La
ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República
fue presentada por los senadores Jimmy Chamorro Cruz y Manuel Ramiro Velásquez
Arroyave y fue publicada en la Gaceta del Congreso 639 del 21 de septiembre de
2005.[11]
2.2.1.4. Según
certificación suscrita por el Secretario General de la Comisión Segunda del
Senado de la República[12], el proyecto de ley fue
anunciado para su discusión y aprobación en primer debate en la sesión del 27
de septiembre de 2005, según consta en el Acta n.° 07 de la misma fecha, publicada
en la Gaceta del Congreso 82 del 25 de abril de 2006.  En este documento puede
verificarse que en el punto IV del Orden del Día se consignó el anuncio de la
discusión y votación del proyecto de ley materia de análisis; orden que fue
aprobada una vez se verificó el quórum para ello.  Igualmente, en la mencionada
acta se advierte lo siguiente:
“El señor
Secretario pregunta al Señor Presidente: Entonces por razones de la constancia
de la historia de los proyectos de ley, si para el día martes 4 de octubre qué
proyectos estarían en el Orden del Día.
El señor
Presidente informa a la Secretaría, que los proyectos que estarían en el Orden
del Día los dos de hoy, más lo anunciados: Proyecto de ley número 75 de 2005,
por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana contra el
Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de
junio de dos mil dos (2002), en el Trigésimo Segundo Periodo Ordinario de Sesiones
de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
(…)
Estos son los
4 proyectos que quedarían para incluir en el Orden del Día de la semana
entrante.  Vamos a hacer el debate y aprobación de proyectos.”[13]
Del mismo modo,
finalizada la sesión, el Presidente convocó la siguiente “para el próximo
martes a las 10:00 a.m.”[14] En ese sentido,
la discusión y aprobación del proyecto de ley fue anunciada para el día 4 de
octubre de 2005
2.2.1.5. Según
la certificación suscrita por el Secretario de la Comisión Segunda del Senado
de la República, citada en el numeral anterior, el proyecto de ley fue aprobado
en primer debate el 4 de octubre de 2005 (Acta n.° 08 de la misma fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso 82 del 25 de abril de 2006), con un quórum
deliberatorio y decisorio integrado por 12 de los 13 senadores que conforman
esa Comisión, quienes aprobaron la iniciativa por unanimidad.
2.2.1.6. La
ponencia para segundo debate fue presentada por los senadores Jimmy Chamorro
Cruz y Manuel Ramiro Velásquez Arroyave y publicada en la Gaceta del Congreso
718 del 20 de octubre de 2005.[15]
2.2.1.7 Según
certificación suscrita por el Subsecretario General del Senado de la República,[16]
el proyecto de ley fue anunciado para su discusión y aprobación en segundo
debate en la sesión del 26 de octubre de 2005, según consta en el Acta n.° 23
de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 811 del 15 de noviembre
de 2005.[17] Estudiado el texto de la
referida acta, se encuentra que por instrucciones de la Presidenta del Senado,
el Secretario “anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la
próxima sesión.  (…) Proyecto de ley 75 de 2005 Senado, por
medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana contra el
Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de
junio de dos mil dos (2002), en el Trigésimo Segundo Periodo Ordinario de
Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.”  Finalizada
la sesión, la Presidenta convocó una nueva “para el martes 1º de noviembre
de 2005 a las 4:00 p.m.”
2.2.1.8.
Igualmente, la certificación citada hace constar que el
proyecto de ley fue considerado en segundo debate el 15 de noviembre de 2005[18]
con un quórum deliberatorio y decisorio de 96 de los 102 senadores que
conforman la Plenaria y aprobado por unanimidad. Todo lo anterior consignado en
el Acta 28 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 866 del 5 de
diciembre de 2005.
En esta
instancia del trámite debe resaltarse que el anuncio para la votación del
proyecto de ley fue reiterado sucesivamente en las sesiones plenarias
posteriores a la del 26 de octubre de 2005.  Ello se comprueba a partir de la
lectura de las Actas de las sesiones plenarias correspondientes al 1º de
noviembre de 2005 (Acta n.° 24, publicada en la Gaceta del Congreso 856 del 2
de diciembre de 2005, pág. 51); 2 de noviembre de 2005 (Acta n.° 25, publicada
en la Gaceta del Congreso 846 del 2 de diciembre de 2005, pág. 24); 8 de
noviembre de 2005 (Acta n.° 26, publicada en la Gaceta del Congreso 865 del 5
de diciembre de 2005, pág. 45); y al 9 de noviembre de 2005 (Acta n.° 27,
publicada en la Gaceta del Congreso 14 del 30 de enero de 2006, pág. 4). En
esta última sesión plenaria, el proyecto de ley fue anunciado para su discusión
y aprobación la siguiente sesión, convocada para el martes 15 de noviembre de
2005, fecha en la que efectivamente se comprobó dicho trámite.
2.3 Cámara de
Representantes
2.3.1. Para
primer debate rindió ponencia el representante Fabio Arango Torres, cuya
publicación se llevó a cabo en la Gaceta del Congreso 55 del 31 de marzo de
2006.[19]
2.3.2. Según
certificación expedida por la Secretaria de la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes,[20] en sesión del 29 de
marzo de 2006 se anunció la discusión y aprobación del proyecto de ley (Acta
n.° 17 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 337 del  4 de septiembre
de 2006).
Revisada el acta
de esta sesión, se encuentra que leído el orden del día para la misma, algunos
Representantes sometieron a aprobación de la Comisión dos proposiciones,
relacionadas con el otorgamiento de la Condecoración Orden, Dignidad y Patria
al fallecido alcalde de Villavicencio Omar López Robayo y la conmemoración de
los 166 años de fundación de dicho municipio.  Acto seguido, la Presidencia de la
Comisión sometió a consideración tanto el orden del día como las proposiciones
citadas, las cuales recibieron la aprobación de los miembros de la comisión.
Luego, hizo uso de la palabra la Secretaria de la Comisión Segunda de la
Cámara, quien enumeró algunos proyectos de ley, entre ellos el correspondiente
al asunto de la referencia, bajo el título “Anuncio de Proyectos”.   Sobre
esta secuencia fáctica, se lee en el acta en comento lo siguiente:
“Hace uso
de la palabra el honorable Representante Germán Velásquez Suárez, Representante
a la Cámara por el departamento del Meta:
(…)
Muy amable,
Presidente.  Solicito que se coloque a consideración estas dos proposiciones
que he presentado.
Hace uso
de la palabra el Presidente, honorable Representante  Efrén Antonio Hernández
Díaz, Representante a la Cámara por el departamento del Casanare:
Se somete a
consideración el Orden del Día.  Se abre a discusión.  Anuncio que se va a
cerrar.  Queda cerrada. ¿Lo aprueba la Comisión?
Aprobado.
Procedemos
entonces a las proposiciones porque ha sido aprobado con la modificación
planteada.  La primera proposición del ex Alcalde del municipio de
Villavicencio, como ha sido sustentada por el honorable Representante Germán
Velásquez. Se somete a consideración la proposición.  Se abre la discusión.
Anuncio que se va a cerrar.  Queda cerrada. ¿La aprueba la Comisión?
Aprobada.
La segunda
proposición, la de la conmemoración del municipio de Villavicencio con la
condecoración de Orden, Dignidad y Patria por parte de la Comisión Segunda para
el aniversario del municipio de Villavicencio. Se abre su discusión.  Aviso que
va a cerrarse. Queda cerrada. ¿La aprueba la Comisión?
Aprobada.
Hace uso
de la palabra la Secretaria General, doctora Rocío López Robayo:
Anuncio de
proyectos
(…) . Proyecto
de ley número 221 de 2005 Cámara, 075 de 2004 Senado por medio de la cual
se aprueba la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la
ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en
el Trigésimo Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos.”.[21]
Realizada esta
enumeración, los miembros de la Comisión intervinieron en el marco del debate
de control político, materia de dicha sesión, a la cual fueron citados los
ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional con el fin de analizar
la problemática de la seguridad fronteriza con la República de Ecuador.  Así,
finalizadas las sesiones correspondientes, el Presidente de la Comisión
intervino del siguiente modo, con el fin de levantar la sesión.
“Hace uso
de la palabra el Presidente, honorable Representante  Efrén Antonio Hernández
Díaz, Representante a la Cámara por el departamento del Casanare:
Gracias
Representante, queremos anunciarles que el desayuno del día de mañana en el
Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido cancelado y quedan convocados todos
para el 26 del mes de abril a las 8:00 de la mañana en la Cancillería.
Se levanta la
sesión y se convoca para el próximo miércoles.
Se levante la
sesión siendo las 2:15 p.m.”
Conforme a esta
información, la siguiente sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes fue convocada para el día 5 de abril de 2006.
2.3.3. Como
consta en la certificación citada en el numeral anterior, el proyecto de ley
fue considerado y aprobado por la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes el 19 de abril de 2006 con asistencia de 18 congresistas y fue
aprobado por unanimidad (Acta n.° 18 de la misma fecha, publicada en la Gaceta
del Congreso 337 del 4 de septiembre de 2006).
2.3.4. Para
segundo debate la ponencia fue presentada por el representante Fabio Arango
Torres y fue publicada en la Gaceta del Congreso 105 del 10 de mayo de 2006.[22]
2.3.5. De
acuerdo con lo certificado por el Secretario General de la Cámara de
Representantes,[23] en sesión plenaria del
30 de mayo de 2006 se anunció la discusión y aprobación del proyecto de ley,
(Acta n.° 231 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 201 del 15
de junio de 2006[24]).
Sobre el
particular se advierte que en la mencionada sesión, el Secretario General de la
Cámara, por instrucciones del Presidente de esa Corporación, realizó el anuncio
del proyecto en los siguientes términos:
“Me permito
cumplir su instrucción dada a esta Secretaría, de anunciar los proyectos para
el día de mañana a las dos de la tarde.
La
Subsecretaria Auxiliar, doctora Flor Marina Daza, procede con la lectura
(…)
Proyectos
para segundo debate
(…)
Proyecto de
ley número 221 de 2005 Cámara, 75 de 2005 Senado.
(…)
Están leídos
los proyectos señor Presidente.”
Finalmente, se
encuentra que debido a la desintegración del quórum, la sesión  fue levantada
por la Presidencia de la Cámara y convocada nuevamente para “el próximo
miércoles 31 de mayo de 2006, a las 2:00 p.m.”[25]
2.3.6. Según la
certificación antes citada, en sesión plenaria del 31 de mayo de 2006, a la
cual se hicieron presentes 141 Representantes, se consideró y aprobó por la
mayoría de los presentes la ponencia para segundo debate del proyecto de ley,
decisión consignada en el Acta n.° 232 de la misma fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso 219 del 27 de junio de 2006.[26]
2.3.
Conciliación
2.3.1. El
informe de conciliación al proyecto de ley, suscrito por el senador Manuel
Ramiro Velásquez Arroyave y el representante Oscar Arboleda Palacio, de fecha
29 de agosto de 2006 y publicado en la Gaceta del Congreso 355 del 8 de
septiembre de 2006, da cuenta que la comisión accidental, al comparar los
textos aprobados por las plenarias de cada una de las cámaras, advirtió una
discrepancia en el artículo 1º de los mismos.  Sobre el particular, el informe
señala que, “el texto aprobado por la honorable Cámara de Representantes
omite la referencia a que la convención contra el terrorismo, es de naturaleza “interamericana”,
especificación que sí se encuentra en el texto aprobado por el honorable
Senado de la República. || En virtud de lo anterior y luego de discutir la
conveniencia de cada uno de los textos, la presente Comisión propone a las Plenarias
de cada una de las Cámaras acoger el texto aprobado en el Senado de la
República, por ser más específico en su redacción.”
2.3.2. Para el
caso del Senado de la República, la Corte advierte que el anuncio de la
discusión y votación del informe de conciliación se verificó en la sesión
plenaria del 12 de septiembre de 2006, consignada en el Acta n.° 13 y publicada
en la Gaceta del Congreso 459 del 18 de octubre de 2006.  Al respecto, en el
acta se lee lo siguiente:
“Por
instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número
01 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán
en la próxima semana.
Los proyectos
para la próxima sesión son los siguientes:
Con
informes de conciliación
(…)
·
Proyecto de ley número 075 de 2005 Senado,
221 de 2005 Cámara, por medio de la cual se
aprueba la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la
ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de (2002), en el trigésimo
segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos.
(…)
Están leídos
los proyectos señora Presidenta.”[27]
Finalizada la
sesión, fue levantada por la Presidencia del Senado, quien citó para la
siguiente “el día miércoles 13 de septiembre de 2006, a las 3.00 p.m.”[28]
Del mismo modo,
la discusión y aprobación del mencionado informe se verificó en la sesión
plenaria del 13 de septiembre de 2006, según consta en el Acta n.° 14 de la
misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 462 del 18 de octubre de 2006.
2.3.3. En lo que
tiene que ver con la Cámara de Representantes y de conformidad con la
certificación a la que hace referencia el numeral 2.2.5. de esta providencia,
el anuncio de la aprobación del informe de conciliación fue realizado el 25 de
octubre de 2006, según consta en el Acta de Plenaria n.° 23 de la misma fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso 609 del 4 de diciembre de 2006.  Sobre el
particular, en dicho documento se lee lo siguiente:
“Se anuncian
los temas, proyectos y actas para debatir el próximo martes a las tres de la
tarde:
(…)
Acta de
Conciliación al Proyecto de ley número 221 de 2005 Cámara, 75 de 2005 Senado.”
(…)
Señor
Presidente, han sido anunciados los temas que estarán en el Orden del Día del
próximo martes a las tres de la tarde.”[29]
Finalizada la
sesión, el Presidente de la Cámara convocó para la siguiente “el próximo martes
a las 3 de la tarde en este mismo recinto.”[30] Por
ende, la sesión ulterior fue convocada para el 31 de octubre de 2006.
Del mismo modo,
conforme lo certificado por la Secretaría de la Cámara de Representantes, el
informe de la comisión accidental de conciliación fue considerado y aprobado
por la mayoría de los 158 representantes presentes en la plenaria del 31 de
octubre de 2006, consignada en el Acta n.° 231 de la misma fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso 607 del 1º de diciembre de 2006.[31]
2.2.3. Subsanación del vicio de trámite en la Cámara de
Representantes
2.2.3.1. Como se indicó en el apartado IV de esta providencia, la
Corte identificó la existencia de un vicio en el trámite legislativo,
relacionado con el incumplimiento del requisito del anuncio previo a la
discusión y aprobación del proyecto de ley, para el caso de la Comisión Segunda
de la Cámara de Representantes.
Con el fin de subsanar dicha irregularidad y de acuerdo con lo
ordenado por la Sala en el Auto 232/07, notificado al Presidente de la Cámara
de Representantes a través de comunicación radicada el 26 de septiembre de
2007,[32] la Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes sometió nuevamente a consideración el proyecto de ley,
el cual fue discutido y aprobado en la sesión del 9 de octubre de 2007. Esto
según lo certificado por la Secretaria General de la Comisión, en constancia de
la misma fecha.[33]
En relación con el requisito del anuncio de la discusión y votación
del proyecto de ley, éste fue cumplido en la sesión del 2 de octubre de 2007,
contenida en el Acta No. 09 de la misma fecha, publicada en la Gaceta 36 del 13
de febrero de 2008.  Así, en dicha sesión se verificó el procedimiento
siguiente:
“Hace uso de la palabra el
Presidente, honorable Representante Augusto Posada Sánchez:
Gracias doctor Silfredo, será
entonces anunciado con base en los acuerdos que ustedes como ponentes
consideren necesario para las próximas sesiones. Próximo punto del Orden del
Día señora Secretaria.
“Hace uso de la palabra la
Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez Arias:
V
Anuncio de proyectos de ley para discusión y
votación en la sesión del día martes 9 de octubre de 2007
Proyecto de ley número 75 de
200 5 Senado, 221 de 2005 Cámara, por medio de la cual se aprueba La Convención
Interamericana contra el Terrorismo, suscrita en la ciudad de Bridgetown,
Barbados, el 3 de junio de 2002, en el Trigésimo Segundo Período Ordinario de
Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Autores: Ministro de
Relaciones Exteriores Carolina Barco; Ministro del Interior y de Justicia Sabas
Pretelt de la Vega.
Ponentes Senado: honorables
Senadores Jimmy Chamorro Cruz y Manuel Ramiro Velásquez.
Ponentes Cámara: honorable
Representante Fabio Arango Torres.
Publicación texto del
proyecto y articulado de la convención: Gaceta del Congreso número 561
de 2005.
Ponencia primer debate
Senado: Gaceta del Congreso número 639 de 2005.
Ponencia segundo debate
Senado: Gaceta del Congreso número 718 de 2005.
Ponencia primer debate
Cámara: Gaceta del Congreso número 055/06.
Se hace este anuncio por
orden del señor Presidente, en cumplimiento del artículo 8° del Acto
Legislativo número 01 de 2003, para subsanar vicio de procedimiento establecido
por la Corte Constitucional en Auto número 232 de 2007. Notificado el día de
ayer señor Presidente.”
Con base en esta constatación se tiene que la Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes realizó nuevamente el anuncio para la discusión y votación,
esta vez ajustándose a las condiciones contempladas por la jurisprudencia
constitucional, señaladas en el Auto 232/07.  En efecto, el aviso fue realizado
para una fecha determinada, en la que efectivamente fue debatida y aprobada la
iniciativa correspondiente.
2.2.3.2. Aprobado el proyecto de ley en primer debate, fue publicada
la ponencia correspondiente para su trámite en plenaria de la Cámara de
Representantes, como consta en la Gaceta del Congreso 565 del 9 de noviembre de
2008.
2.2.3.3. Según lo certificado por el Secretario General de la Cámara
de Representantes en informe de sustanciación,[34] el proyecto
de ley fue considerado y aprobado en la sesión plenaria del 14 de noviembre de
2007,[35] subsanándose con ello el
vicio de procedimiento identificado por la Corte en el Auto 232/07.
En cuanto al requisito del anuncio previo a la discusión de la
iniciativa, el mismo informe da cuenta que esta condición se verificó en la
sesión plenaria del 13 de noviembre de 2007, contenida en el Acta de Plenaria
No. 82, publicada en la Gaceta del Congreso 677 del 21 de diciembre de 2007.
En este documento se observa lo siguiente:
“Dirige la sesión el Primer
Vicepresidente de la Cámara de Representantes, doctor Bérner Zambrano Erazo:
Lea los proyectos, señor
Secretario para mañana a las 11:30. a. m.
“El Subsecretario General de
la Cámara de Representantes, doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo, procede a
leer los Proyectos:
Vamos a
anunciar proyectos honorables Representantes, todavía no se ha levantado la
sesión.
“Por medio
del cual se aprueba el Informe de Objeciones del Código de Ética del
Congresista.”
“Por medio del cual se aprueba la
Convención Interamericana contra el Terrorismo, Corrección de Vicio de
Procedimiento.”
(…)
Han sido anunciados estos
proyectos para la sesión del día de mañana miércoles 14 de noviembre, y se
informa a los honorables Representantes que a las 7:00 de la noche de hoy, aun
no fueron recibidas las respuestas del Gobierno, para el debate que estaba
convocado para el día de mañana. Por lo tanto, es en la práctica imposible
hacer ese debate, porque ya no se le dio traslado de esa respuesta a los
citantes.
Dirige la sesión el Primer
Vicepresidente de la Cámara de Representantes, doctor Bérner Zambrano Erazo:
Con esa constancia se levanta
la sesión y se convoca para mañana miércoles 14 de noviembre a las 11:30 a. m.
Conforme a lo anterior, la Corte comprueba que la discusión y
votación del Proyecto de Ley contentivo de la Convención, fueron anunciadas
para la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del 14 de noviembre de
2007.  Al respecto, debe resaltarse que aunque la mesa directiva de esta célula
legislativa se limitó a “anunciar” los proyectos de ley para la próxima sesión,
sin indicar expresamente la finalidad de dicho anuncio, la Corte considera que
tal procedimiento ha sido validado por la jurisprudencia constitucional, amén
que las normas aplicables al trámite legislativo imponen este deber únicamente
para los propósitos del inciso final del artículo 167 C.P.[36]
2.2.4. La descripción del procedimiento surtido por el proyecto de
ley, tanto en su trámite original como el de subsanación de los vicios
identificado por esta Corporación en el Auto 232/07, permiten a la Corte
concluir que la norma de la referencia es exequible desde su aspecto formal.
En efecto, el proyecto de ley (i) inició su trámite en el Senado de la
República; (ii) fue publicado previamente al inicio del proceso
legislativo; (iii) fue aprobado en primero y segundo debate en cada una
de las cámaras legislativas, conforme con las mayorías exigidas por la Carta y
el Reglamento del Congreso; (iv) las ponencias tanto en comisiones como
en plenarias fueron publicadas antes de iniciarse los debates; (v) entre
el primero y segundo debate en cada Cámara, así como entre la aprobación del
proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra
transcurrieron los términos señalados en el inciso primero del artículo 160
Superior  y (vi) fue cumplido en cada una de las etapas del trámite
legislativo el requisito del anuncio previo exigido por el artículo 8 del Acto
Legislativo 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 C.P., subsanándose
adecuadamente el defecto evidenciado en el Auto 232/07 para el caso del trámite
de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.
Finalmente, la Sala considera pertinente enfatizar en que si bien
dentro del trámite original se contempló la discusión y aprobación del informe
de la comisión accidental de conciliación, habida cuenta las discrepancias
entre los textos aprobados por las cámaras legislativas, este trámite no
resultaba necesario para el caso del procedimiento de subsanación. Ello debido
a que, como se indicó en el apartado 2.3.1. de esta providencia, la
discrepancia se fundó en el hecho que la ponencia aprobada por la Cámara de
Representantes omitía la referencia a que la Convención era de naturaleza “interamericana”.
Sin embargo, verificada la ponencia para segundo debate dentro del trámite
de subsanación en esa instancia legislativa, publicada en la Gaceta del
Congreso 565 del 9 de noviembre de 2007 y  aprobada en la plenaria del 14 de
noviembre de 2007, se tiene que el texto sometido a discusión contempla dicha
expresión, por lo que el sustento fáctico de la necesidad de efectuar la
conciliación, esto es, la discrepancia en los textos en los términos del
artículo 161 C.P., dejó de existir.
2.3. Sanción presidencial y remisión a la Corte Constitucional
La Ley 1108 fue sancionada por el Presidente de la República el 27
de diciembre de 2006, remitiéndose para su estudio a la Corte el 16 de enero de
2007 del mismo año, a través de oficio suscrito por el Secretario Jurídico de
la Presidencia,[37] cumpliéndose con ello el
término de seis días al que refiere el artículo 241-10 de la Constitución,
habida cuenta que este Tribunal permaneció en vacancia judicial durante el
periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2006 y el 10 de enero de 2007.
En razón a que
esta Corporación declaró la existencia de un vicio subsanable a través del Auto
232/07, se reenvío el expediente legislativo al Congreso para que rehiciera el
trámite afectado con el vicio mencionado.  Del mismo modo, en esta decisión se
determinó que, en lo relativo a la sanción presidencial del proyecto de ley
resultante de la subsanación, “en tanto se refiere al mismo acto aprobatorio
sujeto a análisis, no contraerá el cambio en la identificación de la ley. En
ese sentido, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, al
momento de ejercer la competencia prevista en el artículo 8º del Decreto 2719 de
2000, conservará el número de Ley 1108 del 27 de
diciembre de 2006.  Lo anterior debido a que, como lo
ha sostenido esta Corporación,[38] la
subsanación de un vicio en el trámite legislativo por parte del Congreso no
contrae modificación alguna en lo relativo a la identificación nominal del
proyecto y de la ley aprobatoria resultante.”
Subsanado el vicio de procedimiento identificado en el Auto 232/07, el
Secretario General del Senado remitió el proyecto de ley y sus antecedentes al
Presidente de la República, quien sancionó la iniciativa el 7 de diciembre de
2007, conservándose tanto el número como la fecha originales de sanción de la
Ley 1108 de 2006, documentos que fueron remitidos a la Presidencia del Congreso
el 10 de diciembre de 2007.[39] Luego, mediante oficio
radicado ante la Corte el 18 de enero de 2008, la Presidenta del Senado envió a
la Corte la Ley sancionada junto con el expediente legislativo correspondiente.[40]
En consecuencia,
la Corte concluye que para el asunto bajo examen (i) resultan
acreditados los requisitos propios del trámite de las leyes ordinarias; y (ii)
se cumplió a cabalidad con lo ordenado por esta Corporación en lo relativo a la
subsanación del vicio de procedimiento identificado en el Auto 232/07; razones
por las que no existe defecto alguno en cuanto al análisis formal.  Así,
superada esta primera etapa del estudio de constitucionalidad, la Corte
procederá a realizar el análisis sobre la materia del instrumento
internacional.
3. Aspectos
de fondo
3.1. Materia
de la Convención
La Convención Interamericana contra el Terrorismo, en adelante la
Convención, es un instrumento internacional, promulgado bajo el marco de la
Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta de las Naciones
Unidas, cuya finalidad se centra en adoptar en el sistema interamericano medidas
eficaces para prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo, a través de la
estipulación de mecanismos fundados en la más amplia cooperación entre los
Estados parte.
Para cumplir con esta finalidad, la Convención identifica los
instrumentos internacionales aplicables para la determinación de las conductas
que encuadran dentro del concepto de terrorismo y determina el régimen sobre la
aplicabilidad de estos convenios para los Estados parte (Arts. 2º y 3º).  Del
mismo modo, establece las obligaciones que contraen los Estados respecto de la
implementación de medidas para prevenir, combatir y erradicar la financiación
del terrorismo; la adopción de medidas embargar y decomisar los bienes
relacionados con ese delito; la tipificación en la legislación penal interna de
las conductas determinantes del lavado de dinero y; la promoción y
fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional, el intercambio
de información y la asistencia jurídica mutua, dirigidos a la prevención y
sanción del terrorismo. (Arts. 4 a 10, 16 a 19).  Igualmente, la Convención
determina la prohibición de adscribir a los responsables del delito de
terrorismo las condiciones de delincuente político, refugiado o titular del
derecho de asilo (Arts. 11 a 13).  Luego, el instrumento internacional impone
cláusulas de compatibilidad entre la aplicación de las normas de la Convención
y la prohibición de discriminación por motivos sospechosos y, en general, los
derechos humanos, el derecho internacional humanitario y las libertades
fundamentales (Arts. 14 y 15).  Finalmente, la Convención establece la
normatividad genérica de derecho internacional público, relativa al otorgamiento
de la voluntad de los Estados para obligarse por las disposiciones del instrumento.
(Arts. 20 a 23).
Con base en lo expuesto, para el análisis material de la Convención,
la Sala adoptará la metodología siguiente.  En primer término, expondrá la
jurisprudencia constitucional aplicable al tratamiento del delito de terrorismo
e identificará las condiciones que este precedente impone para el estudio de
normas internacionales que versan sobre la prevención y sanción de esa conducta.
Luego de definir los aspectos concretos que se deriven de este marco general de
análisis, la Corte se detendrá en el juicio sobre la constitucionalidad de cada
uno de los ejes temáticos anteriormente identificados.
3.2. El tratamiento del delito de terrorismo en la jurisprudencia
constitucional colombiana
La Corte se ha pronunciado en varias ocasiones sobre las
implicaciones que tiene el delito de terrorismo, en términos de la grave
afectación que genera respecto de derechos y libertades de primer orden, lo que
impone la obligatoriedad para el Estado de establecer medidas suficientes y
eficaces, tanto en el ámbito internacional como del derecho interno, para
prevenir, combatir y sancionar esas conductas.
3.2.1. A través de la sentencia C-127/93, este Tribunal declaró la
constitucionalidad del Decreto 2266/91, norma que convertía en legislación
permanente algunas disposiciones dictados bajo el amparo del Estado de Sitio,
durante la vigencia de la Constitución anterior. Esta sentencia puso de
presente que las previsiones que sancionaban el delito de terrorismo y le
excluían de la posibilidad de ser considerado como delito político estaban
ajustadas tanto a la Carta Política como a distintos instrumentos
internacionales, incluidos aquellos con carácter imperativo debido a su
pertenencia al ius cogens.  En ese sentido, el fallo identificó cómo la
prohibición de los actos de terrorismo hacía parte de las garantías
fundamentales a favor de las víctimas en conflictos armados no internacionales,
según lo dispuesto en el artículo 4-2 d. del Protocolo II adicional de los
Convenios de Ginebra.[41] Por ende, resultaba
plenamente legítimo que los Estados sancionaran una conducta prohibida por las
normas imperativas del derecho internacional, de conformidad con lo establecido
en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,[42]
contenido normativo reiterado por el artículo 9º de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.[43]
Así, a partir de estas disposiciones, junto con las contenidas en
otros instrumentos internacionales relacionados, la Corte concluyó “que la comunidad internacional ha reconocido en forma unánime y
reiterada que el terrorismo es un delito que por ser atroz tiene un trato
distinto.”
3.2.2. La siguiente oportunidad en que este Tribunal tuvo lugar a
pronunciarse sobre la materia, fue en la sentencia C-769/02, en la que se
declaró la constitucionalidad del artículo 13 de la Ley 733/02,  norma que
excluyó a los responsables del delito de terrorismo de la posibilidad de
acceder a amnistías e indultos, en los términos del 150-17 C.P.
La Corte consideró, en primer lugar, que el diseño legal previsto
por el constituyente para la concesión de la amnistía e indulto estaba
vinculado a la comprobación de graves motivos de conveniencia pública, razón
por la cual una decisión en ese sentido estaba precedida de  “un
particular ámbito fáctico y valorativo.  Por ello, ya que ese ámbito incide
directamente en la determinación de su validez o invalidez constitucional, es
perfectamente posible que dos normas jurídicas referidas a esas instituciones,
no obstante las similitudes que puedan reflejar, sean objeto de distintas
valoraciones constitucionales en atención a los diversos contextos en que han
sido proferidas ya que lo que puede ser legítimo frente a un contexto histórico
determinado, puede no serlo frente a otro diferente.” Para el caso particular
del delito de terrorismo, la sentencia consideró que “la norma legal que
fija la prohibición de concesión de amnistía e indultos es una decisión que
hace parte del ámbito de definición del legislador y es legítima en cuanto ha
respetado los límites impuestos por la Carta pues la norma demandada no ha
concedido amnistías e indultos por delitos comunes, tampoco ha prohibido la
concesión de amnistías e indultos por delitos políticos, menos ha irrespetado
criterios de razonabilidad e igualdad en la extensión de la amnistía y el
indulto a delitos conexos con delitos políticos y, finalmente, no ha
desconocido el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las
víctimas. || Por el contrario, se trata de una
decisión legislativa que se muestra razonable con las circunstancias por las
que atraviesa la sociedad colombiana pues es consecuente con la manera como
ella se ha visto afectada por prácticas delictivas de especial gravedad, como
ocurre por ejemplo con el terrorismo, práctica delictiva que implica el
manifiesto desconocimiento de los valores mínimos sobre los que se edifica la
pacífica convivencia de los colombianos.” (Subrayas no originales).
3.2.3. Argumentos similares fueron expresados
por la Corte en la sentencia C-762/02, a propósito de la declaratoria de constitucionalidad
del artículo 11 de la Ley 733/03, norma que excluye a los responsables del
delito de terrorismo de los subrogados y beneficios penales.  Sobre este
particular, la Sala consideró que si bien la definición de la política criminal
y, como parte de ella, la determinación de las conductas objeto de tipificación
penal, era un asunto propio de la configuración del legislador, dicha
competencia estaba sometida a límites.  Entre ellos, la Corte destacó que “desbordaría el marco de configuración legislativa la decisión
política de sancionar conductas constitucionalmente excluidas de tipificación
penal, o la omisión de criminalizar aquellos comportamientos que, conforme a la
Carta y los tratados internacionales que hacen parte del bloque de
constitucionalidad, por su gravedad y daño social deben ser objeto de sanción
penal”[44].  Advertido esto, resultaba evidente que el Congreso estaba
obligado a tipificar la conducta de terrorismo, puesto que (i) afecta
gravemente distintos bienes jurídicos estrechamente relacionados con la
eficacia de los derechos fundamentales; (ii) se trata de una conducta
cuya necesidad de investigación y sanción ha sido previsto por las normas del
derecho internacional, entre ellas aquellas que tienen carácter de ius
cogens.
La exclusión de beneficios y subrogados penales,
en términos de la sentencia en comento, es una decisión del poder legislativo
que busca hacer efectivo el derecho a la justicia de las víctimas y, en un
sentido más amplio, garantizar el cumplimiento del reproche social en contra de
quien ha cometido una conducta que afecta, de forma grave, bienes jurídicos
especialmente valiosos desde la perspectiva constitucional, como la vida, la
dignidad humana, la seguridad personal y la integridad física.  Bajo esta
lógica, “sin tener por qué afectar,
comprometer o desconocer los presupuestos sustanciales y adjetivos concebidos a
favor de todos los imputados, con la exclusión de los beneficios y subrogados
penales lo que se busca es evitar que resulte nugatorio, desproporcionado o
irrisorio, el reproche social impuesto para los delitos más graves y de mayor
impacto social como el terrorismo, el secuestro, la extorsión y sus conexos;
que, como se dijo, quebrantan en forma significativa los valores de gran
relevancia individual y colectiva, desestabilizando incluso el propio orden
institucional.”
En este orden ideas,
la decisión en comento insiste en que “la eliminación de beneficios y
subrogados penales responde al diseño de una política criminal que,
interpretando la realidad del país, está direccionada a combatir las peores
manifestaciones delictivas. Ciertamente, en la medida en que exista en el
ordenamiento jurídico una amplia gama de beneficios y subrogados penales, y los
mismos resulten aplicables a todas las categorías de delitos en forma
indiscriminada, la lucha que se promueva contra aquellos puede resultar
infructuosa, pues la pena, que “constituye lo justo, es decir, lo que se
merece”[45], pierde
su efectividad y proporcionalidad cuantitativa frente al mayor daño que
determinados comportamientos causan a la comunidad. Por eso, resulta ajustado a
la Constitución Política que subsista y se aplique la punibilidad para
conductas como el terrorismo, el secuestro y la extorsión, que, por razón de su
gravedad y alto grado de criminalidad, no pueden ser relevadas de un castigo
ejemplarizante y de la proporcionada sanción penal. || Por vía de los
beneficios penales, que hacen parte de los mecanismos de resocialización
creados por el legislador a favor del imputado, no puede entonces contrariarse
el sentido de la pena, que comporta la repuesta del Estado a la alarma
colectiva generada por el delito, y mucho menos, el valor de la justicia que
consiste en darle a cada quien lo suyo de acuerdo a una igualdad proporcional y
según sus propias ejecutorias.”
3.2.4. Consideraciones más amplias y
concluyentes sobre el tema, fueron expuestas por esta Corporación en la
sentencia C-1055/03, que declaró la constitucionalidad del Convenio
Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con
Bombas (CIRATCB) y de su ley aprobatoria.  En esta decisión la Corte sostuvo
que el otorgamiento de la voluntad del Estado colombiano, en el sentido de
obligarse a establecer medidas para la represión y sanción de los atentados
terroristas cometidos con bombas, era una decisión plenamente armónica con la
protección de los derechos fundamentales y, en general, con el cumplimiento de
los fines constitucionales del Estado. En específico, este Tribunal indicó que “el pretender prevenir y castigar –de manera idónea- la realización
de atentados terroristas con bombas es un desarrollo de los fines del Estado
señalados en el artículo 2º constitucional. Sólo si se ataca y previene de
manera eficaz el terrorismo, las autoridades de la República cumplirán de forma
integral con su finalidad de proteger a todas las personas residentes en el
país en su vida, honra y bienes. || Además,
puesto que es deber el Estado garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes constitucionales (art. 2º C.P.), el preámbulo del Convenio
se ajusta a la Carta. Lo anterior en la medida en que con los atentados
terroristas se ve altamente afectada la vida (art. 11 C.P.), y al perder el
valor la vida humana para transformarse en un medio de obtención de los fines
buscados por quienes acuden a medios terroristas, se afecta gravemente la
dignidad humana (art. 1º C.P.). Si se logra menguar el poder del terrorismo, se
prevendrán las vulneraciones contra la vida y la dignidad humanas y, en esa
medida éstas se garantizarán. || En virtud de que las relaciones políticas
internacionales también se pueden desarrollar en un marco de búsqueda de la
paz, que para su realización plena requiere de la ausencia de terrorismo, el
Convenio se adecua al artículo 226 constitucional que prescribe el deber del
Estado de promover la internacionalización de las relaciones políticas.”
3.2.5. Finalmente, la Corte reiteró las anteriores consideraciones
en la sentencia C-037/04, que decidió la constitucionalidad del Convenio
Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (CIRFT) y su
ley aprobatoria.  En este caso, la Sala consideró, de manera análoga a como lo hizo
en el fallo C-1055/03, que instrumentos de esa naturaleza son vehículos idóneos
para el cumplimiento de “algunas importantes finalidades del ordenamiento
constitucional colombiano, entre ellas la de poner en funcionamiento mecanismos
para prevenir la comisión de éste tipo de conductas, el logro de la paz y la
vigencia de un orden social justo, todo en aras de cumplir el mandato impuesto
por el artículo 2º de la Carta que prescribe que las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida y bienes.[46] || En ese marco resulta clara la
acción decidida de la comunidad internacional orientada y ordenada para
prevenir y reprimir toda suerte de prácticas, métodos y actos terroristas que
contravienen los principios y valores que la Constitución Política de Colombia
consagra, como son, entre otros, la protección y promoción de los derechos
humanos, la unidad de la Nación, la vida, la convivencia, la justicia, la paz,
la vigencia de un orden justo y la integración con la comunidad internacional.
Por ello el Convenio y su ley aprobatoria resulta conforme al texto
constitucional.”
3.2.6. Con base en los argumentos transcritos, la Sala encuentra que
el tratamiento que la jurisprudencia constitucional sobre las implicaciones del
delito de terrorismo pueden agruparse en las siguientes reglas, que configuran
el marco conceptual para el análisis de las disposiciones de la Convención
Interamericana contra el Terrorismo:
-
Las conductas constitutivas de actos de
terrorismo configuran un delito atroz, que afecta gravemente bienes
constitucionales que conforman los pilares del modelo de Estado adoptado por la
Carta Política, en especial la vida, la integridad personal, la dignidad humana
y la búsqueda de la paz y un orden justo.  Del mismo modo, tales conductas
contradicen varias disposiciones del derecho internacional de los derechos
humanos y del derecho internacional humanitario, entre ellas aquellas que
conforman el cuerpo normativo de carácter imperativo agrupado bajo el ius
cogens.  En consecuencia, las decisiones que adopte el legislador dirigidas
la implementar medidas para la prevención, represión y sanción del terrorismo
son prima facie armónicas con el Estatuto Superior.
-
La gravedad de la afectación sistemática que el
terrorismo contrae respecto de distintos derechos y garantías constitucionales,
aunado a la existencia de un consenso internacional sobre la necesidad de su
represión y sanción, implican la validez de un tratamiento penal diferenciado
respecto del mismo.  Así, se ajustan a la Carta Política aquellas previsiones
que impiden que el terrorismo sea comprendido como delito político y, por ende,
susceptible de que los responsables del mismo sean cobijados por amnistías o
indultos.
-
Las conductas constitutivas de terrorismo
conforman un límite de la competencia del legislador para determinar la
política criminal y, entre ella, la identificación de los comportamientos
susceptibles de tipificación penal.  Por lo tanto, el Congreso se encuentra
obligado a sancionar penalmente esas conductas, de modo tal que se garantice la
eficacia del reproche social en contra de los responsables y, especialmente,
los derechos de las víctimas a conocer la verdad, lograr la justicia y obtener
la reparación por las consecuencias morales y materiales del delito.  Desde esa
perspectiva, la expedición de normas que impongan un tratamiento penal estricto
en contra de los responsables de terrorismo y, entre otras restricciones, los excluyan
a del goce de beneficios y subrogados penales, son compatibles con la
Constitución.
-
El citado consenso internacional sobre la
gravedad de los actos constitutivos de terrorismo legitima la adopción, por
parte del Estado colombiano, de convenios dirigidos a garantizar la prevención,
represión y sanción de esa conducta, fundados en instrumentos amplios de
cooperación internacional, en todo caso respetuosos tanto de la soberanía
estatal, como de los derechos constitucionales de sus habitantes.
Visto lo anterior y conforme a la metodología expuesta en apartado
anterior, la Sala abordará el estudio sobre la constitucionalidad de las normas
que conforman la Convención Interamericana contra el Terrorismo.
3.3. La constitucionalidad de la Convención Interamericana contra el
Terrorismo
3.3.1. Las normas que conforman la sección preliminar del tratado y
aquellas que determinan la tipificación del delito de terrorismo, son
compatibles con el carácter del delito y el cumplimiento de los tratados
internacionales
Con base en lo previsto en el Preámbulo y en el artículo 1º de la
Convención, el instrumento internacional parte de advertir los efectos nocivos
que produce el terrorismo, en términos de amenaza para la paz y seguridad
internacionales, los valores democráticos y la estabilidad económica de los
Estados parte; a fin de estipular la necesidad de que los países de la región adopten
las medidas necesarias para que, a través del fortalecimiento de la cooperación
internacional, se prevenga, combata, sancione y elimine el terrorismo. La
suscripción de compromisos multilaterales con el fin de cumplir estos objetivos
es compatible, en los términos expuestos en el apartado anterior de esta
providencia, con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.  Como se
indicó, las conductas constitutivas de terrorismo afectan los derechos y
libertades constitucionales y, a su vez, amenaza la vida, honra y bienes de los
residentes en Colombia.  Por lo tanto, la implementación de las medidas
contenidas en la Convención es un vehículo adecuado para el aseguramiento de
los objetivos previstos en el artículo 2º Superior.
Además, el fortalecimiento de la cooperación entre Estados como
mecanismo para la prevención y sanción del delito de terrorismo es una
finalidad que reitera la internacionalización de las relaciones políticas,
económicas y sociales, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional, de que trata el artículo 226 Superior.  En ese sentido, las
previsiones bajo estudio no presentan reproche constitucional alguno.
El artículo 2º de la Convención establece que para los efectos del
tratado internacional, se entiende por delito de terrorismo aquellos
establecidos en los instrumentos internacionales previstos en dicha norma.
Sobre este particular, la Corte debe indicar, en primer término, que buena
parte de los tratados internacionales enlistados en la citada disposición han
sido ratificados por Colombia y hacen, por lo tanto, parte de su derecho
interno.  Del mismo modo, aquellos que fueron aprobados por el Congreso de la
República durante la vigencia de la Constitución Política de 1991 han sido
declarados exequibles por esta Corporación, con excepción de dos de ellos, sin
que se haya establecido condicionamiento alguno respecto de la
constitucionalidad de las conductas criminales tipificadas por los mismos.
Así, respecto de estos instrumentos se tiene lo siguiente:
a. Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de
aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970, el cual fue aprobado
mediante la Ley 14 de 1972.
b. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad
de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971, aprobado
mediante la Ley 4ª de 1974.
c. Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra
personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de
1973,  aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 169 de 1994 y
declarado exequible por la sentencia C-396/95.
d. Convención Internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979,  aprobado
por el Congreso de la República mediante la Ley 837 de 2003 y declarada
exequible por la sentencia C-405/04.
e. Convención sobre la protección física de los materiales
nucleares, aprobada en Viena el 3 de marzo de 1980, aprobado por el Congreso de
la República mediante la Ley 728 de 2001 y declarado exequible por el fallo
C-673/02.
f. Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los
aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional,
complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la
seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988,
aprobado mediante la Ley 764 de 2002 y declarado exequible por la sentencia
C-354/03.
g. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad
de la navegación marítima, firmado en Roma el 10 de marzo de 1988, y aprobado
mediante la Ley 830 de 2003.  Esta norma fue declarada inexequible, por vicios
de procedimiento en la formación de la ley aprobatoria, conforme a la sentencia
C-120/04.
h. Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad
de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma
el 10 de marzo de 1988. Esta disposición fue declarada inexequible, por vicios
de procedimiento en la formación de la ley aprobatoria, conforme a la sentencia
C-120/04.
i. Convenio Internacional para la represión de los atentados
terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997, aprobado por el Congreso de la
República mediante la Ley 804/03 y declarado exequible por la sentencia
C-1055/03.
j. Convenio Internacional para la represión de la financiación del
terrorismo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de
diciembre de 1999, aprobado por el Congreso de la República a través de la Ley
808/03 y declarado exequible por la sentencia C-037/04.
Visto lo anterior, se tiene que la remisión realizada por la
Convención a las conductas contenidas en dichas disposiciones no ofrece
dificultades, desde la perspectiva constitucional, en tanto el Estado
colombiano a prestado su consentimiento para hacer parte de estos instrumentos
internacionales, lo que impone la aplicación de los principios del pacta
sunt servanda y de buena fe en la ejecución de los tratados.  En ese
sentido, si tales convenciones y convenios hacen parte de la legislación
interna y las conductas tipificadas en los mismos fueron declaradas constitucionales
por este Tribunal, nada se opone a que integren la definición del delito de
terrorismo.
Además, la fórmula de tipificación penal internacional que prevé el
artículo 2º de la Convención permite el cumplimiento del deber de los Estados
de prevenir y sancionar  las conductas constitutivas del delito de terrorismo,
a pesar de la falta de un acuerdo global sobre la definición del mismo.  Así,
resultan pertinentes para el presente análisis las acertadas consideraciones
que sobre la materia ha efectuado la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en los términos siguientes:
“15.   Al definir los
parámetros de las obligaciones de los Estados miembros dentro del marco actual
del derecho internacional, también debe reconocerse que, hasta el presente, no
ha habido consenso internacional en torno a una definición completa del
terrorismo dentro del derecho internacional. En el mejor de los casos, como
queda reflejado en el artículo 2 de la Convención Interamericana contra el
Terrorismo, podría decirse que la comunidad internacional ha identificado
ciertos actos de violencia que generalmente  considera constituyen formas
particulares de terrorismo. Éstos incluyen, por ejemplo, la toma de rehenes
y el secuestro y destrucción de aeronaves civiles, los ataques contra la
vida, la integridad física o la libertad de personas internacionalmente
protegidas, incluyendo los agentes diplomáticos y, en el contexto de los
conflictos armados, los actos o amenazas de violencia cuyo propósito primordial
es sembrar el terror entre la población civil.
16.     La falta de acuerdo
sobre una definición precisa del terrorismo conforme al derecho internacional
sugiere, a su vez, que la caracterización de un acto o situación como
terrorismo no puede, por sí misma, servir como base para la definición de las
obligaciones internacionales de los Estados. En cambio, debe evaluarse tal acto
o situación por sus propios elementos y dentro de su contexto particular, para
determinar si el derecho contemporáneo internacional puede regular la respuesta
de los Estados y de qué manera puede hacerlo.
17.     Al mismo tiempo, el
hecho de que el terrorismo no posea, per se, un significado concreto
dentro del derecho internacional no significa que constituya una forma de
violencia indescriptible o que los Estados no estén sometidos a restricciones,
en el marco del derecho internacional, en la configuración de sus respuestas a
esa violencia. Al contrario, es posible enumerar varias características
frecuentemente asociadas con los incidentes terroristas que ofrecen parámetros
suficientes para que los Estados definan y evalúen sus obligaciones
internacionales a la hora de responder a esa violencia. Por ejemplo, la
Asamblea General de las Naciones Unidas ha elaborado una definición práctica
del terrorismo a los efectos de sus distintas resoluciones y declaraciones
sobre medidas tendientes a la eliminación del terrorismo, a saber “los actos
criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado
de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas
determinadas (que) son injustificables en todas las circunstancias,
cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas,
raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer
para justificarlos”.  Éstas y otras autoridades sugieren que los incidentes
terroristas pueden describirse en términos de a) la naturaleza e identidad de
quienes perpetran el terrorismo; b) la naturaleza e identidad de las víctimas
del terrorismo; c) los objetivos del terrorismo y d) los medios empleados para
perpetrar la violencia del terror.”[47]
De acuerdo con lo expuesto, los tratados señalados en el artículo 2º
de la Convención reúnen las conductas respecto de las cuales existe un consenso
internacional acerca de las formas de violencia que se adscriben como modos
particulares del delito de terrorismo.  En ese orden de ideas, si se parte de
la base que estas conductas son abiertamente incompatibles con distintos
principios y valores de reconocimiento universal, resulta un contrasentido que
los Estados utilicen el argumentos de la falta de una definición explícita del
delito de terrorismo como sustento de la omisión respecto de la implementación
de medidas para la prevención y sanción de dichas acciones.  Por ende, lo
dispuesto en el artículo 2º de la Convención es un contenido normativo
apropiado para que el Estado colombiano cumpla con sus finalidades esenciales,
interferidas por las conductas constitutivas del delito de terrorismo.
No obstante, estas conclusiones no son predicables para el caso de los
comportamientos tipificados por el Convenio para la represión de actos ilícitos
contra la seguridad de la navegación marítima, al igual que por el Protocolo
para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas
fijas emplazadas en la plataforma continental.  Ello en tanto la ley
aprobatoria de estos tratados internacionales fue declarada inexequible por la
Corte, según lo decidido por la sentencia C-120/04, habida cuenta la existencia
de vicios de procedimiento en su formación.
Al respecto, se advierte que de acuerdo con lo consagrado el
artículo 224 C.P., los tratados internacionales, para su validez, deberán ser
aprobados por el Legislativo y posteriormente ratificados por el Gobierno.
Esta norma trae como consecuencia que los instrumentos internacionales citados
no integran el ordenamiento jurídico interno, de acuerdo con lo decidido por
este Tribunal, que declaró la inexequibilidad de su ley aprobatoria.  De esta
manera el Estado colombiano, en la actualidad, no hace parte de estos tratados,
en tanto no los ha ratificado, en cumplimiento de lo señalado en el artículo
241-10 de la Constitución.  Así, la Sala concluye que el Gobierno, al momento
de ratificar la Convención Interamericana contra el Terrorismo, deberá hacer
uso de lo previsto en el párrafo 2 del artículo 2º,  en el sentido de realizar
una declaración interpretativa en el sentido que, en la aplicación de la
Convención a Colombia, lo previsto en el Convenio para la represión de actos
ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma el 10 de
marzo de 1988 y en el Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la
seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental,
hecho en Roma el 10 de marzo de 1988, no se considerará incluido en el párrafo
1 del artículo 2º del tratado.  Esta declaración surtirá efectos hasta tanto el
Estado colombiano ratifique dichos tratados, como lo dispone el párrafo 3 del
referido artículo.
Finalmente, en lo que tiene que ver con el análisis de lo previsto
en el artículo 3º de la Convención, la Sala no encuentra reparo alguno en su
constitucionalidad.  En efecto, resulta válido que el Estado se obligue a
esforzarse en hacerse parte de los instrumentos internacionales enumerados en
el artículo 2º y a adoptar las medidas necesarias para la aplicación efectiva
de los mismos, incluidas el establecimiento de penas en su legislación interna
respecto de los delitos ahí contemplados.  Ello habida cuenta que, como se ha
sostenido en esta providencia, la implementación de instrumentos para la
prevención y sanción del terrorismo es un propósito plenamente compatible con
la eficacia de los fines esenciales del Estado.  El cumplimiento de esta
finalidad, por supuesto, debe estar precedido de los requisitos para que el
Estado se obligue válidamente a cumplir con obligaciones impuestas por los
tratados, según las normas constitucionales, en especial la protección de los
derechos fundamentales, al igual que los preceptos del derecho internacional
público.
Además, debe tenerse en cuenta que Colombia ha venido cumpliendo con
ese objetivo, a través de la tipificación en el Código Penal de distintas
conductas previstas en los instrumentos señalados en el artículo 2º de la
Convención.  Ejemplo de ello son los tipos penales de (i) Homicidio,
Lesiones Personales, Tortura, Acceso Carnal Violento, Actos Sexuales Violentos
y Prostitución Forzada o Esclavitud Sexual, Tratos inhumanos y degradantes y
experimentos biológicos, Actos de discriminación racial, Deportación,
expulsión, traslado o desplazamiento forzado y Reclutamiento ilícito, todos
ellos respecto de persona protegida por el derecho internacional humanitario
(Arts. 135 a 162); (ii) Apoderamiento de aeronaves, naves, o medios de
transporte colectivo (Art. 173); (iii) Toma de rehenes (Art. 148); (iv)
Terrorismo y Financiación del terrorismo y administración de recursos
relacionados con actividades terroristas. (Arts. 343 y 345 ); y (v) Siniestro
o daño de nave, Daño en obras o elementos de los servicios de comunicaciones,
energía y combustibles, Tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos
peligrosos, Empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, Introducción
de residuos nucleares y de desechos tóxicos, Perturbación de instalación
nuclear o radiactiva, Tráfico, transporte y posesión de materiales radiactivos
o sustancias nucleares, Fabricación, importación, tráfico, posesión y uso de
armas químicas, biológicas y nucleares, Empleo, producción, comercialización y
almacenamiento de minas antipersonal, Ayuda e inducción al empleo, producción y
transferencia de minas antipersonal (Arts. 354, 357 a 367B).
3.3.2. Las disposiciones que obligan a los Estados a adoptar medidas
concretas en contra del terrorismo son mecanismos para el cumplimiento de
finalidades constitucionalmente legítimas
El artículo 4º impone a los Estados parte de la Convención la
obligación de establecer un régimen jurídico y administrativo para prevenir,
combatir y erradicar la financiación del terrorismo y lograr una cooperación
internacional efectiva al respecto. Estas medidas están dirigidas a la
supervisión de las instituciones financieras y otras que puedan ser utilizadas
para financiar actividades terroristas; la detección y vigilancia de
movimientos transfronterizos de valores y dinero en efectivo y; el intercambio
entre los Estados, a través unidades nacionales de inteligencia financiera, de
la información crediticia relacionada con el soporte económico del terrorismo.
Estas normas son complementadas con lo previsto en el artículo 5º, que obliga a
los Estados parte a adoptar las medidas necesarias para identificar, congelar,
embargar y, en su caso, proceder al decomiso de fondos u otros bienes
relacionados con la financiación del terrorismo.  Por último, el artículo 6º
impone a los Estados la necesidad de incorporar en su legislación interna
normas que incluyan como delitos determinantes del lavado de dinero los delitos
establecidos en el artículo 2º.
A juicio de la Corte, estas disposiciones son constitucionales en
tanto toman la forma de instrumentos imprescindibles para la prevención,
represión y sanción del terrorismo. Es evidente que la implementación de acciones
concretas para impedir el traslado de los recursos necesarios para la ejecución
de acciones terroristas, es una herramienta básica para enfrentar esa
problemática, que tiene carácter central en el Estado constitucional, como se tuvo
oportunidad de indicar en el marco conceptual que antecedió a este análisis.
Sobre este particular, resulta pertinente reiterar lo dicho por esta
Corporación en la sentencia C-037/04, en el sentido que la normatividad
dirigida a reprimir la financiación del terrorismo “desarrolla algunas importantes finalidades del ordenamiento
constitucional colombiano, entre ellas la de poner en funcionamiento mecanismos
para prevenir la comisión de éste tipo de conductas, el logro de la paz y la
vigencia de un orden social justo, todo en aras de cumplir el mandato impuesto
por el artículo 2º de la Carta que prescribe que las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida y bienes.[48] || En ese
marco resulta clara la acción decidida de la comunidad internacional orientada
y ordenada para prevenir y reprimir toda suerte de prácticas, métodos y actos
terroristas que contravienen los principios y valores que la Constitución
Política de Colombia consagra, como son, entre otros, la protección y promoción
de los derechos humanos, la unidad de la Nación, la vida, la convivencia, la
justicia, la paz, la vigencia de un orden justo y la integración con la
comunidad internacional.”
Reglas similares
se han planteado para el caso de la necesidad de incorporar a los actos de
terrorismo dentro de las conductas determinantes del lavado de dinero.  Acerca
de este tópico, este Tribunal ha sostenido, a propósito del control de
constitucionalidad del Convenio sobre blanqueo, detección y confiscación de los
productos de un delito, que el establecimiento de medidas para impedir el
lavado de activos es un aspecto inescindible del éxito de las medidas para la
represión del crimen organizado.  “En efecto, en los últimos tiempos,
las organizaciones delictivas se han incorporado al mundo globalizado para
aprovechar sus beneficios tecnológicos y comerciales. El desarrollo de los
medios de comunicación, del comercio electrónico, de los medios de transporte
ha permitido la sofisticación de los mecanismos delictivos, haciendo cada vez
más difícil la detección de los responsables, así como más ardua la aprehensión
de sus ganancias. || La metodología utilizada por dichas organizaciones por lo
general aprovecha las ventajas jurídicas de los países en vía de desarrollo
-donde el control policial es menos efectivo y las normas de coerción menos
rígidas- para desplegar las actividades de producción y gestión de su negocio;
al tiempo que persiguen los mercados de los países industrializados -cuyo poder
económico es mayor- para expandir la comercialización del ilícito.
Adicionalmente, la industria del crimen intenta la localización de su actividad
de gestión en países donde su presencia institucional puede ser más influyente,
reservándose la distribución del servicio en comunidades de fuerte institucionalidad,
donde la presencia del negocio puede fácilmente mimetizarse en el anonimato del
libre comercio. || La internacionalización del crimen obliga, además, a los
grupos delictivos, a asociarse con organizaciones criminales foráneas para
distribuir las competencias del negocio y penetrar efectivamente en los países
consumidores del producto. En tal virtud, incluso por exigencias del mismo
delito, el fenómeno criminal tiende a traspasar las fronteras de los países,
obligando a las autoridades que lo combaten a utilizar mecanismos de
cooperación similares a los de sus perseguidos.|| Estas consideraciones
son válidas en tratándose de delitos típicamente trasnacionales como el tráfico
de drogas y de armas, pero se aplican por igual a modalidades criminales gradualmente
más asociadas con ellas, como son la prostitución, el tráfico ilegal de seres
humanos, la inmigración ilegal, los delitos contra la propiedad y el secuestro,
entre otros.”[49]
Como lo demuestra experiencia nacional, la ejecución de actos
constitutivos de terrorismo está precedida de la existencia de grupos armados
organizados, financiados a través de las ganancias obtenidas por otras
conductas punibles, especialmente el narcotráfico y el secuestro.  Bajo esa
perspectiva, la estipulación en la legislación interna de normas que prevengan
y sancionen el lavado de activos por parte de esas organizaciones, es armónica
con la obligación estatal de reprimir el terrorismo.  En ese sentido, los
artículo objeto de análisis concurren al cumplimiento de fines
constitucionalmente valiosos, conforme a lo sostenido en apartados anteriores
de esta sentencia.
No obstante, debe la Corte establecer que, en consonancia con lo
expresado por uno de los intervinientes de este proceso, el intercambio de
información financiera que prevén las disposiciones analizadas deberá, en todo
caso, estar precedido de la garantía del derecho a la autodeterminación
informativa de los afectados con las medidas, en los términos del artículo 15
C.P.  Por lo tanto, las acciones que ejecute el Estado con el fin de cumplir
con sus compromisos en la interdicción de recursos destinados a la financiación
del terrorismo, deberán garantizar que los titulares de la información
conserven la facultad de conocer, actualizar y rectificar los datos
concernidos.  De la misma manera, el tratamiento de esa información estará
supeditado a la eficacia de los principios de libertad, necesidad, veracidad,
integridad, incorporación, finalidad, utilidad, circulación restringida,
caducidad e individualidad, conforme lo ha precisado la jurisprudencia
constitucional.[50]
El cumplimiento de estas obligaciones, relativas a la eficacia del
derecho a la autodeterminación informativa, se garantiza a través de los
mecanismos que ofrece la misma Convención.  En efecto, el artículo 15 del
instrumento internacional estipula que las medidas adoptadas por los Estados
parte de conformidad con el tratado se llevarán a cabo con el pleno respeto de
las libertades fundamentales.  En ese sentido, la interpretación sistemática de
las disposiciones de la Convención obliga a que el Estado colombiano, en
ejercicio de las tareas de intercambio de información financiera, proteja las
garantías constitucionales anteriormente citadas.
Los artículos 7 a 9 y 16 a 18 del Convenio establecen los
instrumentos de cooperación internacional relacionados con la prevención y
sanción del terrorismo a nivel global.  Así, se establece la obligación a los
Estados partes de, conforme a  sus respectivos regímenes jurídicos y
administrativos internos, promover (i) el intercambio de información
destinada a la mejora de las medidas de control fronterizo y aduanero para
detectar y prevenir la circulación de terroristas y el tráfico de armas, bajo
la salvaguarda de los compromisos internaciones sobre libre movimiento de
personas y facilitación del comercio; (ii) la cooperación destinada al
cumplimiento de la ley, a través del establecimiento de canales para el
intercambio seguro y rápido de la información; (iii) la más amplia y
expedita asistencia jurídica sobre la prevención, investigación y proceso de
las conductas constitutivas del delito de terrorismo, para lo cual serán
aplicables los acuerdos internacionales en vigor o, de forma supletoria, de
conformidad con la legislación interna de los Estados parte; (iv) los  programas
de capacitación entre los Estados o en el marco de la OEA, a fin de fortalecer
las instituciones encargadas de cumplir con las finalidades de la Convención; (v)
la cooperación a través de los órganos  pertinentes de la OEA, entre ellos
el Comité Interamericano contra el Terrorismo; y (vi) la ejecución de
reuniones periódicas entre los Estados parte, dirigidas a facilitar la plena
implementación de la Convención y el intercambio de información y experiencias
acerca de las formas y métodos para la prevención, investigación y sanción del
terrorismo.   Igualmente, el artículo 19 de la Convención establece que nada de
lo previsto en ese instrumento internacional facultará a un Estado parte para
ejercer su jurisdicción en el territorio de otro Estado parte, ni para realizar
funciones que estén exclusivamente asignadas a sus autoridades.
Cláusulas de esta naturaleza, a juicio de la Corte, son compatibles
con los postulados constitucionales. En primer término, los mecanismos de
cooperación previstos en estas disposiciones tienen como denominador común la
sujeción de su implementación y ejecución a la aplicación del régimen jurídico
interno del Estado parte, lo que se traduce en la necesidad de que la
cooperación internacional en materia de prevención y sanción de terrorismo se
adelante bajo el amparo de la Carta Política, en especial, conforme a la
vigencia de los derechos y libertades en ella reconocidas, además de la
garantía del ejercicio de las competencias que adscribe a las autoridades
nacionales.  En segundo lugar, como lo ha sostenido la jurisprudencia
constitucional,[51] la adquisición de
compromisos de asistencia judicial recíproca entre Colombia y otros Estados es
corolario del mandato constitucional de promoción de la internacionalización de
las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas, al que hace
referencia el artículo 226 C.P. En tercer término, la cláusula de restricción
al ejercicio de jurisdicción, prevista en el artículo 19 de la Convención,
garantiza la efectividad del principio de soberanía y la reciprocidad de las
relaciones entre los Estados (Art. 9º y 226 C.P). Finalmente, debe la Corte
resaltar que los instrumentos de cooperación judicial y técnica entre los
Estados se muestran particularmente relevantes frente a la prevención y sanción
del terrorismo, cuyas expresiones pueden contener la comisión de conductas por
parte de organizaciones criminales transnacionales.
El artículo 10 de la Convención establece una forma particular de
cooperación internacional, relacionada con el procedimiento para el traslado de
personas bajo custodia. Esta disposición prevé la posibilidad que una persona
que esté privada de la libertad en un Estado parte y cuya presencia se solicite
en otro Estado parte, para cumplir con finalidades de índole probatoria, podrá
ser trasladada, en tanto se satisfagan las siguientes condiciones: (i) la
persona sujeto del traslado presta su consentimiento luego de ser informada; (ii)
los Estados partes intervinientes están de acuerdo, con sujeción a las
condiciones que se consideren apropiadas; (iii) el Estado de destino de
la persona traslada la mantendrá detenida, mientras que el Estado de origen no
solicite o autorice otra cosa; (iv) el Estado de destino se obliga a
retornar sin dilaciones a la persona al Estado de origen , según convengan
entre ellos.  En este caso, no podrá exigirse que el Estado de origen adelante
los trámites destinados a la extradición de la persona trasladada; (v) el
tiempo en que la persona trasladada se mantenga en el Estado de destino se
computará para la redención de la pena correspondiente; y (vi) la
persona traslada no podrá ser procesada, detenida o sometida a cualquier otra
restricción de la libertad personal en el territorio del Estado de destino,
respecto de actos o condenas anteriores a su traslado, a menos que el Estado de
origen esté de acuerdo.
Esta disposición acata las disposiciones constitucionales que le son
aplicables.  Así, salvaguarda el derecho al debido proceso de la persona
trasladada, en tanto exige que exprese su consentimiento para ese efecto.  En
igual sentido, obliga a que el tiempo que permanezca en el Estado de destino se
compute como parte de la pena impuesta por el Estado de origen. Además, la
norma es compatible con el principio de soberanía y la salvaguarda del
ejercicio de la jurisdicción nacional, puesto que obliga a que todo
procedimiento penal que se efectué por el Estado de destino respecto de la
persona trasladada, sea autorizado por el Estado de origen.  De forma
correlativa, obliga a aquel a retornar a la persona traslada sin demora, a la
vez que le impide exigir el cumplimiento de los trámites de extradición para
cumplir con ese procedimiento.
3.3.3. Las prohibición de adscripción de delito político, derecho de
asilo y condición de refugiado se ajustan al precedente constitucional sobre
tratamiento especial del delito de terrorismo
Los artículos 11, 12 y 13 de la Convención establecen restricciones
a los Estados partes en relación con el tratamiento que puede prodigar a las
personas responsables de las conductas constitutivas del delito de terrorismo.
En ese orden de ideas, se establece que para los propósitos de
extradición y asistencia mutua, ninguno de los delitos establecidos en los
instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2º de la Convención se
podrá considerar como delito político, conexo a él o inspirado por motivos
políticos.  Sobre este particular, la Corte debe establecer dos argumentos que
justifican la constitucionalidad de la disposición.
En primer lugar y como se indicó en apartado anterior de esta
providencia, la jurisprudencia constitucional ha establecido con claridad que
las conductas constitutivas del delito de terrorismo, en razón a su condición
de crímenes atroces y la grave afectación de derechos y garantías
fundamentales, no puede ser considerada como delito político.  Ejemplo de esta
posición son los argumentos expresados por la Corte en la sentencia C-1055/03,
a propósito de la declaratoria de constitucionalidad del CIRATCB, en las que se
concluyó que los actos terroristas cometidos con bombas no podían inscribirse
en la categoría de delito político, puesto que (i) es posible comprobar
una tradición jurídica en la jurisprudencia constitucional, en el sentido que
los delitos atroces tienen, en todo los casos, la condición de comunes; (ii)
la adscripción de delito común de los actos constitutivos de terrorismo es
compatible con la concesión de la extradición, pues el artículo 35 C.P.,
restringe ese procedimiento sólo para el caso de los delitos políticos; (iii)
existe un extenso grupo de tratados internacionales, proferidos tanto en el
ámbito universal como en el interamericano, que concuerdan en excluir a los
actos de terrorismo de la categoría de delitos políticos. Buena parte de esos
documentos están enumerados en el artículo 2º de la Convención; y (iv) existen
“delitos que no pueden calificarse, bajo
ninguna circunstancia, como delitos políticos o conexos, toda vez que son
incompatibles con el alcance y la delimitación conceptual, filosófica y
jurídica de dichos punibles. Dentro de estos se encuentran los atentados
terroristas cometidos con bombas”.  Esta
consideración es plenamente aplicable para el caso del presente análisis, en la
medida que el carácter atroz de la conducta terrorista es una condición que se
predica al margen de los mecanismos utilizados para su comisión.  Así, dicho
carácter se evalúa a partir de los efectos que genera, en términos de
afectación sistemática de derechos y libertades fundamentales del Estado
constitucional.
En segundo lugar, la Sala resalta que el artículo 11 de la
Convención no ofrece una definición sobre qué conductas se comprenden dentro la
categoría de delito político.  En cambio, lo que la norma sostiene es que los
delitos contenidos en los instrumentos internacionales descritos en el artículo
2º de la Convención no podrán pertenecer a dicha categoría.  Si, como se
sostuvo al inicio de esta providencia, existe un deber constitucional para el
Estado de prevenir, investigar y sancionar efectivamente las conductas
constitutivas de terrorismo, para lo cual resultan ajustadas a la Carta
Política aquellas normas que imponen un tratamiento distinto a sus
responsables, no obra razón alguna que impida la exclusión de dichas conductas
de los beneficios que se derivan del reconocimiento como delincuente político,
más aun cuando existe una común opinión internacional, replicada por el
ordenamiento jurídico interno, acerca del carácter atroz del delito de
terrorismo.
Una dinámica similar justifica, desde la perspectiva constitucional,
la imposibilidad de reconocer la condición de refugiado o asilado a las
personas respecto de las cuales existan fundados para considerar que han
cometido uno de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales
enumerados en el artículo 2º de la Convención. En efecto, tanto en la
jurisprudencia constitucional como en el concierto internacional existe un
consenso acerca de la obligación que tienen los Estados de adoptar las medidas
que sean necesarias y conducentes para la prevención, represión y sanción del
terrorismo, por lo que resulta válida la imposición de limitaciones al uso de
instrumentos de derecho internacional, destinados a la protección, en
determinado territorio, de personas perseguidas razones de raza, nacionalidad, conciencia,
ideológicas o políticas.[52]
Es evidente que la imposición de sanciones penales en contra de los
responsables de actos de terrorismo, en tanto delitos comunes, no constituyen
en sí mismas consideradas, conductas de persecución.  Por lo tanto, la
posibilidad de conceder el asilo y el refugio es incompatible con el
cumplimiento del deber estatal de prevenir y sancionar el terrorismo.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta
que el artículo 36 C.P. establece el reconocimiento del derecho de asilo “en
los términos previstos en la ley”. En consecuencia, puede válidamente el
legislador establecer limitaciones a ese derecho, en cuanto la restricción
pretenda alcanzar fines constitucionalmente legítimos.  Como se ha resaltado
insistentemente en esta decisión, la prevención y sanción del delito de
terrorismo son facetas del cumplimiento de los fines esenciales del Estado
colombiano, de modo tal que la imposición de las aludidas restricciones no
menoscaba las disposiciones superiores.  Ello puesto que la medida adoptada es
apta para cumplir el fin, en tanto permite la debida ejecución de las acciones
de investigación y sanción penal de los responsables del delito de terrorismo.
A la vez, la medida se muestra proporcionada, pues no menoscaba la posibilidad
de conceder el refugio y el asilo en las demás circunstancias en que la
legislación internacional y las normas internas así lo permitan.
3.3.4. Las cláusulas de compatibilidad entre la Convención y las
normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario garantizan la
eficacia de los preceptos constitucionales
El artículo 14 de la Convención establece que ninguna de sus
disposiciones podrá interpretarse como la imposición de la obligación de
proporcionar asistencia jurídica mutua, si el Estado parte requerido tiene
razones fundadas para creer que la solicitud ha sido hecho a fin de (i) enjuiciar
o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen
étnico u opinión político; o (ii) causar un perjuicio a la situación de
esta persona por cualquiera de estas razones.
A juicio de la Sala, esta disposición se muestra coherente con el contenido
y alcance del principio de soberanía nacional en el ejercicio de las relaciones
internacionales (Art. 9º C.P.).  En efecto, a pesar de la legitimidad
constitucional de los instrumentos de cooperación y asistencia jurídica mutua
analizados en esta sentencia, resulta necesario que los Estados parte de la
Convención, en ejercicio de su autonomía, puedan determinar aquellos casos en
que el cumplimiento de las disposiciones de la Convención se tornan en acciones
que desnaturalizan sus presupuestos fundacionales.  En el escenario propuesto,
la posibilidad que el Estado colombiano no se vea compelido a prestar
asistencia jurídica cuando demuestre suficientemente que la misma está dirigida,
no a garantizar la prevención y sanción del delito de terrorismo, sino a
discriminar a una persona, con base en motivos que la Constitución ha establecido
como prohibidos para prodigar un tratamiento diferenciado (Art. 13 C.P.), es un
asunto que no presenta mayores discusiones desde la perspectiva del análisis de
exequibilidad del instrumento internacional.
El artículo 15 de la Convención dispone que las medidas adoptadas
por los Estados parte de conformidad con ese tratado, se llevarán a cabo con
pleno respeto del Estado de Derecho, los Derechos Humanos y las libertades
fundamentales.  En ese sentido, lo dispuesto en la Convención no podrá
menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados y de las personas,
derivadas  de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, las normas
del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional
humanitario y el derecho internacional de los refugiados.  Finalmente, la norma
establece la garantía a toda persona que se encuentre detenida o respecto de la
cual se adopte cualquier medida con arreglo a la Convención, el goce de todos
los derechos y garantías de conformidad con la legislación del Estado en que se
encuentre y las disposiciones pertinentes del Derecho Internacional.
Estas disposiciones son constitucionales, pues se limitan a reiterar
la eficacia de los derechos y libertades fundamentales reconocidas en el
ordenamiento jurídico interno. En especial, este artículo incorpora la
vigencia, en el ámbito de la implementación del Convenio, de las normas que
esta Corporación ha identificado como parte del bloque de constitucionalidad y
que, por ende, son de obligatorio acatamiento por parte de las autoridades del
Estado.
3.3.5. Las disposiciones finalidades son enteramente compatibles con
los estándares del derecho internacional público
Los artículos 20 a 23 de la Convención establecen las reglas sobre
la autoridad depositaria de los textos auténticos del tratado, al igual que los
procedimientos para firma, ratificación, entrada en vigor y denuncia del mismo.
Respecto de estas previsiones, la Corte advierte que su contenido reitera las
fórmulas comúnmente utilizadas para los instrumentos multilaterales y acatan
las previsiones del derecho internacional público, en especial las contenidas
en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.  Por ende, no
presentan reparo alguno respecto de su constitucionalidad.
3.4. Conclusión
Habida cuenta los argumentos expresados en el fundamento jurídico 2
de esta sentencia, el procedimiento legislativo que precedió a la aprobación de
la Ley 1108 de 2006, junto con el trámite de subsanación surtido como
consecuencia de lo ordenado por esta Corporación en el auto A-232/07, cumplieron
con los requisitos constitucionales exigidos para el efecto.  De la misma
forma, las disposiciones contenidas en la Convención se ajustan a la Carta Política,
en la medida en que ofrecen herramientas de cooperación y asistencia jurídica
entre los Estados, útiles para el logro de la prevención, represión y sanción
de los actos constitutivos del delito de terrorismo, conductas que son
abiertamente incompatibles con los derechos fundamentales y las libertades de
los colombianos.
En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad de la
Convención Interamericana contra el Terrorismo y de su ley aprobatoria.  No
obstante, en la parte resolutiva de esta decisión, se estipulará la necesidad
que el Gobierno Nacional, al momento en que ratifique ese tratado, realice la
declaración interpretativa de que trata el párrafo 2 del artículo 2º de la
Convención, de conformidad con lo señalado en el fundamento jurídico 3.3.1. de
esta sentencia.
VI. DECISIÓN
Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la “Convención Interamericana contra el
Terrorismo” suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio
de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de
la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1108 de
2006, aprobatoria del instrumento internacional mencionado en el numeral
anterior.
Tercero.- DISPONER
que el Presidente de la República, al manifestar el
consentimiento internacional para obligar al Estado colombiano por la  Convención
Interamericana contra el Terrorismo, formule una declaración interpretativa,
fundada en la potestad prevista en el numeral 2 del artículo 2º de la
Convención, en el sentido de advertir que en la aplicación del instrumento
internacional a Colombia, no se considerarán incluidos dentro del párrafo 1 del
artículo 2º de la Convención, el Convenio para la represión de actos ilícitos
contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de
1988 y el Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de
las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el
10 de marzo de 1988; hasta tanto el Estado colombiano no llegue a ser parte de
esos tratados internacionales.
Cuarto.-  COMUNÍQUESE
esta decisión al Gobierno Nacional por intermedio
de la Secretaría General de la Presidencia de la República, y envíesele copia
auténtica de la misma para los efectos constitucionales previstos en el numeral
10 del artículo 241 de la Carta Política.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
Con salvamento de voto
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
Ausente en comisión
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente en comisión
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-537 DE
2008 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento
constituye vicio insubsanable (Salvamento de voto)
CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO-Intercambio de información financiera (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente LAT-300
Revisión de constitucionalidad de la
Ley 1108 del 27 de diciembre de 2006, “por medio de la cual se aprueba la
“Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de
Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el
trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos”
Magistrado Ponente:
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corte, me
permito salvar mi voto a la presente decisión, por cuanto en mi concepto la Ley
1108 de 2006 ha debido ser declarada inexequible por haberse incurrido en su
tramitación legislativa en un vicio de forma, al haberse omitido el
cumplimiento en debida forma, del requisito establecido en el artículo 8 del Acto
Legislativo 01 de 2003, relativo al aviso previo y en sesión diferente de la
votación del respectivo proyecto de ley. Así mismo, y en cuanto al aspecto
material del tratado bajo estudio, manifiesto mi desacuerdo con avalar la
constitucionalidad del intercambio de información financiera, sin disponer que
se realice una declaración interpretativa en los términos que se exponían en el
proyecto de fallo aprobado.
En cuanto al
aspecto formal de esta revisión, me permito reiterar los argumentos con base en
los cuales sostengo que el requisito del anuncio previo para votación con el
lleno de todas las exigencias constitucionales es fundamental para la validez
de las normas jurídicas y su falta constituye un vicio insubsanable. A este
respecto me referiré (i) en primer lugar, al problema de teoría del derecho
respecto de la producción de las normas jurídicas, la validez de las mismas, y
su importancia en el control constitucional; y (ii) en segundo lugar, a la
naturaleza del anuncio previo para votación de los proyectos como requisito
constitucional.
1. El
problema de la producción de las normas jurídicas, la validez de las mismas, y su
importancia en el control constitucional
El problema de
la producción de las normas jurídicas dentro de un sistema jurídico, el cual
apareja a su vez el de la validez de las normas jurídicas, supone una posición
de principio de teoría y filosofía del derecho, que tiene importantes
consecuencias teóricas y prácticas para el tema del control constitucional.
Se hace
necesario entonces tomar una postura clara de teoría y filosofía del derecho,
en relación con el concepto de norma jurídica, el cual entraña el concepto de
validez de las mismas, lo cual a su vez conlleva necesariamente la pregunta por
el modo de producción jurídico-institucional de las normas. De este modo,
tenemos que en un sistema jurídico es fundamental determinar en primer término,
qué es norma jurídica, elemento básico y esencial del derecho, como el concepto
de “célula” para la biología. Por ello, la primera parte de teoría del
derecho se encuentra dedicada al análisis y determinación de lo que es norma
jurídica, parte esencial de la cual, es la pregunta de cuándo un enunciado
normativo hace parte del sistema jurídico, o en otros términos, a la pregunta
por la validez de los preceptos jurídicos[53]. Esta problemática corresponde a la teoría de las normas y aborda
la parte estática del derecho[54].
No obstante, el
derecho no está compuesto por una sola norma sino por una pluralidad de normas
jurídicas. En consecuencia, la segunda parte de la teoría del derecho es la que
se refiere a la teoría del ordenamiento jurídico que aborda la parte dinámica
de las normas[55]. En esta parte se encuentra el análisis de lo que son las
antinomias jurídicas, para resolver las cuales hay que acudir a los criterios
de vigencia en el tiempo y/o jerarquía de los enunciados jurídicos validos, así
como los problemas de unidad, coherencia y plenitud de los ordenamientos
jurídicos.
Vista la
estructura fundamental de la teoría del derecho, es claro entonces que el
primer problema fundamental del sistema jurídico es la determinación de qué es
una norma jurídica, cuándo una norma nace al ordenamiento jurídico, o en otros
términos, qué normas pertenecen y cuáles no al sistema jurídico, problema que
se encuentra analítica e intrínsecamente ligado al problema de la validez de la
norma jurídica, el cual es un problema tan fundamental y esencial en el derecho
que es anterior al problema de la vigencia y de la eficacia de las normas,
puesto que la respuesta a este primer interrogante permite esclarecer la
cuestión de la carta de nacimiento o naturaleza jurídica propiamente
dicha de las normas, la pertenencia de las normas a un sistema jurídico,
o con otras palabras, la cuestión del reconocimiento de las normas como
jurídicas o pertenecientes a un sistema jurídico, es decir, como enunciados
normativos jurídicos-positivos.
En este orden de
ideas, aparece claro que la pregunta fundamental en el derecho es la pregunta
por la existencia y validez de las normas jurídicas, por qué es norma jurídica,
cuestiones que determinan la teoría de los actos jurídicos y la teoría de la
nulidad en el derecho, desde la inexistencia de norma, la nulidad de la norma,
hasta la existencia de norma con vicio o sin vicio de producción o formación.
De manera que el cuestionamiento esencial en el derecho es entonces el de cómo
surgen las normas en el mundo jurídico, esto es, cuándo una norma ha surgido
correctamente en el mundo jurídico, es decir, con el lleno o cumplimiento de
todos los requisitos establecidos para su creación. Este cuestionamiento
corresponde exactamente a la pregunta por la validez.
La pregunta por
la validez de las normas jurídicas, es decir, por la cuestión de si un
enunciado normativo es norma jurídica, o en otros términos, si  pertenece al
sistema jurídico, de conformidad con las reglas prefijadas por el propio
sistema para su reproducción, es la pregunta fundamental que se debe hacer en
el derecho, para posteriormente, y sólo si es contestada afirmativamente esta
pregunta por la validez, se pueda continuar preguntando por la vigencia y la
eficacia de las normas jurídicas válidas.
Esta
característica propia de las normas jurídicas como válidas, es lo que llevó  a
Hans Kelsen a afirmar que el derecho pertenece al mundo del “deber ser”
y no al mundo del “ser”, ya que la pregunta por el derecho es la
pregunta por la validez de la norma jurídica, es decir, por la existencia
deontológica, y no la pregunta por la existencia fenomenológica de las cosas,
lo que condujo al filósofo del derecho austriaco a sostener que por ello mismo
la lógica formal no funciona para el derecho, por cuanto su finalidad es la
constatación de una correspondencia con un fenómeno del mundo del ser, mientras
que en cambio en el derecho de lo que se trata es de constatar si una norma es
válida, es decir de si existe en el mundo del derecho o del “deber ser”
y ello de acuerdo con aquellas reglas que estipulan y prevén los presupuestos
para su producción jurídica[56].  Así mismo, esta característica de la validez, propia del derecho,
es lo que permite explicar, según Kelsen, que se puedan encontrar normas válidas
que se opongan entre sí y sin embargo sigan siendo válidas.
A este respecto,
hay que recordar que el sistema jurídico es como el ave fénix que se crea y se
reproduce a sí mismo, y contiene por tanto normas que estipulan la forma de la
reproducción de las normas jurídicas, las cuales Hart denomina “reglas
secundarias”[57]. Así mismo, a este problema fundamental del derecho acerca de la
determinación de la pertenencia o no de una norma a un sistema jurídico de
conformidad con las normas o reglas previstas por el propio sistema para su
reproducción, es lo que Hart identificó como el problema del reconocimiento de
las normas jurídicas como tales, a cuyo problema contribuyó con su teoría de la
“regla de reconocimiento y validez jurídica”[58].
Así entonces, el derecho será válido siempre y cuando satisfaga los
requisitos que se establecen para la producción del mismo derecho y que están
señalados por las reglas de producción del derecho en la Constitución.
Lo anterior, lo ejemplifica el filósofo del Derecho H.L.A. Hart de la
siguiente manera: “Si se plantea la cuestión sobre si una cierta  regla es
jurídicamente válida, para resolverla debemos usar un criterio de validez
suministrado por otra regla. ¿Es válida esta pretendida ordenanza del County
Council de Oxfordshire? Sí:  porque fue dictada en ejercicio de potestades
conferidas y de acuerdo con el procedimiento especificado, por un decreto del
Ministerio de Salud Pública. A este primer nivel, el decreto suministra los
criterios para apreciar la validez de la ordenanza.  Puede no haber necesidad
práctica de seguir adelante; pero existe la posibilidad de hacerlo.  Podemos
cuestionar la validez del decreto y apreciarla en términos de la ley que
faculta al Ministro a adoptar tales medidas“[59]
Así también nuestra Constitución contempla para la producción de normas
con fuerza de ley, por ejemplo, el requisito de publicación previa del proyecto
de ley (inc.1 art. 157 CN);  cuatro (4) debates, dos en cada una de las
cámaras, y en cada una de ellas un primero en la comisión correspondiente y un
segundo en plenaria (inc. 2 art. 57, 165); la existencia de quórum
deliberatorio y de determinadas mayorías (p.e. art. 153); el cumplimiento del
anuncio de votación del proyecto en cuestión, con el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la propia Carta (art. 160 C.P); términos específicos entre
cada debate en cada Cámara y entre los debates en una y otra Cámara (art. 160);
límites de trámite en los periodos legislativos (art. 162), la sanción
presidencial (art.168), entre otros.
Ahora bien,
cuando se hace control de constitucionalidad, éste apunta en primerísimo lugar
a comprobar la validez de la norma jurídica, a constatar si se respetó o no el
camino demarcado por el propio sistema jurídico, esto es, los procedimientos de
producción del derecho, para que pueda catalogarse tal norma como norma válida.
El control constitucional en este aspecto no es por tanto cosa de poca monta,
ya que cuando el constituyente dice que exige ciertos requisitos para poder
otorgar carta de validez a las normas jurídicas, al Tribunal Constitucional le
corresponde controlar y verificar que dichos requisitos se hayan respetado y
cumplido a cabalidad. Por tanto esta labor es de suma importancia, este control
constitucional sobre la forma de producción de las normas jurídicas y sobre la
validez de las mismas, es lo más importante, porque a partir de este control se
debe determinar qué norma es reconocida como válida, es decir, qué norma
pertenece al sistema jurídico, o en otros términos, qué enunciado normativo es
en realidad norma jurídica. En este sentido, el control constitucional formal
no es una cuestión de simple formalismo, por cuanto no puede existir derecho
sin que se respeten las condiciones procedimentales de formación de las normas
jurídicas preestablecidas por el propio ordenamiento, lo cual es una
característica fundamental de un Estado de Derecho.
La pregunta por
la validez jurídica de las normas y el control constitucional respecto de dicha
validez jurídica, sigue siendo por tanto un tema de trascendental importancia
para el derecho y esto es precisamente lo que controla en primera instancia el
Tribunal Constitucional, la pregunta sobre cuáles enunciados normativos
pertenecen efectivamente o no al ordenamiento jurídico. Todos los demás temas
son por tanto posteriores al tema de la validez, es decir, el tema de la
vigencia, de la eficacia y el análisis de si el contenido sustancial de la
norma es acorde o no con la Constitución.
Es por esta razón que la producción del Derecho y sus formas, permiten
entender al pueblo que el producto realizado está acorde con el objetivo
popular y con la misma existencia del Estado, y les otorga una presunción de validez.
Los trámites y cauces en los cuales se encamina la producción normativa deviene
de la misma legitimidad que el pueblo otorga al producto final, es decir el
Derecho.
En consecuencia, sólo pueden valorarse o reconocerse como válidas y
legítimas las reglas de obligación si provienen de las reglas de reconocimiento
y de su aplicación adecuada. Situación del Estado de Derecho totalmente
contraria al Estado absolutista donde el único criterio para identificar algo
como derecho era aquello sancionado por el rey.   En palabras más sencillas,
debe decirse que la manera para identificar el derecho aceptado por los
individuos esta basada en aquel derecho que provenga o sea el resultante de las
reglas de reconocimiento o formas de producción establecidas en la
Constitución.
Cualquier otra cosa que se obtenga como resultado sin el cumplimiento
de estas reglas de reconocimiento constitucionales no puede avalarse como
derecho legítimo aceptado por los individuos. Es decir, existe la posibilidad
de que el legislador produzca “derecho” sin el cumplimiento de las reglas de
reconocimiento.  Evento en el cual, este “derecho” no es válido, a la luz de
poder político en cabeza del pueblo.
En síntesis, la suplantación de la forma de producción de derecho, sin
dudas elimina la legalidad y legitimidad que éste debe tener, afecta
inmediatamente su validez y hace no obligatorio su cumplimiento.  Y esto es
así, por cuanto es el propio derecho el que determina su forma de producción y
ello es la garantía que el pueblo mismo tiene que la producción de parámetros de
convivencia social pacífica se realice acorde con lo preestablecido por él
mismo, en cabeza del Estado de Derecho y su ordenamiento jurídico y no por
fruto del capricho o el deseo de quien produzca normas, lo que estaría más
cercano a la vivencia del Estado absolutista y el poder de dictar parámetros de
un ente diferente del soberano.
2. El
anuncio previo como requisito constitucional
para votación de los proyectos de ley (Artículo 160 C. P)
Respecto de la
trascendencia constitucional del requisito establecido en el artículo 160
constitucional, esta Corte ha manifestado:
“El inciso
final del artículo 160 de la Constitución Política dispone que ningún proyecto
de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente
se haya anunciado.  En el mismo sentido, establece que el aviso de que un
proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o
comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.
Como lo ha
señalado la jurisprudencia de esta Corporación sobre la materia,[60]
el anuncio de la votación pretende hacer eficaces valores y principios
constitucionales primordiales para la actividad legislativa.  En efecto, el
anuncio permite que los congresistas conozcan con la debida antelación qué
proyectos de ley van a ser sometidos a votación, requisito indispensable para
la concreción del principio de publicidad propio de la actividad congresional
y, por ende, para la adecuada formación de la voluntad democrática al interior
de las cámaras. Además, el cumplimiento del requisito mencionado facilita la
actuación de los ciudadanos y las organizaciones sociales en el trámite de
aprobación de los proyectos de ley, lo cual materializa la democracia
participativa y el ejercicio de los derechos políticos previstos en el artículo
40 C.P.
Este
precedente ha previsto, además, las condiciones fácticas requeridas para
acreditar el cumplimiento de la obligación del anuncio de la votación.  Así,
resultará comprobado el requisito cuando (i) el anuncio de la votación de un
proyecto de ley se realiza en sesión anterior y, por ende, distinta a la que se
lleve a cabo la aprobación de la iniciativa (ii) la Presidencia de la cámara
correspondiente informa expresa y claramente a sus integrantes que determinado
proyecto de ley será sometido a votación en sesión posterior; y (iii) la fecha
de esa sesión posterior para la cual fue convocada la votación sea determinada
o, al menos, determinable.
En el mismo
sentido, la Corte ha estimado que el incumplimiento del requisito mencionado es
un vicio de naturaleza insubsanable, que acarrea la inexequibilidad de la
disposición.  Ello debido a que se trata de una instancia del procedimiento
legislativo prevista de forma expresa por la Carta Política.  Por ende, hace
parte de las disposiciones que conforman el parámetro superior para la validez
del procedimiento legislativo destinado a la creación de normas jurídicas, por
lo cual debe ser aplicada de forma preferente en virtud del principio de
supremacía constitucional (Art. 4 C.P.).
Bajo la misma
perspectiva y de conformidad con lo expresado anteriormente, esta exigencia
busca hacer eficaces tanto el principio de publicidad y transparencia en el
trámite legislativo, como la democracia participativa y el respeto de las
minorías parlamentarias. Así, se trata de un presupuesto formal relevante para
la adecuada formación de la voluntad democrática de las cámaras legislativas,
esto es, que hace parte del mínimo de requisitos exigibles para que el
procedimiento de formación de las leyes cumpla con sus propósitos
constitucionales.
Por último,
la omisión del anuncio para la votación es un vicio de procedimiento que afecta
el trámite subsiguiente puesto que, en atención del principio de
consecutividad, la validez de cada una de las etapas del procedimiento para la
formación de las leyes depende, a su vez, de la validez de las actuaciones
antecedentes.  En esa medida, no sería posible aplicar la facultad de
subsanación prevista en el parágrafo del artículo 241 C.P.
( … ) La Sala
insiste en que el requisito para el procedimiento legislativo previsto en el
inciso final del artículo 160 C.P. obliga a que al interior de las cámaras
legislativas sean anunciados, de manera específica, cierta y expresa, cuáles
son los proyectos de ley que serán sometidos a votación en la siguiente sesión
y la fecha, determinada o determinable, en que se realizará esa reunión (…)”[61](Negrilla fuera de texto)
En conclusión,
el cumplimiento del anuncio previo con el lleno de las exigencias
constitucionales hace efectivo al interior del trámite parlamentario de leyes y
actos legislativos una serie de principios constitucionales, dentro de los que
se realza el Estado Social de derecho. Principios éstos que pretenden que los
congresistas conozcan qué proyectos van a ser sometidos a debate y
votación.  Lo anterior, como resultado del principio de contradicción, pilar de
las sociedades democráticas, el cual busca que las normas que rigen la sociedad
sean debatidas, discutidas y posteriormente sean votadas. Para lo anterior, es
indispensable que los congresistas conozcan de manera cierta y clara en qué
momento del trámite parlamentario los proyectos serán debatidos, discutidos y votados.
Ahora bien, de
no cumplirse dicho conocimiento antecedente por parte de los congresistas, no
existiría la idónea formación de la ley o del acto legislativo como expresión
de la voluntad democrática. Esto por cuanto dicho desconocimiento impediría la
oportunidad de debatir, discutir y hasta votar dichos proyectos por parte de
los congresistas. En consecuencia, la norma resultante de un proceso que
adolece del requisito señalado, no responde a la expectativa cierta de los
asociados quienes depositan su confianza en los órganos del Estado, en este
caso el Congreso, de que las normas se guiarán por los causes de producción que
la Constitución, como norma de normas, establece para su fabricación.
Adicionalmente,
otras cuatro razones fortalecen y ratifican la exigencia, dentro del trámite de
aprobación de una ley, del requisito establecido en el artículo 160
Constitucional.  Estas son:
a.  La
Constitución Política de Colombia establece en su artículo 183 las causales de
pérdida de  investidura de los congresistas; dentro de las cuales se encuentra
la señalada en el numeral segundo que indica: “Por la inasistencia, en un
mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten
proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura. “  (Negrilla
fuera de texto)
Así las cosas,
el ordenamiento superior prevé que un congresista de la República puede perder
su investidura por el hecho de no asistir en un mismo período de sesiones a
seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de ley.  En este orden
de ideas, el anuncio previo de los proyectos de ley que serán debatidos y votados
en sesión posterior cierta y determinada (artículo 160 constitucional) es sin
duda una garantía que la misma norma superior estableció para los congresistas,
los cuales, conocedores de que un proyecto se debatirá y votará en sesión
posterior cierta y determinada y, de las consecuencias señaladas en el artículo
183 numeral 2 de la Constitución, asumen las responsabilidades que la propia
Constitución y la ley les exigen.
Por el
contrario, el no cumplimiento del anuncio previo de que trata el artículo 160
constitucional, deja sin sustento la garantía constitucional que la norma
superior ha otorgado a los congresistas para que asuman sus funciones con la
responsabilidad que les es debida.  En otras palabras, el no cumplimiento del
requisito esbozado impediría exigir responsabilidad a los congresistas con base
en el artículo 183 numeral 2 constitucional, por falta de conocimiento de la
reunión plenaria en la que se votaría un proyecto de ley.
b. En este mismo
orden de ideas, cualquier ciudadano necesita conocer, de manera cierta y
determinada, cuándo se va a votar un proyecto de ley que lo puede afectar, ya
que se debe legislar consultando el interés general. Lo anterior, con el
propósito de que pueda hacer valedero el principio constitucional de
participación en las decisiones políticas en cabeza de todos los ciudadanos,
consagrado entre otros artículos en el 2, 40, 103, 153, 154, 155, 159 de la
Constitución Nacional.  Así las cosas, el ciudadano puede ejercer no sólo la
vigilancia y el control social sobre la producción de las normas jurídicas que
le van a ser aplicadas sino que igualmente puede participar de manera activa en
la toma de esas decisiones, lo cual es un presupuesto del ordenamiento jurídico
democrático y la cultura participativa.
Así pues, el
desconocimiento del anuncio previo expresado en la norma constitucional ya
mencionada con anterioridad, impide que el ciudadano vigile y controle
socialmente la producción de las normas jurídicas y que participe, como lo
señala la Constitución Política, y asista, como  lo permite el artículo 71 de la
Ley 5ª de 1992 al desarrollo de las sesiones y toma de decisiones por parte del
Congreso. Específicamente, el ciudadano, carecería del conocimiento respecto de
la sesión cierta en la cual se va a debatir y aprobar un proyecto de ley que
sin dudas le incumbe.
c.  El artículo
160 de la Constitución al exigir que ningún proyecto de ley será sometido a
votación en sesión diferente de aquella que previamente se haya anunciado y que
por consiguiente dicho aviso debe realizarse en sesión distinta a aquella en la
cual se realiza la votación, en realidad lo que está señalando es un prerrequisito
de competencia del Congreso de la República para votar proyectos de ley y
actos legislativos.
En otras
palabras, la Constitución establece que el Congreso de la República, sea las
comisiones o sea las Cámara en pleno, será competente para votar un
proyecto de ley, como en el presente caso, solamente y de manera única cuando
se haya efectuado en debida forma el anuncio de que trata el artículo 160
constitucional.  De no ser así, el congreso carece de la competencia
constitucional necesaria para votar un proyecto de ley. Lo anterior por falta
del anuncio previo exigido en la norma de la Constitución mencionada.
Por tanto, si el
Congreso vota un proyecto de ley sin la realización o la mala realización del
anuncio previo, tantas veces mencionado, estaría actuando por fuera de las
competencias asignadas constitucionalmente y por consiguiente el acto
constituye una irregularidad superlativa a la luz de la Constitución por ser
contrario a ésta, lo cual acarrea una sanción mayor por no respetar el
procedimiento establecido, sanción ésta consistente en la expulsión del
ordenamiento jurídico.
Así pues, al
señalar la Constitución de manera expresa una prohibición – que ningún
proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente de aquella que
previamente se haya anunciado y que por consiguiente dicho aviso debe
realizarse en sesión distinta a aquella en la cual se realiza la votación – su
no cumplimiento genera de manera inmediata la incompetencia del Congreso de la
República – comisiones o Cámara en pleno – para votar dicho proyecto de ley. En
consecuencia, de votarse un proyecto de ley sin el cumplimiento pleno de los
requisitos exigidos para el anuncio previo para votación consagrado en el
artículo 160 constitucional se estaría violando la prohibición constitucional
anotada, se estaría actuando sin competencia y dicho acto traería consigo un
vicio mayor que aparejaría como sanción su expulsión del ordenamiento jurídico.
d.
Adicionalmente, el inciso adicionado al artículo 160 por el Acto Legislativo 01
del 2003, consagra que “(e)l aviso de que un proyecto será sometido a votación
lo dará la presidencia de cada Cámara o comisión en sesión distinta a
aquella en la cual se realizará la votación” (negrilla fuera de texto), con el
fin de darle mayor seriedad, solemnidad y certeza a la determinación de la
sesión en la cual se llevará a cabo la votación.
De conformidad
con esta disposición superior es claro que la obligación del anuncio para
votación tiene que ser realizada por la presidencia de cada Cámara o de la
comisión correspondiente, de lo cual resulta evidente que el cumplimiento de
este requisito constitucional es tan importante que el mismo constituyente no
se lo dejó a cualquier persona sino que lo asignó al propio presiente(a) de
cada Cámara o de la comisión respectiva.
A juicio de la
Corte, la exigencia de que el anuncio lo haga la presidencia de cada Cámara o
comisión trae importantes consecuencias jurídicas a saber: (i) en primer lugar,
que si el anuncio no lo hace la presidencia de cada Cámara o comisión, entonces
no existe anuncio alguno; (ii) en segundo lugar, que si se llega a presentar
una discrepancia entre lo anunciado por la presidencia frente a lo anunciado
por el secretario, prevalece en todo momento el anuncio hecho por la
presidencia; (iii) en tercer lugar, que esta función se le otorgó a la
presidencia de la Cámara o comisión correspondiente, con el fin de que no
existiera duda respecto de cuándo se va a votar de forma cierta y determinada
el proyecto legislativo, al otorgarle mayor seriedad, solemnidad y certeza al
anuncio.
Pues bien, en
síntesis la exigencia constitucional establecida en el artículo 160 determina
como norma de producción del derecho, que “ningún proyecto de ley será
sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya
anunciado.  El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la
presidencia de cada Cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual
se realizará la votación“
Así las cosas,
requisitos de producción del derecho, como el del anuncio previo,  establecido
en la propia Constitución hace que el vicio que respecto de éste se presente
sea insubsanable, por la alta trascendencia que al interior de un Estado
de Derecho posee la decisión popular vertida en la Constitución Política, al
optar por  la forma de producción del derecho que va a seguir.
3. Con fundamento en lo anterior, el suscrito magistrado reitera,
como lo he sostenido en innumerables oportunidades, que la exigencia de
cumplimiento del anuncio para votación contenido en el artículo 160 Superior no
es un simple formalismo sino que es de fundamental importancia en un Estado
constitucional y democrático de Derecho puesto que atañe directamente al
problema de la  validez de las normas jurídicas y de su legitimidad
democrática, y que su falta o irregularidad constituye un vicio procedimental
insubsanable por ser una exigencia de origen constitucional que insisto, se
encuentra fundamentada en la exigencia de validez de las normas jurídicas y en
la garantía de la transparencia y la participación en el procedimiento
democrático de creación de leyes.
En consecuencia, discrepo de la declaratoria de exequibilidad
adoptada en la presente sentencia.
Fecha ut
supra.
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1]
Sobre el particular, la intervención refiere a las sentencias
C-307/04 y T-729/02.
[2]
En apoyo de estas afirmaciones, la Fiscalía General utiliza algunos extractos
de la sentencia C-127/93.
[3]
En este apartado, la intervención hace referencia a las consideraciones realizadas
por la Corte en la sentencia C-037/04, a propósito de la revisión de
constitucionalidad de la Ley 808/03, aprobatoria del Convenio Internacional
para la Represión de la Financiación del Terrorismo.
[4]
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-695/02.
[5]
Para este efecto, el Procurador General alude a las sentencias C-140/98,
C-861/01 y C-688/02.
[6]
Sentencia C-688 de 2002
[7]
Cfr. Comunicación del 15 de febrero de 2007, suscrita por la
Coordinadora del Área de Tratados.  Folio 39 del cuaderno principal.
[8]
Cfr. Folio 40 del cuaderno principal 1.
[9]
Cfr. Folio 46 del cuaderno principal 1.
[10]
Cfr. Folios 259 al 264 del cuaderno de pruebas 1.
[11]
Cfr. Folios 281 a 282 del cuaderno de pruebas 1.
[12]
Cfr. Folio 26 del cuaderno principal.
[13]
Cfr. Gaceta del Congreso 82/06 p. 3.
[14]
Ibídem p. 4.
[15]
Cfr. Folios 59 a 62 del cuaderno de pruebas 1.
[16]
Cfr. Folio 1 del cuaderno de pruebas 1.
[17]
Cfr. Folio 301 del cuaderno de pruebas 1.
[18]
Es importante anotar que la constancia en comento hace referencia al “15 de
noviembre de 2006”.  No obstante, la Corte entiende que se trata de un
error mecanográfico involuntario, puesto que la información consignada en la
certificación permite inferir con facilidad que se trata de la sesión del 15 de
noviembre de 2005.
[19]
Cfr. Folios 14 (reverso) a 15 del cuaderno de pruebas 2.
[20]
Cfr. Folios 1 a 2 del cuaderno de pruebas 2.
[21]
Cfr. Folios 53 (reverso) a 54 del cuaderno de pruebas 2.
[22]
Cfr. Folio 72Ñ a 72O del cuaderno de pruebas 3.
[23]
Cfr. Folio 3 del cuaderno de pruebas 3.
[24]
Cfr. Folios 124 a 125 del cuaderno de pruebas 3.
[25]
Cfr. Folio 128 del cuaderno de pruebas 3.
[26]
Cfr. Folio 111 del cuaderno de pruebas 3.
[27]
Cfr. Gaceta del Congreso 459/06 p. 43.
[28]
Ibídem, p. 64
[29]
Cfr. Folio 144 del cuaderno de pruebas 3.
[30]
Cfr. Folio 172 del cuaderno de pruebas 3.
[31]
Cfr. Folio 187 del cuaderno de pruebas 3.
[32]
Cfr. Folio 114 del cuaderno principal 2.
[33]
Cfr. Folios 57-58 del cuaderno
principal 2.  Sobre el particular, en dicha sesión se indicó:
“Hace uso
de la palabra el Presidente de la Comisión, honorable Representante Augusto
Posada Sánchez:
Próximo punto
del Orden del Día, señora Secretaria.
Hace uso
de la palabra la Secretaria de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Aprobación de
proyectos de ley anunciados en sesión del día martes 2 de octubre de 2007, con
el fin de subsanar el vicio de procedimiento establecido por la Corte
Constitucional, según Auto 232 de 2007.
Proyecto
de ley el número 75 de 2005 Senado, 221 de 2005 Cámara, por medio de la cual se
aprueba la Convención Interamericana contra el Terrorismo, suscrita en la ciudad de
Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002 en el trigésimo segundo período
ordinario de las sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos.
Autores: Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Carolina Barco; Ministro
del Interior y de Justicia, doctor Sabas Pretelt de la Vega.
Ponente:
honorable Representante Fabio Arango Torres.
Publicación
texto del proyecto y articulado: Gaceta del Congreso número 561
de 2005.
Publicación ponencia primer debate en Senado: Gaceta del Congreso número
639 de 2005.
Publicación ponencia segundo debate en Senado: Gaceta del Congreso número
718 de 2005.
Publicación ponencia primer debate Cámara: Gaceta del Congreso número
055 de 2006.
También le
informo, señor Presidente, que el contenido del Auto 232 de 2007 fue entregado
en su oportunidad también en las oficinas de los honorables Representantes para
su conocimiento.
Hace uso
de la palabra el Presidente de la Comisión, honorable Representante Augusto
Posada Sánchez:
Sírvase leer
la proposición con que termina el informe de ponencia.
Hace uso
de la palabra la Secretaria de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Proposición
con que termina el informe de ponencia para primer debate:
Dadas estas
consideraciones y conforme con la Ley 5ª de 1992, presento ponencia para primer
debate de la Comisión Segunda de la honorable Cámara de Representantes al
Proyecto de ley número 221 de 2005 Cámara, 75 de 2005 Senado, por medio de la
cual se aprueba la Convención Interamericana contra el Terrorismo, suscrita en
la ciudad de Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002 en el trigésimo
segundo período ordinario de las sesiones de la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos.
Atentamente,
Fabio
Arango Torres,
Departamento
del Vaupés.
Leída la
proposición con que termina el informe de ponencia, señor Presidente.
Hace uso
de la palabra el Presidente de la Comisión, honorable Representante Augusto
Posada Sánchez:
En
consideración la proposición leída. Anuncio que va a cerrarse. ¿Aprueba la
Comisión la proposición leída?
Hace uso
de la palabra la Secretaria de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido
aprobada la proposición leída, señor Presidente.
Hace uso
de la palabra el Presidente de la Comisión, honorable Representante Augusto
Posada Sánchez:
Sírvase leer
el articulado del proyecto.
Hace uso
de la palabra la Secretaria de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1º.
Apruébase la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la
ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en
el Trigésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos.
Artículo 2º.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la
¿Convención Interamericana contra el Terrorismo¿, suscrita en la ciudad de
Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el
Trigésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos, que por el artículo 1º de esta ley se
aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto del mismo.
Artículo 3º.
La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Leído el articulado del
proyecto, señor Presidente.
Hace uso
de la palabra el Presidente de la Comisión, honorable Representante Augusto
Posada Sánchez:
Gracias,
señora Secretaria.
En
consideración el articulado leído. Anuncio que va a cerrarse. ¿Aprueba la
Comisión el articulado presentado?
Hace uso
de la palabra la Secretaria de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido
aprobado el articulado presentado, señor Presidente.
Hace uso
de la palabra el Presidente de la Comisión, honorable Representante Augusto
Posada Sánchez:
Favor leer el
título del proyecto.
Hace uso
de la palabra la Secretaria de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Por medio
de la cual se aprueba la Convención Interamericana contra el Terrorismo, suscrita en la ciudad de
Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002 en el Trigésimo Segundo Período
Ordinario de las Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos¿.
Hace uso
de la palabra el Presidente de la Comisión, honorable Representante Augusto Posada
Sánchez:
En consideración el título. Anuncio que va a cerrarse. ¿Aprueba la
Comisión el título leído?
Hace uso
de la palabra la Secretaria de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido
aprobado el título leído, señor Presidente.
Hace uso
de la palabra el Presidente de la Comisión, honorable Representante Augusto
Posada Sánchez:
¿Quieren los
Representantes presentes que el proyecto de ley aprobado sea ley de la
República?
Hace uso
de la palabra la Secretaria de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Sí lo
quieren, señor Presidente.
Hace uso
de la palabra el Presidente de la Comisión, honorable Representante Augusto
Posada Sánchez:
Se designa
como ponente para el segundo debate al doctor Manuel José Vives.
Hace uso
de la palabra la Secretaria de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Sí, señor
Presidente.
Hace uso
de la palabra el Presidente de la Comisión, honorable Representante Augusto
Posada Sánchez:
Próximo punto
del Orden del Día.”
[34]
Cfr. Folio 18 del cuaderno
principal 2.
[35]
Publicada en la Gaceta 649 del 11 de diciembre de 2007, pp. 10-11.  Sobre el
particular, en el Acta se lee lo siguiente:
“La
Secretaría General informa (doctor Angelino Lizcano Rivera):
Aprobada
Presidente.
Corrección de
vicios de procedimiento, Proyecto de ley número 221 de 2005 Cámara, 075 de 2005
Senado.
Ponencia para
segundo debate del proyecto de ley número 221 de 2005 Cámara, 75 de 2005
Senado, por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana contra
el Terrorismo”, suscrito en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el 3 de
junio de 2002, en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Doctor
Oscar Arboleda Palacio
Presidente
Cámara de Representantes
Ciudad.
Respetado
doctor Arboleda:
Encontrándome
dentro del término señalado en el Oficio CS-CP 3.2.4.84 del martes 9 de octubre
de 2007, cumplo con la responsabilidad de rendir informe de ponencia para
segundo debate del proyecto de ley aludido, designación que me fuera hecha por la
Mesa Directiva de la Comisión Segunda Constitucional en la sesión ordinaria del
9 de octubre de 2007, lo anterior acatando el Auto número 232 del 5 de
septiembre de 2007, proferido por la Sala Plena de la honorable Corte
Constitucional, dentro del expediente de referencia, LA-300 Revisión de
Constitucionalidad de la Ley 1108 del 27 de diciembre de 2006, por medio de la
cual se aprueba la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita
en la Ciudad de Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002, en el trigésimo
segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos, publicado en el Diario Oficial 46- 9-
94, del 27 de diciembre de 2006.
El auto
mencionado dispuso devolver el expediente a la Cámara de Representantes para
corregir el vicio de inconstitucionalidad generado durante su estudio y
aprobación en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional, por haberse
omitido el trámite señalado en el artículo 160 de la Constitución Política, modificado
por el artículo 8º del Acto Legislativo número 01 de 2003.
Firmado por los siguientes Congresistas: Manuel José Vives,
delegado para el informe.
Puede someter
el informe de corrección de vicios de procedimiento.
Dirección
de la sesión por la Presidencia (doctor Bérner León Zambrano):
En
consideración el informe presentado de corrección de vicios de procedimiento,
continúa su discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿Lo aprueba la Cámara?
La
Secretaría General informa (doctor Angelino Lizcano Rivera):
Aprobado señor
Presidente.”
[36]
Sobre la materia, Cfr. Corte Constitucional, sentencias
C-1040/05, C-830/07, Auto 053/07.
[37]
Cfr. Folio 159 del cuaderno
principal 2.
[38]
Cfr. Corte Constitucional,
sentencia C-863/06 y autos A-018/07 y A-057/07.  Sobre el tema particular de la
doble numeración de las leyes, luego de la subsanación de un vicio de trámite,
la citada sentencia estipuló lo siguiente:
“La sanción presidencial
se limita a “aprobar  el proyecto correspondiente” por parte del “Gobierno” y a
“dar fe de su autenticidad”. Además, de acuerdo al Decreto 2719 de 2000, la
numeración se da sobre “leyes ya sancionadas”, por ser tal numeración de la
ley, un trámite de carácter administrativo que debe realizarse “guardando una
secuencia numérica indefinida y no por año”, de acuerdo a la exigencia
establecida por el artículo 194 de la Ley 5ª  de 1992. || La jurisprudencia
constitucional en situaciones anteriores en que se ha devuelto al Congreso una
ley para ser subsanada por adolecer de vicios de forma, da cuenta de que
generalmente en el trámite de subsanación se ha respetado el número de ley
inicialmente asignado. Es el caso, por ejemplo, de la sentencia C-607 de 1992,
(M.P. Alejandro Martínez Caballero), en el que la Ley 1ª de 1992 que adolecía
de vicios de forma, fue devuelta al Congreso. Luego de ser subsanada en su
trámite y sancionada en una segunda oportunidad, se le respetó su número de ley
original. Por lo que la Corte Constitucional, una vez corregido el vicio de
forma que recaía  sobre  la Ley 1ª de 1992, la declaró exequible. En la
sanción, el Gobierno Nacional, con firmas del señor Presidente de la República
y del señor Ministro de Gobierno del momento, sancionó el proyecto de ley
corregido, de la siguiente forma: “En cumplimiento de lo ordenado por la Corte
Constitucional, el Gobierno Nacional refrenda los actos por los cuales el Congreso
de la República subsanó los vicios de procedimiento en que incurrió al expedir la
Ley 1 de 1992”. || En el caso que nos
ocupa, la Corte advierte lo siguiente: (i) el primer número de ley – el 869 de
2004 - es el que identifica a la ley aprobatoria objeto del control ejercido en
el presente proceso; (ii) la voluntad del Legislador, en cumplimiento del Auto
089 de 2005, era la de subsanar el vicio de forma constatado por esta
Corporación en la formación de la Ley 896 de 2004; (iii) el Proyecto de Ley
correspondió siempre al mismo, es decir, al 212/03 Senado -111/03 Cámara, como
puede confirmarse en todas las ponencias y debates que se surtieron en el
Congreso, y en su remisión para sanción presidencial.|| Ahora bien, se cometió
un error administrativo en la numeración, al habérsele asignado un segundo
número a la misma ley después de haber sido subsanado el vicio en la formación
de la misma. No obstante dicho error no modifica el contenido de la ley ni
incide en el proceso de su formación en el Congreso de la República. Para la
Corte por lo tanto, el presente análisis de constitucionalidad se entiende
realizado sobre la Ley 896 de 2004 que aprobó el “Convenio entre el Gobierno de
la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia para la
recuperación de bienes culturales y otros específicos robados, importados o
exportados ilícitamente”, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte  (20)
días del mes de agosto del año dos mil uno (2001)”.
[39]
Cfr. Folio 1A del cuaderno principal 2.
[40]
Cfr. Folio 1 del cuaderno
principal 2.
[41] Artículo 4 (Garantías fundamentales)
1. Todos aquellos que no tomen parte directa o que
hayan dejado de tomar parte en las hostilidades, tanto si su libertad ha sido
restringida como si no, tienen derecho al respeto a su persona, su honor, sus
convicciones y sus prácticas religiosas. En todas circunstancias recibirán un
trato humano, sin ninguna distinción que les perjudique...
2. Sin perjuicio para las líneas generales de lo que
antecede, quedan prohibidos en el presente y en el futuro, en todo lugar y
ocasión, los siguientes actos contra aquellos a quienes se refiere el párrafo
1:
a) La violencia contra la vida, la salud y en
bienestar físico o mental de las personas, especialmente el asesinato, así como
los tratos crueles, como las torturas, mutilaciones o cualesquiera formas de
castigo corporal;
...
d) Los actos de terrorismo.
...
h) Las amenazas de llevar a cabo cualquiera de los
actos anteriores.
[42]
Artículo 15.
1. Nadie será condenado por
actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según
el derecho nacional o internacional. Tampoco se pondrá pena más grave que
la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la
comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el
delincuente se beneficiará de ello.
2. Nada de lo dispuesto en
este artículo se opondrá al juicio y a la condena de una persona por actos u
omisiones que, en el momento de cometerse, fueren delictivos según los
principios generales  del derecho reconocidos por la comunidad
internacional. (negrillas no originales).
[43]
Artículo 9. Principio de legalidad y de Retroactividad
Nadie
puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no
fueran delictivos según el derecho aplicable en el momento de la comisión del
delito.  Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la
imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.
[44] La Corte ha venido señalando que, en aplicación de la
Constitución Política y los tratados internacionales que hacen parte del bloque
de constitucionalidad, existe un deber constitucional de criminalizar o
sancionar penalmente conductas tales como la tortura, el genocidio, las
ejecuciones extrajudiciales, o las desapariciones forzadas. Cfr., entre otras,
las Sentencias C-225 de 1995, C-368 de 2000, C-177 de 2001, C-226 de 2002 y
C-489/2002.
[45]
Sentencia C-069/94,  M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[46] En el mismo sentido puede estudiarse la Sentencia C-1055 de 2003 M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra, mediante la cual se efectuó el control de
constitucionalidad del Convenio Internacional para la represión de los
atentados terroristas cometidos con bombas, adoptado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997, el cual fue declarado
exequible.
[47]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Informe sobre
terrorismo y derechos humanos.  OEA/Ser.L/V/ll.116 Doc.5 rev.1 corr.
22, octubre 2002
[48] En el mismo sentido puede estudiarse la Sentencia C-1055 de 2003 M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra, mediante la cual se efectuó el control de
constitucionalidad del Convenio Internacional para la represión de los
atentados terroristas cometidos con bombas, adoptado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997, el cual fue declarado
exequible.
[49] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencia C-931/07.
[50]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-729 de 2002.
[51] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia C-405/99, C-037/04.
[52]
Un análisis detallado de las diferencias entre las
instituciones del asilo y el refugio es realizado por la Corte en la sentencia
T-704/03
[53] Sobre el concepto y la
validez de las normas jurídicas ver Hans Kelsen, Contribuciones a la Teoría
Pura del Derecho, Fontamara, México, 1992, Págs. 52-60, 62-65. Así mismo,
Riccardo Guastini, Distinguiendo, estudios de teoría y metateoría del
derecho, Editorial Gedisa, Barcelona, 1999, págs. 92-110, 307-343.
[54] Norberto Bobbio, Teoría
del Derecho, Editorial Temis, 2007, Págs. 3-139.
[55] Ibidem, Págs. 143-265.
[56] Sobre este tema
consultar Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Porrua, 1998.
[57] Ver H.L.A. Hart, El
concepto del Derecho, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Págs. 99-125.
[58] Ver H.L.A. Hart, El
concepto del Derecho, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Págs.
125-137.
[59] Ibidem, Pág. 133.
[60] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencias C-533/04, C-644/04,  C-333/05,  C-400/05, y
C-473/05.
[61] Corte
Constitucional Sentencia C- 930 de 2005.