C-962-03
III
Sentencia C-962/03
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
CONVENCION INTERNACIONAL Y PROTOCOLO-Aprobación presidencial/CONVENCION
INTERNACIONAL Y PROTOCOLO-Trámite del proyecto de ley en Senado y Cámara
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA
CONVENCION INTERNACIONAL Y PROTOCOLO-Suscripción
CONVENCION INTERNACIONAL Y PROTOCOLO-Constitucionalidad por ausencia de vicios
de forma
CONVENCION INTERNACIONAL Y PROTOCOLO-Marco general
DELINCUENCIA ORGANIZADA INTERNACIONAL-Concepto
CONVENCION INTERNACIONAL Y PROTOCOLO-Desarrolla los principios de derecho
internacional adoptados por la Constitución
PREVENCION Y REPRESION DE DIVERSAS
CONDUCTAS DELICTUALES-Necesidad
de los Estados de actuar conjuntamente
CONVENCION INTERNACIONAL Y PROTOCOLO-Finalidad
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL-Examen material/CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL-Contenido/CONVENCION DE
LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL-Ambito
de aplicación/CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRANSNACIONAL-Responsabilidad de personas jurídicas en la comisión de
delitos
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL-Proceso, características del fallo y grado de
sanciones/CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL-Decomiso e incautación de bienes producto del
delito/CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRANSNACIONAL-Jurisdicción encargada de conocer de los delitos tipificados/CONVENCION
DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL-Solicitud
de extradición/CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL-Prevención, investigación y penalización de los
delitos internacionales
PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y
SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS
CONVENCION INTERNACIONAL-Interpretación para su aplicación con
sujeción estricta a la Constitución
CONVENCION INTERNACIONAL-Interpretación y aplicación no puede
desconocer el bloque de constitucionalidad
CONVENCION INTERNACIONAL-Decomiso e incautación de bienes solo
podrá realizarse de conformidad con las normas jurídicas colombianas
CONVENCION INTERNACIONAL-Reglas para interpretar la asistencia judicial
reciproca
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y CONTRADICCION DEL
PROCESO-Objeto
PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA-Alcance
PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-Finalidad de la prohibición/PRINCIPIO
NON BIS IN IDEM-Prohibición no excluye que un mismo comportamiento pueda
dar lugar a diversas investigaciones y sanciones
DEBIDO PROCESO PUBLICO-Reserva de identidad de funcionario
DEBIDO PROCESO PUBLICO-Reserva de identidad de testigo
CONVENCION-Cooperación en materia de cumplimiento de la ley está
sometida al ordenamiento jurídico interno
ACUERDOS SIMPLIFICADOS-Control constitucional
TRATADO INTERNACIONAL-Obligación internacional del Estado
TRATADO INTERNACIONAL-Expresión de la voluntad del Estado
TRATADO INTERNACIONAL-Competencia del Presidente para manifestar
su consentimiento internacional
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL-Celebración sobre bases de equidad y reciprocidad
CONVENCION INTERNACIONAL Y PROTOCOLO-Constitucionalidad
Referencia: expediente LAT-234
Revisión constitucional de la ley 800 de
marzo 13 de 2003, “Por medio de la cual se aprueba la Convención de las
Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional” y el protocolo
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres
y niños que complementa la convención de las naciones unidas contra la
delincuencia organizada trasnacional” adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de octubre de
dos mil tres (2003).
I.       ANTECEDENTES.
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de
la República, atendiendo lo señalado en el artículo 241, numeral 10 de la
Constitución, envió fotocopia auténtica de la ley número 800 de marzo de 2003, “Por
medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la
delincuencia organizada trasnacional” y el protocolo para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños que complementa la
convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada
trasnacional” adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
quince (15) de noviembre de dos mil (2000).
En providencia de abril tres (3) de dos mil
tres 2003, el despacho del Magistrado sustanciador asumió el conocimiento del
presente asunto, solicitó a las Secretarías Generales del H. Senado de la
República y de la Cámara de Representantes la remisión de los antecedentes
legislativos de la ley en revisión y ordenó que una vez allegados los
mencionados documentos se fije en lista, para efectos de asegurar la
intervención ciudadana,. Igualmente, dispuso el envío de copia de la Ley, de la
Convención y el Protocolo, al despacho del señor Procurador, para que rindiera
su concepto.
Cumplidos los trámites previstos en el
decreto 2067 de 1991, procede esta Corte a decidir.
A. Texto de la ley y acuerdo objeto de
revisión.
El texto de la ley y la convención objeto
de revisión, son los siguientes, según la publicación efectuada en el diario
oficial No. 45.131, del 13 de marzo de 2003.
LEY
800 DE 2003
(13 DE MARZO)
por medio de la
cual se aprueban la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la
Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,
adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de
noviembre de dos mil (2000).
El
Congreso de Colombia
Vistos los textos de la "Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional" y el
"Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas,
especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional", adoptados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil
(2000).
(Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia
del texto íntegro del Instrumento Internacional mencionado)
PROYECTO
DE LEY NUMERO 134 DE 2001 SENADO
por medio de la cual se aprueban la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el
Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas,
especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15)  de noviembre de dos mil
(2000).
El Congreso de Colombia
Vistos los textos de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo
para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres
y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, adoptados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).
(Para ser transcritos: Se adjunta fotocopia
de los textos íntegros de los Instrumentos Internacionales mencionados).
«CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
Artículo 1
Finalidad
El propósito de la presente Convención es promover
la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia
organizada transnacional.
Artículo 2
Definiciones
Para los fines de la presente Convención:
a) Por grupo delictivo organizado se
entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante
cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más
delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras
a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de
orden material;
b) Por delito grave se entenderá la
conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima
de al menos cuatro años o con una pena más grave;
c) Por grupo estructurado se entenderá un
grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el
que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente
definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una
estructura desarrollada;
d) Por bienes se entenderá los activos de
cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o
intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad
u otros derechos sobre dichos activos;
e) Por producto del delito se entenderá los
bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la
comisión de un delito;
f) Por embargo preventivo o incautación se
entenderá la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover
bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento
expedido por un tribunal u otra autoridad competente;
g) Por decomiso se entenderá la privación
con carácter definitivo de bienes por decisión de un tribunal o de otra
autoridad competente;
h) Por delito determinante se entenderá
todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia
de un delito definido en el artículo 6 de la presente Convención;
i) Por entrega vigilada se entenderá la
técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del
territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el
conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin
de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión
de éstos;
j) Por organización regional de integración
económica se entenderá una organización constituida por Estados soberanos de
una región determinada, a la que sus Estados miembros han transferido
competencia en las cuestiones regidas por la presente Convención y que ha sido
debidamente facultada, de conformidad con sus procedimientos internos, para
firmar, ratificar, aceptar o aprobar la Convención o adherirse a ella; las
referencias a los Estados Parte con arreglo a la presente Convención se
aplicarán a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.
Artículo 3
Ámbito de aplicación
1. A menos que contenga una disposición en
contrario, la presente Convención se aplicará a la prevención, la investigación
y el enjuiciamiento de:
a) Los delitos
tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención;
y
b) Los delitos graves que se definen en el
artículo 2 de la presente Convención;
cuan do esos delitos sean de carácter
transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.
2. A los efectos del
párrafo 1 del presente artículo, el delito será de carácter transnacional si:
a) Se comete en más de un Estado;
b) Se comete dentro de un solo Estado pero
una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se
realiza en otro Estado;
c) Se comete dentro de un solo Estado pero
entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades
delictivas en más de un Estado; o
d) Se comete en un solo Estado pero tiene
efectos sustanciales en otro Estado.
Artículo 4
Protección de la soberanía
1. Los Estados Parte cumplirán sus
obligaciones con arreglo a la presente Convención en consonancia con los
principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, así
como de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.
2. Nada de lo dispuesto en la presente
Convención facultará a un Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro
Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve
exclusivamente a sus autoridades.
Artículo 5
Penalización de la participación en un
grupo delictivo organizado
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito,
cuando se cometan intencionalmente:
a) Una de las conductas siguientes, o
ambas, como delitos distintos de los que entrañen el intento o la consumación
de la actividad delictiva;
i) El acuerdo con una o más personas de
cometer un delito grave con un propósito que guarde relación directa o
indirecta con la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden
material y, cuando así lo prescriba el derecho interno, que entrañe un acto
perpetrado por uno de los participantes para llevar adelante ese acuerdo o que
entrañe la participación de un grupo delictivo organizado;
ii) La conducta de toda persona que, a
sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de un grupo delictivo
organizado o de su intención de cometer los delitos en cuestión, participe
activamente en:
a) Actividades ilícitas del grupo delictivo
organizado;
b) Otras actividades del grupo delictivo
organizado, a sabiendas de que su participación contribuirá al logro de la
finalidad delictiva antes descrita;
b) La organización, dirección, ayuda,
incitación, facilitación o asesoramiento en aras de la comisión de un delito
grave que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado.
2. El conocimiento, la intención, la
finalidad, el propósito o el acuerdo a que se refiere el párrafo 1 del presente
artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.
3. Los Estados Parte cuyo derecho interno requiera
la participación de un grupo delictivo organizado para la penalización de los d
delitos tipificados con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del
presente artículo velarán por que su derecho interno comprenda todos los
delitos graves que entrañen la participación de grupos delictivos organizados.
Esos Estados Parte, así como los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la
comisión de un acto que tenga por objeto llevar adelante el acuerdo concertado
con el propósito de cometer los delitos tipificados con arreglo al inciso i)
del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo, lo notificarán al
Secretario General de las Naciones Unidas en el momento de la firma o del
depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la
presente Convención o de adhesión a ella.
Artículo 6
Penalización del blanqueo del producto del
delito
1. Cada Estado Parte adoptará, de
conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito,
cuando se cometan intencionalmente:
a) i) La conversión o la transferencia de
bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el
propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a
cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir
las consecuencias jurídicas de sus actos;
ii) La ocultación o disimulación de la
verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de
bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son
producto del delito;
b) Con sujeción a los conceptos básicos de
su ordenamiento jurídico:
i) La adquisición, posesión o utilización
de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del
delito;
ii) La participación en la comisión de
cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así
como la asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de
cometerlos, y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en
aras de su comisión.
2. Para los fines de la aplicación o puesta
en práctica del párrafo 1 del presente artículo:
a) Cada Estado Parte velará por aplicar el
párrafo 1 del presente artículo a la gama más amplia posible de delitos
determinantes;
b) Cada Estado Parte incluirá como delitos
determinantes todos los delitos graves definidos en el artículo 2 de la
presente Convención y los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 8
y 23 de la presente Convención. Los Estados Parte cuya legislación establezca
una lista de delitos determinantes incluirán entre éstos, como mínimo, una
amplia gama de delitos relacionados con grupos delictivos organizados;
c) A los efectos del apartado b), los
delitos determinantes incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera
de la jurisdicción del Estado Parte interesado. No obstante, los delitos
cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito
determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al
derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese asimismo
delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en
práctica el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí;
d) Cada Estado Parte proporcionará al
Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a
dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se
haga a tales leyes o una descripción de ésta;
e) Si así lo requieren los principios
fundamentales del derecho interno de un Estado Parte, podrá disponerse que los
delitos tipificados en el párrafo 1 del presente artículo no se aplicarán a las
personas que hayan cometido el delito determinante;
f) El conocimiento, la intención o la
finalidad que se requieren como elemento de un delito tipificado en el párrafo
1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.
Artículo 7
Medidas para combatir el blanqueo de dinero
1. Cada Estado Parte:
a) Establecerá un amplio régimen interno de
reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no
bancarias y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su
jurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilizarse para el
blanqueo de dinero a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de
dinero, y en ese régimen se hará hincapié en los requisitos relativos a la
identificación del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia de
las transacciones sospechosas;
b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación de
los artículos 18 y 27 de la presente Convención, que las autoridades de
administración, reglamentación y cumplimiento de la ley y demás autoridades
encargadas de combatir el blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente
con arreglo al derecho interno, las autoridades judiciales), sean capaces de
cooperar e intercambiar información a nivel nacional e internacional de
conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno y, a tal fin,
considerará la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia
financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de
información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero.
2. Los Estados Parte considerarán la
posibilidad de aplicar medidas viables para detectar y vigilar el movimiento
transfronterizo de efectivo y de títulos negociables pertinentes, con sujeción
a salvaguardias que garanticen la debida utilización de la información y sin
restringir en modo alguno la circulación de capitales lícitos. Esas medidas
podrán incluir la exigencia de que los particulares y las entidades comerciales
notifiquen las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas de
efectivo y de títulos negociables pertinentes.
3. Al establecer un régimen interno de
reglamentación y supervisión con arreglo al presente artículo y sin perjuicio
de lo dispuesto en cualquier otro artículo de la presente Convención, se insta
a los Estados Parte a que utilicen como guía las iniciativas pertinentes de las
organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el
blanqueo de dinero.
4. Los Estados Parte se esforzarán por
establecer y promover la cooperación a escala mundial, regional, subregional y
bilateral entre las autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de
reglamentación financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero.
Artículo 8
Penalización de la corrupción
1.  Cada Estado Parte
adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para
tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:
a) La promesa, el ofrecimiento o la
concesión a un funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio
indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad,
con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el
cumplimiento de sus funciones oficiales;
b) La solicitud o aceptación por un
funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que
redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de
que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus
funciones oficiales.
2. Cada Estado Parte considerará la
posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias para tipificar como delito los actos a que se refiere el párrafo 1
del presente artículo cuando esté involucrado en ellos un funcionario público
extranjero o un funcionario internacional. Del mismo modo, cada Estado Parte
considerará la posibilidad de tipificar como delito otras formas de corrupción.
3. Cada Estado Parte adoptará también las
medidas que sean necesarias para tipificar como delito la participación como
cómplice en un delito tipificado con arreglo al presente artículo.
4. A los efectos del párrafo 1 del presente
artículo y del artículo 9 de la presente Convención, por   funcionario
público   se entenderá todo funcionario público o persona que preste un
servicio público conforme a la definición prevista en el derecho interno y a su
aplicación con arreglo al derecho penal del Estado Parte en el que dicha
persona desempeñe esa función.
Artículo 9
Medidas contra la corrupción
1. Además de las medidas previstas en el
artículo 8 de la presente Convención, cada Estado Parte, en la medida en que
proceda y sea compatible con su ordenamiento jurídico, adoptará medidas
eficaces de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para promover
la integridad y para prevenir, detectar y castigar la corrupción de
funcionarios públicos.
2. Cada Estado Parte adoptará medidas encaminadas a
garantizar la intervención eficaz de sus autoridades con miras a prevenir,
detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos, incluso dotando a
dichas autoridades de suficiente independencia para disuadir del ejercicio de
cualquier influencia indebida en su actuación.
Artículo 10
Responsabilidad de las personas jurídicas
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas
que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, a fin de
establecer la responsabilidad de personas jurídicas por participación en
delitos graves en que esté involucrado un grupo delictivo organizado, así como
por los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la
presente Convención.
2. Con sujeción a los principios jurídicos
del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de
índole penal, civil o administrativa.
3. Dicha responsabilidad existirá sin
perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que
hayan perpetrado los delitos.
4. Cada Estado Parte velará en particular por que se
impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas,
incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas
responsables con arreglo al presente artículo.
Artículo 11
Proceso, fallo y sanciones
1. Cada Estado Parte penalizará la comisión
de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la
presente Convención con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de esos
delitos.
2. Cada Estado Parte velará por que se
ejerzan cualesquiera facultades legales discrecionales de que disponga conforme
a su derecho interno en relación con el enjuiciamiento de personas por los
delitos comprendidos en la presente Convención a fin de dar máxima eficacia a
las medidas adoptadas para hacer cumplir la ley respecto de esos delitos,
teniendo debidamente en cuenta la necesidad de prevenir su comisión.
3. Cuando se trate de delitos tipificados
con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención, cada Estado
Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su derecho interno y
tomando debidamente en consideración los derechos de la defensa, con miras a
procurar que al imponer condiciones en relación con la decisión de conceder la
libertad en espera de juicio o la apelación se tenga presente la necesidad de
garantizar la comparecencia del acusado en todo procedimiento penal ulterior.
4. Cada Estado Parte velará por que sus
tribunales u otras autoridades competentes tengan presente la naturaleza grave
de los delitos comprendidos en la presente Convención al considerar la
eventualidad de conceder la libertad anticipada o la libertad condicional a
personas que hayan sido declaradas culpables de tales delitos.
5. Cada Estado Parte establecerá, cuando
proceda, con arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripción prolongado
dentro del cual pueda iniciarse el proceso por cualquiera de los delitos
comprendidos en la presente Convención y un plazo mayor cuando el presunto
delincuente haya eludido la administración de justicia.
6. Nada de lo dispuesto en la presente
Convención afectará al principio de que la descripción de los delitos
tipificados con arreglo a ella y de los medios jurídicos de defensa aplicables
o demás principios jurídicos que informan la legalidad de una conducta queda
reservada al derecho interno de los Estados Parte y de que esos delitos han de
ser perseguidos y sancionados de conformidad con ese derecho.
Artículo 12
Decomiso e incautación
1. Los Estados Parte adoptarán, en la
medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean
necesarias para autorizar el decomiso:
a) Del producto de los delitos comprendidos
en la presente Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho
producto;
b) De los bienes, equipo u otros
instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la comisión de los
delitos comprendidos en la presente Convención.
2. Los Estados Parte adoptarán las medidas
que sean necesarias para permitir la identificación, la localización, el
embargo preventivo o la incautación de cualquier bien a que se refiera el
párrafo 1 del presente artículo con miras a su eventual decomiso.
3. Cuando el producto del delito se haya
transformado o convertido parcial o totalmente en otros bienes, esos bienes
podrán ser objeto de las medidas aplicables a dicho producto a tenor del
presente artículo.
4. Cuando el producto del delito se haya
mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, esos bienes podrán, sin
menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o incautación, ser
objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado.
5. Los ingresos u otros beneficios
derivados del producto del delito, de bienes en los que se haya transformado o
convertido el producto del delito o de bienes con los que se haya entremezclado
el producto del delito también podrán ser objeto de las medidas previstas en el
presente artículo, de la misma manera y en el mismo grado que el producto del
delito.
6. Para los fines del presente artículo y
del artículo 13 de la presente Convención, cada Estado Parte facultará a sus
tribunales u otras autoridades competentes para ordenar la presentación o la
incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados
Parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo
amparándose en el secreto bancario.
7. Los Estados Parte podrán considerar la
posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen lícito del
presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la
medida en que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con
la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas.
8. Las disposiciones del presente artículo
no se interpretarán en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
9. Nada de lo dispuesto en el presente
artículo afectará al principio de que las medidas en él previstas se definirán
y aplicarán de conformidad con el derecho interno de los Estados Parte y con
sujeción a éste.
Artículo
13
Cooperación internacional para fines de
decomiso
1. Los Estados Parte que reciban una
solicitud de otro Estado Parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito
comprendido en la presente Convención con miras al decomiso del producto del
delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1
del artículo 12 de la presente Convención que se encuentren en su territorio
deberán, en la mayor medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno:
a) Remitir la solicitud a sus autoridades
competentes para obtener una orden de decomiso a la que, en caso de concederse,
darán cumplimiento; o
b) Presentar a sus autoridades competentes,
a fin de que se le dé cumplimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso
expedida por un tribunal situado en el territorio del Estado Parte requirente
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 12 de la presente
Convención en la medida en que guarde relación con el producto del delito, los
bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo
12 que se encuentren en el territorio del Estado Parte requerido.
2. A raíz de una solicitud presentada por
otro Estado Parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito comprendido
en la presente Convención, el Estado Parte requerido adoptará medidas
encaminadas a la identificación, la localización y el embargo preventivo o la
incautación del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos
mencionados en el párrafo 1 del artículo 12 de la presente Convención con miras
a su eventual decomiso, que habrá de ordenar el Estado Parte requirente o, en
caso de que medie una solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 del
presente artículo, el Estado Parte requerido.
3. Las disposiciones del artículo 18 de la
presente Convención serán aplicables mutatis mutandis al presente
artículo. Además de la información indicada en el párrafo 15 del artículo 18,
las solicitudes presentadas de conformidad con el presente artículo contendrán
lo siguiente:
a) Cuando se trate de una solicitud
relativa al apartado a) del párrafo 1 del presente artículo, una descripción de
los bienes susceptibles de decomiso y una exposición de los hechos en que se
basa la solicitud del Estado Parte requirente que sean lo suficientemente
explícitas para que el Estado Parte requerido pueda tramitar la orden con
arreglo a su derecho interno;
b) Cuando se trate de una solicitud
relativa al apartado b) del párrafo 1 del presente artículo, una copia
admisible en derecho de la orden de decomiso expedida por el Estado Parte
requirente en la que se basa la solicitud, una exposición de los hechos y la
información que proceda sobre el grado de ejecución que se solicita dar a la
orden;
c) Cuando se trate de una solicitud
relativa al párrafo 2 del presente artículo, una exposición de los hechos en
que se basa el Estado Parte requirente y una descripción de las medidas
solicitadas.
4. El Estado Parte requerido adoptará las
decisiones o medidas previstas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo
conforme y con sujeción a lo dispuesto en su derecho interno y en sus reglas de
procedimiento o en los tratados, acuerdos o arreglos bilaterales o
multilaterales por los que pudiera estar vinculado al Estado Parte requirente.
5. Cada Estado Parte proporcionará al
Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes y reglamentos
destinados a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda
ulterior que se haga a tales leyes y reglamentos o una descripción de ésta.
6. Si un Estado Parte opta por supeditar la
adopción de las medidas mencionadas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo
a la existencia de un tratado pertinente, ese Estado Parte considerará la
presente Convención como la base de derecho necesaria y suficiente para cumplir
ese requisito.
7. Los Estados Parte podrán denegar la
cooperación solicitada con arreglo al presente artículo si el delito al que se
refiere la solicitud no es un delito comprendido en la presente Convención.
8. Las disposiciones del presente artículo
no se interpretarán en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
9. Los Estados Parte considerarán la
posibilidad de celebrar tratados, acuerdos o arreglos bilaterales o
multilaterales con miras a aumentar la eficacia de la cooperación internacional
prestada con arreglo al presente artículo.
Artículo 14
Disposición del producto del delito o de
los bienes decomisados
1. Los Estados Parte dispondrán del
producto del delito o de los bienes que hayan decomisado con arreglo al
artículo 12 o al párrafo 1 del artículo 13 de la presente Convención de
conformidad con su derecho interno y sus procedimientos administrativos.
2. Al dar curso a una solicitud presentada
por otro Estado Parte con arreglo al artículo 13 de la presente Convenció n,
los Estados Parte, en la medida en que lo permita su derecho interno y de ser
requeridos a hacerlo, darán consideración prioritaria a la devolución del
producto del delito o de los bienes decomisados al Estado Parte requirente a
fin de que éste pueda indemnizar a las víctimas del delito o devolver ese
producto del delito o esos bienes a sus propietarios legítimos.
3. Al dar curso a una solicitud presentada
por otro Estado Parte con arreglo a los artículos 12 y 13 de la presente
Convención, los Estados Parte podrán considerar en particular la posibilidad de
celebrar acuerdos o arreglos en el sentido de:
a) Aportar el valor de dicho producto del
delito o de dichos bienes, o los fondos derivados de la venta de dicho producto
o de dichos bienes o una parte de esos fondos, a la cuenta designada de
conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 2 del artículo 30 de
la presente Convención y a organismos intergubernamentales especializados en la
lucha contra la delincuencia organizada;
b) Repartirse con otros Estados Parte, sobre la base
de un criterio general o definido para cada caso, ese producto del delito o
esos bienes, o los fondos derivados de la venta de ese producto o de esos
bienes, de conformidad con su derecho interno o sus procedimientos
administrativos.
Artículo 15
Jurisdicción
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas
que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos
tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención
cuando:
a) El delito se cometa en su territorio; o
b) El delito se cometa a bordo de un buque
que enarbole su pabellón o de una aeronave registrada conforme a sus leyes en
el momento de la comisión del delito.
2. Con sujeción a lo dispuesto en el
artículo 4 de la presente Convención, un Estado Parte también podrá establecer
su jurisdicción para conocer de tales delitos cuando:
a) El delito se cometa contra uno de sus
nacionales;
b) El delito sea cometido por uno de sus
nacionales o por una persona apátrida que tenga residencia habitual en su
territorio; o
c) El delito:
i) Sea uno de los delitos tipificados con
arreglo al párrafo 1 del artículo 5 de la presente Convención y se cometa fuera
de su territorio con miras a la comisión de un delito grave dentro de su
territorio;
ii) Sea uno de los delitos tipificados con
arreglo al inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 6 de la
presente Convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión,
dentro de su territorio, de un delito tipificado con arreglo a los incisos i) o
ii) del apartado a) o al inciso i) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 6
de la presente Convención.
3. A los efectos del párrafo 10 del
artículo 16 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará las medidas
que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos
comprendidos en la presente Convención cuando el presunto delincuente se
encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite por el solo hecho
de ser uno de sus nacionales.
4. Cada Estado Parte podrá también adoptar
las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los
delitos comprendidos en la presente Convención cuando el presunto delincuente
se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite.
5. Si un Estado Parte que ejerce su
jurisdicción con arreglo a los párrafos 1 o 2 del presente artículo ha recibido
notificación, o tomado conocimiento por otro conducto, de que otro u otros
Estados Parte están realizando una investigación, un proceso o una actuación
judicial respecto de los mismos hechos, las autoridades competentes de esos
Estados Parte se consultarán, según proceda, a fin de coordinar sus medidas.
6. Sin perjuicio de las normas del derecho
internacional general, la presente Convención no excluirá el ejercicio de las
competencias penales establecidas por los Estados Parte de conformidad con su
derecho interno.
Artículo 16
Extradición
1. El presente artículo se aplicará a los
delitos comprendidos en la presente Convención o a los casos en que un delito
al que se hace referencia en los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 3
entrañe la participación de un grupo delictivo organizado y la persona que es
objeto de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio del Estado
Parte requerido, siempre y cuando el delito por el que se pide la extradición
sea punible con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente y del
Estado Parte requerido.
2. Cuando la solicitud de extradición se
base en varios delitos graves distintos, algunos de los cuales no estén
comprendidos en el ámbito del presente artículo, el Estado Parte requerido
podrá aplicar el presente artículo también respecto de estos últimos delitos.
3. Cada uno de los delitos a los que se
aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que dan
lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados
Parte. Los Estados Parte se comprometen a incluir tales delitos como casos de
extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí.
4. Si un Estado Parte que supedita la
extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición
de otro Estado Parte con el que no lo vincula ningún tratado de extradición,
podrá considerar la presente Convención como la base jurídica de la extradición
respecto de los delitos a los que se aplica el presente artículo.
5. Los Estados Parte que supediten la
extradición a la existencia de un tratado deberán:
a) En el momento de depositar su
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención
o de adhesión a ella, informar al Secretario General de las Naciones Unidas de
si considerarán o no la presente Convención como la base jurídica de la
cooperación en materia de extradición en sus relaciones con otros Estados Parte
en la presente Convención; y
b) Si no consideran la presente Convención
como la base jurídica de la cooperación en materia de extradición, esforzarse,
cuando proceda, por celebrar tratados de extradición con otros Estados Parte en
la presente Convención a fin de aplicar el presente artículo.
6. Los Estados Parte que no supediten la
extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se
aplica e l presente artículo como casos de extradición entre ellos.
7. La extradición estará sujeta a las
condiciones previstas en el derecho interno del Estado Parte requerido o en los
tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, las relativas al
requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los que el
Estado Parte requerido puede denegar la extradición.
8. Los Estados Parte, de conformidad con su
derecho interno, procurarán agilizar los procedimientos de extradición y
simplificar los requisitos probatorios correspondientes con respecto a
cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo.
9. A reserva de lo dispuesto en su derecho
interno y en sus tratados de extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras
haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter
urgente, y a solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detención de
la persona presente en su territorio cuya extradición se pide o adoptar otras
medidas adecuadas para garantizar la comparecencia de esa persona en los
procedimientos de extradición.
10. El Estado Parte en cuyo territorio se
encuentre un presunto delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al
que se aplica el presente artículo por el solo hecho de ser uno de sus
nacionales, estará obligado, previa solicitud del Estado Parte que pide la
extradición, a someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades
competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptarán su
decisión y llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma manera en que
lo harían respecto de cualquier otro delito de carácter grave con arreglo al
derecho interno de ese Estado Parte. Los Estados Parte interesados cooperarán
entre sí, en particular en lo que respecta a los aspectos procésales y
probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas actuaciones.
11. Cuando el derecho interno de un Estado
Parte le permita conceder la extradición o, de algún otro modo, la entrega de
uno de sus nacionales sólo a condición de que esa persona sea devuelta a ese
Estado Parte para cumplir la condena que le haya sido impuesta como resultado
del juicio o proceso por el que se haya solicitado la extradición o la entrega,
y cuando ese Estado Parte y el Estado Parte que solicite la extradición acepten
esa opción, así como otras condiciones que estimen apropiadas, esa extradición
o entrega condicional será suficiente para que quede cumplida la obligación
enunciada en el párrafo 10 del presente artículo.
12. Si la extradición solicitada con el
propósito de que se cumpla una condena es denegada por el hecho de que la
persona buscada es nacional del Estado Parte requerido, éste, si su derecho
interno lo permite y de conformidad con los requisitos de dicho derecho,
considerará, previa solicitud del Estado Parte requirente, la posibilidad de
hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente de dicha condena con
arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente.
13. En todas las etapas de las actuaciones
se garantizará un trato justo a toda persona contra la que se haya iniciado una
instrucción en relación con cualquiera de los delitos a los que se aplica el
presente artículo, incluido el goce de todos los derechos y garantías previstos
por el derecho interno del Estado Parte en cuyo territorio se encuentre esa
persona.
14. Nada de lo dispuesto en la presente
Convención podrá interpretarse como la imposición de una obligación de
extraditar si el Estado Parte requerido tiene motivos justificados para
presumir que la solicitud se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a
una persona por razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico u
opiniones políticas o que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición
de esa persona por cualquiera de estas razones.
15. Los Estados Parte no podrán denegar una
solicitud de extradición únicamente porque se considere que el delito también
entraña cuestiones tributarias.
16. Antes de denegar la extradición, el
Estado Parte requerido, cuando proceda, consultará al Estado Parte requirente
para darle amplia oportunidad de presentar sus opiniones y de proporcionar
información pertinente a su alegato.
17. Los Estados Parte procurarán celebrar
acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales para llevar a cabo la
extradición o aumentar su eficacia.
Artículo 17
Traslado de personas condenadas a cumplir
una pena
Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad
de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado
a su territorio de toda persona que haya sido condenada a pena de prisión o a
otra pena de privación de libertad por algún delito comprendido en la presente
Convención a fin de que complete allí su condena.
Artículo 18
Asistencia judicial recíproca
1. Los Estados Parte se prestarán la más
amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y
actuaciones judiciales relacionados con los delitos comprendidos en la presente
Convención con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 y se prestarán también
asistencia de esa índole cuando el Estado Parte requirente tenga motivos
razonables para sospechar que el delito a que se hace referencia en los
apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 3 es de carácter transnacional,
así como que las víctimas, los testigos, el producto, los instrumentos o las
pruebas de esos delitos se encuentran en el Estado Parte requerido y que el
delito entraña la participación de un grupo delictivo organizado.
2. Se prestará asistencia judicial
recíproca en la mayor medida posible conforme a las leyes, tratados, acuerdos y
arreglos pertinentes del Estado Parte requerido con respecto a investigaciones,
procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos de los que una
persona jurídica pueda ser considerada responsable de conformidad con el
artículo 10 de la presente Convención en el Estado Parte requirente.
3. La asistencia judicial recíproca que se
preste de conformidad con el presente artículo podrá solicitarse para
cualquiera de los fines siguientes:
a) Recibir testimonios o tomar declaración
a personas;
b) Presentar documentos judiciales;
c) Efectuar inspecciones e incautaciones y
embargos preventivos;
d) Examinar objetos y lugares;
e) Facilitar información, elementos de
prueba y evaluaciones de peritos;
f) Entregar originales o copias
certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, incluida la
documentación pública, bancaria y financiera, así como la documentación social
o comercial de sociedades mercantiles;
g) Identificar o localizar el producto del
delito, los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios;
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de
personas en el Estado Parte requirente;
i) Cualquier otro tipo de asistencia
autorizada por el derecho interno del Estado Parte requerido.
4. Sin menoscabo del derecho interno, las
autoridades competentes de un Estado Parte podrán, sin que se les solicite
previamente, transmitir información relativa a cuestiones penales a una
autoridad competente de otro Estado Parte si creen que esa información podría
ayudar a la autoridad a emprender o concluir con éxito indagaciones y procesos
penales o podría dar lugar a una petición formulada por este último Estado
Parte con arreglo a la presente Convención.
5. La transmisión de información con
arreglo al párrafo 4 del presente artículo se hará sin perjuicio de las
indagaciones y procesos penales que tengan lugar en el Estado de las autoridades
competentes que facilitan la información. Las autoridades competentes que
reciben la información deberán acceder a toda solicitud de que se respete su
carácter confidencial, incluso temporalmente, o de que se impongan
restricciones a su utilización. Sin embargo, ello no obstará para que el Estado
Parte receptor revele, en sus actuaciones, información que sea exculpatoria de
una persona acusada. En tal caso, el Estado Parte receptor notificará al Estado
Parte transmisor antes de revelar dicha información y, si así se le solicita,
consultará al Estado Parte transmisor. Si, en un caso excepcional, no es
posible notificar con antelación, el Estado Parte receptor informará sin demora
al Estado Parte transmisor de dicha revelación.
6. Lo dispuesto en el presente artículo no
afectará a las obligaciones dimanantes de otros tratados bilaterales o
multilaterales vigentes o futuros que rijan, total o parcialmente, la
asistencia judicial recíproca.
7. Los párrafos 9 a 29 del presente
artículo se aplicarán a las solicitudes que se formulen con arreglo al presente
artículo siempre que no medie entre los Estados Parte interesados un tratado de
asistencia judicial recíproca. Cuando esos Estados Parte estén vinculados por
un tratado de esa índole se aplicarán las disposiciones correspondientes de
dicho tratado, salvo que los Estados Parte convengan en aplicar, en su lugar,
los párrafos 9 a 29 del presente artículo. Se insta encarecidamente a los
Estados Parte a que apliquen estos párrafos si facilitan la cooperación.
8. Los Estados Parte no invocarán el
secreto bancario para denegar la asistencia judicial recíproca con arreglo al
presente artículo.
9. Los Estados Parte podrán negarse a
prestar la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo
invocando la ausencia de doble incriminación. Sin embargo, de estimarlo
necesario, el Estado Parte requerido podrá prestar asistencia, en la medida en
que decida hacerlo a discreción propia, independientemente de que la conducta
esté o no tipificada como delito en el derecho interno del Estado Parte
requerido.
10. La persona que se encuentre detenida o
cumpliendo una condena en el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se
solicite en otro Estado Parte para fines de identificación, para prestar
testimonio o para que ayude de alguna otra forma a obtener pruebas necesarias
para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales respecto de delitos
comprendidos en la presente Convención podrá ser trasladada si se cumplen las
condiciones siguientes:
a) La persona, debidamente informada, da su
libre consentimiento;
b) Las autoridades competentes de ambos
Estados Parte están de acuerdo, con sujeción a las condiciones que éstos
consideren apropiadas.
11. A los efectos del párrafo 10 del
presente artículo:
a) El Estado Parte al que se traslade a la
persona tendrá la competencia y la obligación de mantenerla detenida, salvo que
el Estado Parte del que ha sido trasladada solicite o autorice otra cosa;
b) El Estado Parte al que se traslade a la
persona cumplirá sin dilación su obligación de devolverla a la custodia del
Estado Parte del que ha sido trasladada, según convengan de antemano o de otro
modo las autoridades competentes de ambos Estados Parte;
c) El Estado Parte al que se traslade a la
persona no podrá exigir al Estado Parte del que ha sido trasladada que inicie
procedimientos de extradición para su devolución;
d) El tiempo que la persona haya
permanecido detenida en el Estado Parte al que ha sido trasladada se computará
como parte de la pena que ha de cumplir en el Estado del que ha sido
trasladada.
12. A menos que el Estado Parte desde el
cual se ha de trasladar a una persona de conformidad con los párrafos 10 y 11
del presente artículo esté de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su
nacionalidad, no podrá ser enjuiciada, detenida, condenada ni sometida a
ninguna otra restricción de su libertad personal en el territorio del Estado al
que sea trasladada en relación con actos, omisiones o condenas anteriores a su
salida del territorio del Estado del que ha sido trasladada.
13. Cada Estado Parte designará a una
autoridad central encargada de recibir solicitudes de asistencia judicial
recíproca y facultada para darles cumplimiento o para transmitirlas a las
autoridades competentes para su ejecución. Cuando alguna región o algún
territorio especial de un Estado Parte disponga de un régimen distinto de
asistencia judicial recíproca, el Estado Parte podrá designar a otra autoridad
central que desempeñará la misma función para dicha región o dicho territorio.
Las autoridades centrales velarán por el rápido y adecuado cumplimiento o
transmisión de las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central transmita
la solicitud a una autoridad competente para su ejecución, alentará la rápida y
adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha autoridad. Cada Estado
Parte notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de
depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la
presente Convención o de adhesión a ella, el nombre de la autoridad central que
haya sido designada a tal fin. Las solicitudes de asistencia judicial recíproca
y cualquier otra comunicación pertinente serán transmitidas a las autoridades
centrales designadas por los Estados Parte. La presente disposición no afectará
al derecho de cualquiera de los Estados Parte a exigir que estas solicitudes y
comunicaciones le sean enviadas por vía diplomática y, en circunstancias
urgentes, cuando los Estados Parte convengan en ello, por conducto de la
Organización Internacional de Policía Criminal, de ser posible.
14. Las solicitudes se presentarán por
escrito o, cuando sea posible, por cualquier medio capaz de registrar un texto
escrito, en un idioma aceptable para el Estado Parte requerido, en condiciones
que permitan a dicho Estado Parte determinar la autenticidad. Cada Estado Parte
notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de
depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la
presente Convención o de adhesión a ella, el idioma o idiomas que sean
aceptables para cada Estado Parte. En situaciones de urgencia, y cuando los
Estados Parte convengan en ello, las solicitudes podrán hacerse oralmente,
debiendo ser confirmadas sin demora por escrito.
15. Toda solicitud de asistencia judicial
recíproca contendrá lo siguiente:
a) La identidad de la autoridad que hace la
solicitud;
b) El objeto y la índole de las
investigaciones, los procesos o las actuaciones judiciales a que se refiere la
solicitud y el nombre y las funciones de la autoridad encargada de efectuar
dichas investigaciones, procesos o actuaciones;
c) Un resumen de los hechos pertinentes,
salvo cuando se trate de solicitudes de presentación de documentos judiciales;
d) Una descripción de la asistencia
solicitada y pormenores sobre cualquier procedimiento particular que el Estado
Parte requirente desee que se aplique;
e) De ser posible, la identidad, ubicación
y nacionalidad de toda persona interesada; y
f) La finalidad para la que se solicita la
prueba, información o actuación.
16. El Estado Parte requerido podrá pedir
información complementaria cuando sea necesaria para dar cumplimiento a la
solicitud de conformidad con su derecho interno o para facilitar dicho
cumplimiento.
17. Se dará cumplimiento a toda solicitud con
arreglo al derecho interno del Estado Parte requerido y en la medida en que
ello no lo contravenga y sea factible, de conformidad con los procedimientos
especificados en la solicitud.
18. Siempre que sea posible y compatible
con los principios fundamentales del derecho interno, cuando una persona se
encuentre en el territorio de un Estado Parte y tenga que prestar declaración
como testigo o perito ante autoridades judiciales de otro Estado Parte, el
primer Estado Parte, a solicitud del otro, podrá permitir que la audiencia se
celebre por videoconferencia si no es posible o conveniente que la persona en
cuestión comparezca personalmente en el territorio del Estado Parte requirente.
Los Estados Parte podrán convenir en que la audiencia esté a cargo de una autoridad
judicial del Estado Parte requirente y en que asista a ella una autoridad
judicial del Estado Parte requerido.
19. El Estado Parte requirente no
transmitirá, ni utilizará, sin previo consentimiento del Estado Parte
requerido, la información o las pruebas proporcionadas por el Estado Parte
requerido para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales distintos de
los indicados en la solicitud. Nada de lo dispuesto en el presente párrafo
impedirá que el Estado Parte requirente revele, en sus actuaciones, información
o pruebas que sean exculpatorias de una persona acusada. En este último caso,
el Estado Parte requirente notificará al Estado Parte requerido antes de
revelar la información o las pruebas y, si así se le solicita, consultará al
Estado Parte requerido. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con
antelación, el Estado Parte requirente informará sin demora al Estado Parte
requerido de dicha revelación.
20. El Estado Parte requirente podrá exigir
que el Estado Parte requerido mantenga reserva acerca de la existencia y el
contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria para darle
cumplimiento. Si el Estado Parte requerido no puede mantener esa reserva, lo
hará saber de inmediato al Estado Parte requirente.
21. La asistencia judicial recíproca podrá
ser denegada:
a) Cuando la solicitud no se haga de
conformidad con lo dispuesto en el presente artículo;
b) Cuando el Estado
Parte requerido considere que el cumplimiento de lo solicitado podría
menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros intereses
fundamentales;
c) Cuando el derecho interno del Estado
Parte requerido prohíba a sus autoridades actuar en la forma solicitada con
respecto a un delito análogo, si éste hubiera sido objeto de investigaciones,
procesos o actuaciones judiciales en el ejercicio de su propia competencia;
d) Cuando acceder a la solicitud sea
contrario al ordenamiento jurídico del Estado Parte requerido en lo relativo a
la asistencia judicial recíproca.
22. Los Estados Parte no podrán denegar una
solicitud de asistencia judicial recíproca únicamente porque se considere que
el delito también entraña asuntos fiscales.
23. Toda denegación de
asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse debidamente.
24. El Estado Parte requerido cumplirá la
solicitud de asistencia judicial recíproca lo antes posible y tendrá plenamente
en cuenta, en la medida de sus posibilidades, los plazos que sugiera el Estado
Parte requirente y que estén debidamente fundamentados, de preferencia en la
solicitud. El Estado Parte requerido responderá a las solicitudes razonables
que formule el Estado Parte requirente respecto de la evolución del trámite de
la solicitud. El Estado Parte requirente informará con prontitud cuando ya no
necesite la asistencia solicitada.
25. La asistencia judicial recíproca podrá
ser diferida por el Estado Parte requerido si perturbase investigaciones,
procesos o actuaciones judiciales en curso.
26. Antes de denegar una solicitud
presentada con arreglo al párrafo 21 del presente artículo o de diferir su
cumplimiento con arreglo al párrafo 25 del presente artículo, el Estado Parte
requerido consultará al Estado Parte requirente para considerar si es posible
prestar la asistencia solicitada supeditándola a las condiciones que estime
necesarias. Si el Estado Parte requirente acepta la asistencia con arreglo a
esas condiciones, ese Estado Parte deberá observar las condiciones impuestas.
27. Sin perjuicio de la aplicación del
párrafo 12 del presente artículo, el testigo, perito u otra persona que, a
instancias del Estado Parte requirente, consienta en prestar testimonio en un
juicio o en colaborar en una investigación, proceso o actuación judicial en el
territorio del Estado Parte requirente no podrá ser enjuiciado, detenido,
condenado ni sometido a ninguna otra restricción de su libertad personal en ese
territorio por actos, omisiones o declaraciones de culpabilidad anteriores a la
fecha en que abandonó el territorio del Estado Parte requerido. Ese
salvoconducto cesará cuando el testigo, perito u otra persona haya tenido,
durante quince días consecutivos o durante el período acordado por los Estados
Parte después de la fecha en que se le haya informado oficialmente de que las
autoridades judiciales ya no requerían su presencia, la oportunidad de salir
del país y no obstante permanezca voluntariamente en ese territorio o regrese
libremente a él después de haberlo abandonado.
28. Los gastos ordinarios que ocasione el
cumplimiento de una solicitud serán sufragados por el Estado Parte requerido, a
menos que los Estados Parte interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se
requieran a este fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, los
Estados Parte se consultarán para determinar las condiciones en que se dará
cumplimiento a la solicitud, así como la manera en que se sufragarán los
gastos.
29. El Estado Parte requerido:
a) Facilitará al Estado Parte requirente
una copia de los documentos oficiales y otros documentos o datos que obren en
su poder y a los que, conforme a su derecho interno, tenga acceso el público en
general;
b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a
las condiciones que juzgue apropiadas, proporcionar al Estado Parte requirente
una copia total o parcial de los documentos oficiales o de otros documentos o
datos que obren en su poder y que, conforme a su derecho interno, no estén al
alcance del público en general.
30. Cuando sea necesario, los Estados Parte
considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o
multilaterales que sirvan a los fines del presente artículo y que, en la
práctica, hagan efectivas sus disposiciones o las refuercen.
Artículo 19
Investigaciones conjuntas
Los Estados Parte considerarán la
posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en
virtud de los cuales, en relación con cuestiones que son objeto de
investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno o más Estados, las
autoridades competentes puedan establecer órganos mixtos de investigación. A
falta de acuerdos o arreglos de esa índole, las investigaciones conjuntas
podrán llevarse a cabo mediante acuerdos concertados caso por caso. Los Estados
Parte participantes velarán por que la soberanía del Estado Parte en cuyo
territorio haya de efectuarse la investigación sea plenamente respetada.
Artículo 20
Técnicas especiales de investigación
1. Siempre que lo permitan los principios
fundamentales de su ordenamiento jurídico interno, cada Estado Parte adoptará,
dentro de sus posibilidades y en las condiciones prescritas por su derecho
interno, las medidas que sean necesarias para permitir el adecuado recurso a la
entrega vigilada y, cuando lo considere apropiado, la utilización de otras
técnicas especiales de investigación, como la vigilancia electrónica o de otra
índole y las operaciones encubiertas, por sus autoridades competentes en su
territorio con objeto de combatir eficazmente la delincuencia organizada.
2. A los efectos de investigar los delitos
comprendidos en la presente Convención, se alienta a los Estados Parte a que
celebren, cuando proceda, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales
apropiados para utilizar esas técnicas especiales de investigación en el
contexto de la cooperación en el plano internacional. Esos acuerdos o arreglos
se concertarán y ejecutarán respetando plenamente el principio de la igualdad
soberana de los Estados y al ponerlos en práctica se cumplirán estrictamente
las condiciones en ellos contenidas.
3. De no existir los acuerdos o arreglos
mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, toda decisión de recurrir a
esas técnicas especiales de investigación en el plano internacional se adoptará
sobre la base de cada caso particular y podrá, cuando sea necesario, tener en
cuenta los arreglos financieros y los entendimientos relativos al ejercicio de
jurisdicción por los Estados Parte interesados.
4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada
en el plano internacional podrá, con el consentimiento de los Estados Parte
interesados, incluir la aplicación de métodos tales como interceptar los
bienes, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos total o
parcialmente.
Artículo 21
Remisión de actuaciones penales
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de
remitirse actuaciones penales para el enjuiciamiento por un delito comprendido
en la presente Convención cuando se estime que esa remisión obrará en beneficio
de la debida administración de justicia, en particular en casos en que
intervengan varias jurisdicciones, con miras a concentrar las actuaciones del
proceso.
Artículo 22
Establecimiento de antecedentes penales
Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas
legislativas o de otra índole que sean necesarias para tener en cuenta, en las
condiciones y para los fines que estime apropiados, toda previa declaración de
culpabilidad, en otro Estado, de un presunto delincuente a fin de utilizar esa
información en actuaciones penales relativas a un delito comprendido en la
presente Convención.
Artículo 23
Penalización de la obstrucción de la
justicia
Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas
y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se
cometan intencionalmente:
a) El uso de fuerza física, amenazas o
intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio
indebido para inducir a falso testimonio u obstaculizar la prestación de
testimonio o la aportación de pruebas en un proceso en relación con la comisión
de uno de los delitos comprendidos en la presente Convención;
b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación
para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario
de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en
relación con la comisión de los delitos comprendidos en la presente Convención.
Nada de lo previsto en el presente apartado menoscabará el derecho de los
Estados Parte a disponer de legislación que proteja a otras categorías de
funcionarios públicos.
Artículo 24
Protección de los testigos
Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro
de sus posibilidades para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de
represalia o intimidación a los testigos que participen en actuaciones penales
y que presten testimonio sobre delitos comprendidos en la presente Convención,
así como, cuando proceda, a sus familiares y demás personas cercanas.
2. Las medidas previstas en el párrafo 1°
del presente artículo podrán consistir, entre otras, sin perjuicio de los
derechos del acusado, incluido el derecho a las garantías procésales, en:
a) Establecer procedimientos para la
protección física de esas personas, incluida, en la medida de lo necesario y lo
posible, su reubicación, y permitir, cuando proceda, la prohibición total o
parcial de revelar información relativa a su identidad y paradero;
b) Establecer normas
probatorias que permitan que el testimonio de los testigos se preste de modo
que no se ponga en peligro su seguridad, por ejemplo aceptando el testimonio
por conducto de tecnologías de comunicación como videoconferencias u otros
medios adecuados.
3. Los Estados Parte considerarán la
posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados para la
reubicación de las personas mencionadas en el párrafo 1° del presente artículo.
4. Las disposiciones del presente artículo también
serán aplicables a las víctimas en el caso de que actúen como testigos.
Artículo 25
Asistencia y protección a las víctimas
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas
dentro de sus posibilidades para prestar asistencia y protección a las víctimas
de los delitos comprendidos en la presente Convención, en particular en casos
de amenaza de represalia o intimidación.
2. Cada Estado Parte establecerá
procedimientos adecuados que permitan a las víctimas de los delitos
comprendidos en la presente Convención obtener indemnización y restitución.
3. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su
derecho interno, que se presenten y examinen las opiniones y preocupaciones de
las víctimas en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los
delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.
Artículo 26
Medidas para intensificar la cooperación
con las autoridades
encargadas de hacer cumplir la ley
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas
para alentar a las personas que participen o hayan participado en grupos
delictivos organizados a:
a) Proporcionar información útil a las
autoridades competentes con fines investigativos y probatorios sobre cuestiones
como:
i) La identidad, la naturaleza, la
composición, la estructura, la ubicación o las actividades de los grupos
delictivos organizados;
ii) Los vínculos, incluidos los vínculos
internacionales, con otros grupos delictivos organizados;
iii) Los delitos que los grupos delictivos
organizados hayan cometido o puedan cometer;
b) Prestar ayuda efectiva y concreta a las
autoridades competentes que pueda contribuir a privar a los grupos delictivos
organizados de sus recursos o del producto del delito.
2. Cada Estado Parte considerará la
posibilidad de prever, en los casos apropiados, la mitigación de la pena de las
personas acusadas que presten una cooperación sustancial en la investigación o
el enjuiciamiento respecto de los delitos comprendidos en la presente
Convención.
3. Cada Estado Parte considerará la
posibilidad de prever, de conformidad con los principios fundamentales de su
derecho interno, la concesión de inmunidad judicial a las personas que presten
una cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento respecto de
los delitos comprendidos en la presente Convención.
4. La protección de esas personas será la
prevista en el artículo 24 de la presente Convención.
5. Cuando una de las personas mencionadas en el
párrafo 1° del presente artículo que se encuentre en un Estado Parte pueda
prestar una cooperación sustancial a las autoridades competentes de otro Estado
Parte, los Estados Parte interesados podrán considerar la posibilidad de
celebrar acuerdos o arreglos, de conformidad con su derecho interno, con
respecto a la eventual concesión, por el otro Estado Parte, del trato enunciado
en los párrafos 2 y 3 del presente artículo.
Artículo 27
Cooperación en materia de cumplimiento de
la ley.
1. Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en
consonancia con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con
miras a aumentar la eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley
orientadas a combatir los delitos comprendidos en la presente Convención. En
particular, cada Estado Parte adoptará medidas eficaces para:
a) Mejorar los canales de comunicación
entre sus autoridades, organismos y servicios competentes y, de ser necesario,
establecerlos, a fin de facilitar el intercambio seguro y rápido de información
sobre todos los aspectos de los delitos comprendidos en la presente Convención,
así como, si los Estados Parte interesados lo estiman oportuno, sobre sus
vinculaciones con otras actividades delictivas;
b) Cooperar con otros Estados Parte en la
realización de indagaciones con respecto a delitos comprendidos en la presente
Convención acerca de:
i) La identidad, el paradero y las
actividades de personas presuntamente implicadas en tales delitos o la
ubicación de otras personas interesadas;
ii) El movimiento del producto del delito o
de bienes derivados de la comisión de esos delitos;
iii) El movimiento de bienes, equipo u
otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de esos
delitos;
c) Proporcionar, cuando proceda, los
elementos o las cantidades de sustancias que se requieran para fines de
análisis o investigación;
d) Facilitar una coordinación eficaz entre
sus organismos, autoridades y servicios competentes y promover el intercambio
de personal y otros expertos, incluida la designación de oficiales de enlace,
con sujeción a acuerdos o arreglos bilaterales entre los Estados Parte
interesados;
e) Intercambiar información con otros
Estados Parte sobre los medios y métodos concretos empleados por los grupos
delictivos organizados, así como, cuando proceda, sobre las rutas y los medios
de transporte y el uso de identidades falsas, documentos alterados o
falsificados u otros medios de encubrir sus actividades;
f) Intercambiar información y coordinar las
medidas administrativas y de otra índole adoptadas con miras a la pronta
detección de los delitos comprendidos en la presente Convención.
2. Los Estados Parte, con miras a dar
efecto a la presente Convención, considerarán la posibilidad de celebrar
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en materia de cooperación
directa entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley y,
cuando tales acuerdos o arreglos ya existan, de enmendarlos. A falta de tales
acuerdos o arreglos entre los Estados Parte interesados, las Partes podrán
considerar la presente Convención como la base para la cooperación en materia
de cumplimiento de la ley respecto de los delitos comprendidos en la presente
Convención. Cuando proceda, los Estados Parte recurrirán plenamente a la
celebración de acuerdos y arreglos , incluso con organizaciones internacionales
o regionales, con miras a aumentar la cooperación entre sus respectivos
organismos encargados de hacer cumplir la ley.
3. Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en
la medida de sus posibilidades para hacer frente a la delincuencia organizada
transnacional cometida mediante el recurso a la tecnología moderna.
Artículo 28
Recopilación, intercambio y análisis de
información sobre la naturaleza de la delincuencia organizada
1. Los Estados Parte considerarán la
posibilidad de analizar, en consulta con los círculos científicos y académicos,
las tendencias de la delincuencia organizada en su territorio, las
circunstancias en que actúa la delincuencia organizada, así como los grupos
profesionales y las tecnologías involucradas.
2. Los Estados Parte considerarán la
posibilidad de desarrollar y compartir experiencia analítica acerca de las
actividades de la delincuencia organizada, tanto a nivel bilateral como por
conducto de organizaciones internacionales y regionales. A tal fin, se
establecerán y aplicarán, según proceda, definiciones, normas y metodologías
comunes.
3. Los Estados Parte considerarán la
posibilidad de vigilar sus políticas y las medidas en vigor encaminadas a
combatir la delincuencia organizada y evaluarán su eficacia y eficiencia.
Artículo 29
Capacitación y asistencia técnica
1. Cada Estado Parte, en la medida
necesaria, formulará, desarrollará o perfeccionará programas de capacitación
específicamente concebidos para el personal de sus servicios encargados de
hacer cumplir la ley, incluidos fiscales, jueces de instrucción y personal de
aduanas, así como para el personal de otra índole encargado de la prevención,
la detección y el control de los delitos comprendidos en la presente
Convención. Esos programas podrán incluir adscripciones e intercambios de
personal. En particular y en la medida en que lo permita el derecho interno,
guardarán relación con:
a) Los métodos empleados en la prevención,
la detección y el control de los delitos comprendidos en la presente
Convención;
b) Las rutas y técnicas utilizadas por
personas presuntamente implicadas en delitos comprendidos en la presente
Convención, incluso en los Estados de tránsito, y las medidas de lucha
pertinentes;
c) La vigilancia del movimiento de bienes
de contrabando;
d) La detección y vigilancia de los movimientos del
producto del delito o de los bienes, el equipo u otros instrumentos utilizados
para cometer tales delitos y los métodos empleados para la transferencia,
ocultación o disimulación de dicho producto, bienes, equipo u otros
instrumentos, así como los métodos utilizados para combatir el blanqueo de
dinero y otros delitos financieros;
e) El acopio de pruebas;
f) Las técnicas de control en zonas y
puertos francos;
g) El equipo y las técnicas modernos
utilizados para hacer cumplir la ley, incluidas la vigilancia electrónica, la
entrega vigilada y las operaciones encubiertas;
h) Los métodos utilizados para combatir la
delincuencia organizada transnacional mediante computadoras, redes de telecomunicaciones
u otras formas de la tecnología moderna; y
i)  Los métodos utilizados para proteger a
las víctimas y los testigos.
2. Los Estados Parte se prestarán
asistencia en la planificación y ejecución de programas de investigación y
capacitación encaminados a intercambiar conocimientos especializados en las
esferas mencionadas en el párrafo 1° del presente artículo y, a tal fin,
también recurrirán, cuando proceda, a conferencias y seminarios regionales e
internacionales para promover la cooperación y fomentar el examen de los
problemas de interés común, incluidos los problemas y necesidades especiales de
los Estados de tránsito.
3. Los Estados Parte promoverán actividades
de capacitación y asistencia técnica que faciliten la extradición y la asistencia
judicial recíproca. Dicha capacitación y asistencia técnica podrán incluir la
enseñanza de idiomas, adscripciones e intercambios de personal entre
autoridades centrales u organismos con responsabilidades pertinentes.
4. Cuando haya acuerdos o arreglos bilaterales
y multilaterales vigentes, los Estados Parte intensificarán, en la medida
necesaria, sus esfuerzos por optimizar las actividades operacionales y de
capacitación en las organizaciones internacionales y regionales, así como en el
marco de otros acuerdos o arreglo bilaterales y multilaterales pertinentes.
Artículo 30
Otras medidas: aplicación de la Convención
mediante el desarrollo económico y la asistencia técnica
1. Los Estados Parte adoptarán
disposiciones conducentes a la aplicación óptima de la presente Convención en
la medida de lo posible, mediante la cooperación internacional, teniendo en
cuenta los efectos adversos de la delincuencia organizada en la sociedad en
general y en el desarrollo sostenible en particular.
2. Los Estados Parte harán esfuerzos
concretos, en la medida de lo posible y en forma coordinada entre sí, así como
con organizaciones internacionales y regionales, por:
a) Intensificar su cooperación en los
diversos niveles con los países en desarrollo con miras a fortalecer las
capacidades de esos países para prevenir y combatir la delincuencia organizada
transnacional;
b) Aumentar la asistencia financiera y
material a fin de apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para
combatir con eficacia la delincuencia organizada transnacional y ayudarles a
aplicar satisfactoriamente la presente Convención;
c) Prestar asistencia técnica a los países
en desarrollo y a los países con economías en transición para ayudarles a
satisfacer sus necesidades relacionadas con la aplicación de la presente
Convención. A tal fin, los Estados Parte procurarán hacer contribuciones
voluntarias adecuadas y periódicas a una cuenta específicamente designada a
esos efectos en un mecanismo de financiación de las Naciones Unidas. Los
Estados Parte también podrán considerar en particular la posibilidad, conforme
a su derecho interno y a las disposiciones de la presente Convención, de
aportar a la cuenta antes mencionada un porcentaje del dinero o del valor
correspondiente del producto del delito o de los bienes ilícitos decomisados
con arreglo a lo dispuesto en la presente Convención;
d) Alentar y persuadir a otros Estados e
instituciones financieras, según proceda, para que se sumen a los esfuerzos
desplegados con arreglo al presente artículo, en particular proporcionando un
mayor número de programas de capacitación y equipo moderno a los países en
desarrollo a fin de ayudarles a lograr los objetivos de la presente Convención.
3. En lo posible, estas medidas no
menoscabarán los compromisos existentes en materia de asistencia externa ni
otros arreglos de cooperación financiera en los planos bilateral, regional o
internacional.
4. Los Estados Parte podrán celebrar
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre asistencia material y
logística, teniendo en cuenta los arreglos financieros necesarios para hacer
efectiva la cooperación internacional prevista en la presente Convención y para
prevenir, detectar y combatir la delincuencia organizada transnacional.
Artículo 31
Prevención
1. Los Estados Parte procurarán formular y
evaluar proyectos nacionales y establecer y promover prácticas y políticas
óptimas para la prevención de la delincuencia organizada transnacional.
2. Los Estados Parte procurarán, de
conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, reducir las
oportunidades actuales o futuras de que dispongan los grupos delictivos
organizados para participar en mercados lícitos con el producto del delito
adoptando oportunamente medidas legislativas, administrativas o de otra índole.
Estas medidas deberían centrarse en:
a) El fortalecimiento de la cooperación
entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley o el Ministerio Público
y las entidades privadas pertinentes, incluida la industria;
b) La promoción de la elaboración de normas
y procedimientos concebidos para salvaguardar la integridad de las entidades
públicas y de las entidades privadas interesadas, así como códigos de conducta
para profesiones pertinentes, en particular para los abogados, notarios
públicos, asesores fiscales y contadores;
c) La prevención de la utilización indebida
por parte de grupos delictivos organizados de licitaciones públicas y de
subsidios y licencias concedidos por autoridades públicas para realizar
actividades comerciales;
d) La prevención de la utilización indebida
de personas jurídicas por parte de grupos delictivos organizados; a este
respecto, dichas medidas podrían incluir las siguientes:
i) El establecimiento de registros públicos
de personas jurídicas y naturales involucradas en la constitución, la gestión y
la financiación de personas jurídicas;
ii) La posibilidad de inhabilitar por
mandato judicial o cualquier medio apropiado durante un período razonable a las
personas condenadas por delitos comprendidos en la presente Convención para
actuar como directores de personas jurídicas constituidas en sus respectivas
jurisdicciones;
iii) El establecimiento de registros
nacionales de personas inhabilitadas para actuar como directores de personas
jurídicas; y
iv) El intercambio de información contenida
en los registros mencionados en los incisos i) y iii) del presente apartado con
las autoridades competentes de otros Estados Par te.
3. Los Estados Parte procurarán promover la
reintegración social de las personas condenadas por delitos comprendidos en la
presente Convención.
4. Los Estados Parte procurarán evaluar
periódicamente los instrumentos jurídicos y las prácticas administrativas
pertinentes vigentes a fin de detectar si existe el peligro de que sean
utilizados indebidamente por grupos delictivos organizados.
5. Los Estados Parte procurarán
sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la
gravedad de la delincuencia organizada transnacional y la amenaza que
representa. Cuando proceda, podrá difundirse información a través de los medios
de comunicación y se adoptarán medidas para fomentar la participación pública
en los esfuerzos por prevenir y combatir dicha delincuencia.
6. Cada Estado Parte comunicará al
Secretario General de las Naciones Unidas el nombre y la dirección de la
autoridad o las autoridades que pueden ayudar a otros Estados Parte a formular
medidas para prevenir la delincuencia organizada transnacional.
7. Los Estados Parte colaborarán entre sí y
con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes, según proceda,
con miras a promover y formular las medidas mencionadas en el presente
artículo. Ello incluye la participación en proyectos internacionales para la
prevención de la delincuencia organizada transnacional, por ejemplo mediante la
mitigación de las circunstancias que hacen vulnerables a los grupos socialmente
marginados a las actividades de la delincuencia organizada transnacional.
Artículo 32
Conferencia de las Partes en la Convención
1. Se establecerá una Conferencia de las
Partes en la Convención con objeto de mejorar la capacidad de los Estados Parte
para combatir la delincuencia organizada transnacional y para promover y
examinar la aplicación de la presente Convención.
2. El Secretario General de las Naciones
Unidas convocará la Conferencia de las Partes a más tardar un año después de la
entrada en vigor de la presente Convención. La Conferencia de las Partes
aprobará reglas de procedimiento y normas que rijan las actividades enunciadas
en los párrafos 3 y 4 del presente artículo (incluidas normas relativas al pago
de los gastos resultantes de la puesta en marcha de esas actividades).
3. La Conferencia de las Partes concertará
mecanismos con miras a lograr los objetivos mencionados en el párrafo 1° del
presente artículo, en particular a:
a) Facilitar las actividades que realicen
los Estados Parte con arreglo a los artículos 29, 30 y 31 de la presente
Convención, alentando inclusive la movilización de contribuciones voluntarias;
b) Facilitar el intercambio de información
entre Estados Parte sobre las modalidades y tendencias de la delincuencia
organizada transnacional y sobre prácticas eficaces para combatirla;
c) Cooperar con las organizaciones
internacionales y regionales y las organizaciones no gubernamentales
pertinentes;
d) Examinar periódicamente la aplicación de
la presente Convención;
e) Formular recomendaciones para mejorar la
presente Convención y su aplicación;
4. A los efectos de los apartados d) y e)
del párrafo 3° del presente artículo, la Conferencia de las Partes obtendrá el
necesario conocimiento de las medidas adoptadas y de las dificultades
encontradas por los Estados Parte en aplicación de la presente Convención
mediante la información que ellos le faciliten y mediante los demás mecanismos
de examen que establezca la Conferencia de las Partes.
5. Cada Estado Parte facilitará a la
Conferencia de las Partes información sobre sus programas, planes y prácticas,
así como sobre las medidas legislativas y administrativas adoptadas para
aplicar la presente Convención, según lo requiera la Conferencia de las Partes.
Artículo 33
Secretaría
1. El Secretario General de las Naciones
Unidas prestará los servicios de Secretaría necesarios a la Conferencia de las
Partes en la Convención.
2. La secretaría:
a) Prestará asistencia a la Conferencia de
las Partes en la realización de las actividades enunciadas en el artículo 32 de
la presente Convención y organizará los períodos de sesiones de la Conferencia
de las Partes y les prestará los servicios necesarios;
b) Prestará asistencia a los Estados Parte
que la soliciten en el suministro de información a la Conferencia de las Partes
según lo previsto en el párrafo 5° del artículo 32 de la presente Convención; y
c) Velará por la coordinación necesaria con
la Secretaría de otras organizaciones internacionales y regionales pertinentes.
Artículo 34
Aplicación de la Convención
1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con
los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean
necesarias, incluidas medidas legislativas y administrativas, para garantizar
el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente Convención.
2. Los Estados Parte tipificarán en su
derecho interno los delitos tipificados de conformidad con los artículos 5°,
6°, 8° y 23 de la presente Convención independientemente del carácter
transnacional o la participación de un grupo delictivo organizado según la
definición contenida en el párrafo 1° del artículo 3° de la presente
Convención, salvo en la medida en que el artículo 5° de la presente Convención
exija la participación de un grupo delictivo organizado.
3. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas
más estrictas o severas que las previstas en la presente Convención a fin de
prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional.
Artículo 35
Solución de controversias
1. Los Estados Parte procurarán solucionar
toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación de la presente
Convención mediante la negociación.
2. Toda controversia entre dos o más
Estados Parte acerca de la interpretación o la aplicación de la presente
Convención que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo
razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a
arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje,
esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del
arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte podrá remitir la controversia a la
Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la
Corte.
3. Cada Estado Parte podrá, en el momento
de la firma, ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o
adhesión a ella, declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del
presente artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el
párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho
esa reserva.
4. El Estado Parte que haya hecho una
reserva de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo podrá en
cualquier momento retirar esa reserva notificándolo al Secretario General de
las Naciones Unidas.
Artículo 36
Firma, ratificación, aceptación, aprobación
y adhesión
1. La presente Convención estará abierta a la firma
de todos los Estados del 12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y
después de esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el
12 de diciembre de 2002.
2. La presente Convención también estará
abierta a la firma de las organizaciones regionales de integración económica
siempre que al menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya
firmado la presente Convención de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1
del presente artículo.
3. La presente Convención estará sujeta a
ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación,
aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integración económica podrán
depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo
menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones
declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas
por la presente Convención. Dichas organizaciones comunicarán también al
depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.
4. La presente Convención estará abierta a
la adhesión de todos los Estados u organizaciones regionales de integración
económica que cuenten por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en la
presente Convención. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las
organizaciones regionales de integración económica declararán el alcance de su
competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención.
Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación
pertinente del alcance de su competencia.
Artículo 37
Relación con los protocolos
1. La presente Convención podrá complementarse con
uno o más protocolos.
2. Para pasar a ser parte en un protocolo,
los Estados o las organizaciones regionales de integración económica también
deberán ser parte en la presente Convención.
3. Los Estados Parte en la presente
Convención no quedarán vinculados por un protocolo a menos que pasen a ser
parte en el protocolo de conformidad con sus disposiciones.
4. Los protocolos de la presente Convención
se interpretarán juntamente con ésta, teniendo en cuenta la finalidad de esos
protocolos.
Artículo 38
Entrada en vigor
1. La presente Convención entrará en vigor
el nonagésimo día después de la fecha en que se haya depositado el cuadragésimo
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. A los efectos
del presente párrafo, los instrumentos depositados por una organización
regional de integración económica no se considerarán adicionales a los depositados
por los Estados miembros de tal organización.
2. Para cada Estado u organización regional
de integración económica que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención
o se adhiera a ella después de haberse depositado el cuadragésimo instrumento
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la presente Convención
entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u
organización haya depositado el instrumento pertinente.
Artículo 39
Enmienda
1. Cuando hayan transcurrido cinco años
desde la entrada en vigor de la presente Convención, los Estados Parte podrán
proponer enmiendas por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas,
quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a
la Conferencia de las Partes en la Convención para que la examinen y decidan al
respecto. La Conferencia de las Partes hará todo lo posible por lograr un
consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de
lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la
enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los
Estados Parte presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las
Partes.
2. Las organizaciones regionales de integración
económica, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con
arreglo al presente artículo con un número de votos igual al número de sus
Estados miembros que sean Partes en la presente Convención. Dichas
organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen
el suyo, y viceversa.
3. Toda enmienda aprobada de conformidad
con el párrafo 1 del presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación
o aprobación por los Estados Parte.
4. Toda enmienda refrendada de conformidad
con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado
Parte noventa días después de la fecha en que éste deposite en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación de esa enmienda.
5. Cuando una enmienda entre en vigor, será
vinculante para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al
respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones de la
presente Convención, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen
ratificado, aceptado o aprobado.
Artículo 40
Denuncia
1. Los Estados Parte podrán denunciar la
presente Convención mediante notificación escrita al Secretario General de las
Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que
el Secretario General haya recibido la notificación.
2. Las organizaciones regionales de
integración económica dejarán de ser Partes en la presente Convención cuando la
hayan denunciado todos sus Estados miembros.
3. La denuncia de la presente Convención
con arreglo al párrafo 1 del presente artículo entrañará la denuncia de sus
protocolos.
Artículo 41
Depositario e idiomas
1. El Secretario General de las Naciones
Unidas será el depositario de la presente Convención.
2. El original de la presente Convención,
cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente
auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios
infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han
firmado la presente Convención.
I hereby certify that the foregoing text is
a true copy of the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime, adopted by the General Assembly of the United Nations on 15 November
2000, the original of which is deposited with the Secretary‑General of
the United Nations.
For the Secretary‑General,
The Legal Counsel
(Under‑Secretary‑General
for Legal Affairs)
Je certifie que le texte qui précède est
une copie conforme de la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée, adoptée par l´Assemblée générale des Nations Unies le
15 novembre 2000, dont l´original se trouve déposé auprès du Secrétaire général
de l´Organisation des Nations Unies.
Pour le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique
(Secrétaire général adjoint
aux affaires juridiques)
(Fdo.) Hans Corell
United Nations, New York     Organisation
des Nations Unies
27 November 2000       New York, le 27
novembre 2000.
PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y
SANCIONAR
LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES
Y
NIÑOS, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL
Preámbulo
Los Estados Parte en el presente Protocolo,
Declarando que para prevenir y combatir eficazmente la trata de
personas, especialmente mujeres y niños, se requiere un enfoque amplio e
internacional en los países de origen, tránsito y destino que incluya medidas
para prevenir dicha trata, sancionar a los traficantes y proteger a las
víctimas de esa trata, en particular amparando sus derechos humanos
internacionalmente reconocidos,
Teniendo en cuenta que si bien existe una gran variedad de
instrumentos jurídicos internacionales que contienen normas y medidas prácticas
para combatir la explotación de las personas, especialmente las mujeres y los
niños, no hay ningún instrumento universal que aborde todos los aspectos de la
trata de personas,
Preocupados porque de no existir un instrumento de esa naturaleza
las personas vulnerables a la trata no estarán suficientemente protegidas,
Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de
diciembre de 1998, en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial
intergubernamental de composición abierta encargado de elaborar una convención
internacional amplia contra la delincuencia transnacional organizada y de
examinar la elaboración, entre otras cosas, de un instrumento internacional
relativo a la trata de mujeres y de niños,
Convencidos de que para prevenir y combatir ese delito será útil
complementar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional con un instrumento internacional destinado a prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños,
Acuerdan lo siguiente:
I. Disposiciones generales
Artículo 1
Relación con la Convención de las Naciones
Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional
1. El presente Protocolo complementa la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención.
2. Las disposiciones de la Convención se
aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo, a menos que en él se
disponga otra cosa.
3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5
del presente Protocolo se considerarán delitos tipificados con arreglo a la
Convención.
Artículo 2
Finalidad
Los fines del presente Protocolo son:
a) Prevenir y combatir la trata de
personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños;
b) Proteger y ayudar a las víctimas de
dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos; y
c) Promover la cooperación entre los
Estados Parte para lograr esos fines,
Artículo 3
Definiciones
Para los fines del presente Protocolo:
a) Por trata de personas se entenderá la
captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener
el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la
servidumbre o la extracción de órganos;
b) El consentimiento dado por la víctima de
la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de
realizar descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en
cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho
apartado;
c) La captación, el transporte, el
traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se
considerará trata de personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los
medios enunciados en el apartado a) del presente artículo;
d) Por niño se entenderá toda persona menor
de 18 años.
Artículo
4
Ámbito de aplicación
A menos que contenga una disposición en
contrario, el presente Protocolo se aplicará a la prevención, investigación y
penalización de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente
Protocolo, cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la
participación de un grupo delictivo organizado, así como a la protección de las
víctimas de esos delitos.
Artículo 5
Penalización
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en
su derecho interno las conductas enunciadas en el artículo 3 del presente
Protocolo, cuando se cometan intencionalmente.
2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las
medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como
delito:
a) Con sujeción a los conceptos básicos de
su ordenamiento jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado con
arreglo al párrafo 1 del presente artículo;
b) La participación como cómplice en la
comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente
artículo; y
c) La organización o dirección de otras
personas para la comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del
presente artículo.
II. Protección de las víctimas de la trata
de personas
Artículo 6
Asistencia y protección a las víctimas de
la trata de personas
1. Cuando proceda y en la medida que lo permita su
derecho interno, cada Estado Parte protegerá la privacidad y la identidad de
las víctimas de la trata de personas, en particular, entre otras cosas,
previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a dicha
trata.
2. Cada Estado Parte velará por que su
ordenamiento jurídico o administrativo interno prevea medidas con miras a
proporcionar a las víctimas de la trata de personas, cuando proceda:
a) Información sobre procedimientos
judiciales y administrativos pertinentes;
b) Asistencia encaminada a permitir que sus
opiniones y preocupaciones se presenten y examinen en las etapas apropiadas de
las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los
derechos de la defensa.
3. Cada Estado Parte
considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas a prever la
recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la trata de
personas, incluso, cuando proceda, en cooperación con organizaciones no
gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la
sociedad civil, y en particular mediante el suministro de:
a) Alojamiento adecuado;
b) Asesoramiento e información, en
particular con respecto a sus derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas
de la trata de personas puedan comprender;
c) Asistencia médica, sicológica y
material; y
d) Oportunidades de empleo, educación y
capacitación.
4. Cada Estado Parte tendrá en cuenta, al
aplicar las disposiciones del presente artículo, la edad, el sexo y las necesidades
especiales de las víctimas de la trata de personas, en particular las
necesidades especiales de los niños, incluidos el alojamiento, la educación y
el cuidado adecuados.
5. Cada Estado Parte se esforzará por
prever la seguridad física de las víctimas de la trata de personas mientras se
encuentren en su territorio.
6. Cada Estado Parte velará por que su
ordenamiento jurídico interno prevea medidas que brinden a las víctimas de la
trata de personas la posibilidad de obtener indemnización por los daños sufridos.
Artículo 7
Régimen aplicable a las víctimas de la
trata de personas
en el Estado receptor
1. Además de adoptar las medidas previstas en el
artículo 6 del presente Protocolo, cada Estado Parte considerará la posibilidad
de adoptar medidas legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a las
víctimas de la trata de personas permanecer en su territorio, temporal o
permanentemente, cuando proceda.
2. Al aplicar la disposición contenida en
el párrafo 1 del presente artículo, cada Estado Parte dará la debida
consideración a factores humanitarios y personales.
Artículo 8
Repatriación de las víctimas de la trata de
personas
1. El Estado Parte del que sea nacional una víctima
de la trata de personas o en el que ésta tuviese derecho de residencia permanente
en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor
facilitará y aceptará, sin demora indebida o injustificada, la repatriación de
esa persona teniendo debidamente en cuenta su seguridad.
2. Cuando un Estado Parte disponga la repatriación
de una víctima de la trata de personas a un Estado Parte del que esa persona
sea nacional o en el que tuviese derecho de residencia permanente en el momento
de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor, velará por que dicha
repatriación se realice teniendo debidamente en cuenta la seguridad de esa
persona, así como el estado de cualquier procedimiento legal relacionado con el
hecho de que la persona es una víctima de la trata, y preferentemente de forma
voluntaria.
3. Cuando lo solicite un Estado Parte
receptor, todo Estado Parte requerido verificará, sin demora indebida o
injustificada, si la víctima de la trata de personas es uno de sus nacionales o
tenía derecho de residencia permanente en su territorio en el momento de su
entrada en el territorio del Estado Parte receptor.
4. A fin de facilitar la repatriación de
toda víctima de la trata de personas que carezca de la debida documentación, el
Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el que tuviese derecho de
residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado
Parte receptor convendrá en expedir, previa solicitud del Estado Parte
receptor, los documentos de viaje o autorización de otro tipo que sean
necesarios para que la persona pueda viajar a su territorio y reingresar en él.
5. El presente artículo no afectará a los
derechos reconocidos a las víctimas de la trata de personas con arreglo al
derecho interno del Estado Parte receptor.
6. El presente artículo se entenderá sin
perjuicio de cualquier acuerdo o arreglo bilateral o multilateral aplicable que
rija, total o parcialmente, la repatriación de las víctimas de la trata de
personas.
III. Medidas de prevención, cooperación y
otras medidas
Artículo 9
Prevención de la trata de personas
1. Los Estados Parte establecerán políticas,
programas y otras medidas de carácter amplio con miras a:
a) Prevenir y combatir la trata de
personas; y
b) Proteger a las víctimas de trata de
personas, especialmente las mujeres y los niños, contra un nuevo riesgo de
victimización.
2. Los Estados Parte procurarán aplicar
medidas tales como actividades de investigación y campañas de información y
difusión, así como iniciativas sociales y económicas, con miras a prevenir y
combatir la trata de personas.
3. Las políticas, los programas y demás
medidas que se adopten de conformidad con el presente artículo incluirán,
cuando proceda, la cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras
organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad civil.
4. Los Estados Parte adoptarán medidas o
reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a la cooperación
bilateral o multilateral, a fin de mitigar factores como la pobreza, el
subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas que hacen a las personas,
especialmente las mujeres y los niños, vulnerables a la trata.
5. Los Estados Parte adoptarán medidas
legislativas o de otra índole, tales como medidas educativas, sociales y
culturales, o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a la
cooperación bilateral y multilateral, a fin de desalentar la demanda que
propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas,
especialmente mujeres y niños.
Artículo 10
Intercambio de información y capacitación
1. Las autoridades de los Estados Parte encargadas
de hacer cumplir la ley, así como las autoridades de inmigración u otras
autoridades competentes, cooperarán entre sí, según proceda, intercambiando
información, de conformidad con su derecho interno, a fin de poder determinar:
a) Si ciertas personas que cruzan o
intentan cruzar una frontera internacional con documentos de viaje
pertenecientes a terceros o sin documentos de viaje son autores o víctimas de
la trata de personas;
b) Los tipos de documento de viaje que
ciertas personas han utilizado o intentado utilizar para cruzar una frontera
internacional con fines de trata de personas; y
c) Los medios y métodos utilizados por
grupos delictivos organizados para los fines de la trata de personas, incluidos
la captación y el transporte, las rutas y los vínculos entre personas y grupos
involucrados en dicha trata, así como posibles medidas para detectarlos.
2. Los Estados Parte impartirán a los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como a los de inmigración
y a otros funcionarios pertinentes, capacitación en la prevención de la trata
de personas o reforzarán dicha capacitación, según proceda. Esta deberá
centrarse en los métodos aplicados para prevenir dicha trata, enjuiciar a los
traficantes y proteger los derechos de las víctimas, incluida la protección de
las víctimas frente a los traficantes. La capacitación también deberá tener en
cuenta la necesidad de considerar los derechos humanos y las cuestiones
relativas al niño y a la mujer, así como fomentar la cooperación con
organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás
sectores de la sociedad civil.
3. El Estado Parte receptor de dicha
información dará cumplimiento a toda solicitud del Estado Parte que la haya
facilitado en el sentido de imponer restricciones a su utilización.
Artículo 11
Medidas fronterizas
1. Sin perjuicio de los compromisos internacionales
relativos a la libre circulación de personas, los Estados Parte reforzarán, en
la medida de lo posible, los controles fronterizos que sean necesarios para
prevenir y detectar la trata de personas.
2. Cada Estado Parte adoptará medidas
legislativas u otras medidas apropiadas para prevenir, en la medida de lo
posible, la utilización de medios de transporte explotados por transportistas
comerciales para la comisión de los delitos tipificados con arreglo al artículo
5 del presente Protocolo.
3. Cuando proceda y sin perjuicio de las
convenciones internacionales aplicables se preverá, entre esas medidas, la
obligación de los transportistas comerciales, incluidas las empresas de
transporte, así como los propietarios o explotadores de cualquier medio de
transporte, de cerciorarse de que todos los pasajeros tengan en su poder los
documentos de viaje requeridos para entrar en el Estado receptor.
4. Cada Estado Parte adoptará las medidas
necesarias, de conformidad con su derecho interno, para prever sanciones en
caso de incumplimiento de la obligación enunciada en el párrafo 3 del presente
artículo.
5. Cada Estado Parte considerará la
posibilidad de adoptar medidas que permitan, de conformidad con su derecho
interno, denegar la entrada o revocar visados a personas implicadas en la
comisión de delitos tipificados con arreglo al presente Protocolo.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 27 de la Convención, los Estados Parte considerarán la posibilidad de
reforzar la cooperación entre los organismos de control fronterizo, en
particular, entre otras medidas, estableciendo y manteniendo conductos de
comunicación directos.
Artículo 12
Seguridad y control de los documentos
Cada Estado Parte adoptará, con los medios de que
disponga, las medidas que se requieran para:
a) Garantizar la necesaria calidad de los
documentos de viaje o de identidad que expida a fin de que éstos no puedan con
facilidad utilizarse indebidamente ni falsificarse o alterarse, reproducirse o
expedirse de forma ilícita; y
b) Garantizar la integridad y la seguridad
de los documentos de viaje o de identidad que expida o que se expidan en su
nombre e impedir la creación, expedición y utilización ilícitas de dichos
documentos.
Artículo 13
Legitimidad y validez de los documentos
Cuando lo solicite otro Estado Parte, cada Estado
Parte verificará, de conformidad con su derecho interno y dentro de un plazo
razonable, la legitimidad y validez de los documentos de viaje o de identidad
expedidos o presuntamente expedidos en su nombre y sospechosos de ser
utilizados para la trata de personas.
IV. Disposiciones finales
Artículo 14
Cláusula de salvaguardia
1. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo
afectará a los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados y las
personas con arreglo al derecho internacional, incluidos el derecho
internacional humanitario y la normativa internacional de derechos humanos y,
en particular, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como el principio de non‑refoulement
consagrado en dichos instrumentos.
2. Las medidas previstas en el presente
Protocolo se interpretarán y aplicarán de forma que no sea discriminatoria para
las personas por el hecho de ser víctimas de la trata de personas. La
interpretación y aplicación de esas medidas estarán en consonancia con los
principios de no discriminación internacionalmente reconocidos.
Artículo 15
Solución de controversias
1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda
controversia relacionada con la interpretación o aplicación del presente
Protocolo mediante la negociación.
2. Toda controversia entre dos o más
Estados Parte acerca de la interpretación o la aplicación del presente
Protocolo que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo
razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a
arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje,
esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del
arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte podrá remitir la controversia a la
Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la
Corte.
3. Cada Estado Parte podrá, en el momento
de la firma, ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo o
adhesión a él, declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del
presente artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el
párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho
esa reserva.
4. El Estado Parte que haya hecho una
reserva de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo podrá en
cualquier momento retirar esa reserva notificándolo al Secretario General de
las Naciones Unidas.
Artículo 16
Firma, ratificación, aceptación, aprobación
y adhesión
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma
de todos los Estados del 12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y
después de esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el
12 de diciembre de 2002.
2. El presente Protocolo también estará
abierto a la firma de las organizaciones regionales de integración económica
siempre que al menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya
firmado el presente Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1
del presente artículo.
3. El presente
Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de
integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha
procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o
aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con
respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas
organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación
pertinente del alcance de su competencia.
4. El presente Protocolo estará abierto a
la adhesión de todos los Estados u organizaciones regionales de integración
económica que cuenten por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en el
presente Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las
organizaciones regionales de integración económica declararán el alcance de su
competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo.
Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación
pertinente del alcance de su competencia.
Artículo 17
Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo
día después de la fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, a condición de que no entre
en vigor antes de la entrada en vigor de la Convención. A los efectos del
presente párrafo, los instrumentos depositados por una organización regional de
integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por los
Estados miembros de tal organización.
2. Para cada Estado u organización regional
de integración económica que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo
o se adhiera a él después de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el presente Protocolo entrará
en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización
haya depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor
con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, cualquiera que sea la última
fecha.
Artículo 18
Enmienda
1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la
entrada en vigor del presente Protocolo, los Estados Parte en el Protocolo
podrán proponer enmiendas por escrito al Secretario General de las Naciones
Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados
Parte y a la Conferencia de las Partes en la Convención para que la examinen y
decidan al respecto. Los Estados Parte en el presente Protocolo reunidos en la
Conferencia de las Partes harán todo lo posible por lograr un consenso sobre
cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso
y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en
última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte en el
presente Protocolo presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las
Partes.
2. Las organizaciones regionales de
integración económica, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de
voto con arreglo al presente artículo con un número de votos igual al número de
sus Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo. Dichas
organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen
el suyo, y viceversa.
3. Toda enmienda aprobada de conformidad
con el párrafo 1 del presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación
o aprobación por los Estados Parte.
4 Toda enmienda refrendada de conformidad
con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado
Parte noventa días después de la fecha en que éste deposite en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación de esa enmienda.
5. Cuando una enmienda entre en vigor, será
vinculante para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al
respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones del
presente Protocolo, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen
ratificado, aceptado o aprobado.
Artículo 19
Denuncia
1. Los Estados Parte podrán denunciar el presente
Protocolo mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones
Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el
Secretario General haya recibido la notificación.
2. Las organizaciones regionales de
integración económica dejarán de ser Partes en el presente Protocolo cuando lo
hayan denunciado todos sus Estados miembros.
Artículo 20
Depositario e idiomas
1. El Secretario General de las Naciones Unidas será
el depositario del Presente Protocolo.
2. El original del Presente Protocolo,
cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente
auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.
EN FE DE LO  CUAL, los Plenipotenciarios
infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han
firmado el presente Protocolo.
I hereby certify that the foregoing text is
a true copy of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in
Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations
Convention against Transnational Organized Crime, adopted by the General
Assembly of the United Nations on 15 november 2000, the original of which is
deposited with the Secretary­-General of the United Nations.
For the Secretary‑General,
The Legal Counsel
(under‑Secretary‑General
for Legal Affairs)
United Nations, New York
27 November 2000
Hans Corell.
Je certifie que le texte qui précede est
une copie conforme du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et
punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté
par l  Assemblée genérale des Nations Unies le 15 novembre 2000, dont l
original se trouve déposé aupres du Secrétaire general de l  Organisation des
Nations Unies.
Pour le Secrétaire general, Le Conseiller
juridique (Secrétaire géneral adjoint aux affaires juridiques)
Organisation des Nations Unies
New York, le 27 novembre 2000.
Hans Corell.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 29 de agosto de 2001
Aprobado. Sométase a la consideración del
honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales
(Fdo.) ANDRÉS PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones Exteriores
(Fdo.) Guillermo Fernández de Soto
DECRETA
Artículo 1°. Apruébanse la Convención de
las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil
(2000).
Artículo 2°. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y
Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, adoptados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000), que por el
artículo primero de esta ley se aprueban, obligarán al país a partir de la
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de los mismos.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir
de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los ...
Presentado al honorable Congreso de la
República por los suscritos Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro de
Justicia y del Derecho.
El Ministro de Relaciones Exteriores,
Guillermo Fernández de Soto.
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Rómulo González Trujillo.
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR
LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS, QUE COMPLEMENTA LA
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRANSNACIONAL, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
quince (15) de noviembre de dos mil (2000).
Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno Nacional y en
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 150 numeral 16 y 189 numeral 2 de
la Constitución Política de la República de Colombia, tenemos el honor de
someter a su consideración el proyecto de ley por medio de la cual se aprueba
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las
Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptados
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de
dos mil (2000).
Dado el reconocimiento de que la manera más
eficaz de combatir las organizaciones delictivas que operan en el ámbito
internacional no es asumiendo la responsabilidad de tal empresa de manera
aislada, el Gobierno Nacional ha entendido que sólo a través de la cooperación
con otros países con los cuales se permita aunar esfuerzos humanos, económicos,
tecnológicos y de investigación se podrán desarrollar acciones conjuntas de
prevención, control y represión de estas poderosas empresas criminales, que
desbordan con sus actividades delincuenciales las fronteras territoriales de
cada país.
Es notorio el hecho de que, en los últimos
años, las organizaciones delictivas, en razón de sus inmensos e ilegales
recursos económicos, aumentaron su capacidad delictiva, constituyéndose en una
amenaza para la Comunidad Internacional y, para las democracias de los
diferentes Estados, los cuales cada día ven disminuidas sus posibilidades de
someter al imperio de la ley a sus integrantes dedicados al delito y a la
desestabilización institucional.
La Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional constituye un gran avance en la lucha
frontal contra aquellas organizaciones delictivas que más daño causan a la
sociedad y a la humanidad, al canalizar los esfuerzos de sus miembros,
observando al mismo tiempo un estricto respeto por la legislación interna de
cada uno de los Estados Parte de la Organización de las Naciones Unidas.
La finalidad de esta
Convención guarda armonía y concordancia con la filosofía, valores y postulados
del Estado Social de Derecho que nos rige, modelo de organización jurídica y
política consagrado por la Carta Política de 1991, el cual tiene su fundamento
en los principios de soberanía y de respeto por la autodeterminación de los
pueblos1. Igualmente, la Convención, inspirada en principios del
Derecho Internacional, recoge, entre otros, el  respeto de la soberanía de cada
Estado, la no intervención, la autonomía de los Estados, el respeto de los
derechos fundamentales, las garantías procésales de todas las personas, la
promoción de la internacionalización de las relaciones políticas, económicas y
sociales, teniendo como sustento los principios de equidad, igualdad,
reciprocidad y conveniencia nacional.
Este trascendental Instrumento
Internacional, al ser incorporado en nuestro ordenamiento jurídico interno,
permitirá el eficaz desarrollo de los mandatos superiores, en especial del
artículo 2° de la Constitución Política, toda vez que suministra herramientas a
las autoridades, para que puedan cumplir con sus funciones de velar por la
vida, honra, bienes y demás derechos y garantías de los ciudadanos, fortalecer
los mecanismos de prevención, control y represión del delito, librar una lucha
eficiente contra las organizaciones criminales que realizan sus actividades
delictivas transnacionales, así como también realizar acciones efectivas
dirigidas a combatir la impunidad y la corrupción en todos los niveles.
El crimen avanza con gran rapidez hacia
formas más elaboradas, lo que obliga a las sociedades afectadas a buscar, sin
pausa alguna, los mecanismos pertinentes para combatirlo. Es así como, el
Derecho Penal debe avanzar y adecuarse a la par de las nuevas tendencias de la
delincuencia, contando para ello con el concurso de políticas criminales
coherentes y modernas, enfocadas todas ellas hacia una finalidad común cual es
la de restablecer el equilibrio de la concepción roussoniana del contrato
social, de tal manera que del Estado Social de Derecho que nos rige, puedan los
ciudadanos esperar la tutela efectiva de los derechos a la vida, la libertad y
demás garantías fundamentales.
En los tiempos actuales, sin duda alguna,
el mayor desafío que tiene el Derecho Penal es la lucha contra las
organizaciones criminales, ya que los delitos que más alarma y daño producen en
la sociedad en la actualidad son aquellos cometidos a través de verdaderas
empresas delincuenciales, que cuentan con sofisticadas estructuras jerárquicas
y de gran complejidad, utilizando la más moderna tecnología, con ramificaciones
internacionales que desbordan las legislaciones internas de los entes
estatales, contando para ello con un inmenso poder económico, logrado y
facilitado por sofisticados mecanismos de transacciones en los sistemas
bancarios, financieros y bursátiles del mundo entero, que permiten darle
apariencia de legalidad al producto de sus actividades antisociales. Además de
lo anterior, hay que agregar la influencia negativa que al respecto han tenido
la inversión de valores dentro de las sociedades, rindiendo culto y reverencia
al dinero, sin importar su origen.
Al tener en cuenta nuestra realidad
nacional, en los últimos tiempos la delincuencia ha presentado en sus
actividades ilícitas la característica de actuar dentro de un marco de
organización, lo cual es posible observar en los grupos dedicados al
narcotráfico, la subversión, el secuestro y, aún en expresiones que antes se
entendían comprendidas dentro de la delincuencia común, el hurto de vehículos y
la piratería terrestre.
Ante esta situación, resulta claro que,
frente al poder desestabilizador que poseen las organizaciones criminales, es
necesario que el Estado adopte medidas contundentes y eficaces en materia de
Política Criminal, que permitan desvertebrar estas empresas y colocar a sus
integrantes las condignas sanciones, todo lo cual se constituye en una
herramienta que permitirá aunar esfuerzos y contar con la cooperación de la
Comunidad Internacional.
Para el Estado Colombiano, es de gran
utilidad e importancia, en el desarrollo de su política criminal, contar con
los mecanismos que le puede aportar la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional, en su lucha contra las poderosas
organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, las cuales sin respetar
frontera alguna para realizar sus actividades y valiéndose de sus inmensas
fortunas han vulnerado bienes jurídicos prevalentes que a la sociedad y al
Estado interesa proteger.
Lo anterior se ha visto agravado por la
situación de conflicto por la que atraviesa el país, donde poderosas
organizaciones subversivas y de justicia privada, con finalidades lucrativas,
se han dedicado a cometer atentados que buscan desestabilizar las instituciones
democráticamente constituidas, utilizando para ello los dineros provenientes
del narcotráfico. Con ello han logrado fortalecer sus estructuras delictivas,
merced a actividades como el cultivo de plantas de coca y amapola, el
procesamiento de drogas, la importación de insumos químicos, el lavado de
activos producto de dicho comercio y la compra de armas, para lo cual se han
valido de sus contactos en el extranjero.
La Convención contra la Delincuencia
Organizada Transnacional se constituye en un importante y trascendental
mecanismo con el cual contaría la Comunidad Internacional para enfrentar a las
organizaciones criminales transnacionales, ya que las actividades de sus
integrantes no quedarían impunes, por cuanto no encontrarían refugio en país
alguno y las inmensas fortunas producto de sus delitos podrían ser rastreadas y
decomisadas con mayor facilidad.
En este Instrumento se contemplan las
diversas formas de la delincuencia organizada que actúa a nivel transnacional y
se prescriben medidas eficaces para combatirla, como la extradición de
delincuentes cuando no existan tratados al respecto, y medidas para la
prevención de la delincuencia transnacional organizada, como el intercambio de
información entre los Estados sobre las diversas formas de delincuencia, con lo
cual se evita que las actividades delictivas transnacionales eludan los controles
legales, explotando las limitaciones de las legislaciones nacionales.
Con miras a combatir el tráfico de seres
humanos, las Naciones Unidas adoptaron el Protocolo para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional.
La prostitución forzada y el tráfico no
sólo de mujeres sino también de niños y niñas es una realidad que día a día se
evidencia con mayor frecuencia, con consecuencias irreparables y dramáticas
para sus víctimas.
Esta problemática ofrece grandes
dificultades probatorias y de seguimiento criminalístico e investigativo a
nivel judicial, en virtud del evidente obstáculo que representa la criminalidad
oculta y la ausencia casi total de denuncias en esta materia.
Las redes internacionales de tráfico de
personas han empezado un proceso de refinamiento y sofisticación de sus
estrategias criminales, desarrollando diversos mecanismos tanto de
reclutamiento como de presión para obligar a las víctimas a aceptar un trabajo,
en el medio de la prostitución y de otras modalidades laborales, que atenta
contra la dignidad humana.
En la mayoría de los casos, los traficantes
restringen la libertad de movimiento de las víctimas y las mantienen viviendo
en el mismo lugar en que trabajan para ejercer mayor control sobre ellas,
llegando a sustraerles sus documentos de identificación y el dinero que puedan
llevar consigo. Los traficantes utilizan a las víctimas del tráfico de personas
como objetos o artículos: emplean la coacción, el engaño o el cautiverio por
deuda, privando a las víctimas de sus libertades fundamentales, tales como
decidir sobre su propio cuerpo y su trabajo.
Los Estados Parte de las Naciones Unidas
han querido establecer un marco general para prevenir y combatir eficazmente la
trata de personas, así como para asistir a las víctimas traficadas, ya que se
requiere para ello un enfoque amplio e internacional que cobije los países de
origen, tránsito y destino, porque, si bien, existen instrumentos
internacionales que se refieren a la explotación de las personas, especialmente
mujeres y niños, no los hay que comprendan todos los aspectos de la trata de
personas.
Colombia es uno de los países más afectados
por el problema del tráfico de personas con fines de explotación sexual,
matrimonios serviles, trabajos forzados, servicio domestico y otros, por lo
cual, el Gobierno Nacional está empeñado en emprender acciones tendientes a
disminuir considerablemente el número de víctimas colombianas de este ilícito.
Teniendo en cuenta que la actividad
criminal que recoge este Protocolo es de gran repercusión transnacional, se
debe tratar de la misma manera. Es así como toda la comunidad mundial tiene una
responsabilidad compartida dentro de este problema y es indispensable la
cooperación internacional para alcanzar resultados eficaces dentro de esta
lucha, contra una de las formas más aberrantes de violación de los Derechos
Humanos.
Indudablemente, este Protocolo servirá de
instrumento para garantizar que los diferentes Estados Parte presten una mayor
atención a la prevención del delito, al castigo de los delincuentes y,
principalmente, a la protección de los derechos humanos con la asistencia a
víctimas traficadas.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno
Nacional, a través de sus Ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia y
del Derecho, solicita al Honorable Congreso Nacional se aprueben la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil
(2000).
De los honorables Senadores y
Representantes,
El Ministro de Relaciones Exteriores,
Guillermo Fernández de Soto.
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Rómulo González Trujillo.
LEY 424 DE 1998
(enero 13)
por la cual se ordena el seguimiento a los
convenios internacionales suscritos por Colombia.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. El Gobierno Nacional a través de la
Cancillería presentará anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones
Exteriores de Senado y Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario
posteriores al período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe
pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los Convenios
Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros Estados.
Artículo 2º. Cada dependencia del Gobierno
Nacional encargada de ejecutar los Tratados Internacionales de su competencia y
requerir la reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al
Ministerio de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones Segundas.
Artículo 3º. El texto completo de la
presente ley se incorporará como anexo a todos y cada uno de los Convenios
Internacionales que el Ministerio de Relaciones Exteriores presente a
consideración del Congreso.
Artículo 4º. La presente ley rige a partir
de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la
República.
Amylkar Acosta Medina.
El Secretario General del honorable Senado
de la República,
Pedro Pumarejo Vega.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
Carlos Ardila Ballesteros.
El Secretario General de la honorable
Cámara de Representantes,
Diego Vivas Tafur.
Republica de
Colombia Gobierno Nacional
Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de
enero de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Emma Mejía Vélez.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 29 de agosto de 2001
Aprobado. Sométase a la consideración del
honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ANDRÉS PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Guillermo Fernández de Soto.
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase la "Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional" y
el "Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas,
especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional", adoptados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15)  de noviembre de dos mil
(2000).
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la "Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional" y el "Protocolo para
Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y
Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional", adoptados por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el quince (15)  de noviembre de dos mil (2000), que por
el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo).
Artículo 3°. La presente ley rige a partir
de. la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
Luis Alfredo Ramos Botero.
El Secretario del honorable Senado de la
República,
Emilio Ramón Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
William Vélez Mesa.
El Secretario General de la honorable
Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte
Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de marzo de
2003.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,
Carolina Barco Isakson.
B. Intervenciones.
Dentro del término para intervenir presentó
escrito la ciudadana Ana Lucia Gutiérrez Guingue, como apoderada del Ministerio
del Interior y de Justicia justificando la constitucionalidad del asunto objeto
de control.
Para la Interviniente la ley 800 de 2003,
considerada en forma independiente de la Convención y el Protocolo que aprueba
se encuentra ceñida a los parámetros que la Carta impone a las leyes de su
tipo, surtido el trámite superior y legal que le es propio, y sancionada en
debida forma, la ley no presenta reparo alguno que vicie su consonancia con la
Constitución.
En cuanto a los instrumentos internacionales,
tampoco pueden considerarse contrarios a los mandatos constitucionales, toda
vez que recogen en su contenido muchos de los postulados que sustenta el Estado
Social de Derecho, y otros que, son la base misma de la función de éste con
miras a la consecución de los fines que trata la Carta.
Así mismo, considera que el acuerdo se
fundamenta en los artículos 226 y 224 de la Constitución, y desarrolla los
principios de derecho internacional el respeto a la soberanía, la no
intervención y la autonomía de los Estados, así como la protección de los
derechos y garantías fundamentales consagrados en la Carta.
C. Concepto del Procurador General de la
Nación.
El señor Procurador General de la Nación,
doctor Edgardo José Maya Villazón, en  concepto No. 3267 de veintisiete (27) de
junio de 2003, solicita la declaración de EXEQUIBILIDAD de la Convención
y el Protocolo en revisión, como de su ley aprobatoria.
Para el Procurador, el Convenio y la ley
que lo aprueba, se ajustan a la  Constitución Política, en su aspecto formal y
material. En relación con los requisitos formales, afirma que el señor
Presidente de la República impartió aprobación ejecutiva a los instrumentos en
mención para efectos de someterlos a la aprobación del Congreso de la
República, en razón a que a él, en su condición de jefe de Estado, le
corresponde dirigir las relaciones internacionales y celebrar con otros Estados
y entidades de derecho internacional tratados o convenios.
Respecto al examen material del Convenio y
de la ley, señala que éste se aviene a las disposiciones de la Constitución,
pues, además de no quebrantar sus preceptos, permite la colaboración
internacional mediante la asistencia reciproca en materia de prevención y
persecución del delito.
Sobre la constitucionalidad de la
Convención, considera que se trata de un instrumento internacional cuya
finalidad es la de promover la cooperación entre los Estados Parte de la misma,
para prevenir y combatir de manera eficaz la actividad de la delincuencia
transnacional, y tal finalidad coincide con los artículos 226 y 227 de la
Constitución.
La colaboración internacional mediante la
asistencia reciproca en materia de prevención y persecución del delito se ha
tornado indispensable, toda vez que la proyección de las actividades delincuenciales
de los grupos organizados en el plano internacional, rebasa de manera
desproporcionada el alcance que pueda tener la legislación doméstica.
Teniendo en cuenta que la Convención bajo
examen es, de una parte, un tratado de derecho penal y de procedimiento penal,
en tanto se contempla allí que los Estados parte se comprometen a definir
ciertas conductas como delictivas y a adoptar ciertos procedimientos, entre los
cuales se cuenta el decomiso del producto y de los bienes obtenidos en virtud
de tales conductas  y, de otra parte, la Convención es un tratado de
cooperación entre los países para la represión de los delitos trasnacionales,
en el que la asistencia judicial reciproca ocupa un lugar preeminente,
considera el Procurador que es necesario precisar el alcance de las normas
sobre tales materias en nuestro ordenamiento interno a fin de que la soberanía
normativa del Estado colombiano se preserve al perfeccionarse el proceso de
adhesión.
Por ello, señaló como necesario determinar
aquellas normas del instrumento internacional que por no coincidir plenamente
con nuestro ordenamiento interno deben ser objeto de una declaración
interpretativa por parte del Gobierno Nacional, al momento del
perfeccionamiento de la adhesión a dicho instrumento, por lo cual ha de
condicionarse la constitucionalidad de tales disposiciones al establecimiento
de la mencionada reserva.
Así, deber hacerse la reserva en las
siguientes disposiciones de la Convención:
- Concepto de “Grupo delictivo
organizado”  el propósito de dicho grupo y el número de delitos que han de
cometerse para que la conducta sea punible (literal a artículo 2).
- Asimilación de la incautación al embargo
(literal f artículo 2).
- El carácter provisional del decomiso en
la Convención (literal g del artículo 2).
- Inversión de la Carga de la Prueba
(numeral 7 artículo 12).
- Disposición del producto del delito o de
los bienes decomisados.
- El establecimiento de la jurisdicción por
cada estado parte en relación con los delitos tipificados en la Convención
(artículo 15).
- Prohibición total o parcial de revelar
información relativa a la identidad de los testigos (literal a numeral 2 del
artículo 24).
- La concesión de inmunidad judicial a
quienes presten colaboración sustancial en la investigación o enjuiciamiento
respecto de los delitos contemplados en la Convención (numeral 3 artículo 26)
Finalmente, sobre la constitucionalidad del protocolo
considera que coincide con el aspecto esencial de la Constitución Política, es
mas, se extiende al campo de los derechos fundamentales protegidos en la Carta,
en un ámbito de especial relevancia como lo es el derecho fundamental de los
niños.
En consecuencia, para el Ministerio
Publico, la relación de complementariedad entre el Protocolo y la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, resulta
ser no sólo afortunada, desde el punto de vista operativo, sino coherente,
desde la perspectiva jurídico constitucional y del derecho penal internacional.
II.      CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL.
Primera.    Competencia.
La Corte Constitucional es competente para
efectuar la revisión constitucional de la Convención y de la ley que lo
aprueba, de conformidad con el artículo 241, numeral 10 de la Constitución
Política.
Segunda.  Revisión formal.
a) Aprobación Presidencial.
El 29 de agosto de 2002, el Presidente de
la República aprobó y ordenó someter a la aprobación del Congreso de la
República, la convención en revisión, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 189, numeral 2, de la Constitución.
b) Trámite del proyecto de ley número 134
de 2001, en el Senado de la República y su conformidad con la Constitución
Política.
El Ministro de Relaciones Exteriores y el
Ministro de Justicia y del Derecho en nombre del Gobierno Nacional, presentó
ante la Secretaría General del Senado de la República, el proyecto de ley por
medio del cual se solicitaba aprobar la Convención de las Naciones Unidas
contra la delincuencia organizada trasnacional” y el Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños que
complementa la convención de las naciones unidas contra la delincuencia
organizada trasnacional” adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000). Proyecto de ley radicado
el 12 de agosto de 2001, bajo el número 134/01.
- La Presidencia del Senado, repartió el proyecto de ley
a la Comisión Segunda Constitucional Permanente y dispuso su publicación, la
que se efectuó en la Gaceta del  Congreso No. 530 del 19 de octubre de  2001.
De esta manera, se cumplió la exigencia de la publicación oficial del proyecto
de ley por el Congreso, antes de darle curso en la Comisión respectiva, tal
como lo señala el  artículo 157, numeral 1o. de la Constitución.
- El Presidente de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado de la República, designó como ponente al
senador Francisco Murgueito Restrepo, quien presentó ponencia para primer
debate. publicada en la Gaceta del Congreso No. 129, de 23 de abril de
2002, páginas 2 y 3. El proyecto sometido a consideración, fue aprobado por
unanimidad de los nueve (9) senadores presentes en la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado de la República, el día veintinueve (29)
de mayo de 2002, según certificación suscrita por el Secretario de la Comisión,
Felipe Ortiz, y que reposa en el expediente (folio 3). Encuentra la Corte, que,
de acuerdo con lo consignado en esa certificación, se satisfacen los
requerimientos para la  aprobación del proyecto en comisión, artículos 145 y
157 numeral 2 de la Constitución.
- Presentada la ponencia para segundo
debate, que se publicó en la Gaceta del Congreso No. 220, del día once (11)
de junio de 2002, páginas 28 a 30, el proyecto fue aprobado por la plenaria del
Senado, el día 20 de junio de 2002,  con un quórum deliberatorio de 92
honorables senadores. La Corte considera que, al estar compuesto el Senado por
103 miembros, se cumplen los requisitos contemplados para el quórum
deliberatorio y decisorio. Asimismo, que entre el primero y segundo debate (29
de mayo de 2002 y 20 de junio de 2002), medió un lapso superior a los ocho
días, que exige el artículo 160 de la Constitución.
c) Trámite del proyecto de ley número 286
de 2002, en la Cámara de Representantes y su conformidad con la Constitución
Política.
- El día 21 de junio de 2002, el
proyecto de ley 134/01 Senado, fue enviado a la Secretaría General de la H.
Cámara de Representantes para su respectivo trámite. La secretaría, una vez
radicado el proyecto bajo el número 286/02, lo remitió a la Comisión Segunda
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, para lo de su
competencia. Esta comisión designó como ponentes para primer debate a los
representantes Oscar Suárez Mira, Carlos Julio González Villa, Sandra Ceballos
Arévalo, Jairo de Jesús Martínez Fernández y Guillermo Santos Marín, este
último como coordinador ponente.
- La ponencia para primer debate y el proyecto,
se publicaron en la Gaceta del Congreso No. 413 de octubre 3 de 2002, y
aprobados por unanimidad de los 19 Representantes asistentes, el día 23 de
octubre de 2002, según certificación suscrita por el Secretario General
de la H. Cámara de Representantes. La Corte considera que el mencionado
proyecto se aprobó con el quórum deliberatorio y decisorio, pues esta Comisión
está compuesta por 19 Representantes. Además, reúne las exigencias del artículo
160 de la Constitución, porque entre la aprobación del proyecto en una de las
cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurrieron más de los quince
(15) días que exige la mencionada norma constitucional (Plenaria del Senado,
junio 20 de 2002, y la Comisión segunda de la Cámara  23 de octubre de 2002).
- La ponencia para segundo debate fue presentada
por los mismos Representantes, pero bajo la coordinación del representante Luis
Carlos Delgado Peñón publicada en la Gaceta del Congreso No. 560 del 5 de
diciembre de 2002 (Págs. 14 a 16) y aprobada por la plenaria de la Cámara, con
el voto afirmativo de 153 representantes, el día 12 de diciembre de 2002, según
consta certificación suscrita por el Secretario General de  la Cámara de
Representantes. Encuentra esta Corporación que se cumple el quórum
deliberatorio y decisorio, porque son 163 los miembros de la Cámara de Representantes.
Así mismo, transcurrieron más de ocho (8) días, entre el primer debate que se
presentó en la comisión constitucional correspondiente  y el segundo debate
dado en la plenaria (23 de octubre de 2002 y 12 de diciembre de 2002).
d) Sanción Presidencial.
Enviado por la Cámara de Representantes el
proyecto de ley 134/01 Senado y 286/02 Cámara, a la Secretaría General del
Senado de la República, éste lo remitió al Presidente de la República, quien lo
sancionó el día 13 de marzo de 2003, como ley 800 de 2003.
e) Remisión a la Corte Constitucional.
La Presidencia de esta Corporación, recibió
el texto de la ley 800 de 2003 junto con el Convención y el Protocolo que ella
aprueba, el diecinueve (19) de marzo de 2003, es decir, en el lapso de los seis
(6) días que señala el artículo 241, numeral 10, de la Constitución.
f) La suscripción del Convenio y el
Protocolo en revisión.
Colombia no participó en las negociaciones
correspondientes, ni suscribió los mencionados instrumentos internacionales,
pero manifestó su consentimiento mediante su adhesión a los mismos, de acuerdo
con lo contemplado en el artículo 15 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados, aprobada por la ley 32 de 1985, el artículo 36 de la Convención
objeto de estudio y el artículo 16 del Protocolo. Por ello el 29 de agosto de
2001, el señor Presidente de la República, impartió aprobación ejecutiva al
citado instrumento para efectos de someterse a la aprobación del Congreso de la
República, en razón a que le corresponde a él, en su condición de Jefe de
Estado, dirigir las relaciones internacionales y celebrar con otros Estados y
entidades de derecho internacional tratados y convenios.
En conclusión, tanto la Convención y el
Protocolo en revisión como la ley que lo aprueba, por cumplir todos los
trámites de carácter formal, son constitucionales, razón por la que la Corte
entrará a estudiar su aspecto material, confrontándolo con la totalidad de los
preceptos constitucionales.
Tercera.- Marco general de la Convención y
del Protocolo aprobados por la ley 800 de 2003.
El concepto de delincuencia organizada
internacional ha emergido como desafío para la comunidad internacional por
cuanto grupos del crimen organizado han demostrado su capacidad para expandir
sus actividades mas allá de las fronteras nacionales y evaden los esfuerzos de
los Estados para controlarlos.
El trabajo de Naciones Unidas para
fortalecer la cooperación internacional contra el crimen organizado data de
hace más de veinte años. Este tema ha sido debatido y analizado en los
Congresos de Naciones Unidas sobre la prevención del crimen y el tratamiento de
delincuentes, empezando con el 5 Congreso de las Naciones Unidas para la
prevención del Crimen que tuvo lugar en 1975[1].
Numerosos congresos de Naciones Unidas
analizaron las nuevas dimensiones de la criminalidad y la prevención del crimen
en el nuevo contexto internacional.
La Conferencia Ministerial sobre Crimen
Organizado Transnacionak tuvo lugar en Nápoles, Italia, del 21 a 23 de
Noviembre de 1994, por invitación del gobierno italiano. Los 142 Estados
unánimemente aprobaron “La Declaración Política de Nápoles y el Plan de Acción
Global contra el Crimen Organizado Transnacional”, que fue aprobado por la
Asamblea General de Naciones Unidas mediante resolución 49/1599 de 23 de
diciembre de 1994. Luego, la resolución 1995/11 de 24 de julio de 1995 del
ECOSOC instó al Secretario General a iniciar el proceso de opiniones de los Gobiernos
sobre una Convención sobre crimen organizado transnacional.
Como seguimiento de la Declaración de
Nápoles, la Asamblea General adoptó en su 52 sesión en 1996 la Declaración de
Naciones Unidas sobre Crimen y Seguridad Pública (resolución 51/60).
Estos antecedentes culminaron en la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional que representa la cooperación internacional para la lucha contra
el crimen organizado, así como evitar la impunidad de las conductas descritas
en la mencionada Convención[2].
La Convención y el Protocolo desarrollan
los principios de derecho internacional, adoptados en nuestra Carta
Constitucional, con el fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada
transnacional.
Esta Corporación, en diversos fallos, se ha
referido a la necesidad de los Estados de actuar conjuntamente en la prevención
y represión de las diversas conductas delictuales, en especial, de aquellas que
están transcendiendo las fronteras, y que requieren de la cooperación de todos
los entes internacionales para su adecuado tratamiento y sanción, tal como
acontece con la trata de personas.
“Luego de un largo proceso de
concientización, rige en el concierto internacional un propósito cada vez más
fuerte hacia la integración armónica entre las distintas naciones del orbe, el
cual en la actualidad supera notablemente los intereses relacionados con
materias de corte estrictamente económico, para atender otra clase de
preocupaciones que demandan la atención de los Estados frente a asuntos
igualmente necesarios para la estabilidad de sus sistemas y la consecución del
bienestar general y la prosperidad de sus pueblos, como ocurre con la defensa
de los derechos humanos, el restablecimiento de una paz mundial, la protección
del medio ambiente y, particularmente, con la lucha contra la delincuencia
organizada, dando paso a un despliegue mancomunado de los Estados de toda su
fuerza coercitiva y sancionatoria, con miras a combatir la delincuencia
organizada, la actividad antijurídica y antisocial, sin fronteras estatales que
obstaculicen dicha acción, como bien lo señaló una de las intervinientes en
este proceso.
“En efecto, la comisión cada vez más
creciente de los delitos, el grado de especialidad que muestran, la posibilidad
de sus autores para eludir las distintas formas de represión y sanción, al
igual que la capacidad de trascender en sus efectos más allá de los límites
nacionales, para abarcar campos sociales, políticos y económicos, bien por la
naturaleza del delito o por la nacionalidad de quienes los realizan, han sido
presupuestos determinantes para que los Estados unan sus esfuerzos y
contrarresten las actividades delictivas, en forma paralela a las actuaciones
que por su parte realiza cada Estado dentro de esa lucha, de manera que se
asegure un marco de cooperación judicial destinado a generar un contexto
permanente y satisfactorio de relaciones de apoyo y acción conjunta con
identidad de fin, que logre al mismo tiempo distribuir las responsabilidades
que a cada uno de ellos corresponde en este tema y, especialmente, con respecto
a la comunidad internacional”. (Corte Constitucional, sentencia C-187 de 1999).
La Convención y el Protocolo en revisión,
sobre las bases de reconocimiento de la soberanía de cada uno de los Estados
partes, su libre autodeterminación y la igualdad, contemplan aspectos que se
consideran vitales para lograr el propósito en ellos estipulado, que no es otro
que prevenir y combatir de manera eficaz la actividad de la delincuencia
trasnacional, finalidad que coincide con los artículos 226 y 227 de nuestra Constitución.
Dentro de este contexto, procede esta
Corporación a efectuar el examen de  las normas de la Convención y el Protocolo
en revisión, para establecer su conformidad con el ordenamiento constitucional.
4.
Examen material de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia
organizada trasnacional.
La Convención objeto de estudio consta de
41 artículos. El artículo 1 señala la finalidad de la misma, que no es
otra que promover la cooperación para prevenir y combatir la delincuencia organizada
transnacional.
En el artículo 2, se hace una serie
de definiciones que permiten fijar el contenido de la Convención, y que no
desconocen norma alguna de la Constitución, pues se limita a establecer los
conceptos básicos en que ella se funda, tales como qué se entiende por grupo
delictivo organizado, delito grave, grupo estructurado, bienes,  producto del
delito, embargo preventivo o incautación, decomiso, delito determinante,
entrega vigilada, y organización regional de integración económica.
Los artículos 3 y 4, delimitan el
ámbito de aplicación y la protección de la soberanía señalando que las
obligaciones contraídas por los Estados que hagan parte de la Convención se
cumplirán en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad
territorial y de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.
Los artículos 5, 6 y 8 penalizan
respectivamente la participación en un grupo delictivo organizado, el blanqueo
de activos y la corrupción. De igual manera, los artículos 7 y 9, fijan
las medidas de carácter legislativo administrativo necesarias para que
efectivamente se combata el blanqueo de activos y la corrupción.
El artículo 10 describe la
responsabilidad de las personas jurídicas, en la comisión de los delitos
descritos en la Convención.
El artículo 11 fija los rituales del
proceso, las características del fallo y el grado de sanciones.
En los artículos 12, 13 y 14 se
establecen los procedimientos para el decomiso e incautación de los bienes
producto del delito y la cooperación internacional en este campo, bajo la
condición de que lo permitan los ordenamientos internos de los Estados Parte.
El artículo 15 prevé el
establecimiento de la jurisdicción encargada de conocer los delitos tipificados
en la Convención, señalando que sin perjuicio de las normas de derecho
internacional general, la Convención no excluirá el ejercicio de las
competencias penales establecidas por los Estados Parte de conformidad con el
derecho interno.
El artículo 16 dispone que los
Estados parte podrán presentar solicitud de extradición en relación con quienes
hayan incurrido en las conductas criminales descritas en la Convención bajo la
condición consistente en que el delito por el que se pida la extradición sea
punible con arreglo al derecho interno del Estado parte requirente y del Estado
Parte requerido.
Los artículos 18 a 22, 26, 27, 28, 29,
30 y 31 regulan los parámetros necesarios sobre la prevención,
investigación y penalización de los delitos internacionales de que trata la
Convención en materia de asistencia jurídica reciproca, investigaciones
conjuntas, técnicas de investigación, remisión de actuaciones penales,
establecimiento de antecedentes penales, medidas para intensificar la
cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley,
capacitación, asistencia técnica y prevención de los delitos previstos en la
Convención.
Los artículos 32 y 33 consagran el
establecimiento de la Conferencia de las Partes y la Secretaría de la
convención y finalmente, los artículos 34 a 41, fijan los mecanismos de
procedimiento para la aplicación; la solución de controversias; la firma,
ratificación, aceptación, aprobación y adhesión; la relación con los
protocolos; la entrada en vigor; las enmiendas, la denuncia y el depositario e
idiomas.
5.
Examen material del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata
de personas, especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.
El objeto del Protocolo, consiste precisamente
en prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, especialmente mujeres
y niños, considerando que aunque existen varios instrumentos jurídicos
internacionales que contienen normas y medidas prácticas para combatir la
explotación de personas no hay un instrumento universal que aborde todos los
aspectos de la trata de personas. Por ello, convencidos de que para prevenir y
combatir ese delito era útil complementar la Convención de las Naciones contra
la Delincuencia Organizada Transnacional con un instrumento internacional de
esta naturaleza.
El Protocolo, consta de veinte
artículos, contenidos en cuatro capítulos así, el capítulo primero, se refiere
a las “disposiciones generales” en particular define conceptos centrales
del tratado como por ejemplo qué se entiende por trata de personas, y
por niño, se establece el ámbito de aplicación y la penalización de las
conductas.
El capítulo segundo, prevé la
protección, asistencia y repatriación de las víctimas de la trata de personas y
el régimen aplicable a dichas personas.
El capítulo tercero contempla medidas de
prevención y cooperación, con respecto a las víctimas de la trata de personas;
el intercambio de información y capacitación; medidas fronterizas y de
seguridad, control y validez de los documentos.
Por último en el capítulo cuarto se fijan
las disposiciones finales tales como la clausura de salvaguarda, solución de
controversias, firma, ratificación, aceptación, aprobación, y adhesión, entrada
en vigor; enmienda denuncia; y depositario e idiomas.
6. Constitucionalidad de la Convención y
del Protocolo en revisión.
6.1. El Convenio y el Protocolo desarrollan
el mandato de la internacionalización de las relaciones exteriores, el respeto
a la autodeterminación, la internacionalización de las relaciones políticas,
económicas  sociales sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional (artículo 226 de la Carta Política)
El ámbito del instrumento en revisión,
tiene como objetivo promover la cooperación entre los Estados Partes con el fin
de combatir y prevenir la actividad de la delincuencia transnacional, conocer
el modus operandi de las organizaciones internacionales dedicadas a la
ejecución de delitos transnacionales, con el fin de su desarticulación y
juzgamiento de los responsables de dichos ilícitos.
Las normas que consagra la Convención y el
Protocolo, sirven de marco para que cada Estado adopte dentro de su legislación
procedimientos tendientes a la prevención y represión de los ilícitos de
carácter transnacional que afectan  la vida, la libertad y los derechos
humanos.
6.2. Observa la Corte que, como es a penas
obvio la Convención objeto de análisis en esta sentencia ha de interpretarse
para su aplicación con sujeción estricta a la Constitución Política, lo que
significa que ninguna de las normas contenidas en ese instrumento internacional
puede entenderse de manera tal que afecte las garantías procesales garantizadas
por la Carta Política, o, dicho de otra manera en ningún caso puede vulnerarse
ni el debido proceso, ni ningún otro de los derechos fundamentales.
De la misma manera, ha de recordarse por la Corte que
conforme a lo preceptuado por el artículo 93 de la Constitución Política, los
tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos prevalecen
en el orden jurídico interno. Es decir, que al interpretar y darle aplicación
al Convenio que ahora se revisa por la Corte, no puede desconocerse el bloque
de constitucionalidad del cual forman parte, entre otras disposiciones, las
contenidas en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre aprobada por
las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968), y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Ley 16 de 1972).
6.3. Siendo ello así, las reglas relativas
al Decomiso e Incautación de bienes, equipos o instrumentos utilizados o
destinados a ser utilizados en la comisión de delitos a los que se refiere la
Convención que se analiza, sólo podrá realizarse de conformidad con las normas
jurídicas Colombianas por autoridades judiciales, pues de otra manera resulta
contrario a las prescripciones que en materia de garantía al debido proceso
señala el artículo 29 de la Constitución Política, norma que guarda armonía con
lo preceptuado por los artículos 113, 116, 228, 229, 230,  250 y 251 de la
Carta.
6.4. En materia de pruebas, el artículo 29
de la Constitución establece que es nula, de pleno derecho la que sea obtenida
con violación del debido proceso. Este incluye, de suyo, la estricta observancia
de los principios de la publicidad, y de la contradicción de la prueba, así
como el respeto riguroso a la garantía de la presunción de inocencia y la
prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo hecho (non bis inidem), reglas
estas a la luz de las cuales ha de interpretarse el artículo 18 de la
Convención en cuanto a la asistencia judicial reciproca.
Sobre dichas garantías constitucionales ha
dicho la Corte que:
“Dada su naturaleza y la finalidad
filosófico - jurídica, que cumple el proceso en la sociedad, como instrumento
para garantizar la pacífica convivencia entre los asociados, se hace
indispensable que él se tramite conforme a unas reglas mínimas que permitan a
las partes, en igualdad de condiciones y de oportunidades, concurrir y actuar
en el debate judicial.
Esa es la razón por la cual para
evitar así mismo la arbitrariedad en las decisiones del Estado, el proceso ha
de organizarse conforme a unos principios generales, que constituyen lo que la
doctrina universal conoce como el “debido proceso”.
...  Entre tales principios,
resultan esenciales en un Estado democrático el de la publicidad y la
contradicción. El primero, impide que existan en el proceso actuaciones ocultas
para las partes o para quienes intervienen en él por ministerio de la ley como
sujetos procesales, cual sucede con el Ministerio Público, la Fiscalía o la
Defensoría de Familia.  Tal publicidad, resulta indispensable para la formación
válida de la relación jurídico - procesal, pues, de no ser así, el demandado quedaría
expuesto a que contra él se profiriera una sentencia adversa sin haber sido
siquiera debidamente anoticiado de la existencia de la demanda promovida en su
contra.
Es decir, presupuesto necesario para que
pueda existir la contradicción a lo largo del proceso, es el de la publicidad
de las actuaciones que en él se surtan, por quienes se encuentran legitimados
para el efecto. Sólo de esta manera puede tener cabal realización la garantía
democrática de que nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en
juicio[3].
Asimismo, en relación a la presunción de
inocencia, la Corte ha dicho:
“Supuesto indispensable de ello (de una
aplicación justa de las leyes) es la presunción de inocencia de todo individuo
mientras no se cumpla el requisito de desvirtuarla, demostrándole su
culpabilidad con apoyo en pruebas fehacientes debidamente controvertidas,
dentro de un esquema que asegure las garantías procesales sobre la imparcialidad
del juzgador y la íntegra observancia de las reglas predeterminadas en la ley
para la indagación y esclarecimiento de los hechos, la práctica, discusión y
valoración de las pruebas y la definición de responsabilidades y sanciones en
su caso.”[4]
Sobre la prohibición de ser juzgado dos
veces por el mismo hecho non bis inidem, la Corte en sentencia C-088 de
2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, sostuvo:
“Esta
prohibición del doble enjuiciamiento, o principio del non bis in ídem, busca
evitar que las personas estén sujetas a investigaciones permanentes por un
mismo acto.  Esta Corte ha reconocido además que en el constitucionalismo
colombiano, este principio no se restringe al ámbito penal sino que “se hace
extensivo a todo el universo del derecho sancionatorio del cual forman parte
las categorías del derecho penal delictivo, el derecho contravencional, el
derecho disciplinario, el derecho correccional, el derecho de punición por
indignidad política (impeachment) y el régimen jurídico especial ético -
disciplinario aplicable a ciertos servidores públicos (pérdida de investidura
de los Congresistas)”[5].
Por consiguiente, el demandante tiene razón en que esta garantía se proyecta en
el ámbito disciplinario.
Sin
embargo, la prohibición del doble enjuiciamiento no excluye que un mismo
comportamiento pueda dar lugar a diversas investigaciones y sanciones, siempre
y cuando éstas tengan distintos fundamentos normativos y diversas finalidades.
Esta Corte ha precisado que el non bis in ídem veda es que exista una doble
sanción, cuando hay identidad de sujetos, acciones, fundamentos normativos y
finalidad y alcances de la sanción”.
6.5. Tales reglas, habrán de observarse igualmente
en lo que hace relación al artículo 24 de la Convención. Es claro para la Corte
que a la Constitución Colombiana no se opone la existencia de normas para la
protección de los testigos. Sin embargo, como una garantía al sindicado, en
cualquier proceso éste tiene derecho a conocer la identidad del testigo, es
decir, a saber quien rinde la declaración para ejercer a plenitud el derecho de
contradicción de la prueba que incluye, desde luego, la posibilidad de tachar
al testigo por sospecha en las hipótesis previstas por la ley para el efecto.
Así mismo, la aceptación de utilización de tecnologías de comunicación como
vídeo conferencias u otros medios adecuados, no puede menoscabar, para nada, la
posibilidad de interrogar y de contra interrogar al testigo. Al respecto, la
Corte afirmó:
“[s]i se priva al sindicado del
conocimiento de la identidad del funcionario a cuyo cargo se encuentra la
instrucción o el juzgamiento, aún cuando existieran causales para recusarlo si
no se declara impedido, el sindicado se vería impedido para plantear siquiera
la recusación y, así, se expondría a que su causa fuera instruida por alguien
que careciera de la indispensable condición de la imparcialidad que constituye
una de las garantías mínimas a que se tiene derecho en un Estado Democrático,
conquista esta que en la historia de la humanidad constituye pilar fundamental
del debido proceso, no sólo para contener eventuales abusos en contra de los
justiciables, sino, así mismo, para que la transparencia de las actuaciones de estos
gane para las decisiones judiciales confiabilidad y respetabilidad en el marco
social en que ellas se produzcan.
“Es evidente que cuando se ignora la
identidad de la persona que rinde una declaración en contra del sindicado se
mengua de manera protuberante y ostensible la garantía constitucional del
debido proceso público, en la medida en que se desconoce por completo el
principio de publicidad y contradicción de la prueba, al imposibilitarse el
ejercicio pleno del derecho a tachar al testigo, cuando existan motivos para
dudar de su imparcialidad[6].
6.6. El artículo 26 de la Convención en
cuanto a las medidas para intensificar la cooperación con las autoridades
encargadas de hacer cumplir la ley, incluye en su numeral tercero la
disposición según la cual “cada Estado Parte considerará la posibilidad de
prever de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno,
la concesión de inmunidad judicial a las personas que presten una cooperación
sustancial en la investigación o el enjuiciamiento respecto de los delitos
comprendidos en la presente Convención”. Del propio texto acabado de
transcribir, se observa que la concesión de inmunidad judicial a que él se
refiere no es imperativa, sino a penas constituye una posibilidad de prevención
legislativa para el efecto, por una parte; y, por otra parte, tal posibilidad
podría hacerse realidad por los estados a quienes el convenio que aquí se
analiza obligue, solo si ello resulta posible “de conformidad con los
principios fundamentales de su derecho interno”. Ello significa entonces que en
la medida en que esa disposición no es imperativa y se encuentra sujeta al
Derecho Interno, no viola por si misma la Constitución Colombiana.
6.7. Con respecto a la Cooperación en
materia de cumplimiento de la ley a la cual se refiere el artículo 27 de la
Convención y la posibilidad para los Estados “de celebrar acuerdos o arreglos
bilaterales o multilaterales en materia de cooperación directa entre sus respectivos
organismos encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales acuerdos o
arreglos ya existan, de enmendarlos”, como todas las demás normas del Convenio
objeto de control se encuentra sometida al ordenamiento jurídico interno, tal
cual se prevé en el mismo Convenio. Ello significa que los acuerdos bilaterales
o multilaterales para llevar a cabo la cooperación directa entre autoridades
del Estado Colombiano con otros Estados, necesariamente ha de sujetarse al
artículo 224 de la Constitución, es decir, que no puede eludirse ni la
aprobación por el Congreso de la República, ni el control por la Corte
Constitucional, ni afectarse en manera alguna la atribución del Presidente de
la República para dirigir, como Jefe del Estado, las relaciones internacionales
de Colombia, de acuerdo con lo previsto en los artículos 224 y 189 numeral 2 de
la Constitución.  Al respecto ha señalado la Corte:
“Anteriormente esta Corporación no admitía
su competencia para conocer acerca de la constitucionalidad de los denominados
"Acuerdos Simplificados", al considerar que estos regían con la sola
firma o el canje de los respectivos instrumentos, razón por la cual no se
encontraban sometidos a control constitucional. A partir de lo expresado en la
sentencia C-400 de 1998 (MP. Dr. Alejandro Martínez Caballero), dichos Acuerdos
están sometidos a la exigencia según la cual, para que el consentimiento pueda
ser prestado por el representante colombiano, debe haberse aprobado el tratado
por el Congreso y verificada su constitucionalidad por la Corte Constitucional.
Ahora bien, resulta oportuno expresar que
los Acuerdos Simplificados están previstos en los artículos 12 y 13 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, hecha en
Viena el 21 de marzo de 1986, de los cuales puede inferirse que tienen tanta
validez los tratados formales como los acuerdos en forma simplificada.
Con respecto a la constitucionalidad de
estos preceptos, la Corte en la sentencia No. C-400 de 1998, expresó lo
siguiente:
"Sin embargo, el Estado colombiano
sólo puede legítimamente obligarse a nivel internacional una vez se hayan
surtido los trámites internos de aprobación del tratado, tal y como lo ordena
la Carta. Por ello esta Corporación había señalado al respecto:
"(El derecho constitucional
colombiano) establece unos pasos que garantizan la formación plena de la
voluntad del Estado, manifestada por las tres ramas del poder público, que es
expresión de la voluntad del Estado para comprometerse a nivel internacional.
Por tanto, la voluntad de celebrar un tratado se expresa en primer término, en
la iniciativa y la negociación por parte del Presidente de la República como
Jefe de Estado y director de las relaciones internacionales; en segundo
término, en la aprobación o improbación por parte del Congreso Nacional, y en
tercer término, en la revisión automática por parte de la Corte Constitucional,
paso este último que es previo al perfeccionamiento del Tratado. Con
posterioridad vendrán la ratificación, el canje de instrumentos y demás
formalidades a través de las cuales el tratado es perfeccionado y, por ende,
puesto en vigencia.[7]"
Por consiguiente, el jefe de Estado, o su
representante, sólo podrá recurrir a los mecanismos previstos por los artículos
11 a 17 de la presente convención, una vez surtidos los trámites internos
previstos por la Constitución, a saber, que el tratado sea aprobado por el
Congreso por medio de una ley y que ésta sea sometida a la revisión de la Corte
Constitucional. Por ende, se entiende que el Presidente sólo tendrá competencia
para manifestar el consentimiento internacional del país, una vez que se hayan
agotado esas fases, pues de lo contrario, estaríamos en presencia de una
violación manifiesta de normas constitucionales, que viciaría ese
consentimiento.
(...)
Ahora bien, en esta
oportunidad es preciso señalar que aun cuando en el texto de la Constitución
Política (artículos 150-16 y 241-10) no se mencione sino a los tratados para
efectos de su aprobación o improbación, y del control constitucional, ello no
significa que los demás acuerdos internacionales, como los simplificados, no
requieran aprobación del Congreso mediante ley, sanción ejecutiva y revisión
constitucional, formal y material por la Corte Constitucional, pues, como ya se
anotó, se trata de verdaderos tratados internacionales. En tal virtud, deben
cumplir los requisitos exigidos constitucionalmente (artículos 150, 189 y 241):
negociación, adopción y autenticación; aprobación interna por parte de los
Estados, lo cual incluye, la intervención del Congreso, del Ejecutivo y de la
Corte Constitucional; y la manifestación internacional de los sujetos del
consentimiento de obligarse por medio del tratado. En este aspecto, se modifica
por lo tanto, en esta providencia, la jurisprudencia de la Corporación.
En conclusión, se observa que la “Convención
de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional” y “el
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas
especialmente mujeres y niños que complementa la convención de las naciones
unidas contra la delincuencia organizada trasnacional”, se ajusta en su integridad
a la Constitución Política, y el mismo se celebró sobre bases de equidad, y
reciprocidad como lo establece el artículo 150, numeral 16 de la Constitución.
Por último, la Corte, aclara que no
comparte el concepto de la Procuraduría, al considerar que por existir normas
que no coinciden plenamente con nuestro ordenamiento interno, debe hacerse un
tipo de reserva. Por cuanto, las disposiciones establecidas tanto en la
Convención como en el Protocolo, se encuentran subordinadas a las regulaciones
del derecho interno y a la adopción en nuestro ordenamiento penal de los tipos
y sanciones acordados en los instrumentos internacionales y, en todo caso,
ninguna de las disposiciones contenidas en el Convenio objeto de control podrá
afectar en nada el plexo de garantías a los derechos fundamentales consagrados
en la Constitución Política y en los Convenios y Tratados sobre Derechos
Humanos suscritos y aprobados por Colombia que forman parte del bloque de
constitucionalidad.
Con base en las consideraciones expuestas,
la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
Declarar EXEQUIBLES la Convención
de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional” y el
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas
especialmente mujeres y niños que complementa la convención de las naciones
unidas contra la delincuencia organizada trasnacional”   adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil
(2000). Así como la ley 800 de marzo 13 de 2003que las aprueba.
Cópiese, notifíquese, comuníquese al
Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (e)
Aclaración de
voto a la Sentencia C-962/03
PRESUNCION DE INOCENCIA-No se puede desconocer por la vía de la
inversión de la carga de la prueba (Aclaración de voto)
BIENES DECOMISADOS-Estado debe quedarse con el producto y no
repartirlo con otros Estados (Aclaración de voto)
TECNICAS ESPECIALES DE LA INVESTIGACION-Derecho colombiano debe proscribir la
figura del agente provocador (Aclaración de voto)
Referencia: expediente LAT-234
Revisión constitucional de la ley 800 de
marzo 13 de 2003, “Por medio de la cual se aprueba la Convención de las
Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional” y el protocolo
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres
y niños que complementa la convención de las naciones unidas contra la
delincuencia organizada trasnacional” adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRAN SIERRA
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones de esta Corporación, el suscrito Magistrado aclara el voto como lo
exprese en la Sala, por las siguientes razones:
1.  En relación con el numeral 7 del
artículo 12 en el entendido de que esa norma remite a los principios de derecho
interno y en mi sentir ni la Corte de Colombia ni los tratados de que hace
parte permiten desconocer la presunción de inocencia, ni directamente, ni
indirectamente por la vía de la inversión de la carga de la prueba.
2.  En relación con el artículo 14 me parece que el
Estado colombiano es quien debe quedarse con el producto de los bienes
decomisados y no repartirlos con otros Estados, ya que quienes sufrimos las
consecuencias de los delitos, su violencia, ponemos los muertos y sufrimos la
inseguridad somos los colombianos.
3. En relación con el artículo 20 de las técnicas
especiales de la investigación, me parece que el derecho colombiano debe
proscribir la figura del agente provocador, que por regla general lo que hace
es instigar al delito a personas inocentes, que nunca antes habían pensado en
delinquir hasta que el agente provocador se los propone.
Fecha ut supra.
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
[1] Puede Consultarse para el desarrollo histórico The United Nations
and Crime Prevention – Seeking security and Justice for All; Internacional
Revió and Criminal Plicy, Nros 47 and 48. Organized Crime, Editors M-Cherif
Bassiouni –Eduardo Vetere, Transnational Publishers, In Ardsley, New York,
1998.
[2] Ver Leonid I.Fituni, CIS: Organizaed Crime and Its Internacional
Activities (1993); Michael D.Lyman, Organizad Crime (1997).
[3] Sentencia T-1012 de 1999 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[4] Sent. C-053 op. cit.
[5] Sentencia C-554 de 2001. MP Clara Inés
Vargas Hernández. Fundamento 3.3.
[6] Sentencia C-392 de 2000 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[7]Sentencia C-267 de 1993. MP Vladimiro Naranjo Mesa.