C-154-07
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-154/07
DETENCION DOMICILIARIA DE MADRE CABEZA DE FAMILIA-Norma que establece que procede solo para
quienes son madres de hijos menores de doce años reduce desproporcionadamente
el esquema de protección prevalente del menor de dieciocho años/DETENCION
DOMICILIARIA DE MADRE CABEZA DE FAMILIA-Concesión a madre de hijo
entre los doce a dieciocho años
Constata la Corte que los criterios
para negar la detención domiciliaria de la madre cabeza de familia no son sus
condiciones personales, sino la edad del menor hijo. Ante el caso de dos madres
cabeza de familia –o padre en similares condiciones-, una con un hijo menor de
12 años y otra con uno mayor de esa edad, el juez de garantías podrá conceder
la protección a la primera, y deberá negarla a la segunda. De hecho, la
aplicación estricta de la disposición impondría que la madre cabeza de familia
que ha recibido el beneficio de la detención domiciliaria lo perdería el día en
que su hijo cumpla los 12 años. Así pues, respecto de las madres cabeza de
familia con hijos mayores de 12 años que no han cumplido los 18, el sacrificio
es palpable: el niño pierde la oportunidad de vivir en su misma casa con la
madre o el padre del que deriva el cuidado necesario. A pesar de que ciertos de
los argumentos esbozados en la demanda sugieren que la necesidad de la
presencia de la madre no es la misma en la temprana edad que a partir de los 12
años, esta Corte considera que la imposibilidad de que la madre asista al
cuidado y crianza de un hijo mayor de 12 años trae serias repercusiones para su
proceso de formación. La expresión “de doce (12) años”, contenida en el numeral
5º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 es inexequible, no porque llanamente
establezca una diferencia de trato entre los menores de 12 años y los mayores
de esa edad, pues dicha diferencia de trato no es prohibida por los textos
constitucionales y, en cambio, algunas normas legales avaladas por la Corte lo
permiten, sino porque esa diferencia de trato en el caso de la norma sub judice
reduce injustificada y desproporcionadamente el esquema de protección
prevalente del menor de 18 años. No obstante, el juez deberá verificar en cada
caso concreto que efectivamente se cumplan las condiciones de desprotección del
menor para conceder el beneficio de la detención preventiva domiciliaria, es
decir, debe tener en cuenta, siempre que analice su procedencia, el interés
superior del menor.
DETENCION DOMICILIARIA DE MADRE CABEZA DE
FAMILIA DE HIJO MENOR DE DIECIOCHO AÑOS-Reglas jurisprudenciales sobre los criterios que debe
tener en cuenta el juez para decretarla/DETENCION DOMICILIARIA DE MADRE O
PADRE CABEZA DE FAMILIA DE HIJO MENOR DE DIECIOCHO AÑOS-Debe negarse cuando
la madre o el padre son procesados por delitos contra la integridad del menor o
la familia/INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Criterio final que debe guiar al
juez al estudiar beneficio de detención domiciliaria de madre o padre cabeza de
familia
Esta Corte debe precisar que la declaratoria de
inexequibilidad del aparte demandado no implica, de ninguna manera, que el
beneficio de la detención domiciliaria deba automáticamente concederse a la
madre o al padre de cualquier menor de 18 años, sin consideración a sus
condiciones fácticas particulares. En ese sentido, corresponde al juez de
control de garantías evaluar la situación del menor cuya madre o padre deben
soportar una medida de aseguramiento, con el fin de determinar si resulta
factible conceder el beneficio de la detención domiciliaria. Sobre este
particular debe decirse que, en primer lugar, es requisito legalmente impuesto
que el menor no cuente con otra figura paterna, es decir, que a quien debe
imponerse la medida de aseguramiento sea la madre cabeza de familia o el padre
que esté en dichas condiciones. En el análisis respectivo debe considerarse,
por supuesto, la definición de madre cabeza de familia consagrada por la Ley 82
de 1993 así como los criterios identificadores suministrados por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, que en esencia son los establecidos
en la Sentencia SU-388 de 2005. De otro lado, la norma establece como requisito
necesario que quien debe soportar la medida de detención preventiva
efectivamente esté al cuidado del menor cuya protección se reclama. La Corte
insiste que el interés superior del menor es el criterio final que debe guiar
al juez en el estudio de la viabilidad del beneficio de la detención
domiciliaria. Por ello, la opción domiciliaria tampoco puede ser alternativa
válida cuando la naturaleza del delito por el que se procesa a la mujer cabeza
de familia, o al padre puesto en esas condiciones, ponga en riesgo la
integridad física y moral de los hijos menores. Así las cosas, si la madre o el
padre cabeza de familia son procesados por delitos contra la integridad del
menor o la familia, por ejemplo, acceso carnal abusivo, el juez de garantías
estaría compelido a negar la detención domiciliaria, pues la naturaleza de la
ofensa legal sería incompatible con la protección del interés superior del
menor.
DETENCION DOMICILIARIA DE MADRE O PADRE
CABEZA DE FAMILIA-Concesión
a madre o padre de hijo con incapacidad física permanente/CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD-Pronunciamiento sobre norma no demandada
A juicio de la Corte, la incapacidad mental permanente
es apenas uno de los tipos de incapacidad que merece protección especial. En
ese sentido, la medida resulta discriminatoria en cuanto que sólo protege a los
discapacitados por razones mentales, dejando en desprotección a los hijos de
personas procesadas que por razones físicas no pueden proveerse lo suficiente
para su cuidado y manutención. En virtud de que la disposición señalada incluye
un criterio de diferenciación que no se compadece con el rango de protección
que ofrece la Constitución Política la Corte considera que el mismo es
contrario a los preceptos fundamentales. Pese a que la norma que aquí se
declara no fue expresamente demandada, esta Corporación considera legítimo
acoger la petición de la Procuraduría en atención al precedente jurisprudencial
aquí anotado. No obstante, en lugar de declarar la exequibilidad condicionada
de la norma, como lo sugiere el Ministerio Público, la Corte declarará la
inexequibilidad de la expresión “mental”, contenida en la misma disposición,
pues con ello se amplía el espectro de incapacidades que pueden ser amparadas
por la ley. De este modo, la remoción de la expresión “mental” permite que
hijos con incapacidad física permanente sean considerados para efectos de la
concesión del beneficio de detención domiciliaria
TRATO DIFERENCIADO ENTRE MENORES DE EDAD-Posibilidad de establecerlo, siempre que
no implique la reducción de la protección prevalente de la Constitución/DERECHOS
DEL NIÑO-Esquema de protección no es igual en todas las edades
El régimen constitucional colombiano admite la
posibilidad de señalar diferencias de trato entre personas menores de edad,
siempre y cuando dichas diferencias no reduzcan el marco de protección
prevalente dispuesto por la Constitución. Tales diferencias -es claro- deben
estar acordes con el grado de formación del individuo. En este aspecto, la
Corporación reconoce que el legislador tiene un margen amplio de valoración,
que, en todo caso, no puede eliminar los estratos mínimos de protección
asegurados ya por la Carta. Ahora bien, del hecho que la Corte haga especial
énfasis en la necesidad de garantizar el esquema prevalente de protección de
los derechos de los niños no se sigue que la Corporación proscriba los
tratamientos diferenciados que implican ciertas graduaciones en los niveles de
protección del menor. De acuerdo con lo dicho precedentemente, el legislador
puede establecer diferencias de trato entre menores de edad, por lo que también
puede establecer distintos grados de protección acordes con el grado de madurez
del niño. Así entonces, es posible afirmar que el esquema de protección de los
derechos de los niños no es igual en todas las edades, no es rigurosamente
equivalente para el que tiene un año que para el que tiene 18; por el
contrario, admite graduaciones, modulaciones y matices sensibles al proceso de
desarrollo del individuo, que en todo caso deben ser estudiadas por el juez en
las circunstancias concretas de la norma.
PREVALENCIA DE LOS DERECHOS DEL
NIÑO-Alcance
PREVALENCIA DE LOS DERECHOS DEL
NIÑO-Armonía
con normas internacionales
DERECHOS DEL NIÑOS-Protección
prevalente no es exclusiva del Estado
PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Reconocimiento en el derecho internacional
PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Constituye la finalidad de toda política pública
DERECHOS DEL NIÑO-Protección
prevalente hasta los dieciocho años
NIÑO-Concepto
NIÑO-Ser humano menor de dieciocho años
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Concepto
DETENCION PREVENTIVA-Definición
DETENCION DOMICILIARIA-Casos en que procede
PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES-Ponderación ante conflicto
JUICIO DE PONDERACION Y DERECHOS DEL NIÑO-Aplicación de examen de constitucionalidad
de mayor rigor cuando se trata de medidas que restringen esquema de protección
del menor
Los derechos de los niños, los que han sido
catalogados por la Constitución Política como fundamentales y prevalentes,
poseen un peso abstracto que debe ser respetado por el intérprete, pues refleja
una intención manifiesta del constituyente que establece un sistema de
protección reforzada de los menores de 18 años. En esa medida, aunque la
presencia de un principio constitucional de cierto peso abstracto no hace
inocuo el juicio de ponderación, sí demarca una clara línea de solución a la
colisión de principios. El juez constitucional reconoce, por tanto, que una
medida que restrinja el esquema de protección del menor, porque limita el goce
de sus derechos fundamentales prevalentes, debe ser sometida a un examen de
constitucionalidad de mayor rigor que establezca si el sacrificio al que se
someten dichas garantías se justifica necesariamente en aras de la satisfacción
de los intereses que se le contraponen. En otros términos, el juicio de
ponderación debe dirigirse a establecer si el sacrificio infligido a los
derechos de los menores es rigurosamente necesario frente al beneficio
perseguido por la norma.
MADRE CABEZA DE FAMILIA-Presupuestos jurisprudenciales para que una mujer sea
considerada como tal
MUJER CABEZA DE FAMILIA-Protección busca amparar a la familia
Referencia: expediente D-6388
Demanda de inconstitucionalidad contra el
numeral 5º (parcial) del artículo 314 de la Ley 906 de 2004
Actor: Miller Alfonso Ramírez Solórzano
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil siente (2007)
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
conformada por los magistrados Doctores Rodrigo Escobar Gil, -quien la preside-
Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño,
Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla Pinilla, Humberto Antonio Sierra
Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere esta sentencia con fundamento
en los siguientes,
I. ANTECEDENTES
El
ciudadano Miller Alfonso Ramírez Solórzano, en ejercicio de la acción pública
de inconstitucionalidad, consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución
Política, demandó la inexequibilidad de la expresión “de doce (12) años”,
contenida en el numeral 5º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, Código de
Procedimiento Penal.
Mediante Auto del 27 de julio de 2006, el
magistrado sustanciador admitió la demanda, dispuso su fijación en lista, y
simultáneamente, corrió traslado al señor Procurador General de la Nación para
que rindiera el concepto de su competencia. En la misma providencia, se ordenó
comunicar la iniciación del proceso al Ministerio del Interior y de Justicia, a
la Defensoría del Pueblo, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y a la Academia
Colombiana de Jurisprudencia.
Una vez cumplidos los trámites previstos en
el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991,
procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.
II.      TEXTO DE LA NORMA ACUSADA
A continuación se
transcribe el texto del artículo acusado, y se subraya y resalta el aparte
demandado.
LEY 906 DE 2004*
(31 de Agosto)
“Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal”.
“Artículo 314. Sustitución de la detención
preventiva. La
detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del
lugar de residencia en los siguientes eventos:
“1. Cuando para el cumplimiento de los fines previstos
para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de
residencia, aspecto que será evaluado por el juez al momento de decidir sobre
su imposición.
“2. Cuando el imputado o acusado fuere
mayor de sesenta y cinco (65) años, siempre que su personalidad, la naturaleza
y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de
residencia.
“3. Cuando a la imputada o acusada le
falten dos (2) meses o menos para el parto. Igual derecho tendrá durante los
(6) meses siguientes a la fecha del nacimiento.
“4. Cuando el imputado o acusado estuviere
en estado grave por enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales.
“El juez determinará si el imputado o
acusado debe permanecer en su lugar de residencia, en clínica u hospital.
“5. Cuando la imputada o acusada fuere
madre cabeza de familia de hijo menor de doce (12) años o que
sufriere incapacidad mental permanente, siempre y cuando haya estado bajo su
cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo
beneficio.
“La detención en el lugar de residencia
comporta los permisos necesarios para los controles médicos de rigor, la
ocurrencia del parto, y para trabajar en la hipótesis del numeral 5º.
“En  todos los eventos el beneficiario
suscribirá un acta en la cual se compromete a permanecer en el lugar o lugares
indicados, a no cambiar de residencia sin previa autorización, a concurrir ante
las
autoridades cuando fuere requerido, y,
adicionalmente, podrá imponer la obligación de someterse a los mecanismos de
control y vigilancia electrónica o de una persona o institución determinada,
según lo disponga el juez”
III.    LA DEMANDA
1.      Normas constitucionales que se
consideran infringidas
Considera el actor que las disposición
acusada vulnera los artículos 13, 44 y 93 de la Constitución Política.
2.      Fundamentos de la demanda
Según el actor, la norma demandada es inconstitucional
porque impide que la madre o el padre cabeza de familia del hijo mayor de 12
años, pero menor de 18, reciba el beneficio de la detención preventiva en el
lugar de residencia, a cambio de la detención en establecimiento carcelario.
A juicio del demandante, la norma desconoce que, para
los efectos legales, todo menor de edad tiene los mismos derechos, por lo que
los menores de 18, pero mayores de 12, deben recibir el mismo tratamiento que
los menores de 12 años. Sostiene que la vulneración no sólo lo es de la
Constitución Política, sino de la Convención sobre los derechos de los niños,
que consagra el mismo trato a todo menor de 18, sin distinciones.
Sostiene que la palabra ‘menor’ debe cobijar a todo
menor de 18 años, por lo que la posibilidad de que la madre o padre cabeza de
familia pueda cumplir su detención preventiva en el lugar de residencia debe
extenderse a todos los casos en que exista un hijo menor de edad.
Según su criterio, se acoge más a la protección al
menor el artículo 4º de la Ley 750 de 2002 que permite la ejecución condicional
de la pena en el lugar de residencia de la madre con hijos menores de edad. Tal
circunstancia se replica en el caso de la Ley 82 de 1993, que beneficia a las
madres de hijos menores de edad.
Aduce que según el artículo 44, los derechos de los
niños se garantizan hasta los 18 años, por lo que los hijos mayores de 12 años
que no han adquirido la mayoría de edad también tienen derecho a la medida
residencial de sus padres. A la misma conclusión se llega si se repara en el
carácter preeminente de los derechos de los niños, reconocido ampliamente por
la Corte Constitucional, una de cuyas sentencias cita in extenso.
IV.
INTERVENCIONES
1.      Intervención
de la Academia Colombiana de Jurisprudencia
En
representación de la Academia en cita, intervino en el proceso el abogado
Fernando Arboleda Ripoll para solicitar a la Corte la declaración de
exequibilidad de la norma acusada.
En criterio
del académico, la norma demandada debe interpretarse en el contexto de la
restricción de los derechos de quienes han transgredido el orden jurídico y
derivan por ese hecho consecuencias negativas y desfavorables en el ámbito de
sus derechos personales y no en el contexto de la regulación de los derechos de
los menores.
Desde esa
claridad, el interviniente asegura que en la medida en que ningún derecho es
absoluto, los de los menores también pueden verse afectados por razones
justificadas. Por ello, la medida atacada busca establecer un límite entre los
menores que podrían verse más afectados por la medida restrictiva de la
libertad de sus padres, que a su juicio, son los menores de 12 años. De
extenderse la protección a los mayores de 12 años, dejaría de ser la norma una
medida efectiva de contención que abriría una zona de inmunidad perjudicial
para las investigaciones penales.
Sostiene que
la privación de la libertad se considerar en el desarrollo jurídico actual como
una medida de excepción. En esa medida, el sistema ha creado alternativas a la
restricción, de las cuales es ejemplo la de la norma demandada. La disposición
en juicio pretende contrarrestar las consecuencias negativas de la privación de
la libertad en el grupo más vulnerable, resolviendo con ello la tensión entre
el cumplimiento de los fines del Estado y la prelación de los derechos de los
niños. Por ello, la norma es a su juicio razonable y proporcionada, pues ha
fijado un tope en la población más vulnerable. La generalización sugerida por
el demandante no es suficiente para declarar inexequible la regulación –dice-,
porque la sola alusión a la condición de menor no es indicativa de referirse a
un parámetro legal que defina esa condición.
Considera
finalmente, no obstante, que de ampliarse la protección referida a todos los
menores de edad, debería imponerse, como ocurre con el artículo 314 del Código,
una potestad discrecional a disposición del juez para que evalúe las
condiciones de cada caso en concreto y establezca la procedencia de la medida, con
lo cual se dotaría al mecanismo de mayor razonabilidad y no se libraría la
resolución al criterio meramente formal de la demanda.
2.
Intervención de la Defensoría del Pueblo
En
representación de la Defensoría del Pueblo, intervino en el proceso la abogada
Karin Irina Kuhfeldt Salazar, con el fin de solicitar a la Corte la declaración
de inexequibilidad de la frase demandada.
A juicio de
la Defensoría, la protección a la familia monoparental surge a propósito de la
protección a la madre cabeza de familia dispensada por la Ley 82 de 1993, que
luego se extendió por vía jurisprudencial al padre cabeza de familia. La
jurisprudencia estableció en esos casos que no se justificaba la discriminación
a los menores bajo el cuidado de sus madres, respecto de aquellos que en las
mismas condiciones estaban bajo la custodia de padres cabeza de familia, por lo
que debe entenderse que las previsiones referidas a las mujeres y padres cabeza
de familia buscan la protección de los derechos de los menores.
Ahora bien,
la Defensoría sostiene que el principio de igualdad obliga al legislador a
conferir trato equivalente a personas puestas en condiciones similares, pero
que puede el juez constitucional juzgar si dicha premisa ha sido respetada. En
el caso de la norma bajo estudio, que tiene antecedente en la Ley 750 de 2002,
la norma establece un trato diferenciado no justificado entre los padres y
madres de hijos menores de 18 años, pero mayores de 12 años y entre los hijos
mismos, respecto de sus padres sometidos a una medida restrictiva de la
libertad.
Sostiene que
las medidas que habilitan un trato diferenciado para los menores buscan elevar
sus prerrogativas, pero la que es objeto de censura no consigna ese propósito.
Indica que el objetivo primordial es velar por el interés del menor,
garantizando la presencia de sus padres, lo cual constituye una realización del
artículo 44 de la Carta Fundamental. Por ello, la norma demandada genera en los
menores edad mayores de 12 años una desprotección que excede los márgenes
constitucionales, pues establece un trato diferenciado no justificado.
En la misma
línea, el artículo 314 establece una diferencia de trato no justificada entre
incapaces mentales y físicos, por lo que la norma también incurre en otra
inexequibilidad que debe ser declarada por la Corte.
3.
Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia
En
representación del Ministerio de la referencia, intervino en el proceso el
Director de Ordenamiento Jurídico del Ministerio, abogado Fernando Gómez Mejía,
para solicitar a la Corte declarar exequible la norma acusada.
Sostiene el
Ministerio que a pesar de que menor de edad es todo menor de 18 años, la
evolución del ser humano obliga a considerar diferentes etapas de madurez que
admiten diferencias de trato. Por ello, la ley demandada pretende amparar a los
menores de 12 años, que considera más vulnerables, y reconoce que quienes han
superado esa edad tienen un grado mayor de madurez que permite un trato
diferenciado.
Desde la
teoría de la educación infantil, el interviniente advierte que a los 12 años el
menor se considera apto para desarrollar operaciones formales de socialización
y que desde temprana edad alcanza capacidades intelectivas, de desarrollo moral
y autorregulación que permiten afirmar que entre los 12 y los 14 años el menor
puede integrarse a la sociedad con el fin de obtener metas personales.
Por las
razones previstas, el Ministerio solicita que se declare la exequibilidad de la
norma demandada.
De manera
extemporánea, intervinieron en el proceso la facultad de jurisprudencia de la
Universidad El Rosario, que solicitó la declaratoria de inexequibilidad de la
norma demandada, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que elevó la
misma petición.
V.      CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
Aceptados los impedimentos presentados por el
Procurador y el Viceprocurador General de la Nación para emitir concepto de
fondo en el asunto de la referencia, la Procuradora Auxiliar para asuntos
constitucionales, Carmenza Isaza Delgado, solicitó a la Corte Constitucional
declarar inexequible la norma acusada, y la exequibilidad condicionada del
resto del artículo.
A juicio de la representante de la Procuraduría, la
finalidad de la norma acusada es la de establecer una alternativa jurídica para
la madre o padre cabeza de familia que tenga que soportar una detención
preventiva, con el fin de proteger los intereses superiores de los niños,
independientes de cualquier otra consideración, es decir, la medida busca hacer
efectivos valores constitucionales como la dignidad de las personas y la
protección a los menores de edad.
Ahora bien, dice la Procuraduría, aunque la madre
cabeza de familia goza de una especial protección, es la primacía de los
derechos fundamentales del menor lo que determina la concesión del beneficio
carcelario. De esta forma, la norma debe interpretarse en el sentido en que los
derechos de los menores han sido entendidos por las normas constitucionales y
las disposiciones internacionales, para lo cual el Ministerio Público cita
varios tratados de ese orden. Igualmente, la protección prevalente de los
derechos de los menores debe considerarse en los términos en que ha sido
tratada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que reconoce la
concesión de beneficios similares como forma de protección de los derechos de
los niños.
En cuanto al contenido de la norma acusada, la
Procuraduría sostiene que los niños menores de 18 años y mayores de 12
comparten con los demás la condición de menores, y deben ser igualmente protegidos
y amparados contra cualquier atentado contra su integridad, lo cual incluye el
derecho a no ser separado de su familia en virtud de lo establecido en la Carta
Política.
Por ello, a juicio de la vista fiscal, la norma
acusada resulta inexequible, pues establece una diferencia de trato que se
establece en razón de la diferencia de edad, lo cual no es admisible a la luz
de los artículos 13, 44 y 93 de la Carta.
Por demás, la Procuraduría advierte que la norma
parcialmente acusada también desprotege al hijo que sufre de incapacidad física
permanente, al cual se deja por fuera del beneficio carcelario conferido a su
padre o a su madre. Dice la Procuraduría que ese menor tiene tanto derecho a la
protección como el que sufre de incapacidad mental permanente, por lo que
requieren del mismo tratamiento jurídico. En tal virtud, solicita a la Corte
declarar exequible la norma, siempre y cuando se incluya en la cobertura de la
detención preventiva domiciliaria los casos de padres o madres cabeza de
familia con hijos pacientes de una incapacidad física permanente.
VI.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia de la Corte
Por dirigirse la demanda contra una disposición que
forma parte una Ley de la República, la Corte Constitucional es competente para
decidir sobre su constitucionalidad, tal y como lo prescribe el artículo 241-4
de la Constitución Política.
2. Problemas jurídicos
El problema jurídico que suscita la presente demanda
de inconstitucionalidad parte de una alegada vulneración del principio de
igualdad constitucional. El actor indica que la norma acusada quebranta el
artículo 13 constitucional porque establece una diferencia de trato,
discriminatoria, entre los mayores de 12 años, pero menores de 18, y quienes
tienen menos de 12 años. Por virtud de la alegada diferencia de trato, la norma
quebrantaría la protección prevalente de los derechos de los niños.
Ahora bien, la diferencia de trato radica en que
mientras las madres cabeza de familia de hijos menores de 12 años pueden
recibir la casa por centro de reclusión preventiva, los mayores de 12 años,
pero menores de 18, no tienen esa ventaja, siendo en esto discriminatorio el
Código Penal, pues además de que el artículo 13 constitucional consagra el
respeto por el principio de igualdad, el artículo 44 de la Carta establece un
trato similar a todos los menores de edad, es decir, a todos aquellos
individuos menores de 18 años,
La Corte precisará, en primer lugar, el alcance de la
protección de los derechos de los niños, para luego centrarse en el tratamiento
diferencial que la disposición acusada confiere a los mayores de 12 años. En
dicho punto estudiará si ese trato es justificado, para lo cual hará referencia
a la posibilidad de distinción jurídica entre menores de edad. Posteriormente
analizará si el trato conferido resulta proporcional y si afecta el esquema de
protección prevalente de los derechos de los menores.
3. Derechos fundamentales de los niños
La prevalencia de los derechos de los niños es una de
las características más sobresalientes del régimen constitucional colombiano.
La jurisprudencia constitucional se ha encargado de resaltar, cada vez con más
énfasis, el carácter preeminente de los derechos de los niños, que no sólo se
deriva de su expresa consagración constitucional, sino de numerosas normas de
derecho internacional que se han integrado al bloque de constitucionalidad como
parámetro de interpretación del ordenamiento jurídico colombiano.
El artículo 44 de la Constitución Política advierte
que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Dicha
preeminencia se traduce en el ascenso a categoría de fundamentales de derechos
que en el caso de los adultos no tienen ese rango. Igualmente, se manifiesta en
el énfasis de promoción de ciertos aspectos cruciales para su desarrollo: la
pertenencia a una familia, una alimentación equilibrada, el cuidado, el amor,
la educación y la cultura. Por último, la prevalencia jurídica de estos
derechos compromete al Estado en la protección de los niños contra toda forma
de abandono, abuso, violencia, secuestro, venta, explotación laboral,
económica, trabajos riesgosos, etc.
La protección prevalente de los derechos de los niños
no es responsabilidad exclusiva del Estado. Los padres, comprometidos con ello
por el artículo 42 constitucional, están obligados a sostener y educar a sus
hijos, mientras sean menores de edad, aunque para ello también reciban el apoyo
la sociedad y las autoridades estatales (art. 44). En la misma línea, el
artículo 52 de la Carta Política compromete al legislador en el diseño de
políticas de protección para los menores trabajadores, al tiempo que el
artículo 67 lo obliga a “garantizar el adecuado cubrimiento del servicio
[educativo] y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso
y permanencia en el sistema”.
Igualmente, el artículo 45 involucra a los
adolescentes en los procesos de participación ciudadana, cuando se les permite
hacer parte de organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección,
educación y progreso de la juventud. Por virtud del artículo 356 de la Carta,
el Estado se compromete a destinar los recursos del situado fiscal a financiar
la educación preescolar, primaria, secundaria y media, y la salud, en los
niveles que la ley señale, con especial atención a los niños, y el artículo 50
del mismo estatuto prescribe atención gratuita en todas las instituciones de
salud para los niños menores de un año.
El espectro normativo constitucional se amplía con las
normas internacionales que por disposición de la propia Carta ingresan al
régimen de protección de los derechos de los niños. Tal como lo indica el
artículo 44 de la Constitución, los niños gozarán también de los demás derechos
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales
de los cuales Colombia es Estado parte y se encuentran en vigencia
internacional.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
establece en su artículo 25-2 que “La maternidad y la infancia tienen derecho
a cuidados y asistencia especiales”, y que “todos los niños, nacidos de
matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.
La norma se replica en la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, en donde se
indica que los niños gozarán de una “protección especial y dispondrá de
oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios,
para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en
forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al
promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá
será el interés superior del niño.” (art. 2º ob.cit.)
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos –integrado a la legislación interna mediante la Ley 74 de
1968-, establece en su artículo 24 que todos los niños tienen “derecho, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de
protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia
como de la sociedad y del Estado”.
En la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989 y ratificada por Colombia mediante Ley 12 de 1992, al
reconocer que, por sus condiciones particulares, el niño es un ser humano en
estado de inmadurez física y mental que necesita “protección y cuidado
especiales, incluso la debida protección legal,  tanto antes como después del
nacimiento", y que la familia, “como grupo fundamental de la
sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus
miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia
necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la
comunidad”, prescribió que es deber de los Estados Partes (art. 2º)
respetar los derechos a que se refiere dicha convención, asegurando su
aplicación para cada niño sujeto a la jurisdicción de aquellos, “sin
distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma,
la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o
social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes
legales”.
Así mismo, dispuso que “[l]os Estados Partes
tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea
protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la
condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus
padres, o sus tutores o de sus familiares”.
A la lista brevemente esbozada se suman el  Convenio
relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción
internacional, hecho en La Haya, el 29 de mayo de 1993 (Ley 265 de 1996),  la
Declaración de Ginebra sobre Derechos del Niño, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica aprobado mediante la Ley 16
de 1972, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[1]
–Ley 74 de 1968- y el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales "protocolo
de San Salvador", aprobado por Colombia mediante Ley 319 de 1996[2].
Finalmente, la jurisprudencia ha realizado una
integración sistematizada de los principios y reglas pertinentes, que no sólo
sirve como referente para la resolución de conflictos jurídicos concretos, sino
que ofrece una guía para que las autoridades administrativas ajusten su
comportamiento a la realización de dichos preceptos.
En ejercicio de su función hermenéutica, la Corte
Constitucional ha precisado que el modelo Social de Derecho asigna al Estado el
fin esencial de adoptar acciones “que permitan a los menores de edad
alcanzar un desarrollo armónico e integral, en los aspectos de orden biológico,
físico, síquico, intelectual, familiar y social. La población infantil es
vulnerable y la falta de estructuras sociales, económicas y familiares
apropiadas para su crecimiento agravan  su indefensión”.[3]
La Corte agregó que los niños constituyen un grupo de
atención especial al cual deben dirigirse políticas abiertamente
proteccionistas, pues no de otra manera se garantiza que sus derechos,
ejercidos usualmente en condiciones de vulnerabilidad, se hagan realmente
efectivos. Sobre el tópico, la Corte sostuvo:
“Son considerados como grupo destinatario
de una atención especial estatal que se traduce en un tratamiento jurídico
proteccionista, respecto de sus derechos y de las garantías previstas para
alcanzar su efectividad. Así, logran identificarse como seres reales, autónomos
y en proceso de evolución personal, titulares de un interés jurídico superior
que irradia todo el ordenamiento jurídico y que, en términos muy generales,
consiste en lo siguiente:
‘(...) se trata de un principio de
naturaleza constitucional que reconoce a los menores con una caracterización
jurídica específica fundada en sus derechos prevalentes y en darles un trato
equivalente a esa prelación, en cuya virtud se los proteja de manera especial,
se los defienda ante abusos y se les garantice el desarrollo normal y sano por
los aspectos físico, sicológico, intelectual y moral, no menos que la correcta
evolución de su personalidad (Cfr. sentencias T-408 del 14 de septiembre de
1995 y T-514 del 21 de septiembre de 1998).’.”  (Sentencia C-1064 de 2000 M.P.
Álvaro Tafur Galvis)
Las anteriores referencias permiten concluir que la protección
de los derechos de los menores ocupa un lugar privilegiado en el sistema
jurídico nacional y que, en tanto que sus derechos son preeminentes, la
garantía de sus intereses debe primar en la resolución de los conflictos
jurídicos.
Esta garantía de preeminencia ha sido aceptada por el
derecho internacional en una expresión que usualmente opera como principio de
interpretación y criterio definitorio de asuntos contenciosos: el interés
superior del menor.
En efecto, tal como se desprende del artículo 3º de la
citada Convención sobre los Derechos del Niño -Ley 12 de 1991-:
“1.  En todas las medidas concernientes a
los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social,
los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
conside­ración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
A juicio de la Corte, la referida disposición es “una
norma que condiciona el actuar de la totalidad del Estado, así como de las
instituciones privadas de bienestar social, a la hora de tomar decisiones en
las que se vean afectados niñas y niños; siempre se ha de considerar,
primordialmente, el interés superior del niño.[4]”[5]
Dicho de otro modo, el interés superior del menor “se
revela como un principio, el cual implica una forma de comportamiento
determinado, un deber ser, que delimita la actuación tanto estatal como
particular en las materias que los involucra, el cual obtiene reconocimiento en
el ámbito del ordenamiento jurídico internacional como en el nacional.”[6]
Aunque dicho concepto es amplio, y la protección
concreta depende de la valoración de las circunstancias fácticas del caso,
resulta innegable que el interés superior del menor constituye la finalidad de
toda política pública pertinente y se erige en  referente teleológico de toda
decisión de autoridad que implique la preservación de los derechos de los
niños.
Así se expresó la Corte a propósito de ese concepto:
“las autoridades administrativas y judiciales
encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos
particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar,
en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las
circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que
mejor satisface dicho interés; lo cual implica también que dichas autoridades
tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación
del bienestar integral de los menores que requieren su protección – deberes que
obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un
grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus
decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de
desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier
decisión que no atienda a sus intereses y derechos.” (Sentencia T-397 de 2004
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)
Por último, el Congreso de la República aprobó
recientemente la Ley 1098 de 2006, por la cual adoptó el Código de la Infancia
y la Adolescencia. El citado estatuto consagra desde sus primeros artículos el
interés por extender la protección del menor, precisando que la finalidad de
dichas normas es la de garantizar “a los niños, a las niñas y a los
adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la
familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.
Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin
discriminación alguna.”(art. 1º )
La Ley indica que para todos los efectos de su
aplicación, “son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de
18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se
entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por
adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad.”(art. 2º), y que en la
ejecución de sus medidas, que son de orden público y de carácter irrenunciable,
“los principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán de preferencia a
las disposiciones contenidas en otras leyes”(art. 5º).
De igual forma, la Ley en cita señala la aplicación
más favorable de la norma, siempre acorde con el interés superior del menor
(art. 6º) y consagra de manera expresa el concepto de Protección integral,
definido como aquél reconocimiento como “sujetos de derechos, la
garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o
vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del
principio del interés superior. La protección integral se materializa en el conjunto
de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos
nacional, departamental, distrital y municipal l con la correspondiente
asignación de recursos financieros, físicos y humanos” (art. 7º ). La Ley
1098 recoge igualmente el concepto de interés superior del menor (art.8°), al
advertir que aquél es “el imperativo que obliga a todas las personas a
garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos,
que son universales, prevalentes e interdependientes.” En cuanto a la
prevalencia de los derechos de los niños, el artículo 9º señala que “En todo
acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que
deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes,
prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus
derechos fundamentales con los de cualquier otra persona” a lo cual agrega
que en caso de conflicto “entre dos o más disposiciones legales,
administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés
superior del niño, niña o adolescente.
De lo dicho se tiene entonces que los derechos y
garantías de los niños son prevalentes, es decir, merecen un tratamiento
prioritario respecto de los derechos de los demás. En Colombia, esta prioridad
rige hasta los 18 años, pues es el límite en que la Constitución fijó el inicio
de la mayoría de edad. Los tratados internacionales autorizan a los Estados
para definir la mayoría de edad[7], y el parágrafo del
artículo 98 de la Carta decidió que la misma fuera 18 años.
4. Quiénes son menores de edad. Legitimidad del trato
diferencial
Partiendo de la base de que menor es todo individuo
que no ha cumplido 18 años, la Corte Constitucional ha precisado que la
vigencia prevalente de los derechos y garantías del menor se extiende hasta el
cumplimiento dicha edad. Por ello, toda persona menor de 18 años tiene derecho
-sin distinción alguna- a reclamar de las autoridades y la sociedad el
tratamiento privilegiado que otorga la Constitución.
El énfasis de la Corte en que se entienda que la
protección preeminente de los derechos de los niños es una prerrogativa que
dura hasta los 18 años no es inmotivado: la existencia de normas
constitucionales que otorgan resguardo especial a los niños menores de un año
(art 50 C.P.), que precisan ciertos privilegios a favor de los adolescentes
-respecto del acceso a mecanismos de participación política (art. 45 ídem)- y
que obligan al Estado, la sociedad y la familia a responsabilizarse de la
educación de los niños entre los cinco y los quince años de edad (art. 67 ídem)
obligaron a la Corte a puntualizar que dichas singularidades de trato no
implican detrimento del esquema prevalente de derechos de los niños, pues todo
menor de 18 años goza del mismo estatus de protección. La  apreciación natural
de que la condición de los infantes no es la misma que la de los jóvenes
también condujo a que la Corte recalcara que la protección prevalente de los
derechos de los menores rige hasta los 18 años.
Sobre este particular se dijo en su oportunidad:
“El artículo 44 de la Constitución
establece los derechos fundamentales de los "niños", entre los cuales
se destacan el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a la
seguridad social, a la alimentación equilibrada, al cuidado, a la educación, a
la cultura y a la recreación y todos los demás derechos consagrados en la
Carta, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Colombia. Así
mismo, dispone que deben ser protegidos contra toda forma de abandono,
violencia, explotación laboral, y consagra la obligación de la familia, la
sociedad y el Estado de asistir y proteger al niño para garantizar su
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, afirmando,
en el aparte final, que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos
de los demás.
“Para efectos de determinar cuáles son los
sujetos pasivos a quienes cubre este precepto superior, es necesario definir
qué se entiende por niño, ya que la Constitución diferencia entre niño,
adolescente y menor, sin definir el alcance de estas expresiones.
(…)
“En este orden de ideas, dado
que se trata de un saber jurídico que admite conceptos diversos y teniendo en
cuenta la falta de claridad respecto de las edades límites para diferenciar
cada una de las expresiones (niño, adolescente, menor, etc.), la Corte, con un
gran sentido garantista y proteccionista ha considerado que es niño, todo ser
humano menor de 18 años, siguiendo los parámetros de la Convención sobre los
Derechos del Niño, aprobada mediante Ley 12 de 1991, que en su artículo 1º establece:
‘Para los efectos de la
presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho
años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya
alcanzado antes la mayoría de edad.’
“Igualmente, el artículo 3 del Convenio Relativo a la
Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional,
aprobada mediante la Ley 265 de 1996, las normas de protección del niño se
entenderán aplicables hasta los 18 años de edad, en los siguientes términos:
(…)
“Con base en lo anterior, esta
Corporación ha sostenido que "en Colombia, los adolescentes poseen garantías propias
de su edad y nivel de madurez, pero gozan de los mismos privilegios y derechos
fundamentales que los niños, y son, por lo tanto, "menores" (siempre
y cuando no hayan cumplido los 18 años)"[8] En consecuencia, la protección constitucional
estatuida en el artículo 44 C.P. en favor de los "niños" ha de
entenderse referida a todo menor de dieciocho años[9]”[10].
(Sentencia C-092
de 2002
M.P. Jaime Araujo Rentaría) (subrayas fuera del original)
De la jurisprudencia constitucional transcrita
resaltan dos aspectos que deben tenerse en cuenta: primero, que la distinción
que la Constitución hace entre niños y adolescentes no desvirtúa la prevalencia
de los derechos de los menores de 18 años, por lo que el esquema de protección
especial cobija a todos los individuos que se encuentran en esa franja
cronológica[11]. En otros términos, que
el legislador puede establecer diferencias de trato entre sujetos que tienen
menos de 18 años, pero que dicha diferencia no puede perjudicar el esquema de
protección del menor. El legislador está autorizado para conferir un trato
distinto a niños de edades distintas, si dicho trato persigue enfatizar un
aspecto de protección necesario para una edad específica o para permitir que el
niño, de acuerdo con su nivel de formación, acceda a escenarios jurídicos
acordes con su edad. Por esta razón la providencia en cita fue contundente al
advertir que “la distinción entre niño y
adolescente, no se hizo para efectos de la prevalencia de sus derechos, sino de
la participación.”[12].
A la misma conclusión llegó la Corte en la Sentencia
C-203 de 2005[13], cuando estudió la
exequibilidad del artículo 19 de la Ley 782, que regula el tema de la
incorporación al conflicto armado de menores de edad, por parte de organismos
ilegales armados. La Corte Constitucional precisó que las diferencias de trato
conferidas por los instrumentos internacionales a los menores de edad, según su
edad de maduración, no reducían el espectro de protección prevalente fijado por
la Carta, pues sólo operaban como puntos de referencia para determinar el
énfasis y el sentido en que dicha protección tenía que ofrecerse. La Corte
admitió que el trato diferenciado a menores de edad no implica necesariamente
un rompimiento de su estructura de protección constitucional, por lo que
sostuvo lo siguiente:
“…la referencia a diferentes límites de
edad (12, 15 o 18 años), así como la referencia a otros términos como
adolescentes o menores, no implican que exista una definición específica de
“niño” para cada regla individual de Derecho Internacional Humanitario; se
trata de criterios incorporados por los redactores de estos textos para indicar
distintas condiciones de vulnerabilidad de conformidad con las etapas de
desarrollo de las personas, que por lo mismo deben ser interpretados con una
adecuada flexibilidad, dependiendo de las condiciones individuales de
desarrollo de cada menor[14], siempre aplicando el
principio pro infans. Así, no son medidas de protección especial
diferenciada en función de la edad, sino criterios para que quienes aplican las
normas –con la flexibilidad y la sensibilidad por el interés superior del menor
del caso- tengan referentes objetivos a los cuales acudir para establecer el
grado específico de protección reforzada a la que tiene derecho un menor de
edad.”. (Sentencia C-203 de 2005 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)
(subrayas fuera del original)
El segundo punto que debe tenerse en cuenta se halla
implícito en la conclusión anterior: el régimen constitucional admite la
distinción jurídica entre individuos menores de edad, según su grado de
madurez. En otras palabras, no es contrario al régimen constitucional el
tratamiento diverso de niños entre 0 y 18 años, siempre y cuando, como se
infiere de la premisa inicial, dicha distinción no implique la reducción de la
protección prevalente.
Tal como se esbozó previamente, es el propio régimen
constitucional el que señala que los niños menores de un año deben recibir
atención de salud gratuita en cualquier institución de salud (art. 50); se
deriva de la Carta que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar la
educación de los menores de 5 a 15 años (art. 67) y se desprende del mismo
texto que se garantiza a los adolescentes la participación activa en los
organismos públicos y privados que tengan a cargo la promoción de los derechos
de la juventud (art. 45).
Además, de la interpretación que por vía de autoridad
hace de la Carta Política, la Corte Constitucional ha aceptado que el régimen
jurídico legal establezca distinciones de trato entre sujetos cuyo común
denominador es la minoría de edad. Sobre dicho tópico la Corte afirmó:
“…el Constituyente en
uso de su poder soberano, realizó distinciones al interior de los llamados
menores de edad.  Dicha distinción, corresponde a las diferentes características
que hacen parte de un determinado grupo de menores de edad.
(…)
“…se puede aseverar
que en concordancia con la Convención de Derecho del Niño, el Estado Colombiano
establece la mayoría de edad a los  dieciocho ( 18 ) años.  No obstante, es
claro que la Constitución Colombiana hace distinciones al interior de los
menores de edad; dichas diferenciaciones se efectúan debido a las particulares
condiciones de cada grupo protegido, que además los permite singularizar
respecto de los restantes menores de dieciocho ( 18 ) años”.
Al señalar que la Constitución habilitó distinciones
de trato entre menores de edad, la Corte entendió que el constituyente había
sido sensible al proceso de formación del niño. El despliegue de las distintas
etapas de desarrollo del individuo no sólo permite, sino que obliga al
legislador a ofrecer tratamientos jurídicos acordes con su grado de
crecimiento. Por ello, no sólo la Constitución, sino la ley, incluyen en su
esquema normativo disposiciones sintonizadas con los distintos estadios de
madurez del menor, que responden a sus necesidades naturales, a su condición
física y mental y a sus requerimientos sociales. En otras palabras, para que la
protección del menor sea plena, el legislador debe regular el régimen del menor
de acuerdo con sus diferentes etapas de formación.
Por esto, la Corte ha dicho que la Constitución
reconoce “derechos a los menores en general, pero también a subgrupos de
‘niños’ de acuerdo a su edad y madurez, como por ejemplo los ‘adolescentes’
(art. 45, CP) y ‘los niños menores de un año’ (art. 50, CP). Concretamente, la
Carta Política reconoce al ‘adolescente’ los derechos  (i) ‘a la pro­tección’
y  (ii) ‘a la for­mación inte­gral’ (art. 45, CP).”, a lo cual agregó:
“Los derechos y garantías reconocidas en
convenios internacionales a los “ni­ños” también son aplicables a los
“adolescentes”.[15] La Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN), en especial el artículo 5°, establece que los ado­lescen­tes
deben ser reconocidos como personas con plenos derechos, que tienen la
capacidad de ser ciudadanos responsables con la guía y dirección adecuada.
Dentro de las medidas administrativas, legislativas y de otra índole que
Colombia debe adoptar para dar efectividad a los derechos reconocidos a los adolescentes,
según el Comité sobre los Derechos del Niño,[16] los estados
deben asegurar que estas medidas sean adop­ta­das en la legislación nacional,
incluyendo las edades mínimas para  (i) consen­tir tener relaciones
sexuales,  (ii) casarse y  (iii) recibir un tratamiento médico
sin el consen­timiento de los padres. El Comité sobre los Derechos del Niño
precisa que según el artículo 2° de la Convención estas “edades mínimas”
deben ser iguales para los ado­lescen­tes y para las adolescentes, y deben ser
fijadas de acuerdo a al desarrollo del niño según los criterios de edad
y madurez.” (Sentencia C-507 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)
Este reconocimiento ha servido de base a varios
pronunciamientos judiciales que declararon exequibles ciertas normas jurídicas
que, atendiendo al grado de desarrollo del menor, establecieron diferencias de
trato según la edad cronológica del niño.
Así, sólo para resaltar algunos ejemplos, en providencia
C-507 de 2004 la Corte Constitucional declaró parcialmente exequible el
artículo 140 del Código Civil que establece la edad mínima para contraer
matrimonio. Aunque la sentencia retiró del ordenamiento la edad de doce años
como edad núbil de la mujer, en dicha ocasión la Corte aceptó la posibilidad de
que la ley fije una edad mínima para contraer matrimonio, pues consideró que,
en reconocimiento de ciertos factores biológicos, sicológicos y sociales, el
legislador puede establecer diferencias de trato entre los menores de edad, por
lo cual puede señalar los catorce años como una edad en que las condiciones de
madurez del individuo le  permiten asumir las obligaciones conyugales.
Previamente, sobre el mismo tópico, la Corte
Constitucional había encontrado ajustado a la carta el señalamiento de una edad
mínima de emancipación sexual, al declarar exequibles los deli­tos de ‘acceso
carnal abusivo con menor de catorce años’[17] y
‘corrupción’[18] del Código Penal de
1980, en el entendido de que “(…)no se cometen los delitos plasmados en
ellos cuando el acceso carnal o los actos sexuales diversos del mismo se ten­gan
con mujer mayor de doce (12) años con la cual se haya contraído previa­mente
matrimonio o se haya conformado con anterioridad una familia por vínculos
naturales, según lo previsto en el artículo 42 de la Constitución.”
En esa ocasión, la Corte sostuvo que las disposiciones
acusadas aseguraban y garantizaban la aplicación de normas internacionales de
protección al menor, al impedir que los menores de 14 años manifestaran
voluntariamente su decisión de ejercer la sexualidad. En el fallo, la Corte
admitió implícitamente la necesidad de introducir diferencias de trato entre
los menores de edad, al reconocer que los menores de 14 años (12 para las
mujeres que para la época contrajeran matrimonio) adolecían de la falta de
madurez necesaria para consentir el acto sexual.
En similares condiciones, esta Corporación declaró
ajustado a la Constitución el señalamiento de una edad mínima para acceder al
mercado laboral, al declarar exequible el artículo 238 Decreto 2737 de 1989
-Código del Menor- -Sentencia C-170 de 2004[19]-. La
disposición en cita consigna la prohibición de permitir el trabajo de los
menores de 14 años, preceptiva que la Corte consideró acorde con la protección
de los derechos de los niños, pese a permitir que los que hubieren pasado dicha
edad pudieran ingresar al mercado laboral. Por supuesto, la Corte entendió que
la permisión laboral para mayores de 14 años debía entenderse condicionada por
el cumplimiento de las condiciones fácticas y jurídicas necesarias para
garantizar la protección de los intereses e integridad de los menores,
previstas en los artículos 2-4°, y 2-5°, del Convenio 138 de la OIT, en armonía
con los artículos 44 y 67 de la Carta (fundamento 33 de la Sentencia).
Con todo, en la citada providencia la Corte avaló la
posibilidad de que, incluso niños mayores de 12 años pudieran trabajar en
circunstancias especialísimas, si dichos trabajos, restringidos en los términos
de la sentencia, no implicaban una interrupción de su proceso de
escolarización. Por ello, respecto de dichos menores, la Corte advirtió que “también
se encuentra ajustado a la Constitución Política que de manera excepcional y bajo
estrictas condiciones las autoridades respetivas autoricen a niños mayores de
doce (12) años y menores de catorce (14) para ejecutar trabajos ligeros,
siempre que en éstos se garanticen la escolaridad y no se perjudique su salud o
desarrollo. Pero, en apoyo de lo anterior, es igualmente claro que, por ningún
motivo, se puede autorizar o permitir el trabajo para los menores de doce (12)
años”.
De igual forma, en Sentencia C-157/02, la Corte
Constitucional estudió la exequibilidad del artículo 153 de la Ley 65 de 1993,
que habilita la permanencia de menores de edad en los establecimientos de
reclusión en que estuvieren confinadas sus madres. La disposición establece que
dicha permanencia puede extenderse hasta los 3 años[20],
tiempo en que, a juicio del tribunal, el niño requería con mayor prioridad de
la presencia de su madre. La sentencia avaló la decisión del legislador de
impedir que el niño permaneciera en el centro de reclusión después de los 3
años, pues dicha reclusión atentaba contra sus derechos fundamentales en cuanto
alteraba su proceso de formación. Del fallo citado se infiere que la Corte
admitió la diferencia de trato entre menores y mayores de 3 años, atendiendo a
las condiciones de maduración y desarrollo del menor.
Un ejemplo adicional y contundente lo ofrece la
Sentencia C-534 de 2005[21], por la cual la Corte
estudió -entre otros- el  tema de la capacidad jurídica de los menores. Aunque
los argumentos principales de la Corte se refirieron a la diferencia de trato
sobre la base de la diferencia de género, la Corporación admitió en sus
reflexiones la legitimidad de la distinción jurídica entre los menores de edad
de acuerdo a su desarrollo cronológico. La Corte, en consecuencia, avala las
distinciones hechas por la ley entre infante, impúber y menor adulto, por
considerar que la gradación de la regulación según el estadio formativo del
niño constituye una garantía de la defensa de sus derechos, al permitir la
adecuación de su capacidad jurídica al grado de desarrollo de sus condiciones
intelectivas y volitivas. Sobre dicho particular la Corte sostuvo:
“Tal como lo viene exponiendo la Sala y
como lo presenta el demandante y el Ministerio Público, la incapacidad por
razón de la edad (los infantes, impúberes y menores adultos) resulta ser una
institución protectora del estado de minoridad. Esto es, si el tráfico jurídico
de los intereses económicos obedece a la lógica de defender los propios, dicho
tráfico no puede darse en condiciones desiguales. Y si además, la igualdad de
condiciones para su ejercicio depende en gran medida de la suficiencia con la
que se reflexione y se valoren las consecuencias jurídicas de participar en
estas actividades, se hace necesario que las etapas propias del aprendizaje, formación
e instrucción según la edad (entre otras variables), sean tenidas en cuenta
por el legislador como criterio para diferenciar a los sujetos que pretenden
negociar jurídicamente”. (Sentencia C-534 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto)
Así entonces, de las citas y consideraciones previas
se impone que el régimen constitucional colombiano admite la posibilidad de
señalar diferencias de trato entre personas menores de edad, siempre y cuando
dichas diferencias no reduzcan el marco de protección prevalente dispuesto por
la Constitución. Tales diferencias -es claro- deben estar acordes con el grado
de formación del individuo. En este aspecto, la Corporación reconoce que el
legislador tiene un margen amplio de valoración, que, en todo caso, no puede
eliminar los estratos mínimos de protección asegurados ya por la Carta.
Al respecto vale la pena reiterar lo dicho por la
Corte en la citada Sentencia C-507 de 2004[22], al advertir
que si bien “el legislador dispone de un margen de apreciación de las
circunstancias y de configuración en el diseño de las normas de protección de
los menores, los medios que escoja deben ser efectivamente conducentes para
alcanzar los fines específicos de protección y no excluir las medidas
necesarias e indispen­sables para lograr tales fines. La Constitución exige que
en cualquier circuns­tan­cia el Estado adopte las normas que aseguren unos
mínimos de protección”.
Ahora bien, del hecho que la Corte haga especial
énfasis en la necesidad de garantizar el esquema prevalente de protección de
los derechos de los niños no se sigue que la Corporación proscriba los
tratamientos diferenciados que implican ciertas graduaciones en los niveles de
protección del menor. De acuerdo con lo dicho precedentemente, el legislador
puede establecer diferencias de trato entre menores de edad, por lo que también
puede establecer distintos grados de protección acordes con el grado de madurez
del niño.
Así, por ejemplo, las normas que impiden que el menor
de 12 años realice cualquier actividad laboral son claramente más
proteccionistas que las que permiten que el mayor de 12 años lo haga. No
obstante, esa diferencia en el grado de protección no necesariamente implica un
deterioro, un menoscabo o un perjuicio del esquema de protección de que se
viene hablando, puesto que dicha graduación puede ser interpretada como una
regulación de la intensidad de la protección que se ofrece a los niños, de
acuerdo con el desarrollo de sus capacidades motrices, sociales e
intelectuales. Así, del hecho de que una norma ofrezca una graduación en el
nivel de protección del derecho del niño no se sigue que la misma sea
violatoria, per se, del esquema de protección señalado. Si así fuera, la
Corte habría tenido que declarar inexequible la norma que sólo permitía la
permanencia en el sitio de reclusión de su madre de los menores de 3 años, por
impedirla respecto de los mayores de esa edad, lo cual habría resultado
francamente incompatible con los estadios de formación del infante.
Así entonces, gracias a estas conclusiones es posible
afirmar que el esquema de protección de los derechos de los niños no es igual
en todas las edades, no es rigurosamente equivalente para el que tiene un año
que para el que tiene 18; por el contrario, admite graduaciones, modulaciones y
matices sensibles al proceso de desarrollo del individuo, que en todo caso
deben ser estudiadas por el juez en las circunstancias concretas de la norma.
5. Insuficiencia del análisis constitucional a partir
del exclusivo criterio del derecho a la igualdad
La diferencia de trato a menores que por sus
condiciones cronológicas se encuentran en desigualdad de condiciones fácticas,
antes que ser contraria al principio constitucional de igualdad, resulta
precisamente acorde con su fórmula más elemental de reconocimiento. La Corte
Constitucional ha sostenido reiteradamente que el principio de igualdad
constitucional impone la necesidad de trato desigual a situaciones desiguales,
y de trato equivalente a situaciones similares.[23]
Dicha obligación no sólo compromete a las autoridades administrativas respecto
del tratamiento concreto que debe dar a los individuos (denominada igualdad de
trato ante la ley[24]), sino al legislador, en
el diseño de disposiciones generales que identifiquen y asignen consecuencias
jurídicas distintas a situaciones diversas, o equivalentes, a supuestos de
hecho similares[25]. En tal medida, es en
principio justificado que el legislador otorgue un tratamiento diverso a
menores de edad que por sus diferencias naturales merecen una regulación
particularizada.
En estas condiciones, la simple denuncia de una
diferencia de trato entre menores que no han cumplido los 18 no constituye
argumento suficiente para sustentar una vulneración de preceptos
constitucionales.
En el caso de la norma demandada, el actor sostiene
que la misma es inconstitucional porque ofrece un tratamiento diverso a un
grupo específico de menores de edad, en contravía del principio de igualdad contenido
en el artículo 13 de la Carta Política, dando a entender con ello que todos los
menores están llamados a recibir un trato igualitario de la ley. No obstante,
de lo dicho precedentemente, esta Corporación concluye que la simple
desigualdad en la ley no constituye argumento alguno de inconstitucionalidad,
pues el legislador está habilitado para ofrecer énfasis distintos de protección
a favor de los menores de edad, según su nivel de formación y las necesidades
propias de su edad.
Con todo, quedó visto en la jurisprudencia precedente
que independientemente de que los menores puedan ser tratados de manera diversa
-acorde con su estado de formación- el legislador no puede reducir, quebrantar
ni desmejorar el esquema de protección a que se refiere el artículo 44, cuando
prescribe que los derechos de los menores prevalecen sobre los demás. Por ello
resulta pertinente reiterar que a juicio de la Corte “la distinción entre niños y adolescentes  en los artículos
44 y 45 superiores, no fue  la de excluir a estos últimos  de la protección
integral otorgada a la niñez, sino de  ofrecerles espacios de  participación
respecto de las decisiones que los conciernen”[26].”[27]
En ese plano de discusión, esta Corporación se ve
obligada a estudiar la exequibilidad de la norma, no desde la sola perspectiva
de la vulneración del principio de igualdad, que por lo dicho antes no
encuentra suficiente fundamento en la doctrina constitucional correspondiente,
sino desde el punto de vista de la posible reducción del esquema de protección
prevalente de los mayores de 12 años, que no han cumplido los 18.
Para hacerlo, esta Sala debe analizar la finalidad de
la norma objeto de estudio, así como los intereses involucrados en sus
disposiciones, a fin de establecer si la misma ofrece un tratamiento ilegítimo
al grupo de los menores de edad mayores de 12 años, al reducir o limitar el
esquema de protección prevalente dispuesto por las normas de la Carta.
6. Descripción y objetivos de la norma demandada
La norma acusada regula la concesión de la detención
preventiva domiciliaria frente a la existencia de hijos menores de 12 años. La
Corte se ocupará de analizar cada uno de los aspectos de esta regulación.
De conformidad con el artículo 307 de la Ley 906 de
2004, la detención preventiva es una medida de aseguramiento privativa de la
libertad. En primer lugar, la Corte Constitucional ha definido las medidas de
aseguramiento como uno de los tipos de medidas cautelares. “es decir, de
aquellas disposiciones que por petición de parte o de oficio, dispone la
autoridad judicial sobre bienes o personas, cuyo objeto consiste en asegurar el
cumplimiento cabal de las decisiones adoptadas en el proceso, garantizar la
presencia de los sujetos procesales y afianzar la tranquilidad jurídica y
social en la comunidad,  bajo la premisa por virtud de la cual, de no proceder
a su realización, su propósito puede resultar afectado por la demora en la
decisión judicial”[28].
En concreto, la detención preventiva es una medida
cautelar que busca asegurar a las personas sindicadas de haber cometido un
delito para evitar su fuga y garantizar la efectiva investigación, juzgamiento
e imposición de la pena en caso de llegar a desvirtuarse la presunción de inocencia
y determinarse la responsabilidad penal del sindicado[29].
En el caso de la Ley 906, el artículo 308 del dicho
estatuto señala las condiciones en que dicha detención puede ser ordenada. La
norma asigna al juez de control de garantías la función de verificar el
cumplimiento de los requisitos necesarios para imponerla, a partir del análisis
del material probatorio depositados en el expediente.
Artículo 308. Requisitos. El juez de
control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su
delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos
materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la
información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado
puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre
y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:
1. Que la medida de aseguramiento se
muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio
de la justicia.
2. Que el imputado constituye un peligro
para la seguridad de la sociedad o de la víctima.
3. Que resulte probable que el imputado no
comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.
Verificados los requisitos del artículo 308 de la Ley
906, el legislador dispone que debe ordenarse la detención preventiva en
establecimiento carcelario si adicionalmente se configuran las circunstancias
contenidas en el artículo 313 de la Ley 906:
Artículo 313. Procedencia de la detención
preventiva. Satisfechos
los requisitos señalados en el artículo 308, procederá la detención preventiva
en establecimiento carcelario, en los siguientes casos:
1. En los delitos de competencia de los
jueces penales de circuito especializados.
2. En los delitos investigables de oficio,
cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4)
años.
3. En los delitos a que se refiere el
Título VIII del Libro II del Código Penal cuando la defraudación sobrepase la
cuantía de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Con todo, el legislador ha admitido la posibilidad de
conmutar la detención preventiva en establecimiento carcelario por la detención
domiciliaria cuando quiera que concurra alguna de las circunstancias señaladas
en el artículo 314 demandado.
La norma prescribe que la detención provisional en
establecimiento carcelario podrá conmutarse por la de detención domiciliaria
–en la residencia del investigado- cuando se cumpla alguna de las hipótesis
señaladas en los 5 numerales del artículo. Las cuatro primeras hipótesis del
artículo 314 admiten la posibilidad de conceder la detención preventiva
domiciliaria al individuo cuyas circunstancias no ameriten la imposición de la
reclusión en establecimiento carcelario, al individuo mayor de 65 años, siempre
que su personalidad admita este tipo de reclusión, a la imputada pendiente del
parto y al acusado que se encontrare en estado de gravedad.
El último numeral es el que resulta objeto de la
demanda: que la persona investigada sea madre cabeza de familia de hijo menor
de 12 años, o de hijo que sufriere incapacidad mental permanente, siempre y
cuando esté bajo su cuidado.  La norma permite extender el beneficio al  padre
que haga sus veces.
Del marco jurídico de la norma se deduce que la medida
preventiva de detención domiciliaria está encaminada a obtener un doble
resultado: en primer lugar, a garantizar que la mujer cabeza de familia –o el
padre que haga sus veces- evada la acción de la justicia, lo cual se logra
mediante la reclusión del implicado en un lugar preestablecido -conocido en el
proceso- por el tiempo en que las autoridades jurisdiccionales adopten una
decisión definitiva sobre su responsabilidad penal. Esta primera finalidad está
vinculada con la realización del fin de garantizar el orden justo, que la
Constitución asigna al Estado en su artículo 2º. Igualmente, se vincula con la
efectividad de los derechos de los ciudadanos, consagrada en el mismo artículo
constitucional, y con la adjudicación a las autoridades públicas del deber de
defensa de todas las personas residentes en Colombia. La disposición asegura,
adicionalmente, el efectivo cumplimiento del artículo 6º Constitucional, que
instaura el principio de responsabilidad personal por quebrantamiento del orden
jurídico, y persigue el funcionamiento de la recta administración de justicia.
En segundo lugar, la norma acusada tiene un fin
proteccionista: la disposición pretende garantizar provisionalmente los
derechos y las condiciones de vida de los menores de 12 años de edad, que de
otro modo, en caso de que se dictara orden de detención preventiva en
establecimiento carcelario, perderían contacto personal con el padre o la madre
que estuviere encargado de su cuidado. Así visto, el artículo pretende
garantizar la protección de los derechos de los menores de 12 años, consagrada
en el artículo 44 de la Carta.
En cuanto al primer objetivo, esta Corte resalta que
el mismo es legítimo y acorde con los fines esenciales del Estado, entre los
que se encuentran la ejecución de la recta administración de justicia a partir
del deber de colaboración ciudadana (art. 95-7 C.P.), la vigencia del orden
justo (art. 2º C.P.) y la realización de los derechos de los ciudadanos.
Efectivamente, la realización material de la justicia -entendida
como la sanción del delito y el reclamo de la responsabilidad del infractor- es
un fin vinculado directamente con la realización del orden justo, porque
garantiza la regularización del escenario social perturbado por el ilícito. La
realización de los derechos y deberes consagrados en la Carta Política y en la
legislación (ídem) no sería posible si el aparato jurisdiccional no
contara con los mecanismos necesarios para exigir las responsabilidades
pertinentes, uno de los cuales es la detención preventiva del procesado. El
artículo 28 de la Carta Política autoriza al Estado a disponer por los motivos
previamente señalados en la ley los arrestos y detenciones que considere
necesarios. La Corte Constitucional ha dicho al respecto que la libertad personal,
en cuanto que no es un derecho absoluto, puede verse restringida por la orden
de una autoridad competente, siempre y cuando se cumplan y verifiquen los
requisitos señalados en la ley (art. 29 C.P.).
La compatibilidad de la detención preventiva con los
textos constitucionales ha sido objeto de reiterados pronunciamientos de la
Corte Constitucional, por lo que puede inferirse que las disposiciones que
tienden a reforzar dicha institución persiguen un fin legítimo. La Corporación
ha manifestado que tal herramienta es concordante “con la Constitución[30]
y no resulta contraria a la presunción de inocencia, en cuanto que,
precisamente, tiene un carácter preventivo, no sancionatorio”[31].
Para la Corporación, la detención preventiva constituye una alternativa de
fuerza que el Estado puede legítimamente aplicar sin quebrantar el principio de
libertad personal, pues su “finalidad, evidentemente, no esta en sancionar
al procesado por la comisión de un delito, pues está visto que tal
responsabilidad sólo surge con la sentencia condenatoria, sino en la necesidad
primaria de asegurar su comparecencia al proceso dándole vía libre a la
efectiva actuación del Estado en su función de garante de los derechos
constitucionales…”[32].
La legitimidad del segundo propósito tampoco se
discute: al permitir que la madre cabeza de familia o el padre puesto en
similares condiciones soporte la detención preventiva en el lugar de residencia
y no en un centro de reclusión se garantiza que los menores de 12 años no
sufran la ausencia de sus padres, por lo menos en lo que dura la investigación
y juicio penal. El fin de esta medida puede atribuirse a la realización del
principio del derecho internacional que aboga por el interés superior del menor[33],
como criterio de interpretación y aplicación de los demás derechos del
ordenamiento, y a la ejecución del mandato constitucional consignado en el
artículo 44 que reclama el derecho de los niños a no ser separados de su
familia y a que sus garantías fundamentales se consideren prevalentes.
La protección al menor se deriva también de la
protección que la Constitución y la ley conceden a la madre cabeza de familia.
Efectivamente, el inciso final del artículo 43 constitucional prescribe
expresamente que “El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de
familia”, al tiempo que el artículo 2º de la Ley 82 de 1993 señala para los
efectos de dicha ley, una "Mujer Cabeza de Familia", es
aquella mujer que “siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o
socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas
incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o
incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero
permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo
familiar”.
Con todo, la disposición en estudio ha dispuesto que
el beneficio de la detención domiciliaria no se confiera a los menores de edad
que tengan más de 12 años. Ciertamente, respecto de los menores de 12 años, la
disposición acusada establece una clara concesión que redunda en beneficio de
las condiciones de vida del niño, cuando su madre o padre, de los que dependen
para su cuidado, sean retenidos en virtud de una orden de detención preventiva.
Sin embargo, en relación con los mayores de 12 años, todavía menores de 18
años, la norma resueltamente inclina la balanza a favor de la recta
administración de justicia y de la efectiva protección de los derechos de los
ciudadanos (preámbulo, art. 2º C.P.), dejando al niño por fuera del ámbito de
protección implícito que ofrece la detención domiciliaria de su madre o de su
padre.
En estas condiciones, respecto de los niños mayores de
12 años la norma exhibe una clara tensión repulsiva entre los principios
constitucionales citados, pues en aparente detrimento del esquema de protección
prevalente de los derechos del menor, la disposición incrementa el rigor de la
medida de detención preventiva en aras de la persecución del orden justo y
niega la detención domiciliaria como medida de afianzamiento para asegurar la
comparecencia del procesado.
En este escenario de cosas, la Corte debe establecer
si la restricción impuesta a los menores de edad que ya cumplieron 12 años es
proporcional y justificada a la luz de la satisfacción de los principios constitucionales
que por el otro lado pretenden realizarse[34]. Hasta el
momento, la Corte ha reconocido que los principios perseguidos por la norma son
legítimos. Ahora le corresponde establecer si el sacrificio que la disposición
impone respecto de ciertos principios, es razonable y proporcional con el
beneficio que obtiene para los otros.
7. Razonabilidad y proporcionalidad de la medida
legislativa acusada
La doctrina constitucional asegura que frente la
jerarquía equivalente de los principios constitucionales, los conflictos
emanados de su aplicación deben resolverse a partir del balance de sus mutuas
implicaciones. Esta alternativa parte del reconocimiento de que la Constitución
Política rige como un todo sistemático y armónico, en el que ninguna sección
ostenta una primacía formal sobre la otra[35]. El juicio de
ponderación obliga así a considerar los elementos circundantes a cada principio
en pugna, para determinar, luego de un análisis de alcances y consecuencias,
derivado del peso mismo de cada principio, a favor de cual debe resolverse la
colisión.
La finalidad del juicio de ponderación es la
maximización de los principios involucrados en las normas en disputa –cuando el
análisis se hace respecto de normas jurídicas- de manera que ninguno de los
extremos resulte anulado, sino meramente atenuado por el que lo enfrenta. En
palabras de la Corte, la “Constitución no consagró un sistema jerárquico
entre sus normas, sino un modelo de preferencia relativa, condicionada a las
circunstancias específicas de cada caso. La tarea de los distintos operadores
jurídicos es,  entonces, la de armonizar los distintos derechos y cuando ello
no resulte posible, la de definir las condiciones de precedencia de un derecho
sobre otro”[36].
Sobre dicho tópico, la Corte señaló:
“La Corte Constitucional ha
precisando que en los casos de enfrentamiento de las normas constitucionales
que sirven de respaldo a ciertos derechos, el principio de unidad
constitucional exige interpretar la Constitución como un todo armónico y
coherente, en tanto que el principio de armonización concreta "impide que
se busque la efectividad de un derecho mediante el sacrificio o la restricción
de otro. De conformidad con este principio, el intérprete debe resolver las
colisiones entre bienes jurídicos, de forma que se maximice la efectividad de
cada uno de ellos. La colisión de derechos no debe, por lo tanto, resolverse
mediante una ponderación superficial o una prelación abstracta de uno de los
bienes jurídicos en conflicto. Esta ponderación exige tener en cuenta los diversos
intereses en juego y propender su armonización en la situación concreta, como
momento previo y necesario a cualquier jerarquización o prevalencia de una
norma constitucional sobre otra". (Sentencia No. T- 425 de 1995. M.P. Dr.
Eduardo Cifuentes Muñoz)[37].
Ahora bien, aunque las consideraciones previas
obligarían a la Corte a sopesar los principios en pugna a partir de un plano de
igualdad, en el caso sometido a estudio el peso abstracto de uno de ellos
obliga a hacer un análisis diferente.
8. Peso abstracto de los derechos de los menores de
edad
Ciertamente, por disposición del artículo 44 de la
Constitución, los derechos de los niños, entre los que se incluyen el derecho a
tener una familia y a no ser separado de ella, el derecho al cuidado y al amor,
a la educación y a la cultura, y el derecho a recibir protección estatal contra
cualquier clase de abandono, han sido exaltados con el carácter prevalente que
expresamente les confiere la Carta. Adicionalmente, las normas de derecho
internacional citadas en esta providencia[38], que insertan
en el régimen jurídico el interés del menor como criterio de interpretación y
resolución de conflictos, desdibujan el plano de paridad sobre el que en
principio debería adelantarse el juicio de ponderación.
Los derechos de los niños, los que han sido
catalogados por la Constitución Política como fundamentales y prevalentes,
poseen un peso abstracto que debe ser respetado por el intérprete, pues refleja
una intención manifiesta del constituyente que establece un sistema de
protección reforzada de los menores de 18 años. En esa medida, aunque la
presencia de un principio constitucional de cierto peso abstracto no hace
inocuo el juicio de ponderación, sí demarca una clara línea de solución a la
colisión de principios.
El juez constitucional reconoce, por tanto, que una
medida que restrinja el esquema de protección del menor, porque limita el goce
de sus derechos fundamentales prevalentes, debe ser sometida a un examen de
constitucionalidad de mayor rigor que establezca si el sacrificio al que se
someten dichas garantías se justifica necesariamente en aras de la satisfacción
de los intereses que se le contraponen. En otros términos, el juicio de
ponderación debe dirigirse a establecer si el sacrificio infligido a los
derechos de los menores es rigurosamente necesario frente al beneficio
perseguido por la norma. En otros términos, el juicio debe certificar que “cuanto
mayor es el grado de insatisfacción o afectación de uno de los principios,
tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro”[39],
lo cual impone tener en cuenta que el sacrificio de los derechos de los menores
de 18 años que ya cumplieron los 12 sólo se justifica cuando razones
decididamente imperiosas impiden conferirles un tratamiento más favorable.
24. Establecida una necesidad específica de
protección y asistencia del niño subsumible en un derecho reconocido por el
ordenamiento jurídico, los conflictos que genere frente a otros derechos y que
no pudieren resolverse de otro modo que apelando a la jerarquización de los
intereses, serán decididos según lo ordena el mismo Constituyente dándole
prelación a los derechos del primero (CP art. 44). La especial calidad del niño
como sujeto privilegiado de la sociedad se proyecta en esta particular
regla de prioridad que modula los ámbitos de los restantes derechos, a partir
de la exigencia y condición de que los suyos sean satisfechos o respetados en
primer lugar.”[40] (Negrillas fuera del
original)
Adicionalmente, esta Sala encuentra que la medida
objeto de demanda no sólo está encaminada a obtener la protección del derecho
del menor de edad, sino de la mujer cabeza de familia, o del hombre que esté en
sus mismas condiciones. En esta medida, la tensión entre principios
constitucionales no sólo se da entre aquellos que pretenden garantizar la recta
administración de justicia y los que prescriben la protección de los derechos
de los niños, sino entre aquellos y los derechos derivados de la condición de
mujer cabeza de familia.
9. Apoyo constitucional especial del Estado a la mujer
cabeza de familia
De conformidad con el artículo 43 constitucional, el “Estado
apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”.
Esta norma constitucional ha sido acogida por el
legislador en diversas disposiciones, entre las que resalta el artículo 2º de
la Ley 82 de 1993, según el cual, una "Mujer Cabeza de Familia",
es aquella mujer que “siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo,
económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras
personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia
permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o
compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros
del núcleo familiar”.
La definición de mujer cabeza de familia implica para
la Corte los siguientes elementos:
"…la Corte advierte que no toda mujer
puede ser considerada como madre cabeza de familia por el sólo hecho de que esté
a su cargo la dirección del hogar. En efecto, para tener dicha condición es
presupuesto indispensable (i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos
menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa
responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no sólo la ausencia
permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquélla se
sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la
pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un
motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o
mental ó, como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una deficiencia
sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la
responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar.
Así pues, la mera circunstancia del
desempleo y la vacancia temporal de la pareja, o su ausencia transitoria, por
prolongada y desafortunada que resulte, no constituyen elementos a partir de
los cuales pueda predicarse que una madre tiene la responsabilidad exclusiva
del hogar en su condición de madre cabeza de familia" (Sentencia SU-388 de
2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández)
Ahora bien, la Corte Constitucional ha sostenido, a
propósito del compromiso de apoyo a la mujer cabeza de familia, que dicha
protección se deriva de las condiciones de discriminación y marginamiento en
que tradicionalmente ha vivido la mujer y al hecho de que el desarrollo social
contemporáneo ha integrado cada vez con más fuerza a la mujer a la cadena
productiva, obligándola a asumir en no pocas ocasiones, y con recursos mínimos,
los compromisos de su condición de madre de familia y de fuente de sustento del
hogar[41].
Sobre el particular, la Corte aseguró:
“Dicha primacía afirmada en la Constitución
en plena armonía con las normas internacionales y en particular la Convención
Sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991- ha sido tomada en
cuenta por la Corporación para determinar el alcance de los derechos de los
niños cuando ellos dependen de un núcleo familiar en el que solo uno de los
padres se encuentra presente, para concluir que el sexo del padre de quien
ellos dependen no puede privarlos de los derechos que les son reconocidos por
la ley.
“(…)
“Al respecto la Corte ha explicado que una
mujer es cabeza de familia cuando, en efecto, el grupo familiar está a su
cargo. Aunque en el mismo artículo se incluye un parágrafo en el que se indica
que la mujer deberá declarar ante notario dicha situación, tanto cuando la
adquiera como cuando la pierda, para efectos de prueba, no es una condición que
dependa de una formalidad jurídica. Con la categoría “mujer cabeza de familia”
se pretende apoyar a la mujer a soportar la pesada carga que por razones,
sociales, culturales e históricas han tenido que asumir, abriéndoles
oportunidades en todas las esferas de su vida y de su desarrollo personal y
garantizándoles acceso a ciertos recursos escasos, al tiempo que se busca
preservar condiciones dignas de vida a los menores y personas que se encuentran
en estado de debilidad manifiesta a cargo de ella[42]".
(Sentencia C-964 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis)
La Corte Constitucional ha reconocido que, en el marco
de la Ley 82 de 1993, la protección estatal a la mujer cabeza de familia se
cumple en distintos frentes de acción: “[l]as
medidas concretas de apoyo a la mujer cabeza de familia establecidas en la Ley
82 de 1993 son de diversa índole. Así además del llamado general al Estado y a
la sociedad para que a partir de la vigencia de la misma  busquen “mecanismos
eficaces para dar protección especial a la mujer cabeza de familia” (art. 3°),
entre ellas pueden citarse las siguientes: (i) la adopción de regla­mentos que
garanticen su ingreso a la seguridad social de la mujer cabeza de familia y de
la familia a su cargo (art. 4°), (ii) la creación de programas de capacitación
gratuita y desarrollo de microempresas industriales, comerciales y artesanales;
empresas de economía solidaria y empresas familiares, donde la mujer cabeza de
familia realice una actividad económica rentable (art. 8° y 20); iii) Acceso
preferencial a los auxilios educativos así como servicio básico de textos y
apoyo educativo a las entidades de economía solidaria integradas en su mayoría
por mujeres cabeza de familia (art. 9) iv) la fijación de estímulos para que el
sector privado cree programas especiales para las mujeres cabeza de familia
(art. 10); v) el establecimiento mediante reglamento de un factor de
ponderación, que beneficie las propuestas de la mujer cabeza de familia o de
las personas jurídicas en las cuales ella participe mayoritariamente, en los
procesos de adquisición y venta de bienes estatales y de contratación de servicios
también con el Estado. Factor que permitirá que se seleccione la oferta de la
mujer cabeza de familia o de la correspondiente persona jurídica “siempre que
sea por lo menos igual a las de las demás proponentes” (art. 11); vi) especial
atención de las entidades municipales o distritales de vivienda, que en alguna
forma reciban recursos del presupuesto nacional o participen en programas que
tengan financiación de dicho origen (art. 12); vii) planes especiales de
vivienda (art 13 y 14 ), viii) programas especiales de crédito, asesoramiento
técnico y vigilancia para las empresas y programas que tengan por objeto apoyar
a la mujer cabeza de familia, por parte de las entidades oficiales de crédito
(art 15), así como el acceso a líneas de crédito  por parte de microempresas,
famiempresas y similares que tengan mayoría de mujeres cabeza de familia (art.
20).”[43]
Adicionalmente, en relación con estas normas de
protección especial a la mujer cabeza de familia, la Corte Constitucional ha
reconocido que aunque el objetivo de las mismas es evitar la discriminación de
la mujer puesta en circunstancias de debilidad manifiesta (art. 13 C.P.), el
verdadero propósito de las mismas es garantizar la estabilidad de la célula familiar.
Ciertamente, la Corte ha venido señalando que al
dispensar una protección especial a la única figura que tiene a su cargo el
cuidado y sostenimiento exclusivo de hijos menores o incapacitados, la ley
ampara decididamente los derechos de los últimos, por lo que las normas
dispuestas para la protección de madres cabeza de familia deben considerarse
intencionalmente dirigidas a la protección del núcleo familiar y de sus
componentes. Sobre dicho particular la Corte dijo a propósito de una norma de
la Ley 790 de 2003, que dispensaba una protección especial laboral a las madres
cabeza de familia:
“Cosa distinta es que, la protección
especial consagrada en el artículo 12 de la ley 790 de 2002, pretenda proteger
a los hombres, únicamente en razón a que invocando el derecho a la igualdad, no
puedan diferenciarse de las mujeres. Ello resultaría contrario a la Carta
Política, por cuanto significaría el desconocimiento del precepto
constitucional establecido en el artículo 43.
“No obstante lo anterior, debe tenerse en
cuenta que como se anotó este tipo de disposiciones van encaminadas a proteger
los derechos de quienes realmente se encuentran indefensos ante la toma de
tales determinaciones, y es precisamente el grupo familiar dependiente de quien
es cabeza de familia, llámese padre o madre que no tiene otra posibilidad
económica para subsistir.
“Así las cosas, la protección otorgada en
la norma no es entonces a la mujer por el sólo hecho de ser mujer, sino por el
contexto dentro del cual se encuentra, es decir, tener a su cargo la
responsabilidad de la familia”. (Sentencia C-1039 de 2003 M.P. Alfredo Beltrán Sierra) (subrayas fuera
del original)
En la misma sentencia, la Corte dijo que la protección
especial que la Constitución confiere a las madres cabeza de familia, o a los
hombres que están en las mismas condiciones, no va encaminada únicamente a la
protección de la mujer por su misma condición de mujer, sino a la protección de
los integrantes menores y discapacitados de la familia, en virtud de la
protección que el mismo artículo 44 constitucional confiere a este grupo
social.
Dentro de este contexto, debe entenderse
que es indiferente quien asume la condición de cabeza de familia, como quiera
que los sujetos de protección son los menores, cuyos derechos tienen
prevalencia sobre los demás conforme al artículo 44 de la Constitución.
Es decir, conforme a lo expuesto, no se
protege en situaciones como la que ahora analiza la Corte a la mujer por ser
mujer, ni al hombre por ser tal sino, al uno o al otro cuando tengan la calidad
de cabeza del hogar, en razón de la protección constitucional a que tiene
derecho la familia (artículo 5 de la Carta), y de manera especial los niños, conforme
a lo preceptuado, se repite, por el artículo 44 de la Constitución pues ellos,
por su condición, han de ser especialmente protegidos en todo lo que atañe a
sus derechos fundamentales.
En conclusión, la protección especial a la mujer
cabeza de familia impone un compromiso decidido de apoyo ante circunstancias de
real afectación, que se traduce en la necesidad de adopción de acciones
afirmativas que allanen las diferencias discriminatorias que puedan atentar
contra ellas y contra el núcleo familiar al cual están a cargo. La Corte
resumió el principio de esta manera:
En síntesis, puede afirmarse que la madre
cabeza de familia es sujeto de una especial protección constitucional en virtud
de los artículos 13 y 43 de la Carta Política, los cuales han servido de
fundamento al legislador, y en general a las autoridades públicas, para adoptar
acciones afirmativas tendientes a brindarle protección, en consideración a sus
circunstancias de debilidad manifiesta y a las obligaciones que de manera
solitaria debe asumir de manera permanente frente a sus menores hijos, o frente
a las personas que dependen directamente de ella. (Sentencia T-773 de 2005 M.P.
Rodrigo Escobar Gil)
10. Análisis de constitucionalidad de la norma
demandada
En el caso sometido a estudio, esta Sala encuentra que
la medida demandada persigue el aseguramiento de la persona de la cual se
infiere razonablemente que puede ser autor o partícipe de una conducta
delictiva (art. 308 Ley 906 de 2004).
El fin de la medida es satisfacer la necesidad social
de asegurar la comparecencia al juicio de los individuos sobre los que pesa una
fundada sospecha de ser responsables de quebrantar el orden jurídico.
Igualmente, la disposición penal intenta inmovilizar personas que por sus
condiciones particulares, i) requieren ser retenidos para evitar que obstruyan
el debido ejercicio de la justicia, ii) constituyen peligro para la seguridad
de la sociedad o de la víctima y iii) resulta probable que no comparezcan al
proceso o no cumplirán la sentencia (art. 308 Ley 906 de 2004). Por esa vía, la
sociedad busca que el particular se haga responsable de su conducta criminal;
que los derechos de las personas afectadas por el ilícito sean reparados (art.
4º C.P.); que se reestablezca el orden social justo (art. 2º) y se dé
protección efectiva a los residentes en Colombia en su vida, honra y bienes
(ibídem).
En concreto, la norma acusada persigue incrementar los
niveles de aseguramiento que garantizan la presencia del imputado o acusado al
proceso penal, pues evita que madres cabeza de familia –o el padre que haga sus
veces- de hijos mayores de 12 años, reciban la detención domiciliaria como
sustituto de la detención en centro de reclusión. En efecto, como la detención
domiciliaria representa una modalidad de detención de menor intensidad que la
retención en establecimiento carcelario, los índices de deserción procesal
podrían tender al alza si tal medida se concediera indiscriminadamente. En
tales condiciones, la eliminación del privilegio debería producir un entendible
aumento del número de imputados o acusados que comparecen efectivamente al
proceso para asumir las consecuencias atribuidas por la sentencia. La retención
en establecimiento carcelario ofrece mayor garantía al sistema y, por supuesto,
garantiza con mayor eficiencia la comparecencia del reo al proceso.
La dosis de satisfacción que los citados principios
constitucionales reciben por gracia de dicha medida no es entonces
despreciable. Por el contrario, las ventajas que reporta al sistema son
deseables y el Estado recibe beneficio directo de su implantación. Si el Estado
no dispusiera de un mecanismo que le permitiera retener provisionalmente a
quienes por esta penalmente investigados podrían evadir la acción de la
justicia, el éxito de los juicios penales resultaría improbable. La aplicación
de justicia se truncaría a fuerza de no contar el Estado con la presencia del
condenado. La conservación misma de la paz como valor supremo del Estado
(preámbulo C.P.P), pero también como derecho de todo miembro de la sociedad
(art. 22 C.P.) correría riesgo de malograrse si se privara al Estado de una
herramienta preventiva como la que es objeto de estudio.
En ese esquema, desde el punto de vista exclusivo de
la satisfacción de los principios constitucionales recién citados, la medida
acusada, en cuanto reduce la posibilidad de deserción procesal de madres cabeza
de familia, incrementa los niveles de aseguramiento del procesado y garantiza,
con mayor efectividad, la asignación real de la sanción penal.
Con todo, privar a ciertos individuos del beneficio de
la detención domiciliaria no es la única alternativa con que cuenta el Estado
para garantizar la comparecencia al proceso del imputado o el acusado.
En primer lugar, las medidas de aseguramiento con
privación de la libertad constituyen apenas un subgrupo de las medidas de
aseguramiento que el Estado puede aplicar a fin de garantizar la debida y
efectiva imposición de la sentencia. El artículo 307 del Código de
Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) ofrece un amplio catálogo de medidas
cautelares que pueden ser impuestas con ese fin.
Artículo 307. Medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento:
A. Privativas de la libertad
1. Detención preventiva en establecimiento
de reclusión.
2. Detención preventiva en la residencia
señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el
juzgamiento;
B. No privativas de la libertad
1. La obligación de someterse a un
mecanismo de vigilancia electrónica.
2. La obligación de someterse a la
vigilancia de una persona o institución determinada.
3. La obligación de presentarse
periódicamente o cuando sea requerido ante el juez ante sí mismo o ante la
autoridad que él designe.
4. La obligación de observar buena conducta
individual, familiar y social, con especificación de la misma y su relación con
el hecho.
5. La prohibición de salir del país, del
lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez.
6. La prohibición de concurrir a
determinadas reuniones o lugares.
7. La prohibición de comunicarse con
determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a
la defensa.
8. La prestación de una caución real
adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de
dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la
fianza de una o más personas idóneas.
9. La prohibición de salir del lugar de habitación
entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.
El juez podrá imponer una o varias de estas
medidas de aseguramiento, conjunta o indistintamente, según el caso, adoptando
las precauciones necesarias para asegurar su cumplimiento. Si se tratare de una
persona de notoria insolvencia, no podrá el juez imponer caución prendaria.
En este entendido, puede afirmarse que como la
detención residencial no es la única medida de aseguramiento posible para
garantizar la comparecencia procesal del investigado, pues el ordenamiento
jurídico admite varias alternativas -todas las cuales se reputan idóneas para
asegurar la comparecencia del procesado-, la administración de justicia no
depende inexorablemente de aquella para garantizar la comparecencia del
procesado.
De otro lado, es necesario tener en cuenta que la
detención domiciliaria es, en sí misma considerada, una forma atenuada de
restricción de la libertad, que se impone cuando concurren algunas de las
circunstancias previstas en el artículo 314 del C.P.P. La posibilidad jurídica
de que el Estado retenga a un individuo en su lugar de residencia con el fin de
garantizar la efectiva imposición de la sanción penal obliga a considerar que
la única alternativa para garantizar la comparecencia del imputado al proceso
no es la retención en establecimiento carcelario, y que, por tanto, la
detención domiciliaria se erige como opción válida para lograr la misma
finalidad.
En ese marco de discusión, el sistema jurídico
consagra un modelo flexible de retención del procesado que impide considerar la
detención en establecimiento carcelario como la única vía para garantizar la
imposición de la sanción.
La existencia de otras alternativas atenuadas de
privación de la libertad, como las previstas en el inciso segundo de la norma
acusada, que le permiten al imputado o acusado desplazarse a recibir controles
médicos, atender el parto o, incluso, trabajar, en el caso de las madres cabeza
de familia con hijos de menos de 12 años (art. 314 Ley 906 de 2004),
constituyen ejemplos adicionales para considerar que la privación radical de la
libertad no es la única opción con que cuenta el Estado para garantizar que
quienes están implicados en una investigación, comparezcan al proceso para
enfrentar su responsabilidad penal.
Lo anterior impone considerar que los principios
constitucionales de recta administración de justicia, orden justo, garantía de
los derechos de los asociados y responsabilidad del particular efectivamente se
satisfacen con una medida como la prevista en la norma acusada, porque
incrementan los niveles de comparecencia del procesado a las diligencias
penales; pero no lo hacen de manera absoluta ni exclusiva. En otras palabras,
el Estado no depende ineludiblemente de la detención en establecimiento
carcelario para hacer que el implicado comparezca al proceso. La creación de
otros mecanismos jurídicos, la existencia de otras medidas de aseguramiento, de
naturaleza distinta y menor severidad, indican que los principios arriba
citados pueden hacerse efectivos por vías distintas a la reducción de la
libertad en un centro de reclusión.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la medida que
dispone la norma acusada, que obliga a ciertos individuos a soportar la
detención preventiva en establecimiento carcelario, no es una herramienta sin
la cual el Estado no pueda garantizar la comparecencia del imputado o acusado
al proceso, la Corte analizará si dicha restricción resulta proporcional con el
sacrificio jurídico que por el otro lado impone: la imposibilidad de que madres
cabeza de familia de niños mayores de 12 años, que estén bajo su cuidado,
puedan disfrutar de retención en su domicilio.
Lo que en primer lugar constata la Corte es que los
criterios para negar la detención domiciliaria de la madre cabeza de familia no
son sus condiciones personales, sino la edad del menor hijo. De la lectura de
la norma se desprende que no son las características individuales de la madre,
sino la edad del menor, lo que fundamenta la concesión del beneficio de la
detención domiciliaria, beneficio que claramente ha sido diseñado con un
propósito protección de los intereses del niño.
Prueba de lo anterior es que el artículo 314 demandado
autoriza al individuo que soporta la detención domiciliaria para solicitar
permisos de trabajo, previa suscripción de acta de compromiso. De ello resulta
que no es la personalidad del individuo sometido a la medida de aseguramiento,
sino la edad de su hijo, lo que habilita la concesión del beneficio.
La consecuencia de la norma se refleja entonces en que
dos mujeres, puestas en similares condiciones respecto de la administración de
justicia, pueden recibir tratamiento diverso de acuerdo con la edad de los
hijos que tengan a cargo y custodia. Ante el caso de dos madres cabeza de
familia –o padre en similares condiciones-, una con un hijo menor de 12 años y
otra con uno mayor de esa edad, el juez de garantías podrá conceder la
protección a la primera, y deberá negarla a la segunda. De hecho, la aplicación
estricta de la disposición impondría que la madre cabeza de familia que ha
recibido el beneficio de la detención domiciliaria lo perdería el día en que su
hijo cumpla los 12 años.
Así pues, respecto de las madres cabeza de familia con
hijos mayores de 12 años que no han cumplido los 18, el sacrificio es palpable:
el niño pierde la oportunidad de vivir en su misma casa con la madre o el padre
del que deriva el cuidado necesario. A pesar de que ciertos de los argumentos
esbozados en la demanda sugieren que la necesidad de la presencia de la madre
no es la misma en la temprana edad que a partir de los 12 años, esta Corte
considera que la imposibilidad de que la madre asista al cuidado y crianza de
un hijo mayor de 12 años trae serias repercusiones para su proceso de
formación.
-Vulnerabilidad del adolescente
Ciertamente, pese a que el proceso de formación del
individuo se desarrolla prioritariamente entre los 0 y los 12 años, la
consolidación de la personalidad encuentra en la adolescencia uno de sus
períodos más críticos[44]. De acuerdo con el
informe “Adolescencia, una etapa fundamental”, publicado por la UNICEF[45]
en el año 2002, el segundo decenio de la vida de un individuo es trascendental
para su proceso de integración humana y social. Si bien los primeros años de
vida son cruciales para el ser humano en términos de su formación orgánica, el
desarrollo de las facultades racionales, sexuales, sociales y psicológicas se
consolida en esta segunda etapa.
De acuerdo con el informe de UNICEF, aquella “es
una de las transiciones más complejas de la existencia; sólo la infancia supera
a esta etapa en cuanto a ritmo desenfrenado de crecimiento y cambio. Desde el
punto de vista físico, los niños pasan, de un día para otro, de ser pequeñas
criaturas a convertirse en muchachos de largas piernas y brazos. Maduran
sexualmente. También desarrollan la capacidad de razonar con ideas más
abstractas, de explorar los conceptos del bien y del mal, de desarrollar
hipótesis y de meditar sobre el futuro. A medida que salen al mundo, los
adolescentes adoptan nuevas responsabilidades,  experimentan nuevas formas de
hacer las cosas y reclaman con impaciencia su independencia. Comienzan a
cuestionarse a sí mismos y a los demás, y a advertir las complejidades y los
matices de la vida. También empiezan a pensar sobre conceptos como la verdad y
la justicia. Los valores y conocimientos que adquieren con los años les
beneficiarán inmediatamente y a lo largo de sus vidas”.
El informe resalta que durante la adolescencia el
individuo se reconoce como ser social, independiente y responsable. La
transición de la niñez a la edad adulta no siempre es fácil, por lo que la
adolescencia es considerada como una etapa radicalmente sensible en el proceso
de formación del ser humano.A lo anterior agrega:
“Durante la adolescencia, los jóvenes
establecen su independencia emocional y psicológica, aprenden a entender y
vivir su sexualidad y a considerar su papel en la sociedad del futuro. El
proceso es gradual, emocional y, a veces, perturbador. Un joven puede sentirse
desilusionado, decepcionado y herido en un determinado momento y, poco después,
eufórico, optimista y enamorado. A la vez que luchan con cambios físicos y
emocionales, los adolescentes de hoy deben también hacer frente a fuerzas
externas sobre las que carecen prácticamente de control. Los imperativos de la
cultura, el género, la mundialización y la pobreza han empujado a millones de
adolescentes de forma prematura a asumir funciones y responsabilidades propias
de adultos. La guerra y los disturbios civiles, el VIH/SIDA, la
industrialización, la urbanización y el creciente desempleo han socavado
gravemente la educación y el desarrollo de millones más. A medida que
desaparecen las redes sociales tradicionales, la estructura de la familia se
remodela y a veces se viene abajo, y la capacidad de los sistemas de apoyo de
la familia y la comunidad disminuye. Al ver cómo su mundo pierde seguridad,
coherencia y estructuras, los adolescentes se ven abocados con demasiada
frecuencia a hacer elecciones difíciles, casi siempre sin nadie que los ayude”.
[46]
La importancia que la fase adolescente tiene para la
formación del niño se vincula íntimamente con el deber de protección al menor.
Dado que los individuos que empiezan su proceso de formación son especialmente
sensibles a las influencias del entorno, la necesidad de neutralizar los
factores negativos de riesgo surge como requerimiento apremiante para la
familia, la sociedad y el Estado. Al respecto, el citado informe precisa:
“El proverbio swahili “Un
hijo será lo que se le ha enseñado” ilustra cuánto aprenden los jóvenes de los
ejemplos que les dan las personas que hay a su alrededor. Muchos de los riesgos
que asumen los adolescentes no son tanto un reflejo de sus propias actitudes y
deseos, sino más bien la consecuencia de presiones que ejercen sobre ellos
algunos adultos, por sus formas de comportamiento abusivas y explotadoras, por
los ejemplos que establecen y por las políticas que crean. En un momento en que
los niños y las niñas se están transformando en hombres y mujeres, quizás las
más influyentes de todas las presiones a las que están sometidos sean los
estereotipos de género. Las mujeres jóvenes pueden llegar a pensar, por
ejemplo, que sólo se les considerará adultas cuando se casen y que incluso
entonces se espera de ellas que sean sumisas y obedientes, y no decididas y
activas. Los hombres jóvenes a menudo asumen que se considera viril ejercer
autoridad y control sobre niñas y mujeres, e incluso es apropiado abusar de
ellas y tratarlas con violencia.
De lo anterior es posible concluir que la presencia de
los padres en la etapa de crecimiento que va desde los 12 a los 18 años es
indispensable para el proceso  de formación del individuo. Por ello, la Corte
entiende que privar al menor de la presencia de su madre o de su padre tiene
serias repercusiones negativas en el normal desenvolvimiento de su proceso de
formación, lo que implica que el sacrificio que impone la norma a los derechos
prevalentes de los niños sea más que significativo.
Para magnificar el efecto negativo de la disposición
en el grupo de menores de edad que va de los 12 a los 18 años, vale la pena
considerar en todos sus aspectos las circunstancias en que opera la norma. La
disposición se refiere a la negativa de reconocimiento de la detención
domiciliaria a madres cabeza de familia, o a padres puestos en similares
condiciones, por lo que la consecuencia lógica es que los hijos mayores de 12
años, que no han cumplido los 18, se ven enfrentados a la privación de la única
figura paterna o materna. Como la norma no se hace efectiva cuando el menor
cuenta con ambos padres, sino, sólo con uno, del que además depende en términos
de cuidado, la disposición afecta claramente a niños que a partir de la
imposición de la medida se verían desprovistos de cualquier referencia
parental.
Del mismo modo, repárese en el hecho de que la norma
se dirige a conceder el beneficio residencial a la madre de hijo menor de 12
años que esté bajo su cuidado, situación que ilustra, sin mayor dificultad, la
condición de abandono que afrontaría el menor de 18 años, mayor de 12 años, a
cuya madre cabeza de familia debe negársele la ventaja domiciliaria, si se
aplicara la disposición en todo su rigor.
En suma, la norma afectaría a niños entre 12 y 18 años
que sólo tienen la presencia de su madre o de su padre y que además se
encontraban bajo el cuidado exclusivo de uno de ellos.
Los primeros derechos que por vía de dicha
desprotección podrían verse afectados son el derecho a la integridad personal y
a recibir alimentos. No obstante, similares consecuencias pueden esperarse en
relación con la protección de los demás derechos fundamentales constitucionales
citados en el artículo 44 de la Carta Política, cuya integridad podría verse en
entredicho si se privara al menor de la presencia de la única figura paterna de
la cual deriva el cuidado exclusivo.
En las condiciones previstas, esta Corte considera que
la distinción de trato otorgada por la norma reduce severamente el esquema de
protección de los derechos del menor y resulta injustificada a la luz de los
fines perseguidos por la norma. En particular, la Corporación considera que no
existe proporción entre la satisfacción de los principios constitucionales
perseguidos por la disposición, con el sacrificio a que se someten derechos que
por orden constitucional tienen un peso jurídico abstracto.
Tal como previamente se indicó, la decisión de
suprimir el beneficio de la detención domiciliaria a madres cabeza de familia
de hijos mayores de 12 años podría incrementar significativamente los niveles
de aseguramiento que permiten una mayor eficiencia en la comparecencia de éstas
a las resultas del proceso, pero es constitucionalmente reprobable que dicha
supresión ocurra como único resultado de haberse cumplido el año 12 de vida de
su hijo, sobre todo cuando se tiene en cuenta que la detención en
establecimiento carcelario no es una medida necesaria, ineludible o
impostergable para la recta aplicación de la justicia.
Ciertamente, quedó establecido que el Estado dispuso
de un tratamiento menos riguroso en términos de preservación de la libertad a
favor de mujeres cabeza de familia, madres de menores de 12 años, pero no
existe justificación para negar el privilegio a mujeres puestas en las mismas
condiciones, por razón exclusiva de la existencia de un hijo mayor de 12 años
–pero todavía menor de edad-, cuando la Constitución ha dicho que la protección
prevalente perdura hasta los 18 años.
Ahora bien, en relación con los efectos de la
disposición acusada, bien podría argüirse que en virtud de la declaratoria de
inexequibilidad de la medida, el Estado podría sufrir un perjuicio palpable al
perder la oportunidad de que las madres cabeza de familia de hijos mayores de
12 años reciban tratamiento preventivo en establecimiento carcelario. Sin
embargo, si dicho perjuicio efectivamente existiera, también sería predicable
de las madres cabeza de familia, o de los padres puestos en similares
condiciones, de niños menores de 12 años. Para efectos de la no comparecencia
al proceso del sujeto investigado, si la mujer es madre de un niño menor de 12
años o de uno mayor, el riesgo procesal permanece estable.
El grado de desprotección se ve incrementado también
si se tiene en cuenta que la medida acusada afecta a niños mayores de 12 años
que dependen totalmente de su padre o madre cabeza de familia, es decir, cuyo
sustento está depositado en la persona que por disposición de la norma acusada
tendría que someterse a detención preventiva en establecimiento carcelario.
Sobre dicho particular, valdría la pena resaltar que
la Corte Constitucional, en la ya citada providencia C-247 de 2004, declaró
inexequible el artículo 233 de inasistencia alimentaria del Código Penal (Ley
599 de 2000), que establecía un agravante de responsabilidad para el delito que
se cometiera en contra de los intereses de una persona menor de 14 años.
La decisión de la Corte se erigió sobre la
consideración de que establecer diferencia de trato entre menores de edad, para
efectos de reducir la protección que se debe en materia de alimentos,
constituía una distinción inaceptable en cuanto a la protección de sus derechos
prevalente. Sobre el particular afirmó:
“Al respecto el artículo 45 constitucional señal
claramente  que el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación
integral, mandato que reitera la Corte debe  concordarse necesariamente  con el
artículo 44 superior  en el que se establecen dentro de los derechos
fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.  De la misma manera
que se establece la obligación de protegerlos  contra toda forma de abandono,
violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o
económica y trabajos riesgosos. Al tiempo que se establece la obligación  para
la familia, la sociedad y el Estado de asistirlos   y protegerlos para
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus
derechos, dentro de los que se cuentan  además de los  consagrados en la
Constitución,  los que se establecen en las leyes y en los tratados
internacionales ratificados por Colombia.
“Las obligaciones así establecidas  no pueden
entonces predicarse solamente respecto de determinados menores sino de todos, y
en consecuencia de todos  los adolescentes en tanto no hayan cumplido 18 años[47].
“En ese orden de ideas es claro para la
Corte que el Legislador  en ejercicio de su potestad de configuración
legislativa en materia penal en cuanto  decidió establecer como delito  la
inasistencia alimentaria y decidió señalar como causal de agravación punitiva
el hecho de que dicho delito se cometa  contra determinadas personas - en este
caso menores de 14 años -, para el efecto no podía  establecer diferencias
entre los menores, pues es en relación con todos que la Constitución ordenó una
protección integral”. (C-247 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis)
En el caso que ahora es objeto de estudio, la Corte
coincide con la posición citada, pues evidencia que por disposición de la norma
sub judice, los hijos mayores de 12 años de madre cabeza de familia se
verían en la total desprotección si la norma se mantuviera en el escenario
jurídico. La disposición acusada despoja de dicha posibilidad a los menores de
edad –que ya cumplieron los 12 años- y que estén bajo el cuidado de sus madres
o de sus padres. En ese sentido, los argumentos relativos a la protección del
menor cobran plena vigencia, pues la imposibilidad de que la madre –o el padre-
del mayor de 12 años cumpla la detención domiciliaria en la residencia, impide
que éste cumpla con sus obligaciones alimentarias.
“Téngase en cuenta que si bien
la potestad de configuración del Legislador en materia penal es amplia, ella
debe respetar los valores
superiores del ordenamiento jurídico, los principios constitucionales y los
derechos fundamentales[48]  y
que en este sentido  no puede desconocer los mandatos contenidos en los artículos
44 y 45 superiores, de los que se desprende, en concordancia con las normas
internacionales  sobre la materia[49] y en particular con la
Convención sobre Derechos del Niño, incorporada al derecho interno mediante la
Ley 12 de 1991[50],  la igual protección
que se debe a todos los menores en materia de alimentos”. (Sentencia C-274 de
2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis)
En este punto la Corte reitera su posición en el
sentido de afirmar que las diferencias de trato que la ley puede otorgar a los
menores de edad por razón de su grado de madurez sólo son legítimas si
persiguen enfatizar una modalidad peculiar de protección jurídica o están
encaminadas a integrar progresivamente al menor al escenario social, mas no si
pretenden  reducir el esquema de protección dispuesto por la Carta. En el caso
de la norma estudiada, la medida abre una amplia brecha de desamparo para el
menor de edad que ya cumplió 12 años, pues le impide contar con la presencia de
su madre o de su padre justamente en una etapa crucial para su desarrollo
individual, cuando se ha verificado que dependía de éste para su cuidado.
La inconstitucionalidad aquí delatada cobra mayor
contraste si se la mira, además, en relación con el tratamiento que por virtud
de la Ley 750 de 2002 se confirió a las madres cabeza de familia penalmente
sancionadas y en contra de quienes se impone una pena privativa de la libertad.
El artículo 1º de la ley dispuso el siguiente reconocimiento a favor de la
infractora:
Artículo 1°. La
ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá, cuando la infractora
sea mujer cabeza de familia, en el lugar de su residencia o en su defecto en el
lugar señalado por el juez en caso de que la víctima de la conducta punible
resida en aquel lugar, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
Que el desempeño
personal, laboral, familiar o social de la infractora permita a la autoridad
judicial competente determinar que no colocará en peligro a la comunidad o a
las personas a su cargo, hijos menores de edad o hijos con incapacidad
mental permanente.
Aunque la norma fue declarada exequible por la Corte
en la Sentencia C-184 de 2003, pero en cuanto a la ampliación del beneficio al
padre cabeza de familia que se encontrare en las mismas condiciones de la
mujer, la providencia enfatizó que el beneficio debía concederse a las madres
cabeza de familia, o a los padres que estuvieran en sus mismas condiciones,
habida cuenta no tanto de su propia condición, sino de la existencia de menores
a cargo. A este respecto dijo la Corporación:
“Por estas razones la Corte también
reconocerá el derecho de prisión domiciliaria en los términos en que está
consagrado en la Ley 750 de 2002 a aquellos hombres que se encuentren en la
misma situación, de hecho, que una mujer cabeza de familia que esté encargada
del cuidado de niños, y cuya presencia en el seno familiar sea necesaria,
puesto que efectivamente los menores dependen, no económicamente, sino en
cuanto a su salud y su cuidado, de él. De esta manera la Corte asegura la
posibilidad de que se cumpla el deber que tienen los padres en las labores de
crianza de sus hijos alejándose así del estereotipo según el cual, el
cumplimiento de este deber sólo es tarea de mujeres y tan sólo a ellas se les
pueden reconocer derechos o beneficios para que cumplan con dichas labores”.
(Sentencia C-184 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)
En conclusión, la Corte verifica que el legislador
puede perseguir el aumento en los índices de comparecencia de los procesados a
las diligencias penales, lo cual logra mediante el incremento de la severidad
de las medidas de privación de la libertad de los procesados, pero
simultáneamente constata que ese incremento no puede obtenerse a costa de la
preservación de derechos que tienen un peso jurídico prevalente, sobre todo
desde la consideración de que aquellas medidas no son absolutamente
indispensables para la obtención de los fines previstos.
Por ello, la Corte encuentra que la ponderación de los
principios involucrados en el análisis precedente debe resolverse a favor de
los derechos de los menores de edad, específicamente en consideración a la
preeminencia constitucional de sus garantías y al interés superior del menor
que, con el peso abstracto citado, constituyen criterios definitorios de orden
constitucional para los conflictos jurídicos surgidos entre aquellos y otros
intereses y derechos de rango equivalente.
- Potestad de valoración del juez de control de
garantías
Ahora bien, esta Corte debe precisar que la
declaratoria de inexequibilidad del aparte demandado no implica, de ninguna
manera, que el beneficio de la detención domiciliaria deba automáticamente
concederse a la madre o al padre de cualquier menor de 18 años, sin
consideración a sus condiciones fácticas particulares.
Ciertamente, el artículo demandado tiene una clara
finalidad proteccionista, por lo que su aplicación debe entenderse circunscrita
a las condiciones particulares de los menores involucrados y a la existencia de
una verdadera situación de indefensión. En ese sentido, corresponde al juez de
control de garantías evaluar la situación del menor cuya madre o padre deben
soportar una medida de aseguramiento, con el fin de determinar si resulta
factible conceder el beneficio de la detención domiciliaria. De hecho, la misma
norma precisa que la detención preventiva en establecimiento carcelario podrá
ser modificada por la detención domiciliaria, en expreso reconocimiento de que
la valoración de su concesión debe quedar a cargo del juez de control de
garantía.
Sobre este particular debe decirse que, en primer
lugar, es requisito legalmente impuesto que el menor no cuente con otra figura
paterna, es decir, que a quien debe imponerse la medida de aseguramiento sea la
madre cabeza de familia o el padre que esté en dichas condiciones. La
existencia de otra figura paterna reclama la obligación de cuidado por parte de
quien no se ve afectado por la detención preventiva y elimina el factor de
desprotección que haría operante la disposición.
En el análisis respectivo debe considerarse, por
supuesto, la definición de madre cabeza de familia consagrada por la Ley 82 de
1993 y que se refiere a aquella mujer que “quien siendo soltera o casada,
tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos
menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya
sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral
del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los
demás miembros del núcleo familiar”, así como los criterios identificadores
suministrados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que en esencia
son los establecidos en la Sentencia SU-388 de 2005[51], previamente
citada.
De otro lado, la norma establece como requisito
necesario que quien debe soportar la medida de detención preventiva
efectivamente esté al cuidado del menor cuya protección se reclama. La
condición de que el menor deba estar “bajo el cuidado” de la persona que
debe soportar la medida de aseguramiento es un concepto que debe ser valorado
en cada caso por el juez de control de garantías, pero cuya recta aplicación
está dirigida a impedir que por virtud de la retención del padre o la madre en
un centro de reclusión, el menor quede en completo desamparo.
Ahora bien, esta Corporación reconoce que el concepto
de “estar bajo el cuidado” de la madre o padre cabeza de familia a favor
de quien se aplica la norma es un requisito implícito de la condición de mujer
cabeza de familia, tal como lo indica el artículo 2º de la Ley 82 de 1993 y
que, por tanto, su mención en esta norma procesal penal resulta redundante. No
obstante, dicha circunstancia no lo hace inexequible, ni mucho menos
inoperante, por lo que de cualquier modo el cumplimiento del requisito debe ser
verificado y valorado adecuadamente por el juez competente.
Así, por ejemplo, el hecho de que el menor esté al
cuidado de otro familiar o que en virtud de sus condiciones particulares reciba
el sustento de otra fuente o, incluso, habilitado por una edad propicia, se
encuentre  trabajando y provea lo necesario para su subsistencia, podrían
considerarse como circunstancias exceptivas que darían lugar a impedir, según
la valoración del juez, que se conceda el sustituto de la detención
domiciliaria. En este punto, resulta imposible a la Corte enumerar cuáles son
las condiciones concretas en que el cuidado del menor se vería o no perjudicado
por la decisión de separarlo de su madre o de su padre, pero es claro que sobre
las circunstancias fácticas del juicio, es el juez competente el encargado de
valorar – siempre a la luz del interés superior del menor- si dicha separación
comporta el abandono real del niño.
De cualquier manera, dado que la finalidad de la norma
es garantizar la protección de los derechos de los menores, el juez de control
de garantías deberá poner especial énfasis en las condiciones particulares del
niño a efectos de verificar que la concesión de la detención domiciliaria
realmente y en cada caso preserve el interés superior del menor, evitando con
ello que se convierta, como lo dijo la Corte en la Sentencia C-184 de 2003, en
una estratagema del procesado para manipular el beneficio y cumplir la
detención preventiva en su domicilio[52].
Adicional a lo anterior, la Corte insiste que el
interés superior del menor es el criterio final que debe guiar al juez en el
estudio de la viabilidad del beneficio de la detención domiciliaria. Por ello,
la opción domiciliaria tampoco puede ser alternativa válida cuando la
naturaleza del delito por el que se procesa a la mujer cabeza de familia, o al
padre puesto en esas condiciones, ponga en riesgo la integridad física y moral
de los hijos menores. Así las cosas, si la madre o el padre cabeza de familia
son procesados por delitos contra la integridad del menor o la familia, por
ejemplo, acceso carnal abusivo, el juez de garantías estaría compelido a negar
la detención domiciliaria, pues la naturaleza de la ofensa legal sería
incompatible con la protección del interés superior del menor.
El juez en cada caso analizará la situación especial
del menor, el delito que se le imputa a la madre cabeza de familia, o al padre
que está en sus mismas circunstancias, y el interés del menor, todo lo cual
debe ser argumentado para acceder o negar el beneficio establecido en la norma
que se analiza.
Los límites y controles a la concesión de la medida de
detención preventiva domiciliaria se complementan, además, por las
disposiciones legales del artículo 314 estudiado, que imponen al procesado el
cumplimiento de ciertas obligaciones tendentes a garantizar su comparecencia al
proceso, como son “permanecer en el lugar o lugares indicados, a no cambiar
de residencia sin previa autorización, a concurrir ante las autoridades cuando
fuere requerido, y, adicionalmente, podrá imponer la obligación de someterse a
los mecanismos de control y vigilancia electrónica o de una persona o
institución determinada, según lo disponga el juez”.
Hechas las anteriores precisiones, la Corte reitera
que la declaratoria de inexequibilidad de la norma no es una autorización
automática al juez para que, siempre que encuentre hijos menores de edad,
conceda el beneficio indicado. El criterio  matemático y formal de la edad del
menor debe ser sustituido por el criterio material, fáctico y concreto del
interés superior del niño, por lo que la responsabilidad de garantizar el
bienestar de todo menor de edad que está en dicha posición reposa en el juez
competente.
Las consideraciones anteriores llevan a la Corte a
concluir que la expresión “de doce (12) años”, contenida en el numeral
5º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 es inexequible, no porque llanamente
establezca una diferencia de trato entre los menores de 12 años y los mayores
de esa edad, pues dicha diferencia de trato no es prohibida por los textos
constitucionales y, en cambio, algunas normas legales avaladas por la Corte lo
permiten, sino porque esa diferencia de trato en el caso de la norma sub
judice reduce injustificada y desproporcionadamente el esquema de
protección prevalente del menor de 18 años. No obstante, el juez deberá
verificar en cada caso concreto que efectivamente se cumplan las condiciones de
desprotección del menor para conceder el beneficio de la detención preventiva
domiciliaria, es decir, debe tener en cuenta, siempre que analice su
procedencia, el interés superior del menor.
11. Situación del hijo discapacitado
En su concepto de rigor, el señor Procurador General
solicita a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad del artículo 314
de la Ley 906 de 2004, bajo la condición de que se entienda que la detención
domiciliaria puede concederse a la madre cabeza de familia de hijo físicamente
incapaz, no sólo de aquellos con incapacidad mental permanente, a los que se
refiere la norma.
Ciertamente, el artículo demandado establece que la
detención preventiva en el domicilio se concederá a la madre cabeza de familia
de hijo menor de doce (12) años, pero también al que sufriere incapacidad
mental permanente.
En Sentencia C-184 de 2003, previamente citada en esta
providencia, se dispuso por parte de la Corte extender la protección especial
en caso de detención domiciliaria a los hijos incapaces, independientemente del
origen de su incapacidad. Ante el análisis de una disposición que en lo
fundamental coincidía con la que ahora es objeto de estudio[53], la Corte determinó que la protección
al hijo no puede limitarse a la del que sufre de una incapacidad mental, pues
el espectro de amparo dispuesto por la Carta protege tanto a quienes se
encuentran en situación de debilidad manifiesta, sea cual sea el origen de su
deficiencia (art. 13 C.P.), como a los hijos incapacitados (art. 42 C.P.)[54].
En la misma providencia la Corte dispuso extender el
beneficio de que trataba la norma a los hijos incapacitados por razones
físicas, pues consideró que dicha protección se encontraba implícita en los
artículos constitucionales previamente citados. Las reglas de protección para
los discapacitados también se incluyen en disposiciones como el artículo 47,
según el cual el “Estado adelantará una política de previsión,
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”,
el 54, que consagra el deber del Estado de “...garantizar a los
minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”,
y el 68, que en su último inciso indica que “la erradicación del analfabetismo
y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con
capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado”.
Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que los compromisos implícitos de Estado Social de Derecho imponen la
adopción de acciones afirmativas tendentes a garantizar la protección de
personas que por condiciones físicas o mentales se encuentran en incapacidad de
proveer su propio cuidado y manutención. La Corte reconoce a este respecto que
la relativa dificultad para reclamar protección efectiva de sus derechos, ha
hecho de las incapacitados un grupo social silencioso que, por sus
características particulares, requiere de un apoyo decidido de la comunidad.
“Tal como ha ocurrido con otros grupos
sociales, los discapacitados han sido objeto constante de marginación social a
través de los siglos. La discriminación contra los discapacitados presenta, sin
embargo, características que le son propias y que no se observan en otros
casos. Por un lado, porque el sector de los discapacitados ha sido durante
largos períodos una minoría oculta o invisible, en la medida en que en muchas
ocasiones las personas afectadas por discapacidades fueron internadas en
instituciones o mantenidas por fuera del ámbito de la vida pública. De otra
parte, porque la minoría de los discapacitados es tan heterogénea como
disímiles son las limitaciones que pueden causar las múltiples formas en que se
manifiestan las discapacidades. Y finalmente, porque la discriminación contra los
discapacitados frecuentemente es ajena al alto grado de hostilidad, odio e
irracionalidad que acompaña otras formas de discriminación, tal como la que
causa la segregación racial. En efecto, en muchos casos la discriminación
contra los discapacitados no tiene origen en sentimientos de animadversión, y
recibe una justificación con la limitación física o mental que presenta la
persona afectada - claro está, haciendo caso omiso de las condiciones
especiales de cada discapacidad y de los diferentes grados de limitación que
ellas pueden generar. De esta manera, la marginación de los discapacitados
frecuentemente no está acompañada de hostilidad, sino que es más bien producto
de ignorancia, de prejuicios, de simple negligencia, de lástima, de vergüenza o
de la incomodidad que genera el encuentro con personas diferentes”.[55]
(Sentencia T-207/99 M.P Eduardo Cifuentes Muñoz)
En tales condiciones, las medidas adoptadas por el
Estado, además de evitar la inclusión de trato discriminatorio respecto de
dichos individuos, deben establecer mecanismos que efectivamente garanticen la protección
especial que dicho grupo humano requiere. Así -lo ha dicho la Corte- “el
compromiso que tiene el Estado para con las personas discapacitadas es doble:
por una parte, debe abstenerse de adoptar o ejecutar cualquier medida
administrativa o legislativa que lesione el principio de igualdad de trato; por
otra, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades, debe remover todos
los obstáculos que en los ámbitos normativo, económico y social configuren
efectivas desigualdades de hecho que se opongan al pleno disfrute de los
derechos de estas personas, y en tal sentido, impulsar acciones positivas”[56].
En el caso de la norma bajo estudio, la disposición
establece la posibilidad de que el juez conceda la medida de detención
preventiva en el domicilio del procesado a la mujer cabeza de familia, o al
padre puesto en las mismas condiciones fácticas, de hijo que sufra incapacidad
mental permanente. No obstante, a juicio de la Corte, la incapacidad mental
permanente es apenas uno de los tipos de incapacidad que merece protección
especial. En ese sentido, la medida resulta discriminatoria en cuanto que sólo
protege a los discapacitados por razones mentales, dejando en desprotección a
los hijos de personas procesadas que por razones físicas no pueden proveerse lo
suficiente para su cuidado y manutención.
En virtud de que la disposición señalada incluye un
criterio de diferenciación que no se compadece con el rango de protección que
ofrece la Constitución Política –pues, además, la condición de ser incapaz
mental no se incluye en la Carta como criterio válido de diferenciación - la
Corte considera que el mismo es contrario a los preceptos fundamentales.
Pese a que la norma que aquí se declara no fue expresamente
demandada, esta Corporación considera legítimo acoger la petición de la
Procuraduría en atención al precedente jurisprudencial aquí anotado, a la
abierta incompatibilidad de la disposición con la Constitución Política y,
además, a la necesidad de definir el marco de protección de los hijos afectados
por la medida de detención preventiva dispuesta por la norma, que sin duda
afecta personas puestas en debilidad manifiesta, sometidas a un régimen
especial de protección estatal.
No obstante, en lugar de declarar la exequibilidad
condicionada de la norma, como lo sugiere el Ministerio Público, la Corte
declarará la inexequibilidad de la expresión “mental”, contenida en la
misma disposición, pues con ello se amplía el espectro de incapacidades que pueden
ser amparadas por la ley. De este modo, la remoción de la expresión “mental”
permite que hijos con incapacidad física permanente sean considerados para
efectos de la concesión del beneficio de detención domiciliaria
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,
administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E
Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “de
doce (12) años” y “mental”, contenidas en el numeral 5º del artículo
314 de la Ley 906 de 2004.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
CON ACLARACION DE VOTO
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
ACLARACION
DE VOTO A LA SENTENCIA C-154 DE 2007 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
DETENCION DOMICILIARIA DE MADRE O PADRE CABEZA DE FAMILIA (Aclaración de voto)
Referencia: expediente D-6388
Demanda de inconstitucionalidad contra el
numeral 5º (parcial) del artículo 314 de la Ley 906 de 2004
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Con el debido respeto por las decisiones de esta
Corporación, me permito aclarar mi voto a la presente sentencia, con fundamento
en las siguientes razones:
1. En primer término, considero necesario observar que
la norma acusada no es absolutamente irrazonable, pues en materia de protección
de los menores hay que tener en cuenta los distintos grados de protección que
se deben otorgar según la edad.
2. En segundo término, debo manifestar mi acuerdo con
la tesis acerca del bloque de constitucionalidad, aunque considero que se deben
hacer algunas precisiones sobre los menores de edad que superan los 12 años,
quienes tienen un estatus especial en materia de responsabilidad penal y que en
el caso de los mayores de 14 años, se les autoriza a trabajar con algunas
restricciones.
En este sentido, si bien acepto que aún en el caso de
los mayores de 12 años se puede establecer la protección consagrada en el
numeral 5º del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, considero que en
general no debe haber distinciones entre los hijos menores de edad en la
aplicación de la norma.
3. En este orden de ideas, en mi concepto, la norma
consagrada en el numeral 5º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 es exequible
siempre y cuando  proteja a todos los hijos menores e incluya a los hijos
discapacitados que dependen de la madre o el padre cabeza de familia, aún
cuando éstos últimos sean mayores de edad.
4. Adicionalmente, considero necesario reiterar que la
regla general es la libertad y la excepción, su privación. Así mismo, considero
que es indudable  que en materia penal nadie se puede beneficiar de la
situación de tener un menor de edad que no ha cuidado antes. De otra parte,
debo manifestar mi preocupación respecto de dejar a la total discrecionalidad
del juez la determinación de la procedencia de la detención domiciliaria, cuya
hipótesis en el caso de los menores es clara y no puede prestarse a
favoritismos.
Con base en lo expuesto, aclaro mi voto a la presente
decisión.
Fecha ut supra,
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
* Publicado en la edición del Diario Oficial No. 45.657 del martes
31 de agosto de 2004
[1] “Art. 10. Num 3. Se deben adoptar medidas especiales de protección
y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación
alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los
niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en
trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se
corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley.
Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales
quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra
infantil.”
[2]
“ART. 16.—Derecho de la niñez. Todo niño sea cual fuere su filiación tiene
derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por
parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a
crecer el amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias
excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser
separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y
obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en
niveles más elevados del sistema educativo.”
[3] Sentencia C-1064 de 2000
[4] Este mandato se encuentra contenido en el Código del Menor
básicamente en los mismos términos en el artículo 20. Dice la norma: “Las
personas y las entidades tanto públicas como privadas que desarrollen programas
o tengan responsabilidades en asuntos de menores, tomarán en cuenta sobres toda
otra consideración, el interés superior del menor.”
[5] Sentencia C-157 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[6] Sentencia C-1064 de 2000 M.P. Álvaro Tafur
Galvis
[7]
“CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. ARTICULO 1º Para los
efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor
de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable,
haya alcanzado antes la mayoría de edad.”
[8]
Sentencia C-019 de 1993 M.P. Ciro Angarita Barón
[9] Ver también  las sentencias T-415 y T-727/98 M.P. Alejandro
Martínez  Caballero.
[10] Sentencia C-092/02 M.P. Jaime Arujo Rentería.
[11] En providencia C-019 de 1993 (M.P. Ciro Angarita Barón) la Corte
había indicado que en Colombia, los adolescentes poseen garantías propias de su
edad y nivel de madurez, pero gozan de los mismos privilegios y derechos
fundamentales que los niños, y son, por lo tanto, "menores" (siempre
y cuando no hayan cumplido los 18 años), para todos los efectos del Código del
Menor.
[12] Sentencia C-092/02
[13] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[14] Ver a este respecto SANDOZ, SWINARSKI y ZIMMERMANN, Op. Cit., p.
1402. En relación con las Convenciones de Ginebra, explica
PICTET, Jean S. (ed.), Commentaire aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
Comité International de la Croix-Rouge, Genève, Vol. IV, 1956, p. 201,
que el límite de edad de quince años se seleccionó por cuanto el desarrollo de
las facultades de los menores, a partir de esta edad, es en términos generales
de un grado tal que no se impone la misma necesidad de adoptar medidas
especiales; y en relación con el límite de edad de doce años (para la adopción
de medidas de identificación de los menores), explica que a partir de tal edad
se entiende que los niños son generalmente capaces de identificarse a sí
mismos. En relación con estas reglas, explican SANDOZ, SWINARSKI y ZIMMERMANN
que se requiere un nivel elemental de elasticidad al momento de su aplicación,
dado que pueden existir individuos que son niños todavía a pesar de tener más
de 15 años, tanto física como mentalmente (“L’âge de quinze ans correspond, le
plus souvent, à un développement des facultés tel que des mesures spéciales ne
s’imposent plus avec la même nécessité. Il convient cependant de
garder une certaine élasticité, car on peut se trouver en face d’individus qui,
même au-delà de 15 ans, sont encore des enfants, aussi bien physiquement que
mentalement » (op. cit., p. 924)).
[15] Según la acerca (sic) del “desarrollo y salud adolescente en el
contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño”, en la medida que toda
persona menor de 18 años es considerada “niño” se entiende que los
“adolescentes” se encuentran incluidos en este grupo.
[16] Observación General N°4 (2003) del Comité sobre los Derechos del
Niño.
[17]
Decreto 100 de 1980, artículo 303.- Acceso carnal abusivo con menor de catorce
años. El que acceda carnalmente a persona menor de catorce años, incurrirá en
prisión de uno (1) a seis (6) años".
[18]
Decreto 100 de 1980, artículo 303.- Corrupción. El que realizare actos sexuales
diversos del acceso carnal con persona menor de catorce años o en su presencia,
o la induzca a prácticas sexuales, estará sujeto a la pena de uno (1) a cuatro
(4) años de prisión.
[19] M.P. Rodrigo Escobar Gil)
[20] Ley 65 de 1993 (por la cual se expide el Código Penitenciario y
Carcelario) “Artículo 153 — Permanencia de menores en establecimientos de
reclusión. La dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
permitirá la permanencia en los establecimientos de reclusión a los hijos de
las internas, hasta la edad de tres años. //El servicio social penitenciario y
carcelario prestará atención especial a los menores que se encuentren en los
centros de reclusión. Las reclu­siones de mujeres tendrán guardería.”
[21] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[22] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[23] El derecho a la igualdad no puede aplicarse de manera automática
o mecanicista, pues dicho principio no sólo “exige tratar igual a los
iguales, sino también desigualmente las situaciones y sujetos desiguales.  Comporta
además un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones
presenten similitudes y diferencias, cuando las similitudes sean más relevantes
que las diferencias, y otro mandato de trato diferenciado cuando las
diferencias sean más relevantes que las similitudes” (Sentencia C–106 de
2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[24]  Sentencia C-534 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto “es el
deber de aplicar por igual la protección general que brinda la ley (obligación
para la autoridad que aplica la ley)”.
[25] Ibídem “ “Todas las personas (…), recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de las mismos derechos
y oportunidades…”. En la sentencia C-673 de 2001 esta Sala presentó la
obligación de la igualdad de trato como en el derecho comparado se ha
desarrollado. En algunos casos se ha establecido como “el principio de igualdad
de trato”. En dicha sentencia se recordó que: “[e]n
efecto, en los Estados Unidos desde el año 1920 se menciona explícitamente el
test leve aplicable al examen de una medida legislativa para determinar si
vulnera el principio de igualdad de trato. (…) La Corte [Europea de Derechos
Humanos] adoptó esta metodología por considerar que debía seguir los principios
que pueden ser extraídos de la práctica jurídica de un amplio número de estados
democráticos según la cual el principio de igualdad de trato es violado si la
distinción carece de una justificación objetiva y razonable…” (énfasis fuera de
texto). De esta evolución de la obligación de trato igual, como principio de
igualdad de trato contenido en el principio general de igualdad, ha hecho parte
también esta Corte. Entre otras, en la citada C-504 de 2004: “[en] la segunda
dimensión, la igualdad de trato (...) se garantiza a todas las personas que la
ley que se va a aplicar no regule de forma diferente la situación de personas
que deberían ser tratadas igual, o lo contrario, que regule de forma igual la
situación de perso­nas que deben ser tratadas diferente. La ley desconoce esta
dimensión cuando las diferencias de trato que establece no son razonables””
[26] Sentencia C-092/02 M.P. Jaime Araujo Rentería.
[27] Sentencia C-247 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[28] Sentencia C-774 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[29] Sentencia C - 425 de 1997.
[30] Sentencias C - 301 de 1993, C - 106 de 1994, C - 689 de 1996, C-327
de 1997 y C -425 de 1997.
[31] Sentencia C-774 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[32] Sentencia C-634 de 2000
[33] Convención sobre los Derechos del Niño -Ley 12 de 1991-: 1.  En
todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una conside­ración primordial a que
se atenderá será el interés superior del niño”.
[34] “[Los] principios constitucionales, a pesar de tener una forma de
interpretación y aplicación diversa a las reglas, pues están sujetos a un
ejercicio de ponderación, no por ello dejan de ser normas constitucionales, por
lo cual deben ser respetados por la ley. Por ende, una disposición legal
incompatible con un principio constitucional debe ser declarada inexequible, en
caso de que no admita una interpretación conforme a la Carta. Esta Corporación
ha señalado que la fuerza normativa de los principios y valores
constitucionales es tan clara que incluso habría que retirar del ordenamiento
aquellas disposiciones que vulneran el Preámbulo, ya que éste forma parte de la
Carta y goza de poder vinculante en cuanto sustento del orden que la
Carta instaura y, por tanto, toda norma -sea de índole legislativa o de otro
nivel- que desconozca o quebrante cualquiera de los fines en él señalados,
lesiona la Constitución porque traiciona sus principios”. C-126 de 1998
[35] Consúltense también las Sentencias T-612 de 1992 (M.P. Alejandro
Martínez Caballero) y C-475 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[36] Sentencia T-013 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[37] Sentencia C-575 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[38] Convención sobre los Derechos del Niño -Ley 12 de 1991-: 1.  En
todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una conside­ración primordial a que
se atenderá será el interés superior del niño”.
[39] Cfr. R. Alexy “Epílogo a la Teoría de los
derechos fundamentales” Centro de Estudios, 2004, Madrid. Pág 48.
[40] Sentencia C-041 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[41][41]    Ver al respecto, entre otras, las sentencias
T-414/93,  C- 410/94 , C-034/99, C-371/00, C-184/03
[42] Ver la Sentencia C- 184/03 M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa. A.V. M. Jaime Araujo Rentería.
[43] Sentencia C-964 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[44] “Los especialistas en neurociencias creían antes que casi
la mitad de las conexiones cerebrales estaban ya establecidas cuando un niño
entraba en el jardín de infancia, y que la única tarea de desarrollo que quedaba
era asegurar esas conexiones. Ahora disponemos de estudios recientes que
muestran que el cerebro experimenta un ciclo continuo de crecimiento cada pocos
años y que, a partir de aproximadamente los 11 años de edad, se produce una
explosión de actividad eléctrica y fisiológica, que reorganiza drásticamente
miles de millones de redes neuronales que afectan a las aptitudes emocionales y
a las habilidades físicas y mentales. La cantidad de materia gris en algunas
zonas del cerebro puede casi doblarse en sólo un año. Luego, desde la mitad de
la segunda década hasta mediada la tercera, se purgan las células que no se
necesitan y el cerebro continúa reorganizándose.
“Durante la primera adolescencia, se produce un avance fenomenal en el
pensamiento abstracto. El córtex prefrontal (situado detrás de la frente)
desarrolla nuevas e importantes funciones y no madura totalmente hasta la edad
de 18 años. Actúa como comandante en jefe, responsable de la planificación,
organización  y juicio, encargado de resolver problemas y del control
emocional. Además, áreas del cerebro asociadas con funciones como la
integración de la vista, el olfato y la memoria se desarrollan durante la
adolescencia, al igual que el área cerebral que controla el lenguaje.
“A medida que el cerebro se reorganiza, se crean modelos que servirán
de base para reforzar las conexiones mediante una actividad física o mental.
Los científicos creen que la época que media entre los 10 y los 20 años puede
ser clave para ejercitar el cerebro y que los adolescentes que aprenden a poner
en orden sus pensamientos, medir sus impulsos y pensar de forma abstracta
pueden establecer bases neuronales importantes que perdurarán a lo largo de sus
vidas. También creen que los jóvenes que practican deportes y actividades
académicas o musicales refuerzan de forma positiva esas conexiones a medida que
maduran los circuitos.
“Por otra
parte, los traumatismos, el maltrato, la falta de cuidados y el abuso de drogas
y alcohol pueden cambiar el sistema sináptico del cerebro, confundiendo tanto
su arquitectura como su química. Debido a que estas influencias pueden afectar
de forma importante y negativa al funcionamiento del cerebro y a la capacidad
de aprendizaje, pueden en última instancia limitar las opciones y oportunidades
del adolescente en el futuro. “Adolescencia, una etapa fundamental”,
UNICEF, 2002,
Http://www.unicef.org/spanish/publications/files/pub_adolescence_sp.pdf
[45]
Idem
[46]
idem
[47] Ibidem  Sentencia C-092/02 M.P. Jaime Araujo Rentería. Ver
también, entre otras,  las sentencias  C-019 de 1993 M.P. Ciro Angarita Barón,
T-415 y T-727/98 M.P. Alejandro Martínez  Caballero.
[48] Sentencia C-420/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[49] Declaración de los Derechos del Niño de 1959;  el  Convenio relativo a la protección del niño y a la
cooperación en materia de adopción internacional, suscrito en La Haya, el 29 de
mayo de 1993 y aprobado por la Ley 265 de 1996,   la
Declaración de Ginebra sobre Derechos del Niño, la Declaración Universal de
Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San
José de Costa Rica aprobado mediante la Ley 16 de 1972, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos aprobado mediante la Ley 74 de 1968 y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado en
Colombia mediante la Ley 74 de 1968.
[50] La
Convención sobre Derechos del Niño consagra en  efecto en su artículo 1° que:
“para efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano
menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea
aplicable, haya alcanzado la mayoría de edad”.
El artículo 3
por su parte establece lo siguiente:
"1. En
todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los Tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la
que se atenderá será el interés superior del niño."
2. Los Estados
Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus
padres, tutores u otras personas que sean responsables de él ante la ley y con
ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados
Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas
establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de
seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación
con la existencia de una supervisión adecuada."
[51] M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[52] “Con esta decisión se asegura a la vez, que
los titulares del derecho realmente se lo merezcan, en razón a que es lo mejor
en el interés superior del niño, no una medida manipulada
estratégicamente en provecho del padre condenado que prefiere cumplir la pena
en su residencia. Compete a los jueces penales en cada caso velar porque así
sea”. Sentencia C-184 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[53] “LEY 750 DE  2002
Artículo 1°. La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá,
cuando la infractora sea mujer cabeza de familia, en el lugar de
su residencia o en su defecto en el lugar señalado por el juez en caso de que
la víctima de la conducta punible resida en aquel lugar, siempre que se cumplan
los siguientes requisitos: Que el desempeño personal, laboral, familiar o
social de la infractora permita a la autoridad judicial competente determinar
que no colocará en peligro a la comunidad o a las personas a su cargo, hijos menores
de edad o hijos con incapacidad mental permanente”.
[54] Constitución Política Art. 42. “La pareja tiene derecho a decidir
libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y
educarlos mientras sean menores o impedidos”.
[55] Sentencia T-207/99 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  En esta
oportunidad se estudió el caso de un médico discapacitado, a quien la Dirección
de Salud de Caldas se negó a asignarle una plaza para realizar su servicio
social, en razón de su condición física.  Por ello, la Corte concedió el amparo
al considerar que:  “Desde el punto de vista del principio de igualdad, en su
especial aplicación a las personas discapacitadas, el Estado debe intentar, en
la medida de lo posible, adaptar su estructura a las posibilidades de los
discapacitados. La ausencia de acciones en ese sentido supone una vulneración
del derecho de igualdad, en su forma especial de aplicación a los asociados
discapacitados”.
[56] Sentencia T-1031 de 2005 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto