T-257-19
NOTA
DE RELATORIA: mediante
auto 039 del 5 de febrero de 2020, el cual se anexa en la parte final, se
declara la nulidad parcial de esta providencia,  solo en lo que tiene que
ver con los resolutivos tercero y cuarto (parcial).  Lo anterior, al
comprobar que se incurrió en una violación al debido proceso por la
incongruencia existente entre la parte motiva y considerativa.
Sentencia T-257/19
CALIFICACION DE LA PERDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL PARA PENSION DE
INVALIDEZ EN UN PROCESO DE CONMUTACION PENSIONAL
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR CALIFICACION DE INVALIDEZ-Procedencia excepcional por estado de indefensión o debilidad
manifiesta aun cuando exista otro medio de defensa judicial
CALIFICACION DE LA PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL-Trámite
TRAMITE DE CALIFICACION DE PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL CON MIRAS AL
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSION DE INVALIDEZ-Reglas
CONMUTACION PENSIONAL-Alcance y
operancia
DERECHO AL MINIMO VITAL-Relación
estrecha con la pensión de invalidez
PENSION DE INVALIDEZ Y FECHA DE ESTRUCTURACION DE LA INVALIDEZ-Reglas jurisprudenciales
DERECHO A LA CALIFICACION DE LA PERDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL-Orden a Colpensiones adelantar el estudio para reconocimiento de
pensión de invalidez, una vez realizada la calificación de la pérdida de
capacidad laboral del accionante
Referencia: Expediente T-7.059.344
Acción de tutela presentada por David
Eutiquio Zea López en contra de la Administradora
Colombiana de Pensiones –Colpensiones–
Magistrado
ponente:
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá, D. C., seis (6) de junio de dos mil diecinueve
(2019)
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por las magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado y
Cristina Pardo Schlesinger y el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos de tutela
proferidos, en primera instancia, por el Juzgado Primero Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bello, Antioquia, el 5 de julio
de 2018, y, en segunda instancia, por la Sala de Decisión Constitucional del
Tribunal Superior de Medellín, el 16 de agosto de 2018,
dentro del proceso iniciado por David Eutiquio Zea López en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones–, con vinculación oficiosa
de Zandor Capital S.A. Colombia, la Fiduciaria de Occidente
S.A., Savia Salud EPSS y la Secretaría Seccional de Salud y Protección
Social de Antioquia.
El expediente de la referencia fue seleccionado
para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Once, mediante auto
proferido el 13 de noviembre de 2018 y notificado el 23 de noviembre
de 2018.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda y solicitud
El 20 de junio de 2018, el señor
David Eutiquio Zea López, actuando por conducto de apoderado judicial[1],
presentó acción de tutela en contra de la Administradora
Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), con el propósito de
obtener, como mecanismo transitorio, el amparo de sus derechos fundamentales a
la igualdad, al debido proceso y a la seguridad social, al estimarlos
vulnerados en razón de la negativa de la entidad a autorizar la calificación de
la pérdida de capacidad laboral, en su calidad de afiliado y futuro pensionado
de la administradora de pensiones[2].
A continuación se presentan los hechos más relevantes
según fueron descritos en la demanda:
1.1. David Eutiquio Zea
López (de 55 años[3])
estuvo vinculado laboralmente a Frontino Gold Mines Limited, primero, con un
contrato a término fijo durante 4 meses y 22 días, a partir del 15 de
septiembre de 1985, y, segundo, con un contrato a término indefinido entre el 15
de septiembre de 1988 y el 19 de agosto de 2010, término este último en que
finalizó por despido sin justa causa. Se afirmó que el accionante inició sus
labores con la compañía en superficie y que los últimos años trabajó en
socavón, donde sufrió varios accidentes de trabajo debido a las peligrosas
labores desempeñadas.
1.2. Mediante la Resolución
No. 0425 del 11 de marzo de 2011, el Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones)
aceptó la conmutación de 397 obligaciones pensionales con la empresa Frontino
Gold Mines Limited sucursal Colombia, en liquidación obligatoria. En dicha
resolución, el señor Zea López fue incluido como futuro pensionado por vejez
con cargo al Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones), y cuyo derecho
se materializará el 13 de septiembre de 2023, es decir, cuando cumpla sus 60 años[4].
1.3. En 2011, el señor
Zea López presentó demanda ordinaria laboral bajo el radicado No.
05001310500620110089400, en contra de la empresa Frontino Gold Mines Limited en
liquidación, Zandor Capital S.A. Colombia, la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Antioquia, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y Positiva
Compañía de Seguros S.A., con la finalidad de que se declarara la existencia de
un vínculo laboral entre el demandante y la sociedad Frontino Gold Mines
Limited, además de la existencia de sustitución patronal entre esta y Zandor
Capital S.A. Colombia, entre otras pretensiones derivadas de los anteriores
reconocimientos.
1.4. Del proceso tuvo
conocimiento el Juzgado Octavo Laboral de Descongestión del Circuito de
Medellín. Mediante la sentencia No. 020 del 27 de febrero de 2015, primero,
declaró que existió el fenómeno jurídico de la sustitución patronal entre
Frontino Gold Mines Limited (para la fecha ya liquidada) y Zandor Capital S.A.
Colombia; segundo, declaró que entre la empresa Frontino Gold Mines Limited y
el demandante David Eutiquio Zea López existió un contrato de trabajo, siendo
el último desde el 15 de septiembre de 1988 hasta el 19 de agosto de 2010, terminado
por decisión unilateral de la sociedad accionada; tercero, declaró que el
accionante padecía una pérdida de capacidad laboral del 52,07%, catalogada como
una enfermedad de origen común y estructurada a partir del 23 de enero de 2003[5];
cuarto, condenó a la sociedad Zandor Capital S.A. Colombia, como sucesora
procesal de Frontino Gold Mines, a pagar al señor Zea López la suma de
$3.810.960, en razón de los $21.172 devengados diariamente, por concepto de
indemnización por haber sido despedido en estado de debilidad, de conformidad
con el artículo 26 de la Ley 361 de 2007; y quinto, declaró probada la
excepción de falta de sustento legal y material para proceder al reintegro,
propuesta por el apoderado judicial de la sociedad Frontino Gold Mines[6] .
1.5. La anterior
decisión fue confirmada parcialmente en segunda instancia por la Sala Tercera
de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a
través de la sentencia No. 247 del 19 de octubre de 2017[7]. En
esa oportunidad, el Tribunal revocó el numeral primero de la sentencia
proferida por el Juzgado Octavo Laboral de Descongestión del Circuito de
Medellín, para, en su lugar, declarar que entre Frontino Gold Mines Ltda. hoy
liquidada y la empresa Zandor Capital S.A. Colombia no se presentó sustitución
patronal[8].
Adicionalmente, modificó el numeral cuarto “solo en el sentido de que la
condena impuesta corre a cargo de la Extinta Frontino, asumiéndose el pago la
misma (sic) con los ‘recursos dispuestos en el Fideicomiso 3-1-2369 denominado
Fiduoccidente - Zandor Capital’”[9].
1.6. El 16 de abril de
2018, bajo el radicado 2018_4241859, el señor Zea López le solicitó a
Colpensiones que autorizara y ordenara la calificación de la pérdida de
capacidad laboral, en su calidad de afiliado y futuro pensionado de la entidad[10]. Lo
anterior, al considerar que desde la última calificación “ha padecido un
aumento progresivo de las dolencias que lo aquejan y de sus limitaciones para
trabajar”[11].
1.7. La Dirección de
Medicina Laboral de la entidad, en respuesta a la anterior solicitud, mediante
comunicación No. 2018_4246009 del 25 de abril de 2018, negó la calificación de
la pérdida de capacidad laboral al verificar que el señor Zea López no se
encuentra afiliado al régimen de prima media administrado por Colpensiones,
razón por la que expresó que no era competente para atender la petición[12].
1.8. El accionante
señaló que en la actualidad se encuentra desempleado; que es padre cabeza de
familia, pues tiene a cargo a su esposa y un hijo; y que se encuentra afiliado
al Sisbén, por lo que le resulta imposible aportar sus incapacidades y el
concepto de rehabilitación[13].
1.9. La demanda
concluyó que resulta reprochable la respuesta dada por Colpensiones, debido a
que el señor Zea López hizo parte de la conmutación pensional a cargo de Frontino
Gold Mines Limited sucursal Colombia, hoy liquidada, según la Resolución No.
0425 del 11 de marzo de 2011, debidamente aceptada por el Instituto de Seguros
Sociales (hoy Colpensiones), razón por la que debería estar afiliado a dicha
entidad, máxime cuando fue incluido como futuro pensionado por vejez, cuyo
derecho se materializará el 13 de septiembre de 2023.
1.10. En
razón de lo anterior, solicitó que se ordene a Colpensiones que proceda
a la calificación de la pérdida de capacidad laboral, en su calidad de afiliado
y futuro pensionado por dicha entidad.
2.
Respuesta de la entidad demandada
Mediante auto del 21 de junio de
2018, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bello, Antioquia, admitió la acción de tutela y corrió traslado
de la misma a Colpensiones.
El 26 de junio de 2018, el director
de acciones constitucionales de la gerencia de defensa judicial de Colpensiones[14] solicitó
que se declarara improcedente la acción de tutela presentada por el señor Zea
López, en razón del desconocimiento del requisito de subsidiaridad. Sostuvo que
mediante oficio del 25 de abril de 2018, Colpensiones resolvió la petición del
accionante indicándole que el fondo no es competente para iniciar el proceso de
clarificación de la pérdida de capacidad laboral, y que en caso de presentar
algún desacuerdo con la respuesta debía acudir al juez laboral, de conformidad
con el numeral 4º del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, modificado por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012. Lo
anterior, debido a que el juez constitucional no tiene competencia para realizar
un análisis de fondo en relación con una solicitud de calificación de la pérdida
de capacidad laboral[15].
3.
Decisión que se revisa del juez de tutela de primera instancia
El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento de Bello, Antioquia, mediante sentencia del 5 de julio de 2018,
concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor David
Eutiquio Zea López, al considerar que la conducta de Colpensiones no está
justificada y está violando su derecho a la seguridad social.
Consecuencialmente, le ordenó a la entidad que, dentro del término de 48 horas
hábiles siguientes a la notificación del fallo, procediera a realizar la
calificación de la pérdida de capacidad laboral del señor Zea López[16]. En el
fallo se plantearon los siguientes argumentos:
“[…] en principio, el accionante dispone de las acciones ordinarias
laborales para controvertir la decisión de la accionada de negarse a calificar
su pérdida de capacidad laboral argumentando que el afectado no está afiliado a
dicha entidad. Sin embargo, analizando en concreto, dicho mecanismo de defensa
judicial no resulta lo suficientemente eficaz para asegurar la protección
urgente e inaplazable a los derechos fundamentales invocados, por cuanto se
trata de una calificación que el afectado necesita con el fin de obtener una
pensión de invalidez, debiendo además, afrontar una situación de desempleo por
su misma discapacidad que le impide desempeñarse laboralmente en condiciones normales.
Ahora respecto al argumento esgrimido por COLPENSIONES para negarle la
calificación al afectado, no procede pues está probado que mediante Resolución
0425 del 11 de marzo de [2011], la accionada aceptó una conmutación pensional
con la empresa FRONTINO GOLD MINES LIMITED, de los futuros pensionados que es
el caso del afectado, quien se encuentra incluido en el listado anexo a la
mencionada resolución, y que por situación de enfermedad laboral necesita de la
calificación de pérdida de capacidad laboral para acceder a la pensión de
invalidez; calificación que le corresponde hacer a COLPENSIONES según el
artículo 41 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 142 del Decreto 19
de 2012”[17]
(mayúsculas originales).
4.
Impugnación
El 10 de julio de 2018, el director de acciones constitucionales de la gerencia de defensa
judicial de Colpensiones[18]
impugnó la sentencia de primera instancia, reiterando los argumentos
expuestos en la contestación de la acción de tutela, en relación con el
carácter subsidiario de la misma.
5.
Decisión que se revisa del juez de tutela de segunda instancia
La Sala de Decisión Constitucional del Tribunal
Superior de Medellín, mediante sentencia del 16 de agosto de 2018, revocó el
fallo proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bello, Antioquia, y, en consecuencia, declaró improcedente la
acción de tutela al constatar que Colpensiones no tiene competencia para
iniciar el proceso de calificación de la pérdida de capacidad laboral del
accionante, pues dicho trámite le corresponde a la EPS del régimen subsidiado a
la cual se encuentra afiliado el señor Zea López, de conformidad con el
artículo 142 del Decreto 19 de 2012[19].
Para sustentar su decisión refirió la Resolución
No. 0425 de 2011, mediante la cual el Instituto de Seguros Sociales aceptó la
conmutación pensional con la empresa Frontino Gold Mines Limited, en la que aparece
el señor David Eutiquio Zea López dentro de un grupo preestablecido como “futuros
pensionados a cargo exclusivo del empleador” (ítem 393). Señaló:
“En dicha clasificación no se informa que el empleador del accionante
se haya subrogado en el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, para
que a partir de ese momento se reconozca como afiliado, precisamente con
ocasión de la conmutación pensional; de hecho, en uno de los apartes del acto
administrativo  [folio 41] se consigna que la responsabilidad del Instituto de
Seguros Sociales se limita exclusivamente a pagar el valor de las mesadas
pensionales incluidas en el cálculo actuarial que hace parte integral de la
resolución, así como convalidar los tiempos de los trabajadores activos y
retirados de la empresa FRONTINO GOLD MINES LIMITED EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA,
siendo éste último el caso del accionante, quien tiene cincuenta y cinco (55)
años de edad.
De manera que, si David Eutiquio Zea López no ha estado afiliado a
ningún fondo de pensiones; pero hace parte del sistema de salud a través del
régimen subsidiado y en la actualidad demanda que se le califique la pérdida de
la capacidad laboral, su pretensión debe ser dirigida a la Entidad Promotora de
Salud a la cual se encuentra afiliado”[20]
(mayúsculas originales).
6. Actuaciones en sede de revisión
6.1. El 15 de enero de 2019, el director
de acciones constitucionales con funciones asignadas de Jefe de la Oficina
Asesora de Asuntos Legales de Colpensiones[21]
radicó oficio BZ2019_213150, en el que solicitó que se declare la nulidad de
todo lo actuado por falta de vinculación de terceros con interés directo en la
decisión. Subsidiariamente, peticionó que se vincule al proceso constitucional
a Zandor Capital S.A. Colombia y a la Fiduciaria de Occidente S.A., y que se
desvincule a Colpensiones por no ser competente para asumir los gastos de
calificación de la pérdida de capacidad laboral ni de pagar la pensión de
invalidez del accionante[22].
En esa oportunidad, planteó argumentos relacionados con el
incumplimiento del requisito de subsidiaridad y la falta de legitimación en la
causa por pasiva de Colpensiones, debido a que dicha entidad no es competente
para resolver la petición referente a la calificación de la pérdida de
capacidad laboral del señor Zea López ni una eventual solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, ya que no se encuentra
afiliado al fondo de pensiones de prima media; siendo beneficiario de una
conmutación pensional futura a través de la cual se concede el beneficio
patronal de jubilación a los 60 años de edad, acorde a lo descrito en la
Resolución No. 0425 del 11 de marzo de 2011. Precisó que las obligaciones
referidas estarían a cargo de la sociedad Zandor Capital S.A. Colombia, como
sucesora procesal de Frontino Gold Mines, y de la Fiduciaria de Occidente S.A.,
en razón del contrato de Fiducia Mercantil suscrito por el liquidador de la
empresa Frontino Gold Mines Limited y dicha fiduciaria.
Finalmente, en relación con la conmutación pensional, explicó:
“[…] La jurisprudencia laboral ha indicado que, en el
evento de conmutación[23]
parcial, como sucede en el caso del señor Zea López toda vez que el riesgo de
invalidez no fue normalizado, corresponde al empleador jubilante o quien haga
sus veces asumir la diferencia o la contingencia que no se trasladó[24].
Dentro del capital constitutivo que Frontino Gold Mines constituyó a favor del
ISS solamente obra una pensión futura, exigible a la edad de 60 años, por un
monto de $1.197.724.00.
2.2.2.1. Valga anotar que el caso específico de
Frontino, previendo la existencia de contingencias futuras, el liquidador de la
empresa suscribió un contrato de Fiducia Mercantil con la Fiduciaria de
Occidente S.A. En dicho negocio jurídico se pactó lo siguiente:
“PAGO DE CONTINGENCIAS PENSIONALES Y LABORALES: Hasta
el cincuenta por ciento (50%) de los recursos anuales del FONDO SOCIAL al pago de
(i) las obligaciones litigiosas de FRONTINO, notificadas hasta la terminación
del proceso liquidatorio de FRONTINO en relación con los temas pensionales y
laborales … así como las obligaciones litigiosas del instituto de Seguros
Sociales derivadas de la conmutación pensional de FRONTINO, de acuerdo a las
sentencias ejecutoriadas proferidas, atendiendo la exigibilidad de las mismas”.
En suma, no es competencia de Colpensiones asumir
gastos de calificación o pagar la pensión de invalidez del accionante, en la
medida que dicho riesgo no fue conmutado y, por contera, es responsabilidad de
Frontino Gold Mines. A esto se añade que para atender contingencias, se
constituyó un encargo fiduciario que sufragaría las obligaciones litigiosas de
dicho empleador. Ordenar a Colpensiones el pago de la pensión o cancelar gastos
de calificación, supondría nacionalizar una deuda privada; pasivo que además se
provisionó en un contrato de fiducia mercantil.
Todo lo anterior, desde luego, no significa que
Colpensiones, una vez cumplida la condición relativa a la edad (60 años),
desatienda su obligación contractual de pagar una pensión de vejez futura.
2.2.2.2. Extrapolando las reglas establecidas en la
Fiducia Mercantil al caso sub judice, Zandor Capital S.A. y Fiduciaria
de Occidente S.A., […] son directamente responsables de realizar los trámites
de evaluación de pérdida de capacidad laboral ante cualquier Junta Regional o
Seccional de Pérdida de Capacidad Laboral y si se lograre otorgar un porcentaje
de invalidez mayor al 50%, sea de origen común o laboral, el reconocimiento
prestacional estaría bajo su directa óptica debido a las circunstancias
especialísimas del caso y adicionando que el señor Zea López hace parte de los
trabajadores exceptuados [de acuerdo con el artículo 279, inciso tercero, de la
Ley 100 de 1993].
2.2.2.3. Resulta pertinente exponer que el deseo del
señor Zea López es la evaluación de pérdida de la capacidad laboral y al prever
que Colpensiones no es la entidad competente de realizarla ya que dicha
competencia recae únicamente frente a las solicitudes interpuestas por sus
afiliados y el núcleo familiar de los mismos, sería necesario seguir las reglas
establecidas en el Decreto 1352 de 2013, “Por el cual se reglamenta la
organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, y se
dictan otras disposiciones”, donde sería su empleador FRONTINO o los hoy
encargados Zandor Capital S.A. Colombia y la Fiduciaria de Occidente S.A.,
acorde a los aspectos determinados en la Fiducia Mercantil suscrita entre ambas
partes”[25]
(mayúsculas y cursivas originales).
Con el escrito fueron aportadas
las siguientes pruebas:
-
Fotocopia de la Resolución No. 0425 del 11 de
marzo de 2011[26].
-
Fotocopia de la solicitud de evaluación de la pérdida
de capacidad laboral No. 2018_4241859 del 16 de abril de 2018[27].
-
Fotocopia de la comunicación No. 2018_4246009
del 25 de abril de 2018, expedida por Colpensiones[28].
-
Dictamen de merma de capacidad laboral del señor
David Eutiquio Zea López, realizado por el área ocupacional del Laboratorio de
Salud Pública de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de
Antioquia, el 10 de noviembre de 2014. En dicho documento se indica un
porcentaje total de pérdida de capacidad laboral del 52,07% con fecha de
estructuración del 23 de enero de 2003[29].
-
Fotocopia del expediente administrativo que
reposa en la entidad[30].
-
Fotocopia del contrato de fiducia mercantil
irrevocable de administración y pagos celebrado entre Zandor Capital S.A. Colombia
y la Fiduciaria de Occidente S.A., el 3 de agosto de 2010[31].
6.2. La Sala Quinta de Revisión, mediante
auto del 13 de febrero de 2019[32],
vinculó al trámite a Zandor Capital S.A. Colombia, a la Fiduciaria de Occidente
S.A., a Savia Salud EPSS y a la Secretaría Seccional de Salud y
Protección Social de Antioquia. Adicionalmente, con el fin
de obtener elementos de juicio para adoptar una decisión más informada
en el caso objeto de análisis, decretó las siguientes pruebas:
6.2.1. Ofició a Zandor Capital
S.A. Colombia y a la Fiduciaria de Occidente S.A., para que se
pronunciaran sobre los hechos discutidos y que están relacionados con la
solicitud de calificación de la pérdida de capacidad laboral que realizara el
señor David Eutiquio Zea López a Colpensiones, y la
negativa por parte de esta última. En concreto, les requirió que se
pronunciaran acerca de la competencia y responsabilidad que tienen en relación
con dicha solicitud, en razón de sus vínculos con la empresa Frontino Gold
Mines Limited, hoy liquidada.
6.2.2. Ofició a Savia Salud EPSS y
a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia,
para que se pronunciaran sobre los hechos discutidos y, en concreto, acerca de
la competencia y responsabilidad que tienen en relación con la solicitud de
calificación de la pérdida de capacidad laboral que realizara el señor Zea López a Colpensiones, en razón del
actual vínculo que tiene la Entidad Promotora de Salud para el régimen
subsidiado con el accionante.
6.2.3. Ofició al apoderado judicial del señor David Eutiquio Zea López, doctor Iván Darío Vélez Velásquez,
para que informara: (i) cómo está conformado el núcleo
familiar que depende económicamente del señor Zea López, anexando los
respectivos registros civiles o las pruebas pertinentes y conducentes para la
demostración de los vínculos respectivos; (ii) si en la actualidad el
accionante se encuentra trabajando y en caso de que no, precise con qué
recursos está asumiendo las obligaciones alimentarias de ley; (iii) los
gastos mensuales de vivienda, alimentación, servicios públicos, educación y
otros; (iv) desde qué fecha el señor Zea López está desafiliado del
sistema general de seguridad social en pensiones; (v) desde qué fecha
está afiliado al sistema general de seguridad social en salud en el régimen
subsidiado, y si en la actualidad continúa dicha afiliación; (vi) la
actual condición de salud del señor Zea López, anexando copia de la historia
clínica; y (vii) acerca de nuevos hechos que sean útiles para el trámite
de revisión.
6.3. Las respuestas obtenidas
fueron las siguientes:
6.3.1. El 20 de febrero de 2019, el
representante legal para asuntos prejudiciales y judiciales de la Fiduciaria de
Occidente S.A. (Fiduoccidente S.A.)[33],
en calidad de vocera y administradora del Encargo Fiduciario No. 3-1-2369
denominado Fiduoccidente - Zandor Capital[34],
solicitó desestimar la acción de tutela toda vez que ni la compañía fiduciaria
ni el fideicomiso por ella administrado son los llamadas a atender
requerimientos propios del sistema general de seguridad social, en concreto,
gestionar la solicitud de calificación de la pérdida de capacidad laboral, debido
a que no tienen ningún vínculo jurídico ni con el señor Zea López ni con la
extinta Frontino Gold Mines Limited[35].
Adicionalmente, sostuvo que la situación narrada por el accionante no puede ser
enmarcada como una de las obligaciones litigiosas destinadas a ser cubiertas
con los recursos objeto del fideicomiso referido, que tiene una destinación
específica[36].
Planteó que atendiendo a lo
estipulado en la Resolución No. 0425 del 11 de marzo de 2011, sin lugar a
dudas, en el caso que se estudia existió el fenómeno jurídico de la subrogación
de pasivos pensionales en virtud del perfeccionamiento de la conmutación
pensional llevada a cabo entre la extinta Frontino Gold Mines y el entonces Instituto
de Seguros Sociales (hoy Colpensiones), independientemente del tipo de
conmutación (total o parcial). Ello implica que la responsabilidad de la
obligación pensional fue trasladada a Colpensiones.
Explicó que con el mandato fiduciario constituido
por Zandor Capital S.A. Colombia (hoy Gran Colombia Gold Segovia Sucursal
Colombia), esta “no adquirió la posición de empleador de los trabajadores o
pensionados de la hoy extinta Frontino, motivo por el cual ni Gran Colombia
Gold, ni el mandato fiduciario por el constituido, tiene la obligación ni la
vocación de remplazar a Frontino en sus asuntos, pues la compañía Gran Colombia
Gold Segovia Sucursal Colombia tan solo fue adquirente de Activos y en modo
alguno de pasivos o derechos litigiosos provenientes de Frontino Gold Mines”[37].
Señaló que las obligaciones que se
discuten en el presente trámite en relación con el accionante fueron conmutadas
con cargo a Colpensiones, según la Resolución No. 0425 del 11 de marzo de 2011,
y que el Encargo Fiduciario No. 3-1-2369 Fiduoccidente - Zandor Capital,
administrado por Fiduoccidente S.A., ha cumplido a cabalidad con las
obligaciones a su cargo respecto del señor Zea López, pues hasta el momento le
canceló de manera efectiva y oportuna la condena impuesta en la sentencia
No. 247 del 19 de octubre de 2017, proferida por la Sala
Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, en el marco del proceso laboral por él iniciado en
contra de la extinta Frontino Gold Mines (rad. 05001310500820110089401)[38].
Con el escrito de respuesta el
representante de Fiduoccidente S.A. allegó las siguientes pruebas:
-
Fotocopia de la promesa de compraventa del 29 de
marzo de 2010, celebrada entre Frontino Gold Mines (en liquidación obligatoria)
y Zandor Capital S.A. Colombia[39].
-
Fotocopia de los Anexos 6A y 6B de la promesa de
compraventa antes referida, relacionados con los compromisos laborales y en
materia de salud y el compromiso de pago de aportes sociales[40].
-
Fotocopia del Acta de perfeccionamiento de la
compraventa prometida mediante contrato del 31 de marzo de 2010, suscrita entre
Frontino Gold Mines (en liquidación obligatoria) y Zandor Capital S.A. Colombia
el 18 de agosto de 2010[41].
-
Fotocopia del contrato de fiducia mercantil
irrevocable de administración y pagos constitutivo del Fideicomiso
Fiduoccidente - Zandor Capital Colombia, suscrito entre Zandor Capital S.A.
Colombia y la Fiduciaria de Occidente S.A., el 3 de agosto de 2010[42].
-
Fotocopia del Otrosí 1 al contrato de fiducia
mercantil irrevocable antes referido, suscrito el 4 de marzo de 2011[43].
-
Fotocopia del Otrosí 2 al contrato de fiducia
mercantil irrevocable, suscrito el 8 de marzo de 2011[44].
-
Fotocopia del Auto 405-003971 del 12 de julio de
2012, emanado de la Superintendencia de Sociedades, mediante el cual se
resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el Auto 405-006364 del 26
de junio de 2012, en el cual se ordena la ejecución parcial del plan de pagos
como una de las etapas últimas del trámite liquidatorio[45].
-
Fotocopia del Auto 400-015767 del 28 de octubre
de 2014, emanado de la Superintendencia de Sociedades, en el cual se aprueba la
rendición final de cuentas, se declara terminado el proceso de liquidación
obligatoria y se hacen advertencias a Colpensiones y al Ministerio de Trabajo[46].
-
Fotocopia del Acta No. 20 del 26 de noviembre de
2014, suscrita por el Comité Fiduciario para la administración del Fideicomiso
No. 3-1-2369, dentro de la cual se encuentran relacionadas las contingencias
litigiosas de orden laboral, notificadas a Frontino Gold Mines hasta la fecha
de finalización del trámite liquidatorio[47].
-
Fotocopia de parte de la Resolución No. 0425 del
11 de marzo de 2011, por la cual se adopta una conmutación pensional[48].
6.3.2. El 22 de febrero de 2019,
el secretario seccional de salud y protección social de Antioquia[49] y el director
de gestión integral de recursos[50]
de la Gobernación de Antioquia, solicitaron desestimar la acción de tutela presentada
por el señor Zea López, en lo que a la Secretaría Seccional de Salud y
Protección Social de Antioquia corresponda, toda vez que no ha desconocido derechos
fundamentales del accionante, pues no tiene competencia para autorizar u
ordenar la calificación de la pérdida de capacidad laboral. Lo anterior, porque
de conformidad con el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012, que modificó el
artículo 41 de la Ley 100 de 1993, corresponde a la Administradora Colombiana
de Pensiones –Colpensiones–, a las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–,
a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las
Entidades Promotoras de Salud –EPS–, determinar en una primera oportunidad la
pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de
estas contingencias[51].
Adicionalmente, señaló que la
Secretaría no tiene incidencia en las actuaciones que se adelanten en materia
de calificaciones de la pérdida de capacidad laboral de los afiliados a la EPSS
Savia Salud, pues esta cuenta con capacidad financiera, autonomía presupuestal
e independencia en relación con las entidades que conforman la Alianza Medellín
Antioquia EPS - SAS (Comfama-Alcaldía de Medellín-Gobernación de Antioquia).
6.3.3. El 26 de febrero de 2019,
el representante legal judicial principal de Gran Colombia Gold Segovia
Sucursal Colombia (antes Zandor Capital S.A. Colombia)[52] solicitó
desestimar la petición del accionante en lo que corresponde a su representada,
debido a que en ningún momento ha tenido vínculo laboral con él y, por lo
mismo, no ha vulnerado sus derechos fundamentales. Adicionalmente, señaló que
no es responsable de asumir la calificación de la pérdida de capacidad laboral,
pues la misma, de conformidad con el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012,
debe estar en cabeza de la EPS o de Colpensiones[53].
Agregó que entre Gran Colombia
Gold y Frontino Gold Mines Limited no fue declarada la sustitución patronal, ya
que el negocio jurídico celebrado entre las empresas tuvo como objeto exclusivo
la compraventa de algunos activos físicos, sin que en ningún momento hubiera
cesión de contratos laborales entre las mismas u otra clase de obligación. Así,
expresó que la empresa no tiene obligación alguna con el señor Zea López.
Adicionalmente, expuso que el
contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos celebrado
entre Zandor Capital S.A. Colombia y la Fiduciaria de Occidente S.A., se
realizó en cumplimiento de lo pactado en la promesa de compraventa suscrita con
Frontino Gold Mines Limited y como una forma de garantizar el cumplimiento de
las obligaciones insolutas a cargo de esta última, sin que se pueda de ello
derivar responsabilidad alguna en cabeza de la empresa que representa respecto
de deudas u obligaciones de Frontino Gold Mines frente a sus extrabajadores.
Por lo tanto, sostuvo que “ES ERRADA la afirmación realizada por el Director
de Acciones Constitucionales con funciones asignadas de Jefe de la Oficina
asesora de Asuntos Legales de Colpensiones, [acerca de] que la realización de
calificación de pérdida de capacidad laboral del señor DAVID EUTIQUIO ZEA, o un
eventual reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de este último
estaría a cargo de ZANDOR CAPITAL S.A. COLOMBIA, ni mucho menos que sea
sucesora procesal de FRONTINO GOLD MINES LIMITED en razón del contrato de
fiducia mercantil suscrito entre la empresa que represento y FIDUCIARIA DE
OCCIDENTE”[54]
(mayúsculas originales).
Finalmente, señaló que en razón de
la conmutación pensional aceptada por el Instituto de Seguros Sociales a través
de la Resolución No. 0425 de 2011, en relación con las obligaciones pensionales
y títulos pensionales de trabajadores activos y retirados que estaban a cargo
de Frontino Gold Mines Limited, tal como lo es el señor Zea López, se configura
la subrogación pensional en cabeza de Colpensiones.
Con el escrito de respuesta el
representante de Gran Colombia Gold Segovia Sucursal Colombia allegó las
siguientes pruebas relevantes[55]:
-
Copia de la promesa de compraventa del 29 de
marzo de 2010, celebrada entre Frontino Gold Mines (en liquidación obligatoria)
y Zandor Capital S.A. Colombia.
-
Fotocopia de los Anexos 6A, 6B y 6C de la
promesa de compraventa antes referida.
-
Copia del Acta de perfeccionamiento de la
compraventa prometida mediante contrato del 31 de marzo de marzo de 2010,
fechada el 18 de agosto de 2010.
-
Copia del contrato de fiducia mercantil suscrito
entre Zandor Capital S.A. Colombia y la Fiduciaria de Occidente S.A., el 3 de
agosto de 2010.
6.3.4. El 28 de febrero de 2019,
el gerente asignado de defensa judicial de Colpensiones[56]
radicó oficio BZ2019_2720167, en el que señaló que “el pago de las
obligaciones pensionales de FRONTINO, no conmutadas o conmutadas por un
valor inferior, al que sea reconocido jurídicamente por motivos diferentes al
riesgo de cambio normativo o jurisprudencial, está a cargo de la FIDUCIARIA DE
OCCIDENTE S.A. a través del patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO
FIDUOCCIDENTE-ZANDOR CAPITAL COLOMBIA” (mayúsculas y negrillas originales)[57].
Agregó que verificada la reserva
actuarial constituida por Frontino Gold Mines (liquidada) a favor del señor Zea
López “no aparece una partida que cubra el riesgo de invalidez, lo cual
significa que esa contingencia no se normalizó por conducto de la conmutación”[58].
6.3.5. El 1 de marzo de 2019, el
apoderado judicial del señor David Eutiquio Zea López dio respuesta a las
preguntas formuladas en el auto del 13 de marzo de 2019. Señaló: (i) el
núcleo familiar que depende económicamente del accionante está conformado por
su cónyuge Nori Rosalba Lenis Chaverra[59]
y su hijo mayor de edad Juan Pablo Zea Lenis[60],
quien presenta limitaciones visuales; (ii) en la actualidad el señor Zea
López no se encuentra trabajando y asume sus obligaciones alimentarias gracias
a la caridad de amigos y familiares, y con los recursos ocasionalmente
percibidos por su esposa en labores domésticas; (iii) desde la fecha de
retiro de la empresa Frontino Gold Mines Limited, esto es, el 19 de agosto de
2010[61],
está desafiliado del sistema general de seguridad social en pensiones; (iv)
en la actualidad se encuentra afiliado al sistema general de seguridad social
en salud, en el régimen subsidiado, por su vinculación al Sisbén desde el 9 de
octubre de 2014[62];
(vi) la actual condición de salud del señor Zea López es precaria debido
a sus limitaciones físicas (tiene una pérdida de capacidad laboral del 52%),
que le ha impedido conseguir trabajo, pues en el año 2003 le practicaron una
cirugía de columna cervical, “microdiscectomía por vía anterior C5-C6 con
fijación con placa y artrodesis intercorporal con injerto óseo” para
atender un diagnóstico de “hernia de núcleo pulposo C5-C6 derecha”[63],
además de una cirugía de rodilla izquierda[64].
6.3.6. A través de la comunicación
del 28 de febrero de 2019, la Secretaría de la Corporación informó al despacho
que el oficio OPT-A-360/2019 del 15 de febrero de 2019, librado a Savia Salud
EPSS en virtud del auto del 13 de febrero del mismo año, fue devuelto por la
Oficina de Correo 472 con la anotación de “Rehusado”[65].
6.4. Dada la importancia de informar a Savia Salud
EPSS acerca del proceso de revisión adelantado, y con la finalidad de que
presentara una eventual intervención que le permitiera ejercer su derecho de
defensa y contradicción en relación con los hechos discutidos, mediante auto del 6 de marzo de 2019[66],
la Sala Quinta de Revisión ordenó una nueva comunicación a la entidad. Adicionalmente,
suspendió los términos del proceso, de conformidad con el inciso segundo del
artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015 “Por medio del cual se unifica y
actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional”.
6.5. El 13 de marzo de 2019, el
apoderado judicial de la Alianza Medellín - Antioquia EPS SAS informó que “[r]especto
a la competencia y la responsabilidad de la calificación de pérdida de
capacidad laboral, Savia Salud EPS es competente en realizar dicho trámite para
brindar la atención solicitada del demandante”[67].
Agregó que el señor Zea López pertenece al régimen subsidiario de salud desde
el 8 de abril de 2015 y que no se evidencian aportes al régimen contributivo,
ni periodos compensados al régimen contributivo, de acuerdo a la Administradora
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). En
consecuencia, señaló que Savia Salud EPSS “está presta a garantizar la
prestación del servicio para que se logre realizar la calificación de pérdida
de capacidad laboral”[68]
del afiliado, indicando que para ello le fue autorizada una consulta con
medicina laboral bajo el No. Único 2034727706, que será llevada a cabo en abril
de 2019, previa comunicación telefónica con el usuario[69]. En
nueva comunicación enviada el 22 de marzo de 2019 se anunció que la anterior
consulta médica fue programada para el 27 de marzo de 2019, a las 5:30 p.m., en
la IPS Previlabor[70].
6.6. Conocida la anterior
respuesta de Savia Salud EPSS, el 26 de abril de 2019 se contactó
telefónicamente al apoderado judicial del señor David Eutiquio Zea López para
requerirle información al respecto. A través de un correo electrónico de la
misma fecha, el abogado Iván Darío Vélez Velásquez informó que se había
comunicado con su poderdante y que este le indicó que “la eps SAVIA SALUD en
ningún momento y de ninguna forma se ha comunicado con él, y que tampoco le ha
llegado ninguna citación o comunicación requiriéndolo presentarse para
dictaminarle su pérdida de capacidad laboral y ocupacional” (mayúsculas
originales)[71].
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión es competente para revisar los
fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento
en lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 86 y el numeral 9° del
artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33,
34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Examen de procedencia de
la acción de tutela
Antes de la formulación del problema jurídico relacionado
con la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por el
señor Zea López, la Sala debe analizar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela. Para ello, estudiará si en el
presente asunto se demuestran los presupuestos de: (i) legitimación en
la causa, por activa y por pasiva; (ii) subsidiariedad; y (iii)
inmediatez. Una vez se verifique su observancia, si es del caso, se procederá a
formular el respectivo problema jurídico que permita dar solución al caso
concreto.
2.1. Legitimación en la causa
2.1.1. Legitimación en la causa por activa. El
artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un
mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales. Además, el artículo 10 del Decreto
2591 de 1991[72]
establece que “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos”.
En esta oportunidad, el señor
David Eutiquio Zea López, de 55 años, actuando por
conducto de apoderado judicial[73], presentó acción de tutela en contra de Colpensiones,
alegando la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y a la seguridad social, en razón de la negativa de
la entidad a autorizar la calificación de su pérdida de capacidad laboral.
Dados los hechos, el accionante se encuentra legitimado en la causa para actuar
en el presente trámite.
2.1.2. Legitimación
en la causa por pasiva. El mismo artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1
del Decreto 2591 de 1991, establecen que la acción de tutela procede contra cualquier
autoridad pública e incluso contra particulares[74]. Así, la legitimación por pasiva se
entiende como la aptitud procesal que tiene la persona contra la que se dirige
la acción y quien está llamada a responder por la vulneración o la amenaza del
derecho fundamental, cuando alguna resulte demostrada.
En el caso objeto de análisis, se advierte
que Colpensiones, que es la entidad a la que se le atribuye la vulneración de
los derechos fundamentales del señor Zea López, es
una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente,
vinculada al Ministerio de la Protección Social, según el artículo 155 de la
Ley 1151 de 2007. Por lo tanto, es una autoridad pública y está
legitimada por pasiva para actuar en este proceso.
2.2. Subsidiariedad
De
acuerdo con el artículo 86 de la Constitución la acción de tutela está
revestida de un carácter subsidiario. El principio de subsidiariedad determina
que dicho mecanismo de protección es procedente siempre que (i) no
exista un medio alternativo de defensa judicial; o (ii) aunque exista,
este no sea idóneo y eficaz en las condiciones del caso concreto; o (iii)
sea necesaria la intervención del juez constitucional para conjurar o evitar la
consumación de un perjuicio irremediable en los derechos constitucionales.
Con todo, la jurisprudencia constitucional
ha sostenido que pese a la existencia de otro medio de defensa judicial, el
examen de procedencia de la acción tutela debe ser más flexible cuando están
comprometidos derechos fundamentales de sujetos de especial protección
constitucional, como sería el caso de personas que estén en
condición de discapacidad, porque, en desarrollo del derecho fundamental a la
igualdad, el Estado les debe garantizar un tratamiento diferencial positivo.
Ahora
bien, frente a la protección de los derechos fundamentales que pudieran verse
amenazados o vulnerados por actos emitidos por la administración, la Corte
considera que por regla general la acción de tutela no es el mecanismo
pertinente sino que la competencia se encuentra radicada en la jurisdicción
contencioso administrativa. No obstante, de manera excepcional se ha estimado procedente la tutela para
controvertir dichos actos “cuando éstos vulneran derechos fundamentales y
existe la posibilidad de ocurrencia de un perjuicio irremediable, de tal manera
que se haga necesaria la protección urgente de los mismos”[75].
Sin embargo, debe insistirse
en que el recurso judicial no solo debe verificarse, sino que debe mostrarse eficaz
de cara a las condiciones específicas de cada asunto.  En el presente caso,
aunque podría argumentarse que el accionante bien pudo llevar el asunto ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, este mecanismo no resulta eficaz
ante la situación de vulnerabilidad del señor Zea López, pues se trata de una
persona que, según fue declarado en la sentencia No. 020 del 27 de
febrero de 2015, emitida por el Juzgado Octavo Laboral de Descongestión del
Circuito de Medellín, padece una pérdida de capacidad laboral del 52,07%,
catalogada como una enfermedad de origen común y estructurada a partir del 23
de enero de 2003[76]. Lo
anterior, dado que en el año 2003 le practicaron una cirugía de columna
cervical, “microdiscectomía por vía anterior C5-C6 con fijación con placa y
artrodesis intercorporal con injerto óseo” para atender un diagnóstico de “hernia
de núcleo pulposo C5-C6 derecha”[77].
En razón de lo anterior, y
dado el paso del tiempo, la definición inmediata sobre el porcentaje de la pérdida
de capacidad laboral del accionante se muestra como una medida urgente, puesto
que de la misma depende la procedencia del estudio de una solicitud futura de pensión
de invalidez. Esta circunstancia, sumada a las condiciones de salud del
accionante, así como a su situación de discapacidad, exige un procedimiento
judicial expedito para la protección de sus derechos fundamentales.
A
este respecto, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la tutela puede desplazar al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, ante la incidencia del tiempo sobre los derechos
fundamentales, pues mientras que el juez administrativo se pronuncia sobre la
legalidad de los actos supuestamente transgresores de las garantías
fundamentales del accionante, la falta de protección efectiva y oportuna sobre
el ejercicio de los derechos podría conllevar su afectación[78].
Lo anterior ocurre por alguna de las
siguientes circunstancias: (i) porque la prolongación del procedimiento
contencioso administrativo afectaría desproporcionadamente el ejercicio
efectivo de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o; (ii)
porque para el momento en que el juez contencioso adopte una decisión, el
ejercicio pleno del derecho fundamental vulnerado no puede restablecerse, y
esta situación solo puede ser resarcida económicamente.
En
relación con el segundo supuesto, la Corte ha establecido que cuando la
tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que existe un medio
judicial principal, se debe demostrar que la intervención del juez
constitucional es necesaria para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
Tal
perjuicio se caracteriza: “(i) por ser inminente, es decir,
que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por
ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona sea de gran intensidad;(iii) porque las medidas
que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv)
porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad”[79] (negrillas originales).
Asimismo, concurren
precedentes que reconocen la procedencia de la acción de tutela en asuntos
similares al presente. En tal sentido, la Sentencia T-646 de 2013 revisó
los fallos de tutela correspondientes al caso de una persona en situación de
discapacidad, a quien una entidad promotora de salud se negaba a calificar su
pérdida de capacidad laboral, por asuntos vinculados a la vigencia de la
afiliación. En esa oportunidad se expresó, en relación con la procedencia de la
acción de tutela, que:
“[…] dicho mecanismo [ordinario] de defensa judicial no resulta lo
suficientemente eficaz para asegurar la protección urgente e inaplazable a los
derechos fundamentales invocados, por cuanto se trata de una calificación que
el accionante ha perseguido infructuosamente por más de 1 año y medio
probablemente con el fin de obtener una pensión de invalidez, debiendo además,
afrontar una situación de desempleo por su misma discapacidad que le impide
desempeñarse laboralmente en condiciones normales, y paraliza cualquier ánimo
contractual de los empleadores. Visto así, no se trata en este caso de un
debate en torno a la estricta idoneidad del medio judicial principal, pues la
acción ordinaria en el asunto estudiado es idónea en orden a proteger los derechos
alegados y puede asegurar los mismos efectos que se lograrían con la tutela. El
punto que cobra importancia, y del que se deriva la procedibilidad definitiva
de esta acción constitucional frente a otros medios de defensa, es precisamente
que estos no son lo suficientemente expeditos frente a la situación particular
del accionante, que sin contar con otros medios económicos y estando
discapacitado, demanda una protección inmediata”.
El
anterior precedente fue reiterado en la Sentencia T-044 de 2018, a
través de la cual se revisaron los fallos de tutela correspondientes al caso de
una persona en situación de discapacidad, a quien Colpensiones se negaba a
considerar la valoración de la pérdida de capacidad laboral, al entender que los
recursos de reposición y, en subsidio, de apelación interpuestos contra el
dictamen de calificación habían sido extemporáneos. En esa oportunidad se concluyó
que la administradora de pensiones violó el derecho al debido proceso
administrativo del accionante, al considerar que los recursos formulados por el
accionante fueron presentados oportunamente.
Llevadas las consideraciones
descritas al presente caso, se tiene que las condiciones de vulnerabilidad del señor
Zea López, esto es, se trata de una persona en situación de discapacidad que,
precisamente por dicha situación, se encuentra desempleada y sin los medios
económicos para atender sus necesidades básicas y los de su núcleo familiar[80] dignamente, hacen que el mecanismo de
defensa ante la jurisdicción contencioso administrativa no  resulte eficaz.
Nótese que las condiciones de salud física del accionante hacen imprescindible
una definición concreta y oportuna de su capacidad laboral, con miras a
determinar, con grado de certeza, si puede o no ser beneficiario de la pensión
de invalidez.
2.3. Inmediatez
La acción de tutela está instituida en la
Constitución Política como un mecanismo expedito que busca garantizar la
protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades
públicas o de los particulares.
Así, uno de los principios que rigen la procedencia
de la acción de tutela es la inmediatez. Lo anterior significa que, si bien la
solicitud de amparo puede formularse en cualquier tiempo, su interposición debe
hacerse dentro un plazo razonable y proporcionado a partir del evento generador
de la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales, so pena de
que se determine su improcedencia[81].
En el caso bajo estudio la Sala
advierte el cumplimiento del requisito de inmediatez, dado que el señor David
Eutiquio Zea López presentó
la acción de tutela en el mes de junio de 2018[82], luego de que el 25 de abril del mismo año Colpensiones le negara
la calificación de la pérdida de capacidad laboral que solicitara[83].
3. Planteamiento del problema jurídico
Acreditados
los requisitos de procedencia de la acción de tutela en el asunto de la
referencia, corresponde a la Sala resolver el
siguiente problema jurídico: ¿vulneró Colpensiones los derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social y al
mínimo vital de David Eutiquio Zea López, quien
presenta un diagnóstico de “hernia de núcleo pulposo C5-C6 derecha”, al negar la autorización para la calificación
de su pérdida de capacidad laboral, desconociendo su condición de futuro
pensionado de la entidad en virtud de la conmutación de las obligaciones
pensionales que realizara la empresa Frontino Gold Mines Limited sucursal
Colombia, ya liquidada, al Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones), y,
por ende, afectando la posibilidad del accionante de solicitar el
reconocimiento de una pensión de invalidez?
Para dar respuesta al anterior
interrogante, la Sala (i) recordará las reglas sobre el trámite
de la calificación de la pérdida de capacidad laboral, como requisito de acceso
a la pensión de invalidez, y, (ii) resolverá el caso concreto.
4. Las reglas sobre el trámite de la
calificación de la pérdida de capacidad laboral, como requisito de acceso a la
pensión de invalidez[84]
4.1. En los términos de los artículos 38 y 39 de la
Ley 100 de 1993, la pensión de invalidez es una prestación propia del sistema
de seguridad social, de la cual son acreedores los cotizantes que por cualquier
causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, (i) hayan
perdido el 50% o más de su capacidad laboral; y (ii) en principio, hayan
cumplido con el requisito de densidad de cotización de que trata el artículo 39
citado, el cual fue modificado por la Ley 860 de 2003[85].
4.2. De acuerdo con la jurisprudencia de este
Tribunal, la pensión de invalidez tiene una estrecha relación con el derecho al
mínimo vital y, por lo mismo, adquiere especial relevancia constitucional. En
efecto, se trata de una prestación dirigida a solventar las necesidades
económicas de quien no está físicamente capacitado para laborar, así como de su
núcleo familiar dependiente. Estas personas, precisamente en razón de su
condición de salud, son sujetos de especial protección constitucional, lo que
hace que el acceso a la prestación constituya el soporte material para la
eficacia de sus derechos fundamentales.
La Corte en diversas decisiones ha precisado la
fundamentación de la pensión de invalidez, tanto desde el punto de vista
general de la seguridad social, como desde la perspectiva específica de las
personas con discapacidad. Así, por ejemplo, en las Sentencias T-545 de 2017
y T-044 de 2018 reiteró que el derecho a la
seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Constitución, busca
garantizar la protección de cada sujeto frente a necesidades y contingencias,
tales como las relacionadas con la pérdida de la capacidad laboral; de forma
tal que la pensión de invalidez constituye una prestación con una alta
significación jurídica para las personas que quedan físicamente imposibilitadas
para ejercer la actividad productiva de la cual derivaban su sustento
económico.
Al respecto, sostuvo la Sala
Quinta de Revisión en la Sentencia T-509 de 2015 que la pensión de
invalidez “tiene como objeto brindar a los trabajadores una fuente de
ingresos cuando han sufrido un accidente o enfermedad que afectan gravemente su
capacidad laboral. Asimismo, este derecho es fundamental porque se trata de una
medida de protección a las personas en situación de discapacidad, quienes
tienen una alta pérdida de capacidad laboral y, por esta razón, se enfrentan a
mayores dificultades para vincularse a un empleo y proveerse un sustento
económico que les permita tener una vida digna”.
Por lo anterior, ha sostenido
este Tribunal que la pensión de invalidez es, en sí misma considerada, un
derecho fundamental autónomo. La condición de fundamentalidad del derecho a la
pensión de invalidez es reafirmada por la Corte cuando la prestación es
predicable de personas que están en situación de vulnerabilidad, ya sea a raíz
de la pérdida de capacidades psicofísicas o de la edad avanzada[86].
En este sentido, la pensión de invalidez resulta ser una medida de justicia
social, que refuerza los principios constitucionales orientados hacia la
protección especial de las personas discapacitadas, que por situaciones
involuntarias y trágicas “requieren un tratamiento diferencial positivo y
protector, con el fin de recibir un trato digno e igualitario en la comunidad
(inciso 2º y 3º del artículo 13 de la C.N.)”[87].
4.3. Ahora bien, respecto al problema jurídico
materia de esta decisión, interesa concentrarse en el procedimiento previsto
para el reconocimiento de la pensión de invalidez.  Como se explicó
anteriormente, una de las condiciones requeridas para acceder a esta prestación
es la disminución de la capacidad laboral en un porcentaje superior al 50%, por
ello es necesario la calificación de dicha pérdida. Dicho procedimiento, en los
términos de los artículos 41 al 44 de la Ley 100 de 1993, responde a los
siguientes parámetros generales:
(i) Las fuentes normativas para la
calificación del estado de invalidez son tanto las previsiones legales antes
anotadas, como el manual único para la calificación de invalidez, que para el
efecto expida el Gobierno Nacional y que se encuentre vigente a la fecha de la
calificación[88].
Dicho manual deberá definir los criterios técnicos de evaluación para calificar
la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por la pérdida
de capacidad laboral (en adelante PCL).
(ii) En una primera oportunidad, la
calificación de la PCL corresponde a Colpensiones, a las administradoras de
riesgos laborales y a las compañías de seguros que asuman los riesgos de
invalidez y muerte, así como a las entidades promotoras de salud. De acuerdo
con las normas citadas, “[e]n caso de que el interesado no esté de acuerdo
con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10)
días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de
Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días
siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación
de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas
decisiones proceden las acciones legales”[89].
(iii) El acto que declara la invalidez debe
ser motivado, para lo cual contendrá expresamente los fundamentos de hecho y de
derecho que dieron origen a esta decisión, “así como la forma y oportunidad
en que el interesado puede solicitar la calificación por parte de la Junta
Regional y la facultad de recurrir esa calificación ante la Junta Nacional”[90].
(iv) En los casos en que la calificación de
la PCL es inferior en no menos del 10% de los límites que califican el estado
de invalidez, tendrá que acudirse en forma obligatoria ante la Junta Regional
de Calificación de Invalidez, por cuenta de la respectiva entidad.
(v) Corresponde a las empresas promotoras de
salud determinar si existe concepto favorable de rehabilitación. En este caso,
se postergará el trámite de calificación de la PCL, en los términos previstos
en la regulación legal en comento.
(vi) Sin perjuicio de las funciones
asignadas a las entidades descritas en el numeral dos, corresponde a la Junta
Regional de Calificación de Invalidez calificar en primera instancia la PCL, el
estado de invalidez y determinar su origen. La Junta Nacional tiene la
competencia para resolver, en segunda instancia, las controversias relativas a
las decisiones de las juntas regionales.
(vii) Las entidades de seguridad social y
las juntas regionales y nacionales de calificación de invalidez, y los
profesionales que califiquen, serán responsables solidariamente por los
dictámenes que produzcan perjuicios a los afiliados o a los administradores del
sistema general de seguridad social, cuando este hecho esté plenamente probado.
(viii) El estado de invalidez y, por ende,
la PCL, podrá revisarse en los siguientes eventos: (i) cada tres años y
por solicitud de la entidad de previsión o seguridad social correspondiente, “con
el fin de ratificar, modificar o dejar sin efectos el dictamen que sirvió de
base para la liquidación de la pensión que disfruta su beneficiario y proceder
a la extinción, disminución o aumento de la misma, si a ello hubiere lugar”[91]; (ii)
por solicitud del pensionado por invalidez, en cualquier tiempo y a su costa; y
(iii) conforme lo prevé el artículo 55 del Decreto 1352 de 2013[92],
tratándose del sistema general de riesgos laborales, “la revisión de la
pérdida de incapacidad permanente parcial por parte de las Juntas será
procedente cuando el porcentaje sea inferior al 50% de pérdida de capacidad
laboral a solicitud de la Administradora de Riesgos Laborales, los trabajadores
o personas interesadas, mínimo al año siguiente de la calificación y siguiendo
los procedimientos y términos de tiempo establecidos en el presente decreto, la
persona objeto de revisión o persona interesada podrá llegar directamente a la
junta solo si pasados 30 días hábiles de la solicitud de revisión de la
calificación en primera oportunidad esta no ha sido emitida”.
Como se observa, tanto a partir de la regulación
legal como reglamentaria del sistema general de seguridad social integral, la
pensión de invalidez tiene un trámite detallado, que involucra la acción
coordinada tanto del afiliado como de diferentes instituciones que integran el sistema.
A su vez, ese procedimiento está basado en la identificación de las condiciones
para el acceso a la prestación, siendo de central importancia la definición de
la invalidez y de la PCL. Para ello, se establece un trámite que involucra dos
instancias: la primera, conformada por las diferentes entidades administradoras
y aseguradoras, al igual que la Junta Regional de Calificación de Invalidez. La
segunda, a cargo de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.
A juicio de la Corte, este diseño legal responde al
doble propósito de otorgar eficacia al derecho al debido proceso administrativo
de los usuarios y proteger los derechos constitucionales de quienes, al ver
gravemente disminuida su capacidad laboral, quedan imposibilitados para
prodigarse las condiciones económicas mínimas, propias y de su núcleo familiar
dependiente.
Verificados los anteriores aspectos, pasa la Sala a
resolver el problema jurídico objeto de esta decisión.
5. Análisis del caso concreto
5.1. Como ya se indicó, el señor
David Eutiquio Zea López (de 55 años[93]), actuando por conducto de apoderado judicial, presentó
acción de tutela en contra de la Administradora Colombiana de
Pensiones (en adelante Colpensiones), con el propósito de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la
seguridad social. Lo anterior, debido a la negativa de la entidad a autorizar la
calificación de la pérdida de capacidad laboral del accionante[94], desconociendo
su condición de afiliado y futuro pensionado de Colpensiones, en virtud de la
conmutación de las obligaciones pensionales que realizara la empresa Frontino
Gold Mines Limited sucursal Colombia, ya liquidada, al Instituto de Seguros
Sociales (hoy Colpensiones), y, por ende, afectándole la posibilidad de
solicitar el reconocimiento de una pensión de invalidez.
Colpensiones argumentó que no es
competente para iniciar el proceso de clarificación de la pérdida de capacidad
laboral, porque el señor Zea López no se encuentra afiliado al régimen de prima
media administrado por la entidad.
5.2. Conmutación
pensional. La ley previó la figura de la conmutación pensional
como una garantía especial, con el claro propósito de que no se hiciera
nugatorio el derecho adquirido de los pensionados o de quienes tienen una
expectativa de alcanzar una pensión de vejez. Así, se acude a
la conmutación pensional cuando una empresa o sociedad entra
en proceso de cierre o liquidación, o en cualquier otra circunstancia en la que
pueda resultar amenazado el derecho a la seguridad social de los trabajadores.
La Corte Constitucional ha reiterado que en esos casos, no se está
frente a una potestad, sino que es forzoso que se acuda a esta institución
especial por parte de la empresa, así como de las entidades estatales
encargadas de su vigilancia y control, ya que la omisión puede
afectar los derechos de los pensionados o de quienes tienen una posibilidad
futura de pensionarse por vejez[95].
Entonces, la regla indica que cuando la empresa o entidad empleadora entra en liquidación obligatoria, y
entre sus trabajadores se encuentran personas que ya adquirieron el derecho a
pensionarse a su cargo, o que están ante la expectativa
de pensionarse porque, por ejemplo, cumplieron con el
requisito de densidad de cotización establecido en el artículo 33 de la Ley 100
de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, es deber del
liquidador efectuar una conmutación pensional[96].
Este Tribunal en la Sentencia
C-090 de 2011[97],
precisó que “la conmutación del pasivo pensional es un mecanismo jurídico y
contable, a través del cual una entidad empleadora, para lograr la
normalización de su pasivo pensional, transfiere a un tercero, mediante el pago
de una suma establecida, la responsabilidad jurídica del pago de pensiones a su
cargo. La conmutación puede ser total y definitiva cuando el empleador se
libera integralmente de toda responsabilidad del pago de los pasivos
pensionales, o parcial, cuando el empleador conserva responsabilidad por el
pasivo transferido. La normalización es el género y la conmutación es la
especie”.
El marco legal que
regula lo relacionado con la conmutación pensional, es el siguiente: Ley 550 de
1999[98],
artículo 41; Ley 1116 de 2006[99],
artículo 34; Decreto 1260 de 2000[100];
Decreto 941 de 2002[101];
Decreto 4014 de 2006[102];
Decreto 4936 de 2011[103];
y Decreto 2727 de 2013[104].
La anterior normativa viabiliza la subrogación de las
obligaciones pensionales de la empresa o entidad empleadora que se encuentre en
liquidación obligatoria, acuerdo de reestructuración, trámite concordatario,
así como en cualquier otro evento de normalización de pasivos pensionales, como
mecanismo legal con el que se pretende precaver que en razón de los eventos descritos
se haga nugatorio el derecho pensional de los trabajadores, obligaciones estas que
serían asumidas por el Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones), las
compañías aseguradoras, los fondos de pensiones y los patrimonios autónomos
pensionales administrados por sociedades fiduciarias o administradoras de
fondos de pensiones, según el caso.
La conmutación
pensional también procede en los casos en los que a través de una sentencia
judicial se conmine al empleador al pago de la pensión sanción por omisión en
la afiliación del trabajador al sistema general de pensiones, de conformidad
con el artículo 133 de la Ley 100 de 1993.
5.3. Fue probado en el
presente proceso que mediante la Resolución No. 0425 del 11 de marzo de 2011,
el Instituto de Seguros Sociales aceptó la conmutación de 397 obligaciones
pensionales con la empresa Frontino Gold Mines Limited sucursal Colombia, hoy
liquidada (en adelante Frontino Gold). En dicha resolución, el señor Zea López
fue incluido como futuro pensionado por vejez con cargo al Instituto de Seguros
Sociales (hoy Colpensiones), y cuyo derecho se materializará el 13 de
septiembre de 2023, es decir, cuando cumpla sus 60 años[105]. En dicho
acto administrativo se señalan los siguientes grupos de personas: jubilados
plenos a cargo exclusivo del empleador (980 personas); sustituciones vitalicias
a cargo exclusivo del empleador (356 personas); sustituciones vitalicias con
varios beneficiarios a cargo exclusivo del empleador (69 personas);
sustituciones temporales a cargo exclusivo del empleador (12 personas); y
futuros pensionados a cargo exclusivo del empleador (397 personas). En este
último grupo, en la línea 393, aparece el accionante David Eutiquio Zea López[106].
La conmutación
pensional, en tanto constituye un mecanismo para garantizar el pago de la
obligación pensional a cargo del empleador (Frontino Gold), implica una subrogación de las obligaciones pensionales con el
Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones). En efecto, si el objeto del
sistema general de pensiones es “garantizar a la población, el amparo contra
las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones”, de acuerdo con el artículo
10 de la Ley 100 de 1993, y que la misma ley permite la convalidación de
tiempos servidos con empleadores que por omisión no hubieren afiliado a los
trabajadores al sistema, la que es procedente trasladando el valor del cálculo actuarial
correspondiente a efecto del cómputo de semanas para el reconocimiento de una
pensión, según lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 33 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, nada se opone para
afirmar que en el presente caso se llevó a cabo una subrogación de las
obligaciones pensionales que se encontraban a cargo de Frontino Gold, hoy
liquidada, así como de los títulos pensionales de trabajadores activos y
retirados que estaban a cargo de dicha empresa, tal como lo es el señor Zea
López, correspondiente al cálculo actuarial en los términos del artículo 33 de
la Ley 100 de 1993.
Entonces, en el caso que se estudia
existió el fenómeno jurídico de la subrogación de pasivos pensionales en virtud
del perfeccionamiento de la conmutación pensional llevada a cabo entre la
extinta Frontino Gold y el entonces Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones),
a través de la Resolución No. 0425 de 2011. Ello
implica que la responsabilidad de la obligación pensional fue trasladada a
Colpensiones.
Ahora, debe
entenderse que la afiliación del señor David Eutiquio Zea
López al régimen de prima media administrado hoy por Colpensiones se dio una
vez fue aceptada la conmutación pensional en la Resolución No. 0425 del 11 de
marzo de 2011, pues con ello el Instituto de Seguros Sociales recibió el dinero correspondiente al cálculo actuarial allí descrito[107], adquiriendo
la obligación de reconocer la pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivencia,
según las contingencias futuras del extrabajador de la extinta Frontino Gold. En
este caso se trata de una afiliación atípica por ser de tipo contractual, por
lo que constituye un actuar de mala fe recibir el dinero y luego sustraerse de
las obligaciones derivadas de la conmutación pensional.
5.4. Calificación de
la pérdida de capacidad laboral. La Dirección de
Medicina Laboral de Colpensiones, en respuesta a la solicitud realizada por el
señor Zea López relacionada con la autorización y orden de la calificación de
pérdida de capacidad laboral, en su calidad de afiliado y futuro pensionado de
la entidad, declaró su incompetencia para atender tal petición, según
comunicación No. 2018_4246009 del 25 de abril de 2018, con el argumento de que
el accionante no se encuentra afiliado al régimen de prima media por ella
administrado[108].
No es de recibo la
negativa de Colpensiones para hacer la valoración de la pérdida de capacidad
laboral del accionante, porque, como se indicó en líneas anteriores, la
conmutación pensional realizada por la extinta Frontino Gold al Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones), a través de la Resolución No. 0425 de 2011, constituye una
afiliación de tipo contractual del señor Zea López al
régimen de prima media. Ahora, dado que el accionante no ha realizado aportes
al sistema general de pensiones, debió dársele el trato de un afiliado inactivo[109], ya
que la afiliación a la seguridad social es una y permanente, de conformidad con
el artículo 13 del Decreto 692 de 1994[110].
En razón de ello, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, corresponde
a dicha entidad determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad
laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de esas contingencias.
Adicionalmente, la razón principal
por la que Colpensiones está obligada a calificar la invalidez se funda en la
integralidad del sistema general de seguridad social, que fue instituido para
cubrir los riesgos de vejez, invalidez y muerte. Así las cosas, no tiene
ninguna justificación que la entidad le traslade al accionante, quien es sujeto
de especial protección constitucional, la supuesta omisión administrativa en la
que pudo haber incurrido el Instituto de Seguros Sociales al no prever en el
cálculo actuarial el riesgo de invalidez y muerte. Con todo, es preciso aclarar
que la prestación de invalidez opera en los eventos en los que el afiliado ve
disminuida su capacidad laboral en el porcentaje determinado por la ley, como
es el caso del señor Zea López, por lo que se modifica la condición para el
pago de la pensión (cumplimiento de la edad) en razón de la situación de salud
del afiliado.
En atención a lo
anterior, la Sala le ordenará a la Administradora Colombiana de Pensiones
–Colpensiones– que realice los trámites pertinentes –médicos y administrativos–
para que el señor David Eutiquio Zea López sea calificado según los
lineamientos legales del artículo 41 de la Ley 100 de 1993, los criterios
técnico-científicos dispuestos en el Manual Único de Calificación de la
Invalidez y demás normas concordantes y complementarias.
Se precisa que si bien Savia Salud EPSS reconoció
su competencia para hacer la calificación de la pérdida de capacidad laboral
solicitada por el accionante, y para garantizar la prestación
del servicio[111],
según información suministrada por el apoderado judicial, la entidad no le
comunicó al señor Zea López el inicio del procedimiento respectivo[112].
Ello confirma que aún persiste la necesidad de obtener la valoración requerida,
para, en un segundo momento, solicitar que se estudie el reconocimiento de la
pensión de invalidez.
La Sala opta por dar la orden a
Colpensiones para que realice los trámites pertinentes para la calificación
de la pérdida de capacidad laboral del señor Zea López, en
razón de la competencia concurrente prevista en el inciso segundo del artículo
41 de la Ley 100 de 1993, según la cual corresponde a la “Administradora
Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES–, a las Administradoras de Riesgos
Profesionales –ARP–, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de
invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en
una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de
invalidez y el origen de estas contingencias”. Adicionalmente, porque (i)
el trámite referido constituye un primer paso para una futura solicitud de reconocimiento
de pensión de invalidez; (ii) por razones de economía procesal, es
preferible que sea la misma entidad competente para estudiar el reconocimiento de
la pensión de invalidez la que proceda a hacer la calificación de dicha contingencia,
pues con ello se garantiza la secuencia y celeridad en la decisión de las
diversas solicitudes, sin que se sumen términos asociados al traslado de
información de una entidad a otra; y (iii) las circunstancias del
accionante como sujeto de especial protección constitucional, amerita que se
adelante un trámite célere y sin dilaciones injustificadas.
5.5. Estudio de la solicitud de la pensión de
invalidez. Colpensiones argumentó que no es competente para reconocer y
pagar la pensión de invalidez del accionante, toda vez que dicho riesgo no fue
conmutado, y que ello es responsabilidad de Frontino Gold, quien para atender
las contingencias futuras constituyó un encargo fiduciario que sufragaría las
obligaciones litigiosas de dicho empleador.
Es importante precisar que si bien
la acción de tutela estaba dirigida a obtener la calificación de la pérdida de
capacidad laboral del señor Zea López y no se incluyó una pretensión de
reconocimiento de la pensión correspondiente, aun cuando sí fuera prevista por
Colpensiones en sus diferentes escritos de defensa, la Corte Constitucional ha
reiterado que el juez de tutela está facultado para emitir fallos extra y ultra
petita cuando de la situación fáctica descrita en la demanda pueda
deducirse la vulneración de un derecho fundamental, aunque su protección no
haya sido solicitada por el peticionario. Lo anterior, porque conforme a la
condición sui generis de esta acción, la labor de la autoridad judicial
no puede limitarse exclusivamente a las pretensiones invocadas por la parte
demandante, sino que debe estar encaminada a garantizar el amparo efectivo de
los derechos fundamentales[113].
Está probado que
Frontino Gold no afilió al señor David Eutiquio Zea López a ningún fondo de
pensiones mientras este laboraba para la empresa[114],
siendo su última contratación desde el 15 de septiembre de 1988 hasta el 19 de
agosto de 2010. Pese a ello, realizó una conmutación
pensional a través de la Resolución No. 0425 del 11 de marzo de 2011, que fue
aceptada por el Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones), incluyéndolo
como futuro pensionado por vejez una vez se materialice su derecho, lo que se
prevé ocurrirá el 13 de septiembre de 2023, es decir, cuando el afiliado cumpla
60 años.
Así las cosas, no se discute la obligación de
Colpensiones de reconocer y pagar la pensión de vejez del señor Zea López, sino
si la entidad está en el deber de asumir la contingencia derivada de la
invalidez del afiliado, una vez esta sea debidamente calificada, teniendo en
cuenta que lo que fue provisionado por Frontino Gold fue el dinero para el
reconocimiento y pago de una futura pensión de vejez, una vez se cumpliera el
requisito de la edad establecido en la Ley 100 de 1993 (60 años).
Antes de resolver el anterior cuestionamiento, es
necesario precisar, primero, que tal como lo declaró la Sala Tercera de
Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en la
sentencia No. 247 del 19 de octubre de 2017, en el caso del señor David
Eutiquio Zea López, entre Frontino Gold (hoy liquidada) y la empresa Zandor
Capital S.A. Colombia no se presentó una sustitución patronal, como quiera que
no hubo continuidad en la prestación del servicio por parte del accionante[115].
Segundo, que con el mandato fiduciario constituido
por Zandor Capital S.A. Colombia (hoy Gran Colombia Gold Segovia Sucursal
Colombia), esta no adquirió la posición de empleador de los trabajadores o
pensionados de la hoy extinta Frontino Gold. Y, en el caso del señor David
Eutiquio Zea López, ni Gran Colombia Gold, ni el mandato fiduciario por ella
constituido, tienen la obligación ni la vocación de remplazar a Frontino Gold (liquidada)
en sus asuntos, pues la compañía Gran Colombia Gold Segovia no adquirió los pasivos
o derechos litigiosos provenientes de Frontino Gold.
Tercero, que ni la Fiduciaria de Occidente S.A., en
calidad de vocera y administradora del Encargo Fiduciario No. 3-1-2369
denominado Fiduoccidente - Zandor Capital, ni el fideicomiso, son los llamados
a atender, en esta instancia, requerimientos propios del sistema general de
pensiones en relación con el señor David Eutiquio Zea López, debido a que no
tienen con él ningún vínculo jurídico; además, la obligación pensional que a
futuro pueda ser reclamada, no se trata de una obligación litigiosa destinada a
ser cubierta con los recursos objeto del fideicomiso referido en razón de su
destinación específica.
En el presente proceso fue
demostrado que el Encargo Fiduciario No. 3-1-2369 Fiduoccidente - Zandor
Capital, administrado por Fiduoccidente S.A., ha cumplido con las obligaciones
a su cargo respecto del señor Zea López, pues le canceló la condena impuesta en
la sentencia No. 247 del 19 de octubre de 2017,
proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín, en el marco del proceso
laboral por él iniciado en contra de la extinta Frontino Gold (rad.
05001310500820110089401)[116].
Colpensiones argumentó que con fundamento en el artículo sexto de la
Resolución No. 0425 del 11 de marzo de 2011[117],
la entidad estaría exceptuada de asumir una contingencia como lo es la pensión
de invalidez, bajo el entendimiento de que se trata de una obligación litigiosa
que no fue conmutada por la empresa Frontino Gold. Con todo, en el caso que
estudia la Sala no se evidencia que se trate de una obligación litigiosa sino que
se está ante una prestación que tiene fundamento en el sistema general de
pensiones regulado en la Ley 100 de 1993, cuya finalidad es “[…] proteger
a la persona que ha sufrido una disminución considerable en su capacidad
laboral, puesto que, dicha limitación, física o mental, impacta negativamente
la calidad de vida del ser humano y la eficacia de otros derechos sociales”[118].
Así las cosas, la sala reitera que la
razón principal por la que Colpensiones está obligada a adelantar el estudio
para el reconocimiento de la pensión de invalidez se funda en la integralidad
del sistema general de seguridad social, que fue instituido para cubrir los
riesgos de vejez, invalidez y muerte. Por ello, no es justificable que la
entidad le traslade al señor Zea López, quien es sujeto de especial protección
constitucional, la supuesta omisión administrativa en la que pudo haber
incurrido el Instituto de Seguros Sociales al no prever en el cálculo actuarial
el riesgo de invalidez y muerte. Sin embargo, es preciso aclarar que la
prestación de invalidez tiene lugar en los eventos en los que el afiliado ve
disminuida su capacidad laboral en el porcentaje determinado por la ley, como
es el caso del accionante, por lo que se modifica la condición para el pago de
la pensión (cumplimiento de la edad) en razón de la situación de salud del
afiliado.
5.6. La pensión de invalidez. Dicha
prestación, al ser manifestación del derecho a la seguridad social, pretende la
realización del principio de la dignidad humana en su dimensión material y, por
tanto, del derecho al mínimo vital de las personas procurando la satisfacción
de sus necesidades mínimas, entre las que se encuentran la alimentación, el
vestido y la salud. Con ello logra evitarse “[…] que
la persona se vea reducida en su valor intrínseco como ser humano debido a que
no cuenta con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia
digna”[119].
En ese sentido, esta Corporación ha asociado la pensión de
invalidez a la materialización del derecho al mínimo vital. En la Sentencia
T-043 de 2007, por ejemplo, la Sala Tercera de Revisión afirmo que “[…]
para el caso de pensión de invalidez, en
donde la persona ha sido incapacitada para laborar y además no cuenta con
bienes de fortuna o con otro ingreso, la falta de pago de la pensión compromete
de manera cierta su derecho al mínimo vital”.
Postura que se reprodujo en la Sentencia T-657 de 2011,
en la que se argumentó que la falta de respuesta de las entidades encargadas
del reconocimiento de la pensión de invalidez, y, en consecuencia, el retardo
injustificado en el pago de las mesadas pensionales, afectaba el mínimo vital
de los peticionarios que pudiesen tener derecho a ella, quienes, en su mayoría,
eran sujetos que por sus particulares condiciones no tenían la posibilidad de
acceder a un trabajo y por lo mismo no contaban con los ingresos mínimos
necesarios para su sostenimiento.
La pensión de invalidez, entonces, es una garantía que
desarrolla los fines del derecho fundamental a la seguridad social. Con esta se
pretende que quienes han perdido su capacidad laboral con ocasión de la
ocurrencia de una enfermedad o accidente relacionado con actividades de
trabajo, sean amparados –siempre que se cumplan los requisitos fijados en la
ley– con el reconocimiento y pago de una prestación periódica que les permita
asegurar su mínimo vital.
La pensión de invalidez se consagró como una
prestación para aquellas personas que contaran (i) con una pérdida de
capacidad laboral permanente y definitiva superior al 50%[120],
la cual puede ser producto de una enfermedad o un accidente de origen común,
que afecte su capacidad productiva y, además, (ii) con un cierto número
de semanas de cotización. Para aquellos afiliados que al momento de la
estructuración de su invalidez no hubieren alcanzado los requisitos para
adquirir dicha prestación, se estableció el reconocimiento de una indemnización
sustitutiva[121].
Ahora bien, dependiendo de la fecha de
estructuración de la invalidez se deben cumplir los requisitos establecidos en
el artículo 6 del Decreto 758 de 1990[122];
o en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993[123];
o en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, modificatorio del artículo 39 de la
Ley 100 de 1993[124].
De tal manera que, dependiendo del
momento en que se estructure la invalidez, se deberá cumplir con alguna de las
anteriores disposiciones para acceder a una pensión que cubra la situación de
discapacidad. Lo anterior, sin perjuicio de que el trabajador sea beneficiario
del régimen de transición, caso en el cual se aplicará la normativa vigente al
momento en que se hizo el aporte y que generó en el afiliado una expectativa
legítima. Así, la Corte Constitucional ha respaldado la teoría de la condición
más beneficiosa que permite, en ciertos casos, aplicar los requisitos
consagrados en una ley anterior en procura de proteger la
expectativa legítima de los cotizantes al sistema general de pensiones que se
encuentren en estado de invalidez. Dicho principio está contemplado en el
artículo 53 de la Carta Política y establece que los requerimientos de los
trabajadores deben ser resueltos con la situación más favorable cuando exista “duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho”[125].
Adicionalmente, este
tribunal ha explicado que debe ponderarse el momento en que se estructura la
invalidez con el retiro material y efectivo del mercado laboral. Generalmente
la fecha de estructuración coincide con la incapacidad laboral del trabajador;
sin embargo, en ocasiones la pérdida de capacidad es progresiva en el tiempo y
no concuerda con la fecha de estructuración de la invalidez, es decir, existe
una diferencia temporal entre la total incapacidad para continuar laborando y
el momento en que inició la enfermedad, presentó su primer síntoma u ocurrió el
accidente, según sea el caso[126].
La falta de concordancia
entre la fecha de estructuración y el momento en que se presenta el retiro
material y efectivo del mercado laboral, puede explicarse por la presencia de
enfermedades crónicas, congénitas o degenerativas o padecimientos de larga
duración. Lo anterior implica que una pérdida de capacidad laboral generada de
manera progresiva en el tiempo[127] en ocasiones no
corresponde a la fecha de estructuración dictaminada, pues en los mencionados
eventos, aquella se limita a informar el momento en que acaeció la enfermedad y
no la circunstancia misma de la incapacidad para trabajar.
En esos casos, se repite,
cuando las personas a pesar de tener una invalidez que se agrava de manera
progresiva, conservan sus capacidades funcionales, continúan con su trabajo y
realizan aportes al sistema general de pensiones por un periodo de tiempo
posterior a la fecha señalada como de estructuración de la invalidez, las
administradoras de pensiones, al momento en que se solicita el reconocimiento y
pago de la pensión de invalidez, deben tener en cuenta las cotizaciones
realizadas con posterioridad a la fecha de estructuración, so pena de la
violación del derecho a la seguridad social, entre otros[128].
En conclusión, las
administradoras de pensiones no pueden desconocer la capacidad laboral residual
que conservó una persona afectada por una enfermedad crónica, congénita o
degenerativa o por un padecimiento de larga duración, durante el tiempo
posterior a la fecha de estructuración de la invalidez, por virtud de la cual
continuó laborando y realizó las cotizaciones al sistema general de pensiones
hasta el momento en el que de forma definitiva le fue imposible continuar en el
mercado laboral. Por consiguiente, las semanas cotizadas con posterioridad a la
fecha de estructuración deben ser tenidas en cuenta para verificar si se
cumplen los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de
invalidez.
Teniendo
en cuenta las anteriores consideraciones, la Sala le ordenará a la
Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones– que una vez realizada la
calificación de la pérdida de capacidad laboral del señor David
Eutiquio Zea López, oficiosamente, adelante el estudio necesario para el
reconocimiento de la pensión de invalidez bajo las siguientes pautas: (i)
que pese a que Frontino Gold Mines Limited sucursal Colombia, hoy liquidada, no
afilió al trabajador a ningún fondo de pensiones mientras este laboraba a su
servicio, la empresa normalizó su pasivo pensional por medio de la conmutación
pensional aceptada por el Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones),
según la Resolución No. 0425 del 11 de marzo de 2011; (ii) que debe darse
aplicación al principio de la condición más beneficiosa como criterio de
interpretación fijado por esta Corporación; y (iii) que debe tenerse en
cuenta, en caso de ser pertinente, la
capacidad laboral residual que pudo conservar el trabajador durante el tiempo
posterior a la fecha en que sea estructurada la invalidez.
Adicionalmente, se ordenará a Colpensiones que
informe al Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bello, Antioquia, el resultado final de la valoración de la
pérdida de capacidad laboral del señor Zea López y del estudio del
reconocimiento de la pensión de invalidez, una vez los respectivos actos
administrativos adquieran firmeza.
Finalmente, la Sala precisa que la
decisión de ordenar la calificación de la pérdida de capacidad laboral del
accionante y el estudio para el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez no comporta una afectación a la sostenibilidad financiera del sistema
general de pensiones, ya que Colpensiones (antes el Instituto de Seguros
Sociales) desde del 11 de marzo de 2011 recibió el pago de la contingencia
general del riesgo de vejez, y puede adelantar, si lo considera pertinente,
actuaciones dirigidas a cobrar las sumas que corresponden al cubrimiento del
riesgo de invalidez.
6. Conclusión
Colpensiones vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social y al
mínimo vital de David Eutiquio Zea López, quien
presenta un diagnóstico de “hernia de núcleo pulposo C5-C6 derecha”, al negar la autorización para la calificación
de su pérdida de capacidad laboral, desconociendo su condición de afiliado inactivo
y futuro pensionado de la entidad, en virtud de la conmutación de las
obligaciones pensionales que realizara la empresa Frontino Gold Mines Limited
sucursal Colombia, liquidada, al Instituto de Seguros Sociales (hoy
Colpensiones) a través de la Resolución No. 0425 del 11 de marzo de 2011, y,
por ende, afectando la posibilidad del accionante de solicitar el
reconocimiento de una pensión de invalidez.
La conmutación
pensional, en tanto constituye un mecanismo para garantizar el pago de la
obligación pensional a cargo del empleador (Frontino Gold), implica una subrogación de las obligaciones pensionales con el
Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones), entendiendo que el objeto del
sistema general de pensiones es “garantizar a la población, el amparo contra
las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones”, de acuerdo con el artículo
10 de la Ley 100 de 1993.
La afiliación del
señor David Eutiquio Zea López al régimen de prima media
administrado hoy por Colpensiones se dio una vez fue aceptada la conmutación
pensional en la Resolución No. 0425 del 11 de marzo de 2011, pues con ello el
Instituto de Seguros Sociales recibió el dinero
correspondiente al cálculo actuarial fijado, adquiriendo la obligación de
reconocer la pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivencia, atendiendo a la
integralidad del sistema general de seguridad social, según las contingencias
futuras del extrabajador de la extinta Frontino Gold. Se trata, pues, de una
afiliación atípica por ser de tipo contractual, por lo que la administradora de
pensiones actuaría de mala fe si recibe el dinero y luego se sustrae de las
obligaciones derivadas de la conmutación pensional.
Así las cosas, Colpensiones está
en la obligación, primero, de adelantar los trámites pertinentes
–médicos y administrativos– para que el señor David Eutiquio Zea López sea
calificado según los lineamientos legales del artículo 41 de la Ley 100 de
1993, los criterios técnico-científicos dispuestos en el Manual Único de
Calificación de la Invalidez y demás normas concordantes y complementarias. Y,
segundo, y dependiendo de la anterior valoración, de adelantar el estudio
necesario para el reconocimiento de la pensión de invalidez bajo las siguientes
pautas: (i) que pese a que Frontino Gold Mines Limited sucursal
Colombia, hoy liquidada, no afilió al trabajador a ningún fondo de pensiones
mientras este laboraba a su servicio, la empresa normalizó su pasivo pensional
por medio de la conmutación pensional aceptada por el Instituto de Seguros
Sociales (hoy Colpensiones), según la Resolución No. 0425 del 11 de marzo de
2011; (ii) que debe darse aplicación al principio de la condición más
beneficiosa como criterio de interpretación fijado por esta Corporación; y (iii)
que debe tenerse en cuenta, en caso de ser pertinente, la capacidad laboral residual que pudo conservar el
trabajador durante el tiempo posterior a la fecha en que sea estructurada la
invalidez.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos ordenada dentro del trámite de revisión
mediante Auto del 6 de marzo de 2019.
SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia proferida, en
segunda instancia, por la Sala de Decisión Constitucional del
Tribunal Superior de Medellín el 16 de agosto de 2018,
y CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera
instancia, por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bello, Antioquia, el 5 de julio de 2018, a través de la cual se
concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor David
Eutiquio Zea López y se le ordenó a la Administradora Colombiana de Pensiones
–Colpensiones– que procediera a realizar la calificación de su pérdida de
capacidad laboral. Los trámites pertinentes –médicos y administrativos– para
que el señor David Eutiquio Zea López sea calificado según los lineamientos
legales del artículo 41 de la Ley 100 de 1993, los criterios
técnico-científicos dispuestos en el Manual Único de Calificación de la
Invalidez y demás normas concordantes y complementarias, deben ser realizados dentro
del término máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la
notificación de esta providencia.
TERCERO.- ORDENAR a la Administradora
Colombiana de Pensiones –Colpensiones– que una vez realizada la calificación de
la pérdida de capacidad laboral del señor David
Eutiquio Zea López, oficiosamente, adelante el estudio necesario para el
reconocimiento de la pensión de invalidez bajo las pautas arriba descritas. El
anterior trámite debe ser realizado dentro del término máximo de quince (15)
días hábiles contados a partir de la firmeza del acto administrativo de
calificación de la pérdida de capacidad laboral.
CUARTO.- ORDENAR a la Administradora
Colombiana de Pensiones –Colpensiones– que informe al Juzgado
Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bello, Antioquia,
el resultado final de la valoración de la pérdida de capacidad laboral del
señor Zea López y del estudio del reconocimiento de la pensión de invalidez,
una vez los respectivos actos administrativos adquieran firmeza.
QUINTO.- LÍBRESE por Secretaría General la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
Auto 039/20
Referencia:
Expediente T-7.059.344
Solicitud
de adición, aclaración y nulidad de la Sentencia T-257 de 2019, en la que se
resolvió la acción de tutela presentada por David Eutiquio Zea López en contra
de la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES–
Magistrado
sustanciador:
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil
veinte (2020)
La Sala Plena
de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de
la Constitución, procede a resolver la solicitud de adición o aclaración y,
subsidiariamente, nulidad de la Sentencia T-257 de 2019, proferida por la Sala
Quinta de Revisión.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
Mediante escrito radicado en la Secretaría General
de la Corporación el 9 de octubre de 2019, el gerente de defensa judicial de
COLPENSIONES[129]
solicitó adicionar o aclarar la Sentencia T-257 de 2019 y, subsidiariamente,
declarar su nulidad. La solicitud fue remitida al despacho del magistrado
sustanciador el 11 de octubre del mismo año.
2. La acción de tutela y las decisiones de
instancia
2.1. David Eutiquio Zea López, de 56 años[130],
actuando por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela en
contra de COLPENSIONES con el propósito de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la seguridad social.
Argumentó que la vulneración se dio porque la entidad se negó a autorizar su
calificación de pérdida de capacidad laboral, desconociendo su condición de
afiliado y futuro pensionado de COLPENSIONES. Ello en virtud de la conmutación
de las obligaciones pensionales que realizara la empresa Frontino Gold Mines
Limited, sucursal Colombia, ya liquidada, al Instituto de Seguros Sociales (hoy
COLPENSIONES). Dicha negativa afectó la posibilidad futura de solicitar el
reconocimiento de una pensión de invalidez.
A continuación, se presentan los hechos más
relevantes según fueron descritos en la demanda:
2.1.1. El
señor Zea López estuvo vinculado laboralmente a Frontino Gold Mines Limited,
sucursal Colombia, hoy liquidada. Primero, mediante un contrato a término fijo
durante 4 meses y 22 días, a partir del 15 de septiembre de 1985. Segundo,
mediante un contrato a término indefinido entre el 15 de septiembre de 1988 y
el 19 de agosto de 2010, fecha esta última en que finalizó la relación laboral
por despido sin justa causa.
2.1.2.
Mediante la Resolución No. 0425 del 11 de marzo de 2011, el Instituto de
Seguros Sociales (hoy COLPENSIONES) aceptó la conmutación de 397 obligaciones
pensionales con la empresa Frontino Gold, para ese momento en liquidación
obligatoria. En dicha resolución, el señor Zea López fue incluido como futuro
pensionado por vejez con cargo al Instituto de Seguros Sociales, y cuyo derecho
se materializará el 13 de septiembre de 2023, es decir, cuando cumpla sus 60
años.
2.1.3. El 16
de abril de 2018, el señor Zea López le solicitó a COLPENSIONES que autorizara
y ordenara la calificación de su pérdida de capacidad laboral, en su calidad de
afiliado y futuro pensionado de la entidad. Lo anterior, dado su diagnóstico de
“hernia de núcleo pulposo C5-C6 derecha”[131],
y porque desde la última calificación[132], el 10 de
noviembre de 2014, su salud se ha venido deteriorando progresivamente.
2.1.4. La Dirección de Medicina Laboral de la
entidad, mediante comunicación No. 2018_4246009 del 25 de abril de 2018, negó
la calificación de la pérdida de capacidad laboral. Argumentó que el señor Zea
López no se encontraba afiliado al régimen de prima media administrado por
COLPENSIONES, razón por la que se consideró sin incompetencia para atender la
petición[133].
2.1.5. Al
considerar reprochable la anterior negativa, el señor Zea López presentó acción
de tutela en contra de COLPENSIONES. Insistió en que hizo parte de la
conmutación pensional a cargo de Frontino Gold, debidamente aceptada por el
Instituto de Seguros Sociales, razón por la que debería estar afiliado a dicha
entidad, máxime cuando fue incluido como futuro pensionado por vejez. En virtud
de lo anterior, solicitó que se ordene a COLPENSIONES que proceda a la
calificación de la pérdida de capacidad laboral.
2.2. El Juzgado Primero Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Bello, Antioquia, mediante Sentencia del 5 de
julio de 2018, concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados por
el señor David Eutiquio Zea López. En consecuencia, le ordenó a la entidad que,
dentro del término de 48 horas hábiles siguientes a la notificación del fallo,
procediera a realizar la calificación de la pérdida de capacidad laboral del
demandante.
2.3. Impugnada la anterior decisión por
COLPENSIONES, la Sala de Decisión Constitucional del Tribunal Superior de
Medellín, mediante Sentencia del 16 de agosto de 2018, revocó el fallo de
primera instancia y, en su lugar, declaró improcedente la acción de tutela, al
considerar que la entidad no tenía competencia para realizar la calificación de
pérdida de la capacidad laboral del demandante. Señaló que dicho trámite le
corresponde a la EPS del régimen subsidiado a la cual se encuentra afiliado el
señor Zea López, de conformidad con el artículo 142 del Decreto 19 de 2012.
2.4. Durante el trámite de revisión, el director de
acciones constitucionales con funciones asignadas de jefe de la Oficina Asesora
de Asuntos Legales de COLPENSIONES[134]
solicitó que se vinculara al proceso constitucional a Zandor Capital S.A.
Colombia y a la Fiduciaria de Occidente S.A., y que se desvinculara a
COLPENSIONES por no ser competente para asumir los gastos de calificación de la
pérdida de capacidad laboral y pagar la pensión de invalidez del accionante[135].
Planteó que la entidad no es competente para
realizar la calificación de la pérdida de capacidad laboral del señor Zea
López, ni para tramitar una eventual solicitud de reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez, ya que este no se encuentra afiliado al fondo de
pensiones de prima media. Señaló que el demandante es beneficiario de una
conmutación pensional futura a través de la cual se concede el beneficio
patronal de jubilación cuando cumpla 60 años de edad, acorde a lo descrito en
la Resolución No. 0425 de 2011. Finalmente, precisó que las obligaciones
referidas estarían a cargo de la sociedad Zandor Capital S.A. Colombia, como
sucesora procesal de Frontino Gold, y de la Fiduciaria de Occidente S.A., en
virtud del contrato de Fiducia Mercantil suscrito por el liquidador de la
empresa Frontino Gold y dicha fiduciaria.
3. La Sentencia T-257 de 2019
3.1. Mediante la Sentencia T-257 del 6 de junio de
2019, la Sala Quinta de Revisión concluyó que COLPENSIONES vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital
del accionante, quien presenta un diagnóstico de “hernia de núcleo pulposo
C5-C6 derecha”. Lo anterior, al negar la autorización para la calificación
de su pérdida de capacidad laboral, desconociendo su condición de afiliado
inactivo y futuro pensionado de la entidad, en virtud de la conmutación de las
obligaciones pensionales que realizara la empresa Frontino Gold, hoy liquidada,
al Instituto de Seguros Sociales (hoy COLPENSIONES), a través de la Resolución
No. 0425 de 2011. Por ende, afectando la posibilidad del demandante de
solicitar el reconocimiento de una pensión de invalidez.
3.2. Primero, en relación con la conmutación
pensional, la Sala Quinta de Revisión concluyó que en el caso estudiado existió
el fenómeno jurídico de la subrogación de pasivos pensionales en virtud del
perfeccionamiento de la conmutación pensional entre la extinta Frontino Gold y
el entonces Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución No. 0425
de 2011[136].
Lo que implica que la responsabilidad de la obligación pensional fue trasladada
a COLPENSIONES.
Al respecto, precisó: “la afiliación del señor
David Eutiquio Zea López al régimen de prima media administrado hoy por
Colpensiones se dio una vez fue aceptada la conmutación pensional en la
Resolución No. 0425 del 11 de marzo de 2011, pues con ello el Instituto de
Seguros Sociales recibió el dinero correspondiente al cálculo actuarial allí
descrito[137],
adquiriendo la obligación de reconocer la pensión de vejez, de invalidez o de
sobrevivencia, según las contingencias futuras del extrabajador de la extinta
Frontino Gold. En este caso se trata de una afiliación atípica por ser de tipo
contractual, por lo que constituye un actuar de mala fe recibir el dinero y
luego sustraerse de las obligaciones derivadas de la conmutación pensional”[138].
3.3. Segundo, respecto de la calificación de la
pérdida de capacidad laboral, la Sala señaló que “[n]o es de recibo la
negativa de Colpensiones para hacer la valoración de la pérdida de capacidad
laboral del accionante, porque, como se indicó en líneas anteriores, la
conmutación pensional realizada por la extinta Frontino Gold al Instituto de
Seguros Sociales (hoy Colpensiones), a través de la Resolución No. 0425 de
2011, constituye una afiliación de tipo contractual del señor Zea López al
régimen de prima media. Ahora, dado que el accionante no ha realizado aportes
al sistema general de pensiones, debió dársele el trato de un afiliado inactivo[139],
ya que la afiliación a la seguridad social es una y permanente, de conformidad
con el artículo 13 del Decreto 692 de 1994[140]”[141].
Concluyó que, de acuerdo con el artículo 41 de la
Ley 100 de 1993, corresponde a COLPENSIONES determinar en una primera
oportunidad la pérdida de la capacidad laboral del demandante y calificar el
grado de invalidez y el origen de esas contingencias.
Explicó que “la razón principal por la que
Colpensiones está obligada a calificar la invalidez se funda en la integralidad
del sistema general de seguridad social, que fue instituido para cubrir los
riesgos de vejez, invalidez y muerte. Así las cosas, no tiene ninguna
justificación que la entidad le traslade al accionante, quien es sujeto de
especial protección constitucional, la supuesta omisión administrativa en la
que pudo haber incurrido el Instituto de Seguros Sociales al no prever en el
cálculo actuarial el riesgo de invalidez y muerte”[142].
Finalmente, aclaró que “la prestación de
invalidez opera en los eventos en los que el afiliado ve disminuida su
capacidad laboral en el porcentaje determinado por la ley, como es el caso del
señor Zea López, por lo que se modifica la condición para el pago de la pensión
(cumplimiento de la edad) en razón de la situación de salud del afiliado”[143].
3.4. Tercero, en cuanto al estudio de la solicitud
de la pensión de invalidez, y dado que COLPENSIONES argumentó que no es
competente para reconocer y pagar la pensión de invalidez del demandante porque
dicho riesgo no fue conmutado, y que la responsable es la extinta Frontino
Gold, quien para atender las contingencias futuras constituyó un encargo
fiduciario que sufragaría las obligaciones litigiosas de dicho empleador, la
Sala sostuvo:
“Está probado que Frontino Gold no
afilió al señor David Eutiquio Zea López a ningún fondo de pensiones mientras
este laboraba para la empresa[144], siendo su última contratación desde
el 15 de septiembre de 1988 hasta el 19 de agosto de 2010. Pese a ello, realizó
una conmutación pensional a través de la Resolución No. 0425 del 11 de marzo de
2011, que fue aceptada por el Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones),
incluyéndolo como futuro pensionado por vejez una vez se materialice su
derecho, lo que se prevé ocurrirá el 13 de septiembre de 2023, es decir, cuando
el afiliado cumpla 60 años.
Así las cosas, no se discute la obligación de Colpensiones de reconocer
y pagar la pensión de vejez del señor Zea López, sino si la entidad está en el
deber de asumir la contingencia derivada de la invalidez del afiliado, una vez
esta sea debidamente calificada, teniendo en cuenta que lo que fue provisionado
por Frontino Gold fue el dinero para el reconocimiento y pago de una futura
pensión de vejez, una vez se cumpliera el requisito de la edad establecido en
la Ley 100 de 1993 (60 años).
Antes de resolver el anterior cuestionamiento, es necesario precisar,
primero, que tal como lo declaró la Sala Tercera de Decisión Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en la sentencia No. 247
del 19 de octubre de 2017, en el caso del señor David Eutiquio Zea López, entre
Frontino Gold (hoy liquidada) y la empresa Zandor Capital S.A. Colombia no se
presentó una sustitución patronal, como quiera que no hubo continuidad en la
prestación del servicio por parte del accionante[145].
Segundo, que con el mandato fiduciario constituido por Zandor Capital
S.A. Colombia (hoy Gran Colombia Gold Segovia Sucursal Colombia), esta no
adquirió la posición de empleador de los trabajadores o pensionados de la hoy
extinta Frontino Gold. Y, en el caso del señor David Eutiquio Zea López, ni
Gran Colombia Gold, ni el mandato fiduciario por ella constituido, tienen la
obligación ni la vocación de remplazar a Frontino Gold (liquidada) en sus
asuntos, pues la compañía Gran Colombia Gold Segovia no adquirió los pasivos o
derechos litigiosos provenientes de Frontino Gold.
Tercero, que ni la Fiduciaria de Occidente S.A., en calidad de vocera y
administradora del Encargo Fiduciario No. 3-1-2369 denominado Fiduoccidente - Zandor
Capital, ni el fideicomiso, son los llamados a atender, en esta instancia,
requerimientos propios del sistema general de pensiones en relación con el
señor David Eutiquio Zea López, debido a que no tienen con él ningún vínculo
jurídico; además, la obligación pensional que a futuro pueda ser reclamada, no
se trata de una obligación litigiosa destinada a ser cubierta con los recursos
objeto del fideicomiso referido en razón de su destinación específica.
En el presente proceso fue demostrado que el Encargo Fiduciario No.
3-1-2369 Fiduoccidente - Zandor Capital, administrado por Fiduoccidente S.A.,
ha cumplido con las obligaciones a su cargo respecto del señor Zea López, pues
le canceló la condena impuesta en la sentencia No. 247 del 19 de octubre de 2017,
proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, en el marco del proceso laboral por él iniciado
en contra de la extinta Frontino Gold (rad. 05001310500820110089401)[146].
Colpensiones argumentó que con fundamento en el artículo sexto de la
Resolución No. 0425 del 11 de marzo de 2011[147], la entidad estaría
exceptuada de asumir una contingencia como lo es la pensión de invalidez, bajo
el entendimiento de que se trata de una obligación litigiosa que no fue
conmutada por la empresa Frontino Gold. Con todo, en el caso que estudia la
Sala no se evidencia que se trate de una obligación litigiosa sino que se está
ante una prestación que tiene fundamento en el sistema general de pensiones
regulado en la Ley 100 de 1993, cuya finalidad es ‘[…] proteger a la persona
que ha sufrido una disminución considerable en su capacidad laboral, puesto
que, dicha limitación, física o mental, impacta negativamente la calidad de
vida del ser humano y la eficacia de otros derechos sociales’[148].
Así las cosas, la Sala reitera que la razón principal por la que
Colpensiones está obligada a adelantar el estudio para el reconocimiento de la
pensión de invalidez se funda en la integralidad del sistema general de
seguridad social, que fue instituido para cubrir los riesgos de vejez,
invalidez y muerte. Por ello, no es justificable que la entidad le traslade al
señor Zea López, quien es sujeto de especial protección constitucional, la
supuesta omisión administrativa en la que pudo haber incurrido el Instituto de
Seguros Sociales al no prever en el cálculo actuarial el riesgo de invalidez y
muerte. […], es preciso aclarar que la prestación de invalidez tiene lugar en
los eventos en los que el afiliado ve disminuida su capacidad laboral en el
porcentaje determinado por la ley, como es el caso del accionante, por lo que
se modifica la condición para el pago de la pensión (cumplimiento de la edad)
en razón de la situación de salud del afiliado”[149].
3.5.
Finalmente, en relación con la pensión de invalidez, la Sala precisó que “las
administradoras de pensiones no pueden desconocer la capacidad laboral residual
que conservó una persona afectada por una enfermedad crónica, congénita o
degenerativa o por un padecimiento de larga duración, durante el tiempo
posterior a la fecha de estructuración de la invalidez, por virtud de la cual
continuó laborando y realizó las cotizaciones al sistema general de pensiones
hasta el momento en el que de forma definitiva le fue imposible continuar en el
mercado laboral. Por consiguiente, las semanas cotizadas con posterioridad a la
fecha de estructuración deben ser tenidas en cuenta para verificar si se
cumplen los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de
invalidez”[150].
En este punto precisó que “la decisión de
ordenar la calificación de la pérdida de capacidad laboral del accionante y el
estudio para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez no comporta
una afectación a la sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones,
ya que Colpensiones (antes el Instituto de Seguros Sociales) desde del 11 de
marzo de 2011 recibió el pago de la contingencia general del riesgo de vejez, y
puede adelantar, si lo considera pertinente, actuaciones dirigidas a cobrar las
sumas que corresponden al cubrimiento del riesgo de invalidez”[151].
3.6. Con
fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala resolvió:
“SEGUNDO. REVOCAR la
sentencia proferida, en segunda instancia, por la Sala de Decisión
Constitucional del Tribunal Superior de Medellín el 16 de agosto de 2018, y CONFIRMAR
la sentencia proferida, en primera instancia, por el Juzgado Primero Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Bello, Antioquia, el 5 de julio de
2018, a través de la cual se concedió el amparo de los derechos fundamentales
invocados por el señor David Eutiquio Zea López y se le ordenó a la
Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones– que procediera a realizar
la calificación de su pérdida de capacidad laboral. Los trámites pertinentes
–médicos y administrativos– para que el señor David Eutiquio Zea López sea
calificado según los lineamientos legales del artículo 41 de la Ley 100 de 1993,
los criterios técnico-científicos dispuestos en el Manual Único de Calificación
de la Invalidez y demás normas concordantes y complementarias, deben ser
realizados dentro del término máximo de quince (15) días hábiles contados a
partir de la notificación de esta providencia.
TERCERO. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones–
que una vez realizada la calificación de la pérdida de capacidad laboral del
señor David Eutiquio Zea López, oficiosamente, adelante el estudio necesario para
el reconocimiento de la pensión de invalidez bajo las pautas arriba descritas[152].
El anterior trámite debe ser realizado dentro del término máximo de quince (15)
días hábiles contados a partir de la firmeza del acto administrativo de
calificación de la pérdida de capacidad laboral.
CUARTO. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones–
que informe al Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
de Bello, Antioquia, el resultado final de la valoración de la pérdida de
capacidad laboral del señor Zea López y del estudio del reconocimiento de la
pensión de invalidez, una vez los respectivos actos administrativos adquieran
firmeza”[153].
4. La solicitud de adición o aclaración y
nulidad
4.1. El
gerente de defensa judicial de COLPENSIONES presentó solicitud de adición o
aclaración de la Sentencia T-257 de 2019 y, subsidiariamente, su declaratoria
de nulidad.
4.2. En
términos generales, señaló que la decisión no es clara “en cuanto al alcance
que da a esta entidad de cobrar las sumas correspondientes al cubrimiento del
riesgo de invalidez”[154]. Por ello, solicitó adicionar o
aclarar la Sentencia T-257 de 2019, con el fin de que se establezca, en caso de
reconocimiento de la pensión de invalidez a favor del señor Zea López, a quién
debe cobrar COLPENSIONES las sumas que corresponden al cubrimiento del riesgo
por invalidez. Fundamentó la solicitud en los siguientes argumentos:
4.2.1. Dentro
del capital que Frontino Gold constituyó a favor del Instituto de Seguros
Sociales en relación con el señor David Eutiquio Zea López, solamente se
incluyó una pensión de vejez futura exigible a la edad de los 60 años, por un
monto de $1.197.724.
4.2.2. El
riesgo de invalidez no fue conmutado y, por ello, es responsabilidad de
Frontino Gold. Además, para atender contingencias futuras, el liquidador de la
empresa constituyó un contrato de fiducia mercantil con la Fiduciaria de
Occidente S.A. que sufragaría las obligaciones litigiosas de dicho empleador.
4.2.3. El
reconocimiento de la pensión de invalidez por parte de COLPENSIONES supondría
nacionalizar una deuda privada. Ese pasivo fue provisionado en un contrato de
fiducia mercantil.
4.2.4. Lo
anterior, no significa que COLPENSIONES desatienda su obligación de pagar una
pensión de vejez futura, una vez el señor Zea López cumpla la condición
relativa a la edad (60 años).
4.2.5.
COLPENSIONES no desconoce las razones jurídicas expuestas por la Sala de
Revisión para ordenarle a la entidad iniciar la calificación de la pérdida de
capacidad laboral y, seguido a ello, estudiar la procedencia de la pensión de
invalidez a favor del señor Zea López. Sin embargo, considera que se está
vulnerando su derecho al debido proceso. Lo anterior,
“[…] en el sentido de no dar una orden
clara en cuanto a quien se debe dirigir el cobro de la diferencia de cálculo
actuarial para cubrir el riesgo de invalidez del accionante, pues la Corte
señala que Colpensiones podrá cobrar las sumas que corresponde al cubrimiento
del riesgo de invalidez. No obstante, al mismo tiempo, limita esa facultad al
no indicar a quien se debe cobrar y al considerar:
i)    Que [entre] las empresas Frontino Gold (hoy liquidada) y la
Empresa Zandor Capital S.A. Colombia, no se presentó una sustitución patronal,
como quiera que no hubo continuidad en la prestación del servicio por parte del
accionante.
ii) Que
[con] el mandato fiduciario constituido por Zandor Capital S.A. Colombia (hoy
Gran Colombia Gold Segovia Sucursal Colombia), esta no adquirió la posición de
empleador de los trabajadores o pensionados de la hoy extinta Frontino Gold. Y,
en el caso del señor David Eutiquio Zea López, ni Gran Colombia Gold, ni el
mandato fiduciario por ella constituido, tienen la obligación ni la vocación de
reemplazar a Frontino Gold (liquidada) en sus asuntos, pues la Compañía Gran
Colombia Gold Segovia no adquirió los pasivos o derechos litigiosos
provenientes de Frontino Gold.
De lo anterior se observa una
incongruencia que lleva a que resulten vulnerados los principios de legalidad,
seguridad jurídica y de confianza legítima, dado que está facultando a
Colpensiones el cobro del dinero que corresponde al cubrimiento del riesgo de
invalidez, pero no indica de manera clara quien debe pagar el mismo y, señala
que Zandor Capital S.A. y el mandato fiduciario constituido por esta última no
son responsables de dicha obligación”[155].
4.2.6. En el
contrato de fiducia mercantil se estipuló la creación del Fondo Aportes Salud y
el Fondo Social. Este último está encargado del pago de contingencias
pensionales y laborales surgidas con los trabajadores de Frontino Gold. En ese
orden, Zandor Capital S.A. y la Fiduciaria de Occidente S.A. son los
responsables del pago de la diferencia del cálculo actuarial entre el riesgo de
vejez y el de invalidez.
4.3.
Finalmente, agregó que en caso de no accederse a la adición o aclaración de la
Sentencia T-257 de 2019, se declare su nulidad por vulneración del debido
proceso, en virtud de la incongruencia entre la parte motiva y la resolutiva.
5. Auto de
trámite
Mediante Auto
del 6 de diciembre de 2019, el magistrado sustanciador comunicó la iniciación
del trámite de la solicitud de adición o aclaración y, en subsidio, de nulidad
de la Sentencia T-257 de 2019, a David Eutiquio Zea López, Zandor Capital S.A.
Colombia (hoy Gran Colombia Gold Segovia Sucursal Colombia), la Fiduciaria de
Occidente S.A., Savia Salud EPSS y la Secretaría Seccional de Salud y
Protección Social de Antioquia, para que, si lo consideraban conveniente,
intervinieran en el proceso en el término de tres (3) días hábiles contados a
partir de su comunicación. Adicionalmente, informó la iniciación del trámite
referido al Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Bello, Antioquia[156].
La Secretaría
General de la Corporación, por medio del oficio del 13 de diciembre de 2019,
informó que se dio cumplimiento al auto anterior y que en el término de
traslado no se recibió comunicación alguna[157].
A través de
comunicación del 16 de diciembre de 2019, la Secretaría General de la
Corporación envió al despacho del magistrado sustanciador el oficio No.
R2019010476050 del 11 de diciembre de 2019, firmado por la Secretaría Seccional
de Salud y Protección Social de Antioquia, entre otros[158].
En dicha respuesta se solicitó la desvinculación de la entidad en el trámite
que se adelanta, en la medida en que se trata de un asunto ajeno a su capacidad
de decisión[159].
II.
CONSIDERACIONES
1.
Presentación del caso y metodología de la decisión
Teniendo en
cuenta que tanto la solicitud de adición o aclaración como la de nulidad de la
Sentencia T-257 de 2019 fueron presentadas en el mismo escrito, la Sala Plena
se pronunciará sobre ambas peticiones, estudiando en primera medida lo
correspondiente a la nulidad, en tanto no resultaría lógico adicionar o aclarar
una sentencia viciada de nulidad.
Para ello,
analizará (i) la procedencia excepcional de las solicitudes de nulidad
de las sentencias de la Corte Constitucional; y (ii) los aspectos
legales y jurisprudenciales de las solicitudes de aclaración o adición.
Finalmente, (iii) resolverá el caso concreto.
2. La nulidad de las sentencias de la Corte Constitucional es
excepcional[160]
2.1. De conformidad con lo establecido en el
artículo 49 del Decreto 2067 de 1991[161], contra las sentencias
de la Corte Constitucional “no procede recurso alguno”, y las “irregularidades
que impliquen violación del debido proceso” solo podrán ser alegadas “antes
de proferido el fallo”.
2.2. No obstante, la Corte Constitucional ha
admitido la procedencia excepcional de la nulidad de sus fallos cuando la
irregularidad se predica de la providencia misma y siempre que se acredite la
transgresión del debido proceso y, por esta vía, la invalidez de la
providencia.
2.3. La jurisprudencia de este Tribunal ha sido
enfática en aclarar que la nulidad de una de sus sentencias no es “un
recurso contra las providencias de [la] Corporación. Por ende, al tramitar una
solicitud de nulidad, la Corte no puede entrar a estudiar la corrección
jurídica de la decisión, sino que su examen se limita a determinar si en el
trámite del proceso o en la sentencia misma ocurrieron violaciones al debido
proceso”[162].
Así, a través de la solicitud de nulidad no se puede pretender reabrir un
debate que ya ha sido cerrado en las discusiones de la Sala de Revisión o la
Sala Plena.
2.4. En desarrollo de lo anterior, la Sala Plena ha
señalado la obligación de acreditar como presupuestos formales de
procedencia de las solicitudes de nulidad[163]: (i)
la legitimación para actuar, (ii) la presentación oportuna de la
solicitud, y (iii) la carga argumentativa[164].
En relación con la legitimación para actuar,
resulta imprescindible que la nulidad sea propuesta por quien haya actuado como
parte en el proceso de tutela o por un tercero que demuestre interés legítimo
en la misma.
Frente a la oportunidad, la nulidad debe proponerse
dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del fallo adoptado por
la Corte. Vencido dicho plazo, “cualquier eventual nulidad queda
automáticamente saneada”[165],
sin que ello excluya la posibilidad de que la Corte, en casos excepcionales de
gravísima afectación del debido proceso, asuma de oficio su estudio.
Respecto a la carga argumentativa, los argumentos
de la solicitud que describan la supuesta irregularidad deben ser ilustrados de
manera clara, expresa, pertinente y suficiente. Lo anterior “significa que,
para que esta Corporación pueda entrar a analizar una petición de nulidad, no
basta con expresar razones diferentes a las de la providencia cuestionada, o
formular interpretaciones normativas distintas que obedezcan al simple disgusto
o inconformismo del solicitante con el fallo adoptado”[166].
2.5. Asimismo, la Corte determinó los presupuestos
materiales de procedencia de las solicitudes de nulidad, en todo caso,
conectados con violaciones evidentes e intensas del derecho fundamental al
debido proceso. Así, la nulidad de sentencias de revisión de tutela se da en “situaciones
jurídicas especialísimas y excepcionales”[167]. Esa
excepcionalidad depende, en principio, de que el interesado acredite la
existencia de una grave violación al debido proceso, demostrando que se está en
presencia de una irregularidad “ostensible, probada, significativa y
trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y
directas en la decisión o en sus efectos” (negrillas originales)[168].
2.6. La
jurisprudencia de este Tribunal ha identificado algunos casos en los que la
afectación del derecho al debido proceso reúne las características referidas[169]:
(i) cuando una Sala de Revisión cambia la jurisprudencia sentada por la
Sala Plena o la jurisprudencia en vigor de las salas de revisión de tutela[170];
(ii) cuando una decisión de la Corte es aprobada por una mayoría no
calificada según los criterios que exige la ley[171];
(iii) cuando se presenta una incongruencia entre la parte motiva y la
resolutiva de la sentencia[172]; (iv) cuando la parte
resolutiva de una sentencia de tutela incluya órdenes a particulares que no
fueron vinculados al proceso[173]; (v) cuando la sentencia
proferida por una Sala de Revisión desconoce la cosa juzgada constitucional,
pues ello significa una extralimitación en el ejercicio de sus atribuciones[174];
y (vi) cuando de manera arbitraria se dejan de analizar asuntos de
relevancia constitucional que tienen efectos transcendentales para la decisión.
2.7. Ahora, tratándose de la nulidad por
incongruencia entre la parte motiva y la parte resolutiva de la sentencia, la
Corporación ha ejemplificado que se produce cuando las decisiones son “anfibológicas
o ininteligibles”, “contradictorias” o “que carecen por
completo de fundamentación”[175].
De igual manera, la Corte ha planteado que “[r]esulta
un lugar común afirmar que deben motivarse las decisiones judiciales que pongan
fin a una actuación judicial y definan con carácter de cosa juzgada una
controversia, pues si bien es cierto el juez tiene autonomía para proferir sus
sentencias, no lo es menos que esa autonomía no lo faculta para fallar en forma
arbitraria ni para resolver los conflictos sin el debido sustento legal y
constitucional”[176].
Lo anterior, porque “[u]n elemento esencial de la validez de las
providencias judiciales tiene que ver con la necesaria congruencia que debe
existir entre la parte resolutiva y la parte motiva, así como entre los elementos
fácticos obrantes en el expediente y las consideraciones jurídicas que se
elaboran a su alrededor”[177],
de donde se infiere que la ausencia de motivación o la existencia de serias
contradicciones entre la parte motiva y la resolutiva de una sentencia conlleva
su invalidez y la posibilidad de solicitar su nulidad[178].
Sin embargo, este Tribunal también ha puntualizado
que asuntos relacionados con supuestos errores de redacción o argumentación,
así como la inconformidad con el estilo o la extensión de un fallo no se
enmarcan en esta causal y no son motivos válidos para anular una sentencia de
la Corporación[179].
2.8. Recapitulando, la petición de nulidad de las
sentencias proferidas por las Salas de Revisión de esta Corte debe ser
entendida como un trámite de creación jurisprudencial basado en el respeto de
las garantías reguladas en el artículo 29 constitucional[180].
Así, la nulidad tiene naturaleza excepcional y está
sometida a estrictos requisitos de procedencia, entre los que se exige la
acreditación suficiente de irregularidades ostensibles, probadas,
significativas y trascendentales, que afecten de manera cierta el derecho
fundamental al debido proceso[181].
Por tanto, cualquier inconformidad relacionada con
la interpretación fáctica y jurídica, la valoración probatoria o los criterios
argumentativos que apoyan la sentencia, no constituye fundamento suficiente
para solicitar su nulidad, dado que no implica la vulneración del debido
proceso, sino que constituye una apreciación “[connatural] al desacuerdo e
inconformismo del solicitante con la decisión”[182].
3. De la solicitud de aclaración o adición[183]
3.1. Este Tribunal ha sostenido, como regla
general, que las sentencias dictadas con ocasión de la función de revisión
eventual de los fallos de tutela no son susceptibles de aclaración, debido a
que no son revocables ni reformables por los jueces que las pronunciaron. Así,
una vez proferidas, hacen tránsito a cosa juzgada constitucional y en su contra
no procede recurso alguno. Adicionalmente, porque ello excedería el ámbito de
las competencias asignadas a la Corte en el artículo 241 de la Constitución y
vulneraría el principio de seguridad jurídica[184].
3.2. El anterior postulado no es absoluto. Cuando
una providencia contenga cierto tipo de yerros, los jueces tienen el deber de
subsanarlos por medio de aclaración, corrección o adición, bien sea de oficio o
a petición de parte. Esta Corporación se ha remitido a la reglamentación que
sobre esas figuras ha desarrollado el Código General del Proceso en los artículos
285, 286 y 287, respectivamente, como quiera que no existe una regulación
especial respecto a los trámites referidos en los asuntos de tutela.
Las disposiciones normativas referentes a la
aclaración y la adición, que son las figuras que en el caso concreto interesan
a la Sala, presentan los siguientes alcances:
3.2.1. Aclaración. Tiene lugar cuando la
sentencia “contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de
duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o
influyan en ella”[185].
Conforme a esta regla, “se aclara lo que ofrece duda, lo que es ambiguo, lo
que es susceptible de ocasionar perplejidad en su intelección y, solamente
respecto de la parte resolutiva de los fallos o cuando lo expuesto en la parte
motiva influye en aquélla”[186].
Las expresiones consignadas en los fallos que son
inciertas y ambiguas son aquellas que generan dudas en su entendimiento, en la
medida en que no permiten comprender con certeza cuál es el sentido de la
decisión. Ello no debe ser entendido de manera general o abstracta, dado que no
cualquier expresión confusa presente en un fallo es objeto de aclaración. Se
aclara una expresión cuando ofrece verdadero motivo de duda siempre que se
encuentre en la parte resolutiva de la providencia o, si está en la parte
motiva, cuando influya en el sentido de la decisión.
Por el contrario, no hay lugar a la aclaración
cuando se solicite con el propósito de controvertir notas marginales o dichos
de paso que no guardan relación directa con la parte resolutiva. La aclaración
tampoco cabe para cuestionar aspectos que involucren el fondo del asunto, ni
para pretender que se adicionen nuevos argumentos jurídicos, por cuanto “[la]
Corte no es competente, después de dictar sentencia, para continuar añadiendo
elementos a los contenidos de la motivación, y menos de la resolución
correspondiente, ya que el proceso de control de constitucionalidad ha
terminado”[187].
3.2.2. Adición. Tiene lugar cuando la
providencia omite “resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o
sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de
pronunciamiento”. Si ello ocurre “deberá adicionarse por medio de
sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de
parte presentada en la misma oportunidad”[188].
Este Tribunal ha dejado claro que, “por regla
general no procede la adición de las sentencias de tutela, porque la Corte
tiene el deber de estudiar lo relativo al derecho fundamental vulnerado, pero
no está obligada a analizar todos los asuntos jurídicos que comporta un caso
sometido a su estudio, cuando estos no tienen incidencia constitucional”[189].
Lo anterior se sustenta en que (i) ni el artículo 241 de la Constitución
Política, ni los Decretos 2067 de 1991 y 2591 de 1991 prevén el análisis de
todos los asuntos jurídicos que se ponen a consideración de la Corte, y (ii)
una vez culmina la etapa de revisión de un fallo de tutela, se agota la
competencia de este Tribunal para decidir materias nuevas sobre los mismos
hechos[190]”.
3.3. Con
todo, para que este Tribunal se pronuncie sobre el fondo de las figuras
estudiadas deben cumplirse los requisitos de procedencia. Ellos son: (i)
la legitimación para actuar, que refiere a que la petición sea presentada por
uno de los sujetos procesales, o por un tercero con interés; y (ii) la
oportunidad, es decir, que la solicitud sea realizada dentro del término de
ejecutoria de la providencia.
3.4. Expresadas las anteriores consideraciones,
pasa la Sala Plena a estudiar el cumplimiento de los requisitos formales para
la procedencia de la petición de adición o aclaración y, en subsidio, de
nulidad de la Sentencia T-257 de 2019. En caso de encontrarlos satisfechos,
continuará con el estudio de fondo.
4. Examen
sobre el cumplimiento de los requisitos formales
4.1. Legitimación para actuar. La solicitud
fue presentada por el gerente de defensa judicial de COLPENSIONES[191],
entidad que es parte demandada en el trámite de tutela que culminó con la
Sentencia T-257 de 2019. En consecuencia, existe legitimación para invocar la
petición de adición o aclaración y, en subsidio, la de nulidad de la
providencia citada.
4.2. Presentación oportuna de la solicitud.
La Sala encuentra que la solicitud se presentó oportunamente.
4.2.1. Para efectos de conocer la fecha en la que
fue notificada a COLPENSIONES la Sentencia T-257 de 2019, mediante auto del 22
de octubre de 2019, se ordenó al Juzgado Primero Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Bello, Antioquia, que certificara al despacho del
magistrado sustanciador el día en que hizo la mencionada notificación[192].
4.2.2. Mediante oficio del 24 de octubre de 2019 la
Secretaría General de la Corporación dio cumplimiento a lo ordenado en el auto
del 22 de octubre de 2019[193].
4.2.3. El 29 de octubre de 2019, la Secretaría
General de la Corporación envío al despacho el oficio No. 2434 del 28 de
octubre de 2019[194],
firmado por el escribiente del Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento de Bello, Antioquia, Aldemar Audénago Camero. En dicha
comunicación informó: “[…] me permito CERTIFICAR, que según folios 458 y 459
de la sentencia T-257 de 2019, expediente T-7059344 acción de tutela instaurada
por DAVID EUTIQUIO ZEA LÓPEZ contra COLPENSIONES, sólo fueron notificados de
dicha sentencia el Tribunal Superior de Medellín y este Despacho, sin obrar en
este proceso notificación alguna a esta última entidad”[195].
4.2.4. Posteriormente, el 8 de noviembre de 2019,
la Secretaría General de la Corporación envío al despacho el oficio No. 2514
del 7 de noviembre de 2019[196],
también firmado por el escribiente del Juzgado Primero Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Bello, Antioquia. Allí se informó “[…] que la
sentencia T-257 de 2019 […], se notificó el día de hoy a las partes vía correo
electrónico […]”[197].
Adicionalmente, aclaró que “por un equívoco se interpretó que la
notificación de la decisión emitida por esa Corporación la hacía la misma”[198].
4.2.5. En ese orden, pese a que la Sentencia T-257
de 2019 fue notificada a las partes el 7 de noviembre de 2019, como lo
informó el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bello, Antioquia[199],
COLPENSIONES se tiene por notificada, por conducta concluyente, el 9 de octubre
de 2019, fecha en que presentó, antes de la notificación de la sentencia
por el juzgado, la presente solicitud.
4.3. Carga argumentativa. Sumados los
argumentos orientados a la solicitud de adición o aclaración con los que
sustentan la petición de nulidad, la Sala encuentra que se ilustra de manera
clara, expresa, pertinente y suficiente la presunta afectación del derecho al
debido proceso de COLPENSIONES y su efectiva incidencia en la decisión
adoptada.
5. Análisis de la solicitud de nulidad de la Sentencia T-257 de 2019
5.1. La solicitud presentada por el gerente de
defensa judicial de COLPENSIONES comprende tanto una petición de adición o
aclaración del fallo objeto de censura como de nulidad. Así las cosas, en
primer lugar, la Sala Plena entrará a pronunciarse respecto de la solicitud de
nulidad de la Sentencia T-257 de 2019, dado el efecto que la decisión tiene en
relación con la petición de adición o aclaración, en el sentido de que
declarada la primera ya no sería pertinente pronunciarse acerca de la segunda.
5.2. El gerente de defensa judicial de COLPENSIONES
afirmó que se viola el debido proceso de la entidad, porque en la Sentencia
T-257 de 2019 se presenta una incongruencia entre la parte motiva y la
resolutiva. Lo anterior, en la medida en que “está facultando a Colpensiones
el cobro del dinero que corresponde al cubrimiento del riesgo de invalidez,
pero no indica de manera clara quien debe pagar el mismo y, señala que Zandor
Capital S.A. y el mandato fiduciario constituido por esta última no son
responsables de dicha obligación”[200].
5.3. Se reitera que en la decisión cuestionada la
Sala Quinta de Decisión, con fundamento en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993[201],
precisó que le corresponde a COLPENSIONES proceder a la calificación de
la pérdida de capacidad laboral del señor David Eutiquio Zea López y, seguido a
ello, hacer el estudio referente al reconocimiento de la pensión de invalidez.
Lo anterior, teniendo en cuenta la conmutación pensional realizada por la
extinta Frontino Gold a través de la Resolución No. 0425 del 11 de marzo de
2011, que en su momento fue aceptada por el Instituto de Seguros Sociales.
El gerente de defensa judicial de COLPENSIONES
señaló que la decisión no es clara “en cuanto al alcance que da a esta
entidad de cobrar las sumas correspondientes al cubrimiento del riesgo de
invalidez”[202].
5.4. En la Sentencia T-257 de 2019
no hubo un pronunciamiento concreto, ni correspondía hacerlo a la Corte,
acerca de las relaciones jurídicas sustanciales que pudieran configurarse
entre COLPENSIONES y la extinta Frontino Gold, o Zandor Capital S.A. Colombia,
o la Fiduciaria de Occidente S.A.
Sin embargo, en la parte motiva se
hicieron consideraciones en el sentido de que “ni la Fiduciaria de Occidente
S.A., en calidad de vocera y administradora del Encargo Fiduciario No.
3-1-2369, denominado Fiduoccidente - Zandor Capital, ni el fideicomiso, son los
llamados a atender” la pensión de invalidez pretendida por el
accionante, por cuanto (i) no tienen con él ningún vínculo
jurídico, (ii) no se trata de una obligación litigiosa
destinada a ser cubierta con los recursos objeto del fideicomiso, sino que (iii)
se está ante una prestación que tiene fundamento en el sistema
general de pensiones. Adicionalmente, que “la decisión de ordenar la
calificación de la pérdida de capacidad laboral del accionante y el
estudio para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez no
comporta una afectación a la sostenibilidad financiera del sistema
general de pensiones, ya que Colpensiones (antes el Instituto de Seguros
Sociales) desde del 11 de marzo de 2011 recibió el pago de la
contingencia general del riesgo de vejez, y puede adelantar, si lo considera
pertinente, actuaciones dirigidas a cobrar las sumas que corresponden al
cubrimiento del riesgo de invalidez”[203].
5.5. El defecto atribuido al fallo, relacionado con
la contradicción entre la parte motiva y la resolutiva, se basa en tales
consideraciones y la orden consistente en adelantar el estudio necesario para
el reconocimiento de la pensión de invalidez “bajo las pautas arriba
descritas”, configurándose así la incongruencia alegada entre la parte
motiva y la parte resolutiva del fallo.
5.6. Esta Corporación ha señalado que un elemento
esencial de la validez de las providencias judiciales tiene que ver con la
necesaria congruencia que debe existir entre la parte motiva y la resolutiva,
así como entre los elementos fácticos obrantes en el expediente y las
consideraciones jurídicas que se elaboran a su alrededor[204].
Dada la incongruencia
descrita, la Sala Plena accederá a la nulidad solicitada, pero contraerá la
declaración a la orden respecto de la cual se predica la incongruencia, esto
es, la concerniente al estudio del reconocimiento de la pensión de invalidez.
Se adopta esta solución debido a que la petición original del señor David
Eutiquio Zea López consistía precisamente en que se ordenara a COLPENSIONES que
procediera a la calificación de la pérdida de su capacidad laboral, teniendo en
cuenta su calidad de afiliado y futuro pensionado de la entidad.
Así, la Sala procederá a recomponer la actuación
anulando el resolutivo tercero de la Sentencia T-257 de 2019, que establece:
“TERCERO. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones
–Colpensiones– que una vez realizada la calificación de la pérdida de capacidad
laboral del señor David Eutiquio Zea López, oficiosamente, adelante el estudio
necesario para el reconocimiento de la pensión de invalidez bajo las pautas
arriba descritas. El anterior trámite debe ser realizado dentro del término
máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la firmeza del acto
administrativo de calificación de la pérdida de capacidad laboral”.
Adicionalmente, en consideración a su conexidad con
el resolutivo tercero antes transcrito, anulará el resolutivo cuarto solo en lo
que tiene que ver con la orden a COLPENSIONES de informar al Juzgado Primero
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bello, Antioquia, el
resultado final del “estudio del reconocimiento de la pensión de invalidez”,
una vez el respectivo acto administrativo adquiera firmeza.
5.7. La Sala precisa que las ordenes que quedan
vigentes en la Sentencia T-257 de 2019 son las referidas a la calificación de
la pérdida de capacidad laboral del señor Zea López por parte de COLPENSIONES
(resolutivo segundo), cuyos trámites pertinentes –médicos y administrativos–
deben seguir los lineamientos legales del artículo 41 de la Ley 100 de 1993,
los criterios técnico-científicos dispuestos en el Manual Único de Calificación
de la Invalidez y demás normas concordantes y complementarias. Además, la
concerniente a informar al Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bello, Antioquia, el resultado final de la referida valoración,
una vez el respectivo acto administrativo adquiera firmeza (resolutivo cuarto),
y las demás decisiones que adopte en virtud de dicha valoración.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional,
RESUELVE:
PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de
la Sentencia T-257 de 2019, proferida por la Sala Quinta de Revisión de la
Corporación, solo en lo que tiene que ver con los resolutivos tercero y cuarto
(parcial), según lo decidido en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.-
Por Secretaría General de la Corte Constitucional, OFICIAR al Juzgado
Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bello, Antioquia,
para que LÍBRE las comunicaciones a que alude el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
TERCERO.- ADVERTIR a la entidad solicitante
que contra esta decisión no procede recurso alguno.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
Ausente con excusa
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con salvamento de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] El poder otorgado al doctor Iván Darío Vélez Velásquez, obra a folio
6 del cuaderno principal. En
adelante, los folios a que se haga referencia corresponderán al cuaderno
principal a menos que se señale otra cosa.
[2] La demanda
y sus anexos obran a folios 1 al 52.
[3] A folio 7 obra fotocopia de la cédula de ciudadanía en donde se
indica que el señor Zea López nació el 13 de septiembre de 1963.
[4] A folios 8 al 46 aparece fotocopia parcial de la Resolución No. 0425
del 11 de marzo de 2011 “Por la cual se acepta una conmutación pensional”,
emanada del Instituto de Seguros Sociales.
[5] A folios 48 al 52 obra fotocopia del dictamen de merma de capacidad
laboral del señor David Eutiquio Zea López, realizado por el Laboratorio de
Salud Pública de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de
Antioquia, con fecha de evaluación del 10 de noviembre de 2014. En dicho
documento se describe un porcentaje de pérdida de capacidad laboral de 52,07%
(deficiencia 24,42%, discapacidad 6,9% y minusvalía 20,75%), estado invalidez,
con fecha de estructuración de la lesión del 23 de enero de 2003, y calificada
como una enfermedad de origen común.
[6] El fallo obra a folios 54 al 73.
[7] El fallo obra a folios 74 al 83.
[8] Lo anterior, bajo el argumento de que no hubo continuidad en la
prestación del servicio por parte del demandante en la empresa Zandor Capital
S.A., requisito que se suma al del cambio de un patrono por otro y a la
continuidad de la empresa, para que se produzca el fenómeno jurídico de la
sustitución de empleadores (folios 12, reverso, y 13).
[9] Folio 19, reverso.
[10]
El escrito obra a folios 87 al 89.
[11] Folio 88.
[12]
La respuesta obra a folio 90. En el documento se lee: “[…]
esta entidad no es competente para iniciar el proceso de calificación de
pérdida de capacidad laboral de su poderdante, ya que no está a cargo de
nosotros dicha obligación, al no estar actualmente afiliado a nuestra entidad,
igualmente advertimos que revisada la resolución aportada encontramos que la misma
se encuentra incompleta”.
[13] A folio 84 obra certificado del Sisbén del señor David Eutiquio Zea
López, con corte al mes de abril de 2018, en el que aparece un puntaje de
46,72, del municipio de Remedios, Antioquia. A folio 85 aparece informe del
SISPRO y el RUAF, fechado el 15 de junio de 2018, en el que se indica que no se
han reportado afiliaciones para el señor David Eutiquio Zea López ni a
pensiones ni a riesgos laborales, estando afiliado en salud a Savia Salud del
régimen subsidiado.
[14] Doctor Diego
Alejandro Urrego Escobar.
[15] El escrito
obra a folios 93 al 95.
[16]
La sentencia obra a folios 100 a 102.
[17] Folio 101.
[18] Doctor
Diego Alejandro Urrego Escobar. El escrito obra a folios 103 al 105.
[19] El fallo
obra a folios 111 a 113.
[20]
Folio 112.
[21] Doctor Diego Alejandro Urrego Escobar.
[22]
El escrito obra a folios 20 al 24 del cuaderno de revisión.
[23] Explicó que la conmutación es un negocio jurídico en el que una
entidad de seguridad social o aseguradora, se hace cargo de una pensión, previa
constitución de un cálculo actuarial (folio 23, reverso, del cuaderno de
revisión).
[24] Corte Suprema de Justicia, sentencia del 20 de abril de 2016,
radicado 45023. Cita original.
[25] Folios 23 (reverso) y 24 del cuaderno de revisión.
[26] Folios 25 al 117 del cuaderno de revisión.
[27] Folios 118 y 119 del cuaderno de revisión.
[28] Folio 96 del cuaderno de revisión.
[29] Folios 123 al 128 del cuaderno de revisión.
[30] Folios 129 al
[31] Folios 159 al 173 del cuaderno de revisión.
[32] Folios 177
al 180 del cuaderno de revisión.
[33] Doctor Carlos Augusto Báez Solórzano. A folio 201 aparece copia del
certificado de existencia y representación legal de Fiduoccidente S.A.
[34] Contrato celebrado el 3 de agosto de 2010 con el objeto, entre
otros, de administrar los recursos dinerarios transferidos por Zandor Capital
S.A. Colombia (hoy Gran Colombia Gold Segovia Sucursal Colombia) al
Fideicomiso, para la conformación del Fondo Social con cargo al cual se pagarán
unos créditos y contingencias puntuales y claramente definidos en el negocio
fiduciario (folio 192 del cuaderno de revisión). Explicó que la constitución
del Encargo Fiduciario No. 3-1-2369 tuvo como causa un contrato de promesa de
compraventa de activos de Frontino Gold Mines Limited, suscrito entre esta y
Zandor Capital S.A. Colombia (folio 194 ibíd.).
[35] El escrito obra a folios 192 al 200 del expediente de revisión.
[36] Al respecto, señaló: “3. Dentro del clausulado del Contrato de
Fiducia Mercantil administrado por Fiduoccidente, fue establecida como
destinación específica, la cancelación de los siguientes conceptos: || (i) las
obligaciones litigiosas de Frontino Gold Mines Ltd. ELO, notificadas hasta la
terminación del proceso liquidatorio, en relación con temas pensionales y
laborales, de acuerdo con las sentencias ejecutoriadas proferidas, atendiendo
la exigibilidad de las mismas; || (ii) los costos de defensa de reclamos y
demandas, así como las obligaciones litigiosas del Instituto de Seguros
Sociales derivadas de la conmutación pensional de Frontino Gold Mines Ltd. ELO,
de acuerdo con las sentencias ejecutoriadas proferidas, atendiendo a la
exigibilidad de las mismas; y (iii) los créditos graduados laborales y
pensionales no pagados durante la liquidación de Frontino Gold Mines Ltd. ELO.
|| 4. Respecto a la petición del accionante David Eutiquio Zea, relativa a la
solicitud de Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral, tal y como
puede observarse dentro de los fines específicos de que trata el clausulado del
mandato fiduciario No. 3-1-2369, no se encuentra relacionado el reconocimiento y
pago de tratamientos médicos o remisiones de exempleados de la ahora extinta
Frontino Gold Mines, ante las diversas juntas de calificación de invalidez, por
lo que dicha situación en modo alguno puede entenderse como a su cargo, motivo
por el cual, mis representadas no son competentes, ni responsables de
suministrar la asistencia deprecada por [el] señor Zea López, toda vez que los
fideicomisos tan solo pueden llevar a cabo, los fines estricta y expresamente
estipulados dentro del contrato de fiducia mercantil como uno de sus fines
dentro de la destinación específica. || 5. Tanto la Fiducia como el encargo
fiduciario No. 3-1-2369, son simples depositarios de fondos, los cuales
cuentan, con la destinación específica consagrada en el contrato de Fiducia Mercantil,
el cual es además administrado, por un comité fiduciario creado para tal fin en
el ya referido contrato fiduciario” (folio 192 del cuaderno de revisión).
[37] Folio 194 del cuaderno de revisión. Precisó que mediante el Auto
400-015767 del 28 de octubre de 2014, fue aprobada la rendición final de
cuestas y declarada la terminación del proceso de liquidación obligatoria de
Frontino Gold Mines Limited (folio 196, reverso).
[38] Precisó: “En fecha 13 de marzo de 2018, el señor Zea radicó ante la
compañía Fiduciaria de Occidente S.A., […] cuenta de cobro, acompañada de
copias auténticas de las sentencias de primera y segunda instancia, así como
copia de su documento de identidad, solicitando la cancelación de la condena
impuesta a la hoy extinta Frontino Gold Mines. […] || El monto de dicha condena
le fue efectivamente cancelada (sic) al actor por parte del Fideicomiso Zandor
Capital en el mes de abril de 2018, conforme al clausulado contractual del
mandato fiduciario No. 3-1-2369 […], hecho del cual dejó constancia expresa por
parte del hoy accionante, al suscribir y autenticar ante el Notario Segundo del
Círculo de Bello Antioquia, los documentos denominados “ACTA DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES LITIGIOSAS DE FRONTINO GOLD MINES LTD. ELO A CARGO DEL FONDO SOCIAL
DEL FIDEICOMISO 3-1-2369 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.”, así
como, la solicitud de terminación y archivo del proceso laboral ordinario por
extinción de la obligación de pago” (mayúsculas originales). Folio 198 del
cuaderno de revisión.
[39] Folios 204 al 216 del cuaderno de revisión.
[40] Folios 218 y 219 del cuaderno de revisión. En el literal d) del
numeral 1.1. del Anexo 6A se lee: “EL COMPRADOR no aceptará la sustitución
patronal o cesión de contratos de trabajo, y como consecuencia de ello no
asumirá ninguna obligación laboral, parafiscal, colectiva, o de cualquier otra
índole equivalente que pudiera tener FRONTINO con sus trabajadores o
extrabajadores” (folio 218).
[41] Folios 220 al 222 del cuaderno de revisión.
[42] Folios 225 al 239 del cuaderno de revisión.
[43] Folios 242 al 248 del cuaderno de revisión.
[44] Folios 251 al 253 del cuaderno de revisión.
[45] Los dos
autos referenciados obran a folios 254 al 263 del cuaderno de
revisión.
[46] Folios 264 al 268 del cuaderno de revisión. Al respecto se lee: “ARTÍCULO
OCTAVO: ADVERTIR que el Ministerio del Trabajo y Colpensiones son los
responsables de emitir las resoluciones que quedan pendientes para formalizar
la normalización pensional la cual ya se encuentra debidamente pagada de
acuerdo con la Resolución que para el efecto expidió el instituto de Seguros
Sociales en su debido momento y darle a cada uno el status correspondiente, no
pudiendo este juez permitir aún más la dilación del presente trámite de
insolvencia, el cual ya agotó su objetivo dentro del marco de la ley 222 de
1995” (folio 268 ibíd.).
[47] Folios 273 al 282 del cuaderno de revisión.
[48] Folios 285 al 330 del cuaderno de revisión.
[49] Doctor Carlos Mario Montoya Serna.
[50] Doctor Juan Esteban López Palacio.
[51] El escrito
obra a folios 333 y 334 del cuaderno de revisión.
[52] Doctor Alejandro Ramírez Echeverry. En CD obrante entre folios 348 y
349 aparece copia del certificado de existencia y representación legal de Gran
Colombia Gold Segovia Sucursal Colombia.
[53] El escrito obra a folios 338 al 348 del cuaderno de revisión.
[54] Folio 340 del cuaderno de revisión.
[55] Ver CD obrante entre folios 348 y 349.
[56] Doctor Diego Alejandro Urrego Escobar.
[57] Folio 362 del cuaderno de revisión. Transcribió el
artículo sexto de la Resolución No. 0425 del 11 de marzo de 2011, que dispone:
“El pago de las obligaciones litigiosas contra el Instituto de Seguros
Sociales, derivadas de las obligaciones pensionales de FRONTINO, no conmutadas
o conmutadas por un valor inferior, al que sea reconocido judicialmente por
motivos diferentes al riesgo de cambio normativo o jurisprudencial, será
asumido por la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A a través del patrimonio autónomo
denominado “FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE-ZANDOR CAPITAL COLOMBIA”, teniendo en
cuenta que la conmutación pensional se llevó a cabo por las personas
relacionadas en la Resolución o sus sustitutos y por los montos discriminados
en el cálculo actuarial, sin incluir los riesgos derivados de las liquidaciones
erróneas de las obligaciones pensionales efectuadas por la entidad FRONTINO
GOLD MINES LIMITED EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA, de conformidad con lo señalado
en los considerados del presente acto administrativo” (folio 60 ibíd.).
[58] Folio 362 (reverso) del cuaderno de revisión.
[59] A folios 367 y 368 del cuaderno de revisión obran, en su orden,
fotocopia de la partida de matrimonio de la Diócesis de Santa Rosa de Osos,
parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Segovia, Antioquia, en donde se lee
que el 16 de mayo de 1987 contrajeron matrimonio David Eutiquio Zea López y
Nori Rosalba Lenis Chaverra (actualmente con 53 años); y fotocopia del
certificado parroquial de registro en el libro 7 de matrimonios (folio 361,
número 599), en igual sentido. No se allega el registro civil de matrimonio.
[60] A folio 369 obra fotocopia del registro civil de nacimiento de la
Notaría Única de Segovia, Antioquia, en el que consta el nacimiento de Juan
Pablo Zea Lenis el 1 de mayo de 1998.
[61] A folio 370 obra fotocopia de la certificación expedida por Frontino
Gold Mines Ltd. (en liquidación obligatoria) fechada el 19 de agosto de 2010,
en la que se lee: “El Director de Recursos Humanos se permite certificar que el
señor DAVID EUTIQUIO ZEA LÓPEZ, […], laboró desde [el] 15 de septiembre de 1988
hasta el 19 de agosto de 2010 a través de contrato a término indefinido. El
último cargo desempeñado fue vigilante” (mayúsculas originales).
[62] A folio 371 aparece certificado del Sisbén del señor David Eutiquio
Zea López con un puntaje de 46,72 del municipio de Remedios, con fecha de corte
de enero de 2019. Se indica como fechas de ingreso, el 9 de octubre de 2014, y
de la última actualización, el 22 de abril de 2015, y estado validado. A folio
385 obra certificación de Coomeva EPS en el que consta la afiliación del
accionante al régimen contributivo de salud entre el 1 de junio de 2002 y el 20
de septiembre de 2010, en calidad de cotizante cabeza de familia. Aparecen como
beneficiarios su cónyuge Nori Rosalba Lenis Chaverra y sus cuatro hijos, Jhon
Fredy, Juan Pablo, Jerson David y Johan Camilo Zea Lenis.
[63] A folios
372 al 383 del cuaderno de revisión obra fotocopia de la historia clínica en
donde se describe el diagnóstico, los exámenes clínicos y los procedimientos
adelantados en el año de 2003. La cirugía fue practicada el 3 de febrero de
2003 (folio 374 ibíd.). A folio 384 se observa fotocopia de la
comunicación del doctor Ignacio Correa Arango, ortopedista de columna de la
Clínica Somer de Medellín, fechada el 4 de marzo de 2004, en donde se lee:
“Ref: Sr. DAVID EUTIQUIO ZEA LOPEZ. || Paciente quien tiene la historia No.
Z-306 de éste consultorio, tiene el antecedente de cirugía de la columna
cervical por hernia a la cual se le efectuó: microdiscectomía, artrodesis ósea,
fijación con material de osteosíntesis. La recuperación ha sido adecuada, pues
los miembros superiores funcionan con algún dolor pero sin limitaciones físicas
para hacer actividades que [no] demanden grandes esfuerzos. || Presenta además
lumbalgia baja la cual ha sido estudiada con Resonancia Nuclear Magnética
efectuada en enero de 2004 y en resumen, se demuestra enfermedad discal
multinivel que explica la sintomatología dolorosa lumbar y también la
irradiación a miembros inferiores. || Conclusión: paciente francamente limitado
para efectuar actividades físicas y laborales que le demanden grandes
esfuerzos; por esta razón, en forma indefinida debe ser ubicado laboralmente
con restricciones”.
[64] A folio 366 del cuaderno de revisión obra carta manuscrita del señor Zea
López en la que ratifica sus actuales condiciones familiares, económicas y de
salud.
[65] Ver folios 349 y 356 del cuaderno de revisión. Se verificó que el oficio OPT-A-360/2019
del 15 de febrero de 2019 fue enviado a la Calle 44 A No. 55-44 Edificio
Business Plaza, piso 13, de Medellín, Antioquia. Sin embargo, en la página
institucional de Savia Salud EPSS se indica una dirección de correo electrónico
para efectos de notificaciones de tutelas:
notificacionestutelas@saviasaludeps.com.
[66] Folios 403
al 404 del cuaderno de revisión.
[67] Folio 409 del cuaderno de revisión.
[68] Folio 409 del cuaderno de revisión.
[69] La respuesta y sus anexos obran a folios 409 al 4019. A folio 411
aparece la autorización de servicios de salud referida, con fecha del 13 de
marzo de 2019, en donde se autoriza el servicio de “consulta de control o de
seguimiento por especialista en medicina del trabajo (POS)”; y en las
observaciones se lee: “Se autoriza desde el área jurídica por cumplimiento a la
tutela solicitud hecha por la Corte Constitucional”.
[70] Folio 432 del cuaderno de revisión.
[71] Folio 444 del cuaderno de revisión.
[72] “Por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”.
[73] El poder otorgado al doctor Iván Darío Vélez Velásquez, obra a folio
6 del cuaderno principal.
[74] Frente a
este segundo grupo, el inciso quinto del artículo 86 de la Constitución precisa
que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación
de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión.
[75] En este
sentido ver la Sentencia SU-713 de 2006.
[76] A folios 48 al 52 obra fotocopia del dictamen de merma de capacidad
laboral del señor David Eutiquio Zea López, realizado por el Laboratorio de Salud
Pública de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de
Antioquia, con fecha de evaluación del 10 de noviembre de 2014. En dicho
documento se describe un porcentaje de pérdida de capacidad laboral de 52,07%
(deficiencia 24,42%, discapacidad 6,9% y minusvalía 20,75%), estado invalidez,
con fecha de estructuración de la lesión del 23 de enero de 2003, y calificada
como una enfermedad de origen común. Dicho dictamen pericial fue incorporado
como medio de prueba al proceso ordinario laboral radicado No. 05001310500620110089400.
[77] A folios
372 al 383 del cuaderno de revisión obra fotocopia de la historia clínica en
donde se describe el diagnóstico, los exámenes clínicos y los procedimientos
adelantados en el año de 2003. La cirugía fue practicada el 3 de febrero de
2003 (folio 374 ibíd.). A folio 384 se observa fotocopia de la
comunicación del doctor Ignacio Correa Arango, ortopedista de columna de la
Clínica Somer de Medellín, fechada el 4 de marzo de 2004, en donde se lee:
“Ref: Sr. DAVID EUTIQUIO ZEA LOPEZ. || Paciente quien tiene la historia No.
Z-306 de éste consultorio, tiene el antecedente de cirugía de la columna
cervical por hernia a la cual se le efectuó: microdiscectomía, artrodesis ósea,
fijación con material de osteosíntesis. La recuperación ha sido adecuada, pues
los miembros superiores funcionan con algún dolor pero sin limitaciones físicas
para hacer actividades que [no] demanden grandes esfuerzos. || Presenta además
lumbalgia baja la cual ha sido estudiada con Resonancia Nuclear Magnética
efectuada en enero de 2004 y en resumen, se demuestra enfermedad discal
multinivel que explica la sintomatología dolorosa lumbar y también la
irradiación a miembros inferiores. || Conclusión: paciente francamente limitado
para efectuar actividades físicas y laborales que le demanden grandes
esfuerzos; por esta razón, en forma indefinida debe ser ubicado laboralmente
con restricciones”.
[78] En este
apartado se toman las reglas recopiladas por la Sala Quinta de Revisión en la
Sentencia T-373 de 2015.
[79] Corte
Constitucional, Sentencia T-896 de 2007.
[80] En la base de datos de la Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud (ADRES), según consulta realizada el 28 de
febrero de 2019, se indica que el señor Zea López se encuentra activo en Savia
Salud EPS en el régimen subsidiado desde el 8 de abril de 2015, y que es padre
de familia (folio 402 del cuaderno de revisión).
[81] En ese sentido, puede consultarse Corte Constitucional, Sentencias
T-526 de 2005, T-834 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de
2006, T-905 de 2006, T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-792 de 2007, T-825 de
2007,  T-243 de 2008, T-265 de 2009, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de
2009, T-887 de 2009, T-328 de 2010, T-805 de
2012, entre muchas otras.
[82] Folio 1.
[83] La solicitud se tramitó bajo el radicado No. 2018_4246009 del 16 de
abril de 2018, y obra en el folio 90.
[84] En este acápite se sigue en parte la ruta
trazada por la Sentencia T-044 de 2018, ya citada.
[85] Artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 11 de la Ley 797 de 2003, modificado por el artículo 1 de la Ley
860 de 2003. Requisitos
para obtener la pensión de invalidez. “Tendrá
derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las
siguientes condiciones: || 1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya
cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente
anteriores a la fecha de estructuración. || 2. Invalidez causada por
accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres
(3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma. || Parágrafo 1º. Los
menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado
veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho
causante de su invalidez o su declaratoria. || Parágrafo 2º. Cuando el afiliado
haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para
acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas
en los últimos tres (3) años”.
[86] Esta regla
fue planteada desde la jurisprudencia más temprana sobre la materia, tal y como
se expresa en la Sentencia T-762 de 1998, a saber: “El carácter de fundamental
se deriva de la conexidad directa que presentan las garantías prestacionales y
de salud, con el mínimo vital de las personas discapacitadas [Sentencia T-055
de 1995], ya que una violación de tales derechos para este tipo de personas que
no cuentan con ninguna fuente de ingresos, que no pueden trabajar y que
físicamente se encuentran limitados para ejercer una vida normal, es contrario
al principio constitucional que reconoce el valor de la dignidad humana, la
cual resulta vulnerada “cuando se somete a una persona a vivir de la caridad
ajena, existiendo la posibilidad de que tenga acceso a unos recursos económicos
propios que le permitan subvenir algunas de sus necesidades  básicas”
[Sentencias T-125 de 1994, T-323 de 1996 y T-378 de 1997]. Al respecto es
importante recordar que “la pensión de invalidez representa para quien ha
perdido total o parcialmente la capacidad de trabajar y no puede por sí mismo
proveerse de los medios indispensables para su subsistencia, un derecho
esencial e irrenunciable (C.P. artículo 48)” [Sentencia Corte Constitucional
T-124 de 1993], porque  constituye el único medio de protección que puede
obtener una persona que por circunstancias de irremediable adversidad, se
encuentra sin ninguna opción en el orden laboral y en complejo estado físico
para mantener un mínimo de existencia vital que le permita subsistir en
condiciones dignas y justas. “El Estado entonces debe nivelar esa situación,
mediante el otorgamiento de una prestación económica y de salud.” [Sentencia
Corte Constitucional T- 144 de 1995]”.
[87]
Corte Constitucional, Sentencia T-292 de 1995. Posición reiterada en la
Sentencia T-762 de 1998.
[88]
Consultar al respecto el Decreto 1507 de 2014, “por el cual se expide el Manual
Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y
Ocupacional”.
[89] Ley 100 de 1993, artículo 41.
[90] Ibídem.
[91] Ley 100 de 1993, artículo 44.
[92] “Por el
cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de
Calificación de Invalidez, y se dictan otras disposiciones”.
[93] A folio 7 obra fotocopia de la cédula de ciudadanía en donde se
indica que el señor Zea López nació el 13 de septiembre de 1963.
[94] Folio 90.
[95] Corte Constitucional, Sentencias T-458 de 1997, T-658 de 1998, T-734 de 1998 y T-791 de 1998. En
dichos fallos diferentes salas de revisión estudiaron casos en los que se había
omitido el deber de realizar la conmutación pensional, en detrimento de los
derechos de los pensionados. En la Sentencia T-458 de 1998, se dijo al respecto: “[…]
Las normas legales que obligan a las empresas que han asumido directamente el
pasivo pensional a constituir las garantías necesarias para asegurar el pago
oportuno de las mesadas pensionales […]; aquellas que establecen la figura de
la conmutación pensional, aún a riesgo de que la empresa tenga que liquidarse o
de que se dejen de pagar otros créditos […]; las que adjudican a las
autoridades públicas la tarea de vigilancia y control de las empresas que
tienen acreencias pensionales […]; entre otras, deben ser entendidas como el
desarrollo manifiesto del deber de especial protección que la Carta impone a
los poderes públicos respecto de las personas de la tercera edad”. Esta
posición fue reiterada, además, en las Sentencias T-005 de 1999, T-075 de 1999,
T-129 de 1999, T-147 de 1999 y T-425 de 1999.
[96] Corte Constitucional, Sentencia T-426 de 2012. En esa
oportunidad la Sala Primera de Revisión fijó la siguiente regla: “Cuando
alguien adquiere el derecho a pensionarse con cargo a su empleador y este
último entra en liquidación obligatoria, es deber del liquidador efectuar una
conmutación pensional. Si no la efectúa, y a causa de ello el pensionado deja
de recibir sus mesadas, le viola el derecho a la seguridad social y desconoce
la prohibición de suspender de manera unilateral el pago de mesadas pensionales
como manifestación del debido proceso administrativo en la dimensión de respeto
por el acto propio”.
[97] A través
de esa decisión la Corte declaró la exequibilidad del inciso primero del
artículo 135 de la Ley 100 de 1993 (tratamiento tributario), por el cargo de
omisión legislativa relativa.
[98] Por la
cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación
empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la
función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones
y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas
de esta ley.
[99] Por la
cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de
Colombia y se dictan otras disposiciones.
[100] Por el
cual se adoptan unas medidas de intervención y se reglamenta parcialmente el
artículo 41 de la Ley 550 de 1999, en cuanto se refiere a la conmutación total
y a mecanismos de normalización pensional aplicables a las empresas en
liquidación.
[101] Por el
cual se adoptan unas medidas de intervención y se reglamentan parcialmente el
artículo 41 de la Ley 550 de 1999, el parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80
de 1993, y el artículo 283 de la Ley 100 de 1993.
[102] por el
cual se adoptan unas medidas de intervención y se reglamenta parcialmente el
artículo 41 de la Ley 550 de 1999.
[103] Por el
cual se aprueba la Estructura Interna de la Administradora Colombiana de
Pensiones, COLPENSIONES.
[104] Por el
cual se modifica la Estructura Interna de la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones).
[105] A folios 25 al 117 del cuaderno de revisión aparece fotocopia de la
Resolución No. 0425 del 11 de marzo de 2011 “Por la cual se acepta una
conmutación pensional”, emanada del Instituto de Seguros Sociales.
[106] Folio 54 del cuaderno de revisión.
[107] En
documento anexo a la resolución, y que hace referencia a las “Futuras pensiones
a cargo de Frontino no afiliado”, se lee la siguiente descripción: Orden 398 /
CC 71081266 / Nombre ZEA LÓPEZ DAVID EUTIQUIO / Reserva empresa (28-feb-11)
167.612.943 / Fechas de actualización (10-mar-11) 167.952.700 (11-mar-11)
167.986.714 / Reserva empresa (31-mar-11) 168.643.626. Ver folio 111 del
Cuaderno de revisión.
[108] La respuesta obra a folio 90. En el documento se lee: “[…] esta
entidad no es competente para iniciar el proceso de calificación de pérdida de
capacidad laboral de su poderdante, ya que no está a cargo de nosotros dicha
obligación, al no estar actualmente afiliado a nuestra entidad, igualmente
advertimos que revisada la resolución aportada encontramos que la misma se
encuentra incompleta”.
[109] Ver Corte
Constitucional, Sentencia T-235 de 2002. La Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia ha desarrollado la línea del afiliado inactivo, entre
otras, en las siguientes decisiones: radicación No. 29887, Acta 96 del 22 de
noviembre de 2007, M.P. Isaura Vargas Díaz; radicación No. 36234, Acta 13 del
27 de abril de 2010, M.P. Eduardo López Villegas; radicación No. 39772, Acta 36
del 5 de octubre de 2010, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez; radicación No.
47095, Acta 17 del 16 de mayo de 2018, M.P. Rigoberto Echeverri Bueno; y radicación
No. 59338, Acta 13 del 16 de mayo de 2018, M.P. Martín Emilio Beltrán Quintero.
[110] El
artículo 13 del Decreto 692 de 1994 dispone: “Permanencia de la afiliación. La
afiliación al sistema general de pensiones es permanente e independiente del
régimen que seleccione el afiliado. Dicha afiliación no se pierde por haber
dejado de cotizar durante uno o varios períodos, pero podrá pasar a la
categoría de afiliados inactivos, cuando tenga más de seis meses de no pago de
cotizaciones”.
[111] Folio 90.
[112] Folio 439 del cuaderno de revisión.
[113] Corte
Constitucional, Sentencias T-310 de 1995, T-450 de 1998, T-886 de 2000, T-794
de 2002, SU-484 de 2008, T-553 de 2008, SU-195 de 2012, T-060 de 2016, T-455 de
2016, T-368 de 2017, T-634 de 2017, T-104 de 2018, T-283 de 2018, T-015 de
2019, entre otras.
[114] Ello
quedó claro en la sentencia No. 020 del 27 de febrero de 2015 proferida por el Juzgado
Octavo Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín, en donde se indica
que la empresa informó en el escrito de contestación que se encontraba exenta
de la obligación de realizar aportes o cotizaciones a los fondos de pensiones,
toda vez que “se encontraba en concordato preventivo, desde el 8 de noviembre
de 1976, […]. En tal sentido, y de conformidad con el Art. 279 inciso 3 de la
Ley 100 de 1993, la Entidad demandada se encontraba exceptuada del Sistema
General de Seguridad Social […]” (folio 71). Y en la sentencia No. 247 del 19
de octubre de 2017 emanada de la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, quedó planteado que la empresa, en
su escrito de contestación, señaló que no obstante la no afiliación a un fondo
de pensiones “se efectuó por medio de la Resolución 425 del 11 de marzo de
2011, un proceso de conmutación pensional con el ISS hoy Colpensiones, siendo
beneficiario el demandante de la pensión sanción apenas cumpla la edad para el
reconocimiento de la prestación” (folios 75, reverso, y 76).
[115] El fallo obra a folios 74 al 83. En el folio 80 se lee: “[…] es de
indicar que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral es del
criterio, que para que se produzca el fenómeno jurídico de la sustitución de
empleadores, además del cambio de un patrono por otro y la continuidad de la
empresa, se requiere que haya continuidad en la prestación del servicio del
servicio por parte del trabajador, lo cual como quedó visto, en esta
oportunidad no se acreditó, en la medida que no hay evidencia probatoria que el
contrato de trabajo del accionante se hubiera extendido más allá del 19 de
agosto de 2010, fecha del despido como consecuencia de la venta de activos de
Frontino Gold Mines a Zandor Capital S.A., sin que prestara los servicios a
favor de esta última, tal y como el mismo lo confiesa en el interrogatorio de
parte rendido el 19 de septiembre de 2014, donde a la pregunta “manifieste
si luego del día 18/08/2010 usted desempeñó funciones para la compañía ZANDOR
CAPITAL S.A. COLOMBIA? Indicó “no” […]” (cursivas y mayúsculas
originales).
[116] Al
respecto, el representante legal para asuntos prejudiciales y judiciales de
Fiduoccidente S.A. precisó: “En fecha 13 de marzo de 2018, el
señor Zea radicó ante la compañía Fiduciaria de Occidente S.A., […] cuenta de
cobro, acompañada de copias auténticas de las sentencias de primera y segunda instancia,
así como copia de su documento de identidad, solicitando la cancelación de la
condena impuesta a la hoy extinta Frontino Gold Mines. […] || El monto de dicha
condena le fue efectivamente cancelada (sic) al actor por parte del Fideicomiso
Zandor Capital en el mes de abril de 2018, conforme al clausulado contractual
del mandato fiduciario No. 3-1-2369 […], hecho del cual dejó constancia expresa
por parte del hoy accionante, al suscribir y autenticar ante el Notario Segundo
del Círculo de Bello Antioquia, los documentos denominados “ACTA DE
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LITIGIOSAS DE FRONTINO GOLD MINES LTD. ELO A CARGO
DEL FONDO SOCIAL DEL FIDEICOMISO 3-1-2369 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE
OCCIDENTE S.A.”, así como, la solicitud de terminación y archivo del proceso
laboral ordinario por extinción de la obligación de pago” (mayúsculas
originales). Folio 198 del cuaderno de revisión.
[117] El artículo sexto de la Resolución No. 0425 del 11 de
marzo de 2011 señala: “El pago
de las obligaciones litigiosas contra el Instituto de Seguros Sociales,
derivadas de las obligaciones pensionales de FRONTINO, no conmutadas o
conmutadas por un valor inferior, al que sea reconocido judicialmente por
motivos diferentes al riesgo de cambio normativo o jurisprudencial, será
asumido por la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A a través del patrimonio autónomo
denominado “FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE-ZANDOR CAPITAL COLOMBIA”, teniendo en
cuenta que la conmutación pensional se llevó a cabo por las personas
relacionadas en la Resolución o sus sustitutos y por los montos discriminados
en el cálculo actuarial, sin incluir los riesgos derivados de las liquidaciones
erróneas de las obligaciones pensionales efectuadas por la entidad FRONTINO
GOLD MINES LIMITED EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA, de conformidad con lo señalado
en los considerados del presente acto administrativo” (folio 60 ibíd.).
[118] Corte
Constitucional, Sentencia T-516 de 2013.
[119] Corte
Constitucional, Sentencia C-776 de 2003.
[120] El artículo 38 de la Ley 100 de 1993 dispone: “Estado de invalidez.
Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por
cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente,
hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”. El artículo 2 del
Decreto 917 de 1999 señala: “Para efecto de la aplicación y cumplimiento del
presente decreto, adóptense las siguientes definiciones: a) Invalidez: Se
considera con invalidez la persona que por cualquier causa, de cualquier
origen, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50% o más de su
capacidad laboral. b) Incapacidad permanente parcial: Se considera con
incapacidad permanente parcial a la persona que por cualquier causa, de
cualquier origen, presente una pérdida de la capacidad laboral igual o superior
al 5% e inferior al 50%. c) Capacidad Laboral: Se entiende por capacidad
laboral del individuo el conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o
potencialidades de orden físico, mental y social, que le permiten desempeñarse
en un trabajo habitual. d) Trabajo Habitual: Se entiende como trabajo habitual
aquel oficio, labor u ocupación que desempeña el individuo con su capacidad
laboral, entrenamiento y/o formación técnica o profesional, recibiendo una
remuneración equivalente a un salario o renta, y por el cual cotiza al Sistema
Integral de Seguridad Social”.
[121]
El artículo 45 de la Ley 100 de 1993 regula la indemnización sustitutiva de la
pensión de invalidez.
[122] Decreto
758 de 1990. “ARTÍCULO 6o. REQUISITOS DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. Tendrán
derecho a la pensión de invalidez de origen común, las personas que reúnan las
siguientes condiciones: a) Ser inválido permanente total o inválido permanente
absoluto o gran inválido y, b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez,
Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años
anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en
cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez”.
[123] Ley 100
de 1993. El artículo 39 original de la Ley 100 de 1993 establecía: “ARTICULO
39. Requisitos para obtener la Pensión de Invalidez. Tendrán derecho a la
pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el artículo
anterior sean declarados inválidos y cumplan alguno de los siguientes
requisitos: a) Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere
cotizado por lo menos 26 semanas, al momento de producirse el estado de
invalidez; b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado
aportes durante por lo menos  26 semanas del año inmediatamente anterior al
momento en que se produzca el estado de invalidez. PARÁGRAFO. Para efectos del
cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en
cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente Ley”.
[124] Ley 860 de 2003.
Esta ley modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, y teniendo en cuenta lo
establecido en la Sentencia C-428 de 2009, indica: “ARTÍCULO 39. REQUISITOS
PARA OBTENER LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. Tendrá derecho a la pensión de invalidez
el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea
declarado inválido y acredite las siguientes condiciones: 1. Invalidez causada
por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos
tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración. 2.
Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas
dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante
de la misma”.
[125] Al
respecto puede verse la Sentencia C-168 de 1995.
[126] Corte
Constitucional, Sentencia T-158 de 2014.
[127] Ibidem.
[128] El tema ha sido desarrollado, entre otras, en las Sentencias T-699A de 2007, T-710 de 2009, T-163 de 2011, T-420 de 2011, T-158
de 2014, T-486 de 2015, T-111 de 2016 y T-350 de 2018.
[129] Doctor Diego Alejandro
Urrego Escobar.
[130] A folio 7 del cuaderno
principal del expediente T-7.059.344 obra fotocopia de la cédula de ciudadanía
en donde se indica que el señor Zea López nació el 13 de septiembre de 1963. En
adelante, los folios a que se haga referencia corresponderán al cuaderno
principal a menos que se señale otra cosa.
[131] A folios 372 al 383 del
cuaderno de revisión obra fotocopia de la historia clínica en donde se describe
el diagnóstico, los exámenes clínicos y los procedimientos adelantados en el
año de 2003, entre ellos, una cirugía practicada el 3 de febrero de 2003 (folio
374 ibíd.). A folio 384 se observa fotocopia de la comunicación del
doctor Ignacio Correa Arango, ortopedista de columna de la Clínica Somer de
Medellín, fechada el 4 de marzo de 2004, en donde se lee: “Ref: Sr. DAVID
EUTIQUIO ZEA LOPEZ. || Paciente quien tiene la historia No. Z-306 de éste
consultorio, tiene el antecedente de cirugía de la columna cervical por hernia
a la cual se le efectuó: microdiscectomía, artrodesis ósea, fijación con
material de osteosíntesis. La recuperación ha sido adecuada, pues los miembros
superiores funcionan con algún dolor pero sin limitaciones físicas para hacer
actividades que [no] demanden grandes esfuerzos. || Presenta además lumbalgia
baja la cual ha sido estudiada con Resonancia Nuclear Magnética efectuada en
enero de 2004 y en resumen, se demuestra enfermedad discal multinivel que
explica la sintomatología dolorosa lumbar y también la irradiación a miembros
inferiores. || Conclusión: paciente francamente limitado para efectuar
actividades físicas y laborales que le demanden grandes esfuerzos; por esta
razón, en forma indefinida debe ser ubicado laboralmente con restricciones”.
[132] A folios 48 al 52 obra
fotocopia del dictamen de merma de capacidad laboral del señor David Eutiquio
Zea López, realizado por el Laboratorio de Salud Pública de la Facultad
Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, con fecha de
evaluación del 10 de noviembre de 2014. En dicho documento se describe un
porcentaje de pérdida de capacidad laboral de 52,07% (deficiencia 24,42%,
discapacidad 6,9% y minusvalía 20,75%), estado invalidez, con fecha de
estructuración de la lesión del 23 de enero de 2003, y calificada como una
enfermedad de origen común.
[133] La respuesta obra a folio
90.
[134] Doctor Diego Alejandro
Urrego Escobar.
[135] El escrito obra a folios
20 al 24 del cuaderno de revisión. La Sala Quinta de Revisión, mediante auto
del 13 de febrero de 2019, vinculó al trámite a Zandor Capital S.A. Colombia, a
la Fiduciaria de Occidente S.A., a Savia Salud EPSS y a la Secretaría Seccional
de Salud y Protección Social de Antioquia. Adicionalmente, decretó algunas
pruebas.
[136] A folios 25 al 117 del
cuaderno de revisión aparece fotocopia de la Resolución No. 0425 del 11 de
marzo de 2011 “Por la cual se acepta una conmutación pensional”, emanada del
Instituto de Seguros Sociales.
[137] En documento anexo a la
resolución, y que hace referencia a las “Futuras pensiones a cargo de Frontino
no afiliado”, se lee la siguiente descripción: Orden 398 / CC 71081266 / Nombre
ZEA LÓPEZ DAVID EUTIQUIO / Reserva empresa (28-feb-11) 167.612.943 / Fechas de
actualización (10-mar-11) 167.952.700 (11-mar-11) 167.986.714 / Reserva empresa
(31-mar-11) 168.643.626. Ver folio 111 del cuaderno de revisión. Cita original.
[138] Sentencia T-257 de 2019,
p. 30.
[139] Ver Corte Constitucional,
Sentencia T-235 de 2002. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia ha desarrollado la línea del afiliado inactivo, entre otras, en las
siguientes decisiones: radicación No. 29887, Acta 96 del 22 de noviembre de
2007, M.P. Isaura Vargas Díaz; radicación No. 36234, Acta 13 del 27 de abril de
2010, M.P. Eduardo López Villegas; radicación No. 39772, Acta 36 del 5 de
octubre de 2010, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez; radicación No. 47095,
Acta 17 del 16 de mayo de 2018, M.P. Rigoberto Echeverri Bueno; y radicación
No. 59338, Acta 13 del 16 de mayo de 2018, M.P. Martín Emilio Beltrán Quintero.
Cita original.
[140] El artículo 13 del
Decreto 692 de 1994 dispone: “Permanencia de la afiliación. La afiliación al
sistema general de pensiones es permanente e independiente del régimen que
seleccione el afiliado. Dicha afiliación no se pierde por haber dejado de
cotizar durante uno o varios períodos, pero podrá pasar a la categoría de
afiliados inactivos, cuando tenga más de seis meses de no pago de cotizaciones”.
Cita original.
[141] Sentencia T-257 de 2019,
p. 30.
[142] Sentencia T-257 de 2019,
p. 31.
[143] Ibídem.
[144] Ello quedó claro en la
sentencia No. 020 del 27 de febrero de 2015 proferida por el Juzgado Octavo
Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín, en donde se indica que la
empresa informó en el escrito de contestación que se encontraba exenta de la
obligación de realizar aportes o cotizaciones a los fondos de pensiones, toda
vez que “se encontraba en concordato preventivo, desde el 8 de noviembre de
1976, […]. En tal sentido, y de conformidad con el Art. 279 inciso 3 de la Ley
100 de 1993, la Entidad demandada se encontraba exceptuada del Sistema General
de Seguridad Social […]” (folio 71). Y en la sentencia No. 247 del 19 de
octubre de 2017 emanada de la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, quedó planteado que la empresa, en
su escrito de contestación, señaló que no obstante la no afiliación a un fondo
de pensiones “se efectuó por medio de la Resolución 425 del 11 de marzo de
2011, un proceso de conmutación pensional con el ISS hoy Colpensiones, siendo
beneficiario el demandante de la pensión sanción apenas cumpla la edad para el
reconocimiento de la prestación” (folios 75, reverso, y 76). Cita original.
[145] El fallo obra a folios 74
al 83. En el folio 80 se lee: “[…] es de indicar que la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral es del criterio, que para que se produzca el
fenómeno jurídico de la sustitución de empleadores, además del cambio de un patrono
por otro y la continuidad de la empresa, se requiere que haya continuidad en la
prestación del servicio del servicio por parte del trabajador, lo cual como
quedó visto, en esta oportunidad no se acreditó, en la medida que no hay
evidencia probatoria que el contrato de trabajo del accionante se hubiera
extendido más allá del 19 de agosto de 2010, fecha del despido como
consecuencia de la venta de activos de Frontino Gold Mines a Zandor Capital
S.A., sin que prestara los servicios a favor de esta última, tal y como el
mismo lo confiesa en el interrogatorio de parte rendido el 19 de septiembre de
2014, donde a la pregunta “manifieste si luego del día 18/08/2010 usted
desempeñó funciones para la compañía ZANDOR CAPITAL S.A. COLOMBIA? Indicó “no”
[…]” (cursivas y mayúsculas originales). Cita original.
[146] Al respecto, el
representante legal para asuntos prejudiciales y judiciales de Fiduoccidente
S.A. precisó: “En fecha 13 de marzo de 2018, el señor Zea radicó ante la
compañía Fiduciaria de Occidente S.A., […] cuenta de cobro, acompañada de
copias auténticas de las sentencias de primera y segunda instancia, así como
copia de su documento de identidad, solicitando la cancelación de la condena
impuesta a la hoy extinta Frontino Gold Mines. […] || El monto de dicha condena
le fue efectivamente cancelada (sic) al actor por parte del Fideicomiso Zandor
Capital en el mes de abril de 2018, conforme al clausulado contractual del
mandato fiduciario No. 3-1-2369 […], hecho del cual dejó constancia expresa por
parte del hoy accionante, al suscribir y autenticar ante el Notario Segundo del
Círculo de Bello Antioquia, los documentos denominados “ACTA DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES LITIGIOSAS DE FRONTINO GOLD MINES LTD. ELO A CARGO DEL FONDO
SOCIAL DEL FIDEICOMISO 3-1-2369 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.”,
así como, la solicitud de terminación y archivo del proceso laboral ordinario
por extinción de la obligación de pago” (mayúsculas originales). Folio 198 del
cuaderno de revisión. Cita original.
[147] El artículo sexto de la Resolución
No. 0425 del 11 de marzo de 2011 señala: “El pago de las obligaciones
litigiosas contra el Instituto de Seguros Sociales, derivadas de las
obligaciones pensionales de FRONTINO, no conmutadas o conmutadas por un valor
inferior, al que sea reconocido judicialmente por motivos diferentes al riesgo
de cambio normativo o jurisprudencial, será asumido por la FIDUCIARIA DE
OCCIDENTE S.A a través del patrimonio autónomo denominado “FIDEICOMISO
FIDUOCCIDENTE-ZANDOR CAPITAL COLOMBIA”, teniendo en cuenta que la conmutación
pensional se llevó a cabo por las personas relacionadas en la Resolución o sus
sustitutos y por los montos discriminados en el cálculo actuarial, sin incluir
los riesgos derivados de las liquidaciones erróneas de las obligaciones
pensionales efectuadas por la entidad FRONTINO GOLD MINES LIMITED EN
LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA, de conformidad con lo señalado en los considerados del
presente acto administrativo” (folio 60 ibíd.). Cita original.
[148] Corte Constitucional,
Sentencia T-516 de 2013.
[149] Sentencia T-257 de 2019,
pp. 32-34.
[150] Sentencia T-257 de 2019,
p. 37.
[151] Sentencia T-257 de 2019,
p. 38.
[152] Las pautas señaladas
fueron: “(i) que pese a que Frontino Gold Mines Limited sucursal
Colombia, hoy liquidada, no afilió al trabajador a ningún fondo de pensiones
mientras este laboraba a su servicio, la empresa normalizó su pasivo pensional
por medio de la conmutación pensional aceptada por el Instituto de Seguros
Sociales (hoy Colpensiones), según la Resolución No. 0425 del 11 de marzo de
2011; (ii) que debe darse aplicación al principio de la condición más
beneficiosa como criterio de interpretación fijado por esta Corporación; y (iii)
que debe tenerse en cuenta, en caso de ser pertinente, la capacidad laboral
residual que pudo conservar el trabajador durante el tiempo posterior a la fecha
en que sea estructurada la invalidez”. Sentencia T-257 de 2019, pp. 37 y 38.
[153] Sentencia T-257 de 2019,
pp. 39 y 40.
[154] Ver folio 6 de la
solicitud.
[155] Folio 7, reverso, del
cuaderno de nulidad.
[156] Folio 34 del cuaderno de
nulidad.
[157] Folio 41 del cuaderno de
nulidad.
[158] Folio 42 del cuaderno de
nulidad.
[159] Folios 44 y 45 del
cuaderno de nulidad.
[160] En este acápite se sigue
de cerca el Auto 238 de 2016.
[161] “Por el cual se dicta el régimen procedimental de los
juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”.
[162] Corte Constitucional,
Auto 021 de 1998.
[163] Corte Constitucional,
Autos 031A de 2002 y 063 de 2004.
[164] Corte Constitucional,
Auto 292 de 2006.
[165] Corte Constitucional,
Auto 193 de 2018.
[166] Corte Constitucional,
Autos 153 de 2018, 193 de 2018 y 180 de 2019.
[167] Corte Constitucional,
Auto 033 de 1995.
[168] Corte Constitucional,
Auto 031A de 2002. En el Auto 301 de 2006 la Corporación, reiterando lo
planteado en el Auto 031A de 2002, señaló: “[…] como presupuesto para que
proceda la nulidad de sus sentencias […] el peticionario está en la obligación
de exponer de manera razonada los argumentos en los cuales fundamenta su
solicitud y deberá explicar los parámetros jurídicos tendientes a demostrar,
mediante una carga argumentativa seria y coherente, el desconocimiento del
debido proceso. Los criterios de forma, tanto de redacción como de
argumentación que utilice una Sala de Revisión, no configuran violación al
debido proceso”. Al respecto, también puede consultarse el Auto 139 de 2004.
[169] Corte Constitucional, Autos 031A de
2002, 162 de 2003 y 063 de 2004.
[170] Corte Constitucional,
Auto 105A de 2000.
[171] Corte Constitucional,
Auto 062 de 2000.
[172] Corte Constitucional,
Auto 091 de 2000.
[173] Corte Constitucional,
Auto 022 de 1999.
[174] Corte Constitucional,
Auto 082 de 2000.
[175] Corte Constitucional, Auto 031A de
2002. Reiterado en los Autos 127A de 2003, 162 de 2003, 163 de 2003, 217 de
2006, 305 de 2006, 077 de 2007, 227 de 2007, 234 de 2009, 284 de 2011, 023 de
2012, 110 de 2012, 270 de 2014, 157 de 2015, 244 de 2015, entre otros.
[176] Corte Constitucional,
Auto 023 de 2012.
[177] Corte Constitucional,
Auto 305 de 2006.
[178] Corte Constitucional,
Autos 305 de 2006 y 023 de 2012.
[179] Corte Constitucional, Autos 127A de
2003, 217 de 2006, 305 de 2006, 234 de 2009, 284 de 2011, 110 de 2012, entre
otras.
[180] Corte Constitucional,
Auto 217 de 2006.
[181] Corte Constitucional,
Auto 060 de 2006.
[182] Pueden consultarse al respecto, entre
otros, los Autos 131 de 2004, 052 de 2006, 189 de 2015.
[183] En este acápite se sigue
de cerca el Auto 193 de 2018.
[184] Corte Constitucional,
Auto 075A de 1999.
[185] El artículo 285 de la Ley
1564 de 2012 establece: “Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable
por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a
solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero
motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la
sentencia o influyan en ella. || En las mismas circunstancias procederá la
aclaración de auto.  La aclaración procederá de oficio o a petición de parte
formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia. || La providencia
que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su
ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de
aclaración”.
[186] Corte Constitucional,
Auto 344 de 2014.
[187] Corte Constitucional,
Auto 021 de 1999.
[188] El artículo 287 de la Ley
1564 de 2012 dispone: “Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre
cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de
conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse
por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a
solicitud de parte presentada en la misma oportunidad. || El juez de segunda
instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte
perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de
reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que
dicte sentencia complementaria. || Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro
del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo
término. || Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva
sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal”.
[189] Corte Constitucional,
Auto 195 de 2017.
[190] Ver el Auto 100 de 2007.
Esa decisión ha sido reiterada, entre otros, en los Autos 206 de 2008 y 173 de
2011. Cita original.
[191] Doctor Diego Alejandro
Urrego Escobar.
[192] Folio 11 del cuaderno de
nulidad.
[193] Folio 10 del cuaderno de
nulidad.
[194] Folio 13 del cuaderno de
nulidad.
[195] Folio 15 del cuaderno de
nulidad. En días posteriores a la recepción de la comunicación, a través de
llamada telefónica, se le informó al escribiente del Juzgado Primero Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Bello, Antioquia, que la notificación
a las partes de las sentencias de revisión de la Corte Constitucional
correspondía al juez o tribunal competente de primera instancia, de acuerdo con
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
[196] Folio 17 del cuaderno de
nulidad.
[197] Folio 19 del cuaderno de
nulidad. Las constancias de notificación obran a folios 22 al 28 ibíd.
[198] Folio 19 del cuaderno de
nulidad.
[199] La Corporación “ha
aceptado que dada la celeridad e informalidad que rigen los trámites relativos
a la acción de tutela (art. 3º del Decreto 2591 de 1991), así como la
presunción de buena fe de las actuaciones de los particulares ante las
autoridades”, por aplicación analógica del artículo 301 del Código General del
Proceso, los fallos proferidos por la Corte en sede de revisión pueden
entenderse notificados por conducta concluyente. Corte Constitucional, Auto 009
de 2009.
[200] Folio 7, reverso, del
cuaderno de nulidad.
[201] El artículo 41 de la Ley 100 de 1993 establece: “Calificación del Estado de Invalidez. El
estado de invalidez será determinado de conformidad con lo dispuesto en los
artículos siguientes y con base en el manual único para la calificación de
invalidez vigente a la fecha de calificación. Este manual será expedido por el
Gobierno Nacional y deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación para
calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por
pérdida de su capacidad laboral. || Corresponde al Instituto de Seguros
Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES–, a las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, a las Compañías de Seguros que asuman el
riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS,
determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y
calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de
que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su
inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá
remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden
regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable
ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un
término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones
legales. […]”.
[202] Folio 6 del cuaderno de
nulidad.
[203] Sentencia T-257 de 2019, p. 38.
[204] Corte Constitucional,
Auto 305 de 2006.