T-414-20
Sentencia T-414/20
Referencia:
Expediente T-7.682.324
Acción
de tutela interpuesta por Rafael Antonio León Ortiz contra
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-,
así como el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana
Seguridad de Valledupar
Magistrada
Ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veinte
(2020).
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, conformada por los
Magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Alberto Rojas Ríos y Cristina Pardo
Schlesinger, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º,
de la Constitución Política, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo proferido el 10 de
septiembre de 2019 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Valledupar (Cesar), dentro de la acción de tutela
promovida por Rafael Antonio León Ortiz contra el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, así como el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar.
El expediente de la referencia
fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección Número Once mediante auto
del 26 de noviembre de 2019, notificado el 10 de diciembre del mismo año.[1]
I.    ANTECEDENTES
El señor Rafael Antonio León Ortiz, quien actúa
en nombre propio, interpuso acción de tutela para solicitar la protección de
sus derechos fundamentales de petición, al trabajo y a la igualdad, presuntamente vulnerados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, así
como el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad
de Valledupar (Cesar), en el que se encuentra privado de la libertad, al no
dar respuesta a las peticiones interpuestas el 18 de febrero y el 29 de julio
de 2019 en las que solicitó ingresar a un programa de trabajo que le permita continuar con su proceso de resocialización y redimir la
pena que le fue impuesta.
El accionante también aseveró que luego de
presentar la petición del 18 de febrero de 2019, fue asignado a una actividad
que solo existe en las planillas, situación que le impide acceder efectivamente
al trabajo penitenciario y no permite que se garantice la resocialización,
entendida como una de las funciones y finalidades de la pena.
1.  Hechos
1.1.
El señor Rafael Antonio León
Ortiz señaló que ingresó al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta
y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar) en el año 2012 para pagar una pena
privativa de la libertad que le fue impuesta. Añadió que dentro de su proceso
de resocialización inició estudios para graduarse como bachiller.
1.2.    El actor manifestó que en el año 2014 solicitó a
la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza del establecimiento
penitenciario y carcelario que analizara la viabilidad de ingresar a un
programa de trabajo. Indicó que su petición fue rechazada bajo el argumento que
primero debía terminar su ciclo de estudio para acceder a una actividad
laboral.
1.3.    El 30 de noviembre de 2018, el señor León Ortiz se
graduó como bachiller académico luego de cursar y aprobar los estudios
correspondientes al nivel de educación media. El
título fue conferido por el Centro Educativo Paulo Freire de Valledupar
(Cesar).[2]
1.4.    El 18 de febrero de 2019, el accionante presentó
una petición ante la Junta de Evaluación de Trabajo,
Estudio y Enseñanza del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana
Seguridad de Valledupar (Cesar). En el escrito advirtió que se encontraba
redimiendo su pena por estudio y, debido a que obtuvo su título de bachiller
académico, solicitó ingresar a un programa de trabajo para continuar con su
proceso de resocialización y redención de la pena.[3]
1.5.    Sobre la solicitud interpuesta, el actor señaló en
la demanda de tutela lo que se cita a continuación:
“El día
de 18 de febrero del presente año (2019), solicité se me asignara a un área o
actividad de trabajo (productivo) para seguir con mi proceso de resocialización
ya que había terminado mi ciclo de estudio, petición de la cual no tuve
respuesta alguna, no obstante ahora me asignaron a una actividad que solo
existe en las planillas y la orden para desarrollar dicha ‘actividad’ siendo
esto un paso para atrás dentro de la resocialización violando así mis
derechos”.[4]
1.6.    El actor se refirió al artículo 79 de la Ley 65
de 1993, modificado por el artículo 55 de la Ley 1709 de 2014, que se ocupa del
trabajo penitenciario y lo define como un derecho y una obligación social que
goza de protección especial por el Estado, así como un medio terapéutico
adecuado para la resocialización.
1.7.    El 29 de julio de 2019, el accionante presentó
una nueva petición en la que reiteró su deseo de ingresar a un programa de
trabajo.[5] Advirtió que el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar) tampoco dio
respuesta a esta solicitud.
1.8.    Por lo anterior, el señor Rafael Antonio León
Ortiz presentó tutela cuya pretensión está encaminada a que se emita una orden
para que le sea asignada una actividad laboral que le permita continuar con su
proceso de resocialización y la redención de la pena que le fue impuesta.
2.  Traslado y contestación de la demanda
Mediante auto del 30
de agosto de 2019, el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Valledupar (Cesar) admitió la acción de tutela y
resolvió notificar dicha providencia a los directores del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario –INPEC-, el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, así como a la Junta de
Trabajo, Evaluación, Estudio y Enseñanza para que rindieran informe acerca de
los hechos de la demanda y se pronunciaran en el término de tres días, contados a partir del recibo de
la comunicación.
Dentro del término
probatorio, en el Juzgado Tercero
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar
(Cesar) solo se radicó el escrito de respuesta del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC.
2.1.    Respuesta del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario –INPEC-
2.1.1.El 4 de septiembre de 2019, el coordinador del
grupo de tutelas de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario –INPEC- presentó escrito de contestación Nro.
8120-OFAJU-81204-GRUTU-014361RSL y solicitó que se declarara la improcedencia
de la tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.
2.1.2.El funcionario adujo que de acuerdo con el artículo
121 de la Constitución Política, las autoridades estatales solo pueden ejercer
las funciones que les son atribuidas por mandato de la Constitución y la ley.[6]
2.1.3.Indicó que el organigrama del INPEC está
compuesto por 6 regionales y 136 establecimientos penitenciarios y carcelarios por
lo que, en el caso particular, corresponde al Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar) atender y resolver
las peticiones del accionante debido a su competencia funcional.
2.1.4.Citó el artículo 29 del Decreto 4151 de 2011 que
consagra que una de las funciones de las direcciones regionales del INPEC es la
de “[i]mplementar las directrices emanadas de la Oficina Asesora Jurídica
sobre los asuntos jurídicos de la Entidad en el nivel regional”.
2.1.5.Asimismo, en la respuesta se trajo a colación el
artículo 30 del Decreto 4151 de 2011 que dispone entre las funciones de los
centros de reclusión las de “[e]jecutar los proyectos y programas de
atención integral, rehabilitación y tratamiento penitenciario, procurando la
protección a la dignidad humana, las garantías constitucionales y los derechos
humanos de la población privada de la libertad” y “[a]tender las
peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia”.
2.1.6.En atención a lo anterior, solicitó que se desvinculara
del trámite de la acción constitucional a la dirección general del INPEC y
expuso que dio traslado de los documentos remitidos por el despacho al
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Valledupar (Cesar) para que se pronunciara con relación a los hechos detallados
en la acción constitucional.
3.  Decisión judicial objeto de revisión
3.1.    En sentencia del 10 de septiembre de 2019, el
Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Valledupar (Cesar) concedió el amparo del derecho fundamental de petición del
accionante.
3.2.    En consecuencia, el juzgado ordenó al jefe del
área de trabajo social del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y
Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar) que emitiera respuesta de fondo, clara
y precisa a las peticiones presentadas el 18 de febrero y el 29 de julio de
2019 por el señor Rafael Antonio León Ortiz.
3.3.    La decisión no fue objeto de impugnación.
4.  Actuaciones en sede de revisión
4.1.    Auto de pruebas del 31 de enero de 2020
4.1.1.Mediante auto del 31 de enero de 2020, la
suscrita Magistrada ponente solicitó pruebas para contar con mayores elementos
de juicio que explicaran las particularidades del caso y la situación actual
del señor Rafael Antonio León Ortiz.
4.1.2.Por medio de la Secretaría General de la Corte
Constitucional se ofició al director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y
Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar) para que cumpliera con lo siguiente:
-
Remitiera copia del
documento mediante el cual respondió las peticiones formuladas por el señor
Rafael Antonio León Ortiz el 18 de febrero y 29 de julio de 2019, en
cumplimiento de la orden contenida en la sentencia del 10 de septiembre de
2019, proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Valledupar (Cesar).
-
Informara si el señor Rafael
Antonio León Ortiz fue asignado para
realizar una actividad o proyecto laboral que le permita redimir su pena y, de
ser el caso, precisara (i) cuándo inició las labores, (ii) la frecuencia de sus
jornadas y (iii) cuáles son las actividades que realiza, así como las
evaluaciones hechas por la junta correspondiente del trabajo realizado por el
accionante.[7]
-
Remitiera documento con las
respuestas del interno a los interrogantes que le fueron formulados.
4.1.3.A través de la
Secretaría General también se ofició al señor Rafael Antonio León Ortiz para
que se pronunciara sobre los siguientes asuntos:
-
La aseveración contenida en la demanda de tutela que presentó con respecto
a que en el establecimiento penitenciario y carcelario se le había asignado a
una actividad de trabajo “que solo existe en las planillas”.
-
La decisión adoptada por el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar) con respecto a asignarlo a una
actividad laboral como parte de su proceso de resocialización.
-
La asignación a una actividad laboral y, particularmente, informara si ya
se encuentra trabajando, desde qué día inició sus labores, qué actividades
realiza y la frecuencia de las jornadas.
4.2.    Respuesta del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar)
4.2.1.El director del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar) remitió el escrito
de respuesta el 5 de febrero de 2020 y señaló que para contestar los
interrogantes formulados corrió traslado al área de atención y tratamiento, por
ser la dependencia responsable del tratamiento penitenciario de las personas
condenadas.
4.2.2.Inicialmente, informó que las peticiones
interpuestas por el accionante el 18 de febrero y el 29 de julio de 2019 se
respondieron mediante oficio del 17 de septiembre de 2019.[8] Para probar
la notificación de la respuesta, en el documento se evidencia la firma y la
impresión dactilar del señor Rafael Antonio León Ortiz.
Respuesta a las
peticiones presentadas por el accionante
4.2.3.En el oficio del 17 de septiembre de 2019 se le
indicó al accionante que en el aplicativo SISIPEC está registrado que se encuentra en fase de MEDIANA
SEGURIDAD según acta 323-0016-2019 del 11/09/2019, su conducta había sido
calificada como ejemplar y había sido asignado a la actividad denominada TELARES Y TEJIDOS desde el 1 de
marzo de 2019, tal como se registró en el acta 323-0062019.
En el acto administrativo se resaltó que, tal como lo dispone la Resolución No. 003190 de 2013, el acceso de los
internos al Sistema de Oportunidades “se
basa en el respeto a la dignidad humana, la convivencia, la legalidad, la
autonomía, la igualdad, la oportunidad, la gradualidad y la progresividad” (art.
2), a lo que se suma que en la asignación de programas de Trabajo, Estudio y
Enseñanza, las personas privadas de la libertad pueden participar “de
acuerdo con la disponibilidad de cupos” (literal. d, art. 3).
Asimismo, se resaltó que la labor
asignada se encuentra acorde a la Ley 65 de 1993, así como las resoluciones 7302
de 2005 y 3190 de 2013 y “de
acuerdo a su nivel de fase de tratamiento, permitiendo fortalecer sus
habilidades psicomotoras y a su vez a contribuir con el desarrollo legal de
actividades laborales”.[9]
Por
otra parte, indicó que las solicitudes recibidas deben ser acordes con los
programas, el Plan Ocupacional
del Establecimiento, el Plan de Tratamiento Penitenciario de la Persona Privada
de la Libertad emitido por el Consejo de Evaluación y Tratamiento y con la fase
de tratamiento penitenciario. Finalmente, en el oficio se expuso que para la
asignación de los cupos disponibles se tiene en cuenta, entre otros, los
siguientes aspectos: la fecha de captura, el tiempo de permanencia en el
establecimiento y en un mismo patio, la evaluación del desempeño y la
calificación de conducta.
Pronunciamiento
sobre la situación del interno
4.2.4.El director del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar) expuso que Rafael
Antonio León Ortiz ingresó a ese lugar de reclusión el 1 de agosto de 2012 y fue asignado a la actividad válida de redención de pena
denominada ALFABETIZACIÓN – EDUCACIÓN FORMAL – P.A.S.O. INICIAL desde el 1 de
noviembre de 2012.
4.2.5.Añadió que el interno inició su proceso formación
educativa y cursó los grados de EDUCACIÓN BÁSICA CLEI I, CLEI II, CLEI III,
CLEI IV, CLEI V y CLEI VI con el que terminó el ciclo educativo de secundaria
media. En atención a esta circunstancia, el Centro Educativo Paulo Freire de
Valledupar (Cesar) le otorgó el título de bachiller académico.
4.2.6.Expuso que el 8 de febrero de 2019, luego de
culminar sus estudios de educación media, el accionante fue promovido al CURSO
EN ARTES Y OFICIOS – EDUCACIÓN INFORMAL – P.A.S.O. INICIAL – CURSO MADERAS.
Precisó que dicha clase de formación se realiza en convenio con el SENA y los
internos adquieren conocimientos para la elaboración de productos hechos con
madera.
4.2.7.Informó que el 1 de marzo de 2019, el señor León
Ortiz fue reasignado a la actividad válida de redención de pena denominada
TELARES Y TEJIDOS – CIRCULOS DE PRODUCTIVIDAD ARTESANAL - P.A.S.O. INICIAL.
4.2.7.1.  Indicó que, desde el 11 de diciembre de 2019, el actor se encuentra asignado en la actividad laboral
válida de redención de pena conocida como “PAPEL - CÍRCULOS DE PRODUCTIVIDAD
ARTESANAL - P.A.S.O. MEDIO contemplada en el Plan Ocupacional del
Establecimiento”.[10]
El director añadió que en esta labor los internos elaboran diversas
manualidades y artesanías que posteriormente son comercializadas y se obtienen
recursos. Para terminar, expuso que, con el apoyo de instituciones como el
SENA, las personas privadas de la libertad adquieren nuevos conocimientos que
les permiten elaborar elementos hechos con materias primas tales como
reciclaje, telas, hilos, lanas, pinturas, botellas, papel, foamy, entre otras.
Mediante Orden de
asignación en programas de trabajo,
estudio y enseñanza Nro. 4248087 del 12 de diciembre de 2019, se consignó que a
través del Acta Nro. 323-0382019 del 9 de diciembre de 2019 de atención y
tratamiento se autorizó al señor Rafael Antonio León Ortiz a trabajar en la
actividad de papel por un máximo de 8 horas de lunes a viernes.[11]
4.3.    Auto de requerimiento del 24 de febrero de 2020
4.3.1.Mediante
auto del 24 de febrero de 2020, la suscrita Magistrada ponente requirió al director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar) para que remitiera el documento
con las respuestas del señor Rafael Antonio León Ortiz con respecto a los
interrogantes que le fueron formulados en auto del 31 de enero de 2020.
4.3.2.Adicionalmente, a través de la providencia antes
enunciada se ofició al director del
establecimiento penitenciario y carcelario en el que se encuentra el accionante
para que remitiera pruebas que demuestren la asistencia del interno a la
actividad laboral válida de redención de pena conocida como “PAPEL -
CÍRCULOS DE PRODUCTIVIDAD ARTESANAL - P.A.S.O. MEDIO”, que presuntamente se
encuentra desarrollando.
4.4.    Respuesta del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar)
4.4.1.El director del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar) remitió el escrito
de respuesta el 4 de marzo de 2020 y señaló que para dar respuesta a los
interrogantes formulados corrió traslado al área de atención y tratamiento penitenciario
de las personas condenadas.
4.4.2.El funcionario advirtió que el Consejo de
Evaluación y Tratamiento clasificó al señor Rafael
Antonio León Ortiz en fase de tratamiento de mediana seguridad el 11 de
septiembre de 2019 bajo acta 323-0016-2019. Añadió que en atención a la
decisión adoptada se reasignó al actor a una actividad propia de P.A.S.O. MEDIO.
4.4.3.De esta manera, la Junta de Evaluación de
Trabajo, Estudio y Enseñanza del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar) asignó al actor al programa “PAPEL
- CÍRCULOS DE PRODUCTIVIDAD ARTESANAL - P.A.S.O. MEDIO”.
4.4.4.El
funcionario citó el artículo 4 de la Resolución 003190 del 23 de octubre de
2013 que establece que “[s]on internos independientes aquellos que
previamente autorizados por la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y
Enseñanza, laboran en actividades por su cuenta, es decir con insumo y materias
primas que adquieren en los almacenes Expendio de los Establecimientos, elaborando
o ensamblan bienes o productos industriales y/o artesanales generando valor
agregado”.
4.4.5.Dicho lo anterior, expuso que “para el caso
que nos ocupa la actividad de PAPEL - CÍRCULOS DE PRODUCTIVIDAD ARTESANAL es
una labor, en la que los PPL de forma autónoma e independiente pueden
desarrollar su trabajo al interior de los pabellones o en talleres del Establecimiento
con las debidas medidas de seguridad conforme al reglamento de régimen interno
del penal, fortaleciendo de esta manera habilidades y destrezas necesarias para
el desempeño ocupacional y laboral intramural”.
4.4.6.Precisó que a las personas privadas de la
libertad que se encuentran en el círculo artesanal de productividad pueden
obtener la materia prima para la elaboración de productos (i) en el expendio
del establecimiento o (ii) a través del área de encomiendas, en cuyo caso son
los familiares de los internos los que hacen llegar el material.
4.4.7.Adujo que los artículos 42, 43 y 44 del Acuerdo
010 de 2004, por medio del cual se expide el Reglamento General para el manejo
de los recursos propios del INPEC generados en los Establecimientos de
Reclusión, disponen que los internos que trabajan de manera independiente pueden
obtener las materias primas mediante el aporte a Caja Especial que corresponde
al 10% del valor del insumo.
4.4.8.El director aportó una lista con la relación de
elementos entregados por el área de almacén al área de artesanías. En el
documento consta que al señor León Ortiz le entregaron 20 rollos de lana el 17
de noviembre de 2019.[12]
4.4.9.Asimismo, se anexó una lista del 23 de diciembre
de 2019 en la que varios internos, entre ellos el accionante, autorizaron el
descuento del 10% del aporte a la caja especial.[13]
Particularmente, al señor Rafael Antonio León Ortiz se le descontaron $6.000
pesos “como aporte reglamentado a caja especial por concepto de ingreso de
insumos para la producción de artesanías”.[14]
4.4.10. Manifestó que los internos elaboran mochilas,
manillas, collares y otras artesanías y dichos productos se enseñan al
responsable del programa, quien verifica, realiza el seguimiento, la
supervisión y califica el desempeño en las planillas TEE. Junto con la respuesta se envió copia simple de
las planillas en la que se registra que Rafael Antonio León Ortiz trabaja 8
horas diarias todos los días hábiles. Los documentos certifican las horas
trabajadas en los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020.[15]
4.4.11. Junto con la respuesta, el funcionario aportó 5 fotografías
en las que aparentemente se encuentra el accionante frente a una ventanilla. El
sujeto que aparece en las imagines presuntamente se encuentra retirando
elementos de trabajo.[16]
4.4.12. Por lo anterior, el director del establecimiento penitenciario
y carcelario solicitó que se niegue la acción de tutela pues, a su juicio, no
está probada la vulneración de derechos fundamentales.
4.5.    Respuesta de Rafael
Antonio León Ortiz
4.5.1.El director del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar) señaló en escrito
del 4 de marzo de 2020 que el 13 de febrero de 2020 remitió, por correo
certificado, el documento suscrito por Rafael Antonio León Ortiz en el que
responde los interrogantes formulados mediante auto del 31 de enero de 2019.
4.5.2.El director remitió copia del documento del 13
de febrero de 2020 con firma y huella del peticionario, mediante el cual este
dio respuesta a los interrogantes planteados en los siguientes términos:
“Yo
Rafael Antonio León Ortiz con c.c. […] y como aparece el pie de mi firma muy
respetuosamente me dirijo a su despacho para dar respuesta a los interrogantes
expuestos por su honorable despacho esto con el fin de dar continuidad a la
acción de tutela según oficio Nro. OPTB-112/20 y expediente T-7.682.324.
Honorables
señores.
De
manera atenta me permito manifestarles que con respecto a lo solicitado en la
acción de tutela para la asignación a una actividad de trabajo, [h]asta la
fecha no he tenido una asignación a una actividad de trabajo productiva
por parte de este centro carcelario.
La
junta de evaluación de trabajo, estudio y enseñanza de este centro carcelario
me asignó una nueva orden mediante acta Nro. 323-0382019 de fecha 09-12-2019
donde autoriza ‘trabajar’ en una actividad llamada (papel), actividad que como
se dijo anteriormente solo existe en planilla ya que no tiene ningún carácter
laboral u ocupacional ya que ni siquiera sé en qué consiste.
Honorables
señores, con lo anterior expuesto queda a disposición de su honorable despacho
las consideraciones y decisiones pertinentes para lo peticionado” (Subraya del
original).[17]
4.6.    Auto de traslado de pruebas
Mediante auto del 3 de
agosto de 2020, la suscrita Magistrada ponente ordenó poner a disposición de las partes y de los terceros interesados las pruebas remitidas en respuesta al auto del 24 de febrero de 2020,
tal y como lo dispone el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015. Junto con la
providencia se remitió un archivo con la copia de los elementos materiales
probatorios y se ordenó al director del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar) que entregara
copia simple de dicho documento al señor Rafael
Antonio León Ortiz para que pudiera pronunciarse
si así lo deseaba.
4.7.    Pronunciamiento de Rafael Antonio León Ortiz
4.7.1.El señor
Rafael Antonio León Ortiz se pronunció a través de escrito del 11 de septiembre
de 2020. Adujo que seguía inconforme con respecto a su proceso de
resocialización pues, tal como expuso en su respuesta al auto del 31 de enero
de 2020, no lo han asignado a otra actividad laboral productiva. Añadió que en
los últimos meses quedaron cupos vacantes en otras actividades y que a ellas
solo tienen acceso los internos con conexiones con el personal administrativo
del establecimiento penitenciario y carcelario.
4.7.2.El accionante solicitó que se dicten las órdenes
necesarias para que se le asigne a un área o actividad laboral productiva para
continuar con su proceso de resocialización y adaptación a una vida en libertad.
También pidió que se asignara una comisión para verificar el manejo del plan de
desarrollo para la resocialización y se ejerciera vigilancia sobre los recursos
destinados a estas actividades.
4.7.3.Junto con el documento anexó copia de una
petición que presentó el 18 de agosto de 2020 a la Junta de Evaluación de
Trabajo, Estudio y Enseñanza del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar), en la que solicitó ser tenido
en cuenta para trabajar en la actividad laboral de manipulación de alimentos.
II.CONSIDERACIONES
1.
Competencia y procedibilidad
1.1.    La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional es competente, de conformidad con los artículos 86 y 241
de la Constitución, y con el Decreto 2591 de 1991, para revisar el fallo de
tutela adoptado en el proceso de la referencia.
1.2.
Cuestión previa – el derecho a la igualdad invocado por
el accionante
1.2.1. El señor Rafael Antonio
León Ortiz presentó acción de tutela y solicitó la protección de los derechos
fundamentales de petición, al
trabajo y a la igualdad. Sin embargo, el peticionario no señaló la existencia
de un trato diferenciado, tampoco presentó argumentos o expuso de qué manera se
vulneraba su garantía fundamental a la igualdad.
1.2.2. En consecuencia, la Sala de Revisión no se pronunciará en
la presente providencia sobre este derecho, de conformidad con el principio de oficiosidad que fue delimitado por la Corte
Constitucional de la siguiente manera:
“El
principio de oficiosidad, el cual se encuentra íntimamente
relacionado con el principio de informalidad, se traduce en el
papel activo que debe asumir el juez de tutela en la conducción del proceso, no
sólo en lo que tiene que ver con la interpretación de la solicitud de amparo,
sino también, en la búsqueda de los elementos que le permitan comprender a
cabalidad cuál es la situación que se somete a su conocimiento, para con ello
tomar una decisión de fondo que consulte la justicia, que abarque íntegramente
la problemática planteada, y de esta forma provea una solución efectiva y
adecuada, de tal manera que se protejan de manera inmediata los derechos
fundamentales cuyo amparo se solicita si hay lugar a ello”.[18]
1.2.3. Asimismo, la Sala Plena de esta Corporación estimó en la
sentencia SU-108 de 2018[19] que, en el marco del principio de
oficiosidad, “es
razonable que el objeto de la acción de tutela cambie en ciertos casos, pues el
juez tiene el deber de determinar qué es lo que [el] accionante persigue con el recurso de amparo, con
el fin de brindarle la protección más eficaz posible de sus derechos
fundamentales”.
1.3.    Legitimación en la causa por activa y pasiva
1.3.1. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y
el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un mecanismo preferente y
sumario que tiene toda persona para solicitar, de manera directa o por quien
actúe legítimamente a su nombre, la protección de sus derechos fundamentales.
Adicionalmente, la acción de amparo debe dirigirse “contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental”.[20]
1.3.2. En
el asunto de la referencia se cumplen
cabalmente los requisitos en mención puesto que la tutela fue interpuesta
directamente por el señor Rafael Antonio León Ortiz para solicitar
la protección de sus derechos fundamentales de petición, al trabajo y a la
igualdad.
1.3.3. Asimismo, la tutela se presentó contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
–INPEC- y el Establecimiento Penitenciario y Carcelario
de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar) que se
encuentran legitimados por pasiva de conformidad con los artículos 86 de la
Carta Política, así como los artículos 5 y 13 del Decreto 2591 de 1991.
1.3.4. Lo
anterior encuentra su sustento en que el Decreto 4151 de 2011, por el cual se modifica la estructura del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y se dictan otras disposiciones,
establece en el numeral 13 del artículo 30 que una de las funciones de los
Establecimientos de Reclusión es la de atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos
de su competencia.
1.3.5. Por su parte, la Sala
Segunda de Revisión indicó en la sentencia T-268 de 2017[21]
que la tutela cumple el requisito de legitimación en la causa por pasiva cuando
se interpone contra un establecimiento penitenciario y carcelario pues, de
acuerdo con el artículo 15 de la Ley 65 de 1993, estos establecimientos hacen parte
del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario y pueden asimilarse al concepto
de autoridad pública, frente a la cual es procedente el
ejercicio de la acción de amparo.[22]
1.4.    Inmediatez
1.4.1. De
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela debe
interponerse en un término prudencial contado a partir de la acción u omisión
que amenaza o genera una afectación a los derechos fundamentales. Sobre el
particular, la sentencia SU-961 de 1999 estimó que “la inexistencia de un
término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba
interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está
determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada
caso concreto”.[23]
1.4.2.  El señor Rafael Antonio León Ortiz presentó dos peticiones
dirigidas a la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y
Enseñanza del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana
Seguridad de Valledupar (Cesar), en las que solicitó que se le autorizara el
ingreso a un programa de trabajo para continuar con su proceso de
resocialización y redimir la pena que le fue impuesta.
1.4.3. La
primera petición presentada data del 18 de febrero de 2019 mientras que la segunda
solicitud fue interpuesta el 29 de julio del mismo año. Dado que ninguna de las
peticiones fue resuelta, el señor León Ortiz interpuso acción de tutela el 29 de agosto de 2019.
1.4.4. La
Sala encuentra que el requisito de inmediatez se cumple cabalmente pues entre
el momento en que se radicó la última petición (29 de julio de 2019) y la
interposición de la tutela (29 de agosto de 2019) transcurrió un mes o, para
mayor precisión, 21 días hábiles, término que se estima
prudencial.
1.5.    Subsidiariedad
1.5.1. Los
artículos 86 de la Carta Política y 6 del Decreto 2591 de 1991 señalan que la
acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o cuando se utilice como un
mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Sin embargo, esta Corporación ha establecido que “un medio judicial
únicamente excluye la acción de tutela cuando sirve en efecto y con suficiente
aptitud a la salva-guarda del derecho fundamental invocado”.[24]
1.5.2. En
el asunto objeto de revisión, el señor Rafael Antonio León Ortiz señaló que
presentó peticiones los días 18 de febrero y el 29 de julio de 2019 tendientes
a que se emitiera autorización para trabajar en el establecimiento
penitenciario y carcelario.
1.5.3. A
su vez, la pretensión de la demanda de tutela está encaminada a que se emita una orden para ser asignado
a una actividad laboral que le permita continuar con su proceso de
resocialización y la redención de la pena que le fue impuesta.
1.5.4. Como
puede verse, el señor León Ortiz pretende que se protejan sus derechos
fundamentales de petición y al trabajo, presuntamente vulnerados por el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, así como por el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar).
En tal virtud, el análisis atinente al requisito de subsidiariedad se dividirá
teniendo en cuenta los derechos invocados que requieren un pronunciamiento por
parte de la Sala de Revisión.
Derecho fundamental de
petición
1.5.5.  Por medio de la Ley 1755 de
2015 se reguló el derecho fundamental de petición y se sustituyó un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. La ley contempló las condiciones de tiempo y modo para
ejercer este derecho y los parámetros para el cumplimiento por parte de las
autoridades, así como organizaciones e instituciones privadas.
1.5.6.  El artículo 31 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que “[l]a
falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la
contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las
personas de que trata esta Parte Primera del Código, constituirán falta para el
servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con
el régimen disciplinario”. Sin perjuicio de lo anterior, el legislador no contempló
la existencia de un mecanismo de defensa judicial en los eventos en que se vulnere
este derecho.
1.5.7. Sobre
este punto, en la sentencia T-149 de 2013[25]
se deja claro que la tutela es el medio idóneo para solicitar la protección del
derecho fundamental de petición. En la providencia antes enunciada, la Sala
Tercera de Revisión indicó lo que se cita a continuación:
“Cuando
se trata de proteger el derecho de petición, el ordenamiento jurídico
colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz
diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la
vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario
de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo.
Por
esta razón, quien encuentre que la debida resolución a su derecho de petición
no fue producida o comunicada dentro de los términos que la ley señala, esto
es, que se quebrantó su garantía fundamental, puede acudir directamente a la
acción de amparo constitucional”.[26]
1.5.8.
En vista de lo antes expuesto, la
tutela interpuesta por el señor Rafael Antonio León Ortiz procede con respecto
al derecho fundamental de petición, en tanto que no hay un mecanismo de defensa
judicial previsto para la protección de esta garantía fundamental.
Derecho fundamental al trabajo
1.5.9. En la sentencia T-388 de
2013,[27]
se indicó que la acción de tutela es un derecho autónomo en el orden
constitucional vigente y que debido a la relación especial de sujeción en la
que se encuentran las personas privadas de la libertad, así como a la situación
que se presenta en el sistema penitenciario y carcelario, la acción de amparo “adquiere un lugar protagónico y estratégico. No
sólo se permite asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales, en
general, sino que, además, permite a las autoridades tener noticia de graves
amenazas que están teniendo lugar”.
1.5.10. A su vez, la Corte Constitucional ha estudiado varias
acciones de tutela en las que personas privadas de la libertad en
establecimientos penitenciarios y carcelarios solicitaron la protección de su
derecho al trabajo por los siguientes hechos:
(i)
la suspensión del trabajo penitenciario por una sanción administrativa,[28] (ii) la inclusión
de los sábados, domingos y festivos en las certificaciones de tiempo para la
redención de pena por trabajo,[29] (iii) el cómputo de las horas
laboradas por personas privadas de la libertad y, en consecuencia, el
reconocimiento de la redención de la pena,[30] (iv) la bonificación o el pago
por el trabajo penitenciario realizado,[31] (v) la decisión de un alcalde
municipal de prohibir el trabajo de las personas privadas de la libertad fuera
de un establecimiento penitenciario para evitar fugas,[32] (vi) la suspensión
de la orden de trabajo por decisión de la dirección del establecimiento de
reclusión,[33] (vii) la entrega de ahorros
acumulados por concepto del trabajo realizado,[34] (viii) el pago de incapacidades
médicas, de una indemnización por las patologías diagnosticadas con ocasión de
un accidente laboral, así como de horas extras laboradas y los recargos dominicales y festivos[35] y (ix) la posibilidad de trabajar
los días festivos que se originan en celebraciones católicas y que los ya
transcurridos se contabilicen para efecto de redimir la pena.[36]
1.5.11.
La Sala concluye del estudio de la
jurisprudencia constitucional con respecto a la protección del trabajo
penitenciario que en las 13 sentencias de tutela se analizaron de fondo los
asuntos puestos en consideración de las diferentes Salas de Revisión.
1.5.12. Adicionalmente,
en la sentencia T-1190 de 2003,[37] la Sala
Séptima de Revisión estudió una tutela similar a la de la referencia, en la que
el peticionario solicitó que se le asignara un trabajo que le permitiera
mantenerse activo, redimir la pena y obtener algunos recursos para sufragar sus
gastos personales y comunicarse con su familia. En esta ocasión, la Sala no
abordó el estudio de cada uno de los requisitos de procedencia, pero resolvió el
asunto de fondo.
2.    Problema jurídico
De acuerdo con los
antecedentes expuestos, la Sala Séptima de Revisión considera que el problema
jurídico a resolver en el presente caso es el siguiente:
¿Un establecimiento de reclusión (EPAMS de Valledupar -
Cesar) vulnera los derechos fundamentales de petición
y al trabajo de una persona privada de la libertad (Rafael Antonio León Ortiz)
cuando no da respuesta a las peticiones presentadas por el interno y,
adicionalmente, no le asigna una actividad laboral
que le permita continuar su proceso de resocialización y redimir
la pena que le fue impuesta?
Para resolver el
problema jurídico planteado, la Sala estudiará a continuación (i) la suspensión y restricción de derechos fundamentales
de las personas privadas de la libertad y los deberes del Estado como
consecuencia del surgimiento de la relación especial de sujeción, (ii) el
alcance y contenido del derecho fundamental de petición de las personas
privadas de la libertad en centros penitenciarios y carcelarios, (iii) el marco jurídico del derecho al
trabajo penitenciario, (iv) la jurisprudencia constitucional en materia del
derecho al trabajo penitenciario y (v) el alcance de la carencia actual de
objeto y la imposibilidad de declarar el hecho superado cuando la pretensión
contenida en la solicitud de amparo se satisfizo en cumplimiento de la orden
del juez de tutela.
3.  Suspensión y restricción de derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad y los deberes del Estado
como consecuencia del surgimiento de la relación especial de sujeción
3.1.    Desde el año 1992, la Corte Constitucional ha
desarrollado la teoría de la relación especial de sujeción que se genera entre el
Estado y las personas privadas de la libertad. Sobre el particular, en la
sentencia T-596 de 1992,[38]
la Sala Primera de Revisión indicó lo siguiente:
“En una
relación jurídica el predominio de una parte sobre la otra no impide la
existencia de derechos y deberes para ambas partes. Este es el caso del interno
en un centro penitenciario. Frente a la administración, el preso se encuentra en
una relación especial de sujeción, diseñada y comandada por el Estado, el cual
se sitúa en una posición preponderante, que se manifiesta en el poder
disciplinario y cuyos límites están determinados por el reconocimiento de los
derechos del interno y por los correspondientes deberes estatales que se
derivan de dicho reconocimiento”.[39]
3.2.    En la sentencia T-881 de 2002,[40] la Sala Séptima de
Revisión realizó un análisis de la jurisprudencia constitucional en el que enumeraron
seis elementos que identifican las relaciones de especial sujeción, a saber:
(i)
La subordinación[41] de una parte (el recluso),
a la otra (el Estado); (ii) esta subordinación se concreta en el sometimiento
del interno a un régimen jurídico especial[42] (controles disciplinarios[43] y
administrativos[44] especiales y
posibilidad de limitar[45] el ejercicio de derechos,
incluso fundamentales). (iii) Este régimen en cuanto al ejercicio de la
potestad disciplinaria especial y a la limitación de los derechos fundamentales
debe estar autorizado[46] por la Constitución y la
ley. (iv) La finalidad[47] del ejercicio de la
potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la
de garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los
internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y
salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la resocialización). (v)
Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos especiales[48] (relacionados
con las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación,
servicios públicos, salud) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser[49] especialmente
garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe garantizar[50] de manera
especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos
(sobre todo con el desarrollo de conductas activas).
3.3.    Por su parte, en el “Informe sobre los
derechos humanos de las personas privadas de la libertad en las Américas”
de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refirió a la
relación de especial sujeción entre los internos y el estado de la siguiente
manera:
“En efecto, el
principal elemento que define la privación de libertad es la dependencia del
sujeto a las decisiones que adopte el personal del establecimiento donde éste
se encuentra recluido[51].
Es decir, las autoridades estatales ejercen un control total sobre la persona
que se encuentra sujeta a su custodia[52].
Este particular contexto de subordinación del recluso frente al Estado –que
constituye una relación jurídica de derecho público– se encuadra dentro de la
categoría ius administrativista conocida como relación de sujeción especial, en
virtud de la cual el Estado, al privar de libertad a una persona,  se
constituye en garante de todos aquellos derechos que no quedan restringidos por
el acto mismo de la privación de libertad; y el recluso, por su parte, queda
sujeto a determinadas obligaciones legales y reglamentarias que debe observar.
Esta posición de
garante en la que se coloca el Estado es el fundamento de todas aquellas
medidas, que de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos,
aquel debe adoptar con el fin de respetar y garantizar los derechos de las
personas privadas de libertad”.[53]
3.4.    Una de las características más importantes
de la relación de especial sujeción que existe
entre el Estado y una persona privada de la libertad se concreta en la potestad
de la administración de suspender y restringir el ejercicio de ciertos derechos
fundamentales. Teniendo en cuenta lo
anteriormente expuesto, la jurisprudencia constitucional clasificó los derechos
de los reclusos en tres categorías básicas:
(i)
Derechos que pueden ser suspendidos a causa de la pena impuesta. En este caso
la limitación se extiende hasta que la persona se encuentre privada de la
libertad y se justifica constitucional y legalmente por los fines de la sanción
penal. Ello ocurre en el caso de la libertad personal y física, la libre
locomoción y los derechos políticos como el voto en el caso de los condenados.
(ii)
Derechos que se restringen en virtud de la relación de sujeción que surge entre
el recluso y el Estado. En esta categoría se encuentran los derechos al
trabajo, a la educación, a la unidad familia, a la intimidad personal, de
reunión, de asociación, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad
de expresión. Particularmente, en estos casos la limitación debe ser razonable
y proporcional sin afectar el núcleo esencial y contribuye al proceso de
resocialización, garantiza la disciplina, la seguridad y la salubridad en los
establecimientos penitenciarios y carcelarios.
(iii)
Derechos cuyo ejercicio se mantiene incólume, pleno e inmodificable. En este
evento la Corte se refiere a las garantías que no pueden ser limitadas o
suspendidas por ser inherentes a la naturaleza humana y tienen fundamento
en la dignidad. Ello ocurre con los derechos a la vida e integridad personal, a
la dignidad, a la igualdad, a la salud, de petición, al debido proceso, entre
otros.[54]
3.5.    Ahora bien, la Corte Constitucional no ha
sido ajena al tema de la posibilidad de limitar los derechos de las personas
privadas de la libertad y estableció que la restricción debe “orientarse, en
todos y cada uno de los casos, al cumplimiento de la finalidad específica para
la cual fue establecida por el ordenamiento legal esa relación de especial
sujeción, vale decir, la resocialización del delincuente y el mantenimiento del
orden y la seguridad en la prisión”.[55]
3.6.
Adicionalmente, la
Sala Tercera de Revisión en la sentencia T-706 de 1996[56] indicó que la
legitimidad de la restricción de los derechos fundamentales de los condenados e
indiciados estaba dada por el cumplimiento de las siguientes condiciones:
“(1)
[D]ebe tratarse de un derecho fundamental que, por su naturaleza, admita
restricciones en razón de las necesidades propias de la vida carcelaria; (2) la
autoridad penitenciaria que efectúa la restricción debe estar autorizada, por
vía legal o reglamentaria, a llevar a cabo la mencionada restricción; (3) el
restrictivo de un derecho fundamental de los internos sólo puede
estar dirigido al cumplimiento y preservación de los fines esenciales de la
relación penitenciaria, esto es, la resocialización del recluso y la
conservación del orden, la disciplina y la convivencia dentro de los establecimientos
carcelarios; (4) la restricción de un derecho fundamental de los internos por
parte de la autoridad penitenciaria debe constar en acto motivado y, en
principio, público; y (5) la restricción debe ser proporcionada a la finalidad
que se busca alcanzar”.
3.7.
En consecuencia, la
restricción de los derechos no es absoluta pues debe estar sometida a los fines
esenciales de la relación penitenciaria, a las condiciones indispensables para desarrollar la vida en
las cárceles y tiene que sujetarse
a los principios de razonabilidad, utilidad, necesidad y proporcionalidad.[57]
3.8.    En suma, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional establece que el ingreso de
un sindicado o condenado a un establecimiento de reclusión trae como
consecuencia el nacimiento de una relación de especial sujeción, entendida como
un vínculo jurídico-administrativo en el que el interno se encuentra sometido a
un régimen que se concreta en la potestad del Estado, representado por las
autoridades penitenciarias y carcelarias, de establecer condiciones que
conllevan la suspensión y restricción en el ejercicio de ciertos derechos
fundamentales. A su vez, la Corte ha reiterado que mientras la persona privada
de la libertad se encuentra en situación de subordinación, en cabeza de la
administración surgen deberes de preservar la eficacia de su poder punitivo, el
cumplimiento de los protocolos de seguridad, garantizar las condiciones
materiales de existencia y las necesarias para la resocialización, así como asegurar el goce efectivo de los derechos
fundamentales de los internos que pueden limitarse dentro del marco impuesto
por la Constitución, las leyes, los reglamentos y los principios de razonabilidad, utilidad, necesidad y
proporcionalidad.[58]
4.  Alcance y contenido del derecho fundamental de petición de las
personas privadas de la libertad en centros penitenciarios y carcelarios
4.1.    El artículo 23 de la Constitución Política
dispone que “[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas
a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener
pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.
4.2.    La Ley 65 de 1993, por la
cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario, consagra en el artículo 58
que los internos deben recibir a su ingreso “información apropiada sobre
el régimen del establecimiento de reclusión, sus derechos y deberes, las normas
disciplinarias y los procedimientos para formular peticiones y quejas”.
4.3.    Por medio de la Resolución Nro. 1 de 2008, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las
Personas Privadas de Libertad en las Américas. El principio VII se refirió al
derecho de petición de la siguiente manera:
Principio VII
Petición y respuesta
Las personas
privadas de libertad tendrán el derecho de petición individual o colectiva, y a
obtener respuesta ante las autoridades judiciales, administrativas y de otra
índole.
Este derecho podrá
ser ejercido por terceras personas u organizaciones, de conformidad con la ley.
Este derecho comprende, entre otros, el derecho de presentar peticiones,
denuncias o quejas ante las autoridades competentes, y recibir una pronta
respuesta dentro de un plazo razonable.
También comprende
el derecho de solicitar y recibir oportunamente información sobre su situación
procesal y sobre el cómputo de la pena, en su caso. Las personas privadas de
libertad también tendrán derecho a presentar denuncias, peticiones o quejas
ante las instituciones nacionales de derechos humanos; ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos; y ante las demás instancias internacionales
competentes, conforme a los requisitos establecidos en el derecho interno y el
derecho internacional.
4.4.
Las “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos”[59] tienen como objeto establecer los principios y las
pautas de una buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al
tratamiento de las personas privadas de la libertad y son un instrumento internacional que contiene
disposiciones acerca del derecho de petición de los internos.
Dentro de las reglas de aplicación general existe un
título sobre la “información y derecho de queja de los reclusos” y
dentro de este, la regla 54 establece que los internos a su ingreso deben
recibir información de varios asuntos entre los que se encuentran “sus
derechos, incluidos los métodos autorizados para informarse, el acceso a
asesoramiento jurídico, incluso por medio de programas de asistencia jurídica,
y los procedimientos para formular peticiones o quejas”.
A su vez, la regla 56 consagra (i) la posibilidad de los
privados de la libertad de presentar peticiones o quejas ante las directivas de
los establecimientos penitenciarios y (ii) la autorización a los internos para “dirigir,
sin censura en cuanto al fondo, una petición o queja sobre su tratamiento a la
administración penitenciaria central y a la autoridad judicial o cualquier otra
autoridad competente, incluidas las autoridades con facultades en materia de
revisión o recurso”. Finalmente, la regla 57 contempla que las peticiones
deben ser resueltas con prontitud y establece que se tiene que contar con
salvaguardas para que las mismas se presenten de manera segura.
4.5.    Desde los primeros pronunciamientos de la Corte
Constitucional ya se hacía énfasis en la relevancia del derecho fundamental de
petición al interior de la sociedad. En la sentencia T-012 de 1992,[60]
la Sala de Tercera de Revisión
indicó lo siguiente frente a esta garantía:
“Se
trata de uno de los derechos fundamentales cuya efectividad resulta
indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, particularmente
el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la
participación de todos en las decisiones que los afectan, así como para
asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido
instituídas (artículo 2o. Constitución Política)”.[61]
4.6.    La Corte
Constitucional en las sentencias C-818 de 2011[62] y C-951 de 2014[63]
reiteró que el núcleo esencial de un
derecho está compuesto por los elementos intangibles que lo identifican y su
contenido básico que no puede ser limitado por las mayorías políticas ni
desconocido en ningún caso. Tratándose del derecho de petición, en las providencias
antes enunciadas se indicó que su núcleo esencial reside en los siguientes
elementos:
(i) Formulación de la petición: El
artículo 23 constitucional posibilita la presentación de solicitudes ante
autoridades o incluso a particulares, en los casos dispuestos en la Ley. En
este evento, existe un deber de recibir y tramitar las peticiones interpuestas.
(ii)
Pronta resolución: Este elemento también se desprende del artículo 23 superior
que consagra el derecho de las personas “a obtener pronta resolución” a
las peticiones formuladas. De esta manera, las autoridades y los
particulares tienen la obligación de responder las solicitudes sin
exceder el término legal otorgado.
(iii)
Respuesta de fondo: Se refiere a la obligación de las autoridades y los
particulares de responder materialmente las peticiones que se les presentan, atendiendo
las condiciones de (a) claridad, (b) precisión, (c) congruencia y (d)
consecuencia.
(iv)
Notificación al peticionario de la decisión: Este supuesto se refiere al
derecho que le asiste a la persona a conocer la respuesta a la solicitud
interpuesta, pues ello puede representar la posibilidad de impugnar lo
resuelto. En este caso, la carga de demostrar la notificación se encuentra en
cabeza de la autoridad o el particular que fue destinatario de la petición.[64]
4.7.    Como se presentó en el acápite anterior, la
jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho de petición hace
parte del conjunto de garantías fundamentales que no pueden ser suspendidas o restringidas
por las autoridades penitenciarias y carcelarias. Sobre la importancia esta
garantía fundamental tratándose de las personas privadas de la libertad, la
Sala Tercera de Revisión señaló en
la sentencia T-705 de 1996[65]
lo que se cita a continuación:
“La vida del
interno, incluso en sus aspectos más mínimos, está supeditada al buen funcionamiento
y a las decisiones de las autoridades penitenciarias y carcelarias. Para
resolver sus problemas y encontrar respuestas a las inquietudes que la vida en
cautiverio le plantea, el recluso sólo puede recurrir a la administración
dentro de la cual se encuentra integrado. En este orden de ideas, la única
razón que justificaría una eventual limitación del derecho fundamental de
petición de un recluso consistiría en que el titular del mencionado derecho
abusara de éste en detrimento de los derechos fundamentales de otras personas
(C.P., artículo 95-1)”.[66]
4.8.    Finalmente, esta Corporación estableció que el
Estado, representado por las autoridades penitenciarias y carcelarias, debe
garantizar la protección del derecho fundamental de petición de los internos de
manera que (i) respondan oportunamente las solicitudes que les presentan, (ii)
motiven razonablemente las decisiones y (iii) garanticen que las peticiones
“que los internos formulen contra otras autoridades sean recibidas por éstas
oportunamente”.[67]
5.  El marco constitucional y jurídico del derecho
al trabajo penitenciario
5.1.    Con anterioridad a la expedición de la
Constitución Política de 1991, la regulación en materia del trabajo penitenciario
se encontraba en el Decreto Ley 1405 de 1934 (Código Carcelario) que
señalaba en su artículo 127 que los establecimientos carcelarios y
penitenciarios del país debían regirse “por el principio de que el trabajo
es la mejor y más alta escuela de regeneración moral y social de los penados y
detenidos”. Por su parte, el decreto contemplaba (i) la obligación de
trabajar de los detenidos, quienes tenían el derecho de escoger la forma de
actividad que mejor consultara sus aptitudes e inclinaciones y (ii) la
obligación de trabajo para los condenados al interior o fuera de los
establecimientos con la respectiva remuneración.
5.2.    Diferentes instrumentos internacionales indican
que el carácter obligatorio del trabajo para las personas privadas de la
libertad no puede asimilarse a una modalidad de trabajo forzado.
5.2.1.Sobre esta materia, en el literal c) del
artículo 2 del Convenio 29 de la OIT se advierte que la expresión trabajo
forzoso u obligatorio no comprende “cualquier trabajo o servicio que se exija a un
individuo en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial, a
condición de que este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y
control de las autoridades públicas y que dicho individuo no sea cedido o
puesto a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de
carácter privado”.
5.2.2.A esto se suma el artículo 8 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) el cual destaca que la
prohibición de ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio no incluye los eventos
en que se establezcan penas privativas de la libertad acompañada de trabajos
forzados o penas de trabajos forzados. El instrumento internacional prevé que
no se considerarán trabajos forzosos u obligatorios los que “se exijan
normalmente de una persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente
dictada, o de una persona que habiendo sido presa en virtud de tal decisión se
encuentre en libertad condicional”.
5.2.3.Finalmente, el artículo 6 de la Convención
Americana Sobre Derechos Humanos que se refiere a la prohibición de la
Esclavitud y Servidumbre indicó en el literal a) del numeral 3 que no
constituyen trabajos forzosos u obligatorios “los trabajos o servicios que
se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia
o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales
trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las
autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a
disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter
privado”.
5.3.    Dentro de las “Reglas mínimas para el
tratamiento de los reclusos”[68]
se advierte que los objetivos de las penas y las medidas privativas de la
libertad pueden alcanzarse si el periodo de reclusión se aprovecha de manera
que se procure la reinserción de los internos. El numeral 2 de la regla 4 consagra
que “[p]ara lograr ese propósito,
las administraciones penitenciarias y otras autoridades competentes deberán
ofrecer educación, formación profesional y trabajo, así como otras formas de
asistencia apropiadas y disponibles, incluidas las de carácter recuperativo,
moral, espiritual y social y las basadas en la salud y el deporte. Todos esos
programas, actividades y servicios se ofrecerán en atención a las necesidades
de tratamiento individuales de los reclusos”.
5.4.    La Constitución Política de 1991 establece en el
artículo 1 que Colombia es un Estado social de
derecho fundado en el trabajo y aunque dentro de la Carta Política no se hace
mención expresa al trabajo penitenciario, el artículo 25 del texto
constitucional consagra al trabajo como un derecho fundamental y una obligación
social que goza de especial protección del Estado en todas sus modalidades.
5.5.    La adopción del nuevo modelo constitucional
trajo consigo la expedición de leyes cuyos contenidos debían estar en
consonancia con la Carta Política. Así las cosas, el Congreso de la República
expidió la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario).
5.5.1.Dicha
ley contempla en su artículo 9 que “[l]a pena tiene función protectora y
preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización”. Adicionalmente,
el artículo 10 dispone que “[e]l
tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del
infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de
la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la
recreación, bajo un espíritu humano y solidario”.
5.5.2.El título VII de la ley se ocupa del trabajo
penitenciario y, particularmente, el artículo 79, modificado por el artículo 55
de la Ley 1709 de 2014, reitera que el trabajo es un derecho y una obligación
social y goza en todas sus modalidades de la protección especial del Estado,
tal como se encuentra dispuesto en el artículo 25 de la Constitución Política.
Por su parte, la
norma establece que “las personas privadas de la libertad tienen derecho al
trabajo en condiciones dignas y justas” y que esta actividad es un medio
terapéutico que se adecua a los fines de la resocialización, pero no puede
aplicarse como sanción disciplinaria. El contenido completo del artículo es el
siguiente:
“Artículo 79. Trabajo penitenciario. Artículo modificado por el
artículo 55 de la Ley 1709 de 2014.
El nuevo texto es el siguiente: El trabajo es un derecho y una obligación
social y goza en todas sus modalidades de la protección especial del Estado.
Todas las personas privadas de la libertad tienen derecho al trabajo en condiciones
dignas y justas. En los establecimientos de reclusión es un medio terapéutico
adecuado a los fines de la resocialización. Los procesados tendrán derecho a
trabajar y a desarrollar actividades productivas. No tendrá carácter aflictivo
ni podrá ser aplicado como sanción disciplinaria. Se organizará atendiendo las
aptitudes y capacidades de los internos, permitiéndoles dentro de lo posible
escoger entre las diferentes opciones existentes en el
centro de reclusión. Debe estar previamente reglamentado por la Dirección
General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Sus
productos serán comercializados.
Las
actividades laborales desarrolladas por las personas privadas de la libertad
estarán íntimamente coordinadas con las políticas que el Ministerio del Trabajo
adoptará sobre la materia, las cuales fomentarán la participación y cooperación
de la sociedad civil y de la empresa privada, a través de convenios, tanto
dentro como fuera de los establecimientos.
Se
dispondrán programas de trabajo y actividades productivas tan suficientes como
se pueda para cubrir a todas las personas privadas de la libertad que deseen
realizarlos. Dichos programas estarán orientados a que la persona privada de la
libertad tenga herramientas suficientes para aprovechar las oportunidades
después de salir de la prisión. Se buscará, hasta donde sea posible, que las
personas privadas de la libertad puedan escoger el tipo de trabajo que deseen
realizar.
Se
dispondrán programas de trabajo y actividades productivas que atiendan la
perspectiva de enfoque diferencial y necesidades específicas para la población
en condición de discapacidad privadas de la libertad, promoviendo la generación
e implementación de ajustes razonables como la eliminación de las barreras
físicas y actitudinales.
Parágrafo. El Ministerio del Trabajo
expedirá, durante el año siguiente a la vigencia de la presente ley, la
reglamentación sobre las especiales condiciones de trabajo de las personas
privadas de la libertad, su régimen de remuneración, las condiciones de
seguridad industrial y salud ocupacional y las demás que tiendan a la garantía
de sus derechos”.
5.5.3.Por su parte, el artículo
80 del Código Penitenciario y Carcelario consagra que la Dirección General del
INPEC determina los trabajos que deben organizarse en los establecimientos de
reclusión que, a su vez, son los únicos mediante los cuales se pueden redimir
las penas. Además, la norma dispone que el INPEC debe procurar los medios
necesarios para crear fuentes de trabajo industriales, agropecuarias o
artesanales.
5.5.4.Adicionalmente, el artículo 142 de la Ley 65 de
1993 consagra que “[e]l objetivo del tratamiento penitenciario es preparar
al condenado, mediante su resocialización para la vida en libertad” y en el
artículo 144 se establecen las fases del tratamiento penitenciario que son las
siguientes:
1.
Observación, diagnóstico y clasificación del interno.
2. Alta
seguridad que comprende el período cerrado.
3.
Mediana seguridad que comprende el período semiabierto.
4.
Mínima seguridad o período abierto.
5. De
confianza, que coincidirá con la libertad condicional.
5.6.    El Legislador señaló en el artículo 79 de la Ley
65 de 1993 que el trabajo penitenciario debía estar previamente reglamentado
por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
5.7.    El Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, presenta
una definición del trabajo penitenciario[69] y contiene normas relativas a la
remuneración (art. 2.2.1.10.1.4.) y la prohibición del trabajo forzado (art.
2.2.1.10.1.5.) tratándose de las personas privadas de la libertad.
Además, el decreto establece
que los directores de los establecimientos penitenciarios y carcelarios deben
estructurar programas que faciliten el trabajo de la población reclusa (art.
2.2.1.3.1.) y que el INPEC tiene la obligación de “promover el
establecimiento de las plazas para el acceso al trabajo penitenciario de las
personas privadas de la libertad, las cuales serán proveídas gradualmente de
conformidad con la disponibilidad presupuestal” (art. 2.2.1.10.3.1.), de
manera que tiene la posibilidad de, entre otras cosas, celebrar acuerdos con
personas públicas o privadas para ampliar los cupos existentes (art.
2.2.1.10.1.2.) y convenios para que las personas privadas de la libertad puedan
acceder a formación en habilidades, destrezas y conocimientos técnicos para el
desempeño del trabajo penitenciario (art. 2.2.1.10.4.1.).
5.8.    La Resolución
003190 del 23 de octubre de 2013, “Por
la cual se determinan y reglamentan los programas de trabajo, estudio y
enseñanza válidos para evaluación y certificación de tiempo para la redención
de penas en el Sistema Penitenciario y Carcelario administrado por el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario — INPEC, modifica la resolución 2392 de
2006 y deroga las resoluciones 13824 de 2007 y 649 de 2009”, contempla en su artículo 4 establece lo siguiente:
“Artículo cuarto.
Los programas de trabajo son una de las estrategias ofrecidas al personal
privado de la libertad dentro de los procesos de Atención Social y Tratamiento
Penitenciario y se integran en las siguientes categorías: artesanales, industriales,
servicios, agrícolas y pecuarias, trabajo comunitario y libertad preparatoria,
las cuales están orientadas a fortalecer en el interno(a) hábitos, destrezas,
habilidades, competencias reafirmando principios y valores de solidaridad y
generosidad para su integración a su vida en libertad.
Dichos programas
de trabajo se enmarcarán dentro de las siguientes modalidades:
Administración
directa. Cuando la administración del Establecimiento de Reclusión pone a
disposición de los Internos los recursos del Estado necesarios para el
desarrollo de actividades industriales, agropecuarias y de servicios con
carácter ocupacional y controla directamente el desarrollo económico y social
de las mismas.
Administración
indirecta. Cuando la administración del Establecimiento pone a disposición de
personas naturales o jurídicas los recursos físicos con que cuenta el
Establecimiento de Reclusión para que ellas lleven a cabo actividades
productivas con vinculación de mano de obra interna. En este caso el control
del proceso de fabricación y capacitación lo ejerce directamente el particular.
(…)
Son internos
independientes aquellos que previamente autorizados por la Junta de Evaluación
de Trabajo, Estudio y Enseñanza, laboran en actividades por su cuenta, es decir
con insumo y materias primas que adquieren en los almacenes Expendio de los
Establecimientos, elaborando o ensamblan bienes o productos industriales y/o
artesanales generando valor agregado. La administración del establecimiento
controla los procesos de producción y de comercialización y puede poner a
disposición de dichos internos algunos recursos físicos como espacio,
maquinaria, equipo y herramientas y, así mismo, alguna instrucción o
capacitación laboral
(…).”
5.9.    A través de la Resolución 006349 del 19 de
diciembre de 2016, el director General del INPEC expidió el Reglamento General
de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional-ERON a cargo del INPEC.
El artículo 110 se refiere al trabajo penitenciario y la definición copia la
establecida en el artículo 79 de la Ley 65 de 1993. Por otra parte, en el
artículo 115 de la resolución se establecen que para la promoción y
fortalecimiento del trabajo se tendrán las modalidades de administración
directa e indirecta.
5.10.   Del marco antes expuesto se puede concluir que la
Constitución Política contempla la protección del trabajo en todas sus modalidades,
aunque no haga mención expresa de la actividad laboral por parte de las
personas privadas de la libertad. A su vez, diferentes instrumentos
internacionales advierten que obligación del trabajo de los condenados no es
asimilable a una forma de trabajo forzado.
La legislación
colombiana resalta que tanto la pena como el tratamiento penitenciario tienen
como finalidad la resocialización que se puede lograr mediante el trabajo de
los internos que debe desarrollarse en condiciones dignas y justas y no podrá
tener carácter aflictivo ni aplicarse como sanción disciplinaria. Asimismo, las
normas sobre la materia también consagran que dentro de los deberes del INPEC y
de los directores de los establecimientos penitenciarios y carcelarios se
encuentran los de estructurar programas que faciliten el trabajo penitenciario y
la celebración de convenios a través de los cuales se garantice el acceso a
programas de formación en habilidades, destrezas y conocimientos técnicos, así
como la creación de nuevas plazas.
Finalmente, en la
normatividad antes enunciada se encuentra establecido el deber de la administración
de procurar los medios necesarios que permitan garantizar programas de trabajo y actividades suficientes
para todo el personal a través de las siguientes modalidades: (i)
administración directa y (ii) administración indirecta, modalidad entre la que
se encuentra el trabajo independiente,
6.  Jurisprudencia constitucional en materia del
derecho al trabajo penitenciario
6.1.    Derivado de la interpretación de la Constitución
Política, la Corte ha identificado que el trabajo tiene una triple naturaleza constitucional
en tanto es reconocido como un valor fundante de nuestro régimen democrático y
del Estado Social de Derecho (art. 1 de la Constitución Política), una
obligación social, así como un derecho fundamental con desarrollo legal
estatutario (art. 25 y 53 de la Constitución Política).[70]
Adicionalmente, esta
Corporación ha analizado en varias de sus sentencias el alcance del trabajo que
desarrollan las personas privadas de la libertad. Por ello, el estudio de la
jurisprudencia constitucional sobre la materia abordará los siguientes asuntos:
(i) la naturaleza y las características de esta modalidad de trabajo, (ii) la aplicabilidad
de las normas constitucionales y legales en materia laboral a la modalidad de
trabajo penitenciario, (iii) las obligaciones del Estado con respecto a esta
garantía fundamental y (iv) la importancia del trabajo para la función resocializadora y
la redención de la pena.
Finalmente, se mencionará la sentencia T-1190 de 2003,[71] en la que
la Sala Séptima de revisión estudió una tutela en la que el actor solicitó que
se le asignara una actividad laboral en el establecimiento penitenciario en el
que se encontraba.
Naturaleza y
características del trabajo penitenciario
6.2.    La Corte Constitucional ha sostenido desde sus
inicios que, junto con el estudio y la enseñanza, el trabajo de las personas
privadas de la libertad es un medio indispensable “para alcanzar el fin
resocializador de la pena, y hace parte integrante del núcleo esencial del
derecho a la libertad (CP art. 28), pues tiene la virtud de aminorar el tiempo
de duración de la pena a través de su rebaja o redención”.[72]
Sobre este punto, la
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional señaló en la sentencia T-121
de 1993[73]
que el trabajo desarrollado por los internos en los establecimientos
penitenciarios y carcelarios es (i) un instrumento resocializador dado que
permite que el condenado “pueda rehabilitarse por medio del ejercicio de una
actividad económicamente productiva”, (ii) un mecanismo tendiente a
lograr la paz pues “sirve para impedir que el infractor de la ley pueda
incurrir en nuevos hechos punibles” y, finalmente, (iii) puede ser una
oportunidad para que los internos alcancen la libertad a través de la redención
de pena.
Aplicabilidad de las
normas constitucionales y legales en materia laboral a la modalidad de trabajo
penitenciario
6.3.    Por otra parte, este Tribunal ha sido enfático
al señalar que las garantías fundamentales y las normas en materia de trabajo
son aplicables a las personas privadas de la libertad que desarrollen una
actividad laboral. Sin embargo, la Corte reconoce las limitaciones que impone
el régimen penitenciario y carcelario.[74]
6.3.1.En este sentido, la Corte en la sentencia C-394
de 1995[75]
estudió una demanda de constitucionalidad contra 51 artículos del Código
Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993). El accionante atacó el artículo 84
que contenía una prohibición a los reclusos de celebrar contratos de trabajo
con particulares y los obligaba a celebrarlos con la administración de cada
centro de reclusión, o con la sociedad “Renacimiento”. Asimismo, demandó
el artículo 86 de la ley que se refiere a la remuneración, la seguridad
industrial de las personas privadas de la libertad, la autorización a los
condenados que se encuentran en la fase media de seguridad del sistema
progresivo a realizar trabajos en grupo y a la posibilidad que tienen los
detenidos a trabajar individualmente o en grupos de labores públicas, agrícolas
o industriales en las mismas condiciones que los condenados “siempre que el
director del respectivo establecimiento le conceda esta gracia”.
Uno de los cargos
formulados por el demandante se centraba en demostrar que la expedición del
estatuto del trabajo al que se refiere el artículo 53 de la Constitución
Política corresponde al Congreso y, por lo tanto, resultaba inconstitucional
otorgar al director del INPEC la facultad de regular estas materias. Esta
Corporación estimó que los artículos 84 y 86 de la Ley 65 de 1993 no
desconocían ningún precepto constitucional e incluso garantizaban e
incentivaban las labores productivas al interior de los establecimientos penitenciarios
y carcelarios. Finalmente, sobre la aplicación de las garantías
constitucionales en materia laboral con respecto a estos artículos, la Sala
Plena consideró lo siguiente:
“Por el
contrario, son normas destinadas a garantizar e incentivar la labor productiva
dentro de los establecimientos carcelarios, en beneficio de los propios
reclusos. Son normas que, además, tienen en cuenta las garantías mínimas que la
Constitución Política consagra para el trabajo, naturalmente no en toda la
extensión prevista en el artículo 53 superior, por cuanto, como es obvio, para
estos efectos debe tenerse en cuenta la especial situación en que se encuentran
los detenidos. En manera alguna puede pretenderse que dentro de un
establecimiento carcelario tenga plena vigencia el régimen laboral que rige
para el común de los trabajadores; sería inconcebible, por ejemplo, para los
reclusos el que se garantizara el derecho a constituir sindicatos o
asociaciones (Art. 39 C.P.) o el derecho a salir de vacaciones”.
6.3.2.La
Sala Cuarta de Revisión expuso
en la sentencia T-1077 de 2005[76] que la
regulación del trabajo penitenciario debe hacerse en consonancia con las
garantías constitucionales pero sin perder de vista “que se trata de un
régimen especial, que se desarrolla en condiciones materiales y jurídicas
distintas al trabajo en libertad, y por ende con particularidades,
destinatarios y objetivos específicos, que conducen a que el artículo 53 de la
Carta no opere en estos eventos en toda su extensión, ni se pueda proclamar, en
éste ámbito, la plena vigencia del régimen laboral que impera para el común de
los trabajadores”.
6.3.3.Adicionalmente, esta Corporación ha expuesto que
el trabajo penitenciario se desarrolla teniendo en cuenta la relación especial
de sujeción que existe entre las personas privadas de la libertad y el Estado.
De acuerdo con lo expuesto en la sentencia T-1326 de 2005,[77] “en
principio, los vínculos que surgen como consecuencia de las labores prestadas
por los internos no pueden equipararse a aquellos que se derivan de una
relación laboral en el sentido estricto del término. Sin descartar de plano la
existencia de diversas formas de relación y de remuneración, el trabajo
carcelario cumple de manera principal una función terapéutica cuyo objetivo
primordial es la resocialización de los reclusos”. A su vez, la Sala
Séptima de revisión resaltó en la providencia que, en virtud de la
subordinación en que se encuentran las personas privadas de la libertad, las
restricciones del derecho al trabajo de los internos no pueden ser
discriminatorias, desproporcionadas o arbitrarias.
6.3.4.Sobre la obligatoriedad y las condiciones
especiales del trabajo desarrollado por las personas privadas de la libertad,
en la sentencia T-429 de 2010[78]
se consignó lo siguiente:
“Evidentemente, y
en razón de que la obligatoriedad del trabajo penitenciario surge de la
ejecución de una sentencia condenatoria, el trabajador delincuente no se
presenta voluntariamente al mercado a vender su fuerza de trabajo y es la pena
la que le impone - legitimada por la resocialización –, el uso de la misma; con
lo que la ejecución de la pena implica una carga sobre el cuerpo del condenado
para alcanzar los fines del castigo. Si bien es cierto – como se anotó
anteriormente - que en el caso del trabajo adelantado por reclusos ante
particulares debe mediar la voluntad, así como su ejecución bajo condiciones
similares al trabajo libre, no puede compararse la anuencia de una persona en
libertad a la que puede dar quien se encuentre privada de la misma, toda vez
que se halla en una condición de sujeción jurídica debido a la misma sentencia
condenatoria. En este sentido, la libertad del preso al momento de decidir si
le presta su fuerza de trabajo a un particular, se reduce a este campo; es
decir, puede escoger entre trabajar o no con determinado sujeto, mas, según se
ha dicho, no es libre para decidir si trabaja o no, pues tendrá que desempeñar
una actividad laboral, ya que el trabajo hace parte de la resocialización, amén
de ser un mecanismo para la redención de la pena”.
Obligaciones
del Estado con
respecto al trabajo penitenciario
6.4.    La Corte Constitucional ha sido enfática al
sostener que el Estado no puede escudarse en la falta de recursos económicos
para incumplir la obligación que tiene de garantizar la efectiva resocialización
de las personas privadas de la libertad contenida en la Ley 65 de 1993. “No
es, por tanto, suficiente combatir los delitos con políticas de seguridad, es
preciso diseñar un sistema que logre disuadir a los delincuentes de tal forma
que encuentren una motivación distinta al crimen para sus vidas y puedan
participar libres en la vida social aportando de manera creativa, constructiva
y solidaria todo lo que son capaces de aportar. La garantía de que los internos
puedan realizar un trabajo en condiciones dignas y justas cumple en relación
con esta esperanza un papel fundamental”.[79]
6.4.1.Esta Corporación ha reconocido que el Estado
tiene la obligación de proveer, en la medida de lo posible, actividades
laborales que permitan a las personas privadas de la libertad su readaptación
social e incluso el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. Sobre este
punto, la Corte señaló que hasta que se tenga la estructura necesaria para
habilitar puestos de trabajo suficientes, “los empleos a distribuir deben
asignarse en condiciones de igualdad de oportunidades, sin que el orden de
prelación pueda ser objeto de una aplicación arbitraria o discriminatoria (CP
art. 13)”.[80]
6.4.2.Dada la relevancia del trabajo penitenciario, la
jurisprudencia constitucional estableció que las autoridades penitenciarias
tienen a su cargo (i) deberes de acción que se concretan en la obligación de “crear
espacios que garanticen, promuevan y hagan posible el acceso a fuentes de
trabajo” y, por otra parte, (ii) deberes de omisión, en cuyo caso, las
autoridades penitenciaras deben abstenerse de realizar actos que afecten el
derecho al trabajo.[81]
Importancia del trabajo para la función resocializadora y
la redención de la pena
6.5.    La Corte Constitucional resalta que los
establecimientos penitenciarios y carcelarios “tienen el deber de restaurar los lazos
sociales de los reclusos con el mundo exterior”, por lo que una de sus prioridades debe
ser la inclusión de las personas privadas de la libertad en programas de
redención de pena durante las diferentes fases del tratamiento penitenciario.[82] De esta manera, como una de las finalidades del
tratamiento penitenciario es la resocialización, el Estado debe promover la
participación de los reclusos en diversas prácticas, como la formación espiritual, la cultura, el
deporte, la recreación, el trabajo y el estudio.[83]
6.5.1.Como se expuso anteriormente, el trabajo
penitenciario es un instrumento resocializador y representa una oportunidad de
los internos de alcanzar la libertad a través de la reducción de la pena.[84]
6.5.2.En ese sentido, esta Corporación ha afirmado que
solo el trabajo efectivamente realizado conduce a la resocialización y la redención
de pena. Inicialmente, la
Sala Segunda de Revisión en la
sentencia T-009 de 1993[85] estudió una tutela en la que varios
accionantes solicitaron que se certificaran como laborados los sábados,
domingos y festivos, para efectos de reducir el tiempo de privación de la
libertad. Luego de analizar las normas penales vigentes en ese momento, la Sala
indicó que “es el trabajo efectiva y materialmente realizado el
parámetro a tomar en cuenta por parte de la autoridad judicial para conceder la
redención de pena. Las autoridades carcelarias tienen la función de certificar
estrictamente el tiempo que el recluso ha estado trabajando representado en
horas o días de trabajo teniendo en cuenta las equivalencias establecidas por
el legislador”.
6.6.    Posteriormente, en la sentencia C-580 de 1996,[86] la Corte
abordó el estudio de una demanda presentada contra el artículo100 (parcial) de la Ley 65 de 1993. A
juicio del actor, el artículo objeto de reparo desconocía normas de rango
constitucional, en atención a que para efectos de redimir la pena no se
computaban los domingos y festivos en los cuales no se les permite trabajar a
los reclusos. En esta oportunidad, se declaró la exequibilidad de la
disposición acusada y la Sala Plena precisó lo siguiente:
“Es muy
diferente la situación material y jurídica a que da lugar el trabajo en
condiciones de libertad, del trabajo no forzado, que, salvo las excepciones
legales, realizan los reclusos en los centros carcelarios donde purgan una
pena. En efecto, como se ha dicho, el trabajo en dichos centros tiene una
finalidad diferente, en el sentido de que busca esencialmente la
resocialización del condenado para habilitarlo a que pueda convivir en un medio
de libertad una vez cumpla la sanción que le ha sido impuesta, e igualmente de
que pueda disminuir el tiempo de la pena.
El
legislador ha adoptado por una fórmula que se estima válida, razonable y
proporcionada ha dicha finalidad, como es la de considerar que sólo el trabajo
efectivamente realizado conduce a la redención de la pena, pues, como se
advirtió antes, la situación jurídica y material del trabajo de los condenados,
con las finalidades anotadas, es diferente a la que ofrece el trabajo en
condiciones de libertad, que ha sido objeto de un tratamiento constitucional y
legal específico, en cuanto al señalamiento de unos principios básicos y un
sistema de protección integral de dicha forma de trabajo, del cual forma parte
la institución de los descansos remunerados”.
Jurisprudencia
sobre la obligación de asignar una actividad laboral al interior de los
establecimientos penitenciarios
6.7.    En la sentencia T-1190 de 2003,[87] la Sala
Séptima de revisión estudió la tutela interpuesta por una persona privada de la
libertad, quien consideraba que la falta de oportunidades para el desarrollo de
actividades productivas en la Penitenciaría Nacional de Valledupar vulneraba
sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y a la vida digna. Por lo
anterior, el accionante solicitó que se le asignara un trabajo que le
permitiera mantenerse activo, redimir la pena y obtener algunos recursos para sufragar
sus gastos personales y comunicarse con su familia cuyo domicilio se encontraba
en el municipio de Gigante (Huila).
6.7.1.En el caso objeto de revisión se demostró que el
interno decidió no continuar en el programa de estudio dispuesto por el penal.
Por otro lado, la Sala adujo que “que no existe un derecho subjetivo
predicable de todos los internos consistente en exigir la asignación de un
puesto de trabajo dentro de los centros penitenciarios” y que el goce de
este derecho estaba restringido por la relación la relación especial de
sujeción y la escasez de puestos de trabajo en el penal (para el momento la oferta laboral podía cubrir
el 21% de la población del establecimiento).
6.7.2.La Sala indicó que la decisión de asignar a un
interno a una actividad laboral tiene sustento en la fase de seguridad en que
se encuentra la persona privada de la libertad, el perfil ocupacional de
trabajo y, en algunos casos, requiere satisfacer cierto nivel de escolaridad.
6.7.3.Sin embargo, como el accionante señaló que la
posibilidad de acceder a un trabajo penitenciario era lo que le permitiría
obtener recursos económicos para comunicarse con su familia, la Sala ordenó al
establecimiento penitenciario que reconsiderada la solicitud del interno y
valorara nuevamente su solicitud de trabajo, para lo cual debía tener en cuenta
la condición del interno, los requisitos de seguridad, la disponibilidad de
cupos de trabajo, el nivel de instrucción, así como la capacidad económica y la
situación familiar.
7.  Alcance de la carencia actual de objeto y la
imposibilidad de declarar el hecho superado cuando la pretensión contenida en
la solicitud de amparo se satisfizo en cumplimiento de la orden del juez de
tutela
7.1.    La Corte Constitucional asegura desde sus
inicios que la acción de tutela es un mecanismo instaurado para garantizar la efectividad
de los derechos fundamentales por lo que, en caso de prosperar, tal mandato
debe reflejarse en la adopción de una orden judicial en la que se imponga a una
persona que realice una conducta o que se abstenga de realizar alguna, en aras
del restablecimiento de las garantías fundamentales vulneradas.[88]
7.2.    No obstante, existen eventos en los que la
acción de amparo pierde su objeto durante el trámite de instancia o en sede de
revisión ante la Corte Constitucional, ya sea porque (i) la situación de hecho
que producía la violación o amenaza de derechos fundamentales fue superada,
(ii) acaece el daño que se buscaba evitar con la orden del juez de tutela, o
porque (iii) ocurre cualquier otra circunstancia que hace inocua la orden de
satisfacer la pretensión de la tutela.
7.3.    Todos estos eventos se enmarcan en el fenómeno
denominado carencia actual de objeto que ha sido desarrollado por vía legal y
jurisprudencial, tal como pasará a explicarse.
7.4.    El numeral 4 del artículo 6 del Decreto 2591 de
1991 dispone que la tutela es improcedente “[c]uando sea evidente que la
violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la
acción u omisión violatoria del derecho”. Por su parte, el artículo 24 del
decreto mencionado establece el campo de acción del juez constitucional ante
circunstancias en las que se presente la carencia actual de objeto, a saber:
“Artículo
24. Prevención a la autoridad. Si al concederse la tutela hubieren cesado los
efectos del acto impugnado, o éste se hubiera consumado en forma que no sea
posible restablecer al solicitante en el goce de su derecho conculcado, en el
fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a
incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela,
y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo
establecido en el artículo correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio
de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido.
El juez
también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere
adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión”.
7.5.    Finalmente, el artículo 26 del Decreto 2591 de
1991 desarrolla la cesación de la actuación impugnada de la siguiente manera:
“Artículo
26.-Cesación de la actuación impugnada. Si, estando en curso la tutela, se
dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda
la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para
efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes.
El recurrente
podrá desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará el expediente.
Cuando el
desistimiento hubiere tenido origen en una satisfacción extraprocesal de los
derechos reclamados por el interesado, el expediente podrá reabrirse en
cualquier tiempo, si se demuestra que la satisfacción acordada ha resultado
incumplida o tardía”.
7.6.    Una de las primeras aproximaciones de la jurisprudencia
al concepto de la carencia actual de objeto se encuentra en la sentencia T-519
de 1992[89]
en la que la sala de revisión correspondiente expuso lo siguiente:
“En efecto, la
acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho
presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato
proferido por el juez en sentido positivo o negativo.  Ello constituye a la vez
el motivo por el cual la persona que se considera afectada acude ante la
autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de lo cual esa persona
se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en
que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la
vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el
juez caería en el vacío.  Lo cual implica la desaparición del supuesto básico
del cual parte el artículo 86 de la Constitución y hace improcedente la acción
de tutela, pero no obsta para que esta Corte, por razones de pedagogía
constitucional, se refiera al alcance y al sentido de los preceptos
relacionados con el derecho fundamental de que se trata”.
7.7.    Posteriormente, la Corte Constitucional en la
sentencia SU-540 de 2007[90]
analizó la incidencia y los efectos jurídicos que tiene la muerte del
accionante en el trámite de tutela. A partir de un análisis jurisprudencial, la
Corte señaló que la carencia actual de objeto se había fundamentado “en la
existencia de un daño consumado[91], en un hecho superado[92],
en la asimilación de ambas expresiones como sinónimas[93],
en la mezcla de ellas como un hecho consumado[94] y hasta en una sustracción de
materia[95], aunque también se ha acogido
esta última expresión como sinónimo de la carencia de objeto[96]”.
Dicho esto, la Sala
Plena advirtió que, aunque las diferentes Salas de Revisión de la Corte
Constitucional no tenían criterios unívocos al momento de declarar la carencia
actual de objeto, era posible concluir que esta figura se presenta como
consecuencia de la acreditación de un hecho superado o un daño consumado.
7.8.    Posteriormente, el desarrollo de la
jurisprudencia constitucional amplió las hipótesis en las que se presenta esta
figura. La Sala Octava de Revisión en la sentencia T-585 de 2010[97] aseguró
que la carencia actual de objeto también puede derivarse “de alguna otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del/de la juez/a de
tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún
efecto”. Para aclarar este punto, precisó que ello puede ocurrir cuando se
modifican los hechos que originaron la acción de tutela y el accionante pierde
interés en la satisfacción de la pretensión.
7.9.
Queda claro que por vía
jurisprudencial se estableció que la configuración de la carencia actual de
objeto puede darse ante el acaecimiento de un hecho sobreviniente, lo que ha
sido reiterado en múltiples pronunciamientos de las diferentes salas de esta
Corporación.[98]
7.10.
Así las cosas, el fenómeno
de la carencia actual de objeto puede presentarse a partir de tres sucesos que
comportan consecuencias distintas: (i) el hecho superado, (ii) el daño consumado
o (ii) por el acaecimiento de un hecho o situación sobreviniente.
7.11.
Corresponde ahora a la Sala definir
y delimitar la carencia de objeto por hecho superado dada su relevancia en el
caso particular y, especialmente, precisar si esta figura se configura cuando
la pretensión contenida en la solicitud de amparo se satisfizo en cumplimiento
de la orden del juez de tutela.
7.12.
Puntualmente, la carencia
actual de objeto por hecho superado “[a]contece cuando entre el momento de
la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo, ha sido
satisfecha la pretensión contenida en la solicitud de amparo”.[99] Esta
Corporación señaló que para acreditar la existencia de un hecho superado se
deben acreditar ciertos requisitos, a saber:
1. Que con
anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de
una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental
del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.
2. Que durante el
trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó
la vulneración o amenaza haya cesado.
3. Si lo que se
pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una prestación y,
dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede
considerar que existe un hecho superado.[100]
En
este evento, si el acaecimiento del hecho superado se presenta durante el
trámite de las instancias, los jueces declararán improcedente el amparo y aunque
no tienen el deber de proferir un pronunciamiento de fondo, podrán manifestarse
con respecto a la vulneración de derechos en atención a lo dispuesto en el
artículo 24 del Decreto 2591 de 1991.[101] Por otra parte, si esta hipótesis
se presenta durante el trámite de revisión, las salas al interior de esta
Corporación deberán declarar el hecho superado y tendrán “el deber de
examinar el caso determinando el alcance de los derechos fundamentales en
concreto”.[102]
7.13.
Ahora bien, resulta
imperioso especificar si es jurídica y procesalmente correcto declarar la
carencia de objeto por hecho superado en los eventos en que la vulneración o la
amenaza de los derechos fundamentales que motivó la interposición de la demanda
de tutela se superó en virtud del cumplimiento de la orden de los jueces de
tutela en primera o segunda instancia.
7.14.
Debe advertirse que no se
está ante el estudio de las circunstancias en las que se declara la carencia
actual de objeto debido al cumplimiento de una orden judicial proferida en otro
proceso distinto al que se revisa, tal como ocurrió en las sentencias T-529 de
2015[103]
y T-283 de 2016.[104]
7.15.
Así pues, en la sentencia
T-279 de 2017,[105]
la Sala Séptima de Revisión estudió la demanda de tutela interpuesta por una
madre en representación de su hijo en la que solicitó que se autorizara y
realizara el examen denominado Hibridación Genómica Comparativa y que había
sido negado por la parte demandada dado que su procesamiento debía llevarse a
cabo en el exterior.
7.15.1. En este asunto, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Duitama
tuteló parcialmente los derechos a la salud y a la protección especial a las
personas en situación de discapacidad y ordenó la valoración de la situación
del menor por la Junta Médica de Especialistas en Neurología Pediátrica, para
determinar si era procedente ordenar el examen e inaplicar la exclusión del
Plan de Beneficios del Magisterio.
7.15.2. La Sala de Revisión que analizó este asunto concluyó que la
demandada había vulnerado los derechos
fundamentales a la salud, estableció que la satisfacción de la pretensión de la
parte accionante solo se dio con posterioridad a la orden proferida por el
juzgado que resolvió la tutela. De esta manera, la Sala confirmó la decisión
adoptada y no declaró la carencia actual de objeto pues señaló que la autoridad
judicial conservaba la competencia para decidir acerca del cumplimiento de la
orden que impartió.
7.16.
Finalmente, en la sentencia
T-439 de 2018,[106]
la Sala Séptima de Revisión se refirió al alcance de la figura del hecho
superado y señaló que “[l]os fallos de tutela son de cumplimiento inmediato, sin perjuicio
de que hayan sido impugnados, conforme a lo prescrito en el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991. Razón por la cual, no constituye hecho superado, sino un
simple cumplimiento de sentencia, la conducta que acata la orden impartida por
el juez de primera instancia en procura de amparar derechos fundamentales”. En consecuencia, la
Sala estimó que “el ad quem no podría declarar el acaecimiento de un hecho
superado, encontrándose limitado a confirmar o infirmar la providencia del a
quo”.
7.17.
Procesalmente hablando, no
es correcto declarar la carencia de objeto por hecho superado en los eventos en
que la vulneración o la amenaza de los derechos fundamentales que motivó la
presentación de la acción de amparo se superó en virtud del cumplimiento de una
orden del juez de tutela de primera o segunda instancia. Lo anterior se explica
por los siguientes motivos:
(i) La
jurisprudencia constitucional determinó que sí puede declararse la carencia
actual de objeto por hecho superado cuando se está ante el cumplimiento de una
orden judicial proferida en un proceso distinto al que se revisa.
(ii) Cuando la
satisfacción de las pretensiones de la parte accionante opera debido a que se
profiere la sentencia de tutela que resuelve la controversia, no se está ante
la figura de carencia de objeto por hecho superado sino ante el simple
cumplimiento de una providencia que debe hacerse de manera inmediata, tal como
lo dispone el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
(iii) De acuerdo
con la interpretación armónica y sistémica de los artículos 27 y 36 del Decreto
2591 de 1991, el análisis sobre el cumplimiento de lo ordenado en una sentencia
de tutela corresponde al juez o al Tribunal que asumió el estudió del asunto en
primera instancia y, excepcionalmente, es asumido por la Corte Constitucional. De
esta manera, si se declara el hecho superado se desconocería dicha competencia
atribuida.
8.  Caso concreto
Hechos
8.1.
El señor Rafael Antonio León
Ortiz ingresó al
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Valledupar (Cesar) el 1 de agosto de 2012 para pagar una pena privativa de la
libertad que le fue impuesta.
8.2.    El 1 de noviembre de 2012, el accionante fue
asignado a la actividad válida de redención de pena denominada ALFABETIZACIÓN –
EDUCACIÓN FORMAL – P.A.S.O. INICIAL. De esta manera, inició estudios para
cursar el ciclo de educación media
8.3.    En el año 2014, el actor presentó una petición
ante la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar)
para que se estudiara la posibilidad de ingresar a un programa de trabajo.
8.4.    El 30 de noviembre de 2018, luego de cursar los
grados CLEI I, CLEI II, CLEI III, CLEI IV, CLEI V y CLEI VI correspondientes al
nivel de educación media, el señor Rafael Antonio
León Ortiz se graduó como bachiller académico. El título fue conferido por el Centro
Educativo Paulo Freire de Valledupar (Cesar).
8.5.    El 8 de febrero de 2019, el señor León Ortiz fue
promovido al CURSO EN ARTES Y
OFICIOS – EDUCACIÓN INFORMAL – P.A.S.O. INICIAL – CURSO MADERAS, actividad que
se realiza en convenio con el SENA y los internos adquieren conocimientos para
la elaboración de productos.
8.6.    El 18 de febrero de 2019, el actor presentó una
petición ante la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza del
establecimiento penitenciario y carcelario en la que puso de presente que estaba
redimiendo su pena por estudio y ya había obtenido su título de bachiller
académico. En atención a lo anterior, solicitó que se permitiera su ingreso a
un programa de trabajo para continuar con su proceso de resocialización y redención
de la pena.
8.7.    El 1 de marzo de 2019, el señor León Ortiz fue
reasignado a la actividad válida de redención de pena denominada TELARES Y
TEJIDOS – CIRCULOS DE PRODUCTIVIDAD ARTESANAL - P.A.S.O. INICIAL.
8.8.    El 29 de julio de 2019, el accionante presentó
una nueva petición en la que reiteró su deseo de ingresar a un programa de
trabajo para continuar con su proceso de resocialización y redención de la
pena.
8.9.    El 29 de agosto de 2019, el señor Rafael Antonio León Ortiz presentó demanda tutela,
señaló que lo habían asignado a una activad laboral que solo existe en
planillas e impedía continuar con su proceso de resocialización. De esta
manera, solicitó la protección de sus derechos fundamentales de petición y al trabajo.
8.10.   En sentencia del 10 de septiembre de 2019, el
Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Valledupar (Cesar) concedió el amparo del derecho fundamental de petición del
accionante y ordenó al jefe del área de trabajo social del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar)
que emitiera respuesta de fondo, clara y precisa a las peticiones presentadas
el 18 de febrero y el 29 de julio de 2019 por el señor Rafael Antonio León
Ortiz.
8.11.   Las peticiones interpuestas por el accionante el
18 de febrero y el 29 de julio de 2019 se respondieron mediante oficio del 17
de septiembre de 2019. En el
documento se indicó que (i) la
Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza ubica a la persona privada
de la libertad en una actividad de acuerdo con su nivel de escolaridad, fase de
tratamiento, así como los cupos existentes, (ii) el señor Rafael Antonio León Ortiz se encontraba en fase de mediana seguridad por
lo que había sido asignado a la actividad denominada telares y tejidos desde el
1 de marzo de 2019 y (iii) la actividad asignada, era válida para redención, se
encuentra dentro del plan ocupacional del penal y se ajustaba a la fase de
tratamiento en la que se encontraba.
8.12.   Mediante Orden de asignación en programas de trabajo, estudio y enseñanza Nro. 4248087 del
12 de diciembre de 2019, se consignó que a través del Acta de atención y
tratamiento Nro. 323-0382019 del 9 de diciembre de 2019, se autorizó al señor
Rafael Antonio León Ortiz a trabajar en la actividad de papel por un máximo de
8 horas de lunes a viernes. En consecuencia, el actor se encuentra asignado en
la actividad laboral válida de redención de pena conocida como “PAPEL - CÍRCULOS
DE PRODUCTIVIDAD ARTESANAL - P.A.S.O. MEDIO” desde el 11 de
diciembre de 2019, en la que con apoyo de instituciones como el SENA,
las personas privadas de la libertad elaboran
diversas manualidades y artesanías que posteriormente son comercializadas para
obtener recursos.
8.13.   El director del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar) señaló que la
actividad desarrollada por el interno “es una labor, en la que los PPL de
forma autónoma e independiente pueden desarrollar su trabajo al interior de los
pabellones o en talleres del Establecimiento con las debidas medidas de
seguridad conforme al reglamento de régimen interno del penal, fortaleciendo de
esta manera habilidades y destrezas necesarias para el desempeño ocupacional y
laboral intramural”.
8.14.   En documento suscrito el 13 de febrero de 2020, el señor Rafael Antonio León Ortiz reiteró lo expuesto en
la demanda de tutela con respecto a que se encontraba asignado a una actividad
que solo existe en planillas y, textualmente dijo lo siguiente:
“De
manera atenta me permito manifestarles que con respecto a lo solicitado en la
acción de tutela para la asignación a una actividad de trabajo, [h]asta la
fecha no he tenido una asignación a una actividad de trabajo productiva
por parte de este centro carcelario.
La
junta de evaluación de trabajo, estudio y enseñanza de este centro carcelario
me asignó una nueva orden mediante acta Nro. 323-0382019 de fecha 09-12-2019
donde autoriza ‘trabajar’ en una actividad llamada (papel), actividad que como
se dijo anteriormente solo existe en planilla ya que no tiene ningún carácter
laboral u ocupacional ya que ni siquiera sé en qué consiste”.
8.15.   El
18 de agosto de 2020, el actor presentó una petición a la Junta de Evaluación
de Trabajo, Estudio y Enseñanza del Establecimiento Penitenciario y Carcelario
de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar) en la que pidió ser tenido en
cuenta para trabajar en una actividad denominada manipulación de alimentos.
8.16.   El 11 de septiembre de 2020, el accionante remitió
escrito luego de que se corriera traslado de las pruebas recibidas en respuesta al Auto del 24 de febrero de 2020. Con
respecto a su proceso de resocialización, el señor León Ortiz aseguró que
persistía su descontento debido a que no había sido
asignado a otra actividad productiva y agregó que en los últimos meses quedaron
cupos vacantes para desarrollar otras labores, pero que a ellas solo tienen acceso los internos con conexiones con el personal
administrativo del establecimiento penitenciario.
8.17.   El señor Rafael Antonio León Ortiz solicitó la protección de sus
derechos fundamentales y que se emita una orden para que le sea asignada una
actividad laboral que le permita continuar con su proceso de resocialización y
la redención de la pena que le fue impuesta.
8.18.   Ahora corresponde a la Sala abordar el análisis
del problema jurídico puesto a consideración y estudiará la posible vulneración
de los derechos fundamentales de petición y al trabajo del señor Rafael Antonio
León Ortiz.
Análisis de la
posible vulneración del derecho fundamental de petición del accionante
8.19.   El accionante señaló en la demanda de tutela que
el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar) no había dado
respuesta a dos peticiones radicadas en las que solicitó que se le asignara un
trabajo.
8.20.   Junto con la demanda de tutela, el actor aportó
copia simple de las peticiones que radicó el 18 de febrero y el 29 de julio de
2019 ante funcionarios del establecimiento penitenciario y carcelario
demandado.
8.21.   En la sentencia objeto de revisión proferida el
10 de septiembre de 2019, el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Valledupar (Cesar) ordenó al jefe del área de
trabajo social del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana
Seguridad de Valledupar (Cesar) que emitiera respuesta de fondo, clara y
precisa a las solicitudes interpuestas por el señor Rafael Antonio León Ortiz.
8.22.   El director del establecimiento penitenciario y
carcelario accionado aporto, copia simple del oficio suscrito el 17 de septiembre de 2019 en el que se emitió
respuesta a las peticiones del peticionario.
8.23.   De esta manera, en tanto que las solicitudes del
18 de febrero y 29 de julio de 2019 solo fueron atendidas en cumplimiento de la
sentencia objeto de revisión, esta Sala no declarará la carencia actúa de
objeto y, tal como se explicó en un acápite anterior, confirmará la decisión
del Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras
de Valledupar (Cesar) en la que se amparó el derecho fundamental de petición
del actor.
Análisis de la
posible vulneración del derecho fundamental al trabajo penitenciario del
accionante
8.24.   El señor Rafael Antonio León Ortiz solicitó como
pretensión en la demanda de tutela que se ordenara al establecimiento
penitenciario que lo asignara a un trabajo para desarrollar una actividad, cumplir
los fines de la resocialización y continuar con la redención de la pena
privativa de la libertad.
8.25.   Durante el trámite de revisión, el director del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Valledupar (Cesar) señaló que el señor León Ortiz se graduó como bachiller
académico y luego de ello realizó las siguientes actividades laborales.
- 8 de febrero de 2019: El actor fue promovido al CURSO
EN ARTES Y OFICIOS – EDUCACIÓN INFORMAL – P.A.S.O. INICIAL – CURSO MADERAS.
- 1 de marzo de 2019: El accionante fue reasignado a la
actividad denominada TELARES Y TEJIDOS – CIRCULOS DE PRODUCTIVIDAD ARTESANAL -
P.A.S.O. INICIAL.
- 11 de diciembre
de 2019: El peticionario fue reasignado en la actividad laboral válida de redención
de pena conocida como PAPEL - CÍRCULOS DE PRODUCTIVIDAD
ARTESANAL - P.A.S.O. MEDIO.
8.26.   De acuerdo a la información que se encuentra en
el expediente, está claro que durante el tiempo en el que Rafael Antonio León
Ortiz ha estado privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar) cursó los grados
correspondientes al nivel de educación media, lo que le permitió graduarse como
bachiller académico; participó en un curso para laborar con madera y fue
asignado para trabajar en las actividades artesanales denominadas telares y
tejidos, así como papel.
8.27.   Para acreditar el trabajo, el director del
establecimiento penitenciario aportó pruebas que demuestran que el actor (i)
recibió 20 rollos de lana del área del almacén el 17 de noviembre de 2019 y (ii)
aceptó que se le descontaran $6.000 pesos “como aporte reglamentado a caja
especial por concepto de ingreso de insumos para la producción de artesanías”.
Junto con la respuesta, el funcionario anexó 5 fotografías en las que se
aprecia un hombre que al parecer es el accionante y retira elementos de una
ventanilla, así como las planillas de registro de horas en las que consta el
trabajo del actor en la actividad denominada PAPEL -
CÍRCULOS DE PRODUCTIVIDAD ARTESANAL - P.A.S.O. MEDIO.[107]
8.28.   De esta manera, no se pueden desconocer las
actuaciones adelantadas por el área de tratamiento penitenciario en aras
garantizar el proceso de resocialización del peticionario. No obstante, el señor
Rafael Antonio León Ortiz aseguró en la demanda de tutela que la actividad a la
que lo asignaron “solo existe en las planillas”. Adicionalmente, en un escrito
remitido en sede de revisión adujo que el trabajo al cual fue asignado “solo
existe en planilla ya que no tiene ningún carácter laboral u ocupacional” y
no sabe en qué consiste. En un documento diferente
mencionó que no había sido asignado a otra
actividad productiva y que en los últimos meses
quedaron cupos vacantes para desarrollar otras labores, pero que a ellas solo
tienen acceso los internos con conexiones con el
personal administrativo del establecimiento penitenciario.
8.29.   Para la Sala no puede omitirse que el correcto
funcionamiento del tratamiento penitenciario permite que se asegure la
reinserción social, entendida como una de las funciones de la pena (art. 4 de
la Ley 599 de 2000).
8.30.   Del análisis del marco jurídico y la
jurisprudencia sobre el trabajo de las personas privadas de la libertad puede
extraerse que tanto la pena como el tratamiento penitenciario tienen como
finalidad fundamental la resocialización del infractor a través de elementos
como la disciplina, el estudio o el trabajo, entre otros.[108] Asimismo, es posible concluir que el trabajo penitenciario
es un derecho mediante el cual los sindicados y los condenados pueden
desarrollar actividades productivas,[109] de manera que los programas dispuestos para tal
efecto tienen como objeto que las personas en los establecimientos de reclusión
dispongan de herramientas suficientes y se preparen para la vida en libertad.[110]
En aras de
materializar el derecho al trabajo de las personas privadas de la libertad, los
centros penitenciarios y carcelarios del país tienen el deber de “contar con
los medios materiales mínimos para el cumplimiento eficaz de sus funciones y
objetivos”,[111] así
como con programas de trabajo y actividades productivas suficientes.[112]
8.31.   Sin perjuicio de lo antes expuesto, la Sala
considera que los deberes de los establecimientos penitenciarios y carcelarios en
materia de trabajo no se agotan con la creación de espacios, el establecimiento
programas de laborales, la abstención de las autoridades de realizar actos que
afecten esta garantía o la asignación de los cupos a la población reclusa.
8.32.   Así pues, para asegurar las condiciones de
resocialización y el goce efectivo del derecho al trabajo penitenciario dentro
de la relación de especial sujeción que se
presenta entre el Estado y las personas privadas de la libertad, es una condición
indispensable que se garanticen los siguientes aspectos:
(i) Información. Corresponde al establecimiento
penitenciario informarle al recluso sobre el Sistema de Oportunidades ofrecido
por el INPEC, los criterios para la evaluación, asignación y ubicación en los programas de trabajo, así como el objetivo
y funcionamiento de las fases del tratamiento penitenciario.
(ii) Oferta y asignación de los programas de trabajo dentro del
Sistema de Oportunidades. Los programas de trabajo deben organizarse bajo los conceptos de gradualidad y progresividad y la asignación atenderá a
criterios como la calidad del interno (sindicado o condenado), sus aptitudes y
capacidades, las fases del Tratamiento Penitenciario y la disponibilidad de
cupos. En la medida de lo posible, las personas privadas de la libertad deben escoger
entre las diferentes opciones existentes en su centro de reclusión.
(iii) Instrucción y
desarrollo del trabajo penitenciario: En esta fase es indispensable que el
interno reciba la capacitación y las herramientas necesarias para que pueda
desempeñar de manera efectiva una actividad productiva, se garantice su proceso
de resocialización y se le prepare para la vida en libertad.
(iv) Seguimiento, evaluación
y certificación del trabajo. Las autoridades penitenciarias y carcelarias están
obligadas a acompañar a los internos para establecer las fortalezas,
debilidades, el progreso o retroceso en el desarrollo de la resocialización. De
esta manera, pueden evaluar el trabajo y certificar el mismo con el fin de
redimir la pena.
El
aspecto de la instrucción y desarrollo, así como el relativo al seguimiento, evaluación y certificación dependen de la
modalidad del programa de trabajo en la que se encuentre la persona privada de
la libertad.
8.33.   El aspecto de información tiene como fuente la
regla 54 de las Reglas mínimas para
el tratamiento de los reclusos y el artículo 58 de la Ley 65 de 1993, que se
refieren a la garantía de las personas privadas de la libertad de recibir
información acerca de sus derechos cuando ingresan a los centros de reclusión. En
esta misma línea se encuentra el parágrafo 1 del artículo 8 de la Resolución
7302 de 2005 del INPEC, en la que se estableció el deber de los directores de
los establecimientos penitenciarios y carcelarios de organizar, divulgar y ejecutar
un sistema de oportunidades.
8.34.   Asimismo, el elemento denominado oferta y asignación de los
programas de trabajo dentro del Sistema de Oportunidades se deriva del artículo
primero de la Resolución 7302 de 2005 y los artículos 1
y 3 de la Resolución No. 003190 de 2013 que se
refieren a los principios de gradualidad y
progresividad de la atención y el tratamiento penitenciario, así como el
sistema de oportunidades.
Los contenidos de este elemento también
fueron desarrollados en los artículos 79 de la Ley 65 de 1993, 10 de la
Resolución 7302 de 2005 y el literal d) del artículo 3 de la Resolución No.
003190 de 2013 que se refieren a los criterios para la asignación del trabajo
penitenciario y a la posibilidad de los internos de escoger, en la medida de lo
posible, entre diferentes opciones
laborales en los establecimientos penitenciarios y carcelarios.
8.35.   El componente de instrucción y desarrollo del trabajo penitenciario
tiene como base el artículo 79 de la Ley 65 de 1993 en el que se establece que
los programas de trabajo y las actividades productivas ofrecidas para las
personas privadas de la libertad deben estar orientados a que los internos tengan herramientas suficientes
para aprovechar las oportunidades después de salir de la prisión. Asimismo,
este componente está ligado al artículo 2.2.1.10.4.1. del Decreto 1069 de 2015
que dispone que el INPEC “celebrará los convenios que sean necesarios para
que las personas privadas de la libertad puedan acceder a formación en
habilidades, destrezas y conocimientos técnicos para el desempeño del trabajo
penitenciario”.
8.36.   Finalmente, el aspecto de seguimiento, evaluación y certificación del trabajo está en armonía con los artículos 10 y 11 de la Resolución
7302 de 2005 del INPEC, en los cuales se establecen las fases de observación,
diagnóstico y clasificación, así como el procedimiento para el seguimiento y
cambio de fase del tratamiento penitenciario.
8.37.   En el asunto bajo revisión, el señor Rafael
Antonio León Ortiz aseguró que el trabajo al que fue asignado solo existe en
planillas pues no tiene ningún carácter laboral u ocupacional y no sabe en qué
consiste. En otra oportunidad, manifestó que no había sido asignado a otra actividad productiva. Lo anterior resulta preocupante pues, aunque el accionante
fue asignado varios programas de trabajo en el establecimiento penitenciario, de
no desarrollar efectivamente una actividad productiva no es posible garantizar su
resocialización y la redención de la pena.
Sobre este punto, la
jurisprudencia constitucional reconoce que solo el trabajo efectivamente realizado
conduce a la redención de la pena y es el parámetro que debe tomar el funcionario
judicial a la hora de determinar si aplica dicho beneficio.
8.38.   Ahora bien, existen dos tipos de relaciones de derecho
público que pueden regir el trabajo penitenciario, entre las que se encuentran
la administración directa y la administración indirecta.
8.38.1. El señor León Ortiz fue asignado al programa denominado PAPEL - CÍRCULOS DE PRODUCTIVIDAD ARTESANAL -
P.A.S.O. MEDIO, trabajo que se ajusta a la Ley 65 de 1993, así como las resoluciones 7302 de 2005 y
3190 de 2013 de las que se deriva el Sistema de Oportunidades ofrecido
por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y que es válida
para redención de pena. Sin embargo, el accionante fue autorizado para desarrollar su actividad laboral como
interno independiente, lo que implica que se encuentra dentro de la modalidad
de administración indirecta. En ese caso, el trabajo penitenciario se
realiza por cuenta del recluso, con materias primas que adquiere en los
almacenes de expendio y la administración del establecimiento controla los
procesos de producción, así como el de comercialización y puede poner a
disposición de las personas privadas de la libertad algunos recursos físicos y
alguna instrucción o capacitación laboral.
8.38.2. Contrario a lo que afirmó
el director del establecimiento penitenciario y carcelario demandado, la
modalidad que permite el trabajo de los internos de manera independiente puede
traer como consecuencia (i) la insatisfacción de las personas privadas de la
libertad frente a la productividad del
oficio asignado por la falta de acompañamiento y (ii) que no se fortalezcan
tanto sus habilidades como las destrezas necesarias para el desempeño
ocupacional y laboral intramural. De esta manera, la Sala emitirá órdenes para garantizar que las actividades
desarrolladas sean productivas y se encaminen efectivamente a la
resocialización del actor y la redención de la pena impuesta.
8.38.3. Particularmente, esta
modalidad de trabajo independiente puede originar inconvenientes para consolidar
la resocialización, en la medida en que el establecimiento decide si dispone de
espacio, maquinaria, equipo y herramientas o concede capacitación a los
internos. Lo anterior tiene que ser matizado, pues solo con la valoración y
seguimiento del proceso de cada persona privada de la libertad se podrá tomar
la decisión de apoyar o no al recluso con recursos físicos o instrucción. Ello
permitirá que se asegure efectivamente la finalidad del tratamiento
penitenciario.
8.39.   La Sala encuentra que existen medidas idóneas
para para garantizar el derecho al trabajo penitenciario del señor Rafael
Antonio León Ortiz, a saber:
8.40.   Inicialmente, se ordenará al área de atención y tratamiento penitenciario o
a la Junta de Evaluación de
Trabajo, Estudio y Enseñanza (JETEE) informarle al accionante sobre el Sistema
de Oportunidades que tienen a disposición, particularmente acerca de los
programas de trabajo que se ofrecen en el establecimiento, así como el proceso
y los criterios para la asignación de los internos en los programas. A partir
de la información suministrada, el actor tendrá claro cuáles son las
actividades laborales ofrecidas por el establecimiento penitenciario y si puede
acceder a ellas en atención a su nivel de escolaridad, fase de tratamiento, así
como los cupos existentes.
8.41.   Posteriormente, se ordenará al establecimiento
penitenciario y carcelario que, de manera motivada, le indique al señor Rafael
Antonio León Ortiz sobre la posibilidad de escoger entre los programas de
trabajo disponibles. La decisión adoptada deberá estar en consonancia con los criterios
de funcionamiento del Sistema de Oportunidades como los conceptos de
gradualidad y progresividad, las aptitudes y capacidades del accionante, la
fase del tratamiento penitenciario en la que se encuentra el interno y la disponibilidad
de cupos.
8.42.   También se ordenará que se realice seguimiento y evaluación al trabajo penitenciario para establecer
las fortaleces y debilidades, así como las decisiones necesarias para
garantizar la efectiva resocialización del señor Rafael Antonio León Ortiz.
8.43.   Finalmente, la Sala ordenará a la Procuraduría
General de la Nación que, en ejercicio de sus funciones
de vigilancia del cumplimiento de la Constitución y las decisiones judiciales, así
como la de intervención, haga seguimiento de las órdenes impartidas y disponga de todos los poderes que la
Constitución y la ley le faculten para asegurar el acatamiento de la presente sentencia.[113] En este punto, resulta imperioso que se
determine la transparencia en el proceso de elección o asignación de la
actividad de trabajo que desarrollará el actor al interior del establecimiento
penitenciario demandado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 10 de septiembre de
2019, proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Valledupar (Cesar), en tanto que concedió el amparo
del derecho fundamental de petición y ordenó al jefe del área de trabajo social
del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Valledupar (Cesar) que emitiera respuesta de fondo, clara y precisa a las peticiones
presentadas el 18 de febrero y el 29 de julio de 2019 por el señor Rafael
Antonio León Ortiz.
SEGUNDO. ADICIONAR la sentencia del
10 de septiembre de 2019, proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar (Cesar) que no se
pronunció con respecto al derecho al trabajo penitenciario dentro de la tutela
interpuesta por Rafael Antonio León Ortiz contra el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario –INPEC-, así como el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar). En consecuencia, CONCEDER el amparo del
derecho fundamental al trabajo penitenciario del accionante.
TERCERO. ORDENAR al
director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar)
que, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la presente sentencia
y a través del área de atención y
tratamiento penitenciario o la
Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza (JETEE), informe al señor
Rafael Antonio León Ortiz sobre el Sistema de Oportunidades que tienen a
disposición, particularmente acerca de los programas de trabajo que se ofrecen
en el establecimiento, así como el proceso y los criterios para la asignación
de los internos en los programas.
CUARTO. ORDENAR al
director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar) y
la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza (JETEE) que, dentro de
los 5 días siguientes al cumplimiento de la fase de información sobre el
Sistema de Oportunidades ofrecido, informe al señor Rafael Antonio León Ortiz
sobre la posibilidad de escoger entre alguno de los programas de trabajo
disponibles, de manera que:
(i)   Si no es posible que el señor Rafael Antonio
León Ortiz escoja el programa de trabajo al que desea que se le asigne, tal
como lo disponen los artículos 79 de la Ley 65 de 1993 y 110 de la Resolución
006349 de 2016), se deberá proferir una decisión motivada.
(ii)
Si se permite que el señor
Rafael Antonio León Ortiz escoja voluntariamente un programa de trabajo para
continuar su proceso de resocialización, el accionante debe ser informado acerca
de las posibilidades que tiene y el proceso será necesario que se establezca un
plazo prudencial para que el interno comunique su decisión.
La decisión adoptada
deberá estar en consonancia con los criterios de funcionamiento del Sistema de
Oportunidades como los conceptos de gradualidad y progresividad, las aptitudes
y capacidades del accionante, la fase del tratamiento penitenciario en la que
se encuentra el interno, la disponibilidad de cupos, entre otros.
QUINTO. ORDENAR al director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta
y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar) y la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza
(JETEE) que, una vez se determine el programa laboral al cual estará
asignado el señor Rafael Antonio León Ortiz, realice un acompañamiento a su
proceso de resocialización con independencia de si el trabajo penitenciario es
desarrollado en la modalidad de administración directa o indirecta. Lo anterior
para que se tenga certeza sobre las fortalezas,
debilidades, el progreso o retroceso y se tomen los correctivos a los que
hubiere lugar como apoyar al recluso con recursos físicos o instrucción,
lo que permitirá que se asegure efectivamente la finalidad del tratamiento
penitenciario y se consoliden sus
habilidades y las destrezas necesarias para el desempeño ocupacional y
laboral intramural.
SEXTO. ORDENAR a la Procuraduría
General de la Nación que, en
ejercicio de sus funciones de vigilancia del cumplimiento de la Constitución y
las decisiones judiciales, así como la de intervención, haga seguimiento de las
órdenes impartidas y disponga de todos
los poderes que la Constitución y la ley le faculten para asegurar el
acatamiento de la presente
sentencia.
SÉPTIMO. LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría General de la Corte
Constitucional–, así como DISPONER las notificaciones a las partes –a
través del juez de tutela de instancia–, previstas en el artículo 36 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES
CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Sala de Selección Número Once de 2019, integrada por la Magistrada Gloria
Stella Ortiz Delgado y el Magistrado Alejandro Linares Cantillo.
[2]
Junto con la demanda de tutela, el señor
Rafael Antonio León Ortiz presentó copias simples del diploma y el acta de
grado que lo acreditan como bachiller académico. Folios 11 y 12 del cuaderno
principal del expediente.
[3]
Junto con la demanda de tutela, el señor
Rafael Antonio León Ortiz presentó copia de la petición que interpuso el
18 de febrero de 2019 con el objeto de ingresar a un programa de trabajo en su
lugar de reclusión. El escrito cuenta con sello de recibido del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar). Folios 9 y 10 del
cuaderno principal del expediente.
[4]
Folio 2 del cuaderno principal del expediente.
[5]
Junto con la demanda de tutela, el señor
Rafael Antonio León Ortiz presentó copia de la petición que interpuso el
29 de julio de 2019 con el objeto de ingresar a un programa de trabajo en su
lugar de reclusión. El escrito cuenta con sello de recibido del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar). Folios 6-8 del cuaderno
principal del expediente.
[6]
Constitución Política. Artículo 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer
funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.
[7]
Para dar respuesta a los interrogantes se solicitó al director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar) que,
junto con su escrito contestación, aportara fotos y documentos que demostraran
que el señor Rafael Antonio León Ortiz se encuentra trabajando. Particularmente,
se indicó que era indispensable que remitiera las copias de (i) los planes y
los programas de los trabajos que se realizan (art. 80 Ley 65 de 1993) y (ii)
las certificaciones de las jornadas de trabajo del accionante que son
responsabilidad del director del establecimiento penitenciario y carcelario, de
acuerdo con el artículo 81 de la Ley 65 de 1993.
[8]
En la respuesta a los requerimientos hechos mediante el auto
del 31 de enero de 2019, el director
del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Valledupar (Cesar) anexó el oficio del 17 de septiembre de 2019, a través del
cual, la responsable de la Oficina de Atención y Tratamiento del
establecimiento penitenciario dio respuesta a las peticiones presentadas el 18
de febrero y el 29 de julio de 2019 por el señor Rafael Antonio León Ortiz. Folio 32 del cuaderno
de revisión del expediente.
[9]
Folio 32 del cuaderno de revisión del expediente.
[10]
Folio 29 del cuaderno de revisión del expediente.
[11]
Folio 29 del cuaderno de revisión del expediente.
[12]
Folio 90 del cuaderno de revisión del expediente (reverso).
[13]
Folio 90 del cuaderno de revisión del expediente.
[14]
Folios 86 y 93 (reverso) del cuaderno de revisión del
expediente.
[15]
Folios 91 y 92 del cuaderno de revisión del expediente.
[16]
Folios 94-96 del cuaderno de revisión del expediente.
[17]
Folio 87 del cuaderno de revisión del expediente.
[18]
Corte Constitucional, sentencia C-483 de 2008
(MP Rodrigo Escobar Gil).
[19]
Corte Constitucional, sentencia SU-108 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado;
SV Alberto Rojas Ríos; SVP Diana Fajardo Rivera y Cristina Pardo Schlesinger;
AV Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[20]
Decreto 2591 de 1991. Artículo 13. “Personas contra quien se dirige la acción e
intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida
en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se
tendrá por ejercida contra el superior. || Quien tuviere un
interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud”.
[21]
Corte Constitucional, sentencia T-268 de 2017 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[22]
Corte Constitucional, sentencia T-268 de 2017 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez),
en la que se analizó el requisito de legitimación en la causa por pasiva de un
establecimiento penitenciario y carcelario y se indicó lo siguiente: la acción
se interpone en contra del Centro Penitenciario y Carcelario de Ibagué -COIBA-,
quien presuntamente está desconociendo los derechos del actor, al negarse a
brindarle opciones de alimentación dietética. Como se trata de un
establecimiento que hace parte del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario,
como lo dispone el artículo 15 de la Ley 65 de 1993, se entiende que cabe
dentro del concepto de autoridad pública, frente a la cual es procedente el
ejercicio de la acción.
[23] Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1999 (MP
Vladimiro Naranjo Mesa).
[24] Corte Constitucional, sentencias T-311
de 1996 (MP José Gregorio Hernández Galindo) y SU-772 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[25]
Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2013 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[26]
Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2013 (MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez).
[27]
Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa;
SVP Mauricio González Cuervo).
[28]
Corte Constitucional, sentencia T-601 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[29]
Corte Constitucional, sentencia T-009 de 1993 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[30]
Corte Constitucional, sentencia T-121 de 1993 (MP Vladimiro
Naranjo Mesa).
[31]
Corte Constitucional, sentencias T-263 de 1997 (MP Hernando Herrera Vergara), T-1077
de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-1326 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), T-429 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez) y
T-865 de 2012 (MP Alexei Julio Estrada).
[32]
Corte Constitucional, sentencia T-718 de 1999 (MP José Gregorio Hernández
Galindo).
[33]
Corte Constitucional, sentencia T-1303 de
2005 (MP Jaime
Córdoba Triviño).
[34]
Corte Constitucional, sentencia T-488 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[35]
Corte Constitucional, sentencia T-756 de 2015 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[36]
Corte Constitucional, sentencia T-100 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[37]
Corte Constitucional, sentencia T-1190 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett).
[38]
Corte Constitucional, sentencia T-596 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón).
[39]
Corte Constitucional, sentencia T-596 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón).
[40]
Corte Constitucional, sentencia T-881
de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett).
[41]
La subordinación tiene su fundamento en la obligación especial de la persona
recluida consistente en el deber de “cumplir una medida de aseguramiento, dada
su vinculación a un proceso penal, o una pena debido a que es responsable de la
comisión de un hecho punible”. Cfr. Sentencia T-065 de 1995. O también es vista
como el resultado de la “inserción” del administrado en la organización
administrativa penitenciaria por lo cual queda “sometido a un régimen jurídico
especial”. Así en Sentencia T-705 de 1996.
[42]
Desde los primeros pronunciamientos sobre el tema, la Corte identificó la
existencia de un “régimen jurídico especial al que se encuentran sometidos los
internos”, el cual incluye la suspensión y la limitación de algunos derechos
fundamentales, en este sentido Cfr. Sentencia T-422 de 1992.
[43]
Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de implantar un régimen
disciplinario para los reclusos, así en Sentencia T-596 de 1992.
[44]
Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de implantar un régimen
especial de visitas, así en sentencia T-065 de 1995.
[45]
Sobre los tres regímenes de los derechos fundamentales de los reclusos,
según la posibilidad de la suspensión, limitación y goce pleno, ver entre otras
las sentencias T-222 de 1993, T-065 de 1995 y T-705 de 1996.
[46]
En este sentido véase la sentencia C-318 de 1995. La potestad administrativa
para limitar o restringir derechos fundamentales en el contexto de las
relaciones especiales de sujeción, “debe estar expresamente autorizada en la
ley que regule su ejercicio”, así en la sentencia T-705 de 1996.
[47]
Sobre la finalidad de la limitación a los derechos fundamentales en el
contexto de las relaciones especiales de sujeción, véase especialmente la
sentencia T-705 de 1996. Sobre su relación con la posibilidad real de la
resocialización véase la sentencia T-714 de 1996.
[48]
Entre los especiales derechos de los presos y su correlato, los deberes del
Estado, como consecuencia del establecimiento de una relación especial de
sujeción, se encuentran “el deber de trato humano y digno, del deber de
proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario, utensilios de
higiene, lugar de habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el
deber de asistencia médica, y el derecho al descanso nocturno, entre otros”,
citada de la sentencia T-596 de 1992.
[49]
Sobre los deberes especiales del Estado ver la sentencia T-966 de 2000.
[50]
Para la Corte esta garantía debe ser reforzada, ya que el recluso al estar
sometido a una relación especial de sujeción, tiene limitado su derecho a
escoger opciones y le es imposible autoabastecerse, en este sentido ver la
sentencia T-522 de 1992,  además se encuentra en un estado de “vulnerabilidad”
por lo cual la actividad del Estado en procura de la eficacia de los derechos
fundamentales debe ser activa y no solo pasiva, en este sentido ver la
sentencia T-388 de 1993, y en el mismo sentido la sentencia T-420 de 1994. Ya
que el recluso está en imposibilidad de procurarse en forma autónoma los
beneficios propios de las condiciones mínimas de una existencia digna, así en
la sentencia T-714 de 1995, o se encuentra en estado de indefensión frente a
terceros, así en la sentencia T-435 de 1997.
[51]
ONU, Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, Informe presentado al
Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/10/21, adoptado el 16 de febrero de 2009,
Cap. III: Consideraciones temáticas, párr. 46.
[52]
Corte I.D.H., Asunto María Lourdes Afiuni respecto Venezuela, Resolución del
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 10 de diciembre de
2010, Considerando 11; Corte I.D.H., Caso Bulacio Vs. Argentina. Sentencia de
18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 126.
[53]
Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las
Américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2011. Párrafos 49 y 50.
[54]
Corte Constitucional, sentencias T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz),
T-588ª de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), C-026 de 2016 (MP Luis
Guillermo Guerrero Pérez; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Alberto Rojas
Ríos; AV María Victoria Calle Correa, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria
Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva) y
C-328 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[55]
Corte Constitucional, sentencia T-714 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[56]
Corte Constitucional, sentencia T-706 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[57]
Corte Constitucional, sentencias T-020 de 2008 (MP Jaime Araújo Rentería), T-324
de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-560 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio; AV Aquiles Arrieta Gómez (e) y Alberto Rojas Ríos) y T-002 de 2018 (MP
José Fernando Reyes Cuartas; SVP Carlos Bernal Pulido).
[58]
Corte Constitucional, sentencias T-714 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz),
T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-881 de 2002 (MP Eduardo
Montealegre Lynett), T-020 de 2008 (MP Jaime Araújo Rentería), T-324 de 2011
(MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-588A de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T-323 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; AV Gloria Stella
Ortiz Delgado), C-026 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero  Pérez; SV Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub y Alberto Rojas Ríos; AV María Victoria Calle Correa,
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván
Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva) y T-002 de 2018 (MP José Fernando
Reyes Cuartas; SVP Carlos Bernal Pulido).
[59]
Adoptadas por el Primer Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en
sus resoluciones no. 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y no. 2076 (LXII) de 13
de mayo de 1977. Mediante Resolución
A/RES/70/175 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de
diciembre de 2015 se adoptó la revisión de las Reglas mínimas para el tratamiento de los
reclusos.
[60]
Corte Constitucional, sentencia T-012 de 1992 (MP José
Gregorio Hernández Galindo).
[61]
Corte Constitucional, sentencia T-012 de 1992 (MP José Gregorio Hernández
Galindo).
[62]
Corte Constitucional, sentencias C-818 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; SVP María Victoria Calle Correa, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[63]
Corte Constitucional, sentencia C-951 de 2014 (MP Martha Victoria Sáchica
Méndez; SVP María Victoria Calle Correa, Gloria Stella Ortiz Delgado y Luis
Ernesto Vargas Silva; AV María Victoria Calle Correa; Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo).
[64]
Corte Constitucional, sentencias C-818 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; SVP María Victoria Calle Correa, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
C-951 de 2014 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez; SVP María Victoria Calle
Correa, Gloria Stella Ortiz Delgado y Luis Ernesto Vargas Silva; AV María
Victoria Calle Correa; Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y C-007 de 2017 (MP
Gloria Stella Ortiz Delgado).
[65]
Corte Constitucional, sentencia T-705 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[66]
Corte Constitucional, sentencia T-705 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[67]
Corte Constitucional, sentencia T-439 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[68]
Adoptadas por el Primer Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en
sus resoluciones no. 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y no. 2076 (LXII) de 13
de mayo de 1977. Mediante Resolución
A/RES/70/175 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de
diciembre de 2015 se adoptó la revisión de las Reglas mínimas para el tratamiento de los
reclusos.
[69]
Decreto 1069 de 2015. Artículo 2.2.1.10.1.1. Trabajo
Penitenciario. El trabajo penitenciario es la actividad humana libre,
material o intelectual que, de manera personal, ejecutan al servicio de otra
persona las personas privadas de la libertad y que tiene un fin resocializador
y dignificante. Así mismo se constituye en una actividad dirigida a la
redención de pena de las personas condenadas. Las actividades laborales de las
personas privadas de la libertad podrán prestarse de manera intramural y
extramural. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, podrá
ofrecer las plazas de trabajo penitenciario directamente o mediante convenios
con personas públicas o privadas. En todo caso propiciará la existencia de
plazas suficientes para que las personas privadas de la libertad, que así lo
deseen, puedan acceder a ellas. || Parágrafo. Todas las
personas privadas de la libertad, tanto condenadas como procesadas, podrán
acceder a las plazas de trabajo penitenciario. Las personas condenadas tendrán
prioridad para acceder a estas plazas, en virtud del fin resocializador del
trabajo penitenciario.
[70]
Corte Constitucional, sentencia T-009 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz),
reiterada en las sentencias T-718 de 1999 (MP José Gregorio Hernández Galindo)
y T-429 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[71]
Corte Constitucional, sentencia T-1190 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett).
[72]
Corte Constitucional, sentencia T-601 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-009
de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-1077 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[73]
Corte Constitucional, sentencia T-121 de 1993 (MP Vladimiro Naranjo Mesa).
[74]
Corte Constitucional, sentencia T-009 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), en
la que la Sala Segunda de Revisión sostuvo que “[l]as garantías laborales
consagradas en la Constitución protegen también al preso, quien no pierde su
carácter de sujeto activo de derechos y deberes por el hecho de encontrarse
privado de la libertad. Si las normas laborales son aplicables a los reclusos
con las limitaciones del régimen carcelario, con mayor razón deben serlo las
disposiciones constitucionales”.
[75]
Corte Constitucional, sentencia C-394 de 1995 (MP Vladimiro Naranjo Mesa; SV
Alejandro Martínez Caballero).
[76]
Corte Constitucional, sentencia T-1077 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[77]
Corte Constitucional, sentencia T-1326 de
2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto). Lo expuesto en esta providencia fue
replicado en la sentencia T-865 de 2012 (MP Alexei Julio Estrada) de la
siguiente manera: “La actividad laboral desempeñada por los reclusos se
desarrolla dentro del marco de la situación especial de sujeción y
subordinación en la que se encuentran, de ahí que en principio, los vínculos
que surgen como consecuencia de las labores prestadas por los internos no
pueden equipararse a aquellos que se derivan de una relación laboral en el
sentido estricto del término. Por consiguiente, sin descartar las posibilidades
de diversas formas de relación laboral y, por lo tanto, de remuneración, el
trabajo carcelario cumple objetivo primordial de resocialización de los
reclusos”.
[78]
Corte Constitucional, sentencia T-429 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[79]
Corte Constitucional, sentencias T-1326 de
2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto). Este razonamiento fue reiterado en las
sentencias T-686 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-429 de 2010 (MP
Juan Carlos Henao Pérez) y T-865 de 2012 (MP Alexei Julio Estrada).
[80]
Corte Constitucional, sentencia T-601 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[81]
Corte Constitucional, sentencia T-1303 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño). En
la que la Sala Cuarta de Revisión indicó lo siguiente: “En virtud del papel
relevante que cumple el trabajo penitenciario en orden al logro de los fines de
la pena, en particular la resocialización, y la materialización del derecho a
la libertad, el sistema penitenciario radica en las autoridades penitenciarias
unos deberes de acción y otros de omisión respecto de éste derecho. || En
cuanto a lo primero, las mencionadas autoridades están obligadas a crear espacios
que garanticen, promuevan y hagan posible el acceso a fuentes de trabajo de
manera que se materialice el carácter imperativo del trabajo penitenciario
(art.79 de la Ley 95 de 1993). || En cuanto a lo segundo, se trata de un
derecho frente al cual las autoridades penitenciarias se deben abstener de
realizar actos vulneratorios. La protección que el propio régimen penitenciario
prodiga a este derecho de los reclusos, inhibe a las autoridades penitenciarias
para aplicar a su arbitrio y de manera discrecional mecanismos como la
cancelación de órdenes de trabajo como respuesta retaliativa a comportamientos
de los reclusos que consideren impropios. Conforme a este régimen, se trata de
un derecho que sólo puede ser restringido mediante el agotamiento previo de un
proceso disciplinario en el que se preserven todas las garantías que les son
propias. En efecto, ‘La pérdida del derecho de redención de la pena hasta por
sesenta (60) días’ constituye una de las sanciones aplicables a las faltas
graves que ocurran dentro del penal (Art. 123, Ley 65 de 1993). En su condición
de sanción, su aplicación debe estar rodeada de todas las garantías que
comporta el debido proceso disciplinario”.
[82]
Corte Constitucional, sentencia T-213 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo).
[83]
Corte Constitucional, sentencias T-581 de
2017 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez) y T-100 de 2018 (MP Gloria
Stella Ortiz Delgado).
[84]
Corte Constitucional, sentencia T-121 de 1993 (MP Vladimiro Naranjo Mesa).
[85]
Corte Constitucional, sentencia T-009 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[86]
Corte Constitucional, sentencia C-580 de 1996 (MP Antonio Barrera Carbonell).
[87]
Corte Constitucional, sentencia T-1190 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett).
[88]
Corte Constitucional, sentencia T-036 de 1994 (MP José Gregorio Hernández
Galindo).
[89]
Corte Constitucional, sentencia T-519 de 1992 (MP José Gregorio Hernández
Galindo).
[90]
Corte Constitucional, sentencia SU-540 de
2007 (MP Álvaro
Tafur Galvis; SV Humberto Antonio Sierra Porto; AV Nilson Pinilla Pinilla).
[91]
Sentencias T-184 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-808 de 2005,
T-980 de 2004, T-696 y T-436 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-288 de 2004
y T-662 de 2005, M.P. Alvaro Tafur Galvis; T-496 de 2003, M.P. Clara Inés
Vargas Hernández; T-084 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-498 de
2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[92]
Sentencias T-233 de 2006, T-1035 de 2005, T-935 y T-936 de 2002, M.P. Jaime
Araujo Rentería; T-1072 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-539 de 2003,
T-923 de 2002, T-1207 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-428 de 1998, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[93]
Sentencias T-414 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-253 y T-254
de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[94]
Ver sentencias T-373 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, en la que se
confirmó el fallo de segunda instancia por carencia actual de objeto ya que,
sostuvo la sentencia, “al respecto, esta Corporación en reiteradas ocasiones se
ha referido al hecho consumado; comprendido tal fenómeno jurídico como la
cesación de la actuación impugnada de una autoridad pública o particular, lo
que deviene en la negación de la acción impetrada pues no existe objeto
jurídico sobre el cual proveer”; T-855 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz, en la
que sencillamente se dijo “en virtud de que se está en presencia del fenómeno
jurídico del hecho consumado, la Sala estima pertinente confirmar la
providencia objeto de revisión” y T-001 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[95]
T-1020 de 2004, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-348 de 2000, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo; T-428 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[96]
Sentencia T-659 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, en la que se dijo
que dada la muerte de la accionante “resulta palmario que la acción de tutela
perdió su razón de ser y debe ser negada por sustracción de materia. En otros
términos hay carencia de objeto pues no podría esta Corte impartir la orden
requerida por el actor (SIC) a través de la solicitud en caso de concluir que
ésta era procedente.”
[97]
Corte Constitucional, sentencia T-585 de 2010 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto).
[98]
Corte Constitucional, sentencias T-481 de 2016 (MP Alberto Rojas Ríos), T-625 de 2017 (MP
Carlos Bernal Pulido), T-721 de 2017 (MP Antonio José Lizarazo Ocampo), T-106
de 2018 (MP José Fernando Reyes Cuartas), T-130 de 2018 (MP Antonio José
Lizarazo Ocampo; AV Gloria Stella Ortiz Delgado), T-149 de 2018 (MP Carlos
Bernal Pulido), T-256 de 2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger), T-379 de 2018 (MP
Alberto Rojas Ríos), T-005 de 2019 (MP Antonio José Lizarazo Ocampo) y T-168 de
2019 (MP Alberto Rojas Ríos; SV Carlos Bernal Pulido).
[99]
Corte Constitucional, sentencia SU-655 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos; SVP
Alberto Rojas Ríos; AV Carlos Bernal Pulido y Alejandro Linares Cantillo).
[100]
Corte Constitucional, sentencia T-045 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[101]
Corte Constitucional, sentencias SU-655 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos; SVP
Alberto Rojas Ríos; AV Carlos Bernal Pulido y Alejandro Linares Cantillo),
T-149 de 2018 (MP Carlos Bernal Pulido) y T-310 de 2018. (MP Carlos Bernal
Pulido).
[102]
Corte Constitucional, sentencia SU-655 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos; SVP
Alberto Rojas Ríos; AV Carlos Bernal Pulido y Alejandro Linares Cantillo).
[103]
Corte Constitucional, sentencia T-529 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa;
SV Mauricio González Cuervo).
[104]
Corte Constitucional, sentencia T-283 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[105]
Corte Constitucional, sentencia T-279 de 2017 (MP Aquiles Arrieta Gómez).
[106]
Corte Constitucional, sentencia T-439 de 2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger;
AV José Fernando Reyes Cuartas).
[107]
Folios 90-96 del cuaderno de revisión del expediente.
[108]
Ley 65 de 1993. Artículos 9 y 10.
[109]
Ley 65 de 1993. Artículo 79.
[110]
Ley 65 de 1993. Artículos 79 y 142.
[111]
Ley 65 de 1993. Artículo 34
[112]
Ley 65 de 1993. Artículo 79.
[113]
Sobre la posibilidad impartir órdenes a entidades no
vinculadas al trámite de la acción de amparo pueden consultarse, entre otros,
los autos A-193 de 2011 (MP Juan
Carlos Henao Pérez) y A-116 de 2017 (MP María Victoria Calle Correa), así como las sentencias T-469 de 2013
(MP Luis Ernesto Vargas Silva) en la que se ordenó notificar de la decisión a
la Defensoría del Pueblo para hacer seguimiento de las órdenes y T-531 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos; SVP Carlos Bernal
Pulido).