T-549-14
Sentencia T-772/10
Sentencia T-549/14
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE DERECHOS PENSIONALES-Procedencia excepcional
Para la procedencia material de la acción de tutela, cuando con
ella se intenta proteger un derecho de naturaleza pensional, la Corte
Constitucional ha exigido la acreditación de los siguientes elementos: (i) la
existencia y titularidad del derecho reclamado, (ii) un
grado importante de diligencia al momento de buscar la salvaguarda del derecho
invocado y; (iii) la afectación del mínimo vital como
consecuencia de la negación del derecho prestacional.
PENSION DE INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA,
DEGENERATIVA O CONGENITA-Fecha de estructuración de la invalidez desde el momento de la
pérdida permanente y definitiva de la capacidad laboral
En los casos
de estudio de reconocimiento de una pensión de invalidez de un afiliado que
padece una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, a quien se le ha
determinado una fecha de estructuración de invalidez en forma retroactiva, se
debe tener en cuenta los aportes realizados al sistema, hasta el momento en que
la persona pierde su capacidad laboral de forma permanente y definitiva,
entendiendo que esta coincide con la situación material de la persona.
PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA-Aplicación a la pensión de invalidez/PRINCIPIO DE LA CONDICION
MAS BENEFICIOSA EN MATERIA PENSIONAL-Jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia
Con base en la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia –Sala de Casación Laboral– se ha explicado que el principio de la
condición más beneficiosa protege los derechos de aquellas personas que tienen expectativas legítimas de
cumplimiento de un derecho a la pensión. Este tipo de protección no cobija a
aquellas personas que tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la
nueva ley puede modificarles el régimen pensional, sino a un grupo de personas,
que si bien no tienen un derecho adquirido, se ubican en una posición
intermedia habida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta,
verbigracia, haber cumplido en su integridad la densidad de semanas necesarias
que consagraba la ley derogada. Lo anterior por cuanto el beneficiario ha
cumplido alguno de los requisitos para acceder a la pensión. En materia de
pensión de invalidez, la Corte ha aplicado el principio de condición más
beneficiosa, en casos en los que ante la existencia de normas anteriores a las
vigentes, ha evidenciado que la norma precedente resulta más favorable en la
medida en que bajo el régimen derogado se cumplían con los requisitos para
acceder a aquella prestación pensional.
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION
DE INVALIDEZ-Improcedencia
por no cumplir requisito de haber cotizado al menos 50 semanas en los 3 años
anteriores a la estructuración de invalidez
DERECHO AL MINIMO VITAL Y A LA SEGURIDAD
SOCIAL-Orden a
Colpensiones reconocer y pagar pensión de invalidez
DERECHO AL MINIMO VITAL Y A LA SEGURIDAD
SOCIAL-Orden a Fondo de
Pensiones reconocer y pagar pensión de invalidez
Referencia: expedientes T-4.190.630, T-4.192.231, T-4.200.034,
T-4.207.853, T-4.208.797, T-4.214.033, T-4.223.178 y T-4.224.997 -Acumulados-.
Acciones de tutela de Nelson Consuegra Payares contra
Colpensiones y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar; Rafael
Becerra Pedraza contra Colpensiones; Luís Gonzaga Ortiz García contra
Colpensiones y otro; Libardo de Jesús Grajales Arcila contra Colpensiones;
Diego Ramírez Vásquez contra Colpensiones; Sara Elena Yépez Muñoz contra
Porvenir S.A.; Fredy Alberto Trujillo Ramírez contra Porvenir S.A.; y Melba
Isabel Tovar Cuervo contra Porvenir S.A.-.
Magistrado
Ponente:
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., veintidós (22) de julio de dos mil catorce
(2014).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por la magistrada María Victoria Calle Correa, y los magistrados Mauricio
González Cuervo y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Mediante la cual se pone fin al trámite de revisión de los siguientes fallos de tutela dictados
dentro de los procesos de la referencia:
Expediente
Fallos de tutela
T-4.190.630
Primera Instancia: Sentencia del 30 de agosto de 2013, proferida por el
Juzgado 2º Civil del Circuito de Restitución de Tierras de Cartagena.
Segunda Instancia: Sentencia del 15 de octubre de 2013, proferida por
el Tribunal del Distrito
Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras.
T-4.192.231
Primera Instancia: Sentencia del 31 de julio de 2013, proferida por el
Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla.
Segunda Instancia: Sentencia del 13 de septiembre de 2013, proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Dos de
Decisión Laboral, Sala de Decisión de Tutela.
T-4.200.034
Primera Instancia: Sentencia del 12 de agosto de 2013, proferida por
el Juzgado Veintiuno Laboral de Oralidad de Medellín.
T-4.207.853
Primera Instancia: Sentencia del 27 de septiembre de 2013, proferida
por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira.
Segunda Instancia: Sentencia del 12 de noviembre de 2013, proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia.
T-4.208.797
Primera Instancia: Sentencia del 13 de noviembre de 2013 proferida por
el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá.
Segunda Instancia: Sentencia del 21 de noviembre de 2013 proferida por
el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá D.C.-.
T-4.214.033
Primera Instancia: Sentencia del 1º de agosto de 2013 del Juzgado Diecinueve Penal Municipal con
Funciones de Conocimiento de Medellín.
Segunda Instancia: Sentencia del 18 de octubre de 2013 del Juzgado Octavo Penal del Circuito de
Medellín con Funciones de Conocimiento.
T-4.223.178
Primera Instancia: Sentencia del 9 de octubre de 2013, proferida por el
Juzgado Único de Familia de Dosquebradas (Risaralda).
Segunda Instancia: Sentencia del 21 de noviembre de 2013, proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil Familia.
T-4.224.997
Primera Instancia: Sentencia del 24 de septiembre de 2013 proferida por
el Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Bogotá D.C.-.
Segunda Instancia: Sentencia del 30 de octubre de 2013 proferida por
el Juzgado treinta y cinco Civil del Circuito de Bogotá D.C.-.
I. ANTECEDENTES
Acumulación de procesos.
Mediante auto del treinta (30) de enero de dos mil catorce
(2014), la Sala de Selección Número Uno escogió para su revisión y acumuló
entre si los expedientes T-4.190.630, T-4.192.231, T-4.200.034, T-4.207.853, T-4.208.797,
T-4.214.033, T-4.223.178 y T-4.224.997, para que fuesen fallados en una sola
sentencia, tras considerar que presentaban unidad de materia. De la misma
manera, dispuso su reparto a éste despacho.
Expediente T-4.190.630
1. De los hechos y la demanda.
El señor Nelson Consuegra Payares, de 47
años de edad, trabajó para diferentes entidades. Realizó aportes al sistema de
seguridad social en pensiones desde el  8 de enero de 1988 hasta el 2 de
noviembre de 2009, y acreditó un total de 542 semanas cotizadas al sistema.
Manifestó que el 18 de diciembre de 2008
asistió a una cita médica en la Unidad de Cirugía Oftalmológica de Boca Grande
por un fuerte dolor en sus ojos, y que el 11 de marzo de 2009, en el Hospital
local de Cartagena de Indias, fue diagnosticado en consulta externa con “retinopatía
diabética, hemorragia vítrea en ojo derecho”.
Indicó que el 29 de mayo de 2012 fue
calificado por el Instituto de Seguros Sociales[1]
quien le dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 73,50%, con fecha de
estructuración el 21 de noviembre de 2011.
Adujo que el 5 de julio de 2012 solicitó a
Colpensiones que le reconociera la pensión de invalidez. En resolución del 4 de
junio de 2013 dicha entidad le negó la prestación argumentando que no cumplía
con el requisito de fidelidad que establece el artículo 1º de la ley 860 de
2003, es decir, haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la
fecha de estructuración de la invalidez.
Señaló que agotó el recurso de apelación pero
que la entidad nunca le contestó. Finalmente, agregó que sus dos hijos menores,
junto con su compañera permanente, dependen económicamente de él, y que desde
el año 2009 no devenga salario de ninguna especie por lo que vive gracias a
préstamos y regalos de amigos y familiares.
2. Intervención de la entidad accionada.
La Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Bolívar solicitó que se le desvinculara del proceso en razón a que
el accionante nunca solicitó valoraciones o calificaciones de la pérdida de
capacidad laboral. Alegó que, al parecer, el accionante se confundió porque el
dictamen a que hace referencia fue emitido por el Instituto de Seguros Sociales
ISS, ahora Colpensiones, y no por la Junta.
Colpensiones no se pronunció pese a haber
sido notificada dentro del proceso.
3. Del fallo de primera instancia.
El Juzgado 2º Civil del Circuito de
Restitución de Tierras de Cartagena, en sentencia del 30 de agosto de 2013, negó
el amparo solicitado por considerar que el accionante no había agotado los
mecanismos ordinarios de defensa judicial. En particular, señaló que no se
interpusieron los recursos de reposición y apelación frente al dictamen y que
la vía ordinaria laboral era la idónea para amparar sus derechos.
4. Impugnación y fallo de segunda instancia.
El
accionante solicitó la revocatoria de la decisión de primera instancia por
considerar que se encuentra en una situación de debilidad manifiesta. Señaló
que había perdido completamente la visión a consecuencia de la enfermedad
degenerativa que padece, y que le impide trabajar, razón por la que se encuentra
en grave estado de desprotección, tanto él como su familia.
El Tribunal del Distrito Judicial de Cartagena, Sala
Civil Especializada en Restitución de Tierras, confirmó el fallo de primera
instancia. Argumentó que no era posible reconocer la pensión mediante acción de
tutela porque había muchos vacíos en el proceso que debían resolverse en el
correspondiente proceso ordinario laboral.
Expediente T-4.192.231
1. De los hechos y la demanda.
Al señor Rafael Becerra Pedraza, de 57 años
de edad, le fue dictaminado el día 2 de mayo de 2012, una pérdida de capacidad
laboral del 75.83% por parte del ISS –Seccional Atlántico–, con fecha de
estructuración del 20 de agosto de 2011 producto de enfermedad común. Las
patologías se diagnosticaron como crónicas y degenerativas, entre ellas,
diabetes, insuficiencia renal crónica, pies de charco, retinopatía diabética,
evisceración del ojo izquierdo, operación de corazón abierto y
revascularización de cuatro arterias.
El actor cotizó un total de 252,14 semanas
al sistema de seguridad social en pensiones. Sin embargo, señala que gran parte
de estas fueron anteriores a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993: 17
semanas que trabajó con la Gobernación del Atlántico, 95 semanas con el
Ejército Nacional y 2 años que alega le corresponden por haber prestado el
servicio militar.
El día 10 de julio de 2012 radicó solicitud
de pensión de invalidez, sobre la que hasta el momento no obtuvo respuesta. Por
lo anterior, solicitó mediante tutela el reconocimiento de la pensión de
invalidez por considerar que cumplió con los requisitos establecidos en el
artículo 6º del Decreto 758 de 1990 aprobatorio del Acuerdo 049 del mismo año[2].
2. Intervención de la entidad accionada.
La entidad accionada, pese a haber sido notificada de la admisión de la
tutela por parte del juez competente, no hizo pronunciamiento al respecto.
3. Del fallo de primera instancia.
El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de
Barranquilla en providencia del 31 de julio de 2013 resolvió no tutelar los
derechos fundamentales del accionante. Sostuvo que la petición realizada había
sido resuelta de fondo en la Resolución del 28 de mayo de 2013 emitida por la
entidad accionada, por lo que concluyó que esta había cumplido a cabalidad con
los lineamientos jurisprudenciales en materia del derecho de petición. Así las
cosas, concluyó que en el asunto de la referencia había un hecho superado.
4. Impugnación y fallo de segunda instancia.
El actor, inconforme con la decisión de
primera instancia, recurrió el anterior fallo para solicitar que se revocara la
decisión, por considerar que el juez no valoró la afectación de sus derechos
fundamentales diferentes al derecho de petición.
Señaló que no cuenta con los recursos económicos
para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia porque debe pagar
permanentes tratamientos por cada una de sus enfermedades. Explicó que dicha
situación lo ha llevado a incurrir en elevados gastos económicos, al punto de estar
al borde de la indigencia.
Reiteró que había cotizado más de 300
semanas al ISS, la Gobernación del Atlántico, el Ejército Nacional y el servicio
militar, antes de existir la ley 100 de 1993, razón por la que cuenta con
derechos adquiridos.
Por lo anterior, solicitó que se tuviera en
cuenta el principio de progresividad y no regresividad en materia laboral que
ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte y de la Corte Suprema de
Justicia.
En sentencia de segunda instancia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Dos de Decisión
Laboral, Sala de Decisión de Tutelas, se confirmó el fallo de primera
instancia. El ad quem sostuvo que el accionante no cumplió con los presupuestos
y criterios exigidos por la jurisprudencia para reclamar la pensión de
invalidez debido a que, a pesar de ser una persona en situación de
discapacidad, no era un adulto mayor de la tercera edad, no acreditó la
ineficacia del medio ordinario, ni la afectación de su derecho al mínimo vital
o el de su núcleo familiar, que demostrara la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
Agregó que la decisión de la entidad
demandada no había sido arbitraria pues le negó la prestación solicitada por no
demostrar el cumplimiento del requisito de las 50 semanas dentro de los 3 años
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.
Expediente T-4.200.034
1. De los hechos y la demanda.
Al señor Libardo de Jesús Grajales Arcila,
de 35 años de edad, le fue diagnosticado el 2 de agosto de 2010, enfermedad de
“Parkinson severo, rigidez e hipocinesia”, dolencia que le produjo
múltiples incapacidades y que le impidió volver a trabajar y seguir cotizando
al sistema de seguridad social en pensiones.
El 27 de agosto de 2012, el Instituto de Seguro
Social –ISS– determinó que el señor Grajales Arcila tenía una pérdida de
capacidad laboral del 67.85% con  fecha de estructuración de la invalidez el 17
de agosto de 2004.
El 18 de diciembre de 2012, solicitó a
Colpensiones el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, la cual le
fue negada el 8 de abril de 2013. La entidad afirmó que el actor no cumplía con
el requisito de densidad de aportes que establecía el artículo 1º de la ley 860
de 2003, en tanto no había cotizado 50 semanas en los 3 años anteriores a la
fecha de estructuración de la invalidez.
2. Intervención de la entidad accionada.
La entidad demandada, pese a haber sido
notificada de la admisión de la tutela por parte del juez competente, no hizo
pronunciamiento al respecto.
3. Del fallo de primera instancia.
El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito
de Medellín mediante fallo del 12 de agosto de 2013 decidió negar el amparo
constitucional solicitado por el accionante. Consideró que el señor Grajales
contaba con 81 semanas de cotización al ISS con anterioridad al 17 de agosto de
2004 (fecha de estructuración de su invalidez), pero que, en todo caso, no
cumplía con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 860 de 2003 que regía al
momento de su invalidez, esto es, acreditar 50 semanas dentro de los 3 años
anteriores a su invalidez.
Adicionalmente, advirtió que pese a la
aplicación del principio de la “condición más beneficiosa”, el actor
tampoco contaba con el requisito de semanas en los regímenes de la ley 100
original, ni del Decreto 758 de 1990.
Expediente T-4.207.853
1. De los hechos y la demanda.
El señor Luis Gonzaga Ortiz García, de 63
años de edad, sufre de “poliomielitis” desde los 3 años de edad, que le
ocasiona parálisis parcial de sus extremidades y en su aparato fonador, así
como trastorno visual.
Señala que a pesar de sus enfermedades,
trabajó en diferentes actividades y se afilió al fondo prosperar (actualmente
Colombia Mayor), razón por la que, desde el año 1997 hasta enero de 2012, cotizó
discontinuamente para su pensión de vejez por lo que ha alcanzado a aportar un
total de 694,29 semanas.
Debido al agravamiento de su estado de
salud, el accionante acudió al Instituto de Seguros Sociales ISS para que se le
dictaminara su pérdida de capacidad laboral. El 14 de septiembre de 2010, la entidad determinó que el demandante
contaba con un 71,20% de pérdida de capacidad laboral, con fecha de
estructuración el 23 de marzo de 1958.
Posteriormente, solicitó el reconocimiento
de la pensión de invalidez ante la misma entidad –el ISS–, quien le respondió
que no se encontraba afiliado al momento de la fecha de estructuración de su
invalidez. Incluso, sostuvo que para dicha fecha no existía el ISS.
Señaló que aportó al sistema de pensiones
154,29 semanas anteriores a la fecha de expedición del dictamen de pérdida de
capacidad laboral y que es una persona de escasos recursos económicos. Finalmente,
agregó que la pensión de invalidez sería su único sustento al no contar con
otra fuente de ingresos ni poder desarrollar ninguna actividad laboral.
2. Intervención de la entidad accionada.
Dentro del proceso se corrió traslado de la
demanda a Colpensiones, y se vinculó al Consorcio Prosperar y al Instituto de
Seguros Sociales, de los cuales solamente contestó el primero de los
vinculados.
El consorcio Colombia mayor manifestó que
su función era la de identificar y afiliar a potenciales beneficiarios del
derecho a pensiones, pero no así realizar reconocimientos pensionales porque dicha
labor era responsabilidad                                                 exclusiva
de Colpensiones. Por lo anterior, solicitó que se le desvinculara del proceso
por carecer de legitimación por pasiva.
3. Del fallo de primera instancia.
El Juzgado Quinto Civil del Circuito de
Pereira, en sentencia del 27 de septiembre de 2013, negó la tutela de la
referencia. Sostuvo que en el caso analizado, el accionante no había agotado el
trámite administrativo ante Colpensiones, sino que solamente se hizo ante el
ISS, sin tener en cuenta que la primera era la entidad encargada de resolver la
controversia del actor.
4. Impugnación y fallo de segunda instancia.
El
anterior fallo fue impugnado por el accionante por considerar que era
irrazonable y desproporcionado que el juez de primera instancia le exigiera que
agotara sus reclamos ante Colpensiones en lugar del ISS. Lo anterior, debido a
que, en todo caso, la primera entidad era la sucesora administrativa,
procedimental y procesal del ISS, razón por la que se debería entender agotado
dicho requisito.
En
segunda instancia, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira en
sentencia del 12 de noviembre de 2013, confirmó la decisión de primer grado al
considerar que la controversia expuesta por el accionante debía resolverse en
la justicia ordinaria. Sostuvo que no había un derecho cierto, y que en caso de
derechos pensionales solicitados mediante tutela, no debía existir ninguna duda
respecto al reconocimiento de los mismos.
Adicionalmente,
señaló que la tutela carecía de inmediatez pues entre la última decisión
administrativa y la instauración de la acción de tutela había trascurrido cerca
de 2 años de diferencia.
Expediente T-4.208.797
1. De los hechos y la demanda.
El ciudadano Fredy Alberto Trujillo Ramírez,
de 49 años de edad, es portador del síndrome de inmunodeficiencia humana
adquirida VIH-SIDA. Laboró para diferentes entidades y como trabajador
independiente, por lo que alcanzó a cotizar un total de 1106,28 semanas al sistema
general de seguridad social en pensiones. Adujo que del total de dichos
aportes, 462,42 semanas se realizaron en vigencia del Decreto 758 de 1990.
El 23 de abril de 2013, la aseguradora Seguros
de Vida Alfa S.A., dictaminó que el accionante tenía una pérdida de la capacidad
laboral del 58% con fecha de estructuración el 6 de julio de 2005.
Por el hecho anterior, solicitó el
reconocimiento de su pensión por invalidez a la Administradora de Fondos de
Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., quien el día 21 de junio de 2013 le negó
la prestación. La entidad argumentó que el solicitante no había acreditado el
cumplimiento del requisito de cotización de las 50 semanas dentro de los 3 años
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez establecido en el
artículo 1º de la ley 860 de 2003.
Finalmente, señaló que se encontraba
desempleado, en grave situación económica, y que estaba en riesgo su salud por
su condición médica que requiere continuo tratamiento, por lo que la negativa a
su solicitud vulnera sus derechos al mínimo vital, la salud y la dignidad
humana.
2. Intervención de la entidad accionada.
El Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir
S.A. manifestó que no había vulnerado los derechos fundamentales del accionante
toda vez que cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 39 de la
ley 100, modificada por el artículo 1º de la ley 860 de 2003. Señaló que al
revisar su base de datos evidenció que el accionante no cumplía con el
requisito de las 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la
estructuración de la invalidez, puesto que, entre el 6 de julio de 2005 (fecha
de estructuración de la invalidez) y el 6 de julio de 2002, sólo había cotizado
8,57 semanas. Adujo, finalmente, que el accionante solo podía optar por la
devolución de saldos existente en su cuenta de ahorro pensional.
3. Del fallo de primera instancia.
El Juzgado 6º Civil Municipal de Bogotá, en
fallo del 13 de noviembre de 2013, negó el amparo solicitado al considerar que el
demandante contaba con otros mecanismos de defensa para proteger sus derechos,
y que la norma invocada perdió su vigencia. Sobre el tema, advirtió que el
accionante debía recurrir a la justicia ordinaria laboral para reclamar la
prestación pensional solicitada.
Agregó
que no había vulneración de derechos toda vez que la entidad accionada había
requerido al accionante para que iniciara los trámites para la devolución de
saldos a la que él tenía derecho, sin embargo, éste no había adelantado los
trámites administrativos correspondientes.
4. Impugnación y sentencia de segunda instancia.
Inconforme
con la decisión de primera instancia, el accionante solicitó la revocatoria de la
misma, para lo cual reiteró que tenía derecho a la pensión de invalidez toda
vez que cumplía con todos los requisitos para acceder a ésta, y que era un
sujeto de especial protección constitucional.
El
Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá, en fallo del 21 de noviembre de 2013,
confirmó la decisión de primera instancia por encontrar que la acción de tutela
era improcedente al no corresponder a ninguna de las excepciones establecidas
en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. Igualmente, señaló que el
accionante contaba con las acciones laborales correspondientes ante la justicia
ordinaria. Lo anterior, debido a que la controversia sobre la aplicación o no
de la norma vigente para el reconocimiento de la prestación solicitada debía ser
resuelta por el juez laboral competente.
Expediente T-4.214.033
1. De los hechos y la demanda.
La
señora Sara Elena Yépez Muñoz, de 42 años de edad, es madre cabeza de un hogar
conformado por sus 2 hijos, su madre, y su hermano en situación de
discapacidad.
Manifestó
que el 17 de abril de 2010 sufrió una caída al bajarse de un bus que le provocó
la fractura del cuarto y quinto metacarpiano de su mano derecha. Por lo
anterior, inició proceso para que se le calificara la pérdida de su capacidad
laboral, producto del accidente de origen común que sufrió.
Con
base en lo anterior, la empresa Seguros Alfa S.A., el día 9 de noviembre
de 2011, dictaminó que la accionante tenía una pérdida de capacidad laboral del
36.01% por accidente de origen común y con fecha de estructuración 26 de
octubre de 2011.
La
actora, inconforme con el concepto señalado, impugnó la decisión ante la Junta
Regional de Calificación de Antioquia, quien, en dictamen del 11 de mayo de
2012, estableció que padecía de “síndrome doloroso regional complejo - Algoneurodistrofia”
con una pérdida de la capacidad laboral del 52.70%, y con fecha de
estructuración el 26 de octubre de 2011 de origen común, producto del accidente
sufrido.
Posteriormente,
Seguros de Vida Alfa S.A. apeló dicha decisión ante la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez quien, en dictamen el 24 de octubre de 2012, modificó
la decisión de la Junta Regional de Antioquia. En el nuevo dictamen, la Junta determinó
que la accionante tenía una pérdida de capacidad laboral del 50,94% de origen
común por accidente; sin embargo, conservó la misma fecha de estructuración (26
de octubre de 2011).
Concluido
el trámite anterior, la actora solicitó ante el Fondo de Pensiones y Cesantías
Porvenir S.A. el reconocimiento de la pensión de invalidez. El 11 de julio de
2013, la entidad señalada le negó la prestación económica bajo el argumento de que
no cumplía con el requisito de las 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años
anteriores a la estructuración de la invalidez. Adujo que en su caso debía contarse
el referido tiempo de cotización durante los últimos 3 años anteriores a la
fecha del accidente sufrido, según dispone el artículo 1º de la Ley 860 de
2003.
Afirmó
que su historia pensional evidenciaba que trabajó para diferentes empresas de
forma discontinua, desde el 2 de junio de 2010, hasta el 01 de febrero de 2012,
alcanzando un total de 68.43 semanas. Alegó igualmente que la entidad está
vulnerando sus derechos fundamentales a la seguridad social y a la pensión
porque no tiene en cuenta que el requisito de 50 semanas debe computarse a
partir de la fecha de estructuración de invalidez y no así de la fecha del
accidente que sufrió.
2. Intervención de la entidad accionada.
2.1 De la AFP Porvenir S.A.
La entidad accionada respondió la acción de
tutela con el fin de que se negara el amparo solicitado. Adujo que la
accionante no cumplía el requisito de cobertura de cotizaciones pues no había aportado
las 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la estructuración de
su invalidez como dispone el artículo 1º de la ley 860 de 2003.
Adicionalmente, cuestionó la fecha de
estructuración establecida en el dictamen correspondiente, la que, en su
criterio, correspondía a una fecha anterior a la fijada. Agregó que lo procedente
en el caso de la accionante era la devolución de saldos establecida en el
artículo 72 de la ley 100 de 1993.
2.2 De seguros de Vida Alfa S.A.
La empresa Seguros Alfa S.A.,
vinculada al proceso, señaló que en el caso de la referencia, la demandante no cumplía
los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, razón por la que se debía
negar la tutela. Lo anterior, bajo el argumento que el artículo 1º de la ley
860 de 2003 prescribía la obligación de haber cotizado 50 semanas dentro de los
3 años anteriores a la fecha de la invalidez.
3. Del fallo de primera instancia.
El Juzgado 19 Penal Municipal con Funciones
de Conocimiento de Medellín amparó los derechos de la accionante por considerar
que la negativa de la entidad accionada a acceder al reconocimiento de la
pensión de invalidez constituía una clara vulneración de sus derechos fundamentales.
Señaló que la tutela no era improcedente porque el mecanismo ordinario no era
el apropiado para garantizar de forma oportuna y eficiente los derechos de la
actora dadas las graves condiciones de desprotección en las que ésta se
encontraba.
Sostuvo que, a la luz de los requisitos
expuestos por la jurisprudencia constitucional, se debía exceptuar por
inconstitucional el artículo 1º de la ley 860 de 2003. También sostuvo que a la
fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral de la accionante ésta
contaba con 68,43 semanas de cotización al sistema de pensiones.
Por lo anterior, concedió el amparo
solicitado y ordenó a la entidad accionada que, en el término de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo, reconociera la pensión de invalidez
solicitada por la accionante.
4. Impugnación y fallo de segunda instancia.
Porvenir
S.A. impugnó el fallo de primera instancia para solicitar la revocatoria del
mismo argumentando la improcedencia de la acción de tutela en este tipo de
casos. Adujo además, que se incurría en una vía de hecho pues no se cumplía con
los requisitos establecidos en el artículo 1º de la ley 860 de 2003.
En
segunda instancia, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín con
Funciones de Conocimiento revocó la decisión de primera instancia por considerar
que el amparo era improcedente. Señaló que la accionante debía acudir al
proceso ordinario laboral para ventilar las controversias suscitadas entre las
partes.
Expediente T-4.223.178
1. De los hechos y la demanda
El señor Diego Ramírez Vásquez, de 54 años
de edad, trabajó de forma discontinua para varias empresas desde el 26 de
noviembre de 1980, momento desde el que registró aportes pensionales, hasta el
año 2006.
El actor padeció varias enfermedades que le
impidieron seguir cotizando al sistema de pensiones. Sin embargo, llegó a sumar
un total de 1179 semanas. Dentro de sus padecimientos, el actor fue operado del
corazón para cambiar sus válvulas mitral y aórtica, fue igualmente operado del
brazo izquierdo, y, adicionalmente, su visión sufrió una merma considerable al
punto de imposibilitar sus actividades diarias.
Debido al progresivo deterioro de su estado
de salud, el 23 de febrero de 2012, fue calificado por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Risaralda, quien determinó que padecía una pérdida
de capacidad laboral del 57.33% con fecha de estructuración del 17 de mayo de
2011. Frente a este hecho alegó que la Junta obvió que venía presentando una
disminución en su capacidad de trabajo, anterior a la fecha de estructuración
dictaminada, específicamente desde el año 2004.
El actor elevó solicitud de reconocimiento
de la pensión de invalidez a Colpensiones quien se la negó en razón a que no
reunía el requisito de cotizaciones exigido por la ley 860 de 2003, esto es,
haber aportado 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la
fecha de estructuración de la enfermedad.
Señaló que al 1º de abril de 1994 tenía más
de 500 semanas cotizadas al Sistema de Seguridad Social en Pensiones,
específicamente 623, y que, en toda su vida laboral, acumulaba un total de 1179
semanas, lo que aseguraba el sostenimiento de una pensión de vejez.
Finalmente, agregó que era padre de un
menor que sufre graves quebrantos de salud en tanto padece “hiperplasia
suprarrenal congénita” por lo que requiere ser tratado de manera continua
con medicamentos que él debe costear.
2. Intervención de la entidad accionada.
La entidad demandada, pese a haber sido
notificada de la admisión de la tutela por parte del juez competente, no hizo
pronunciamiento al respecto.
3. Del fallo de primera instancia
En fallo del 9 de octubre de 2013, el
Juzgado Único de Familia de Dosquebradas negó el amparo solicitado. El despacho
referido argumentó que la tutela tenía una naturaleza subsidiaria y residual,
razón por la que no podía reemplazar los mecanismos ordinarios de defensa
judicial. Adujo, además, que la entidad demandada había demostrado el incumplimiento
de los requisitos legales para negar la prestación reclamada, lo que sumado al
no agotamiento de los medios ordinarios, conllevaba a la improcedencia del amparo
pues no se había evidenciado la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
4. Impugnación y fallo de segunda instancia.
Inconforme
con la anterior decisión, el accionante impugnó la decisión de primera
instancia. En su escrito de sustentación reiteró los argumentos expuestos en la
demanda, y alegó, además, que se estaba ante la ocurrencia de un perjuicio
irremediable en tanto estaba de por medio la vida y salud de un menor de edad. Resaltó,
igualmente, que su discapacidad le implicaba un estado de necesidad de
asistencia médica.
En
fallo de segunda instancia del 21 de noviembre de 2013, el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil Familia, confirmó la decisión del a
quo. En su fallo, el Tribunal estimó que el asunto puesto a su consideración
se refería a una cuestión de carácter legal que no encajaba dentro de los casos
excepcionales que había establecido la jurisprudencia para el reconocimiento de
prestaciones laborales mediante tutela. En este sentido, sostuvo que los actos
administrativos que negaron la pensión estaban ajustados a la ley y la
jurisprudencia que regulaban la materia.
Expediente T-4.224.997
1. De los hechos y la demanda
La señora Melba Isabel Tovar Cuervo, de 49
años de edad, quien padece un “tumor carcinoide metastásico en el hígado”
y una insuficiencia cardiaca, trabajó para diferentes entidades del sector
privado desde enero de 1997 hasta noviembre de 2011. Es madre de un joven que
padece trastornos psiquiátricos por lo que se ve obligada a velar por su
seguridad y sufragar sus gastos en salud.
La aseguradora de vida ALFA S.A.
emitió dictamen médico que determinó que la actora tenía un 62,90% de pérdida
de capacidad laboral, con fecha de estructuración el 20 de abril de 2009,
producto de su enfermedad de origen común. Inconforme con el concepto técnico,
la accionante apeló dicho concepto ante la Junta Regional de Calificación de
Invalidez.
El día 14 de octubre de 2010, la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, determinó que la actora tenía
una pérdida de la capacidad laboral de un 64,10%, con fecha de estructuración
del 9 de agosto de 2008. Contra dicho dictamen no se presentó recurso alguno.
Con base en el anterior dictamen médico, solicitó
el reconocimiento de la pensión de invalidez a la AFP Porvenir S.A.-. Dicha
entidad le respondió mediante comunicaciones de 26 de diciembre de 2012 y de 31
de julio de 2013, señalándole que no cumplía con los requisitos de fidelidad y
semanas cotizadas al sistema (50 semanas en los últimos 3 años a la invalidez),
razón por la que no era posible reconocer la pensión de invalidez solicitada.
La accionante afirmó contar con más de 245
semanas, de las cuales ninguna se realizó dentro de los 3 últimos años
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Señaló, por demás, que
cuenta con 291.42 semanas cotizadas después de la fecha dictaminada.
Afirmó que no cuenta con recursos
económicos y que debe sufragar gran parte de los gastos del cáncer que padece,
enfermedad de alto costo. Además de lo anterior, sostuvo que es responsable del
cuidado de su hijo Raúl Hernando García, quien padece una enfermedad psiquiátrica.
2. Intervención de la entidad accionada
Porvenir S.A. contestó la tutela para
solicitar que se denegara el amparo solicitado en razón a que no se cumplía con
el requisito de haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 últimos años anteriores
a la estructuración de la invalidez. Afirmó que la respuesta a las solicitudes de
la accionante fue oportuna, y que le señaló expresamente que lo procedente en
su caso era la devolución de saldos establecida en el artículo 72 de la ley 100
de 1993.
3. Del fallo de primera instancia
El Juzgado 23 Civil Municipal de Bogotá
D.C. negó el amparo solicitado por considerar que la accionante contaba con
otros medios de defensa judicial para obtener la pensión solicitada. Así las
cosas, consideró que no resultaba procedente la acción de tutela porque no se
cumplía el principio de subsidiaridad al existir la acción ordinaria ante los
jueces laborales.
4. Impugnación y fallo de segunda instancia.
El
accionante impugnó la decisión anterior argumentando que el juez no había
analizado de fondo las pruebas documentales que se habían aportado con la
tutela. Señaló que tampoco se había realizado el correspondiente análisis de la
normatividad que regía la materia, ni de la jurisprudencia aplicable al tema. Finalmente,
adujo que el porcentaje de invalidez que le fue calificado es muestra de su
situación de padecimiento por lo que se evidenciaba la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.
En decisión del 30 de octubre de 2013, el
Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá D.C. confirmó la decisión de primera
instancia. Esta autoridad judicial aseveró que a pesar de la posible ocurrencia
de un perjuicio irremediable, lo cierto era que el accionante no cumplía con
los requisitos exigidos en el artículo 1º de la ley 860 de 2003 para acceder a
la pensión de invalidez. De manera que, al no haber cotizado las 50 semanas
dentro de los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez, lo que
resultaba procedente era la devolución de saldos prevista en el artículo 72 de
la ley 100 de 1993.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia.
Esta
Corte es competente para conocer de los fallos materia de revisión, de
conformidad con lo determinado en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución
Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso y problema
jurídico.
2.1 La Sala examina los casos antecedentes,
en los que las entidades accionadas negaron la petición de los accionantes respecto
del reconocimiento de la pensión de invalidez. En todos los asuntos las
entidades argumentaron que los accionantes no cumplían con el requisito
establecido en el artículo 1º de la ley 860 de 2003, según el cual, debían
haber aportado por lo menos 50 semanas de cotización dentro de los 3 años
anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez.
2.2 En consecuencia, en los asunto puestos
a consideración en sede de revisión, el problema jurídico que debe resolver la Corte
se ciñe a establecer si se vulneraron los derechos fundamentales de los
demandantes por parte de las entidades accionadas (Colpensiones y Porvenir
S.A.), al negarles el reconocimiento de la pensión de invalidez, por, supuestamente,
incumplir el requisito de cotización de las 50 semanas al sistema pensional dentro
de los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de su
invalidez.
2.3 En algunos de los casos los accionantes
padecen enfermedades que la jurisprudencia constitucional ha catalogado como
crónicas, degenerativas o congénitas, y, por ello, la fecha dictaminada como de
estructuración de su invalidez puede no corresponder con la fecha real en la
que los accionantes perdieron definitivamente su capacidad para seguir
laborando.
Por su parte, otro grupo de procesos,
corresponde a situaciones en las que los accionantes efectivamente no hicieron
cotizaciones dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de su
invalidez, pero que, pese a ello, han realizado cotizaciones al sistema
pensional desde varios años atrás, por lo que pudieron haber cumplido los
requisitos para acceder a la pensión de invalidez bajo la vigencia de regímenes
pensionales anteriores.
2.4 En este sentido, la Sala estima que se
deberá establecer si la decisión de las entidades accionadas es acertada
teniendo en cuenta que en los casos: (i) varios de los accionantes padecen
una enfermedad catastrófica o crónica, degenerativa o congénita (ii) que
a pesar de su enfermedad, conservaron su capacidad laboral y continuaron
aportando al Sistema pensional hasta la fecha del dictamen de calificación de
pérdida de la capacidad laboral, y (iii) que la fecha de estructuración
de la invalidez se fijó en forma retroactiva. Adicionalmente, (iv) se debe
tener en cuenta que en varios de los casos, los demandantes pueden haber
cumplido requisitos para acceder la pensión de invalidez en un régimen anterior
a la ley 100 de 1993.
2.5 Para resolver la problemática jurídica
señalada, la Sala reiterará los siguientes aspectos tratados en la
jurisprudencia de la Corte: (i) la procedencia excepcional de la acción
de tutela para el reconocimiento de la pensión de invalidez; (ii) las
reglas respecto al derecho a la pensión de invalidez en casos de enfermedades
crónicas, degenerativas o congénitas, en donde debe determinarse la fecha real
o material de estructuración de la pérdida de capacidad laboral; adicionalmente,
(iii) se reiterará la jurisprudencia en relación con la figura de la
condición más beneficiosa, en lo que respecta al cumplimiento de requisitos
pensionales bajo regímenes pensionales anteriores a la ley 100 de 1993.
Con las anteriores reglas jurisprudenciales
que constituyen el marco jurídico-decisional aplicable a los casos en examen,
se analizarán las situaciones concretas de cada uno de los expedientes que se
revisan en esta oportunidad.
3. Procedencia de la acción de tutela para
el amparo de derechos
pensionales. Reiteración de jurisprudencia.
3.1. La Corte ha señalado de manera
reiterada que, por regla general, la tutela no procede para ordenar el
reconocimiento de pensiones. Generalmente, para estos propósitos, existen
medios ordinarios idóneos para resolver dichas pretensiones. Para esta Corporación,
dado el carácter excepcional de este mecanismo constitucional de protección de
los derechos, la acción de tutela no puede desplazar ni sustituir los
mecanismos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.[3] Sin embargo, también se
ha precisado que excepcionalmente la acción de tutela procede para salvaguardar
bienes cuya inmediata protección resulta necesaria, siempre y cuando los medios
ordinarios de defensa judicial resulten insuficientes para la defensa de los
intereses perseguidos.[4]
3.2 En particular, la Corte ha establecido
dos subreglas para el reconocimiento de derechos pensionales a través de
la acción de tutela. En primer lugar, si la tutela se presenta como mecanismo
principal, para ello es preciso examinar que no exista otro medio judicial. Si
no existe otro medio, o aún si existe pero éste no resulta idóneo en el caso
concreto, la tutela procede como mecanismo principal de amparo de los derechos
fundamentales. En este tipo de casos, de existencia del otro medio de defensa
judicial, la jurisprudencia constitucional ha señalado que no es obligatorio
iniciar el proceso ordinario antes de acudir a la acción de tutela, basta que
dicha posibilidad esté abierta al interponer la demanda de amparo, pues si el
accionante ha dejado vencer la oportunidad para iniciar el trámite del proceso
ordinario, la tutela no procede como mecanismo transitorio.[5]
En segundo lugar, la tutela se puede interponer
como mecanismo transitorio, habida cuenta de la existencia de un medio judicial
ordinario idóneo. En esta hipótesis es preciso demostrar que la acción
constitucional es necesaria para evitar un perjuicio irremediable. Este, se
caracteriza, según la jurisprudencia: (i) por ser inminente, es
decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii)
por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el
haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las
medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes;
y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de
garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad.
3.3 En sentencia T-112 de 2011[6] esta Corte señaló que el
juez debe examinar la situación fáctica de cada caso en concreto, además de las
situaciones especiales en que se encuentre la persona que reclama el amparo
constitucional, ya que si se trata de sujetos de especial protección
constitucional o de personas que se encuentren en condiciones de debilidad
manifiesta, el análisis de procedibilidad se flexibiliza haciéndose menos
exigente.[7]
3.4 Finalmente, debe repararse en que, para
la procedencia material de la acción de tutela, cuando con ella se intenta
proteger un derecho de naturaleza pensional, la Corte Constitucional ha exigido
la acreditación de los siguientes elementos: (i) la existencia y
titularidad del derecho reclamado, (ii) un grado importante de
diligencia al momento de buscar la salvaguarda del derecho invocado[8]
y; (iii) la afectación del mínimo vital como consecuencia de la negación
del derecho prestacional[9].
4. El derecho a la pensión de invalidez en casos de
enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas. Determinación de la fecha de
estructuración de la pérdida de capacidad laboral. Reiteración jurisprudencial.[10]
Esta Corte ha reconocido en múltiples pronunciamientos,
la condición especial de las personas que sufren enfermedades crónicas
degenerativas o congénitas, en relación con su derecho a la pensión de
invalidez.[11]
En particular, la Corte ha precisado que existe un problema en la determinación
real o material de la pérdida de capacidad laboral de las personas que sufren
este tipo de enfermedades, pues para acceder a tal pensión se exige como
requisito esencial que la persona esté calificada con pérdida definitiva y
permanente respecto a su capacidad para laborar.
4.1 En este sentido el régimen legal para acceder a la
pensión de invalidez se encuentra prescrito en el artículo 1° de la Ley 860 de
2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993. La norma dispone que
tendrá derecho a la pensión de invalidez la persona que sea declarada inválida,
por enfermedad o por accidente, y que “haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los
últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.”[12]
La disposición citada establece como supuesto fáctico
que los 3 años anteriores para completar las 50 semanas requeridas se cuentan a
partir de la fecha de estructuración de la invalidez, es decir, el momento a
partir del cual la persona ha perdido la capacidad de laborar en tal grado, que
le es imposible seguir cotizando al sistema pensional. La determinación de
cuándo se tiene una pérdida de capacidad relevante para efectos pensionales, se
establece a través del dictamen médico que realizan las entidades señaladas por
la ley como competentes para el tema.[13]
En el caso de enfermedades o accidentes tanto de
origen común como laboral, que conducen a una pérdida de capacidad permanente y
definitiva, generalmente la fecha de estructuración de la invalidez coincide
con la fecha de la ocurrencia del hecho establecido en los dictámenes de
calificación médica. Sin embargo, existen casos en los que la fecha de la
pérdida de capacidad es diferente a la fecha de estructuración indicada en el
dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral.
Esta última situación es la que se presenta respecto a
las personas con pérdida de capacidad laboral de forma paulatina y progresiva. Frente
a estos casos esta Corporación ha evidenciado que las calificaciones de
invalidez realizadas por las juntas u organismos competentes para elaborar
estas experticias, se determinan generalmente con base en la fecha en la que se
presentó el primer síntoma de la enfermedad, o en aquella que señala la
historia clínica como de diagnóstico de la enfermedad. Empero, en este tipo de
enfermedades dichas calificaciones no corresponden de manera cierta al momento
en el que la persona pierde la capacidad laboral de manera permanente y
definitiva, tal y como lo exige la normatividad que regula la pensión de
invalidez.[14]
En consecuencia, se genera una desprotección constitucional y legal de las
personas con invalidez en tanto la fecha en la que se dictamina la
estructuración de su pérdida de capacidad laboral no corresponde con el momento
real en el que estas no pueden seguir trabajando.[15]
4.2 Así las cosas, esta Corte ha reconocido en
múltiples pronunciamientos, la especial protección que requieren las personas
que sufren enfermedades crónicas degenerativas o congénitas, respecto de las
cuales la imprecisión en la fecha de estructuración de su pérdida de capacidad
laboral, afecta su derecho a la pensión de invalidez.[16]
En
estas situaciones, como la enfermedad tiene efectos paulatinos y progresivos,
la persona puede seguir con su actividad laboral con relativa normalidad, hasta
que, por su situación de salud, le resulta imposible seguir laborando y en
consecuencia continuar cotizando al sistema de seguridad social. De esta
manera, la situación de la pérdida de la capacidad laboral se torna
fundamental, en tanto la persona adquiere derecho a la pensión de invalidez en
razón a su imposibilidad para seguir trabajando y cotizando al sistema
pensional, evento en el cual, las Juntas de Calificación de Invalidez –y los
demás organismos autorizados por la ley–, al realizar un estudio técnico crean
la ficción de situar el momento a partir del cual se considera que una persona
no puede seguir laborando.
El
problema iusfundamental relevante surge cuando el dictamen técnico
elaborado por la entidad competente, no corresponde a la situación médica real
de la persona. Esta situación se presenta cuando la tarea de experticia técnica
que corresponde a las Juntas de Calificación de Invalidez o a las demás entidades
que señala la ley, establecen una fecha de estructuración en una etapa de la
enfermedad en la que la persona sigue siendo un trabajador productivo y
funcional y por tanto sigue aportando al sistema. Tal evento cobija a las
personas que sufren enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas.[17]
4.3 Frente a la
situación de las personas que sufren enfermedades crónicas, degenerativos o
congénitas, la Corte ha venido delineando y ampliando la protección de sus
derechos en particular en razón de la falencia que existe para determinar con
certeza la pérdida real o material de su capacidad laboral. Al respecto, esta Corporación en la
sentencia T-699A de 2007,[18]
de la Sala Cuarta de Revisión, a propósito del caso de una persona
enferma de VIH-SIDA, señaló
(…) es posible que, en razón del carácter
progresivo y degenerativo de la enfermedad, pueden darse casos, como el
presente, en los que, no obstante que de manera retroactiva se fije una
determinada fecha de estructuración de la invalidez, la persona haya conservado
capacidades funcionales, y, de hecho, haya continuado con su vinculación
laboral y realizado los correspondientes aportes al sistema de seguridad social
hasta el momento en el que se le practicó el examen de calificación de la
invalidez. Así pues, el hecho de que la estructuración sea fijada en una fecha
anterior al momento en que se pudo verificar la condición de inválido por medio
de la calificación de la junta, puede conllevar a que el solicitante de la
pensión acumule cotizaciones durante un periodo posterior a la fecha en la que,
según los dictámenes médicos, se había estructurado la invalidez, y durante el
cual se contaba con las capacidades físicas para continuar trabajando y no
existía un dictamen en el que constara la condición de invalidez.
En consecuencia, se presenta una dificultad
en la contabilización de las semanas de cotización necesarias para acceder a la
pensión, toda vez que, si bien la ley señala que tal requisito debe verificarse
a la fecha de estructuración, en atención a las condiciones especiales de esta
enfermedad, puede ocurrir que, no obstante que haya algunas manifestaciones
clínicas, el portador esté en la capacidad de continuar trabajando, y de hecho
siga realizando los aportes al sistema por un largo periodo, y, solo tiempo
después, ante el progreso de la enfermedad y la gravedad del estado de salud,
se vea en la necesidad de solicitar la pensión de invalidez, por lo que al
someterse a la calificación de la junta se certifica el estado de invalidez y
se fija una fecha de estructuración hacia atrás. Así las cosas, no resulta
consecuente que el sistema se beneficie de los aportes hechos con posterioridad
a la estructuración para, luego, no tener en cuenta este periodo al momento de
verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el reconocimiento de
la pensión.
En esta misma línea argumentativa, en un caso de
similares condiciones fácticas, en la sentencia T-710 de 2009,[19]
la Sala Primera de Revisión
sostuvo que:
(…) a pesar del carácter progresivo y
degenerativo de la enfermedad que padece el señor (…), se advierte que
éste pudo conservar sus capacidades funcionales y continuó trabajando y
aportando al sistema de seguridad social por dos años y cuatro meses después de
la fecha señalada como de estructuración de la invalidez, bajo la vigencia de
la Ley 860 de 2003. Lo anterior demuestra que a pesar de las manifestaciones
clínicas del actor, éste se mantuvo activo laboralmente, cotizando a la
seguridad social y solo ante el progreso de la enfermedad, se vio en la
necesidad de solicitar la pensión de invalidez y de someterse a la calificación
de su pérdida de capacidad laboral. Y fue en este momento, 11 de octubre de
2006, cuando el fondo de pensiones fija una fecha de estructuración anterior,
de la que desprende el no reconocimiento de pensión de invalidez solicitada.[20]
Posteriormente, esta Corte, además de reiterar estos
planteamientos que inicialmente se habían sentado en los casos de personas
afectadas por VIH-SIDA, decidió ampliar el precedente al estudiar el caso de
una persona afectada por una insuficiencia renal crónica terminal. En efecto,
en la Sentencia T-163 de 2011, la Sala Primera de Revisión señaló que:
(…) cuando se trata de accidentes o de
situaciones de salud que generan la pérdida de capacidad de manera inmediata,
la fecha de estructuración de la invalidez coincide con la fecha de la
ocurrencia del hecho; sin embargo, existen casos en los que la fecha en que
efectivamente una persona está en incapacidad para trabajar, es diferente a la
fecha que indica el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral.
Lo anterior se presenta, generalmente, cuando se padecen enfermedades crónicas,
degenerativas o congénitas, en donde la pérdida de capacidad laboral es
paulatina. Frente a este tipo de situaciones, la Corte ha evidenciado que las
Juntas de Calificación de Invalidez establecen como fecha de estructuración de
la invalidez aquella en que aparece el primer síntoma de la enfermedad, o la
que se señala en la historia clínica como el momento en que se diagnosticó la
enfermedad, a pesar de que en ese momento, no se haya presentado una pérdida de
capacidad laboral permanente y definitiva -Decreto 917 de 1999-.[21]
Esta situación genera una desprotección constitucional y legal de las personas
con invalidez.
En estos eventos, por tratarse de
enfermedades cuyas manifestaciones empeoran con el tiempo, la persona puede
continuar su vida laboral con relativa normalidad, hasta el momento en que por
su condición de salud le es imposible continuar cotizando al Sistema. Así,
aunque legalmente una persona adquiere el derecho a la pensión de invalidez
cuando pierde la capacidad para continuar trabajando, las Juntas de
Calificación de Invalidez crean la ficción de situar el momento a partir del
cual se considera que una persona no podrá seguir trabajando, en una etapa de
la enfermedad en la que la persona sigue siendo un trabajador productivo y
funcional, y puede aportar al sistema.
Posteriormente, el precedente constitucional fue
reiterado por la sentencia T-671 de 2011, en un asunto en el que se discutía el
reconocimiento de una pensión de invalidez de una afiliada de la tercera edad
que sufría de “diabetes miellitus tipo 2, varicoso G iv recidivivante y
artrosis bilateral de hombro”. Señaló la Corte en dicho caso que se desconoció
el derecho a la seguridad social de la accionante, ya que al resolver la
petición pensional “se tomó como fecha de estructuración de la invalidez
el momento en que se manifestó por primera vez la enfermedad de la agenciada”,
ignorando que la demandante había realizado cotizaciones al sistema después de
esa fecha. Por tal razón, la Sala tomó “el 27 de febrero de 2007 como
fecha de estructuración de la invalidez, dado que este fue el día en que el
galeno de medicina laboral del ISS la determinó,” en consecuencia, concedió
la tutela por encontrar que se cumplían los requisitos de cotización exigidos
por la normatividad (artículo 1° de la ley 860 de 2003) para acceder a la
pensión de invalidez.
En la sentencia T-885 de 2011, al estudiar nuevamente un
caso de una persona con VIH-SIDA, la Corte reiteró la regla jurisprudencial
sentada en la sentencia T-163 de 2011, según la cual la fecha de estructuración
registrada en el dictamen de calificación de la pérdida de capacidad laboral,
no representaba “el momento en que el peticionario perdió su capacidad
laboral en forma permanente y definitiva, como lo establece el artículo 3° del
Decreto 917 de 1999, porque el actor estuvo laboralmente activo hasta el año
2009. Es la fecha de la calificación de la invalidez, como se desprende de las
consideraciones expuestas, la que se debe tener en cuenta, dadas las especiales
condiciones de salud del actor, y el hecho de que continuó aportando al
Sistema, alcanzando a cotizar un total de 147 semanas, a pesar de los síntomas
de su enfermedad VIH.” En consecuencia la Sala concedió la tutela de los
derechos y ordenó el reconocimiento de la pensión de invalidez, al comprobar
que el accionante reunía las semanas necesarias para satisfacer el requisito de
cotización, siempre y cuando se tomaran en cuenta los aportes efectuados con
posterioridad a la fecha de estructuración fijada por la junta de calificación,
hasta el día en que se profirió el dictamen.
4.4 De tal manera que, al realizar un estudio de esta
línea jurisprudencial y evidenciar los problemas que se han generado respecto a
la fecha de estructuración de la invalidez, en los casos de enfermedades
crónicas, degenerativas o congénitas de deterioro progresivo, encuentra la Sala
que:
(i)
La Corte Constitucional ha evidenciado que existe un problema en la
calificación técnica de la pérdida de la capacidad laboral de las personas con
enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, en tanto los órganos
encargados de determinarla, en algunos casos, no coinciden en su experticia con
el momento de merma permanente y definitiva, sino que establecen como
momento de estructuración de la invalidez un instante que no corresponde con
certeza a la realidad médica y laboral de las personas evaluadas.[22]
(ii)
La incertidumbre respecto a la fecha de estructuración de la invalidez en los
eventos de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, afecta los
derechos de los afiliados y posibles pensionados del sistema de seguridad
social, en tanto la falencia en la determinación acertada de dicha
estructuración, incide directamente en el otorgamiento del derecho a la pensión
de las personas, pues dicho concepto técnico es necesario para la revisión del cumplimiento
de los requisitos para obtener la pensión de invalidez (cotizaciones).
(iii) La Corte no plantea que en la determinación del número de semanas que
exige la ley para hacerse beneficiario de la pensión de invalidez, sea
admisible contabilizar cotizaciones posteriores a la fecha de estructuración de
la enfermedad. Lo que evidencia la jurisprudencia es un problema con la
determinación real y material de la fecha en la que la persona debe calificarse
con una pérdida de capacidad laboral permanente y definitiva.
Así las cosas, para la Sala es importante precisar que
en los casos de estudio de reconocimiento de una pensión de invalidez de un
afiliado que padece una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, a quien
se le ha determinado una fecha de estructuración de invalidez en forma
retroactiva, se debe tener en cuenta los aportes realizados al sistema, hasta
el momento en que la persona pierde su capacidad laboral de forma permanente
y definitiva, entendiendo que esta coincide con la situación material de la
persona.
4.5 Ante tales eventos de vulneración de los derechos
fundamentales de las personas beneficiarias de la pensión de invalidez, el juez
constitucional deberá analizar en cada caso concreto, la causa y efecto de la
afectación, para determinar las medidas a adoptar. En este sentido, se debe
examinar cuidadosamente, si con base en los elementos materiales y probatorios
allegados al proceso, se evidencian inconsistencias entre la fecha de
estructuración de la invalidez del dictamen de calificación y la situación real
tanto medica como laboral del actor.[23]
Así, para la resolución de los casos en los que se evidencien
falencias derivadas  de los dictámenes de calificación de invalidez, tales como
los descritos en asuntos de personas con enfermedades crónicas, degenerativas o
congénitas de deterioro progresivo, debe recordarse que si bien las
aseguradoras del sistema general de seguridad social en pensiones están
obligadas a respetar y acatar los dictámenes proferidos por la Junta de
Calificación de Invalidez, en mérito de su carácter técnico-médico, dichos
dictámenes pueden ser controvertidos ante los jueces de la República (Art. 11 y
40 Dcto. 2463 de 2001).
4.6 Por las anteriores razones, queda claro que el
juez constitucional deberá evaluar bajo las condiciones específicas de cada
asunto particular, si la vulneración de los derechos fundamentales de la
persona que solicita la pensión de invalidez, proviene de las falencias del
dictamen de pérdida de la capacidad laboral, o si es producto de la negativa a
reconocer la prestación pensional pese a que el ciudadano cumple con los
requisitos para acceder a la pensión solicitada.
En consecuencia, el juez deberá evaluar si (i) encuentra
los elementos de juicio que permitan establecer si la persona reúne los
requisitos tanto formales como materiales de acceso a la pensión; y si se debe optar
por (ii) apartarse de la fecha establecida en el dictamen de
calificación de invalidez, por encontrar que existen inconsistencias que no
permiten establecer con certeza la pérdida de capacidad laboral de forma
permanente y definitiva del afiliado, pues, ésta, no corresponde a la situación
médica y laboral de la persona.
4.7 Frente al posible reconocimiento de la pensión de
invalidez la Sala encuentra importante recordar y precisar que en relación con el
requisito de densidad de cotizaciones para acceder a la pensión de invalidez,
no se establece el cálculo o cómputo de semanas cotizadas con posterioridad a
la fecha de estructuración de la invalidez. Contrario a esta posible deducción,
lo que prescribe la jurisprudencia constitucional, es que el dictamen emitido
por la junta de calificación o el órgano que emite el concepto, se aparte de la
realidad, razón por la cual, el juez de tutela, con fundamento en los elementos
probatorios del caso, deberá evaluar si es determinable la fecha material o
real de configuración de la invalidez, para consecuentemente realizar el
cálculo de las semanas cotizadas con base en esta fecha.
En tal caso, la fecha de estructuración real o
material que se pudiere determinar por el juez, puede no coincidir con la fecha
ficta de estructuración inicialmente fijada por el dictamen que se desvirtúa,
siendo incluso posterior a éste último, pero en todo caso anterior al momento
de estructuración real de la pérdida de capacidad laboral.
4.8 Con base en las anteriores consideraciones, es
viable concluir que cuando una entidad estudia la solicitud de reconocimiento
de una pensión de invalidez de una persona que padece una enfermedad crónica,
degenerativa o congénita, a quien se le ha determinado una fecha de
estructuración de invalidez en forma retroactiva, deberá analizar si se tienen
en cuenta los aportes realizados al Sistema durante el tiempo posterior a dicha
fecha, por no coincidir con el momento en que la persona pierde su capacidad
laboral de forma permanente y definitiva. Lo anterior, en tanto sólo
ésta última es la que determina la situación médica y laboral real de la
persona que solicita la pensión de invalidez.[24]
4.9 En este último punto, la Sala estima fundamental recordar
el rol que cumplen los organismos que la ley ha señalado como competentes para
realizar el estudio técnico y médico de la perdida de la capacidad laboral.
Dichas entidades cumplen un papel de importancia capital, en tanto determinan a
través de sus dictámenes un elemento esencial para el cumplimiento de los
requisitos de la pensión de invalidez, la fecha de estructuración de la pérdida
de capacidad laboral permanente y definitiva. Esta labor, de gran
responsabilidad iusfundamental, se debe cumplir con todas las
rigurosidades y consideraciones de orden técnico, fáctico y probatorio para que
la emisión del dictamen permita, posteriormente, establecer si la persona
cumple con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez.[25]
4.10 Finalmente, la Sala recuerda que la
jurisprudencia de esta Corte ha reconocido de forma reiterada, coherente y
decantada, en múltiples pronunciamientos, la condición especial de las personas
que sufren enfermedades crónicas degenerativas o congénitas, respecto de las
cuales la imprecisión en la fecha de estructuración de su pérdida de capacidad
laboral, afecta su derecho a la pensión de invalidez. Por estas consideraciones,
se ha entendido que la fecha establecida por los organismos calificadores de la
invalidez es ficta y el juez puede desvirtuarla a favor del beneficiario.
5. El principio de la condición más beneficiosa para el amparo de derechos
eventuales. Precedente en materia del principio de condición más beneficiosa en
casos de pensión de invalidez.
La Corte Constitucional ha señalado[26] que en aquellos casos en los que el legislador
omite la consagración de dispositivos de protección de los derechos eventuales –regímenes
de transición– o la realiza de forma incompleta o imperfecta, el juez que
conoce este tipo de casos, a través de demandas concretas, debe acudir a los
criterio hermenéuticos del derecho laboral y de la seguridad social para
determinar si procede el reconocimiento o no del derecho del trabajador o
beneficiario de la pensión.
5.1 En particular, en el caso de la pensión de
invalidez, la Corte ha evidenciado[27]
que existe un déficit de protección derivado de la omisión del legislador en la
creación de mecanismos de protección de derechos eventuales (expectativas
legítimas) que no puede ser obviado por los jueces al momento de conocer este
tipo de asuntos. En estos eventos, este Tribunal Constitucional ha indicado que
el juez, como intérprete del ordenamiento jurídico encargada de aplicar y
materializar el derecho en los casos concretos, debe acudir al criterio
hermenéutico de la condición más beneficiosa al afiliado o beneficiario
de la seguridad social para analizar los asuntos sometidos a su conocimiento.[28]
Con base en la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia –Sala de Casación Laboral– se ha explicado que el principio de la
condición más beneficiosa protege los derechos de aquellas personas que tienen expectativas
legítimas de cumplimiento de un derecho a la pensión. Este tipo de
protección no cobija a aquellas personas que tienen una mera o simple
expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificarles el régimen
pensional, sino a un grupo de personas, que si bien no tienen un derecho
adquirido, se ubican en una posición intermedia habida cuenta que poseen una
situación jurídica y fáctica concreta, verbigracia, haber cumplido en su
integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba la ley derogada.[29] Lo anterior por cuanto
el beneficiario ha cumplido alguno de los requisitos para acceder a la pensión.[30]
A su vez, también se ha señalado que el canon
hermenéutico de la condición más beneficiosa se caracteriza por las siguientes
características: (i) opera en el tránsito legislativo y ante la ausencia
de un régimen de transición; (ii) se debe cotejar una norma derogada con
una vigente, y (iii) el destinatario posee una situación jurídica
concreta, la cual es protegida, dado que con la nueva ley se la desmejora.[31]
Igualmente, ha señalado la jurisprudencia[32] que esta figura se
diferencia de otros mandatos interpretativos en materia laboral y de la
seguridad social, como el principio de favorabilidad y del in dubio pro
operario. Así, se ha explicado que la primera –favorabilidad en sentido
estricto– se aplica en aquellos casos en que surge duda en el operador jurídico
sobre cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un
asunto sometido a su conocimiento, al encontrar que dos o más textos
legislativos vigentes al momento de causarse el derecho, gobiernan la
solución del caso concreto. Por su parte, El principio de indubio pro
operario –favorabilidad en sentido amplio– hace referencia a aquellas
situaciones en la que existe duda sobre la interpretación que debe dársele a
una disposición jurídica, dentro de la que debe en este caso escogerse aquella
que sea más beneficiosa para el trabajador o beneficiario de la seguridad
social.
De lo expuesto se sigue que la favorabilidad se
refiere al conflicto o duda sobre la aplicación de varias normas vigentes de
trabajo; el indubio pro operario se aplica en caso de duda en la
interpretación de una norma; y, la condición más beneficiosa, a la sucesión
normativa, que implica la verificación entre una norma derogada y una vigente.
5.2 En materia de pensión de invalidez, la Corte ha
aplicado el principio de condición más beneficiosa, en casos en los que ante la
existencia de normas anteriores a las vigentes, ha evidenciado que la norma precedente
resulta más favorable en la medida en que bajo el régimen derogado se cumplían
con los requisitos para acceder a aquella prestación pensional.
5.2.1 En la sentencia T-628 de 2007, la Corte estudió
el caso de una persona portadora del virus VIH-SIDA, quien fue calificado con
una pérdida de capacidad laboral del 53.92%. En dicho caso, el ISS había negado
la prestación argumentando que el ciudadano no había cumplido el requisito
establecido en el artículo 1° de la ley 860 de 2003 según el cual debía haber
cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez. En dicho caso, se encontró que el accionante
había cumplido los requisitos para acceder a la pensión bajo las condiciones de
la normatividad prevista en el Decreto 758 de 1990 aprobatorio del Acuerdo 049
de 1990.
En esa oportunidad la Corte sostuvo que la exigencia
de tal requisito resultaba contraria a los mandatos constitucionales y los
derechos de las personas portadoras del virus VIH-SIDA en tanto “vulnera los derechos constitucionales a la vida, el
mínimo vital, la seguridad social, la igualdad y los principios de dignidad
humana y de condición más beneficiosa para el trabajador, por la no aplicación
del régimen de seguridad social anterior previsto en el Decreto 758 de 1990 o
el posterior contemplado en la Ley 860 de 2003.”
En
esta medida, la Corte advirtió que ante la inexistencia de un tránsito
legislativo, se debía consultar los parámetros de justicia y equidad,
y atender los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Así las cosas,
resolvió amparar los derechos del entonces accionante bajo los parámetros del
Decreto 758 de 1990, que establecía la posibilidad de cotizar para el seguro de
invalidez 150 semanas dentro de los 6 años anteriores al estado de invalidez o
contar con 300 semanas en cualquier época con anterioridad a la estructuración
de la invalidez.[33]
5.2.2
Posteriormente, en la sentencia T-299 de 2010, la Corte conoció el caso de un
accionante con una pérdida de capacidad laboral del 64,7% al que el ISS le
había negado la pensión de invalidez por no haber cotizado 26 semanas durante
el último año de aportes previo a la fecha de estructuración de su invalidez.
Sin embargo en este caso, el actor cumplía con los requisitos establecidos en
el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
La
Corte señaló en dicha oportunidad que las autoridades judiciales y
administrativas debían realizar un análisis amplio en los casos de cambio de un
régimen a otro, y no limitarse a aplicar de manera automática los requisitos
legales al momento en que sobrevenga el hecho de la discapacidad o invalidez.
Igualmente, indicó que la aplicación de las nuevas normas lesionaba principios
constitucionales que protegían a las personas en situación de discapacidad, por
lo que se hacía necesario inaplicarlas mediante la excepción por
inconstitucionalidad.  Por lo anterior, ordenó al ISS, resolver la solicitud
del demandante aplicando lo dispuesto en el Acuerdo 049 y el Decreto 758 ambos
de 1990.
5.2.3
Recientemente, en la sentencia T-576 de 2013, la Corte conoció el caso de dos
ciudadanos que habían sido dictaminados con una pérdida de capacidad laboral
del 68% y 56,20%, que habían acudido a la justicia ordinara y  a las
autoridades administrativa para que les reconocieran la pensión de invalidez, y
a las que se les había sido negada la prestación por su fondo de pensiones y el
ISS respectivamente. En dicho fallo, la Corte encontró que los accionantes
cumplían los requisitos para acceder a la pensión de invalidez bajo los
parámetros del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990.
En
esa oportunidad, la Corte reiteró el precedente sentado en las sentencias T-628
de 2007 y T-299 de 2010. Señaló que ante la ausencia de un régimen de
transición para el reconocimiento de la pensión de invalidez se hacía necesario
salvaguardara los derechos fundamentales de las personas en situación de
invalidez, bajo el entendido que los principios constitucionales de la equidad,
la justicia, la proporcionalidad y la razonabilidad, sustentaban la
inaplicación de los requisitos más gravosos (de la legislación vigente) en
favor de la aplicación de aquellos que han sido cumplidos por los ciudadanos
pese a su pérdida de vigencia.
5.3
En suma, la Sala evidencia la existencia de una línea de precedente en materia
del principio de la condición más beneficiosa para el reconocimiento de la
pensión de invalidez. En virtud de la aplicación de este principio, la Corte ha
admitido la posibilidad de que se acceda el reconocimiento de dicha prestación,
bajo la condición de haber cumplido los requisitos para acceder a la misma bajo
el régimen anterior, pese a que este no siga vigente.
El
fundamento de dicha regla decisional lo constituyen los principios
constitucionales de equidad y justicia (art. 1 y13 C.N.), así como de
proporcionalidad y razonabilidad que permiten entender que no es admisible
dejar sin salvaguarda los derechos de una persona que, en tránsito al
cumplimiento de su derecho a la pensión, se le desmejoren las condiciones de
acceso a tal prestación, sin que el legislador hubiera creado un régimen de
transición que lo protegiera.
III. ANÁLISIS DE LOS CASOS CONCRETOS.
Para la resolución de los casos en concreto, la Corte
utilizará como criterio metodológico el seguido en los precedentes[34] para este tipo de casos,
por lo que se analizará (i) la procedibilidad de la acción de tutela y,
posteriormente se verificará (ii) el cumplimiento de los requisitos
previstos para el reconocimiento de la pensión de invalidez, a la luz de la
normatividad aplicable y las reglas sentadas por la jurisprudencia
constitucional.
5.1. Procedibilidad de las acciones de tutela.
Esta Corporación ha indicado que la acción de tutela
resulta excepcionalmente procedente para reconocer y pagar prestaciones
pensionales, cuando quiera que (i) no exista otro medio de defensa
judicial idóneo y eficaz, o que existiendo, la intervención del juez
constitucional sea necesaria para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable a los derechos fundamentales del accionante. Igualmente, la Corte
ha señalado que es necesario (ii) acreditar la titularidad del derecho
pensional reclamado; (iii) la calidad de sujeto de especial protección
constitucional; (iv) el ejercicio de cierta actividad administrativa o
judicial tendiente a obtener la protección demandada; y (v) la afectación
del mínimo vital del peticionario. Por lo expuesto, la Sala verificará en cada uno de los casos el
cumplimiento de estos presupuestos de procedibilidad.
5.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos para
la pensión de invalidez.
Una vez vista la procedencia de las acciones de
tutela, esta Sala abordará el análisis de cada caso, con el fin de verificar si
los accionantes cumplen con los requisitos exigidos por la ley para el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Por lo anterior deben
realizarse dos precisiones.
En primer lugar, como se señaló en las consideraciones
de esta providencia, en los casos de personas que padecen enfermedades
crónicas, degenerativas o congénitas, la jurisprudencia constitucional ha
evidenciado la existencia de una incongruencia entre, la fecha de
estructuración dictaminada por las autoridades que emiten el dictamen de
pérdida de la capacidad laboral, y, la fecha real de la perdida de la
capacidad de forma permanente y definitiva para trabajar; en estos eventos,
la Sala tomará ésta última para determinar si los demandantes cumplen con los
requisitos para acceder a la pensión de invalidez, según ha determinado la
jurisprudencia constitucional.
Sobre este tema, en cada examen deberán observarse las
condiciones particulares de los accionantes, tanto de estado de salud como
situaciones laborales. Esto, por las especiales condiciones patológicas de
deterioro paulatino de salud de los demandantes, y el
hecho de que han continuado cotizando al Sistema pensional, a pesar de los
padecimientos de su enfermad.
En segundo lugar, en los expedientes en los que se
invoca el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de invalidez
a la luz de un régimen pensional anterior al actualmente vigente de la ley 100
de 1993, la Sala examinará, en cada caso, la posibilidad de aplicación del
principio de condición más beneficiosa, para lo cual deberá determinar si
efectivamente el ciudadano tiene o no derecho a la prestación solicitada bajo
los parámetros y requisitos del régimen pensional actualmente derogado.
Una vez establecidas las anteriores pautas
metodológicas, se procede al análisis particularizado de los expedientes objeto
de revisión. En todos los casos las entidades accionadas negaron la pensión de
invalidez solicitada argumentando el incumplimiento del requisito de cotización
por parte de los actores. La decisión se emitió con base en los siguientes
elementos:
Expediente
Accionante
Accionado
Fecha de estructrcn.
Fecha de dictamen
Enfermedad
% PCL
Semanas cotizadas
T-4190630
Nelson Consuegra Payares.
Colpensiones y otro.
21 de noviembre de 2011
29 de mayo de 2012
Ceguera por Diabetes Miellitus Tipo II
73.50%
542 semanas
T-4192231
Rafael Beccerra Pedraza
Colpensiones
20 de agosto de 2011
24 de mayo de 2012
Diabetes e insuficiencia renal.
75.83%
252,14 semanas
T- 4200034
Libardo de Jesús Grajales Arcila
Colpensiones
17 de agosto de 2004
27 de agosto de 2012
Parkinson
67.85  %
81 semanas
T-4207853
Luis Gonzaga Ortiz García
Colpensiones y otro.
23 de marzo de 1958
30 de agosto de 2010
Poliomielitis
71.20%
154,29 semanas
T-4208797
Fredy Alberto Trujillo Ramírez
Porvenir S.A.
6 de julio de 2005
23 de abril de 2013
VIH-SIDA
58%
1106,28 semanas
T-4214033
Sara Elena Yepez Muñoz
Porvenir S.A.
26 de octubre de 2011
24 de octubre de 2012
Fractura del Metacarpiano
50.94%
68.43 semanas
T-4223178
Diego Ramírez Vásquez
Colpensiones
17 de mayo de 2011
23 de febrero de 2012
Afección válvula mitral y aortica
57.33%
1179 semanas
T-4224997
Melba Isabel Tovar Cuervo
Porvenir
9 de agosto de 2008
14 de octubre de 2010
Insuficiencia cardiaca
64,10%
291.42 semanas
Expediente 4.190.630
1. Procedibilidad.
Al entrar al análisis de la procedibilidad de la
acción tutela de la referencia, la Sala encuentra que:
(i)
La tardanza en la definición de los conflictos relativos al reconocimiento de
la pensión de invalidez a través de los mecanismos ordinarios de defensa
judicial, puede llegar a afectar los derechos del accionante y de su núcleo
familiar, al mínimo vital, a la salud, e incluso a su propia subsistencia, lo
que justifica el desplazamiento excepcional del medio ordinario y la
intervención del juez constitucional mediante la acción de tutela.
(ii)
El señor Nelson Consuegra Payares acreditó ser el titular del derecho pensional
reclamado, toda vez que demostró haber cotizado al sistema general de pensiones[35], que sufrió una
enfermedad que le ocasionó invalidez[36],
y que reclamó a la entidad el reconocimiento de la pensión de invalidez[37]. En consecuencia, está
legitimado para reclamar el derecho pensional.
(iii) El actor es un sujeto de especial protección constitucional, debido a
que padece la patología “diabetes Mellitus Tipo II Insulinodependiente con complicaciones
de órganos”, que le originó una pérdida de la capacidad laboral del 73.50%
al momento de interponer la acción de tutela.
(iv) Consta en el expediente que el señor Consuegra solicitó 5 de julio de 2012 a Colpensiones
el reconocimiento de la pensión de invalidez, y que en Resolución del 4 de
junio de 2013, la entidad accionada se la negó por considerar que no cumplía
con el requisito de fidelidad establecido en el artículo 1º de la ley 860 de
2003.
(v) El
accionante no cuenta con ninguna fuente de ingresos, razón por la que la
pensión de invalidez constituye el sustento económico con el que contaría el
actor y su familiar para sobrellevar su existencia en condiciones dignas y
justas.
Estas
razones son suficientes para concluir que en este caso la acción de tutela es el
medio judicial idóneo para pretender el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez, y la protección de los derechos fundamentales a la vida, mínimo
vital  y salud del accionante.
2. Análisis del cumplimiento de los
requisitos para la pensión de invalidez.
En este caso, el señor Nelson Consuegra Payares tiene
una “diabetes Miellitus
Tipo II Insulinodependiente con complicaciones de órganos” que le ha originado una pérdida de la
capacidad laboral del 71.8%, motivo por el cual cumple con el primer requisito
de la pensión de invalidez, es decir, tener una disminución superior al 50%.[38]
Al verificar si el accionante cotizó 50 semanas dentro
de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de
la invalidez, se encuentra que el accionante no tiene cotizaciones en dicho lapso
de tiempo. Sin embargo, la Sala encuentra que el accionante padece una
enfermedad degenerativa que determina que la pérdida de su capacidad laboral es
paulatina, razón por la que es necesario analizar si el dictamen de la pérdida
de capacidad laboral del accionante coincide con su situación real, al
determinar una fecha que sea congruente con la pérdida definitiva de su
capacidad de trabajo.
Del examen del expediente, se encuentra que respecto a
la calificación de la pérdida de capacidad laboral del accionante, el día 21 de
noviembre de 2011 éste se realizó examen paraclínico (retinólogo), en el que se
diagnosticó desprendimiento de retina y otros padecimientos, por la que el
paciente presenta una “disminución de la Agudeza Visual para
el buen desempeño de una labor.” El concepto técnico que determina la
pérdida de la capacidad de trabajo del actor se sustenta en dicha patología, y determina
como momento de estructuración de la invalidez, la misma fecha en la que se
practicó el examen mencionado, momento a partir del cual efectivamente el actor
no pudo seguir trabajando.
En estos términos, la Sala no encuentra incertidumbre
sobre la determinación de la fecha de estructuración de la invalidez real del
actor, en tanto la fecha del dictamen es acertada. Por lo señalado, no es
posible reconocer al señor Nelson Consuegra Payares la pensión de invalidez, ya
que al corroborar el cumplimiento del requisito de densidad de aportes, el actor
no cotizó 50 semanas dentro de los 3 anteriores a la fecha de estructuración de
su invalidez.
Por las anteriores razones, esta Sala confirmará lo
decidido por el Tribunal del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras, que confirmó en segunda instancia la
sentencia del Juzgado 2º Civil del Circuito de Restitución de Tierras de
Cartagena que negó el amparo solicitado.
Expediente T-4.192.231
1. Procedibilidad.
En el estudio de procedibilidad de la acción de tutela
de la referencia, la Sala encontró que:
(i)
La demora en la definición de los conflictos relativos al reconocimiento de la
pensión de invalidez a través de los mecanismos ordinarios de defensa judicial,
puede vulnerar los derechos fundamentales del accionante al mínimo vital, la
salud, e incluso a su propia subsistencia, lo cual justifica la intervención
plena del juez de tutela para la protección de sus intereses.
(ii)
El accionante acreditó la titularidad del derecho pensional reclamado, toda vez
que probó que cotizó al sistema general de pensiones[39], que sufrió una
enfermedad que le ocasionó invalidez[40],
y que reclamó a la entidad el reconocimiento de la prestación pretendida, sin
que a la fecha de radicación de la tutela la entidad hubiere respondido la
petición del accionante.
(iii) El señor Rafael Becerra Pedraza, es un sujeto de especial protección
debido a que padece graves enfermedades como diabetes, insuficiencia renal
crónica, pies de charco, retinopatía diabética, evisceración del ojo izquierdo,
y padecimientos por una operación de corazón abierto y revascularización de
cuatro arterias. Todo ello llevó a que le dictaminaran una pérdida de la
capacidad laboral del 75.83%.
(iv)
El actor ejerció los trámites administrativos para la protección de sus
derechos, puesto que solicitó el día 10 de julio de 2010 el reconocimiento de
la pensión de invalidez, sin embargo, la entidad no contestó la petición
realizada por el señor Becerra.
(v)
La pensión de invalidez constituye en el único sustento económico con el que
contaría el actor para sobrellevar  su existencia en condiciones más dignas y
justas, así como para costear los gastos propios de sus enfermedades.
Estas
razones son suficientes para que la tutela sea el mecanismo idóneo y eficaz
para la protección de los derechos fundamentales a la vida, mínimo vital, salud,
y el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez al accionante.
2. Análisis del cumplimiento de los
requisitos para la pensión de invalidez.
El
señor Rafael Becerra Pedraza padece
tanto diabetes como falla renal crónica.[41]
En dictamen del 2 de mayo de 2012 realizado por el Instituto de Seguro Social
fue calificada con una pérdida de capacidad laboral del 75.83%, de origen
común, y con fecha de estructuración de la invalidez el 20 de agosto de 2011.[42]
Es decir, cumple con el requisito de porcentaje de pérdida de capacidad laboral
mayor al 50%.
Al verificar si el accionante cotizó 50 semanas dentro
de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de
la invalidez, se encuentra que no tiene aportes en dicho lapso de tiempo. Sin
embargo, el accionante alega haber cotizado bajo la vigencia del Acuerdo 049 de
1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Al examinar el expediente de la
referencia se encuentra que:
(i)
El señor Rafael Becerra Pedraza reporta 26,71 semanas cotizadas entre el 7 de
agosto de 1979 y el 29 de febrero de 1980; 208,00 semanas entre el 26 de julio
de 1987 y el 30 de junio de 1991; y 17,43 semanas entre el 2 de julio de 1993 y
el 31 de octubre de 1993. Es decir un total de 252,14 semanas de cotización al Instituto
de Seguro Social.[43]
(ii)
Adicionalmente a lo anterior, en el expediente obra certificación de
información laboral en el que consta en el apartado denominado “vinculaciones
laborales válidas para bono pensional o pensión” que el señor Becerra
Pedraza, trabajó para el Ministerio de Defensa Nacional -Ejército Nacional- como
soldado desde el 9 de mayo de 1977 hasta el 30 de abril de 1979; y como
empleado público “Adjunto Tercero” desde el 1 de mayo de 1980 hasta el
10 de julio de 1982.[44]
Es decir, trabajó para dicha entidad un total de 4 años y 2 meses aproximadamente,
lo que es lo mismo, 208 semanas correspondientes a su servicio al Ejército Nacional.
Así las cosas el accionante cotizó un total de 460,14
semanas como tiempo de servicios trabajados desde el 7 de agosto de 1979 hasta
el 31 de octubre de 1993. En este caso, se observa que el tiempo de cotización
cubre un periodo que cobija la vigencia del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el
Decreto 758 del mismo año.[45]
Como se señaló en los fundamentos de este fallo, el
artículo 6º del Decreto 758 de 1990 exigía que para acceder a la pensión de
invalidez, “debían cotizarse 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a
la fecha de estructuración de la invalidez o 300 semanas en cualquier tiempo
anterior a la invalidez”. Debido a que el accionante cumple con creces con
el requisito de haber cotizado 300 semanas en cualquier tiempo anterior a su
invalidez, a la luz de lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990, es decir, antes
de la entrada en vigor de la ley 100 de 1993, la Sala encuentra satisfecho el
requisito para acceder a la pensión de vejez bajo el régimen anterior.
Así mismo, debido a que las expectativas legítimas de
acceso a la pensión, incluida la de invalidez del señor Becerra Pedraza, no
están protegidas por la normatividad vigente mediante un régimen de transición,
se hace necesario ampararlos mediante el principio de la condición más
beneficiosa por vía de la acción de tutela. Así, en razón a que el accionante
cumplió con el requisito de haber cotizado 300 semanas en cualquier tiempo como
lo dispone el artículo 6º del Decreto 758 de 1990, es procedente el
reconocimiento de la pensión de invalidez prevista en dicha normatividad toda
vez que se cumplió el mencionado requisito bajo su vigencia, esto es, antes de
la entrada en vigor de la ley 100 de 1993.
En consecuencia, al encontrar probado que el actor
cumple con los requisitos para obtener la pensión de invalidez, esta Sala revocará
las decisiones de instancia y ordenará a Colpensiones, el reconocimiento y pago
de la pensión de invalidez al señor Rafael Becerra Pedraza, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia.
Expediente T-4.200.034
1. Procedibilidad.
En el estudio de procedibilidad de la acción tutela de
la referencia, la Sala encontró que:
(i)
En este caso, la demora en la definición de los conflictos relativos al
reconocimiento de la pensión de invalidez, a través de los mecanismos
ordinarios de defensa judicial, puede vulnerar los derechos del accionante al
mínimo vital, la salud, e incluso a su propia subsistencia, lo que justifica la
intervención plena del juez de tutela para la protección de estos intereses.
(ii)
Respecto a la acreditación de la titularidad del derecho, según las pruebas
aportadas al proceso, el demandante es la persona que cotizó al sistema
pensional[46],
sufrió una invalidez producto de la enfermedad que padece[47], y reclamó a la entidad
accionada el reconocimiento de la correspondiente pensión[48].
(iii) El señor Libardo de Jesús Grajales Arcila, es un sujeto de especial
protección, debido a que padece “Parkinson severo, rigidez e hipocinesia”,
enfermedad degenerativa. A raíz de dicha patología le dictaminaran una pérdida
de la capacidad laboral del 67.85%.
(iv)
El accionante realizó trámites administrativos encaminados a que se le
reconociera la pensión de invalidez, puesto que, consta en el proceso que el
día 18 de diciembre de 2012 solicitó a Colpensiones dicha prestación. La
entidad le negó la anterior solicitud el día 8 de abril de 2013, por el supuesto
incumplimiento del requisito de densidad de aportes establecido en el artículo
1º de la ley 860 de 2003.
(v) La
pensión de invalidez constituye el único sustento económico con el que contaría
el actor para sobrellevar  su existencia en condiciones más dignas y justas
pues manifestó que no contaba con los recursos económicos para sufragar sus
necesidades básicas.
Estas
razones son suficientes para que la tutela sea el mecanismo idóneo y eficaz
para la protección de los derechos fundamentales a la vida, mínimo vital, salud
y el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez del accionante.
2. Análisis del cumplimiento de los
requisitos para la pensión de invalidez
El
señor Libardo de Jesús Grajales Arcila, padece “Parkinson severo, rigidez e
hipocinesia” que lo ha
llevo a ser calificado con el 67.85% de pérdida de capacidad laboral. Esta
situación permite establecer que el accionante cumple con el primer requisito
de la pensión de invalidez, es decir cuenta con una disminución superior al
50%.
Ahora bien, respecto al requisito de las 50 semanas de
cotización dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la
invalidez, la Sala encuentra que el accionante no cuenta con aportes en ese
lapso de tiempo, esto es, antes del 17 de agosto de 2004. Así, el demandante
cuenta con un total de 81 semanas cotizadas al régimen de prima media correspondiente
a los siguientes lapsos de tiempo: desde el 1 de noviembre de 1998 al 30 de
noviembre de 1999 (55,71 semanas); del 1 de enero de 2000 al 30 de junio de
2000 (25,71 semanas). Adicionalmente, la Sala observa que al accionante no le
fue contabilizado el tiempo de servicios que obra en su historia laboral
correspondiente al 1º de julio de 2009 al 1 de diciembre de 2012 (175,85
semanas). Razón por la que en total el actor acumula 254,27 semanas de
cotización.
Como se ha señalado en esta providencia, en razón a
que el actor sufre de una enfermedad de aquellas catalogadas como crónica,
degenerativa o congénita, y siguió cotizando con posterioridad a la fecha de
estructuración de la pérdida de capacidad laboral establecida en el dictamen de
calificación de invalidez, se tomará la fecha de emisión del dictamen como la
real de estructuración material de la invalidez, pues la primera no constituye
el momento de pérdida de capacidad laboral permanente y definitiva del
accionante.
Es importante precisar que del examen minucioso del
expediente de tutela, la Sala encontró que la entidad accionada, al resolver la
solicitud de pensión de invalidez del actor[49],
omitió contabilizar parte del tiempo de servicios cotizado por el accionante.
Así, el demandante cuenta con un total de 254,27 semanas cotizadas al régimen
de prima media correspondiente a los siguientes lapsos de tiempo: desde el 1 de
noviembre de 1998 al 30 de noviembre de 1999 (55,71 semanas); del 1 de enero de
2000 al 30 de junio de 2000 (25,71 semanas); y desde el 1º de julio de 2009 al
1 de diciembre de 2012 (175,85 semanas).
En consecuencia, al verificar si el accionante cotizó
50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración material, 27 de
agosto de 2012 (fecha del
dictamen), el rango para determinar si cumple con el requisito de semanas
cotizadas se extiende hasta el 27
de agosto de 2009. En este
rango de tiempo, se constató al examinar la historia laboral de cotizaciones
aportada por el demandante al proceso[50]
que cuenta con 150 semanas, de forma que el accionante cumple con el requisito
para hacerse acreedor a la pensión de invalidez.
La Sala evidencia por tanto que la entidad accionada
vulneró los derechos fundamentales del señor Grajales Arcila al negar el
reconocimiento de su derecho a la pensión de invalidez, en consecuencia, la
Sala revocará la sentencia del 12 de agosto de 2013 del Juzgado Veintiuno
Laboral del Circuito de Medellín, que negó la tutela solicitada por el actor,
y, en su lugar, amparará los derechos fundamentales a la seguridad social y
mínimo vital del señor Luis Gonzaga Ortiz
García; así mismo, se ordenará a Colpensiones, el reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez al accionante dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de esta sentencia.
Expediente T-4.207.853
1. Procedibilidad
En el caso del señor Luis Gonzaga Ortiz García, la Sala encontró que respecto a la procedibilidad
del amparo:
(i)
Debido a su estado de salud y su edad, la demora en la definición de los
conflictos relativos al reconocimiento de la pensión de invalidez a través de
los mecanismos ordinarios de defensa judicial, puede vulnerar los derechos del
accionante al mínimo vital, la salud, e incluso a su propia subsistencia, lo
cual justifica la intervención plena del juez de tutela para la protección de
estos intereses.
(ii)
El señor Ortiz García acreditó la titularidad del derecho pensional reclamado
toda vez que del material probatorio aportado al proceso, se evidenció que
cotizó al sistema general de pensiones[51],
que sufrió una enfermedad que le ocasionó invalidez[52], y que reclamó a la
entidad el reconocimiento de la prestación pretendida[53].
(iii) El actor es un sujeto de especial protección, debido a que padece “poliomielitis”
desde los 3 años de edad, que le ha llevado a la pérdida de la capacidad
laboral del 71.20% al momento de interponer la acción de tutela. Cuenta con 62
años de edad.
(iv)
Consta en el expediente que el señor Ortiz solicitó el 31 de marzo de 2011 al Instituto de
Seguros Sociales el reconocimiento de la pensión de invalidez, sin embargo, la
entidad, el 7 de septiembre de 2011 negó la petición en razón a que el
accionante no se encontraba afiliado al momento de la fecha de estructuración
de su invalidez.
(v)
La pensión de invalidez constituye el único sustento económico con el que contaría
el actor para sobrellevar su existencia en condiciones más dignas y justas,
pues alega ser una persona de escasos recursos económicos que se dedica a la
labor de lustrabotas.
Estas
son razones igualmente suficientes para que la tutela sea el mecanismo idóneo y
eficaz para la protección de los derechos fundamentales a la vida, mínimo
vital, salud y el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez al
accionante.[54]
2. Análisis del cumplimiento de los
requisitos para la pensión de invalidez
El
señor Luis Gonzaga Ortiz García, padece “Poliomielitis” que lo ha llevo a ser calificado con el 71.20%
de pérdida de capacidad laboral. Esta situación permite establecer que el
accionante cumple con el primer requisito de la pensión de invalidez, es decir
contar con una disminución superior al 50%.
Como se ha señalado en esta providencia, en razón a
que el actor sufre de una enfermedad de aquellas catalogadas como crónica,
degenerativa o congénita, y siguió cotizando con posterioridad a la fecha de
estructuración de la pérdida de capacidad laboral establecida en el dictamen de
calificación de invalidez, se tomará la fecha de emisión del dictamen como la
real de estructuración material de la invalidez, pues la primera no constituye el
momento de pérdida de capacidad laboral permanente y definitiva del accionante.
En este caso, la entidad calificadora de la invalidez del actor tomó como punto
de referencia el primer diagnóstico de la enfermedad, sin tener en cuenta que
éste lleva trabajando muchos años hasta el momento en que solicitó la
prestación de invalidez al resultarle imposible seguir con su actividad
laboral.
En consecuencia, al verificar si el accionante cotizó
50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración material, 14 de septiembre de 2010 (fecha del dictamen), el
rango para determinar si cumple con el requisito de semanas cotizadas se
extiende hasta el 14 de septiembre de 2007. En este rango de tiempo, se constató
al examinar la historia laboral de cotizaciones aportadas por el demandante al
proceso[55]
que cuenta con 150 semanas, de forma que el accionante cumple con el requisito
para hacerse acreedor a la pensión de invalidez.
La Sala evidencia por tanto que la entidad accionada
vulneró los derechos fundamentales del señor Ortiz García al negar el
reconocimiento de su derecho a la pensión de invalidez, en consecuencia, la
Sala revocará los fallos de instancia proferidos por el Juzgado Quinto Civil
del Circuito de Pereira, y por el Tribunal Superior de Pereira, y en su lugar amparará
los derechos fundamentales a la seguridad social y mínimo vital del señor Luis Gonzaga Ortiz García; así mismo se ordenará
a Colpensiones, el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez al
accionante, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta
sentencia.
Expediente T-4.208.797
1. Procedibilidad
En el caso del señor Freddy Alberto Trujillo Ramírez, la Sala encontró que respecto a la
procedibilidad del amparo:
(i)
Debido a su estado de salud, la demora en la definición de los conflictos
relativos al reconocimiento de la pensión de invalidez a través de los
mecanismos ordinarios de defensa judicial, puede vulnerar gravemente los
derechos del accionante al mínimo vital, la salud, e incluso a su propia
subsistencia, lo cual justifica la intervención plena del juez de tutela para
la protección de estos intereses.
(ii)
El señor Trujillo Ramírez acreditó la titularidad del derecho pensional
reclamado, pues obra en el expediente prueba en la que consta que es la persona
que cotizó al sistema pensional[56],
que padece la enfermedad que le causó la invalidez para reclamar la pensión
pretendida[57],
y que solicitó a la entidad accionada el reconocimiento de esta[58].
(iii) El actor es un sujeto de especial protección, debido a que es portador
del síndrome de la inmunodeficiencia humana adquirida VIH-SIDA, que le ha
llevado a la pérdida de la capacidad laboral del 58% al momento de interponer
la acción de tutela.
(iv)
Respecto al ejercicio de actividades administrativas, se encuentra que el señor
Trujillo solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez y que la entidad
negó la prestación mediante respuesta formal del 21 de junio de 2013. La
entidad adujo que no se cumplían los requisitos previstos en el artículo 1º de
la ley 860 de 2003.
(v)
La pensión de invalidez constituye el único sustento económico con el que
contaría el actor para sobrellevar  su existencia en condiciones más dignas y
justas, pues alega que se encuentra desempleado.
Estas
son razones igualmente suficientes para que la tutela sea el mecanismo idóneo y
eficaz para la protección de los derechos fundamentales a la vida, mínimo
vital, salud y el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez al
accionante.
2. Análisis del cumplimiento de los requisitos
para la pensión de invalidez
El
señor Trujillo Ramírez, es portador del virus VIH-SIDA que lo llevó a ser calificado con el 58% de pérdida de
capacidad laboral. Esta situación permite establecer que el accionante cumple
con el primer requisito de la pensión de invalidez, es decir contar con una
disminución superior al 50%.
Como se ha señalado en esta providencia, en razón a
que el actor sufre de una enfermedad de aquellas catalogadas como crónica y
degenerativa, y siguió cotizando con posterioridad a la fecha de estructuración
de la pérdida de capacidad laboral establecida en el dictamen de calificación
de invalidez, se tomará la fecha de emisión del dictamen (23 de abril de 2013)
como la real de estructuración material de la invalidez, pues la primera no
constituye el momento de pérdida de capacidad laboral permanente y definitiva
del accionante.
En consecuencia, al verificar si el accionante cotizó
50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración material, 23 de abril de 2013 (fecha del dictamen), el rango
para determinar si cumple con el requisito de semanas cotizadas se extiende
hasta el 23 de abril de 2010. En este rango de tiempo, se constató, al examinar
la historia laboral de cotizaciones aportada por el demandante al proceso,[59] que cuenta con 150
semanas, de manera que el accionante cumple con el requisito de semanas para acceder
a la pensión de invalidez.
La Sala evidencia por tanto que la entidad accionada
vulneró los derechos fundamentales del señor Trujillo Ramírez al negar el
reconocimiento de su derecho a la pensión de invalidez, en consecuencia, la
Sala revocará los fallos de instancia proferidos por el Juzgado Sexto Civil del
Municipal de Bogotá, y por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá, y en
su lugar amparará los derechos fundamentales a la seguridad social y mínimo
vital del señor Fredy Alberto Trujillo
Ramírez; así mismo, se ordenará a Porvenir S.A., el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez al accionante, dentro de las
48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia.
Expediente T-4.214.033
1. Procedibilidad.
En el estudio de procedibilidad de la acción tutela de
la referencia, la Sala encontró:
(i)
La demora en la definición de los conflictos relativos al reconocimiento de la
pensión de invalidez a través de los mecanismos ordinarios de defensa judicial,
puede vulnerar los derechos de la accionante al mínimo vital, la salud, e
incluso a su subsistencia, lo que permite la intervención del juez de tutela
para la protección de sus intereses.
(ii)
La demandante acreditó la titularidad del derecho pensional reclamado, toda vez
que se probó en el proceso que ella cotizó a la entidad accionada[60], que sufrió un accidente
que la llevó a ser calificada con invalidez[61],
y que solicitó legítimamente a la entidad el reconocimiento de la pensión de
invalidez[62].
(iii) La señora Sara Elena Yépez Muñoz es un sujeto de especial protección
debido a que es madre cabeza da familia, y padeció un accidente de origen común
que le ocasionó una fractura del cuarto y quinto metacarpiano de la mano
derecha. Este evento fortuito la dejó en situación de disminución física en
tanto le produjo “síndrome doloroso
regional complejo – Algoneurodistrofia-”.
(iv)
Igualmente se demostró el ejercicio de actividades administrativas tendientes a
obtener la protección de los derechos del actor, pues radicó varias solicitudes
de reconocimiento de la pensión de invalidez ante la entidad accionada. La AFP
Porvenir S.A., en respuesta del 11 de julio de 2013, le negó la prestación
económica por considerar que no cumplía con los requisitos previstos en el
artículo 1º de la ley 860 de 2003.
(v)
La pensión de invalidez se constituye en el único sustento económico con el que
contaría la demandante para sobrellevar su existencia en condiciones más dignas
y justas. En el expediente consta que cotizó durante toda su historia laboral
con base en el salario mínimo, y su situación de invalidez no le permite
trabajar pues su oficio es confeccionista y su accidente le afectó su mano
derecha.
Estas
razones bastan para que la tutela sea el mecanismo idóneo y eficaz para la
protección de los derechos fundamentales a la vida, mínimo vital, salud y el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de la accionante.
2. Análisis del cumplimiento de los
requisitos para la pensión de invalidez
La
señora Sara Elena Yépez Muñoz padece “síndrome
doloroso regional complejo - Algoneurodistrofia” por un accidente de origen común que la llevó a ser calificado con el 50.94%
de pérdida de capacidad laboral. Esta situación permite establecer que la
accionante cumple con el primer requisito de la pensión de invalidez, comoquiera
que cuenta con una disminución superior al 50%.
Ahora bien, respecto al requisito de las 50 semanas de
cotización dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la
invalidez, la Sala encuentra que la entidad accionada –Porvenir S.A.– negó la pensión
argumentando que no se habían realizado dichos aportes dentro de los 3 años
anteriores al accidente que generó la invalidez, esto es, el 17 de abril de
2010. En efecto, la entidad demandada adujo que el artículo 1º de lay 830 de
2003 señala que para los casos de accidentes de origen común, la norma exige
como requisito para acceder a la pensión de invalidez: “que [el
peticionario] haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos
tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma.”
Sobre este aspecto, la Sala también encuentra que la
fecha de estructuración de la invalidez dictaminada por la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez a la señora Yépez Muñoz es el 26 de octubre de 2011,
fecha diferente a la de ocurrencia del accidente que originó sus padecimientos.
Pese a tal hecho, la AFP Porvenir tomó como momento de referencia para
contabilizar la invalidez de la accionante la fecha del accidente sufrido por
la demandante. Ante tal hecho, se evidencia que la entidad accionada desconoció
el concepto técnico del ente calificado para conceptuar sobre la situación
médica de la accionante, en su lugar, tomó, arbitrariamente, como fecha de
estructuración de la invalidez la que ella consideró como determinante de la
invalidez, en omisión a la dictaminada por la entidad competente en la materia.
Del examen del expediente, particularmente del
dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez[63], se corroboró que la
fecha de estructuración de invalidez dictaminada corresponde al progresivo
deterioro del estado de salud de la accionante, producto del accidente sufrido.
La norma citada por la entidad accionada (artículo 1º de la ley 830 de 2003),
hace alusión a que el cómputo de las 50 semanas cotizadas por el solicitante de
la pensión de invalidez se debe realizar dentro de los 3 años anteriores “al
hecho causante de la misma”, es decir, de la invalidez. Debido a que en el sub
examine la estructuración de la invalidez se determinó como causada el 26
de octubre de 2011, no es viable que la entidad arbitrariamente se aparte de
dicha data, comoquiera que fue la establecida por el órgano competente en la
materia. Si a bien tiene la entidad controvertir dicha fecha, deberá agotar las
correspondientes instancias ante los jueces de la república.
Ahora bien, una vez aclarado que la fecha de
estructuración de la invalidez de la accionante es el 26 de octubre de 2011, la
Sala encuentra del estudio de la historia laboral obrante en el expediente, que
entre dicho momento y el 26 de octubre de 2008, la accionante cuenta con 64
semanas de cotización al sistema de seguridad social en pensiones. Así las
cosas, el actor cumple cabalmente con el requisito de densidad de cotización
previsto en el artículo 1º de la ley 860 de 2003. Tal situación había sido
acertadamente analizada por el Juzgado Diecinueve Penal Municipal con Funciones
de Conocimiento de Medellín en el fallo de primera instancia proferido en el
trámite de la acción de tutela de la referencia.
Por lo tanto, la Sala concluye que la entidad
accionada vulneró los derechos fundamentales de la señora Sara Elena Yépez
Muñoz al negar el reconocimiento de la pensión de invalidez que solicitó. Por
consiguiente, la Corte revocará
el fallo de segunda instancia proferidos por el Juzgado Octavo Penal del
Circuito de Medellín, y, en su lugar, dejará en firme el emitido por el Juzgado 19 Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Medellín, por
las razones expuestas en esta sentencia. De manera que, se ampararán los
derechos fundamentales a la seguridad social y mínimo vital de la señora Sara
Elena Yépez Muñoz; igualmente se ordenará a
Porvenir S.A., que reconozca y pague la pensión de invalidez solicitada por la
accionante, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta
sentencia.
Expediente T-4.223.178
1. Procedibilidad
En el caso del señor Diego Ramírez Vásquez, la Sala encontró que respecto a la procedibilidad
del amparo:
(i)
Debido a su estado de salud y las condiciones de su núcleo familiar, la demora
en la definición de los conflictos relativos al reconocimiento de la pensión de
invalidez a través de los mecanismos ordinarios de defensa judicial, puede
vulnerar los derechos del accionante al mínimo vital, la salud, e incluso a su
propia subsistencia, lo que justifica la intervención plena del juez de tutela
para la protección de estos intereses.
(ii)
Se probó durante el proceso que el actor es el titular de los aportes
pensionales realizados para acceder a la pretendida pensión de invalidez[64], que padece múltiples
padecimientos que lo llevaron a ser calificado con una invalidez superior al
50% de su capacidad laboral[65],
y que solicitó a la entidad accionada el reconocimiento de la prestación[66].
(iii) El actor es un sujeto de especial protección, debido a que padece
graves padecimiento a raíz de una operación en la que le cambiaron las válvulas
mitral y aórtica de su corazón. Dicha situación ha llevado a que le sea
dictaminada una pérdida de la capacidad laboral del 57.33% por parte de la
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda.
(iv)
El accionante ejerció actividades administrativas puesto que el día 9 de mayo de
2012 solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de invalidez, pero
ésta, el día 4 de febrero de 2013, le negó la prestación por encontrar que no
cumplía con los requisitos exigidos en el artículo 1º de la ley 860 de 2003.
(v)
La pensión de invalidez constituye el único sustento económico con el que
contaría el actor, teniendo en cuenta, además, que tiene un hijo menor de edad que
padece “hiperplasia suprarrenal
congénita”, por lo que
requiere tratamiento médico constante. Por lo señalado, la prestación de
invalidez sería la fuente de recursos para solventar las necesidades del actor
y su familia.
Estas
razones son suficientes para que la tutela sea el mecanismo idóneo y eficaz
para la protección de los derechos fundamentales a la vida, mínimo vital, salud
y el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez al accionante.
2. Análisis del cumplimiento de los
requisitos para la pensión de invalidez.
El
señor Diego Ramírez Vásquez padece afecciones del corazón por una cirugía en la
que le cambiaron las válvulas mitral y aórtica, lo que llevo a que lo calificaran con un 57.33% de
pérdida de su capacidad laboral. Esta situación permite establecer que el
accionante cumple con el primer requisito de la pensión de invalidez, es decir,
contar con una disminución superior al 50%.
Al verificar si el accionante cotizó 50 semanas dentro
de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de
la invalidez, se encuentra que el accionante no tiene cotizaciones en dicho
lapso de tiempo. Sin embargo, se encuentra que el accionante tiene múltiple
cotizaciones de forma discontinua desde el 7 de febrero de 1980, esto es, antes
de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993. Razón por la que se hace
necesario verificar si el accionante, al haber cotizado bajo la vigencia del
Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, cumple los
requisitos para la pensión de vejez bajo esta norma. Al examinar el expediente
de la referencia se encuentra que:
(i)
Según obra en la documentación aportada al proceso de tutela, el señor Diego Ramírez Vásquez cuenta 616 semanas cotizadas entre el 7 de
febrero de 1980 y el 14 de abril de 1994[67],
las cuales se realizaron de forma discontinua. Así las cosas el accionante cumple
con un tiempo de cotización que cubre el periodo de vigencia del Acuerdo 049 de
1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
Como se señaló en los fundamentos de este fallo, el
artículo 6º del Decreto 758 de 1990 exigía que para acceder a la pensión de
invalidez, “debían cotizarse 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a
la fecha de estructuración de la invalidez o 300 semanas en cualquier tiempo
anterior a la invalidez”. Debido a que el accionante cumplió con el
requisito de haber cotizado 300 semanas en cualquier tiempo anterior a su
invalidez, durante la vigencia del Decreto 758 de 1990, es decir, antes de la
entrada en vigor de la ley 100 de 1993, la Sala encuentra satisfecho el
requisito para acceder a la pensión de invalidez bajo el régimen anterior.
En razón a que las expectativas legítimas de acceso a
la pensión, incluida la de invalidez del señor Ramírez Vázquez no están
protegidas por la normatividad vigente mediante un régimen de transición, se
hace necesario ampararlas mediante el principio de la condición más beneficiosa
por vía de la acción de tutela. Así, en razón a que el accionante cumplió con
el requisito de haber cotizado 300 semanas en cualquier tiempo antes de su
invalidez, como lo dispone el artículo 6º del Decreto 758 de 1990, es
procedente el reconocimiento de la pensión de invalidez prevista en dicha
normatividad toda vez que se cumplió el mencionado requisito bajo su vigencia,
esto es, antes de la entrada en vigor de la ley 100 de 1993 (14 de abril de
1994).
En consecuencia, al encontrar probado que el actor
cumple con los requisitos para obtener la pensión de invalidez, la Sala
revocará los fallos de instancia proferidos por el Juzgado Único de Familia de Dosquebradas, y por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira,
Sala Civil Familia, y en su
lugar amparará los derechos fundamentales a la seguridad social y mínimo vital
del señor Diego Ramírez
Vásquez; así mismo se ordenará a Colpensiones, el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez al accionante, dentro de las
48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia.
Expediente T-4.224.997
1. Procedibilidad.
En el estudio de procedibilidad de la acción tutela de
la referencia, la Sala encontró que:
(i)
La demora en la definición de los conflictos relativos al reconocimiento de la
pensión de invalidez a través de los mecanismos ordinarios de defensa judicial,
puede vulnerar los derechos de la accionante y su familia al mínimo vital, la
salud, y una vida digna, lo que justifica la intervención del juez de tutela
para la protección de sus intereses.
(ii)
Respecto a la titularidad del derecho pensional pretendido, la demandante
acreditó que había cotizado al sistema pensional[68], que fue dictaminada con
una invalidez superior al 50% de su capacidad laboral[69], y que había solicitado
a la entidad el reconocimiento de la pensión por invalidez[70]. En consecuencia, está
legitimada para reclamar el derecho pensional.
(iii) La señora Melba Isabel Tovar Cuervo, es un sujeto de especial
protección, debido a que padece cáncer, enfermedad catastrófica y degenerativa.
A raíz de dicha patología le dictaminaron una pérdida de su capacidad laboral
del 64.10%.
(iv)
En cuanto a la actividad administrativa desplegada por la accionante, se
encontró que solicitó a la AFP Porvenir S.A. el reconocimiento de la respectiva
pensión por invalidez, y que la entidad la negó el día 26 de diciembre de 2012.
Dicha decisión fue recurrida y posteriormente confirmada por el Fondo de
pensiones el día 31 de julio de 2013.
(v) La
pensión de invalidez constituiría el único sustento económico con el que
contaría la actora para sobrellevar su existencia en condiciones más dignas y
justas pues manifestó que no contaba con los recursos para sufragar sus
necesidades básicas. Adicionalmente, manifestó que debía sufragar gran parte de
los gastos del tratamiento de cáncer que padece, enfermedad de alto costo; y
que debe velar por el cuidado de su hijo Raúl Hernando García, quien padece una
enfermedad psiquiátrica.
Estas
razones son suficientes para que la tutela sea el mecanismo idóneo y eficaz
para la protección de los derechos fundamentales a la vida, mínimo vital, salud
y el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de la accionante.
2. Análisis del cumplimiento de los
requisitos para la pensión de invalidez
La
señora Melba Isabel Tovar Cuervo, padece “tumor carcinoide metastásico en el hígado” que
la llevó a ser calificada con el 64.10% de pérdida de su capacidad laboral.
Esta situación permite establecer que la actora cumple con el primer requisito
de la pensión de invalidez, una invalidez superior al 50%.
Como se ha señalado en esta providencia, en razón a
que la actora sufre una enfermedad de aquellas catalogadas como crónica,
degenerativa o congénita, y siguió cotizando con posterioridad a la fecha de
estructuración de la pérdida de capacidad laboral establecida en el dictamen de
calificación de invalidez, se tomará la fecha de emisión del dictamen como la
de estructuración material de la invalidez, pues la primera no constituye el
momento real en el que la trabajadora abandona su labor y por ende,
tampoco en la que deja de realizar sus aportes al sistema pensional de forma permanente
y definitiva.
En consecuencia, al verificar si la accionante cotizó
50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración material, 14 de octubre de 2010 –fecha del dictamen–, el rango
para determinar si cumple con el requisito de semanas cotizadas se extiende
hasta el 14 de octubre de 2007. En este rango de tiempo se constató, al
examinar la historia laboral[71]
de cotizaciones aportada por la demandante al proceso, que cuenta con 94
semanas, de forma que la accionante cumple con el requisito para hacerse
acreedora a la pensión de invalidez.
La Sala evidencia por tanto que la entidad accionada
vulneró los derechos fundamentales de la señora Tovar Cuervo al negar el
reconocimiento de su derecho a la pensión de invalidez, en consecuencia, la
Sala revocará los fallos de instancia proferidos por el Juzgado 23 Civil Municipal de Bogotá D.C. y por el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá D.C., y en su lugar amparará los derechos
fundamentales a la seguridad social y mínimo vital de la señora Melba Isabel Tovar Cuervo; así mismo, se
ordenará a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la
accionante, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta
sentencia.
V. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos ordenada en este proceso.
Segundo.- CONFIRMAR la sentencia proferida el quince (15) de octubre del dos
mil trece (2013) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena,
Sala Civil especializada en Restitución de Tierras, que confirmó en segunda
instancia el fallo del treinta (30) de agosto de dos mil trece (2013) por el
Juzgado Segundo (2º) Civil del Circuito Judicial de Restitución de Tierras de Cartagena,
mediante los cuales se negó la protección de los derechos fundamentales a la
seguridad social y mínimo vital, al señor Nelson Consuegra Payares dentro del
proceso T-4.190.630.
Tercero.- REVOCAR la sentencia de trece (13) de septiembre de dos mil
trece (2013) proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla que confirmó en segunda instancia el fallo del treinta y uno (31)
de julio de dos mil trece (2013) proferido por el Juzgado Quinto (5º) Laboral
del Circuito de Barranquilla que negó el amparo de los derechos fundamentales
del señor Rafael Becerra Pedraza dentro del proceso T-4.192.231, y en su lugar,
AMPARAR los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo
vital del accionante.
Cuarto.- ORDENAR a Colpensiones que reconozca y pague la pensión de
invalidez al señor Rafael Becerra Pedraza, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta sentencia. Para el efecto, la
entidad deberá observar lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990, aprobatorio del
Decreto 049 del mismo año, por ser la norma aplicable para reconocer la pensión
de invalidez solicitada por el actor.
Quinto.- ORDENAR
al Instituto de los
Seguros Sociales en liquidación, si aún no lo ha hecho, que
dentro de los tres (3) días siguientes a la comunicación de esta providencia
envíe el expediente contentivo de la historia laboral del señor Rafael Becerra
Pedraza a COLPENSIONES con el fin de dar cumplimiento a la orden de
reconocimiento y pago señalada en el numeral anterior.
Sexto.- REVOCAR la sentencia del doce (12) de agosto de dos mil trece
(2013) del Juzgado Veintiuno (21) Laboral del Circuito de Medellín que negó el
amparo tutelar de los derechos fundamentales del señor Libardo de Jesús
Grajales Arcila dentro del proceso de tutela radicado T-4.200.034, y, en su
lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la seguridad social y al
mínimo vital del accionante.
Séptimo.- ORDENAR a Colpensiones, que reconozca y pague la pensión de
invalidez al señor Libardo de Jesús Grajales Arcila, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia.
Octavo.-
ORDENAR al Instituto de
los Seguros Sociales en liquidación, si aún no lo ha hecho, que
dentro de los tres (3) días siguientes a la comunicación de esta providencia
envíe el expediente contentivo de la historia laboral del señor Libardo de Jesús Grajales Arcila a
COLPENSIONES con el fin de dar cumplimiento a la orden de reconocimiento y pago
señalada en el numeral anterior.
Noveno.- REVOCAR la sentencia del doce (12) de noviembre de dos mil
trece (2013) emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira
que confirmó, en segunda instancia, la sentencia del veintisiete (27) de
septiembre de dos mil trece (2013) del Juzgado Quinto (5º) Civil del Circuito
de Pereira que negó el amparo de los derechos fundamentales del ciudadano Luis
Gonzaga Ortiz García dentro del proceso de tutela con referencia T-4.207.853,
y, en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la seguridad social
y al mínimo vital del accionante.
Décimo.- ORDENAR a Colpensiones, que reconozca y pague la pensión de
invalidez al señor Luis Gonzaga Ortiz, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta sentencia.
Undécimo.- ORDENAR al Instituto de los Seguros Sociales en liquidación, si aún no lo ha hecho, que dentro de los tres (3) días
siguientes a la comunicación de esta providencia envíe el expediente contentivo
de la historia laboral del señor Luis Gonzaga Ortiz a COLPENSIONES con el fin
de dar cumplimiento a la orden de reconocimiento y pago señalada en el numeral
anterior.
Duodécimo.- REVOCAR la sentencia proferida el veintiuno (21) de noviembre
de dos mil trece (2013) por el Juzgado Trece (13) Civil del Circuito Judicial
de Bogotá que confirmó el fallo dictado el trece (13) de noviembre del mismo
año por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá que negó la tutela de los
derechos fundamentales del señor Fredy
Alberto Trujillo Ramírez dentro del proceso T-4.208.797, y, en su lugar, AMPARAR los derechos
fundamentales a la seguridad social y mínimo vital del accionante.
Decimotercero.- ORDENAR al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir
S.A. que reconozca y pague la pensión de invalidez al señor Fredy Alberto Trujillo Ramírez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación de esta sentencia.
Decimocuarto.- REVOCAR la sentencia del dieciocho (18) de octubre de dos mil
trece (2013) dictada por el Juzgado Octavo (8º) Penal del Circuito de Medellín y,
en su lugar, DECLARAR EJECUTORIADA la sentencia del primero (1º) de agosto
de 2013 proferida por el Juzgado Diecinueve (19) Penal Municipal con Funciones
de Conocimiento de Medellín que amparó los derechos fundamentales de la Señora
Sara Elena Yépez Muñoz dentro del proceso radicado T-4.214.033, según las
consideraciones de esta sentencia.
Decimoquinto.- ORDENAR a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y
Cesantías Porvenir S.A. que reconozca y pague la pensión de invalidez
solicitada por la señora Sara Elena Yépez Muñoz, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia.
Decimosexto.-
REVOCAR la sentencia del veintiuno (21) de
noviembre de dos mil trece (2013) del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Pereira que en segunda instancia confirmó el fallo del nueve (9) de octubre
de dos mil trece (2013) del Juzgado Único de Familia de Dosquebradas que negó
el amparo de los derechos fundamentales del señor Diego Ramírez Vásquez dentro
del proceso radicado T-4.223.178, y, en su lugar, AMPARAR los derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del accionante.
Decimoséptimo.- ORDENAR a Colpensiones que reconozca y pague la pensión de
invalidez solicitada por el ciudadano Diego Ramírez Vásquez, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia. Para el efecto, la entidad deberá observar
lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Decreto 049 del mismo
año, por ser la norma aplicable para reconocer la pensión de invalidez
solicitada por el actor.
Decimoctavo.- ORDENAR al Instituto de los Seguros Sociales en liquidación, si aún no lo ha hecho, que dentro de los tres (3) días
siguientes a la comunicación de esta providencia envíe el expediente contentivo
de la historia laboral del señor Diego
Ramírez Vásquez a COLPENSIONES
con el fin de dar cumplimiento a la orden de reconocimiento y pago señalada en
el numeral anterior.
Decimonoveno.- REVOCAR el fallo del treinta (30) de octubre de
dos mil trece (2013) proferido por el Juzgado treinta y cinco (35) Civil del
Circuito de Bogotá D.C., que confirmó en segunda instancia el fallo del Juzgado
veintitrés (23) Civil Municipal de Bogotá que negó el amparo de los derechos
fundamentales de la ciudadana Melba Isabel Tovar Cuervo dentro del proceso
radicado T-4.224.997, y, en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales
a la seguridad social y el mínimo vital de la accionante.
Vigésimo.- ORDENAR a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y
Cesantías Porvenir S.A. que reconozca y pague la pensión de invalidez
solicitada por la señora Melba Isabel Tovar Cuervo, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia.
Vigesimoprimero.- Por Secretaría líbrese la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrado
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Pese a que el escrito de tutela señala que la calificación de la
pérdida de capacidad laboral se adelantó ante la Junta Regional de Calificación
de Invalidez de Bolívar, del examen del expediente se constató que en realidad
la realizó el ISS.
[2] Decreto 758 de 1990 aprobatorio del Acuerdo 049 de 1990, artículo
6: “Tendrán derecho a la pensión de invalidez de origen común, las personas
que reúnan los siguientes requisitos: a) Ser inválido permanente total o
inválido permanente absoluto o gran inválido y, // b) Haber cotizado para el
Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de
los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas
(300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez.”
[3] Sentencia T-715 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[4] Ver sentencia T-112 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[5] Al respecto consultar sentencia T-235 de 2010 M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[6] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[7] En la sentencia T-651 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)
esta Corporación expresó que en relación con este requisito, de manera
reiterada, la Corte ha considerado que la condición de sujeto de especial
protección constitucional -especialmente en el caso de las personas de la
tercera edad (Art. 46 C.P.), los discapacitados (Art. 47
C.P.) y las mujeres cabeza de familia (Art. 43
C.P.)-, así como la circunstancia de debilidad manifiesta en la que se
encuentre el accionante, permiten presumir que los medios ordinarios de defensa
judicial no son idóneos. En este sentido, en reciente jurisprudencia, esta Corporación
precisó que “en concordancia con el carácter fundamental del derecho a la
seguridad social, se debe indicar que la condición de sujeto de especial
protección constitucional refuerza la necesidad de conceder la protección
invocada de manera definitiva y de ordenar las medidas requeridas para la
efectividad del derecho (…)”.
[8] En cuanto a la certeza sobre la titularidad del derecho a la
pensión y la diligencia del demandante al reclamar la salvaguarda de sus
derechos, la Corte en sentencia T-414 de 2009 puntualizó “que la acción de
tutela procede cuando se encuentra debidamente probado que el accionante tiene
derecho al reconocimiento de la pensión y, sin embargo, la entidad encargada,
luego de la solicitud respectiva, no ha actuado en consecuencia. Así, para
admitir la procedibilidad de la acción de tutela en estos casos, quien alega
una vulneración de este derecho como consecuencia de la falta de reconocimiento
de su pensión, debe acompañar su afirmación de alguna prueba, al menos sumaria,
de la titularidad del derecho exigido y de que ha desplegado cierta actividad
administrativa o judicial tendiente a obtener la protección de sus derechos
-salvo que haya resultado imposible hacerlo por motivos ajenos a su voluntad-”.
[9] En relación con la afectación del mínimo vital de quien solicite
el amparo, es pertinente recordar que esta Corporación en sentencia T-249 de
2006 señaló: “Así, con relación a la procedencia de la acción de tutela para
el reconocimiento de acreencias laborales, particularmente cuando estas
corresponden a pensiones de jubilación, el juez constitucional, de manera
previa deberá verificar que en el caso concreto concurran ciertos requisitos a
saber: … (ii) que la falta de pago de la prestación o su disminución, genere un
alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del
derecho al mínimo vital”.
[10] En este apartado se seguirá la argumentación expuesta en la
sentencia T-1013 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, reiterada en la
sentencia T-043 de 2014 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[11] Sentencia T-1013 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[12] En la sentencia C-428 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo (con
Salvamento Parcial de Voto Parcial de los Magistrados María Victoria Calle
Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva) la Corte
declaró la inexequibilidad del aparte de la norma exigía que la fidelidad
de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del
tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y
la fecha de la primera calificación del estado de invalidez, por ser un
requisito regresivo que imponía condiciones más gravosas
para acceder a la pensión de invalidez, en comparación a los requisitos
establecidos en el artículo 39 -original- de la Ley 100 de 1993.
[13] Ley 100 de 1993, artículo 41 Calificación del estado de
invalidez. (Artículo modificado por el artículo 142 del Decreto 19 de 2012).
(…) Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana
de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales -
ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y
a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad
la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen
de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la
calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días
siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de
Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días
siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación
de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas
decisiones proceden las acciones legales. (…)
[14] Artículo 39 de la
ley 100 de 1993, y Decreto 917 de 1999. En la sentencia T-163 de 2011, M.P.
María Victoria Calle, se estableció: (i) En los casos que se enmarcan dentro
del presupuesto señalado, la fecha de estructuración no responde a este
criterio; por el contrario, se establece en un momento en que los síntomas de
la enfermedad -crónica, degenerativa o congénita- se hacen notorios, pero no
son definitivos. (ii) El artículo 3 del Decreto 917 de 1999 (Por el cual se modifica el Decreto 692 de
1995 -por el cual se adopta el Manual Único para la
Calificación de la Invalidez.-) define la fecha de estructuración de la invalidez como “la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su
capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier
contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los
exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a
la fecha de calificación. En todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio
por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas
de la invalidez”.
[15] Sentencias T-163 de 2011 M.P. María Victoria Calle Correa y
T-1013 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[16] Ver las Sentencias T-699A de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-710
de 2009 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-163 de 2011, M.P. María Victoria Calle
Correa y T-1013 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[17] Sentencias T-163 de 2011 M.P. María Victoria Calle Correa y
T-1013 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[18] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[19] M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[20] El caso concreto se trató de una persona
con VIH-SIDA, con pérdida de
capacidad laboral de 65.75% y fecha de estructuración de la invalidez del 23 de
junio de 2002. Solicitó la pensión de invalidez, pero el fondo de pensiones se
la negó bajo el argumento de no reunir las semanas de cotización requeridas a
la fecha de estructuración de su invalidez. En las consideraciones de la
sentencia, la Sala estimó que a pesar de su enfermedad, el actor pudo seguir
cotizando al Sistema hasta completar las semanas mínimas de cotización
requeridas, exigidas por la Ley 860 de 2003. Se ordenó, entonces, el
reconocimiento de la pensión teniendo en cuenta todas la semana cotizadas por
el accionante, hasta el momento en hizo su solicitud de la pensión.
[21] (i) En los casos que se enmarcan dentro
del presupuesto señalado, la fecha de estructuración no responde a este
criterio; por el contrario, se establece en un momento en que los síntomas de
la enfermedad -crónica, degenerativa o congénita- se hacen notorios, pero no
son definitivos. (ii) El artículo 3 del Decreto 917 de 1999 (Por el cual se modifica el Decreto 692 de
1995 -por el cual se adopta el Manual Único para la
Calificación de la Invalidez.-) define la fecha de estructuración de la invalidez como “la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su
capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier
contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los
exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a
la fecha de calificación. En todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio
por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas
de la invalidez”.
[22] La Corte ha evidenciado en los casos reseñados en los precedentes
citados que las Juntas de calificación de invalidez determinan como fecha de
estructuración: (a) aquella en que aparece el primer síntoma de la enfermedad, (b)
la que se señala en la historia clínica como el momento en que se diagnosticó
la patología o, (c) la que coincida con el día en que la junta llevó a cabo la
calificación. Ver sentencias T-163 de 2011 M.P. María Victoria Calle Correa y
T-1013 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[23] Sentencias T-163 de 2011 M.P. María Victoria Calle Correa y
T-1013 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[24] Sentencias T-163 de 2011 M.P. María Victoria Calle Correa y
T-1013 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[25] Decreto 917 de 1999, Manual único para la calificación de la
invalidez.
[26] Sentencia T-832A de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[27] Cfr. Sentencia T-576 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos.
[28] En la sentencia T-832A de 2013, se recordó que el alcance y grado
de protección de las expectativas legítimas también ha sido objeto de estudio
por la Corte Constitucional en otros escenarios como el “retén social”. Así,
por ejemplo en la sentencia T-009 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra la
Sala Sexta de Revisión conoció el caso de una trabajadora que buscaba el
reintegro a su lugar de trabajo alegando la cercanía entre la fecha de su despido
y el momento en que alcanzaría la totalidad de requisitos indispensables para
acceder a una pensión de jubilación. Al trazar los fundamentos normativos de su
decisión, la Sala Sexta se refirió a las expectativas legítimas en los siguientes
términos: “La jurisprudencia constitucional ha establecido una diferencia
inequívoca entre las meras expectativas y aquellas expectativas legítimas y
previsibles de adquisición de un derecho, para concluir que mientras las
primeras no son objeto de protección constitucional, las segundas gozan de un
privilegio especial proveniente de la Carta.||Los mecanismos de protección de
las expectativas legítimas de adquisición de derechos sociales se fundan en el
reconocimiento de la calidad de los aspirantes. En efecto, estos mecanismos
protegen las esperanzas de personas que ingresaron a trabajar con anticipación
considerable, que han cotizado al sistema por lo menos la mitad de su vida
laboral y han cifrado parte de su futuro en un retiro próximo, con el anhelo de
disfrutar del mismo hasta una edad probable promedio. No son, pues, las
expectativas lejanas de quienes apenas se vinculan al mercado laboral, empiezan
a cotizar al régimen de pensiones o guardan energías para diseñar su retiro en
un futuro incierto.||Aunque en este punto es evidente que es al legislador al
que le corresponde determinar quiénes están más cerca o más lejos de adquirir
el derecho a la pensión, también lo es que, una vez se establece la diferencia,
los principios de proporcionalidad, razonabilidad e igualdad imponen un
tratamiento más benigno para quienes más cerca están de pensionarse. De allí
que se justifique que sus expectativas de adquisición sean protegidas con mayor
rigor que las comunes, y que se les permita pensionarse de conformidad con el
régimen al cual inicialmente se acogieron.”. En el caso concreto la
Sala de Revisión decidió conceder el amparo del derecho a la estabilidad
laboral de la accionante, pues consideró que ese era el mecanismo apropiado
para resguardar las expectativas legítimas consolidadas de la actora, quien se
hallaba próxima a cumplir los requisitos de reconocimiento de una pensión de
jubilación. Al respecto la Sala señaló: “En este caso es claro que
desvincular a la peticionaria faltándole algo más de un año para pensionarse,
después que la misma trabajó más de 20 años al servicio de la entidad, resulta
una medida que afecta prima facie el derecho al respeto de las expectativas
próximas a consolidarse, y, de contera, de los derechos derivados de recibir
una pensión”. Igualmente, consultar entre otras las sentencias T-1239 de
2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-435 de 2012 M.P. Humberto Sierra Porto.
Recientemente en la sentencia SU-897 de 2012 M.P. Alexei Julio Estrada, la Sala
Plena de la Corte estimó que la salvaguarda de las expectativas legítimas de
las personas próximas a pensionarse que hacen parte del retén social no se protege
mediante la tutela de la estabilidad laboral, sino a través de la garantía del
derecho a la seguridad social. El Pleno de la
Corte consideró que en estos casos lo procedente es disponer el traslado de
los aportes o cotizaciones faltantes para el reconocimiento de la pensión, por
parte del empleador, más no el reintegro en el cargo.
[29] De manera que, la Corte ha diferenciado tres tipos de
situaciones: (i) los derechos consolidados, que son aquellas
situaciones en las que una persona cumple con un derecho y por tanto merece una
poderosa protección del mismo; (ii) las meras expectativas, situación
en la que un ciudadano no cumple ningún requisito para acceder a un derecho,
razón por la que el legislador puede modificar sus condiciones; y (iii)
las expectativas legítimas, que son una situación intermedia entre las
anteriores dos, en las que una persona cumple alguno de los requisitos para
acceder a un derecho y, por tanto, espera acceder al mismo, este tipo de
circunstancia, según la Corte, es merecedora de una protección intermedia. Al
respecto Cfr. sentencia T-832A de 2013.
[30] Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia
40662 del 15 de febrero de 2011 M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
[31] Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
sentencia 40662 del 15 de febrero de 2011 M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
[32] Cfr. Sentencia T-832A de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[33] Decreto 758 de 1990 aprobatorio del Acuerdo 049 de 1990, artículo
6: “Tendrán derecho a la pensión de invalidez de origen común, las personas
que reúnan los siguientes requisitos: a) Ser inválido permanente total o
inválido permanente absoluto o gran inválido y, // b) Haber cotizado para el
Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de
los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas
(300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez.”
[34] En particular se utilizará el diseño metodológico establecido en
la sentencia T-1013 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En similar sentido,
consultar la sentencia T-043 de 2014 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[35] Historia laboral aportada a folios 60 a
62 del expediente de tutela.
[36] Dictamen de calificación de pérdida de la
capacidad laboral obrante a folios 18 a 19 del expediente de tutela.
[37] Resolución No. 20136800344211 del 4 de
junio de 2013, a folio 11 del expediente.
[38] Ley 100, artículo 38. Para
los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por
cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente,
hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.
[39] Historia de cotizaciones, folio 16 a 17
del expediente de tutela.
[40] Dictamen de calificación de pérdida de
capacidad laboral, folio 14 del expediente de tutela.
[41] Folio 14, expediente de tutela.
[42] Folio 15 cuaderno 1.
[43] Historia laboral de semanas cotizadas al ISS obrante a folio 16
del expediente de tutela.
[44] Certificación de información laboral expedida por el Grupo de
Archivo General del Ministerio de Defensa Nacional, obrante a folios 21 a 25
del expediente de tutela.
[45] Es importante recordar que como se señaló en la sentencia T-576
de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos,
[46] Resolución No. 2012-1435170 del 8 de abril de 2013 en la que
consta el tiempo de servicios y de aportes del accionante.
[47] Dictamen de calificación de pérdida de la capacidad laboral a
folio 10 del expediente de tutela.´
[48] Ídem, Resolución No. 2012-1435170 del 8 de abril de 2013.
[49] Resolución No. 2012-1435170 del 8 de abril de 2013 mediante la
cual Colpensiones niega la solicitud de pensión de invalidez elevada por el
señor Libardo de Jesús Grajales Arcila a dicha entidad. Folios 6 a 7 del
cuaderno único de tutela.
[50] Folio 30 a 37 del cuaderno principal del expediente de tutela.
[51] Reporte de semanas cotizadas para pensiones obrante a folios 30 a
37 del expediente de tutela.
[52] Dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral a folio
23 del expediente.
[53] Resolución No. 5010 del 7 de septiembre de 2011 del Instituto de
Seguro Social mediante el cual se niega la pensión de invalidez.
[54] En efecto del examen del expediente se evidenció afectación de los
derechos fundamentales del accionante, en especial a su mínimo vital, en tanto
el señor Gonzaga no cuenta con mayores ingresos, por lo ha cotizado al sistema
pensional a través del Consorcio Colombia Mayor con base en su trabajo como
lustra botas.
[55] Folio 30 a 37 del cuaderno principal del expediente de tutela.
[56] Historia laboral aportada a folios 23 a 28 del expediente de
tutela.
[57] Certificación de pérdida de capacidad laboral obrante a folio 20
del expediente.
[58] Oficio 579 del 21 de junio de 2013 mediante el cual Porvenir S.A.
que niega la pensión de invalidez, folios 18 y 19 del expediente de tutela.
[59] Folio 24 a 28 del cuaderno 1 del expediente de tutela.
[60] Documento de relación histórica de movimientos de los aportes
pensionales aportado a folios 7 a 8 del expediente de tutela.
[61] Dictamen de calificación de pérdida de la capacidad laboral
obrante a folios 13 a 21 del expediente de tutela.
[62] Oficio del 11 de julio de 2013 mediante el cual Porvenir S.A.
niega la pensión de invalidez, folios 5 a 6 del expediente de tutela.
[63] Dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral emitido
por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que revisó, a su vez, el
concepto emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez el 24 de
octubre de 2012, obrante a folios 13 a 21 del expediente de tutela.
[64] Resolución No. 201268003137290 del 4 de febrero de 2013 emitida
por Colpensiones en la que constan los tiempos de servicios y aportes a
pensiones, folios 11 a 12 del expediente de tutela.
[65] Dictamen de pérdida de capacidad laboral aportada a folios 2 a 4
del expediente de tutela.
[66] Ídem, Resolución No. 201268003137290 del 4 de febrero de 2013.
[67] Historia laboral de semanas cotizadas al ISS obrante a folio 11 a
12 del expediente de la tutela de la referencia.
[68] Historia laboral aportada a folios 20 a 21 del expediente de
tutela.
[69] Dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral aportado
a folios 14 a 16 y folio 19 del expediente de tutela.
[70] Comunicación del 31 de julio de 2013 mediante la cual Porvenir
S.A. niega la pensión de invalidez, folios 11 a 12 del expediente de tutela.
[71] Folio 10 a 11 del cuaderno principal del expediente de tutela.