T-566-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-566/11
DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR
RAZONES DE SALUD-Reiteración de jurisprudencia sobre protección por vía de
tutela de manera excepcional
De manera
reiterada esta Corporación ha sostenido que por regla general la acción de
tutela no es procedente para resolver un reclamo que busca la obtención de un
reintegro laboral, pues el asunto debe ser discutido en el escenario diseñado
por el legislador para tal fin en las respectivas jurisdicciones ordinaria
laboral y de lo contencioso administrativo, según la forma de vinculación del
interesado, en las que se prevén las acciones pertinentes que buscan garantizar
el derecho al trabajo, máxime cuando la acción de tutela no se instituyó como
un medio judicial de defensa alterno o que pueda reemplazar los procedimientos
judiciales ordinarios, los cuales se conciben, igualmente como instancias
destinadas a la protección de derechos fundamentales. Para la Corte es claro
que si bien la desvinculación laboral de una persona en condición de debilidad
manifiesta en razón a su discapacidad, es un asunto de relevancia
constitucional, la protección de sus derechos se garantiza mediante el proceso
ordinario laboral, en razón a que en la Ley 361 de 1997 el Legislador reguló y
desarrolló el derecho a la estabilidad laboral reforzada de los discapacitados,
de tal manera que el juez ordinario laboral cuenta con la competencia en ese
asunto y las herramientas legales necesarias para conocer, tramitar y decidir
el mismo. Sin embargo, la procedencia en estos casos de la acción de tutela
para resolver sobre el reintegro laboral solicitado, está supeditado a lo
siguiente: (i) en caso de que sea imposible, irrazonable o desproporcionado que
la persona espere la decisión en un proceso judicial por circunstancias
excepcionales, referidas a su avanzada edad, o a la futura liquidación o disolución
de la entidad demandada y, (ii) en caso de que resulte indispensable la
intervención del juez constitucional, a través de la protección transitoria,
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL EN CASOS DE VINCULACION PROVISIONAL-Cuando se produce
el retiro del servidor o empleado, debe respetarse el debido proceso y el
principio de legalidad
Según la
jurisprudencia de esta Corte, el respeto a la estabilidad laboral en los casos
de vinculaciones provisionales al servicio público, o ante la existencia de
motivos que justifican la terminación unilateral del contrato de trabajo, se
realiza mediante el condicionamiento de la desvinculación del servicio público
o de la terminación unilateral del contrato, a causas legalmente previstas, es
decir, al respeto del principio de legalidad y a la garantía del debido
proceso. La aplicación de estas garantías no se identifica con los procesos
penales o disciplinarios. Lo que se persigue con dicha protección, es que no se
vulnere la estabilidad laboral por causas no previstas legalmente y, que el
servidor público o empleado, en su caso, conozca el motivo de la desvinculación
o de la terminación del contrato, para que pueda ejercer su derecho de
contradicción por el despido antes las instancias competentes. El
incumplimiento de estos requisitos por parte del empleador público o privado,
debe ser alegado siguiendo el criterio de inmediatez a partir de la ocurrencia
de los hechos, pues en caso contrario, se presume que la eventual negligencia o
el incumplimiento de las mencionadas obligaciones ha sido perdonada.
PERSONAS EN
SITUACION DE DISCAPACIDAD-Subreglas jurisprudenciales para la protección
Esta corporación fijó el alcance de la protección
constitucional de la estabilidad laboral de las personas en condiciones de
discapacidad, al establecer las siguientes subreglas jurisprudenciales: (i) en
principio no existe el derecho fundamental a la estabilidad laboral; (ii)
cuando se está frente a personas de especiales condiciones físicas o laborales,
se presenta estabilidad laboral reforzada; (iii) al presentarse desvinculación
laboral de una persona que reúna las condiciones de especial protección, el
amparo constitucional no prosperará por la presencia de esas circunstancia,
sino que (iv) es indispensable probar la conexidad entre la condición de
debilidad manifiesta y la desvinculación laboral que constituye un trato discriminatorio
y un abuso del derecho y, (v) la acción de tutela se convierte en el medio
idóneo y eficaz para ordenar el reintegro laboral de las personas que por el
estado de salud gocen de la estabilidad laboral reforzada, sin olvidar, desde
luego, que de presentarse una justa causa, podrán desvincularse, respetando el
debido proceso respectivo.
DERECHO A LA
REUBICACION LABORAL-Deber del empleador de reubicar al trabajador que en el
transcurso de vida laboral han sufrido de accidentes o enfermedades que
disminuyen su capacidad laboral
Debe recordar la Sala que de acuerdo a la
jurisprudencia reiterada de esta Corte, la protección del derecho a la
estabilidad laboral de las personas discapacitadas o con limitaciones de salud
física o mental, no se agota en la prohibición a los empleadores de desvincular
o dar por terminadas las relaciones laborales, sino que el legislador ha
establecido un deber para los empleadores de reubicar a un trabajador
parcialmente incapacitado en el cargo que desempeñaba o a proveerle un trabajo
compatible con sus capacidades y aptitudes, debiendo realizar los movimientos
de personal que sean necesarios, a no ser que ello resulte fácticamente
imposible.
REUBICACION LABORAL-Lineamientos para exonerar al empleador de reubicar al empleado
El
empleador puede eximirse de la obligación de reubicación del trabajador por
razones de salud, si demuestra la existencia de un principio de razón
suficiente de carácter constitucional que lo exonera de cumplirla, pues no debe
olvidarse que el derecho a la reubicación por dichas condiciones tiene
distintos alcances que dependen del ámbito en el cual opera el derecho. Para
ello son determinantes los siguientes aspectos que guardan relación entre sí:
(i) la clase de función que desarrolla el trabajador; (ii) la naturaleza
jurídica y, (iii) la capacidad del empleador, que si es desbordada por la
reubicación, o si impide o dificulta en exceso el desarrollo de su actividad o
la prestación del servicio a su cargo, el derecho a ser reubicado debe ceder
ante el interés legítimo del empleador. Con todo, a éste le asiste la
obligación de hacer conocer tal hecho del trabajador y además permitirle la
oportunidad de que proponga soluciones razonables a la situación que se
presenta.
REUBICACION
LABORAL-Improcedencia por cuanto la pérdida de capacidad laboral de la
tutelante es muy alta, más del 75%
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION POR MEDIO DE ACCION DE TUTELA-Reiteración
de jurisprudencia
Reitera la
Sala que todos los derechos constitucionales tienen facetas prestacionales,
unos más que otros, como la pensión de invalidez, cuya implementación política,
legislativa, económica y técnica, es mucho más exigente que la de otros
derechos y depende de fuertes erogaciones económicas en un contexto de escasez
de recursos. Por esa razón, algunas veces es necesario adoptar políticas
legislativas y/o reglamentarias con la finalidad de establecer claramente las
prestaciones exigibles y las condiciones para acceder a las mismas, las
instituciones obligadas a brindarlas y su forma de financiación, sin desconocer
que debe atenderse prioritariamente a quienes más lo necesitan. El derecho a la
seguridad social, dentro del que hace parte el derecho a la pensión de
invalidez, es un derecho fundamental, de tal forma que al presentarse
cualquiera de los dos eventos descritos, la acción de tutela se convierte en el
medio idóneo y eficaz para su protección, previa acreditación de los requisitos
generales de procedencia de este mecanismo constitucional para el ejercicio
pleno de tales derechos.
ACCION DE
TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION-Requisitos para su procedencia
De manera reiterada esta
corporación ha sostenido que por regla general, la acción de tutela no procede
para ordenar el reconocimiento y pago de acreencias prestacionales, debido a
que en el ordenamiento jurídico existen otros medios de defensa judicial ordinarios,
en principio, idóneos para conocer, tramitar y decidir esa clase de disputas.
Sin embargo, ante la inexistencia de otros medios de defensa judicial, o
verificada la inidoneidad e ineficacia de los mismos para la protección de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados, la acción de tutela resulta
procedente como medio principal de defensa. Para que por vía de tutela
se ordene el reconocimiento y pago de derechos pensionales, el actor debe
acreditar unas circunstancias mínimas referidas directamente con el derecho
reclamado, de las que precisamente depende la decisión a adoptar por parte del
juez constitucional que define el fondo el asunto, orientada, en caso de que
haya lugar a ello, a permitir el ejercicio real y efectivo del derecho pensional
alegado, bien sea de forma definitiva, o temporal, dependiendo de las
particularidades del caso, última hipótesis en la que el fallo constitucional
mantendrá sus efectos mientras el juez ordinario resuelve con sentencia en
firme la controversia. Las exigencias sustanciales mencionadas, se refieren a:
(i) demostrar sumariamente la existencia de la titularidad del derecho alegado,
(ii) actividad o diligencia administrativa o judicial del accionante en la
búsqueda del reconocimiento del derecho invocado, salvo que haya resultado
imposible hacerlo por motivos ajenos a su voluntad y, (iii) el grado
alto de afectación del mínimo vital como consecuencia de la negación del
derecho pensional.
DERECHO AL
MINIMO VITAL Y A LA VIDA DIGNA-Orden a Fiduciaria la Previsora y al Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocer y pagar pensión de invalidez
a docente de  forma definitiva, dadas las especiales condiciones de salud
Referencia:
expediente T-2.913.692.
Acción de tutela incoada por Stella Nohemy Benavides Díaz, contra el
Departamento del Putumayo, Secretaría de Educación y Cultura de ese
departamento, Oficina del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio del
Putumayo, Fiduciaria la Previsora S.A. y el municipio de Puerto Caicedo
–Putumayo-.
Magistrado
Ponente:
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá
D.C. veintiuno (21) de julio de dos mil once (2011).
La Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle
Correa, Luis Ernesto Vargas Silva, y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de
la providencia adoptada el 9 de noviembre de 2010 por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Pasto, en la acción de tutela incoada por Stella Nohemy
Benavides Díaz contra el Departamento del Putumayo.
I. Antecedentes
La señora Stella Nohemy Benavides
Díaz, impetró acción de tutela contra la Secretaría de Educación del
Departamento del Putumayo, con la finalidad de que se le amparen los derechos
fundamentales al trabajo, a la seguridad social en conexidad con la vida en
condiciones dignas, al mínimo vital y a la salud, los cuales se habrían
infringido como ocurrencia de los hechos que a continuación resume la Sala:
1. Hechos
1.1. La señora Stella Nohemy
Benavides Díaz inició a laborar como docente en el municipio de Puerto Caicedo
–Putumayo-, por orden de prestación de servicios (O.P.S) desde 1996, en
diferentes establecimientos educativos de ese municipio y en los últimos meses
en la Escuela Rural Mixta de Playa Rica, desde donde salió desplazada debido a
las amenazas provenientes de miembros de la guerrilla de las FARC que operaran
en el Putumayo y particularmente en la zona rural de Puerto Caicedo.
1.2. Luego de la muerte violenta de
su suegro José Ancizar Marín Morales, cuyos hechos fueron denunciados ante las
autoridades respectivas, se vio obligada a huir junto con su pequeño hijo y con
la familia Marín Ospina, debiendo abandonar los escasos bienes que poseían y se
dirigieron a la ciudad de Cali, en donde el 2 de junio de 2002 fueron inscritos
en el registro de desplazados, y aceptados como víctimas del mencionado
fenómeno.
1.3. Debido a la difícil
situación por la que estaban pasando en Cali, decidieron con su esposo regresar
a Puerto Caicedo – Putumayo-. Cuando se encontraban en el terminal de
transporte en la ciudad de Mocoa, se les acercó una persona y les dijo que no
retornaran a Puerto Caicedo porque aparecían en una lista, motivo por el cual
se quedó en Mocoa, pero su compañero sentimental siguió, y luego ambos se
instalaron en ese municipio. Su cónyuge encontró trabajo en la empresa
“CONSTRUEQUIPOS” quienes lo enviaron al municipio de Orito –Putumayo-, de donde
a los ocho días desapareció.
1.4. Ante lo sucedido, y con la
finalidad de obtener ingresos que le permitieran seguir sosteniendo su hogar,
pidió al encargado de la educación municipal que la reubicaran en una escuela
del área urbana de Puerto Caicedo, pues temía por su vida y la de su hijo, pero
le ofrecieron escuelas que se encuentran en el sector rural en la zona de
influencia guerrillera. Por tal razón, solicitó al Comité Departamental de
Reorganización Educativa su incorporación por el hecho de haber laborado por
orden de prestación de servicios. A este respecto, recibió un escrito en el que
se le informó que en los lugares cercanos a las cabeceras municipales se
reubican los docentes vinculados en propiedad y que en el municipio de Mocoa no
era posible, situación que a su juicio desconoce su condición de educadora
desde 1996, así como las amenazas, el desplazamiento del que ha sido víctima y
la muerte presunta de su esposo reconocida por un juez de la República,
aspectos que muestran la negligencia y la discriminación a la que ha sido
sometida.
1.5. Por estos hechos el 20 de
mayo de 2003 presentó acción de tutela, tendiente a la protección de sus
derechos fundamentales y en consecuencia se ordenara a la Secretaría de
Educación Departamental del Putumayo se le contratara como docente. El 30 de
junio de 2003, se resolvió tutelar los derechos fundamentales invocados y se
ordenó al Gobernador del Putumayo, a la Secretaría de Educación y Cultura y al
Comité de Reorganización Educativa, que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de la sentencia, procedieran a emitir el acto administrativo por
el cual se nombraba en provisionalidad y se reubicara transitoria o
definitivamente.
1.6. En cumplimiento de lo
ordenado, el 4 de junio de 2003, la Secretaría de Educación y Cultura
departamental emitió una orden de trabajo y adujo que en la cabecera municipal
de Puerto Asís existía presencia militar y policiva que garantizaría
desarrollar su actividad docente sin peligro ni temor de perder la vida o
atentado contra la integridad personal.
1.7. El 25 de junio de 2003
presentó incidente de desacato que fue fallado en su favor, por lo que se
ordenó a los demandados que en el término de 5 días siguientes a la
notificación del fallo, la reubicaran mediante nombramiento provisional, motivo
por el cual a través del Decreto 0895 del 2 de septiembre de 2003 fue nombrada
como docente, cargo del cual tomó posesión el 3 de septiembre de ese año como
profesora de la institución Educativa Francisco de Asís, sede preescolar del
municipio de Puerto Asís –Putumayo-. Luego fue reubicada en la institución
educativa San Agustín de Mocoa, donde se le informó que no había carga
académica. Posteriormente fue trasladada a la institución educativa Fray Plácido
del municipio de Mocoa y luego a la institución educativa Amazónica del
municipio de Puerto Guzmán, en contravía de las directivas 020 de 2003 y 03 de
2004, donde se da primacía a la ubicación de los docentes amenazados, pues no
se tuvo en cuenta la situación de peligro que corría su vida.
1.8. El 20 de agosto de 2006,
cuando estaba frente al palacio municipal de Puerto Guzmán, le fue lanzado un
artefacto explosivo que la lesionó gravemente el ojo derecho, situación que
empeoró su situación psíquica y la de su hijo, debido a las amenazas y
desplazamiento forzado del que había sido víctima.
1.9. El 11 de septiembre de 2006
presentó denuncia penal por el atentado terrorista que sufrió, correspondiéndole
a la Fiscalía Especializada de Mocoa adelantar la investigación.
1.10. Mediante resolución 0341
del 23 de febrero de 2007, la Secretaría de Educación del Putumayo, resolvió
trasladarla al centro educativo rural Pueblo Viejo del municipio de Mocoa.
1.11. En junio de 2007, la Unidad
Médico Asistencial del Putumayo, certificó su pérdida de capacidad laboral del
76.35%, motivo por el cual el 9 de agosto de ese año, presentó ante la
Secretaría de Educación del Putumayo solicitud de pensión de invalidez, a lo
que se respondió el 28 de agosto de 2007 que había inconsistencia en los
requisitos, requiriendo el anexo del registro civil de nacimiento, el que hizo
llegar el 30 de agosto de 2007. No obstante “desde ese día son muchos los
obstáculos que se han colocado, pues cuando llegó con un documento la
Secretaría de Educación sigue rechazándome mi solicitud de pensión de invalides
(sic) aduciendo que me falta otro documento”[1].
1.12. Indica que cumple con los
requisitos señalados en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, para que se le
reconozca y pague la pensión de invalidez, es decir: que la invalidez tenga
como causa enfermedad común, que haya cotizado 50 semanas dentro de los tres
años inmediatamente anteriores a la fecha de reestructuración y que la
fidelidad para con el sistema sea al menos del 20% del tiempo transcurrido
entre el momento en que cumplió 20 años de edad y de la primera calificación
del estado de invalidez. Estos requisitos los cumple, según afirma, en especial
el último puesto que lleva más de 4 años y 8 meses de lo exigido, cotizados
inmediatamente antes de la estructuración y no se ha resuelto hasta la fecha su
solicitud de pensión por enfermedad común.
1.13. En el mes de enero de 2007
demandó en reparación directa al departamento del Putumayo, Secretaría de
Educación y Cultura y Comité de Reorganización Educativa.
1.14. Mediante convocatoria
número 0089 del 01 de abril de 2009, la Comisión Nacional del Servicio Civil
abrió convocatoria número 114 de 2009, para proveer por concurso público de
méritos docentes y directivos en instituciones educativas oficiales del
Departamento del Putumayo, provistos o no mediante nombramiento provisional o en
encargo.
1.15. Se presentó a la
convocatoria, pero debido al estado en el que se encuentra perdió el concurso
público de méritos al no alcanzar el porcentaje exigido para quedar incluida en
la lista de elegibles al cargo de docente, debido a la problemática y a los
traumas psicológicos sufridos por la desaparición de su esposo y muerte de su
suegro, amenazas y desplazamiento forzado, traslados a zonas de alto riesgo y
haber sido víctima de atentado terrorista que le dejó lesión y secuelas
permanentes.
1.16. Mediante resolución número
1343 fue trasladada a la vereda Villaflor del municipio de Puerto Caicedo, ante
el peligro que no ha desaparecido, al no tener resuelto su retorno, presentó
recurso de reposición y en subsidio apelación. El 6 de julio de 2010 le
resolvieron el recurso de reposición confirmando lo decidido y no se le dio
trámite a la apelación por cuanto no se tiene superior jerárquico.
1.17. Mediante resolución 1721
del 7 de julio de 2010 la Secretaría de Educación y Cultura Departamental dio
por terminado el nombramiento provisional de docente a partir del 12 de julio
de 2010 y se nombró en periodo de prueba dentro del sistema de carrera docente
a Gerardo Hernando Realpe Oliva.
1.18. Debido a su estado de salud
como consecuencia del acto terrorista del que fue víctima, de forma permanente
debe asistir a controles y tratamiento médico. En adelante, no tendría garantía
de ese derecho así como tampoco para cancelar lo de su manutención, el arriendo
y los servicios públicos domiciliarios donde tiene su núcleo familiar, así como
tampoco para pagar las deudas contraídas.
1.19. Por lo anotado, solicita se
anule el artículo primero de la resolución 1721 del 7 de julio de 2010, por
medio del cual se dio por terminado su nombramiento provisional como docente en
el centro educativo rural Villaflor del municipio de Puerto Caicedo a partir
del 12 de julio de 2010, que la retiró del servicio. En consecuencia, se tutele
su derecho al trabajo y su mínimo vital y móvil en la ciudad de Mocoa, por
cualquier forma contractual como docente, mientras se resuelve por parte de la
Secretaría de Educación del Putumayo su pensión de invalidez, debido a que no
cuenta con capacidad económica para sufragar los gastos como madre cabeza de
familia.
2. Intervención de la entidad
demandada.
Dentro del término concedido por
el despacho judicial de primera instancia, Nelcy Cuéllar Ibañez, Administradora
Temporal Sector Educativo del Departamento del Putumayo, se opuso a los
argumentos expuestos por la tutelante, de quien expuso, perteneció a la planta
de personal globalizada de docentes del sector educativo estatal adscrita a la
Secretaría de Educación Departamental del Putumayo, cuyo vínculo era en
provisionalidad.
Después de referirse al concurso
docente, afirmó que fue preciso terminar los nombramientos en forma provisional
de algunos docentes, dentro de los que se encuentra la actora, para nombrar a
los docentes que superaron y ganaron el concurso de méritos, según la lista de
elegibles conformada por la Comisión Nacional del Servicio Civil para proveer
los empleos de docentes de básica primaria en el Departamento del Putumayo,
como ocurrió con Gerardo Hernando Realpe Oliva quien ocupó la posición 13 de la
lista de elegibles y se nombró en reemplazo de la actora y fue posesionado en
periodo de prueba.
Considera que la tutelante cuenta
con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que se estudie la
pretensión de suspender el artículo 1º del acto administrativo que dio por
terminado su nombramiento en provisionalidad, pudiendo inclusive pedir la
suspensión provisional de los actos administrativos, motivo por el cual el juez
de tutela no está llamado a reemplazar al juez ordinario, salvo que exista un
perjuicio irremediable para proceder al amparo como mecanismo transitorio, lo
cual no se presenta en este caso.
Ahora bien, respecto del trámite
de la pensión de invalidez al que hace relación la tutelante, es competencia
exclusiva del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, de donde surge que
la Secretaría de Educación Departamental únicamente se encarga de recepcionar,
radicar y enviar la documentación para su estudio, análisis y aprobación del mencionado
fondo y demás requisitos que se solicitan a través de esa oficina, siguiendo lo
dispuesto en la ley 91 de 1989 y demás normas concordantes.
3. Decisiones judiciales
objeto de revisión
3.1. Primera instancia.
Mediante sentencia proferida el
21 de julio de 2010, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Mocoa, negó la protección de los derechos fundamentales invocados por la
tutelante. Expuso que la actora tuvo la oportunidad de inscribirse y participar
en el concurso docente, su condición de desplazamiento no fue impedimento para
presentar la prueba escrita de carácter eliminatorio y no está demostrado que
el atentado haya disminuido su capacidad intelectual. De esta forma no existió
vulneración de sus derechos fundamentales, puesto que tuvo la oportunidad de
acceder a un cargo de carrera administrativa y la desvinculación no fue ilegal
porque estuvo motivado mediante acto administrativo. Finalmente, respecto de la
seguridad social, manifestó que la actora debe gestionar cuanto antes toda la
documentación requerida por la Secretaría de Educación del Departamento del
Putumayo, para obtener el reconocimiento de su pensión de invalidez.
3.2. Impugnación,
Dentro del término legal, la
tutelante impugnó el fallo de tutela. Después de hacer un recuento del trámite
de su solicitud de pensión de invalidez, afirma que la Fiduprevisora le ha
negado su reconocimiento en dos oportunidades, lo que demuestra que no ha sido
negligente en su reclamo. Además, la Secretaría de Educación del Putumayo ha
realizado actividades para proteger el derecho a la vida y al trabajo de los
docentes amenazados y desplazados, en menor condición de riesgo que el suyo,
además el juez de primera instancia no tuvo en cuenta que es una madre cabeza
de hogar con una capacidad laboral del 25%, afectada constantemente en su salud
debido al acto terrorista de que fue víctima, además de haber sido desplazada
por actores armados al margen de la ley. Por estas razones solicita sea
revocado el fallo de tutela impugnado.
3.3. Fallo de segunda
instancia.
A través de fallo del 9 de
noviembre de 2010, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, confirmó el
fallo emitido el 29 de julio de 2010 por el Juzgado de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Mocoa. Sus principales consideraciones se centran en
señalar que la solicitud del reintegro al cargo de la actora no procede por vía
de tutela toda vez que la causa de la remoción se dio por el nombramiento de un
docente quien superó el concurso de méritos, sin perjuicio de que la actora
pueda acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y solicitar el
reconocimiento de los derechos laborales que considere le han sido desconocidos.
4. Pruebas relevantes
allegadas al expediente.
Obran las siguientes pruebas
dentro del expediente de tutela:
·
Escrito de tutela firmado por la actora (folios 2 a 10 del cuaderno 1).
·
Copia del oficio CSS-136 del 25 de junio de 2007, suscrito por el
Jefe del Departamento de Servicios de Salud y la Coordinadora de Salud
Ocupacional de la Unidad Médico Asistencial del Putumayo –UNIMAP E.U. por medio
del cual se certifica que la docente Stella Noemí Benavides Díaz, fue valorada
por la Junta de Calificación de Invalidez que arrojó el 76.35% de pérdida de su
capacidad laboral, originada en enfermedad común (folio 12 del cuaderno 1).
·
Copia del Formulario de Dictamen para Calificación de la
Incapacidad Laboral del 12 de diciembre de 2008, de la actora que dio como
resultado pérdida de su capacidad laboral del 75% (folios 14 y 15 del cuaderno
1).
·
Copia de la Resolución AT/ No. 1721 del 7 de julio de 2010, por
medio de la cual la Secretaría de Educación y Cultura del Putumayo dio por
terminado el nombramiento provisional como docente de la actora a partir del 12
de julio de 2010 y se nombró de la lista de elegibles a partir de esa fecha en
periodo de prueba a Gerardo Hernando Realpe Oliva (folios 28 al 30 del cuaderno
1).
·
Oficio 2297 del 21 de julio de 2010 a través del cual Nelcy Cuellar Ibáñez, Administradora Temporal Sector Educativo del Putumayo,
respondió la acción de tutela incoada por Stella Noemí Benavides Díaz (folios
36 al 44 del cuaderno 1).
·
Copia del oficio 2119 del 25 de junio de 2010, sucrito por Nelcy
Cuellar Ibáñez, Administradora Temporal Sector Educativo del Putumayo, mediante
el cual le informa a la actora que por segunda vez la Fiduprevisora en Bogotá,
confirmó la negativa de reconocimiento de la pensión de invalidez solicitada,
en donde se pide anexar el certificado de salarios de los últimos 10 años.
Agrega igualmente que revisado el tiempo de servicios de la actora, laboró 8
años, 9 meses y 3 días. Se agregó que la solicitud de consulta de la cuota
parte requerida por la Fiduprevisora por los tiempos laborados por OPS se pidió
al municipio de Puerto Caicedo el 10 de diciembre de 2009 y no se obtuvo
respuesta por lo que se envió para estudio y nuevamente fue negada con los
argumentos anteriores (Folio 45 del cuaderno 1).
·
Copia del oficio FPSM-869 del 10 de diciembre de 2009, suscrito
por Edgar Augusto Ruano Navarro, Secretaría de Educación y Cultura del
Departamento del Putumayo, Oficina de Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio, dirigido a la Alcaldía Municipal de Puerto Caicedo –Putumayo-, a
través de la cual por segunda vez remite el proyecto de liquidación e la
Pensión de Invalidez de la actora, el cual genera una obligación de $394.584
equivalente al 56% a cargo de esa entidad, por el periodo laborado durante 4
años 10 meses y 18 días, por lo que se solicita presentar aceptación o rechazo
dentro del término legal (folio 48 del cuaderno 1).
·
Copia del fallo de tutela de primera instancia proferido el 29 de
julio de 2010 por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Mocoa (folios 50 a 60 del cuaderno 1).
·
Impugnación del fallo de tutela adoptado en primera instancia,
suscrito por Stella Noemí Benavides Díaz (folios 64 a 69 del cuaderno 1).
·
Copia de la certificación del 23 de agosto de 2006, suscrita por
Vicente William Castillo Delgado, Alcalde de Puerto Guzmán, por medio de la
cual hace constar que la actora fue víctima de un artefacto explosivo (granada
de fragmentación), en hechos ocurridos el 20 de agosto de 2006, en la acera de
las instalaciones del Palacio Municipal (folio 70 del cuaderno 1).
·
Copia del oficio OPSM-648 del 12 de junio de 2007, suscrito por
Franco Alberto Garzón Valencia, de la Secretaría de Educación y Cultura del
Departamento del Putumayo, Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio,
dirigido a Stella Noemí Benavides Díaz, por medio del cual solicita allegue
unos documentos para dar trámite a la solicitud de pensión (folio 71 del
cuaderno 1).
·
Copia del escrito del 6 de agosto de 2007, firmado por la actora,
dirigido a Franco Alberto Garzón Valencia, Secretaría de Educación y Cultura
del Departamento del Putumayo, Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio,
a través del cual allegó los documentos que hacían falta para tramitar su
solicitud pensional (folios 72 a 87 del cuaderno 1).
·
Copia del oficio OPSM-265 de mayo 9 de 2008, suscrito por Edgar
Augusto Ruano Navarro, Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Putumayo, mediante el
cual informa a la actora que según certificado de tiempo de servicio había
laborado 3 años, 10 meses y 15 días a la fecha de la certificación médica. Así
mismo que la Fiduciaria la Previsora S.A., negó la solicitud de pensión de
invalidez en razón a que no cumple con los requisitos exigidos en el art. 1º de
la Ley 860 de 2003 (folios 100 y 101 del cuaderno 1).
·
Copia de la Resolución 804 del 27 de octubre de 2008, suscrita
por Augusto Edmundo Ortiz Ordóñez, Secretario de Educación y Cultura del
Departamento del Putumayo, por medio de la cual se negó la solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez reclamada por la actora
(folios 103 y 104 del cuaderno 1).
·
Copia del oficio CSO-004 del 19 de enero de 2009, suscrito por la
Coordinadora de Salud Ocupacional de la Unidad Médico Asistencial del Putumayo
–UNIMAP E.U. por medio del cual se certifica que la docente Stella Noemí
Benavides Díaz, fue valorada por la Junta de Calificación de Invalidez que
arrojó el 75% de pérdida de su capacidad laboral, originada en enfermedad
común, anexando formulario de dictamen de calificación de la incapacidad
laboral (folios 108 a 110).
·
Copia del oficio OPSM-643 del 13 de noviembre de 2008, suscrito
por Edgar Augusto Ruano Navarro, Oficina de Prestaciones Sociales del
Magisterio, Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Putumayo,
mediante el cual responde el recurso de reposición interpuesto por la actora en
contra de la resolución que negó el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez, en el sentido de que el tiempo que afirma haber laborado por OPS no
fue certificado en el momento de la certificación de pensión de invalidez
(folio 120 del cuaderno 1).
·
Copia del Formulario de Dictamen para Calificación de la
Incapacidad Laboral de la actora, diligenciado el 8 de marzo de 2010, que dio
como resultado pérdida de su capacidad laboral del 75% (folios 133 a 137 del cuaderno 1).
·
Fallo de segunda instancia en la acción de tutela de fecha 9 de
noviembre de 2010, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto
(folios 6 al 17 del cuaderno 2).
5. Vinculación a la acción de
tutela que hizo la Sala Octava de Revisión a la Oficina del Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio del Departamento del Putumayo, a la
Fiduciaria la Previsora S.A. y al municipio de Puerto Caicedo –Putumayo-.
Suspensión de términos para fallar el presente caso y práctica de pruebas.
Mediante auto del 5 de mayo de
2011, la Sala Octava de Revisión vinculó a la acción de tutela al Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a la Fiduciaria la Previsora S.A y al
municipio de Puerto Caicedo –Putumayo-, al considerar que si bien estas
entidades no fueron demandadas directamente, de los hechos y de las
pretensiones de la tutelante se infiere que pueden verse afectadas con la
decisión a emitir en este proceso.
En la mencionada providencia,
recordó la Sala que según la jurisprudencia de esta corporación, cuando el
demandante no integra la causa pasiva en debida forma, es decir, con todas
aquellas entidades cuyo concurso es necesario para establecer la presunta
amenaza o vulneración de los derechos fundamentales alegados, es deber del juez
constitucional proceder a su vinculación de manera oficiosa con la finalidad de
garantizar su derecho a la defensa y, en esa medida permitir a la autoridad
establecer el grado de responsabilidad que pueda serle imputada en los hechos
que son materia de controversia.
En esta providencia para la Sala
fue claro que de los hechos narrados por la actora, de las pruebas allegadas,
de los derechos fundamentales que a su juicio han sido vulnerados y de las
pretensiones, se infiere que el fundamento de la solicitud de protección
constitucional se origina igualmente en el trámite que se le ha dado a la
petición de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez reclamada por la
actora. Por este motivo, concluyó que la acción de tutela debe entenderse
dirigida no solamente contra la Secretaría de Educación y Cultura del
Departamento del Putumayo, sino de la Oficina del Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio de ese departamento, de la Fiduciaria la Previsora S.A.
y del municipio de Puerto Caicedo –Putumayo-.
En este orden, para procurar la
vinculación efectiva de las mencionadas entidades, esta Sala de Revisión
recordó brevemente los hechos narrados por la actora y los inferidos del
material probatorio allegado al expediente de tutela, relacionados con la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales, que podría derivarse del
trámite que se le ha dado desde el 2007 a su solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, sin que se haya solucionado satisfactoriamente
a la fecha de acudir al juez constitucional. Hechos que la Sala plasmó así:
“4. En efecto,
afirma Stella Noemí Benavides Díaz que laboró como docente en diferentes
municipios del Departamento del Putumayo desde 1996 hasta el 12 de julio de
2010. Inicialmente fue vinculada por el municipio de Puerto Caicedo a través de
“Servicios O.P.S.” y luego fue nombrada en provisionalidad, hasta la citada
fecha en la que mediante Resolución AT/No. 1721, la Secretaría de Educación y
Cultura del Putumayo dio por terminada la provisionalidad, por el nombramiento
en ese cargo de Gerardo Hernando Realpe Oliva de la lista de elegibles
conformada por la Comisión Nacional del Servicio Civil, previo concurso de
méritos.
5. Menciona además que en el
interregno de sus labores docentes fue muerto violentamente su suegro al
parecer por actores armados al margen de la ley, hechos por los cuales junto
con su esposo y su menor hijo tuvieron que desplazarse hasta la ciudad de Cali
en donde fueron registrados como víctimas del desplazamiento forzado. Luego del
regreso a Puerto Caicedo –Putumayo-, y a los 8 días de que su esposo se
vinculara laboralmente, desapareció, por lo que un juzgado civil profirió
sentencia declarando su muerte por desaparecimiento. Que con posterioridad, el
20 de agosto de 2006 fue alcanzada por esquirlas de una granada de
fragmentación lanzada por desconocidos cuando pasaba frente al palacio
municipal de Puerto Guzmán – Putumayo-, lo que ocasionó la pérdida de su ojo
derecho.
6.- Al momento de su retiro del
servicio contaba con el 75% de pérdida de su capacidad laboral dictaminada en
la última oportunidad el 8 de marzo de 2010 por la Unidad Médico Asistencial
del Putumayo, originado en las mencionadas lesiones graves que sufrió por los
hechos indicados, por los que fue evaluada por primera vez el 25 de junio de
2007 por la citada unidad médico asistencial, con un resultado del 76.35% de
pérdida de la capacidad laboral. Por segunda vez el dictamen arrojó el 75% de
pérdida de capacidad laboral.
7.- Por lo anotado, el 9 de agosto
de 2007 radicó en la oficina de la Secretaría de Educación del Putumayo
solicitud de pensión de invalidez, la que se negó mediante Resolución No. 804
del 27 de octubre de 2008 proferida por la Secretaría de Educación del Putumayo
–Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y por segunda vez al resolver el
recurso de reposición, siguiendo lo indicado por la Fiduciaria la Previsora
S.A. el 11 de mayo de 2009, de acuerdo a lo informado por esa entidad mediante
oficio del 18 de mayo de 2009.
8. Según las pruebas arrimadas al
expediente de tutela, a la actora se le negó el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez, a pesar de que la Secretaría de Educación del
Departamento del Putumayo certificó tiempo de servicios por 8 años, 9 meses y 3
días, además de informarle que dicha secretaría había solicitado en dos
oportunidades a la alcaldía del municipio de Puerto Caicedo pronunciarse sobre
la cuota parte que le corresponde por los 4 años, 10 meses y 18 días a cargo de
esa entidad territorial por la tarea docente por servicios O.P.S. laborados por
la actora, sin obtener respuesta al respecto. Se le hizo saber que a pesar de
dicha negativa, igualmente continuarían con la gestión de su pensión.
9. Por lo expuesto, la señora
Benavides Díaz solicitó la protección de sus derechos al trabajo, a la
seguridad social en conexidad con la vida en condiciones dignas y a la salud,
pues al desvincularse laboralmente su mínimo vital y móvil está seriamente
amenazado, máxime en el estado en el que se encuentra con el 75% de pérdida de
capacidad laboral, no tiene el talento humano, ni la capacidad económica para
sufragar los gastos que le asisten como madre cabeza de hogar. En consecuencia,
pidió se deje sin efectos el artículo primero de la Resolución AT/No. 1721 del
7 de julio de 2010 que dio por terminado su nombramiento provisional, mientras la
Secretaría de Educación del Putumayo le resuelve lo referido a su solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la que tiene derecho”.
De acuerdo a lo anotado, consideró la Sala de Revisión
que para mejor proveer en el asunto referido se requieren elementos probatorios
tendentes a precisar el trámite administrativo que se le ha dado a la solicitud
de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez reclamado por la actora, a
las razones de la negativa por parte de las autoridades respectivas, a la
gestión posterior con la finalidad de la realización de esa prestación y, en
general a la garantía de los derechos de contradicción y defensa de las
mencionadas autoridades.
En este sentido, la Sala Octava de Revisión resolvió
suspender los términos de la revisión de las decisiones judiciales proferidas
en la acción de tutela por los despachos judiciales de instancia, mientras se
recibe la respuesta de las entidades vinculadas, las pruebas practicadas y su
evaluación.
De la misma forma se ordenó que por la Secretaría General
de esta corporación, se ponga en conocimiento el contenido de la acción de
tutela cuyos argumentos resumió la Sala de Revisión en el auto de vinculación,
de la Oficina del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio del
Departamento del Putumayo, de la Fiduciaria la Previsora S.A. y del municipio
de Puerto Caicedo –Putumayo-, para que dentro de los tres días siguientes a la
notificación del dicho auto se pronuncien al respecto.
De igual forma la Sala de Revisión solicitó a las
mencionadas autoridades rendir un informe detallado de acuerdo a sus competencias,
sobre el trámite administrativo que le imprimieron a la solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez radicado por la actora el 9 de
agosto de 2007, las razones de la negativa de acceder a lo pedido y demás
actuaciones relacionadas con el asunto.
5.1. Respuesta de las
entidades vinculadas y recepción de las pruebas practicadas.
5.1.1. Alcaldía municipal
de Puerto Caicedo –Putumayo-.
Mediante oficio recibido en la
Secretaría General de esta corporación el 19 de mayo de 2011, Luz Dary García
Córdoba, Alcaldesa del municipio de Puerto Caicedo –Putumayo-, manifestó que
sobre las pretensiones expuestas en la acción de tutela se atiene a lo que
resulte probado en el proceso.
De la misma forma afirmó que
la señora Stella Noemí Benavides Díaz, prestó sus servicios efectivamente como
docente mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) en ese municipio, en
los periodos comprendidos y discriminados en la constancia que se adjunta
expedida por la Secretaría General y de Gobierno de la alcaldía del mencionado
municipio.
En la certificación anexa
aparecen los periodos en los cuales la actora prestó los servicios al municipio
de Puerto Caicedo – Putumayo-, mediante órdenes de Prestación de Servicios como
docente, en 34 oportunidades, en interregnos, comprendidos entre 1996 y 2002.
Se hace constar igualmente que “Analizadas las planillas que se encontraron en
el archivo no aparecen descuentos para pago de seguridad social (Pensión)”.
5.1.2. La Secretaría de
Educación del Departamento del Putumayo.
A través de oficio suscrito el 18
de mayo de 2011 por Nelcy Cuellar Ibáñez, Administradora Temporal del Sector
Educativo del Putumayo, se manifestó sobre la vinculación a la acción de tutela
que realizó esta Sala de Revisión a la Oficina del Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio de ese departamento, en el siguiente sentido: (i) efectivamente
la actora prestó sus servicios al municipio de Puerto Caicedo mediante O.P.S.
desde el 17 de septiembre hasta el 30 de diciembre de 1996; (ii) sobre las
presuntas amenazas de la guerrilla en contra de la tutelante, no aparecen
registros en los libros de los docentes y directivos docentes; (iii) es cierto
que en el año 2003 la actora fue nombrada como docente en provisionalidad y
trasladada al municipio de Puerto Guzmán; (iv) en la historia laboral de la
accionante no aparece la certificación de la pérdida del 76.35% de la capacidad
laboral certificada por la Unidad Médico Asistencial del Putumayo; (v) es
verdad sobre la convocatoria 114 de 2009 que realizó la Comisión Nacional del
Servicio Civil, pero no se tiene conocimiento del puntaje alcanzado por la
actora y, (vi) en el marco de la mencionada convocatoria el 7 de julio de 2010
se dio por terminado el nombramiento en provisionalidad en el cargo docente
ocupado por la actora a partir del 12 de julio del citado año y se nombró en
periodo de prueba al docente Gerardo Hernando Realpe Oliva de la lista de
elegibles quien escogió esa plaza.
Expuso igualmente que la
Secretaría de Educación y la Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio
del Putumayo, por medio de la Oficina de Atención al Ciudadano radicó el 6 de
agosto de 2007 solicitud de pensión de invalidez de la actora. Una vez revisada
la documentación se constató que faltaban algunos documentos para el trámite de
lo pedido, motivo por el cual mediante oficio del 28 de agosto de 2007 se le
informó lo pertinente a la señora Benavides Díaz, quien el 30 de agosto de ese
mismo año hizo llegar la documentación faltante. Se dio trámite a la solicitud
y fue radicada en la página web de la Fiduciaria La Previsora S.A. el 31 de
agosto de 2007. Se hizo el proyecto de liquidación de la mentada pensión y se
remitió a Bogotá D.C. para el estudio y aprobación por la citada entidad, la
que fue devuelta de forma negativa, solicitando anexar certificado de salarios
de los últimos 10 años laborados, además de la manifestación de consultar
cuotas partes por los tiempos laborados.
Agregó que el 25 de enero de 2008
se respondió derecho de petición de fecha 18 de enero de ese año, en el sentido
de que la solicitud de pensión de invalidez se remitió de nuevo el 14 de
noviembre de 2007 al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
para su estudio y aprobación, que fue reiterado el 15 de abril de 2011 y está
pendiente de que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se
manifieste.
Finalmente, dentro de los
documentos que se anexaron con la respuesta, se encuentran la certificación de
historia laboral en la que se hace constar que Stella Nohemí Benavides Díaz,
prestó sus servicios como docente por espacio de seis (6) años, diez (10) meses
y nueve (9) días.
5.1.3. La Fiduciaria la
Previsora S.A.
A pesar de que la Secretaría
General de esta corporación puso en conocimiento de la Fiduciaria la Previsora
S.A.[2] los
hechos narrados por la actora y se solicitó se allegaran documentos
relacionados con el trámite que le imprimieron a la solicitud de reconocimiento
y pago de la pensión de invalidez reclamada, según lo ordenado mediante auto
del 5 de mayo de 2011, emitido por la Sala Octava de Revisión, no se recibió
respuesta de esa entidad.
III. Consideraciones y
fundamentos
1.
Competencia
Es competente
esta Sala de la Corte Constitucional para revisar las providencias proferidas
en el trámite de las acciones de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política y
en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso,
problema jurídico y metodología a seguir para solucionarlo.
2.1. Presentación del caso.
La actora laboró como docente en
establecimientos educativos en distintos municipios del Departamento del
Putumayo, inicialmente por Orden de Prestación de Servicios (O.P.S.) desde 1996
y luego en provisionalidad hasta el 12 de julio de 2010, cuando la Secretaría
de Educación y Cultura del Departamento mediante resolución dio por terminado
su nombramiento provisional como docente y se nombró en período de prueba a
Gerardo Hernando Realpe Oliva, de la lista de elegibles resultante del concurso
de méritos realizado por convocatoria número 114 de 2009, en el que según lo
afirmado por la propia actora, participó pero no alcanzó el porcentaje exigido
para quedar incluida en la mencionada lista, debido al trauma psicológico
sufrido por la muerte violenta de su suegro y la desaparición de su esposo,
amenazas contra su vida, desplazamiento forzado, traslados inconsultos a zonas
de alto riesgo para su integridad personal, además de las secuelas permanentes
por pérdida del ojo derecho originado en el atentado terrorista de que fue
objeto, lo que originó que fuera valorada por la Junta de Calificación de
Invalidez con un resultado inicial del 76.35% de pérdida de capacidad laboral y
luego del 75%.
La Sala de Revisión vinculó a las
entidades que según los hechos narrados y las pruebas arrimadas al expediente,
podían verse afectadas por la decisión a proferir, específicamente para que se
pronunciaran sobre la presunta vulneración de los derechos que invocó la
actora, relacionados con el trámite de la solicitud de reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez reclamada desde el 2007, las razones de la negativa y
demás gestiones posteriores atinentes a la efectivización de la prestación
solicitada. La Fiduciaria la Previsora S.A., no se pronunció frente a la vinculación
de la Sala de Revisión, pero sí lo hizo la alcaldesa del municipio de Puerto
Caicedo – Putumayo- y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Regional Putumayo-. Respecto de los hechos de la tutela, la primera entidad
afirmó atenerse lo que se pruebe, así como certificó que desde 1996 hasta el
2002, la actora laboró como docente por órdenes de prestación de servicios
(OPS) en ese municipio en 34 oportunidades, sin que se hayan realizado
cotizaciones para pensión. La segunda entidad, se pronunció sobre los hechos y
explicó el trámite que le dio a la solicitud de reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez reclamada por la actora y la devolución por parte de la
Fiduciaria la Previsora S.A. en dos oportunidades negando lo pedido. De la
misma forma, certificó que Stella Noemí Benavides Díaz, prestó sus servicios
docentes en ese departamento por el término de seis (6) años, diez (10) meses y
nueve (9) días.
Específicamente la actora
solicitó la inaplicación del numeral primero de la resolución que dio por
terminada su relación laboral, y le fueran protegidos sus derechos
fundamentales a la seguridad social en salud, al trabajo y al mínimo vital y
móvil, mientras la Secretaría de Educación del Putumayo resuelve sobre su
pensión de invalidez, los cuales están seriamente amenazados al terminarse su
nombramiento provisional como docente, pues en el estado en que se encuentra
con la pérdida del 75% de la capacidad laboral, no cuenta con aptitud física,
psicológica y económica para sufragar los gastos indispensables que tiene como
madre cabeza de familia, así como sin seguridad social en salud.
El juez de primera instancia negó
el amparo de los derechos fundamentales invocados como amenazados por la accionante,
con el argumento de que ésta tuvo la oportunidad de inscribirse y participar en
el concurso docente, de donde surge que el desplazamiento y su incapacidad
física y psicológica no fue impedimento para presentar la prueba escrita de
carácter eliminatorio, en razón a que no está demostrado que el atentado contra
su integridad haya disminuido su capacidad intelectual, por lo que tuvo
oportunidad de acceder a un cargo de carrera y su desvinculación laboral no fue
ilegal. De la misma forma, respecto de la seguridad social en salud, la actora
debe gestionar lo antes posible lo relacionado con la pensión de invalidez.
Impugnado lo resuelto, el
despacho judicial de segunda instancia lo confirmó con el argumento de que su
desvinculación como docente se realizó legalmente para dar paso al nombramiento
de quien superó el concurso de méritos, sin perjuicio de que la actora pueda
acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y solicitar el
reconocimiento de los derechos laborales que considere vulnerados.
2.2. Problema jurídico que
debe resolver la Sala Octava de Revisión.
El problema jurídico que debe
resolver la Sala Octava de Revisión consiste en establecer si las entidades
demandadas vulneraron los derechos fundamentales al trabajo, seguridad social
en salud y el mínimo vital y móvil, invocados por la actora, originados a su
juicio (i) al proferirse el acto administrativo por medio del cual se
desvinculó del cargo docente que desempeñaba en provisionalidad, por el
nombramiento en el mismo de una persona de la lista de elegibles, a pesar de la
pérdida del 75% de su incapacidad laboral dictaminada por la Junta de
Calificación de Invalidez generada por la pérdida del ojo derecho al ser
alcanzada por esquirlas de una granada de fragmentación a manos de un grupo al
margen de la ley y, (ii) por la negativa del reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez a la que tiene derecho por cumplir con los requisitos
legales exigidos para acceder a dicha prestación.
2.3. Metodología a seguir para
solucionar el problema jurídico.
Para resolver el problema
jurídico resultante del caso analizado, la Sala Octava de Revisión reiterará la
jurisprudencia constitucional sobre los siguientes temas: (i) alcance de la
tutela como medio excepcional para la protección de la estabilidad laboral
frente a grupos vulnerables; (ii) la seguridad social como derecho
constitucional fundamental y su protección por medio de la acción de tutela,
(iii) la procedencia de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento y
pago de pensiones de invalidez y, (iv) se dará solución al caso concreto.
3. Alcance
de la acción de tutela como medio excepcional para la protección de la
estabilidad laboral frente a grupos vulnerables. Reiteración de jurisprudencia.
De manera reiterada esta Corporación ha sostenido que por
regla general la acción de tutela no es procedente para resolver un reclamo que
busca la obtención de un reintegro laboral, pues el asunto debe ser discutido
en el escenario diseñado por el legislador para tal fin en las respectivas
jurisdicciones ordinaria laboral y de lo contencioso administrativo, según la
forma de vinculación del interesado[3],
en las que se prevén las acciones pertinentes que buscan garantizar el derecho
al trabajo, máxime cuando la acción de tutela no se instituyó como un medio
judicial de defensa alterno o que pueda reemplazar los procedimientos
judiciales ordinarios, los cuales se conciben, igualmente como instancias
destinadas a la protección de derechos fundamentales[4].
Para la Corte es claro que si bien la desvinculación
laboral de una persona en condición de debilidad manifiesta en razón a su
discapacidad, es un asunto de relevancia constitucional, la protección de sus
derechos se garantiza mediante el proceso ordinario laboral, en razón a que en la
Ley 361 de 1997 el Legislador reguló y desarrolló el derecho a la estabilidad
laboral reforzada de los discapacitados, de tal manera que el juez ordinario
laboral cuenta con la competencia en ese asunto y las herramientas legales
necesarias para conocer, tramitar y decidir el mismo[5]. Sin embargo, la
procedencia en estos casos de la acción de tutela para resolver sobre el
reintegro laboral solicitado, está supeditado a lo siguiente: (i) en caso de
que sea imposible, irrazonable o desproporcionado que la persona espere la
decisión en un proceso judicial por circunstancias excepcionales, referidas a
su avanzada edad, o a la futura liquidación o disolución de la entidad
demandada y, (ii) en caso de que resulte indispensable la intervención del juez
constitucional, a través de la protección transitoria, para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable[6].
Debe recordarse que dentro del conjunto de mandatos
constitucionales que informan las relaciones laborales que se agruparon en el
artículo 53 de la Constitución bajo la categoría de “principios mínimos
fundamentales[7],
se encuentra la estabilidad en el empleo. Tales principios se utilizan para
solucionar la tensión que se presenta entre la libertad de empresa y la
autonomía privada que legitima las actuaciones de los empresarios y la
efectividad del derecho fundamental al trabajo (art. 25 C.P) en condiciones dignas y justas.
Esta corporación ha sostenido que el principio de
estabilidad en las relaciones laborales tiene carácter, a la vez fundamental y
relativo, motivo por el cual su protección puede darse de diversas maneras y en
distintos grados[8]. De esta
consideración se desprende que el grado más alto de protección a la estabilidad
laboral lo representa el reintegro al cargo, en razón a que se trata de una
medida que busca recuperar el estado de cosas que se presentaban antes de la
afectación de los derechos reclamados de tal suerte que se restablezca la
dignidad del trabajador. Esta clase de protección reforzada ha sido prevista no
solo en los distintos instrumentos internacionales[9], sino a nivel legislativo
y jurisprudencial, para los sujetos que se encuentran en una situación de
vulnerabilidad o de debilidad manifiesta. En estas circunstancias
excepcionales, la protección de los derechos supera los intereses del
empresario, en aplicación de la protección especial regulada en los artículos
13 y 47 superiores y el principio de solidaridad social dispuesto
principalmente en los artículos 1º y 95-2 de la Constitución.
Un segundo nivel de protección de la estabilidad
laboral se realiza mediante la aplicación de una medida resarcitoria
consistente en el pago de una determinada suma de dinero con la que se pretende
reparar el daño causado al empleado que ve frustrada su expectativa de
permanecer en el empleo y que, de otro lado, a la par con las prestaciones
sociales le dan tranquilidad económica durante el tiempo que permanece sin
empleo[10].
Debe destacarse igualmente que con la entrada en
vigencia de la Constitución Política de 1991 en la que se incorporó la garantía
de la seguridad social, se expidió la Ley 100 de 1993, en la que se prevé las
diversas situaciones que pueden presentarse, así como los procedimientos que
deben seguirse cuando un trabajador padece de una enfermedad o sufre una lesión
que lo incapacite para laborar de manera permanente o temporal. De tal manera
que dichas personas no pueden quedar desprotegidas y debe garantizárseles su
mínimo vital, bien sea mediante el pago de incapacidades, pago de salarios por
reinstalación en el empleo o en caso de que su situación de salud sea gravosa,
debe reconocerse y pagarse la pensión de invalidez respectiva[11], previo cumplimiento de
los requisitos legales exigidos.
Ahora bien, según la
jurisprudencia de esta Corte, el respeto a la estabilidad laboral en los casos
de vinculaciones provisionales al servicio público, o ante la existencia de
motivos que justifican la terminación unilateral del contrato de trabajo[12], se realiza
mediante el condicionamiento de la desvinculación del servicio público o de la
terminación unilateral del contrato, a causas legalmente previstas, es decir,
al respeto del principio de legalidad y a la garantía del debido proceso[13]. La
aplicación de estas garantías no se identifica con los procesos penales o
disciplinarios. Lo que se persigue con dicha protección, es que no se vulnere
la estabilidad laboral por causas no previstas legalmente y, que el servidor
público o empleado, en su caso, conozca el motivo de la desvinculación o de la
terminación del contrato, para que pueda ejercer su derecho de contradicción
por el despido antes las instancias competentes. El incumplimiento de estos
requisitos por parte del empleador público o privado, debe ser alegado siguiendo
el criterio de inmediatez a partir de la ocurrencia de los hechos, pues en caso
contrario, se presume que la eventual negligencia o el incumplimiento de las
mencionadas obligaciones ha sido perdonada[14].
La Sala reitera que a pesar de
que la estabilidad laboral no es un derecho absoluto, cuando uno de los
extremos de la relación laboral se compone de un sujeto para quien en la
Constitución se estableció un deber especial de protección, dentro de los que
se destacan los discapacitados[15],
los minusválidos o quienes padezcan limitaciones físicas o mentales, sin que
sea estrictamente necesario calificación previa de su limitación, así como
tampoco si la misma es temporal o permanente[16],
las mujeres embarazadas, los enfermos de VIH[17]
y, las madres[18]
y padres cabeza de familia[19],
por pertenecer a un grupo social particularmente vulnerable, o por tratarse de
una persona que se encuentra en un estado de debilidad manifiesta[20], la
estabilidad laboral adquiere la connotación de derecho constitucional fundamental[21], debido a
diversas razones de índole constitucional, como: “(i) la existencia de mandatos
de protección especial vinculantes para todos los actores sociales y el Estado[22], (ii) el
principio de solidaridad social, y de eficacia de los derechos fundamentales[23], y (iii) el
principio y derecho a la igualdad material, que comporta la adopción de medidas
afirmativas[24]
en favor de grupos desfavorecidos, o de personas en condición de debilidad
manifiesta (art. 13, incisos 2º a 4º) [25],
han llevado a la Corte a considerar que un despido que tiene como motivación
-explícita o velada- la condición física del empleado, constituye una acción
discriminatoria[26],
y un abuso de la facultad legal de dar por terminado unilateralmente un
contrato de trabajo[27]”.[28].
En este orden, la terminación de
una relación laboral, esté o no justificada, en sí misma no constituye un
problema relevante desde el punto de vista constitucional. Lo que no puede
admitirse desde la óptica de los derechos fundamentales, es que la
desvinculación laboral sea el resultado de la utilización abusiva y arbitraria
de una facultad legal, para esconder un trato discriminatorio hacia un
empleado, en la medida en que aplicando el principio de igualdad dispuesto en
el artículo 13 constitucional, no puede depararse un trato similar a una
persona en condiciones de debilidad manifiesta a la que se encuentra sana[29].
En las condiciones expuestas, la
procedencia de la acción de tutela está supeditada a la comprobación de que el
despido se realizó por motivo de la incapacidad o de la limitación física o
mental del afectado. Es evidente que se trata de un hecho no fácil de probar,
en razón a que la causa del trato discriminatorio se encuentra en el fuero
interno del empleador público o privado. Por este motivo, la jurisprudencia de la
Corte ha sostenido que cuando un empleador despida sin justa causa, y sin
permiso del Ministerio de la Protección Social[30]
a un trabajador en condiciones de debilidad manifiesta[31], o de por terminada la
relación laboral de un servidor público en esas condiciones, sin el
cumplimiento de los requisitos exigidos, se presume que la causa del despido se
originó en tal situación, para lo cual el trabajador debe aportar, por lo
menos, prueba sumaria de ese hecho.
Esta corporación fijó el alcance de la protección
constitucional de la estabilidad laboral de las personas en condiciones de
discapacidad, al establecer las siguientes subreglas jurisprudenciales[32]: (i) en
principio no existe el derecho fundamental a la estabilidad laboral; (ii)
cuando se está frente a personas de especiales condiciones físicas o laborales,
se presenta estabilidad laboral reforzada; (iii) al presentarse desvinculación
laboral de una persona que reúna las condiciones de especial protección, el
amparo constitucional no prosperará por la presencia de esas circunstancia,
sino que (iv) es indispensable probar la conexidad entre la condición de
debilidad manifiesta y la desvinculación laboral que constituye un trato
discriminatorio y un abuso del derecho y, (v) la acción de tutela se convierte
en el medio idóneo y eficaz para ordenar el reintegro laboral de las personas
que por el estado de salud gocen de la estabilidad laboral reforzada, sin
olvidar, desde luego, que de presentarse una justa causa, podrán desvincularse,
respetando el debido proceso respectivo.
Además de lo anotado, debe recordar la Sala que de
acuerdo a la jurisprudencia reiterada de esta Corte, la protección del derecho
a la estabilidad laboral de las personas discapacitadas o con limitaciones de
salud física o mental, no se agota en la prohibición a los empleadores de
desvincular o dar por terminadas las relaciones laborales, sino que el
legislador ha establecido un deber para los empleadores de reubicar a un
trabajador parcialmente incapacitado en el cargo que desempeñaba o a proveerle
un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, debiendo realizar los
movimientos de personal que sean necesarios[33],
a no ser que ello resulte fácticamente imposible.
Justamente, el empleador puede eximirse de la
obligación de reubicación del trabajador por razones de salud, si demuestra la existencia
de un principio de razón suficiente de carácter constitucional que lo exonera
de cumplirla, pues no debe olvidarse que el derecho a la reubicación por dichas
condiciones tiene distintos alcances que dependen del ámbito en el cual opera
el derecho. Para ello son determinantes los siguientes aspectos que guardan relación
entre sí: (i) la clase de función que desarrolla el trabajador; (ii) la
naturaleza jurídica y, (iii) la capacidad del empleador, que si es desbordada
por la reubicación, o si impide o dificulta en exceso el desarrollo de su
actividad o la prestación del servicio a su cargo, el derecho a ser reubicado
debe ceder ante el interés legítimo del empleador. Con todo, a éste le asiste
la obligación de hacer conocer tal hecho del trabajador y además permitirle la
oportunidad de que proponga soluciones razonables a la situación que se
presenta[34].
4. La seguridad social como
derecho constitucional fundamental y su protección por medio de la acción de
tutela. Reiteración de jurisprudencia.
En múltiples oportunidades esta
corporación se ha referido a la seguridad social como derecho constitucional a
cuyo cumplimiento se compromete el Estado, según lo dispuesto en el artículo 48
de la Constitución, de acuerdo con el cual “Se garantiza a todos los habitantes
el derecho irrenunciable a la seguridad social (…)”.
La garantía de la seguridad
social otorgada por el ordenamiento jurídico interno, se complementa y
fortalece con lo regulado en los distintos instrumentos internacionales sobre
la materia[35],
en especial, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales, con base en el cual, en su observación general número XX el Comité
hizo las siguientes precisiones  “26. El artículo 9 del Pacto prevé de manera
general que los Estados Partes "reconocen el derecho de toda persona a la
seguridad social, incluso el seguro social", sin precisar la índole ni el
nivel de la protección que debe garantizarse.  Sin embargo, en el término
"seguro social" quedan incluidos de forma implícita todos los riesgos
que ocasionen la pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias
ajenas a la voluntad de las personas. 27.De conformidad con el artículo 9 del
Pacto y con las disposiciones de aplicación de los Convenios de la OIT
sobre seguridad social ‑Convenio Nº 102, relativo a la norma mínima
de la seguridad social (1952) y Convenio Nº 128 sobre las prestaciones de
invalidez, vejez y sobrevivientes (1967)‑ los Estados Partes deben tomar
las medidas adecuadas para establecer, con carácter general, sistemas de
seguros de vejez obligatorios, a percibir a partir de una edad determinada,
prescrita por las legislaciones nacionales” (…) 30. Finalmente, para dar pleno
cumplimiento al mandato del artículo 9 del Pacto, como ya se ha señalado en los
párrafos 20 y 22, los Estados Partes deberán establecer, dentro de los recursos
disponibles, prestaciones de vejez no contributivas u otras ayudas, para todas
las personas mayores que, al cumplir la edad prescrita fijada en la legislación
nacional, por no haber trabajado o no tener cubiertos los períodos mínimos de
cotización exigidos, no tengan derecho a disfrutar de una pensión de vejez o de
otra ayuda o prestación de la seguridad social y carezcan de cualquier otra
fuente de ingresos”[36].
Dentro de ese mismo ámbito de
garantía, varios instrumentos internacionales reconocen el derecho de las
personas a la seguridad social, así: (i) artículo 22 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos: “Artículo 22. Toda persona, como miembro de la
sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el
esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización
y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su
personalidad”; (ii) artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales: “Artículo 9  Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro
social”; (iii) artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la
Persona: “Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le
proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la
incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la
imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”;
(iv) artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Artículo
9. Derecho a la Seguridad Social. 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad
social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad
que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar
una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones
de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes”; y (v) el artículo 11,
numeral 1, literal “e” de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer: Artículo 11 || 1. Los Estados Partes
adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra
la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular: e) El derecho a la
seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad,
invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a
vacaciones pagadas”[37].
(Negrillas fuera de texto).
Del contenido de las normas
trascritas se infiere que el derecho a la seguridad social permite a las personas
que se encuentran en circunstancias ajenas a su voluntad que las afecta física
o mentalmente, originadas en la vejez, el desempleo o en una enfermedad o
incapacidad laboral, la posibilidad de acceder a los medios que les permita
llevar una vida en condiciones de dignidad. En este sentido, la pensión de
invalidez cumple un papel indispensable en la protección de las personas
afectadas por una discapacidad que disminuye o anula su capacidad laboral con
la consecuente dificultad o impedimento para obtener los recursos que les
permite disfrutar de una vida decorosa[38].
De esta manera, el derecho a la
seguridad social exige el diseño de una estructura primordial que, de un lado,
establezca las instituciones facultadas para la prestación del servicio y,
además precise los procedimientos aplicables. Del otro, debe determinar el
sistema que asegure la provisión de recursos que garanticen su óptimo
funcionamiento. De allí, la importancia de la labor del Estado en la asignación
de recursos fiscales, mediante las cuales debe cumplir su deber constitucional
de ofrecer las condiciones necesarias para la realización del derecho
irrenunciable a la seguridad social[39].
La Sala debe recordar que el
derecho a la seguridad social en la Constitución Política está adscrito a los
derechos de contenido económico social y cultural, en principio, desprovistos
de carácter fundamental reconocido prima facie a los derechos civiles y
políticos que imponen al Estado deberes de abstención, en razón a que son
fuente de prestaciones u obligaciones positivas, lo que justamente hace que a
simple vista no proceda la acción de tutela para buscar su efectiva
realización. No obstante, desde sus comienzos, esta Corte sostuvo que este tipo
de derechos, podían ampararse por el juez de tutela cuando se encuentre
demostrado un nexo inescindible entre los derechos de contenido prestacional y
un derecho fundamental[40].
Mas recientemente, esta Corte ha
sostenido que todos los derechos civiles y políticos, sociales, económicos y
culturales y de medio ambiente, son derechos fundamentales[41], pues se conectan de
manera directa con los principios y valores que el constituyente elevó
democráticamente a la calidad de bienes especialmente protegidos y por tanto,
pilares básicos de la Constitución. Por esta razón, de los mencionados derechos
se predica igualmente inalienabilidad, inherencia y esenciabilidad para el ser
humano como razón, objeto y fin de la existencia del Estado. De esta forma,
tales derechos, sin excepción, implican obligaciones de tipo negativo como de
índole positiva[42].
De allí que el Estado ha de abstenerse de emprender acciones cuya finalidad
apunte al desconocimiento de estos derechos (deberes negativos del Estado) y en
búsqueda de la realización práctica de los mismos, debe también proferir un
conjunto de medidas y actividades que comprendan exigencias de orden
prestacional (deberes positivos del Estado).
Desde esta perspectiva, la
implementación práctica de todos los derechos constitucionales fundamentales
siempre dependerá de una mayor o menor erogación presupuestaria. Es por ello
que sustraer a los derechos sociales, económicos y culturales, como la salud,
la educación, la vivienda, el acceso al agua potable, entre otros, de su
carácter fundamental por su componente prestacional, resultaría no sólo confuso
sino contradictorio, pues ni siquiera el derecho a la vida podría garantizarse
en la práctica, debido a que para su realización requiere de la destinación de
recursos por parte del Estado[43].
Esa finalidad esencial del Estado
contenida en los valores consignados en normas jurídicas “con efectos
vinculantes marcan las fronteras materiales más allá de las cuales no puede ir
la acción estatal sin incurrir en una actuación arbitraria (obligaciones
estatales de orden negativo o de abstención). Significan, de modo simultáneo,
admitir que en el Estado social y democrático de derecho no todas las personas
gozan de las mismas oportunidades ni disponen de los medios – económicos y
educativos - indispensables que les permitan elegir con libertad aquello que
tienen razones para valorar. De ahí el matiz activo del papel del Estado en la
consecución de un mayor grado de libertad, en especial, a favor de aquellas
personas ubicadas en un situación de desventaja social, económica y educativa.
Por ello, también la necesidad de compensar los profundos desequilibrios en
relación con las condiciones de partida mediante una acción estatal eficaz
(obligaciones estatales de carácter positivo o de acción)”[44].
Sin embargo, la posibilidad o no
de hacer efectivos todos los derechos constitucionales mediante la acción de
tutela, no les resta su carácter fundamental, pues como se dijo, la
fundamentalidad de tales derechos se origina en la conexión directa que tienen
con los principios y valores como bienes especialmente protegidos en la
Constitución y en la inalienabilidad, inherencia y esenciabilidad para el ser
humano predicable de los mismos, cuya finalidad se orienta a la realización de
la dignidad en cualquiera de los escenarios y roles en los que se desenvuelva
el ser humano, relacionados con la autonomía personal (vivir como quiera),
condiciones mínimas materiales de existencia (vivir bien) e intangibilidad del
cuerpo y del espíritu (vivir sin humillaciones).
Reitera la Sala que todos los
derechos constitucionales tienen facetas prestacionales, unos más que otros,
como la pensión de invalidez, cuya implementación política, legislativa,
económica y técnica, es mucho más exigente que la de otros derechos y depende
de fuertes erogaciones económicas en un contexto de escasez de recursos. Por
esa razón, algunas veces es necesario adoptar políticas legislativas y/o
reglamentarias con la finalidad de establecer claramente las prestaciones
exigibles y las condiciones para acceder a las mismas, las instituciones
obligadas a brindarlas y su forma de financiación, sin desconocer que debe
atenderse prioritariamente a quienes más lo necesitan. En dicha tarea, el
legislador y la administración deben adecuar su actividad a los mandatos
constitucionales y a los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia que hacen parte del bloque de constitucionalidad, para
lo cual deben tener en cuenta la hermenéutica que los órganos autorizados han
realizado respecto del alcance de los derechos contenidos en tal normativa[45].
De esta manera, el desarrollo
político, reglamentario y técnico de los derechos no determina que pierdan su
carácter fundamental, pero sí repercute en la posibilidad de su garantía por
medio de la acción de tutela, debido a la indeterminación de algunas de sus
facetas prestacionales, lo que dificulta establecer en el caso concreto, el
sujeto obligado, el titular del derecho y el contenido prestacional
constitucionalmente determinado. De allí que esta Corte haya indicado que
solamente una vez adoptadas las medidas de orden legislativo y reglamentario,
cumplidos los requisitos previstos en estos escenarios, las personas pueden,
sin ninguna excepción, acudir a la acción de tutela para lograr la protección
efectiva de los derechos fundamentales, cuando quiera que se encuentren
vulnerados o amenazados, previo cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad del amparo constitucional[46].
La regla expuesta tiene una
excepción, pues ante la renuencia de las instancias políticas y administrativas
competentes en adoptar e implementar medidas determinadas a la realización en
la práctica de los derechos fundamentales, los jueces pueden hacer realidad su
ejercicio por medio del amparo constitucional, “cuando la omisión de las
autoridades públicas termina por desconocer por entero la conexión existente
entre la falta de protección de los derechos fundamentales y la posibilidad de
llevar una vida digna y de calidad, especialmente de sujetos de especial
protección o, en general, de personas colocadas en situación evidente de
indefensión[47].
En conclusión, el derecho a la
seguridad social, dentro del que hace parte el derecho a la pensión de
invalidez, es un derecho fundamental[48],
de tal forma que al presentarse cualquiera de los dos eventos descritos, la
acción de tutela se convierte en el medio idóneo y eficaz para su protección,
previa acreditación de los requisitos generales de procedencia de este
mecanismo constitucional para el ejercicio pleno de tales derechos[49].
5. Requisitos exigidos por la
jurisprudencia constitucional para la procedencia excepcional de la acción de
tutela para ordenar el reconocimiento y pago de pensiones. Reiteración de
jurisprudencia.
De manera reiterada esta
corporación ha sostenido que por regla general, la acción de tutela no procede
para ordenar el reconocimiento y pago de acreencias prestacionales, debido a
que en el ordenamiento jurídico existen otros medios de defensa judicial
ordinarios, en principio, idóneos para conocer, tramitar y decidir esa clase de
disputas [50].
Sin embargo, ante la inexistencia
de otros medios de defensa judicial, o verificada la inidoneidad e ineficacia
de los mismos para la protección de los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados, la acción de tutela resulta procedente como medio principal de
defensa[51].
En este orden, ante la existencia
de otros medios de defensa judicial, el amparo constitucional resulta
procedente para la protección de los derechos fundamentales, para evitar la consumación
de un perjuicio irremediable, evento en el cual el amparo de los derechos se
mantiene mientras el juez natural define la controversia en forma definitiva.
En estos casos, la procedencia del amparo constitucional para ordenar el
reconocimiento de derechos pensionales, está supeditada al cumplimiento de los
siguientes requisitos: (i) que la negativa del reconocimiento de la pensión de
invalidez, jubilación o vejez se genere en actos que en razón a su
contradicción con disposiciones superiores puedan, prima facie, desvirtuar la
presunción de legalidad que recae sobre las actuaciones de la administración
pública; (ii) que la negativa de reconocimiento de la prestación vulnere o
amenace un derecho fundamental y, (iii) que la acción de tutela resulte necesaria
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable[52], evento en el que deben
acreditarse los siguientes elementos que integran esa circunstancia: a) que se
está frente a un perjuicio inminente o próximo a suceder, lo que exige un grado
de certeza respecto de los hechos y la causa del daño; b) el perjuicio debe ser
grave, es decir, que conlleve la afectación de un bien altamente significativo
para la persona, susceptible de determinación jurídica; c) se requieren medidas
urgentes para precaver el daño, las cuales deben ser adecuadas frente a la
inminencia del perjuicio y, d) las medidas de amparo deben ser impostergables,
o lo que es igual, deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia que
eviten la consumación del daño irreparable[53].
Según lo indicado por esta
corporación, cuando los medios de defensa judicial existentes no son idóneos ni
eficaces o en todo caso se deba evitar la consumación de un perjuicio
irremediable, es de particular relevancia el examen de los hechos que rodean el
caso concreto y las específicas condiciones de quien acude al amparo
constitucional. De allí que cuando quien reclama el amparo de los derechos
fundamentales es un sujeto de especial protección constitucional, como las
personas de la tercera edad (art. 46 C.P.), los discapacitados (art. 49 C.P) o inválidos por causa de una limitación física, psíquica o sensorial, y las mujeres cabeza de
familia (art. 43 C.P.), el análisis de procedibilidad de la tutela es menos
exigente[54],
por tanto, se debe permitir el acceso a la justicia en condiciones más
favorables como las dispuestas en este medio de defensa judicial, guiado por
los principios de preferencia y sumariedad, ya que de lo contrario, se
sometería a una persona en condiciones de debilidad manifiesta a un proceso
judicial riguroso, que por la particular situación predicable del demandante
sería difícil de soportar[55].
Las circunstancia de debilidad
manifiesta en la que puede encontrarse una persona y el carácter fundamental
del derecho a la seguridad social, dentro de la que se adscribe la pensión de
invalidez[56],
según lo sostenido por esta corporación, permite concluir que los medios
ordinarios de defensa judicial no son idóneos ni eficaces, lo que refuerza y
justifica  acceder a la protección solicitada de forma definitiva y de proferir
las medidas requeridas que permitan el ejercicio pleno del derecho[57].
En todo caso, para que por vía de
tutela se ordene el reconocimiento y pago de derechos pensionales, el actor
debe acreditar unas circunstancias mínimas referidas directamente con el
derecho reclamado, de las que precisamente depende la decisión a adoptar por
parte del juez constitucional que define el fondo el asunto, orientada, en caso
de que haya lugar a ello, a permitir el ejercicio real y efectivo del derecho
pensional alegado, bien sea de forma definitiva, o temporal, dependiendo de las
particularidades del caso, última hipótesis en la que el fallo constitucional
mantendrá sus efectos mientras el juez ordinario resuelve con sentencia en
firme la controversia. Las exigencias sustanciales mencionadas, se refieren a:
(i) demostrar sumariamente la existencia de la titularidad del derecho alegado,
(ii) actividad o diligencia administrativa o judicial del accionante en la
búsqueda del reconocimiento del derecho invocado, salvo que haya resultado
imposible hacerlo por motivos ajenos a su voluntad[58] y, (iii) el grado alto
de afectación del mínimo vital como consecuencia de la negación del derecho
pensional[59].
En lo que alude al asunto objeto
de análisis por parte de la Sala de Revisión, debe reiterarse que el derecho a
la pensión de invalidez tiene la connotación de derecho fundamental cuando las
personas afectadas pertenecen a la tercera edad, o son disminuidos psíquicos,
sensoriales o físicos y necesitan de ese ingreso para vivir en condiciones
dignas[60].
Precisamente en los artículos 38
y 39 de la Ley 100 de 1993 con el fin de reglamentar el acceso a la pensión de
invalidez, el legislador reguló los requisitos exigibles a quienes pretendan el
reconocimiento y pago de dicha prestación, así:
“ARTÍCULO
38. ESTADO DE INVALIDEZ. Para los efectos del presente
capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no
profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su
capacidad laboral”.
“ARTICULO 39.
REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSION DE INVALIDEZ. Tendrán derecho a la pensión
de invalidez, los  afiliados  que conforme a lo dispuesto en el artículo
anterior sean declarados inválidos y cumplan alguno de los siguientes
requisitos:
a. Que el
afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez.
b. Que
habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo
menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que
se produzca el estado de invalidez.
PARAGRAFO.
Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo
se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la
presente ley”.
Con la
expedición de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 en
su artículo 11 se estipularon los requisitos para acceder a la pensión de
invalidez, así:
“Artículo 11. Requisitos
para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez
el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea
declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado
50 semanas en los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos
del 25% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad
y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado
50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores al hecho causante
de la misma.
Parágrafo. Los menores de 20 años de edad sólo deberán
acreditar que han cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente anterior
al hecho causante de su invalidez o su declaratoria”.
El contenido total de la
mencionada disposición, fue declarado inexequible por esta
Corte a través de la sentencia C-1056 del 11 de noviembre de
2003, por cuanto en el trámite que dicha disposición
surtió en el Congreso de la República, se incurrió en
trasgresión del artículo 157 de la Constitución y de
los artículos 157, 158, 164 y 167 de la Ley 5ª de 1992.
Por su parte, el
contenido del artículo 39 la Ley 100 de 1993, fue modificado por el artículo 1º
de la Ley 860 de 2003, cuyo texto es el siguiente:
“ARTÍCULO
1o. Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá
derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las
siguientes condiciones:
1. Invalidez
causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los
últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y
su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por
ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte
(20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
2. Invalidez
causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los
últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y
su fidelidad (de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por
ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte
(20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
PARÁGRAFO 1o.
Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado
veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho
causante de su invalidez o su declaratoria.
PARÁGRAFO 2o.
Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas
requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya
cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años”.
Los apartes tachados que
corresponden al requisito de fidelidad exigido, fueron declarados inexequibles
por esta corporación mediante sentencia C-428 de 2009, debido a que “no se
logró desvirtuar la presunción de regresividad y justificar la necesidad de la
medida de acuerdo con los fines perseguidos por la misma”.
Ahora bien, esta corporación se
ha referido a la manera de establecer la norma legal aplicable a los cotizantes
que resultan afectados por una modificación legislativa que posteriormente es
declarada inexequible.
A ese respecto, la Corte ha
sostenido que la hipótesis de la aplicación de la norma vigente al momento de
la estructuración de la invalidez, se basa en el efecto general inmediato de
las normas laborales (art. 16 C.S.T), norma que a su vez se sustenta en el
principio de legalidad, que prevé la aplicación prima facie de las normas
vigentes al momento de la consolidación de una situación jurídica particular,
en este caso el cumplimiento de los requisitos exigidos para el reconocimiento
y pago de la pensión de invalidez[61].
No obstante,
del imperativo constitucional de aplicar las consecuencias materiales al
principio de cosa juzgada constitucional deviene la imposibilidad de utilizar un
precepto que ha sido declarado inexequible en situaciones que si bien
ocurrieron durante su vigencia, sólo vienen a surtir efectos concretos luego de
la decisión de inconstitucionalidad[62].
Además, debido a que el artículo 11 de la Ley 797 de 2003 es una norma
derogatoria, su inexequibilidad implicó la reincorporación al ordenamiento
jurídico de la norma derogada, esto es, el artículo 39 de la Ley 100 de 1993[63].
Lo expuesto implica la existencia
de dos interpretaciones concurrentes sobre la norma que debe regir la situación
específica. En estas circunstancias, se debe acudir al principio de
favorabilidad laboral dispuesto en el artículo 53 de la Constitución según la
cual debe acogerse la situación más favorable al trabajador en caso de duda en
la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, como
herramienta que permite superar el conflicto normativo suscitado[64], que puede
originarse en el tránsito normativo, los efectos de la cosa juzgada
constitucional, ó la vigencia del principio de aplicación prospectiva de la ley
laboral.
Una vez
establecida la norma legal aplicable, se debe verificar el cumplimiento de los
requerimientos mínimos de quien pretenda el reconocimiento de esa prestación:
el primero de ellos se refiere a la fecha de la estructuración de la invalidez,
la que condiciona la norma aplicable al caso concreto y por ende regula los requisitos
que se deben verificar con la finalidad de establecer si el peticionario reúne
las exigencias para acceder al derecho prestacional solicitado. Luego se debe
proceder a constatar si el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral
supera el porcentaje establecido por la ley. Debe cotejarse igualmente el
número de semanas cotizadas por el peticionario con anterioridad a la fecha de
estructuración de la invalidez. Sin el lleno de tales requisitos,
necesariamente el juez constitucional tendrá que negar la pretensión del actor[65].
5. Solución al caso concreto.
Como quedó expuesto en el
apartado 2.2 de esta providencia, en el caso objeto de análisis, se trata de
establecer lo siguiente: (i) si la Secretaría de Educación y Cultura del
Departamento del Putumayo al expedir la Resolución número 1721 del 7 de julio
de 2010 que desvinculó a la actora del cargo docente que ocupaba en provisionalidad
en el municipio de Puerto Caicedo –Putumayo- y nombró en período de prueba a Gerardo
Hernando Realpe Oliva de la lista de elegibles que resultó del concurso de
méritos realizado por convocatoria número 114 de 2009, vulneró los derechos
fundamentales a la seguridad social en salud, al trabajo, a la vida en
condiciones dignas y al mínimo vital y móvil, que la actora invocó como
vulnerados. De la misma manera, (ii) si con la negativa de la Oficina del Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio del Putumayo y de la Fiduciaria la
Previsora S.A. en reconocer y ordenar el pago de la pensión de invalidez reclamada
por la actora desde el 2007, vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad
social, a la vida digna y al mínimo vital y móvil.
Para efectos metodológicos, esta
Sala de Revisión se referirá primero a los hechos y pretensiones de la actora y
luego a los argumentos expuestos en los fallos de tutela emitidos y si se
encuentran o no ajustados a la Constitución y a la jurisprudencia de esta Corte.
Luego recordará la actuación surtida por la Sala Octava de Revisión mediante la
cual se vinculó a tres entidades que podían verse afectadas con la decisión a
proferir, así como a las respuestas dadas y si los argumentos que fundan la
negativa en el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez reclamada se
adecuan a los lineamientos constitucionales y legales.
Según la actora, desde 1996 hasta
el 12 de julio de 2010 se desempeñó como docente en distintos municipios del
Departamento del Putumayo; inicialmente mediante órdenes de prestación de
servicios (OPS) y luego en provisionalidad. En el 2009 participó en el concurso
de méritos para cargos docentes a proveer en el Departamento del Putumayo, pero
no alcanzó el puntaje requerido para quedar incluida en la lista de elegibles,
debido al trauma psicológico sufrido, derivado de la muerte violenta de su
suegro, al desplazamiento forzado al que fue sometida con su familia, a la
desaparición de su esposo, a las amenazas contra su vida, a traslados a sitios
que no le brindaron seguridad para su vida e integridad personal y, al atentado
que sufrió el 20 de agosto de 2006 que le ocasionó secuelas permanentes y la
pérdida de su ojo derecho  al haber sido alcanzada por esquirlas de una granada
de fragmentación que lanzaron desconocidos cuando pasaba al frente del palacio
municipal de Puerto Guzmán – Putumayo-, con la consecuente pérdida de la
capacidad laboral valorada por la Junta de Calificación de Invalidez, inicialmente
en el 76.35% y luego en el 75%.
Por esta razón pidió al juez
constitucional la protección de los derechos fundamentales que invocó como
vulnerados, la suspensión provisional del numeral primero del acto
administrativo que dio por terminado su nombramiento en provisionalidad como
docente en el centro educativo rural Villaflor del municipio de Puerto Caicedo
– Putumayo- a partir del 12 de julio de 2010, mientras que la Oficina del Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio de ese departamento, resuelve sobre el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que ha venido reclamando desde
el 2007, y se ordene su vinculación a la docencia debido a que es madre cabeza
de familia, no cuenta con medios económicos de subsistencia, teniendo en cuenta
que la desvinculación del servicio docente puso en peligro su mínimo vital y el
de su hijo menor de edad.
Los despachos judiciales que conocieron
en primera y en segunda instancia la acción de tutela, negaron la protección de
los derechos fundamentales invocados por la actora, bajo el argumento de que
contó con la oportunidad de acceder por concurso a un cargo de carrera, sin que
hubiese demostrado que el atentado haya disminuido su capacidad intelectual y,
además, que su permanencia en el sector educativo estaba condicionado a la
provisión de esos cargos en propiedad previo concurso de méritos, de donde se
deduce que la causa de la remoción de su cargo se encuentra en el nombramiento
del docente que superó el mencionado concurso.
Para la Sala de Revisión, los
argumentos expuestos por el despacho judicial de segunda instancia que confirmó
la negativa de acceder al amparo solicitado dispuesto por el juez que conoció
de la acción de tutela, se encuentran ajustados a la Constitución y a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, en lo relacionado con la
imposibilidad de ordenar el reintegro al cargo, por cuanto la remoción del
mismo se basó en una causa legal, cual fue el nombramiento en el cargo que
ocupaba la tutelante, de la persona de la lista de elegibles que superó el
concurso de méritos.
En efecto, la desvinculación
laboral del cargo docente en provisionalidad ocupado por la actora, según la
motivación consignada en la Resolución número 1721 del 7 de julio de 2010, se
debió al nombramiento en periodo de prueba del señor Gerardo Hernando Realpe
Oliva, de la lista de elegibles elaborada por la Comisión Nacional del Servicio
Civil, previo concurso de méritos realizado mediante convocatoria número 114 de
2009 para proveer los cargos docentes y directivos docentes en las instituciones
educativas oficiales del Departamento del Putumayo. Es decir, la actuación de la
Secretaría de Educación del Putumayo al retirar del servicio docente a la
actora, no se debió a la utilización abusiva y arbitraria de una facultad legal
para esconder un trato discriminatorio fundado en la condición de limitación
física de la actora por la pérdida del 75% de su capacidad laboral, sino que
esta actuación encuentra fundamento en el cumplimiento de su obligación
jurídica de nombrar a quien ocupó el primer puesto en ese cargo por concurso de
méritos, que obró como justa causa, como expresamente quedó consignado en el
mencionado acto administrativo. En definitiva, no existe conexidad entre la
condición de debilidad manifiesta por la limitación física padecida por la
actora y su desvinculación del cargo que ostentaba como docente en el
departamento del Putumayo – municipio de Puerto Caicedo-, motivo por el cual,
frente a ese hecho no podía accederse al amparo solicitado.
Sin embargo, el juzgado que
resolvió la acción de tutela y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior
de Pasto que definió la impugnación, no analizaron si la protección a la
estabilidad laboral reforzada de la actora debido a sus limitaciones físicas,
encontraba garantía en la reubicación en un cargo similar o a uno acorde con sus
capacidades o si la misma podía hacerse efectiva mediante el reconocimiento y
pago de la pensión de invalidez que la tutelante venía reclamando desde el 2007.
Simplemente mencionaron que la actora debía agilizar el trámite de su pensión
de invalidez, sin verificar que la Oficina del Fondo de Prestaciones del
Magisterio del Putumayo, siguiendo las directrices de la Fiduciaria la Previsora
S.A. le había negado su reconocimiento y pago. Esta circunstancia muestra
claramente que más allá de la desvinculación laboral como generadora, según la
actora, de la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, posiblemente
dicha trasgresión se hallaba en la negativa del reconocimiento y pago de dicha
prestación, motivo por el cual en sede de revisión esta Sala ordenó por
Secretaría General la vinculación de las mencionadas entidades para que se
pronuncien sobre ese aspecto, así como al municipio de Puerto Caicedo
–Putumayo- para que expusiera los motivos por los cuales no ha certificado el
tiempo de servicios laborado por la actora en esa entidad territorial, al igual
que allegara a esta corporación dicha certificación.
No obstante lo anotado, para la
Sala de Revisión no es claro que una vez cumplida la obligación de nombrar de
la lista de elegibles a la persona que reemplazó en el cargo ocupado en
provisionalidad por la actora, surgiera inmediatamente el deber en cabeza de la
Secretaría de Educación del Departamento del Putumayo de reubicarla en un cargo
similar o en todo caso compatible con sus capacidades y aptitudes, por lo menos
por las siguientes razones: (i) según se advierte de las pruebas obrantes en el
expediente, la Secretaría de Educación del Putumayo estaba en proceso de
nombramiento de los cargos docentes de la lista de elegibles conformada luego
del concurso de méritos, lo que dificultaba inmediatamente realizar los
movimientos de personal necesarios para encontrar un espacio a la tutelante,
acorde con su particular condición, teniendo en cuenta además el alto
porcentaje de pérdida de su capacidad laboral, a pesar de que la demandada no
afirmó que ello resultara fácticamente imposible; (ii) la actividad docente desarrollada
por la actora es una labor con particularidades especiales, que a juicio de la
Sala exige tener más que el 25% de la capacidad laboral para su ejercicio en
circunstancias compatibles con la dignidad humana de quien las lleva a cabo,
así como para la eficacia de las mismas en el proceso formativo de niños y
adolescentes como sus  naturales receptores, y, (iii) la estabilidad laboral
reforzada de los personas con limitaciones físicas, no se agota con la
reubicación laboral, máxime cuando en este caso, la pérdida de la capacidad
laboral de la tutelante es muy alta, pues se calificó inicialmente en el 76.35%
y luego en el 75% lo que ameritaba un análisis de su especial situación
tendiente a la garantía inmediata de sus derechos mediante el reconocimiento y
pago de su pensión de invalidez.
Se insiste, los puntos
anteriores, no fueron examinados por los despachos judiciales que resolvieron
la acción de tutela, en particular, si la negativa del reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez, era la circunstancia que en el caso concreto
obstaculizaba la eficacia de los derechos reclamados por la tutelante, razón
por la cual esta Sala de Revisión ordenó la vinculación de las prenombradas
entidades con el fin de permitirles el ejercicio del derecho de contradicción y
defensa, allegaran los documentos relacionados con el trámite de la prestación
solicitada por la actora, a la vez que profundizaran en las razones de la
negativa en reconocer la pensión de invalidez reclamada.
Al respecto, la Fiduciaria la
Previsora S.A. guardó silencio, mientras que el Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio se pronunció respecto de los hechos; expuso detalladamente el
trámite que le dio a la solicitud de pensión de invalidez reclamada por la
actora, el proyecto de liquidación de dicha prestación y su remisión al Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduciaria la Previsora S.A.-, para
su estudio y aprobación, entidad que negó lo solicitado. Expuso igualmente que
previos los ajustes pertinentes, el 15 de abril de 2011 remitió de nuevo al
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio la solicitud pensional reclamada
por la tutelante, que está pendiente de resolverse.
Por su parte, el municipio de
Puerto Caicedo manifestó atenerse a lo que se pruebe en el proceso y a su vez
certificó que la actora prestó efectivamente sus servicios como docente de ese
municipio en 34 oportunidades mediante órdenes de prestación de servicios
(OPS), entre 1996 y 2002, sin que aparezcan realizados descuentos para
seguridad social (pensión).
Ahora bien, de las pruebas
allegadas al expediente de tutela por la actora obra copia de la Resolución
número 804 del 27 de octubre de 2008, por medio de la cual la Oficina Regional
del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio del Putumayo, resolvió negar
la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez solicitado por
la actora, previa revisión por la Fiduciaria la Previsora S.A., argumentando
que no cumple con los requisitos legales exigidos en el artículo 1º de la Ley
860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, es decir, no
acredita invalidez causada por enfermedad, que haya cotizado 50 semanas dentro
de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su
fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos el 20% del tiempo
transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la
primera calificación del estado de invalidez.
Interpuesto por la actora recurso
de reposición, la mencionada oficina tramitó la solicitud ante el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en Bogotá para su visto bueno
y aprobación, la cual fue devuelta el 11 de mayo de 2009 por la Fiduciaria la
Previsora S.A. en sentido negativo, con la anotación referida a que se debe
anexar el certificado de salarios de los últimos 10 años o del tiempo laborado,
así como consultar cuota parte por los tiempos trabajados por órdenes de
prestaciones de servicios (OPS), que no son de competencia del fondo. Además
que la peticionaria ingresó a la docencia en vigencia de la Ley 812 de 2003,
rigiéndose por los requisitos de la Ley 100 de 1993[66].
A juicio de esta Sala de
Revisión, a pesar de que la actora cuenta con otro medio de defensa judicial
consistente en la posibilidad que tiene de acudir a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, buscando el control de legalidad del acto
administrativo por medio del cual se negó el reconocimiento del derecho
reclamado, la especial condición de debilidad manifiesta en la que se encuentra
originada en el 75% de pérdida de su capacidad laboral y sin posibilidades
económicas y físicas de obtener los medios materiales para su manutención básica
y la de su menor hijo y el carácter fundamental de la seguridad social, dentro
de la que se adscribe en este caso la pensión de invalidez, de acuerdo a la
jurisprudencia de esta corporación, se concluye que el medio ordinario de
defensa judicial no es idóneo ni eficaz para restablecer los derechos
fundamentales vulnerados a la actora por la Fiduciaria la Previsora S.A y por la
Oficina Regional del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio del
Putumayo, razón por la cual, se accederá a la protección definitiva de los
derechos a la seguridad social, a la dignidad humana y al mínimo vital y móvil,
previa constatación enseguida de que cumple cabalmente con los requisitos exigidos
para que se le reconozca y ordene el pago de la pensión de invalidez que ha
venido reclamando desde hace aproximadamente 4 años.
Justamente, en el expediente de tutela se encuentra
demostrado sumariamente que la señora Benavides Díaz es titular del derecho a
la pensión de invalidez. De igual forma, se encuentra suficientemente
verificada la diligencia emprendida por la tutelante, tendiente al
reconocimiento de la prestación reclamada, así como el alto grado de afectación
del mínimo vital como consecuencia de la negativa del reconocimiento del
derecho pensional reclamado.
Efectivamente obra en el expediente de tutela que el
20 de agosto de 2006, la señora Stella Noemí Benavides Díaz fue víctima de un
artefacto explosivo (granada de fragmentación) frente a las instalaciones del
palacio municipal de Puerto Guzmán –Putumayo-, causándole graves heridas en su
rostro, con la consecuente pérdida de su ojo derecho. Por estos hechos el 6 de
junio de 2007 se calificó por primera vez su pérdida de capacidad laboral en el
76.35% y en la última oportunidad en el 75%.
De esta forma, la tutelante cumple con los requisitos
legales exigidos para acceder a la pensión de invalidez, así: se calificó en la
última oportunidad en el 75% la pérdida de su capacidad laboral y de acuerdo a
lo regulado en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, “se considera inválida la
persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada
intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”. La
estructuración de su invalidez se dio el 6 de junio de 2007, fecha en la que se
profirió el primer dictamen con el 76.35% de pérdida de su capacidad laboral,
de donde surge que la norma legal aplicable es el artículo 1º de la Ley 860 del
26 de diciembre de 2003, norma vigente para esa época, que modificó el artículo
39 de la Ley 100 de 1993, que exige para acceder a la pensión de invalidez,
además de haber sido declarado inválido en el porcentaje mínimo dispuesto en el
artículo 38 de la Ley 100 de 1993, para la invalidez por causa de enfermedad,
haber cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración. De acuerdo al
certificado de tiempo de servicios expedido el 17 de julio de 2007 por la
Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Putumayo, la actora
laboró en esa entidad territorial un total de tres (3) años, diez (10) meses y
quince (15) días, es decir, mucho más de 50 semanas dentro de los últimos tres
años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. En
certificación enviada mediante oficio del 18 de mayo de 2011 a esta Sala de Revisión por la Administradora Temporal del Sector Educativo del Departamento del
Putumayo se certifican seis (6) años, diez (10) meses y nueve (9) días
laborados por la actora en esa entidad territorial.
Ahora bien, el requisito de fidelidad de cotización al
sistema dispuesto por la misma norma, de al menos el 20% del tiempo
transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la
primera calificación del estado de invalidez, fue declarado inexequible por
esta corporación mediante sentencia C-428 de 2009. Si bien es cierto que para
el 6 de junio de 2007, fecha de la estructuración de la invalidez de la señora
Benavides Díaz, tal requisito estaba vigente, también lo es que el imperativo
constitucional de aplicar las consecuencias materiales al principio de cosa
juzgada constitucional genera la imposibilidad de utilizar un precepto
declarado inexequible en situaciones que si bien ocurrieron durante su
vigencia, sólo surtieron efectos concretos luego de la decisión de
inconstitucionalidad. Además de lo anotado, antes de la declaratoria de
inxequibilidad, esta corporación en varias oportunidades inaplicó dicha
regulación normativa por encontrarla regresiva frente al derecho a la seguridad
social (art. 48 y 53 C.P)[67].
Dentro de un término prudencial siguiente a la
calificación de su estado de invalidez, la actora acudió a la Oficina de
Prestaciones Sociales del Magisterio a radicar solicitud de reconocimiento y
pago de su pensión de invalidez[68].
El 6 de agosto de 2007, adjuntó los documentos que según la oficio del 12 de
julio de 2007 emanado de la citada oficina le hacían falta[69], como fueron formato de
solicitud de la prestación completamente diligenciado, fotocopia ampliada y
legible de la cédula de ciudadanía, original del registro civil de nacimiento,
certificado de tiempo de servicios expedido por la entidad territorial,
certificado de salarios, constancias de que no es pensionada por Cajanal, el
Seguro Social y la Gobernación del Putumayo, declaración juramentada en la que manifiesta
que no devenga ninguna pensión y certificado médico de invalidez.
Además de lo anterior, mediante escrito de fecha 30 de
agosto de 2007, la señora Benavides Díaz, adjuntó por segunda vez el registro
civil de nacimiento que le fue solicitado mediante oficio del 28 de agosto de
2007[70].
Mediante derecho de petición radicado en la Secretaría de Educación del
Departamento del Putumayo el 16 de enero de 2008, pidió de manera “Prioritaria
y urgente el reconocimiento de mi calidad de pensionada por invalidez ya que he
laborado desde julio hasta la fecha sin reconocimiento ni respuesta a mi
condición de salud”[71].
De igual forma, la negativa del reconocimiento y pago
de la pensión de invalidez reclamada por la actora, indudablemente afecta de
forma notable su mínimo vital y móvil y el de su menor hijo, teniendo en cuenta
que según manifestación expresa que hizo en el escrito de tutela, que goza de
la presunción de buena fe (art. 83 C.P.), su manutención y la de su hijo, que
incluye alimentación, salud, vestido, arrendamiento y acceso a los servicios
públicos, lo obtenía exclusivamente del salario devengado como docente
vinculada al Departamento del Putumayo y ahora, desvinculada de la docencia,
además con pérdida del 75% de su capacidad laboral, no tiene ninguna
oportunidad inmediata, distinta a la mesada pensional, para solventar sus
necesidades básicas y las de su menor hijo.
Para esta Sala de Revisión no son razonables los
argumentos expuestos por la Oficina del Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio al resolver el recurso de reposición incoado contra el acto
administrativo que negó el reconocimiento de la prestación reclamada, referidos
a que la Fiduciaria la Previsora S.A. el 11 de mayo de 2009 no autorizó la
expedición del acto administrativo en sentido afirmativo, pues debe anexarse el
certificado de salarios de los últimos 10 años o de los años laborados y que el
tiempo trabajado por órdenes de prestaciones de servicio (OPS) por la señora
Benavides Díaz no es competencia de ese fondo.
Lo expuesto, debido a que con las certificaciones del
tiempo laborado y de salario expedido por la Oficina del Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio del Putumayo remitido a la Fiduciaria la Previsora S.A.
para el visto bueno y la autorización respectiva, era suficiente, como quedó
expuesto párrafos anteriores, para proceder al reconocimiento y pago de la
prestación solicitada, teniendo en cuenta además el grado de afectación del
mínimo vital y móvil de la actora. De la misma forma, la certificación total
del tiempo de servicios –incluyendo la que falta por órdenes de prestación de
servicios (OPS) que se solicitó al municipio de Puerto Caicedo- es un trámite
administrativo que no corresponde impulsar directamente a la tutelante, en
razón a que el tiempo laborado por la actora aparece certificado por el Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio para un total de “08 años 09 meses y 03
días”[72],
de los cuales, según esa oficina, 4 años, 10 meses y 18 días equivalente al 56%
de la prestación a reconocer, corresponde al municipio de Puerto Caicedo –Putumayo-.
Se debe aclarar que el tiempo total de servicios que la tutelante laboró en
provisionalidad en el Departamento del Putumayo se precisó en certificación
enviada mediante oficio del 18 de mayo de 2011 a esta Sala de Revisión por la Administradora Temporal del Sector Educativo del Departamento del
Putumayo para un total de seis (6) años, diez (10) meses y nueve (9) días.
En otras palabras, ni la certificación total del
tiempo de servicios que como docente laboró la tutelante con el Departamento
del Putumayo y con el municipio de Puerto Caicedo –Putumayo-, así como tampoco
el trámite de aceptación o rechazo de la liquidación presentada por ese
departamento al citado municipio, sin que se tenga a la fecha noticia al
respecto sobre su definición, es una obligación que pueda estar a cargo de la
actora, sino que corresponde a un trámite administrativo interno en cabeza de
las mencionadas entidades. Es decir, si falta un trámite administrativo interno
entre el Departamento del Putumayo – municipio de Puerto Caicedo – Putumayo- y la
Fiduciaria la Previsora S.A., el mismo no puede obrar como un obstáculo para el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la que tiene derecho la
actora y por ende a la realización de sus derechos fundamentales.
Por las
razones expuestas, la Sala Octava de Revisión de esta corporación, tutelará los
derechos a la seguridad social, a la dignidad humana y al mínimo vital y móvil
vulnerados a la actora por la Fiduciaria la Previsora S.A. y por la Oficina del
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio del Putumayo. De esta forma, confirmará
parcialmente el fallo emitido el 9 de noviembre de 2010 por la Sala de Decisión
Penal del Tribunal Superior de Pasto que confirmó el fallo adoptado el 29 de
julio de 2010, proferido por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Mocoa, en cuanto a la negativa del amparo de los derechos
invocados por la señora Stella Noemí Benavides Díaz en contra de la Secretaría
de Educación y Cultura del Departamento del Putumayo por desvincularla del
servicio docente con base en el nombramiento de la lista de elegibles de la
persona que escogió esa plaza. Como consecuencia de lo anterior, ordenará tanto
a la Fiduciaria la Previsora S.A. y a la Oficina del Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio del Putumayo, que si aún no lo han hecho, dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, procedan,
respectivamente, a dar la autorización requerida y a la expedición del acto
administrativo por medio del cual se reconoce y ordena el pago de la pensión de
invalidez a la actora, la que deberá ubicarse en nómina máximo dentro del mes
siguiente a la expedición del citado acto administrativo y cancelarse la mesada
pensional desde el momento en que se desvinculó como docente del Departamento
del Putumayo.
VI. DECISION
En mérito de
lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR los
términos para la resolución del trámite de revisión, que se encontraban
suspendidos en virtud del auto del 5 de mayo de 2011 proferido por la Sala
Octava de Revisión, mientras se recibían y evaluaban las pruebas practicadas
por la Sala.
Segundo.- TUTELAR
los derechos fundamentales a la seguridad social, a la dignidad humana y al
mínimo vital y móvil vulnerados a la actora por la Fiduciaria la Previsora S.A.
y por la Oficina del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio del
Putumayo.
Tercero.- CONFIRMAR
PARCIALMENTE la decisión emitida el 9 de noviembre de 2010 por la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior de Pasto, que confirmó el fallo adoptado
el 29 de julio de 2010, proferido por el Juzgado de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Mocoa, en cuanto a la negativa del amparo de los derechos
invocados por la señora Stella Noemí Benavides Díaz en contra de la Secretaría
de Educación y Cultura del Departamento del Putumayo por desvincularla del
servicio docente con base en el nombramiento de la lista de elegibles de la
persona que escogió esa plaza.
Cuarto.- Como
consecuencia de lo anterior, ORDENAR tanto a la Fiduciaria la Previsora
S.A., como a la Oficina del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio del Putumayo,
que si aún no lo han hecho, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
notificación de esta providencia, procedan, respectivamente, a dar la
autorización pertinente y a la expedición del acto administrativo por medio del
cual se reconoce y ordena el pago de la pensión de invalidez a la actora, la
que deberá ubicarse en nómina máximo dentro del mes siguiente a la expedición
del citado acto administrativo y cancelarse la mesada pensional desde el
momento en que se desvinculó como docente del Departamento del Putumayo.
Por
Secretaría líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
Ausente en
comisión
MARIA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA
DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Folios 4 y 5 del cuaderno 1.
[2] Mediante oficio OPTB-323 del 9 de mayo de 2011 la Secretaría General de esta corporación, puso en conocimiento de  la Fiduciaria la Previsora S.A., los hechos expuestos en la tutela y los que se derivan de las
pruebas aportadas al expediente, según lo ordenado en el auto del 5 de mayo de
2011 emitido por la Sala Octava de Revisión.
[3] Sentencias T-341 de 2009 y T-039 de 2010.
[4] Sentencias T-198 de 2006, T-1038 de 2007, T-812 de
2008, T-992 de 2008, T-866 de 2009 y T-039 de 2010.
[5] Sentencias T-580 de 2006 y T-812 de 2008, entre otras.
[6] Sentencia T-812 de 2008.
[7] En la sentencia T-812 de 2008, recordó la Corte que “Estos principios fueron dirigidos por el constituyente, en primer
lugar, al legislador, al señalar que son los mínimos elementos que debe
observar el estatuto del trabajo. La Corte sin embargo, ha reiterado su
aplicación judicial directa, debido al carácter normativo de la Constitución, y a que el Legislador aún no ha desarrollado el estatuto en mención. Así, ha
señalado la Corte: “Todos estos principios, si bien no
han sido compilados en un estatuto laboral de la manera como lo previó el
constituyente -en el artículo 53 Superior-, sí han gozado de plena protección
judicial a través de la jurisdicción constitucional, pues no cabe duda de que
parte de la eficacia sobre la que se apoya la vigencia del ordenamiento
jurídico -expresado en la Constitución y las leyes-, depende de la protección
del trabajo en general, como actividad que dignifica la existencia humana, y
del trabajador en particular, como figura central del proceso de producción.
Para la Corte ha sido evidente la relevancia que, a partir de la Constitución del 91, ha ganado el derecho laboral dentro de la configuración de un orden
social y económico justo y más cercano a la realidad”.
[8] En la Sentencia SU-250 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero),
explicó la Corte:  “…la tutela no puede llegar hasta el extremo de ser el
instrumento para garantizar el reintegro de todas las personas retiradas de un
cargo; además, frente a la estabilidad existen variadas caracterizaciones:
desde la estabilidad impropia (pago de indemnización) y la estabilidad
“precaria” (caso de los empleados de libre nombramiento y remoción que pueden
ser retirados en ejercicio de un alto grado de discrecionalidad), hasta la
estabilidad absoluta (reintegro derivado de considerar nulo el despido), luego
no siempre el derecho al trabajo se confunde con la estabilidad absoluta…”.
[9] A este respecto, en la sentencia T-094 de 2010, se hizo un
análisis profundo de los distintos instrumentos internacionales que garantizan
la inclusión social mediante acciones afirmativas a las personas que por sus
limitaciones, físicas, psíquicas, sensoriales y económicas se encuentran en
desventaja.
[10] Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes
sentencias C-594 de 1997  y C-299 de 1998, recordadas en la sentencia T-812 de
2008.
[11] En la sentencia T-729 de 2006, reiterado en la sentencia T-039 de
2010, al respecto, se manifestó: “(…) frente a la contingencia de la
enfermedad, el Sistema prevé el pago de la incapacidad. Si la enfermedad tiene
recuperación, el trabajador tiene derecho a la reinstalación en el empleo. Si
la enfermedad genera una limitación o pérdida de la capacidad laboral, puede
dar lugar al pago de la pensión de invalidez, en cuyo caso la calificación de
la pérdida laboral le corresponde emitirlo a la Junta de calificación de invalidez.”
C-594 de 1997, C-299 de 1998 y
T-546 de 2000.
[13] Sentencias C-299 de 1998, T-362 de 2000 y T-546 de 2000.
[14] Sentencia T-812 de 2008.
[15] Sobre los discapacitados, el artículo 47 de la Constitución señala: “El Estado adelantará una política de previsión,
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”.
En la
sentencia T-198 de 2006, posición reiterada en la sentencia T-039 de 2010, se
expuso que la estabilidad laboral reforzada se extiende igualmente a las
personas que no sólo están calificadas como discapacitadas, sino a aquellas que
sufren una merma en su estado de salud, originado en el desarrollo de sus
labores, es hacia esa línea que se dirige la normatividad constitucional y la
jurisprudencia.
[16] Sobre los minusválidos, en el artículo 54 de la Constitución se establece que: “Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer
formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El
Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar
y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus
condiciones de salud”. A este respecto, pueden consultarse, entre otras,
las sentencias T-830 de 2008 y T-233 de 2010.
[17] Sentencia SU-256 de 1996.
[18] Sentencia SU-388 de 2005.
[19] Sentencia SU-389 de 2005.
[20] Al respecto, en el último inciso del artículo 13 de la Constitución se dispone que “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por
su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan”.
[21] Sobre el tema, entre otras, pueden consultarse las siguientes sentencias
T-198 de 2006 y C-531 de 2000, reiteradas en la sentencia T-812 de 2008.
[22] Como se ha señalado, estos mandatos se encuentran contenidos en
los artículos 13, 47 y 54 de la Carta.
[23] A partir de los artículos 1º, 2º y 4º de la Constitución.
[24] Sobre las acciones afirmativas en el ordenamiento colombiano,
se pueden consultar entre otras, las sentencias C-371 de 2000
(Ley 581 de 2000, conocida como Ley de cuotas); C-112 de 2000 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero), T-500 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett),
C-184 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), en relación con la Ley 750 de 2002, relativa al beneficio de prisión domiciliaria para madres cabeza de familia,
C-044 de 2004 (M.P. Jaime Araújo Rentería) y C-174 de 2004 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa) y, las sentencias de unificación SU-388 de 2005 (M.P. Clara
Inés Vargas Hernández) y SU-389 de 2005 (M.P. Jaime Araújo Rentería).
[25]  Artículo 13, inciso 2º. El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados. Inciso 4: El Estado protegerá especialmente a
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan.
[26]
Ver, sobre el particular las sentencias SU-256 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa) sobre empleados despedidos por ser portadores del Virus de
Inmudeficiencia Humano, y la T-943 de 1999
(M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[27] Sobre el trato discriminatorio que supone un despido en tales
condiciones, ver entre otras, las sentencias T-576 de 1998 (M.P. Alejandro
Martínez Caballero), T-1040 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-519 de 2003
(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-198 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra), T-1038 y 1083 de 2007 (las dos con ponencia del Magistrado Humberto
Antonio Sierra Porto). En relación con la configuración de un abuso del
derecho, ver la T-1757 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-1040
de 2001 y, de forma reciente, la T-853 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[28] Sentencia T-812 de 2008.
[29] Sentencia T-943 de 1999, T-1757 de 2000, T-198 de 2006, T-812
de 2008 y T-039 de 2010.
[30] Sentencia T-812 de 2008. Sobre el mismo tema, en la sentencia
C-531 esta Corte concluyó que la  expresión "salvo que
medie autorización de la oficina de Trabajo", contenida en el
inciso 1°. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y el inciso 2° del mismo
artículo son exequibles, al considerar que de conformidad “a los principios
de respeto a la dignidad humana, solidaridad e igualdad (C.P., arts. 2o. y 13),
así como de especial protección constitucional en favor de los disminuidos
físicos, sensoriales y síquicos (C.P., arts. 47 y 54), carece de todo efecto
jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de
su limitación sin que exista autorización previa de la oficina de Trabajo que
constate la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o
terminación del respectivo contrato”.
[31] En la sentencia T-554 de 2008, reiterada en la sentencia T-039 de
2010, sobre la mencionada presunción se expuso: “La comprobación de
una discriminación como la indicada depende de tres aspectos: (i) que el
peticionario pueda considerarse una persona discapacitada, o en estado de
debilidad manifiesta; (ii) que el empleador tenga conocimiento de tal
situación; y, (iii) que el despido se lleve a cabo sin permiso del Ministerio
de la Protección Social”.
[32] Estas subreglas se fijaron en la sentencia T-519 de 2003 y
reiteradas, entre otras, en las sentencias T-198 de 2006, T-853 de 2006, T-1038
de 2007, T-1083 de 2007 y T-812 de 2008.
[33] Artículo 8º de la Ley 776 de 2002 “Los empleadores están obligados a ubicar al trabajador incapacitado
parcialmente en el cargo que desempeñaba o a proporcionarle un trabajo
compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo cual deberán efectuar los
movimientos de personal que sean necesarios”.
[34] Sentencias T-1040 de 2001 y T-812 de 2008.
[35] Sentencia T-122 de 2010.
[36] ibidem.
[37] Ibidem.
[38] Sentencia T-122 de 2010.
[39] Sentencias C-623 de 2004 y T-122 de 2010.
[40] Sentencias T-406 de 1992, SU-062 de 2010 y T-122 de 2010.
[41] A este respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-016
de 2007 sobre el derecho a la salud, T-585 de 2008 sobre el derecho a la vivienda
y T-580 de 2007 sobre el derecho a la seguridad social.
[42] Víctor Abramovich, Christian Courtis, Los derechos sociales como
derechos exigibles, Editorial Trotta, Madrid, 2002. Posición acogida por
esta Corte entre otras, en las sentencias T-406 de 1992, SU-062 de 2010
y T-122 de 2010.
[43] Sentencias T-406 de 1992, SU-062 de 2010 y T-122 de 2010.
[44] Ibídem.
[45]   Al respecto ver las Sentencias C-616 de 2001, C-130 de 2002, C-791
de 2002 y SU-623 de 2001. Posición reiterada en la sentencia T-122 de 2010.
[46] Sentencias T-016 de 2007, T-122 de 2919 y SU-062 de 2010.
[47] Ibídem.
[48] Sobre el tema, en la sentencia C-1141 de 2008,
la Sala Plena de esta corporación sostuvo lo siguiente: “el derecho a la
seguridad social, en la medida en que es de importancia fundamental para
garantizar a todas las personas su dignidad humana es un  verdadero derecho
fundamental cuyo desarrollo, si bien ha sido confiado a entidades específicas
que participan en el sistema general de seguridad social fundado por la Ley 100 de 1993, encuentra una configuración normativa preestablecida en el texto
constitucional (artículo 49 superior)  y en los tratados internacionales que
hacen parte del bloque de constitucionalidad; cuerpos normativos que dan cuenta
de una categoría iusfundamental íntimamente arraigada al principio de dignidad
humana, razón por la cual su especificación en el nivel legislativo se
encuentra sometida a contenidos sustanciales preestablecidos”
[49] Sentencia T-122 de 2010.
[50] Respecto a este punto, se pueden consultar, entre muchas, las
siguientes sentencias: T-718 de 1998, T-660 de 1999, T-408 de 2000, T-398 y
T-476 de 2001, T-947 de 200,  T-620 de 2007 y T-478 de 2010.
[51] Como se recordó en la sentencia T-235 de 2010, “En sentencia T-668 de 2007 se precisó: “Para la Corte, la tardanza o demora en la definición de los conflictos relativos al reconocimiento y
reliquidación de la pensión a través de los mecanismos ordinarios de defensa,
sin duda puede llegar a afectar los derechos de las personas de la tercera edad
al mínimo vital, a la salud, e incluso a su propia subsistencia, lo que en
principio justificaría el desplazamiento excepcional del medio ordinario y la
intervención plena del juez constitucional, precisamente, por ser la acción de
tutela un procedimiento judicial preferente, breve y sumario de protección de
los derechos fundamentales”.
[52] Sentencias T-229 de 2009 y  T-478 de 2010.
[53] Sentencias T-816 de 2006 T-1309 de 2005 y T-478 de 2010, entre otras.
[54] Posición reiterada, entre otras, en las sentencias T-719 de 2003,
T-789 de 2003, T-456 de 2004, T-700 de 2006, T-1088 de 2007,T-953 de 2008,
T-235 de 2010 y T-478 de 2010.
[55] Sentencia T-107 de 2010.
[56] Al respecto, en la sentencia T-107 de 2010, sostuvo la Corte: “(…) al derecho a la pensión de invalidez se le ha dado la
connotación de fundamental cuando las personas afectadas pertenecen a la
tercera edad, o son disminuidos psíquicos, sensoriales o físicos y requieren de
ese ingreso para vivir en condiciones dignas”.
[57] Al respecto, pueden consultarse las sentencias T-702 de 2008, T-681 de
2008, T-607 de 2007, T-651 de 2009 y T-235 de 2010.
[58] Sentencias T-432 de 2005, T-529 de 2007, T-567 de 2007, T-414 de 2009
y T-235 de 2010.
[59] Sentencia T-429 de 2006, posición reiterada en la sentencia
T-235 de 2010.
[60] Sentencia T-107 de 2010.
[61] Sentencia T-018 de 2008.
[62] Sentencias T-043 de 2007 y T-018 de 2008.
[63] En la sentencia T-018 de 2008, se recordó que “Con
fundamento en similar argumentación, la Sala Primera de Revisión  definió a favor del
afiliado el caso de un trabajador que el día 30 de septiembre de 2003 sufrió un
accidente cerebro vascular, que le ocasionó un estado de discapacidad del
73.8%; no obstante, la entidad administradora de pensiones negó la prestación debido
a que no se cumplían los requisitos contemplados en el artículo 11 de la Ley 797/03, a pesar de la declaratoria de inexequibilidad ocurrida luego de la estructuración
de la invalidez.  (T-974 de 2005)”.
[64] Ibidem.
[65] Sentencia T-107 de 2010.
[66] Folio 114 del cuaderno número 1.
[67] Sentencias T-221 de 2006, T-043 de 2007,  T-580 de 2007, T-641
de 2007, T-1072 de 2007, T-752 de 2008 y T-951 de 2009, entre otras.
[68] Según aparece certificado en oficio del 28 de agosto de 2007
firmado por Franco Alberto Garzón V. de la Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio, en el que solicita adjuntar el registro civil de nacimiento, lo que
efectivamente cumplió la actora mediante escrito que dirigió el 30 de agosto
del mencionado año.
[69] Folio 71 del cuaderno número 1.
[70] Folio 85 del cuaderno 1.
[71] Folio 88 del cuaderno 1.
[72] Folio 45 del cuaderno 1.