SU378-14
Sentencia SU378/14
JUEZ DE TUTELA-Procedencia
excepcional de tutela para el cumplimiento de actos emanados de organismos
internacionales de naturaleza no jurisdiccional
COMITE DE DERECHOS HUMANOS-Naturaleza y funciones
COMPETENCIA DEL JUEZ DE TUTELA FRENTE AL CUMPLIMIENTO
DE LOS DICTAMENES PROFERIDOS POR EL COMITE DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES
UNIDAS
(i)
las observaciones
que  emita el Comité de Derechos Humanos de la ONU deben observarse y
ejecutarse por el Estado parte de buena fe, en la medida que éste reconoció la
competencia de dicho órgano para determinar si ha habido o no, violación del
Pacto, y en virtud de los deberes de protección que impone la Constitución;
(ii) la acción de tutela es
improcedente para exigir per se el cumplimiento interno de los dictámenes u
observaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos; (iii) sin embargo, el
juez constitucional,
en desarrollo de sus deberes de protección, puede pronunciarse sobre la
existencia de una amenaza o violación a los derechos fundamentales cuando las
circunstancias que subyacen a las recomendaciones internacionales ameriten su
intervención, en cuyo caso, habría que constatar los presupuestos de
procedibilidad del  mecanismo constitucional; (iv) el derecho a un recurso
efectivo, se traduce dentro de nuestro ordenamiento jurídico en el derecho que
tiene toda persona de acceder a la administración de justicia para materializar
sus derechos ante las instancias judiciales competentes; (v) en cuanto a las autoridades
encargadas de dar cumplimiento a las observaciones emanadas del Comité, esto
depende de la estructura orgánica interna del Estado y su cumplimiento se debe llevar a cabo de
forma coordinada, eficiente y de conformidad con la disposición presupuestal y
técnica que permitan su materialización efectiva.
ACCION DE TUTELA PARA OBTENER CUMPLIMIENTO DE LOS
DICTAMENES PROFERIDOS POR EL COMITE DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS-Improcedencia por cuanto no se está ante vulneración
actual de los derechos fundamentales
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Criterios para determinar el cumplimiento a pesar de
que no exista un término de caducidad de la acción de tutela
Para determinar la razonabilidad del plazo, la
jurisprudencia de esta coproración ha construido una serie de criterios, a
saber: (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes;
(ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el
ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales
del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición, (iv) las posibilidades de defensa en el ámbito del
proceso judicial, y la diligencia del accionante en el mismo. Estos son criterios que deben ser
ponderados en cada caso, antendiendo a las circunstancias en que se encontraba
el tutelante.
ACCION DE TUTELA PARA OBTENER CUMPLIMIENTO DE LOS
DICTAMENES PROFERIDOS POR EL COMITE DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS-Improcedencia por incumplir requisito de inmediatez
La
jurisprudencia de esta Corporación ha sido consistente en señalar que el
presupuesto de la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la
tutela, de tal manera que ésta debe ejercerse dentro de un término oportuno,
justo y razonable, circunstancia que deberá ser calificada por el juez
constitucional de acuerdo con los elementos que concurren en cada caso. En este
sentido ha reiterado la Corte que debe existir un término razonable entre la ocurrencia
de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del
accionante y la presentación de la demanda, en la medida que la naturaleza
misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia
en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino también
con el respeto a la seguridad jurídica y a los derechos de los terceros
afectados.
Referencia:
expediente T-3.173.251
Acción de tutela
instaurada por el señor José Elías Guerra de la Espriella contra la Nación– Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA.
Bogotá, DC., doce (12) de  junio de dos mil
catorce (2014).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de los fallos de tutela proferidos por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura y la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el 8 de
abril de 2011 y el 22 de julio de 2011, respectivamente, dentro de la acción de
tutela promovida por el señor José Elías Guerra de la Espriella contra la
Nación y la Rama Judicial, representada por la Dirección Ejecutiva de la Rama
Judicial.
I.
ANTECEDENTES
II.
Hechos[1]
1.1.
El señor José Elías Guerra de la Espriella, con
fecha 23 de enero de 2007, presentó ante el CDH una comunicación, en la que
alegó ser víctima por parte del Estado colombiano de violaciones al artículo 14
párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante
PIDCP), en razón a que “no se respetó su derecho a
ser oído públicamente y con las debidas garantías” en un proceso penal que
cursó en su contra.
1.2.
Como fundamento de su solicitud expuso que el 3
de mayo de 1995, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó una indagación
en su contra en el marco de las investigaciones llevadas a cabo contra los
hermanos Rodríguez Orejuela. Sostuvo que ni él ni sus abogados fueron
informados oficialmente de la investigación en curso hasta que se declaró
formalmente abierta la investigación penal el 23 de mayo de 1995. Al enterarse
de la misma, solicitó se le diera la oportunidad de dar su versión, diligencia
que se llevó a cabo el 12 de junio de 1996.
1.3.
Señaló que fue vinculado a la investigación
mediante indagatoria, el 21 de junio de 1996, en la cual negó toda vinculación
con los hermanos Rodríguez Orejuela. El 9 de julio de 1996, la Corte Suprema de
Justicia profirió medida de detención preventiva en su contra por los delitos
de enriquecimiento ilícito de particular, en concurso con los punibles de
falsedad en documento privado y estafa.
1.4.
Dada su condición de Senador de la República para
la época de la investigación, el proceso debía tramitarse ante la Corte Suprema
de Justicia en única instancia; el actor decidió renunciar a su cargo y con
ello al fuero congresual. Por consiguiente, la investigación fue remitida por
la Corte Suprema de Justicia a la denominada Jurisdicción Regional o de Orden
Público. Contrariamente a lo previsto en la ley, “el Director Nacional de
Fiscalías lo hizo objeto (al proceso) de asignación especial, recayendo el
conocimiento del mismo en el Jefe de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la
Corte Suprema. El autor interpuso un recurso de reposición y un recurso de
apelación ante el Fiscal General de la Nación, el cual confirmó la decisión
inicial”[2].
1.5.
Informa el actor que la etapa de juzgamiento fue
asumida por un Juez Regional de Bogotá, sin rostro, al que no pudo ver en
ningún momento del proceso y no hubo audiencia pública. Mediante sentencia del
17 de abril de 1998 fue condenado a 90 meses de prisión, multa de $30.050.000.=,
e interdicción de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la
privación de la libertad, como responsable de los delitos de enriquecimiento
ilícito de particular en concurso con el delito de falsedad en documento
privado y estafa. Apelado el fallo por el sentenciado, la segunda instancia se
surtió ante el Tribunal Nacional, fase en la que tampoco existió audiencia
pública. El 30 de diciembre de 1998, este tribunal confirmó el fallo de primera
instancia, pero redujo la pena a 72 meses de prisión.
1.6.
El actor, informó al CDH que se abstuvo de
interponer el recurso de casación al considerar que existía “ausencia de
imparcialidad en los miembros de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema,
ya que fueron ellos mismos quienes inicialmente habían ordenado la detención
preventiva, sin beneficio de excarcelación”[3].
1.7.
En la denuncia presentada el 23 de mayo de 2007 ante
el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el señor José Guerra de la Espriella sostuvo
“que fue objeto de violación del artículo 14, párrafo 3 d) y e), ya que no se
respetó su derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías. Afirma
igualmente que se violaron sus derechos bajo el artículo 14, párrafo 3 d) y e),
ya que fue condenado en primera instancia en un proceso que se instruyó sin su
presencia o la de su defensor, sin audiencia pública, sin la oportunidad de contradecir
o contrainterrogar al testigo de cargo ni de controvertir las pruebas en su
contra, sin recibir respuestas satisfactorias o razonables a las inquietudes,
interpelaciones e interrogantes de la defensa. Nunca tuvo contacto personal con
el fiscal que le acusó ni con los jueces que le condenaron en primera y segunda
instancia. Los jueces que impusieron la condena jamás le oyeron ni privada ni
públicamente. En la segunda instancia tampoco hubo audiencia pública ni estuvo
presente en el momento del juicio”.[4]
1.8.
Surtido el trámite correspondiente, el Comité de
Derechos Humanos, en el marco del 98º período de sesiones adelantado entre el 8
y el 26 de marzo de 2010, examinó la cuestión en cuanto al fondo y recordó “el
párrafo 23 de su Observación General nº 32 relativa al artículo 14 del Pacto, y
observa que para satisfacer los derechos de la defensa, garantizados en el
párrafo 3 del artículo 14, especialmente sus apartados d) y e), todo juicio
penal tiene que proporcionar al acusado el derecho a una audiencia  oral, en la
cual se le permita comparecer en persona o ser representado por su abogado y
donde pueda presentar pruebas e interrogar a los testigos. Teniendo en cuenta
que el autor no tuvo tal audiencia durante los procedimientos que culminaron en
los fallos condenatorios y la imposición de la pena, y la manera como se
desarrollaron los interrogatorios, sin respeto a las garantías mínimas, el
Comité concluye que hubo violación del derecho del autor a un juicio con las
debidas garantías, de conformidad con el artículo 14 del Pacto.”[5]
1.9.
El Comité de Derechos Humanos, actuando en
virtud del párrafo 4 del artículo 5º del Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consideró “que los hechos que
tiene ante sí ponen de manifiesto una violación del artículo 14 del Pacto”.
1.10.    En consecuencia, “(D)e conformidad con los dispuesto en el apartado
a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto” dictaminó que “el Estado
Parte debe proporcionar al autor un recurso efectivo, incluida una
indemnización adecuada. El Estado Parte tiene también la obligación de evitar
que se cometan violaciones similares en el futuro”.
2.      Solicitud de tutela
A través de apoderado, el señor José Elías
Guerra de la Espriella presentó demanda de tutela contra la Nación-Rama Judicial,
representada por la Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia,
invocando la protección a las garantías fundamentales inherentes al debido
proceso, a su derecho a un recurso judicial efectivo y la efectividad del
principio constitucional de prevalencia de los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Congreso.
En relación con su pretensión, manifiesta
que el cumplimiento de la obligación internacional compete a los jueces del
Estado. En consecuencia, “la garantía del recurso efectivo, que en el caso
de José Guerra de Espriella, el Comité de Derechos Humanos ordenó como
mecanismo para reparar la violación de sus derechos conculcados, se
materializa con la revocatoria de las providencias judiciales adoptadas en el
marco de un proceso en el que no se respetaron las garantías mínimas del debido
proceso al accionante. Sin embargo, como en la actualidad la justicia regional
ha desaparecido del ordenamiento jurídico interno, corriendo la misma suerte el
juez regional de Bogotá y el Tribunal Nacional  de Orden Público, no es posible
elevar una solicitud de revocatoria de las sentencias a las autoridades que las
profirieron, por lo que corresponde al juez de tutela, en cumplimiento del
dictamen del Comité de Derechos Humanos, dejar sin efecto las providencias
recurridas”. (Se destaca).
Como fundamentos de derecho de la solicitud
de tutela invoca los siguientes:
2.1. En cuanto a la legitimación por pasiva
sostiene que comoquiera que la condena al Estado por violación a los derechos
consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, tuvo lugar por el
desarrollo de un proceso judicial sin las garantías mínimas a que se obligó el
Estado colombiano al suscribir dicho convenio internacional, es la Nación-Rama
Judicial la que está llamada a concederle al accionante “un recurso
efectivo, incluida una indemnización adecuada”, en los términos ordenados
por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su dictamen del mes de marzo de
2010, el cual tiene carácter vinculante y obligatorio para todas las
autoridades nacionales.
2.2. Sobre la vulneración de derechos
fundamentales la hace consistir en el “adelantamiento de un proceso penal en
su contra sin las debidas garantías mínimas que se desprenden del párrafo 3 del
artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
particularmente por el adelantamiento en su contra de un proceso penal ante
jueces sin rostro y con prescindencia de la audiencia pública, tal como fue
reconocido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en dictamen en el que
ordenó al Estado colombiano proporcionar al autor un recurso judicial efectivo,
incluida una indemnización adecuada”[6].
Sostiene el demandante que “la
consecuencia lógica de la acreditación de una irregularidad procesal que tiene
el alcance de trasgredir el debido proceso, es la revocatoria de todos los
actos procesales viciados y el restablecimiento de las cosas a su estado
original de suerte que el accionante pueda ver reivindicados sus intereses
iusfundamentales afectados. En este orden de ideas el recurso efectivo que
ordenó el Comité de Derechos Humanos se materializa en la revocatoria de las
sentencias proferidas en primera y segunda instancia por el Juez Regional de
Santa Fe y el Tribunal Nacional de Orden Público, respectivamente. Sin embargo,
comoquiera que en la actualidad estas autoridades han desaparecido de la
estructura del Estado, por la supresión de la jurisdicción regional, no existe
autoridad competente para revocar las decisiones adoptadas con violación del
debido proceso, por lo que al Juez de tutela, le corresponde dejarlas sin
efecto, en aras de hacer efectiva la decisión del Comité de Derechos Humanos y
garantizar la efectividad de los derechos fundamentales del accionante”[7].
En lo que respecta a la disposición del
Estado colombiano de dar cumplimiento al dictamen del Comité sostiene que “se
vislumbra el reconocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores del deber
del Estado colombiano de satisfacer el dictamen del Comité de Derechos Humanos,
no obstante lo cual, por ser ajeno al ámbito de sus funciones el otorgamiento
de un recurso efectivo, dio traslado al Defensor del Pueblo a quien
constitucionalmente le compete velar por la promoción, el ejercicio y la
divulgación de los derechos humanos.
Sin embargo, aclara que “indistintamente
de la voluntad del Gobierno Nacional y de la Defensoría del Pueblo para
garantizar el cumplimiento del dictamen del Comité de Derechos Humanos, no se
vislumbra una posibilidad cierta y efectiva de encontrar el restablecimiento de
los derechos fundamentales trasgredidos al actor, toda vez que el Defensor  del
Pueblo carece de las competencias constitucionales y legales para conceder al
accionante el recurso efectivo ordenado por el Comité de Derechos Humanos de la
ONU, en atención a que por el principio constitucional de la separación de las
ramas del poder público, las sentencias judiciales proferidas con violación de
los derechos fundamentales del accionante, solo pueden ser revocadas o dejadas
sin efecto por otra autoridad judicial”[8].
2.3 En lo que concierne a la satisfacción del
principio de subsidiariedad el demandante precisa que del dictamen del Comité
de Derechos Humanos se derivan para el Estado colombiano dos obligaciones de
distinta naturaleza jurídica: la primera relativa al recurso efectivo tendiente
a asegurar la protección de las garantías constitucionales inherentes al debido
proceso, el derecho a un recurso judicial efectivo y el acceso a la
administración de justicia; y la segunda, relativa a la indemnización adecuada,
“dirigido a mantener la integridad del patrimonio de la víctima”.
En relación con la satisfacción de la
primera parte del dictamen aduce el demandante que “en nuestro ordenamiento
jurídico no se encuentra regulado ningún procedimiento para obtener del Estado
el cumplimiento efectivo de una decisión adoptada por un organismo
internacional de derechos humanos reconocido por Colombia, orientada a
otorgarle a las víctimas un recurso judicial efectivo, de suerte que la acción
de tutela se revela como el único medio de defensa con el que cuenta el
accionante para procurar de las autoridades competentes el cumplimiento de lo
ordenado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU”.
Y agrega que la obligación sobre la
garantía de un recurso judicial efectivo, no puede satisfacerse por ningún
medio de defensa judicial ordinario “en atención a que el legislador no ha
regulado la autoridad competente ni el procedimiento para que en cumplimiento
de una obligación internacional se revoque o declare sin valor ni efecto una
sentencia y se conceda el recurso efectivo, circunstancia que activa la
competencia residual y subsidiaria del juez constitucional para hacer efectivos
los derechos fundamentales del accionante (…)”.
Sostiene que esta primera observación “se
satisface con la revocatoria de las sentencias proferidas en el marco del
proceso penal que con violación del derecho al debido proceso se adelantó en
contra del accionante, siendo las mismas autoridades que las profirieron las
llamadas legalmente a proceder a su revocatoria conforme al principio de
paralelismo de formas que enseña que en el Derecho las cosas se deshacen como
se hacen. No obstante, al haber desaparecido del ordenamiento jurídico el Juez
Regional de Bogotá y el Tribunal Nacional de Orden Público que dictaron las
sentencias de primera y segunda instancia, respectivamente, no existe órgano
competente que pueda proceder a la revocatoria de las sentencias irregulares,
salvo el juez de tutela”.
Respecto del cumplimiento atinente a la
segunda observación anota que el único procedimiento legal regulado en el
ordenamiento jurídico vigente para atender las condenas del Estado, es el
contemplado en la Ley 288 de 1996 “por medio de la cual se establecen
instrumentos para la indemnización de perjuicios a las víctimas de violaciones
de derechos humanos en virtud de lo dispuesto por determinados órganos
internacionales de derechos humanos”. Y agrega que el procedimiento allí
dispuesto “se limita al encausamiento de pretensiones indemnizatorias de
perjuicios orientadas a garantizar el derecho patrimonial y moral de las
víctimas a la reparación, pero nada dispone en relación con el cumplimiento de
otro tipo de obligaciones que no sean de carácter pecuniario cuyo deber de
satisfacción a cargo del Estado haya sido asignado por los órganos
internacionales de derechos humanos, con el propósito de proteger los derechos
de las víctimas de las violaciones aludidas, como es el deber de preservar los
derechos al acceso a la administración de justicia a través de la garantía de
un recurso judicial efectivo, así como hacer efectivas las garantías judiciales
inherentes al debido proceso”.
2.4. Afirma que “la Corte Constitucional
ha reconocido el carácter vinculante de las decisiones adoptadas por los
organismos cuasi jurisdiccionales del sistema internacional de derechos humanos
como es el Comité de Derechos Humanos de la ONU que establezca cargas concretas
para el Estado colombiano en procura de la protección de derechos humanos
amenazados o vulnerados en una situación específica.
De esta forma, agrega, “indistintamente
de la naturaleza jurídica de los actos unilaterales que profieran los órganos
del Sistema Internacional de Derechos Humanos, lo cierto es que estos resultan
vinculantes para el Estado colombiano cuando contienen la interpretación del
alcance y núcleo esencial de los derechos humanos consagrados en los distintos
tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia y,
adicionalmente, en aquellos casos en que respecto de una situación particular y
concreta ordenan y recomiendan la adopción de medidas tendientes a la protección
de derechos humanos”[9].
3.  Actuación procesal
3.1. La demanda fue admitida por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura el 12 de
enero de 2011, órgano que profirió sentencia el 20 de enero siguiente,
declarando la improcedencia del mecanismo constitucional. Consideró la Sala
respectiva que “no hay ninguna prueba de que el actor haya solicitado el
desarchive del proceso y la hoy accionada, lo haya denegado, afectando sus
derechos fundamentales; lo anterior tendiente a que los jueces de la República
que son los llamados a tomar decisiones judiciales, conozcan el contenido de la
mentada recomendación y se adopten las decisiones que en derecho correspondan”[10]
3.2. Apelada dicha decisión, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en
providencia de febrero 16 de 2011, declaró la nulidad de todo lo actuado desde
la admisión de la demanda al advertir que se había omitido su notificación al
Vicepresidente de la República, al Ministro de Trabajo y Seguridad Social
(Protección Social), y al Alto Comisionado para la Paz, quienes según lo
previsto en el Decreto 321 de 2000, conforman la Comisión Interinstitucional
Permanente para la coordinación y seguimiento de la Policía Nacional en materia
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Se omitió así
mismo citar al Procurador General de la Nación, quien conforme a la misma
normatividad podrá ser vinculado a esa comisión.
A juicio de la sala dicha vinculación era
necesaria toda vez que corresponde a esta comisión “Analizar las
recomendaciones que formulen los organismos internacionales en materia de
derechos humanos y derecho internacional humanitario y evaluar la posibilidad
de su implementación en el orden interno”.
Estimó igualmente ese Tribunal que debió
convocarse al Consejo Superior de la Judicatura, órgano que según el Acuerdo 535
de 1999, está encargado  a través de su oficina de apoyo, del archivo  de la
Justicia Regional y tiene como una de sus funciones la de “Garantizar el
derecho a la información mediante la prestación de los servicios de
certificaciones, consultas y reprografía”.
Al considerar que a dichas entidades asiste
un interés y responsabilidad en la definición del litigio, la sala declaró la
nulidad de todo lo actuado a partir de la admisión de la demanda a efecto de
que se les corra el traslado correspondiente.
3.3. Frente a la anterior decisión salvó
voto el magistrado José Ovidio Claros Polanco, comoquiera que, en su criterio,
debió confirmarse la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela “pues habiendo conocido el actor la
determinación del Comité de Derechos Humanos desde el 27 de abril de 2010, no
se encontraría superado el presupuesto procesal de la inmediatez”[11].
4.   Intervenciones.
4.1.
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Mediante oficio DIDHD/GOI. No.1824/093, de
enero 14 de 2011, el Director de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario de este ministerio, informa al juez de tutela que “ha dado
trámite al dictamen que nos ocupa de manera oportuna y eficiente, de acuerdo
con sus competencias y funciones”.
Sostiene que los dictámenes emitidos por el
Comité de Derechos Humanos, en virtud del principio de unidad del derecho
internacional público, son decisiones contra el Estado como un todo y por tanto
vinculan a toda la institucionalidad. Por consiguiente, conociendo la
importancia del cumplimiento de buena fe de dichos dictámenes, una vez
notificados al Estado colombiano a través de ese ministerio, procede a
trasmitirlo a las diferentes entidades del Estado con el fin de que
“procedan al respectivo análisis y a una división institucional de las
observaciones realizadas en la decisión final, tomando en consideración las
competencias constitucionales y legales de cada una de las entidades
vinculadas”.
Manifiesta que, conforme a la normatividad
vigente, el MRE no cuenta con un poder especial frente a otras instituciones
del Estado y en ese sentido, “no le es posible realizar ninguna actividad
encaminada a conminar o requerir de manera obligatoria alguna actividad por
parte de estas en relación con las observaciones emitidas en los respectivos
dictámenes del Comité”.
Refiere que, en atención a la órbita de su
competencia, una vez notificado,  el 27 de abril de 2010, al Estado colombiano
el dictamen final emitido por el Comité en el caso del señor José Elías Guerra
de la Espriella, este se puso en conocimiento del programa presidencial de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de
la República, del Ministerio de la Defensa Nacional y del Ministerio del Interior
y de Justicia, “con el fin de solicitar sus observaciones frente a la
decisión adoptada por el Comité”. En el caso de los dos últimos, dada su
condición de miembros del Comité de Ministros creados por la Ley 288 de 1996.
Indica que, posteriormente, a raíz de
algunas reuniones sostenidas entre funcionarios de los ministerios de
Relaciones Exteriores, del Interior y de Justicia y de Defensa Nacional, se
decidió, en atención a la recomendación consistente en “otorgar un recurso
efectivo”, remitir el dictamen al Defensor del Pueblo con el fin de que
este tomara nota sobre la recomendación, y de ser el caso, procediera ante la
entidad que considerara competente, de acuerdo con sus competencias.
4.2.
Del Ministerio del Interior y de Justicia
Intervine a través del Director Jurídico
para manifestar que a este ministerio “no le asiste legitimidad para actuar
válidamente en  la presente demanda, puesto que (…) el centro de imputación recae
en la Rama Judicial, cuya representación, para todos los efectos, se predica
del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, por lo que conviene señalar que la materia objeto de demanda escapa a
la competencia del Ministerio del Interior y de Justicia”.
4.3.
De la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Intervino a través de la División de
Asistencia Legal, destacando que el demandante hace referencia a hechos
acaecidos en el año de 1995, fecha en la cual inició la investigación penal en
contra de su poderdante, proceso que terminó con sentencia condenatoria de
segunda instancia, en el año 1998. Para el año 2000, el hoy tutelante, formuló
acción de tutela por violación a los derechos fundamentales “del debido
proceso, defensa, presunción de inocencia y libertad”, contra los
extintos juzgado regionales de Santafé de Bogotá y Tribunal Nacional, tutela
que fue objeto de pronunciamiento de la Corte Constitucional (Expediente
T-273.982).
Señala que “los hechos esbozados en el
escrito de tutela, no son otros que los atinentes al desarrollo del proceso
penal adelantado en su contra (se refiere al actor en tutela), por la
entonces justicia regional, hechos que fueron objeto de estudio en la acción de
tutela tramitada por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y del Consejo Superior de la
Judicatura y por la Corte Constitucional, tutela que fue negada por
improcedente, y que versó su estudio sobre los mismos derechos fundamentales
que hoy invoca el tutelante y su apoderado”.
4.4.
Fiscalía General de la Nación
Informa a través de la Dirección Nacional
de Fiscalías que “consultada información de los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad se encontró que el Juzgado Tercero al parecer Radicado
3882 con fecha 11 de enero de 2000, se profirió resolución de extinción de la
acción por pena cumplida de sentencia condenatoria proferida en contra del
señor JOSÉ ELÍAS GUERRA DE LA ESPRIELLA”.
4.5.
Procuraduría General de la Nación
Interviene a través de apoderado para
solicitar que la acción de tutela sea negada por falta de legitimación por
pasiva, en razón a que no estableció la correcta identificación de quien ha
vulnerado o amenazado los derechos fundamentales.
4.6.
Defensoría del Pueblo
Mediante concepto 027 de 2011[12]el Defensor del Pueblo
sostuvo que la Defensoría del Pueblo no tiene competencia para materializar el
dictamen proferido por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
razón por la cual su actuación se orientó a ofrecer al señor Guerra de la
Espriella el servicio de litigio defensorial, de acuerdo con sus competencias y
la regulación interna del mismo.
Luego de transcribir ampliamente aparte de
las sentencias T-558 de 2003, T- 385 de 2005 y T-254 de 2007, de esta
corporación, el Defensor del Pueblo infiere que “la materialización del
dictamen 1623/2007 a favor del señor José Elías Guerra de la Espriella corre
por cuenta de las autoridades administrativas y judiciales encargadas de
brindar las herramientas jurídicas que permitan el acceso a la administración
de justicia y a la reparación material de los daños sufridos; por ejemplo,
mediante el uso del instrumento indemnizatorio consagrado en la Ley 288 de 1996
(…)”.
Los instrumentos internacionales de
derechos humanos que reconocen la competencia de  un órgano jurisdiccional o
cuasi jurisdiccional,  una vez han  sido ratificados por el Estado colombiano,
no requieren de un trámite normativo adicional o especial para que sus
dictámenes produzcan plenos efectos jurídicos.
En el caso colombiano, la Ley 288 de 1996 prevé
un mecanismo jurídico con fines eminentemente resarcitorios, a través del cual,
mediante un trámite previo de tipo administrativo, se realiza el pago de las
indemnizaciones de perjuicios reconocidas por violaciones a los derechos
humanos que se hayan declarado por el Comité de Derechos Humanos (CDH) del
Pacto Internacional de Derechos Civiles o Políticos (PIDCP) o por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Refiere además que la Ley 906 de 2004 en su
artículo 192.4 contempla el mecanismo de la acción de revisión “cuando
después del fallo en procesos por violaciones de derechos humanos o
infracciones graves al derecho internacional humanitario, se establezca
mediante una decisión de una instancia internacional de supervisión y control
de derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado
formalmente la competencia, un incumplimiento protuberante de las obligaciones
del Estado de investigar seria e imparcialmente tales violaciones. En este caso
no será necesario acreditar existencia de hecho nuevo o prueba no conocida al
tiempo de los debates”.
Recuerda que, pese a que no existe un
mecanismo interno o una acción específica que permita la materialización en el
orden interno de las recomendaciones del CDH,  en algunas ocasiones, a través
de la acción de tutela, la Corte Constitucional ha proferido órdenes que “en
cierta medida se traducen en la satisfacción de las diferentes recomendaciones
emitidas por los organismos internacionales para casos concretos”.
5. Sentencias objeto de Revisión.
5.1. Fallo de primera instancia
El Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá, en sentencia de abril 8 de 2011 declaró improcedente la acción de
tutela presentada por José Elías Guerra de la Espriella contra la Nación- Rama
Judicial. A continuación se reseña el fundamento de esta decisión.
En lo que concierne a la primera parte de
las observaciones contenidas en el dictamen, es decir, la garantía de un
recurso efectivo, sostiene que éste involucra una decisión judicial en firme
desde el año de 1998, “y no hay ninguna prueba de que el actor haya
solicitado el desarchive del proceso y la hoy accionada lo haya denegado,
afectando sus derechos fundamentales; lo anterior, tendiente a que los jueces
de la República que son los llamados a tomar decisiones judiciales, conozcan el
contenido de la mentada resolución y se adopten las decisiones que en derecho
correspondan”.
Por consiguiente, en relación con este
aspecto, la acción de tutela resulta improcedente, comoquiera que no se ha
agotado el mecanismo judicial subsistente ante la jurisdicción penal, ni se ha
efectuado actuación alguna ante la entidad demandada con miras a hacer cumplir
dicha recomendación.
En lo que concierne a la segunda parte de
la recomendación, vale decir, la inclusión de “una indemnización adecuada”
sostiene que para el efecto fue expedida la Ley 288 de 1996 “Por medio de la
cual se establecen instrumentos para la indemnización de perjuicios a las
víctimas de violaciones de derechos humanos en virtud de lo dispuesto por
determinados órganos internacionales de derechos humanos”.
Este trámite, sostiene, está dirigido al
pago de una indemnización económica a las víctimas de una violación de derechos
humanos y a sus familiares. De tal suerte que, en estos casos, se cuenta con un
mecanismo judicial para que se determine si hay o no lugar a ella, “y, si
bien, aporta el actor, copia de la nota dirigida al Comité de Derechos Humanos
(del 27/10/10), por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde,
entre otros se señala que, en su caso, (…) se adoptó la decisión gubernamental
de no remitir el presente dictamen a conocimiento del Comité Interministerial
para efectos indemnizatorios, lo cierto es que aquel, ostenta dicha vía, en
procura de una decisión de la administración, objeto de los recursos a lugar y
de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa. Lo que torna
improcedente el amparo”.
Finalmente, afirma que no se encuentra
satisfecho el requisito de la inmediatez, comoquiera que el actor conoció la
determinación del Comité de Derechos Humanos desde el 27 de abril de 2010, en
tanto que la demanda fue presentada el 9 de diciembre de 2010.
5.2. La impugnación
El demandante, a través de su apoderado, solicitó
la revocatoria de la sentencia de primera instancia, y que en su lugar, se
conceda el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso, el derecho a
un recurso judicial efectivo y la efectividad del principio constitucional de
la prevalencia de los tratados y convenios internacionales ratificados por el
Congreso. Sustenta su impugnación en los argumentos que se reseñan a
continuación:
5.2.1. Sostiene que la sentencia desconoce
que en realidad no existe una vía judicial expedita ante la justicia penal,
para que el actor haga efectivos sus derechos fundamentales conculcados. La
efectividad de la decisión del Comité no puede garantizarse por ningún medio de
defensa judicial ordinario, en atención a que el legislador no ha regulado la
autoridad competente ni el procedimiento para que en cumplimiento de una
decisión internacional se revoque o declare sin valor ni efecto una sentencia y
se conceda el recurso efectivo, circunstancia que activa la competencia
residual y subsidiaria del juez de tutela.
5.2.2. Afirma que en la medida en que las
autoridades públicas solo pueden actuar de conformidad con las facultades, y
bajo los procedimientos expresamente consagrados en la ley, y ante la total
ausencia de un  procedimiento para encausar las pretensiones del accionante “mal
hace el juez de primera instancia en declarar improcedente la acción
constitucional formulada y exigir del accionante el agotamiento de trámites
inexistentes e improcedentes, como es elevar una petición a la entidad
accionada para que deje sin efectos las decisiones que fueron proferidas con
violación del debido proceso, toda vez que no existe norma jurídica que otorgue
dicha competencia a los jueces de la República”.
5.2.3. Indica que el recurso efectivo
ordenado por el Comité de Derechos Humanos se satisface con la revocatoria de
las sentencias proferidas en el marco del proceso penal adelantado con
violación del debido proceso, por parte de las mismas autoridades que las
profirieron con base en el principio de paralelismo de formas que enseña que en
el Derecho las cosas se deshacen como se hacen. Sin embargo, al haber
desaparecido del ordenamiento jurídico la jurisdicción regional, a la cual
pertenecían los jueces que dictaron las sentencias de primera y segunda
instancia, no existe órgano competente que pueda proceder a la revocatoria de
las sentencias irregulares, salvo el juez de tutela.
5.2.4. No es cierto, como afirma la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que ya se haya cumplido la decisión
del Comité de Derechos Humanos, en virtud del trámite y decisión de una acción
de tutela en el año 2000, por cuanto el dictamen proferido por ese organismo es
posterior al trámite de dicha tutela; éste “constituyó uno más de los
antecedentes que sirvieron de base para que el Comité concluyera que el Estado
colombiano vulneró los derechos fundamentales del actor”.
5.3.  Fallo de segunda instancia
En providencia de junio 22 de 2011, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, resolvió la
impugnación en la que adoptó las siguientes determinaciones:
Primero. Revocar el fallo impugnado, y en su lugar
conceder el amparo deprecado por el apoderado judicial del señor José Elías
Guerra de la Espriella, no respecto de las pretensiones por él invocadas
referentes a dejar sin efectos las sentencias penales dictadas en su contra y
absolverlo, sino únicamente en el sentido y las razones expuestas en las
motivaciones de la sentencia.
Segundo. Ordenar a la Comisión Intersectorial Permanente para
la Coordinación y Seguimiento de la Política nacional en materia de Derechos
Humanos y Derecho Humanitario, como estamento encargado al interior del Estado
de diseñar políticas tendientes al cumplimiento de dictámenes emitidos por
órganos internacionales con ocasión de la violación de los derechos humanos,
que en el improrrogable término de 60 días, analice el dictamen 1623/2007
emitido por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y evalúe la
posibilidad de implementar sus recomendaciones en nuestro ordenamiento
jurídico.
Tercero. Instar a la Comisión Intersectorial Permanente para la
Coordinación y Seguimiento de la Política Nacional en materia de derechos
Humanos y Derecho Humanitario para promover la adecuación de la legislación
nacional a los instrumentos internacionales de derechos humanos de los cuales
Colombia es parte, conforme a las facultades y funciones asignadas por el
Decreto que le dio vida jurídica.
Las anteriores determinaciones fueron
fundamentadas en las siguientes consideraciones:
5.3.1. No existe un mecanismo judicial para
que el Estado colombiano cumpla con el dictamen 1623/2007 emitido por el Comité
de Derechos Humanos y existe un vacío normativo sobre la forma en que el Estado
debe acatar las decisiones de este organismo, en lo referente al suministro de
un recurso efectivo, porque la indemnización adecuada se encuentra regulada en
la ley 228 de 1996, y en esa medida la acción de tutela “se torna prima
facie procedente”.
No obstante, aclara, que dicha procedencia
no se predica frente al proceso penal interno, definido mediante sentencia del
30 de noviembre de 1998 por el Tribunal Nacional, en la que fue declarado
responsable como autor del  delito de enriquecimiento ilícito, entre otros, la
cual “tiene el carácter de inmutable e inamovible”.
Advierte que el no agotamiento del recurso
de casación en su momento, y el haber intentado la acción de tutela donde se
realizó un juicio de constitucionalidad respecto de la sentencia condenatoria
proferida en contra de José Elías Guerra, fortalecen el concepto de
improcedencia, frente a la condena penal, por cuanto la decisión de tutela
proferida en aquél entonces, confiere el estatus de cosa juzgada, lo que impide
revivir litigios ya definidos. La cosa juzgada contenida en la sentencia
proferida por el Tribunal Nacional no fue afectada, de manera expresa, por el
dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
5.3.2. De otra parte, destaca que, de
acuerdo con la jurisprudencia de órganos internacionales, ni la casación ni la
revisión, en tanto recursos extraordinarios han sido considerados como un “recurso
efectivo” para efectos de las recomendaciones  que emite el Comité[13]. Recalca que en
nuestro ordenamiento jurídico interno la acción de revisión se encuentra
expresamente regulada y para su procedencia debe configurarse una de las
causales consagradas en la ley, lo cual no ocurre en el presente caso.
Descarta, de manera específica, la configuración de la causal prevista en el
numeral 4º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, pues esta se circunscribe a
procesos por violación a los derechos humanos y al derecho internacional
humanitario, el actor fue condenado por enriquecimiento ilícito, falsedad y
estafa.
5.3.3. Sostiene que, contrario a lo
señalado por el juez de primera instancia, en el presente caso sí se cumple con
el requisito de la inmediatez respecto del dictamen proferido por el organismo
internacional, en tanto fue emitido el 18 de marzo de 2010, y notificado al
Estado colombiano el 27 de abril de 2010. Sin embargo, el término no puede
contabilizarse desde esta fecha, puesto que era necesario esperar a las
acciones que adoptaría el Estado colombiano para cumplir con lo dispuesto en el
dictamen, comoquiera que para el efecto se le había concedido un término de 6
meses.
5.3.4.  Sostiene que si bien el Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es un organismo que no tiene
naturaleza jurisdiccional, el Estado colombiano debe cumplir los dictámenes emitidos
en los que se concluya que efectivamente se vulneró uno de los derechos humanos
allí reconocidos. Ello deriva del hecho de Colombia suscribió el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, con
lo cual aceptó formalmente la competencia de ese organismo.
5.3.5. Aduce que “en un Estado
Constitucional, Social y Democrático de Derecho, se requiere que la justicia
formal se materialice, pues una orden – llámese dictamen o comunicación-
plasmada en el papel, sin que sea ejecutada, deja intacta la situación de
vulneración de los derechos que se pretenden proteger y ello en modo alguno
puede constituir una expresión de eficacia y legitimidad del propio Estado. Y
esto cobra mayor gravedad, cuando los derechos protegidos por la orden son de
carácter fundamental, como en este caso, lo es el debido proceso del señor
Guerra de la Espriella, el cual, a juicio del Comité, fue violado”.
5.3.6. Sostiene que negar “el
cumplimiento de las órdenes que profiere el Comité” implica “desconocer
su competencia, y por lo tanto, violar el tratado y su Protocolo Facultativo”.
Agrega que “dejar pasar por alto este incumplimiento, sería como coadyuvar
el propio Estado al hecho de que la vulneración de los derechos humanos del
actor siga latente (…)”.
5.3.7. Estimó el juez de tutela de segunda
instancia que  es “manifiesta la omisión del Estado colombiano en el
cumplimiento del dictamen”. No obstante, reconoce “que el Dictamen emitido
por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no especifica en qué
podría consistir ese recurso efectivo que el Estado colombiano debe
proporcionar al señor Guerra de la Espriella para cesar la vulneración de sus
derechos humanos, sin que el Protocolo Facultativo ni el Reglamento de dicho
organismo, den luces al respecto”.
5.3.8. Una vez notificado el Estado
colombiano de la decisión emitida por el organismo internacional, ninguno de
sus estamentos dio cumplimiento a lo señalado en el dictamen, pues ni la Comisión
Intersectorial Permanente para la coordinación y seguimiento de la Política
Nacional en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ni
ningún otro órgano, acató lo allí dispuesto, siendo la única medida adoptada la
de remitirlo al Defensor del Pueblo, quien se limitó a ofrecer al señor Guerra
de la Espriella el servicio de litigio defensorial, lo cual no constituye el
recurso efectivo ordenado por el organismo internacional.
5.3.9. Frente a la pretensión del
demandante de que se dejen sin efectos las sentencias condenatorias proferidas
por los jueces de la extinta justicia regional, el juez constitucional de
segunda instancia precisó que el recurso efectivo debe estar ligado con el
derecho humano violado, de suerte que si la violación no se desprende de la
condena en sí misma considerada, sino de la condena proferida dentro de un
proceso adelantado sin las debidas garantías, no se puede dejar sin efectos las
sentencias emitidas y absolver al actor, pues ello ni es del resorte del juez
constitucional, ni responde a los términos del dictamen.
5.3.10. Señala que lo pertinente es
armonizar la orden impartida por el organismo internacional, con los mecanismos
previstos en el ordenamiento jurídico interno, “dándole la orden al ente
correspondiente para que cumpla con la materialización de ese recurso efectivo
o con la construcción del trámite o procedimiento necesario para ello”.
5.3.11. Concluye que, demostrada la
inactividad de la Comisión Intersectorial Permanente para la coordinación y
seguimiento de la política nacional en materia de derechos humanos y derecho
humanitario, de conformidad con las funciones adscritas a esta entidad por el Decreto
321 de 2000, ordena que en el término de 60 días, “analice el dictamen
1623/2007, emitido por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en
el cual se concluyó que se violó el derecho al debido proceso del señor José
Elías Guerra de la Espriella, y evalúe la posibilidad de implementarlo en
nuestro ordenamiento jurídico”.
Así mismo, insta a dicha Comisión para que
promueva la adecuación de la legislación nacional a los instrumentos
internacionales de derechos humanos de los cuales Colombia es parte, “en
aras de dar efectividad a la jurisdicción internacional de los derechos
humanos” en tanto “representan un avance democrático indudable y son una
proyección en el campo internacional de los mismos principios y valores (…)
defendidos por la Constitución”.
5.3.12. Aclaraciones de voto:
5.312.1. En relación con el fallo reseñado
presentaron aclaración de voto los magistrados José Ovidio Claros Polanco,
Julia Emma Garzón de Gómez, Angelino Lizcano Rivera y Pedro Alonso Sanabria
Buitrago.
Para el magistrado Claros Polanco el juez
de tutela se encontraba “en la posibilidad constitucional y legal de dejar
sin valor ni efectos jurídicos las providencias emanadas de la extinta justicia
regional, conforme a lo solicitado por el demandante”. Apoya esta
conclusión en la consideración de que no puede oponerse cosa juzgada con base
en la sentencia T-469 de 2000, comoquiera que en aquella oportunidad no se
examinaron las observaciones efectuadas por el Comité en el caso Guerra de la
Espriella.
Estima que la orden impartida en el fallo
del cual se aparta parcialmente, consistente en trasladar la responsabilidad de
acatar el dictamen a la Comisión Intersectorial Permanente para la Coordinación
y Seguimiento de la Política Nacional en materia de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, no es más que un gesto simbólico, pues si se afirma
que una autoridad jurisdiccional como esa colegiatura no puede dejar sin
efectos las sentencias cuestionadas por el demandante, no podrá esperarse que
un órgano del Ejecutivo como la mencionada comisión logre materializar la
protección del derecho afectado.
5.3.12.2. Los magistrados Julia Emma Garzón
de Gómez y Angelino Lizcano Rivera, en una aclaración de voto que suscriben de
manera conjunta, señalaron que la orden impartida a la Comisión Intersectorial
Permanente para la Coordinación y Seguimiento de la Política Nacional en
materia de DD.HH. y D.I.H. en el numeral tercero de la parte resolutiva,
desborda la órbita de sus facultades, siendo suficiente la contenida en el
numeral segundo del mismo aparte.
5.3.12.3. El magistrado Pedro Alonso
Buitrago Sanabria, se aparta así mismo de la orden impartida en el numeral 3º
de la parte resolutiva del fallo de tutela, en el sentido de “instar” a
la Comisión Intersectorial Permanente para la Coordinación y Seguimiento de la
Política Nacional en materia de DD.HH. y D.I.H., para que provea la adecuación
de la legislación nacional a los instrumentos internacionales sobre la materia.
Sostiene que cuando la Sala “insta” a la precitada Comisión, no debe
entenderse como una orden perentoria, sino simplemente como una “exhortación”
para que en ejercicio de sus facultades, promueva la adecuación de la
legislación a efecto de que se pueda -no solo en el presente caso-, dar
cumplimiento eficaz a las Recomendaciones y Dictámenes del Comité de Derechos
Humanos de la ONU.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia.
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para proferir sentencia dentro de la acción de
tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2 y 241
numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cabe precisar que una vez seleccionado para
revisión el presente expediente de tutela, correspondió por reparto al despacho
del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quien manifestó hallarse incurso
en la causal de impedimento establecida en el numeral 5 del artículo 99 del
C.P.P. Aceptado el impedimento por la Sala Plena, fue reasignado conforme al
Reglamento Interno al despacho del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto.
Este despacho, en cabeza de su nuevo titular el magistrado Alberto Rojas Ríos
presentó a la Sala Plena de la corporación una ponencia que no alcanzó la mayoría
necesaria para su aprobación, siendo nuevamente reasignado el asunto conforme
al Reglamento, correspondió en esta oportunidad al magistrado Luís Ernesto
Vargas Silva, a quien le fue encargada la redacción de la sentencia conforme a
la tesis que obtuvo la mayoría en Sala Plena.
2. Problema jurídico y estructura de la
decisión.
El demandante, instauró acción de tutela
con el propósito de que a través de este instrumento se dé cumplimiento al
dictamen CCPR/C/98/D/1623/2007, emitido por el Comité de Derechos Humanos de la
ONU al tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En dicho dictamen estimó el
Comité que se había vulnerado el derecho del demandante a ser juzgado
públicamente y con las debidas garantías, de conformidad con el artículo 14
párrafo 3 apartados d) y e) del PIDCP, durante el trámite que cursó en su
contra en la denominada justicia regional, el cual concluyó en condena por el
delito de enriquecimiento ilícito de particular, en concurso con los delitos de
falsedad en documento privado y estafa.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que “el Estado Parte debe
proporcionar al autor un recurso efectivo, incluida una indemnización adecuada.
El Estado Parte tiene también la obligación de evitar que se cometan
violaciones similares en el futuro”.
La pretensión del demandante está
específicamente orientada al cumplimiento de la primera parte del dictamen,
esto es, “proporcionar al autor un recurso efectivo”. Considera el actor
que la garantía de un recurso efectivo, se materializa con la revocatoria, por
parte del juez constitucional, de las providencias judiciales adoptadas dentro
del proceso penal que cursó en su contra ante la denominada justicia regional.
El juez constitucional de primera instancia
consideró que la acción de tutela resultaba improcedente frente a la pretensión
de que se revoquen las decisiones judiciales que se encuentran en firme desde
el año de 1998, comoquiera que se trata de una determinación que deben adoptar
los jueces de la República y no encontró evidencia de que el demandante hubiere
acudido ante la justicia penal a efecto de que, conocido el dictamen, adopte
las decisiones que en derecho correspondan. Estimó así mismo que la tutela no
superaba el requisito de la inmediatez, toda vez que habían transcurrido más de
ocho meses entre la notificación del dictamen y la presentación de la solicitud
de amparo.
El juez de segunda instancia argumentó que
la cosa juzgada contenida en la sentencia condenatoria proferida por el
desaparecido Tribunal Nacional no fue afectada de manera explícita por el
dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Por consiguiente precisó, que el recurso efectivo a
que hace referencia el dictamen debe estar ligado con el derecho humano
violado, de suerte que si la violación no se desprende de la condena en sí
misma considerada, sino del hecho de haber sido proferida dentro de un proceso
adelantado sin las debidas garantías, no se puede dejar sin efectos las
sentencias emitidas y absolver al actor, pues ello no es del resorte del juez
constitucional, ni responde a los términos del dictamen.
Concluyó, el juez de segundo grado que es
la Comisión Intersectorial Permanente para la coordinación y seguimiento de la
política nacional en materia de derechos humanos y derecho humanitario[14], el ente competente
para analizar “el dictamen 1623/2007, emitido por el Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas en el cual se concluyó que se violó el derecho
al debido proceso del señor José Elías Guerra de la Espriella, y evalúe la
posibilidad de implementarlo en nuestro ordenamiento jurídico”.
Conforme a los antecedentes descritos, corresponde a la Corte definir
si es la acción de tutela el
mecanismo idóneo y eficaz para dar cabal cumplimiento al dictamen del Comité de
Derechos Humanos de la ONU, en lo que concierne a “proporcionar al autor un
recurso efectivo”, para restablecer la vulneración al debido proceso constatada
por “violación del derecho
del autor a un juicio con las debidas garantías, de conformidad con el artículo
14 del Pacto”.  Como
consecuencia de ello, establecer si la pretensión del actor en el sentido de
obtener la revocatoria de la sentencia condenatoria que le fuera impuesta en
primera y segunda instancia por la denominada Justicia Regional en el
año de 1998, puede ser canalizada a través de la acción de tutela.
Para resolver la cuestión planteada la
Sala: (i) recordará su jurisprudencia sobre la competencia del juez de
tutela frente al cumplimiento de los dictámenes proferidos por el Comité de
Derechos Humanos de la ONU; (ii) constatará si se presentan los
presupuestos para la procedibilidad de la acción de tutela, y en ese marco, procederá
al resolver el caso concreto
3. Competencia del juez de tutela para el cumplimiento
de actos emanados de organismos internacionales de naturaleza no jurisdiccional
3.1. Es preciso recordar que de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela procede para la protección
inmediata de los derechos fundamentales, cuandoquiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública. Acorde con la misma disposición superior desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene
carácter subsidiario. Lo anterior significa que solamente es procedente cuando se
está ante la amenaza o vulneración actual o inminente de un derecho
fundamental; no existe un mecanismo alterno de defensa judicial del derecho o,
en caso de existir, tal medio no resulte eficaz o idóneo para la protección del
mismo. Es también excepción al principio de subsidiariedad el caso en el que la
acción de tutela resulta procedente de manera transitoria para evitar un
perjuicio irremediable, que es aquel que esta Corporación ha calificado como
inminente, grave y que requiere la adopción de medidas urgentes e
impostergables.[15]
3.2.
En diversas oportunidades[16]
la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre los presupuestos para la
procedencia de la acción de tutela encaminada a exigir el cumplimiento de actos
emanados de organismos internacionales de naturaleza no judicial que ejercen
sus competencias en el marco de tratados internacionales de los cuales Colombia
es parte. De manera general ha considerado la improcedencia de la acción de
tutela para exigir per se el cumplimiento interno de estos actos. Sin
embargo, cuando se está frente a la amenaza o vulneración del derecho
fundamental que ameritó la medida cautelar es preciso analizar, en cada caso,
la concurrencia de los requisitos de procedibilidad del mecanismo constitucional.
3.3.
Así en la sentencia T-558 de
2003, referente al amparo de los derechos a la vida y a la integridad personal
objeto de medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), la Corte señaló que “la acción de tutela no fue
concebida para garantizar el cumplimiento interno de las medidas cautelares
decretadas por la CIDH. No obstante, nada obsta para que, en determinados
casos, los dos mecanismos puedan llegar a complementarse, cuandoquiera que
persigan idénticos objetivos. Así pues, el juez de tutela puede emanar una
orden para que la autoridad pública proteja un derecho fundamental cuya amenaza
o vulneración justificó la adopción de una medida cautelar por parte de la CIDH
más no para ordenar la mera ejecución de ésta, sin que concurran los requisitos
de procedibilidad de la acción de tutela”.
3.4. De otra parte, en lo que concierne a
las autoridades nacionales encargadas de dar cumplimiento a los actos emanados
de estos organismos internacionales la jurisprudencia ha indicado que cada
Estado tiene la facultad de establecer responsabilidades sobre el cumplimiento
de las medidas cautelares decretadas (en el caso de la CIDH) en atención a la
estructura administrativa interna y con el fin de que su cumplimiento se lleve
a cabo de forma coordinada, eficiente y de conformidad con la disposición
presupuestal y técnica que permitan su materialización efectiva.
Sobre el mismo particular, en la sentencia
T-524 de 2005 al pronunciarse sobre las medidas cautelares decretadas por la
CIDH, la Corte señaló que: “No existe una regulación expresa en relación con
los órganos o entidades estatales a quienes compete el cumplimiento y ejecución
de las medidas cautelares decretadas por la CIDH. La Convención Americana sobre
Derechos Humanos y el Reglamento Interno de este órgano no se pronuncian al
respecto. Sin embargo, para tales efectos, el Estado es considerado como un
todo, de conformidad con los principios de Derecho Internacional Público. (…)
Por lo anterior cada Estado tiene la facultad de establecer responsabilidades
sobre el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la CIDH en
atención a la estructura administrativa interna y con el fin de que su
cumplimiento se lleve a cabo de forma coordinada, eficiente y de conformidad
con la disposición presupuestal y técnica que permitan la materialización
efectiva de las medidas decretadas para prevenir la consumación de las
violaciones a los derechos reconocidos por los instrumentos que rigen en el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además, es de gran importancia para
determinar qué entidades y autoridades públicas están llamadas a ejecutar las
medidas, tener en cuenta que éstas, generalmente, están encaminadas a: la
protección de los derechos a la vida y a la integridad personal de un individuo
o grupo determinado de personas y, de otra parte, la realización de una
investigación seria, imparcial e inmediata de los hechos referidos por el
peticionario”.
3.5. También  resaltó esta corporación, frente a una solicitud de cumplimiento de
una medida cautelar decretada por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos que, independientemente de la naturaleza jurídica de las medidas
cautelares decretadas por este organismo internacional, éstas deben ser
acatadas de buena fe por las autoridades públicas internas debido al compromiso
internacional derivado del hecho de ser Colombia parte del Pacto de San José de
Costa Rica, y como consecuencia de los deberes de protección emanados
directamente de la Constitución Política.[17]
La Corte también hizo énfasis en que el juez constitucional no se puede sustraer
de la función protectora que le fue atribuida cuando a través de la acción de
tutela se presentan circunstancias que podrían implicar la vulneración de
derechos fundamentales. Señaló esta Corporación en el fallo anteriormente
citado:
“(...) la acción de tutela no fue concebida para garantizar el
cumplimiento interno de las medidas cautelares decretadas por la CIDH. No
obstante, nada obsta para que, en determinados casos, los dos mecanismos puedan
llegar a complementarse, cuando quiera que persigan idénticos objetivos. Así
pues, el juez de tutela puede emanar una orden para que la autoridad pública
proteja un derecho fundamental cuya amenaza o vulneración justificó la adopción
de una medida cautelar por parte de la CIDH mas no para ordenar la mera
ejecución de ésta, sin que concurran los requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela.”(T-558 de 2003,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
En igual sentido, en la sentencia T-786 de 2003 se resaltó la
obligación del juez constitucional de proteger los derechos fundamentales del
ciudadano que ha acudido a la acción de tutela para solicitar el cumplimiento
de una medida cautelar decretada por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
3.6. Ahora bien, en atención a que la
acción de tutela objeto de este pronunciamiento se dirige a obtener el
cumplimiento de un dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, a continuación se hace referencia al marco normativo
internacional en el que se insertan estos actos, su naturaleza y a las reglas
específicas establecidas por la jurisprudencia sobre las condiciones de
exigibilidad a través de la acción de tutela de los dictámenes u observaciones
emanadas de este organismo.
4. Competencia del juez de tutela frente al
cumplimiento de los dictámenes proferidos por el Comité de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas.
4.1. El Estado colombiano aprobó el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (PIDCP) a través de la Ley 74 de 1968, la cual fue
ratificada el 29 de octubre de 1969, entrando en vigor para nuestro país desde
el 23 de marzo de 1976. Con su adhesión a este tratado, el Estado colombiano se
comprometió con las obligaciones contraídas en relación con el respeto y la
protección de los derechos reconocidos en el Pacto, así como a observar de
buena fe los dictámenes que profiera el Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, encargado de vigilar su cumplimiento.
Para supervisar el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el PIDCP, el mismo tratado previó el establecimiento de un Comité
de Derechos Humanos integrado por expertos en este sector. Las funciones del
Comité están señaladas en el mismo Pacto, en el Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos[18]
y en el Reglamento del Comité de Derechos Humanos. Sobre su naturaleza ha
indicado la Corte que “se trata de un organismo que no tiene naturaleza
jurisdiccional y que básicamente pretende vigilar el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas por los Estados al suscribir el tratado y difundir la
interpretación de los derechos protegidos por él, con la finalidad de guiar a
los organismos ejecutores a nivel interno en la aplicación correcta de las
normas internacionales sobre los derechos humanos civiles y políticos”[19].
4.2. En desarrollo de estas funciones el Comité
examina los informes que presentan los Estados Partes con el fin de sustentar
el cumplimiento de sus obligaciones internacionales; emite observaciones
generales señalando el contenido y el alcance de los derechos y obligaciones
consagrados por el Pacto[20];
estudia las denuncias presentadas entre Estados Partes[21]; y  examina
las denuncias formuladas por particulares.
En relación con esta última función cabe recordar que
conforme al Protocolo Facultativo adoptado por la Asamblea General el 16 de
diciembre de 1966 los individuos tienen la posibilidad de presentar denuncias
ante el Comité cuando consideren haber sido víctimas de una violación de cualquiera
de los derechos enunciados en el Pacto por parte de un Estado que haya
ratificado ambos instrumentos internacionales, es decir, el Protocolo y el
Pacto. La comunicación del individuo da inicio a un trámite en el que el Estado
denunciado puede presentar argumentos en su defensa, oponiéndose a la
admisibilidad de la comunicación o al fondo de la cuestión.[22] Luego de
confrontar las situaciones de hecho con las obligaciones contraídas en virtud
de la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “el
Comité presentará sus observaciones al Estado Parte interesado y al individuo.”[23]
Ha precisado
la jurisprudencia de esta Corte que “en la práctica la denominación de este
acto jurídico es muy variada, por cuanto el Protocolo Facultativo alude al
término “observaciones” mientras que el Comité de Derechos Humanos señala que
adopta “dictámenes”. En todo caso, frente a la reglamentación de este organismo
en particular resulta evidente que los pronunciamientos sobre los casos
individuales presentados para su conocimiento son una verificación sobre la
observancia o inobservancia de las obligaciones derivadas del Pacto”[24].
4.3. Frente a la solicitud de cumplimiento de este tipo de actos
jurídicos proferidos por organismos internacionales, la Corte Constitucional ha
resaltado que “dichas observaciones tienen la virtualidad de llamar la
atención sobre situaciones en las que se encuentran en peligro no sólo los
derechos humanos protegidos por el instrumento internacional, sino también los
derechos fundamentales constitucionales garantizados por nuestra Carta
Política. En esta medida, los dictámenes proferidos por los organismos
internacionales deben ser analizados por las autoridades internas con el fin de
adoptar las medidas orientadas a corregir las actuaciones que dan lugar a las
recomendaciones, y el juez de tutela puede adoptar las medidas de protección
inmediatas que resulten necesarias para salvaguardar los derechos fundamentales
constitucionales involucrados.[25]
Ha subrayado así mismo la jurisprudencia
que “las observaciones que profiera el Comité de Derechos Humanos deben
observarse y ejecutarse por el Estado Parte de buena fe, y es del resorte del
juez constitucional pronunciarse sobre la existencia de una amenaza o violación
a los derechos fundamentales cuando las circunstancias que subyacen a las
recomendaciones internacionales ameriten su intervención”.
4.4. En esta misma sentencia la Corte se
pronunció sobre la autoridad competente para materializar el dictamen en
relación con “proporcionar al actor un recurso efectivo, incluida una
indemnización”, en los siguientes términos: “La primera recomendación
que plantea el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es
proporcionarle al accionante un recurso efectivo que incluya la indemnización
de los perjuicios ocasionados por las amenazas y el atentado del que fue
víctima // Lo anterior se traduce dentro de nuestro ordenamiento jurídico en el
derecho que tiene toda persona de acceder a la administración de justicia a
través del ejercicio de las acciones judiciales establecidas por el legislador
para determinar la verdad sobre lo ocurrido y obtener la sanción de los
responsables y la reparación material de los daños que se hayan sufrido.
También guarda relación con el derecho a un recurso judicial que sea idóneo y
efectivo para materializar los derechos ante las instancias judiciales”.
4.5.
A manera de conclusión, se pude señalar que: (i) las observaciones que  emita el Comité de
Derechos Humanos de la ONU deben observarse y ejecutarse por el Estado parte de
buena fe, en la medida que éste reconoció la competencia de dicho órgano para
determinar si ha habido o no, violación del Pacto, y en virtud de los deberes
de protección que impone la Constitución; (ii) la acción de tutela es improcedente para exigir per
se el cumplimiento interno de los dictámenes u observaciones emitidas por
el Comité de Derechos Humanos; (iii) sin embargo, el juez constitucional, en desarrollo de sus
deberes de protección, puede pronunciarse sobre la existencia de una amenaza o
violación a los derechos fundamentales cuando las circunstancias que subyacen a
las recomendaciones internacionales ameriten su intervención, en cuyo caso,
habría que constatar los presupuestos de procedibilidad del  mecanismo
constitucional; (iv) el derecho a un recurso efectivo, se traduce
dentro de nuestro ordenamiento jurídico en el derecho que tiene toda persona de
acceder a la administración de justicia para materializar sus derechos ante las
instancias judiciales competentes; (v) en cuanto a las autoridades
encargadas de dar cumplimiento a las observaciones emanadas del Comité, esto
depende de la estructura orgánica interna del Estado y su cumplimiento se debe llevar a cabo de forma
coordinada, eficiente y de conformidad con la disposición presupuestal y
técnica que permitan su materialización efectiva.
5.
Del caso concreto
5.1. El señor José Elías Guerra de la Espriella, quien en su condición
de ex congresista fuera condenado en el año de 1998 (diciembre 30) por la
extinta justicia regional por los delitos de enriquecimiento ilícito de
particular en concurso con falsedad en documento privado y estafa, instauró
acción de tutela con el propósito de que, a través de este instrumento, se dé
cumplimiento al dictamen CCPR/C/98/D/1623/2007, emitido por el Comité de
Derechos Humanos de la ONU al tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En dicho
dictamen estimó el Comité que se había vulnerado el derecho del demandante a
ser juzgado públicamente y con las debidas garantías, de conformidad con el
artículo 14 párrafo 3 apartados d) y e) del PIDCP, durante el trámite que cursó
en su contra en la denominada justicia regional.
5.2. Pretende el demandante a través de la
acción de tutela la revocatoria de las providencias de abril 17 y diciembre 30
de 1998, proferidas en primera y segunda instancia respectivamente, por un Juez
Regional y el Tribunal Nacional. Considera el demandante que el deber del
Estado de “proporcionar al autor un recurso efectivo”, se materializa
con la revocatoria, por parte del juez constitucional, de las mencionadas providencias
judiciales emitidas en sede penal. Sostiene que, desaparecida la denominada justicia
regional, la acción de tutela constituye el único mecanismo al alcance del
actor para obtener la invalidación de la condena emitida en su contra en un
proceso producido con violación del derecho a ser oído en un juicio público y
con las debidas garantías, conforme al párrafo 3 del artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
5.3. Tal como quedó establecido en la parte
considerativa de esta sentencia, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido
que, de manera general, la acción de tutela resulta improcedente para dar
cumplimiento a los dictámenes, observaciones o medidas cautelares emitidas por
organismos internacionales no judiciales, a los cuales el Estado colombiano ha
reconocido competencia para vigilar el cumplimiento de la obligaciones emanadas
de un tratado internacional.
Sin embargo, ha indicado también que en
atención a los deberes de protección de derechos fundamentales que la
Constitución le asigna al juez constitucional, debe verificar si en la
situación subyacente que dio origen al pronunciamiento del organismo
internacional se presentan circunstancias que configuren una amenaza inminente
o vulneración actual de derechos fundamentales que imponga el deber de actuar
por parte del juez constitucional.
5.4. La situación que dio origen a la
denuncia y a las observaciones del Comité de Derechos Humanos en el caso del
señor Guerra de la Espriella, se consolidó durante los años 1996 a 1998 lapso en
el que se tramitó el proceso penal en su contra que culminó con las sentencias
condenatorias proferidas en abril y diciembre de 1998. Incluso, de conformidad
con la información que obra en el expediente de tutela la acción  penal fue
declarada extinguida por pena cumplida. Así lo informó  al juez de tutela de
primera instancia la Dirección Nacional de Fiscalías:
“(…) Consultada información de los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad se encontró que en el Juzgado
Tercero al parecer radicado 3882 con fecha 11 de enero de 2000, se profirió
resolución de Extinción de la Acción por pena cumplida de sentencia
condenatoria proferida en contra del señor JOSÉ ELÍAS GUERRA DE LA ESPRIELLA
(…)”[26]
5.5. El Comité de Derechos Humanos de la ONU en
efecto, concluyó que “hubo violación del derecho del autor a un juicio con
las debidas garantías, de conformidad con el artículo 14 del Pacto”, comoquiera
que no contó con una audiencia oral “durante los procedimientos que
culminaron en los fallo condenatorios y la imposición de la pena, y  la manera
como se desarrollaron los interrogatorios, sin respeto a las garantías mínimas”[27].
Constatada la vulneración por el Comité, dispuso que “De
conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del
Pacto, el Estado Parte debe proporcionar al autor un recurso efectivo, incluida
una indemnización adecuada”[28]·
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
establece al respecto: “Artículo 2. (…) 3. Cada Estado Parte en el presente
Pacto se compromete a garantizar que: a). Toda persona cuyos derechos y
libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá
interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiere sido cometida
por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;”
5.6. La acción de tutela no constituye, en el presente
caso, ese recurso efectivo a que hace referencia el dictamen con base en
el PIDCP, por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque no se
encuentra el juez de tutela frente a una amenaza o vulneración actual de los
derechos fundamentales del actor que exija su intervención inmediata a efecto
de evitar la consumación del daño, elemento ligado a la esencia cautelar y de
protección inmediata de la acción de tutela. Como se indicó, en el presente
caso existe evidencia en el sentido que la acción penal fue declarada
extinguida por cumplimiento de la pena, desde el año 2000.
En segundo lugar, porque dadas las particularidades
del caso puesto a consideración de la Sala, la acción de tutela no se perfila
como el recurso efectivo a que alude el dictamen del Comité, con apoyo
en el párrafo 3 a) en concordancia con el 14.1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. El derecho a un recurso efectivo frente a
la vulneración de derechos humanos, establecido en esta normativa, comporta una
obligación para el Estado de “tomar determinadas medidas para remediar las
violaciones constatadas”[29].
Este recurso puede ser de carácter judicial o administrativo, siempre y cuando
sea efectivo.[30]
La efectividad estará determinada por la naturaleza de la vulneración y la
conformación orgánica y funcional de la estructura estatal.
El Comité de Derechos Humanos, de manera general, le
ha dado al recurso efectivo un carácter fundamentalmente resarcitorio. En tal
sentido, en la Observación General No. 20 relativa al artículo 2º párr. 3 del
Pacto indicó que: “Los Estados  no pueden privar a los particulares del
derecho a una reparación efectiva, incluida una indemnización, y la
rehabilitación  más completa posible” (Párr. 14 y 15).
5.7. En el presente caso, tratándose de la vulneración
de las garantías judiciales previstas en el artículo 14.1 del Pacto, en
particular la relativa al derecho de toda persona a ser oída públicamente y con
las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial
establecido por la ley, la acción de tutela no presenta la idoneidad requerida
para remediar dicha situación. Ciertamente, la afectación constatada por el
Comité no se corrige con la simple declaratoria de nulidad de las sentencias
condenatorias como lo pretende el actor. Además y más allá de su anulación,  el
recurso efectivo tiene que ver con la garantía del acceso a un mecanismo que permita
al afectado la posibilidad de ser oído públicamente y con las debidas
garantías, a presentar pruebas y a defenderse de la imputación penal que le
fuera formulada en su momento, a efecto de sacar avante la pretensión de
inocencia que sostuvo durante el proceso penal seguido en su contra  por
enriquecimiento ilícito y otros delitos[31].
Este escenario solo puede brindarlo la jurisdicción penal.
5.8. No es cierto, como se afirma en la demanda, que
la desaparición de la denominada justicia regional en cuyo seno se
surtieron las actuaciones que originaron la denuncia ante el Comité de Derechos
Humanos de la ONU, implique que en la actualidad no exista instancia alguna, en
la jurisdicción penal, frente a la cual se pueda canalizar una pretensión correctiva
de la actuación penal, y que por ende el único mecanismo para el efecto sea la
acción de tutela.  Al respecto cabe recordar que muchas de las competencias que
en su momento fueron asignadas a los “Jueces Regionales”, entre ellas el conocimiento
del delito de enriquecimiento ilícito de particular, se encuentran actualmente
adscritas a los Jueces Penales de Circuito Especializados y a los Jueces
Penales del Circuito[32].
Corresponde así mismo a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
la vigilancia en el cumplimiento de las consecuencias punitivas del delito. El
proceso seguido en contra del señor José Elías Guerra de la Espriella  estuvo a
cargo del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, tal
como se informa por parte de la Dirección Nacional de Fiscalías (Fol. 221
expediente de tutela).
5.9. Sin embargo, dado el tiempo transcurrido desde la
ocurrencia de los hechos que originaron el proceso penal (año de 1992)[33],
el carácter remoto de la prueba y demás aspectos procesales en los que incide negativamente
el transcurso del tiempo, la activación de un mecanismo de esta naturaleza
estará sujeto a las valoraciones del interesado. Cabe precisar que en atención
a que muchos de los eventos que llegan a conocimiento de la instancia de
control internacional involucran situaciones consolidadas, a veces
irreversibles, el reconocimiento del derecho a un recurso efectivo, el
cual debe determinarse de acuerdo con la naturaleza de la vulneración y la
estructura organizacional interna del Estado concernido, va acompañado de una
opción reparatoria “incluida una indemnización adecuada” como aconteció
en el asunto bajo examen. No obstante, la determinación de este aspecto
resarcitorio, excede las competencias del juez de tutela, debe ser dilucidado
ante las autoridades administrativas y/o judiciales competentes, y no forma
parte de las pretensiones de este recurso constitucional.
La falta de concurrencia del requisito de la inmediatez
5.10. Finalmente, destaca la Sala, que aunque el
obstáculo fundamental por el cual resulta improcedente la acción de tutela de
la referencia, radica en la imposibilidad de afirmar la existencia de una
amenaza inminente o vulneración actual de derechos fundamentales que haga
imperiosa la protección inmediata del juez de tutela, conviene señalar que,
contrario a lo sostenido por el demandante y por el juez constitucional de
segunda instancia, tampoco concurre el presupuesto de la inmediatez.
La
jurisprudencia de esta Corporación ha sido consistente en señalar que el
presupuesto de la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la
tutela, de tal manera que ésta debe ejercerse dentro de un término oportuno,
justo y razonable, circunstancia que deberá ser calificada por el juez
constitucional de acuerdo con los elementos que concurren en cada caso[34].
En
este sentido ha reiterado la Corte que debe existir un término razonable entre
la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la demanda, en la medida que
la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con
la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona,
sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los derechos de los
terceros afectados.
Tal
exigencia se deriva de lo preceptuado en el artículo 86 de la Constitución que
establece como inherente a la acción de tutela la protección “actual,
inmediata y efectiva” de los derechos fundamentales. Ante la ausencia de regulación
sobre un plazo para ejercer la acción de tutela y la indeterminación general a
priori de este presupuesto, por vía jurisprudencial se ha establecido la
necesidad de que sea ejercida en un término razonable, que permita al juez  tomar
las medidas urgentes que demanda la protección del derecho fundamental
vulnerado, término que debe ser apreciado por el juez en cada caso concreto,
atendiendo a la finalidad de dicha institución.[35]
Para determinar la razonabilidad del plazo, la
jurisprudencia de esta coproración ha construido una serie de criterios, a
saber: (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los
accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si
existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración
de los derechos fundamentales del interesado;[36]
(iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida
la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un
plazo no muy alejado de la fecha de interposición,[37] (iv) las posibilidades de defensa en el ámbito del
proceso judicial, y la diligencia del accionante en el mismo[38]. Estos son criterios que deben ser
ponderados en cada caso, antendiendo a las circunstancias en que se encontraba
el tutelante.
5.11. En el caso del señor José Elías Guerra de la
Espriella encuentra la Sala que el dictamen del Comité de Derechos Humanos,
cuyo cumplimiento se solicita por vía de tutela, fue emitido por dicho
organismo el 18 de marzo de 2010, y puesto en conocimeinto del Estado
colombiano el 27 de abril de 2010. La acción de tutela fue instaurada el 9 de
diciembre de 2010. Esto implica que la demanda fue presentada transcurrido 7
meses y 12 días desde la puesta en conocimiento del dictamen.
5.12. El demandante sostiene que la tutela cumple con
el presupuesto de la inmediatez, teniendo en cuenta que solo hasta el 27 de
octubre de 2010 el Ministerio de Relaciones Exteriores elevó comunicación a la
Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
en el que informa sobre las medidas adoptadas internamente. El juez de segunda
instancia consideró así mismo, que el propio dictamen confería al Estado
colombiano un plazo de 180 días para proveer a su cumplimiento.
Estas consideraciones, tanto del actor como del juez
de segundo grado,  parten de una percepción equivocada como es la de estimar
que el término de 180 días a que refiere el dictamen fue concedido para dar cumplimiento
a las observaciones del Comité, cuando en realidad fue un plazo otorgado para
que el Estado informara sobre el cumplimiento de dichas observaciones. Así se
deduce del siguiente aparte del dictamen mencionado: “(…) El Comité desea
recibir del Estado Parte en un plazo de 180 días, información sobre las medidas
que haya adoptado para aplicar el presente dictamen. Se pide así mismo al
Estado Parte que publique el dictamen del Comité”.[39]
Adicionalmente, cabe destacar que de conformidad con
el apartado 4 del artíuclo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, el Comité debe presentar sus observaciones al
Estado Parte interesado y al individuo. De donde se infiere que el quejoso
debió ser notificado del contenido del dictamen en simultaneidad con el Estado.
Teniendo en cuenta que, tal como lo reseña el actor en
su demanda, la vulneración que acusa no radica en el incumplimiento por parte
del Estado colombiano de las observaciones contenidas en el dictamen, sino en
el quebrantamiento de la garantía del debido proceso al haberse seguido un
juicio sin audiencia pública que culminó en las sentencias de abril 17 y
diciembre 30 de 1998, constatada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU,
el término para la instauración de la nueva acción de tutela[40] se debe contabilizar a
partir de la comunicación del dictamen emanado del organismo internacional.
La justificación que suministra el demandante para la
instauración de la tutela hasta diciembre 9 de 2010, consistente en que debía
esperar el término otorgado por el Comité al Estado para rendir los informes
(180 días), no resulta atendible, comoquiera que, de una parte, la demanda no
se dirigió contra una presunta omisión del Estado en el cumplimiento de la
observaciones, sino en razón de la vulneración al debido proceso acaecida entre
1996 y 1998 y constatada  por el Comité en el dictamen emitido en 2010; y de
otra parte, porque el plazo a que hizo referencia el dictamen no fue para su
cumplimiento, sino para que el Estado proporcionara información al Comité sobre
las medidas adoptada.
Atendidas las circunstancias del caso concreto, en
particular el hecho de que actor siempre ha contado con defensa técnica y la
naturaleza de la pretensión orientada a la anulación de unas providencias
judiciales emitidas en abril y diciembre de 1998, no existe justificación
atendible para que la nueva acción de tutela se hubiese instaurado 7 meses y 12
días después de que se hubiese comunicado el dictamen que constató la
vulneración del debido proceso.
En conclusión, encuentra la Sala que, desde el punto
de vista sustancial, la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para
canalizar la pretensión del demandante, comoquiera que tal como lo ha señalado
la jurisprudencia de esta corporación, el cumplimiento de los dictámenes
emanados de organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la
ONU, no es exigible a través de este mecanismo constitucional, a menos que se
constate una vulneración actual o inminente de un derecho fundamental,
subyacente a la situación que dio lugar a las observaciones, y que exija
medidas inmediatas, asunto que no se constató en el presente caso. Desde el
punto de vista procesal, se estableció que tampoco concurre el presupuesto de
la inmediatez, conforme a los criterios establecidos por la jurisprudencia de
esta Corte.
En consecuencia, la Sala Plena de la Corte
Constitucional procederá a revocar la sentencia proferida el 22 de junio de
2011 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura que concedió la tutela, y confirmará, por las razones
expuestas en esta providencia, la sentencia dictada el 8 de abril de
2011 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta,
a través de apoderado, por el señor José Elías Guerra de la Espriella
III. DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones
expuestas en precedencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida el 22 de junio
de 2011 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura que concedió la tutela, y CONFIRMAR, por las razones
expuestas en esta providencia, la sentencia proferida por el 8 de abril
de 2011 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá, que declaró IMPROCEDENTE la acción de tutela
interpuesta, a través de apoderado, por el señor José Elías Guerra de la
Espriella
Segundo.-   DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Presidente
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
Con aclaración
de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con aclaración
de voto
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
Ausente en
comisión
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
Impedimento
aceptado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento
de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
La Secretaría General de
la Corte Constitucional, hace constar que por Auto de la misma fecha, el
Magistrado Ponente, el Dr. Luis Ernesto Vargas Silva, levantó la Suspensión de
Términos del expediente T-3.173.251.
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN
DE VOTO DEL MAGISTRADO
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
A LA SENTENCIA SU378/14
Instaurada por el señor José Elías Guerra de la
Espriella contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
DICTAMENES Y RECOMENDACIONES DEL COMITE DE DERECHOS
HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAD-No tienen
fuerza vinculante (Aclaración de voto)
Los dictámenes y
recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas
constituyen un criterio de interpretación para las autoridades nacionales pero
no tienen fuerza vinculante.  El propio Comité ha admitido que sus
recomendaciones y dictámenes no son obligatorios considerando que no es ni una
Corte ni un cuerpo que tenga un mandato cuasi-judicial, como otros órganos
creados bajo los instrumentos de derechos humanos. Así, las decisiones del
Comité se consideran semejantes a los reportes de la Comisión Europea, es decir
recomendaciones no vinculantes. En este mismo sentido, la Corte Internacional
de Justicia ha estimado que, aunque el Comité de Derechos Humanos ha
consolidado un considerable cuerpo interpretativo en materia de derecho, la
Corte no está obligada, en el ejercicio de sus funciones, a fundamentar sus
interpretación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la
interpretación del Comité, sin desconocer, en todo caso, la importancia de sus
apreciaciones.
No obstante que comparto la
decisión de la Corte, consistente en revocar la sentencia proferida por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que concedió
la tutela, y confirmar la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, que declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor José Elías Guerra de
la Espriella, considero
pertinente aclarar mi voto con el fin de hacer algunas precisiones importantes.
1. Sin duda los dictámenes y recomendaciones emitidas
por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas constituyen un criterio de
interpretación para las autoridades nacionales pero no tienen fuerza
vinculante.
El propio Comité ha admitido que sus recomendaciones y
dictámenes no son obligatorios considerando que no es ni una Corte ni un cuerpo
que tenga un mandato cuasi-judicial, como otros órganos creados bajo los
instrumentos de derechos humanos[41].
Así, las decisiones del Comité se consideran semejantes a los reportes de la
Comisión Europea, es decir recomendaciones no vinculantes.
En este mismo sentido, la Corte Internacional de
Justicia ha estimado que, aunque el Comité de Derechos Humanos ha consolidado
un considerable cuerpo interpretativo en materia de derecho, la Corte no está
obligada, en el ejercicio de sus funciones, a fundamentar sus interpretación
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la interpretación
del Comité, sin desconocer, en todo caso, la importancia de sus apreciaciones[42].
2.
De otro lado, si bien la sentencia no entró a debatir el fondo del asunto, cabe
recordar que la denominada justicia regional fue declarada exequible en las
sentencias C-053 de 1993 y C-150 de 1993, por consiguiente, cualquier demanda
que se fundamente en la violación de la Constitución por parte de este tipo de
justicia, se enfrenta a la cosa juzgada de las citadas providencias.
Respetuosamente,
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
[1]
Se extraen de
la demanda y de la reseña efectuada en el Dictamen CCPR/C/98/D/1623/2007 del
Comité de Derechos Humanos emitido al tenor del párrafo 4 del artículo 5 del
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
[2]
Dictamen del Comité de Derechos Humanos. CCPR/C/98/D/1623/2007. Cuaderno Anexo Tutela No. 2010-11039. Fol. 2.
[3]
Ibídem, fol.5.
[4]
Ibídem.
[5]
El CDH cita como precedentes aplicables al caso del señor José
Elías Guerra de la Espriella, las comunicaciones nº 848/1999, Rodríguez
Orejuela c. Colombia, dictamen de 23 de julio de 2002, párrafo 7.3; y
1298/2004, Becerra c. Colombia, cit. Párrafo 7.2.
[6]
Fol. 7 de la demanda.
[7]
Ibídem, Fol. 21.
[8]
Ibídem. Fol. 8.
[9]
Demanda de tutela, fol. 18.
[10]
Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, M.P. Aída Consuelo Velásquez Echavarría. Rad. 2010/1139,
sentencia de enero 20 de 2011.
[11]
Cuaderno No. 3 de primera instancia, folio 30.
[12]
Fol. 300, cuaderno 1 de primera instancia.
[13]
Hace mención a la sentencia del 2 de julio de 2004, proferida
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Herrera Ulloa Vs.
Costa Rica”.
[14]
Creada por el Decreto 321 de 2000, proferido por el Presidente
de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y
en especial las que le confieren la Constitución Política y el artículo 45 de
la Ley 489 de 1999.
[15]
Ver T-653 de 2012, T-311 de 2011, T-983 de 2007, T-385 de
2005, T-225 de 1993, entre muchas otras.
[16]
Sentencias T-524 de 2005, T-385 de 2005, T-786 de 2003, T-558
de 2003.
[17]
Corte Constitucional, sentencia T-558 de 2003.
[18] Adoptado por la Asamblea General el 16 de diciembre
de 1966, entrado en vigor el 23 de marzo de 1976 y entrado en vigor para
Colombia en virtud de la Ley 74 de 1968.
[19]
Corte Constitucional, sentencia T-385 de 2005.
[20]
Artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
[21]
Artículo 41 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
[22]
Artículos 87-95 del Reglamento del Comité de Derechos Humanos.
[23]
Artículo 5.4. del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos.
[24]
Corte Constitucional, sentencia T-385 de 2005.
[25]
Ibídem.
[26]
DNF. Oficio No. 06423 del 31 de mayo de 2011. Expediente
tutela Fols. 220-221.
[27]
Dictamen del Comité de Derechos Humanos emitido al tenor del
párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (98º período de sesiones) Fol. 10 del cuaderno de
anexos.
[28]
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
establece al respecto: “Artículo 2. (…) 3. Cada Estado Parte en el presente
Pacto se compromete a garantizar que: a). Toda persona cuyos derechos y
libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá
interponer un recurso e
[29]
Comité de Derechos Humanos, caso Rodríguez contra Uruguay,  No.
322/1998. Informe A/55/40 (2000), sección 6.5.
[30]
O’Donnell, Daniel. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normativa,
jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano. Oficina
en Colombia del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. Primera edición (2004), reimpresión 2007, pág. 471.
[31]
Proceso No. 11121. Delito de Enriquecimiento ilícito contra
José Elías Guerra de la Espriella. Sentencia de diciembre 30 de 1998. Fol. 137
y ss. cuaderno ce anexos.
[32]
Ley 906 de 2004, artículos 35.16 y 36.2.
[33]
Los cheques que dieron origen a la investigación en contra del
ex senador José Elías Guerra de la Espriella fueron emitidos en julio de 1992 y
enero de 1994 (Juzgado Regional de Santafé de Bogotá, sentencia de abril 17 de
1998, fol. 2).
[34] En la sentencia SU-961 de 1997 la
Corte se ocupó ampliamente de este tema y señaló: “Teniendo en cuenta este
sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término
de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse
dentro de un plazo razonable.  La razonabilidad de este plazo está determinada
por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso
concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de
establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado,
de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. En similar sentido en la
sentencia  T-900 de 2004 se expresó: “... la jurisprudencia constitucional
tiene establecido que el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito
de procedibilidad de la tutela de tal suerte que la acción debe ser interpuesta
dentro de un plazo razonable, oportuno y justo. Con tal exigencia se pretende
evitar que este mecanismo de defensa judicial se emplee como herramienta que
premia la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en
un factor de inseguridad jurídica. Estos criterios han sido reiterados, entre
otras, en las sentencias SU-189 de 2012, T-109 de 2099 y T-1112 de 2008.
[35] Ver Sentencia SU-961 de 1999.
[36]
Sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[37] Sentencia T-814 de 2005.
[38]
Sentencias SU-189 de 2012, T-109 de 2009, T-1112 de 2008, T-018 de 2008 y T-243
de 2008, entre otras.
[39]
Comité de Derechos Humanos, CCPR/C98/D/1623/2007, Fol. 11.
[40]
El actor ya había instaurado una acción de tutela por los
mismos hechos, la cual fue tramitada bajo el número T-273.982 y concluyó en la
sentencia T-469 de 2000. El hecho nuevo que invoca es la constatación por parte
del Comité de Derechos Humanos de la ONU de una vulneración al derecho a ser
oído públicamente y con las debidas garantías en el proceso penal que cursó en
su contra.
[41] H.R. Comm., Selected
Decisions of the Human Rights Committee under the Optional Protocol, (United
Nations: 2002) Vol. 3. Thirty-third to thirty-ninth
sessions (July 1988 - July 1990) UNITED NATIONS New York and Geneva, 2002.
[42]
Corte Internacional de Justicia, caso Ahmadou Sadio
Diallo (República de Guinea v. República Democrática del Congo), Sentencia del 30
de noviembre de 2010.