T-801-07
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-801/07
DERECHO DE
PETICION-Requisitos de la respuesta/DERECHO DE
PETICION-Respuesta oportuna y de fondo
Referencia:
expediente T-1626729
Accionante:
Divina Ruth Escobar Márquez
Demandado:
Superintendencia de Servicios Públicos
Magistrado
Ponente:
Dr.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil siete (2007).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Rodrigo Escobar Gil, Marco
Gerardo Monroy Cabra y Nilson Pinilla Pinilla, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el Decreto 2591 de
1991, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
Dentro del proceso de tutela identificado con el número de
radicación T-1626729 instaurado por Divina Ruth Escobar Márquez contra la
Superintendencia de Servicios Públicos.
I.   ANTECEDENTES
1.      La solicitud
Divina Ruth Escobar Márquez, obrando en su propio nombre, presentó
acción de tutela en contra de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, Zona Norte, por una violación de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y al mínimo vital en la que considera ha incurrido
la autoridad demandada debido a su decisión de no admitir a trámite el recurso
de apelación que presentó contra la decisión de Electricaribe S.A. mediante la
cual se resolvió sobre una reclamación relacionada con unas presuntas
irregularidades en la facturación del servicio de energía en el domicilio de la
accionante.
2.      Información a los demandados y
a terceros eventualmente afectados
Mediante Auto de febrero 07 de 2007 el Juzgado Octavo Civil del
Circuito de Barranquilla admitió la demanda de tutela y dispuso ponerla en
conocimiento de la entidad accionada y notificarla, también, a ELECTRICARIBE
S.A. E.S.P.
3.
Los hechos
3.1.   El 9 de agosto de 2006 la
accionante elevó derecho de petición ante ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. para
protestar por la que considera una excesiva facturación de su servicio de
energía. Manifestó en su escrito que había venido pagando el servicio en la
modalidad de consumo directo, con cargos que oscilaban entre 22.000 y 23.000
pesos mensuales, pero que desde hace tres o cuatro meses, desde cuando se le
instaló un medidor, los consumos en su vivienda, que es de estrato 1, se
dispararon, con facturas de hasta 106.680 pesos, las cuales, considera, no
corresponden al consumo real. Agrega que esas sumas no están al alcance de su
presupuesto y que la deuda acumulada por concepto de facturación asciende a la
suma de $ 1.716.013.oo.
Expresa la accionante en su escrito
ante Electricaribe, que se acercó a la empresa recaudadora SIA LTDA., para
buscar una respuesta a su problema y que allí, de manera engañosa, la indujeron
a suscribir un acuerdo de pago, con un abono inicial por la suma de $80.000 y
repartiendo el saldo en 120 cuotas de $12.744 que se reflejarían en su
facturación mensual. Señala que como quiera que no se ha cumplido con lo
previsto en el acuerdo, solicita que el mismo se deje si efecto y que
Electricaribe proceda a corregir los defectos de facturación que considera se
han presentado en su vivienda.
3.2.   Mediante oficio RP-601564 de 25
de agosto de 2006, Electricaribe dio respuesta a la anterior solicitud por
concepto de exceso de consumo, en la que se expresó:
.-       En revisión técnica realizada el 16 de
agosto de 2006 se reportó que en el predio estaba instalado medidor de la
empresa, el cual se encontraba en buen estado, razón por la cual se pudo
verificar que los consumos facturados corresponden a la diferencia de lecturas
tomadas del medidor.
.-       Se le informó a la accionante que, a la
fecha, su deuda era de $115.230, que correspondía a dos facturas sin cancelar.
.-       Se le indicó que contra la decisión
procedían los recursos de reposición ante la empresa y el de apelación ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y que para interponerlos
debía acreditar la cancelación de las cantidades que no fuesen objeto de
reclamación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 del Código
Contencioso Administrativo y del inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142
de 1994.
En esa respuesta Electricaribe no se
refirió al acuerdo de pago que la accionante dijo haber realizado con la firma
recaudadora SIA LTDA.,  ni al valor de $ 1.716.013.oo. que afirma tener como
acumulado de facturas.
3.3.
En septiembre 6 de
2006, la accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación
contra la anterior decisión. Expresa en su recurso:
.-       El día en que se realizó la visita
técnica a su vivienda se encontraba por fuera de ella, razón por la cual los
técnicos fueron atendidos por una vecina.
.-       Se está cometiendo un fraude en la
facturación del servicio de energía por la suma de $1.716.013, y carecen de
explicación los valores que Electricaribe dice que debe cancelar en el oficio
recurrido ($115.230) porque en su vivienda no hay electrodomésticos que
consuman esa cantidad de energía, para verificar lo cual solicita que se
realice una visita domiciliaria.
.-       Solicita que se corrijan los errores
cometidos en la facturación, para lo cual, citando algunas sentencias de la
Corte Constitucional, expresa que, en su concepto, “el inmueble … es
solidario únicamente con las tres  primeras facturaciones de la deuda generado
(sic) por el usuario” y que cuando “… el usuario incurrió en conexiones
fraudulentas y la empresa siguió suministrando el servicio, es decir, la
empresa estuvo en la obligación de suspender el servicio a más tardar en la
tercera factura y en mora y en el evento de no facturarlo debe asumir bajo
su responsabilidad, los costos del servicios prestado …” (Negrilla en
el original).
3.4.   Al responder al recurso,
Electricaribe limita sus referencias al problema de exceso de consumo, para
señalar que “después de revisado nuevamente su expediente de facturación en
nuestro sistema comercial, pudimos verificar que sus consumos son por estricta
diferencia de lectura tomadas de su medidor.” Electricaribe dice ratificar
en todos sus puntos la decisión recurrida y le informa a la usuaria que su
deuda asciende a 185.317,4 que corresponde a tres facturas sin cancelar.
Señala además que “Contra la
presente decisión procede el recurso de Queja, el cual debe interponerse
directamente ante la Superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de conocimiento de
esta decisión”, con lo que implícitamente inadmitió el recurso de
apelación.
3.5.   La accionante presentó el
recurso de queja ante la Superintendencia de Servicios Públicos, expresando que
la empresa está facturando de manera fraudulenta la energía, porque las últimas
tres facturaciones arrojan un valor de $185.317,4 que equivale a un consumo de
$61.772,33 mensuales, en una familia de estratificación Nivel 1, a lo que se
suma que en su condición de madre cabeza de familia no está en condición de
pagar.
3.6.
La Superintendencia
resuelve negativamente el recurso de queja, con la consideración de que estuvo
bien denegado el recurso de apelación por cuanto la usuaria no acreditó el pago
de las sumas que no son objeto de reclamo, en este caso, al menos, las que considera
deber por concepto del servicio.
4.
Fundamento
de la acción
La accionante considera que ante la
evidencia del exceso en la facturación, la Superintendencia ha incurrido en
violación de sus derechos fundamentales, al negarse a ejercer el papel que le
corresponde en la vigilancia de las empresas prestadoras de servicios públicos
y la protección de los usuarios.
5.   Pretensión
Aunque no es clara en su exposición,
puede concluirse que la pretensión de la demandante se orienta a obtener que la
Superintendencia de Servicios Públicos intervenga ante lo que considera una
fraudulenta y arbitraria actuación de Electricaribe, reflejada en la
facturación de unos consumos que considera excesivos.
6.      La oposición
6.1.   Electricaribe intervino en el
proceso para señalar la improcedencia de la tutela, por cuanto se trata de
controversia sobre derechos de contenido patrimonial, sin que se haya
acreditado la violación de derechos fundamentales. Precisa que el consumo
facturado corresponde a la diferencia de lecturas en el medidor, el cual se
encuentra en buen estado; que así se le informó a la usuaria y que se le
brindaron todas las garantías para que ejerciera su derecho de contradicción y
de defensa.
En relación con el recurso, expresa que
la accionante no cumplió con la carga procesal que consistía en acreditar el
pago de lo que no era objeto de disputa, aspecto en relación con el cual
puntualiza que si la usuaria, antes de la reclamación, venía consumiendo un
promedio de 242 kw/mes y reclama los resultados posteriores arrojados por el
medidor y que son superiores a esa cifra, debía cancelar por cada mes lo
correspondiente a ese promedio, que corresponde a lo que no es objeto de su
reclamación por exceso de facturación. Que al no haber cumplido con esa carga, no
era procedente el recurso de apelación, y que, en todo caso, la controversia
sobre ese punto no debe debatirse a través de la acción de tutela ya que puede
acudirse a la acción de nulidad y restablecimiento.
Termina su intervención diciendo que en
el inmueble de la accionante se vienen facturando los consumos por estricta
diferencia de lectura arrojada por el medidor, por lo que no puede pretenderse
que el juez de tutela ordene la refacturación de consumos de energía a
conveniencia del usuario.
6.2.   De manera extemporánea la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios intervino para señalar (i)
Que estuvo bien denegado el recurso de apelación, por cuanto, dado que la
reclamación era por alto consumo y que no se objetaba toda la facturación, debía
cumplirse con la carga de acreditar el pago de lo no objetado, (ii) Que no
procede en este caso la acción de tutela, porque la accionante puede acudir a
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y (iii) Que dado que la
resolución impugnada fue notificada por edicto el 11de diciembre de 2006, debe
aplicarse en este caso el principio de inmediatez, porque la acción de tutela
debe promoverse dentro de un término razonable y prudencial.
II.      TRAMITE PROCESAL
1.      Primera instancia
El Juzgado Octavo Civil del Circuito de
Barranquilla, mediante Sentencia de 14 de febrero de 2007, resolvió negar por
improcedente la acción de tutela de la referencia, porque considera que durante
la actuación administrativa a la accionante se le respetó el debido proceso y
que, al estar en firme la respectiva decisión, la  acción de tutela no es el
medio idóneo para revivir ninguna actuación.
2.
Impugnación
La accionante impugnó la anterior
decisión expresando que la Superintendecia si incurrió en violación del debido
proceso al no obrar en defensa del usuario y permitir que se le viole el
contrato uniforme con una facturación desproporcionada en una vivienda de
estrato 1.
Hace un recuento de la facturación del
servicio de energía desde que en su vivienda fue instalado un mediador de la
empresa, así: agosto, 476 KWH, Septiembre 388/KVH, Octubre, 280 KWH, Noviembre
319 KWH y diciembre 396 KWH. Agrega que con facturaciones similares en los
primeros meses de este año, ya acumula 2.798 kwh que no ha consumido.
Expresa que, ni la Superintendencia, ni
la empresa, han analizado su queja por el alto consumo registrado en su
vivienda, y que, por el contrario, particularmente la Superintendencia, ha
permitido que se sigan acumulando las facturas, sin disponer una revisión al
medidor o el retiro del mismo para que no se afecte a un usuario de estrato 1.
Considera que la medición realizada por
Electricaribe es fraudulenta, razón por la cual solicita que se disponga el
retiro del medidor de la vivienda afectada para que el mismo sea revisado en un
laboratorio particular y no se le siga facturando el servicio en las
condiciones actuales.
3.      Segunda instancia
La Sala Tercera de Decisión Civil–Familia
del Tribunal Superior de Barranquilla, en sentencia de 22 de marzo de 2007,
resolvió confirmar la providencia impugnada, por considerar que la
Superintendencia, al resolver el recurso de queja y pronunciarse en torno a la
improcedencia del recurso de apelación presentado por la accionante, obró  de
acuerdo con las normas aplicables, sin que quepa acudir al juez constitucional
para variar esa decisión. Agregó que la accionante puede dirigirse a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo para hacer valer sus
pretensiones.
III.    FUNDAMENTOS
JURIDICOS
1.     Competencia
La Corte Constitucional es competente, a través de esta Sala de
Revisión, para revisar las sentencias proferidas dentro del proceso de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241 numeral
9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 al 36 del
Decreto 2591 de 1991.
2.      Problema jurídico
Observa la Sala que no obstante que la
tutela se dirige contra la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, por su decisión de no tramitar el recurso de apelación, al
resolver el recurso de queja presentado por la accionante, en realidad la
pretensión de la accionante se orienta a obtener de Electricaribe una respuesta
satisfactoria a las solicitudes elevadas mediante derecho de petición de agosto
9 de 2006 y  luego mediante el recuso de septiembre 6 de 2006.
Advierte la Sala que en este caso no se
ha planteado propiamente una controversia en torno a una decisión específica de
Electricaribe, por cuanto de lo que se trataba era de obtener respuesta
adecuada a un derecho de petición elevado a la empresa. La usuaria no
controvertía una decisión particular de Electricaribe, sino que solicitaba a la
empresa explicación para los que consideraba consumos anormales y excesivos.
Sólo a partir de la respuesta de Electricaribe a ese requerimiento podría haber
presentado una efectiva controversia. De allí se desprende la ambigüedad en la
situación presentada ante la Superintendencia y en la procedencia del recurso
de apelación. En ese contexto, para la Sala, el problema que debe abordarse en
este proceso de amparo constitucional, es el del derecho de petición elevado
por la usuaria ante Electricaribe, entidad que fue vinculada al proceso por el
juez de primera instancia.
De este modo corresponde a la Corte
determinar si la actuación de Electricaribe S.A. ESP en relación con el derecho
de petición presentado por la accionante para solicitar claridad sobre la que
considera una facturación excesiva por concepto de consumo de energía vulnera o
no el derecho de petición de la accionante.
3.      En relación con el derecho de petición la Corte ha
señalado que el mismo se concreta en dos aspectos: “Primero,
en una pronta respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevado
un derecho de petición y segundo, en una respuesta que resuelva de fondo la
petición planteada, sin importar que la misma sea favorable o desfavorable a
los intereses del solicitante”[1] Al respecto, en Sentencia T-613 de 2004 se
manifestó lo siguiente:
“El derecho de petición no sólo permite a la persona
que lo ejerce presentar la solicitud respetuosa, sino que implica la facultad
para exigir de la autoridad a quien le fue formulado una  respuesta de fondo y
oportuna del asunto sometido a su consideración.
En este sentido, la respuesta que se dé de las peticiones debe
cumplir con los siguientes requisitos:
a. Debe ser oportuna, esto es, resolverse dentro de los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico, que en todo caso debe ser un plazo
razonable.
b. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente
con lo solicitado, por esta razón las respuestas evasivas constituyen prueba de
la violación del derecho de petición.
c. Debe ser puesta en conocimiento del peticionario, puesto que de
nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta se reserva
para sí el sentido de lo decidido.”
4.      Haciendo una reconstrucción de los hechos, a
partir de lo narrado por la accionante y de las pruebas aportadas al expediente
se puede concluir:
Para el mes de junio de 2006, la
accionante registraba en Electricaribe 75 facturas pendientes de pago, por un
valor de $1.609.333.oo, razón por la cual suscribió un acuerdo de pago, por
virtud del cual hizo un abono inicial de $80.000.oo y el saldo, o sea la suma
de $1.529.333 se dividió en 120 cutas iguales de $12.799 que se incluirían en
las sucesivas facturas mensuales del servicio de energía. Para la misma época
se instaló un medidor en la vivienda de la accionante. En consumo de energía en
ese mes de junio, el medidor arrojó una lectura equivalente a más del doble del
consumo del promedio de los últimos tres meses. El valor a pagar por el último
mes, no incluido en el acuerdo de pago, era de $106.680.oo.  El referido
acuerdo de pago no se alcanzó a registrar en la facturación del mes de julio,
en la que se registra por concepto de facturas pendientes la suma de
$1.583.062.oo y la facturación mensual $.77.620.oo. Si quedó registrado el pago
por valor de $80.000.oo. No obra en el expediente la factura del mes de agosto;
en la del mes de septiembre aparece registrado el acuerdo de financiación, con
un saldo de $1.581.177.oo, pero no se registra la cuota mensual. El total de la
factura de ese mes es de 74.300.oo. A partir de la factura del mes de octubre
empieza a figura el valor de la cuota acordada, por valor de 12.898,85, y los
valores mensuales a pagar son, en octubre $74.630, en noviembre $92.320 y en
diciembre $72.880. Para ese momento, la accionante presentaba, nuevamente,
además del valor de la financiación acordada, un saldo por cinco facturas
pendientes, por valor de $344.426.
En ese contexto, la accionante se
dirige a Electricaribe para manifestar:
a.
Que no está
conforme con el acuerdo de financiación a cuya suscripción fue inducida sin que
se le hiciera claridad sobre sus alcances. Aunque no es clara su manifestación,
de la lectura de los distintos documentos aportados puede concluirse que
solicita que “se revoque” la actuación que condujo a ese acuerdo de
financiación, aunque, salvo la afirmación de que fue engañada porque se le hizo
creer que la facturación le llegaría por unas sumas cómodas, no expresa las
razones por las cuales considera que debe revocarse el acuerdo de pago, ni
cuestiona la existencia de la deuda por facturas atrasadas.
b.
Que carece de
capacidad económica para asumir el pago de la facturación mensual que le hace
llegar Electricaribe.
c.
Que los datos de
consumo que se reflejan en esa facturación deben estar errados, porque su hogar
es de estrato 1 y no tiene electrodomésticos que puedan arrojar esos consumos.
Por ese motivo solicita que se corrijan los errores cometidos en todas las
facturaciones desde la fecha de instalación del medidor. La petición tiene
fecha agosto 9 de 2006.
Electricaribe, en su respuesta se
refiere al tercero de los anteriores puntos, para señalar que en visita técnica
se constató que la vivienda estaba ocupada, que tenía instalado medidor, que el
mismo se encontraba en buen estado y que la facturación de consumo correspondía
a la diferencia en las lecturas del medidor, razón por la cual no cabía
corrección alguna. Para la fecha de la respuesta ya se había suscrito el
acuerdo de pago, y ello parece explicar (no obra en el expediente la factura de
agosto) la razón por la cual se le indica que a la fecha registraba una deuda
de $115.230.oo correspondiente a dos facturas sin cancelar.
La accionante presenta recurso de
reposición y en subsidio apelación contra al anterior decisión.
No obstante lo oscuro y confuso de su
escrito, de él pueden extraerse tres aspectos:
En primer lugar, una protesta porque la
visita técnica no se hizo en su presencia, razón por la cual fue atendida por
una vecina.
En segundo lugar, hace un
cuestionamiento por el cobro de facturas vencidas, argumentando ruptura de la
solidaridad y que si el usuario ha incurrido en conexiones fraudulentas, era
deber de la empresa desconectar el servicio y no permitir que se acumularan las
facturas en mora, razón por la cual, a partir de la tercera factura, la empresa
deberá hacerse cargo de las consecuencias de su omisión.
En tercer lugar presenta la reiteración
de su consideración en torno al hecho de que la facturación mensual arroja unos
niveles de consumo que no corresponden al estrato de su vivienda y al hecho de
carecer de electrodomésticos que consuman tal cantidad de energía.
Al responder al recurso, Electricaribe,
limita sus referencias al problema de exceso de consumo, para señalar que “después
de revisado nuevamente su expediente de facturación en nuestro sistema
comercial, pudimos verificar que sus consumos son por estricta diferencia de
lectura tomadas de su medidor.” Electricaribe ratifica en todos sus puntos
la decisión anterior y le informa que la deuda asciende a 185.317,4 que
corresponde a tres facturas sin cancelar.
4.      Para esta Sala de Revisión,
Electricaribe, al resolver las solicitudes presentadas por la accionante, no se
ajustó a los requerimientos que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado en relación con el derecho de petición. En efecto, como se ha
dejado anotado, la solicitud que la accionante presentó ante Electricaribe contenía
tres aspectos:  Uno procesal relacionado con la manera como se efectuó la
visita técnica, el segundo, que plantea la existencia de una especie de
caducidad para el cobro de facturas atrasadas, cuando después de tres periodos
vencidos sin pago, la empresa no ha desconectado el servicio, y el tercero,
presente desde la solicitud original, que tienen que ver con la inconformidad
por lo que la usuaria considera una facturación excesiva. Sobre los dos
primeros aspectos Electricaribe no hizo referencia alguna, y sobre el último
dio una respuesta insuficiente.
La insuficiencia de la respuesta de la
empresa frente al último de los aspectos planteados por la accionante es
evidente, porque, en relación con el exceso en la facturación, la solicitud de
la usuaria presentaba dos dimensiones: por un lado, la peticionaria expresaba
que consideraba que había error o fraude en la facturación y, por otro, que el
consumo reportado resultaba excesivo dadas las condiciones de su vivienda.
Electricaribe en su respuesta se limitó a dar una respuesta implícita al
primero de estos puntos, al señalar que realizada la visita técnica, se pudo
constatar que la vivienda estaba habitada, que en ella había un medidor de la
empresa, que el mismo estaba en buen estado y que los consumos reportados
correspondían a las diferencias de lectura.
Sin embargo, no hay respuesta en torno
al aspecto de la eventual falta de correspondencia entre las lecturas y el
consumo en la condiciones narradas por la peticionaria. Tampoco hay explicación
en torno al alcance de la financiación que se acordó para las facturas
vencidas.
Aunque se trata de aspectos muy
difíciles de establecer y que caen en un ámbito bajo el control y de
responsabilidad del usuario, Electricaribe sí habría podido brindar una ilustración
y orientación a la usuaria, en aspectos tales como los consumos que son usuales
en la zona y en viviendas de las características de la de la actora; la visita
técnica podía incluir una verificación sobre los patrones de consumo, al menos
sobre los que se reportasen por la usuaria y pudiesen advertirse en la visita,
y si se concluía que el consumo, efectivamente se salía de los patrones
ordinarios, tratar de apuntar hacia posibles razones. Esa actividad  le habría
permitido responder adecuadamente la solicitud de la usuaria, no limitándose a
remitirla a las lecturas del medidor, sino brindándole una efectiva orientación
sobre las condiciones en las que se está prestando el servicio.
Lo anterior es particularmente cierto
si se tiene en cuenta que se trata de una usuaria que registrada un atraso
cuantioso en el pago de facturas vencidas, a quien se le había instalado
recientemente el medidor, lo cual implicó un cambio significativo en los
valores por concepto de consumo, que manifiesta carecer de capacidad económica
y que parece requerir racionalizar su consumo evitando usos de mayor impacto en
la facturación.
Sobre esa base, Electricaribe, al
resolver el recurso de reposición presentado por la usuaria, para atender
debidamente las solicitudes presentadas inicialmente y las que se adicionaron
en el recurso, en su respuesta debió indicar, como lo hizo, que la facturación
correspondía a las lecturas de un medidor instalado en la vivienda y que la
visita técnica reportaba como en buenas condiciones, pero, además responder si,
conforme a su experiencia y a los datos recolectados en la visita, esas
lecturas resultaban razonables en las condiciones de la actora y si por
consiguiente, no cabía una revisión técnica del medidor o un cambio del mismo,
o, por el contrario, un concepto sobre la existencia de patrones anormales de
consumo, que, si carecían de explicación, pudieran dar lugar a otro tipo de
medias, como, eventualmente, la revisión del medidor.
Al no hacerlo así, Electricaribe, que
fue formalmente vinculada a este proceso por el juez de primera instancia,
desconoció el derecho de petición de la usuaria, razón por la cual habrá de
concederse el amparo solicitado.
En consecuencia, la Corte dispondrá que
Electricaribe S.A. practique una nueva visita técnica a la vivienda de Divina
Ruth Escobar Márquez, con las garantías propias del debido proceso, para que
con base en los resultados de la misma y en la información que obra en el
expediente administrativo, produzca una respuesta adecuada a la petición
elevada por la usuaria, respuesta que, por lo menos, deberá contener:
a.
Una explicación
precisa de los cargos por facturas atrasadas, de la manera como se produjo el
acuerdo para la financiación de las mismas y el alcance de dicho acuerdo.
b.
Una explicación
precisa sobre el régimen aplicable al cobro de las facturas vencidas, en
particular sobre los términos de caducidad o prescripción que sean aplicables.
c.
Una explicación
precisa sobre la instalación del medidor que la accionante afirma se realizó
hacia el mes de julio de 2006, la diferencia en la facturación que ello
implicaba sobre la que se venía haciendo con anterioridad y sobre los cargos de
la facturación que se ha venido haciendo con base en las lecturas del medidor.
d.
Una respuesta
suficientemente ilustrativa en relación con los patrones de consumo en una
vivienda de las características de la de la accionante, con referencia a las
condiciones efectivas observadas (Vgr. Tipo y número de electrodomésticos,
intensidad de uso, etc).
e.
Una conclusión
sobre si a la luz de la evaluación a la que se alude en el literal anterior, el
consumo que arroja la lectura del medidor resulta ajustado a parámetros
normales para la zona y el tipo de vivienda y las características de la unidad
familiar.
Encuentra la Sala que, en ese contexto,
no cabe el amparo contra la Superintendencia de Sociedades, porque la entidad,
actuó de acuerdo con las normas legales aplicables, sobre la base de una
situación creada por Electricaribe y que en este proceso se ha considerado
omisiva y lesiva del derecho fundamental de petición.
IV.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de
Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
PRIMERO.         CONFIRMAR el fallo del 22 de marzo de 2007 de la Sala Tercera de Decisión
Civil–Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, en relación con la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pero adicionar la
decisión para TUTELAR el derecho fundamental de petición de la
accionante ante la conducta omisiva de Electricaribe S.A. ESP.
SEGUNDO.        ORDENAR
a Electricaribe S.A. ESP. que, en el término de 72 horas contado a partir de la notificación de esta providencia, practique
nueva visita técnica a la vivienda de Divina Ruth Escobar Márquez
para revisar el estado del medidor y la situación de consumo, de manera que 48
horas después de practicada la visita se de una respuesta completa y de fondo a
la petición de la accionante en relación con el que considera consumo excesivo,
en los términos de esta providencia.
TERCERO.        LÍBRENSE
las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para
los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte
Constitucional y Cúmplase.
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
Ponente
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1]    Sentencia T-170 de 2000