T-886-13
Sentencia T-886/13
Sentencia T-886/13
ACCION DE
TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia excepcional
por afectación al mínimo vital y vida digna de sujetos de especial protección
ACCION DE
TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia excepcional
por estado de indefensión o debilidad manifiesta aun cuando exista otro medio
de defensa judicial
Esta Corporación ha establecido que
la acción de tutela es procedente para el reconocimiento de la pensión de
invalidez, cuando en el caso concreto, entre otros factores, está probada la
afectación al mínimo vital y a la vida digna; los beneficiarios son sujetos de
especial protección constitucional y la negativa a su reconocimiento contradijo
preceptos legales y constitucionales. De este modo, la ineficacia del medio
ordinario de defensa resulta cuando en cabeza de la accionante confluyen una
serie de circunstancias que le permite al juez concluir que el medio ordinario
de defensa para ese caso en particular no resulta eficaz. Así, cuando se refiere
al reconocimiento de la pensión de invalidez, se parte del supuesto de que la
persona que lo solicita tiene una incapacidad mayor al 50%, lo que prima facie
permite presumir que no puede trabajar y por ende que no posee un medio de
subsistencia, de lo que se deduce la posible afectación a su mínimo vital.
Además, su condición de discapacidad lo convierte en un sujeto de especial
protección constitucional (artículo 47), lo que implica un trato preferente en
razón a las circunstancias de debilidad manifiesta en que se encuentra.
ACCION DE
TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ A ENFERMO DE VIH/SIDA-Procedencia
por ser el mecanismo idóneo para la defensa de los derechos fundamentales del
accionante y para lograr el reconocimiento de la prestación pensional
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
por cuanto resulta desproporcionado exigir agotar recurso extraordinario de casación
en proceso laboral, a la accionante quien carece de recursos económicos
PENSION DE
INVALIDEZ Y PENSION DE SOBREVIVIENTES COMO MANIFIESTACION DEL DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL
La seguridad social es un derecho
fundamental e irrenunciable. Su carácter fundamental y su exigencia a través de
la acción de tutela, se concreta una vez se han adoptado las medidas de orden
legislativo y reglamentario y se satisfacen los requisitos que en éstas se
disponen para su configuración. La finalidad de la seguridad social es crear un
mecanismo para proteger las contingencias, que en materia de pensiones están
relacionadas con la vejez, las circunstancias sobrevenidas como la invalidez o
el fallecimiento del asegurado o pensionado, supliendo dichos sucesos con prestaciones
económicas y asistenciales en seguridad social (pensión y salud) que buscan la
satisfacción de las necesidades básicas de los afectados. Para el
reconocimiento tanto de la pensión de invalidez como de sobreviviente, se exige
el requisito común de haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos tres años
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez para el primer caso o
al fallecimiento del asegurado para el segundo supuesto. Esa misma normatividad
había previsto el requisito adicional de fidelidad al sistema, el cual fue
declarado inconstitucional por esta Corporación en sentencias C- 428 y C-566 de
2009, respectivamente.
PENSION DE
INVALIDEZ-Se deben contabilizar semanas cotizadas
con posterioridad a la fecha de estructuración de invalidez para cumplir con el
requisito de las 50 semanas
PENSION DE
INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA, DEGENERATIVA O CONGENITA-Fecha
de estructuración de la invalidez desde el momento de la pérdida permanente y
definitiva de la capacidad laboral
ESTRUCTURACION
DE LA INVALIDEZ-Desde cuando individuo pierde de forma permanente y
definitiva su capacidad laboral/PENSION DE INVALIDEZ-Reglas establecidas
por la Corte Constitucional para determinar la fecha de estructuración de la
invalidez en los casos de enfermedad degenerativa, crónica o congénita
Esta Corporación ha concluido que para definir la fecha
de la estructuración de la invalidez, es necesario determinar con especial
cuidado la incapacidad permanente y definitiva del sujeto evaluado, en especial
cuando se parte del diagnóstico de enfermedades catalogadas como degenerativas,
congénitas o crónicas, por cuanto si bien pueden ser calificados con un
porcentaje mayor al 50% en una fecha que podría ser la del diagnóstico de la
enfermedad, lo que haría presumir a su vez la incapacidad laboral, la misma
naturaleza de dichas enfermedades, que implican un deterioro paulatino en la
salud, necesariamente no conllevan a que el afectado deje de laborar. En este
sentido, cuando con posterioridad a la fecha de la estructuración de la
invalidez la persona dictaminada con una pérdida de la capacidad laboral
superior al 50% sigue laborando, esta Corte ha concluido que es preciso tener
en cuenta dichas cotizaciones que se asumen producidas en ejercicio de una
capacidad laboral residual, hasta cuando la persona de manera absoluta no esté
en condiciones de continuar trabajando. Lo anterior, se sustenta en que es
posible que con posterioridad a la fecha de la estructuración de la invalidez,
la persona conserve, en efecto, una capacidad laboral residual que, sin que se
advierta animo de defraudar al sistema, le haya permitido seguir trabajando y
cotizando al sistema hasta que en forma definitiva no le sea posible hacerlo.
Conforme a esta regla, esta Corporación ha avalado las semanas cotizadas con
posterioridad a la fecha de estructuración de invalidez prevista en el
dictamen, partiendo del supuesto de que el asegurado tuvo capacidad laboral y,
en ese sentido, pudo realizar cotizaciones al sistema, pues el ejercicio de una
actividad productiva, debe garantizar el derecho a la seguridad social.
DERECHO A LA
PENSION DE INVALIDEZ-Inaplicación del requisito de 50 semanas cotizadas con
anterioridad a la fecha de estructuración por cuanto el accionante, a pesar de
la enfermedad padecida, continuó cotizando al sistema
PENSION DE
INVALIDEZ Y REQUISITO DE FIDELIDAD-Caso en que la estructuración de la
invalidez fue anterior a la declaratoria de inexequibilidad de la norma
REQUISITO DE
FIDELIDAD AL SISTEMA PARA PENSION DE INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTES-Declaratoria
de inexequibilidad y efectos del fallo C-428/09
PENSION DE
SOBREVIVIENTES Y REQUISITO DE FIDELIDAD-Subreglas en casos de
reconocimiento
PENSION DE
INVALIDEZ Y MORA EN EL PAGO DE LOS APORTES POR PARTE DEL EMPLEADOR-Afiliado
o beneficiario no debe soportar la mora en el traslado de los aportes al
sistema ni la inacción de Colpensiones o las administradoras de fondos de
pensiones en el cobro
Referencia: expedientes
Acumulados               T- 3.974.993, T- 3.983.906, T-3.984.021,
T-3.985.384, T- 3.986.393, T- 3.991.396.
Acción de
tutela presentada por Luis Adolfo Gamba Díaz contra el Fondo de Pensiones y
Cesantías Protección S.A.; Ferney Quintero Guerrero contra Colfondos S.A.;
Beatriz Ramona Ávila en nombre propio y en representación de su hija contra la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones y la
Sala Tercera Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Barranquilla;
Ricardo Pahuana Navarro contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones; Dalia Rosa Ruiz Peñalosa contra la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla y Yenith Amparo Gómez
contra Colfondos S.A.
Magistrado
Ponente:
Luis
Guillermo Guerrero Pérez
Bogotá, D.C., tres (3) de
diciembre de dos mil trece (2013).
La
Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis
Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de los fallos de tutela proferidos
por
Expediente número
Primera Instancia
Segunda Instancia
T-3.974.993
Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento
Cartago, Valle del Cauca.
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartago, Valle del Cauca
T-3.983.906
Juzgado Veintiocho Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Medellín
Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Medellín
T-3.984.021
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia.
T- 3.985.384
Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
de Barranquilla
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla
T-3.986.393
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia
T-3.991.396
Juzgado Tercero Penal Municipal de Pitalito, Huila.
Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito, Huila.
Para efectos de conservar en esta sentencia la continuidad en la
exposición de cada uno de los expedientes señalados, luego de presentar los
antecedentes de cada acción de tutela se hará referencia a las sentencias de
instancia que son objeto de revisión en este fallo judicial.
T-
3.974.993
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
Luis Adolfo
Gamba Díaz presentó acción de tutela contra el Fondo de Pensiones y Cesantías
Protección S.A., por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, salud, vida digna, mínimo vital y móvil y seguridad social, por
cuanto le negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la que
aduce tener derecho.
Señala el
accionante que le fue dictaminado pérdida de la capacidad laboral en un
porcentaje del 54.05 con fecha de estructuración del 8 de agosto de 2006 y
atribuido a un accidente de tránsito.
Afirma que solicitada
la pensión de invalidez, la entidad accionada negó su reconocimiento, porque no
contaba con el requisito de fidelidad al sistema y ordenó a su favor la
devolución de saldos. Decisión frente a la cual, según señaló, presentó recurso
de reposición y apelación, los cuales confirmaron la medida de no acceder a
dicha pensión.
Alega que las
anteriores decisiones vulneran los derechos fundamentales mencionados y
desconocen lo decidido en sentencia de constitucionalidad               C- 428
de 2009 mediante la cual se declaró inexequible el requisito que le exige la
entidad demandada.
Indica el
demandante que está ante un perjuicio irremediable, por cuanto no tiene los
medios propios para subsistir y depende de una hermana que se desempeña como
impulsadora en un supermercado a quien también le corresponde suplir las
necesidades mínimas de sus padres.
2.
Solicitud de tutela
Por lo
expuesto, el accionante solicita el amparo de sus derechos fundamentales y que,
en consecuencia, se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez
desde el 13 de febrero de 2005 fecha en la cual ocurrió el accidente del que se
derivó su incapacidad.
3.
Intervención de la parte accionada
El 8 de abril
de 2013, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Conocimiento de
Cartago, Valle del Cauca, admitió a trámite esta acción de tutela y dispuso
notificar de la misma al accionante y al Fondo de Pensiones y Censarías
Protección S.A.
El
representante legal de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías
Protección S.A. alega que no vulneró derecho fundamental alguno al accionante y,
por ende, solicita que no prospere la acción de tutela. No obstante lo
anterior, indica que de prosperar la acción, el amparo decretado sea
transitorio en virtud del artículo 8° del Decreto 2591 de 1991.
Manifiesta la
entidad demandada que el accionante se afilió el 12 de abril de 2004 al Sistema
General de Pensiones y que fue calificado el 14 de agosto de 2006 con un 54.05%
de pérdida de capacidad laboral con fecha de estructuración el 8 de agosto de
2006.
Señala que el
peticionario no cumplió con el requisito de fidelidad de cotización al sistema
general previsto en el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 para acceder a la
pensión solicitada, el cual estaba vigente para la fecha de la estructuración
de la invalidez y que fue luego de dicha fecha que la sentencia C- 428 de 2009
declaró inexequible el mencionado artículo.
Agrega que el
tutelante dejó transcurrir el término razonable para interponer la acción de
tutela, pues su situación fue definida desde el 2006, que no se evidencia la
configuración de un perjuicio irremediable y que los medios ordinarios de
defensa son eficaces.
4. Pruebas
aportadas al proceso
4.1 Copia del
registro civil de nacimiento y cédula de ciudadanía de Luis Adolfo Gama Díaz en
la que consta como fecha de nacimiento el 22 de agosto de 1979 (fl. 20 y 21
cdno. instancia).
4.2 Copia de
la notificación del dictamen sobre el porcentaje de pérdida de capacidad laboral
y copia del dictamen para calificación de pérdida de capacidad del 14 de agosto
de 2006 en el que consta una pérdida de 54.05% por origen accidente común y con
fecha de estructuración del 8 de agosto de 2006 (fl. 27-31 cdno. instancia).
4.3 Copia de
la comunicación del 12 de octubre de 2006, en la que la entidad accionada informó
al demandante que de acuerdo con el dictamen de pérdida de capacidad laboral y
el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, “y teniendo en cuenta que es mayor de
20 años, usted debe tener una fidelidad al sistema de 72.83 y en su historia
laboral presenta un total de 60.71 semanas cotizadas al Sistema General de
Pensiones, en los últimos tres años cuenta con 60.71 semanas cotizadas, no
cumpliendo así con los requisitos relacionados en el párrafo anterior. (…). En
consecuencia se le reconoce el derecho a la devolución de saldos de la cuenta
individual. El valor de la devolución corresponde a (…)” (fl. 32-33 cdno.
instancia).
4.4 Copia de
la respuesta de la entidad demandada al recurso de reposición presentado contra
la anterior decisión por el accionante. En dicho documento de fecha de 6 de
diciembre de 2012, le informan que el recurso fue resuelto el 7 de marzo de
2007; que el 16 de abril de 2007 se procedió con el desembolso de los saldos,
previa aceptación del accionante, y que, se reitera, no es posible acceder a la
solicitud de pensión por cuanto no cumple con el presupuesto de fidelidad de la
cotización (fl. 34-35 cdno. instancia).
4.5 Copia de
la respuesta de la entidad demandada al recurso de apelación. En dicho documento,
de fecha 7 de diciembre de 2012, se le comunica al demandante que la solicitud
de pensión de invalidez se analizó con base en el artículo 1° de la
Ley 860 de 2003 norma vigente para la fecha de la estructuración de la
invalidez-8 de agosto de 2006-, y se determinó que al no cumplir con el
requisito de fidelidad al sistema general de pensiones, que equivalía a 72.83
semanas y el accionante sólo tenía 60.471 semanas, se confirma la decisión
recurrida (fl.36-38 cdno. instancia).
II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
El 19 de abril de 2013, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Cartago, Valle del Cauca, resolvió declarar
improcedente la acción de tutela. Aduce que sobre la controversia acerca del
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez operó el fenómeno de la cosa
juzgada, pues el 26 de diciembre de 2012 profirió fallo de primera instancia,
confirmado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito, con identidad de hechos y
sujetos. Empero no se está ante una actuación temeridad, por cuanto no es
posible concluir la mala fe del accionante, al ser este de procedencia
campesina.
La anterior decisión fue impugnada por el demandante. Señaló que
la nueva vulneración se configuró el 7 de diciembre de 2012 fecha en la que la
entidad demandada comunicó la respuesta al recurso de apelación presentado
contra la resolución que negó su derecho a la pensión por invalidez.
El 14 de mayo de 2013, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Cartago, Valle del Cauca, resolvió confirmar la sentencia de primera instancia,
por cuanto al accionante ya le comunicaron que su pretensión no puede ser
acogida por no cumplir con el requisito de fidelidad y porque cuenta con otro
medio de defensa judicial ante la jurisdicción ordinaria laboral.
T-
3.983.906
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
Ferney
Quintero Guerrero, presentó acción de tutela contra Colfondos S.A. por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida digna, a la
igualdad y a la seguridad social, por cuanto dicha entidad le negó el
reconocimiento de la pensión de invalidez, en razón a que no cumplía con el
requisito de las 50 semanas de cotización antes de la estructuración de la
invalidez previsto en el artículo 39 de la
Ley 100 de 1993.
Señala el
accionante que el 23 de mayo de 2000, ingresó al sistema de seguridad social
pensiones mediante afiliación al fondo de pensiones del BBVA Horizonte en donde
cotizó un total de 76 semanas; y que el 8 de agosto de 2003 se trasladó a
Colfondos S.A. en donde cuenta con 193 semanas cotizadas y continua cotizando.
Afirma el
demandante que el 30 de agosto de 2011 le fue notificado el diagnostico de
VIH/SIDA y el 2 de noviembre de 2011 se le dictamina cáncer (Sarcoma de
Kaposi). Con ocasión de lo anterior, el 20 de diciembre de 2012 es calificado
con una pérdida de capacidad laboral del 60.95% con fecha de estructuración del
2 de noviembre de 2011 con ocasión de una enfermedad de origen común.
Indica que la
entidad accionada negó el reconocimiento de la pensión de invalidez, porque no
cumple con el requisito de las 50 semanas previsto en al artículo 39 de la
Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 860 de 2003,
a pesar de que en virtud del principio de favorabilidad, contabilizó las
semanas cotizadas dos años atrás y uno delante de la fecha estructuración de la
invalidez.
Asegura el
demandante que podría acceder a la pensión de invalidez si la entidad accionada
aplica el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, esto es, en
el que se impone como requisito para acceder a dicha pensión haber cotizado 26
semanas en el año anterior a la fecha de la estructuración de la invalidez,
partiendo del supuesto de que su ingreso al sistema de seguridad social se dio
en vigencia de dicha normatividad.
Manifiesta que
está desempleado, que vive en estrato dos y que de él dependen  sus padres que
son personas de la tercera edad.
2.
Solicitud de tutela
En razón a lo
expuesto, el accionante solicita que sean amparados sus derechos y que se
ordene a la entidad accionada aplicar a su favor, dadas sus condiciones
especiales de enfermedad y en razón a que ingresó al sistema de seguridad
social en el año 2000, el artículo 39 de la
Ley 100 de 1993 en su versión original.
3.
Intervención de la parte accionada
El 9 de abril
de 2013 el Juzgado Vigésimo Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Medellín, admitió a trámite esta acción de tutela y de esta
decisión se notificó al accionante, al Fondo de Pensiones Colfondos S.A. y al
Fondo de Pensiones y Cesantías BBVA Horizonte.
3.1 BBVA Horizonte
solicitó ser desvinculado de la presente acción de tutela, en razón a que no ha
vulnerado ningún derecho fundamental. Manifestó que el accionante actualmente
no está afiliado a este fondo y que Colfondos S.A. cuenta con los aportes que
fueron cotizados cuando estuvo vinculado.
3.2 El
representante judicial de Colfondos solicitó que se declare que no ha vulnerado
derecho fundamental alguno, puesto que no hay lugar al reconocimiento de la
pensión de invalidez del accionante. En forma subsidiaria, solicitó que, de
otorgarse el amparo, el mismo sea decretado de manera transitoria y que de
conformidad con el artículo 70 de la Ley 100 de 1993 se ordene a la aseguradora
MAPFRE Colombia Vida Seguros S.A. que reconozca la suma adicional necesaria
para financiar la pensión de invalidez del accionante.
Manifiesta que
el accionante no cumple con el requisito de cotizar 50 semanas dentro de los
tres últimos años contados a partir de la fecha de la estructuración de la
invalidez, como lo indica el artículo 39 de la
Ley 100 de 1993, a pesar de que se tuvo en cuenta las semanas cotizadas con
posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez. Agrega que el juez
constitucional no puede invocar la excepción de inconstitucionalidad para
inaplicar el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por la
Ley 860 de 2003, y aplicar el artículo original, por cuanto  así se dispuso en
sentencia de tutela T- 785 de 2009, tras considerar que esta norma modificada
fue declarada constitucional mediante sentencia con efecto erga omnes
(C- 428-09).
Indica que la
acción de tutela no es procedente para el reconocimiento de una pensión de
manera definitiva, pues aquella pretende la protección de derechos
fundamentales y no la definición de controversias legales.
4. Pruebas aportadas al proceso
4.1 Copia del registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía
de Ferney Quintero Guerrero en la que consta como fecha de nacimiento 15 de
abril de 1981 (fl. 9-10 cdno. instancia).
4.2 Copia de
la constancia del 5 de abril de 2013 proferida por BBVA Horizonte Pensiones y
Cesantías en la que se indica que Ferney Quintero Guerrero se encuentra
afiliado a pensiones obligatorias “a partir del 23 de mayo de 2000”
(fl. 12 cdno. instancia).
4.3 Copia del
extracto de pensiones obligatorias cotizadas por Ferney Quintero Guerrero en el
BBVA Horizonte en el que se indica que cotizó un total de 76 semanas que
corresponden a los períodos 200006, 200101, 200102, 200103, 200111, 200112,
200202-200211 (fl. 13-14 cdno. instancia).
4.4 Copia de
la constancia del 8 de abril de 2013 proferida por Colfondos S.A. Pensiones y
Cesantías en el que indica que Ferney Quintero Guerrero se encuentra afiliado a
pensiones obligatorias desde el 8 de agosto de 2003 (fl. 15 cdno. instancia).
4.5 Copia de
la notificación del dictamen sobre el porcentaje de pérdida de capacidad
laboral y copia del dictamen para la calificación del dictamen de pérdida de
capacidad del 20 de diciembre de 2012, en el que consta respecto del accionante
una calificación de 60.95% con fecha de estructuración del 2 de noviembre de
2011 y atribuida a una enfermedad de origen común (fl. 22-24 cdno. instancia).
4.6 Copia de
la comunicación enviada el 18 de marzo de 2013 al accionante por parte de
Colfondos, en el que le informan que de acuerdo con el artículo 38 y 39 de la
Ley 100 de 1993, reformado por el artículo 1° de la
Ley 860 de 2003, “se procedió a verificar si usted cumple con el requisito
de las cincuenta (50) semanas en los tres (3) años anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez, esto es, desde el 02 de noviembre de 2009 hasta
el día 02 de noviembre de 2012. El estudio demostró que en los tres años
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez usted NO cumple con el
requisito de haber cotizado 50 semanas al Sistema General de Pensiones, ya que
durante el lapso comprendido entre el día 02 de noviembre 2009 y el día 02 de
noviembre de 2012, usted sólo cotizó 41 semanas (292 días) al Sistema General
de Pensiones, razón por al cual no cumple con el requisito de cobertura exigido
por la Ley 860 de 2003 (…)” (fl. 25-27 cdno. instancia).
4.7 Copia del
registro civil y cédula de ciudadanía de los padres del accionante Israel
Quintero Largo (fl. 28-29 cdno. instancia) y de María Nelly Guerrero de Quintero
(fl. 30-31 cdno. instancia), en donde consta que el primero nació el 1 de enero
de 1938 y la segunda el 12 de diciembre de 1940.
II. SENTENCIAS OBJETO DE
REVISIÓN
El 24 de abril de 2013, el
Juzgado Veintiocho Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Medellín resolvió negar por improcedente la solicitud de amparo.
Consideró que
es imposible no exigirle al accionante el cumplimiento de las 50 semanas de
cotización antes de la estructuración de la invalidez y aplicar la norma
original de la Ley 100 de 1993, por cuanto esta última norma sólo se ha usado
en los casos en que exista cercanía entre la fecha de la estructuración de la
invalidez y el cambio de legislación, circunstancia que no acontece en este caso.
Agregó que, si bien el peticionario padece de VIH-SIDA, afectando su salud
hasta el punto de que imposibilitarlo para trabajar y de él dependen sus
padres, el accionante se encuentra haciendo aportes al Sistema General de
Seguridad Social, ya que ha cotizado a salud de manera intermitente.
El demandante
impugnó la anterior decisión. Sostuvo que las cotizaciones a la seguridad
social en salud las ha hecho en virtud del dinero adquirido con la liquidación
de su trabajo y en razón a que dicho servicio es mejor que el del régimen
subsidiado para el tratamiento de su enfermedad. Agregó que entre el 2-11-2008
y el 2-10-2011 cotizó un aproximado de 25.42 semanas y que entre el 2-11-2011 y
el 2-11-2012 un aproximado de 27.50 semanas. Reiteró que en virtud del principio
de favorabilidad se le debe aplicar la normatividad anterior para tener derecho
a la pensión de invalidez.
El Juzgado
Veintisiete Penal del Circuito de Medellín confirmó la sentencia de primera
instancia. Estimó que el accionante no cumple con el requisito establecido para
obtener el derecho a la pensión; que entre la fecha del cambio normativo y la
estructuración de la invalidez transcurrieron casi 8 años y que en la
jurisdicción ordinaria laboral puede definir las controversias acerca del reconocimiento
y pago de acreencias pensionales, donde se tendrá tiempo para debatir las
pruebas y decidir lo que en derecho corresponda.
T-3.984.021
1. Hechos
Beatriz Ramona
Ávila Corracedo, actuando en nombre propio y de su hija Ornella del Carmen
García Ávila, presentó acción de tutela contra el Instituto de Seguros
Sociales- ISS, hoy Colpensiones, y la
Sala Tercera de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, a la vida, a
la seguridad social y a la primacía de los derechos de la niñez.
Manifiesta la
accionante que el 19 de diciembre de 2003 murió su esposo y padre de su hija,
Jaime Enrique García Peñaranda, por causa atribuida a una enfermedad de origen
común. En razón a lo anterior, la accionante solicitó ante el ISS el
reconocimiento de la pensión de sobreviviente, el cual le fue negado mediante
Resolución N°. 4094 del 26 de agosto de 2004, bajo la consideración de que la
persona fallecida no satisfacía los requisitos previstos en el literal a) del
artículo 12 de la Ley 797 de 2003, por cuanto no cumplía con el requisito de
fidelidad al sistema. Afirma la demandante que contra la anterior decisión
presentó recurso de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos
confirmando la decisión impugnada (Resolución N°. 3048 del 3 de mayo de 2005 y
Resolución N°. 0639 del 24 de mayo de 2005). Presentada nuevamente la solicitud
de reconocimiento de pensión de sobreviviente la misma fue negada mediante
Resolución N°. 15287 del 28 de julio de 2008.
Alega la
demandante que promovido proceso ordinario laboral, el Juzgado Quinto Laboral
del Circuito de Barranquilla resolvió condenar al ISS a reconocer y pagar a la
accionante la pensión de sobreviviente. Informa que impugnada esta decisión por
la entidad demandada, la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla resolvió revocar la decisión del juez de
primera instancia e imponer el pago de agencias en derecho a la demandante.
Señala la
demandante que la decisión del Tribunal accionado vulnera sus derechos
fundamentales, por cuanto mediante sentencia C- 566 de 2009, la
Corte Constitucional declaró inexequibles los literales a) y b) del artículo
12 de la Ley 797 de 2003, eliminando el requisito de la fidelidad, del que se
vale las entidades accionadas para negar su derecho a la pensión de
sobreviviente. Sostiene al respecto que, si bien la declaratoria de
inconstitucionalidad ocurrió el 20 de agosto de 2009, esto es, luego de
fallecido su esposo, sus consecuencias le son aplicables tal como se hizo en la
sentencia de tutela T- 534 de 2010 de la misma Corporación.
Afirma la
accionante que es madre cabeza de familia, que no puede dedicarse a ninguna
actividad productiva y que satisface sus necesidades básicas y las de su hija
por la buena voluntad y solidaridad de sus familiares y amigos.
2.
Solicitud de tutela
En razón a lo
expuesto, la demandante solicita que se amparen los derechos fundamentales
mencionados y, en consecuencia, que se anule la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Barranquilla y en su defecto se ordene a Colpensiones “reconocer,
otorgar y ordenar el pago de pensión de sobreviviente desde el 19 de diciembre
de 2003 a Beatriz (…) y a mi entonces hija menor Ornella del Carmen; en todo
caso, cuando cumpla la mayoría de edad el 100% de la pensión sea a mi favor; se
me paguen los gastos funerarios (…); que se reconozcan las mesadas ordinarias y
adicionales causadas desde diciembre de 2004 (…); que se concedan los intereses
moratorios; (…) que se ordene a la accionada el pago de costas y agencias en
derecho (…)”.
3. Intervención de la parte accionada
El 24 de abril de 2013, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia admitió a trámite esta acción de tutela y de esta
decisión se notificó a la accionante, a los Magistrados del Tribunal accionado,
al representante legal de Colpensiones, al Gerente Seccional del Instituto de
Seguros Sociales de Barranquilla y al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de
Barranquilla.
No obstante la
referida notificación, las autoridades mencionadas guardaron silencio.
4. Pruebas
aportadas al proceso
4.1 Copia del
registro civil de nacimiento de Ornella del Carmen García Ávila en el que
consta que es hija de Beatriz Ramona Ávila Corracedo y Jaime Enrique García
Peñaranda y como fecha de nacimiento el 7 de abril de 1988 (fl. 51 cdno.
demanda tutela).
4.2 Copia del
registro civil de matrimonio entre Beatriz Ramona Ávila Corracedo y Jaime
Enrique García Peñaranda celebrado el 21 de marzo de 1971 (fl. 52 cdno. demanda
tutela).
4.3 Copia del
registro civil de defunción de Jaime Enrique García Peñaranda en el que consta
que falleció el 19 de diciembre de 2003 (fl. 53 cdno. demanda tutela) y de la
cédula de ciudadanía (fl. 55 cdno. demanda tutela).
4.4 Copia de
la cédula de ciudadanía de Beatriz Ramona Ávila Corracedo en el que consta como
fecha de nacimiento el 5 de febrero de 1951 (fl. 54 cdno. demanda tutela).
4.5 Copia de la
Resolución N°. 004094 del 26 de agosto de 2004 “por la cual se resuelve
una solicitud de Prestaciones Económicas en el Sistema General de Pensiones-
Régimen Solidario de Prima Media con prestación definida”  proferida por el
ISS en la que se resolvió negar la pensión de sobreviviente y conceder la
indemnización sustitutiva de la pensión de sobreviviente por el fallecimiento
del afiliado Jaime Enrique García Peñaranda al beneficiario Beatriz Ávila por
monto de 629.821 y a Onella García Ávila por monto de  629.821.
Con base en el
artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el literal b) del numeral 2
del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, se consideró que el asegurado cotiz“revisado
el reporte de semanas, expedido por la
Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados del Instituto
de Seguros Sociales, se establece que el (a) asegurado (a) cotizó a este
Instituto 101 semanas en los 3 años anteriores al momento del fallecimiento, y
que acreditó 7.80% de fidelidad de cotización al Sistema de Pensiones al haber
cotizado 163 semanas entre el 28 de noviembre de 1963, fecha en que cumplió 20
años de edad y la fecha de la muerte; así mismo acredita un total de 163
semanas cotizadas en toda su vida laboral. Que según lo expuesto, hasta el
momento la única prestación a la que hay lugar es a la indemnización
sustitutiva de la pensión de sobreviviente prevista en el artículo 49 de la
Ley 100, en concordancia con el artículo 36 de la misma Ley, razón por la cual
se procederá a reconocerla a las personas que acreditan su calidad de
beneficiarios” (fl. 59-60 cdno. demanda tutela).
4.6 Copia de la
Resolución N°. 3048 del 3 de mayo de 2005 “por medio de la cual se
resuelve un recurso de reposición en el Sistema General de Pensiones Régimen de
Prima Media con Prestación Definida” proferida por el ISS, en la que se
resolvió confirmar la Resolución N°. 4094 de agosto 26 de 2004.
Se consideró
que la pensión de sobreviviente se estructura conforme con las normas vigentes
para la fecha en que falleció el asegurado, criterio corroborado por la
Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- en sentencia de julio 29
de 2003, y que para el 19 de diciembre de 2003, fecha en la que murió el
asegurado, la Ley 797 de 2003 se encontraba vigente y que si bien cotizó 90
semanas en los tres años anteriores al fallecimiento, no acredita la fidelidad
al sistema del 20% que equivale a 416 semanas cotizadas, de lo cual se infiere
que el asegurado no dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes (fl.61-63
cdno. demanda tutela).
4.7  Copia de la
Resolución N°. 015287 del 28 de julio de 2008 “por medio de la cual se
resuelve una petición en el Sistema General de pensiones Régimen de Prima Media
con Prestación Definida” proferida por el ISS, en la que se resolvió
confirmar en todas sus partes la
Resolución N°. 4094 de agosto 26 de 2004 que negó la pensión de sobreviviente
a la señora Beatriz Ramona Ávila en condición de cónyuge y a la menor Ornella
del Carmen García en condición de hija con ocasión del fallecimiento del
asegurado Jaime Enrique García Peñaranda. En dicha resolución se reiteraron las
razones de la providencia impugnada (fl. 64-66 cdno. demanda tutela).
4.8 Copia del
acta de audiencia de juzgamiento, proferida el 27 de mayo de 2011 por el Juzgado
Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla, en la que se resolvió declarar no
probada las excepciones propuestas por la entidad demandada y en consecuencia
condenar a la demandada Instituto de Seguros Sociales a “reconocer y pagar a
la señora Beatriz Ramona Ávila Corracedo pensión de sobreviviente a que tiene
derecho en calidad de cónyuge supérstite del afiliado fallecido Jaime Enrique
García Peñaranda, a partir del 19 de diciembre de 2003, en cuantía que no podrá
ser inferior al salario mínimo legal, con sus respectivas mesadas adicionales e
incrementos anuales y debidamente indexada (…)”.
Consideró el
juez de instancia que el requisito de fidelidad contenido en los literales a) y
b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 fue declarado inexequible por la
Corte Constitucional mediante Sentencia C- 556 de 2009, por cuanto era
regresivo, afectaba el núcleo esencial del derecho social y no era una medida
constitucional ni justificable. Con base en ello, y al estar reconocido que
Jaime Enrique Peñaranda acredita 90 semanas de cotización en los tres (3) años
anteriores a su fallecimiento, se concluye que dejó causado su derecho a la
pensión de sobreviviente.
4.9 Copia del
acta de audiencia de juzgamiento emitida el 23 de abril de 2012 por la
Sala Tercera de Descongestión del Tribunal Superior de Barranquilla, por
medio del cual se resolvió revocar la sentencia del Juzgado Quinto Laboral del
Circuito de Barranquilla y condenar a Beatriz Ramona Ávila Corracedo a cancelar
las agencias en derecho por valor de $566.700.oo y las costas de ambas
instancias.
Estimó el
Tribunal, basándose en una sentencia de la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, que los hechos deben dirimirse conforme a las
leyes preexistentes al momento en que ocurran y que la ley aplicable en el caso
de la pensión de sobreviviente es la vigente al momento del fallecimiento del
asegurado y que, como en este caso falleció el 19 de diciembre de 2003, la
norma aplicable es la Ley 797 de 2003. Agregó que la sentencia que declaró inexequible
dicha norma rige hacia el futuro, pues no se estableció expresamente los
efectos retroactivos, por lo que no afecta situaciones consolidadas durante la
vigencia de la disposición, por lo que el juez de primera instancia no podía
inaplicar una norma por inconstitucional desde una fecha anterior a la
establecida por el órgano que realmente tiene ese control. Concluyó que si bien
el causante cumplía con el requisito de las 50 semanas cotizadas dentro de los
3 años anteriores a su fallecimiento, no reunía el requisito de fidelidad al
sistema que se encontraba vigente en ese momento, o por lo menos no se logró
demostrar en el plenario.
II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
El 8 de mayo
de 2013, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia resolvió negar la protección solicitada. Consideró
que la acción de tutela no está llamada a reemplazar los procedimientos
ordinarios y que la demandante en el proceso ordinario laboral tuvo la
posibilidad de presentar recurso de casación. Agregó que la demanda de tutela
se presentó después de transcurrir un año de haberse proferido la sentencia por
el Tribunal accionado, lo que constituye una franca violación al principio de
inmediatez.
La parte
demandante impugnó la anterior sentencia. Alegó que en virtud del artículo 53
de la Constitución Política debe primar la realidad sobre lo formal y lo
sustantivo sobre lo adjetivo, y en este sentido se debe reconocer que tiene el
derecho a la pensión solicitada. Dijo que el constituyente no fijó términos
perentorios para la presentación de la acción de tutela y que la cuantía de las
pretensiones a la fecha de la sentencia de segunda instancia era de 108
salarios mínimos legales mensuales vigentes y que la cuantía para acceder a
casación es de 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El 20 de junio
de 2013, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia resolvió confirmar el fallo recurrido y, en ese
sentido, reiteró que la acción de tutela es improcedente, por cuanto la
demandante no interpuso recurso de casación en contra de la decisión que hoy se
censura y agregó que la tutela contraviene el principio de la inmediatez, pues
hasta el 19 de abril de 2013 se viene a atacar una decisión del 23 de abril de
2012.
T-3.985.384
1. Hechos
Ricardo
Pahuana Navarro presentó acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al mínimo vital, vida digna, igualdad, petición,
seguridad social, salud y debido proceso, por cuanto le negó el reconocimiento
de su pensión de invalidez al no cumplir con el requisito de las 50 semanas
cotizadas con anterioridad a la fecha de la estructuración de la invalidez.
Manifiesta el
demandante que fue diagnosticado “con una enfermedad conocida como tumor de
células gigantes en rodilla derecha (cáncer de huesos)” y fue calificado
con una pérdida de la capacidad laboral de 56.66%. Afirma que solicitado el
reconocimiento de la pensión de invalidez, el mismo fue negado por no tener las
semanas a la fecha que ellos consideran se estructuró la invalidez, cuando el
examen en que se basaron -gamagrafía osea- se efectúa por lo menos cada dos
años de por vida para determinar su estado.
Afirma que las
juntas de calificación no pueden estructurar la invalidez desde el primer
síntoma, sin tener en cuenta que existen enfermedades que empeoran con el
transcurso del tiempo por lo que la persona pudo trabajar y cotizar al sistema,
y por ende, señala que para el momento de la fecha de la estructuración de la
invalidez él seguía laborando.
Indica el
accionante que ante la entidad demandada presentó derecho de petición, en el
que solicita las razones en que se sustenta la negativa en el reconocimiento de
su derecho a la pensión de invalidez y del cual no ha obtenido respuesta
alguna.
Asegura que se
encuentra ante una amenaza inminente a sus derechos a la vida y a la salud,
pues a pesar de que sigue haciendo aportes a la seguridad social, no cuenta con
los recursos para seguir efectuándolos, por lo que quedaría desprotegido en la
atención a la salud y en los tratamientos que se requieran para el manejo de su
enfermedad y en los medios para proveer la satisfacción de sus necesidades
básicas y la de su hijo.
Agrega de
Colpensiones no le ha pagado las incapacidades mayores a 180 días y que desde
el mes de diciembre de 2012 no le aparecen registrados sus aportes.
2.
Solicitud de tutela
Por lo
expuesto, el accionante solicita que sean tutelados los derechos fundamentales
aludidos y, en consecuencia, que la entidad accionada reconozca la pensión de
invalidez y se le cancele desde el primer mes que radicó su solicitud hasta la
fecha. Adicionalmente pretende que se le cancele las incapacidades mayores a
180 días.
3.
Intervención de la parte accionada
El 15 de marzo
de 2013, el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Barranquilla admitió a trámite esta acción de tutela y de esta decisión se
notificó al accionante, al Jefe del Instituto de los Seguros Sociales en
Liquidación y al Gerente de Colpensiones.
No obstante la
referida notificación, las autoridades mencionadas guardaron silencio.
4. Pruebas
aportadas al proceso
4.1 Copia de
la notificación del dictamen sobre el porcentaje de pérdida de capacidad
laboral y copia del dictamen sobre pérdida de la capacidad laboral del 27 de
julio de 2012 en el que consta respecto del accionante una calificación de
56.66% con fecha de estructuración del 19 de noviembre de 2010 y atribuida a
una enfermedad de origen común (fl. 15-16 cdno. primera instancia).
4.2 Copia de la
notificación y de la Resolución N°. GNR 002697 del 10 de noviembre de 2012
proferida por la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones en la que
se resuelve negar el reconocimiento de la pensión de invalidez, por cuanto el asegurado
no acredita el requisito de las 50 semanas dentro de los tres años anteriores a
la fecha de estructuración de la invalidez y sus tiempos laborados son
posteriores a la fecha de la estructuración, por lo que son inválidos para
estudiar la prestación solicitada (fl. 17-18 cdno. primera instancia).
4.3 Copia de
fórmulas médicas (fl. 19-22, 35-53 cdno. primera instancia).
4.4 Copia del
derecho de petición presentado el 3 de diciembre de 2012 por el accionante ante
Colpensiones, en el que solicita “se me reconozca la pensión  de invalidez
(…)” y “se me pague las incapacidades mayores a 180 días a las que tengo
derecho por ley las cuales no han sido canceladas por ustedes”.
4.5 Copia del
certificado de incapacidad o licencia proferido por la
EPS Coomeva, en el que consta que “la incapacidad acumuló 180 días, debe
remitirse a la Administradora de Fondo de Pensiones del Afiliado” (fl.
54-55 cdno. primera instancia).
4.6 Copia del
reporte de semanas cotizadas a pensiones a la Administradora
Colombiana de Pensiones Colpensiones, por parte de Ricardo Pahuana Navarro,
afiliado desde el 22 de marzo de 2012 y en la que hasta 31 de diciembre de 2012
consta un total de 38.57 (fl. 56-57 cdno. primera instancia).
II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
El 5 de abril de
2013, el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Barranquilla resolvió tutelar el derecho de petición del accionante y ordenó a
la entidad demandada pronunciarse de fondo sobre la solicitud del 3 de
diciembre de 2012.
Impugnada por
el accionante la anterior decisión, en razón a que el juez de instancia no se
pronunció respecto de todas las pretensiones formuladas en la demanda de
tutela, relacionadas con el reconocimiento de la pensión de invalidez y el pago
de las incapacidades, el 9 de mayo de 2013, la
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla resolvió revocar
el fallo impugnado y no tutelar los derechos fundamentales de petición y mínimo
vital.
Consideró que
el accionante no tiene semanas cotizadas al sistema, anteriores a la fecha de
su estructuración. Agregó que la petición a la entidad accionada de informar
las razones por las cuales se negó la prestación personal, es superflua, por
cuanto en la Resolución N°. GNR 002697 Colpensiones detalladamente las expuso,
de allí que no se conmine a la accionada a repetir lo que ya explicó.
T-
3.986.393
1. Hechos
Dalia Rosa
Ruiz Peñaloza presentó acción de tutela contra la
Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al mínimo vital y a la dignidad humana.
Señala la
accionante que en el dictamen médico laboral realizado el 16 de marzo de 2009,
se le determinó una disminución de su capacidad laboral del 76.44% con fecha de
estructuración el 20 de diciembre de 2007 y con origen en una enfermedad común.
Menciona que
el Instituto de Seguros Sociales negó el reconocimiento a la pensión de
invalidez, “al aplicar de manera estricta el artículo 1° de la
Ley 860 de 2003 sin sustraer la parte declarada inexequible (…) por medido de
la sentencia C-428 de 2009”.
Manifiesta la
demandante que presentada la demanda ordinaria contra el Instituto de Seguros
Sociales, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez por origen común, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Barranquilla resolvió condenar el ISS a reconocer y pagar la pensión de
invalidez de conformidad con el artículo 6° del Acuerdo 049 de 1990 y a partir
de la fecha de estructuración de la invalidez. Impugnada esta decisión por el
ISS, la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla resolvió revocarla y condenar en costas a la
demandante.
Afirma la
accionante que la sentencia proferida por el Tribunal demandando dentro del
proceso laboral incurrió en defectos sustantivo, fáctico y procedimental, al
considerar que no cumple con el requisito de fidelidad, cuando éste requisito
atenta contra el principio de progresividad de la norma y fue declarado
inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C- 428 de 2009. Asegura
que si bien la estructuración de la invalidez fue anterior a la declaratoria de
inexequibilidad de la disposición, dicha declaración “lo único que hizo fue corregir
una situación que desde siempre fue contraria al derecho fundamental a la
seguridad social en pensiones y (…) se limitó a reafirmar el carácter irregular
de una disposición que desde antes estaba en contra de la
Constitución, tanto así que la misma había sido, en no pocas ocasiones,
inaplicada”. Asegura que la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia en un principio acogió dicho argumento, pero la
posición cambió debido a la nueva composición de la
Sala.
Aduce la
accionante que es una persona de la tercera edad, desprovista de prestaciones
económicas y con un gran deterioro de salud, debido a su avanzada edad.
2.
Solicitud de tutela
En razón a lo
expuesto, la accionante solicita que sean amparados sus derechos fundamentales
y que en consecuencia se deje sin efectos la sentencia proferida el 31 de mayo
de 2012 por el Tribunal accionado y se mantenga en firme la sentencia del 14 de
junio de 2011 emanada del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla
dentro del proceso ordinario no. 08001310500220100068800; y se ordene a esta
última autoridad judicial seguir adelante con la ejecución de la sentencia.
3.
Intervención de la parte accionada
El 11 de marzo
de 2013, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia  admitió a trámite esta acción de tutela y, de tal decisión
se notificó a la accionante, a los Magistrados de la
Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, a Colpensiones, al Instituto de los Seguros Sociales en Liquidación
y al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla. No obstante la
referida notificación, las autoridades mencionadas guardaron silencio.
4. Pruebas
aportadas al proceso
4.1 Copia de la
Resolución N°. 024441 del 26 de noviembre de 2009 proferida por el Instituto
de Seguros Sociales “por medio de la cual se resuelve una solicitud el
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones-Régimen Solidario de Prima
Media con Prestación Definida” en la que se resuelve negar la pensión de
invalidez de la señora Dalia Rosa Ruiz Peñalosa.
Se consideró,
partiendo de los artículo 38 y 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 1° de la Ley 860 de 2003, que la peticionaria presenta una pérdida de
la capacidad laboral del 76.44% estructurada a partir del 20 de diciembre de
2007; que cotizó 224 semanas hasta dicha fecha, de las cuales 102 fueron en los
últimos 3 años por lo que cumple con el primer requisito, sin embargo no cumple
con el presupuesto de fidelidad al sistema, pues debía acreditar 483 semanas y
sólo acredita 224 (fl. 25-26 cdno. primera instancia).
4.2 Copia de la
Resolución N°. 5943 del 19 de abril de 2010 proferida por el Instituto de
Seguros Sociales “por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición
en el Sistema General de Pensiones Régimen de Prima Media con Prestación
Definida”, en la que se resuelve confirmar la
Resolución N°. 002441 del 26 de noviembre de 2009.  Se reiteraron las
consideraciones de la resolución objeto del recurso (fl. 38-40 cdno. primera
instancia).
4.3 Copia de la
Resolución N°. 2081 del 28 de julio de 2010 proferida por el Instituto de
Seguros Sociales “por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación
en el Sistema General de Pensiones Régimen de Prima Media con Prestación
Definida”, en la que se resuelve confirmar la
Resolución N°. 002441 del 26 de noviembre de 2009.
Se reiteraron
las consideraciones de la resolución apelada y se agregó que si bien la
sentencia C-428 de 2009 declaró inexequible el requisito de la fidelidad al
sistema, en concordancia con el artículo 45 de la
Ley 270 de 1996, las sentencias de la
Corte Constitucional tienen efecto hacia el futuro y por ende no le es
exigible para la pensión de invalidez este requisito si se estructura con
posterioridad al 1 de julio de 2009 (fl. 33-37 cdno. primera instancia).
4.4 Copia del
informe de semanas cotizadas en pensiones por Dalia Rosa Ruiz Peñaloza desde
enero 1967 a enero de 2010 en el que consta 287.00 total de semanas cotizadas
(fl. 41 cdno. primera instancia).
4.5 Copia de la
cédula de ciudadanía de Dalia Rosa Ruiz Peñaloza en la que consta el 17 de
noviembre de 1942 como fecha de nacimiento (fl. 42 cdno. primera instancia).
4.6 Copia de
la notificación del dictamen sobre el porcentaje de pérdida de capacidad
laboral y copia del dictamen de calificación de pérdida de capacidad de fecha
.16 e marzo de 2009 en el que consta una calificación de 76 44% de origen
enfermedad común y con fecha de estructuración del 20 de diciembre de 2007 (fl.
64-65 cdno. primera instancia).
4.7 Copia de
la audiencia de juzgamiento presidida por el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Barranquilla el 14 de junio de 2011 dentro del proceso ordinario
laboral adelantado por Dalia Rosa Ruiz Peñaloza contra el Instituto de Seguros
Sociales, bajo el radicado no. 2010-00234 en el que se resolvió condenar a la
entidad demandada a reconocer y pagarle a la accionante la pensión de invalidez
de conformidad con el artículo 6° del Acuerdo 049 de 1990,
a partir de la fecha de estructuración de la invalidez, es decir, 20 de
diciembre de 2007.
Consideró el
juzgado que a la accionante la cobija el régimen de transición, ya que para el
1° de abril de 1994 tenía 51 años de edad; que el artículo 6° del Acuerdo 049
de 1990 regula la pensión de invalidez y establece que “para acceder al
reconocimiento de la pensión de invalidez el solicitante debe acreditar
cotización mínima de 150 semanas dentro de los últimos 6 años anteriores a la
fecha del estado de invalidez o 300 semanas en cualquier tiempo” y que “revisada
los diferentes documentos que reportan las cotizaciones realizadas al Seguro
Social (…) y teniendo en cuenta que las 300 semanas deben ser anteriores a la
estructuración de la invalidez, es decir, con anterioridad al 20 de diciembre
de 2007, efectivamente cotizó 307.28 semanas desde el 1° de junio de 1997 hasta
el mes de enero de 2007, 1998, con anterioridad a la fecha de declaratoria de
invalidez. De lo anterior se concluye que el reclamante cotizó dentro de los
años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, que fue 20 de
diciembre de 2007, las 300 semanas exigidas por el artículo 6° del Acuerdo 049
de 1990, por lo que le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de
invalidez” (fl. 82-88 cdno. primera instancia).
4.8 Copia de
la sentencia proferida el 31 de mayo de 2012 por la
Sala Primera Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario promovido por Dalia Rosa
Ruiz Peñaloza contra el Instituto de Seguros Sociales, por medio de la cual se
revoca la sentencia del 14 de junio de 2011 proferida por el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Barranquilla y, en su lugar, se condena en costas en
primera instancia a la parte demandante.
Consideró el
Tribunal que la estructuración de la invalidez fue en vigencia del artículo 1°
de la Ley 860 de 2003; que la accionante no acredita el requisito de fidelidad
al sistema general de pensiones y que la norma es muy clara con la exigencia de
dicho requisito (fl. 91-101 cdno. primera instancia).
II. SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
El 20 de marzo
de 2013, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia resolvió negar la tutela impetrada. Consideró que
la accionante debió presentar recurso extraordinario de casación contra la
sentencia de segunda instancia, pues la tutela fue creada como un mecanismo
para salvaguardar los derechos fundamentales, pero condicionado a la
utilización previa de los medios ordinarios de defensa.
T- 3.991.396
1. Hechos
Yenith Amparo Gómez presentó acción de tutela contra Colfondos S.A., por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida digna, mínimo
vital, igualdad, seguridad social y demás derechos conexos, por cuanto negó el
reconocimiento de su pensión de invalidez.
Manifiesta la
accionante que trabaja en el Hogar Infantil de Pitalito y que a pesar de
haberse afiliado a la entidad accionada desde el 8 de febrero de 2006, la
empleadora consignó sus aportes a la seguridad social en pensiones al Instituto
de Seguros Sociales a partir del 1 de febrero de 2007
a abril de 2010, razón por la cual solicitó a esta última el traslado de los
dineros depositados a la AFP Colfondos, entidad a la que se ha venido
consignado los aportes desde agosto de 2010.
Señala que la
Junta Regional de Calificación Laboral del Huila, determinó una disminución de
su capacidad laboral en 52.40% con fecha de estructuración del 31 de julio de
2009, con ocasión de una enfermedad de origen común.
Indica la
demandante que solicitada la pensión de invalidez a la entidad accionada, la
misma fue negada, por cuanto no cumple con el requisito previsto en el artículo
39 de la Ley 100 de 1993, de haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3
años inmediatamente anteriores a la fecha de la estructuración de la invalidez,
y que los pagos que se registran en el mes de febrero, marzo, abril, mayo y
julio del año 2009, al ser pagados de manera extemporánea no pueden ser tenidos
en cuenta.
Afirma la
accionante que por un error de la entidad empleadora cotizó al Instituto de Seguros
Sociales entre el año 2007 y 2010, esto es, que realizó aportes al sistema
general de seguridad social en pensiones, por lo que sí cumple con el requisito
de las 50 semanas cotizadas con anterioridad a la fecha de estructuración, pues
para el 31 de julio de 2009 tenía un total de 120 semanas. Agrega, con respecto
al argumento del pago extemporáneo, que la entidad accionada tenía la
obligación de cobrar los aportes con los respectivos intereses de mora, por lo
que su negligencia no es excusa para negar el derecho a la pensión.
Alega la
demandante que se encuentra en un estado de indefensión, por cuanto no se puede
valer por sí misma en razón a su invalidez y que debe responder por la
educación de sus dos hijos.
2.
Solicitud de tutela
En razón a lo expuesto,
la accionante solicita que sean amparen sus derechos fundamentales mencionados
y, en consecuencia, que se ordene a la entidad accionada que reconozca y pague
la pensión de invalidez a partir de su fecha de estructuración.
3.
Intervención de la parte accionada
El 11 de abril
de 2013, el Juzgado Tercero Penal Municipal de Pitalito, Huila, admitió a
trámite esta acción de tutela y notificó de esta decisión a la accionante y a la Administradora de Fondos y Pensiones Colfondos S.A..
El
representante judicial de Colfondos solicitó que se declare que no ha vulnerado
derecho fundamental alguno, puesto que no hay lugar al reconocimiento de la
pensión de invalidez a favor de la accionante. En forma subsidiaria, solicitó
que, de otorgarse el amparo, el mismo sea decretado de manera transitoria y que
de conformidad con el artículo 70 de la Ley 100 de 1993 se ordene a la
aseguradora MAPFRE Colombia Vida Seguros S.A. que reconozca la suma adicional
necesaria para financiar la pensión de invalidez de la accionante.
Manifiesta que
la demandante no cumple con el requisito de cotizar 50 semanas dentro de los
tres últimos años contados a partir de la fecha de la estructuración de la
invalidez como indica el artículo 39 de la
Ley 100 de 1993. Señala que el juez constitucional no puede invocar la
excepción de inconstitucionalidad, para inaplicar el artículo 39 de la
Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 860 de 2003, y aplicar el artículo
original, por cuanto  así se dispuso en sentencia de tutela T- 785 de 2009,
tras considerar que esta norma modificada fue declarada constitucional mediante
sentencia con efecto erga omnes (C- 428-09).
Indica que la
acción de tutela no es procedente para el reconocimiento de una pensión de
manera definitiva, pues aquella pretende la protección de derechos
fundamentales y no la definición de controversias legales y declare la pensión
sin que se haya surtido el suficiente debate probatorio que es necesario para
definir este tipo de conflictos legales.
4. Pruebas
aportadas al proceso
4.1 Copia del
recibido del Banco Popular de la autoliquidación de aportes al sistema de
seguridad social a nombre del Hogar Infantil Pitalito en los que se identifica
como afiliada a Yenith Amparo Gómez de los meses febrero a diciembre del 2007
(fl. 16-26 cdno. primera instancia).
4.2 Copia del
certificado de aportes de Yenith Amparo Gómez al Sistema de Seguridad Social
proferido por Asopagos S.A. en la que consta que cotizó a Colpensiones los
períodos de febrero de 2008 a diciembre de 2008; de febrero de 2009
a diciembre de 2009; de febrero de 2010
a junio de 2010 y a Colfondos los periodos de julio de 2010
a diciembre de 2010; de enero de 2011
a diciembre de 2012 (fl.27-41 cdno. primera instancia).
4.3 Copia del
dictamen para calificación de la pérdida de la capacidad laboral y
determinación de la invalidez de Yenith Amparo Gómez en el que consta que tiene
una pérdida de la capacidad laboral en un 52.40% que se estructuró el 31 de
julio de 2009 con origen en enfermedad común (fl.44-46 cdno. primera instancia).
4.4 Copia de
la respuesta de Colfondos a Yenith Amparo Gómez del 20 de diciembre de 2012 en
la que le informan que se vinculó a dicha entidad desde el 8 de febrero de 2006
y que con base en el artículo 38 y 39 de la
Ley 100 de 1993 se verificó que no cumple con el requisito de las 50 semanas
en los 3 años anteriores, pues cotizó cero (0) semanas al sistema general de
pensiones, pues los pagos registrados en el mes de febrero, marzo, abril, mayo
y julio de 2009 fueron extemporáneos por lo cual no pueden ser tenidos en
cuenta, razón por la cual no cumple con el requisito de cobertura exigido por la
Ley 860 de 2003” (fl. 47-49 cdno. primera instancia).
4.5 En el
trámite de primera instancia, el Juzgado Tercero Penal Municipal de Pitalito,
Huila, recibió el 22 de abril de 2013 la declaración de María Nelcy Samboni en
la que informa que la accionante “se encuentra laborando en el Hogar
Infantil Pitalito, a pesar de la enfermedad en la columna, por necesidad,
devenga el mínimo, tiene dos hijos a cargo uno tiene apenas 18 y el otro 13
años, además debe cumplir con créditos para el mejoramiento de si vivienda, ha
tenido dos cirugías por ese mismo problema, ella sufre de mucho dolor de
cintura y de espalda para caminar (…) ella labora con el problema de la espalda,
la han tratado de reubicar para alivianarle el trabajo, pero es muy complicado
por su enfermedad (…)” (fl. 74 cdno. primera instancia).
En el mismo
día se recibió declaración de Gloria Mercedes Florez Cortes, en la que informa
que la accionante “vive enferma de la columna, la operaron, ella llora del
dolor, con la droga que le mandan ella se le inflama la cara, a veces llega
renqueando, ella es jardinera, tiene a cargo 30 niños los cuales debe cuidar,
jugar y hacer dinámicas, los niños son de 3
a 4 años de edad, económicamente ella está mal pues depende de, salario mínimo
que gana y de lo que hace el esposo que trabaja en oficios varios de eso deben
solventar los gastos de sus hijos que están estudiando” (fl. 75 cdno.
primera instancia).
II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
El 24 de abril de 2013 el Juzgado Tercero Penal Municipal
de Pitalito, Huila, resolvió no tutelar los derechos fundamentales de la
accionante. Consideró que la acción de tutela es improcedente, por cuanto
existen otros medios de defensa judicial ante la jurisdicción ordinaria laboral
en los que se puede contradecir la prueba y declarar el derecho que pretende la
accionante. Sostuvo que no se configura un perjuicio irremediable, por cuanto
la demandante actualmente trabaja, lo que le permite devengar un salario
mensual y satisfacer sus necesidades básicas en compañía de su componente
familiar.
La accionante impugnó la anterior decisión, bajo la
consideración de que la solicitud de la pensión es precisamente para evitar
continuar trabajando dada su condición de invalidez. Agregó que la entidad
accionada puede solicitar el traslado de los aportes efectuados en el ISS y que
el seguro contratado con MAPFRE le permite exigirle el pago de las prestaciones
correspondientes.
El 5 de junio de 2013, el Juzgado Primero Penal del
Circuito de Pitalito, Huila, resolvió confirmar el fallo de primera instancia.
Estimó que este debate se debe realizar ante el juez ordinario laboral o contencioso
administrativo, dado que se requiere de un especial debate probatorio y la
tutela es un mecanismo preventivo y no declarativo y no se puede hacer caso
omiso a la normatividad que regula la parte sustantiva y el procedimiento para
el caso concreto.
III. REVISIÓN POR LA
CORTE CONSTITUCIONAL
Remitido los expedientes a esta
Corporación, la Sala de Selección Número Siete,  mediante Auto del 30 de julio
de 2013, dispuso su revisión por la
Corte Constitucional y mediante el numeral quinto de dicho proveído, ordenó la
acumulación entre sí de los expedientes de la referencia.
1. Competencia
Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de
revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política y en los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes, así como por
la escogencia del caso que hizo la Sala de Selección.
2. Trámite surtido ante la
Corte Constitucional
2.1 Mediante Auto del 12 de noviembre de 2012, el suscrito
magistrado requirió a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, para que informara
al despacho judicial la totalidad de las semanas cotizadas hasta la fecha por
Ferney Quintero Guerrero (T- 3.983.906) y Yenith Amparo Gómez                       (T-3.991.396)
e indique respecto de esta última si de parte de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, recibió el traslado de aportes
efectuados por ella. En el mismo proveído se requirió a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, para que informe a este despacho
judicial la totalidad de las semanas cotizadas hasta la fecha por Ricardo
Pahuana Navarro (T-3.985.384).
Asimismo, se requirió a Beatriz Ramona Ávila Corracedo,
para que informe la edad actual de su hija Ornella del Carmen García Ávila y
adjunte prueba que de cuenta de su afirmación; e indique, en caso de ser esta
mayor de edad, las razones por las cuales actúa en su nombre (T- 3.984.021).
Finalmente, se ordenó notificar a MAPFRE Colombia Vida
Seguros S.A, el auto admisorio de las tutelas T- 3.983.906 y T- 3.991.396,
acumuladas al expediente T-3.974.993, adjuntando copia de las respectivas demandas
para que se entienda vinculada a estos procesos de tutela y con el fin de que
se pronuncie acerca de los hechos y pretensiones en que se funda las
solicitudes de amparo.
2.2 El apoderado judicial de Colfondos S.A. informó que
Ferney Quintero Guerrero (T-3.983.906) presenta un total de 206.86 semanas
cotizadas y con solicitud de pensión en trámite; y Yenith Amparo Gómez
(T-3.991.396) un total de 210.71 semanas y con solicitud de pensión en trámite.
2.3 Beatriz Ramona Ávila Corracedo, informó que las
actuaciones para demandar el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a su
favor y de su hija, obedece a que la actuación de la pensión de sobreviviente
surgió cuando ella era menor de edad y así actuó ante el ISS, hoy Colpensiones,
en el trámite de proceso ordinario y en el de esta acción de tutela. Aportó
copia de la cédula de ciudadanía de Ornella del Carmen García Ávila en la que
consta como fecha de nacimiento 7 de abril de 1988.
2.4 La apoderada general de Maphre Colombia Seguros S.A., dijo
que ningún fondo de pensiones con los cuales mantiene póliza provisional
vigente ha reportado solicitud de pago de incapacidades a favor de Ferney
Quintero Guerrero, y que para realizar el estudio de la viabilidad del pago de
la suma adicional a Colfondos es necesario que éste le envíe a la aseguradora
una solicitud formal con los documentos necesarios.
2.5 Ante la falta de
respuesta oportuna por parte de Colpensiones y previa llamada al accionante, se
verificó en la página oficial de la entidad demandada el reporte de semanas
cotizadas en pensiones de Ricardo Pahuana Navarro en el que consta un total de
81.28 semanas cotizadas entre abril de 2012
a octubre de 2013.
3. Consideraciones
3.1 Problema jurídico y esquema de
resolución
De los antecedentes expuestos, esta
Sala advierte que existen dos grupos de solicitantes. Quienes accionan directamente
contra la administradora o fondo de pensiones, por negar el reconocimiento de
su derecho a la pensión. Y quienes censuran decisiones judiciales que en el
marco de un proceso ordinario laboral negaron el reconocimiento a la pensión solicitada.
Asimismo, frente a los presupuestos
para acceder a la pensión, se evidencia que un grupo solicita no aplicar el
requisito de fidelidad al sistema cuando la pensión se estructuró con anterioridad
a la declaratoria de inexequibilidad de dicha exigencia, mientras que el otro,
pretende la inaplicación del requisito que exige haber cotizado 50 semanas en
los tres años anteriores a la fecha de la estructuración de la invalidez.
En este sentido, la
Sala considera que, deben, en el presente caso, resolverse los siguientes tres
problemas jurídicos:
-Si se vulnera el derecho a la
seguridad social y al mínimo vital de los accionantes que padecen enfermedades
degenerativas, por cuanto las entidades accionadas negaron el derecho a la
pensión de invalidez por no cumplir con el requisito de las 50 semanas
cotizadas en los últimos 3 años contados a partir de la fecha de la estructuración
de la invalidez, pues no tuvieron en cuenta que con posterioridad a dicha fecha,
se siguieron efectuando cotizaciones al sistema general de seguridad social en
pensiones.
-Si se vulneran los derechos a la
seguridad social y al mínimo vital de los accionantes, por la exigencia de las
entidades demandadas de cumplir con el requisito de fidelidad a quienes se les
estructuró el derecho a la pensión de invalidez (artículo 1° de la
Ley 860 de 2003) o de sobreviviente (Ley 797 de 2003) con anterioridad a la
declaratoria de inexequibilidad de dicho requisito (C- 428 y C-556 de 2009, respectivamente)
-Si las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en alguna causal específica de procedibilidad que atente
contra los derecho fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de los
accionantes, al negarle el reconocimiento de la pensión solicitada por no
cumplir con el requisito de fidelidad previsto para la pensión de invalidez
(artículo 1° de la Ley 860 de 2003) o de sobreviviente (Ley 797 de 2003), por
cuanto éstos se consolidaron antes de la expedición de las sentencias de
constitucionalidad que declararon inexequibles el presupuesto de fidelidad (C-
428 y C-556 de 2009, respectivamente)
Con el fin de
resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala reiterará la
jurisprudencia consolidada de esta Corporación acerca de: i) el reconocimiento
a la pensión de invalidez y de sobreviviente como manifestación del derecho a
la seguridad social; la ii) el deber de las administradoras y fondos de
pensiones de tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha
de la estructuración de invalidez a quienes se les diagnostica enfermedades
degenerativas, congénitas o crónicas, como un elemento esencial para la
configuración del derecho a la pensión de invalidez y iii) el deber de
inaplicar el requisito de fidelidad para el reconocimiento de la pensión de
invalidez y de sobreviviente cuando la misma se estructuró con anterioridad a
la declaratoria de inexequibilidad de dicho requisito. Definido lo anterior se
pasará a analizar cada uno de los casos concretos.
Empero antes de resolver el asunto de
fondo, esta Sala se pronunciará brevemente acerca de la procedencia de la
acción de tutela.
Procedencia de la acción de tutela
1. El artículo 86 de la
Constitución Política establece la acción de tutela con el fin de que toda
persona pueda reclamar, ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, la protección de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten amenazados o
vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o por un
particular en los casos definidos en la ley.
En lo que respecta a su procedencia, el
mismo artículo constitucional dispone que esta acción sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Por su parte,
el Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela es procedente, cuando
existiendo otro mecanismo de defensa judicial, el mismo no resulta eficaz para
la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Aspecto
que será apreciado en atención a las circunstancias en que se encuentre el
solicitante.
Procedencia de la acción de
tutela para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez ante la
administradora o fondo de pensiones
2. Cuando se pretende solicitar el
reconocimiento de la pensión de invalidez, ante la negativa de la
administradora o del fondo de pensiones, esta Corporación ha determinado que,
por regla general, el mecanismo apropiado son las acciones pertinentes ante la jurisdicción
ordinaria laboral o contencioso administrativa, según corresponda. Empero, en
razón a circunstancias excepcionales, determinadas en cada caso en particular, ha
permitido que dicha pretensión sea analizada mediante la acción de tutela al
constatar la falta de eficacia del medio ordinario de defensa judicial.
Así, en diversos pronunciamientos[1],
esta Corporación ha establecido que la acción de tutela es procedente para el
reconocimiento de la pensión de invalidez, cuando en el caso concreto, entre
otros factores, está probada la afectación al mínimo vital y a la vida digna; los
beneficiarios son sujetos de especial protección constitucional y la negativa a
su reconocimiento contradijo preceptos legales y constitucionales.
De este modo, la ineficacia del medio
ordinario de defensa resulta cuando en cabeza de la accionante confluyen una
serie de circunstancias que le permite al juez concluir que el medio ordinario
de defensa para ese caso en particular no resulta eficaz. Así, cuando se
refiere al reconocimiento de la pensión de invalidez, se parte del supuesto de
que la persona que lo solicita tiene una incapacidad mayor al 50%, lo que prima
facie permite presumir que no puede trabajar y por ende que no posee un
medio de subsistencia, de lo que se deduce la posible afectación a su mínimo
vital. Además, su condición de discapacidad lo convierte en un sujeto de
especial protección constitucional (artículo 47), lo que implica un trato preferente
en razón a las circunstancias de debilidad manifiesta en que se encuentra.
En este sentido, es desproporcionado exigirle
a una persona que está en las condiciones anteriormente descritas, acudir a un
proceso ordinario ya sea en la jurisdicción contenciosa o en la laboral, pues
estos juicios implican la representación judicial (artículo 33
C.P.L.) y los turnos de espera en cada despacho judicial, para lo cual es
necesario contar con recursos económicos suficientes que permitan suplir los
gastos judiciales y la satisfacción de las necesidades personales a lo largo
del proceso.
Casos concretos
3. Con base en lo anterior, esta Sala
concluye que la acción de tutela correspondiente a los expedientes T-
3.974.993, T-3.983.906, T- 3.985.384 y    T-3.991.396 es procedente por las
razones que se exponen a continuación:
3.1 Luis Adolfo Gamba Díaz (T-
3.974.993), solicita que se le reconozca su derecho a la pensión de invalidez, en
razón a que presenta una disminución de su capacidad laboral en un 54.05%, con
fecha de estructuración del 8 de agosto de 2006. Informa que su reconocimiento
fue negado el 12 de octubre de 2006 por el Fondo de Pensiones y Cesantía
Porvenir, por cuanto no cumple con el requisito de fidelidad al sistema
previsto en el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 y añade que no cuenta con los
medios económicos para subsistir y que depende de su hermana quien debe suplir también
las necesidades de sus padres.
Con base en lo anterior, esta Sala
constata que a) el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional, por cuanto presenta una disminución de la capacidad laboral
mayor al 50%; b) que en virtud de dicha discapacidad se presume que no puede
laborar, por lo que no cuenta con recursos económicos para suplir sus
necesidades básicas, lo que implica una afectación a su mínimo vital y su vida
digna y c) que la solicitud de pensión de invalidez, fue negada por la entidad
accionada sin fundamento constitucional y legal. Razones que considera esta
Sala son el camino para considerar la procedencia de esta acción de tutela, por
cuanto el envío de sus pretensiones ante la justicia ordinaria sería
desproporcionado en razón a su particular situación, al no contar con los medios
económicos para subsistir.
Ahora bien, esta Sala considera
necesario resaltar que, si bien la invalidez en el accionante se estructuró en
agosto de 2006 y en octubre de la misma anualidad la entidad accionada negó el
reconocimiento a la pensión, hasta diciembre de 2012 le fue notificado al demandante
la respuesta del recurso de reposición presentado contra la negativa a su
solicitud y le fue resuelto el recurso de apelación, lo que denota no sólo que
la vulneración es actual en razón a que la invalidez no ha cesado, sino también
el actuar del demandante en procura de la satisfacción de su pretensión.
Por otra parte, esta Sala dista de las
sentencias de los jueces de instancia que declararon improcedente la acción de
tutela presentada, por cuanto en su sentir existía cosa juzgada constitucional
al fallar en septiembre de 2012 una demanda similar a la hoy presentada. El
distanciamiento se fundamenta en que, posterior a este fallo (diciembre de
2012), la entidad accionada resolvió el recurso de reposición y apelación
presentado contra la negativa al reconocimiento de la pensión de invalidez, lo
que constituye un hecho nuevo que excluye lo que los jueces de instancia
denominan cosa juzgada constitucional y cualquier calificativo de temeridad a
la actuación del demandante.
En razón a lo expuesto, esta Sala
revocará la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Cartago, Valle del Cauca, por medio de la cual confirmó la providencia del
Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cartago, Valle
del Cauca, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por Luis
Adolfo Gamba Díaz.
3.2 Ferney Quintero Guerrero (T-
3.983.906) solicita que se le reconozca su derecho a la pensión de invalidez,
en razón a que presenta una disminución de su capacidad laboral en un 60.95%,
con fecha de estructuración del 2 de noviembre de 2011, por cuanto le fue
diagnosticado VIH/SIDA y cáncer (Sarcoma de Kaposi). Manifiesta que solicitado
el reconocimiento de la pensión, el mismo fue negado por Colfondos S.A. en
razón a que no cumplía con el requisito de las 50 semanas previsto en el
artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y añade que siguió cotizando, pero que
actualmente está desempleado, que vive en estrato dos y que de él depende sus
padres que son personas de la tercera edad.
Para esta Sala, el accionante es un
sujeto de especial protección constitucional, por cuanto no sólo presenta una
disminución de la capacidad laboral mayor al 50%, sino también porque padece de
una enfermedad que aún genera discriminación en la sociedad y a su cargo están
sus padres quienes tienen 75 y 73 años de edad. Si bien señala que siguió
cotizando al sistema de pensiones, asimismo refiere que actualmente está
desempleado y que, por ende, no tiene recursos para satisfacer sus necesidades
básicas y las de sus padres quienes son personas de la tercera edad. Lo
anterior sumado a que la pensión de invalidez, fue negada por la entidad
accionada sin fundamento constitucional y legal. Razones que considera esta
Sala son el camino para considerar la procedencia de esta acción de tutela, por
cuanto el envío de sus pretensiones ante la justicia ordinaria sería
desproporcionado en razón a su particular situación, al no contar con los
medios económicos para subsistir.
3.3 Ricardo Pahuana Navarro
(T-3.985.384) solicita que se le reconozca su derecho a la pensión de
invalidez, en razón a que presenta una disminución de su capacidad laboral en
un 56.66% con fecha de estructuración del 19 de noviembre de 2011. Informa que
solicitado el reconocimiento de la pensión, Colpensiones S.A. negó su
pretensión, en razón a que no acredita el requisito de las 50 semanas previsto
en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993. Añade que a pesar de que siguió
haciendo aportes, no cuenta con los recursos para seguir efectuándolos, por lo
que quedaría sin atención en salud y sin los medios para proveer su
subsistencia.
Con base en lo expuesto, esta Sala
considera que Ricardo Pahuana Navarro es un sujeto de especial protección
constitucional, por cuanto presenta una disminución de la capacidad laboral
mayor al 50%. Si bien indica que siguió haciendo aportes al sistema general de
seguridad social, también refiere que ya no puede seguir haciéndolo, lo que no
sólo pone en riesgo su mínimo vital, al no tener recursos económicos que le
permitan satisfacer sus necesidades básicas, sino también la atención en salud
para el tratamiento de la enfermedad que padece, lo que evidencia la falta de
eficacia del medio ordinario de defensa.
3.4 Yenith Amparo Gómez (T-3.991.396)
solicita que se le reconozca su derecho a la pensión de invalidez, en razón a
que presenta una disminución de su capacidad laboral en un 52.40% con fecha de
estructuración del 31 de julio de 2009. Manifiesta que solicitado el
reconocimiento de la pensión, Colfondos S.A. negó su pretensión, en razón a que
no acredita el requisito de las 50 semanas previsto en el artículo 39 de la
Ley 100 de 1993 y por cuanto las semanas de los meses de febrero a julio de
2009 no pueden ser tenidas como válidas, por cuanto el pago se efectuó de
manera extemporánea. Indica que se encuentra en estado de indefensión, por
cuanto no se puede valer por sí misma y de ella dependen sus menores hijos, la
anterior afirmación la respalda en las declaraciones recibidas a María Nelcy
Samboni y a Gloria Mercedes Florez por el juez de primera instancia, que dan
cuenta de que la accionante sigue laborando en razón a que necesita suplir sus
necesidades básicas y a pesar de su grave estado de salud.
Conforme con lo anterior, esta Sala
constata que a) la accionante es un sujeto de especial protección
constitucional, por cuanto presenta una disminución de la capacidad laboral
mayor al 50%; b) que si bien labora, lo hace en razón a que necesita suplir sus
necesidades básicas y las de sus hijos, a pesar de los padecimientos propios de
su enfermedad y que es precisamente por la pretensión de dejar de laborar, que
solicita el reconocimiento de la pensión de invalidez, de allí que la
circunstancia de estar trabajando vulnera su derecho a una vida digna y c) la
solicitud de pensión fue negada sin tener en cuenta la situación real de las
cotizaciones de la accionante, por lo que para este caso la acción de tutela es
procedente.
En razón a lo expuesto, esta Sala
revocará la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Pitalito, Huila, por medio de la cual confirmó la providencia del Juzgado
Tercero Penal Municipal de Pitalito, Huila, que declaró improcedente la acción
de tutela presentada por Yenith Amparo Gómez. T-3.991.396
Procedencia
de la acción de tutela para solicitar el reconocimiento de la pensión de
invalidez y sobreviviente negada por decisiones judiciales
4. Ahora
bien, cuando la pretensión del reconocimiento de la pensión se tramitó por la
vía ordinaria y, es con respecto a las decisiones judiciales que se consideran
vulneran o amenazan los derechos fundamentales, esta Corporación ha definido que,
en principio, no es procedente la acción de tutela, por cuanto estas decisiones
“constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de
los derechos fundamentales”[2]; y las autoridades judiciales en su actuar gozan de libertad para
la apreciación de los hechos y la aplicación del derecho y están cobijados por
los principios de independencia y autonomía (artículo 228 de la
C.P y artículo 5° de la Ley 270 de 1996[3]),
lo que, prima facie, excluye la intervención de cualquier otra autoridad
en sus decisiones.
No obstante lo anterior, esta
Corporación, en diversos pronunciamientos, ha señalado que la acción de
tutela contra providencias judiciales es un instrumento idóneo, cuando no
habiendo otro mecanismo de defensa judicial, o ante la configuración de un
perjuicio irremediable o bajo la consideración de que el medio ordinario es
ineficaz para el caso concreto, éstas son el resultado de una actuación que
desconoce las normas sustanciales y procesales y que podrían llegar a
configurar la violación de derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
Así, esta Corporación con la finalidad de regular la
excepcionalidad de la procedencia de la acción de tutela contra una decisión
judicial estableció unas causales genéricas de procedibilidad que
habilitan la interposición de la demanda de tutela y unas causales
específicas de procedencia que de incurrirse en ellas se ha de amparar el
derecho fundamental al constatarse su efectiva vulneración.
De este modo, se estableció como
causales genéricas de procedibilidad las siguientes:
a.
La cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional;
b.
Se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable;
c.
La parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
transgresión en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible;
d.
No se trate de sentencias de tutela y
e. Se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración.
Y como causales específicas de
procedibilidad:[4]
a. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que
afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
g.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
h.  Violación
directa de la
Constitución.
Casos concretos
5. Visto lo anterior, esta Sala
pasa a determinar si se satisfacen los requisitos de procedencia de la acción
de tutela en los casos correspondientes a los expedientes T-3.984.021 y
T-3.986.393.
5.1 En el
primer caso, Beatriz Ramona Ávila Corracedo, actuando en nombre propio y de su
hija Ornella del Carmen García Ávila, presentó acción de tutela contra el
Instituto de Seguros Sociales- ISS, hoy Colpensiones, y la
Sala Tercera de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, a la vida, a
la seguridad social y a la primacía de los derechos de la niñez, por cuanto
negaron, por no cumplir con el requisito de fidelidad previsto en el artículo
12 de la Ley 797 de 2003, el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a la
que aduce tener derecho por la muerte de su esposo y padre el 19 de diciembre
de 2003.
5.2 En el
segundo expediente, Dalia Rosa Ruiz Peñaloza presentó acción de tutela contra la
Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al mínimo vital y a la dignidad humana, por cuanto no reconoció su
derecho a la pensión de invalidez a pesar de que se le determinó una
disminución de su capacidad laboral del 76.44% con fecha de estructuración el
20 de diciembre de 2007, por cuanto no cumple con el requisito de fidelidad
previsto en el artículo 1° de la Ley 860 de 2003.
5.3 Con base en los antecedentes
expuestos, esta Sala pasa a analizar si en los anteriores casos se cumple con
las causales genéricas que hacen procedente esta acción constitucional.
Así, en primer lugar se constata
que la cuestión que se discute es de relevancia constitucional, por cuanto se
trata de definir sí con la actuación de los Tribunales accionados se vulneraron
los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de las accionantes, al
exigirles el cumplimiento del requisito de la fidelidad para acceder a la
pensión solicitada, a pesar de que el mismo fue inaplicado en numerosas
ocasiones por esta Corporación y posteriormente declarado inconstitucional.
En segundo lugar, en los casos descritos se agotaron todos
los medios de defensa judicial, por cuanto si bien los jueces de instancia
declararon improcedente esta acción de tutela con base en que procedía el
recurso extraordinario de casación, se ha de advertir que este medio no es
eficaz para subsanar las falencias advertidas en el proceso laboral que se
censura.
De este modo, si bien en principio esta Corporación, en
diversos pronunciamientos, ha considerado que la acción de tutela es
improcedente cuando no se presentó, siendo procedente, el recurso
extraordinario de casación[5],
por cuanto el mismo es un medio de defensa de los derechos fundamentales,
asimismo ha definido que de manera excepcional es procedente aún cuando no se
presente el recurso de casación en eventos en que:
a) éste resulta ser una carga
desproporcionada dadas las condiciones materiales de existencia y el asunto a
tratar. Así, se consideró procedente la acción de tutela para quienes
pretendían la indexación de la primera mesada pensional otorgada antes de 1991,
en razón a la condición de especial vulnerabilidad en que se encontraban los
accionantes y porque el recurso de casación era ineficaz dado la reiterada
negativa a su reconocimiento por parte de la
Sala de Casación Laboral[6].
b) es evidente la violación de
los derechos fundamentales y una decisión de improcedencia haría que
prevaleciera lo formal frente a lo sustancial, desconociendo de este modo la
obligación estatal de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales[7] y la
prevalencia del derecho sustancial[8],
pues la aplicación rígida de la regla de la improcedencia “causaría un daño
de mayor entidad constitucional que el que se derivaría del desconocimiento del
criterio general enunciado”[9].
En estos casos, se considera que el
recurso de casación no era eficaz, por cuanto éste resultaba ser una carga
desproporcionada dadas las condiciones personales de las accionantes, por
cuanto se tratan de sujetos de especial protección constitucional, en el caso
de Dalia Rosa Ruiz Peñaloza en razón a su situación de discapacidad que
le impide laboral, sumado a su afecciones de salud y a que es una persona de la
tercera edad; y en el caso de Beatriz Ramona Ávila Corracedo, por cuanto
dependía de su esposo fallecido, éstos hechos le impidieron satisfacer a cada
una sus necesidades básicas y las sitúa en un estado de vulnerabilidad del que
no puede ser ajeno el Estado.
Asimismo, se advierte que el recurso de casación para
solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez o de sobreviviente
cuando no se cumple el requisito de fidelidad contenido en las Leyes 860 y 797
de 2003, respectivamente, era ineficaz, por cuanto como se advierte en las
sentencias de segunda instancia que se censuran, la negativa a su
reconocimiento se basa en sentencias reiteradas de la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia.
Finalmente, dar prevalencia a este requisito de
procedencia atentaría no sólo contra la garantía de los derechos fundamentales
vulnerados a los accionantes, sino también contra todo el sistema jurídico, por
cuanto, como se verá más adelante, constituye un precedente de obligatorio
cumplimiento la no exigencia del requisito de la fidelidad contenido en las
mencionadas leyes para el reconocimiento de las pensiones de invalidez y de
sobreviviente, por cuanto de esta forma se da primacía al ordenamiento constitucional.
Con base en lo expuesto, considera esta Sala que las
condiciones especiales de las demandantes y el asunto a tratar, y la falta de
certeza acerca de la eficacia del recurso de casación, permite concluir que en
este caso no es exigible el requisito de agotar los medios ordinarios de
defensa.
En tercer lugar, en las demandas
de tutela la parte actora identifica de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados; no se trata en la
demandas de censurar sentencias de tutela y cumplen  con el requisito de
la inmediatez, pues, la demanda de tutela se presentó en un término razonable a
partir del hecho que originó la vulneración y la misma aún persiste. Así, la
Sala constata que en el caso de Beatriz Ramona Ávila la sentencia del Tribunal
que se censura se profirió el 23 de abril de 2012 y la demanda de tutela fue
presentada en abril de 2013; y en el caso de Dalia Rosa Ruiz Peñaloza la
sentencia del Tribunal data del 31 de mayo de 2012 y la acción de tutela fue
presentada en marzo de 2013
6. Con base en
lo expuesto, esta Sala revocará la decisión de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la
sentencia de la Sala de Casación Laboral de la misma Corporación, por medio de
la cual resolvió negar por improcedente la acción de tutela presentada por
Beatriz Ramona Avila Corracedo (T-3.984.021).
Asimismo,
revocará la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia que negó por improcedente la tutela presentada por Dalia
Rosa Ruiz Peñaloza (T-3.986.393).
7. Finalmente, y antes de pasar a
reiterar las reglas jurisprudenciales sobre el asunto de fondo, esta Sala
considera que Beatriz Ramona Ávila Corracedo    (T-3.984.021) no está legitimada por activa para actuar a nombre de su hija
Ornella del Carmen García Ávila, por cuanto a quien dice representar, si bien
es su hija, es una persona mayor de edad que no se encuentra en ninguna
situación que le impida ejercer la defensa de los derechos que le consideran
fueron vulnerados.
Además, el hecho de que el proceso
ordinario laboral se hubiera adelantado en representación de su hija, quien
para ese entonces era menor de edad, no justifica su actuación en este trámite
de tutela, pues se trata de dos procesos judiciales independientes, tanto es
así que en este proceso se censura la actuación de las autoridades judiciales y
en el proceso ordinario laboral se reprocha el actuar del ISS, hoy
Colpensiones.
8. De este
modo, una vez satisfecho el requisito de la procedencia de la acción de tutela,
esta Sala pasará a reiterar la jurisprudencia consolidada
de esta Corporación acerca de i) el reconocimiento a la pensión de invalidez y
de sobreviviente como manifestación del derecho a la seguridad social; la ii) el
deber de las administradoras y fondos de pensiones de tener en cuenta las
semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de la estructuración de
invalidez a quienes se les diagnostica enfermedades degenerativas, congénitas o
crónicas, como un elemento esencial para la configuración del derecho a la
pensión de invalidez; y iii) el deber de inaplicar el requisito de fidelidad
para el reconocimiento de la pensión de invalidez y de sobreviviente cuando la
misma se estructuró con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad de
dicho requisito. Definido lo anterior se pasará a analizar cada uno de los
casos concretos.
i) El reconocimiento a la pensión de
invalidez y de sobreviviente como manifestación del derecho a la seguridad
social.
9. La seguridad social, según el
artículo 48 de la
Constitución Política, es un servicio público de carácter obligatorio que se
presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos establecidos
por la ley.
En concordancia con lo anterior, la
seguridad social es un derecho fundamental e irrenunciable. Su carácter
fundamental y su exigencia a través de la acción de tutela, se concreta una vez
se han adoptado las medidas de orden legislativo y reglamentario y se satisfacen
los requisitos que en éstas se disponen para su configuración[10].
La finalidad de la seguridad social es
crear un mecanismo para proteger las contingencias, que en materia de pensiones
están relacionadas con la vejez,  las circunstancias sobrevenidas como la
invalidez o el fallecimiento del asegurado o pensionado, supliendo dichos
sucesos con prestaciones económicas y asistenciales en seguridad social
(pensión y salud) que buscan la satisfacción de las necesidades básicas de los
afectados.
10. La
Ley 100 de 1993 “por la cual se crea el sistema de seguridad social
integral y se dictan otras disposiciones”, expresamente reguló los
requisitos y beneficios para adquirir el derecho a la pensión de invalidez o de
sobreviviente.
El propósito de la pensión de invalidez
es suplir las necesidades básicas de quien no puede por si mismo satisfacerlas
en razón a una disminución de su capacidad laboral mayor al 50%. De igual
manera, el propósito de la pensión de sobreviviente es suplir las deficiencias
económicas y asistenciales de las personas que surgen en razón al fallecimiento
del asegurado o pensionado de quien dependían.
11. Actualmente, de conformidad con lo
previsto en los artículos 39 y 46 de la Ley 100 de 1993, modificados,
respectivamente, por los artículos 1° de la
Ley 860 de 2003 y 12 de la Ley 797 de 2003, para el reconocimiento tanto de la
pensión de invalidez como de sobreviviente, se exige el requisito común de haber
cotizado 50 semanas dentro de los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración
de la invalidez para el primer caso o al fallecimiento del asegurado para el
segundo supuesto. Esa misma normatividad había previsto el requisito adicional
de fidelidad al sistema, el cual fue declarado inconstitucional por esta
Corporación en sentencias C- 428 y C-566 de 2009, respectivamente.
ii) El deber de las administradoras
y fondos de pensiones de tener en cuenta las semanas cotizadas con
posterioridad a la fecha de la estructuración de invalidez a quienes se les
diagnostica enfermedades degenerativas, congénitas o crónicas, como un elemento
esencial para la configuración del derecho a la pensión de invalidez.
12. El artículo 39 de la
Ley 100 de 1993, establecía originalmente como requisito para acceder a la pensión
de invalidez los siguientes: que el afiliado sea declarado invalido y que
hubiere cotizado veintiséis (26) semanas al momento de producirse el estado de
invalidez o que habiendo dejando de cotizar al sistema, hubiere efectuado
aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente
anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez.
13. El anterior requisito fue
modificado por el artículo 1° Ley 860 de 2003, al establecer que  tendrá
derecho a la pensión, el afiliado que sea declarado inválido y acredite, para
la invalidez por enfermedad, que haya cotizado cincuenta (50) semanas
dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración, y para la invalidez por accidente que esta misma cotización se
haya efectuado antes del hecho causante de la misma.
A su vez, el artículo 1° de la
Ley 860 de 2003 adicionó el requisito de fidelidad al sistema, el cual
consistía en que además de lo anterior, el afiliado debía acreditar “su
fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos de veinte por ciento
(20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años
de edad y la fecha de la calificación del estado de invalidez”.
14. En relación con el requisito de haber cotizado 50
semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de la estructuración de la
invalidez, la Corte se ha pronunciado en sede tutela y en sede de
constitucionalidad.
14.1 En sede de tutela, a manera de ejemplo, en sentencia
T- 221 de 2006 decidió inaplicar el artículo 1° de la
Ley 860 de 2003 y aplicar el artículo 39 de la
Ley 100 de 1993 en su versión original.
En esta sentencia se analizó el caso de una señora de 73
años de edad que dejó de laborar en el año 2005 y a quien, en razón de un
cáncer pulmonar, fue calificada por una pérdida de la capacidad laboral del
58.6% con fecha de estructuración de 24 de septiembre de 2004. Solicitado el
reconocimiento de la pensión de invalidez, el mismo fue negado por Colfondos al
considerar que no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 39 de la
Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 860 de 2003.
En esta oportunidad, la
Corte resaltó que la fecha de la estructuración de la invalidez de la
accionante era próxima a la entrada en vigencia del nuevo régimen que
incrementó los requisitos para acceder a la pensión de invalidez; que se trata
de un sujeto de especial protección constitucional en razón no sólo a la
discapacidad, sino por ser una persona de la tercera edad y sin recursos para
proveer su subsistencia. Asimismo, determinó que cumplía con los requisitos
legales previstos originalmente en la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de
la pensión de invalidez.
Con base en lo anterior, esta Corporación decidió
inaplicar el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 y aplicar el artículo 39 de la
Ley 100 de 1993 en su versión original. La razón que sustentó la anterior
decisión, fue que para este caso resultaba menos gravosas las disposiciones
anteriores que las actuales, sumado a la circunstancia de que el cambio
legislativo no previó ningún régimen de transición que salvaguardará las
expectativas legítimas de quienes cumplían los requisitos para acceder a la
pensión de vejez y dada la especial situación de vulnerabilidad de la
accionante.
14.2 El anterior razonamiento fue reiterado en la
sentencia de tutela T-103 de 2008. En esta ocasión, la
Corte analizó un supuesto de hecho en el que a una señora de 60 años de edad
se le dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 53% con fecha de
estructuración del 27 de diciembre de 2003 y le fue negado el reconocimiento de
la pensión de invalidez, tras considerar que no cumplía con los requisitos
previstos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por la
Ley 860 de 2003. En este caso, la accionante contaba con 27 semanas cotizadas
en los tres años anteriores a la fecha de la estructuración de la invalidez.
De igual forma, en este caso la
Corte evidenció que la fecha de la estructuración de la invalidez de la
accionante era próxima a la entrada en vigencia del nuevo régimen que
incrementó los requisitos para acceder a la pensión de invalidez; que quien solicita
el amparo es un sujeto de especial protección constitucional en razón no sólo
de la discapacidad, sino al ser una persona de al tercera edad y sin recursos
para proveerse su subsistencia; y que además la accionante cumplía con los
requisitos legales previstos originalmente en la
Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de la pensión de invalidez.
En esta oportunidad, aduciendo para el efecto, las mismas
razones expuestas en la sentencia de tutela T- 221 de 2006, esta Corte decidió
inaplicar el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 y aplicar el artículo 39 de la
Ley 100 de 1993 en su versión original
14.3 Posteriormente, en sede de constitucionalidad, esta
Corporación en sentencia C- 428 de 2009 resolvió declarar exequible el primer
requisito contenido en el artículo 1° de la
Ley 860 de 2003 relacionado con la exigencia de haber cotizado 50 semanas en
los tres años anteriores a la fecha de la estructuración de la invalidez.
Consideró, en el marco del control abstracto de
constitucionalidad, que esta reforma no implicaba una regresión, pues si bien
se aumentó el número de semanas mínimas de cotización (de 26
a 50), también se aumentó el plazo para hacer valer las semanas (de 1
a 3 años). Asimismo, se eliminó la diferencia entre los afiliados que se
encontraban cotizando y los que no al momento de la estructuración del estado
de invalidez, cambio que previó la informalidad del empleo y por ende resulta
ser más favorable para quienes no poseían un empleo permanente, pues podrían
soportar la carga de cotizar 16.6 semanas cada año.
15. Ahora bien, respecto de la fecha de estructuración de
la invalidez, el Decreto 917 de 1999 determinó que ésta podía coincidir con la
fecha de la calificación o que podía ser anterior a ella.
En ese sentido estableció que la fecha de la estructuración
de la pérdida de la capacidad laboral es “la fecha en que se genera en el
individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva”,
que esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos
y de ayuda diagnóstica, y  que puede ser anterior o corresponder a la
fecha de calificación (artículo 3).
16. Con base en la anterior norma, esta Corporación[11] ha concluido
que para definir la fecha de la estructuración de la invalidez, es necesario
determinar con especial cuidado la incapacidad permanente y definitiva del
sujeto evaluado, en especial cuando se parte del diagnóstico de enfermedades
catalogadas como degenerativas, congénitas o crónicas, por cuanto si bien
pueden ser calificados con un porcentaje mayor al 50% en una fecha que podría
ser la del diagnóstico de la enfermedad, lo que haría presumir a su vez la incapacidad
laboral, la misma naturaleza de dichas enfermedades, que implican un deterioro
paulatino en la salud, necesariamente no conllevan a que el afectado deje de
laborar.
En este sentido, cuando con posterioridad a la fecha de la
estructuración de la invalidez la persona dictaminada con una pérdida de la
capacidad laboral superior al 50% sigue laborando, esta Corte ha concluido que
es preciso tener en cuenta dichas cotizaciones que se asumen producidas en
ejercicio de una capacidad laboral residual, hasta cuando la persona de manera
absoluta no esté en condiciones de continuar trabajando.
Lo anterior, se sustenta en que es posible que con
posterioridad a la fecha de la estructuración de la invalidez, la persona
conserve, en efecto, una capacidad laboral residual que, sin que se advierta
animo de defraudar al sistema, le haya permitido seguir trabajando y cotizando
al sistema hasta que en forma definitiva no le sea posible hacerlo.
Conforme a esta regla, esta Corporación ha avalado las
semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración de invalidez
prevista en el dictamen, partiendo del supuesto de que el asegurado tuvo
capacidad laboral y, en ese sentido, pudo realizar cotizaciones al sistema,
pues el ejercicio de una actividad productiva, debe garantizar el derecho a la
seguridad social.
Esta regla compagina con el derecho al trabajo y empleo de
las personas con discapacidad previsto en el artículo 27 y 28 de la
Ley 1346 de 2009[12],
que incluye, entre otros, la oportunidad de este sujeto de especial protección
constitucional de ganarse la vida mediante el trabajo en igualdad de
condiciones con las demás personas y con acceso a programas de jubilación,
reconociendo de este modo que hacen parte y que le pueden aportar a la sociedad,
promoviendo una conducta inclusiva y no discriminatoria, garantizando así su
derecho a una vida digna.
Esta subregla permite que en los casos en los cuales se
padece una enfermedad congénita, se evite el absurdo de considerar que como la
fecha de estructuración de la invalidez fue el nacimiento, se omita que la
persona efectivamente se afilió y cotizó al sistema de seguridad social en
pensiones, como ocurrió en el supuesto de hecho analizado en la sentencia T-
427 de 2012.
Finalmente, se ha de señalar que el hecho de que se
efectúen cotizaciones al sistema general de seguridad social, satisface la
finalidad de la norma, cual es la sostenibilidad financiera del sistema, se
incentiva la cultura de afiliación y se controla los fraudes, al igual que garantiza
que en relación con los fondos que reciben dichas cotizaciones no se genere un
enriquecimiento sin causa, sino que contribuyan a cumplir el objetivo para lo
cual fueron creados, que es el de garantizar el derecho a la seguridad social.
17. De este modo, las administradoras y los fondos de pensiones
deben tener en cuenta las semanas cotizadas luego de la fecha de la
estructuración de la invalidez, a quienes padecen una enfermedad crónica,
degenerativa o congénita, para efectos de determinar si cumplen con los
requisitos para reconocer el derecho a la pensión de invalidez.
iii) El deber de inaplicar el
requisito de fidelidad para el reconocimiento de la pensión de invalidez y de
sobreviviente cuando la misma se estructuró con anterioridad a la declaratoria
de inexequibilidad de dicho requisito.
18. El artículo 39 de La
Ley 100 de 1993 establecía, en su versión original, para el reconocimiento de
la pensión de invalidez los siguientes requisitos:
Artículo 39:
Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan alguno de
los siguientes requisitos:
a. Que el
afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez.
b. Que
habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo
menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que
se produzca el estado de invalidez.
PARÁGRAFO.
Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo
se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la
presente ley.
19. Por su parte, el artículo 46 de la
Ley 100 de 1993, en su versión original, disponía los siguientes requisitos
para reconocer la pensión de sobreviviente:
Artículo 46:
Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los
miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo
común, que fallezca, y
2. Los
miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este hubiere
cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a. Que el
afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;
b. Que
habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo
menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que
se produzca la muerte.
PARÁGRAFO.
Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo
se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la
presente Ley.
20. Por medio de la
Leyes 860 y 797 de 2003, se reformó la Ley 100 de 1993 y se añadió el
requisito de fidelidad al sistema para el reconocimiento de la pensión de invalidez
y sobreviviente, respectivamente.
20.1 Así, el artículo 1° de la
Ley 860 de 2003 reformó el artículo 39 de la
Ley 100 de 1993, y determinó que para el reconocimiento de la pensión de
invalidez era necesario cumplir los siguientes requisitos, entre los cuales
añadió el requisito de fidelidad al sistema, en estos términos:
Artículo 39: Tendrá derecho a la
pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el
artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez causada por
enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres
(3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su
fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento
(20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años
de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
2.
Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas
dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante
de la misma, y su fidelidad (de cotización para con el sistema sea al menos
del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que
cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del
estado de invalidez.
PARÁGRAFO 1o. Los menores de
veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis
(26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su
invalidez o su declaratoria.
PARÁGRAFO 2o. Cuando el afiliado
haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para
acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas
en los últimos tres (3) años (Resaltado fuera del texto).
20.2 El artículo 12 de la
Ley 797 de 2003 reformó el artículo 46 de la
Ley 100 de 1993, y dispuso para el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente requisitos, entre los cuales añadió el de fidelidad en el
sistema. La norma en comento establecía:
Artículo 46.
Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la
pensión de sobrevivientes:
1. Los
miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo
común que fallezca y,
2. Los
miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y
cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años
inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes
condiciones:
a) Muerte
causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el
veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que
cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento;
b) Muerte
causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinte
por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte
años de edad y la fecha del fallecimiento.
PARÁGRAFO 1o.
Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el
régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado
o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución
de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se
refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de
sobrevivientes, en los términos de esta ley.
El monto de la
pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la vigencia de la
Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80%
del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez.
PARÁGRAFO 2o.
Si la causa del fallecimiento es homicidio, se aplicará lo prescrito para
accidente, y si es suicidio, se aplicará lo prescrito para enfermedad
(Resaltado fuera del texto).
21. En vigencia de estas normas, esta
Corporación, haciendo uso de la figura de excepción de inconstitucionalidad
prevista en el artículo 4° de la
Constitución Política[13],
inaplicó en sede de tutela[14],
como se verá mas adelante, el requisito de fidelidad al sistema incorporado por
esta nueva legislación.
Las razones que sustentaron su
actuación se basaron en el desconocimiento directo del artículo 48 de la
Norma Superior, por cuanto las referidas normas establecían requisitos más
exigentes que implicaban un retroceso, pues disminuía el grado de protección de
sujetos de especial protección constitucional y hacía más gravoso el acceso a
la pensión, sin ninguna justificación acerca de su necesidad y sin que hubiera
adoptado medidas alternativas como un régimen de transición para quienes
estuvieran cotizando al momento de la modificación.
De este modo, se concluyó prima
facie que la medida era regresiva y por ende que podría vulnerar el
principio de progresividad, razón por la cual una vez se constate
circunstancias de vulnerabilidad, la referidas normas debían inaplicarse en
sede de tutela, mientras no haya un pronunciamiento del pleno de esta Corte sobre
la exequibilidad de los mencionados artículos.
A manera de ejemplo, se ha de ver que
este razonamiento se efectuó tanto en el supuesto de solicitud de pensión de
invalidez como de pensión de sobreviviente en los siguientes términos:
21.1 En sentencia de tutela T-287 de
2008, esta Corporación conoció el caso de una persona a quien le negaban el
reconocimiento de la pensión de invalidez, en razón a que no cumplía con el
requisito de fidelidad previsto en el artículo 1° de la
Ley 860 de 2003.
En dicha ocasión, además de lo ya
expuesto, se especificó que el mencionado requisito de fidelidad es una medida
regresiva, por cuanto impone requisitos más exigentes, pues el artículo original
no contemplaba dicha obligación; y una vez constatado el estado de debilidad
manifiesta de la accionante, al quedar inválida en razón a un accidente, ser
ciega y madre cabeza de familia de dos hijos menores, ordenó a la entidad
accionada verificar si cumple con el requisito de fidelidad y en caso de que
no, entonces inaplique el artículo 1 de la
Ley 860 de 2003 y en su lugar aplique el artículo 39 de la
Ley 100 de 1993 en su versión original y proceda a tramitar el reconocimiento
de la pensión de invalidez por riesgo común.
21.2 En sentencia de tutela T- 1036 de
2008 esta Corporación analizó el supuesto en el que la accionante solicitaba el
reconocimiento de la pensión de sobreviviente ante el fallecimiento de quien
era su esposo y el cual había sido negado por cuanto no se cumplió con el
requisito de fidelidad al sistema, pues no tenía el 20% del tiempo de
cotización exigido entre los 20 años de edad y la época de deceso.
En esta ocasión, trayendo a colación
los argumentos previamente expuestos y que tuvieron su origen en el análisis de
la pensión de invalidez, esta Corte consideró que con el artículo 12 de la
Ley 797 de 2003, los requisitos para acceder a la pensión de sobreviviente
eran más estrictos, debido a la creación del requisito de fidelidad al sistema,
por lo que su aplicación podría tener un impacto desproporcionado sobre madres
cabeza de familia y sus hijos e hijas.
En este caso dicha afectación se
tradujo en la circunstancia de que el compañero de la accionante era quien
satisfacía las necesidades de ella y de sus menores hijas y si se hubiera
aplicado el artículo original de la Ley 100 de 1993 hubiera tenido derecho al
reconocimiento de la pensión, razón por la cual esta Corporación aplicó la
excepción de inconstitucionalidad del artículo 12 de la
Ley 797 de 2003 a fin de proteger los derechos fundamentales de la accionante
y ordenó a la entidad demandada estudiar la solicitud de pensión bajo las
disposiciones de la Ley 100 de 1993 en su versión original.
22. Posteriormente ante esta Corporación
se presentó demanda de inconstitucionalidad en contra los literales a) y b) del
artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que contenían el requisito de fidelidad al
sistema, así como demanda contra el numeral 1° y 2° del artículo 1° de la
Ley 860 de 2003 que modificó el requisito en cuanto a semanas y añadió el
requisito de fidelidad para acceder a la pensión de invalidez.
22.1 En sentencia de constitucionalidad
C-428 de 2009 esta Corporación resolvió declarar exequible los numerales
demandados del artículo 1° de la Ley 860 de 2003 que regula los requisitos para
acceder a la pensión de invalidez, salvo la expresión “y su fidelidad de
cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del
tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y
la fecha de la primea calificación del estado de invalidez”, contenida en
ambos numerales.
En dicha providencia se hizo referencia
a) al principio de progresividad de los derechos sociales constitucionales y la
prohibición de regresividad, que implica que sólo es justificable la
regresividad de manera excepcional ante la existencia de imperiosas razones que
hagan necesario el retroceso en el desarrollo de un derecho social, b) al
principio de favorabilidad en materia laboral, que involucra la aplicación y la
interpretación más favorable de las fuentes del derecho en caso de una duda
seria, objetiva y razonable; c) la potestad de configuración del legislador en
la regulación del derecho a la seguridad social en pensiones y d) los
principios de razonabilidad y proporcionalidad en los tránsitos legislativos en
materia pensional.
Asimismo, en dicho fallo se hizo
referencia a la jurisprudencia de tutela frente al tema de tránsito normativo
que modificó los requisitos para acceder a la pensión de invalidez. De este
modo, se señaló que se había inaplicado por inconstitucionales los requisitos
de la Ley 860 de 2003 por las razones que ya fueron aducidas en el numeral 21
de esta sentencia.
Con base en todo lo anterior, la
Sala Plena de esta Corporación consideró que el requisito adicional de
fidelidad contenido en la Ley 860 de 2003 es más gravoso para el acceso a la
pensión de invalidez, no hay población que se beneficie con dicha norma y no se
advierte una conexión entre el fin de la norma -promoción de la cultura de la
afiliación a la seguridad social y control de los fraudes- con los efectos
producidos por la misma, antes lo que se logra advertir es un agravamiento a
las personas a las que antes no se les exigía este requisito, en especial si
son personas de la tercera edad.
De este modo, se concluyó que el costo
social es mayor que el beneficio que reportaría a la comunidad, de allí que no
se lograra desvirtuar la presunción de regresividad de este requisito ni se
lograra justificar la necesidad de la medida de acuerdo con los fines
perseguidos en la norma.
22.2 En sentencia de constitucionalidad C-556 de 2009 esta
Corporación declaró inexequible los literales a) y b) del artículo 12 de la
Ley 797 de 2003, los cuales contenían la imposición del requisito de fidelidad
para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente.
En dicho fallo esta Corporación, luego de hacer referencia a la
pensión de sobreviviente en el sistema de seguridad social y al principio de
progresividad de los derechos sociales consideró que la norma demandada aumentó
los requisitos previstos en la Ley 100 de 1993 para obtener el derecho a la
referida pensión, al consagrar el requisito de la fidelidad al sistema,
haciéndolo más riguroso y desconociendo la naturaleza de la prestación, cual es
el cubrimiento del riesgo del fallecimiento del afiliado respecto de sus beneficiarios,
y no la acumulación de capital.
Concluyó que la media es regresiva, pues con la pretensión de
proteger la viabilidad del sistema, se desconoció la finalidad de la pensión de
sobreviviente cual es “procurar amparar a las personas, que necesitan
atender sus necesidades, sin mengua adicional por la contingencia de la muerte
del afiliado de quien dependían”.
23. Luego de la declaratoria de
inconstitucionalidad del requisito de fidelidad para acceder a la pensión de
invalidez y de sobreviviente, un nuevo problema jurídico tuvo que abordar esta
Corporación relacionado con el requisito anotado, por cuanto pese a lo sucedido
con anterioridad, los fondos administradores de pensiones y las autoridades
judiciales encargadas de resolver acerca del reconocimiento de estas pensiones,
exigían el requisito de fidelidad cuando la pensión solicitada se había
estructurado con anterioridad a la declaratoria de la inexequibilidad de dicho
requisito.
Frente a esta problemática, de manera
uniforme y constante, esta Corporación determinó que es deber inaplicar el
requisito de fidelidad para el reconocimiento de la pensión de invalidez y de
sobreviviente cuando la misma se estructuró con anterioridad a la declaratoria
de inexequibilidad de dicho requisito, por cuanto las sentencias de
constitucionalidad reconocieron una situación inconstitucional. En otros
términos, reafirmaron el carácter irregular de las disposiciones, que, como se
vio, ya había sido evidenciada en sentencias de tutela, por lo que este
requisito siempre se ha considerado inconstitucional. Además, con su
inaplicación, se salvaguarda el derecho a la igualdad en la aplicación del
precedente.
23.1 Así, en sentencia de tutela T- 064
de 2013, esta Corporación analizó el caso en el que a una persona se le
dictaminó la pérdida de su capacidad laboral en un porcentaje mayor al 50% con
fecha de estructuración del 19 de marzo de 2009, y a la que le fue negado el
reconocimiento de la pensión de invalidez por cuanto no cumplía con el
requisito de fidelidad al sistema, el cual estaba vigente al momento de
estructurarse la invalidez.
En esta ocasión, la
Sala reiteró que el requisito establecido en el artículo 1° de la
Ley 860 de 2003 referente a la fidelidad al sistema, es inconstitucional al
ser regresivo y que en caso de considerarse que la interpretación que sustenta
su exigencia es razonable, en virtud del principio pro homine, se debe
preferir aquella que sea más garantista a los derechos fundamentales del actor,
esto es, la no aplicación del requisito de fidelidad en ningún caso.
Con base en lo anterior, se resolvió ordenar
a la entidad accionada el reconocimiento de la pensión de invalidez del accionante,
sin tener en cuenta el requisito de fidelidad de cotización con el sistema.
23.2 De igual forma en sentencia de
tutela  SU-132 de 2013, esta Corporación analizó el caso en el que autoridades
judiciales en el marco de un proceso ordinario laboral negaron el
reconocimiento de la pensión de sobreviviente a la accionante, al considerar
que no se cumplió con el requisito de fidelidad al sistema, el cual era
exigible en razón a que la muerte del asegurado se estructuró en vigencia de
dicha normatividad.
En dicho fallo, la
Sala Plena de esta Corporación luego de dar cuenta del desarrollo
jurisprudencia sobre inaplicación del requisito de fidelidad al sistema
contenido en la Ley 797 de 2003 para la pensión de sobreviviente, consideró que
el mencionado requisito siempre se ha considerado contrario a la
Constitución en razón al incumplimiento del principio de progresividad y a la
prohibición de regresividad, y que la sentencia C- 566 de 2009 confirmó la
línea jurisprudencial que se había desarrollado en materia de tutela que
inaplicaba dicho presupuesto.
En razón a lo anterior, consideró que
se había configurado un defecto en las providencias judiciales evaluadas y
ordenó dejar sin efecto las providencias laborales acusadas y ordenar al fondo
de pensiones que reconozca y liquide la pensión de sobreviviente de la
accionante.
24. Finalmente, se ha de señalar que el
desconocimiento de la anterior sub regla por parte de las autoridades
judiciales configura dos defectos, el desconocimiento del precedente y a su vez
la violación directa de la
Constitución, por cuanto, se reitera es deber de las autoridades judiciales
inaplicar el requisito de fidelidad en los casos en que se estructuró la
situación de invalidez o el fallecimiento del afiliado antes de la declaratoria
de inexequibilidad, pues dicho requisito contradice la
Constitución al imponer medidas regresivas sin ninguna justificación, criterio
que ha sido constantemente expuesto por esta Corporación, incluso antes de la
declaratoria de su inconstitucionalidad.
Casos concretos
25. Así, definido los supuestos de
hecho base de los expedientes de tutela de la referencia y las consideraciones
jurídicas pertinentes para la solución de los problemas jurídicos expuestos,
pasa esta Sala a resolver los casos concretos.
Requisito de las 50 semanas
cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez
26. En primer lugar, esta Sala
analizará los casos en los que se negó el reconocimiento de la pensión de
invalidez por el incumplimiento del requisito de cotizar 50 semanas en los tres
años anteriores a la fecha de la estructuración de la invalidez, contenido en
el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1° de la
Ley 860 de 2003. Estos son los casos de los expedientes: T-3.983.906,
T-3.985.384 y T-3.991.396.
27. Ferney Quintero Guerrero
(T-3.983.906) solicita por medio de esta acción de tutela el reconocimiento de
la pensión por invalidez con base en el artículo original de la
Ley 100 de 1993, la cual fue negada por Colfondos S.A. por no cumplir con el
requisito nuevo de haber cotizado 50 semanas en los tres años anteriores a
partir de la fecha de la estructuración.
27.1 En este caso, evidencia la
Sala que en el dictamen sobre porcentaje de pérdida de capacidad laboral
realizado al accionante, se le dictaminó una disminución de la capacidad
laboral en un 60.95% con fecha de estructuración 2 de noviembre de 2011. Dicha
fecha de estructuración, según consta en el acta, tuvo en cuenta la fecha en
que se diagnosticó que padecía de sarcoma de kaposi como consecuencia del diagnóstico
del VIH y se concluyó que se trataba de secuelas definitivas.
A su vez, consta en el expediente, por
información suministrada por Colfondos S.A., que el peticionario tiene activa
la cuenta de ahorro individual con fines pensionales, que a la fecha cuenta con
un total de 206.86 semanas cotizadas y que consta que el último período
cotizado fue junio de 2013.
27.2 Con base en lo anterior, en primer
lugar, esta Sala considera que en este caso no es posible aplicar el artículo
original de la Ley 100 de 1993 que establecía como requisito para acceder a la
pensión de invalidez, el haber cotizado veintiséis (26) semanas al momento de
producirse el estado.
Lo anterior, por cuanto, a) como se vio
en las consideraciones generales de esta providencia, el requisito de las 50
semanas de cotización en los tres años anteriores a la fecha de la
estructuración de la invalidez, reforma realizada por medio de la
Ley 860 de 2003, fue declarado ajustado a la
Constitución por esta Corporación y b) en razón a que la estructuración de la
invalidez en este caso ocurrió con posterioridad a la entrada en vigencia de la
nueva normatividad.
En segundo lugar, en este caso se ha de
tener en cuenta que el accionante padece de una enfermedad degenerativa, por la
cual se le dictaminó una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%.
Empero, dicha situación, tal como se observa de las pruebas obrantes en el
expediente, no conllevó a que el accionante dejará de trabajar, por cuanto luego
de la fecha de la estructuración de la invalidez, constan cotizaciones a su
favor en el sistema general de seguridad social en pensiones.
En este sentido, el fondo de pensiones
ha de tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de la
estructuración de la invalidez hasta tanto el peticionario efectivamente hubiere
dejado de trabajar o de cotizar al sistema.
27.3 Con base en lo expuesto, y dadas
las circunstancias de debilidad manifiesta en la que se encuentra el
accionante, las cuales se hicieron explicitas en el numeral 3.2 de esta
providencia, esta Corporación revocará la sentencia
proferida por el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Medellín, por medio
de la cual confirmó la providencia del Juzgado Veintiocho Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Medellín, que resolvió negar por
improcedente la acción de tutela presentada por Ferney Quintero Guerrero; y en
su lugar amparará los derechos a la seguridad social del accionante
En consecuencia, ordenará a
Colfondos S.A. que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contado a
partir de la notificación de esta providencia, determine si Ferney
Quintero Guerrero tiene derecho a la pensión de invalidez, para lo cual ha de tener
en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de la
estructuración de la invalidez hasta la fecha en que efectivamente dejó de
laborar y de hacer cotizaciones al sistema general de seguridad social en
pensiones. Y de encontrar cumplido el requisito de las semanas cotizadas al
sistema, inicie el trámite correspondiente para
cancelar tal pensión, procedimiento que no podrá exceder de dos (2) meses
calendario.
28. Ricardo Pahuana Navarro
(T-3.985.384) solicita por medio de esta acción de tutela el reconocimiento de
la pensión por invalidez, la cual fue negada por Colpensiones, por no cumplir
con el requisito de haber cotizado 50 semanas en los tres años anteriores a
partir de la fecha de la estructuración.
28.1 De las pruebas obrantes en el
expediente, se constata que en el dictamen sobre porcentaje de pérdida de
capacidad laboral realizado al accionante, se le dictaminó una disminución de
la capacidad laboral en un 56.66% con fecha de estructuración 19 de noviembre
de 2010. El dictamen concluye que la fecha de la estructuración de la invalidez
es la misma fecha en la que se le realizó al accionante el examen de “gamagrafía
ósea/pierna derecha”.
Del mismo modo, verificada la historia
laboral del peticionario conforme con el reporte de semanas cotizadas de
Colpensiones, se evidencia que el peticionario se encuentra en estado activo y
que ha cotizado un total de 81.28 semanas desde el 1 de abril de 2012 al 31 de
octubre de 2013.
28.2 Con base en lo anterior, en este
caso se ha de tener en cuenta que posterior a la fecha de la estructuración de
invalidez constan semanas cotizadas al sistema general de seguridad social en
pensiones, las cuales, como se vio en el fundamento jurídico de esta sentencia,
deben ser tenidas en cuenta para efectos de evaluar el reconocimiento de la
pensión de invalidez del accionante.
28.3 Con base en lo expuesto, y dadas
las circunstancias de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante
y que se hicieron explicitas en el numeral 3.3 de esta providencia, esta
Corporación revocará la sentencia proferida por la
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, por medio de la
cual resolvió no tutelar los derechos fundamentales de petición y mínimo vital
de Ricardo Pahuana Navarro; y en su lugar amparará los derechos a la seguridad
social del accionante.
En consecuencia, se ordenará a
Colpensiones S.A. que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contado a
partir de la notificación de esta providencia, determine si Ricardo
Pahuana Navarro tiene derecho a la pensión de invalidez, para lo cual ha de
tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de la
estructuración de la invalidez hasta la fecha en que efectivamente dejó de
laborar y de hacer cotizaciones al sistema general de seguridad social en
pensiones. Y de encontrar cumplido el requisito de las semanas cotizadas al
sistema, inicie el trámite correspondiente para
cancelar tal pensión, procedimiento que no podrá exceder de dos (2) meses
calendario.
29. Yenith Amparo Gómez (T- 3.991.396)
solicita por medio de esta acción de tutela el reconocimiento de la pensión por
invalidez, la cual fue negada por Colfondos S.A. tras considerar que la
accionante no cumplía con el requisito de haber cotizado 50 semanas en los tres
años anteriores a partir de la fecha de la estructuración.
29.1 En este caso, evidencia la
Sala que en el dictamen sobre porcentaje de pérdida de capacidad laboral
realizado a la accionante, se le dictaminó una disminución de la capacidad
laboral en un 52.40% con fecha de estructuración 31 de julio de 2009. Asimismo,
en el expedientes consta, por información suministrada por Colfondos S.A., que
la peticionaria tiene activa la cuenta de ahorro individual con fines
pensionales, que a la fecha cuenta con un total de 210.71 semanas cotizadas con
fecha de inicio en febrero de 2006 y vigente a la fecha.
29.2 Con base en lo anterior, esta Sala
constata en el fondo de pensiones accionado consta actualmente las semanas
cotizadas por la accionante desde febrero de 2006 hasta la fecha, de allí que
la circunstancia por ella aludida relacionada con que equivocadamente se habían
efectuando las cotizaciones en otro fondo fue superada.
Ahora bien, en lo relacionado con la negativa de la entidad
accionada de tener en cuenta las semanas cotizadas que fueron pagadas de manera
extemporánea, esta Sala reitera[15]
que dicho argumento no es válido frente al trabajador, por cuanto a éste se le
efectúan los respectivos descuentos y es al empleador a quien le corresponde
hacer el pago de los respectivos aportes al fondo de pensiones. Además, las
entidades administradoras tienen mecanismos para cobrar y sancionar al empleador
ante la mora en el pago de los aportes[16],
de allí que no puede alegar la propia negligencia a su favor. Asimismo una vez
aceptado, por la administradora, el pago en forma extemporánea se
entenderá como efectivo y, por tanto, se traducirá en tiempo de cotización[17].
29.3 Con
base en lo expuesto, y dadas las circunstancias de debilidad manifiesta en la
que se encuentra la accionante y que se hicieron explicitas en el numeral 3.4
de esta providencia, esta Corporación amparará los derechos a la seguridad
social y al mínimo vital de Yenith Amparo Gómez y, en consecuencia,
ordenará a Colfondos S.A. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas
contado a partir de la notificación de esta providencia, determine si tiene derecho a la pensión de invalidez, para lo cual ha de tener
en cuenta las cotizaciones producto del pago extemporáneo, la totalidad de
semanas cotizadas, incluso las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha
de la estructuración de la invalidez hasta la fecha en que efectivamente dejó
de laborar y de hacer cotizaciones al sistema general de seguridad social en
pensiones. Y de encontrar cumplido el requisito de las semanas cotizadas al
sistema, inicie el trámite correspondiente para
cancelar tal pensión, procedimiento que no podrá exceder de dos (2) meses
calendario.
Requisito
de fidelidad al sistema para acceder a la pensión de invalidez y de
sobreviviente
30. En segundo lugar, esta Sala
analizará los casos en los que se solicita el reconocimiento de la pensión de
invalidez y de sobreviviente sin tener en consideración el cumplimiento del
requisito de fidelidad al sistema, incluso cuando la estructuración del
elemento causante de la pensión sucedió con anterioridad a la declaratoria de
inexequibilidad de dicho presupuesto.
En este contexto, se ha de diferenciar
dos escenarios, en uno se trata de la exigencia de dicho requisito por parte
del fondo administrador de pensiones (T-3.974.993) y en la otra de dicha
exigencia por parte de autoridades judiciales en el marco de un proceso
ordinario laboral (T-3.984.021, T- 3.986.393)
31. Luis Adolfo Gamba Díaz (T-
3.974.993) solicita el reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual fue
negada por el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. en razón a que no
cumplía con el requisito de fidelidad al sistema.
31.1 De las pruebas obrantes en el
expediente se evidencia que al accionante le fue dictaminada una pérdida de la
capacidad laboral en un 54.05%, con fecha de estructuración del 8 de agosto de
2006, producto de un accidente de origen común; que cotizó en los tres años
anteriores a la fecha de la estructuración de la invalidez un total de 60.71
semanas y que el reconocimiento de la pensión le fue negado por no cumplir con
el requisito de fidelidad al sistema, el cual estaba vigente al momento de la
estructuración.
Asimismo, consta que ante el no
reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez, la entidad accionada
procedió a efectuar la devolución de saldos.
31.2 Con base en lo anterior, esta Sala
considera que la actuación de la entidad accionada vulneró los derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del accionante, por
cuanto la exigencia de cumplir con el requisito de fidelidad al sistema,
desconoce el deber derivado de la jurisprudencia constante de esta Corporación
de inaplicar la norma que lo contenía, el cual esta sustentado al ser este
presupuesto inconstitucional y regresivo en materia de derechos sociales.
31.3 Con base en lo expuesto, dadas las circunstancias de debilidad
manifiesta en la que se encuentra el accionante y que se hicieron explicitas en
el numeral 3.1 de esta providencia, verificado su porcentaje de discapacidad y
el cumplimiento del requisito de cotizar 50 semanas en los tres años anteriores
a la fecha de la estructuración de la invalidez, esta Corporación amparará los
derechos a la seguridad social y al mínimo vital de Luis Adolfo Gamba Díaz y en
consecuencia, ordenará al Fondo de Pensiones y Cesantías
Protección S.A. que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contado
a partir de la notificación de esta providencia, reconozca al accionante su
derecho a la pensión de invalidez inaplicando para ello el requisito de
fidelidad al sistema que antes se le había exigido, tome las acciones
pertinentes para la devolución de los saldos cancelados e inicie
el trámite correspondiente para cancelar la pensión, procedimiento que no podrá
exceder de dos (2) meses calendario.
32. Dalia Rosa Ruiz Peñaloza (T-3.986.393)
presentó acción de tutela contra la
Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Barraquilla, por
cuanto en un proceso ordinario laboral negó el reconocimiento del derecho a la
pensión de invalidez, en razón a que no cumplía con el requisito de fidelidad
al sistema y revocó la sentencia del juez de primera instancia que había
reconocido su derecho sin la exigencia del mencionado requisito.
32.1 Superada la procedencia de esta
acción de tutela conforme quedó expuesto en el numeral 5 de esta providencia,
esta Sala considera que la sentencia del tribunal accionado incurrió en dos
defectos, el de desconocimiento del precedente y el de la violación directa a la
Constitución, al exigir el cumplimiento del requisito de fidelidad al sistema
para el reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez.
Lo anterior, por cuanto es constante y
uniforme la jurisprudencia de esta Corporación que impone la inaplicación del
referido requisito al definir que es un presupuesto que desconoce la
Constitución, por ser regresivo y contradecir de este modo el principio de
progresividad. Dicha jurisprudencia ya existía en el momento en que el Tribunal
de Barranquilla profirió la sentencia laboral que se censura, incurriéndose de
este modo en los defectos señalados.
32.2 Con base en lo expuesto, esta Sala
amparará los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social
de la accionante y, en consecuencia dejará sin efecto la sentencia proferida el
31 de mayo de 2012 por la Sala Laboral de Descongestión Laboral del Tribunal
Superior de Barranquilla, proferida dentro del proceso ordinario promovido por
Dalia Rosa Ruiz Peñaloza contra el ISS y ordenará a Colpensiones, entidad que
fue debidamente notificada de este trámite de tutela, cumplir la sentencia
proferida el 14 de junio de 2011, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito
de Barranquilla, en la que se le condenó a reconocer y pagarle a la accionante
la pensión de invalidez de conformidad con el artículo 6° del Acuerdo 049 de 1990
a partir del 20 de diciembre de 2007, fecha de la estructuración de la
invalidez.
33. Beatriz Ramona Ávila Corracedo
(T-3.984.021) presentó acción de tutela contra la
Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Barraquilla y el
Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, por cuanto en un proceso
ordinario laboral negó el reconocimiento del derecho a la pensión de
sobreviviente, en razón a que al momento de fallecer el asegurado no cumplía
con el requisito de fidelidad al sistema, y revocó la sentencia del juez de
primera instancia que había reconocido su derecho sin la exigencia del
mencionado requisito.
33.1 Superada la procedencia de esta
acción de tutela conforme quedó expuesto en el numeral 5 de esta providencia,
esta Sala considera que la sentencia del tribunal accionado incurrió en dos
defectos, el de desconocimiento del precedente y el de la violación directa a la
Constitución, al exigir el cumplimiento del requisito de fidelidad al sistema
para el reconocimiento del derecho a la pensión de sobreviviente.
Lo anterior, por cuanto es constante y
uniforme la jurisprudencia de esta Corporación que impone su inaplicación al
constatarse que es un presupuesto que desconoce la
Constitución, por ser regresivo y contradecir de este modo el principio de
progresividad. Dicha jurisprudencia ya existía en el momento en que el Tribunal
de Barranquilla profirió la sentencia laboral que se censura, incurriéndose de
este modo en los defectos señalados. En términos de la sentencia Su-132-13:
“el juez competente empleó una interpretación normativa sin tener
en cuenta que ésta resultaba contraria a los derechos y principios consagrados
en la Carta Fundamental. Por lo tanto, basó su decisión en una norma que, de
acuerdo con el principio de interpretación conforme a la
Constitución, no podría existir en nuestro ordenamiento. En consecuencia, se
expide un fallo con fundamento en normas que, siendo de menor jerarquía, van en
contra de los principios y derechos establecidos en la
Constitución Política y, así, se genera un quebrantamiento de la misma”.
33.2 Con base en lo expuesto, esta Sala
amparará los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social
de la accionante y, en consecuencia, dejará sin efecto la sentencia proferida
el 23 de abril de 2012 por la Sala Laboral de Descongestión Laboral del
Tribunal Superior de Barranquilla, proferida dentro del proceso ordinario
promovido por Beatriz Ramona Ávila Corracedo contra el ISS y ordenará a
Colpensiones cumplir la sentencia proferida el 27 de mayo de 2011 por el
Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla, en la que se le condenó a
reconocer y pagarle a la accionante la pensión de sobreviviente a la que tiene
derecho en calidad de cónyuge supérstite del afiliado fallecido Jaime Enrique
García Peñaranda a partir del 19 de diciembre de 2003.
34. Finalmente, esta Sala
considera necesario reiterar que siendo la primacía de la
Constitución, la igualdad, la confianza legítima y la seguridad jurídica,
principios fundamentales en este ordenamiento jurídico, constituye un
imperativo la aplicación de las subreglas determinadas de manera constante en
la jurisprudencia, en los casos que son análogos a éstos, esto es, la
aplicación el precedente judicial.
En este sentido, la jurisprudencia de
esta Corporación ha sido reiterada en determinar que es un deber inaplicar el
requisito de fidelidad para el reconocimiento de la pensión de invalidez y de
sobreviviente incluso cuando la misma se estructuró con anterioridad a la
declaratoria de inexequibilidad de dicho requisito, por lo que una vez más[18],
esta Sala llamará la atención a los fondos administradores de pensiones y a las
autoridades judiciales a aplicar el precedente marcado por esta Corporación.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Tercera de Revisión, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE
Primero: Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito
de Cartago, Valle del Cauca, por medio de la cual confirmó la providencia del
Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cartago, Valle
del Cauca, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por Luis
Adolfo Gamba Díaz; y en su lugar amparar los derechos a la seguridad social del
accionante (T-3.974.993).
Segundo: En consecuencia, ordenar al Fondo de
Pensiones y Cesantías, Protección S.A., que, en el término de cinco (5) días contado
a partir de la notificación de esta providencia, reconozca a Luis Adolfo Gamba Díaz, identificado con cédula de ciudadanía
2.474.233 su derecho a la pensión de invalidez inaplicando para ello el
requisito de fidelidad al sistema previsto en el artículo 1°
de la Ley 860 de 2003, e inicie el trámite
correspondiente para cancelar tal pensión, procedimiento que no podrá exceder
de cuatro (4) meses, y tome las acciones
pertinentes para la devolución de los saldos cancelados (T-3.974.993)
Tercero: Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Veintisiete Penal del
Circuito de Medellín, por medio de la cual confirmó la providencia del Juzgado
Veintiocho Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Medellín,
que resolvió negar por improcedente la acción de tutela presentada por Ferney
Quintero Guerrero; y, en su lugar, amparar los derechos a la seguridad social
del accionante (T-3.983.906)
Cuarto: En
consecuencia, ordenar a Colfondos S.A. que, en el término de cinco (5) días contado
a partir de la notificación de esta providencia, determine si Ferney Quintero Guerrero, identificado con cédula de ciudadanía
15.924.939, tiene derecho a la pensión de invalidez, para lo cual ha de tener
en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de la
estructuración de la invalidez hasta la fecha en que efectivamente dejó de
laborar y de hacer cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
Y de encontrar cumplido el requisito de las semanas cotizadas al sistema, inicie el trámite correspondiente para cancelar tal pensión,
procedimiento que no podrá exceder de cuatro (4) meses (T-3.983.906).
Quinto: Revocar la sentencia proferida por la
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, por medio de la
cual resolvió no tutelar los derechos fundamentales de petición y mínimo vital
de Ricardo Pahuana Navarro; y, en su lugar, amparar los derechos a la seguridad
social del accionante (T-3.985.384)
Sexto: En consecuencia,
ordenar a Colpensiones S.A. que, en el término de cinco (5) días contado a
partir de la notificación de esta providencia, determine si Ricardo
Pahuana Navarro, identificado con cedula de ciudadanía 27.254.498, tiene
derecho a la pensión de invalidez, para lo cual ha de tener en cuenta las
semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de la estructuración de la
invalidez hasta la fecha en que efectivamente dejó de laborar y de hacer
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Y de
encontrar cumplido el requisito de las semanas cotizadas al sistema, inicie el trámite correspondiente para cancelar tal pensión,
procedimiento que no podrá exceder de cuatro (4) meses (T-3.985.384).
Séptimo: Revocar la sentencia
proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito, Huila, por
medio de la cual confirmó la providencia del Juzgado Tercero Penal Municipal de
Pitalito, Huila, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por
Yenith Amparo Gómez y, en su lugar, amparar sus derechos a la seguridad social
y al mínimo vital (T-3.991.396)
Octavo: En consecuencia,
ordenar a Colfondos S.A. que, en el término de cinco (5) días contado a partir
de la notificación de esta providencia, determine si Yenith
Amparo Gómez, identificada con cédula de ciudadanía 36.275.996, tiene derecho a
la pensión de invalidez, para lo cual ha de tener en cuenta las cotizaciones
producto del pago extemporáneo, la totalidad de semanas cotizadas, incluso las
semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de la estructuración de la
invalidez hasta la fecha en que efectivamente dejó de laborar y de hacer
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Y de
encontrar cumplido el requisito de las semanas cotizadas al sistema, inicie el trámite correspondiente para cancelar tal pensión,
procedimiento que no podrá exceder de cuatro (4) meses (T-3.991.396).
Noveno: Revocar
la decisión de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, que confirmó la sentencia de la
Sala de Casación Laboral de la misma Corporación, por medio de la cual
resolvió negar por improcedente la acción de tutela presentada por Beatriz
Ramona Avila Corracedo y, en su lugar, amparar el derecho al debido proceso, a
la seguridad social y al mínimo vital de la accionante (T-3.984.021).
Décimo: Dejar sin efecto la
sentencia proferida el 23 de abril de 2012 por la
Sala Laboral de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla,
proferida dentro del proceso ordinario promovido por Beatriz Ramona Ávila
Corracedo contra el ISS, hoy Colpensiones (T-3.984.021).
Décimo primero: Ordenar a Colpensiones que, en el término de cinco (5)
días, contado a partir de la notificación de esta sentencia,
cumpla la sentencia proferida el 27 de mayo de 2011 por el Juzgado Quinto
Laboral del Circuito de Barranquilla, en la que se le condenó a reconocer y
pagarle a la accionante la pensión de sobreviviente a la que tiene derecho en
calidad de cónyuge supérstite del afiliado fallecido Jaime Enrique García
Peñaranda, a partir del 19 de diciembre de 2003 (T-3.984.021).
Décimo segundo:
Revocar la sentencia proferida por la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia que negó por improcedente la tutela presentada por Dalia
Rosa Ruiz Peñaloza y, en lugar, amparar el derecho al debido proceso, a la
seguridad social y al mínimo vital de la accionante (T-3.986.393).
Décimo tercero:
Dejar sin efecto la sentencia del 31 de mayo de 2012
emitida por la Sala Laboral de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de
Barranquilla, proferida dentro del proceso ordinario promovido por Dalia Rosa
Ruiz Peñaloza contra el ISS (T-3.986.393).
Décimo cuarto: Ordenar a
Colpensiones, que en el término de cinco (5) días, contado
a partir de la notificación de esta sentencia, cumpla la sentencia proferida el
14 de junio de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla,
en la que se le condenó a reconocer y pagar a Dalia Rosa Ruiz Peñaloza la pensión de invalidez de conformidad con el artículo 6° del
Acuerdo 049 de 1990, a partir del 20 de diciembre de 2007, fecha de la
estructuración de la invalidez (T-3.986.393).
Décimo
quinto: Solicitar a la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, difundir entre todos los despachos judiciales del país los
razonamientos de esta providencia, para que en lo sucesivo no se desconozca el
derecho a la pensión a quienes lo hayan adquirido y se les hubiera negado por
no cumplir con el requisito de fidelidad al sistema.
Décimo sexto:
Solicitar a la Superintendencia Financiera difundir en los fondos de pensiones del país los razonamientos de
esta providencia, para que en lo sucesivo no desconozcan el reconocimiento del
derecho a la pensión a quienes lo hayan adquirido y se les hubiera negado por
no cumplir con el requisito de fidelidad al sistema.
Décimo séptimo:
Dar por secretaría
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con
salvamento parcial de voto
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO
PARCIAL  DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA
T-886/13
DERECHO A LA
PENSION DE INVALIDEZ-Se debió estudiar el fenómeno de la prescripción en
cada caso particular (Salvamento parcial de voto)
Referencia:
Expedientes Acumulados T-3.974.993, T-3983.906, T-3.984.021, T-3.985.384, T-
3.986.393 y T-3991.396
Acción de tutela instaurada por Luis Adolfo Gamba Díaz contra el
Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A.  Ferney Quintero Guerrero contra
Colfondos S.A. Beatriz Ramona Ávila en nombre propio y en representación de su
hija contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones; Dalia Rosa
Ruiz Peñalosa  contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla y
Yenith Amparo Gómez contra Colfondos S.A.
Magistrado
Ponente:
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Con el respeto que siempre me
merecen las decisiones de esta Corte, me permito salvar parcialmente mi voto a
la decisión mayoritaria por cuanto estimo que:
Aunque la decisión a la que llega
la Sala es correcta, en los expedientes T-3.984.021 y T-3.986.393,  se deja sin
efectos las sentencias proferidas en segunda instancia,  en consecuencia,  la
Sala debió pronunciarse de fondo y no confirmar una decisión que se encontraba
ya revocada, luego debía estudiar  el fenómeno de la prescripción en cada caso
particular
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1]
T-451-13,  SU-132-13, T-270-13, T-118-13, T-072-13, T-064-13,
T-869-09, T-063-09, T-103-08.
[2]
C-590-05.
[3]
Artículo 5° de la Ley 270 de 1996: La
Rama Judicial es independiente y autónoma en el ejercicio de su
función constitucional y legal de administrar justicia. Ningún superior
jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir,
determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones
o criterios que deba aportar a sus providencias.
[4]
C-590-05.
[5]
T-842-06, T-453-10, T-852-11, T-179-13.
[6] T-259-12.
[7] T- 411-04, reiterada T-888-10.
[8] T-573-97, T-329-96
[9] T-567-98.
[10] SU-132-13.
[11] T-699A-07, T-509-10, T
-710-09, T-268-11, T-671-11, T-022-13,T-143-13
[12]
“Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las
personas con Discapacidad”, adoptada por la
Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006”.
[13] Artículo 4: “La
Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales (…)”.
[14] Al respecto ver, entre
muchas otras,  T-974-05, T-1291-05, T-221-06, T-043-07, T-580-07, T-628-07,
T-699-07, T-1048-07, T-069-08, T-103-08, T-104-08, T-590-08, T-1040-08,
T-1036-08
[15]
C-177-98, Su-430-98, T-205-02, T-668-07, T-239-08, T-916-08, T-1203-08, T-451-13
[16] Los artículos 23 y 24 de
la Ley 100 de 1993 señalan que “los aportes que no se consignen dentro de
los plazos señalados para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del
empleador, igual al que rige para el impuesto sobre la renta y complementarios.
Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto correspondiente o en las
cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según
sea el caso. Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que
sin justa causa no dispongan la consignación oportuna de los aportes,
incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al
régimen disciplinario vigente. En todas las entidades del sector público será
obligatorio incluir en el presupuesto las partidas necesarias para el pago del
aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la presentación,
trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente” (artículo 23)
y que “corresponde a las entidades administradoras de los diferentes
regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las
obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el
Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la
administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo” (artículo
24).
[17]T-664-04,
T-043-07, T-223-12.
[18] En sentencia T-453-2011
se dispuso solicitar a la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura difundir entre todos los despachos judiciales del país los
anteriores razonamientos, reiterados en esa providencia, para que en lo
sucesivo evitaran desconocer una pensión a quienes hayan adquirido el derecho
respectivo, negado en razón a la insatisfacción de la fidelidad al sistema.