T-888-13
T-3882370
Sentencia T-888/13
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Características
La Corte
Constitucional, en pronunciamientos determinó las características del mismo,
las que se sintetizaron de la siguiente manera: (i) una grave violación de los
derechos humanos de quienes son víctimas del mismo; (ii) el carácter delictual
o antijurídico de la conducta de quienes, por vía de la violencia generan el
desplazamiento; y, (iii) la forma sistemática, masiva, continua e
indiscriminada en que se ejerce sobre la población. Por lo anterior, la Corte
ha procedido jurisprudencialmente a calificar el desplazamiento forzado como “un problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por
todas las personas, principiando, como es lógico, por los funcionarios del
Estado”; “un verdadero estado de emergencia social”, “una tragedia nacional,
que afecta los destinos de innumerables colombianos y que marcará el futuro del
país durante las próximas décadas” y “un serio peligro para la sociedad política
colombiana”
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO
FORZADO INTERNO-Declaración en sentencia T-025/04
DERECHO FUNDAMENTAL A LA AYUDA HUMANITARIA-Deber del Estado de garantizar la entrega de la ayuda humanitaria a
población desplazada
PRINCIPIOS RECTORES DE LA AYUDA HUMANITARIA-Contenido en los principios rectores de los desplazamientos internos
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION
INTEGRAL A LAS VICTIMAS-Creación y funciones, de
acuerdo con la ley 1448 de 2011
AYUDA HUMANITARIA-Naturaleza,
características y modalidades
AYUDA HUMANITARIA COMO DERECHO FUNDAMENTAL EN CABEZA DE LAS PERSONAS
VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
REGISTRO UNICO DE VICTIMAS CONTENIDO EN LA LEY 1448 DE 2011-Requisito declarativo y no constitutivo de la condición de víctima
de desplazamiento para acceder a los beneficios legales y a los diferentes
mecanismos de protección
El Registro
Único de Víctimas –RUV- que se plantea como requisito previo para el
reconocimiento de la ayuda de emergencia, debe cumplir con las especificaciones
contempladas en los artículos 24 a 42 del Decreto 4800 de 2011, que señalan la
manera en que debe crearse dicho registro; la utilización de un formato único;
la información mínima que debe contener el acto administrativo de registro,
entre otras exigencias. En los artículos 49 a 55 del mismo decreto, se indica
la forma en que debe ser actualizada la información personal de quien en los
términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 se ha considerado como víctima.
Si bien el estar inscrito en el RUV, es un requerimiento de carácter
administrativo esencial para imprimir orden y transparencia para la adecuada y
eficiente atención a la población desplazada, la ausencia de dicho registro no
puede suponer el desconocimiento por parte del Estado, de la condición de
desplazado que tiene una persona, y por consecuencia, no puede ser esgrimida la
falta del mismo, como una razón aceptable para negar la atención y protección
de sus derechos fundamentales de la población desplazada impidiéndole el acceso
a los diferentes mecanismos y recursos destinados para afrontar su situación de
desplazamiento.
VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO Y AYUDA HUMANITARIA-Componentes, etapas y fases, entrega efectiva, términos y prórrogas
y garantía del tránsito hacia soluciones duraderas de estabilización
socioeconómica
DERECHO FUNDAMENTAL A LA AYUDA HUMANITARIA-Diagnóstico de las falencias en la entrega de la ayuda, según auto
099/13/DERECHO FUNDAMENTAL A LA AYUDA HUMANITARIA-Subreglas en las
cuales se pone en riesgo y/o vulnera mínimo vital
En el Auto
099/13, esta Corporación rechazó el no reconocimiento de la ayuda humanitaria
por el simple hecho de aparecer en una base de datos como afiliado al régimen
contributivo en salud. “Sobre esta última situación la Corte sostuvo que la sola
afiliación al régimen contributivo de seguridad social no elimina la condición
de vulnerabilidad en la que se encuentra la población desplazada, y en esa
medida, no le puede hacer perder los derechos que esa calidad le confiere. La anterior circunstancia fue identificada por la Sala Especial de
Seguimiento, como la primera de las sub-reglas, según la cual “se pone en
riesgo y/o se vulnera el derecho fundamental al mínimo vital de la población
desplazada cuando las autoridades no reconocen la ayuda humanitaria o su
prórroga aduciendo únicamente requisitos, formalidades y apreciaciones que no
se corresponden con la situación en la que se encuentra esa población.” Las
otras sub-reglas establecidas en dicho auto como factores que vulneran el
derecho al mínimo vital de la población desplazada que reclama la ayuda
humanitaria de emergencia o su prórroga son: (i) cuando la asistencia
humanitaria se entrega de manera dispersa a lo largo del tiempo y de manera
incompleta, y (ii) cuando la entrega de la ayuda humanitaria no se acompaña del
acceso a salidas efectivas frente a la situación de emergencia fruto del
desplazamiento sino que perpetúa la condición de vulnerabilidad en la que se
encuentra la población desplazada. La efectividad de la ayuda humanitaria
depende de la existencia del acceso a tales salidas. Por lo anterior, la falencia detectada en la entrega efectiva de la
ayuda humanitaria de emergencia o de su prórroga, justificada en la presunción
de la superación de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta por
la sola afiliación al sistema a la seguridad social, vulnera de plano, el
derecho al mínimo vital y a la mínima subsistencia de quienes reclaman la
entrega de dicha ayuda.
AYUDA HUMANITARIA A POBLACION DESPLAZADA-Entrega no puede suspenderse hasta que condiciones de vulneración
desaparezcan, se supere la urgencia extraordinaria y se haga tránsito y
consolide estabilización socioeconómica que garantice el autosostenimiento
La ayuda
humanitaria no podrá suspenderse abruptamente o su prórroga negarse, con
razones que no sean consecuencia directa de la plena y absoluta verificación de
la situación real de la persona desplazada, la cual se obtendrá a partir de la
información contenida en la Red Nacional de Información, y de la verificación
que se haga a la situación actual de la víctima. Pero tampoco pueden, quienes
se ven beneficiados con este tipo de ayudas, suponer que las mismas les serán
suministradas de manera indefinida y pretender en consecuencia, desarrollar su
proyecto de vida a parir de la entrega indefinida de estas. En consecuencia, no
es de recibo para esta Sala, la negativa que pueda oponer la UARIV, a la
prórroga de dicha ayuda, cuando quiera que la misma se sustente en una
información fragmentada, o en informes de los cuáles no se tenga la certeza que
se hayan agotado de manera previa todos los mecanismos de verificación de la
situación real y actual de la condición de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta de la víctima que reclama una nueva entrega de dicha ayuda.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA AYUDA HUMANITARIA-Ayuda no puede suspenderse por la sola afiliación al régimen
contributivo en salud, ya que no elimina la condición de vulnerabilidad en la
que se encuentra la población desplazada
PRORROGA DE AYUDA HUMANITARIA-En
prórroga automática UARIV deberá entregar la ayuda luego de recibir la petición
y posteriormente se evaluará la condición de vulnerabilidad para determinar si
se suspende o continúa con la entrega
PRORROGA DE LA AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA PARA LA POBLACION
DESPLAZADA-Orden a UARIV proceda a la entrega
efectiva y completa de la ayuda humanitaria
Referencia: expedientes T-3.882.370,              T-3.965.845,   T-3.965.931,
T-3.965.937, T-3.970.137, T-3.972.541, T-3.974.370,          T-3.974.501,
T-3.974.550 y T-3.989.886
Acciones de tutela promovidas por Josefina Mercedes Rivero Restrepo,
Julio Manuel Mendoza Sena, Johana David Zapata, Ana María Giraldo Guisao,
Herminia Judith De Ángel González, Argiro de Jesús Gómez Gallego, Mario Andrés Ruíz
Rubio, Nelly Margoth Sibaja Martínez, Luz Adriana Zuluaga Moreno y María Aida
Godoy Vargas contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas – UARIV-.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C.,
tres (3) de diciembre de dos mil trece (2013)
La Sala Novena
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis
Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle Correa y Mauricio González
Cuervo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
Los accionantes
dentro del presente proceso de revisión, en su calidad de población desplazada
por la violencia, interpusieron acciones de tutela en contra de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción
Social-, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DAPS-  y
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (UARIV), con el fin de que se les proteja sus derechos fundamentales
asociados a la ayuda humanitaria de emergencia como parte de la atención
integral a la población víctima de desplazamiento forzado. Los expedientes
llegaron a la Corte Constitucional por remisión que se hiciera en virtud de lo
ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
Las Salas
de Selección Número Cinco y Siete, mediante Autos del 16 de mayo, 18  y 30 de
julio de 2013, seleccionaron para su revisión los expedientes de la referencia,
para ser decididos en una sola sentencia.
I. ANTECEDENTES
1.
Expediente T-3.882.370
a.
Hechos
La señora
Josefina Mercedes Rivero Restrepo manifiesta que tras ser desplazada por la
violencia, y radicarse en Valledupar, se inscribió junto con su grupo familiar,
en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) el 25 de julio de 2003.
Explica que su familia está integrada por ella, su esposo y tres hijos, pero
que su esposo padece cáncer de piel, su hija presenta anemia de células
falciformes y ella presenta problemas de diabetes, situación a la cual ha de
sumarse la condición de desempleo de ella y su esposo. Por estas razones, solicitó
a la UARIV, la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia a la que tiene
derecho por ser desplazada.
A pesar de su
condición de vulnerabilidad, la actora explica que la entidad accionada negó la
prórroga de la ayuda, con el argumento de que ella está registrada como
beneficiaria activa del régimen contributivo en salud, lo que permite suponer
que su grupo familiar cuenta con un ingreso económico para solventar sus
necesidades. Ante esta respuesta, la accionante confirma, que en efecto se
encuentra afiliada al régimen contributivo de salud, pero que ello es gracias al
pago que de dicha afiliación viene haciendo desde hace un tiempo atrás un
familiar suyo, por lo que concluye, que a partir de dicha afiliación no puede
inferirse que alguien de su grupo familiar se encuentre laborando o devengando
algún ingreso económico.
b.
Solicitud de tutela
La señora Rivero
Restrepo considera vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, salud,
seguridad social, libre desarrollo de la personalidad, igualdad, libertad de
autodeterminación y mínimo vital, razón por la cual, solicita que en el término
de 48 horas, la entidad accionada haga entrega de la ayuda humanitaria que
reclama, no solo por su condición de desplazada, sino porque hace parte de un
grupo de mayor vulnerabilidad como es el de las personas enfermas. Finalmente,
reclama que dicha ayuda le sea entregada de manera permanente y oportuna.
c.
Intervención de la parte demandada
La UARIV
confirma la condición de desplazada de la accionante, y aclara que su grupo
familiar esta compuesto por su esposo, dos hijos mayores de edad y una hija
menor de edad. Indica igualmente, que ya le fueron hechos dos pagos por
concepto de ayuda humanitaria en los años 2006 y 2009. Explica, que en esta
oportunidad la no entrega de la ayuda humanitaria reclamada, obedece a encontrarse
afiliada l régimen contributivo de salud, desde el 3 de mayo de 2009, en
calidad de beneficiaria activa a través de la EPS SALUD TOTAL. Así, a partir de
dicha afiliación, se presume que la actora y su grupo familiar cuentan con
recursos económicos suficientes para asumir las necesidades personales y
familiares.
De la misma
forma, la UARIV advierte, que cuando el evento del desplazamiento forzoso ha ocurrido
hace más de diez años, como es el presente caso, se entenderá que las
circunstancias actuales de emergencia que esboza la actora, no están directamente
relacionadas con aquellas que motivaron su desplazamiento forzado, razón por la
cual, la entrega de la ayuda humanitaria reclamada se negó.
d.
Pruebas relevantes
-
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora
Josefina Mercedes Rivero Restrepo en la que consta que nació el 23 de febrero
de 1961 (folio 3).
-
Certificación de Registro Único de Población
Desplazada expedido el 3 de febrero de 2010, por la Agencia Presidencial para
la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción Social-. Este documento
señala que el núcleo familiar de la actora se compone por cinco individuos:
ella, su esposo, dos hijos con cédula de ciudadanía y una hija menor de edad
(folio 4).
-
Historia clínica de su esposo en la que consta
la patología cutánea que lo afecta (micosis fungoide) (folios 5 a 9).
e.
Sentencias objeto de revisión
El Juzgado
Tercero de Familia de Valledupar, en sentencia del 29 de enero de 2013, negó el
amparo solicitado argumentando para ello, que a partir de la información de afiliada
al régimen contributivo en salud desde el 3 de mayo de 2009 (Salud Total EPS), ello
permite inferir que las condiciones socio económicas de la actora y su núcleo
familiar han variado a su favor.
Explica
igualmente, que el juez constitucional carece de los elementos de juicio para
determinar si la caracterización que hizo la UARIV concuerdan con la condición
de vulnerabilidad de la accionante, en cuyo caso, de ser concordante con su
real situación, la reclamante podrá exigir la entrega de la prórroga de la ayuda
humanitaria de emergencia. Sin embargo, la probada condición de beneficiaria
del sistema contributivo en salud, indica que ha superado el estado de
vulnerabilidad que debe caracterizar a todo desplazado, haciendo imposible la
entrega de las mencionadas ayudas.
2.
Expediente T-3.965.845
a.
Hechos
El señor Julio
Manuel Mendoza Sena manifiesta, que como desplazado del Municipio de Ungía
(Chocó) se encuentra registrado en el RUPD, en calidad de jefe de un hogar
compuesto por él, su esposa y cuatro hijos menores de edad. Señala que el 8 de
enero de 2013 radicó una petición ante la UARIV, en la que solicitó la prórroga
de la ayuda humanitaria de emergencia correspondiente a los componentes de arriendo
y alimentación, pues al encontrarse desempleado, no tiene   recursos económicos
para sufragar los anotados gastos familiares.
Señala que la
petición fue resuelta negativamente por la UARIV con el argumento de que por él
encontrarse afiliado al régimen contributivo en salud en calidad de
beneficiario, permite suponer que se encuentra laborando, y por lo mismo,
devengado al menos un salario mínimo mensual. Por lo anterior, dicha entidad
concluye que su situación de vulnerabilidad ya se ha superado en los términos
del artículo 117 del Decreto 4800 de 2011.[1]
El accionante
reconoce que en efecto, alguien le está haciendo el favor de tenerlo afiliado a
salud, pero señala que a partir de esta circunstancia no puede suponerse que
todas las necesidades básicas, de él y de su familia, se encuentran igualmente
satisfechas.
b.
Solicitud de tutela
Para la
protección de sus derechos fundamentales de petición, mínimo vital, y vida
digna, el señor Mendoza Sena pide se ordene a la entidad accionada, que en el
plazo máximo de 15 días hábiles, haga entrega la ayuda humanitaria de
emergencia correspondiente a todos sus componentes como son alojamiento
transitorio, asistencia alimentaria y elementos de aseo personal. Para ello,
pide además, que la accionada le indique las condiciones de modo, tiempo y
lugar para la entrega de la referida ayuda, y solicita que la misma se haga de
manera oportuna y completa, por todo el tiempo que se requiera, y hasta cuando se
alcance la etapa de auto sostenimiento.
c.
Intervención de la parte demandada
Tras la
notificación que se hiciera a la UARIV para que se pronunciara sobre esta
acción de tutela, dicha entidad guardó silencio.
d.
Pruebas relevantes
-
Fotocopia de la petición de prórroga de entrega
de ayuda humanitaria presentada por el señor Mendoza Sena a la UARIV, radicada el
día 8 de enero de 2013 (folio 9).
-
Fotocopia de los documentos de identidad de él, sus
hijos Michel Thalia Serna Orozco, Juan Carlos Mendoza Orozco, Santiago Alexis
Orozco Rojas, y registro civil de nacimiento de Manuel Mendoza Higuita (folios
10 a 14).
-
Comunicación de fecha 24 de enero de 2013, en la
que la UARIV resuelve negativamente la petición de prórroga de ayuda
humanitaria de emergencia (folio 15).
e.
Sentencias objeto de revisión
En sentencia del
17 de abril de 2013, el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Medellín declaró la improcedencia del amparo solicitado.
Indicó, que la entidad accionada dio respuesta efectiva y oportuna a la
petición ante ella elevada por el señor Mendoza Sena, por lo que se estaría
ante una carencia actual de objeto. Explicó, que si bien la respuesta no fue favorable
a los intereses del accionante, la UARIV le indicó que podía acercarse a los
puntos de atención en donde un facilitador le podría hacer seguimiento a su
actual condición y la de su grupo familiar. No obstante, no existe constancia
que el accionante hubiese atendido la anterior propuesta.
3.
Expediente T-3.965.931
a.
Hechos
La accionante
Johana David Zapata[2]
desplazada registrada en el RUPD, manifiesta que como madre de un menor de
edad,[3]
solicitó a la UARIV que le fuese autorizada la prórroga de la ayuda humanitaria
de emergencia, en razón a su condición de vulnerabilidad y desplazamiento en
que se encuentra. Explica, que su único ingreso económico proviene de trabajos
ocasionales, y que si bien aparece inscrita en el régimen contributivo de
salud, de dicha información no se puede inferir que en efecto se encuentre
devengando ingreso económico alguno, pues su afiliación es en calidad de beneficiaria.
Señaló, que
negarle la prórroga de la referida ayuda humanitaria por la razón ya expuesta, no
es una decisión acertada, pues el simple hecho de revisar la base de datos de
afiliados en salud, no elimina su condición de desplazada, ni permite
determinar cuál es el nivel de ingresos económicos presuntamente percibidos,
como tampoco sirve para determinar si el grupo familiar está compuesto por
menores de edad, adultos mayores, madres solteras o personas en condición de
discapacidad.
De otra parte,
la actora considera que la respuesta no resuelve de fondo y de manera clara y
precisa su petición, pues en ningún momento se ha verificado por parte de la UARIV
si su condición de desplazamiento ha variado o cesado, razón por la cual, es
injusto negarle la prórroga de la ayuda humanitaria. Señala finalmente, que tampoco
ha sido beneficiada con los programas de apoyo para la estabilización económica
a través de los proyectos de generación de empleo rural.
b.
Solicitud de tutela
Ante la
vulneración de sus derechos a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital, a
la salud, y a la especial protección por su condición de vulnerabilidad, la
señora David Zapata pide se ordene a la UARIV enviar un funcionario al lugar en
que reside para que verifique su verdadera condición de vulnerabilidad. Luego
de comprobar su real situación, la UARIV deberás proceder a la entrega en un
tiempo razonable y oportuno de la referida ayuda humanitaria.
Finalmente, solicita
ser incluida en los programas de estabilización socioeconómica para superar su
condición de desplazamiento.
c.
Intervención de la parte demandada
En escrito
recibido por el juez de instancia el 22 de abril de 2013, la UARIV dio
respuesta a la presente acción de tutela, confirmando que la accionante se
encuentra incluida como población desplazada en el RUPD. Explica que la
condición de vulnerabilidad y la caracterización que se hace a las personas
víctimas del desplazamiento forzado no se circunscribe a la accionante, sino que
se extiende a  todo su núcleo familiar. Así, tras revisarse dicha información,
se pudo establecer, que la accionante esta inscrita en el régimen contributivo
de salud en calidad de beneficiaria de su esposo quien aparece como cotizante. Por
lo anterior, la UARIV considera que al estar laborando su esposo, su grupo
familiar ha alcanzado el auto sostenimiento económico, razón por la cual, las dificultades
económicas que dice estar afrontando actualmente, no son consecuencia directa de
su desplazamiento.
Aclara la UARIV,
que en el proceso de caracterización hecho al núcleo familiar de la accionante
se pudo establecer, que el mismo no está compuesto por personas de la tercera
edad, ni afectadas con algún tipo de discapacidad que les impida laborar,
determinándose por el contrario, que la accionante y su esposo están en el rango
de edad de la población económicamente activa, pudiendo en consecuencia, procurarse
un ingreso por su fuerza laboral, y así satisfacer sus necesidades básicas.
Finalmente,
señala que para la obtención de la ayuda humanitaria dispuesta en favor de las
personas en condición de desplazamiento, se han establecido  herramientas de
caracterización y procedimientos que establecen un orden en la atención y
definen los niveles de la misma, de acuerdo a la mayor o menor vulnerabilidad de
cada grupo familiar. Este procedimiento se debe respetar en aras de garantizar
el derecho a la igualdad, y los turnos de atención pueden gestionarse
directamente por quienes reclaman la entrega de las ayudas, razón por la cual
no es menester activar al aparato jurisdiccional.
d.
Pruebas relevantes
-
Petición de prórroga de
la entrega de ayuda humanitaria presentada por la señora David Zapata el día 21
de febrero de 2013 a la UARIV (folios 6 y 7).
-
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la
señora Johana David Zapata en la que se señala que nació el 31 de marzo de 1973
(folio 8).
-
Respuesta dada por la UARIV a la accionante, el
6 de marzo de 2013, en la que niega la entrega de la ayuda humanitaria, aduciendo
su afiliación al régimen contributivo de salud a través de la NUEVA E.P.S., en
calidad de beneficiaria activa. En dicho documento se relacionaron todos los
miembros de su grupo familiar de la actora, integrado por la accionante, su
esposo, dos hijos mayores de edad y uno menor de edad (folios 9 a 11).
-
Fotocopia de la Circular No. 001 de 2010 emitida
por el Subdirector Técnico de Atención a la Población Desplazada en la que
enuncia la reglamentación de los valores de los componentes de la atención
humanitaria y otras disposiciones, con ocasión del desplazamiento de individuos
(folios 12 a 20).
-
Constancia suscrita el 23 de abril de 2013 por
el secretario del Juzgado Cuarto Penal de Adolescentes con Función de
Conocimiento de Medellín, en la que señala lo siguiente:
“Le informo señora Jueza, que en el día de hoy, telefoneé con la
señora JOHANA DAVID ZAPATA en el abonado 2939375, quien manifestó que ella
recibió respuesta  por parte de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas del Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, que negó la atención humanitaria, por estar afiliada en el régimen
contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en calidad de
beneficiaria de su cónyuge. Dijo que la respuesta, la recibió a principios del
mes de marzo y por vía telefónica también se enteró; no obstante, un líder la
instó para que interpusiera tutela. Sobre sus condiciones socioeconómicas, dijo
que ella vive con tres hijos y su cónyuge y que es cierto que se encuentra
vinculado laboralmente, pero que gana poco. No tiene enfermedades ni se
encuentra en algún tipo de tratamiento médico.” (folio 28).
-
Informe de consulta hecho por el juez de primera
instancia a la página electrónica del Ministerio de la Protección Social  -
Fondo de Solidaridad y Garantías en Salud –FOSYGA- por la cual se determinó que
la accionante estuvo como afiliada cotizante al Sistema General de Seguridad
Social en Salud –SGSSS- durante todo el año 2001 a través de la EPS COOMEVA, y
por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2003, y enero de 2004 como
cotizante a la SUSALUD EPS. Su siguiente registro de afiliación aparece como
beneficiaria en los meses de octubre a diciembre de 2012 y enero a abril de
2013 a través de la NUEVA EPS (folio 42).
-
Informe de consulta a la página electrónica del
FOSYGA en el que se verificó que el señor Pastor Emilio Tuberquia Graciano,
esposo de la actora,  tiene el siguiente reporte de afiliación al SGSSS: por
los meses de octubre a diciembre de 2003 y enero de 2004 como cotizante a
través de la EPS SUSALUD. Posteriormente, como cotizante desde octubre de 2012
hasta abril de 2013 a través de la NUEVA EPS (folio 43).
-
Informe de consulta hecho por el juez de primera
instancia, a la página electrónica del FOSYGA, que permitió establecer que
Anderson Arlet David Zapata quien en el Registro Único de Víctimas estaba inscrito
como miembro del grupo familiar de la accionante, está registrado como afiliado
a la Caja de Compensación Familiar de Antioquia –COMFAMA- desde el 1° de abril
de 2012 como cabeza de familia (folio 46).
e.
Sentencias objeto de revisión
Primera
instancia
En sentencia del
23 de abril de 2013, el Juzgado Cuarto Penal de Adolescentes con Función de
Conocimiento de Medellín, denegó el amparo constitucional solicitado por la
señora David Zapata. Explicó el a quo que la petición principal
encaminada a obtener la entrega de las ayuda humanitaria no será analizada en
sede de tutela, pues el juez constitucional no puede usurpar la competencia que
para el efecto tiene la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas –UARIV-, como única responsable de agotar el proceso de
caracterización de la población desplazada, pues es a partir de dicho trámite que
es posible determinar si se prorroga o no la ayuda humanitaria, lo cual depende
de si el accionante aún afronta los rigores del desplazamiento.
El juez de
instancia contrastó lo resuelto por la Corte Constitucional en sentencia  T-160
de 2012[4]
con el presente caso, y consideró, que si bien la señora David Zapata se
encuentra afiliada al régimen contributivo en salud en calidad de cotizante, de
los hechos se pudo establecer, que ella cuenta con su esposo quien se encuentra
actualmente laborando y quien figura como cotizante al régimen contributivo.
Además, se demostró que no existe ninguna limitación o discapacidad que impida
a la actora o los miembros adultos de su grupo familiar laborar.
De igual manera,
se desvirtúa lo dicho por la accionante en cuanto afirmó ser madre cabeza de
familia, pues como se desprende del contenido de normas de carácter
constitucional (Art. 42 CP), y legal (Ley 82 de 1993), así como de los  pronunciamientos
de la misma Corte Constitucional (sentencia T-247/12), dada la configuración de
su grupo familiar, la accionante no puede ser calificada como madre cabeza de
familia, pues en su caso, su pareja no la ha abandonado, ni ha dejado de
atender sus obligaciones como padre.
En cuanto a la
pertinencia en la entrega de las ayuda humanitaria de emergencia, la misma no es
asignada o entregada de manera indefinida, pues las familias deben propender
por alcanzar su propio auto sostenimiento económico, lo que en el presente
caso, ya se dio con la vinculación laboral de su esposo, circunstancia que  irradia
a todo su grupo familiar. Así, las dificultades económicas en el presente caso,
no son consecuencia del desplazamiento, sino de situaciones distintas.
De esta manera,
entendido que la petición fue efectiva y oportunamente respondida por la
entidad accionada y advertida la situación familiar del caso, ello es motivo
suficiente para negar el amparo constitucional solicitado.
Impugnación
Señala la
accionante, que la Ley 387 de 1997 de manera taxativa dispone en su artículo
18, cuándo la condición de desplazado de una persona cesa, y ello ocurre cuando
se ha alcanzado la consolidación y estabilización socioeconómica. Por ello, no
se puede suponer, a partir de su vinculación a una EPS del régimen
contributivo, que haya alcanzado el auto sostenimiento económico, pues de
aceptarse tal interpretación, ello supondría la imposición de requisitos
adicionales a los dispuestos por la ley para acceder a tales ayudas. Por lo
anterior, la actora pide se modifique la decisión impartida en primera
instancia, y se ordene a la entidad accionada que en los términos de la
sentencia C-278 de 2007, brinde a la accionante y su núcleo familiar la
asistencia en alimentos, arriendo y kits de cocina y aseo.
Segunda
instancia
La Sala de
Decisión Penal para Adolescentes del Tribunal Superior de Medellín,  en
sentencia del 17 de mayo de 2013 resolvió confirmar la decisión de primera
instancia. Consideró el ad quem que en una nueva caracterización
adelantada por la UARIV, estableció que la señora David Zapata se encuentra
afiliada al régimen contributivo en salud desde el mes de octubre de 2012, en
calidad de beneficiaria activa. Así mismo, esta instancia judicial corroboró a
partir de información allegada por la UARIV y por consulta hecha por este
Tribunal a la página electrónica del Registro Único de Afiliados a la
Protección Social –RUAF- que la señora David Zapata está incluida en el RUV
como jefe de hogar, junto con su esposo y tres hijos, dos de los cuales son mayores
de edad. Al revisarse la información de afiliación en salud, se estableció que
la actora estuvo vinculada laboralmente hasta el año 2004, por cuanto aparece
como cotizante. Sin embargo, a partir de octubre de 2012 el cotizante es su
esposo. De otra parte, uno de sus hijos, Anderson Arlet David Zapata figura
actualmente como afiliado al régimen subsidiado a través de la Caja de Compensación
Familiar de Antioquia COMFAMA, como cabeza de familia.
Así, se
confirma, que si bien la accionante es una mujer desplazada, no ostenta la
condición de madre cabeza de hogar, pues en su núcleo familiar hay otro adulto
que se encuentra económicamente activo, que es su esposo, por lo que se infiere
que desde un tiempo atrás, vienen percibiendo al menos un salario mínimo
mensual. Finalmente, si lo indagado no es cierto, la accionante podrá de todos
modos, controvertir lo averiguado, allegando para ello, las pruebas del caso, a
afectos de que nuevamente se realice el correspondiente proceso de caracterización.
4.
Expediente T-3.965.937
a.
Hechos
La señora Ana
María Giraldo Guisao manifiesta que es mujer cabeza de hogar, y desplazada debidamente
inscrita en el Registro Único de Población Desplazada –RUPD-[5] al
igual que su grupo familiar conformado por menores de edad y adultos. Señala
que ha solicitado a la UARIV la entrega de la prórroga de la ayuda humanitaria de
emergencia, sin que esta le haya sido suministrada hasta el momento. Anota, que
por encontrarse desempleada, su situación de vulnerabilidad es alta, razón más
que suficiente para que en esta oportunidad la ayuda reclamada, le sea
entregada de manera puntual y completa. Aclara finalmente, que el ocasional
ingreso económico que percibe es fruto de trabajos esporádicos que no le
permiten asumir en debida forma las necesidades propias de un hogar como son
alimentación, salud, educación y vivienda.
b.
Solicitud de tutela
La accionante
considera vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad,
a la salud, los derechos fundamentales de los menores de edad, a la protección
especial a la mujer cabeza de hogar, a las personas de la tercera edad y a las
personas en condición de discapacidad. Solicita en consecuencia que se ordene a
la UARIV, que en un plazo no mayor a 48 horas, adelante todas las acciones orientadas
a hacer entrega de la ayuda humanitaria de emergencia solicitada.
c.
Intervención de la parte demandada
Notificada la
presente acción de tutela, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas –UARIV- guardó silencio.
d.
Pruebas relevantes
-
Fotocopia de la petición de prórroga de ayuda
humanitaria que radicara la señora Giraldo Guisao, el 18 de enero de 2013 ante
la UARIV (folios 4 a 6).
-
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la
señora Ana María Giraldo Guisao en la que se señala que nació el 17 de
noviembre de 1952 (folio 7).
e.
Sentencias objeto de revisión
Primera
instancia
El Juzgado
Veinticinco Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, en
sentencia del 22 de marzo de 2013, resolvió tutelar los derechos de la señora
Ana María Giraldo Guisao.
Consideró el a
quo, luego de recordar la posición jurisprudencial asumida por la Corte
Constitucional en relación con la entrega de la ayuda humanitaria a la
población desplazada que no ha alcanzado su auto sostenimiento, que en la
medida en que la entidad accionada no dio respuesta al requerimiento judicial a
esta tutela, no pudo confirmar si se había agotado el proceso de
caracterización de la accionante y su grupo familiar. En efecto, de haberse
surtido dicho trámite se habría confirmado o desvirtuado si aún persistía el
estado de cosas inconstitucional a consecuencia de su desplazamiento forzado en
el caso de la actora. Por esta razón, ordenó a la UARIV, que en los siguientes
10 días a la notificación de esta decisión, realizara el correspondiente
proceso de caracterización, sí aún no lo hubiese hecho, con el fin de
determinar las reales condiciones en las que se halla la afectada, para así
establecer la procedencia o no de la prórroga de la ayuda humanitaria de
emergencia. De confirmarse su condición de vulnerabilidad, deberá indicar los
términos de entrega de la misma, e informará a la accionante la fecha exacta,
el modo y el lugar en que colocará la ayuda humanitaria, debiendo en todo
momento respetar los turnos preestablecidos para su entrega, sin que dicho
término exceda de tres (3) meses.
Impugnación
La UARIV impugnó
el fallo de instancia, al considerar que la accionante se encuentra en la fase
de Transición, pues ya ha alcanzado la etapa del auto sostenimiento, lo que se
advierte por su afiliación al régimen contributivo en salud a través de la
E.P.S. COOMEVA, en calidad de beneficiaria activa. Anota la UARIV, que la
accionante ya había sido objeto del correspondiente procedimiento de
caracterización, mecanismo que permite determinar las condiciones de
vulnerabilidad de los núcleos familiares, en el que se verifica la información
existente en las bases de datos de los regímenes de salud y pensión, pues la información
allí depositada se constituye en casi “el único filtro para impedir que la
ayuda humanitaria se eternice en su entrega en los núcleos familiares que en
verdad no mantienen las mismas condiciones que dieron origen a su
desplazamiento.” [6]
De esta manera,
la UARIV considera que no ha vulnerado derecho fundamental alguno a la actora,
incluso el de petición, pues el mismo fue resuelto de manera adecuada, en
escrito remitido a la accionante el 29 de enero de 2013. En dicha respuesta se
explicaron las razones para negar la petición. La misma entidad aclara, que
tras la recepción de la anotada petición de prórroga, le asignó un turno para
valorar el estado de vulnerabilidad del núcleo familiar a través de la caracterización.
Sin embargo, al advertirse que la accionante se encontraba afiliada al régimen
contributivo en salud, la respuesta a su petición fue la inviabilidad de la
entrega de dicha ayuda humanitaria.
Segunda
instancia
La Sala de
Decisión Constitucional del Tribunal Superior de Medellín, en sentencia del 11
de abril de 2013, revocó la decisión de primera instancia y en su lugar,
declaró la improcedencia de la acción de tutela. Consideró el ad quem que
si bien se ha señalado que el desplazamiento es una situación de hecho que no
se encuentra limitada en el tiempo, la garantía y protección ofrecida por el
Estado no es permanente, ni puede prolongarse de manera indefinida, pues ésta
es esencialmente transitoria y su finalidad es que las personas desplazadas
alcancen nuevamente una posición dentro de la población económicamente activa.
Así, en le
presente caso, se advierte de las pruebas obrantes en el proceso, que la entidad
accionada dio efectiva y oportuna respuesta a la petición de la accionante,
justificando la negativa a la prórroga de la ayuda humanitaria en el hecho de
que ya la actora ha alcanzado el auto sostenimiento, hecho que infiere de su
condición de afiliada al régimen contributivo en salud. Así, considera que la
situación de vulnerabilidad que alega la actora no obedece ya a las razones que
motivaron su desplazamiento, pues luego de realizarse el proceso de
caracterización, se constató que había ya superado su estado de
vulnerabilidad.
5.
Expediente T-3.970.137
a.
Hechos
La señora
Herminia Judith de Ángel González,[7]
quien se encuentra incluida en el Registro Único de Población Desplazada
-RUPD-  junto con su grupo familiar al que también pertenece su ex compañero,
su padre, tres hijos mayores de edad, su nuera, y dos nietos menores edad,
manifiesta que ha solicitado a la UARIV la prórroga de la ayuda humanitaria,
pues no ha podido superar su condición de vulnerabilidad originada por el
desplazamiento forzado.
Afirma, que su
petición le fue negada con el argumento de que se encuentra inscrita en el
régimen contributivo de salud en calidad de beneficiaria. Ante este hecho, la
accionante confirma que ello es cierto, pero que tal inscripción obedece a que
su ex compañero, con el cual no conviene hace un buen tiempo, la ha mantenido
como beneficiaria suya. Explica, que su actual situación es bastante compleja
pues no cuenta con los recursos para suplir las necesidades más elementales que
le permitan sobrellevar una vida en condiciones dignas. Anota igualmente, que
en la actualidad vive en el municipio de Aguas Blancas (Cesar) en el que no
existe oficina de atención de la UARIV, razón por la cual, por su crítica
situación económica, no cuenta con los recursos económicos para trasladarse a
las oficinas de la UARIV ubicadas en la ciudad de Valledupar.
b.
Solicitud de tutela
La accionante
considera vulnerado sus derechos fundamentales a la vida y al mínimo vital,
razón por la cual solicita que se ordene a la UARIV, autorice la prórroga de la
ayuda humanitaria de manera continua y efectiva ya que no le fue dada una
respuesta a su petición.
c.
Intervención de la parte demandada
La UARIV guardó
silencio en el trámite de esta acción de tutela.
d.
Pruebas relevantes
-
Fotocopia de informe de fecha 22 de julio de
2009 proferido por el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada -SNAIPD-, en que se le informa a la accionante, que ella como su
grupo familiar se encuentran incluidos en el Registro Único de Población
Desplazada –RUPD- (folio 5).
-
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la
señora Herminia Judith De Ángel González en la que consta que nació el 18 de
enero de 1959 (folio 6).
-
Declaración extra proceso rendida por la señora
De Ángel González en la que confirma ser madre cabeza de familia y ocuparse
ocasionalmente en los servicios domésticos (folio 7).
-
Fotocopia de manuscritos ilegibles en los que
obran varios sellos de médicos internistas especialistas en reumatología
(folios 8 y 9).
e.
Sentencia objeto de revisión
En sentencia del
2 de abril de 2013 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de
Valledupar, negó la presente acción de tutela. Señaló el juez de instancia, que
si bien la accionante aseguró en una declaración extrajudicial ser madre cabeza
de familia, no aportó prueba alguna que demostrara tal condición, como son los
registros civiles de nacimiento de sus hijos. Además, de la fotocopia de su
cédula de ciudadanía se advierte que cuenta tan solo con 54 años de edad, lo
que también la ubica lejos del grupo de las personas de la tercera edad. Así
mismo, no aportó prueba que demuestre alguna discapacidad que le impida trabajar.
Por tal motivo, el juzgado encuentra que no se demostró la vulneración de
derecho fundamental alguno, razón suficiente para negar el amparo solicitado.
6.
Expediente T-3.972.541
a.
Hechos
El accionante
Argiro de Jesús Gómez Gallego señala que es desplazado y que su grupo familiar
está conformado por varios adultos y varios menores de edad.[8] Afirma
igualmente, que dada su situación de desplazamiento no cuenta con los ingresos
económicos necesarios para sufragar los gastos básicos de alimentación,
arriendo, pago de servicios públicos y educación entre otros. A pesar de haber
solicitado a la UARIV la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia, esta
le fue negada por encontrarse inscrito en el régimen contributivo de salud. Explica
el actor, que si bien estuvo inscrito a una EPS del régimen contributivo, ello
fue de manera temporal en razón a un trabajo ocasional que tuvo, y que dicha
afiliación es consecuencia de la obligación legal que le asiste al empleador.
b.
Solicitud de tutela
El accionante,
quien considera vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, al mínimo
vital, los derechos fundamentales de los niños y de petición, pide se ordene a
la entidad accionada reconocerle y entregarle la ayuda humanitaria de
emergencia por él solicitada, así como su inclusión en los programas de
estabilización socioeconómica. Finalmente, solicita que la entrega de dichas
ayudas se haga de manera completa y oportuna.
c.
Intervención de la parte demandada
La UARIV guardó
silencio en el trámite de esta acción de tutela.
d.
Pruebas relevantes
-
Fotocopia de la respuesta emitida el 27 de
noviembre de 2012 por la UARIV y dirigida al señor Gómez Gallego, en la que le
informa, que en vista de que aparece afiliado al régimen contributivo en salud,
no es posible acceder a su petición de ayuda humanitaria, por cuanto se infiere
que tanto él como su grupo familiar se encuentran en una situación de auto
sostenimiento (folio 3).
-
Fotocopia de la petición de prórroga de ayuda
humanitaria que presentará el accionante ante la UARIV el 16 de noviembre de
2012 (folio 4).
-
Fotocopia de certificación No. 335 de fecha 17
de mayo de 2008, suscrita por el Personero Municipal de Cocorná en la que
certifica que al grupo familiar del señor Argiro Gómez Gallego integrado por
María Esperanza Gómez, Eliana Gómez Peláez, Blanca María Peláez A., Nelson de
Jesús Gómez Peláez y Daniel Gómez Peláez, se han de agregar los menores Juan
Felipe García Gómez con NUIP B3VV0302265 y Maritza García Gómez con NUIP
1036253446, quienes son hijos de su esposa María Esperanza Gómez Peláez (folio
5).
-
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del señor
Argiro de Jesús Gómez Gallego en la que consta que nació el 11 de julio de 1954
(folio 6).
e.
Sentencias objeto de revisión
Primera
instancia
El Juzgado Penal
del Circuito de Santuario (Antioquia), en sentencia proferida el  26 de febrero
de 2013, negó el amparo constitucional solicitado por el señor Gómez Gallego.
Señaló el juez de instancia, que tras analizar la respuesta dada por la UARIV
al actor, pudo advertir que ésta satisface las pretensiones formuladas, por
cuanto corresponde a una respuesta material, que si bien fue adversa a las
pretensiones del accionante, no por ello puede entenderse como violatoria de
sus derechos fundamentales. En efecto, la respuesta negativa se fundamentó en
la afiliación que tiene el accionante al régimen contributivo de salud como beneficiario
activo.
Además, señala
el juez de instancia, que la UARIV le informó al accionante, que si no
compartía la información que de él se tenía, podía acreditar su real situación,
acercándose a un Punto de Atención (antes UAO), en donde un facilitador haría
seguimiento a su condición y la de su grupo familiar.
Impugnación
Si bien la impugnación
fue presentada por el señor Gómez Gallego, el Juzgado Penal del Circuito de El
Santuario (Antioquia) señaló que esta fue hecha de manera extemporánea, pues la
sentencia fue notificada al accionante el 26 de febrero de 2013, y éste la
impugnó hasta el 5 de abril de 2013, desbordando de esta manera el término de
tres (3) días que para el efecto prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
7.
Expediente T-3.974.370
a.
Hechos
El señor Mario
Andrés Ruíz Rubio[9]
presentó acción de tutela en contra de la UARIV al considerar vulnerados sus
derechos fundamentales y los de su grupo familiar. Explica que tras ser
desplazado por la violencia, y haber recibido la ayuda humanitaria en cuatro
oportunidades, debió nuevamente tramitar la prórroga de dicha ayuda, pues de
nuevo no cuenta con un empleo que le permita asumir los gastos necesarios para
la manutención básica de su grupo familiar. Por tal motivo, presentó el pasado
6 de marzo de 2013, su petición en la UAO de Puente Aranda en Bogotá. Sin
embargo, hasta la fecha de interposición de esta acción de tutela (12 de abril
de 2013)[10],
no había recibido respuesta alguna.
b.
Solicitud de tutela
Frente a los
hechos expuestos, el accionante solicita la protección de sus derechos
fundamentales a la vida, dignidad, igualdad y petición, así como el respeto a
los principios de confianza legítima, progresividad y favorabilidad. Para ello,
pide se ordene a la entidad accionada, que en el término máximo de 48 horas
siguientes a la notificación de la correspondiente sentencia, le sea autorizada
y efectivamente entregada la ayuda humanitaria solicitada.
c.
Intervención de la parte demandada
Pese a haberse
corrido traslado del escrito de tutela a la UARIV, esta entidad guardó
silencio.
d.
Pruebas relevantes
-
Fotocopia de la petición de prórroga de ayuda
humanitaria presentada por el señor Ruíz Rubio ante la UAO de la UARIV, con
fecha de recibo el 6 de marzo de 2013, tal como consta en el mismo documento
(folio 5).
-
Fotocopia de la certificación expedida el 17 de
mayo de 2011 y suscrita por el subdirector Técnico de Atención a Población
desplazada (E), en la que consta que el accionante se encuentra inscrito en el
Registro Único de Población Desplazada -RUPD- junto con su grupo familiar
compuesto por su esposa o compañera, y cinco hijos menores de edad con edades
entre los 1 y 11 años de edad (folio 6).
-
Fotocopia de documento suscrito el 8 de abril de
2013 por la Gerente de Operación Comercial de SALUD TOTAL E.P.S. en la que
manifiesta, que al  momento de expedir dicha comunicación, el señor Mario
Andrés Ruíz Rubio se encuentra DESAFILIADO de dicha E.P.S., lo que le
permitiría afiliarse al sistema subsidiado de salud (folio 7).
-
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del señor
Mario Andrés Ruíz Rubio, en la que consta que nació el 27 de septiembre de 1978
(folio 8).
e.
Sentencias objeto de revisión
En sentencia del
24 de abril de 2013, el Juzgado Veintidós Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bogotá, resolvió amparar el derecho fundamental de petición del
señor Ruíz Rubio. El juez de instancia advirtió, que en efecto, tras la
radicación el pasado 6 de abril de 2013,  de una petición de prórroga de ayuda
humanitaria ante la UARIV, en el proceso no obra prueba alguna que la misma ya
haya sido resuelta por la entidad accionada. Incluso, se observa que la UARIV
tampoco intervino en el trámite de esta acción de tutela. De esta manera, se
puede afirmar que hasta el momento, la petición del accionante no ha obtenido
una respuesta, razón por la cual, es evidente la vulneración del derecho de
petición.
De otra parte,
el a quo anotó que si bien, en sentencia C-278 de 2007, la Corte
determinó que no existe un término máximo durante el cual se ofrezca la ayuda
humanitaria, esa misma Corporación, en sentencia de tutela T-496 de 2007, había
señalado las reglas precisas para la prórroga de la anotada ayuda humanitaria.
De dichas reglas, sobresale la implementación de turnos para la atención y
entrega de la referida ayuda humanitaria, regla cuyo respeto garantiza el
derecho a la igualdad. Destaca igualmente, que la entrega de la ayuda estará
supeditada a la disponibilidad presupuestal y al proceso de caracterización. Por
esta razón, impartir una orden de entregar la ayuda humanitaria solicitada,
supone desconocer las anteriores reglas cuya aplicación compete a otras
entidades de Gobierno.
Por lo anterior,
solo tuteló el derecho de petición, ordenando a la UARIV, que en el término de
48 horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, brinde una
respuesta de fondo a la petición tramitada por el señor Ruíz Rubio.
Impugnación
El accionante
Mario Andrés Ruíz Rubio impugnó la decisión de primera instancia, al considerar,
que si bien la entidad accionada no intervino oportunamente en la acción de
tutela, aportó un documento fechado el 19 de abril de 2013, que fue
efectivamente radicado el día 30 de ese mismo mes, que corresponde  a la respuesta
a su petición de prórroga de ayuda humanitaria. En la misma se le informó que los
elementos correspondientes a los utensilios de cocina y elementos de alojamiento
solo se entregan por una única vez. Explicó el actor, que los demás componentes
de la ayuda humanitaria de emergencia solicitada fueron igualmente negados. El
fundamento de esa decisión obedeció al hecho de que del estudio de vulnerabilidad
que le fuera hecho a él y a su grupo familiar, para el momento en que dicha
caracterización se realizó, el accionante se encontraba vinculado al sistema
contributivo de salud. Recuerda el actor que ese hecho quedó desvirtuado con la
certificación aportada al expediente de tutela, en la que la EPS de SALUD TOTAL
aseveró que ya se encontraba desafiliado.
Segunda
instancia
La Sala Penal
del Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 24 de mayo de 2013, revocó la
decisión de primera instancia, y en su lugar, declaró la improcedencia de la
acción de tutela. Consideró el tribunal, que en la medida en que la acción u
omisión que motivó la interposición de la acción de tutela ya fue superada,
dejó sin sustentó la petición de amparo que justificó su interposición. En efecto,
señaló que el propio demandante indicó en el trámite de la impugnación, que
recibió la respuesta a su petición de prórroga de ayuda humanitaria.
Ahora bien, la
negativa a hacer entrega de las ayuda humanitaria solicitada, se sustentó en un
hecho cierto, como es que el actor laboró en la empresa de vigilancia
Cooservipp Ltda., en el periodo comprendido entre junio de 2012 y febrero 15 de
2013, vinculación laboral que aún estaba vigente para el momento en que se presentó
la petición de prórroga de la ayuda humanitaria, situación que persistió
incluso para la fecha en que se produjo la respuesta negativa a sus
pretensiones. Explicó el ad quem, que “la desvinculación del sistema
contributivo, atendido el pago anticipado del aporte respectivo como está
previsto en la Ley 100 de 1993 y sus disposiciones complementarias, implica la
extensión de la protección en la prestación de los servicios de salud con
posterioridad a la fecha de culminación de la relación laboral”.[11]
8.
Expediente T-3.974.501
a.
Hechos
La señora Nelly
Margoth Sibaja Martínez manifiesta que es desplazada del municipio de Carepa
(Antioquia), y reside actualmente en la ciudad de Medellín, y que además, se
encuentra incluida en el Registro Único de Población Desplazada –RUPD- .
Señala la actora
que es madre cabeza de familia y tiene a su cargo a un hijo menor de edad, y que
en efecto, se encuentra afiliada al régimen contributivo de salud a través de
la NUEVA E.P.S., en calidad de beneficiaria de su ex esposo, con el cual, a
pesar de no convivir hace más de 12 años, la ha mantenido como su beneficiaria
en salud. Explica igualmente, que en la actualidad no cuenta con un trabajado
que le permita solventar los gastos básicos como vivienda, alimentación,
servicios públicos, vestuario y todos aquellos que supone tener una vida digna.
A pesar de ello,
y tras solicitar a la UARIV la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia, ésta
le fue negada, por su afiliación al régimen contributivo en salud, hecho que
lleva a presumir, que su núcleo familiar cuenta con un ingreso económico de al
menos un salario mínimo mensual legal vigente. Ciertamente esta aseveración no
corresponde con la verdad, pues los pocos recursos con que cuenta, son fruto
del comercio informal al cual se dedica.
b.
Solicitud de tutela
La accionante
considera violados sus derechos fundamentales a la vida digna, a la integridad
física, al mínimo vital, a la igualdad al libre desarrollo de la personalidad,
a la educación, a la saluda, a la vivienda y de petición. Para su protección,
pide se ordene a la UARIV, la entrega inmediata de la ayuda humanitaria, en
razón al grado de vulnerabilidad en que se encuentra junto con su hijo menor de
edad, situación que puede verificarse con una visita a su hogar.
c.
Intervención de la parte demandada
Dentro del
término señalado por el juzgado, la entidad accionada no dio respuesta a la
demanda de tutela instaurada en su contra.
d.
Pruebas relevantes
-
Fotocopia de la respuesta emitida por la UARIV
el 26 de noviembre de 2012 y dirigida a la señora Sibaja Martínez, en la que se
le informa que no es procedente la entrega de la ayuda humanitaria solicitada,
pues luego de  consultar el Sistema Integral de Información de la Protección
Social del Ministerio de la Protección Social -RUAF- se determinó que sigue
figurando como afiliada al régimen contributivo en salud (folios 11 a 18).
-
Fotocopia de un registro civil de nacimiento de
un menor nacido el 22 de septiembre de 2002 (folio 19).
-
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la
señora Nelly Margoth Sibaja Martínez, que indica que la actora nació el 18 de
octubre de 1962 (folio 20).
e.
Sentencias objeto de revisión
En sentencia del
3 de mayo de 2013, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín negó la
presente tutela por ser improcedente. Luego de explicar la naturaleza jurídica
del derecho a la ayuda humanitaria, el juez de instancia señaló que tras verificar
la información obrante en el expediente, pudo observar que la petición de
entrega de ayuda humanitaria fue respondida de manera oportuna por la UARIV,
negando lo pedido, en razón a la condición de afiliada que tiene la actora  al
régimen contributivo de salud, por lo que desvirtúa la ausencia de
sostenibilidad económica de ella y su familia. Lo anterior es motivo suficiente
para que la tutela sea negada.
9.
Expediente T-3.974.550
a.
Hechos
La accionante,
Luz Adriana Zuluaga Moreno manifiesta que junto con su grupo familiar integrado
por adultos y menores de edad fueron desplazados por la violencia y se
encuentran incluidos en el Registro Único de Población Desplazada –RUPD-. Explica,
que si bien solicitó a la UARIV la prórroga de la ayuda humanitaria de
emergencia, ésta le fue negada por encontrarse inscrita al régimen contributivo
en salud. Sobre el particular, la misma accionante señala que
desafortunadamente el haber logrado tener un trabajo ocasional y mal
remunerado, ha sido un gran problema para ella y su grupo familiar, pues a raíz
de dicho vínculo laboral que se extendió por unos pocos días, la entidad
accionada presume que ella puede sostener económicamente a su familia por mucho
más tiempo.
b.
Solicitud de tutela
Por los hechos
expuestos, la accionante considera vulnerados sus derechos fundamentales a la
vida en condiciones dignas, al trabajo, a la igualdad y a la protección de los
derechos fundamentales de los niños. Por ello, solicita se ordene a la UARIV la
entrega permanente de la ayuda solicitada, en lo que concierne a alimentación,
auxilio de vivienda, pago de arriendo y a la inclusión en los programas de
estabilización socio económica y de educación para sus hijos menores de edad.
c.
Intervención de la parte demandada
En escrito
recibido por el juzgado de primera instancia de esta tutela el 17 de mayo de
2013, la UARIV señaló que dio efectiva y pronta respuesta a la petición de la
accionante, informándole que era improcedente la prórroga en la entrega de la ayuda
humanitaria solicitada, por encontrarse la reclamante afiliada al régimen
contributivo en salud, situación que permitió a esa entidad, deducir que la
accionante se encuentra en condiciones de auto sostenimiento.
Explica la
entidad accionada, que para que la ayuda humanitaria proceda, se requiere,
además de la condición especial de persona desplazada, que se cumplan otras
condiciones, como por ejemplo, no poseer arraigo, ni trabajo remunerado, o que
no cuente con la suficiente capacidad económica para valerse por si misma, pues
de aceptarse lo contrario, es decir, de que “todos los demandantes cabeza
de familia que pertenezcan al régimen contributivo y que se encuentren en
difíciles situaciones económicas deberían ingresar a las ayudas y programas que
ofrece la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A
LAS VÍCTIMAS.” (Negrilla dentro del texto original).
Por lo anterior,
la accionada concluyó, que de entregarse la anhelada ayuda humanitaria a la
accionante, supondría una flagrante violación del derecho a la igualdad
respecto de aquellas personas, que en efecto, si se encuentran en condiciones
de vulnerabilidad.
d.
Pruebas relevantes
-
Fotocopia de la petición de prórroga de ayuda
humanitaria de emergencia que fuera radicada por la accionante ante la UARIV, el
10 de abril de 2013 (folio3).
-
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de Luz
Adriana Zuluaga Moreno en la que consta que nació el 7 de diciembre de 1980
(folio 4).
-
Fotocopia de informe obtenido por el juez de
primera instancia, quien  consultó por vía de la página electrónica del
Registro Único de Afiliados a la Protección Social –RUAF-, y pudo constatar que
para el 4 de agosto de 2013, la accionante se encontraba afiliada al régimen
contributivo en salud de Cafesalud E.P.S., como beneficiaria activa desde el 24
de agosto de 2012. Igualmente, para el 31 de marzo de 2013, presentaba una
afiliación a la Caja de Compensación Familiar de Antioquia –COMFAMA-, con vínculo
activo y con fecha de afiliación del 5 de julio de 2005. No presenta afiliación
alguna a fondo de pensiones, riesgos profesionales y cesantías, como tampoco es
beneficiaria de programas de asistencia social, ni percibe pensión alguna
(folio 11).
-
Respuesta entregada por la UARIV a la accionante
con fecha de emisión el 19 de abril de 2013 (folios 22 a 24).
e.
Sentencia objeto de revisión
El Juzgado Sexto
Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del 17 de mayo de 2013 negó el
amparo constitucional solicitado, al considerar, que tras verificar que la
accionante se encuentra inscrita en el régimen contributivo de salud, tanto
ella como su núcleo familiar han alcanzado su auto sostenimiento. Para
respaldar su decisión, el juzgado de instancia señaló que en consulta realizada
al Registro Único de Afiliación a la Protección Social – RUAF-, pudo confirmar
que la señora Zuluaga Moreno estaba inscrita en el régimen contributivo de
salud a través de la E.P.S. CAFESALUD, desde el 24 de agosto de 2012, en
calidad de beneficiaria activa, y que pudo constatar además, que no contaba con
afiliación alguna en pensiones y riesgos profesionales, Sin embargo, advirtió
que aparece como afiliada activa a la Caja de Compensación Familiar de
Antioquia – COMFAMA- con fecha del 5 de julio de 2005.
A partir de esta
información, el a quo recuerda que la afiliación de la accionante al
régimen contributivo en salud data del mes de agosto de 2012, y su actual
condición es de beneficiaria activa, lo que lleva a suponer, que desde ese
momento, su núcleo familiar cuenta con ingreso económico de al menos, un
salario mínimo mensual legal vigente, lo que permite presumir que ha alcanzado
el auto sostenimiento económico. Con todo, si la anterior afirmación no fuere
cierta, es la misma accionante la que ha debido entrar a desvirtuarla, lo cual
en efecto no sucedió, pues no aportó prueba alguna en contrario, ni se acercó a
esta instancia judicial a rendir declaración juramentada.
Vistas las
anteriores consideraciones, no existen los elementos de juicios que permitan
avalar la procedencia de esta acción de tutela, toda vez que existen dudas del
real estado de vulnerabilidad de la accionante y su grupo familiar, pues para
que se prorrogue la entra de ayuda humanitaria de emergencia, resulta
indispensable que exista total claridad sobre las verdaderas circunstancias de
vulnerabilidad de dicho grupo familiar y la imposibilidad de que éste pueda por
ahora, alcanzar su auto sostenimiento, lo cual no se aprecia en este caso.
Finalmente,
recuerda el juez de instancia, que si bien es un deber del Estado proveer la
asistencia a la población desplazada, es claro igualmente, que las referidas
ayudas no pueden mantenerse de manera indefinida, pues se estaría sacrificando
la etapa de estabilización como proceso necesario para que las personas
alcancen su auto sostenimiento.
10.   Expediente T-3.989.886
a.
Hechos
La señora María
Aida Godoy Vargas manifiesta que como víctima del desplazamiento forzado, se
encuentra actualmente residenciada en la ciudad de Medellín, e inscrita en el
Registro Único de Población Desplazada -RUPD-.[12]
Explica, que
como madre cabeza de familia, solicitó a la UARIV el 11 de marzo de 2013, le
reconociera la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia, en razón a su
difícil situación. Sin embargo, en respuesta del 6 de abril de 2013 la entidad
requerida, le manifestó que por encontrarse inscrita en el régimen contributivo
de salud, no era posible autorizarle la prórroga de la ayuda solicitada, por cuanto
se entendía que tanto ella, como su grupo familiar se encontraban ya en una
situación de auto sostenimiento económico.
Considera la
accionante que la respuesta dada por la UARIV se encuentra soportada en una
información “totalmente falsa”, que no fue corroborada, por
cuanto ella misma, tras consultar los registros de las bases de datos de las
agencias como el Fosyga, del cual dice anexar una constancia, puede demostrar,
que para ese momento, y desde siempre, ha estado inscrita al régimen
subsidiado.
Afirma igualmente,
que la errada información que justificó la respuesta negativa a su petición de
prórroga de ayuda humanitaria, afecta de manera grave sus derechos
fundamentales y los de sus cuatro hijos menores de edad que se encuentran
igualmente registrados en el RUPD.
b.
Solicitud de tutela
La señora Godoy
Vargas considera vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo
vital y a la vivienda digna, razón por la cual pide se ordene a la UARIV, que
le otorgue un turno prioritario para la entrega inmediata de la ayuda
humanitaria de transición, o que en su defecto, le sea realizada una visita
domiciliaria que permita verificar el real estado de vulnerabilidad en el que
se encuentra.
c.
Intervención de la parte demandada
En escrito
radicado el 23 de abril de 2013, en el juzgado de primera instancia de esta
tutela, la UARIV señaló que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la
accionante. Explicó, que en la medida en que la accionante reclama la prórroga
en la entrega de la ayuda humanitaria de “transición”, la responsabilidad de prestar
esta ayuda, se encuentra compartida con otra entidad como lo es el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, por lo que éste debe ser igualmente
vinculado. Con todo, y visto el motivo que justifica la interposición de esta
acción de tutela, “la entidad procederá a efectuar el trámite de
caracterización adoptado por la entidad para la asignación de turnos con el fin
de verificar las condiciones reales en la que se encuentra la solicitante y su
núcleo familiar, vencido el cual procederá a emitir y enviarle respuesta por
escrito. Esto teniendo en cuenta que si no se le ha dado respuesta a la
accionante ello no significa que la Entidad esté incurriendo en falta de
diligencia, sino por el contrario, está actuando con la mayor celeridad posible
frente a la copiosa oleada de solicitudes que de la misma materia debe atender
diariamente.”[13]
Finalmente,
señala la UARIV, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 65 de la
Ley 1448 de 2011, se procedió a la caracterización correspondiente del caso y
se remitió al ICBF a efectos de determinar si se efectuaría el pago de la ayuda
en lo que atañe al componente de alimentación.
d.
Pruebas relevantes
-
Fotocopia de la respuesta entregada por la UARIV
a la señor Godoy Vargas, en la que le informa la imposibilidad de entregar la
ayuda humanitaria solicitada, en razón a encontrase inscrita en el régimen
contributivo de salud. Esta respuesta fue generada el 23 de marzo de 2013
(folio 7).
-
Fotocopia de informe de afiliados contenido en
la base de datos única de afiliación al Sistema de Seguridad Social del FOSYGA,
en la que se constata que la accionante se encuentra afiliada a la Caja de
Compensación Familiar de Antioquia -COMFAMA- correspondiente al régimen
subsidiado, en calidad de mujer cabeza de hogar, con fecha de afiliación del 11
de febrero de 2013 (folio 8).
-
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la
señora María Aida Godoy Vargas, que señala como fecha de nacimiento el 8 de
octubre de 1966 (folio 9).
-
Fotocopia de informe de afiliados,
correspondiente a la base de datos única de afiliación al Sistema de Seguridad
Social del FOSYGA en la que se advierte que la señora Godoy Vargas se encuentra
afiliada al régimen contributivo de salud desde el 1° de abril de 2013, como
beneficiaria activa, a través de la NUEVA E.P.S. (folio 24).
-
Fotocopia de declaración rendida el 2 de mayo de
2013 en la Notaria 23 del Circulo de Medellín por parte del señor Edelvi Paso
Marín en la que manifiesta haber terminado su relación sentimental con la
señora María Aida Godoy Vargas hace 3 meses, relación que había perdurado por
espacio de dos años. Por esta razón, considera necesario que la señora Godoy
Vargas, quien era beneficiaria suya en el régimen de seguridad social en salud,
sea retirada de la base de datos de la empresa promotora de salud a la cual se
encuentra afiliado. El documento también fue suscrito por la señora María Aida
Godoy Vargas (folios 34 y 35).
e.
Sentencias objeto de revisión
Primera
instancia
En sentencia del
29 de abril de 2013, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Medellín negó la presente acción de tutela. Consideró el a
quo que la entidad accionada dio efectiva y pronta respuesta a la petición
de la accionante, lo cual se hizo antes de que ésta última interpusiera la
presente acción. De otra parte, aun cuando la actora afirma estar afiliada al
régimen subsidiado de salud, el juzgado de instancia consultó la página
electrónica del Ministerio de la Protección Social y del FOSYGA, y pudo
establecer que la señora Godoy Vargas se encuentra afiliada al régimen
contributivo en salud, hecho que permite inferir que comenzó una vida laboral
productiva que le garantiza el auto sostenimiento familiar. Por esta razón, la
UARIV no puede continuar prestándole asistencia humanitaria, pues la misma está
destinada a superar el estado de vulnerabilidad y emergencia derivado del
desarraigo. Lo anterior no implica que la condición de persona desplazada se
pierda con la afiliación al sistema contributivo de salud. Con todo, ha de recordarse,
que la ayuda humanitaria, en sus diferentes componentes de atención se
caracteriza por ser una ayuda de emergencia que cesa en su prestación cuando se
alcanza la estabilidad económica del grupo familiar.
Finalmente,
advierte a la accionante, que si su actual situación personal y familiar no es
la que describen las fuentes de información consultadas, ella podrá acercarse a
la Unidad de Atención y Orientación  -UAO- para informar que “se encuentra
nuevamente en etapa de caracterización con el fin de verificar las condiciones
reales en las que se encuentra.”[14]
Impugnación
En la impugnación
promovida por la tutelante, informó que ya no se encuentra afiliada al sistema
contributivo de salud, tal y como se desprende del certificado de desafiliación
que aporta[15].
Por tal motivo pide se revoque la decisión de primera instancia y se ordene la
protección de sus derechos fundamentales.
Segunda
instancia
En sentencia del
6 de mayo de 2013, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín resolvió
confirmar la decisión de primera instancia. Explicó el ad quem, que si
bien en la impugnación la actora confirmó que estuvo afiliada al régimen
contributivo de salud como beneficiaria de su ex compañero sentimental, y que dicha
afiliación ya terminó, la actora no ha acudido a los puntos de atención –UAO-
para solicitar a un facilitador que haga seguimiento a sus condiciones
actuales. Explica el juez de segunda instancia, que es necesario que el
referido procedimiento se agote, allegando para ello todos los elementos
necesarios para demostrar su condición de vulnerabilidad, de tal suerte que si la
misma persiste en el tiempo, sería justificación suficiente, para que la ayuda
humanitaria sean entregada.
Si bien la
condición de desplazada no se pierde con la negativa de prorrogar la entrega de
la ayuda humanitaria, la accionante puede solicitar información respecto de los
proyectos productivos, de adquisición de vivienda o programas para menores,
entre otros programas, que le permitan satisfacer sus necesidades.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
Esta Corte es
competente para conocer de los fallos materia de revisión, de conformidad con
lo estipulado en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, además, en cumplimiento de los autos de mayo 16, y junio 18 y 30 de 2013,
proferidos por las Salas de Selección Número Cinco y
Siete de esta Corporación, que seleccionaron estos
asuntos para su revisión.
2. Problema jurídico y esquema de resolución
En esta oportunidad,
la Corte deberá determinar si los accionantes, como víctimas del desplazamiento
forzado, han visto efectivamente vulnerados sus derechos fundamentales, ante la
negativa de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas –UARIV-, en entregarles la ayuda humanitaria cuya
prórroga solicitan, negativa que se sustenta en el hecho de encontrarse afiliados
al sistema contributivo en salud, lo que permite inferir a dicha entidad, que estas
personas han alcanzado ya su auto sostenimiento económico, quedando así excluidas
de recibir la ayuda humanitaria solicitada.
Esta Sala de
Revisión, considera necesario señalar inicialmente, que a partir del  nuevo
ordenamiento institucional definido tras la entrada en vigencia de la Ley 1448
de 2011[16],
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DAPS- asumió las
funciones programáticas en materia de política pública para la atención y
asistencia humanitaria de todas las personas víctimas del desplazamiento
forzado interno y de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la
citada ley, en reemplazo de  la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción Social-.
Por su parte, la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas – UARIV-, adscrita al DAPS, reemplaza a Acción
Social, como encargada de articular a nivel nacional,
departamental, distrital y municipal la oferta pública de la ayuda humanitaria,
es decir, es la entidad responsable de operar el registro único de víctimas, y
coordinar con las demás entidades del Sistema Nacional de Atención
Integral a la Población Desplazada –SNAIPD-[17], la implementación y ejecución de los recursos económicos y de la
ayuda humanitaria en sus diferentes fases y niveles, además de coordinar las
políticas que permitan la estabilización socioeconómica de la población
desplazada y garanticen sus derechos a la verdad, justicia y reparación, debiendo
por lo demás, asumir la responsabilidad en materia de las indemnizaciones.[18]
En consideración
a lo anterior, y visto el contexto fáctico de los expedientes objeto de
revisión, el motivo por el que los accionantes presentaron estas tutelas, es la
negativa de la UARIV en cumplir con su función legal de autorizar la prórroga y
efectiva entrega de la ayuda humanitaria de emergencia en sus diferentes componentes.
El fundamento de tal negativa como ya se indicó, es el presunto nivel de auto
sostenimiento económico alcanzado por el o la accionante, o por uno de los
miembros de su grupo familiar, fundamento que se sustenta a partir de la verificada
condición de afiliados al régimen contributivo de salud. Por esta razón, la
Sala de Revisión deberá entrar a definir, si en efecto, dicha negativa vulnera o
no los derechos fundamentales de los accionantes.
Para ello,
deberá la Corte exponer inicialmente (i) el marco constitucional de
protección a las personas en condición de desplazamiento y el contexto de
atención humanitaria existente en nuestro país; luego, (ii) se expondrá
el fundamento jurídico de la ayuda humanitaria en el nuevo marco jurídico
colombiano, explicando de manera específica su naturaleza, características,
etapas de entrega y los mecanismos o procedimientos que tiene la UARIV para caracterizar
a la población desplazada, atendiendo sus calidades individuales, su grupo
familiar, su grado de vulnerabilidad, y la forma para asignar y entregar las ayudas
humanitarias, en especial, respecto de la ayuda de emergencia. Posteriormente,
se señalarán (iii) las falencias advertidas respecto del componente
humanitario, que fueran señaladas en el Auto 099 de mayo 21 de 2013 dictado por
la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte
Constitucional, en particular, respecto de la vulneración del derecho al mínimo
vital de la población desplazada cuando la negativa a la prórroga, obedece únicamente,
a requisitos, formalidades y apreciaciones que no se compadecen con la real
situación en la que se encuentra esa población. Finalmente, (iv)
atendiendo las anteriores consideraciones se resolverán los casos concretos.
3. Marco constitucional
de protección a las personas en condición de desplazamiento forzado: contexto
de atención humanitaria.
La desbordada y
prolongada violencia en el país cuyos móviles han variado con el pasar del tiempo,
ha generado de manera más reciente un efecto masivo de migración interna de la
población, más conocido como desplazamiento forzado.
Como
consecuencia de este proceso, la población afectada por la violencia, vio, cómo
sus condiciones de vida digna fueron afectadas de manera grave, permanente e
indiscriminada. Es por ello, que la Corte Constitucional, desde los primeros
pronunciamientos en los que los desplazados reclamaron de manera masiva la
protección de sus derechos fundamentales, concluyó que se estaba ante un desplazamiento
forzado, más aún, cuando del relato de los hechos realizado por las víctimas, se
evidenciaba siempre, la confluencia dos elementos esenciales como eran “la
coacción que hace necesario el traslado y la permanencia dentro de las
fronteras de la propia nación. Si estas dos condiciones concurren, no hay la
menor duda de que se está ante un problema de desplazamiento forzado”[19].
Pero la Corte
Constitucional no solo identificó los componentes esenciales del concepto de
desplazamiento forzado, sino que además, en otros de sus pronunciamientos
determinó las características del mismo, las que se sintetizaron de la
siguiente manera:
(i) una grave violación de los derechos humanos de quienes son
víctimas del mismo;
(ii) el carácter delictual o antijurídico de la conducta de quienes,
por vía de la violencia generan el desplazamiento; y,
(iii) la forma sistemática, masiva, continua e indiscriminada en que
se ejerce sobre la población.[20]
Por lo anterior, la Corte ha procedido jurisprudencialmente a
calificar el desplazamiento forzado como “un problema
de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por todas las personas,
principiando, como es lógico, por los funcionarios del Estado”[21];
“un verdadero estado de emergencia social”, “una tragedia nacional, que
afecta los destinos de innumerables colombianos y que marcará el futuro del
país durante las próximas décadas” y “un serio peligro para la sociedad
política colombiana”[22]
Ante la magnitud
e intensidad con que el desplazamiento forzado ha impactado a la población en
general, y la forma cómo éste problema desborda ampliamente la capacidad de
respuesta del Estado colombiano, la Corte Constitucional, consideró que era
necesario declarar el estado de cosas inconstitucional[23], pues
advirtió, ante el creciente número de reclamaciones judiciales para la
protección de derechos fundamentales de las víctimas, justificado en la
sistemática y masiva vulneración, que existía un incumplimiento estatal en su
obligación constitucional de garantizar los derechos de todas esas personas, y
de protegerlas en su vida, honra y bienes (artículo 2° de la Carta), así como la
inobservancia de obligaciones internacionales contraídas a través de
instrumentos internacionales de protección de los derechos de las personas (artículo
2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos),
Debe enfatizar la
Sala, que el estado de cosas inconstitucional que fuera advertido por la Corte
frente a la problemática del desplazamiento forzado, tuvo su origen como figura
jurídica, en el sistema judicial americano en la época de 1950, a raíz de casos
en los que la asunción de fallos judiciales con efecto solo respecto de las
partes intervinientes en el proceso judicial, resultaba ser una medida precaria
o pobre, en vista del sistemático desconocimiento de la
supremacía de la Constitución y la masiva e incontrolada violación de los
derechos fundamentales.[24]
Por ello, en casos como estos, se consideró más efectivo, en términos de
justicia, asumir la protección de tales derechos mediante la adopción de
medidas de mayor y más amplio espectro que permitieran impartir órdenes a otras
sujetos distintos a los involucrados directamente en el anotado proceso
judicial, involucrando por lo general, una pluralidad de personas y entidades
públicas que podían incidir de manera directa en una protección judicial de
mayor alcance a la que se hubiera prodigado a través de una decisión judicial con
efectos inter partes.
Así,
en la sentencia T-025 de 2004[25]
se sintetizaron los factores que definen la presencia
del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, los
cuales fueron señalados de la siguiente manera: “(i) la vulneración
masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un
número significativo de personas;[26] (ii) la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus
obligaciones para garantizar los derechos;[27] (iii) la adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación
de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho
conculcado;[28] (iv) la no expedición de medidas legislativas, administrativas o
presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos.[29] (v) la existencia de un problema social cuya solución compromete la
intervención de varias entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo
y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo
presupuestal adicional importante;[30] (vi) si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a
la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría
una mayor congestión judicial.” [31]
En consideración
a dicho estado de cosas inconstitucional, la Corte, tras advertir la magnitud del
desplazamiento forzado, lo prolongado del mismo, y la masiva vulneración de los
derechos fundamentales, determinó que el Estado tenía que asumir un verdadero
compromiso político, económico e institucional frente al tema. Así, la Corte  a
través de pronunciamientos de carácter abstracto y concreto, instó de manera
firme al Estado, a desarrollar una efectiva política pública que hiciera frente
a las causas del desplazamiento forzado, y que además contemplara la implementación
de los mecanismos, planes y programas que dieran respuesta oportuna, integral y
permanente a la satisfacción de las necesidades y derechos fundamentales
desconocidos a toda la población desplazada.
En efecto, debe
aclararse que el desplazamiento forzado, sustentado en actos de violencia, no
solo impacta el derecho de toda persona a escoger el lugar en el que desea
tener su hogar y desarrollar su proyecto de vida, sino que vulnera además, un número
plural de derechos fundamentales, cuya garantía y protección debe ser asegurada
de manera oportuna y efectiva por el Estado. Este conjunto mínimo de derechos
fundamentales, que le son reconocidos a los desplazados y cuya protección debe
estar asegurada en razón a la evidente vulnerabilidad de quienes reclaman su
amparo, fueron identificados de manera detallada por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-025 de 2004, en los siguientes términos:
(i)
el derecho a la vida en condiciones de
dignidad;
(ii)
los derechos de los niños, de las mujeres
cabeza de familia, los discapacitados y las personas de tercera edad, y de
otros grupos especialmente protegidos;
(iii)
el derecho a la igualdad;
(iv)
el derecho a la integridad personal;
(v)
el derecho a escoger su lugar de domicilio;
(vi)
los derechos al libre desarrollo de la
personalidad, a la libertad de expresión y de asociación;
(vii)
el derecho a la unidad familiar;
(viii)
el derecho a la salud, en conexidad con el
derecho a la vida;
(ix)
el derecho a una alimentación mínima;
(x)
el derecho a la educación;
(xi)
el derecho a una vivienda digna;
(xii)
la libertad de circulación por el territorio
nacional y el derecho a permanecer en el sitio escogido para vivir;
(xiii)
el derecho al trabajo y la libertad de
escoger profesión u oficio;
(xiv)
el derecho a la paz; y
(xv)
el derecho a la personalidad jurídica
Identificado
así, este problema social, el Estado colombiano implementó una política pública
encaminada a eliminar o reducir al máximo, la condición de vulnerabilidad a la que
se encuentra expuesta toda la población desplazada, imponiendo su poder estatal
para confrontar al máximo, las causas que originan el desplazamiento, además de
ofrecer una ayuda humanitaria a los desplazados en cumplimiento de su
obligación constitucional, la cual se ve representada en bienes y recursos económicos,
así como en programas de diferente índole, los cuales deberán entregarse y
ejecutarse mientras perdure la condición de vulnerabilidad de estas personas y
sus familias.
De esta manera, el
Estado en cumplimiento de su obligación constitucional, expidió inicialmente la
Ley 387 de 1997 y más recientemente la Ley 1448 de 2011 y sus decretos
reglamentarios, como marcos normativos que contemplan la política pública
respecto del desplazamiento forzado, estableciendo así, una infraestructura
institucional y un conjunto de programas y sistemas de apoyo para que estas
familias puedan alcanzar la autosuficiencia económica, a través de planes de
ayuda de todo orden (formación de empresas, apoyo rural, ayuda educacional a
los menores, y programas de formación, entre otros).
Es claro entonces,
que la política de ayuda a la población desplazada es la consecuencia del
desarrollo de postulados constitucionales y normas de carácter internacional,
que obligan al Estado colombiano a velar por el respeto de un conjunto mínimo
de derechos fundamentales a los que tiene derecho toda persona desplazada,
derechos que fueron claramente identificados por esta Corporación en la
sentencia T-025 de 2005[32],
a los que ya se hizo mención. De igual manera, la Corte Constitucional, recordó
en la sentencia T-702 de 2012[33]
que los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos[34],
formulados en 1998 por las Naciones Unidas, a instancia del Secretario General[35], debían
ser asumidos por la jurisprudencia constitucional, como criterios o parámetros
interpretativos para la adecuada y oportuna atención de la población desplazada,
principalmente, cuando de la aplicación de la normatividad interna o de los tratados
internacionales de derechos humanos se advierta algún vacío regulatorio.[36]
En síntesis, el
conjunto de fundamentos jurídicos establecidos tanto en instrumentos
internacionales (Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, y los
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos entre otros), así como en
los postulados constitucionales contenidos en la Carta Política y en desarrollos
legales y jurisprudenciales ya evidenciados, permite señalar que existe un
detallado y completo contexto normativo sobre el cual se soporta la protección
de los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado en nuestro
país.
4. La Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-: competencia y
responsabilidad en la atención humanitaria a la población desplazada.
Como se anotó en
el acápite anterior, la incapacidad institucional representada en la
inadecuada, tardía, incompleta y poco organizada ayuda que requería ser
suministrada a la población desplazada, generó un estado de cosas
inconstitucional  que la Corte identificó a través de las sentencias T-215 de
2000, T-025 de 2004 y T-136 de 2007, entre otras. Por ello, y en consideración
a la necesidad de ofrecer una protección a la población desplazada, desde el
momento mismo en que se origina el desarraigo, impuso la necesidad de implementar
una infraestructura institucional, y una metodología organizacional y
administrativa que permitiera al Estado, llegar más prontamente a estas personas,
asegurando de manera efectiva que los recursos económicos destinados para
satisfacer las necesidades básicas de estas personas, fueran eficientemente
gestionados.
Así, inicialmente,
Acción Social a través de la Ley 387 de 1997 y ahora, la Unidad Administrativa Especial para la Reparación Integral a las
Víctimas –UARIV- a partir de la recientemente expedida Ley 1448 de 2011, es la autoridad encargada de articular a nivel
nacional, departamental, distrital y municipal la oferta pública de la ayuda
humanitaria, así como de operar el registro único de víctimas, y de coordinar
con las demás entidades del Sistema Nacional de Atención Integral a la
Población Desplazada –SNAIPD-[37], la implementación y ejecución de los recursos económicos y de la
ayuda humanitaria en sus diferentes fases y niveles, entre otras múltiples
funciones.
Si bien esta
Unidad Administrativa Especial fue inicialmente adscrita al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, el mismo Gobierno Nacional cambió
la adscripción de la UARIV, al Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social –DAPS-[38],
antigua Acción Social.[39]
Ahora bien,
dentro de las funciones asignadas a la UARIV, debe señalarse de manera especial,
la referida en el inciso primero del artículo 168 de la Ley 1448 de 2011 que
dispone que ésta entidad coordinará “las actuaciones
de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a
las Víctimas en lo que se refiere a la ejecución e implementación de la
política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas y
asumirá las competencias de coordinación señaladas en las Leyes 387,
418
de 1997, 975
de 2005, 1190
de 2008, y en las demás normas que regulen la coordinación de políticas
encaminadas a satisfacer los derechos a la verdad, justicia y reparación de las
víctimas”.
Ha de
mencionarse adicionalmente, que el numeral 16 del citado artículo 168 es contundente
en señalar como una responsabilidad directa de la UARIV la de “[16.] Entregar
la asistencia humanitaria a las víctimas de que trata el artículo 47 de
la presente ley, al igual que la ayuda humanitaria de emergencia de que trata
el artículo 64, la cual podrá ser entregada directamente o a través de las
entidades territoriales. Realizar la valoración de que trata el artículo 65
para determinar la atención humanitaria de transición a la población
desplazada.”(Énfasis agregado)
La norma
transcrita, remite de manera expresa al artículo 47 de esta misma ley[40], que
explica en que consiste la ayuda humanitaria que debe ser entregada a todo
desplazado, señalando igualmente, la forma en que la misma debe ser entregada,
y disponiendo además, la corresponsabilidad que le asiste a otras entidades en
la atención integral a la población desplazada.
La referida Ley diferencia
también, el tipo de apoyo humanitario, determinando en su artículo 64[41], que
la atención humanitaria de emergencia, será la que se entregue a la persona
desplazada luego de expedirse el acto administrativo que la incluye en el
Registro Único de Víctimas – RUV-.
Esbozado así, el
origen y funciones principales de  la UARIV, como principal institución responsable
en coordinar la entrega de la ayuda humanitaria a la población desplazada, pasará
la Sala a explicar brevemente en que consiste la ayuda humanitaria que el
Estado debe entregar a toda persona que habiéndose desplazado forzosamente,
reclame la protección y garantía de sus derechos fundamentales conculcados. Para
ello, se hará especial énfasis en la denominada atención humanitaria de
emergencia, en tanto que es respecto de esta clase de ayuda, que se cierne la
inconformidad de los accionantes por la negativa a que la misma les sea
prorrogada en su entrega.
5.1 La ayuda
humanitaria: naturaleza, características y modalidades de la misma.
5.1.1
Naturaleza
Como se señaló
anteriormente, cuando la población es desplazada violentamente, sus derechos
fundamentales se vulneran de manera contundente  y de forma  inmediata, de tal
suerte que la afectación a las condiciones mínimas de vida digna toca de manera
plena a todos los miembros de una familia sin distingo alguno. Pero además,
debe resaltarse, que el efecto negativo del desplazamiento impacta de forma más
grave y decisiva a quienes por diversas razones se encuentran en una condición
de mayor vulnerabilidad, como es el caso de las madres cabeza de familia, los
menores de edad, los enfermos o discapacitados y las personas de la tercera
edad, grupos sociales respecto de los cuales se han desarrollado acciones
positivas que rompan con su especial condición de vulnerabilidad, así como
también se han definido en la misma Ley 1448 de 2011 que debe dárseles un enfoques
diferencial[42]
a efectos de que sean estas poblaciones más vulnerables las que de manera
prioritaria se beneficien de la ayuda humanitaria y de la atención integral por
parte del Estado.
Así, cuando una
persona es desplazada junto con su núcleo familiar, la necesidad de que sus
derechos vulnerados sean restablecidos, exige que se haga de forma pronta y
efectiva. Recuérdese que el desplazamiento no supone tan solo el desarraigo,
sino que este hecho violento compromete otros derechos fundamentales como la
vida, la igualdad, el mínimo vital, la dignidad, la salud, la integridad
física, el derecho a una alimentación básica, al acceso a unos servicios
mínimos de salud, y a unas condiciones mínimas de vida digna representada en
una vivienda adecuada, entre otros. Así, para su restablecimiento y garantía, el
Estado interviene a través de la UARIV y de las demás entidades autorizadas para
tal efecto, con el reconocimiento y entrega de la ayuda humanitaria, como herramienta
que incide positivamente y de manera transversal sobre la mayoría de los
derechos fundamentales afectados a los desplazados, pues ésta, ya sea en sus
etapas de (i) atención inmediata o de urgencia, o como ayuda de (ii)
emergencia o de (iii) transición, entrega en diferentes momentos,
distintos componentes de ayuda.
De esta manera,
es claro que el Estado es el principal responsable en asistir a los desplazados
con la ayuda humanitaria, sin que por ello niegue o impida que organizaciones
internacionales o diferentes ONG colaboren en la tarea.[43]
Identificados
los responsables de entregar la ayuda humanitaria y los destinatarios de la
misma, el artículo 47 de la Ley 1448 de 2011, dispone la forma en que dicha
ayuda debe ser entregada, señalando para ello que los desplazados “recibirán
ayuda humanitaria de acuerdo a las necesidades inmediatas que guarden
relación directa con el hecho victimizante, con el objetivo de socorrer,
asistir, proteger y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal,
manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica
de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en
condiciones dignas, y con enfoque diferencial, en el momento de la violación de
los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento de
la misma.” [44]
El anterior
planteamiento normativo que señala de manera general la finalidad y forma en
que la ayuda humanitaria se entregará, así como también determina a quien le
será entregada, se reafirma en la naturaleza esencial del concepto de ayuda
humanitaria entendida a la luz de los Principios Rectores de los Desplazamientos
Internos[45],
y más precisamente en los términos del Principio 18:
“1. Los desplazados internos tienen derecho a un nivel de vida
adecuado.
2. Cualesquiera que sean las circunstancias, las
autoridades competentes suministrarán a los desplazados internos, como mínimo y
sin discriminación, y se cerciorarán de que pueden recibir en condiciones de seguridad:
a) alimentos indispensables y agua potable;
b) cobijo y alojamiento básicos;
c) vestido adecuado; y
d) servicios médicos y de saneamiento indispensables.
3. Se tratará en especial de garantizar que las
mujeres participen plenamente en la planificación y distribución de estos
suministros básicos.”
Los anteriores fundamentos
dejan en claro, que la ayuda humanitaria es una obligación a cargo del Estado,
y que la misma es una ayuda de naturaleza urgente e inmediata que tiene como
finalidad primordial, proteger la subsistencia mínima de la población
desplazada, asegurando de manera inmediata pero temporal, el cubrimiento de
necesidades básicas como alojamiento, alimentación, vestido básico, elementos
de cocina y aseo personal y servicios médicos entre otros.
5.1.2
Características de la ayuda humanitaria
Como ya se
explicó anteriormente, la ayuda humanitaria busca garantizar y proteger la
subsistencia mínima de la población desplazada, entendida aquella como
expresión del derecho al mínimo vital[46], pues es evidente que tras el abandono de su hogar o lugar de
arraigo, las personas pierden por lo general, todos los medios de subsistencia que
les permitía asumir de manera autónoma sus necesidades más elementales. Recientemente la sentencia T-702 de 2013,
se ha referido a esta característica de la ayuda humanitaria como:
“[u]na expresión del derecho a una subsistencia mínima, de manera
que ‘las autoridades competentes deben proveer a las personas desplazadas, así
como asegurar el acceso seguro de las mismas, (a) alimentos esenciales y agua
potable, (b) alojamiento y vivienda básicos,[47] (c) vestidos apropiados, y (d) servicios médicos y sanitarios
esenciales’ (…).
Este alcance de la ayuda humanitaria de emergencia como una medida
encaminada a proveer la subsistencia digna de la persona y enmendar los
derechos vulnerados se ha mantenido constante a lo largo de la jurisprudencia
constitucional, en armonía con el principio de solidaridad y los requerimientos
esenciales de las víctimas de desplazamiento forzado.”[48]
Así, mismo la
jurisprudencia constitucional ha determinado que la ayuda humanitaria tiene
unas características básicas, las cuales pueden sintetizare en los siguientes
puntos:
(i)
Protege la subsistencia mínima de la
población desplazada;
(ii)
Es considerada un derecho fundamental;
(iii)
Es una asistencia de emergencia; y,
(iv)
Es inmediata, urgente, oportuna y temporal:
(i) La ayuda
humanitaria como medio para proteger la subsistencia mínima de la población
desplazada, parte del desarrollo constitucional de
la protección del derecho fundamental al mínimo vital, el cual es entendido
como la satisfacción de las mínimas condiciones que requiere toda persona para
sobrellevar la vida en condiciones de dignidad humana.[49] Por ello, cuando el Estado hace entrega de la ayuda humanitaria a
una persona desplazada, está garantizando necesidades básicas como
alimentación, techo digno, vestido mínimo, asistencia médica, entre otros
factores materiales. De esta manera si dicha ayuda se niega, retrasa o entrega
de manera incompleta, no está cumpliendo con la finalidad para la cual fue
creada, como es la de asegurar una mínima subsistencia de quien la requiere.
Recuérdese, que esos componentes que integran la ayuda humanitaria, en
cualquiera de sus expresiones, corresponden a los elementos mínimos de
subsistencia digna, con los cuales cuenta una persona desplazada, y que en
virtud de su total desprotección y vulnerabilidad, le es imposible proveérselas
por sí misma. Por ello, son las autoridades competentes las que en estos casos,
deberán, no solo suplir dichas necesidades básicas, sino prorrogar la entrega o
suministro de las mismas, de manera permanente, hasta tanto desaparezcan las
causas que impide que ese individuo pueda conseguirlas de manera autónoma.[50]
En la medida en
que la ayuda humanitaria es una herramienta de carácter prestacional a cargo
del Estado, que afecta de manera positiva al grueso de los derechos
fundamentales conculcados a las personas desplazadas, es razón suficiente para
que la misma sea considerada como un derecho fundamental. Así, el acceso a
ella, como principal instrumento para restaurar de forma inmediata, oportuna y
temporal los derechos fundamentales de la población desplazada, supone igualmente,
el derecho a que ésta pueda ser reclamada por vía judicial, específicamente, por
vía de la acción de tutela como derecho fundamental propio de la población
desplazada.
De nuevo, la
sentencia T-702 de 2013 fue clara al señalar sobre el particular lo siguiente:
“[l]a jurisprudencia de esta
Corte ha expresado en relación con la naturaleza de derecho fundamental de la
ayuda humanitaria que ‘no cabe duda de que su protección y garantía implica una
carga prestacional de la cual es responsable el Estado. Sin embargo, esto no
implica que no pueda ser considerada como un derecho fundamental de las
personas desplazadas’.”[51]
(…).
“A partir de este criterio, la Corte ha indicado que dentro de las
obligaciones internacionales que el Estado colombiano ha adquirido en materia
de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y los Principios
Rectores de los Desplazamientos Internos, la atención humanitaria constituye
uno de los derechos mínimos de carácter fundamental que deben ser protegidos y
garantizados por el Estado.”[52]
(ii) La ayuda
humanitaria entendida como una asistencia de emergencia, implica que ante la imposibilidad que las personas desplazadas
puedan seguir respondiendo por sus necesidades mínimas, el Estado, en
desarrollo de sus obligaciones constitucionales y legales, así como en acatamiento
a sus compromisos internacionales en materia de protección a los derechos
humanos, debe satisfacer de manera provisional, la excepcional situación en que
se encuentran las personas desplazadas. Es por ello, que como elemento esencial
de la ayuda humanitaria, ésta ha de proveerse en estos momentos de emergencia, sin
condicionamiento alguno, de tal manera, que la misma habrá de entregarse a
todas las personas que se encuentren en la misma situación de desplazamiento,
pero aplicando para su entrega un proceso de priorización en el que se
beneficien desde un primer momento, aquellos grupos humanos que por sus
especiales condiciones de vulnerabilidad son beneficiarios de un enfoque
diferencial., que los prioriza en la atención por parte del Estado, y por
supuesto con la entrega de la ayuda humanitaria.
(iii) Vista la característica de apoyo de emergencia que tiene la ayuda
humanitaria, ésta debe en consecuencia, prestarse o suministrarse de manera inmediata,
urgente, oportuna y temporal.
En efecto, su
entrega inmediata, es la forma en que el Estado debe responder ante la
situación de desprotección a la que de manera repentina es expuesta una persona
y su familia, como consecuencia del desplazamiento forzado. En razón a ello, la
inmediatez en la entrega de la ayuda se entiende plenamente justificada en
razón a la naturaleza misma de los componentes que la integran, los cuales son
absolutamente necesarios para subsistir a diario. Por ello, no son de recibo los
argumentos que pretendan restringir, limitar, desviar o negar la entrega
inmediata de dicha ayuda. Estas mismas razones explican también, el hecho que dicha
ayuda humanitaria sea entregada de forma urgente.
De otra parte, la ayuda humanitaria en todas sus etapas,
y por supuesto, la denominada ayuda de emergencia, debe ser suministrada por el
Estado de manera rápida, en tanto la misma se orienta a garantizar el
restablecimiento temporal de los derechos fundamentales conculcados. Ciertamente,
“la población civil, necesitada de ayuda humanitaria, a causa de emergencias
naturales o conflictos armados, tiene derecho a contar con recursos apropiados
a sus circunstancias de apremio y desprotección[53], para
acceder a los obligatorios programas estatales de asistencia y reparación, como
prolongación natural i) del derecho a la vida[54],
ii) de la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes[55]
y iii) del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental y de un nivel de vida adecuado[56]
-artículos 1º, 2º, 5º, 9°, 11, 12 y 93 C.P.” [57].
En la medida en
que el responsable de suministrar dicha ayuda humanitaria es el Estado, éste
deberá prever dentro de su presupuesto, los recursos económicos suficientes
para que aquella sea entregada de manera inmediata y urgente a todas aquellas
personas que así lo requieran.[58] Por lo mismo, tampoco resulta aceptable de manera alguna, someter
al conjunto de la población desplazada a esperas desproporcionadas o indefinidas
en el tiempo, o proceder de forma tal, que la ayuda sea entregada de manera
parcial o desagregada en el tiempo, con lo cual tampoco se estaría dando
solución a las necesidades insatisfechas surgidas a consecuencia del
desplazamiento, y por lo mismo la ayuda humanitaria se desnaturalizaría por completo.
Esta última
consideración refiere a la oportunidad en la entrega de la ayuda, pues
es claro que en la medida en esta solventará las necesidades básicas del
momento, la entrega de manera fragmentada, en nada subsanará la situación de
necesidad de quien la requiere, así como tampoco garantizará la efectiva
protección de sus derechos fundamentales, pues debe aclararse, que la misma no
está prevista o diseñada para asegurar necesidades pasadas, o aquellas que se
lleguen a requerir en un futuro lejano.
Finalmente, la
ayuda humanitaria es igualmente temporal, es decir, “no constituye una prestación a la que se tenga derecho de manera
indefinida, sino que su otorgamiento está limitado a un plazo flexible dentro
del cual se constate que la persona en condición de desplazamiento ha podido
suplir sus necesidades más urgentes[59],
superar las condiciones de vulnerabilidad y lograr reasumir su proyecto de
vida. Esto es así porque la política pública en materia de desplazamiento tiene
como propósito brindar las condiciones para que las personas no permanezcan
indefinidamente en situación de desplazamiento, sino que avancen hacia la
estabilización socioeconómica y el autosostenimiento.”[60]
Explicadas
brevemente las características de la ayuda humanitaria, es fundamental señalar
que ésta se encuentra contemplada en el marco de la Ley 1448 de 2011 y en su
Decreto reglamentario 4800 del mismo año, y está diseñada a partir de varios
tipos de ayuda o apoyo, los cuáles se diferencian por el enfoque de las mismas
en razón al momento en que estas son entregadas, o pueden ser reclamadas, y los
componentes que la integran, tema que se pasará a explicar a continuación
5.1.3 Tipos
de ayuda humanitaria
Entendido que la
ayuda humanitaria tiene unas características específicas que la llevan a ser
considerada como un derecho fundamental en cabeza solo de las personas desplazadas,
la misma debe ser suministrada de manera inmediata, urgente, oportuna y temporal,
pues suplirá las necesidades básicas insatisfechas de quien fue desplazado
violentamente, y la misma se entregará mientras subsistan las condiciones que
motivaron el desplazamiento de quien la reclama.
Lo anterior, llevó
a la implementación de varios tipos de apoyos humanitarios, condicionando su
entrega a criterios específicos según el caso, y dependiendo de factores
preestablecidos legalmente, a afectos de que la política pública de apoyo
integral a la población desplazada se preste en razón a las condiciones de
vulnerabilidad y debilidad manifiesta en la que se encuentre una persona a
consecuencia del desplazamiento forzado.
Así, la ayuda
humanitaria será (i) de emergencia o inmediata; (ii) de
emergencia, y (iii) de transición.
(i)
En el caso de la ayuda de urgencia o
inmediata (artículo 63 de la Ley1448 de 2011[61], y
articulo 108 del Decreto 4800 del mismo año[62])
ésta debe ser entregada a las personas desplazadas sin que medie acto
administrativo o registro alguno, por lo que se proveerá desde el momento mismo
del relato de los hechos victimizantes, en los términos del artículo 61 de la
Ley 1448 de 2011, hasta cuando se incluya en el Registro Único de Víctimas –
RUV-. En esta oportunidad, la responsabilidad de la entrega de la ayuda
humanitaria inmediata o de urgencia estará a cargo de la entidad territorial a
nivel municipal.[63]
Debe recordarse, que mientras se implementa el RUV, el sistema de
Registro Único de Población Desplazada –RUPD- tendrá plena validez por tener
plena correspondencia en su finalidad funcional con el nuevo registro.[64]
(ii)
Adelantando la explicación de la ayuda
humanitaria de transición, esta fue definida por la Ley 1448 de 2011 en su
artículo 65, y corresponde a “[l]a ayuda humanitaria que se
entrega a la población en situación de Desplazamiento incluida en el Registro
Único de Víctimas que aún no cuenta con los elementos necesarios para su
subsistencia mínima, pero cuya situación, a la luz de la valoración hecha por
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, no presenta las características de gravedad y urgencia que los haría
destinatarios de la Atención Humanitaria de Emergencia.” [65]
En la medida
en que sobre esta prestación no se dio reclamación alguna por parte de los
accionantes de las tutelas aquí revisada, la Sala considera que no es relevante
hacer mayor explicación sobre este tipo de ayuda.
(iii)
En lo que concierne a la entrega de la ayuda
humanitaria de emergencia (artículo 64 de la Ley 1448 de 2011[66] y
artículos 109 a 111 del Decreto 4800 de 2011), la misma se entregará con
posterioridad al registro de la víctima en el RUV (acto administrativo), y siempre
que el hecho victimizante haya tenido ocurrencia dentro del año previo a su
declaración. Esta ayuda humanitaria tiene componentes similares a los entregados
en la ayuda humanitaria de urgencia o inmediata, y corresponden en esencia a
alimentación, artículos de aseo, manejo de abastecimientos, utensilios de
cocina y alojamiento transitorio, pero en esta instancia se entregará de
acuerdo a una valoración o caracterización que determine las condiciones de
vulnerabilidad, urgencia y necesidad de subsistencia mínima.
Inicialmente, resulta
de vital importancia señalar, que el Registro Único de Víctimas –RUV- que se
plantea como requisito previo para el reconocimiento de la ayuda de emergencia,
debe cumplir con las especificaciones contempladas en los artículos 24 a 42 del
Decreto 4800 de 2011, que señalan la manera en que debe crearse dicho registro;
la utilización de un formato único; la información mínima que debe contener el
acto administrativo de registro, entre otras exigencias. En los artículos 49 a
55 del mismo decreto, se indica la forma en que debe ser actualizada la
información personal de quien en los términos del artículo 3° de la Ley 1448 de
2011 se ha considerado como víctima.[67]
Si bien el estar
inscrito en el RUV, es un requerimiento de carácter administrativo esencial
para imprimir orden y transparencia para la adecuada y eficiente atención a la
población desplazada, la ausencia de dicho registro no puede suponer el
desconocimiento por parte del Estado, de la condición de desplazado que tiene
una persona, y por consecuencia, no puede ser esgrimida la falta del mismo,
como una razón aceptable para negar la atención y protección de sus derechos
fundamentales de la población desplazada impidiéndole el acceso a los
diferentes mecanismos y recursos destinados para afrontar su situación de
desplazamiento.
Sobre el
particular, la Corte Constitucional ha reiterado que “el desplazamiento forzado es una situación [de hecho] que se configura
cuando se cumplen las circunstancias previstas en la ley[68]. El Registro de población desplazada es sólo un instrumento
para el funcionamiento de la política pública para atender a esa población,  y
en esa medida, la inscripción en el mismo es un asunto de naturaleza distinta
de la condición de desplazamiento forzoso[69]. Por lo anterior, estar inscrito en el Registro no es un
requisito para que la población adquiera la condición de ‘desplazada por la
violencia’[70]. Así, encontrarse en la situación fáctica que describe la
ley basta para recibir la ayuda humanitaria sin que sea necesario estar
registrado[71]. Por el contrario, circunscribir el reconocimiento de la
ayuda humanitaria a aquellas personas que se encuentran inscritas en el
Registro pone en riesgo y/o vulnera el derecho fundamental al mínimo vital[72].”[73]
De la misma
manera, en tanto el registro en el RUV plantea unas exigencias  mínimas para su
creación y administración, la UARIV tiene igualmente la responsabilidad de
realizar una completa y detallada “caracterización” de la persona desplazada y
su núcleo familiar, con el compromiso de actualizar dicha información cada
cierto tiempo, o cuando se advierta que las condiciones de la persona o el
grupo familiar han variado. El inciso primero del artículo 82 del Decreto 4800
de 2011 dispone sobre el particular lo siguiente:
“Artículo 82. De la evaluación de la condición de vulnerabilidad
y debilidad manifiesta. La Unidad Administrativa especial para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas debe realizar la valoración de
vulnerabilidad y debilidad manifiesta, por lo menos una vez cada dos (2) años
para cada hogar. Si el hogar cumple con los criterios de cesación se emitirá el
acto administrativo, en caso contrario, deberá realizarse una nueva
valoración. (…).” (Énfasis agregado).
De esta manera, al
contarse con una información actual y fiel de la real situación de
vulnerabilidad en que se encuentra la persona desplazada, se asegura el
efectivo acceso de todos los desplazados a los diferentes componentes de la
ayuda humanitaria en sus diferentes etapas, así como la posibilidad de que dicha
ayuda le sea prorrogada en su entrega. Este es el caso de aquellas personas que
reclaman la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia, cuya entrega se
mantendrá en el tiempo, en tanto subsistan las condiciones de vulnerabilidad y
desprotección, surgidas con ocasión del desplazamiento.
Si bien
parágrafo 3° el artículo 47 de la Ley 1448 de 2011 señala que la ayuda
humanitaria de emergencia se prorrogará por una sola vez, en sentencia C-438 de
2013, ya citada la Corte declaró su exequibilidad condicionada, “bajo el
entendido que la ayuda humanitaria se podrá entregar por más de una vez cuando
se  demuestre que la víctima no ha superado la situación de emergencia. Esto,
por cuanto la prórroga de la ayuda humanitaria y la presunción constitucional
de prórroga automática está prevista por los Autos 092 de 2008 y 006 de 2009
(de la Comisión de seguimiento de la atención a la población desplazada)
reiterada en distintas sentencias de tutela, permiten entender que las demás
víctimas también pueden llegar a ser beneficiarias de dichas prórrogas si se
encuentran en un escenario de urgencia extraordinaria similar o aún no se
encuentran en condiciones de asumir su autosostenimiento. Incluso, podrían
llegar a favorecerse de la prórroga automática de la ayuda humanitaria cuando
se encuentren en situaciones de vulnerabilidad acentuada e indefensión extrema
que suponga su necesidad.”[74]
Por lo anterior,
la UARIV deberá tener absoluta claridad de la cesación de las condiciones de
vulnerabilidad y debilidad manifiesta de una persona que ha sido objeto del
desplazamiento forzado, para rechazar la petición de prórroga de la dicha ayuda
humanitaria. Para ello, el Decreto 4800 de 2011 estableció en los artículos 79
a 83 todo un procedimiento que permite determinar de manera concreta, a partir
de unos indicadores de goce efectivo de derechos básicos y restablecimiento
económico y social, cuándo se estaría frente a una efectiva cesación de la
condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta.
Cabe resaltar,
que para tal fin, la UARIV podrá contar con la información de la Red Nacional
de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas, así como de los
datos que obtenga con la realización de la verificación de la situación de
vulnerabilidad en el marco del Comité Territorial de Justicia Transicional del lugar
en donde reside la persona.
Lo anterior
supone entonces, que la UARIV sustentará la valoración que haga de cada
persona, en especial cuando se solicita la prórroga de la ayuda humanitaria de
emergencia, a partir de (i) la información depositada en la Red Nacional
de Información y (ii) de la verificación real del estado actual de
vulnerabilidad en que se encuentre la persona desplazada. Ello, implica en
consecuencia, que no puede asumir como definitiva una valoración de cesación de
la condición de vulnerabilidad teniendo como única fuente de información la
obtenida de manera parcial de la Red Nacional de Información, como cuando
consulta solo algunas de las fuentes de información que comparten sus bases de
datos con la referida Red. Este es el caso de la consulta que se hace a la
página electrónica del Ministerio de la Protección Social – Fondo de
Solidaridad y Garantías en Salud – FOSYGA- de cuya base de datos, se puede confirmar
si un desplazado está o no afiliado al régimen contributivo en salud.
En la medida en
que la UARIV debe, en los términos del parágrafo 1° del artículo 81 del Decreto
4800 de 2011, diseñar y formular, dentro de los seis meses siguientes a la
publicación de este decreto, los lineamientos para que los alcaldes realicen la
verificación de la situación de vulnerabilidad de una persona desplazada, ello,
reafirma aún más, la importancia de que la comprobación de la situación actual y
real del desplazado, es una herramienta esencial para determinar si esa persona
desplazada ya ha alcanzado la garantía plena y efectiva de sus derechos
fundamentales, y ha superado la situación de vulnerabilidad y  debilidad
manifiesta causada por el desplazamiento forzado.
Por ello,
mientras se alcanza dicha etapa de cesación de la condición de vulnerabilidad,
la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia en sus diferentes componentes,
deberá seguirse otorgando de acuerdo a las condiciones particulares de cada
individuo y al grado de vulnerabilidad en que se encuentre. Para ello, el artículo
110 del Decreto 4800 de 2011 desarrolla un sistema de tasación que evaluará la
situación particular de cada víctima, así como el nivel de vulnerabilidad en
que se encuentra, a efectos de que la ayuda humanitaria de emergencia que se le
entrega o cuya prórroga se reclama, supla de la mejor manera posible, todas sus
necesidades básicas.
“Artículo
110. Tasación de los componentes de la ayuda humanitaria de emergencia y
transición. Con el fin de establecer los componentes y montos a
entregar en cada una de las etapas descritas, se evaluará la situación
particular de cada víctima y su nivel de vulnerabilidad, producto de causas
endógenas y exógenas al desplazamiento forzado, según las siguientes variables:
1. Carácter
de la afectación: individual o colectiva.
2. Tipo de
afectación: afectación médica y psicológica, riesgo alimentario, riesgo
habitacional.
3. Tiempo
entre la ocurrencia del hecho victimizante y la solicitud de la ayuda.
4. Análisis
integral de la composición del hogar, con enfoque diferencial.
5. Hechos
victimizantes sufridos además del desplazamiento forzado.
Una vez
analizadas estas variables, la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas procederá a la programación y entrega de
los componentes de ayuda humanitaria, de acuerdo con las estrategias diseñadas
para este fin.”
Así, este
sistema de tasación, justifica el modelo de “caracterización”, que además de identificar
las necesidades de cada individuo, busca igualmente, alcanzar la eficiente
ejecución de los recursos presupuestales dispuestos por el Estado para tal fin.
Sin embargo, y en la medida en que la ayuda humanitaria de emergencia se
caracteriza por su temporalidad, es claro que si los motivos que generaron el desplazamiento
desaparecen y las personas logran el restablecimiento de sus derechos por su
propia cuenta, se entenderá que se ha superado la situación de emergencia tal y
como lo contempla el artículo 117 del Decreto 4800 de 2011. Con todo, si dicha
condición de vulnerabilidad solo ha sido superada de manera parcial, las
personas podrán beneficiarse de los demás componentes de la atención integral,
con el fin de avanzar en la cesación de la condición de vulnerabilidad y
debilidad manifiesta, si aún estos factores persistieren. Este es el caso de la
persona desplazada que de manera ocasional y transitoria accede a un trabajo
formal, pero por la precariedad de las condiciones laborales y por la brevedad
en su duración, no puede ser entendida como una efectiva “superación” de la
situación de vulnerabilidad propia del desplazamiento.
“Artículo
117. Superación de la situación de emergencia. Con base en la
información recopilada a través de la Red Nacional de Información, se evaluará
el acceso efectivo del hogar a los componentes de alimentación, alojamiento
temporal, salud, y educación, a través de alguna de las siguientes fuentes:
1.
Participación del hogar de los programas sociales orientados a satisfacer las
necesidades relativas a estos componentes.
2. Participación
del hogar en programas sociales orientados al fortalecimiento de las
capacidades de autosostenimiento del hogar.
3.
Participación del hogar en procesos de retorno o reubicación y acceso a los
incentivos que el gobierno diseñe para estos fines.
4. Generación
de un ingreso propio que le permite al hogar suplir de manera autónoma estos
componentes. (Énfasis agregado)
5.
Participación del hogar en programas de empleo dirigidos a las víctimas.
Una vez se
establezca que el hogar cuenta con acceso a los componentes de alimentación,
alojamiento temporal, salud y educación a través de alguna de las fuentes
mencionadas, se considerará superada la situación de emergencia producto del
desplazamiento forzado y se realizarán las remisiones correspondientes para
garantizar el acceso a los demás componentes de la atención integral, con el
fin de avanzar en la cesación de la condición de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta.”
Finalmente, debe
anotarse que en algunos casos, la prórroga de la ayuda humanitaria de
emergencia no deberá estar sujeta a que la persona que la requiera la solicite
previamente, pues tal y como lo ha considerado esta Corte en el Auto   A-099 de
2013 proferido por la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia       T-025
de 2004, del cual se hablará a continuación con mayor profundidad, resaltó que
en algunos casos en los que las personas desplazadas ya presentaban antes de
del desplazamiento, algún grado de vulnerabilidad, por ser de la tercera edad, estar
enferma o discapacitada, o mujeres o menores de edad, en cuyos casos el enfoque
diferencial al que ya se hizo alusión y que se contempla por la Ley 1448,
permite que la prórroga en la entrega de la ayuda de emergencia se haga de manera
automática.
6. Auto A-099
de 2013. Diagnóstico de las falencias en la entrega de la ayuda humanitaria.
Importancia para la resolución de la presente sentencia.
Como
consecuencia de la vulneración masiva y reiterada de los derechos
constitucionales de la población desplazada, surgida a partir de una violencia
armada o como consecuencia de problemas de orden estructural y sistemático, la
Corte Constitucional, declaró en la sentencia T-025 de 2004 “la existencia de
un estado de cosas inconstitucional”. A raíz de tan grave problema, y en uso de
la facultad que le confiere el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 según el
cual “el juez establecerá los demás efectos del
fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté
completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”[75], la Corte decidió conservar la competencia respecto de la sentencia
T-025 de 2004, a efectos de poder verificar el cumplimiento de las órdenes allí
impartidas y que fueron dictadas para procurar la superación del estado de
cosas inconstitucional.
Así, en
desarrollo de esta competencia constitucional, ha Corte ha proferido numerosos
autos de seguimiento, concentrado su análisis en algunos de ellos, en el tema concerniente
a la fallas y ajustes que se han propuestos respecto de la adecuada entrega del
componente de la ayuda humanitaria.
Si bien han sido
varios pronunciamientos sobre el tema (autos 178 de
2005,  M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; 008 de 2009, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; 314 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 383 y 385 de 2010, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva, y el 219 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva),
el más reciente corresponde al Auto 099 proferido el pasado 21 de mayo de 2013
(M. P. Luis Ernesto Vargas Silva). En este, la referida Sala Especial de
Seguimiento se pronunció sobre los últimos documentos presentados por el
Gobierno Nacional en respuesta al auto 219 de 2011[76],
es decir, los informes del 08 de noviembre del 2011[77],
del 08 de mayo de 2012[78],
del 10 de agosto de 2012[79],
y del 18 de octubre de 2012[80].
El auto 099 de
2013 dictado por la Sala Especial de Seguimiento, identificó tres tipos de
falencias en este tema:
(i)
Deficiencia para la entrega efectiva,
continua y completa de la ayuda inmediata o de urgencia;
(ii)
Falencia para la entrega efectiva, continua
y completa de la ayuda humanitaria de emergencia y de su prórroga; y,
(iii)
Falencia en el caso de la ayuda de
transición.
En el caso de la
ayuda humanitaria de emergencia, se distinguen igualmente varios tipos de
deficiencias, tanto en la entrega, como en su prórroga y estas corresponden a
las siguientes:
(i)
Dificultades que se presentan para el
adecuado acceso a la oferta estatal;
(ii)
Dificultades para el reconocimiento tanto de
la ayuda como de su prórroga por parte de las autoridades nacionales;
(iii)
Dificultades por la ineficacia en la
notificación o ausencia de ésta al momento de hacer efectiva la entrega de la
ayuda humanitaria o de la prórroga; y,
(iv)
Dificultades por la inoportuna y baja
cobertura en la entrega de la ayuda de emergencia y de su prórroga.
La problemática
que afecta a desplazados como los aquí accionantes, radica en la deficiencia
correspondiente a la dificultad para el reconocimiento tanto de la ayuda como
de su prórroga por parte de las autoridades. En efecto, en los casos objeto de
revisión, la problemática está centrada en la exigencia por parte de los
responsables en entregar la ayuda humanitaria de emergencia, del cumplimiento
de requisitos adicionales a los legalmente establecidos, como ocurre cuando, a
partir de apreciaciones hechas con base en información recibida de manera
parcial o incompleta, se pueda suponer que han mejorado todos los factores de
calidad de vida, así como las condiciones socio económicas de un individuo o de
su grupo familiar. Este es el caso de la persona que se presume se encuentra
laborando y devengando un salario, en razón a la supuesta afiliación al régimen
contributivo en salud que se identificó al consultar una base de datos en la
que se registra éste tipo de información.
En el referido
Auto 099 de 2013, al hacerse el diagnóstico de las falencias detectadas respecto
a la ayuda humanitaria, se analizó el problema de la presunta superación de las
condiciones de vulnerabilidad a raíz de un reporte de afiliación al régimen
contributivo en salud. Así dijo dicho Auto:
“En lo atinente a las otras falencias que impiden que el
reconocimiento de la ayuda humanitaria sea fiel con las circunstancias
materiales y las condiciones reales en las que se encuentra la población
desplazada, tal como consta en el diagnóstico realizado en este
pronunciamiento, -más precisamente, se trata de las situaciones en las cuales
no se reconoce la ayuda humanitaria de emergencia porque la población
desplazada se encuentra en situaciones que si bien pueden ser indicativas de la
situación socioeconómica en la que se encuentra esa población, no reflejan por
sí mismas una mejora en la situación de vulnerabilidad, y cuando las
autoridades niegan la ayuda con base en requisitos que no se encuentran en la
ley-, esta Sala Especial quiere llamar la atención acerca de dos aspectos que
están ocurriendo en el marco de la nueva ley de víctimas, a saber: los efectos
que está produciendo la afiliación al régimen contributivo de seguridad social
en materia de ayuda humanitaria de emergencia, es decir, el no reconocimiento
de la ayuda humanitaria por el sólo hecho de encontrarse el solicitante
afiliado a dicho régimen, por un lado; (…)
“Lo primero por resaltar es que ambos factores pueden, en efecto,
ser indicativos de la situación socioeconómica en la que se encuentra esa
población pero esta Corporación insiste en que no la reflejan necesariamente.
Tal como se expuso en el diagnóstico de esta providencia, en los casos en los
que el solicitante de la ayuda humanitaria pertenece al régimen contributivo es
preciso distinguir si el afiliado es beneficiario o cotizante, y para cada
situación, si la persona que cotiza contribuye efectivamente al sostenimiento
económico del beneficiario, y si el empleo es estable y/o le permite sufragar
las necesidades básicas, respectivamente.
Este tipo de variables, entre otras, son las que determinan en
últimas la situación socioeconómica del solicitante y no su afiliación. A pesar
de lo anterior, en el diagnóstico de esta providencia, al igual que en algunos
de los informes presentados por el Gobierno Nacional[81], y
en las respuestas por parte de la Unidad de Atención a las peticiones elevadas
por personas desplazadas que solicitaban la ayuda humanitaria[82],
esta Sala encontró que no se reconoce la ayuda humanitaria por la sola
afiliación al régimen contributivo. En la respuesta estatal se aduce el
artículo 117 del decreto 4800 de 2011[83]
como argumento para no reconocer la ayuda humanitaria de emergencia. Sin
embargo, la Corte hace énfasis en que en dicho artículo se establece que “a
través de la Red Nacional de Información, se evaluará el acceso efectivo del
hogar a los componentes de alimentación, alojamiento temporal, salud, y
educación” (énfasis agregado), y que en esa medida, la sola afiliación al
régimen contributivo no es suficiente para determinar el acceso efectivo del
solicitante a tales componentes ni se contempla como una causal autónoma en
dicho artículo para no reconocer la ayuda..”
En respuesta a
este diagnóstico la referida Sala de Seguimiento recordó en el citado Auto, que
esta Corporación rechazó el no reconocimiento de la ayuda humanitaria por el
simple hecho de aparecer en una base de datos como afiliado al régimen
contributivo en salud. “Sobre esta última situación la Corte sostuvo que la sola
afiliación al régimen contributivo de seguridad social no elimina la condición
de vulnerabilidad en la que se encuentra la población desplazada, y en esa
medida, no le puede hacer perder los derechos que esa calidad le confiere[84].
La anterior
circunstancia fue identificada por la Sala Especial de Seguimiento, como la
primera de las sub-reglas, según la cual “se pone en riesgo y/o se vulnera
el derecho fundamental al mínimo vital de la población desplazada cuando las
autoridades no reconocen la ayuda humanitaria o su prórroga aduciendo
únicamente requisitos, formalidades y apreciaciones que no se corresponden con
la situación en la que se encuentra esa población.”
Las otras
sub-reglas establecidas en dicho auto como factores que vulneran el derecho al
mínimo vital de la población desplazada que reclama la ayuda humanitaria de
emergencia o su prórroga son: (i) cuando la asistencia humanitaria se
entrega de manera dispersa a lo largo del tiempo y de manera incompleta[85], y
(ii) cuando la entrega de la ayuda humanitaria no se acompaña del acceso
a salidas efectivas frente a la situación de emergencia fruto del
desplazamiento sino que perpetúa la condición de vulnerabilidad en la que se
encuentra la población desplazada. La efectividad de la ayuda humanitaria
depende de la existencia del acceso a tales salidas.[86]
Por lo anterior,
la falencia detectada en la entrega efectiva de la ayuda humanitaria de emergencia
o de su prórroga, justificada en la presunción de la superación de la condición
de vulnerabilidad y debilidad manifiesta por la sola afiliación al sistema a la
seguridad social, vulnera de plano, el derecho al mínimo vital y a la mínima
subsistencia de quienes reclaman la entrega de dicha ayuda.
Debe anotarse, que
la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia o su prórroga genera un gran
impacto positivo respecto de los derechos fundamentales de las personas
desplazadas, en la medida en que dicha población encuentra en el Estado y en
especial en dicha ayuda, el medio para suplir de manera temporal sus
necesidades más elementales, lo que les garantiza de manera temporal una
subsistencia digna. Esta razón es suficiente para que la ayuda de emergencia se
prorrogue hasta tanto se encuentren debidamente probados los criterios que
permitan asumir de manera concluyente, que se ha superado la situación de
emergencia, y las personas pueden acceder a otro tipo de apoyo como parte de la
atención integral a la población desplazada, como lo es, el acceso a la oferta
social del Estado.
Por lo mismo, la
ayuda humanitaria no podrá suspenderse abruptamente o su prórroga negarse, con
razones que no sean consecuencia directa de la plena y absoluta verificación de
la situación real de la persona desplazada, la cual se obtendrá a partir de la
información contenida en la Red Nacional de Información, y de la verificación
que se haga a la situación actual de la víctima. Pero tampoco pueden, quienes
se ven beneficiados con este tipo de ayudas, suponer que las mismas les serán
suministradas de manera indefinida y pretender en consecuencia, desarrollar su
proyecto de vida a parir de la entrega indefinida de estas.[87]
En consecuencia,
no es de recibo para esta Sala, la negativa que pueda oponer la UARIV, a la
prórroga de dicha ayuda, cuando quiera que la misma se sustente en una
información fragmentada, o en informes de los cuáles no se tenga la certeza que
se hayan agotado de manera previa todos los mecanismos de verificación de la
situación real y actual de la condición de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta de la víctima que reclama una nueva entrega de dicha ayuda.
Por lo anterior, en el Auto 099 de 2013, se hizo especial énfasis en
que si bien el mismo Gobierno Nacional, justificó su negativa en otorgar una
prórroga a la ayuda humanitaria, alegando que se estaba ante el supuesto
jurídico planteado en el artículo 117 de la Ley 1448 de 2013, relativo a la
superación de la situación de emergencia, esta Corporación le aclaró que la
misma norma es muy clara en indicar “que ‘a través de la Red Nacional de
Información, se evaluará el acceso efectivo del hogar a los
componentes de alimentación, alojamiento temporal, salud, y educación’ (énfasis
agregado), y que en esa medida, la sola afiliación al régimen contributivo
no es suficiente para determinar el acceso efectivo del solicitante a tales
componentes ni se contempla como una causal autónoma en dicho artículo para no
reconocer la ayuda.”
En consecuencia,
la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional,
concluyó que la sola afiliación al régimen contributivo en salud, no elimina la
condición de vulnerabilidad en la que se encuentra la población desplazada, y esa
afiliación no puede ser tenida como argumento para  hacer perder los derechos que
esa calidad les confiere como víctimas que son. Por esta razón, y por la
necesidad de garantizar de manera, efectiva, oportuna, inmediata y plena la
protección del derecho fundamental al mínimo vital, la Sala resolvió en el
numeral octavo del citado Auto 099 de 2013, ordenar lo siguiente:
“Octavo.- ORDENAR a la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas que, en adelante, se ABSTENGA
de negar la solicitud de ayuda humanitaria de la población desplazada a partir
de la sola afiliación al Régimen Contributivo de Seguridad Social; la sola
consideración de un número determinado de ayudas entregado con anterioridad; o
cualquier otro requisito, formalidad y apreciación
que no sea fiel con la situación en la que se encuentra la población desplazada,
o que no se encuentra establecida en la ley, Tal decisión, por el
contrario, siempre tiene que atenerse a las condiciones materiales y a
las circunstancias reales en las que se encuentra la población desplazada en
los términos de la jurisprudencia constitucional recogida en este
pronunciamiento.” (Énfasis agregado).
De esta manera,
advierte la Sala de Revisión, que la ayuda humanitaria de emergencia deberá
entregarse y prorrogarse, mientras perduren las condiciones de vulnerabilidad y
debilidad manifiesta que aqueja al individuo que ha sido desplazado, y la misma
solo podrá negarse previo informe en el que la cesación de dicha situación de
vulnerabilidad, este plenamente justificada en una información obtenida, por la
UARIV o sus responsables a nivel territorial a partir de los datos
suministrados por la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación
a las Víctimas y por la verificación que se haga en el momento, de la real
situación de la víctima. Solo así, y no de otra manera, la ayuda humanitaria de
emergencia podrá negarse en su prórroga.
En lo que
respecta a la población que se beneficia por el enfoque diferencial, la entrega
de la ayuda humanitaria deberá hacerse de manera automática, tal y como se
contempla en el anotado Auto 099 de 2013.
“Ahora, en el marco del proceso de seguimiento a
la sentencia T-025 de 2004 la Corte ha establecido que algunos de los grupos
que presentan mayores niveles de vulnerabilidad dentro de la población
desplazada tienen el derecho a que la prórroga de la ayuda humanitaria se
realice de manera automática, es decir, de manera ininterrumpida y sin
necesidad de condicionarla a una verificación previa hasta que demuestre que el
afectado está en condiciones de auto sostenerse. Tal es el caso de las mujeres
desplazadas[88] y las personas desplazadas
con discapacidad[89]. Las consideraciones
anteriores han sido reiteradas en varias ocasiones por la Corte Constitucional
en sede ordinaria de tutela. En estos pronunciamientos, teniendo en cuenta que
el status de desplazado es una condición material concreta, ‘en especial
cuando se trata de discapacitados y de mujeres cabeza de hogar’, esta
Corporación ha ordenado a las entidades responsables la aplicación de la
prórroga automática[90].”[91]
Explica
igualmente dicho auto, que en el supuesto de las personas cuya prórroga
automática ha de ser la regla general, la UARIV debe invertir su natural
función de primero verificar el real estado de vulnerabilidad de la persona
para luego proceder a entregar la ayuda humanitaria. Entonces, en el caso de la
prórroga automática se procede al contrario: se entrega
la ayuda humanitaria luego de recibir la petición, y posteriormente se evalúa
la condición de vulnerabilidad, lo que permitirá entonces, determinar si se
suspende la entrega.
“En estos casos ‘basta el conocimiento efectivo
[por parte de las autoridades responsables] de la situación que amerita dicho
trato, para que su deber surja y consiguientemente, de no cumplirse, resulten
vulnerados sus derechos’[92]. Bajo estas circunstancias no se puede condicionar el suministro de
la ayuda a una evaluación previa[93].”[94]
Finalmente, en
algunos casos especiales, resulta excesivo para algunos desplazados el deber
mínimo de elevar una petición de entrega o prórroga de la ayuda humanitaria,
pues dada su condición de extrema vulnerabilidad, esta carga resulta inaguantable.
Por ello, en estos casos, el pretender imponer el requisito de la previa
petición de entrega de la ayuda o de la comprobación anticipada de la real
situación de vulnerabilidad, supondría la desnaturalización de la prórroga
automática, y por consiguiente, la afectación del derecho al mínimo vital de
esta población desplazada.
7. Casos
concretos
7.1 Aspectos
fácticos comunes a todos los casos.
La Sala encontró
que existe una serie de elementos comunes a todos los expedientes, que por coincidir,
tanto en el relato de los hechos, como en las respuestas que se dieron en
algunos de los casos y en las decisiones judiciales dictadas en cada uno de
ellos, resulta pertinente enumerarlos, pues ello permitirá tener una visión
global de la problemática común a todos ellos.
(i)
En todos los expedientes se confirmó que los
accionantes y sus grupos familiares se encuentran debidamente inscritos en el
Registro Único de Población Desplazada -RUPD-, hoy denominado como Registro
Único de Victimas –RUV-.
(ii)
En todos los casos, los desplazados y sus
familias recibieron en una o varias oportunidades la ayuda humanitaria emergencia.
(iii)
De los hechos relatados en todos los
expedientes, ninguno de los accionantes manifestó estar padeciendo alguna
enfermedad,  encontrarse afectado por algún tipo de discapacidad, o estar
sometido a un tratamiento médico. Solo en el expediente T-3.882.3670
(accionante Josefina Mercedes Rivero Restrepo), se aportaron pruebas
documentales en las que se pudo confirmar, que al menos uno de los miembros del
núcleo familiar (su esposo) padecía una enfermedad que le ha impedido o
limitado en la obtención de un empleo, Si bien se argumentó en el mismo
expediente que su hija menor y la propia accionante se encontraban igualmente
enfermas no obra prueba alguna de ello. A pesar de ello, podría pensarse que
este grupo familiar podría ser beneficiario de la prórroga automática en la
entrega de la ayuda humanitaria de emergencia, por su especia condición de
personas enfermas. Sin embargo, debe recordarse que de este grupo familiar
hacen parte otras dos personas adultas, hijos de la actora y que se encuentran
en capacidad de laboral, pues nada se dice respecto de estas, en el sentido de
que también se encuentren enfermas o discapacitadas, o ya no hagan parte de
dicho núcleo familiar.
(iv)
En todos los casos,  los accionantes, se
encuentran dentro del rango de edades que los hace parte de la población
económicamente activa, además de verificarse que todos los casos cuentan con
uno o varios menores de edad a su cargo.
(v)
A todos los tutelantes les fue negada su
petición de prórroga de ayuda humanitaria por aparecer afiliados al sistema
general de seguridad social en salud como beneficiarios activos del régimen
contributivo. En uno solo de los casos, expediente T-3.974.370
(accionante Mario Andrés Ruíz Rubio) existe una carta de su E.P.S. en la que se
indica que dicha persona se desafilió del régimen contributivo.
(vi)
En todos los casos, excepto en el expediente
T-3.989.886 (accionante María Aida Godoy Vargas) la petición interpuesto
por los accionantes ante la UARIV solicitando la prórroga de la ayuda de
emergencia, fue efectiva y prontamente resuelta. En el caso exceptuado, la
entidad accionada, reconoció que solo daría una respuesta de fondo, luego de
que hubiese agotado el trámite de caracterización que le permita verificar la
real condición de la actora.
(vii)
En todos los casos, la Corte Constitucional
consultó las páginas electrónicas tanto del FOSYGA[95]
como del RUAF[96]
el día 22 de octubre del presente año, con el fin de verificar de manera más
concreta, la real situación de los accionantes, advirtiendo por demás, que en
los reportes de cada uno de los actores, la información consultada presentaba
actualizaciones muy recientes, siendo la más antigua la realizada el 29 de
julio de 2013, y la más reciente la realizada el 3 de octubre de este mismo
año. Así, de la información reportada por el FOSYGA se encontró lo siguiente:
·
Todos los accionantes se encuentran
efectivamente afiliados al régimen contributivo en salud en calidad de
beneficiarios activos y su vinculación se ha mantenido de manera continua por
lo menos por espacio de siete meses, en algunos casos hasta el mes de marzo del
presente año, y otros hasta el mismo mes de septiembre del  mismo año.
·
Solamente en el caso del señor Julio Manuel
Mendoza Sena (expediente T-3.965.845), su afiliación al régimen
contributivo en salud aparece en calidad de cotizante, pero su cotización no se
hace siempre por 30 días compensados al mes, pues en varios de los meses
reportados dicha liquidación de aportes se hace por una o dos semanas o por
algunos días, como es el caso del mes de septiembre de 2013, en el que solo se
compensó un día de cotización. Esta sola circunstancia confirma la precariedad
de los trabajos en que logra engancharse.
En la página de Registro Único de Afiliados a la Protección Social –
RUAF, se pudo verificar lo siguiente:
·
Respecto a afiliación a fondos de
pensiones varios de los actores han tenido registro de aportes pero se
encuentra actualmente inactivos, y otros jamás se han afiliado a
pensiones. Solo el señor Argiro de Jesús Gómez Gallego (expediente
T-3.972.541) se encuentra como cotizante activo.
·
En cuanto a afiliación a riesgos
profesionales, se encuentra como activos los señores Julio Manuel
Mendoza Sena, Mario Andrés Rubio y Nelly Margoth Sibaja Martínez, (expedientes   T-3.965.845,
T-3.974.370 y T-3.974.501, respectivamente).
·
En lo que corresponde a vinculación a
fondos de cesantías, la regla general es que no han tenido afiliación
alguna o se encuentran inactivos.
·
Respecto a reportes de cajas de
compensación, solamente los accionantes Argiro de Jesús Gómez Gallego (expediente
T-3.972.541) aparece como afiliado activo a la Caja de
Compensación Familiar de Antioquia –CONFAMA-; Mario Andrés Ruíz Rubio (expediente
T-3.974.370) afiliado activo a la Caja de Compensación Familiar –
COMPENSAR- y Luz Adriana Zuluaga Moreno (expediente T-3.974.550)
afiliada activa a la Caja de Compensación Familiar de Antioquia –CONFAMA-.
·
Respecto de afiliaciones a programas de
asistencia social, se observó que todos tuvieron algún tipo de
beneficio como programas de formación en el SENA, apoyos del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Fondo de Solidaridad Pensional y apoyos
económicos entregados por el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, beneficios que en todos los casos, fueron entregados, o prestados
hace más de un año.
(viii)
Si bien la UARIV manifiesta que todos los
accionantes fueron objeto de la respectiva caracterización, dicha entidad
desconocía la real situación de vulnerabilidad de estos desplazados para la
fecha en que solicitaron la prórroga de la ayuda humanitaria, pues en todos los
casos, ya sea del análisis de la respuesta entregada a los accionantes y que
fuera aportada al proceso, o en la respuesta emitida en el trámite de las acciones
de tutela en que dio respuesta, esta entidad siempre manifestó que la
negativa a otorgar la prórroga de la ayuda humanitaria, tuvo como apoyo o
respaldo probatorio, la simple consulta en la base de datos del FOSYGA.
(ix)
Finalmente, se advirtió que en la gran
mayoría de los casos, los accionantes manifestaron la imposibilidad o enorme
dificultad para acceder a los demás programas y planes de ayuda con que cuenta
el sistema nacional de apoyo a la población desplazada, concernientes a los programas
de apoyo a proceso productivos a nivel rural, así como los de formación y
capacitación para adultos, entre otros.
(x)
Particular atención presenta el caso de la
señora Judith de Ángel González (expediente T-3.970.137), quien por
vivir en el municipio de Aguas Blancas (César) en el que no existe oficina de
atención de la UARIV, le resulta especialmente difícil acceder a la información
de planes y programas de apoyo a los que tiene derecho en razón a su situación
de desplazamiento. En efecto, la Corte ha considerado a través de su
jurisprudencia, que no resulta de recibo imponer a las personas desplazadas
cargas inaguantables para acceder a la ayuda humanitaria, y mucho menos,
suponer que sea la población desplazada, la que además de encontrarse en una
situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, sea esta la que deba
incurrir en costos adicionales por concepto de transporte de un sitio a otro en
persecución del Estado para que éste cumpla con su responsabilidad constitucional
y legal de brindarle apoyo.
En este caso, y de acuerdo con lo señalado sobre el particular en
el Auto 099 de 2013, se reconoce los esfuerzos realizados por el Gobierno para
mejorar la atención primaria, con un mayor número de unidades móviles y más
puntos de atención. Sin embargo, subsiste la preocupación que la atención se
concentre, casi en su totalidad, a través de los anotados puntos de atención,
pero no obra prueba alguna en los expedientes objeto de revisión, que para ese
momento, ya se hubiesen implementado los acuerdos de trabajo que deben crearse
entre el Gobierno y aquellos municipios que no cuentan con dichos puntos de
atención, a efectos de que se coordine la asistencia a la población desplazada “mediante
enlaces designados por las Alcaldías (Personerías, Secretarías Municipales o
Distritales, etc.)”[97]
Esta ayuda habrá de cumplirse en desarrollo de los principios de  corresponsabilidad
y subsidiaridad que asegurarán la adecuada atención a la población desplazada.
Para tal efecto el anotado auto en su parte resolutiva dispuso lo siguiente:
Tercero.- ORDENAR a la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que diseñe e implemente
una estrategia con vocación de sostenibilidad, integralidad, y cobertura
nacional, para facilitar el acceso de las personas desplazadas a la oferta de
ayuda humanitaria de emergencia, que contenga, como mínimo, un análisis acerca
de la actual cobertura y aquella que se considera óptima, la distancia que
falta por recorrer para superar las falencias diagnosticadas en esta
providencia y los plazos en los que se hará, de tal manera que la
implementación de los puntos de atención, la contratación de facilitadores, y
la adquisición de vehículos no se limiten a esfuerzos aislados, discontinuos y
paliativos en algunos municipios o departamentos que presentan focos o picos de mayor intensidad, sino que exprese
la materialización de compromisos adquiridos y exigibles, dirigidos a facilitar
el acceso de la totalidad de la población desplazada
a lo largo y ancho del país. Especial énfasis debe tener el
funcionamiento de los acuerdos de trabajo que el
Gobierno Nacional afirma realizar con las alcaldías para coordinar con sus
enlaces (Personerías, Secretarías Municipales o Distritales, etc.) la atención
de la población desplazada en los
casos en los que los municipios no cuentan con tales puntos de atención. Tal estrategia deberá ser presentada ante esta Sala
Especial de Seguimiento, en medio físico y magnético, dentro de los tres (3)
meses siguientes a la comunicación de este auto, al igual que los resultados
alcanzados a la fecha (…).” (Énfasis agregado).
7.2
Resolución de los casos en particular.
7.2.1 Expedientes T-3.882.370, T-3.965.845, T-3.965.937,
T-3.970.137,             T-3.974.370, T-3.974.550, y T-3.989.886.
En los expedientes
aquí referidos se pudo advertir, que si bien los accionantes se encuentran afiliados
al régimen contributivo en salud en calidad de beneficiarios, en todos ellos,
la entidad accionada siempre argumentó como única razón y como fundamento suficiente
para negar la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia, la existencia de afiliación
al régimen contributivo en salud, sin soportar su decisión en informaciones
adicionales o cuando menos a partir de un informe generado luego de que se
hubiese revisado, la real situación de vulnerabilidad de los accionantes. Ello
supone en consecuencia, el desconociendo de su responsabilidad legal de la efectiva
comprobación de la situación actual de vulnerabilidad de los desplazados que
reclaman dicha ayuda.
Incluso, de la
revisión de la información contenía en las base de datos del FOSYGA se pudo
constatar que en algunos de los casos, los accionantes aparecen con reportes de
afiliación al régimen contributivo en salud, con liquidaciones de aportes
hechos por algunos días y no por meses completos, lo que confirma en buena
medida la precariedad de los trabajos para los que fueron contratados. o la
brevedad de los contratos laborales que logran conseguir. La anterior
circunstancia desvirtuaría la presunta superación de la condición de
vulnerabilidad de estos desplazados y de sus grupos familiares, dejando sin
sustento el argumento de la hipotética autonomía económica alcanzada a partir
de un trabajo con las condiciones aquí descritas. Por el contrario, el
resultado de dicho análisis, reafirmaría en buena medida, la forma ligera en
que la UARIV estaría consultando la información disponible en la Red de
Información para la Atención y Reparación a las Víctimas, al limitar su
consulta a la página electrónica del FOSYGA, dejando de lado una mayor y más completa
base de datos con que cuenta la Red de Información de la cual extrae la
información, pues la pluralidad de datos allí contenidos, le podrían dar un
panorama más completo de la real situación del desplazado. Con todo, además de
tener a su disposición la Red de Información, la UARIV podrá recavar
directamente, o por intermedio del Comité Territorial de Justicia Transicional
del lugar en donde reside la persona, información más actual y detallada del
nivel de vulnerabilidad del desplazado y su grupo familiar, lo cual se logrará
por vía del  proceso de verificación.
En efecto, tal y
como lo señalara la Sala Especial de Seguimiento de la sentencia  T-025 de 2004
al dictar el Auto 099 de 2013, la consulta hecha en la Red de Información por
parte de la UARIV, no le permite inferir con detalle, las condiciones exactas del
presunto vínculo laboral, el ingreso económico efectivamente percibido, la
condición actual y real del accionante y de su núcleo familiar, como tampoco le
permite determinar, si en efecto, dicho núcleo familiar  se está beneficiando
del supuesto ingreso económico que percibe el desplazado por la presunta relación
laboral que tenga en ese momento.
En el caso de la
señora Rivero Restrepo (expediente T-3.882.370), la UARIV también
esgrimió como fundamento para negar la prórroga de la entrega de la ayuda
humanitaria, el hecho de que en tanto el desplazamiento forzoso del cual fue víctima
junto con su grupo familiar había ocurrido hacía más de 10 años, el simple
transcurso del tiempo permitía suponer que las razones de su actual situación
de vulnerabilidad no son consecuencia directa de desplazamiento ocurrido en esa
fecha.
Sobre el particular,
la Sala recuerda en el Auto A-099 de 2013, que el no reconocimiento de la
entrega de la ayuda humanitaria bajo la falsa premisa de que el simple paso del
tiempo disminuye la condición de vulnerabilidad, corresponde a una apreciación
ligera, que desconoce las verdaderas condiciones materiales y las
circunstancias fácticas en la que se encuentra esa población. Es tan equivocado
dicho planteamiento que una de las circunstancias, que por el contrario suele
agravar la situación de vulnerabilidad de una persona desplazada con el simple
paso del tiempo[98],
es el caso de las personas de la tercera edad. Sin embargo, con una simple
revisión de los hechos narrados por la actora, se observa que en su caso, la evolución
de la enfermedad de piel de su esposo ha evolucionado de manera  negativa al
pasar el tiempo, al punto que ahora esta se califica en los informes médicos
como un cáncer de piel, circunstancias que dificulta la consecución de un
trabajo por parte de dicho desplazado.
El caso del
señor Ruíz Rubio (expediente T-3.974.370) confirma que si bien el actor
tuvo una vinculación laboral relativamente estable, la misma ya terminó, hecho que
demostró el mismo el actor al aportar a la tutela, una carta fechada el 8 de
abril de 2013, suscrita por la Gerente de Operación Comercial de la E.P.S.
SALUD TOTAL en la que certifica que el accionante se encuentra desafiliado,
situación que concuerda plenamente con el reporte que aparece en la página electrónica
del FOSYGA. Así, es claro que ante la necesidad de suplir las necesidades
básicas personales y de su grupo familiar del que hacen parte sus cinco hijos
menores de edad, el accionante solicitó le fuese prorrogada la ayuda
humanitaria que en algún momento dentro de su condición de desplazado ya le fue
entregada.
7.2.2
Expedientes T-3.965.931, y T-3.972.541
Para los casos
de los accionantes Johana David Zapata y Argiro de Jesús Gómez Gallego, su situación
actual de vulnerabilidad no se advierte tan clara como en los demás
expedientes, a pesar de que en sus casos, tampoco de adelantó la verificación
que debió realizar la UARIV respecto de su real situación de vulnerabilidad.
En efecto, en el
caso de la señora David Zapata, la declaración hecha por el secretario del
juzgado de primera instancia, permitió establecer, que en efecto su esposo se
encuentra laborando en la actualidad, pero que desafortunadamente lo que
percibe como salario no es suficiente.
Por otra parte,
en el caso del señor Gómez Gallego, a pesar de que su grupo familiar es
bastante numeroso y que de este hacen parte varios menores de edad, los
informes obtenidos en las páginas electrónicas del FOSYGA como de la RUAF
permite determinar, con moderada certeza, que su vinculación laboral cumple en
gran medida con las exigencias legales de los beneficios normales fruto de una
relación laboral normal.
No obstante, en
estos dos casos, igualmente la UARIV solo soportó su decisión de negar la
prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia en una información parcial y por
lo mismo incompleta, amén de no contarse con la verificación que debió surtirse
para determinar la real situación de los accionantes, valoración que como se
advirtió en las demás acciones de tutela tampoco se cumplió.
Finalmente, en
el caso de la señora Nelly Margoth Sibaja Martínez (expediente    T-3.974.501)
es claro que la prórroga que procede es la automática, por ser la regla
jurídica aplicar en razón a los elementos fácticos que rodean a la actora. En
efecto, ha de recordarse que la accionante identificó su núcleo familiar como
el compuesto por ella y un hijo menor de edad. De esta manera, es evidente que
la accionante hace parte de ese grupo de especial protección a partir de un
enfoque diferencial: por una parte, por ser la actora madre cabeza de hogar, y de
otro lado, por cuanto al tener a su cargo el cuidado de un hijo menor de edad,
ello le dificultaría adquirir compromisos laborales que afecten o pongan en
peligro el cuidado de su hijo.
8. Conclusión
Vistas las
situaciones concretas de cada uno de los expedientes, y confrontadas estas con
los lineamientos legales y jurisprudenciales en torno a la prórroga de la ayuda
humanitaria de emergencia, esta Sala procederá a revocar las decisiones en
todos los procesos objeto de revisión, para en su lugar tutelar los derechos a
la ayuda humanitaria y al mínimo vital conculcados a los accionantes.
Para proteger
tales derechos se ordenará para todos los casos, excepción hecha del expediente
T-3.974.501 (Nelly Margoth Sibaja Martínez), que la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV-, para que en todos los casos
objeto de decisión en esta sentencia, y dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de la presente providencia, adelante todas
las gestiones pertinentes a efectos de hacer entrega de la prórroga de la ayuda
humanitaria a todos los accionantes de los expedientes de la referencia,
entrega que deberá cumplirse de manera completa y efectiva en un plazo razonable
que no genere afectación a los turnos que para tal efecto se encuentren ya
programados.
Se ordenará
igualmente a la UARIV, que en el cumplimiento de esta sentencia, proceda a la
realización de la verificación de la situación de vulnerabilidad de los
accionantes, ya sea en forma directa o a través del Comité Territorial de
Justicia Transicional del lugar en donde reside la persona.
Finalmente, se
ordenará igualmente a la UARIV, que si en el cumplimiento de las órdenes impartidas
en esta sentencia y de la verificación de la real situación de vulnerabilidad y
debilidad manifiesta de los accionantes, advierte que estos han mejorado
sustancialmente su citación particular, proceda en todos los casos, a ofrecer
de manera oportuna y plena, aquellas otras ayudas o programas de apoyo que los
puedan impulsar a su etapa de transición, para sí alcanzar la autosuficiencia
socio económica.
Para el caso
del expediente T-3.974.501 (Nelly Margoth Sibaja Martínez, por haberse advertido que por las
circunstancias especiales de la accionante, el enfoque diferencial que ha de
aplicarse permite que la prórroga de la ayuda humanitaria se haga de manera
automática. Así, la UARIV, deberá en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de esta providencia y en un plazo
máximo de quince (15) días, proceda a hacer entrega efectiva y completa de la
ayuda humanitaria a la actora. Luego de ello, podrá proceder a verificar el
real estado de vulnerabilidad de la accionante, a efectos de determinar si
dicha ayuda habrá de suspenderse o no a futuro.
IV. DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por Juzgado Tercero de Familia de Valledupar
que negó la tutela de la señora Josefina Mercedes Rivero Restrepo (expediente
T-3.882.370). En su
lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la ayuda humanitaria y al
mínimo vital.
Segundo.
REVOCAR la sentencia proferida por Juzgado Quinto
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín que negó la tutela
del señor Julio Manuel Mendoza Sena (expediente T-3.965.845). En su lugar, TUTELAR
los derechos fundamentales a la ayuda humanitaria y al mínimo vital
Tercero.
REVOCAR la sentencia proferida por la Sala de
Decisión Penal para Adolescentes del Tribunal Superior de Medellín que confirmó
la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal de Adolescentes con Función
de Conocimiento de Medellín que había negado la tutela de la señora Johana
David Zapata (expediente T-3.965.931). En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la ayuda
humanitaria y al mínimo vital
Cuarto.
REVOCAR la sentencia proferida por la Sala de
Decisión Penal para Adolescentes del Tribunal Superior de Medellín que revocó
para negar la sentencia del Juzgado Veinticinco Penal del Circuito de Medellín que
había amparado los derechos de de la señora Ana María Giraldo Guisao (expediente, T-3.965.937). En su lugar, TUTELAR
los derechos fundamentales a la ayuda humanitaria y al mínimo vital
Quinto.
REVOCAR la sentencia proferida por Juzgado Primero
Penal de Conocimiento de Valledupar que negó la tutela de la señora Herminia
Judith De Ángel González (expediente T-3.970.137). En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la ayuda
humanitaria y al mínimo vital
Sexto. REVOCAR
la sentencia proferida por Juzgado Penal del
Circuito de Santuario (Antioquia) que negó la tutela del señor Argiro de Jesús
Gómez Gallego (expediente T-3.972.541). En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la ayuda
humanitaria y al mínimo vital
Séptimo.
REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Penal
del Tribunal Superior de Bogotá que confirmó la decisión proferida por el
Juzgado Veintidós Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá que
había negado la tutela del señor Mario Andrés Ruíz Rubio (expediente T-3.974.370). En su lugar, TUTELAR
los derechos fundamentales a la ayuda humanitaria y al mínimo vital
Octavo.
REVOCAR la sentencia proferida por Juzgado Décimo
Laboral del Circuito de Medellín que negó la tutela de la señora Nelly Margoth
Sibaja Martínez (expediente T-3.974.501). En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la ayuda
humanitaria y al mínimo vital
Noveno.
REVOCAR la sentencia proferida por Juzgado Sexto
Laboral del Circuito de Medellín que negó la tutela de la señora Luz Adriana
Zuluaga Moreno (expediente T-3.974.550). En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la ayuda
humanitaria y al mínimo vital
Décimo. REVOCAR
la sentencia proferida por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Medellín que confirmó la sentencia proferida por el
Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma
ciudad que había negado la tutela de la señora María Aida Godoy Vargas (expediente
T-3.989.886). En su
lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la ayuda humanitaria y al
mínimo vital
Decimoprimero. ORDENAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas – UARIV-, para que en todos los casos objeto de decisión en esta
sentencia, exceptuado el expediente T-3.974.501 (Nelly Margoth Sibaja
Martínez, y dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente providencia, adelante todas las gestiones
pertinentes a efectos de hacer entrega de la prórroga de la ayuda humanitaria a
todos los accionantes de los expedientes de la referencia, entrega que deberá
cumplirse de manera completa y efectiva en un plazo razonable que no genere
afectación a los turnos que para tal efecto se encuentren ya programados.
Decimosegundo.
ORDENAR a la UARIV, que en el cumplimiento de esta
sentencia, proceda a la realización de la verificación de la situación de
vulnerabilidad de los accionantes, ya sea en forma directa o a través del
Comité Territorial de Justicia Transicional del lugar en donde reside la
persona.
Decimotercero.
ORDENAR a la UARIV, que si en el cumplimiento de
las órdenes impartidas en esta sentencia y de la verificación de la real
situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de los accionantes, advierte
que estos han mejorado sustancialmente su citación particular, proceda en todos
los casos, a ofrecer de manera oportuna y plena, el acceso a las otras ayudas o
programas de apoyo que los puedan impulsar a su etapa de transición, para sí
alcanzar la autosuficiencia socio económica.
Decimocuarto. Para el caso del expediente T-3.974.501 (Nelly Margoth
Sibaja Martínez, por haberse advertido que por las circunstancias especiales de
la accionante, el enfoque diferencial que ha de aplicarse permite que la
prórroga de la ayuda humanitaria se haga de manera automática. Así, la UARIV,
deberá en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia y en un plazo máximo de quince (15) días,
proceda a hacer entrega efectiva y completa de la ayuda humanitaria a la
actora. Luego de ello, podrá proceder a verificar el real estado de
vulnerabilidad de la accionante, a efectos de determinar si dicha ayuda habrá
de suspenderse o no a futuro.
Decimoquinto. Por Secretaría General líbrense las comunicaciones previstas en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
Ausente
con excusa
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] La norma citada señala lo siguiente: “Artículo 117. Superación
de la situación de emergencia. Con base en la
información recopilada a través de la Red Nacional de Información, se evaluará
el acceso efectivo del hogar a los componentes de alimentación, alojamiento
temporal, salud, y educación, a través de alguna de las siguientes fuentes:
1. Participación del hogar de los programas
sociales orientados a satisfacer las necesidades relativas a estos componentes.
2. Participación del hogar en programas sociales
orientados al fortalecimiento de las capacidades de autosostenimiento del
hogar.
3. Participación del hogar en procesos de retorno o
reubicación y acceso a los incentivos que el gobierno diseñe para estos fines.
4. Generación de un ingreso propio que le permite
al hogar suplir de manera autónoma estos componentes.
5. Participación del hogar en programas de empleo
dirigidos a las víctimas.
Una vez se establezca que el hogar cuenta con
acceso a los componentes de alimentación, alojamiento temporal, salud y
educación a través de alguna de las fuentes mencionadas, se considerará
superada la situación de emergencia producto del desplazamiento forzado y se
realizarán las remisiones correspondientes para garantizar el acceso a los
demás componentes de la atención integral, con el fin de avanzar en la cesación
de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta.”
[2] A folio 23 del expediente de tutela, en el escrito de
intervención de la UARIV en esta acción de tutela, confirma que la accionante y
su grupo familiar se encuentra efectivamente inscritos en el RUPD. No se señala
fecha de su inscripción.
[3] Si bien en la demanda de tutela la
accionante afirma ser madre de un menor de edad, en la petición que en su
momento elevara ante la UARIV, afirma ser madre de tres hijos que dependen
económicamente de ella. (ver folio 6 del expediente de tutela).
[4] En la citada providencia se resolvió el caso de una mujer
desplazada, madre cabeza de familia de dos menores de edad, que por su
distrofia muscular tiene como único ingreso económico el dinero que percibe por
cuidar a un menor de edad tres veces por semana. Explica que la negativa de la UARIV
a prorrogarle la entrega de la ayuda humanitaria obedece a la afiliación que en
calidad de beneficiaria al régimen contributivo en salud, tiene ella y sus
hijos, siendo dicha afiliación el único beneficio que recibe de ex pareja.
Además, dicha afiliación se justifica en razón a la atención médica que
requiere por su distrofia muscular. En esa oportunidad la Corte amparó los
derechos fundamentales de la accionante y sus hijos en razón a la triple
condición de vulnerabilidad que ella tiene: desplazada; madre cabeza de hogar y
discapacitada.
[5] A folio 17 del expediente la UARIV al impugnar la decisión de
primera instancia, confirma que en efecto la accionante y su grupo familiar se
encuentran inscritos en el RUPD. No señala la fecha de dicho registro.
[6] Ver folio 17 visto del expediente de
tutela.
[7] A folio 6 del expediente, en documento generado por Acción
Social, de fecha 22 de junio de 2009 se indica que la accionante fue incluida
en el RUPD el 11 de abril de 2002.
[8] Si bien el accionante afirma en su demanda de tutela que su grupo
familiar está integrado por nueve adultos y ningún menor de edad, de la
petición que prórroga de ayuda humanitaria presentada a la UARIV se advierte
que el grupo familiar consta de ocho adultos y dos menores de edad. Aun así, en
documento fechado el 17 de mayo de 2008 y suscrito por el Personero Municipal
de Cocorná, señala que, como parte del grupo familiar del señor Argiro Gómez
han de incluirse tres menores de edad nacidos con posterioridad a la
inscripción de este grupo familiar en el RUPD. De esta manera se puede inferir
que el accionante es un desplazado registrado con anterioridad a la fecha del
documento suscrito por el Personero Municipal de Cocorná.
[9] El accionante y su grupo familiar fueron incluido en el Registro
Único de Población Desplazada el 29 de junio de 2009, como jefe de hogar, con
cuatro menores de edad y una compañera o esposa.
[10] A folio 10 del expediente de tutela, obra
el auto por el cual el Juez 22 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
avocó el conocimiento de la presente acción de tutela.
[11] Ver folio 9 del cuaderno No. 2 del expediente
de tutela.
[12] La señora Godoy Vargas manifiesta haberse
desplazado desde el año 2000 del municipio de Ituango (Antioquia) a la ciudad
de Medellín.
[13] Ver folio 22 del expediente de tutela.
[14] Ver folio 27 del expediente.
[15] En el expediente de tutela no obra la referida certificación.
[16] Ley 1448 del 10 de junio de 2011 “Por
la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.”
[17] El SNAIPD fue creado por la Ley 387 de
1997 y tiene como función esencial integrar y coordinar recursos y esfuerzos de
entidades públicas, privadas y comunitarias, con el fin de adelantar acciones
orientadas a dar respuestas de impacto a la población y el territorio, desde
una mirada nacional regional y local. Según el artículo160 de la Ley 1448 de
2011, el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas estará
conformado por las siguientes entidades y programas: En el orden nacional, por:
1. El Ministerio del Interior y de Justicia; 2. El Ministerio de Relaciones
Exteriores; 3. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 4. El Ministerio de
Defensa Nacional; 5. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; 6. El
Ministerio de la Protección Social; 7. El Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo; 8. El Ministerio de Educación Nacional; 9. El Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial; 10. El Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones; 11. El Ministerio de Cultura; 12. El
Departamento Nacional de Planeación; 13. La Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional; 14. La Unidad Administrativa Especial de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas; 15. La Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas; 16. La Fiscalía
General de la Nación; 17. La Defensoría del Pueblo; 18. La Registraduría
Nacional del Estado Civil; 19. El Consejo Superior de la Judicatura - Sala
Administrativa (sic); 20. La Policía Nacional; 21. El Servicio Nacional de
Aprendizaje; 22. EI Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en
el Exterior; 23. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; 24. El
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural; 25. El Archivo General de la Nación; 26.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; 27. El Instituto
Geográfico Agustín Codazzi; 28. La Superintendencia de Notariado y Registro; 29.
El Banco de Comercio Exterior; 30. El Fondo para el Financiamiento del Sector
Agropecuario; 31. Las demás organizaciones públicas o privadas que participen
en las diferentes acciones de atención y reparación en el marco de la presente
ley; 32. La Mesa de Participación de Víctimas del nivel nacional, de acuerdo al
Título VIII; En el orden territorial, por: 1. Por los Departamentos, Distritos
y Municipios; 2. Por las entidades descentralizadas funcionalmente o por
servicios con funciones y competencias para la atención y reparación a las víctimas
a que se refiere esta ley; 3. Por la Mesa de Participación de Víctimas del
respectivo nivel, de acuerdo al Título VIII; Y los siguientes programas: 1.
Programa Presidencial de Atención Integral contra minas antipersonal; 2.
Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
[18] Las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas –UARIV- se encuentran señaladas en los
artículos 166 a 168 de la Ley 1448 de 2011.
[19] Sentencia C-372 de 2009 M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[20] En sentencia SU-1150 de 2000, M. P.
Eduardo Cifuentes Muñoz se dijo lo siguiente:
“No existe discusión acerca de que el desplazamiento
forzado apareja una violación múltiple, masiva y continua de los derechos de
las personas obligadas a migrar. Por una parte, es claro que estas personas
tienen que abandonar su domicilio en razón del riesgo que observan para su vida
e integridad personal, peligro que se deriva de las amenazas directas que les
son formuladas o de la percepción que desarrollan por los múltiples actos de
violencia que tienen lugar en sus sitios de residencia. El desplazamiento
forzado comporta obviamente una vulneración del derecho de los nacionales a
escoger su lugar de domicilio, al igual que de su derecho al libre desarrollo
de la personalidad. Asimismo, dado el ambiente intimidatorio que precede a los
desplazamientos, estas personas ven conculcados sus derechos de expresión y de
asociación. De igual manera, en razón de las precarias condiciones que deben
afrontar las personas que son obligadas a desplazarse, se presenta un atropello
de los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, de los
discapacitados y de las personas de la tercera edad. Además, todas las personas
forzadas a abandonar sus lugares de origen sufren un detrimento en sus ya de
por sí muy afectados derechos económicos, sociales y culturales, y
frecuentemente son sometidos a la dispersión de sus familias.”
[21] Sentencia T-227 de 1997, M. P. Alejandro
Martínez Caballero.
[22] Sentencia SU-1150 de 2000, M P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, reiterada recientemente en la sentencia T-702 de 2012, M. P
Luis Ernesto Vargas Silva.
[23] Estado de cosas inconstitucional. Ver entre otras, las sentencias  SU-559 de 1997. T-068, T-153, SU-250, T-590 y  T-606 de 1998; T-525 de 1999; SU-090,
T-847 y T-1695 de 2000; T-1030 de 2003; T-025 y T-1096  de 2004; T-175 y T-312
de 2005.
[24] Ver sentencia SU-913 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
[25] Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa.
[26] En la sentencia SU-559 de 1997. La Corte declaró un estado de
cosas inconstitucional por la omisión de dos municipios de afiliar a los
docentes a su cargo al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, a pesar
de que se hacían los descuentos respectivos de los salarios devengados para el
pago de dichos aportes, al encontrar que la vulneración era común a muchos
maestros de todo el país.  Dijo la Corte: “30. De acuerdo a lo expuesto, la
situación planteada por los actores tiene que examinarse desde una doble
perspectiva. De una parte, se trata de un problema general que afecta a un
número significativo de docentes en el país y cuyas causas se relacionan con la
ejecución desordenada e irracional de la política educativa. De otra parte, la
acción de tutela compromete a dos municipios que por falta de recursos no han
dado cumplimiento efectivo a sus obligaciones frente a los educadores que han
instaurado la acción de tutela.”
[27] Sentencia T-153 de 1998. Declaró el estado de cosas
inconstitucional por el hacinamiento y las condiciones indignas de reclusión en
las distintas cárceles colombianas. Dijo la Corte: “Asimismo, como se vio en el
aparte acerca del hacinamiento desde una perspectiva histórica, el fenómeno de
la congestión carcelaria ha sido recurrente, e incluso han existido períodos en
los que la sobrepoblación ha alcanzado grados mucho más extremos que el actual.
A pesar de ello no se percibe de parte del Estado el diseño de políticas
destinadas a evitar situaciones como la actual. Del análisis histórico surge la
conclusión de que la actitud del Estado ante estas situaciones es siempre
reactiva, es decir que solamente ha actuado en este campo cuando se encuentra
en presencia de circunstancias explosivas, como la actual. En esas
circunstancias ha recurrido tanto a la despenalización o  la rebaja de penas,
como a la construcción apurada de centros de reclusión.”
[28] Sentencia T-068 de 1998. Declaró un estado de cosas
inconstitucional por la mora habitual de Caja Nacional de Previsión en resolver
las peticiones presentadas por jubilados. La Corte dijo: “8. Así mismo, como se
constató en la inspección judicial, la acción de tutela es prácticamente un
requisito para que se resuelva la solicitud dentro del término legal, la cual
genera un procedimiento administrativo paralelo que produce un desgaste del
aparato judicial y una tergiversación del objetivo de la acción de tutela, lo cual
afecta gravemente el interés general y el interés particular de quienes vienen
siendo afectados de manera directa por la ineficiencia de la Caja Nacional de
Previsión, pese a que se aprecia una superación en comparación con el caos
anterior, de todas maneras tratándose de jubilados el esfuerzo estatal debe ser
el máximo.”
[29] Sentencia T-1695 de 2000. Declaró la
continuidad del estado de cosas inconstitucional por la falta de convocatoria
al concurso para el nombramiento de notarios. La Corte señaló que la falta de
una disposición que permitiera la convocatoria a un concurso general de méritos
hacia que continuara el estado de cosas inconstitucional declarado en la
sentencia SU-250 de 1998. Dijo la Corte:  “En este orden, cabe concluir, que si bien la
convocatoria efectuada por el acuerdo Nº 9 de 1999 no vulnera frente a los
demás aspirantes el derecho a la igualdad de los actores para acceder al cargo
de notario en los circuitos para los cuales se abrió el concurso, lo cierto es
que sí restringió la igualdad de oportunidades de los aspirantes al no incluir
todas las plazas notariales, en abierto desconocimiento del precepto
constitucional, lo que sin duda configura una vulneración de un derecho
fundamental, que persistirá en tanto no se realice un concurso de méritos en
las condiciones establecidas por la Carta Política y reiteradas por la
jurisprudencia constitucional. (...) Por lo anterior, y reconocida la continuidad del estado de cosas
inconstitucional declarado por la Corte Constitucional desde la sentencia
SU-250/98, al no poner en funcionamiento la carrera notarial, que si bien se
trató de subsanar por el órgano competente al convocar el concurso de méritos
de que trata esta providencia, el mismo no se hizo conforme a la Constitución,
pues debía haber incluido todas las plazas de notario existentes en el país y
garantizar no sólo las mismas oportunidades para todos los participantes, sino
aplicación plena de los preceptos constitucionales. Así las cosas, el
restablecimiento de los derechos fundamentales de los actores y la observancia
del ordenamiento superior sólo puede producirse cuando la provisión de los
cargos de notario se realice mediante la celebración de un concurso de méritos
abierto y público que tenga como objeto cumplir el mandato constitucional
tantas veces reseñado.”
[30] Sentencia T-068 de 1998. La Corte señaló: “De acuerdo con
estadísticas que presenta la misma entidad demandada, durante los años 1995,
1996 y 1997 se instauraron cerca de 14.086 acciones de tutela en contra de la
Caja Nacional de Previsión y, si se realiza un cotejo con la totalidad de
expedientes de tutela que se remitieron para eventual revisión a esta
Corporación en esos años (aproximadamente 94000), se observa cómo casi un 16%
de todas la tutelas del país se dirigen contra esa entidad. Esto significa que
existe un problema estructural de ineficiencia e inoperancia administrativa, lo
cual se considera un inconveniente general que afecta a un número significativo
de personas que buscan obtener prestaciones económicas a las que consideran
tener derecho.”
[31] En la misma sentencia T-068 de 1998, se dijo: “10. Por todo lo
anterior, esta Sala de Revisión concluye que la situación presentada en la
entidad demandada produce un estado de cosas inconstitucional, lo cual no sólo
afecta derechos individuales tendientes a viabilizar las pretensiones, a través
de tutela, sino también afecta a todo el aparato jurisdiccional que se
congestiona y lo afecta en la efectividad del cumplimiento oportuno de sus
obligaciones.”
[32] Magistrado Ponente Manuel José Cepeda
Espinosa.
[33] Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
[34] En la citada sentencia T-702 de 2012 al
hacerse mención a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos se
señaló lo siguiente:
Estos principios comprenden, además de la formulación
de  principios generales (sección I), principios relativos a la protección
contra los desplazamientos (sección II), a la protección durante el desplazamiento
(sección III), a la asistencia humanitaria (sección IV) y al regreso, el
reasentamiento y la reintegración (sección V).
En lo atinente a la asistencia humanitaria a los
desplazados, estos principios consagran:
“Sección IV
PRINCIPIOS RELATIVOS A LA ASISTENCIA HUMANITARIA
Principio 24 [1.] La asistencia humanitaria se
prestará de conformidad con los principios de humanidad e imparcialidad y sin
discriminación alguna.
2. No se desviará la asistencia humanitaria
destinada a los desplazados internos, ni siquiera por razones políticas o
militares.
Principio 25 [1.] La obligación y
responsabilidad primarias de proporcionar asistencia humanitaria a los
desplazados internos corresponde a las autoridades nacionales.
2. Las organizaciones humanitarias internacionales y
otros órganos competentes tienen derecho a ofrecer sus servicios en apoyo de
los desplazados internos.  Este ofrecimiento no podrá ser considerado un
acto inamistoso ni una interferencia en los asuntos internos del Estado y se
examinará de buena fe.  Su aceptación no podrá ser retirada
arbitrariamente, en particular cuando las autoridades competentes no puedan o
no quieran proporcionar la asistencia humanitaria necesaria.
3. Todas las autoridades competentes concederán y
facilitarán el paso libre de la asistencia humanitaria y permitirán a las
personas que prestan esa asistencia un acceso rápido y sin obstáculos a los
desplazados internos.
Principio 26 [L]as personas que prestan
asistencia humanitaria, sus medios de transporte y sus suministros gozarán de
respeto y protección. No serán objeto de ataques ni de otros actos de
violencia.
Principio 27 [1.] En el momento de proporcionar
la asistencia, las organizaciones humanitarias internacionales y los demás
órganos competentes prestarán la debida consideración a la protección de las
necesidades y derechos humanos de los desplazados internos y adoptarán las
medidas oportunas a este respecto. En esa actividad, las mencionadas organizaciones
y órganos respetarán las normas y códigos de conducta internacionales
pertinentes.
2. El párrafo precedente se
formula sin perjuicio de las responsabilidades en materia de protección de las
organizaciones internacionales encargadas de esta finalidad, cuyos servicios
pueden ser ofrecidos o solicitados por los Estados.”
[35] Para el efecto revisar el documento “INTENSIFICACIÓN DE LA
PROMOCIÓN Y EL FOMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES,
EN PARTICULAR LA CUESTIÓN DEL PROGRAMA Y LOS MÉTODOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN
DERECHOS HUMANOS, ÉXODOS EN MASA Y PERSONAS DESPLAZADAS, correspondiente al
Informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng,
presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos
Humanos. Documento consulta en
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0022, el
día 1° de noviembre de 2013 a las 12.35 pm.
[36] Sentencia SU-1150 de 2000, M. P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[37] El SNAIPD fue creado por la Ley 387 de
1997 y tiene como función esencial integrar y coordinar recursos y esfuerzos de
entidades públicas, privadas y comunitarias, con el fin de adelantar acciones
orientadas a dar respuestas de impacto a la población y el territorio, desde
una mirada nacional regional y local. Según el artículo160 de la Ley 1448 de
2011, el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas estará
conformado por las siguientes entidades y programas: En el orden nacional, por:
1. El Ministerio del Interior y de Justicia; 2. El Ministerio de Relaciones
Exteriores; 3. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 4. El Ministerio de
Defensa Nacional; 5. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; 6. El
Ministerio de la Protección Social; 7. El Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo; 8. El Ministerio de Educación Nacional; 9. El Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial; 10. El Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones; 11. El Ministerio de Cultura; 12. El
Departamento Nacional de Planeación; 13. La Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional; 14. La Unidad Administrativa Especial de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas; 15. La Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas; 16. La Fiscalía
General de la Nación; 17. La Defensoría del Pueblo; 18. La Registraduría
Nacional del Estado Civil; 19. El Consejo Superior de la Judicatura - Sala
Administrativa (sic); 20. La Policía Nacional; 21. El Servicio Nacional de
Aprendizaje; 22. EI Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en
el Exterior; 23. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; 24. El
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural; 25. El Archivo General de la Nación;
26. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; 27. El
Instituto Geográfico Agustín Codazzi; 28. La Superintendencia de Notariado y
Registro; 29. El Banco de Comercio Exterior; 30. El Fondo para el
Financiamiento del Sector Agropecuario; 31. Las demás organizaciones públicas o
privadas que participen en las diferentes acciones de atención y reparación en
el marco de la presente ley; 32. La Mesa de Participación de Víctimas del nivel
nacional, de acuerdo al Título VIII; En el orden territorial, por: .1. Por los
Departamentos, Distritos y Municipios; 2. Por las entidades descentralizadas
funcionalmente o por servicios con funciones y competencias para la atención y
reparación a las víctimas a que se refiere esta ley; 3. Por la Mesa de
Participación de Víctimas del respectivo nivel, de acuerdo al Título VIII; Y
los siguientes programas: 1. Programa Presidencial de Atención Integral contra
minas antipersonal; 2. Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario.
[38] A efectos de hacer más coherente la organización y funcionamiento
de la administración pública, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 4157 de
2011, y con base en lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 1448 de 2011, el
artículo 170 de la Ley 1448 de 2011, y el literal h) del artículo 18 de la Ley
1444 de 2011 que otorga facultades al Presidente de la República para
determinar la adscripción o la vinculación de las entidades públicas nacionales
descentralizadas, procedió a realizar la adscripción de la UARIV al DAPS.
[39] Ver Decreto 4155 de 2011.
[40] Mediante sentencia C-438 de 2013, M. P. Alberto Rojas Ríos, la
Corte Constitucional declaró inexequibles las expresiones “inmediatas” y
“directa” contenidas en el primer inciso de dicha norma. esa misma
sentencia declaró exequible la expresión “prestará por una sola vez”
contenida en el parágrafo 3° del mismo artículo.
[41] En la sentencia C-438 de 2013 M. P. Alberto Rojas Ríos, la Corte
constitucional declaró exequible la expresión “y se entregará de
acuerdo con el grado de necesidad y urgencia respecto de su subsistencia
mínima.”
[42]  La Ley 1448 de 2011 dispone en su
artículo 13 lo siguiente: “
ARTÍCULO 13 ENFOQUE DIFERENCIAL. El principio de
enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características
particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de
discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención,
asistencia y reparación integral que se establecen en la presente ley, contarán
con dicho enfoque.
El Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de
protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones
contempladas en el artículo 3° de la presente Ley tales como mujeres, jóvenes,
niños y niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad,
campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores
de Derechos Humanos y víctimas de desplazamiento forzado.
Para el efecto, en la ejecución y adopción por parte
del Gobierno Nacional de políticas de asistencia y reparación en desarrollo de
la presente ley, deberán adoptarse criterios diferenciales que respondan a las
particularidades y grado de vulnerabilidad de cada uno de estos grupos
poblacionales.
Igualmente, el Estado realizará esfuerzos encaminados
a que las medidas de atención, asistencia y reparación contenidas en la
presente ley, contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y
marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.”
[43] El artículo 109 del Decreto 4800 de 2011 por el cual se
reglamenta la Ley 1448
de 2011 y se dictan otras disposiciones, señala: “Artículo
109. Ayuda humanitaria de emergencia. La Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, ya sea directamente
o a través de convenios que con ocasión a la entrega de estos componentes se
establezcan con organismos nacionales e internacionales, brindará los
componentes de alimentación, artículos de aseo, manejo de abastecimientos,
utensilios de cocina y alojamiento transitorio a la población incluida en el
Registro Único de Víctimas, cuyo hecho victimizante haya ocurrido dentro del
año previo a la declaración.”
[44] El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la
Corte Constitucional, mediante Sentencia C-438 de 2013, M. P. Alberto Rojas
Ríos. Según el Comunicado de la Sala Plena correspondiente a las sesiones del
10 y 11 de julio del presente año, la inexequibilidad de los apartes subrayados
se dio en razón a los siguientes fundamentos. “En relación con el artículo 47 de la Ley 1448
de 2011, la Corte adoptó dos decisiones: de un lado, declaró inexequibles las
expresiones “inmediatas” y “directa”, porque sólo mediante el reconocimiento
del enfoque diferencial, es decir, de la existencia de grupos particulares en
un mayor grado de vulnerabilidad, implica afirmar que no todas las
necesidades de las víctimas guardan una relación directa con el hecho
victimizante, pues muchas de éstas son previas al mismo y no fueron
generadas por el hecho violento. Luego en muchos casos estas necesidades
“previas e indirectas” (como una discapacidad o la minoría de edad) facilitaron
el ambiente propicio para que se configuraran los hechos que originaron la
victimización. Así por ejemplo, la situación de indefensión en la que se
encuentra una mujer con discapacidad en una zona geográfica en conflicto,
agrava su riesgo de ser víctima de violencia sexual por parte de grupos
armados. Por otra parte, el Tribunal declaró la exequibilidad condicionada de
la expresión “prestará por una sola vez” contenida en el parágrafo 3º del
artículo 47 de la Ley 1448 de 2011, bajo el entendido que la ayuda humanitaria
se podrá entregar por más de una vez cuando se demuestre que la víctima no ha
superado la situación de emergencia. Esto, por cuanto la prórroga de la ayuda
humanitaria y la presunción constitucional de prórroga automática está prevista
por los Autos 092 de 2008 y 006 de 2009 (de la Comisión de seguimiento de la
atención a la población desplazada) reiterada en distintas sentencias de tutela,
permiten entender que las demás víctimas también pueden llegar a ser
beneficiarias de dichas prórrogas si se encuentran en un escenario de urgencia
extraordinaria similar o aún no se encuentran en condiciones de asumir su
autosostenimiento. Incluso, podrían llegar a favorecerse de la prórroga
automática de la ayuda humanitaria cuando se encuentren en situaciones de
vulnerabilidad acentuada e indefensión extrema que suponga su necesidad.”
[45] Para el efecto revisar el documento “INTENSIFICACIÓN DE LA PROMOCIÓN Y EL
FOMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, EN PARTICULAR
LA CUESTIÓN DEL PROGRAMA Y LOS MÉTODOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DERECHOS
HUMANOS, ÉXODOS EN MASA Y PERSONAS DESPLAZADAS, correspondiente al Informe del Representante del Secretario General, Sr.
Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión
de Derechos Humanos. Documento consulta en http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0022,
el día 1° de noviembre de 2013 a las 12.35 pm.
[46] Respecto al derecho al mínimo vital
consultar, entre otras, las sentencias
T-602 de 2003, M. P. Jaime
Araújo Rentería y T-1086 de
2007, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[47] Sobre este punto la sentencia T 057 de
2008 establece “Por otra parte, en el diseño de la política de atención a la
población desplazada se dispuso que uno de los componentes que hace parte de la
atención humanitaria de emergencia es precisamente el alojamiento transitorio.
Este subsidio es para la ley 387 de 1997, parte de la primera etapa en la
asistencia a la población de desplazada”.
[48] Ver sentencia T-234 de 2009, M. P. Clara
Elena Reales Gutiérrez
[49] Ver la sentencia T-881 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett en
la cual se hace un exhaustivo recuento de los alcances funcionales y normativos
del concepto dignidad humana. Así mismo, en sentencia T-917 de 2006 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa se explicó que el concepto de dignidad humana “(i)
es un principio fundante del ordenamiento jurídico y en este sentido tiene una
dimensión axiológica como valor constitucional, (ii) es un principio
constitucional y (iii) tiene el carácter de derecho fundamental autónomo.”(Sentencia
C-355 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández). En el
contexto de la dignidad humana como principio y derecho la Corte ha sostenido
que la protección de la Carta se refiere a “(i) la autonomía o posibilidad
de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir
como se quiere), (ii) ciertas condiciones materiales concretas de existencia
(vivir bien), (iii) la intangibilidad de los bienes no patrimoniales,
integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).” (Sentencia T-881 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[50] Ver sentencia T-025 de 2004, M. P, Manuel José Cepeda Espinosa.
[51] Sentencia T-136 de 2007 M. P. Jaime Córdoba Triviño. En esta
misma línea, en la Sentencia T-191 de 2007 M. P. Álvaro Tafur Galvis, la Corte
hizo énfasis en que “si bien
no en todas las ocasiones se pueden satisfacer en forma concomitante y hasta el
máximo nivel posible los derechos constitucionales de toda la población
desplazada, dadas las restricciones materiales tales como el carácter limitado
de los recursos y las dimensiones reales de la evolución del fenómeno del
desplazamiento, ello no es óbice para desconocer que existen ciertos “derechos
mínimos” que deben ser satisfechos en cualquier circunstancia por parte de las
autoridades, con el fin de garantizar la digna subsistencia de las personas que
se encuentran en esa especial condición”.
[52]  Ibídem.
[53] Artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
[54] Artículos 3º y 6º, Declaración Universal de Derechos Humanos y
Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
[55] Artículo 5º Declaración Universal de Derechos Humanos.
[56] Artículos 11 y 12 Pacto Internacional sobre Derechos Económicos
Sociales y Culturales.
[57] Sentencia T-188 de 2007, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
[58] Ver sentencia T-690 A de 2009, M. P. Luis
Ernesto Vargas Silva. De igual manera, esta Corporación ha afirmado que: “si
bien la Corte ha sido consciente de las dificultades presupuestales existentes
para resolver la vulneración masiva de derechos fundamentales de la población
desplazada (…) el Estado y el Gobierno Nacional tienen la obligación
jurídica de garantizar el presupuesto necesario para atender a toda la
población afectada por el desplazamiento forzado, y ello independientemente
de su voluntad, pues es obvio que el problema de la atención a esta población
es un problema esencialmente presupuestal”. Sentencia T-560 de 2008, M. P.
Jaime Araujo Rentería, planteamiento que reitera lo establecido en la sentencia
T-704 A de 2007, M. P. Jaime Araújo Rentería.
[59] Consultar Sentencia C-278 de 2007.
[60] Sentencia T-702 de 2013, M. P: Luis Ernesto Vargas Silva.
[61] El artículo 63 de la Ley 1448 de 2011 establece que: “Es la ayuda humanitaria entregada a
aquellas personas que manifiestan haber sido desplazadas y que se encuentran en
situación de vulnerabilidad acentuada y requieren de albergue temporal y
asistencia alimentaria.[E]sta ayuda será proporcionada por la entidad
territorial de nivel municipal receptora de la población en situación de
desplazamiento. Se atenderá de manera inmediata desde el momento en que se
presenta la declaración, hasta el momento en el cual se realiza la inscripción
en el Registro Único de Víctimas”
[62] El artículo 108 del Decreto 4800 de 2011 dispone: “Ayuda humanitaria
inmediata. La entidad territorial receptora de la población víctima
de desplazamiento, debe garantizar los componentes de alimentación, artículos
de aseo, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina y alojamiento
transitorio, mientras se realiza el trámite de inscripción en el Registro Único
de Víctimas.//Adicionalmente, en las ciudades y municipios que presenten altos
índices de recepción de población víctima del desplazamiento forzado, las
entidades territoriales deben implementar una estrategia masiva de alimentación
y alojamiento que garantice el acceso de la población a estos componentes,
según la vulnerabilidad derivada del desplazamiento forzado. Esta estrategia
debe contemplar, como mínimo, los siguientes mecanismos://1. Asistencia
Alimentaria: alimentación en especie, auxilios monetarios, medios canjeables
restringidos o estrategias de comida servida garantizando los mínimos
nutricionales de la totalidad de los miembros del hogar.//2. Alojamiento Digno:
auxilios monetarios, convenios de alojamiento con particulares o construcción
de modalidades de alojamiento temporal con los mínimos de habitabilidad y
seguridad integral requeridos.”
[63] Para el efecto, revisar el artículo 63 de la Ley 1448 de 2011.
[64] Para el efecto revisar el parágrafo 2° del artículo 63 y los
artículos 153 y 154 de la Ley 1448 de 2011.
[65] El artículo 112 del Decreto 4800 de 2011,
en relación con la ayuda humanitaria de transición dispuso lo siguiente: “Artículo 112. Ayuda humanitaria de transición. La
ayuda humanitaria de transición se brinda a la población víctima de
desplazamiento incluida en el Registro Único de Víctimas, cuyo desplazamiento
haya ocurrido en un término superior a un año contado a partir de la
declaración y que, previo análisis de vulnerabilidad, evidencie la persistencia
de carencias en los componentes de alimentación y alojamiento como consecuencia
del desplazamiento forzado. Esta ayuda cubre los componentes de alimentación,
artículos de aseo y alojamiento temporal.
Cuando
el evento de desplazamiento forzado haya ocurrido en un término igual o
superior a diez (10) años antes de la solicitud, se entenderá que la situación
de emergencia en que pueda encontrarse el solicitante de ayuda humanitaria no
está directamente relacionada con el desplazamiento forzado, razón por la cual
estas solicitudes serán remitidas a la oferta disponible para la estabilización
socioeconómica, salvo en casos de extrema urgencia y vulnerabilidad manifiesta
derivada de aspectos relacionados con grupo etáreo, situación de discapacidad y
composición del hogar, según los criterios que determine la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.”
[66] El artículo 64 de la Ley 1448 de 2011
dispone lo siguiente: “ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMEREGENCIA. Es
aquella a la que tienen derecho
las personas u hogares en situación de desplazamiento una vez se haya expedido
el acto administrativo que las incluye en el Registro Único de Víctimas, y
se entregará de acuerdo con el grado de necesidad y urgencia respecto de su
subsistencia mínima. (…)[L]a Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas deberá entregar la ayuda
humanitaria a través de mecanismos eficaces y eficientes, asegurando la
gratuidad en el trámite, y que los beneficiarios la reciban en su totalidad y
de manera oportuna.” (Nota: El
texto subrayado fue declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante
Sentencia C-438 de 2013, M. P. Alberto Rojas Ríos. Temporalmente los
fundamentos de tal decisión se encuentran referidos en el Comunicado de Sala
Plena de las Sesiones del 10 y 11 de julio del presente año. Ver: http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2027%20comunicado%2011%20y%2012%20de%20julio%20de%202013.pdf.
[67] El artículo 3 de la Ley 1448 de 2011
dispone: “ARTÍCULO  3°.
VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley,
aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por
hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de
infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y
manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con
ocasión del conflicto armado interno. (NOTA: El
texto subrayado  declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-250
de 2012, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[68]“Lo que confiere la condición de desplazado es una situación
material que se configura de facto cuando se dan las circunstancias propias del
desplazamiento que a su vez se encuentran descritas en la ley”. Sentencia T-211 de 2010, M. P. Juan
Carlos Henao.
[69] “En el desarrollo de la
política pública para la atención de la población desplazada, el Estado
consideró relevante implementar una especie de censo de la población
desplazada, a través de su inscripción en el Registro Único de Población
Desplazada, con la finalidad de dar un manejo adecuado de los recursos públicos
destinados para la ayuda humanitaria y los planes de estabilización económica
de las víctimas del desplazamiento. Sin embargo, como la
Corte lo ha precisado, la condición de desplazamiento forzoso y la inscripción
en el RUPD son asuntos de naturaleza diferente. El estado de desplazamiento
interno se constituye por circunstancias fácticas y, en consecuencia, son esas
condiciones materiales las que hacen a la persona acreedora del derecho a
recibir especial protección, y no un trámite de carácter legal o reglamentario”. Sentencia T-042 de 2009, M.P. Jaime Córdoba Triviño. (Énfasis agregado).
[70] “Es dable concluir que no se puede tener como condición sine qua non
para el ejercicio de derechos fundamentales de los desplazados la certificación
de la ‘condición de desplazado’.” Sentencia T-468 de 2006, M. P.
Humberto Sierra Porto.
[71] “El desplazamiento forzado es
una condición de hecho que está determinada por elementos objetivos, a saber:
(i) la coacción ejercida que determina el desplazamiento, y (ii) que el
desplazamiento se realice dentro de los límites del Estado (…) en consecuencia, el derecho a reclamar las garantías
constitucionales es corolario de la situación de hecho en que se encuentra una
persona determinada a raíz del desplazamiento forzado, y no emana de la
inscripción o certificación que para tal efecto realice una autoridad pública”. Sentencia T-175 de 2005, M. P. Jaime Araújo Rentería.
[72] En la sentencia T-175 de 2005 (M.P. Jaime Araújo Rentería), la
Corte consideró que no se puede circunscribir “la ayuda humanitaria a aquellas
personas que han sido efectivamente declaradas como tal en virtud de la
inscripción en el RUPD”. Esta posición ha sido adoptada en muchas providencias,
por ejemplo, en la sentencia T-882 de 2005 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), la Corte
Consideró que “por el solo hecho de su situación, las personas sometidas a
desarraigo pueden exigir la atención del Estado, sin soportar cargas
adicionales a la información de su propia situación”. Ver, en este sentido, las
sentencia T-136 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-563 de 2005 (M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra), y  T-609ª de de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[73] Ver Auto 099 de 2013 proferido por la Sala Especial de
Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004; M. P  Luis Ernesto Vargas Silva.
[74] En la medida en que aún no se cuenta con el texto definitivo de
la sentencia citada, la transcripción de los fundamentos jurídicos que
justificaron la exequibilidad condicionada de la citada norma, corresponde al
texto del Comunicado No. 27 del 10 y 11 de junio de 2013, emitido por la sala
Plena de esta Corporación, en la que se resumen los citados fundamentos.
[75] Sobre la competencia de la Corte Constitucional para dictar autos
que aseguren que el cumplimiento de lo ordenado en una sentencia de tutela,
siempre que ello sea necesario, ver, entre otros, los autos 010 y 045 de 2004
(MP: Rodrigo Escobar Gil). Ver también la sentencia T-086 de 2003 (MP: Manuel
José Cepeda).
[76] En esa ocasión, la Sala Especial de
Seguimiento resolvió lo siguiente: “Ajustes a la
política de ayuda humanitaria de emergencia. Décimo séptimo.- ORDENAR al Director
de Acción Social que presente a la Corte Constitucional, el 8 de noviembre de
2011, un informe, por escrito y en medio digital, en el que dé cuenta de la
concreción y ejecución de la herramienta de implementación de la política de
atención integral básica, que incluya rutas de atención y el cronograma
acelerado de cumplimiento, tal como fuera solicitado en el auto 008 de 2009,
para que tal herramienta se encuentre en operación a más tardar dentro de los
tres (3) meses siguientes a la comunicación del presente auto; Décimo
octavo.- ORDENAR al Director de la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional que presente a la Corte Constitucional el
8 de noviembre de 2011, un informe escrito y en medio digital en el que dé
cuenta sobre la forma como están siendo atendidas las falencias señaladas en el
presente auto, así como sobre los ajustes previstos a la política de atención
integral a la población desplazada, teniendo en cuenta los cambios
institucionales previstos en la Ley 1448 de 2011, el cronograma de la
transición, los mecanismos diseñados y la valoración del esfuerzo presupuestal
requerido para que dicha transición no signifique un retroceso en el nivel de
atención y protección de la población desplazada alcanzado hasta el momento, ni
una repetición de las experiencias negativas en materia de falencias de
capacidad institucional, deficiencias operativas y retardos en la atención, así
como de respuesta estatal desarticulada frente a la urgencia de atención y las
necesidades de la población desplazada, de tal manera que se asegure una
adecuada participación de la población desplazada en dicho proceso de
transición. Este informe deberá ser presentado por el Director de Acción Social
el 18 de noviembre de 2011 en la sesión técnica que se realizará ante la Sala
Especial de Seguimiento de la sentencia T-025 de 2004 ese día”.
[77] Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Informe
del departamento administrativo para la prosperidad social en respuesta al auto
de seguimiento 219 de 2011.
[78] Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Informe
de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en respuesta
al auto de seguimiento 219 de 2011
[79] Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Informe
de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y en
respuesta al auto de 11 de julio de 2012.
[80] Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas.  Informe De Avances Y Resultados En La Implementación De La
Política De Asistencia Y Atención A Las Víctimas En El Marco Del Seguimiento A
La Sentencia T – 025 De 2004.
[81] De hecho, de acuerdo con el informe del 08 de noviembre de 2011,
la “principal causal de no aval en la colocación, personas en régimen
contributivo 6.237 (8 % de nuevos incluidos) [sic]”. Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social. Ibid 08 de noviembre de 2011, pág 184.
[82] El 25 de junio de 2012 esta Sala Especial de Seguimiento profirió
un auto en el que solicitaba información a la Unidad de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas acerca de la situación en la que se encontraban, en
materia de ayuda humanitaria, aproximadamente 51 personas desplazadas que
habían interpuesto derechos de petición ante esta Corporación. En varias de
ellas (las peticiones identificadas con los radicados de entrada
20127115656552, 20127115656642, 20127115656662, 20127115656862,  por citar
algunas) se niega la solicitud de ayuda humanitaria “por encontrarse afiliado
al Régimen Contributivo en Salud (Artículo 117 del Decreto 4800 de 2011)”.
[83] Artículo
117.-Superación de la situación de emergencia. Con base en la
información recopilada a través de la Red Nacional de Información, se evaluará
el acceso efectivo del hogar a los componentes de alimentación, alojamiento
temporal, salud, y educación, a través de alguna de las siguientes fuentes:
1. Participación del hogar de
los programas sociales orientados a satisfacer las necesidades relativas a
estos componentes; 2. Participación del hogar en programas sociales orientados
al fortalecimiento de las capacidades de autosostenimiento del hogar; 3.
Participación del hogar en procesos de retorno o reubicación y acceso a los
incentivos que el gobierno diseñe para estos fines; 4. Generación de un ingreso
propio que le permite al hogar suplir de manera autónoma estos componentes; 5.
Participación del hogar en programas de empleo dirigidos a las víctimas. Una
vez se establezca que el hogar cuenta con acceso a los componentes de
alimentación, alojamiento temporal, salud y educación a través de alguna de las
fuentes mencionadas, se considerará superada la situación de emergencia
producto del desplazamiento forzado y se realizarán las remisiones
correspondientes para garantizar el acceso a los demás componentes de la
atención integral, con el fin de avanzar en la cesación de la condición de
vulnerabilidad y debilidad manifiesta.
[84] “La protección especial ordenada para los
desplazados se mantiene por lo menos hasta que se adopte una solución duradera
para su problema. En consecuencia, el ingreso de una persona desplazada al
sistema laboral en condiciones tan precarias [la
accionante ingresó al régimen contributivo porque había conseguido un empleo en
el que las condiciones eran bastante precarias, razón por la que renunció
rápidamente]: (i) no le quita la condición de
desplazado, ni (ii) le puede hacer perder el derecho a acceder al
sistema de salud” Sentencia T-989 de 2007 (M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[85] Para conocer de manera puntual el contenido de esta sub-regla ver
el numeral 3.2.3.2 del auto 099 de 2013 de la Sala Especial de Seguimiento de la
sentencia T-025 de 2004.
[86] Para conocer de manera puntual el contenido de esta sub-regla ver
el numeral 3.2.3.3 del auto 099 de 2013 de la Sala Especial de Seguimiento de
la sentencia T-025 de 2004.
[87] Sentencia T-025 de 2004 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[88] “La presunción constitucional de
prórroga automática de la ayuda humanitaria a favor de las mujeres desplazada
(…) implica que dicha ayuda debe suministrarse de manera integral, completa e
ininterrumpida, sin necesidad de programar o realizar visitas de verificación y
asumiendo que se trata de personas en situación de vulnerabilidad extrema que
justifica el otorgamiento de la prórroga, hasta el momento en que las
autoridades comprueben que cada mujer individualmente considerada ha logrado
condiciones de  autosuficiencia integral y en condiciones de dignidad, momento
en el cual podrá procederse, mediante decisión motivada, a la suspensión de la
prórroga”. Corte Constitucional. Auto 092 de 2008
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[89] “Las autoridades que conforman el
SNAIPD deberán establecer e implementar, dentro de sus procedimientos
ordinarios de funcionamiento, dos presunciones constitucionales que
amparan a las personas desplazadas con discapacidad: (…) B. La presunción
constitucional de prórroga automática de la ayuda humanitaria de emergencia
hasta que se compruebe su plena estabilización socio
económica, directamente o gracias a sus familias”.
Corte Constitucional. Auto 006 de 2009 (M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa).
[90] Corte Constitucional. Sentencias T-036 de
2012 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla); T-704 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa), reiterada por la T-085 de 2010 (M.P. Maria Victoria Calle Correa);
T-586 de 2009 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub);
T-451 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); sentencia T-501 de 2009 (M.P.
Mauricio González Cuervo).
[91] Ver Auto 099 de 2013 consideración 3.2.1.1.
[92] Corte Constitucional. Sentencia T-085 de 2010 (M.P. Maria
Victoria Calle).
[93] Corte Constitucional. Sentencia T-036 de
2012 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla). En esta ocasión,  la Corte reiteró que la
prórroga automática trae consigo una “prohibición de
condicionar tal suministro a la necesidad de programar o realizar una vistita
de verificación dada la presunción de vulnerabilidad extrema”.
[94] Ibídem.
[95] Para el efecto ver http://fosyga.gov.co/fisalud/CGI/afls_compensados_cons.asp
[96] Para el efecto ver:
http://ruafsvr2.sispro.gov.co/RUAF/Cliente/WebPublico/Consultas/D04AfiliacionesPersonaRUAF.aspx
[97]“El Grupo de Atención Primaria, mediante su equipo permanente de
profesionales y técnicos, coordina con estos enlaces la atención de casos
específicos. Para este fin, se establecen con las Alcaldías acuerdos de trabajo
para garantizar que la comunicación con estos enlaces sea fluida, y que las
solicitudes remitidas por éstos sean atendidas de manera ágil”.  Informe del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en respuesta al auto de
seguimiento 219 de 2011. Presentado el 08 de noviembre de 2011.
[98] En sede de control de constitucionalidad, la Corte fue enfática
al sostener que “el estatus de desplazado no depende del paso del tiempo sino
de una condición material” (Sentencia C-278 de 2007. M.P. Nilson Pinilla
Pinilla). De igual forma, en la sentencia T-560 de 2008 (M.P. Jaime Araújo
Rentería), la Corte consideró que “la
prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia no depende de un término
específico, sino de las necesidades materiales de los desplazados”, y agregó
que “el estatus de desplazado no depende del paso del tiempo sino del
cumplimiento de condiciones materiales en las cuales los derechos fundamentales
de estas personas se ven reestablecidos”.