T-236-12
Sentencia T-704/2006
Sentencia
T-236/12
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A LA
DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL-Reconocimiento
y debida protección
La
Constitución de 1991 ofrece un espacio para la convivencia de distintos puntos
de vista y de diferentes matices y cosmovisiones. En ese mismo orden de ideas,
el hilo conductor que recorre de principio a fin la Constitución colombiana
procura hacer visibles a quienes durante mucho tiempo fueron opacados hasta el
límite de la invisibilidad: las minorías étnicas, las mujeres, los
discapacitados, los ancianos, los niños y pretende generar un espacio para que
esas personas y grupos étnicos ejerzan de modo efectivo sus derechos
constitucionales fundamentales. Así las cosas, es posible confirmar la
garantía que la Constitución Nacional le brinda al derecho constitucional
fundamental al reconocimiento y debida protección de la diversidad étnica y
cultural de los pueblos indígenas cimentado sobre el respeto por la dignidad de
todos los habitantes del territorio, independientemente, de la etnia a que
pertenezcan o de la cosmovisión que defiendan.
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A LA
DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL-Protección
internacional
Los
mecanismos de protección interna de los derechos constitucionales fundamentales
se refuerzan con aquellos previstos en los documentos internacionales así que
cuando se han agotado todos los recursos disponibles en el ordenamiento
jurídico interno o cuando se hace evidente que los instrumentos existentes no
garantizan el acceso a la justicia, se puede acudir a la vía que ofrecen las
instancias internacionales de protección de los derechos humanos. La
responsabilidad derivada de la protección de los derechos constitucionales
fundamentales debe satisfacerse en primera instancia a nivel interno. En caso
de que ello no sea así, entonces pueden activarse las instancias
internacionales de protección. La conexión entre el sistema de protección
interno y el internacional es, por consiguiente, estrecha y subsidiaria
PRINCIPIO DE DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL Y DERECHOS
CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES-Aplicación
del principio pro homine/DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL-Pautas
establecidas por la Corte Constitucional para su protección de conformidad con
tratados internacionales sobre derechos humanos
En
concordancia con lo expresado, el artículo 93 de la Constitución Nacional prevé
que los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos aprobados por el
Congreso de la República y ratificados por el Gobierno Nacional que prohíben la
limitación de los derechos en estados de excepción, forman parte del llamado
bloque de constitucionalidad. Establece, además, que todos los derechos y
deberes consignados en la Constitución Nacional deben ser interpretados de
conformidad con lo dispuesto en los Tratados Internacionales sobre Derechos
Humanos aprobados por el Estado colombiano. Esta obligación comprende la
necesidad de actualizar los contenidos de las normas que acogen derechos
constitucionales fundamentales de acuerdo con lo dispuesto por estos tratados.
Abarca, también, la posibilidad de complementar las garantías establecidas en
el ordenamiento jurídico interno a favor de los derechos constitucionales
fundamentales con aquellas previstas en los Tratados Internacionales sobre
Derechos Humanos. Lo anterior supone, desde luego, la aplicación del principio pro
homine, esto es, las normas han de complementarse de manera tal, que siempre se
amplíe la protección prevista en el orden jurídico interno y no se disminuya.
En el evento en que la norma que se desprende del Tratado internacional sea más
restrictiva, se aplicará de preferencia la norma de derecho interno. Por otro
lado, en virtud de los dispuesto por el artículo 94 superior, así como de lo
consignado en el artículo 44 de la Constitución Nacional – sobre los derechos
de los niños y de las niñas – la obligación de interpretar los derechos
constitucionales fundamentales de conformidad con lo dispuesto en los Pactos
internacionales sobre Derechos Humanos aprobados por Colombia contiene, de
igual modo, la posibilidad de adicionar el ordenamiento jurídico interno con
nuevos derechos siempre, claro está, bajo aplicación del principio pro homine mencionado.
CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL
TRABAJO-Obligaciones que impone a los
gobiernos respecto a la participación de los pueblos indígenas
El
Convenio tiene el propósito de continuar y acentuar los aportes hechos por
Naciones Unidas, por algunas de sus agencias (la Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización de Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Mundial de la
Salud) y por el Instituto Indigenista Interamericano. El Convenio consta de
diez partes. A continuación, considera pertinente la Sala pronunciarse sobre
algunos de los artículos contenidos en la parte de Política General del
Convenio. El artículo 2º del Convenio pone énfasis en la responsabilidad que le
cabe a los Gobiernos en relación con la necesidad de desarrollar – con la
debida participación de los pueblos indígenas – una acción coordinada y
sistemática que busque garantizar el respeto por los derechos de los pueblos
indígenas y asegurar su integridad. Estas acciones deben incluir, entre otras,
que los pueblos indígenas estén habilitados para disfrutar los derechos y
oportunidades que se desprenden de la legislación nacional de la misma manera
en que lo hacen los otros miembros de la población.
COMUNIDADES INDIGENAS-Reconocimiento de estatus especial por la Constitución
Política y Convención 169 de la OIT
Según
jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho constitucional
fundamental al reconocimiento y debida protección de la diversidad étnica y
cultural de los pueblos indígenas se proyecta en dos dimensiones: una colectiva
y otra individual. Se ampara, de un lado, a la comunidad indígena como sujeto
de derecho y se protege, de otro lado, a los individuos pertenecientes a esa
comunidad, pues sin esa protección – ha dicho la Corte – sería impensable la
materialización de la protección del derecho colectivo en cabeza de la
comunidad indígena en cuanto tal. La jurisprudencia referida no ha hecho más
que ampliar y profundizar el amparo de que goza el derecho constitucional
fundamental al reconocimiento y debida protección de la diversidad étnica y
cultural de los pueblos indígenas en Colombia. Y, aunque se puede hablar de una
multiplicidad de facetas que extienden la protección y cubren una vasta gama de
derechos fundamentales radicados en cabeza de la comunidad indígena como tal;
resulta claro que las posibilidades de regular tanto las comunidades como a sus
miembros individualmente considerados, de acuerdo a criterios normativos
propios derivados de sus costumbres, se presenta como una opción claramente
protegida por las normas nacionales legales y constitucionales, así como por la
jurisprudencia y las normas internacionales al respecto aprobadas por Colombia.
DERECHO AL AUTOGOBIERNO DE COMUNIDADES INDIGENAS-Competencia de la jurisdicción indígena para conocer
sobre actuaciones de sus miembros en la extracción ilegal de productos del
bosque pertenecientes a la Comunidad Indígena
Para
esta Sala es claro que existen razones suficientes de orden constitucional de
las que se deriva el derecho de las comunidades indígenas a organizarse de
acuerdo a sus propios reglamentos y costumbres, por lo cual es posible
justificar la  posibilidad de reconocer que la jurisdicción indígena conozca el
caso objeto de discusión. Las razones que encuentra esta Sala de Revisión, son
las siguientes. (i) El sentido del reconocimiento de jurisdicción, como
capacidad de Autogobierno a los pueblos indígenas (territorio, normas y
autoridades propias), implica siempre la convivencia de esta capacidad junto
con las normas y autoridades nacionales; por lo cual no es razón suficiente
para negar dicho reconocimiento, la existencia –precisamente- de normas y
autoridades nacionales que regulen el caso frente al cual se pretende reconocer
competencia a la jurisdicción indígena. (ii) La competencia institucional y
normativa en materia ambiental, aunque insuficientemente regulada respecto de
la convivencia de las jurisdicciones nacional e indígena, señala que los
pueblos indígenas forman parte de las autoridades a cuyo cargo está la
vigilancia y control relativo a recursos naturales y aprovechamiento de los
mismos. Y (iii) aquello que subyace al reconocimiento constitucional de la
capacidad de Autogobierno de los pueblos indígenas, es la pertenencia de un
territorio para ejercer en él sus propias normas y desarrollar su cultura y
costumbres. Si no fuera así, el otorgamiento del territorio sería un valor y
una cláusula constitucional inocua.
CORPOCALDAS-Competencia
para imponer sanciones en caso de transporte ilegal de productos del bosque en
el territorio según Resolución 70 de 2008
CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCION INDIGENA Y
AUTORIDAD NACIONAL EN MATERIA AMBIENTAL-Caso
en que CORPOCALDAS decomisó madera sin salvoconducto extraída del Resguardo por
miembro de comunidad indígena
DERECHO AL PLURALISMO DE COMUNIDAD INDIGENA-Alcance del pluralismo jurídico derivado del orden
constitucional vigente/PLURALISMO JURIDICO EN COMUNIDAD INDIGENA-Alcance
El pluralismo como principio constitucional (art. 1°
C.N), el contenido normativo el artículo 68 Superior en el cual se dispone que
quienes integran los grupos étnicos podrán ejercer su derecho a formarse con
fundamento en cánones que respeten y desarrollen su diversidad cultural, y la
manifestación de este derecho en el caso concreto de los pueblos indígenas
contenido en el artículo 246 de la Constitución, soportan en buena medida el
concepto de pluralismo jurídico entendido como formas diversas de ordenes
legales concomitantes respecto de los mismos supuestos y fenómenos a regular. Las comunidades indígenas no sólo tienen autonomía
administrativa, presupuestal y financiera dentro de sus territorios sino
también autonomía política y jurídica. Esa autonomía jurídica se ejerce de
acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad indígena siempre que no vulnere
la Constitución ni la ley. Dicha autonomía jurídica, se ampara en que según del
artículo 246 Superior las autoridades de los pueblos indígenas pueden ejercer
funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con
sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la
Constitución y leyes de la república.
TERRITORIO INDIGENA-Concepto y conformación
El
concepto de territorio involucra no solamente la idea geográfica de una porción
de tierra, sino también la soberanía como ejercicio de poder, y así el dominio,
autoridad y gobierno sobre los recursos humanos y materiales; esto es, el
territorio indígena en nuestro orden constitucional involucra actividades
políticas, económicas, sociales, jurídicas y culturales. En este orden el
referente del territorio para la jurisdicción indígena significa que su
otorgamiento lleva ínsito la dinámica de gobernarse según sus propias reglas.
JURISDICCION INDIGENA-Vulneración por CORPOCALDAS al negar a Resguardo
Indígena tomar medidas en relación con sus miembros y con las especies
forestales extraídas ilegalmente
DERECHO AL AUTOGOBIERNO DE COMUNIDADES INDIGENAS-Orden de elaborar mecanismos de coordinación entre
Comunidad Indígena y Corpocaldas para la aplicación normas de control y
vigilancia en materia ambiental
CONFLICTO ENTRE JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA Y
AUTORIDAD AMBIENTAL-Conflicto de
competencia en la aplicación de normas entre Resguardo Indígena y la CAR frente
al transporte ilegal de maderas
CONFLICTO ENTRE JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA Y
AUTORIDAD AMBIENTAL-Orden a
Corpocaldas abra un canal de comunicación con las autoridades del Resguardo
Indígena para acordar conjuntamente el alcance de la aplicación de la
Resolución 70/08 en cuando a decomiso de especies forestales extraídas
ilegalmente
Referencia: expediente T-2449625
Acción de tutela instaurada por el Resguardo Indígena
de Nuestra Señora Candelaria de la Montaña contra la Corporación Autónoma
Regional de Caldas, Corpocaldas.
Magistrado Ponente:
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá
D.C.,  veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012)
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle
Correa y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Nacional y en los artículos 33
y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente.
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela
proferidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala de
Decisión Civil Familia, el 8 de septiembre de 2009, que confirmó en segunda
instancia la decisión proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Riosucio,
Caldas, del trece de mayo de 2009, en primera instancia; en la acción de tutela
instaurada por el Resguardo de Indígenas Nuestra Señora Candelaria de la
Montaña contra la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas.
I.
ANTECEDENTES
El
29 de abril de 2009, el ciudadano Juan de Dios Taborda Taborda, Gobernador y
representante legal del Resguardo de Indígenas Nuestra Señora Candelaria de la
Montaña, a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra la
Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, por considerar que esta
entidad vulneró los derechos fundamentales a la diversidad étnica y cultural de
la Nación (artículo 7 de la Constitución Política) y al debido proceso
(artículo 29 de la Constitución Política).
De acuerdo con la solicitud de tutela y las pruebas
obrantes en el expediente, el accionante sustenta su pretensión en los
siguientes:
Hechos
1.-
Afirma el accionante que el día 11 de marzo de 2009, en “la vía Cauya-La
Pintada, en el sector de la Comunidad de Alto Medina, frente a la
entrada al Centro de Capacitación Indígena, dentro del territorio del resguardo
de Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, en Riosucio, Caldas”, fue
decomisada por la Policía de Riosucio una madera transportada por el señor
Fauner Arbey Gutiérrez García, consistente en “especies diferentes de bosque
nativo, como Drago, Siete Cueros, y Gavilán, en un volumen de 14 metros cúbicos, que provenían de la reserva natural de dicho resguardo, del sector de la Comunidad
de Arroyo Hondo”, las cuales fueron dejadas a disposición de la Fiscalía
Seccional de Riosucio.
2.-
Manifiesta el actor que la finalidad de la presente tutela como mecanismo
transitorio, es la de evitar que se repita una decisión “nociva e
inconstitucional” como la adoptada por Corpocaldas en otro caso similar
sucedido el 16 de marzo de 2009, en el que se ordenó la devolución de madera
que “fue hurtada de la reserva forestal del resguardo”. Explica el
accionante que en dicho caso ocurrido recientemente, la Policía de Riosucio,
decomisó “otro cargamento de madera, sacada del bosque del resguardo, a la
altura de la Comunidad de San Nicolás, dentro del mismo territorio, en esa
ocasión, 150 especies de Drago, Siete Cueros y Punta Lanza, que eran
transportadas, por HECTOR FABIO GUTIERREZ GARCÍA, hermano de FUANER ARBEY,
hijos de DARIO GUTIÉRREZ, dedicados desde hace muchos años, a sacar madera de
manera ilegal del resguardo.” Y, mediante Resolución No.250 del 14 de abril
de 2009, Corpocaldas ordenó levantar la medida preventiva de decomiso impuesta
al señor Héctor Fabio Gutiérrez García y la devolución de la madera, por haber
cancelado la multa impuesta por la Corporación por valor de $496.980.
3.-
Sostiene que en caso de la presente acción de tutela el 17 de abril de 2009, el
Gobernador del Resguardo Indígena Nuestra Señora Candelaria de La Montaña,
presentó recurso de reposición en contra de la Resolución 250 del 14 de abril
de 2009, “el cual no fue tramitado, pues la madera se devolvió al día
siguiente”.
4.-
Estima que la decisión adoptada por la entidad demandada “es un abierto
estímulo a la violación del recurso forestal, un incentivo a la deforestación y
depredación de las reservas naturales del resguardo, y una invitación tácita a
agredir la naturaleza en el entorno del resguardo, sin ninguna consecuencia
negativa para los infractores, ya que la simple multa, sale del mismo producto
hurtado al resguardo”.
5.-
Considera que la decisión de devolver la madera, es un asunto que debe conocer
y resolver la jurisdicción indígena de La Montaña, por cuanto esta “fue
sacada de la reserva forestal natural que tiene el resguardo de La Montaña, que
lo fue por un comunero indígena, FAUNER ARBEY GUTIÉRREZ GARCÍA, perteneciente a
la Comunidad de La Arboleda y que fue decomisada en área territorial del mismo
resguardo.”
Solicitud
de tutela
6.- Con
fundamento en los hechos narrados, el accionante solicitó, además de la
protección de sus derechos fundamentales a la diversidad étnica y cultural, a
la autonomía indígena y al debido proceso que considera vulnerados por parte de
la demandada, que: (i) se declare la nulidad de todo lo actuado por Corpocaldas
dentro de los trámites que esté adelantando por el decomiso de la madera del
señor Fauner Arbey Gutiérrez García, toda vez que teme fundadamente que le sea
devuelta la madera, bajo el pago de un leve multa “que sale del mismo
recurso forestal hurtado”, al igual que hizo en el caso de su hermano
Héctor Fabio Gutiérrez García; y además (ii) se ordene remitir el caso a la
Jurisdicción Especial Indígena del Resguardo de Nuestra Señora Candelaria de La
Montaña.
Respuesta
de la Corporación Autónoma Regional de Caldas
7.-
En escrito presentado el 7 de mayo de 2009, la apoderada  judicial de
Corpocaldas, se opuso a las pretensiones del accionante, argumentando para ello
lo siguiente:
Señaló
que la entidad en ejercicio de sus atribuciones inició proceso administrativo
sancionador contra el señor Héctor Fabio Gutiérrez García, bajo el radicado 3889, a quien el día 6 de marzo de 2009 le fueron incautadas “ciento cincuenta (150) palancas
para mina de diferentes especies de bosque nativo (Drago, Siete Cueros, Punte
lanza) las cuales eran trasportadas por el señor Gutiérrez García en la vía
Cauya – La pintada, a la altura del barrio San Nicolás del municipio de
Riosucio”, sin salvoconducto para la movilización de los productos
forestales mencionados, razón por la cual mediante Resolución No.185 del 16 de
marzo de 2009 se le impuso como medida preventiva el decomiso de la madera.
Mediante
resolución No.250 del 14 de abril de 2009, se ordenó el levantamiento de la
medida y la devolución del material forestal decomisado, en razón a que el
investigado acreditó el pago de la multa prevista en la Resolución No.070 del 8
de abril de 2008, proferida por la Corporación, “Por la cual se regula la
imposición de sanciones por infracciones de las normas sobre transporte y
comercialización de productos del bosque en el territorio de jurisdicción de
Corpocaldas”.
De
la misma forma explicó, que el proceso contravencional que se adelantó contra
el señor Fauner Gutiérrez Ramírez, se encuentra radicado en el No.3811 y se
inició en virtud del decomiso realizado el 11 de septiembre de 2008 por funcionarios
de la Policía de Caldas de “doscientas (200) palancas para mina
correspondientes a especies de bosque nativo tales como Siete Cueros, Drago,
Puntelanza y Copos de Cerezo”, movilizadas “en la vía Riosucio – Pueblo
Viejo, sector La Herradura”, sin salvoconducto para la movilización de
dicho material, razón por la cual mediante Resolución No.533 del 2 de octubre
de 2008, la Corporación le impuso el decomiso preventivo de dicho material y se
formularon cargos  en su contra por la presunta violación del artículo 223 del
Decreto 2811 de 1974 en concordancia con el artículo 74 del decreto 1791 de
1996, conforme a los cuales todo producto forestal primario de la flora
silvestre que entre, salga o se movilice en el territorio nacional debe estar
amparado por un salvoconducto. Mediante Resolución No.259 del 22 de abril de
2009, fue declarado responsable del incumplimiento de las normas ambientales y
como consecuencia se le impuso como sanción el decomiso definitivo de las
especies referidas.
Al
respecto explicó la entidad, que del cotejo de los dos expedientes, se deriva
que el resguardo no se hizo parte como interesado dentro del proceso contravencional
correspondiente a fin de salvaguardar los derechos que considera vulnerados y
además que en el expediente no obra prueba o indicio de que el señor Fauner
Gutiérrez Ramírez ostenta la condición de indígena del cual se derive la
existencia de un posible fuero.
Por
otro lado, precisó que la conducta atribuida a los trasgresores, Fauner
Gutiérrez Ramírez y Héctor Fabio Gutiérrez García por Corpocaldas es la del
transporte de productos forestales sin contar con el respectivo salvoconducto,
que es bien distinta de la sanción por el aprovechamiento forestal de las
especies del bosque en las reservas naturales del Resguardo, que reclama el
tutelante, respecto de lo cual no observa la Corporación que el Resguardo haya
emprendido acción alguna tendiente a sancionar y evitar a futuro la tala y
extracción de productos de bosque primario en su territorio.
Por
último, afirmó que mediante oficio S.G. No.154765 del 23 de abril de 2009
(fl.46 Cd. Ppal), la Secretaría General de la Corporación, dio respuesta en los
siguientes términos al recurso presentado por el accionante el 17 de abril de
2009, para obtener la revocatoria de la Resolución No. 250 del 14 de abril de
2009:
“El aprovechamiento forestal y el transporte de
productos de los bosques constituyen dos conductas diferentes que regula la
normatividad ambiental. Si bien el aprovechamiento se llevó a cabo dentro de su
jurisdicción tendrán entonces ustedes competencia para impartir las sanciones
que estimen pertinentes, pero una vez la madera aprovechada sale de las órbitas
del mismo la competencia para sancionar corresponderá a Corpocaldas”. (fl.30 Cd. Ppal).
Por
lo anterior, afirmó que la movilización de especies forestales sin
salvoconducto, es la conducta que se encuentra vigilada y castigada por la
Corporación en los términos de la Resolución No.070 de 2008 y no el
aprovechamiento o extracción de productos del bosque, que constituye la
preocupación del tutelante.
Decisiones
objeto de revisión
Fallo
de primera instancia
8.-
Una vez subsanada la nulidad declarada mediante auto del 24 de junio de 2009
por la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales (fl.4 Cd.2), por falta de vinculación a la presente actuación de los
señores Fauner Arbey García Gutiérrez y Héctor Fabio García Gutiérrez, el
Juzgado Civil del Circuito de Ríosucio, Caldas, mediante providencia proferida
el día 31 de julio de 2009 resolvió no tutelar los derechos fundamentales
invocados por el Resguardo de Indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña
(fls. 105 a 124 Cd. Ppal.)
Consideró
el Juzgado que la Corporación accionada se limitó a imponer la sanción por el
transporte sin salvoconducto, pero “el daño a los derechos fundamentales de
la comunidad indígena, con el corte y extracción de maderas, se consumó en el
momento en que se separaron las piezas de madera de su entorno y no es posible
ya, tomar medidas para prevenir o evitar dicha extracción que sería el fin de
la protección de tutela”.
Adicionalmente,
afirmó que las autoridades indígenas tienen a su disposición varias medidas
para prevenir el daño causado diferentes a la acción de tutela que no han
intentado, ni tampoco respecto de ellas se ha demostrado su ineficacia, como
son las de acudir a la justicia penal ordinaria en busca de las sanciones
correspondientes a los infractores de la ley, a la justicia civil en procura de
una indemnización de perjuicios para el pago de la madera extraída, ante la
jurisdicción contencioso administrativa para atacar los actos administrativos
proferidos por Corpocaldas, o ante sus propias autoridades para buscar el
castigo de sus comuneros.
Afirmó
también que, la acción es improcedente por cuanto lo que se pretende claramente
es la protección de un derecho colectivo y la devolución de la madera
decomisada, trámites que debe gestionar por medio de la acción popular ante
otras autoridades por ser las competentes y además por cuanto no se ha
demostrado la ocurrencia de un perjuicio inminente e irremediable a los
accionantes.
Impugnación
9.-
El apoderado judicial de la parte accionante impugnó el fallo de tutela
proferido por el Tribunal Superior de Manizales, Sala Civil, Familia. Alegó en
su escrito que, contrario a las afirmaciones hechas por el Juzgado, el motivo
de la inconformidad no radica en la imposición de las sanciones por no portar
el salvoconducto, sino en la devolución de la madera previo el pago de una
multa que se encuentra estipulada en una simple Resolución que se vislumbra
inconstitucional en la medida en que “estimula el ataque indiscriminado de
un recurso natural que está íntimamente ligado con el derecho a un ambiente
adecuado para la comunidad indígena” (fl.8 Cd.2).
De
la misma forma sostuvo que, los otros mecanismos judiciales que se enuncian en
la providencia atacada, no resultan expeditos para impedir el daño que causa la
Corporación accionada, al recaudar las multas y devolver la madera.
Adicionalmente, el control que ejerza el Resguardo frente a los actos
depredatorios, resultan cada vez menos efectivos, “sabiendo los taladores
del bosque natural que la madera decomisada, pagando una multa se les
devolverá, sólo requieren tumbar un poco más, para con esta misma pagar la
sanción económica, que es insignificante” (fl.8 Cd.2).
Considera
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6’ del Decreto 2591 de 1991, nada impide que se conceda el amparo por esta vía aún tratándose de
derechos colectivos, pues con tales hechos se causa un grave perjuicio a más de
200.000 personas que consumen las aguas que confluyen en el área del Resguardo
y que ven amenazada su salud y vida ante la constante deforestación,
indirectamente auspiciada por Corpocaldas.
Por
tanto, insiste el apoderado del Resguardo que, se ordene a Corpocaldas que no
devuelva a los infractores la madera que sacan del resguardo y que incluso ha
sido decomisada en territorio del mismo Resguardo y además que se inaplique por
inconstitucional la resolución No.070 de 2008.
Fallo
de segunda instancia
10.-
En sentencia fechada el día 8 de septiembre de 2009 el Tribunal Superior del
Distrito Judicial, Sala de Decisión Civil, Familia, confirmó el fallo proferido
por el Juzgado Civil del Circuito de Riosucio. Consideró el Tribunal que la
entidad accionada actuó dentro de la órbita de las funciones que le han sido
atribuidas por la Ley 99 de 1993, en desarrollo de la cual expidió la
Resolución No. 070 de 2008. La actuación adelantada por Corpocaldas en contra de
los infractores no impedía al Resguardo ejercer sus acciones en el área de su
jurisdicción respecto del aprovechamiento del recurso forestal en el caso tanto
del Señor Héctor Fabio Gutiérrez García como en el de su hermano Fauner Arbey
Gutiérrez García.
Pruebas
que obran en el expediente
11.-
En el expediente obra copia de los siguientes documentos:
-
Acta de posesión No. 003 de 2009 de las autoridades del Resguardo Indígena
Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, ante el Alcalde Municipal de Riosucio,
Caldas (fl. 2).
-
Resolución No. 250 del 14 de abril de 2009 de CORPOCALDAS, mediante la cual se
levanta una medida preventiva (fl. 9).
-
Recurso presentado el 17 de abril por el Gobernador del Resguardo Indígena
Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, ante CORPOCALDAS (fl.11).
-
Respuesta al recurso interpuesto por el Gobernador del Resguardo (fl.25).
-
Resolución No. 070 de abril 8 2008, por la cual se regula la imposición de
sanciones por infracciones de las normas sobre transporte y comercialización de
productos del bosque en el territorio del jurisdicción, proferida por
CORPOCALDAS (fl. 32).
-
Expediente 3899 adelantado por CORPOCALDAS contra Héctor Fabio Gutiérrez García
(fl.34).
-
Expediente 3811 adelantado por CORPOCALDAS contra Fauner Gutiérrez Ramírez
(fl.48).
Actuaciones
surtidas en sede de revisión
12.-
Mediante Auto del 23 de marzo de 2010 (fl.12, Cd.3), la Sala de Revisión
solicitó al representante legal del Resguardo Indígena Nuestra Señora
Candelaria de la Montaña, certificar si los señores Fauner Arbey Gutiérrez
García y Héctor Gutiérrez García son miembros del Resguardo. En Comunicación radicada
en la Secretaría General el 7 de abril de 2010 (fl.17, Cd.3), el Gobernador del
Resguardo allegó las certificaciones solicitadas, en las que consta que son
indígenas Embera Chami, se encuentran registrados en los archivos censales de
la comunidad de La Arboleda que hace parte del territorio ancestral del
Resguardo Indígena, jurisdicción del municipio de Riosucio, Caldas.
13.-
El 24 de noviembre de 2010 el Magistrado Sustanciador ordenó la práctica de
algunas pruebas necesarias para verificar la información que reposa en el
expediente, con el fin de lograr el esclarecimiento del asunto sometido a
revisión (fl.21, Cd.3).
14.-
Ordenó en primer lugar, al Ministerio del Interior y de Justicia suministrar la
siguiente información:
i.
Si el Resguardo de
Indígenas Nuestra Señora Candelaria de la Montaña de Riosucio, Caldas, se
encuentra registrado ante ese Ministerio, si ha sido delimitado en su
territorio y que reglamentación tienen prevista en relación con el
aprovechamiento y movilización ilegal de especies naturales.
ii.
Si dentro del territorio
del Resguardo de Indígenas Nuestra Señora Candelaria de la Montaña de Riosucio,
Caldas, se encuentra ubicado el lugar “vía Cauya – La pintada, a la altura del
barrio San Nicolás del municipio de Riosucio”, en el que el día 6 de marzo de
2009, la Policía de Riosucio, Caldas incautó diferentes especies de bosque
nativo provenientes de la “vereda La Antioqueña y Arroyohondo”, mencionados en
el informe técnico suscrito por funcionaria de la Corporación Autónoma Regional
de Caldas, Corpocaldas, obrante a folio 37 del expediente que se adjunta para
su conocimiento.
iii.
Si dentro del territorio
del Resguardo de Indígenas Nuestra Señora Candelaria de la Montaña de Riosucio,
Caldas, se encuentra ubicado el lugar “vía Riosucio – Pueblo viejo sector la
herradura”, en el que el día 11 de septiembre de 2008, la Policía de Riosucio,
Caldas incautó diferentes especies de bosque nativo provenientes de la “vereda
Arroyohondo”, mencionados en el informe técnico suscrito por funcionaria de la
Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, obrante a folio 50 del
expediente que se adjunta para su conocimiento.
En
Oficio OFI10-44995-DAI-0220 (fl.39, Cd.2), remitido a la Corte Constitucional
el 29 de noviembre de 2010, el Director de Asuntos Indígenas Minorías Rom del
Ministerio del Interior y de Justicia, dio respuesta al punto primero, respecto
del cual indicó que revisada la base de datos de los Resguardos y Comunidades a
su cargo, “se encuentra registrado el Resguardo Indígena Nuestra Señora
Candelaria de la Montaña en el municipio de Riosucio como un resguardo de
origen Colonial, el cual debe ser reestructurado por el Instituto Colombiano
para el Desarrollo Rural (INCODER), de acuerdo al Decreto 441 del 10 de febrero
de 2010…” (fl.39, Cd.3).
En
relación con los puntos i) y ii), precisó que no es posible dar respuesta
puesto que los temas consultados no se relacionan con las funciones que cumple
esa dependencia y además por considerar que el Incoder es el competente para
absolver las inquietudes planteadas.
15.-
En el mismo Auto se solicitó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial suministrar la siguiente información:
i.    Las políticas y estrategias que ha implementado el
Ministerio para el manejo de la reserva forestal ubicada dentro del territorio
del Resguardo de Indígenas Nuestra Señora Candelaria de la Montaña de Riosucio,
Caldas, en especial en lo relacionado con el aprovechamiento y movilización
ilegal de productos del bosque y las sanciones para los infractores.
ii.    Políticas y lineamientos que ha establecido en
relación con la imposición de multas a las personas que infrinja el régimen
legal ambiental y la devolución del material incautado a los infractores.
Mediante
oficio 2100-2-158111, radicado en la Secretaría de esta Corporación el 3 de
diciembre de 2010 (fl.35, Cd.3), la Directora de Ecosistemas del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, dio respuesta al primer
interrogante en el que señaló que revisada su base de datos se encontró que “en
el Municipio de Riosucio, departamento de Caldas, no se encuentra ninguna área
de reserva forestal u otra área protegida de carácter nacional o regional que
pueda tener incidencia en el resguardo Indígena Nuestra Señora de la
Candelaria.” (fl.35, Cd.3).
De
conformidad con lo señalado en la Ley 99 de 1993, corresponde a la Corporación
Autónoma Regional reglamentar el manejo y protección de las reservas forestales
y el manejo de los bosques. De acuerdo con lo señalado en los Decretos 2811 de
1974 y 1791 de 1996, las CAR deben otorgar las autorizaciones y permisos para
el aprovechamiento forestal, que es de tres clases: único, persistente y
doméstico. En el Departamento de Caldas las autorizaciones y permisos son
otorgados por Corpocaldas.
Por
otra parte, sostiene que el Ministerio expidió la Resolución No.438 de 2001,
que regula el Salvoconducto Único Nacional para movilización de especímenes de
la diversidad biológica, que exige acreditar ante las CAR la procedencia legal
de los especímenes aprovechados. Corresponde a Corpocaldas expedir los
salvoconductos para los productos primarios y llevar su registro, así como el
de las sanciones impuestas a los infractores de su jurisdicción. Así mismo, la
normativa ambiental colombiana determina que le corresponde a las CAR expedir
las autorizaciones relacionadas con el procesamiento, transformación, depósito,
comercialización nacional e internacional del componente forestal.
Por
lo expuesto, concluye que “lo concerniente al uso y aprovechamiento del
componente forestal, se encuentra regulado en el país y la infracción a estas
disposiciones o la generación de daño sobre el ambiente, acarrea la imposición
de medidas preventivas y sanciones a cargo de las autoridades ambientales.”(fl.36,
Cd.3).
En
relación con la segunda pregunta, explicó que la Ley 1333 de 2009, estableció
el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, cuya titularidad le
compete al Ministerio, las CAR, las Corporaciones de Desarrollo Sostenible, las
unidades ambientales de los grandes centros urbanos, los establecimientos
públicos ambientales y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales. Dentro de las medidas preventivas señaladas en la
mencionada Ley, se encuentra el decomiso preventivo de los productos,
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción y la aprensión
preventiva de especímenes, productos, subproductos de fauna y flora silvestres.
De la misma forma, la figura del decomiso definitivo de especímenes, productos,
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la
infracción, se aplica para sancionar al infractor de la normatividad ambiental,
así como la restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestre.
En
desarrollo de la mencionada Ley, el Ministerio expidió la Resolución No.2064
del 21 de octubre de 2010, que consagra las medidas posteriores a la
aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especímenes de especies
silvestres de fauna y flora terrestre y acuática. Por su parte, el gobierno
nacional expidió el Decreto 3678 del 4 de octubre de 2010 y el Ministerio
expidió la Resolución No.2086 del 27 de octubre de 2010, para fijar los
criterios para la imposición de sanciones aplicables al infractor de la
normatividad ambiental y la metodología para la tasación de las multas
consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.
16.-
En el Auto del 24 de noviembre de 2010, también se solicitó al Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), suministrar la siguiente información:
i.
Si dentro del territorio
del Resguardo de Indígenas Nuestra Señora Candelaria de la Montaña de Riosucio,
Caldas, se encuentra ubicado el lugar “vía Cauya – La pintada, a la altura del
barrio San Nicolás del municipio de Riosucio”, en el que el día 6 de marzo de
2009, la Policía de Riosucio, Caldas incautó diferentes especies de bosque
nativo provenientes de la “vereda La Antioqueña y Arroyohondo”, mencionados en
el informe técnico suscrito por funcionaria de la Corporación Autónoma Regional
de Caldas, Corpocaldas, obrante a folio 37 del expediente que se adjunta para
su conocimiento.
ii.
Si dentro del territorio
del Resguardo de Indígenas Nuestra Señora Candelaria de la Montaña de Riosucio,
Caldas, se encuentra ubicado el lugar “vía Riosucio – Pueblo viejo sector la
herradura”, en el que el día 11 de septiembre de 2008, la Policía de Riosucio,
Caldas incautó diferentes especies de bosque nativo provenientes de la “vereda
Arroyohondo”, mencionados en el informe técnico suscrito por funcionaria de la
Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, obrante a folio 50 del
expediente que se adjunta para su conocimiento.
iii.
En caso de que el Resguardo
no se hubiere constituido, ampliado, saneado o reestructurado, indique si los
lugares mencionados en los puntos i. y ii. de este numeral, forman parte de las
áreas poseídas por el grupo indígena en forma regular y permanente o en el
ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales.
Mediante
oficio No. 20102134777 radicado en la Secretaría General de la Corte
Constitucional el 15 de diciembre de 2010 (fl.62, Cd.3), la Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica del Incoder dio respuesta al primer interrogante, afirmando
que “el sitio ubicado en el lugar “vía Cauya – La Pintada, a la altura del
barrio San Nicolás del municipio de Riosucio”, no forma parte del área ocupada
por el resguardo Indígena referido; toda vez que corresponde al casco urbano
del municipio de Riosucio; sin embargo, la vereda “La Antioqueña”, si forma
parte del área ocupada por el mismo, en donde viven dieciséis (16) familias,
conformadas por setenta y un (71) personas miembros de la comunidad.”(fl.62,
Cd.3)
En
relación con la segunda pregunta, explicó que “el sitio ubicado en el lugar
“vía Riosucio – Pueblo Viejo sector “la Herradura”, no forma parte del
territorio ocupado por el Resguardo Indígena mencionado; toda vez que
corresponde al casco urbano del municipio de Riosucio.” (fl.3, Cd.3).
Por
último, en cuanto a la tercera pregunta, afirmó en primer lugar que el
resguardo ubicado en jurisdicción del municipio de Riosucio, Caldas está
documentado como de origen colonial por la Dirección de Asuntos Indígenas,
Minorías y Rom del Ministerio del Interior y Justicia, el cual, de conformidad
con lo previsto en el Decreto 441 de 2010 será reestructurado por el Incoder
próximamente. Está conformado por 4.963 familias con 17.963 personas. Abarca
varias veredas que han sido ocupadas tradicionalmente por el Resguardo y que
constituyen su hábitat, en el cual realizan sus actividades sociales,
económicas y culturales. Sin embargo, sólo la vereda La Antioqueña, forma parte
del área ocupada permanentemente por el Resguardo.
17.-
También se solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS),
suministrar la siguiente información:
i.
Si dentro del territorio
del Resguardo de Indígenas Nuestra Señora Candelaria de la Montaña de Riosucio,
Caldas, se encuentra ubicado el lugar “vía Cauya – La pintada, a la altura del
barrio San Nicolás del municipio de Riosucio”, en el que el día 6 de marzo de
2009, la Policía de Riosucio, Caldas incautó diferentes especies de bosque
nativo provenientes de la “vereda La Antioqueña y Arroyohondo”, mencionados en
el informe técnico suscrito por funcionaria de la Corporación Autónoma Regional
de Caldas, Corpocaldas, obrante a folio 37 del expediente que se adjunta para
su conocimiento, o por el contrario, tales lugares corresponden a la
jurisdicción de la Corporación.
ii.
Si dentro del territorio
del Resguardo de Indígenas Nuestra Señora Candelaria de la Montaña de Riosucio,
Caldas, se encuentra ubicado el lugar “vía Riosucio – Pueblo viejo sector la
herradura”, en el que el día 11 de septiembre de 2008, la Policía de Riosucio,
Caldas incautó diferentes especies de bosque nativo provenientes de la “vereda
Arroyohondo”, mencionados en el informe técnico suscrito por funcionaria de la
Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, obrante a folio 50 del
expediente que se adjunta para su conocimiento, o por el contrario, tales
lugares corresponden a la jurisdicción de la Corporación.
iii.
Cual es la razón para haber
impuesto el decomiso preventivo y posteriormente el decomiso definitivo al
señor Fauner Gutiérrez Ramírez, cuando de conformidad con el acta de la Policía
de Caldas que obra a folio 49 del expediente que se adjunta para su
conocimiento, las especies allí mencionadas fueron incautadas al señor Fauner
Arbey Gutiérrez García, identificado con la cédula No.4.546.656 de Riosucio.
iv.
Si las Resoluciones No.533
del 28 de octubre de 2008, por la cual se impuso el decomiso preventivo y la
No.259 del 22 de abril de 2009, por la cual se impuso el decomiso definitivo,
fueron notificadas por cualquiera de los medios legales al señor Fauner Arbey
Gutiérrez García, identificado con la cédula de ciudadanía No.4.546.656 de
Riosucio.
v.
Cual es la razón y el
fundamento legal para que en la Resolución No.533 del 2 de octubre de 2008, por
la cual la Corporación impuso el decomiso preventivo de las especies incautadas
al señor Fauner Gutiérrez Ramírez, no se hubiere indicado que para el
levantamiento de la sanción, contaba con la posibilidad de cancelar una multa
de conformidad con lo previsto en la Resolución No.070 del 8 de abril de 2008,
como se hizo en el caso del señor Héctor Fabio Gutiérrez García.
vi.
Que destino le dio la
Corporación a las especies decomisadas definitivamente al señor Fauner
Gutiérrez Ramírez mediante Resolución No.259 del 22 de abril de 2009.
vii.
Que políticas, estrategias
y procedimientos ha implementado la Corporación para el manejo del área de
reserva forestal ubicada dentro del territorio del Resguardo de Indígenas
Nuestra Señora Candelaria de la Montaña de Riosucio, Caldas, en especial en lo
relacionado con el aprovechamiento ilegal de productos del bosque.
La
Secretaria General de Corpocaldas dio respuesta al requerimiento de la Corte
Constitucional en oficio No.265400 del 3 de diciembre de 2010 (fl.45, Cd.3), en
el cual afirmó que no cuentan con información necesaria para certificar si los
sitios referidos se encuentran o no dentro del resguardo indígena. Explicó que
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1320 de 1998, corresponde al “Ministerio
del Interior certificar la presencia de dichas comunidades, el pueblo al que
pertenecen, su representación y ubicación geográfica. El Instituto Colombiano
para la Reforma Agraria – Incora, certificará sobre la existencia de territorio
legalmente constituido.” (fl.45, Cd.3). De acuerdo con el 33 de la Ley
99 de 1993, la jurisdicción de Corpocaldas, comprende el territorio del
Departamento de Caldas.
De
la misma forma explicó, que si bien dentro del expediente No.3811, obra acta de
incautación suscrita por funcionario del Departamento de Policía de Caldas, el
trámite sancionatorio en contra de la persona que se menciona como responsable
de la conducta reprochada, se inició con base en el informe técnico No.500 –
RIOS – S.G. 093 del 15 de septiembre de 2008, elaborado por un funcionario de la
Corporación.
Adjuntó
para información de la Corte Constitucional, copias de los edictos mediante los
cuales se notificaron las resoluciones No.533 de 2008 y No.259 de 2009.
Afirmó
que la Corporación “aplicó la normatividad general que rige la materia,
establecida en la Ley 99 de 1993 y en los Decretos 1791 de 1996 y 2811 de 1974.
Si bien la entidad basada en la identificación dada por el informe técnico
referido en  punto anterior, adelantó un proceso sancionatorio en contra del
señor Fauner Gutiérrez Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía
No.4.546.656, lo cierto es que las citaciones para comparecer a ser notificado
del contenido de los actos administrativos proferidos en el curso del proceso,
fueron entregados en la residencia del implicado (quien respondiera al nombre
de Fauner Gutiérrez Ramirez o Fauner Arbey Gutiérrez García), recibida la
última de ellas, por su hermano, el señor Héctor Fabio Gutiérrez García, quien
suscribió el oficio No.155210 del 27 de abril de 2009; y es así como siendo
enterado del proceso que cursaba en su contra, ninguna intervención hizo en el
mismo.” (fl.45, Cd.3).
Por último, informó que el material forestal
decomisado consistente en 200 palancas para mina de especies siete cueros,
drago, puntelanza y copo de cerezo, de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución No.259 del 22 de abril de 2009, fue utilizado por la Corporación.
Adicionalmente sostiene, que no ha declarado Áreas de Reserva Forestal dentro
del municipio de Riosucio.
18.-
Se solicitó al Departamento de Policía de Caldas, Estación de Policía de
Riosucio suministrar la siguiente información:
i.
Si dentro del territorio
del Resguardo de Indígenas Nuestra Señora Candelaria de la Montaña de Riosucio,
Caldas, se encuentra ubicado el lugar “vía Cauya – La pintada, a la altura del
barrio San Nicolás del municipio de Riosucio”, en el que el día 6 de marzo de
2009, la Policía de Riosucio, Caldas incautó diferentes especies de bosque
nativo provenientes de la “vereda La Antioqueña y Arroyohondo”, mencionados en
el oficio No.145 de marzo 6 de 2009, suscrito por el Subcomandante de la Estación,
obrante a folio 36 del expediente que se adjunta para su conocimiento, o por el
contrario, tales lugares corresponden a la jurisdicción de la Estación de
Policía.
ii.
Si dentro del territorio
del Resguardo de Indígenas Nuestra Señora Candelaria de la Montaña de Riosucio,
Caldas, se encuentra ubicado el lugar “vía Riosucio – Pueblo viejo sector la
herradura”, en el que el día 11 de septiembre de 2008, la Policía de Riosucio,
Caldas incautó diferentes especies de bosque nativo provenientes de la “vereda
Arroyohondo”, mencionados en el Acta de Incautación  de septiembre 11 de 2008
obrante a folio 49 del expediente que se adjunta para su conocimiento, o por el
contrario, tales lugares corresponden a la jurisdicción de la Estación de
Policía.
El
Comandante de la Estación de Policía de Riosucio, dio respuesta al
requerimiento de la Corte Constitucional mediante oficio No.1064 /DECAL
–ESTPO-29-22 del 6 de diciembre de 2010 (fl.38, Cd.3).
Respecto
del primer punto explicó que, “la vía Cauya – La Pintada o vía nacional
Troncal de Occidente en la altura del barrio San Nicolás, esta se encuentra
ubicada en zona urbana del municipio de Riosucio (Caldas) donde la convivencia
y seguridad ciudadana es responsabilidad de la administración municipal como
primera autoridad de policía, rama judicial y las demás instituciones
representadas por el Estado. Ejerciéndose la Ley Penal y Sistema Penal Oral
Acusatorio y demás normas, no dándose aplicación a la Jurisdicción Especial de
estas comunidades, por encontrarse en zona urbana.” (fl.38, Cd.3).
En
cuanto al punto segundo, afirmó que “en el sector de la Herradura igualmente
se encuentra ubicado en la vía Cauya – La Pintada o vía nacional Troncal de
Occidente dentro de la zona urbana del municipio de Riosucio (Caldas), allí se
extiende una vía terciaria la cual conduce a la vereda Pueblo Viejo donde se
encuentra una comunidad que hace parte del Resguardo Nuestra de La Candelaria
de La Montaña.” (fl.38, Cd.3).
19.-
Se solicitó en la mencionada providencia, a la Fiscalía Seccional de Riosucio
informar de manera detallada y justificada sobre “el estado actual en que se
encuentra la investigación penal adelantada en contra del señor Fauner
Gutiérrez García, identificado con la cédula de ciudadanía No.4.546.656 de
Riosucio por hechos relacionados con la incautación de madera que hizo la
Policía de Riosucio el día 11 de septiembre de 2009, a que se refiere el Acta de Incautación de la Policía de Caldas, estación de Riosucio, obrante
a folio 49 del expediente que se adjunta para su conocimiento.”
El
Fiscal Coordinador de la Fiscalía Segunda Seccional de Riosucio, mediante
oficio 5000016/888 recibido en esta Corporación el 9 de diciembre de 2010
(fl.43, Cd.3), afirmó que “una vez revisados los libros radicadores que se
llevan en esta Unidad de Fiscalías, no se halló ninguna investigación vigente o
archivada, en contra del ciudadano FAUNER GUTIERREZ GARCÍA, cc.4.546.656 de
Riosucio, por hechos relacionados con la incautación de madera, por parte de la
policía de este municipio, el día 11 de septiembre de 2008 o 2009, cuya acta de
incautación, en copia, fue remitida a nosotros por esa dignísima Corporación
para su verificación.”  (fl.43, Cd.3).
20.-
Por último, en el Auto del 24 de noviembre de 2010, se solicitó al Gobernador y
representante legal del Resguardo suministrar la siguiente información:
i.
Si el Resguardo ha sido
delimitado e inscrito ante el Ministerio del Interior y de Justicia y el
Incoder.
ii.
Si los lugares “vía
Cauya-La Pintada en el sector de la Comunidad de Alto Medina, frente a la
entrada al Centro de Capacitación Indígena”, “sector de la comunidad de Arroyo
Hondo”, “Comunidad de San Nicolas”, mencionados en los hechos 1 y 5 de la
demanda de tutela, forman parte del territorio del Resguardo o de la
jurisdicción de la Corporación accionada.
iii.
El resultado de la
investigación que adelantó la autoridad indígena del resguardo por los hechos
relacionados con la sustracción “de manera ilegal de las reservas forestales naturales
que tiene el resguardo”, mencionada en el recurso que interpuso contra la
Resolución No.250 del 14 de abril de 2009.
iv.
Sanciones que ha impuesto
el Resguardo a los señores Fauner Arbey Gutiérrez García y Héctor Fabio
Gutiérrez García por los hechos mencionados por usted en la demanda de tutela.
v.
Razón por la que no
intervino en el curso de la investigación adelantada por Corpocaldas en contra
del señor Fauner Arbey Gutiérrez García que culminó con el decomiso definitivo
de las especies incautadas en la misma forma en que lo hizo en la investigación
adelantada en contra del señor Héctor Fabio Gutiérrez García.
vi.
Normas que rigen el tema
del aprovechamiento y movilización ilegal de productos del bosque al interior
del resguardo, el procedimiento que se sigue y las sanciones en caso de
infracción de las mismas.
vii.
Políticas o acciones que se
han implementado al interior del Resguardo para controlar el aprovechamiento y
movilización ilegal de productos del bosque.
Mediante
comunicación radicada en la Secretaría General de esta Corporación el 13 de
diciembre de 2010 (fl.54, Cd.3), el Gobernador del Resguardo dio respuesta al requerimiento
en los siguientes términos:
En
primer lugar, sostiene que el Resguardo fue delimitado por el Instituto
geográfico Agustín Codazzi, según acta de deslinde del 28 de marzo de 1984 y se
encuentra inscrito y registrado en la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías
y Rom del Ministerio del Interior y de Justicia, según certificación que
adjunta.
Explicó
que “La Vía Cauya – La Pintada, en el sector de la Comunidad de Alto Medina,
frente a la entrada del Centro de Capacitación Indígena y la comunidad de San
Nicolás, cercanas al casco urbano del municipio de Riosucio, están atravesadas
por esa vía nacional y el sector de Arroyo Hondo, está dentro de la comunidad
indígena del mismo nombre, donde está situada la reserva forestal y todas hacen
parte del territorio del resguardo de Nuestra Señora Candelaria de la Montaña.”
(fl.54, Cd.3).
Afirmó
en relación con la tercera pregunta, que la autoridad indígena suspendió la
investigación por la sustracción de la madera, ante la respuesta enviada por
Corpocaldas reclamando para ellos la competencia sancionatoria y en espera del
pronunciamiento de la Corte Constitucional.
Respecto
al punto cuarto, sostiene que no se han impuesto sanciones a los señores Fauner
Arbey Gutiérrez García y Héctor Fabio Gutiérrez García, en espera del
pronunciamiento que reconozca la autonomía del resguardo en materia de recursos
naturales.
Explicó
que no intervinieron ante Corpocaldas en el caso de Fauner Arbey Gutiérrez, en
razón a que en el caso de Héctor Fabio Gutiérrez, Corpocaldas adujo ser
competente.
Respecto
al punto sexto y séptimo, indicó lo siguiente:
“El Resguardo, tradicionalmente ha sido el que
autoriza la explotación controlada del recurso forestal, sobre algunas
especies, no solo de las áreas de conservación, sino de los predios que tienen
los indígenas en usufructo, expidiendo los permisos, que describen la cantidad
de madera sacada y el sitio del destino, previa visita del área de Medio
Ambiente del Resguardo. Existe una asociación de madereros dentro del resguardo,
a través de la cual se reclaman los permisos, para la extracción controlada de
la reserva. Las sanciones que se imponen a quienes sacan la madera, sin el
respectivo permiso, es el decomiso a favor del resguardo, la resiembra del
doble de las especies taladas y la prohibición durante 5 años de cualquier
permiso para aprovechar la madera.” (fl.55, Cd.3).
Por
último, afirmó que “Por intermedio de nuestras áreas de Plan de Vida, Medio
Ambiente y la Agropecuaria, se dictan seminarios y talleres a las comunidades
del área de influencia de la reserva, sobre la inconveniencia de sacar especies
en vías de extinción, la importancia de proteger el bosque nativo y las aguas
que de él nacen. Precisamente, como una forma de control, al aprovechamiento
indiscriminado del bosque, se creó la Asociación de Madereros del resguardo. Se
induce, igualmente a la población indígena, al cambio de vocación asesorándolos
en proyectos de agricultura.” (fl.54, Cd.3).
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1.-
Esta Corte es competente para revisar los presentes fallos de tutela de
conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución
Política, el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.
Presentación
del caso
2.-
Los actores instauraron acción de tutela contra la Corporación Autónoma
Regional de Caldas, por considerar que esta entidad vulneró los derechos
fundamentales a la diversidad étnica y cultural, a la autonomía indígena y al
debido proceso, al aplicar la norma que ordena la devolución, ante pago de una
multa, o el decomiso definitivo, cuando la multa no se cancela, de especies
forestales hurtadas de la reserva del Resguardo y transportadas sin
salvoconducto, en casos en que al infractor es comunero del Resguardo.
Solicitó
por tanto que se declarara la nulidad de todo lo actuado por Corpocaldas con el
fin de evitar lo acontecido en un caso precedente en el que se decomisó la
madera pero se devolvió previo pago de una leve multa; lo cual considera el
Resguardo como un estimulo por parte de la
Corporación a la deforestación de sus reservas. Esto, en tanto que
el valor de la multa “sale del mismo producto hurtado al resguardo”.
También solicitan que como consecuencia de la nulidad se ordene remitir el caso a la Jurisdicción Especial
Indígena del Resguardo de Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, en
consideración a que la madera fue sacada
de la reserva forestal natural del resguardo de La Montaña, a que se trata de
un comunero indígena que pertenece a la Comunidad y a que fue decomisada en
área territorial del mismo resguardo.
La
entidad accionada afirmó que en ejercicio de sus atribuciones inició proceso
administrativo sancionador contra los infractores a quienes se les incautó
madera y especies de bosques por no portar el salvoconducto para la
movilización o transporte. Explicó que de conformidad con las normas que
regulan el tema, se le impuso como medida preventiva el decomiso de la madera,
y como no se pagó la multa se decomisó definitivamente. Así como también en el
caso precedente aplicó las normas vigentes, y previo pago de una multa ordenó
la devolución de las especies. Precisó la Corporación, que es competente para
adelantar dicho trámite, pero no para sancionar el mal aprovechamiento de las
especies, respecto de lo cual no encuentra inconveniente para que el Resguardo
adelante las investigaciones e imponga las sanciones a que haya lugar como
quiera que el aprovechamiento en mención se llevó a cabo en territorio del
Resguardo.
Los
jueces de instancia negaron el amparo por considerar que la Corporación actuó
dentro de la órbita de las funciones que le han sido atribuidas en las normas,
además de que las autoridades indígenas tienen a su disposición varias medidas
para prevenir el daño causado por la deforestación, diferentes a la acción de
tutela, que no han intentado y tampoco respecto de ellas se ha demostrado su
ineficacia.
Planteamiento del problema jurídico
De
conformidad con lo anteriormente expuesto, corresponde a la Sala de Revisión
determinar si la Corporación accionada vulneró los derechos fundamentales
invocados por el Resguardo al aplicar la norma que ordena la devolución, ante
pago de una multa, o el decomiso definitivo, cuando la multa no se cancela, de especies
forestales hurtadas de la reserva del Resguardo y transportadas sin
salvoconducto, desconociendo que fue hurtada en territorio de su jurisdicción
por comuneros que pertenecen al Resguardo. Esto es, se debe determinar si se ha
vulnerado, por la razón mencionada, el derecho constitucional de la comunidad
indígena demandante a la autonomía y autodeterminación de acuerdo a sus
costumbres.
De
este modo el asunto a resolver plantea de manera general la referencia a los
criterios jurisprudenciales sobre la interpretación de dicho derecho a la luz
de las garantías constitucionales de las comunidades indígenas relativas al
fenómeno del Autogobierno. Y, con base en dichos parámetros se concluirá
si se configuró o no la vulneración alegada por el Resguardo demandante.
El
Derecho constitucional fundamental al reconocimiento y debida protección de la
diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas
5.-
La Corte Constitucional se ha referido acerca del derecho constitucional
fundamental de los pueblos indígenas al reconocimiento y debida protección de
su diversidad étnica y cultural en múltiples ocasiones y, más recientemente, en
la sentencia T-778 de 2005[1]. En la mencionada
sentencia, realizó la Sala Tercera de Revisión una síntesis de los principales
pronunciamientos de la jurisprudencia constitucional al respecto. En sus
consideraciones, recordó la Sala que el derecho constitucional fundamental al
reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de los pueblos
indígenas se fundamenta en los artículos 1º, 7º y 70 de la Constitución
Nacional.
En
efecto, son varios los elementos que en relación con el derecho constitucional
fundamental al reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural
de los pueblos indígenas se derivan de lo establecido en el artículo 1º
superior. De una parte, la caracterización de Colombia como una República
democrática, participativa y pluralista.
De
otra, el hecho de que la República colombiana esté fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y en la solidaridad de las personas que la
integran.
6.-
La democracia colombiana no es indiferente a las diferencias sino que se
enriquece con ellas y se propone brindar un espacio amplio de participación
diversa en el cual predomine un trato digno para todas las personas,
independientemente, de la etnia o cultura a la que pertenezcan, de las
creencias que profesen, así como de los recursos económicos de que dispongan.
Propugna, en suma, por el trabajo solidario de las personas que la componen aún
a pesar de las diferencias y conflictos que entre ellas eventualmente puedan
existir. Una de las finalidades del ordenamiento constitucional colombiano es
justamente brindar un escenario pacífico para encausar los conflictos presentes
en toda sociedad diversa e intentar resolverlos también de manera pacífica.
El
artículo 7º, a su turno, se pronuncia de modo expreso sobre dos asuntos de
especial importancia. De un lado, acerca del reconocimiento estatal de
la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana y, de otro, sobre la necesidad
de proteger esa diversidad étnica y cultural[2]. No se conforma, pues, el
ordenamiento jurídico colombiano simplemente con admitir la existencia de
diferentes etnias y de distintas culturas sino que, a renglón seguido, se
refiere a que esa diversidad étnica y cultural que caracteriza a la Nación
colombiana debe ser protegida. (Énfasis añadido).
7.-
De conformidad con el artículo 70 superior[3], el Estado debe
garantizar que los colombianos tengan igual oportunidad para acceder a la
cultura y debe promocionar y promover ese acceso. Para tal fin, ha de valerse
de la educación permanente así como de “la enseñanza científica,
técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de
la identidad nacional.” Agrega el artículo 70 que la cultura es fundamento
de la nacionalidad y que el Estado debe reconocer con igual dignidad todas
las culturas que conviven en el país. (Énfasis añadido).
8.-
La sentencia SU-510 de 1998 también se pronunció sobre los elementos
característicos del derecho constitucional fundamental al reconocimiento y
debida protección a la diversidad étnica y cultural[4]
en la Constitución colombiana. Destacó la Sala Plena de la Corte Constitucional
en aquella ocasión, que junto a los elementos derivados de lo establecido por
los artículos 1º, 7º, y 70 de la Constitución, existen otras disposiciones
orientadas a profundizar el sentido y alcance de este derecho.
Así,
por ejemplo, el artículo 8º cuando dispone  que el Estado protegerá la riqueza
cultural de la Nación[5]; el artículo 9º por medio
del cual se garantiza el derecho a la autodeterminación de los pueblos[6];
el artículo 10º donde se prescribe que las lenguas y dialectos de las
comunidades étnicas también serán lengua oficial en su territorio y se
establece la obligación de enseñanza bilingüe en aquellas comunidades con tradiciones
lingüísticas propias[7]; el artículo 63 en el
cual se determina que las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de
Resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación (…) son inalienables,
imprescriptibles e inembargables[8]; el artículo 68 en el
cual se dispone que quienes integran los grupos étnicos podrán ejercer su
derecho a formarse con fundamento en cánones que respeten y desarrollen su
diversidad cultural[9]; el artículo 72 cuando se
refiere al patrimonio cultural de la nación y determina que dicho patrimonio
está bajo protección del Estado y cuando se pronuncia, igualmente, sobre el
patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la diversidad
nacional.
9.-
La identidad nacional a la que se refieren los artículos mencionados es,
entonces, una identidad pluralista. No presupone ni exige coincidencias. No
implica homogeneidad. Todo lo contrario, se orienta a reconocer la riqueza de
la diversidad. La Constitución de 1991 ofrece un espacio para la convivencia de
distintos puntos de vista y de diferentes matices y cosmovisiones. En ese mismo
orden de ideas, el hilo conductor que recorre de principio a fin la
Constitución colombiana procura hacer visibles a quienes durante mucho tiempo
fueron opacados hasta el límite de la invisibilidad: las minorías étnicas, las
mujeres, los discapacitados, los ancianos, los niños y pretende generar un
espacio para que esas personas y grupos étnicos ejerzan de modo efectivo sus
derechos constitucionales fundamentales.
10.-
Así las cosas, es posible confirmar la garantía que la Constitución Nacional le
brinda al derecho constitucional fundamental al reconocimiento y debida
protección de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas
cimentado sobre el respeto por la dignidad de todos los habitantes del
territorio, independientemente, de la etnia a que pertenezcan o de la cosmovisión
que defiendan. En este sentido ha dicho la Corte Constitucional que:
“constituye una proyección, en el plano jurídico, del
carácter democrático, participativo y pluralista de la república colombiana y obedece
a ‘la aceptación de la alteridad ligada a la aceptación de la multiplicidad de
formas de vida y sistemas de comprensión del mundo diferentes de los de la
cultura occidental[10].’”
11.-
El amparo contemplado en el ordenamiento jurídico interno a favor de garantizar
el pleno ejercicio del derecho fundamental al reconocimiento y protección de la
diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas se ve complementado
asimismo por lo dispuesto en el ámbito internacional.
Los
mecanismos de protección interna de los derechos constitucionales fundamentales
se refuerzan con aquellos previstos en los documentos internacionales así que
cuando se han agotado todos los recursos disponibles en el ordenamiento
jurídico interno o cuando se hace evidente que los instrumentos existentes no
garantizan el acceso a la justicia, se puede acudir a la vía que ofrecen las
instancias internacionales de protección de los derechos humanos.
De
lo anterior se desprende, que la responsabilidad derivada de la protección de
los derechos constitucionales fundamentales debe satisfacerse en primera
instancia a nivel interno. En caso de que ello no sea así, entonces pueden
activarse las instancias internacionales de protección. La conexión entre el
sistema de protección interno y el internacional es, por consiguiente, estrecha
y subsidiaria:
“el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es
parte de un cuerpo de garantías de derechos fundamentales que viene a
complementar lo que se hace en el ámbito interno: aporta criterios de
interpretación y también establece mecanismos de garantía de los derechos[11].”
El
Estado que suscribe, aprueba y ratifica un Tratado o Convenio Internacional
sobre Derechos Humanos se compromete a que todas las autoridades que actúan a
nombre del mismo cumplirán con las obligaciones derivadas de aquellos Tratados.
El Estado se obliga tanto frente a los individuos que habitan en su territorio
como respecto de los otros Estados que junto a él aprobaron el texto de los
instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos.
“En esto se refleja la idea de la ‘interacción’ entre
los sistemas nacionales e internacionales, es decir, son derechos que se
adquieren internamente, pero también que tienen una connotación internacional;
hay un orden público internacional que es el que le exige al Estado que cumpla
y honre sus compromisos internacionales[12].”
Las
obligaciones derivadas de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos
son múltiples y comprometen a todos los sectores estatales sin excepción:
político, administrativo y judicial. En tal sentido, deben los Estados: (i)
interpretar los derechos constitucionales fundamentales de conformidad con lo
dispuesto en los Pactos internacionales aprobados por el Estado; (ii) ajustar
la legislación interna así como los mecanismos internos de protección a lo
establecido en tales Pactos; (iii) abstenerse de promulgar normas que
contraríen esos Tratados sobre la protección de los Derechos Humanos; (iv)
evitar que por la acción u omisión de las autoridades o agentes estatales se
desconozcan las obligaciones establecidas en los acuerdos internacionales – con
independencia del cargo en el cual se desempeñen las autoridades o agentes
estatales o el nivel en que realicen sus funciones - sea en el plano nacional o
en el territorial -incluso cuando se trata de la omisión de prevenir o reprimir
acciones ilícitas de los particulares; (v) procurar vías ciertas, ágiles y
efectivas de acceso a la justicia.
Si
el Estado colombiano, en cualquiera de los campos en que se desenvuelve la
actividad estatal – legislativo, administrativo y judicial – y en el ámbito en
que opere – sea territorial o nacional - no interpreta los derechos
constitucionales fundamentales de acuerdo con lo establecido por los Convenios
Internacionales aprobados por el Congreso de la República y ratificados por el
Gobierno Nacional; o no ajusta la legislación interna a lo preceptuado por esos
instrumentos internacionales; o promulga leyes contrarias a lo previsto en los
mismos; o no evita que se vulneren tales Pactos internacionales mediante la
acción u omisión de sus agentes - o de particulares que obran en su nombre; o
se abstiene de diseñar vías ciertas, expeditas y efectivas de acceso a la
justicia, incurre en incumplimiento de las obligaciones derivadas de la firma,
aprobación y ratificación de los Tratados Internacionales sobre Derechos
Humanos y debe, por consiguiente, responder.
En
concordancia con lo expresado, el artículo 93 de la Constitución Nacional prevé
que los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos aprobados por el
Congreso de la República y ratificados por el Gobierno Nacional que prohíben la
limitación de los derechos en estados de excepción, forman parte del llamado
bloque de constitucionalidad[13]. Establece, además, que
todos los derechos y deberes consignados en la Constitución Nacional deben ser
interpretados de conformidad con lo dispuesto en los Tratados Internacionales
sobre Derechos Humanos aprobados por el Estado colombiano[14].
Esta obligación comprende la necesidad de actualizar los contenidos de
las normas que acogen derechos constitucionales fundamentales de acuerdo con lo
dispuesto por estos tratados.
Abarca,
también, la posibilidad de complementar las garantías establecidas en el
ordenamiento jurídico interno a favor de los derechos constitucionales
fundamentales con aquellas previstas en los Tratados Internacionales sobre
Derechos Humanos. Lo anterior supone, desde luego, la aplicación del principio pro
homine, esto es, las normas han de complementarse de manera tal, que
siempre se amplíe la protección prevista en el orden jurídico interno y no se
disminuya. En el evento en que la norma que se desprende del Tratado internacional
sea más restrictiva, se aplicará de preferencia la norma de derecho interno.
Por otro lado, en virtud de los dispuesto por el artículo 94 superior, así como
de lo consignado en el artículo 44 de la Constitución Nacional – sobre los
derechos de los niños y de las niñas – la obligación de interpretar los
derechos constitucionales fundamentales de conformidad con lo dispuesto en los
Pactos internacionales sobre Derechos Humanos aprobados por Colombia contiene,
de igual modo, la posibilidad de adicionar el ordenamiento jurídico
interno con nuevos derechos siempre, claro está, bajo aplicación del principio pro
homine mencionado atrás.
12.-
El Convenio 169 de la OIT “sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes” fue aprobado en Colombia por la Ley 21 de 1991. Este
documento es vinculante para el Estado colombiano y ocupa un lugar preeminente
en el ordenamiento jurídico constitucional según lo dispuesto por el párrafo
primero del artículo 93 superior. En esta línea de pensamiento, el Convenio 169
de la OIT pertenece al llamado bloque de constitucionalidad[15]
y ha de tenerse en cuenta como canon de interpretación de los derechos
constitucionales fundamentales. Debe, por consiguiente, servir de punto de
referencia para fijar el sentido y alcance del derecho constitucional
fundamental al reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural
de los pueblos indígenas.
El
Preámbulo del Convenio 169 de la OIT evoca, en primer lugar, el papel que han
desempeñado tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como otros numerosos
instrumentos internacionales orientados a impedir la discriminación, en relación
con la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del
mundo y cómo, gracias a ello, a partir de 1957 comenzaron a adoptarse medidas
dirigidas a que los pueblos indígenas asuman por sí mismos “el
control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo
económico [para poder]mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y
religiones, dentro del marco de los Estados en que viven[16].”
(Énfasis añadido).
En
la parte preliminar del Convenio se destacan, entre otros, los siguientes
reconocimientos y observaciones: (i) que en muchos países los pueblos indígenas
no pueden gozar de sus derechos humanos fundamentales en el mismo grado en el
que lo hace el resto de la población; (ii) que las leyes, valores, costumbres y
cosmovisiones propias de los pueblos indígenas han sufrido, con frecuencia, una
fuerte erosión; (iii) que es preciso recordar la gran contribución que los
pueblos indígenas y tribales han realizado a la diversidad cultural, a la
armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión
internacionales[17].
En
este orden de ideas, el Convenio tiene el propósito de continuar y acentuar los
aportes hechos por Naciones Unidas, por algunas de sus agencias (la
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la
Organización Mundial de la Salud) y por el Instituto Indigenista
Interamericano. El Convenio consta de diez partes[18].
A continuación, considera pertinente la Sala pronunciarse sobre algunos de los
artículos contenidos en la parte de Política General del Convenio.
El
artículo 2º del Convenio[19] pone énfasis en la
responsabilidad que le cabe a los Gobiernos en relación con la necesidad de
desarrollar – con la debida participación de los pueblos indígenas – una acción
coordinada y sistemática que busque garantizar el respeto por los derechos de
los pueblos indígenas y asegurar su integridad. Estas acciones deben incluir,
entre otras, que los pueblos indígenas estén habilitados para disfrutar los
derechos y oportunidades que se desprenden de la legislación nacional de la
misma manera en que lo hacen los otros miembros de la población.
Esta
acción también estará orientada a procurar el pleno ejercicio de los derechos
sociales económicos y culturales de estos pueblos y a respetar tanto su
diversidad social y cultural como sus costumbres, tradiciones e instituciones.
Las acciones deben procurar, del mismo modo, que se eliminen las diferencias
socioeconómicas existentes entre los miembros de los pueblos indígenas y los demás
miembros de la comunidad nacional. Lo anterior, subraya el artículo 2º, debe
efectuarse de manera tal que las actuaciones armonicen con las aspiraciones y
formas de vida propias de los pueblos indígenas.
El
artículo 6º del Convenio[20] prescribe, por su parte,
las condiciones que deberán cumplir los gobiernos para aplicar el Convenio 169
de 1989. Enfatiza, de un lado, la necesidad de que cada vez que se proponga
dictar alguna medida, bien sea de carácter legislativo o bien de orden
administrativo - susceptible de afectar los intereses de los pueblos indígenas
- es preciso consultarlos por medio de mecanismos apropiados y garantizarles,
particularmente, acceso a instituciones donde tales pueblos indígenas tengan
representación. Subraya, de otro lado el artículo 6º, la necesidad de asegurar
la existencia efectiva de medios que hagan posible esta libre participación de
los pueblos indígenas en los asuntos que puedan afectar sus intereses, al menos
en la misma medida en que otros sectores de la población participan en la
defensa de sus propios intereses.
Según
lo dispuesto por el artículo 6º, es imprescindible facilitar a los pueblos
indígenas escenarios e instrumentos para el desarrollo de sus propias
instituciones así como para que puedan presentar sus propias iniciativas y
dotarlos de los recursos necesarios para tales efectos. Insiste el artículo 6º
, por lo demás, en que lo preceptuado en el Convenio debe efectuarse de buena
fe, ajustándose a las circunstancias y con el fin de llegar a acuerdos o a
decisiones donde medie el consentimiento de los pueblos indígenas sobre las
medidas propuestas.
Especial
relevancia adquiere lo dispuesto en el artículo 7º en el cual se subraya los
alcances del derecho de las comunidades indígenas a participar en la decisión
de sus asuntos. En lo que concierne al proceso de desarrollo así como en el
manejo de las tierras que ocupan, los pueblos indígenas deben poder definir sus
propias prioridades en armonía con sus creencias, instituciones y bienestar
espiritual y deben poder controlar su desenvolvimiento en el ámbito económico,
social y cultural.
Insiste
el artículo 7º en la necesidad de habilitar a los pueblos indígenas para que
participen “en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y
programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles
directamente.” Añade, que los planes de desarrollo económico global de las
regiones habitadas por los pueblos indígenas deben prever de manea prioritaria “el
mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y
educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación.”
Se
puede decir, en suma, que la parte donde se fija la política general del
Convenio pone énfasis en la necesidad de garantizar los derechos fundamentales
de los pueblos indígenas y, de ese modo, proporcionarles espacios, instrumentos
y recursos suficientes para participar libre, autónoma y activamente en la
formulación, ejecución, control y evaluación de las medidas de orden
legislativo o administrativo que puedan afectar sus intereses, de modo, que se
respeten sus tradiciones, costumbres e instituciones y se promueva su
mejoramiento en todos los frentes.
Se
acentúa, de otra parte, la necesidad de un permanente trabajo de cooperación
con fundamento en estudios que evalúen el impacto social, espiritual y cultural
o la incidencia que sobre el medio ambiente puedan tener las medidas
legislativas o reglamentarias adoptadas. La cooperación con los pueblos
interesados así como la preservación del medio ambiente tendrán prioridad en
las políticas que adopten los gobiernos.
13.-
El día 29 de junio de 2006, el Consejo de Derechos Humanos – órgano que
reemplazó a la antigua Comisión de Derechos Humanos - aprobó en Ginebra, Suiza,
la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas[21]
y recomendó su aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta
declaración constituye la opinión actual de los Estados sobre la materia y se
espera que la Asamblea la adopte formalmente a fines de 2006. Establece que los
pueblos indígenas tienen derecho tanto como colectividades al igual que como
individuos a disfrutar de todos los derechos humanos y de todas las libertades
fundamentales reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas. Reconoce
asimismo el derecho de los pueblos indígenas a determinarse de manera autónoma;
a preservar y fortalecer sus propias instituciones sociales, culturales,
económicas, políticas y judiciales e insiste en la necesidad de amparar el
derecho de los pueblos indígenas a participar de manera informada, activa y
plena en la toma de decisiones y en las políticas –legales o administrativas
que pueden afectar sus intereses. Este documento constituye, pues, un paso
fundamental en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y
significa un documento clave en la tarea de fijar el sentido y alcance del
derecho al reconocimiento y debida protección de la diversidad étnica y
cultural de los pueblos indígenas en Colombia. En general, puede decirse que la
Declaración profundiza lo prescrito en el Convenio 169 de 1989 de la OIT.
14.-
Justamente en relación con la protección extendida de la cual gozan los
derechos de los pueblos indígenas derivada del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos vale la pena recordar aquí que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos se ha pronunciado de manera reiterada sobre la protección de
los derechos de las Comunidades Indígenas y, al hacerlo, ha tomado en cuenta lo
establecido en el Convenio 169 de la OIT[22]. La jurisprudencia de la
Corte Interamericana junto con los criterios que se desprenden de otros
documentos internacionales como la Declaración Universal sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas, anteriormente mencionada, constituyen una pauta muy
importante para interpretar los derechos constitucionales fundamentales.
En
el marco de sus competencias orientadas a definir el sentido y alcance de los
derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a hacer
cumplir con la efectiva protección de los derechos consignados en ese
documento, la Corte Interamericana ha afirmado que los casos que conciernen a
integrantes de grupos humanos minoritarios – por lo general comunidades
indígenas y étnicas que habitan en el territorio de los Estados miembros y que
forman parte de los mismos – suelen caracterizarse por su alto grado de
marginalidad y exclusión hasta el punto en que la existencia misma de muchas de
estas comunidades se encuentran seriamente amenazada.
Cierto
es que de conformidad con el artículo 1.2 de la Convención Interamericana la
Corte es competente para garantizar la efectiva protección de los derechos de
las personas. Así las cosas, la Corte no puede exceder el límite que le fija el
artículo referido. Lo anterior no ha impedido, sin embargo, que el alto
Tribunal internacional se haya aproximado también a cuestiones relacionadas con
la garantía de los derechos colectivos de las comunidades a las que pertenecen
los individuos miembros de esas minorías étnicas, teniendo en cuenta las
características peculiares de su cultura, sus instituciones, usos y costumbres.
Recientemente se ocupó el alto Tribunal internacional de un asunto en donde se
discutieron cuestiones similares a las que examina la Sala en la presente
sentencia.
En
el caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay[23]
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó demanda en contra del
Estado de Paraguay con el fin de que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos decidiera si ese país había desconocido los artículos 4 (Derecho a la
Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 21 (Derecho a la Propiedad
Privada), 8 (Garantías Judiciales), y 25 (Protección Judicial) de la Convención
Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1
(Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de
Derecho Interno) de la misma, en perjuicio de la Comunidad Sawhoyamaxa del
Pueblo Enxet-Lengua. Adujo la Comisión que el Estado de Paraguay no había
amparado el derecho de propiedad ancestral de la Comunidad Sawhoyamaxa. Recordó
que desde 1991 se hallaba en tramitación una solicitud de reivindicación
territorial por parte de la Comunidad, sin que hubiera sido resuelta de modo
satisfactorio.
Manifestó
la Comisión en su demanda que lo anterior ha[bía] significado la
imposibilidad de la Comunidad y sus miembros de acceder a la propiedad y
posesión de sus tierras y ha[bía] implicado mantenerla en un estado de
vulnerabilidad alimenticia, médica y sanitaria, que amenaza[ba] en forma
continua su supervivencia e integridad.” La Comisión solicitó a la Corte
que ordenara al Estado la adopción de un conjunto de medidas destinadas a
reparar a la comunidad indígena por el desconocimiento de sus derechos así como
a reintegrar las costas y gastos. En las consideraciones de su sentencia
enfatizó la Corte Interamericana el deber de los Estados de otorgar:
“una
protección efectiva [de los derechos contenidos en la Convención] que tome en
cuenta las particularidades propias de los pueblos indígenas, sus
características económicas y sociales, así como su situación de especial
vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres[24].”
Encontró
la Corte Interamericana que el Estado de Paraguay no había cumplido con la
obligación derivada del artículo 2º de la Convención Interamericana de Derechos
Humanos de ajustar el derecho interno a las normas de la propia Convención de
modo que se asegurara la efectiva protección de los derechos establecidos en
ese documento bajo la aplicación del principio del effet utile, esto es,
de conformidad con el criterio según el cual “el Estado debe adoptar todas
las medidas necesarias para que lo establecido en la Convención sea realmente
cumplido.” Verificó el alto Tribunal que, en efecto, existía en el Paraguay
un marco jurídico favorable para la protección de los pueblos indígenas.
Insistió, no obstante, en que esta circunstancia “por sí sola no [podía] garantizar
los derechos de estos pueblos[25].”
En
la sentencia de la referencia, la Corte Interamericana confirmó, asimismo, que la
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa del Pueblo Enxet-Lengua disponía de un derecho
vigente a la recuperación de las tierras tradicionales perdidas y determinó que
le correspondía al Estado realizar las actuaciones pertinentes para efectos de
devolverlas a la Comunidad. Respecto de lo dicho con antelación, admitió la
Corte que no era un Tribunal Interno y por consiguiente carecía de competencia
para definir lo concerniente a las eventuales controversias que pudieran
presentarse, por ejemplo, frente a particulares que esgrimieran títulos de
propiedad. Dejó claro, sin embargo, que le concernía al Tribunal pronunciarse acerca
de “si el Estado garantizó o no los derechos humanos de los miembros de la
Comunidad Sawhoyamaxa” y llegó a la conclusión de que las razones ofrecidas
por el Estado de Paraguay para  “justificar la falta de concreción del
derecho a la propiedad de los indígenas no ha[bían] sido suficientes para
relevar su responsabilidad internacional.”
Particular
interés para el asunto bajo análisis de la Sala adquiere el pronunciamiento de la
Corte Interamericana sobre el estrecho nexo existente entre la obligación de
proteger la vida – derivada del artículo 4º de la Convención Americana en
relación con el artículo 1.1. de la misma - y el papel fundamental que se le
asigna en la Convención a la obligación en cabeza de los Estados de garantizar
la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan
violaciones de ese derecho inalienable; acerca de cómo, por ejemplo, el
desconocimiento de la tutela de las tierras de las comunidades indígenas las
obliga a vivir “a la vera de una ruta y privad[a]s de acceder a sus medios
tradicionales de subsistencia.” La protección requerida, dijo la Corte
Interamericana, y con ello reiteró la que ha sido jurisprudencia constante de
esa Corporación,
“no
sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente
(obligación negativa), sino que además, a la luz de su obligación de garantizar
el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, requiere que los Estados
adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la
vida (obligación positiva) de todos quienes se encuentren bajo su
jurisdicción.”
En
relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
establecido por medio de su jurisprudencia, que la responsabilidad
internacional de los Estados en el marco de la Convención Americana surge en el
mismo instante en el cual se corrobora el desconocimiento de los deberes
previstos en los artículos 1.1. y 2 del Tratado. A partir de las obligaciones
previstas en estas disposiciones se desprenden unos deberes especiales cuya
determinación se llevará acabo teniendo en cuenta las particulares necesidades
de protección del sujeto de derecho de que se trate así como bajo consideración
de la circunstancia concreta en la que se encuentre: bien sea una situación de
pobreza extrema, de marginación o bien se trate de la niñez. En el caso de los
pueblos indígenas resulta patente la condición de marginalidad, pobreza y
desamparo en que se encuentran, de modo que estas comunidades indígenas
constituyen, también bajo el marco del sistema interamericano de protección de
los derechos humanos, sujetos de especial protección.
15.-
Hasta aquí, se puede ver, a grandes rasgos, la garantía que se le confiere al
derecho constitucional fundamental a la diversidad étnica y cultural de los
pueblos indígenas tanto en el ordenamiento jurídico interno como en el ámbito
internacional. Ahora bien, la Corte Constitucional ha configurado por medio de
sus decisiones un conjunto de pautas encaminadas a ampliar y a profundizar esa
protección de conformidad con lo dispuesto en los Tratados internacionales
sobre Derechos Humanos aprobados por el Estado colombiano. En la sentencia
T-380 de 1993, dijo la Corte Constitucional que las comunidades indígenas
son, en sí mismas, sujetos de derechos fundamentales. Se expresó esta
Corporación en los siguientes términos en los siguientes términos:
“La comunidad indígena ha dejado de ser solamente una
realidad fáctica y legal para pasar a ser ‘sujeto’ de derechos fundamentales.
En su caso, los intereses dignos de tutela constitucional y amparables bajo la
forma de derechos fundamentales, no se reducen a los predicables de sus
miembros individualmente considerados, sino que también logran radicarse en la
comunidad misma que como tal aparece dotada de singularidad propia, la que
justamente es el presupuesto del reconocimiento expreso que la Constitución
hace a ‘la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana’"
Para
terminar resulta prudente afirmar que mediante fallos posteriores, la Corte ha
tenido oportunidad de precisar que los derechos de las comunidades indígenas no
pueden ser confundidos con los derechos colectivos de otros grupos humanos y se
ha referido la Corte, en tal sentido, a cada comunidad indígena como un “verdadero
sujeto colectivo y no como una sumatoria de individuos particulares que
comparten una serie de derechos o intereses difusos[26].”
16.-
Ahora bien, no resulta procedente que la Sala realice un recuento in extenso
de todos los pronunciamientos de la Corte Constitucional al respecto. Sólo
se insistirá en que la primera conclusión del recuento jurisprudencial
realizado sugiere que según jurisprudencia de la Corte Constitucional, el
derecho constitucional fundamental al reconocimiento y debida protección de la
diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas se proyecta en dos dimensiones:
una colectiva y otra individual. Se ampara, de un lado, a la comunidad indígena
como sujeto de derecho y se protege, de otro lado, a los individuos
pertenecientes a esa comunidad, pues sin esa protección – ha dicho la Corte –
sería impensable la materialización de la protección del derecho colectivo en
cabeza de la comunidad indígena en cuanto tal.
17.-
Y la segunda conclusión, directamente relacionada con el punto jurídico de
análisis de la presente sentencia, se refiere a que la jurisprudencia referida
no ha hecho más que ampliar y profundizar el amparo de que goza el derecho
constitucional fundamental al reconocimiento y debida protección de la
diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas en Colombia. Y, aunque se
puede hablar de una multiplicidad de facetas que extienden la protección y
cubren una vasta gama de derechos fundamentales radicados en cabeza de la
comunidad indígena como tal[27]; resulta claro que las
posibilidades de regular tanto las comunidades como a sus miembros individualmente
considerados, de acuerdo a criterios normativos propios derivados de sus
costumbres, se presenta como una opción claramente protegida por las normas
nacionales legales y constitucionales, así como por la jurisprudencia y las
normas internacionales al respecto aprobadas por Colombia. Tal como lo indica
la sentencia T-778 de 2005 a la que se hizo referencia en párrafos anteriores:
“Los mencionados derechos han sido calificados como
derechos de naturaleza colectiva que buscan proteger la diversidad cultural de
las comunidades indígenas configurándolas como sujetos de derechos
fundamentales.”
Con
base en los anteriores criterios, pasa la Sala a resolver el caso concreto
objeto de revisión.
Caso
concreto
18.- Tal como se consignó en la parte de los
antecedentes de esta providencia, el presente caso versa en general sobre la
negativa de Corpocaldas a acceder a la solicitud del Resguardo Indígena Nuestra
Señora Candelaria de la Montaña de reconocerle competencia para ejercer control
sobre la conducta de miembros de su comunidad, relacionada con la vulneración
de normas ambientales, consistente en la extracción de especies forestales sin
autorización.
Ahora bien, pese a que el objeto de discusión jurídica
ante los jueces de las instancia de tutela fue el anterior, la Sala encuentra
pertinente hacer algunas precisiones con el fin de determinar de manera
estricta los elementos en juego para resolver el problema jurídico planteado, y
darle así un contorno estricto al debate que surge del asunto sometido a
revisión.
19.- En este orden, la Sala debe referirse
preliminarmente a los hechos del caso que resultan de especial importancia para
la perspectiva de estudio a desarrollar.
En primer lugar, de las pruebas solicitadas por este
Despacho se concluye lo siguiente:
·       El Resguardo Indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña,
cuyo representante legal es el demandante en la presente acción de tutela, se
encuentra registrado en la base de datos de los Resguardos y Comunidades de la
Dirección de Asuntos Indígenas Minorías Rom del Ministerio del Interior y de
Justicia (Fl. 39 Cuad. 3).
·       El ciudadano Fauner Arbey Gutierrez García, a quien se
le decomisó las especies forestales presuntamente hurtadas, se encuentra
registrado en los archivos censales de la comunidad La Arboleda que hace parte
del Resguardo Indígena demandante, como indígena Emberra Chami. (Fl. 17 Cuad.
3)
·       El hecho de que las especies forestales decomisadas
fueron extraídas ilegalmente de una zona ubicada en territorio del Resguardo Indígena
Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, no resultó discutible, por lo cual la
Sala lo encuentra probado.
Esto, en tanto la Corporación
Autónoma Regional (CAR) de Caldas afirmó en todas sus respuestas en desarrollo
de la discusión jurídica del caso, que si bien las especies forestales habían
sido extraídas de territorio del Resguardo, la regulación de estos asuntos estaba
claramente estipulada como una contravención en la legislación nacional, por lo
cual la competencia para su conocimiento estaba en cabeza de la autoridad
ambiental nacional, que para el caso es la CAR referida.
·       Sobre el aspecto relativo a si la ubicación geográfica
del sitio en el que se realizó el decomiso, se encuentra o no dentro del
territorio del Resguardo demandante, sólo puede afirmar esta Sala de Revisión,
que está bajo discusión; por lo cual no se encuentran razones suficientes para
aseverar con certeza que sea de una u otra manera.
Esto, en tanto el sitio geográfico denominado “vía Cauya-La Pintada, en el sector de la Comunidad de Alto Medina, a la altura del
Barrio San Nicolás frente a la entrada al Centro de Capacitación Indígena, en
el Municipio de Riosucio Cáldas”, en el cual se produjo el decomiso de las
especies forestales, según las respuestas del INCODER y de los funcionarios de la
Estación de Policía de Riosucio, no se encuentra dentro del territorio del Resguardo
Indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña. Pero, a pesar de esto el
Resguardo mencionado afirma que el sitio geográfico referido sí se encuentra en
su territorio, y aduce que dicha zona está atravesada por una vía Nacional (vía
Cauya-La Pintada) y por el sector de Arroyo Hondo que pertenece a la
comunidad indígena del mismo nombre incluida a su vez en el Reguardo en
cuestión. Y, ni el INCODER ni los funcionarios de la Estación de Policía de
Riosucio explican por qué si el sitio del decomiso se encuentra en el sector de
Arroyo Hondo perteneciente a la comunidad indígena, concluyen entonces que el
mismo sitio está por fuera de territorio del resguardo. Además, que el
Ministerio del Interior no respondió el interrogante a este respecto. Por lo
cual -se insiste- la Corte no puede aseverar que la ubicación del sitio del
decomiso está dentro o fuera del territorio del resguardo; y se configura como
un asunto no probado.
20.- En segundo lugar, sobre el punto de partida para
el análisis del caso, resulta evidente para esta Sala que la discusión que plantea
la materia bajo revisión no es sobre el fundamento normativo de la competencia
de CORPOCALDAS, tal como se discutió ante los jueces de tutela de instancia,
sino sobre la interpretación de dicha competencia a la luz de las garantías
constitucionales de las comunidades indígenas relativas al fenómeno del Autogobierno.
Esto es, que el contexto normativo en el que se
fundamenta la competencia de CORPOCALDAS para conocer de asuntos como el del
decomiso de las especies forestales ilegalmente extraídas, resulta claro en el
otorgamiento de la competencia en mención, y puede catalogarse para efectos del
presente estudio, como un punto demostrado, por las siguientes razones.
Dicho
fundamento se describe en que el decomiso definitivo de las especies forestales
(así como y la alternativa de devolución cuando se paga la multa como en el
caso precedente citado por el demandante) realizado por la Corporación, se
amparó en, de un lado, el artículo 223 del Decreto 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente) el cual establece que “todo
producto forestal primario que entre al territorio nacional, salga o se
movilice dentro de él debe estar amparado por permiso”. A su turno el
artículo 23 de la Ley 99 de 1993 encargó a las Corporaciones Autónomas
Regionales “de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables”; y específicamente según los
numerales 9, 14 y 17 del artículo 31 de la misma Ley 99 de 1993, las CAR
otorgan “concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente (…) y permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales” (num. 9), y “ejercen el control de la movilización,
procesamiento y comercialización de los recursos naturales renovables (…) y
expiden los permisos, licencias y salvoconductos para la movilización de
recursos naturales renovables” (num. 14), además de que deben “imponer
y ejecutar a prevención (…), las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental”
(num. 17).
De otro lado las resoluciones 438 de 2001 y 619 de
2002 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial contemplan
la regulación relativa al Salvoconducto Único Nacional para el transporte de
especímenes de la diversidad biológica y el Salvoconducto Nacional para la
movilización de productos primarios provenientes de plantaciones forestales o
de los sistemas o arreglos silvícolas. Y, como quiera que ninguna de las normas
anteriormente referidas contempla la graduación de las sanciones ni el destino
de los productos eventualmente decomisados, en caso de incumplimiento de los
transportadores relativo al Salvoconducto Único Nacional, entonces la
Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) expidió la Resolución
número 70 de 2008 (del 8 de abril) por la cual se regula la imposición de sanciones
por infracciones de las normas sobre transporte y comercialización de productos
del bosque en el territorio de Corpocaldas, en la cual se determinan la
procedencia del decomiso, de la imposición de multas, así como la condición
genérica según la cual si dentro del plazo fijado después del decomiso se
cancela la multa o se presenta el salvoconducto, entonces procederá el
levantamiento del decomiso y la devolución de las especies forestales
respectivas, o de lo contrario procederá el decomiso definitivo.
21.- De lo anterior se concluye que la actuación de
Corpocaldas está efectivamente sustentada en las normas vigentes sobre el
transporte de especies forestales sin salvoconducto, regulaciones que a su vez
están amparadas en la Ley 99 de 1993 y en el llamado Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente.
De ahí que la perspectiva de análisis que adopta esta
Sala de Revisión para el presente caso implica dejar fuera de discusión la
cuestión de si las actuaciones de Corpocaldas están o no jurídicamente
justificadas, pues de hecho lo están, según se acaba de ver. Sin embargo, lo
anterior no implica que no exista una colisión de competencias entre la
autoridad nacional y la autoridad indígena, como se explicará más adelante.
Pues una cosa es el fundamento normativo y otra la configuración de un
conflicto de competencia.
22.- De lo expuesto se pueden derivar las siguientes
conclusiones preliminares. En primer lugar están demostrados los elementos esenciales
de la procedencia de la aplicación correspondiente a las normas de la
jurisdicción indígena, pues se trata de miembros de la comunidad indígena que
han llevado a cabo la conducta consistente en extraer, de territorio indígena
también, recursos naturales. Ello indica que la valoración de dicha conducta
adelantada por los ciudadanos indígenas en mención puede ser objeto de
vigilancia y control por parte de las autoridades del resguardo a la luz de sus
normas tradicionales y sus costumbres. Esto, al margen de que, como también se
demostró, no se tiene certeza sobre si el lugar geográfico del decomiso está o
no en territorio del resguardo. Lo cual - se insiste- no implica la falta de
competencia de las autoridades indígenas por cuanto sigue estando demostrado
que las especies forestales fueron extraídas de territorio indígena por
miembros de la comunidad indígena.
En segundo lugar, se debe concluir también –se
reitera- que las normas aplicadas por la Corporación Autónoma demandada, con
base en las cuales se realizó el decomiso, el cobro de la multa y el decomiso
definitivo de las especies forestales incautadas, describen igualmente las
conductas en las que incurrieron los ciudadanos indígenas, por lo cual la
jurisdicción de las leyes y autoridades nacionales, no tiene formalmente reparo
alguno.
Perspectiva de análisis adoptada en el presente caso
23.- Aclarado lo anterior, el punto objeto de discusión
se concentra en determinar si existen razones suficientes de orden
constitucional para reconocer competencia al Resguardo Indígena demandante para
conocer el caso aludido, a pesar de que como se vio, la legislación nacional
regula el asunto. En este orden, para esta Sala de Selección es claro que sí
existen razones suficientes de orden constitucional de las que se deriva el
derecho de las comunidades indígenas a organizarse de acuerdo a sus propios
reglamentos y costumbres, por lo cual es posible justificar la  posibilidad de
reconocer que la jurisdicción indígena conozca el caso objeto de discusión.
Esto, por lo expuesto en las líneas jurisprudenciales desarrolladas en el
acápite anterior, y por la confluencia de la competencia indígena territorial y
personal, según se acaba de explicar. Ello indica a su vez la existencia de un
conflicto de competencia cuya solución ha de darse a favor de las autoridades
indígenas de conformidad con las razones que se expondrán a continuación.
Justificación constitucional de la procedencia de
aplicación de la normas de la jurisdicción indígena en el caso concreto.
24.-
Ahora bien, las razones que encuentra esta Sala de Revisión, que justifican la
anterior conclusión son las siguientes. (i) El sentido del reconocimiento de
jurisdicción, como capacidad de Autogobierno a los pueblos indígenas
(territorio, normas y autoridades propias), implica siempre la convivencia de
esta capacidad junto con las normas y autoridades nacionales; por lo cual no es
razón suficiente para negar dicho reconocimiento, la existencia –precisamente-
de normas y autoridades nacionales que regulen el caso frente al cual se
pretende reconocer competencia a la jurisdicción indígena. (ii) La competencia
institucional y normativa en materia ambiental, aunque insuficientemente
regulada respecto de la convivencia de las jurisdicciones nacional e indígena,
señala que los pueblos indígenas forman parte de las autoridades a cuyo cargo
está la vigilancia y control relativo a recursos naturales y aprovechamiento de
los mismos. Y (iii) aquello que subyace al reconocimiento constitucional de la
capacidad de Autogobierno de los pueblos indígenas, es la pertenencia de
un territorio para ejercer en él sus propias normas y desarrollar su cultura y
costumbres. Si no fuera así, el otorgamiento del territorio sería un valor y
una cláusula constitucional inocua.
A
continuación la Sala desarrollará los anteriores argumentos.
25.-
Respecto de (i), se tiene que la coexistencia de un sistema normativo indígena
con sus propias autoridades, junto a las normas y autoridades nacionales en
Colombia, es la condición inicial del reconocimiento de una jurisdicción
indígena. Si no existiera un principio constitucional de Estado de Derecho
(Art. 1 C.N) que reconoce las normas expedidas por autoridades
constitucionalmente autorizadas para expedirlas, como fuente de derecho en
nuestro ordenamiento jurídico, no habría lugar a reconocimiento alguno de
autoridades y normas distintas a las nacionales. En este orden, no es razonable
afirmar que la existencia de normas y autoridades nacionales, resulta una
justificación suficiente para desconocer la jurisdicción indígena, cuando
justamente su existencia deviene de la existencia de un sistema normativo
nacional.
Como
se afirmó en el acápite que recogió los criterios jurisprudenciales sobre las
garantías de que son titulares los pueblos indígenas según las normas
constitucionales e internacionales, no resulta coherente - a partir de la
multiculturalidad y pluralismo del artículo 1° de nuestra Constitución-
concebir los derechos indígenas sin reconocer la existencia y eficacia de un
sistema normativo indígena. Esto, por cuanto se acepta que como los pueblos
indígenas no son ajenos al Estado, ni a la comparecencia de éste en su
territorio y sus asentamientos, entonces surge la necesidad de reconocer  “un
campo jurídico indígena con una lógica propia, que se imbrica con el
positivista pero que se distingue de él, es decir, [se ve] realmente
como otro derecho.”[28]
Así,
el pluralismo como principio constitucional (art. 1° C.N), el contenido
normativo el artículo 68 Superior en el cual se dispone que quienes integran
los grupos étnicos podrán ejercer su derecho a formarse con fundamento en
cánones que respeten y desarrollen su diversidad cultural, y la manifestación
de este derecho en el caso concreto de los pueblos indígenas contenido en el
artículo 246 de la Constitución, soportan en buena medida el concepto de
pluralismo jurídico entendido como formas diversas de ordenes legales
concomitantes respecto de los mismos supuestos y fenómenos a regular.
El alcance de este concepto en
la práctica lo ha descrito la jurisprudencia de esta Corporación en los
siguientes términos:
“La jurisprudencia también ha establecido que el
principio que rige el ejercicio de dicha jurisdicción es el de la maximización
de la autonomía indígena y la minimización de las restricciones a dicha
autonomía dentro del respeto de la diversidad etno-cultural. No obstante, la
jurisprudencia ha fijado ciertos límites a dicha jurisdicción. La Corte ha abordado el tema de las limitaciones
al ejercicio de la jurisdicción especial indígena en varias oportunidades. Uno
de los primeros pronunciamientos sobre el tema se dio en 1994 cuando mediante
sentencia T-254 se estableció que los límites a la jurisdicción indígena
comprendían las normas de orden público siempre que protegieran un valor
constitucional de mayor peso que el principio de diversidad étnica y cultural.
Se dijo: A mayor conservación de sus usos y costumbres, mayor autonomía.
La realidad colombiana muestra que las numerosas comunidades indígenas
existentes en el territorio nacional han sufrido una mayor o menor destrucción
de su cultura por efecto del sometimiento al orden colonial y posterior
integración a la "vida civilizada" (Ley 89 de 1890), debilitándose la
capacidad de coerción social de las autoridades de algunos pueblos indígenas
sobre sus miembros. La necesidad de un marco normativo objetivo que garantice
seguridad jurídica y estabilidad social dentro de estas colectividades, hace
indispensable distinguir entre los grupos que conservan sus usos y
costumbres-los que deben ser, en principio, respetados-, de aquellos que no los
conservan, y deben, por lo tanto, regirse en mayor grado por las leyes de la
República, ya que repugna al orden constitucional y legal el que una persona
pueda quedar relegada a los extramuros del derecho por efecto de una imprecisa
o inexistente delimitación de la normatividad llamada a regular sus derechos y
obligaciones.”[29]
La conclusión sobre el alcance del
pluralismo jurídico derivado del orden constitucional vigente, es entonces que
las comunidades indígenas no sólo tienen
autonomía administrativa, presupuestal y financiera dentro de sus territorios
sino también autonomía política y jurídica. Esa autonomía jurídica se ejerce de
acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad indígena siempre que no vulnere
la Constitución ni la ley. Dicha autonomía jurídica, se ampara en que según del
artículo 246 Superior las autoridades de los pueblos indígenas pueden ejercer
funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con
sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la
Constitución y leyes de la república.
La
doctrina ha destacado en el mismo sentido, que “el concepto de pluralismo
jurídico permite reconocer que tanto el derecho positivo como el derecho
indígena en la comunidad están sustentados en valores sociales distintos, pero
al mismo tiempo se reconoce la existencia de una imbricación de sistemas
(pluralismo jurídico), en la que los valores culturales y la dinámica local
definen la aplicación de principios y normas positivas e indígenas
aparentemente similares, distinguiéndolas entre sí”[30].
Y, esta compresión genera dos consecuencias de enorme relevancia para el
análisis jurídico de estos casos.
La
primera relativa a que surge la necesidad de crear mecanismos de coordinación
entre autoridades indígenas y autoridades nacionales. Pues, no de otra manera
se puede concretar la manifestación práctica del pluralismo jurídico. Y la
segunda referida a la posibilidad de soluciones normativas distintas según se
aplique el derecho indígena o el derecho nacional. Ello exacerba la necesidad
tanto de coordinación entre autoridades, como de compresión adecuada de las
consecuencias prácticas de las cláusulas constitucionales que sustentan el
pluralismo en este ámbito.
Como
corolario de esta explicación se puede destacar la tendencia del derecho
indígena a asumir asuntos bajo su jurisdicción, con base en análisis que
muestran “aspectos sociales fundamentales y claves vinculados con la
historia y la comunidad en su relación con el grupo etnolingüístico al que
pertenecen. Por ello, ante un caso concreto, los campos jurídicos pueden
imbricarse de forma tal que vean el mismo objeto de forma distinta y den como
resultado distintas alternativas para su solución”[31].
26.-
Sobre (ii) se debe afirmar que la regulación en materia ambiental dispone que
las autoridades indígenas tienen también a cargo la vigilancia y control
relativo a recursos naturales y aprovechamiento de los mismos, en sus
respectivos territorios. En efecto, el artículo 246 de la Constitución estipula
que “las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus
propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la
Constitución y leyes de la República”. Asimismo el artículo 286 Superior
define que “son entidades territoriales los departamentos, los distritos,
los municipios y los territorios indígenas”. A su turno el artículo 288
constitucional dispone que “la ley orgánica de ordenamiento territorial
establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las entidades
territoriales”. En el caso específico de las entidades territoriales
indígenas el artículo 329 reza, “la conformación de las entidades
territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica
de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno
Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas,
previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Los resguardos son
de propiedad colectiva y no enajenable. La ley definirá las relaciones y la
coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales formen parte. Y,
el artículo 330 de la Carta, expresamente afirma que “de conformidad con la
Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por
consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus
comunidades y ejercerán las siguientes funciones: (…) Velar por la preservación
de los recursos naturales.” Por último el artículo 15 del Convenio 169 de
la OIT[32], determina que “los
derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus
tierras deberá protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho
de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación
de recursos”
Frente
a esta regulación constitucional las normas de rango legal y reglamentario han
consagrado parcial y precariamente las regulaciones que harían posible de
manera coordinada, que las autoridades indígenas ejercieran jurisdicción en
materia ambiental.
Solamente,
el parágrafo 2° de la Ley 1454 de 2011 “Por medio de la cual se dictan
normas de ordenamiento territorial”, consagró que “en virtud de lo
establecido en el artículo 329 de la Constitución Política el Gobierno Nacional
presentará al Congreso de la República, dentro de los diez (10) meses
siguientes a la vigencia de la presente ley, el proyecto de ley especial que
reglamente lo relativo a la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas
(…)”; pero dicha ley a la fecha de la presente providencia no se ha
promulgado.
También
la Ley 99 de 1993, en su artículo 63, cuando define el denominado principio de
armonía regional, “…los Territorios Indígenas, así como las regiones y
provincias a las que la ley diere el carácter de entidades territoriales,
ejercerán sus funciones constitucionales y legales relacionadas con el medio
ambiente y los recursos naturales renovables, de manera coordinada y armónica,
con sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices de la
Política Nacional Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional
y coherente de los recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico
y biótico del patrimonio natural de la nación”; y el artículo 65 de la
misma ley 99 de 1993 que dispone en su numeral 2 que corresponde a los
municipios “dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias
superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa
del patrimonio ecológico del municipio”,  interpretado junto con el
artículo 67 de la misma norma legal, según el cual “los Territorios
Indígenas tendrán las mismas funciones y deberes definidos para los municipios
en materia ambiental”[33]; supone que los
territorios indígenas podrán ejercer jurisdicción para el control, la
preservación y la defensa del patrimonio ecológico de su territorio.
Con
todo, los mecanismos reales de coordinación o las reglas concretas de
definición de las competencias para ejercer jurisdicción ambiental adecuadamente,
por parte de las autoridades que la Constitución, la Ley y las normas
internacionales aprobadas por Colombia disponen, están pendientes de regulación
en nuestro ordenamiento jurídico. Pero, resulta innegable que dentro de dichas
autoridades se encuentran las de los pueblos indígenas.
27.-
Y sobre (iii), para esta Sala de Revisión es claro que el reconocimiento
constitucional de la capacidad de Autogobierno de los pueblos indígenas,
sólo es posible si se reconoce a la vez un territorio para ejercer en él sus
propias normas y desarrollar su cultura y costumbres. Como ello es así, nuestra
Constitución utiliza como punto de partida, tal como se acaba de ver,
justamente el otorgamiento de un territorio a las comunidades indígenas y a
partir de allí hace posible en la práctica ejercer de la jurisdicción por parte
de sus autoridades.
El
concepto de territorio involucra no solamente la idea geográfica de una porción
de tierra, sino también la soberanía como ejercicio de poder, y así el dominio,
autoridad y gobierno sobre los recursos humanos y materiales; esto es, el
territorio indígena en nuestro orden constitucional involucra actividades
políticas, económicas, sociales, jurídicas y culturales[34].
En este orden el referente del territorio para la jurisdicción indígena
significa que su otorgamiento lleva ínsito la dinámica de gobernarse
según sus propias reglas.
Vulneración de los derechos fundamentales y alcance de la protección en
el caso concreto.
28.-
De conformidad con lo expuesto, la Sala Octava de Revisión considera que la
negativa de la Corporación Autónoma Regional de Caldas CORPOCALDAS, de
reconocer jurisdicción al Resguardo Indígena Nuestra Señora Candelaria de la
Montaña para ejercer control sobre la conducta de miembros de su comunidad,
relacionada con la vulneración de normas ambientales, consistente en la
extracción de especies forestales sin autorización, ha vulnerado los derechos
fundamentales de la comunidad indígena.
Dicha
vulneración se configura en el hecho de que la entidad negó la posibilidad al
Resguardo de tomar medidas en relación con sus miembros y con las especies
forestales extraídas ilegalmente, por hechos originados en territorio indígena,
so pretexto de que las leyes nacionales regulan específicamente estos casos y
le otorgan competencia para su conocimiento. Si bien ello es cierto desde el
punto de vista formal, no consideró la entidad demandada que las normas
constitucionales y legales también otorgan competencia de vigilancia y control
ambiental a los pueblos indígenas. Además de que se crea la obligación en
dichas normas de crear mecanismos de coordinación para hacer posible en la
práctica el pluralismo jurídico que se deriva de la Constitución. Mecanismos
que obviamente deben ser concertados entre autoridades -precisamente- como las
CAR y autoridades indígenas, al menos en lo que se refiere al tema ambiental y
de manejo de recursos naturales.
De
otro lado, se desconoció por parte de CORPOCALDAS el significado constitucional
y literal del reconocimiento de un territorio al Resguardo demandante. Es
decir, dicha entidad aceptó nominalmente la existencia de un territorio del
Resguardo Indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, pero hizo caso
omiso a lo que ello sugiere. Esto es, el derecho de dar cuenta de los asuntos
ambientales y demás, que allí acontecen. Esta actitud de CORPOCALDAS indica que
en su concepto sería trivial y usual que la Constitución y la Ley dispusieran
que las CAR deben ejercer vigilancia y control de las políticas ambientales y
de manejo de recursos, pero a la vez dichas normas no les permitieran sancionar
o adelantar procedimientos administrativos. Lo anterior, según la lógica
aplicada por la entidad demandada sería perfectamente normal.
Sobre el alcance de la protección
29.-
No obstante, la anterior conclusión debe desarrollarse para determinar cuál
formula de protección de los derechos vulnerados es la adecuada. Se debe
considerar que la solicitud de reconocimiento de jurisdicción por parte del
Resguardo estuvo dirigida en todo momento a hacerse cargo de la conducta de sus
miembros, porque la aplicación de norma nacional implica la posibilidad de que
los infractores puedan quedarse en últimas con la madera extraída ilegalmente,
ante el pago de una multa. Lo cual no ocurrió en el caso, justamente porque
dichos infractores no cancelaron la mencionada multa. Esto permite concluir que
la objeción principal del Resguardo es la consecuencia jurídica de la norma
nacional según la cual, o se paga la multa y se devuelven las especies
decomisadas o no se paga y se decomisan definitivamente por parte de la
autoridad nacional, además de que en este último caso se hace uso de ellas (de
la madera) por parte de la mencionada autoridad nacional, tal como ocurrió.
Esto
significa que el punto en el que se encuentran y colisionan las jurisdicciones
es relativo a las consecuencias jurídicas de la regulación nacional, Resolución
70 de 2008[35], artículos segundo y
tercero parciales, según los cuales cuando se pague la multa en el plazo
estipulado se devuelven las especies decomisadas (artículo segundo), y cuando
no se pague la multa se decomisan las especies definitivamente (artículo
tercero) por parte de la autoridad nacional. Los artículos en mención
establecen:
ARTÍCULO SEGUNDO: Levantamiento del Decomiso.- Si
en plazo fijado el interesado presenta el salvoconducto que ampara la
movilización de los productos o cancela la multa respectiva, se levantará el
decomiso, por medio de resolución motivada.
ARTÍCULO TERCERO: Decomiso Definitivo.- Transcurridos
tres días, sin que se haya presentado salvoconducto, ni cancelado la multa
respectiva, se iniciará el respectivo proceso sancionatorio y se formularán
cargos contra el presunto infractor.
Si el infractor no desvirtúa los cargos se dispondrá
el decomiso definitivo de los productos a través de resolución motivada sujeta
al recurso de reposición.
Sobre
la Resolución 070 del 8 de abril de 2008 expedida por CORPOCALDAS, de cuyos
contenidos normativos se deriva el presente conflicto de competencia, vale la
pena señalar que consta de cinco artículos relativos a las sanciones y
procedimientos aplicables en caso que vulnerar normas de transporte y comercialización
de productos del bosque[36], por lo cual su
incidencia es general en toda la población que se desenvuelve en el territorio
de CORPOCALDAS, y no tiene una incidencia especial en el territorio ni en los
comuneros indígenas. Por ello la norma no presenta duda sobre su aplicación al
Resguardo en cuanto al procedimiento de consulta previa.
30.-
De otro lado, esta Sala de Revisión encuentra a su vez dos consecuencias
derivadas del conflicto de competencia aludido. En primer término, el
despliegue de ambas jurisdicciones en los términos descritos implica
inconvenientes respecto del asunto relativo al destino de las especies
decomisadas; porque, como se ha dicho varias veces, la aplicación de la ley
nacional dispone que ésta se debe devolver ante el pago de una multa o debe
quedarse en poder de la CAR si esta no paga y no se desvirtúan los cargos por
vulneración de las normas de transporte (por no contar con salvoconducto).
Mientras que el motivo principal de desacuerdo del Resguardo es justamente que
la madera sea devuelta a quienes la extrajeron ilegalmente o permanezca en
poder de la CAR. De ahí la existencia de un conflicto. Sin embargo, en segundo
término, en el caso concreto es posible que las perspectivas a partir de las
cuales la autoridad indígena y la autoridad nacional pretenden ejercer
jurisdicción sobre el mismo asunto no resulten excluyentes. Esto, en tanto el
asunto relativo al decomiso definitivo de la madera, frente al cual sería
lógico revocar el acto administrativo que lo ordenó, no resulta una solución
eficaz en las actuales circunstancias. Pues, esto se ordenó hace tres años
aproximadamente[37]. Lo cual indica que las
especies tal como se extrajeron y se transportaron sin salvoconducto, ya no
existen. Además porque la misma entidad afirma haberla (la madera decomisada)
utilizado.
Por
ello, resulta pertinente dejar en firme el procedimiento administrativo que la
CAR adelantó, a propósito de la norma nacional relativa a la exigencia del
salvoconducto. Y, a su vez reconocer competencia a la autoridad indígena para
ejercer jurisdicción sobre la conducta de sus miembros a propósito de la
extracción de la madera.
Con
todo, lo que sí puede disponer la Corte Constitucional es que hacia futuro no
se apliquen las consecuencias jurídicas aludidas de los artículos segundo y
tercero de la Resolución 70 de 2008 expedida por CORPOCALDAS, a casos como el
presente en el que se configuró un conflicto de competencia en la aplicación de
normas de vigilancia y control de normas ambientales, entre la autoridad
nacional y la autoridad indígena; hasta tanto se acuerde un mecanismo de
coordinación para su aplicación entre las mencionadas autoridades.
31.-
Ahora bien, la consecuencia de reconocer jurisdicción al Resguardo Indígena en
el caso concreto, implica desde el punto de vista práctico que CORPOCALDAS debe
remitir copia del expediente a las autoridades del Resguardo Indígena Nuestra
Señora Candelaria de la Montaña, para que éste juzgue de acuerdo a sus normas y
costumbres, la conducta de sus miembros. Por ello esta Sala dará la orden
pertinente, así como también se ordenará a dicha entidad prestar la
colaboración necesaria para el adelantamiento de dicho procedimiento, en
materia probatoria y los demás aspectos que sean requeridos.
32.-
Y, a juicio de la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, se debe
ordenar también a CORPOCALDAS, que de manera urgente abra un canal de
comunicación con las autoridades del Resguardo
Indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, de oficio y no sólo a
solicitud de parte, para acordar el alcance de la aplicación de la norma
nacional en cuestión (artículos segundo y tercero de la Resolución 70 de 2008
en la parte pertinente aludida a lo largo de la presente providencia) en casos
en que ello suponga un conflicto de competencia.
Lo
anterior con el fin de disponer que los contenidos normativos de los artículos
segundo y tercero de la Resolución 70 de 2008[38], referidos
específicamente a que cuando se pague la multa en el plazo estipulado se
devuelven las especies decomisadas (artículo segundo), y a que cuando no se
pague la multa y no se desvirtúan los cargos por vulneración de las normas de
transporte (por no contar con salvoconducto) se decomisan las especies
definitivamente (artículo tercero) por parte de la autoridad nacional, no
resultan aplicables hasta tanto se acuerde el mecanismo de coordinación para su
aplicación entre las mencionadas autoridades nacional e indígena.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR
la suspensión del término decretada
para decidir el presente asunto.
SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia de tutela dictada en el asunto de la referencia por Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales,
Sala de Decisión Civil Familia, el 8 de septiembre de 2009, y en su lugar,
TERCERO.- ORDENAR a CORPOCALDAS que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación
del presente fallo, remita copia del expediente administrativo relativo al
asunto objeto de la presenta acción de tutela, a las autoridades del Resguardo
Indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, y disponga los trámites
necesarios para prestar la colaboración necesaria para el adelantamiento de
dicho procedimiento, en materia probatoria y los demás aspectos que sean
requeridos.
CUARTO.-
ORDENAR a CORPOCALDAS, que en un
término no superior a un (1) mes contado a partir de la notificación del
presente fallo, abra un canal de comunicación con las autoridades del Resguardo Indígena Nuestra Señora Candelaria de la
Montaña, para acordar el alcance de la aplicación de los artículos segundo y
tercero de la Resolución 70 de 2008[39] en casos en que ello
suponga un conflicto de competencia, en los contenidos normativos aludidos en
el fundamento jurídico de número 32 de la parte motiva[40];
por lo cual dichos contenidos normativos NO RESULTAN APLICABLES hasta tanto se
acuerde el mecanismo de coordinación para su aplicación entre las mencionadas
autoridades nacional e indígena.
QUINTO.- LÍBRESE por Secretaría la comunicación de
que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado Ponente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrado
Con aclaración de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA T-236/12
CONFLICTO ENTRE JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA Y
AUTORIDAD AMBIENTAL-Corresponde
exclusivamente a la Comunidad Indígena decidir sobre el uso de la madera
incautada, siempre que esta haya sido extraída irregularmente del resguardo
(Aclaración de voto)
Referencia: Expediente T-2449625
Acción de tutela instaurada por el Resguardo Indígena
de Nuestra Señora Candelaria de la Montaña contra la Corporación Autónoma
Regional de Caldas, Corpocaldas.
Magistrado Ponente:
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Con
el debido respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, salvo
parcialmente mi voto frente a la sentencia T-236 de 2012. Si bien comparto
plenamente la decisión de conceder el amparo invocado por el Resguardo
tutelante, estimo que las órdenes adoptadas en la parte resolutiva no representan
una protección integral de los derechos vulnerados, especialmente, a raíz del
alcance de su numeral cuarto. Para explicar esta afirmación, a continuación
mencionaré brevemente el sentido de la decisión adoptada por la Sala Octava,
los aspectos que comparto de la providencia, y la razón de mi inconformidad
parcial.
1.
En el caso objeto de estudio se planteó un potencial conflicto de competencias
entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Corporación Autónoma Regional de
Caldas (Corpocaldas), el cual se habría originado en los siguientes hechos:
Corpocaldas
incautó ‘especies maderables’ a dos personas que las transportaban por caminos
de su jurisdicción, sin autorización de la citada autoridad ambiental. Esas
personas eran miembros de la comunidad indígena organizada en el Resguardo de
Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, y la madera que transportaban, según
lo indicaron las autoridades tradicionales del Resguardo, fue hurtada de su
territorio colectivo.
Por
ese motivo, el Resguardo solicitó la remisión del expediente administrativo
para adelantar una investigación interna del caso y, además de ello,
interpusieron la acción de tutela objeto de revisión para evitar que
Corpocaldas, siguiendo el procedimiento previsto en la Resolución 070 de 2008[41]
(proferida por la Corporación citada) devolviera la madera a los infractores,
previo el pago de una multa. Dado que la madera fue extraída irregularmente del
Resguardo –afirmaron- corresponde a sus autoridades decidir el uso que debe
dársele.
2.
La Sala decidió conceder el amparo, con base en los siguientes fundamentos: (i)
sí se presentó un conflicto de competencias entre el resguardo y la CAR
accionada, debido a que el primero considera que no deben aplicarse las
consecuencias jurídicas que establece la Resolución 070 de 2008[42]
frente al transporte ilegal de maderas, mientras que la Corporación autónoma
decidió adelantar ese procedimiento, basándose en que la madera fue incautada
en su jurisdicción; (ii) las normas sobre imposición de multas contenidas en la
resolución citada no son aplicables a la comunidad indígena sin su
consentimiento, así que (iii) debe adelantarse un proceso de concertación entre
la CAR y la comunidad en el que se definan los mecanismos de coordinación
pertinentes, cuando se presenten casos como el que analizó la Sala.
3. A partir de esas
consideraciones, la Corporación ordenó a Corpocaldas remitir el expediente
administrativo al resguardo accionante y prestar la colaboración necesaria “para
el adelantamiento de dicho procedimiento, en materia probatoria y los demás
aspectos que sean requeridos”, y abrir un canal de comunicación con el
Resguardo para “acordar el alcance de la aplicación de los artículos segundo
y tercero de la Resolución 70 de 2008 en casos en que ello suponga un conflicto
de competencia [entre la CAR y el Resguardo]”.
4.
Considero que la sentencia T-236 de 2012 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto)
representa una decisión relevante en materia de respeto a la jurisdicción
especial indígena por dos razones. La primera consiste en que la decisión
aborda el tema de la aplicación del derecho propio en temas ambientales, lo que
resulta de vital importancia para recordar que la jurisdicción especial
indígena -al contrario de lo que acontecía en vigencia de la Carta Política de
1886-, no se agota en la sanción de pequeñas faltas, sino que es la
manifestación más clara y relevante del Estado multicultural y el pluralismo
jurídico defendidos por el constituyente de 1991. La segunda radica en que el
manejo de tales cuestiones (ambientales) por parte de los pueblos indígenas
posee un significado especial para la autonomía indígena, debido a la importancia
que tiene el medio ambiente para la preservación de sus modos de vida.
Por
esas razones, en la discusión jurídica que precedió la sentencia T-236 de 2012,
también se contempló la posibilidad de ampliar el alcance de la decisión a la
protección del derecho fundamental a la consulta previa, aspecto sobre el que
no se llegó finalmente a un consenso. Sin embargo, debo destacar que la fórmula de impedir
la aplicación de la Resolución de la CAR hasta que se adopte un mecanismo de
concertación con el resguardo sobre las consecuencias jurídicas que deben
imponerse frente a la incautación de madera proveniente del resguardo
tutelante, responde a la necesidad de evitar que se apliquen normas de ese
carácter sin el consentimiento de la comunidad, lo que contribuye a preservar
su autonomía, participación y auto determinación en este escenario.
5. A pesar de los aspectos
positivos de la decisión, estimo que la decisión adoptada en la sentencia T-236
de 2012 y, concretamente, lo dispuesto en su numeral 4º es insuficiente como
remedio judicial a la violación iusfundamental que constató la Sala.
En
ese numeral se planteó que la discusión sobre los alcances de la resolución 070
de 2008[43] frente al resguardo
accionante debe darse exclusivamente en relación los artículos 1º a 3º de la
resolución citada. No es claro por qué no se ordenó la inaplicación de la
resolución en su integridad, especialmente si se toma en cuenta que todos sus
artículos pueden acarrear consecuencias jurídicas para las comunidades
indígenas y que el artículo 5º es el que contempla la aplicación de sanciones
económicas para la devolución de la madera incautada a los infractores, es
decir, la medida que dio origen a este trámite y que, según se concluye en la
sentencia T-236 de 2012, llevó a la violación de los derechos de autonomía de
la comunidad indígena de Nuestra Señora Candelaria de la Montaña.
En
síntesis, el numeral 4º de la parte resolutiva debió referirse a la resolución
070 de 2008en su integridad, y no a sus artículos primero y tercero, pues
ninguna de las normas contenidas en ese cuerpo normativo deben aplicarse a la
comunidad indígena si ello supone una colisión de competencias, como se
desprende de forma evidente de la parte motiva de la providencia. Por el
contrario, la Sala debió resaltar que corresponde a la comunidad indígena
decidir sobre el uso de la madera incautada, siempre que esta haya sido
extraída irregularmente del resguardo.
Fecha
ut supra,
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
[1] En esa oportunidad le correspondió a la Sala  Tercera de Revisión de la Corte Constitucional conocer la tutela instaurada por
Ati Seygundiba Quigua Izquierdo contra Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Primera Subsección A. Los  problemas jurídicos planteados por  la Sala  fueron los siguientes: ¿Procede la acción de tutela como mecanismo transitorio para
pronunciarse en el marco de un proceso que se encuentra en trámite ante el
Consejo de Estado sobre la impugnación de una sentencia pronunciada por un
Tribunal Administrativo? ¿Puede aplicarse el requisito de edad no expresamente
establecido en la Constitución Nacional a una mujer indígena para acceder a un cargo público cuando tal requisito no concuerda con el que se exige para
efectos de participación política dentro de su comunidad, sin vulnerar a un
mismo tiempo su derecho constitucional fundamental al reconocimiento y
protección de su identidad étnica y cultural? En ese mismo orden de ideas,
¿constituye la sentencia contencioso administrativa que convalidó la aplicación
del requisito, una vía de hecho por desconocimiento del derecho fundamental a la
garantía del debido proceso? La Sala Tercera de Revisión resolvió conceder el
amparo solicitado y ordenar la suspensión de los efectos del fallo proferido
por el Tribunal que declaraba la nulidad de la elección como Concejal de
Bogotá.
[2] “ARTICULO 7o. El Estado reconoce y protege
la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.”
[3] “ARTICULO 70. El Estado tiene el deber de
promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad
de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza
científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de
creación de la identidad nacional. / La cultura en sus diversas manifestaciones
es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de
todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la
ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.”
[4] En aquella ocasión, la Sala Plena de la Corte Constitucional examinó el caso de algunos miembros de la comunidad Ika quienes habían
abandonado sus creencias tradicionales para adoptar la religión evangélica. En
el asunto bajo examen, se alegó que las autoridades de la cultura tradicional
arhuaca aplicaban a sus miembros disidentes una sanción consistente, entre
otras, en colgarlos de los árboles y exigieron respeto por la libertad de
cultos. La Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió reconocer la competencia de las autoridades religiosas tradicionales para impedir el proselitismo
religioso pues, dada la importancia que para esa etnia tiene el factor
religioso, el no hacerlo impedía garantizar en debida forma su derecho a la
identidad cultural.
[5] “ARTICULO 8o. Es obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.”
[6] “ARTICULO 9o. Las relaciones exteriores del
Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la
autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del
derecho internacional aceptados por Colombia./ De igual manera, la política
exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del
Caribe.”
[7] “ARTICULO 10. El castellano es el idioma
oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también
oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades
con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.”
[8] “ARTICULO 63. Los bienes de uso público,
los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de
resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.”
[9] “ARTICULO 68. Los particulares podrán
fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su
creación y gestión. / La comunidad educativa participará en la dirección
de las instituciones de educación. / La enseñanza estará a cargo de personas de
reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente. / Los padres de familia tendrán
derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los
establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir
educación religiosa. / Las <sic> integrantes de los grupos étnicos
tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural./
La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones
físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones
especiales del Estado.”
[10] Sentencia SU-510 de 1998.
[11] Claudio Nash Rojas, “Reparación del Daño por Violación de los Derechos
Humanos”, Universidad Iberoamericana y Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, Ciudad de México, Julio 5 de 2005 en:www.publicacionescdh.uchile.cl/conferencia_charlas/nash/responsabilidad_Anuario.pdf
[12] Ibídem.
[13] Respecto de la noción de bloque de constitucionalidad consultar la
sentencia T-1319 de 2001.
[14] Ver, por ejemplo, Corte Constitucional. Sentencias C-010 de 2000;
T-306 de 2006; T-468 de 2006; T-435 de 2006.
[15] Así lo ha reconocido la Corte Constitucional en diferentes oportunidades. En la sentencia C-401 de 2005 la Sala Plena de la Corte Constitucional se pronunció al respecto de los Convenios de la OIT. En esa ocasión, estableció la Corte una distinción entre aquellos Convenios de la OIT que forman parte del denominado bloque de constitucionalidad y, en relación con este
asunto, se pronunció de la siguiente manera: “[e]s preciso distinguir entre
los convenios de la OIT, puesto que si bien todos los que han sido “debidamente
ratificados” por Colombia, “hacen parte de la legislación interna” -es decir,
son normas jurídicas principales y obligatorias para todos los habitantes del
territorio nacional, sin necesidad de que una ley posterior los desarrolle en
el derecho interno- no todos los convenios forman parte del bloque de
constitucionalidad, en razón a que algunos no reconocen ni regulan derechos
humanos, sino aspectos administrativos, estadísticos o de otra índole no
constitucional. Igualmente, es claro que algunos convenios deben necesariamente
formar parte del bloque de constitucionalidad, puesto que protegen derechos
humanos en el ámbito laboral. Adicionalmente, la Corte Constitucional puede, como ya lo ha hecho, de acuerdo con criterios objetivos, indicar
de manera específica qué otros convenios forman parte del bloque de
constitucionalidad en sentido lato, en razón a que son un referente para
interpretar los derechos de los trabajadores y darle plena efectividad al
principio fundamental de la protección del trabajador y al derecho al trabajo.
Cuando algún convenio prohíba la limitación de un derecho humano durante un
estado de excepción o desarrolle tal prohibición, corresponde a la Corte señalar específicamente su pertenencia al bloque de constitucionalidad en sentido estricto,
como también lo ha realizado en sentencias anteriores.” Ya en otras
oportunidades la Corte había indicado que el Convenio 169 forma parte del
bloque de constitucionalidad justamente por cuanto este Convenio reconoce y regula
derechos humanos. Al respecto consultar sentencia SU-039 de 1997. En la
sentencia C-169 de 2001 se pronunció la Sala Plena de la Corte Constitucional de la siguiente manera sobre los artículos 6º y 7º del Convenio 169 de 1989:
“De conformidad con el artículo 6, numeral 1, literal a) del Convenio 169 de
1.989 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por Colombia a través de la Ley 21 de 1.991, los Estados Partes tienen la obligación de consultar a los grupos étnicos
que habiten en sus territorios, ‘mediante procedimientos apropiados y en
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente’. Asimismo, el artículo 7 del Convenio reconoce a tales
colectividades ‘el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe
al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias,
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de
alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo
económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la
formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo
nacional y regional susceptibles de afectarles directamente’./ De esta manera,
existe, en principio, un compromiso internacional de gran amplitud, que obliga
al Estado colombiano a efectuar el aludido proceso de consulta previa cada vez
que se prevea una medida, legislativa o administrativa, que tenga la virtud de
afectar en forma directa a las etnias que habitan en su territorio. Al mismo
tiempo, el artículo 34 del mismo tratado estipula: "La naturaleza y el
alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio
deberán determinarse con flexibilidad, tomando en cuenta las condiciones
propias de cada país". Es decir, el instrumento otorga a los Estados
Partes un importante margen de discrecionalidad para determinar las condiciones
en que habrán de dar cumplimiento a los deberes internacionales que allí
constan; ello, por supuesto, en la medida en que las Partes hagan uso de dicha
flexibilidad sin dejar de cumplir con el objeto esencial de sus obligaciones
que, en este caso, consiste en asegurar la efectiva participación de los grupos
étnicos en las decisiones que les conciernan: de lo contrario, se estaría dando
al artículo 34 citado un alcance que riñe con las normas más elementales sobre
interpretación de tratados, como la que consta en el artículo 31-1 de la Convención de Viena de 1.969, según la cual ‘un tratado deberá interpretarse de buena fe
conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado
en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin’ (subraya
fuera del texto). / Dada la configuración constitucional del Estado colombiano,
los órganos indicados para determinar cuándo y cómo se habrá de cumplir con la
citada obligación internacional son, en principio, el Constituyente y el
Legislador, ya que son éstos, por excelencia, los canales de expresión de la
voluntad soberana del pueblo (art. 3, C.N.). En consecuencia, la Corte Constitucional, al momento de determinar cuándo resulta obligatorio efectuar la
consulta previa a los grupos étnicos, debe estar sujeta a los lineamientos
constitucionales y legales existentes, éstos últimos en la medida en que no
desvirtúen el objeto y finalidad del pluricitado Convenio, ni contraríen la
plena vigencia de los derechos fundamentales de tales etnias’.” Este
pronunciamiento de la Sala Plena fue reiterado en la sentencia C-418 de 2002 y
en la sentencia C-189 del mismo año.
[16]El texto completo del Convenio 169 de 1989 se puede consultar en: www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/limapubl/conv-169/convenio.shtml
[17] Ibídem.
[18] Política General, Tierras, Contratación y Condiciones de Empleo;
Formación Profesional, Artesanía e Industrias Rurales; Seguridad Social y
Salud; Educación y Medios de comunicación; Contactos y Comunicación a través de
Fronteras; Administración; Disposiciones Generales; Disposiciones Finales.
[19] “Artículo 2: 1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de
desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción
coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a
garantizar el respeto de su integridad./2. Esta acción deberá incluir medidas:
a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de
los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás
miembros de la población; b) que promuevan la plena efectividad de los derechos
sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad
social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que
ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias
socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás
miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus
aspiraciones y formas de vida.”
[20] “Artículo 6: 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio,
los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante
procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través de
los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos
en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en
la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les
conciernan; c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las
instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados
proporcionar los recursos necesarios para este fin. / 2. Las consultas llevadas
a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una
manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo
o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.”
[21] Consultar el texto completo de la Declaración en: Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Primer Período de Sesiones,
tema 4 del programa, A/HRC/1/L.3, 21 de junio de 2006 o http://daccessdds.un.org/doc
[22] Consultar, por ejemplo, Caso Comunidad
Indígena Yakye Axa. Sentencia 17 de junio
de 2005. Serie C No. 125.; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awaas Tingni v. Nicaragua. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
[23] Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de
2006.
[24]Aquí se refirió la Corte Interamericana al pronunciamiento realizado en el Caso Comunidad Indígena Yakye Axa,
párr. 63.
[25] Dijo la Corte en relación con esa cuestión:“Las tierras reclamadas por la Comunidad son parte de su hábitat tradicional
o territorio ancestral y su situación actual viola el derecho de la misma a
vivir en dichas tierras. La Comisión no desconoce que, como lo ha alegado el
Estado, el territorio del pueblo Enxet-Lengua comprende un territorio ancestral
mucho más amplio que el señalado por la Comunidad como su hábitat tradicional, el cual representa una ínfima porción de todo el territorio ancestral del
pueblo Enxet-Lengua; sin embargo, la zona reivindicada no es producto de un
capricho de los miembros de la Comunidad indígena y eso se desprende de los
testimonios presentados como prueba al Tribunal.”
[26] Consultar entre otras la sentencia T-380 de 1993.
[27]El abundante desarrollo doctrinal que ha realizado la Corte Constitucional por medio de su jurisprudencia, tanto en sede de revisión de tutelas,
como en sede de constitucionalidad, ha extendido  a las comunidades indígenas,
en tanto sujetos de derechos colectivos, la titularidad de una amplia gama de
derechos fundamentales. Dentro de estos derechos se encuentran, por ejemplo:
(i) el derecho a la integridad étnica y cultural. Al
respecto ver, entre otras, las  sentencias T-428 de 1992;T-528 de 1992; C-169
de 2001; C-620 de 2003; SU-383 de 2003; C-401 de 2005;
(ii) el derecho a la supervivencia cultural y el derecho a la preservación del
hábitat natural de los pueblos indígenas. Sobre este tema  ver
entre otras las sentencias T-405 de 1993; SU-039 de 1997; C-169 de 2001; T-1117
de 2002; C-620 de 2003; SU-383 de 2003; C-401 de 2005.; (iv) el derecho a la propiedad colectiva de
las comunidades indígenas[27]
Al respecto se puede consultar entre otras las sentencias T-188 de 1993; T-652
de 1998; Sentencia C-180 de 2005; (v) el derecho a la
propiedad colectiva sobre la tierra habitada por la comunidad indígena Al respecto se puede consultar entre otras las sentencias T-188 de
1993; T-652 de 1998; Sentencia C-180 de 2005; (vi) el
derecho de los pueblos indígenas a configurar sus propias instituciones
jurídicas Ver por ejemplo la sentencia T-1127 de 2001[27]; el derecho de los pueblos indígenas a administrar justicia en su
territorio y a regirse por sus propias normas y procedimientos Ver entre otras sentencias T-254 de 1994; T-349 de 1996; T-523 de
1997; T-1121 de 2001; T-782 de 2002; T-811 de 2004; (vii) el derecho de las comunidades
indígenas a determinarse por su cosmovisión religiosa y a hacerla valer ante
terceros. Se pueden consultar entre otras las sentencias
T-257 de 1993; T-324 de 1994;  SU-510 de 1998; (viii)
el derecho a participar en la toma de decisiones que puedan afectarlos Ver entre otras sentencias SU-039 de 1997; C-418 de 2001; C-891 de
2002; C-620 de 2003 y  SU-383 de 2003; el derecho a acudir a la justicia como
comunidad, ver sentencias T-380 de 1993; C-058 de 1994;
T-349 de 1996; T-496 de 1996; SU-039 de 1997; SU- 510 de 1998; T-652 de 1998.
[28] Hacia Sistemas Jurídicos Plurales. Reflexiones y experiencias
de coordinación entre derecho estatal y derecho indígena. Coordinadores Rudolf
Huber y otros. Konrad Adenauer Stifung.  Colombia 2008. Pág. 39
[29] T-009 de 2007
[30] Ibídem. Pág. 35
[31] Ibídem. Pág. 37.
[32] Ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991.
[33] La interpretación de este artículo debe hacerse a la luz del Artículo 24 de la Ley 388 de 1997, según el cual: “El alcalde
distrital o  municipal, a través de las oficinas de planeación o de la
dependencia que haga sus veces, será responsable de coordinar la formulación
oportuna del proyecto del plan de Ordenamiento Territorial, y de someterlo a
consideración del Consejo de Gobierno.”
[34] Esta idea de definición de territorio indígena se presenta en:
Hacia Sistemas Jurídicos Plurales… Ob. Cit. Pág 47
[35] Expedida por la Corporación Autónoma Regional de Caldas, “por la cual se regula la imposición de sanciones por infracciones de las normas sobre transporte y
comercialización de productos del bosque en el territorio de jurisdicción de
Corpocaldas”
[36] Resolución 070 de 2008. “Por
la cual se regula la imposición de sanciones por infracciones de las normas
sobre transporte y comercialización de productos del bosque en el territorio de
jurisdicción de Corpocaldas”
ARTICULO PRIMERO:
Transporte y Comercialización ilegal de productos del bosque: los productos
forestales primarios o de la flora silvestre que se transporten o comercialicen
en el territorio de jurisdicción de Corpocaldas, sin estar amparados por
salvoconducto, serán decomisados preventivamente, mediante resolución motivada.
En la misma providencia, se indicará que para el levantamiento del decomiso el
interesado deberá presentar el correspondiente salvoconducto o cancelar una
multa, cuyo monto será fijado según las siguientes reglas:
-
Salvoconducuto vencido, con
destino o procedencia diferente: Dos (2) salarios mínimos diarios por metro
cúbico en bruto.
-
Sin salvoconducto o con
salvoconducto adulterado: Ocho (8) salarios mínimos diarios por metro cúbico en
bruto.
-
Para especies no maderables, la
multa será el equivalente a un (1) salario mínimo legal diario por kilo o
unidad, aplicándose siempre el valor más alto.
La
suma así liquidada, se incrementará un 50% en caso de evasión de reten.
ARTÍCULO SEGUNDO: Levantamiento del Decomiso.- Si en plazo fijado
el interesado presenta el salvoconducto que ampara la movilización de los
productos o cancela la multa respectiva, se levantará el decomiso, por medio de
resolución motivada.
ARTÍCULO TERCERO: Decomiso Definitivo.- Transcurridos tres días,
sin que se haya presentado salvoconducto, ni cancelado la multa respectiva, se
iniciará el respectivo proceso sancionatorio y se formularán cargos contra el
presunto infractor.
Si el infractor no desvirtúa los cargos se dispondrá el
decomiso definitivo de los productos a través de resolución motivada sujeta al
recurso de reposición.
ARTICULO CUARTO:
movilización y comercio de especies vedadas. La comercialización y comercio de
especies vedadas sin contar con salvoconducto, además de la imposición de la
multa a que haya lugar según el artículo primero, ocasionará siempre su
decomiso definitivo, previo procedimiento establecido en el Decreto 1594 de
1984.
ARTICULO QUINTO: destino
de los productos decomisados definitivamente. – Una vez ejecutado el acto
administrativo que ordena el decomiso definitivo, el director general
determinará que los productos:
-
Se destinen a la ejecución de
obras por parte de la Corporación.
-
Se cedan mediante acta a una
entidad pública que lo requiera para el ejercicio de sus funciones.
-
Se entreguen en virtud de
convenio a una organización sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad para
impulsar programas o actividades de interés público, conforme a lo establecido
en el Decreto 777 de 1992.
[37] Mediante Resolución No.250 del 14 de abril de
2009
[38] Expedida por la Corporación Autónoma Regional de Caldas, “por la cual se regula la imposición de sanciones por infracciones de las normas sobre transporte y
comercialización de productos del bosque en el territorio de jurisdicción de
Corpocaldas”
[39] Expedida por la Corporación Autónoma Regional de Caldas, “por la cual se regula la imposición de sanciones por infracciones de las normas sobre transporte y
comercialización de productos del bosque en el territorio de jurisdicción de
Corpocaldas”
[40] Referidos específicamente a que cuando se pague la multa en el plazo
estipulado se devuelven las especies decomisadas (artículo segundo), y a que
cuando no se pague la multa y no se desvirtúan los cargos por vulneración de
las normas de transporte (por no contar con salvoconducto) se decomisan las
especies definitivamente (artículo tercero) por parte de la autoridad nacional.
[41] Por la cual se regula la imposición de sanciones por infracción de las
normas sobre transporte y comercialización de productos del bosque en el
territorio de la Corporación,
[42] Por la cual se regula la imposición de sanciones por infracción de las
normas sobre transporte y comercialización de productos del bosque en el
territorio de la Corporación,
[43] “Por la cual se regula la imposición de sanciones por infracción de
las normas sobre transporte y comercialización de productos del bosque en el
territorio de la Corporación”.