C-464-08
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-464/08
CONVENIO DE COOPERACION EN CIENCIA Y
TECNOLOGIA CON LA INDIA
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Características
El examen de constitucionalidad de los tratados
internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos, se caracteriza por
ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación
del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser
enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte
Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental;
(iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos
formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo
el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición
sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple
una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la
Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado
colombiano.
TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Control por vicios de procedimiento
El control por vicios de procedimiento que la Corte
ejerce sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, se
dirige tanto a examinar la validez de la representación del Estado colombiano
en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia
de los funcionarios en la negociación y firma del tratado, como el cumplimiento
de las reglas de aprobación legislativa en la formación de la ley aprobatoria
en el Congreso.
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Legislador no puede alterar el contenido
introduciendo nuevas cláusulas/TRATADO INTERNACIONAL-Declaraciones interpretativas
y reservas
Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias
de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de éstos
introduciendo nuevas cláusulas ya que su función consiste en aprobar o improbar
la totalidad del tratado. Si el tratado es multilateral, es posible hacer
declaraciones interpretativas, y, a menos que estén expresamente prohibidas,
también se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del
tratado.
TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Control material
El examen de fondo consiste en juzgar las
disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y el de su ley
aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones del Ordenamiento
Superior, para determinar si las primeras se ajustan o no a la Constitución
Política.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Negociación y celebración
El deber de revisar los tratados internacionales,
así como las leyes que los aprueben, incluye el examen de las facultades del
Ejecutivo respecto de la negociación y firma del instrumento internacional
respectivo.
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Exigencia
de iniciar trámite en el Senado de la República/TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-No sujeto a procedimiento especial
Salvo la
exigencia de iniciar el trámite de los proyectos de leyes aprobatorias de
tratados internacionales en el Senado de la República, la Constitución Política
no señala un procedimiento especial para la expedición de este tipo de leyes,
por lo cual a éstas les corresponde el proceso de formación previsto para las
leyes ordinarias, regulado por los artículos 157,158, 160 y 165 de la Carta,
entre otros.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Cumplimiento de requisitos y trámite legislativo
CONVENIOS COMPLEMENTARIOS DE TRATADO
INTERNACIONAL-Trámite que
deben surtir en caso de que establezcan nuevos compromisos para las Partes
En relación con los convenios complementarios
necesarios para ejecutar los proyectos a que se hace alusión en el artículo
quinto del Convenio, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en caso
de que dichos convenios establezcan nuevos compromisos para las Partes, deberán
surtir el trámite previsto en la Carta Política para todo tratado público, es
decir, deben ser aprobado por parte del Congreso de la República y revisados
por la Corte Constitucional, de conformidad con los artículos 150, numeral 16 y
241, numeral 10 de la Constitución.
CONVENIO DE COOPERACION EN CIENCIA Y
TECNOLOGIA CON LA INDIA-Objetivos
El Convenio tiene como objetivo
fortalecer las relaciones entre los países firmantes y fomentar programas y
proyectos de cooperación técnica y científica, así como contribuir al
desarrollo económico y social de las Partes. Igualmente, contribuye a la consecución de las finalidades consagradas en la
Carta relacionadas con la internacionalización de las relaciones políticas,
económicas y sociales, a la vez que propicia y estimula las relaciones
bilaterales de nuestro país con la República de India, la protección de la
propiedad intelectual, la promoción de la investigación y la transferencia de
tecnología y la promoción de la investigación
científica y técnica.
Referencia: expediente LAT-313
Revisión
Constitucional del “Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y
el gobierno de la República de India sobre cooperación en ciencia y tecnología,”
suscrito en Bogotá el once (11) de junio de 2005 y la Ley 1155 de 2007
aprobatoria de dicho convenio.
Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos
mil ocho (2008)
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el
proceso de revisión constitucional de la Ley 1155 de 2007, por medio de la cual
se aprueba el “Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el
gobierno de la República de India sobre cooperación en ciencia y tecnología,”
suscrito en Bogotá el once (11) de junio de 2005.
I.
ANTECEDENTES
Con base en lo dispuesto en el artículo 241-10 de la
Carta Política, mediante oficio radicado en la Secretaría General de esta corporación
el 25 de septiembre de 2007,[1] dentro del
término Constitucional, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la
República remitió copia autenticada de la Ley 1155 de 2007, para efectos de su
revisión constitucional.
El Magistrado Sustanciador, mediante auto
del dieciocho (18) de octubre de 2007,[2] avocó el conocimiento
del proceso y dispuso la práctica de pruebas. Recibidas éstas, mediante auto del
veintitrés (23) de noviembre de 2007[3] ordenó continuar el trámite
del mismo y, en consecuencia, fijar en lista el proceso por el término de 10
días con el fin de permitir la intervención ciudadana, así como dar traslado al
señor Procurador General de la Nación para el concepto correspondiente y
comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al
Presidente del Congreso de la República, al Ministro de Relaciones Exteriores y
al Ministro de la Protección Social.
Cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios de esta clase de procesos, la Corte Constitucional procede a decidir
acerca del asunto de la referencia.
Presentado a consideración de la Sala el proyecto de
sentencia por el magistrado Jaime Araujo Rentería, quien había sido sorteado
como ponente, luego de la discusión correspondiente, en virtud de las
decisiones que fueron adoptadas en la sesión de 14 de mayo de 2008, se designó
como nuevo ponente de la sentencia en este proceso al magistrado Manuel José
Cepeda Espinosa.
II.
NORMA
OBJETO DE REVISION
A continuación se transcribe el texto de la ley
enviada para revisión, conforme a su publicación en el Diario Oficial No.46757,
de veinte (20) de septiembre de 2007:
LEY 1155 DE 2007
(septiembre 20)
por medio de la cual se aprueba el “Convenio
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
India sobre Cooperación en Ciencia y Tecnología”, suscrito en Bogotá, el 11 de junio de 2005.
El Congreso de la República
Visto el texto “Convenio entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República de India sobre Cooperación en Ciencia y
Tecnología”, suscrito en Bogotá, el 11 de junio de 2005.
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del
instrumento internacional mencionado).
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE INDIA SOBRE COOPERACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE INDIA, denominados en adelante las Partes;
Deseando fortalecer
los lazos establecidos entre ambas naciones y desarrollar la Cooperación
Científica y Tecnológica conjunta, así como promover el desarrollo social y
económico,
Reconociendo la
importancia de la Cooperación Científica y Tecnológica para ambas Partes y
convencidos del mutuo beneficio de la misma para el desarrollo social y
económico,
Deseosos de
estimular tal Cooperación Técnica, especialmente en el campo de la Ciencia y
Tecnología,
Reconociendo la
necesidad de fomentar y modernizar la infraestructura Técnica y Científica en
ambas naciones, y
Considerando que la
Cooperación Científica y Tecnológica fortalecerá aun más las relaciones
amistosas que existen entre Colombia e India.
HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:
Artículo 1º. Objetivo.
1. Las Partes fomentarán el desarrollo de la Cooperación Técnica y
Científica entre los dos países en los campos de la Ciencia y la Tecnología
sobre una base de igualdad y beneficio mutuo y de común acuerdo definirán las
áreas para las cuales se desea la cooperación teniendo en cuenta los logros y
la experiencia de científicos y especialistas en estas áreas.
2. Las Partes tomarán las medidas necesarias para emprender la
Cooperación Científica y Tecnológica entre los dos países de acuerdo con el
presente Convenio y de conformidad con la legislación pertinente y las normas
vigentes en ambos países.
Artículo 2º. Entidades responsables.
Las siguientes son las entidades responsables por el cumplimiento de
los compromisos bajo el presente Convenio:
La Parte colombiana designa al Ministerio de Relaciones Exteriores y
a la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI.
La Parte India designa al Departamento de Ciencia y Tecnología del
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Artículo 3º. Modalidades de la cooperación.
La Cooperación Científica y Tecnológica se hará bajo las siguientes
modalidades:
- Intercambio de expertos, científicos e investigadores para la
realización de estudios y proyectos conjuntos de interés común.
- Intercambio de información y documentación científica y técnica.
- Organización de conferencias, seminarios, misiones exploratorias y
otros mecanismos conjuntos de intercambio académico y científico de interés
para ambas Partes.
- Identificación conjunta de estudios y problemas científicos y
técnicos, formulación y ejecución de proyectos de investigación.
- Otorgamiento de becas para investigación a corto plazo o
entrenamiento profesional en temas identificados.
- Intercambio de tecnología para el desarrollo de proyectos y
programas de cooperación conjunta.
- Fortalecimiento de la cooperación entre las instituciones
científicas, técnicas y académicas y el sector de producción de ambos países.
- Otras formas de Cooperación Científica y Tecnológica que se
acuerdan entre las Partes.
Artículo 4º. Implementación del Convenio.
Este Convenio será implementado mediante la ejecución de programas
que periódicamente se suscriban al menos una vez cada dos años. Estos Programas
de Cooperación (PDC) deberán indicar la extensión, los sectores y las formas de
cooperación, incluidos los términos y condiciones financieras.
Para la implementación de este Convenio se creará un Comité Conjunto
sobre Cooperación Científica y Tecnológica, cuya conformación será determinada
por las entidades responsables.
La función del Comité Conjunto será la siguiente:
a) Identificar los campos de cooperación;
b) Crear condiciones favorables para la implementación del Convenio;
c) Facilitar y apoyar la implementación de programas y proyectos
conjuntos, y
d) Intercambiar la experiencia que resulte de la cooperación
científica y tecnológica bilateral y examinar propuestas para su futuro
desarrollo.
Si fuere necesario el Comité Conjunto establecerá grupos de expertos
permanentes o ad hoc para áreas individuales de cooperación científica y
tecnológica y contratará expertos que apoyen su trabajo.
El Comité Conjunto celebrará reuniones cada dos años en forma
alternada en la República de Colombia y en la República de India.
El Comité Conjunto adoptará sus propias normas de procedimiento.
Artículo 5º. Instrumentos para emprender la cooperación.
Con el objeto de facilitar el cumplimiento de los objetivos de
Cooperación Científica y Tecnológica conforme a los términos y condiciones del
presente Convenio, las Partes podrán celebrar convenios complementarios sin
detrimento de las disposiciones del presente Convenio. Se asignarán
específicamente las entidades ejecutoras de cada proyecto bajo convenios
complementarios.
Artículo 6º. Equipo para investigación.
La entrega de equipo y soporte de infraestructura requeridos para la
investigación conjunta y para los estudios de plantas piloto que se creen en
desarrollo de este Convenio se hará en la forma que las Partes acuerden en cada
caso individual. La entrega de equipo y aparatos de un país a otro, que se
produzcan en el curso de la implementación de este Convenio se hará de acuerdo
con los términos y condiciones que se acuerden entre las Partes.
Artículo 7º. Promoción e intercambio de información.
Las Partes deberán tomar las medidas necesarias para:
- Que la experiencia y conocimientos técnicos adquiridos como
resultado de la cooperación bilateral que se refiere en el presente Convenio,
puedan contribuir al desarrollo económico y social de ambas naciones.
- Garantizar el correcto y efectivo cuidado de los derechos de
propiedad intelectual que resulten de, o que se apliquen durante el
cumplimiento de las actividades de cooperación que se establezcan mediante este
Convenio, de conformidad con las leyes nacionales y los tratados
internacionales aplicables, de los que las Partes sean miembros.
- Observar la debida confidencialidad o la naturaleza confidencial
de los documentos e información y de cualquier otra información o producto que
se reciba, use o genere de acuerdo con el presente Convenio.
- Observar las leyes y demás disposiciones vigentes en ambos países,
así como los compromisos internacionales relevantes y derechos y obligaciones
acordados con respecto a terceros, referentes al intercambio de información
científica y tecnológica obtenida como resultado de los proyectos de
investigación conjunta.
- Señalar las restricciones de divulgación cuando se considere
pertinente.
Artículo 8º. Responsabilidades.
Los gastos de viaje de los expertos, técnicos y científicos entre
ambos países serán asumidos por el país que los envíe, y los gastos de
alojamiento y manutención y otros gastos menores, tales como viajes locales,
traslados internos y asistencia médica serán asumidos por la parte receptora,
de conformidad con los términos y condiciones acordados mutuamente entre las
Partes, previo cumplimiento de los requisitos internos.
Artículo 9º. Privilegios e inmunidades.
El personal que participe oficialmente en los proyectos de
Cooperación Científica y Tecnológica estará sujeto a las condiciones de este
Convenio y no podrá desarrollar ninguna otra actividad que la inherente a sus
deberes, ni recibirá pago diferente del estipulado, sin previa autorización de
ambas Partes.
Las Partes de acuerdo con la correspondiente legislación y bajo una
base de reciprocidad, de conformidad con lo establecido en la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, facilitarán las instalaciones y
los privilegios que requieran los expertos internacionales de la cooperación
Científica y Tecnológica que no sean ciudadanos del país receptor y quienes
trabajan en el desarrollo de los programas y proyectos contenidos en el
presente Convenio.
Los expertos y otras personas que visiten el país de la otra Parte,
estarán sujetos, durante su permanencia en ese país, a las leyes y
reglamentaciones vigentes en dicho país y tendrán a su disposición toda la
ayuda y facilidades para el cumplimiento de las tareas que se les haya
encomendado, de conformidad con las disposiciones de este Convenio.
Artículo 10. Arreglo de controversias.
Cualquier diferencia o controversia relacionada con la
interpretación o implementación de este Convenio será resuelta mediante
consultas entre las partes a través de los canales diplomáticos.
Artículo 11. Modificaciones.
El presente Convenio podrá ser modificado o prorrogado mediante
consentimiento escrito de las Partes, y dichas modificaciones o prórrogas
aprobadas, entrarán en vigor una vez se cumplan los procedimientos previstos
con el fin de que el Convenio entre en vigor, es decir, el cumplimiento con los
requisitos constitucionales y legales internos.
Artículo 12. Validez y terminación.
El presente Convenio entrará en vigor, en la fecha de intercambio de
los instrumentos de ratificación, una vez ambas Partes cumplan con los
requisitos constitucionales y legales.
Este Convenio tendrá una validez de cinco años y será renovado en
forma automática por períodos iguales, salvo que una de las Partes avise a la
otra, mediante canales diplomáticos, su deseo de no prorrogarlo, al menos con 6
meses de antelación a la fecha en que se cumpla el período fijado.
La terminación del presente Convenio no afectará la implementación
de los programas, proyectos o actividades que ya se hayan acordado, los cuales
continuarán hasta su terminación, salvo que las Partes acuerden lo contrario.
En testimonio de lo cual, los siguientes representantes debidamente autorizados por sus
respectivos Gobiernos firman el presente Convenio.
Suscrito en
Bogotá, Colombia a los once días del mes de junio de 2005 en tres originales
cada uno escrito en hindi, español e inglés siendo todos los textos igualmente
auténticos. En caso de divergencia en cuanto a su interpretación prevalecerá el
texto en inglés.
Por el Gobierno de Colombia,
Carolina Barco,
Ministra de Relaciones Exteriores.
Por el Gobierno de India,
Kapil Sibal,
Ministro de Estado de Ciencia y Tecnología y Desarrollo Marítimo.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 5 de mayo de 2006
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la
República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Carolina Barco Isakson
DECRETA:
Artículo 1º. Apruébase el “Convenio entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República de India sobre Cooperación
en Ciencia y Tecnología”, suscrito en Bogotá, el 11 de junio de 2005.
Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la
Ley 7ª de 1944, el “Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República de India sobre Cooperación en Ciencia y Tecnología”,
suscrito en Bogotá, el 11 de junio de 2005, que por el artículo primero de esta
Ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el
vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3º. La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación.
La Presidenta del honorable Senado de la República,
Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Oscar Arboleda Palacio.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al
artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de septiembre de 2007.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ.
El Ministro de Relaciones Exteriores,
Fernando Araujo Perdomo.
III.
INTERVENCIONES
1.
Ministerio de Relaciones Exteriores
Por medio de escrito presentado el 7 de diciembre de
2007, la ciudadana Myriam Yaneth Suárez Callejas, actuando en nombre y
representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita a la Corte que
declare la constitucionalidad de la ley aprobatoria del referido convenio, por
las siguientes razones:
En primer lugar, la apoderada del
Ministerio de Relaciones Exteriores argumenta que en Colombia existe un marco
tanto constitucional como legal que busca promover la cooperación en ciencia y
tecnología, razón por la cual para el Ministerio la cooperación entre Estados
se instituye como un instrumento idóneo para promover el progreso de las
esferas de la ciencia y la tecnología.
En cuanto al marco constitucional, recuerda
el Ministerio que la Constitución Política en su artículo 9° prevé que las
relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los
principios de derecho Internacional aceptados por Gobierno Nacional, entre
otros.
En relación con el marco legal orientado a
promover y fortalecer la cooperación internacional en ciencia y tecnología, menciona
la delegada del Ministerio que la Ley 318 del 20 de septiembre de 1996,
modificada por el Decreto 1540 de 2003, creó la Agencia Colombiana de
Cooperación Internacional, cuya finalidad es el aprovechamiento del potencial
de los recursos de cooperación y la optimización de los mismos según las
políticas nacionales. Dentro de este marco, considera el Ministerio que el
Sistema Nacional de Cooperación Internacional se ha fortalecido
significativamente en los últimos años en  asistencia técnica, capacitación,
evaluación, asesoría, negociación y administración de recursos de proyectos de
cooperación internacional.
En este orden de ideas, recuerda también el
Ministerio que mediante la Resolución 2625 (XXV), de 24 de octubre de 1970, de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los principios de Derecho
Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre
los Estados se estableció la obligación de los estados de cooperar entre sí
bajo los principios de igualdad soberna y la no intervención.
Igualmente, el Ministerio menciona que el artículo
10 de la Ley 29 de 1990, consagra que "(c)orresponde al Estado promover
y orientar el adelanto científico y tecnológico y, por lo mismo, está obligado
a incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y programas de desarrollo
económico y social del país y a formular planes de ciencia y tecnología tanto
para el mediano como para el largo plazo. Así mismo deberá establecer los
mecanismos de relación entre sus actividades de desarrollo científico y tecnológico
y las que, en los mismos campos, adelanten o la universidad, la comunidad
científica y el sector privado colombianos".
De otra parte, anota que el artículo 1º del
Decreto Extraordinario 0393 de 1991, faculta a la Nación para adelantar
actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación
de tecnologías, mediante la asociación con los particulares, a través de la
celebración de Convenios Especiales de Cooperación, y el Artículo 17 del Decreto
591 de 1991, autoriza a la Nación para celebrar con los particulares y con
otras entidades públicas de cualquier orden convenios especiales de
cooperación, en virtud de los cuales, las personas que los celebran, aportan
recursos en dinero, en especie o de industria, para facilitar, fomentar o
desarrollar actividades científicas y tecnológicas.
Teniendo en cuenta este marco
constitucional y legal, el Ministerio de Relaciones Exteriores encuentra que el
Convenio bajo estudio se enmarca dentro de los principios y normas enunciados
en cuanto tiene “por objeto desarrollar las relaciones técnicas y
científicas entre las dos naciones, con fundamento en los principios de
igualdad y beneficio mutuo, fortaleciendo los lazos, en materia de Cooperación
en Ciencia y Tecnología así como la necesidad de mantener las relaciones
bilaterales en el marco de cooperación.” En este mismo sentido, encuentra también
que el Convenio en mención propicia que la comunidad colombiana “participe
en proyectos internacionales de investigación, articulados con los grandes
científicos e investigadores colombianos radicados en el exterior y gestionar
las relaciones internacionales a través de la negociación de nuevos esquemas de
cooperación en ciencia y tecnología.”
En segundo lugar, pasa el Ministerio a
analizar el trámite legislativo del convenio y del proyecto de ley aprobatoria
del mismo.
Sobre este aspecto, señala el Ministerio de
Relaciones Exteriores que el Convenio bajo examen fue firmado por la Ministra
de Relaciones Exteriores Carolina Barco, quien de acuerdo con el artículo 7 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados aprobada por Ley 32 de 1985,
no requiere de Plenos Poderes.
Así mismo, observa que el 05 de mayo de
2006, el Presidente de la República aprobó y ordenó someter a la aprobación del
Congreso de la República dicho Convenio de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 189, numeral 2 de la Constitución Política Nacional.
Menciona el Ministerio, que de conformidad
con la jurisprudencia de la Corte Constitucional “La confirmación
Presidencial, conforme al derecho de los Tratados codificado en la Convención
de Viena, subsana cualquier eventual vicio de representación del Estado. Este
principio es totalmente aplicable en el derecho constitucional colombiano,
puesto que corresponde al Presidente de la República, como Jefe de Estado,
dirigir las relaciones internacionales y celebrar con otros Estados y entidades
de derecho internacional tratados o convenios" (Sentencia C-251/1997).
Sostiene el Ministerio que una vez impartida
la Aprobación Ejecutiva, del 5 de mayo de 2006, el Gobierno Nacional, por
intermedio de la Ministra de Relaciones Exteriores, de conformidad con el
artículo 189.2 de la Constitución Política, presentó ante la Secretaría General
del Senado de la República, el proyecto de Ley por medio del cual se aprueba el
Convenio, proyecto que fue radicado bajo el número 53/06.
Afirma igualmente el Ministerio que surtidos
los trámites correspondientes, el Congreso de la República aprobó el Convenio
sobre cooperación en ciencia y tecnología entre el gobierno de Colombia y la
India, suscrito en Bogotá el 11 de junio de 2005, mediante Ley 1155 de 2007, la
cual fue sancionada por el Presidente de la República el 20 de septiembre de
2007 y publicada en el Diario Oficial No.46.757 el 20 de septiembre de 2007,
remitida a la Corte Constitucional dentro del término previsto por el
ordenamiento jurídico superior.
Respecto de la estructura del convenio,
presenta el Ministerio una descripción del contenido de este Convenio de
Cooperación en Ciencia y Tecnología, el cual consta de un Preámbulo o parte
introductoria y doce (12) artículos.
Finalmente concluye el Ministerio sintetizando
las razones que a su parecer justifican la constitucionalidad de la ley
aprobatoria del tratado, por cuanto en su criterio el “Convenio objeto de
control de constitucionalidad se ajusta plenamente a la Carta Política, toda
vez que desarrolla varios principios y disposiciones consagrados en su texto.”
En este sentido, encuentra el Ministerio
que la celebración y adopción de este Convenio por parte de Colombia, “es
desarrollo de los principios constitucionales consagrados en los artículos 226
y 227 de la C.P. de promoción de la internacionalización de las relaciones
políticas, económicas y sociales sobre bases de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional y de integración económica, social y política con las
demás naciones.”
Así mismo, considera el Ministerio que el
Convenio bajo estudio se ajusta a los dispuesto por el artículo 9 de la C.N., “el
cual consagra que las relaciones internacionales del Estado se fundamentan en
la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en
el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por
Colombia.”
De igual manera, en opinión del Ministerio
la celebración de este Convenio por parte del gobierno colombiano contribuye a la
política exterior de Colombia, la cual se orientará hacia la integración en temas
como el de ciencia, tecnología e innovación en el campo internacional. Así
mismo, considera que este Convenio promueve “la participación de los
científicos colombianos en el exterior para la inserción de las actividades de
la comunidad científica nacional en los escenarios internacionales.”
Igualmente, en criterio del Ministerio mediante
la celebración de este Convenio el Estado colombiano “realiza esfuerzos para
contribuir a la ampliación de una educación integral y asequible a todos los
miembros de la sociedad, propósitos todos ellos propios de un Estado Social de
Derecho”.
Con base en las consideraciones expuestas,
el Ministerio concluye que el Convenio cuya constitucionalidad se revisa por
esta Corte es constitucional, por cuanto el mismo cumple con lo dispuesto por la
Carta Política tanto respecto de los aspectos procesales como substanciales,
razón por la cual solicita la declaratoria de CONSTITUCIONALlDAD del "CONVENIO
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE LA
INDIA SOBRE COOPERACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGíA", suscrito en Bogotá
el 11 de junio de 2005.
2.
Universidad Popular del Cesar
El Decano de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Popular del Cesar, Dr. Alex Movilla
Andrade, presentó concepto respecto de la constitucionalidad del Convenio de la
referencia y la ley 1155 del 2007 aprobatoria del mismo, mediante escrito
allegado a esta Corporación el 11 de diciembre del 2007, en los siguientes
términos:
Considera la Universidad que el Convenio
bajo examen por esta Corporación se encuentra ajustado a los parámetros de la
Carta Política de 1991. En este sentido, afirma que el instrumento en mención respeta
los parámetros que regulan las relaciones internacionales del Estado Colombiano
como lo manda el artículo 9 Superior.
Así mismo, en criterio de la Universidad
este Convenio se encuentra en consonancia con lo preceptuado por el artículo
226 de la Constitución Nacional que señala que "El Estado promoverá la
internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y
ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional",
señalando que del objetivo del convenio se infiere que éste ha sido celebrado
con plena observancia de los mandatos constitucionales que enuncia el artículo Superior
anotado.
En opinión de la Universidad, con la
celebración de este convenio, el Estado colombiano no hace nada distinto a
promover la integración social, académica, científica, tecnológica y política
con el Estado de la india, a través de su gobierno.
No obstante, en relación con el artículo V sobre
"Instrumentos para emprender la cooperación”, aparte que prevé que
las partes con el objeto de facilitar el cumplimiento de los objetivos de la
cooperación científica y tecnológica puedan celebrar convenios complementarios,
afirma la universidad que “se trata de los famosos Acuerdos en Forma
Simplificada”, razón por la cual, la Universidad solicita a esta Corte que
condicione la exequibilidad de esta disposición “a que los referidos
acuerdos solo se podrán celebrar dentro del marco del convenio y que por causa
de éstos el Estado Colombiano no podrá asumir obligaciones distintas a las ya
previstas en el instrumento que se analiza”.
3.
Intervenciones Extemporáneas
Las
intervenciones  de José Joaquín Castro Rojas, actuando en su condición de
director del consultorio jurídico de la Universidad Santo Tomás y de Gaspar
Hernández Caamaño, en su calidad de Decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universidad del Atlántico, no serán tenidas en cuenta dentro de
este proceso de constitucionalidad por cuanto fueron presentadas de manera
extemporánea, como se evidencia en informes de la Secretaría General de esta
Corporación de fechas 18 de diciembre del 2007 y 22 de enero de 2008 (Fls. 56 y
72 Cuaderno Ppal).
IV.
CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya
Villazón, rindió concepto en el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 242, numeral 2, y 278, numeral 5, de la Constitución
Política, concordantes con el artículo 70 del Decreto 2067 de 1991, mediante escrito
No. 4461 recibido en esta Corporación el 25 de enero del 2008,  en el cual solicita
a esta Corte declarar exequibles el “Convenio entre el gobierno de la
República de Colombia y el gobierno de la República de India sobre cooperación
en ciencia y tecnología”, suscrito el 11 de junio de 2005 y su ley
aprobatoria, la Ley 1155 del 20 de septiembre de 2007, con base en los
siguientes planteamientos:
1. Respecto de la suscripción del Convenio,
menciona la Vista Fiscal que éste, de conformidad con el artículo 7 numeral 2
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aprobada por la Ley
32 de 1985, fue firmado en nombre y representación del Gobierno Colombiano, por
la doctora Carolina Barco Isakson Ministra de Relaciones Exteriores, quien dada
la naturaleza que ejerce como Ministra de Relaciones Exteriores, representó al
Estado sin que requiriera plenos poderes.
2. En relación con el análisis formal, el
señor Procurador presenta el siguiente análisis:
2.1. Respecto de la adopción del Convenio, observa
el Ministerio Público que el Convenio fue adoptado en Bogotá, el 11 de junio de
2005 y que posteriormente, con la Aprobación Ejecutiva del 5 de mayo de 2006,
el Presidente de la República dispuso someter el citado Acuerdo a la
consideración del Congreso de la República, para los efectos constitucionales,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 16, de la
Constitución Política.
2.2. En lo que toca al trámite del proyecto
de ley en el Congreso de la República, menciona el señor Procurador que de
acuerdo con la Constitución Política a los tratados internacionales les
corresponde el mismo trámite que a las leyes ordinarias (C.P., artículos 157,
158, 160 Y 165), al no haber señalado la Carta Política un trámite especial
para las leyes aprobatorias de los tratados internacionales y su incorporación
a la legislación interna. Advierte sin embargo, que de acuerdo con la
Constitución la iniciación del procedimiento legislativo para tratados
internacionales debe efectuarse en el Senado de la República, en virtud de lo
previsto en artículo 154 Superior, por cuanto la ley que aprueba un instrumento
público se inscribe en la órbita de las relaciones internacionales.
Afirma el Ministerio Público, que en el
expediente legislativo se constata que el proyecto de ley fue radicado bajo los
números 053 de 2006 Senado y 212 de 2007 Cámara, pasando a analizar el
trámite surtido en cada una de las Cámaras legislativas:
2.2.1. Trámite en el Senado
En relación con el trámite en el Senado de la
República observa la Vista Fiscal, en primer lugar, que el proyecto de ley fue
radicado en el Senado de la República por el Gobierno Nacional, el 11 de
agosto de 2006, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores, doctora
Carolina Barco Isakson.
Menciona el Ministerio Público que el texto
original con la respectiva exposición de motivos radicados en el Senado,
aparecen publicados en la Gaceta del Congreso No. 284 del 11 de agosto de
2006, cumpliéndose así, con los requisitos referentes a la iniciación de
esta clase de asuntos en el Senado de la República (artículo 154
constitucional), y a la publicación del proyecto de ley antes de darle curso en
la comisión respectiva (numeral 1 del artículo 157 de la Carta).
Señala el Procurador que la ponencia para
primer debate en la Comisión Segunda del Senado, en sentido favorable, fue
presentada por la senadora Martha Lucía Ramírez de Rincón y aparece publicada
en la Gaceta del Congreso No. 359 del 11 de septiembre de 2006.
Anota la Vista Fiscal que el proyecto de
ley 053 de 2006 Senado fue anunciado para primer debate el 12 de septiembre
de 2006 tal como consta en el Acta 06 de esa fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso 481 del 24 de octubre de 2006 en la que se lee:
"Proyectos de ley para anunciar que serán discutidos y votados en la
sesión de la Comisión Segunda del Senado del día miércoles 13 de septiembre de
2006: Proyecto de ley 53 de 2006 Senado (...)".
Observa el Ministerio Público que efectivamente,
el proyecto fue discutido y aprobado en la sesión que se celebró el 13 de
septiembre de 2006, en la que según se observa en el Acta No. 07 de
esa fecha, previo a la discusión y aprobación del proyecto de ley en estudio,
se indicó: "Discusión en Primer Debate de los siguientes
proyectos de ley, Anunciados en la sesión del martes 12 de septiembre
de 2006: (...) Proyecto de ley número 53 de 2006 Senado, (..
.J". Señala la Vista Fiscal que lo anterior puede verificarse en la
Gaceta del Congreso No. 511 de 3 de Noviembre de 2006, y que en
certificación expedida por la Comisión Segunda se establece que el Proyecto de
Ley No. 053 de 2006 Senado, fue aprobado con un quórum deliberatorio y
decisorio integrado por once (11) de los trece (13) senadores que conforman
dicha comisión.
Menciona también la Vista Fiscal que la
ponencia favorable para segundo debate en el Senado de la República fue
presentada por la senadora Martha Lucia Ramírez de Rincón y aparece publicada
en la Gaceta del Congreso No. 476 de 23 de octubre de 2006.
Afirma el Ministerio Público que el
Proyecto de Ley fue inicialmente anunciado en la sesión del 6 de diciembre
de 2006, en los siguientes términos: "Por instrucciones de la
Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número 001 de
2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y
aprobarán en la próxima semana: (...) Proyecto de ley número 53
de 2006 Senado (...)". Describe la Vista Fiscal que al final de
dicha Acta se afirma: "Siendo las 8:35 p. m, la Presidencia
levanta la sesión y convoca para el día 11 de diciembre de 2006, a las
10:00 a. m". Constata el señor Procurador que así lo
establece el Acta No. 35 de esa fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 57 de 10 de marzo de 2007.
Menciona la Vista Fiscal que efectivamente el
proyecto fue debatido y aprobado el martes 11 de diciembre de 2006, según
consta en Acta N° 36, publicada en la Gaceta del Congreso No 58 de 1° de marzo
de 2007. Así mismo, que según certificación expedida por el subsecretario
general del Senado el primer día de noviembre de 2007, el proyecto se aprobó
con un quórum de 97 senadores de los 102 que conforman la plenaria del Senado.
De lo anterior, concluye el Ministerio
Público que “revisado el trámite legislativo surtido en la Plenaria del
Senado, resulta claro que en esta oportunidad se dio cumplimiento a la
exigencia constitucional prevista en el Acto Legislativo 01 de 2003, artículo
8. Así las cosas, la aprobación del proyecto en plenaria del Senado, se realizó
de conformidad con el mandato constitucional tantas veces aludido, pues no se
presentó un rompimiento en la cadena de anuncios”.
2.2.2 Trámite en la Cámara de
Representantes.
Respecto del trámite surtido en la Cámara
de Representantes observa la Vista Fiscal que la ponencia para primer debate
fue presentada en sentido favorable por el Representante Luis Felipe Barrios Barrios
y aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 188 de 17 de mayo de 2007.
Así mismo, observa el Ministerio Público
que el proyecto de ley fue anunciado para primer debate en la sesión del 22 de
mayo de 2007, tal como consta en el Acta No. 33, de esa fecha publicada en la
Gaceta del Congreso 537 de 23 de octubre de 2007, en la que se lee: "Anuncio
de proyectos de ley para dar cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo
No. 1 del 2003. Proyectos que serán discutidos y aprobados en la próxima Sesión
de Comisión: (...) Proyecto de ley número 53 de 2006 Senado, 212 de 2007
Cámara, (...)". Menciona el Ministerio Público que al finalizar se lee
en dicha Acta: "Agotado el Orden del Día, quedan invitados para el día 29
a las diez de la mañana".
Constata el señor Procurador, que en efecto
“el Proyecto de ley fue aprobado a los ocho días, martes 29 de mayo de
2007, tal como consta en el Acta No. 34 de esa fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso 537 de 23 de octubre de 2007. Según certificación
suscrita por la Secretaría General de la Comisión Segunda Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes, con la asistencia de dieciséis (16)
Representantes, se dio primer debate y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria
el proyecto de ley N° 53/06 Senado y 212/076 Cámara”.
Respecto del segundo debate en la Cámara de
Representantes menciona el Ministerio Público que la ponencia para segundo
debate fue presentada por el Representante Luis Felipe Barrios Barrios y
aparece publicada en la Gaceta del Congreso No 285 del 14 de junio de
2007.
Constata la Vista Fiscal que de conformidad
con la certificación suscrita por el Secretario General de la Cámara de
Representantes, el proyecto de ley fue anunciado por el Presidente de la
Cámara para el segundo debate en la Sesión Plenaria del 25 de julio de 2007,
citando para ello el aparte pertinente: "Señor Secretario anuncie
los proyectos por favor para el próximo martes a las 3
de la tarde. (...) se anuncian los siguientes proyectos: Proyecto de
ley número 212 de 2007 Cámara, 053 de 2006 Senado". Observa
el Ministerio Público que al final de dicha Acta se lee: "se levanta la
sesión, se convoca para el próximo martes 31 de julio
de 2007, a las 3 de la tarde". Afirma el señor
Procurador que lo anterior puede constatarse en el Acta No. 61 de la
fecha, la cual fue publicada en la Gaceta de Congreso No 398 de 17 de
agosto de 2007.
La Vista Fiscal constata que el proyecto de
ley fue debatido y aprobado el siguiente martes, es decir, el 31 de
julio de 2007, tal y como consta en el Acta No 62 de esa fecha,
publicada en la Gaceta N° 435 de 7 de septiembre de 2007, y que según
certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de
Representantes, la sesión contó con la asistencia de 149 Representantes.
2.2.3 De todo lo anterior concluye la Vista
Fiscal que “(v)isto el procedimiento legislativo se constata que se cumplió
con la exigencia constitucional del párrafo primero del artículo 160. Entre el
primero y segundo debate en cada una de las cámaras transcurrió un tiempo no
inferior a ocho días, así: la aprobación en primer debate en la Comisión
Segunda del Senado tuvo lugar el 13 de septiembre de 2006, mientras que
la aprobación en la Plenaria ocurrió el 11 de diciembre del mismo año;
igualmente, la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara
tuvo lugar el 29 de mayo de 2007, mientras que la aprobación en segundo
debate en la Plenaria se dio el 31 de julio de 2007.
De otra parte, entre la aprobación del
proyecto en el Senado (11 de diciembre de 2006) y la iniciación del
debate en la Cámara de Representantes (29 de mayo de 2007) transcurrió
un lapso no inferir a los quince días, (articulo 160 de la Constitución).
Por otro lado, es necesario manifestar que
se le dio cabal cumplimiento al articulo 162 Superior que señala que "ningún
proyecto de ley podrá ser considerado en más de dos legislaturas".”
Finalmente, menciona la Vista Fiscal que el
20 de septiembre de 2007, el Presidente de la República sancionó la ley
aprobatoria del instrumento internacional objeto de examen, convirtiéndose en la
Ley 1155 de 2007, y que el texto de la ley fue remitido por el
Secretario Jurídico de la Presidencia de la República a la Corte
Constitucional, el 25 de septiembre de 2007, es decir, lo hizo dentro
del término de seis (6) días señalados por el artículo 241, numeral 10, de la
Constitución.
3. En relación con el análisis material del Convenio el
Ministerio Público realiza una descripción detallada respecto del contenido del
convenio bajo estudio, el cual está compuesto por un preámbulo y doce
artículos, encontrándolos ajustados a la Constitución.
Así la Vista Fiscal argumenta respecto de
la constitucionalidad del Convenio, que en su concepto “el texto del
Convenio no vulnera en ningún aspecto el texto constitucional, por el
contrario, contribuye a los objetivos de la Carta relacionados con la internacionalización
de las relaciones políticas, económicas y sociales, propiciando y estimando las
relaciones bilaterales con la República de India, (art. 226), la protección a
la propiedad intelectual (art. 61), la promoción de la investigación y la
transferencia de tecnología (art. 65), Y en general el fomento a la ciencia
(art. 70 Y 71), Y el desarrollo económico y social (art. 334)”.
Así mismo, en criterio del Ministerio
Público este Convenio “tiene en consideración los presupuestos que orientan
el manejo de las relaciones exteriores colombianas sobre las bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional, lo que contribuye a la internacionalización
de nuestras relaciones en los términos del artículo 226 Superior”.
Igualmente, en opinión de la Vista Fiscal este
convenio promueve el desarrollo económico de ambos países y estimula la
cooperación internacional, de conformidad con los artículos 54 y 334 de la
Carta.
En relación con el artículo
quinto del presente convenio, considera el Ministerio Público que es necesario
hacer una precisión, en cuanto a que dichos convenios complementarios deberán
gozar de la aprobación del Congreso y la revisión oficiosa constitucional de
conformidad con lo previsto por la Constitución Política, en los siguientes
términos: “los convenios complementarios dispuestos para cada proyecto, en
el evento en que creen nuevas obligaciones entre las Partes, deberá surtir el
tramite previsto en la Constitución Política, es decir gozar de la aprobación
por parte del legislativo y el control previo automático de constitucionalidad
conforme lo establecen los artículos 150 numeral 16 y el artículo 241 numeral
10 de la Constitución Política”, mencionando para ello la sentencia C-303
del 2001.
De lo anterior, la Vista Fiscal concluye
que “el Convenio se ajusta en su integridad a la Carta Política siempre y
cuando los convenios complementarios: i) no contengan nuevas obligaciones
distintas a las pactadas en el mismo; ii) se enmarquen dentro de los propósitos
y objetivos del Convenio, y iii) no modifiquen el Convenio objeto de estudio”.
4. Con fundamento en el análisis tanto
formal como material el Procurador General de la Nación solicita a la Corte: “declarar
EXEQUIBLES el "CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA y EL
GOBIERNO DE DE LA REPÚBLICA DE INDIA SOBRE COOPERACION EN CIENCIA y
TECNOLOGÍA", suscrito el 11 de junio de 2005"" y su ley
aprobatoria, la Ley 1155 de 20 de septiembre de 2007”. [4]
V.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
1.     Competencia
de la Corte Constitucional en materia de tratados y de leyes aprobatorias de
tratados.
De conformidad con lo establecido en el artículo 241
numeral 10 de la Constitución Política, corresponde a la Corte el examen de la
constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias
de los mismos. Según la sentencia C-468 de 1997,[5] dicho control se caracteriza por ser (i)
previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del
Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada
directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro
de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la
medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los
materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto
constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine
qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una
función preventiva,[6] pues su finalidad es garantizar tanto la
supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos
internacionales del Estado colombiano.
En cuanto al control por vicios de procedimiento que la
Corte ejerce sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban,
según lo prescrito en el artículo 241 numeral 10 Superior, éste se dirige tanto
a examinar la validez de la representación del Estado colombiano en los
procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los
funcionarios en la negociación y firma del tratado, como el cumplimiento de las
reglas de aprobación legislativa en la formación de la ley aprobatoria en el
Congreso.
Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias
de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de éstos
introduciendo nuevas cláusulas ya que su función consiste en aprobar o improbar
la totalidad del tratado.[7] Si el tratado es multilateral, es posible
hacer declaraciones interpretativas, y, a menos que estén expresamente
prohibidas, también se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y
fin del tratado.[8]
En cuanto al examen de fondo, éste consiste en juzgar
las disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y el de su
ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones del Ordenamiento
Superior, para determinar si las primeras se ajustan o no a la Constitución
Política. Precisado el alcance del control constitucional, pasa la Corte a
examinar la ley aprobatoria y el convenio de la referencia.
2.
La revisión formal de la Ley 1155 de 2007
2.1.
Remisión de la ley aprobatoria por parte del
Gobierno Nacional
El Secretario
Jurídico de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación, el 25 de septiembre de 2007, la Ley 1155 de 2007, por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el gobierno de la República de Colombia
y el gobierno de la República de India sobre cooperación en ciencia y
tecnología,” suscrito en Bogotá el once (11) de junio de
2005”, la cual había sido sancionada por el Presidente el día 20 de
septiembre de 2007.
De conformidad con el artículo 241 numeral
10 de la Constitución, el Gobierno Nacional debe remitir a la Corte Constitucional
el texto de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben,
dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción de la ley, con el fin de
que la citada Corporación decida definitivamente sobre su exequibilidad.
En este caso, el
gobierno remitió la ley aprobatoria y el tratado dentro del término de los seis
días que prevé el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución Política.
2.2.
Negociación y celebración del Tratado
La Corte Constitucional en reiterada
jurisprudencia ha señalado que el deber constitucional de revisar los tratados
internacionales, así como las leyes que los aprueben, incluye el examen de las
facultades del Ejecutivo respecto de la negociación y firma del instrumento
internacional respectivo.
Sobre este punto, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, mediante oficio No. OPC-171/07 escrito el 25 de octubre
de 2007 y recibido en esta Corporación el 29 de octubre del 2007,[9] manifestó que el funcionario que suscribió el Convenio a nombre del
Gobierno Colombiano fue Carolina Barco Isakson, Ministra de Relaciones
Exteriores, quien de conformidad con el artículo 7 numeral 2 de la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aprobada por la Ley 32 de 1985, como
Ministra de Relaciones Exteriores, representó al Estado sin que requieran
Plenos Poderes, dando así cumplimiento a lo que establece el artículo 7 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.[10]
2.3.
Aprobación presidencial
El 5 de mayo de 2006, el Presidente de la República
impartió su aprobación ejecutiva al Convenio entre el gobierno de la República
de Colombia y el gobierno de la República de India sobre cooperación en ciencia
y tecnología, suscrito en Bogotá el once (11) de junio de 2005.
De igual forma, ordenó someter al Congreso la
aprobación de este instrumento internacional. Para tal fin, la Ministra de
Relaciones Exteriores, presentó a consideración del Congreso el tratado en
mención.
2.4.
Trámite realizado en el Congreso de la República
para la formación de la Ley 1155 de 2007
Salvo la
exigencia de iniciar el trámite de los proyectos de leyes aprobatorias de
tratados internacionales en el Senado de la República, la Constitución Política
no señala un procedimiento especial para la expedición de este tipo de leyes,
por lo cual a éstas les corresponde el proceso de formación previsto para las leyes
ordinarias, regulado por los artículos 157,158, 160 y 165 de la Carta, entre
otros.
De conformidad
con la documentación que obra en el expediente, el Proyecto de Ley 053 de 2006 Senado, 212
de 2007 Cámara agotó el
siguiente trámite en el Congreso de la República.
2.4.1.
El trámite del Proyecto de Ley 053 de 2006
Senado en la Comisión Segunda del Senado de la República
El Proyecto de
Ley 053 de 2006 Senado fue presentado el 11 de agosto de 2006 ante la
Secretaría del Senado de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores.
El texto original junto con la respectiva exposición de motivos, fueron
publicados en la Gaceta del Congreso de la República No. 284 de 11 de agosto de
2006.[11]
La ponencia para primer debate correspondió a la
Senadora de la República Martha Lucía Ramírez de Rincón y fue publicada en la
Gaceta del Congreso No. 359 de 11 de septiembre de 2006.[12]
El Proyecto de Ley 053 de 2006 Senado fue
anunciado el 12 de septiembre de 2006, como parte de los proyectos que
serían “discutidos y aprobados” en la sesión del 13 de septiembre de 2006.[13] El anuncio previo exigido en el artículo 8 del Acto Legislativo
01 de 2003 lo hizo el Secretario de la Comisión Segunda del Senado de la
República, por instrucciones del Presidente de la Comisión Segunda del Senado,
en los siguientes términos:
COMISION SEGUNDA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
SENADO DE LA REPUBLICA
ACTA NUMERO 06 DE 2006
(septiembre 12)
(…)
IV
Proyectos de ley para anunciar que
serán discutidos y
votados en la sesión de la Comisión
Segunda del Senado del día miércoles 13 de septiembre de 2006.
(…)
3. Proyecto de ley número 53 de 2006 Senado, por
medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Colombia y el
Gobierno de la República de India sobre Cooperación en Ciencia y Tecnología”, suscrito
en Bogotá el 11 de junio de 2005.
Ponente: honorable Senadora Marta Lucía Ramírez de Rincón.
(…)
El Proyecto de ley No. 053 de 2006 Senado
fue considerado y aprobado por la Comisión Segunda del Senado de la República
en la sesión del 13 de septiembre de 2006, según consta en el Acta No.
07 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 511 de 3
noviembre de 2006,[14] con un quórum de
11 de los 13 senadores que conforman la comisión, que lo aprobaron por
unanimidad, según certificación expedida por el Secretario General de la misma.[15]
2.4.2.
El trámite del Proyecto 053 de 2006 Senado en la
Plenaria del Senado de la República
La ponencia
para segundo debate en el
Senado fue presentada por la Senadora de la República Martha Lucía Ramírez de
Rincón y publicada en la Gaceta del Congreso No. 476 de 23 de octubre de 2006,
en sentido favorable.[16]
El proyecto de
ley fue anunciado, en la sesión ordinaria del 6 de diciembre de 2006,
dentro de la lista de proyectos que serían “discutidos y aprobados” en la “siguiente
sesión” del Senado de la República, según consta en el Acta No. 35 de la misma
fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 058 de 2007.[17] El anuncio se hizo
en los siguientes términos:
SENADO DE LA REPUBLICA
ACTAS DE PLENARIA
Número 35 de la sesión ordinaria del
día miércoles 6 de diciembre de 2006
Presidencia de los honorables Senadores Dilian
Francisca Toro Torres, Plinio Edilberto Olano Becerra y Camilo Armando Sánchez
Ortega.
(…)
Por instrucciones de la presidencia y de conformidad
con el Acto Legislativo número 01 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos
que se discutirán y aprobarán en la próxima semana.
Señor Presidente, en qué estamos, en anuncio de proyectos, para la
votación es que mandé a hacer una corrección en el listado señor Presidente, ya
viene en camino.
(…)
Proyectos en Segundo Debate
(…)
Proyecto de ley número 53 de 2006 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República de India sobre cooperación
en Ciencia y Tecnología, suscrito en Bogotá, el 11
de junio de 2005.
(…)
Leídos los proyectos para votar en la siguiente sesión.
(…)
Siendo las 8:35 p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca
para el día 11 de diciembre de 2006, a las 10 a. m.[18]
El proyecto de
ley fue aprobado en la sesión plenaria del día 11 de diciembre de 2006,
según consta en el Acta No. 36 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 058 de 2007,[19] con un quórum de 97 senadores de los 102
que conforman la Corporación y mediante votación ordinaria, según certificación
expedida por el Subsecretario General del Senado de la República.[20]
2.4.3.
El trámite del Proyecto de Ley 212 de 2007
Cámara, 053 de 2006 Senado, en la Comisión Segunda de la Cámara
La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes fue presentada por los Representantes, Luis Felipe
Barrios Barrios, y el representante coordinador de ponentes, Pedro Nelson
Pardo, Gonzalo García Angarita, Wilmer González Brito, Jairo Fernández Quessep,
Wilfredo Morales A. y Faviola Olaya Rivera, y publicado en la Gaceta No. 188
del 17 de mayo de 2007.[21]
El proyecto de ley fue anunciado por primera vez en la
sesión del 16 de mayo de 2007, para ser debatido y aprobado en la sesión
del 22 de mayo de 2007. En dicha sesión el anuncio se hizo en los siguientes
términos:
COMISION SEGUNDA CONSTITUCIONALPERMANENTE
SENADO DE LA REPUBLICA
ACTA NÚMERO 32 DE 2007
(mayo 16)
(…)
IV
(…)
Proyectos de ley para anunciar su discusión y votación en la sesión
de la Comisión Segunda del Senado del día martes 22 de mayo de 2007.
(…)
Proyecto de ley número 53 de 2006 Senado, 212 de 2007
Cámara “por medio  de la cual se aprueba el
Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República de la India sobre Cooperación en Ciencia y Tecnología”, suscrito en
Bogotá el 11 de junio de 2005.
Autora: Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Carolina
Barco Isakson.
Ponentes: honorable Senadora Martha Lucía Ramírez de
Rincón (primer y segundo debate en Senado); honorable Representante
Luis Felipe Barrios (primer
debate en Cámara).
Publicación del Proyecto: Gaceta número
284 de 2006.
Publicación Ponencia Primer Debate en Senado, Gaceta
número 359 de 2006.
Publicación Ponencia Segundo Debate en Senado, Gaceta
número 476 de 2006.
(…)
Toma la palabra el señor Presidente de la Comisión, Senador Jesús
Ángel Carrizosa Franco: Señora Secretaria, con esa lectura se consideran
anunciados los proyectos para poderlos debatir en la próxima sesión.
Debido a que en la sesión del 22 de mayo de 2007
no hubo quórum decisorio, el anuncio previo fue reiterado en dicha sesión,
según consta en el Acta No. 33 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 537 de 2007,[22] y se hizo en los
siguientes términos:
COMISION SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
ACTA NUMERO 33 DE 2007
(mayo 22)
Hora: 11:10 a.m
(…)
Hace uso de la palabra la Secretaria General, doctora
Pilar Rodríguez Arias: Discusión y votación en
Primer Debate Proyectos de ley que fueron anunciados en Sesión del día
miércoles 16 de mayo de 2007.
(…)
Hace uso de la palabra el Presidente (E.), honorable
Representante Luis Felipe Barrios Barrios: En vista
de que no hay quórum suficiente dejamos pendiente para la próxima sesión
someterla a consideración y sabemos que va a ser muy positiva toda su ponencia
señor Representante.
Siguiente proyecto señora Secretaria.
Hace uso de la palabra la Secretaria General, doctora
Pilar Rodríguez Arias:
• Proyecto de ley número 53 de 2006 Senado, 212 de
2007 Cámara “por medio  de la cual se aprueba el Convenio
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de la
India sobre Cooperación en Ciencia y Tecnología”, suscrito en Bogotá el 11 de
junio de 2005.
Autora: Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Carolina
Barco Isakson.
Ponentes: honorable Senadora Martha Lucía Ramírez de
Rincón (primer y segundo debate en Senado); honorable Representante
Luis Felipe Barrios (primer
debate en Cámara).
Publicación del Proyecto: Gaceta número
284 de 2006.
Publicación Ponencia Primer Debate en Senado, Gaceta
número 359 de 2006.
Publicación Ponencia Segundo Debate en Senado, Gaceta
número 476 de 2006.
(…)
Anuncio de proyectos de ley para dar cumplimiento al
artículo 8º del Acto Legislativo número 1 de 2003. Proyectos que serán
discutidos y aprobados en la próxima Sesión de Comisión.
(…)
3. Proyecto de ley número 53 de 2006 Senado, 212 de
2007 Cámara “por medio  de la cual se aprueba el Convenio entre el Gobierno
de la República de Colombia y el Gobierno de la República de la India sobre
Cooperación en Ciencia y Tecnología”, suscrito en Bogotá el 11 de junio de
2005.
Autora: Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Carolina
Barco Isakson.
Ponentes: honorable Senadora Martha Lucía Ramírez de
Rincón (primer y segundo debate en Senado); honorable Representante
Luis Felipe Barrios (primer
debate en Cámara).
Publicación del Proyecto: Gaceta número
284 de 2006.
Publicación Ponencia Primer Debate en Senado, Gaceta
número 359 de 2006.
Publicación Ponencia Segundo Debate en Senado, Gaceta
número 476 de 2006.
Hechos los anuncios señor Presidente.
(…)
Agotado el Orden del Día, quedan invitados para el día 29 a las diez
de la mañana.
El proyecto fue
considerado y aprobado por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes
en la sesión del 29 de mayo de 2007 según consta en el Acta No. 34 de la
misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 537 de 2007.[23] La Secretaria
General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes, certificó a esta Corporación que “en sesión del día 29 de
mayo de 2007, con la asistencia de dieciséis (16) Honorables Representantes
se le dio primer debate y se aprobó por unanimidad en votación ordinario
el proyecto de Ley No. 53/06 Senado y 212/07 Cámara “Por medio de la cual se
aprueba el convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República de la India sobre cooperación en Ciencia y Tecnología, suscrito
en Bogotá el 11 de junio de 2005”.[24]
2.4.4.
El trámite del Proyecto de Ley 212 de 2007 Cámara,
053 de 2006 Senado en la Plenaria de la Cámara de Representantes
La ponencia
para segundo debate
ante la Plenaria de la Cámara de Representantes fue presentada por el por el
Representante a la Cámara, Luis Felipe Barrios Barrios, y publicado en la
Gaceta No. 285 del 14 de junio de 2007.[25]
El anuncio previo fue efectuado en la sesión plenaria
del 25 de julio de 2007, según consta en el Acta Nº 61 de la misma
fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 398 de 2007,[26] en los siguientes
términos:
ACTA DE PLENARIA
Legislatura 20 de julio de 2007-20 de
junio de 2008
Número 61 de la Sesión Ordinaria del
día miércoles 25 de julio de 2007
Presidencia de los honorables
Representantes, Oscar Arboleda Palacio, Bérner Zambrano Erazo y Jaime
Enrique Durán Barrera.
(…)
Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor
Bérner Zambrano Erazo: Señor Secretario anuncie los
proyectos para el próximo martes por favor.
Secretario General, doctor Jesús Alfonso Rodríguez
C., informa: Si señor Presidente, antes de
verificar vamos a hacer los anuncios correspondientes.
Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor
Bérner Zambrano Erazo: Señor Secretario anuncie los
proyectos por favor para el próximo martes a las 3 de la tarde.
Secretario General, doctor Jesús Alfonso Rodríguez
C., informa: Sí señor Presidente, se anuncian los
siguientes proyectos:
(…)
Proyecto de ley número 212 de 2007 Cámara, 053 de 2006
Senado.
(…)
Señor Presidente, han sido anunciados los proyectos, se
les informa a los honorables Representantes que está abierto el registro para
verificación del quórum. Se ha desintegrado el quórum señor Presidente.
(…)
Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor
Bérner Zambrano Erazo: Se levanta la sesión, se
convoca para el próximo martes a las 3 de la tarde.
Una vez agotada el Orden del Día, se levanta la sesión
siendo las 6:25 p.m., y se convoca para el próximo martes 31 de julio de 2007,
a las 3 de la tarde.
El Proyecto de Ley 212 de 2007 Cámara, 053 de
2006 Senado fue considerado y aprobado en la sesión plenaria del 31 de julio
de 2007 según consta en el Acta Nº 62 de la misma fecha, publicada
en la Gaceta del Congreso Nº 435 de 7 de septiembre de 2007,[27] con un quórum de 148 representantes y por mayoría de los
presentes, según consta en la certificación expedida por el Secretario General
de la Cámara de Representantes.[28]
El Presidente de
la República sancionó la Ley 1155 el 20 de septiembre de  2007.
2.4.5.
El cumplimiento de los requisitos
constitucionales y legales en el trámite legislativo de la Ley 1155 de 2007
De acuerdo con
la descripción anterior, el “Convenio entre el gobierno de la República de
Colombia y el gobierno de la República de India sobre cooperación en ciencia y
tecnología,” suscrito en Bogotá el once (11) de junio de 2005” y la Ley
1155 de 2007 que lo aprobó surtieron el procedimiento previsto en la
Constitución y la ley.
2.4.5.1.
Iniciación del trámite en el Senado.
De conformidad con lo que señala el artículo 154 de la
Constitución, los proyectos de ley que se refieran a relaciones internacionales
deben iniciar su trámite en el Senado de la República. En el caso bajo estudio,
el proyecto de ley efectivamente inició su trámite en el Senado.
2.4.5.2.
Términos de 8 y 15 días que deben mediar entre debates
Según el artículo 160 de la Carta, los términos que
deben mediar para las respectivas aprobaciones de un proyecto de ley en la
comisión constitucional respectiva y la plenaria correspondiente es de 8 días,
y entre la aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del debate en
la otra, es de15 días. En el caso bajo estudio, estos términos se cumplieron
así:
a)  En el Senado: el primer
debate en la Comisión fue el 13 de septiembre de 2006 y el segundo
debate en la Plenaria del Senado fue el 11 de diciembre de 2006.
b)  En la Cámara: el primer
debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se realizó el 29
de mayo de 2007  y la aprobación en la Plenaria de la Cámara, se
efectuó el 31 de julio de 2007.
Es decir se respetaron los términos constitucionales
de 8 y 15 días del artículo 160 en mención.
2.4.5.3.
Publicaciones oficiales.
El artículo 157, numeral 1 de la Constitución señala
la obligación de realizar la publicación oficial por el Congreso de la proyecto
y de la ponencia antes de darle curso en la comisión respectiva. Estas publicaciones
se cumplieron así:
a)  Publicación del texto
original del proyecto, junto con la respectiva exposición de motivos en la
Gaceta del Congreso de la República No. 284 de 11 de agosto de 2006, páginas
1-4.
b)  En el Senado,
publicación de la ponencia para el primer debate de Comisión de Senado fue
publicada el 11 de septiembre de 2006  en la Gaceta del Congreso
No. 359 de 2006 y se debatió el 13 de septiembre de 2006. Para segundo
debate, la ponencia se publicó el 23 de octubre de 2006 en la Gaceta del
Congreso No. 476 de 2006 y se debatió y aprobó el 11 de diciembre de 2006.
c)  En la Cámara, la
ponencia para primer debate se publicó el 17 de mayo de 2007 en la
Gaceta No. 188 de 2007 y se debatió y aprobó el 29 de mayo de 2007,
y para el segundo debate, se publicó la ponencia el 14 de junio de 2007 en
la Gaceta No. 285 de 2007, y se discutió y aprobó en Plenaria, el 31 de
julio de 2007.
Se cumplió, pues, la exigencia de publicación del
artículo 157, numeral 1, de la Carta.
2.4.5.4.
Quórum y mayorías.
En cuanto al
quórum decisorio del artículo 146 de la Constitución, según sendas
certificaciones de los Secretarios del Senado y de la Cámara, las votaciones se
dieron por mayoría, estando reunido el quórum requerido, conforme a la
exigencia constitucional.
2.4.5.4.1.
Anuncio previo previsto en el artículo 8 del Acto
Legislativo 1 de 2003
Acerca del
cumplimiento del requisito del anuncio previo de que trata el artículo 8 del
Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 de la Carta,[29] la Corte Constitucional ha señalado en varias oportunidades que esta
disposición ordena (1) que la fecha de votación de los proyectos de ley sea
previamente anunciada; (2) que el anuncio de tal votación se realice en sesión
distinta a la de la sesión en que es sometido a su aprobación; y, (3) que la
votación debe surtirse el día en que se anuncie.[30] Así en la sentencia C-576 de 2006, esta
Corporación señaló:
“De conformidad con la jurisprudencia de
esta Corte, la finalidad del Acto Legislativo, es “permitir a los
Congresistas saber con anterioridad cuáles proyectos de ley o informes de
objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el
conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos
con votaciones intempestivas”[31].
La Corte ha establecido que esta
disposición requiere para su cumplimiento que en una sesión anterior se
anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión
posterior, siempre y cuando se convoque para su aprobación en una fecha
futura prefijada y determinada, o por lo menos, determinable.[32] La exigencia constitucional apunta al efectivo conocimiento previo de
los proyectos que serán objeto de decisión, por lo que, si por razones del desarrollo del debate legislativo,
la votación de un proyecto no tiene lugar el día inicialmente fijado, no se
incurre inexorablemente en una vulneración a la Carta Fundamental, si se hace
clara y nuevamente el anuncio o si del contexto existen elementos que permitan
determinar con claridad cuando se realizará la votación.[33]”[34]
En el asunto
bajo revisión, encuentra la Corte que el requisito del anuncio previo de que
trata el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 también se cumplió.
2.4.5.4.1.    En cuanto a lo ocurrido en el Senado de la República, los
anuncios previos se realizaron de la siguiente manera:
(i)
Anuncio
para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República.: El proyecto de ley fue anunciado el 12 de
septiembre de 2007, para ser debatido en la sesión del 13 de septiembre de
2007, y en dicha citación se precisó que se citaba “para discutir y votar.” [35] El proyecto fue efectivamente votado y aprobado en la sesión del 13 de
septiembre de 2007. En la Comisión Segunda del Senado de la República el
requisito del anuncio previo que establece el artículo 8 del Acto Legislativo
01 de 2003 se cumplió a cabalidad por las siguientes razones:
(a) el anuncio lo hizo el
Secretario de la Comisión por instrucciones del Presidente de la Comisión
Segunda del Senado de la República;
(b) Se empleó la expresión “discutir y votar” para señalar expresamente para qué
estaban siendo convocados los congresistas.
(c) el anuncio para la votación
de un proyecto de ley, debe hacerse para una sesión posterior a aquella en la
que se hace el anuncio, siempre
y cuando se convoque para (…) una fecha futura prefijada y determinada, o por
lo menos, determinable”.[36] En el caso bajo examen, los congresistas fueron citados para una fecha
determinada “para el día miércoles 13 de septiembre de 2006”, por
lo que los congresistas sabían con certeza cuándo sesionarían y cuál era el
objeto de esa sesión.
(d) La votación se hizo
efectivamente en la sesión del 13
de septiembre de 2007.
(ii)
Anuncio para segundo debate en la
Plenaria del Senado de la República. El proyecto fue anunciado en la sesión ordinaria del 6 de diciembre
de 2006, dentro de la lista de proyectos que serían “discutidos y
aprobados” en la “siguiente sesión” del Senado de la
República.” El proyecto de ley fue aprobado en la sesión plenaria del día 11 de
diciembre de 2007. Por lo tanto, el requisito del anuncio previo que establece
el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 se cumplió de acuerdo a las
exigencias constitucionales:
(a) El anuncio lo
hizo el Secretario del Senado, por instrucciones del Presidente de esa Corporación.
(b) En cuanto a
los términos empleados para hacer el anuncio, el Secretario de la Cámara emplea
el término “aprobación”, expresión que tiene el mismo significado del
vocablo “votación” de los proyectos de ley mencionados.
(c) El proyecto fue anunciado en la sesión ordinaria del 6 de diciembre
de 2007, para ser, “discutido y aprobado en la próxima sesión”, una
fecha determinable que permitía a los congresistas saber cuándo exactamente
tendría lugar la votación y para qué estaban siendo convocados.
(d) La votación
se hizo efectivamente en la sesión del 11 de diciembre
de 2007, es decir en la sesión inmediatamente posterior a aquella en que se
hizo el anuncio.
2.4.5.4.2.    En cuanto a lo ocurrido en la Cámara de Representantes,
los anuncios previos se realizaron de la siguiente manera:
(iii)    Anuncio para primer debate en la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes: El proyecto de ley fue anunciado por primera vez en
la sesión del 16 de mayo de 2007, para ser debatido y aprobado en la sesión del
22 de mayo de 2007. Debido a que en la sesión del 22 de mayo de 2007 no hubo
quórum decisorio, el anuncio previo fue reiterado en dicha sesión, señalando
que éste se hacía en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Acto
legislativo 01 de 2003, y se señalando los proyectos de ley que serían discutidos
y aprobados en la próxima Sesión de Comisión. El proyecto fue efectivamente
votado y aprobado en la sesión del 29 de mayo de 2007. En la Comisión Segunda
de la Cámara de Representantes de la República el requisito del anuncio previo
que establece el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 se cumplió a
cabalidad por las siguientes razones:
(a) el anuncio lo hizo el
Secretario de la Comisión por instrucciones del Presidente de la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes;
(b) En cuanto a los términos
empleados para hacer el anuncio, el Secretario de la Comisión Segunda de la
Cámara utiliza el término “aprobación”, expresión que tiene el mismo
significado del vocablo “votación” de los proyectos de ley mencionados.
(c) el anuncio para la votación
de un proyecto de ley, debe hacerse para una sesión posterior a aquella en la
que se hace el anuncio, siempre
y cuando se convoque para (…) una fecha futura prefijada y determinada, o por
lo menos, determinable”.[37] En el caso bajo examen, los congresistas fueron citados para una fecha
determinable como quiera que se empleó la expresión “para la próxima sesión,”
por lo que los congresistas sabían con certeza cuándo sesionarían y cuál era el
objeto de esa sesión.
(d) La votación se hizo
efectivamente en la sesión del 29
de mayo de 2007, es decir, en la sesión inmediatamente posterior a aquella en
que se hizo el anuncio previo.
(e) Se respetó la cadena de anuncios exigida por la Carta. En efecto, el proyecto fue
anunciado previamente por primera vez 16 de mayo de 2007, para votar el
proyecto en la “próxima sesión”, es decir el 22 de mayo de 2007. En la
sesión del 22 de mayo de 2007, debido a la falta de quórum decisorio, se
reiteró el anuncio para votar el proyecto en la “próxima sesión”, y al
final de la sesión, el Presidente convocó a la Plenaria del Senado para el día
29 de mayo de 2007, sesión en la que el proyecto fue finalmente aprobado.
(iv)
Anuncio para segundo debate en la
Plenaria de la Cámara de Representantes: El proyecto fue anunciado en la sesión plenaria del 25 de julio de
2007, señalando que se estaba convocando a los congresistas “para el próximo
martes a las 3 de la tarde”. El proyecto fue aprobado el 31 de julio de
2007 tal como había sido anunciado. Por lo tanto, el requisito del anuncio
previo que establece el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 se cumplió
de acuerdo a las exigencias constitucionales:
(a) El anuncio lo
hizo el Secretario de la Cámara, por instrucciones del Vicepresidente de esa
Corporación, quien presidía la sesión.
(b) En cuanto a los términos
empleados para hacer el anuncio, el Secretario de la Cámara “anuncia los proyectos para el próximo
martes,” y posteriormente
se precisa que el anuncio se hacía “para el próximo martes 31 de julio de 2007.”
Si bien no se empleó explícitamente la palabra votación, del contexto en que se
realizó ese anuncio previo, era posible inferir que se estaba convocando a la
Plenaria de la Cámara a la votación de los proyectos de ley mencionados.
(c) El anuncio se hizo de manera clara, para el próximo martes 31 de julio de 2007,” una fecha determinada que permitía a los
congresistas saber cuándo exactamente tendría lugar la votación y para qué
estaban siendo convocados.
(d) La votación
se hizo en sesión posterior a aquella en que se realizó el anuncio previo y en la fecha prevista para ello, tal como había sido
informado. En este caso, el anuncio previo se hizo el día martes 25 de julio de
2007 y la votación del proyecto se realizó el día martes 31 de julio de 2007,
tal como había sido informado a los congresistas, cumpliendo con las exigencias
constitucionales.
Resalta la Corte
que en ninguna de las etapas de la formación de este proyecto se interrumpió la
secuencia de anuncios, citaciones y votaciones. El Secretario, autorizado por
el Presidente de cada célula legislativa, (i) anunció que el proyecto de ley
sería considerado en la próxima sesión o en una fecha determinada o
determinable; (ii) especificó el número o el nombre del proyecto de ley
correspondiente al “Proyecto de Ley 212 de
2007 Cámara, 053 de 2006 Senado,” y (iii) la
votación del proyecto se llevó a cabo en las sesiones señaladas en el anuncio
previo.
Por lo tanto, tanto
para los congresistas de la correspondiente célula legislativa, como para los
ciudadanos que tenían interés en influir en la formación de esta ley, la fecha
en que se haría la votación del proyecto era claramente determinable y futura,
lo cual asegura que los fines de este requisito constitucional se cumplieron a
cabalidad.
En consecuencia,
concluye la Corte Constitucional que desde el punto de vista formal, la Ley 1155
de 2007 cumplió el procedimiento legislativo previsto en la Carta Política y en
la Ley 5 de 1992 y por lo tanto será declarada exequible.
3.
Examen material del Convenio sometido a revisión
3.1.
Descripción del contenido material del Convenio
Con el fin fortalecer los lazos de cooperación
científica y tecnológica conjunta, así como promover el desarrollo social y
económico de las Partes, los gobiernos de Colombia y de la India acordaron
celebrar este Convenio de cooperación en ciencia y tecnología.
Este convenio contiene un preámbulo, que describe de
manera general como objetivos perseguidos por las Partes, propiciar y estimular las acciones de
cooperación técnica, especialmente en el campo de la ciencia y tecnología, y promover el desarrollo económico; y doce artículos, que establecen los
mecanismos básicos a través de los cuales se desarrollará la cooperación en
ciencia y tecnología.
El artículo I se refiere al objetivo, señalando
que las Partes fomentarán el desarrollo de la cooperación técnica, científica y
tecnológica en los campos de la ciencia y la tecnología sobre una base de
igualdad y beneficio mutuo, y que de común acuerdo definirán las áreas para las
cuales se requiere la cooperación.
El artículo II establece las Entidades
Responsables designadas por las Partes para el cumplimiento de los compromisos
previstos en el Convenio; indicando que por la Parte colombiana es el
Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Colombiana de Cooperación
Internacional, ACCI.
El artículo III consagra las modalidades de la
cooperación científica y tecnológica bajo las cuales se ejecutará el acuerdo:
(i) el intercambio de expertos, científicos e investigadores para la
realización de estudios y proyectos conjuntos de interés común; (ii) el
intercambio de documentación científica y técnica; (iii) la organización de
conferencias, seminarios, misiones exploratorias y otros mecanismos conjuntos
de intercambio académico y científico de interés para las partes; (iv) la
identificación conjunta de estudios y problemas científicos y técnicos; (v) el
otorgamiento de becas para investigación a corto plazo o el entrenamiento de
profesionales en temas identificados; (vi)  el intercambio de tecnología para
el desarrollo de proyectos y programas de cooperación mutua; y (vii) el
fortalecimiento institucional, y otras formas de cooperación científica y
tecnológica acordadas entre las Partes, entre otras modalidades.
El artículo IV determina que la implementación
del convenio se hará mediante la ejecución de programas bianuales los cuales
indicarán la extensión, los sectores y las formas de cooperación, incluidos los
términos y condiciones financieras. Igualmente prevé la creación de un Comité
Conjunto sobre Cooperación científica y tecnológica, su conformación y
funcionamiento, el cual examinará las áreas de cooperación para recomendar,
facilitar y apoyar la implementación de programas y proyectos conjuntos.
El artículo V, establece la posibilidad de que
las Partes desarrollen acuerdos complementarios para facilitar el cumplimiento
de los objetivos del Convenio, en los que se designarán las entidades ejecutoras
para cada proyecto de acuerdo con el área de cooperación sobre la cual verse el
acuerdo complementario.
El artículo VI, se refiere a la
posibilidad de entrega de equipos y soporte técnico de infraestructura, requeridos
para la investigación conjunta y para los estudios de plantas piloto creadas en
desarrollo del convenio, en los términos y condiciones puntuales que las Partes
acuerden.
El artículo VII consagra la obligación de las
Partes de adoptar las medidas necesarias para (i) que la experiencia y
conocimientos técnicos adquiridos en virtud de la cooperación bilateral
contribuya al desarrollo económico y social de las Partes; (ii) garantizar la
protección de los derechos de propiedad intelectual, la protección de la
información confidencial y (iii) asegurar el respeto de la legislación interior
relativa al intercambio de información científica y tecnológica obtenida como
resultado de los proyectos de investigación conjunta.
El artículo VIII prevé que las
responsabilidades sobre los gastos de viaje de los expertos, técnicos y
científicos, sus gastos de alojamiento, manutención y demás deberán ser
asumidos por la Parte receptora.
El artículo IX establece las reglas sobre
privilegios e inmunidades del personal que participe oficialmente en los
proyectos de Cooperación Científica y Tecnológica, de conformidad con lo
previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.
El artículo X consagra las consultas entre las
Partes a través de los canales diplomáticos como el mecanismo de solución
pacífica de controversias.
El artículo XI señala la forma en que el
convenio podrá ser modificado o prorrogado, indicando que tales modificaciones
entrarán en vigor una vez se haya dado cumplimiento a los requisitos
constitucionales y legales de cada una de las Partes.
Finalmente, el l artículo XII determina que la
vigencia y duración del Convenio será de cinco (5) años y se renovará
automáticamente por períodos iguales, salvo que una de las partes avise a la
otra su deseo de no prorrogarlo, al menos con 6 meses de antelación.
3.2.
Constitucionalidad del “Convenio entre el
gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República de India
sobre cooperación en ciencia y tecnología,” suscrito en Bogotá el once (11)
de junio de 2005
Para la Corte, este Convenio parte de los
presupuestos que orientan el manejo de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas de Colombia sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, en
los términos previstos en los artículos 9 y 226 Superiores.
El Convenio tiene
como objetivo fortalecer las relaciones entre los países firmantes y fomentar
programas y proyectos de cooperación técnica y científica, así como contribuir
al desarrollo económico y social de las Partes. Con ello, desarrolla de manera
armónica el artículo 70 de la Carta, conforme al cual "el Estado tiene
el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos
en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la
enseñanza científica, técnica, artística y profesional…"
Igualmente,
contribuye a realizar efectivamente el artículo 71 de la Constitución Política,
que consagra que el Estado debe disponer incentivos para las personas e
instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología.
El Convenio contribuye a la consecución
de las finalidades consagradas en la Carta relacionadas con la
internacionalización de las relaciones políticas, económicas y sociales, a la
vez que propicia y estimula las relaciones bilaterales de nuestro país con la
República de India (art. 226 C.P.), la protección de la propiedad intelectual
(art. 61 C.P.), la promoción de la investigación y la transferencia de
tecnología (art. 65 C.P.).
La ejecución
conjunta de programas y proyectos que tienden a promover la investigación
científica y técnica, contribuye al fortalecimiento de la cultural nacional y
por esta vía permite hacer efectivo el deber señalado al Estado por la norma
constitucional en comento. Desde este punto de vista, el Convenio bajo examen
desarrolla también los mandatos constitucionales que indican que es deber del
Estado promover la competitividad, la productividad y la formación tecnológica
de los trabajadores (CP Arts. 54 y 334).
En relación con los convenios
complementarios necesarios para ejecutar los proyectos a que se hace alusión en
el artículo quinto del Convenio, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional,[38] en caso de que dichos convenios establezcan nuevos compromisos para
las Partes, deberán surtir el trámite previsto en la Carta Política para todo
tratado público, es decir, deben ser aprobado por parte del Congreso de la
República y revisados por la Corte Constitucional, de conformidad con los
artículos 150, numeral 16 y 241, numeral 10 de la Constitución.
Por lo
anterior, el Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el
gobierno de la República de India sobre cooperación en ciencia y tecnología”, suscrito
en Bogotá el once (11) de junio de dos mil cinco (2005), será declarado
exequible.
VI.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1155 de 2007, por
medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el gobierno de la República
de Colombia y el gobierno de la República de India sobre cooperación en ciencia
y tecnología”, suscrito en Bogotá el once (11) de junio de dos mil cinco
(2005).
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el “Convenio entre el
gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República de India
sobre cooperación en ciencia y tecnología”, suscrito en Bogotá el once (11)
de junio de dos mil cinco (2005).
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional, archívese el expediente y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Presidente
Ausente en comisión
JAIME ARAUJO RENTERÍA                         MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado                                                   Magistrado
Con salvamento de voto
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado                                                      Magistrado                                                                                                          Ausente
con permiso
MAURICIO GONZALEZ CUERVO    MARCO GERARDO MONROY
CABRA
Magistrado                                                   Magistrado
Impedimento aceptado
NILSON PINILLA PINILLA                 CLARA INÉS
VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrado
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO
DE VOTO A LA SENTENCIA C-464 DE 2008 DEL MAGISTRADO JAIME ARAÚJO RENTERÍA
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento del requisito de anuncio
previo de votación y en sesión diferente/REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE
VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Vicio
insubsanable (Salvamento de voto)
Referencia: expediente LAT- 313
Revisión
Constitucional del “Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y
el gobierno de la República de India sobre cooperación en ciencia y tecnología”
suscrito en Bogotá el once (11) de junio de 2005 y la Ley 1155 de 2007
aprobatoria de dicho convenio.
Magistrado Ponente:
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones de esta Corte, me permito salvar mi voto a la presente decisión, por
cuanto en mi concepto la Ley 1155 de 2007 adolece de vicios de procedimiento
insubsanables, consistentes en no haberse cumplido en debida forma con los
avisos previos para votación en sesión diferente de la sesión en la que se
debatió y votó sobre el respectivo proyecto de ley, exigencia establecida en el
inciso final del artículo 160 de la Carta Política, acorde con el principio
democrático y de publicidad del procedimiento legislativo.
Por consiguiente, a mi juicio, la citada
ley ha debido ser declarada inexequible, tal y como el suscrito magistrado en
su calidad de ponente original dentro de este expediente propuso en Sala Plena,
de conformidad con ponencia según la cual se proponía declarar inexequible la
Ley 1155 de 2007 aprobatoria del “Convenio entre el gobierno de India sobre
cooperación en ciencia y tecnología”, suscrito en Bogotá el once (11) de
junio de dos mil cinco (2005), por haberse incurrido en el desconocimiento del
requisito constitucional de aviso previo de la votación en la forma establecida
en el artículo 160 de la Carta, tanto en el segundo debate en el Senado de la
República, como en el primer y segundo debate realizados en la Cámara de
Representantes, proyecto de sentencia que fue improbado en Sala Plena,
nombrándose como nuevo ponente al magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, quien
propuso declarar exequible la citada ley de conformidad con la línea
jurisprudencial trazada en materia de ese requisito por esta Corte, criterio
jurisprudencial que no comparto y del cual siempre me he apartado.
Para sustentar mi posición, el suscrito magistrado
entrará a continuación a estudiar (1) el problema de teoría del derecho
respecto de la producción de las normas jurídicas, la validez de las mismas, y
su importancia en el control constitucional; (2) el anuncio previo para
votación de los proyectos como requisito constitucional; y (3) luego pasará a
exponer el caso concreto del trámite legislativo del caso sub examine.
1. El problema de la producción de las normas
jurídicas, la validez de las mismas, y su importancia en el control
constitucional
El problema de la producción de las normas jurídicas
dentro de un sistema jurídico, el cual apareja a su vez el de la validez de las
normas jurídicas, supone una posición de principio de teoría y filosofía del
derecho, que tiene importantes consecuencias teóricas y prácticas para el tema
del control constitucional.
Se hace necesario entonces tomar una postura clara de
teoría y filosofía del derecho, en relación con el concepto de norma jurídica,
el cual entraña el concepto de validez de las mismas, lo cual a su vez conlleva
necesariamente la pregunta por el modo de producción jurídico-institucional de
las normas. De este modo, tenemos que en un sistema jurídico es fundamental
determinar en primer término, qué es norma jurídica, elemento básico y esencial
del derecho, como el concepto de “célula” para la biología. Por ello, la
primera parte de teoría del derecho se encuentra dedicada al análisis y
determinación de lo que es norma jurídica, parte esencial de la cual, es la
pregunta de cuándo un enunciado normativo hace parte del sistema jurídico, o en
otros términos, a la pregunta por la validez de los preceptos jurídicos[39].
Esta problemática corresponde a la teoría de las normas y aborda la parte
estática del derecho[40].
No obstante, el derecho no está compuesto por una sola
norma sino por una pluralidad de normas jurídicas. En consecuencia, la segunda
parte de la teoría del derecho es la que se refiere a la teoría del
ordenamiento jurídico que aborda la parte dinámica de las normas[41].
En esta parte se encuentra el análisis de lo que son las antinomias jurídicas,
para resolver las cuales hay que acudir a los criterios de vigencia en el
tiempo y/o jerarquía de los enunciados jurídicos validos, así como los
problemas de unidad, coherencia y plenitud de los ordenamientos jurídicos.
Vista la estructura fundamental de la teoría del
derecho, es claro entonces que el primer problema fundamental del sistema
jurídico es la determinación de qué es una norma jurídica, cuándo una norma
nace al ordenamiento jurídico, o en otros términos, qué normas pertenecen y
cuáles no al sistema jurídico, problema que se encuentra analítica e
intrínsecamente ligado al problema de la validez de la norma jurídica, el cual
es un problema tan fundamental y esencial en el derecho que es anterior al
problema de la vigencia y de la eficacia de las normas, puesto que la respuesta
a este primer interrogante permite esclarecer la cuestión de la carta de
nacimiento o naturaleza jurídica propiamente dicha de las normas, la pertenencia
de las normas a un sistema jurídico, o con otras palabras, la cuestión del reconocimiento
de las normas como jurídicas o pertenecientes a un sistema jurídico, es decir,
como enunciados normativos jurídicos-positivos.
En este orden de ideas, aparece claro que la pregunta
fundamental en el derecho es la pregunta por la existencia y validez de las
normas jurídicas, por qué es norma jurídica, cuestiones que determinan la
teoría de los actos jurídicos y la teoría de la nulidad en el derecho, desde la
inexistencia de norma, la nulidad de la norma, hasta la existencia de norma con
vicio o sin vicio de producción o formación. De manera que el cuestionamiento
esencial en el derecho es entonces el de cómo surgen las normas en el mundo
jurídico, esto es, cuándo una norma ha surgido correctamente en el mundo
jurídico, es decir, con el lleno o cumplimiento de todos los requisitos
establecidos para su creación. Este cuestionamiento corresponde exactamente a
la pregunta por la validez.
La pregunta por la validez de las normas jurídicas, es
decir, por la cuestión de si un enunciado normativo es norma jurídica, o en
otros términos, si  pertenece al sistema jurídico, de conformidad con las
reglas prefijadas por el propio sistema para su reproducción, es la pregunta
fundamental que se debe hacer en el derecho, para posteriormente, y sólo si es
contestada afirmativamente esta pregunta por la validez, se pueda continuar
preguntando por la vigencia y la eficacia de las normas jurídicas válidas.
Esta característica propia de las normas jurídicas
como válidas, es lo que llevó  a Hans Kelsen a afirmar que el derecho pertenece
al mundo del “deber ser” y no al mundo del “ser”, ya que la
pregunta por el derecho es la pregunta por la validez de la norma jurídica, es
decir, por la existencia deontológica, y no la pregunta por la existencia
fenomenológica de las cosas, lo que condujo al filósofo del derecho austriaco a
sostener que por ello mismo la lógica formal no funciona para el derecho, por
cuanto su finalidad es la constatación de una correspondencia con un fenómeno
del mundo del ser, mientras que en cambio en el derecho de lo que se trata es
de constatar si una norma es válida, es decir de si existe en el mundo del
derecho o del “deber ser” y ello de acuerdo con aquellas reglas que
estipulan y prevén los presupuestos para su producción jurídica[42].
Así mismo, esta característica de la validez, propia del derecho, es lo que
permite explicar, según Kelsen, que se puedan encontrar normas válidas que se
opongan entre sí y sin embargo sigan siendo válidas.
A este respecto, hay que recordar que el sistema
jurídico es como el ave fénix que se crea y se reproduce a sí mismo, y contiene
por tanto normas que estipulan la forma de la reproducción de las normas
jurídicas, las cuales Hart denomina “reglas secundarias”[43].
Así mismo, a este problema fundamental del derecho acerca de la determinación
de la pertenencia o no de una norma a un sistema jurídico de conformidad con
las normas o reglas previstas por el propio sistema para su reproducción, es lo
que Hart identificó como el problema del reconocimiento de las normas jurídicas
como tales, a cuyo problema contribuyó con su teoría de la “regla de
reconocimiento y validez jurídica”[44].
Así entonces, el derecho será válido siempre y cuando satisfaga los
requisitos que se establecen para la producción del mismo derecho y que están
señalados por las reglas de producción del derecho en la Constitución.
Lo anterior, lo ejemplifica el filósofo del Derecho H.L.A. Hart de la
siguiente manera: “Si se plantea la cuestión sobre si una cierta  regla es
jurídicamente válida, para resolverla debemos usar un criterio de validez
suministrado por otra regla. ¿Es válida esta pretendida ordenanza del County
Council de Oxfordshire? Sí:  porque fue dictada en ejercicio de potestades
conferidas y de acuerdo con el procedimiento especificado, por un decreto del
Ministerio de Salud Pública. A este primer nivel, el decreto suministra los
criterios para apreciar la validez de la ordenanza.  Puede no haber necesidad
práctica de seguir adelante; pero existe la posibilidad de hacerlo.  Podemos
cuestionar la validez del decreto y apreciarla en términos de la ley que
faculta al Ministro a adoptar tales medidas“[45]
Así también nuestra Constitución contempla para la producción de normas
con fuerza de ley, por ejemplo, el requisito de publicación previa del proyecto
de ley (inc.1 art. 157 CN);  cuatro (4) debates, dos en cada una de las
cámaras, y en cada una de ellas un primero en la comisión correspondiente y un
segundo en plenaria (inc. 2 art. 57, 165); la existencia de quórum
deliberatorio y de determinadas mayorías (p.e. art. 153); el cumplimiento del
anuncio de votación del proyecto en cuestión, con el cumplimiento de los
requisitos establecidos por la propia Carta (art. 160 C.P); términos
específicos entre cada debate en cada Cámara y entre los debates en una y otra
Cámara (art. 160); límites de trámite en los periodos legislativos (art. 162),
la sanción presidencial (art.168), entre otros.
Ahora bien, cuando se hace control de
constitucionalidad, éste apunta en primerísimo lugar a comprobar la validez de
la norma jurídica, a constatar si se respetó o no el camino demarcado por el
propio sistema jurídico, esto es, los procedimientos de producción del derecho,
para que pueda catalogarse tal norma como norma válida. El control
constitucional en este aspecto no es por tanto cosa de poca monta, ya que
cuando el constituyente dice que exige ciertos requisitos para poder otorgar
carta de validez a las normas jurídicas, al Tribunal Constitucional le
corresponde controlar y verificar que dichos requisitos se hayan respetado y
cumplido a cabalidad. Por tanto esta labor es de suma importancia, este control
constitucional sobre la forma de producción de las normas jurídicas y sobre la
validez de las mismas, es lo más importante, porque a partir de este control se
debe determinar qué norma es reconocida como válida, es decir, qué norma
pertenece al sistema jurídico, o en otros términos, qué enunciado normativo es
en realidad norma jurídica. En este sentido, el control constitucional formal
no es una cuestión de simple formalismo, por cuanto no puede existir derecho
sin que se respeten las condiciones procedimentales de formación de las normas
jurídicas preestablecidas por el propio ordenamiento, lo cual es una
característica fundamental de un Estado de Derecho.
La pregunta por la validez jurídica de las normas y el
control constitucional respecto de dicha validez jurídica, sigue siendo por
tanto un tema de trascendental importancia para el derecho y esto es
precisamente lo que controla en primera instancia el Tribunal Constitucional,
la pregunta sobre cuáles enunciados normativos pertenecen efectivamente o no al
ordenamiento jurídico. Todos los demás temas son por tanto posteriores al tema
de la validez, es decir, el tema de la vigencia, de la eficacia y el análisis
de si el contenido sustancial de la norma es acorde o no con la Constitución.
Es por esta razón que la producción del Derecho y sus formas, permiten
entender al pueblo que el producto realizado está acorde con el objetivo
popular y con la misma existencia del Estado, y les otorga una presunción de
validez.  Los trámites y cauces en los cuales se encamina la producción
normativa deviene de la misma legitimidad que el pueblo otorga al producto
final, es decir el Derecho.
En consecuencia, sólo pueden valorarse o reconocerse como válidas y
legítimas las reglas de obligación si provienen de las reglas de reconocimiento
y de su aplicación adecuada. Situación del Estado de Derecho totalmente
contraria al Estado absolutista donde el único criterio para identificar algo
como derecho era aquello sancionado por el rey.   En palabras más sencillas,
debe decirse que la manera para identificar el derecho aceptado por los
individuos esta basada en aquel derecho que provenga o sea el resultante de las
reglas de reconocimiento o formas de producción establecidas en la
Constitución.
Cualquier otra cosa que se obtenga como resultado sin el cumplimiento
de estas reglas de reconocimiento constitucionales no puede avalarse como
derecho legítimo aceptado por los individuos. Es decir, existe la posibilidad
de que el legislador produzca “derecho” sin el cumplimiento de las reglas de
reconocimiento.  Evento en el cual, este “derecho” no es válido, a la luz de
poder político en cabeza del pueblo.
En síntesis, la suplantación de la forma de producción de derecho, sin
dudas elimina la legalidad y legitimidad que éste debe tener, afecta
inmediatamente su validez y hace no obligatorio su cumplimiento.  Y esto es
así, por cuanto es el propio derecho el que determina su forma de producción y
ello es la garantía que el pueblo mismo tiene que la producción de parámetros
de convivencia social pacífica se realice acorde con lo preestablecido por él
mismo, en cabeza del Estado de Derecho y su ordenamiento jurídico y no por
fruto del capricho o el deseo de quien produzca normas, lo que estaría más
cercano a la vivencia del Estado absolutista y el poder de dictar parámetros de
un ente diferente del soberano.
2. El anuncio previo como requisito constitucional para votación de los proyectos de ley
(Artículo 160 C. P)
Respecto de la trascendencia constitucional del
requisito establecido en el artículo 160 constitucional, esta Corte ha
manifestado:
“El inciso final del artículo 160 de la
Constitución Política dispone que ningún proyecto de ley será sometido a
votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado.  En
el mismo sentido, establece que el aviso de que un proyecto será sometido a
votación lo dará la presidencia de cada Cámara o comisión en sesión distinta a
aquella en la cual se realizará la votación.
Como lo ha señalado la jurisprudencia de esta
Corporación sobre la materia,[46]
el anuncio de la votación pretende hacer eficaces valores y principios
constitucionales primordiales para la actividad legislativa.  En efecto, el
anuncio permite que los congresistas conozcan con la debida antelación qué
proyectos de ley van a ser sometidos a votación, requisito indispensable para
la concreción del principio de publicidad propio de la actividad congresional
y, por ende, para la adecuada formación de la voluntad democrática al interior
de las cámaras. Además, el cumplimiento del requisito mencionado facilita la
actuación de los ciudadanos y las organizaciones sociales en el trámite de
aprobación de los proyectos de ley, lo cual materializa la democracia
participativa y el ejercicio de los derechos políticos previstos en el artículo
40 C.P.
Este precedente ha previsto, además, las condiciones
fácticas requeridas para acreditar el cumplimiento de la obligación del anuncio
de la votación.  Así, resultará comprobado el requisito cuando (i) el anuncio
de la votación de un proyecto de ley se realiza en sesión anterior y, por ende,
distinta a la que se lleve a cabo la aprobación de la iniciativa (ii) la
Presidencia de la cámara correspondiente informa expresa y claramente a sus
integrantes que determinado proyecto de ley será sometido a votación en sesión
posterior; y (iii) la fecha de esa sesión posterior para la cual fue convocada
la votación sea determinada o, al menos, determinable.
En el mismo sentido, la Corte ha estimado que el
incumplimiento del requisito mencionado es un vicio de naturaleza insubsanable,
que acarrea la inexequibilidad de la disposición.  Ello debido a que se trata
de una instancia del procedimiento legislativo prevista de forma expresa por la
Carta Política.  Por ende, hace parte de las disposiciones que conforman el
parámetro superior para la validez del procedimiento legislativo destinado a la
creación de normas jurídicas, por lo cual debe ser aplicada de forma preferente
en virtud del principio de supremacía constitucional (Art. 4 C.P.).
Bajo la misma perspectiva y de conformidad con lo
expresado anteriormente, esta exigencia busca hacer eficaces tanto el principio
de publicidad y transparencia en el trámite legislativo, como la democracia
participativa y el respeto de las minorías parlamentarias. Así, se trata de un
presupuesto formal relevante para la adecuada formación de la voluntad
democrática de las cámaras legislativas, esto es, que hace parte del mínimo de
requisitos exigibles para que el procedimiento de formación de las leyes cumpla
con sus propósitos constitucionales.
Por último, la omisión del anuncio para la votación es
un vicio de procedimiento que afecta el trámite subsiguiente puesto que, en
atención del principio de consecutividad, la validez de cada una de las etapas
del procedimiento para la formación de las leyes depende, a su vez, de la
validez de las actuaciones antecedentes.  En esa medida, no sería posible
aplicar la facultad de subsanación prevista en el parágrafo del artículo 241
C.P.
( … ) La Sala insiste en que el requisito para el
procedimiento legislativo previsto en el inciso final del artículo 160 C.P.
obliga a que al interior de las cámaras legislativas sean anunciados, de
manera específica, cierta y expresa, cuáles son los proyectos de ley que serán
sometidos a votación en la siguiente sesión y la fecha, determinada o
determinable, en que se realizará esa reunión (…)”[47](Negrilla fuera de texto)
En conclusión, el cumplimiento del anuncio previo con
el lleno de las exigencias constitucionales hace efectivo al interior del trámite
parlamentario de leyes y actos legislativos una serie de principios
constitucionales, dentro de los que se realza el Estado Social de derecho.
Principios éstos que pretenden que los congresistas conozcan qué
proyectos van a ser sometidos a debate y votación.  Lo anterior, como resultado
del principio de contradicción, pilar de las sociedades democráticas, el cual
busca que las normas que rigen la sociedad sean debatidas, discutidas y
posteriormente sean votadas. Para lo anterior, es indispensable que los
congresistas conozcan de manera cierta y clara en qué momento del trámite
parlamentario los proyectos serán debatidos, discutidos y votados.
Ahora bien, de no cumplirse dicho conocimiento
antecedente por parte de los congresistas, no existiría la idónea formación de
la ley o del acto legislativo como expresión de la voluntad democrática. Esto
por cuanto dicho desconocimiento impediría la oportunidad de debatir, discutir
y hasta votar dichos proyectos por parte de los congresistas. En consecuencia,
la norma resultante de un proceso que adolece del requisito señalado, no
responde a la expectativa cierta de los asociados quienes depositan su
confianza en los órganos del Estado, en este caso el Congreso, de que las
normas se guiarán por los causes de producción que la Constitución, como norma
de normas, establece para su fabricación.
Adicionalmente, otras cuatro razones fortalecen y
ratifican la exigencia, dentro del trámite de aprobación de una ley, del requisito
establecido en el artículo 160 Constitucional.  Estas son:
a.  La Constitución Política de Colombia establece en
su artículo 183 las causales de pérdida de  investidura de los congresistas;
dentro de las cuales se encuentra la señalada en el numeral segundo que indica:
“Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones
plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley
o mociones de censura. “  (Negrilla fuera de texto)
Así las cosas, el ordenamiento superior prevé que un
congresista de la República puede perder su investidura por el hecho de no
asistir en un mismo período de sesiones a seis reuniones plenarias en las que
se voten proyectos de ley.  En este orden de ideas, el anuncio previo de los
proyectos de ley que serán debatidos y votados en sesión posterior cierta y
determinada (artículo 160 constitucional) es sin duda una garantía que la misma
norma superior estableció para los congresistas, los cuales, conocedores de que
un proyecto se debatirá y votará en sesión posterior cierta y determinada y, de
las consecuencias señaladas en el artículo 183 numeral 2 de la Constitución,
asumen las responsabilidades que la propia Constitución y la ley les exigen.
Por el contrario, el no cumplimiento del anuncio
previo de que trata el artículo 160 constitucional, deja sin sustento la
garantía constitucional que la norma superior ha otorgado a los congresistas
para que asuman sus funciones con la responsabilidad que les es debida.  En
otras palabras, el no cumplimiento del requisito esbozado impediría exigir
responsabilidad a los congresistas con base en el artículo 183 numeral 2
constitucional, por falta de conocimiento de la reunión plenaria en la que se
votaría un proyecto de ley.
b. En este mismo orden de ideas, cualquier ciudadano
necesita conocer, de manera cierta y determinada, cuándo se va a votar un
proyecto de ley que lo puede afectar, ya que se debe legislar consultando el
interés general. Lo anterior, con el propósito de que pueda hacer valedero el
principio constitucional de participación en las decisiones políticas en cabeza
de todos los ciudadanos, consagrado entre otros artículos en el 2, 40, 103,
153, 154, 155, 159 de la Constitución Nacional.  Así las cosas, el ciudadano
puede ejercer no sólo la vigilancia y el control social sobre la producción de
las normas jurídicas que le van a ser aplicadas sino que igualmente puede
participar de manera activa en la toma de esas decisiones, lo cual es un
presupuesto del ordenamiento jurídico democrático y la cultura participativa.
Así pues, el desconocimiento del anuncio previo
expresado en la norma constitucional ya mencionada con anterioridad, impide que
el ciudadano vigile y controle socialmente la producción de las normas
jurídicas y que participe, como lo señala la Constitución Política, y asista,
como  lo permite el artículo 71 de la Ley 5ª de 1992 al desarrollo de las
sesiones y toma de decisiones por parte del Congreso. Específicamente, el
ciudadano, carecería del conocimiento respecto de la sesión cierta en la cual
se va a debatir y aprobar un proyecto de ley que sin dudas le incumbe.
c.  El artículo 160 de la Constitución al exigir que
ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente de aquella
que previamente se haya anunciado y que por consiguiente dicho aviso debe
realizarse en sesión distinta a aquella en la cual se realiza la votación, en
realidad lo que está señalando es un prerrequisito de competencia del
Congreso de la República para votar proyectos de ley y actos legislativos.
En otras palabras, la Constitución establece que el Congreso
de la República, sea las comisiones o sea las Cámara en pleno, será competente
para votar un proyecto de ley, como en el presente caso, solamente y de
manera única cuando se haya efectuado en debida forma el anuncio de que trata
el artículo 160 constitucional.  De no ser así, el congreso carece de la
competencia constitucional necesaria para votar un proyecto de ley. Lo anterior
por falta del anuncio previo exigido en la norma de la Constitución
mencionada.
Por tanto, si el Congreso vota un proyecto de ley sin
la realización o la mala realización del anuncio previo, tantas veces
mencionado, estaría actuando por fuera de las competencias asignadas
constitucionalmente y por consiguiente el acto constituye una irregularidad
superlativa a la luz de la Constitución por ser contrario a ésta, lo cual
acarrea una sanción mayor por no respetar el procedimiento establecido, sanción
ésta consistente en la expulsión del ordenamiento jurídico.
Así pues, al señalar la Constitución de manera expresa
una prohibición – que ningún proyecto de ley será sometido a votación en
sesión diferente de aquella que previamente se haya anunciado y que por
consiguiente dicho aviso debe realizarse en sesión distinta a aquella en la
cual se realiza la votación – su no cumplimiento genera de manera inmediata
la incompetencia del Congreso de la República – comisiones o Cámara en pleno –
para votar dicho proyecto de ley. En consecuencia, de votarse un proyecto de
ley sin el cumplimiento pleno de los requisitos exigidos para el anuncio previo
para votación consagrado en el artículo 160 constitucional se estaría violando
la prohibición constitucional anotada, se estaría actuando sin competencia y
dicho acto traería consigo un vicio mayor que aparejaría como sanción su
expulsión del ordenamiento jurídico.
d. Adicionalmente, el inciso adicionado al artículo
160 por el Acto Legislativo 01 del 2003, consagra que “(e)l aviso de que un
proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o
comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”
(negrilla fuera de texto), con el fin de darle mayor seriedad, solemnidad y
certeza a la determinación de la sesión en la cual se llevará a cabo la
votación.
De conformidad con esta disposición superior es claro
que la obligación del anuncio para votación tiene que ser realizada por la
presidencia de cada Cámara o de la comisión correspondiente, de lo cual resulta
evidente que el cumplimiento de este requisito constitucional es tan importante
que el mismo constituyente no se lo dejó a cualquier persona sino que lo asignó
al propio presiente(a) de cada Cámara o de la comisión respectiva.
A juicio de este magistrado, la exigencia de que el
anuncio lo haga la presidencia de cada Cámara o comisión trae importantes
consecuencias jurídicas a saber: (i) en primer lugar, que si el anuncio no lo
hace la presidencia de cada Cámara o comisión, entonces no existe anuncio
alguno; (ii) en segundo lugar, que si se llega a presentar una discrepancia
entre lo anunciado por la presidencia frente a lo anunciado por el secretario,
prevalece en todo momento el anuncio hecho por la presidencia; (iii) en tercer
lugar, que esta función se le otorgó a la presidencia de la Cámara o comisión
correspondiente, con el fin de que no existiera duda respecto de cuándo se va a
votar de forma cierta y determinada el proyecto legislativo, al otorgarle mayor
seriedad, solemnidad y certeza al anuncio.
2.1 Pues bien, en síntesis la exigencia constitucional
establecida en el artículo 160 determina como norma de producción del derecho,
que “ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a
aquella que previamente se haya anunciado.  El aviso de que un proyecto será
sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o comisión en sesión
distinta a aquella en la cual se realizará la votación“
Así las cosas, requisitos de producción del derecho,
como el del anuncio previo,  establecido en la propia Constitución hace que el
vicio que respecto de éste se presente sea insubsanable, por la alta
trascendencia que al interior de un Estado de Derecho posee la decisión popular
vertida en la Constitución Política, al optar por  la forma de producción del
derecho que va a seguir.
3. El anuncio previo (art. 160 constitucional) para
la discusión y votación en segundo debate en el Senado de la República y, en el
primer y segundo debate en la Cámara de Representantes  del proyecto de ley
aprobatoria del convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República de India sobre cooperación en Ciencia y Tecnología, es
un vicio insubsanable que hace inexequible la ley sujeta a estudio.
Del material probatorio allegado al presente proceso
de constitucionalidad se evidencia que tanto el anuncio para votación en el
segundo debate en plenaria del Senado de la República como el anuncio para
votación en el primer y segundo debate en la Cámara de Representantes adolecen
del lleno de los requisitos constitucionales exigidos por el artículo 160 de la
Constitución Nacional en cuanto a certeza, precisión y determinación de la
fecha de sesión en que se llevaría a cabo la discusión y aprobación del
proyecto de ley aprobatorio de tratado que nos ocupa, como en la manifestación
expresa de que se trataba de un anuncio para “aprobación” o “votación”, tal y
como lo exige la norma superior.
3.1 Anuncio en segundo debate en Senado
Así el anuncio para votación en el segundo debate en
plenaria del Senado de la República se realizó de la siguiente manera, según
consta en el Acta No. 35 de la sesión ordinaria del 6 de diciembre de 2006,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 57 de 2007:
“Por instrucciones de la presidencia y de
conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, la Secretaría anuncia
los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima semana.
…..
Proyectos en Segundo Debate
….
Proyecto de ley número 53 de 2006 Senado, por medio de
la cual se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y
el Gobierno de la República de India sobre cooperación en Ciencia y Tecnología,
suscrito en Bogotá, el 11 de junio de 2005”. (Resaltado fuera de texto) (Pág. 45-46 de la Gaceta
del Congreso No. 58 de 2007 Cuad. 2 Pruebas).
De lo anterior este magistrado evidencia que en el
anuncio citado no se determinó con certeza y precisión la sesión plenaria en la
cual se votaría el proyecto de ley bajo estudio, por cuanto se limitó a
anunciar los proyectos que se discutirían y aprobarían “en la próxima
semana”, de lo cual se colige que de conformidad con dicho anuncio se
hubiera podido realizar la votación y aprobación del proyecto de ley en sesión
plenaria en cualquier día de la semana posterior al anuncio, razón por
la cual en mi criterio dicho anuncio carece de determinación, de certeza y
precisión respecto de la  fecha de la sesión en la cual se debería aprobar el
proyecto de ley que nos ocupa.
La anterior conclusión se deriva de lo dispuesto por
el mismo reglamento del Congreso, que en el artículo 83 de la Ley 5 de 1992
dispone que: “Todos los días de la semana, durante el período
de sesiones, son hábiles para las reuniones de las cámaras legislativas y
sus comisiones, de acuerdo con el horario que señales las respectivas mesas
directivas. … Los días miércoles de cada semana se procederá a la votación de
los proyectos de ley o de acto legislativo cuya discusión estuviere cerrada y
sometida a consideración de las plenarias. No obstante, los demás días serán
igualmente hábiles para adoptarse tales decisiones, siempre que mediare una
citación oportuna y expresa a cada uno de los integrantes de la respectiva
corporación legislativa” (resaltado nuestro).  De esta disposición el
suscrito magistrado  colige, que si el anuncio para discusión y aprobación se
hace en forma indeterminada para “la próxima semana”, tal y como ocurrió
en el segundo debate en el Senado, tal votación puede tener lugar cualquier día
de la semana posterior a la del anuncio, encontrándose viciado éste último de
indeterminación.
Ahora bien, si bien es cierto que al final del Acta
No. 35 de la sesión del 6 de diciembre publicada en la Gaceta del Congreso No.
57 del 2007 en la cual se realizó el anuncio para votación se afirma que: “(s)iendo
las 8:35 p.m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día 11 de
diciembre de 2006, a las 10 a.m.” (negrilla fuera de texto) y si bien
el proyecto en mención se discutió y aprobó en la sesión plenaria del Senado
del lunes 11 de diciembre del 2006, según consta en el Acta No. 36 del 11 de
diciembre del 2006 publicada en la Gaceta del Congreso No. 58 del 2007, este
magistrado considera que la indeterminación original del anuncio para votación
no quedó subsanada ni con la convocatoria que se hiciera al final de la sesión
en la cual se realizó el anuncio para votación para una próxima sesión citada
para el día 11 de diciembre de 2006, puesto que no se estableció ni determinó
previamente y con plena claridad y certeza que en dicha sesión convocada se
aprobaría o votaría el proyecto de ley en cuestión, sino que simplemente al
final del acta se convocó para una próxima sesión sin que del anuncio para
votación se pudiera colegir que en dicha próxima sesión citada se llevaría a
cabo la votación del proyecto de ley aprobatoria de tratado que hoy nos ocupa.
En opinión del suscrito magistrado, otra cosa distinta
hubiese sido, si en lugar de realizar el anuncio para discusión y aprobación de
manera general y abstracta para la próxima semana, se hubiera citado
para la próxima sesión, por cuanto en esta eventualidad, con la citación
para una próxima sesión que se hiciera al final de la sesión en la que se
realizara el anuncio, se hubiera saneado la indeterminación del mismo y se
hubiera tenido certeza respecto de la fecha y hora de la próxima sesión,
respecto de la cual estaría claro y cierto que en ella se debería debatir y
votar el proyecto anunciado previamente. No ocurrió así en el segundo debate en
plenaria del Senado, razón por la cual este magistrado considera que con la
simple constatación al final del Acta de la sesión en la cual se realizó el
anuncio, de la convocatoria para una próxima sesión, no se saneó la
indeterminación del anuncio para votación, ya que este anuncio continúo adoleciendo
de indeterminación respecto de la fecha cierta de la sesión en la cual se
llevaría a cabo la votación del proyecto en cuestión que hubiera podido
realizarse en cualquier día de sesión plenaria de la semana subsiguiente a
aquélla en la cual se realizó el anuncio, además de que en este caso la
convocatoria de una próxima sesión cierta no se encontraba atada a la
obligación de discutir y votar en ella el proyecto anunciado, precisamente
por la indeterminación de que adoleció dicho anuncio para votación.
En este sentido, este magistrado disiente
del concepto del señor Procurador General de la Nación cuando afirma que “revisado
el trámite legislativo surtido en la Plenaria del Senado, resulta claro que en
esta oportunidad se dio cumplimiento a la exigencia constitucional prevista en
el Acto Legislativo 01 de 2003, artículo 8. Así las cosas, la aprobación del
proyecto en plenaria del Senado, se realizó de conformidad con el mandato
constitucional tantas veces aludido, pues no se presentó un rompimiento en la
cadena de anuncios”.
Discrepa el suscrito magistrado de la
opinión del Ministerio Público por cuanto, como quedó anotado, en segundo
debate en el Senado no se realizó el anuncio para votación de manera
determinada y precisa, ya que se anunciaron los proyectos que serían discutidos
y aprobados “en la próxima semana”, anuncio que en criterio de la Sala
presenta por lo menos dos problemas: En primer lugar y de conformidad con el
reglamento del Congreso, pueden realizarse sesiones cualquier día de la
semana, de tal modo que con base en dicha citación general “para la
próxima semana” podría haberse debatido y votado el proyecto de ley
aprobatorio de tratado internacional bajo estudio, cualquier día de la semana
sin que existiera certeza respecto del día y sesión cierta y determinada en que
se debería haber debatido y aprobado dicho proyecto de ley. En segundo lugar,
no obstante de que al final de la sesión en la cual se realizó el anuncio para
discusión y aprobación se citó para el día 11 de diciembre del 2006,
esta citación no saneó el vicio por indeterminación, ya que no era cierto y
claro que en dicha sesión citada se llevaría a cabo la discusión y aprobación
del proyecto de ley previamente anunciado, por cuanto en dicho anuncio no se
determinó y precisó claramente que en dicha sesión próxima se llevaría a cabo
la discusión y votación, máxime cuando era perfectamente posible que se
realizara otra sesión plenaria del Senado en esa misma semana posterior a la
del anuncio, en la cual se podría haber debatido y votado el proyecto de ley en
cuestión. Por esta razón, para este magistrado tal anuncio de votación no
resulta determinado ni determinable como lo ha exigido la jurisprudencia
constitucional.
Por consiguiente,  en criterio de este magistrado es
claro que no se realizó el anuncio previo para votación con el lleno de los
requisitos establecidos constitucionalmente para  la discusión y votación en
segundo debate en plenaria del Senado del proyecto de ley ya anotado, vicio
éste insubsanable como se mencionó en los fundamentos teóricos anteriores; lo
que apareja como ineludible consecuencia la inexequibilidad de la ley 1155 de
2007 “Por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el gobierno de la
República de Colombia y el gobierno de la República de India sobre cooperación
en ciencia y tecnología” suscrito en Bogotá el once (11) de junio de 2005“.
3.2 Anuncio en primer debate en Cámara
En relación con el anuncio en primer debate en Cámara
este magistrado constata según consta en Acta No. 33 del 22 de mayo de 2007,
que el anuncio para votación se realizó por la secretaría general de la
Comisión Segunda de la Cámara, de la siguiente manera:
“Anuncio de proyectos de ley para dar cumplimiento
al Artículo 8º del Acto Legislativo No.1 de 2003. Proyectos que serán discutidos
y aprobados en la próxima Sesión de Comisión.
…
Proyecto de Ley No. 53/06 Senado, 212/07 Cámara “Por
medio de la cual se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República de la India sobre Cooperación en Ciencia
y Tecnología”, suscrito en Bogotá el 11 de junio de 2005” (resaltado fuera de texto) (Fls. 199-201
Cuad. 4 Pruebas).
Así mismo, este magistrado constató que al final del
Acta No. 33 del 22 de mayo del 2007 se lee: “Agotado el Orden del Día,
quedan invitados para el día 29 a las diez de la mañana” (resaltado
fuera de texto). Del estudio del trámite  legislativo del proyecto de ley
053/06 Senado, 212/07 Cámara, se desprende que fue discutido y aprobado en
sesión de la Comisión Segunda de la Cámara el 29 de mayo del 2007, según consta
en el Acta No. 34 de la sesión del día veintinueve (29) de Mayo de 2007.
En relación con este anuncio para votación, observa el
suscrito magistrado que el anuncio para votación adolece de una indeterminación
por cuanto se anunció el proyecto de ley que nos ocupa para ser discutido y
aprobado en “la próxima sesión de Comisión”, y si bien al final
de la sesión del 22 de mayo del 2007 se realizó una invitación para la próxima
sesión de comisión, dicha convocatoria fue indeterminada por cuanto se citó
para “el día 29” omitiéndose mencionar el mes y año en el cual se
realizaría dicha sesión, razón por la cual la Sala considera que dicha citación
para una próxima sesión de comisión no saneó la indeterminación original del
anuncio para votación, ya que ella misma adolece también de indeterminación,
razón por la cual se hace irrita y nugatoria la norma.
Por esta razón, considero que aquí también se
evidencia un vicio en el anuncio para votación por indeterminación respecto de
la fecha cierta en la cual se realizaría la aprobación del proyecto de ley bajo
estudio, lo cual constituye otro vicio de procedimiento insubsanable.
3.3 Anuncio en el segundo debate en plenaria de la
Cámara
Respecto del anuncio en el segundo debate en plenaria
de la Cámara de Representantes y una vez revisada el Acta No. 61 de la Sesión
Ordinaria del día miércoles 25 de julio de 2007, publicada en la Gaceta No. 398
del 17 de agosto de 2007, encuentra este magistrado que el proyecto de ley número
212 de 2007 Cámara, 053 de 2006 Senado, fue incluido dentro de los proyectos
que fueron anunciados “para el próximo martes a las 3 de la tarde”, como
a continuación se cita:
“Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor
Bérner Zambrano Erazo:
Señor secretario anuncie los proyectos para el próximo
martes por favor.
Secretario General, doctor Jesús Alfonso Rodríguez C.,
informa:
Sí señor Presidente, antes de verificar vamos a hacer
los anuncios correspondientes.
Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor
Bérner Zambrano Erazo:
Señor Secretario anuncie los proyectos por favor
para el próximo martes a las 3 de la tarde.
Secretario General, doctor Jesús Alfonso Rodríguez C.,
informa:
Sí señor Presidente, se anuncian los siguientes
proyectos:
….
Proyecto de ley número 212 de 2007 Cámara, 053 de 2006
Senado” (resaltado fuera
de texto) (Fl. 218 Cuad. 5 Pruebas)
Así mismo, se constata que al final del Acta No. 61
del 25 de julio del 2007, publicada en la Gaceta No. 398 del 17 de agosto de
2007, se cita para la próxima sesión, de la siguiente manera:
“Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor
Bérner Zambrano Erazo:
Se levanta la sesión, se convoca para el próximo
martes a las 3 de la tarde.
Una vez agotada el Orden del Día se levanta la sesión
siendo las 6:25 p.m., y se convoca para el próximo martes 31 de julio de 2007,
a las 3 de la tarde”.
Como se mencionó en el apartado anterior sobre el
trámite en la plenaria de la Cámara, el proyecto de ley fue debatido y aprobado
en la sesión del 31 de julio de 2007, según consta en Acta  No. 062 del 31 de
julio de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso No. 435 del 7 de septiembre
de 2007.
En lo que toca con este anuncio para votación del
proyecto de ley 053/06 Senado, 212/07 Cámara, en el segundo debate en la
Cámara, este magistrado observa que tampoco este anuncio para votación se
realizó con el lleno de los requisitos constitucionales exigidos por el
artículo 160 Superior, por cuanto el anuncio no se hizo de forma específica y
clara para VOTACION del proyecto anunciado, es decir para ser aprobado
o votado en la sesión anunciada, sino que como consta en la trascripción
realizada, simplemente se afirmó que se anunciaban los proyectos para el próximo
martes, sin manifestar de manera expresa y clara, tal y como lo exige la norma
superior, que se anunciaba el proyecto para ser “sometido a votación”
(art. 160 CN).
Por tal razón, considero que aquí también se evidencia
un vicio de forma insubsanable, relativo a la falta de precisión de la
finalidad constitucional del anuncio, el cual debe hacerse para votación,
tal y como lo exige la Constitución y la jurisprudencia constitucional, ya que
el anuncio de proyectos puede ser también para el simple debate, lo cual
conlleva una diferencia sustancial entre estas clases de anuncios, por cuanto
una cosa es el debate de un proyecto y otra muy distinta es la aprobación y
votación del mismo. En este sentido, la Corte reitera lo anotado en el aparte
donde se estudió la figura e importancia del anuncio para votación, en
el sentido de que tanto los congresistas como los ciudadanos tienen que tener
certeza respecto de cuándo se van a votar un proyecto de ley, ya que
ello trae serias consecuencias tanto de carácter disciplinario para los
congresistas, como de afectación de la participación de los congresistas y de
los ciudadanos en la aprobación de los proyectos de ley de carácter general, lo
que implica la invalidez de las normas jurídicas así producidas.
3.4 Evidencia adicionalmente este magistrado que en
todos los anuncios mencionados no se cumplió tampoco con el requisito de que
éstos fueran realizados por “la presidencia de cada Cámara o comisión”,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 160 de la Constitución
Nacional, sino dichos anuncios fueron realizados por los secretarios de
cada Cámara o comisión, lo cual resulta claramente violatorio de lo dispuesto
por el ordenamiento superior.
Con fundamento en lo anterior, me permito
reiterar tal y como lo he sostenido en innumerables oportunidades, que la
exigencia de cumplimiento del anuncio para votación contenido en el artículo
160 Superior no es un simple formalismo sino que es de fundamental importancia
en un Estado constitucional y democrático de Derecho puesto que atañe
directamente al problema de la  validez de las normas jurídicas y de su
legitimidad democrática, y que su falta o irregularidad constituye un vicio
procedimental insubsanable por ser una exigencia de origen constitucional que
insisto, se encuentra fundamentada en la exigencia de validez de las normas
jurídicas y en la garantía de la transparencia y la participación en el
procedimiento democrático de creación de leyes.
3.5  Por consiguiente, este magistrado
encuentra que en relación con el requisito del inciso del artículo 160 de la
Constitución Nacional, adicionado por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 del
2003, relativo a la exigencia del anuncio para votación, según el cual “Ningún
proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que
previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a
votación lo dará la presidencia de cada Cámara o comisión en sesión distinta a
aquella en la cual se realizará la votación”, el trámite legislativo de la
ley aprobatoria de tratado No. 053 Senado, 212 del 2007 Cámara, se presentaron
claros vicios de procedimiento tanto en el trámite en el Senado de la República
como en el trámite en la Cámara de Representantes.
En consecuencia, evidenciándose varios vicios de forma
insubsanables en el trámite de la ley referida, tanto en el trámite legislativo
en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes, relativos a
la ausencia del anuncio para votación con el lleno de los requisitos exigidos
por la Constitución en su artículo 160 como por la jurisprudencia de esta
Corporación, la ley 1155 de 2007, aprobatoria del “Convenio entre el
gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República de India
sobre cooperación en ciencia y tecnología” suscrito en Bogotá el once (11) de
junio de 2005” debió ser declarada inexequible.
En consecuencia, discrepo de la
declaratoria de exequibilidad adoptada en la presente sentencia.
Fecha ut supra.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1] Cfr. Folio 1,
Cuaderno  principal.
[2] Cfr. folios 10 y 11,
Cuaderno principal.
[3] Cfr. folios 22 y 23,
Cuaderno principal.
[4] Hasta aquí la
ponencia original.
[5] Corte
Constitucional, Sentencia C-468 de 1997, MP: Alejandro Martínez Caballero. Esta
doctrina ha sido ampliamente reiterada por esta Corporación. Ver entre muchas
otras, las sentencias C-378 de 1996, MP: Hernando Herrera Vergara; C-682 de
1996, MP: Fabio Morón Díaz; C-400 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero;
C-924 de 2000, MP: Carlos Gaviria Díaz; C-206 de 2005, MP: Clara Inés Vargas
Hernández; C-176 de 2006, MP: Álvaro Tafur Galvis; C-958 de 2007, MP: Jaime
Córdoba Triviño; C-927 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto; C-859 de
2007, MP: Mauricio González Cuervo; C-464 de 2008, MP: Jaime Araujo Rentería;
C-387 de 2008, MP: Rodrigo Escobar Gil; C-383 de 2008, MP: Nilson Pinilla
Pinilla; C-189 de 2008, MP: Manuel José Cepeda Espinosa; C-121 de 2008, MP:
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[6] Ver Corte
Constitucional, Sentencias C-468 de 1997, MP: Alejandro Martínez Caballero;
C-376 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero; C-426 de 2000, MP: Fabio Morón
Díaz; C-924 de 2000, MP: Carlos Gaviria Díaz.
[7] Según lo dispuesto en el artículo 204 del Reglamento del
Congreso, los proyectos de ley aprobatorios de tratados internacionales se
tramitan por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las
especificidades establecidas en la Carta (sobre la iniciación del trámite de la
ley en el Senado de la República, artículo 154, CN) y en el reglamento sobre la
posibilidad del presentar propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de
reserva respecto de Tratados y Convenios Internacionales (art. 217 de la Ley 5ª
de 1992). En relación con esta posibilidad, en la Sentencia C-227 de
1993, MP: Jorge Arango Mejía, la Corte señaló que durante el trámite de un
proyecto de ley que aprueba el tratado, pueden presentarse propuestas de no
aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de tratados y convenios
Internacionales.
[8] El artículo 19 de la
Convención de 1969 sobre derecho de los tratados dice: “Un Estado podrá
formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un
tratado o de adherirse al mismo, a menos: a) que la reserva esté prohibida por
el tratado; b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse
determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trata
(...)” En la práctica las soluciones convencionales son diversas: ciertos
tratados prohíben cualquier tipo de reservas (como
la Convención de Montego Bay de 1982 sobre el Derecho del Mar o las
convenciones de Nueva York y Río de Janeiro sobre Diversidad Biológica y
Cambios Climático); otros autorizan las reservas sobre ciertas disposiciones
únicamente (por ejemplo el artículo 42 de la Convención sobre Refugiados de
1951) y algunos excluyen ciertas categorías de reservas (como el artículo 64 de
la Convención Europea de Derechos Humanos que prohíbe las reservas de carácter
vago). De manera general, una reserva expresamente permitida por las cláusulas
finales del tratado no requiere ser aprobada o aceptada por los demás Estados
(Artículo 20 párrafo 1 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986).
[9] Cfr. Folio 1 Cuaderno No. 1 Pruebas.
[10] Adoptada como
legislación interna mediante Ley 32 de 1985.
[11] Gaceta del Congreso
No 284 de 2006, pp. 1-4,
Cfr. Folios 142-144, Cuaderno 2 de pruebas.
[12] Gaceta del Congreso No. 359 de 2006, pp. 3-5, Cfr.
Folios 109-110, Cuaderno 2 de pruebas.
[13] Gaceta del Congreso
No. 481 de 2006, p. 1, Cfr. Folio 1 cuaderno 3 de pruebas.
[14] Gaceta del Congreso
No. 511 de 3 noviembre de 2006.
[15] Cuaderno de Pruebas
Nº 3, Folios 94-95, 98-100.
[16] Gaceta del Congreso
No. 476 de 2006, pp. 7-8
[17] Gaceta del Congreso
No. 058 de 2007, pp.5, 51-52
[18] El Subsecretario
General certificó a esta Corporación que “(e)n sesión ordinaria de la Plenaria
de la corporación del día miércoles 6 de diciembre del 2006, se dio
cumplimiento a lo establecido en el Acto legislativo No. 01 de 2003,
anunciándose que en la próxima sesión se votaría el proyecto, tal como consta
en el acta No. 35 de la sesión ordinaria del mismo día, publicada en la Gaceta
del congreso No. 57 de 2007.” (Negrillas fuera de texto) (Fl. 2 Cuad. 2
Pruebas).
[19] Gaceta del Congreso
No. 058 de 2008, pp- 1-2,5, 51-52.
[20] Cuaderno de Pruebas
Nº 2 Folio 2.
[21] Cfr. Folios 57-58, Cuaderno 2 Pruebas.
[22] Gaceta del Congreso
No. 537 de 2007, pp.1-2.
[23] Gaceta del Congreso No. 537 de 2007, pp. 14-15. El
debate y aprobación del proyecto de ley 53 de 2006 Senado, 212 de 2007 Cámara
se desarrolló de la siguiente manera:
Siguiente punto del Orden del Día señora Secretaria.
Hace uso de la palabra la Secretaria doctora Pilar
Rodríguez Arias:
Proyecto de ley número 53 de 2006 Senado, 212 de 2007
Cámara “por medio  de la cual se
aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República de la India sobre Cooperación en Ciencia y Tecnología”,
suscrito en Bogotá el 11 de junio de 2005.
Autora: Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Carolina
Barco Isakson.
Ponentes: honorable Senadora Martha Lucía Ramírez
de Rincón (primer y segundo debate en Senado); honorable Representante.
Luis Felipe Barrios (primer debate en Cámara).
Publicación del Proyecto: Gaceta número
284 de 2006.
Publicación Ponencia Primer Debate en Senado, Gaceta
número 359 de 2006.
Publicación Ponencia Segundo Debate en Senado, Gaceta
número 476 de 2006.
Publicación ponencia primer debate Cámara, Gaceta
número 188 de 2007- Pág. 18.
Hace uso de la palabra el Presidente, honorable
Representante Oscar Fernando
Bravo Realpe: Leamos
el informe con que termina la ponencia señora secretaria de este proyecto.
Hace uso de la palabra la Secretaria doctora Pilar
Rodríguez Arias:
Con base en las anteriores consideraciones doy
ponencia favorable y solicito a los Honorables Representantes de la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes dar primer debate al Proyecto de ley 212
de 2007 Cámara, 53 de 2006 Senado, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de la
India sobre cooperación en ciencia y tecnología, suscrito en Bogotá el 11 de
junio de 2005”.
Luis Felipe Barrios Barrios, Representante a la
Cámara.
Hace uso de la palabra el Presidente, honorable
Representante Oscar Fernando Bravo Realpe: En consideración el informe con que termina la ponencia. Abro su
discusión, anuncio que va a cerrarse, doctor Luis Felipe Barrios nos quiere
contar el resumen de su proyecto.
Hace uso de la palabra el honorable Representante Luis
Felipe Barrios Barrios. Sí, gracias
señor Presidente, pues este proyecto es de suma importancia para el país y está
haciendo referencia a ese convenio entre la Nación de la India y Colombia para
la cooperación de ciencia y tecnología. Este convenio de transferencia en
ciencia y tecnología se constituye en el primer paso para fortalecer las
relaciones bilaterales entre las dos Naciones, dada las condiciones en que se
encuentran los dos países en los actuales momentos, especialmente la India, ya
que este país dentro de los conjuntos de las economías emergentes se ha
convertido en una de las regiones de mayor progreso en los últimos años. Es el
segundo país más poblado del mundo y su economía se ha desarrollado rápidamente
teniendo tasas de crecimiento del 9% anual en los últimos años. Creemos de
conveniencia también para Colombia que se pueda suscribir este convenio y del
cual solicito a los honorables Representantes, tenerlo muy en cuenta para su
aprobación. Gracias señor Presidente.
Hace uso de la palabra el Presidente, honorable
Representante Oscar Fernando Bravo Realpe: Continúa la discusión del informe de ponencia. Se cierra, ¿aprueba la
comisión segunda el informe de la ponencia leída?
Hace uso de la palabra la Secretaria doctora Pilar
Rodríguez Arias: Aprobado el informe
de la ponencia leída señor Presidente.
Hace uso de la palabra el Presidente, honorable Representante
Oscar Fernando Bravo Realpe: El
articulado del proyecto, cuéntenos cuántos artículos son, si hay alguno que
tenga alguna proposición señora Secretaria.
Hace uso de la palabra la Secretaria doctora Pilar
Rodríguez Arias:
Son tres artículos señor Presidente. No se encuentra
en la secretaría radicada ninguna proposición.
Hace uso de la palabra el Presidente, honorable
Representante Oscar Fernando Bravo Realpe: Pongo en consideración de la comisión segunda el articulado del
proyecto. Abro la discusión, anuncio que va a cerrarse, se cierra, ¿aprueba la
comisión segunda de la Cámara
el articulado del proyecto leído?
Hace uso de la palabra la Secretaria doctora Pilar
Rodríguez Arias: Aprobado el
articulado leído señor Presidente.
Hace uso de la palabra el Presidente, honorable
Representante Oscar Fernando
Bravo Realpe: Cuál
es el título del proyecto señora Secretaria.
Hace uso de la palabra la Secretaria doctora Pilar
Rodríguez Arias: “Por medio de la
cual se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República de la India sobre cooperación en ciencia y tecnología,
suscrito en Bogotá el 11 de junio de 2005”.
Leído el título del proyecto.
Hace uso de la palabra el Presidente, honorable
Representante Oscar Fernando Bravo Realpe: En consideración el título del proyecto. Abro la discusión, anuncio que
va a cerrarse, se cierra. ¿Aprueba la comisión segunda el título del proyecto
leído?
Hace uso de la palabra la Secretaria doctora Pilar
Rodríguez Arias: Aprobado el título
del proyecto leído señor Presidente.
Hace uso de la palabra el Presidente, honorable
Representante Oscar Fernando
Bravo Realpe: ¿Quiere
la comisión segunda de la Cámara que este proyecto pase a segundo debate a la
plenaria de la Cámara y se convierta en ley de la República?
Hace uso de la palabra la Secretaria doctora Pilar
Rodríguez Arias:
Sí lo quieren, señor Presidente.
Hace uso de la palabra el Presidente, honorable
Representante Oscar Fernando Bravo Realpe: Designamos los mismos ponentes que actuaron en la comisión para la
plenaria de la cámara. Siguiente punto del Orden del Día señora Secretaria.
[24] Cfr. Folio 1 Cuaderno
4 Pruebas.
[25] Cfr. folios 17-18 Cuad. 2
Pruebas.
[26] Gaceta del Congreso Nº
398 de
2007, pp.21-22
[27] Gaceta del Congreso
Nº Congreso Nº 435 de 2007, pp.9, 18-20
[28] Cuaderno de Pruebas
Nº 5, folio 3.
[29] El artículo 160 de la Constitución fue adicionado por
el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de fecha 3 de julio de 2003 así: “Artículo
8°. El artículo 160 de la Constitución Política tendrá un inciso adicional
del siguiente tenor: ║ Ningún proyecto de ley será sometido a votación en
sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que
un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o
Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.”
[30] Véase entre muchas
otras las sentencias C-644 de 2004, MP: Rodrigo Escobar Gil, SV: Rodrigo
Uprimny Yepes; C-549 de 2006, MP: Manuel José Cepeda Espinosa; C-172 de 2006,
MP: Jaime Córdoba Triviño; C-241 de 2006, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra  y los
Autos 038 de 2004 y 089 de 2005, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[31] Véase Auto 038 de 2004
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y sentencia C-533 de 2003 M.P. Álvaro Tafur
Galvis.
[32] Corte Constitucional,
Sentencia C-644 de 2004, MP: Rodrigo Escobar Gil, SV: Rodrigo Uprimny Yepes.
[33] Corte Constitucional,
Sentencia C-533 de 2004, MP. Álvaro Tafur Galvis.
[34] Corte Constitucional, C-576 de 2006, MP: Manuel José
Cepeda Espinosa, con salvamento parcial de voto de Jaime Araújo Rentería. En esta sentencia la Corte también precisó
cuándo la omisión en el cumplimiento del requisito del artículo 8 del Acto
Legislativo 01 de 2003 resultaba insubsanable, en particular en cuanto se
refiere a leyes aprobatorias de tratados. Sobre este punto se dijo lo
siguiente:” “5.3. La posibilidad de que el incumplimiento del requisito
contemplado en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 en el trámite
legislativo de las leyes que aprueban un tratado o convenio internacional
–rompimiento de la cadena de anuncios previos a la votación del proyecto de
ley- depende del contexto en el cual se produjo el vicio y de su incidencia en
la formación de la voluntad del Congreso. ║ 5.4. En lo que se refiere al
trámite de leyes que aprueban tratados o convenios internacionales se debe
recordar que estas leyes surten el mismo procedimiento que las leyes ordinarias
(…) con la particularidad de que el proyecto de ley debe iniciar su trámite en
el Senado y la competencia del Congreso de la República se limita a aprobar o
improbar el tratado o convenio (…). La
Corte ha determinado como criterios relevantes para establecer la
subsanibilidad de este vicio los siguientes: “(i) el cumplimiento de las
etapas básicas y estructurales del proceso legislativo, establecidas en el
artículo 157 de la Carta; (ii) el contexto dentro del cual se presentó el
vicio; (iii) la garantía de los derechos de las minorías a lo largo del debate
parlamentario y del principio democrático en la votación del proyecto de ley;
(iv) el tipo de ley de que se trata y su evolución a lo largo del debate
parlamentario.” (…) En armonía con los criterios y particularidades
mencionadas se debe entender que en materia de leyes que aprueban tratados o
convenios internacionales, la condición esencial de subsanabilidad es que el
Senado se haya pronunciado de tal forma que la Cámara donde por mandato
constitucional ha de iniciarse el trámite de los proyectos de leyes
aprobatorias de un tratado ha expresado de manera completa su voluntad. Así,
una de las etapas estructurales del trámite, v.gr., la aprobación por el
Senado, habrá concluido a plenitud sin vicio alguno. ║ (…) En otras
palabras, una falencia en el cumplimiento el requisito del anuncio previo
establecido en el artículo 160 CP. hasta la votación en la Plenaria del Senado
se considera como un vicio en el trámite legislativo insubsanable que
desencadenará la declaratoria de inexequibilidad de la ley aprobatoria de un
tratado internacional. De otro lado, una falencia en el cumplimiento del
mencionado requisito en un momento posterior a la votación en la Plenaria del
Senado se considera un vicio subsanable que desencadenará la devolución de la
ley aprobatoria de un tratado internacional al Congreso para que subsane el
vicio y continúe su trámite desde el momento en que se produjo, cuando se
reúnan las demás condiciones de subsanabilidad.
[35] Gaceta del Congreso No. 124 de 2006.
[36] Corte Constitucional.
Sentencia C-644 de 2004, MP: Rodrigo Escobar Gil, SV: Rodrigo Uprimny Yepes.
[37] Corte Constitucional.
Sentencia C-644 de 2004, MP: Rodrigo Escobar Gil, SV: Rodrigo Uprimny Yepes.
[38] Ver entre otras, las
sentencias C-303 de 2001, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra; C-953 de 2001, y
C-264 de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa; C-718 de 2004 y C-176 de 2006,
MP: Álvaro Tafur Galvis.
[39] Sobre el concepto y la validez de las normas jurídicas ver Hans
Kelsen, Contribuciones a la Teoría Pura del Derecho, Fontamara, México,
1992, Págs. 52-60, 62-65. Así mismo, Riccardo Guastini, Distinguiendo,
estudios de teoría y metateoría del derecho, Editorial Gedisa, Barcelona,
1999, págs. 92-110, 307-343.
[40] Norberto Bobbio, Teoría del Derecho, Editorial Temis,
2007, Págs. 3-139.
[41] Ibidem, Págs. 143-265.
[42] Sobre este tema consultar Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho,
Porrua, 1998.
[43] Ver H.L.A. Hart, El concepto del Derecho, Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Págs. 99-125.
[44] Ver H.L.A. Hart, El concepto del Derecho, Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Págs. 125-137.
[45] Ibidem, Pág. 133.
[46] Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-533/04, C-644/04,
C-333/05,  C-400/05, y C-473/05.
[47] Corte Constitucional Sentencia C- 930 de
2005.