T-703-98
Sentencia T-703/98
Sentencia T-703/98
DERECHO AL
AMBIENTE SANO-Conexidad
con derechos fundamentales hace procedente la tutela
El derecho al medio ambiente sano, surge al
interior de la Carta Política no como un derecho de carácter fundamental, sino
de alcance colectivo, razón por la cual la tutela aparece como el mecanismo
idóneo para lograr su protección, sólo en los eventos en que a consecuencia de
su alteración o destrucción se pongan en peligro o se violen derechos que sí
ostenta el carácter de fundamentales. De esta manera, hasta tanto no se
encuentre probado el nexo causal entre la afectación del medio ambiente y la
violación de algún derecho constitucional fundamental, la protección tutelar no
es procedente.
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia:
Expediente T-183822
Peticionario: Julio
Ángel Vides Mercado y Rubén del Cristo Martínez Suárez
Magistrado Ponente:
Dr. ANTONIO BARRERA
CARBONELL
Santa Fe de Bogotá, D.C., los veintitrés
(23) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998)
Manifiestan los actores que son residentes
del sector denominado “Arroyo de Tuzza”, lugar en el cual se perciben olores
nauseabundos por la putrefacción de las aguas servidas que brotan de los pozos
sépticos. Consideran violado su derecho fundamental a un medio ambiente sano,
el cual solicitan les sea tutelado.
Mediante decisión del 18 de agosto de 1998,
el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Corozal, negó la tutela. Consideró
que los demandantes no han puesto en conocimiento de la entidad demandada la
posible solución al problema, más aún cuando  saben de la existencia de una
tubería enterrada en dicho sector, que podría solucionar el grave problema de
aguas servidas. Por otra parte, existe otra vía de defensa judicial como es la
acción popular. En diferentes fallos la Corte Constitucional se ha señalado que
en casos como el aquí presente, la tutela resulta procedente sólo cuando se
encuentra en peligro derechos fundamentales de gran envergadura, como el mismo
derecho a la vida. En éste caso, la acción popular tendrá mayor alcance frente
a los derechos de carácter colectivo aquí afectados.
Consideraciones
El derecho al medio
ambiente sano, surge al interior de la Carta Política no como un derecho de
carácter fundamental, sino de alcance colectivo, razón por la cual la tutela
aparece como el mecanismo idóneo para lograr su protección, sólo en los eventos
en que a consecuencia de su alteración o destrucción se pongan en peligro o se
violen derechos que sí ostenta el carácter de fundamentales. De esta manera,
hasta tanto no se encuentre probado el nexo causal entre la afectación del
medio ambiente y la violación de algún derecho constitucional fundamental, la
protección tutelar no es procedente. Al respecto la sentencia T-462 del 20 de
septiembre de 1996, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo, señaló
al respecto lo siguiente:
“..., la sola
circunstancia de probarse el perjuicio que sufre el accionante o la persona o
personas a cuyo nombre actúa no es suficiente para que prospere la tutela. Es
necesario que exista un nexo causal que vincule la situación concreta de la
persona afectada con la acción dañina o la omisión de la entidad o el
funcionario que constituye la parte pasiva dentro del procedimiento preferente
y sumario en que consiste la tutela.
En el campo de
las perturbaciones ambientales, esta Corte ha sido clara en destacar:
"Pero si,
además, una persona individualmente considerada puede probar que la misma causa
(perturbación del medio ambiente) está afectando o amenazando de modo directo
sus derechos fundamentales o los de su familia, al poner en peligro su vida, su
integridad o su salubridad, cabe la acción de tutela en cuanto a la protección
efectiva de esos derechos fundamentales en el caso concreto, sin que
necesariamente el amparo deba condicionarse al ejercicio de acciones populares.
“El artículo 86
de la Constitución contempla expresamente la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales como las razones que hacen jurídicamente idónea la
acción de tutela, siendo claro que la acción popular no necesariamente obra
como medio de defensa judicial adecuado a la eficaz protección de los derechos
del individuo, en especial cuando está de por medio la circunstancia de un
perjuicio irremediable que podría prevenirse por la vía de la tutela, sin
detrimento del uso colectivo de aquella para los fines que le son propios,
según lo dicho.
“Desde este punto
de análisis se considera que una acción de tutela instaurada por persona directa
y ciertamente afectada (artículo 10 del Decreto 2591 de 1991) puede
prosperar en casos como el que se estudia, claro está sobre la base de una prueba
fehaciente sobre el daño soportado por el solicitante o respecto de la
amenaza concreta por él afrontada en el campo de sus derechos fundamentales
(artículo 18 Decreto 2591 de 1991). Igualmente deberá acreditarse el nexo
causal existente entre el motivo alegado por el peticionario para la
perturbación ambiental y el daño o amenaza que dice padecer.  Unicamente de la
conjunción de esos tres elementos puede deducirse la procedencia de la acción
de tutela para que encaje dentro del artículo 86 de la Constitución". (Cfr.
Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-437 del 30 de junio
de 1992).[1]
También esta Corte
ha considerado en casos similares la afectación al derecho a la intimidad
cuando se ha probado  que  los olores nauseabundos  perturban no solo la
tranquilidad personal y familiar , sino que penetran la salud de quienes los
padecen, al punto  de afectar igualmente  sus vidas (ver sentencias T-219 de
1994, T-503 de 1997, T-214 de 1998, T-238 de 1998). Pero en  el presente caso,
los demandantes no demostraron la vulneración de derecho fundamental alguno, ni
la posible conexidad entre éstos y el problema ambiental que se viene
presentando en el sector Arroyo de Tuzza, el cual presentan como un problema
del ambiente sin incidencia  en sus vidas, salud o intimidad. Por ello la
tutela no resulta procedente.
Por lo tanto, se
confirma la decisión proferida por el a quo, en tanto negó la presente tutela.
DECISIÓN
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Constitucional,
en Sala de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.
CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo del
Circuito de Corozal del 18 de agosto de 1998.
Segundo. LÍBRENSE
las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para
los efectos allí contemplados.
Tercero. Prevénganse
a la Empresa Oficial de Acueducto y Saneamiento Básico de Corozal EMPACOR
E.S.P., para que en el futuro mantenga las condiciones de sanidad que
garanticen un buen servicio de alcantarillado en la zona de Arrollo de Tuzza en
el municipio de Corozal.
Cópiese,
notifíquese, cúmplase y publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
ANTONIO BARRERA
CARBONELL              EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado Ponente                                            Magistrado
CARLOS
GAVIRIA DÍAZ              MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Magistrado                                      Secretaria
General
[1] Cfr. Sentencias T-437 de
1992 y T-376 de 1993.