C-350-94
Sentencia No
Sentencia No.
C-350/94
SENTENCIA
INHIBITORIA-Norma ejecutada
Cuando se
demandan normas que contienen mandatos específicos ya ejecutados, es decir,
cuando el precepto acusado ordena que se lleve a cabo un acto o se desarrolle
una actividad y el cumplimiento de ésta o aquél ya ha tenido lugar, carece de
todo objeto la decisión de la Corte y, por tanto, debe ella declararse
inhibida.
BIENES DE
UTILIDAD PUBLICA-Declaración
Tanto en la Carta
de 1886 como en la de 1991, ha sido confiada a la ley la atribución de
establecer con efectos obligatorios si un determinado bien tiene la
característica de ser declarado bien de utilidad pública. No hay regla de orden
superior que limite la libre iniciativa que en esta materia tiene el legislador
ni la Constitución reduce a determinados bienes la declaración que al respecto
puede hacer.
LIBERTAD DE
CULTOS EN LA CONSTITUCION VIGENTE
Mientras que la
Constitución de 1886 garantizaba la libertad de cultos pero subordinándola a la
conformidad del culto respectivo con la moral cristiana, y en todo caso,
sometiendo su ejercicio a las leyes, el Constituyente de 1991, por el
contrario, optó por liberalizar la libertad de culto, sin consagrar límites
constitucionales expresos a su ejercicio. Esto significa que, conforme a la
Constitución de 1991, puede haber cultos religiosos que no sean conformes a la
moral cristiana y no por ello serán inconstitucionales, mientras que tales
cultos no eran admisibles en el anterior ordenamiento jurídico.
IGUALDAD DE
CONFESIONES RELIGIOSAS
El carácter más
extendido de una determinada religión no implica que ésta pueda recibir un
tratamiento privilegiado de parte del Estado, por cuanto la Constitución de
1991 ha conferido igual valor jurídico a todas las confesiones religiosas,
independientemente de la cantidad de creyentes que ésta tengan. Se trata de una
igualdad de derecho, o igualdad por nivelación o equiparación, con el fin de
preservar el pluralismo y proteger a las minorías religiosas.
PLURALISMO
RELIGIOSO
La Constitución
de 1991 establece el carácter pluralista del Estado social de derecho
colombiano, del cual el pluralismo religioso es uno de los componentes más
importantes. Igualmente, la Carta excluye cualquier forma de confesionalismo y
consagra la plena libertad religiosa y el tratamiento igualitario de todas las
confesiones religiosas, puesto que la invocación a la protección de Dios, que
se hace en el preámbulo, tiene un carácter general y no referido a una iglesia
en particular. Esto implica entonces que en el ordenamiento constitucional
colombiano, hay una separación entre el Estado y las iglesias porque el Estado
es laico; en efecto, esa estricta neutralidad del Estado en materia religiosa
es la única forma de que los poderes públicos aseguren el pluralismo y la
coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones
religiosas.
ESTADO LAICO
Un Estado que se
define como ontológicamente pluralista en materia religiosa y que además
reconoce la igualdad entre todas las religiones no puede al mismo tiempo
consagrar una religión oficial o establecer la preeminencia jurídica de ciertos
credos religiosos. Es por consiguiente un Estado laico. Admitir otra
interpretación sería incurrir en una contradicción lógica. Por ello no era
necesario que hubiese norma expresa sobre la laicidad del Estado. El país no
puede ser consagrado, de manera oficial, a una determinada religión, incluso si
ésta es la mayoritaria del pueblo, por cuanto los preceptos constitucionales
confieren a las congregaciones religiosas la garantía de que su fe tiene igual
valor ante el Estado, sin importar sus orígenes, tradiciones y contenido. Las
definiciones constitucionales sobre la estructura del Estado, y en este caso
particular, sobre la laicidad del Estado y la igualdad entre las confesiones
religiosas, no pueden ser alterada por los poderes constituidos sino por el
propio constituyente. Pero ello no significa que estos poderes no puedan tomar
decisiones, con base en el predominio de las mayorías, en otros campos, puesto
que ello es inherente a la dinámica democrática.
CONSAGRACION
OFICIAL AL SAGRADO CORAZON-Inconstitucionalidad/PRINCIPIO
DE SEPARACION DEL ESTADO Y LA IGLESIA
La
constitucionalidad de la consagración oficial de Colombia al Sagrado Corazón
era plausible durante la vigencia de la anterior Constitución, la cual
establecía que la religión católica era la de la Nación y constituía un
esencial elemento del orden social. Pero esa consagración oficial vulnera el
nuevo ordenamiento constitucional que establece un Estado laico y pluralista,
fundado en el reconocimiento de la plena libertad religiosa y la igualdad entre
todas las confesiones religiosas. Se trata de una consagración oficial, por
medio de la cual el Estado manifiesta. una preferencia en asuntos religiosos,
lo cual es inconstitucional por cuanto viola la igualdad entre las distintas
religiones establecida por la Constitución. Esta discriminación con los otros
credos religiosos es aún más clara si se tiene en cuenta que la consagración se
efectúa por medio del Presidente de la República quien es, según el artículo
188 de la Carta, el símbolo de la unidad nacional. Esa consagración oficial
también desconoce la separación entre el Estado y las iglesias, así como la
naturaleza laica y pluralista del Estado colombiano.
LIBERTAD DE
RELIGION-Vulneración/LIBERTAD
DE CONCIENCIA
La norma acusada
también vulnera la plena libertad religiosa establecida por la Constitución,
por cuanto obliga al Presidente a participar del culto de una religión
particular. Ahora bien, del hecho sociológico de que la mayoría de los
colombianos son católicos no se desprende que siempre el Presidente deba serlo,
por lo cual la norma podría estar obligando al mandatario a hacer
manifestaciones religiosas que puede no compartir. Esa obligación podría ser
constitucional dentro del anterior ordenamiento constitucional, por el
particular lugar que en él ocupaba el catolicismo; o puede  ser válida en la
constitución argentina que establece en su artículo 77 que el Presidente debe
pertenecer a la Religión Católica. Pero esa obligación no es admisible en un
Estado pluralista y con plena libertad religiosa y de conciencia como el
colombiano, puesto que obliga a una persona a revelar sus creencias religiosas
y a eventualmente actuar contra ellas, lo cual vulnera los artículos 18 y 19 de
la Carta.
CELEBRACION
RELIGIOSA DEL SAGRADO CORAZON
No vulnera la
Constitución que la Iglesia Católica efectúe la celebración religiosa del
Sagrado Corazón de Jesús y que en ella puedan participar todas las personas, de
acuerdo con sus creencias. Pero ahora tal ceremonia no tendrá un carácter
oficial sino estrictamente religioso. Y como es natural, ceremonias de similar
naturaleza pueden ser también efectuadas por otro tipo de congregaciones
religiosas.
DIAS FESTIVOS
El mandato según
el cual la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús constituye un día de descanso
laboral ya fue declarado exequible por la sentencia precitada. Por
consiguiente, la declaratoria de inexequibilidad de la consagración  oficial de
Colombia al Sagrado Corazón de Jesús que se efectuará en la parte resolutiva de
esta sentencia no implica, en manera alguna, la supresión del día de descanso
obligatorio previsto para tal fecha por los artículos 1º y 2º de la Ley 51 de
1983, declarados exequibles por esta Corporación en la sentencia precitada.
-Sala Plena-
Ref.: Expediente
D-509
Acción de
inconstitucionalidad contra las leyes 33 de 1927 y 1a de 1952.
Demandantes:
CARLOS ALBERTO JAUREGUI DIDYME-DOME y JORGE IVAN CUERVO RESTREPO.
Temas: -Formas de
relación entre el Estado y las religiones.
-El carácter
laico del Estado colombiano y la separación entre el Estado y las confesiones
religiosas e iglesias.
-Igualdad entre
las confesiones religiosas, independientemente de su carácter mayoritario o
minoritario .
Magistrado
Ponente:
Dr. Alejandro
Martínez Caballero
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los cuatro (4) días del mes de agosto de mil
novecientos noventa y cuatro (1994).
I- ANTECEDENTES
Los ciudadanos
CARLOS ALBERTO JAUREGUI DIDYME-DOME y JORGE IVAN CUERVO RESTREPO, en ejercicio
del derecho previsto en el artículo 40, numeral 6, de la Constitución Política,
presentaron a la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto
820 de 1902 y contra las leyes 33 de 1927 y 1a de 1952.
El Magistrado a
quien correspondió en reparto la demanda, Dr JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO,
rechazó la demanda en lo concerniente al Decreto 820 de 1902 por cuanto no fue
expedido en virtud de ninguno de los numerales que integran el artículo 241 de
la Constitución, norma mediante la cual se definen los estrictos y precisos
términos de la competencia señalada a esta Corte.
Admitida la demanda
en cuanto a las mencionadas leyes, se cumplieron todos los trámites ordenados
por el Decreto 2067 de 1991 y el Procurador General de la Nación emitió su
concepto.
Así las cosas,
procede la Corte a decidir.
II. TEXTO
Las disposiciones
acusadas dicen textualmente:
"LEY 33 DE 1927
(Octubre 20)
Por la cual se asocia la Nación a un
homenaje y se ordena la terminación de un monumento.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. La Nación se asocia al público homenaje
que va a rendirse a Jesucristo en el presente año, con motivo del voto que hizo
el Gobierno hace veinticinco años, en guarda de la paz pública, de cooperar a
la pronta edificación del Templo del Voto Nacional, que en esta ciudad se está
acabando de levantar al Sagrado Corazón de Jesús.
Artículo 2º. Con el fin de obtener la pronta
terminación de este monumento, el Tesoro Nacional contribuirá con dos mil pesos
($2.000) mensuales hasta levantar la cúpula y perfeccionar las demás obras de
arte comenzadas. Las sumas correspondientes se incluirán en la Ley de
Apropiaciones de las vigencias próximas, y serán entregadas mensualmente al
Superior de la comunidad a cuyo cargo está la obra, mediante cuentas de cobro
debidamente arregladas.
Artículo 3º. Declárase de utilidad pública, para todos
los efectos legales, el citado monumento del Templo del Voto Nacional.
Artículo 4º. La presente Ley regirá desde su
sanción".
"LEY 1a DE 1952
(Enero 8)
Por la cual se conmemora el cincuentenario
de la consagración oficial de la República de Colombia al Sagrado Corazón de
Jesús y se declara una fiesta nacional.
El Congreso de Colombia,
CONSIDERANDO:
1. Que el día 22 de
junio de 1952 se conmemora el cincuentenario de la consagración oficial de la
República al Sagrado Corazón de Jesucristo;
2. Que desde ese día
la Nación colombiana ha recibido grandes beneficios y extraordinarias muestras
de la providencial protección del Salvador del mundo; y
3. Que tanto el
hecho solemne de la consagración oficial como los singulares beneficios divinos
concedidos a Colombia merecen ser encomendados a la perpetua memoria de los
colombianos,
DECRETA:
Artículo 1º. Renuévase la consagración oficial de la
República de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús por intermedio del Excelentísimo
señor Presidente de la República o un representante suyo, ceremonia que se
verificará el día en que la Iglesia Católica celebra esa festividad religiosa
en el próximo año de 1952, de acuerdo con su Liturgia.
Artículo 2º Cada año se renovará la consagración
oficial de la República en análoga forma y en el día, en que se celebra la
fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, la que será nacional a partir del año
venidero, y se denominará de "Acción de Gracias".
Artículo 3º. En reconocimiento a los grandes beneficios
que la Providencia ha dispensado a la República, autorízase al Gobierno para
que realice una obra social benéfica que haga perdurable entre los colombianos
la fecha que se conmemora por medio de esta Ley.
Artículo 4º. En el Salón Elíptico del Capitolio
Nacional y en el sitio que el Gobierno determine, se colocará una lápida en que
se inscriba el texto de la presente Ley.
Artículo 5º. Esta Ley regirá desde su sanción".
III. LA DEMANDA
Los actores fundan
su acusación en los siguientes motivos:
"El Gobierno no
puede hacer votos o promesas religiosas ni obligarse a colaborar económicamente
a la edificación de templos y menos aún ordenar fiestas religiosas, colectas y
peregrinaciones (art. 1 y 2 Decreto 820 de 1902) pues ello sólo es acorde con
un Estado confesional de espaldas a la modernidad, e incluso a los principios
liberales del Siglo XVIII; es absolutamente notorio que el Gobierno del Sr.
Marroquín mediante esas descabelladas normas, respondía con intolerancia
religiosa, a la poca democrática definición de la católica como Iglesia de
Estado, y por supuesto, a la conveniencia de sacralizar una confrontación
política.
Todo este
"delirium tremens jurídico-religioso" nos enseña hoy, noventa y un
años después, que la perspectiva histórica evidencia la ridiculez que toda
persecución o fanatismo entraña. Resulta hoy casi humorística la lectura de los
temas legislativos de entonces. Invitaciones a los empleados públicos, órdenes
a los gobernadores de Departamentos, despliegue de poder dirigido no a realizar
los fines del Estado, sino a hacer votos religiosos como cualquier joven
novicia.
La Iglesia Católica
era privilegiada; no quiere decir ello, que entonces no existiera la diversidad
cultural o religiosa que hoy reconoce la nueva Constitución; tal vez incluso,
dicha pluralidad era más acentuada que hoy, solo que los poseedores del poder
que legítima sobre los demás cierta verdad, escogieron la intolerancia y la
persecución; convirtieron el discurso político en un discurso sagrado e
incuestionable lleno de esos lugares comunes que de tanto reiterarse se hacen
irracionalmente válidos para el común de la gente.
El artículo 1º de la
Ley 33/27 asoció a la nación a un homenaje a Jesucristo para conmemorar el 25
aniversario del voto al Sagrado Corazón. Si dicha asociación la hubiera hecho
el Congreso sin llamarse a si mismo "La Nación" hubiera sido ya una
impropiedad legislativa violatoria de la igualdad y libertad religiosa, pero
tomarse la voz de una nación (hoy pueblo) compuesta de diversas culturas y credos
religiosos para rendirle un homenaje a la figura religiosa de una fe es ajeno a
los deberes del Congreso y a la finalidad que deberían tener las leyes. Incluso
bajo la vigencia de la anterior Constitución (artículo 78 Constitución 1886)
estaba prohibido al Congreso decretar favores a personas y entidades o actos de
proscripción o persecución contra personas o corporaciones. La norma incluye a
los nacionales no católicos en un homenaje religioso que viola su libertad o en
sentido contrario, los proscribe del concepto de nacionalidad.
El artículo 2º
ordena incluir en la "Ley de apropiaciones de las vigencias próximas"
una erogación a cargo del Tesoro Nacional para la construcción de un Templo
Católico. A la luz de la Constitución de 1886 el gasto no podía decretarse a
espaldas de la Ley de presupuesto o anticipándola; pero aún, si esta norma
pasara el examen en este sentido, no lo haría en el del respeto a la igualdad,
al favorecer una iglesia en desmedro de las otras y sin estar con ello
cumpliendo los cometidos que le incumben. En la práctica esa contribución se
hizo efectiva y sería innecesario pedir la inexequibilidad de la Ley que la
ordeno, pues por derogatoria tácita se obtendría idéntico resultado. Pero no
podemos desconocer los antecedentes que animaron la citada norma, y sobre todo
el posterior desarrollo legislativo y político que se le dio en dos leyes
posteriores.
La utilidad pública
(artículo 3º Ley 33/27) que puede tener un monumento religioso no solo es
discutible sino muy difícil de comprender. Si visitáramos el TEMPLO del Voto
Nacional suponiendo que los expendedores de drogas y atracadores del sector nos
lo permitieran, veríamos que no se trata de una fuente de agua, ni de un
edificio en donde funcione una escuela u hospital, ni un bien que reporte
ninguna utilidad pública. Es solo un lugar de culto de una fe que debe
respetarse pero no erigirse para todos los Colombianos, ni etiquetarse bajo el
concepto de utilidad pública. Mal haría el Estado Colombiano en convocar a todo
el pueblo a rendir culto a una sola fe.
El Congreso en 1952
renovó "La consagración oficial de la República de Colombia al Sagrado
Corazón de Jesús" considerando el 50 aniversario de la consagración, y
"los beneficios y extraordinarias muestras de la providencial protección
del Salvador del mundo" que había recibido desde ese día la Nación
Colombiana. Al margen podríamos preguntarnos: Cuáles son los beneficios que ha
recibido la Nación Colombiana por ésta original primera comunión?
Reiteramos lo dicho
respecto del deber de neutralidad religiosa del Estado. La consagración de este
es jurídicamente impropia y constitucionalmente exótica. Como ya lo anotamos el
Estado no es persona religiosa, no tiene fe, es laico por razones de orden
lógico-jurídicas y políticas.
El artículo 2º de la
Ley 1º de 1952 ordena la renovación anual de la consagración oficial de la
República "en análoga forma" es decir "por intermedio del
excelentísimo señor Presidente" (artículo 1º). Todos los años el día del
Sagrado Corazón de Jesús el Presidente ha venido renovando la consagración
dando cumplimiento a la disposición comentada.
Para el legislador
del año 1952 no bastó promover la desigualdad religiosa mediante Ley sino que
ordenó al ejecutivo anualmente prestar su dignidad para una fiesta religiosa.
Anotamos antes que el Presidente según el artículo 188 de la Constitución
simboliza la unidad nacional y que como tal no puede hacer manifestaciones en
favor o en contra de confesión religiosa alguna. Distingamos dos situaciones:
El Presidente como persona, sin carácter oficial puede acudir a ceremonias y
manifestar privadamente su fe sin hacer proselitismo religioso o
discriminación. En los actos oficiales el Presidente debe actuar con la
delicadeza a la que un estado laico está obligado.
Acudir a una honras
fúnebres, católicas, judías o musulmanas verbigratia, (sic) no es favorecer
dichas confesiones; sí lo es en cambio, en nombre de la nación renovar
anualmente una consagración a un símbolo católico.
La diferencia entre
una situación y otra debe resolverse bajo el principio de neutralidad,
haciéndose la pregunta: se trata de una actitud religiosa del Estado?. En caso
afirmativo, se tratará de una violación del principio expuesto. El artículo 2º
de la Ley 1a/52 es
inconstitucional entonces, no solo por la violación de la libertad e igualdad
religiosa sino que lesiona además, el artículo 188 Superior; adicionalmente no
puede desconocerse el principio de imparcialidad de la función administrativa
consagrado en el artículo 209 Constitucional.
Respecto al artículo
3º de esa Ley pueden hacerse las reflexiones ya expuestas.
El artículo 4º por
su parte, ordena colocar una lápida en el Capitolio Nacional (con el texto de
la Ley, con lo cual se exalta la importancia de las normas demandadas) y se le
hace honor público a la desigualdad e intolerancia. Ejemplo de la simbología de
una nación semifeudal".
IV. OPOSICIÓN
El ciudadano ENRIQUE
RUEDA NORIEGA presentó a la Corte un escrito mediante el cual se opuso a la
demanda basado en lo siguiente:
"Las normas
demandadas no violan la libertad religiosa consagrada en la Constitución
Política de 1991, por cuanto dicha libertad se debe entender como la igualdad
de todas las religiones frente a la ley, igualdad de oportunidades. Y
ninguna de las normas está prohibiendo a otras religiones que busquen una
especial consagración de nuestra Nación, lo que sucede es que siendo el pueblo
colombiano mayoritariamente católico su Congreso también lo es.
Si la religión
católica es la única que ha logrado una consagración específica, el problema no
está en esta consagración sino en que las otras religiones no tienen la
influencia suficiente para obtener dicho reconocimiento en una ley de la
República, pero eso no quiere decir que no tengan la opción de hacerlo.
Por lo tanto, la ley
se ajusta a la igualdad de oportunidades para todas las religiones que
establece la Constitución de 1991 y si algunos no comparten la consagración al
Sagrado Corazón de Jesús deberán hacer uso de los mecanismos constitucionales
para dar al traste con una ley vigente, tales como la iniciativa popular.
El concepto de
igualdad según el cual nadie puede tener nada para que todos seamos iguales
responde a un socialismo igualitario en desuso y nos llevaría a absurdos tales
como que por ser todos los hombre iguales ninguno podría tener más que otro.
Todas las religiones son iguales pero para desgracia de algunos, la religión
católica es la de las mayorías.
Por otro lado, creer
que el Presidente no puede representar a la Nación en un acto de consagración
porque hay personas que no están de acuerdo con ese culto, es tanto como
afirmar que el Presidente de la República solamente puede actuar cuando hay
unanimidad absoluta frente a un tema por lo que no actuaría nunca. O
estuvieron de acuerdo todos los colombianos en el restablecimiento de
Relaciones diplomáticas con la República de Cuba, o comparten todos los
ciudadanos el deseo del ingreso de Colombia al Tratado de Libre Comercio, o
para todos los colombianos es aceptable que el presidente llame a su gabinete a
personas de otros partidos?. Pues no, pero el Presidente de la República recibe
la representación de la Constitución o de las leyes, y si las leyes se
aprueban en el libre ejercicio de la democracia es porque responden al querer
del pueblo, al menos de la mayoría, y por lo tanto el Presidente está
representando a la Nación, pues así se determinó en ejercicio del poder
democrático.
Es la democracia un
igualitarismo absurdo, o es un mecanismo de convivencia social en el que los
que se someten a las reglas de juego ganan unas veces y pierden otras. Pues
bueno, los católicos ganamos en el Congreso de la República la posibilidad de
que nuestra nación, la colombiana, fuera consagrada al Sagrado Corazón de Jesús
y hasta que la democracia no nos demuestre lo contrario seguiremos creyendo que
la mayoría del pueblo colombiano ve con tranquilidad y alegría que, como lo
dice el preámbulo de nuestra Constitución, sigamos invocando la protección
de Dios".
V. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En el concepto del
Procurador General de la Nación se solicita a la Corte que se inhiba de fallar
sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los artículos 1º y 2º de
la Ley 33 de 1927 por cuanto las actividades allí ordenadas se llevaron a cabo
en su oportunidad, lo cual haría inane la sentencia.
El Jefe del
Ministerio Público solicita que se declare exequible el artículo 3º de la
mencionada Ley, pues no encuentra que el hecho mismo de declarar de utilidad pública
un templo que puede ser considerado patrimonio cultural de carácter
arquitectónico no constituye violación de normas constitucionales.
Pide el Procurador
que se declare inexequible la totalidad de la Ley 1a de 1952 por los siguientes motivos:
"Como muy
claramente lo expresa la norma mencionada la renovación de la consagración
oficial de la República al Sagrado Corazón de Jesús se hará "por
intermedio del Excelentísimo Presidente de la República o un representante
suyo...". Se trata entonces de un mandato legal, según el cual el primer
magistrado de la Nación debe participar en las ceremonias religiosas
correspondientes a la liturgia de la Iglesia Católica.
En nuestro criterio,
el mandato contenido en la norma mencionada, contradice abiertamente distintos
preceptos de la Carta Política de 1991".
"...resulta
incongruente y contradictorio que el Presidente de la República, en el contexto
de la nueva Constitución, la cual lo califica como símbolo de una unidad
nacional, basada en el concepto de diversidad, adopte posturas y actitudes, o
cumpla cometidos legales, que niegan esa diversidad, por la connotación de
exclusividad que lleva implícita la ceremonia de consagración oficial.
De conformidad con
esas prácticas, el primer dignatario de la Nación desconocería esa condición
simbólica que la Constitución Política le ha atribuido, y con ello estaría
violando el artículo 188 de ese Estatuto, que la consagra. De la misma manera
su gesto conculcaría el artículo 7º que establece para el Estado la obligación de
proteger y reconocer la diversidad étnica y cultural".
(...)
"También, en
cuanto a las relaciones del Estado con la religión, el Constituyente de 1991,
produjo transformaciones notables en el Ordenamiento Jurídico constitucional
del país. La adopción del principio de igualdad de todas las confesiones
religiosas o iglesias ante la ley, contemplado en el inciso 2º del artículo 19,
ha generado modificaciones sustanciales en esas relaciones.
La primera de ellas,
consiste en que ninguna confesión podrá tener el carácter de estatal. Como
antes se ha destacado el Estado Colombiano pasó de ser un Estado confesional, a
ser un Estado laico. En cuanto al asunto que hoy tratamos, esto significa que
el Jefe del Estado debe asumir una actitud de imparcialidad ante las distintas
confesiones e iglesias. Es notorio que la presencia oficial del Presidente de
la República, por mandato de la ley, en las ceremonias de carácter religioso de
un credo determinado, cuya finalidad es la promoción de los símbolos de ese
mismo credo, no resulta compatible con la actitud imparcial que en esta materia
se requiere del Jefe de un Estado laico".
(...)
"Otra
consecuencia que se deriva del principio en mención, se relaciona con la
erradicación de todo tipo de discriminación, positiva o negativa, por parte de
las autoridades estatales, en esta materia. Coincide este Despacho con lo
afirmado por los demandantes, en el sentido de que el principio de igualdad
religiosa, consagrado en el inciso segundo del artículo 19, está íntimamente
ligado con el principio general de igualdad adoptado por la Constitución
Política en su artículo 13.
En efecto, en el
inciso primero de la norma mencionada se preceptúa, que todas las personas
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin que contra
ellas pueda producirse ninguna discriminación, por razones de religión, entre
otras razones. Titulares del derecho a la igualdad religiosa, son pues todas
las personas. Esto significa que cada una de ellas, y cada iglesia a la cual
pertenezcan, cuentan con la garantía constitucional consistente en que su
respectiva fe, es tan valiosa para el Estado, como la de las demás personas y
confesiones, como antes se anotó. Luego, como acertadamente concluyen los
demandantes, en relación con este aspecto, el Presidente de la República, en su
condición de tal, no puede asumir actitudes o comportamientos religiosos en
nombre de todos los colombianos, sin lesionar el principio de igualdad,
constitucionalmente adoptado.
Hacerlo, en el
contexto normativo que se describe, constituiría un acto de preferencia que por
sus consecuencias promocionales y de divulgación en relación con un credo
particular, se convertiría en un acto discriminatorio contra las demás
confesiones. Lo cual, sería violatorio de los artículo 13 y 19 de la
Constitución.
Una consideración
final sobre la incorporación en nuestra Carta Política del principio de
igualdad religiosa atañe al principio según el cual las confesiones religiosas
son igualmente libres ante la ley. Esto significa, que el Constituyente acogió
un principio fundamental del Estado de Derecho: el principio de la igualdad en
la libertad. Principio, cuyo significado histórico primordial, es el de haber
superado el concepto estamental de libertad, correspondiente al Estado
premoderno, según el cual la libertad se otorgaba de acuerdo con el estatus
del derecho-habiente.
En esencia, ser
igualmente libre, es serlo sin consideración a condiciones especiales derivadas
del estamento a pertenecer en la sociedad. De allí, que concomitante con la
libertad religiosa, debe contemplar el intérprete y el juez, la igualdad en el
trato al titular del derecho, que en el caso de nuestra Constitución Política,
lo es toda persona por la sola circunstancia de serlo".
VI. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1- Competencia
Esta Corte es
competente para resolver de manera definitiva sobre la constitucionalidad de
las normas acusadas, según lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la
Constitución, pues se trata de dos leyes de la República.
2- Inhibición por
carencia actual de objeto
El artículo 1º de la
Ley 33 de 1927 declaró que la Nación se asociaba al homenaje que iba a rendirse
a Jesucristo en ese año, con motivo de cumplirse un aniversario más del voto
que había hecho el Gobierno en guarda de la paz pública, cooperando a la pronta
edificación del Templo del Voto Nacional que en la ciudad de Bogotá se estaba
acabando de levantar al Sagrado Corazón de Jesús.
El artículo 2º de la
misma Ley dispuso que, con el fin de obtener la pronta terminación del indicado
monumento, el Tesoro Nacional contribuiría con la suma de dos mil pesos
($2.000) mensuales hasta levantar la cúpula y perfeccionar las demás obras de
arte comenzadas.
El mismo precepto
ordenaba que las sumas correspondientes se incluyeran en la ley de
apropiaciones de las vigencias próximas y que fueran entregadas mensualmente al
Superior de la Comunidad a cuyo cargo estaba la obra, mediante cuentas de cobro
debidamente arregladas.
El artículo 1º de la
Ley 1a de 1952 se refería a
una ceremonia que debería llevarse a cabo el día en que la Iglesia Católica
celebrase la festividad religiosa del Sagrado Corazón de Jesús en el año de
1952.
El artículo 3º de
esa misma Ley autorizó al Gobierno para que realizara una obra social benéfica
que hiciera perdurable entre los colombianos la fecha que se conmemoraba.
El artículo 4º de la
misma Ley estableció que en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, en el
sitio que el Gobierno determinara, fuera colocada una lápida en que se
inscribiera el texto de la misma ley, mediante la cual se conmemoraba el
Cincuentenario de la consagración oficial de la República al Sagrado Corazón de
Jesús y se declaraba una fiesta nacional.
Como puede
observarse, las aludidas normas obligaban al Estado colombiano a cumplir con
unos actos concretos en cuyo desarrollo el Congreso de la República rendía
culto al Sagrado Corazón de Jesús.
Todos esos actos
tuvieron cabal ejecución: el Templo del Voto Nacional se terminó de construir,
lo mismo que las obras artísticas aludidas en la respectiva norma; se hicieron
efectivas las contribuciones del Estado a tales fines; se celebró la ceremonia
religiosa de consagración a la cual hizo referencia el artículo 1º de la Ley 1a de 1952 y el 21 de junio de 1963
el Presidente de la República, Guillermo León Valencia, descubrió en el Salón
Elíptico del Capitolio Nacional una placa conmemorativa del Centenario de la
Consagración de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús, de acuerdo con el mandato
legal correspondiente.
En cuanto a la obra
social benéfica autorizada por el artículo 3º de la Ley 1a de 1952, no hay en el expediente
constancia de que alguna labor de tal naturaleza hubiese tenido concreción en
un acto determinado, pero la Corte parte del supuesto de que se trataba de una
autorización abierta, concebida en los más amplios términos, que sin duda ha
tenido realización en repetidas ocasiones mediante actividades de beneficio
social llevadas a cabo por los distintos gobiernos desde cuando se expidió la
Ley hasta cuando este fallo se profiere. Se entiende, pues, que también ese
mandato del legislador tuvo ya ejecución.
Cuando se demandan
normas que contienen mandatos específicos ya ejecutados, es decir, cuando el
precepto acusado ordena que se lleve a cabo un acto o se desarrolle una
actividad y el cumplimiento de ésta o aquél ya ha tenido lugar, carece de todo
objeto la decisión de la Corte y, por tanto, debe ella declararse inhibida.
En efecto, si
hallara exequible la norma impugnada no haría otra cosa que dejar en firme su
ejecutabilidad y, habiéndose dado ya la ejecución, la resolución judicial sería
inútil y extemporánea. Y si la encontrara inexequible, no podría ser observada
la sentencia en razón de haberse alcanzado ya el fin propuesto por quien
profirió la disposición; se encontraría la Corte con hechos cumplidos respecto
de los cuales nada podría hacer la determinación que adoptase.
Así, pues, en este
caso habrá de abstenerse la Corte de adoptar cualquier decisión de fondo en
cuanto a los enunciados preceptos.
3- La
constitucionalidad de la declaración de utilidad pública
Mediante el artículo
3º de la Ley 33 de 1927 se declara de utilidad pública para todos los efectos
legales el Monumento del Templo Voto Nacional.
El único cargo
formulado por los actores contra esta norma radica en que, a su juicio,
"si visitáramos el Templo del Voto Nacional (...) veríamos que no se trata
de una fuente de agua, ni de un edificio en donde funcione una escuela u
hospital, ni un bien que reporte una utilidad pública".
En otros términos,
los demandantes pretenden sustituir ellos o que la Corte sustituya al
legislador en la función de definir lo que puede y lo que no puede ser
declarado de utilidad pública.
Esta Corporación
considera, por el contrario, que, tanto en la Carta de 1886 como en la de 1991,
ha sido confiada a la ley la atribución de establecer con efectos obligatorios
si un determinado bien tiene la expresada característica. No hay regla de orden
superior que limite la libre iniciativa que en esta materia tiene el legislador
ni la Constitución reduce a determinados bienes la declaración que al respecto
puede hacer.
A lo dicho, que es
suficiente para desechar el cargo, únicamente resta agregar que en las fuentes
de agua, escuelas y hospitales no se agotan las posibilidades de destinación de
un bien para que cumpla los fines de servir a la comunidad[1].
Así, el lugar de culto de una determinada confesión religiosa puede ser
considerado por el Legislador, por muy diversas consideraciones sociales, como
un monumento cultural digno de ser declarado de utilidad pública, puesto que,
como se verá posteriormente, los sentimientos religiosos de la población son un
interés jurídico protegido en el constitucionalismo colombiano, a pesar del
carácter laico del Estado colombiano.
No encuentra
entonces la Corte ningún motivo de inconstitucionalidad en el aludido mandato,
por lo cual será declarado exequible en la parte resolutiva de esta sentencia.
4-  Integración
del enunciado normativo del artículo 2º de la Ley 1º de 1952 y vigencia de esa
disposición.
Entra entonces la
Corte a estudiar el artículo 2 de la Ley 1 de 1952. Para ello considera que es
necesario comenzar por precisar el contenido de su enunciado normativo, ya que
este artículo incorpora elementos de otras disposiciones. En efecto, el
artículo segundo dice que cada año "se renovará la consagración oficial de
la República en análoga forma" (negrillas de la Corte), esto
es, tal y como lo determina el artículo 1º de la mencionada Ley, a saber, en
una consagración oficial de la República de Colombia al Sagrado Corazón de
Jesús, por intermedio del Presidente de la República o un representante suyo, y
de acuerdo a la liturgia católica . Luego el artículo agrega que tal
consagración se efectuará "el día en que se celebra la fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús, la que será nacional a partir del año venidero, y se
denominará de "Acción de Gracias".
El análisis del
enunciado normativo así integrado muestra que éste contiene dos mandatos
diferenciados. De un lado, ordena la consagración oficial de Colombia al
Sagrado Corazón de Jesús, por medio del Presidente o su representante. Y, de
otro lado, establece un día de descanso obligatorio en la fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús.
La Corte constata
que, a pesar de que la Ley 133 de 1994 sobre libertad religiosa reguló de
manera detallada este tema y derogó todas las disposiciones anteriores que le
fueren contrarias, este artículo específico no se puede considerar derogado y
sigue produciendo efectos jurídicos,  como lo demuestra el hecho mismo de que
con posterioridad a la sanción de tal Ley se celebró la ceremonia ordenada.
Corresponde entonces a la Corte pronunciarse de manera diferenciada sobre cada
uno de los mandatos contenidos por el artículo 2 de la Ley 1 de 1952.
5- El problema
bajo revisión: la constitucionalidad o no de la consagración oficial al Sagrado
Corazón de Jesús.
Los demandantes y el
concepto de la Procuraduría sostienen que la consagración oficial del país al
Sagrado Corazón de Jesús viola la Constitución, porque una ceremonia de esa
naturaleza es propia de un Estado confesional y no de uno carácter laico como
el que estableció la Constitución de 1991. Además, de esa manera se vulneraría
el pluralismo cultural y étnico, la libertad religiosa y la igualdad entre
todas las religiones ya que se ordena al Presidente, quien es el símbolo de la
unidad nacional, que consagre el país a una creencia específica. En cambio, el
ciudadano que defendió la constitucionalidad de las normas acusadas considera
que la interpretación de los demandantes es equivocada, porque esa consagración
no vulnera la libertad religiosa, por cuanto no impone la práctica religiosa
católica como obligatoria a los colombianos, ni prohibe ningún otro culto.
Según este ciudadano, tampoco se puede decir que las normas impugnadas
establezcan una discriminación entre las confesiones religiosas, ya que ellas
se limitan a reconocer un hecho sociológico evidente: la importancia histórica
de la religión católica en nuestro país y su carácter mayoritario entre la
población. El tratamiento legal diferente, según tal interpretación, provendría
entonces de situaciones de hecho diversas que lo justifican y lo hacen
razonable. Además, tal regulación deriva del principio de mayoría contenido en
la Constitución y es una forma de invocar la protección de Dios, expresamente
plasmada en el Preámbulo de la  Carta. Finalmente, considera el ciudadano, esa
consagración en manera alguna excluye que en el futuro el país pueda ser
consagrado también a otras confesiones religiosas, si el Congreso así lo
decide, por lo cual las normas acusadas se ajustan al principio de la igualdad
de oportunidades entre todas las religiones establecido por la Constitución.
Para resolver cual
de esas interpretaciones se adecúa mejor a la Carta fundamental y determinar
así la constitucionalidad o no del enunciado normativo contenido en el artículo
2º de la Ley 1º de 1952, entra la Corte a  determinar previamente cuál es la
relación entre el Estado y las confesiones iglesias en el régimen jurídico
colombiano.
6- La relación
entre el Estado y las confesiones religiosas en el régimen constitucional
colombiano.
Desde el punto de
vista de la teoría política, han existido muchas formas de relación entre el
Estado y las confesiones religiosas, sin que exista una tipología aceptada de
manera uniforme por los autores[2]. Sin embargo, la
Corte Constitucional considera que es posible resumir, en términos abstractos,
esas formas complejas de relación en los siguientes modelos de regulación
jurídica.
De un lado,
encontramos los Estados confesionales sin tolerancia religiosa: en ellos no
sólo se establece una religión oficial sino que, además, los contenidos de tal
religión son jurídicamente obligatorios, de suerte que se prohiben las
religiones diversas a la oficial, o al menos se las discrimina
considerablemente. Estas formas políticas, que existieron por ejemplo en los
Estados cristianos medioevales, en las monarquías absolutas o existen aún en
algunos países musulmanes, son contrarias al constitucionalismo y al
reconocimiento de los derechos humano, los cuales nacieron, en parte, con el
fin de superar las crueldades de las guerras de religión. En efecto, uno de los
momentos esenciales en el desarrollo del constitucionalismo y de la idea de los
derechos humanos fue el reconocimiento de que las creencias religiosas eran un
asunto que no debía de ser controlado por el poder público y que, por
consiguiente, debería respetarse la libertad de concienca, de religión y de
cultos. Así, al consagrarse tales libertades, se desplazó la cuestión de la
verdad religiosa a la vida privada de las personas y se comenzaron a establecer
límites al poder de intervención del Estado. En muchos aspectos, estas
libertades religiosas constituyeron el punto de partida del posterior
desarrollo de los derechos fundamentales ya que, el reconocimiento de la
existencia de una pluralidad de concepciones religiosas del mundo igualmente
válidas y consistentes, se tradujo posteriormente por una creciente tolerancia
entre las distintas creencias en otros campos de la vida social. Jorge
Jellinek, por ejemplo, ha mostrado que desde mediados del Siglo XVII, varias de
las colonias norteamericanas (Rhode Island, Carolina del Norte, New Jersey, New
York, etc) habían consagrado la tolerancia religiosa como un derecho esencial
de las personas, lo cual sirvió de  base para el posterior reconocimiento de
los otros derechos fundamentales[3]. Y esa
tolerancia religiosa permitió también la paz constitucional, ya que la
autoridad política abandonó su pretensión de encarnar la verdad religiosa y, a
la inversa, para los ciudadanos acatar una decisión gubernamental no implicó ya
aceptarla como la verdad de las cosas.
De otro lado,
encontramos los Estados confesionales con tolerancia o libertad religiosa, los
cuales se caracterizan porque si bien consagran una determinada religión como
la oficial, no por ello excluyen a las otras creencias religiosas y a los otros
cultos. Esto significa que el reconocimiento de la religión oficial no implica
la conversión automática de todos sus contenidos normativos en mandatos
jurídicos obligatorios para todos los ciudadanos. Sin embargo, dentro de este
modelo de relaciones cabe distinguir al menos dos variantes. En algunos casos,
las religiones diversas a la oficial son simplemente toleradas, sin que exista
una plena libertad en la materia. Así, en Italia, el Estatuto de 1870
establecía que la religión Católica era "la única religión del Estado. Los
demás cultos ahora existentes son tolerados conforme a las leyes"[4].
Ello implicaba entonces la persistencia, inaceptable desde el punto de vista de
los derechos humanos, de ciertas discriminaciones, puesto que el culto no
oficial era ejercido no como un derecho sino como una conducta simplemente
tolerada por el Estado. En cambio, en otros eventos, el carácter oficial de una
religión se ha acompañado de una plena libertad religiosa y de la ausencia de
cualquier discriminación por este factor. Por eso, ese último tipo de Estado no
es incompatible con la idea de Estado de derecho ni de régimen constitucional.
Tal es, por ejemplo, el modelo del Estado británico que confiere desde el Siglo
XVII carácter oficial a la religión Anglicana, de suerte que el Rey debe ser de
esa misma religión. Pero en ese país hay plena libertad religiosa. Así, todos
los cultos no contrarios al orden público son aceptados, la religión no puede
tomarse en cuenta para acceder a cargos públicos, y las cadenas oficiales de
televisión conceden espacios equitativos a diversas expresiones religiosas o
seculares.
En tercer término, y
como una variante de los Estados confesionales con libertad o tolerancia
religiosa, existen lo que algunos autores denominan Estados de orientación
confesional o de protección de una religión determinada, en los cuales si bien
no se establece una religión oficial, el régimen jurídico acepta tomar en
consideración el hecho social e histórico del carácter mayoritario de una o más
confesiones religiosas, a las cuáles confiere una cierta preeminencia. Según
algunos doctrinantes, los actuales ordenamientos constitucionales italiano y
español se caracterizan por esta regulación, puesto que si bien hay plena libertad
religiosa y no se establece ninguna religión oficial, la Constitución y el
ordenamiento legal reconocen ciertas prerrogativas al Catolicismo Romano[5].Y
tal era indudablemente la regulación contenida en la Constitución colombiana
anterior, puesto que si bien desde la reforma de 1936 se había consagrado la
libertad de conciencia, el preámbulo, aprobado por el plebiscito de 1957,
señalaba que una de las bases de la unidad nacional era "el reconocimiento
hecho por los partidos políticos de que la religión católica, apostólica y
romana es la de la nación, y que como tal los poderes públicos la protegerán y
harán que sea respetada como esencial elemento del orden social".  Y por
ello, el artículo 53 de esa Constitución establecía que la libertad de cultos
estaba limitada por la moral cristiana.
En cuarto término,
encontramos los Estados laicos con plena libertad religiosa, en los cuales
existe una estricta separación entre el Estado y las iglesias, de suerte que,
por la propia definición constitucional, no sólo no puede existir ninguna
religión oficial sino que, además, el Estado no tiene doctrina oficial en
materia religiosa y existe de pleno derecho una igualdad entre todas las
confesiones religiosas. Los dos modelos clásicos de este tipo de Estado son los
Estados Unidos y Francia. Así, en la primera enmienda de la constitución
estadounidense se consagra la libertad de cultos y se prohibe al Congreso el
establecimiento de una religión oficial, mientras que el artículo 2º de la
constitución francesa de 1958 define a ese país como una "República
indivisible, laica, democrática y social". Estos regímenes
constitucionales reconocen el hecho religioso y protegen la libertad de cultos
pero, por su laicismo, no favorecen ninguna confesión religiosa por cuanto
consideran que ello rompería la igualdad de derecho que debe existir entre
ellas. Ello implica, como contrapartida, que la autonomía de las confesiones
religiosas queda plenamente garantizada, puesto que así como el Estado se
libera de la indebida influencia de la religión, las organizaciones religiosas
se liberan de la indebida injerencia estatal. Por ello, al comentar este
proceso de secularización, señala con razón Hannah Arendt:
"La enorme
significación para el ámbito político de la pérdida del establecimiento estatal
de una región es comúnmente descuidada en la discusión de secularización
moderna, porque el surgimiento del ámbito secular, que fue el resultado
inevitable de la separación de la Iglesia y el Estado, de la emancipación de la
política de la religión, parece tan obviamente haber tenido lugar a expensas de
la religión; a través de la secularización, la Iglesia perdió muchas de sus
propiedades terrenales y, lo que es más importante, la protección del poder
secular. Pero, como cuestión de hecho, esta separación cortó, en ambos
sentidos, y así como uno habla de la emancipación de lo secular respecto de
lo religioso, también podría uno, tal vez aun con más derecho, hablar de la
emancipación de la religión de las exigencias y cargas de lo secular" (negrillas
de la Corte)[6].
Finalmente,
encontramos los Estados oficialmente ateos, es decir aquellas organizaciones
políticas que hacen del ateísmo una suerte de nueva religión oficial, y que
presentan, algunos de ellos, diversos grados de hostilidad hacia el fenómeno
religioso. Así, algunos de estos Estados toleran las prácticas religiosas pero
no establecen verdaderamente una plena libertad de cultos. Otros regímenes
llegan a desconocer toda libertad religiosa, a tal punto que devienen Estados
anticlericales, como sucedía con la Constitución de la República Socialista de
Albania de 1976, la cual en su artículo 54 prohibía la creación de
organizaciones religiosas, y en su artículo 36 establecía que "el Estado
no reconoce ninguna religión y fomentará y desarrollará la propaganda ateista con
el fin de infundir al pueblo la concepción materialista científica del
mundo". Como es obvio, estos tipos de Estado que establecen el ateísmo
como doctrina oficial y no respetan la plena libertad de creencias religiosas y
de cultos de sus ciudadanos, también son contrarios a la idea de derechos
humanos, de Estado de derecho y de régimen constitucional. Al respecto, esta
Corte Constitucional había señalado:
"No existe
democracia donde se acallen violentamente las ideas; no hay república
pluralista donde se niegue la diversidad o se imponga la intolerancia; tampoco
será posible la participación democrática y pluralista, cuando una concepción o
credo oficial desde el poder restringe los derechos y libertades cuya
protección corresponde precisamente a la autoridad.[7]"
En tal contexto,
¿cuál es la orientación contenida en el actual ordenamiento colombiano?  Para
responder a ese interrogante conviene comparar la regulación de la actual
Constitución con la contenida en el  anterior ordenamiento.
Así, en primer
término, la Constitución derogada establecía que Dios era la fuente suprema de
toda autoridad y que la Religión Católica, Apostólica y Romana era la de la
Nación. Tales referencias fueron eliminadas por el preámbulo de la Constitución
de 1991; en éste, los delegatarios invocan la protección de Dios pero no le
confieren ningún atributo como fuente de autoridad o de dignidad, ni
establecen ninguna referencia a una religión específica. En efecto, el proyecto
de preámbulo que hacía de Dios "el fundamento de la dignidad humana y
fuente de vida y autoridad para el bien común" -bastante acorde con la
cosmovisión católica- no fue adoptado por la Asamblea Constituyente, puesto que
se consideró que la soberanía residía en el pueblo[8].
Por ello la referencia que se mantuvo no establece la prevalencia de ningún
credo religioso, ni siquiera de tipo monoteísta; se trata entonces de una
invocación a un Dios compatible con la pluralidad de creencias religiosas, tal
y como lo destacó el constituyente indígena Lorenzo Muelas Hurtado, cuando
dijo:
"Lentamente,
humanamente, nos están reconociendo esa diversidad del pueblo colombiano y ante
esa diversidad, como lo ha destacado el delegatario, doctor Diego Uribe Vargas,
que cada uno podemos tener nuestros dioses. En eso nos compaginamos, creo
que Dios no es solamente para unos, sino de cada uno de acuerdo a nuestras
creencias.(negrillas no originales)[9]"
Por ello, al invocar
la protección de Dios, los Constituyentes no consagraron un Estado confesional
sino que simplemente quisieron expresar que las creencias religiosas
constituían un valor constitucional protegido, tal y como lo establecieron en
el artículo 19 de la Carta.
En segundo término,
la Constitución anterior hacía de la religión católica un esencial elemento del
orden social, referencia que no sólo fue eliminada por la Asamblea
Constituyente sino que fue sustituida por el principio según el cual Colombia
es un Estado social de derecho ontológicamente pluralista (CP art. 1º). Eso
explica también que, mientras que la Constitución derogada explícitamente
señalaba que los poderes públicos debían proteger la religión católica y hacer
que ella fuese respetada de manera preferente, la actual Constitución, como
obvia consecuencia de la definición pluralista del Estado, ordena a los poderes
públicos amparar no sólo a la religión católica sino a todas las confesiones
religiosas en igualdad de condiciones, puesto que es deber del Estado proteger
la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana (CP arts. 7º y 19).
En tercer término, y
como obvia consecuencia de lo anterior, la regulación de las libertades
religiosas en ambas constituciones es también diversa. Mientras que la
Constitución de 1886 garantizaba la libertad de cultos pero subordinándola a la
conformidad del culto respectivo con la moral cristiana, y en todo caso,
sometiendo su ejercicio a las leyes, el Constituyente de 1991, por el
contrario, optó por liberalizar la libertad de culto, sin consagrar límites
constitucionales expresos a su ejercicio. Esto significa que, conforme a la
Constitución de 1991, puede haber cultos religiosos que no sean conformes a la
moral cristiana y no por ello serán inconstitucionales, mientras que tales
cultos no eran admisibles en el anterior ordenamiento jurídico.
En cuarto término,
la Constitución de 1991 estableció expresamente, en el artículo 19, que
"todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la
ley". Esto significa que la Constitución de 1991 ha establecido una plena
igualdad entre todas las religiones, mientras que la Constitución de 1886
confería un tratamiento preferente a la religión católica, por su carácter
mayoritario. Durante los debates en la Comisión I de la Asamblea Constituyente,
algunos sectores quisieron mantener esa preeminencia del catolicismo,
considerando que ella no era incompatible con la plena libertad de cultos y
consultaba la realidad social del país. Así, el constituyente Ramírez Ocampo expreso:
"se deben
respetar las creencias religiosas ajenas -respeto a los agnósticos, respeto a
los ateos, respeto a los politeístas- pero una gran mayoría del pueblo
colombiano es católico y reconocer este hecho no hace ningún mal sino que
obedece a un comportamiento estrictamente democrático; es una realidad nacional
y es una realidad que yo creo debería ser reconocida".[10]
Sin embargo tal
propuesta no fue adoptada por cuanto la mayoría de la Comisión  consideró que
ese reconocimiento al catolicismo vulneraba el pluralismo y equivalía a
mantener la orientación confesionalista de la Constitución de 1886. Así, según la
delegataria María Mercedes Carranza:
"La
Constitución debe ser pluralista y permitir la participación de todas las
religiones. Establecer preferencias corresponde al esquema de un estado
confesional, y los colombianos desean pluralismo religioso y político"[11].
Por tales razones,
la Asamblea Constituyente aprobó la fórmula del artículo 19 que estableció la
igualdad entre las religiones, excluyendo entonces la preeminencia de cualquier
confesión religiosa sobre las otras. Así, en  el respectivo informe-ponencia, el
Constituyente Diego Uribe Vargas dijo:
"Dentro del
nuevo ordenamiento Constitucional, la consagración de la libertad de conciencia
representa uno de los aspectos fundamentales. Ello se complementa con el
derecho de cada persona de profesar libremente su religión en forma individual
o colectiva. Las palabras "todas las confesiones religiosas e iglesias son
igualmente libres ante la ley", expresan la diferencia  fundamental  con
el texto de la Constitución  vigente, en el cual se hace referencia a la moral
cristiana  y a la restricción que de ella se derive. El haber desaparecido
del preámbulo de la Carta, que fuera aprobado en el plebiscito de 1957, el
carácter  oficial de la religión católica, da paso a la plena igualdad entre
religiones e iglesias. Lo cual se traduce en la libertad de cultos"
(negrilllas de la Corte).[12]
Por consiguiente, el
carácter más extendido de una determinada religión no implica que ésta pueda
recibir un tratamiento privilegiado de parte del Estado, por cuanto la
Constitución de 1991 ha conferido igual valor jurídico a todas las confesiones
religiosas, independientemente de la cantidad de creyentes que ésta tengan. Se
trata de una igualdad de derecho, o igualdad por nivelación o equiparación, con
el fin de preservar el pluralismo y proteger a las minorías religiosas. Esta
Corporación ya lo había establecido en decisión anterior, cuando al referirse
al derecho a la libertad de cultos, señaló:
"El debate (en
la Asamblea Constituyente) sobre este derecho giró en torno a la igualdad de
religiones e iglesias ante la ley, ya que un sector buscó proteger
constitucionalmente a la Iglesia Católica, mientras que otros consideraron que
debía establecerse la igualdad religiosa....
El constituyente
de 1991 optó por garantizar la igualdad entre las diferentes religiones e iglesias y liberalizar la libertad de
cultos, sin consagrar límites constitucionales expresos a su ejercicio....
El principio que
guió a la Constitución de 1.886 en cuanto al tema religioso fue el de las
mayorías, razón por la cual se le brindó especial protección a la religión
mayoritaria en el país: la católica. La Constitución de 1991, por el
contrario, se orienta por el concepto de respeto a las minorías religiosas.
Por eso, no solo las tolera sino que les facilita un espacio para que se
desarrollen libremente en condiciones de igualdad. (negrillas no
originales)[13]"
En síntesis, la Constitución
de 1991 establece el carácter pluralista del Estado social de derecho
colombiano, del cual el pluralismo religioso es uno de los componentes más
importantes. Igualmente, la Carta excluye cualquier forma de confesionalismo y
consagra la plena libertad religiosa y el tratamiento igualitario de todas las
confesiones religiosas, puesto que la invocación a la protección de Dios, que
se hace en el preámbulo, tiene un carácter general y no referido a una iglesia
en particular. Esto implica entonces que en el ordenamiento constitucional
colombiano, hay una separación entre el Estado y las iglesias porque el Estado
es laico; en efecto, esa estricta neutralidad del Estado en materia religiosa
es la única forma de que los poderes públicos aseguren el pluralismo y la
coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones
religiosas.
Como es obvio, lo
anterior no significa que el Estado no pueda establecer relaciones de
cooperación con diversas confesiones religiosas -siempre y cuando se respete la
igualdad entre las mismas-, puesto que, como lo precisó el constituyente Juan
Carlos Esguerra, la posibilidad de celebrar convenios con la iglesia católica
"no produce un Estado confesional pues eso se ha eliminado del
preámbulo", por lo cual "ninguna confesión tendrá carácter de
estatal"[14].
La laicidad del Estado
se desprende entonces del conjunto de valores, principios y derechos contenidos
en la Constitución. En efecto, un Estado que se define como ontológicamente
pluralista en materia religiosa y que además reconoce la igualdad entre todas
las religiones (CP arts. 1º y 19) no puede al mismo tiempo consagrar una
religión oficial o establecer la preeminencia jurídica de ciertos credos
religiosos. Es por consiguiente un Estado laico. Admitir otra interpretación
sería incurrir en una contradicción lógica. Por ello no era necesario que
hubiese norma expresa sobre la laicidad del Estado ya que, como lo señaló el
Constituyente Horacio Serpa Uribe, la referencia de que ninguna confesión
tendría el carácter de estatal hubiese sido necesaria con el preámbulo de la
Constitución de 1886 que contenía el reconocimiento de la religión católica,
pero "si eso va a ser eliminado y no hay cláusulas en la carta que
otorguen privilegios a la religión católica podría suprimirse esa
referencia"[15]. En fin de
cuentas, en la Constitución de 1991 la unidad nacional se funda en el
pluralismo y es el resultado de la convivencia igualitaria y libre de los más
diversos credos y creencias en los diferentes campos de la vida social,
mientras que en la Constitución de 1886, esa unidad nacional tenía como base
esencial el reconocimiento de la preeminencia del catolicismo como religión de
toda la nación
Por todo lo
anterior, para la Corte Constitucional es claro que el Constituyente de 1991
abandonó el modelo de regulación de la Constitución de 1886 -que consagraba un
Estado con libertad religiosa pero de orientación confesional por la protección
preferente que otorgaba a la Iglesia Católica-,  y estableció un Estado laico,
con plena libertad religiosa, caracterizado por una estricta separación entre
el Estado y las iglesias, y la igualdad de derecho de todas las confesiones
religiosas frente al Estado y frente al ordenamiento jurídico.
Esta Corporación ya
había sostenido esa misma tesis en varios fallos anteriores. Así, en una de sus
primeras decisiones, la Corte Constitucional sostuvo:
"Los
antecedentes de esta decisión del constituyente en torno a la religión
acreditan el tránsito de un estado  confesional a un estado laico y
pluralista en materia de confesiones religiosas" (negrillas no
originales)[16].
Luego, al examinar
la acusación contra la ley que establece que ciertas fiestas religiosas
católicas constituyen días de descanso laboral, esta Corporación señaló:
"Introduce la
Carta de 1991 una diferencia fundamental, en el tratamiento de la libertad
religiosa y de cultos,  con la Constitución de 1886, por las alusiones que el
artículo 53 de este último hacía la moral cristiana, y la imposibilidad de que
otros cultos fuesen contrarios a la misma.  De otra parte al haber desaparecido
el preámbulo de la Carta que fuera aprobado en 1957, se consolida la igualdad
de religiones, cultos e iglesias de manera plena.
Como contrapartida,
se estableció un Laicismo de Estado, que otorga a éste una función arbitral de
las referencias religiosas, de plena independencia, frente a todos los credos.....
La Carta Política de
1991, protege las expresiones religiosas minoritarias, consagrando la libertad
en su artículo 19, en el más absoluto plano  de igualdad, y no consagrando de
manera expresa ninguno de los límites a que se refería la Constitución de 1886,
para la libertad de cultos en la moral  cristiana y en las leyes, lo que
resulta compatible con el espíritu pluralista y la ecuación igualitaria propia
del nuevo texto superior. La amplitud de las normas, en la materia, deja claro
que la autonomía en esta órbita de las creencias, comprende las expresiones de
los ateos, de los grupos religiosos heterodoxos, o de las asociaciones que, al
margen de las religiones, se dedican al perfeccionamiento del hombre individual
y socialmente considerado" (negrillas no originales)[17].
Finalmente, en
reciente decisión, al revisar el Proyecto de Ley Estatutaria sobre Libertad
Religiosa, la Corte señaló:
"La Carta de
1991 superó el anterior esquema normativo y valorativo de rango
constitucional, prevalente du­rante buena parte de la historia del
constitucionalis­mo colombiano, caracterizado por el reconocimiento de la
"confesionalidad católica de la nación colombiana",  y adoptó,
como opción jurídico política el principio básico de organización y regulación
de estas libertades públicas, como la formula del Estado de libertad religiosa,
que se traduce en este tipo de declaraciones y afirmaciones de evidente
consecuencia normativa" (negrillas no originales)[18].
En esa misma
sentencia, la Corte declaró exequible el artículo segundo del proyecto, el cual
establece que "Ninguna Iglesia o Confesión religiosa es ni será oficial o
estatal. Sin embargo, el Estado no es ateo, agnós­tico, o indiferente ante los
sentimientos religiosos de los colombianos." Y, al justificar la constitucionalidad
de esta norma, esta Corporación dijo:
"Por lo que
corresponde al artículo segundo se encuentra igualmente su conformidad con la
Carta Política, ya que se trata del señalamiento de unas declaraciones de
principios legales que reproducen valores superiores del ordenamiento
jurídico, como son los del carácter pluralista de la sociedad, la igualdad, la
libertad y la convivencia; en efecto, el legislador reitera que ninguna
religión será oficial o estatal...
En relación con el
inciso que  establece que el Estado no es ateo, agnóstico o indiferente ante
los sentimientos religiosos de los colombianos,  es preciso señalar que ello
significa que el Estado no profesa ninguna religión, tal como lo consagra
el inciso primero del artículo, y que su única interpretación válida es la de
que todas las creencias de las personas son respetadas por el Estado,
cualquiera sea el sentido en que se expresen o manifiesten,  y que el hecho de
que no sea  indiferente ante los distintos sentimientos religiosos  se refiere
a que pueden existir relaciones de cooperación con todas las iglesias y
confesiones religiosas por la trascendencia inherente  a ellas mismas, siempre
que tales  relaciones se desarrollen dentro  de la igualdad garantizada  por el
Estatuto Superior. (negrillas no originales)[19]"
7- La
inconstitucionalidad de la consagración oficial al Sagrado Corazón de Jesús
prevista por el artículo 2 de la Ley 1 de 1952.
Las anteriores
consideraciones permiten resolver el problema de si la consagración oficial de
Colombia al Sagrado Corazón de Jesús, por parte del Señor Presidente de la
República, viola la carta fundamental. En efecto, la constitucionalidad de tal
consagración era plausible durante la vigencia de la anterior Constitución, la
cual establecía que la religión católica era la de la Nación y constituía un
esencial elemento del orden social. Pero esa consagración oficial vulnera el
nuevo ordenamiento constitucional que establece un Estado laico y pluralista,
fundado en el reconocimiento de la plena libertad religiosa y la igualdad entre
todas las confesiones religiosas.
De un lado, se trata
de una consagración oficial, por medio de la cual el Estado manifiesta. una
preferencia en asuntos religiosos, lo cual es inconstitucional por cuanto viola
la igualdad entre las distintas religiones establecida por la Constitución.
Esta discriminación con los otros credos religiosos es aún más clara si se
tiene en cuenta que la consagración se efectúa por medio del Presidente de la República
quien es, según el artículo 188 de la Carta, el símbolo de la unidad nacional.
En efecto, una tal norma obliga a efectuar una ceremonia oficial que ya sea
incluye a los nacionales no católicos en un homenaje religioso católico o, en
sentido contrario, los excluye, al menos simbólicamente, de la pertenencia a la
nación colombiana.
Por consiguiente, el
argumento según el cual la norma acusada se limita a reconocer un hecho social
e histórico -a saber el carácter mayoritario del catolicismo en Colombia- no es
válido, por cuanto, como se indicó anteriormente, la Constitución no admite
tales diferenciaciones ya que confirió igual valor jurídico a todas las
confesiones religiosas.
De otro lado, esa
consagración oficial también desconoce la separación entre el Estado y las
iglesias, así como la naturaleza laica y pluralista del Estado colombiano. En
efecto, se trata de una ceremonia que es al mismo tiempo religiosa y oficial, y
que implica un reconocimiento estatal de una determinada religión, con lo cual
se introducen elementos confesionales. Por ello no es de recibo el argumento,
según el cual la norma impugnada mantendría una igualdad de oportunidades entre
todas las religiones, porque en el futuro cualquiera de ellas podría obtener
también una consagración oficial de similar naturaleza. Ese criterio desconoce,
de un lado, que una consagración religiosa oficial presenta un cierto sentido
de exclusividad debido al carácter orgánico que tienen las creencias
religiosas, por lo cual no podría un Estado consagrarse oficialmente a varias
confesiones religiosas sin incurrir en decisiones contradictorias. Pero,
incluso si se aceptara  que esas múltiples consagraciones son posibles, el
argumento no es válido porque parte de un supuesto equivocado: considera que el
pluralismo del Estado colombiano en materia religiosa es el resultado de una
especie de competencia entre todas las religiones por acceder a los privilegios
del Estado, cuando lo cierto es que tal pluralismo supone y deriva de la
neutralidad estatal en esta materia. Sólo de esa manera se garantiza la
autonomía, la independencia y la igualdad de todas las confesiones religiosas.
Por ello los poderes públicos no pueden hacer manifestaciones públicas en favor
o en contra de alguna confesión religiosa. El país no puede ser consagrado, de
manera oficial, a una determinada religión, incluso si ésta es la mayoritaria
del pueblo, por cuanto los preceptos constitucionales confieren a las
congregaciones religiosas la garantía de que su fe tiene igual valor ante el Estado,
sin importar sus orígenes, tradiciones y contenido.
Por lo anterior, en
tercer término,  la norma legal impugnada impone al Presidente cargas que son
contradictorias con el cumplimiento de sus deberes constitucionales, en
particular  con su obligación de ser el símbolo de la unidad nacional y
garantizar, de manera imparcial e igualitaria, los derechos y libertades de
todos los colombianos (CP arts. 13, 188 y 209) . Con razón señala al respecto
el concepto del Señor Procurador, que resulta incongruente que "el
Presidente de la República, en el contexto de la nueva Constitución, la cual lo
califica como símbolo de una unidad nacional, basada en el concepto de
diversidad, adopte posturas y actitudes, o cumpla cometidos legales, que niegan
esa diversidad, por la connotación de exclusividad que lleva implícita la
ceremonia de consagración oficial. La presencia oficial del Presidente de la
República, por mandato de la ley, en las ceremonias de carácter religioso de un
credo determinado, cuya finalidad es la promoción de los símbolos de ese mismo
credo, no resulta entonces compatible con la actitud imparcial que en
esta materia se requiere del Jefe de un Estado laico."
Como es natural,
esta obligación de neutralidad religiosa no significa que el Presidente deba
actuar en todas las materias de la misma manera. El Presidente puede, en la
mayor parte de sus actividades públicas, tomar opciones políticas determinadas
sin contar con el respaldo unánime de todos los ciudadanos, y no por ello una
tal decisión afectaría el pluralismo.
La Corte considera
que esta precisión es necesaria porque el ciudadano que defendió la
constitucionalidad de la norma impugnada sugirió que si se declaraba su
inexequibilidad, ello equivalía a inmovilizar la acción estatal, al obligar al
Presidente a contar siempre con la unanimidad absoluta frente a un tema para
poder actuar. Esta interpretación es equivocada pues confunde fenómenos
diversos. De un lado, asimila impropiamente la naturaleza estructural del
Estado -establecida por la propia Constitución- con las políticas de los
gobiernos o las decisiones del Legislativo, en cuya dinámica predomina el
principio de mayoría dentro de los marcos establecidos por la Carta. Por ello,
las definiciones constitucionales sobre la estructura del Estado, y en este
caso particular, sobre la laicidad del Estado y la igualdad entre las
confesiones religiosas, no pueden ser alterada por los poderes constituidos
sino por el propio constituyente. Pero ello no significa que estos poderes no
puedan tomar decisiones, con base en el predominio de las mayorías, en otros
campos, puesto que ello es inherente a la dinámica democrática. De otro lado,
tal interpretación confunde las decisiones en torno a los programas políticos o
sociales con las decisiones relativas a los derechos constitucionales. Así, las
primeras están orientadas por el juego de intereses y guiadas por los criterios
de conveniencia preponderantes en las distintas coyunturas; por ello es natural
que tales determinaciones se tomen con base en el principio de mayoría y
reflejen la opinión dominante de lo que es conveniente, tal y como lo establece
la propia Constitución. Pero, en cambio, las decisiones sobre los alcances de
un derecho constitucional están excluidas del juego cambiante de las mayorías,
porque el Estado colombiano está fundado en el respeto de la dignidad humana y
en el reconocimiento, sin discriminación alguna, de la primacía de los derechos
inalienables de la persona humana (CP arts. 1 y 5). Un derecho fundamental
puede ser limitado por otros derechos fundamentales concurrentes o por valores
constitucionales en conflicto, pero no por las concepciones prevalentes en las
mayorías. En efecto, condicionar la validez de un derecho constitucional a los
criterios de las mayorías es quitarle toda su eficacia específica puesto que,
en una gran medida, los derechos constitucionales fundamentales son las
promesas que formulan las mayorías a las minorías -y a esas minorías radicales
que son las personas- de que su dignidad e igualdad serán respetadas[20].
Pero ello no excluye sino que supone que las otras decisiones económicas,
sociales y políticas -que constituyen el  grueso del ordenamiento legal- sean
adoptadas con base en el principio mayoritario.
En cuarto término,
la norma acusada también vulnera la plena libertad religiosa establecida por la
Constitución, por cuanto obliga al Presidente a participar del culto de una
religión particular. Ahora bien, del hecho sociológico de que la mayoría de
los  colombianos son católicos no se desprende que siempre el Presidente deba
serlo, por lo cual la norma podría estar obligando al mandatario a hacer
manifestaciones religiosas que puede no compartir. Esa obligación podría ser
constitucional dentro del anterior ordenamiento constitucional, por el
particular lugar que en él ocupaba el catolicismo; o puede  ser válida en la
constitución argentina que establece en su artículo 77 que el Presidente debe
pertenecer a la Religión Católica. Pero esa obligación no es admisible en un
Estado pluralista y con plena libertad religiosa y de conciencia como el
colombiano, puesto que obliga a una persona a revelar sus creencias religiosas
y a eventualmente actuar contra ellas, lo cual vulnera los artículos 18 y 19 de
la Carta.
Por todo lo
anterior, la Corte Constitucional considera que el artículo 2º de la Ley 1º de
1952 es inconstitucional y así lo declarará en la parte resolutiva de esta
sentencia.
Obviamente esa
declaratoria de inexequibilidad no significa, en manera alguna, una
descalificación por parte de esta Corporación de este tipo de ceremonias cuando
ellas tienen un contenido puramente religioso, puesto que ello sería contrario
a los fundamentos mismos de este fallo, que parte del respeto irrestricto a las
libertades religiosas, y en particular a la libertad de cultos. Lo que vulnera
la Constitución es el carácter oficial de esta consagración y la obligación que
ella impone al Presidente de efectuarla, porque de esa manera se rompe la
igualdad entre las confesiones religiosas y se desconoce la separación que debe
existir entre el Estado y las iglesias. Esa separación -que en el fondo recoge
el milenario principio cristiano de "Dar al Cesar lo que es del Cesar y a
Dios lo que es de Dios"- es para la Corte Constitucional la mejor garantía
para preservar la autonomía y la espiritualidad de las creencias y los cultos
religiosos, porque libera a las confesiones religiosas de las indebidas injerencias
de los poderes políticos.
Es pues obvio que no
vulnera la Constitución que la Iglesia Católica efectúe la celebración
religiosa del Sagrado Corazón de Jesús y que en ella puedan participar todas
las personas, de acuerdo con sus creencias. Pero ahora tal ceremonia no tendrá
un carácter oficial sino estrictamente religioso. Y como es natural, ceremonias
de similar naturaleza pueden ser también efectuadas por otro tipo de
congregaciones religiosas.
En ese mismo orden
de ideas, la declaratoria de inexequibilidad tampoco implica prohibir a los
servidores públicos en general y al Presidente de la República en particular
que participen en los cultos religiosos, puesto que ellos conservan la plenitud
de sus libertades religiosas. Pero lo que no pueden es utilizar sus funciones
para favorecer determinadas religiones o manifestarse en contra de otras,
puesto que ello vulnera el pluralismo, la laicidad y la igualdad entre las
confesiones religiosas establecida por la Constitución. Los servidores
públicos, como personas con plenos derechos, pueden entonces acudir a
ceremonias religiosas y manifestar su fe. Pero en los actos oficiales deben
actuar con la delicadeza e imparcialidad que derivan de la naturaleza laica y
pluralista del Estado colombiano.
8- La inexequibilidad
del artículo 2º de la Ley 1º de 1952 no elimina el día de descanso obligatorio.
Entra la Corte a
analizar el segundo mandato contenido en el artículo impugnado, a saber el
establecimiento de un día de descanso obligatorio durante la fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús. La Corte constata que ese contenido normativo fue incorporado
por los artículos 1º y 2º de la Ley 51 de 1983, que establecen que la fiesta
del Sagrado Corazón de Jesús -junto con otras festividades- es un día de
descanso remunerado. Esos artículos fueron declarados exequibles por esta
Corporación en la sentencia C-568/93. La Corte consideró entonces -y lo reitera
en esta sentencia- que el establecimiento de esos días de descanso laboral  no
sólo armonizaban plenamente con el mandato del artículo 53 de la Constitución,
según el cual la ley debe garantizar a los trabajadores "el descanso
necesario", sino que, además, no tenía una connotación esencialmente
religiosa, ni buscaba establecer un privilegio en favor de una determinada
confesión. Dijo entonces la Corte:
"Observando las
motivaciones del legislador en el señalamiento de los días de descanso de estas
celebraciones religiosas, encontramos una evolución en sus contenidos que, de
un carácter  reconocedor de las festividades religiosas, y de una obligación de
la práctica del rito y de un compromiso del Estado con la autoridades
eclesiásticas, de tales fines se pasa gradualmente, a motivaciones de carácter
laico, que buscan asegurar el esparcimiento, el gozo, el descanso de los asociados,
o la previsión social de las clases trabajadoras, o sus condiciones de
remuneración, o elementos económicos principalmente concernientes a la
productividad en este sector, de manera general o de manera específica en un
subsector del mismo; tal el caso de las motivaciones que precedieron a la  Ley
51 de 1983".....
"Las
circunstancias de que las normas acusadas obliguen al descanso en días que
tienen el carácter de religiosos para la religión Católica, obedece pues a una
larga tradición cultural, que tiene a esa  religión como la mayoritaria del
país. Y no resulta contrario a la libertad religiosa y de cultos, el que el
legislador al diseñar el calendario laboral y los días de descanso, haya
escogido para ello, días  de guardar para ese culto religioso.  Ya que ese
señalamiento se encuentra dentro de la órbita de  las competencias del
legislador, y no significa la obligación para ningún colombiano de practicar
esas profesiones de la fe, o, de no practicarlas, y en su lugar  otras, que
incluso pudiesen resultar contrarias, a juicio de sus fieles. Resulta una
exageración pensar que de ese modo se está patrocinando por parte del Estado, a
la manera de "codifusor" y "coevangelizador", del
catolicismo, cuando son otras las razones que lo informan en el diseño del
calendario de descanso de la población.  Tanto es así que puede trabajarse en
esos días en cualquier actividad, a voluntad de empresarios y trabajadores,
claro está, con la sola condición, y ésta de carácter patrimonial, de que el
primero cancele a los segundos, los recargos salariales correspondientes. La
proposición jurídica completa antes señalada muestra cómo debe integrarse la
normatividad acusada, con las regulaciones salariales de la misma ley, para
esos días, a fin de comprender la finalidad del legislador, fundamentalmente
patrimonial y de aseguramiento a los trabajadores del "descanso
necesario" (art. 53 de la Constitución Nacional), y no un objetivo de
carácter religioso, orientado a favorecer, proteger o auspiciar una determinada
religión en lugar de otras.  Y sí, por el contrario consulta la legislación,
así sea indirectamente, en los tiempos actuales,  la dimensión de esas
libertades espirituales que ponen al Estado a  organizar los factores que
permitan su efectivo ejercicio, más aún si  como se ha anotado, el credo de que
se trata tiene el carácter de mayoritario.
Tampoco resulta
contraria la preceptiva acusada al pluralismo (art. 1o. de la C.N.), ni al
reconocimiento estatal y la protección de la diversidad  étnica y cultural de
la Nación colombiana (art. 7 de la C.N.). Por cuanto el pluralismo tampoco
puede entenderse con una  visión limitativa, de freno, de los distintos
intereses económicos, sociales, morales, religiosos o de cualquier otra índole,
sino con una visión dinámica que acepta la realidad de una diversidad de
intereses en la sociedad y que organiza la posibilidad de su coexistencia.[21]"
La Corte no sólo
reitera los anteriores criterios sino que, además, considera que en este caso
opera la cosa juzgada constitucional, puesto que el mandato según el cual la
fiesta del Sagrado Corazón de Jesús constituye un día de descanso laboral ya
fue declarado exequible por la sentencia precitada. Por consiguiente, la
declaratoria de inexequibilidad de la consagración  oficial de Colombia al
Sagrado Corazón de Jesús que se efectuará en la parte resolutiva de esta
sentencia no implica, en manera alguna, la supresión del día de descanso
obligatorio previsto para tal fecha por los artículos 1º y 2º de la Ley 51 de
1983, declarados exequibles por esta Corporación en la sentencia precitada.
VII- DECISIÓN
Con fundamento en
las razones expuestas, la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Por carencia actual de objeto,
declararse inhibida para resolver de fondo sobre la constitucionalidad de los
artículos 1º y 2º de la Ley 33 de 1927, 1º, 3º y 4º de la Ley 1a de 1952.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLES, por no ser
contrarios a la Constitución, los artículos 3º y 4º de la Ley 33 de 1927,  y 5º
de la Ley 1a de 1952.
Tercero: Declarar INEXEQUIBLE el artículo 2º de la
Ley 1a de 1952.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
JORGE ARANGO MEJÍA
Presidente
ANTONIO BARRERA
CARBONELL                              EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ
Magistrado
Magistrado
CARLOS GAVIRIA
DÍAZ                     JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado                                                Magistrado
HERNANDO HERRERA
VERGARA                       ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado                                                Magistrado
FABIO MORÓN DÍAZ
VLADIMIRO
NARANJO MESA
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Salvamento de
voto a la Sentencia No. C-350/94
CONSAGRACION
OFICIAL AL SAGRADO CORAZON
(Salvamento de voto)
La consagración
de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús y su renovación anual no configuraban
ofensa alguna al ordenamiento constitucional pues no comportaban
desconocimiento de la libertad religiosa: a nadie se obligaba a modificar sus
concepciones en esa materia ni a cambiar la fe que profesa por la del
Catolicismo. Se recogía simplemente una tradición histórica, cultural y
espiritual firmemente arraigada en el país y se proclamaba de manera concreta,
sin excluir otras, una forma de invocar la protección de Dios, la cual, por lo demás,
está expresamente plasmada en el Preámbulo de la Constitución Política.
PLURALISMO
RELIGIOSO (Salvamento de
voto)
La sentencia de la cual discrepamos traduce equivocadamente el
concepto de pluralismo plasmado en la Constitución Política, pues con él no
buscó el Constituyente reprimir la práctica de confesión alguna -menos aún la
probadamente mayoritaria, como es la Católica en el caso de Colombia- sino, por
el contrario, permitir que todas, en pie de igualdad, tuvieran las mismas
posibilidades, el mismo reconocimiento y el mismo trato por parte de la ley.
IGUALDAD RELIGIOSA (Salvamento de voto)
La norma acusada no conculcaba el derecho a la igualdad de las
demás confesiones existentes, puesto que no entronizaba una concepción
exclusiva y absoluta que obstaculizara o hiciera imposibles hacia el futuro
similares declaraciones legales alusivas a otros credos o religiones, a sus
imágenes o paradigmas, ni imponía el culto al Sagrado Corazón como acto forzoso
e ineludible, ni tampoco representaba preferencia alguna para la Religión
Católica, ni menos aún podía considerársela como una forma de discriminar a los
devotos de otras iglesias. Simplemente recogía, mediante un acto simbólico y no
obligatorio, el sentimiento religioso tradicional del pueblo colombiano.
LIBERTAD DE
RELIGION-Vulneración
(Salvamento de voto)
La sentencia, pues, impide que un pueblo exprese una creencia que
hace parte del patrimonio espiritual de la Nación; se acalla lo que Savigny
denominó "el espíritu del pueblo", lo cual constituye un
atentado contra la libertad religiosa de los católicos, ya que, como se ha
dicho, la consagración impugnada no conspiraba contra ningún derecho y, en
cambio, su negativa, basada en un erróneo concepto de libertad religiosa, equivale
a una capitis deminutio, pues implica el desconocimiento de un derecho.
Ref.: Expediente
No. D-509
Los suscritos
magistrados nos hemos apartado de las consideraciones y de la decisión adoptada
por la Corte en lo concerniente al artículo 2º de la Ley 1a de 1952, por las razones que a
continuación consignamos.
Partimos del
supuesto de que la inconstitucionalidad de una norma únicamente cabe cuando en
efecto existe una divergencia entre lo dispuesto por ella y lo establecido por
la Carta Política, lo cual -a nuestro juicio- no ocurre en el presente caso,
interpretada la Constitución de manera sistemática y entendida su preceptiva
como estructura orgánica aplicada a una realidad social específica que no es
otra que la colombiana.
Consideramos que las
motivaciones que se tuvieron por parte de la mayoría no son de peso, por cuanto
la manera adecuada y proporcional de garantizar el derecho a la libertad
religiosa de credos distintos al católico no es propiamente la de impedir el
derecho fundamental de la mayoría católica a expresar un acto ritual. Por otro
lado, como lo ha reiterado esta Corte, la igualdad equivale a la
proporcionalidad antes que a lo idéntico. De ahí que es ilógico homologar en
absoluto el trato al credo de una mayoría evidente al de unas minorías, porque
ello resulta desproporcionado. En la negación de un culto, como el católico, no
se fortalecen los demás, sino que, por el contrario, se los identifica en el
silencio. Nótese que ello se deduce de lo expresado por esta misma Corporación en
la Sentencia C-568 del 9 de diciembre de 1993 (M.P: Dr. Fabio Morón Díaz),
acogida por la unanimidad de los magistrados:
"La amplitud de
la regulación constitucional permite a la Corte señalar que las acciones
estatales, en punto a la libertad religiosa y de cultos, no pueden limitarse a
los recursos orientados a evitar la intolerancia de la práctica de cualquier
rito, sino que además comprende la de adelantar las acciones de cooperación,
asistencia, soportes que permitan la práctica de las distintas religiones y
cultos; porque de otro modo se desembocaría en un Estado antireligioso, cuyos
contenidos son contrarios a la cultura de occidente, que interpreta la
Constitución Política y el sistema colombiano en general".
La consagración de
Colombia al Sagrado Corazón de Jesús y su renovación anual no configuraban
ofensa alguna al ordenamiento constitucional pues no comportaban
desconocimiento de la libertad religiosa: a nadie se obligaba a modificar sus
concepciones en esa materia ni a cambiar la fe que profesa por la del
Catolicismo. Se recogía simplemente una tradición histórica, cultural y
espiritual firmemente arraigada en el país y se proclamaba de manera concreta,
sin excluir otras, una forma de invocar la protección de Dios, la cual, por lo
demás, está expresamente plasmada en el Preámbulo de la Constitución Política.
En el
Informe-Ponencia para Primer Debate en la Asamblea Nacional Constituyente, se
dijo en relación con el Preámbulo:
"Luego,
invocamos la protección de Dios, sin pretender asumir su vocería. Estuvimos
todos de acuerdo en que tal vez no era el momento ni es la época de que nadie
pueda hablar en nombre de Dios. Eso sería realmente una gran petulancia en este
mundo contemporáneo: tratar de hablar en nombre de Dios. Pero sí pedir su
protección, invocar su protección, colocarnos bajo la advocación de Dios;
recordándolo, no asumiendo su vocería, sino recordándolo como fundamento de la
dignidad humana y fuente de vida y autoridad para el bien común". (Cfr. Gaceta
Constitucional. No. 84. Martes 28 de mayo de 1991. Pág. 22).
Consideramos que, al reconocer hechos innegables de la tradición
religiosa y de la profesión de la fe católica por la inmensa mayoría de los
colombianos, no se desconocía ni disminuía el principio constitucional de la
libertad de cultos. Por el contrario, se lo aplicaba y se lo desarrollaba, ya
que ignorar esos datos sociológicos, como lo ha hecho la Corte -lo cual
constituye una conducta miope frente a la realidad vigente e incontrastable-,
implica vulnerar los derechos que tiene esa mayoría a creer y  a practicar la
religión de la cual está íntimamente convencida. Recuérdese que, según el
artículo 2º de la Constitución, las autoridades de la República han sido
instituídas, entre otros fines, para proteger a todas las personas residentes
en Colombia en sus creencias.
El efecto de la consagración a la divinidad es netamente espiritual
y no impide la manifestación de ningún otro culto. Se trata de un motivo de
identidad nacional, expresado en la fe religiosa de la población, que no obliga
sino que interpreta un sentimiento espiritual, al cual tienen derecho las
mayorías. Así como es censurable lo que Tocqueville denominó "tiranía de
las mayorías", también lo es el hecho de silenciar a las mayorías en el
ejercicio de un derecho tan trascendental como lo es el de expresar su fe
religiosa. Cuando así lo puede hacer el pueblo sin cortapisas no se atenta
contra el bien común sino que se lo hace posible.
Cabe recordar, por lo demás, que prácticas análogas a la que ahora
se declara inexequible se realizan tradicionalmente en otros Estados no
confesionales, como es el caso del "Día de Acción de Gracias" en los
Estados Unidos, cuando el Presidente de ese país, cualquiera que sea su fe
religiosa, reza públicamente una oración, en nombre de todo el pueblo, sin que
ese hecho haya sido cuestionado como violatorio de los principios de libertad
de conciencia, de cultos, o de igualdad, consagrados en la Constitución
norteamericana.
La sentencia de la cual discrepamos traduce equivocadamente el
concepto de pluralismo plasmado en la Constitución Política, pues con él no
buscó el Constituyente reprimir la práctica de confesión alguna -menos aún la
probadamente mayoritaria, como es la Católica en el caso de Colombia- sino, por
el contrario, permitir que todas, en pie de igualdad, tuvieran las mismas
posibilidades, el mismo reconocimiento y el mismo trato por parte de la ley.
Y es que la norma acusada no conculcaba el derecho a la igualdad de
las demás confesiones existentes, puesto que no entronizaba una concepción
exclusiva y absoluta que obstaculizara o hiciera imposibles hacia el futuro
similares declaraciones legales alusivas a otros credos o religiones, a sus
imágenes o paradigmas, ni imponía el culto al Sagrado Corazón como acto forzoso
e ineludible, ni tampoco representaba preferencia alguna para la Religión
Católica, ni menos aún podía considerársela como una forma de discriminar a los
devotos de otras iglesias. Simplemente recogía, mediante un acto simbólico y no
obligatorio, el sentimiento religioso tradicional del pueblo colombiano.
No entendemos que la aludida consagración ni su renovación anual
desconocieran la separación entre el Estado y las iglesias, puesto que eran
actos que tenían lugar apenas como expresión de una tradición colombiana
afirmada en su historia y en el señalado hecho sociológico, que al momento de
proferir esta sentencia sigue vigente.
La sentencia, pues, impide que un pueblo exprese una creencia que
hace parte del patrimonio espiritual de la Nación; se acalla lo que Savigny
denominó "el espíritu del pueblo", lo cual constituye un
atentado contra la libertad religiosa de los católicos, ya que, como se ha
dicho, la consagración impugnada no conspiraba contra ningún derecho y, en
cambio, su negativa, basada en un erróneo concepto de libertad religiosa,
equivale a una capitis deminutio, pues implica el desconocimiento de un
derecho.
Es conveniente recordar que en el universo jurídico los derechos no
se excluyen sino que, por el contrario, coexisten. La sentencia desconoció este
principio y, en lugar de proclamar la libertad religiosa de todos los ritos,
impidió el ejercicio de una fe popular. Es absurdo igualar por la negativa. Lo
correcto es proteger las manifestaciones externas; procurar que todos puedan
acceder sin dificultades a la exteriorización de sus creencias mediante la
práctica libre del culto, mientras con él no se atente contra el orden social.
¿Por qué un acto encaminado a invocar la protección divina se
cataloga como elemento perturbador de la libertad religiosa, si él está
inspirado, como lo acreditan los antecedentes de la Consagración del país al
Sagrado Corazón de Jesús, en la convicción del pueblo y no en la imposición de
autoridad alguna?. ¿Es jurídico impedir que una mayoría evidente proclame su
espiritualidad? ¿Cuál la razón para señalar a Dios como factor de discordia?.
Fecha, ut supra,
JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO
HERRERA VERGARA
Magistrado
VLADIMIRO
NARANJO MESA
Magistrado
[1]Hasta aquí  la Corte acoge  la
ponencia originaria del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo.
[2]Ver por ejemplo las tipologías
diversas de Claude-Albert Colliard. Libertés Publiques (7º Ed). Paris,
1989, pp 430 y ss. Paolo Biscaretti. Derecho Constitucional. (Trad Pablo
Lucas Verdu) Madrid: Tecnos, 1965, pp 615 y ss.  Jonatan M Miller et al.
Constitución y derechos humanos. Jurisprudencia nacional e internacional y
técnicas para su interpretación. Buenos Aires: Astrea, 1991, Tomo 1, pp 697
y ss.
[3]Ver Jorge Jellinek. La declaración de los derechos del hombre y
del ciudadano. México: Nueva España, s.a.e, capítulo VII.
[4]Citado por Paolo
Biscaretti, Op-cit, p 618
[5] Ver Biscaretti. Op-cit.
p 621; ver Jonathan M Miller et al. Op-cit. p 697
[6]Hannah Arendt.
The origins of totalitarianism, citado por Carlos Santiago Nino. Fundamentos
de derecho constitucional. Buenos Aires: Astrea, 1992, p 282.
[7] Corte
Constitucional. Sentencia T-403/92 del 3 de junio de 1992. MP Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[8] Sobre los dos proyectos de preámbulo,
ver el Informe-Ponencia para primer debate sobre Preámbulo y Principios. Gaceta
Constitucional. No 62, p 6.
[9]Cfr Comisión Primera. Acta No 12
del lunes 1 de abril de 1991. Gaceta Constitucional. No 119, p 10.
[10]Cfr. Comisión Primera, Asamblea
Nacional Constituyente. Intervención del delegatario Augusto Ramírez Ocampo.
Sesión del 24 de abril de 1.991.
[11]Comisión
Primera, Asamblea Nacional Constituyente. Intervención del delegatario Maria
Mercesde Carranza Coronado en la misma Sesión del 24 de abril de 1.991. Ver
también Gaceta Constitucional. No 130, p 3.
[12]Gaceta
Constitucional
Nº 82, pág. 10.
[13]Corte Constitucional. Sentencia
T-430/93 del 11 de cotubre de 1993. MP Dr Hernando Herrera Vergara
[14]Comisión Primera, Asamblea Nacional Constituyente.
Intervención del delegatario Juan Carlos Esguerra en la misma Sesión del 24 de
abril de 1.991. Ver también Gaceta Constitucional. No 130,. p 4.
[15]Comisión Primera, Asamblea Nacional Constituyente.
Intervención del delegatario Horacio Serpa Uribe en la Sesión del 24 de abril
de 1.991. Ver también Gaceta Constitucional. No 130, p 4..
[16] Sentencia T-403/92 del 3 de junio
de 1992. MP Eduardo Cifuentes Muñoz.
[17]Sentencia C-568/93
del 9 de diciembre de 1993. MP Fabio Morón Díaz.
[18]Sentencia C-088/94 del 3 de marzo de
1994. MP
Fabio Morón Díaz.
[19]Ibidem.
[20]Cf Ronald Dworkin. Los
derechos en serio. Barcelona: Ariel, 1989, p 303
[21]Corte Constitucional. Sentencia
C-568/93 del 9 de diciembre de 1993. MP Fabio Morón Díaz.