T-919-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-919/11
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Naturaleza jurídica, alcance y contenido
El
concepto de vivienda digna implica contar con un lugar, propio o ajeno, que le
permita a la persona desarrollarse en unas mínimas condiciones de dignidad y
satisfacer su proyecto de vida. Igualmente, el artículo 51 de la Constitución Política
consagra el acceso a una vivienda digna como un derecho de todas las personas,
y asigna al Estado la obligación de fijar las condiciones necesarias para
hacerlo efectivo a través de la promoción de planes de vivienda de interés
social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas
para la ejecución de dichos programas. El derecho a la vivienda
digna está íntimamente relacionado con el derecho a la vida en condiciones
dignas y que de conformidad con la Observación General No 4 antes citada, debe
procurarse que la materialización del derecho no adolezca de a) la seguridad
jurídica de la tenencia; b) disponibilidad de servicios, materiales,
facilidades e infraestructura; c) gastos soportables; d) habitabilidad; e)
asequibilidad; f) lugar y g) adecuación cultural.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA DE POBLACION
DESPLAZADA-Procedencia de la acción
de tutela
DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA DE POBLACION
DESPLAZADA-Reiteración de jurisprudencia
La
jurisprudencia de esta Corporación ha perfilado una consolidada línea frente a
la garantía de los derechos fundamentales en cabeza de quienes, por sus
características particulares, son considerados sujetos de especial protección
constitucional. Es por ello que en reiterados fallos, a través del mecanismo
constitucional de la tutela, las personas en situación de desplazamiento han
sido objeto de especial protección debido a las condiciones de vulnerabilidad
que padecen y por ser sujetos pasivos de la masiva vulneración de sus derechos
constitucionales fundamentales. La caracterización de las personas en situación
de desplazamiento como sujetos de especial protección constitucional abarca
igualmente la obligación de que a través de mecanismos de protección
constitucional como la acción de tutela, se garantice el goce efectivo de sus
derechos fundamentales. Así, es con base en dicho criterio que el juez de
tutela debe observar los casos en que se perciba y constate la amenaza sobre algún
derecho radicado en cabeza de ellos. De lo expuesto, es claro que la acción de
tutela es procedente como mecanismo constitucional de protección de los
derechos fundamentales de la población desplazada, lo cual, a su vez, visto
desde el punto de vista de la naturaleza y alcance de los derechos económicos,
sociales y culturales, en especial, la vivienda digna, contiene un matiz
particular, en tanto la población desplazada ha sufrido un evidente desarraigo.
Por lo tanto, es válido concluir que el amparo resulta necesario cuando se
ejerce con el objetivo de proteger el derecho a una vivienda digna de dicha
población.
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA DE POBLACION DESPLAZADA-Marco legal
OBLIGACIONES DEL ESTADO EN MATERIA DE VIVIENDA DIGNA
DE POBLACION DESPLAZADA-Debe ofrecer
soluciones efectivas
POSTULACION DE POBLACION DESPLAZADA AL SUBSIDIO DE
VIVIENDA FAMILIAR ANTE FONVIVIENDA-Régimen
jurídico y procedimiento
SUBSIDIO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DESPLAZADA-No puede negarse argumentando que un miembro del
núcleo familiar registra una propiedad, cuando el inmueble está ubicado en el
lugar donde se generó el desplazamiento
Como entidad encargada de ejecutar las políticas del Gobierno en materia
de vivienda de interés social, FONVIVIENDA interpretó en forma restrictiva la
causal señalada, puesto que tal como lo manifestaron los accionantes, los
predios que figuran a nombre de cada núcleo familiar son precisamente aquellos
que debieron abandonar en razón a la presión generada por el conflicto, la Sala
concluye que FONVIVIENDA vulneró el derecho a la vivienda digna de los
tutelantes. En este sentido, la norma en comento no era aplicable para los
casos particulares.
SUBSIDIO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DESPLAZADA-Caso en que se rechazó debido al incorrecto
diligenciamiento del formulario de postulación y la Caja de Compensación no
ofreció acompañamiento integral al accionante
La
Sala observa que en el caso particular, la Caja de Compensación correspondiente
al lugar donde se postuló el accionante, no cumplió con los deberes y objetivos
previstos en el contrato de unión temporal de cajas, así como tampoco tuvo en
cuenta la especial condición del actor dada su situación de desplazamiento. Las
Cajas de Compensación a nivel regional también son garantes de la correcta
implementación de la política en materia de vivienda familiar y del derecho
fundamental a la vivienda digna Así, no es coherente que con la labor
encomendada en el proceso de asignación, se niegue la posibilidad de continuar
en el mismo por un error en el diligenciamiento del formulario del accionante,
pues teniendo en cuenta las necesidades y dificultades que las personas
desplazadas deben afrontar en los lugares a donde llegan, debe brindarse un
acompañamiento integral, que frustre temporalmente las aspiraciones de gozar de
una vivienda digna.
SUBSIDIO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DESPLAZADA-Caso en que se rechazó por cuanto el postulante ya
había sido beneficiario de otra entidad diferente a Fonvivienda, de inmueble
ubicado en el lugar donde se generó el desplazamiento
Frente
al caso del accionante, la norma que señala la causal de rechazo por ser
beneficiarios de subsidios debe ser interpretada por FONVIVIENDA con base en
las circunstancias particulares de vulnerabilidad de aquél y su familia, debido
al desplazamiento que ha sufrido y a la imposibilidad de retornar en
condiciones que garanticen el goce efectivo del predio que habitaba.
SUBSIDIO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DESPLAZADA-Caso en que por error se rechazó por cuanto el hogar
postulante no se encontraba inscrito en el Registro Único de Población
desplazada
SUBSIDIO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DESPLAZADA-Exhortación a Fonvivienda para cumplir con los deberes
legales y constitucionales como garante del derecho a la vivienda digna de la
población desplazada
SUBSIDIO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DESPLAZADA-Exhortación a las Cajas de Compensación Familiar y al
DAPS, como garantes del derecho a la vivienda digna de la población desplazada,
realicen acompañamiento y orientación adecuada a los postulantes
Referencia: expedientes T-2.707.266, T-2.759.386, T-2.779.733,
T-2.827.078, T-2.833.357, T-2.838.689 y T-2.953.920.
Acción de Tutela instaurada por Laidy Lizcano Perdomo,
Amparo Bustamante, Heraclio Hormiga Ordóñez, José Edilberto Toro, Bárbara Rojas,
Rosa Ana Vargas Trujillo y Edilma Mayorga, en contra de Acción Social, el Fondo
Nacional de Vivienda y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil once
(2011)
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte
Constitucional, conformada por los
magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Humberto Antonio
Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86
y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro
de los procesos radicados bajo los números T-2.707.266, T-2.759.386,
T-2.779.733, T-2.827.078, T-2.833.357, T-2.838.689 y T-2.953.920 que fueron
seleccionados y acumulados por presentar unidad de materia en el Auto de la
Sala de Selección número Diez de la Corte Constitucional del 14 de octubre de
2010, para ser fallados en una sola sentencia.
En
consecuencia, la Sala procede a exponer los antecedentes, pruebas y  decisiones
judiciales de cada uno de los expedientes, no sin antes, realizar la siguiente:
ACLARACIÓN
PREVIA
Antes
de exponer los antecedentes correspondientes a cada expediente, la Sala
considera pertinente aclarar que conforme con la Ley 1444 de 2011, “Por
medio de la cual se escinden unos Ministerios (…)”, y en la que se
otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de la República para
modificar la estructura de la administración pública, el Ministerio de
Ambientes, Vivienda y Desarrollo Territorial se reorganizó en el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y se creó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio. Por lo tanto, dado que la función[1] correspondiente a la
implementación de la política pública en vivienda de interés social corresponde
ahora al nuevo Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en adelante,
la Sala se referirá de ésta forma a dicha entidad.
Por
otro lado, también resulta oportuno precisar que en desarrollo de la citada Ley
1444 de 2011, se profirió el Decreto 4155 de 2011, por medio del cual la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
–Acción Social- se transformó en el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social (DAPS). Por lo tanto, en adelante, la Sala se referirá a
este nuevo departamento y ocasionalmente a Acción Social.
1.  EXPEDIENTE T- 2.707.266
1.1.   SOLICITUD
El 30 de abril de 2010, la señora Laidy
Lizcano Perdomo interpuso acción de tutela contra FONVIVIENDA. La accionante
sostiene que dicha entidad vulneró su derecho fundamental a la vivienda digna
al no habérsele asignado el subsidio familiar de vivienda.
La tutelante solicitó al juez
constitucional ordenar a FONVIVIENDA, que modificara parcialmente su Resolución
904 de diciembre del 2009 y procediera a asignarle el subsidio familiar de
vivienda.
La demanda se sustenta en los siguientes:
1.2.
HECHOS
1.2.1.  La
señora Laidy Lizcano Perdomo manifiesta que es mujer cabeza de hogar,
desplazada por la violencia y que se encuentra debidamente inscrita en el RUPD.
1.2.2.
Afirma la actora que se
postuló para obtener el subsidio familiar de vivienda previsto por la Ley 387
de 1997 para las personas desplazadas, con el fin de poder llevar una vida
digna.
1.2.3.
Destaca la señora Lizcano que
el acceso al subsidio está precedido por la postulación ante FONVIVIENDA,
previa convocatoria, requisito que ella ya realizó en representación de su
núcleo familiar.
1.2.4.
Aclara la accionante que
mediante tutela está solicitando el subsidio de vivienda que no es lo mismo que
la vivienda. Señala que la entidad demandada ha excluido su postulación de la
convocatoria, bajo el argumento de que ya posee una vivienda.
1.2.5.
Manifiesta que la afirmación
que hace la entidad demandada no tiene fundamento, pues la vivienda a que hace
referencia es la que estaban habitando antes de ser desplazados y la cual, se
encuentra en total abandono.
1.2.6.
Indica que mediante
certificado Nº 49730 fechado 30 de abril de 2010, el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi - IGAC certificó que no existe predio alguno a nombre de ella
ni de ninguno de los miembros que conforman su núcleo familiar.
1.3.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Mediante auto del 3 de mayo de 2010, el Juzgado Cuarto
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento admitió la demanda de tutela y
ordenó correr traslado a la entidad accionada, la cual dio respuesta en la siguiente
forma:
1.3.1.
FONVIVIENDA
La entidad manifestó que la señora Laidy Lizcano se postuló
en la convocatoria de 2007 dirigida a la población desplazada para obtener el
subsidio de vivienda familiar, lo cual realizó ante la Caja de Compensación
Familiar Campesina dentro de la modalidad de adquisición de vivienda nueva o
usada para hogares no propietarios. Adicionalmente, aclaró que la postulación
de la accionante se encuentra en estado “Rechazado y/o Cruzado”, en virtud a
que la señora Lilia Perdomo de Quiza, figura como miembro del hogar de la
tutelante y es poseedora de una propiedad en el Municipio de San Vicente del
Caguán.
Agregó que el hogar de la accionante participó dentro de la
lista de los 220.831 hogares postulados en situación de desplazamiento abierta
en el año 2007. Indicó que en diciembre de 2007, fue expedida la Resolución 510
del mismo año, mediante la cual se asignaron doce mil setecientos cuarenta
(12.740) subsidios familiares de vivienda, señaló que frente a esta resolución
la accionante no presentó recurso de reposición, ni documentación alguna que
permitiera desvirtuar el motivo por el cual fue rechazado.
Por estas razones, solicitó la entidad que la pretensión de
acceder al mencionado subsidio familiar de vivienda a través de la tutela no
prospere, ya que en ningún momento FONVIVIENDA ha vulnerado derecho fundamental
alguno a la accionante.
1.4.
DECISIONES JUDICIALES
1.4.1.
Fallo de Única Instancia – Juzgado
Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Neiva
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Neiva, en fallo del 18 de mayo de 2010,
declaró improcedente el amparo constitucional, al establecer que la accionante
no interpuso los recursos ordinarios de la vía gubernativa, desconociéndose si
acudió a la vía contenciosa para atacar la presunción de  legalidad de las
Resoluciones 510 de 2007, 602 de 2008 y 904 de 2009, como tampoco interpuso
acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.
De otra parte, el juzgado observó que “aunque
la accionante aportó una constancia  de la oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de San Vicente del Caguán, expedida el 24 de marzo de 2010, en la que
consta que la señora Lilia Perdomo de Quiza, no es propietaria del inmueble o
titular del grupo familiar de la demandante-, no es propietaria de inmuebles o
titular de Derechos Inscritos, a folio 10 del cuaderno principal, aparece el
certificado Nº 35874, en el que se indica que revisados los archivos
catastrales de todo el país actualizados a 30 de noviembre de 2009, se
encuentra vigente la inscripción a nombre de PERDOMO QUIZA LILIA, un inmueble
urbano, (…). Por ello, la Accionante no reunía los requisitos para acceder al
Subsidio de Vivienda y de ahí la causal de rechazo de la postulación al
mencionado Subsidio.”
1.5.
PRUEBAS DOCUMENTALES
En el
expediente se encuentran las siguientes pruebas documentales:
1.5.1. Copia de la Cédula de Ciudadanía de la señora Laidy
Lizcano Perdomo, en la que se constata que cuenta con 23 años de edad.
1.5.2.
Constancia de la
Superintendencia de Notariado y Registro, Ministerio del Interior y de
Justicia, fechada 24 de marzo de 2010, que a la letra dice:
“El Registrador de Instrumentos Públicos, hace constar
que consultados los índices de propietarios en esta oficina, para el (la) señor
(a) LILIA PERDOMO DE QUIZA, identificado (a) con el documento de
identidad 26.641.780, se obtuvieron los siguientes datos:
SI                NO
PROPIETARIO DE BIENES INMUEBLES O
TITULAR DE DERECHOS INSCRITOS                                     X”
1.5.3.
Certificado del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística - DANE, Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, Certificado Nº 00035874, en el que el jefe de Oficina de Difusión y
Mercadeo de Información manifestó:
“A SOLICITUD DE: VIVIENDA CERTIFICA: QUE REVISADOS LOS
ARCHIVOS CATASTRALES DE TODO EL PAIS ACTUALIZADOS A: 30-NOV-2009, SE ENCUENTRAN
VIGENTES LAS SIGUIENTES INSCRIPCIONES:
CAQUETA SAN VICENTE DE CAGUAN   0101000800001000
0,0261, 000112  $5.221.000      K 7A 5A 95   URBANO
PERDOMO QUISA LILIA   C 000026641780  001 CAQUETA SAN
VICENTE DEL CAGUÁN 010100080001002  0,0000  000098  $4.489.000 EL PUERTO URBANO
PERDOMO QUISA LILIA  C 000026641780   001.”
2.  EXPEDIENTE
T-2.759.386
2.1.   SOLICITUD
Actuando por intermedio de apoderado, la señora Amparo
Bustamante expone que el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA), adscrito al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, vulneró su derecho fundamental a
la vivienda digna, por no asignarle el subsidio de vivienda para la población
desplazada.
Fundamenta su petición en los siguientes:
2.2.   HECHOS
2.2.1. La
señora Amparo Bustamante afirma que para el año 2002, residía en San Vicente
del Caguán (Caquetá) y que para el 21 de febrero del mismo año, en un operativo,
el Ejército Nacional realizó un bombardeo que afectó la vivienda que ostentaba
en calidad de poseedora.
2.2.2.          Sostiene que debido a las diligencias que realizó para lograr la
indemnización por los daños causados a su predio, se convirtió en objetivo
militar de las FARC, por ser considerada informante del Ejército, por lo cual
tuvo que desplazarse de su lugar de residencia en el año 2003, logrando su
inclusión en el registro de desplazados para el año 2006.
2.2.3. Afirma
que para el año 2001, había adquirido por compraventa, “el lote 5 de la
manzana E barrio primero de marzo –calle 9 B N 10 Este carrera 10ª, terreno de 128 M2, avaluado en %356.000”, ubicado en el casco urbano de San Vicente del Caguán en el cual
esperaba construir su vivienda.
2.2.4. Para
el año 2007, indica que se postuló ante Confamiliar Huila para ser beneficiaria
del subsidio de vivienda que otorga FONVIVIENDA para la población desplazada.
Dicha postulación fue rechazada mediante Resolución No. 510 de 2007.
2.2.5. La
accionante relata que impugnó la anterior resolución, pero fue rechazada por no
contar con la debida presentación personal. Posteriormente, afirma que FONVIVIENDA,
en un gesto de atención con la población desplazada, permitió que quienes
presentaron el recurso indebidamente, lo presentaran otra vez.
2.2.6. Una vez interpuesto el recurso, relata que mediante la
Resolución No. 565 del 5 de diciembre de 2008, FONVIVIENDA dispuso que la
accionante se encontraba calificada para la asignación del subsidio.
2.2.6. No obstante, aduce que “11 días después, a través
de la resolución 602 del 16 de diciembre de 2008, FONVIVIENDA, rechazó de nuevo
la postulación de la usuaria, luego de hacer cruces de datos, argumentando que
el hogar tiene una o más propiedades a nivel nacional, refiriéndose al lote que
dejó abandonado en el lugar de la expulsión con matrícula inmobiliaria 425-0069091”.
2.2.7. La accionante asegura que repuso la anterior decisión,
pero fue confirmada mediante Resolución 168 del 15 de abril de 2009.
2.2.8. Por todo lo anterior, aduce que la entidad demandada
está vulnerando su derecho a la vivienda digna por impedir que obtenga un
subsidio en su calidad de desplazada y“argumentando que tiene propiedades en
otro lugar del país, lo cual es cierto tal como lo manifestamos anteriormente,
pero que ese inmueble se refiere a un lote sin construir, en la zona de donde
le tocó huir”.
2.2.9. Además, considera necesario resaltar que “el 26 de
noviembre de 2007, solicitó el ingreso y protección al Registro Único de
Predios RUPD, ante INCODER, del lote que dejó abandonado en el área urbana de San
Vicente del Caguán a causa de la violencia, prueba que indica que efectivamente
la usuaria pese a que ostenta en calidad de propietaria un lote, no puede
disponer de él, pues no puede retornar al sitio para construir en él y así
lograr una vivienda para su familia”
2.3.    CONSTESTACIÓN DE LA
DEMANDA
Mediante auto del 26 de enero de 2010, la Sala Segunda
de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila avocó el conocimiento de la
tutela y ordenó correr traslado a las entidades accionadas para que en el
término de 48 horas, se pronunciaran sobre los hechos.
2.3.1.
Respuesta del Fondo
Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA)
En respuesta, el apoderado especial de FONVIVIENDA
señaló que una vez recibida la notificación del escrito de tutela, verificaron
en el módulo la cédula de ciudadanía del accionante, encontrando que
efectivamente se postuló el día 23 de julio de 2007 ante la Caja de
Compensación Familiar de Huila (Neiva), en la convocatoria abierta por el FONVIVIENDA
dirigida a la población desplazada para acceder al subsidio de vivienda en la
modalidad adquisición de vivienda nueva o usada, tipo de resolución retorno.  Con
ocasión del reprocesamiento de la información suministrada por los hogares
postulantes, afirma que la señora quedó en estado rechazado y/o cruzado por la
causal “El hogar tiene una o más propiedades en un sitio diferente al de
expulsión”, conforme con la información suministrada por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, entidad encargada de llevar a cabo la verificación
de la información de acuerdo al artículo 42 del Decreto 2190 de 2009. Sostuvo
que esta entidad señaló que a nombre de la accionante figura una propiedad en
el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), con matrícula inmobiliaria
No. 425-00069091.
2.3.2.
Respuesta del DAPS (antes Acción
Social)
En escrito presentado el 21 de junio de 2010, la
apoderada judicial de la Agencia Presidencial para la Acción Social (hoy DAPS)
manifestó que en ningún momento dicha entidad vulneró el derecho a la vivienda
digna alegado por la accionante.
Inicialmente, afirmó que tanto la señora Amparo
Bustamante como su núcleo familiar se encuentran inscritos en el Registro Único
de Población Desplazada (RUPD). Enseguida, relacionó las fechas en que ella había
recibido la ayuda humanitaria de emergencia, siendo la primera el 1 de
diciembre de 2006 y la última el 11 de octubre de 2007. Asimismo, explicó
brevemente en qué consiste el proceso de caracterización para la población
desplazada y señaló las modalidades bajo las cuales se ejecuta el programa de
generación de ingresos (vinculación laboral, emprendimiento y fortalecimiento).
Finalmente, explicó en qué consiste el subsidio de vivienda al cual se refiere
la accionante. Por estas razones, solicitó al juez de tutela que se negaran las
pretensiones de la tutela, pues conforme a los programas de ayuda para la
población desplazada, el DAPS ha cumplido a cabalidad con la asistencia
requerida por la señora Amparo Bustamante.
2.4.   PRUEBAS
A continuación se relacionan las pruebas documentales que obran en el expediente:
2.4.1. Copia
de la cédula de ciudadanía de la señora Amparo Bustamante, nacida el 17 de
noviembre de 1963.
2.4.2. Copia de un escrito fechado el 22 de junio de 2008, en
donde la Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar para subsidio de
vivienda de Interés Social le responde a la señora Amparo Bustamante acerca de
su solicitud de subsidio de vivienda.
2.4.3. Copia de la solicitud individual de ingreso y de
protección al Registro Único de Predios -RUP- y de protección por abandono a
causa de la violencia, formulada por la tutelante y fechada el 26 de noviembre
de 2007.
2.4.4. Copia del certificado de registro de la señora Amparo
Bustamante en el RUPD, fechado el 8 de febrero de 2007, donde se indica que
ella se encuentra incluida desde el 11 de noviembre de 2006.
2.4.5. Copia del recurso de reposición presentado por la
demandante contra la Resolución No. 602 del 16 de diciembre de 2008, en la cual
negaron la solicitud del subsidio de vivienda.
2.4.6. Copia de la Resolución No. 565 del 5 de diciembre de
2008, expedido por FONVIVIENDA, en la cual dicha entidad acepta algunos
recursos de reposición interpuestos contra la Resolución No. 510 de 2007.
2.4.7. Copia de la escritura pública No. 824 del 18 de abril
de 2001, dada en la Notaria Primera del Círculo de Florencia, por medio de la
cual la señora Amparo Bustamante adquirió por compraventa un predio urbano en
el municipio de San Vicente del Caguán.
2.4.8. Copia de la Resolución No. 168 del 15 de abril de
2009, en la cual el Fondo Nacional de Vivienda resuelve unos recursos de
reposición interpuestos contra la Resolución No. 602 del 16 de diciembre de
2008.
2.5.   DECISIONES JUDICIALES
2.5.1. Fallo de primera instancia – Tribunal
Contencioso Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión
El Tribunal Contencioso Administrativo del Huila,
mediante providencia del cinco (5) de febrero de dos mil diez (2010), negó
el amparo del derecho a la vivienda digna invocado por la accionante, por
considerar que de acuerdo con la resoluciones que rechazaron el subsidio, aquella
se encuentra imposibilitada para acceder al mismo por cuanto a su nombre figuran
propiedades en el municipio de  San Vicente del Caguán.
Así las cosas, el a quo sostuvo que el bien
inmueble que fue detectado en el patrimonio de la actora, es diferente al
referenciado como aquel del cual provino su desplazamiento, contraviniendo de
este modo la normativa que prevé la adjudicación de los subsidios de vivienda.
2.5.2. Impugnación
La Defensoría del Pueblo, en representación de la
señora Amparo Bustamante, impugnó la anterior decisión argumentando el trato
especial que merece la accionante en razón de su situación de desplazamiento.
En este sentido, sostuvo que debido a su grave
situación socioeconómica, la actora no cuenta en la actualidad con una vivienda
digna, lo cual, conforme a lo expresado por la jurisprudencia constitucional,
es un derecho fundamental.
Por otro lado, afirmó que en este caso sí se cumplen
con los requisitos para acceder al subsidio de vivienda, porque la demandante “realizó
postulación para acceso al subsidio ente FONVIVIENDA; y [la entidad] también
desconoce, la compleja dinámica del conflicto armado que se vivencia en el
departamento del Caquetá, específicamente en san Vicente del Caguán (sic),
de donde se desplazó la usuaria, concretamente desde el área rural”.
Finalmente, adujo que a la hora de diligenciar el
formulario, la usuaria manifestó que no le habían indicado expresamente si
deseaba retornar o no al lugar de expulsión y que no fue debidamente orientada,
pese a su escasa formación educativa; de lo que se puede colegir, que lo
consignado en el formulario no se hizo con el pleno conocimiento y
entendimiento de su significado real, razón por la cual, a su parecer, FONVIVIENDA
no podía asimilar lo diligenciado por la actora en el formulario de
postulación  como la manifestación clara e inequívoca de su deseo de retornar a
San Vicente del Caguán.
2.5.3. Nulidad de lo actuado - Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta
En providencia del veinticinco (25) de mayo de 2010,
el ad quem decretó la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del
26 de enero de 2010, fecha en que se admitió la demanda. Dicha decisión estuvo
motivada en la falta de competencia funcional del a quo, pues debido a
la naturaleza descentralizada de la entidad demandada, correspondía a los
Juzgados Administrativos de Neiva conocer de la solicitud de tutela de la
accionante.
En razón a lo anterior, ordenó someter el expediente
nuevamente a reparto para efectos de ser resuelto, correspondiendo finalmente
al Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva.
2.5.4. Decisión de instancia – Juzgado Cuarto
Administrativo de Neiva
En sentencia del treinta (30) de junio de 2010, el
Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva decidió tutelar el derecho
fundamental a la vivienda digna de la actora.
Luego de citar in extenso apartes de la
sentencia T-025 de 2004 en torno al tema de desplazamiento y variada
jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto al derecho a la vivienda
digna, el a quo encontró que no estaba probado el asesoramiento que
debió prestar el DAPS a la accionante para que ella pudiera acceder al subsidio
de vivienda, por lo cual, ordenó a dicha entidad prestarle toda la asesoría y
acompañamiento necesario, con el fin de que fuera orientada en el acceso a las
entidades tanto públicas como privadas, especialmente en lo que tiene que ver
con el subsidio de vivienda, para que pueda postularse cuando se presenten
nuevas convocatorias.
3.
EXPEDIENTE T – 2.779.733
3.1.             SOLCITUD
El señor Heraclio Hormiga Ordoñez interpuso acción de
tutela en contra del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al cual
pertenece FONVIVIENDA, por considerar que dicha entidad vulneró su derecho
fundamental a la vivienda digna.
Fundamenta su petición en los siguientes:
3.2.   HECHOS
3.2.1. El
demandante afirma ser un adulto mayor, víctima de desplazamiento forzado
interno y estar domiciliado en la ciudad de Bogotá desde el año 2004.
3.2.2. Señala que se encuentra debidamente registrado en el
RUPD. Indica también que desde el año 2008 ha realizado los actos y trámites necesarios para lograr que se le otorgue el subsidio de vivienda de interés social
para población desplazada, conforme lo contempla el Decreto 951 de 2001.
3.2.3. Sostiene que el 27 de enero de 2010, la Caja de
Compensación Familiar -Compensar-, le informó que su solicitud para el subsidio
de vivienda fue rechazada, en razón a que ya había sido “beneficiario de las
políticas de vivienda sobre un inmueble ubicado en el municipio de mesetas, en
el departamento del meta (sic)”. Hecho que según él, es contrario a
la verdad, pues lo que adquirió “fue un crédito por parte del instituto de
crédito territorial en el año de 1990, el cual pague (sic) con mucho
sacrificio, y por medio del empecé (sic) a construir en la organización
[urbanización] Jaime Pardo Leal”.
3.2.4. Aduce que no tuvo la oportunidad de habitar dicho
inmueble, ni de ejercer el derecho real de dominio sobre el mismo, el cual
quedó en obra negra y abandonado “en razón a las amenazas de muerte en
contra de mi vida e integridad personal por parte de grupos armados al margen
de la ley, a los homicidios sistemáticos de amigos y compañeros del partido
político UNIÓN PATRIOTICA en la región”.
3.2.5. Así, aclara que actualmente dicho inmueble está
abandonado y en realidad no cuenta materialmente con un techo digno donde
vivir, además de que no existen las mínimas condiciones de seguridad para
retornar al lugar de donde tuvo que desplazarse. Ante esto, solicita que las
entidades encargadas de otorgar el subsidio no se escuden en argumentos
burocráticos para desconocer sus derechos fundamentales, debiendo dar cabida al
derecho sustancial conforme a sus necesidades.
3.3.   CONSTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Mediante auto calendado el 12 de marzo de 2010, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió  la tutela y ordenó correr
traslado a la entidad accionada, a el DAPS y a la Caja de Compensación Familiar
(Compensar), para que en el término de 48 horas se pronunciaran sobre los
hechos. Igualmente, decretó prueba de oficio para establecer cuándo le fue
adjudicado el inmueble ubicado en la “… Manzana Casa 18 Urbanización Jorge
Pardo Leal (sic) de la ciudad de Mesetas - Meta”, y en qué fecha se
terminó de cancelar la obligación hipotecaria sobre dicho inmueble.
3.3.1. Respuesta de la Caja de Compensación Familiar     (COMPENSAR)
En primer lugar, describió los objetivos perseguidos
dentro del marco del sistema de protección social a raíz del contrato de
encargo suscrito con FONVIVIENDA, que son “la divulgación, comunicación,
información, recepción de solicitudes, verificación, revisión y digitación de
la información, para la adjudicación del Subsidio de Vivienda de Interés Social
con cargo a los recursos destinados con ese fin por parte del Gobierno
Nacional”.
Igualmente, informó acerca de las actividades que
desarrolla con el fin de tramitar la adjudicación de dicho subsidio, como son: “brindar
la información sobre requisitos, recepción de solicitudes, verificación,
revisión y digitación de la información, para la adjudicación del subsidio”.
Aclara que la información recibida “se digita de acuerdo con el software de
captura que establece estrictamente los datos socioeconómicos a registrar, no
siendo aceptados por parte de FONVIVIENDA documentos físicos, sino una base de
datos en medio magnético sobre todas las solicitudes”. En tal sentido,
manifestó que las gestiones de Compensar son de medio y no de resultado frente
a la adjudicación del subsidio de vivienda familiar.
En segundo lugar, narra que el accionante radicó en
junio de 2007 en la Caja de Compensación Familiar, el formulario de inscripción
para población desplazada (Rad. 24-7278), el cual junto con otras
postulaciones, fue remitido el 14 de septiembre del mismo año a FONVIVIENDA,
para la validación de requisitos, calificación y asignación de los subsidios de
vivienda.
En este sentido, sostiene que FONVIVIENDA es la
entidad encargada de realizar la calificación, preselección y asignación de los
subsidios de vivienda, rechazando a los aspirantes que resultan con
inconsistencias en el cruce de información realizado con el Sistema Central de
Información, como sucedió en el caso del accionante, quien durante el proceso
del año 2007 apareció como beneficiario del Instituto de Crédito Territorial,
lo que dio lugar al rechazo de su postulación. Indica además que el rechazo le
fue comunicado mediante oficio VIV.120/2008 del 2 de enero de 2008, teniendo la
posibilidad de apelar la decisión.
Informa que la segunda convocatoria se presentó en
diciembre de 2008, momento en el cual se volvió a verificar los requisitos de
las postulaciones que no fueron asignadas en diciembre de 2007. Indica que en
éste último proceso fueron favorecidas 23.094 familias entre las cuales no se
encontraba la solicitud del accionante.
Dentro de este segundo proceso, señala que a través de
la Resolución No. 602 del 16 de diciembre de 2008, FONVIVIENDA informó que
algunas postulaciones fueron rechazadas por no cumplir con el total de los
requisitos, como es el caso del actor a quien negaron la solicitud nuevamente
por la misma causal anteriormente reseñada. Por ello, informa que el accionante
interpuso recurso de reposición argumentando su calidad de adulto mayor y
desplazado por la violencia, memorial remitido por la caja de compensación a
FONVIVIENDA, entidad encargada de resolverlos.
Para el tercer proceso de asignación de subsidios,
señala que se expidieron las listas de favorecidos a través de las Resoluciones
901 y 902 del 17 de diciembre de 2009, en las cuales el actor apareció
nuevamente rechazado por la misma razón, orientándosele para que interpusiera
el respectivo recurso, lo cual no realizó.
En conclusión, manifiesta que no ha vulnerado derecho
fundamental alguno del accionante, toda vez que esa entidad no es la encargada
de la asignación de los subsidios de vivienda como tampoco de resolver los
recursos, pues dicha función corresponde a FONVIVIENDA.
3.3.2.
Respuesta de FONVIVIENDA
Relata que dentro del proceso de asignación de
subsidios para vivienda a la población desplazada, la solicitud del accionante
fue rechazada al verificarse que es beneficiario de una entidad diferente a
FONVIVIENDA, en este caso del Instituto de Crédito Territorial.
En este sentido, resalta que “Desde la creación del
Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, mediante la expedición de la
Ley 3ª de 1991, el legislador fue claro y concreto en establecer una
prohibición, al preceptuar en el artículo 6º  de la referida Ley: “Artículo 6º.
Establécese el Subsidio Familiar de Vivienda como un aporte estatal de dinero o
especie, OTORGADO POR UNA SOLA VEZ AL BENEFICIARIO con el objeto
de facilitarle una solución de vivienda de interés social, sin cargo de
restitución siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que
establece la ley” (Negrillas del memorialista)”. Al respecto,
sostiene que la causal de rechazó la estipuló el literal b) del artículo 34 del
Decreto 975 de 2004, el cual señala que no pueden ser beneficiarios del
subsidio de vivienda familiar “Quienes  como beneficiarios hayan recibido
subsidios familiares de vivienda, o quienes siendo favorecidos con la
asignación no hubieren presentado antes del vencimiento del subsidio su
renuncia a la utilización”.
En virtud de lo anterior, solicita que se desestimen
las pretensiones de la tutela, toda vez que como entidad encargada de asignar
los subsidios de vivienda familiar, ha cumplido a cabalidad con sus funciones y
en ningún momento ha vulnerado o amenazado derecho fundamental alguno del
accionante.
3.3.3.
Respuesta del DAPS (antes
Acción Social)
Afirma que al verificar el Sistema de Información de
Población Desplazada -SIPOD-, constató que el accionante y su núcleo familiar
se encuentran incluidos en el RUPD desde el 1 de febrero de 2007.
Describe cronológicamente las oportunidades en que se
le ha proporcionado la ayuda humanitaria al accionante, e indica que está
actualmente vinculado al programa de generación de ingresos.
Respecto al subsidio de vivienda, relata la misma situación
descrita por FONVIVIENDA, en cuanto a que la solicitud le fue rechazada por ser
beneficiario de otra entidad distinta, en este caso, el Instituto de Crédito
Territorial.
Por todo lo anterior, solicita negar la acción de
tutela impetrada por el señor Heraclio Hormiga Ordóñez, en razón a que el DAPS
ha realizado dentro del marco de su competencia, todas las gestiones necesarias
para cumplir los mandatos legales y constitucionales.
3.4.   PRUEBAS
A continuación se relacionan las pruebas documentales que obran en el
expediente:
3.4.1. Copia de la cédula de ciudadanía del señor Heraclio
Hormiga Ordóñez, nacido el 17 de julio de 1934.
3.4.2. Copia de una constancia expedida por la Personería
Local de Mártires – Bogotá, certificando la declaración juramentada del actor y
que dio lugar a su inscripción en el RUPD.
3.4.3. Copia de un oficio expedido por COMPENSAR y dirigido
al accionante, con fecha del 27 de enero de 2010, donde le informan que su
postulación para el tercer proceso de asignación correspondiente al 2009, fue
rechazada.
3.4.4. Copia de un escrito que contiene el paz y salvo
expedido por la Fiduprevisora, con fecha del 17 de febrero de 2010, en donde se
deja constancia de la cancelación de la deuda hipotecaria contraída con el
extinto Instituto de Crédito Territorial.
3.4.5. Copia de la citación para la notificación de la
convocatoria al Subsidio Familiar de Vivienda (Resolución 904 del 17 de
diciembre de 2009), con fecha de enero de 2010.
3.4.6. Copia del recurso de reposición contra la Resolución
No. 602 del 16 de diciembre de 2008.
3.5.   DECISIONES JUDICIALES
3.5.1. Fallo de primera instancia –
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante
providencia del veinticuatro (24) de marzo de 2010, negó la solicitud de
amparo elevada por el accionante para proteger sus derechos a la vivienda digna
y a la igualdad.
Luego de realizar un examen
detallado de la situación fáctica y de las pruebas aportadas en el proceso, el a
quo determinó que el accionante se encontraba imposibilitado para ser
beneficiario del subsidio de vivienda familiar otorgado por Fonvivienda.
En este sentido, señaló que él
fue beneficiario de una entidad diferente a FONVIVIENDA y, por tanto, dicha
entidad podía rechazar su solicitud.
3.5.2. Impugnación
El accionante apeló la decisión del a quo
expresando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela.
3.5.3.
Fallo de segunda instancia
– Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo
En
sentencia proferida el 13 de julio de 2010, la Sala Penal del Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Villavicencio confirmó la sentencia de primera
instancia.
Consideró que la actuación administrativa surtida por
FONVIVIENDA se ajusta a la normativa rectora que señala que el subsidio de
vivienda puede ser otorgado “por una sola vez al beneficiario” (artículo
6 de la Ley 3ª de 1991) y que el recibo de esta prerrogativa impide, por tanto,
futuras postulaciones efectivas (artículos 28 del Decreto 975 de 2004 y 34 del
Decreto 2190 de 2009), de manera que concluyó no se observaba la vulneración
del derecho.
4.
EXPEDIENTE T – 2.827.078
4.1.    SOLICITUD
El señor José Edilberto Toro Rivera interpuso acción
de tutela en contra  de FONVIVIENDA, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, por considerar que dicha entidad vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la vivienda digna.
Fundamenta su petición en los siguientes:
4.2.   HECHOS
4.2.1. Afirma
encontrarse incluido y registrado desde el año 2001 en el RUPD debido a su
condición de persona desplazada del municipio de Tibú – Norte de Santander.
4.2.2. Relata que para el año 2007, a través de la Caja de Compensación Campesina -Comcaja- se postuló ante Fonvivienda para que le
fuera asignado el respectivo subsidio.
4.2.3. Del trámite de asignación, narra que “en el mes de
octubre del 2007, el Ministerio de Ambiente Vivienda me notificó que por error
de la COMCAJA Quindío se radicó que el Municipio de mi expulsión y aspiración
fue el municipio de la Gabarra Norte Santander, debiendo ser TIBU NORTE DE
SANTANDER, hecho que no es cierto en virtud QUE NUNCA HA EXISTIDO LAS
CONDICIONES PARA EL ERTORNO A NORTE DE SANTANDER, la postulación fue para el
MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO donde he vivido nueve años”.
4.2.4. Sostiene que por dicho error, se le ha excluido de la
convocatoria sin justa causa alguna. Además, aduce que pese a la gestión
adelantada ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, no ha recibido
una solución efectiva para poder corregir el formulario respecto al sitio que
requirió para que le fuera asignado el subsidio.
4.3.    CONSTESTACIÓN DE LA
DEMANDA
Mediante auto calendado el 27 de julio de 2010, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia admitió la tutela y ordenó
correr traslado a la entidad accionada, para que en el término de 48 horas se
pronunciara sobre los hechos.
4.3.1.
Respuesta de FONVIVIENDA
Narra que al revisar el módulo de
consultas y verificar el estado de la solicitud de subsidio elevada por el
actor, encontraron que “no se ha postulado a ninguna de las convocatorias
dirigidas a la población desplazada, como tampoco en las demás bolsas
dispuestas por la Ley para que el Fondo Nacional de Vivienda asigne Subsidios
Familiares de Vivienda”.
Así, indica que las personas que no se
postularon a la convocatoria del año 2007, deben estar atentas a las próximas
que programe FONVIVIENDA, cuyas fechas son oportunamente divulgadas a través de
las cajas de compensación familiar de todo el país, las Unidades de Atención y
Orientación – UAO- y de las Unidades Territoriales del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social.
Resalta que las personas desplazadas
también pueden postularse “en las Convocatorias de Bolsa Ordinaria, Esfuerzo
Territorial y con prioridad en las asignación en las Bolsas de Subsidio en
Especie y Complementario y Bolsa Única Nacional, acreditando el cumplimiento de
los requisitos exigidos en cada una de ellas”.
Por lo anterior, solicita al juez de
tutela que niegue la pretensión del accionante en contra de dicha entidad, pues
en ningún momento ha vulnerado su derecho fundamental a la vivienda digna.
4.3.2.
Respuesta de la Caja de
Compensación Familiar Campesina –COMCAJA-
En cuanto a los hechos que dieron origen a la acción
de tutela, sostiene que el actor en la casilla correspondiente a “Departamento
de Aspiración” diligenció “Norte de Santander” y no “Quindío”, como lo pretende
hacer valer.
De este modo, afirma que aunque el accionante trató de
corregir el yerro con una tachadura, “el lugar geográfico que originalmente
había propuesto, ambos lugares (La Gabarra y Tibú) se encuentran ubicados
dentro de los límites territoriales del Departamento de Norte de Santander,
situación que desvirtúa una vez más lo que ahora pretende en el escrito de
tutela”. Así, asegura que por este motivo, resultó imposible ingresar
correctamente al sistema la postulación del accionante, puesto que cuentan con
un listado de municipio previamente parametrizados y, por tanto, no se
registraba La Gabarra.
Resalta que el instructivo de guía para el
diligenciamiento del formulario, se lee claramente:
“El formulario puede llenarse a máquina o a mano en
letra imprenta mayúscula dentro de cada una de las casillas correspondientes, no
se aceptan tachaduras, enmendaduras o correcciones; en caso de detectarse
alguna de estas situaciones el formulario será rechazado”(Subrayas y negrillas del memorialista).
Con base en lo anterior, indica que es responsabilidad
del postulante el aporte de la información veraz que permita hacer valer el
mismo.
Finalmente, relata que para el caso particular, “no
podría La Caja de Compensación Familiar Campesina -COMCAJA- corregir cada uno
de los formulario presentados en forma irregular, para ello se informó
previamente (como queda demostrado), la manera cómo debía ser diligenciado
dicho documento, el cual tiene formalidades preestablecidas precisamente para
obtener  la información necesaria de quien pretende postularse a Subsidio
Familiar, todo esto en aras de lograra mayor eficacia  y mejor eficiencia en el
proceso de postulación respectivo”, en consecuencia solicita declarar
improcedente la acción de tutela.
4.4.
PRUEBAS
A continuación se relacionan las pruebas documentales que obran en el
expediente:
4.4.1. Copia de la respuesta a la solicitud que elevó el
actor ante COMCAJA, con fecha del 30 de noviembre de 2004, donde le informan
que el campo designado dentro del formulario correspondiente al municipio de
aspiración se encontraba mal diligenciado.
4.4.2. Copia de la respuesta a la petición que el accionante
elevó ante FONVIVIENDA, con fecha del 3 de marzo de 2010, donde le informan la
situación actual de su postulación al subsidio de vivienda.
4.4.3. Copia del formulario de inscripción al subsidio de
FONVIVIENDA, diligenciado por el señor José Edilberto Toro y dirigido a
Comcaja, sin fecha visible.
4.5.
DECISIONES JUDICIALES
4.5.1.
Fallo de primera instancia
– Tribunal Superior de Distrito Judicial de Armenia
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Armenia, mediante providencia del veinticuatro (24) de marzo de
2010, negó la solicitud de amparo elevada por el accionante para
proteger sus derechos a la vivienda digna y a la igualdad.
Señaló que a pesar de la
condición de desplazado del actor, su planteamiento no puede ser subsanado por
vía de tutela, teniendo en consideración que al momento de la postulación, “diligenció
el formulario y allí informó que el municipio de expulsión fue Gabarra (Norte
de Santander), que el departamento de aspiración es Norte de Santander y que el
municipio de aspiración es “Tibú Gabarra = corregir ojo”, escritura última que
causó la no aceptación del sistema y que hizo que la postulación fuera
rechazada. Además lo esbozado en la demanda en cuanto a que su postulación fue
para el municipio de La Tebaida, Quindío no corresponde a la realidad, pues lo
único que figura en el formulario acerca del tal municipio, es que allí reside
actualmente el actor”.
4.5.2. Impugnación
El accionante apeló la decisión del a quo
expresando que, no obstante la tachadura del formulario, “tratando de
arreglar la ubicación del municipio de Tibú Norte de Santander, cuando el
funcionario de la COMPENSAR (sic) colocó el Municipio de la Gabarra,
siendo este un corregimiento”.
Al respecto, aclaró que la causal del rechazo fue la
inexistencia del municipio “la Gabarra”, lo cual generó su exclusión del
proceso, y no por adulterar el formulario.
Aseveró que su pretensión principal era corregir el
municipio de origen, puesto que nunca pretendió regresar al lugar de donde
debió desplazarse por cuanto no hay condiciones para ello.
4.5.2.
Fallo de segunda instancia
– Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal
En sentencia proferida el 7 de septiembre de 2010, la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de
primera instancia, por considerar que el error que produjo el rechazo de la
postulación del actor, es atribuible únicamente a él, por lo que deberá esperar
a una nueva convocatoria.
5.
EXPEDIENTE T-2.833.357
5.1.
SOLICITUD
La señora Bárbara Rojas interpuso acción de
tutela en contra de FONVIVIENDA, el DAPS y la Caja de Compensación Familiar
Regional Meta (COFREM), por considerar que dichas entidades vulneraron sus
derechos fundamentales a la vivienda digna y a la igualdad.
Fundamenta su petición en los siguientes:
5.2.   HECHOS
5.2.1. Asegura
que es una persona desplazada por la violencia de 61 años de edad.
5.2.2. Manifiesta que una vez incluida en el RUPD, realizó
varios cursos, entre ellos uno en la Fundación Carvajal y otro en la fundación
CEDAVIDA, asistiendo a talleres de atención psicosocial y autogestión.
5.2.3. Afirma que para el año 2004, se postuló para el
subsidio de vivienda familiar a través de COFREM, allegando toda la
documentación requerida y diligenciando los formatos para la obtención del
subsidio.
5.2.4. Sostiene que para el año 2006, luego de esperar un
tiempo prudencial, se acercó a las oficinas de la Caja de Compensación para
revisar los listados, pero no aparecía en ellos.
5.2.5. Manifiesta que para el año 2010, se acercó nuevamente
a COFREM para preguntar por su solicitud de subsidio de vivienda, pero le informaron
que debía diligenciar un formato de recurso de reposición para presentar ante FONVIVIENDA.
5.2.6. Señala que el 26 de marzo de 2010, recibió un escrito
por parte de la Caja de Compensación Familiar, en el cual le hacían devolución
de los documentos relacionados con el recurso de reposición del 17 de marzo de
2010, informándole que ella pertenecía a una convocatoria de 2004, por lo que
se encontraba fuera del tiempo para interponer el respectivo recurso.
5.2.7. Aduce que el 27 de abril de 2010, en escrito dirigido
a FONVIVIENDA, solicitó que le informaran las razones que motivaron el rechazo
de la solicitud del subsidio de vivienda y, así mismo, que le allegaran copia
de la resolución que da cuenta de tal hecho.
5.2.8. Relata que el 7 de mayo de 2010, recibió respuesta por
parte de FONVIVIENDA, en la que le informaron que la postulación al subsidio
fue rechazada por no estar reportada en el RUPD.
5.2.9. Igualmente, indica que en dicha respuesta, le
informaron que por medio de la Resolución No. 904 del 17 de diciembre de 2009,
expedida por FONVIVIENDA, “se rechazaron las postulaciones al Subsidio
Familiar de Vivienda dentro de la tercera asignación de la convocatoria para la
población en situación de desplazamiento efectuada mediante resolución 174 de
2007 de Fonvivienda. // Posteriormente en CONFRE, donde el hogar se postuló,
entre el 09 y 23 de marzo de 2010, publico (sic) en cartelera un edicto con los
plazos para interponer el recurso de reposición, término que venció el 31 de
marzo de 2010”.
5.2.10. En vista de lo anterior, sostiene que solicitó a la
Caja de Compensación que le expidiera copia del edicto que se fijó en cartelera
donde aparece el listado de personas que fueron rechazadas. Todo ello con el
fin de acceder a los recursos de ley.
5.2.11. Dice que en junio de 2011, recibió respuesta de
COFREM, en la que le indicaron que el estado de su solicitud se encontraba como
“rechazada”. Además, le informaron que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio había abierto una nueva convocatoria en el año 2007, a la cual la accionante no se postuló, razón por la cual no podían acceder a la petición de
copia del edicto. Finalmente, le señalaron que los plazos para interponer los
recursos correspondientes a dicha postulación vencieron el 31 de marzo de 2010.
5.2.12. En razón a lo anterior, alega que las respuestas dadas
por FONVIVIENDA y la Caja de Compensación Familiar son contradictorias, ya que
el primero manifestó que la Resolución 904 del 17 de diciembre de 2009 fue
fijada en cartelera de COFREM del 9 al 23 de marzo de 2010; mientras COFREM
señala que está rechazada por no estar incluida en el RUPD para las
convocatorias del año 2004, por lo cual, considera que violaron además su
derecho al debido proceso al no serle notificada la resolución para así poder interponer
el recurso de reposición frente a las convocatorias del 2004.
5.3.
CONSTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Mediante auto del 30 de junio de 2010, el Juzgado
Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Villavicencio avocó el
conocimiento de la tutela y ordenó correr traslado a las entidades accionadas
para que en el término de 48 horas, se pronunciaran sobre los hechos.
5.3.1.
Respuesta de la Caja de
Compensación Familiar Regional del Meta (COFREM)
El apoderado judicial de la Caja de Compensación del
Meta aseguró que dicha entidad en ningún momento desconoció los derechos y
garantías de rango constitucional de la tutelante como el debido proceso, la
igualdad y el derecho de petición, puesto que se ha ceñido a la normativa
expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al disponer que las
cajas de compensación son las únicas entidades en el país que cuentan con
experiencia necesaria para el manejo integral del proceso de postulación, pre-validación
y seguimiento a la aplicación del subsidio familiar de vivienda, en cuya
aplicación les corresponde seleccionar a los beneficiarios del subsidio de vivienda,
no otorgar dichos subsidios, ni entregar el dinero para ello.
En este sentido, sostuvo que su función es recepcionar
y evaluar el cumplimiento de las condiciones y requisitos necesarios para
adquirir el subsidio de vivienda familiar, y de esta forma, orientar y prevenir
al usuario con el fin de que adquiera una vivienda en condiciones básicas de
habitabilidad.
Afirmó que en el proceso de postulación, la señora
Bárbara Rojas, mediante formulario 0754 del año 2004, se inscribió para acceder
al subsidio de vivienda para población desplazada, pero también que ella debió
inscribirse nuevamente para la convocatoria del año 2007, por cuanto ésta adicionó
la distribución para zonas urbanas con población en situación de
desplazamiento.
Por lo anterior, señaló que la accionante hizo caso
omiso de dicha resolución publicada en el Diario Oficial No. 46.653 del 8 de
junio de 2007, razón por la cual no realizó nuevamente el trámite de
postulación en dicha convocatoria y por esto, su hogar ni siquiera aparecía como
rechazado en la Resolución 904 de diciembre 17 de 2009 expedida por FONVIVIENDA.
Finalmente, para el caso de la señora Rojas, sostiene
que el estado actual de su postulación es “[r]echazado por no estar
reportado en el Registro Único de Población Desplazada – RUPD de Acción Social
en el estado: INCLUIDO BARBARA ROJAS Parentesco: 1. JEFE DE HOGAR”. Indica
que es natural que ese sea su situación, pues ella no se volvió a presentar a
la convocatoria del año 2007.
5.3.2.
Respuesta de FONVIVIENDA
El apoderado especial de Fonvivienda manifestó que una
vez revisado el módulo de consultas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, encontraron que efectivamente la accionante se postuló el día 23 de
septiembre de 2004 ante la Caja de Compensación Familiar de Villavicencio para
acceder al subsidio familiar de vivienda a través de la convocatoria de
desplazados del mismo año, “en la modalidad de vivienda: adquisición de
vivienda nueva o usada, tipo de solución reubicación”.
Así, al efectuarse el trámite correspondiente para
verificar si la actora cumplía con los requisitos necesarios exigidos por la
ley para acceder al subsidio familiar de vivienda, con ocasión de la convocatoria
del año 2004, indicó que no fue posible asignarle el subsidio, por cuanto ella
no se encontraba incluida en el RUPD. Por tal razón, sostuvo que “[l]os
hogares que presentaron causal de rechazo fueron enterados de ello, razón por
la cual estuvieron atentos a los resultados de dicha convocatoria, puesto que
en caso de no estar conforme con la decisión que respecto de ellos se tomara,
podía impugnarla dentro del término legal”. No obstante, advirtió que del
escrito de la accionante se deduce que tan solo volvió a interesarse por su
postulación hasta el año 2006 y posteriormente en el 2009 y 2010, cuando se
está corriendo el proceso de asignación de subsidios, pero para los hogares que
se postularon el año 2007.
En tal sentido, adujo que por ser la acción de tutela
un mecanismo de protección inmediata, no se justifica que después de seis años,
la accionante haga uso de dicho instrumento constitucional, lo que a su juicio,
pone en duda la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados
por ella.
Finalmente, consideró preciso resaltar que la
accionante puede mantenerse en el Registro de Postulantes, actualizando la
información, conforme a lo señalado en el artículo 39 del Decreto 2190 de 2009.[2]
5.3.3.
Respuesta de la DAPS (antes
Acción Social)
En su escrito de respuesta, la apoderada judicial del DAPS
sostuvo que una vez verificó el Sistema de Información de Población Desplazada
(SIPOD) del RUPD, constató que la señora “BARBARA ROJAS y su núcleo
familiar se encuentran incluidos en el Registro Único de la Población
Desplazada” desde el 8 de marzo de 2002.
Seguidamente, relacionó las ocasiones en las cuales la
accionante ha recibido la ayuda humanitaria de emergencia e igualmente
describió en qué consiste el proceso de caracterización de la población
desplazada, como por ejemplo analizar la información contenida en las
diferentes bases de datos de las entidades que conforman el Sistema Nacional de
Atención Integral a la Población Desplazada.
Por lo anterior, solicitó al juez de amparo negar la pretensión
incoada por la accionante en el escrito de tutela, en razón a que el DAPS,
dentro del marco de su competencia, ha realizado todas las gestiones necesarias
para cumplir los mandatos legales y constitucionales, evitando que se vulneren
o pongan en riesgo los derechos fundamentales de la señora Rojas.
5.4.
PRUEBAS
A continuación se
relacionan las pruebas documentales que obran en el expediente:
5.4.1.Copia
de la respuesta al escrito de petición elevado por la actora el 26 de mayo de
2010, ante la Caja de Compensación Familiar Regional Meta, con fecha del 11 de
junio de 2010, donde le explican que la solicitud fue rechazada por no
encontrarse inscrita en el RUPD.
5.4.2. Copia de escrito elevado por la accionante ante
FONVIVIENDA, fechada el 27 de abril de 2010, donde solicita que se le informe
por qué razón había sido rechazada su postulación para ser beneficiaria del
subsidio que otorga esa entidad.
5.4.3.
Copia de la respuesta del
escrito de petición expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
con fecha del 29 de abril de 2010, donde le manifiestan a la demandante que su
solicitud fue rechazada por cuanto no está reportada en el RUPD.
5.4.4.
Copia del formulario de
inscripción y postulación de la accionante para ser beneficiaria del subsidio
de vivienda, con fecha de radicado del 17 de agosto de 2004.
5.4.5.
Copia  de la Resolución No.
904 del 17 de diciembre de 2009 “Por la cual se rechazan las postulaciones al
Subsidio de Vivienda Familiar para Población Desplazada, dentro de la Tercera
Asignación de la Convocatoria efectuada mediante Resolución 174 del 5 de Junio
de 2007 de Fonvivienda”.
5.5.
DECISIONES JUDICIALES
5.5.1. Fallo de primera instancia – Juzgado
Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de
Villavicencio
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio,
mediante providencia del quince (15) de julio de 2010, amparó los
derechos de petición, debido proceso e igualdad de la accionante, por
considerar que la causal de rechazo alegada por FONVIVIENDA, según la cual ella
no se encontraba inscrita en el RUPD, se desvirtuaba conforme a la respuesta
aportada por el DAPS, donde consta que la señora se encuentra incluida en el
RUPD desde el 8 de marzo de 2002.
Además, afirmó que aunque las accionadas Fonvivienda y
COFREM manifestaron que notificaron a la accionante del rechazo de la solicitud
de las convocatorias del año 2004, tal situación no se corroboraba dentro del
plenario,  ya que simplemente se adjuntó la Resolución 904 de 2009, que
responde a la postulación efectuada en el año 2007. Concluyó así que a la
señora Bárbara Rojas no fue notificada por ningún medio acerca del estado de su
postulación para el año 2004, por lo tanto, era obvio que no pudo interponer
los recursos de ley.
En consecuencia, ordenó a Fonvivienda y COFREM que
iniciaran el trámite respectivo para incluir a la accionante en la convocatoria
que se estuviera llevando a cabo para acceder al subsidio de vivienda de
interés social, en razón a que se probó su calidad de desplazada.
5.5.2. Impugnación
La Caja de Compensación Familiar Regional Huila
(COFREM), manifestó que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta la
función que cumple dicha entidad dentro del proceso de entrega de subsidios, conforme
con el Contrato de Encargo de Gestión No. 004 del 8 de mayo de 2004, el cual
señala que las cajas de compensación deben encargarse de recibir y revisar la
información de los aspirantes a la postulación, como el domicilio y la demás
información proporcionada.
Así, sostuvo que dicho trámite lo cumplió a cabalidad en
tanto recibió y verificó la información entregada por la señora Bárbara Rojas
para efectos de enviarla a FONVIVIENDA, entidad que procedió a verificar la
información en el diario oficial de las referidas resoluciones de asignaciones
de convocatorias, así: “Res. 807 de 2004 Diario Oficial No. 45774 del 27 de
diciembre de 2004 y Res. 818 de 2004, Diario Oficial No. 45775 del 28 de
diciembre del 2004”. Señaló que estos actos administrativos no requerían la
publicación de un edicto, en tanto se hicieron a través del diario oficial,
debido a que Fonvivienda no expidió actos administrativos de carácter
individual rechazando las postulaciones.
Adicionalmente, indicó que la
señora Bárbara Rojas tampoco procedió a postularse para la convocatoria del año
2007, dentro de la cual se expidió la Resolución No. 904 del 17 de diciembre de
2009, que procedió a rechazar, asignar o calificar las postulaciones al
subsidio familiar de vivienda para población desplazada, “de la cual se
procedió a fijar el edicto publicado entre el 9 y 23 de Marzo de 2010, edicto
en el cual no aparece la accionante debido a que ella no se postuló a esta
convocatoria sino a la del año 2004 (…)”.
De tal modo, manifestó que no
es viable para esa caja de compensación proceder a incluir a la accionante en
la convocatoria actual, por cuanto dicho proceso de postulación es competencia
de FONVIVIENDA.
5.5.3.
Fallo de segunda instancia
– Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Penal
En sentencia proferida el 27 de julio de 2010, la Sala
Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio revocó la
sentencia de primera instancia y la negó por improcedente.
Adujo que la inmediatez de la tutela tiene como fin
evitar un perjuicio irremediable y para el caso de la señora Bárbara Rojas,
dicho requisito no se cumple en tanto el reclamo que por vía de amparo se
presentó en forma retrasada, esto es después de casi 6 años transcurridos desde
la fecha en que se expidieron las resoluciones que admitieron a los postulantes
del subsidio de vivienda para población desplazada en el 2004.
Aclaró que si bien la legislación no estipula un plazo
perentorio dentro del cual deba interponerse la acción de tutela, la
jurisprudencia constitucional[3] sí ha determinado que
debe interponerse en un plazo razonable, proporcional y justo, desde la
ocurrencia del hecho o conducta de la autoridad que amenace o vulnere los
derechos constitucionales fundamentales invocados. Así, de lo aportado en el
expediente infirió que no estaba justificada la demora en que incurrió la
actora para no haber ejercitado la acción de manera oportuna y que tampoco
alegó haber estado en una circunstancia insuperable.
6.
EXPEDIENTE T – 2.838.689
6.1.    SOLICITUD
La señora Rosa Ana Vargas Trujillo interpuso acción de
tutela en contra de FONVIVIENDA, por considerar que dicha entidad vulneró sus
derechos fundamentales a la vivienda digna y a la igualdad.
Fundamenta su petición en los siguientes:
6.2.   HECHOS
6.2.1. Asevera
que es una persona desplazada por la violencia y debidamente inscrita en el
RUPD. Además, sostiene que está a cargo de un menor de 18 años.
6.2.2. Señala
que se postuló para acceder al subsidio de vivienda que brinda FONVIVIENDA,
procedimiento que agotó en representación de su núcleo familiar.
6.2.3. Manifiesta que FONVIVIENDA rechazó su postulación bajo
el argumento de que ya posee una vivienda a nivel nacional, lo cual tilda de
falso en tanto que en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos no
aparece propiedad alguna a su nombre.
6.2.4. Ante el rechazo, sostiene que presentó el respectivo
recurso de reposición, alegando que “no poseemos propiedad alguna ni en
Neiva ni en ninguna parte del País. Recursos que siempre se me negaron con el
argumento de que poseemos vivienda y que no es posible otorgarnos el subsidio
familiar de vivienda”.
6.2.5.
Igualmente, afirma que “la
accionada, en la última Resolución de Asignación de Subsidios, Resolución 750
de junio 08 del año en curso [2010], manifiesta agotada la Vía
Gubernativa (sic), inobservando aplicar la Norma (sic) más favorable a mis
condiciones, ciñéndose en extremo a una Norma desfavorable para nuestro Núcleo
Familiar, demás que dicha propiedad no existe”.
6.3.    CONSTESTACIÓN DE LA
DEMANDA
Mediante auto calendado el 13 de julio de 2010, el
Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Neiva admitió
la tutela y ordenó correr traslado a la entidad accionada para que en el término
de 48 horas, se pronunciara sobre los hechos.
6.3.1.
Respuesta de FONVIVIENDA
En primer lugar, señaló que FONVIVIENDA “es la
entidad que el estado (sic) colombiano dispuso para que dirija y ejecute
la política de satisfacción de la necesidad de vivienda en condiciones dignas
para la población menos favorecida”. No obstante, aseguró que el derecho a
la vivienda es un derecho de naturaleza prestacional y por tal razón su
satisfacción  se ve necesariamente limitada por los recursos destinados para
tal fin, razón por la cual no es un derecho que se haga exigible de manera
inmediata y directa, pues es necesario que se cumplan ciertas condiciones
jurídico materiales.
En cuanto a la solicitud de la accionante, aseveró que
“una vez revisado el Módulo de Consultas del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, se pudo establecer que el grupo familiar de
la accionante no logró modificar su condición de rechazado dentro del proceso
de asignación”, toda vez que agotada la vía gubernativa, no pudo desvirtuar
la causal de rechazo.
Señaló que la accionante se postuló para la
convocatoria el 13 de julio de 2007 ante la Caja de Compensación Familiar del
Huila, en el municipio de Neiva, para el tipo de proyecto individual, “Modalidad
de Vivienda: Adquisición de Vivienda Nueva o Usada para hogares propietarios,
quien está excluido del proceso convocatoria 2007 para Población Desplazada,
por Agotamiento de la Vía Gubernativa y no desvirtuar la causal que le generaba
el estado de rechazado, dentro de la misma”.
Relató que la causal del rechazo se generó porque al
realizar el cruce de datos se pudo comprobar que el hogar tiene una o más
propiedades en un sitio diferente al de expulsión, en razón a que la señora
Rosa Ana Vargas “es poseedora de una propiedad en el Municipio de Neiva –
Huila, según información suministrada por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi IGAC; situación esta que afecta a todos los miembros del hogar
postulante, ya que la postulación se hace por grupo familiar, y no de manera
independiente por cada uno de los miembros de dicho hogar”.
Aclaró que cuando esta situación se presenta, se debe
dar aplicación al artículo 34 del Decreto 2190 de 2009[4],
que contempla los casos en que las personas no pueden postularse al subsidio.
Manifestó que mediante Resolución No. 174 de 2007,
fijó fecha de apertura y cierre para la bolsa especial en situación de
desplazamiento, la cual fue ampliada hasta el 13 de julio de 2007. Además, indicó
que el 20 de diciembre de 2007 fue expedida la Resolución 510 del mismo año,
mediante la cual se asignaron 12.740 subsidios familiares de vivienda por un
valor de $105.861.689.376 de conformidad con los recursos disponibles para ese
año en la atención a la población en situación de desplazamiento, siendo este
el primer acto de asignación.
Narró que el segundo acto de asignación se produjo
mediante resolución No. 600 del 16 de diciembre de 2008, en el cual se
asignaron 23.094 subsidios de vivienda familiar.
Sostuvo que dentro de este último proceso de
asignación se emitieron dos actos administrativos: “La Resolución No. 601 y
Resolución No. 602 de 2008, las cuales otorgaron el estado de calificado y
rechazado a los hogares postulados”. Al respecto, aduce que la accionante
no interpuso los recursos de ley ni presentó documentación alguna que le
permitiera desvirtuar el motivo que generó su estado de rechazo, el cual fue “tener
una o más propiedades en un sitio diferente al de expulsión”.
Afirmó que para finales de 2009 se profirieron varios
actos administrativos, esto es, las Resoluciones No. 903 y 904 de 2009, los
cuales señalaban el estado de “otorgado y/o rechazado” de los postulantes. Indicó
que frente a la primera resolución, la accionante interpuso recurso de
reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución No. 293 de 2010, que
confirmó el rechazo de la postulación.
Por todo lo anterior, concluyó que a la accionante se
le respondieron en forma oportuna todos los recursos que interpuso y que en ese
sentido, dicha entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno. Además, aseveró
que para atacar las resoluciones que negaron su petición, cuenta con otros
mecanismos judiciales dentro del ordenamiento jurídico.
6.4.
PRUEBAS
A continuación se relacionan las pruebas documentales que obran en el
expediente:
6.4.1. Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Rosa Ana
Vargas Trujillo.
6.4.2. Copia del recurso de reposición elevado por la actora
en contra de la Resolución No. 904 de 2009, con fecha del 27 de enero de 2010.
6.4.3. Copia de la Resolución No. 0293 del 5 de abril de
2010, “Por la cual se resuelven unos recursos de reposición interpuestos contra
la Resolución 904 del 17 de diciembre de 2009”
6.5.
DECISIONES JUDICIALES
6.5.1.
Fallo de primera instancia
– Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Neiva
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Neiva, mediante providencia del quince (15) de julio de 2010, negó
la solicitud de amparo elevada por la accionante para proteger sus derechos
a la vivienda digna y a la igualdad.
El a quo adujo que dentro del proceso de postulación
de la accionante para ser beneficiaria del subsidio familiar, FONVIVIENDA verificó
la información y realizó el respectivo cruce con las demás entidades, entre
ellas el IGAC, y encontró que la demandante es poseedora de una propiedad en el
municipio de Neiva, situación que le generó el rechazo de la postulación del
subsidio de vivienda. En este sentido, ella se encontraba imposibilitada para
postularse y además no desvirtuó la causal del rechazó.
Dentro de este contexto, afirmó que no observaba
vulneración alguna de los derechos fundamentales deprecados por la accionante, “toda
vez que si bien, mediante la Convocatoria realizada por Fonvivienda en el año
2007, dirigida a la Población Desplazada, para satisfacer sus necesidades de
vivienda, es de tener en cuenta que el Subsidio de Vivienda Familiar, dada la
magnitud de este grupo poblacional y la limitación de recursos, está dirigido
primordialmente a las personas que carecen en lo absoluto, de una Vivienda
Digna o que no tienen los recursos suficientes para obtener una solución de
vivienda. En el presente caso, de acuerdo con la información aportada por la Entidad
Demandada, se pudo establecer que la Accionante es poseedora de un inmueble en
la ciudad de Neiva, de lo cual se puede inferir que no se encuentra en la
necesidad apremiante de una solución de vivienda, como si lo pueden estar otras
personas”.
6.5.2.
Impugnación
La accionante apeló la decisión del a quo
manifestando que el inmueble al que se refiere Fonvivienda no se encuentra
registrado a su nombre y, además, que el documento del IGAC no es idóneo para
indicar que tiene una propiedad.
6.5.3.
Fallo de segunda instancia
– Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Penal
En sentencia proferida el 27 de julio de 2010, la Sala
Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio revocó la
sentencia de primera instancia y negó la tutela por improcedente.
Señaló que la acción de tutela no es el medio adecuado
para que la actora evite los procedimientos de acceso a los beneficios que
tiene como desplazada, por cuanto ello debe realizarse de acuerdo a los
trámites internos de cada institución. Además, afirmó que los actos
administrativos que dieron lugar al rechazo de su postulación, gozan de total
validez y, si al agotar la vía gubernativa no resolvieron favorablemente sus
pretensiones, entonces puede acudir ante el juez contencioso administrativo
para solicitar la nulidad de los mismos, siendo ese el mecanismo ordinario
adecuado para dirimir esa clase de conflictos.
7.
EXPEDIENTE T – 2.953.920
7.1.    SOLICITUD
La señora Edilma Mayorga de Ramírez interpuso acción
de tutela en contra de FONVIVIENDA, por considerar que dicha entidad vulneró
sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la vivienda
digna.
Fundamenta su petición en los siguientes:
7.2.   HECHOS
7.2.1.
Afirma que debido a la difícil
situación de orden público en el municipio de Argentina (Huila), debió
desplazarse hasta la ciudad de Bogotá.
7.2.2.
Relata que el 22 de enero de
2001, compareció en el Centro de Atención Ciudadana de la Defensoría del Pueblo
de Santa Fe de Bogotá, en donde rindió declaración sobre su situación de
desplazamiento.
7.2.3.
Sostiene que antes de ser
desplazado, residía en la ciudad de Neiva, en una invasión en el barrio Simón
Bolívar, conocido como “Filo de Hambre”. Narra que estando allí, se trasladó al
barrio Camelias, donde construyó “una pequeña casa en un lote de terreno de
propiedad del señor BERNARDINO BARREIRO CORONADO”. Dice que las mejoras
fueron elevadas a escritura pública, aclarando que ello no constituye derecho
de dominio en su favor, por cuanto el lote no le pertenece.
7.2.4.
Indica que para el año 2007,
se postuló ante FONVIVIENDA en la convocatoria dirigida a  la población en
situación de desplazamiento para que le fuera asignado un subsidio de vivienda
familiar.
7.2.5.
Relata que FONVIVIENDA le
informó que mediante resoluciones No. 602 del 16 de diciembre de 2008 y 904 del
17 de diciembre de 2009, su postulación  había sido rechazada, por cuanto a su
nombre figuraba una propiedad en un sitio diferente al de expulsión, de acuerdo
con el reporte del IGAC.
7.2.6.
Con todo, asegura que al
consultar la Resolución 904 del 17 de diciembre de 2009, su nombre no aparecía relacionado
en la misma.
7.2.7.
Finalmente, sostiene que su
derecho a la vivienda digna no está garantizado con un predio al que no tiene
acceso y que además no le pertenece, como aduce la referida resolución.
7.3.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Mediante auto calendado el 27 de julio de 2010, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia admitió la tutela y ordenó
correr traslado a la entidad accionada, para que en el término de 48 horas se
pronunciara sobre los hechos.
7.3.1.
Respuesta de FONVIVIENDA
Luego de hacer una breve introducción acerca del
derecho a la vivienda digna, su carácter prestacional y la imposibilidad de satisfacerlo
en forma inmediata y directa, señaló que el accionante “no logró modificar
su condición de rechazado dentro del tercer proceso de asignación de subsidios
en la convocatoria dirigida a la población en situación de desplazamiento, toda
vez que el hogar no presentó recurso de reposición contra la Resolución No. 904
del 17 de diciembre de 2009[5] (…) acto
administrativo que incluyó al hogar del accionante, y situación que a la par,
configura el agotamiento de la vía gubernativa como presupuesto para sustancial
de la acción, para acceder a la jurisdicción contencioso administrativa, según
lo establecido en los artículos 62 y 63 del Código Contencioso Administrativo”.
Así, sostuvo que el artículo 3 de la Ley 3 de 1991
estableció el subsidio familiar de vivienda como un aporte estatal en dinero o
especie, cuyo objeto es brindarle al beneficiario una solución de vivienda
digna, siempre y cuando éste “cumpla con las condiciones que establece esta
ley”. En este sentido, afirmó que el accionante incurrió en la causal
denominada “El hogar tiene una o más propiedades en un sitio diferente al de
expulsión”, conforme con el reporte del IGAC, según el cual, al momento de
la postulación, a nombre de la señora Edilma Mayorga se encontraba registrado
un inmueble en la ciudad de Neiva – Huila, generando una incompatibilidad con
la modalidad del subsidio al cual aspiró, cual es “ADQUISICIÓN DE VIVIENDA
NUEVA O USADA PARA HOGARES PROPIETARIOS”. Reforzó lo anterior con otra causal
de rechazo que impide acceder al subsidio familiar de vivienda, establecido en
el parágrafo 3 del artículo 4 del Decreto 2190 de 2009[6].
En consecuencia, arguyó que la postulación de la
accionante no es acorde con las finalidades propuestas por la Ley 3 de 1991, en
donde se menciona que el subsidio familiar de vivienda está destinado a quienes
carezcan de recursos suficientes para obtener una vivienda, mejorarla o
habilitar legalmente los títulos de la misma.
Por otro lado, señaló que para el presente caso la
acción de tutela no es procedente y que la actora cuenta con otros mecanismos
de protección judicial. En efecto, consideró que al ser un acto administrativo
el que rechazó la postulación, ella puede acudir ante los jueces
administrativos para controvertir la legalidad de los mismos. Finalmente,
solicitó al juez de tutela que declarara improcedente el amparo solicitado.
7.4.   PRUEBAS
A continuación se relacionan las pruebas documentales que obran en el
expediente:
7.4.1. Copia de la declaración de desplazado ante la
Defensoría del Pueblo, con fecha del 22 de enero de 2001.
7.4.2. Copia de un oficio expedido por CAFAM, calendado el 22
de febrero de 2010, en donde le informan a la accionante que su postulación había
sido rechazada.
7.4.3. Copia de un escrito expedido por FONVIVIENDA, fechado
el 17 de agosto de 2010, en donde exponen a la accionante los motivos por los
cuales había sido rechazada su solicitud.
7.5.
DECISIONES JUDICIALES
7.5.1. Fallo de primera instancia – Juzgado
35 Civil Municipal de Bogotá
El Juzgado 35 Civil Municipal de Bogotá, mediante
providencia del ocho  (8) de noviembre de 2010, negó la solicitud de
amparo elevada por la accionante para proteger sus derechos a la vivienda digna
y al debido proceso.
Señaló el a quo que la
acción de tutela tiene como características esenciales la subsidiariedad y la
inmediatez, por cuanto solo resulta prudente instaurar la acción cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que se busque
evitar un perjuicio irremediable.
Expuesto esto, frente al caso
particular, indicó que se trata de la inconformidad de la accionante con el
acto administrativo que negó su inclusión para el beneficio del subsidio de
vivienda otorgado por FONVIVIENDA, situación que no permite la intervención del
juez de tutela, pues consideró que por ser una decisión de la administración
pública, el acto atacado es controvertible a través de las acciones contencioso
administrativas. En este sentido, concluyó que la tutelante no interpuso
oportunamente el recurso de reposición a que había lugar.
7.5.2. Impugnación
Afirmó la accionante en su escrito de impugnación que
el fallo del  a quo desconoce la jurisprudencia de la Corte
Constitucional respecto de las personas desplazadas como sujetos de especial
protección constitucional y que merecen una atención preferencial por parte de
todas las autoridades públicas. Indicó que dicha protección adquiere relevancia
en su caso particular por ser madre cabeza de familia.
En este sentido, aseguró que
su condición de víctima del desplazamiento tampoco fue tenida en cuenta por el
juez de primera instancia, lo cual hace aún más cuidadoso el estudio de sui
situación particular.
7.5.3. Fallo de segunda instancia – Juzgado
19 Civil del Circuito de Bogotá
En sentencia proferida el 10 de diciembre de 2010, el
Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá confirmó la sentencia de primera
instancia, por considerar, al igual que el juez de primera instancia, que la
acción de tutela no es la vía jurídica llamada a prosperar frente a las
pretensiones de la accionante, toda vez que dentro de las normas que rigen el
procedimiento administrativo existen mecanismos idóneos para ejercitar la
defensa respecto de los actos de la administración que la afecten. Por otro
lado, sostuvo que el instrumento de amparo no es viable cuando se solicita el
reconocimiento  de una suma de dinero, puesto que no cabría el otorgamiento de
privilegios distintos a los que en forma general y abstracta prevé el mismo
ordenamiento.
8.
PRUEBAS DECRETADAS POR LA
SALA SÉPTIMA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
8.1.
EXPEDIENTE T-2.707.266
Frente al expediente T- 2.707.266, la Sala Séptima
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, mediante auto del 3 de
noviembre de 2010, resolvió:
“PRIMERO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, PONER EN CONOCIMIENTO de la señora Lilia Perdomo de Quiza, madre de
la tutelante, el contenido de la solicitud de tutela y de los fallos de
instancia, para que, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a
partir de la notificación de esta providencia, se pronuncie respecto de los
hechos y pretensiones formulados por la demandante. Lilia Perdomo de Quiza
puede ser ubicada en la calle 60 Nº 1D -93, Barrio Balcones de la Rivera Norte
de Neiva, Huila.
SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, PONER EN CONOCIMIENTO de la Agencia Presidencial para la Cooperación
Internacional y la Acción Social – Acción Social, el contenido de la
solicitud de tutela y de los fallos de instancia, para que, dentro de los tres
(3) días hábiles siguientes contados a partir de la notificación de esta
providencia, se pronuncie respecto de los hechos y pretensiones formulados por
la demandante.
TERCERO. ORDENAR a la Agencia Presidencial para la Cooperación
Internacional y la Acción Social – Acción Social, que dentro del término de
tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir de la notificación de esta
providencia, informe a esta Corporación:
1.
Quiénes se encuentran
inscritos en el núcleo familiar de la señora Laidy Lizcano Perdomo.
2.
De dónde fue desplazado el
núcleo familiar de la accionante.
CUARTO. ORDENAR a la Oficina de Instrumentos Públicos del
Municipio de San Vicente del Caguán, Caqueta (Carrera 4ª Nº 3-41) que,
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la
notificación de esta providencia, informe a esta Corporación si en ese
municipio, la señora Laidy Lizcano Perdomo (C.C. 40.690.092) o su madre Lilia
Perdomo de Quiza (C.C. 26.641.780) figuran como propietarias de algún
predio o vivienda en su jurisdicción, y en caso afirmativo, anexe el
certificado de libertad y tradición correspondiente.
QUINTO. COMISIONAR al Juzgado Único Promiscuo Municipal de San Vicente
del Caguán (tel. 4644079), para que en el término de diez (10) días hábiles,
contados a partir de la recepción de la comunicación de la presente
providencia, practique y allegue el resultado de una inspección judicial a los
predios o viviendas ubicados en la Carrera 7A Nº 5A – 95 y “El Puerto”,
ubicados en el municipio de San Vicente del Caguán, con el fin de verificar
quién los ocupa y en qué calidad.
SEXTO. SUSPENDER el término para fallar el asunto de la referencia,
hasta tanto se practiquen las pruebas y valoren los informes solicitados.”
8.1.1.
Mediante escrito fechado 23
de noviembre de 2010, la Secretaria
General informó a este Despacho que el auto antes mencionado fue comunicado
mediante Despacho Comisorio Nº 20 y oficios OPTB-1106 a 1108 del 4 de noviembre de 2010, y durante dicho término no se recibió comunicación alguna.
8.1.2.
Mediante escrito fechado 23
de noviembre de 2010, la Secretaria
General envió a este Despacho oficio recibido en la Secretaria General de esta
Corporación el día 26 de noviembre de 2010, firmado por la doctora Stella
Victoria Peña Cuellar, Registradora Superintendencia de Notariado y Registro,
que a la letra dice:
“Comedidamente me permito informarle que una vez
verificada nuestra base de datos, las personas relacionadas mediante el oficio
en referencia, no figuran en nuestros archivos como propietarias de ningún bien
inmueble perteneciente a este Círculo Registral”
8.1.3.
Mediante escrito fechado 25
de noviembre de 2010, el Juzgado
Promiscuo Municipal San Vicente del Caguan Caquetá manifestó que realizada la
diligencia de inspección judicial en el predio o vivienda ubicada en la Carrera
(…) del Municipio de San Vicente del Caguán Caquetá, encontró lo siguiente:
“…dentro del Despacho Comisorio Nº 20 procedente de la
Honorable Corte Constitucional dentro de la Acción de Tutela T-2.707.266
instaurada por Laidy Lizcano Perdomo contra Fonvivienda, En tal virtud, la
señora Juez Promiscuo Municipal de la localidad, en asocio de su secretaria,
nos trasladamos al inmueble objeto de la diligencia. Una vez allí en el
inmueble ubicado en la Carrera (…) el cual presente una placa con la dirección
Carrera (…) pese a tener la ubicación antes referida, fuimos atendidos por el
señor ROGELIO MUÑETON SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número
96.350.584 del El Doncella Caquetá, quien ocupa el inmueble en compañía de su
familia en calidad de arrendatario, manifiesta que la propietaria es la señora
LILIA PERDOMO DEQUIZA, con quien tiene contrato verbal desde el primero de
octubre del año dos mil nueve y para mayor ilustración allega copia del recibo
del agua del inmueble, en donde aparece registrada una dirección distinta.
Respecto del sector denominado “El Puerto” se halla poblado de diferentes
establecimientos de comercio y vivienda por lo cual se procede a realizar el
registro fotográfico el cual se anexa para mayor ilustración.”
8.1.4.
Por medio de escrito de 26
de noviembre de 2010, la señora Lilia
Perdomo de Quiza expresó lo siguiente:
“1. Soy adulta Mayor, cuento con
setenta y cuatro (74) años de edad, con segundo grado (2º) de escolaridad;
desplazada en dos (2) ocasiones por la violencia.
a.
El primer desplazamiento,
se sucedió, luego del Asesinato de tres (3) de mis hijos, en la localidad de
San Vicente del Caguán.
3.
En San Vicente del Caguán,
poseía una (1) mejora Urbana, ubicada en el Casco Urbano; la vivienda se
encuentra ubicada cerca al Río Caguán, por dicho motivo, no se ha podido
legalizar la escritura, debido a que se encuentra en Zona de Riesgo.
4.
El Predio en mención, que
era donde residía junto con mi hija y nietos, debí dejarlo abandonado, para
poder salvar nuestras vidas.
5.
Igualmente en San Vicente
del Caguán yo tenía una Caseta de donde derivábamos nuestro sustento diario,
todo eso se perdió, con el ánimo de salvar nuestras vidas.
6.
Salí desplazada, junto con
mi hija, Laidy Lizcano Perdomo, siendo inscritas en el Sistema de información
de población desplazada, con el código (…) de noviembre 7 del 2006, mi hija fue quien presentó la declaración exigida por el artículo 32 de la Ley 387 de 1997.
7.
Llegamos a la ciudad de
Neiva, pero no hemos recibido la atención necesaria que nos permita superar las
graves condiciones de vulnerabilidad que soportamos luego del desplazamiento.
8.
En el año 2007, mi hija presentó la postulación al Subsidio de Vivienda, sin embargo se nos excluyó de dicha
convocatoria, aduciendo el Fondo Nacional de Vivienda, de que somos poseedores
a Nivel Nacional de una propiedad.
9.
En vista de la caótica
situación que nos encontrábamos padeciendo, yo me regresé para San Vicente del
Caguán, pretendiendo reiniciar nuevamente mi vida, ya que los problemas de
salud que me aquejan: Diabetes e Hipertensión Alta, requerían de una
regularidad y buena dieta alimenticia; situaciones que en Neiva no conseguí
afianzar, por eso decidía retornar a San Vicente del Caguán, sin embargo, seguí
siendo objeto de amenazas contra mi integridad y nuevamente debí salir
desplazada, ahora por segunda vez, ante lo cual rendí la pertinente
declaración, siendo incluida en el SIPOD, con el Código (…) de julio 29 de
2008.
10.
Durante estos años
Fonvivienda, rechazó la postulación que mi hija, hiciera ante dicha
Institución, vulnerando el derecho a la vivienda, para las personas en
situación de desplazamiento. Nuestra exigua y nula formación académica no nos
permitió acertar a presentar los recursos de reposición para desvirtuar los
hechos de rechazó, sin embargo, los motivos alegados por el Fondo Nacional de
Vivienda, para negarnos el acceso a una vivienda y reubicarnos en un sitio
alejado de acciones de violencia, perpetúan y tornan incierto nuestro derecho a
gozar de soluciones definitivas de restablecimiento socio-económico.”
8.2.
EXPEDIENTES T-2.759.386,
T-2.779.733, T-2.827.078, T-2.833.357, T-2.838.689 y T-2.953.920
Con el objetivo de esclarecer dudas en algunos de los
expedientes acumulados de la referencia, mediante Auto fechado el 8 de febrero
de 2011, el Magistrado Sustanciador ordenó decretar varias pruebas, dentro de
la cuales se recibieron las siguientes respuestas conforme con lo solicitado
frente a cada caso particular.
8.3.   Entidades
vinculadas e informes solicitados
8.3.1 En el expediente. T-2.759.386, se ordenó vincular
a Confamiliar Huila y a FONVIVIENDA para que expresaran lo correspondiente
frente a la solicitud de tutela de la señora Amparo Bustamante.
8.3.2.
En igual sentido se solicitó a
FONVIVIENDA que respecto de los accionantes Amparo Bustamante, Bárbara Rojas,
José Edilberto Toro Rivera, Heraclio Hormiga Ordoñez y Rosa Ana Vargas
Trujillo, informara si se encontraban actualmente postulados para acceder al
subsidio familiar de vivienda y que, en caso afirmativo, indicara los detalles
del proceso, particularmente en qué etapa se encontraban.
Asimismo, a dicha entidad se le ordenó que informara “qué
exigencias hacen las cajas de compensación a través de las cuales se realizan
los trámites para la asignación de los subsidios de vivienda, en cuanto al
acompañamiento y asesoría a la población desplazada”.
8.3.2.1.
En respuesta, FONVIVIENDA
manifestó lo siguiente:
En cuanto a los accionantes nombrados previamente, se
refirió inicialmente al señor José Edilberto Toro Rivera, frente al cual indicó
que nunca se postuló al Subsidio Familiar de Vivienda en ninguna de las
convocatorias realizadas por esa entidad. Respecto de los otros actores, afirmó
que una vez revisó el módulo de consulta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio estableció que ellos no lograron modificar su condición de rechazado
dentro del proceso de asignación de subsidios en la convocatoria dirigida a
población desplazada.
Frente a la señora Bustamante, adujo que se había
postulado ante Confamiliar-Huila, para ser beneficiada del subsidio de vivienda
que otorga FONVIVIENDA, pero la solicitud fue rechazada mediante Resolución 510
de 2007. Adicionalmente, indicó que la accionante impugnó tal acto, pero éste
fue confirmado mediante Resolución 65 de 2008, negando el recurso por no contar
el escrito con presentación personal.
Por otro lado, expuso los pasos contenidos en el
proceso de postulación para ser beneficiario del subsidio de vivienda familiar,
a saber:
“- Apertura de Convocatoria:
Es el momento autorizado por el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo
Territorial, en el que se fijan las fechas en las que se puede realizar la
postulación al subsidio familiar de vivienda en la bolsa especial para
población en situación de desplazamiento.
-
Postulación: Es el proceso mediante el cual el hogar, efectúa
solicitud ante la Caja de Compensación Familiar, con el objeto de acceder a un
subsidio familiar de vivienda en cualquiera de las modalidades definidas por la
ley.
-
-
Requisitos de Postulación: Los requisitos de postulación a la bolsa especial
para población en situación de desplazamiento son:
-
1.
Estar en situación de
desplazamiento forzado por la violencia en los términos del artículo 1 de la
Ley 387 de 1997, es decir haber sido forzado a migrar dentro del territorio
nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas
habituales (…).
2.
Estar inscrito en el
Registro Único de Población Desplazada, que administra la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción Social-.
-
Modalidades de postulación: Existen cuatro modalidades de postulación al
subsidio familiar de vivienda, éstas son: 1. Adquisición de Vivienda Nueva o
Usada; 2. Construcción en sitio propio; 3. Mejoramiento de vivienda; 4.
Arrendamiento de Vivienda.
-
Causales de rechazo de la
postulación: Por disposición
del artículo 34 del Decreto 2190 de 2009, y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley 3 de 1991, la postulación al subsidio familiar de
vivienda puede ser rechazada en cualquier momento ante la existencia de alguna
de las siguientes razones, ocurridas después de la fecha de desplazamiento”.
1.
Que alguno de los miembros
del hogar hubiere adquirido una vivienda del Instituto de Crédito Territorial o
construido una solución habitacional con aplicación de créditos de tal entidad.
2.
Quienes como beneficiarios
hayan recibido subsidios familiares de vivienda, o quienes siendo favorecidos
con la asignación no hubieren presentado antes del vencimiento del subsidio se
renuncia a la utilización. Lo anterior cobija los subsidios otorgados por
Fonvivienda, el Instituto Nacional de Vivienda y Reforma Urbana, INURBE - hoy
en liquidación-, la Caja Agraria –hoy en liquidación-, el Banco Agrario, FOCAFE
y las Cajas de Compensación Familiar y por el FOREC –hoy en liquidación-.
3.
En el caso de adquisición o
construcción en sitio propio, cuando alguno de los miembros del hogar sea
propietario de otra vivienda a la fecha de postular.
4.
En el caso de mejoramiento
de vivienda, cuando la vivienda se localice en desarrollos ilegales, o cuando
alguno de los miembros del hogar sea propietario del terreno que se pretende
construir.
5.
Quienes hubieren presentado
información que no corresponda a la verdad en cualquiera de los procesos de
acceso al subsidio.
6.
Quien no se encuentre
inscrito en el Registro Único de Población Desplazada.
-
Calificación de hogares: Luego de efectuada la postulación, y de verificar
que no se han encontrado causales de rechazo, ésta se califica positivamente a
través de un puntaje que integra las condiciones de postulación del hogar, y lo
ubican dentro de la escala de puntaje de calificación se determina teniendo en
cuenta los siguientes aspectos: Tipo de solución de vivienda a la que desea
acceder, número de miembros de hogar, vulneración étnica
(indígena-afrocolombiano), condición de mujer jefe de hogar, tiempo de
desplazamiento y vinculación a un plan de acción zonal.
-
-
Asignación y solución
habitacional: Finalmente,
estando el hogar en estado calificado, es parte de los procesos de asignación
del subsidio de vivienda, que se realizan de manera constante por el Fondo
Nacional de Vivienda. Luego de expedida la Resolución de Asignación se genera
una Carta de Asignación, que es el documento oficial que deberá utilizar el
hogar para el cobro y aplicación del subsidio en una solución de vivienda”
Por otro lado, manifestó que dentro del proceso de
asignación de la convocatoria “Desplazados 2007”, al proferirse la Resolución No. 752 de 2010, que contiene la lista de rechazados o cruzados,
se estableció que los hogares después de ser notificados personalmente, tienen
la posibilidad de interponer los recursos de reposición conforme con el
artículo 45 del C.C.A; por lo tanto, consideró inapropiado que los hogares que
incurrieron en una causal de rechazo acudan a la acción de tutela aun cuando
cuentan con otro medio de defensa.
8.3.3. Para el expediente T-2.838.689, se ordenó que
se oficiara a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva para que
informara qué propiedades están registradas a nombre de la señor Rosa Ana
Vargas Trujillo y el señor Saúl González Arciniegas.
En respuesta, se recibió el oficio DR-0806 remitido
por la Superintendencia de Notariado y Registro, en el cual se informa que “revisados
por el funcionario encargado de la búsqueda los índices (sic) de
propietarios que funciona en esta oficia desde el 3 de febrero de 1975 hasta la
fecha, no se encontró en nuestra base de datos el señor (a) (s) Rosa Ana María
Trujillo C.C. 55.158.432 y Saúl González Arciniegas”.
Igualmente, dentro del mismo expediente, se ordenó
comisionar al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva con Funciones de
Conocimiento, para que practicara una diligencia de interrogatorio a la señora
Rosa Ana Vargas Trujillo y particularmente se le preguntara:
“a) ¿Conoce usted al señor Saúl González Arciniégas?
b) de ser afirmativo, ¿qué clase de hechos
o qué situación de parentesco la relacionan con él?
c) De ser negativo, ¿por qué cree que
el Fondo Nacional de Vivienda en el escrito de contestación de tutela afirma
que usted pertenece al núcleo familiar de dicha persona?”
En respuesta, el juez comisionado que practicó la
diligencia ordenada informó que se recibió la siguiente declaración de la
señora Rosa Ana Vargas Trujillo:
“(…) El señor juez le recibió juramento de rigor y
previas las formalidades legales, por cuya gravedad prometió decir la verdad en
lo que va a declarar y sobre sus notas civiles personales DIJO: Son mis nombres
y apellidos como quedaron dichos y escritos anteriormente, natural de Neiva, de
estado civil casada, de profesión hogar, alfabeta, y sin generales de Ley.
PREGUNTADO: Manifiéstele al Despacho si conoce usted al señor SAUL GONZÁLEZ
ARCINIEGAS. CONTESTÓ: “sí señor”. PREGUNTADO: De ser afirmativo (sic) ¿Qué clase de hechos o qué situación de
parentesco la relacionan con él?. CONTESTÓ: “Él es mi esposo”. PREGUNTADO.
Desea Agregar (sic) algo más a esta diligencia? CONTESTÓ: “yo
lo que quiero es saber si me van a dar el Subsidio de Vivienda”. No siendo otro
el objeto de la presente diligencia se termina y firma por quienes en ella
intervinieron”.
8.3.
Instituciones
invitadas a intervenir en el presente proceso
En el mismo auto calendado el
8 de febrero de 2011, el Magistrado Sustanciador consideró necesario oficiar
algunas instituciones y universidades con el fin de que emitieran un concepto
técnico acerca de las circunstancias que rodean los casos bajo estudio.
Para el efecto, se recibieron
los siguientes escritos:
8.4.1.
Procuraduría General de la
Nación
El Procurador General de la Nación solicitó la
protección de los derechos fundamentales a una vivienda digna y al debido
proceso de los accionantes.
En primer lugar, señaló que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de protección de los
derechos fundamentales de la población desplazada, particularmente en la sentencia
T-025 de 2004, reconoció la gravedad de éste fenómeno a un nivel estructural,
declarando así el estado de cosas inconstitucional frente a tal situación. Por
ello, afirmó que la protección a la población desplazada debe ser preponderante
y eficaz por parte de las autoridades.
Agregó que una de las garantías necesarias que debe asegurarse
a ese grupo poblacional, es el derecho a la vivienda digna, el cual está
dirigido a satisfacer la necesidad humana de disponer de un lugar, sea propio o
ajeno, que cuente con condiciones suficientes para que quienes allí habiten
puedan realizar de manera digna su proyecto de vida.
En cuanto los casos
particulares, señaló que es una oportunidad para que la Corte Constitucional
profiera una sentencia de unificación, dada la reiterada vulneración del
derecho a la vivienda digna y no solo sobre estos casos, sino por los
antecedentes señalados en sentencias como la T-742 de 2009 o la T-044-10, donde
se resolvieron situaciones similares.
8.4.2.
Universidad Del Rosario
En relación con los deberes del Estado frente a la
situación de vulnerabilidad de la población desplazada, los resume de la
siguiente forma:
“i) el deber de
reubicación de la población en estado de desplazamiento ; ii) el deber de
proporcionar ayuda humanitaria de emergencia y demás prestaciones sociales y
asistenciales necesarias para garantizar el derecho a la vida en condiciones
dignas; iii) el deber de proveer asesoría integral a todos los miembros de la
población para accederé a recursos y programas dirigidos especialmente a proteger
esta población; iv) el deber de brindar soluciones de vivienda temporales que
permitan sobrellevar la situación de desplazamiento en lugares fuera de
peligro; y v)el deber de proveer y facilitar el acceso a programas productivos
y soluciones de vivienda de manera permanente (…)”
Con fundamento en lo anterior, afirmó que es el Estado
quien debe asesorar y tramitar todas las solicitudes de subsidio de vivienda,
inclusive en aquellos casos en los que el actor cuenta con otra propiedad
frente a la cual no tiene acceso material, situación en la cual es necesario
que se examine cada situación por separado y se establezcan las posibilidades
reales para que se pueda obtener físicamente un vivienda.
8.4.3. COHRE –Centre On Housing
Rights and Eviction[7]-
El COHRE, “como organización dedicada a la
protección contra los desalojos forzosos”, destacando principalmente la
situación de desplazamiento forzado que actualmente vive nuestro país, afirmó
haber trabajado extensamente en casos similares como los que estudia la Sala.
En el marco de políticas públicas
en materia de solución de vivienda para población desplazada, sostuvo que para
resolver los expedientes bajo estudio no era suficiente “con negar la tutela
del derecho a la vivienda digna tras verificar el cumplimiento de las funciones
institucionales por parte de las autoridades demandadas, pese a que se constata
la vulneración del derecho fundamental a la vivienda”; sino que el juez
constitucional debe aplicar los instrumentos jurídicos necesarios para
garantizar el goce efectivo a la vivienda digna, como la excepción de
inconstitucionalidad para inaplicar la normativa correspondiente y conceder el subsidio
de vivienda. En este punto, resaltó que la Corte Constitucional debería instar
al gobierno nacional para que defina una nueva y genuina política de vivienda
para la población desplazada, en los términos establecidos en el Auto 008 de
2009.
En atención a lo anterior,
realizó una extensa exposición acerca de la garantía de los derechos económicos,
sociales y culturales y la forma cómo la Corte Constitucional, en su rol
interpretativo de los mismos, ha protegido el derecho a la vivienda digna,
especialmente los casos en los que la jurisprudencia se ha centrado en una
población tan vulnerable como la desplazada por la violencia.
Luego, describió la normativa
colombiana en torno al acceso a la vivienda digna por parte de la población
desplazada, señalando puntualmente las características de cada norma y su
finalidad.
Finalmente, advirtió las
falencias que en materia de vivienda digna adolece la política pública
implementada por el gobierno en ese sentido, de lo cual concluyó que “los
desplazados no cuentan con recursos suficientes para cubrir la financiación no
subsidiada del Estado, siendo esta la razón por la cual la ejecución de los
subsidios adjudicados es muy baja”.
9. CONSIDERACIONES
9.1.
COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, con base en las
facultades conferidas por los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en los
procesos de la referencia. Además, procede la revisión en virtud de la
selección realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la
forma establecida por el reglamento de la Corporación.
9.2.
PROBLEMA JURÍDICO
Conforme con los hechos
descritos de cada uno de los casos, la Sala observa que existe un problema
jurídico común, este es si las causales de rechazo señaladas en tales actos
administrativos constituyen o no una vulneración del derecho a la vivienda
digna de los tutelantes. Sin embargo las Sala estima que algunos casos presentan
variantes adicionales que deben ser estudiadas con especial cautela, como por ejemplo,
las situaciones en las que se presentaron errores en el diligenciamiento del
formulario de postulación para el subsidio de vivienda o en los que el rechazo
se produjo en razón a que la persona no estaba inscrita en el RUPD.
Para resolver este problema, la
Sala primero abordará la jurisprudencia relativa al derecho a la
vivienda digna, particularmente cuando se trata de personas desplazadas, y sobre
el especial trato que merecen por ser sujetos de especial protección
constitucional. Como segundo aspecto, describirá la normativa sobre
políticas de vivienda para dicho grupo poblacional. En una tercera etapa
del análisis, se referirá a la regulación del proceso de adjudicación de los
subsidios dentro del programa de vivienda que lleva a cabo FONVIVIENDA. Por
último, resolverá los casos concretos.
9.3.   EL DERECHO A LA VIVIENDA
DIGNA
9.3.1. Naturaleza Jurídica
De conformidad con el Estado Social de Derecho como
modelo adoptado por la Constitución de 1991, su parte dogmática establece una carta
de derechos que el Estado debe garantizar. Entre ellos se encuentran los
derechos económicos, sociales y culturales, los cuales abarcan prerrogativas
que progresivamente deben tener la oportunidad de gozar y ejercer todos los
ciudadanos colombianos. En efecto, la garantía de estos derechos está en cabeza
del Estado, pero dado su carácter principalmente prestacional, en principio no
pueden ser garantizados de forma inmediata, sino que requieren de un desarrollo
progresivo.
Por estas razones, el derecho
a una vivienda digna consagrado en el artículo 51 de la Constitución no fue
inicialmente tratado por la jurisprudencia como un derecho fundamental que
pudiera ser exigido a través de la acción de tutela, por encontrarse dentro de
los denominados derechos de segunda generación –económicos, sociales y culturales-
que se caracterizan principalmente por su contenido prestacional. Además, se
señalaba que dicho derecho requiere de un desarrollo legal previo que garantice
su eficacia. Esta postura fue adoptada en algunos de los primeros
pronunciamiento de la Corte Constitucional, como en la sentencia T495 de 1995[8],
en la cual manifestó lo siguiente:
“El derecho a la vivienda
digna es un derecho de carácter asistencial que requiere un desarrollo legal
previo y que debe ser prestado directamente por la administración o por las
entidades asociativas que sean creadas para tal fin, sin olvidar que su
aplicación exige cargas recíprocas para el Estado y para los asociados que
pretendan beneficiarse de los programas y subsidios. Así, las autoridades deben
facilitar la adquisición de vivienda, especialmente en los sectores inferiores
y medios de la sociedad, donde aparece detectado un déficit del servicio; para
tal efecto los particulares deben cumplir con los requisitos establecidos por
la ley.”[9]
En igual sentido, la
sentencia T-258 de 1997[10] reafirmó el carácter
asistencial que la jurisprudencia le venía otorgando al derecho a la vivienda
digna:
“La Constitución señaló el derecho que
tienen toda persona para acceder a la vivienda en condiciones dignas. Dicho
derecho, que se cataloga como de segunda generación y que se sitúa junto con
otros derechos de carácter económico, no tiene la protección inmediata que le
puede brindar la acción de tutela, pues en su condición de derecho asistencial,
le corresponde al Estado la obligación de desarrollar planes de vivienda, ya
sea directamente o por medio de contratos con particulares, todo de acuerdo con
la ley. Por tal motivo, las condiciones jurídicas, económicas y materiales son
las que determinarán la efectiva materialización de tal derecho”.
Sin embargo, la posición de la Corte no ha
sido unívoca en torno al tema de la naturaleza jurídica del derecho a la
vivienda digna y ha ido cambiando con el paso del tiempo. De este modo, la
jurisprudencia ha distinguido algunas situaciones bajo las cuales existe un
derecho subjetivo fundamental, sea por transmutación, por su conexidad con un
derecho respecto del cual no existe discusión sobre su naturaleza fundamental[11]
o por la afectación del mínimo vital[12], casos en los cuales es
posible que se brinde la protección a través de la acción de tutela.
En el caso de la transmutación, la Corte
Constitucional en la Sentencia T-304-1998[13] explicó que
dado el carácter programático de los derechos económicos, sociales y
culturales, éstos “tienden a transmutarse hacia un derecho subjetivo, en la
medida en que se creen los elementos que le permitan a la persona exigir del
Estado la obligación de ejecutar una prestación determinada, consolidándose,
entonces, lo asistencial en una realidad concreta en favor de un sujeto
específico”.
Respecto de la exigibilidad de esta clase de derechos prestacionales a
través del criterio de conexidad, ésta Corporación ha indicado en el caso del
derecho a la vivienda digna que “en abstracto no haría
parte de los derechos fundamentales, pero en algunas circunstancias lo sería si
está en conexidad con otros derechos fundamentales. La efectividad de la tutela
respecto a la petición de una persona para que su vivienda sea digna dependerá
de las condiciones jurídico-materiales del caso concreto.”[14]
En cuanto a la protección fundada en la hipótesis de la vulneración del
mínimo vital del accionante, ésta va dirigida a que el juez de tutela pueda
proteger el derecho a la vivienda digna, “cuando dadas las circunstancias
particulares de debilidad manifiesta en que se encuentra quien la posee, es o
puede ser injustamente despojado de ella y con ello se afecta su mínimo vital o
el de su familia, o cuando adquiere el rango de fundamental por el factor de
conexidad con otro derecho fundamental”[15]
Ahora bien, más recientemente dentro de la amplia jurisprudencia
constitucional se puede encontrar un criterio más por el cual la protección de
los derechos económicos, sociales y culturales resulta exigible a través de un
mecanismo como la acción de tutela. Se trata de la concepción de derechos
fundamentales en forma autónoma. En este sentido, la Corte ha afirmado que el
carácter programático de dichos derechos y su necesaria dependencia de una
erogación presupuestaria no es suficiente para sustraerles  su carácter
fundamental “Al respecto, se dice, debe repararse en que todos los derechos constitucionales
fundamentales – con independencia de si son civiles, políticos, económicos,
sociales, culturales, de medio ambiente - poseen un matiz prestacional de modo
que, si se adopta esta tesis, de ninguno de los derechos, ni siquiera del
derecho a la vida, se podría predicar la fundamentalidad. Restarles el carácter
de derechos fundamentales a los derechos prestacionales, no armoniza, por lo
demás, con las exigencias derivadas de los pactos internacionales sobre
derechos humanos mediante los cuales se ha logrado superar esta diferenciación
artificial que hoy resulta obsoleta así sea explicable desde una perspectiva
histórica”.[16]
En este orden de ideas, no puede asumirse que por el hecho de estar
frente a la exigencia de un derecho económico, social o cultural, la tutela no
sea procedente.
Así, a
pesar de que en un comienzo la jurisprudencia no fue unánime
respecto a la naturaleza del derecho a la salud,
razón por la cual se
valió de caminos argumentativos como el de la
conexidad y el de la
transmutación en derecho fundamental en los casos
de sujetos de
especial protección constitucional, hoy la Corte
acepta la naturaleza
fundamental autónoma del derecho a la salud,
atendiendo, entre otros
factores, a que por vía normativa y
jurisprudencial se han ido
definiendo sus contenidos, lo que ha permitido que
se torne en una
garantía subjetiva reclamable ante las instancias
judiciales.
En el desarrollo jurisprudencial de la tesis del
carácter fundamental
autónomo del derecho a la salud, la Corte ha descartado
el argumento
de que su contenido principalmente prestacional y
de desarrollo
progresivo impida su reconocimiento como
fundamental. Como bien lo ha precisado esta Corporación en numerosos fallos,
todos los derechos fundamentales tienen una
faceta prestacional y progresiva –incluso los tradicionales derechos civiles y políticos- sin que ello
tenga incidencia sobre su naturaleza
constitucional[17].
9.3.2.
Alcance y contenido del derecho a la vivienda digna
El concepto de vivienda digna implica
contar con un lugar, propio o ajeno, que le permita a la persona desarrollarse
en unas mínimas condiciones de dignidad y satisfacer su proyecto de vida[18]. Igualmente,
el
artículo 51 de la Constitución Política consagra el acceso a una vivienda digna
como un derecho de todas las personas, y asigna al Estado la obligación de
fijar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo a través de la promoción
de planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a
largo plazo y formas asociativas para la ejecución de dichos programas.
Conforme con lo indicado por la Observación General
No. 4 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas[19], para que una vivienda
pueda considerarse adecuada en los términos del PIDESC (Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales), es necesario lo siguiente:
“7.    En opinión del Comité, el
derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o
restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero
hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente
como una comodidad.  Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en
seguridad, paz y dignidad en alguna parte.  Y así debe ser por lo menos
por dos razones.  En primer lugar, el derecho a la vivienda está
vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales
que sirven de premisas al Pacto.  Así pues, "la dignidad
inherente a la persona humana", de la que se dice que se derivan los
derechos del Pacto, exige que el término "vivienda" se interprete en
un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente
que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus
ingresos o su acceso a recursos económicos.  En segundo lugar, la
referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe
entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada.  Como
han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de
Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5:  "el
concepto de "vivienda adecuada"... significa disponer de un lugar
donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada,
iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada
y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos,
todo ello a un costo razonable.”
Igualmente, esta Corporación, con fundamento en la
Observación General No. 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, fijó los requisitos para que una vivienda digna sea considerada
como tal. Al respecto, la Sentencia T-585 de 27 de julio de 2006, M.P Marco Gerardo Monroy Cabra, expresó que:
“En primer lugar, debe presentar condiciones
adecuadas, las cuales dependen de la satisfacción de los siguientes factores,
entre otros: (i) Habitabilidad, es decir, que la vivienda cumpla con los
requisitos mínimos de higiene, calidad y espacio necesarios para que una
persona y su familia puedan ocuparla sin peligro para su integridad física y su
salud. (ii) Facilidad de acceso a los servicios indispensables para la
salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición de sus ocupantes. (iii)
Ubicación que permita el fácil acceso a opciones de empleo, centros de salud y
educativos, y otros servicios sociales, y en zonas que no pongan en riesgo la salud de los habitantes. (iv) Adecuación cultural a sus habitantes. En
segundo lugar, debe rodearse de garantías de seguridad en la tenencia,
condición que comprende, entre otros aspectos: (i) Asequibilidad, que consiste
en la existencia de una oferta suficiente de vivienda y de posibilidades de
acceso a los recursos requeridos para satisfacer alguna modalidad de tenencia,
entre otros. (…). (ii) Gastos soportables, que significa que los gastos de
tenencia –en cualquier modalidad- deben ser de un nivel tal que no comprometan
la satisfacción de otros bienes necesarios para la garantía de una vida digna
de los habitantes de la vivienda. Para satisfacer este componente, el Estado
debe, por ejemplo, crear subsidios para quienes no puedan sufragar el costo de
la tenencia y sistemas de financiación que permitan a las familias acceder a la
vivienda sin comprometer su vida en condiciones dignas, proteger a los
inquilinos contra aumentos desproporcionados en los cánones de arrendamiento y
facilitar el acceso a materiales de construcción. (iii) Seguridad jurídica en
la tenencia, que implica que las distintas formas de tenencia estén protegidas
jurídicamente, principalmente contra el desahucio, el hostigamiento, o
cualquier forma de interferencia arbitraria e ilegal”. (Negrilla
y subrayado fuera del texto).
En el mismo sentido, en Sentencia C-444 de 8 de julio
de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, se destacaron
como importantes los siguientes conceptos sobre el derecho a la vivienda digna,
contenidos en la Observación General No. 4 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas:
“a) El
contenido del derecho a la vivienda digna abarca las condiciones de
habitabilidad de la vivienda, que consisten en que ella pueda “ofrecer espacio
adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad,
el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de
riesgos estructurales y de vectores de enfermedad.  Debe garantizar
también la seguridad física de los ocupantes.[20] (Negrillas
fuera del texto original)
b) En relación con la habitabilidad de la vivienda
digna, los Estados miembros del PIDESC (Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales) tienen la obligación de adoptar “medidas
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho”, de conformidad con lo
que al respecto indica el artículo 11 de dicho Pacto.”
Del contenido de las referidas sentencias se desprende
que el derecho a la vivienda digna está íntimamente relacionado con el derecho
a la vida en condiciones dignas y que de conformidad con la Observación General
No 4 antes citada, debe procurarse que la materialización del derecho no
adolezca de a) la seguridad jurídica de la tenencia; b) disponibilidad de
servicios, materiales, facilidades e infraestructura; c) gastos soportables; d)
habitabilidad; e) asequibilidad; f) lugar y g) adecuación cultural.
9.3.3.
El derecho fundamental a la
vivienda digna de la población desplazada por la violencia y su protección a
través de la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia
La jurisprudencia de esta Corporación ha perfilado una
consolidada línea frente a la garantía de los derechos fundamentales en cabeza
de quienes, por sus características particulares, son considerados sujetos de
especial protección constitucional. Es por ello que en reiterados fallos, a
través del mecanismo constitucional de la tutela, las personas en situación de
desplazamiento han sido objeto de especial protección debido a las condiciones
de vulnerabilidad que padecen y por ser sujetos pasivos de la masiva
vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales.
Fue precisamente por esta
constante y masiva vulneración de derechos fundamentales que la Corte
Constitucional, en sentencia T-025 de 2004[21], declaró el estado de
cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno, fallo en
el que igualmente explicó las razones por las cuales éste fenómeno social debía
ser tratado como un problema estructural por parte de las autoridades
encargadas de brindar la asistencia necesaria a esta parte de la población:
“(…) por las circunstancias
que rodean el desplazamiento interno, las personas –en su mayor parte mujeres
cabeza de familia, niños y personas de la tercera edad ‑ que se ven
obligadas “a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus
actividades económicas habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de las
fronteras del territorio nacional”[22]
para huir de la violencia generada por el conflicto armado interno y por el
desconocimiento sistemático de los derechos humanos o del derecho internacional
humanitario, quedan expuestas a un nivel mucho mayor de
vulnerabilidad[23],
que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus derechos
fundamentales[24] y,
por lo mismo, amerita el otorgamiento de una especial atención por las
autoridades: “Las personas desplazadas por la violencia se encuentran en
un estado de debilidad que los hace merecedores de un tratamiento especial por
parte del Estado”[25].
En ese mismo orden de ideas, ha indicado la Corte “la necesidad de
inclinar la agenda política del Estado a la solución del desplazamiento interno
y el deber de darle prioridad sobre muchos otros tópicos de la agenda pública”[26], dada la incidencia
determinante que, por sus dimensiones y sus consecuencias psicológicas,
políticas y socioeconómicas, ejercerá este fenómeno sobre la vida nacional.”
Como se indicó, la caracterización de las personas en
situación de desplazamiento como sujetos de especial protección constitucional
abarca igualmente la obligación de que a través de mecanismos de protección
constitucional como la acción de tutela, se garantice el goce efectivo de sus
derechos fundamentales. Así, es con base en dicho criterio que el juez de
tutela debe observar los casos en que se perciba y constate la amenaza sobre
algún derecho radicado en cabeza de ellos.
De lo expuesto, es claro que la acción de tutela es
procedente como mecanismo constitucional de protección de los derechos
fundamentales de la población desplazada, lo cual, a su vez, visto desde el
punto de vista de la naturaleza y alcance de los derechos económicos, sociales
y culturales, en especial, la vivienda digna, contiene un matiz particular, en
tanto la población desplazada ha sufrido un evidente desarraigo. Por lo tanto,
es válido concluir que el amparo resulta necesario cuando se ejerce con el
objetivo de proteger el derecho a una vivienda digna de dicha población.
Al respecto, en la sentencia
T-177 de 2010[27], se afirmó
lo siguiente:
“En el caso de la población
desplazada el derecho a la vivienda digna goza de un estatus especial, toda vez
que la Corte ha entendido que esta se encuentra en condiciones extremas de
vulnerabilidad. En efecto, las personas en condición de desplazamiento han
tenido que abandonar sus lugares de origen de manera forzada y, una vez en el
lugar de arribo, carecen de los recursos necesarios para acceder de forma
oportuna a viviendas adecuadas. Luego, se ven enfrentados a múltiples
obstáculos económicos y sociales para acceder a una solución habitacional que
contribuya a la superación del desplazamiento. En esa medida, la ausencia de
vivienda representa para las personas en condición de desplazamiento una
amenaza seria y directa contra su vida en condiciones dignas y por ello, merece
una especial protección.”
Entonces, si bien se ha aceptado por vía
jurisprudencial la protección del derecho a la vivienda digna en forma autónoma
y directa a través de la acción de tutela, no debe olvidarse que en desarrollo
de las disposiciones constitucionales, las políticas en materia habitacional se
deben ir implementando de manera progresiva. En este sentido, al observar las
especiales condiciones de la población desplazada, en tanto se encuentran
expuestos a un mayor número de factores exógenos que incrementan su grado de
vulnerabilidad, el Gobierno Nacional ha implementado progresivamente programas
de carácter asistencial como los subsidios de vivienda de interés social,
dirigidos especialmente a la población desplazada.
Estos programas que tienen como objetivo la provisión
de vivienda en condiciones dignas a la población desplazada, son reforzados
como respuesta a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la ya
citada sentencia T-025 de 2004, en la cual declaró el estado de cosas
inconstitucional en esta materia. Así, el Estado radicó en manos de varias
entidades el desarrollo de esta labor, como por ejemplo en FONVIVIENDA, la cual,
por medio de convocatorias abiertas dirigidas a la población desplazada, oferta
subsidios de vivienda, que mediante un proceso de selección y depuración, son
posteriormente otorgados a quienes cumplan con el lleno de los requisitos.
Dentro de dicho proceso de asignación es que se han
presentado la mayor cantidad de inconvenientes que han dado lugar a las
acciones de tutela que la Corte Constitucional ha resuelto en casos similares a
los que se revisan en el presente fallo.
Así por ejemplo, en la sentencia T-742 de 2009[28],
la Sala Segunda de Revisión estudió el caso de una familia desplazada que una
vez se postuló a la convocatoria abierta por FONVIVIENDA en el año 2007, su
solicitud fue rechazada en razón a que “el hogar tiene una o más propiedades
a nivel nacional”. En esa ocasión, la respectiva Sala determinó que las
normas aplicables en los casos donde se encuentra en debate la protección
constitucional de los derechos de las personas desplazadas, deben interpretarse
teniendo en cuenta su especial condición. Así, a juicio de esa Sala,  la forma
en que FONVIVIENDA negó la postulación del tutelante “desconoce plenamente
la obligación de dar una interpretación favorable a las normas aplicables a la
población desplazada, teniendo en cuenta el marco normativo que consagra su
especial protección y, sobre todo, contemplando las condiciones especiales de
vulnerabilidad en que se encuentra la población desplazada en su conjunto”[29]
En otra oportunidad, en la sentencia T-873 de 2010[30],
la Corte abordó la situación de una persona desplazada que, al igual que en los
casos bajo estudio, por intermedio de la respectiva Caja de Compensación
Familiar de su localidad se postuló al subsidio de vivienda que otorga FONVIVIENDA.
Allí, el rechazó se basó en que el actor había sido beneficiario de una entidad
diferente a la que se postuló. La Corte en esa oportunidad esbozó el contenido
del derecho a la vivienda digna, dentro del cual, la adquisición del subsidio
se encuentra incluido, tras lo cual concluyó que las autoridades públicas deben
interpretar las reglas aplicables a la materia de manera favorable en razón a
que la población en situación de desplazamiento es sujeto de especial
protección constitucional.
Del mismo modo, en la sentencia T-922 de 2010[31],
la Corte estudió una situación similar a las anteriores, donde el accionante,
una persona desplazada por la violencia y debidamente inscrita en el RUPD,
elevó su solicitud a FONVIVIENDA, pero entidad la rechazó argumentando que él
contaba con otro bien inmueble, es decir, en el que habitaba antes de sufrir el
desplazamiento en el departamento de Caquetá. Esta Corporación, luego de
analizar la procedencia de la acción de tutela para la protección de los
derechos fundamentales de la población desplazada, en especial la vivienda
digna, llegó a la conclusión de  que la situación de debilidad manifiesta del
actor hace que la entidad demandada tenga una mayor consideración y
sensibilidad frente a la petición del subsidio de quién se postula, por lo
tanto, procedió a revocar el fallo y a conceder el amparo.
Finalmente, en la sentencia T-737 de 2010[32],
donde se estudiaron cuatro casos similares a los que ahora se revisan, la Corte
determinó que en situaciones donde estén involucrados los derechos
fundamentales de la población desplazada, debe realizarse una interpretación
favorable de las normas. Así, en uno de los expedientes allí estudiados, la
respectiva Sala de Revisión determinó que el motivo de rechazo esgrimido por FONVIVIENDA
no tenía sustento constitucional, este es, que la accionante figuraba con otra
propiedad en el lugar de origen; en donde la Corporación afirmó que si bien
existía una propiedad o posesión formal, el hecho de no poder gozar y disfrutar
de ella es como no tenerla. No obstante, también se indicó que la protección
del derecho no conducía inmediatamente a la asignación del subsidio familiar,
sino que genera la inclusión inmediata en el listado de aspirantes
“calificados” para acceder al mismo.
En este sentido, cabe concluir que la acción de tutela
como mecanismo de protección judicial es procedente para proteger el derecho a
la vivienda digna de la población desplazada y, aún más, cuando se trata de
programas destinados a lograr que obtengan un subsidio para acceder
materialmente a una vivienda de óptimas calidades donde puedan desarrollar su
proyecto de vida, lejos de las adversidades y el entorno hostil que los obligó
a desplazarse.
9.3.4. Marco legal del derecho a la
vivienda digna de la población desplazada
9.3.4.1.
Obligaciones
del Estado
Las responsabilidades de
las autoridades públicas frente a la garantía del derecho a la vivienda de la
población desplazada, se encuentran establecidas en diversas normas que el
gobierno y el Congreso han venido expidiendo con el fin de mitigar las
falencias presentadas en torno a esta política. La sentencia T-585 de 2006[33] describió integralmente el
marco normativo, clasificando cada uno de los deberes del Estado respecto de la
protección para éste grupo poblacional:
El primero de ellos
consiste en proporcionar auxilio y alojamiento en forma transitoria. En
este sentido, a partir de la expedición de la Ley 387 de 1997 se consagraron
los principios rectores de los desplazamientos internos, así como las pautas
necesarias para brindar la ayuda humanitaria, la cual debe entregarse dentro de
los primeros meses posteriores al desplazamiento, incluyendo también el
otorgamiento de un alojamiento o albergue transitorio en condiciones dignas.
Posteriormente, en
desarrollo de la Ley 387 de 1997, el gobierno nacional expidió el Decreto 250
de 2005, por medio del cual se adoptó el Plan Nacional de Atención Integral a la
Población Desplazada por la Violencia y su estrategia de asistencia humanitaria
en situaciones de emergencia, previó “(i) el otorgamiento de albergue
temporal a las personas y hogares desplazados que se encuentran en urgencia
extrema, mientras se estudia su registro en el RUPD; y (ii) dentro de las
actividades de atención a individuos y hogares con necesidad de alojamiento
transitorio que, luego de recibir la atención humanitaria de emergencia,
continúan en situación de vulnerabilidad, la concesión de un auxilio temporal”.[34]
Otra obligación del
Estado consiste en “otorgar con prioridad subsidios familiares de
vivienda rural o urbana a las familias desplazadas”[35]. En este aspecto, el art. 1º
del Decreto 951 de 2001 señala las características del subsidio de vivienda,
como que es un aporte en dinero o en especie, otorgado por una sola vez al
beneficiario, con el fin de facilitar su acceso a una vivienda de interés social.
Las formas de
implementación y destinación de los subsidios para vivienda rural se encuentran
estipulados en el art. 2º del Decreto 2675 de 2005, el cual señala las
modalidades de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, construcción en
sitio propio o adquisición. En el caso de vivienda urbana, “el art. 9 del
Decreto 951 de 2001 establece que en el caso de la población desplazada por la
violencia el subsidio de vivienda puede destinarse a la adquisición de vivienda
usada, siempre y cuando ésta no es encuentre ubicada en zonas de riesgo ni en
áreas no legalizadas del respectivo municipio y, por otra parte, el vendedor
acredite la titularidad del inmueble en los términos que en la norma se
precisan”[36]
Una tercera
responsabilidad de la administración consiste en “promover un tipo de
solución de vivienda adecuada  para las necesidades de cada hogar”. Al
respecto, las fases de intervención y líneas estratégicas adoptadas por el
Decreto 250 de 2005, presentaron cuatro grandes áreas de trabajo con un enfoque
de política social, dentro de las cuales se encuentra el componente de “hábitat”,
que a su vez está dirigido a encontrar una solución de vivienda para la
población desplazada. Allí, se planteó la satisfacción de las necesidades
básicas habitacionales, de las cuales se destacan como primordiales (i) que el
lugar a ocupar se encuentre en condiciones sanitarias dignas, (ii) con acceso a
servicios públicos, (iii) calidad de estructura adecuada y, (iv) seguridad de
la tenencia de la solución obtenida.
Igualmente, plantea que
de acuerdo a la vulnerabilidad de cada familia desplazada es que deben
realizarse los procesos de implementación de vivienda, de los cuales están
encargadas las entidades del SNAIPD –el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio;
el Ministerio de Agricultura y el DAPS con participación de las autoridades
locales y de los Comités Territoriales de Atención a Población Desplazada-.
Por último, la sentencia
en comento desarrolla dos últimas obligaciones. Por un lado, la de “promover
planes de vivienda destinados a la población desplazada por la violencia”,
de lo cual se encarga FONVIVIENDA conforme al art. 19 de la Ley 387 de 1997,
donde se le encomienda desarrollar “programas especiales de vivienda para
atender las necesidades de la población desplazada”. Por otro lado, la de “promover
créditos de vivienda a largo plazo con condiciones favorables para esta
población”; de acuerdo al artículo 2.13 del Decreto 975 de 2004, las
entidades autorizadas para promover dichos créditos son: “las cooperativas
de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas e integrales con sección de
ahorro y crédito, las cajas de compensación familiar, los fondos mutuos de
inversión, los fondos de empleados, las organizaciones no gubernamentales que
ofrezcan crédito y microcrédito y que hayan sido habilitadas para acceder a
cupos de redescuento ante FINDETER”.
9.3.5. Régimen
jurídico para la postulación de la población desplazada al subsidio de vivienda
familiar ante el Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA-
Antes de entrar a
describir y analizar el proceso mediante el cual FONVIVIENDA asigna los
subsidios, es necesario dejar claro en forma breve el antecedente legal que da
origen a tal entidad y las normas que en forma general rigen la materia.
Concretamente, la Ley 3
de 1991 estableció el marco general del subsidio de vivienda familiar de
interés social, la cual fue reglamentada posteriormente por los Decretos 951 de
2001 y 975 de 2004, siendo esta última norma derogada por el Decreto 2190 de
2009, en la cual se establecen las disposiciones y reglas para la asignación,
calificación y rechazo de postulaciones al subsidio de vivienda familiar.
En el año 2002, mediante la
Ley 790 del mismo año, el Congreso le otorgó facultades extraordinarias al
Presidente de la República para que adelantara el programa de renovación de la
Administración Pública, por lo que expidió el Decreto 555 de 2003, a través del cual se creó el Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA-, como un fondo con
personería jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y financiera,
sin estructura administrativa ni planta de personal propia, sometido a las
normas presupuestales y fiscales del orden nacional y adscrito al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.[37]
La misma norma encomendó a esta entidad la consolidación del Sistema Nacional
de Información de Vivienda y ejecutar las políticas del Gobierno Nacional en
materia de vivienda de interés social urbana.
Igualmente, dentro de las
múltiples funciones que le fueron señaladas en el Decreto 555 de 2003, se
encuentran la de asignación de los subsidios de vivienda de interés social bajo
distintas modalidades y la atención continua de la postulación de los hogares
que desean acceder al subsidio de vivienda, ya sea a través de contratos de
gestión u otros mecanismos.
Las funciones y objetivos
encomendados por ley a FONVIVIENDA tuvieron posterior desarrollo legal, dentro
del cual se estableció la forma en que debían darse los procesos de
postulación, calificación y posterior asignación de los subsidios de vivienda
de interés social. De este modo, la herramienta utilizada para la
implementación de la política social en materia de vivienda familiar fue
reglamentada mediante el ya mencionado Decreto 2190 de 2009, que pese a que
derogó el que anteriormente regulaba la materia, es decir, el Decreto 975 de
2004, conservó la misma estructura en el procedimiento. Así, por ejemplo,
señala las mismas modalidades de adquisición de vivienda (nueva, adquirida,
construida en sitio propio, etc). Por lo tanto, el régimen actual concentrado
en el Decreto 2190 de 2009, es al que se hará referencia en adelante.
Pues bien, el Decreto
2190 de 2009 señala las modalidades de vivienda a las cuales puede aspirar el
hogar que se postulé para la posterior asignación del subsidio. El artículo 2
dispone las siguientes modalidades de solución de vivienda: (i) adquisición
de vivienda nueva[38],
(ii) adquisición de vivienda usada[39],
(iii) construcción en sitio propio[40],
(iv) mejoramiento de vivienda[41]
y, (v) mejoramiento para vivienda saludable[42].
Ahora, la postulación a
estas modalidades de vivienda debe hacerse a través de las respectivas Cajas de
Compensación con las que FONVIVIENDA haya suscrito convenio bajo alguna
modalidad de contrato, que para los casos bajo estudio, corresponde al contrato
de encargo de gestión suscrito entre FONVIVIENDA y la Unión Temporal de Cajas
de Compensación Familiar.
De conformidad con lo
anterior y las normas establecidas en el Decreto 2190 de 2010, las Cajas de
Compensación deben desarrollar por su cuenta los procesos de divulgación,
comunicación, información, recepción de solicitudes, verificación y revisión de
la información, digitación, ingreso al RUP (Registro Único de Postulantes del
Gobierno Nacional), pre-validación, apoyo a las actividades de asignación a
cargo de FONVIVIENDA, seguimiento y verificación de los documentos para hacer
efectivo el pago de los subsidios familiares de vivienda en todas sus
modalidades, con el fin de garantizar la debida inversión de los recursos, de
acuerdo con las leyes y disposiciones que rigen el subsidio familiar de
vivienda.
Dentro de las
obligaciones establecidas en el contrato de encargo de gestión, las Cajas de
Compensación deben preparar la información que luego es entregada a los aspirantes
al subsidio de vivienda, la cual debe incluir los requisitos y procedimientos
de acceso al mismo. Una vez recibida la información, ésta debe ser revisada por
cada una de las cajas, garantizando que se hayan presentado todos los
documentos requeridos, actividad que estará precedida por la oportuna
orientación y aclaración a cada uno de los postulantes para el cumplimiento de
los requisitos.
Una vez recopilada la
información por parte de las Cajas de Compensación, aquella debe ser remitida a
FONVIVIENDA, quien se encargará de revisarla para posteriormente expedir el
correspondiente acto administrativo señalando quiénes lograron ser calificados
para la asignación del subsidio y quienes fueron rechazados.
10.    SOLUCIÓN DE LOS CASOS
CONCRETOS
10.1. METODOLOGÍA
Teniendo en cuenta el número de
expedientes que se proceden a estudiar, para efectos prácticos, la Sala
considera necesario establecer una metodología que garantice el total
entendimiento de cada uno de ellos y la forma en que serán resueltos.
Por esto, en primer lugar, la Sala
procederá a analizar si en los casos bajo estudio es procedente la acción de
tutela como mecanismo de protección judicial, dado que al ser un acto
administrativo el que negó la asignación de los subsidios, no resulta forzoso
concluir que la vía idónea sería solicitar su nulidad ante los jueces
administrativos.
En segundo lugar, la Sala estudiará un
primer grupo de casos que son los que comparten la siguiente causal de rechazo
aducida por FONVIVIENDA, esta es, que dentro de la comprobación de los
requisitos, les fue encontrado a los tutelantes o a un integrante del núcleo
familiar un bien inmueble a su nombre. Allí, se expondrán los argumentos que
servirán de fórmula de solución a cada caso y el sentido del fallo.
En tercer lugar, se resolverán en
forma separada los casos de quienes fueron rechazados por (i) no
encontrarse inscritos en el RUPD, (ii) haber sido beneficiarios de un
subsidio o programa de vivienda de una entidad distinta a FONVIVIENDA y (iii)
no diligenciar en forma adecuada el formulario de postulación al subsidio de
vivienda familiar.
10.2. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Para la Sala es claro que conforme con la
jurisprudencia expuesta con anterioridad, la acción de tutela procede en casos
donde los sujetos que solicitan el amparo son personas puestas en situación de
desplazamiento debido a sus condiciones de vulnerabilidad e indefensión.
En este sentido, teniendo en cuenta que todos
los accionantes que solicitaron el amparo frente a la posible vulneración de su
derecho a la vivienda digna por parte de FONVIVIENDA son desplazados, la Sala
encuentra que cada uno de ellos está legitimado para poder interponer la acción
de tutela en aras de proteger sus derechos fundamentales constitucionales.
Ahora bien, previamente se resaltó que
fue en un acto administrativo el que se ataca mediante tutela, por lo cual, era
fácil concluir que el mecanismo idóneo para controvertirlo es la acción de
nulidad antes los jueces administrativos. Sin embargo, la difícil situación de
la población desplazada por la violencia, al tener que establecerse en sitios
diferentes a los de origen, hacen que su vulnerabilidad sea aún mayor,
requiriendo así una protección inmediata por parte de las autoridades tanto administrativas
como judiciales, siendo la acción de tutela el único mecanismo idóneo para
amparar en forma eficiente los derechos fundamentales de éste grupo
poblacional. Es así, que a pesar de existir un mecanismo alternativo, aquél no
está revestido de las especiales características con que cuenta la acción de
tutela, puesto que en la vía ordinaria, la demora en el proceso haría aún más
grave la situación de los tutelantes.
10.3.    Casos en los cuales la causal
de rechazo del subsidio de vivienda fue que el hogar contaba con uno o más
predios a nivel nacional. (T-2.759.386, T-2.838.689, T-2.707.266 y T-2.953.920)
Tal como se indicó con
anterioridad, este grupo de casos comparten un mismo problema respecto de la
postulación que cada tutelante hizo ante FONVIVIENDA, con el fin de acceder al
subsidio de vivienda familiar, esto es, todos fueron rechazados porque dicha
entidad, al recibir la información recolectada por las respectivas cajas de
compensación, corroboró que los demandantes o miembros de su núcleo familiar cuentan
con una o más propiedades a nivel nacional.
Todos los accionantes
coinciden en que los predios por los cuales fueron rechazados, son los que
abandonaron en el lugar origen del desplazamiento.
La Sala estima necesario
hacer una breve reseña de los antecedentes de la convocatoria a la cual se
postularon la mayoría de los ahora accionantes.
En los casos bajo estudio, la
primera convocatoria de FONVIVIENDA para la asignación de subsidios de vivienda
de interés social para hogares en situación de vulnerabilidad por
desplazamiento se llevó a cabo en el año 2007. Allí, los postulantes debían
cumplir con el lleno de los requisitos para poder acceder al subsidio. En razón
a ello, se dio lugar a la posterior asignación mediante la Resolución No. 510
del 20 de diciembre 2007, en la que se comunicaba tanto la situación de quienes
habían quedado calificados como la de quienes habían sido rechazados por haber
incurrido en una causal que, conforme con el artículo 34 del Decreto 2190 de
2009, los imposibilitaba para solicitar la ayuda.
Las familias que fueron
rechazadas en este primer proceso, tuvieron la oportunidad de impugnar tal
decisión, tras lo cual se expidió la Resolución No. 65 de 2008, en donde se ratificaba
el estado de rechazo de algunos postulantes y la calificación de otros.
Dentro de esta convocatoria
se llevó a cabo un segundo proceso de asignación de subsidios, en el cual,
además de las personas que obtuvieron el estado de “calificado” en el primero
proceso, también se tuvieron en cuenta a quienes fueron rechazados. En esta
dinámica, FONVIVIENDA expidió la Resolución No. 602 de 2008, en la que
nuevamente se relacionaba el nombre de las personas que lograron acceder al
subsidio y de los que no.
En diciembre de 2009, tuvo
lugar un tercer proceso de asignación dentro de la misma convocatoria. FONVIVIENDA
nuevamente procesó la información de todas las familias desplazadas que se
postularon en el año 2007, por lo tanto, se estudió la solicitud tanto de los
que se encontraban en estado “calificado”, como los que no. Con ocasión de este
tercero y último proceso de asignación, FONVIVIENDA expidió la Resolución No.
904 del 17 de diciembre de 2009, en la cual, una vez más se relacionaba el
listado de las familias que lograron cumplir con el lleno de los requisitos y
de las que fueron rechazadas.
Actualmente, y de acuerdo al
informe solicitado por esta Corporación a FONVIVIENDA sobre el estado actual de
los procesos de asignación, dicha entidad manifestó en escrito allegado el 21
de febrero de 2011, que “En la actualidad no hay fecha de convocatoria”,
es decir, que desde el 2007 hasta el 2011, tan sólo se ha abierto una sola
convocatoria, dentro de la cual se desarrollaron los procesos de asignación
previamente descritos.
10.3.1.
La vulneración del derecho
a la vivienda digna
Ha señalado la jurisprudencia
que al momento de interpretar las normas concernientes a la población
desplazada, debe tenerse en cuenta su especial condición, y los principios
establecidos en las normas que regulan los programas de atención.[43]
Con base en lo anterior, la Sala encuentra que en los
casos referidos,  FONVIVIENDA, al momento de interpretar las normas
establecidas en el Decreto 2190 de 2009[44], particularmente el
literal d) del artículo 34, donde se dice que “En el caso de adquisición o construcción en sitio propio, cuando alguno
de los miembros del hogar sea propietario de otra vivienda a la fecha de
postular”, no tuvo en cuenta las especiales
condiciones de vulnerabilidad, indefensión y debilidad manifiesta de la
población desplazada, grupo al cual pertenecen los accionantes.
De este modo, como entidad encargada de ejecutar las políticas del
Gobierno en materia de vivienda de interés social, FONVIVIENDA interpretó en
forma restrictiva la causal antes señalada, puesto que tal como lo manifestaron
los accionantes, los predios que figuran a nombre de cada núcleo familiar son
precisamente aquellos que debieron abandonar en razón a la presión generada por
el conflicto, la Sala concluye que FONVIVIENDA vulneró el derecho a la vivienda
digna de los tutelantes. En este sentido, la norma en comento no era aplicable
para los casos particulares, tal como se procederá a demostrar en cada caso,
con base en el material probatorio que obra en cada expediente:
10.3.2.
Expediente T-2.759.386
La señora Amparo Bustamante manifiesta que para el año
2002 residía en el Departamento del Caquetá, concretamente en la vereda de San
Francisco de la Sombra, municipio de San Vicente del Caguán. Afirma que con
ocasión del desarrollo del conflicto armado y de las múltiples operaciones
militares que se producían en el sector, su casa se vio envuelta en una de
ellas, resultando físicamente afectado el predio. Ante esta situación, debió
desplazarse de su lugar de origen hacia la ciudad de Neiva, en donde
posteriormente logró inscribirse en el RUPD.
En la ciudad de Neiva, para el año 2007, se postuló
ante la Caja de Compensación Familiar del Huila con el fin de obtener el
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social otorgado por FONVIVIENDA. Sin
embargo, su solicitud fue rechazada mediante Resolución No. 510 de 2007, siendo
confirmada esta decisión en la Resolución No. 565 del 5 de diciembre de 2008.  FONVIVIENDA
rechazó la solicitud de la accionante argumentando que ella tenía una o más
propiedades a nivel nacional, específicamente, el predio abandonado en su lugar
de origen, con folio de matrícula inmobiliaria No. 425-0069091.
Por tal decisión, la señora Bustamante decidió acudir
ante el juez de tutela por considerar que FONVIVIENDA había vulnerado su
derecho a la vivienda digna. En primera instancia, el Juzgado 4 Administrativo
de Neiva mediante sentencia del 30 de junio de 2010, decidió tutelar el derecho
fundamental invocado por la accionante al encontrar que FONVIVIENDA no le
brindó el acompañamiento necesario dentro del proceso de postulación para poder
obtener el subsidio de vivienda, por lo cual, ordenó que se orientara a la
actora con el fin de que pudiera acceder a las entidades públicas y privadas
que llevaran a cabo los planes para acceder al subsidio de vivienda. Sin
embargo, no hubo un pronunciamiento acerca de los actos administrativos que
negaron la postulación al subsidio de vivienda, invitando a la señora
Bustamante a que realizara nuevamente el proceso.
En el caso de la señora Amparo Bustamante (T-2.759.386), la Sala
encuentra que, en efecto, ella adquirió por compraventa un bien inmueble
ubicado en el municipio de San Vicente del Caguán, el 18 de abril de 2001[45], antes del desplazamiento. Sin embargo, también está probado que dicho
lugar es el mismo en donde ella residía y el cual debió abandonar debido a la
intensidad del conflicto armado, conforme lo señala en la declaración que
rindió ante el Ministerio Público[46], lo que posteriormente condujo a su inclusión en el RUPD.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que la decisión proferida por el Juzgado
4 de Administrativo de Neiva concedió la protección del derecho a la vivienda
digna, pero sólo lo hizo frente al acompañamiento que debe brindar la entidad
durante el proceso de asignación, la Sala considera que dados los hechos
probados, debe ampararse totalmente el derecho vulnerado, por lo tanto,
confirmará parcialmente dicho fallo, y además, ordenará a FONVIVIENDA que
incluya a la accionante dentro del último proceso de asignación de subsidios de
vivienda familiar en el estado “calificada”.
10.3.3.
Expediente T-2.838.689
La señora Rosa Ana Vargas
Trujillo manifiesta que es desplazada por la violencia y actualmente se
encuentra inscrita en el RUPD junto con su grupo familiar, dentro del cual
figura un menor de edad.
Afirma que presentó su
postulación al subsidio de vivienda familiar que otorga FONVIVIENDA, proceso
dentro del cual agotó todas las etapas. No obstante, la solicitud fue finalmente
rechazada por la entidad, por encontrar que conforme a la Base de Datos de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, la accionante cuenta con otra
vivienda. Contra la decisión que la excluye de la convocatoria, la señora
Vargas Trujillo interpuso recurso de reposición, pero éste fue resuelto
negativamente.
La exclusión de la
convocatoria motivó a la actora para interponer acción de tutela en contra de FONVIVIENDA,
por considerar que tal actuación vulneró su derecho fundamental a la vivienda
digna. En primera instancia, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento de Neiva negó el amparo deprecado por la señora Vargas
Trujillo, en razón a que ella cuenta con otros mecanismos de protección
judicial para controvertir las Resoluciones No. 03 y 904 de 2009, dentro de las
cuales fue negada su postulación. En segunda instancia, la Sala Tercera de
Decisión Penal de la Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva confirmó
la decisión del a quo y agregó que para acceder al subsidio, la actora
debe necesariamente cumplir los requisitos establecidos en la legislación para
acceder al subsidio solicitado.
En la situación de la señora Rosa Ana Vargas Trujillo (T-2.838.689),
la Sala encuentra que el rechazo se produjo por la información que el IGAC
proporcionó a FONVIVIENDA, en donde se indicaba que ella posee “una o más
propiedades en un sitio diferente al de expulsión”[47]. Adicionalmente, dentro de la respuesta allegada al juez de tutela de
primera instancia, FONVIVIENDA manifestó que la accionante “figura como
miembro del grupo familiar del señor SAUL GONZÁLEZ ARCINIEGAS, quien se postuló
en la Convocatoria de 2007” ante la Caja de Compensación Familiar de Neiva
(Huila). Al conocer tal afirmación, esta Sala comisionó al juzgado en mención y
ordenó que le tomara la declaración de la señora Vargas Trujillo, a lo que en
respuesta se recibió un oficio fechado el 18 de febrero de 2011, en donde se
observa que al preguntársele qué clase de hechos la relacionan con el señor
Saúl González, ella respondió “Él es mi esposo”, por lo tanto, la Sala
considera probada la causal de rechazo, en tanto al pertenecer un núcleo
familiar, la tutelante no podía postularse en forma individual para obtener un
segundo subsidio, pues generaría una doble asignación para un mismo hogar,
conforme lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 2190 de 2009.[48]
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia proferida el
2 de septiembre de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva, que negó el amparo solicitado por la accionante.
10.3.4.
Expediente T-2.707.266
La señora Laidy Lizcano
Perdomo afirma ser desplazada por la violencia y estar debidamente inscrita en
el RUPD.
Sostiene que se postuló al
Subsidio Familiar de Vivienda, conforme con la convocatoria realizada por FONVIVIENDA.
Señala que mediante Resolución No. 904 de diciembre de 2009, esta entidad
rechazó su postulación argumentando que el hogar ya poseía vivienda, motivo por
el cual se le excluyó de la convocatoria.
La accionante indica que la vivienda a que hace
referencia la entidad demandada consiste en una mejora que tuvieron que
abandonar por motivo del desplazamiento forzado, razón por la cual interpuso
acción de tutela en contra de FONVIVIENDA por la presunta vulneración del
derecho fundamental a la vivienda digna, con el fin de que el juez
constitucional ordenara la modificación parcial de la Resolución 904 de 2009 y
le sea asignado el subsidio aludido. En decisión de única instancia, el Juzgado
Cuarto Penal del Circuito Con Funciones de Conocimiento de Neiva negó el amparo
por considerar que la señora Lizcano Perdomo no interpuso los recursos
ordinarios, como tampoco acudió a la vía gubernativa para atacar la presunción
de legalidad del acto administrativo que la excluyó de la convocatoria.
Frente al caso de la señora Laidy Lizcano Perdomo (T-2.707.266), tenemos
que es una persona desplazada del municipio de San Vicente del Caguán, sitio
donde residía con su madre y tres hijos menores de 18 años. Luego de postularse
en la convocatoria de 2007, FONVIVIENDA rechazó su solicitud al encontrar que
un miembro de su núcleo familiar, concretamente la señora Lilia Perdomo de
Quiza, madre de la accionante, es propietaria de un bien inmueble ubicado en el
municipio de San Vicente del Caguán, lugar origen del desplazamiento. Para
corroborar la afirmación de dicha entidad, la Sala ordenó comisionar al juzgado
de instancia para que realizara una inspección judicial[49], de la cual se obtuvo como respuesta que en el predio que originó el
rechazo al subsidio, reside el señor Rogelio Muñetón Salazar, quien manifestó
al funcionario judicial que “la propietaria es la señora LILIA PERDOMO DE
QUIZA, con quien tiene contrato verbal [de arrendamiento] desde el
primero de octubre del año dos mil nueve”.
La particularidad del presente caso lleva a la Sala a considerar que en
principio, la señora Lilia Perdomo cuenta con un canón de arrendamiento que le
permite a ella y a su hija establecerse en un lugar distinto al que fueron desplazados,
teniendo en cuenta que pertenecen al mismo núcleo familiar, lo cual haría
legítima la causal de rechazo y, por lo tanto, válida su aplicación. No
obstante, la Sala también ofició en el mismo auto de pruebas a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos del municipio de San Vicente del Caguán, para
que informara si a nombre de Laidy Lizcano o Lilia Perdomo figuraba alguna
propiedad en esa jurisdicción. En respuesta, mediante oficio remitido a esta
Corporación el 26 de noviembre de 2010, esa entidad informó que “una vez
verificada nuestra base de datos, las personas relacionadas mediante el oficio
en referencia, no figuran en nuestros archivos como propietarias de ningún bien
inmueble perteneciente a este Círculo Registral”.
Con base en la situación descrita, respecto a las pruebas que indican
hechos contradictorios, la Sala debe realizar una interpretación pro homine
con el fin de dar primacía a los derechos fundamentales de la persona, en
especial la vivienda digna de la población desplazada. Como ya se indicó, la
causal de rechazo que ha generado la inconformidad de las personas que se
postularon al subsidio, es la que señala que algún miembro del núcleo familiar
ya es propietario de un inmueble. Teniendo en cuenta que la norma señala el
hecho de ser propietario, la Sala dará especial valor a la certificación
expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Vicente del
Caguán, el cual informa que no existe propiedad alguna a nombre de la
accionante o de su madre. Así, a pesar de que en la inspección judicial el
tenedor del inmueble afirmó que la señora Lilia Perdomo había celebrado un
contrato de arrendamiento con ella, de tal hecho no puede concluirse el título
de dominio en cabeza de la supuesta arrendadora. Adicionalmente, no existe
prueba escrita del contrato de arrendamiento y tampoco escritura pública que
demuestra el derecho de propiedad. Por lo tanto, la Sala concluye que el
rechazo de FONVIVIENDA, basado en que un miembro del hogar es propietario de un
inmueble, no tiene sustento jurídico a la luz de las consideraciones aquí
hechas y las esbozadas a lo largo de esta sentencia.
En consecuencia, la Sala revocará el fallo fechado el 18 de mayo de
2010, proferido por el Juzgado 4º Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Neiva, el cual negó el amparo solicitado. En su lugar, se
concederá la protección al derecho fundamental a la vivienda digna de la señora
Laidy Lizcano Perdomo y se ordenará a FONVIVIENDA que la incluya dentro del
último proceso de asignación de subsidios de vivienda familiar como
“calificada” para recibir la ayuda.
10.3.5.
Expediente T-2.953.920
La señora Edilma Mayorga de
Ramírez es natural del municipio de Argentina (Huila), pero dadas las
circunstancias adversas en razón del conflicto armado, se vio forzada a
desplazarse hacia la ciudad de Neiva y posteriormente a Bogotá en el año 2001.
Como consecuencia de lo anterior, se encuentra inscrita en el RUPD.
En el año 2007, se postuló a
través de CAFAM ante FONVIVIENDA a la convocatoria para el acceso al Subsidio
de Vivienda Familiar para población en situación de desplazamiento. Sostiene
que luego del proceso de verificación de los requisitos, FONVIVIENDA profirió
la las Resoluciones 602 del 16 de diciembre de 2008 y 904 del 17 de diciembre
de 2009, en las cuales rechazó su postulación, debido a que según información
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ella cuenta con propiedad en un sitio
diferente al de expulsión.
Por lo anterior, la
accionante considera que FONVIVIENDA vulneró su derecho fundamental a la
vivienda digna, en tanto asegura que no es propietaria del bien inmueble
hallado a su nombre en la ciudad de Neiva, pues la inscripción catastral no
constituye título de dominio sobre un bien inmueble. Del amparo conoció en
primera instancia el Juzgado Treinta y Cinco Civil Municipal de Bogotá, el cual
resolvió en forma negativa al encontrar que la resolución que busca atacar la
señora Lizcano solo es controvertible mediante la acción contencioso
administrativa y no por medio de la tutela. En segunda instancia, el Juzgado
Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá confirmó la decisión del  a quo
bajo los mismos argumentos.
En cuanto al caso de la señora Edilma Mayorga de Ramírez
(T-2.953.920), la causal de rechazó fue que a su nombre figura una
propiedad en un sitio diferente al de expulsión, esto es, en la ciudad de
Neiva, según reporte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. De este modo, si
bien es cierto que la información suministrada por el IGAC da cuenta de un
inmueble a nombre de la señora Mayorga, no pueden desconocerse los documentos
que aporta junto con el escrito de tutela, en donde demuestra, mediante
certificación fechada el 20 de junio de 2010, expedida por la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Neiva[50], que ella no es propietaria de bienes inmuebles ni titular de derechos
en esa ciudad. Adicionalmente, la Sala considera necesario aclarar que,
conforme al artículo 18 de la Resolución 2555 de 1988, proferida por el IGAC, “la
inscripción en el catastro no constituye título de dominio, ni sanea los vicios
de una titulación o una posesión”.
Por lo anteriormente expuesto, la Sala revocará la sentencia proferida
el 10 de diciembre de 2010 por el Juzgado Diecinueve Penal del Circuito de
Bogotá, en tanto negó el amparo solicitado y, en su lugar, concederá la protección
del derecho fundamental a la vivienda digna de la señora Edilma Mayorga de
Ramírez. En consecuencia, ordenará a FONVIVIENDA que la incluya dentro del
último proceso de asignación de subsidios de vivienda familiar que fue llevado
a cabo, en el estado “calificada” para recibir la ayuda.
10.4.    Caso en el que la causal de
rechazo se debió al incorrecto diligenciamiento del formulario de postulación
al subsidio de vivienda. Expediente T-2.827.078
El señor José Edilberto Toro Rivera es una persona
desplazada del municipio de Tibú (Norte de Santander), de donde tuvo que
trasladarse a la ciudad de Armenia (Quindío).  Manifiesta que desde el año 2001
se encuentra incluido en el RUPD.
En la ciudad de Armenia, para el año 2007, se postuló
ante la Caja de Compensación Campesina -COMCAJA-, para obtener el subsidio de
vivienda de interés social que otorga FONVIVIENDA. Afirma que en octubre de ese
año, le notificaron que hubo un error en el diligenciamiento de postulación,
dado que en la casilla destinada a consignar el lugar de aspiración escribió el
municipio de La Gabarra, siendo lo correcto la ciudad de residencia actual, por
lo tanto, fue excluido de la convocatoria.
Señala el señor Toro Rivera que FONVIVIENDA vulneró su
derecho fundamental a la vivienda digna, hecho que considera igualmente
atribuible a COMCAJA, puesto que el error en el diligenciamiento de la solicitud
pudo haber sido corregido por los funcionarios de ésta entidad.
En razón a lo anterior, acudió ante el juez de tutela
solicitando la protección del derecho fundamental presuntamente vulnerado por FONVIVIENDA,
dentro del proceso de asignación de subsidios para vivienda de interés social.
En primera instancia, el proceso correspondió a la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Armenia, el cual negó el amparo solicitado
por considerar que el error cometido en el diligenciamiento del formulario es
únicamente atribuible al accionante, por lo que ninguna de las entidades
encargadas del proceso de selección vulneró derecho fundamental alguno del
actor. En segunda instancia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia confirmó la decisión anterior.
Al señor José Edilberto Toro Rivera le fue
rechazada su postulación porque al momento de diligenciar el formulario, en la
casilla correspondiente al municipio de expulsión, consignó  “Gabarra (N.
Santan) (sic)” y en el departamento de aspiración escribió “Norte
de Santander”[51]
FONVIVIENDA, al observar tal
yerro, procedió a rechazar la solicitud, aduciendo que no existía municipio de
la “Gabarra” y el departamento de aspiración es el mismo de expulsión.
Al ser un caso en el cual, el
actor ni siquiera generó la expedición de un acto administrativo, la Sala
considera necesario hacer énfasis en los deberes de las entidades públicas a
cargo de la implementación de las políticas del gobierno dentro de los
programas de subsidio de vivienda familiar.
Tal como se reiteró en la
parte considerativa del presente fallo, las especiales condiciones de
vulnerabilidad de la población desplazada deben convertirse en un criterio a
observar por parte de las instituciones encargadas de establecer un primer
escenario de acercamiento en la vinculación de éste grupo poblacional a los
diferentes programas destinados a desarrollar el componente de vivienda digna,
tal como sucede con las convocatorias que oferta FONVIVIENDA para el acceso al
subsidio de vivienda de interés social.
Ahora bien, la labor
desempeñada por FONVIVIENDA requiere del apoyo y la colaboración de varias
instituciones a nivel nacional, para efectos de lograr una mayor cobertura. Por
tal razón, es que la información de las personas que se postulan se cruzan con
las de las bases de datos de entidades como la Registraduría Nacional del
Estado Civil, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Superintendencia de
Notariado y Registro o el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el
fin de depurar las solicitudes y asignar el subsidio a quienes realmente los
necesitan, asegurando una adecuada inversión de los recursos.
Dentro de esta red de apoyo,
también se encuentran las Cajas de Compensación Familiar de los distintos
departamentos, las cuales, como ya fue descrito, se asociaron en unión temporal
con el fin de desarrollar los procesos de divulgación, comunicación y recepción
de solicitudes de los aspirantes al subsidio de vivienda.
De este modo, las Cajas de
Compensación se convierten, en un primer momento, en las encargadas de orientar
y acompañar a los hogares postulantes durante el proceso de asignación,
conforme a los objetivos estipulados en el contrato de encargo de gestión que
dio origen a la unión temporal de cajas.
Otro de los objetivos allí
señalados indica que “deberán divulgar adecuadamente sobre los
procedimientos y condiciones necesarias para acceder al subsidio de vivienda
familiar”, por lo que una vez revisada la información “se le dará al
ciudadano, todas las orientaciones y aclaraciones necesarias para el
cumplimiento de los requisitos, para su posterior radicación, previo
cumplimiento de los mismos”.
La Sala observa que en el
caso particular, la Caja de Compensación correspondiente a la ciudad de
Armenia, lugar donde se postuló el accionante, no cumplió con los deberes y
objetivos previstos en el contrato de unión temporal de cajas, así como tampoco
tuvo en cuenta la especial condición del actor dada su situación de
desplazamiento.
Las Cajas de Compensación a
nivel regional también son garantes de la correcta implementación de la
política en materia de vivienda familiar y del derecho fundamental a la
vivienda digna Así, no es coherente que con la labor encomendada en el proceso
de asignación, se niegue la posibilidad de continuar en el mismo por un error
en el diligenciamiento del formulario del accionante, pues teniendo en cuenta
las necesidades y dificultades que las personas desplazadas deben afrontar en
los lugares a donde llegan, debe brindarse un acompañamiento integral, que
frustre temporalmente las aspiraciones de gozar de una vivienda digna. Agregar
que lo sustancial debe primar sobre lo formal.
En razón a lo expuesto, la
Sala procederá a revocar la sentencia proferida el 7 de septiembre de 2010 por la
Corte Suprema de Justicia en donde niega la protección del derecho a la
vivienda digna del actor. En su lugar, concederá el amparo solicitado y
ordenará a la Caja de Compensación Campesina -COMCAJA- de la ciudad de Armenia,
que tramite el formulario de postulación del señor José Edilberto Toro Rivera y
que una vez dicha entidad compruebe que él no está incurso en ninguno de los
impedimentos para ser beneficiario del subsidio de vivienda familiar, remita
los documentos a FONVIVIENDA para su posterior inclusión en el último proceso
de asignación.
10.5.    Caso en que el rechazo se
basó en que el aspirante al subsidio ya había sido beneficiario de otra entidad
diferente a FONVIVIENDA. Expediente T- 2.779.733
El señor Heráclito Hormiga Ordoñez es oriundo del
municipio de Mesetas (Meta), lugar del cual fue desplazado debido al conflicto
armado interno hacia el año 2006, razón por la cual tuvo que trasladar su lugar
de residencia a la ciudad de Bogotá. Afirma encontrarse debidamente inscrito en
el RUPD.
Sostiene que para el año 2007
se postuló ante COMPENSAR para que le fuera asignado el subsidio de vivienda
que otorga FONVIVIENDA. Sin embargo, su postulación fue rechazada mediante
Resoluciones 602 del 16 de diciembre de 2008 y 904 del 17 de diciembre de 2009,
por cuanto no cumplía los requisitos para acceder al mencionado subsidio, pues
había sido beneficiario de una entidad diferente a FONVIVIENDA. Por su parte,
el actor afirma que en el año 1990 recibió un crédito del Instituto de Crédito
Territorial, el cual ya pagó.
En razón a ello el señor
Hormiga Ordoñez interpuso acción de tutela por considerar que la razón
esgrimida por la caja de compensación encargada de recibir su postulación,
vulneró su derecho fundamental a la vivienda digna. La solicitud de amparo fue
conocida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
el cual negó la tutela por considerar acertadas las razones que dieron lugar al
rechazo del subsidio. Así, encontró que efectivamente el literal a) del
artículo 34 del Decreto 2190 de 2009, dispone que una de las razones para negar
la postulación es haber recibido un subsidio de vivienda del Instituto de
Crédito Territorial. En segunda instancia, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, confirmó el fallo inicial con base en los mismos
argumentos.
La postulación de Heraclio Hormiga Ordoñez fue
rechazada por FONVIVIENDA en razón a que luego del cruce de datos con las
entidades de apoyo en la labor de comprobación de la información, él habría sido
beneficiario de un subsidio de vivienda en el año 1990, subsidio que fue
destinado a la vivienda de donde fue desplazado en el 2006. El actor asegura
que desde esa época no ha podido regresar al lugar de expulsión en tanto no
están garantizadas las condiciones de retorno. Adicionalmente, cuenta con 65
años de edad, lo cual, aparte de su condición de desplazado, agrava aún más su
situación de vulnerabilidad.
La causal de rechazo esgrimida
por FONVIVIENDA se encuentra estipulada en el literal b) del artículo 34 del
Decreto 2190 de 2009:
“b) Quienes como beneficiarios hayan recibido subsidios familiares de
vivienda, o quienes siendo favorecidos con la asignación no hubieren presentado
antes del vencimiento del subsidio su renuncia a la utilización. Lo anterior
cobija los subsidios otorgados por el Fondo Nacional de Vivienda; el Instituto
Nacional de Vivienda y Reforma Urbana, Inurbe, hoy en liquidación; la Caja
Agraria hoy en liquidación; el Banco Agrario; Focafé y las Cajas de
Compensación Familiar, en los términos de la Ley 3ª de 1991, Ley 49 de 1990 y
normas reglamentarias y por el FOREC hoy en liquidación, de acuerdo con el
Decreto-ley 350 de 1999 y demás entidades u organismos que se establezcan en el
futuro para atender calamidades naturales. Lo anterior, no se aplicará en caso
de que el beneficiario hubiere restituido el subsidio a la respectiva entidad
otorgante;”
Igualmente, otro argumento utilizado es
que conforme al artículo 6º de la Ley 3ª de 1991, el Subsidio Familiar de
Vivienda es otorgado por una sola vez al beneficiario con el objetivo de
facilitarle una solución de vivienda de interés social.
Ahora bien, la Sala deberá establecer el
sentido de la norma anterior. La jurisprudencia ha entendido que cuando el
subsidio de vivienda se otorga por una sola vez, hace referencia a la
imposibilidad de gozar de varios subsidios de origen nacional en forma
simultánea; es decir, el subsidio que otorga el gobierno nacional es
perfectamente compatible con los que se adjudican a nivel de entidades
territoriales. De este modo, una persona desplazada puede acumular al subsidio
nacional, el de carácter municipal, para efectos de completar el valor de la
vivienda.[52]
La Sala no desconoce el carácter
individual del subsidio de vivienda familiar en tanto responde a la necesidad
de que solo se haga uso de él una sola vez por ser un recurso escaso, partiendo
del supuesto de que alguien que ya fue beneficiario de un subsidio, no tiene
necesidad de adquirir otro destinado al mismo bien inmueble. Sin embargo,
cuando la vivienda adquirida con el subsidio debe ser abandonada por su
propietario a causa del desplazamiento forzado, tiene sentido entender que esa
persona ha perdido la oportunidad de disfrutar de dicho predio y, por lo tanto,
está en todo su derecho de adquirir un nuevo subsidio para brindarle una nueva
posibilidad de acceder a una vivienda digna, una vez cumple con los requisitos
establecidos para su otorgamiento.
Estas consideraciones son suficientes
para determinar que frente al caso del señor Heraclio Hormiga, la norma que
señala la causal de rechazo debe ser interpretada por FONVIVIENDA con base en
las circunstancias particulares de vulnerabilidad de aquél y su familia, debido
al desplazamiento que ha sufrido y a la imposibilidad de retornar[53]
en condiciones que garanticen el goce efectivo del predio que habitaba. Así, la
Sala concederá protección al derecho a la vivienda digna del actor, por lo tanto,
revocará la sentencia proferida el 13 de julio de 2010 por la Sección Segunda,
Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, la cual negó el amparo solicitado.
10.6.    Caso en que la causal de
rechazo fue que el hogar postulante no se encontraba inscrito en el Registro
Único de Población Desplazada. Expediente T-2.833.357
La señora Bárbara Rojas
manifiesta que es desplazada desde el año 2001 y actualmente se encuentra
inscrita en el RUPD.
Afirma que para el año 2004
se postuló al subsidio de vivienda familiar dentro de la convocatoria abierta
por FONVIVIENDA, proceso que realizó a través de la Caja de Compensación
Familiar Regional Meta (COFREM). Señala que a finales del año 2009, advirtió
que no aparecía en los listados de los beneficiados.
Manifiesta que el 27 de abril
de 2010, solicitó a FONVIVIENDA que le informara el motivo por el cuál su
postulación había sido rechazada. En respuesta, la entidad le informó que la
razón del rechazó es que incurrió en una de las causales que generan la
exclusión de la convocatoria, como es el no encontrarse inscrita en el Registro
Único de Población Desplazada (Resolución No. 904 de 2010).
La señora Rojas impugnó los actos administrativos que
negaron su postulación, pero los recursos no fueron admitidos dado que fueron
presentados en forma extemporánea. Por la actuación de la administración a
través de FONVIVIENDA, la accionante consideró que dicha entidad vulneró su
derecho fundamental al debido proceso y a la vivienda digna, por lo cual
interpuso acción de tutela en su contra. De la solicitud de amparo conoció en
primera instancia el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio,
despacho que concedió la protección a los derechos fundamentales invocados por
la tutelante, pues en las pruebas recaudadas, se comprobó que ella
efectivamente se encuentra inscrita en el RUPD, por lo cual, ordenó que su
postulación fuera incluida en la última convocatoria para acceder al subsidio
de vivienda de interés social. En segunda instancia, el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Villavicencio revocó la decisión anterior argumentando que
no se había cumplido el requisito de la inmediatez, puesto que desde la
postulación inicial hasta la presentación de la acción de tutela,
transcurrieron alrededor de 6 años.
La situación de la señora Bárbara Rojas contiene
un elemento adicional que diferencia su caso de los que se han venido
resolviendo. Como en un momento se indicó, la mayoría de accionantes de tutela
se presentaron respecto de la convocatoria abierta por FONVIVIENDA en el año
2007, pero en ésta ocasión se trata de la postulación que la tutelante hizo en
el 2004, es decir, se trata de la primera convocatoria realizada por esa
entidad. Ella indica que luego de un largo tiempo, no tuvo conocimiento de lo
que había sucedido con su solicitud, tanto así que en los procesos de
asignación de la convocatoria del año 2007 tampoco figuraba en los listados de
beneficiarios.
Al no tener conocimiento del
estado de su postulación, la señora Rojas en el año 2010 interpuso recurso de
reposición ante la Caja de Compensación Familiar del Meta en contra de la
Resolución 904 de 2009, la cual contenía el listado de personas rechazadas y
calificadas dentro del proceso de asignación de la convocatoria de 2007. En
respuesta, le indicaron que por pertenecer a la convocatoria de 2004, no podían
dar trámite al recurso.
El 26 de mayo de 2010, ella eleva una nueva petición,
esta vez ante FONVIVIENDA, solicitando la misma información. Dicha entidad le
señaló que su postulación correspondía al año 2004 y que había sido rechazada
por cuanto no estaba incluida en el RUPD. Además, al ser de una convocatoria
antigua, la entidad le manifestó que ella no se encontraba en ningún listado
dentro de ninguna de las resoluciones, puesto que nunca se postuló a la
convocatoria de 2007.
Al respecto, la Sala observa que existe una situación
en la cual el tiempo que ha transcurrido entre la postulación en el año 2004
que realizó la accionante y la presentación de la tutela, puede generar un
problema de procedibilidad en cuanto al requisito de inmediatez. Por lo tanto,
en forma breve se hará referencia a si la actora cumple o no tal condición.
Como lo indica la Constitución en su artículo 86 y lo
ha desarrollado la jurisprudencia, la acción de tutela es un mecanismo breve y
sumario que tiene como fin primordial la inmediata protección de los derechos
fundamentales del ciudadano, cuando se encuentran en situaciones de amenaza o
vulneración, ya sea por la acción u omisión de las autoridades públicas o de
los particulares.
Así, en virtud de la gravedad que implica la
vulneración de los derechos fundamentales es que la eficacia de la protección
constitucional es consecuencia directa de la inmediatez con que se interponga.
Por ello, si bien la Corte ha manifestado que la acción de tutela puede
interponerse en cualquier tiempo, no puede excederse de un término considerable
que permita inferir que realmente se está ante la inminencia de un perjuicio
irremediable.[54] Ahora bien, cuando la
demora es evidente, resulta necesario que quien presenta la acción justifique
la demora, lo cual estará a consideración del respectivo juez de tutela.
Sin embargo, no sería coherente con las
consideraciones expuestas en este fallo manifestar que por cuestiones formales respecto
de la interposición de la tutela, el derecho a la vivienda digna de una persona
en situación de desplazamiento no se pueda amparar, pues como bien se indicó,
el juez constitucional tiene el deber de valorar con exclusiva cautela los
casos en donde quien solicite el amparo sea un sujeto de especial protección
constitucional.
No quiere decir ello que se desconozca la naturaleza
jurídica del recurso de amparo o la finalidad para la cual fue establecida por
el Constituyente, sino que, en un examen pro homine de la situación
particular de la señora Rojas, la Sala encuentra que actualmente cuenta con 61
años de edad, lo que sumado a su condición de desplazada hace aún más necesaria
su protección por vía de tutela, puesto que la vulneración no ha cesado desde
el momento en que debió desplazarse y su situación se agrava con el paso del
tiempo hasta tanto no se le brinde una solución efectiva respecto del derecho a
la vivienda digna.
Por otro lado, la Sala observa que la causal de
rechazo en la cual se basó FONVIVIENDA para negar la inclusión en la
convocatoria del año 2004, no tiene sustento fáctico, puesto que, tal como se
desprende de los pruebas decretadas por el juez de primera instancia que
conoció de la tutela, el DAPS informó que, en efecto, la señora Rojas y su
núcleo familiar se encuentran inscritos en el RUPD desde el  8 de marzo de 2002[55],
mucho tiempo antes de la convocatoria realizada por FONVIVIENDA en el año 2004,
es decir, ni siquiera cabría un argumento que señalara que la inclusión se
realizó mucho después de la fecha la postulación.
Lo anterior evidencia que existen serias fallas durante
el proceso de verificación de la información por parte de las Cajas de Compensación,
lo cual, por un error no atribuible a la accionante, ha debido esperar desde el
año 2004 a que por medio de la acción de tutela se le proteja el derecho que
tiene a que se le asigne un subsidio de vivienda para poder acceder a una
vivienda digna.
Por los motivos expuestos, la Sala concederá la
protección del derecho fundamental invocado por la accionante, para lo cual
revocará la decisión de segunda instancia y confirmará la de primera, que en un
principio había otorgado la protección del mismo. Asimismo, ordenará a FONVIVIENDA
que inicie el trámite respectivo para incluir a la señora Bárbara Rojas en el
último proceso de asignación del subsidio de vivienda familiar.
10.7.
Consideraciones Finales
En la solución de todos los casos concretos, la Sala ha
logrado identificar que en la implementación de la política pública en materia
habitacional y su programa de asignación de subsidios de vivienda familiar manejado
por FONVIVIENDA, con la colaboración de las cajas de compensación familiar de
cada departamento, se vienen presentando constantes fallas de carácter
administrativo y de interpretación legal en lo que concierne a la atención y
orientación de la población desplazada.
Estas constantes falencias se manifiestan
principalmente por (i) la ausencia de acompañamiento y orientación
adecuada en el proceso de postulación y posterior asignación de los subsidios
de vivienda dirigidos a los accionantes y; (ii) la interpretación
restrictiva que FONVIVIENDA realiza sobre las causales que impiden a una
persona postularse al subsidio familiar, concretamente, cuando figura un predio
a nombre de aquélla en el lugar del desplazamiento.
En este sentido, resulta necesario recordar que tanto
las cajas de compensación familiar, como FONVIVIENDA y el nuevo Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social (antes Acción Social), son entidades
garantes del derecho a la vivienda digna de todas las personas desplazadas que
soliciten la asignación del respectivo subsidio.
Así por ejemplo, FONVIVIENDA debe responder a su
posición garante realizando una interpretación pro homine de las normas
que reglamentan el proceso de postulación y asignación del subsidio de
vivienda, particularmente, frente a lo señalado en el literal d) del artículo
35 del Decreto 2190 de 2009 antes mencionado, donde se consignan las causales
de impiden postularse a tales subsidios. Así, la disposición señala que no
pueden hacerlo quienes sean propietarios de otra vivienda a la fecha de
postular. Lo anterior se evidenció en la resolución de los casos concretos
donde los hogares fueron rechazados por ser poseedores o propietarios de una
vivienda, la cual, estaba ubicada por lo general en el lugar de donde fueron
desplazados.
Aunado a lo anterior, en la respuesta dada por
FONVIVIENDA al auto de pruebas fechado el 8 de febrero de 2011, en el que se le
solicitó que expusiera paso por paso el proceso de asignación de subsidios, en
lo relacionado a las causales de rechazo indicó que “Por disposición del
artículo 34 del Decreto 2190 de 2009, y teniendo en cuenta las disposiciones de
la Ley 3 de 1991, la postulación al subsidio familiar de vivienda puede ser
rechazada en cualquier momento ante la existencia de alguna de las siguientes
razones, ocurridas después de la fecha de desplazamiento”(Subrayas
propias). En tal forma, la misma entidad sostiene que estas “razones” deben
presentarse con posterioridad al desplazamiento, es decir, conforme a dicha
afirmación, la correcta interpretación de la norma indicaría que quienes sean
propietarios o poseedores con anterioridad a la fecha del desplazamiento, no
estarían impedidos para postularse, supuesto que se aplica para la mayoría de
casos en lo que el rechazo fue con ocasión de la aplicación de la referida
regla.
Por lo tanto, la Sala exhortará a FONVIVIENDA para que
cumpla con sus deberes legales y constitucionales como garante del derecho a la
vivienda digna de la población desplazada, para lo cual deberá interpretar las
normas aplicables a los subsidios de vivienda familiar conforme a la especial
situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta característicos de este
grupo de personas, entendiendo que debe primar lo sustancial sobre lo formal,
permitiéndoles así, construir en forma progresiva un proyecto de vida que
puedan desarrollar en condiciones dignas en una vivienda que cumpla con las
garantías necesarias para tal fin. Igualmente, el exhorto también estará
dirigido a que verifique en cada caso si la propiedad inmueble que figura a
nombre de cualquiera de los postulantes fue adquirida con anterioridad o
posterioridad al desplazamiento, pues a partir de tal información, es que debe
proceder a rechazar o calificar al grupo familiar y no con la simple afirmación
de que éste es propietario de un inmueble.
Finalmente, en lo referido al rol que cumplen las
cajas de compensación y el DAPS (antes Acción Social) como garantes del derecho
a la vivienda digna de la población desplazada, la Sala exhortará a tales
entidades para que al inicio del proceso de postulación de los hogares al
subsidio de vivienda familiar, realicen el acompañamiento y orientación
adecuada a cada familia en cuanto al diligenciamiento de los formularios de
postulación, puesto que, como ya se indicó, por sus especiales condiciones de
debilidad manifiesta y el grado de afectación producido por el desplazamiento,
en la mayoría de casos realizar trámites a nivel administrativo les resulta
confuso debido a la gran cantidad de información que deben proporcionar; por lo
cual, estas entidades son las llamadas a evitar que por esta clase de errores
se trunque el proceso de adquisición de vivienda digna.
11.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.-
LEVANTAR  la suspensión de términos
decretada mediante auto del 8 de febrero de 2011.
SEGUNDO.-
En el Expediente T- 2.759.386,
CONFIRMAR parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado 4º
Administrativo de Neiva, respecto a la protección del derecho fundamental a la
vivienda digna de la señora Amparo Bustamante. Por lo tanto, ORDENAR  a FONVIVIENDA
que si aún no lo ha realizado, dentro del término máximo de cuarenta y ocho
(48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia incluya a la
accionante Amparo Bustamante en la lista de aspirantes al Subsidio Familiar de
Vivienda de Interés Social en la modalidad de adquisición de vivienda nueva o
usada, en el estado “calificada” y que modifique en lo pertinente la resolución
mediante la cual se rechazó la postulación del mismo, para lo cual deberá
adelantar los ajustes administrativos a que haya lugar.
TERCERO.- En el Expediente
T-2.838.689, CONFIRMAR la sentencia proferida por el 2 de
septiembre de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, que
negó el amparo solicitado por la señora Rosa Ana Vargas Trujillo.
CUARTO.- En el Expediente
T-2.707.266, REVOCAR el fallo fechado el 18 de mayo de 2010, proferido por el
Juzgado 4º Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Neiva, el cual
negó el amparo solicitado. En su lugar, CONCEDER la protección al
derecho fundamental a la vivienda digna de la señora Laidy Lizcano Perdomo. Por
lo tanto, ORDENAR a FONVIVIENDA que si aún no lo ha realizado, dentro
del término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta sentencia incluya a la accionante Laidy Lizcano Perdomo en
la lista de aspirantes al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social en la
modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada, en el estado “calificada” y
que modifique en lo pertinente la resolución mediante la cual se rechazó la
postulación del mismo, para lo cual deberá adelantar los ajustes
administrativos a que haya lugar.
QUINTO.- En el Expediente
T-2.953.920, REVOCAR la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2010 por
el Juzgado 19 Penal del Circuito de Bogotá. En su lugar, CONCEDER
la protección al derecho fundamental a la vivienda digna de la señora Edilma
Mayorga de Ramírez. En consecuencia, ORDENAR a FONVIVIENDA que si aún no
lo ha realizado, dentro del término máximo de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de esta sentencia, incluya a la accionante
Edilma Mayorga de Ramírez en la lista de aspirantes al Subsidio Familiar de
Vivienda de Interés Social en la modalidad de adquisición de vivienda nueva o
usada, en el estado “calificada” y que modifique en lo pertinente la resolución
mediante la cual se rechazó la postulación del mismo, para lo cual deberá
adelantar los ajustes administrativos a que haya lugar.
SEXTO.- En el Expediente
T-2.827.078,  REVOCAR la sentencia proferida el 7 de septiembre de 2010 por
la Corte Suprema de Justicia en donde niega la protección al derecho a la
vivienda digna del actor. En su lugar, CONCEDER el amparo solicitado. Por
lo tanto, ORDENAR a la Caja de Compensación Campesina -COMCAJA- de la
ciudad de Armenia, que tramite el formulario de postulación del señor José
Edilberto Toro Rivera y que una vez dicha entidad compruebe que él no está
incurso en ninguno de los impedimentos para ser beneficiario del subsidio de
vivienda familiar, remita los documentos a FONVIVIENDA para su posterior
inclusión en el último proceso de asignación.
SÉPTIMO.-
En el Expediente T- 2.779.733, REVOCAR la sentencia proferida el 13 de julio de 2010, por la Sección Segunda,
Subsección “A“ de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, la cual negó la protección del derecho a la vivienda digna del señor
Heraclio Hormiga Ordoñez. En su lugar, CONCEDER el amparo solicitado. Como
consecuencia de lo anterior, ORDENAR a FONVIVIENDA, que si aún no lo ha
realizado, dentro del término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de la notificación de esta sentencia incluya al accionante Heraclio
Hormiga Ordoñez en la lista de aspirantes al Subsidio Familiar de Vivienda de
Interés Social en la modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada, en el
estado “calificado” y que modifique en lo pertinente la resolución mediante la
cual se rechazó la postulación del mismo, para lo cual deberá adelantar los
ajustes administrativos a que haya lugar.
OCTAVO.- En el Expediente T-2.833.357,
REVOCAR la sentencia proferida el 27
de julio de 2010 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Villavicencio, que negó la protección del derecho a la vivienda digna de la
accionante. En su lugar, CONFIRMAR el fallo de primera instancia
expedido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes, únicamente
en su ordinal primero en tanto concedió el amparo invocado por la señora
Bárbara Rojas y REVOCAR el ordinal segundo. En consecuencia, ORDENAR a
FONVIVIENDA que, si aún no lo ha realizado, dentro del término máximo de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta
sentencia deberá incluir a la accionante en la lista de aspirantes al Subsidio
Familiar de Vivienda de Interés Social en la modalidad de adquisición de
vivienda nueva o usada, en el estado “calificada” y modificará en lo pertinente
la resolución mediante la cual se rechazó la postulación del mismo, para lo
cual deberá adelantar los ajustes administrativos a que haya lugar.
NOVENO.- EXHORTAR a FONVIVIENDA para que en función de la implementación de los programas
de vivienda digna dirigidos a la población desplazada, garantice en forma
adecuada el acceso a los mismos, conforme con las consideraciones finales de
ésta sentencia.
DÉCIMO.- EXHORTAR a las cajas de compensación familiar que hacen parte en el proceso de
asignación de subsidios de vivienda familiar para la población desplazada y al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, para que en adelante,
realicen una orientación adecuada y eficaz a cada grupo familiar que se
postule, con el fin de que desde el inicio de la postulación, su aspiración a
una vivienda digna no se vea interrumpida por errores de carácter
administrativo de cualquier orden.
ONCE.- Por Secretaría LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo
36 del Decreto 2591, para los fines allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] El Decreto 3571 de 2011 determinó en su artículo 2 las
funciones del nuevo Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al cual
corresponde, entre otras,  “formular, dirigir y coordinar las políticas,
programas y regulaciones en materia de vivienda y financiación de vivienda,
desarrollo urbano, ordenamiento territorial (…)”.
[2] “Artículo 39. Vigencia de la postulación. Los
inscritos en el Registro de postulantes que no fueren beneficiarios en una
asignación de subsidios, podrán continuar como postulantes hábiles para las
asignaciones de la totalidad del año calendario. Si no fueren beneficiarios en
las demás asignaciones de dicho año, para continuar siendo postulantes en las
asignaciones del año siguiente, deberán manifestar tal interés, mediante una
comunicación escrita dirigida a la entidad donde postularon por primera vez. Lo
anterior, sin perjuicio de la posibilidad de mantenerse en el Registro de
Postulantes mediante la actualización de la información, sin que ello afecte la
continuidad de las condiciones de la postulación del hogar correspondiente.
Para efectos de la actualización, las entidades otorgantes del subsidio
familiar de vivienda deberán adelantar las gestiones necesarias para divulgar y
facilitar a los postulantes las modificaciones a que haya lugar.”
[3] Sentencia T-402 del 25 de mayo de 2006 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[4] Dice el mencionado artículo: “Artículo 34. Imposibilidad para
postular al subsidio. NO podrán postular al Subsidio Familiar de Vivienda de
que trata este decreto los hogares que presenten alguna de estas condiciones:
(…)
d) En el caso de adquisición o
construcción en sitio propio, cuando alguno de los miembros del hogar sea
propietario de otra vivienda a la fecha de postular”
(…)
[5] “Por la cual se comunica el rechazo de las
postulaciones al Subsidio Familiar de Vivienda para población en situación de
desplazamiento, dentro de la convocatoria efectuada mediante Resolución  174
del 5 de junio de 2007 de Fonvivienda”, acto administrativo que incluyó al
hogar de la accionante.
[6] “Los hogares deberán mantener las condiciones y requisitos para
el acceso al subsidio familiar de vivienda desde la postulación hasta su
asignación y desembolso. Surtida la postulación no podrá modificarse la
conformación del hogar”
[7] La función de ésta ONG está reseñada en el escrito recibido en
la siguiente forma: “COHRE es una organización internacional no gubernamental
de derechos humanos, que trabaja para asegurar el disfrute de los derechos
económicos, sociales y culturales para todas las personas, en todo lugar, con
especial enfoque en el derecho a una vivienda adecuada. COHRE tiene su sede en
Ginebra, donde está registrada, y su sede regional en Bogotá. Cuenta con
estatus consultivo del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA)”.
[8] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[9] T-495 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[10] M.P. Carlos Gaviria Díaz. Esta postura fue igualmente reiterada en las
sentencias T-499 de 1995 M.P. Fabio Morón Díaz, T-586 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-597 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[11] Posición
planteada desde la sentencia T-406 de 1992.
[12] Particularmente
las sentencias T-462 de 1992, SU-111 de 1997 y SU-995 de 1999.
[13] M.P. Fabio Morón Díaz
[14] Sentencia T-021-95 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[15] Sentencia T-1091 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[16] Sentencia
T-016 del 22 de enero de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[17]Al respecto,
la Corte explicó lo siguiente en la sentencia C-372 de 2011:
“La Corte Constitucional ha entendido que todos los derechos fundamentales, tanto los derechos civiles y políticos
como los derechos económicos, sociales y
culturales, implican obligaciones de carácter
negativo y positivo. A diferencia de lo que solía afirmar parte de la doctrina, para la Corte no es cierto que solamente los derechos económicos,
sociales y culturales tengan contenidos prestacionales;
los derechos civiles y políticos también requieren de la adopción de medidas, la destinación de recursos y la
creación de instituciones para hacerlos
efectivos”
[18] Ver sentencias T-079 de 31 de enero de 2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-894 de 26 de agosto de 2005 M.P. Jaime Araújo Renteria, T-791 de 23 de agosto de 2004  M.P. Jaime Araújo Rentería y T-958 de 6 de septiembre de
2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[19] La
mencionada observación establece elementos que asisten a la interpretación del artículo
51 constitucional. El parágrafo 7 de la observación contiene algunos aspectos
centrales del derecho a la vivienda adecuada que sirven de pauta de
interpretación de la disposición constitucional.
[20] Observación General N° 4. Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas.
[21] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[22] “ T-1346 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil). En la sentencia T-268 de 2003
(MP. Marco Gerardo Monroy Cabra) se acogió la definición de desplazados que
consagran los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno.”
[23] “Los motivos y las manifestaciones de esta vulnerabilidad
acentuada han sido caracterizados por la Corte desde diversas perspectivas. Así, por ejemplo, en la sentencia T-602 de 2003 se precisaron los efectos
nocivos de los reasentamientos que provoca el desplazamiento forzado interno
dentro de los que se destacan  “(i) la pérdida de la tierra y de la
vivienda, (ii) el desempleo, (iii) la pérdida del hogar, (iv) la marginación,
(v) el incremento de la enfermedad y de la mortalidad, (vi) la inseguridad
alimentaria, (vii) la pérdida del acceso a la propiedad entre comuneros, y
(viii) la desarticulación social.”, así como el empobrecimiento y el
deterioro acelerado de las condiciones de vida.  Por otra parte, en la
sentencia T-721 de 2003 (i) se señaló que la vulnerabilidad de los desplazados
es reforzada por su proveniencia rural y (ii) se explicó el alcance de las
repercusiones psicológicas que surte el desplazamiento y se subrayó la
necesidad de incorporar una perspectiva de género en el tratamiento de este
problema, por la especial fuerza con la que afecta a las mujeres.”
[24] “Ver, entre otras, las sentencias T-419 de 2003, SU-1150 de 2000.”
[25] “Corte Constitucional, Sentencia SU-1150 de 2000, MP: Eduardo
Cifuentes Muñoz. En esta tutela se acumulan tres demandas. La primera
corresponde a un grupo de desplazados por la violencia estaba compuesto por 26
familias que habían ocupado un predio de alto riesgo de propiedad de CORVIDE y que
iban a ser desalojados por las autoridades municipales de Medellín, sin que se
les hubiera ofrecido atención humanitaria y sin que existiera un plan de
atención a la población desplazada. El segundo grupo estaba compuesto por una
familia de desplazados que solicitaba ayuda a las autoridades de Cali para
tener acceso a los beneficios de vivienda que se otorgaban a personas ubicadas
en zonas de alto riesgo, pero a quienes se les niega dicho auxilio con el
argumento de que no estaba diseñado para atender población desplazada que sólo
podían recibir ayuda de carácter temporal. El tercer grupo, también
unifamiliar, interpuso la acción de tutela contra la Red de Solidaridad, pues a pesar de haber firmado un acuerdo de reubicación voluntaria y
haberse trasladado al municipio de Guayabal, la Red no había cumplido con la ayuda acordada para adelantar proyectos productivos y para obtener una solución de
vivienda definitiva. La ayuda pactada para el proyecto productivo fue
finalmente entregada al actor por orden del juez de tutela, pero la ayuda para
vivienda no se le dio porque estaba sujeta al cumplimiento de ciertos
requisitos.”
[26] “Sentencia T-215 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño.”
[27] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[28] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[29] Ibíd.
[30] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[31] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[32] M.P. Mauricio González Cuervo.
[33] M.P: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[34] Sentencia T-585 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[35] Ibíd.
[36] Ibíd.
[37] Artículo 1 del Decreto 555 de 2003.
[38] “Es la modalidad en la cual el beneficiario  de un subsidio
familiar adquiere una vivienda en el mercado dentro de los planes elegibles
conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en el presente decreto,
mediante acto jurídico traslaticio del dominio y su posterior inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente”.
[39] “Es la modalidad que permite al hogar adquirir una vivienda
usada”.
[40] “Modalidad en la cual el beneficiario del subsidio accede a una
vivienda de interés social, mediante la edificación de la misma en un lote de
su propiedad que puede ser un lote de terreno, una terraza o una cubierta de
loza”.
[41] “Proceso por el cual el beneficiario del subsidio supera una o
varias de las carencias básicas de una vivienda perteneciente a un desarrollo
legal o legalizado, o a una edificación, en aspectos tales como, su estructura
principal, cimientos, muros o cubiertas, carencia o vetustez de redes
eléctricas o de acueducto y cuyo desarrollo exige la consecución de permisos o
licencias previos ante las autoridades competentes”.
[42] “(…) es el que se otorga para la ejecución de obras menores,
reparaciones o mejoras locativas que sin requerir la obtención de permisos o
licencias por parte de las autoridades competentes, tienen por objeto optimizar
las condiciones básicas de salud de los hogares más vulnerables”.
[43] La sentencia T-742 de 2009, señaló que en la sentencia T-025 de
2004, la Corte afirmó que “(…) en la interpretación de las normas que consagran
o desarrollan un derecho fundamental de las personas que han sido desplazadas,
debe tenerse en cuenta: (i) los principios de interpretación y aplicación
contenidos en la Ley 387 de 1997; (ii) los Principios Rectores de los
Desplazamientos Internos; (iii) el principio de favorabilidad en la
interpretación de las normas que protegen a la población desplazada; (iv) el
principio de buena fe y el derecho a la confianza legítima; y (v) la
prevalencia del derecho sustancial propio del Estado Social de Derecho”.
[44] Norma que derogó el Decreto 975 de 2004. A pesar de la derogatoria, el Decreto 2190 de 2009
conservó las mismos impedimentos que establecía la anterior disposición,
respecto de la postulación de las familias para acceder al subsidio de
vivienda.
[45] Folio 29, Cdno Principal, Exp. T-2.759.386.
[46] Folio 20, Ibíd.
[47] Folio 35, Cdno, Primera instancia.
[48] Con la expedición del Decreto 2190 de 2009, se derogó
expresamente el decreto 975 de 2004. No obstante, el primero conservó la misma
disposición referida a la  imposibilidad de realizar una doble postulación,
así:” “Artículo 40. Duplicidad de postulaciones.
Ningún hogar podrá presentar simultáneamente más de una postulación para el
acceso al subsidio familiar de vivienda, así sea a través de diferentes
registros de las personas integrantes del mismo. Si deliberadamente se incurre
en esta conducta, las solicitudes correspondientes serán eliminadas de inmediato
por la entidad competente. Si se detectare la infracción intencional con
posterioridad a la asignación del subsidio, se revocará su asignación y por
ende, no será pagado. Si ya ha sido pagado en parte o totalmente, se ordenará
su restitución indexado con el Índice de Precios al Consumidor, IPC, desde la
fecha en que se asignó.”
[49] Folio 48, Cdno. Corte Constitucional.
[50] Folio 3, Cdno. Primera instancia.
[51] Folio 40, Cdno. Primera instancia.
[52] Sentencia T-1318 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[53] Al respecto
cabe recordar que la sentencia T-025 de 2004 estableció que:“(...) En
relación con el derecho al retorno y al restablecimiento, las autoridades están
obligadas a (i) no aplicar medidas de coerción para forzar a las personas a que
vuelvan a su lugar de origen o a que se restablezcan en otro sitio; (ii) no
impedir que las personas desplazadas retornen a su lugar de residencia habitual
o se restablezcan en otro punto del territorio, precisándose que cuando existan
condiciones de orden público que hagan prever un riesgo para la seguridad del
desplazado o su familia en su lugar de retorno o restablecimiento, las
autoridades deben advertir en forma clara, precisa y oportuna sobre ese riesgo
a quienes les informen sobre su propósito de regresar o mudarse de lugar; (iii)
proveer la información necesaria sobre las condiciones de seguridad existentes
en el lugar de retorno, así como el compromiso en materia de seguridad y
asistencia socioeconómica que el Estado asumirá para garantizar un retorno
seguro y en condiciones dignas; (iv) abstenerse de promover el retorno o el
restablecimiento cuando tal decisión implique exponer a los desplazados a un
riesgo para su vida o integridad personal, en razón de las condiciones de la
ruta y del lugar de llegada por lo cual toda decisión estatal de fomentar el
regreso individual o colectivo de personas desplazadas a su lugar de origen, o
su restablecimiento en otro punto geográfico, debe estar precedida por un
estudio sobre las condiciones de orden público del lugar al cual habrán de
volver, cuyas conclusiones deberán comunicarse a los interesados en forma
previa al acto de retornar o restablecerse”.
[54] Al respecto señaló esta Corporación en la Sentencia SU-961 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa): “Si bien el término para
interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de
manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se
ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de
inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros,
o que desnaturalice la acción”.
[55] Folio 263, cuaderno de primera instancia.