T-169-10
SENTENCIA T-169/10
SENTENCIA
T-169/10
(Marzo 8; Bogotá
DC)
ACCION
DE TUTELA EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Procedibilidad
DESPLAZAMIENTO
FORZADO-Deber de las autoridades de probar que una persona no es desplazada
REGISTRO
UNICO DE POBLACION DESPLAZADA-Función
INSCRIPCION
EN EL REGISTRO UNICO DE POBLACION DESPLAZADA-Criterios y normas que deben
tenerse en cuenta
AYUDA
HUMANITARIA DE EMERGENCIA-Deber de Acción Social de garantizar entrega completa
de los componentes de la prórroga de la ayuda humanitaria
AUTORIDADES-Procedimiento
a seguir cuando se reciban peticiones de desplazados
PRESUNCION
DE VERACIDAD-Aplicación en casos que se alegue la afectación de derechos
fundamentales de la población desplazada
ACCION
DE TUTELA-Orden a Acción Social de entregar la asistencia humanitaria hasta
la finalización de la situación de urgencia, previa verificación de las
condiciones reales de los accionantes
ACCION
DE TUTELA-Orden a Acción Social la inscripción en el Registro Único de
población desplazada
Referencia:
Expedientes T-2.371.147, T-2.375.261, T-2.423.547, T-2.431.624, T-2.431.634,
T-2.435.250, T-2.437.565, T-2.439.556, T-2.444.711, T-2.444.714 y T-2.444.716.
Accionantes:
Liliana Salas Vivanco, Dagoberto Meléndez Martínez, Katerine González
Gutiérrez, Ana Beatriz Pertuz Castro, Víctor Alfonso González Cortez, José
Ibarnoe Pino Heredia, Olga Isabel Medina Ochoa, Manuel de Jesús Herrera
González, Yoleida del Carmen Monterroza Chávez, Nergida Rosa Torres Rivera y
Petrona Elena Castro Novoa.
Accionado:
Agencia Presidencial para la Acción Social y La Cooperación Internacional –
Acción Social –.
Fallos
objeto de revisión: T-2.371.147 Sentencia del Juzgado Décimo
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, del 2 de julio de
2009, que negó el amparo (sin impugnación); T-2.375.261 Sentencia
del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena de Indias, del 8
de diciembre de 2009 que negó el amparo (sin impugnación); T-2.423.547
Sentencia del Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, del 4 de
agosto de 2009 que negó el amparo (sin impugnación); T-2.431.624 Sentencia
del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta, del 20 de noviembre de
2008 que negó el amparo (sin impugnación); T-2.431.634 Sentencia
del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta, del 1º de abril de
2009 que negó el amparo (sin impugnación); T-2.435.250 Sentencia
de la Sala de Decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda,
del 10 de septiembre de 2009, que confirmó el fallo de tutela proferido por el
Juzgado Segundo Administrativo de Pereira, el 30 de julio de 2009 que negó el
amparo; T-2.437.565 Sentencia del Juzgado Séptimo Penal del
Circuito de Barranquilla, del 24 de agosto de 2009 que negó el amparo (sin
impugnación); T-2.439.556 Sentencia del Juzgado Quinto Civil del
Circuito de Barranquilla, del 28 de agosto de 2009 que negó el amparo (sin
impugnación); T-2.444.711 Sentencia del Juzgado Primero Penal del
Circuito de Sincelejo –Sucre, del 14 de julio de 2009 que negó el amparo (sin
impugnación); T-2.444.714 Sentencia del Juzgado Primero Penal del
Circuito de Sincelejo –Sucre, del 14 de julio de 2009 que negó el amparo (sin
impugnación); T-2.444.716 Sentencia del Juzgado Primero Penal del
Circuito de Sincelejo –Sucre, del 6 de julio de 2009 que negó el amparo (sin
impugnación).
Magistrados
de la Sala Segunda de Revisión: Mauricio González Cuervo, Juan Carlos Henao
Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Magistrado
Ponente: Mauricio González Cuervo.
I. ANTECEDENTES.
1. Demandas y
pretensiones.
1.1. Elementos de las
demandas.
Los accionantes interpusieron
demandas de tutela contra la entidad accionada, en los siguientes términos:
- Derechos fundamentales
invocados: derechos a la vida digna, a la igualdad, al mínimo vital, a la
seguridad social, a la salud, al debido proceso, a la vivienda digna, al
derecho de petición, a la estabilidad socioeconómica y a la especial protección
de la población desplazada.
- Conducta que causa la
vulneración: la falta de respuestas de fondo, clara y oportunas a los
derechos de petición interpuestos por los accionantes, donde solicitaron la
entrega de las ayudas humanitarias contempladas en la Ley 387 de 1997 por parte
de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional – Acción Social-, así como la negativa de
dicha entidad de inscribir en el RUPD a una de las demandantes y a su menor
hija.
- Pretensión de los
accionantes: i) ordenar a Acción Social
responder los derechos de petición presentados en los cuales solicitan la prórroga
de la ayuda humanitaria de emergencia contemplada en la Ley 387 de 1997, al igual
que otros componentes sobre los que afirman tener derecho; ii) en uno de los
casos, la accionante solicitó ordenar a Acción social la inscripción en el
registro único de población desplazada RUPD.
1.2. Caso 1. Expediente
T-2.371.147[1]:
1.2.1. Fundamentos de
la pretensión:
-. La señora Liliana Salas
Vivanco, de 42 años de edad[2], manifestó que es oriunda
de la vereda las Caras del corregimiento de Clemencia, jurisdicción del
departamento de Bolívar, de donde a causa de la violencia, en el año 2008,  fue
desplazada junto con su compañero y sus 4 hijos a la ciudad de Cartagena[3],
motivo por el cual fue inscrita en el Sistema Único de Registro – SUR,
situación que pretende demostrar adjuntando copia del formulario único de
afiliación y traslado al régimen subsidiado (SISBEN), el cual ubican a la
familia como desplazados y donde se relacionan los nombres de 5 hijos de la
señora Liliana Salas Vivanco, a quién reseñan como cabeza de hogar[4].
-. La accionante afirmó que acudió
en repetidas ocasiones a los entes encargados de proveer las ayudas a la
población desplazada, entre ellos Acción Social de Bolívar, quienes siempre le
negaron lo solicitado[5].
Así mismo sostuvo que la entidad accionada ha realizado varias visitas
domiciliarias, pero siempre le ha manifestado que debe volver a realizar
visitas a su residencia[6] sin que se
resuelva definitivamente sobre la provisión de las ayudas.
-. El 11 de marzo de 2009, la
accionante presentó derecho de petición ante Acción
Social, seccional Bolívar, solicitando a la entidad hacerle entrega de
las ayudas humanitarias de emergencia como son alimentación, alojamiento,
arriendo desde el año 2008 hasta el mes de marzo de 2009 equivalente a
$4.307.329,oo, transporte y ubicación de vivienda, estabilidad socioeconómica
(microempresa) por valor de $40.000.000,oo y tierras[7],
pero hasta la fecha de la presentación de la tutela no había recibido respuesta
a su solicitud[8].
-. Las ayudas concretas que la señora Vivanco pretende le sean reconocidas
y entregadas por la entidad accionada son[9]:
1) Tres (03)
meses de asistencia alimentaria de manera indefinida, equivalente a 13 meses a
la presentación de esta acción desde el año 2008 […] para un valor en dinero
por la suma de […] ($4,307.329.oo)
2) Proyectos
Productivos (MICROEMPRESA) por la suma de […] ($40.000.000.oo).
3) Tres (03)
meses de apoyo de Alojamiento Temporal y suministro de Kits (Cocina, Habitad
(sic) y Aseo), para un valor en dinero por la suma de […] ($745.350 oo).
4) Tres (03)
meses de apoyo de Transporte Temporal, para un valor en dinero por la suma de
[…] ($745.350.oo).
1.2.2. Respuesta de Acción
Social. El juzgado de conocimiento le concedió el término de dos días, para
que ejerciera su defensa, los que transcurrieron en silencio[10].
1.2.3.  Decisión de tutela
objeto de revisión: Sentencia del Juzgado Décimo Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Cartagena, del 2 de julio de 2009[11]. (Sin
impugnación)
-. Negó por improcedente el
amparo solicitado. Consideró que no existe prueba siquiera sumaria demostrativa
de que la señora Liliana Salas Vivanco se encuentre inscrita en el Registro
Único de la Población Desplazada que maneja la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional, ni tampoco acerca de la renuencia
de la entidad accionada a brindar la ayuda requerida por la accionante en la
condición de desplazada que afirma tener.
-. Sostuvo que la copia simple
que obra en el expediente de un formulario único de afiliación y traslado al
régimen subsidiado para beneficiarios del subsidio de salud (SISBEN), de fecha
24 de septiembre de 2008, donde aparece la accionante como beneficiaria tanto
ella como su grupo familiar de este servicio de salud, no puede suplir el
certificado que se debe expedir a la accionante, donde se acredite al despacho
que la misma se encuentra inscrita en el registro único de desplazados.
-. En conclusión señaló que la
accionante no ha cumplido con los requisitos mínimos indispensables para
recibir las ayudas humanitarias de que gozan las personas en condición de
desplazadas por la violencia.
1.3. Caso 2. Expediente
T-2.375.261[12]:
1.3.1. Fundamentos de
la pretensión:
-. El señor Dagoberto Meléndez
Martínez, de 55 años de edad[13], manifestó que es
oriundo del corregimiento de San José del Peñón, municipio de San Juan de
Nepomuceno del departamento de Bolívar, de donde a causa de la violencia en el
año 2002 fue desplazado junto con su compañera y sus 5 hijos a la ciudad de
Cartagena en el año 2002[14], e inscrito en el
Sistema Único de Registro – SUR. Como prueba obra un certificado expedido por la
Personería Municipal de San Juan Nepomuceno, donde se hace constar que el
accionante es una persona desplazada por la violencia[15].
-. El accionante afirmó que ha
acudido en repetidas ocasiones a los entes encargados de proveer las ayudas a
la población desplazada, entre ellos Acción Social de Bolívar, los que siempre
le negaron la provisión de lo solicitado y, con ello, le impidieron el acceso a
los elementos mínimos de supervivencia y reasentamiento, sobre los que
considera tiene derecho[16].
Así mismo, señaló que funcionarios de la accionada han ido a su casa, pero siempre
le dicen que deben hacer otra visita en su residencia[17]
sin que se resuelva definitivamente sobre la provisión de las ayudas.
-. El 25 de agosto de 2009, el
accionante presentó derecho de petición[18]
ante la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional – Acción Social –, seccional Bolívar, y ante la
Personería de la Alcaldía municipal de San Juan de Neponuceno – Bolívar – ,
en el que solicitó se le expidiera un certificado donde constara la fecha en la
que declaró ante esa entidad su calidad de desplazado y se le suministraran las
ayudas de alimentación, alojamiento, arriendo, transporte, ubicación de
vivienda, estabilidad socioeconómica y tierra, pero
hasta la fecha de la presentación de la tutela no había recibido respuesta a su
solicitud[19].
-. Las ayudas concretas que la señora Vivanco pretende le sean
reconocidas y entregadas por la entidad accionada son [20]:
1) Tres (03)
meses de asistencia alimentaria de manera indefinida, equivalente a 80 meses a
la presentación de esta acción desde el año 2002 […] para un valor en dinero
por la suma de […] ($24.613.360.oo)
2) Tres (03)
meses de apoyo de Alojamiento Temporal y suministro de Kits (Cocina, Habitad
(sic) y Aseo), para un valor en dinero por la suma de […] ($745.350 oo)”.
3) Tres (03)
meses de apoyo de Transporte Temporal, para un valor en dinero por la suma de
[…] ($745.350.oo)”.
1.3.2. Respuesta de Acción
Social.
-. El 14 de mayo de 2009 la
Subdirectora de Atención a la Población Desplazada Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional[21], solicitó al A quo,
negar por improcedente la acción presentada por el accionante toda vez que la
accionada no ha violado derecho fundamental alguno del demandante y por
configurarse un hecho superado[22], fundamentó su petición
así:
-. Analizada la base de datos,
se encontró que efectivamente el accionante se encuentra inscrito en el
Registro Único de Población Desplazada desde el 9 de octubre de 2002. Dado lo
anterior, se dispuso a favor del núcleo familiar del actor la entrega
complementaria de la atención humanitaria de emergencia, consistente en 2
mercados y 2 alojamientos.
-. Destacó, que respecto a la
estabilización socioeconómica, que comprende aspectos como salud, educación,
vivienda, inserción a la dinámica productiva de la ciudad y generación de
ingresos, estos eran de competencia de la administración municipal respectiva y
determinó que hacia ella debe dirigir las peticiones del accionante, aunque
había otros programas de ejecución conjunta con Acción Social a los que podía
inscribirse directamente ante las Unidades de Atención y Orientación, como por
ejemplo Familias en Acción. Igualmente se refirió a otras entidades a las
cuales el actor podía acudir para solicitar las ayudas, como lo son el SENA, el
INCODER, el Banco Agrario, CORVIVIENDA, el ICBF y las Cajas de Compensación
Familiar.
-. En relación con el derecho
de petición presentado por el señor Dagoberto Meléndez Martínez, señaló que fue
contestado de manera clara y de fondo, y que la misma fue enviada al
accionante, adjuntado copia de la respuesta[23].
1.3.3. Decisión de
tutela objeto de revisión: Sentencia del Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Cartagena de Indias, del 8 de diciembre de 2009. (Sin impugnación)[24].
-. No tuteló los derechos
invocados. Consideró que el material probatorio aportado no permite tener
certeza que la entidad demandada haya desconocido los derechos del accionante,
ya que, lo primero que debe hacerse por parte de las personas que se encuentren
en la situación de desplazamiento forzado, es poner en conocimiento de las
autoridades competentes las condiciones bajo las cuales se encuentran, es
decir, que las personas desplazadas se deben acercar ya sea ante la
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo o ante las
Personerías Distritales y Municipales, con el fin de que éstas conozcan el
caso  e inmediatamente remitan a la entidad accionada – Acción Social – cada
caso particular, lo cual no se cumple en el presente caso.
-. Señaló que la copia simple
que obra en el expediente del certificado expedido por la Personería Municipal
de San Juan Nepomuceno, donde se hace constar que el accionante fue una persona
desplazada por la violencia, no reúne las exigencias para considerarla como una
declaración de desplazamiento pues esta, se debía hacer en unos formatos únicos
adoptados por la red de solidaridad social de acuerdo con el artículo 32 de la
Ley 982 de 2005 que modifico el artículo 32 de la Ley 387 de 1997, además que
no son las personerías las entidades autorizadas para certificar dicha
situación, sino solo para recibir la declaración que no es más que un relato
libre, espontáneo, preciso y circunscrito que hace la persona que sufre
desplazamiento. Por tal motivo no existe en este asunto tal declaración de
desplazado.
1.4. Caso 3. Expediente
T-2.423.547[25]:
1.4.1. Fundamentos de
la pretensión:
-. La señora Katerine González
Gutiérrez, de 21 años de edad[26], manifestó que el 18 de
diciembre de 2008 se vio en la obligación de desplazarse del municipio de Tarazá,
Antioquia, donde residía, a la ciudad de Medellín, al ser víctima de los grupos
armados.
-. El 08 de enero de 2009
rindió declaración juramentada ante la Personería de  Medellín relatando lo
siguiente[27]:
[Y]o vivía en el pueblo de Terazá (sic) con mi hija en
una casa arrendada, llevaba 4 años viviendo allá, vendía lociones y ropa que
compraba en Medellín, estaba bien lo malo era la violencia por parte de los
paramilitares y la guerrilla pero los que están en el pueblo son los
paramilitares y estos están matando mucha gente y dicen que es para traer nueva
gente, y la gente de miedo casi no salía, pasaban todos los días en motos por
el pueblo vigilando y todos los días aparecían uno o dos muertos y tenían una
lista donde decían a los que iban a matar y ya habían matado más de la mitad de
esa gente y me dí cuenta de que en esa lista estaba yo y yo no creía y cada día
escuchaba mas a los vecinos de que yo estaba en esa lista y como me dio miedo
salí con mi hija para Medellín antes de que me hicieran algo y deje mis pertenencias
y la moto, y el día 07 de enero de 2009 nos enteramos que mataron a una joven
de 16 años y a un joven que manejaba una moto taxi porque el pueblo es cada día
mas peligroso y por eso no podemos regresar y necesitamos que por favor nos
ayuden porque estamos muy mal.
-. El 14 de enero fue
recepcionada la anterior declaración en la Unidad Territorial de Antioquia y
una vez valorada jurídicamente, Acción Social, mediante resolución No.
5001116384 le negó la inclusión a ella y a su menor hija en el Registro Único
de Desplazados, argumentando que de la declaración “no se deduce la
existencia de las circunstancias de hecho previstas en el articulo 1º de la Ley
387 de 1997, de acuerdo con lo señalado en el numeral 2 del artículo 11 del
Decreto 2569 de 2000.” Lo anterior teniendo en cuenta que
[A]l consultar tanto con las autoridades civiles y
municipales, como con las fuentes periodísticas de la región, para confirmar la
versión de la deponente en cuanto a la presencia de grupos al margen de la ley
en la zona, se verificó que durante esa fecha no ha hecho presencia en la zona
ese grupo al margen de la ley. Así las cosas se infiere que la salida de la
deponente fue debido a circunstancias distintas a las enmarcadas dentro de
nuestro Ordenamiento Jurídico Nacional con respecto del (sic) fenómeno del
desplazamiento.
-. Frente a la resolución
mencionada la accionante interpuso recursos de reposición y apelación
respectivamente, los cuales estaban en curso al momento de presentar la demanda
de tutela.
-. La petición concreta de la
accionante es ordenar a la entidad accionada, incluirla a ella y a su hija en
el Registro Único de Población Desplazada “sin más dilaciones y
procedimientos engorrosos como es el recurso de reposición y el de apelación.”
1.4.2. Respuesta de Acción
Social.
-. El 03 de agosto de 2009 la
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional[28], solicitó al A quo,
negar la acción presentada por la señora Katerine González Gutiérrez toda vez
que la accionada no ha violado derecho fundamental alguno de la accionante[29],
fundamentó su petición así:
-. Mediante resolución No.
5001116384 del 04 de febrero de 2009 negó la inclusión de la accionante en el
RUPD, luego de realizar el estudio de los hechos que ocasionaron el
desplazamiento de la demandante, determinando que la declaración rendida se
encuentra dentro del marco de las causales de NO INSCRIPCIÓN en el RUPD,
específicamente, la negativa se basó en el articulo 11 del Decreto 2569 de
2000, que consagra como causal para la no inclusión: “2. cuando existan
razones objetivas y fundadas para concluir que de la misma no se deduce la
existencia de las circunstancias de hecho previstas en el articulo 1º de la ley
387 de 1997.”
-. La señora González
interpuso recurso de reposición y apelación contra la anterior resolución, los
cuales para la fecha se encuentran en trámite.
1.4.3. Decisión de
tutela objeto de revisión: Sentencia del Juzgado Once Laboral del Circuito de
Medellín, del 4 de agosto de 2009. (Sin impugnación)[30].
-. Negó por improcedente el
amparo. Consideró que la accionante cuenta con otros mecanismos de defensa
judicial, ya sea agotando los recursos de la vía gubernativa o acudiendo a la
jurisdicción contencioso administrativa para solicitar la nulidad del acto
administrativo que negó la inclusión de ella y de su hija en el Registro Único
de Desplazados.
-. Por otra parte, argumentó
que: “A este despacho le queda casi improbable demostrar, que los hechos
acontecidos obedecieron a motivos ideológicos, políticos, grupos al margen de
la ley u otros que ameriten ubicar el caso dentro del marco del conflicto
armado interno del país y no a otras situaciones que encajan dentro de las
protegidas por el Estado a través de la ley 418 de 1997, tal situación merece
ser demostrada ante la autoridad competente y el no cumplimiento a sus
disposiciones los excluye de dicha ayuda, menos aun se les puede dar crédito a
las afirmaciones de oídas y de comentarios y con base en éstas reconocer su
calidad de víctima de la violencia armada para poder acceder de esta manera a
las garantías que ello genera.”
1.5. Caso 4. Expediente
T-2.431.624[31]:
1.5.1. Fundamentos de
la pretensión:
-. La señora Ana Beatriz
Pertuz Castro, de 39 años de edad[32], manifestó que el 8 de
mayo de 2005 fue víctima del delito de desplazamiento forzado, viéndose en la
obligación de desplazarse a la ciudad de Santa Marta, donde Acción Social la incluyó
en el Registro Único para al Población Desplazada.
-.  A pesar de haber solicitado
en varias oportunidades las ayudas humanitarias que proporciona el gobierno
para estos casos como son  el arriendo, subsidio de vivienda, alimentación y
estabilidad económica, la entidad accionada se ha sustraído de sus
responsabilidades, por lo que a la fecha no ha logrado estabilizarse
económicamente con su familia.
-. La petición concreta del
accionante es ordenar a Acción Social la prórroga de las ayudas humanitarias en
todos sus componentes.
1.5.2. Respuesta de Acción
Social. El juzgado de conocimiento le concedió a la accionada el término de
tres días, para que ejerciera su defensa, los que transcurrieron en silencio[33].
1.5.3. Decisión de
tutela objeto de revisión: Sentencia del Juzgado Tercero Laboral del Circuito
Judicial de Santa Marta, del 20 de noviembre de 2008. (Sin impugnación)[34].
-. Negó por improcedente el
amparo por carecer de elementos de juicio que permitiera inferir la violación
de derechos fundamentales constitucionales que señala la accionante en su
escrito de tutela. Fundamentó su decisión en que la demanda se encuentra
desprovista de todo medio probatorio que permitiese concluir que la accionante
tiene la calidad de desplazada, ausencia que no permite tomar una decisión en el
fondo encaminada a conceder la protección solicitada.
1.6. Caso 5. Expediente
T-2.431.634[35]:
1.6.1. Fundamentos de
la pretensión:
-. El señor Víctor Alfonso
González Cortez, de 25 años de edad[36], manifestó que es
desplazado por la violencia y por la misma razón incluido en el Registro Único
de Población Desplazada desde el 16 de mayo de 2003[37].
-. Alegó en la demanda de tutela
que el 03 de marzo de 2009 presentó derecho de petición ante Acción Social[38]
pero que “la sra funcionaria Nubis Delgado se negó (sic) a recibírmelo.”
En el escrito solicitaba la prórroga de ayuda humanitaria y el beneficio de
generación de ingreso.
1.6.2. Respuesta de Acción
Social.
-. El 13 de abril de 2009 la
Subdirectora de Atención a la Población Desplazada Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional[39], solicitó al A quo,
negar por improcedente la acción presentada por el accionante toda vez que la
entidad accionada no ha violado derecho fundamental alguno al del accionante[40],
fundamentó su petición así:
-. Analizada la base de datos,
se encontró que efectivamente el accionante se encuentra inscrito en el
Registro Único de Población Desplazada desde el 16 de mayo de 2003. Dado lo
anterior, informó que al demandante se le ha entregado componentes de ayuda
humanitaria, razón por la cual solicitaron al despacho informar al señor
González Cortez que se acerque a la Unidad de Atención y Orientación para
programar una entrevista domiciliaria a fin de determinar la situación real del
actor y con ello verificar la procedencia o no de la ampliación de la ayuda
humanitaria.
-. Destacó que respecto a la
estabilización socioeconómica, que comprende aspectos como salud, educación,
vivienda, inserción a la dinámica productiva de la ciudad y generación de
ingresos, estos eran de competencia de la administración municipal respectiva y
determinó que hacia ella debe dirigir las peticiones del accionante, aunque
había otros programas de ejecución conjunta con Acción Social a los que podía
inscribirse directamente ante las Unidades de Atención y Orientación, como por
ejemplo Familias en Acción. Igualmente se refirió a otras entidades a las
cuales el actor podía acudir para solicitar las ayudas, como lo son el SENA, el
INCODER, el Banco Agrario, CORVIVIENDA, el ICBF y las Cajas de Compensación
Familiar.
-. En relación con el derecho
de petición presentado por el señor Víctor Alfonso González Cortez, no se
pronunció.
1.6.3. Decisión de tutela
objeto de revisión: Sentencias del Juzgado Laboral del Circuito Judicial de
Santa Marta, del 01 de abril de 2009. (Sin impugnación)[41].
-. Negó por improcedente el
amparo por carecer de elementos de juicio que permitiera inferir la violación
de derechos fundamentales constitucionales que señala la accionante en su
escrito de tutela. Fundamentó su decisión en que la demanda se encuentra
desprovista de todo medio probatorio que permitiese concluir que la accionante
tiene la calidad de desplazada, así como tampoco probó haber presentado derecho
de petición ante la accionada para acceder a las ayudas solicitadas por vía de
tutela.
1.7. Caso 6. Expediente
T-2.435.250[42]:
1.7.1. Fundamentos de
la pretensión:
-. El señor José Ibarnoe Pino
Heredia manifestó que él y sus tres hijos, de 7, 15 y 17 años, son desplazados
por la violencia, que se encuentra desempleado por lo que no cuenta con medios
económicos para pagar el arriendo, la alimentación y los servicios públicos.
Aseguró que desde hace 6 meses ha solicitado a Acción Social una prórroga de
ayuda humanitaria, sin obtener respuesta alguna por parte de la entidad.
-. La petición concreta del actor
es ordenar a acción social le responda la solicitud de prórroga y haga entrega
efectiva de las ayudas humanitarias a que tiene derecho.
1.7.2. Respuesta de Acción
Social. El juzgado de conocimiento le concedió a la accionada el término de
dos días, para que ejerciera su defensa, los que transcurrieron en silencio[43].
1.7.3. Sentencia objeto de
revisión:
1.7.3.1. Primera instancia:
Sentencia del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pereira –
Risaralda –, del 30 de julio de 2009[44].
Negó el amparo solicitado.
Consideró que si bien el accionante está registrado como desplazado no aportó
prueba de haber solicitado la prórroga de la ayuda humanitaria, por lo tanto,
para que el actor pueda acceder a todas las ayudas solicitas por vía de tutela,
debe acudir a las oficinas correspondientes para hacer la solicitud respectiva
y, previas las verificaciones del caso, aquella dispondrá si accede o no.
1.7.3.2. Impugnación.
El señor José Ibarnoe Pino
Heredia impugnó el fallo alegando que él sí solicitó la prórroga de la ayuda
humanitaria ante Acción Social, tanto fue así que recibió respuesta por parte
de dicha entidad indicando que verificarían sus condiciones para decidir sobre
la procedencia o no de la prórroga, pero a la fecha no ha le han hecho la
visita domiciliaria. Como prueba adjunta la respuesta referida[45].
1.7.3.3. Segunda instancia:
Sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, Sala de
Decisión, 10 de septiembre de 2009.
Confirmó el fallo del juez de
primera instancia. Consideró que la respuesta de la entidad accionada está
acorde con los lineamientos señalados por la jurisprudencia, reuniendo los
requisitos para dar por contestado tal derecho. Además, consideró que Acción
Social ha proporcionado los beneficios previstos en la normatividad vigente
para la población desplazada, teniendo en cuenta que en la respuesta de la
entidad accionada se menciona que “el señor José Ibarnoe Pino Heredia y su
núcleo familiar fueron atendidos por el Operador COMFAMILIAR RISARALDA convenio
016/08 con la ayuda humanitaria de emergencia y en proyecto productivo
recibieron Capital Semilla valor de $1.360.000 en noviembre 11 de 2008.”
1.8. Caso 7. Expediente
T-2.437.565[46]:
1.8.1. Fundamentos de
la pretensión:
-. La señora Olga Isabel Medina
Ochoa, de 48 años de edad[47], manifestó que es
desplazada de la población de Salao corregimiento del Carmen de Bolívar por lo
que actualmente vive en la ciudad de Barranquilla. Su calidad de desplazada lo
prueba con una certificación expedida por la Unidad de Atención y Orientación a
la Población Desplazada UAO Soledad, donde consta que desde el 14 de marzo de
2000 la accionante fue inscrita en el Registro Único de Población Desplazada.
-. Concretamente solicita la prórroga
de las ayudas humanitarias de emergencia, ya que Acción Social aduce que ella
no tiene derecho por haber declarado hace muchos años[48].
1.8.2. Respuesta de Acción
Social. El juzgado de conocimiento le concedió a la accionada el término de
dos días, para que ejerciera su defensa, los que transcurrieron en silencio[49].
1.8.3. Decisión de tutela
objeto de revisión: Sentencia del Juzgado Segundo Séptimo Penal del Circuito de
Barranquilla, del 24 de agosto de 2009. (Sin impugnación)[50].
-. Negó el amparo
solicitado. Consideró que si bien es cierto que está probado que la accionante
es víctima del desplazamiento forzado, “no aporta en el libelo de la demanda
ni en el discurrir de la actuación certificación de la AGENCIA PRESIDENCIAL
PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL SEDE BARRANQUILLA, donde
conste que ha sido registrada como tal.”
1.9. Caso 8. Expediente
T-2.439.556[51]:
1.9.1. Fundamentos de
la pretensión:
-. El señor Manuel de Jesús
Herrera González, de 43 años de edad[52], manifestó que es
desplazado por la violencia y por la misma razón incluido en el Registro Único
de Población Desplazada desde el 23 de octubre de 2000[53].
-. El 26 de junio de 2009
presentó derecho de petición ante Acción Social[54]
solicitando la prórroga de ayuda humanitaria, sin obtener respuesta alguna por
parte de la entidad accionada.
1.9.2. Respuesta de Acción
Social.
-. El 28 de agosto de 2009 la
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional[55], solicitó al juez, negar
la acción presentada por el señor Manuel de Jesús Herrera González toda vez que
la entidad accionada no ha violado derecho fundamental alguno del accionante[56],
fundamentó su petición así:
-. El actor se encuentra
incluido en el RUPD desde el 23 de octubre del año 2000, su núcleo familiar
esta compuesto por su esposa y 5 hijos.
-. Conforme con la información
que reposa en la entidad, al demandante y a su núcleo familiar le ha sido
entregada la ayuda humanitaria de emergencia, discriminada en: i) 1 auxilio de
arriendo mensual por valor de $300.000.oo; y ii) 3 mercados y kit de aseo. Con
relación a la prestación del servicio de salud, aseguran que el actor se
encuentra como beneficiario del régimen subsidiado del sistema de seguridad
social en salud a través de la EPSS COOSALUD desde el 01 de octubre de 2004.
-. En cuanto a la prórroga
solicitada por el señor González, aseguró que “a la población desplazada en
ningún momento se le asegura que su prórroga vaya a ser aprobada ni que la
misma constituya un derecho, siento que esta es EXCEPCIONAL y por lo tanto,
debe verificarse las circunstancias de vulnerabilidad según las circunstancias
propias de cada familia, acorde con la ley y la jurisprudencia.”
-. Destacó que respecto a la
estabilización socioeconómica, que comprende aspectos como salud, educación,
vivienda, inserción a la dinámica productiva de la ciudad y generación de
ingresos, estos eran de competencia de la administración municipal respectiva y
determinó que hacia ella debe dirigir las peticiones del accionante, aunque
había otros programas de ejecución conjunta con Acción Social a los que podía
inscribirse directamente ante las Unidades de Atención y Orientación, como por
ejemplo Familias en Acción. Igualmente se refirió a otras entidades a las
cuales el actor podía acudir para solicitar las ayudas, como lo son el SENA, el
INCODER, el Banco Agrario, CORVIVIENDA, el ICBF y las Cajas de Compensación
Familiar.
1.9.3. Decisión de tutela
objeto de revisión: Sentencia del Juzgado Quinto Civil del Circuito de
Barranquilla, del 28 de agosto de 2009. (Sin impugnación)[57].
-. Negó el amparo solicitado.
Consideró que la entidad accionada logró desvirtuar las afirmaciones realizadas
por el actor, en razón a que esa entidad realizó dentro del marco de su
competencia todas y cada una de las gestiones dando cumplimiento a lo señalado
en la ley. Además, incitó al accionante para que se acercara a la oficina de la
UAO para que allí le den la orientación correspondiente para acceder de manera
efectiva a los programas de atención a la población desplazada.
1.10. Caso 9. Expediente
T-2.444.711[58]:
1.10.1. Fundamentos de
la pretensión:
-. La señora Yoleida del Carmen
Monterroza Chávez, manifestó que como desplazada presentó el 22 de abril de 2009
a la coordinadora de la unidad territorial de la red de solidaridad social de
Sincelejo – Sucre –, un derecho de petición manifestando que si bien hace algún
tiempo recibió por parte de Acción Social, ayuda humanitaria de emergencia,
actualmente siendo madre cabeza de familia, se encuentra desempleada y con
problemas de salud, por lo que solicitó la prórroga de la ayuda humanitaria[59].
Como respuesta a dicha petición le dijeron que le iban a realizar una visita,
sin que hasta la fecha haya sido realizada.
-. La petición concreta de la
accionante es ordenar a Acción Social la prórroga de las ayudas humanitarias en
todos sus componentes.
1.10.2. Respuesta de Acción
Social.
-. El 10 de julio de 2009 la
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional[60], solicitó al juez, negar
la acción presentada por la señora Yoleida del Carmen Monterroza Chávez toda
vez que la entidad accionada no ha violado derecho fundamental alguno de la
accionante[61], fundamentó su petición
así:
-. La actora se encuentra
incluido en el RUPD desde el 13 de marzo del año 2004, su núcleo familiar esta
compuesto por su esposo y 1 hijo.
-. Conforme con la información
que reposa en la entidad, a la demandante y a su núcleo familiar le ha sido
entregada la ayuda humanitaria de emergencia y fue afiliada en el programa
Familias en Acción desde el 29 de julio de 2007.
-. Destacó que respecto a la
estabilización socioeconómica, que comprende aspectos como salud, educación,
vivienda, inserción a la dinámica productiva de la ciudad y generación de
ingresos, estos eran de competencia de la administración municipal respectiva y
determinó que hacia ella debe dirigir las peticiones del accionante. Igualmente
se refirió a otras entidades a las cuales la accionante podía acudir para
solicitar las ayudas, como lo son el SENA, el INCODER, el Banco Agrario,
CORVIVIENDA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.
1.10.3. Decisión de tutela
objeto de revisión: Sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito de
Sincelejo, del 14 de julio de 2009. (Sin impugnación)[62].
Declaró improcedente la solicitud
de amparo. Consideró que la prórroga solicitada debe someterse a las
disposiciones legales, puesto que “todas las solicitudes se deben
centralizar en la sede central en la capital del país que mantiene la entidad
accionada lo cual conlleva a su vez una altísima complejidad que lleva a
estimar que la atención en las peticiones como la que en este caso hace la
accionante se atienda conforme al cronograma de ingreso de las solicitudes,
conllevando esto a que resulte razonable que a la mencionada accionante no se
le atienda la petición conforme a los presupuestos planteados dentro de la
legislación contenciosa administrativa reflejada en el código que regula esto”.
Por otra parte estimó que no existe prueba que acreditara el estado calamitoso
en que, según ella, se encuentra.
1.11. Caso 10. Expediente
T-2.444.714[63]:
1.11.1. Fundamentos de
la pretensión:
-. La señora Nergida Rosa Torres
Rivera, de 44 años de edad[64], manifestó que como
desplazada presentó el 15 de abril de 2009 a la coordinadora de la unidad
territorial de la red de solidaridad social de Sincelejo – Sucre –, un derecho
de petición manifestando que si bien hace algún tiempo recibió por parte de
Acción Social, ayuda humanitaria de emergencia, actualmente siendo madre cabeza
de familia, se encuentra desempleada y con problemas de salud, por lo que
solicitó la prórroga de la ayuda humanitaria[65]. Como respuesta a dicha
petición le dijeron que le iban a realizar una visita, sin que hasta la fecha
haya sido realizada.
-. La petición concreta de la
accionante es ordenar a Acción Social otorgar la prórroga de la ayuda
humanitaria.
1.11.2. Respuesta de Acción
Social. El juzgado de conocimiento le concedió a la accionada el término de
tres días, para que ejerciera su defensa, los que transcurrieron en silencio[66].
1.11.3. Decisión de tutela
objeto de revisión: Sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito de
Sincelejo, del 14 de julio de 2009. (Sin impugnación)[67].
Declaró improcedente la solicitud
de amparo. Consideró que la prórroga solicitada debe someterse a las
disposiciones legales, puesto que “todas las solicitudes se deben
centralizar en la sede central en la capital del país que mantiene la entidad
accionada lo cual conlleva a su vez una altísima complejidad que lleva a
estimar que la atención en las peticiones como la que en este caso hace la
accionante se atienda conforme al cronograma de ingreso de las solicitudes,
conllevando esto a que resulte razonable que a la mencionada accionante no se
le atienda la petición conforme a los presupuestos planteados dentro de la
legislación contenciosa administrativa reflejada en el código que regula esto”.
Por otra parte estimó que no existe prueba que acreditara el estado
calamitoso en que, según ella, se encuentra.
1.12. Caso 11. Expediente
T-2.444.716[68]:
1.12.1. Fundamentos de
la pretensión:
-. La señora Petrona Elena Castro
Novoa, de 22 años de edad[69], manifestó que como
desplazada presentó el 23 de abril de 2009 a la coordinadora de la unidad
territorial de la red de solidaridad social de Sincelejo – Sucre –, un derecho
de petición señalando que hasta el momento no ha recibido “ni medio kilo de
víveres por parte de la unidad territorial ni mucho menos solución a mis
problemas de vivienda, educación, recreación, ya que desde el mismo día que se
me practicó la visita la que realizaron que haberse percatado que la residencia
no cumplían con las condiciones básicas ni sanitarias.” Por lo anterior,
solicitó le fuera otorgada asistencia alimentaria, ayuda humanitaria, apoyo,
alojamiento, o subsidio de arriendo durante 3 meses y kit de habitación y
cocina, petición que no ha sido resuelta por Acción Social.
-. La petición concreta de la
accionante es ordenar a Acción Social otorgar la prórroga de la ayuda
humanitaria.
1.12.2. Respuesta de Acción
Social.  El juzgado de conocimiento le concedió a la accionada el término
de tres días, para que ejerciera su defensa, los que transcurrieron en silencio[70].
1.12.3. Decisión de tutela
objeto de revisión: Sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito de
Sincelejo, del 14 de julio de 2009. (Sin impugnación)[71].
Declaró improcedente la solicitud
de amparo. Consideró que de la misma redacción del contenido del derecho de
petición se entiende que la entidad accionada dijo que “no se le ha
respondido porque debe someterse a la espera de que se le practique la visita
domiciliaria para hacérsele el estudio pertinente para la aprobación de la
prolongación o prestación por primera vez de la ayuda, (…) es decir, que se le
ha hecho saber verbalmente como respuesta a lo planteado a su derecho de
petición por parte de la entidad accionada el mecanismo de procedencia de lo
solicitado.” Por otra parte estimó que no existe prueba que acreditara el
estado calamitoso en que, según ella, se encuentra.
2. Actuación cumplida por la
Corte Constitucional.
2.1. Mediante Autos del seis (6)
de octubre y del veinticinco (25) de noviembre de 2009, el Magistrado
Sustanciador solicitó las siguientes pruebas:
-
Auto del seis (6) de octubre de dos mil nueve (2009).
Primero. Por
Secretaría General de esta Corporación, OFÍCIESE a la Agencia Presidencial para
la Acción Social y la Cooperación Internacional de la Presidencia de la
República – Acción Social- para que allegue la información que repose en sus
archivos sobre los demandantes Liliana Salas Vivanco, identificada con Cédula
de Ciudadanía No. 23.140.285, y Dagoberto Meléndez Martínez, identificado con
Cédula de Ciudadanía No. 7.928.669. Específicamente, sobre su inscripción en el
Registro Único de Población  Desplazada, y las ayudas o beneficios que
hayan recibido.
Segundo. Por
Secretaría General de esta Corporación, COMISIÓNESE al Juzgado Trece (13)
Administrativo de Cartagena - Bolívar para que se practique la prueba que a
continuación se relaciona: recibir en declaración juramentada a la demandante
Liliana Salas Vivanco, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.140.285,
quien a través de su apoderado Erlin Zader Medina Pérez, recibe notificaciones
en su oficina ubicada en el Centro Sector La Matuna, Edificio Concasa, Oficina
903, Cartagena de Indias, con el fin responder lo siguiente:
1. Cuál es su actividad u oficio?
2. Cómo está  conformado su grupo familiar?
3. En qué  circunstancias y en qué época
ocurrió su desplazamiento?
4. Cuáles son sus condiciones actuales en cuanto a
situación económica, vivienda, salud y educación de sus hijos?
5. Qué  ayuda humanitaria ha recibido?.
Tercero. Por
Secretaría General de esta Corporación, COMISIÓNESE al Juzgado Segundo (2)
Administrativo de Cartagena – Bolívar - para que se practique la prueba que a
continuación se relaciona: recibir en declaración juramentada al demandante
Dagoberto Meléndez Martínez, identificado con Cédula de Ciudadanía No.
7.928.669, quien a través de su apoderado Erlin Zader Medina Pérez, recibe
notificaciones en su oficina ubicada en el Centro Sector La Matuna, Edificio
Concasa, Oficina 903, Cartagena de Indias, con el fin responder lo
siguiente:
1. Cuál es su actividad u oficio?
2. Cómo está  conformado su grupo familiar?
3. En qué  circunstancias y en qué época
ocurrió su desplazamiento?
4. Cuáles son sus condiciones actuales en cuanto a
situación económica, vivienda, salud y educación de sus hijos?
5. Qué  ayuda humanitaria ha
recibido?
Cuarto. El
término para cumplir con lo ordenado es de diez (10) días hábiles.
-
Auto del veinticinco (25) de noviembre de dos mil nueve (2009).
Primero. ORDENAR
que por Secretaría General se oficie a la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional de la Presidencia de la República
–Acción Social-, para que en el término de cinco (5) días siguientes a la
notificación de esta providencia, bajo los apremios legales, suministre a este
Despacho, la información que repose en sus archivos sobre los siguientes
demandantes:
1.
Respecto de la señora Katerine
González Gutiérrez, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.045.424.829 de
Tarazá –Antioquia. (Expediente T-2.423.547)
a)
En qué estado se encuentra la
solicitud de inscripción en el Registro Único de Población Desplazada de la
accionante y su grupo familiar.
b)
Si ya fueron resueltos los
recursos de reposición y apelación que la señora González Gutiérrez presentara
contra la Resolución No. 5001116384 del 4 de febrero de 2009, en caso
afirmativo en que sentido se resolvieron y con base en que consideraciones.
(anexar fotocopias de la Resolución No. 5001116384 del 4 de febrero de 2009 y
de las resoluciones mediante las cuales se resolvieron estos recursos). En caso
negativo, porque razón aun no han sido resueltos estos recursos.
c)
Qué ayudas o beneficios ha
recibido la señora González Gutiérrez.
2.
Respecto de la señora Ana Beatriz
Pertuz Castro, identificada con cédula de ciudadanía No.52.448.288 de
Fundación–Magdalena. (Expediente T-2.431.624)
a) Si se encuentra inscrita en el Registro Único de
Población Desplazada, en caso afirmativo que ayudas o beneficios ha recibido y
en caso negativo, porque razón la accionante no ha sido inscrita en el Registro
Único de Población Desplazada.
3.
Respecto del señor Víctor Alfonso
González Cortez, identificado con cédula de ciudadanía No.84.459.978 de Santa
Marta–Magdalena. (Expediente T-2.431.634)
a) Qué ayudas o beneficios ha recibido como
desplazado.
b) En qué estado se encuentra la solicitud de prórroga
de la ayuda humanitaria presentada por el señor González Cortez, si ya se
autorizó, que ayuda le ha sido entregada efectivamente.
c) Si no se ha autorizado la prórroga de la ayuda
humanitaria, cual ha sido la razón, e igualmente informar si ya se realizó la
entrevista domiciliaria con el fin de determinar la situación real de la
población desplazada y la correspondiente ampliación de la ayuda solicitada, si
no es así, porque motivo aun no se ha constatado la situación del accionante y
que pruebas tienen de que el demandante haya logrado ya su reestablecimiento
socioeconómico.
-Para ser tenidas como sustento probatorio documental
de todo lo actuado y certificado, se permitirán hacer envío de copias
debidamente foliadas y autenticadas, de todas las actuaciones adelantadas en
relación con la petición del accionante.
4.
Respecto del señor José Ibarnoe
Pino Heredia, identificado con cédula de ciudadanía No.9.893.311 de Quinchía.
(Expediente T-2.435.250)
a) Qué ayudas o beneficios ha recibido como
desplazado.
b) En qué estado se encuentra la solicitud de prórroga
de la ayuda humanitaria presentada por el señor Pino Heredia, si ya se
autorizó, que ayuda le ha sido entregada efectivamente.
c) Si no se ha autorizado la prórroga de la ayuda
humanitaria, cual ha sido la razón, e igualmente informar si ya se realizó la
entrevista domiciliaria con el fin de determinar la situación real de la
población desplazada y la correspondiente ampliación de la ayuda solicitada, si
no es así, por qué motivo aun no se ha constatado la situación del accionante y
que pruebas tienen de que el demandante haya logrado ya su reestablecimiento
socioeconómico.
-Para ser tenidas como sustento probatorio documental
de todo lo actuado y certificado, se permitirán hacer envío de copias
debidamente foliadas y autenticadas, de todas las actuaciones adelantadas en
relación con la petición del accionante.
5.
Respecto de la señora Olga Isabel
Medina Ochoa, identificada con cédula de ciudadanía No.45.435.785 de Cartagena.
(Expediente T-2.437.565)
a) Si se encuentra inscrita en el Registro Único de
Población Desplazada, en caso afirmativo que ayudas o beneficios ha recibido y
en caso negativo, porque razón la accionante no ha sido inscrita en el Registro
Único de Población Desplazada.
6.
Respecto del señor Manuel de Jesús
Herrera González, identificado con cédula de ciudadanía No.5.082.545 de
Remolino. (Expediente T-2.439.556)
a) Qué ayudas o beneficios ha recibido como
desplazado.
b) En qué estado se encuentra la solicitud de prórroga
de la ayuda humanitaria presentada por el señor Herrera González, si ya se
autorizó, que ayuda le ha sido entregada efectivamente.
c) Si no se ha autorizado la prórroga de la ayuda
humanitaria, cúal ha sido la razón, e igualmente informar si ya se realizó la
entrevista domiciliaria con el fin de determinar la situación real de la
población desplazada y la correspondiente ampliación de la ayuda solicitada, si
no es así, por qué motivo aun no se ha constatado la situación del accionante y
que pruebas tienen de que el demandante haya logrado ya su reestablecimiento
socioeconómico.
-Para ser tenidas como sustento probatorio documental
de todo lo actuado y certificado, se permitirán hacer envío de copias
debidamente foliadas y autenticadas, de todas las actuaciones adelantadas en
relación con la petición del accionante.
7.
Respecto de la señora Yoleida del
Carmen Monterroza Chávez, identificada con cédula de ciudadanía No.23.178.756
de Sincelejo–Sucre. (Expediente T-2.444.711)
a) Qué ayudas o beneficios ha recibido como
desplazada.
b) En qué estado se encuentra la solicitud de prórroga
de la ayuda humanitaria presentada por la señora Monterroza Chávez, si ya se
autorizó, que ayuda le ha sido entregada efectivamente.
c) Si no se ha autorizado la prórroga de la ayuda
humanitaria, cúal ha sido la razón, e igualmente informar si ya se realizó la
entrevista domiciliaria con el fin de determinar la situación real de la
población desplazada y la correspondiente ampliación de la ayuda solicitada, si
no es así, por qué motivo aun no se ha constatado la situación de la accionante
y que pruebas tienen de que la demandante haya logrado ya su reestablecimiento
socioeconómico.
-Para ser tenidas como sustento probatorio documental
de todo lo actuado y certificado, se permitirán hacer envío de copias
debidamente foliadas y autenticadas, de todas las actuaciones adelantadas en
relación con la petición de la accionante.
8.
Respecto de la señora Nergida Rosa
Torres Rivera, identificada con cédula de ciudadanía No.64.518.342 de San
Onofre–Sucre. (Expediente T-2.444.714)
a) Qué ayudas o beneficios ha recibido como
desplazada.
b) En qué estado se encuentra la solicitud de prórroga
de la ayuda humanitaria presentada por la señora Torres Rivera, si ya se
autorizó, que ayuda le ha sido entregada efectivamente.
c) Si no se ha autorizado la prórroga de la ayuda
humanitaria, cúal ha sido la razón, e igualmente informar si ya se realizó la
entrevista domiciliaria con el fin de determinar la situación real de la
población desplazada y la correspondiente ampliación de la ayuda solicitada, si
no es así, por qué motivo aun no se ha constatado la situación de la accionante
y que pruebas tienen de que la demandante haya logrado ya su reestablecimiento
socioeconómico.
-Para ser tenidas como sustento probatorio documental
de todo lo actuado y certificado, se permitirán hacer envío de copias
debidamente foliadas y autenticadas, de todas las actuaciones adelantadas en
relación con la petición de la accionante.
9.
Respecto de la señora Petrona
Elena Castro Novoa, identificada con cédula de ciudadanía No.1.102.816.037 de
Sincelejo. (Expediente T-2.444.716)
a) Si se encuentra inscrita en el Registro Único de
Población Desplazada, en caso afirmativo qué ayudas o beneficios ha recibido y
en caso negativo, por qué razón la accionante no ha sido inscrita en el
Registro Único de Población Desplazada.
Segundo. Por Secretaría
General de esta Corporación, COMISIÓNESE al Juzgado Once (11) Laboral
del Circuito de Medellín, para que en el término de cinco (5) días siguientes a
la notificación de esta providencia, se practique la prueba que a continuación
se relaciona: recibir en declaración juramentada a la demandante Katerine
González Gutiérrez, identificada con cédula de ciudadanía No.1.045.424.829 de
Taraza –Antioquia, quien recibe notificaciones en la Calle 53 D No. 85E-46,
barrio calazania etapa 4[72], con el fin responder lo
siguiente:
1. Cuál es su actividad u
oficio?
2. Cómo está conformado su
grupo familiar?
3. En qué circunstancias y en
qué época ocurrió su desplazamiento?
4. Cuáles son sus condiciones
actuales en cuanto a situación económica, vivienda, salud y educación de sus
hijos?
5. Qué ayuda humanitaria ha
recibido?
Tercero. Por Secretaría
General de esta Corporación, COMISIÓNESE al Juzgado Tercero (3º) Laboral
del Circuito de Santa Marta, para que en el término de cinco (5) días
siguientes a la notificación de esta providencia, se practique la prueba que a
continuación se relaciona: recibir en declaración juramentada a la demandante
Ana Beatriz Pertuz Castro, identificada con cédula de ciudadanía No.52.448.288
de Fundación–Magdalena, quien recibe notificaciones en la Manzana 9 Casa 5 de la
Urbanización el Cisne, de Santa Marta[73], con el fin responder lo
siguiente:
1. Cuál es su actividad u
oficio?
2. Cómo está conformado su
grupo familiar?
3. En qué circunstancias y en
qué época ocurrió su desplazamiento?
4. Cuáles son sus condiciones
actuales en cuanto a situación económica, vivienda, salud y educación de sus
hijos?
5. Qué ayuda humanitaria ha
recibido?
Cuarto. Por Secretaría
General de esta Corporación, COMISIÓNESE al Juzgado Tercero (3º) Laboral
del Circuito de Santa Marta, para que en el término de cinco (5) días
siguientes a la notificación de esta providencia, se practique la prueba que a
continuación se relaciona: recibir en declaración juramentada al demandante
Víctor Alfonso González Cortez, identificado con cédula de ciudadanía
No.84.459.978 de Santa Marta– Magdalena, quien recibe notificaciones en la
Manzana L Casa 24B/ Garagoa /Santa Marta– Magdalena, con el fin responder lo
siguiente:
1. Cuál es su actividad u
oficio?
2. Cómo está conformado su
grupo familiar?
3. En qué circunstancias y en
qué época ocurrió su desplazamiento?
4. Cuáles son sus condiciones
actuales en cuanto a situación económica, vivienda, salud y educación de sus
hijos?
5. Qué ayuda humanitaria ha
recibido?
6. Si ha recibido respuesta a
su solicitud de prórroga de la ayuda humanitaria y en que términos, y si se le
han realizado las visitas domiciliarias por parte de la entidad accionada.
Quinto. Por Secretaría
General de esta Corporación, COMISIÓNESE al Juzgado Segundo (2º)
Administrativo del Circuito de Pereira, para que en el término de cinco (5)
días siguientes a la notificación de esta providencia, se practique la prueba
que a continuación se relaciona: recibir en declaración juramentada al
demandante José Ibarnoe Pino Heredia, identificado con cédula de ciudadanía
No.9.893.311 de Quinchía, quien recibe notificaciones en la Calle 3 No. 94B
Altagracia Barrio León Suárez -Pereira, con el fin responder lo siguiente:
1. Cuál es su actividad u
oficio?
2. Cómo está conformado su
grupo familiar?
3. En qué circunstancias y en
qué época ocurrió su desplazamiento?
4. Cuáles son sus condiciones
actuales en cuanto a situación económica, vivienda, salud y educación de sus
hijos?
5. Qué ayuda humanitaria ha
recibido?
6. Si ha recibido respuesta a
su solicitud de prórroga de la ayuda humanitaria y en que términos, y si se le
han realizado las visitas domiciliarias por parte de la entidad accionada.
Sexto. Por Secretaría
General de esta Corporación, COMISIÓNESE al Juzgado Séptimo (7º) Penal
del Circuito de Barranquilla, para que en el término de cinco (5) días
siguientes a la notificación de esta providencia, se practique la prueba que a
continuación se relaciona: recibir en declaración juramentada a la demandante
Olga Isabel Medina Ochoa, identificada con cédula de ciudadanía No.45.435.785
de Cartagena, quien recibe notificaciones en la Calle 47B No. 5B-22 Ciudadela
Metropolitana de Soledad, con el fin de responder lo siguiente:
1. Cuál es su actividad u
oficio?
2. Cómo está conformado su
grupo familiar?
3. En qué circunstancias y en
qué época ocurrió su desplazamiento?
4. Cuáles son sus condiciones
actuales en cuanto a situación económica, vivienda, salud y educación de sus
hijos?
5. Qué ayuda humanitaria ha
recibido?
Séptimo. Por Secretaría
General de esta Corporación, COMISIÓNESE al Juzgado Quinto (5º) Civil
del Circuito de Barranquilla, para que en el término de cinco (5) días
siguientes a la notificación de esta providencia, se practique la prueba que a
continuación se relaciona: recibir en declaración juramentada al demandante Manuel
de Jesús Herrera González, identificado con cédula de ciudadanía No.5.082.545
de Remolino, quien recibe notificaciones en la Carrera 8 Calle 1 No. 8-25
Barrio 7 de agosto de Barranquilla, con el fin responder lo siguiente:
1. Cuál es su actividad u
oficio?
2. Cómo está conformado su
grupo familiar?
3. En qué circunstancias y en
qué época ocurrió su desplazamiento?
4. Cuáles son sus condiciones
actuales en cuanto a situación económica, vivienda, salud y educación de sus hijos?
5. Qué ayuda humanitaria ha
recibido?
6. Si ha recibido respuesta a
su solicitud de prórroga de la ayuda humanitaria y en que términos, y si se le
han realizado las visitas domiciliarias por parte de la entidad accionada.
Octavo. Por Secretaría
General de esta Corporación, COMISIÓNESE al Juzgado Primero (1º) Penal
del Circuito de Sincelejo –Sucre, para que en el término de cinco (5) días
siguientes a la notificación de esta providencia, se practique la prueba que a
continuación se relaciona: recibir en declaración juramentada a la demandante
Yoleida del Carmen Monterroza Chávez, identificada con cédula de ciudadanía
No.23.178.756 de Sincelejo –Sucre, quien recibe notificaciones en la Manzana 12
lote 24 del Barrio Campo Alegre[74], con el fin de responder
lo siguiente:
1. Cuál es su actividad u
oficio?
2. Cómo está conformado su
grupo familiar?
3. En qué circunstancias y en
qué época ocurrió su desplazamiento?
4. Cuáles son sus condiciones
actuales en cuanto a situación económica, vivienda, salud y educación de sus
hijos?
5. Qué ayuda humanitaria ha
recibido?
6. Si ha recibido respuesta a
su solicitud de prórroga de la ayuda humanitaria y en que términos, y si se le
han realizado las visitas domiciliarias por parte de la entidad accionada.
Noveno. Por Secretaría
General de esta Corporación, COMISIÓNESE al Juzgado Primero (1º) Penal
del Circuito de Sincelejo –Sucre, para que en el término de cinco (5) días
siguientes a la notificación de esta providencia, se practique la prueba que a
continuación se relaciona: recibir en declaración juramentada a la demandante
Nergida Rosa Torres Rivera, identificada con cédula de ciudadanía No.64.518.342
de San Onofre –Sucre, quien recibe notificaciones en el Barrio 17 de septiembre
calle primera[75], con el fin de responder
lo siguiente:
1. Cuál es su actividad u
oficio?
2. Cómo está conformado su
grupo familiar?
3. En qué circunstancias y en
qué época ocurrió su desplazamiento?
4. Cuáles son sus condiciones actuales
en cuanto a situación económica, vivienda, salud y educación de sus hijos?
5. Qué ayuda humanitaria ha
recibido?
6. Si ha recibido respuesta a
su solicitud de prórroga de la ayuda humanitaria y en que términos, y si se le
han realizado las visitas domiciliarias por parte de la entidad accionada.
Décimo. Por Secretaría
General de esta Corporación, COMISIÓNESE al Juzgado Primero (1º) Penal
del Circuito de Sincelejo –Sucre, para que en el término de cinco (5) días
siguientes a la notificación de esta providencia, se practique la prueba que a
continuación se relaciona: recibir en declaración juramentada a la demandante
Petrona Elena Castro Novoa, identificada con cédula de ciudadanía
No.1.102.816.037 de Sincelejo, quien recibe notificaciones en el Barrio Nueva
Esperanza en la Carrera 16H de Sincelejo –Sucre, con el fin de responder lo
siguiente:
1. Cuál es su actividad u
oficio?
2. Cómo está conformado su
grupo familiar?
3. En qué circunstancias y en
qué época ocurrió su desplazamiento?
4. Cuáles son sus condiciones
actuales en cuanto a situación económica, vivienda, salud y educación de sus
hijos?
5. Qué ayuda humanitaria ha
recibido?
2.1.1. Con ocasión de las
pruebas solicitadas, los siguientes documentos fueron remitidos por la
Secretaría General de la Corte Constitucional al despacho del Magistrado
Sustanciador;
- Caso 1. Expediente T-2.371.147.
2.1.1.1. Acción Social manifestó que[76] analizada la base de
datos, efectivamente la señora Liliana Salas Vivanco se encuentra inscrita en
el Registro Único de la Población Desplazada –RUPD- desde el 11 de julio de
2008 en calidad de jefe de hogar con un núcleo familiar conformado por 5 hijos
y 2 parientes. Del 08 de agosto al 06 de octubre de 2008, la accionante recibió
por parte de la entidad accionada la siguiente ayuda humanitaria de emergencia:
a) 3 subsidios de alimentación valorados en $350.000 cada uno; b) 3 apoyos de
alojamiento valorados en $140.000 cada uno; c) 2 asistencias no alimentarias
por valor de $180.000 y $350.000; d) 3 recursos para transporte; valorados en
$10.000 cada uno; e) auxilio de vestuario valorado en $182.000; f)
Acompañamiento psicosocial; g) ayuda de proyecto productivo por valor de
$1.571.000; h) así mismo informó que la señora Salas Vivanco se encuentra
afiliada en el régimen contributivo en la EPS Saludcoop desde el 05 de
diciembre de 2008; i) por último afirmó que la accionante es beneficiaria del
programa familias en acción.
2.1.1.2. El Juzgado Décimo
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena allegó[77]
el despacho comisorio No. 14 correspondiente a la declaración de la señora
Liliana Salas Vivanco, en la cual manifestó que: i) su grupo familiar
actualmente se encuentra conformado por tres hijos de 7, 20 y 23 años, de los
cuales el menor es “especial”, su hermana y su sobrina quien es apenas
una bebe; ii) su situación económica es muy precaria como consecuencia del
desplazamiento del que fueron víctimas, el cual aconteció el 07 de junio de
2008, pagan $250.000 de arriendo y su hogar lo sostiene su hija mayor con los
pocos ingresos que recibe de su trabajo; iii) sostiene que no ha podido
trabajar puesto que debe cuidar de su menor hijo y; iv) no ha recibido nada de
la ayuda humanitaria que merece dada su condición de desplazada[78].
2.1.1.3. La doctora Debbieth
Baleta P. Fonoaudióloga de Servicios Fonoaudilógicos del Caribe E.U. remitió[79]
la historia clínica del menor Bairon Luis Tovar Salas donde consta un
diagnóstico de “hiperactividad, ansiedad y no dice bien las palabras”.
- Caso 2. Expediente
T-2.375.261.
2.1.1.4. Acción Social manifestó que[80] analizada la base de
datos, efectivamente el señor Dagoberto Meléndez Martínez se encuentra inscrito
en el Registro Único de la Población Desplazada –RUPD- desde el 10 de septiembre
de 2002 en calidad de jefe de hogar sin núcleo familiar inscrito por tratarse
de un desplazamiento individual. Del 25 de octubre de 2002 al año 2009, el
accionante recibió por parte de la entidad accionada la siguiente ayuda
humanitaria de emergencia: a) 4 subsidios de alimentación; b) 2 apoyos de
alojamiento valorados en $340.000; c) así mismo informó que el señor Meléndez
Martínez se encuentra afiliado en el régimen subsidiado en la EPSS caja de
compensación familiar de Barrancabermeja CAFABA desde el 10 de diciembre de
2008.
- Caso 3. Expediente T-2.423.547.
2.1.1.5. El Juzgado Once
Laboral del Circuito Judicial de Medellín envió[81]
el despacho comisorio No. 18 correspondiente a la declaración de la señora
Katerine González Gutiérrez, donde manifestó que: i) su grupo familiar
actualmente se encuentra conformado por una hija, su papá, su mamá y tres
hermanas; ii) afirmó ser madre soltera cabeza de familia; iii) su
desplazamiento fue motivado por una amenaza recibida de parte del grupo llamado
“los paisas”, a la cual al principio no le hicieron caso, pero dado que días después
mataron a su primo, se vieron obligados a desplazarse, iv) no tiene empleo, la
casa en la que vive es de la mamá, pero debe ayudar con los gastos de la casa;
v) en el colegio donde estudia la hija no le cobraron la matrícula debido a que
llevó una carta de desplazada.
- Caso 4. Expediente T-2.431.624.
2.1.1.6. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta, allegó[82]
informe secretarial sobre el despacho comisorio No. 19 correspondiente a la
declaración de la señora Ana Beatriz Pertuz Castro, ordenando devolver el
despacho comisorio teniendo en cuenta que la señora Pertuz Castro no se
presentó a rendir la declaración juramentada, el día y a la hora señalados en
la citación[83].
- Caso 5. Expediente
T-2.431.634.
2.1.1.7. El Juzgado Séptimo
Penal del Circuito Judicial de Barranquilla allegó[84]
el despacho comisorio No. 20 correspondiente a la declaración del señor Víctor
Alfonso González Cortez, en la cual manifestó que: i) su grupo familiar
actualmente se encuentra conformado por un hermano, del cual depende
económicamente; ii) que está en tercer semestre en la Universidad del Magdalena
en la carrera de Ingeniería Ambiental y Sanitaria; iii) de ayuda humanitaria ha
recibido únicamente subsidio de alimentación.
- Caso 6. Expediente
T-2.435.250.
2.1.1.8. El Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Pereira allegó[85]
el despacho comisorio No. 21 correspondiente a la declaración del señor José
Ibarnoe Pino Heredia, en la cual manifestó que: i) su grupo familiar
actualmente se encuentra conformado por tres hijos de 8, 15 y 17 años y su
esposa; ii) que esporádicamente trabaja en labores del campo, donde le pagan
$10.000 diarios; iii) el motivo del desplazamiento fue por que recibieron
amenazas de muerte, hirieron a un hermano y mataron a un sobrino; iv) viven en
una casa de guadua tapada por una carpa en un lote, por lo tanto cuando llueve
se mojan: v)  con relación al servicio de salud, afirma que los han atendido
bien; vi) los niños están estudiando; vii) de ayuda humanitaria les han dado en
total $4.330.000, la última ayuda se la dieron un mes antes a la declaración y
señaló que aún no le habían realizado la visita domiciliaria.
- Caso 7. Expediente
T-2.437.565.
2.1.1.9. El Juzgado Séptimo
Penal del Circuito Judicial de Barranquilla allegó[86]
el despacho comisorio No. 22 correspondiente a la declaración de la señora Olga
Isabel Medina Ochoa, en la cual manifestó que: i) su grupo familiar actualmente
se encuentra conformado por un hijo de 15 años y su esposo quién sufre de
diabetes; ii) que quien trabaja para sostener el hogar es su esposo; iii) el
motivo del desplazamiento fue por que mataron a su papá en el lugar donde
residían; iv) viven en una casa arrendada a la cual le ha realizado mejoras; v)
con relación al servicio de salud, afirmó que actualmente no se encuentran
afiliados al SISBEN; v) de ayuda humanitaria no ha recibido nada, “ni una
colchoneta”.
- Caso 8. Expediente
T-2.439.556:
2.1.1.10. El Juzgado Quinto
Civil del Circuito Judicial de Barranquilla allegó[87]
el despacho comisorio No. 23 correspondiente a la declaración del señor Manuel
de Jesús Herrera González, indicando que “fue imposible ubicar al accionante
por cuanto la dirección suministrada en la comisión no existe en Barranquilla”.
- Caso 9. Expediente
T-2.444.711:
2.1.1.11. El Juzgado Primero
Penal del Circuito Judicial de Sincelejo - Sucre allegó[88]
el despacho comisorio No. 24 correspondiente a la declaración de la señora
Yoleida del Carmen Monterroza Chávez, resolviendo devolver el despacho comisorio
a la Corte Constitucional dado que la accionante no asistió a rendir la
declaración jurada a pesar de haber sido notificada oportunamente.
- Caso 11. Expediente
T-2.444.716:
2.1.1.12. El Juzgado Séptimo
Penal del Circuito Judicial de Barranquilla allegó[89]
el despacho comisorio No. 26 correspondiente a la declaración de la señora
Petrona Elena Castro Novoa, en la cual manifestó que: i) su grupo familiar
actualmente se encuentra conformado por una hija de 3 años y su esposo; ii) el
motivo del desplazamiento fue por que mataron a su mamá en el lugar donde residían;
iii) viven en una casa arrendada; iv) con relación a salud, afirmó que
actualmente se encuentran afiliados al SISBEN; v) de ayuda humanitaria no ha
recibido nada.
II. CONSIDERACIONES.
1. Competencia.
La
Corte Constitucional es competente para la revisión del presente caso con
fundamento en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, los
artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento de los Autos del
14 de septiembre de 2009 de la Sala de Selección de Tutela Número Nueve de la
Corte Constitucional, del 22 de octubre de 2009 de la Sala de Selección de
Tutelas Número Diez y del 05 de noviembre de 2009 de la Sala de Selección de
Tutela Número Once por medio de los cuales se seleccionaron los expedientes.
2. Cuestión de Constitucionalidad.
2.1. Procedibilidad
de la acción de tutela como mecanismo para garantizar los derechos
fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado
–reiteración jurisprudencial-.
El artículo 86 de la
Constitución Pública condiciona la procedencia de la acción de tutela a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo o  a que, en presencia de
un perjuicio irremediable, aún ante la existencia de otro medio de defensa
alternativo, sea la tutela el medio de protección constitucional indicado para
la protección de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados.
La Corte Constitucional ha
considerado que para el caso de la población desplazada, dado que se trata de
personas en un particular estado de vulnerabilidad, aún ante la existencia de
otros mecanismos jurídicos de protección, la tutela es el mecanismo de defensa
idóneo para conjurar su situación, ya que no es exigible ante la necesidad de
un  amparo inminente de los derechos fundamentales de estos ciudadanos
imponerles cargas adicionales poco efectivas a la población desplazada. Además
ha considerado esta Corporación que al ser sujetos de especial protección,
requieren de una defensa constitucional, por lo que el juez de tutela debe
evaluar con particular atención las circunstancias de debilidad manifiesta e
indefensión en las que se encuentra el titular de los derechos invocados[90].
Al respecto señaló la Corte:
La acción de tutela procede como mecanismo de
protección de los derechos fundamentales de las personas en situación de
desplazamiento forzado. En efecto, las personas que se encuentran en situación
de desplazamiento gozan de un estatus constitucional especial que no puede
simplemente tener un efecto retórico. En este sentido, la Constitución obliga a
las autoridades a reconocer que se trata de una población especialmente
protegida que se encuentra en una situación dramática por haber soportado
cargas excepcionales y, cuya protección es urgente para la satisfacción de sus
necesidades más apremiantes[91].
Esta posición jurisprudencial
ha sido reiterada en decisiones posteriores que han establecido que la acción
de tutela es viable para amparar los derechos fundamentales de estos ciudadanos
y se privilegia sobre otros mecanismos alternativos de protección, así:
La existencia de normas inferiores a la Constitución
que se refieran a esos derechos fundamentales, como por ejemplo, leyes sobre
educación, seguridad social, vivienda, diversidad étnica, debido proceso, no significa
que se torna improcedente la tutela y solo cabría la acción de cumplimiento.
Esta opinión no es aceptable por las siguientes razones:
a. La ley 393/97, que reglamentó la acción de
cumplimiento, en su artículo 9° expresamente dice: “La acción de cumplimiento
no procederá para la protección de derechos que puedan ser garantizados
mediante la acción de tutela. En estos eventos, el juez le dará a la solicitud
el trámite correspondiente al derecho de tutela.”
b. Con posterioridad a la expedición de dicha ley son
muchas las tutelas que se han tramitado sobre el tema del desplazamiento,
inclusive la jurisprudencia sobre este aspecto ha tenido particular importancia
a partir del año 2000.
c. La tutela es el medio idóneo y eficaz porque se
trata de proteger en forma urgente e inmediata los derechos fundamentales de
personas que requieren salvar su vida y tener acceso a condiciones que les
permitan una vida digna. La tutela ha resultado ser un mecanismo eficaz y por ello,
aún si procedieran las acciones de cumplimiento o populares, no hay duda que
sería preferente porque en el desplazamiento lo notorio es la violación de
varios derechos fundamentales que requieren protección inmediata[92].
Frente al caso particular de
las personas en situación de desplazamiento forzado, de hecho la Corte ha
encontrado que resulta totalmente improcedente exigir el agotamiento previo de
los recursos ordinarios como requisito para la procedencia de la acción. En
efecto, para esta Corporación:
En este contexto, teniendo en cuenta la gravedad y
urgencia, se ha admitido que cuando quiera que en una situación de
desplazamiento forzado una entidad omita ejercer sus deberes de protección para
con todos aquellos que soporten tal condición, la tutela es un mecanismo idóneo
para la protección de los derechos conculcados[93].
Para esta Sala es claro, en
consecuencia, que ante la situación de fragilidad que ostenta la población
desplazada los mecanismos ordinarios de defensa no son procedentes para la
protección de sus derechos fundamentales pues, en virtud de la cláusula de
protección especial, la acción de tutela prevalece y es pertinente en aquellas
situaciones en que el titular de los derechos fundamentales vulnerados es un
sujeto cobijado por una protección constitucional reforzada (como lo son los
desplazados), cuya situación particular de debilidad manifiesta e indefensión
revela la necesidad de protección inminente mediante el procedimiento sumario
del amparo constitucional.
2.2. Problema de
constitucionalidad.
¿Los derechos de petición de los
demandantes, ha sido atendidos en debida forma por  la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción
Social-, especialmente en cuanto a (i) la existencia de una respuesta clara, de
fondo y completa frente a lo solicitado; (ii) la comunicación efectiva de la
respuesta; y (iii) la atención especial que se debe a la población desplazada
en virtud de su situación de vulnerabilidad?
¿Acción Social puede negar la
calidad de desplazado a una persona con simplemente verificar si durante la
supuesta fecha del desplazamiento hizo presencia en la zona el grupo armado al
margen de la ley, del cual, según la demandante amenazó atentar contra su vida?
2.3. Estructura del
considerando.
Para resolver los anteriores
problemas jurídicos la Sala estudiará temas reiterados por esta Corporación,
tales como: i) El principio de la buena fe procesal y la condición de
desplazado; ii) la inscripción de desplazados en el registro único de población
desplazada RUPD; iii) el derecho a la provisión de la ayuda humanitaria de
emergencia y de estabilización socioeconómica; iv) el derecho de petición
invocado por la población desplazada y la presunción de veracidad en materia de
tutela cuando la autoridad demandada no rinde el informe solicitado por el juez
constitucional. Finalmente, estudiará cada caso concreto.
2.3.1.  El principio de la
buena fe procesal y la condición de desplazado.
En lo que respecta al
principio de la buena fe procesal y a la condición de desplazados, la Corte
Constitucional ha establecido que frente las denuncias elevadas por las
presuntas víctimas de la violencia ante el sistema público de atención, el
funcionario receptor de las mismas debe ser sensible ante las circunstancias
tan extraordinarias que aquejan a una persona cuyas condiciones de vida se han
visto inexorablemente afectadas por el conflicto armado nacional[94].
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que:
Al presumirse la buena fe, se invierte la carga de la
prueba y, por ende, son las autoridades las que deben probar plenamente que la
persona respectiva no tiene la calidad de desplazado. Por lo tanto, es a quien
desea contradecir la afirmación a quien corresponde probar la no ocurrencia del
hecho. El no conocimiento de la ocurrencia del hecho por autoridad
gubernamental alguna no es prueba de su no ocurrencia. Es apenas prueba de la
inmanejable dimensión del problema que hace que en muchas ocasiones las
entidades gubernamentales sean desconocedoras del mismo. En muchas ocasiones
las causas del desplazamiento son silenciosas y casi imperceptibles para la
persona que no está siendo víctima de este delito. Frente a este tipo de
situaciones es inminente la necesidad de la presunción de buena fe si se le pretende
dar protección al desplazado[95].
Si bien una afirmación de esta
naturaleza no puede llevar al extremo de considerar que toda prueba sumaria
acredita una calidad específica y por lo tanto un beneficio determinado, es
prudente señalar que no se pueden  desconocer las dificultades bajo las cuales
las víctimas del conflicto tienen que desarrollar todo un trámite, muchas veces
engorroso y aparentemente infinito, bajo el auspicio legítimo de la búsqueda de
una asistencia íntegra por parte del Estado. Así mismo, las autoridades
públicas deben conocer las obligaciones que se derivan de la inversión de la
carga de la prueba, por cuanto sobre ellas recae la responsabilidad exclusiva
de desvirtuar cualquier afirmación que sobre la materia el desplazado
realice.
2.3.2. El Registro
Único de Población Desplazada. Pautas de interpretación de las normas
aplicables. Reiteración de jurisprudencia.
2.3.2.1. La Red de Solidaridad
Social, actualmente denominada Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional – Acción Social, es la entidad encargada de la
coordinación del Sistema Nacional de Información y Atención Integral a la
Población Desplazada por la Violencia[96]. Entre sus funciones
tiene a su cargo el manejo del Registro Único de Población Desplazada[97],
el cual constituye una herramienta técnica que busca identificar a la población
afectada por el desplazamiento, la cual tiene por objeto actualizar la
información de la población atendida y realizar el seguimiento de los servicios
que el Estado presta a esta población[98].
2.3.2.2. La Corte en múltiples
pronunciamientos ha insistido en la relevancia constitucional del registro de
la población desplazada, señalando que constituye un medio adecuado para la
focalización de los destinatarios de la política pública en materia de
desplazamiento. En este sentido, se ha subrayado la importancia que tiene el
uso adecuado de esta herramienta por parte de Acción Social, porque de este
registro depende el acceso a las ayudas dispuestas por la política pública de
atención al desplazamiento forzado.
En este sentido, la sentencia
T-025 del 2004 indicó que cuando una persona se encuentre bajo las
circunstancias de desplazamiento forzado, tiene derecho a quedar registrada
como tal, ya sea de forma individual o junto a su núcleo familiar.
Adicionalmente, el registro de la población desplazada se encuentra incluido en
los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno, que según la Corte
hace parte del bloque de constitucionalidad[99] y es un elemento definitivo
para la interpretación y la definición del alcance de los derechos
fundamentales de los desplazados.
2.3.2.3. El procedimiento para la
inscripción en el Registro Único de Población Desplazada, definido por la ley
387 de 1997 y el decreto reglamentario 2569 de 2000[100],
dispone que la persona deberá rendir una declaración sobre los hechos de su
desplazamiento ante la autoridad competente, y posteriormente, Acción Social
tiene a su cargo realizar una valoración de esta declaración y determinar si
procede o no la inscripción en el mencionado registro.
Para determinar si la inscripción
en el Registro de Desplazados es procedente, tanto la ley 387 de 1997[101]
como reiterada jurisprudencia de la Corte coinciden en señalar que la condición
de desplazamiento resulta de una circunstancia de hecho y no de la declaración
que realice una autoridad o entidad administrativa[102].
Esta circunstancia de hecho está compuesta por dos requisitos materiales, los
cuales deben ser verificados por Acción Social en cada caso para que sea
procedente la inscripción en el RUPD. La Corte ha definido estos requisitos
así:
Sea cual fuere la descripción que se adopte sobre
desplazados internos, todas contienen dos elementos cruciales: la coacción que
hace necesario el traslado y la permanencia dentro de las fronteras de la
propia nación. Si estas dos condiciones se dan, como ocurre en el caso motivo
de esta tutela, no hay la menor duda de que se está ante un problema de
desplazados[103].
Una vez acreditadas las dos
condiciones que evidencian una situación de desplazamiento, Acción Social debe
proceder a realizar la inclusión de dicha persona en el RUPD. Ahora bien, el
decreto 2591 de 2000 definió una serie de circunstancias en las cuales el
registro es improcedente y por lo tanto la persona queda excluida, esto es
cuando: i) la declaración resulta contraria a la verdad; ii) existen razones
objetivas y fundadas de no cumplirse con los dos requisitos materiales que
permitan concluir que se está frente a una situación de desplazamiento, iii) la
declaración y la solicitud de inscripción se realice por fuera del término de
un año desde el momento en que ocurrió el desplazamiento[104].
2.3.2.4. La Corte ha enfatizado
que el registro de la población desplazada debe ser aplicado de forma tal que
logre obtener los objetivos propuestos y no se vulneren ni amenacen los
derechos fundamentales de los desplazados. No obstante, en la sentencia
T-025/04 y en los autos posteriores sobre su cumplimiento la Corte ha
identificado varios problemas tanto en el diseño del mecanismo como en su
aplicación[105].
Con posterioridad a la sentencia
citada, la Corte Constitucional se ha ocupado de estudiar el problema jurídico[106]
relacionado con el registro de la población desplazada, en donde se han
analizado los problemas que son objeto de estudio, insistiendo que al momento
de evaluar las condiciones formales y materiales que indican que ha existido
una situación de desplazamiento forzado, Acción Social debe: i) tener en cuenta
las especiales circunstancias en las que se produce la declaración del
desplazamiento[107]; y ii) ajustar su
actuación a los parámetros que la Corte ha definido para realizar la valoración
de la declaración, con el fin de identificar los elementos materiales que
reflejan una situación de desplazamiento.
A continuación se reseñarán los
parámetros definidos por la Corte para el estudio de la inscripción en el
Registro Único de Población Desplazada.
2.3.2.5. En varias oportunidades,
la Corte ha señalado que para proteger y garantizar los derechos
constitucionales de la población desplazada, la interpretación de las normas
que regulan la inscripción en el RUPD[108] debe estar orientada
por los siguientes principios: i) las normas de derecho internacional que hacen
parte de bloque de constitucionalidad, a saber: a) el artículo 17 del Protocolo
Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949 y b) los Principios Rectores de
los Desplazamientos Internos, consagrados en el Informe del Representante
Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el Tema de los
Desplazamientos Internos de Personas[109]; ii) según el articulo
83 de la Carta Política, debe presumirse la buena fe en la actuación de los
particulares; iii) el principio de favorabilidad y confianza legítima[110]
y, iv) el principio de prevalencia del derecho sustancial propio del Estado
Social de Derecho[111].
2.3.2.6. A partir de estos
principios, la Corte ha encontrado que el proceso de registro de una persona en
el RUPD debe estar guiado por las siguientes reglas específicas, que en la
sentencia T-328 de 2007 fueron señaladas así:
28. En virtud de los anteriores principios la Corte ha
identificado una serie de reglas relativas al registro de una persona en el
RUPD que vale la pena recordar[112]. (1) En primer lugar,
los servidores públicos deben informar de manera pronta, completa y oportuna a
quien pueda encontrarse en situación de desplazamiento forzado, sobre la
totalidad de sus derechos y el trámite que deben surtir para exigirlos[113].
(2) En segundo término, los funcionarios que reciben la declaración y
diligencian el registro sólo pueden requerir al solicitante el cumplimiento de
los trámites y requisitos expresamente previstos en la ley para tal fin[114].
(3) En tercer lugar, en virtud del principio de buena fe, deben tenerse como
ciertas, prima facie,  las declaraciones y pruebas aportadas por el declarante[115].
En este sentido, si el funcionario considera que la declaración o la prueba
falta a la verdad, debe demostrar que ello es así[116];
los indicios deben tenerse como prueba válida[117];
y las contradicciones de la declaración no son prueba suficiente de que el
solicitante falte a la verdad[118]. (4) La declaración
sobre los hechos constitutivos de desplazamiento debe analizarse de tal forma
que se tengan en cuenta las condiciones particulares de los desplazados así
como el principio de favorabilidad[119]. (5) Finalmente, la
Corte ha sostenido que en algunos eventos exigir que la declaración haya sido
rendida dentro del término de un año definido en las normas vigentes puede
resultar irrazonable o desproporcionado, en atención a las razones que
condujeron a la tardanza y a la situación que dio lugar el desplazamiento y en
la cual se encuentra la persona afectada[120].”
2.3.2.7. Con base en las
anteriores reglas definidas por la Corte[121], se ha dispuesto que
debe procederse a la inscripción de quien lo solicita, o la revisión de la
declaración rendida, o en su defecto, la recepción de una nueva declaración
siempre y cuando en el caso concreto se verifique que Acción Social: i) negó la
inscripción con base en una valoración de los hechos expuestos en la
declaración de desplazamiento contraria a los principios de favorabilidad y
buena fe[122]; ii) expidió una
resolución carente de motivación para negar la inscripción[123];
iii) ha negado la inscripción por causas imputables a la administración[124];
iv) ha negado la inscripción por el incumplimiento de requisitos no
contemplados por la ley para quedar inscrito en el Registro[125]
o ha exigido cumplir con requisitos formales que resultan desproporcionados[126];
v) cuando no se registra al solicitante porque su declaración incurre en
contradicciones o su explicación de los hechos del desplazamiento no son claros[127];
vi) cuando la exclusión se basa exclusivamente en la aplicación de la encuesta
Sisben sin que se aporten otras pruebas que permitan concluir que la persona no
se encuentra en situación de desplazamiento[128]; vii) cuando no se ha
tenido la oportunidad procesal para interponer los recursos administrativos que
permitan controvertir las razones expuestas por Acción Social para negar la
inscripción en el Registro.
2.3.3. El derecho a la
provisión de la ayuda humanitaria de emergencia y de estabilización
socioeconómica.
2.3.3.1. La
jurisprudencia ha señalado que el desplazamiento forzado es un fenómeno
derivado principalmente del conflicto armado interno que ha tenido graves
implicaciones sociales, económicas y políticas, puesto que afecta desde hace
décadas a grandes porciones de la población, especialmente la ubicada en las
zonas rurales. La magnitud del fenómeno impulsó la expedición de la Ley 387 de
1997 “Por la cual se
adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, la
protección y consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados
internos en la República de Colombia”, brindando el marco
dentro del cual el Estado asume su responsabilidad frente al fenómeno y
establece los mecanismos e instituciones necesarios para proveer las ayudas
requeridas por la población afectada por el desplazamiento. Posteriormente, esta
Corporación, en Sentencia T-025 de 2004, procedió a “declarar un Estado de
Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, como quiera que se
observara ‘(…)(1) la grave crisis humanitaria y la vulneración constante
de los derechos de la población desplazada; (2) el aumento de acciones de
tutela presentadas por desplazados a quienes les fue negada la ayuda de
emergencia; (3) la omisión de las autoridades en adoptar los correctivos
tendientes a mejorar el Sistema y garantizar los derechos de la población afectada;
(4) la falta de recursos y de capacidad institucional para atender las
contingencias y (5) a la connivencia de varias entidades estatales en las
omisiones y acciones generadoras de la vulneración de los derechos de los
desplazados (…)’[129]”[130].
2.3.3.2. Frente a la situación de
la población desplazada está claro que ni la “incapacidad institucional para
adelantar las diferentes políticas públicas encaminadas a atender la grave
crisis humanitaria de la población desplazada, ni la falta de asignación de
recursos para hacerle frente a tan compleja problemática, resultan ser
obstáculos suficientes para que el Estado abandone sus deberes de garantía de
efectividad de los derechos que se radican en cabeza de la población desplazada”[131]
persistiendo “una obligación ineludible del Estado Colombiano, que mediante
la adopción de medidas políticas, legislativas y administrativas, entre otras,
debe procurar atenuar los efectos de la crisis brindando protección y
asistencia a quienes se encuentren en situación de desplazamiento”[132].
2.3.3.3. La
forma principal e inmediata de concretar esa obligación de parte del Estado
frente a esta población, pasa por proveer una ayuda, tanto de emergencia
-destinada a proveer los elementos básicos de subsistencia-, como de
estabilización socioeconómica. Frente a la primera, que ha sido calificada como
uno de los derechos mínimos de la población desplazada[133],
“pretende, en términos del artículo 20 del Decreto 2569 de 2000, cubrir, de
forma temporaria e inmediata, las necesidades básicas de alimentación,
alojamiento, salud, atención psicológica, elementos de hábitat interno y
salubridad pública de aquellas personas que han sido víctimas del desplazamiento”[134].
Inicialmente, en la Ley 387 de 1997 se preveía que la misma debía solamente
entregarse por un plazo de tres meses prorrogables por un periodo igual, pero
esta norma se declaró inexequible en la Sentencia C-278 de 2007 que dijo lo
siguiente:
La Corte estima que la ayuda humanitaria no puede
estar sujeta a un plazo fijo inexorable. Si bien es conveniente que la referencia
temporal exista, debe ser flexible, sometida a que la reparación sea real y los
medios eficaces y continuos, de acuerdo a las particularidades del caso, hasta
salir de la vulnerabilidad que atosiga a la población afectada, particularmente
en esa primera etapa de atención, en la cual se les debe garantizar condiciones
de vida digna que hagan viable parar el agravio, en tránsito hacia una solución
definitiva mediante la ejecución de programas serios y continuados de
estabilización económica y social.
2.3.3.4. La anterior decisión de
constitucionalidad recogió muchos de los argumentos que desde el año 2004 había
planteado la Sentencia T-025 de 2004, en la que se reconoció la “necesidad
de seguir proveyendo ayuda humanitaria más allá de esos tres meses y hasta el
momento en el cual se supere la situación de emergencia”[135].
Lo anterior implica que la provisión de la ayuda humanitaria de emergencia no depende del paso del tiempo, sino de una condición
material, y que debe mantenerse “hasta que el afectado satisfaga realmente
su derecho a la subsistencia digna, de modo que pueda suplir sus necesidades
básicas, esto es, que pueda asumir su autosostenimiento, a fin de que,
gradualmente, logre imponerse a las circunstancias de vulnerabilidad,
marginalidad e indefensión propias del desplazamiento”[136].
2.3.3.5. Una vez cubierto este mínimo esencial, el desplazado debe
iniciar el proceso de consolidación y estabilización socioeconómica a cargo del
Estado, con el fin de lograr superar el estado de desprotección de manera
definitiva. Por ende “se les deberá prestar toda la asesoría que sea
necesaria con el fin de orientarlos en el acceso a las entidades tanto públicas
como privadas y comunitarias que llevan a cabo planes, programas, proyectos y
acciones específicas dentro del Sistema Nacional para la Atención Integral de la
Población Desplazada por la Violencia”[137]
con el fin de que el proceso para acceder a estos mecanismos sea lo más
sencillo y expedito posible, todo ello con el fin de lograr una  rehabilitación
efectiva de la población desplazada.
2.3.4. El derecho de petición
invocado por la población desplazada  y la presunción de veracidad en
materia de tutela cuando la autoridad demandada no rinde el informe solicitado
por el juez constitucional. Reiteración de jurisprudencia.
2.3.4.1. El precepto
constitucional contenido en el artículo 23 de la Carta Política otorga el
derecho a la persona de “presentar peticiones respetuosas a las autoridades
por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”.
De acuerdo con esta definición, puede decirse que “[e]l núcleo esencial del
derecho de petición reside en la [obtención de una] resolución pronta y
oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido”[138].
En concordancia con lo anterior, es necesario destacar que no con cualquier
comunicación devuelta al peticionario puede considerarse satisfecho su derecho
de petición: una verdadera respuesta, si bien no tiene que ser siempre
favorable a las pretensiones del peticionario, sí debe cumplir con los
requisitos de ser oportuna, resolver de fondo lo solicitado de manera clara,
precisa y congruente, además de ser puesta en conocimiento del peticionario[139].
2.3.4.2. En
caso de que la entidad a la que se dirige el derecho de petición no fuere
competente para resolver de fondo, debe aplicarse lo pertinente del Código
Contencioso Administrativo[140], relativo al reenvío de
la petición al funcionario que si lo fuere. Al respecto, esta Corporación dijo:
Si al recibir un derecho de petición, la
entidad se percata de su falta de competencia, es deber comunicárselo al
peticionario dentro del término legal previsto y remitir la solicitud al
funcionario competente. De esa manera se da una respuesta válida al derecho de
petición. Sin embargo, la responsabilidad de dar una respuesta de fondo no
desaparece. Es la entidad a la cual se le remitió la petición la que, en virtud
de su competencia, debe dar una contestación satisfactoria dentro de los quince
días posteriores al recibo de la remisión de la solicitud[141].
2.3.4.3. Además de este contenido
esencial, que ubica al derecho de petición como un derecho fundamental
autónomo, esta dimensión se complementa con una adicional: servir de
instrumento que posibilita el ejercicio de otros derechos fundamentales[142].
Así, puede decirse que “[e]l derecho de petición es fundamental y
determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia
participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos
constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión”[143], o incluso los derechos
fundamentales de la población desplazada[144], a cuyo respecto esta
Corporación ha manifestado:
La Corte se ha pronunciado, además, a favor de una
modalidad reforzada del derecho de petición que exige a los funcionarios y
servidores públicos atender de modo especialmente cuidadoso ‘las solicitudes de
aquellas personas que, por sus condiciones críticas de pobreza y vulnerabilidad
social, acuden al Estado en busca de que las necesidades más determinantes de
su mínimo vital sean atendidas.”[145]
(Se subraya).
2.3.4.4. Finalmente, la Corte
Constitucional ha calificado la forma en que las instituciones encargadas de la
provisión de ayudas y suministro de atención al desplazado deben contestar sus
peticiones:
Así, cuando las distintas autoridades reciban una
petición proveniente de un desplazado, en la cual se solicite la protección de
alguno de sus derechos, la autoridad competente procederá a: 1) incorporarlo en
la lista de desplazados peticionarios, 2) informarle al desplazado dentro del
término de 15 días el tiempo máximo dentro del cual le dará respuesta a la
solicitud; 3) informarle dentro del término de 15 días si la solicitud cumple
con los requisitos para su trámite, y en caso contrario, indicarle claramente
cómo puede corregirla para que pueda acceder a los programas de ayuda; 4) si la
solicitud cumple con los requisitos, pero no existe la disponibilidad
presupuestal, adelantará los trámites necesarios para obtener los recursos,
determinará las prioridades y el orden en que las resolverá; 5) si la solicitud
cumple con los requisitos y existe disponibilidad presupuestal suficiente, la
informará cuándo se hará efectivo el beneficio y el procedimiento se seguirá
para lo reciba efectivamente. En todo caso, deberá abstenerse de exigir un
fallo de tutela para cumplir sus deberes legales y respetar los derechos
fundamentales de los desplazados. Este mismo procedimiento deberá realizarse en
relación con las peticiones de los actores en el presente proceso de tutela, en
particular para las solicitudes de otorgamiento de las ayudas previstas en los
programas de vivienda y de restablecimiento socio económico[146].
2.3.4.5. El artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, por medio del cual
se reglamentó la acción de tutela, consagró la presunción de veracidad como un
instrumento para sancionar el desinterés o negligencia de la autoridad pública
o el particular contra quien se dirige la solicitud de amparo, en aquellos
eventos en los que el juez de la acción requiere informaciones (Art. 19 ídem) y
estas autoridades no las rinden dentro del plazo respectivo, logrando de esa
manera que el trámite constitucional siga su curso.
Así, cuando la autoridad o el
particular no contestan los requerimientos que le hace el juez de instancia,
con el fin de que dé contestación a los hechos expuestos en aquella, ni
justifica tal omisión, la consecuencia jurídica de esa omisión es la de tenerse
por ciertos los hechos contenidos en la solicitud de la tutela, de manera que
opera la referida presunción de veracidad sobre los hechos planteados y el
funcionario judicial debe proceder a resolver de plano, salvo cuando
estime necesaria otra averiguación previa, caso en el cual decretará y
practicará las pruebas que considere necesarias para adoptar la decisión de
fondo puesto que como ya lo ha expresado esta Corte[147],
el juez de tutela no puede precipitarse a fallar aceptando como verdaderas
todas las afirmaciones del accionante sino que está obligado a buscar los
elementos de juicio que le permitan llegar a una convicción seria y suficiente
de la situación fáctica y jurídica sobre la cual habrá de pronunciarse[148].
De conformidad con lo anterior, la
Corte Constitucional, en sentencia T-391 de 1997, señaló que “la presunción
de veracidad consagrada en esta norma [Decreto 2591 de 1991, Art. 20] encuentra
sustento en la necesidad de resolver con prontitud sobre las acciones de
tutela, dado que están de por medio derechos fundamentales, y en la
obligatoriedad de las providencias judiciales, que no se pueden desatender sin
consecuencias, bien que se dirijan a particulares, ya que deban cumplirlas
servidores o entidades públicas."
De manera que, la finalidad de
esa presunción concuerda con el desarrollo de los principios de inmediatez y
celeridad que rigen la acción de tutela, con la cual se pretende lograr la
eficacia de los derechos fundamentales y de los deberes asignados a las
autoridades en la Constitución Política (Arts. 2º, 6º, 121 y 123, Inc. 2º).
Además, aunque el principio
general aplicable a todos los procesos, incluido el del trámite de la acción de
tutela es que “quien afirma algo debe probarlo y por ello los hechos
aseverados por el accionante deben hallarse acreditados, al menos sumariamente,
o poderse establecer con certidumbre en el curso del proceso”, también es
cierto que el auto mediante el cual el juez de tutela solicita a una persona
rendir un informe o proporcionar información, es una providencia que debe ser
acatada en los términos y condiciones solicitadas, so pena de aplicarse la
llamada presunción de veracidad.
Con relación
a la aplicación de la presunción de veracidad en casos que se alegue la
afectación de derechos fundamentales de la población desplazada, en la
sentencia T-600 de 2009 la Corte señaló que:
5. En el trámite de la acción de tutela la oficiosidad
del juez ha de ser un criterio determinante para la consecución de su objetivo,
esto es, el de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales. Y es
precisamente a fin de lograr la efectividad de los derechos fundamentales que
se pretende conseguir por medio de esta acción constitucional, que el Decreto
2591 de 1991[149] faculta al juez a pedir
informes[150] a la autoridad o
entidad accionada respecto de la solicitud de amparo impetrada en su contra, e
impone la consecuencia jurídica de presunción de veracidad de los hechos
narrados por el accionante, cuando el informe solicitado a la parte accionada
no fuere rendido dentro del plazo determinado[151].
Es tan clara la pretensión de amparo de los derechos
fundamentales mediante la acción de tutela, que el ordenamiento jurídico impone
al juez presumir la verdad de lo narrado, previa solicitud del informe a la
parte contraria, incentivando de esta forma la labor probatoria del juez,
salvaguardando el derecho a la defensa de las partes y conservando el principio
de igualdad que rige el proceso judicial.
6. No obstante, dicha presunción no es una
autorización legal para que el juez decida sin certeza respecto de los hechos
que dieron origen a la controversia, es decir, la mencionada presunción no
justifica la desidia del juez en conocer la verdad, tanto es así que incluso
estando facultado para resolver con base en la configuración de la presunción
de veracidad, el juez, si lo estima necesario, puede realizar una
averiguación previa[152] y aún más, aún después
de rendido el informe si llegare a necesitar datos adicionales ha de
solicitarlos a fin de sustentar su decisión -negar o conceder la tutela- en
cualquier medio probatorio[153], pues es esencial que
el juez llegue al conocimiento de la situación litigiosa[154]
para proferir un fallo que desarrolle la finalidad de garantizar los derechos
fundamentales, esto es, la primacía del derecho sustancial (artículo 228 C.P.).
2.3.5. Consideraciones
sobre el hecho superado en el proceso de tutela.
2.3.5.1. Esta Sala considera
oportuno finalmente, realizar una breve revisión de la figura del hecho
superado ya que en uno de los casos, la entidad accionada solicitó negar el
amparo por configurarse un hecho superado.
La Corte Constitucional en
reiterada jurisprudencia[155] ha explicado que la
situación de hecho superado se origina cuando la afectación al derecho
fundamental invocado desaparece. Al respecto, esta Corporación ha afirmado:
Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden
de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de
tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado,
porque desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos constitucionales
fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la
tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el fallo, con
lo cual la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío[156].
Frente a estas circunstancias la
Corte ha entendido que:
El hecho superado se presenta cuando, por la acción u
omisión  del obligado, se supera la afectación de tal manera que “carece” de
objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha
comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que
componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo
pedido en la tutela[157].
2.3.5.2. Por lo tanto cuando
acaecen ciertos acontecimientos durante el trámite de una acción de tutela que
demuestren que la vulneración a los derechos fundamentales ha cesado, la Corte
ha entendido[158] que el reclamo ha sido
satisfecho o no es ya necesario y, en consecuencia, un pronunciamiento de fondo
de tutela pierde su eficacia en la protección de los derechos fundamentales.
3. Casos concretos.
3.1. Ausencia de respuesta
de fondo, clara, precisa y oportuna por parte de Acción Social, existiendo
prueba de la presentación del derecho de petición.
3.1.1. Caso 1. Expediente T-2.371.147.
-. El
derecho de petición, fechado el 11 de marzo de 2009[159],
se encaminaba fundamentalmente a obtener la provisión de la ayuda humanitaria
de emergencia y de los componentes de estabilización socioeconómica. Al
respecto, el apoderado de la señora Liliana Salas Vivanco manifestó en el
cuerpo de la acción de tutela que “(...) a la fecha de hoy no han respondido
del (sic.) derecho de petición de fondo, por cuanto no satisface (sic) las
necesidades del peticionario, pese a los requerimientos hechos, violando el
derecho de petición art. 23 C. N.”[160]. En declaración
juramentada la accionante aseguró estar en precaria situación económica como
consecuencia del desplazamiento, además manifestó que no ha logrado conseguir
trabajo puesto que debe cuidar de su hijo de 7 años, quien padece de retardo
mental leve[161], por lo anterior, quien
mantiene el hogar es  la hija mayor.
-. En
la respuesta emitida por Acción Social, si bien señaló cada una de las ayudas
de emergencia que recibió la señora Salas Vivanco en el año 2008, no hizo
referencia a si profirió respuesta o no del derecho de petición presentado por
la accionante en el año 2009, en el cual, lo que pretendía era la prórroga de
dicha ayuda humanitaria.
-. El juez de instancia negó
el amparo al considerar que no existía prueba siquiera sumaria de la condición
de desplazada de la accionante, ni tampoco acerca de la renuencia de la entidad
para brindarle la ayuda requerida.
3.1.2. Caso 5. Expediente
T-2.431.634.
-. El
derecho de petición, fechado el 03 de marzo de 2009[162],
el cual, según el señor Víctor Alfonso González Cortes, una funcionaria de
Acción Social se negó a recibirlo, se encaminaba fundamentalmente a obtener una
prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia y de los componentes de
estabilización socioeconómica. Solicitud que ahora pretende por vía de tutela,
teniendo en cuenta que la entidad hizo caso omiso a su petición. En declaración
juramentada manifestó que depende económicamente de su hermano y que de ayuda
humanitaria solo ha recibido el subsidio de alimentación.
-. En
la respuesta de la demanda Acción Social conminó al actor para que “se
acerque a la Unidad de Atención y Orientación –UAO o a la unidad territorial,
para programar una entrevista domiciliaria a fin de determinar la situación
real de la población y la procedencia o no de la ampliación de la ayuda
humanitaria.” Sin embargo, no hizo referencia a si emitió respuesta o no
del derecho de petición presentado por la accionante, en el cual, lo que
pretendía era la prórroga de dicha ayuda humanitaria.
-. El juez de instancia negó
el amparo considerando que del material probatorio no se evidenció que el
demandante haya enterado a las autoridades competentes acerca de su situación.
3.1.3. Caso 6. Expediente T-2.435.250.
-. El señor José Ibarnoe Pino
Heredia, manifestó que “hace seis (6) meses estoy pidiendo una prórroga en
Acción Social, (…) pero lo que me dicen cada vez es que estoy en espera”.
En declaración juramentada el accionante manifestó que vive con sus 3 menores
hijos y su esposa en una casa de guadua tapada por una carpa, por lo que cuando
llueve se mojan, y que a pesar de haber solicitado la prórroga esta a la espera
que le realicen la visita domiciliaria.
-. El juez de primera
instancia negó el amparo considerando que si bien el accionante está registrado
como desplazado no aportó prueba de haber solicitado la prórroga de la ayuda
humanitaria.
-. Al impugnar el fallo, el
accionante adjuntó copia de la respuesta otorgada por Acción social a su
petición la cual señala: “Según nuestras bases de datos usted y su grupo
familiar fueron atendidos por el operador Comfamiliar Risaralda convenio 016/08
con la ayuda humanitaria de emergencia y en proyecto productivo recibieron
capital semilla por valor de $1.360.000, en noviembre de 2008. Se incluyen sus
datos al listado de programación de visitas domiciliarias.”
-. El juez de segunda
instancia confirmó el fallo considerando que la accionada dio respuesta al
derecho de petición del actor, así mismo aseguró que “todas las personas que
se encuentren pendientes de la visita domiciliaria deben esperar el
correspondiente turno, que no debe ser alterado mediante una orden de tutela
(…)”
3.1.4. Caso 8. Expediente
T-2.439.556.
-. El
derecho de petición, fechado el 26 de junio de 2009[163],
se encaminaba fundamentalmente a obtener una prórroga de la ayuda humanitaria
de emergencia y de los componentes de estabilización socioeconómica. Solicitud
que ahora pretende por vía de tutela, teniendo en cuenta que la entidad hizo
caso omiso a su petición.
-. En la respuesta emitida por
Acción Social señaló cada una de las ayudas de emergencia que recibió el señor
Manuel de Jesús Herrera González, en los años 2004 y 2006. A pesar de no haber
hecho referencia a si profirió respuesta o no del derecho de petición
presentado por el accionante en el año 2009, manifestó que “a la población
desplazada en ningún momento se le asegura que su prórroga vaya a ser aprobada
ni que la misma constituya un derecho, siento que esta es EXCEPCIONAL y por lo
tanto, debe verificarse las circunstancias de vulnerabilidad según las
circunstancias propias de cada familia, acorde con la ley y la jurisprudencia.”
-. El juez de instancia negó
el amparo considerando que la accionada realizó dentro del marco de sus
competencias todas y cada una de las gestiones dando cumplimiento a lo señalado
en la Ley.
1.3.5. Caso 9. Expediente
T-2.444.711.
-. El
derecho de petición, fechado el 22 de abril de 2009[164],
se encaminaba fundamentalmente a obtener una prórroga de la ayuda humanitaria
de emergencia y de los componentes de estabilización socioeconómica. Solicitud
que ahora pretende por vía de tutela, teniendo en cuenta que la entidad hizo
caso omiso a su petición.
-. En la respuesta a la
demanda Acción Social señaló que había brindado  ayudas de emergencia a la
señora Yoleida del Carmen Monterrosa Chávez, sin relacionar cada una de ellas.
Con relación al derecho de petición presentado por la demandante, no hizo
referencia a si profirió respuesta o no.
-. El juez de instancia negó
el amparo considerando que la solicitud de la accionante se debe someter al
cronograma de ingreso de las solicitudes, “conllevando esto a que resulte
razonable que a la mencionada accionante no se le atienda la petición conforme
a los presupuestos planteados dentro de la legislación contenciosa
administrativa reflejada en el código que regula esto”.
1.3.6. Caso 10. Expediente
T-2.444.714.
-. El
derecho de petición, fechado el 15 de abril de 2009[165],
presentado por la señora Nergida Rosa Torres Rivera, se encaminaba
fundamentalmente a obtener una prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia y
de los componentes de estabilización socioeconómica. Solicitud que ahora
pretende por vía de tutela, teniendo en cuenta que la entidad hizo caso omiso a
su petición.
-. El juez de instancia negó
el amparo considerando que la solicitud de la accionante se debe someter al
cronograma de ingreso de las solicitudes, “conllevando esto a que resulte
razonable que a la mencionada accionante no se le atienda la petición conforme
a los presupuestos planteados dentro de la legislación contenciosa
administrativa reflejada en el código que regula esto”.
1.3.7. Caso 11. Expediente
T-2.444.716.
-. El
derecho de petición, fechado el 23 de abril de 2009[166],
presentado por la señora Petrona Elena Castro Novoa, se encaminaba
fundamentalmente a obtener una prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia y
de los componentes de estabilización socioeconómica, puesto que desde el día en
que le practicaron la visita domiciliaria la entidad no se ha pronunciado.
Solicitud que ahora pretende por vía de tutela, teniendo en cuenta que la
entidad hizo caso omiso a su petición. En declaración juramentada la demandante
afirmó que a pesar de ser desplazada no ha recibido nada de ayuda humanitaria.
-. El juez de instancia negó
el amparo considerando que la accionante sí recibió respuesta verbal de la
accionada, la cual radica en que “debe someterse a la espera de que se le
practique la visita domiciliaria para hacérsele el estudio pertinente para la
aprobación de la prolongación o prestación por primera vez de la ayuda.”
3.1.8. Conclusión:
-. Si
bien de las pruebas aportadas al proceso se evidencia que la accionada ha
realizado unas gestiones para la atención de algunos de los accionantes en el
Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, ante la
carencia de respuestas de fondo por parte de la entidad, tendientes a
determinar la procedencia de la prórroga o no de la ayuda humanitaria en estos
casos, y ante la imposibilidad de determinar en estos momentos si de las
entrevistas realizadas, pervivieron las condiciones de vulnerabilidad de los
accionantes y sus familias, la Sala procederá a revocar los fallos de instancia
y concederá el amparo solicitado por los ciudadanos.
Por lo anterior, la Sala ordenará
a Acción Social que en el término de 15 días, proceda a realizar una evaluación
de las condiciones reales de los accionantes con el fin de determinar si han
sobrepasado la situación de extrema vulnerabilidad identificada. Si se verifica
que las condiciones persisten, Acción Social deberá informar a los accionantes
sobre las circunstancias de tiempo modo y lugar para la entrega de la
asistencia humanitaria, las cuales serán prorrogadas hasta que dicha situación
de urgencia finalice o, sea superada, según lo dispuesto por la sentencia
C-278/07[167].
3.1.9. Razón de la
decisión.
La Sala considera que Acción
Social vulneró el derecho de petición de los accionantes por cuanto se abstuvo
de resolver de manera clara, precisa y oportuna lo solicitado por los
peticionarios. Esto ha sido así porque: (i) omitió dar una respuesta de fondo a
las solicitudes de los accionantes en torno a si podían acceder o no a la ayuda
humanitaria de emergencia; (ii) al no haber sido posible dar respuestas de
fondo en el término de 15 días frente a la ayuda de emergencia o la de
estabilización socioeconómica, omitió precisar una fecha cierta en que se
definiría la situación de los accionantes frente a las mismas; (iii) no dio
respuestas de fondo sobre la provisión de los componentes de la ayuda de
estabilización socioeconómica competencia de Acción Social, determinando de
manera precisa si los accionantes podían o no acceder a  un determinado
componente; (iv) respecto a los componentes de la ayuda de estabilización
socioeconómica que requirieran de la participación de otras entidades del
SNAIPD para su asignación definitiva, no remitió a dichos organismos las
peticiones y tampoco agotó los trámites internos necesarios para su eventual
provisión.
3.2. Solicitud verbal de prórroga
de la ayuda humanitaria.
3.2.1. Caso 4. Expediente T-2.431.624.
-. La señora Ana Beatriz
Pertuz Castro aseguró estar inscrita en el Registro Único de Población
Desplazada desde el año 2005. Afirmó que a pesar de haber “solicitado en
varias oportunidades las ayudas humanitarias”, Acción Social le ha negado
la entrega de las mismas aduciendo que no tiene derecho “por haber –
accedido – declarado hacer muchos años a las ayudas humanitarias en forma
completa e integral.” (Sic).
-. Acción Social guardó
silencio durante todo el trámite de la demanda, a pesar de haber sido
notificado de la misma por el juzgado de instancia y por la Corte
Constitucional en sede de revisión.
-. El juez de instancia negó
el amparo al considerar que la demanda se encontraba desprovista de todo medio
probatorio que permitiera concluir que la accionante tiene la calidad de
desplazada.
3.2.2. Caso 7. Expediente
T-2.437.565.
-. La señora Olga Isabel
Medina Ochoa aseguró estar inscrita en el Registro Único de Población
Desplazada desde el año 2000, afirmación que refuerza con una carta firmada por
Humberto Barcelo funcionario de la Unidad de Atención y Orientación a la
Población Desplazada UAO Soledad, en la cual se certifica su calidad de
desplazada. Sin embargo, Acción Social le ha negado la entrega de las ayudas
aduciendo que no tiene derecho “por haber – accedido – declarado
hacer muchos años a las ayudas humanitarias en forma completa e integral.”
(Sic). En declaración juramentada la accionante manifestó que quien trabaja
para mantener el hogar es su esposo y que a pesar de su condición de
desplazados Acción Social no les ha prestado ningún tipo de ayuda.
-. Acción Social guardó
silencio durante todo el trámite de la demanda, a pesar de haber sido
notificado de la misma por el juzgado de instancia y por la Corte
Constitucional en sede de revisión.
-. El juez de instancia negó el
amparo considerando que “si bien es cierto que está probado que la
accionante es víctima del desplazamiento forzado, no aporta en el libelo
de la demanda ni en el discurrir de la actuación certificación de la AGENCIA
PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL SEDE
BARRANQUILLA, donde conste que ha sido registrada como tal.”
3.2.3. Conclusión.
-. Para
estructurarse la presunción de veracidad de que trata el artículo 20 del
Decreto 2591 de 1991 no se parte del supuesto de una mínima actividad
probatoria por parte del accionante, sino que ésta se estructura cuando pedido
un informe por el juez de tutela la entidad accionada no da respuesta dentro
del término dispuesto a lo solicitado, resaltado en el caso concreto, la
situación particular que encierra la condición de persona desplazada por la
violencia y el objetivo de esta acción constitucional, cual es el amparo de los
derechos fundamentales vulnerados.
-. Con relación al caso de la
señora Olga Isabel Medina Ochoa Castro, esta Sala censura las consideraciones
del juez de instancia quién negó el amparo de los derechos fundamentales porque
la accionante “no aporta en el libelo de la demanda ni en el discurrir de la
actuación certificación de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL SEDE BARRANQUILLA, donde conste que ha sido
registrada como tal (desplazada)” Para la Sala, en este caso debió
aplicarse la presunción de veracidad, tantas veces mencionada, dado que. i) la
accionante allegó prueba siquiera sumaria de su condición de desplazada – carta
firmada por Humberto Barcelo funcionario de la Unidad de Atención y Orientación
a la Población Desplazada UAO Soledad, en la cual se certifica su calidad de
desplazada – y; ii) teniendo en cuenta que la entidad accionada no respondió
los requerimientos hechos por los jueces constitucionales.
-. En el caso de la señora Ana
Beatriz Pertuz Castro, la Sala encuentra que debe aplicarse la presunción de
veracidad teniendo en cuenta que: i) luego de notificada la admisión de la
demanda de tutela se le otorgó a la accionada un término prudencial para que se
pronunciara sobre los hechos expuestos por la demandante, una vez vencido el
término, la accionada guardó silencio; ii) en sede de revisión, el magistrado
sustanciador consideró necesario solicitar información a Acción Social, con el
fin de esclarecer y llegar al convencimiento de la situación expresada por la
accionante en la demanda de tutela. Sin embargo, no se recibió el informe
requerido a la entidad accionada.
Con todo, la Sala procederá a
revocar los fallos de instancia y concederá el amparo solicitado por las
ciudadanas.
-. Por lo anterior, la Sala ordenará
a Acción Social que en el término de 15 días, proceda a realizar una evaluación
de las condiciones reales de las accionantes con el fin de determinar si han
sobrepasado la situación de extrema vulnerabilidad identificada. Si se verifica
que las condiciones persisten, Acción Social deberá informar a las accionantes
sobre las circunstancias de tiempo modo y lugar para la entrega de la
asistencia humanitaria, las cuales serán prorrogadas hasta que dicha situación
de urgencia finalice o, sea superada, según lo dispuesto por la sentencia
C-278/07[168].
3.2.4. Razón de la
decisión.
-.Si una vez
solicitada por el juez de tutela información pertinente en torno a los casos
objeto de estudio la entidad accionada no da respuesta al requerimiento en el
término dispuesto, se debe aplicar la presunción de veracidad determinada en el
artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, considerando como ciertas las
afirmaciones aducidas por cada una de las accionantes, y por ende concediendo
el amparo de sus derechos fundamentales.
3.3. Negativa de Acción Social
para inscribir a la accionante en el Registro Único de Población Desplazada.
3.3.1. Caso 3. Expediente T-2.423.547.
-. La señora Katerine González
Gutiérrez rindió declaración juramentada ante la personería de Medellín el 8 de
enero de 2009, manifestando que[169]: “[Y]o vivía en el
pueblo de Terazá (sic) con mi hija en una casa arrendada, llevaba 4 años
viviendo allá, vendía lociones y ropa que compraba en Medellín, estaba bien lo
malo era la violencia por parte de los paramilitares y la guerrilla pero los
que están en el pueblo son los paramilitares y estos están matando mucha gente
y dicen que es para traer nueva gente, y la gente de miedo casi no salía,
pasaban todos los días en motos por el pueblo vigilando y todos los días
aparecían uno o dos muertos y tenían una lista donde decían a los que iban a
matar y ya habían matado más de la mitad de esa gente y medí cuenta de que en
esa lista estaba yo y yo no creía y cada día escuchaba mas a los vecinos de que
yo estaba en esa lista y como me dio miedo salí con mi hija para Medellín antes
de que me hicieran algo y deje mis pertenecías y la moto, y el día 07 de enero
de 2009 nos enteramos que mataron a una joven de 16 años y a un joven que
manejaba una moto taxi por que el pueblo es cada día mas peligroso y por eso no
podemos regresar y necesitamos que por favor nos ayuden porque estamos muy
mal.”
-. Esa declaración fue enviada a la
Unidad Territorial de Antioquia el 14 de enero del mismo año, con el fin de
resolver sobre su inclusión o no en el Registro Único de Población Desplazada.
El 04 de febrero le fue negada su inclusión mediante resolución No. 5001116384,
decisión frente a la cual la señora González interpuso los recursos de
reposición y apelación, los cuales a la fecha de presentación de la tutela, 22
de julio de 2009, no habían sido resueltos.
-. La inclusión en el RUPD fue
negada teniendo en cuenta que: “[A]l consultar tanto con las autoridades
civiles y municipales, como con las fuentes periodísticas de la región, para
confirmar la versión de la deponente en cuanto a la presencia de grupos al
margen de la ley en la zona, se verificó que durante esa fecha no ha hecho
presencia en la zona ese grupo al margen de la ley. Así las cosas se infiere
que la salida de la deponente fue debido a circunstancias distintas a las
enmarcadas dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico Nacional con respecto del
(sic) fenómeno del desplazamiento.”
3.3.2. Conclusión.
-. Acorde con los considerandos
de esta sentencia, Acción Social vulneró el artículo 83 de la Carta Política al
no darle validez a lo declarado por la accionante en las declaraciones ante la
Personería del municipio de Medellín, donde declaró haber sido víctima de
amenazas de paramilitares por las cuales se vio obligada a abandonar el pueblo
de Tarazá. Al respecto, los funcionarios de la Unidad Territorial de Antioquia
encargados de valorar la declaración, negaron la inscripción por considerar,
entre otras, que en la fecha del desplazamiento de la accionante no había hecho
presencia en la zona ese grupo al margen de la ley. Tal afirmación la
sustentaron en el hecho de que ni las autoridades civiles y municipales, ni las
fuentes periodísticas de la región, tuvieron conocimiento de tal hecho, sin
detenerse a evaluar la situación concreta de la accionante. Además, para la
Sala es relevante la desprotección en que se encuentra la hija menor de la
accionante quien también es víctima del desplazamiento.
-. Por lo anterior la Sala
revocará el fallo de instancia y concederá el amparo solicitado por la
ciudadana, ordenando a la Agencia presidencia para la Acción social y la
Cooperación Internacional – Acción Social – que inscriba de manera inmediata a
la señora Katerine González Gutiérrez y a su menor hija en el Registro Único de
Población Desplazada y la consecuente prestación de los beneficios derivados
del registro, hasta tanto la situación de extrema vulnerabilidad finalice o,
sea superada, según lo dispuesto por la Sentencia C-278/07.
3.3.3. Razón de la decisión.
Como se dijo en la parte
considerativa, al presumirse la buena fe se da una inversión de la carga de la
prueba correspondiendo al funcionario administrativo que vaya a negar el
registro por falsa información, el probar que tal hecho no ocurrió. El no tener
conocimiento de la ocurrencia del mismo no es ni siquiera indicio de su no
ocurrencia. Como ha establecido la Corte en reiteradas ocasiones, en las
situaciones de desplazamiento se pueden encontrar hechos silenciosos o sutiles
de difícil naturaleza probatoria y no por tal dejan de ser causa justificada de
desplazamiento. Por lo tanto, al no haberse desvirtuado la afirmación del
accionante de una manera idónea esta es veraz por la aplicación del principio
de buena fe.
3.4. Hecho superado.
Respuesta de fondo, clara y precisa por parte de Acción Social.
3.2.1. Caso 2. Expediente
T-2.375.261.
-. El
derecho de petición, fechado el 15 de agosto de 2008, que aparece con recibido
del 25 de agosto de 2008, se encaminó fundamentalmente a obtener la provisión
de la ayuda humanitaria de emergencia y de los componentes de estabilización
socioeconómica. Al respecto, el apoderado del accionante manifestó en el cuerpo
de la acción de tutela que “[e]l día 15 de agosto (08) del año 2008, el
accionante solicitó (sic) mediante memorial las ayudas humanitarias de
emergencia por medio de Acción Social Bolívar, pero a la fecha de hoy no han
respondido del derecho de petición, pese a los requerimientos hechos, violando
el derecho de petición art. 23 C. N.”[170]. El 08 de mayo de 2009,
el juez de primera instancia negó en amparo por considerar que el actor no
demostró haber puesto en conocimiento de las autoridades competentes las
condiciones bajo las cuales se encontraba. El 12 de mayo de 2009 la entidad
accionada allegó al expediente la respuesta emitida con ocasión de la petición
del accionante.
-. En cuanto a la oportunidad de la respuesta, encuentra la
Sala que el escrito con fecha del 12 de mayo de 2009[171],
dirigido al accionante, no respetó el plazo de 15 días hábiles[172],
toda vez que la petición fue presentada ante Acción Social el 25 de agosto de
2008[173], por el
señor Dagoberto Meléndez Martínez.
-. Al cotejar la comunicación remitida por la entidad
accionada con el derecho de petición formulado por el actor, se resuelven sus
principales inquietudes y solicitudes, cumpliéndose las exigencias de que la
respuesta sea de fondo y congruente con lo requerido por el peticionario.
-. Como primera medida, el accionante pretendía le fuera
certificada la fecha en la cual declaró ente esa entidad y la calidad de
desplazado que ostenta. A su vez, un segundo requerimiento iba encaminado a que
le suministraran ayudas tales como “alimentación, alojamiento, arriendo,
transporte y ubicación de vivienda, estabilidad socioeconómica (microempresa) y
tierra.”
-. La
accionada aportó un oficio emitido por Acción Social fechado del 12 de mayo de
2009 en la que la Subdirectora de Atención a la Población Desplazada de la
Unidad Territorial Bolívar, daba una respuesta a las solicitudes realizadas en
su derecho de petición. El texto relevante de dicho oficio es el siguiente:
Verificando el Registro Único de Población Desplazada
– RUPD – se constató que usted y su grupo familiar se encuentran incluidos
desde el 9/10/2002, según lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 387 de 1997.
Respecto de la Atención Humanitaria de Emergencia
Complementaria, se procedió programar la entrega de los componentes de la
misma, razón por la cual le solicitamos que se acerque a la Unidad de Atención
y Orientación – UAO o a la entidad territorial, a partir de 10 días hábiles a
esta contestación, para que se informe el lugar y fecha en que se le hará la
respectiva entrega, consistente en:
Componente
Mercado
Kit
Alojamiento
Cantidad
2
2
En relación con los programas de generación de
ingresos, le informamos que en la Unidad de Atención y Orientación – UAO o
entidad territorial se esta realizando una preinscripción dentro de la
estrategia diseñada para atender a las familias desplazadas en la fase de
estabilización económica. Por lo tanto le sugerimos inscribirse (…) para que el
operador estudie su caso y pueda ser beneficiario del programa. Si usted ya se
preinscribió, esperamos este atento ya que nuestro operador se comunicará con
usted para iniciar el proceso.
Crédito con recursos de FINAGRO Y BANCOLDEX: (…) el
procedimiento para acceder a dichos recursos es elaborar un proyecto y
presentarlo para evaluación al Banco.
Banca de oportunidades: (…) para acceder se requiere
la presentación de la solicitud del crédito y la fotocopia de la cédula de
ciudadanía.
Educación: a través del Ministerio de Educación
Nacional y las Secretarías de Educación departamental y Municipal.
Salud: a través del Ministerio de Protección Social y
las Secretarias de Salud Departamental y Municipal.
Vivienda: a través del Ministerio de Ambiente y Vivienda
y Desarrollo Territorial – FONVIVIENDA.
Estabilización Socioeconómica: a través del SENA en lo
que referente a capacitación, BANCOLDEX, Banca de Oportunidades y Banco Agrario
en lo referente a crédito para financiamiento de iniciativas productivas.
Acceso a adjudicación de tierras, se invita a los
interesados estar atentos a las convocatorias, se puede consultar por la
Internet en la página www.incoder.gov.co, en el icono: Apoyo a Población
Desplazada.
(…) le invitamos para que se acerque a la Unidad de
Atención y orientación – UAO, con el propósito de brindarle una mayor
información, para que puedan adelantar ante éstas Entidades el procedimiento
señalado por cada una de ellas, a efectos de acceder a esta oferta
institucional.
(…) se encuentran abiertas las inscripciones de manera
permanente al Programa Familias en Acción y pueden realizarse, en la Unidad de
Atención y Orientación. Para este fin deben contar con los siguientes
documentos:
1. Cédula de ciudadanía original y fotocopia.
. Quienes no tengan cédula, contraseña con foto y
huella y una fotocopia.
. Las madres menores de edad, la Tarjeta de Identidad
y una fotocopia.
2. Fotocopia legible de los registros civiles de todos
los menores a inscribir.
3. Certificados de matricula del año 2008 de los
menores que estén estudiando (…)
Es necesario resaltar que los trámites deben ser
adelantados por cualquiera de los miembros del hogar de manera personal, no se
admiten intermediarios y estas gestiones no tienen ningún costo.
-. Finalmente, en lo referente a poner en
conocimiento del peticionario la respuesta de la entidad requerida, se
evidencia que no se empleó un medio idóneo, pues aunque en la respuesta de
tutela la demandada afirmó que el oficio fue enviado a la dirección aportada
por el accionante, la entidad no adjunto prueba de dicha afirmación y el señor
Dagoberto manifestó no haber recibido respuesta alguna.
3.2.1.
Conclusión.
-. Si bien
para el momento en que se profirió el fallo de tutela la entidad accionada no
había notificado al señor Meléndez la respuesta al derecho de petición incoado,
se debe tener en cuenta que el 14 de mayo de 2009, Acción Social allegó al
proceso de tutela el oficio contentivo de la respuesta del tan mencionado
derecho de petición, resolviéndolo de fondo y congruentemente.
-. Con todo, se confirmará la
sentencia del juez de segunda instancia que negó el amparo solicitado, pero por
verificarse la ocurrencia de un hecho superado. Sin embargo, ello no es óbice
para que en caso de que se consoliden nuevamente situaciones de vulnerabilidad
de la accionante y su núcleo familiar, puedan volver a optar por las acciones
constitucionales pertinentes para el amparo de sus derechos fundamentales, por
lo tanto Acción Social deberá continuar orientando al señor Dagoberto Meléndez
Martínez sobre su posible inclusión en los programas de estabilización
socioeconómica como Familias en Acción, la Estrategia JUNTOS, el Programa PAI,
y aspectos complementarios de Ayuda Humanitaria de Emergencia como Micro
crédito y Micro finanzas y cualquier otro programa del que pueda ser
beneficiario, siguiendo los lineamientos expuestos en el presente fallo y
previo cumplimiento de parte del accionante de los requisitos necesarios para
acceder a los mismos, hasta tanto la situación de extrema vulnerabilidad
finalice o, sea superada, según lo dispuesto por la Sentencia C-278/07.
3.2.2. Razón de la decisión.
Si lo pretendido con la acción
de tutela es una orden de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al
pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está
frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo
mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite,
suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual la posible orden que
impartiera el juez caería en el vacío.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política.
RESUELVE;
Primero.- REVOCAR la
decisión proferida por el Juzgado Décimo Tercero Administrativo del Circuito de
Cartagena, que resolvió negativamente la  acción de tutela impetrada por la
ciudadana Liliana Salas Vivanco contra la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional y en su lugar CONCEDER la tutela
de los derechos fundamentales de la accionante y su grupo familiar.
Segundo.- ORDENAR  a la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional que en
el término de 15 días a partir de la notificación del fallo, realice una
evaluación de las condiciones reales de la señora Liliana Salas Vivanco y su
grupo familiar, con el fin de determinar si han sobrepasado la situación de
extrema vulnerabilidad identificada. Si se verifica que las condiciones
persisten, Acción Social deberá informar inmediatamente a la accionante sobre
las circunstancias de tiempo modo y lugar para la entrega de la asistencia
humanitaria, las cuales serán prorrogadas hasta que dicha situación de urgencia
finalice o, sea superada, según lo dispuesto por la sentencia C-278/07.
Tercero.- CONFIRMAR la
decisión proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Cartagena, que resolvió la acción de tutela elevada por el ciudadano Dagoberto
Meléndez Martínez contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, por existencia de hecho superado. En caso de que se
consoliden nuevamente situaciones de vulnerabilidad del accionante y su núcleo
familiar, pueden volver a optar por las acciones constitucionales pertinentes
para el amparo de sus derechos fundamentales, por lo tanto Acción Social deberá
continuar orientando al señor Dagoberto Meléndez Martínez sobre su posible
inclusión en los programas de estabilización socioeconómica como Familias en
Acción, la Estrategia JUNTOS, el Programa PAI, y aspectos complementarios de
Ayuda Humanitaria de Emergencia como Micro crédito y Micro finanzas y cualquier
otro programa del que pueda ser beneficiario, siguiendo los lineamientos
expuestos en el presente fallo y previo cumplimiento de parte del accionante de
los requisitos necesarios para acceder a los mismos, hasta tanto la situación
de extrema vulnerabilidad finalice o, sea superada, según lo dispuesto por la
Sentencia C-278/07.
Cuarto.- REVOCAR la
decisión proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, que
resolvió negativamente la acción de tutela impetrada por la ciudadana Katerine
González Gutiérrez contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional y en su lugar CONCEDER la tutela de los derechos
fundamentales de la accionante y su menor hija.
Quinto. ORDENAR a la
Unidad Territorial de Antioquia de Acción Social que inscriba de manera
inmediata a Katerine González Gutiérrez y a su menor hija en el Registro único
de Población Desplazada y la consecuente prestación de los beneficios derivados
del registro, hasta tanto la situación de extrema vulnerabilidad finalice o,
sea superada, según lo dispuesto por la Sentencia C-278/07.
Sexto.- REVOCAR la
decisión proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta,
que resolvió negativamente la acción de tutela impetrada por la ciudadana Ana
Beatriz Pertuz Castro contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional y en su lugar CONCEDER la tutela de los
derechos fundamentales de la accionante y su grupo familiar.
Séptimo.- ORDENAR  a la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional que en
el término de 15 días a partir de la notificación del fallo, realice una
evaluación de las condiciones reales de la señora Ana Beatriz Pertuz Castro y
su grupo familiar, con el fin de determinar si han sobrepasado la situación de
extrema vulnerabilidad identificada. Si se verifica que las condiciones
persisten, Acción Social deberá informar inmediatamente a la accionante sobre
las circunstancias de tiempo modo y lugar para la entrega de la asistencia
humanitaria, las cuales serán prorrogadas hasta que dicha situación de urgencia
finalice o, sea superada, según lo dispuesto por la sentencia C-278/07.
Octavo.- REVOCAR la
decisión proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta,
que resolvió negativamente la  acción de tutela impetrada por el ciudadano
Víctor Alfonso González Cortez contra la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional y en su lugar CONCEDER la tutela
de los derechos fundamentales del accionante y su grupo familiar.
Noveno.- ORDENAR  a la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional que en
el término de 15 días a partir de la notificación del fallo, realice una
evaluación de las condiciones reales del señor Víctor Alfonso González Cortez y
su grupo familiar, con el fin de determinar si han sobrepasado la situación de
extrema vulnerabilidad identificada. Si se verifica que las condiciones
persisten, Acción Social deberá informar inmediatamente al accionante sobre las
circunstancias de tiempo modo y lugar para la entrega de la asistencia
humanitaria, las cuales serán prorrogadas hasta que dicha situación de urgencia
finalice o, sea superada, según lo dispuesto por la sentencia C-278/07.
Décimo.- REVOCAR la
decisión proferida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de
Risaralda, que confirmó la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de
Pereira, que resolvió negativamente la acción de tutela impetrada por el
ciudadano José Ibarnoe Pino Heredia contra la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional y en su lugar CONCEDER la
tutela de los derechos fundamentales del accionante y su grupo familiar.
Décimo primero.- ORDENAR
a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
que en el término de 15 días a partir de la notificación del fallo, realice una
evaluación de las condiciones reales del señor José Ibarnoe Pino Heredia y su
grupo familiar, con el fin de determinar si han sobrepasado la situación de
extrema vulnerabilidad identificada. Si se verifica que las condiciones
persisten, Acción Social deberá informar inmediatamente al accionante sobre las
circunstancias de tiempo modo y lugar para la entrega de la asistencia
humanitaria, las cuales serán prorrogadas hasta que dicha situación de urgencia
finalice o, sea superada, según lo dispuesto por la sentencia C-278/07.
Décimo segundo.- REVOCAR
la decisión proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de
Barranquilla, que resolvió negativamente la  acción de tutela impetrada por la
ciudadana Olga Isabel Medina Ochoa contra la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional y en su lugar CONCEDER la
tutela de los derechos fundamentales de la accionante y su grupo familiar.
Décimo tercero.- ORDENAR
a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
que en el término de 15 días a partir de la notificación del fallo, realice una
evaluación de las condiciones reales de la señora Olga Isabel Medina Ochoa y su
grupo familiar, con el fin de determinar si han sobrepasado la situación de
extrema vulnerabilidad identificada. Si se verifica que las condiciones
persisten, Acción Social deberá informar inmediatamente a la accionante sobre
las circunstancias de tiempo modo y lugar para la entrega de la asistencia
humanitaria, las cuales serán prorrogadas hasta que dicha situación de urgencia
finalice o, sea superada, según lo dispuesto por la sentencia C-278/07.
Décimo cuarto.- REVOCAR
la decisión proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla,
que resolvió negativamente la  acción de tutela impetrada por el ciudadano
Manuel de Jesús Herrera González contra la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional y en su lugar CONCEDER la tutela
de los derechos fundamentales del accionante y su grupo familiar.
Décimo quinto.- ORDENAR
a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
que en el término de 15 días a partir de la notificación del fallo, realice una
evaluación de las condiciones reales del señor Manuel de Jesús Herrera González
y su grupo familiar, con el fin de determinar si han sobrepasado la situación
de extrema vulnerabilidad identificada. Si se verifica que las condiciones
persisten, Acción Social deberá informar inmediatamente al accionante sobre las
circunstancias de tiempo modo y lugar para la entrega de la asistencia
humanitaria, las cuales serán prorrogadas hasta que dicha situación de urgencia
finalice o, sea superada, según lo dispuesto por la sentencia C-278/07.
Décimo sexto.- REVOCAR
la decisión proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo,
que resolvió negativamente la  acción de tutela impetrada por la ciudadana
Yoleida del Carmen Monterroza Chávez contra la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional y en su lugar CONCEDER la
tutela de los derechos fundamentales de la accionante y su grupo familiar.
Décimo séptimo.- ORDENAR
a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
que en el término de 15 días a partir de la notificación del fallo, realice una
evaluación de las condiciones reales de la señora Yoleida del Carmen Monterroza
Chávez y su grupo familiar, con el fin de determinar si han sobrepasado la
situación de extrema vulnerabilidad identificada. Si se verifica que las
condiciones persisten, Acción Social deberá informar inmediatamente a la
accionante sobre las circunstancias de tiempo modo y lugar para la entrega de
la asistencia humanitaria, las cuales serán prorrogadas hasta que dicha
situación de urgencia finalice o, sea superada, según lo dispuesto por la
sentencia C-278/07.
Décimo octavo.- REVOCAR
la decisión proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo,
que resolvió negativamente la acción de tutela impetrada por la ciudadana
Nergida Rosa Torres Rivera contra la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional y en su lugar CONCEDER la tutela de los
derechos fundamentales de la accionante y su grupo familiar.
Décimo noveno.- ORDENAR
a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
que en el término de 15 días a partir de la notificación del fallo, realice una
evaluación de las condiciones reales de la señora Nergida Rosa Torres Rivera y
su grupo familiar, con el fin de determinar si han sobrepasado la situación de
extrema vulnerabilidad identificada. Si se verifica que las condiciones
persisten, Acción Social deberá informar inmediatamente a la accionante sobre
las circunstancias de tiempo modo y lugar para la entrega de la asistencia
humanitaria, las cuales serán prorrogadas hasta que dicha situación de urgencia
finalice o, sea superada, según lo dispuesto por la sentencia C-278/07.
Vigésimo.- REVOCAR la
decisión proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo, que
resolvió negativamente la  acción de tutela impetrada por la ciudadana Petrona
Elena Castro Novoa contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional y en su lugar CONCEDER la tutela de los
derechos fundamentales de la accionante y su grupo familiar.
Vigésimo primero.- ORDENAR
a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
que en el término de 15 días a partir de la notificación del fallo, realice una
evaluación de las condiciones reales de la señora Petrona Elena Castro Novoa y
su grupo familiar, con el fin de determinar si han sobrepasado la situación de
extrema vulnerabilidad identificada. Si se verifica que las condiciones
persisten, Acción Social deberá informar inmediatamente a la accionante sobre
las circunstancias de tiempo modo y lugar para la entrega de la asistencia
humanitaria, las cuales serán prorrogadas hasta que dicha situación de urgencia
finalice o, sea superada, según lo dispuesto por la sentencia C-278/07.
Vigésimo segundo.- Por Secretaría General, líbrese la comunicación a que se
refiere el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO
PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaría General
[1]
Demanda interpuesta por la señora Liliana Salas Vivanco contra Acción Social el 17 de junio de 2009.
[2]
Ver fotocopia de la cédula de ciudadanía folio 9 del expediente.
[3] No se especifica una fecha exacta del desplazamiento,
ver folio 1 del expediente.
[4]
Ver folios 8 y 9 del expediente.
[5] Ver folio 2 del expediente.
[6] Ver folio 3 del expediente.
[7]
La accionante aportó copia del derecho de petición elevado ante Acción Social
el 11 de marzo de 2009, ver folio 7 del expediente.
[8] Ver folio 3 del expediente.
[9]
Ver folios 5 y 6 del expediente.
[10]Mediante Oficio No. 0807 del 17 de junio de 2009, el
Juzgado Décimo Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena
comunicó a Acción Social la admisión de la acción de tutela instaurada en su
contra por la señora Liliana Salas Vivanco. Folio 14 del Expediente.
[11]
Ver folios 16 a 21 del expediente.
[12]
Demanda interpuesta por  Dagoberto Meléndez Martínez contra Acción
Social el 23 de abril de 2009.
[13]
Ver fotocopia de la cedula de ciudadanía folio 9 del expediente.
[14] No se especifica una fecha exacta del desplazamiento,
ver folio 1 del expediente.
[15]
Ver folio 8 del expediente.
[16] Ver folio 2 del expediente.
[17] Ver folio 3 del expediente.
[18]
Ver folio 7 del expediente.
[19] Ver folio 3 del expediente.
[20]
Ver folios 5 y 6 del expediente.
[21]
Dra. Claudia Viviana Ferro Buitrago.
[22]
Ver folios 27 a 32 del expediente.
[23]
Ver folios 33 al 35 del expediente.
[24]
Ver folios 15 al 26 del expediente.
[25]
Demanda interpuesta por Katerine González Gutiérrez contra Acción
Social el 22 de julio de 2009.
[26]
Ver fotocopia de la cedula de ciudadanía folio 9 del expediente.
[27]
Ver folios 3 y 5 del expediente.
[28]
Dra. Lucy Edrey Acevedo Meneses.
[29]
Ver folios 12 a 17 del expediente.
[30]
Ver folios 8 a 11 del expediente.
[31]
Demanda interpuesta por Ana Beatriz Pertuz Castro contra Acción
Social el 04 de noviembre de 2008.
[32]
Ver fotocopia de la cedula de ciudadanía folio 8 del expediente.
[33]Mediante Oficio No. 1311 del 05 de noviembre de 2008,
el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Judicial de Santa Marta comunicó a Acción Social la admisión de la acción de tutela instaurada en su
contra, por la señora Ana Beatriz Pertuz Castro, ver folio 11 del Expediente.
[34]
Ver folios 14 a 19 del expediente.
[35]
Demanda interpuesta por Víctor Alfonso González Cortez contra Acción Social el 17 de marzo de 2009.
[36]
Ver fotocopia de la cedula de ciudadanía folio 4 del expediente.
[37]
La fecha de inscripción en el RUPD fue suministrada por la
accionada, ver folio 22 del expediente.
[38]
En el folio 2 del expediente. reposa el derecho de petición
presentado ante Acción Social, sin sello de recibido.
[39]
Dra. Claudia Viviana Ferro Buitrago.
[40]
Ver folios 27 a 32 del expediente.
[41]
Ver folios 13 a 17 del expediente.
[42]
Demanda interpuesta por José Ibarnoe Pino Heredia contra Acción
Social el 15 de julio de 2009.
[43]Mediante
Oficio No. 728 del 15 de julio de 2009, el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Pereira – Risaralda – comunicó a la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción
Social – la admisión de la acción de tutela instaurada en su contra, por
el señor José Ibarnoe Pino Heredia, ver folio 11 del expediente.
[44]
Ver folios 8 a 13 del expediente.
[45]
Ver folio 17 del expediente.
[46]
Demanda interpuesta por Olga Isabel Medina Ochoa contra Acción
Social el 04 de agosto de 2009.
[47]
Ver fotocopia de la cedula de ciudadanía folio 8 del expediente.
[48]
Afirmación realizada en el escrito de tutela, ver folio 4 del
expediente.
[49]Mediante
Oficio No. 728 del 15 de julio de 2009, el Juzgado Segundo Séptimo Penal del
Circuito de Barranquilla comunicó a Acción Social la
admisión de la acción de tutela instaurada en su contra, por la señora Olga
Isabel Medina Ochoa, ver folio 13 del expediente.
[50]
Ver folios 14 a 16 del expediente.
[51]
Demanda interpuesta por Manuel de Jesús Herrera González contra Acción Social el 13 de agosto de 2009.
[52]
Ver fotocopia de la cedula de ciudadanía folio 10 del expediente.
[53]
La fecha de inscripción en el RUPD fue suministrada por la
accionada, ver folio 21 del expediente.
[54]
Ver folio 7 del expediente.
[55]
Dra. Lucy Edrey Acevedo Meneses.
[56]
Ver folios 12 a 17 del expediente.
[57]
Ver folios 31 a 38 del expediente.
[58]
Demanda interpuesta por Yoleida del Carmen Monterroza Chávez contra Acción Social el 30 de junio de 2009.
[59]
En los folios 3 y 4 del expediente reposa el derecho de
petición.
[60]
Dra. Lucy Edrey Acevedo Meneses.
[61]
Ver folios 12 a 17 del expediente.
[62]
Ver folios 19 a 22 del expediente.
[63]
Demanda interpuesta por Nergida Rosa Torres Rivera contra Acción
Social el 30 de junio de 2009.
[64]
Ver fotocopia de la cedula de ciudadanía folio 5 del expediente.
[65]
Ver folios 3 y 4 del expediente.
[66]Mediante
Oficio No. 2079 del 01 de julio de 2009, el Juzgado Primero Penal del Circuito
de Sincelejo comunicó a Acción Social la admisión de
la acción de tutela instaurada en su contra, por la señora Olga Isabel Medina
Ochoa, ver folio 12 del Expediente.
[67]
Ver folios 19 a 22 del expediente.
[68]
Demanda interpuesta por Petrona Elena Castro Novoa contra Acción
Social el 19 de junio de 2009.
[69]
Ver copia de la cédula de ciudadanía folio 5 del expediente.
[70]Mediante
Oficio No. 2013 del 24 de junio de 2009, el Juzgado Primero Penal del Circuito
de Sincelejo comunicó a Acción Social la admisión de
la acción de tutela instaurada en su contra, por la señora Petrona Elena Castro
Novoa, ver folio 13 del expediente.
[71]
Ver folios 19 a 22 del expediente.
[72]
Teléfono 4372XXX
[73]
Teléfono 317773XXXX
[74]
Teléfono 3145050XXXX
[75]
Teléfono 2752XXX
[76]
Mediante oficio del 16 de octubre de 2009, ver folios 12 al 19 del cuaderno
principal.
[77]
Mediante oficio remitido a esta Corporación el 27 de octubre de 2009, ver
folios 33 a 37 del cuaderno principal.
[78]
Ver folio 44 y 45 del cuaderno principal.
[79]
El 08 de febrero de 2009, ver folios 156 a 158.
[80]
Mediante oficio del 16 de octubre de 2009, ver folio 18 cuaderno principal.
[81]
Mediante oficio remitido a esta Corporación el 15 de diciembre de 2009 el
Juzgado Once Laboral del Circuito Judicial de Medellín envió vía fax el
despacho comisorio No. 18 correspondiente a la declaración de la señora
Katerine González Gutiérrez. Posteriormente, el 12 de enero de 2010 fue
remitido al despacho del Magistrado Sustanciador el escrito original de la
declaración., ver folio 73, cuaderno principal.
[82] Mediante oficio remitido a esta Corporación el 1 de
febrero de 2010, ver folio 142, cuaderno principal.
[83] Ver
folio 148, cuaderno principal.
[84] Mediante oficio remitido a esta Corporación el 1 de
febrero de 2010, ver folios 150  y 154  del cuaderno principal.
[85] Mediante oficio remitido a esta Corporación el 15 de
diciembre de 2009, ver folios 86, 91 y 92  del cuaderno principal.
[86] Mediante oficio remitido a esta Corporación el 15 de
diciembre de 2009, ver folios 96, 102 y 103  del cuaderno principal.
[87]
Mediante oficio remitido a esta Corporación el 16 de diciembre de 2009, ver
folio 109 del cuaderno principal.
[88]
Mediante oficio remitido a esta Corporación el 26 de enero de 2010, ver folios
120  y 128 del cuaderno principal.
[89]
Mediante oficio remitido a esta Corporación el 15 de diciembre de 2009, ver
folios 130  a 136 del cuaderno principal.
[90]
Sentencia T-1109 de 2004.
[91]
Sentencia T-821 de 2007.
[92]
Sentencia T-078 de 2004.
[93]
Sentencia T-086 de 2006.
[94]
Sentencia T-1094 de 2004.
[95]
Sentencia T-327 de 2001.
[96]
Artículo 1 del decreto 2569 del 2000.
[97]
Artículo 4 Decreto 2569 del 2000. El numeral 1 del artículo 1 del decreto 2569
de 2000 explica en detalle las funciones de Acción Social en relación con el
Registro Único de Población Desplazada.
[98]
Artículo 4 decreto 2569 del 2000. Ver sentencia T-328/07
[99] Al respecto ver: SU-1150/00, T-327/01, T-098/02,
T-268/03, T-419/03 y T-602/03 y el anexo 3 a la sentencia T-025/04.
[100] Ver la sentencia T-563/05.
[101]
El artículo 1 de la ley 387 de 1997 define a la persona desplazada.
[102]
En este sentido el registro de la población desplazada no constituye un
reconocimiento de su condición, pues como ya se explicó, esta es una
herramienta técnica para la implementación de la política pública en materia de
desplazamiento. Al respecto la Corte ha indicado: “La condición de desplazado
por la violencia es una circunstancia de carácter fáctico, que concurre cuando
se ha ejercido coacción para el abandono del lugar habitual de residencia a
otro sitio dentro de las fronteras de la propia nación.  En ese sentido, la
inscripción en el RUPD carece de efectos constitutivos de esa condición; por lo
que, en cambio, dicho Registro cumple únicamente las finalidades de servir de
herramienta técnica para la identificación de la población afectada y como
instrumento para el diseño e implementación de políticas públicas que busquen
salvaguardar los derechos constitucionales de los desplazados.” Sentencia
T-1076/05.
[103]
Ver la sentencia T-227/97.
[104]
Artículo 11 del decreto 2569 del 2000. Sobre la última causal de exclusión, la
declaración y solicitud dentro del año siguiente al desplazamiento, la Corte en
sentencia C-047/01 declaró la constitucionalidad condicionada de la norma,
indicando que dicho término no puede desconocer las especiales circunstancias
por las que atraviesa la población desplazada, por lo tanto en caso de
presentarse un evento de fuerza mayor o caso fortuito que no permitieran
cumplir con el término establecido, su contabilización deberá hacerse a partir
del momento en el cual dicha circunstancia que impidió realizar la declaración
en el momento oportuno fuera superada.
[105]
Al respecto ver: T-025/04 aparte 6.3.1.3. y A333/06.
[106] Al respecto ver: T-740/04, T-1094/04, T-175/05, T-563/05, T-882/05,
T-1076/05, T-1144/05, T-086/06,  T-468/06 y T-328/07.
[107] Al respecto ver la sentencia T-327/01.
[108] Al respecto la sentencia T-327/01.
[109]
Naciones Unidas, Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998. Informe del
Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el tema
de los Desplazamientos Internos de Personas, Sr. Francis Deng.
[110]
Cfr. T-025/04
[111]
Cfr. T-025/04
[112]
En la sentencia T-1076 de 2005 sobre esta misma cuestión dijo la Corte: “En
cuanto se refiere al registro de una persona en el RUPD la Corte ha sostenido,
específicamente, lo siguiente: (i) La interpretación favorable de las normas
que regulan la materia permite sostener que la condición de desplazado forzado
interno es una situación fáctica, que no está supeditada al reconocimiento
oficial a través de la inscripción en el RUPD; (ii) las exigencias procedimentales
para esa inscripción sólo pueden ser aquellas expresamente fijadas en la ley,
sin que los funcionarios encargados de esa labor estén facultados para exigir
requisitos adicionales; (iii) la declaración sobre los hechos constitutivos de
desplazamiento debe analizarse de tal forma que se tengan en cuenta las
condiciones particulares de los desplazados, que en la mayoría de los casos les
dificultan relatarlos con exactitud; y (iv) estas declaraciones están amparadas
por la presunción de buena fe, lo que traslada a los funcionarios competentes
la carga probatoria para desvirtuar los motivos expresados por el afectado.”.
[113] En la sentencia T-563 de 2005 se describen y explican
las etapas de la inscripción en el RUPD. Sobre el derecho de las personas en
situación de desplazamiento a recibir información plena, eficaz y oportuna ver
T-645 de 2003.
[114]
Cfr. Sentencia T-1076 de 2005.
[115] Al respecto la Corte ha sostenido que en materia de
desplazamiento forzado la carga de probar que las declaraciones de la persona
no corresponden a la verdad corresponde al Estado. Así por ejemplo, sobre la
presunción de validez de las pruebas aportadas, la Corte ha señalado: “si una
persona desplazada afirma haber realizado una declaración sobre los hechos que
dieron lugar a su traslado y aporta certificación al respecto proveniente de
una de las autoridades previstas en la ley 387 de 1997 para realizar tal labor,
la Red de Solidaridad debe presumir que el documento es verdadero y debe dar
trámite a la solicitud de inscripción (...)”. Sentencia T-563 de 2005.
[116] Al respecto la Corte ha señalado: “es a quien desea
contradecir la afirmación a quien corresponde  probar la no ocurrencia del
hecho. El no conocimiento de la ocurrencia del hecho por autoridad
gubernamental alguna no es prueba de su no ocurrencia. Es apenas prueba de la
inmanejable dimensión del problema que hace que en muchas ocasiones las
entidades gubernamentales sean desconocedoras del mismo. En muchas ocasiones
las causas del desplazamiento son silenciosas y casi imperceptibles para la
persona que no está siendo víctima de este delito. Frente a este tipo de
situaciones es inminente la necesidad de la presunción de buena fe si se le
pretende dar protección al desplazado.” Sentencia T-327 de 2001.
[117] Al respecto dijo la Corte: “uno de los elementos que
pueden conformar el conjunto probatorio de un desplazamiento forzado son los
indicios y especialmente el hecho de que la persona haya abandonado sus bienes
y comunidad. Es contrario al principio de celeridad y eficacia de la
administración el buscar llegar a la certeza de la ocurrencia de los hechos,
como si se tratara de la tarea de un juez dentro de un proceso, ya que al hacer
esto se está persiguiendo un objetivo en muchas ocasiones imposible o en
extremo complejo, como se ha expresado anteriormente, la aplicación del
principio de buena fe facilita la tarea del funcionario de la administración y
le permite la atención de un número mayor de desplazados.”. Sentencia  T-327 de
2001.
[118] Para la Corte la inversión de la carga de la prueba
se produce en virtud de la aplicación de los principios de buena fe y
favorabilidad y en atención a las especiales circunstancias en las que suelen
encontrarse las personas en situación de desplazamiento forzado. Por estas
mismas circunstancias la Corte ha entendido que las inconsistencias en la
declaración no pueden ser prueba suficiente de su falsedad. Al respecto la
Corporación ha dicho que al momento de recibir la correspondiente declaración,
los servidores públicos deben tener en cuenta que: “(i) la mayoría de
las personas desplazadas por la violencia provienen de ambientes donde la
educación a la que tuvieron acceso es exigua -motivo por el cual el grado de
analfabetismo es alto-; (ii) en muchas ocasiones quien es desplazado por
la violencia proviene de contextos en los cuales se ha educado a las personas
en una especie de "temor reverencial" hacia las autoridades públicas;
(iii) en el momento de rendir un testimonio ante las autoridades, el
grado de espontaneidad y claridad con el que podrían hacerlo se reduce
considerablemente; (iv) a las circunstancias del entorno de origen de
los desplazados, se añaden las secuelas de la violencia. No es fácil superar el
trauma causado por los hechos generadores del desplazamiento forzado. Esta
situación puede conllevar traumas sicológicos, heridas físicas y afectivas de
difícil recuperación, además de la inminente violación de derechos humanos que
se da desde que la persona es víctima del delito de
desplazamiento que pueden influir en el desenvolvimiento del desplazado al
momento de rendir la declaración; y (v) el
temor de denunciar los hechos que dieron lugar al desplazamiento hace que no
exista espontaneidad en su declaración.”
[119] Ibídem.
[120] Al respecto cabe recordar que en la sentencia C-047 de 2001 la
Corte declaró exequible el
plazo de un año para solicitar la ayuda humanitaria, bajo el entendido de que
el término de un año fijado por el Legislador para acceder a la ayuda
humanitaria comenzará a contarse a partir del momento en que cese la fuerza
mayor o el caso fortuito que impidieron presentar oportunamente la solicitud.
Ver nota 38 infra.
[121]
Ver la sentencia T-496/07.
[122]Ver sentencia T-458/06.
[123] Ver las sentencias T-1144/05 y T-086/06.
[124] Ver la sentencia T-563/05.
[125] Ver la sentencia T-1076/05.
[126] Ver la sentencia T-740/04.
[127] Ver la sentencia  T-1094/04.
[128] Ver la sentencia T-1076/05.
[129] Sentencia T-156 de 2008.
[130] Sentencia T-868/2008
[131] Sentencia T-364/2008
[132] Ibídem.
[133] Ibíd.
[134] Sentencia T-868/2008
[135] Sentencia T-605/2008
[136] Sentencia T-364/2008
[137] Sentencia T-605/2008
[138] Sentencia
T-377/2000
[139]
Ver las sentencias T-047/2008; T-305/1997; T-490/1998 y T-180/2001.
[140] Código Contencioso Administrativo, Articulo 33: “FUNCIONARIO INCOMPETENTE. Si el
funcionario a quien se dirige la petición, o ante quien se cumple el deber
legal de solicitar que inicie la actuación administrativa, no es el competente,
deberá informarlo en el acto al interesado, si éste actúa verbalmente; o dentro
del término de diez (10) días, a partir de la recepción si obró por escrito; en
este último caso el funcionario a quien se hizo la petición deberá enviar el
escrito, dentro del mismo término, al competente, y los términos establecidos
para decidir se ampliarán en diez (10) días”.
[141] Sentencia T-180/2001
[142]  Ver las sentencias T-047/08 ; T-481/92 ;
T-159/93; T-056/94 ; T-076/95; T-275/97 y T-1422/00.
[143] Sentencia T-047/2008
[144] Al respecto ver la Sentencia T-025/2004.
[145] Ver las
sentencias T-307 de 1999; T-1104 de 2002; T-159 de 1993.
[146] Ver sentencia T-025/2004
[147]
Ver la sentencia T-644 de 2003.
[148]
Ver entre otras, las sentencias, T-998 y T-911 de 2003.
[149]
Por medio del cual se reglamenta la acción de tutela.
[150] “ARTICULO 19. INFORMES. El juez
podrá requerir informes al órgano o a la autoridad contra quien se hubiere
hecho la solicitud y pedir el expediente administrativo o la documentación
donde consten los antecedentes del asunto. La omisión injustificada de enviar
esas pruebas al juez acarreará responsabilidad.
El
plazo para informar será de uno a tres días, y se fijará según sea la índole
del asunto, la distancia y la rapidez de los medios de comunicación.
Los
informes se considerarán rendidos bajo juramento”.
[151] “ARTICULO 20. PRESUNCION DE
VERACIDAD. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se
tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el
juez estime necesaria otra averiguación previa”.
[152]
Ibídem.
[153] ARTICULO 21. INFORMACION ADICIONAL.
Si del informe resultare que son ciertos los hechos, podrá ordenarse de
inmediato información adicional que deberá rendirse dentro de tres días con las
pruebas que sean indispensables. Si fuere necesario, se oirá en forma verbal al
solicitante y a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud, de todo lo
cual se levantará el acta correspondiente de manera sumaria.
En
todo caso, el juez podrá fundar su decisión en cualquier medio probatorio para
conceder o negar la tutela.
[154] “ARTICULO 22. PRUEBAS. El juez, tan
pronto llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá
proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas”.
[155]
Ver sentencias: T-675/96; T-677/96; T-041/97; T-085/97;
T-522/97.
[156]
Ver sentencia SU-540/07.
[157]
Ibídem.
[158]
Ver las sentencias: T-281/01; T-1314/01; T-552/02; T-1111/05; T-429/07.
[159]
En el folio 7 del expediente se encuentra el derecho de
petición presentado por la accionante.
[160] Folio 3 del expediente.
[161]
Situación corroborada en la historia clínica del menor, folios
161 a 163 del cuaderno principal.
[162]
En el folio 2 del expediente se encuentra el derecho de
petición presentado por el accionante.
[163]
En el folio 7 del expediente se encuentra el derecho de
petición presentado por el accionante.
[164]
En los folios 3 y 4 del expediente se encuentra el derecho de
petición presentado por la accionante.
[165]
En los folios 3 y 4 del expediente se encuentra el derecho de
petición presentado por la accionante.
[166]
En los folios 3 y 4 del expediente se encuentra el derecho de
petición presentado por la accionante.
[167]
Sobre el particular pueden revisarse las órdenes impartidas por esta
Corporación en la sentencia T- 496 de 2007.
[168]
Sobre el particular pueden revisarse las órdenes impartidas por esta
Corporación en la sentencia T- 496 de 2007.
[169]
Ver folios 3 y 5 del expediente.
[170] Folio 3 del expediente.
[171]
Ver folio 33 del expediente.
[172]
Esta corporación ha sostenido, frente a la oportunidad para resolver peticiones
de particulares que “el Código Contencioso Administrativo, en los artículos 6°
y 9°, establece como regla general, el deber de la administración de
otorgar respuesta oportuna a las peticiones de interés particular
formuladas por los interesados, en el término perentorio de los quince (15)
días hábiles siguientes a la fecha de su recibo”, Sentencia C-1024/04.
[173]
Ver folio 7 del expediente.