T-212-06
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-212/06
ACCION DE TUTELA-Improcedencia en caso de existir mecanismo
ordinario de protección de derechos fundamentales al interior de proceso penal
RECURSO DE CASACION PENAL-Idoneidad para la protección de derechos
fundamentales
RECURSO DE CASACION PENAL-Improcedencia de tutela por encontrarse
pendiente de decisión
SALA DE CASACION PENAL DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA-Competencia
originaria para ser juez constitucional en el caso concreto/ACCION DE TUTELA-Subsidiariedad
VIA DE HECHO POR DESCONOCER EL PRINCIPIO NO
REFORMATIO IN PEJUS-Procedencia de tutela esta condicionada al
agotamiento de vía ordinaria
RECURSO DE CASACION-Demora en la decisión no configura
perjuicio irremediable
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Procedencia para
determinar presunta prescripción de la acción penal/ACCION DE REVISION-Procedencia
para determinar presunta prescripción de la acción penal
Referencia: expediente T-1221264
Peticionarios: Héctor Coneo Rios, Raymundo
Coneo Rios y Hernando Coneo Guerrero.
Demandado: Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, Sala Penal.
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil seis
(2006).
La
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Rodrigo Escobar Gil, Humberto Antonio Sierra Porto y Marco Gerardo
Monroy Cabra, quien actúa como ponente, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo de
tutela proferido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,
correspondiente al trámite de la acción de amparo constitucional impetrada por
Héctor Coneo Rios, Raymundo Coneo Rios y Hernando Coneo Guerrero contra el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Penal.
I.       ANTECEDENTES.
1.      Demanda, fundamentos y
pretensiones.
Los accionantes Héctor Coneo Rios, Raymundo Coneo Rios y Hernando
Coneo Guerrero, actuando a través de apoderado judicial, interpusieron acción
de tutela en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
1.1.  Al respecto, se relataron los siguientes hechos:
a. El 30 de marzo de 1998 a través de un informe de
inteligencia militar, la Armada Nacional puso en conocimiento del Director
Regional de Fiscalías, los resultados de la Operación Remora II del 16 de
octubre de 1996, dirigida a desarticular una presunta organización destinada al
tráfico de drogas ilícitas. Dicho informe secreto identificado con el número
291032R vinculó, entre otras personas, a los accionantes Hernando Coneo
Guerrero y Héctor Manuel Coneo Rios[1].
b.  El 21 de abril de 1998, la Fiscalía General de la
Nación, Unidad Especializada de Narcotráfico, avocó el conocimiento del asunto
y ordenó la práctica de varias pruebas destinadas a determinar la participación
de más de diez (10) personas en comportamientos relacionados con el tráfico de
estupefacientes. Entre las pruebas ordenadas se encuentran: La copia de la
tarjeta decadactilar, el reporte de entradas y salidas del país, el número y
fecha de expedición del pasaportes, la Carta Rogatoria librada con destino a la
República Dominicana para que se sirvan allegar copias auténticas de la
actuación surtida contra los señores Heriberto Coneo y Miguel Villa, y
finalmente, el requerimiento de asistencia judicial a la República de Panamá.
En ninguna de las mencionadas pruebas se solicitó información sobre los
accionantes.
c. El día 22 de julio de 1998, la Armada Nacional puso en
conocimiento del Director Regional de Fiscalías, a través de oficio radicado
con el número 220922R, un acontecimiento presentado en aguas panameñas el 9 de
julio de 1998, en el cual se detectó y siguió una lancha sin nombre, en la que
se encontraron 1100 Kilos de cocaína junto a los papeles de identificación del
señor Raymundo Coneo, a pesar de haber sido hundida por sus navegantes. En la citada
operación no se capturó a ninguno de los tripulantes de la citada lancha.
d.  Para el 27 de noviembre de 1998, con fundamento en el
artículo 37 de la Ley 81 de 1993, la Fiscalía General de la Nación, recepcionó
una declaración con reserva de identidad de testigo, con presencia del Fiscal
Regional y del Representante del Ministerio Público, dejándose plasmada la
huella digital del declarante[2].
En este testimonio se vinculó a los accionantes Héctor Coneo Rios, Hernando
Coneo Guerrero y Raymundo Coneo Rios, entre otras personas, por su presunta
coordinación y utilización de embarcaciones para traficar con estupefacientes
entre la República de Colombia y los Estados de México y Puerto Rico.
e.  El 19 de marzo de 1999, se incorporó al expediente un
informe de inteligencia realizado por la Unidad de Investigación Financiera y
de la División de Estupefacientes de Panamá. En dicho documento, entre otros,
(i) se relacionan los nombres de Hernando Coneo Guerrero y Héctor Coneo Rios
por su supuesta participación en una organización destinada al tráfico de
drogas ilícitas; (ii) se relata el acontecimiento de los documentos del señor
Raymundo Coneo que fueron encontrados junto a la lancha hundida y a los 1100
Kilos de cocaína en aguas territoriales de la República de Panamá; y
finalmente, (iii) se pone en conocimiento el decomiso de unos paquetes de droga
que estaban camuflados en electrodomésticos que serían enviados a España, los
cuales según apreciación de inteligencia militar, iban a ser posiblemente
recogidos por el conductor de la familia Coneo en ciudad de Panamá, señor
Virgilio Attanasio Carmona.
f. Igualmente, se allegaron al expediente los interrogatorios
practicados a los señores Heriberto Coneo y Miguel Villa por las autoridades de
policía de la República Dominicana, a partir de la Carta Rogatoria enviada por
las autoridades judiciales de Colombia. En ellos no existe ninguna
incriminación en relación con los accionantes en este proceso.
g.  Para el 22 de marzo de 2000, se ordenó por la
Fiscalía General de la Nación la vinculación de los señores Miguel Villa López,
Heriberto Francisco Coneo, Andrés Coneo Higuera, Ricardo Coneo Guerrero,
Raymundo Coneo Rios, Hernando Coneo Guerrero y Héctor Coneo Rios a la causa
criminal por la presunta comisión de los delitos de tráfico de estupefacientes
y concierto para delinquir. Frente al citado señor Raymundo Coneo se resolvió
su situación jurídica con detención preventiva el día 15 de mayo de 2000;
mientras que a través providencia del 19 del mismo mes y año, se declararon
reos ausentes a los señores Hernando Coneo Guerrero y Héctor Coneo Rios, por lo
que se dispuso su detención inmediata.
h. El 18 de diciembre de 2000, la Fiscalía General de la
Nación dictó resolución de acusación frente a todos los sindicados previamente
mencionados. A juicio del Ministerio Público, frente a los señores Hernando
Coneo Guerrero y Héctor Manuel Coneo Rios, la citada decisión es procedente, “por
cuanto que la declaración con reserva así lo indica”[3]. Por su parte, en
tratándose de Raymundo Coneo, la Vista Fiscal señaló: “también solicitó se
profiera resolución de acusación en contra de Raymundo Coneo como autor del
hecho punible de narcotráfico agravado por los hechos acaecidos el 9 de julio
de 1998”, en el que -como previamente se señaló- fueron hallados sus
documentos de identificación junto a la lancha hundida y a los 1100 Kilos de
cocaína incautada.
En el acápite 4.4.2. “sobre los hechos y
responsabilidad de Raymundo Coneo Rios”, la Fiscalía General de la Nación
señaló dos (2) pruebas allegadas a la investigación para proferir la resolución
de acusación en su contra, por una parte, el suceso acontecido el día 9 de
julio de 1998, y por la otra, “la declaración con reserva de identidad del
testigo Clave 1”.
En el punto 4.4.3. “Sobre los hechos y
responsabilidad de Andrés Coneo Higuera, Ricardo Coneo Guerrero, Héctor
Manuel Coneo Rios, Heriberto Francisco Coneo Higuera y Hernando Coneo”,
la Fiscalía General de la Nación se fundamentó exclusivamente en la declaración
con reserva de identidad Clave 1, a fin de proferir la resolución de
acusación.
Finalmente, en el numeral 4.4.5. al
acogerse por la Fiscalía las alegaciones de los defensores de los sindicados,
se determinó que en relación con el suceso del decomiso de unos paquetes de
droga que estaban camuflados en electrodomésticos que iban a ser enviados a
España, no existía mérito alguno para proferir una resolución de acusación en
contra de los mismos Al respecto, en la citada providencia, se manifestó:
“Se acoge el concepto de los defensores y
de los sindicados que alegaron en su favor en lo que respecta a la prueba
allegada de Panamá, toda vez que como lo anotara el Ministerio Público no
existe por el momento indicio grave que permita inferir su participación en
esos hechos, esperando claro está que en la etapa del juicio el gobierno
panameño envíe las pruebas y allí se pueda determinar la existencia de otros
medios probatorios”.
i.  La Unidad Nacional de Fiscalías Delegada ante los Tribunales
Superiores de Distrito mediante providencia del diez (10) de abril de 2001,
confirmó la decisión de primera instancia, en cuanto al mérito para proferir la
resolución de acusación. La autoridad judicial encargada de resolver el recurso
de impugnación, reiteró como pruebas para fundamentar la citada resolución de
acusación, el hallazgo de los documentos de Raymundo Coneo y la declaración con
reserva de identidad del testigo Clave 1.
j.  Luego de practicada la audiencia pública, el día 9 de
agosto de 2002, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Cartagena
de Indias decidió absolver a los sindicados Raymundo Coneo Rios, Hernando Coneo
Guerrero y Héctor Coneo Rios, con fundamento en las razones que a continuación
se exponen:
- En cuanto a los informes que rindió la
Armada Nacional, el juez de instancia considera que dado su carácter de
“informes de inteligencia”, los mismos carecen de valor probatorio al amparo
del ordenamiento jurídico vigente. Así, señaló que:
“Los informes que rindió la Armada
Nacional, entre tanto, tampoco alcanzan ninguna relevancia incriminatoria
porque sus asertos están basados en informaciones recaudadas por terceros que
jamás fueron ratificadas por ningún otro medio probatorio en el proceso. Ahora,
negar el carácter de informes de inteligencia que tienen dichos protocolos no
deja de ser ocioso, porque ningún miembro de la institución se acercó al
proceso a dar testimonio de conocimiento alguno de tales hechos y, por
consiguiente, son impersonales y, por la misma razón no tienen la naturaleza
testimonial de la que quiso revestirlos la Fiscalía y en su condición de
documentos no son idóneos en orden a demostrar lo que en ellos se reseña.
Recuérdese que a instancia de este despacho se citó a declarar a un funcionario
de dicho ente militar que impuesto del motivo de su deposición negó todo
conocimiento al respecto. Adicionalmente, tampoco puede perderse de vista que
si a dichos informes se concediera algún valor probatorio, sobre el puntual
hecho de que en un bote en el cual habría sido incautado un alijo con droga en
territorio marítimo panameño fueron encontrados los documentos de identidad de
RAYMUNDO CONEO, lo cierto es que ello conllevaría compromiso solamente respecto
de este encartado, hecho que estimado conforme a las reglas de la sana crítica
de la prueba, daría lugar a erigir un indicio contingente que, como sabemos, no
tiene la virtualidad de conducir a ningún grado de certeza, por no corresponder
a los principios de razón suficiente ni necesaria”.
- En relación con el testimonio con reserva
de identidad, el juzgado considera que ante la declaratoria de
inconstitucionalidad de dicha figura procesal, no puede reconocerle mérito
probatorio alguno, sopena de contrariar el artículo 29 Superior. En sus propias
palabras, manifestó:
“Finalmente, obra en el proceso un
testimonio con reserva de identidad, que ciertamente, reseña conocimiento de
que la familia CONEO, incluidos los aquí procesados, conformaban una banda de
narcotraficantes. Esta pieza, por todos es sabido, no constituye en nuestro
ordenamiento procesal penal medio legal de prueba y si en algún momento tuvo
tal carácter actualmente se halla proscrito.; de una parte porque no está
instituido como tal en la Ley 600 del año 2000 y, de otra porque no obstante la
libertad probatoria que otorga este ordenamiento procesal, no habría lugar a
otorgarle validez legal si en cuenta se tiene que la Corte Constitucional en
sentencia C-392 del 6 de abril del año 2000 declaró la inexequibilidad del
artículo 17 de la Ley 504 de 1999, mediante el cual se prolongaba la existencia
de ese mecanismo procesal y al hacerlo fue prolija en sabias razones según las
cuales ese mecanismo repudia casi todos los principios medulares del derecho de
defensa. Entonces, son incuestionablemente válidas las criticas que al valor de
dicho instrumento probatorio dado por la Fiscalía hicieron los tutores
judiciales de los procesados en la vista pública”.
Así las cosas, el juez de instancia
concluyó que: “Ante tal cuadro de la realidad probatoria que emerge de este
proceso, refulge incuestionable, como verdad jurídica, que en este proceso no
está probada la materialidad ninguno de los comportamientos típicos que se
enrostran a los acusados (...) si no se colma el primer presupuesto que para
condenar demanda el artículo 232 del Estatuto Instrumental Penal, ocioso es
ahondar en juicios alrededor de la responsabilidad, porque éstos sólo proceden
frente a la eventual demostración del aspecto material de la conducta y,
entonces, la única vía jurídica para poner fin a esta instancia es,
inexorablemente, la absolución, de los acusados, como lo reclaman sus
defensores (...)”.
k. Esta decisión fue impugnada por la Fiscalía Seccional
de Cartagena, que a través de escrito de septiembre 20 del 2002, señaló que el
testimonio dado bajo reserva de identidad conserva plena eficacia probatoria a
partir de la declaratoria de exequibilidad del artículo 42 transitorio de la
Ley 504 de 1999[4].
De suerte que con fundamento en el mismo y en los informes de la Armada
Nacional, es posible condenar a los sindicados en la presente causa. En el
escrito de apelación entre los argumentos esgrimidos se señalaron los
siguientes:
“Acerca de las conclusiones anteriores
disiente el despacho de lo resuelto por el Juzgado Especializado en especial en
el somero análisis que se le hizo a la declaración bajo reserva de identidad y su
valoración probatoria, ya que la Constitucional en la sentencia C-392 de 6 de
abril de 2000, cuando dispuso que el artículo transitorio 42 de la Ley 504 de
1999 supero el examen de exequibilidad, tal precepto manifestó: ‘En los
procesos en que se hubiere recibido testimonio con reserva de identidad, se
mantendrá la reserva sobre la identidad del testigo y estas pruebas se
someterán a los principios generales de valoración probatoria establecidos en
el C. de P.P. (...) En el plenario obra testimonio bajo reserva de identidad
donde sindican a los procesados por los delitos de narcotráfico y concierto
para delinquir entre otros; testimonio este que no fue debidamente analizado
por el Juez del fallo. // No se puede desconocer la legalidad de la prueba
llevada a cabo con el testigo bajo reserva de identidad, así como la legalidad
de las pruebas traídas del extranjero que llenaron los requisitos exigidos para
la aducción de las mismas, por lo que con la existencia de la libertad
probatoria es permitido por el legislador que la verdad real se prueba por
cualquier medio acreditado para ello, por ello es que la prueba debe analizarse
en su conjunto de acuerdo a las reglas de la sana crítica”.
l. El 19 de agosto de 2005, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, Sala Penal de Decisión, revocó el fallo de
primera instancia, no sólo frente a los accionantes en este proceso, sino
también en relación con los demás procesados en esta causa criminal. En virtud
de lo anterior, impuso a los sindicados Raymundo Coneo Rios, Hernando Coneo
Guerrero y Héctor Coneo Rios la condena principal de 140 meses de prisión y
multa en cuantía de cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, para cada uno de ellos, por violación al artículo 33 de la Ley 30 de
1986, agravada por la circunstancia establecida en el numeral 3° del artículo
38, en concurso con la conducta descrita por el artículo 44 de la misma Ley.
El juez de segunda instancia centró su
análisis en determinar si le asiste o no razón a la Fiscalía, en cuanto a que
la prueba recaudada no fue valorada correctamente por el a-quo. Para el
efecto, distinguió los elementos de prueba en cinco (5) grandes categorías, en
aras de fundamentar el fallo condenatorio en contra de los sindicados en la
mencionada causa criminal. Así, procedió a su análisis, en los siguientes
términos:
(i) Inicialmente se pronunció en cuanto al testigo
con reserva de identidad, en el sentido de reconocer que si bien la Corte
mediante sentencia C-392 de 2000 declaró inexequible dicha figura procesal,
como la prueba fue practicada y recaudada con anterioridad al pronunciamiento
de esta corporación, es posible con posterioridad llevar a cabo su valoración,
pues los fallos de constitucionalidad tan sólo producen efectos hacia el futuro.
Además en la medida en que este Tribunal declaró exequible el artículo 42
transitorio de la Ley 504 de 1999, es claro que dichas declaraciones siguen
produciendo consecuencias en derecho.  Textualmente se declaró que:
“Al
respecto advierte la Sala que evidentemente ha operado un tránsito de
legislación, en relación con la figura de los testimonios recibidos bajo
reserva de identidad, los cuales reglamentaba el artículo 293 del Decreto 2700
de 1991, modificado por el artículo 17 de la Ley 504 de 1999, entrando en
vigencia posteriormente el día 24 de julio de 2001 el actual Código de
Procedimiento Penal o Ley 600 de 2000, el cual no contempla la reserva de
identidad para los testigos. También es cierto que mediante sentencia C-392 de
2000, la Corte Constitucional se pronunció sobre los artículos 17 y 42
contenidos en la Ley 504 de 1999, declarando la inexequibilidad del primer
artículo en mención (...), pero en relación con el artículo 42 de la misma ley,
señaló: ‘En los procesos en los que se hubieren recibido testimonios con
reserva de identidad, se mantendrá la reserva sobre la identidad del testigo y
estas pruebas se someterán a los principios generales de valoración probatoria
establecidas en el Código de Procedimiento Penal. ‘Salvo los casos de investigación
penal o disciplinaria contra el funcionario correspondiente, se mantendrá su
reserva de identidad a aquellos que actuaron en los procesos de competencia de
los Jueces Regionales. No obstante, a partir del 1° de julio de 1999, estos
procesos se tramitarán sin que el funcionario que avoque su conocimiento posea
reserva de identidad, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
158 de este Código’, declarando así su exequibilidad. Lineamientos de los
cuales se desprende que si bien el artículo 17 fue declarada inexequible ante
la evidente manifestación de violación al debido proceso de las declaraciones
rendidas bajo reserva de identidad, por la imposibilidad de contradicción de la
prueba y la carencia de publicidad de la misma, declaratoria que tiene efectos
hacia el futuro, en la misma providencia la Corte Constitucional señaló así
mismo que en los procesos en donde ya se habían recibido testimonios bajo esas
condiciones, estos tendrían validez y debían someterse a la valoración
probatoria establecida por el Código adjetivo penal. Sin que pueda admitirse
que el hecho de que la Ley 504 de 1999, perdió vigencia a partir de la
promulgación de la Ley 600 de 2000, signifique que no se pueda valorar la
prueba recibida validamente bajo la vigencia de aquella normatividad (Decreto
2700 del 91), como sucede en el presente caso en que el testimonio bajo reserva
se recepcionó en la forma establecida en el artículo 293 del Estatuto Procesal
Penal anterior (...), todo esto por cuanto los actos procesales se cumplen de
conformidad con las normas vigentes al momento de su producción, y no pierden
validez ni eficacia en virtud de otras posteriores que modifique las
respectivas formalidades; (...) diferente sería la situación si la referida
declaración se hubiera recibido sin cumplir con la ritualidad exigida por la
ley para ello en el momento de su producción, o se hubiera recibido con
posterioridad a abril 06 del año 2000, fecha ésta en que se hizo el
pronunciamiento de inconstitucionalidad del artículo 17 de la Ley 504 de 1999,
que es aquella a partir de la cual empieza a surtir efectos la declaratoria de
inexequibilidad de la figura en mención, eventos éstos sí, en que no podrán
valorarse. El anterior razonamiento permite colegir que le asiste razón a la
apelante en punto a este tópico, debiendo en consecuencia la Sala proceder a
valorar el testimonio con reserva de identidad, que fue legal y oportunamente
allegado a la presente investigación”.
A
continuación el Tribunal de instancia procede a darle valor probatorio a las
declaraciones efectuadas por el testigo Clave 1, en cuanto a la supuesta
responsabilidad penal de los señores Raymundo Coneo Rios, Hernando Coneo
Guerrero y Héctor Coneo Rios.
(ii)
En segundo término, el citado despacho judicial se apoya en la prueba
trasladada por las autoridades de la República Dominicana para endilgar la
realización de actividades delincuenciales frente a los señores Heriberto Coneo
Guerrero y Miguel Villa López. En cuanto a los accionantes, no existe ninguna
incriminación en dicho documento internacional.
(iii)
En tercer lugar se relaciona la prueba trasladada correspondiente a las
autoridades de Panamá. De la misma se atribuye, por un lado, la aparición de
los documentos personales del señor Raymundo Coneo Rios en la lancha hundida
junto a los 1100 Kilos de cocaína encontrados, y por el otro, en relación con
los sindicados Hernando Coneo Guerrero y Héctor Coneo Rios, la manifestación
que se hace en cuanto a su supuesta participación en una red dedicada al
tráfico de narcóticos y el suceso del decomiso de paquetes de droga que estaban
camuflados en electrodomésticos que iban a ser enviados a España, los cuales
según apreciación de inteligencia militar, serían recogidos por el conductor de
la familia Coneo en la ciudad de Panamá.
(iv) En cuarto término, el Tribunal señala
que existe plena correspondencia entre la declaración rendida por el testigo
bajo reserva de identidad y las pruebas trasladadas de las autoridades
dominicanas y panameñas, con los informes suscritos por el Director de
Inteligencia de la Armada Nacional.
(v) Finalmente, la Sala de Decisión Penal
arguye que: “dentro de la etapa probatoria de la vista pública, [fue traído
al paginario] la declaración del capitán JOSE GABRIEL ESCOBAR HOLGUIN en su
condición de Comandante de la Estación de Guardacostas del Atlántico, en la
cual manifestó haber presenciado el hecho ocurrido el día 16 de marzo de 1999,
en una operación de interdicción marítima desarrollada por Unidades Navales
Norteamericanas y Colombianas en las costas de Santa Marta, en donde se retuvo
un personal identificándose uno de ellos como PEDRO CONTRERAS y una vez
arribaron a esta ciudad, ante la Policía Judicial el mismo individuo manifestó
llamarse HERIBERTO CONEO GUERRERO, y al practicársele prueba de aspersión a la
lancha arrojó resultados trazos positivos para cocaína, siendo la Armada
Nacional la entidad marítima competente en nuestro país, en asocio con la
Fuerza de Tarea Conjunta de la Guardia Mariona Estadounidense de la vigilancia
de nuestros mares”.
De los
citados elementos probatorios relacionados por la Sala de Decisión Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, es notorio que sólo tres
de ellos guardan vínculo fáctico-jurídico con los accionantes, a saber:   (i)
La declaración del testigo Clave 1 bajo reserva de identidad al amparo de lo
previsto en el artículo 37 de la Ley 81 de 1993; (ii) El informe de
inteligencia realizado por la Unidad de Investigación Financiera y de la
División de Estupefacientes de Panamá el día 19 de marzo de 1999; (iii) El
informe secreto de la Armada Nacional del 30 de marzo de 1998.
m. Para concluir se pone de presente por el apoderado de
los accionantes, que en la actualidad los señores Raymundo Coneo Rios y Hernando
Coneo Guerrero se encuentran privados de la libertad, con fundamento en el
fallo de segunda instancia proferido por la Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena, tal y como se acredita con las
constancias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, visibles
a folios 9 y 10 del cuaderno No. 3. En este contexto, se allegan igualmente al
expediente declaraciones extrajudiciales en las cuales se pone de presente que
a partir de la privación de la libertad de los accionantes, se están afectando
los derechos fundamentales al mínimo vital, a la integridad física, a la salud
y a la educación de sus cónyuges e hijos, pues éstos dependen económicamente de
forma total y absoluta de su trabajo (folios 254 a 265). En la audiencia
pública practicada frente al Juzgado Especializado el señor Raymundo Coneo Rios
manifestó dedicarse al turismo marítimo y a la compraventa de carros usados;
mientras que el señor Hernando Coneo Guerrero señaló tener como actividades principales
el turismo y la ganadería, para lo cual acredita la existencia de una marca de
hierro.
1.2.  Los argumentos destinados a demostrar la vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia, se pueden resumir y categorizar en los siguientes términos:
(i) Valorar una prueba inconstitucional
aplicando una norma inexequible   y otra derogada
Afirman
los accionantes que si una norma legal es declarada inexequible, como lo señaló
la Corte en la sentencia C-329 de 2001[5],
ello implica “una orden para que ni las autoridades estatales ni los
particulares la apliquen”. En este orden de ideas, al declararse
inexequible en sentencia C-392 de 2000[6]
la figura del testimonio con reserva de identidad por violar el debido proceso
y los principios de contradicción y publicidad de la prueba, mal podía el
Tribunal de Cartagena pasar por alto dicho pronunciamiento, valorando el
testimonio Clave 1., sin someterlo previamente al cumplimiento de los citados
principios constitucionales.
En
opinión de los demandantes, la declaratoria de exequibilidad del artículo 42
transitorio de la Ley 504 de 1999, simplemente se limitó a mantener la reserva
de los testigos para proteger su vida e integridad personal, bajo la condición
de someter su valor probatorio a la acreditación de los principios de
contradicción y publicidad, como garantías esenciales del derecho fundamental
al debido proceso. Al respecto, se señaló que:
“El
análisis de contexto del fallo de inexequibilidad de la Corte Constitucional
permite concluir que, al dejarse intacto el artículo 42 de la Ley 504 de 1999,
simplemente se quiso mantener la reserva de los testigos para proteger su vida
e integridad personal (razón de ser de la figura), nada más, pero, el
testimonio en sí, como medio probatorio, en esas condiciones, era
inconstitucional y sólo podía legitimarse para ser objeto de valoración
probatoria sometiéndolo -condición sine qua non- a los principios del debido
proceso público, contradicción y publicidad, ampliamente explicitados por la
Corte Constitucional en la misma decisión de inconstitucionalidad”.
Por
otra parte, aún suponiendo que el artículo 42 transitorio permitiera la
vigencia de las declaraciones de testigos bajo reserva, para el momento en que
se produjo la sentencia condenatoria proferida por el Tribunal, dicha
disposición se encontraba derogada al ser excluida del ordenamiento jurídico la
Ley 504 de 1999 por parte de la Ley 600 de 2000, por lo que se incurrió en una
flagrante vía de hecho, pues para la resolución del citado juicio criminal, se
aplicó una norma expresamente derogada.
(ii)
Valorar dos (2) informes policivos de inteligencia cuando la legislación
colombiana no les otorga entidad probatoria alguna
Señalan
los accionantes que el artículo 50 de la Ley 504 de 1999, consagró que: “en
ningún caso los informes de policía judicial y las versiones suministradas por
informantes tendrán valor probatorio en el proceso”. Esta disposición es
aplicable en el presente caso, en su criterio, por mérito del principio de
favorabilidad, ya que ante el tránsito de leyes, esto es, de la mencionada Ley
504 de 1999 y la Ley 600 de 2000, debió acogerse aquélla más favorable a los
implicados.
Por
otra parte, afirman que la Ley 600 de 2000, en el artículo 314, determina que,
si bien la policía judicial, puede “escuchar en su exposición o entrevista a
quienes considere pueden tener conocimiento de la posible comisión de una
conducta punible”, tales exposiciones o entrevistas “no tendrán valor de
testimonio ni de indicio y sólo podrán servir como criterios orientadores de la
investigación”.
De ahí
que tanto al amparo de la Ley 504 de 1999, como en aplicación de la Ley 600 de
2000, los informes de inteligencia no tienen valor probatorio en el proceso
penal colombiano, ya que, por sí solos, no constituyen un medio probatorio
autónomo, sino un simple mecanismo de orientación de la investigación penal. A
lo expuesto, agrega lo siguiente:
“En
el proceso penal seguido contra los señores HERNANDO CONEO GUERRERO Y HÉCTOR
CONEO RIOS  se incorporaron varios informes de inteligencia de policía
judicial, unos elaborados en Colombia, otros en el extranjero. La sentencia
condenatoria apreció y valoró el informe de la Armada Nacional (...) y el
informe de fecha marzo 19 de 1999, suscrito por miembros de la Policía Técnica
Judicial de Panamá (...)
Se
trata de informes de inteligencia, sin lugar a dudas, y para llegar a esta
conclusión, basta la simple lectura de sus contenidos, amen de que ellos
mismos, se clasifican como tales. (...) De la tarifa legal negativa de los
informes de inteligencia, vigente en Colombia, no escapa el informe de
inteligencia extranjero, puesto que, como lo preceptúa el artículo 239 del C.
de P.P., su valor probatorio debe considerarse a partir del ordenamiento
jurídico interno, y éste, por mandato del artículo 50 de la Ley 504 de 1999,
aplicable por favorabilidad, no lo tiene. O por mandato del artículo 314 del C.
de P.P. actual, norma esta que, igualmente, niega valor probatorio a las
exposiciones y versiones de informantes”.
(iii)
Valorar un hecho que no se contempló en la resolución de acusación,
quebrantando flagrantemente el principio de congruencia
Relatan
los accionantes que en la resolución de acusación del 18 de diciembre de 2000,
confirmada en providencia del 10 de abril de 2001, se excluyó de las
circunstancias fácticas objeto de imputación, el suceso acontecido con el decomiso
de unos paquetes de droga que supuestamente serían recogidos por el conductor
de la familia Coneo en la ciudad de Panamá, señor Virgilio Attanasio Carmona.
Sin embargo, el Tribunal desconociendo el principio de congruencia en materia
penal, valoró dicha prueba al imputar el mencionado acontecimiento como
fundamento de su sentencia condenatoria.
Por
consiguiente, consideran que existe una vía de hecho al imputar a los
accionantes un hecho que no fue objeto de resolución de acusación, quebrantando
con ello el artículo 207, num. 2°, del Código de Procedimiento Penal, que
consagra el necesario correlato entre la acusación y la sentencia, sopena de
que su inobservación genere una causal de casación[7].
1.3. Como pretensiones de la demanda, los accionantes le solicitan al
juez de tutela conceder el amparo de manera transitoria mientras se agota el
trámite del recurso extraordinario de casación que ya fue admitido (C.P. art.
86), en aras de preservar el derecho fundamental a la libertad personal de los
accionantes, y los derechos al mínimo vital, a la integridad física, a la salud
y a la educación de sus cónyuges e hijos, pues éstos dependen económicamente de
forma total y absoluta de su trabajo, como se acredita con las declaraciones
extrajudiciales que se acompañan con el texto de demanda. Así concluyen que: “el
perjuicio derivado de una orden de captura [cuyo origen es] una sentencia
condenatoria caprichosa e ilegal es sumamente grave, pues [pone] a las personas
en un estado de zozobra permanente, (...), dejan de producir ingresos, dejan de
vivir dignamente; en fin, sufren una serie de daños y perjuicios gravísimos
para su dignidad y la de su familia”.
2.
Oposición a la demanda de tutela.
En
respuesta a la solicitud de la autoridad judicial, los Magistrados de la Sala
de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena,
presentaron un escrito oponiéndose a las pretensiones y argumentos de los
demandantes. En apoyo de lo anterior, expusieron:
- El
pronunciamiento objeto de acusación fue respetuoso de la ley, esto es, “que
en modo alguno al decidir el recurso de apelación interpuesto contra la
decisión del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado desconoció derechos
o garantías de los procesados, ni utilizaron vías de hecho”.
- En
cuanto a los testimonios con reserva de identidad manifiesta que ellos fueron
recepcionados con todas las formalidades legales, y por tanto, se imponía su
valoración a la luz de las reglas de la sana crítica al momento de proferir la
sentencia.
- En
relación con el valor de los informes de Policía Judicial, se señaló que los
mismos se ajustaban a lo establecido en los convenios de cooperación
internacional suscritos por Colombia, por lo que se procedió a su
correspondiente valoración, en cuanto fueron recaudados conforme a las leyes
del país que los recepciona.
- Por
último, considera que “la legalidad del fallo es la primera razón para
solicitar la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela presentada
(...), considerando la Sala que en modo alguno se ha incurrido en vías de
hecho, advirtiéndose que la inconformidad del accionante versa sobre la
interpretación razonada que de la ley y de las pruebas se hizo por parte de la
Sala al proferir el fallo de segunda instancia, y siendo ello así, igualmente
resulta improcedente la tutela por cuanto para la realización de
cuestionamiento de esta naturaleza la ley tiene establecido como mecanismo
ordinario al interior del proceso el recurso extraordinario de casación que
(...) ya han interpuesto dentro de la oportunidad que les da la ley para ello”.
II.      TRÁMITE PROCESAL.
1. La
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia
proferida el treinta (30) de septiembre de 2005 (Magistrado Ponente: Javier
Zapata Ortiz), declaró improcedente la tutela interpuesta con fundamento en las
siguientes razones:
“En
efecto, RAYMUNDO CONEO RIOS, HÉCTOR CONEO RIOS y HERNANDO CONEO GUERRERO han
tenido oportunidad de controvertir las imputaciones que se formulan en su
contra por parte de la Fiscalía, sin que los argumentos esbozados ahora por su
apoderado justifiquen la intervención del juez constitucional, ya que los
cuestionamientos que se han formulado se centran en la apreciación probatoria
que hiciera el Tribunal de los elementos de juicio allegados al proceso, en
desarrollo del recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Delegado contra
el fallo absolutorio, aspecto que, como fuera enunciado, no puede ser objeto de
revisión por vía de tutela, por hacer parte de la autonomía del juez.
Pero,
además, de lo anterior, los mismos accionantes reconocen que tienen a su
alcance otro mecanismo de defensa judicial, el que consideran ineficaz,
desconociendo con ello, el carácter garantista del recurso extraordinario de
casación, el cual justamente permite realizar un control constitucional y legal
del fallo que es impugnado por vía de tutela, y de advertirse el quebranto de
garantías o derechos fundamentales la Sala procederá a ordenar su
restablecimiento, lo que torna en improcedente el amparo”.
2. La
ponencia del presenten proyecto fue asignada, inicialmente, al Magistrado
Rodrigo Escobar Gil. No obstante, la ponencia presentada por el mencionado
Magistrado no fue aceptada. Por tal motivo, se designó la elaboración del nuevo
fallo al Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra.
Mediante
auto del 19 de abril, con fundamento en los hechos mencionados, se envió el
expediente al despacho del Magistrado Monroy Cabra para que éste adelantara los
trámites de su competencia.
III.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Competencia
1. A
través de esta Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para
revisar la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
Derechos constitucionales violados o amenazados
2.
Los accionantes solicitan la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.
Problema jurídico
3. A
partir de las circunstancias fácticas que dieron lugar al ejercicio de la
acción de tutela y de la decisión adoptada en la respectiva instancia judicial,
esta Corporación debe determinar si la Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena, vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia en la providencia
proferida el 19 de agosto de 2005, al revocar el fallo del Juzgado Único Penal
del Circuito Especializado de la misma ciudad, y por ende, condenar a los
accionantes a la pena principal de 140 meses de prisión y multa en cuantía de
400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos. Lo
anterior, por cuanto la citada sentencia del Tribunal incurrió –en términos de
los demandantes- en vías de hecho por defectos fácticos y sustantivos, por una
parte, al valorar en segunda instancia un testimonio bajo reserva de identidad
y dos informes policivos de inteligencia, y por la otra, al desconocer el principio
de congruencia en materia procesal penal.
4. No
obstante, para determinar si es posible entrar a estudiar de fondo los
problemas jurídicos mencionados, la Sala deberá, en primer lugar, analizar la
procedencia de la acción de tutela en el caso de la referencia.  En particular,
deberá estudiar si estando en curso el recurso extraordinario de casación
procede la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable en los derechos fundamentales de los actores; principalmente, en
el derecho fundamental a la libertad personal, toda vez que éstos están
privados de la libertad.
Para realizar el mencionado
análisis, en primer lugar se estudiará el precedente jurisprudencial y,
posteriormente, se determinará la decisión a seguir en el caso concreto con
base en éste.
Reiteración de jurisprudencia
en relación con la improcedencia de la tutela en caso de existir un mecanismo
ordinario de protección de los derechos fundamentales dentro del procedimiento
penal
Como regla general, no procede la
tutela para analizar la vulneración de los derechos fundamentales cuando existe
un mecanismo ordinario idóneo de protección de tales derechos. Cuando se
cuestiona alguna providencia judicial, en principio, la tutela es improcedente
si dentro del mismo proceso en el cual se profirió la providencia existen
recursos mediante los cuales se pueda cuestionar la validez de la decisión
tomada por el funcionario judicial.
Recientemente, en la Sentencia C-590/05 se
señaló como uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales “b. Que se hayan agotado todos los
medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable[8].  De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le
otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la
acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última.”
Esta regla también se aplica cuando
lo que se cuestiona es una providencia judicial de tipo penal. Así las cosas,
se exige el agotamiento de las instancias y recursos extraordinarios dentro del
proceso penal para la procedencia de la tutela. Lo anterior, puesto que la
Corte ha encontrado, prima facie, que tales mecanismos son idóneos para
la garantía del debido proceso.
1. A continuación se expondrá la línea jurisprudencial
en la materia, para, con base en ésta, analizar el caso de la referencia.
1.1. En la Sentencia SU-599/99 en la cual
se analizaba una presunta vía de hecho por desconocimiento del juez natural se
declaró improcedente la tutela por estar en curso el recurso extraordinario de
casación. En esta ocasión se dijo:
“Ha recalcado en su jurisprudencia esta
Corporación[9]
que la acción de tutela no puede convertirse en un instrumento adicional o
supletorio al cual se pueda acudir cuando se dejaron de ejercer los medios
ordinarios de defensa dentro de la oportunidad legal, o cuando se ejercieron en
forma extemporánea, o para tratar de obtener un pronunciamiento más rápido sin
el agotamiento de las instancias ordinarias de la respectiva jurisdicción. Su
naturaleza, de conformidad con los artículos 86 de la Carta Política y 6º
numeral 1º del Decreto 2591 de 1991, es la de ser un medio de defensa judicial
subsidiario y residual que sólo opera cuando no existe otro instrumento de
protección judicial, o cuando a pesar de existir, se invoca como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Estima la Sala que la tutela en el presente
asunto es improcedente como mecanismo definitivo por cuanto el demandante
dispone de otro medio de defensa judicial, como lo es el recurso extraordinario
de casación ejercido en su debida oportunidad, el cual se encuentra actualmente
para decisión en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Pero adicionalmente tampoco es procedente el amparo invocado como mecanismo
transitorio, pues no se configuran en el caso materia de examen los elementos
propios del perjuicio irremediable, a saber, la urgencia, la inminencia, la
impostergabilidad y la gravedad.
Como lo ha sostenido la Corte
Constitucional[10],
mientras la persona que se dice amenazada o vulnerada en uno de sus derechos
fundamentales disponga de otro medio de defensa judicial para lograr su
protección, no es procedente la acción de tutela. Ésta sólo es viable a falta
de otro mecanismo de defensa judicial y no es en manera alguna una vía judicial
de la cual se pueda hacer uso paralelamente con otras acciones o recursos
judiciales.
En el asunto materia de examen es evidente
que contra la decisión proferida por el Tribunal Nacional, la cual a su vez
confirmó el fallo del Juez Regional de Medellín, de conformidad con las normas
del Código de Procedimiento Penal, el actor disponía del recurso extraordinario
de casación –para alegar la violación de las garantías fundamentales o
eventuales vicios de nulidad-, al que efectivamente acudió según las pruebas
que obran dentro del proceso, por lo que es claro que no es la tutela la vía
judicial adecuada para controvertir aquello que se puede discutir ante la
jurisdicción ordinaria, como así lo ha sostenido en forma reiterada esta
Corporación[11].”
1.2. Además, en la Sentencia SU-542/99. la
Corte encontró improcedente la tutela para analizar si una sentencia
condenatoria de un Tribunal Superior, Sala Penal, constituía vía de hecho por
haber aplicado retroactivamente una interpretación jurisprudencial de una norma
penal que le era adversa. La improcedencia devenía de la existencia del recurso
extraordinario de casación y el deber de garantizar los derechos fundamentales
en cabeza de los Magistrados que conformaran la Sala de Casación Penal. En esta
ocasión dijo la Corporación:
“El artículo 228 ibídem limita el recurso
de casación a las causales expresamente alegadas por el recurrente, pero agrega
la norma: “tratándose de la causal prevista en el numeral 3º del artículo 220,
la Corte (Suprema) deberá declararla de oficio. Igualmente, podrá casar la
sentencia cuando sea ostensible que la misma atenta contra las garantías fundamentales”.
Lo anterior demuestra que el recurso de casación es idóneo para proteger los
derechos fundamentales y que, en consecuencia, la tutela se torna improcedente.
En el presente caso, el Dr. Garavito dentro del juicio  que se adelanta en la
jurisdicción ordinaria, interpuso dicho recurso.
Ahora bien, como competencia originaria,  a
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le corresponde ser juez
constitucional para el caso concreto y, en consecuencia dentro de sus
competencias le corresponde estudiar el respeto por las garantías
constitucionales, entre las cuales se encuentra el debido proceso; no puede la
Corte Constitucional dar curso a una acción de tutela por presunta vulneración
de los derechos a ser juzgado con la ley preexistente al acto que se le imputa
y al derecho de defensa, por que se produciría simultáneamente dos competencias
sobre el mismo hecho y se desconocería que la acción de tutela es subsidiaria;”
1.3. Seguidamente, en la Sentencia T-886/01 en la cual
se alegaba una presunta vía de hecho por indebida valoración probatoria se
declaró improcedente la tutela por estar en curso el recurso extraordinario de
casación penal. En esta ocasión se dijo:
“2.  En el presente caso se observa que
está en trámite el recurso de casación interpuesto por el demandante en contra
de la sentencia del Tribunal Nacional.  Es reiterada la jurisprudencia de esta
Corporación en el sentido de que la tutela únicamente procede contra
actuaciones judiciales cuando el afectado ha agotado todos los medios de
defensa judicial a su alcance[12].
En punto a los procesos penales, se ha
indicado que se entiende que no se han agotado los medios de defensa judicial
mientras esté pendiente de resolverse el recurso de casación:
“Estima la Sala que la tutela en el
presente asunto es improcedente como mecanismo definitivo por cuanto el
demandante dispone de otro medio de defensa judicial, como lo es el recurso
extraordinario de casación ejercido en su debida oportunidad, el cual se
encuentra actualmente para decisión en la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia”[13]
Conforme a la anterior jurisprudencia, la
tutela resulta improcedente en el presente caso, pues no se ha agotado un
recurso de defensa judicial, que se estima idóneo.”
1.4. En el mismo año, en la Sentencia SU-1299 de 2001
la Corporación sostuvo que en virtud del respeto a la naturaleza subsidiaria de
la acción de tutela, de ser procedente la casación para un caso particular en
materia penal, no obstante la vulneración de la reforma en perjuicio en segunda
instancia, se debe agotar este mecanismo ordinario existente. Dijo la Corte en
esa ocasión:
“En efecto, cuando se
presenta una situación como la descrita en el presente caso, es necesario
distinguir las siguientes hipótesis para efectos de establecer la procedencia
de las acciones judiciales disponibles:
1) Si la sentencia no
es objeto de casación porque la pena máxima establecida para el delito en
cuestión es inferior a la fijada como requisito de procedibilidad del recurso,
entonces la acción de tutela es la vía judicial procedente para proteger los derechos
fundamentales vulnerados.
2) Si la casación se
impetra respecto de las condenas en lo penal y en lo civil, ambas agravadas por
el superior siendo el condenado apelante único, y en ambos casos es procedente
recurrir en casación, entonces el medio judicial adecuado para proteger los
derechos fundamentales es el recurso extraordinario de casación.
3) Si se recurre en
casación la sentencia penal exclusivamente respecto de la condena a la
indemnización de perjuicios y la cuantía así lo permite,[14] entonces de nuevo es
el recurso extraordinario de casación la vía judicial procedente, sin
consideración a la pena señalada para el delito o delitos (art. 221 C.P.P.,
subrogado por la Ley 553 de 2000, art. 4).
Las anteriores
hipótesis se desprenden del carácter subsidiario de la acción de tutela y son
consecuentes con la reciente jurisprudencia constitucional de unificación
proferida por la Corte Constitucional en los casos del Alcalde de Chimá, de Edgar
José Peréa y Carlos Alonso Lucio.
En el caso del Alcalde de Chimá
se contaba con las acciones de súplica y de revisión para impugnar la decisión
que decretaba la nulidad de una elección, sin que la acción de tutela pudiera
tener – dado su carácter subsidiario – la virtualidad de reemplazar los medios
judiciales a disposición de los afectados.[15] En el caso de Edgar José Perea, la ley (L. 144 de 1994, art. 17)
consagra expresamente el recurso extraordinario de revisión para la protección
de los derechos de defensa y debido proceso respecto de las sentencias mediante las cuales haya sido levantada la investidura de
un parlamentario, por lo que la Corte encontró improcedente la acción de tutela
interpuesta.[16] En el caso de Carlos Alonso Lucio la Corte rechazó la
tutela solicitada, ya que cabe la posibilidad de elevar la acción de revisión
para impugnar la pena impuesta alegando la prescripción.[17]
En consecuencia, al contemplar la
normatividad aplicable al presente caso una causal específica de casación sobre
la violación de la prohibición de la reformatio in pejus, causal que pese a su naturaleza
civil es aplicable por la justicia penal, la acción de tutela era improcedente.
La Corte confirmará el fallo objeto de revisión en cuanto denegó la acción de
tutela por improcedente, no sin antes dejar en claro que la acción de tutela
podrá ser utilizada posteriormente de presentarse una vía de hecho”[18]
Esta afirmación fue hecha por la Sala Plena
dejando en claro que de continuar una vulneración al principio de no reformatio
in pejus posterior al agotamiento de la vía ordinaria, sí procederá la
tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales.
Así las cosas, como regla general,
se puede señalar que si está en curso el recurso extraordinario de casación en
materia penal no es procedente la tutela.
2.También se ha considerado que la
tutela es un mecanismo idóneo de protección del debido proceso en materia penal
cuando está en curso el mecanismo ordinario de protección mientras que el actor
está privado de la libertad. Por tal razón no se ha concedido el amparo como
mecanismo transitorio.
2.1. En la Sentencia T-466/02 en la cual se alegaba el
desconocimiento del principio de non reformatio in pejus, por estar
pendiente el recurso de casación, no obstante el hecho de observarse el
desconocimiento de tal principio –de acuerdo a los parámetros de la Corte
Constitucional-, se declaró improcedente la tutela para dar paso a que el
mecanismo ordinario otorgara la protección –el cual, en el proceso de uno de los
actores de tutela, estaba en curso-.
Al analizar si la tutela procedía como
mecanismo transitorio de protección de la libertad personal de los actores,
quienes ya estaban cumpliendo la pena, trayendo a colación la Sentencia
T-310/01, se señaló:
“la Sala recuerda que la Corte ha afirmado
que la demora en la resolución de los recursos no configura perjuicio
irremediable toda vez que esta espera hace parte de las cargas que tiene que
asumir las partes dentro del proceso para que este se pueda surtir con todas
las garantías”.
2.2. En la Sentencia T-1107/03 se analizaba la tutela
interpuesta contra una providencia de un Tribunal Superior, Sala Penal, la
cual, según el accionante, se constituía en una vía de hecho por haber
condenado al actor, a pesar de la presunta prescripción de la acción penal. Al
considerar el asunto, la Sala de Revisión, además de encontrar que la decisión
tomada en la providencia judicial acusada era razonable –toda vez que seguía
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia-, consideró que la tutela no era
procedente al estar en curso el recurso extraordinario de casación. El actor
alegaba que por existir orden de captura se podía generar un perjuicio
irremediable a la libertad personal del actor. La Corte estimó que, en primer
lugar, aún no estaba privado de la libertad y, en segundo lugar, así lo llegara
a estar, esto no era razón suficiente para considerar que debía proceder la
tutela como mecanismo transitorio pues al haber sido vencido en juicio por la
comisión de un hecho punible, se tenía el deber de soportar las consecuencias
jurídicas legítimamente tomadas. Dijo la Corte:
“23.- En cuanto al otro mecanismo de
defensa judicial existente para la defensa de los derechos del accionante, el
representante de CASTRO RODRIGUEZ ha narrado como su patrocinado contó con las
garantías jurídicas propias de nuestro sistema, garantías que le permitieron
interponer recursos durante el trámite del sumario, apelar de la sentencia de
primer grado e interponer el recurso extraordinario de casación contra la
sentencia del Tribunal de Cundinamarca.
La Corte Constitucional ha explicado
suficientemente que el trámite de la acción de tutela no representa un proceso
que venga a homologar ni a reemplazar a aquellos regulados en los códigos de
procedimiento, pues se trata de un mecanismo excepcional, de carácter
subsidiario y residual, del cual se puede valer toda persona únicamente cuando
no exista otro mecanismo judicial de defensa. En el presente caso, el
accionante está a la espera de que le sea resuelto el recurso extraordinario de
casación que interpuso contra la decisión del Tribunal de Cundinamarca, es
decir, aparece plenamente demostrada la existencia y la eficacia del otro medio
judicial de defensa.
24.- Será la H. Corte Suprema de Justicia
la corporación que de manera autónoma decida sobre la manera como debe
interpretarse la norma que regula la caducidad de la acción penal, cuando se
trata del delito de testaferrato. El juez de tutela no es la autoridad competente
para analizar asuntos que, como en el presente caso, implican adoptar una
decisión sobre un asunto jurídico que ha sido amplia y razonadamente debatido
al interior de un proceso, en el cual el accionante ha contado con las
garantías que el sistema jurídico colombiano tiene a disposición de todo
procesado.
25.- De otra parte, el eventual perjuicio
irremediable que sufriría el accionante y por el cual solicita el amparo como
mecanismo transitorio, tampoco existe. Como lo recuerda el accionante, desde la
sentencia T-225 de 1993, la Corte Constitucional estableció las condiciones
dentro de las cuales el juez de tutela debe adelantar el análisis
correspondiente a esta clase de hipótesis, es decir en aquella oportunidad la
Corporación definió la inminencia del perjuicio, la urgencia de las medidas a
adoptar, la gravedad del perjuicio y el carácter impostergable de las medidas a
adoptar por el juez de tutela.
Como lo viene explicando la Sala de
Revisión, el acto considerado como causante del atentado contra los derechos
fundamentales del accionante, debe ser producto del comportamiento arbitrario o
caprichoso de la autoridad demandada, ajeno a la legalidad y desprovisto de
fundamento a la luz de la Constitución Política. Esta constituye la condición
sine qua non para declarar que se ha presentado la violación a un derecho
fundamental o el evento de que el afectado afronte el riesgo de sufrir un
perjuicio irremediable.
26.- En el presente caso, la petición
encaminada a que el juez de tutela ordene que suspendan los efectos de la
sentencia proferida por el Tribunal de Cundinamarca hasta cuando la Corte
Suprema de Justicia decida sobre el recurso extraordinario de casación, carece
de fundamento jurídico, ya que el temor a que se haga efectiva la orden de captura
vigente contra CASTRO RODRIGUEZ, dista mucho de ser considerada dentro de las
hipótesis propias de un eventual perjuicio irremediable.
(…)
Carece de fundamento constitucional toda
pretensión de amparo transitorio basada en la presunta vulneración del derecho
a la libertad individual, cuando, como en el presente caso, el peticionario
está siendo buscado por las autoridades públicas para que comparezca y cumpla
con la pena privativa de la libertad que le ha sido impuesta, después de un
proceso judicial adelantado conforme lo establece el ordenamiento jurídico.
(…)
30.- La orden de captura vigente contra
CASTRO RODRIGUEZ corresponde a una decisión legítima,  proferida por una
autoridad judicial competente en cumplimiento de sus funciones. Es evidente que
una vez se haga efectiva esta orden, la libertad personal del peticionario
quedará suspendida, pero esta circunstancia es acorde con la naturaleza de la
pena legalmente impuesta y con el reproche que la sociedad y el Estado a través
de sus autoridades han formulado contra el condenado.
Quien comete un hecho punible y resulta
vencido en juicio ha de soportar las consecuencias jurídicas de su
comportamiento, sin que pueda alegar que las medidas legítima y legalmente
impuestas en su contra significan un atentado contra sus derechos
fundamentales, más aún cuando ha ejercido adecuadamente el derecho a la defensa
e interpuesto tanto los recursos ordinarios, como los extraordinarios contra
las decisiones judiciales que limitan su derecho a la libertad individual.” (subrayas ajenas al texto)
Así las cosas, se puede sostener que el
mero hecho de estar privado de la libertad no implica un perjuicio irremediable
que haga que proceda la tutela como mecanismo transitorio para cuestionar una
providencia de tipo penal.
3. La
improcedencia de la tutela se ha declarado no sólo por existir la casación como
mecanismo de protección sino también por la presencia de otros recursos dentro
del proceso penal.
3.1. Así, en la Sentencia T-589/99 en la
cual la Corte evidenció una manifesta desidia probatoria por parte de la
Fiscalía acusada, lo cual constituía una vulneración del debido proceso en la
etapa de instrucción, declaró improcedente el mecanismo de la tutela. Lo
anterior, toda vez que en la etapa de juicio se observaba que el juez, por
solicitud del Ministerio Público, estaba analizando con seriedad las pruebas
pertinentes y había decretado las faltantes. Así las cosas, se ratificó en tal
providencia la subsidiariedad de la tutela en materia penal. Al efecto la Corte
afirmó:
“la tutela debe ceder ante el mecanismo
ordinario de defensa, de manera tal que el juez natural, dentro de su autonomía
y con sujeción estricta a las garantías constitucionales del proceso, tenga
oportunidad de corregir los errores cometidos por el funcionario instructor.”
3.2. También se ha considerado que es improcedente la
acción de tutela para analizar casos penales en los cuales se alega la falta de
competencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, por haber
operado la prescripción de la acción penal. Lo anterior, toda vez que para el
efecto está prevista la acción de revisión. Como ejemplos de la anterior
hipótesis se pueden analizar las sentencias T-1320/01 y SU-913/01.
3.3. Por último, en la Sentencia T-1035/04 se declaró
improcedente la tutela para la protección del debido proceso en materia penal
en el cual se alegaba una falta de notificación de la resolución de acusación.
Lo anterior, en virtud de que existían mecanismos idóneos dentro del proceso
penal, como era solicitar, en la etapa de juicio, la nulidad de lo adelantado
en la de investigación.
Estos ejemplos jurisprudenciales
confirman la regla general de improcedencia de la tutela en caso de existir un
mecanismo ordinario para la protección de los derechos fundamentales dentro del
proceso penal.
Caso concreto
La Sala observa que, como lo
reconocen los mismos actores de tutela, el recurso extraordinario de casación
fue admitido y está en curso. Respetando la naturaleza subsidiaria de la
tutela, fortalecida con el precedente de tutela anteriormente analizado, es
preciso declarar la improcedencia de la tutela.
Los actores solicitan que, por el
hecho de estar privados de la libertad, se conceda la tutela como mecanismo
transitorio de protección, para evitar un perjuicio irremediable en éste y
otros derechos fundamentales como el mínimo vital de su familia cuyo sustento,
afirman, deriva de lo obtenido con el trabajo por ellos realizado.
La Sala reitera que a pesar de la
actual privación de la libertad personal, de estar en curso un recurso
ordinario de protección que se estima idóneo para la protección de los derechos
fundamentales, tal como lo es la casación penal, no procede la tutela. Lo
anterior siguiendo los razonamientos de las sentencias T-466/02 y T-1107/03.
En consecuencia, la Sala confirmará
la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, del
30 de septiembre de 2005, mediante la cual se declaró improcedente la tutela de
la referencia.
IV.
DECISION.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
Primero.-
CONFIRMAR la sentencia del treinta (30) de
septiembre de 2005 proferida por la Sala de Casación penal de la Corte Suprema
de Justicia, mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado por
los señores Raymundo Coneo Rios, Hernando Coneo Guerrero y Héctor Coneo Rios.
Segundo.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Comuníquese,
cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Salvamento de Voto
Sentencia T-212/06
ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Procedencia excepcional para evitar
perjuicio irremediable (Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Procedencia
excepcional para garantizar el ejercicio de libertad personal (Salvamento de
voto)
ACCION DE TUTELA-Procedencia ante perjuicio irremediable y
se encuentran en trámite otros medios ordinarios de defensa judicial
(Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Procedencia excepcional para garantizar el
ejercicio de libertad individual (Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
excepcional (Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Defectos
(Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES- Causales
genéricas de procedibilidad/ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos adicionales (Salvamento
de voto)
Para que proceda la acción de tutela contra
decisiones judiciales, además de demostrar la existencia de una causal genérica
de procedencia, es necesario acreditar los siguientes requisitos adicionales:
(i) Que la cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional; (ii) Que los
medios -ordinarios o extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada se hayan agotado, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio irremediable. Dicho perjuicio debe ser inminente, las medidas
para corregirlo urgentes, el daño debe ser grave y su protección impostergable.
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, (iii) que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal,
debe quedar en claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) Es indispensable que se identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados, poniendo
además de presente que los mismos fueron alegados en el proceso judicial en que
se produjo la violación, siempre que ello hubiese sido medianamente posible; y
finalmente, (vi) el amparo no puede promoverse contra una providencia proferida
en el trámite de la acción de tutela.
DEFECTO FACTICO-Causal genérica de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales/JUEZ DE CONOCIMIENTO-Libertad
para valorar las pruebas razonada y razonablemente/DEFECTO FACTICO-Análisis
caprichoso arbitrario y subjetivo del material probatorio (Salvamento de
voto)
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA-Involucra derecho a obtener una decisión judicial debidamente
fundamentada en material probatorio (Salvamento de voto)
El derecho de acceso a la administración de justicia,
supone no sólo la posibilidad de ejercitar el poder de acción, sino que también
involucra el derecho a obtener una decisión judicial debidamente fundamentada
en el material probatorio recaudado y valorado en el proceso, con el propósito
de otorgar una garantía de certeza a la demostración de los argumentos que
apoyan y estructuran dicha decisión. Por ello, en materia penal, el antiguo
artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, aplicable al caso objeto de
controversia, exige el respeto del principio de necesidad de la prueba, en los
siguientes términos: “Toda providencia debe fundarse en pruebas legal, regular
y oportunamente allegadas a la actuación. // No se podrá dictar sentencia
condenatoria sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza de la
conducta punible y de la responsabilidad del procesado”.
SISTEMA DE LIBRE APRECIACION DE LA PRUEBA-Alcance/SISTEMA DE LIBRE APRECIACION DE
LA PRUEBA-Razonabilidad y proporcionalidad (Salvamento de voto)
SISTEMA DE LIBRE APRECIACION DE LA PRUEBA-Diferencias
con el  sistema de tarifa legal (Salvamento de voto)
VIA DE HECHO-Defecto procedimental no se configura simplemente por
dejar de practicar unas pruebas solicitadas por la defensa (Salvamento
de voto)
La simple omisión en la valoración o
práctica de una prueba, no constituye per se un defecto fáctico que conduzca a
la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Para que
ésta se produzca, (i) debe tratarse de errores manifiestos u ostensibles de
valoración y, además, (ii) dicha prueba debe tener la capacidad inequívoca de
modificar el sentido del fallo.
VIA DE HECHO-Clases de defectos fácticos/DEFECTO FACTICO-Dimensión
positiva (Salvamento de voto)
Esta Corporación ha reconocido que en materia de
apreciación probatoria el defecto fáctico se presenta por lo general en su
dimensión omisiva, ello no excluye que su existencia se acredite también desde
una dimensión positiva, la cual, conforme a la doctrina constitucional, tiene
lugar cuando se aprecian pruebas que no se han debido admitir y/o valorar.
Entre ellas se destacan, por ejemplo, (i) las pruebas inconstitucionales, esto
es, aquellas que resultan contrarias a los derechos fundamentales, y
especialmente, a las garantías constitucionales del debido proceso; (ii) y las
pruebas ilícitas, o lo que es lo mismo, aquellas que se obtienen con violación
de las garantías legales del investigado, acusado o juzgado.
VIA DE
HECHO-Papel que desempeña el juez constitucional en
lo que se refiere al defecto fáctico (Salvamento de voto)
VIA DE HECHO-Defecto fáctico no se configura  cuando la presunta
prueba ilícita no es el fundamento de las decisiones atacadas/ VIA DE HECHO-Requisitos
para que se configure el defecto fáctico ante la no exclusión de pruebas
ilícitas (Salvamento de voto)
TESTIGO-Inconstitucionalidad de reserva de identidad (Salvamento
de voto)
PROCESO-Publicidad/DEBIDO PROCESO PUBLICO-Identidad de
funcionario/PROCESO PENAL-Identidad de testigo (Salvamento de
voto)
SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD-Efectos erga omnes/SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD-Efectos
retroactivos/SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD-Efectos sobre
derechos constitucionales (Salvamento de voto)
VIA DE HECHO POR DEFECTO SUSTANTIVO-Procedencia
para el caso (Salvamento de voto)
Para que en este tipo de casos proceda la declaratoria
de vía de hecho por defecto sustantivo, la Corte ha señalado que es
indispensable acreditar las siguientes condiciones: (i) Que la autoridad
judicial aplicó una figura legal que es evidentemente inconstitucional, porque
así lo declaró la Corte; (ii) Que por dicha aplicación se comprometan derechos
fundamentales y; (iii) Que durante el proceso se le haya solicitado al
funcionario judicial la inaplicación de la misma
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA
PENAL-Vulneración por
otorgar efectos retroactivos a disposición derogada (Salvamento de voto)
VIA DE HECHO POR DEFECTO FACTICO-Se configura cuando autoridad judicial
aprecia pruebas que no han debido ser valoradas (Salvamento de voto)
INFORMES DE POLICIA-No tienen valor probatorio en juicio criminal/VIA
DE HECHO POR DEFECTO FACTICO-Valoración probatoria de informes de
policía (Salvamento de voto)
Desde la sentencia C-392 de 2000, al declarar la
exequibilidad del artículo 50 de la Ley 504 de 1999, esta Corporación reconoció
que el legislador en ejercicio de su potestad de configuración normativa, puede
establecer una tarifa legal en sentido negativo, señalando que un determinado
medio de prueba no es idóneo como elemento de convicción en un proceso, siempre
que dicha facultad no se utilice en “forma arbitraria, irracional y
desproporcionado”. En desarrollo de la citada doctrina constitucional, este
Tribunal avaló el hecho que el legislador le haya negado aptitud probatoria a
los informes de policía judicial, así como a las versiones suministradas por
informantes, al disponer en el citado artículo 50 de la Ley 504 de 1999, que:
“En ningún caso los informes de la policía judicial y las versiones
suministradas por informantes tendrán valor probatorio en el proceso”. Para la
Corte la principal razón que motivó la imposición de la citada prohibición fue
la necesidad de preservar el debido proceso y el principio de presunción de
inocencia. En este orden de ideas, como lo ha reconocido esta Corporación, los
informes de inteligencia, al amparo de lo previsto en el artículo 50 de la Ley
504 de 1999, no tienen valor probatorio en el juicio criminal
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Restricción
indebida a la libertad personal (Salvamento de voto)
El carácter ius fundamental del perjuicio irremediable
en casos de vía de hecho judicial que produzcan la privación de la libertad del
accionante, se acredita con la simple circunstancia de la restricción indebida
a dicho derecho fundamental, siempre y cuando se cumplan con el resto de
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela.
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY
CABRA.
Referencia: expediente T-1221264
Con el acostumbrado respeto, me aparto de la posición
mayoritaria acogida en la presente sentencia, por las siguientes razones:
1. Inicialmente debo
manifestar que la providencia frente a la cual salvo el voto corresponde a un proyecto
elaborado por el Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, cuya designación se
originó en la no aceptación de la ponencia de fallo que presenté a
consideración de la Sala Quinta de Revisión. La sentencia T-212 de 2006,
preserva del proyecto original
sus antecedentes y el planteamiento del problema jurídico, modificándose a
partir de allí las motivaciones y la solución del caso planteado.
2.
Una lectura detenida de la mencionada sentencia, permite concluir que las
razones que motivaron a la Corte para negar el amparo solicitado por los
accionantes, son las siguientes:
2.1.
A pesar de impetrarse una acción de tutela como mecanismo transitorio de
defensa judicial, ésta no es procedente para examinar la vulneración de los
derechos fundamentales invocados por los accionantes, cuando se encuentra en
trámite la resolución de un medio ordinario de defensa judicial, como lo es, en
este caso, el recurso extraordinario de casación.
2.2.
La afectación del derecho a la libertad personal derivado de las irregularidades
cometidas por la Administración de Justicia, no puede invocarse como perjuicio
irremediable susceptible de protección transitoria a través de la acción de
tutela, cuando está en curso la definición de un mecanismo ordinario de defensa
judicial.
3.
A contrario de lo señalado por esta Corporación en la citada providencia, las
reglas que en mi opinión se debieron reiterar en dicho fallo, son las que a
continuación expongo:
3.1.
El artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 1° del artículo 6° del
Decreto 2591 de 1991 disponen que la acción de tutela procede a pesar de
la existencia de otros medios de defensa judicial, y sin importar que los
mismos se encuentren en trámite de resolución, siempre que a través de su uso
se intente evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
En
el presente caso, a diferencia de los ejemplos señalados en la parte motiva de
la sentencia de la cual me aparto, no se pretende por los accionantes
desconocer el carácter subsidiario del amparo constitucional, pues desde un
comienzo se invocó la tutela como mecanismo transitorio, conforme a la
existencia de un perjuicio irremediable en relación con los derechos
fundamentales a la libertad personal y al mínimo vital. Esa circunstancia, por
sí misma, impedía
que el juez constitucional abordara el análisis del caso concreto siguiendo con
rigidez absoluta las reglas generales de procedencia del amparo constitucional,
como se realizó en la sentencia T-212 de 2006, al concluir que “a pesar de impetrarse
la acción
de tutela como mecanismo transitorio de defensa judicial, ésta no es procedente
para examinar la vulneración de los derechos fundamentales invocados por los
accionantes, cuando se encuentra en trámite la resolución de un medio ordinario
de defensa judicial,
como lo es, en este caso, el recurso extraordinario de casación”[19].
En
mi opinión, la solución a la cual llega esta Corporación, entraña el desconocimiento
de las reglas de procedibilidad de la acción de tutela, cuando se pretende
evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable,
y se encuentran en trámite otros medios ordinarios de defensa judicial.
En
efecto, este mismo Tribunal ha señalado -en otras ocasiones- que a pesar de estar
pendiente la definición de otros medios de defensa judicial, como lo es el
mismo recurso extraordinario de casación, si se cumplen todos los requisitos de
procedibilidad de la acción, y se demuestra además la existencia de un perjuicio
irremediable, no existe razón alguna para negar el amparo constitucional. Una
solución como la propuesta fue recogida por este Tribunal en sentencia T-749 de
1999[20], al manifestar que:
“En el presente caso, según manifiesta
el demandante, se presentó, oportunamente, el recurso de casación.
Se está pendiente de la notificación de su concesión.
Aunque la Constitución, la ley y la
jurisprudencia de la Corte han señalado que frente a esta circunstancia, la
tutela es improcedente, estas mismas fuentes señalan que la protección procede,
excepcionalmente, para evitar un perjuicio irremediable. En efecto, el artículo
6, numeral 1, del decreto 2591 de 1991, establece que para establecer el perjuicio
irremediable y los medios de defensa judicial, el juez constitucional apreciará
la existencia de dichos medios "en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante."
(...)
En conclusión, para este caso, en el que se
está discutiendo el punto de la identidad del condenado, porque existen dudas
razonables sobre este aspecto, la tutela se constituye en el único medio de
defensa judicial para lograr la protección del derecho fundamental a la
libertad personal, si realmente se comprueba el error de identidad.
En este caso se reiterará la sentencia
SU-542 de 1999, en la que se dijo que dado el carácter subsidiario de la
acción, ésta no procede cuando el actor ha interpuesto el recurso
extraordinario de casación, aduciendo los mismos motivos que presenta ante el
juez constitucional, y el recurso está pendiente de solución. Pero, la Corte ha
hecho una salvedad, que es la que expone en la sentencia T-627 de 1999, y
consiste en que cuando, a través de la tutela, es posible proteger la libertad
personal del condenado, es posible, según el caso concreto, proteger este
derecho a través de la acción de tutela. Se transcribe lo dicho, en lo pertinente, en esta
última sentencia:
"Armando Holguín fue condenado por un
Juzgado Regional de Cali, apeló esa sentencia ante el Tribunal Nacional y,
contra la decisión de este último, interpuso el recurso extraordinario de
casación, y la acción de tutela; el motivo que le llevó a incoar ésta (que el
Tribunal Nacional le hubiera aumentado la pena privativa de la libertad siendo
apelante único), coincide con uno de los que alegó en la demanda de casación y
aún no ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia. Además, en este caso no hay un perjuicio irremediable
que se pueda evitar concediendo el amparo -en caso de que este fuera
procedente-, pues el actor no recobraría su libertad, así fuera temporalmente
en virtud de esa hipotética tutela. Por tanto, es claro que en este caso
debe aplicarse la jurisprudencia reiterada y unificada de esta Corporación, y
confirmar la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de
la cual se denegó la tutela a Armando Holguín, por razones similares a las aquí
expuestas."
(sentencia T-627 de 1999, M.P., doctor Carlos Gaviria Díaz) (se subraya)
Por todas las razones expuestas la tutela
resulta procedente, pues, como se vio, existió una vía de hecho en la sentencia
del Tribunal Nacional al no haberse pronunciado sobre la identidad del
procesado, y tal omisión le está produciendo al afectado, un perjuicio
irremediable. Perjuicio que, contrario a lo sostenido en al sentencia de tutela
que se revisa, sí es actual e inminente. (...)”[21].
3.2. De igual manera, a diferencia de la regla expuesta
en la sentencia T-212 de 2006, esta Corporación ha reconocido -entre otras- en
las sentencias T-627 de 1999[22], T-749 de 1999[23], T-1315 de 2001[24] y T-659 de 2005[25], que la privación ilegítima de la libertad
por sí misma implica la existencia de un perjuicio irremediable. Cosa distinta
es que la acción de amparo constitucional en cuanto a su procedencia, se someta
al cumplimiento del resto de presupuestos formales establecidos en el
ordenamiento jurídico.
Precisamente, en la mencionada sentencia
T-659 de 2005[26], este Tribunal señaló:
“La libertad personal, principio y derecho
fundante del Estado Social de Derecho, comprende "la posibilidad y el
ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes
y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni
entrañen abuso de los propios, como la proscripción de todo acto de coerción
física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona
sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente". (...)
En
tal sentido, la acción de revisión se erige en un mecanismo judicial mediante
el cual se logra que la justicia material prime sobre el principio procesal de
la cosa juzgada, cuando quiera que, como lo ha señalado esta Corporación, se
demuestre que se cometió una grave injusticia contra un ciudadano. Para tales
efectos, el ordenamiento procesal colombiano consagra determinadas causales de
procedencia de la acción de revisión, al igual que un trámite que es necesario
surtir bien sea ante la Corte Suprema de Justicia, o ante el respectivo
Tribunal Superior de Distrito Judicial. Así pues, de llegar a encontrarse
fundada la causal invocada se dejará sin valor la sentencia motivo de la acción
y se procederá a dictar un nuevo fallo, cuando se trate de prescripción de la
acción penal, ilegitimidad del querellante, caducidad de la querella, cualquier
otra causal de extinción de la acción penal o cambio favorable del criterio
jurídico de sentencia emanada de la Corte; y en los demás casos, la actuación
será devuelta a un despacho judicial de la misma categoría, diferente de aquel
que profirió la decisión, a fin de que se tramite nuevamente a partir del
momento procesal que se indique. De igual manera, se decretará la libertad
provisional y caucionada del procesado.
Ahora
bien, resulta evidente que durante el tiempo que tarde en surtirse la acción de
revisión se encuentra un fallo ejecutoriado, que ha hecho tránsito a cosa
juzgada, bien sea absolutorio o condenatorio, y que asimismo puede implicar la
privación o no de la libertad de una persona.
Así
las cosas, en principio, el ciudadano debe esperar a que la autoridad judicial
competente se pronuncie de fondo acerca de la procedencia o no de la causal de
revisión invocada, por cuanto, se insiste, existe una sentencia penal en firme
en su contra, y por ende, la restricción al ejercicio de su libertad personal
se encuentra amparada en una decisión judicial.
No
obstante lo anterior, estima la Sala que en situaciones muy especiales, cuando
en el curso de la acción de revisión el Estado imponga una pena contra una
persona que ha reconocido ser el autor del delito que se le imputó en un
principio a aquélla, la restricción a la libertad personal se torna
desproporcionada, y por ende, contraria a la Constitución. (...)
En suma, mantener a una persona privada de su libertad por el tiempo
que tarde en resolverse una acción de revisión invocada con fundamento en una
sentencia condenatoria proferida por los mismos hechos contra una persona que
reconoció ser la responsable exclusiva de éstos, constituye una medida
desproporcionada por cuanto no persigue la consecución de ningún fin constitucionalmente
legítimo. (...)
Ahora bien, dado que la persona privada de la libertad instauró
asimismo una acción de revisión, la tutela procederá en estos casos como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, por el tiempo que
dure en resolverse la mencionada acción. En efecto, no podrá ser considerada
como mecanismo principal, por la sencilla razón de que un juez ya está
conociendo de la acción de revisión, la cual puede ser fallada a su favor o en
contra de sus intereses” [27].
En esta medida, dejo expuestas las razones por las
cuales me aparto de la sentencia T-212 de 2006, y procedo a continuación a
transcribir la ponencia original que presenté a la Sala Quinta de Revisión, en
aras de hacer énfasis en los fundamentos de hecho y de derecho que daban lugar,
en mi opinión, a conceder de manera transitoria el amparo solicitado:
“Reiteración de
jurisprudencia en relación con la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales
4. A
partir de la sentencia C-543 de 1992[28],
la jurisprudencia constitucional ha admitido reiteradamente la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales -inicialmente-
a través del denominado concepto de las vías de hecho. Concretamente,
esta Corporación en la citada providencia señaló:
"(...) La acción de tutela no es el
mecanismo judicial idóneo para controvertir las providencias judiciales, en
particular las que han hecho tránsito a cosa juzgada, salvo que las mismas sean
el resultado de una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
contraria al orden jurídico preestablecido y violatoria de las garantías
constitucionales y legales que integran los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia(...)”.
Así
mismo, la Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada que la
procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales es
excepcional, en razón de que este mecanismo es de carácter subsidiario y no
tiene la virtualidad de reemplazar los procedimientos ordinarios, ni está
concebido como medio alternativo, adicional o complementario de éstos. Por lo
tanto, el propósito de la tutela se limita a la protección efectiva de los
derechos fundamentales cuando no existe otro mecanismo de defensa judicial, o
cuando existiendo, ésta se utilice como medio transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.
En este sentido, la procedencia de la
acción de tutela en contra de providencias judiciales según el criterio de este
Tribunal, se sujeta a la comprobación de dos condiciones: “la violación de
un derecho fundamental y la identificación plena de la existencia de alguno de
los eventos que constituyen causales de procedibilidad en materia de acción de
tutela contra providencias judiciales”[29].
5. Bajo esta perspectiva, la jurisprudencia de esta
Corporación ha identificado cuatro grandes defectos que dan lugar a la
procedencia del amparo constitucional contra decisiones judiciales, a saber:
Orgánico, sustantivo, fáctico o procedimental. Sobre cada uno de ellos la Corte
ha expuesto que:
“(...)
se presenta un defecto orgánico cuando la autoridad que tiene a su cargo
la dirección del proceso y profiere la decisión de fondo, no es en realidad su
juez natural. Así mismo, el defecto sustantivo se configura en los casos
en que la decisión judicial es dictada con fundamento en una norma claramente
inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su
utilización puede generar una inconstitucionalidad sobreviniente o, porque su
contenido no guarda relación de conexidad material con los presupuestos de
hecho a los cuales se ha aplicado. Por su parte, el defecto fáctico
tiene lugar cuando las pruebas que han sido aportadas al proceso resultan
inadecuadas para tomar la decisión, ya sea por ineptitud jurídica o por simple
insuficiencia material. Finalmente, el defecto procedimental se origina
en una manifiesta desviación de las formas propias del juicio que conduce a una
amenaza o vulneración de los derechos y garantías de alguna de las partes o de
los demás sujetos procesales con interés legítimo (...)”[30].
En
los últimos años la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en relación
con las situaciones que hacen viable  la acción de tutela contra providencias
judiciales. En efecto, en sentencia T-774 de 2004[31], se agregaron a las
citadas causales genéricas de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, las siguientes:
“[El] error inducido, el cual se
refiere a las situaciones en las cuales la violación de los derechos
fundamentales por parte del funcionario judicial es consecuencia de su
inducción en error por una circunstancia estructural del aparato de
administración de justicia (...) la decisión inmotivada, que representa
las situaciones en las cuales la providencia judicial presenta graves e
injustificados problemas en su decisión consistentes en la insuficiente
sustentación o justificación del fallo[32]; (...) la violación directa de la
Constitución, en los eventos en que la decisión se apoya en la
interpretación de una disposición en contra de la Constitución desconociendo el
contenido de los derechos fundamentales de alguna de las partes[33], o en los casos en que el juez se abstiene
de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta
de la Constitución, siempre que se presente solicitud expresa de su declaración
por alguna de las partes en el proceso[34].” Véase, sentencia T-749 de 2005. (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). En
idéntico sentido, sentencia       T-994 de 2005. (M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto).
6.  Como en estos últimos eventos en que procede la
acción de amparo constitucional contra decisiones judiciales suponen abandonar
como requisito de procedencia la existencia de una “actuación arbitraria e
ilegítima de la autoridad judicial”, la jurisprudencia de esta Corporación
ha señalado que el concepto de vía de hecho ha sido superado, para en su lugar
acoger el criterio de las causales genéricas de procedencia de la acción de
tutela. Esta evolución de la doctrina constitucional fue reseñada de la
siguiente manera en un reciente pronunciamiento de esta Corte:
“(E)n los últimos años se ha venido
presentando una evolución de la jurisprudencia constitucional acerca de las
situaciones que hacen viable  la acción de tutela contra providencias
judiciales. Este desarrollo ha llevado a concluir que las sentencias judiciales
pueden ser atacadas mediante la acción de tutela por causa de otros defectos
adicionales, y que, dado que esos nuevos defectos no implican que la sentencia
sea necesariamente una “violación flagrante y grosera de la Constitución”, es
más adecuado utilizar el concepto de “causales genéricas de procedibilidad de
la acción” que el de “vía de hecho.” En la sentencia T-774 de 2004 (M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa) se describe la evolución presentada de la siguiente
manera:
“(...) la Sala considera pertinente señalar
que el concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente acción de
tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional. La Corte ha
decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en los que
originalmente se fundaba la noción de vía de hecho. Actualmente no ‘(…) sólo se
trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad
sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de
los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su
discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta
corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen
amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar
la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable
está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución.’ En
este caso (T-1031 de 2001) la Corte decidió que la acción de tutela procede
contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes
aplicables al caso o cuando ‘su discrecionalidad interpretativa se desborda en
perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados.’
“Este avance jurisprudencial ha llevado a
la Corte a remplazar ‘(…) el uso conceptual de la expresión vía de hecho por la
de causales genéricas de procedibilidad.’ Así, la regla jurisprudencial se
redefine en los siguientes términos...
“...todo pronunciamiento de fondo por parte
del juez de tutela respecto de la eventual afectación de los derechos
fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de
derechos fundamentales por providencias judiciales) es constitucionalmente
admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la
configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado
la existencia de alguno de los seis eventos  suficientemente reconocidos por la
jurisprudencia”[35].
7. Para que proceda la acción de tutela contra decisiones
judiciales, de acuerdo con lo previsto por la Corte en sentencia C-590 de 2005[36], además de demostrar
la existencia de una causal genérica de procedencia, es necesario acreditar los
siguientes requisitos adicionales: (i) Que la cuestión que se discuta tenga
relevancia constitucional[37];
(ii) Que los medios -ordinarios o extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada se hayan agotado, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio irremediable. Para el efecto, esta Corporación
ha sostenido que el citado perjuicio se presenta cuando se estructuran cuatro
elementos básicos, determinados en la sentencia T-225 de 1993[38]; a saber: El perjuicio
debe ser inminente, las medidas para corregirlo urgentes, el daño debe ser
grave y su protección impostergable.
Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, (iii) que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[39]; (iv) Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar en claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) Es indispensable que se
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados, poniendo además de presente que los mismos fueron
alegados en el proceso judicial en que se produjo la violación, siempre que
ello hubiese sido medianamente posible; y finalmente, (vi) el amparo no puede
promoverse contra una providencia proferida en el trámite de la acción de
tutela[40].
8. En cuanto al defecto fáctico como causal
genérica de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, esta
Corporación ha sostenido que tanto la Constitución como la ley (C.P.C. art.
187), le reconocen al juez la libertad para valorar las pruebas de acuerdo con
la lógica, el sentido común y, fundamentalmente, las reglas de la experiencia[41]. Sin embargo, dicha
apreciación debe ser razonada y razonable, en aras de evitar un
análisis caprichoso, arbitrario y subjetivo, contrario al derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia.
Precisamente,
en sentencia C-641 de 2002[42],
la Corte determinó que el derecho de acceso a la administración de justicia,
supone no sólo la posibilidad de ejercitar el poder de acción, sino que también
involucra el derecho a obtener una decisión judicial debidamente fundamentada
en el material probatorio recaudado y valorado en el proceso, con el propósito
de otorgar una garantía de certeza a la demostración de los argumentos que
apoyan y estructuran dicha decisión. Por ello, en materia penal, el antiguo
artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, aplicable al caso objeto de
controversia, exige el respeto del principio de necesidad de la prueba,
en los siguientes términos: “Toda providencia debe fundarse en pruebas
legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación. // No se podrá dictar
sentencia condenatoria sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la
certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado”.
A partir del reconocimiento de los
anteriores criterios como pilares de la valoración judicial, se ha admitido por
la doctrina y jurisprudencia que en el ordenamiento procesal colombiano tiene
plena aplicación el denominado sistema de la sana crítica o de la libre
apreciación de la prueba judicial, cuyo origen normativo se remonta al artículo
175 y, especialmente, al artículo 187 del Código de Procedimiento Civil,
conforme al cual, “las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades
prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
// El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada
prueba”. En el mismo sentido, el antiguo artículo 238 del Código de
Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), señala: “Las pruebas deberán ser
apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. // El
funcionario judicial expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a
cada prueba”.
Se
trata de un sistema que apunta primordialmente a reconocerle al juez la
libertad para apreciar las pruebas de acuerdo con la lógica, la ciencia y las
reglas de la experiencia que, según su criterio personal, sean aplicables al
caso en concreto; a diferencia del sistema de tarifa legal, en el que
través de reglas codificadas y predispuestas, se imponen a las autoridades
judiciales el valor y mérito de cada elemento de convicción[43]. Ello sin desconocer
que a partir de la imposición de ciertos requisitos sustanciales para la
existencia y validez de algunos actos jurídicos, la apreciación probatoria de
los mismos se somete al cumplimiento de dichas exigencias materiales previstas
en la ley sustancial. Al respecto, en sentencia T-974 de 2003[44], esta Corporación
señaló:
“[La] Ley procesal establece como limite a
la sana crítica del juez, el reconocimiento de “las solemnidades prescritas
en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos” (art.
187 C.P.C), lo cual implica que la citada autoridad judicial no puede pretender
mediante la libre apreciación otorgarle validez o suponer la existencia de un
acto frente a los cuales no se hayan cumplido las exigencias mínimas de
eficacia previstas en la Ley sustancial. // Sin embargo, como lo reconoce la
doctrina, el sistema de libre apreciación tiene operancia aún en tratándose de
actos sujetos a formas sustanciales, a través del reconocimiento de los hechos
que suponen el litigio o la reclamación sustancial, por ejemplo,
ante la falta de escritura pública en un contrato de compraventa sobre bienes
inmuebles (art. 1857 C.C), el juez no puede decretar la existencia de dicho
acto jurídico, pero sí puede determinar que existieron como hechos el acuerdo
sobre la cosa y el precio”.
En
cuanto a las diferencias de los sistemas de libre apreciación de las pruebas y
de tarifa legal, en un reciente pronunciamiento esta Corte manifestó:
“De acuerdo con la doctrina jurídica
procesal, en materia de apreciación de las pruebas, es decir, de la actividad
intelectual del juzgador para determinar su valor de convicción sobre la
certeza, o ausencia de ésta, de las afirmaciones de las partes en el proceso,
existen [los siguientes sistemas]: (...) El sistema de la tarifa legal o
prueba tasada, en el cual la ley establece específicamente el valor de
las pruebas y el juzgador simplemente aplica lo dispuesto en ella, en ejercicio
de una función que puede considerarse mecánica, de suerte que aquel casi no
necesita razonar para ese efecto porque el legislador ya lo ha hecho por él. //
Este sistema requiere una motivación, que lógicamente consiste en la
demostración de que el valor asignado por el juzgador a las pruebas guarda
total conformidad con la voluntad del legislador.
(...) El sistema de la sana
crítica o persuasión racional, en el cual el juzgador debe
establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la
lógica, la ciencia y la experiencia. // Este sistema requiere igualmente una
motivación, consistente en la expresión de las razones que el juzgador ha
tenido para determinar el valor de las pruebas, con fundamento en las citadas
reglas. (...) El último de los sistemas mencionados es el consagrado en los
códigos modernos de procedimiento, en las varias ramas del Derecho, entre ellos
el Código de Procedimiento Civil colombiano vigente. (...) Acerca de las
características de este sistema la Corte Constitucional ha señalado: (...)
“Las reglas de la sana crítica son, ante
todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las
reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras
contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya
sea de testigos, peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en
que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento
experimental de las cosas.
“El juez que debe decidir con arreglo a la
sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente,
arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción.
La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas
abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que
los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y
eficaz razonamiento”[45].
9. Pero, como se expuso con anterioridad, es importante destacar que el
sistema de libre apreciación se sujeta también al criterio constitucional de razonabilidad,
en aras de impedir la arbitrariedad en la valoración judicial. Este Tribunal ha sostenido que el ejercicio de la sana crítica es
razonable cuando se ajusta a los fines, valores, principios y derechos que
emanan de la Carta Fundamental[46],
razón por la cual, “el sistema de libre apreciación no puede conducir: (i) ni
al exceso de formalismo; (ii) ni a la falta de valoración de las pruebas
desconociendo su obligación de apreciarlas en conjunto, verbi gracia,
(a) ignorando la existencia de alguna, (b) omitiendo su valoración o (c) no
dando por probado un hecho o circunstancia que del material probatorio emerge
clara y objetivamente”[47].
Lo anterior, conduciría a un desconocimiento de los derechos de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y, a su vez, al principio de
celeridad procesal[48].
En relación con la valoración restrictiva de las pruebas, la doctrina
sobre la materia ha sido expuesta por la Corte, en los siguientes términos:
“Evidentemente, si bien el juzgador goza de
un gran poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe
fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los
principios científicos de la sana crítica (C.P.C. art. 187 y C.P.L. art. 61),
dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria
supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y
responsables. No se adecua a éste desiderátum, la negación o valoración
arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el
juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera
alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente (...).
No obstante lo anterior advierte la Sala,
que sólo es factible fundar una acción de tutela cuando se observa que de una
manera manifiesta aparece irrazonable la valoración probatoria hecha por el
juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la
prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela
no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto (...)” (Sentencia
T-442 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell).
Así mismo, en sentencia SU-159 de 2002[49], esta Corporación manifestó:
“(...) Si bien el juzgador goza de un
amplio margen para valorar el material probatorio en el cual ha de fundar su
decisión y formar libremente su convencimiento, ‘inspirándose en los principios
científicos de la sana crítica (arts. 187 C.P.C y 61 C.P.L)’, dicho poder jamás
puede ejercerse de manera arbitraria; su actividad evaluativa probatoria
implica, necesariamente, la adopción de criterios objetivos, no
simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la
magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos,
esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les
encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente
recaudadas.
Así, los defectos fácticos pueden agruparse
en dos clases. La primera, la dimensión omisiva, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez. La segunda, la dimensión positiva, abarca la valoración
de pruebas igualmente esenciales que el juzgador no puede apreciar, sin
desconocer la Constitución.
Por eso, en lo que respecta a la dimensión
omisiva, ‘no se adecua a este desideratum, la negación o valoración
arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba’ que se presenta cuando el
juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración, cuando sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente.
En lo relativo a la dimensión positiva, el
defecto fáctico se presenta generalmente cuando aprecia pruebas que no ha
debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas
(artículo 29 C.P.) (...)”.
Conforme a esta argumentación, es posible
concluir que la simple omisión en la valoración o práctica de una prueba, no
constituye per se un defecto fáctico que conduzca a la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales. Para que ésta se produzca, (i)
debe tratarse de errores manifiestos u ostensibles de valoración y, además,
(ii) dicha prueba debe tener la capacidad inequívoca de modificar el sentido
del fallo.
10. Ahora bien, si bien esta Corporación ha reconocido que en materia de apreciación
probatoria el defecto fáctico se presenta por lo general en su dimensión
omisiva, como ocurre en los casos anteriormente mencionados, ello no
excluye que su existencia se acredite también desde una dimensión positiva,
la cual, conforme a la doctrina constitucional, tiene lugar cuando se aprecian
pruebas que no se han debido admitir y/o valorar. Entre ellas se destacan, por
ejemplo, (i) las pruebas inconstitucionales, esto es, aquellas que
resultan contrarias a los derechos fundamentales, y especialmente, a las
garantías constitucionales del debido proceso[50];
(ii) y las pruebas ilícitas, o lo que es lo mismo, aquellas que se
obtienen con violación de las garantías legales del investigado, acusado o
juzgado. En relación con esta causal de procedencia de la acción de tutela por
defecto fáctico, en sentencia T-996 de 2003[51],
este Tribunal sostuvo:
“Se
puede incurrir en defecto fáctico cuando: i) el funcionario judicial omite
valorar las pruebas debidamente allegadas al proceso y que son determinantes
para identificar la veracidad de los hechos bajo su conocimiento; es decir,
cuando ignora una prueba u omite su valoración, o cuando da por no probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge claramente. Esto es el defecto
fáctico en su dimensión omisiva. ii)También se presenta cuando aprecia
pruebas que no ha debido admitir ni valorar, porque fueron indebidamente
recaudadas o porque el mismo funcionario le ha restado valor probatorio pero
posteriormente las toma en cuenta como fundamento de su decisión.[52]
Esto es, defecto fáctico en su dimensión positiva.[53] ( subrayado fuera de
texto ).// Finalmente, la Corte aclara que sólo es posible instaurar la acción
de tutela cuando de forma manifiesta se observa la arbitraria valoración de las
pruebas en la providencia que resuelve de fondo el asunto o cuando la misma
carece de todo sustento probatorio que afecte ostensiblemente las pretensiones
de la demanda, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
para revisar la actividad del fallador en materia probatoria que ordinariamente
conoce del asunto.”[54]
11. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha insistido en que
el juez de tutela en lo que se refiere al defecto fáctico, carece de
competencia para suplantar al juzgador de instancia en su tarea de valorar
autónomamente los medios de prueba practicados en forma legal y oportuna en el
proceso, pues su labor como juez constitucional se limita a determinar si la
autoridad ordinaria al realizar tal actividad incurrió en una ostensible y
evidente irregularidad. Por ello, este Tribunal ha sostenido de manera
reiterada que “cuando los jueces de tutela o la Corte conocen de una
acción de tutela por vía de hecho deben verificar si al resolver el caso que es
materia de análisis el juzgador de instancia en forma abrupta e injustificada
se abstuvo de arrimar al proceso el material probatorio necesario para aplicar
el supuesto normativo en el que fundamenta su decisión ó, aunque teniéndolo, le
restó valor o le dio un alcance no previsto en la ley, sin que al ejercer esta función
puedan entrar a suplantar al juzgador en su función de ponderar en forma
autónoma los medios de prueba conforme a las reglas de la sana crítica”[55]. Dicha doctrina se
encuentra también reconocida, en otras providencias, en las sentencias
T-996 de 2003 y T-1103 de 2004. En el primero de los mencionados fallos, la
Corte señaló:
“Sobre
este punto la Corte aclara que la jurisdicción constitucional, por vía de
tutela, no es competente para resolver la controversia litigiosa de los
procesos, por lo que en materia probatoria la revisión que efectúa el juez de
tutela es muy limitada; su valoración se restringe a encontrar el error que
alega el accionante, y disponer que la autoridad respectiva adopte los
correctivos a que hubiere lugar”.
12. Finalmente, este Tribunal ha sostenido que a pesar de
que una prueba judicial sea inconstitucional o ilegal, lo cual se traduce en la
imposibilidad de reconocerle mérito probatorio, ello no implica -por sí mismo-
que proceda forzosamente la acción de tutela por defecto fáctico contra dicha
decisión, pues para el efecto se requiere que no existan otras elementos de
convicción que permitan preservar la vigencia judicial del fallo cuestionado.
Así, en sentencia T-008 de 1998[56],
la Corte dijo:
“No obstante, el hecho de que un juez tenga
en cuenta dentro de un proceso una prueba absolutamente viciada, no implica,
necesariamente, que la decisión que se profiera deba ser calificada como vía de
hecho. En efecto, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional
(v.supra), no todo vicio implica la descalificación absoluta y definitiva del
acto judicial. Conforme a la jurisprudencia constitucional, esta Sala no puede
menos que indicar que sólo en aquellos casos en los cuales la prueba
nula de pleno derecho constituya la única muestra de culpabilidad del
condenado, sin la cual necesariamente habría de variar el juicio del fallador,
procedería la tutela contra la decisión judicial que la tuvo en cuenta, siempre
y cuando se cumplan, por supuesto, los restantes requisitos de procedibilidad
de la acción”-
En idéntico sentido, en sentencia SU-159 de
2002[57]
se señaló:
“Para que la no exclusión de pruebas
ilícitas configure una vía de hecho por defecto fáctico que dé lugar a la
anulación de una sentencia se requiere que éstas tengan tal grado de
trascendencia que hayan sido determinantes para fundar la acusación y la
condena. En este caso, dichas pruebas no sólo no fueron determinantes sino que
obran en el expediente otras pruebas valoradas por la Sala Penal y cuya
suficiencia para fundar la sentencia condenatoria no ha sido ni cuestionada ni
desvirtuada”.
Visto lo anterior, esta Corporación
procederá a determinar si, en el caso concreto, la Sala de Decisión Penal del
Tribunal Superior de Cartagena incurrió en la violación del derecho al debido
proceso que se le imputa o si, por el contrario, su actuación se ajustó a los
lineamientos constitucionales y legales vigentes al momento de adoptar su
decisión.
Del caso en concreto.
13.  Advierte la Sala de Revisión que la providencia
judicial objeto de controversia en sede de tutela no sólo declaró responsables
penalmente a los accionantes, sino también a otros sindicados frente a los
cuales la Fiscalía General de la Nación ejerció su atribución constitucional de
acusación (C.P. art. 250). En efecto, en el fallo cuestionado igualmente se
impusieron condenas -por los mismos y otros delitos- a los señores Heriberto
Francisco Coneo Guerrero, Miguel Villa López, Ricardo Coneo Guerrero, Heriberto
y Andrés Coneo Higuera. Ahora bien, en la medida en que ellos no acudieron a la
presente acción de amparo constitucional, y además existen otros elementos
fácticos y jurídicos que fueron analizados y tenidos en cuenta por el Tribunal
Superior de Cartagena para la imposición de sus sanciones, esta Corporación
limitará el estudio de la presente litis constitucional exclusivamente a
las irregularidades planteadas por los demandantes, restringiendo a su favor
-en caso de ser ello necesario- los efectos del presente fallo.
De la reserva de identidad del testigo
Clave 1
14.  La primera irregularidad que se pone de presente por
los demandantes, consiste en haber valorado en la sentencia del 19 de agosto de
2005, la declaración del testigo Clave 1 bajo reserva de identidad, a pesar de
que dicho elemento de juicio fue declarado inexequible mediante sentencia C-392
de 2000 y además para el momento de proferir el fallo de segunda instancia
estaba expresamente derogado por la Ley 600 de 2000. A juicio del Tribunal,
como previamente se señaló, la mencionada prueba podía ser apreciada, por una
parte, porque el artículo 42 transitorio de la Ley 504 de 1999 preservó la
validez de los testimonios con reserva recaudados conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley 81 de 1993, y
por la otra, porque la valoración de una prueba debe seguir la suerte de la ley
vigente al momento de su producción. De manera que: “los actos procesales se
cumplen de conformidad con las normas vigentes al momento de su producción, y
no pierden validez ni eficacia en virtud de otras posteriores que modifiquen
las respectivas formalidades”.
Para esta Corporación el cargo propuesto
está llamado a prosperar por las razones que a continuación se exponen:
15. En primer lugar, este Tribunal mediante sentencia
C-392 de 2000[58] declaró inexequible, entre otras
disposiciones, el artículo 17 de la Ley 504 de 1999, a través del cual se
modificó la figura de la reserva de identidad del testigo, prevista
inicialmente en el artículo 293 del Decreto 2700 de 1991, modificado por el
artículo 37 de la Ley 81 de 1993[59]. Entre las razones esgrimidas para
fundamentar el citado fallo, se reseñaron las siguientes:
“Es evidente que cuando se ignora la
identidad de la persona que rinde una declaración en contra del sindicado se
mengua de manera protuberante y ostensible la garantía constitucional del
debido proceso público, en la medida en que se desconoce por completo el
principio de publicidad y contradicción de la prueba, al imposibilitarse el
ejercicio pleno del derecho a tachar al testigo, cuando existan motivos para
dudar de su imparcialidad. // Podría aducirse en pro de la constitucionalidad
de la institución cuestionada, que lo que en definitiva importa es lo que dice
el testimonio, y no quién es el testigo; y, además, podría agregarse que
conocida tal declaración, existirá la posibilidad de interrogación posterior al
testigo sobre lo declarado.
Sin embargo, tal argumentación resulta un
sofisma inaceptable a la luz de la Constitución y de principios elementales del
derecho probatorio. En efecto, para nadie es desconocido que las condiciones
personales del testigo como órgano de la prueba, pueden ser también materia de
debate en el ejercicio del derecho de contradicción, cual sucede por ejemplo,
si el testigo ciego afirma haber visto algo, y se discute por el sindicado si
aquél tiene un sentido de la vista normal, disminuido, o carece del mismo por
completo; e igual podría predicarse de quien afirma haber oído siendo sordo; o
igual sucedería cuando el testigo asevera haber visto y oído, con explicación
sobre lo que oyó y lo que vio, con profunda convicción personal de que así en
efecto ocurrió, asunto que podría ser objeto de discusión por el sindicado que
intentara la demostración de que el declarante no faltó a la verdad, pero
padece de alucinaciones visuales o auditivas, o de ambas, en razón de padecer
una esquizofrenia. Del mismo modo, la relación personal del testigo con el
sindicado, con las autoridades o con quienes eventualmente puedan resultar
afectados o beneficiados con su declaración, puede ser objeto de confrontación
y examen en la contradicción de la prueba. Además, el contacto directo de las
partes con el testigo durante la recepción de la declaración de este, permite
al procesado o a su apoderado la percepción inmediata de la reacción anímica
del deponente ante las preguntas que se le formulan, lo cual puede resultar
útil para ejercer el derecho de preguntar o contrapreguntar en ese preciso
momento algo que permita examinar lo declarado para mayor precisión en relación
con los hechos objeto de la investigación, oportunidad que, conforme a las
psicología judicial puede ser imposible de repetir luego, lo que quiere decir
que, si se ignora quién es el testigo y si el sindicado se encuentra ausente
cuando aquél declara, de esta manera se vulnera también su derecho a la
publicidad y a la contradicción de la prueba, parte fundamental del debido
proceso judicial. Lo mismo puede predicarse de las especiales circunstancias de
tiempo, de modo y de lugar de las que afirma el declarante existieron para
percibir los hechos que narra en el proceso, las cuales pueden constituir una
explicación verosímil y suficiente, o por el contrario pueden servir para
descartar tal verosimilitud y, en consecuencia, la credibilidad del testigo.
(...)
De esta suerte, ha de concluirse entonces
que la reserva de identidad de los investigadores, juzgadores y testigos
resulta violatoria del derecho a la publicidad del proceso, a la
imparcialidad de los funcionarios y a la contradicción de la prueba y, en
tal virtud, de la garantía constitucional al debido proceso consagrada por el
artículo 29 de la Carta.
Por lo anterior, constituyendo las normas
acusadas de los arts. 12, 13, 15, 17, 18 y 44 un todo jurídico
inescindible serán declaradas inexequibles. Pero advierte la Corte que la
declaración de inexequibilidad del art. 17, por las razones indicadas, no
inhibe a la Fiscalía para asegurar la protección de los testigos de acuerdo con
el art. 250-4 de la Constitución y las normas que regulan el programa de
protección para víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación”[60].
De manera que, a juicio de esta
Corporación, la reserva de identidad del testigo como medio probatorio, es
contrario a la garantía constitucional del debido proceso y a los principios de
contradicción y publicidad de la prueba que emanan del Texto Superior. Dicha
doctrina constitucional, de acuerdo con la jurisprudencia vigente en relación
con el momento en que un fallo de inconstitucionalidad produce efectos
jurídicos[61], es obligatoria desde el 7 de abril de
2000, esto es, “a partir del día siguiente a la fecha en que la Corte ejerció
la jurisdicción de que está investida, [o lo que es lo mismo], a partir del día
siguiente al que se adoptó la decisión sobre la exequibilidad o no de la norma
objeto de control”[62].
Por ello, si desde el 7 de abril de 2000,
produce plenos efectos jurídicos la doctrina constitucional que determinó que
es inconstitucional como prueba judicial la declaratoria bajo reserva de
identidad del testigo, prevista en el artículo 17 de la Ley 504 de 1999[63], no podía el Tribunal Superior de
Cartagena proceder a su valoración, pues dicha actuación judicial -de acuerdo
con la jurisprudencia reiterada de esta Corporación- es constitutiva de una
irregularidad por defecto sustantivo.
En efecto, este Tribunal en sentencia T-522
de 2001[64] concluyó que la aplicación de una figura
claramente contraria a la Constitución Política, según expresa sentencia de la
Corte, y que conlleve violaciones a derechos fundamentales o a principios
constitucionales, constituye una vía de hecho por defecto sustantivo, ya que
-en estos casos- el problema jurídico de su inaplicabilidad por violar la Carta
Fundamental, es tan evidente que no puede ser totalmente ajeno al funcionario
judicial, el cual bajo ninguna circunstancia puede desprenderse de su deber de
aplicar el Texto Superior, como norma de normas, al amparo de lo previsto en el
artículo 4° Constitucional[65].
Considera esta Sala, siguiendo la doctrina
constitucional sobre la materia, que cuando la Corte en la sentencia C-392 de
2000 declaró con efecto erga omnes que es inconstitucional la figura
probatoria del testimonio con reserva de identidad por vulnerar el derecho
fundamental al debido proceso y los principios constitucionales de
contradicción y publicidad, es evidente que se desconoce y vulnera abiertamente
la Constitución Política si se aplica con posterioridad dicho medio probatorio,
omitiendo de manera absoluta, el pronunciamiento de esta Corporación, que
decidió prohibir su aplicación para la solución de casos concretos, a partir de
su incompatibilidad con la Carta Fundamental.
Por lo que a pesar de la legalidad de dicha
prueba para el momento de su práctica, cuando se adelantó la fase de su valoración
o apreciación por el Tribunal, esto es, el 19 de agosto de 2005, ya era
vinculante y obligatoria la doctrina constitucional establecida en la sentencia
C-392 de 2000. Así las cosas, es claro que la mencionada autoridad judicial
estaba en el deber de abstenerse de apreciar el mérito probatorio de dicho
elemento de convicción, en respeto al carácter vinculante de un fallo de
inconstitucionalidad, que retiró para todos los efectos jurídicos a ese medio
de prueba judicial del ordenamiento jurídico.
Así lo reconoció la Corte Suprema de
Justicia, en sentencia de casación del 25 de febrero de 2004, al sostener que:
“una de las manifestaciones del falso
juicio de convicción consiste en apreciar un medio de convicción al cual la ley
no le ha conferido eficacia probatoria alguna, como en este caso a los
testimonios bajo reserva de identidad, cuya consagración fue retirada del
ordenamiento jurídico en virtud de su contrariedad con la Carta Política por la
sentencia C-392 de 2000 (abril 6). (...)
Surge evidente que con posterioridad al
pronunciamiento de inexequibilidad del artículo 17 de la Ley 504 de 1999,
mediante sentencia C-392 del 6 de abril de 2000, los testimonios bajo reserva
de identidad, así hayan sido obtenidos con anterioridad y conforme a las
disposiciones que los consagraban, no pueden ser objeto de evaluación
probatoria  por parte de los funcionarios judiciales en cuanto resultan
violatorios de los principios de publicidad del proceso, de la imparcialidad
del juez y de la contradicción de la prueba. (...) Resulta cierto que el juez
de conocimiento excluyó de modo expreso las declaraciones de los testigos bajo
reserva de identidad y que el tribunal, sin mediar explicación alguna, los
valoró, con lo cual, en principio, el casacionista acierta en su
crítica por esa situación”[66].
Para que en este tipo de casos proceda la
declaratoria de vía de hecho por defecto sustantivo, la Corte ha señalado que
es indispensable acreditar las siguientes condiciones: (i) Que la autoridad
judicial aplicó una figura legal que es evidentemente inconstitucional, porque
así lo declaró la Corte; (ii) Que por dicha aplicación se comprometan derechos
fundamentales y; (iii) Que durante el proceso se le haya solicitado al
funcionario judicial la inaplicación de la misma. En el asunto sub-examine,
todas las exigencias previamente señaladas fueron debidamente acreditadas. En
primer lugar, al demostrarse que el Tribunal apeló a la declaración del testigo
Clave 1, a fin de establecer la responsabilidad penal de los accionantes, pese
a que mediante sentencia C-392 de 2000, la Corte declaró inexequible dicho
medio probatorio. En segundo término, porque su aplicación como lo reconoció
esta Corporación en la citada sentencia supone la violación del derecho
fundamental al debido proceso. Finalmente, porque el mismo Tribunal Superior de
Cartagena, en los antecedentes de la sentencia recurrida, puso de presente que
los apoderados de los demandantes alegaron la inconstitucionalidad de la
mencionada prueba, a partir de la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 504
de 1999, en lo pertinente.
16. Por otra parte, aun suponiendo que, como lo afirma el
Tribunal, los testimonios bajo reserva recepcionados al amparo del artículo 293
del Decreto 2700 de 1991, modificado por el artículo 37 de la Ley 81 de 1993,
podían ser valorados, en la medida en que la Corte declaró exequible el
artículo 42 transitorio de la Ley 504 de 1999[67]; esta Corporación considera que dicha
posición es contraria a las garantías constitucionales del debido proceso, por
las siguientes razones:
En primer término, porque a diferencia de
lo señalado por el Tribunal Superior de Cartagena, esta Corporación al declarar
exequible el artículo 42 transitorio, se limitó a señalar que el mismo se
ajustaba al Texto Superior, en cuanto permitía mantener la reserva de identidad
para proteger la vida e integridad de los declarantes, reconociendo que -en
todo caso- la legalidad de dicha prueba para proceder a  su valoración, se
sometía a las exigencias establecidas en el Código de Procedimiento Penal, a
fin de preservar las garantías de publicidad y contradicción señaladas
anteriormente en la misma providencia. Una interpretación lógica de la
sentencia C-392 de 2000, permite llegar a la citada conclusión, pues de no ser
así, la Corte se encontraría ante un manifiesto contrasentido al declarar -por
una parte- que un medio de prueba es inconstitucional, y por el otro, al
preservar su mérito probatorio tan sólo en razón del momento de su práctica.
Textualmente, las razones que condujeron a la declaratoria de
constitucionalidad del artículo 42 transitorio, fueron:
“El art. 42 alude a la situación de los
procesos en que se hubiere recibido testimonio con reserva de identidad, en
el sentido de que dicha reserva se mantiene y que esta clase de pruebas se
someterán a los principios generales de valoración probatoria establecida en el
C.P.P.
Igualmente dicha norma, salvo los casos de
investigación penal o disciplinario contra el funcionario correspondiente,
mantiene su reserva de identidad, cuando hubiere actuado en los procesos de
competencia de los jueces regionales, Sin embargo, existe la previsión en el
sentido de que “a partir del 1 de julio de 1999, estos procesos se tramitarán
sin que el funcionario que avoque su conocimiento posea reserva de identidad,
todo sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 158 de este código”.
La norma del art. 42, dado su carácter
transitorio, y en cuanto tiene como finalidad asegurar la protección de los
funcionarios que actuaron en los procesos de competencia de los jueces
regionales, se ajusta a la Constitución, mas aún cuando a partir de la fecha indicada los
referidos procesos se tramitarán sin reserva de identidad del funcionario de
conocimiento.
No obstante, se declarará inexequible la
expresión “todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 158 de este
código”, en armonía con lo expuesto antes en el sentido de que resulta
inconstitucional la reserva de identidad de los testigos, jueces y fiscales”[68].
En segundo lugar, es innegable que al
momento en que el Tribunal Superior de Cartagena profirió la sentencia del 19
de agosto de 2005, suponiendo que se encontrara vigente la figura de la
declaratoria bajo reserva de identidad del testigo, en virtud de la
interpretación que la citada autoridad judicial realizó del artículo 42
transitorio de la Ley 504 de 1999, en todo caso dicha  disposición estaba
derogada por la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000, y por lo mismo, no
podía servir de fundamento para otorgarle mérito probatorio al citado elemento
de juicio.
En efecto, en el artículo 535 de la
mencionada Ley 600 de 2000, se derogó el Decreto 2700 de 1991[69], incluyendo sus normas complementarias, dentro de las cuales se encontraba
la totalidad de la Ley 504 de 1999[70]. Al respecto, dispone la norma en cita: “Derógase el Decreto
2700 de noviembre 30 de 1991, por el cual se expidió el Código de Procedimiento
Penal, sus normas complementarias y todas las disposiciones que sean contrarias
a la presente ley”.
De suerte que dado el efecto
general e inmediato de las normas procesales[71], aun cuando para el momento de la práctica y recepción de la
declaración del testigo Clave 1, dicho medio prueba era válido por el ordenamiento
jurídico, el mismo se encontraba plenamente derogado cuando se adelantó la fase
de su valoración o apreciación, pues la Ley 600 de 2000 entró en vigencia el 24
de julio de 2001, conforme lo estableció el artículo 536 de dicha normatividad[72].
Desde esta perspectiva, tal y como
lo reconoce la doctrina y la jurisprudencia, aun suponiendo que se encontrara
vigente la declaración bajo reserva de identidad después del pronunciamiento de
inconstitucionalidad de esta Corporación -como la manifiesta el Tribunal
Superior de Cartagena-, al derogarse la norma que le otorgaba fundamento a
dicha interpretación, esto es, el artículo 42 transitorio de la Ley 504 de
1999, no podía el mencionado Tribunal apelar a su aplicación para valorar un
medio de prueba que no tenía ningún soporte constitucional ni legal, y que,
además, en términos de la sentencia C-392 de 2000, desconocía el derecho
fundamental al debido proceso y los principios constitucionales de
contradicción y publicidad.
A juicio de la Corte, desconocer el
efecto general e inmediato de las normas procesales, para darle efectos
ultraactivos a una disposición derogada, en contravía del principio
constitucional de favorabilidad (C.P. art. 29), es
constitutivo de un defecto fáctico al amparo de la jurisprudencia
constitucional, en cuanto ello representa, como ocurre en este caso, “apreciar
pruebas que no se han debido valorar por parte de la autoridad judicial
comprometida” (véase, sentencias T-996 de 2003 y T-1103 de 2004)[73].
17.
Con fundamento en las razones expuestas, es innegable que la Sala de Decisión
Penal del Tribunal Superior de Cartagena, en la sentencia del 19 de agosto de
2005, no podía reconocerle mérito probatorio al testimonio Clave 1
recepcionado bajo reserva de identidad de testigo, pues conforme se señaló con
anterioridad en esta providencia, al hacerlo incurrió en irregularidades
constitucionales constitutivas de vías de hecho por defectos fáctico y
sustantivo.
De los informes de
inteligencia
18. La segunda irregularidad que se pone de presente por
los demandantes, consiste en que el Tribunal Superior de Cartagena valoró en la
sentencia del 19 de agosto de 2005, los informes de inteligencia realizados por
la Armada Nacional el 30 de marzo de 1998 y por la Unidad de Investigación Financiera y de la División de
Estupefacientes de Panamá el día 19 de marzo de 1999, cuando en virtud del
principio de favorabilidad, el artículo 50 de la Ley 504 de 1999, les niega a
dichos informes cualquier valor probatorio en el proceso. Además, en criterio
de los accionantes, la irregularidad se torna evidente, teniendo en cuenta lo
previsto en el artículo 314 de la Ley 600 de 2000, que señala que esos
documentos en ningún momento podrán ser convalidados como testimonios o
indicios, siendo -por el contrario- simples criterios orientadores de la
investigación.
Lo primero que esta Corporación
debe señalar es que los mencionados informes, en realidad constituyen piezas de
inteligencia, en desarrollo de atribuciones propias de policía judicial, en
cuanto suponen el análisis de información y la recepción de exposiciones o
entrevistas anónimas dirigidas a servir como criterios para el desarrollo de
una verdadera investigación criminal. Esta conclusión no sólo se fundamenta en
la simple lectura de sus contenidos, en la medida en que, ellos mismos, se
califican como tales; sino también en otras piezas procesales que le reconocen
esa calificación jurídica[74].
Así en el informe secreto del 30 de
marzo de 1998, el Director de Inteligencia de la Armada Nacional, sostuvo:
“Con el presente me permito remitir a su
despacho, el informe de inteligencia y el análisis de los documentos
relacionados con una organización de narcotráfico. (...) el informe contiene
informaciones que han sido obtenidas en actividades de inteligencia,
suministradas por fuentes humanas y analizadas por especialistas de la Armada
Nacional. // El propósito del presente informe es proporcionar al señor
Director Regional de Fiscalías y a los Fiscales asignados a esta investigación
elementos e informaciones para que dichos funcionarios puedan orientar el
trabajo de judicialización de los miembros de esta organización”[75].
Por su parte, el Jefe de la División de
Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial de Panamá, en el informe del 19
de marzo de 1999, señaló:
“Para lo que estime conveniente disponer,
estamos remitiendo a su despacho, informe de inteligencia confeccionado
por la Inspectora Etelvina de la Peña de servicio en la Unidad de Investigación
Financiera y el Detective Gustavo Scott de servicio en la División de
estupefacientes, el cual se explica por sí sólo”
Finalmente, tanto en la resolución de
acusación como en la impugnación a la sentencia absolutoria, la Fiscal Delegada
admite que la declaración bajo reserva de testigo fue avalada por los “informes
de la Armada Nacional”.
19. Desde la sentencia C-392 de 2000, al declarar la
exequibilidad del artículo 50 de la Ley 504 de 1999, esta Corporación reconoció
que el legislador en ejercicio de su potestad de configuración normativa, puede
establecer una tarifa legal en sentido negativo, señalando que un determinado
medio de prueba no es idóneo como elemento de convicción en un proceso, siempre
que dicha facultad no se utilice en “forma arbitraria, irracional y
desproporcionado”. En desarrollo de la citada doctrina constitucional, este
Tribunal avaló el hecho que el legislador le haya negado aptitud probatoria a
los informes de policía judicial, así como a las versiones suministradas por
informantes, al disponer en el citado artículo 50 de la Ley 504 de 1999, que: “En
ningún caso los informes de la policía judicial y las versiones suministradas
por informantes tendrán valor probatorio en el proceso”. Para la Corte la
principal razón que motivó la imposición de la citada prohibición fue la
necesidad de preservar el debido proceso y el principio de presunción de
inocencia. Textualmente, en la citada sentencia, se reseñó:
“En
el presente caso la finalidad buscada por el legislador es legítima, pues tiene
su fundamento en el art. 29 de la Constitución que consagra la presunción de
inocencia, la cual solamente puede ser destruida cuando se incorporan legal y
regularmente al proceso pruebas que el sindicado esta en la posibilidad de
controvertir.
Los
informes de la Policía si bien muchas veces revelan situaciones objetivas que
han verificado sus agentes, en otras, son producto de indagaciones con
terceros, muchas veces indeterminados, que estructuran conjeturas o
apreciaciones que materialmente no son idóneos para fundar una prueba; pero en
todo caso en su producción no intervienen las personas sindicadas que pueden
verse afectados por ellos.
El
legislador ha descartado el valor probatorio de dichos informes sobre la base
de conveniencias políticas, que él libremente ha apreciado, como podrían ser la
unilateralidad de éstos, y la de evitar que los funcionarios que deban juzgar
se atengan exclusivamente a éstos y no produzcan otras pruebas en el proceso,
en aras de la búsqueda de la verdad real, con desconocimiento de los derechos
de los sindicados. Por ello la Corte, en ejercicio del control constitucional,
no se encuentra en condiciones de cuestionar dichas consideraciones políticas,
pues ello corresponde a la competencia y libertad del legislador para diseñar la
norma jurídica procesal.
Sin embargo, lo anterior no obsta para que
el funcionario judicial competente pueda, a partir de dichos informes, producir
dentro del proceso la prueba que se requiera para establecer la realidad y
veracidad de los hechos que son relevantes en éste, la cual naturalmente puede
ser controvertida por el sindicado. Pero se anota que lo que dicho
funcionario puede valorar es la prueba producida regularmente en el proceso,
mas no los mencionados informes.”[76]
En este orden de ideas, como lo ha
reconocido esta Corporación, los informes de inteligencia, al amparo de lo
previsto en el artículo 50 de la Ley 504 de 1999, no tienen valor probatorio en
el juicio criminal. De suerte que, con fundamento en el principio de
favorabilidad en materia penal, el cual de acuerdo con la Corte opera tanto
para normas sustanciales como procesales, para el 19 de agosto de 2005, fecha
en que se produjo la sentencia del Tribunal Superior de Cartagena, no podían
apreciarse dichos informes, sopena de incurrir -como ocurrió en este caso- en
una vía de hecho por defecto fáctico[77].
La anterior corresponde a la posición
reiterada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, por
ejemplo, en Auto del 11 de abril de 2002 y Sentencia del 27 de marzo de 2003.
En la primera de las mencionadas providencias, el máximo Tribunal de la
Jurisdicción Ordinaria, expresó:
“Una propuesta semejante desconoce la
doctrina que tiene fijada la Corporación, sobre la temática de la apreciación
judicial de elementos de prueba que se hayan recaudado con violación del debido
proceso.
Consiste en que las pruebas incorporadas a
la actuación de espaldas a las reglas determinadas por la ley para su aducción,
al ser nulas de pleno derecho merced a aquella disposición constitucional,
deben ser excluidas del análisis judicial; mas si por torpeza del operador no
se advierte la irregularidad de la prueba en su fuente y pese a lo evidente de
su contrariedad con la ley la valora, el remedio no está en declarar la nulidad
del proceso en tanto ese elemento de convicción no es presupuesto de un acto
procesal posterior; el entuerto puede corregirse si se denuncia la sentencia
por incurrir en una violación indirecta de la ley, generada en un error de
derecho por falso juicio de legalidad. (...)
Pero debe advertirse, además, que en
estricto sentido la prohibición de darle valor probatorio a los informes de la
Policía Judicial, contenida en el artículo 50 de la Ley 504 de 1999, podría
generar un vicio pero no por su incorporación al proceso, pues de elemental
lógica es que los servidores públicos que tienen esa calidad rindan sus
informes sobre los hechos y circunstancias de que conocen, ya sea por comisión
o por actuar frente a situaciones de flagrancia, porque en tal medida son fruto
de sus funciones, sino porque al asignarles cualquier valor, se
incurriría en un error de derecho por falso juicio de convicción ya que la ley
no permitía tener como prueba a los mencionados informes”[78].
En idéntico sentido, en sentencia del 27 de
marzo de 2003, se afirmó:
“no obstante que el demandante se
limita a sostener que el Tribunal incurrió en error de derecho al tener como
sustento de la decisión de condena las citadas pruebas, las cuales no podían ser
valoradas para esos fines, la Sala admitirá como acertadamente el propuesto el
reproche, pues al fin y al cabo la demostración permite colegir con claridad
que en lo pertinente a los informes de policía aduce un falso juicio de
convicción, toda vez que parte de la base de que la Ley 504 tarifaba el valor
probatorio de los mismos en sentido negativo, y que, respecto de las
transcripciones de las grabaciones magnetofónicas lo que se presenta es un
error de legalidad en cuanto a la producción de la prueba. (...)
Entendida, así, correctamente
propuesta y desarrollada la censura, no le queda a la Sala otro camino que
otorgarle la razón al demandante, ya que las condiciones probatorias de este
asunto para cuando se profirió el fallo de segundo grado, no permitían sustentar la
condena en contra de GUTIÉRREZ MEJÍA de manera exclusiva en los informes de
Policía Judicial y en la transcripción de las grabaciones magnetofónicas, pues
si bien se trata de pruebas que fueron aducidas a la actuación en forma
regular, en tanto
que los primeros son el fruto de la comisión impartida a la Unidad Nacional de
Policía Judicial por el Fiscal al iniciarse la investigación previa y las
interceptaciones contaron con orden judicial, su aptitud probatoria no permite
estructurar el grado
de certeza requerido para una decisión de tal naturaleza. (...)
En este sentido, necesario es
precisar, sin embargo, que si bien el fallo de primer grado se profirió el 15
de diciembre de 1.998, es decir, antes de la entrada en vigor de la Ley 504 de
1.999,
fecha para la cual se encontraba vigente toda la normatividad de excepción que
mantuvo su vigencia frente al nuevo orden constitucional de 1.991 al no haberse
improbado por la Comisión Especial Legislativa e incluso haberse ya pronunciado
la Corte Constitucional
al respecto declarando exequibles las disposiciones demandadas del Decreto 2271
de 1.991 que adoptó como legislación permanente, en lo sustancial, la mayoría
del articulado contenido en los Decretos del entonces denominado Estado de
Sitio que regulaban
el procedimiento en la llamada justicia de orden público, en la que, para el
caso, debe destacarse el contenido del artículo 21 del Decreto 2790 de 1.990
–que no fue demandado- según el cual “el informe juramentado que de los hechos
suministre quien
ejerza funciones de policía judicial tiene el carácter de testimonio, y sus
dictámenes se someterán a las reglas de apreciación establecidas en el Código
de Procedimiento Penal para la prueba pericial”, no puede desconocerse que la
sentencia de segunda
instancia data del 21 de julio de 1.999, fecha en que ya se encontraba rigiendo
con todos sus efectos la citada Ley 504 del mismo año “por la cual se derogan y
modifican alunas disposiciones del Decreto 2700 de 1.991, y de los Decretos
2790 de 1.990, 2271
de 1.991, 2376 de 1.991, ley 65 de 1.993 y Ley 282 de 1.996 y se dictan otras
disposiciones”, que por expresa disposición del legislador (art. 53) su
vigencia comenzó a partir del primero de ese mismo mes y año, debiéndose,
entonces, entender que lo dispuesto
en el artículo 50 en el sentido de que “en ningún caso los informes de la
Policía Judicial y las versiones suministradas por informantes tendrán valor
probatorio en el proceso” había derogado aquella, pues, en el artículo 52,
precisó que “…la presente
ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial, las
contenidas en los artículos 214 inciso 3º, 415 parágrafo  y 457 del Decreto
2700 de 1.991”.
Significa entonces lo anterior,
que para
ese momento el fallador no podía de ningún modo valorar los
informes de policía judicial, más aún cuando los mismos aparte de aportar las
grabaciones telefónicas producto de la interceptación y su consiguiente
transcripción y variada prueba documental sobre los bienes, vehículos de los
aquí procesados,
particularmente de Roberto Voelk Casasbuenas, no contienen más que conclusiones
sobre los análisis hechos al contenido de las mismas y el reporte de las
labores de seguimiento y vigilancia, que de ningún modo podían tener valor
probatorio en este caso, como lo sostiene el demandante”[79].
20. Por otra parte, a la misma conclusión se llega, en
caso de apelar exclusivamente a la Ley 600 de 2000, precepto legal que se
encontraba vigente al momento en que se profirió la decisión de instancia por
el Tribunal Superior de Cartagena. Precisamente, si bien el citado estatuto
procesal reconoce la libertad en los medios de prueba a fin de determinar la
responsabilidad penal de los sindicados, también establece como límite de los
mismos la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales de aquellos. Así
se señala en los artículos 233 y 237 en los siguientes términos:
“ARTICULO 233. MEDIOS DE PRUEBA. Son
medios de prueba la inspección, la peritación, el documento, el testimonio, la
confesión y el indicio.
El funcionario practicará las pruebas no
previstas en este código, de acuerdo con las disposiciones que regulen medios
semejantes o según su prudente juicio, respetando siempre los derechos
fundamentales” [80].
“ARTICULO 237. LIBERTAD PROBATORIA. Los elementos constitutivos de la conducta
punible, la responsabilidad del procesado, las causales de agravación y
atenuación punitiva, las que excluyen la responsabilidad, la naturaleza y
cuantía de los perjuicios, podrán demostrarse con cualquier medio probatorio, a
menos que la ley exija prueba especial, respetando siempre los derechos
fundamentales” [81].
Como previamente se reseñó, a juicio de
esta Corporación, en la mencionada sentencia C-392 de 2000, los informes de
inteligencia, como cualquier otro informe de policía judicial, en cuanto
corresponden a “indagaciones con terceros, muchas veces indeterminados, que
estructuran conjeturas o apreciaciones que materialmente no son idóneos para
fundar una prueba”, carecen de valor probatorio. Ello en la medida en que a
través de su valoración se comprometen el derecho fundamental al debido proceso
y el principio constitucional de presunción de inocencia. Frente al primero,
por desconocer el requisito de contradicción de la prueba al momento de su
producción, y en relación con el segundo, podría presentarse a partir de la
negativa de los funcionarios judiciales de decretar y practicar otras pruebas
en el proceso, en aras de buscar la verdad real. Por lo anterior, la Corte
concluyó que: “el funcionario judicial competente (...), a partir de dichos
informes, [debe] producir dentro del proceso la prueba que se requiera para
establecer la realidad y veracidad de los hechos que son relevantes en éste, la
cual naturalmente puede ser controvertida por el sindicado. Pero se
anota que lo que dicho funcionario puede valorar es la prueba producida
regularmente en el proceso, mas no los mencionados informes” [82].
En estos términos, mal podría otorgarse a
los citados informes mérito probatorio, cuando materialmente tienen la entidad
suficiente para comprometer el derecho de contradicción y el principio de
presunción de inocencia como garantías esenciales del debido proceso, pues en
caso de admitirse esa libertad probatoria, se desconocerían los mencionados
derechos fundamentales de los sindicados, en contra de lo previsto en los
artículos 233 y 237 de la Ley 600 de 2000[83].
Con fundamento en lo anterior, y siguiendo la jurisprudencia de esta
Corporación y de la Corte Suprema de Justicia, se comprende entonces el por qué
el artículo 327 de la misma Ley, se limita a reconocer que los citados informes
tan sólo sirven “como criterios orientadores de la investigación”, sin
que tengan “valor de testimonio ni de indicios”. Conclusión que
igualmente resulta aplicable para el informe de inteligencia remitido por las
autoridades de policía de Panamá, al tenor de lo previsto en el artículo 239
del citado Estatuto Procesal, a saber: “Las pruebas practicadas válidamente
en una actuación judicial o administrativa dentro o fuera del país, podrán
trasladarse a otra en copia auténtica y serán apreciadas de acuerdo con las
reglas previstas en este código” [84].
21. Por consiguiente, es claro que en el asunto bajo
examen, el Tribunal le otorgó valor probatorio a elementos de convicción
respecto de los cuales tanto la Ley 504 de 1999 como la Ley 600 de 2000 les
niegan tal carácter o eficacia, comportamiento que lesiona el derecho
fundamental al debido proceso de los accionantes, en la medida en que
representa un típico defecto
fáctico que torna procedente el amparo tutelar, al “apreciar pruebas
que no se han debido valorar por parte de la autoridad judicial comprometida”[85].
Del principio de congruencia en materia
procesal penal
22. La tercera irregularidad que se pone de presente por
los demandantes, consiste en haber valorado en la sentencia del 19 de agosto de
2005, un hecho que no fue objeto de imputación en la resolución de acusación
del 18 de diciembre de 2000, confirmada en providencia del 10 de abril 2001. En
concreto el suceso acontecido con el decomiso de unos paquetes de droga que
supuestamente serían recogidos por el conductor de la familia Coneo en la
ciudad de Panamá, señor Virgilio Attanasio Carmona. En criterio de esta
Corporación, como dicho acontecimiento no podía ser objeto de valoración
probatoria en cuanto correspondía a parte de la información que fue remitida
por las autoridades de policía de Panamá a través del informe de inteligencia,
es innecesario entrar a verificar la irregularidad mencionada por los
accionantes, la cual corresponde al tenor de lo previsto en el artículo 207,
numeral 2°, de la Ley 600 de 2000, propiamente a una causal de casación. Dispone,
al respecto, la norma en cita:
“En materia penal la casación procede por
los siguientes motivos: (...) 2. Cuando la sentencia no esté en
consonancia con los cargos formulados en la resolución de casación”
CONCLUSIÓN
23. Como se señaló en los antecedentes, resulta evidente que del análisis de los elementos
probatorios relacionados por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cartagena en la sentencia del 19 de agosto de 2005,
sólo tres ellos guardan vínculo fáctico-jurídico con los accionantes, a saber:
(i) La declaración del testigo Clave 1 bajo reserva de identidad; (ii) El
informe de inteligencia realizado por la Unidad de Investigación Financiera y
de la División de Estupefacientes de Panamá del 19 de marzo de 1999, y (iii) El
informe secreto de la Armada Nacional del 30 de marzo de 1998. De acuerdo con
lo anterior, dichos elementos de convicción fueron los que sirvieron de
sustento para proferir la decisión condenatoria en contra de los accionantes.
Esta Corporación entre los fundamentos 14 a
22 de esta providencia, concluyó que en la mencionada sentencia del 19 de
agosto de 2005, se incurrieron por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cartagena, Sala de Decisión Penal, en irregularidades sustanciales y
fácticas que tornan procedente el amparo tutelar contra dicha sentencia
judicial, al haberse valorado, por una parte, el testimonio bajo reserva Clave
1, a pesar de que dicho elemento de juicio fue declarado inexequible y estaba
legalmente derogado; y por la otra, al otorgarle mérito probatorio a los
informes de inteligencia, pese a que tanto la Ley 504 de 1999 como la Ley 600
de 2000 les niegan tal carácter.
Así las cosas, ante la imposibilidad
constitucional y legal del Tribunal Superior de Cartagena para apreciar dichas
pruebas, y en cuanto no existe otro elemento de convicción que permita
preservar la vigencia judicial del fallo cuestionado frente a los accionantes,
se concluye que el presente amparo constitucional está llamado a prosperar, de
acuerdo con lo previsto, entre otras, en las sentencia T-008 de 1998[86] y SU-159 de 2002[87] previamente reseñadas[88].
Ahora bien, ante la existencia de otro
medio de defensa judicial que se encuentra en trámite, esto es, el recurso
extraordinario de casación que ya fue admitido, el amparo que se reconoce es
eminentemente transitorio, en aras de evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable frente al derecho fundamental a la libertad personal de los
accionantes, tal y como se establece en los artículos 86 del Texto Superior y
6°, num. 1° del Decreto 2591 de 1991.  A este respecto, la Corte en sentencia
T-008 de 1998[89],
sostuvo que el carácter ius fundamental del perjuicio irremediable en
casos de vía de hecho judicial que produzcan la privación de la libertad del
accionante, se acredita con la simple circunstancia de la restricción indebida
a dicho derecho fundamental, siempre y cuando se cumplan con el resto de
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. Textualmente, esta
Corporación manifestó:
“Si la acción de tutela se interpone como
mecanismo transitorio, es necesario demostrar la urgencia del amparo
constitucional para evitar la consumación de un perjuicio de carácter iusfundamental.
En otros términos, no cualquier daño habilita la procedencia de la acción. Para
que ello suceda, es necesario que la lesión amenace producirse, de manera
cierta, sobre un derecho fundamental. (...) Pese a que parece reconocer que la
libertad personal es un derecho fundamental, la sentencia proferida por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia objeto de revisión afirma que
las lesiones en contra de tal derecho no pueden ser evitadas mediante la acción
de tutela, toda vez que, para ello, existen el habeas corpus y los recursos
ordinarios y extraordinarios. No obstante, si la privación de la libertad se
produce como efecto de una vía de hecho judicial que determina la improcedencia
de los recursos mencionados, nada obsta para que se defienda el derecho
fundamental afectado mediante la acción de tutela, siempre que se cumplan los
restantes requisitos de procedibilidad que exigen la Constitución y la ley” [90].
Finalmente, como en el asunto sub-examine,
se solicita por los accionantes el amparo transitorio mientras se resuelve el
recurso extraordinario de casación debidamente interpuesto y admitido, esta
Corporación entiende delimitado el campo de la presente acción a la protección
reclamada, pues en materia de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en virtud del principio de congruencia que le es inherente, no le
es dable al juez constitucional valorar la demanda por fuera de los precisos
límites de la protección invocada.
DECISION.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR la sentencia del treinta (30) de septiembre
de 2005 proferida por la Sala de Casación penal de la Corte Suprema de
Justicia, mediante la cual denegó el amparo solicitado, y en su lugar, CONCEDER
la protección invocada a favor de los derechos fundamentales al debido proceso
y a la libertad personal de los señores Raymundo Coneo Rios, Hernando Coneo Guerrero
y Héctor Coneo Rios.
Segundo.- En consecuencia, DECLARAR SIN NINGUN VALOR NI EFECTO, por
resultar violatoria del derecho fundamental al debido proceso, la sentencia
proferida el 19 de agosto de 2005 por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, Sala de Decisión Penal, exclusivamente en relación con
los señores Raymundo Coneo Rios, Hernando Coneo Guerrero y Héctor Coneo Rios.
Tercero.-
Para efectos de restablecer los derechos
fundamentales amparados en esta providencia, se ORDENA a la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior de Cartagena, conceder en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, la
libertad inmediata a los accionantes, señores Raymundo Coneo Rios, Hernando
Coneo Guerrero y Héctor Coneo Rios, siempre que se cumplan con las exigencias
previstas en el ordenamiento jurídico y salvo que en su contra existieren otras
órdenes de captura vigentes de autoridad competente.
Cuarto.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados”.
Por lo anterior, reitero mi posición acerca de la
procedencia del amparo constitucional en esta oportunidad, pues se cumplieron
-en mi criterio- todas las exigencias previstas en le ordenamiento jurídico
para el efecto.
Fecha ut supra,
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
[1]             Folio 9
del Cuaderno No. 2.
[2]             Disponía
la norma en cita: “Reserva de la identidad del testigo. Cuando se
trate de procesos de conocimiento de los jueces regionales y las circunstancias
lo aconsejen, para seguridad de los testigos se autorizará que éstos coloquen
la huella digital en su declaración en lugar de su firma. En estos casos el
Ministerio Público certificará, junto con el fiscal que practique la
diligencia, que dicha huella corresponde  a la persona que declaró. En el texto
del acta que se agregará al expediente, se omitirá la referencia al nombre de
la persona y se dejará constancia del levantamiento de la identidad del testigo
y del destino que se dé a  la parte reservada del acta, en la que se señalará
la identidad del declarante y todos los elementos que puedan servir para
valorar la credibilidad del testimonio. La parte reservada del acta llevará la
firma y huella digital del testigo así como las firmas del Fiscal y el agente
del Ministerio Público. // Excepcionalmente, la reserva podrá extenderse a
apartes de la declaración que permitirían la identificación del testigo, para
garantizar su protección con autorización del Fiscal y del Ministerio Público,
quienes deberán estar de acuerdo par que proceda esta medida.// El juez, el
Fiscal y el Ministerio Público conocerán la identidad del testigo y cualquier
otra parte reservada del acta para la valoración de la prueba de conformidad
con la sana critica. La reserva se mantendrá para los demás sujetos procesales
pero se levantará antes si se descubren falsos testimonios, contracciones
graves o propósitos fraudulentos, o cuando su seguridad del testigo esté
garantizada por cambio legal de identidad o cualquier otra forma de
incorporación al programa de protección de víctimas y testigos. //  Las
disposiciones precedentes se aplicarán en todo caso sin perjuicio de las reglas
sobre confrontación de testimonios contenidas en tratados públicos de derechos
humanos ratificados por Colombia, ni del derecho de contradicción de la prueba
en el sumario y en el juicio que garantiza el artículo 29 de la Constitución
Política. Protegiendo la identidad del testigo, el defensor tendrá derecho a
que se practique diligencia de ampliación del testimonio y a contrainterrogar
en ella al deponente”.  La citada disposición fue declarada exequible
mediante sentencia C-053 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
[3]             Folio
139 del Cuaderno No. 2.
[4]             Dispone la norma en cita: “Artículo
42 Transitorio. En
los procesos en los que se hubieren recibido testimonios con reserva de
identidad, se mantendrá la reserva sobre la identidad del testigo y estas
pruebas se someterán a los principios generales de valoración probatoria
establecidas en el Código de Procedimiento Penal.
Salvo
los casos de investigación penal o disciplinaria contra el funcionario
correspondiente, se mantendrá su reserva de identidad a aquellos que actuaron
en los procesos de competencia de los Jueces Regionales. No obstante, a partir
del 1º de julio de 1999, estos procesos se tramitarán sin que el funcionario
que avoque su conocimiento posea reserva de identidad”.
[5]             M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[6]             M.P.
Antonio Barrera Carbonell.
[7]             Dispone
la norma en cita: “En materia penal la casación procede por los siguientes
motivos: (...)      2. Cuando la sentencia no esté en consonancia con
los cargos formulados en la resolución de acusación”.
[8] Sentencia T-504/00.
[9] Ver
entre otras, las siguientes sentencias: T-329 de 1996, T-026 de 1997, T-272 de
1997, T-273 de 1997, T-331 de 1997, T-235 de 1998, T-414 de 1998 y T-057 de
1999.
[10] Ver
entre otras, las sentencias T-202 de 1994, T-485 de 1994, T-015 de 1995, T-142
de 1998 y T-554 de 1998.
[11] Cfr.
Sentencia SU-087 de 1999, MP. Dr. Jose Gregorio Hernández Galindo y
Sentencia SU-542 de 1999, MP. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
[12]   Ver, entre otras, sentencia T-874 de 2000 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[13]   S.U. 599 de 1999 M.P. Alvaro Tafur Gálvis.
[14] Según el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil
(modificado por el D.E. 2282 de 1989, art. 1, num. 182, modificado a su vez por
la Ley 592 de 2000, art. 1), establece como cuantía para recurrir en casación
el monto equivalente a cuatrocientos veinticinco (425) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
[15] Sobre el particular sostuvo la Corte: "(E)l actor tenía a su
disposición los recursos que le concedía la ley contra el acto proferido por el
Tribunal Administrativo de Córdoba y no es excusa de su conducta negligente, el
hecho de pretender justificarse en el desconocimiento de la naturaleza del acto
de ejecución, ya que el no conocer la naturaleza del acto de ejecución de la
sentencia no impedía la interposición de los recursos; pues si el acto era de
naturaleza administrativa contra él procedían recursos y si el acto era de
naturaleza jurisdiccional, también era susceptible de impugnación. La
naturaleza del acto o su variación  no impedía que en uno u otro caso existiesen
recursos legales contra él y el actor debió interponerlos oportunamente y no
dejar vencer los términos, para acudir luego al mecanismo de la tutela que es
improcedente en los eventos en que el actor haya dejado vencer los recursos de
ley. Basta esta razón para que la tutela sea improcedente", Corte
Constitucional, Sentencia SU-622 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[16] Dijo la Corte en esta oportunidad: "(E)l recurso de
revisión, tratándose de los procesos de pérdida de la investidura, ha sido
previsto en la ley como especial, con la introducción de dos nuevas causales,
la falta del debido proceso y la violación del derecho de defensa. Esas nuevas
causales, que en realidad obedecen a un mismo instituto, el debido proceso,
abren la posibilidad para que a través de la revisión se impugne la decisión de
decretar la pérdida de investidura de un Congresista, por consideraciones que,
en cuanto que tienen que ver con el debido proceso, son inmanentes al mismo.
Así, el recurso de revisión se convierte en vía apta para resolver, no sólo
asuntos externos y generalmente sobrevinientes al proceso, sino también
aquellos que se deriven del error judicial en el curso mismo del proceso",
Corte Constitucional, Sentencia SU-858 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil
[17] "La pregunta que surge es si la acción de revisión es  el
mecanismo idóneo para proteger, en cuanto al tema de la prescripción, el
derecho fundamental que el accionante considera pudiere habérsele violado. Al
respecto la Corte expresa que existiendo como causal de revisión el que la
acción no podía proseguirse por la prescripción, se considera que el accionante
puede alegar la presunta violación de su derecho al debido proceso en dicha
acción", Corte Constitucional, Sentencia SU-913 de 2001, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[18] En esta ocasión se estudió el caso de una reforma en perjuicio en
la cual si bien no cabía casación en virtud del monto de la pena, ya que era
menor a 8 años, sí era procedente para lo atinente a la condena en materia
pecuniaria en virtud del monto impuesto en segunda instancia. En consecuencia
se negó la tutela.
[19]            No
corresponde al texto original de la sentencia, sino al análisis que se deriva
de la misma.
[20]            M.P.
Alfredo Beltrán Sierra.
[21]            Subrayado
por fuera del texto original.
[22]            M.P.
Carlos Gaviria Díaz.
[23]            M.P.
Alfredo Beltrán Sierra.
[24]            M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[25]            M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[26]            M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[27]            Subrayado
por fuera del texto original.
[28]            M.P.
José Gregorio Hernández Galindo.
[29]         Véase: Sentencia T-056 de 2004. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra
[30]
Sentencia T-082 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[31]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[32]
Sentencia T-114 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[33]
Sentencias SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001.
[34]
Sentencia T-522 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[35]            Sentencia
T-453 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[36]            M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[37]            Al
respecto, se manifestó: “(...) el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional sopena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta derechos
fundamentales de las partes”.
[38]            Aplicados
igualmente en las sentencias: T-015 de 1995 y T-468 de 1999.
[39]            Sentencia
T-033 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[40]            Sentencia
SU-1219 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[41]            Dispone
la norma en cita: “las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades
prescritas en la ley sustancial para la existencia y validez de dicho actos.//
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”. (C.P.C. art. 187)
[42]            M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[43]            Sobre la
materia se puede consultar a: DEVIS ECHANDIA. Hernando. Teoría general de la
prueba judicial. Tomo I. Quinta Edición. Editorial A.B.C. 1995.
[44]            M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[45]            Sentencia
C-202 de 2005. M.P. Jaime Araújo Rentería.
[46]            Sentencia
T-974 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[47]            Sentencias
T-974 de 2003 y T-076 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[48]            Recuérdese
que el citado principio implica la obligación de las autoridades judiciales de
proceder a impulsar los procedimientos, valorando los argumentos de las partes
y las pruebas que se anexen a la actuación, eliminando los formalismos
excesivos que impidan la realización efectiva del derecho sustancial.
[49]            M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[50]            Obsérvese
cómo el inciso final del artículo 29 Superior determina que: “Es nula, de
pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. Sobre
la materia, esta Corporación en sentencia SU-159 de 2002, señaló: “La consagración de un
debido proceso constitucional impide al funcionario judicial darle efecto
jurídico alguno a las pruebas que se hayan obtenido desconociendo las garantías
básicas de toda persona dentro de un Estado social de derecho, en especial
aquellas declaraciones producto de torturas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. Así entendida, la expresión debido proceso no comprende
exclusivamente las garantías enunciadas en el artículo 29 de la Constitución
sino todos los derechos constitucionales fundamentales”.
[51]            M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[52]            En éste
último caso se puede consultar la Sentencia T-639 de 2003 (M.P. Clara Inés
Vargas Hernández), donde la Corte encontró que el Tribunal Superior de Armenia
había negado valor probatorio a unos documentos, pero que la decisión de fondo
se basó en ellos, contrariando su decisión inicial, por lo que incurrió en
defecto fáctico.
[53]            Sobre
este punto, véase la Sentencia SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa) y T-330 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[54]            En
idéntico sentido, se pueden consultar la sentencia T-1103 de 2004 (M.P. Clara
Inés Vargas Hernández).
[55]            Sentencia
T-336 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[56]            M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[57]            M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa. Con salvamento de voto de los Magistrados Alfredo
Beltrán Sierra y Jaime Araújo Rentería, para quienes la prueba lícita práctica
con fundamento en una prueba ilícita debe igualmente negársele mérito
probatorio en desarrollo de la teoría de los frutos del árbol envenenado.
[58]            M.P.
Antonio Barrera Carbonell.
[59]            Disponía
la norma en cita: “Reserva de la identidad del testigo. Cuando se
trate de procesos de conocimiento de los jueces regionales y las circunstancias
lo aconsejen, para seguridad de los testigos se autorizará que éstos coloquen
la huella digital en su declaración en lugar de su firma. En estos casos el
Ministerio Público certificará, junto con el fiscal que practique la
diligencia, que dicha huella corresponde  a la persona que declaró. En el texto
del acta que se agregará al expediente, se omitirá la referencia al nombre de
la persona y se dejará constancia del levantamiento de la identidad del testigo
y del destino que se dé a  la parte reservada del acta, en la que se señalará
la identidad del declarante y todos los elementos que puedan servir para
valorar la credibilidad del testimonio. La parte reservada del acta llevará la
firma y huella digital del testigo así como las firmas del Fiscal y el agente
del Ministerio Público. // Excepcionalmente, la reserva podrá extenderse a
apartes de la declaración que permitirían la identificación del testigo, para
garantizar su protección con autorización del Fiscal y del Ministerio Público,
quienes deberán estar de acuerdo par que proceda esta medida.// El juez, el
Fiscal y el Ministerio Público conocerán la identidad del testigo y cualquier
otra parte reservada del acta para la valoración de la prueba de conformidad
con la sana critica. La reserva se mantendrá para los demás sujetos procesales
pero se levantará antes si se descubren falsos testimonios, contracciones
graves o propósitos fraudulentos, o cuando su seguridad del testigo esté
garantizada por cambio legal de identidad o cualquier otra forma de
incorporación al programa de protección de víctimas y testigos. //  Las
disposiciones precedentes se aplicarán en todo caso sin perjuicio de las reglas
sobre confrontación de testimonios contenidas en tratados públicos de derechos
humanos ratificados por Colombia, ni del derecho de contradicción de la prueba
en el sumario y en el juicio que garantiza el artículo 29 de la Constitución
Política. Protegiendo la identidad del testigo, el defensor tendrá derecho a
que se practique diligencia de ampliación del testimonio y a contrainterrogar
en ella al deponente”.  La citada disposición fue declarada exequible
mediante sentencia C-053 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
[60]            Subrayado
por fuera del texto original.
[61]            Sentencias
T-832 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), C-551 de 2003 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett), C-973 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[62]            Sentencia
C-973 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[63]
Disponía la norma en cita: “ARTÍCULO 17. El artículo
293 del Decreto 2700 de 1991, quedará así: “ARTÍCULO 293. RESERVA DE LA
IDENTIDAD DEL TESTIGO. Cuando se trate de procesos de conocimiento de los
jueces penales de circuito especializados y las circunstancias lo aconsejen, se
podrá autorizar la protección de los testigos, de acuerdo con las normas que regulan
el Programa de Protección para Víctimas y Testigos, de la Fiscalías General de
la Nación.
Cuando
especiales circunstancias pongan en grave peligro la vida o la integridad
personal del testigo, previa evaluación del Fiscal Delegado, el Fiscal General
de la Nación, mediante resolución motivada y previo concepto del agente del
Ministerio Público, el que deberá rendirse en 48 horas, excepcionalmente podrá
autorizar que los testigos coloquen la huella dactilar en su declaración, en
lugar de su firma.
Contra la
resolución del Fiscal General de la Nación que niegue la reserva de la
identidad del testigo, procederá el recurso de reposición por parte del agente
del Ministerio Público, que se resolverá de plano.
En caso de
que se autorice la reserva de identidad, el Ministerio Público certificará,
junto con el fiscal que practique la diligencia, que dicha huella corresponde a
la persona que declaró. En el texto del acta, que se agregará al expediente, se
omitirá la referencia al nombre de la persona y se dejará constancia de la
reserva de la identidad del testigo y del destino que se dé a la parte
reservada del acta, en la que se señalará la identidad del declarante y todos
los elementos que sean necesarios para la crítica de la prueba. La parte
reservada del acta llevará la firma y huella digital del testigo, así como las
firmas del fiscal y del agente del Ministerio Público.
El
funcionario judicial en presencia del Ministerio Público advertirá al testigo
que debe dar sus respuestas en forma tal que no revele su identidad. En todo
caso las repuestas se consignarán textualmente.
Las
disposiciones precedentes se aplicarán en todo caso sin perjuicio de las reglas
sobre confrontación de testimonios contenidas en tratados públicos de derechos
humanos ratificados por Colombia, ni del derecho de contradicción de la prueba
en la investigación y en el juicio que garantiza el artículo 29 de la
Constitución Política.
El defensor
tendrá derecho a que se practique diligencia de ampliación del testimonio y a
contrainterrogar en ella al declarante. En estos casos, el funcionario que se
encuentre conociendo del proceso se encargará de proteger la reserva del
testigo.
La
persona que, en condición de informante ante los organismos de Policía
Judicial, haya recibido recompensa o remuneración, no podrá declarar con
reserva de identidad".
[64]            M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[65]            Dispone
la citada norma: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales”.
[66]            Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 25 de febrero de
2004, Magistrado Ponente: Jorge Aníbal Gómez Gallego. Radicación No. 21.587.
(Subrayado por fuera del texto original).
[67]
Al respecto, la citada norma determina: “Artículo 42 transitorio.
En los procesos en los que se hubieren recibido testimonios con reserva de
identidad, se mantendrá la reserva sobre la identidad del testigo y estas
pruebas se someterán a los principios generales de valoración probatoria
establecidas en el Código de Procedimiento Penal.
Salvo los
casos de investigación penal o disciplinaria contra el funcionario
correspondiente, se mantendrá su reserva de identidad a aquellos que actuaron
en los procesos de competencia de los Jueces Regionales. No obstante, a partir
del 1º de julio de 1999, estos procesos se tramitarán sin que el funcionario
que avoque su conocimiento posea reserva de identidad”.
[68]            Subrayado
por fuera del texto original.
[69]            “Por
virtud del cual se decreta el Código de Procedimiento Penal”.
[70]            “Por la
cual se derogan y modifican algunas disposiciones del Decreto 2700 de 1991 y de
los decretos-leyes 2790 de 1990, 2271 de 1991, 2376 de 1991, Ley 65 de 1993,
Ley 333 de 1996 y Ley 282 de 1996 y se dictan otras disposiciones”
[71]
Ley 153 de 1887, artículo 40. Código de Procedimiento Civil, artículos
6 y 699. Precisamente, en sentencia C-619 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra) se sostuvo que: “...Las leyes sobre ritualidad de los procedimientos
son de aplicación general inmediata. En efecto, todo proceso debe ser
considerado con una serie de actos procesales concatenados cuyo objetivo final
es la definición de una situación jurídica a través de una sentencia. Por ello,
en sí mismo no se erige como una situación consolidada sino como una situación
en curso. Por lo tanto, las nuevas disposiciones instrumentales se aplican a
los procesos en trámite tan pronto entran en vigencia, sin perjuicio de
aquellos actos procesales que ya se han cumplido de conformidad con la ley
antigua, sean respetados y queden en firme...”.
[72]            Disponía
la norma en cita: “Artículo 536. Vigencia. Este código entrará
en vigencia un año después de su promulgación”. Dado en Bogotá, D.C. a 24
de julio de 2000.
[73]            La
doctrina procesal enseña, en cuanto a la aplicación de la ley procesal en el
tiempo, que: “Bajo la nueva ley caen, según esta doctrina, tanto los
presupuestos procesales como las reglas sobre competencia y capacidad, las
excepciones procesales, los derechos y deberes de las partes, la forma y los
efectos de los actos procesales y las pruebas desde el punto de su
admisibilidad y práctica cuando se decretan dentro de la vigencia de la nueva
ley; siempre que se trate de procesos en curso, naturalmente, y que tales actos
se ejecuten con posterioridad a la nueva ley. Los procesos futuros en su
totalidad se rigen por ésta. Pero se exceptúa de lo dicho la ‘apreciación’
de las pruebas, pues ésta se rige por la ley vigente en el momento en que el
juez debe apreciarlas, aun cuando su práctica haya ocurrido bajo la
vigencia de una ley anterior”. (DEVIS ECHANDÍA. Hernando. Compendio de
derecho procesal. Teoría general del proceso. Tomo I. Editorial  A.B.C. 1996.
Pág. 66. Subrayado por fuera del texto original). En el mismo sentido se puede
consultar: MORALES MOLINA. Hernando. Curso de derecho procesal civil. Parte
general. Octava Edición. 1983. Editorial A.B.C. Págs. 184 y subsiguientes.
[74]            Dispone,
al respecto, el artículo 324 de la Ley 600 de 2000: “La policía judicial
podrá antes de la judicialización de las actuaciones y bajo la dirección y
control del jefe inmediato, allegar documentación, realizar análisis de
información, escuchar en exposición o entrevista a quienes considere pueden
tener conocimiento de la posible comisión de una conducta punible. Estas
exposiciones no tendrán valor de testimonio ni de indicio y sólo podrán servir
como criterio orientadores de la investigación”. (Subrayado por fuera del
texto original).
[75]            Subrayado
por fuera del texto original.
[76]            Subrayado
por fuera del texto original.
[77]
Sobre el principio de favorabilidad penal se pueden consultar las
siguientes sentencias: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.
Sentencia marzo 15 de 1961. G.J. Núm. 2238. La Corte Constitucional ha
desarrollado el tema de la favorabilidad, entre otras, en las sentencias C-922
de 2001,        C-581 de 2001, T-1625 de 2000 y C-708 de 2005. En la primera de
las citadas sentencias, se manifestó que: “En la ley penal, tomada en su
contenido sustantivo, que define los hechos punibles y determina las sanciones,
el principio general de la no retroactividad rige para el común de las leyes,
pero está excepcionado, por razones preponderantes, en beneficio de los
infractores, para hacer retroactiva cuando es más favorable o benigna que la
ley anterior bajo cuyo imperio pudieron tener ocurrencia hechos todavía no
juzgados, e incluso sentenciados...la consagración por el constituyente del
equitativo principio de que ‘la ley permisiva o favorable, aun cuando sea
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable’, a que
alude el inciso 2° del artículo 26, no ampara a la persona en el juicio
criminal solo por el aspecto sustantivo del derecho penal, como pudiera
entenderse de las normas contenidas en los artículos 40 y 43 de la Ley 153 de
1887.(...) Lo que la Carta establece en cuanto a la ley preexistente, en
materia criminal, comprende por igual los preceptos sustantivos y de
procedimiento dejando, eso si, a salvo el canon fundamental de la
retroactividad cuando la ley posterior es más favorable al imputado de la
comisión de un delito...Admitido que las normas procesales son de orden
público, no sujetas a dilaciones en su cumplimiento y aplicación, porque
respecto de ellas no puede hablarse de ‘derechos adquiridos’ que inhiban al
legislador para modificar la competencia y ritualidad de los procesos que
cursan, y que por tal razón no prima la ley de procedimiento vigente al momento
de la infracción, como es opinión de algunos tratadistas de derecho
constitucional y de derecho procesal penal, lo evidente es que, aun frente a
ese supuesto que interpretaría con arbitrarias restricciones la primera parte
del artículo 26 de que se trata, la segunda parte del mismo texto hace
imperativo, en lo sustantivo y en lo procesal, caso de tránsito entre las
legislaciones, aplicar la ley más favorable (...) Las leyes de procedimiento no
solo están destinadas para fijar competencias y disponer ritualidades adjetivas
de los juicios criminales. Muchas de sus disposiciones, las más importantes,
consagran los recursos contra las providencias judiciales, los términos
probatorios, el debate dentro del plenario, la asistencia profesional del
acusado, los medios de defensa, los recursos extraordinarios, los motivos de
detención preventiva, entre otras cosas, todas ellas fundamentales, que de un
procedimiento a otro puedan, de modo esencial, afectar los derechos del sujeto
pasivo de la acción penal...Sería contrario a la Constitución nacional imponer
a un procesado un régimen de excepción en materia de procedimiento, limitado y
estrecho en cuanto a recursos y medios de defensa, si cuando este acusado
delinquió regía un sistema, una institución de procedimiento criminal más
favorable en lo tocante al derecho inalienable de defensa....El alcance del
artículo 26 de la Constitución Nacional y de los textos penales antes
transcritos no permiten dudar sobre las anteriores consideraciones. El juicio
previo debe descansar en la ley anterior al hecho del proceso, y la aplicación
de una ley posterior a ese evento está condicionada a su carácter permisivo
favorable para el acusado...”.
[78]            Corte
Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. 11 de abril de 2002. M.P. Jorge
Aníbal Gómez Gallego. Proceso No. 16.812. (Subrayado por fuera del texto
original).
[79]            Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. 27 de marzo de 2003. Magistrado
Ponente: Carlos Augusto Gálvez Argote. Proceso No. 17.247. (Subrayado por fuera
del texto original).
[80]            Subrayado
por fuera del texto original.
[81]            Subrayado
por fuera del texto original.
[82]            Subrayado
por fuera del texto original.
[83]
Sobre la presunción de inocencia como derecho fundamental, en sentencia
C-774 de 2001. (M.P. Rodrigo Escobar Gil), este Tribunal señaló: “La
presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico adquiere el rango de
derecho fundamental, por virtud del cual, el acusado no está obligado a
presentar prueba alguna que demuestre su inocencia y por el contrario ordena a
las autoridades judiciales competentes la demostración de la culpabilidad del
agente. Este derecho acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal
(por denuncia, querella o de oficio) hasta el fallo o veredicto definitivo y
firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicción o certeza,
mas allá de una duda razonable, basada en el material probatorio que establezca
los elementos del delito y la conexión del mismo con el acusado. Esto es así,
porque ante la duda en la realización del hecho y en la culpabilidad del
agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro reo, según el cual toda
duda debe resolverse en favor del acusado.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11º,
reafirma el carácter fundante de la presunción, por virtud del cual: "Toda
persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en
el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa".
Igualmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de
San José, ratificado por Colombia a través de la ley 16 de 1974, establece:
"..Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad..."(artículo 8º)”.
[84]            Subrayado
por fuera del texto original.
[85]            Véase, sentencias
T-996 de 2003 y T-1103 de 2004.
[86]            M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[87]            M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[88]            Véase,
fundamento No. 12 de esta providencia.
[89]            M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[90]            Subrayado
por fuera del texto original. Se puede consultar también la sentencia T-150 de
1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero.