C-381-19
Sentencia C-381/19
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS INTERNACIONALES Y SUS LEYES APROBATORIAS-Competencia
de la Corte Constitucional
LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Aspectos formales
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Negociación,
celebración y aprobación ejecutiva
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES APROBATORIAS DE
TRATADOS-Verificación de la realización de la consulta previa
a las comunidades étnicas
CONSULTA
PREVIA A LAS COMUNIDADES ETNICAS-Criterios
jurisprudenciales para determinar su obligatoriedad
LEYES
APROBATORIAS DE TRATADOS INTERNACIONALES-Trámite
legislativo/LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite de ley
ordinaria con inicio de debates en el Senado de la República
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO Y LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Elemento
material
PROTOCOLO
DE NAGOYA - KUALA LUMPUR-Relación con el
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología
El
Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur se suscribió por Colombia el 7 de marzo de
2011, en el marco de las obligaciones contraídas por el Estado colombiano a
través del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del
Convenio sobre la Diversidad Biológica. El artículo 27 este instrumento
internacional, requirió a los Estados Partes “la elaboración apropiada de
normas y procedimientos internacionales en la esfera de la responsabilidad y
compensación por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de organismos
vivos modificados”
LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Inclusión integral de
exposición de motivos del proyecto y del contenido de otra ley
La
exposición de motivos del Proyecto de Ley establece que la adopción del
Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur es relevante y necesaria como complemento
del Protocolo de Cartagena, ya que posibilita contar con un régimen legal
internacional sobre responsabilidad y compensación, generando confianza y un
entorno propicio para la aplicación de la biotecnología, de tal manera que se
aproveche el potencial del país en esta materia y se proteja la biodiversidad y
la salud humana frente a los daños que puedan ocurrir por la manipulación y
manejo de OVM. Por lo anterior, “el texto adopta los mecanismos de
reparación necesarios en caso de que ocurran daños a la biodiversidad, y de la
misma forma, crea un incentivo para que los operadores se esfuercen en
garantizar la seguridad en el desarrollo y la manipulación de OVM”
PROTOCOLO
DE NAGOYA - KUALA LUMPUR-Contenido
PROTOCOLO
DE NAGOYA - KUALA LUMPUR-Disposiciones
PROTOCOLO
DE NAGOYA - KUALA LUMPUR-Exequibilidad
(…)  Los derechos y obligaciones que consagra el Protocolo de
Nagoya - Kuala Lumpur, así como su estructura y funcionamiento, son compatibles
con los criterios de soberanía, equidad y reciprocidad que deben orientar las
relaciones internacionales del Estado colombiano (Arts. 9, 226 y 227 C.P.). La
Corte Constitucional ha señalado que la celebración de instrumentos
internacionales que otorgan al Estado herramientas necesarias para proteger y
conservar su biodiversidad resulta plenamente ajustado a los mandatos
constitucionales. Al respecto ha indicado: “los compromisos que adquiera Colombia a nivel internacional para
llevar a término acciones conjuntas para proteger las riquezas naturales de la
Nación, claramente desarrollan el propósito del Constituyente de 1991 de
promocionar la internacionalización de las relaciones políticas, económicas,
sociales y ecológicas de país sobre la base de la equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional y la integración económica, social y política de la
nación colombiana, con las demás naciones del mundo (C.P., arts. 226 y 227)”
Referencia:
Expediente LAT-454.
Revisión oficiosa de la Ley 1926 de 2018, Por
medio de la cual se aprueba el “Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur sobre
Responsabilidad y Compensación Suplementario al Protocolo de Cartagena sobre
Seguridad de la Biotecnología”, adoptado en Nagoya el 15 de octubre de
2010.
Magistrada
ponente:
DIANA
FAJARDO RIVERA
Bogotá
D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil diecinueve (2019)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, integrada por los y las Magistradas Gloria Stella Ortiz
Delgado, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis
Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo
Ocampo, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas
Ríos, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido
la siguiente
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión de constitucionalidad de la Ley 1926 de 2018, por medio
de la cual se aprueba el “Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur”, hecho en Nagoya
(Japón) el 15 de octubre de 2010.
I.
ANTECEDENTES
1.
De
acuerdo con lo previsto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución
Política, el 27 de julio de 2018 la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República remitió a esta Corporación[1],
una fotocopia autenticada de la Ley 1926 de 2018, para su revisión
constitucional.
2.
La
Magistrada Sustanciadora, mediante Auto del 13 de agosto de 2018[2],
avocó el conocimiento del proceso y dispuso la práctica de pruebas. Sin
embargo, ordenó la suspensión de los términos, de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 2º del Auto 305 de 2017. Posteriormente, la Sala Plena, en Auto
061 del 13 de febrero de 2019, levantó la suspensión de términos. En
consecuencia, la Magistrada Sustanciadora remitió el expediente a la Secretaría
General de la Corte, con el fin de que continuara el trámite señalado en el
Auto que avocó conocimiento.
3.
El
proceso se fijó en lista el 7 de marzo de 2019, por el término de 10 días con
el fin de permitir la intervención ciudadana. También se corrió traslado al
Señor Procurador General de la Nación para el concepto correspondiente, y se
comunicó la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente
del Congreso de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, y Ministerio de Salud y Protección Social, Defensoría del Pueblo,
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt,
Instituto Colombiano Agropecuario -ICA, Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos -INVIMA-, Corporación Autónoma Regional de Antioquia,
Corporación Autónoma Regional del Valle, Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, Corporación Autónoma Regional del Sur de la Amazonía; Universidad
Nacional de Colombia y Universidad de Los Andes; Instituto de Investigaciones
Ambientales del Pacífico, Fundación Natura e Interamerican Association for
Environmental Defense -AIDA-.
4.
Cumplidos
los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de juicios, y
previo concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a realizar
el estudio de constitucionalidad del instrumento internacional y de su ley
aprobatoria.
II.
TEXTO DE LA NORMA BAJO EXAMEN
5. A
continuación se transcribe el texto completo de la ley aprobatoria del Acuerdo
que se revisa:
LEY
1926 DE 2018
(julio
24)
Diario
Oficial No. 50.664 de 24 de julio de 2018
PODER
PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA
Por
medio de la cual se aprueba el “Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur sobre
Responsabilidad y Compensación Suplementario al Protocolo de Cartagena sobre
Seguridad de la Biotecnología”, adoptado en Nagoya el 15 de octubre de 2010.
EL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto
el texto del “Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur sobre responsabilidad y
compensación suplementario al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la
Biotecnología”, adoptado en Nagoya el 15 de octubre de 2010.
Se
adjunta copia fiel y completa del texto certificado en español del Acuerdo,
certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, documento que reposa en el Archivo del Grupo de Trabajo de Tratados
y consta en cinco (5) folios.
El
presente proyecto de ley consta de trece (13) folios.
PROYECTO
DE LEY NÚMERO 247 DE 2017
por
medio de la cual se aprueba el “Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur sobre
Responsabilidad y Compensación Suplementario al Protocolo de Cartagena sobre
Seguridad de la Biotecnología”, adoptado en Nagoya el 15 de octubre de 2010.
El
Congreso de la República
Visto
el texto del el “Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur sobre responsabilidad y
compensación suplementario al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la
Biotecnología”, adoptado en Nagoya el 15 de octubre de 2010.
Se
adjunta copia fiel y completa del texto certificado en español del Acuerdo,
certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, documento que reposa en el Archivo del Grupo Interno de Trabajo de
Tratados y consta en cinco (5) folios.
El
presente proyecto de ley consta de trece (13) folios.
PROTOCOLO
DE NAGOYA - KUALA LUMPUR SOBRE
RESPONSABILIDAD
Y COMPENSACIÓN
SUPLEMENTARIO
AL PROTOCOLÓ DE CARTAGENA
SOBRE
SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA
NACIONES
UNIDAS
2010
Las
Partes en este Protocolo Suplementario,
Siendo
Partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del
Convenio sobre la Diversidad Biológica, en lo sucesivo denominado «el
Protocolo»,
Teniendo
en cuenta el principio 13 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo,
Reafirmando
el enfoque de precaución que figura en el principio 15 de la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
Reconociendo
la necesidad de proporcionar medidas de respuesta apropiadas para aquellos
casos en que haya daños o probabilidad suficiente de daños, con arreglo al
Protocolo,
Recordando
el artículo 27 del Protocolo,
Han
acordado lo siguiente;
Artículo
1
OBJETIVO
El
objetivo de este Protocolo Suplementario es contribuir a la conservación y
utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta
los riesgos para la salud humana, proporcionando normas y procedimientos
internacionales en la esfera de la responsabilidad y compensación en relación
con los organismos vivos modificados.
Artículo
2
TÉRMINOS
UTILIZADOS
1.
Los términos utilizados en el artículo 2 del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, de ahora en adelante denominado «el Convenio», y el artículo 3 del
Protocolo se aplicarán al presente Protocolo Suplementario.
2.
Además, para los fines del presente Protocolo Suplementario:
a)      Por
«Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el
Protocolo» se entiende la Conferencia de las Partes en el Convenio que actúa
como reunión de las Partes en el Protocolo.
b)
Por «daño» se entiende un efecto adverso en la conservación y utilización
sostenible de la diversidad biológica, tomando también en cuenta los riesgos
para la salud humana, que:
i)
pueda medirse o de cualquier otro modo observarse teniéndose en cuenta, donde
estén disponibles, referencias científicamente establecidas reconocidas por una
autoridad competente en las que se tengan en cuenta cualquier otra variación de
origen antropogénico y cualquier variación natural; y
ii)
sea significativo según lo establecido en el párrafo 3 infra.
c)
Por «operador» se entiende cualquier persona que tenga el control directo o
indirecto del organismo vivo modificado, término que podría incluir, según
proceda y según lo determine la legislación nacional, entre otros, el titular
del permiso, la persona que colocó el organismo vivo modificado en el mercado,
el desarrollador, el productor, el notificador, el exportador, el importador,
el transportista o el proveedor.
d)
Por «medidas de respuesta» se entienden acciones razonables para:
i)
prevenir, reducir al mínimo, contener, mitigar o evitar de algún otro modo el
daño, según proceda;
ii)
restaurar la diversidad biológica por medio de acciones por adoptar en el siguiente
orden de preferencia:
a.
restauración de la diversidad biológica a la condición existente antes de que
ocurriera el daño, o su equivalente más cercano; y donde la autoridad nacional
competente determine que no es posible;
b.
restauración, entre otras cosas, por medio de la sustitución de la pérdida de
diversidad biológica con otros componentes de diversidad biológica para el
mismo tipo u otro tipo de uso, ya sea en el mismo lugar o, según proceda, en un
lugar alternativo.
3. Un
efecto adverso «significativo» será determinado en base a factores tales como:
a) el
cambio a largo plazo o permanente, entendido como cambio que no se reparará
mediante la recuperación natural en un periodo razonable;
b) la
amplitud de los cambios cualitativos o cuantitativos que afectan adversamente a
los componentes de la diversidad biológica;
c) la
reducción de la capacidad de los componentes de la diversidad biológica para
proporcionar bienes y servicios;
d) la
amplitud de cualquier efecto adverso en la salud humana en el contexto del
Protocolo.
Artículo
3
ÁMBITO
1.
Este Protocolo Suplementario se aplica a los daños resultantes de los
organismos vivos modificados cuyo origen fue un movimiento transfronterizo. Los
organismos vivos modificados a los que se hace referencia son aquellos:
a)
destinados a uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento;
b)
destinados a uso confinado;
c)
destinados a su introducción deliberada en el medio ambiente.
2.
Respecto a los movimientos transfronterizos intencionales, este Protocolo
Suplementario se aplica a los daños resultantes de cualquier uso autorizado de
los organismos vivos modificados a los que se hace referencia en el párrafo 1
supra.
3.
Este Protocolo Suplementario también se aplica a los daños resultantes de los
movimientos transfronterizos involuntarios a los que se hace referencia en el
artículo 17 del Protocolo, así como a los daños resultantes de los movimientos
transfronterizos ilícitos a los que se hace referencia en el artículo 25 del
Protocolo.
4.
Este Protocolo Suplementario se aplica a los daños resultantes de un movimiento
transfronterizo de organismos vivos modificados que se inició después de la
entrada en vigor de este Protocolo Suplementario para la Parte en cuya
jurisdicción se produjo el movimiento transfronterizo.
5.
Este Protocolo Suplementario se aplica a los daños que se produjeron en zonas
dentro de los límites de la jurisdicción nacional de las Partes.
6.
Las Partes pueden aplicar los criterios establecidos en su legislación nacional
para abordar los daños que se producen dentro de los límites de su jurisdicción
nacional.
7. La
legislación nacional por la que se implemente este Protocolo Suplementario se
aplicará también a los daños resultantes de los movimientos transfronterizos de
organismos vivos modificados desde Estados que no son Partes.
Artículo
4
CAUSALIDAD
Se
establecerá un vínculo causal entre los daños y el organismo vivo modificado en
cuestión, de conformidad con la legislación nacional.
Artículo
5
MEDIDAS
DE RESPUESTA
1.
Las Partes, con sujeción a los requisitos de la autoridad competente,
requerirán que el operador o los operadores apropiados en el caso de daño:
a)
informen inmediatamente a la autoridad competente;
b)
evalúen el daño; y
c)
tomen medidas de respuesta apropiadas.
2. La
autoridad competente:
a)
identificará al operador que ha causado el daño;
b)
evaluará el daño; y
c)
determinará qué medidas de respuesta debería adoptar el operador.
3. En
aquellos casos en los que la información pertinente, incluida la información
científica disponible o la información disponible en el Centro de Intercambio
de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, indique que existe
probabilidad de que se produzcan daños si no se adoptan medidas de respuesta oportunas,
se requerirá que el operador adopte medidas de respuesta apropiadas para evitar
tales daños.
4. La
autoridad competente podrá aplicar medidas de respuesta apropiadas, incluso
especialmente, cuando el operador no las haya aplicado.
5. La
autoridad competente tiene derecho a recuperar del operador los costos y gastos
de la evaluación de los daños y de la aplicación de cualesquiera medidas
apropiadas de respuesta e incidentales de ambas. Las Partes pueden estipular,
en su legislación nacional, otras situaciones según las cuales pudiera no
requerirse que el operador se haga cargo de los costos y gastos.
6.
Las decisiones de la autoridad competente que requieran que el operador tome
medidas de respuesta deberían ser fundamentadas. Dichas decisiones deberían
notificarse al operador. La legislación nacional estipulará vías de recursos,
que incluirán la oportunidad de examinar dichas decisiones por vía
administrativa o judicial. La autoridad competente también informará al
operador, conforme a la legislación nacional, acerca de los recursos
disponibles. La aplicación de dichos recursos no impedirá que la autoridad
competente tome medidas de respuesta en las circunstancias apropiadas, a menos
que se estipule de otro modo en la legislación nacional.
7. En
la aplicación de este artículo, y con miras a definir las medidas de respuesta
específicas que la autoridad competente requerirá o adoptará, las Partes
podrán, según corresponda, evaluar si ya se han abordado medidas de respuesta
en su legislación nacional sobre responsabilidad civil.
8.
Las medidas de respuesta se aplicarán conforme a la legislación nacional.
Artículo
6
EXENCIONES
1.
Las Partes pueden disponer, en su legislación nacional, las siguientes
exenciones:
a)
caso fortuito o fuerza mayor; y
b)
acto de guerra o disturbio civil.
2.
Las Partes pueden disponer, en su legislación nacional, cualesquiera otras
exenciones o circunstancias atenuantes que consideren apropiadas.
Artículo
7
PLAZOS
LÍMITE
Las
Partes pueden disponer, en su legislación nacional:
a)
plazos límite relativos y/o absolutos, incluidas las acciones relativas a
medidas de respuesta; y
b) el
comienzo del período al que se aplica el plazo límite.
Artículo
8
LÍMITES
FINANCIEROS
Las
Partes pueden disponer, en su legislación nacional, límites financieros para la
recuperación de los costos y gastos relacionados con las medidas de respuesta.
Artículo
9
DERECHO
DE RECURSO
El
presente Protocolo Suplementario no limitará ni restringirá ningún derecho de
recurso o de indemnización que un operador pudiera tener respecto a cualquier
otra persona.
Artículo
10
GARANTÍAS
FINANCIERAS
1.
Las Partes conservan el derecho a establecer garantías financieras en su
legislación nacional.
2.
Las Partes ejercerán el derecho mencionado en el párrafo 1 de manera coherente
con sus derechos y obligaciones en virtud del derecho internacional, teniendo
en cuenta los tres últimos párrafos preambulares del Protocolo.
3. En
su primer período de sesiones después de la entrada en vigor del Protocolo
Suplementario, la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las
Partes en el Protocolo pedirá a la Secretaría que lleve a cabo un estudio
exhaustivo que incluya, entre otras cosas:
a)
las modalidades de los mecanismos de garantía financiera;
b)
una evaluación de los impactos ambientales, económicos y sociales de dichos
mecanismos, particularmente en los países en desarrollo;
c)
una identificación de las entidades apropiadas para proporcionar garantía
financiera.
Artículo
11
RESPONSABILIDAD
DE LOS ESTADOS POR HECHOS INTERNACIONALMENTE ILÍCITOS
Este
Protocolo Suplementario no afectará a los derechos y obligaciones de los
Estados en virtud de las normas generales del derecho internacional con
respecto a la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente
ilícitos.
Artículo
12
APLICACIÓN
Y RELACIÓN CON LA RESPONSABILIDAD CIVIL
1.
Las Partes dispondrán, en su legislación nacional, normas y procedimientos que
se ocupen de los daños. Con el fin de cumplir con esta obligación, las Partes
estipularán medidas de respuesta de acuerdo con este Protocolo Suplementario y
podrán, según proceda:
a)
aplicar la legislación nacional existente, incluidas, donde proceda, normas y
procedimientos generales en materia de responsabilidad civil;
b)
aplicar o elaborar normas y procedimientos sobre responsabilidad civil
específicamente con este fin; o
c)
aplicar o elaborar una combinación de ambos.
2.
Con el fin de estipular en su legislación nacional normas y procedimientos
adecuados en materia de responsabilidad civil por daños materiales o personales
relacionados con el daño, tal como se define en el artículo 2, párrafo 2 b),
las Partes deberán:
a)
continuar aplicando su legislación general existente sobre responsabilidad
civil;
b)
desarrollar y aplicar o continuar aplicando su legislación sobre
responsabilidad específicamente para tal fin; o
c)
desarrollar y aplicar o continuar aplicando una combinación de ambas.
3. Al
elaborar la legislación sobre responsabilidad a la que se hace referencia en
los incisos b) y c) de los párrafos 1 o 2 supra, las Partes abordarán, según
proceda y entre otros, los siguientes elementos:
a)
daños;
b)
estándar de responsabilidad, incluida la responsabilidad estricta o basada en
la culpa;
c)
canalización de la responsabilidad, donde proceda;
d)
derecho a interponer demandas.
Artículo
13
EVALUACIÓN
Y REVISIÓN
La
Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo
llevará a cabo una revisión de la eficacia de este Protocolo Suplementario, cinco
años después de su entrada en vigor y en lo sucesivo cada cinco años, siempre
que la información que requiere dicha revisión haya sido dada a conocer por las
Partes. La revisión se llevará a cabo en el contexto de la evaluación y
revisión del Protocolo tal como se especifica en el artículo 35 del Protocolo,
a menos que las Partes en este Protocolo Suplementario decidan algo diferente.
La primera revisión incluirá una evaluación de la eficacia de los artículos 10
y 12.
Artículo
14
CONFERENCIA
DE LAS PARTES QUE ACTÚA COMO REUNIÓN DE LAS PARTES EN EL PROTOCOLO
1.
Con sujeción a lo estipulado en el párrafo 2 del artículo 32 del Convenio, la
Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo
actuará como reunión de las Partes en este Protocolo Suplementario.
2. La
Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo
deberá mantener bajo supervisión periódica la aplicación del presente Protocolo
Suplementario y adoptará, con arreglo a su mandato, las decisiones que sean
necesarias para promover su aplicación efectiva. Desempeñará las funciones que
le son asignadas por este Protocolo Suplementario y, mutatis mutandis, las
funciones que le son asignadas en los párrafos 4 a) y f) del artículo 29 del
Protocolo.
Artículo
15
SECRETARÍA
La
Secretaría establecida en virtud del artículo 24 del Convenio actuará como
Secretaría del presente Protocolo Suplementario.
Artículo
16
RELACIÓN
CON EL CONVENIO Y EL PROTOCOLO
1.
Este Protocolo Suplementario complementará el Protocolo, y no modificará ni
enmendará el Protocolo.
2.
Este Protocolo Suplementario no afectará a los derechos y obligaciones de las
Partes en este Protocolo Suplementario en virtud del Convenio y el Protocolo.
3. A
menos que se estipule lo contrario en el Protocolo Suplementario, las
disposiciones del Convenio y el Protocolo se aplicarán, mutatis mutandis, al
presente Protocolo Suplementario.
4.
Sin perjuicio de lo estipulado en el párrafo 3 supra, este Protocolo
Suplementario no afectará a los derechos y obligaciones de una Parte conforme
al derecho internacional.
Artículo
17
FIRMA
El
presente Protocolo Suplementario permanecerá abierto a la firma de las Partes
en el Protocolo en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York desde el 7 de marzo
de 2011 hasta el 6 de marzo de 2012.
Artículo
18
ENTRADA
EN VIGOR
1. El
presente Protocolo Suplementario entrará en vigor el nonagésimo día contado a
partir de la fecha en que haya sido depositado el cuadragésimo instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por los Estados u
organizaciones regionales de integración económica que sean Partes en el
Protocolo.
2. El
presente Protocolo Suplementario entrará en vigor para cada Estado u
organización regional de integración económica que lo ratifique, acepte o
apruebe o que se adhiera al mismo después del depósito del cuadragésimo
instrumento mencionado en el párrafo 1 supra, el nonagésimo día contando a
partir de la fecha en que dicho Estado u organización regional de integración
económica haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, o en la fecha en que el Protocolo entre en vigor para
ese Estado u organización regional de integración económica, si esa segunda
fecha fuera posterior.
3. A
los efectos de los párrafos 1 y 2 supra, los instrumentos depositados por una
organización regional de integración económica no se considerarán adicionales a
los depositados por los Estados miembros de esa organización.
Artículo
19
RESERVAS
No
podrán formularse reservas al presente Protocolo Suplementario.
Artículo
20
DENUNCIA
1. En
cualquier momento después de dos años contados a partir de la fecha de entrada
en vigor del presente Protocolo Suplementario para una Parte, esa Parte podrá
denunciar el presente Protocolo Suplementario mediante notificación por escrito
al Depositario.
2.
Cualquier denuncia será efectiva después de un año contado a partir de la fecha
en que el Depositario haya recibido la notificación, o en una fecha posterior
que se haya especificado en la notificación de la denuncia.
3. Se
considerará que cualquier Parte que denuncie el Protocolo de conformidad con el
artículo 39 del Protocolo denuncia también el presente Protocolo Suplementario.
Artículo
21
TEXTOS
AUTÉNTICOS
El
original del presente Protocolo Suplementario, cuyos textos en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
EN
TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados a ese efecto,
firman el presente Protocolo Suplementario.
HECHO
en Nagoya en el decimoquinto día del mes de octubre de dos mil diez.
III.
INTERVENCIONES
1.
Ministerio
de Relaciones Exteriores
6. La
Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores solicita declarar la exequibilidad de la Ley 1926 de 2018. Explica
que el Convenio tiene como objetivo fundamental proteger la biodiversidad y la
salud humana del posible daño que puedan generar los organismos vivos genéticamente
modificados (en adelante OVM) o transgénicos, como resultado de movimientos,
manipulación y utilización transfronteriza, en donde no hayan estado
involucrados los elementos de fuerza mayor o caso fortuito.
7. Adicionalmente,
establece que la finalidad del tratado es contribuir a la conservación y uso
sostenible de la diversidad biológica, mediante reglas y procedimientos
internacionales para la reparación y compensación, relacionados con los
movimientos transfronterizos de los OVM, sean voluntarios o involuntarios. La
obligación fundamental de las Partes es establecer medidas de respuesta
adecuadas y razonables, como prevenir, minimizar, mitigar, o evitar el daño, y
restaurar la diversidad biológica. “El Protocolo establece un régimen
administrativo de responsabilidad, que otorga un marco normativo a los Estados
Parte para responder en una situación como la que se menciona”.[3]
8. Resalta
la importancia del tratado para Colombia por ser un país que cultiva un
importante número de hectáreas de plantas transgénicas, y que además, es uno de
los cinco países con mayor biodiversidad del planeta. “Este instrumento
multilateral es fundamental para garantizar que exista un procedimiento
internacional aceptado, en caso de que llegase a ocurrir un daño a la
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad como consecuencia de un
movimiento transfronterizo de un transgénico”.[4]
Adicionalmente, destaca que el tratado genera un ambiente propicio para la
aplicación de la biotecnología, donde los operadores se esfuercen por
garantizar la seguridad en el desarrollo, manipulación y movilización de un
OVM.
9. Por
último, sostiene que “este instrumento no es sino el desarrollo de
disposiciones previamente declaradas exequibles por la Corte Constitucional”.[5]
En efecto, esta Corte declaró la constitucionalidad del artículo 27 del
Protocolo de Cartagena mediante Sentencia C-071 de 2003,[6]
y fue en desarrollo de esta disposición que se procedió a la negociación del
Protocolo Suplementario de Nagoya - Kuala Lumpur, instrumento que, para la
Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales, respeta los preceptos
constitucionales del Estado colombiano, promueve un desarrollo económico
responsable y vela por la protección del derecho a un medio ambiente sano.
2.
Ministerio de Salud y Protección Social
10. La
Directora Jurídica del Ministerio de Salud y Protección Social solicita la
declaratoria de exequibilidad de la norma bajo examen. A su juicio, las
finalidades del instrumento, consistentes en no afectar la diversidad biológica
ni poner en riesgo la salud humana por el desarrollo, la manipulación, el
transporte, la transferencia y la liberación de OVM, se armoniza con el
artículo 49 y el inciso 2 del artículo 79 de la Constitución Política de 1991.
11. Señala
que es necesario contar con normas y procedimientos claros para proteger la
salud, en caso de daños derivados de actividades con OVM. Esto porque en el
país han aumentado los cultivos transgénicos, como en el caso del algodón o el
maíz. Explica que estos cultivos se desarrollan a través de la biotecnología
moderna y se generan al introducir una combinación nueva de material genético
en un organismo, usando técnicas in vitro de ADN, inyección directa o fusión de
células, con el fin de modificar sus características específicas y lograr así
mayor productividad y rendimiento. No obstante, estos productos son destinados
al consumo humano, impactando negativamente en la salud.
12. Resalta
que el Protocolo Nagoya-Kuala Lumpur es determinante para los intereses del
Estado porque “es una alternativa de reconocimiento, respaldo y
fortalecimiento para las autoridades ambientales nacionales en sus esfuerzos
por proteger y preservar la riqueza natural de nuestro país” y “confiere
la posibilidad de repetir contra un operador de OVM, para el caso en que se
haya incurrido en costos como consecuencia de la adopción de medidas de
respuesta encaminadas a reducir o minimizar la potencialidad de daños”.
Adicionalmente, establece que el Protocolo Nagoya-Kuala Lumpur es un suplemento
del Protocolo de Cartagena, aprobado por medio de la Ley 740 de 2002, cuya
exequibilidad fue declarada en Sentencia C-071 de 2003, por lo que contribuye a
este último, en razón de que consagra un conjunto de normas y procedimientos
internacionales en el marco de la responsabilidad y compensación de los
impactos negativos de los OVM.
3.
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA)
13. El
Secretario General de CORANTIOQUIA apoya la exequibilidad de la norma, pues
considera que desarrolla los preceptos constitucionales, “en particular el
inciso 2  del artículo 79 de la Constitución, que le asigna al Estado la
obligación de proteger la diversidad e integridad del ambiente, y la obligación
de prevención que al respecto le impone el artículo 80 constitucional al Estado
colombiano, en tanto constituyen mecanismos preventivos de los posibles daños
que se causen a los recursos naturales y a la salud humana”.[7]
14. Resalta
la necesidad de contar con un régimen legal que consagre normas y procedimientos
para proteger la biodiversidad en caso de que se lleguen a producir daños por el
desarrollo de actividades relacionadas con la transferencia, manipulación y
utilización transfronteriza de OVM. El Protocolo “es un instrumento
fundamental para la efectiva aplicación de prioridades establecidas por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta que su
objeto es contribuir a la conservación y utilización sostenible de la
biodiversidad biológica. Un objetivo sin duda estrechamente relacionado con la
promoción de la biotecnología como motor de desarrollo”.[8]
15. Menciona
la importancia de las obligaciones que tiene el Estado colombiano en materia de
regulación del uso, conservación, protección, planificación y gestión de los recursos
naturales y el derecho que tienen todas las personas de gozar de un ambiente
sano. Recuerda que el desarrollo económico y social del país debe estar guiado
por los principios universales sobre desarrollo sostenible, contenidos en la
Declaración de Río de Janeiro de 1992 y en el Convenio sobre la Diversidad
Biológica. Este último insturmento fue declarado exequible por la Corte
Constitucional en Sentencia C-519 de 1994, donde se reconoce la importancia
para Colombia de los acuerdos internacionales en materia de biodiversidad.
16. Por
último, establece que la Corte Constitucional declaró mediante Sentencia C-071
de 2003 la exequibilidad del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la
Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el cual consagra en
el artículo 27 como una de las obligaciones de las partes, elaborar normas y
procedimientos internacionales en la esfera de la responsabilidad y
compensación por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de OVM.
4.
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)
17. El
apoderado de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca solicita declarar
la exequibilidad de la Ley 1926 de 2018. Esto porque “la disposición tiene
como finalidad la de contribuir a la conservación y utilización sostenible de
la diversidad biológica los riesgos para la salud humana, y la responsabilidad
y compensación en relación con los organismos vivos modificados”.[9]
Adicionalmente, el instrumento se ajusta a preceptos constitucionales porque
(i) el Congreso de la República aprobó el tratado de conformidad con el
artículo 224 de la Constitución Política, y (ii) se enmarca dentro del respeto
de la soberanía nacional y los principios de derecho internacional.
18. Resalta
que el Protocolo Suplementario es constitucional porque “guarda estrecha
relación con otros preceptos constitucionales, como lo son el artículo 79 y 80
de la Carta Política, según los que se establece el derecho de todas las
personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica; lo cual se logra con el convenio aprobado que previene
los daños resultantes de los organismos vivos modificados destinados al uso
directo como alimento humano o animal o para procesamiento, así como los
destinados a uso confinado y los que son introducidos deliberadamente al medio
ambiente”.[10]
Para el apoderado el tratado guarda relación con la conservación, la
sostenibilidad de la diversidad biológica, el mantenimiento de un medio
ambiente sano y la protección de los recursos naturales y de la salud humana.
5.
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
19. El
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca solicita la exequibilidad de la norma. Indica que las
disposiciones de este instrumento son acordes a las siguientes normas
constitucionales: “el artículo 8 que prevé la obligación de las autoridades
públicas y de los particulares de proteger la riqueza cultural y natural de la
Nación, el artículo 79 que establece el deber del Estado de proteger la
diversidad e integridad del ambiente, el artículo 81 que consagra la
responsabilidad que le corresponde al Estado respecto del ingreso al país y
salida de él de los recursos genéticos y su utilización de acuerdo con el
interés nacional”.[11]
Considera que las medidas consagradas en el tratado son necesarias para el
logro de los fines del Estado colombiano, señalados en el artículo 2 de la
Constitución Política. Además, respeta los artículos 9 y 226 constitucionales,
que hacen referencia al manejo de las relaciones internacionales del Estado.
20. Señala
que el Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur es suplementario al Protocolo de
Cartagena, el cual fue aprobado por medio de la Ley 740 de 2002, cuya
exequibilidad fue declarada por la Corte Constitucional en Sentencia C-071 de
2003. Por lo tanto, “existe identidad de fines y objetivos en ambos
instrumentos, por lo que en términos de su constitucionalidad, la Ley 1926 de
2018 debería seguir el mismo predicado de la Ley 740 de 2000 en su aspecto
material, si desde el punto de vista formal no se hallan vicios de
procedimiento en su adopción”.[12]
6.
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
21. La
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA solicita declarar la
exequibilidad de la norma en su integralidad. En primer lugar, porque el
Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur es el complemento del Protocolo de
Cartagena, el cual fue aprobado por la Ley 740 de 2002, cuya exequibilidad fue
declarada por la Corte Constitucional en Sentencia C-071 de 2003. “Podemos
determinar que no encontramos impedimentos técnicos o jurídicos, en cuanto a la
adopción del protocolo en mención, o que pueda afectar la normatividad de
organismos genéticamente modificados que actualmente rige en el país,
resaltando que el protocolo sigue los lineamientos y las políticas en relación
a la seguridad de la biotecnología del Protocolo de Cartagena, tiene en cuenta
los riesgos para la salud humana, la responsabilidad y compensación en relación
a los OVM, ajustándose a las disposiciones jurídicas existentes en Colombia,
como lo son: la Ley 164 de 1994 que ratifica el Convenio de la Diversidad
Biológica, la Ley 740 de 2002 que ratifica el Protocolo de Cartagena, el
Decreto 4525 de 2005 del Ministerio de Agricultura que determina el marco
regulatorio de OVM”.[13]
22. En
segundo lugar, establece que el objeto del Protocolo se ajusta a las normas
constitucionales que protegen la biodiversidad, al principio de soberanía, y a
la protección jurídica de los derechos humanos, económicos, ambientales,
sociales y políticos, presupuestos contenidos en los artículos 8, 78, 79, 80 de
la Constitución Política, el artículo 8 de la Ley 165 de 1994 (Convenio sobre
Diversidad Biológica) y el artículo 2 de la Ley 740 de 2002 (Protocolo de
Cartagena). Por lo anterior, el protocolo bajo examen “se convierte en una
herramienta para materializar la protección de los recursos naturales y dentro
del cual la diversidad biológica adquiere la categoría de norma constitucional
mediante el reconocimiento de la obligación del Estado y de las personas de
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.[14]
23. En
tercer lugar, señala que el protocolo respeta el principio de soberanía
legislativa de los Estados parte, puesto que en el artículo 12 del mismo se
establece que las partes dispondrán, en su legislación nacional, normas y
procedimientos que se ocupen de daños. Según esto, “Colombia puede
establecer las normas pertinentes para que las autoridades competentes puedan
requerir al operador u operadores en temas asociados a OVM para hacerse
responsables de sus acciones, realizar informes en caso de daños o perjuicios,
evaluar el daño y tomar las medidas apropiadas”.[15]
Asegura que el Protocolo Suplementario establece estándares mínimos
internacionales de responsabilidad y compensación y un régimen administrativo
de responsabilidad de manera general, pero no dispone de normas específicas de
procedimientos, permitiendo que cada país sea autónomo para disponer de su
propia legislación nacional, normas y procedimientos para cumplir con las
obligaciones y medidas de respuesta contenidas en el protocolo.
IV.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
24. En
ejercicio de las competencias previstas en los artículos 242, numeral 2° y 278,
numeral 5° del texto constitucional, así como el artículo 7 del Decreto 2067 de
1991, el señor Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez,
presentó concepto número 6558 dentro del trámite de la referencia, en el cual
solicita a la Corte la declaración de exequibilidad de la Ley 1926 de 2018 y
del Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur.
25. En
primer lugar, realiza un análisis formal del trámite de aprobación de la norma
y concluye que se encuentra ajustada a la Constitución, debido a que cumplió
con los procedimientos en la etapa pre-parlamentaria y la parlamentaria. En
efecto, el Convenio fue suscrito por el Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la
Organización de las Naciones Unidas, quien gozaba de plenos poderes conferidos
por el Gobierno Nacional para que en su nombre suscribiera el instrumento
internacional. Ante el Congreso se agotaron todas las etapas necesarias, esto
es: (i) el proyecto de ley se publicó en la Gaceta del Congreso antes de darle
curso en la comisión respectiva; (ii) se inició el trámite en la Comisión
Segunda del Senado, por lo que se respetó la competencia temática que dispone
el artículo 154 Superior; (iii) se respetó el deber de anuncio previo,
establecido en el artículo 160 de la Constitución; (iv) en todas las sesiones
se cumplió tanto el quórum deliberatorio como el decisorio; (v) la aprobación
del proyecto de ley se dio en el término de dos legislaturas, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 162 constitucional; y (vi) el Presidente de la
República sancionó la ley aprobatoria del instrumento internacional y la
remitió a la Corte Constitucional dentro del término de seis días.
26. En
lo que respecta a la materia del Convenio, lo encuentra plenamente ajustado a
la Constitución Política, en especial por la relevancia que ha cobrado en los
últimos años la protección a la diversidad biológica, al medio ambiente y a los
recursos naturales. Por ejemplo, “en la Declaración de Río de 1992, así como
en otros instrumentos similares, se han plasmado acuerdos orientados a proteger
el medio ambiente, reconociendo la importancia de que los Estados ajusten su
normatividad interna, con el propósito de garantizar esa protección”.[16]
27. Resalta
que si bien no existe a la fecha evidencia científica documentada sobre el daño
a la biodiversidad por un OVM, el Protocolo de Cartagena parte de que existe un
riesgo que podría llegar a materializarse, y este debe preverse teniendo en
cuenta el principio de precaución. Esto se logra mediante el Protocolo Suplementario
que cuenta con herramientas para responder ante eventuales daños ocasionados
por los OVM, en el marco de las obligaciones contraídas por Colombia a través
del Protocolo de Cartagena. Adicionalmente, el instrumento analizado pretende
materializar varios objetivos de protección al medio ambiente y a las personas
frente a los posibles daños. Es decir que “las medidas adoptadas a través
del instrumento internacional están encaminadas a contribuir con el
mantenimiento y uso sostenible de la biodiversidad, teniendo en cuenta los
riesgos para la salud humana, delimitando el ámbito de aplicación y definiendo
de manera clara los términos que se usan”.[17]
28. Señala también que el instrumento es
respetuoso del ordenamiento constitucional porque es una aplicación del
Protocolo de Cartagena, el cual fue revisado y declarado exequible por la Corte
Constitucional a través de la Sentencia C-071 de 2003. Para el Procurador, las
disposiciones del Protocolo Suplementario son herramientas para la consecución
de los fines del Estado y el cumplimiento de deberes constitucionales en
materia de protección y conservación ambiental, de los recursos naturales, de
la biodiversidad y de la salud; compatibles con el principio de soberanía e
igualdad de los Estados Parte y respetuosas de los derechos y garantías
constitucionales.
V.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
29. En virtud del numeral 10º del
artículo 241 de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para
ejercer el control integral de los tratados internacionales y de las leyes que
los aprueben. De acuerdo con lo expresado en reiterada jurisprudencia, dicho control es:
“(i) previo al perfeccionamiento del tratado,
pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental;
(ii) automático, pues debe ser enviada
directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro
de los seis días siguientes a la sanción gubernamental;
(iii) integral, en la medida en que la Corte
debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el
tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional;
(iv) tiene fuerza de cosa juzgada;
(v) es una condición sine qua non para la ratificación
del correspondiente acuerdo;
(vi) cumple una función preventiva, pues
su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el
cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano”.[18]
30. La adopción de tratados
internacionales por el Estado colombiano es un acto complejo, en el que
intervienen las tres ramas del poder público. Dentro de este esquema, el
control a cargo de la Corte se divide en dos grandes partes: (i) un análisis
formal: que hace un escrutinio al proceso de formación del instrumento
internacional, así como el trámite legislativo adelantado en el Congreso de la
República; y (ii) un análisis material: que coteja las disposiciones
del tratado y de la ley con el marco constitucional colombiano, para de esta manera determinar si se ajustan o no al ordenamiento
superior.
31. Hechas
las anteriores precisiones, pasa la Corte a examinar la constitucionalidad del
tratado internacional objeto de estudio y de su ley aprobatoria, tanto en su
aspecto formal como material.
2. Análisis
formal: la suscripción del Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur y su aprobación por
parte del Congreso de la República cumplieron el procedimiento constitucional
32. La
revisión del aspecto formal del tratado internacional y de su ley aprobatoria
se dirige a examinar los siguientes aspectos: la validez de la representación
del Estado Colombiano en las fases de negociación, celebración y firma del
Acuerdo internacional, así como la necesidad de realizar la consulta
previa como expresión del derecho fundamental a la participación de los grupos
étnicos;
y el cumplimiento de las reglas de trámite legislativo en la formación de la
ley aprobatoria.
2.1. Representación del Estado, suscripción del
Convenio y aprobación presidencial
33. El
primer aspecto a revisar es la competencia del funcionario que representó al
Estado colombiano en la negociación del Convenio. En este sentido, la Corte “ha
señalado que el deber constitucional de revisar los tratados internacionales,
así como las leyes que los aprueben, incluye el examen de las facultades del
Ejecutivo respecto de la negociación y firma del instrumento internacional
respectivo”.[19]
Esta verificación ha sido realizada siguiendo lo previsto en los artículos 7 a
10 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.[20]
34. En
este caso, se encuentra probado que el “Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur
sobre la responsabilidad y compensación suplementario al Protocolo de Cartagena
sobre seguridad de la Biotecnología”, adoptado en Nagoya, Japón, el 15 de
octubre de 2010, fue suscrito por el entonces embajador Extraordinario y
Plenipotenciario adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la
Organización de Naciones Unidas (ONU), Néstor Fernando Osorio Londoño. Para
tales efectos, el Gobierno Nacional, encabezado por el señor Presidente Juan
Manuel Santos Calderón, le otorgó Plenos Poderes el día 02 de marzo de 2011,[21] de
conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 1º del artículo 70 de
la “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados” del 23 de mayo
de 1969.
35. Igualmente,
se tiene que el Presidente Juan Manuel Santos, impartió la respectiva Aprobación
Ejecutiva el día 04 de julio de 2012 y en el mismo acto, en cumplimiento de
los trámites constitucionales, ordenó someterlo a consideración del Congreso de
la República.[22]
36. De
tales precisiones se concluye que la adopción del instrumento internacional
satisface el requisito de forma, respecto a la calidad de la persona que debió
suscribirlo, pues quien lo hizo fue el embajador Extraordinario y
Plenipotenciario ante la ONU, delegado expresamente por el Gobierno Nacional e
investido con los poderes necesarios para ello. Asimismo, una vez acordado el
Protocolo, este recibió la aprobación del Presidente para ser enviado al
Congreso de la República.
2.2. Necesidad y realización de consulta previa: el Protocolo
de Nagoya – Kuala Lumpur no requería agotar el proceso de consulta, pero todo
proyecto de implementación que represente una afectación directa a las
comunidades étnicas deberá ser consultado
37. La consulta previa
ocupa un lugar destacado en el ordenamiento nacional. Colombia se constituye
como una República democrática, participativa y pluralista (Art. 1 C.P.), que
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural como un valor constitucional
(Arts. 7 y 70 C.P.), en el que las comunidades étnicas gozan de plenos derechos
fundamentales.[23]
Es claro que la Carta Política de 1991 propugna “por un modelo de Estado que
se reconoce como culturalmente heterogéneo”;[24] y para
ello resulta indispensable una herramienta como la consulta previa, que
propicia espacios de diálogo -guiados por el principio de la buena fe y el
respeto por el otro- en el que se integran saberes distintos y formas
de vivir y sentir radicalmente diversas.
38. Como lo ha resaltado la
jurisprudencia constitucional,[25]
la diversidad étnica y cultural está íntimamente relacionada “con las
representaciones de vida y concepciones del mundo que la mayoría de las veces
no son sincrónicas con las costumbres dominantes o el arquetipo mayoritario en
la organización política, social, económica, productiva o incluso de religión,
raza, lengua, etc.”.[26]
Es así que, para prevenir que la imposición del arquetipo mayoritario anule la
diversidad presente en la sociedad, se ha previsto el mecanismo de consulta, el
cual aboga por un diálogo sincero y respetuoso de la diferencia.
39. En la determinación de si es o
no obligatoria la consulta previa, “no es relevante la diferencia entre
leyes, actos legislativos y tratados, puesto que en relación con todos estos
tipos de medida legislativas se ha aplicado la misma doctrina constitucional”.[27]
La consulta previa irradia las distintas medidas administrativas o
legislativas, de todo tipo, que ejecute el Estado. De ahí que la revisión
integral de una ley aprobatoria de tratado internacional suponga también el
examen del derecho fundamental a la consulta previa. La omisión del deber de
consultar a las comunidades se erige en un vicio de trámite con repercusiones
sustanciales.[28]
2.2.1.
La consulta previa en las leyes aprobatorias de tratados
40. En el caso de las leyes
aprobatorias de tratados internacionales, el requisito de la consulta y su
correspondiente verificación constitucional, es relativamente reciente.[29]
Inicia con la Sentencia C-750 de 2008,[30]
donde la Corte revisó el ´Acuerdo de promoción comercial entre la
República de Colombia y los Estados Unidos de América´, sus ´cartas adjuntas´ y
sus ´entendimientos´, suscritos en Washington el 22 de noviembre de 2006”.
La Sala Plena concluyó que no se requería adelantar la consulta por cuanto el Acuerdo, en particular el capítulo sobre medio
ambiente, contenía normas de manera uniforme para la generalidad de los
colombianos, y no contenía disposiciones que impusieran restricciones o
beneficios a los grupos étnicos. Es decir, no generaban una afectación directa.
Ello no fue óbice, para que la Corte advirtiera también que “las
disposiciones de orden legislativo o administrativo que se expidan en
desarrollo y aplicación del Acuerdo surtan la consulta previa obligatoria
respecto de las comunidades indígenas y tribales si alguna de ellas es
susceptible de afectarles de manera específica y directa”.
41. A partir de esta providencia,
la Corte ha venido examinando oficiosamente el requisito de consulta en la
revisión del trámite de aprobación de los tratados internacionales.[31] Al
igual que ocurre con el análisis de otro tipo de medidas legislativas o
administrativas, el estudio se centra en determinar si existe una afectación
directa sobre las comunidades étnicas, pues solo en estos escenarios se
activa el deber de adelantar la consulta previa; con independencia de que se
trate de un tratado bilateral o multilateral.[32]
42. El Convenio No. 169 de la Organización
Internacional del Trabajo señala algunos casos puntuales en los que se entiende
que puede haber una afectación directa -beneficiosa o no para las comunidades-
y que, por lo tanto, exigen el proceso de consulta.[33] Pero
dichos ejemplos claramente no agotan la descripción de todos los escenarios
posibles que requieren consulta. Ha sido la jurisprudencia constitucional, la
que para el contexto colombiano ha venido interpretando el alcance de este
derecho fundamental. La obligación de adelantar un “procedimiento distinto a
los escenarios generales y concretos de participación”[34] resulta
exigible “cuando la materia del proyecto está relacionada con aspectos que
tienen una vinculación intrínseca con la definición de la identidad étnica de
dichos grupos”;[35]
lo que se ha entendido como el ethos de las comunidades indígenas y
afrodescendientes.[36]
Recientemente, la Sala Plena resumió[37]
-sin pretender hacer un listado taxativo y acabado- que existe una afectación
directa cuando:
“(i) La medida que regula se trata de aquellas
contempladas constitucionalmente en el artículo 330, es decir, cuando se
refieren al territorio ancestral, al uso del suelo o a la extracción de
recursos naturales;[38]
(ii) Se trata de una disposición que está vinculada
con el ethos o la identidad étnica de alguna comunidad étnica, luego
altera negativa o positivamente su vida política, económica, social y cultural
como elementos definitorios de su identidad;[39]
(iii) Impone cargas o atribuciones de beneficios a una
comunidad, de tal manera que modifique su situación o posición jurídica;[40]
(iv) El objeto principal de la regulación es una o
varias comunidades étnicas o pueblos tribales o el desarrollo específico de un
derecho previsto en el Convenio 169 de 1989 de la OIT;[41]
y
(v) “Cuando a pesar de tratarse de una medida
general, (a) ésta tiene mayores efectos en las comunidades indígenas que en el
resto de la población, o (b) regula sistemáticamente materias que conforman la
identidad de dichas comunidades, por lo que puede generarse bien una posible
afectación, un déficit de protección de sus derechos o una omisión legislativa
relativa que las discrimine”.[42]
43. Tratándose de leyes
aprobatorias de tratados y siguiendo el primer criterio del anterior listado,
es importante recordar que hay un conjunto de temas en los que, prima facie,
se activa el deber de consulta. Por ejemplo, frente a medidas relacionadas con
la explotación y manejo de recursos naturales en los territorios indígenas (CP.
Art. 330) y la delimitación de las entidades territoriales indígenas (CP. Art.
329). Esto ha servido para que, en algunos casos, la Corte realice un análisis
abreviado que descarte el deber de consulta, cuando se trata de temas que son
claramente ajenos a los intereses y preocupaciones de los pueblos étnicos. Por
ejemplo, en Sentencia C-214 de 2017 (MP. Gloria
Stella Ortiz Delgado), la Sala no consideró que fuera necesario consultar las
comunidades, al analizar el “Acuerdo Marco entre las Naciones Unidas y el
Gobierno de la República de Colombia relativo a las contribuciones al sistema
de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones
de mantenimiento de la paz”, porque, además de que
estas operaciones tendrían lugar fuera del territorio nacional, “es
claro que no se refiere de manera directa y expresa a aquellos elementos que, prima
facie, deben ser protegidos a través de la consulta”.[43]
44. Lo anterior no significa que
la temática general del tratado o del acuerdo internacional sea suficiente para
determinar el deber de consulta. Es necesario analizar, más allá del
título, “el contenido y el alcance de la medida para poder establecer si
existe un impacto en los derechos de las comunidades y de ser así cuál es su
magnitud”.[44]
Así como no todo instrumento internacional que regule aspectos relacionados con
las comunidades (v.gr. explotación de recursos naturales) exige necesariamente
la consulta previa; tampoco el hecho que se trate de un asunto distinto a los
que usualmente se asocian con la consulta, significa el rechazo automático de
este mecanismo.
45. En Sentencia C-196 de 2012
(MP. María Victoria Calle Correa), por ejemplo, la Corte concluyó que el “Convenio
Internacional de Maderas Tropicales” no requería agotar el procedimiento de
la consulta previa, aunque abordara el uso de recursos forestales. Para
la Sala Plena, el tema del Convenio (bosques y maderas tropicales) no era razón
suficiente para concluir que daba lugar a una afectación directa y específica a
las comunidades, pues del mismo no se derivaban “medidas que puedan afectar a los pueblos indígenas o a las comunidades
afrodescendientes en forma directa, con el nivel de particularidad y
especificidad exigido para activar la obligación de consulta”.
46. Caso contrario es lo ocurrido
respecto del ‘Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones
Vegetales’. Mediante Sentencia C-1051 de 2012
(MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez), la Corte declaró inexequible la totalidad
de la Ley aprobatoria por violación del deber de consulta previa. No obstante
el carácter general de las disposiciones allí incluidas, estas tendrían “una incidencia directa sobre elementos que son
particularmente relevantes para [las comunidades] y que guardan
una íntima e indisoluble relación con su modo de vida y de subsistencia, como
son el territorio y la explotación de los recursos naturales”.
47. La Corte expuso que las
comunidades étnicas, de acuerdo a sus específicas cosmovisiones, tienen
particulares formas de interacción con el territorio, el medio ambiente y los
recursos naturales, a partir de las cuales, a su vez, “han generado una
serie de conocimientos y prácticas de carácter tradicional, transmitidos
ancestralmente por vía oral, tendentes a la utilización racional y sostenible
de los recursos naturales”. Prácticas que podrían ser gravemente
menoscabadas con la introducción inconsulta de un concepto de propiedad
individual y comercial sobre las variedades vegetales, tal y como establecía el
acuerdo. Situación que reviste especial preocupación, pues del trabajo
colectivo de la tierra depende la supervivencia de los pueblos étnicos.
48. En resumen, toda medida
legislativa o administrativa, incluyendo la aprobación de tratados
internacionales, está sujeta al deber de consulta previa, cuando conlleve
medidas susceptibles de afectar directamente a las comunidades étnicas. Para
determinar lo anterior, (i) es importante comenzar por el tema general que
regula el convenio o acuerdo internacional, pero ello no es suficiente. También
es necesario atender los criterios que ha venido desarrollando la
jurisprudencia sobre este punto, los cuales incluyen, entre otros, si la
medida: (ii) está vinculada con el ethos de los pueblos étnicos,
(iii) impone cargas o beneficios a una comunidad; o si (iv) a pesar de tratarse
de una medida general, a) ésta tiene mayores efectos en las comunidades
indígenas que en el resto de la población, o b) regula sistemáticamente
materias que conforman la identidad de dichas comunidades.
2.2.2.
Análisis del caso concreto
49. El trámite de aprobación del Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur no requería agotar el proceso de consulta previa. Las disposiciones
de este instrumento internacional se han
previsto de manera uniforme para la generalidad de los colombianos, sin que su
objeto sea expedir una regulación específica referida a las comunidades étnicas. En efecto, el Protocolo pretende
fijar normas y procedimientos en la esfera de la responsabilidad y compensación
en relación con los movimientos transfronterizos de OVM, para contribuir de
esta manera a la conservación y utilización sostenible de la diversidad
biológica y a la protección de la salud humana. No se trata entonces de
un asunto que afecte directa y específicamente a las comunidades étnicas del
país, pues los OVM pueden afectar la biodiversidad del país y la salud de todas
las personas.
50. El Protocolo
tampoco desconoce el derecho fundamental de consulta previa, en tanto no
introduce ningún beneficio, restricción o gravamen para las comunidades
étnicas, pues la materia de este instrumento se circunscribe a los daños que a
la salud y al medio ambiente se puedan ocasionar por los movimientos
transfronterizos de OVM y el consecuente régimen de responsabilidades.
51. Pese a lo
anterior, la Corte advierte que el artículo 26 del Protocolo de Cartagena
establece que las Partes, al adoptar una decisión sobre la importación de un
OVM, pueden tener en cuenta “las consideraciones socioeconómicas resultantes
de los efectos de los organismos vivos modificados para la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica, especialmente en relación
con el valor que la diversidad biológica tiene para las comunidades indígenas y
locales”. Por tanto, teniendo en cuenta que el Protocolo de Nagoya – Kuala
Lumpur es suplementario al
Protocolo de Cartagena, y que el movimiento de OVM de un Estado a otro puede
afectar de manera directa a una comunidad étnica, la Corte estima necesario advertir que las
disposiciones de orden legislativo o administrativo que se expidan en
desarrollo y aplicación de la Ley 1926
de 2018, así como las demás medidas de implementación, deben surtir la
consulta previa obligatoria respecto de las comunidades culturalmente
diferenciadas si alguna de ellas es susceptible de afectarles de manera
específica y directa, respetando, en todo caso, los principios de buena fe y de
participación activa y efectiva a tales comunidades.
2.3. Examen del trámite de la Ley 1926 de 2018 ante
el Congreso de la República
52. Las
leyes aprobatorias de tratados internacionales no disponen de un procedimiento
legislativo especial, por lo que el trámite que debe seguirse es el de las
leyes ordinarias, salvo por dos requisitos especiales: (i) el debate debe
iniciarse en el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a
relaciones internacionales (Art. 154 C.P.); y (ii) una vez ha sido sancionada
la ley por el Presidente de la República, deberá remitirla a la Corte
Constitucional dentro de los 6 días siguientes, para efectos de la revisión
integral (Art. 241, núm. 10 C.P.)[45].
53. Teniendo
en cuenta el procedimiento que guía las leyes ordinarias, especialmente lo
previsto en los artículos 150 a 169 de la Carta y en la Ley 5ª de 1992, la Sala
Plena ha resumido las etapas del trámite legislativo que revisa la Corte, así:
“(i)
Inicio del trámite de la ley aprobatoria en el Senado de la República (Art.
154 C.P.).
(ii)
Publicación del proyecto de ley antes de darle curso en la
comisión respectiva (Art. 157, núm. 1 C.P.).
(iii)
Aprobación
en primer debate en las comisiones respectivas de Senado y Cámara, y en segundo
debate en las plenarias de esas corporaciones (Art. 157, núm. 2 y 3 C.P.).
(iv)
Publicación y reparto del informe de ponencia previo a los
cuatro debates correspondientes y del texto aprobado en cada uno de ellos (Arts.
144, 156 y 157 de la Ley 5ª de 1992).
(v) Anuncio previo en
el que se informe de la sesión en que se efectuará la discusión y votación del
proyecto en cada uno de los cuatro debates correspondientes, según el inciso
final del artículo 160 de la Constitución Política adicionado por el artículo 8
del Acto Legislativo 01 de 2003 la cual ordena que: 1) la fecha de votación de
los proyectos de ley sea previamente anunciada; 2) el anuncio de tal votación
se realice en sesión distinta a la de la sesión en que es sometido a su
aprobación; y 3) la votación se efectúe el día en que fue anunciada. La Corte
ha señalado, además, que si bien no es exigible una fórmula específica para
realizar el anuncio, sí deben utilizarse expresiones de las que sea posible
inferir con claridad para qué se convoca a los congresistas y que se haga para
una sesión posterior, es decir, para “una fecha futura prefijada y
determinada, o por lo menos, determinable”.
(vi)
Quórum decisorio al momento de la aprobación del proyecto en
cada uno de los cuatro debates correspondientes. Tratándose de proyectos de ley
aprobatoria de tratados internacionales aplica la regla general prevista en el
artículo 145 de la Constitución, según la cual se exige la presencia de la
mayoría de los integrantes de la respectiva comisión o plenaria.
(vii) Votación
en debida forma en cada uno de los respectivos debates. Al respecto, el
artículo 133 Superior establece que, salvo las excepciones previstas en la ley,
la votación de los proyectos de ley debe efectuarse de manera nominal y
pública. El artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 (modificado por el artículo
1º de la Ley 1431 de 2011), establece las hipótesis en que, para hacer efectivo
el principio de celeridad de los procedimientos, puede exceptuarse esta regla
general para admitir la votación ordinaria.
(viii)
Aprobación
en cada uno de los respectivos debates por la regla de mayoría correspondiente.
Para el caso de leyes aprobatorias de tratados internacionales, la aprobación
requiere la mayoría de los votos de los asistentes (mayoría simple), de acuerdo
con lo establecido en el artículo 146 Superior.
(ix)
Cumplimiento de la regla de lapso entre debates prevista en el
artículo 160 C.P., según la cual entre el primero y el segundo debate en cada
cámara deberá mediar un lapso no inferior a ocho (8) días, y entre la
aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la
otra, habrán de transcurrir no menos de quince (15) días.
(x)
Que
se haya surtido el trámite de conciliación, en caso de existir
discrepancias entre los textos aprobados en el Senado y la Cámara de
Representantes, y la publicación del texto aprobado por las plenarias de Senado
y Cámara (Art. 161 C.P.).
(xi) Que
el trámite del proyecto no haya excedido dos legislaturas (Art. 162 C.P.).
(xii) Que
el proyecto reciba sanción del Gobierno y, en caso de objeciones, que se haya
surtido el trámite correspondiente (Arts. 165 a 168 C.P.).
(xiii) Remisión
oportuna del tratado y de su ley aprobatoria a la Corte Constitucional (Art.
241 núm. 10 C.P.)”[46].
54. A
la luz de estos pasos que orientan la discusión y aprobación de un tratado
internacional al interior de la Congreso de la República, entra la Corte a
examinar el procedimiento adelantado en el caso específico del “Protocolo de
Nagoya-Kuala Lumpur sobre la responsabilidad y compensación suplementario al
Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología”.
2.2.1
Trámite en el Senado de la República
55.
Inicio. En cumplimiento del artículo 154 C.P. y tratándose de un tratado
internacional, el trámite de aprobación comenzó en el Senado de la República,
donde se le asignó el número 247/2017. Así consta en la Gaceta del Congreso 333
de 2017, en la que obra publicación oficial del proyecto de ley y la
correspondiente exposición de motivos.[47]
56.
Ponencia para primer debate. La ponencia para primer debate fue elaborada
por el Senador Jimmy Chamorro Cruz, quien rindió concepto favorable. Documento
publicado en la Gaceta del Congreso 444 de 2017.[48]
57.
Anuncio para primer debate. El Proyecto de Ley 247/2017 Senado fue
anunciado para primer debate en la Comisión Segunda del Senado en la sesión
ordinaria del miércoles 07 de junio de 2017, indicando que la discusión y
votación del proyecto se llevaría a cabo “en la próxima sesión de la
Comisión”.[49]
Luego, en la sesión del martes 13 de junio de 2017, se discutió el proyecto de
ley mencionado.[50]
Es
importante recordar en este punto, que la jurisprudencia constitucional no
exige el uso de fórmulas sacramentales, pues lo importante es que el anuncio, o
los sucesivos anuncios, tengan la entidad suficiente para transmitir
inequívocamente la intención de someter a votación un determinado proyecto en
una fecha determinada o determinable.[51]
58.
Discusión y aprobación. Consta en el Acta 27 de 2017 de la Comisión
Segunda, que contiene lo ocurrido en la sesión del martes 13 de junio de 2017,[52] que
el referido Proyecto se discutió y aprobó en primer debate con votación nominal
y pública, de 9 votos a favor y 0 en contra, respecto de la proposición final,
el articulado, su título y el querer de los Senadores de que el proyecto tuviera
segundo debate. Allí mismo se dispuso que el Proyecto siguiera su
curso, y se nombró al Senador Jimmy Chamorro como ponente para el segundo
debate en la Plenaria del Senado. El mecanismo y los resultados de la votación
fueron ratificados por la certificación enviada por el Secretario de la
Comisión Segunda a la Corte Constitucional.[53]
59.
Ponencia para segundo debate. Nuevamente fue elegido el Senador
Jimmy Chamorro Cruz como ponente para el debate ante la Plenaria. En Gaceta 515
de 2017[54]
se publicó el informe de ponencia, donde se propuso dar segundo debate al
Proyecto de Ley 247/2017.
60.
Anuncio para segundo debate. El Proyecto de la referencia fue anunciado en
la sesión plenaria del día martes 12 de septiembre de 2017 para
ser discutido y votado en la “próxima sesión”.[55]
61.
Discusión y aprobación. Consta en el Acta 16 de la sesión plenaria del día
miércoles 13 de septiembre de 2017,[56]
que después de discutir el Proyecto, la Presidencia del Senado sometió a
consideración de la Plenaria la proposición positiva con que termina el informe
de ponencia al Proyecto de Ley 247 de 2017. A través de votación nominal y
pública con registro electrónico, se dio como resultado 59 votos favorables.
Posteriormente, la Presidencia del Senado abrió la votación de la omisión de la
lectura del articulado, el articulado en bloque, el título y sobre el trámite
del Proyecto en la Cámara de Representantes. Mediante votación nominal y
pública con registro electrónico, el resultado fue 56 votos por el sí. Este
último resultado es consistente con la certificación que remitió a la Corte
Constitucional el Secretario General del Senado de la República,[57]
en el que detalla que, en la sesión plenaria del miércoles 13 de
septiembre de 2017 se realizó votación nominal y pública con los
resultados ya descritos.
62.
Publicación definitiva. En la Gaceta del Congreso 935 de 2017[58] se
realizó la publicación del texto definitivo del Proyecto de Ley 247 de 2017
aprobado en la sesión plenaria del Senado el día miércoles 13 de septiembre de
2017.
63.
Lapso entre debates. En cumplimiento del artículo 160 Superior, entre el
primer y segundo debate en el Senado transcurrió un lapso no inferior a ocho
días, pues el debate en Comisión Segunda tuvo lugar el día martes 13 de junio
de 2017, y en Plenaria el día miércoles 13 de septiembre de 2017.
Adicionalmente, como se evidencia a continuación, entre la aprobación en el
Senado y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes transcurrió
más de un mes.
2.2.2
Trámite en la Cámara de Representantes
64.
Ponencia para primer debate. La Gaceta del Congreso 985 de 2017[59]
contiene el informe de ponencia y texto propuesto para primer debate al
Proyecto de Ley mencionado, que en Cámara se le asignó el número 156 de 2017.
Esta fue realizada por los representantes, miembros de la Comisión Segunda,
Efraín Torres Monsalvo y Tatiana Cabello Flórez, quienes rindieron concepto
favorable y solicitaron a la Comisión dar primer debate al Proyecto. Teniendo
en cuenta que la ponencia favorable fue presentada el 24 de octubre de 2017, se
satisfacen ampliamente los tiempos de espera entre las cámaras del Congreso de
la República que consagra el artículo 160 Superior.
65.
Anuncio para primer debate. El Proyecto de Ley 156 de 2017 Cámara fue
anunciado en la sesión ordinaria en la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes, el día 18 de abril de 2018 para ser discutido y votado en “la
próxima sesión”.[60]
Así consta el Acta número 22 de 2018.
66.
Discusión y aprobación. En la siguiente sesión ocurrida el martes 24 de
abril de 2018, efectivamente tuvo lugar la discusión del citado Proyecto. Según
consta en el Acta número 23 de 2018, incluida en la Gaceta del Congreso 399 de
2018, la ponencia favorable fue sometida a discusión y votación[61]. El
informe de ponencia fue aprobado, a través de votación nominal y pública, con
10 votos a favor y 0 en contra, de los 10 asistentes. El articulado se aprobó
con 11 votos a favor y 0 en contra. Finalmente, se sometió a votación el título
del Proyecto y la posibilidad de que surta el segundo debate, obteniendo
nuevamente 11 votos por el sí y 0 por el no. Estos resultados
fueron corroborados con la certificación que el Secretario General de la
Comisión Segunda envió a la Corte.[62]
67.
Ponencia para segundo debate. Les correspondió nuevamente a los representantes
Efraín Torres Monsalve y Tatiana Cabello Flórez rendir ponencia sobre el
Proyecto de Ley 156 de 2017, esta vez ante la Plenaria de la Cámara de
Representantes. Según el informe publicado en la Gaceta del Congreso 360 de
2018,[63]
los representantes presentaron ponencia favorable y solicitaron dar segundo
debate al Proyecto.
68.
Anuncio para Segundo Debate. El Proyecto de la referencia fue anunciado en
la sesión ordinaria del día martes 12 de junio de 2018, donde se dispuso que sería
debatido en sesión Plenaria del miércoles 13 de junio de 2018 “o para el
siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos
legislativos”.[64]
Llegada la sesión del miércoles 13 de junio de 2018, se dispuso que el Proyecto
se dejaría para la plenaria del día lunes 18 de junio de 2018.[65] En
esta última, el Proyecto fue anunciado nuevamente para “la sesión plenaria
del día martes 19 de junio del 2018, o para la siguiente sesión plenaria en la
cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos”.[66] En
sesión Plenaria del día 20 de junio de 2018, que consta en el Acta de Plenaria
296 del mismo año, fue anunciado el Proyecto para la sesión de ese día.[67]
69.
Discusión y aprobación. En cumplimiento del anuncio realizado, el Proyecto
de Ley 156 de 2017 fue discutido y votado en la sesión del 21 de junio de 2018.
Consta en la Gaceta 811 de 2018[68]
que el informe de ponencia, el articulado, el título y la pregunta: ¿quiere la
Plenaria que este proyecto sea ley de la República?, fueron aprobados por la
Cámara de Representantes. De acuerdo con la certificación que envío el
Secretario General a la Corte Constitucional, el Proyecto fue aprobado en
sesión plenaria extraordinaria del día 21 de junio de 2018, a la cual
asistieron 123 representantes a la Cámara, fue discutido y aprobado a través de
votación nominal pública en segundo debate, así:[69]
·
Informe con el que termina la ponencia: Sí, 85 votos. No, 0
votos.
·
Articulado: Sí, 88 votos. No, 0 votos.
·
Título y pregunta: Sí, 84 votos. No, 1 voto.
70.
Publicación definitiva. En la Gaceta del Congreso 498 de 2018[70] se
publicó el texto definitivo aprobado del Proyecto de Ley 156 de 2017 en la
Plenaria de la Cámara de Representantes. Durante la
aprobación de este Proyecto no surgieron discrepancias entre lo aprobado en el
Senado de la República y la Cámara de Representantes, por lo que no hubo lugar
a conciliar.[71]
2.2.3.
Sanción y remisión
71. El 24 de julio de 2018, la Ministra de
Educación, actuando como delegataria de funciones presidenciales,[72] sancionó
la Ley 1926 de 2018. Así
mismo, firmaron la Viceministra de Relaciones Exteriores, el Ministro de Salud
y Protección Social y el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. A
continuación, y siguiendo el procedimiento constitucional para las leyes
aprobatorias de tratados internacionales,[73]
el 30 de julio de 2018, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República remitió a la Corte Constitucional copia autentica de la Ley 1926 de
2018, “por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur
sobre Responsabilidad y compensación, suplementario al Protocolo de Cartagena
sobre Seguridad de la Biotecnología”, para su revisión integral y previa. La
remisión se efectuó dentro del término previsto en el numeral 10 del artículo
241 de la Constitución Política, esto es, dentro de los seis días siguientes a
la sanción de la misma.
2.3.
Conclusión del análisis formal
72. El Proyecto de la Ley aprobatorio
del Protocolo de Nagoya Kuala-Lumpur, cumplió las exigencias requeridas por la Constitución: (i) surtió los cuatro debates de
aprobación con el quórum exigido y las mayorías necesarias; (ii) contó con las
publicaciones del Proyecto y las ponencias para cada debate; (iii) recibió los
anuncios previos a cada votación; (iv) cumplió los términos obligatorios entre
las votaciones en comisión y Plenaria de ambas cámaras, y entre Senado y Cámara
de Representantes; (v) su trámite no excedió dos legislaturas[74] toda vez que el Proyecto de Ley
aprobatorio fue radicado en el Senado el 12 de mayo de 2017 y finalizó el 21 de
junio de 2018; y (vi) fue enviado dentro del término constitucional a este
Tribunal para su revisión integral.
3. Análisis
material: el Protocolo de Nagoya -
Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y Compensación Suplementario al Protocolo de
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología es compatible
con la Carta Política de 1991
73. Una vez comprobado que el
trámite de aprobación fue cumplido a cabalidad, pasa la Corte a realizar el
análisis del contenido del “Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y
Compensación Suplementario al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la
Biotecnología”: (i)
en primer lugar, hará una breve explicación de la relación que tiene el Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur con el
Protocolo de Cartagena; luego, (ii) describirá de manera general la exposición
de motivos del Proyecto de Ley por medio del cual se aprobó el Protocolo de
Nagoya - Kuala Lumpur, para contextualizar lo que se
encuentra en discusión; y finalmente, (iii) analizará el articulado del
instrumento internacional.
3.1 El
Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur y su relación con el Protocolo de Cartagena
74. El
Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur se suscribió por Colombia el 7 de marzo de
2011, en el marco de las obligaciones contraídas por el Estado colombiano a
través del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del
Convenio sobre la Diversidad Biológica. El artículo 27 este instrumento
internacional, requirió a los Estados Partes “la elaboración apropiada de
normas y procedimientos internacionales en la esfera de la responsabilidad y
compensación por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de
organismos vivos modificados”.
75. El
Protocolo de Cartagena fue adoptado por el Estado colombiano por medio de la Ley
740 de 2002. Tanto el mencionado Protocolo como la citada Ley fueron declarados
exequibles por esta Corte mediante Sentencia C-071 de 2003, toda vez que no se
presentaron vicios en el trámite legislativo y los objetivos y fundamentos del
Protocolo de Cartagena resultaban compatibles con los preceptos
constitucionales relativos a la protección de la diversidad biológica y a las
relaciones internacionales del Estado. Respecto del citado artículo 27 del
Protocolo de Cartagena, la Corte no encontró problema de constitucionalidad
alguno. Sin embargo, precisó que “la determinación de normas y
procedimientos  internacionales en relación con la responsabilidad y
compensación por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de
organismos vivos modificados, deberá ser objeto de un instrumento internacional
específico que no puede considerarse como un simple acuerdo complementario o de
desarrollo del Protocolo sub examine, ya que evidentemente  puede dar  origen a
obligaciones nuevas para el  Estado colombiano, no previstas en el Protocolo
aludido  ni en el Convenio sobre la diversidad biológica, por lo que deberá ser
sometido a la aprobación del Congreso, al control automático de
constitucionalidad y demás reglas del derecho internacional en materia de tratados”.[75]
76. En
consecuencia, el Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur surge como desarrollo del
citado artículo 27 del Protocolo de Cartagena, el cual impuso la obligación a
los Estados Partes de elaborar normas tendientes a regular el tema de la
responsabilidad y compensación que pueda tener lugar por los daños que se
ocasionen con los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados (OVM).
No obstante, el hecho de que el Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur complemente
el Protocolo de Cartagena no significa que el presente análisis de
constitucionalidad, tal como lo sugieren algunos intervinientes, deba
circunscribirse a lo señalado por esta Corte en la sentencia C-071 de 2003,
pues tal como lo dispuso dicha providencia, el régimen de responsabilidades por
los daños causados por OVM necesita de un instrumento internacional propio con
un estudio de constitucionalidad independiente.
3.2. Exposición
de motivos del Proyecto de Ley por medio del cual se aprueba el Protocolo de
Nagoya - Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y Compensación Suplementario al
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología
77. La
exposición de motivos del Proyecto de Ley establece que la adopción del
Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur es relevante y necesaria como complemento
del Protocolo de Cartagena, ya que posibilita contar con un régimen legal
internacional sobre responsabilidad y compensación, generando confianza y un
entorno propicio para la aplicación de la biotecnología, de tal manera que se aproveche
el potencial del país en esta materia y se proteja la biodiversidad y la salud
humana frente a los daños que puedan ocurrir por la manipulación y manejo de
OVM. Por lo anterior, “el texto adopta los mecanismos de reparación
necesarios en caso de que ocurran daños a la biodiversidad, y de la misma
forma, crea un incentivo para que los operadores se esfuercen en garantizar la
seguridad en el desarrollo y la manipulación de OVM”.[76]
78. Señala
que el
aumento de las innovaciones derivadas de la manipulación genética de organismos
vivos, junto con una rápida difusión de los avances obtenidos a través de la
biotecnología, ha revolucionado la producción de bienes y servicios en temas de
salud, nutrición, producción industrial, agrícola y pecuaria. Esto por la aplicación
de una combinación nueva de material genético en un bien, utilizando técnicas
in vitro de ADN o la inyección, para controlar y modificar características
específicas de estos organismos, “creando plantas resistentes a insectos o
tolerantes a herbicidas y a sequías, microorganismos con capacidad de
remediación ambiental y productoras de combustibles o animales genéticamente
modificados, que contribuyen a lograr una mayor productividad y rendimiento en
procesos industriales, ambientales, de salud humana, agropecuarios y de
investigación”.[77]
79. Por
otro lado, resalta que Colombia es considerado un país megadiverso, por lo que
resulta de suma importancia proteger sus recursos naturales. “De conformidad
con la Política Nacional Biodiversidad 2009-2019, en nuestro territorio se
concentra alrededor del 10% de la diversidad biológica del planeta. De igual
manera forma parte del Grupo de Países Megadíversos Afines, los cuales albergan
hasta un 70% de la diversidad biológica mundo y un 45% de la población mundial,
que representa así mismo la mayor diversidad cultural del mundo. En ese
sentido, nuestra vulnerabilidad y nuestra responsabilidad frente a un eventual
daño a la biodiversidad son mayores”.[78]
80. Señala
que el Protocolo bajo examen se estructuró desde un enfoque administrativo,
privilegiando la aplicación de los sistemas jurídicos y las medidas
administrativas domésticas para hacer frente a los daños ambientales. En
consecuencia, “Colombia podría aplicar su legislación nacional vigente,
incluidas las normas generales y procedimientos sobre responsabilidad civil, en
caso de un daño a la diversidad biológica causado por movimientos
transfronterizos de un OVM. De igual manera, las autoridades nacionales podrán
desarrollar normas de responsabilidad civil y los procedimientos específicos a
los daños resultantes de la movilización de estos organismos en caso de ser
necesarios”[79].
Por esto, aclara que la ratificación del instrumento no genera cargas
administrativas adicionales para el Estado, pues no supone la creación de una
institucionalidad adicional.
3.3. Análisis del articulado
del Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur
81. El “Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur sobre
Responsabilidad y Compensación Suplementario al Protocolo de Cartagena sobre
Seguridad de la Biotecnología”, adoptado en Nagoya (Japón)
el 15 de octubre de 2010, y que ahora le corresponde a
la Corte Constitucional revisar integralmente, consta de un Preámbulo y
veintiún (21) artículos. Para una mejor comprensión y análisis, la Sala Plena
divide el Protocolo en seis partes: (i) el Preámbulo, que trae las
consideraciones que motivaron a los Estados Parte a adoptar un régimen de
responsabilidad y compensaciones por los daños que se causen con motivo de
movimientos transfronterizos de OVM; (ii) la delimitación del Protocolo
(artículos 1 al 4), en donde se definen las finalidades y ámbitos de aplicación
del Protocolo; (iii) los mecanismos (artículos 5 al 10) para cumplir los
objetivos trazados; (iv) la responsabilidad internacional y civil de los
Estados Parte (artículos 11 y 12), en la que se fijan las obligaciones de
las Partes en esta materia; (v) el andamiaje institucional (artículos 13
al 15) que consagra los órganos del Protocolo y sus funciones; y finalmente, (vi)
la relación con otros instrumentos internacionales y aspectos
formales del Protocolo (artículos 16 al 21), disposiciones que
regulan la forma en la
que los Estados pueden vincularse a este Protocolo y establece la manera en que
se compagina con el Protocolo de Cartagena y el Convenio sobre la
Diversidad Biológica.
3.3.1.
El Preámbulo del Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur
82. De acuerdo con la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969,[80] el Preámbulo
de un tratado es importante para la interpretación de su contenido, y podría
ser útil para entender su objeto y finalidad.[81]
En el Preámbulo del Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur se alude, en primer lugar, a los
principios 13 y 15 de la Declaración de Río sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, los cuales hacen referencia al deber de los
Estados de desarrollar normas sobre responsabilidad e indemnización por daños
ambientales y al enfoque de precaución en materia ambiental, respectivamente.
En segundo lugar, el Preámbulo reconoce la necesidad de proporcionar medidas de
respuesta apropiadas para aquellos casos en que haya daños o probabilidad
suficiente de daños, con arreglo al Protocolo de Cartagena, para lo cual
recuerda el artículo 27 de dicho instrumento, en el que se indica que la
Conferencia de las Partes del Protocolo de Cartagena adoptará un proceso en
relación con la elaboración apropiada de normas y procedimientos
internacionales en la esfera de la responsabilidad y compensación por daños
resultantes de los movimientos transfronterizos de OVM.
83. La
Corte considera que el Preámbulo del Protocolo resulta ajustado a la
Constitución Política. En efecto, la necesidad de desarrollar medidas de
responsabilidad y compensación ante los daños ambientales que se puedan
presentar por el movimiento transfronterizo de OVM, no sólo desarrolla el
artículo 27 del Protocolo de Cartagena, el cual fue declarado constitucional en
la Sentencia C-071 de 2003, sino que se acompasa con el artículo 80
constitucional, el cual impone al Estado la obligación de garantizar el
desarrollo sostenible, la conservación, restauración o sustitución de los
recursos naturales e imponer las sanciones y exigir la reparación de los daños
causados al medio ambiente.
84. En
cuanto al principio de precaución, basta señalar que este tiene su fundamento
en el deber constitucional de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental (Art. 80 C.P.), y el mismo ha sido acogido y desarrollado ampliamente
por la jurisprudencia constitucional. Así, en la Sentencia C-703 de 2010 señaló
esta Corte:
“Los principios que guían el derecho
ambiental son los de prevención y precaución, que persiguen, como propósito
último, el dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante
la afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente,
que lo comprometen gravemente, al igual que a los derechos con él relacionados.
Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las
consecuencias derivadas del desarrollo de determinado proyecto, obra o
actividad, de modo que la autoridad competente pueda adoptar decisiones antes
de que el riesgo o el daño se produzcan, con el fin de reducir sus
repercusiones o de evitarlas, opera el principio de prevención que se
materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto
ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto
es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de
conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente; en
tanto que el principios de precaución o tutela se aplica en los casos en que
ese previo conocimiento no está presente, pues tratándose de éste, el riesgo o
la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con
anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los
efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del conocimiento
científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas
consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los efectos
son nocivos”.[82]
85. Por
tanto, es claro que el Preámbulo del Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur no sólo respeta el texto constitucional,
sino que desarrolla principios y deberes consagrados en la Carta Política de
1991.
3.3.2. La delimitación del Protocolo (artículos 1 al 4)
86. De
acuerdo con el artículo 1, el objetivo del Protocolo es “contribuir
a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo
también en cuenta los riesgos para la salud humana, proporcionando normas y
procedimientos internacionales en la esfera de la responsabilidad y
compensación en relación con los organismos vivos modificados”. Este
propósito es consecuente con el mandato constitucional del derecho a la salud
(Art. 49 C.P.), así como con los deberes que tiene el Estado de proteger la
diversidad e integridad del ambiente (Art. 79 C.P.), garantizar el desarrollo
sostenible, conservación, restauración o sustitución de los recursos naturales
(Art. 80 C.P.) y exigir la reparación de los daños causados al medio ambiente
(Art. 80 C.P.).
87. La referencia simultánea a la
salud humana y a la conservación y utilización sostenible de la
diversidad biológica encaja correctamente en el concepto de Constitución
Ecológica,[83]
que ha venido construyendo la jurisprudencia de la Corte a partir de las
múltiples disposiciones constitucionales que se refieren al tema.[84] La
Carta Política de 1991 es una Constitución ‘verde’ o ‘ecológica’, como lo
expresó la Corte Constitucional por primera vez en la Sentencia T-411 de 1992.[85] Uno de los cambios que este concepto ha traído consigo es la
reconfiguración de la naturaleza, como una entidad con un valor intrínseco, que
es digna de protección no solo por su utilidad para el ser humano. En la
jurisprudencia han coexistido tres concepciones que dan
cuenta de esta discusión y de la progresiva reconfiguración del lugar que ocupa
la naturaleza en el ordenamiento: (i) el antropocéntrico, (ii) el biocéntrico y
(iii) el ecocéntrista[86].
88. Siguiendo esta última
aproximación, la Corte Constitucional ha reconocido el valor intrínseco de la
naturaleza y la necesidad imperiosa de incentivar una protección
más rigurosa a favor de ésta y de los seres que la integran.[87]
La Constitución Ecológica es un llamado a reflexionar sobre la profunda interdependencia
que ata el destino de la humanidad con el de la naturaleza y los demás seres
que la habitan.[88]
También es una invitación a contemplar, en el marco del
pluralismo democrático,[89]
distintas aproximaciones a los elementos de la naturaleza, y entender que estos
son dignos de “protegerse per se y no, simplemente, porque sean útiles o
necesarios para el desarrollo de la vida humana”.[90]
En este orden de ideas, “la naturaleza y el medio ambiente son un
elemento transversal al ordenamiento constitucional colombiano. Su importancia
recae por supuesto en atención a los seres humanos que la habitan y la
necesidad de contar con un ambiente sano para llevar una vida digna y en
condiciones de bienestar, pero también en relación a los demás organismos vivos
con quienes se comparte el planeta, entendidas como existencias merecedoras de
protección en sí mismas. Se trata de ser conscientes de la interdependencia que
nos conecta a todos los seres vivos de la tierra; eso es reconocernos como
partes integrantes del ecosistema global -biósfera-, antes que a partir de
categorías normativas de dominación, simple explotación o utilidad”.[91]
89. Ahora bien, dentro
de los elementos del ambiente que deben ser preservados, el Constituyente
consideró de gran relevancia la diversidad biológica nacional, por lo que
consagró en el artículo 79 de la Constitución Política el deber del Estado de
proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de
especial importancia ecológica. Conforme al Convenio Sobre la Diversidad
Biológica, celebrado en Río de Janeiro el 5 de Junio de 1992, aprobado por la
Ley 165 de 1994, “por diversidad biológica se entiende la variabilidad de
organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los
ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada
especie, entre las especies y de los ecosistemas” (art. 2º). Sobre la
importancia que tiene la diversidad biológica para el Estado colombiano ha
señalado este Tribunal:
“Colombia
es uno de los países que mayor interés debe tener respecto de los acuerdos
internacionales en materia de biodiversidad. La razón es, por lo demás,
sencilla: nuestro país ha sido reconocido a nivel mundial como uno de los
centros biológicos de mayor diversidad. Sobre el particular, basta con
remitirnos a la exposición de motivos […] cuando presentaron ante el Congreso
el proyecto de ley correspondiente al Convenio de Diversidad ya referenciado:
“países como Colombia, catalogados como 'megabiodiversos' no pueden darse el
lujo de anular una de las ventajas comparativas más críticas en las relaciones
internacionales y la economía del siglo XXI: los recursos genéticos y la
diversidad biológica. En muchos casos esta ventaja es absoluta cuando se trata
de especies endémicas, es decir únicas y no repetidas en lugar alguno del
planeta (...). “Colombia es uno de los 13 países del planeta que concentran el
60 por ciento de la riqueza biológica. […] Nuestro país reúne aproximadamente
el 10 por ciento de todas las especies animales y vegetales del globo, aunque
representa menos del 1 por ciento de la superficie terráquea. Esta
característica ubica al país en uno de los primeros lugares en diversidad de
especies por unidad de área, y número total de especies. “Un tercio de las
55.000 especies de plantas de Colombia son endémicas, lo que se considera una
riqueza sin igual, equivalente al 10% del total identificado (Bundestag, 1990).
El país cuenta, por ejemplo, con el 15% de las especies de orquídeas
clasificadas mundialmente; con más de 2.000 plantas medicinales identificadas y
con un número elevado de especies de frutos comerciales, silvestres o apenas
localmente cultivados, que son comestibles o que pueden llegar a ser utilizados
para el mejoramiento genético de especies cultivadas. “En el país se han
clasificado 338 especies de mamíferos, lo que representa un 8% del total de las
conocidas en el Planeta; el 15% de las especies primates vivientes; 1.754
especies de aves (18%); y casi 3.000 vertebrados terrestres”.[92]
90. En
el mismo sentido, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el concepto
de “desarrollo sostenible”, contenido en el artículo 80 constitucional, el cual
implica, entre otras cosas, armonizar el desarrollo socioeconómico de un país
con la protección del medio ambiente y el equilibrio ecológico.[93]
Al respecto ha indicado la Corte que “la disposición y explotación de los
recursos naturales no puede traducirse en perjuicio del bienestar individual o
colectivo, ni tampoco puede conducir a un daño o deterioro que atente contra la
biodiversidad y la integridad del ambiente, entendido como un todo. Por ello,
el desarrollo sostenible, la conservación, restauración y compensación
ambiental, hacen parte de las garantías constitucionales para que el bienestar
general y las actividades productivas y económicas del ser humano se realicen
en armonía y no con el sacrificio o en perjuicio de la naturaleza”.[94]
En consecuencia, la “utilización sostenible de la diversidad biológica” como
uno de los objetivos del Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur resulta plenamente acorde con las normas
constitucionales.
91. De
otra parte, el propósito de generar “normas y procedimientos internacionales
en la esfera de la responsabilidad y compensación en relación con los
organismos vivos modificados” resulta acorde con el mandato de imponer
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al medio
ambiente (Art. 80 C.P). Uno de los aspectos de mayor relevancia para las autoridades
ambientales colombianas es el potencial genético con el que cuenta el país,
dada la gran variedad de genes y material germoplástico que beneficia los
avances en áreas como la medicina, la agricultura y la industria.[95]
Por esta razón, el Constituyente manifestó un interés especial en la necesidad
de regular el ingreso y salida del país de los recursos genéticos y su
utilización, de acuerdo con el interés nacional (Art. 81 C.P.).
92. Este
potencial genético ha sido recientemente utilizado en el área de la
biotecnología a través de los OVM. Estos son “organismos cuyo material
genético ha sido alterado y recombinado de una forma nueva, a la que no se
llega de una manera natural”[96],
a través de procedimientos tecnológicos como la reproducción asistida y selección,
en los que se adquiere una nueva combinación genética que crea nuevos seres
vivos. En concreto, estos procedimientos aíslan los genes individuales del
genoma de un organismo o especie y los introducen en otro, por lo que al mover
los genes, se mueven sus rasgos y características.[97]
93. En
el caso de la agricultura, la aplicación de la biotecnología se amplió por la
necesidad de adaptar variedades vegetales a nuevas condiciones ecológicas y
favorecer reacciones frente a plagas o ecosistemas complejos, mediante la
utilización de características valiosas de otras especies desde el punto de
vista agronómico, alimentario, o ambiental, que no pueden cruzarse naturalmente
entre sí.[98]
Los primeros OVM fueron destinados al aumento en la producción de alimentos
suficientes para la población mundial. Hoy en día, con una población creciente,
es fundamental garantizar la alimentación y reducir las pérdidas de la
producción agrícola por enfermedades, insectos, bacterias o virus, por medio de
la modificación genética de las plantas.[99] Los OVM no
sólo aseguran más alimentos, sino unos más resistentes a plagas al detener la
propagación de enfermedades, garantizando más nutrientes en cada uno de ellos y
reduciendo el uso de pesticidas, lo que aumenta el margen de productividad para
los agricultores.[100]
94. A
pesar de los beneficios mencionados, la comunidad científica ha realizado
numerosas objeciones a la utilización de OVM, debido principalmente a los
efectos nocivos que pueden tener en el medio ambiente y en la salud de las personas,
dado que existe una incertidumbre científica sobre el impacto real de los
organismos transformados, a corto y largo plazo.[101]
Dentro de los impactos que se han documentado se encuentran, (i) la aparición
de alergias a causa de la transferencia de toxinas y uso de proteínas de
bacterias, (ii) la resistencia a antibióticos por parte de las bacterias que
habitan en el aparato digestivo humano, (iii) la falta de estabilidad genética
y bioquímica de las especies, (iv) el riesgo a la biodiversidad porque la
contaminación genética es irreversible, dado que los genes introducidos no se
pueden retirar, (v) el riesgo a la seguridad alimentaria de los países
involucrados, (vi) la mala calidad de las semillas que afectan la
productividad, (vii) el desplazamiento de la mano de obra por la adopción de
nuevas tecnologías, así como (viii) objeciones éticas a la transferencia no
natural de material genético entre especies distintas.[102]
95. A la luz de lo anterior, cobra pleno sentido el artículo 1 del Protocolo de Nagoya –
Kuala Lumpur, al consagrar sus objetivos centrales tanto en
función de la salud humana como de la diversidad biológica; toda vez que los OVM
plantean riesgos sobre estos aspectos, razón por la cual se hace necesario
establecer normas y procedimientos que permitan al Estado exigir
responsabilidad y compensaciones en relación con los daños que puedan causar
estos organismos.
96. El artículo 2 trae un
conjunto de términos utilizados para entender y aplicar el Protocolo
de Nagoya – Kuala Lumpur. Esto es común para este
tipo de instrumentos, particularmente cuando existen vocablos técnicos que
ameritan una explicación. En tanto se trata de disposiciones que no
consagran obligaciones o derechos, sino cláusulas orientadoras, no ameritan un
análisis constitucional detallado.[103] En este artículo se define lo que se entiende por “Conferencia
de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo”, “daño”,
“operador”, “medidas de respuesta” y se indican los factores que
se deben tener en cuenta para determinar cuándo se presenta un “efecto
adverso significativo”. Ninguna de estas definiciones genera problemas
constitucionales, pues se circunscriben a dotar de contenido algunos términos
que son fundamentales para entender y aplicar correctamente las diferentes
disposiciones del Protocolo. Vale la pena resaltar que el concepto de daño
tiene en cuenta tanto los efectos adversos para la diversidad biológica como
para la salud humana. Así mismo, dentro de las medidas de respuesta se
plantean aquellas encaminadas a prevenir un daño, así como las que se orientan
a restaurar la diversidad biológica. Finalmente, la amplitud del concepto de
operador, que hace referencia a “cualquier persona que tenga el control
directo o indirecto del organismo vivo modificado”, se explica por la
necesidad de no excluir de responsabilidad a ninguna persona que de alguna forma
tengan control sobre un OVM.
97. El artículo 3 define
el ámbito de aplicación del Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur. Se
señala que este instrumento internacional “se aplica a los daños resultantes
de los organismos vivos modificados cuyo origen fue un movimiento
transfronterizo”, bien sea intencional, involuntario o ilícito, para
lo cual se enuncian los OVM a los que se hace referencia. De igual manera, se
indica que el Protocolo aplica para los daños producidos dentro de los límites
de la jurisdicción nacional de los Estados Parte y que sucedan después de la
entrada en vigor de este instrumento para el Estado en cuya jurisdicción se
produjo el movimiento transfronterizo. Se establece que cada Estado puede
aplicar los criterios establecidos en su legislación nacional para abordar los
daños a los que hace referencia en el presente Protocolo. Finalmente, se
advierte que la legislación a través de la cual se implemente este instrumento
internacional se aplicará también a los daños resultantes de los movimientos
transfronterizos de OVM desde Estados que no son Partes.
98. La Corte advierte que el ámbito de aplicación
del Protocolo tiene una correspondencia con el objetivo del mismo, por lo que
las disposiciones del artículo 3 deben ser declaradas constitucionales. También
cabe destacar que la norma en cuestión respeta el principio de soberanía (Art.
9 C.P.) y da cumplimiento al mandato constitucional de internalización de las
relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre la base de la
reciprocidad (Art. 226 C.P.),[104]
al circunscribir el ámbito de aplicación a los límites de la jurisdicción
nacional de los Estados Partes y posibilitar la aplicación de normas nacionales
relativas a los daños que son objeto del Protocolo, así como aplicar la legislación
respectiva cuando los daños ocurran por el movimiento transfronterizo de un OVM
desde un Estado que no es parte del Protocolo.
99. El artículo 4 fija la
necesidad de establecer un vínculo causal entre el daño y el
respectivo OVM. La Corte no encuentra ningún reparo constitucional a
esta disposición, puesto que resulta razonable exigir un nexo de causalidad que
permita imputar el daño al agente generador, respetando en todo caso la
soberanía nacional al permitir que el Estado dote de contenido esta
disposición de acuerdo a su propia legislación.
3.3.3. Los mecanismos para
cumplir con los objetivos (artículos 5 al 10)
100. El artículo 5 alude a las medidas
de respuesta. Se establece el
procedimiento que deben seguir los Estados cuando se presenta un daño causado
por el movimiento transfronterizo de un OVM o cuando exista una probabilidad de
que tal daño se materialice, así como las medidas de respuesta y procedimientos
que los operadores de OVM deben adoptar en estas situaciones. Esta norma se ajusta a los postulados
constitucionales, tal como se explicará a continuación.
101. Los numerales 1 y 2 de la
norma prevén que el Estado requerirá al operador causante de un daño para que
(i) informe a la autoridad competente, (ii) evalúe el daño y (iii) tome las
medidas de respuesta apropiadas. Por su parte, la autoridad competente deberá
(i) identificar al operador causante del daño, (ii) evaluar el daño y (iii)
determinar las medidas de respuesta que debe adoptar el operador, mientras que
el numeral 4 autoriza a la respectiva autoridad a aplicar las medidas de
respuestas en caso de que el operador no lo haga. Estas disposiciones protegen
la diversidad e integridad del ambiente en tanto buscan restaurar los recursos
naturales que hayan sido objeto de algún daño (Arts. 79 y 80 C.P.) o proteger y
recuperar la salud de las personas en caso de que haya sido afectada por un OVM
(Art. 42 C.P.). No obstante, la Corte debe advertir que, en caso de que el
operador no adopte medidas de respuesta, la autoridad competente tiene el deber
de implementar las respectivas medidas. Por lo tanto, el numeral 4 del artículo
5 no puede entender como una potestad de la autoridad competente sino como una
obligación de realizar todas las acciones necesarias para mitigar los daños
causados por movimientos transfronterizos de OVM, en virtud del deber que tiene
el Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente (Art. 79 C.P.).
102. Por su parte, el numeral 3
establece que el operador deberá adoptar medidas de respuesta para evitar que
se produzcan daños, siempre y cuando se tenga información que indique que
existe tal posibilidad. La Corte advierte que esta disposición se ajusta
a la jurisprudencia constitucional que ha desarrollado los
principios de prevención y precaución en materia ambiental, los cuales exigen
implementar las acciones necesarias y adecuadas para mitigar o prevenir daños
al medio ambiente.[105]
103. El numeral 5 prescribe el derecho que tiene la respectiva autoridad a recuperar
del operador los gastos en que haya incurrido producto de la evaluación de los
daños y de la aplicación de las medidas de respuesta, sobre lo que la
Corte no encuentra reparo constitucional alguno, pues esta medida resarcitoria
busca que quien es responsable de ocasionar un daño asuma los costos que se
generan al repararlo, lo que resulta acorde con el deber impuesto al Estado por
el artículo 80 de la Constitución para que exija la reparación de los daños
causados al medio ambiente, así como con el principio de equidad que rige las
relaciones exteriores del Estado.
104. El numeral 6 alude al procedimiento para que
la autoridad competente requiera al operador para adoptar medidas de respuesta
ante un daño. Estas decisiones deberán ser fundamentadas, notificadas al
operador y tendrán que ser susceptibles de impugnarse administrativa o
judicialmente, lo que resulta plenamente acorde con el derecho al debido
proceso, el cual debe respetarse no sólo en actuaciones judiciales, sino
también administrativas (Art. 29 C.P.). Finalmente, los numerales 7 y 8 indican
que las medidas de respuesta se aplican conforme a la legislación nacional y
los Estados pueden evaluar si en su legislación sobre responsabilidad civil ya
se han abordado medidas de respuesta para estas situaciones, cuestión que
resulta acorde con el respeto a la soberanía nacional en materia de relaciones
exteriores.
105. El artículo 6 fija las exenciones
relativas al caso fortuito o fuerza mayor y a los actos de guerra o disturbio
civil como eximentes de las responsabilidades consagradas en el Protocolo de
Nagoya – Kuala Lumpur, las cuales pueden establecer los Estados en su
legislación, sin perjuicio de que pueda disponer otras exenciones o
circunstancias atenuantes que se consideren apropiadas. La Corte no encuentra
que esta facultad resulte arbitraria e impida cumplir los objetivos del
Protocolo, pues las causales a las que alude la norma resultan razonables y la propia
legislación nacional las consagra en diferentes normas como circunstancias
eximentes de responsabilidad en diferentes áreas.[106]
Además, la norma respeta el principio de soberanía en el manejo de las
relaciones exteriores al permitir que el Estado establezca otras causales
eximentes o atenuantes de responsabilidad que considere apropiadas.
106. El artículo 7 posibilita al Estado
disponer en su legislación plazos límite para el cumplimiento de
las obligaciones del Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur, incluidas las acciones
relativas a medidas de respuesta. Por su parte, el artículo 8 faculta al
Estado a fijar límites financieros para la recuperación de los
costos y gastos relacionados con las medidas de respuesta. Estas disposiciones
resultan constitucionales en la medida que respetan los principios de soberanía
y equidad en materia de relaciones exteriores, pues facultan al Estado para que
configure, de acuerdo a sus particularidades y necesidades, los plazos límite
que servirán para establecer adecuadamente los procedimientos a seguir en caso
de que se presenten daños o riesgos para el medio ambiente y la salud humana
como consecuencia de un movimiento transfronterizo de un OVM, así como los
límites que en materia financiera puede determinar el Estado en relación con
los costos y gastos que tengan que ver con las medidas de repuesta que se
implementen.
107. El artículo 9 sobre el derecho de
recurso, indica que el Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur no restringe
los derechos que puedan tener los operadores a interponer recursos u obtener indemnizaciones
respecto de cualquier persona. Esta norma garantiza el respeto de los derechos
que puedan tener los operadores, de acuerdo a la legislación nacional, para
impugnar decisiones o solicitar el reconocimiento de indemnizaciones, lo que
además resulta ajustado al derecho al debido proceso, razones suficientes para
declarar la constitucionalidad de la norma en cuestión.
108. El artículo 10 faculta al Estado a
establecer garantías financieras en su legislación nacional, de acuerdo
con los derechos y obligaciones consagrados en el derecho internacional. Así
mismo, se dispone que la Conferencia de las Partes solicitará a la Secretaría
que lleve a cabo un estudio que incluya (i) las modalidades de los mecanismos
de garantía financiera; (ii) una evaluación de los impactos ambientales,
económicos y sociales de dichos mecanismos, particularmente en los países en
desarrollo; y (iii) una identificación de las entidades apropiadas para
proporcionar garantías financieras. Así las cosas, este artículo es consecuente
con los principios de soberanía y equidad que rigen las relaciones exteriores,
pues le garantiza al Estado un margen de configuración en lo relativo a las
garantías financieras que puede establecer en su legislación, respetando en
todo caso el derecho internacional y contando con el apoyo que pueda brindar la
Secretaría del Protocolo a través del estudio que presente sobre este tema.
3.3.4. La responsabilidad internacional y civil de los Estados Parte
(artículos 11 y 12)
109. El artículo 11 precisa que las
disposiciones del Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur no afectan los compromisos
internacionales contraídos por el Estado en materia de  responsabilidad
por hechos internacionalmente ilícitos, por lo que en caso de configurarse
tal escenario, los Estados no puede sustraerse al cumplimiento de los derechos
y obligaciones previamente adquiridos. Esta disposición se ajusta a los
principios de reciprocidad y equidad, consagrados en el artículo 226
constitucional, pues garantiza que tanto el Estado colombiano como el resto de
Estados Partes del Protocolo, no pueden eludir los compromisos internacionales
previamente acordados para responder en caso de presentarse hechos
internacionalmente ilícitos, bajo el pretexto de haber suscrito el Protocolo de
Nagoya – Kuala Lumpur.
110. El artículo
12, relativo a la aplicación de la responsabilidad civil, faculta
al Estado a establecer en su legislación normas y procedimientos que se ocupen
de los daños, para lo cual puede (i) aplicar la legislación nacional existente
en materia de responsabilidad civil; (ii) aplicar o elaborar normas y
procedimientos sobre responsabilidad civil específicamente con este fin; o (iii)
aplicar o elaborar una combinación de ambos. En caso de que el Estado cree
normas y procedimientos sobre responsabilidad, se deberá tener en cuenta, entre
otros, los siguientes aspectos: (i) daños; (ii) estándar de responsabilidad;
(iii) canalización de la responsabilidad, donde proceda; y (iv) derecho a
interponer demandas. La Corte encuentra constitucional este artículo, pues resulta
acorde con el principio de soberanía, ya que permite al Estado fijar las reglas
y procedimientos que han de regir en materia de responsabilidad civil por los
daños que se puedan causar con el movimiento transfronterizo de OVM,
otorgándole la posibilidad de aplicar las normas que ya existan sobre la
materia, crear unas nuevas o emplear una combinación de ambas, de acuerdo a lo
que más convenga al Estado. Esta norma también desarrolla el principio de
legalidad[107] y los derechos
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,[108] en la medida en
que señala al Estado los elementos mínimos que deberá tener en cuenta en caso
de que decida crear normas sobre responsabilidad civil para regular la materia,
esto es, desarrollar los concepto de daño y responsabilidad y sus distintos
niveles, así como garantizar el derecho a interponer demandas por los hechos
objeto de regulación, garantizando de esta manera que las personas tengan
conocimiento sobre las circunstancias y condiciones en las que deberán
responder civilmente por los daños resultantes de los OVM cuyo origen sea un
movimiento transfronterizo.
3.3.5. El andamiaje institucional (artículos 13
al 15)
111. El artículo 13 prevé una evaluación y revisión de la eficacia del
Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur. Esta le
corresponde hacerla a la Conferencia de las Partes cinco años después de la
entrada en vigencia del Protocolo y en lo sucesivo cada cinco años, siempre que
los Estados partes hayan dado a conocer la información que se requiera para
realizar dicha evaluación. Lo anterior se llevará a cabo en el contexto de la
evaluación prevista para el Protocolo de Cartagena en el artículo 35 de dicho
instrumento. Finalmente, se advierte que la primera revisión incluirá una
evaluación de la eficacia de las garantías financieras y la aplicación de las
normas sobre responsabilidad civil, previstas en los artículos 10 y 12 del
Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur. Este mecanismo de evaluación no genera controversias
constitucionales, pues se trata de una medida dirigida a garantizar el
adecuado funcionamiento del Protocolo. Además, su orientación
objetiva, fundamentada en la información que presenten los Estados,
participativa y en el seno del órgano más representativo del Protocolo, resulta
acorde con el principio de equidad que rige las relaciones internacionales.
112. Los
artículos 14 y 15 establecen los órganos constitutivos del Protocolo de Nagoya
– Kuala Lumpur y explican su funcionamiento. El artículo 14 consagra el
principal órgano, a saber, la Conferencia de las Partes que actúa como
reunión de las partes, siendo este el mismo órgano establecido en el
artículo 29 del Protocolo de Cartagena. Este órgano debe mantener bajo
supervisión periódica la aplicación del Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur y
adoptar las decisiones que sean necesarias para promover su aplicación
efectiva. Por su parte, el artículo 15 hace referencia a la Secretaría
establecida por el artículo 24 del Convenio sobre la Diversidad Biológica,[109]
quien actuará también como Secretaría del presente Protocolo. Normalmente, el
análisis constitucional sobre estos puntos supone una amplia deferencia al
Gobierno Nacional, quien junto con las demás delegaciones acordaron la constitución
interna del Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur para su correcto funcionamiento.
La Corte encuentra que estos preceptos en nada vulneran el cuerpo normativo
constitucional y, por el contrario, complementan las demás disposiciones
contenidas en el Protocolo, cuya constitucionalidad e importancia ha sido
advertida en esta providencia, toda vez que los órganos a los que se ha hecho
referencia se erigen como instancias necesarias para garantizar adecuadamente
la implementación de las diferentes disposiciones que componen este instrumento
internacional. Aunado a lo anterior, se advierte que la constitucionalidad de
estos mismos órganos ya fue analizada por la Corte en las sentencias C-071 de
2003 y C-519 de 1994, mediante la cuales se estudiaron el Protocolo de
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y el Convenio obre Diversidad
Biológica, respectivamente. En ambas providencias la Corte encontró ajustados a
la Constitución la creación y funcionamiento de la Conferencia de las Partes y
la Secretaría.
3.3.6.
Relación con otros instrumentos internacionales y aspectos formales (artículos
16 al 21)
113. El
artículo 16 establece la relación que existe entre el
Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur con el Protocolo de Cartagena sobre
Seguridad de la Biotecnología y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Se
indica que el Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur complementa el Protocolo de
Cartagena y las disposiciones tanto del Convenio como del Protocolo de
Cartagena se aplican, mutatis mutandis, al presente Protocolo, aclarando
que este no afectará los derechos y obligaciones del Estado conforme al derecho
internacional. Sobre esta disposición debe reiterarse que, tanto el Protocolo
de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología como el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, fueron declarados exequibles por esta Corte, por lo que
no se encuentra reparo de constitucionalidad alguno. Este artículo satisface
los principios de soberanía y reciprocidad, pues las disposiciones del
Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur no afectan los compromisos y derechos
adquiridos por el Estado colombiano a nivel internacional y se aplican, en lo
pertinente, las normas del Protocolo de Cartagena y del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, instrumentos que fueron suscritos y ratificados por el
Estado colombiano y declarados exequibles por esta Corte.
114. Finalmente, el Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur delimita los aspectos procedimentales de dicho instrumento, los
cuales no vulneran precepto constitucional alguno. Por lo general, la Corte no
entra a hacer un análisis detenido sobre este asunto, pues suelen incluirse
cláusulas que “reflejan aspectos
operativos y técnicos propios de cualquier instrumento internacional
multilateral”.[110] Así, el artículo 17 señala que el Protocolo queda abierto
a la firma de las Partes en el Protocolo de Cartagena en la Sede
de las Naciones Unidas en Nueva York desde el 7 de marzo de 2011 hasta el 6 de
marzo de 2012. El artículo 18 establece la entrada en vigor
del Protocolo, ofreciendo un plazo razonable para que todo Estado parte se
prepare con antelación, de manera que pueda honrar los compromisos allí
adquiridos. El artículo 19 indica que no podrán formularse reservas
al Protocolo. Aunque la capacidad de un Estado para introducir modificaciones o
salvedades es reconocida expresamente por la Convención de Viena, bajo algunas
restricciones,[111]
la Corte encuentra esta disposición ajustada a la Constitución Política.
Si bien es cierto que la prohibición total de incluir reservas restringe el
margen de acción del Estado, dicha cláusula debe leerse en conjunto con la
posibilidad de invocar exenciones en algunos casos concretos, según las
necesidades nacionales y siguiendo los procedimientos fijados para ello.[112] Luego,
subsiste un margen de flexibilidad suficiente para los Estados parte. El artículo
20 permite que, en cualquier momento después de dos años contados a partir
de la fecha de entrada en vigor del Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur respecto
de una Parte, esa Parte podrá denunciar el Protocolo. La denuncia cobrará efecto al cabo de un año. La potestad de un
Estado para apartarse de un Tratado al cual voluntariamente se vinculó también
hace parte de sus competencias básicas en el derecho internacional y en el
manejo de sus relaciones con la comunidad internacional.[113]
Igualmente, el plazo de dos años es razonable para que el compromiso inicial de
vinculación sea efectivo y acorde con la buena fe. Finalmente, el artículo
21 se refiere a la autenticidad de los textos, los cuales se
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, aspecto que
tampoco tiene ningún reparo constitucional.
3.4. Conclusión
115. El Protocolo de Nagoya -
Kuala Lumpur, suscrito en el marco de las obligaciones contraídas por el Estado
mediante el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del
Convenio sobre la Diversidad Biológica, se ocupa de desarrollar normas y
procedimientos en la esfera de la responsabilidad y compensación en relación
con los daños que puedan producirse por el movimiento transfronterizo de OVM.
En particular, este Protocolo es consecuente con el
mandato constitucional del derecho a la salud (Art. 49 C.P.); así como con los
deberes que tienen tanto los particulares, como las autoridades públicas, en
relación con la protección del medio ambiente y los recursos naturales (Arts. 8, 79 y 80 C.P.).
116. De
igual manera, los derechos y obligaciones que consagra el Protocolo de Nagoya -
Kuala Lumpur, así como su estructura y funcionamiento, son compatibles con los
criterios de soberanía, equidad y reciprocidad que deben orientar las
relaciones internacionales del Estado colombiano (Arts. 9, 226 y 227 C.P.). La
Corte Constitucional ha señalado que la celebración de instrumentos
internacionales que otorgan al Estado herramientas necesarias para proteger y
conservar su biodiversidad resulta plenamente ajustado a los mandatos
constitucionales. Al respecto ha indicado: “los compromisos que adquiera
Colombia a nivel internacional para llevar a término acciones conjuntas para
proteger las riquezas naturales de la Nación, claramente desarrollan el
propósito del Constituyente de 1991 de promocionar la internacionalización de
las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas de país sobre la
base de la equidad, reciprocidad y conveniencia nacional y la integración
económica, social y política de la nación colombiana, con las demás naciones
del mundo (C.P., arts. 226 y 227)”.[114]
117. De
conformidad con lo expuesto, la Corte Constitucional concluye que, tanto el Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur sobre
Responsabilidad y Compensación Suplementario al Protocolo de Cartagena sobre
Seguridad de la Biotecnología como su ley aprobatoria, Ley 1926 de 2018, son plenamente
respetuosos de las normas constitucionales.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de Colombia, en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.-
Declarar
EXEQUIBLE el “Protocolo de
Nagoya - Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y Compensación Suplementario al
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología”, adoptado en Nagoya el 15 de octubre de
2010.
SEGUNDO.-
Declarar
EXEQUIBLE la Ley 1926 de 2018,
por
medio de la cual se aprueba el “Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur sobre
Responsabilidad y Compensación Suplementario al Protocolo de Cartagena sobre
Seguridad de la Biotecnología”, adoptado en Nagoya el 15 de octubre de 2010.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
cúmplase y publíquese.
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Mediante Oficio
OFI18-00084570 / JMSC 110200. Cuaderno único, folio 1. En adelante, todos los
folios citados harán referencia a este cuaderno de la Corte Constitucional.
[2] Folios 19-20.
[3] Folio 227.
[4] Folio 229.
[5] Folio 229.
[6] MP. Álvaro Tafur
Galvis.
[7] Folio 243.
[8] Folio 242.
[9] Folio 263.
[10] Folio 264.
[11] Folio 293.
[12] Folio 292.
[13] Folio 4.
[14] Folio 4.
[15] Folio 6.
[16] Folio 252.
[17] Folio 253.
[18] Sentencia C-048 de 2018. MP. Cristina Pardo Schlesinger. Citando, a su vez, Sentencias C-468 de 1997. MP. Alejandro Martínez;
C-378 de 1996 MP. Hernando Herrera; C-682 de 1996 MP. Fabio Morón; C-400 de
1998 MP. Alejandro Martínez; C-924 de 2000 MP. Carlos Gaviria; C–576 de 2006
MP. Manuel José Cepeda Espinosa; y C-332 de 2014. MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[19] Sentencia
C-781 de 2004. MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[20] Incorporada al ordenamiento interno a través de la
Ley 32 de 1985.
[21] Folio 230.
[22] Folio 230.
[23] Sentencia SU-123 de 2018. MMPP. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimny Yepes.
[24] Sentencia
C-366 de 2011. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[25] Sentencia C-1051 de 2012 MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[26] Sentencia T-129 de
2011. MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
[27] Sentencia C-196 de 2012. MP. María
Victoria Calle Correa.
[28] Sentencias C-702 de 2010. MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; y C-048 de 2018. MP. Cristina Pardo Schlesinger.
[29] Para ver un resumen de la línea jurisprudencial sobre
este tema, ver Sentencia C-1051
de 2012. MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez y C-214 de 2017. MP. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[30] MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[31] Ver, entre otras:
- Sentencia C-615 de
2009. MP. Humberto Antonio Sierra Porto, donde la Corte llevó a cabo el proceso
de revisión automática de la Ley 1214 de 2008, “Por medio de la cual se
aprueba el Acuerdo para el Desarrollo Integral y Asistencia Básica
de las Poblaciones Indígenas Wayuu de la República de Colombia y de la
República de Venezuela”.
- Sentencia C-915 de 2010. MP. Humberto Sierra Porto,
en el proceso de revisión automática de la Ley 1360 de 2009 “Por medio de la
cual se aprueba el Acuerdo sobre medio ambiente entre Canadá y la Republica de
Colombia hecho en Lima (Perú) el veintiuno (21) de noviembre de 2008 y el Canje
de notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009 por
medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo sobre
medio ambiente entre Canadá y la República de Colombia”.
- Sentencia C-941 de 2010. MP. Jorge Iván Palacio
Palacio, dentro del proceso de revisión automática de la Ley 1372 de
2010, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Libre Comercio
entre la República de Colombia y los Estados AELC, el Memorando de
Entendimiento relativo al Acuerdo de Libre Comercio entre la República de
Colombia y los Estados de la AELC y el Canje de Notas respecto del Capítulo 4
del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados
AELC, suscritos en Ginebra, a los 25 días del mes de noviembre de dos mil ocho;
el Acuerdo sobre Agricultura entre la República de Colombia y la Confederación
Suiza, hecho en Ginebra, a los 25 días del mes de noviembre de 2008; el Acuerdo
sobre Agricultura entre la República de Colombia y la República de Islandia,
hecho en Ginebra, a los 25 días del mes de noviembre de 2008; y el Acuerdo
sobre Agricultura entre la República de Colombia y el Reino de Noruega, hecho
en Ginebra, a los 25 días del mes de noviembre de 2008”.
- Sentencia C-027 de 2011. MP. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, dentro del proceso de revisión automática de la Ley 1254 de 2008, “Por
medio de la cual se aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la
República de Colombia”.
- Sentencia C-187 de 2011. MP. Humberto Sierra Porto,
en el proceso de revisión automática de la Ley 1411 de 2010, “Por medio de
la cual se aprueba el Acuerdo en materia de informes anuales sobre derechos
humanos y libre comercio entre la República de Colombia y Canadá hecho en Bogotá
el día 27 de mayo de 2010”.
- Sentencia C-196 de 2012 MP. María Victoria Calle
Correa, dentro del proceso de revisión automática de la Ley 1458 del 29 de
junio de 2011, “por medio de la cual se aprueba el “Convenio Internacional
de Maderas Tropicales, 2006”.
- Sentencia C-293 de 2012. MP. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub en el proceso de revisión automática de la Ley 1461 de 2011, “Por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo sobre el establecimiento de la
red internacional del bambú y el ratán”.
- Sentencia C-767 de 2012. MP. María Victoria Calle
Correa en la que esta Corporación llevó a cabo el proceso de revisión
automática de la Ley 1516 del 6 de febrero de 2012, “Por medio de la cual se
aprueba la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de
las expresiones culturales, firmada en París el 20 de octubre de 2005”.
- Sentencia C-822 de 2012. MP. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub dentro del proceso de revisión automática de la Ley 1512 del 6 de
febrero de 2012, “Por medio de la cual se aprueba la ´Convención del Metro´
firmada en París el 20 de mayo de 1875 y modificada el 6 de octubre de 1921 y
´Reglamento Anexo´”.
- Sentencia C-1051 de 2012. MP. Luis Guillermo
Guerrero Pérez, en el proceso de revisión automática de la Ley 1518 del 13 de
abril de 2012, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio Internacional
para la Protección de Obtenciones Vegetales’, del 2 de diciembre de 1961,
revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el
19 de marzo de 1991”.
- Sentencia
C-214 de 2017. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado, en el proceso de revisión
automática de la Ley 1794 de
2016 “Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Marco entre las Naciones
Unidas y el Gobierno de la República de Colombia relativo a las contribuciones
al sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas para las
operaciones de mantenimiento de la paz suscrito en la ciudad de Nueva York el
26 de enero de 2015”.
- Sentencia
C-048 de 2018. MP. Cristina
Pardo Schlesinger, en el proceso de revisión automática de la Ley 1844 de 2017
“por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de París”.
[32] Al
respecto, la Sentencia C-1051 de 2012. MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez
explicó que: “La propia jurisprudencia ha destacado que el carácter bilateral
o multilateral del tratado internacional puede tener alguna incidencia en la
forma como debe llevarse a cabo la consulta a las comunidades étnicas // Para
el caso de los tratados bilaterales, en especial aquellos de naturaleza
comercial, la etapa de negociación suele realizarse en diversas rondas, a lo
largo de las cuales se discuten capítulos específicos del acuerdo. Bajo ese
esquema, cuando quiera que se aborden asuntos que afecten directamente a los
grupos étnicos, éstos deberán ser consultados, pudiendo darse la consulta
durante las respectivas rondas, o, como ya se anotó, cuando se cuente con
un texto aprobado por las partes // Frente a los tratados de naturaleza
multilateral, el proceso de negociación suele operar a la manera de las
asambleas parlamentarias o congresos nacionales, a través de la celebración de
conferencias que tienen lugar, en la mayoría de los casos, en el seno de las
respectivas organizaciones internacionales. Así, una vez es convocada la
conferencia internacional, se acostumbra conformar comisiones encargadas de
revisar determinadas materias, cuyos textos aprobados deberán ser luego
sometidos a la respectiva plenaria. Conforme con ello, la Corte ha considerado
que la consulta previa a las comunidades indígenas puede tener lugar  “al
momento de construir la posición negociadora colombiana ante el respectivo foro
internacional, con el propósito de que las minorías aporten valiosos elementos
de juicio al respecto y como expresión del cambio de paradigma respecto de las
relaciones de los Estados con las minorías étnicas existentes dentro de su
territorio; pero en todo caso la consulta obligatoria será la que se realice
con posterioridad a la suscripción del acuerdo pero antes de la aprobación
congresional, con el propósito de que los parlamentarios conozcan las
consecuencias que, en materia de preservación de los derechos de las minorías,
puede implicar la aprobación del tratado internacional”.
[33] Sentencia C-077 de 2017. MP. Luis Ernesto Vargas
Silva: “117. Aunque el Convenio 169 indica que los pueblos indígenas y
tribales deben ser consultados “cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente”, contempla, también,
un catálogo de medidas respecto de las cuales la consulta debe agotarse siempre.
Dentro de ese catálogo se encuentran aquellas que: i) involucran la prospección
o explotación de los recursos existentes en las tierras de los pueblos
indígenas o tribales ; ii) las que implican su traslado o reubicación de las
tierras que ocupan ; iii) las relativas a su capacidad de enajenar sus tierras
o de transmitir sus derechos sobre estas fuera de su comunidad ; iv) las
relacionadas con la organización y el funcionamiento de programas especiales de
formación profesional ; v) la determinación de las condiciones mínimas para
crear instituciones de educación y autogobierno  y vi) las relacionadas
con la enseñanza y la conservación de su lengua”.
[34] Sentencia C-175 de 2009. MP. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[35] Ibíd.
[36] Ver sentencias C-175 de 2009. MP. Luis Ernesto Vargas
Silva, C-366 de 2011. MP. Luis Ernesto Vargas Silva y C-073 de 2018. MP.
Cristina Pardo Schlesinger.
[37] Sentencia C-073 de 2018 MP. Cristina Pardo
Schlesinger, reiterando las sentencias C-068 de 2013. MP. Luis Guillermo
Guerrero Pérez, C-366 de 2011 y C-175 de 2009 MP. Luis Ernesto Vargas Silva;
C-063 de 2010. MP. Humberto Antonio Sierra Porto; C-030 de 2008. MP. Rodrigo
Escobar Gil.
[38] Constitución Política, artículos 329 y 330
(parágrafo); Sentencia C-068 de 2013 MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[39] Sentencias C-389 de 2016. MP. María Victoria Calle
Correa; C-196 de 2012. MP. María Victoria Calle Correa; C-366 de 2011. MP. Luis
Ernesto Vargas Silva; C-175 de 2009. MP. Luis Ernesto Vargas Silva; C-030 de
2008. MP. Rodrigo Escobar Gil.
[40] Sentencia C-077 de 2017. MP. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[41] Sentencia C-077 de 2017. MP.
Luis Ernesto Vargas Silva: “117. Aunque el Convenio 169 indica que los
pueblos indígenas y tribales deben ser consultados “cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente”, contempla, también, un catálogo de medidas respecto de las
cuales la consulta debe agotarse siempre. Dentro de ese catálogo se encuentran
aquellas que: i) involucran la prospección o explotación de los recursos
existentes en las tierras de los pueblos indígenas o tribales ; ii) las que
implican su traslado o reubicación de las tierras que ocupan ; iii) las
relativas a su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir sus derechos
sobre estas fuera de su comunidad ; iv) las relacionadas con la organización y
el funcionamiento de programas especiales de formación profesional ; v) la
determinación de las condiciones mínimas para crear instituciones de educación
y autogobierno  y vi) las relacionadas con la enseñanza y la conservación
de su lengua”.
[42] Sentencia C-068 de 2013. MP. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, reiterando las sentencias C-366 de 2011 y C-175 de 2009 MP. Luis Ernesto
Vargas Silva; C-063 de 2010. MP. Humberto Antonio Sierra Porto, reiterando la
Sentencia C-030 de 2008. MP. Rodrigo Escobar Gil.
[43] Sentencia
C-214 de 2017. MP. Gloria
Stella Ortiz Delgado. Para un caso similar, ver Sentencia C-144 de 2018. MP. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[44] Sentencia
C-073 de 2018. MP. Cristina Pardo Schlesinger.
[45] Sentencia C–011 de
2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. Ver también Sentencia C-214 de 2017. MP.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[46] Sentencia C-144 de 2018. MP. Antonio José Lizarazo
Ocampo. Cita original con pies de página.
[47] Gaceta del Congreso 333 de 2017. Folios 131-136.
[48] Gaceta del Congreso 444 de 2017. Folios147-149.
[49] Gaceta del Congreso 763 de 2017, que contiene el Acta
26 de 2017. Folio 181.
[50] Gaceta
del Congreso 763 de 2017, que contiene el Acta 27 de 2017. Folio 182.
[51] Jurisprudencia sistematizada en la Sentencia C-533 de
2008 MP. Clara Inés Vargas Hernández. Reiterada en Sentencias C-305 de 2010 MP.
Luis Ernesto Vargas Silva; C-982 de 2010 MP. María Victoria Calle Correa; C-214
de 2017 MP. Gloria Stella Ortiz Delgado y C-144 de 2018. MP. Antonio José
Lizarazo Ocampo.
[52] Gaceta
del Congreso 763 de 2017, que contiene el Acta 27 de 2017. Folio 56-60.
[53] Folios 125-126.
[54] Gaceta
del Congreso 515 de 2017. Folios 156-158.
[55] Gaceta
del Congreso 52 de 2018, que contiene el Acta 15 de 2017. Folio 122.
[56] Gaceta
del Congreso 53 de 2018, que contiene el Acta 16 de 2017. Folio 122.
[57] Folio
122.
[58] Gaceta
del Congreso 935 de 2017. Folio 123.
[59] Gaceta
del Congreso 985 de 2017. Folio 48-50.
[60] Gaceta
del Congreso 271 de 2018, que contiene el Acta 22 de 2018. Folio 62.
[61] Gaceta
del Congreso 399 de 2018, que contiene el Acta 23 de 2018. Folios 86-88.
[62] Folios
36-37.
[63] Gaceta
del Congreso 360 de 2018. Folios 105-112.
[64] Gaceta del Congreso 700 de 2018, que contiene el Acta
Plenaria 292 de 2018.
[65] Gaceta del Congreso 737 de 2018, que contiene el Acta
Plenaria 293 de 2018.
[66] Gaceta del Congreso 725 de 2018, que contiene el Acta
Plenaria 294 de 2018.
[67] Folio 30.
[68] Gaceta del Congreso 811 de 2018, que contiene el Acta
Plenaria 297 de 2018.
[69] Folio
30.
[70] Gaceta del Congreso 498 de 2018. Folio 29.
[71] Folio 30.
[72] Mediante
Decreto No. 1255 del 19 de julio de 2018. En su artículo primero dispone que,
entre las funciones que se delegaron temporalmente en la Ministra de Educación,
están aquellas descritas en el artículo 189, salvo los numerales 1º y 2º,
permitiendo la sanción de las leyes a la que se refiere el numeral 9.
[73] Constitución Política, artículo 241, numeral 10.
[74] Esto es, desde la radicación del
Proyecto hasta su aprobación en cuarto debate. Sentencia C-099 de 2018. MP. Antonio José Lizarazo
Ocampo.
[75] Sentencia C-071 de 2003. MP. Álvaro Tafur Galvis.
[76] Folio
13.
[77] Folio 10.
[78] Folio 11.
[79] Folio 13.
[80] Incorporada al ordenamiento interno a través de la
Ley 32 de 1985.
[81] Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados (1969). Artículo 31.
[82] Sentencia
C-703 de 2010. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. SPV.
Mauricio González Cuervo.
[83] Esta denominación ha sido reiterada en diferentes
sentencias, entra las que se cuentan: C-431 de 2002. MP. Vladimiro Naranjo Mesa; C-750 de
2008. MP. Clara Inés Vargas Hernández; C-595 de 2010. MP. Jorge Iván Palacio
Palacio; C-123 de 2014. MP. Alberto Rojas Ríos; C-449 de 2015. MP. Jorge Iván
Palacio Palacio; C-041 de 2017. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván
Palacio Palacio; C-219 de 2017. MP. Iván Humberto Escrucería Mayolo; C-664 de
2017. MP. Alejandro Linares Cantillo, C-048 de 2018. MP, Cristina Pardo
Schlesinger.
[84] En
pocas palabras, en el marco constitucional de 1991, el ambiente sano tiene una
triple dimensión: “es un principio que irradia todo el orden jurídico correspondiendo al
Estado proteger las riquezas naturales de la Nación; es un derecho
constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las personas a
través de diversas vías judiciales; y es una obligación en cabeza de las
autoridades, la sociedad y los particulares, al implicar deberes calificados de
protección. Además, la Constitución contempla el “saneamiento ambiental” como
servicio público y propósito fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366 superiores” Sentencia C-664 de 2017. MP. Alejandro Linares Cantillo, citando las sentencias C-449 de 2015. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-041 de 2017. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio.
[85] MP. Alejandro Martínez
Caballero.
[86] Sentencia C-664 de 2017. MP. Alejandro Linares Cantillo.
[87] Sentencia C-048 de 2018. MP. Cristina Pardo Schlesinger.
[88] Sentencia C-449 de 2015. MP.
Jorge Iván Palacio Palacio.
“[P]ara la Corte que el humano es un ser más en el planeta y depende
del mundo natural, debiendo asumir las consecuencias de sus acciones. No se
trata de un ejercicio ecológico a ultranza, sino de atender la realidad
sociopolítica en la propensión por una transformación respetuosa con la
naturaleza y sus componentes. Hay que aprender a tratar con ella de un modo
respetuoso. La relación medio ambiente y ser humano acogen significación por el
vínculo de interdependencia que se predica de ellos”
[89] Constitución Política, artículos 1, 7 y 70. La jurisprudencia ha recordado que la
Constitución colombiana “rechaza posturas universalistas y de asimilación de
la diferencia, basadas en la homogeneidad en la comprensión de los derechos y
acepta, aunque de forma moderada, el pluralismo jurídico” (Sentencia C-366 de 2011. MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[90] Sentencia C-666 de 2010. MP. Humberto Antonio Sierra
Porto.
[91] Sentencia T-622 de 2016. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio. En el mismo sentido se ha pronunciado recientemente
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien dio cuenta de un giro
regional en la concepción de la naturaleza, que apunta hacia una protección más
integral y armónica con el medio ambiente. Al respecto señaló dicho Tribunal: “Esta
Corte considera importante resaltar que el derecho al medio ambiente sano como
derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del
medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses
jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo
a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio
ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o
por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las
personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su
importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta,
también merecedores de protección en sí mismos. En este sentido, la Corte
advierte una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la
naturaleza no solo en sentencias judiciales sino incluso en ordenamientos
constitucionales. // De esta manera, el derecho a un medio ambiente sano como
derecho autónomo es distinto al contenido ambiental que surge de la protección
de otros derechos, tales como el derecho a la vida o el derecho a la integridad
personal”. CIDH (2017). Opinión Consultiva. OC-23/17 de 15 de noviembre de
2017 solicitada por la República de Colombia.
[92] Sentencia C-519 de 1994. MP.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[93] La jurisprudencia constitucional
ha definido el desarrollo sostenible como “el modelo de desarrollo que
permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas
propias” (Sentencia C-137 de 1996. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz). Así mismo,
se ha señalado que el desarrollo sostenible tiene cuatro aristas: “(i) la
sostenibilidad ecológica, que exige que el desarrollo sea compatible con el
mantenimiento de la diversidad biológica y los recursos biológicos, (ii) la
sostenibilidad social, que pretende que el desarrollo eleve el control que la
gente tiene sobre sus vidas y se mantenga la identidad de la comunidad, (iii)
la sostenibilidad cultural, que exige que el desarrollo sea compatible con la
cultura y los valores de los pueblos afectados, y (iv) la sostenibilidad
económica, que pretende que el desarrollo sea económicamente eficiente y sea
equitativo dentro y entre generaciones.” (Sentencia T-574 de 1996. MP.
Alejandro Martínez Caballero).
[94] Sentencia T-622 de
2016. MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
[95] IDEM.
[96] Sentencia C-583 de
2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[97] IDEM.
[98] IDEM.
[99] IDEM.
[100] IDEM.
[101] IDEM.
[102] IDEM.
[103] En el mismo sentido, ver Sentencia C-048 de 2018. MP. Cristina Pardo
Schlesinger.
[104] En materia de reciprocidad la Corte Constitucional ha
señalado que “debe entenderse en dos sentidos, uno estricto, que se explica
como la exigencia de ventajas para dar así concesiones. En su acepción amplia,
que puede calificarse como reciprocidad multilateralizada, se acepta que toda
preferencia será extendida a todos los participantes creándose así una relación
de mutuo beneficio entre cada uno de los partícipes”. Sentencia C-564 de
1992. MP Eduardo Cifuentes Muñoz, reiterada en Sentencia C-048 de 2018. MP.
Cristina Pardo Schlesinger.
[105] La Sentencia T-733 de 2017 (MP. Alberto Rojas Ríos)
señaló que el principio de precaución tiene como fin “actuar sin que se
encuentre la prueba absoluta de causa a efecto, a fin de evitar que la generación
de daños potenciales tendría consecuencias irreversibles para el ambiente o la
salud, todo esto originado por una sustancia o actividad”, mientras que la
aplicación del principio de prevención “se da en aquellos casos en los
cuales es posible identificar las consecuencias que una medida puede tener
sobre el medio ambiente,  como consecuencia de ello, se exige que la autoridad
competente adopte estrategias que eviten el acaecimiento del daño”.
[106] La fuerza mayor y el caso fortuito se establecen, entre
otras normas, en los artículos 51 y 173 del Código Sustantivo del Trabajo; 928
y 929 del Código de Comercio; 180 y 212 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ahora bien, los “actos de
guerra o disturbio civil” a los que se refiere el artículo 6º del Protocolo de
Nagoya – Kuala Lumpur se considerarían como circunstancias constitutivas de
fuerza mayor, de acuerdo a lo señalado por la jurisprudencia, que ha definido
esta causal como la “causa extraña y externa al hecho demandado; se trata de
un hecho conocido, irresistible e imprevisible, que es ajeno y exterior a la
actividad o al servicio que causó el daño” (Sentencia SU-449 de 2016. MP.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[107] Sobre el principio de legalidad ha sostenido la
Corte: “El principio concreta un mandato consustancial al
constitucionalismo: la interdicción de la arbitrariedad y su remplazo por una
racionalidad instrumental al logro de la dignidad humana; la adopción de
decisiones razonables, entendidas como aquellas que persiguen los fines
esenciales del Estado y especialmente la efectividad de los derechos
fundamentales; y la elección de medios que no afecten o sacrifiquen
intensamente otros principios del orden superior. Dentro de las garantías del
debido proceso el principio de legalidad ocupa un lugar central. Este principio
cumple, en el marco de un Estado constitucional de derecho, un conjunto de
finalidades significativas. Permite a los ciudadanos ajustar su conducta al
marco de los mandatos elegidos en el foro democrático para el desarrollo de la
vida social en armonía y para la consecución de los fines esenciales del
Estado. Además, posee un valor epistémico, pues el ciudadano conoce, gracias al
principio de publicidad, lo que está permitido y lo que está prohibido desde el
punto de vista del derecho, y representa una garantía primordial para la
libertad humana, gracias a la cláusula de cierre, según la cual todo aquello
que no esté expresamente prohibido por la ley debe considerarse permitido”.
(Sentencia C-044 de 2017. MP. María Victoria Calle Correa).
[108] Sobre el derecho al acceso a la administración de
justicia y su relación con la posibilidad de instaurar acciones para defender
los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico, dijo la Corte: “Los artículos
89 y 229 de la Carta se encuentran estrechamente relacionados. En efecto, al
paso que el segundo de ellos establece el derecho fundamental de acceder a la
administración de justicia como forma de garantizar una tutela efectiva de los
derechos constitucionales, el artículo 89 ha previsto que la ley debe
establecer, sin perjuicio de los que se encuentran ya establecidos en la Carta,
los recursos, acciones y procedimientos que hagan posible amparar el
ordenamiento jurídico y los derechos en él reconocidos. La relación entre estos
artículos puede establecerse como de medio a fin, en tanto la forma de asegurar
el acceso al sistema judicial es mediante la adopción de regulaciones que
establezcan los diferentes instrumentos y reglas procesales. Constituye entonces
una obligación del Congreso adoptar medidas de esa naturaleza para que los
ciudadanos puedan formular pretensiones encaminadas no solo a salvaguardar el
derecho objetivo, sino que también permitan exigir el reconocimiento y
protección de derechos subjetivos”.  (Sentencia C-213 de 2017. MP.
Alejandro Linares Cantillo).
[109] Convenio sobre la Diversidad Biológica. “Artículo
24. Secretaría. 1. Queda establecida una Secretaría, con las siguientes
funciones:
a) Organizar las reuniones de la Conferencia de las Partes previstas en
el artículo 23, y prestar los servicios necesarios;
b) Desempeñar las funciones que se le asignen en los protocolos;
c) Preparar informes acerca de las actividades que desarrolle en
desempeño de sus funciones en virtud del presente Convenio, para presentarlos a
la Conferencia de las Partes;
d) Asegurar la coordinación necesaria con otros órganos internacionales
pertinentes y, en particular, concertar los arreglos administrativos y
contractuales que puedan ser necesarios para el desempeño eficaz de sus
funciones; y
e) Desempeñar las demás funciones que determine la Conferencia de las
Partes.
2. En su primera reunión ordinaria, la Conferencia de las Partes
designará la Secretaría escogiéndola entre las organizaciones internacionales
competentes que se hayan mostrado dispuestas a desempeñar las funciones de
Secretaría establecidas en el presente Convenio”.
[110] Sentencia C-048 de 2018. MP. Cristina Pardo
Schlesinger.
[111] Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados
(1969). Arts. 19-23.
[112] Ver, en particular, el artículo 6 del Protocolo de
Nagoya – Kuala Lumpur.
[113] Al respecto puede consultarse la parte V de la
Convención de Viena, relativa a la “nulidad, terminación y suspensión de los
tratados”.
[114] Sentencia C-401 de
1997. MP. Hernando Herrera Vergara.