C-400-98
Sentencia C-400/98
Sentencia C-400/98
LEY APROBATORIA
DE TRATADO INTERNACIONAL-Vicio
subsanable/ORGANIZACION INTERNACIONAL Y DERECHO DE LOS TRATADOS
La Corte
consideró que no era válida una ley que aprobaba un tratado inexistente, ni que
tampoco podía el Presidente sancionar una ley cuyo encabezamiento y parte
resolutiva no correspondían a los textos aprobados por las cámaras, por lo cual
esta Corporación concluyó que existía un vicio de procedimiento en la sanción
de la Ley 406 de octubre 24 de 1997, pero que éste era subsanable, por cuanto
todo indicaba que hubo únicamente un problema de transcripción en el momento de
la sanción de la ley. Por tal razón, la Corte decidió remitir la ley a la
Presidencia de la República para que dentro de los siguientes diez días hábiles
procediera a corregir el defecto en la sanción de la misma pero conservando su
numeración. Así, dentro del término fijado por la Corte, el 11 de mayo de 1998,
el Presidente sancionó correctamente la Ley 406 de 1997 y la remitió a esta
Corporación, por lo cual el vicio se entiende saneado.
DERECHOS DE LOS
TRATADOS ENTRE ESTADOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
CONVENCION DE
VIENA-Legitimidad
constitucional de la finalidad
Para la Corte
Constitucional es claro que esta finalidad de Viena II armoniza con la Carta,
pues la Constitución no sólo promueve las relaciones internacionales, sobre
bases de equidad, igualdad, reciprocidad, y respeto a la soberanía nacional y a
la autodeterminación de los pueblos sino que reconoce explícitamente la
existencia de organizaciones o entidades internacionales. Es más, la
Constitución  incluso acepta la creación de organismos supranacionales de
integración, a los cuales se pueden transferir determinadas atribuciones del
Estado, para fortalecer la integración económica y promover la creación de una
comunidad latinoamericana de naciones, lo cual significa que la Constitución
distingue entre las organizaciones internacionales de simple cooperación -esto
es, aquellas que buscan armonizar los intereses de los Estados miembros, pero
sin afectar su condición de Estados soberanos- y las organizaciones de
integración, a las cuales la Carta autoriza la transferencia de ciertas
competencias originariamente residenciadas en el Estado.
LEY APROBATORIA
DE CONVENCION DE VIENA/TRATADO INTERNACIONAL-Naturaleza
Los tratados son
actos jurídicos complejos, que se encuentran sometidos a un régimen jurídico
complejo, pues están regidos tanto por normas internacionales como por
disposiciones constitucionales. Así, el derecho internacional consagra la vida
y los efectos internacionales de esos acuerdos, mientras que el derecho
constitucional, establece la eficacia interna de los tratados así como las
competencias orgánicas y los procedimientos institucionales por medio de los
cuales un país adquiere determinados compromisos internacionales. Ahora bien,
Viena I regula en lo fundamental el derecho internacional de los tratados y sus
principios gozan en Colombia de un reconocimiento constitucional genérico, pero
ello no significa que, en el plano interno, el articulado de Viena I pueda
prevalecer sobre normas constitucionales específicas, ya que la Carta es norma
de normas. Precisamente el control constitucional previo ejercido por esta
Corporación busca armonizar con la Constitución el contenido de los tratados
que el Estado colombiano pretende ratificar.
TRATADO INTERNACIONAL-Celebración
Esta Corporación
ya había admitido la figura de los plenos poderes, pues si bien corresponde al
Presidente celebrar los tratados, es obvio que esto no implica que todos los
pasos indispensables para la celebración de los mismos "deban correr a
cargo del Presidente de la República en forma directa, pues, de tomar fuerza
semejante idea, se entrabaría considerablemente el manejo de las relaciones
internacionales y se haría impracticable la finalidad constitucional de
promoverlas en los términos hoy previstos por el Preámbulo y por los artículos
226 y 227 de la Carta". Igualmente, es perfectamente conforme con el
derecho colombiano que la Convención presuma que representan a Colombia en la
negociación de tratados, el Presidente, el Ministro de Relaciones y otros
agentes diplomáticos del Ejecutivo, como los señalados en el artículo 7º, pues
el Presidente dirige las relaciones internacionales, nombra los ministros de
este ramo así como a los agentes diplomáticos, por lo cual se entiende que
éstos actúan bajo instrucción suya.
TRATADO
INTERNACIONAL-Confirmación
Esta Corporación
encuentra perfectamente acorde con el ordenamiento constitucional la figura de
la confirmación, según la cual, un acto ejecutado por una persona que no pueda
considerarse autorizada para representar al Estado o a una organización
internacional, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente
confirmado por ese Estado o esa organización. Es más, en numerosas ocasiones,
la Corte ha hecho referencia a la figura de la confirmación presidencial, como
una concreción en el constitucionalismo colombiano de este principio, que le ha
permitido considerar subsanado cualquier vicio en la negociación y suscripción
de un tratado por nuestro país, si figura en el expediente la aprobación o
confirmación por el Presidente de la República, antes de que el tratado sea
sometido a consideración del Congreso.
TRATADO
INTERNACIONAL-Consentimiento
El Estado
colombiano sólo puede legítimamente obligarse a nivel internacional una vez se
hayan surtido los trámites internos de aprobación del tratado, tal y como lo
ordena la Carta. Es una norma fundamental sobre competencia de nuestro
ordenamiento que debe haber previamente aprobación del Congreso y revisión
constitucional por esta Corte para que el Ejecutivo pueda manifestar
internacionalmente el consentimiento de Colombia. Sin embargo, mal podría
nuestro país invocar eventualmente una infracción a esa  norma si Colombia, al
ratificar la presente Convención, que precisamente codifica las reglas
relativas a la manifestación del consentimiento por medio de un tratado, no
precisa que el Gobierno no puede obligar internacionalmente al Estado
colombiano sin previa aprobación del Congreso y revisión constitucional de esta
Corte.
TRATADO
INTERNACIONAL-Carácter
excepcional de aplicación provisional
La Corte insiste
en que esta posibilidad de aplicación provisional de los tratados, antes de su
aprobación por el Congreso y la revisión de la Corte, es una excepción al
procedimiento ordinario previsto por la Carta en esta materia, por lo cual es
de interpretación rigurosa y estricta, y no admite analogías. Unicamente se
puede utilizar esa figura en relación con los convenios económicos y
comerciales adoptados en organismos internacionales que así lo dispongan.
Además, como lo establece la Carta, tan pronto entre en vigor provisionalmente
el convenio respectivo, es deber del Presidente someterlo al Congreso, y si
éste no lo aprueba, se suspenderá su aplicación. Por consiguiente, al momento
de ratificar Viena II, el Presidente deberá formularse la correspondiente
reserva a ese artículo, tal y como se señala en la parte resolutiva de esta
sentencia.
PRINCIPIO PACTA
SUNT SERVANDA-Alcance
Pacta sunt
servanda no sólo significa que los tratados deben ser formalmente acatados sino
que deben ser cumplidos de buena fe, esto es, con la voluntad de hacerlos
efectivos. Por ello la doctrina y la jurisprudencia internacionales consideran
que el principio de buena fe es parte integrante de la norma Pacta sunt
servanda. Este principio de que Colombia debe cumplir de buena fe sus
obligaciones internacionales tiene evidente sustento constitucional, pues la
Carta señala que las actuaciones de las autoridades colombianas deben ceñirse a
los postulados de la buena fe, norma que se aplica también a las relaciones
internacionales.
PRINCIPIO DE LA
BUENA FE EN TRATADO INTERNACIONAL
Los artículos 18
y  26, que consagran la observancia de buena fe de los tratados no sólo no
violan la Carta sino que  armonizan plenamente con los principios y valores
constitucionales, por lo cual esas disposiciones serán declaradas exequibles.
Con todo, la Corte precisa que el principio Pacta sunt servanda, si bien es uno
de los fundamentos esenciales del derecho internacional, no debe ser
absolutizado pues la propia normatividad, así como la doctrina y la
jurisprudencia internacionales reconocen que, en determinados casos, esta norma
cede ante otros principios, y por ende un sujeto internacional puede dejar de
cumplir las obligaciones derivadas de un tratado sin por ello incurrir en
responsabilidad internacional.
TRATADO
INTERNACIONAL Y SUPREMACIA CONSTITUCIONAL-Control constitucional de Tratado perfeccionado/TRATADO
DE FRONTERAS Y TRATADO SOBRE DERECHOS HUMANOS-Excepción a la supremacía
constitucional
La Carta
establece una clara prevalencia de la Constitución sobre los tratados, con dos
excepciones: de un lado, aquellos que reconocen derechos humanos y prohiben su
limitación en los estados de excepción, los cuales se integran al bloque de
constitucionalidad; y, de otro lado, igualmente gozan de un status particular
los tratados de límites, puesto que éstos, conforme al artículo 102 de la
Carta, son normas particulares pues representan elementos constitutivos del
territorio nacional, y por ende del propio Estado colombiano. Por ende, con
excepción de los tratados de fronteras y ciertos convenios de derechos humanos,
en virtud del artículo 4º superior, son inaplicables en nuestro país todas
aquellas normas previstas por instrumentos internacionales que desconozcan
preceptos constitucionales. En el plano interno, la Constitución prevalece
sobre los tratados, por lo cual un convenio contrario a la Carta es
inaplicable. La Carta reconoce que uno de los principios que orientan nuestras
relaciones internacionales es la norma Pacta Sunt Servanda pero sin perjuicio
de la supremacía de la Constitución en el orden interno.
TRATADO
INTERNACIONAL Y SUPREMACIA CONSTITUCIONAL-Inaplicación de Tratado/PRINCIPIO PACTA SUNT
SERVANDA-Respeto
De un lado, en el
plano interno, la supremacía de la Carta implica que un tratado contrario a la
Constitución debe ser inaplicado por las autoridades, en virtud del mandato
perentorio del artículo 4º superior. De otro lado, como Colombia respeta el
principio Pacta sunt servanda, en estos eventos de tratados inconstitucionales,
es deber de las autoridades políticas modificar el compromiso internacional de
nuestro país a fin de ajustarlo a la Carta, o reformar la Constitución para
adecuarla a nuestras obligaciones internacionales. Lo que es inadmisible es el
mantenimiento de una incompatibilidad entre un tratado y la Carta, por cuanto,
como se señaló, las autoridades quedan sometidas a situaciones insostenibles
pues deben aplicar la Constitución, aun cuando ello implique desconocer
nuestras obligaciones internacionales y comprometer la responsabilidad
internacional de nuestro Estado. En tercer término, en virtud del principio
Pacta sunt servanda, que encuentra amplio sustento en la Carta, como ya se ha
visto, es deber de los operadores jurídicos aplicar las normas internas
distintas de la Constitución de manera que armonicen lo más posible con los
compromisos internacionales suscritos que tiene el país.
TRATADO
INTERNACIONAL Y SUPREMACIA CONSTITUCIONAL-Cambio de jurisprudencia/DEMANDA CONTRA TRATADO
INTERNACIONAL-Suscrito antes de Constitución Política de 1991
Las anteriores
consideraciones implican inevitablemente un cambio de jurisprudencia en
relación con el control constitucional de los tratados perfeccionados. La
doctrina desarrollada por esta Corporación en la sentencia C-276 de 1993 ya no
es de recibo, por cuanto es evidente que una inhibición de la Corte en examinar
la constitucionalidad de un tratado perfeccionado en manera alguna asegura un
mejor cumplimiento de las obligaciones internacionales del país, ya que,
conforme a la propia jurisprudencia de la Corte, el tratado materialmente
inconstitucional es de todos modos inaplicable en Colombia, debido a la
supremacía de la Carta. Por tal razón, la inhibición mantiene la incertidumbre
sobre la existencia o no de contradicciones normativas entre los tratados
preconstituyentes y el ordenamiento constitucional, con lo cual aumenta la
inseguridad jurídica. En cambio, el control material por la Corte
Constitucional de las leyes aprobatorias de tratados ya perfeccionados
soluciona el problema pues clarifica  cuáles son las contradicciones normativas
que existen en este campo. Además, ese control en manera alguna constituye una
intromisión de la Corte en la competencia de los jueces internacionales, ya que
una declaratoria de inconstitucionalidad de la ley aprobatoria de un tratado no
afecta el vínculo internacional como tal, pues frente al derecho internacional
esa sentencia no tiene ninguna validez jurídica sino que es un mero aspecto
fáctico a ser considerado para evaluar si el Estado está o no cumpliendo sus
compromisos internacionales. Para que un cambio
jurisprudencial no sea arbitrario es necesario que el tribunal aporte razones
que sean de un peso y una fuerza tales que, en el caso concreto, primen no sólo
sobre los criterios que sirvieron de base a la decisión en el pasado sino,
además, sobre las consideraciones de seguridad jurídica e igualdad que fundamentan
el principio esencial del respeto del precedente en un Estado de derecho. Ahora
bien, el anterior examen muestra que en el presente caso, los argumentos que
justifican un cambio de jurisprudencia son poderosos, puesto que lo que está en
juego es nada más y nada menos que la supremacía misma de la Constitución. En
cambio, no existe ningún costo en términos de seguridad jurídica ni de
igualdad, por cuanto el control constitucional de las leyes aprobatorias de
tratados perfeccionados permitirá que este tribunal se pronuncie con fuerza
erga omnes sobre la compatibilidad o no de esos tratados con la Carta. Por todo
ello, el cambio jurisprudencial se encuentra plenamente justificado.
DERECHO
INTERNACIONAL Y DERECHO INTERNO-Integración dinámica
Un pronunciamiento de la Corte sobre la
constitucionalidad o no de las leyes aprobatorias de tratados perfeccionados en manera alguna afecta las relaciones
internacionales del país sino que, por el contrario, les confiere mayor
seguridad jurídica, en el entendido de que si la Corte declara su
inexequibilidad, es deber del Gobierno proponer la reforma de la Carta, o
renegociar o denunciar los correspondientes tratados, según el caso. De esa
manera, y conforme a la tesis de la integración dinámica entre el derecho
internacional y el derecho interno, quedan solucionados los eventuales
problemas que puedan surgir por contradicciones entre la Constitución y los
tratados, o por conflictos que deriven de sentencias de la Corte Constitucional
que puedan entrar en contradicción con los compromisos internacionales del
Estado colombiano. Por esa razón, también en otros países se admite que el
tribunal constitucional pueda controlar la constitucionalidad de tratados que
ya se encuentran perfeccionados.
TRATADO
INTERNACIONAL-Clases de
control constitucional
Es perfectamente
válido considerar que el artículo 241 estatuyó dos controles complementarios
sobre las leyes aprobatorias de tratados, de la siguiente manera: en virtud del
ordinal 10, y hacia el futuro, una revisión automática de todo nuevo proyecto
de tratado y, en virtud del ordinal 4º y hacia el pasado, un control por vía de
demanda ciudadana sobre las leyes aprobatorias de tratados perfeccionados,
tanto sobre su contenido como sobre su forma.
CORTE CONSTITUCIONAL-Caso en que existe duda sobre alcance de
competencia
Es cierto que la
Corte ejerce su control en los estrictos y precisos términos del artículo 241
de la Carta. Pero la función de este tribunal es preservar la supremacía e
integridad de la Constitución, por lo cual, cuando existen dudas sobre el
alcance de una de las competencias consagradas en el artículo 241 superior, es
natural que se prefiera aquella interpretación que mejor permita la guarda de
la supremacía de la Carta.
Referencia: Expediente
L.A.T.-108
Revisión
constitucional de la "Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales”, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986" y de la Ley No
406 del 24 de octubre de 1997 por medio de la cual se aprueba dicha Convención.
Temas:
-Organizaciones internacionales y derecho de los tratados.
El derecho de los
tratados, los principios de derecho internacional reconocidos por Colombia y la
Constitución.
Los mecanismos
internacionales para obligarse por un tratado y los procedimientos internos de
aprobación.
La aplicación
provisional de los tratados.
La supremacía de la
Constitución y la especial jerarquía de los tratados de fronteras y ciertas
normas internacionales de derechos humanos.
La especificidad
constitucional e internacional de los tratados de fronteras.
La primacía
internacional de los tratados y la supremacía interna de los tratados: la
integración dinámica  entre el derecho internacional y el derecho interno en el
constitucionalismo colombiano y sus efectos sobre el control constitucional de
las leyes aprobatorias de tratados.
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO
MARTÍNEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá,
diez (10) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Corte
Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente
Vladimiro Naranjo Mesa, y por los Magistrados Antonio Barrera Carbonell,
Alfredo Beltrán Sierra, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José
Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez
Caballero y Fabio Morón Díaz.
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN
Ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
De la Secretaría
Jurídica de la Presidencia de la República se recibe fotocopia auténtica de la
"Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados Internacionales o
entre Organizaciones Internacionales (sic), hecha en Viena el 21 de marzo de
1986" y de la Ley No 406 del 24 de octubre de 1997 por medio de la cual se
aprueba dicha Convención, proceso que fue radicado como LAT-108. El Magistrado
Ponente asume el conocimiento del presente asunto y ordena la práctica de las
pruebas que considera pertinentes para establecer los antecedentes del
instrumento sometido a revisión. El proceso se fija en lista para las
intervenciones ciudadanas, se corre traslado al Procurador General para que
rinda el concepto de rigor, y se efectúan las comunicaciones de rigor a
autoridades y organizaciones ciudadanas para que, si lo consideran conveniente,
presenten su opinión sobre la constitucionalidad del tratado bajo revisión. Por
medio de auto del quince de abril de 1998, la Sala Plena de la Corte constató
que existía un vicio de procedimiento en la sanción de la ley bajo revisión, y
que el mismo era subsanable, por lo cual  remitió la ley a la Presidencia de la
República, que procedió a efectuar la corrección respectiva y la devolvió a
esta Corporación el 12 de mayo de 1998 para que continúe la revisión
constitucional. Cumplidos, como están, los trámites previstos en la
Constitución y en el Decreto No. 2067 de 1991, procede la Corte a decidir el
asunto por medio de esta sentencia.
II. TEXTO DE LA NORMA REVISADA
La ley bajo
revisión, una vez corregido el vicio de forma subsanable declarado por la Corte
Constitucional, establece:
LEY Nº 406  24 OCT 1997
“Por medio de la cual se aprueba la
“CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS ENTRE ESTADOS Y
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 0 ENTRE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES”, hecha
en Viena el 21 de marzo de 1986”
EL CONGRESO DE COLOMBIA
D E C R E T A :
Visto el texto de
la “CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS ENTRE ESTADOS Y
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 0 ENTRE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES”,
hecha en Viena el 21 de marzo de 1986.
(Para ser
transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento
Internacional mencionado, debidamente autenticado por el Jefe de la Oficina
Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).
CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS
TRATADOS ENTRE ESTADOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 0 ENTRE ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
Las Partes en
la presente Convención,
Considerando la función fundamental de los tratados en
la historia de las relaciones internacionales,
Reconociendo el carácter consensual de los tratados y
su importancia cada vez mayor como fuente del derecho internacional,
Advirtiendo que los principios del libre consentimiento
y de la buena fe y la norma pacta sunt servanda están universalmente
reconocidos,
Afirmando la importancia de intensificar el proceso
de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional con carácter
universal,
Convencidos de que la codificación y el desarrollo
progresivo de las normas relativas a los tratados entre Estados y
organizaciones internacional o entre organizaciones internacionales son medios
para fortalecer el orden jurídico en las relaciones internacionales y para
servir los propósitos de las Naciones Unidas,
Teniendo
presentes los
principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones
Unidas, tales como los principios de la igualdad de derechos y de la libre
determinación de los pueblos, de la igualdad soberana y la independencia de
todos los Estados, de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados,
de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y del respeto universal a
los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad
de tales derechos y libertades,
Teniendo
también presentes las
disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de
1969,
Reconociendo la relación que existe entre el derecho de
los tratados entre Estados y el derecho de los tratados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales,
Considerando        la importancia de los tratados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones
internacionales como medios eficaces de desarrollar las relaciones
internacionales y de asegurar las condiciones para la cooperación pacífica
entre las naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y
sociales,
Teniendo
presentes las
características particulares de los tratados en que sean partes organizaciones
internacionales como sujetos de derecho internacional distintos de los Estados,
Advirtiendo que las organizaciones internacionales
poseen la capacidad para celebrar tratados que es necesaria para el ejercicio
de sus funciones y la realización de sus propósitos,
Reconociendo que la práctica de las organizaciones
internacionales en lo que respecta a la celebración de tratados con Estados o
entre ellas debería estar conforme con sus instrumentos constitutivos,
Afirmando que nada de lo dispuesto en la presente
Convención se interpretará de modo que afecte a las relaciones entre una
organización internacional y sus miembros, que se rigen por las reglas de esa
organización,
Afirmando asimismo que las controversias relativas a
los tratados, al igual que las demás controversias internacionales, deberían
resolverse, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, por medios
pacíficos y según los principios de la justicia y del derecho internacional,
Afirmando asimismo que las normas de derecho
internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones no reguladas
en las disposiciones de la presente Convención,
Han convenido
lo siguiente:
PARTE I
INTRODUCCIÓN
Artículo 1º
Alcance de la presente Convención
La presente convención se aplica:
a) a los tratados
entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales, y
b)        a los
tratados entre organizaciones internacionales.
Artículo 2º
Términos empleados
1.   Para los
efectos de la presente Convención:
a)  se entiende
por "tratado" un acuerdo internacional regido por el derecho
internacional y celebrado por escrito:
i) entre uno a o
varios Estados y una o varias organizaciones internacionales; o
ii)   entre
organizaciones internacionales,
ya conste ese
acuerdo en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y
cualquiera que sea su denominación particular;
b) se entiende
por "ratificación" el acto internacional así denominado por el cual
un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en
obligarse por un tratado;
b  bis)
se   entiende  par  "acto  de   confirmación  formal"  un  acto
internacional que corresponde al de la ratificación por un Estado y por el cual
una organización internacional hace constar en el ámbito internacional su
consentimiento en obligarse por un tratado;
b ter)  se
entiende por "aceptación", "aprobación" y
"adhesión", según el caso, el acto internacional así denominado por
el cual un Estado o una organización  internacional hace constar  en  el
ámbito  internacional  su consentimiento en obligarse por un tratado;
c) se entiende
por "plenos poderes" un documento que emana de la autoridad
competente de un Estado o del órgano competente de una organización
internacional y por el que se designa a una o varias personas para representar
al Estado o a la organización en la negociación, la adopción o la autenticación
del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado o de la
organización en obligarse por un tratado, o para ejecutar cualquier otro acto
con respecto a un tratado;
d)   se entiende
por "reserva" una declaración unilateral, cualquiera que sea su
enunciado o denominación, hecha por un Estado o por una organización
internacional al firmar, ratificar, confirmar formalmente, aceptar o aprobar un
tratado o al adherirse a é1, con objeto de excluir o modificar los efectos
jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado o
a esa organización;
e)   se entiende
por  "Estado   negociador" y por “organización negociadora",
respectivamente:
i) un Estado, o
ii) una organización internacional,
que ha participado en la elaboración y adopción del
texto del tratado;
f) se entiende
por "Estado contratante" y por “organización contratante",
respectivamente:
i) un Estado, o
ii) una organización internacional,
que ha consentido en obligarse por el tratado, haya o
no entrado en vigor el tratado;
g) se entiende
por "parte" un Estado o una organización internacional que ha
consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual o a la cual el
tratado está en vigor;
h) se entiende
por "tercer Estado" y por "tercera organización” respectivamente:
i) un Estado, o
ii) una
organización internacional,
que no es parte
en el tratado;
i) se entiende
por “organización internacional” una organización intergubernamental;
j) se entiende
por "reglas de la organización" en particular los instrumentos constitutivos
de la organización, sus decisiones y resoluciones adoptadas de conformidad con
éstos y su práctica establecida.
2. Las
disposiciones del párrafo 1 sobre los términos empleados en la presente
Convención se entenderán sin perjuicio del empleo de estos términos o del
sentido que se les pueda dar en el derecho interno de cualquier Estado o en las
reglas de una organización internacional.
Artículo 3º
Acuerdo internacionales no comprendidos en
el ámbito
de la presente Convención
El hecho de que
la presente Convención no se aplique:
i)         ni a
los acuerdos internacionales en los que fueren partes uno varios Estados, una o
varias organizaciones internacionales y uno o varios sujetos de derecho
internacional que no sean Estados ni organizaciones;
ii)        ni a
los acuerdos internacionales en los que fueren partes una o varias
organizaciones internacionales y uno o varios sujetos de derecho internacional
que no sean Estados ni organizaciones;
iii)       ni a
los acuerdos internacionales no celebrados por escrito entre uno o varios
Estados y una o varias organizaciones internacionales, o entre organizaciones
internacionales;
iv) ni a los
acuerdos internacionales entre sujetos de derecho internacional que no sean
Estados   ni    organizaciones internacionales;
no afectará:
a)   al valor jurídico de tales acuerdos;
b) a la
aplicación a los mismos de cualquiera de las normas enunciadas en la presente
Convención a que estuvieren sometidos en virtud del derecho internacional
independientemente de esta Convención;
c) a la
aplicación de la Convención a las relaciones entre Estados y organizaciones
internacionales o a las relaciones de las organizaciones entre sí, cuando estas
relaciones se rijan por acuerdos internacionales en los que fueren asimismo partes
otros sujetos de derecho internacional.
Artículo 4º
Irretroactividad de la presente
Convención
Sin perjuicio de
la aplicación de cualesquiera normas enunciadas en la presente Convención a las
que los tratados entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones
internacionales o entre organizaciones internacionales estén sometidos en
virtud del derecho internacional independientemente de la Convención, ésta sólo
se aplicará a los tratados de esa índole que sean celebrados después de la
entrada en vigor de la presente Convención con respecto a esos Estados y esas
organizaciones.
Artículo 5º
Tratados constitutivos de organizaciones
internacionales y tratados adoptados en el ámbito de una organización
internacional
La presente
Convención se aplicará a todo tratado entre uno o varios Estados y una o varias
organizaciones internacionales que sea un instrumento constitutivo de una
organización internacional y a todo tratado adoptado en el ámbito de una
organización internacional, sin perjuicio de cualquier regla pertinente de la
organización.
PARTE II
CELEBRACION Y ENTRADA EN VIGOR DE LOS
TRATADOS
SECCION 1. CELEBRACIÓN DE LOS TRATADOS
Artículo 6º
Capacidad de las organizaciones internacionales
para celebrar tratados
La capacidad de una organización internacional para
celebrar tratados se rige por las reglas de esa organización.
Artículo 7º
Plenos poderes
1. Para la
adopción o la autenticación del texto de un tratado o para manifestar el
consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una
persona representa a un Estado:
a)   si presenta los adecuados plenos poderes; o
b)  si se deduce
de la práctica o de otras circunstancias que la intención de los Estados y  de
las organizaciones internacionales de que se trate ha sido considerar a esa
persona representante del Estado para esos efectos sin la presentación de
plenos poderes.
2. En virtud de sus funciones, y sin tener que
presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado:
a) los jefes de
Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la
ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un  tratado  entre
uno  o varios   Estados  y  una  o varias organizaciones internacionales;
b)  los
representantes acreditados por los Estados en una conferencia internacional,
para la adopción del texto de un tratado entre Estados y organizaciones
internacionales;
c) los
representantes acreditados por los Estados ante una organización internacional
o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal
organización u órgano;
d) los jefes de
misiones permanentes ante una organización internacional, para la adopción del
texto de un tratado entre los Estados acreditantes y esa organización.
3. Para la
adopción o la autenticación del texto de un tratado o para manifestar el
consentimiento de una organización en obligarse por un tratado, se considerará
que una persona representa a esa organización internacional:
a ) si presenta, los adecuados plenos poderes; o
b) si se deduce
de las circunstancias que la intención de los Estados y de las organizaciones
internacionales de que se trate ha sido considerar a esa persona representante
de la organización para esos efectos, de conformidad con las reglas de la
organización y sin la presentación de plenos poderes.
Artículo 8º
Confirmación ulterior de un acto ejecutado
sin autorización
Un acto relativo
a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que, conforme al
artículo 7, no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un
Estado o a una organización internacional, no surtirá efectos jurídicos a menos
que sea ulteriormente confirmado por ese Estado o esa organización.
Artículo 9º
Adopción del texto
1. La adopción
del texto de un tratado se efectuará por consentimiento de todos los Estados y
de todas las organizaciones  internacionales o, según el caso, de todas las
organizaciones participantes en su elaboración, salvo lo dispuesto en el
párrafo 2.
2. La adopción
del texto de un tratado en una conferencia internacional se efectuará con
arreglo al procedimiento que acuerden los participantes en esa conferencia. Si,
no obstante, no se logra un acuerdo sobre tal procedimiento, la adopción del
texto se efectuará por mayoría de dos tercios de los participantes presentes y
votantes, a menos que esos participantes decidan por igual mayoría aplicar una
regla diferente.
Artículo 10
Autenticación del texto
1. El texto de un
tratado entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones
internacionales quedará establecido como auténtico y definitivo:
a) mediante el
procedimiento,  que se prescriba en él o que convengan los Estados y las
organizaciones que hayan participado en su elaboración; o
b) a falta de tal
procedimiento, mediante la firma, la firma ad referendum o la rúbrica
puesta por los representantes de esos Estados y de esas organizaciones en el
texto del tratado o en el acta final  de la conferencia en la que figure el
texto.
2. El texto de un
tratado entre organizaciones internacionales quedará establecido como auténtico
y definitivo:
a) mediante el
procedimiento que se prescriba en él o que convengan  las organizaciones que
hayan participado en su elaboración; o
b) a falta de tal
procedimiento, mediante la firma, la firma ad referendum o la rúbrica
puesta por los representantes de esas organizaciones en el texto del tratado o
en el acta final  de la conferencia en la que figure el texto.
Artículo 11
Formas de manifestación del consentimiento
en obligarse por un tratado
1. El
consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse
mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la
ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra
forma que se hubiere convenido.
2. El consentimiento
de una organización internacional en obligarse por un tratado podrá
manifestarse mediante la firma el canje de instrumentos que constituyan un
tratado, un acto de conformación formal, la ratificación, la aceptación, la
aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido.
Artículo 12
Consentimiento en obligarse por un tratado
manifestado mediante la firma
1. El
consentimiento de un Estado o de una organización internacional en obligarse
por un tratado se manifestará mediante la firma de su representante:
a) cuando el
tratado disponga que la firma  tendrá ese efecto;
b) cuando conste
de otro modo que los Estados negociadores y las organizaciones negociadoras o,
según el caso, las organizaciones negociadoras han convenido en que la firma
tenga ese efecto; o
c) cuando la
intensión del Estado o de la organización de dar ese efecto a la firma se
desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado
durante la negociación.
2. Para los
efectos del párrafo 1:
a) la rúbrica de
un texto equivaldrá a la firma del tratado cuando conste que los Estados
negociadores y las organizaciones negociadoras o, según el caso, las
organizaciones negociadoras así lo han convenido;
b) La firma ad
referendum de un tratado por el representante de un Estado o de una
organización  internacional equivaldrá a la firma definitiva del tratado si ese
Estado o esa organización  lo confirma.
Artículo 13
Consentimiento en obligarse por un tratado
manifestado mediante el canje de instrumentos  que constituyen un tratado
El consentimiento
de los Estados o de las organizaciones internacionales en obligarse por un
tratado constituido por instrumentos canjeados entre ellos se manifestará
mediante este canje:
a) cuando los instrumentos
dispongan que su canje tendrá ese efecto; o
b) cuando conste
de otro modo que esos Estados y esas organizaciones o, según el caso, esas
organizaciones han convenido en que el canje de los instrumentos tenga  ese
efecto.
Artículo 14
Consentimiento en obligarse por un tratado
manifestado mediante la ratificación, un acto de confirmación formal, la
aceptación o la aprobación
1. El
consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante
la ratificación:
a) cuando el tratado
disponga que tal consentimiento debe manifestarse mediante la ratificación;
b) cuando conste
de otro modo que los Estados negociadores y las organizaciones negociadoras han
convenido en que se exija la ratificación;
c) cuando el
representante del Estado haya firmado el tratado a reserva de ratificación; o
d) cuando la
intención del Estado de firmar el tratado a reserva de ratificación se
desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado
durante la negociación.
2. El
consentimiento de una organización internacional en obligarse por un tratado se
manifestará mediante un acto de confirmación formal:
a)  cuando el
tratado disponga que tal consentimiento debe manifestarse mediante un acto de
confirmación formal;
b) cuando conste
de otro modo que los Estados negociadores y las organizaciones negociadoras  o,
según el caso, las organizaciones negociadoras han convenido en que se exija un
acto de confirmación formal;
c) cuando el
representante de la organización haya firmado el tratado a reserva de un acto
de confirmación formal; o
d) cuando la
intención de la organización de firmar el tratado a reserva de un acto de
confirmación formal se desprenda de los plenos poderes de su representante o se
haya manifestado  durante la negociación.
3. El
consentimiento de un Estado o de una organización internacional en obligarse
por un tratado se manifestará mediante la aceptación o la aprobación en
condiciones semejantes a las que rigen para la ratificación o, según el caso, para
un acto de confirmación formal.
Artículo 15
Consentimiento en obligarse por un tratado
manifestado mediante la adhesión
El consentimiento
de un Estado o de una organización internacional en obligarse por un tratado se
manifestará mediante la adhesión:
a) cuando el
tratado disponga que ese Estado o esa organización puede manifestar tal
consentimiento mediante la adhesión;
b) cuando conste
de otro modo que los Estados negociadores y las organizaciones negociadoras o,
según el caso, las organizaciones negociadoras han convenido en que ese Estado
o esa organización puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión; o
c) cuando todas
las partes hayan convenido ulteriormente en que ese Estado o esa organización
puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión.
Artículo 16
Canje o depósito de los instrumentos de
ratificación, confirmación formal, aceptación, aprobación o adhesión
1. Salvo que el
tratado disponga otra cosa, los instrumentos de ratificación, los instrumentos
relativos a un acto de confirmación formal, o los instrumentos de aceptación,
aprobación o adhesión harán constar el consentimiento de un Estado o de una
organización internacional en obligarse por un tratado entre uno o varios
Estados y una o varias organizaciones internacionales al efectuarse:
a) su canje entre
los Estados contratantes y las organizaciones contratantes;
b) su depósito en
poder del depositario; o
c) su
notificación a los Estados contratantes y a las organizaciones contratantes o
al depositario, si así se ha convenido.
2.  Salvo que el
tratado disponga otra cosa, los instrumentos relativos a un acto de
confirmación formal, o los instrumentos de aceptación, aprobación o adhesión
harán constar el consentimiento de una organización internacional en obligarse
por un tratado entre organizaciones internacionales al efectuarse:
a) su canje entre
las organizaciones contratantes;
b) su depósito en
poder del depositario; o
c) su
notificación a las organizaciones contratantes o al depositario, si así se ha
convenido.
Artículo 17
Consentimiento en obligarse respecto de
parte de un tratado y opción entre disposiciones diferentes
1. Sin perjuicio
de lo dispuesto en los artículos 19 a 23, el consentimiento  de un Estado o de
una organización internacional en obligarse respecto de parte de un tratado
sólo surtirá efecto si el tratado lo permite o los Estados contratantes y las
organizaciones contratantes o, según el caso, las  organizaciones contratantes
convienen en ello.
2. El
consentimiento de un Estado o de una organización internacional en obligarse
por un tratado que permita una opción entre disposiciones diferentes sólo
surtirá efectos si se indica  claramente a qué disposiciones se refiere el
consentimiento.
Artículo 18
Obligación de no frustrar el objeto y el
fin de un
tratado antes de su entrada en vigor
Un Estado o una
organización internacional deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales
se frustren el objeto y el fin de un tratado:
a) si ese Estado
o esa organización ha firmado el tratado o ha canjeado los instrumentos que
constituyen el tratado a reserva de ratificación, de una acto de confirmación
formal, de aceptación o de aprobación, mientras ese Estado o esa organización
no haya manifestado su intención de no llegar  a ser parte en el tratado; o
b) si ese Estado
o esa organización ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado
durante el período que proceda a su entrada en vigor y siempre que ésta no se
retarde indebidamente.
SECCION 2. RESERVA
Artículo 19
Formulación de reserva
Un Estado o una
organización internacional podrá formular una reserva en el momento de firmar,
ratificar, confirmar formalmente, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse a
él, a menos:
a) que la reserva
esté prohibida por el tratado;
b) que el tratado
disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales
no figure la reserva de que se trate; o
c) que, en los
casos no previstos en los apartados a) y b), la reserva sea incompatible con el
objeto y el fin del tratado.
Artículo 20
Aceptación de las reservas y objeción a las
reservas
1. Una reserva
expresamente autorizada por el tratado  no exigirá la aceptación  ulterior de
los Estados contratantes y de las organizaciones contratantes o, según el caso,
de las organizaciones contratantes, a menos que el tratado así lo disponga.
2. Cuando el
número reducido de Estados negociadores  y organizaciones negociadoras o, según
el caso, de organizaciones negociadoras y del objeto y del fin del tratado se
desprenda que la aplicación del tratado en su integridad entre todas las partes
es condición esencial  del consentimiento  de cada una de ellas en obligarse
por el tratado, una reserva exigirá  la aceptación de todas las partes.
3.  Cuando el
tratado sea un instrumento constitutivo de una organización internacional y a
menos que en él se disponga otra cosa, una reserva exigirá la aceptación del
órgano competente de esa organización.
4. En los casos
no previstos en los párrafos precedentes y a menos que el tratado disponga otra
cosa:
a) la aceptación
de una reserva por un Estado contratante o por una organización contratante
constituirá al Estado o a la organización internacional autor de la reserva en
parte en el tratado en relación con el Estado o la organización que haya
aceptado la reserva si el tratado ya está en  vigor o cuando entre vigor para
el autor de la reserva y el Estado o la organización que ha aceptado la
reserva;
b) la objeción
hecha por un Estado contratante o por una organización contratante a una
reserva  no impedirá la entrada  en vigor del tratado entre el Estado o la
organización internacional que haya hecho la objeción y el Estado o la
organización autor de la reserva, a menos que el Estado o la organización autor
de la objeción manifieste inequívocamente la intención contraria;
c) un acto por el
que un Estado o una organización internacional manifieste su consentimiento en
obligarse por un tratado y que contenga una reserva surtirá efecto en cuanto
acepte la reserva al menos un Estado contratante o una organización
contratante.
5. Para  los
efectos de los párrafos 2 y 4, y a menos que el tratado disponga  otra cosa, se
considerará que una reserva ha sido aceptada por un Estado o una organización
internacional cuando el Estado o la organización internacional no ha formulado
ninguna objeción a la reserva dentro de los doce meses siguientes a la fecha en
que haya recibido la notificación de la reserva o en la fecha en que haya
manifestado su consentimiento en obligarse  por el tratado, si esta última es
posterior.
Artículo 21
Efectos jurídicos de las reservas y de las
objeciones a las reservas
1. Una reserva
que sea efectiva con respecto a otra parte en el tratado de conformidad con los
artículos 19, 20 y 23:
a) modificará con
respecto al Estado o a la organización internacional autor de la reserva en sus
relaciones con esa otra parte  las disposiciones del tratado a que se refiera
la reserva en la medida determinada por la misma; y
b) modificará, en
la misma medida, esas disposiciones en lo que respecta a esa otra parte en el
tratado en sus relaciones con el Estado o con la organización internacional
autor de la reserva.
2. La reserva no
modificará las disposiciones del tratado en lo que respecta a las otras partes
en el tratado en sus relaciones inter se.
3. Cuando un
Estado o una organización internacional que haya hecho una objeción a una
reserva no se oponga a la entrada en vigor del tratado entre él o ella y el
Estado o la organización autor de la reserva, las disposiciones a que se
refiere ésta no se aplicarán entre el autor de la reserva y el Estado o la
organización  que ha formulado la objeción en la medida determinada por la
reserva.
Artículo 22
Retiro de las reservas y de las objeciones
a las reservas
1. Salvo que el
tratado disponga otra cosa, una reserva podrá ser retirada en cualquier momento
y no se exigirá para su retiro el consentimiento del Estado o de la
organización internacional que la haya aceptado.
2. Salvo que el
tratado disponga otra cosa,  una objeción a una reserva podrá ser retirada en
cualquier momento.
3. Salvo que el
tratado disponga o se haya convenido otra cosa:
a) el retiro de
una reserva sólo surtirá efecto respecto de un Estado contratante o de una
organización contratante cuando ese Estado o esa organización haya recibido  la
notificación;
b) el retiro de
una objeción a una reserva sólo surtirá efecto cuando su notificación haya sido
recibida por el Estado o la organización internacional autor de la reserva.
Artículo 23
Procedimiento relativo a las reservas
1. La reserva, la
aceptación expresa de una reserva y la objeción a una reserva habrán de
formularse por escrito y comunicarse a los Estados contratantes y a las
organizaciones contratantes y a los demás Estados y organizaciones
internacionales facultados para llegar a ser partes  en el tratado.
2. La reserva que
se formule en el momento de la firma de un tratado que haya de ser objeto de
ratificación, acto de confirmación formal, aceptación o aprobación habrá de ser
confirmada formalmente por el Estado o por la organización autor de la reserva
al manifestar su consentimiento en obligarse por el tratado. En tal caso, se
considerará que la reserva ha sido hecha en la fecha de su confirmación .
3. La aceptación
expresa de una reserva o la objeción hecha a una reserva, anteriores a la
confirmación de la misma, no tendrán que ser a su vez confirmadas.
4. El retiro de
una reserva o de una objeción a una reserva habrá de formularse por escrito.
SECCION TERCERA. ENTRADA EN VIGOR Y
APLICACION
PROVISIONAL DE LOS TRATADOS
Artículo 24
Entrada en vigor
1. Un tratado
entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o que
acuerden los Estados negociadores y las organizaciones negociadoras o, según el
caso, las organizaciones negociadoras.
2. A falta de tal
disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor  tan pronto como haya
constancia del consentimiento de todos los Estados negociadores y todas las
organizaciones negociadoras o, según el caso, de todas las organizaciones
negociadoras en obligarse por el tratado.
3. Cuando el
consentimiento de un Estado o de una organización internacional en obligarse
por un tratado se haga constar en una fecha posterior a la entrada en vigor  de
dicho tratado; éste entrará en vigor con relación a ese Estado o a esa
organización en dicha fecha, a menos que el tratado disponga otra cosa.
4.  Las
disposiciones de un tratado que regulen la autenticación de su texto, la
constancia del consentimiento en obligarse por el tratado, la manera o la fecha
de su entrada en vigor, las reservas, las funciones del depositario y otras
cuestiones que se susciten necesariamente antes de la entrada en vigor del
tratado se aplicarán desde el momento de la adopción de su texto.
Artículo 25
Aplicación provisional
1. Un tratado o
una parte de él se aplicará provisionalmente antes de su entrada en vigor:
a) si el propio
tratado así lo dispone; o
b) si los Estados
negociadores y las organizaciones negociadoras o, según el caso, las
organizaciones negociadoras han convenido en ello de otro modo.
2. La aplicación
provisional de un tratado o de una parte de él respecto de un Estado o de una
organización internacional  terminará si ese Estado o esa organización notifica
a los Estados y a las organizaciones con respecto a los cuales el tratado se
aplica provisionalmente su intención de no llegar a ser parte en el mismo, a
menos que el tratado disponga o los Estados negociadores y las organizaciones
negociadoras o, según el caso, las organizaciones negociadoras hayan convenido
otra cosa al respecto.
PARTE III
OBSERVANCIA, APLICACION E INTERPRETACION DE
LOS TRATADOS
SECCION 1. OBSERVANCIA DE LOS TRATADOS
Artículo 26
Pacta sunt servanda
Todo tratado en
vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.
Artículo 27
El derecho interno de los Estados, las
reglas de las organizaciones internacionales y la observancia de los tratados
1. Un Estado
parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno
como justificación del incumplimiento del tratado.
2. Una
organización internacional parte en un tratado no podrá invocar las reglas de
la organización como justificación del incumplimiento del tratado.
3. Las normas
enunciadas en los párrafos procedentes se entenderán sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 46.
SECCION 2. APLICACION DE LOS TRATADOS
Artículo 28
Irretroactividad de los tratados
Las disposiciones
de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya
tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para
esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir,
salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro
modo.
Artículo 29
Ámbito territorial de los tratados
Un tratado entre
uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales será
obligatorio para cada uno de los Estados  partes por lo que respecta a la
totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente se desprenda de
él o conste de otro modo.
Artículo 30
Aplicación de tratados sucesivos
concernientes
a la misma materia
1. Los derechos y
las obligaciones de los Estados y de las organizaciones internacionales partes
en tratados sucesivos concernientes a la misma materia se determinarán conforme
a los párrafos siguientes.
2. Cuando un
tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior o posterior o
que no debe ser considerado incompatible con ese otro tratado, prevalecerán las
disposiciones de este último.
3. Cuando todas
las partes en el tratado anterior sean también partes en el tratado posterior
pero el tratado anterior no queda terminado ni su aplicación suspendida
conforme al artículo 59, el tratado anterior se aplicará únicamente en la
medida en que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior.
4. Cuando las
partes en el tratado anterior no sean todas ellas partes en el tratado
posterior:
a) en las
relaciones entre dos partes, que lo sean en ambos tratados, se aplicará la
norma enunciada en el párrafo 3;
b) en las
relaciones entre una parte en ambos tratados y una parte en un tratado
solamente, los derechos y obligaciones recíprocos se regirán por el tratado en
el que las dos sean partes.
5. El párrafo 4
se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41 y no prejuzgará
ninguna cuestión de determinación o suspensión de la aplicación de un tratado
conforme al artículo 60 ni ninguna cuestión de responsabilidad en que puede
incurrir un Estado o una organización internacional por la celebración o
aplicación de un tratado cuyas disposiciones sean incompatibles con las
obligaciones contraídas con respecto a un Estado o a una organización en virtud
de otro tratado.
6. Los párrafos
precedentes se entenderán sin perjuicio de que, en caso de conflicto entre las
obligaciones contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y las
obligaciones contraídas en virtud de un tratado, prevalecerán las obligaciones
impuestas por la Carta.
SECCION 3. INTERPRETACION DE LOS TRATADOS
Artículo 31
Regla general de interpretación
1. Un tratado deberá
interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse
a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su
objeto y fin.
2. Para los
efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del
texto, incluidos  su preámbulo y anexos:
a) todo acuerdo
que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con
motivo de la celebración del tratado;
b) todo
instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del
tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado
3. Juntamente con
el contexto, habrá de tenerse en cuenta:
a) todo acuerdo
ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la
aplicación de sus disposiciones;
b) toda práctica
ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el
acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado;
c) toda norma
pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las
partes.
4. Se dará a un
término un sentido especial si consta  que tal fue la intención de las partes.
Artículo 32
Medios de interpretación complementarios
Se podrá acudir a
medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios
del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido
resultante de la aplicación del  artículo 31, o para determinar el sentido
cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31:
a) deje ambiguo u
oscuro el sentido; o
b) conduzca a un
resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.
Artículo 33
Interpretación de tratados autenticados en
dos o más idiomas
1. Cuando un
tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto  hará igualmente
fe en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las partes convengan que
en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos.
2. Una versión
del tratado en idioma distinto de aquel en que haya sido autenticado el texto
será considerada como texto auténtico únicamente si el tratado así lo dispone o
las partes así lo convienen.
3. Se presumirá
que los términos del tratado tienen en cada texto auténtico igual sentido.
4. Salvo en el
caso en que prevalezca un texto determinado conforme a lo previsto en el
párrafo 1, cuando la comparación de los textos auténticos revele una diferencia
de sentido que no puede resolverse con la aplicación de los artículos 31 y 32,
se adoptará el sentido que mejor concilie esos textos, habida cuenta del objeto
y del fin del tratado.
SECCION 4. LOS TRATADOS Y LOS TERCEROS
ESTADOS O LAS TERCERAS ORGANIZACIONES
Artículo 34
Norma general concerniente a terceros
Estados
y terceras organizaciones
Un tratado no
crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado o una tercera organización
sin el consentimiento de ese Estado o de esa organización.
Artículo 35
Tratados en que se prevén obligaciones para
terceros Estados
o terceras organizaciones
Una disposición
de un tratado dará origen a una obligación para un tercer Estado o una tercera
organización si las partes en el tratado tienen la intención de que tal
disposición sea el medio de crear la obligación y si el tercer Estado o la
tercera organización acepta expresamente por escrito esa obligación. La
aceptación de tal obligación por la tercera organización se regirá por las
reglas de esa organización.
Artículo 36
Tratados en que se prevén derechos para
terceros Estados
o terceras organizaciones
1. Una
disposición de un tratado dará origen a un derecho para un tercer Estado si con
ella las partes en el tratado tienen la intención de conferir ese derecho al
tercer Estado o a un grupo de Estados al cual pertenezca, o bien a todos los
Estados, y si el tercer Estado asiente a ello. Su asentimiento se presumirá mientras
no haya indicación en contrario, salvo que el tratado disponga otra cosa.
2. Una
disposición de un tratado dará origen a un derecho para una tercera
organización si con ella las partes en el tratado tienen la intención de
conferir ese derecho a la tercera organización o a un grupo de organizaciones
internacionales al cual pertenezca, o bien a todas las organizaciones, y si la
tercera organización asiente a ello. Su asentimiento se regirá por las reglas
de la organización.
3. Un Estado o
una organización internacional que ejerza un  derecho con arreglo al párrafo 1
o 2 deberá cumplir las condiciones que para su ejercicio están prescritas en el
tratado o se establezcan conforme a éste.
Artículo 37
Revocación o modificación de obligaciones o
derechos de terceros Estados
o de terceras organizaciones
1. Cuando de
conformidad con el artículo 35 se haya originado una obligación para un tercer
Estado o una tercera organización, tal obligación no podrá ser revocada ni
modificada sino con el consentimiento de las partes en el tratado y del tercer
Estado o de la tercera organización, a menos que conste que habían convenido en
otra cosa al respecto.
2. Cuando de
conformidad con el artículo 36 se haya originado un derecho para un tercer
Estado o una tercera organización, tal derecho no podrá ser revocado ni
modificado por las partes si consta que tuvo la intención de que el derecho no
fuera revocable ni modificable sin el consentimiento del tercer Estado o de la
tercera organización.
3. El
consentimiento de una organización internacional parte en el tratado o de una
tercera organización, previsto en los párrafos precedentes, se regirá por las
reglas de esa organización.
Artículo 38
Normas de un tratado que lleguen a ser
obligatorias para terceros Estados
o de terceras organizaciones en  virtud de
una costumbre internacional
Lo dispuesto en
los artículos 34 a 37 no impedirá que una norma enunciada en un tratado llegue
a ser obligatoria para un tercer Estado o una tercera organización como norma
consuetudinaria de derecho internacional reconocida como tal.
PARTE IV
ENMIENDA Y MODIFICACION DE LOS TRATADOS
Artículo 39
Norma general concerniente a la enmienda de
los tratados
1. Un tratado
podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes. Se aplicarán a tal acuerdo
las normas enunciadas en la Parte II, salvo en la medida en que el tratado
disponga otra cosa.
2. El
consentimiento de una organización internacional a un acuerdo de la índole
mencionada en el párrafo 1 se regirá por las reglas de esa organización.
Artículo 40
Enmienda de los tratados multilaterales
1. Salvo que el
tratado disponga otra cosa, la enmienda de los tratados multilaterales se
regirá por los párrafos siguientes.
2. Toda propuesta
de enmienda de un tratado multilateral en las relaciones entre todas las partes
habrá de ser notificada a todos los Estados contratantes y a todas las
organizaciones contratantes, cada uno de los cuales tendrá derecho a
participar:
a) en la decisión
sobre las medidas que haya que adoptar con relación a tal propuesta;
b) en la
negociación y la celebración de cualquier acuerdo que tenga por objeto enmendar
el tratado.
3. Todo Estado y
toda organización internacional facultados para llegar a ser partes en el
tratado estarán también facultados para llegar a ser partes en el tratado en su
forma enmendada.
4. El acuerdo en
virtud del cual se enmiende el tratado no obligará a ningún Estado ni a ninguna
organización internacional que sea ya parte en el tratado pero no llegue a
serlo en ese acuerdo; con respecto a tal Estado o a tal organización se
aplicará el apartado b) del párrafo 4 del artículo 30.
5. Todo Estado o
toda organización  internacional que llegue a ser parte en el tratado después
de la entrada en vigor del acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado
será considerado, de no haber manifestado una intención diferente:
a) parte en el
tratado en su forma enmendada;
b) parte en el
tratado no enmendado con respecto a toda parte en el tratado que no esté
obligada por el acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado.
Artículo 41
Acuerdos para modificar tratados
multilaterales entre algunas
de las partes únicamente
1. Dos o más
partes de un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo  que tenga por
objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas:
a) si la
posibilidad de tal modificación está prevista por el tratado; o
b) si tal
modificación no está prohibida por el tratado, a condición de que:
i ) no afecte
al disfrute de los derechos que a las demás partes correspondan en virtud del
tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones;
ii) no se
refiera a ninguna disposición cuya modificación sea incompatible con la
consecución efectiva del objeto y del fin  del tratado en su conjunto.
2. Salvo que en
el caso previsto en el apartado a) del párrafo 1 el tratado disponga otra cosa,
las partes interesadas deberán notificar a las demás partes su intención de
celebrar el acuerdo y la modificación del tratado que en ese acuerdo se
disponga.
PARTE V
NULIDAD, TERMINACION Y SUSPENSIÓN DE LA
APLICACION DE LOS TRATADOS
SECCION 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 42
Validez y continuación en vigor de los
tratados
1. La validez de
un tratado o del consentimiento de un Estado o de una organización
internacional en obligarse por un tal tratado no podrá ser impugnada sino
mediante la aplicación de la presente Convención.
2. La terminación
de un tratado, su denuncia o el retiro de una parte no podrán tener lugar sino
como resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado o de la
presente  Convención. La misma norma se aplicará a la suspensión de la
aplicación de un tratado.
Artículo 43
Obligaciones impuestas por el derecho
internacional independientemente de un tratado
La nulidad,
terminación o denuncia de un tratado, el retiro de una de las  partes o la
suspensión de la aplicación del tratado, cuando resulten de la  aplicación de
la presente Convención o de las disposiciones del tratado, no menoscabarán en
nada el deber de un Estado o de una organización internacional de cumplir toda
obligación enunciada en el tratado a la que ese Estado o esa organización estén
sometidos en virtud del derecho internacional independientemente de dicho
tratado.
Artículo 44
Divisibilidad de las disposiciones de un
tratado
1. El derecho de
una parte, previsto en un tratado o emanado del artículo 56, a denunciar ese
tratado, retirarse de él o suspender su aplicación no podrá ejercerse sino con
respecto a la totalidad del tratado, a menos que el tratado disponga o las
partes convengan otra cosa al respecto.
2. Una causa de
nulidad o terminación de un tratado, de retiro de una de  las partes o de
suspensión de la aplicación de un tratado reconocida en la presente Convención
no podrá alegarse sino con respecto a la totalidad del tratado, salvo en los
casos previstos en los párrafos siguientes o en el artículo 60.
3. Si la causa se
refiere sólo a determinadas cláusulas, no podrá alegarse sino con respecto a
esas cláusulas cuando:
a) dichas
cláusulas sean separables del resto del tratado en lo que respecta a su
aplicación;
b) se desprenda
del tratado o conste de otro modo que la aceptación de esas cláusulas no ha
constituido para la otra  parte o las otras partes en el tratado una base
esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado en su conjunto; y
c) la
continuación del cumplimiento del resto del tratado no sea injusta.
4. En los casos
previstos en los artículos 49 y 50, el Estado o la organización internacional
facultados para alegar el dolo o la corrupción podrán hacerlo en lo que
respecta a la totalidad del tratado o, en el caso previsto en el párrafo 3, en
lo que respecta a determinadas cláusulas únicamente.
5. En los casos
previstos en los artículos 51, 52 y 53 no se admitirá la división de las
disposiciones del tratado.
Artículo 45
Pérdida del derecho a alegar una causa de
nulidad, terminación, retiro o suspensión de la aplicación de un tratado
1. Un Estado no
podrá ya alegar una causa para anular un tratado, darlo por terminado,
retirarse de él o suspender su aplicación con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 46 a 50 o en los artículos 60 y 62, si, después de haber tenido
conocimiento de los hechos, ese Estado:
a) ha convenido
expresamente en que el tratado es válido, permanece en vigor o continúa en
aplicación, según el caso; o
b) se ha
comportado de tal manera que debe considerarse que ha dado su aquiescencia a la
validez del tratado o a su continuación en vigor o en  aplicación, según el
caso.
2. Una
organización internacional no podrá ya alegar una causa para anular un tratado,
darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 46 a 50 o en los artículos 60 y 62, si, después de
haber tenido conocimiento de los hechos:
a) esa
organización ha convenido expresamente en lo que el tratado es válido,
permanece en vigor o continúa en aplicación, según el caso; o
b) el órgano
competente se ha comportado de tal manera que debe considerarse que la
organización ha renunciado al derecho a legar esa causa.
SECCION 2. NULIDAD DE LOS TRATADOS
Artículo 46
Disposiciones de derecho interno del Estado
y reglas de la organización internacional concernientes a la competencia para
celebrar tratados
1. El hecho de
que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido
manifestado en violación de una disposición de su derecho interno concerniente
a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado
como vicio de su consentimiento, a menos que esa  violación sea manifiesta y
afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno.
2. El hecho de
que el consentimiento de una organización internacional en obligarse por un
tratado haya sido manifestado en violación de las reglas de la organización
concernientes a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por
dicha organización como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación
sea manifiesta y afecte a una regla de importancia fundamental.
3. Una violación
es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado o
cualquier organización internacional que proceda en la materia conforme a la
práctica usual de los Estados y, en su caso, de las  organizaciones
internacionales y de buena fe.
Artículo 47
Restricción específica de los poderes para
manifestar el consentimiento de un Estado o de una organización internacional
Si los poderes de
un representante para manifestar el consentimiento de un Estado o de una
organización internacional en obligarse por un tratado determinado han sido
objeto de una restricción específica, la inobservancia de esa restricción por
tal representante no podrá alegarse como vicio del consentimiento manifestado
por él, a menos que la restricción haya sido notificada, con anterioridad a la
manifestación de ese consentimiento, a los Estados negociadores y a las
organizaciones negociadoras.
Artículo 48
Error
1. Un Estado o
una organización internacional podrá alegar un error en un tratado como vicio
de su consentimiento en obligarse por el tratado si el error se refiere a un
hecho o a una situación cuya existencia diera por supuesta ese Estado o esa
organización en el momento de la celebración del tratado y constituyera una
base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado.
2. El párrafo 1
no se aplicará si el Estado o la organización internacional de que se trate
contribuyó con su conducta al error o si las circunstancias fueron tales que
hubiera quedado advertido de la posibilidad de error.
3. Un error que
concierna sólo a la redacción del texto de un tratado no afectará a la validez
de éste; en tal caso se aplicará el artículo 80.
Artículo 49
Dolo
Un Estado o una
organización internacional inducido a celebrar un tratado por la conducta
fraudulenta de un Estado negociador o de una organización negociadora podrá
alegar el dolo como vicio de su consentimiento en obligarse por un tratado.
Artículo 50
Corrupción del representante de un Estado o
de una organización internacional
Un Estado o una
organización internacional cuya manifestación del consentimiento en obligarse
por un tratado ha sido obtenida mediante la corrupción de su representante,
efectuada directa o indirectamente por un Estado negociador o por una
organización negociadora, podrá alegar esa corrupción como vicio de su
consentimiento en obligarse por el tratado.
Artículo 51
Coacción sobre el representante de un
Estado o de una organización internacional
La manifestación
por un Estado o por una organización internacional del consentimiento en
obligarse por un tratado que haya sido obtenida por coacción sobre el
representante de dicho Estado o de dicha organización mediante actos o amenazas
dirigidos contra él carecerá de todo efecto jurídico.
Artículo 52
Coacción sobre un Estado o una organización
internacional por la amenaza o el uso de la fuerza
Es nulo todo
tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza
en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la
Carta de las Naciones Unidas.
Artículo 53
Tratados que estén en oposición con una
norma imperativa de derecho internacional general (jus coges)
Es nulo todo
tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma
imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente
Convención una norma imperativa de derecho internacional general es una norma
aceptada y reconocida por la comunidad internacional  de Estados en su conjunto
como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada
por una norma ulterior de derecho  internacional general que tenga el mismo
carácter.
SECCION 3. TERMINACION DE LOS TRATADOS Y
SUSPENSION DE SU APLICACION
Artículo 54
Terminación de un tratado o retiro de él en
virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes
La terminación de
un tratado o el retiro de una parte podrán tener lugar:
a) conforme a las
disposiciones del tratado; o
b) en cualquier
momento, por consentimiento de todas las partes después de consultar a los
Estados contratantes y a las organizaciones contratantes.
Artículo 55
Reducción del número de partes en un
tratado multilateral a un número inferior al necesario para su entrada en vigor
Un tratado
multilateral no terminará por el solo hecho de que el número de partes llegue a
ser inferior al necesario para su entrada en vigor, salvo que el tratado
disponga otra cosa.
Artículo 56
Denuncia o retiro en el caso de que el
tratado no contenga disposiciones sobre la terminación, la denuncia o el retiro
1. Un  tratado
que no contenga disposiciones sobre su terminación ni prevea la denuncia o el
retiro no podrá ser objeto de denuncia o de retiro a menos:
a) que conste que
fue intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o de retiro; o
b) que el derecho
de denuncia o de retiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado.
2. Una parte
deberá notificar con dos meses por lo menos de antelación su intención de
denunciar un tratado o de retirarse de él conforme al párrafo 1.
Artículo 57
Suspensión de la aplicación de un tratado
en virtud de sus  disposiciones o por consentimiento de las partes
La aplicación de
un tratado podrá suspenderse con respecto a todas las partes o a una parte
determinada:
a) conforme a las
disposiciones del tratado, o
b) en cualquier
momento, por consentimiento de todas las partes previa consulta con los Estados
contratantes y las organizaciones contratantes.
Artículo 58
Suspensión de la aplicación de un tratado
multilateral por acuerdo entre algunas de las partes únicamente
1. Dos a más
partes de un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por
objeto suspender la aplicación de disposiciones del tratado, temporalmente y
sólo en sus relaciones mutuas:
a) si la
posibilidad de tal suspensión está prevista por el tratado; o
b) si tal
suspensión no está prohibida por el tratado, a condición de que:
i)  no afecte
al disfrute de los derechos que a las demás partes correspondan en virtud del
tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones; y
ii) no sea
incompatible con el objeto y el fin del tratado.
2. Salvo que en
el caso previsto en el apartado a) del párrafo 1 el tratado disponga otra cosa,
las partes interesadas deberán notificar a las demás partes su intención de
celebrar el acuerdo y las disposiciones del tratado cuya aplicación se proponen
suspender.
Artículo 59
Terminación de un tratado o suspensión de
su aplicación implícitas como consecuencia de la celebración de un tratado
posterior
1. Se considerará
que un tratado ha terminado si todas las partes en él celebran ulteriormente un
tratado sobre la misma materia y:
a) Se desprende
del tratado posterior o consta de otro modo que ha sido intención de las partes
que la materia se rija por este tratado; o
b) las
disposiciones del tratado posterior son hasta tal punto incompatibles con las
del tratado anterior que los dos tratados no pueden aplicarse simultáneamente.
2. Se considerará
que la aplicación del tratado anterior ha quedado únicamente suspendida si se
desprende del tratado posterior o consta de otro modo que tal ha sido la
intención de las partes.
Artículo 60
Terminación de un tratado o suspensión de
su aplicación como consecuencia de su violación
1. Una violación
grave de un tratado bilateral por una de las partes facultará a la otra parte
para alegar la violación como causa para dar por terminado el tratado o para
suspender su aplicación total o parcialmente.
2. Una violación
grave de un tratado multilateral por una de las partes facultará:
a) a las otras
partes, procediendo por acuerdo unánime, para suspender la aplicación del
tratado total o parcialmente o darlo por terminado, sea:
i) en las
relaciones entre ellas y el Estado o la organización internacional autor de la
violación, o
ii) entre todas
las partes;
b) a una parte
especialmente perjudicada por la violación, para alegar ésta como causa para
suspender la aplicación del tratado total o parcialmente en las relaciones
entre ella y el Estado o la organización internacional autor de la violación;
c) a cualquier
parte, que no sea el Estado o la organización internacional autor de la
violación, para alegar la violación como causa para suspender la aplicación del
tratado total o parcialmente con respecto a sí misma, si el tratado es de tal
índole que una violación grave de sus disposiciones por una parte modifica
radicalmente la situación de cada parte con respecto a la ejecución ulterior de
sus obligaciones en virtud del tratado.
3. Para los
efectos del presente artículo, constituirán violación grave de un tratado;
a) un rechazo del
tratado no admitido por la presente Convención; o
b) la violación
de una disposición esencial para la consecución del  objeto o del fin del
tratado.
4. Los
precedentes párrafos se entenderán sin perjuicio de las disposiciones del
tratado aplicables en caso de violación.
5. Lo previsto en
los párrafos 1 y 3 no se aplicará a las disposiciones relativas a la protección
de la persona humana contenidas en tratados de carácter humanitario, en particular
a las disposiciones que prohiben toda forma de represalias con respecto a las
personas protegidas por tales tratados.
Artículo 61
Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento
1. Una parte
podrá alegar la imposibilidad de cumplir un tratado como causa para darlo por
terminado o retirarse de él si esa imposibilidad resulta de la desaparición o
destrucción definitivas de un objeto indispensable para el cumplimiento del
tratado. Si la imposibilidad es temporal, podrá alegarse únicamente como causa
para suspender la aplicación del tratado.
2. La
imposibilidad de cumplimiento no podrá alegarse por una de las partes como
causa para dar por terminado un tratado, retirarse de él o suspender su
aplicación si resulta de una violación, por la parte que la alegue, de una
obligación nacida del tratado o de toda otra obligación internacional con
respecto a cualquier otra parte en el tratado.
Artículo 62
Cambio fundamental en las circunstancias
1. Un cambio
fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el
momento de la celebración de un tratado y que no fue previsto por las partes no
podrá alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él,
a menos que:
a) la existencia
de esas circunstancias constituyera una base esencial del consentimiento de las
partes en obligarse por el tratado; y
b) ese cambio
tenga por efecto modificar radicalmente el alcance de las obligaciones que
todavía deben cumplirse  en virtud del tratado.
2. Un cambio
fundamental en las circunstancias no podrá alegarse como causa para dar por
terminado un tratado entre dos o más Estados y una o más organizaciones
internacionales o para retirarse de él si el tratado establece una frontera.
3. Un cambio
fundamental en las circunstancias no podrá alegarse como causa para dar por
terminado un tratado o para retirarse de él, si el cambio fundamental resulta
de una violación, por la parte que lo alega, de una  obligación nacida del tratado
o de toda otra obligación internacional con respecto a cualquier otra parte en
el tratado.
4. Cuando, con
arreglo a lo dispuesto en los párrafos precedentes, una de las partes pueda
alegar un cambio fundamental en las circunstancias como causa para dar por
terminado un tratado o para retirarse de él, podrá también alegar ese cambio
como causa para suspender la aplicación del tratado.
Artículo 63
Ruptura de relaciones diplomáticas o
consulares
La ruptura de
relaciones diplomáticas o consulares entre Estados partes en un tratado entre
dos o más Estados y una o más organizaciones internacionales no afectará a las
relaciones jurídicas establecidas entre esos Estados por el tratado, salvo en
la medida en que la existencia de relaciones diplomáticas o consulares sea
indispensable para la aplicación del tratado.
Artículo 64
Aparición de una nueva norma imperativa de
derecho internacional general (jus cogens)
Si surge una
nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente
que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará.
SECCIÓN 4. PROCEDIMIENTO
Artículo 65
Procedimiento que deberá seguirse con
respecto a la nulidad o terminación de un tratado, el retiro de una parte o la
suspensión de la aplicación de un tratado
1. La parte que,
basándose en las disposiciones de la presente Convención, alegue un vicio de su
consentimiento en obligarse por un tratado o una causa para impugnar la validez
de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación,
deberá notificar a las demás partes su pretensión. En la notificación habrá  de
indicarse la medida que se proponga adoptar con respecto al tratado y las
razones en que ésta se funde.
2. Si, después de
un plazo que, salvo en casos de especial urgencia, no habrá de ser inferior a
tres meses contados desde la recepción de la notificación, ninguna parte ha
formulado objeciones, la parte que haya hecho la notificación podrá adoptar en
la forma prescrita en el artículo 67 la medida que haya propuesto.
3. Si, por el
contrario, cualquiera de las demás partes ha formulado una objeción, las partes
deberán buscar una solución por los medios indicados en el Artículo 33 de la
Carta de las Naciones Unidas.
4. La
notificación o la objeción hecha por una organización internacional se regirá
por las reglas de la organización.
5. Nada de lo
dispuesto en los párrafos precedentes afectará a los derechos o a las
obligaciones de las partes que se deriven de cualesquiera disposiciones en
vigor entre ellas respecto de la solución de controversias.
6. Sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 45, el hecho de que un Estado o una organización
internacional no haya efectuado la notificación prescrita en el párrafo 1 no le
impedirá hacerla en respuesta a otra parte que pida el cumplimiento del tratado
o alegue su violación.
Artículo 66
Procedimiento de arreglo judicial, de
arbitraje y de conciliación
1. Si, dentro de
los doce meses siguientes a la fecha en que se haya formulado la objeción, no
se ha llegado a ninguna solución conforme al párrafo 3 del artículo 65, se
seguirán los procedimientos que se indican en los siguientes párrafos.
2. Con respecto a
una controversia relativa a la aplicación o la interpretación del artículo 53 o
el artículo 64:
a) si un Estado
es parte en una controversia con uno o más Estados podrá, mediante solicitud
escrita, someter la controversia a la decisión de la Corte Internacional de
Justicia;
b) si un Estado
es parte en una controversia en la que son partes una o varias organizaciones
internacionales, el Estado podrá, por conducto de un Estado Miembro de las
Naciones Unidas si es necesario, pedir a la Asamblea General o al Consejo de
Seguridad o, cuando corresponda, al órgano competente de una organización
internacional que sea parte en la controversia y esté autorizada de conformidad
con el Artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas, que solicite de la Corte
Internacional de Justicia una opinión consultiva de conformidad  con el
artículo 65 del Estatuto de la Corte.
c) si las
Naciones Unidas o una organización internacional autorizada para ello de
conformidad con el artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas es parte en
una controversia, podrá solicitar de la Corte Internacional de Justicia una
opinión consultiva de conformidad con el artículo 65 del Estatuto de la Corte;
d) si una
organización internacional distinta a las que se refiere el apartado c) es
parte en una controversia podrá, por conducto de un Estado Miembro de las
Naciones Unidas, seguir el procedimiento que se indica en el apartado b);
e) la opinión
consultiva que se emita de conformidad con los apartados b), c) o d) será
aceptada como decisiva por todas las partes en la controversia de que se trate;
f) si se rechaza
la petición de una opinión consultiva de la Corte, conforme a los apartados b),
c) o d), cualquiera de las partes en la controversia podrá someterla, mediante
notificación escrita dirigida a la otra u otras partes en la controversia, al
arbitraje de conformidad con las disposiciones del anexo de la presente
Convención.
3- Se aplicarán
las disposiciones del párrafo 2 a menos que todas las partes en una de las
controversias mencionadas en ese párrafo convengan de común acuerdo en someter
la controversia a un procedimiento de arbitraje, incluso el que se indica en el
Anexo de la presente Convención.
4- Con respecto a
una controversia relativa a la aplicación o la interpretación de cualquiera de
los artículos de la Parte V, salvo los artículos 53 y 64, de la presente
Convención, cualquiera de las partes en la controversia podrá iniciar el
procedimiento de conciliación indicado en el Anexo de la Convención presentando
al Secretario General de la Naciones Unidas una solicitud a tal efecto.
Artículo 67
Instrumentos para declarar la nulidad de un
tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación
1. La
notificación prevista en el párrafo 1 del artículo 65 habrá de hacerse por
escrito.
2. Todo acto
encaminado a declarar la nulidad de un tratado, darlo por terminado, retirarse
de él o suspender su aplicación de conformidad con las disposiciones del
tratado o de los párrafos 2 ó 3 del artículo 65 se hará constar en un
instrumento que será comunicado a las demás partes. Si el instrumento que
dimane de un Estado no está firmado por el jefe de Estado, el jefe del gobierno
o el ministro de relaciones exteriores, el representante del Estado que lo
comunique podrá ser invitado a presentar sus plenos poderes. Si el instrumento
dimana de una organización internacional, el representante de la organización
que haga la comunicación podrá ser invitado a presentar sus plenos poderes.
Artículo 68
Revocación de las modificaciones y de los
instrumentos previstos en los artículos 65 y 67
Las notificaciones
o los instrumentos previstos en los artículos 65 y 67 podrán ser revocados en
cualquier momento antes de que surtan efecto.
SECCION 5. CONSECUENCIAS DE LA NULIDAD, LA
TERMINACION O LA SUSPENSION DE LA APLICACION DE UN TRATADO
Artículo 69
Consecuencias de la nulidad de un tratado
1. Es nulo un
tratado cuya nulidad quede determinada en virtud de la presente Convención. Las
disposiciones de un tratado nulo carecen de fuerza jurídica.
2. Si no obstante
se han ejecutado actos basándose en tal tratado:
a) toda parte
podrá exigir de cualquier otra parte que en la medida de lo posible establezca
en sus relaciones mutuas la situación que habría existido si no se hubieran
ejecutados esos actos;
b) los actos
ejecutados de buena fe antes de que se haya alegado la nulidad no resultarán
ilícitos por el sólo hecho de la nulidad del tratado.
3. En los casos
comprendidos en los artículos 49, 50, 51 ó 52, no se aplicará el párrafo 2 con
respecto a la parte a la que sean imputables el dolo, el acto de corrupción o
la coacción.
4. En caso de que
el consentimiento de un Estado o de una organización internacional determinados
en obligarse por un tratado multilateral esté viciado, las normas precedentes
se aplicarán a las relaciones entre ese Estado o esa organización y las partes
en el tratado.
Artículo 70
Consecuencias de la terminación de un
tratado
1. Salvo que el
tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto, la terminación
de un tratado en virtud de sus disposiciones o conforme a la presente
Convención:
a) eximirá a las
partes de la obligación de seguir cumpliendo el tratado;
b) no afectará a
ningún derecho, obligación o situación jurídica de las  partes creados por la
ejecución del tratado antes de su terminación.
2. Si un Estado o
una organización internacional denuncia un tratado multilateral o se retira de
él, se aplicará el párrafo 1 a las relaciones entre ese Estado o esa
organización y cada una de las demás  partes en el tratado desde la fecha  en
que surta efectos tal denuncia o retiro.
Artículo 71
Consecuencias de la nulidad de un tratado
que esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional
1. Cuando un
tratado sea nulo en virtud del artículo 53, las partes deberán:
a) eliminar en lo
posible las consecuencias de todo acto que se haya ejecutado basándose en una
disposición que esté en oposición con la norma imperativa de derecho
internacional general; y
b) ajustar sus
relaciones mutuas a la norma imperativa de derecho internacional general.
2. Cuando un
tratado se convierta en nulo y termine en virtud del artículo 64, la
terminación del tratado:
a) eximirá a las
partes de toda obligación de seguir  cumpliendo el tratado;
b) no afectará a
ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes creados por la
ejecución del tratado antes de su terminación; sin embargo, esos derechos,
obligaciones o situaciones podrán en adelante mantenerse únicamente en la
medida en que su mantenimiento no esté por sí mismo en oposición con la nueva
norma imperativa de derecho internacional general.
Artículo 72
Consecuencias de la suspensión de la
aplicación de un tratado
1. Salvo que el
tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto, la suspensión de
la aplicación de un tratado basado en sus disposiciones o conforme a la
presente Convención:
a) eximirá a las
partes entre las que se suspenda la aplicación del tratado de la obligación de
cumplirlo en sus relaciones mutuas durante el período de suspensión;
b) no afectará de
otro modo a las relaciones jurídicas que el tratado haya establecido entre las
partes.
2. Durante el
período de suspensión, las partes deberán abstenerse de todo acto encaminado a obstaculizar
la reanudación de la aplicación del tratado.
PARTE VI
DISPOSICIONES DIVERSAS
Artículo 73
Relación con la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados
Entre Estados
partes en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969, las
relaciones de esos Estados en virtud de un tratado entre dos o más Estados y
una o varias organizaciones internacionales se regirán por dicha Convención.
Artículo 74
Cuestiones no prejuzgadas por la presente
Convención
Las disposiciones
de la presente Convención no prejuzgarán ninguna cuestión que con relación a un
tratado entre uno o más Estados y una o varias organizaciones internacionales
pueda surgir como consecuencia de una sucesión de Estados, de la
responsabilidad internacional de un Estado o de la ruptura de hostilidades
entre Estados.
2. Las
disposiciones de la presente Convención no prejuzgarán ninguna cuestión que con
relación a un tratado pueda surgir como consecuencia de la responsabilidad
internacional de la organización internacional, de la terminación de su
existencia o de la terminación de la participación de un Estado en calidad de
miembro de la organización.
3. Las
disposiciones de la presente Convención no prejuzgarán ninguna cuestión que
pueda surgir en relación con la creación de obligaciones y derechos para los
Estados miembros de una organización internacional en virtud de un tratado en
el que esa organización sea parte.
Artículo 75
Relación diplomáticas o consulares y celebración
de tratados
La ruptura o la
ausencia de relaciones diplomáticas o consulares entre dos o más Estados no
impedirá la celebración de tratados entre dos o más de dichos Estados y una o
más organizaciones internacionales. Tal celebración por sí misma no prejuzgará
acerca de la situación de las relaciones diplomáticas o consulares.
Artículo 76
Caso de un Estado agresor
Las disposiciones
de la presente Convención se entenderán sin perjuicio de cualquier obligación
que pueda originarse con relación a un tratado entre uno o más Estados y una o
más organizaciones internacionales para un Estado agresor como consecuencia de
medidas adoptadas conforme a la Carta de las Naciones Unidas con respecto a la
agresión cometida por ese Estado.
PARTE VII
DEPOSITARIOS, NOTIFICACIONES, CORRECCIONES
Y REGISTRO
Artículo 77
Depositario de los tratados
1. La designación
del depositario de un tratado podrá efectuarse por los Estados negociadores y
las organizaciones negociadoras o, según el caso, las organizaciones negociadoras,
en el tratado mismo o de otro modo. El depositario podrá ser uno o más Estados,
una organización internacional o el principal funcionario administrativo de tal
organización.
2. Las funciones
del depositario de un tratado son de carácter internacional y el depositario
está obligado a actuar imparcialmente en el desempeño  de ellas. En particular,
el hecho de que un tratado no haya entrado en vigor entre algunas de las partes
o de que haya surgido una discrepancia entre un Estado o una organización internacional
y un depositario acerca del desempeño de las funciones de éste no afectará a
esa obligación del depositario.
Artículo 78
Funciones de los depositarios
1. Salvo que el
tratado disponga o los Estados contratantes y las organizaciones contratantes
o, según el caso, las organizaciones contratantes convengan otra cosa al
respecto, las funciones del depositario comprenden en particular las
siguientes:
a) custodiar el
texto original del tratado y los poderes que se le hayan remitido;
b) extender copias
certificadas conformes del texto original y preparar todos los demás textos del
tratado en otros idiomas que puedan requerirse en virtud del tratado y
transmitirlos a las partes en el tratado y a los Estados y organizaciones
internacionales facultados para llegar a serlo;
c) recibir las
firmas del tratado y recibir y custodiar los instrumentos notificaciones y
comunicaciones relativos a éste;
d) examinar si
una firma, un instrumento o una notificación o comunicación relativos al
tratado están en debida forma y, de ser necesario, señalar el caso a la
atención del Estado o la organización internacional de que se trate;
e) informar a las
partes en el tratado y a los Estados y las organizaciones internacionales
facultados para llegar a serlo de los actos, notificaciones y comunicaciones
relativos al tratado;
f) informar a los
Estados y las organizaciones internacionales facultados para llegar a ser
partes en el tratado de la fecha en que se ha recibido o depositado el número
de firmas o de instrumentos de ratificación, instrumentos relativos a un acto
de confirmación formal, o instrumentos de aceptación, aprobación o adhesión
necesarios para la entrada en vigor del tratado;
g)  registrar el
tratado en la Secretaría de las Naciones Unidas;
h) desempeñar las
funciones especificadas en otras disposiciones de la presente Convención.
2. De surgir
alguna discrepancia entre un Estado o una organización internacional  y el
depositario acerca del desempeño de las funciones de éste, el depositario
señalará la cuestión a la atención:
a) de los Estados
y las organizaciones signatarios, así como de los Estados contratantes y las
organizaciones contratantes; o
b) si
corresponde, del órgano competente de la organización interesada.
Artículo 79
Notificaciones y comunicaciones
Salvo cuando el
tratado o la presente  Convención dispongan otra cosa al respecto, una
notificación o comunicación que deba hacer cualquier Estado u organización
internacional en virtud de la presente Convención:
a) deberá ser
transmitida, si no hay depositario, directamente a los Estados y a las
organizaciones a que esté destinada, o, si hay depositario, a éste;
b) sólo se
entenderá que ha quedado hecha por el Estado o la organización de que se trate
cuando haya sido recibida por el Estado o la organización a que fue transmitida
o, en su caso, por el depositario;
c) si ha sido
transmitida a un depositario, sólo se entenderá que ha sido recibida por el
Estado o la organización a que estaba destinada cuando ese Estado o esa
organización haya recibido del depositario la información prevista en el
apartado c) del párrafo 1 del artículo 78.
Artículo 80
Corrección de
errores en textos  o en copias certificadas conformes de los tratados
1. Cuando,
después de la autenticación del texto de un tratado, los Estados y las
organizaciones internacionales signatarios, los Estados contratantes y las
organizaciones contratantes adviertan de común acuerdo que contiene un error,
éste, a menos que tales Estados y organizaciones decidan proceder a su corrección
de otro modo, será corregido:
a) introduciendo
la corrección pertinente en el texto y haciendo que sea rubricada por
representantes autorizados en debida forma;
b) formalizando
un instrumento o canjeando instrumentos en los que se haga constar la
corrección que se haya acordado hacer; o
c) formalizando,
por el mismo procedimiento empleado para el texto original, un texto corregido
de todo el tratado.
2. En el caso de
un tratado para el que haya depositario, éste notificará a los Estados y las
organizaciones internacionales signatarios y a los Estados contratantes y a las
organizaciones contratantes el error y la propuesta de corregirlo  y fijará un
plazo adecuado para hacer objeciones  a la corrección propuesta. A la
expiración del plazo fijado:
a) si no se ha
hecho objeción alguna, el depositario efectuará y rubricará la corrección en el
texto, extenderá un acta de rectificación del  texto y comunicará copia de ella
a las partes en el tratado  y a los Estados y las organizaciones facultados
para llegar a serlo;
b) si se ha hecho
una objeción, el depositario comunicará la objeción a los Estados y las
organizaciones signatarios y a los Estados contratantes y las organizaciones
contratantes.
3. Las
disposiciones de los párrafos 1 y 2 se aplicarán también cuando el texto de un
tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas y se advierta una falta de
concordancia que los Estados y las organizaciones internacionales signatarios,
así como los Estados contratantes y las organizaciones contratantes convengan
en que debe corregirse.
4. El texto
corregido sustituirá ab initio al texto defectuoso, a menos que los
Estados y las organizaciones internacionales signatarios, así como los Estados
contratantes y las organizaciones contratantes decidan otra cosa al  respecto.
5. La corrección
del texto de un tratado que haya sido registrado será notificada a la
Secretaría de las Naciones Unidas.
6. Cuando se
descubra un  error en una copia certificada conforme de un tratado, el
depositario extenderá un acta en la que hará constar la rectificación y
comunicará copia de ella a los Estados y las organizaciones internacionales
signatarios, así como a los Estados contratantes y las organizaciones
contratantes.
Artículo 81
Registro y publicación  de los Tratados
1. Los tratados,
después de su entrada en vigor, se transmitirán a la Secretaría de las Naciones
Unidas para su registro o archivo e inscripción, según el caso, y para su publicación
.
2. La designación
de un depositario constituirá la autorización para que éste realice los actos
previstos en el párrafo precedente.
PARTE VIII
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 82
Firma
1. La presente
Convención estará abierta hasta el 31 de diciembre de 1986, en el Ministerio
Federal de Relaciones Exteriores de la República de Austria, y, después, hasta
el 30 de junio de 1987, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, a la
firma:
a) de todos los
Estados;
b) de Namibia,
representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia;
c) de las
organizaciones internacionales invitadas a participar en la Conferencia de la
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones
Internacionales o entre organizaciones internacionales.
Artículo 83
Ratificación o acto de confirmación formal
La presente
Convención está sujeta a ratificación por los Estados y por Namibia,
representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, y a actos de
conformación formal por las organizaciones internacionales. Los instrumentos de
ratificación y los instrumentos relativos a los actos de confirmación formal se
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo. 84.
Adhesión.
1. La presente
Convención quedará abierta a la adhesión de todo Estado, de Namibia,
representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, y de toda
organización internacional que tenga capacidad para celebrar tratados.
2. El instrumento
de adhesión de una organización internacional contendrá una declaración por la
que se haga constar que la organización tiene capacidad para celebrar tratados.
3. Los
instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.
Artículo 85.
Entrada en vigor.
1. La presente
Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya
sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión
por los Estado o por Namibia, representada por el Consejo de la Naciones Unidas
para Namibia.
2. Para cada
Estado, o para Namibia, representada por el Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia, que ratifique la convención o se adhiera a ella después de haberse
cumplido la condición establecida en el párrafo 1, la Convención entrará en
vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal estado o Namibia haya
depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.
3. Para cada
organización internacional que deposite un instrumento relativo a un acto de
confirmación formal o un instrumento de adhesión, la Convención entrará en
vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya efectuado ese
depósito, o en la fecha en que la Convención entre en vigor conforme al párrafo
1, si esta última es posterior.
Artículo 86.
Textos auténticos.
El original de la
presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y
ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas.
EN TESTIMONIO
DE LO CUAL, los
plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos
Gobiernos, y los representantes debidamente autorizados del Consejo de las
Naciones Unidas para Namibia y de las organizaciones internacionales, han firmado
la presente Convención.
HECHA EN VIENA, el día veintiuno de marzo de mil
novecientos ochenta y seis."
ANEXO
PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE Y DE
CONCILIACION ESTABLECIDOS EN APLICACIÓN DEL ARTICULO 66
I. CONSTITUCION DEL TRIBUNAL ARBITRAL O DE
LA COMISION DE CONCILIACIÓN
1. El Secretario
General de las Naciones Unidas establecerá y mantendrá una lista, integrada por
juristas calificados, de la cual las partes en una controversia podrán elegir
las personas que hayan de constituir un tribunal arbitral o, según el caso, una
comisión de conciliación. A tal efecto, se invitará a todo Estado que sea
Miembro de las Naciones Unidas y a toda parte en la presente Convención a que
designe dos personas: los nombres de las personas así designadas constituirán
la lista, una copia de la cual se enviará al Presidente de la Corte
Internacional de Justicia. La designación de los integrantes de la lista, entre
ellos los designados para cubrir una vacante accidental, se hará para un
período de cinco años renovable. Al expirar el período para el cual hayan sido
designadas, esas personas continuarán desempeñando las funciones para la cuales
hayan sido elegidas con arreglo  a los párrafos siguientes.
2. Cuando se haya
realizado una notificación conforme al apartado f) del párrafo 2 del artículo
66, o se haya llegado a un acuerdo sobre el procedimiento en el presente Anexo
conforme al párrafo 3, la controversia se someterá a un tribunal arbitral.
Cuando se haya presentado  una solicitud, conforme al párrafo 4 del artículo
66, al Secretario General, éste someterá la controversia a una comisión de
conciliación. Tanto el tribunal arbitral como la comisión de conciliación se
constituirán en la forma siguiente:
Los Estados, las
organizaciones internacionales o, según el caso, los Estados y las
organizaciones que constituyan una de las partes en la controversia nombrarán
de común acuerdo:
a) un árbitro, o,
según el caso, un amigable componedor, elegido o no de la lista  mencionada en el
párrafo 1, y
b) un árbitro, o,
según el caso, un amigable componedor, elegido entre los incluidos en la lista
que no tenga la nacionalidad de ninguno de los Estados, ni haya sido designado
por ninguna de las organizaciones, que constituyan esa parte en la
controversia; no obstante, una controversia entre dos organizaciones
internacionales no podrá quedar sometida al conocimiento de nacionales de un
mismo Estado.
Los Estados, las
organizaciones internacionales o, según el caso, los Estados y las organizaciones
que constituyan la otra parte en la controversia nombrarán dos árbitros, o,
según el caso, dos amigables componedores, de la misma manera. Las cuatro
personas elegidas por las partes deberán ser nombradas dentro de los sesenta
días siguientes a la fecha en que la otra parte en la controversia haya
recibido la notificación conforme al apartado f) del párrafo 2 del artículo 66,
en que se haya llegado a un acuerdo sobre el procedimiento en el presente Anexo
conforme al párrafo 3 o en que el  Secretario General haya recibido la
solicitud de conciliación.
Las cuatro
personas elegidas, dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se
haya efectuado el último de sus nombramientos, nombrarán de la lista un quinto
árbitro o amigable componedor, según el caso, que será presidente.
Si el
nombramiento del presidente, o de cualquiera de los árbitros y de los amigables
componedores, según el caso, no se hubiere realizado en el plazo antes
prescrito para ello, lo efectuará el Secretario General de las Naciones Unidas
dentro de los sesenta días siguientes a la expiración de ese plazo. El
Secretario General podrá nombrar presidente a una de las personas de la lista o
a uno de los miembros de la Comisión de Derecho Internacional. Cualquiera de
los plazos en los cuales deben efectuarse los nombramientos podrá prorrogarse
por acuerdo de las partes en la controversia. Si las Naciones Unidas son parte
o están incluidas en una de las partes en la controversia, el Secretario
General transmitirá la mencionada solicitud al Presidente de la Corte
Internacional de Justicia, quien desempeñará las funciones que se asignan al
Secretario General en este apartado.
Toda vacante
deberá cubrirse en la forma prescrita para el nombramiento inicial.
El nombramiento
de árbitros o de amigables componedores por una organización internacional
mencionado en los párrafos 1 y 2 se regirá por las reglas de la organización.
II. FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL ARBITRAL
3. Salvo que las
partes en la controversia acuerden otra cosa, el Tribunal Arbitral fijará su
propio procedimiento, garantizando a cada una de las partes en la controversia
plena oportunidad de ser oída y de hacer la defensa de su causa.
4. El Tribunal
Arbitral, previo consentimiento de las partes en la controversia, podrá invitar
a cualquier Estado u organización internacional interesado a exponer sus
opiniones, verbalmente o por escrito.
5. Las decisiones
del Tribunal Arbitral se adoptarán por mayoría de sus miembros. En caso de
empate, decidirá el voto del Presidente.
6. Cuando una de
las partes en la controversia no comparezca ante el Tribunal o se abstenga de
hacer la defensa de su causa, la otra parte podrá pedir al Tribunal que prosiga
las actuaciones y dicte su laudo. Antes de dictar dicho laudo el Tribunal deberá
asegurarse no sólo de su competencia para decidir la controversia, sino también
de que la pretensión está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho.
7. El laudo del
Tribunal Arbitral se limitará al asunto de la controversia y será motivado. Cualquier
miembro del Tribunal podrá adjuntar una opinión separada o disidente del laudo.
8. El laudo será
definitivo e inapelable. Todas las partes en la controversia deberán someterse
al laudo.
9. El Secretario
General proporcionará al Tribunal la asistencia y las facilidades que necesite.
Los gastos del Tribunal serán sufragados por las Naciones unidas.
III. FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DE
CONCILIACION
10. La Comisión
de Conciliación fijará su propio procedimiento. La Comisión, previo
consentimiento de las partes en la controversia, podrá invitar a cualquiera de
las partes en el tratado a exponerle sus opiniones verbalmente o por escrito.
Las decisiones y recomendaciones de la Comisión se adoptarán por mayoría de
votos de sus cinco miembros.
11. La Comisión
podrá señalar a la atención de las partes en la controversia todas las medidas
que puedan facilitar una solución amistosa.
12. La Comisión
oirá a las partes, examinará las pretensiones y objeciones, y hará propuesta a
las partes con miras a que lleguen a una solución amistosa de la controversia.
13. La Comisión
presentará su informe dentro de los doce meses siguientes a la fecha de su
constitución. El informe se depositará en poder del Secretario General y se
transmitirá a las partes en la controversia. El informe de la Comisión,
incluidas cualesquiera conclusiones que en él se indiquen en cuanto a los
hechos y a las cuestiones de derecho, no obligará a las partes ni  tendrá otro
carácter  que el enunciado de recomendaciones presentadas a las partes para su
consideración a fin de facilitar una solución amistosa de la controversia.
14. El Secretario
General proporcionará a la Comisión la asistencia y las facilidades que
necesite. Los gastos de la Comisión serán sufragados por las Naciones Unidas.
LA SUSCRITA  JEFE DE LA OFICINA  JURIDICA
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
HACE CONSTAR:
Que la presente
reproducción es fotocopia fiel e íntegra del texto certificado de la
"Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y
Organizaciones Internacionales o  entre Organizaciones Internacionales",
hecha en Viena el 21 de marzo de 1986, que reposa en los archivos de la Oficina
Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Dada en Santafé
de Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de marzo de mil novecientos
noventa y seis (1996).
Sonia Marina
Pereira Portilla
Jefe Oficina
Jurídica (E)
RAMA EJECUTIVA
DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
SANTAFÉ DE
BOGOTÁ, D.C.,
APROBADO.
SOMETASE A LA CONSIDERACION DEL HONORABLE CONGRESO NACIONAL PARA LOS EFECTOS
CONSTITUCIONALES
(Fdo.) CESAR
GAVIRIA TRUJILLO
LA MINISTRA DE
RELACIONES EXTERIORES
(Fdo.) NOEMI
SANIN DE RUBIO
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO:
Apruébase la “CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS ENTRE
ESTADOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 0 ENTRE ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES”, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986.
ARTICULO SEGUNDO:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 7a. de 1944, la
“CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS ENTRE ESTADOS Y
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 0 ENTRE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES”, que por
el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
ARTICULO TERCERO:
La presente Ley rige a partir de su publicación.
EL PRESIDENTE DEL
H. SENADO DE LA REPUBLICA,
AMILKAR ACOSTA
MEDINA
EL SECRETARIO
GENERAL DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA,
PEDRO PUMAREJO
VEGA
EL PRESIDENTE DE
LA H. CAMARA DE REPRESENANTES,
CARLOS ARDILA
BALLESTEROS
EL SECRETARIO
GENERAL DE LA H. CAMARA DE REPRESENTANTES
DIEGO VIVAS TAFUR
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
EJECUTESE previa revisión de la Corte
Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Santafé
de Bogotá, D.C., a los 24 Oct. 1997
LAMINISTRA DE
RELACIONES EXTERIORES
MARIA EMMA MEJIA
VELEZ
LA MINISTRA DE
JUSTICIA Y DEL DERECHO
ALMABEATRIZ RENGIFO
LOPEZ
III. INTERVENCION DE AUTORIDADES PUBLICAS
3.1. Intervención
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El ciudadano Raúl
Arturo Rincón Ardila, en representación del Ministerio de Relaciones
Exteriores, interviene en el proceso y señala que en el trámite de la ley bajo
revisión se incurrió en una imprecisión en cuanto al título de la misma, pues
el Congreso aprobó la “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
Internacionales o entre Organizaciones Internacionales”, hecha en Viena el 21 de
marzo de 1986, cuando el título correcto de la ley aprobatoria debería ser la
“Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales”, hecha
en Viena el 21 de marzo de 1986. Según su parecer, esta imprecisión configura
un vicio de procedimiento ya que el título de las leyes debe corresponder a su
contenido, por lo cual es necesario “que en el Congreso se subsane la anterior
imprecisión”, por lo cual solicita a la Corte que “de acuerdo con los trámites
previstos en el capítulo IX del Decreto 2067 de 1991, mediante el cual se
determina el Procedimiento que se debe seguir las actuaciones que se surtan en
la Corte Constitucional, y en los artículos 193 y 202 de la Ley 5 de 1992, se
devuelva la Ley 406 de octubre de 1997 para que el H. Congreso proceda a
enmendar el defecto observado en la misma.”
3.2. Intervención
de la Defensoría del Pueblo.
El ciudadano Alvaro
León Obando Moncayo, en representación del Defensor del Pueblo, interviene en
el proceso y defiende la constitucionalidad del tratado bajo revisión. Según su
criterio, el presente convenio es de gran importancia ya que permite al Estado
colombiano contar con un instrumento normativo para “manejar reglas y
parámetros de comportamiento frente a sus similares, en desarrollo del a
internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y
ecológicas que le son propias, plasmadas en tratados, acuerdos o convenios
internacionales.” Por ello considera que este convenio, que codifica en un solo
texto el derecho de los tratados, “constituye un importante instrumento que
debe ser parte del régimen interno” de nuestro país.
IV. INTERVENCION CIUDADANA
El ciudadano Carlos
Rodríguez Mejía, en representación de la Comisión Colombiana de Juristas,
interviene en el proceso. Según su criterio, en el trámite de aprobación de la
convención bajo revisión se incurrió en un vicio de procedimiento que debe ser
corregido, puesto que si bien “no cabe duda en relación con la identidad de la
convención aprobada por el Congreso”, lo cierto es que el título de la ley y lo
aprobado literalmente en la parte resolutiva hacen “referencia a un tratado que
no existe”. Según su criterio, este vicio es subsanable, “para cuya corrección
deberá ser devuelta esta ley a la consideración de las Cámaras para lo
pertinente”. Sin embargo, agrega el interviniente, “es de lamentar que se
presenten de nuevo vicios de este tipo en el trámite legislativo de este cuerpo
normativo, pues la puesta a consideración del Congreso de un texto incompleto
de la misma Convención había conducido a que la Corte Constitucional en primer
lugar la devolviera al Congreso para que se corrigiera tal vicio, y luego a que
declarase inexequible la ley aprobatoria respectiva cuando las Cámaras no
subsanaron el error dentro del término legal.”
El ciudadano aborda
entonces el contenido material del tratado y señala que éste “viene a ocuparse
de una de las materias que no habían sido reguladas por la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados por expresa exclusión de la Conferencia de
Viena de 1969”. Esta exclusión se explica por las “diferencias significativas
entre los tratados que son celebrados entre los estados y los que son
celebrados entre uno o varios estados y una o varias organizaciones
internacionales o entre organizaciones internacionales.” A partir de lo
anterior, el interviniente concluye que la presente convención “constituye un
paso adelante en el proceso de desarrollo del derecho internacional” ya que la
“codificación de la costumbre internacional supone la consolidación del orden
jurídico internacional en la medida en que sus cláusulas son definidas de
manera clara”, con lo cual se “puede contribuir a que la normatividad
internacional sea más respetada y a que mediante los distintos acuerdos
internacionales se puedan realizar de mejor manera los principios y los fines
de las Naciones Unidas, entre ellos la paz, la guarda de los derechos humanos y
la cooperación.” En efecto, señala el ciudadano, “la convención en estudio -en
cuanto tratado que regula ciertos tratados- coloca la base formal fundamental
sobre la que se celebrarán éstos, y con ella el piso firme en el cual se
desenvolverán aspectos no menores de las relaciones internacionales.”
Luego el
interviniente describe el contenido general de la convención bajo estudio y
precisa que “se trata de una normatividad que se ocupa de cada uno de los
momentos que tiene la vida de los tratados, todo ello en búsqueda de la
armonización de la práctica de los estados y de las organizaciones
internacionales con las reglas generales del derecho internacional acerca de la
celebración de los tratados.” Por ello considera que ese contenido general
armoniza con la Carta y “coincide con postulados constitucionales tales como
los de la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos
y la buena fe, previstos en el Preámbulo y en los artículos 3, 9 y 83 de la
Carta Política, respectivamente.” Sin embargo, precisa el ciudadano, algunas
cláusulas específicas merecen un comentario especial, pues es necesario frente
a ellas condicionar el alcance de la decisión de esta Corporación. Así, según
el interviniente, Colombia sólo puede comprometerse internacionalmente en
relación con un tratado una vez cumplidos “los requisitos constitucionales
internos, es decir, de su aprobación por el Congreso y de su revisión por la
Corte Constitucional”. Por ello el ciudadano considera que los artículos 11, 15
y 16 de la Convención “que hacen referencia a la confirmación, la aceptación,
la aprobación y la adhesión como formas de manifestar el consentimiento en
obligarse por un tratado, deberían ser declarados exequibles de manera
condicional, es decir, sujetándolos a que tales formas de obligarse sólo puedan
usarse por las autoridades colombianas competentes con el cumplimiento de los
requisitos constitucionales previstos para la ratificación y el canje de
notas.” Sin embargo, el interviniente aclara que “la Convención enuncia en
estos artículos distintos caminos para la expresión del consentimiento de los
sujetos del derecho internacional, opciones que éstos pueden usar o no de común
acuerdo y sin que ninguna parte pueda ser obligada a adoptar alguna de ellas”,
por lo cual, a pesar de la constitucionalidad condicionada frente a esos
artículos, no es necesaria la formulación de “una reserva o de una declaración
con efectos internacionales” ya que se entiende que el Estado Colombiano puede
usar o no tales disposiciones.
El interviniente
considera que la manifestación del consentimiento en obligarse a través de un
tratado a través de la firma, a la que hacen referencia los artículos 11 y 12
de la Convención, exige también un comentario especial. Así, según  su
criterio:
“Si, como lo ha
hecho la Corte Constitucional en su sentencia C-255/96, se entiende la firma
como la suscripción inicial del texto convenido de un tratado que hace un
Estado a través de quien obra como su representante en la negociación del
mismo, la firma no puede ser un medio a través del cual se obligue internacionalmente
el Estado colombiano. Al menos no en todos los casos, puesto que el régimen
constitucional colombiano exige para la adopción válida de los tratados
internacionales la aprobación del Congreso y la revisión de la Corte
Constitucional, las cuales deben cumplirse después de su suscripción o firma y
antes de su ratificación. En cuanto la suscripción de un tratado no puede
suponer su aprobación y su revisión de constitucionalidad, la firma no puede
dar lugar por sí sola a que Colombia se obligue internacionalmente.
No obstante
existe una circunstancia excepcional en que ello es posible. De acuerdo con el
artículo 224 de la Constitución los tratados de índole económica y comercial
pueden tener aplicación provisional, es decir que pueden tener efectos antes de
su aprobación y revisión correspondientes. Por lo tanto en este caso la sola
firma o suscripción de un tratado de aplicación provisional obliga
internacionalmente al Estado colombiano, desde luego sólo de manera provisional
y ad referendum, es decir con sujeción a la aprobación legislativa y a la
revisión constitucional.
En consecuencia,
debería declararse la exequibilidad del aparte correspondiente del artículo 11
y el artículo 12 de la Convención y de la Ley 406 de 1997, condicionándola a
que el Gobierno de Colombia formule una reserva en relación con los mismos, en
el sentido de que Colombia sólo podrá manifestar su consentimiento en obligarse
por un tratado a través de la firma cuando se haya convenido su aplicación
provisional y sólo en relación con tratados de índole económico y comercial.
Consideraciones
similares pueden hacerse en relación con el artículo 25 de la Convención y de
la Ley 406 de 1997 que prevé la aplicación provisional de los tratados. Un
antecedente de esta materia es la reserva formulada por Colombia bajo la
vigencia de la Constitución anterior a idéntica norma de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, en el sentido de que la Carta Política no
reconocía la aplicación provisional de los tratados, En el caso de la
Convención que nos ocupa y puesto que la Constitución en vigor sí contempla la
aplicación provisional de los tratados, no cabe formular una reserva en el
mismo sentido, pero sí en el de que la Constitución Política de Colombia
reconoce la aplicación provisional de los tratados sólo cuando son de
naturaleza económica y comercial.”
V. DEL CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE
LA NACION.
En su concepto de
rigor, el Procurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, comienza por
analizar el trámite formal del tratado y de su ley aprobatoria y concluye que
se ajustan a la Carta.  Luego la Vista Fiscal entra a analizar el contenido
material del tratado, al que considera “un adelanto significativo en la
dinámica de las relaciones internacionales” debido a la importancia y a la
especificidad que tienen las organizaciones internacionales. Así, según su
criterio, “debido a las diversas formas que adoptan las Organizaciones
Internacionales, aparecen dificultades para regular la capacidad jurídica de las
mismas”, por lo cual el presente convenio “no pretende cubrir la totalidad de
los aspectos relacionados con la actividad de estas instituciones, sino que se
limita a definir el régimen de los Tratados que éstas celebren con los Estados
o entre ellas.”
El Ministerio
Público destaca entonces que esta Convención de Viena se basa en gran parte en
la "Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados" entre Estados
de 1969, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 32 de
1985. El Procurador describe entonces de manera general el contenido de las
distintas partes del tratado y concluye que se adecuan a “los preceptos
consagrados en la Constitución Política, en especial con aquellos que reconocen
los principios aplicables en el Derecho Internacional (C. Po. Art. 9º), como
también con aquél que autoriza al Legislador para aprobar o improbar los
Tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con Entidades de Derecho
Internacional (C. Po. 150-16).” Por todo ello solicita a la Corte declarar la
exequibilidad de la presente convención y de su ley aprobatoria.
VI- CORRECION DE UN VICIO SUBSANABLE
La Corte, por medio
de auto del quince de abril de 1998, constató que existía un vicio de
procedimiento en la sanción de la ley bajo revisión, puesto que el 2 de
septiembre de 1997, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, por
unanimidad, el proyecto de ley sobre la "Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre
Organizaciones Internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986",
mientras que el Presidente sancionó la Ley 406 de octubre 24 de 1997, que
aprueba la "Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
Internacionales (sic) o entre Organizaciones Internacionales, hecha en Viena el
21 de marzo de mil novecientos ochenta y seis (1986)". Igualmente, la
parte resolutiva de esa ley no aprobaba la "Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre
Organizaciones Internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986",
sino que se refería a una inexistente "Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados Internacionales (sic) o entre Organizaciones
Internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de mil novecientos ochenta y
seis (1986)". La Corte consideró que no era válida una ley que aprobaba un
tratado inexistente, ni que tampoco podía el Presidente sancionar una ley cuyo
encabezamiento y parte resolutiva no correspondían a los textos aprobados por
las cámaras, por lo cual esta Corporación concluyó que existía un vicio de
procedimiento en la sanción de la Ley 406 de octubre 24 de 1997, pero que éste
era subsanable, por cuanto todo indicaba que hubo únicamente un problema de
transcripción en el momento de la sanción de la ley. Por tal razón, la Corte
decidió remitir la ley a la Presidencia de la República para que dentro de los
siguientes diez días hábiles procediera a corregir el defecto en la sanción de
la misma pero conservando su numeración. Así, dentro del término fijado por la
Corte, el 11 de mayo de 1998, el Presidente sancionó correctamente la Ley 406
de 1997 y la remitió a esta Corporación, por lo cual el vicio se entiende
saneado.
VII. FUNDAMENTO JURIDICO
Competencia
1- En los términos
del numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, esta Corte es competente
para ejercer un control integral, previo y automático sobre la
constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los
aprueben. Tal es el caso de la "Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre
Organizaciones Internacionales”, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986 y de la
Ley No 406 del 24 de octubre de 1997 por medio de la cual se aprueba dicha
Convención. La Corte procederá entonces a estudiar la constitucionalidad del
tratado y de su ley aprobatoria, tanto por motivos de fondo como por razones de
forma.
La suscripción
del tratado.
2- Según constancia
del Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores
incorporada al presente expediente (Folios 146 y 147), el Gobierno colombiano
confirió plenos poderes a Carlos Restrepo Piedrahita, embajador
plenipotenciario ante la conferencia de las Naciones Unidas sobre derecho de
los tratados referidos a organizaciones internacionales y expresamente lo
autorizó a firmar la presente convención. Por consiguiente, el presente tratado
fue regularmente suscrito por el Estado colombiano. En todo caso, consta en el
presente expediente (Folio 326) que el Presidente dio su aprobación ejecutiva
al presente tratado y decidió someterlo a la aprobación del Congreso. Esta
confirmación presidencial, conforme al derecho de los tratados codificado en la
Convención de Viena de 1969, en su artículo 8º, subsana cualquier eventual
vicio de representación del Estado. Este principio es totalmente aplicable en
el derecho constitucional colombiano, puesto que corresponde al Presidente de
la República, como jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y
celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o
Convenios (CP art. 189 ord 2º). Es natural entonces que la confirmación
presidencial subsane los vicios de representación durante el trámite de
suscripción de un tratado. La Corte concluye entonces que no hubo
irregularidades en la suscripción de la presente convención.
El trámite de la
Ley No 406 del 24 de octubre de 1997.
3- El proyecto de
Ley Aprobatoria de un Tratado debe comenzar por el Senado por tratarse de un
asunto referido a las relaciones internacionales (inciso final artículo 154
CP). Luego sigue el mismo trámite y debe reunir los mismos requisitos de
cualquier proyecto de ley ordinaria señalados por los artículos 157, 158 y 160
de la Constitución, a saber, (i) ser publicado oficialmente por el Congreso
antes de darle curso en la comisión respectiva; (ii) surtir los
correspondientes debates en las comisiones y plenarias de las Cámaras luego de
que se hayan efectuado las ponencias respectivas y respetando los quórums
previstos por los artículos 145 y 146 de la Constitución; (iii) observar los
términos para los debates previstos por el artículo 160 de ocho (8) días entre
el primer y segundo debate en cada Cámara, y quince (15) entre la aprobación
del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra;  y
(iv) haber obtenido la sanción gubernamental. Luego, la ley aprobatoria del
Tratado debe ser remitida dentro de los seis (6) días siguientes para su
revisión por la Corte Constitucional.
4- Ahora bien,
mediante sentencia C-255 de 1996, esta Corte Constitucional declaró inexequible
la Ley 194 del 6 de julio de 1995 que había aprobado la "Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones
Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, hecha en Viena el 21 de
marzo de 1986", por cuanto no se subsanaron, dentro del término señalado
en providencia anterior, algunos vicios de procedimiento. En 1996, nuevamente
se inició el trámite legislativo para aprobar este tratado, por medio de un
proyecto presentado al Senado el 17 de octubre por la Ministra de Relaciones
Exteriores, María Emma Mejía, el cual fue publicado en la Gaceta del Congreso
número 453 de octubre 18 de 1996. Posteriormente, en la Gaceta del Congreso
número 501 del 7 de noviembre de 1996 se publicó la ponencia para primer debate
en el Senado de la República del proyecto de ley y el 26 de noviembre de 1996,
12 de 13 senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado de la República
lo aprobaron, en primer debate.  En la Gaceta del Congreso número 569 del 6 de
diciembre de 1996 se publicó la ponencia para segundo debate y el 9 de
septiembre de 1996, la plenaria del Senado de la República aprobó el proyecto
de ley, con el lleno de los requisitos legales y reglamentarios, según
constancia del Secretario del Senado. Posteriormente, la Gaceta del Congreso
193 del 10 de junio de 1997 publicó la ponencia para primer debate en la Cámara
de Representantes del proyecto, que el 11 de junio de 1997, la Comisión Segunda
de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate y por unanimidad. Luego,
en la Gaceta del Congreso número 340 del 26 de agosto de 1997 se publicó la
ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes y la plenaria de
esta Corporación aprobó por unanimidad, el proyecto de ley sobre la
"Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, hecha en
Viena el 21 de marzo de 1986", el cual pasó a la respectiva sanción. El
Presidente la sancionó pero incurrió en un vicio de forma subsanable, el cual
fue declarado por la Corte Constitucional y fue corregido en término por el
Ejecutivo, de tal manera que la Ley No 406 del 24 de octubre de 1997 fue regularmente
sancionada el 11 de mayo de 1998 y remitida al día siguiente a esta
Corporación, para su revisión constitucional.
Conforme a las
pruebas incorporadas al presente expediente, y una vez corregido el vicio
subsanable, la Corte concluye que la Ley No 406 del 24 de octubre de 1997 fue
regularmente aprobada y sancionada.
La legitimidad
constitucional de la finalidad de la Convención
5- Entra entonces la
Corte al examen material del tratado, para lo cual comienza por sintetizar su
contenido y su finalidad.
La "Convención
de Viena sobre El Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones
Internacionales o entre Organizaciones Internacionales" -que para mayor
comodidad llamaremos en esta sentencia "Viena II"- es en gran medida
una codificación de prácticas consuetudinarias en este campo. Por ello, Viena
II recoge gran parte de los principios y contenidos normativos, en parte
también consuetudinarios, que fueron codificados por la "Convención de
Viena sobre Derecho de los Tratados" entre Estados, que para mayor
comodidad llamaremos en esta sentencia "Viena I". Las dos
convenciones tienen entonces la misma finalidad pues ambas pretenden codificar
el derecho de los tratados, debido a la importancia creciente de éstos como
fuentes formales del derecho internacional. La diferencia es que, como lo
establece el artículo 1º de las dos convenciones, Viena I se aplica
específicamente a los Estados como sujetos de Derecho Internacional mientras
que Viena II regula los tratados entre los Estados y  las Organizaciones
Internacionales o entre las Organizaciones Internacionales.
6- Esta codificación
del derecho de los tratados en que se ven involucradas organizaciones
internacionales es un desarrollo previsible y razonable del derecho
internacional público contemporáneo.
Durante mucho
tiempo, el derecho internacional fue monopolizado por los Estados ya que, con
contadas excepciones -como la Cruz Roja Internacional, o los insurrectos a
quienes se le hubiere reconocido beligerancia- los Estados eran considerados los
únicos sujetos del derecho internacional público, que era entonces un derecho
casi exclusivamente interestatal. Sin embargo, en el mundo contemporáneo, ese
monopolio estatal ha sido superado, pues la doctrina, la costumbre y la
normatividad internacionales admiten que existen otros sujetos de derecho
internacional. Así, el desarrollo de sistemas de protección de derechos humanos
después de la Segunda Guerra Mundial implica que la persona humana ha adquirido
una cierta personería jurídica en el plano internacional, ya que se considera
que la vigencia de los derechos humanos es un asunto que interesa directamente
a la comunidad internacional como tal. Por eso, cuando los mecanismos
nacionales de protección resultan ineficaces, los individuos pueden directamente
acudir ante ciertas instancias internacionales -como el Comité de Derechos
Humanos de la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- para que se
examinen las eventuales violaciones a los derechos reconocidos por los pactos
internacionales, lo cual no puede ser considerado una intromisión en la
soberanía nacional y es perfectamente compatible con la Constitución, tal y
como esta Corte lo ha señalado en varias oportunidades[1].
Igualmente, y sobre
todo a partir de la creación de la Sociedad de las Naciones, se admite que las
organizaciones internacionales son  actores de primer orden del derecho
internacional, a tal punto que se les reconoce como verdaderos sujetos del
derecho internacional público, pues -a diferencia del individuo, cuya
personería jurídica es limitada pues es titular de derechos pero no participa
en la creación de normas internacionales- algunas de estas organizaciones
pueden adquirir obligaciones internacionales e incluso establecer regulaciones
válidas frente al derecho internacional. Por todo lo anterior, hoy en día se
acepta que el derecho internacional no es únicamente un derecho interestatal,
pues la aparición y consolidación de las organizaciones internacionales, así
como el reconocimiento de una personería internacional limitada al individuo,
permiten hablar de la existencia de una comunidad internacional organizada, en
la cual los organismos internacionales   juegan un papel creciente. En efecto,
no sólo su número aumenta sino que gran parte de la cooperación internacional
se efectúa hoy por medio de tales organizaciones, que adquieren un carácter
permanente y no ocasional, lo cual es una expresión de la creciente
interdependencia entre los Estados y del reconocimiento de que existen ciertos
objetivos comunes a todos los pueblos -como la paz mundial, la protección del
medio ambiente o la defensa del patrimonio común de la humanidad- que sólo
pueden ser enfrentados adecuadamente por medio de instancias supranacionales e
incluso ecuménicas. Existe entonces un progresivo proceso de
institucionalización de la realidad internacional, que ha modificado la
estructura tradicional de las relaciones internacionales y del derecho en este
campo, y que adquiere su más importante expresión con la (O.N.U) Organización
de las Naciones Unidas, que es no sólo un órgano internacional universal sino
que además su carta constitutiva tiene principios y reglas que configuran una
suerte de orden público internacional, pues priman sobre cualquier otro
convenio internacional. En efecto, conforme al artículo 103 de la Carta de las
Naciones Unidas, "en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas
por los Miembros de las Naciones Unidas, en virtud de la presente Carta y sus
obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional,
prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta."
7- Las
organizaciones internacionales son entonces hoy sujetos de derecho internacional
distintos de los Estados. Es cierto que las organizaciones reguladas por la
Convención bajo revisión nacen por acuerdos entre los Estados, ya que el
artículo 2º de Viena I y Viena II definen una "organización
internacional" como una "organización intergubernamental”. Sin
embargo, la organización adquiere una subjetividad internacional propia,
diversa de aquella de los Estados que le dieron nacimiento, por lo cual su
voluntad es autónoma y jurídicamente distinta de la de los Estados que la integran.
Ahora bien, el
reconocimiento de la personalidad jurídica a las organizaciones internacionales
no significa que éstas gocen de un estatuto jurídico idéntico al de los
Estados. En efecto, mientras que todos los Estados son iguales ante el derecho
internacional y tienen todos capacidad plena para celebrar tratados, una
organización internacional es el resultado de un acto de voluntad de los
Estados, acto que modela su figura jurídica y le confiere caracteres
individuales muy marcados que limitan su parecido con cualquiera otra
organización internacional. Esto ha sido señalado con claridad por el Tribunal
Internacional de Justicia, quien precisó que "mientras un Estado posee la
totalidad de derechos y deberes internacionales, los derechos y deberes de una
entidad como la Organización de Naciones Unidas han de depender de los
propósitos de ésta, tal como son enunciados o están implicados en sus textos
constitutivos y desarrollados en la práctica"[2].
Las reglas que
regulan la celebración y ejecución de los tratados en los que participan dichas
organizaciones son entonces en parte diferentes a aquellas que gobiernan los
tratados entre Estados, diferencias que derivan precisamente de las propias
especificidades de las organizaciones internacionales: capacidad, formación de
la voluntad, expresión del consentimiento, etc. Así, el convenio constitutivo,
carta o constitución de las organizaciones internacionales determina sus
funciones y competencias y, en particular, es el instrumento que les confiere
personería jurídica y determina su capacidad jurídica para establecer tratados
con otros sujetos de derecho internacional, la cual es más o menos amplia en
función de los propósitos y ámbito competencial de la organización. Esta
capacidad puede ser muy reducida para instancias de índole técnica pero puede
ser muy importante en otras organizaciones, como la ONU, por lo cual resulta
perfectamente comprensible que el artículo 6º de Viena II establezca que
"la capacidad de una organización internacional para celebrar tratados se
rige por las reglas de esa organización" mientras que el mismo artículo de
Viena I señala que "todo Estado tiene capacidad para celebrar
tratados".
8- Lo anterior
explica el sentido y la finalidad de Viena II. En efecto, teniendo tales
organizaciones una naturaleza jurídica diversa de la de los Estados, con
capacidad y reglas de organización especiales, se justificaba elaborar un nuevo
instrumento, público, por medio del cual se codificara el derecho de los
tratados en relación con las organizaciones internacionales, con el fin de
facilitar la cooperación internacional.
9- Para la Corte Constitucional
es claro que esta finalidad de Viena II armoniza con la Carta, pues la
Constitución no sólo promueve las relaciones internacionales, sobre bases de
equidad, igualdad, reciprocidad, y respeto a la soberanía nacional y a la
autodeterminación de los pueblos (CP art. 9º y 226) sino que reconoce
explícitamente la existencia de organizaciones o entidades internacionales (CP
arts 150 ord 16 y 189 ord 3º). Es más, la Constitución  incluso acepta la
creación de organismos supranacionales de integración, a los cuales se pueden
transferir determinadas atribuciones del Estado, para fortalecer la integración
económica y promover la creación de una comunidad latinoamericana de naciones
(CP arts 150 ord 16 y 227), lo cual significa que la Constitución distingue
entre las organizaciones internacionales de simple cooperación -esto es,
aquellas que buscan armonizar los intereses de los Estados miembros, pero sin
afectar su condición de Estados soberanos- y las organizaciones de integración,
a las cuales la Carta autoriza la transferencia de ciertas competencias
originariamente residenciadas en el Estado. Por ello esta Corte había señalado
que “el derecho comunitario se distingue por ser un derecho que apunta hacia la
integración - y no solamente hacia la cooperación”[3]. Por ende, la
existencia y regulación de las actividades de organizaciones internacionales
destinadas a promover la cooperación e integración internacionales se ajusta a
la Carta, pues ésta promueve esos valores ya que “la cooperación y la
integración -fundadas en la noción más amplia de solidaridad internacional-, en
su sentido primigenio, persiguen la unión de los países en torno a problemas o
afinidades comunes, cuyas consecuencias trascienden las fronteras nacionales.[4]” Como vemos, Viena II
se funda en principios similares a los proclamados por la Carta pues, como lo
señala el preámbulo, el derecho de los tratados se basa en los principios de
derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, tales
como los principios de la igualdad de derechos y de la libre determinación de
los pueblos, de la igualdad soberana y la independencia de todos los Estados,
de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, de la prohibición
de la amenaza o el uso de la fuerza y del respeto universal a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad de tales derechos
y libertades. Existe pues una perfecta congruencia entre los objetivos y los
fundamentos jurídicos de Viena II y los principios y valores de la Constitución
colombiana.
Viena I, Viena
II, el artículo 9 º de la Constitución y el examen de la presente convención.
10- A pesar de las
especificidades de las organizaciones internacionales como sujetos de derecho
internacional, lo cierto es que los principios que orientan todos los tratados
son generales y comunes, por lo cual existe una relación muy estrecha entre el
derecho de los tratados entre Estados (Viena I) y el derecho de los tratados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones
internacionales (Viena II). Viena II ofrece entonces una regulación
sustantivamente muy semejante a Viena I, pero con los obvios ajustes derivados
de las peculiaridades de las organizaciones internacionales. Por ello no
resulta extraño que ambas convenciones tengan contenidos jurídicos similares,
incluso a nivel formal. Así, ambas  convenciones constan de un Preámbulo, unos
80 artículos y un anexo sobre los procedimientos de arbitramento y de
conciliación. Los artículos están además ordenados en partes y secciones
idénticas pues ambas convenciones comienzan por definir sus términos y su
alcance (Parte I) para luego regular la celebración y entrada en vigor de los
tratados (Parte II), la observancia, aplicación e interpretación de los mismos
(Parte IIII), su enmienda y modificación (Parte IV) así como las formas de
nulidad, terminación y suspensión de los tratados (Parte V). Viena I y Viena II
reglamentan también el tema de los depositarios, las notificaciones, las
correcciones y registro de los tratados (Parte VII),  establecen ciertas
disposiciones específicas sobre la relación de ambas convenciones con otros
tratados y obligaciones internacionales (Parte VI) y regulan sus propios
procesos de adopción y entrada en vigor (Parte VIII).
11- Esta similitud
de contenidos normativos no afecta, en manera, alguna la autonomía de Viena II,
como convención independiente, pues ella se refiere a un tipo de tratados
diferente al regulado por Viena I, por lo cual el control constitucional sobre
Viena II ejercido por esta Corte es independiente de la vigencia para Colombia
de Viena I. Sin embargo, la constatación de que Viena II se fundamenta
conceptualmente en Viena I, al punto de que reproduce literalmente la mayoría
de sus normas, tiene efectos importantes sobre el presente examen de
constitucionalidad.  Así, Viena I no sólo está vigente para nuestro país desde 1985,
treinta días después del depósito del instrumento de ratificación, previa la
aprobación del Congreso mediante la Ley 32 de 1985, sino que, además, es un
tratado de especial importancia en el ordenamiento jurídico colombiano. En
efecto, Viena I es en gran medida una codificación de los principios del
derecho internacional de los tratados, y el artículo 9º de la Constitución
señala que nuestro Estado orienta sus relaciones exteriores con base en
"los principios del derecho internacional aceptados por Colombia".
Esto significa que los contenidos normativos del derecho de los tratados
codificados en Viena I hacen parte de los principios del derecho internacional
aceptados por Colombia, por lo cual ellos sirven de fundamento constitucional a
normas de contenido y alcance similar. Por consiguiente, como ya se determinó
que la finalidad de Viena II es constitucionalmente legítima,  es razonable
concluir que cuando esta convención se limita a aplicar a los tratados en que
participan organizaciones internacionales normas idénticas a aquellas recogidas
por Viena I en relación a los tratados entre Estados, tales normas encuentran
un cierto fundamento constitucional en el artículo 9º de la Carta.
12- La anterior
consideración facilita el examen de la Corte. La Corporación no tendrá
necesidad de estudiar en detalle todos los artículos de Viena II pues cuando
ellos reproduzcan contenidos idénticos a Viena I, se entenderá que ellos hacen
parte de los principios de derecho internacional reconocidos por Colombia (CP
art. 9º), lo cual justifica, prima facie, que la Corte declare su
constitucionalidad, salvo que tales artículos entren en flagrante contradicción
con otros principios, valores y derechos reconocidos por la Carta,  pues ésta
es norma de normas (CP art. 4º).
13- La Corte precisa
el criterio precedente. La Corporación en manera alguna está sosteniendo que
Viena I es una norma de rango constitucional o esté integrada al bloque de
constitucionalidad. Lo que sucede es que los tratados son actos jurídicos
complejos, que se encuentran sometidos a un régimen jurídico complejo, pues
están regidos tanto por normas internacionales como por disposiciones
constitucionales. Así, el derecho internacional consagra la vida y los efectos
internacionales de esos acuerdos, mientras que el derecho constitucional,
establece la eficacia interna de los tratados así como las competencias
orgánicas y los procedimientos institucionales por medio de los cuales un país
adquiere determinados compromisos internacionales. Ahora bien, Viena I regula
en lo fundamental el derecho internacional de los tratados y sus principios
gozan en Colombia de un reconocimiento constitucional genérico (CP art. 9º),
pero ello no significa que, en el plano interno, el articulado de Viena I pueda
prevalecer sobre normas constitucionales específicas, ya que la Carta es norma
de normas (CP art. 4º). Precisamente el control constitucional previo ejercido
por esta Corporación busca armonizar con la Constitución el contenido de los
tratados que el Estado colombiano pretende ratificar.
Por todo lo
anterior, la identidad de reglas entre Viena I y Viena II constituye una
justificación de la constitucionalidad de las disposiciones de esta última pero
únicamente prima facie, pues es obvio que si un determinado artículo de
esta Convención contradice cláusulas específicas de la Constitución, la Corte
deberá proceder a declarar su inexequibilidad y el Presidente  sólo podrá
manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva (CP art. 241
ord 10).
Alcances de Viena
II y definiciones. El Preámbulo y las Parte I y V.
14- Con fundamento
en las anteriores consideraciones, entra la Corte a examinar el articulado de
Viena II.  Así, el preámbulo reitera la importancia de los tratados como
fuentes del derecho internacional, los principios que sirven de base al derecho
de los tratados, así como las relaciones entre Viena I y Viena II, todo lo cual
armoniza plenamente con la Carta, como ya se señaló anteriormente (Cf. supra
Fundamentos 8º y 9º).
15- El propio
preámbulo, los primeros cinco artículos y la Parte VI (arts 73 a 76) de la
Convención bajo revisión determinan su ámbito de aplicación, tanto material
(tipo de relaciones jurídicas reguladas) como temporal.
Así el preámbulo
señala que Viena II no afecta la naturaleza de las organizaciones
internacionales ni sus relaciones con sus miembros, pues éstas, como es lógico,
continúan rigiéndose por las reglas internas de cada entidad internacional.
Por su parte el
artículo 1º señala que la Convención se aplica a los tratados, esto es a los
acuerdos escritos regidos por el derecho internacional entre uno o varios
Estados y una o varias organizaciones internacionales, o entre organizaciones
internacionales. Esta norma podría plantear varios problemas que son resueltos
por la propia Convención. De un lado, el artículo 3º precisa que la no
aplicación directa de Viena II a otros acuerdos internacionales -como los
tratados que no consten por escrito o que se hayan suscrito entre sujetos de
derecho internacional que no sean Estados ni organizaciones internacionales- no
afecta el valor jurídico de tales acuerdos ni impide la aplicación de los
contenidos normativos de Viena II a los mismos. De otro lado, como la materia
es afín, se podrían plantear problemas para saber cuando se debe aplicar Viena
I y cuando Viena II, lo cual es solucionado por una interpretación sistemática
de los artículos 1º, 5º de ambas convenciones y el 73º de Viena II. Así, en
particular, éste último señala que entre Estados partes en Viena I, las
relaciones de esos Estados en virtud de un tratado entre dos o más Estados y
una o varias organizaciones internacionales se regirán por dicha Convención y
no por Viena II.
Igualmente, los
artículos 74 a 76 limitan los efectos de Viena II sobre otras relaciones jurídicas
internacionales, que están potencialmente ligadas a la materia de la Convención
pero que expresamente no fueron reguladas por la misma, por lo cual no son
directamente afectadas por sus disposiciones. Así, según el artículo 74, la
adopción de Viena II no implica ningún prejuzgmiento sobre cuestiones que
puedan surgir debido a la sucesión de Estados, la responsabilidad internacional
de un Estado o la ruptura de hostilidades entre Estados. Tampoco implica ella
ningún prejuzgamiento sobre cuestiones surgidas como consecuencia de la
responsabilidad internacional de una organización internacional, de la
terminación de su existencia o de la terminación de la participación de un
Estado en calidad de miembro de la organización, ni sobre  la creación de obligaciones
y derechos para los Estados miembros de una organización internacional en
virtud de un tratado en el que esa organización sea parte.  Por su parte, el
artículo 75 señala que, en caso de ruptura o ausencia de relaciones
diplomáticas o consulares entre dos o más Estados, la celebración de tratados
entre los mismos es posible y no implica ningún prejuzgamiento acerca de la
situación de las relaciones diplomáticas o consulares. Y, finalmente, el
artículo 76 precisa que Viena II no afecta las obligaciones derivadas de la
Carta de las Naciones Unidas, en caso de agresiones por parte de un Estado, lo
cual es una lógica consecuencia de la prevalencia de las obligaciones derivadas
de la Carta de San Francisco
16- Por su parte, y
por elementales razones de seguridad jurídica, el artículo 4º señala que Viena
II no es retroactiva, por lo cual sus cláusulas se aplican sólo a los tratados
que sean celebrados después de la entrada en vigor de la misma. Se trata de una
norma de elemental seguridad jurídica, puesto que las reglas que gobiernan la
formación de un acto jurídico -como los tratados- son las vigentes al momento
de la celebración del mismo, por lo cual mal podría tener Viena II un efecto
retroactivo, como tampoco lo tiene Viena I, que contiene idéntica restricción,
lo cual significa que estas convenciones no cubren tratados celebrados por
Colombia antes de la fecha de entrada en vigencia de las mismas.
Lo anterior no
significa, empero, que las normas de la presente convención, así como las de
Viena I, no tengan ninguna relevancia para los tratados anteriores, pues ellas
son, en algunas ocasiones, una codificación de principios consuetudinarios o
han sido recogidas por otros instrumentos internacionales, por lo cual ellas
pueden ser aplicadas, pero no como una obligación autónoma proveniente de Viena
I o Viena II sino como una expresión de la fuerza jurídica de otros convenios o
de la costumbre internacional, ya que el propio preámbulo de ambas convenciones
precisa que las normas de derecho consuetudinario siguen rigiendo las
cuestiones no reguladas por la presente Convención. Este criterio coincide
además con la doctrina desarrollada por la Corte Internacional de Justicia al
respecto, la cual ha señalado que la incorporación de normas consuetudinarias
en un tratado en manera alguna implica que esos principios “dejen de existir y
aplicarse en tanto que principios de derecho consuetudinario, incluso respecto
a los países que sean partes en dichas convenciones”[5] por cuanto “las normas
de derecho internacional consuetudinario continúa teniendo una existencia y una
aplicabilidad independiente en relación a las normas de derecho internacional
convencional incluso cuando ambos tipos de derecho tienen idéntico contenido.[6]” Sin embargo esta
precisión sobre la vigencia temporal de Viena I y Viena II es importante, pues
significa que tales convenciones no se pueden aplicar mecánicamente a los
tratados aprobados con anterioridad a las mismas, ya que si bien algunos de sus
contenidos recogen principios consuetudinarios universalmente aceptados, otras
disposiciones, por el contrario, intentan precisamente solucionar agudas
controversias jurídicas. Por ejemplo, la doctrina discutió durante mucho tiempo
el efecto de la llamada cláusula rebus sic standibus, según la cual una
parte puede dar por terminado unilateralmente un tratado cuando ocurre un cambio
imprevisto que modifique radicalmente el alcance de las obligaciones
pendientes. Según algunos autores, con excepción de los convenios que
establecen una frontera, esa causa de terminación de los tratados podía ser
invocada en todo tratado concluido sin plazo de duración, pues era una
condición implícita de los mismos. Por el contrario, otro sector de la doctrina
se oponía a la existencia de esta figura, pues consideraban que era una
inadmisible oposición al principio Pacta sunt servanda, que constituye
la base del derecho internacional. Pero incluso entre quienes aceptaban la
operancia de esta figura, existía fuerte polémica sobre su naturaleza, pues
para algunos ella era una verdadera cláusula implícita que derivaba de la
intención de las partes, mientras que para otros ella constituía una regla
objetiva del derecho internacional, esto es una norma extracontractual, que
funcionaba independientemente de la voluntad de las partes, y cuyo efecto no
era extinguir el tratado sino facultar a las partes para su revisión[7]. Pues bien, el artículo
62 de Viena I y Viena II soluciona, hacia el futuro, esa controversia doctrinal
precisando en qué condiciones puede un Estado invocar un cambio de
circunstancias para dar por terminado un tratado.
17- Finalmente, el
artículo 2º define los principales términos empleados por la Convención, como
tratados, plenos poderes, ratificación, reserva, etc. La mayoría de ellos son
la aplicación de los mismos conceptos desarrollados por Viena I pero, como es
obvio, ajustados a la peculiaridad de la materia de Viena II. Por ello se
introducen también algunas definiciones suplementarias, que derivan de las
especificidades mismas de las organizaciones internacionales, como las nociones
de "reglas de la organización" o la "confirmación formal",
que es el acto equivalente, a nivel de las organizaciones,  a la
"ratificación" de un tratado por parte de un Estado.
18- Para la Corte, estas
cláusulas reseñadas en los párrafos precedentes simplemente precisan los
alcances de la Convención bajo revisión y de sus principales términos, sin que
la Corte encuentre ninguna objeción constitucional, por lo cual serán
declaradas exequibles.
Los tratados como
actos jurídicos complejos y la Constitución.
19- Las siguientes
partes de la convención bajo revisión regulan propiamente el régimen jurídico
internacional de los tratados, puesto que establecen las reglas para la
formación de los mismos (Parte II), su aplicación e interpretación (Parte
IIII), su enmienda y modificación (Parte IV) así como las formas de nulidad,
terminación y suspensión de los tratados (Parte V). Para comprender el alcance
de estas normas y los problemas constitucionales que pueden suscitar, es
necesario recordar que, como ya se señaló en esta sentencia, la doctrina
jurídica, con criterios ampliamente aceptados por la jurisprudencia
constitucional colombiana, ha calificado a los tratados como actos jurídicos
complejos, no sólo por cuanto se desarrollan en diversos momentos sino además
porque involucran diferentes órganos del Estado y están sometidos a normas
tanto internacionales como constitucionales. Esto ya lo había reconocido la
Corte en anterior decisión, cuando señaló:
"Como acto
complejo que es, el Tratado internacional se concluye después de haber sido
objeto de un procedimiento igualmente complejo. De él puede decirse, al igual
que en derecho interno se ha dicho de la ley, que es un acto jurídico formal,
esto es sujeto a procedimientos; es decir, que se perfecciona mediante el
empleo de un determinado procedimiento regulado por la Constitución y la ley
del Estado, o por el uso. El procedimiento tradicional para la conclusión de
los tratados, aplicado en principio, a los tratados bilaterales, comprende la
negociación, por parte del ejecutivo, la firma por plenipotenciarios, la
ratificación y el canje de ratificaciones. En los Estados de Derecho modernos
la aprobación del tratado, se encomienda al órgano legislativo; posteriormente
viene la ratificación, que es un acto soberano del Ejecutivo. En el caso de los
tratados multilaterales el procedimiento incluye, además, la posibilidad de la
adhesión al tratado por parte de los Estados que no han sido originalmente
signatarios del mismo.  En cuanto a la ratificación o a la adhesión, su régimen
jurídico se inspira en un principio fundamental: la autoridad competente se
determina por el derecho público interno del Estado interesado. La práctica
internacional contemporánea es muy clara a este respecto, y los propios
tratados multilaterales, con leves diferencias de forma, afirman el principio
de que la ratificación se realizará de acuerdo con los procedimientos
constitucionales vigentes en cada uno de los Estados signatarios.[8]"
Así, en general es
posible distinguir tres grandes fases en la formación de un tratado. En el
momento inicial, los sujetos de derecho internacional negocian, adoptan y
autentican un determinado texto. Luego en una fase, llamada intermedia por
algunos sectores de la doctrina, los Estados aprueban internamente el tratado,
y se llega así a la fase final, en donde los sujetos manifiestan
internacionalmente el consentimiento de obligarse por medio del tratado. Ahora bien,
el tema es complejo, por cuanto la regulación de esta materia hace referencia a
dos normatividades, el derecho internacional público y la normatividad
constitucional de cada Estado. El problema constitucional es entonces hasta qué
punto los principios y reglas de Viena II sobre la formación, aplicación y
terminación de los tratados son compatibles con el ordenamiento constitucional
colombiano puesto que la Carta  ha fijado un trámite particular, que involucra
a las  tres ramas del poder y supone el cumplimento de determinadas etapas,
para que, de manera regular y válida, Colombia pueda obligarse
internacionalmente[9].
Así, corresponde al Presidente de la República como director de las Relaciones
Internacionales, tomar la iniciativa en la celebración de tratados, su
negociación de manera directa o a través de sus delegados, y suscribirlos ad
referendum, ya que debe someterlos a la aprobación del Congreso (CP art.
150 numeral 16). Por su parte, este cuerpo representativo debe aprobar o
improbar esos proyectos de tratado, que pasan entonces a la revisión
automática, previa e integral de la Corte Constitucional, quien debe decidir
definitivamente sobre la exequibilidad de los proyectos de tratados y de las
leyes que los aprueban. Si resultan constitucionales, el Gobierno podrá prestar
internacionalmente el consentimiento del Estado colombiano, pero si una o
varias normas de un tratado son declaradas inexequibles por la Corte
Constitucional, el Presidente de la República sólo  podrá manifestar el
consentimiento del  Estado colombiano formulando la correspondiente reserva (CP
art. 241 num 10).
Con tales
precisiones, entra la Corte a estudiar el régimen jurídico de los tratados
previsto por la Convención bajo revisión.
La negociación de
los tratados y la suscripción y autenticación del texto.
20- Los artículos 6º
a 10 regulan la fase inicial de formación de un tratado. Así, el artículo 6º
precisa que la capacidad de una organización internacional para celebrar
tratados se rige por las reglas de esa organización, esto es, por los
instrumentos constitutivos de la organización, sus decisiones y resoluciones
adoptadas de conformidad con éstos y su práctica establecida. Esta norma deriva
de la naturaleza misma de las organizaciones internacionales, tal y como se
señaló anteriormente, por lo cual la Corte no le encuentra ninguna objeción
constitucional.
21- Por su parte el
artículo 7º se refiere a los plenos poderes, esto es la capacidad que tienen
determinadas personas para representar al Estado o a la organización en la
negociación de un tratado, así como en la expresión del consentimiento
internacional. La disposición regula la figura jurídica en relación con las
organizaciones internacionales, asunto que compete al derecho internacional
público y no interesa al control constitucional. En relación con los Estados,
la norma reproduce el mismo artículo de Viena I y simplemente agrega que
también  se considera que tienen plenos poderes los representantes acreditados
y los jefes de misiones permanentes ante una organización internacional, para
la adopción del texto de un tratado entre los Estados acreditantes y esa
organización.
La Corte considera
que  la anterior regulación armoniza con la Carta. Así, esta Corporación ya
había admitido la figura de los plenos poderes, pues si bien corresponde al
Presidente celebrar los tratados, es obvio que esto no implica que todos los
pasos indispensables para la celebración de los mismos “deban correr a cargo
del Presidente de la República en forma directa, pues, de tomar fuerza
semejante idea, se entrabaría considerablemente el manejo de las relaciones
internacionales y se haría impracticable la finalidad constitucional de
promoverlas en los términos hoy previstos por el Preámbulo y por los artículos
226 y 227 de la Carta”[10].
Igualmente, es perfectamente conforme con el derecho colombiano que la
Convención presuma que representan a Colombia en la negociación de tratados, el
Presidente, el Ministro de Relaciones y otros agentes diplomáticos del
Ejecutivo, como los señalados en el artículo 7º, pues el Presidente dirige las
relaciones internacionales, nombra los ministros de este ramo así como a los
agentes diplomáticos, por lo cual se entiende que éstos actúan bajo instrucción
suya. (CP art. 189 ord 2º).
22- En ese mismo
orden de ideas, esta Corporación encuentra perfectamente acorde con el
ordenamiento constitucional la figura de la confirmación, según la cual, un
acto ejecutado por una persona que no pueda considerarse autorizada para
representar al Estado o a una organización internacional, no surtirá efectos jurídicos
a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado o esa organización.  Es
más, en numerosas ocasiones, la Corte ha hecho referencia a la figura de la
confirmación presidencial, como una concreción en el constitucionalismo
colombiano de este principio, que le ha permitido considerar subsanado
cualquier vicio en la negociación y suscripción de un tratado por nuestro país,
si figura en el expediente la aprobación o confirmación por el Presidente de la
República, antes de que el tratado sea sometido a consideración del Congreso[11].
23- Los artículos 9º
y 10 regulan la forma de adopción y autenticación del texto de un tratado y son
simples adaptaciones a las especificidades de las organizaciones
internacionales de los mismos artículos de Viena I. La Corte no encuentra
ninguna objeción en ellos puesto que se trata de reglas razonables que, dentro
del respeto de la soberanía de los Estados, dinamizan los procesos de
suscripción de los convenios internacionales.
El consentimiento
en obligarse por un tratado.
24- Los siguientes
artículos regulan las diferentes formas jurídicas por medio de las cuales un
Estado o una organización internacional manifiestan su consentimiento de
obligarse en virtud de un tratado, a saber,  la firma (art. 12), el canje de
instrumentos (art. 13) la ratificación o confirmación formal (art. 14) la
adhesión (art. 16) o cualquier otra forma que se hubiere convenido (art. 11).
Igualmente se señala el momento en el cual debe constar el consentimiento del
Estado o la organización (art. 17), así como las situaciones en donde es
posible que un Estado o una organización internacional se obliguen sólo
respecto de una parte de un tratado  o puedan optar entre disposiciones
diferentes del mismo (art. 18).
25- La Corte
considera que esos artículos, que son adaptaciones de las mismas normas de
Viena I, recogen prácticas consuetudinarias sobre la manera como los sujetos
del derecho internacional manifiestan su consentimiento, por lo cual, se trata
de reglas de derecho internacional a las cuales nuestro país adhiere (CP art.
9º).  Sin embargo, el Estado colombiano sólo puede legítimamente obligarse a
nivel internacional una vez se hayan surtido los trámites internos de
aprobación del tratado, tal y como lo ordena la Carta. Por ello esta
Corporación había señalado al respecto:
"(El derecho
constitucional colombiano) establece unos pasos que garantizan la formación
plena de la voluntad del Estado, manifestada por las tres ramas del poder
público, que es expresión de la voluntad del Estado para comprometerse a nivel
internacional. Por tanto, la voluntad de celebrar un tratado se expresa en
primer término, en la iniciativa y la negociación por parte del Presidente de
la República como Jefe de Estado y director de las relaciones internacionales;
en segundo término, en la aprobación o improbación por parte del Congreso
Nacional, y en tercer término, en la revisión automática por parte de la Corte Constitucional,
paso este último que es previo al perfeccionamiento del Tratado. Con
posterioridad vendrán la ratificación, el canje de instrumentos y demás
formalidades a través de las cuales el tratado es perfeccionado y, por ende,
puesto en vigencia.[12]"
Por consiguiente, el
jefe de Estado, o su representante, sólo podrá recurrir a los mecanismos
previstos por los artículos 11 a 17 de la presente convención, una vez surtidos
los trámites internos previstos por la Constitución, a saber, que el tratado
sea aprobado por el Congreso por medio de una ley y que ésta sea sometida a la
revisión de la Corte Constitucional. Por ende, se entiende que el Presidente
sólo tendrá competencia para manifestar el consentimiento internacional del
país, una vez que se hayan agotado esas fases, pues de lo contrario, estaríamos
en presencia de una violación manifiesta de normas constitucionales, que
viciaría ese consentimiento.
26- A pesar de lo
anterior, uno de los intervinientes considera que Colombia no debe efectuar una
reserva o declaración en relación con estos artículos por cuanto se entiende
que la Convención enuncia distintos caminos para la expresión del consentimiento
de los sujetos del derecho internacional, opciones que éstos pueden usar o no,
de común acuerdo, y sin que ninguna parte pueda ser obligada a adoptar alguna
de ellas. La Corte no comparte esa tesis, puesto que, conforme al artículo  46
de Viena I y Viena II, un Estado sólo puede alegar una disposición interna
concerniente a la competencia para celebrar tratados como vicio de su
consentimiento, si ésta es manifiesta y afecta a una norma de importancia
fundamental de su derecho interno. Así las cosas, la Corte considera que es una
norma fundamental sobre competencia de nuestro ordenamiento que debe haber
previamente aprobación del Congreso y revisión constitucional por esta Corte
para que el Ejecutivo pueda manifestar internacionalmente el consentimiento de Colombia.
Sin embargo, mal podría nuestro país invocar eventualmente una infracción a
esa  norma si Colombia, al ratificar la presente Convención, que precisamente
codifica las reglas relativas a la manifestación del consentimiento por medio
de un tratado, no precisa que el Gobierno no puede obligar internacionalmente
al Estado colombiano sin previa aprobación del Congreso y revisión
constitucional de esta Corte. En efecto, la propia convención precisa que una
violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado
o cualquier organización internacional que proceda en la materia de buena fe y
conforme a la práctica internacional usual. Por ende, es necesario que el
Estado colombiano, precisamente para poder comprometerse internacionalmente de
buena fe y garantizar una mayor seguridad jurídica en las relaciones
internacionales, precise que estos pasos internos son esenciales para que el
representante internacional pueda manifestar válidamente el consentimiento
internacional del Estado colombiano. Por todo lo anterior, la Corte declarará
la constitucionalidad condicionada de esos artículos a fin de que el Gobierno,
al ratificar la presente Convención, efectúe la correspondiente reserva,
precisando que el consentimiento sólo podrá ser prestado por el representante
colombiano, una vez aprobado el tratado por el Congreso y verificada su
constitucionalidad por la Corte Constitucional.
Las reservas.
27- Los artículos 19
a 23 señalan las reglas concernientes a la formulación de reservas por un Estado
u organización internacional, y su aceptación u objeción por los otros
partícipes de un tratado. Como se sabe, una reserva es una declaración
unilateral que hace un sujeto de derecho internacional, al prestar el
consentimiento en un tratado, a fin de excluir o modificar los efectos
jurídicos de ciertas disposiciones del tratado. Viena II adopta el mismo
principio previsto por Viena I en la materia, esto es, que la formulación de
una reserva es posible, salvo si el tratado la prohibe de manera general, o en
relación con ciertas cláusulas, o la reserva es incompatible con el objeto y el
fin del tratado. Igualmente, las condiciones de aceptación y objeción a las
reservas de Viena II son las mismas de Viena I.
28- En anteriores
decisiones[13],
la Corte ya ha analizado el alcance y la legitimidad de la figura de las
reservas y las declaraciones interpretativas en el constitucionalismo
colombiano, por lo cual esta Corporación no encuentra ninguna objeción a estas
disposiciones de la Convención bajo revisión.
Entrada en vigor
y la aplicación provisional de los tratados.
29- El artículo 24
establece la forma de entrada en vigor de los tratados y reproduce los
criterios de Viena I. La Corte considera que esta regulación es perfectamente
razonable y acorde con la Carta, pues resulta lógico que un tratado entre en
vigor en la forma y fecha en que éste o los negociadores lo dispongan y que,
cuando no exista tal acuerdo, el  derecho de los tratados establezca reglas
sustitutivas para solucionar el eventual conflicto que ello implica.
30- Por su parte, el
artículo 25 establece la posibilidad de aplicación provisional de los tratados
antes de su entrada en vigor, y reglamenta también como se puede dar fin a esa
aplicación.
La Corte considera
que, en relación con el derecho constitucional colombiano, esa norma admite dos
interpretaciones. De un lado, es posible que internamente se hayan surtido los
pasos necesarios para que Colombia pueda comprometerse internacionalmente y que
el  Presidente manifieste el consentimiento del país, pero que en ese momento
el tratado no se encuentre aún en vigor, por ejemplo porque se trata de un
convenio multilateral que requiera de un cierto número de ratificaciones para
comenzar a regir. Ahora bien, si en ese caso, ese tratado admite la aplicación
provisional antes de su entrada formal en vigor, la Corte no encuentra ninguna
objeción a tal procedimiento por cuanto ya se han surtido los trámites
constitucionales para que el representante de Colombia pueda comprometer
internacionalmente al país.
Sin embargo, de otro
lado, el artículo admite otra interpretación, pues es posible pensar que la
norma hace referencia a formas de aplicación provisional como la prevista por
el artículo 224 de la Carta, esto es, la posibilidad que tiene el Presidente,
antes de la aprobación por el Congreso y la revisión por esta Corte, de aplicar
provisionalmente ciertos convenios. Sin embargo, la Constitución sólo admite
ese procedimiento en relación con los tratados de naturaleza económica y
comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales. Por ello esta
Corporación había precisado que esta aplicación provisional requiere dos
condiciones, a saber que se trate de un convenio de naturaleza  económica y
comercial, y la segunda que haya sido acordado en el ámbito de organismos
internacionales que así lo dispongan, “condiciones que tienen además un
carácter concurrente, conclusión a que se llega luego de determinar su carácter
excepcional y en consecuencia de interpretación restrictiva”[14]. La Corte insiste en
que esta posibilidad de aplicación provisional de los tratados, antes de su
aprobación por el Congreso y la revisión de la Corte, es una excepción al
procedimiento ordinario previsto por la Carta en esta materia, por lo cual es
de interpretación rigurosa y estricta, y no admite analogías. Unicamente se
puede utilizar esa figura en relación con los convenios económicos y
comerciales adoptados en organismos internacionales que así lo dispongan.
Además, como lo establece la Carta, tan pronto entre en vigor provisionalmente
el convenio respectivo, es deber del Presidente someterlo al Congreso, y si
éste no lo aprueba, se suspenderá su aplicación (CP art. 224). Por consiguiente,
al momento de ratificar Viena II, el Presidente deberá formularse la
correspondiente reserva a ese artículo, tal y como se señala en la parte
resolutiva de esta sentencia.
Pacta sunt
servanda y buena fe
en las relaciones internacionales.
31- La tercera parte
de la Convención bajo revisión regula la observancia, aplicación e
interpretación de los tratados. Así, el artículo 26 expresa uno de los
principios esenciales del derecho internacional, pues consagra la norma Pacta
sunt servanda, según la cual "todo tratado en vigor obliga a las
partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe".
Este principio de Pacta
sunt servanda, según el cual los tratados deben ser cumplidos por las
partes que se obligaron, constituye la base esencial del derecho de los
tratados y, en general, del funcionamiento armónico y pacífico de la comunidad
internacional. Por ello, algunos teóricos han considerado que esta norma
representa el principio base, la norma fundamental y más elemental de todo el
sistema jurídico del derecho internacional, de la cual depende la validez de
las reglas de este derecho. Según su criterio, que esta Corte acoge, resulta
imposible pensar el derecho internacional como disciplina autónoma sin
presuponer una norma como Pacta sunt servanda, por lo cual ella es sin
lugar a dudas unos de los principios de derecho internacional reconocidos por
Colombia (CP art. 9º)
32- Ahora bien, Pacta
sunt servanda no sólo significa que los tratados deben ser formalmente
acatados sino que deben ser cumplidos de buena fe, esto es, con la voluntad de
hacerlos efectivos. Por ello la doctrina y la jurisprudencia internacionales
consideran que el principio de buena fe es parte integrante de la norma Pacta
sunt servanda, tal y como lo ha reconocido la Corte Internacional de
Justicia[15]
y tal como lo estableció la Carta de las Naciones Unidas,  la cual en el
numeral 2º del artículo 2º establece que los miembros de la ONU, "a fin de
asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales,
cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de
conformidad con esta Carta (subrayas no originales)." Otros importantes
instrumentos internacionales han resaltado la trascendencia de este principio
de la buena fe y su vínculo no sólo con la norma Pacta sunt servanda,
sino también con la prohibición del abuso del derecho. Así, la “Convención de
las Naciones Unidas sobre el derecho del mar” del 10 de octubre de 1982, más
conocida como Convención de Montego Bay, la cual se encuentra vigente
internacionalmente desde el 14 de noviembre de 1994, establece en su artículo
300 que “los Estados Partes cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas de
conformidad con esta Convención y ejercerán los derechos, competencias y
libertades reconocidos en ella de manera que no constituya un abuso de
derecho”.
33- Este principio
de que Colombia debe cumplir de buena fe sus obligaciones internacionales tiene
evidente sustento constitucional, pues la Carta señala que las actuaciones de
las autoridades colombianas deben ceñirse a los postulados de la buena fe (CP
art. 83), norma que se aplica también a las relaciones internacionales.
Además, la norma de la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones
internacionales por los Estados no sólo ha sido tradicionalmente reconocida por
Colombia sino que su consagración expresa en la Carta de las Naciones Unidas se
debe a la propuesta de los delegados colombianos en la Conferencia de San
Francisco.  En efecto, el 25 de junio de 1945, uno de los delegados de
Colombia, el profesor Jesús María Yepes, intervino exitosamente en la sesión
plenaria de la Comisión Primera a fin de que se incorporara ese principio en el
artículo 2º del proyecto de Carta de las Naciones. Dijo el profesor Yepes[16]:
"La enmienda
propuesta por la Delegación de Colombia se explica  por sí sola. Tiene la
intención de introducir el principio de la plena buena fe, que quisiéramos
añadir a los principios ya incorporados en la Carta. Este principio, desde
algunos puntos de vista, vendrá a ser el leitmotif de la nueva Organización
Internacional, después de tantos años en que la mala fe parece haber sido el
fundamento de la conducta adoptada por los Estados que hundieron al mundo en el
caos en que nos encontramos hoy.
Las Naciones
Unidas han asumido el deber de reinstaurar la ética internacional en el
preámbulo que está en proyecto y en los dos capítulos aprobados por nuestra
comisión. Encontramos ya algunos de estos principios esenciales en toda
sociedad que sea real y orgánicamente internacional. A pesar de todas las
limitaciones, quizás necesarias, logramos insuflar a las proposiciones de
Dumbarton Oaks, algún poder espiritual, que tanto le faltaba a ese documento.
Es extraño, pero todavía le falta el principio de la buena fe, sobre la cual
nuestro trabajo debe apoyarse. Si no se apoyará en el vacío. Por esta razón,
pensamos que es necesario presentarla en la sesión plenaria de esta Comisión.
Los miembros de la organización contraen ciertas obligaciones por medio de la
Carta. Declarar simplemente que se cumplirán esas obligaciones, no es suficiente.
Al contrario, es algo peligroso.
Es necesario
añadir que se cumplirán con buena fe; la razón de esta cláusula es que sin ella
quedaría cierto vacío jurídico en el documento. No es exacto que la buena fe
está implícita en todas las obligaciones de carácter internacional, porque, al
contrario, hay una escuela de falsa filosofía política para la cual el interés
del Estado, sea o no legítimo, es el moderador supremo de la vida
internacional. Para esa escuela, la buena fe no cuenta.
(...)
Las Naciones Unidas
deben reaccionar contra esos conceptos y proclamar que la vida internacional
requiere un mínimo de moralidad; como norma de conducta para los pueblos. Este
mínimum no puede ser otra cosa sino la plena buena fe y el respeto por la
palabra empeñada. La enmienda colombiana, por lo tanto, tiene un profundo
significado espiritual; simboliza este nuevo espíritu de lealtad, de plena
buena fe. Tiene que ser incluído en nuestro trabajo, porque la buena vecindad,
a menos que sea practicada con plena buena fe, no dará frutos en las relaciones
de los hombres y de los pueblos.
(...)
Si en esta carta
abandonáramos este término, esto sería interpretado en el sentido de que
abandonamos, no solo una frase consagrada por la tradición jurídica, sino
también un concepto que debe ser la raíz de toda la vida internacional, y esto
sería deplorable.
La opinión
pública sería severa si se diera cuenta que hemos escondido la luz aquí. Esta
es una idea fundamental de nuestra civilización establecida por la ley del
contrato."
Esta contribución
colombiana ha sido reconocida por otros doctrinantes. Así, Goodrich y Hambro, en su autorizado comentario sobre la Carta de
San Francisco, explican los antecedentes del mencionado artículo 2.2. de ese
texto, según el cual los Estados de la ONU deben cumplir “de buena fe” sus
obligaciones a fin de poder gozar de los derechos y ventajas de ser miembros de
esta organización. Estos autores señalan entonces que ese numeral se encontraba
incluido en las proposiciones originarias de Dumbarton Oaks, y que fuera de
algunas modificaciones de estilo, sólo se introdujo un “cambio importante” y
fue la precisión de que las obligaciones debían ser cumplidas de buena fe.
Dicen entonces estos tratadistas:
"La expresión fue incorporada por la Comisión I/I, en el curso del
examen del informe del Comité Técnico, a fin de satisfacer la petición del
delegado de Colombia, que consideraba útil mencionar la buena fe, como un
leitmotiv de la nueva organización, teniendo en cuenta que la buena fe había
estado tan abierta y frecuentemente ausente de las relaciones internacionales
en el curso de los años inmediatamente precedentes. La reforma fue adoptada de
manera unánime"[17].
34- La norma Pacta
sunt servanda se relaciona igualmente con el artículo 18 de la presente
convención, según el cual un sujeto de derecho internacional tiene la
obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado, incluso antes de su
entrada en vigor, cuando ya lo haya suscrito, mientras no haya manifestado su
intención de no llegar a ser parte en el tratado, o cuando ya haya prestado su
consentimiento, siempre y cuando la entrada en vigor del tratado no se retarde
indebidamente. En efecto, si los Estados tienen la obligación de cumplir de
buena fe los tratados, es razonable que también deban evitar frustrar su objeto
cuando ya lo hayan suscrito, pues ésta es una consecuencia natural de la buena
fe, que prohibe todo abuso del derecho, tal y como lo  ha reconocido la
jurisprudencia internacional en varios casos[18],
por lo cual es razonable prohibir a un Estado que ya ha suscrito un tratado,
que no frustre su desarrollo, incluso antes de la entrada en vigor del mismo.
35- Por todo lo
anterior, la Corte considera que los artículos 18 y  26, que consagran la
observancia de buena fe de los tratados no sólo no violan la Carta sino que
armonizan plenamente con los principios y valores constitucionales, por lo cual
esas disposiciones serán declaradas exequibles. Con todo, la Corte precisa que
el principio Pacta sunt servanda, si bien es uno de los fundamentos
esenciales del derecho internacional, no debe ser absolutizado pues la propia
normatividad, así como la doctrina y la jurisprudencia internacionales
reconocen que, en determinados casos, esta norma cede ante otros principios, y
por ende un sujeto internacional puede dejar de cumplir las obligaciones
derivadas de un tratado sin por ello incurrir en responsabilidad internacional.
Así, como se verá posteriormente en esta sentencia, tanto Viena I como Viena II
prevén que en determinadas hipótesis y después de ciertos procedimientos, se
puede declarar la nulidad, la terminación o la suspensión de un tratado, por lo
cual, en tales casos, el Estado o la organización internacional, según el caso,
no se encuentran jurídicamente obligados a cumplir las cláusulas del mismo,
puesto que éstas han dejado de serles aplicables. En ese mismo orden de ideas,
la doctrina y la jurisprudencia también han admitido que en otras hipótesis
excepcionales, un tratado puede mantener su vigencia pero un Estado puede
incumplirlo sin comprometer su responsabilidad internacional por existir una
causa justificatoria que excluye la ilicitud del comportamiento estatal. Tal es
el caso, por ejemplo, del estado de necesidad, circunstancia que justifica que
un Estado desconozca un compromiso internacional a fin de salvaguardar un
interés esencial amenazado por un grave e inminente peligro. Como es obvio, se
debe tratar de una situación especialísima, pues no podría autorizarse a un
sujeto internacional a invocar en circunstancias ordinarias esta justificación,
ya que se estaría afectando profundamente el principio Pacta sunt servanda.
Por ello, la doctrina y la jurisprudencia han establecidos requisitos
excepcionales para que el estado de necesidad se pueda invocar de manera
legítima. Así, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas ha
señalado que un Estado no podrá invocar un estado de necesidad a menos que (i)
exista un peligro grave e inminente, (ii) que amenace con dañar un interés
esencial del Estado, (iii) que no haya sido provocado por el propio Estado,
(iv) que sólo pueda atajarse mediante una conducta contraria a lo establecido
por el tratado y (v) que tal conducta no afecte, a su vez, a un interés
esencial del Estado víctima[19].
Las tensiones
entre Pacta sunt servanda, la prevalencia de los tratados y la
supremacía de la Constitución.
36- En consonancia
con el principio Pacta sunt servanda, el siguiente artículo del convenio
bajo revisión señala que no podrán los Estados ni las organizaciones
internacionales invocar el derecho interno o las reglas de la organización para
justificar el incumplimiento de un tratado, salvo en el caso de que se trate,
conforme al artículo 46, de una violación manifiesta de una disposición
fundamental de derecho interno relativa a la competencia para celebrar
tratados.
Esta disposición,
que recoge la misma regla de Viena I en la materia, regula entonces la compleja
relación entre los compromisos internacionales de los Estados y las
organizaciones internacionales, y el derecho interno de estos sujetos, y
consagra en principio la llamada tesis monista con supremacía del derecho
internacional, puesto que establece que, salvo en lo relativo a las reglas de
competencia, las partes de un tratado no pueden invocar su derecho interno para
incumplir sus obligaciones internacionales. Esto significa que, conforme a
Viena I y a Viena II, los tratados prevalecen sobre el derecho interno de los
Estados, incluyendo sus constituciones, lo cual plantea a esta Corte un
complejo interrogante, puesto que el artículo 4º de la Carta señala que la
Constitución es norma de normas, y que en caso de incompatibilidad entre ésta y
cualquier otra norma jurídica, deben aplicarse las disposiciones
constitucionales. Ahora bien, como los tratados son normas, esto significa que,
conforme al artículo 4º de la Carta, la Constitución prevalece sobre los
tratados, con excepción de aquellos que reconocen derechos humanos y prohiben
su limitación en estados de excepción, ya que éstos, como lo ha señalado la
Corte en otras sentencias, forman parte del bloque de constitucionalidad[20]. El conflicto
normativo es entonces obvio pues el artículo 27 de la convención bajo revisión
señala que los tratados prevalecen sobre la Constitución, mientras que el
artículo 4º de la Carta establece que es la Constitución la que prevalece. Un
interrogante obvio surge: ¿es posible superar esa tensión normativa o implica
ella la inexequibilidad del artículo 27 de la convención bajo revisión?
37- El alcance del
anterior interrogante puede ser mejor comprendido con una breve disgresión
teórica sobre las relaciones entre derecho internacional y derecho interno,
tema ampliamente discutido y debatido por la doctrina y la jurisprudencia. Como
se sabe, existen diversas doctrinas al respecto, las cuales parten de supuestos
lógicos y teóricos diferentes y corresponden a diver­sos momentos históricos[21]. Así, la teoría
dualista, a veces llamada pluralista, considera que el derecho internacional y
el interno constituyen sistemas jurídicos separados y aun opuestos, ya que
reglamentan relaciones sociales diver­sas y tienen fuentes y fundamentos
jurídicos distintos[22].
Esta concepción ha sido criticada pues no sólo no es posible admitir la coexistencia
de dos órdenes jurídicos supuestamente heterogéneo sino que además podría
llevar a negar la existencia misma del derecho interna­cional. Al decir de
Kelsen, uno de sus más fuertes críticos, la afirmación de que "el derecho
interno y el dere­cho interna­cional consti­tuyen dos sistemas de reglas
independien­tes pero simultá­neamente válidos es insostenible"[23]. Por ello se han
desarrollado concepciones monistas, según las cuales el derecho interno y el
derecho internacional forman un solo sistema jurídico. Estas concepciones, que
son muy diversas, tienen dos variantes esenciales. Así, el monismo con prima­cía
del derecho interno ‑llamado también monismo constitucio­nalista‑,
y que tuvo como algunos de sus expositores a la llamada escuela de Bonn (Erich
Kaufmann, Max Wenzel) en Alemania[24],
defiende la primacía del derecho interno, pues considera que la obligación
internacional se funda exclusivamente en la voluntad de los Estados. En cambio,
para el monismo con supremacía del derecho internacional o monismo
internacionalista, cuyo representantes más ilustre es Kelsen, las normas
internacionales tienen una voca­ción supranacional y deben ser respetadas, por
lo cual los tratados tienen superioridad jurídica sobre el derecho de los
Estados.
Esta breve
presentación muestra que las convenciones de Viena sobre los tratados recogen
una concepción monista internacionalista, mientras que el artículo 4º superior
parece consagrar un monismo constitucionalista, puesto que señala que la Carta
prevalece sobre cualquier otra norma. En ese orden de ideas, el anterior
interrogante puede ser reformulado así: ¿es compatible el monismo
internacionalista de la Convención de Viena con el monismo constitucionalista
que deriva del artículo 4º de la Carta?
38- La Corte
considera que, a pesar de la aparente contradicción, es posible armonizar los
mandatos del artículo 4º constitucional y del artículo 27 de las convenciones
de Viena, siempre y cuando se tenga en cuenta que, como se verá a continuación,
de un lado, la Carta no consagra un constitucionalismo rígido, y que, de otro
lado, la primacía de los tratados prevista por el derecho internacional no
implica una invalidación automática de todas las normas internas contrarias a
un convenio.
39-  Así, es natural
que el derecho internacional defienda la primacía de los tratados sobre el
ordenamiento interno de los Estados, pues cualquier otra concepción acarrea una
erosión de la posibilidad misma de regular jurídicamente y en forma pacífica
las relaciones internacionales, puesto que un Estado podría invocar un cambio
de su normatividad nacional para disculpar la violación de un compromiso
derivado de un tratado. Por ello, incluso mucho antes de las convenciones de
Viena sobre los tratados, la doctrina y la jurisprudencia internacionales
habían adoptado el monismo internacionalista. Así, ya en 1932, en el caso
Danzig, la Corte Permanente de Justicia Internacional surgida de la Sociedad de
Naciones precisó que “un Estado no puede invocar frente a otro su propia
constitución para sustraerse a las obligaciones que le impone el derecho
internacional o los tratados en vigor.[25]”
Esta tesis ha sido invariablemente sostenida por la Corte Internacional de
Justicia de las Naciones Unidas y ha sido ampliamente aceptada por la doctrina
internacional, por lo cual constituye sin lugar a dudas un principio vinculante
del derecho internacional. Por ende, desde el punto de vista del derecho
internacional, no sólo es dominante el monismo con primacía de los tratados
sino que es razonable que así sea. Por ello esta Corte Constitucional había
dicho al respecto:
“La racionalidad
del derecho es la que exige pues que el orden interno no vulnere el orden
internacional, pues sería el precedente para que la unilateralidad se
proclamara con argumentos que podrían ser de fuerza y no de razón, es decir, de
"capricho" y no de consenso. Por eso es que existen deberes y
derechos eminentemente racionales -y en su extensión,  universales, por lo que
las diversas sociedades civiles, organizadas bajo la forma de Estado cada una
de ellas, se hallan unidas entre sí por pactos que las vinculan en un ideal
común objetivo. La base de todo el orden internacional, el fundamento de su
construcción y progreso, no es otro distinto al respeto por el consenso, es
decir el principio pacta sunt servanda, manifestación de la recta razón.[26]”
40- El examen
precedente permite entonces mostrar que la Carta de nuestro país no defiende un
monismo constitucionalista rígido, como podría entenderse a partir de una
lectura aislada del artículo 4º superior,  puesto que la Constitución establece
que Colombia reconoce los principios de derecho internacional aceptados por el
país y que el Estado debe promover la internacionalización sobre bases de equidad
y reciprocidad (CP arts 9º y 226).  Ahora bien, como la primacía de los
tratados sobre el ordenamiento interno es un principio del derecho
internacional que ha sido ampliamente aceptado por Colombia, y constituye la
base para la formación de relaciones equitativas entre las naciones, ese
principio se entiende en cierta medida también incorporado en la Carta, por la
vía indirecta de los artículos 9º y 262. Por ello la Corte había señalado que
la norma Pacta sunt servanda, al ser una “medida de seguridad y
estabilidad jurídica dentro del orden internacional”, encuentra un cierto
sustento en el artículo 9º superior ya que pretende alcanzar “la paz, la
seguridad y la convivencia entre los Estados”[27].
Igualmente, en posterior decisión, esta Corporación precisó que “dentro de los
principios fundamentales del derecho internacional se encuentra el Pacta
Sunt Servanda, que obliga al respeto y cumplimiento de lo acordado en los tratados
internacionales. Como consecuencia de este principio, las autoridades
colombianas están obligadas a velar por la observancia de los tratados
ratificados por Colombia.[28]”
41- ¿Significa lo
anterior que el artículo 4º de la Carta debe ser leído a la luz del artículo
9º, y que por ende la Constitución prevalece sobre toda otra norma, con
excepción de los tratados, por cuanto Colombia ha reconocido el principio Pacta
sunt servanda que entonces hace parte del bloque de constitucionalidad? El
argumento es respetable pero no es convincente pues, como se verá, no armoniza
con el texto de la Carta ni con los precedentes de esta Corporación en esta
materia.
Así, en primer
término, el artículo 4º no establece excepciones sobre la supremacía de la
Constitución puesto que señala  que ésta prevalece sobre cualquier “otra norma
jurídica” y los tratados son normas jurídicas. Por ende, frente a la claridad
de esa disposición, resulta cuando menos muy discutible exceptuar a los
tratados de tal mandato, argumentado una incorporación indirecta de la norma Pacta
Sunt Servanda en virtud del artículo 9º de la Carta. En efecto, si el
Constituyente hubiera querido consagrar la prevalencia general de los tratados,
entonces hubiera debido hacerlo en forma explícita por cuanto el mandato del
artículo 4º superior es terminante sobre la supremacía de la Constitución, como
norma de normas que es. Y esta supremacía de la Carta no es nueva en nuestro ordenamiento
nacional, puesto que desde el acto legislativo No 3 de 1910, que en su artículo
40 consagró la excepción de inconstitucionalidad, es claro que se deben
inaplicar todas aquellas disposiciones que sean contrarias a la Constitución.
En ese mismo orden
de ideas, si el artículo 9º hubiera consagrado que, en virtud del principio Pacta
Sunt Servanda, todos los tratados tienen rango supraconstitucional, ¿cuál
es el sentido de que el artículo 93 hubiera indicado que sólo algunos tratados
-a saber, aquellos que reconocen derechos humanos y prohiben su limitación en
los estados de excepción- prevalecen en el orden interno? Esta última norma no
tendría ningún significado propio, pues si todos los tratados son
supraconstitucionales ¿por qué conferir una especial prevalencia en el orden
interno a ciertos tratados de derechos humanos? Por ende, en virtud del
principio hermenéutico del efecto útil, según el cual se debe preferir aquella
interpretación que confiere eficacia normativa a todas las cláusulas de un texto
normativo, es menester concluir que el artículo 93 superior debe tener  algún
alcance específico, y éste no puede ser sino el siguiente: esta disposición
constitucional confiere una prevalencia en el orden interno a ciertos tratados
de derechos humanos, prevalencia  que, contrario senso, no se predica de
todos los tratados.
Ahora bien, la Corte
ha sido clara en señalar que, en el orden interno colombiano, ni siquiera los
tratados de derechos humanos previstos por el artículo 93 de la Carta tienen
jerarquía supraconstitucional por cuanto la Constitución es norma de normas (CP
art. 4º). Por ello, esta Corporación señaló que “el único sentido razonable que
se puede conferir a la noción de prevalencia de los tratados de derechos
humanos y de derecho internacional humanitario (CP arts 93 y 214 numeral 2º) es
que éstos forman con el resto del texto constitucional un "bloque de
constitucionalidad" , cuyo respeto se impone a la ley. En efecto, de esa
manera se armoniza plenamente el principio de supremacía de la Constitución,
como norma de normas (CP art. 4º), con la prevalencia de los tratados
ratificados por Colombia, que reconocen los derechos humanos y prohíben su
limitación en los estados de excepción (CP art. 93)”[29]. Por ende, si ni
siquiera los tratados que reconocen derechos humanos y prohiben su limitación
en los estados de excepción gozan, en nuestro ordenamiento, de rango
supraconstitucional, con menor razón puede argumentarse que en general todos
los tratados son superiores a la Carta pues ni siquiera alcanzan a tener rango
constitucional. Por ello esta Corte había precisado que no todos los tratados
internacionales forman parte del bloque de constitucionalidad[30].
La supremacía de
la Constitución y la especial jerarquía de los tratados de fronteras y ciertas
normas internacionales de derechos humanos.
42- Conforme a lo
anterior, la Corte concluye que la Carta establece una clara prevalencia de la
Constitución sobre los tratados, con dos excepciones: de un lado, aquellos que
reconocen derechos humanos y prohiben su limitación en los estados de
excepción, los cuales se integran al bloque de constitucionalidad; y, de otro
lado, igualmente gozan de un status particular los tratados de límites, puesto
que éstos, conforme al artículo 102  de la Carta, son normas particulares pues
representan elementos constitutivos del territorio nacional, y por ende del
propio Estado colombiano.
Este privilegio
constitucional de los tratados de fronteras en nuestro ordenamiento
constitucional no es casual, pues también el derecho internacional confiere una
especial fuerza a los compromisos derivados de estos convenios, no sólo por su
trascendencia en la delimitación misma de uno de los elementos constitutivos de
los Estados, que siguen siendo los principales sujetos del derecho
internacional, sino además porque la inestabilidad en las fronteras afecta
peligrosamente la convivencia pacífica entre las naciones. Por ello la doctrina
y la jurisprudencia internacionales han señalado que una vez establecido un
límite por medio de un tratado, no sólo ese convenio goza de una especial
estabilidad y permanencia sino que incluso “las vicisitudes que puedan sufrir
los tratados no afectan las fronteras”[31].
Así, los convenios sobre límites, a pesar de que en general se celebran sin
plazo de duración, no admiten nunca la cláusula rebus sic standibus, tal
y como lo ha señalado lo doctrina y lo han reconocido expresamente los
artículos 62 de Viena I y Viena II. Igualmente, y recogiendo la práctica y la
jurisprudencia internacionales en la materia, la Convención de Viena de 1978
sobre sucesión de Estados en materia de tratados establece que ni siquiera una
sucesión de Estados, esto es, la sustitución de un Estado por otro en la
responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio, llega a
afectar un tratado sobre fronteras. En tercer término, la jurisprudencia
internacional ha llegado incluso a concluir que ni siquiera la eventual
terminación de un tratado afecta la frontera que éste ha establecido. En
efecto, el Tribunal Internacional de Justicia, en la sentencia del 3 de febrero
de 1994, en el  “Asunto de la controversia territorial, Jamahiria Arabe de
Libia contra Chad”, luego de señalar que la frontera entre los dos países era la
establecida por el tratado del 10 de agosto de 1955 entre Libia y Francia, de
la que Chad es Estado sucesor, y luego de haber comprobado que el tratado era
denunciable tras veinte años de vigencia, concluyó que de todos modos la
denuncia no podía afectar las fronteras establecidas, las cuales eran
intangibles. Dijo entonces el Tribunal:
“No obstante
estas disposiciones  se debe considerar, a juicio del Tribunal, que el tratado
ha establecido una frontera permanente. Nada indica en el Tratado de 1955 que
la frontera establecida sea provisional o transitoria; la frontera presenta por
el contrario todas las marcas de definitiva. El establecimiento de esta
frontera es un hecho que, desde el principio, ha tenido una existencia jurídica
propia, independiente de la suerte del tratado de 1955. Una vez
convenida, la frontera permanece, pues cualquier otro enfoque privaría de
efecto al principio fundamental de la estabilidad de las fronteras, cuya
importancia ha sido subrayada repetidamente por el Tribunal” (subrayas
no originales).[32]
43- Por ende, con
excepción de los tratados de fronteras y ciertos convenios de derechos humanos,
en virtud del artículo 4º superior, son inaplicables en nuestro país todas
aquellas normas previstas por instrumentos internacionales que desconozcan
preceptos constitucionales. Esta conclusión no es en manera alguna novedosa
sino que coincide claramente con varios precedentes de esta Corporación. Así,
esta Corte ya había señalado al respecto:
"Igualmente
es condición indispensable para que los tratados o convenios internacionales prevalezcan,
que sus normas no contraríen o vulneren los preceptos consagrados en nuestra
Carta Política, pues en el caso de que tal cosa ocurriera las cláusulas
transgresoras serían inaplicables.
Es claro que tal
hipótesis es hoy de difícil ocurrencia, pues a partir de la vigencia de la
Carta Política actual la Corte Constitucional debe revisar los tratados y las
correspondientes leyes aprobatorias a fin de verificar su constitucionalidad
antes de que pueda cumplirse la ratificación de los primeros por el Jefe del
Estado.
No puede
olvidarse que la Constitución conforme a lo que ordena su artículo 4 es
"norma de normas", de donde nace su supremacía, y que además de ser
la cúspide de la jerarquía normativa, es la base del ordenamiento jurídico
colombiano y  por tanto toda la legislación le está subordinada y debe
adecuarse a sus mandatos.[33]"
Posteriormente, al
estudiar la constitucionalidad del artículo  17 del estatuto penal según el
cual la extradición de los colombianos se debe sujetar a lo previsto en los
tratados públicos, la Corte tuvo que condicionar su alcance por vulnerar el
artículo 35 entonces vigente de la Carta que prohibía la extradición de los
colombianos por nacimiento, por lo cual señaló, en la parte resolutiva, que la
norma penal no era aplicable a estos colombianos. Dijo entonces esta
Corporación:
“En este sentido,
la Corte Constitucional encuentra que en lo que corresponde a la
constitucionalidad de los dos incisos acusados del artículo 17 del Código Penal
no existe reparo alguno de constitucionalidad, salvo dos precisiones de orden
correctivo relacionadas con los nacionales colombianos sujetos de la
extradición de una parte, y de otra, con los extranjeros, en razón de la
especial protección constitucional del perseguido político, como quiera que la
Carta de 1991, como se vio, prohibió la extradición de nacionales colombianos
por nacimiento y la de los extranjeros por delitos políticos y de opinión.
En este orden de
ideas, para la Corte Constitucional es claro que la regulación legal que es
objeto de acusación en esta oportunidad y que se refiere al trámite de las
extradiciones en nuestro ordenamiento penal, encuentra fundamento
constitucional en los casos no prohibidos por la Constitución,  como se dejó
definido, y que, por ello será declarada su exequibilidad por esta Corporación,
claro está, condicionada a que se entienda que a partir de la Carta Política de
1991, ninguna autoridad pública del orden nacional puede proceder a ofrecer,
conceder o solicitar la extradición de colombianos por nacimiento ni de los
extranjeros en el caso de delitos políticos y de opinión.[34]”
Igualmente, en
posterior decisión, esta Corporación precisó que si bien el artículo 9º de la
Carta incorpora en nuestro ordenamiento el principio Pacta Sunt Servanda
y confiere fuerza jurídica interna a la normatividad internacional, esto en
manera alguna puede llegar a afectar “el carácter de norma suprema que tiene la
Constitución (CP art. 4º),  pues, como ya se ha reiterado por parte de esta
Corporación, para que los tratados o convenios internacionales tengan fuerza
jurídica interna es condición indispensable ´que sus normas no contraríen o vulneren
los preceptos consagrados en nuestra Carta Política, pues en el caso de que tal
cosa ocurriera las cláusulas transgresoras serían inaplicables (Sentencia
C-295/93 MP Carlos Gaviria Díaz)´”[35].
La solución:
monismo moderado,  doctrinas coordinadoras o de la integración dinámica  entre
el derecho internacional y el derecho interno en el constitucionalismo
colombiano.
44- Como vemos, es
jurisprudencia reiterada de esta Corte que, en el plano interno, la
Constitución prevalece sobre los tratados, por lo cual un convenio contrario a
la Carta es inaplicable. Un interrogante surge entonces: ¿esta prevalencia de
la Constitución implica la inexequibilidad del artículo 27 del convenio bajo
revisión, según el cual Colombia no podrá invocar el derecho interno para
justificar el incumplimiento de un tratado? La Corte considera que no, por las
siguientes dos razones. De un lado, como ya se vio, la propia Carta reconoce,
en virtud del artículo 9º, que la norma Pacta sunt servanda  hace parte
de nuestro ordenamiento, si bien no puede llegar a afectar la supremacía de la
propia Constitución.
De otro lado, la
doctrina y la jurisprudencia internacionales han reconocido que la supremacía
de los tratados sobre los ordenamientos internos de los Estados no implica la
invalidación automática de las normas internas contrarias a los compromisos
internacionales, por cuanto, para los ordenamientos nacionales y para los
jueces nacionales, esas disposiciones internas pueden seguir teniendo plena
validez y eficacia, por lo cual son aplicables. Lo que sucede es que si los
jueces aplican esas normas contrarias a un tratado, entonces eventualmente pueden
comprometer la responsabilidad internacional del Estado en cuestión. Así, según Charles Rousseau:
" No
existe ninguna norma  general de derecho internacional según la cual una norma
internacional derogue  automáticamente una norma interna que sea contraria a la
misma. En especial, una decisión jurisdiccional internacional no puede jamás
revocar una decisión interna  que tenga fuerza de cosa juzgada, ni derogar de
plano una ley interna. En principio, la jurisdicción internacional no es una
jurisdicción de anulación, sino solamente una jurisdicción de reparación. Si
una norma  interna es contraria a una norma internacional, el Estado
responsable podrá ser requerido a abonar una  indemnización o a proporcionar
una satisfacción adecuada, pero la norma (o decisión) interna
internacionalmente irregular seguirá en vigor hasta su derogación (o
modificación) por el Estado interesado”[36].
Esto
significa que la propia práctica y la doctrina internacionales aceptan que un tratado puede ser válido ante el derecho
internacional pero inaplicable internamente en un determinado Estado, por
violar normas fundamentales del país en cuestión. Lo que sucede en esos casos
es que el Estado no puede invocar el derecho interno para disculpar la
violación de su compromiso internacional, por lo cual incurre en
responsabilidad internacional. En estos eventos, las autoridades nacionales se
encuentran entonces en un difícil dilema, pues deben violar la Constitución, para
no comprometer la responsabilidad internacional del Estado o, por el contrario,
deben violar el tratado, con el fin de respetar el ordenamiento interno. Sin
embargo, la doctrina contemporánea ha mostrado que es posible salir de ese
dilema, si se abandonan las tesis clásicas dualistas y monistas rígidas, las
cuales pretenden eliminar ipso facto las contradicciones
inevitables entre los tratados y las constituciones.
Así, frente a esas
doctrinas extremas, Alfred Verdross y otros autores han defendido una tesis
intermedia[37].
Según esta concepción, la doctrina dualista es inadmisible en la realidad
jurídica contemporánea, pues existen conflictos y relaciones entre las
Constituciones y los mandatos del derecho internacional. No son pues órdenes
paralelos. El monismo constitucionalista tampoco es aceptable pues conduce a la
incertidumbre de las relaciones internacionales y a la erosión misma del
derecho internacional. Pero el monismo internacionalista radical, como el de
Kelsen, tampoco refleja la práctica jurídica, pues no es cierto que toda norma
estatal -y sobre todo constitucional- contraria al derecho internacional sea
automáticamente nula en el plano interno de los Estados, pues los tribunales
estatales deben obediencia primariamente a su propio ordenamiento jurídico. Por
consiguiente, concluye Verdross "sólo puede dar cuenta de la realidad
jurídica una teoría que, reconociendo, desde luego, la posibilidad de
conflictos entre el Derecho Internacional y el derecho interno, advierta que
tales conflictos no tienen carácter definitivo y encuentran su solución en la
unidad del sistema jurídico." Esto es, una teoría que "mantiene la
distinción entre el Derecho Internacional y el derecho estatal, pero subraya
al  propio tiempo su conexión dentro de un sistema jurídico unitario basado en
la constitución de la comunidad jurídica internacional".
Esta tesis
intermedia, que Verdross califica de “monismo moderado”, y que otros autores
denominan de otras maneras, es defendida por numerosos teóricos como la
doctrina que mejor refleja la práctica jurídica contemporánea[38]. Así, por no citar
sino otro ejemplo, Manuel Díez de Velasco
acoge esta misma perspectiva de un monismo moderado, que en el fondo tiene
ciertas connotaciones dualistas moderadas, puesto que defiende una primacía
indirecta del derecho internacional, la cual opera no por la vía de la nulidad
de las normas internas contrarias a un tratado sino de la responsabilidad
internacional de aquel Estado que invoca su derecho interno para incumplir las
obligaciones derivadas de un tratado. Este autor señala que si bien la
actuación de normas internas contrarias a un tratado vigente engendran
responsabilidad internacional, ello no quiere decir que "las normas
internas contrarias al DI y las decisiones judiciales y administrativas que en
ellas se hacen incurran en un vicio de nulidad automático" puesto que en
la gran mayoría de los casos "y salvo disposición expresa en contrario,
son plenamente eficaces y aplicables por los tribunales y autoridades internos,
aunque engendren responsabilidad internacional"[39].
45- Conforme a lo
anterior, para el juez estatal y para las autoridades nacionales rige el
principio de que el derecho constitucional precede al orden internacional, por
lo cual los tratados tienen el valor que la constitución les asigne. Por ello
un juez colombiano está en la obligación de inaplicar un tratado violatorio de
la Carta, como lo ordenó esta Corte al condicionar el alcance del artículo 17
del estatuto penal, puesto que la Constitución es norma de normas (CP art. 4º).
Y esta situación colombiana no es en manera alguna excepcional ya que en los
otros países, los jueces nacionales, a pesar de la primacía que los tratados
tienen a nivel internacional, sólo reconocen  al derecho internacional la
jerarquía que el propio ordenamiento interno establece. Ahora bien, con muy
contadas excepciones, como Holanda[40],
los Estados no confieren valor supraconstitucional o constitucional a los
tratados, pues la mayoría establecen la primacía de la constitución o de las
leyes posteriores sobre los tratados, tal y como lo muestran los siguientes
ejemplos:
En Inglaterra, la
teoría de la soberanía del Parlamento[41],
implica que en caso de conflicto entre un tratado y una ley posterior, prima
ésta última. Así, en los años sesenta, un ciudadano se opuso a pagar los
impuestos decretados por el Parlamento en 1964, por cuanto los fondos servían
para financiar armas nucleares, lo cual, según su criterio, vulneraba las
Convenciones de Ginebra de 1957, que habían sido aprobadas por el Reino Unido.
El máximo tribunal inglés precisó entonces que incluso si tal conflicto
existía, el ciudadano debía pagar los impuestos porque la ley de 1964,
"siendo posterior en el tiempo, prevalecía"[42].
Por su parte, la
Constitución de los Estados Unidos establece la llamada cláusula de supremacía,
en el artículo VI sección 2, según la cual "la Constitución, las leyes de
los Estados Unidos  que en su consecuencia se dicten y  los tratados celebrados
o a celebrarse bajo la autoridad de los Estados Unidos, son la ley suprema del
país". Sin embargo, eso no significa que los tratados tengan rango
constitucional, y menos aún supraconstitucional, pues la Corte Suprema de ese
país ha establecido con claridad que un tratado no puede violar ni cambiar la Constitución,
pues en tal caso sus cláusulas son inaplicables y deben ser consideradas nulas.
Así, en el caso  Reid v Covert, la Corte de ese país señaló que un
tratado no puede vulnerar la Constitución ni conferir poderes al Congreso o a
cualquier otra rama del Estado  que desborden el marco de la Constitución. Es
más, conforme a esa doctrina, en Estados Unidos los tratados no tienen siquiera
rango supralegal, pues una ley federal posterior los puede derogar
internamente, y los jueces deben aplicar la ley posterior[43].
En España, la
doctrina coincide que de “ningún modo un tratado puede prevalecer sobre la
Constitución”[44].
Además, en desarrollo de este principio de supremacía constitucional, la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional, en sus artículos 2-1.d) y 27-1.c), señala
que a éste corresponde la “declaración sobre la constitucionalidad de los
tratados internacionales”, por lo cual la doctrina ha entendido que, además de
la revisión previa establecida por el artículo 95 constitucional, existe
también la posibilidad de invocar la acción directa (el recurso de
inconstitucionalidad) o la vía indirecta o incidental (la cuestión de
inconstitucionalidad) en relación con tratados que ya se encuentran en vigor[45].  Esto fue
expresamente reconocido por el Tribunal Constitucional de ese país, en la
declaración del 1 de julio de 1992, en donde ese tribunal señaló que la
revisión previa prevista por el artículo 95 constitucional no excluye un
estudio posterior del tratado por la posibilidad que existe de “impugnar (arts.
27.2 c), 31 y 32.1 LOTC) la constitucionalidad de los tratados una vez que
formen parte del ordenamiento interno (art. 96.1 C.E.)”. Y expresamente ese
tribunal aclaró que el control constitucional de los tratados se justifica por
cuanto “los poderes públicos españoles no están menos sujetos a la Constitución
cuando actúan en las relaciones internacionales o supranacionales que al
ejercer ad intra sus atribuciones”.
Por su parte, la
Constitución Portuguesa, además del control previo de constitucionalidad sobre
los tratados que van a ser ratificados, también  prevé, en su artículo 277, un
control por vía de acción contra los tratados “regularmente ratificados”, de
suerte que son inaplicables las normas de esos tratados que violen una
“disposición fundamental”.
La situación es
similar en Alemania. Así, el artículo 25 de la Constitución de ese país señala
que los tratados son un elemento integrante del orden federal y les confiere
expresamente una jerarquía superior a las leyes;  sin embargo, en manera alguna
esto significa que los tratados tengan rango supraconstitucional, pues la
doctrina y la jurisprudencia han señalado no sólo que estos convenios están
sujetos a la ley fundamental sino que su constitucionalidad puede ser
controlada por el tribunal constitucional, tanto por la vía del amparo como del
llamado control constitucional abstracto[46].
Por tal razón, en varias oportunidades, el tribunal constitucional ha no sólo
estudiado la legitimidad constitucional de tratados perfeccionados sino que
incluso ha declarado la inconstitucionalidad de algunas de sus cláusulas o ha
condicionado su alcance mediante sentencias interpretativas, como lo muestran
los siguientes dos ejemplos. Así, en la sentencia del 26 de marzo de 1957, ese
tribunal determinó que el artículo 23 del Concordato celebrado en 1933 entre el
Tercer Reich y la Santa Sede era inaplicable por violar la estructura federal
prevista por la Carta de Bonn, y en especial por afectar las competencias de
los distintos estados para legislar sobre ciertos asuntos educativos. La
sentencia reconoce explícitamente que el concordato se encuentra
internacionalmente vigente pero que una eventual responsabilidad internacional
de la República Federal Alemana no puede cambiar el reparto de competencias
previsto por la constitución entre la Federación y los Estados[47]. De otro lado, en la
sentencia del 31 de julio de 1973, el Tribunal Constitucional estudió la
constitucionalidad de un tratado perfeccionado entre Alemania Occidental y
Alemania Oriental, y condicionó la interpretación de varias de sus cláusulas a
fin de ajustarlas a la Carta de Bonn[48].
La sentencia señaló entonces claramente la prevalencia de la constitución sobre
los tratados, por cuanto no sólo “el orden constitucional no podía ser alterado
por un tratado” sino que, además, en la revisión constitucional de los
convenios internacionales,  se debía interpretar el tratado de conformidad con
la Constitución.
En América Latina,
la tendencia dominante es también a conferir prevalencia interna a la constitución
sobre los tratados. Así, la constitución en Argentina establece una norma
similar a la cláusula de supremacía estadounidense pues el artículo 31 señala
que la constitución, las leyes de la nación y los tratados “son la ley suprema
de la nación.” Ahora bien, y en concordancia con la interpretación de esa
disposición por la jurisprudencia estadounidense, la doctrina argentina
considera que la constitución es la norma que prevalece, por lo cual un tratado
que desconozca sus cláusulas “podrá y deberá ser declarado inconstitucional
judicialmente”, aunque, como es obvio, tal declaración sólo surte efectos
internamente pues no exime “al estado de la responsabilidad internacional
emergente del incumplimiento del tratado”[49].
Igualmente, el artículo 7º de la constitución de Costa Rica reconoce la
supralegalidad de los tratados pero se entiende que estos se encuentran sujetos
a la propia constitución. En el mismo sentido se pronuncian otras
constituciones, como las de Honduras y Guatemala. Por su parte, el artículo 171
de la constitución ecuatoriana recientemente derogada establecía que ésta “es
la ley suprema del Estado” por lo cual “no tienen valor alguno las leyes,
decretos, ordenanzas, disposiciones y tratados o acuerdos internacionales que,
de cualquier modo, estuvieren en contradicción con la Constitución o alteraren
sus prescripciones”.
Por ende, con
excepción de los convenios derivados de los procesos de integración, que
obviamente tienen especificidades que les son propias puesto que en ellos opera
una verdadera delegación de competencias originariamente radicadas en los
Estados, y que no se analizan en esta sentencia, la mayor parte de los países
establecen, al igual que Colombia, la supremacía, en el orden interno, de la
Constitución sobre los tratados.
46- Sin embargo, a
pesar de lo anterior, para el juez internacional rige el principio de la
prevalencia del derecho internacional, por lo cual un Estado puede comprometer
su responsabilidad internacional si sus jueces aplican normas internas
contrarias a las cláusulas insertas en un tratado. Por ende, cuando un Estado
enfrenta una contradicción entre un tratado y una norma constitucional, los
órganos competentes en materia de relaciones exteriores y de reforma de la
constitución -esto es, el Presidente y el Congreso en el caso colombiano-
tienen la obligación de modificar, ya sea el orden interno, a fin de no
comprometer la responsabilidad internacional del Estado, ya sea sus compromisos
internacionales, a fin de no comprometer su responsabilidad constitucional. De
esa manera, si bien las contradicciones entre el derecho internacional y el
derecho interno son inevitables en un determinado momento histórico, la
evolución jurídica permite una armonización dinámica entre ambos órdenes
jurídicos.
47- Estas doctrinas
monista moderada, coordinadora o de la integración dinámica entre el derecho
interno y el derecho internacional, muestran que el artículo 27 de la
Convención bajo revisión se ajusta a la Carta, por cuanto esa cláusula no
implica que son nulas internamente las disposiciones constitucionales
contrarias a un tratado, caso en el cual esa disposición sería inadmisible por
erosionar la supremacía constitucional. La Convención de Viena, en armonía con
la doctrina y la jurisprudencia internacional, simplemente señala que Colombia
compromete su responsabilidad internacional en caso de aplicar disposiciones internas
contrarias a un tratado, lo cual armoniza con la Carta, puesto que ésta, como
ya se señaló, no sólo reconoce los principios de derecho internacional sino que
establece que Colombia debe promover el desarrollo de las relaciones
internacionales sobre bases de equidad y reciprocidad (CP arts. 9º y 226), por
lo cual las autoridades colombianas deben promover el respeto de los tratados
ratificados por nuestro país. Esto significa que la Carta reconoce que uno de
los principios que orientan nuestras relaciones internacionales es la norma Pacta
Sunt Servanda (CP art. 9º) pero sin perjuicio de la supremacía de la
Constitución en el orden interno (CP art. 4).
Las ineludibles consecuencias del anterior examen: inaplicación de
tratados inconstitucionales, interpretación conforme al derecho internacional
de las leyes y cambio de jurisprudencia sobre la competencia de la Corte en el
control de los tratados perfeccionados.
48- El anterior
examen, que permitió mostrar que el artículo 27 de la Convención se ajusta a la
Carta, tiene cuatro consecuencias ineludibles, que esta Corte debe entonces
sistematizar.
De un lado, como ya
se vio, en el plano interno, la supremacía de la Carta implica que un tratado
contrario a la Constitución debe ser inaplicado por las autoridades, en virtud
del mandato perentorio del artículo 4º superior.
De otro lado, como
Colombia respeta el principio Pacta sunt servanda, en estos eventos de
tratados inconstitucionales, es deber de las autoridades políticas modificar el
compromiso internacional de nuestro país a fin de ajustarlo a la Carta, o
reformar la Constitución para adecuarla a nuestras obligaciones
internacionales. Lo que es inadmisible es el mantenimiento de una
incompatibilidad entre un tratado y la Carta, por cuanto, como se señaló, las
autoridades quedan sometidas a situaciones insostenibles pues deben aplicar la
Constitución, aun cuando ello implique desconocer nuestras obligaciones
internacionales y comprometer la responsabilidad internacional de nuestro
Estado.
En tercer término,
en virtud del principio Pacta sunt servanda, que encuentra amplio
sustento en la Carta (CP art. 9º), como ya se ha visto, es deber de los
operadores jurídicos aplicar las normas internas distintas de la Constitución
de manera que armonicen lo más posible con los compromisos internacionales
suscritos que tiene el país.
49- Finalmente,
todas las anteriores consideraciones implican inevitablemente un cambio de
jurisprudencia en relación con el control constitucional de los tratados
perfeccionados. En efecto, la sentencia C-276 de 1993 había señalado que la
Corte no era competente para conocer de las leyes aprobatorias de tratados si
Colombia ya había prestado su consentimiento internacional, básicamente por
cuanto la Carta no le habría conferido esa atribución pues el Constituyente
habría considerado que ese control afectaba el principio Pacta sunt servanda,
de jerarquía constitucional, por lo cual el juez constitucional debía inhibirse
de pronunciarse sobre la constitucionalidad de los tratados ya perfeccionados,
con el fin de preservar las intangibilidad de los compromisos internacionales
de Colombia. Dijo entonces esa sentencia:
“La Constitución
Política deja, pues, en claro la diferenciación y oportunidad de las funciones
que competen a cada órgano del poder público. Por ello, en el caso bajo examen,
el presupuesto procesal para que la revisión  sobre el contenido de los
tratados prospere no se cumple, por cuanto el examen constitucional no se puede
ejercer respecto de instrumentos públicos internacionales ya perfeccionados.
Así lo reconoció expresamente esta Corte en reciente providencia, cuando se
dice que "después de perfeccionado el Tratado, se pierde la capacidad de
su juzgamiento interno, haciendo tránsito al campo del Derecho Internacional".
Esto se entiende
como un reflejo natural de la supranacionalidad  en este tipo de convenios que
comprometen a la Nación, como persona de derecho público internacional, en un
acto en el que ha perfeccionado su voluntad y en donde ningún organismo de
carácter interno, ni siquiera el órgano encargado de la jurisdicción
constitucional, puede entrar  a revisar aquello que es ley entre las partes,
siendo tales los Estados vinculados.  La Carta Política ha tenido en cuenta
este espíritu de equivalencia entre las partes, al considerar que el control
constitucional tan sólo se puede ejercer con anterioridad al momento en que se
perfeccione el Tratado, esto es, previamente a la manifestación íntegra de la
voluntad del Estado pactante. Es por ello que el artículo 241 num. 10,
establece que el control debe ser previo al canje de instrumentos de
ratificación o de adhesión, que es uno de los  actos mediante los cuales se
perfeccionan los tratados.”
El análisis
adelantado en los fundamentos anteriores de esta sentencia muestra con claridad
que la doctrina desarrollada por esta Corporación en la sentencia C-276 de 1993
ya no es de recibo, por cuanto es evidente que una inhibición de la Corte en
examinar la constitucionalidad de un tratado perfeccionado en manera alguna
asegura un mejor cumplimiento de las obligaciones internacionales del país, ya
que, conforme a la propia jurisprudencia de la Corte, el tratado materialmente
inconstitucional es de todos modos inaplicable en Colombia, debido a la
supremacía de la Carta. Por tal razón, la inhibición mantiene la incertidumbre
sobre la existencia o no de contradicciones normativas entre los tratados
preconstituyentes y el ordenamiento constitucional, con lo cual aumenta la
inseguridad jurídica. En cambio, el control material por la Corte
Constitucional de las leyes aprobatorias de tratados ya perfeccionados
soluciona el problema pues clarifica  cuáles son las contradicciones normativas
que existen en este campo. Además, ese control en manera alguna constituye una
intromisión de la Corte en la competencia de los jueces internacionales, ya que
una declaratoria de inconstitucionalidad de la ley aprobatoria de un tratado no
afecta el vínculo internacional como tal, pues frente al derecho internacional
esa sentencia no tiene ninguna validez jurídica sino que es un mero aspecto
fáctico a ser considerado para evaluar si el Estado está o no cumpliendo sus
compromisos internacionales. Esto ya lo había precisado con claridad esta Corte
cuando señaló que su decisión de condicionar el alcance del artículo del
artículo  17 del estatuto penal, en manera alguna implicaba que los jueces
colombianos tenían competencia para anular o derogar tratados frente al derecho
internacional. Dijo entonces esta Corporación:
“Empero, aun en
estos casos, no se trata de que la Corte considere que se puede producir
siquiera remotamente una especie de derogatoria directa y automática de los
tratados que prevén y regulan la extradición de los nacionales colombianos por
nacimiento por obra de la Constitución Nacional de 1991, como lo plantea el
actor, por fuera de las consideraciones mínimas de orden jurídico relacionadas
con la armónica concurrencia y unidad de los ordenamientos jurídicos de diverso
orden, como es el caso del tema de las relaciones entre la Constitución y los
tratados públicos, y la ausencia de jerarquía formal entre ambos ordenamientos
jurídicos.
En efecto, ni la
Carta Política de 1991 pretende la derogatoria de ningún tratado público por su
mandato o disposición, ni los tratados públicos pueden sustituir los términos
de la Carta Política, ni condicionar su vigencia, eficacia o aplicación
internas; en este sentido, una cosa es la eficacia interna de la prohibición a
las autoridades nacionales de extraditar nacionales por nacimiento, por
ejemplo, que condiciona la interpretación constitucional de una ley como en
este caso, y otra es la pretendida y absurda eficacia derogatoria de los
tratados públicos internacionales, por una u otra disposición constitucional de
orden interno, como resulta del parecer del actor.[50]”
Para un juez
internacional, el hecho de que la Corte Constitucional colombiana declare
inconstitucional la ley aprobatoria de un tratado no tiene implicaciones sobre
la validez del tratado como tal, pues ésta se rige exclusivamente por el
derecho internacional, según el cual, una parte no puede invocar su derecho
interno para dejar de cumplir sus obligaciones internacionales. La sentencia de
inexequibilidad de la Corte Constitucional no tiene entonces frente al derecho
internacional ningún significado jurídico particular pues equivale, por
ejemplo, a una decisión gubernamental o de un juez ordinario de inaplicar un
determinado tratado por ser violatorio de la Constitución. En efecto, para la jurisprudencia y la doctrina
internacionales, el fallo de un tribunal que anule internamente un tratado o su
ley aprobatoria  es considerado un mero "hecho", que si bien tiene
implicaciones jurídicas, pues puede comprometer la responsabilidad
internacional del Estado, en manera alguna afecta la validez internacional del
tratado como tal. Esto es muy claro en la jurisprudencia y la doctrina al menos
desde el fallo de 1926 de la Corte Permanente de Justicia Internacional en el
"Asunto Relativo a ciertos intereses alemanes en la Alta Silesia
Polaca" en donde claramente ese tribunal señaló que "respecto al
derecho internacional y al Tribunal que es su órgano, las leyes nacionales
son simples hechos, manifestaciones de la voluntad y de la actividad de los
Estados, al mismo título que las decisiones judiciales o las medidas
administrativas (subrayas no originales)”[51].
En
tal contexto, un pronunciamiento de la Corte sobre la constitucionalidad o no de las leyes aprobatorias
de tratados perfeccionados en manera alguna
afecta las relaciones internacionales del país sino que, por el contrario, les
confiere mayor seguridad jurídica, en el entendido de que si la Corte
declara su inexequibilidad, es deber del Gobierno proponer la reforma de la
Carta, o renegociar o denunciar los correspondientes tratados, según el caso.
De esa manera, y conforme a la tesis de la integración dinámica entre el
derecho internacional y el derecho interno, quedan solucionados los eventuales
problemas que puedan surgir por contradicciones entre la Constitución y los
tratados, o por conflictos que deriven de sentencias de la Corte Constitucional
que puedan entrar en contradicción con los compromisos internacionales del
Estado colombiano. Por esa razón, también en otros países se admite que el
tribunal constitucional pueda controlar la constitucionalidad de tratados que
ya se encuentran perfeccionados. Así, como hemos visto, en Estados Unidos, la
Corte Suprema ha declarado que los jueces deben inaplicar todo tratado
contrario a la constitución de ese país. Por su parte, los tribunales
constitucionales español, portugués y alemán tienen, dentro de ciertos límites,
la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de tratados que se
encuentran perfeccionados.
50- A pesar de lo
anterior, se podría objetar que el anterior razonamiento no es aceptable, por
cuanto desconoce la separación de poderes y afecta la competencia presidencial
de dirigir las relaciones internacionales (CP art. 189 ord 2º) por cuanto la
Corte, mediante la sentencia de inexequibilidad de un tratado, estaría
orientando la dinámica de las relaciones diplomáticas. Sin embargo este
argumento no es de recibo por cuanto esa misma objeción se podría señalar en
relación con el control previo de constitucionalidad de los tratados y de sus
leyes aprobatorias, puesto que en este caso también la Corte estaría influyendo
en las relaciones internacionales, en la medida en que el Presidente no puede
ratificar un tratado que ha sido declarado inexequible y debe formular reservas
en relación con aquellas disposiciones  del tratado que fueron encontradas
contrarias a la Carta por el juez constitucional (CP art. 241 ord. 10). Pero,
más importante aún, el Presidente no escapa a los mandatos constitucionales ya
que debe actuar dentro de los marcos previstos por la Carta y debe respetar el
ordenamiento constitucional, incluso cuando conduce las relaciones
internacionales, puesto que es deber de todos los nacionales, incluido el
Presidente, acatar la Constitución (CP art. 4º). Pero es más, la Carta es tan
clara en la sujeción del Presidente al orden constitucional que expresamente el
artículo 192 superior señala que este funcionario, al posesionarse, deberá
jurar cumplir “fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”.
51- Con todo, podría
objetarse que los anteriores argumentos son de pura conveniencia y de lege
ferenda o de Iure constituendo, esto es, que son tesis respetables
para defender una reforma constitucional que atribuya a la Corte el control de
los tratados ya perfeccionados, pero que en manera alguna esas consideraciones
demuestran que la Corte tenga actualmente competencia en esta materia. Según
esta objeción, la Carta atribuyó explícitamente a la Corte el ejercicio de la
jurisdicción constitucional, pero en los estrictos y precisos términos del
artículo 241 constitucional. Ahora bien, esa norma establece un control  a los
tratados pero sólo antes de su ratificación, por lo cual se entiende que la
Carta excluyó la posibilidad de que esta Corporación controle los tratados ya perfeccionados.
Esto se desprendería no sólo del tenor literal del literal 10 del artículo 241
de la Carta sino también de los antecedentes de esa disposición, que mostrarían
que la Asamblea Constituyente estableció exclusivamente el control previo de
los tratados. Entra pues esta Corporación a analizar esa objeción.
52- Un análisis
literal muestra que el artículo 241 ordinal 10 hace referencia exclusivamente
al control previo de los tratados, esto es, antes de que nuestro país haya
prestado el consentimiento internacional. Así, ese ordinal atribuye a esta
Corporación la decisión definitiva “sobre la exequibilidad de los tratados
internacionales y de las leyes que los aprueben”, con lo cual se podría
entender que le ha dado una competencia intemporal en esta materia. Sin
embargo, la regulación ulterior muestra que se trata de un control anterior a
la llamada ratificación, ya que establece que para tal efecto, el Gobierno debe
remitir a la Corte el tratado y su ley aprobatoria, dentro de los seis días
siguientes a la sanción de la ley, de suerte que “si la Corte los declara
constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso
contrario no serán ratificados”. Es pues claro que esta norma está consagrando
un control previo al momento cuando Colombia presta el consentimiento
internacional, y ello a pesar de que la disposición incurre en algunas
imprecisiones semánticas. Así, hubiera sido más exacto decir “proyecto de
tratado”, pues éste en estricto rigor no se ha perfeccionado, y no se debería hablar
exclusivamente de “ratificación” y de “canje de notas” sino de la manifestación
del consentimiento internacional pues, como ya se vio en esta sentencia, la
ratificación y el canje de notas son tan sólo uno de los mecanismos posibles
por medio de los cuáles los Estados se obligan a través de un tratado. Sin
embargo esas imprecisiones semánticas no afectan el sentido de la norma, pues
es claro que ésta se refiere a un control previo al momento cuando Colombia
manifiesta su consentimiento internacional ya que, en general, la doctrina
colombiana había tendido a asimilar “ratificación” con “manifestación del
consentimiento internacional”.
El anterior análisis
literal se ve confirmado por un estudio histórico de esta disposición, por
cuanto los debates muestran que la Asamblea Constituyente pretendía establecer
un control previo al perfeccionamiento internacional del tratado. Así, el
informe -ponencia sobre la materia señala al respecto:
"Consideramos
que el control debe tener lugar tanto sobre el contenido del Tratado como sobre
la ley aprobatoria del mismo, una vez ésta haya sido sancionada, trámite que de
una parte permitiría un control total sobre el fondo y la forma, pero que a su
vez  evitaría duplicidad en la función de este control y por tanto dilaciones
en la obtención de una seguridad jurídica. La declaratoria de
inconstitucionalidad, ya sea del tratado o de la ley, por parte de la Corte,
impediría la ratificación o el canje de notas.
Sobre este
particular todos los miembros de la subcomisión estuvieron de acuerdo en que es
conveniente establecer el control de constitucionalidad sobre los tratados
públicos y sus leyes aprobatorias, de manera expresa, antes de que se proceda a
ratificarlo; pero hubo discrepancias en cuanto a la etapa del proceso
interno, en que dicho control  debe ser ejercido, y en cuanto si este debe ser
automático o solamente cuando se haga uso por cualquier ciudadano, de la acción
de inexequibilidad"[52].
53- El numeral 10
del artículo 241 consagra entonces un control previo a la llamada ratificación
del tratado, por lo cual la Corte había concluido, en la sentencia C-276 de
1993 que estaba excluido el control sobre las leyes que habían aprobado un
tratado, si éste ya estaba perfeccionado a nivel internacional. Sin embargo,
esa sentencia incurrió en un clásico non sequitur pues la conclusión no
se sigue de la premisa. Así, del hecho de que el ordinal 10 expresamente
consagre una revisión constitucional previa para todos los nuevos tratados que
Colombia pretenda ratificar, una vez en vigor la Constitución de 1991, en
manera alguna podemos inferir que la Carta ha excluido el control sobre los
tratados preconstituyentes por vía de demanda ciudadana, cuando todo tratado,
para poder ser incorporado al ordenamiento colombiano, requiere ser aprobado
mediante ley, y a la Corte se le atribuyó, en el ordinal 4º del mismo artículo
241, la facultad de decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que
presenten los ciudadanos contra todas las leyes, tanto por su contenido
material como por vicios de procedimiento en su formación. Por ende, la
competencia automática del ordinal 10 puede ser interpretada de dos maneras. De
un lado, puede afirmarse, como lo hizo la sentencia C-276 de 1993, que ésta es
la única vía para controlar las leyes aprobatorias de tratados. Pero de otro
lado es perfectamente válido considerar que el artículo 241 estatuyó dos
controles complementarios sobre las leyes aprobatorias de tratados, de la
siguiente manera: en virtud del ordinal 10, y hacia el futuro, una revisión
automática de todo nuevo proyecto de tratado y, en virtud del ordinal 4º y
hacia el pasado, un control por vía de demanda ciudadana sobre las leyes
aprobatorias de tratados perfeccionados, tanto sobre su contenido como sobre su
forma. La sentencia C-276 de 1993 estaba entonces partiendo de un presupuesto
no probado, y es que la revisión automática de los nuevos tratados excluía la
posibilidad de demandas sobre las leyes que aprueban tratados si éstos ya se
encuentran perfeccionados. El error argumental de la sentencia es evidente,
pues equivale a afirmar que como la Constitución estableció un control previo
para todas las leyes estatutarias relativas a derechos fundamentales que fueran
expedidas en el futuro, entonces debería entenderse que no pueden los
ciudadanos demandar las leyes que en el pasado habían regulado los derechos
fundamentales. Por ende, el interrogante, que surge es si la revisión
automática y previa que establece el ordinal 10 del artículo 241 sobre los
nuevos proyectos de tratados excluye las demandas sobre las leyes que aprobaron
tratados, si éstos ya están perfeccionados. Entra la Corte a responder ese interrogante.
54- Como se ha
visto, el análisis literal del artículo 241 no es concluyente en esta materia.
Así, es posible decir que el ordinal 10 es la única competencia de la Corte en
relación con las leyes aprobatorias de tratados, pues es la única disposición
que explícitamente se refiere a ellas, por lo cual sólo existe el control
previo. Sin embargo, en la medida en que los tratados son aprobados por una
ley, puede sostenerse que el ordinal 4º ha establecido una competencia por vía
de acción sobre esas leyes, que es complementaria de la revisión automática
prevista por el ordinal 10.
El análisis
histórico tampoco permite una respuesta clara sobre el punto. Así, en ciertas
ocasiones algunos constituyentes sugirieron que la Corte, en materia de tratados,
sólo debe ejercer el control previo y automático, pues no podría haber un
pronunciamiento sobre un instrumento internacional ya ratificado por el
Presidente[53].
En cambio, en otras oportunidades, el control constitucional previo sobre los
nuevos tratados tenía como base precisamente la supremacía de la Constitución
sobre los tratados, pues de lo que se trataba era precisamente de ajustar los
compromisos internacionales a los mandatos de la Carta. Así, en la sesión
plenaria del 24 de mayo de 1991, el tema se discutió con amplitud. La
delegataria María Teresa Garcés presentó el mecanismo de la revisión previa y
explicó que su finalidad era que “los compromisos internacionales gocen de
absoluta seguridad jurídica”, por lo cual “el único procedimiento que
encontramos para que quedara esta absoluta seguridad jurídica era no dejar al
vaivén de posibles demandas posteriormente a la ley”[54]. En esa misma sesión,
otro constituyente defendió también el mecanismo pues consideró que era útil
para que “nos prevengamos en salud hacia el futuro” pues gracias al control
automático de la Corte la ley aprobatoria no podría ser impugnada
posteriormente por un ciudadano [55].
Acto seguido, otro delegatario coincidió en que la revisión previa era adecuada
con el argumento de que, una vez que la Corte establecía que el proyecto de
tratado se avenía a la Constitución, “entonces ya tranquilamente se puede hacer
el canje de notas sin peligro ninguno de que pasado mañana alguien promueva la
acción ciudadana y obtenga exactamente la inconstitucionalidad del tratado que
eso sí es perjudicial”. Otro constituyente indicó entonces que quien había
intervenido tenía toda la razón, pues si la Corte decía que el tratado se
ajustaba a la Carta “pues sencillamente ese es un fallo, una providencia de la
Corte que pasa en autoridad de cosa juzgada constitucional y ya nunca más se
puede revisar ese tratado.[56]”.
Como vemos, estas intervenciones defienden el control previo ya que pretenden
evitar, gracias a la cosa juzgada que acompaña la revisión automática de la
Corte,   que existan demandas en el futuro sobre las leyes post-constituyentes
que aprobaran nuevos compromisos internacionales para Colombia. Sin embargo, el
supuesto implícito de estos argumentos es claramente que la Constitución
prevalece sobre las leyes aprobatorias de tratados y que éstas pueden ser
demandadas por los ciudadanos, en virtud de la acción pública de
inconstitucionalidad, pues si tal no es el caso, ¿para qué invocar la cosa
juzgada constitucional para prevenir demandas futuras sobre las leyes
aprobatorias?
En ese mismo
sentido, en el debate sobre el artículo 4º de la Carta, que consagra la
supremacía de la Constitución, la mayor parte de los delegatarios sostuvieron
la primacía de la Constitución sobre los tratados, lo cual supone que éstos
pueden ser demandados ante la Corte ya que a ésta se confiere la guarda de la
integridad y supremacía de la Carta (CP art. 241). Así, en la sesión del 2 de
abril de 1991 en la Comisión Primera de la Asamblea Constituyente, uno de los
delegatarios consideró que un artículo “que consagre la supremacía de la
Constitución  como norma de normas” es necesario, entre otras cosas, “para
dirimir  también y dejar claro el conflicto o la contradicción entre la
normatividad internacional y la normatividad de nuestro país.[57]” En la Comisión
Tercera, en la sesión del 3 de mayo, un constituyente, comentando este
artículo, señaló que su consecuencia es “la supremacía de la Constitución
incluso sobre tratados, pactos y convenios”, aunque manifestó que era necesario
precisar el tema en relación con los convenios de integración pues habría que
definir si también en este caso primaba la Carta o si se admitía que “los
pactos y convenios de carácter comunitario primaran sobre el derecho interno”[58]. En la sesión del 29
de abril de la Comisión Cuarta, el debate  sobre ese artículo llevó a una
constituyente a señalar que esa norma era importante pues “lo que nos interesa
a nivel constitucional es la prevalencia de la Constitución, sobre todos los
demás ordenamientos”[59].
Todas estas intervenciones sugieren que la mayor parte de la Asamblea
Constituyente defendió la primacía de la Constitución sobre los tratados, lo
cual implica que debía existir un control judicial que preserve esa supremacía
pues, como lo planteó un delegatario en la sesión del 14 de marzo de  la
Comisión Cuarta, el dilema en esta materia es si la Constitución es o no la
norma suprema “ya que si es la norma suprema, como se ha definido en este
sistema de control constitucional, hay que entregarle a un organismo, a la
corte, el control, la guarda de esa constitución”[60].
55- El análisis
histórico y literal sugiere que el control previo de los nuevos tratados que
serían suscritos por Colombia no excluye sino que es complementario de la
posibilidad de que los ciudadanos demanden las leyes aprobatorias de un tratado
ya perfeccionado, siempre y cuando sobre esa norma no exista cosa juzgada
constitucional. Los argumentos no son empero concluyentes al respecto y no
puede la Corte Constitucional reconstruir la voluntad histórica de un cuerpo
plural, como la Asamblea Constituyente, que no se manifestó unívocamente sobre
el tema. Sin embargo, eso no significa que el problema constitucional no tenga
solución. Así, es cierto que la Corte ejerce su control en los estrictos y
precisos términos del artículo 241 de la Carta. Pero la función de este
tribunal es preservar la supremacía e integridad de la Constitución, por lo
cual, cuando existen dudas sobre el alcance de una de las competencias
consagradas en el artículo 241 superior, es natural que se prefiera aquella
interpretación que mejor permita la guarda de la supremacía de la Carta. Este
criterio hermenéutico finalista sobre los alcances de la competencia de la
Corte Constitucional no es en manera alguna una innovación de esta sentencia,
puesto que ya había sido utilizado por esta Corporación en anteriores
decisiones. Así, esta Corte admitió ser competente para conocer de una demanda
contra un decreto legislativo, a pesar de que el artículo 241 no prevé la
acción pública contra esas normas sino la revisión oficiosa por cuanto
consideró que, por tratarse de un decreto preconstituyente, si la Corte no
estudiaba su constitucionalidad, entonces esa norma quedaría sin control. Dijo
entonces esta Corporación:
“De
conformidad con el artículo 241 ordinal 7o. de la Constitución Política,
corresponde a esta Corporación decidir definitivamente sobre los decretos
legislativos que dicte el Gobierno con fundamento en los estados de excepción.
Es claro que la disposición constitucional de manera alguna se refiere a
demandas ciudadanas contra dichos decretos, más aún cuando el artículo 214 del
mismo ordenamiento prevé para ellos una revisión oficiosa que se adelantará en
los estrictos y precisos términos del artículo 241; pero a su vez, esta norma
no descarta la acción ciudadana contra aquellos decretos legislativos que no
han sido objeto de control constitucional bajo la vigencia de la constitución
de 1991 y que, como se anotó, siguen produciendo efectos jurídicos. Excluir
dichas normas de la acción pública de inconstitucionalidad, dejaría esos actos
fuera de todo control judicial, lo cual es incompatible con la supremacía de la
Constitución (art. 4o. C.P.), cuya guarda e integridad corresponde a la Corte
Constitucional.[61]”
56- Ahora bien, una
interpretación sistemática y teleológica del texto constitucional y de las
funciones de esta Corporación permite concluir que esas leyes aprobatorias de
tratados ya perfeccionados son susceptibles de demanda ciudadana.  En efecto,
la tesis de la incompetencia podía tener algún fundamento, si y solo si la
Carta hubiera reconocido la supremacía de los tratados sobre las disposiciones
constitucionales, esto es, que en caso de conflicto de cualquier tratado con la
Carta, era deber de las autoridades colombianas aplicar el tratado. Pero ello
no es así, como se ha mostrado en esta sentencia al estudiar la constitucionalidad
del artículo 27 del convenio bajo revisión, pues el artículo 4º de la Carta
consagra inequívocamente la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra
norma jurídica por lo cual, como lo demuestran los propios precedentes de esta
Corporación, un tratado inconstitucional es materialmente inaplicable. Por
ende, la inhibición de la Corte de conocer la constitucionalidad de esas leyes
en manera alguna contribuye a un mayor respeto al principio Pacta Sunt
Servanda pero en cambio afecta la supremacía de la Constitución pues la
Corte estaría permitiendo que se mantuvieran en el ordenamiento leyes
contrarias a la Carta, con todo los efectos perjudiciales que esto tiene en
materia de seguridad jurídica, ya que no habría ningún pronunciamiento que defina
con fuerza erga omnes si existen o no conflictos entre leyes
aprobatorias de tratados y la Carta. Además, la inhibición conduce a
situaciones paradójicas pues si un artículo de una ley reproduce el contenido
normativo de un tratado ratificado por Colombia, entonces la Corte podría
declarar la inexequibilidad del artículo legal, pero no podría entrar a conocer
de la constitucionalidad de la ley aprobatoria del tratado. Y esta no es una
situación excepcional, como lo muestra la declaratoria de inexequibilidad, por
la sentencia C-574 de 1997, del numeral 1º del artículo 342 del Código
Sustantivo del Trabajo del Código, disposición que se basaba en el Convenio No
04 de la O.I.T sobre trabajo nocturno de las mujeres, el cual fue aprobado por
Colombia por la Ley 73 de 1966. Ahora bien, si la Corte se abstiene de entrar a
analizar la ley aprobatoria del tratado, supuestamente para defender la
prevalencia de los tratados, la situación devendría insostenible para los
operadores jurídicos, que no sabrían si aplicar la sentencia de inexequibilidad
o el tratado, que sigue formalmente incorporado a nuestro ordenamiento.
En cambio, el examen
material de las leyes aprobatorias soluciona los anteriores problemas. Así, una
eventual declaración de inexequibilidad de una ley aprobatoria de un tratado ya
perfeccionado no afecta el cumplimiento de las obligaciones internacionales por
Colombia, por cuanto de todos modos el tratado inconstitucional es inaplicable.
Por ende, es lógico concluir que un control constitucional de esas leyes no
sólo preserva mejor la integridad de la Carta sino que incluso tiende a mejorar
la seguridad jurídica y a fortalecer el cumplimento de los tratados por nuestro
país pues la Corte podría establecer, con fuerza erga omnes, si existe o
no incompatibilidad entre un tratado y la Constitución, con lo cual las
autoridades políticas podrían entrar a reformar la Carta o a modificar nuestros
compromisos internacionales. En segundo término, en manera alguna la Corte
interfiere en la validez internacional del tratado por cuanto, como ya se ha
visto, ésta se rige exclusivamente por el derecho internacional, frente al cual
la decisión de un tribunal constitucional  es  un mero “hecho”. En  tercer
término,  la  Corte  no  se  extralimita en sus competencias por cuanto ella se
pronuncia sobre la ley aprobatoria de un tratado, y el ordinal  4º le confiere
explícitamente esa competencia, puesto que estatuye que es función de este
tribunal decidir definitivamente sobre las demandas de inconstitucionalidad que
presenten los ciudadanos contra todas las leyes, tanto por su contenido
material como por vicios de procedimiento en su formación. La interpretación
del artículo 241 que mejor armoniza con las funciones de la Corte como guardián
de la supremacía y la integridad de la Constitución es entonces que, en materia
de leyes aprobatorias de tratados, las competencias previstas por los ordinales
4º y 10 son complementarias, por lo cual debe concluirse que, salvo que exista
ya cosa juzgada, esta Corporación es competente para conocer de fondo de las
demandas ciudadanas contra leyes aprobatorias de tratados, incluso si éstos se
encuentran perfeccionados.
Por ende, y conforme
al anterior análisis, la Corte considera que, al ratificar la presente
convención, el Gobierno, deberá, en relación con el artículo 27-1, formular una
declaración interpretativa,  que no modifica el sentido de esa disposición pero
aclara la posición colombiana en el ámbito internacional. Según tal
declaración, Colombia precisa que acepta que un Estado no puede invocar las
disposiciones de su derecho interno  como justificación del incumplimiento del
tratado, en el entendido de que esta norma no excluye el control judicial de
constitucionalidad de las leyes aprobatorias de los tratados.
57- El anterior criterio
implica una variación de jurisprudencia en relación con la sentencia C-276 de
1993 y es cierto que todo tribunal, y en especial la
Corte Constitucional, debe ser consistente con sus decisiones previas. Ello
deriva no sólo de elementales consideraciones de seguridad jurídica -pues las
decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles- sino también del
respeto al principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean
resueltos de manera distinta por un mismo juez. Sin embargo, el respeto al
precedente y a la cosa juzgada constitucional no deben ser sacralizados, puesto
que ello no sólo puede petrificar el ordenamiento jurídico sino que, además,
podría provocar inaceptables injusticias. Las eventuales equivocaciones del
pasado no tienen por qué ser la justificación de inaceptables equivocaciones en
el presente y en el futuro. Se debe entonces aceptar que todo sistema jurídico
se estructura en torno a una tensión permanente entre la búsqueda de la
seguridad jurídica -que implica unos jueces respetuosos de los precedentes- y
la realización de la justicia material del caso concreto -que implica que los
jueces tengan capacidad de actualizar las normas a las situaciones nuevas-. En
ese orden de ideas, un tribunal puede apartarse de un precedente cuando
considere necesario hacerlo, pero en tal evento tiene la carga de
argumentación, esto es, tiene que aportar las razones que justifican el
apartamiento de las decisiones anteriores y la estructuración de una nueva
respuesta al problema planteado. Además, para justificar un cambio
jurisprudencial no basta que el tribunal considere que la interpretación actual
es un poco mejor que la anterior, puesto que el precedente, por el solo hecho
de serlo, goza ya de un plus, pues ha orientado el sistema jurídico de
determinada manera. Por ello, para que un cambio jurisprudencial no sea
arbitrario es necesario que el tribunal aporte razones que sean de un peso y
una fuerza tales que, en el caso concreto, primen no sólo sobre los criterios
que sirvieron de base a la decisión en el pasado sino, además, sobre las
consideraciones de seguridad jurídica e igualdad que fundamentan el principio
esencial del respeto del precedente en un Estado de derecho. Ahora bien, el
anterior examen muestra que en el presente caso, los argumentos que justifican
un cambio de jurisprudencia son poderosos, puesto que lo que está en juego es
nada más y nada menos que la supremacía misma de la Constitución. En cambio, no
existe ningún costo en términos de seguridad jurídica ni de igualdad, por
cuanto, como ya se ha mostrado, el control constitucional de las leyes
aprobatorias de tratados perfeccionados permitirá que este tribunal se
pronuncie con fuerza erga omnes sobre la compatibilidad o no de esos
tratados con la Carta. Por todo ello, el cambio jurisprudencial se encuentra
plenamente justificado.
La aplicación,
interpretación y enmienda de los tratado.
58- Los siguientes
artículos regulan la aplicación temporal, espacial y subjetiva de los tratados.
Así, desde el punto
de vista temporal, el artículo 28 consagra la regla general de la
irretroactividad de los tratados, norma que se explica por elementales razones
de seguridad jurídica, tal y como se señaló anteriormente en esta sentencia.
Igualmente, el artículo 30, luego de reiterar la prevalencia internacional de
las obligaciones surgidas de la Carta de las Naciones Unidas, que no pueden ser
modificadas por otros tratados,  señala las reglas para solucionar los
conflictos que surjan cuando existen tratados sucesivos sobre la misma
materia.
Por su parte, en el
ámbito espacial, el artículo 29 reitera la regla del mismo  artículo de Viena I
y señala que en principio los tratados se aplican en la totalidad del
territorio del Estado partícipe, salvo que una intención diferente se desprenda
del convenio o conste de otro modo.
Finalmente, en
cuanto a la aplicación subjetiva de los tratados, la sección cuarta de esta
Parte de Viena II (arts 34 a 38) regula los efectos de los tratados sobre los
sujetos de derecho internacional que no hayan participado en ellos.  La regla
general, conocida como el principio pacta tertiis, establece que las
obligaciones y derechos derivados de un tratado no afectan a terceros, sin su
consentimiento. Sin embargo, en ciertas condiciones, los tratados pueden generar
obligaciones (art. 35) o derechos (art. 36) para un tercer Estado o una tercera
organización, los cuales pueden ser modificados o revocados con base en ciertos
procedimientos (art. 37). También se destaca que los contenidos de un tratado
pueden llegar a ser obligatorias para terceros, si constituyen una costumbre
internacional reconocida como tal por la comunidad internacional (art. 38).
59- La sección
tercera de esta misma tercera parte de Viena II (arts 31 a 33) consagra unas
reglas hermenéuticas sobre la interpretación de los tratados. Así, se señala
que el tratado debe  "interpretarse de buena fe conforme al sentido
corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de
éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. (art. 31)" . Luego se señala
qué comprende el "contexto" de un tratado, qué otros aspectos deberán
tomarse en cuenta en la interpretación de un tratado, a qué medios de
interpretación complementarios se puede acudir cuando se llegue a resultados ambiguos
o irrazonables (art. 32) y las reglas relativas a la interpretación de tratados
autenticados en dos o más idiomas (art. 33).
60- La Parte IV de
la Convención bajo revisión (arts 39 a 41) desarrolla los aspectos referidos a
la enmienda y la modificación de los tratados, reglas que en lo fundamental son
idénticas a las consagradas al respecto por Viena I. La norma básica (art. 39)
es que todo tratado puede ser modificado por acuerdo entre las partes, para lo
cual se aplican las disposiciones generales sobre suscripción de tratados y
prestación del consentimiento ya analizadas en esta sentencia. Como es obvio,
se precisa que el consentimiento de una organización internacional para tales
enmiendas se rige por las reglas de esa organización. Igualmente se señalan
algunas norma específicas para enmendar tratados multilaterales, a fin  de
garantizar los derechos de los Estados y las organizaciones partícipes (art.
40), y se establecen las condiciones que deben reunirse para que dos o más
partes de un tratado multilateral puedan celebrar un acuerdo  que tenga por
objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas (art. 41).
61- La Corte no
encuentra ninguna objeción a las anteriores disposiciones sobre aplicación,
interpretación y enmienda de los tratados pues considera que su contenido es
similar a las mismas normas de Viena I, como es obvio tomando en cuenta las
especificidades de los acuerdos en que participan entidades internacionales.
Además la Corte considera que estas normas son consecuencias razonables de la
naturaleza de los tratados como acuerdos libres entre sujetos de derecho
internacional, con el fin de potenciar la cooperación entre las naciones y los
pueblos sobre bases de igualdad y reciprocidad, finalidad expresamente
reconocida por la Carta (CP art. 226).  Así, es natural que si un tratado es
por esencia consensual, sus cláusulas puedan ser siempre modificadas por
quienes son parte en él, sus efectos sean relativos únicamente a esas partes y
sus cláusulas rijan hacia el futuro, salvo que se disponga expresamente otra
cosa. Igualmente, la regla hermenéutica fundada en la buena fe y en la
importancia del objeto y fin de los tratados es una consecuencia natural de
éstos como instrumentos de cooperación pacífica entre los Estados y las
organizaciones internacionales.
Las reglas
generales sobre nulidad terminación y suspensión de la aplicación de los
tratados.
62- Los artículos 42
a 72 de la parte V de la Convención regulan las formas básicas de extinción
irregular de la obligación internacional derivada de un tratado. Así se
establece que estas obligaciones pueden terminar por vicios en la formación
misma del convenio susceptibles de generar su nulidad o, por el contrario, por
circunstancias ulteriores que puedan configurar una causa para terminar o
suspender el tratado o algunas de sus cláusulas. Entra la Corte a analizar esas
disposiciones, para lo cual comienza con el estudio de los principios generales
que Viena II establece en esta materia.
63-  La presente
convención intenta regular de manera exhaustiva la nulidad de los tratados, así
como la terminación y suspensión de los mismos, para lo cual comienza por
establecer algunas normas al respecto. Así, el artículo 42 precisa que de ahora
en adelante sólo podrán invocarse las disposiciones de esta convención para
declarar nulidades de tratados entre Estados y organizaciones internacionales,
o entre estas últimas, y que la terminación o suspensión de esos tratados sólo
pueden llevarse a cabo aplicando las disposiciones del tratado en cuestión o
las reglas de la presente  Convención. Por su parte el artículo 43 señala que
la nulidad de un tratado, su terminación o suspensión no afectan las
obligaciones internacionales que un Estado o una organización internacional
tengan independientemente de dicho tratado. El artículo 44 consagra la
posibilidad de que opere una divisibilidad de las disposiciones de un tratado,
pues establece que en principio la denuncia, la suspensión o la nulidad afectan
la totalidad del tratado pero que en determinados casos, éstas pueden recaer
sobre determinadas cláusulas únicamente, siempre y cuando (i) tales
disposiciones sean separables del resto del tratado en lo que respecta a su
aplicación, (ii) no hayan constituido una base esencial del consentimiento y (iii)
la aplicación del resto del tratado no provoque injusticias. Finalmente el
artículo 45 precisa que los Estados o las organizaciones internacionales
pierden el derecho a alegar una causa de nulidad, terminación, retiro o
suspensión de la aplicación de un tratado cuando, después de haber tenido
conocimiento de los hechos, esos sujetos internacionales convienen expresamente
que el tratado es válido, permanece en vigor o continúa en aplicación, según el
caso; o de otra parte se comportan de tal manera que se entiende que han
renunciado a alegar en su favor esas causas.
64- Un breve
análisis muestra que esta regulación, que reproduce en lo esencial las reglas
establecidas por Viena I, se funda en criterios restrictivos, lo cual resulta
razonable, pues el régimen de nulidad, terminación y suspensión de los
tratados, si bien debe existir, pues es necesario para enfrentar las
vicisitudes e irregularidades de los tratados, ya sea en su formación
(problemas de validez y nulidad), ya sea en su ejecución (problemas de
suspensión y terminación) debe ser excepcional, a fin de no erosionar el
alcance del principio Pacta sunt servanda, que constituye uno de los
fundamentos del derecho internacional. Por ello es natural que Viena I y Viena
II limiten las posibilidades de invocar causas para decretar la nulidad, la
terminación o la suspensión de un convenio, y que se prevean también amplias
posibilidades de saneamiento de las eventuales irregularidades a fin de
preservar al máximo las obligaciones derivadas de los tratados. Igualmente, por
tal razón es lógico que en determinados casos se admita la divisibilidad de los
tratados, pues de esa manera la eventual nulidad de una cláusula no afecta la
totalidad del instrumento internacional. Esto muestra que la previsión de las nulidades,
terminaciones o suspensiones de los tratados no debe ser entendida como una
autorización para que los Estados o las organizaciones internacionales
incumplan sus obligaciones sino como el reconocimiento de que en el nacimiento
y desarrollo de los tratados pueden surgir irregularidades y circunstancias que
justifican, excepcionalmente, la aplicación de esas figuras. Por tal razón, la
Corte considera que esos mecanismos previstos por Viena II, que se basan en los
criterios establecidos anteriormente por la doctrina internacional y por Viena
I, se ajustan a la Carta ya que son reglas razonables para dinamizar las
relaciones internacionales.
La nulidad de los
tratados.
65- Los artículos 46
a 53 regulan de manera específica el fenómeno de la nulidad de los tratados,
esto es, de aquellas irregularidades ocurridas en la formación de un convenio
internacional que son de tal magnitud que pueden llegar a afectar su validez.
Así, desde el punto de vista del contenido, la doctrina suele distinguir entre
los vicios relativos a la competencia, al consentimiento y a la violación de
normas de orden público internacional (Ius Cogens). Y en relación con
sus efectos, la convención y la doctrina diferencian entre las nulidades
relativas, que son saneables, y las absolutas, que no pueden ser subsanadas.
Entra pues la Corte al examen de estas causas de nulidad.
66- El artículo 46
consagra una nulidad por vicio de competencia pues establece que puede
decretarse la nulidad de un tratado, si hubo violación de una norma de
competencia de derecho interno del Estado o de las reglas de la organización
concernientes a la competencia, siempre y cuando la violación sea manifiesta y
afecte a una norma de importancia fundamental, en el entendido de que es
manifiesta aquella vulneración que resulta objetivamente evidente para
cualquier sujeto internacional que proceda en la materia conforme a la práctica
usual y de buena fe.
Esta causa de
nulidad, que es saneable, pretende terciar en la controversia entre las
posiciones monistas internacionalistas y monistas constitucionalistas en torno
a la violación de las reglas de competencia de los representantes de los
Estados en los casos de las llamadas "ratificaciones imperfectas".
Esto sucede, por ejemplo, cuando el jefe de un Estado compromete
internacionalmente a su país pero sin cumplir con los requisitos
constitucionales previos previstos por el ordenamiento nacional, como podría
ser la aprobación por el parlamento del texto del tratado. En tal evento, las
tesis internacionalistas sostenían que el convenio era de todos modos
internacionalmente válido, a fin de preservar la seguridad en las relaciones
entre los pueblos y evitar que un Estado se involucre en los asuntos internos
de otros Estado y entre a analizar si su representante cumplió o no con todos
los procedimientos internos previstos por el ordenamiento constitucional. Por
su parte, las concepciones constitucionalistas consideraban que el tratado era
nulo internacionalmente ya que, con el fin de proteger la autonomía e
independencia de los ordenamiento constitucionales, debe entenderse que los
representantes de un Estado no pueden actuar sino en virtud de poderes y dentro
de los límites de su competencia, por lo cual no podría un representante
comprometer válidamente a un Estado, si no ha respetado las reglas del
ordenamiento estatal que le confieren competencia para tal efecto. Como se ve,
la regla prevista por Viena I y Viena II adopta una posición intermedia, o de
monismo moderado, como la califica la doctrina, pues no señala que el derecho
interno es irrelevante para determinar la competencia del representante estatal
-como lo proponía el monismo internacionalista rígido- pero tampoco remite
exclusivamente a estas normas internas para determinar si hubo o no vicio de
competencia -como lo querían las posturas constitucionalistas-, sino que
establece unos criterios  generales y unos estándares objetivos para determinar
si la irregularidad interna es susceptible de generar la invalidez
internacional del tratado. Esto significa que Viena I y Viena II consagran una
postura monista internacionalista en relación a las contradicciones materiales
entre los tratados y los ordenamientos internos pues, como ya se vio, el
artículo 27 excluye la posibilidad  de invocar el derecho interno para justificar
el incumplimiento de un convenio. Sin embargo, en relación con los problemas de
competencia en la celebración de los tratados, Viena I y Viena II establecen un
monismo atenuado.
67- La Corte
considera que esa postura intermedia, que muchos sectores de la doctrina
internacional ya habían aceptado antes de la redacción de las convenciones de
Viena sobre los tratados, en manera alguna vulnera la Carta, puesto que es una
regulación razonable, ya que permite un desarrollo dinámico de las relaciones
internacionales sin comprometer la autonomía de los Estados ni de las
organizaciones internacionales.
68- En ese mismo
orden de ideas, la Corte no encuentra ninguna objeción al artículo siguiente,
que consagra otra nulidad saneable por vicio de competencia, pero en este caso
debido a restricciones  en los poderes de un representante internacional. Así,
conforme a esa disposición, la validez de un tratado puede ser cuestionada si
el representante de un Estado o de una organización internacional tenía ciertas
limitaciones para manifestar el consentimiento, y éstas habían sido notificadas
previamente a las contrapartes, lo cual armoniza con el principio de buena fe,
que también se proyecta en el ámbito de celebración de los tratados.
69- Las siguientes
disposiciones establecen, de manera bastante clásica, los vicios de
consentimiento susceptibles de afectar la validez de un convenio. Así  el
artículo 48 señala que el error puede generar la nulidad de un tratado si se
refiere a un hecho o a una situación cuya existencia se diera por supuesta y
que constituyera una base esencial del consentimiento, siempre y cuando el
sujeto internacional mismo no hubiera contribuido  a generar el error o éste no
se deba a su negligencia. Por su parte, los artículos 49 y 50 prevén que el
dolo y la corrupción del representante pueden también llegar a constituir
también un vicio del consentimiento en obligarse por un tratado. Según ambas
convenciones de Viena, estas nulidades son todas relativas, por lo cual pueden
sanearse.
La Corte no
encuentra ninguna objeción a que se establezcan estos vicios de consentimiento
como causas de nulidad de un tratado, ya que los convenios deben ser adoptados
libremente por los sujetos de derecho internacional. Por ende, si bien, como lo
reconocen la doctrina y la propia práctica internacional,  es muy raro que se
invoquen estas causas, por cuanto son de poca ocurrencia, es importante que el
derecho de los tratados las prevea a fin de proteger el libre consentimiento de
los Estados y permitir así una mayor transparencia en las relaciones
internacionales.
70- En consonancia
con lo anterior, los siguientes dos artículos establecen que la coacción, ya
sea sobre el representante de un Estado o de una organización, o ya sea
directamente sobre el Estado o sobre la organización, generan la nulidad
absoluta del tratado. Esta regla es una obvia consecuencia de la prohibición
general del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la cual se
encuentra prevista, con contadas excepciones, en la Carta de las Naciones
Unidas. Como es obvio, se trata un recurso ilícito de la fuerza, pues el
derecho internacional consuetudinario y la Carta de San Francisco admiten
ciertos empleos legítimos de la coacción, como puede ser la legítima defensa
por un Estado o la imposición de medidas coercitivas por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.  Por ende, cuando la coacción es ilegítima,
el tratado se encuentra viciado de una nulidad absoluta que afecta además a la
totalidad del texto, pues en este evento no opera la divisibilidad de las
cláusulas del convenio.
Como es obvio, la
Corte considera que estas cláusulas se ajustan a la Constitución, puesto que
Colombia históricamente ha reconocido como principio de derecho internacional
que las controversias deben ser resueltas de manera pacífica, lo cual excluye
el uso de la fuerza, por lo cual armoniza con la Carta que se encuentran
viciados de nulidad los convenios obtenidos mediante la coacción.
71- Los artículos 53
y 64 establecen que es nulo todo tratado que al momento de celebrarse viole una
norma de Ius Cogens, o que posteriormente desconozca una norma de esa
naturaleza que haya surgido a la vida internacional. Como se sabe, se entiende
por Ius Cogens una norma aceptada y reconocida por la comunidad
internacional  de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en
contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho
internacional general que tenga el mismo carácter.  La Corte no encuentra
ninguna objeción constitucional a esta previsión ya que en anteriores fallos
esta Corporación ya había aceptado la pertinencia del concepto de Ius
Cogens, pues había reconocido que en el orden internacional existen
principios y normas de superior jerarquía, que no pueden ser desconocidos por
el derecho internacional convencional. Así, en varias oportunidades la Corte ha
considerado que las normas de derecho internacional humanitario son parte
integrante del Ius Cogens, por lo cual deben ser respetadas no sólo por
los ordenamientos estatales sino también por los tratados internacionales[62]. En tales
circunstancias, es perfectamente lógico que los convenios que desconozcan estas
normas imperativas de derecho internacional se vean afectados de una nulidad
absoluta.
72- Finalmente, los
artículos 69 y 71 regulan las consecuencias que derivan de la nulidad de un
tratado y establecen, como regla general, que una vez ésta es declarada, las
disposiciones cesan de tener fuerza jurídica. El problema surge con los actos
ejecutados durante la vigencia del convenio, para lo cual se señalan diversas
consecuencias según cuáles hayan sido las causas de la nulidad. Así, cuando se
trata de problemas de competencia o de vicios de consentimiento, se prevé que
toda parte puede exigir que, en la medida de lo posible, se la restablezca en
la situación que habría existido si no se hubieran ejecutados esos actos, pero
aquellos que fueron ejecutados de buena fe antes de que se haya alegado la nulidad
no resultarán ilícitos por el sólo hecho de la nulidad del tratado. Como es
obvio, estos beneficios no se aplican a la parte a la que sea imputable el
dolo, el acto de corrupción o la coacción. En cambio, en la hipótesis de
violación de una norma de Ius Cogens, los deberes de los sujetos
internacionales son más estrictos ya que deben no sólo eliminar en lo posible
las consecuencias de todo acto ejecutado contraviniendo la norma imperativa de
derecho internacional general sino que, además, deben ajustar sus relaciones
mutuas a ese orden público internacional.
La Corte no
encuentra ninguna objeción a estos artículos, que reproducen normas idénticas
contenidas en Viena I, puesto que se trata de una regulación de las
consecuencias de las distintas nulidades que se funda en la naturaleza misma
del fenómeno de la nulidad, tomando en cuenta otros principios esenciales del
derecho de los tratados. Así, es natural que si un convenio es anulado, cese de
producir efectos pero que, por razones de la seguridad jurídica y de buena fe,
la invalidez del tratado no cubra automáticamente todos los actos ejecutados de
buena fe durante la vigencia del instrumento internacional. Por el contrario,
la especial jerarquía  de las normas imperativas de derecho internacional explica
que en estos casos existe un cierto efecto retroactivo de la declaratoria de
nulidad y sea deber de las partes eliminar todas las consecuencias de los actos
violatorios de reglas de Ius Cogens.
La terminación y
suspensión de los tratados.
73- Los artículos 54
y siguientes regulan las causas de terminación y suspensión de los tratados,
esto es, aquellas situaciones posteriores a la celebración de un convenio
válido que permiten que éste cese de producir efectos, ya sea de manera
temporal (suspensión) o en forma definitiva (terminación). En general, la
doctrina suele clasificar esas causas en voluntarias, esto es, que dependen del
acuerdo de las partes, o unilaterales a partir de las reglas del derecho
internacional. Entra pues la Corte a examinar esas posibilidades, para lo cual
comienza con las causas voluntarias.
74- Los artículos 54
y 57 establecen una regla general pues precisan que todo tratado puede terminar
o ser suspendido conforme lo establezcan sus propias disposiciones o, en
cualquier momento, por consentimiento de todas las partes en el mismo. Por su
parte, el artículo 55 precisa que la reducción del número de partes en un
tratado a aquel que era necesario para su entrada en vigor no implica su
terminación automática, salvo que el propio tratado disponga otra cosa. El
artículo 58 regula las condiciones para que en un tratado multilateral,  dos a
más partes puedan celebrar un acuerdo que tenga por objeto suspender la
aplicación de disposiciones del tratado, temporalmente y sólo en sus relaciones
mutuas. Así, esa disposición precisa que esos acuerdos son posibles si están
previstos en el tratado,  o al menos no se encuentran prohibidos, y la
suspensión es compatible con el objeto y el fin del tratado y no afecta los
derechos de las demás partes en el tratado ni al cumplimiento de sus
obligaciones. Finalmente el artículo 59 establece una reglas para saber cuando
un tratado termina o se suspende por cuanto las partes han celebrado uno
posterior sobre la misma materia.
75- La Corte no
encuentra ninguna objeción a las anteriores causas de terminación y suspensión
consensual de los tratados puesto que todas se fundan en la voluntad de los
sujetos de derecho internacional. Ahora bien, si los convenios nacen como
producto de un acuerdo de voluntades entre Estados y organizaciones
internacionales, es natural que, en virtud del clásico principio del
paralelismo de formas, también puedan ser terminados o suspendidos por el
consenso de las partes, que deciden finalizar el tratado, o llevan a cabo uno
nuevo sobre la misma materia, con lo cual se entiende que en cierta medida
derogan el anterior.
76- Las otras causas
previstas por la convención permiten a un Estado o a una organización
internacional dar por terminado o suspender un tratado de manera unilateral,
por lo cual deben fundarse en precisas reglas de derecho internacional, a fin
de no comprometer el principio básico de Pacta Sunt Servanda. Así, el
artículo 56 establece la posibilidad de la denuncia o retiro unilateral de un
tratado, incluso en aquellos tratados que no la prevean expresamente, siempre y
cuando conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad de
denuncia o ésta pueda inferirse de la naturaleza del tratado. Por su parte, el
artículo 60 aplica en el derecho de los tratados la conocida máxima del régimen
contractual inadimplenti non est adimplentum, según la cual, en los
acuerdos de tracto sucesivo, si una parte incumple, entonces la otra no se
encuentra obligada a honorar sus obligaciones. Por ello, esa disposición, en
desarrollo del principio de reciprocidad en las relaciones internacionales,
señala que una violación grave de un tratado bilateral por una de las partes
faculta a la otra parte a dar por terminado o suspender el convenio, total o
parcialmente. Luego esa misma norma regula el caso de los tratados
multilaterales en donde, como es obvio, este principio adquiere ciertas
especifidades. El artículo aclara además que esta máxima inadimplenti no
se aplica a las normas humanitarias, en particular a las disposiciones que
prohiben toda forma de represalias con respecto a las personas protegidas por
tales tratados, lo cual es perfectamente natural pues, como esta Corte ya lo ha
señalado, la normas humanitarias imponen obligaciones a los actores arma­dos,
en beneficio no propio sino de terceros: la población no combatiente y las
víctimas de ese enfrentamiento bélico. Por ello la obligación humanitaria no se
funda en la recipro­cidad, pues ella es exigible para cada una de las partes,
sin hallarse subordinada a su cumplimiento correlativo por la otra parte,
puesto que el titular de tales garantías es el tercero no combatiente, y no las
partes en conflicto.[63]
El artículo 61, en desarrollo del principio básico del derecho de que nadie
está obligado a lo imposible (ad impossibilia nemo tenetur), consagra
una tercera causal pues autoriza a una parte a dar por terminado un tratado o a
retirarse de él, si le resulta imposible cumplirlo debido a la desaparición o
destrucción definitivas de un objeto indispensable para el cumplimiento del
tratado. Como es obvio, en desarrollo de la buena fe y para amparar el
principio Pacta sunt servanda, esta causa no se puede invocar si resulta
de una violación de una obligación internacional por la parte que la alega. Por
su parte, el artículo 62 prevé una cuarta causa al consagrar la conocida y
debatida cláusula rebus sic standibus, que se inspira en la teoría de la
imprevisión en materia contractual.  Según esta regla, un cambio fundamental e
imprevisto en las circunstancias, ocurrido con respecto a las existentes en el
momento de la celebración de un tratado, puede alegarse como causa para dar por
terminado un tratado o retirarse de él. Como es sabido, y ya se vio en esta
sentencia (Cf supra Fundamento Jurídico No 16), este principio rebus sic
standibus generó en su momento importantes polémicas doctrinarias entre
quienes sostenían que se trataba de una norma implícita en todo tratado de
duración ilimitada, y quienes se oponían a esta tesis, por cuanto señalaban que
ella erosionaba el principio Pacta sunt servanda. Como en otros casos,
Viena I y Viena II adoptan una posición intermedia, pues si bien admiten la
cláusula como una causa de terminación o suspensión de  un tratado, establecen
que es un caso excepcional pues se requiere que (i) las circunstancias
constituyeran una base esencial del consentimiento de las partes en obligarse
por el tratado y que (ii) el cambio modifique radicalmente el alcance de las
obligaciones que todavía deben cumplirse  en virtud del tratado. Además, esas
convenciones precisan que esta causa no opera para tratados de fronteras,
debido a la situación especial que las normas internacionales reconocen a estos
convenios, tal y como ya se vio en esta sentencia (Cf supra Fundamento Jurídico
No 42). Igualmente, en desarrollo del principio de buena fe, se señala que una
parte no podrá alegar esta causa si el cambio fundamental resulta de una
violación suya de una  obligación internacional. Finalmente, el artículo 63,
con el fin de evitar polémicas al respecto, establece una precisión, ya que
indica que la ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre partes de
un tratado no afecta la continuidad del convenio, a menos que la existencia de
tales relaciones fuera indispensable para la aplicación del tratado.
77- Las anteriores
causas de terminación y suspensión de los tratados, que reproducen normas
idénticas contenidas en Viena I, buscan un equilibrio entre dos imperativos de
la dinámica internacional. De un lado, el respeto a la intangibilidad de los
tratados (Pacta sunt servanda), por lo cual, en principio un Estado  o
una organización internacional no deberían poder desligarse de los compromisos
adquiridos, salvo si las otras partes en el convenio aceptan ese retiro
temporal o permanente. Sin embargo, de otro lado, la realidad internacional es
muy cambiante, por lo cual resulta irrazonable pensar que todos los compromisos
se adquieren a perpetuidad. Así, a veces existen cambios tan profundos que
podrían hacer inequitativo obligar a un sujeto de derecho internacional a
continuar en un tratado. Igualmente, la percepción de los Estados y de las
organizaciones sobre su papel internacional puede transformarse profundamente,
de suerte que un compromiso que en el pasado les parecía razonable, puede
devenir en el futuro una carga insoportable. En tales circunstancias, sería no
sólo inequitativo sino incluso contrario a la eficacia misma del derecho
internacional que no se previeran dispositivos que permitieran a los sujetos
internacionales variar unilateralmente algunos de esos compromisos, tomando en
cuenta las transformaciones operadas en la realidad internacional. Sin embargo,
es necesario también que esas opciones no afecten el principio esencial Pacta
sunt servanda. En tales circunstancias, poco a poco la doctrina y la
jurisprudencia han ido desarrollando mecanismos que armonizan esas exigencias
en tensión, de suerte que las convenciones de Viena sobre los tratados recogen
y sistematizan las figuras esenciales que el derecho internacional han creado
para permitir a los Estados y a las organizaciones desvincularse de ciertos
compromisos, sin por ello vulnerar el principio Pacta sunt servanda.
Esto es lo que explica la lógica de las figuras anteriormente descritas, las
cuales autorizan la terminación o suspensión unilateral de un tratado, pero no
de cualquier manera ya que tienen que presentarse condiciones excepcionales que
justifiquen la declaratoria. En tal sentido, la regulación recogida por Viena I
y II logra, en forma razonable, armonizar esos imperativos, a partir de los
criterios decantados por la propia experiencia internacional. Así, es natural
que si es imposible cumplir un tratado, o ha habido violación de lo convenido,
pueda declarase la terminación o suspensión del tratado; igualmente, la
denuncia o retiro unilateral es posible pero sólo si es compatible con la
naturaleza del tratado o fue tácitamente aceptada por las otras partes; la
cláusula  rebus sic standibus es aceptada pero opera en condiciones muy
estrictas. En tales circunstancias, la Corte no encuentra ninguna objeción a
esos mecanismos, ya que, como se ha visto, son necesarios para permitir
jurídicamente una adecuada estabilidad y dinámica de las relaciones internacionales,
sin menoscabar la capacidad de autodeterminación de los sujetos de derecho
internacional, todo lo cual armoniza con la Carta (CP arts 9º y 226).
78- Los artículos 70
y 72 de la Convención bajo revisión regulan los efectos de la terminación o
suspensión de un tratado y establecen, como es lógico, que una declaratoria en
tal sentido exime a las partes de la obligación de seguir cumpliendo el
instrumento internacional, ya sea de manera definitiva (terminación), o ya sea
de forma temporal (suspensión). Esas normas precisan que la terminación no
afecta las situaciones jurídica consolidadas por la ejecución del tratado antes
de su terminación y, en caso de suspensión, no afecta de otro modo las
relaciones jurídicas que el tratado haya establecido entre las partes, ni las
exime del deber de abstenerse de todo acto encaminado a obstaculizar la
reanudación de la aplicación del tratado. La Corte no encuentra entonces
ninguna objeción a estos artículos, que reproducen también normas idénticas
contenidas en Viena I, puesto que se trata de una regulación de las
consecuencias de la terminación y suspensión de los tratados que se funda en la
naturaleza misma de estos fenómenos.
Los
procedimientos de declaración y la solución de las controversias.
79- La convención señala
unos procedimientos específicos para que pueda entenderse declarada una nulidad
o terminado o suspendido un tratado.  Así, los artículo 65 y 67 señalan que la
parte que impugne la validez de un tratado, o quiera darlo por terminado o
suspender su aplicación, debe notificar a las demás partes su pretensión. Si
después de un plazo que, salvo en casos de especial urgencia, no puede ser
inferior a tres meses, nadie se opone, la parte podrá declarar la nulidad, la
terminación o la suspensión del tratado, según el caso, y deberá notificar por
escrito a las otras partes de su decisión. Ahora bien, es natural que en el
desarrollo de estos procesos puedan surgir controversias. Así, una parte puede
considerar que existió un vicio del consentimiento o que ha operado la cláusula
rebus sic standibus, pero las otras partes pueden oponerse a esa
pretensión u objetarla. Por ello Viena II prevé que si existen esos
conflictos,  las partes deben buscar una solución por los medios indicados en
el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, esto es, por la negociación,
la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo
judicial, el recurso a organismo judiciales, o cualquier otro medio pacífico.
Si, dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que se ha formulado la
objeción, no se ha llegado a ninguna solución conforme a esos mecanismos, el
artículo 66 establece varias hipótesis.  De un lado, si la controversia se
relaciona con la eventual vulneración de una norma de Ius Cogens,
entonces el caso se puede someter a la Corte Internacional de Justicia, aun
cuando el procedimiento para hacerlo se regula de manera prolija, cuando no se
trata de controversias entre Estados. Esto tiene una explicación pues, conforme
al artículo 34  del Estatuto de la Corte, sólo los Estados pueden someter casos
ante ese tribunal internacional, aun cuando el artículo 65 de ese mismo cuerpo
normativo y el artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas  autorizan a
determinadas organizaciones internacionales a solicitar opiniones consultivas a
ese tribunal.  De otro lado, si las partes no pueden o deciden no acudir a la
Corte Internacional de Justicia, entonces la disposición prevé que el asunto se
someta a un arbitraje, de conformidad con las disposiciones del anexo de la presente
Convención. Finalmente, si la controversia no es relativa a normas de Ius
Cogens, entonces se prevé un procedimiento de conciliación.
Por tal razón, en
desarrollo de estos mecanismos, el anexo de la presente convención establece
unos procedimientos de arbitraje y de conciliación.   Así se señala que el
Secretario General de las Naciones Unidas deberá tener una lista de juristas
calificados a fin de que las partes en una controversia puedan elegir las
personas que hayan de constituir un tribunal arbitral o, según el caso, una
comisión de conciliación. Se regula entonces la forma para la conformación de
esas listas y se establecen las reglas para la integración y funcionamiento de
los tribunales arbitrales -que emiten laudos definitivos y obligatorios para
las partes- o de las comisiones de conciliación -que enuncian recomendaciones
para una solución amistosa de la controversia-.
80- La anteriores
reglas para la declaratoria de la nulidad, la terminación o la suspensión de un
tratado y la solución de controversias entre partes que puedan surgir durante
esos procedimientos son muy similares a las consagradas al respecto por Viena
I. Con todo, la regulación de Viena II es más específica debido precisamente a
la especificidad de las organizaciones internacionales. Esto explica, por
ejemplo, por qué la presente convención detalla tanto el acceso ante la Corte
Internacional de Justicia, por cuanto en principio una organización
internacional, con excepción de la ONU, no puede someter  asuntos ante ese tribunal
internacional. Esta regulación busca entonces crear, mediante la cooperación de
los Estados y organizaciones internacionales y el activo apoyo de las Naciones
Unidas, instancias imparciales para la solución de las controversias que puedan
surgir de los tratados, por lo cual la Corte no encuentra ninguna objeción a
estos procedimientos, pues ellos buscan fortalecer la pacífica solución de los
conflictos en las relaciones internacionales.
Normas
instrumentales generales sobre los tratados
81- La séptima parte
de la Convención (arts 77 a 81) regula aspectos puramente instrumentales de los
tratados pero que son de importancia en la dinámica de las relaciones
internacionales. Así, se señala cuáles son las funciones del depositario de los
tratados, y se precisa que éstas son de carácter  internacional y suponen la
imparcialidad en el desempeño de las mismas (arts 77 y 78).  Igualmente se
establecen las reglas generales en materia de comunicaciones y notificaciones
relacionadas con tratados (art. 79), la forma de  corregir los errores en
textos  o en copias certificadas conformes de los tratados (art. 80), así como
la regla de que todo  tratado, después de su entrada en vigor, se transmitirá,
en general por el depositario, a la Secretaría de las Naciones Unidas para su
registro o archivo e inscripción, según el caso, y para su publicación  (art.
81).
82- Estas normas
instrumentales son idénticas a las consagradas por Viena I en la misma materia
y tienen un sentido práctico importante, pues son mecanismos razonables para
conferir seguridad, publicidad y transparencia a las relaciones internacionales
derivadas de los tratados, bases del derecho internacional público
contemporáneo, que excluye la diplomacia secreta, por ser contraria a los
principios democráticos y a la buena fe internacional. La Corte Constitucional
no encuentra entonces en esas disposiciones ninguna objeción constitucional.
Disposiciones
finales de Viena II para su entrada en vigor.
83- Finalmente, la
Parte VIII de la Convención (arts 82 a 86) dispone todo lo relacionado con la
firma de Viena II (art. 82), su ratificación por los Estados o confirmación
formal por las organizaciones internacionales y el depósito de los respectivos
instrumentos (art. 83) y la posibilidad de posteriores adhesiones (art. 84).
Igualmente se precisa  el momento de entrada en vigor (art. 85), se señalan las
lenguas de los textos auténticos (árabe, chino, español, francés, inglés y
ruso) y se establece que el Secretario General de las Naciones Unidas será el
depositario de esta Convención (art. 86).
Estos artículos no
ofrecen ningún problema interpretativo ni constitucional, pues son cláusulas
formales para la entrada en vigencia de la presente convención, que siguen las
prácticas internacionales y armonizan plenamente con la regulación prevista por
Viena I en la materia.
Posibilidad de
introducir reservas y decisión a tomar
84- La Corte destaca
que Viena II no prohibe las reservas y por tanto, siguiendo los principios
consuetudinarios y las reglas codificadas en Viena I, el gobierno colombiano
puede formular reservas y declaraciones al momento de prestar el consentimiento
internacional al presente tratado, siempre y cuando ellas sean compatibles con
su objeto y fin. Esta Corporación, al estudiar la presente convención, encontró
algunas objeciones constitucionales en relación con la regulación de las formas
de prestación del consentimiento internacional y la posibilidad de la
aplicación provisional de los tratados, por lo cual el Gobierno deberá formular
las correspondientes reservas y declaraciones interpretativos, pues ellas,
lejos de ser incompatibles con el objeto y fin de Viena II, lo que hacen es
precisar la posición colombiana, a fin de que el país pueda adquirir y cumplir
sus obligaciones internacionales con transparencia y de buena fe, presupuesto
para poder una rigurosa aplicación al principio esencial en esta materia: Pacta
sunt servanda
85- Conforme a lo
anterior, la Corte concluye que, con las precisiones que  anteriormente se han
señalado, la “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre
Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales”, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986" se ajusta a la
Carta y será entonces declarada exequible. En ese mismo orden de ideas, esta
Corporación considera que es igualmente constitucional la Ley No 406 del 24 de
octubre de 1997 bajo revisión, la cual se limita a aprobar el texto de este
instrumento internacional (art. 1º) y a señalar que sus normas sólo obligarán
al país cuando se perfeccione el respectivo vínculo internacional (art. 2º), lo
cual concuerda perfectamente con los principios generales del derecho de los
tratados (CP art. 9º).
VIII. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero: Declarar
EXEQUIBLE la Ley No 406 del 24 de octubre de 1997, "por medio de la
cual se aprueba la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre
Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales”, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986".
Segundo: Declarar
EXEQUIBLE la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre
Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986, siempre y cuando el
Gobierno de Colombia formule, al depositar el instrumento de ratificación, las
siguientes reservas y la siguiente declaración interpretativa:
a) En relación con
los artículos 11 a 17, y en consonancia con el artículo 46, Colombia precisa
que el representante plenipotenciario de Colombia sólo podrá manifestar el
consentimiento del Estado colombiano una vez que el tratado haya sido aprobado
por el Congreso y revisado por la Corte Constitucional.
b) En relación con
el artículo 25, Colombia precisa que sólo son susceptibles de aplicación
provisional por Colombia, sin previa aprobación por el Congreso y revisión por
la Corte Constitucional, los tratados de naturaleza económica y comercial
acordados en el ámbito de organismos internacionales que así lo dispongan.
c) En relación con
el artículo 27-1, Colombia precisa que acepta que un Estado no puede invocar
las disposiciones de su derecho interno  como justificación del incumplimiento
del tratado, en el entendido de que esta norma no excluye el control judicial
de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de los tratados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Presidente
ANTONIO BARRERA
CARBONELL            ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DÍAZ                     EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
Magistrado
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
GALINDO         HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado                                                Magistrado
ALEJANDRO MARTÍNEZ
CABALLERO                        FABIO MORÓN DÍAZ                 Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Salvamento de
voto a la Sentencia C-400/98
CONTROL
CONSTITUCIONAL DE TRATADO INTERNACIONAL-Debe ejercerse antes de su perfeccionamiento/CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL-Constitución Política adopta
tesis intermedia (Salvamento de voto)
Ese sistema de
control sobre los tratados públicos y las leyes que los aprueban se introdujo,
como es bien sabido, con el propósito de conciliar el ordenamiento jurídico
interno, basado en la Constitución, y el internacional, acogiendo la denominada
tesis intermedia que en su momento adoptara la Corte Suprema de Justicia en
Sentencia del 6 de junio de 1985. Al tenor de esa doctrina, puede ejercerse la
función de control constitucional sobre las leyes aprobatorias de tratados
antes de que ellos sean perfeccionados con arreglo a las normas y principios
del Derecho Internacional; pero no es posible cotejar su contenido con la
Constitución después de tal perfeccionamiento, pues una eventual declaración de
inexequibilidad total o parcial de las convenciones objeto de examen implicaría
conflicto inevitable entre los dos órdenes normativos, con serio compromiso
para la credibilidad internacional del Estado colombiano; y, por contera,
colocaría al Presidente de la República en la disyuntiva de acatar lo resuelto
por el organismo de control judicial, incumpliendo el tratado, o de ejecutar
las cláusulas de éste, desobedeciendo una decisión jurisdiccional en el ámbito
interno.
TRATADO
INTERNACIONAL-Su
perfeccionamiento se supedita a la decisión de la Corte/COMPETENCIA DE LA
CORTE-Límite temporal en cuanto a tratados internacionales (Salvamento de
voto)
La Carta supedita
a la decisión de la Corte, en lo relativo a la constitucionalidad del tratado y
de la ley que lo aprueba, el ejercicio de la función presidencial de efectuar
el canje de notas o de proceder al depósito de instrumentos, en cuanto
modalidades de asumir, más allá del ámbito interno, en el internacional, las
obligaciones y compromisos propios de lo pactado. Precisamente por esa sujeción
de los actos de perfeccionamiento del tratado a la sentencia de control de
constitucionalidad, resulta evidente que el momento del mismo, en cuanto a la
competencia de la Corte se refiere, es necesariamente anterior a aquel en que el
tratado adquiere intangibilidad por razón de los actos jurídicos de su
perfeccionamiento.
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL-Competencia de la Corte (Salvamento de voto)
Siendo esta norma
especial, vale decir, plasmada en la Constitución para el caso particular y
peculiar del control de constitucionalidad sobre los tratados internacionales y
las leyes que los aprueban, en los estrictos y precisos términos del artículo
241, no tiene fundamento alguno deducir la competencia de la Corte, sobre leyes
aprobatorias de tratados que se perfeccionaron antes del 7 de julio de 1991,
del inciso 4 Ibídem, que contempla en general la acción ciudadana contra las
leyes.
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL-Todos los tratados perfeccionados antes de la
vigencia de la C.P. son intangibles (Salvamento de voto)
Tampoco cabe
distinguir, en el campo de esos tratados ya perfeccionados, los que se refieran
a límites territoriales de los que toquen con otras materias, como lo sugiere
la Sentencia de la cual discrepo. En mi criterio, todos los tratados que habían
sido perfeccionados antes de entrar en vigor la Carta de 1991 deben entenderse
intangibles, y por tanto, sin detrimento de la aplicación de figuras de Derecho
Internacional como la denuncia (siempre que se cumplan los requisitos
correspondientes) -que no compete a esta Corte-, ya no pueden ser objeto de
control de constitucionalidad, al menos mientras siga vigente el sistema de
control previo que consagró el numeral 10 del artículo 241 de la Carta.
CONVENCION DE
VIENA II-Exequibilidad
pura y simple (Salvamento de voto)
Creo que tales
preceptos han debido ser declarados exequibles pura y simplemente, sin
condicionamientos, y sin fundar la exequibilidad en tesis contrarias a los
postulados que los inspiran, entre otras razones con base en el artículo 9 de
la Carta, a cuyo tenor las relaciones exteriores del Estado se fundamentan,
entre otros, en el reconocimiento de los principios del Derecho Internacional
aceptados por Colombia.
Referencia:
Expediente L.A.T.-108
El suscrito Magistrado se aparta de las
consideraciones contenidas en la parte motiva del fallo y de las condiciones
previstas en su parte resolutiva, en las cuales, modificando la jurisprudencia
sentada desde 1993 (Auto 003 del 21 de abril, M.P.: Dr. Hernando Herrera
Vergara; y Sentencia C-276 del 22 de julio, M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa),
la Corte reclama de nuevo competencia para conocer sobre demandas que instauren
los ciudadanos contra las leyes aprobatorias de tratados internacionales
perfeccionados con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991.
A mi juicio, con las mencionadas
providencias, la Corporación había corregido el yerro en que incurrió cuando
mediante Sentencia C-027 del 5 de febrero de 1993, M.P.: Dr. Simón Rodríguez
Rodríguez, profirió decisión de mérito sobre demandas incoadas contra la Ley 20
de 1974 y contra su contenido esencial -el Concordato celebrado entre Colombia
y la Santa Sede en 1973-, varios de cuyos artículos fueron declarados
inexequibles, pese a que el Tratado en cuestión había sido objeto de canje de
ratificaciones desde el 2 de julio de 1975. Es decir, la Corte sometió en ese
entonces a juicio de constitucionalidad cláusulas que ya hacían parte del compromiso
internacional de Colombia y que, en consecuencia, eran intangibles, con arreglo
al principio pacta sunt servanda.
Vuelve ahora la Corte a transitar los
peligrosos caminos de la confrontación entre obligaciones de carácter
internacional ya contraidas por Colombia y las reglas del orden interno,
haciendo suya una competencia que, de conformidad con el sistema instaurado en
la Carta de 1991, no le corresponde, pues las posibilidades de utilizar
instrumentos del Derecho Internacional -como la denuncia de los tratados- deben
ser evaluadas y usadas sólo por el Presidente de la República, en su carácter
de supremo director de las relaciones exteriores de Colombia (artículo 189,
numeral 2, C.P.).
Ese sistema de control sobre los tratados
públicos y las leyes que los aprueban se introdujo, como es bien sabido, con el
propósito de conciliar el ordenamiento jurídico interno, basado en la
Constitución, y el internacional, acogiendo la denominada tesis intermedia
que en su momento adoptara la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 6 de
junio de 1985 (M.P.: Dr. Carlos Medellín Forero). Al tenor de esa doctrina,
puede ejercerse la función de control constitucional sobre las leyes
aprobatorias de tratados antes de que ellos sean perfeccionados con
arreglo a las normas y principios del Derecho Internacional; pero no es posible
cotejar su contenido con la Constitución después de tal
perfeccionamiento, pues una eventual declaración de inexequibilidad total o
parcial de las convenciones objeto de examen implicaría conflicto inevitable
entre los dos órdenes normativos, con serio compromiso para la credibilidad
internacional del Estado colombiano; y, por contera, colocaría al Presidente de
la República en la disyuntiva de acatar lo resuelto por el organismo de control
judicial, incumpliendo el tratado, o de ejecutar las cláusulas de éste,
desobedeciendo una decisión jurisdiccional en el ámbito interno.
De allí que, sin perjuicio del eventual uso
de los instrumentos de Derecho Internacional aptos para hacer valer el cambio
de circunstancias propiciado por las modificaciones sufridas por el
ordenamiento constitucional colombiano, la Carta Política haya consagrado el
control de constitucionalidad automático y obligatorio de todos los tratados
que pacte el Gobierno y de las leyes aprobatorias correspondientes, pero con el
carácter de previo, esto es, en el entendido de que se trata de
verificar la constitucionalidad formal y material de tales actos con antelación
a su perfeccionamiento.
Es por ello que el artículo 241 de la
Constitución, en su numeral 10, atribuye a la Corte la función de "decidir
definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las
leyes que los aprueben", condicionando al contenido del fallo la facultad
del Gobierno para manifestar a nivel internacional la voluntad del Estado
colombiano en obligarse por el convenio celebrado.
En otras palabras, la Carta supedita a la
decisión de la Corte, en lo relativo a la constitucionalidad del tratado y de
la ley que lo aprueba, el ejercicio de la función presidencial de efectuar el
canje de notas o de proceder al depósito de instrumentos, en cuanto modalidades
de asumir, más allá del ámbito interno, en el internacional, las obligaciones y
compromisos propios de lo pactado.
Precisamente por esa sujeción de los actos
de perfeccionamiento del tratado a la sentencia de control de
constitucionalidad, resulta evidente que el momento del mismo, en cuanto a la competencia
de la Corte se refiere, es necesariamente anterior a aquel en que el tratado
adquiere intangibilidad por razón de los actos jurídicos de su
perfeccionamiento.
No de otra manera se explica que el numeral
10 del artículo citado vincule de manera expresa la decisión de la Corte a la
previa expedición y sanción de la ley aprobatoria, y simultáneamente haga
depender del sentido del fallo los actos de ratificación, que no pueden tener
lugar si la providencia es de inexequibilidad.
Véase, por tanto, el claro sentido de la
norma:
"Artículo 241.
A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía
de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con
tal fin, cumplirá las siguientes funciones:
(...)
10. Decidir
definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las
leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la
Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley.
Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su
constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno
podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados.
Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas
inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo
podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva".
(He subrayado).
A mi juicio, siendo esta norma especial,
vale decir, plasmada en la Constitución para el caso particular y peculiar del
control de constitucionalidad sobre los tratados internacionales y las leyes
que los aprueban, en los estrictos y precisos términos del artículo 241,
no tiene fundamento alguno deducir la competencia de la Corte, sobre leyes
aprobatorias de tratados que se perfeccionaron antes del 7 de julio de 1991,
del inciso 4 Ibídem, que contempla en general la acción ciudadana contra
las leyes.
Como, además, las reglas de competencia son
estrictas y no pueden, en consecuencia, extenderse a gusto del intérprete, y ni
siquiera del juez que la reclama, ningún criterio de hermenéutica nos autoriza
para incluir dentro del ámbito cobijado por el aludido inciso 4 del artículo
241 de la Constitución las leyes aprobatorias de tratados internacionales ya
perfeccionados.
Con la misma lógica expuesta, tampoco cabe
distinguir, en el campo de esos tratados ya perfeccionados, los que se refieran
a límites territoriales de los que toquen con otras materias, como lo sugiere
la Sentencia de la cual discrepo. En mi criterio, todos los tratados que
habían sido perfeccionados antes de entrar en vigor la Carta de 1991 deben
entenderse intangibles, y por tanto, sin detrimento de la aplicación de figuras
de Derecho Internacional como la denuncia (siempre que se cumplan los
requisitos correspondientes) -que no compete a esta Corte-, ya no pueden ser
objeto de control de constitucionalidad, al menos mientras siga vigente el
sistema de control previo que consagró el numeral 10 del artículo 241 de la
Carta.
Reitero todos los argumentos que en su
oportunidad dejé plasmados en el salvamento de voto relativo a la Sentencia
citada, que recayó sobre el Concordato con la Santa Sede.
Lamento que la decisión ahora tomada se
produzca precisamente cuando la Corte examina la Convención de Viena II, sobre
Derecho de los tratados, que paradójicamente, en normas declaradas exequibles,
ratifica el principio según el cual "todo tratado en vigor obliga a las
partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe" (artículo 26) y el que estipula
que "un Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de
su Derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado"
(artículo 27-1).
Creo que tales preceptos han debido ser
declarados exequibles pura y simplemente, sin condicionamientos, y sin fundar
la exequibilidad en tesis contrarias a los postulados que los inspiran, entre
otras razones con base en el artículo 9 de la Carta, a cuyo tenor las
relaciones exteriores del Estado se fundamentan, entre otros, en el reconocimiento
de los principios del Derecho Internacional aceptados por Colombia.
Dada la antinomia que el fallo implica, me
preocupa en grado sumo la forma jurídica que deba utilizar el ejecutivo, con
base en esta Sentencia, para manifestar internacionalmente el consentimiento
del Estado colombiano en obligarse por la Convención, particularmente en lo que
respecta a las indicadas cláusulas. Es inquietante la perspectiva de que se
entienda internacionalmente que Colombia se reserva ni más ni menos el derecho
de no sentirse cobijada por ellas, que constituyen precisamente la médula del
Derecho Internacional y de su operatividad y efectividad.
Si, para el caso del artículo 27-1,
"Colombia precisa que acepta que un Estado no puede invocar las
disposiciones de su Derecho interno como justificación del incumplimiento del
tratado, en el entendido de que esta norma no excluye el control judicial de
constitucionalidad de las leyes aprobatorias de los tratados", cabe
preguntar si no hay una profunda contradicción entre acatar o aceptar la
aludida cláusula -que justamente prohibe la invocación de disposiciones de
Derecho interno para evadir el cumplimiento de los tratados- y simultáneamente
reservar, a favor del Derecho interno, la posibilidad de desconocer en el
futuro obligaciones internacionalmente contraidas pero eventualmente declaradas
inconstitucionales en virtud del control judicial indiscriminado que la Corte
reclama.
Desde luego, la salvedad cabría respecto
del control previo (artículo 241, numeral 10, C.P.), aunque carecería de
sentido como reserva, en cuanto el artículo 27-1 de la Convención supone la
preexistencia de los compromisos de Derecho Internacional, todavía no
contraidos en el momento en que tiene lugar esa forma de verificación
constitucional.
Y -repito- es contradictoria tal salvedad
con la esencia, con los propósitos y aun con la letra de la cláusula
convencional. Si la Corte está declarando que es EXEQUIBLE -es decir,
ejecutable- esa cláusula, que excluye la invocación de razones de Derecho
interno para desconocer un tratado, no puede simultáneamente forzar al Gobierno
a manifestar su consentimiento expresando exactamente lo contrario ante los
demás Estados y organizaciones internacionales.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
Fecha, ut supra.
Salvamento parcial de voto a la Sentencia
C-400/98
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL-Debe ejercerse antes de su perfeccionamiento/PREVALENCIA
DEL DERECHO INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO INTERNO-Fundamento
constitucional (Salvamento parcial de voto)
La Corte
solamente es competente para ejercer el control de constitucionalidad con
respecto a los tratados que dentro de la vigencia de la Constitución de 1991 no
habían quedado perfeccionados, con la respectiva ratificación, de manera que
aquellos que fueron sometidos con anterioridad a la vigencia de la Carta de
1991, al respectivo canje de notas, carecen de dicho control de
constitucionalidad. Si bien es cierto que el artículo 4o. de la Constitución
Política de Colombia consagra la primacía constitucional, según la cual la
Constitución es norma de normas, y de que en caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales, no debe olvidarse que el artículo 9o. de la misma Carta
señala que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el
reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por
Colombia, y que además según el artículo 93 ibídem, los derechos y deberes
consagrados en el ordenamiento superior se interpretarán de conformidad con los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, lo
que pone de presente la prevalencia de los tratados internacionales sobre las
disposiciones del derecho interno, las cuales no pueden invocarse como
justificación para el incumplimiento de un tratado, razón por la cual no ha
debido determinarse lo contrario a la jurisprudencia de la Corporación en la
parte motiva de la sentencia, ni en la resolutiva, según la reserva consignada
en el numeral c) del artículo 2o. de la misma sentencia.
Referencia:
Expediente L.A.T. 108
Revisión
constitucional de la "Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales", hecha en Viena el 21 de marzo de 1986, y de la Ley No.
406 del 24 de octubre de 1997 por medio de la cual se aprueba dicha Convención.
Santa Fé de Bogotá,
D.C., veintiseis (26) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Con el debido respeto por las decisiones de
la Corporación, el suscrito Magistrado consignó en su oportunidad salvamento
parcial de voto con respecto a la sentencia de la referencia, con fundamento en
las consideraciones que a continuación se expresan.
Al adoptar la
decisión correspondiente, la Sala Plena de la Corporación en la sentencia de la
referencia, modificó la jurisprudencia de la Corte Constitucional en lo
concerniente al tema relacionado con el control de constitucionalidad de los
tratados internacionales, según la cual es procedente únicamente la revisión
previa en dicha materia, cuando estos no han quedado perfeccionados dentro de
la vigencia de la Carta Política de 1991.
En efecto, cabe
destacar en primer lugar que el tema referente al control de constitucionalidad
de los tratados internacionales fue ampliamente debatido en el seno de la
Asamblea Nacional Constituyente, con ocasión del estudio de los múltiples
proyectos presentados por los Delegatarios que consignaron diversas propuestas
acerca del mismo.
Vale la pena
recordar que en el Informe-Ponencia presentado en forma conjunta por los
Constituyentes integrantes de la Comisión Tercera de la misma Asamblea, se
expresó lo que a continuación se transcribe:
"....Consideramos
que el control debe tener lugar tanto sobre el contenido del Tratado como sobre
la ley aprobatoria del mismo, una vez ésta haya sido sancionada, trámite que de
una parte permitiría un control total sobre el fondo y la forma, pero que a su
vez  evitaría duplicidad en la función de este control y por tanto dilaciones
en la obtención de una seguridad jurídica. La declaratoria de
inconstitucionalidad, ya sea del tratado o de la ley, por parte de la Corte,
impediría la ratificación o el canje de notas.
"Sobre este
particular todos los miembros de la subcomisión estuvieron de acuerdo en que es
conveniente establecer el control de constitucionalidad sobre los tratados
públicos y sus leyes aprobatorias, de manera expresa, antes de que se
proceda a ratificarlo; pero hubo discrepancias en cuanto a la etapa del
proceso interno, en que dicho control  debe ser ejercido, y en cuanto si este
debe ser automático o solamente cuando se haga uso por cualquier ciudadano, de
la acción de inexequibilidad". (lo subrayado es de la Corte).
"Sobre el
particular, el Constituyente Alfredo Vásquez Carrizosa propone que el artículo
sobre control de constitucionalidad quede así: Institúyese la instancia de
revisión de  constitucionalidad de los Tratados,  Convenios o Acuerdos
Internacionales en los cuales la Nación sea parte contratante. El Presidente de
la República, los miembros del Congreso Nacional, o cualquier ciudadano,
podrán  promover dicha instancia mediante una petición motivada ante la Corte
Constitucional, una vez firmado este instrumento internacional y antes de la
ratificación del mismo. Es improcedente la instancia de revisión de
constitucionalidad, una vez ratificado un instrumento internacional por el
Presidente de la República. La Corte Constitucional dispone de treinta  días
laborables para pronunciarse sobre dicha petición, previo el concepto  del
Procurador General de la Nación, quien dispondrá de quince días laborables para
emitir dicho concepto". (Gaceta Constitucional # 68, Tomo II, 1991,  pág.
13)
Igualmente en el
Acta No. 1 emanada de la subcomisión de Relaciones Internacionales de la
Asamblea Nacional Constituyente, se lee  lo siguiente:
"Hubo
consenso respecto a que al Estado le corresponde expedir las normas que regulen
el estado civil de las personas, pero también lo hubo respecto a que la
Constituyente no puede modificar unilateralmente un Tratado Internacional como
lo es el Concordato. (Subraya la Corte).
"Hubo
acuerdo en que deben ser celebrados por el Presidente, aprobados por el
Congreso, revisados a la luz de la Constitución  por la Corte Suprema o la
Corte Constitucional y ratificados por el Presidente de la República".
(Gaceta Constitucional # 89 , Tomo II, pág. 11).
En concordancia con
lo expuesto, el artículo 241 de la Carta Política fijó la competencia de la
Corte Constitucional como guardiana de la integridad y supremacía de la
Constitución, en los estrictos y precisos términos de dicho artículo. Para el
efecto, el numeral 10 ibídem señaló que le corresponde a la Corte decidir
definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las
leyes que los aprueben y que con tal fin, el Gobierno los remitirá a dicha
Corporación, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley, con la
posibilidad de que cualquier ciudadano pueda intervenir para defender o
impugnar su constitucionalidad.
No queda duda que
con fundamento en los antecedentes constitucionales mencionados y de acuerdo al
texto en referencia, la Corte Constitucional tiene competencia para revisar los
tratados internacionales y las leyes aprobatorias de estos, a efecto de que
previamente a la ratificación, decida sobre su exequibilidad. De tal manera que
si ya el tratado está perfeccionado debidamente y se ha producido el canje de
notas, no es posible ejercer el control de constitucionalidad por carencia de
objeto, pues se repite, si el propósito del constituyente es la adscripción de
la competencia de la Corte, previamente a la celebración del canje de notas, a
fin de que el tratado no sea ratificado en el evento de no encontrarse ajustado
a los preceptos constitucionales, es claro que al haberse configurado el
fenómeno jurídico mencionado, es decir, el canje de notas, no puede realizarse
el referido control constitucional, posteriormente.
De ahí que como lo
precisó la Corte Constitucional en la jurisprudencia que hoy se modifica,
consignada en las providencias relacionadas con el Acta de Barahona y el
Tratado Comercial de Montevideo, la Corte solamente es competente para ejercer
el control de constitucionalidad con respecto a los tratados que dentro de la
vigencia de la Constitución de 1991 no habían quedado perfeccionados, con la
respectiva ratificación, de manera que aquellos que fueron sometidos con
anterioridad a la vigencia de la Carta de 1991, al respectivo canje de notas,
carecen de dicho control de constitucionalidad.
Lo anterior además,
guarda relación con la seguridad jurídica, en materia de tratados
internacionales y con la observancia del principio universal pacta sunt
servanda que los regula, dentro del respeto que deben tener las relaciones
exteriores entre los Estados, así como el acatamiento a los principios de la
reciprocidad, bilateralidad y buena fe que los caracteriza, ya que de lo
contrario podría generarse la ruptura unilateral de los compromisos
internacionales en temas trascendentales adoptados por dos o más Estados.
Si bien es cierto
que el artículo 4o. de la Constitución Política de Colombia consagra la
primacía constitucional, según la cual la Constitución es norma de normas, y de
que en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, no debe olvidarse
que el artículo 9o. de la misma Carta señala que las relaciones exteriores del
Estado se fundamentan en el reconocimiento de los principios del derecho
internacional aceptados por Colombia, y que además según el artículo 93 ibídem,
los derechos y deberes consagrados en el ordenamiento superior se interpretarán
de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia, lo que pone de presente la prevalencia de los
tratados internacionales sobre las disposiciones del derecho interno, las
cuales no pueden invocarse como justificación para el incumplimiento de un
tratado, razón por la cual no ha debido determinarse lo contrario a la
jurisprudencia de la Corporación en la parte motiva de la sentencia, ni en la
resolutiva, según la reserva consignada en el numeral c) del artículo 2o. de la
misma sentencia.
El cambio de
jurisprudencia configura nuevamente una sensible preocupación para la seguridad
jurídica internacional con impredecibles consecuencias que ameritan una reforma
de carácter constitucional que en forma categórica y siguiendo los principios
de derecho internacional rescate la prevalencia de los tratados internacionales
celebrados entre los Estados sobre el ordenamiento jurídico interno.
Fecha, ut supra.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
Salvamento
parcial de voto a la Sentencia C-400/98
COMPETENCIA
CONSTITUCIONAL-Debe
determinarse expresa y exclusivamente (Salvamento parcial de voto)
Así las cosas,
mal puede sostenerse, como lo hace Sentencia de la cual me aparto, que la
Constitución Política de 1991 admite, al margen del control previo, un control
posterior de los tratados y sus leyes aprobatorias. Obsérvese que lo que el
numeral 10° del artículo 241 consagra es una competencia especial de la Corte,
por la vía de la revisión automática, para ejercer el control previo de
constitucionalidad de los tratados y sus leyes aprobatorias en los estrictos
y precisos términos de ese artículo. Esta competencia, por ser exclusiva y
encontrarse claramente definida en la norma, excluye aquella general que
pudiera originarse en el ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad.
PRINCIPIO PACTA
SUNT SERVANDA-No puede ser
desconocido unilateralmente (Salvamento parcial de voto)
El principio
Pacta Sunt Servanda, que propende por la seguridad y estabilidad jurídica
dentro del orden internacional, no puede ser desconocido unilateralmente por un
Estado, bajo ningún pretexto. Por ello, pretender atenuarlo acudiendo como lo
hace la Sentencia, a la llamada teoría "monista moderada" o "de
la integración dinámica del derecho", no sólo va en contravía de las
disposiciones constitucionales y supranancionales que regulan la materia, sino
que además le resta validez, y de manera grave, a los compromisos adquiridos
internacionalmente por Colombia, los cuales, en adelante, podrían ser
desconocidos o modificados por vía judicial, generando como consecuencia la
responsabilidad del Estado y su desprestigio ante la comunidad internacional.
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD TRATADO INTERNACIONAL-Convenios perfeccionados antes de la vigencia de la
C.P. son intangibles (Salvamento parcial de voto)
Los tratados que
se encuentran perfeccionados por Colombia son intangibles e incontrovertibles.
De ahí que no sea posible, en el evento de existir un cambio de normatividad
interna que haga devenir en inconstitucional un convenio previamente definido,
acudir al juicio de constitucionalidad para obtener su desconocimiento, sino a
los mecanismos idóneos reconocidos por la propia Constitución y el derecho
internacional público para proceder a su inaplicación. Así entonces, no le
corresponde a la Corte, so pretexto de procurar la integridad y supremacía de
la Constitución y la prevalencia de la misma, arrogarse la competencia para
revisar los tratados perfeccionados con anterioridad a la vigencia de la
Constitución de 1991, pues es claro que la finalidad perseguida por el
Constituyente fue establecer un control automático y previo a la ratificación
del instrumento, precisamente, en aras de respetar los principios de derecho
internacional que gobiernan las relaciones entre Estados y organismos
internacionales.
Expediente
L.A.T.-108
1. Con el
acostumbrado respeto hacia los fallos de la Sala Plena de la Corporación, el
suscrito magistrado salva parcialmente su voto en el asunto de la referencia,
por no compartir la decisión de fondo adoptada por la mayoría de los miembros
de la Sala Plena el día diez (10) de agosto de mil novecientos noventa y ocho
(1998), únicamente con respecto a la declaratoria de exequibilidad condicionada
del artículo 27-1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales, suscrito en Viena el 21 de marzo de 1986 y aprobado mediante
la Ley 406 de 1997.
2. Las razones que
mueven al suscrito magistrado a apartarse de la decisión mayoritaria se basan,
fundamentalmente, en el hecho de que las consideraciones que sirven de sustento
a la exequibilidad condicionada del artículo 27-1 del convenio, modifican
sustancialmente la jurisprudencia de la Corte sentada en la Sentencia C-276 de
1993, por medio de la cual esta Corporación, con ponencia del suscrito y
respetando el principio de derecho internacional pacta sunt servanda,
desestimó el examen de constitucionalidad de los instrumentos públicos
internacionales perfeccionados con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Constitución de 1991. Para el suscrito, en la citada providencia la Corte había
enderezado el entuerto creado en la Sentencia C-027 de 1993, que conoció de
varias demandas presentadas contra algunas disposiciones de la Ley 20 de 1974,
por medio de la cual se aprobó el Concordato celebrado entre Colombia y la
Santa Sede, pese a que dicho instrumento internacional había sido ratificado y
perfeccionado el 2 de julio de 1975.
3. El nuevo cambio
de jurisprudencia se basa en una interpretación errada del artículo 241 numeral
4° de la Constitución Política el cual, a juicio de la mayoría, permite inferir
la competencia de esta Corporación para ejercer un control de constitucionalidad
posterior o tardío sobre aquellos tratados que fueron suscritos y ratificados
por el Gobierno colombiano con anterioridad a la Constitución de 1991, previa
demanda ciudadana contra sus leyes aprobatorias.
4. A mi juicio, la
interpretación que se da a los alcances del numeral 4° del artículo 241, amén
de desconocer abiertamente el principio de interpretación jurídica generalmente
aceptado, según el cual las normas especiales prevalecen sobre las generales,
desborda el marco del control de constitucionalidad que el Estatuto Superior le
fija, con precisión, a esta Corporación y, en consecuencia, ignora el contenido
del artículo 9° del mismo ordenamiento que le impone al Estado el
reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por
Colombia.
5. En efecto, el
control de constitucionalidad de los tratados internacionales y de sus leyes
aprobatorias fue especialmente regulado por el numeral 10° del artículo 241, el
cual le atribuye a la Corte, en los estrictos y precisos términos de ese
artículo, la función de decidir definitivamente sobre su exequibilidad,
supeditando la facultad del Ejecutivo para comprometer de manera definitiva al
Estado colombiano en el concierto internacional, a lo decidido en el juicio de
constitucionalidad. De esta manera, una vez remitidos a la Corte el tratado y
su ley aprobatoria, si ésta los encuentra ajustado a la Constitución, el
Gobierno puede efectuar el canje de notas; en caso contrario, de haber sido
declarado inexequible, no es procedente su ratificación.
La norma en comento
consagra entonces un control previo y automático, en cuanto tiene
ocurrencia una vez sancionada la ley aprobatoria pero con anterioridad a la
ratificación del tratado por parte del Ejecutivo. Con este procedimiento se descarta
de plano un control posterior y se busca no sólo supeditar el contenido y forma
del tratado y de su ley aprobatoria al espíritu de la Carta fundamental, sino,
además, lograr una completa armonía entre el orden jurídico interno y el
derecho internacional, de manera que no resulte comprometida la capacidad de
negociación, la seriedad y la credibilidad del Estado colombiano frente a los
demás Estados y organismos internacionales, como consecuencia del
incumplimiento del tratado por haber sido declarado total o parcialmente
inexequible con posterioridad a su ratificación.
6. El tema
relacionado con el control de constitucionalidad, tal como se manifestó en la
sentencia C-276/93 cuyos fundamentos se integran al presente salvamento, fue
ampliamente debatido en la Asamblea Constituyente de 1991, en donde las
diferentes propuestas analizadas coincidieron en estatuir un control previo
sobre los tratados y sus leyes aprobatorias, sin que fuera posible inferir de
tales discusiones el propósito de adicionar un control posterior como lo
pretende la Sentencia. En efecto, en la ponencia presentada en forma conjunta
por los constituyentes que conformaron la Comisión Tercera de la Asamblea, se
expresó sobre el particular lo siguiente:
"....Consideramos
que el control debe tener lugar tanto sobre el contenido del Tratado como sobre
la ley aprobatoria del mismo, una vez ésta haya sido sancionada, trámite que de
una parte permitiría un control total sobre el fondo y la forma, pero que a su
vez  evitaría duplicidad en la función de este control y por tanto dilaciones
en la obtención de una seguridad jurídica. La declaratoria de
inconstitucionalidad, ya sea del tratado o de la ley, por parte de la Corte,
impediría la ratificación o el canje de notas.
"Sobre
este particular todos los miembros de la subcomisión estuvieron de acuerdo en
que es conveniente establecer el control de constitucionalidad sobre los
tratados públicos y sus leyes aprobatorias, de manera expresa, antes de que se
proceda a ratificarlo; pero hubo discrepancias en cuanto a la etapa del proceso interno, en
que dicho control  debe ser ejercido, y en cuanto si este debe ser automático o
solamente cuando se haga uso por cualquier ciudadano, de la acción de
inexequibilidad". (Gaceta Constitucional N°. 68, Tomo II, 1991,  pág. 13).
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Asimismo, en el acta
No. 1 emanada de la Subcomisión de Relaciones Internacionales de la
Asamblea Nacional Constituyente se consagró:
"Hubo
consenso respecto a que al Estado le corresponde expedir las normas que regulen
el estado civil de las personas, pero también lo hubo respecto a que la
Constituyente no puede modificar unilateralmente un Tratado Internacional como
lo es el Concordato. (Subraya la Corte).
"Hubo
acuerdo en que deben ser celebrados por el Presidente, aprobados por el
Congreso, revisados a la luz de la Constitución  por la Corte Suprema o la
Corte Constitucional y ratificados por el Presidente de la República". (Negrillas y subrayas fuera de texto)
(Gaceta Constitucional # 89 , Tomo II, pág. 11).
7. Pero este
mecanismo de control constitucional previo a la ratificación de los tratados,
si bien se incluyó en el ordenamiento jurídico colombiano a partir de la
expedición de la Constitución de 1991, ya había sido aplicado por la Corte
Suprema de Justicia, al adoptar la  llamada tesis intermedia o temporal, que
permitió a esta Corporación, luego de una prolongada postura en relación con la
incompetencia definitiva de ese organismo para definir sobre la inexequibilidad
de las leyes aprobatorias de tratados, conocer y decidir válidamente sobre su
constitucionalidad cuando dicha ley había sido demandada con anterioridad al
canje de notas o al depósito de los instrumentos de ratificación; esto es,
cuando todavía el Gobierno no había perfeccionado el tratado. No obstante, la
Corte Suprema dejo en claro, adoptando la tesis que en este salvamento se
expone y que fue la acogida por la Asamblea Constituyente, que una vez vigente
el tratado, no es jurídicamente posible ejercer el control de constitucionalidad,
pues cualquier modificación del mismo por la vía judicial, compromete el
principio de la seguridad jurídica y valores supremos tales como la
estabilidad, el honor y la buena fe de la Nación colombiana. Al respecto
sostuvo la Corte en Sentencia del 6 de junio de 1985 (M.P., doctor Carlos
Medellín Forero), lo siguiente:
“Téngase en
cuenta, sin embargo, que el convenio o tratado sólo nace a la vida jurídica
una vez que, además de la ley aprobatoria, se haya producido en canje de
ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratificación, de acuerdo
con la disposición del artículo 1° de la Ley 7° de 1944.  Apenas entonces
adquieren forma y validez los conceptos de compromiso internacional, pacto
sinalagmático, seguridad jurídica que depende de la estabilidad, honor y fe
nacionales y demás en que la Corte ha apoyado sus decisiones inhibitorias.
Pero antes de la vigencia de los tratados, estos son actos jurídicos imperfectos
que, por ende  aún no producen efectos internacionales, convenios en vías de
formación, pactos que apenas se hallan en proceso, lo cual  significa que las
leyes aprobatorias de ellos si bien no alcanzan aún, en ese período, a producir
efectos entre los Estados celebrantes, si ostentan el carácter común de normas
de derecho público interno, hasta ese momento iguales a las demás que expide el
Congreso,  y sujetas, por tanto, como éstas, al juicio de constitucionalidad
que compete a la Corte,  sin que ello implique agravio alguno al compromiso
internacional, sencillamente porque él aún no existe en razón de que el acto
que lo contiene y lo produce todavía no está perfeccionado.
Debe reiterarse
que la Corte es Juez de constitucionalidad de los actos de derecho público
interno que enumera el artículo 214 de la Carta Política (Fallo del 26 de julio
de 1971).” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
8. Así las cosas,
mal puede sostenerse, como lo hace Sentencia de la cual me aparto, que la
Constitución Política de 1991 admite, al margen del control previo, un control
posterior de los tratados y sus leyes aprobatorias. Obsérvese que lo que el
numeral 10° del artículo 241 consagra es una competencia especial de la Corte,
por la vía de la revisión automática, para ejercer el control previo de
constitucionalidad de los tratados y sus leyes aprobatorias en los estrictos
y precisos términos de ese artículo. Esta competencia, por ser exclusiva y
encontrarse claramente definida en la norma, excluye aquella general que
pudiera originarse en el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad
(art. 241-4). Precisamente, lo que ignora la Sentencia, es que en materia
constitucional, tal como lo ha reconocido esta Corte, “la competencia debe ser
expresa y manifiesta en beneficio de la ‘seguridad jurídica’ que debe imperar
dentro del Estado de Derecho que nos rige...”. [64]
9. Pero además, el
control previo a que se ha hecho referencia, como único mecanismo de control de
constitucionalidad sobre los tratados y sus leyes aprobatorias, no emana
exclusivamente del numeral 10° del artículo 241 de la Carta. Acudiendo al
principio de integralidad e interpretación armónica de la Constitución
Política, también encuentra fundamento en el artículo 9° del mismo ordenamiento
Superior según el cual, “las relaciones exteriores del Estado se fundamentan
en el la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los
pueblos y en el reconocimiento de los principios de derecho internacional
aceptados por Colombia.” Entre estos principios se destaca el Pacta Sunt
Servanda, fundamento último de la validez y eficacia del Derecho Internacional
Público, que impone el cumplimiento de buena fe de los pactos internacionales,
sin que sea posible invocar disposiciones de derecho interno como justificación
para su desconocimiento.
Este principio Pacta
Sunt Servanda ha sido aceptado por toda la comunidad internacional y se
encuentra contenido, entre otros acuerdos internacionales, en el Preámbulo de
la Carta de las Naciones Unidas suscrita por Colombia, en el artículo 17 de la
Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la Convención de Viena
de 1969, más conocida como "Tratado de los Tratados", aprobada por
Colombia a través de la Ley 32 de 1985 y, por supuesto, en el artículo 26 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, aprobado
por Colombia mediante la ley 406 de 1997 e, irónicamente, declarado exequible
por la Corte en la Sentencia objeto del presente debate, no obstante su abierto
desconocimiento al avalar el control posterior de los tratados y sus leyes
aprobatorias. Al respecto, el artículo 26 de la citada convención señala
expresamente: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser
cumplido por ellas de buena fe”. (Negrillas fuera de texto).
Es de advertir
entonces que el principio Pacta Sunt Servanda, que propende por la
seguridad y estabilidad jurídica dentro del orden internacional, no puede ser
desconocido unilateralmente por un Estado, bajo ningún pretexto. Por ello,
pretender atenuarlo acudiendo como lo hace la Sentencia, a la llamada teoría
“monista moderada” o “de la integración dinámica del derecho”, no sólo va en
contravía de las disposiciones constitucionales y supranancionales que regulan
la materia, sino que además le resta validez, y de manera grave, a los compromisos
adquiridos internacionalmente por Colombia, los cuales, en adelante, podrían
ser desconocidos o modificados por vía judicial, generando como consecuencia la
responsabilidad del Estado y su desprestigio ante la comunidad internacional.
10. A juicio del
suscrito y con fundamento en las consideraciones aquí expuestas, los tratados
que se encuentran perfeccionados por Colombia son intangibles e
incontrovertibles. De ahí que no sea posible, en el evento de existir un cambio
de normatividad interna que haga devenir en inconstitucional un convenio
previamente definido, acudir al juicio de constitucionalidad para obtener su
desconocimiento, sino a los mecanismos idóneos reconocidos por la propia
Constitución y el derecho internacional público para proceder a su
inaplicación. En tal caso, el presidente de la República a quien corresponde la
dirección de las relaciones internacionales (art. 189-2 C.P.), debe proceder a
solicitar la denuncia, la revisión o la renegociación del tratador con el o los
Estados partes en el mismo. Así entonces, no le corresponde a la Corte, so
pretexto de procurar la integridad y supremacía de la Constitución y la
prevalencia de la misma, arrogarse la competencia para revisar los tratados
perfeccionados con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991, pues
es claro que la finalidad perseguida por el Constituyente fue establecer un
control automático y previo a la ratificación del instrumento, precisamente, en
aras de respetar los principios de derecho internacional que gobiernan las
relaciones entre Estados y organismos internacionales.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
Fecha ut supra.
[1] Ver sentencia C-408/96. Fundamentos Jurídicos 20 a 24 y sentencia
C-251 de 1997. Fundamentos Jurídicos 23 y 24.
[2]Dictamen de la CIJ sobre reparación por daños sufridos al servicio
de las Naciones Unidas, Recueil 1949, p 180.
[3] Sentencia C-231 de 1997. MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento
Jurídico No 8.
[4] Sentencia C-142 de 1997 MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento
Jurídico 4
[5]  T.I.J. Fallo del 27 de  junio de 1986 relativo a las actividades
militares y paramilitares de los Estados Unidos en Nicaragua y contra
Nicaragua. Parráfo 174.
[6]  Ibidem, Parrafo 179.
[7] Ver, entre otros Charles Rousseau. Derecho Internacional
Público (3 Ed). Barcelona: Ariel, 1966, p 66.
[8]Sentencia C-276/93. MP Vladimiro Naranjo Mesa.
[9] Sobre este trámite, ver, entre otras, la sentencia C-563 de 1992.
[10] Sentencia C-477 de 1992. MP José Gregorio Hernández Galindo.
Consideración de la Corte 2 a)
[11]Ver, entre otras, las sentencias C-147/94,  C-176/94, C-390 de
1994, C-105 de 1995 y C-225 de 1995.
[12]Sentencia C-267/93. MP Vladimiro Naranjo Mesa.
[13]Ver sentencias C-227/93 y C-176/94.
[14] Sentencia C-378 de 1993. MP Fabio Morón Díaz.
[15]Fallo del 27 de agosto de 1952, I.C.J Réports, 1952, p 212
[16]Ver Inés Yepes de Uprimny. Jesús María Yepes y el derecho
internacional americano. Bogotá: Temis, 1980, pp 167 y 168.
[17] Ver Leland M Goodrich y
Eduard Hambro. Commentaire de la Charte des Nations Unies.
Genève: Editions de la Baconnière, 1946, p 128.
[18] Ver, por ejemplo, la sentencia de la Corte Internacional de
Justicia del 27 de agosto de 1952 del caso relativo a los derechos de los
nacionales de Estados Unidos en Marruecos y el fallo de ese mismo tribunal del
27 de  junio de 1986 relativo a las actividades militares y paramilitares de
los Estados Unidos en Nicaragua y contra Nicaragua.
[19] Al respecto, ver el artículo 33 del “Proyecto de artículos sobre
responsabilidad internacional de los Estados” aprobado por la Comisión de
Derecho Internacional en su período de sesiones 25. Ver igualmente de Antonio
Remiro Brotons et al. Derecho internacional. Madrid: Mac-Graw
Hill, 1996, p 436 y ss.
[20] Ver sentencia C-225 de 1995. MP Alejandro Martínez Caballero.
Fundamentos jurídicos No 11 y 12. Ver sentencia C-358/97. MP Eduardo Cifuentes
Muñoz, Fundamentos Jurídicos 15.6 y ss.
[21] Para una presentación sistemática y clásica de las diversas
doctrinas, ver Alfred Verdross. Derecho Internacional Público.
(6 Ed).  Madrid: Aguilar, 1980, capítulo 2. Igualmente ver Boris
Mirkine-Guetzevich. Droit constitutionnel international. Paris:
Sirey, 1933, pp 17 y ss. Ver también. Charles Rousseau. Loc-cit,
pp 9 y ss.
[22] Carl Trieppel. "Les rapports entre le droit interne et le
droit international"   en  Academia de Derecho Internacional de la Haya. Recueil
des Cours. 1923, Tomo I pp 80 y ss
[23] Hans Kelsen. "Les rapports de système entre le droit interne
et le droit interna­tional public" en Academia de Derecho Internacional de
la Haya  Recueil des Cours. 1923, p 280
[24] Ver Charles Rousseau. Loc-cit, p 13.
[25] CPJI. Traitement des nationaux polonais  et d´autres personnes
d´origine ou de langue polonaise dans le territoire de Danzig. Avis
consultatif” en Oriol Casanovas y la Rosa. Casos y textos de derecho
internacional público. Madrid: Tecnos,  1990, p 138.
[26] Sentencia C-276 de 1993. MP Vladimiro Naranjo Mesa. Consideración
de la Corte 3.3
[27] Sentencia C-276 de 1993. MP Vladimiro Naranjo Mesa. Consideración
de la Corte 3.4.
[28] Ver sentencia C-358/97. MP Eduardo Cifuentes Muñoz, Fundamento
Jurídico 15.5.
[29] Sentencia C-225 de 1995. MP Alejandro Martínez Caballero.
Fundamento Jurídico No 12.
[30] Ver sentencia C-358/97. MP Eduardo Cifuentes Muñoz, Fundamento
Jurídico 15.6.
[31] José A Pastor Ridruejo. Curso de derecho internacional
público y organizaciones internacionales (6 Ed). Madrid:
Tecnos, 1996, pp 352 y ss.
[32] CIJ, Recueil, 1994, p.37, citado por José A Pastor Ridruejo. Curso
de derecho internacional público... Loc-cit, pp 352 y 353.
[33]Sentencia C-295/93 MP Carlos Gaviria Díaz.
[34] Sentencia C-087 de 1997. MP Fabio Morón Díaz. Consideración de la
Corte Segunda a)
[35] Ver sentencia C-358/97. MP Eduardo Cifuentes Muñoz, Fundamento
Jurídico 15.6
[36] Charles Rousseau. Derecho
Internacional Público- Loc-cit. p 16.
[37]Cf Alfred Verdross. Derecho internacional público.
(6 Ed).  Madrid: Aguilar, 1980, capítulo 2.
[38] Así, algunos las califican como doctrinas coordinadoras. Otros las
denominan la tesis de la integración dinámica  entre el derecho internacional y
el derecho interno. Ver, entre otros, A. MIAJA DE LA MUELA, Introducción
al Derecho Internacional Público, Madrid, 1955, pp. 184 ss.; A. TRUYOL
Y SERRA, Fundamentos de Derecho Internacional Público, Madrid,
1977, pp. 115-116; A. HERRERO RUBIO, Derecho Internacional Público,
Valladolid, 1956, pp. 90 ss.;
[39] Manuel Diéz de Velasco. Instituciones
de Derecho Internacional Público. Madrid: Tecnos, 1976, p 112.
[40] En efecto, el artículo 94 de la Constitución holandesa señala que
no serán aplicables las normas internas vigentes en el Reino “cuando su
aplicación sea incompatible con las disposiciones de un tratado” y el artículo
120 prohibe expresamente a los jueces controlar la constitucionalidad de los
tratados.
[41]Ver caso Cheney v Conn (1968) 1 All E.R 779, citado por Denis
Keenan. English Law. Londres: Pitman Publisihing, 1989, p 10.
[42]Ver caso Cheney v Conn (1968) 1 All E.R 779, citado por Denis
Keenan. English Law. Londres: Pitman Publisihing, 1989, p 10 y
509.
[43] 354 US, 1, 16, (1957). En esa misma sentencia, la Corte Suprema
considera que la doctrina de la supremacía de la constitución sobre los
tratados y la igualdad entre los tratados y la ley federal no es nueva sino que
tiene amplios precedentes,  como los casos Whitney v. Robertson, 124 U.S. 190,
Head Money Cases, 112 U.S. 580; Botiller v. Dominguez, 130 U.S. 238; Chae Chan
Ping v. United States, 130 U.S. 581. See Clark v. Allen, 331 U.S. 503, 509-510;
Moser v. United States, 341 U.S. 41, 45. Al respecto ver también Lawrence
Tribe. American Constitucional Law. (2 Ed), 1988. p 228.
Igualmente ver el reciente caso del 14 de abril de 1998, en donde la Corte
Suprema de ese país, invocando la supremacía de la Constitución sobre los
tratados, autorizó la ejecución del ciudadano paraguayo Angel Francisco Beard,
a pesar de que el 9 de abril de ese año, la Corte Internacional de Justicia
había solicitado a los Estados Unidos que la ejecución se suspendiera, por
cuanto se encontraba estudiando la queja presentada por el gobierno paraguayo,
según la cual los Estados Unidos  habrían violado en este caso la Convención de
Viena de Relaciones Consulares de 1963.
[44] Ver, entre otros, José Pastor Ridruejo. Curso de derecho
internacional... Loc-cit, p 204. Ver igualmente Enrique Alvárez Conde. Curso
de derecho constitucional. Madrid: Tecnos, 1992. Según este autor, los
tratados tienen “un valor infraconstitucional y, con carácter general -que
admite excpeciones- un rango supralegal”.
[45] Ver Antonio Remiro Brotons et al. Derecho internacional.
Madrid: Mac-Graw Hill, 1996, pp 240 y ss. Ver igualmente José Pastor Ridruejo. Curso
de derecho internacional... Loc-cit, p 204. Ver también Francisco Rubio
Llorente y Manuel Aragón Reyes. “La jurisdicción constitucional” en VV.AA.
La Constitución española de 1978.  Madrid: Civitas, 1988, pp 857 y 872.
[46] Ver Ernst Benda, Eckart Klein. Lehrbuch des
Verfassungsprozessrechts. Heilderlberg: Muller Juristicher Verlag,
1991, passim.
[47] Ver la sentencia en  Deutschland Bundesverfassungsgericht. Decisions
of the Bundesverfassungsgericht  -Federal Constitutional Court- Federal
Republic of Germany. Karlsruhe: Nomos Verlagsgesellchaft, 1992, Vol I,
Tomo1, pp 99 y ss, y en especial pp 135 y 136.
[48] Ibidem, Vol I, Tomo 1, pp 244 y ss.
[49] Germán Bidart Campos. Tratado elemental de derecho
constitucional argentino. Buenos Aires: EDIAR, 1989, Tomo II, p 291.
[50] Sentencia C-087 de 1997. MP Fabio Morón Díaz. Consideración de la
Corte Segunda a)
[51] Ver "Certains interêts
allemands en Haute Silésie polonaise, fond, arrêt No 7, 1926, CPIJI, série A No
7, p 19 en Oriol Casanovas y la Rosa. Casos y textos de derecho
internacional público. Madrid: Tecnos,  1990, p 141.
[52] Gaceta Constitucional No 68, 6 de mayo de 1991,
pág. 13
[53] Tal fue, por ejemplo, la opinión del delegatario Vázquez
Carrizosa. Ver Gaceta Constitucional No 68, 6 de mayo de 1991,
pág. 14.
[54] Ver intervención de esta  delegataria, en Presidencia de la
República, Antecedentes del artículo 241. Consulta textual y referencial.
Sesión plenaria del 24 de mayo, (0524), p 5.
[55] Ver intervención del delegatario Fabio Villa, en Presidencia de
la República, Antecedentes del artículo 241. Consulta textual y
referencial. Sesión plenaria del 24 de mayo, (0524), p 8.
[56] Ver esas dos intervenciones en Presidencia de la República. Antecedentes
del artículo 241. Consulta textual y referencial. Sesión plenaria del
24 de mayo, (0524), p 8.
[57] Ver esa intervención en Presidencia de la República. Antecedentes
del artículo 4. Consulta textual y referencial. Sesión Comisión I del 2
de abril (1402), p 1.
[58] Ver esa intervención en Presidencia de la República. Antecedentes
del artículo 4. Consulta textual y referencial. Sesión Comisión III del
13 de mayo (3513), p 1.
[59] Ver esa intervención en Presidencia de la República. Antecedentes
del artículo 4. Consulta textual y referencial. Sesión Comisión IV del
29 de abril (4429), p 2.
[60] Ver esa intervención en Presidencia de la República. Antecedentes
del artículo 4. Consulta textual y referencial. Sesión Comisión IV del
4 de marzo (4314), p 1.
[61] Sentencia C-319 de 1994. MP Vladimiro Naranjo Mesa.
[62] Ver, entre otras, las sentencias C-574/92 y C-225 de 1995.
[63] Ver sentencias C-574/92 y C-225 de 1995, Fundamento Jurídico No
9.
[64] Auto N°003 del 21 de abril de 1993