C-347-17
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-347/17
NORMA QUE DEFINE Y REGULA LAS CUENTAS ABANDONADAS Y
ASIGNA UN USO EFICIENTE A ESTOS RECURSOS-Destinación
El
problema jurídico que debe resolver la Corte es el siguiente: Al ordenar el
legislador que los saldos de cuentas abandonadas, que se encuentren en
establecimientos financieros, sean invertidos en la creación y administración
de un fondo en el ICETEX, “que permita el otorgamiento de créditos de estudio y
créditos de fomento a la calidad de las Instituciones de Educación Superior”,
¿vulneró los derechos de los niños (art. 44 Superior), por cuanto,
anteriormente, tales bienes eran destinados al financiamiento del ICBF? A
efectos de resolver el referido problema jurídico la Corte: (i) Analiza la
intervención del Estado en las actividades relacionadas con el aprovechamiento
e inversión de los recursos captados al público; (ii) Examina la especial
protección que tienen los niños, niñas y adolescentes en la Constitución de
1991; (iii) Analiza el deber constitucional de financiar la educación superior.
(…) Asi
mismo, a efectos de resolver el caso concreto, la Corte: (i) analiza
los debates congresionales que precedieron la aprobación de la Ley 1777 de
2016; (ii) examina los contenidos esenciales del referido texto normativo;
(iii) revisa las diferencias existentes entre cuentas inactivas y abandonadas;
(iv) estudia las razones por las cuales, de conformidad con la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, las cuentas abandonadas
no son bienes mostrencos. La Corte concluyó que las normas legales acusadas no
vulneraban el artículo 44 Superior, por cuanto la destinación que la Ley 1777
de 2016 realiza de los saldos de las cuentas de ahorros o corrientes,
calificadas como “abandonadas”, en el sentido de apoyar ciertos programas del
ICETEX, de manera alguna afecta la financiación del ICBF, en los términos
previstos en el artículo 66 de la Ley 75 de 1968. Lo anterior ya que los saldos
de las cuentas de ahorros o corrientes, que han permanecido más de tres (3)
años inactivas, y que por ende son calificadas como “abandonadas”, jamás
hubieran ingresado al patrimonio del ICBF, en virtud de que no se trata de
bienes mostrencos, razón por la cual su destinación a financiar programas de
educación superior no vulnera los derechos fundamentales de los niños y las
niñas (art. 44).
INTERVENCION DEL ESTADO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS
CON EL APROVECHAMIENTO E INVERSION DE RECURSOS CAPTADOS AL PUBLICO-Alcance/INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA-Contenido
y alcance
ACTIVIDAD BANCARIA-Naturaleza jurídica
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE
INTERVENCION ECONOMICA-Alcance
La Constitución le reserva entonces al legislador la
competencia para fijar pautas generales o lineamientos a los cuales debe
sujetarse el Gobierno Nacional en ejercicio de sus facultades de intervención,
vigilancia y control de las actividades financiera, bursátil, aseguradora, así
como con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados al
público. Se trata por tanto de actividades de interés público, que justifican
la realización de una intervención reforzada del Estado en la actividad
bancaria, con miras a preservar su solvencia y la confianza del público en el
sistema financiero y bancario nacional. Por último, señala la Corte que ese
amplio margen de configuración del cual dispone el legislador para intervenir
en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y bancaria tiene como
límite el disfrute de los derechos fundamentales.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL
PROTECCION ESPECIAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Fundamentos
En los términos de la jurisprudencia constitucional,
el especial amparo que merecen los niños, tiene como fundamentos: (i) la
situación de fragilidad en que se encuentran, atendiendo su desarrollo
personal, lo cual le impone al Estado mayores cargas en la defensa de sus
derechos; (ii) la promoción de la democracia, cuyos asociados conozcan y
compartan los principios de libertad, igualdad y tolerancia; y (iii) la pretensión
de corrección de déficit de representación política que soportan los menores,
al no poder participar directamente en el debate democrático.
INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Implica reconocer a su favor un trato preferente de
parte de la familia, la sociedad y el Estado, procurando que se garantice
siempre su desarrollo armónico e integral/INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Criterios jurídicos para determinarlo/INTERES SUPERIOR
DEL MENOR-Alcance
INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Condiciones jurídicas y fácticas
La
Corte en Sentencia C-262 de 2016, reiterando los precedentes sentados en fallos
C-683 y C-071 de 2015, sistematizó las dos clases de parámetros para
identificar cuándo puede verse involucrado el interés superior del menor. Se
trata de (i) las condiciones jurídicas y (ii) las condiciones fácticas: “(i) En
cuanto a las condiciones jurídicas que caracterizan el interés superior del
menor, se refieren a aquellas pautas fijadas en el ordenamiento encaminadas a
promover el bienestar infantil (principio pro infans). (…)  (ii) En cuanto a
las condiciones fácticas, son las circunstancias específicas de tiempo, modo y
lugar que rodean cada caso individualmente considerado. Por su naturaleza,
imponen a las autoridades y a los particulares “la obligación de abstenerse de
desmejorar las condiciones en las cuales se encuentra éste al momento mismo de
la decisión. (…) En síntesis, el principio del interés superior del menor se
erige en un importante parámetro de interpretación para la solución de
controversias en las que se puedan verse comprometidos los derechos de niños,
niñas y adolescentes. De igual manera, comporta el cumplimiento de unos deberes
de actuación, a cargo del Estado, en el sentido de destinar importantes
recursos públicos, con miras a amparar y garantizar el ejercicio de los
derechos fundamentales de estos sujetos de especial protección constitucional,
y en esa medida, está prohibido operar un desmejoramiento de los mismos
(principio de progresividad).
EDUCACION SUPERIOR-Deber constitucional de financiación/EDUCACION SUPERIOR-Obligación
del Estado de facilitar mecanismos financieros para el acceso de todas las
personas/EDUCACION SUPERIOR-Obligación del Estado de ofrecer condiciones
especiales para su desarrollo/DERECHO A LA EDUCACION-Dimensiones de
contenido prestacional
En virtud del artículo 69 constitucional,
el Estado asume unas responsabilidades concretas frente a la educación
superior: (i) Fortalecer la investigación científica; (ii) Ofrecer condiciones
para especiales para su desarrollo; y (iii) Facilitar mecanismos de
financiación que hagan posible el acceso de todas las personas a aquélla. El
Estado se encuentra entonces ante el deber de facilitar unos medios
financieros, bajo parámetros técnicos y económicos responsables, que les
permitan a los colombianos acceder a la educación superior. En los términos de la jurisprudencia constitucional, el artículo 67 Superior, la educación
posee el doble carácter de derecho y de servicio público, y en tal virtud se le han atribuido cuatro dimensiones de contenido
prestacional, a saber: (i) la asequibilidad o disponibilidad del servicio, que
puede resumirse en la obligación del Estado de crear y financiar suficientes
instituciones educativas a disposición de todos aquellos que demandan su
ingreso al sistema educativo, abstenerse de impedir a los particulares fundar
instituciones educativas e invertir en infraestructura para la prestación del
servicio, entre otras; (ii) la accesibilidad, que implica la obligación del
Estado de garantizar el acceso de todos en condiciones de igualdad al sistema
aludido, la eliminación de todo tipo de discriminación en el mismo, y
facilidades para acceder al servicio desde el punto de vista geográfico y
económico; (iii) la adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que la educación
se adapte a las necesidades y demandas de los educandos y que se garantice
continuidad en la prestación del servicio, y (iv) la aceptabilidad, la cual
hace alusión a la calidad de la educación que debe impartirse.
ICETEX-Papel
en materia de fomento de la educación superior
Esta Corporación, en numerosas Sentencias, ha
destacado el papel que está llamado a cumplir el ICETEX en materia de fomento
de la educación superior “en
el sentido de facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso a la
educación superior, de manera que, por esta vía, el Estado tiende
progresivamente a la provisión de mecanismos para que los asociados puedan
realizarse personal y profesionalmente.
DESTINO DE LAS CUENTAS ABANDONADAS-Derecho comparado
CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO ABANDONADAS-Evolución legislativa
CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO INACTIVAS Y CUENTAS
ABANDONADAS-Diferencias
Para efectos del artículo 36 del decreto
2331 de 1998, se considerarán cuentas inactivas aquellas cuentas corrientes o
de ahorro sobre las cuales no se hubiere realizado ninguna operación durante
seis meses. Por el contrario, son cuentas abandonadas, en los términos del
artículo 2º de la Ley 1777 de 2016 es aquellas cuentas corrientes o de ahorro “sobre las cuales no se hubiere
realizado movimiento de depósito, retiro, transferencia o, en general,
cualquier débito o crédito que las afecte durante (3) años ininterrumpidos en
todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera”.
CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO ABANDONADAS-Definición
CUENTAS ABANDONADAS-No son bienes mostrencos/BIENES MOSTRENCOS Y VACANTES-Diferencias/BIENES
VACANTES-Definición/BIENES MOSTRENCOS-Jurisprudencia de la Corte
Suprema de justicia y del Consejo de Estado acerca de la definición y
requisitos para que sean calificados como tal/BIENES MOSTRENCOS Y CUENTAS DE
AHORRO-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
Referencia: Expediente D-11732
Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1777 de
2016, artículos 1, 3 (parcial) 4 (parcial), 5, 6 (parcial) y 7.
Demandantes: Walter Leandro Aguirre Mazo, Juan
Fernando Posada Martínez, Juan Pablo Guerra González, Yorman Efraín Torres
Ocampo, Camilo José Estrada Hernández, Juan Esteban Rueda Rendón y José Alenlly
Jaramillo Guzmán
Magistrado Sustanciador:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecisiete
(2017)
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis
Guillermo Guerrero Pérez, Hernán Correa Cardozo (e), Alejandro Linares
Cantillo, José Antonio Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Iván
Escrucería Mayolo (e), Aquiles Arrieta Gómez (e), Alberto Rojas Ríos y José
Antonio Cepeda Amaris (e), en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,
previo cumplimiento de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067
de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución
Política, los ciudadanos Walter Leandro Aguirre Mazo, Juan Fernando Posada
Martínez, Juan Pablo Guerra González, Yorman Efraín Torres Ocampo, Camilo José
Estrada Hernández, Juan Esteban Rueda Rendón y José Alenlly Jaramillo Guzmán
demandan la inconstitucionalidad de la Ley 1777 de 2016, artículos 1, 3
(parcial), 4 (parcial), 5, 6 (parcial) y 7, por la supuesta vulneración de los
artículos 4, 44, 58, 333, 334, 359 y 366 Superiores.
1.
NORMAS DEMANDADAS
LEY 1777 DE 2016
(febrero 1o)
Diario Oficial No. 49.773 de 1 de febrero de 2016
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se
definen y regulan las cuentas abandonadas y se les asigna un uso eficiente a
estos recursos.
“ARTÍCULO 1o. El objeto de la presente ley es utilizar los saldos de
cuentas abandonadas que se encuentran en los establecimientos financieros, para
ser invertidos en la creación y administración de un fondo en el Icetex que
permita el otorgamiento de créditos de estudio y créditos de fomento a la
calidad de las Instituciones de Educación Superior.
ARTÍCULO 3o. TRASLADO DE RECURSOS. Se transferirán por las entidades tenedoras los saldos
de las cuentas de ahorro o corrientes que se consideren abandonadas de acuerdo
con las condiciones establecidas en el artículo 2o de la presente ley y que superen el valor
equivalente a 322 UVR a título de mutuo al fondo constituido y reglamentado por
el Icetex para este fin.
PARÁGRAFO 1o. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
el Gobierno nacional tendrá un plazo no mayor de tres (3) meses para
reglamentar la operatividad necesaria del traslado de los recursos de que trata
este artículo y para el reintegro de los recursos dispuestos en el artículo 5o de la presente ley. Una vez establecida la
operatividad, se requerirá a las entidades financieras el traslado de los
recursos.
PARÁGRAFO 2o. Los costos de mantenimiento y funcionamiento del
proceso de traslados y reintegros serán asumidos con los recursos de que trata
este artículo.
PARÁGRAFO 3o. El Icetex creará un fondo con destinación específica
para la administración de los recursos transferidos y, reglamentará su
estructura y funcionamiento de acuerdo con los fines de que trata el artículo 1o de la presente ley.
PARÁGRAFO 4o. El Icetex deberá garantizar, de acuerdo con la
normatividad vigente, que el rendimiento de la cuenta que haya sido declarada
en abandono, sea equivalente al que tendría el mismo tipo de cuenta en la
entidad financiera respectiva.
ARTÍCULO 4o. CONTABILIZACIÓN Y REGISTRO. Las entidades financieras enviarán al Icetex
los listados en donde se discriminen las cuentas abandonadas y el saldo objeto
de traslado al fondo constituido para tal fin.
PARÁGRAFO 1o. La Junta Directiva del Icetex determinará en un plazo
no mayor a tres (3) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, las condiciones y la periodicidad con que se elaborarán los listados.
PARÁGRAFO 2o. Las entidades financieras deberán remitir a la
Superintendencia Financiera de Colombia la Información respecto de las cuentas
abandonadas y el traslado de los recursos de las mismas por parte de los
establecimientos financieros, en el tiempo y condiciones estipuladas por la
Junta Directiva del Icetex.
PARÁGRAFO 3o. La información enviada por los establecimientos
financieros al Icetex será para el uso exclusivo de los fines consagrados de
la presente ley y en concordancia con las disposiciones de la Ley Estatutaria 1266 de 2008.
ARTÍCULO 5o. RETIRO Y REINTEGRO DEL SALDO. La entidad financiera deberá entregarle el saldo al
depositante en el momento en que este lo solicite, el cual no podrá ser
superior a un (1) día siguiente a la solicitud presentada, con los rendimientos
respectivos, de conformidad con las disposiciones actualmente vigentes para el
efecto.
La entidad financiera le solicitará al administrador del fondo previsto
en el artículo 1o de la presente ley los saldos a reintegrar por las
reclamaciones de los cuentahabientes en el momento en que estos los soliciten
ARTÍCULO 6o. RESERVA PARA EL PAGO DE REINTEGROS. El fondo debidamente constituido por el Icetex para
tal fin tendrá como mínimo en reserva
el veinte (20%) de los recursos que le sean transferidos por los establecimientos
financieros de que trata el artículo 3o de la presente ley, para atender las solicitudes de reintegro
efectuadas por los establecimientos antes mencionados.
ARTÍCULO 7o. USO DE LOS RECURSOS. Los recursos del fondo a que hace referencia el
artículo 1o de la presente ley, serán invertidos de conformidad
con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno nacional a través
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en concertación con el Icetex y el
Ministerio de Educación Nacional, optimizando los recursos del portafolio.
El Icetex solo utilizará el 100% de los rendimientos financieros
generados por la administración de este portafolio de acuerdo con los fines de
que trata el artículo 1o de la presente ley.”
2.
LA DEMANDA
En
ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución
Política, los ciudadanos Walter Leandro Aguirre Mazo, Juan Fernando Posada
Martínez, Juan Pablo Guerra González, Yorman Efraín Torres Ocampo, Camilo José
Estrada Hernández, Juan Esteban Rueda Rendón y José Alenlly Jaramillo Guzmán
demandan la inconstitucionalidad de la Ley 1777 de 2016, artículos 1, 3
(parcial), 4 (parcial), 5, 6 (parcial) y 7, por la supuesta vulneración de los
artículos 4, 44, 58, 333, 334, 359 y 366 Superiores.
Los
ciudadanos plantean los siguientes cargos de inconstitucionalidad:
Primer
cargo: Violación del principio del interés superior del menor
Los
demandantes sostienen que la destinación de los dineros abandonados en las
cuentas bancarias a financiar el ICETEX, vulnera el principio del interés
superior del menor, por cuanto:
“El
Congreso posee libertad de configuración legislativa para desarrollar sus
actividades, sin embargo, al existir en forma previa, el artículo 66 de Ley 75
de 1968, norma que destina los bienes muebles abandonados, es decir, bienes
mostrencos al patrimonio del ICBF, con el objetivo de que los bienes ingresados
de esta manera fortalezcan el patrimonio del mismo, para que pueda cumplir a
cabalidad con sus fines y objeto social, entre los cuales se encuentra en
primer lugar la protección del menor y la familia. Al ser las cuentas
abandonadas depositarías de sumas de dinero, los cuales constituyen bienes
muebles abandonados que encajan en la categoría de bienes mostrencos como lo
define el Código Civil en el Artículo 706, citado anteriormente. Los saldos
abandonados que la Ley 1777 de 2016, destina para la creación de un fondo en el
ICETEX, para el otorgamiento de créditos educativos y para fomentar la calidad
de las Instituciones de Educación Superior, son bienes mostrencos, y por lo
tanto, hacen parte del patrimonio del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.
El
ICBF es una institución pública del orden nacional, descentralizada, con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, creado por
la Ley 75 de 1968, y anexado al Ministerio de la Protección Social y tiene por
objeto propender y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la
familia, proteger al niño, niña y adolescente y garantizarle sus derechos en
sometimiento a lo dispuesto por la Constitución Política, específicamente en el
Artículo 44 y demás normas legales relacionadas. Para poder lograr su objeto,
el ICBF lleva a cabo, programas preventivos y de protección en caminados a la
promoción y el mejoramiento de vida de la población destinataria, robusteciendo
la organización y participación comunitaria y desarrollando la política de
infancia y familia.
La
Ley 1777 de 2016, desconocen la existencia del Artículo 44 de nuestra Constitución
que disponen la prevalencia de los derechos de la Familia y la niñez por encima
de los derechos de los demás y adicionalmente se desconoce a Ley 75 de 1968, "Por
la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar", norma
que nace como respuesta digna y oportuna del Legislador Colombiano a las
condiciones sociales económicas, políticas y culturales de absoluta
vulnerabilidad de la Familia, los Adolescentes y más aún de la Niñez Colombiana.
Sostenemos la tesis de la inexequibilidad porque esta Ley, al disponer de los
dineros abandonados por ­los propietarios de las cuentas bancarias de ahorro y
corrientes en todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera,
derogan de forma tácita el artículo 66 de la Ley 75 de 1968, que establece que El
Instituto de Bienestar Familiar tendrá en las sucesiones intestadas los
derechos que hoy corresponden al municipio de la vecindad del extinto de
conformidad con el artículo 85 de la Ley 153 de 1887 (como se citó
anteriormente).
También
tendrá el Instituto los derechos que hoy corresponden a otras entidades con
relación a los bienes vacantes o mostrencos, lo que constituye una violación al
artículo 44, como a esta misma ley, que en su artículo 66 constituye una renta
de destinación específica, la cual aún se encuentra vigente”.
Segundo cargo: Violación de los artículos 333 y 334
Superiores
Los
demandantes sostienen que la destinación de los dineros abandonados en las
cuentas bancarias a financiar el ICETEX, vulnera los artículos 333 y 334
Superiores por cuanto:
“Desde
nuestro sistema jurídico, político y económico se reconocen como valores
fundamentales del Estado Social de Derecho Colombiano los que se encuentran
consagrados a lo largo de la Constitución Política que le otorgan al Estado la
Facultad, la Competencia para la Dirección, Intervención y Regulación de la
Economía, el mismo Constituyente Primario le asigno al Estado en cabeza de
cualquier tipo de gobierno sin importar su ideología y sus políticas económicas
la Dirección de la Economía en los artículos 333, 334, 359 y 366 con unos
parámetros claros que deben guiar el desarrollo de sus acciones, entre ellos el
Interés Superior del Menor consagrado en el artículo 44 que debe primar sobre
cualquier otro derecho por orden del Constituyente Primario y por supremacía de
la Constitución Política, la creación y promulgación de la ley 1777 de 2016,
violan los principios Constitucionales mencionados y especialmente los apartes
subrayados en las normas, puesto que el Estado debe procurar en la ejecución
del gasto público social priorizar la destinación de los recursos de las
cuentas abandonadas a la atención de la niñez como ya lo disponía la Ley 75 de
1968 en su artículo 66 "El
Instituto de Bienestar Familiar tendrá en las sucesiones intestadas los
derechos que hoy corresponden al municipio de la vecindad del extinto de
conformidad con el artículo 85 de la Ley 153 de 1887”.
Tercer cargo: Violación del “gasto público social”
Los
demandantes sostienen que la destinación de los dineros abandonados en las
cuentas bancarias a financiar el ICETEX, vulnera los artículos 359 y 366 Superiores
por cuanto:
“Al
considerar la formulación del principio de unidad de caja, que en últimas
conduce a decir que todos los recursos de la Nación van a una bolsa común para
responder con ella por los gastos decretados en el presupuesto, es por ello que
argumentamos que existe una clara violación al principio de unidad de caja en
el momento en que el legislador al disponer de cuentas bancarias abandonadas
por 3 años y mediante la Ley 1777 de 2016, se salta la prohibición impuesta por
el Constituyente Primario de crear rentas de destinación específica consagrada
en el artículo 359 frente a esto la Corte Constitucional se ha pronunciado diciendo
en la Sentencia C-009 de 2002 que hay
que recordar que uno de los principios del sistema presupuestal, es el de la
Unidad de Caja, expresado así en la ley 38 de 1989: "Artículo 12.- Unidad
de Caja. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá
la situación de fondos a los organismos y entidades para el pago oportuno de
las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación"...
Por
tanto, no sólo desconoce el principio de Unidad de Caja, sino que también,
omite que al igual que la Intervención y Regulación Estatal de la Economía, la
ejecución y asignación del Gasto Público Social también se encuentra guiado por
el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño que ordena que frente a
cualquier colisión de derechos frente a derechos de los niños estos
prevalecerán siempre, es por esto que, aunque en el país existe una gran
necesidad de fomentar el acceso a la educación superior, por orden del
Constituyente en Colombia priman los derechos de los niños sobre los derechos
de los demás; es por ello, que el Congreso de la República al retirar en forma
tácita los recursos que financian al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
el cual tiene como objetivo primordial promover y proteger los derechos de la
niñez, constituye y desconoce la orden mencionada de poner los derechos de la
niñez por sobre los derechos de los demás ciudadanos, realizando como lo hemos
mencionado una derogatoria tácita del artículo 66 de la Ley 75 de 1968,
mediante los artículos señalados de inexequibles en la Ley 1777 de 2016”.
Cuarto cargo: Violación a la función social de la
propiedad
Los
demandantes afirman que la destinación de los dineros abandonados en las
cuentas bancarias a financiar el ICETEX, vulnera el derecho a la propiedad:
“El
criterio de claridad en el presente cargo de violación de la función social de
la propiedad se arguye con base en que no se está evidenciando la prioridad y
la prevalencia de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad o de especial protección por parte del Estado, y por el
contrario , desde un punto de vista constitucional y objetivo, se están
anteponiendo los intereses sobre la asignación de bienes en estado de abandono
de que trata la ley 1777 de 2016, dirigido a gasto público social en educación
superior, sin atender a que este tipo de bienes hacen parte del patrimonio del
ICBF, lo que materialmente incide en la garantía no solo de un orden económico,
político y social justo establecido en el preámbulo de la constitución, sino,
además, en el desarrollo de un Estado Social de Derecho, que tiende hacia el
cumplimiento de sus fines constitucionales y que demanda de la familia, la
sociedad y el Estado la especial protección que debemos brindar al prójimo que
se encuentra en estado de vulnerabilidad, ya sean nuestros niños, niñas y
adolescentes, así como las madres comunitarias que han prestado un servicio
valiosísimo, no solo para el ICBF, sino para la entera humanidad y que ahora se
encuentran en condiciones de vulnerabilidad, es por eso que estamos convencidos
que se debe condicionar la exequibilidad de estas normas acusadas en pro de
ICBF, entidad encargada de proteger y garantizar a los niños, niñas y
adolescentes el desarrollo integral de su ser y la garantía del
restablecimiento de sus derechos de manera inmediata cuando estos se vean
vulnerados”.
El Despacho mediante Auto del 26 de octubre de 2016
admitió sólo el siguiente cargo: el legislador, al variar la destinación
de unos bienes muebles (cuentas bancarias abandonadas), del ICBF al ICETEX,
desconoció la especial protección que la Constitución le confiere a los niñas y
niñas (art. 44 Superior). Dado que la demanda no fue corregida, el 9 de
noviembre de 2016 fueron rechazados los cargos de inconstitucionalidad por
violación de los artículos 4, 58, 333, 334, 359 y 366 Superiores.
3.     INTERVENCIONES
3.1.
Universidad del Rosario (Exequibilidad condicionada)
Los
ciudadanos Antony Ricardo Palacios Vargas, Luisa Fernanda González Nieto y
Lilian Marcela Caro Díaz, actuando en representación de la Universidad del
Rosario, intervienen en el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte
declare la exequibilidad condicionada de las normas acusadas.
Indican
que el contrato de depósito bancario se encuentra regulado en los artículos
1382 y ss. del Código de Comercio, así como en los artículos 127 y ss. del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Explican
que, en los términos del artículo 2236 del Código Civil, en el depósito,
independientemente de su naturaleza, se trata de un contrato de confianza, en
el cual hay un deber de quien recibe en el sentido de guardar y custodiar la
cosa entregada.
En
el depósito bancario, sea en cuenta corriente o de ahorros, hay una entrega
física y efectiva de la tenencia del dinero por parte del depositante a la correspondiente
entidad financiera. Sin embargo, el titular reconocido es la persona que
realiza dicha depósito en virtud de un contrato debidamente celebrado entre
éste y la entidad financiera.
Al
existir un deber de custodia, el banco no puede adquirir la propiedad de dichas
sumas de dinero, puesto que existe un vínculo contractual. De allí que, pasados
tres (3) años de inactividad de la cuenta, no puede decirse que el banco se
convierta propietaria del dinero depositado, ya que ostenta la mera tenencia del
mismo.
Indica
que, por tratarse de bienes mostrencos, en virtud de la Ley 75 de 1968, estos
bienes muebles pasan a ser de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar. Para ello debe mediar una declaración judicial de bienes vacantes o
mostrencos.
Por
último afirma:
“El beneficio se puede entender exequible para las dos
entidades, sólo que se deberá respetar un porcentaje mayor que será destinado
al ICBF por encima del ICETEX, tal vez un 70% y el otro 30% de los bienes
mostrencos asegurando así la protección especial y reforzada que tienen los
niños.”
3.2.
Defensoría del Pueblo
(Exequibilidad)
La ciudadana Paula Robledo Silva, actuando en su
calidad de Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales,
interviene en el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte declare
exequible las disposiciones acusadas.
Señala que, en los términos de los artículos 150.19 y
189.24, el legislador cuenta con una amplia competencia regulatoria en materia
de intervención, vigilancia y control de las actividades financiera, bursátil y
aseguradora u otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de
los recursos captados al público.
Indica que realmente no se trata de bienes mostrencos,
por cuanto los saldos de las cuentas de ahorros y corrientes, que la Ley 1777
califica como “abandonados”, son bienes muebles con dueño conocido.
En conclusión: la ley acusada fue expedida con base en
la atribución constitucional de intervención reforzada en las actividades de
manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público, en
aras de atender el interés general.
3.3.
ICETEX (Exequibilidad)
La ciudadana Nora Alejandra Muñoz Barrios, actuando en
su calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ICETEX, interviene en el
proceso de la referencia para solicitarle a la Corte declare exequibles las
disposiciones legales acusadas.
Indica que, independientemente de las diferencias
propias de cada tipo de contrato, las cuentas de ahorro y corrientes responden
a acuerdos de voluntades que nacen del principio de autonomía de la voluntad, “por
lo que no es dable predicar que la inactividad en el movimiento de los saldos
habidos en cada cuenta, traiga consigo la declaratoria que éstos no tienen
dueño conocido ni identificado”.
Explica que los saldos de las cuentas catalogadas como
abandonadas no son bienes mostrencos, “son depósitos irregulares y por ello
no hay pérdida de la titularidad de los mismos por parte del ciudadano”.
Aclara que nunca hubo una declaratoria de bien
mostrenco de las cuentas abandonadas, por cuanto la normatividad vigente
reconoce y respeta los contratos de cuenta de ahorro y corrientes, al punto que
los ciudadanos pueden pedir la devolución de sus saldos, “potestad propia de
aquel que se tiene y reconoce como dueño del bien (dinero)”.
Sostiene que la acción incoada por los actores
desconoce la naturaleza y el trasfondo social que tiene la política de crédito
del ICETEX, a la que coadyuva la Ley 1777 de 2016, dado que le permite a la
entidad contar con mayores recursos para los jóvenes colombianos que se
benefician de los créditos educativos.
Por último, solicita a la Corte declarar la
constitucionalidad de la Ley 1777 de 2016, habida consideración que las cuentas
de ahorro y corrientes que se predican abandonadas, lo son por inactividad, mas
no porque respecto de las mismas no exista certeza sobre su titularidad, lo
cual impide catalogarlas como bienes mostrencos, motivo por el cual no les
resulta aplicable el artículo 66 de la Ley 75 de 1968.
3.4.
Ministerio de Educación Nacional
(exequibilidad)
La ciudadana Ingrid Carolina Silva Rodríguez, actuando
en representación del Ministerio de Educación Nacional interviene en el proceso
de la referencia para solicitarle a la Corte declare exequibles las
disposiciones legales acusadas.
Explica que, según el artículo 706 del Código Civil,
los bienes mostrencos son aquellos que se encuentran dentro del territorio
nacional, sin dueño aparente o conocido.  En los términos del artículo 77 de la
Ley 75 de 1968, aquellos bienes pasan a ser propiedad del ICBF.
Aclara que los recursos de las cuentas abandonadas
hacen parte del patrimonio particular de quienes son titulares de ellas, razón
por la cual resulta equivocado presumir, como lo hacen los accionantes, que
dichos dineros deben ingresar al patrimonio público, máxime si se tiene en
cuenta que, de acuerdo con el artículo 3º de la Ley 1777 de 2016, el título que
habilita la transferencia de dineros depositados en cuentas abandonadas, por
parte de entidades financieras al ICETEX, es un contrato de mutuo mercantil, en
el cual no hay transferencia de propiedad, según la definición que hace el
artículo 2221 del Código Civil.
Por último, precisa que los ingresos que perciba el
ICETEX, a título de mutuo, no deben ser previstos en el Presupuesto General de
la Nación, de conformidad con el Decreto 111 de 1996.
3.5.
Universidad Externado de
Colombia (Exequibilidad)
De manera extemporánea, el ciudadano Luis Fernando
López Roca, actuando en representación de la Universidad Externado de Colombia,
interviene en el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte declare
exequibles las disposiciones legales acusadas.
3.6.
Universidad Santo Tomás
(Exequibilidad)
De manera extemporánea, el ciudadano Carlos Rodríguez
Mejía, actuando en representación de la Universidad Santo Tomás, interviene en
el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte declare exequibles las
disposiciones legales acusadas.
3.7.
Universidad de Cartagena (Exequibilidad)
De manera extemporánea, el ciudadano Yesid Carrillo de
la Rosa, actuando en representación de la Universidad de Cartagena, interviene
en el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte declare exequibles
las disposiciones legales acusadas.
4.
CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN
La Procuradora General de la Nación, mediante concepto
número 6236 del 12 de enero de 2017, solicita a la Corte declarar exequibles
las disposiciones legales acusadas.
Señala que, en virtud del artículo 150 Superior, el
legislador cuenta con un amplio margen de configuración normativa en materia
económica.
En cuanto a la finalidad de la medida, indica que el
Congreso de la República buscó darle un mejor uso a aquellos dineros
abandonados o inactivos por más de tres (3) años y que venían siendo empleados
por las entidades financieras para actividades propias de sus negocios.
Afirma que no es correcto afirmar que se trate de
bienes mostrencos, en los términos del artículo 706 del Código Civil, por
cuanto sobre las cuentas de ahorros y corrientes se tiene plenamente
identificado el depositante.
Agrega que las disposiciones legales acusadas no
resultan ser violatorias de los derechos de los niños, por cuanto pretenden
materializar el disfrute del derecho a la educación, en este caso
universitaria, ya que con los dineros de las cuentas abandonadas se creará un
fondo para otorgar créditos educativos.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia de la Corte
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241,
numeral 4º, de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente
para conocer el asunto de la referencia, pues se trata de una demanda
interpuesta contra disposiciones que hace parte de una ley de la República.
2. Cargo de constitucionalidad y problema jurídico
Los ciudadanos Walter Leandro Aguirre Mazo, Juan
Fernando Posada Martínez, Juan Pablo Guerra González, Yorman Efraín Torres
Ocampo, Camilo José Estrada Hernández, Juan Esteban Rueda Rendón y José Alenlly
Jaramillo Guzmán demandan la inconstitucionalidad de la Ley 1777 de 2016,
artículos 1, 3 (parcial), 4 (parcial), 5, 6 (parcial) y 7, por la supuesta
vulneración de los artículos 4, 44, 58, 333, 334, 359 y 366 Superiores.
El
Despacho, mediante auto del 26 de octubre de
2016 admitió sólo el siguiente cargo: el legislador, al variar la destinación
de unos bienes muebles (cuentas bancarias abandonadas), del ICBF al ICETEX,
desconoció la especial protección que la Constitución le confiere a los niñas y
niñas (art. 44 Superior). Dado que la demanda no fue corregida, el 9 de
noviembre de 2016 fueron rechazados los cargos de inconstitucionalidad por
violación de los artículos 4, 58, 333, 334, 359 y 366 Superiores.
La totalidad de los intervinentes, al
igual que la Vista Fiscal, comprendieron perfectamente el contenido de la
demanda ciudadana. Ninguno de ellos solicitó a la Corte declararse inhibida
para proferir un fallo de fondo.
La Corte encuentra que la demanda es
clara, puesto que sigue un hilo conductor coherente, permitiendo su
comprensión. De igual manera, el cargo es cierto, habida cuenta que la
demanda recae sobre una proposición jurídica existente, como lo son los
diversos artículos acusados de la Ley 1777 de 2016. Así mismo es específica,
por cuanto los ciudadanos precisaron la forma en que las disposiciones acusadas
desconocen el artículo 44 Superior, e igualmente es pertinente, ya que
sus argumentos de carácter constitucional y no simplemente dogmático.
Los ciudadanos explican, en pocas
palabras, que mediante los artículos 1, 3
(parcial), 4 (parcial), 5, 6 (parcial) y 7 de la Ley 1777 de 2016 “Por medio
de la cual se definen y regulan las cuentas abandonadas y se les asigna un uso
eficiente a estos recursos”, unos bienes muebles que venían siendo
destinados al financiamiento del ICBF, pasaron a ser de propiedad del ICETEX,
desconociéndose de esta manera los derechos de los niños (art. 44 Superior).
Una vez expuesto el cargo de
inconstitucionalidad, el problema jurídico que debe resolver la Corte es el
siguiente:
Al ordenar el legislador que los saldos
de cuentas abandonadas, que se encuentren en establecimientos financieros,
sean invertidos en la creación y administración de un fondo en el ICETEX, “que
permita el otorgamiento de créditos de estudio y créditos de fomento a la
calidad de las Instituciones de Educación Superior”, ¿vulneró los derechos
de los niños (art. 44 Superior), por cuanto, anteriormente, tales bienes eran
destinados al financiamiento del ICBF?
A efectos de resolver el referido
problema jurídico la Corte: (i) Analizará la intervención del Estado en las
actividades relacionadas con el aprovechamiento e inversión de los recursos
captados al público; (ii) Examinará la especial protección que tienen los
niños, niñas y adolescentes en la Constitución de 1991; (iv) Analizará el deber
constitucional de financiar la educación superior; y (iv) Resolverá el cargo de
inconstitucionalidad.
4. Intervención del Estado en las
actividades relacionadas con el aprovechamiento e inversión de los recursos
captados al público
Si bien esta Corporación ha insistido en
que la adopción del principio de Estado Social de Derecho no supuso la
constitucionalización de “un modelo económico restringido, rígido,
inamovible, que tuviera como efecto legitimar exclusivamente una ideología o
partido y vetar todas aquellas que le fueren contrarias”[1], eso no
quiere decir que la Carta Política de 1991 sea un texto neutro, indiferente al
comportamiento económico de los particulares o del Estado. Por el contrario “el
nuevo derecho constitucional diseña un marco económico ontológicamente
cualificado, que parte del reconocimiento de la desigualdad social existente
(art. 13), de la consagración de ciertos y determinados valores como la
justicia y la paz social, principios como la igualdad y la solidaridad, y
derechos y libertades civiles, sociales, económicos y culturales que conforman
la razón de ser y los límites del quehacer estatal”[2].
Por ello la Constitución provee al Estado “de
una serie de instrumentos de intervención en la esfera privada, en el mundo
social y económico, con el fin de que a partir de la acción pública se corrijan
los desequilibrios y desigualdades que la propia Carta reconoce y se pueda
buscar, de manera real y efectiva, el fin ontológicamente cualificado que da
sentido a todo el ordenamiento” e igualmente dota “a los agentes
sociales, individuales y colectivos, mayores instrumentos de gestión,
fiscalización, control y decisión sobre la cosa pública”[3].
La intervención del Estado en la economía
tiene justificación no sólo desde una perspectiva organizacional, sino también
desde un punto de vista axiológico, pues persigue la materialización de
principios y valores consagrados en el Texto Constitucional. Tal es
precisamente el alcance del artículo 334 Superior, precepto que radica en
cabeza del Estado la dirección de la economía y prevé la intervención estatal
en todas las actividades económicas para “conseguir el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las
oportunidades y beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente
sano”, entre otros propósitos.
La intervención del Estado en la economía
corre por cuenta de distintos poderes públicos y se ejerce por medio de
diferentes instrumentos. Un rol protagónico corresponde sin duda, al Congreso
de la República, por medio de la expedición de leyes, bien sea que se trate
específicamente de leyes de intervención económica (Arts. 150.21 y 334), como
de otras leyes contempladas en el artículo 150 constitucional (por ejemplo, las
leyes marco del numeral 19, o las leyes que versen sobre servicios públicos
domiciliarios previstas en el numeral 23 de la misma disposición) o en general
mediante el ejercicio de su potestad de configuración en materia económica.
Pero la Constitución de 1991 también le confirió a la rama ejecutiva del poder
público importantes competencias en la materia, no sólo mediante el ejercicio
de la potestad reglamentaria, sino asignándole específicas atribuciones de
inspección, vigilancia y control respecto de ciertas actividades o respecto de
determinados agentes económicos.
En este orden de ideas, la Carta de 1991 tanto
en su parte dogmática, como en la orgánica, configuró un Estado con amplias
facultades de intervención en la economía, las cuales se materializan mediante
la actuación concatenada de los poderes públicos.
Los artículos 150 numeral 19, literal d) y 189
numerales 24 y 25 constitucionales, disponen un reparto de competencias entre
el Congreso de la República y el Presidente de la República para  la
intervención del Estado en las actividades relacionadas con el manejo,
aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público. Al respecto,
la Corte en Sentencia C-01 de 1994, reiterada en fallo C- 1161 de 2001,
consideró:
“La intervención del
gobierno en las actividades financiera , aseguradora, del mercado de valores y
demás que tengan que ver con el manejo, aprovechamiento e inversión de los
recursos captados del público busca que aquéllas se cumplan en concordancia con
el interés público; que se tutelen los intereses de los usuarios  que acuden a
los servicios de las entidades que los ofrecen; que se ofrezcan, en general,
condiciones patrimoniales y de manejo institucional que garanticen adecuadas
condiciones de seguridad y transparencia en el manejo de los recursos de los
ahorradores, depositarios y asegurados.
Los instrumentos de
intervención comprenden todos los mecanismos que permiten manejar el ejercicio
de las referidades actividades, fijar el plazo de las operaciones, señalar las
garantías aplicables a cada operación en particular, establecer el margen de
solvencia y el patrimonio técnico mínimo de la entidad o entidades objeto de
intervención, en resumen, emplear los mecanismos de regulación adecuados que
posibiliten una acción prudencial de los referidos organismos, de manera que
las operaciones autorizadas se realicen con sujeción a su propia naturaleza y
al objeto principal reconocido a la respectiva entidad.
En Sentencia C- 692 de 2007 la Corte sistematizó sus
pronunciamientos sobre la naturaleza jurídica de la actividad bancaria en los
siguientes términos:
“A la actividad bancaria la jurisprudencia
constitucional le ha reconocido, además, el carácter de servicio público. Ha
explicado la Corte que, aun cuando tal calificación corresponde hacerla en primera
instancia al Legislador, quien no ha expedido disposición alguna en ese sentido[4],
dicho sector goza de tal condición por tratarse de una actividad relacionada
con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del
público, involucrar el interés público, y reunir unas especiales
características como su importancia para una comunidad económicamente
organizada en el sistema de mercado y la necesidad de permanencia, continuidad,
regularidad y generalidad de su acción en la economía[5]. También ha aclarado la Corte que vincular
la condición de interés público que tiene la actividad bancaria, con el
carácter de servicio público a ella reconocido, “no quiere decir que las
nociones de interés público y de servicio público se confundan o que toda
actividad que involucre el interés público pueda ser catalogada como servicio
público, pues han sido las especiales características de la actividad bancaria
las que han motivado esta doble calificación, es decir, además de ser una
actividad que compromete el interés público es un servicio público”[6].
Respecto al carácter reforzado que ofrece la
intervención del Estado en las actividades relacionadas con el manejo,
aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público, la Corte ha
resaltado que “sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado y de
conformidad con la ley, toda vez que compromete la ecuación ahorro inversión
que ocupa un papel trascendental en el desarrollo económico del país, por lo
que la simple captación de los recursos del público debe estar sujeta a la
intervención necesaria del Estado”[7].
La Constitución le reserva entonces al legislador la
competencia para fijar pautas generales o lineamientos a los cuales debe
sujetarse el Gobierno Nacional en ejercicio de sus facultades de intervención,
vigilancia y control de las actividades financiera, bursátil, aseguradora, así
como con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados al
público. Se trata por tanto de actividades de interés público, que justifican
la realización de una intervención reforzada del Estado en la actividad
bancaria, con miras a preservar su solvencia y la confianza del público en el
sistema financiero y bancario nacional.
Por último, señala la Corte que ese amplio margen de
configuración del cual dispone el legislador para intervenir en las actividades
financiera, bursátil, aseguradora y bancaria tiene como límite el disfrute de
los derechos fundamentales.
5. La especial protección que tienen los
niños, niñas y adolescentes en la Constitución de 1991
La Constitución de 1991 consagra una
protección reforzada a favor de los niños, niñas y adolescentes. De conformidad
con el artículo 44 Superior, la familia, el Estado y la sociedad tienen el
deber de garantizarles un desarrollo armónico e integral, con miras a asegurar
el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.
En los términos de la jurisprudencia
constitucional, el especial amparo que merecen los niños, tiene como
fundamentos: (i) la situación de fragilidad en que se encuentran, atendiendo su
desarrollo personal, lo cual le impone al Estado mayores cargas en la defensa de
sus derechos; (ii) la promoción de la democracia, cuyos asociados conozcan y
compartan los principios de libertad, igualdad y tolerancia; y (iii) la
pretensión de corrección de déficit de representación política que soportan los
menores, al no poder participar directamente en el debate democrático.[8]
El respeto por los niños, niñas y
adolescentes y su relación con la priorización del gasto público social,
también ha sido objeto de análisis por esta Corte:
"La consideración del
niño como sujeto privilegiado de la sociedad produce efectos en
distintos planos. La condición física y mental del menor convoca la protección
especial del Estado y le concede validez a las acciones y medidas ordenadas a
mitigar su situación de debilidad que, de otro modo, serían violatorias del
principio de igualdad (CP art. 13). Dentro del gasto público social, las
asignaciones dirigidas a atender los derechos prestacionales en favor de los
niños deben tener prioridad sobre cualesquiera otras (CP art. 350). Todas
las personas gozan de legitimidad para exigir el cumplimiento de los derechos
de los niños y la sanción de los infractores (CP art. 44). La coordinación de
derechos y la regulación de los conflictos que entre éstos se presenten en el
caso de que se vea comprometido el de un menor, debe resolverse según la regla
pro infans (CP art. 44)." (negrillas agregadas)[9]
La
garantía del principio del interés superior del menor implica que el Estado
debe destinar importantes recursos económicos para financiar programas de
protección a favor de los niños abandonados o en situación de vulnerabilidad.
El
“interés superior del menor” implica reconocer a su favor un trato
preferente de parte de la familia, la sociedad y el Estado, procurando que se
garantice siempre su desarrollo armónico e integral[10]. La Corte ha afirmado que el significado
de este principio, que constituye a la vez un criterio hermenéutico para dar una lectura prevalente del ordenamiento
con base en sus derechos, “únicamente
se puede dar desde las circunstancias de cada caso y de cada niño en
particular”; lo cual se
explica si se tiene en cuenta que su contenido es de naturaleza real y
relacional, es decir, que “sólo se puede establecer prestando la debida
consideración a las circunstancias
individuales, únicas e irrepetibles de cada menor de edad”[11].
La
Corte en Sentencia C-262 de 2016, reiterando los precedentes sentados en fallos
C-683 y C-071 de 2015, sistematizó las dos clases de parámetros para
identificar cuándo puede verse involucrado el interés superior del menor. Se
trata de (i) las condiciones jurídicas y (ii) las condiciones fácticas:
“(i) En cuanto a las condiciones jurídicas que
caracterizan el interés superior del menor, se refieren a aquellas pautas
fijadas en el ordenamiento encaminadas a promover el bienestar infantil
(principio pro infans). Algunas de estas son las siguientes[12]:
- Garantía del desarrollo integral del menor. El
artículo 44 de la Constitución asigna a la familia, la sociedad y el Estado la
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar “su desarrollo
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”. El desarrollo es
armónico cuando comprende las diferentes facetas del ser humano (intelectual,
afectiva, social, cultural, política, religiosa, etc.); y es integral cuando se
logra un equilibrio entre esas dimensiones o cuando al menos no se privilegia
ni se minimiza o excluye desproporcionadamente alguna de ellas[13].
- Garantía de las condiciones para el pleno ejercicio
de los derechos fundamentales del menor. Como se mencionó, los derechos de los
menores son, además de los derechos de toda persona, aquellos específicamente
consagrados en el artículo 44 superior (vida, integridad física, salud,
seguridad social, alimentación equilibrada, nombre, nacionalidad, tener una
familia y no ser separados de ella, cuidado, amor, educación, cultura,
recreación y libre expresión). De esta manera, el interés superior del menor
demanda una interpretación de las normas que procure maximizar todos sus
derechos.
- Protección ante riesgos prohibidos. Es obligación
del Estado, pero también de la familia y de la sociedad, proteger a los menores
“frente a condiciones extremas que amenacen su desarrollo armónico, tales como
el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la violencia física o moral,
la explotación económica o laboral, y en general el irrespeto por la dignidad
humana en todas sus formas”[14],
lo que guarda plena correspondencia con el artículo 44 superior, en tanto exige
la protección a los niños contra toda forma de abandono, violencia física o
moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y
trabajos riesgosos.
- Equilibrio con los derechos de los padres. Es
importante anotar que la prevalencia de los derechos e intereses de los menores
“no significa que sus derechos sean absolutos o excluyentes”[15], sino
que debe procurarse su armonización con los derechos de las personas vinculadas
a un niño, en especial con sus padres, biológicos, adoptivos o de crianza, de
modo que solo ante un conflicto irresoluble entre los derechos y unos y otros
la solución debe ser la que mejor satisfaga la protección del menor.
- Provisión de un ambiente familiar apto para el
desarrollo del menor. Sobre el particular la Corte ha explicado que para
garantizar el desarrollo integral y armónico del menor, “se le debe proveer una
familia en la cual los padres o acudientes cumplan con los deberes derivados de
su posición, y así le permitan desenvolverse adecuadamente en un ambiente de
cariño, comprensión y protección”[16].
- Necesidad de razones poderosas que justifiquen la
intervención del Estado en las relaciones paterno y materno filiales. En este
punto cabe añadir que la injerencia del Estado en el ámbito de las relaciones
filiales debe estar precedida de motivos suficientes, que vayan más allá, por
ejemplo, de las condiciones económicas en las que se desenvuelve un menor, en
especial cuando se trata de separar los vínculos entre unos y otros.
(ii) En cuanto a las condiciones fácticas, son las
circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar que rodean cada caso
individualmente considerado. Por su naturaleza, imponen a las autoridades y a
los particulares “la obligación de abstenerse de desmejorar las condiciones en
las cuales se encuentra éste al momento mismo de la decisión”[17]”.
Por ejemplo, esta corporación ha advertido que “en
cada caso particular se deben analizar las circunstancias y situaciones que
comunican un estado favorable en las condiciones en que se encuentre el menor
en un momento dado y valorar si el otorgamiento el cuidado y custodia puede
implicar eventualmente una modificación desventajosa de dicho estado”. En esa
medida, ante una reposada valoración de las condiciones fácticas, “resulta
inconcebible que se pueda coaccionar al menor, mediante la aplicación rígida e
implacable de la ley, a vivir en un medio familiar y social que de algún modo
le es inconveniente (…)”, sobre todo si se tiene en cuenta que “la aspiración
de todo ser humano, a la cual no se sustrae el menor, es la de buscar
permanentemente unas condiciones y calidad de vida más favorables y dignas; por
lo tanto, no puede condicionarse a éste a una regresión o a su ubicación en un
estado o situación más desfavorable”[18].
En
síntesis, el principio del interés superior del menor se erige en un importante
parámetro de interpretación para la solución de controversias en las que se
puedan verse comprometidos los derechos de niños, niñas y adolescentes.[19] De igual
manera, comporta el cumplimiento de unos deberes de actuación, a cargo del
Estado, en el sentido de destinar importantes recursos públicos, con miras a
amparar y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de estos
sujetos de especial protección constitucional, y en esa medida, está prohibido
operar un desmejoramiento de los mismos (principio de progresividad).
6. El deber constitucional de financiar
la educación superior
En virtud del artículo 69 constitucional,
el Estado asume unas responsabilidades concretas frente a la educación
superior: (i) Fortalecer la investigación científica; (ii) Ofrecer condiciones
especiales para su desarrollo; y (iii) Facilitar
mecanismos de financiación que hagan posible el acceso de todas las personas a
aquélla.
El Estado se encuentra entonces ante el
deber de facilitar unos medios financieros, bajo parámetros técnicos y económicos
responsables, que les permitan a los colombianos acceder a la educación
superior.
En
los términos de la jurisprudencia constitucional, el artículo 67 Superior, la educación posee el doble
carácter de derecho y de servicio público, y en tal virtud se le han atribuido cuatro dimensiones de contenido
prestacional,[20]
a saber: (i) la asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede
resumirse en la obligación del Estado de crear y financiar suficientes
instituciones educativas a disposición de todos aquellos que demandan su
ingreso al sistema educativo, abstenerse de impedir a los particulares fundar
instituciones educativas[21]
e invertir en infraestructura para la prestación del servicio, entre otras;[22] (ii) la
accesibilidad, que implica la obligación del Estado de garantizar el acceso de
todos en condiciones de igualdad al sistema aludido, la eliminación de todo
tipo de discriminación en el mismo, y facilidades para acceder al servicio
desde el punto de vista geográfico y económico; (iii) la adaptabilidad, que se
refiere a la necesidad de que la educación se
garantice
continuidad en la prestación del servicio,[23]
y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión a la calidad de la educación que
debe impartirse.[24]
La Corte ha señalado que
cualquier intento de restringir alguna de las anteriores dimensiones del
derecho a la educación, sin obedecer a una justa causa debidamente expuesta y
probada, deriva en arbitrario y, por ende, procede en su contra la acción de
tutela y los demás instrumentos jurídicos y administrativos adecuados para
exigir al Estado o al particular respectivo el cese inmediato de la
vulneración.[25]
Esta Corporación, en numerosas
Sentencias, ha destacado el papel que está llamado a cumplir el ICETEX en
materia de fomento de la educación superior “en el sentido de facilitar mecanismos financieros que
hagan posible el acceso a la educación superior, de manera que, por esta vía,
el Estado tiende progresivamente a la provisión de mecanismos para que los
asociados puedan realizarse personal y profesionalmente”[26].
En conclusión, el Estado se encuentra
ante el deber constitucional de promover la educación superior y la
investigación científica, y en esa medida, prima facie son válidas todas
aquellas medidas legislativas que propendan por alcanzar tales fines.
7. Resolución del cargo de
inconstitucionalidad
Los demandantes sostienen que las “cuentas
abandonadas”, reguladas en la Ley 1777 de 2016 son “bienes mostrencos”
(Art. 706 del Código Civil), y que en consecuencia, unos bienes muebles que
antes eran destinados a financiar el ICBF (Art. 66 de la Ley 75 de 1968) pasan
ahora al ICETEX, lo cual comportaría una vulneración de los derechos
fundamentales de los niños y niñas (art. 44 Superior).
La anterior interpretación es compartida por el
representante de la Universidad del Rosario, quien plantea la adopción de un
fallo de exequibilidad condicionada.
El planteamiento de los demandantes apuntaría entonces
a la existencia de una tensión entre la garantía de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes (art. 44 Superior) y el deber estatal de fomentar
la educación superior y la investigación científica (art. 67 Superior),
en punto a la destinación de unos recursos públicos.
Algunos intervinientes se apartan de la postura de los
demandantes y sostienen, por diversas razones, la inexistencia de una
vulneración de los derechos fundamentales de los derechos fundamentales de los
niños, niñas y adolescentes.
A efectos de resolver el caso concreto, la Corte: (i)
analizará los debates congresionales que precedieron la aprobación de la Ley
1777 de 2016; (ii) examinará los contenidos esenciales del referido texto
normativo; (iii) revisará las diferencias existentes entre cuentas inactivas y
abandonadas; (iv) estudiará las razones por las cuales, de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, las
cuentas abandonadas no son bienes mostrencos; y (v) extraerá unas conclusiones
en la materia.
7.1. Los debates congresionales que precedieron la
aprobación de la Ley 1777 de 2016
En la Gaceta del Congreso número 679 del 5 de
noviembre de 2014, aparece publicado el texto del “Proyecto de Ley 116 de
2014, Senado. Por medio del cual se definen y regulan las cuentas abandonadas y
se destinan recursos adicionales para la educación en Colombia”.
Se afirma que la finalidad del proyecto es poder
utilizar para el beneficio público, los recursos de cuentas de ahorros o
corrientes que hayan permanecido inactivas “por un periodo mayor de 10 años.” Lo anterior por cuanto,
tales recursos vienen siendo utilizados por las entidades financieras como una
forma de apalancar su actividad de intermediación, mientras que los “mismos
podrían ser redirigidos hacia programas de educación de interés nacional”.
Se trataría de una cifra cercana a los $ 7.45 billones de pesos.
En la ponencia se aclara que,
de conformidad con la legislación financiera vigente, se entiende por cuentas inactivas,
aquellas que no presentan movimientos durante seis (6) meses, lo cual no puede
confundirse con un abandono de las mismas por parte de los depositantes,
por cuanto “Pueden existir cuentas corrientes que tengan por objeto realizar
pagos anuales o cuentas de ahorro en las cuales sus depositantes ingresen
recursos semestrales, por ejemplo las primas laborales”.
De allí que se propusiera
definir como “cuenta abandonada”, aquella que permaneciera inactiva, por
más de diez (10) años. Lo anterior por cuanto:
“Este proyecto de ley define
el concepto de cuentas abandonadas, teniendo en cuenta que la normatividad
financiera actualmente no hace referencia al mismo” (negrillas agregadas).
Se precisaba que, una vez una
cuenta de ahorros o corriente fuera calificada en términos de “abandonada”,
tales recursos serían transferidos  por la respectiva entidad financiera, a
título de mutuo, a la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para ser
asignados al presupuesto del Ministerio de Educación Nacional.
Así la cuenta de ahorros o
corriente fuera considerada como “abandonada”, no perdía su calidad de
depósito, pudiendo ser reclamados en cualquier momento por el depositante.
En el proyecto de ley se trae
a colación algunos ejemplos del derecho comparado, donde se ha reglamentado el
destino de las cuentas abandonadas (Reino Unido, España, Liberia, Italia,
Holanda, Irlanda, Francia entre otros):
“DERECHO COMPARADO[27]
Algunos países
han reglamentado qué ocurre con los saldos en cuentas abandonadas. Al respecto
existe reglamentación en el Reino Unido, España, Liberia, Italia, Holanda,
Irlanda, Francia entre otros.
En general la
regulación coincide en que los recursos que permanecen inactivos por un periodo
prolongado de tiempo deben ser aprovechados para el beneficio del Estado. A
continuación se presenta en detalle la regulación del Reino Unido y
posteriormente se explicaran de forma sucinta otras regulaciones.
Reino Unido
El Reino Unido
expidió su legislación para el uso de recursos provenientes de cuentas
abandonadas mediante el Dormant Bank and Building Society Accounts Act 2008.
La discusión respecto al uso de estos recursos comenzó en el 2004. Al
momento de determinar el presupuesto del año 2004, en el Reino Unido se generó
debate acerca de un esquema mediante el cual los bancos entregarían
voluntariamente los saldos abandonados para fines sociales. Se argumentó que
los saldos abandonados estaban siendo utilizados por los bancos para su
provecho, pues financieramente resulta rentable poder apalancar sus
operaciones. Sin embargo se especulaba que si los bancos no cedían suficientes
recursos, el Canciller Gordon Brown consideraría legislar al respecto.
Los bancos
presentaron resistencia a la legislación sobre cuentas abandonadas.
Originalmente se definió que el tiempo prudente para determinar los recursos
como abandonados era de 5 años. Posteriormente se estableció que el tiempo para
determinar una cuenta como Dormant era de 15 años. De acuerdo a la Asociación de Banqueros Británicos, dicho periodo
reconocía que el saldo de una cuenta bancaria puede ser reclamado después de un
largo tiempo sin haber movido los recursos y a su vez tenía en cuenta que los
saldos abandonados pueden ser usados para reinvertirse en la sociedad.
Se determinó
que los recursos provenientes de las cuentas abandonadas serían utilizados para
mejorar las condiciones de la juventud. Según el Canciller Gordon Brown, se
constituiría el primer Servicio Comunitario para la Juventud (National Youth
Community Service) y la Fundación Nacional de Deportes, esta última
para mejorar las instalaciones, los servicios y la participación en todos los
deportes.
Para implementar la iniciativa se creó la Comisión de Activos No
Reclamados (Commission for Unclaimed Assets). Esta comisión tenía los
siguientes objetivos:
1. Asegurar que
cuando los depositantes reclamaran sus depósitos estos estuvieran disponibles.
2. Identificar
la forma de maximizar el uso de los fondos para incrementar la inversión en
comunidades de escasos recursos económicos.
3. Recomendar la mejor manera de usar los recursos restantes para
beneficiar al Reino Unido y en específico a las comunidades de escasos recursos
económicos, y
4. Ayudar a los
bancos en la ejecución de las tareas necesarias para poder implementar las
trasferencias.
El 20 de marzo
de 2007 se publicó un documento de consulta en el cual se analizaba la creación
del Fondo Central de Reclamaciones, con funciones de administrar e invertir los
recursos provenientes de los saldos abandonados. Además garantizaba la
existencia de suficientes reservas para atender las reclamaciones de los
depositantes cuando solicitaran el retiro del saldo. El documento además
indagaba sobre la relación de los depositantes y las reclamaciones, en donde se
buscaba que el titular de la cuenta tuviera que reclamar directamente los
recursos al banco y no al ¿Fondo Central de Reclamaciones.
Otro documento de consulta, también de marzo de 2007 discutía la
destinación de los recursos. Sugería que los servicios para la juventud debían
ser la prioridad, sin embargo se añadieron como posible destino de esos
recursos las organizaciones no gubernamentales, organizaciones solidarias y
proyectos de inclusión financiera.
Por su parte
los bancos crearon una fundación independiente, como respuesta a las críticas,
denominada Balance Charitable Foundation que invertía los saldos abandonados en
obras de caridad mientras mantenían la facultad del depositante de reclamar sus
dineros. La inversión podía realizarse en cualquier sector, sin embargo la
fundación daba preferencia a iniciativas en educación.
Finalmente,
después de las experiencias que hasta el 2008 se habían adelantado se presentó
un proyecto de ley respecto del uso de los recursos de las cuentas abandonadas.
El proyecto planteaba la definición de 15 años para considerar las cuentas como
abandonadas. También establecía que los depositantes al momento de reclamar su
dinero lo recibirían por parte del Fondo Central de Reclamaciones. Sin embargo
no mostraba el esquema para la transferencia, cómo se iban a administrar los
recursos y sobre todo no establecía que la transferencia era obligatoria.
Subsanando esos
errores el 26 de noviembre de 2008 se emitió la ley denominada Dormant Bank and
Building Society Accounts Act 2008 la cual tiene los siguientes
elementos. Los recursos son transferidos y el Gobierno se hace contraparte del
depositante. Los recursos deben destinarse a instalaciones y servicios para la
juventud, para las organizaciones no gubernamentales u organizaciones
solidarias, para educación e inclusión financiera y para inversión ambiental.
Se debe dar a conocer a los depositantes que sus recursos han sido transferidos,
por esta razón se elaboran listados en donde se publica las cuentas que se han
reconocido como abandonadas.
Con estos
elementos la legislación Británica ha buscado la manera de que todos los
dineros provenientes de cuentas abandonadas en el Reino Unido sean utilizados
para el beneficio de toda la sociedad.
Otros países
Existe
legislación al respecto de cuentas abandonadas en otros países. A continuación
se presentan algunos casos:
Holanda: En Holanda, 20 años luego de
la última transacción de una cuenta bancaria, los fondos de dicha cuenta se
revierten al banco y se guardan en una cuenta central del mismo. Esta práctica
no es del todo uniforme. Algunos bancos han establecido un periodo de abandono
de 30 años. En todos los casos los bancos pagan los fondos al cuentahabiente,
si el cuentahabiente logra identificarse y su solicitud puede ser
probada/justificada, sin importar el periodo de tiempo que haya pasado. No
existe una reinversión social establecida para los fondos confiscados
Francia: En Francia la legislación existe para fondos en bancos y
fondos de inversión. Los fondos sin mover o ignorados en los bancos por un
periodo de 10 años son transferidos a una `cuenta depósito. En cuanto a las
acciones, estas pueden ser vendidas si los accionistas no pueden ser
contactados por un periodo de 10 años a pesar de haber sido invitados a atender
la junta anual de accionistas. La suma neta de las acciones vendidas se guarda
a nombre del accionista en una cuenta congelada por 10 años, después de los
cuales los fondos son transferidos a la `cuenta depósito. Una vez transferidos
a la `cuenta depósito, estos (incluyendo cualquier interés) son transferidos de
forma definitiva al tesoro 30 años después de la última operación de la cuenta
(dícese, 20 años después de ser guardados en la `cuenta depósito). Los
cuentahabientes y accionistas son contactados para que reclamen sus dineros un
año antes de que esta transferencia definitiva ocurra. Los fondos abandonados
en la `cuenta depósito ascendieron a 747 millones de Euros para final de 2005.
Una excepción a esta norma aplica a quienes han estado hospitalizados.
Cualquier dinero perteneciente a una persona que haya salido del hospital o
muerto durante una hospitalización, no reclamado durante un año, es transferido
a la `cuenta depósito y su transferencia definitiva al Tesoro ocurre 5 años
después (6 años en total), a menos que el dinero sea reclamado por su
propietario legítimo durante ese periodo.
Italia: En Italia la Ley Financiera de 2006 introdujo regulaciones acerca de
las cuentas abandonadas o somme giacenti, pero que son comúnmente
referidas como `cuentas dormidas, o conti dormienti. La ley incluye un
rango de cuentas bancarias y seguros de vida que exceden los 100 euros. Giacenti
es definido como un periodo mayor a 10 años. De forma similar que en el Reino
Unido, las sumas son reinvertidas, en este caso para un Fondo para las víctimas
de fraude financiero (artículo 4°), pero recientemente, por virtud de una
enmienda de 2007, parte de los dineros recogidos pueden ser utilizados para
realizar reclutamiento para el servicio civil.
España: En España, los dineros
abandonados se encuentran regulados por la
Sección 18 de la Ley 33 de 2003 sobre la Administración de Dineros y Herencias Públicas. Esta
ley hace referencia a un amplio rango de dinero, bienes e instrumentos
depositados en las instituciones financieras y en el Fondo General del
Depósito. El periodo de abandono es de 20 años. Las entidades financieras están
obligadas a informarle al Ministerio de Hacienda la existencia de bienes
abandonados, o potencialmente abandonados, y su existencia se refleja en el
reporte de cuentas de las entidades. Una vez identificadas, y habiéndose
cumplido el debido proceso, el bien/los dineros se transfieren al Tesoro
Español por medio del Directorio General de los Bienes de Estado.
Posteriormente, los fondos se transforman en fondos públicos como si fueran
cualquier otro tipo de ingreso gubernamental, por ejemplo, los impuestos. Los
recursos no son hipotecados de ninguna forma, y se utilizan para el gasto o el
ahorro público. Hay una menor certeza en la ley española en cuanto a la
restitución de bienes confiscados en caso de que el propietario legítimo
reaparezca, puesto que la ley guarda silencio con respecto a esta hipótesis. El
depositante debería entonces presentar primero una queja a la institución
financiera original, y luego al Banco Central. No se sabe si el supuesto
depositante puede obligar al Banco Central a regresarle su dinero, puesto que
fue la institución financiera la que originalmente valoró sus fondos como
abandonados”.
En general, las referidas
regulaciones coinciden en que los recursos que permanecen inactivos por un
periodo prolongado de tiempo deben ser aprovechados para el beneficio del
Estado.
A lo largo de los debates, si bien se mantuvo intacta
la definición de “cuenta abandonada”, en el sentido de
diferenciarla de “cuenta inactiva”, variaron los plazos para
calificarla como tal, así como la destinación de los recursos.
En el “Informe de Ponencia Segundo Debate Proyecto de Ley 116 de
2014 Senado.”, publicado
en la Gaceta del Congreso número 402 del 11 de junio de 2015, se propuso
reducir el término de diez (10) a cuatro (4) años, y que tales dineros fueran
destinados a “proyectos de la Cuarta Generación (4G) de Concesiones Viales de Colombia.”
En los términos del “Informe de ponencia para primer debate al proyecto
de ley 050 de 2015 Cámara, 116 de 2014 Senado”, publicado en la Gaceta del Congreso número 752
del 29 de septiembre de 2015, es decir, durante el tercer debate, el término se
redujo de cuatro (4) a tres (3) años, en tanto que los recursos fueron
destinados a la educación. Y finalmente, en el último debate (Gaceta del
Congreso número 1043 del 12 de diciembre de 2015), se concreta la destinación a
la educación nacional, en la financiación de programas del ICETEX.
En definitiva: según los debates que se surtieron en
el Congreso de la República, en Colombia si bien existe una regulación
financiera en Colombia para las cuentas de ahorro y corrientes “inactivas”,
no sucede lo mismo con las “abandonadas”.
7.2. Contenidos esenciales de la Ley 1777 de 2016
La Ley 1777 de 2016 tiene como finalidad crear un
fondo a favor del ICETEX, provisto con los saldos de cuentas de ahorro o
corrientes “abandonadas en establecimientos financieros”, con el fin de
otorgar créditos de estudio y de fomento a la calidad de la educación superior:
“ARTÍCULO 1o. El objeto de la presente ley es utilizar los saldos de
cuentas abandonadas que se encuentran en los establecimientos
financieros, para ser invertidos en la creación y administración de un fondo en
el Icetex que permita el otorgamiento de créditos de estudio y créditos de
fomento a la calidad de las Instituciones de Educación Superior” (negrillas
agregadas).
El artículo 2º de la Ley 1777 de 2016 considera como
cuentas abandonadas, las siguientes:
“ARTÍCULO 2o. DEFINICIÓN. Para el objeto de la presente ley se consideran
cuentas abandonadas aquellas cuentas corrientes o de ahorro sobre las cuales no
se hubiere realizado movimiento de depósito, retiro, transferencia o, en
general, cualquier débito o crédito que las afecte durante (3) años ininterrumpidos
en todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.
No
impiden considerar la cuenta como abandonada las operaciones de créditos o
débitos que los establecimientos financieros realicen con el fin de abonar
intereses o realizar cargos por comisiones y/o servicios bancarios.
PARÁGRAFO. Una cuenta deja de considerarse abandonada cuando deja
de cumplir con los requisitos establecidos en el presente artículo o por
requerimiento de autoridad competente”.
En
los términos de la Ley 1777 de 2016, las entidades tenedoras de los saldos de
las cuentas de ahorro o corrientes, que se consideren abandonadas y que superen
el valor equivalente a 322 UVR, transferirán tales recursos a título de mutuo
al fondo constituido y reglamentado por el ICETEX para este fin.
De igual manera se precisa que el ICETEX deberá
garantizar que el rendimiento de la cuenta que haya sido declarada en abandono,
sea equivalente al que tendría el mismo tipo de cuenta en la entidad financiera
respectiva.
Así mismo, la Ley 1777 de 2016 prevé el reintegro y
retiro del saldo a favor del depositante: “La entidad financiera deberá entregarle el saldo al
depositante en el momento en que este lo solicite, el cual no podrá ser
superior a un (1) día siguiente a la solicitud presentada, con los rendimientos
respectivos, de conformidad con las disposiciones actualmente vigentes para el
efecto”. (art.5)
En materia de vigencias y derogatorias dispone:
“ARTÍCULO 9o. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente ley entra a regir a partir de su
publicación, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
El
artículo 36 del Decreto número 2331 de 1998 continúa vigente y no
se modifica ni deroga por ninguna disposición de la presente ley.
7.3. Diferencias entre cuentas corrientes o de ahorros
inactivas y abandonadas
El artículo 36 del Decreto legislativo 2331 de 1998,
expedido por el Gobierno Nacional al amparo de una declaratoria de emergencia económica
y social, encaminada a  hacerle frente a la falta de confianza de los
ahorradores en el sistema financiero a causa de la crisis del UPAC, definió las
cuentas corrientes o de ahorros inactivas, en los siguientes términos:
“Artículo 36. Los saldos de las cuentas corrientes o
de ahorro que hayan permanecido inactivas por un período mayor de
un año y no superen el valor equivalente a dos (2) UPAC, serán transferidos por
las entidades tenedoras a título de mutuo a la Nación-Ministerio de Hacienda y
Crédito Público- Dirección General del Tesoro Nacional, para desarrollar el
objeto del Fondo de Solidaridad de Ahorradores y Depositantes de Entidades
Cooperativas en Liquidación, del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas,
el seguro de desempleo y el servicio de estos recursos en los términos y
condiciones que determine el reglamento.
Los respectivos contratos de
empréstito sólo requerirán para su perfeccionamiento y validez la firma de las
partes y su publicación en el Diario Único de Contratación Administrativa.
Cuando el titular del
depósito solicite el retiro de la totalidad o parte del saldo inactivo, la
Dirección General del Tesoro Nacional reintegrará al prestamista la suma
correspondiente con los rendimientos respectivos, de acuerdo con los intereses
que el depósito devengaba en la entidad financiera como cuenta inactiva, de
conformidad con las disposiciones actualmente vigentes. Dicho reintegro deberá
efectuarse a más tardar al día siguiente al de la solicitud presentada por la
entidad financiera. Igualmente procederá en ese término a entregar al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar las sumas que de conformidad con la ley
correspondan".
En este orden de ideas, los saldos de las cuentas
inactivas pasaban al Fondo
de Solidaridad de Ahorradores y Depositantes de Entidades Cooperativas en
Liquidación al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, y a financiar un
seguro de desempleo.
Con el propósito de aplicar adecuadamente
lo previsto en el artículo 36 del Decreto
2331, la Superintendencia Financiera expidió la Circular Externa número 001 de
1999, a cuyo tenor:
“Cuenta
Inactiva.
Para efectos del artículo 36
del decreto 2331 de 1998, se considerarán cuentas inactivas aquellas
cuentas corrientes o de ahorro sobre las cuales no se hubiere realizado ninguna
operación durante seis meses. Entiéndase por operación cualquier movimiento de
depósito, retiro, transferencia o en general cualquier débito o crédito que
afecte a la misma, con excepción de los créditos o débitos que la institución
financiera realice con el fin de abonar intereses o realizar cargos por
concepto de comisiones y servicios bancarios, operaciones éstas que no impiden
considerar una cuenta como inactiva”.
La Corte Constitucional, en Sentencia
C-136 de 1999 declaró exequible el artículo 36 del Decreto 2331 de 1996, por
las siguientes razones:
“A pesar del carácter en
apariencia forzoso del préstamo que en esta norma se contempla, debe observarse
que surge en realidad de la libre contratación entre las partes, por lo cual no
ha sido vulnerado el derecho de propiedad de los cuentahabientes. Además éstos,
según lo establece la disposición, tienen acceso inmediato a sus dineros cuando
lo deseen y en tal evento, ante su solicitud, la Dirección General del Tesoro
Nacional les reintegrará la suma correspondiente con los rendimientos
respectivos, de acuerdo con los intereses que el depósito devengaba en la
entidad financiera.
En realidad lo que ocurre
con este precepto es que los fondos depositados en cuentas inactivas, en vez de
ser utilizados o aprovechados por las entidades financieras, lo son por el
Estado, con el fin exclusivo de atender las necesidades y urgencias inherentes
al estado de excepción declarado, sin perjuicio alguno para los depositantes.
Debe aclarar la Corte que,
como acontece con el impuesto del "dos por mil", estos recursos deben
orientarse en su totalidad a los sectores materialmente afectados por la
crisis, en la forma en que lo definió la Sentencia C-122 del 1 de marzo de
1999”.
La Superintendencia Financiera expidió la
Circular Básica Jurídica (C.E. 029/14), en cuya Parte II, Título I, Capítulo
III, numeral 1.2., define las cuentas corrientes y de ahorro abandonadas, en
los siguientes términos:
“Saldos
abandonados en cuentas corrientes y de ahorros
En la medida que los depósitos realizados
en cuentas corrientes y/o de ahorros son depósitos irregulares de dinero,
no puede predicarse de ellos la condición de bien mostrenco, pues no
cumplen con las condiciones establecidas para ello en el régimen civil.
Contrario a ser bienes sin dueño aparente o conocido, estos depósitos generan
un derecho personal para el depositante en contrapartida de un crédito a cargo
de la entidad depositaria. En tal virtud, aún vencido el plazo legal o
convencional para reclamarlo, permanece para el depositante la facultad
jurídica para exigir el cumplimiento de su obligación por parte del
establecimiento de crédito, la cual corresponde al pago de una suma de dinero
equivalente a la depositada, con los respectivos intereses, si a ello hay lugar.
Como puede advertirse, la lógica que gobierna la Ley
1777 de 2016 es aquella de darle un uso social a las cuentas bancarias
abandonadas, sin que aquello configure una expropiación o pérdida del derecho
de dominio del depositante. Supuesto fáctico completamente diferente al
referido en el artículo 16 del Decreto 434 de 1971, declarado inexequible  por
la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 18 de abril de 1985, por
estimarlo una modalidad de expropiación sin indemnización. El referido texto rezaba:
“ARTÍCULO 16. Son también recursos de la Caja Nacional
de Previsión Social los siguientes:
1o. El valor de los depósitos bancarios, a la orden o
en cuenta corriente, menores de pesos ($ 100.00) que se dejen inactivos por un
lapso mayor de un año”.
En definitiva: la Ley 1777 de 2016 dispone que las
cuentas de ahorros o corrientes que se encuentren abandonadas por los
depositantes, lo cual se entiende sucede pasados tres (3) años de inactividad
de las mismas, pasarán a un fondo creado a favor del ICETEX, sin perjuicio de
que el cuentahabiente entre a reclamar el reembolso de su dinero.
7.3.
Las cuentas abandonadas no
son bienes mostrencos. Evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de Estado. Diferencias entre bienes vacantes y
mostrencos
La “Teoría de la perpetuidad del derecho de dominio”
plantea que un bien ingresa a un patrimonio, permanece en él o se traslada a
otro, en una secuencia continua, a menos que se destruya, inutilice o se
transforme (física o jurídicamente), dando lugar a que el derecho se extinga o
simplemente recaiga sobre los despojos o las nuevas sustancias en que se
transformó. Desde esta perspectiva, prima facie, no tendría cabida la
renuncia o el abandono del derecho de propiedad.
Desde el derecho romano surgió la discusión acerca del
alcance de la figura de la “derelictio” o abandono de la propiedad sobre
un bien. Al respecto, el Digesto (XLI, VII, 5, 1) trae los ejemplos del sujeto
que en el circo lanzaba denarios a la multitud o aquel que dejaba volar
libremente sus palomas. La conclusión en tales casos era que la persona perdía
el derecho de dominio sobre los bienes y que cualquiera los adquiría por
ocupación. Otros textos clásicos, por el contrario, sostenía que se presentaba
una transferencia del derecho de dominio a una persona incierta (traditio ad
incertam personae).
La “derelictio”, entendida como el abandono
voluntario de una propiedad, fue acogida por el Código Civil francés, bajo el
apelativo de “bienes vacantes y sin dueño”:
Capítulo III.
De los bienes y de
sus relaciones con quienes los posean
Artículo 539. Todos los bienes vacantes y sin dueño, y
aquellos de las personas que fallecen sin herederos, o cuyas sucesiones se
encuentran abandonadas, pertenecen a la Nación”.[28]
En los términos del artículo 706 del Código Civil se
consideran bienes vacantes aquellos inmuebles sin dueño aparente o conocido; y
mostrencos los bienes muebles que se hallen en el mismo supuesto fáctico.
El artículo 82 de la Ley 153 de 1887 le transfirió los
bienes mostrencos al respectivo municipio (antes eran de propiedad de los
Estados Federados), en tanto que el artículo 66 de la Ley 75 de 1968 se los
dejó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, previo el proceso
correspondiente (artículo 383 del Código General del Proceso).
Una revisión de la jurisprudencia elaborada por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado,
evidencia la existencia de una postura muy similar en punto a los bienes
mostrencos.
En Sentencia del 30 de julio de 1942, la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia[29]
consideró que, para que una cosa mueble pueda ser calificada como bien
mostrenco, se requiere acreditar: (i) Que se trate de una cosa corporal, no de
una incorporal, como un crédito; y (ii) Que no tenga dueño conocido o aparente.
En fallo del 25 de mayo de 1954, con ponencia del
Magistrado Darío Echandía, la Corte expuso:
“El derecho del depositante o de aquel en cuyo favor
se hace el depósito bancario, se resuelve en un crédito para que el banco le
entregue la cantidad igual a la depositada. Este no es un derecho real de
dominio sobre la cosa corporal –dinero-, sino un derecho personal contra el
banco depositario para que se pague la cantidad de dinero depositada.
Por consiguiente, no puede denunciarse como mostrenco
un derecho del depositante de un dinero o el de aquel en cuyo favor se hizo el
depósito, porque los créditos que no son cosas corporales, no pueden ser
mostrencos”[30].
Más recientemente, en fallo del 5 de julio
de 2007, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia reiteró los
requisitos que debe cumplir una cosa mueble para ser calificada como bien
mostrenco:
“En torno a los bienes mostrencos esta
Corporación, ab antique,
ha considerado que “para que una cosa mueble pueda ser declarada bien mostrenco
es necesario que se reúnan estas condiciones: 1ª Que se trate de una cosa
corporal, no de una incorporal, como un crédito; 2ª Que haya tenido dueño,
porque de no, se trataría de un res
nullius y no de un bien mostrenco;
3ª Que no se trate de una cosa voluntariamente
abandonada por su dueño,
porque en este caso, la cosa no sería mostrenca sino derelicta (abandonada); y 4ª Que no tenga
dueño conocido o aparente.
En realidad las cosas mostrencas son las cosas perdidas respecto de las cuales
no ha habido en el dueño intención de abandonarlas, por lo cual aquel siempre
conserva el derecho a recuperarlas, salvo cuando ya hayan sido enajenadas por
el municipio… Según la definición del artículo 706 de nuestro Código Civil,
mostrencos son los bienes muebles sin dueño aparente
o conocido, es decir que son especies muebles cuyo dueño no parece ni se
sabe quién es; cosas que aparentemente fueron perdidas por su dueño. Este no
las ha abandonado para que las ocupe quien las encuentre,
sino que las ha perdido, y
por eso la investigación judicial se dirige a dar con el dueño” (negrillas
originales).
La Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto
número 930 del 10 de diciembre de 1996, acogió la postura asumida por la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en materia de bienes
mostrencos y cuentas de ahorros:
“En el derecho de crédito el abandono por
parte del acreedor de la obligación produce el efecto de la extinción del
derecho en favor del deudor, quien es el único beneficiario de ese abandono.
Todo crédito sin cobrar continúa en cabeza del hasta su extinción, debido a la
prescripción o caducidad de la acción de cobro. En el crédito o derecho
personal nunca desaparece el titular, porque operada la prescripción o la
caducidad desaparecer la obligación existente, en beneficio del deudor quien en
adelante queda liberado de la carga patrimonial que sobre él pesaba.
De ahí que ningún crédito sin cobrar quepa
en el concepto de bien mostrenco, que según la regla del artículo 706 del
Código Civil corresponde solamente a los bienes muebles que se encuentran
dentro del territorio, sin dueño aparente o conocido”.
En conclusión: la interpretación que han realizado la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado,
coinciden en señalar que las cuentas de ahorros o corrientes, así se encuentren
inactivas o incluso “abandonadas”, no pueden ser calificadas como “bienes
mostrencos”, en los términos del artículo 706 del Código Civil.
7.4.Conclusión sobre el sentido de las normas
acusadas.
Luego de examinar: (i) los contenidos principales de
la Ley 1777 de 2016; (ii) los debates surtidos en el Congreso de la República
en relación con la misma; (iii) la evolución legislativa que ha conocido en
Colombia el tratamiento de las cuentas de ahorro o corrientes que permanecen
inactivas; (iv) las Circulares Externas emitidas por la Superintendencia
Financiera; y (v) los pronunciamientos de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado respecto a los bienes mostrencos,
la Corte concluye que no le asiste la razón a los demandantes, en la medida en
que las normas legales acusadas no vulneran el artículo 44 Superior.
En otras palabras, la destinación que la Ley 1777 de
2016 realiza de los saldos de las cuentas de ahorros o corrientes, calificadas
como “abandonadas”, en el sentido de apoyar ciertos programas del
ICETEX, de manera alguna afecta la financiación del ICBF, en los términos
previstos en el artículo 66 de la Ley 75 de 1968:
“ARTÍCULO 66. El Instituto de Bienestar Familiar tendrá en las
sucesiones intestadas los derechos que hoy corresponden al municipio de la
vecindad del extinto de conformidad con el artículo 85 de la Ley 153 de 1887.
También
tendrá el instituto los derechos que hoy corresponden a otras entidades con
relación a los bienes vacantes y mostrencos”.
Quiere ello decir que, al no ser los saldos de las
cuentas de ahorros o corrientes, que han permanecido más de tres (3) años
inactivas, y que por ende son calificadas como “abandonadas”, bienes
mostrencos, jamás hubieran ingresado al patrimonio del ICBF, razón por la cual
su destinación a financiar programas de educación superior de forma alguna
vulnera los derechos fundamentales de los niños y las niñas (art. 44).
En
este orden de ideas, la Corte declarará exequibles los artículos 1, 3
(parcial), 4 (parcial), 5, 6 (parcial) y 7 de la Ley 1777 de 2016, por el cargo
analizado.
8.
Síntesis
1.
La demanda. Los ciudadanos Walter Leandro Aguirre Mazo, Juan Fernando
Posada Martínez, Juan Pablo Guerra González, Yorman Efraín Torres Ocampo,
Camilo José Estrada Hernández, Juan Esteban Rueda Rendón y José Alenlly
Jaramillo Guzmán demandan la inconstitucionalidad de la Ley 1777 de 2016,
artículos 1, 3 (parcial), 4 (parcial), 5, 6 (parcial) y 7, por la supuesta
vulneración de los artículos 4, 44, 58, 333, 334, 359 y 366 Superiores.
2. Cargo de inconstitucionalidad. El Despacho mediante Auto del 26 de octubre de 2016 admitió sólo
el siguiente cargo: el legislador, al variar la destinación de unos
bienes muebles (cuentas bancarias abandonadas), del ICBF al ICETEX, desconoció
la especial protección que la Constitución le acuerda a los niñas y niñas (art.
44 Superior). Lo anterior por cuanto, en los términos del artículo 66 de la
Ley 75 de 1968, los bienes mostrencos ingresan al patrimonio del ICBF. Dado que
la demanda no fue corregida, mediante providencia del 9 de noviembre de 2016
fueron rechazados los cargos de inconstitucionalidad por violación de los
artículos 4, 58, 333, 334, 359 y 366 Superiores.
Los demandantes plantean entonces la existencia de una tensión entre la
garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (art. 44 Superior)
y el deber estatal de fomentar la educación superior y la investigación
científica (art. 67 Superior), en punto de la destinación de unos
recursos públicos.
3. Problema jurídico. Al ordenar el legislador que los saldos
de cuentas abandonadas en establecimientos financieros, sean invertidos en la
creación y administración de un fondo en el ICETEX, “que permita el
otorgamiento de créditos de estudio y créditos de fomento a la calidad de las
Instituciones de Educación Superior”, ¿vulneró los derechos de los niños
(art. 44 Superior), en tanto, anteriormente, tales bienes eran destinados al
financiamiento del ICBF?
4. Esquema de resolución del problema
jurídico. A efectos de resolver el referido problema jurídico la Corte: (i)
Analizó la intervención del Estado en las actividades relacionadas con el
aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público; (ii) Examinó
la especial protección que tienen los niños, niñas y adolescentes en la
Constitución de 1991; (iii) Analizó el contenido del deber constitucional de
financiación de la educación superior; y (iv) Resolvió el cargo de
inconstitucionalidad.
5. La intervención del Estado en las
actividades relacionadas con el aprovechamiento e inversión de los recursos
captados al público. La Constitución
le reserva al legislador la competencia para fijar pautas generales o
lineamientos a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional en ejercicio de
sus facultades de intervención, vigilancia y control de las actividades
financiera, bursátil, aseguradora, así como con el manejo, aprovechamiento e
inversión de recursos captados al público. Se trata por tanto de actividades de
interés público, que justifican la realización de una intervención reforzada
del Estado en la gestión bancaria, con miras a preservar su solvencia y la
confianza del público en el sistema financiero y bancario nacional. Con todo,
ese amplio margen de configuración del cual dispone el legislador para
intervenir en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y bancaria
tiene como límite el ejercicio de los derechos fundamentales.
6. La
especial protección que tienen los niños, niñas y adolescentes en la
Constitución de 1991.El
principio del interés superior del menor se erige en un importante parámetro de
interpretación para la solución de controversias en las que puedan verse
comprometidos los derechos de niños, niñas y adolescentes. De igual manera,
comporta el cumplimiento de unos deberes de actuación, a cargo del Estado, en
el sentido de destinar importantes recursos públicos, con miras a amparar y
garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de estos sujetos de
especial protección constitucional, y en esa medida, está prohibido el
desmejoramiento de los mismos (principio de progresividad).
7. El deber
constitucional de fomentar la educación superior. En
virtud del artículo 69 constitucional, el Estado asume unas responsabilidades
concretas frente a la educación superior: (i) Fortalecer la investigación
científica; (ii) Ofrecer condiciones para especiales para su desarrollo; y
(iii) Facilitar mecanismos de financiación que hagan posible el acceso de todas
las personas a aquélla. El Estado se encuentra entonces ante el deber
constitucional de promover la educación superior y la investigación científica,
y en esa medida, prima facie son válidas todas aquellas medidas
legislativas que propendan por alcanzar tales fines.
8. Examen del
cargo de inconstitucionalidad. Con el propósito de resolver el cargo de
inconstitucionalidad, la Corte analizó: (i) Los contenidos principales de la
Ley 1777 de 2016; (ii) Los debates surtidos en el Congreso de la República en
relación con la misma[31];
(iii) La evolución legislativa que ha conocido en Colombia el tratamiento de
las cuentas de ahorro o corrientes que permanecen inactivas[32]; (iv) Las Circulares
Externas emitidas por la Superintendencia Financiera[33]; y (v) Los
pronunciamientos de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y
del Consejo de Estado respecto a los bienes mostrencos.
9. Contenidos
esenciales de la Ley 1777 de 2016. La Ley 1777 de 2016 dispone que las
cuentas de ahorros o corrientes que se encuentren abandonadas por los
depositantes, lo cual se entiende sucede pasados tres (3) años de inactividad
de las mismas, pasarán a un fondo creado a favor del ICETEX, sin perjuicio de que
el cuentahabiente entre a reclamar el reembolso de su dinero. Se trata de darle
un uso social a las cuentas bancarias inactivas, sin que aquello configure una
expropiación o pérdida del derecho de dominio del depositante.
10. Antecedentes de la Ley 1777 de 2016. Según los debates que se surtieron en el Congreso de
la República, en Colombia si bien existe una regulación financiera en Colombia
para las cuentas de ahorro y corrientes “inactivas”, no sucede lo mismo con las
“abandonadas”. La finalidad de la ley fue darle entonces un uso social a unos
dineros que vienen siendo utilizados por el sistema financiero en sus negocios.
11. Diferencias entre cuentas de ahorros o corrientes
inactivas y abandonadas. Para
efectos del artículo 36 del decreto 2331 de 1998, se considerarán cuentas
inactivas aquellas cuentas corrientes o de ahorro sobre las cuales no se
hubiere realizado ninguna operación durante seis meses. Por el contrario, son cuentas
abandonadas, en los términos del artículo 2º de la Ley 1777 de 2016 es
aquellas cuentas corrientes o de ahorro “sobre
las cuales no se hubiere realizado movimiento de depósito, retiro,
transferencia o, en general, cualquier débito o crédito que las afecte durante
(3) años ininterrumpidos en todas las entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera”.
12. Las cuentas abandonadas no son bienes mostrencos.
Evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de
Estado. Diferencias entre bienes vacantes y mostrencos. La interpretación que han realizado la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia[34]
y el Consejo de Estado[35],
coinciden en señalar que las cuentas de ahorros o corrientes, así se encuentren
inactivas o incluso “abandonadas”, no pueden ser calificadas como “bienes
mostrencos”, en los términos del artículo 706 del Código Civil.
13. Resolución
del cargo de inconstitucionalidad. La Corte concluyó que las normas legales
acusadas no vulneraban el artículo 44 Superior, por cuanto la destinación que
la Ley 1777 de 2016 realiza de los saldos de las cuentas de ahorros o
corrientes, calificadas como “abandonadas”, en el sentido de apoyar
ciertos programas del ICETEX, de manera alguna afecta la financiación del ICBF,
en los términos previstos en el artículo 66 de la Ley 75 de 1968. Lo anterior
ya que los saldos de las cuentas de ahorros o corrientes, que han permanecido
más de tres (3) años inactivas, y que por ende son calificadas como “abandonadas”,
jamás hubieran ingresado al patrimonio del ICBF, en virtud de que no se trata
de bienes mostrencos, razón por la cual su destinación a financiar programas de
educación superior no vulnera los derechos fundamentales de los niños y las
niñas (art. 44).
14.
Parte resolutiva. La Corte declara
exequibles artículos 1, 3 (parcial), 4 (parcial), 5, 6 (parcial) y 7 de la Ley
1777 de 2016, por el cargo analizado.
VII.    DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLES los artículos 1, 3
(parcial), 4 (parcial), 5, 6 (parcial) y 7 de la Ley 1777 de 2016, por el cargo
analizado.
Notifíquese,
publíquese, comuníquese, cúmplase y archívese el expediente.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
IVÁN ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado (E)
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Impedimento aceptado
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
JOSÉ ANTONIO CEPEDA AMARIS
Magistrado (E)
ROCÍO LOIZA MILIÁN
Secretaria General (E)
[1] Sentencia C- 616 de 2001 reiterada en fallo C-1041 de 2007.
[2] Ibidem.
[3] Ibidem.
[4] El Decreto
1593 de 1959, que se expidió con fundamento en el inciso i) del artículo 1º del
Decreto 753 de 1956, fue derogado por el 3º de la Ley 48 de 1968, razón por la
cual no está vigente.
[5] Al respecto puede consultarse las sentencias SU-157 de 1997 y T-520
de 2003.
[6]
Sentencia C-860 de 2003.
[7] Sentencia C-224 de 2009
[8] Corte Constitucional, sentencia C-853 de 2009.
[9] Sentencia T-283 de 1994.
[10] Corte Constitucional, Sentencias C-019 de 1993, T-290 de 1993,
T-278 de 1994,   T-442 de 1994, T-408 de 1995, T-412 de 1995, T-041 de 1996,
SU-225 de 1998,     T-514 de 1998, T-587 de 1998, T-715 de 1999, C-093 de 2001,
C-814 de 2001, T-979 de 2001, T-189 de 2003, T-510 de 2003, T-292 de 2004,
C-507 de 2004, C-796 de 2004, T-864 de 2005, T-551 de 2006, C-738 de 2008, C-149
de 2009,  C-468 de 2009, T-078 de 2010, T-572 de 2010, C-840 de 2010 y C-177 de
2014, entre muchas otras.
[11] Corte Constitucional, Sentencia T-510 de 2003. En sentido similar
pueden consultarse, entre otras, las Sentencias T-397 de 2004,  T-572 de 2010, T-078
de 2010, C-840 de 2010 y C-177 de 2014.
[12] Corte Constitucional, Sentencias T-510 de 2003 y T-292 de 2004,
entre otras.
[13] Corte Constitucional, Sentencias C-507 de 2004 y C-468 de 2009.
[14] Corte Constitucional, Sentencia T-510 de 2003.
[15] Corte Constitucional, Sentencia C-804 de 2009.
[16] Corte Constitucional, Sentencia T-510 de 2003.
[17] Corte Constitucional, Sentencia C-804 de 2009. La Corte declaró
exequible el requisito de idoneidad física como condición para adoptar,
previsto en el artículo 68 del Código de la Infancia y de la Adolescencia.
[18] Corte Constitucional, Sentencia T-442 de 1994. La Corte amparó los
derechos fundamentales de un menor porque en un proceso de custodia el Juzgado
de Familia no tuvo en cuenta los elementos probatorios acopiados, dejándolo en
una situación indeseada y creando el riesgo de causarle secuelas psicológicas
irreversibles.
[19] Sentencia C-262 de 2016.
[20] Ver al respecto: sentencias T-263 de 2007 y T-1030 de 2006.
[21] Artículo 68 de la Constitución Política de Colombia.
[22] En este sentido, el inciso 5 del artículo 67 de la Constitución
indica que el Estado debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y
asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso.
[23] El inciso 5 del artículo 67 superior expresamente señala que el
Estado debe garantizar a los menores su permanencia en el sistema educativo.
[24] Al respecto, el inciso 5 del artículo 67 de
la Carta dispone que el Estado debe regular y ejercer la suprema inspección y
vigilancia de la educación, con el fin de vela por su calidad y la mejor
formación moral, intelectual y física de los educandos.
[25] Sentencias T-989A de 2005, T-675 de 2002, T-1740 de 2000 y T-294 de
2009, entre otras.
[26] Ver en otras las siguientes Sentencias: C-544 de 1994 y C-496 de
1997 y T-321 de 2007.
[27] Gaceta del Congreso número 679 del 5 de noviembre de 2014
[28] Traducción libre.
[29] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30
de julio de 1942, G.J. Tomo LIV, número 1991, p. 469.
[30] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 25
de mayo de 1944, G.J. número 2141, p. 593.
[31] Principalmente las Gacetas del Congreso números 679 del 5 de
noviembre de 2014 y 1043 del 12 de
diciembre de 2015.
[32] En especial, los Decretos 434 de 1971 y 2331 de 1996.
[33] Superintendencia Financiera, Circular Básica C.E. 029/14 y Circular
Externa número 001 de 1999.
[34] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 25
de mayo de 1954 y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia
5 de julio de 2007.
[35] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto
número 930 del 10 de diciembre de 1996.