T-466-15
Sentencia T-466/15
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE
PRESTACIONES SOCIALES-Procedencia
excepcional
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL-Reiteración de jurisprudencia
PENSION DE VEJEZ-Desarrollo previsto en la Ley 100 de 1993
PENSION DE VEJEZ Y REGIMEN DE TRANSICION
PREVISTO EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993
REGIMEN PENSIONAL VIGENTE ANTES DE LEY 100
DE 1993 PARA AFILIADOS AL ISS
PENSION DE VEJEZ Y REGIMEN DE TRANSICION-Cumplimiento de requisitos del Decreto 758
de 1990
PENSION DE VEJEZ Y ACUMULACION DE SEMANAS
COTIZADAS EN SECTOR PUBLICO Y SECTOR PRIVADO
CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS ENTRE EMPLEADOR
Y FONDO DE PENSIONES-No
deben poner en riesgo derechos del trabajador y el afiliado
Referencia: expedientes T- 4.853.217 y T-
4.855.657 (acumulados).
Acciones de tutela interpuestas por los
señores Libardo Zuluaga Guasaquillo y Jorge Eliécer Sanabria contra la
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá D.C.,
veintiocho (28) de julio de dos mil quince (2015).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Alberto Rojas Ríos, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
y Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA:
Dentro del proceso de revisión de los fallos emitidos por
el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad[1]
y por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali[2] dentro de la acción de
tutela interpuesta por Libardo
Zuluaga Gusaquillo (Exp. T- 4.853.217); y por el Juzgado Primero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio[3]
dentro del trámite de acción de tutela ejercida por Jorge Eliecer Sanabria (Exp.
T- 4.855.657) contra de la Administradora Colombiana de Pensiones, en
adelante Colpensiones.
I.
ANTECEDENTES
1.
Hechos
relevantes
1.1.
Expediente T-
4.853.217
1.1.1.
El señor Zuluaga
Guasaquillo nació el 18 de febrero de 1937, es decir, en la actualidad tiene 78
años de edad.
1.1.2.
Laboró como
vigilante en la Beneficencia del Valle del Cauca desde el 15 de enero de 1970
hasta el 28 de julio de 1982. Indicó que allí cotizó 589 semanas.
1.1.3.
De otro lado,
señala que trabajó en el sector privado con las empresas Serviases Ltda.,
Módulos Arquitectónicos Ltda., y Chain Himelfarb y Cía. Ltda., desde el 20 de
enero de 1984 hasta el 18 de noviembre de 1993 (342 semanas), cotizando un
total de 931 semanas entre el sector público y privado.
1.1.4.
Posteriormente, el
11 de junio de 1999, elevó solicitud para que le fuera reconocida la pensión de
vejez en el Instituto de los Seguros Sociales (ISS), hoy Colpensiones. En
respuesta, dicha entidad negó mediante la Resolución 007672 de 2000 el
reconocimiento de la prestación, aduciendo que el usuario solo había cotizado al
sistema 350 semanas durante los últimos 20 años. Con relación a ello, advierte
el accionante que no fue tenido en cuenta el tiempo comprendido entre el 15 de
enero de 1970 y el 30 de noviembre de 1981 certificado a través del bono
pensional emitido en su favor por la Beneficencia del Valle.
1.1.5.
Ante la negativa de
la mencionada entidad para reconocer la pensión de vejez, el señor Zuluaga
Guasaquillo, a través de apoderada judicial ejerció la revocatoria directa
contra el mencionado acto administrativo, teniendo como fundamento el no
reconocimiento del bono pensional certificado por la Beneficencia del Valle.
Mediante Resolución 11552 de 2006 el fondo de pensiones negó el reconocimiento
de la pensión de vejez, aduciendo que sólo debe tenerse en cuenta el tiempo
cotizado de manera exclusiva ante el ISS conforme a lo indicado en el artículo
12 del Decreto 758 de 1990[4].
En esa medida, el fondo de pensiones indicó al ciudadano que debía
continuar cotizando hasta cumplir los requisitos establecidos en el artículo 9
de la ley 797 de 2003[5].
1.1.6.
Aduce el accionante
que en el año 2010, mediante Resolución 2431, le fue concedida la indemnización
sustitutiva contemplada en el artículo 37[6]
de la Ley 100 de 1993 para el régimen de prima media con prestación definida,
por un valor de $ 3.100.959.00 m/cte, dinero que según el petente recibió por
parte de dicha entidad. A lo anterior el accionante agrega que hasta ese
momento el ISS no había tenido en cuenta las semanas cotizadas por la
Beneficencia del Valle y que constan en el respectivo bono pensional.
1.1.7.
El 11 de noviembre
de 2014[7]
después de haber agotado los trámites administrativos ante el ISS hoy
Colpensiones, el señor Libardo Zuluaga Guasaquillo interpuso acción de tutela
en contra de dicho fondo de pensiones por considerar que esa entidad vulneró
sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, los derechos
adquiridos, al mínimo vital,  la irrenunciabilidad de beneficios mínimos y garantías
de la seguridad social y vida digna, así como el principio de favorabilidad,
por cuanto no reconoció su derecho a la pensión de vejez al no cumplir con los
requisitos exigidos por el Acuerdo 049 y Decreto 758 de 1990, que son:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o
cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización
pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las
edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de
cotización, sufragadas en cualquier tiempo.
1.1.8.
El señor Zuluaga
Guasaquillo pide que se le ordene a dicha entidad que expida un acto
administrativo en el cual le reconozca la pensión de vejez, por cuanto estima
que cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 758 de 1990.
1.1.9.
Afirmó que de no
ser reconocidas de manera definitivas sus pretensiones, subsidiariamente pide
que la acción constitucional proceda como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
1.1.10. Finalmente, señala que es una persona de avanzada edad
motivo por el cual es muy difícil acceder a un empleo. Así mismo, indica que
cuenta con un grado mínimo de escolaridad, que su esposa no ostenta los
recursos económicos y lo poco que recauda es por los servicios que presta en
casas de familia. Por lo anterior, advierte  que no posee recursos económicos
para sostener sus gastos y los de su familia.
1.2.
Respuesta de la
entidad accionada
1.2.1.
Colpensiones
Se desprende del fallo de primera instancia que la
entidad guardó silencio en relación con las pretensiones de la acción de
tutela.
1.3.
Fallos objeto de
revisión constitucional
1.3.1.
Primera
instancia
El Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad de
Cali dictó sentencia el 24 de noviembre de 2014. Allí consideró que la tutela
no era procedente porque no cumplía  con el requisito de inmediatez exigido,
debido a que no logró demostrar la causa que motivó el ejercicio tardío del  mecanismo
constitucional.
Así mismo, advierte que pese a ser el accionante un
sujeto de especial protección constitucional, no existe una vulneración de sus
derechos fundamentales, en la medida en que ésta no perdura en el tiempo.
Por lo expuesto, el Juzgado de instancia negó la
tutela ya que no cumple con el requisito de inmediatez, aunado a ello estimó
que el señor Zuluaga Guasaquillo cuenta con otros medios de defensa ordinarios.
1.3.2.
Impugnación
El 1 de diciembre de 2014 el accionante impugnó la
decisión adoptada, aduciendo que es sujeto de especial protección constitucional
por tener una avanzada edad y ser desempleado.
Señaló que la acción de tutela es procedente en la
medida en que su inactividad se encuentra justificada al no tener un empleo. En
esa medida advierte que no cuenta con los recursos económicos para sufragar los
gastos que acarrean los trámites para obtener el reconocimiento y pago de la
pensión de vejez pretendida.
Finalmente, indica que la vulneración a sus derechos
perdura en el tiempo pese a haber sido indemnizado, puesto que no se ha
reconocido la pensión de vejez. Igualmente, advierte que su situación de salud
y económica son precarias.
1.3.4.  Segunda instancia
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cali revocó la decisión adoptada en primera instancia. Para ello, consideró que
“debe concederse el amparo de los derechos al debido proceso y seguridad social
del señor Zuluaga Guasaquillo, pues resulta claro que los mismos resultaron
agredidos con la expedición de las Resoluciones No. 7672 de 2000 y No. 11552 de
2006. En todo caso se desconocen los derechos fundamentales al debido proceso y
la seguridad social, cuando los fondos de pensiones públicos o privados, omiten
evaluar en el caso concreto el cumplimiento de los requisitos establecidos en
la normatividad vigente para el reconocimiento y pago de las acreencias
pensionales.
La Colegiatura estimó que es procedente el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez, debido a que como lo ha sostenido
la Corte, es posible la acumulación de tiempos aportados en el sector público
como en el sector privado.  En esa medida, el Tribunal ordenó a Colpensiones
reconocer la pensión solicitada por el accionante.
1.4.    Pruebas
-
Copia simple de la
Resolución No. 007672 de 2000[8].
A través de este acto administrativo el ISS indicó que el accionante a 31 de
marzo de 1994 no se encontraba afiliado en esa institución, por lo cual no
podía ser beneficiario del régimen de transición así cumpliera con alguno de
los requisitos exigidos para ser beneficiario de este. Dicha entidad sostuvo
que el peticionario cumplía con el requisito de la edad por cuanto tenía 60
años, más no cumplía con las semanas requeridas por el artículo 12 del Decreto
758 de 1990, es decir 500 o 1000 según sea el caso, ya que según su historia
laboral solo reportaba 350 semanas cotizadas ante esa institución. Por lo
expuesto la entidad negó el reconocimiento de la pensión de vejez.
-
Copia simple de la
Resolución No. 11552 de 2006[9]
por medio de la cual se resuelve la solicitud de revocatoria directa del acto
administrativo que negó el reconocimiento de la prestación reclamada. Dicho
acto administrativo señaló que el accionante cumple con el requisito de edad
para acceder al reconocimiento de dicha prestación, sin embargo no llena el
requisito de las semanas requeridas para ser acreedor a la pensión de vejez,
debido a que no tenía cotizadas las 1075 semanas requeridas para el año 2006
por la Ley 797 de 2003. Adicionalmente, dicha entidad informa que el artículo
12 del Decreto 758 de 1990 exige que las cotizaciones deben hacerse de manera
exclusiva ante ISS, por lo que no procede la sumatoria de los tiempos cotizados
en el sector público como en el privado. En esa medida confirma la Resolución
precedente.
-
Copia simple de la
Historia Laboral del ISS[10].
En este documento se logra constatar que el trabajador cotizó 342 semanas ante
esa institución, lo que a juicio de la accionada no es suficiente para acceder
al reconocimiento de la prestación de vejez.
-
Copia simple de la
Certificación laboral expedida por la Beneficencia del Valle del Cauca[11]. Este documento
refleja los periodos aportados por el empleador, comprendidos entre el 15 de
enero de 1970 hasta el 30 de noviembre de 1981 de los cuales se hace
responsable la mencionada entidad. De otro lado el periodo comprendido entre el
1 de diciembre de 1981 al 28 de julio de 1982 fue cotizado por esa entidad
estatal al Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones.
-
Copia simple de apartes
de la Historia Clínica[12].
Dicha prueba señala que el accionante padece de trastorno de la refracción no
especificada (H527), Hipertensión esencial (primaria), catarata senil
incipiente y arterioesclerosis moderada de miembros inferiores sin placas
significativas. Conforme a las patologías diagnosticadas.
-
Copia simple de la
cédula de ciudadanía[13].
Dicha prueba establece la fecha de nacimiento del accionante la cual
corresponde al 18 de febrero de 1937. Por tanto, la Sala concluye que en la
actualidad la edad del accionante es de 78 años.
Cabe anotar, que del acervo probatorio se desprende que
hay más semanas cotizadas que las indicadas por el mismo accionante. En esa
medida el número cotizado de semanas aportadas por la beneficencia y que
certifica en el bono pensional emitido en favor del señor Zuluaga Guasaquillo
corresponde a 618.71; no obstante el tiempo cotizado en el ISS equivale a
384.71 semanas, para un total de 1003.42 semanas.
2.
Expediente T-
4.855.657
2.1.
Hechos
relevantes
2.1.1. El señor Sanabria se vinculó como conductor a la
empresa Procesadora de Arroz S.A., a través de contrato laboral a término
indefinido desde el 22 de junio de 1991 hasta el 19 de febrero de 2010.
2.1.2. El salario que devengaba era el mínimo, por cuanto su
última remuneración fue de quinientos quince mil pesos moneda corrientes
($515.000 m/cte.) correspondiente al salario mínimo del año 2010.
2.1.3. Advierte, que desde el 22 de julio de 1990 y hasta el
19 de febrero de 2010, el empleador estaba en la obligación de realizar los
aportes al fondo de pensiones como lo ordena la ley. En caso de que el
empleador incumpliera su obligación, le asiste al fondo de pensiones la
obligación de requerir al empleador para obtener el pago de los aportes
adeudados.
2.1.4. El 30 de julio de 2013 el señor Sanabria solicitó ante
Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de vejez.
2.1.5. El 7 de septiembre de 2013, mediante Resolución 229637
negó el reconocimiento y pago de la prestación solicitada, porque el
peticionario no logró acreditar los presupuestos mínimos para que le fuera
reconocida dicha pensión. Así las cosas, determinó que el accionante solo
contaba con 1.023 semanas y 61 años de edad, lo cual no lo hacía acreedor del
beneficio pretendido de acuerdo a lo exigido en artículo 9 de la Ley 797 de
2003, es decir:
“Requisitos para obtener la Pensión de
Vejez. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir
las siguientes condiciones:
1.
Haber cumplido
cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es
hombre. A partir del 1° de enero del año 2014 la edad se incrementará a
cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años
para el hombre.
2.
Haber cotizado
un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. A partir del 1° de enero
del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1° de
enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el
año 2015.”
2.1.6. Esta determinación fue recurrida por el solicitante, el
24 de febrero de 2014. Mediante Resolución 55470, Colpensiones decidió
confirmar en todos su apartes la Resolución  229637 de septiembre de 2013. La
decisión se fundamentó en que el señor Sanabria acreditaba 1.068 semanas y que
para ese entonces contaba con 61 años, lo cual no lo hace acreedor del status
de pensionado, puesto que no cumple con los requisitos mínimos de semanas de
cotización y edad de acuerdo al año respectivo conforme a las reglas
establecidas en la Ley 797 de 2003.
2.1.7. Denota el accionante que el informe de semanas cotizadas
emitido por Colpensiones, registra periodos por cotizar como lo son los meses
de octubre de 1998, septiembre y octubre de 1999 y mayo de 2000. De ello, la
entidad accionada indicó que los pagos fueron imputados a otras cotizaciones
debido a que no fueron realizados en término.
2.1.8. El 22 de diciembre de 2014, el señor Jorge Eliecer
Sanabria, mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra
Colpensiones[14]
por considerar que vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, a
la vida, a la dignidad humana, al mínimo vital, al debido proceso  y a la  igualdad.
Solicitó que se ordene a Colpensiones que
mediante resolución emitida a su favor reconociera la pensión de vejez,
teniendo en cuenta que cumple la edad exigida para ser beneficiario del régimen
de transición.
Por último, señala que se ordene a la
mencionada entidad pagar el retroactivo de la mesada pensional.
2.1.9. Advierte el apoderado del accionante que su mandante
se encuentra en una situación económica difícil, además de que no cuenta con
empleo debido a que tiene 62 años. En suma, el accionante solicita que le sea
reconocida la pensión de vejez, puesto que a su juicio cumple a cabalidad con
los requisitos de ley para obtener dicho beneficio.
2.2.
Respuesta de las
entidades accionadas
2.2.1. Procesadora de Arroz S.A.
El 6 de enero de 2015, la empresa mencionada
y cuyo nombre en la actualidad es Zoom Constructora contestó la acción de
tutela interpuesta por el señor Sanabria. La accionada adujo que no es
responsable de los hechos alegados en la tutela, puesto que dio cabal
cumplimiento a los pagos a los cuales estaba obligado como empleador
(cotizaciones). En esa medida, advierte que no se encuentra en mora y de
haberla, Colpensiones se allanó a ella puesto que no requirió a la sociedad
para que realizara los pagos. En relación con el reconocimiento de la pensión
de vejez, advierte que le corresponde a Colpensiones y no a ella.
2.2.2.
Colpensiones
Esta entidad pese haber sido notificada en término, no
se pronunció sobre las pretensiones de la acción de tutela.
2.3.
Fallo objeto de
revisión constitucional
El 7 de enero de 2015, el Juzgado Primero de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio dictó sentencia dentro del
caso sub examine. En dicha providencia consideró que la acción de tutela
no debe prosperar puesto que la petición de reconocimiento de la pensión de
vejez fue resuelta de fondo en una Resolución 229637 de 2013, en la cual se
negó la mencionada prestación económica. No obstante, ese acto administrativo
fue recurrido por lo que se dictó una nueva resolución en la cual se confirma
la decisión negativa.
Advierte que la decisión adoptada se basó en
argumentos de índole fáctico que impedían reconocer la pensión, dentro de ellos
se encuentra la insuficiencia en el número de semanas cotizadas.
De otro lado, consideró el despacho que no pueden
ventilarse a través de la acción de tutela los planteamientos hechos por el
accionante, máxime cuando existen cuestiones por resolverse que están
relacionadas de manera directa con la pretensión del actor.
Adujo el juzgador de instancia, que el accionante
debió haber argumentado y probado los motivos por los cuales ejercitó la acción
de tutela cuando contaba con otros medios ordinarios de defensa judicial, como
las acciones ante la jurisdicción laboral.
Finalmente, el Despacho decidió no amparar los
derechos fundamentales del señor Sanabria, en la medida en que el juzgador no evidenció
afectación alguna de los mismos.
2.4.
Pruebas
-       Poder para actuar[15].
-       Certificación laboral emitida por la
sociedad Procesadora de Arroz S.A.[16].
este documento permite establecer que el accionante laboró para esa sociedad
desde el 22 de julio de 1991 hasta el 19 de febrero de 2010.
-       Copia del formato de solicitud de
prestaciones económicas de Colpensiones[17].
Con este documento el accionante formalizó la solicitud de pensión de vejez
ante el fondo de pensiones al cual cotizó.
-       Resolución GNR 229637 del 7 de septiembre
de 2013[18].
Mediante este acto administrativo le fue negado el reconocimiento de la pensión
de vejez al accionante por parte de Colpensiones. El fondo de pensiones adujo
que no procedía el reconocimiento de la prestación solicitada puesto que el
señor Sanabria solo acreditó 1023 semanas las cuales no eran suficientes con
base en lo señalado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003[19].
-       Resolución GNR 55470 de 24 de febrero de
2014, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto
contra la resolución GNR 229637 de 2013[20].
Allí la accionada indicó que el accionante no es beneficiario del régimen de
transición en la medida en que no cumplía con los requisitos exigidos por el
Acto Legislativo 01 de 2005 ya que al 25 de julio de 2005 tenía cotizadas 747
semanas de las 750 requeridas por esa norma. Así las cosas, el mencionado acto
administrativo ratificó lo decidido por el acto precedente en tanto que el
accionante tiene acreditadas 1068 semanas laboradas, que cuenta con 61 años de
edad y al no cumplir dichas exigencias para continuar siendo beneficiarios del
régimen contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,  debe cumplir los
requisitos exigidos en la Ley 797 de 2003.
-       Copia de la respuesta a la solicitud de 20
de diciembre de 2013 por parte de Colpensiones[21].
En este escrito, el fondo de pensiones informó al accionante sobre la
corrección de su historia laboral. Dicha entidad señaló las posibles causas que
pudieron originar dichas inconsistencias, (i) la posibilidad de que el número
de la cédula del accionante se hubiere registrado mal, (ii) eventualmente el
empleador efectuó el pago de los aportes, pero no envió el medio magnético en
donde detalla los datos de los trabajadores y los valores aportados por cada
uno de ellos, finalmente (iii) el empleador no realizó el pago, lo cual tiene como
solución su realización.
-       Resumen de semanas cotizadas por el
empleador suministrado por Colpensiones[22].
Con este documento se logra evidenciar que el accionante cuenta a 11 de julio
de 2014 con 1085 semanas cotizadas. En igual sentido, se constata que los
periodos correspondientes a octubre de 1998, septiembre y octubre de 1999 y
mayo de 2000, no se reportan cotizaciones.
-       Pagos de aportes a pensión realizados en
favor de Colpensiones[23].
3.  Actuaciones en sede de revisión
Producto del análisis de los expedientes allegados,
este Despacho encontró la necesidad de verificar ante Colpensiones la
actualidad de los hechos que motivaron la interposición de las acciones de
tutela bajo análisis.
En esa medida, se consultó la base de datos de dicho
fondo de pensiones haciendo uso de los documentos de identidad de los
accionantes y como resultado arrojó:
1.
El señor Libardo
Zuluaga Guasaquillo (Exp. T- 4.853.217) ya se encuentra incluido en nómina de
pensionados a partir de junio de 2015, como consta en la certificación de
pensión[24]
descargada en la página web de Colpensiones el 2 de junio de 2015, en la que se
indica: “revisada la nómina de pensionados de la Administradora Colombiana
de Pensiones COLPENSIONES, al señor (a) LIBARDO ZULUAGA GUASAQUILLO identificado
(a) con cédula de ciudadanía 2442185, con Número de Afiliación: 902442185100,
esta Administradora mediante resolución 161001 de 2015 le concedió la pensión
de VEJEZ, registrando fecha de ingreso a nómina junio de 2015. Que para
la NOMINA de junio de 2015 (…)”.
2.
Así mismo, el Despacho
logró constatar que Colpensiones mediante la resolución GNR 161001 del 1 de
junio de 2015 reconoció al señor Zuluaga Guasaquillo la pensión de vejez
pretendida, dando cumplimiento al fallo de la Sala Civil del Tribunal Superior
de Cali. Con base en lo anterior, el fondo de pensiones determinó que el accionante
cotizó 995 semanas, Así mismo, señaló que las decisiones nugatorias que
precedieron a la de reconocimiento, no tuvieron en cuenta el tiempo comprendido
entre el 15 de enero de 1970 a 30 de noviembre de 1981 que se encontraba a
cargo de la Beneficencia del Valle y con las cuales se acreditan 611 semanas. Igualmente
que cuenta con 350 semanas cotizadas en Colpensiones.
No obstante, al haber sido reconocida la indemnización
sustitutiva al accionante por parte del fondo de pensiones en el año 2010, el
primero debe reintegrar el dinero pagado bajo el argumento de que no puede
haber más de una asignación que provenga del tesoro público, así las cosas el
valor a devolver es de $ 3.592.355.00.
En esa medida, advierte que si bien no cumple con los
requisitos para acceder a la pensión de vejez conforme al Decreto 758 de 1990,
la sentencia emitida por el Tribunal de Cali sostiene que con base en la
jurisprudencia constitucional es procedente la acumulación de tiempos tanto en
el sector privado como en el público, en esa medida procede el reconocimiento
de  la pensión de vejez, haciendo uso del principio de favorabilidad. Así las
cosas, dicha entidad concedió el disfrute de la prestación de vejez  a partir
del 1 de junio de 2015.
3.
De otro lado, se
verificó la situación pensional del señor Jorge Eliecer Sanabria (T-
4.855.657), la cual arrojó como resultado que se encuentra como  usuario activo
cotizante.
4.
Mediante Auto de 5 de
junio de 2015 el Despacho del Magistrado sustanciador dispuso:
“Primero: ORDENAR a
Colpensiones[25]
que en el término de dos (2) días, contados a partir de la notificación de este
proveído, allegue la Resolución No. 161001 de 2015 por medio de la cual
reconoció la pensión de vejez al señor Libardo Zuluaga Guasaquillo. Así mismo
indique cual es el estado actual de la situación pensional del accionante.
Segundo: ORDENAR a Colpensiones[26] que en
el término de dos (2) días contados a partir de la notificación de este auto, informe:
(i)
¿Cuál es el
estado actual del recurso de apelación interpuesto por el señor Jorge Eliecer
Sanabria contra la Resolución 229637 de 7 de septiembre de 2013 y enviado al
superior jerárquico conforme se manifestó en la Resolución GNR 55470 de 24 de
febrero de 2014?
Tercero:
ORDENAR a la Procesadora de Arroz S.A. en la actualidad Zoom Constructora[27]
que informe:
(i)
¿Cuáles fueron los extremos de la relación laboral que sostuvo con
el señor Jorge Eliecer Sanabria?
(ii)
En relación con los aportes a pensión realizados, señale si los
correspondientes a los meses octubre de 1998, septiembre y octubre de 1999 y mayo de 2000 fueron
efectuados. si cuenta con los documentos que permitan acreditar dicho pago,
allegarlos al Despacho.”
4.1.    En
respuesta al mencionado proveído, el 18 de junio de 2015 la Procesadora de
Arroz S.A. mediante correo electrónico señaló que:
4.1.1. En lo que
atañe a los extremos de la relación laboral, la sociedad empleadora  refirió
que el señor Sanabria laboró para ella desde el 22 de julio de 1991 hasta el 19
de febrero de 2010.
4.1.2. En lo que
atañe a los meses dejados de cotizar, dicha empresa sostuvo que los aportes
correspondientes a los meses de octubre de 1998, septiembre y octubre de 1999 y
mayo de 2000, fueron efectuados en debida forma por su parte. Así mismo, señaló
que el fondo de pensiones  nunca lo requirió para el pago de dichos aportes,
por lo cual actuó de manera legal y dio cumplimiento a sus obligaciones como
empleador.
4.2.    En
escrito allegado a esta a la Secretaría General de este Tribunal el 8 de julio
de 2015, Colpensiones dio respuesta al Auto de 5 de junio de 2015.
4.2.1. En lo que
respecta al señor Libardo Zuluaga Guasaquillo, el fondo de pensiones señaló
que: “Como consta en el certificado pensional de la Gerencia Nacional de
Nomina de Pensionados de Colpensiones el señor Libardo Zuluaga Guasaquillo
identificado con cédula de ciudadanía 2444185, mediante Resolución GNR 161001
del 1 de junio de 2015 se le concedió pensión de vejez por un valor de
$644.350, con fecha de ingreso a nómina desde el mes de junio de 2015. (…) Es
importante mencionar que a la fecha el accionante no tiene trámites pendientes
ante Colpensiones (…)”.
4.2.2. Con relación
al señor Jorge Eliecer Sanabria, señala que el recurso de apelación contra la
Resolución 229637 de 2013 se desató mediante Resolución VNP 1449 del 16 de
enero de 2015. Dicho acto administrativo sostuvo que:
“(…) el (la) asegurado (a) no acredita 750
semanas con anterioridad al 25 de julio de 2005, razón por la cual NO conserva
el régimen de transición, toda vez que al 25 de julio de 2005, tan solo contaba
con 747 semanas de cotización. (…)
(…) En consideración a lo anterior y
teniendo en cuenta que el Régimen de Transición es una protección que se les
otorga a las personas que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se
encontraban próximas a pensionarse, de manera que pudieran conservar el régimen
que se les venía aplicando hasta el momento y en virtud de que la fecha de
inicio de cotizaciones del señor SANABRIA JORGE ELIECER, al sistema general de
pensiones corresponde al 27 de julio de 1990, se concluye que este estuvo
contemplado bajo los lineamientos del Decreto 758 de 1990 y pero la prestación
no puede ser evaluada bajo los preceptos del artículo 12 del mimo decreto toda
vez que el SANABRIA JORGE ELIECER, no conserva el régimen de transición
establecido en Acto Legislativo 01 del 25 de julio de 2005 (…)
(…) Que teniendo en cuenta que el (la)
asegurado (a) no conserva el régimen de transición por no acreditar las 750
semanas de cotización con anterioridad al 25 de julio de 2005, el estudio de la
prestación deberá realizarse a la luz de lo establecido en la Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 797 de 2003, que señala como requisitos para acceder a la
pensión de vejez:
Que por ende es procedente efectuar el
estudio sobre los principios y requisitos de la ley 797 de 2003.
Artículo  9°.  El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo 33. Requisitos para obtener la Pensión de
Vejez. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir
las siguientes condiciones:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55)
años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre. A partir del 1° de
enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de
edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000)
semanas en cualquier tiempo. A partir del 1° de enero del año 2005 el número de
semanas se incrementará en 50 y a partir del 1° de enero de 2006 se
incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015. (…)
(…) Que en consideración a lo anterior, el
(a) peticionario (a) asegurado SANABRIA JORGE ELIECER, logra acreditar en el
requisito de la edad pero no logra acreditar el requisito mínimo de semanas
cotizadas, como vemos, razón por la cual se niega el recurso presentado. (…)”.
II.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
Esta Sala de revisión es competente para revisar los
fallos de tutela mencionados, de conformidad con lo previsto en los artículos
86 y 241 de la Constitución Política y el Decreto Estatutario 2591 de 1991.
2.
Problema
jurídico
La Sala advierte que son dos los problemas jurídicos a
resolver producto del análisis de los casos bajo examen.
En esa medida, en el primero de los casos (Exp. T- 4.853.217) la Sala debe constatar
si Colpensiones vulneró los derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad,
al mínimo vital y a la seguridad social del accionante, al no permitir la
acumulación de los tiempos cotizados tanto en el sector público como en el
sector privado, aduciendo que el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 exige que solo
serán tenidos en cuenta los aportes que se hagan de manera exclusiva ante el
Instituto de los Seguros Sociales -ISS-.
De otro lado, en el caso restante (T- 4.855.657) la
Corte deberá verificar si Colpensiones vulneró los derechos fundamentales a la
vida digna, a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social del señor
Jorge Eliecer Sanabria, al negarle el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez con base en los requisitos
establecidos en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por medio del Decreto 758 de
1990, porque considera que el actor dejó de ser beneficiario del régimen de
transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que al
momento de entrar en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005 (25 de julio de
2005), éste no contaba con más de setecientas cincuenta (750) semanas cotizadas
al sistema general de pensiones.
Para corroborar si a los accionantes les asiste el
derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la Sala abordará los
siguientes ejes temáticos: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela
para el reconocimiento y pago de prestaciones sociales; (ii) carácter
fundamental del derecho a la seguridad social; (iii) pensión de vejez en el
Sistema previsto por la Ley 100 de 1993; (iv) régimen de transición contemplado
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de la pensión de
vejez; (v) régimen pensional vigente antes de la expedición de la Ley 100 de
1993 para los afiliados al Instituto de Seguros Sociales; (vi) acumulación de
semanas cotizadas tanto en el sector público como en el sector privado; (vii) conflictos
administrativos entre el empleador y el fondo de  pensiones que no deben poner
en riesgo los derechos del trabajador y afiliado; (viii) análisis de los casos
concretos.
3.  Procedencia excepcional de la acción de
tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones sociales. Reiteración
jurisprudencial
3.1.    De manera constante, esta Corporación ha
indicado que pese al carácter fundamental que permea al derecho a la seguridad
social y su protección mediante la acción de tutela, este mecanismo es por
regla general improcedente para obtener el reconocimiento de derechos
pensionales dado el carácter excepcional y residual del mecanismo
constitucional.
3.2.    Aunado a lo anterior, la jurisprudencia
constitucional y el Decreto Estatutario 2591 de 1991 en su artículo 6[28] han sido precisos en
indicar, el carácter excepcional de dicha acción, por lo cual solo es
procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
teniendo en cuenta que este no puede sustituir a los mecanismos de defensa ordinarios
con los que cuenta el accionante.
3.3.    Sin embargo, este Tribunal ha admitido dos
excepciones a la regla general indicada la cuales se configuran cuando: (i) el
amparo es promovido como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable y, (ii) como mecanismo principal, cuando se constate que
existiendo otro mecanismo de defensa judicial éste no sea idóneo ni eficaz para
la protección de los derechos fundamentales[29].
3.4.    Así, cuando la acción de tutela se
interpone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, se
está haciendo referencia al: “grave e
inminente detrimento de un derecho fundamental, que deba ser contrarrestado con
medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergables”[30].
3.5.    En igual sentido, esta Corporación ha fijado
las características que comporta el perjuicio irremediable. Así en sentencia
T-1316 de 2001 se dijo: “En primer lugar, el
perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable
grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación
jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades
del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto
es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la
consumación de un daño antijurídico irreparable.”.
3.6.    Por otro lado, en cuanto a la segunda excepción
en que procede la acción de tutela, es decir cuando el afectado cuenta con otro
mecanismo judicial, el Tribunal ha sostenido que el juez constitucional debe:
“analizar la eficacia e idoneidad de
las acciones judiciales ordinarias a la luz de las circunstancias particulares
en que se encuentre el solicitante. Lo anterior con el fin de concluir si el
amparo desplaza los medios de defensa existentes en la jurisdicción laboral y
contenciosa. En ese sentido, la Corte ha identificado ciertos elementos que
permiten afirmar que el amparo es procedente, como son: i) el estado de salud
del solicitante; ii) el tiempo que la autoridad pensional demoró en desatar el
procedimiento administrativo; iii) la edad del peticionario; iv) la composición
del núcleo familiar del mismo, verbigracia el número de personas a cargo, o si
ostenta la calidad de cabeza de familia; v) el potencial conocimiento de la
titularidad de los derechos, al igual que las acciones para hacerlos valer; y
vi) las circunstancias económicas del interesado, análisis que incluye el
promedio de ingresos frente a los gastos, el estrato socioeconómico y la
calidad de desempleo.”
Adicionalmente, cabe
destacar que cuando las personas que ejercen la acción de tutela se encuentran
en una situación de debilidad manifiesta (avanzada edad, discapacidad,
desempleo, entre otros)  frente a los demás integrantes del conglomerado, los
requisitos de procedibilidad de la acción deberán flexibilizarse en atención al
principio de igualdad y a la protección reforzada que ostentan dichos
individuos
En igual sentido, la Corte ha sostenido que la debilidad
manifiesta del interesado  no es suficiente  para observar la viabilidad de la
acción constitucional en materia pensional. Es por ello que la jurisprudencia
ha creado algunas reglas que debe valorarse junto con la situación de debilidad
del accionante y así determinar la procedencia de la acción de tutela. Los
parámetros establecidos consisten en:
“a. Que la falta de pago de la prestación o su disminución,
genere un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular
del derecho al mínimo vital,
b Que el accionante haya desplegado cierta actividad
administrativa y judicial con el objetivo de que le sea reconocida la
prestación reclamada.
c. Que se acredite siquiera sumariamente, las razones por las
cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección
inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados y
d. Que exista “una mediana certeza sobre el
cumplimiento de los requisitos de reconocimiento del derecho reclamado”[31].
En conclusión, la acción de tutela es procedente para la
reclamación de las prestaciones económicas en materia laboral como es el caso
de las pensiones, en la medida en la falta de reconocimiento y pago de esta,
afecte de manera directa derechos fundamentales diferentes a la seguridad
social, como lo son la vida digna o el mínimo vital.
4.
Carácter
fundamental del derecho a la seguridad social. Reiteración jurisprudencial
4.1.     La Constitución Política en su artículo 48
contempla la seguridad social como un derecho así como un servicio público de
carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control
del Estado, y con observancia de los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad.
4.2.    Igualmente la Ley 100 de 1993[32] catalogó este derecho
como un servicio público esencial en lo relacionado con el sistema de salud y
el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales. En esa medida, lo que
busca este derecho es “mitigar las consecuencias
propias de la desocupación, la vejez y la incapacidad de las personas, que
garantiza consigo mismo el ejercicio de otros derechos fundamentales, tales
como el derecho a la vida, la dignidad humana y el mínimo vital.”[33].
4.3.    De otro lado, debe señalarse que según la
ubicación en la Constitución, este derecho se considera como los denominados de
segunda generación. Sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación ha
dejado de reconocerlo como un derecho social, en el entendido que: “todos los derechos constitucionales son fundamentales, pues se conectan de manera directa con los valores
que los Constituyentes quisieron elevar democráticamente a la categoría de
bienes especialmente protegidos por la Constitución”[34].
4.4.    Sobre el particular la jurisprudencia constitucional ha
indicado que, inicialmente, los derechos fueron clasificados en razón a los
procesos históricos que dieron origen a los llamados derechos civiles y políticos y
a los derechos
económicos, sociales y culturales. Así, los primeros “buscaban
principalmente proteger al individuo en su autonomía, estableciendo
obligaciones negativas o de no hacer a los Estados (no detener a una persona
arbitrariamente); por dicho carácter negativo se entendió que estos derechos
eran totalmente justiciables y exigibles, por ende, fundamentales”.
En lo que corresponde a  los segundos “apuntaban a la protección de la sociedad frente a ciertas
necesidades y contingencias de la vida humana e imponían a los Estados
obligaciones positivas o de hacer (establecer la prestación del servicio de
salud para todos los habitantes), implicando estos, entre muchas otras
acciones, la asignación de partidas presupuestales para su realización,
condición que les situó como derechos prestacionales, programáticos, no
justiciables ni exigibles, en consecuencia no fundamentales”[35].
4.5.    Por lo anterior, la primera tesis utilizada por este
Tribunal fue la relacionada con “la improcedencia general de la acción de tutela para la
protección de los derechos sociales, por no ser ellos fundamentales”[36].
Sin embargo, luego de reconocer las dificultades que implicaba dicha
categorización,  fue reconocida la segunda tesis conocida como la
protección por conexidad de los derechos de segunda generación, en el entendido
que estos podían ser amparados a través de la acción de tutela “cuando se lograra demostrar
un nexo inescindible entre los derechos de orden prestacional y un derecho
fundamental”[37].
4.6.    Posteriormente, la doctrina y la jurisprudencia
constitucional reconocieron que las obligaciones positivas y negativas se
encuentran en cualquier tipo de derecho, sin importar la categoría o
clasificación que ostente, razón por la cual ahora se entiende que “el carácter fundamental de
un derecho lo otorga su consagración en la Constitución Política Colombiana,
debido a que todos los allí consignados son fruto del desarrollo de los
principios y valores en que se funda este Estado Social de
Derecho, razón por la cual la distinción que otrora se realizó hoy resulta
inocua”[38]
4.7.    En ese entendido, debe señalarse que el carácter
prestacional del derecho a la seguridad social no lo excluye de su
reconocimiento como fundamental, bajo la idea de que cualquier derecho
consagrado en la Carta Política, sin distinción, ostenta esa calidad. Como
componente de este derecho la Sala hará mención a la pensión de vejez, como
una de las formas a través de las cuales se busca proteger a quienes, con
ocasión de la disminución de producción laboral, se encuentran imposibilitados
para obtener por su cuenta los medios necesarios para su subsistencia en
condiciones dignas; específicamente, se recordará la jurisprudencia referente
al régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993.
5.
La pensión de
vejez en el Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993.
5.1.
Según lo preceptuado en
el artículo 48 de la Constitución Política, el derecho a  la Seguridad Social
tiene una doble connotación; de un lado es un servicio público obligatorio, y
de otro es un derecho irrenunciable al que pueden acceder todos los habitantes
del territorio nacional.[39]
5.2.
En desarrollo del
mencionado artículo, el legislador diseñó el Sistema Integral de Seguridad
Social, el cual se materializó en la expedición de la Ley 100 de 1993; dicho
cuerpo normativo derogó los regímenes pensionales existentes para ese momento,
y los integró en uno sólo de carácter general. Este quedó
compuesto por  (i) los regímenes generales de pensiones (régimen de prima media
con prestación definida administrada por el ISS y el régimen de ahorro
individual con solidaridad regentado por las administradoras de fondos de
pensiones privadas), (ii) salud y riesgos profesionales y (iii) servicios
complementarios.
5.3.
En lo que respecta al
régimen de prima media con prestación definida, el artículo 31 de la Ley 100 de
1993 estableció las diferentes prestaciones a las que pueden acceder sus
afiliados y entre ellas se establecieron diferentes tipos de pensión de
naturaleza legal: (i) de invalidez; (ii) de vejez; y (iii) de sobrevivientes.
Así mismo, se estableció que los “aportes de los afiliados y sus
rendimientos forman un fondo común de naturaleza pública, con el cual se
garantiza el pago de las prestaciones causadas, el cubrimiento de los gastos de
administración y la adopción de reservas legales.” La administración de
este régimen se encuentra actualmente en manos del Instituto de Seguros
Sociales.
5.4.
De esta manera, el
derecho a la pensión de vejez aparece como parte integral del derecho a la
seguridad social y tiene como fin proteger a las personas que debido a su edad,
encuentran mermada su capacidad laboral, lo que les dificulta o impide obtener
los recursos económicos necesarios para disfrutar de una vida digna[40].
5.5.
Por ello, el artículo
10° de la Ley 100 de 1993 establece como objeto del Sistema General de
Pensiones, “garantizar a la población, el amparo contra las contingencias
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de
las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley, así como
propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de
población no cubiertos con un sistema de pensiones.”
5.6.
En conclusión, la ley
100 de 1993 integró y unificó los regímenes pensionales que existían para la
fecha de su expedición; para ello fue necesario derogarlos y compilarlos en un
solo cuerpo normativo. Sin embargo, después de su entrada en vigencia, el 1° de
abril de 1994, algunas normas reguladoras de pensiones quedaron vigentes, tales
como el Decreto 546 de 1971, la Ley 33 de 1985, la Ley 71 de 1988 y el Decreto
758 de 1990, entre otras, sólo para aquellas personas que conforme a lo
establecido en el artículo 36 de la referida ley, fueran beneficiarios del
régimen de transición.
6.
El régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
6.1.
Como se anotó
anteriormente, la Ley 100 de 1993 derogó los regímenes pensionales que existían
previamente a su expedición y los compiló en el Sistema General de Pensiones.
No obstante, ante la necesidad de salvaguardar las expectativas legítimas de
quienes no habían consolidado su derecho a una pensión, pero que se encontraban
próximos a cumplir con los requisitos para acceder a la misma, el legislador
estableció un régimen de transición, con el fin de protegerlos frente a una
afectación desmesurada de sus garantías prestacionales.
6.2.
Al respecto, esta
Corporación definió el régimen de transición, en materia  pensional, como “un
mecanismo de protección para que los cambios producidos por un tránsito
legislativo no afecten desmesuradamente a quienes, si bien no han adquirido el
derecho a la pensión, por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen
una expectativa legítima de adquirir ese derecho, por estar próximos a cumplir
los requisitos para pensionarse, en el momento del tránsito legislativo.” [41]
6.3.
La Ley 100 de 1993,
consagró en su artículo 36, las condiciones para acceder a la transición
pensional. Según esta preceptiva, la edad para consolidar el derecho a la
pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas para
el efecto y el monto de la misma, serán las establecidas en el régimen anterior
al cual se encontraban afiliadas las personas que al momento de entrada en
vigencia del Sistema General de Pensiones (1° de abril de 1994), tuvieran la
edad de treinta y cinco (35) años en el caso de las mujeres; o cuarenta años
(40) o más en el caso de los hombres; o que, indistintamente, tuvieren quince
(15) o más años de servicios.
Al respecto la disposición en comento dispuso:
“ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez,
continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para
los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos
años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez,
el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la
pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el
Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o
cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de
servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se
encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente Ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de
vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de
diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si
este fuere Superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice
de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
(…)”
6.4.
Cabe señalar que esta
Corporación en sentencia SU-130 de 2013 indicó que no es menester cumplir con
los dos requisitos exigidos por la ley 100 de 1993 para ser beneficiario del
régimen de transición, basta con que se cumpla con la edad, en el caso de la
mujeres 35 años o más y en de los hombres 40 o más o tener 15 años cotizados al
sistema. Al respecto sostuvo:
“Conforme con lo anterior, para ser beneficiario o sujeto del régimen de
transición pensional y así quedar exento de la aplicación de la Ley 100/93 en
lo referente a la edad, el tiempo y el monto de la pensión de vejez, no se
requiere cumplir paralelamente el requisito de edad y el de tiempo de servicios
cotizados, sino tan solo uno de ellos, pues la redacción disyuntiva de la
norma así lo sugiere. Cabe precisar que la excepción a dicha regla se refiere
al sector público en el nivel territorial, respecto del cual la entrada en
vigencia del SGP es la que haya determinado el respectivo ente territorial
(L.100, art. 151).” (subrayado fuera del texto original)
6.5.
De esta manera, los
requisitos que los beneficiarios del régimen de transición deben cumplir para
que se cause su derecho a la pensión, en lo que respecta a la edad y al tiempo
de servicio, deben ser los consagrados en la legislación previa  a la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993, al cual se encontraban afiliados, según cada
caso particular. Esta garantía es extensible sólo a quienes se encuentran
adscritos al régimen de prima media con prestación definida, en tanto la
normativa pensional anterior a la ley de seguridad social era similar a éste;
por tanto, no es aplicable a las administradoras de fondos de pensiones que
manejan el ahorro individual con solidaridad, toda vez que antes de la Ley 100
de 1993 no existían sistemas pensionales estructurados sobre la posibilidad de que
los cotizantes acumularan un ahorro de capital, que permitiera la consolidación
del derecho a la pensión.
7.
Régimen
pensional vigente antes de la expedición de la Ley 100 de 1993 para los
afiliados al Instituto de Seguros Sociales.
7.1.
Uno de los regímenes
existentes antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 era el
estipulado en el Acuerdo 049 del 1° de febrero de 1990, “por el cual se
expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez
y Muerte”, emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios y
aprobado por el Decreto Reglamentario 758 del mismo año, cuyo artículo 12
dispuso lo siguiente:
“ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR
VEJEZ. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es
varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de
cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al
cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de mil (1.000)
semanas de cotización sufragadas en cualquier tiempo.”
7.2.
En consecuencia, las
personas que ahora se encuentran afiliadas al régimen de prima media con
prestación definida, que son beneficiarios del régimen de transición y cuyas
cotizaciones fueron efectuadas únicamente a dicho instituto, tienen derecho a
que, para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, la misma sea
estudiada, respecto a la edad, tiempo de servicio y monto, de conformidad con
los requisitos fijados en el Acuerdo 049 de 1990[42].
7.3.
No obstante, como
algunas personas no contaban con ese número de semanas de cotización al Seguro
Social, con el fin de obtener el total requerido en la norma solicitaban que les
fuera sumado el tiempo laborado en entidades públicas cotizado en las cajas o
fondos de previsión. De esa manera, surgió el debate de si era posible acumular
semanas de cotización en entidades públicas y privadas, el cual ha sido
decantado por la jurisprudencia constitucional bajo el análisis de dos
interpretaciones que nacen de la aplicación de la norma:
7.3.1. Una de ellas es la sostenida por el Instituto de
Seguros Sociales, según la cual los beneficiarios del régimen de transición
deben haber cotizado todo el tiempo de servicios exigido por la ley
exclusivamente a esa entidad, sin que sea posible acumular las semanas
aportadas a otros fondos o cajas de previsión social, públicas o privadas. La
razón se encuentra fundamentada en los siguientes argumentos:
(i)
El Acuerdo 049 de 1990 “fue
expedido por el Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, para
regulación exclusiva de las prestaciones reconocidas por ese Instituto”;
(ii)
En el referido Acuerdo
no se contempla la posibilidad de acumular semanas cotizadas a otras entidades,
“pues para ello existían otros regímenes, como la Ley 71 de 1988, que
estableció la pensión por aportes (exigiendo para ello 20 años de aportes y las
edades de 55 o 60 años, según se ha indicado en razón al sexo)”; y
(iii)
El requisito contenido
en el literal “b” del artículo 12 del acuerdo, esto es, 500 semanas cotizadas
en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad para pensionarse, “fue
en su momento un tipo de transición, para que los empleadores privados
afiliaran a sus trabajadores más antiguos, a quienes no se había concedido
pensión, a fin de que cotizaran en el ISS, por lo menos 10 años, y se les fuera
concedida una pensión de jubilación”[43].
En virtud de esta interpretación, el interesado en la
acumulación de tiempos de servicio tanto del sector público como del privado,
perdería los beneficios del régimen de transición en tanto para ello debería
acogerse en su integridad a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, normatividad
que sí permite ese tipo de acumulación.
7.3.2.
Por otro lado, una
segunda interpretación sobre la aplicación del mencionado artículo 12 sugiere
lo siguiente[44]:
(i)
Del tenor
literal de la norma no se desprende que el número de semanas de cotización
requeridas lo sean las aportadas exclusivamente al ISS;
(ii)
El régimen de
transición se circunscribe a tres ítems -edad, tiempo de servicios o número de
semanas cotizadas, y monto de la pensión-, dentro de los cuales no se
encuentran las reglas para el cómputo de las semanas cotizadas, lo cual sugiere
que deben ser aplicadas las del sistema  general de pensiones.
7.4.    Bajo esta interpretación, para obtener la
pensión de vejez en virtud del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, es posible
acumular tiempos de servicios tanto del sector público cotizados a cajas o
fondos de previsión social, como del sector privado cotizados al Instituto de
Seguros Sociales. Esto, por cuanto dicha disposición no exige que las
cotizaciones hayan sido efectuadas exclusivamente al seguro social y porque la
aplicación del régimen de transición solamente se limita a los tres ítems
previamente señalados, donde no se encuentra aquel referente al cómputo de las
semanas, requisito que debe ser determinado según lo dispuesto en la Ley 100 de
1993.
7.5.    Ahora bien, teniendo en cuenta que ambas
interpretaciones eran razonables y concurrentes, esta corporación decidió
acoger la segunda de ellas apoyada en el principio de favorabilidad en
materia laboral, en virtud del cual, de acuerdo con los artículos 53 de la
Carta y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, en caso de duda en la aplicación
e interpretación de las fuentes formales del derecho el operador jurídico,
judicial o administrativo, debe optar por la situación que resulte más
favorable al trabajador[45]. Como ejemplo, la sentencia T-334 de 2011
señaló lo siguiente:
“El principio opera (i) cuando existe
controversia respecto de la aplicación de dos normas; y también, (ii) cuando
existen escenarios en los cuales una norma admite diversas interpretaciones.
(…) Profundizando en el último escenario propuesto, cuando una norma admite
varias interpretaciones, ha dicho esta corporación que para la aplicación de la
favorabilidad, deben presentarse, además, dos elementos, a saber: (i) la duda
seria y objetiva ante la necesidad de elegir entre dos o más interpretaciones,
ello, en función de la razonalibidad argumentativa y solidez jurídica que una u
otra interpretación tengan; y, (ii) la efectiva concurrencia de las
interpretaciones en juego para el caso concreto, es decir, deben ser aplicables
a los supuestos fácticos concretos de las disposiciones normativas en
conflicto” [46].
7.6.    Específicamente, sobre el régimen contenido
en el Acuerdo 049 de 1990, la aplicación de este principio implica que la
entidad o autoridad responsable deberá acumular los tiempos cotizados a
entidades públicas para contabilizar las semanas requeridas, atendiendo dos
razones: (i) la falta de aplicación de las normas previstas en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993 harían nugatorios los beneficios que se derivan del
régimen de transición y, en consecuencia, del régimen anterior al cual se
encuentra afiliado el peticionario; y (ii) el artículo 12 del mencionado
acuerdo no exige que las cotizaciones se hayan efectuado de manera exclusiva al
Instituto de Seguros Sociales[47].
7.7.    Son numerosos los casos que ha conocido
este Tribunal, en los cuales ha contemplado esta última interpretación, según
la cual, en aplicación al principio de favorabilidad en materia laboral para el
reconocimiento de la pensión de vejez bajo el régimen del Acuerdo 049 de 1990,
es posible acumular las semanas de cotización en entidades públicas, con los
aportes realizados al Instituto de Seguros Sociales. La Sala considera
necesario hacer mención a algunos de ellos:
7.7.1.
En la sentencia T-090
de 2009, la Corte conoció de un caso donde el Instituto de Seguros Sociales
le negó la pensión de vejez a una persona que, sumado el tiempo laborado a
entidades del Estado y el cotizado al ISS, acreditaba un total de 1007
semanas. Lo anterior, por cuanto no le alcanzaban para acceder a la prestación
en virtud de lo consagrado en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 –única
normatividad que, a su juicio, admite realizar dicha acumulación- que, para ese
momento, exigía un total de 1075 semanas.
En aquella oportunidad la Sala Octava de Revisión centró
el análisis en determinar si era posible acumular tiempo laborado en entidades
estatales, en virtud del cual no se efectuó cotización alguna y aportes al ISS
derivados de una relación laboral con un empleador particular, con el fin de
obtener el número de semanas necesarias para el reconocimiento de la pensión de
vejez, cuando se es beneficiario del régimen de transición.
La Corte hizo referencia a las dos interpretaciones
que surgen de la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 y consideró que la primera
de ellas perjudicaba al peticionario porque implicaba la pérdida de los
beneficios del régimen de transición, ya que debía regirse de forma integral
por la Ley 100 de 1993. En cambio, al aplicar la interpretación más favorable,
se tenía que el accionante cumplía con los requisitos descritos en el artículo
12 del Acuerdo 049 de 1990, “ya que (i)
cuenta con 62 años de edad y (ii) según la resolución 000133 del 19 de febrero
de 2008, emanada del ISS, ‘sumando
el tiempo laborado a entidades del Estado y el cotizado al ISS, el recurrente
acredita un total de 7050 días que equivalen a 1007 semanas’”[48].
Con base en ello, concedió el amparo y ordenó a la
entidad accionada expedir un nuevo acto administrativo dando aplicación al
principio de favorabilidad en la interpretación de las normas laborales.
7.7.2.
En la sentencia T-398
de 2009 esta corporación estudió un caso similar, donde una ciudadana
solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la cual fue negada
por el Instituto de Seguros Sociales bajo el argumento de que, si bien reunía
un total de 1001 semanas de cotización al Seguro Social y a diferentes
entidades de previsión del sector público, no acreditaba las 1050 semanas que
para la fecha exigía la Ley 797 de 2003. La entidad efectuó el estudio a la luz
del Acuerdo 049 de 1990 y determinó que tampoco acreditaba lo allí exigido,
porque no cumplía con el requisito de tiempo con exclusividad al ISS.
A juicio de la Corte la justificación de la entidad
accionada no era de recibo, toda vez que “el artículo 12 del Decreto 758
de 1990 en ninguno de sus apartes exige que las cotizaciones se efectúen de
manera exclusiva al  fondo del Instituto de Seguros Sociales. Por lo
que dicha resolución incurre en un error al interpretar una norma de manera
distinta a lo que realmente establecido por ella”. (Subrayado original).
Así, al revisar las pruebas allegadas al expediente
encontró demostrado que la accionante contaba con más de 1000 semanas cotizadas
al Seguro Social y a diferentes entidades de previsión del sector público,
razón por la cual ordenó al ISS reconocer y pagar la pensión solicitada.
7.7.3.
Posteriormente, en la
sentencia T-583 de 2010 este Tribunal ordenó revocar el acto
administrativo expedido por el Instituto de Seguros Sociales, mediante el cual
negó la pensión de vejez a una persona de 74 años, que en toda su vida laboral
cotizó un total de 1032 semanas al ISS y a diferentes entidades
estatales, aduciendo que no acreditaba las 1050 semanas que para la fecha
exigía la Ley 797 de 2003. Adicionalmente, dicha entidad señaló que el Acuerdo
049 de 1990 solo era aplicable a asegurados que durante toda la vida laboral
hubieran cotizado a ese Instituto.
A juicio de la Corte el ISS decidió aplicar el régimen
más gravoso para el actor e incurrió en un error interpretativo, en tanto el
artículo 12 de dicho acuerdo en ninguno de sus apartes exige que las
cotizaciones se efectúen de manera exclusiva y permanente al fondo de esa
entidad. Por lo anterior,    ordenó a la accionada expedir un nuevo acto
administrativo dando aplicación a las consideraciones previstas en dicho fallo.
7.7.4.
En la sentencia T-760
de 2010 esta Corporación ordenó al Instituto de Seguros Sociales reconocer
y pagar la pensión de vejez de una persona de 75 años de edad a quien le fue
negada dicha prestación por considerar que las 1074 semanas que habían
sido cotizadas tanto al sector público como al ISS, no le alcanzaban para
completar el número exigido en el sistema general de pensiones. Además, esa
entidad concluyó que la situación del peticionario no se acomodaba a ninguno de
los regímenes anteriores a la expedición de la Ley 100 de 1993, y especialmente
respecto del Acuerdo 049 de 1990, aseveró que el mismo no permitía sumar
tiempos públicos con las semanas cotizadas al ISS. Para dar solución al caso
concreto la Corte explicó:
“Como ya se mencionó, reiterada jurisprudencia
de la Corte Constitucional ha sostenido que las personas cotizan y por
consiguiente, cumplen los requisitos ante el Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones y no ante las entidades específicas que lo componen.
Justamente en aplicación de esta tesis, la
jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido expresamente que (i) ‘el
artículo 12 del Decreto 758 de 1990 en ninguno de sus apartes exige que las
cotizaciones se efectúen de manera exclusiva al  fondo del Instituto de
Seguros Sociales’ por lo que se incurre en un error al interpretar esta
norma de manera distinta a lo que realmente se encuentra establecido en ella y
(ii) en virtud del principio hermenéutico de interpretación más favorable a los
intereses del trabajador, es posible computar las semanas que cotizó una
persona en el sector público antes de entrar e vigencia la ley 100 de 1993 con
las que cotizó como empleado del sector privado en cualquier tiempo”.
7.7.5.
Similar argumentación
fue utilizada en la sentencia T-334 de 2011, cuando la Corte examinó el
caso de una señora que cotizó un total de 1000 semanas en el sector
público y en el privado, y a pesar de ello el ISS negó el reconocimiento de la
pensión de vejez aduciendo que no acreditaba las 1100 semanas que para la fecha
exigía la Ley 797 de 2003. La entidad señaló que si bien la peticionaria era
beneficiaria del régimen de transición y le era aplicable el Acuerdo 049 de
1990, sus cotizaciones no se hicieron exclusivamente al Seguro Social, por lo
que tampoco cumplía con los requisitos allí establecidos. Para esta corporación
“Teniendo en cuenta que el cómputo de
semanas cotizadas quedó consagrado en la Ley 100, precisamente para evitar las
injusticias que durante mucho tiempo se cometieron cuando era imposible
acumular semanas laborados con diferentes empleadores, con lo cual las
posibilidades de muchos trabajadores de acceder a la pensión eran mínimas; surge
la duda seria y objetiva de si es preciso interpretar favorablemente o no dicho
artículo para que los beneficiarios de la transición puedan computar semanas,
sin perder por ello dicha prerrogativa.
Existiendo concurrentemente esas
posibilidades de interpretación, el principio rector pro operario hace
obligatorio asumir la opción favorable al trabajador, es decir, el ISS debe
computar el período referido y, a su vez, permitir a la señora Martínez
Escobar pensionarse bajo el régimen de transición”. (Resaltado fuera de texto).
Con base en esas consideraciones, ordenó al ISS
reconocer y pagar la pensión solicitada.
7.7.6.
En la sentencia T-559
de 2011 la Corte concedió el amparo solicitado por dos personas, una con un
total de 1008 semanas cotizadas en toda su vida laboral y la otra con un
total de 1010 semanas, a quienes el ISS había negado el reconocimiento
de la pensión de vejez por tratarse de cotizaciones que no fueron realizadas
exclusivamente a esa entidad. La Corte expresó:
“El ISS asumió que para las 1000 semanas
consagradas en el artículo 12 del Decreto citado, se han de tomar ‘exclusivamente’ las
cotizadas a ese Instituto, posición que carece de fundamento normativo pues,
como se está analizando, esa norma no permite tal conclusión, evidenciándose
como arbitrario tal razonamiento”.
De esa forma, ordenó al Instituto de Seguros Sociales
expedir las resoluciones correspondientes, para efectos del reconocimiento de
la pensión solicitada e instó a la entidad para que en adelante aplicara de
manera apropiada el principio de favorabilidad en materia laboral.
7.7.7.
En jurisprudencia más
reciente la Corte se pronunció sobre el caso de una señora de 77 años que
laboró 405 semanas como servidor público y cotizó 596 semanas al Instituto de
Seguros Sociales, para un total de 1001,
a quien le fue negada la pensión de vejez por no ser posible, según esa
entidad, acumular tiempos de servicio bajo el régimen contenido en el Acuerdo
049 de 1990. Así, mediante la sentencia T-100 de 2012, consideró:
“[L]a jurisprudencia de esta Corporación ha
sido enfática al resaltar que esta interpretación de la normativa es errónea
y atenta contra los derechos fundamentales de los beneficiarios del régimen de
transición.
Esto por cuanto: (i) al exigir que para
acceder a la pensión de vejez de acuerdo con el Decreto 758 de 1990 las cotizaciones
se hayan realizado de manera exclusiva al Seguro Social, se está
requiriendo el cumplimiento de un elemento que la norma no consagra; (ii) los
requisitos para acceder a los beneficios Sistema General de Seguridad Social se
acreditan es ante el sistema mismo y no ante las entidades que lo conforman;
y (iii) el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 limitó el régimen de transición a
solo tres ítems (edad, tiempo y monto) y estableció que ‘[l]as
demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la
pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente
Ley’, por lo que haciendo una lectura integral de la Ley 100 de 1993
-especialmente del literal f) del artículo 13, el parágrafo 1º del artículo 33
y el parágrafo del artículo 36 de la misma-, los tiempos deben acumularse para
efectos de la contabilización del número de semanas de cotización requeridas”. (Resaltado fuera de texto).
A la luz de esa interpretación, ordenó al ISS iniciar
todos los trámites correspondientes para que le fuera reconocida la pensión de
vejez a la accionante.
7.7.8.
A la misma conclusión
se llegó en la sentencia T-360 de 2012, al conceder el reconocimiento de
la pensión de vejez de una persona que cotizó un total de 1012 semanas
por tiempos de servicio prestados a Edatel ESP y a distintos empleadores
privados, porque no acreditaba el número exigido en la Ley 797 de 2003, que
para ese momento era de 1175 semanas. Además, la entidad consideró que tampoco
cumplía los requisitos contenidos en el Acuerdo 049 de 1990, porque el mismo
solo era aplicable cuando las cotizaciones fuesen realizadas de manera
exclusiva al ISS. En esta oportunidad la Corte manifestó:
“[E]l Tribunal Constitucional ha advertido
que las personas que cumplan con las reglas de la transición podrán acceder a
la pensión de vejez con los requisitos de (i) edad, (ii) tiempo
de servicios o  número de semanas cotizadas y (iii) monto
de la pensión de vejez establecidos en el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados, y que las demás condiciones y requisitos de
pensión serán los consagrados en la Ley 100 de 1993.
De este modo, la transición no incluye las
reglas de cómputo de las semanas cotizadas, por lo que deben ser aplicadas las
del Sistema General, que se encuentran en el parágrafo mencionado, disposición
que permite expresamente la acumulación solicitada por el actor”. (Resaltado fuera de texto).
7.7.9.
Ulteriormente, en la
sentencia T-063 de 2013 la Corte concedió el amparo solicitado a un
ciudadano de 73 años a quien el ISS le negó la pensión de vejez por no reunir
los requisitos exigidos bajo los diferentes regímenes que se encontraban
vigentes antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. En aquella
ocasión el accionante pretendía la acumulación de las semanas cotizadas a ese
Instituto con aquellas correspondientes a la prestación del servicio militar
obligatorio, con lo cual completaría un total de 1092 para obtener la
prestación en virtud del Acuerdo 049 de 1990.
A juicio de esta Corporación el tiempo de prestación
del servicio militar obligatorio debe ser contabilizado como tiempo de servicio
válido en el trámite de la pensión de vejez, ya sea en virtud de la Ley 100 de
1993 o en otros regímenes especiales, como sucede con el mencionado acuerdo.
Con base en ello, señaló:
“Como se
expuso en el apartado 4.7 de esta sentencia, esta Corporación ha dicho que
es una obligación del ISS acumular el tiempo de servicio no cotizado en alguna
otra entidad pública, como ocurriría con el tiempo destinado a la prestación
del servicio militar obligatorio, para efectos de acceder al reconocimiento de
una pensión de vejez en los términos previstos en el Acuerdo 049 de 1990.
Esta obligación se
fundamenta en el principio constitucional de favorabilidad y en la aplicación
del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por lo demás, como ya se
dijo, es deber de la entidad que reconoce la pensión de vejez solicitar la
expedición de la correspondiente cuota parte por la prestación del servicio
militar obligatorio, con base en el salario mínimo legal mensual vigente”. (Resaltado fuera de texto).
7.7.10.
Finalmente, esta Corporación
llegó a la misma conclusión en la sentencia T-596 de 2013, donde conoció
diferentes casos acumulados mediante los cuales los accionantes solicitaban el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez. Entre ellos se destaca el de un
ciudadano que en toda su vida laboral cotizó 1037 semanas al ISS y al
sector público, a quien la Sala Quinta de Descongestión Laboral del Tribunal
Superior de Medellín le negó dicha prestación por no cumplir con los requisitos
fijados en el Acuerdo 049 de 1990, en tanto solo contaba con 604 semanas
cotizadas al ISS de las cuales 216 correspondían a los 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad requerida. A juicio de la Corte
“[L]a omisión de la Sala Quinta de
Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín respecto del cálculo de
semanas cotizadas en el caso del actor, configura un defecto sustantivo en la
segunda circunstancia planteada por la jurisprudencia para su configuración,
esto es, cuando a pesar del amplio margen interpretativo de que gozan las
autoridades judiciales, la aplicación es inaceptable por tratarse de una
interpretación contra legem o  ser irrazonable o desproporcionada para los
intereses legítimos de una de las partes. Ello es así, por cuanto, como ya se
indicó, el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 no exige que las
cotizaciones se hayan efectuado de manera exclusiva a ese Instituto”.
Con base en esas consideraciones, revocó la sentencia
del Tribunal y ordenó proferir una nueva providencia conforme lo dispuesto en
esa decisión.
7.8.    De la línea jurisprudencial expuesta se
deriva que la postura de la Corte Constitucional ha sido pacífica, uniforme y
reiterada en lo que se refiere a la posibilidad de acumular tiempos de servicio
cotizado a cajas o fondos de previsión social o que en todo caso fueron
laborados en el sector público y debieron ser cotizados, con las semanas
aportadas al Instituto de Seguros Sociales, para efectos del reconocimiento de
la pensión de vejez.
7.9.    Como pudo observarse, en cada una de las
providencias reseñadas, en aplicación del principio de favorabilidad en la
interpretación y aplicación de las normas en materia laboral, resulta más
beneficioso para los trabajadores asumir tal postura. Además, de aceptar una
interpretación contraria, la misma iría en contravía de los postulados
constitucionales y jurisprudenciales, si se tiene en cuenta que la mentada
norma en ninguno de sus apartes menciona la imposibilidad de realizar tal
acumulación.
7.10.     La Sala considera que si bien ambas
posturas son plausibles, la primera de ellas podría resultar más restrictiva
para el goce efectivo del derecho fundamental a la seguridad social.
Una vez aceptado por esta Corporación que en
aplicación del principio de favorabilidad en materia laboral es posible
realizar la acumulación de tiempos ya mencionada bajo el régimen del Acuerdo
049 de 1990, resulta más garantista acoger la misma interpretación en aquellos
casos donde el peticionario cumple con el otro de los supuestos posibles
contenidos en una misma norma para acceder a la pensión de vejez. En ese sentido, la segunda posición es la
que mejor se ajusta al principio de favorabilidad contenido en los artículos 53
de la Carta Política y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, y al principio pro
homine derivado de los artículos 1° y 2° de la Constitución[49].
7.11.    Por otro lado, permitir la acumulación de
tiempos tanto del sector público como del privado en los eventos en que se
acrediten 500 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad, maximiza el goce efectivo del derecho fundamental a la
seguridad social de un grupo poblacional vulnerable que ha visto disminuida su
capacidad laboral para obtener los recursos necesarios que le permitan tener
una subsistencia en condiciones dignas.
7.12.    La Corte Constitucional en el asunto del
que ahora se ocupa la Sala, se concluye que la interpretación que más se
acompasa con los principios de favorabilidad y pro homine, es la que, en
aplicación del Acuerdo 049 de 1990, permite acumular los tiempos cotizados a
entidades públicas y a empleadores privados, para que aquellas personas que
acrediten 500 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad, accedan a la pensión de vejez.
8.
Conflictos
administrativos entre el empleador y el fondo de  pensiones que no deben poner
en riesgo los derechos del empleado y afiliado
8.1.    La pensión tiene por objeto garantizar que
el afiliado reciba una cantidad de dinero que cubra sus necesidades básicas y
las de su familia después de concluir su dependencia laboral, de modo que pueda
mantener el mismo nivel socioeconómico de antes de su retiro. Para ello habrá
de realizar un ahorro mensual durante el tiempo de trabajo, compuesto de un
descuento a su salario y un aporte del empleador, quien a su vez tiene la
obligación de consignar mensualmente las sumas de esos aportes a la
administradora de pensiones en la que se encuentre afiliado el empleado, dentro
del plazo establecido al efecto, a riesgo de incurrir en el  pago de los
intereses que genere la mora. En caso de que el empleador no realice el
referido descuento al trabajador, deberá responder por la totalidad del mismo[50].
8.2.    A las administradoras de pensiones les
atañe elaborar la historia laboral de los afiliados, en donde consten los
periodos cotizados. De incumplir el empleador sus obligaciones, será requerido
para que explique los motivos de la omisión y, si fuere renuente en el pago de
los aportes, se iniciará trámite de cobro, para el cual el valor reflejado en
la liquidación de la deuda prestará merito ejecutivo.
8.3.    Por su parte, para obtener la prestación
esperada, el trabajador deberá cumplir los requisitos de edad y semanas de
cotización contemplados en la norma vigente aplicable a su caso.
8.4.    La falta de armonía en esta “relación
tripartita”[51]
trabajador, empleador y administradora de pensiones, puede generar injustos
obstáculos para la tramitación de la pensión del primero. En tal sentido, en
sentencia T-553 de 1998, se señaló que el incumplimiento del empleador en el
pago de los aportes al Instituto de los Seguros Sociales:
“no le es endilgable al empleado y menos
aún, puede derivarse contra éste una consecuencia negativa, por la mora del (…)
empleador en hacer oportunamente el pago de la porción de los aportes que le
corresponden, junto con la parte que para el mismo efecto ha retenido de su
salario al empleado… retenidos por el empleador, de la asignación salarial los
valores que le corresponde aportar al empleado, surge para aquél la obligación
de consignarlos en la oportunidad señalada por la ley y el reglamento, junto
con los que son de su cargo. Por lo tanto, siendo el empleador quien efectúa
los descuentos o retenciones, si elude el pago a la entidad de seguridad
social, tal omisión no le es imputable al empleado, ni pueden derivarse contra
éste consecuencias negativas que pongan en peligro su derecho a la salud o a la
vida, o a una prestación económica de tanta importancia como la que representa
la pensión…[52]”
8.5.    Ahora bien, las disposiciones contenidas en
la Ley 100 de 1993 y en sus decretos reglamentarios así como la jurisprudencia,
son claras al establecer que en caso de mora del empleador al momento de
efectuar los aportes a seguridad social, es competencia de Colpensiones
utilizar los mecanismos legales que están a su disposición, con el fin de
exigir el pago de los aportes al empleador moroso e imponer las sanciones
correspondientes. Al respecto, la Sala Segunda en la sentencia T-956 de 2012
indicó lo siguiente:
“En cuanto a las funciones y facultades
de las Administradoras de Pensiones, el artículo 24 de la Ley 100 de 1993,
artículo 98 de la Ley 488 de 1998, el Decreto 1295 de 1994, artículo 828 del
Estatuto Tributario, y los artículos 68 y 59 del Código Contencioso
Administrativo, indican que le corresponde al ISS ejercer las respectivas
gestiones de cobro contra el empresario moroso para obtener el pago de los
aportes pendientes, tema abordado por la Corte Constitucional en la sentencia
C-177/98, donde se dijo que:
En efecto, la Ley 100 de 1993 confiere
herramientas para facilitar no sólo la eficiencia en el reconocimiento de los
derechos a la seguridad social sino también la eficiencia en el cobro de las
acreencias en favor de las entidades administradoras de la seguridad social, a
fin de que se protejan y se hagan efectivos los derechos de todos los
trabajadores y el principio de solidaridad. Igualmente, y con el fin de
fortalecer estas posibilidades de cobro por parte de estas entidades, el
artículo 54  de la Ley 383 de 1997 determinó que las normas de procedimiento,
sanciones, determinación, discusión y cobro del libro quinto del estatuto
tributario, “serán aplicables a la administración y control de las
contribuciones y aportes inherentes a la nómina, tanto del sector privado como
del sector público, establecidas en las leyes 58 de 1963, 27 de 1974, 21 de
1982, 89 de 1988 y 100 de 1993”.
8.6.    Aunado a lo anterior, en los artículos 20 y
24 del Decreto 1406 de 1999 se establecen los plazos para presentar los aportes
y en los artículos 24 y 57 de la Ley 100 de 1993, reglamentados por el Decreto
2633 de 1994, se estipulan las acciones para efectuar el cobro de estos dineros[53]. En tal sentido la
Sentencia T-726 de 2013 indicó:
“Esta
Corte ha establecido en varias oportunidades que la falta de pago de aportes a
la seguridad social por parte del empleador no constituye motivo suficiente
para negar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez que se reclama. La
Corte ha sido clara en reiterar, que dado que la Ley 100 de 1993 otorga
distintos mecanismos para que esas entidades efectúen los cobros
correspondientes, incluso coactivamente, con el objeto de preservar la
integridad de los aportes se entiende que la negligencia en el uso de dichas
facultades, no puede servir de excusa para negar el reconocimiento y pago de
una pensión, puesto que tal actitud equivaldría a imputar al trabajador las
consecuencias del incumplimiento de las obligaciones legales del empleador y la
correlativa falta de acción de la entidad encargada del cobro de los aportes.
Se colige que la mora patronal en el pago de los aportes destinados a pensión
no constituye motivo suficiente para impedir el reconocimiento de la misma,
dado que las entidades administradoras de pensiones cuentan con los instrumentos
necesarios para realizar el cobro de las cotizaciones respectivas a los
empleadores.”
8.7.
En esa forma, las
administradoras tienen el deber de exigir al empleador el pago de los aportes,
solventando las situaciones en mora e imponiendo las sanciones a que haya
lugar, no siéndoles posible alegar como defensa su propia negligencia en
la implementación de esa atribución ni trasladar dicha carga al afiliado.
9.
Análisis de los
casos concretos
Expediente T- 4.853.217
9.1.    Libardo Zuluaga Guasaquillo, nació el 18 de
febrero de 1937, es decir, que en la actualidad tiene 78 años de edad. A través
de la acción de tutela pretendió que le fueran reconocidos sus derechos a la
igualdad, al debido proceso, a los derechos adquiridos, al mínimo vital,
irrenunciabilidad de los beneficios, mínimos y garantías de la seguridad
social, a la vida digna y el principio de favorabilidad, por cuanto
Colpensiones no le reconoció la pensión de vejez en la medida en que no cumplía
con los requisitos para su adquisición.
Refiere el accionante, que laboró en la Beneficencia
del Departamento del Valle del Cauca desde el 15 de enero de 1970 hasta el 28
de julio de 1982, habiendo cotizado allí 589 semanas. De otro lado,
indicó que en el sector privado trabajó con las empresas Serviases Ltda.,
Módulos Arquitectónicos Ltda., y Chain Himelfarb y Cía. Ltda., desde el 20 de
enero de 1984 hasta el 18 de noviembre de 1993 cotizando 342 semanas, de lo
anterior indica que cuenta con 931 semanas cotizadas entre el sector público y
el privado.
9.2.
Como primera medida
debe advertirse que en el accionante es una persona que a la fecha cuenta con
78 años de edad y quien padece de “trastorno de la refracción no
especificada (H527), Hipertensión esencial (primaria), catarata senil
incipiente[54]”
y “arterioesclerosis moderada de miembros inferiores sin placas
significativas[55]”,
lo cual permite deducir que el señor Zuluaga Guasaquillo es sujeto de especial
protección constitucional.
9.3.
De otro lado, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que el no reconocimiento de una
prestación económica, como lo es la pensión de vejez por parte del Sistema
General de Pensiones, puede llegar a vulnerar no solo el derecho a la seguridad
social, sino que además atenta contra el derecho fundamental al mínimo vital.
En esa medida se constata que el accionante no cuenta con un ingreso fijo que
le permita sufragar sus gastos personales, así como los de su familia y su
hogar, además de ello, su avanzada edad se convierte en un impedimento para ser
tenido en cuenta en el mercado laboral.
Por lo anterior, la Sala advierte que la falta de pago
de la pensión de vejez reclamada por el señor Zuluaga Guasaquillo, afecta su
derecho al mínimo vital, puesto que no cuenta con los ingresos suficientes para
subsistir dignamente.
9.4.
Igualmente la Sala debe
señalar que el accionante desplego actividades administrativas encaminadas al
reconocimiento y pago de la prestación alegada. Ejemplo de ello es la
interposición de la revocatoria directa como mecanismo que a juicio de la
apoderada del accionante procedía para atacar lo resuelto en la Resolución 7672
de 2000. Dicho mecanismo administrativo se desató a través de la Resolución
11552 de 2006.
9.5.
Así las cosas, al ser
el accionante una persona de la tercera edad y al transgredirse sus derechos
fundamentales como el mínimo vital, al no contar con el pago de la pensión de
vejez pretendida, esta Sala estima que el accionante es un sujeto de especial
protección constitucional.
9.6.
De otro lado, el
accionante ejerció actos ante las autoridades administrativas tendientes a
lograr el reconocimiento de la prestación solicitada. Por lo cual se tiene por
superado el requisito de subsidiariedad.
9.7.
Por lo anterior, la
Sala observa que la acción de tutela interpuesta por el señor Zuluaga
Guasaquillo se torna procedente para la protección de los derechos
fundamentales invocados.
9.8.
Verificada la
procedencia de la acción de tutela, la Corte revisará el cumplimiento de los
requisitos para acceder a la pensión de vejez pretendida por el accionante.
9.9.
En primer lugar, es
necesario indicar que el accionante cotizó en la Beneficencia del Valle, desde
el 15 de enero de 1970 hasta el 28 de julio de 1982; así mismo, aportó para
pensión ante el ISS, desde el 20 de enero de 1984 hasta el 18 de noviembre de
1993.
9.10.
Analizado el caso
concreto, la Sala advierte que al 1 de abril de 1994 el accionante tenía 57
años de edad. En esa medida, esta Corporación debe recordar que la
jurisprudencia constitucional ha admitido la posibilidad de que las personas para
ser beneficiarias del régimen de transición deben cumplir con uno de los requisitos
exigidos por el artículo 36 de la ley 100 de 1993[56], bien sea la edad o el
tiempo para ser beneficiario. De lo anterior, se concluye que el actor cumple
con el requisito de la edad exigido por la citada ley, por lo cual le es
aplicable el régimen de transición.
La Sala  debe señalar que el régimen aplicable en el
caso del señor Zuluaga Guasaquillo al ser beneficiario del régimen de
transición, es el anterior a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, es
decir el Acuerdo 049 y Decreto 758 de 1990 artículo 12, que señala:
“Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a la pensión de vejez las
personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es
varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de
cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al
cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil
(1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.”
9.11.
Ahora bien, una vez
analizada la información allegada por el accionante y la verificada en la base
de datos de Colpensiones, se colige que el señor Zuluaga Guasaquillo ante el
fondo de pensiones tiene un total de 384.71 semanas cotizadas[57], lo cual llevó al
fondo de pensiones a negar el reconocimiento y pago de dicha prestación por no
reunir los requisitos para acceder a la pensión de vejez.
9.12.
No obstante lo
anterior, el accionante allegó un bono pensional emitido por la Beneficencia del
Valle[58],
en donde se corrobora que trabajó desde el 15 de enero de 1970 hasta el 30 de
noviembre de 1981, lo que equivale a 618.71 semanas cotizadas. Es decir que
realmente el accionante cuenta con un total de 1003.42 semanas aportadas.
9.13.
Las semanas
acreditadas con el certificado emitido por la Beneficencia, no fueron tenidas
en cuenta por el fondo de pensiones para reconocer y pagar la pensión de vejez
al accionante, bajo el argumento de que el señor Zuluaga Guasaquillo no se
encontraba afiliado al ISS para esa época. Aduce dicha entidad que los
requisitos exigidos por el Decreto 758 de 1990 solo serán aplicables a aquellas
personas que de manera exclusiva hayan cotizado al ISS.
9.14.
En esa medida, la jurisprudencia de este
Tribunal de manera  pacífica, ha sostenido que es procedente la acumulación de
tiempos cotizados tanto en el sector público como en el privado, en razón a la
aplicación del principio de favorabilidad en la interpretación y aplicación de
las normas en materia laboral, lo cual resulta más beneficioso para los
trabajadores, asumir dicha posición, más si se tiene en cuenta que la mentada
norma en ninguno de sus apartes menciona la imposibilidad de realizar tal
acumulación.
9.15.
Así las cosas, con
base en lo reseñado por esta Corte, el señor Zuluaga Guasaquillo tiene derecho
a que le sean computados los tiempos cotizados tanto en el sector público como
en el privado puesto que como lo ha advertido esta Corporación de la
normatividad aplicable al caso en particular (Decreto 758 de 1990) no se
desprende que sea requisito cotizar exclusivamente al ISS.
9.16.
Por lo anterior, al ser
beneficiario del régimen de transición el accionante, la Sala debe constatar
que el señor Zuluaga Guasaquillo cumple con los requisitos para acceder a la
pensión de vejez exigidos por el Decreto 758 de 1990.
En lo que respecta a la edad, dicha norma exige 60 o
más años de edad si se es varón. La Sala observa que al momento de elevar la
solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez al ISS, es decir el
11 de junio de 1999, el accionante contaba con  62 años de edad. Por
consiguiente, la Corte encuentra satisfecho el primer requisito exigido por el
Acuerdo 049 y el artículo 12 del Decreto 758 de 1990.
9.17.
Ahora bien, en cuanto
al tiempo dicha norma señala que para acceder a la pensión de vejez se debe
contar con Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas
durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades
mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización,
sufragadas en cualquier tiempo.
9.18.
En cuanto a la primera
hipótesis planteada por el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, es decir un
mínimo de 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 años
anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, para el caso por ser varón,
60 años. En ese entendido, observa la Sala que entre el 1 de enero de 1977 y el
18 de noviembre de 1993 (fecha en la cual el accionante dejó de cotizar para
retomar en el año de 1999 como consta en la historia laboral) contaba con
663.72 semanas. en esa medida el accionante tiene derecho a que le sea
reconocida la pensión de vejez contemplada en dicho precepto normativo.
9.19.
Ahora bien, en cuanto a
la segunda hipótesis planteada por la norma en mención, la Sala observa que de
la historia laboral suministrada por Colpensiones se desprende que el
accionante cotizó 384.71 semanas a esa entidad, que corresponden a los periodos
comprendidos entre 1 de diciembre de 1981 al 28 de julio de 1982; del 20 de
enero de 1984 a 31 de diciembre de 1987; del 1 de marzo de 1990 a 31 de octubre
de 1990; del 22 de noviembre de 1991 a 7 de diciembre de 1991; de 13 de
diciembre de 1991 a 4 de febrero de 1992; del 21 de febrero de 1992 a 18 de
noviembre de 1993; del 1 de junio de 1999 a 30 de junio de 1999 y del 1 de
julio de 1999 a 31 de julio de 1999.
9.20.
De otro lado, en lo que
respecta al Bono pensional emitido por la Beneficencia del Valle en favor de la
accionante, se evidencia que el señor Zuluaga Guasaquillo cuenta con  un total
618.71 semanas, que corresponden a las fechas comprendidas entre el 15 de enero
de 1970 al 30 de noviembre de 1981.
9.21.
En conclusión y
teniendo como base lo establecido por la jurisprudencia constitucional respecto
de la posibilidad de acumular los tiempos cotizados tanto en el sector público
como en el privado, la Sala advierte que teniendo en cuenta la postura de la
Corte, el accionante cuenta con 1003.42 semanas cotizadas. En esa medida,
Libardo Zuluaga Guasaquillo cumple con el número de semanas requeridas por la
mencionada norma para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de vejez.
9.22.
Por tanto, la Sala denota
que los argumentos expuestos en la providencia de segunda instancia emitida por
la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali la cual concedió el derecho a la
pensión de vejez[59]
al señor Zuluaga Guasaquillo, se encuentra ajustada a lo reiterado por esta
Corporación en cuanto a que Colpensiones debió acumular los tiempos cotizados
tanto en el sector público como en el privado, en virtud del principio de
favorabilidad. Así las cosas, la colegiatura señala que debió reconocer la mencionada
prestación económica al accionante, haciendo efectivos los requisitos del
Acuerdo 049 y del Decreto 758 de 1990 para acceder a la pensión de vejez puesto
que reunía los requisitos enunciados en esa normatividad. Dicha Sala sostuvo:
“4.- Sentado lo anterior, para definir
la controversia que nos ocupa, el Tribunal advierte que debe concederse el
amparo de los derechos al debido proceso y seguridad social del señor Zuluaga
Guasaquillo, pues resulta claro que los mismos resultaron agredidos con la
expedición de las Resoluciones 7672 de 2000 y 11552 de 2006. En todo caso, se
desconocen los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad
social, cuando los fondos de pensiones públicos o privados, omiten evaluar en
el caso concreto el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
normatividad vigente para el reconocimiento y pago de las acreencias
pensionales.
(…) dichas conclusiones, relativas a la inaplicación
del régimen de transición y a la imposibilidad de sumar los aportes efectuados
por el actor a entidades estatales distintas del ISS, no se encuentran acordes
con lo establecido en el precedente constitucional existente, conforme al cual,
en primer lugar, “precisó que las personas que a la entrada en vigencia de
dicha ley alcanzaran una edad determinada (…) o que, como segunda alternativa,
sumaran 15 o más años de servicios cotizados tendrían derecho a pensionarse de
acuerdo con la edad, el tiempo de servicios o semanas cotizadas y el monto de
pensión establecidos en el régimen al que se encontraban afiliados a 1º de
abril de 1994, sin que se haya establecido, como requisito adicional, que tales
personas estuvieran vinculadas con el ISS o bajo su régimen para esa fecha.”
(…)
9.23.
En conclusión, la Sala
confirmará la decisión adoptada por el juez de segunda instancia, al considerar
que sus fundamentos se acompasan a lo manifestado por la jurisprudencia
constitucional, en tanto que estimó viable la acumulación de los periodos
cotizados por el accionante tanto en el sector público como en el privado,
dando aplicación al principio de favorabilidad en materia laboral.
Expediente T- 4.855.657
9.24.    El señor Jorge Eliecer Sanabria en la
actualidad cuenta con 63 años de edad. Estuvo vinculado laboralmente a la
sociedad Procesadora de Arroz S.A. mediante contrato de trabajo a término
indefinido, desde el 22 de julio de 1991 hasta el 19 de febrero de 2010.
Refiere el accionante que el 30 de julio de
2013 elevó ante Colpensiones la  solicitud de reconocimiento y pago de pensión
de vejez, considerando que era beneficiario del régimen de transición
contemplado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y cuyos beneficios fueron
extendidos por el parágrafo 4 del Acto Legislativo 01 de 2005[60]. Dicho fondo de
pensiones mediante la Resolución 229637 de 2013 negó la pretensión, aduciendo
que el accionante no cumplía con los requisitos establecidos por el artículo 9
de la ley 797 de 2003[61].
Al respecto adujo:
“Es necesario señalar que el status de
pensionado sólo se adquiere cuando coincidan los requisitos mínimos de semanas
de cotización y edad de acuerdo al año respectivo conforme a (…) las reglas de
la Ley 797 de 2003 en su artículo 9(…)”
“en consideración a lo anterior, el(a)
peticionario (a) no logra acreditar los requisitos mínimos de edad y/o semanas
cotizadas, razón por la cual se niega la prestación solicitada.”
Posteriormente, el accionante recurrió dicho
acto administrativo. El 24 de febrero de 2014, el fondo de pensiones resolvió el
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 229637, confirmando en
todos sus apartes lo dispuesto en ella.
Ante la negativa para acceder a la
prestación económica solicitada, el accionante interpuso acción de tutela contra
Colpensiones y la Procesadora de Arroz S.A., por considerar que estas vulneraron
sus derechos fundamentales a la seguridad social, vida, dignidad humana, mínimo
vital, debido proceso e igualdad al no haberse requerido por parte del fondo de
pensiones al empleador para que efectuara los aportes dejados de realizar en
los meses octubre de 1998, septiembre y octubre de 1999 y mayo de 2000, lo cual
a su juicio, va en contra de sus derechos.
9.25.    Analizado el caso concreto, la Sala debe
advertir que con base en la jurisprudencia constitucional el accionante es
sujeto de especial protección constitucional, puesto que en la actualidad tiene
63 años de edad, por ende pertenece a la tercera edad. Aunado a ello, debe
indicarse que no cuenta con un empleo que le permita obtener un ingreso
económico para su subsistencia, lo cual lo coloca en una situación de debilidad
manifiesta respecto de los demás. En esa medida, la Sala estima que la acción
de tutela es procedente por las razones antes expuestas.
9.26.    Verificada la procedencia de la acción de
tutela, encuentra la Sala que conforme a la jurisprudencia de este Tribunal,
para ser beneficiario del régimen de transición basta que las personas cumplan
con uno de los requisitos exigidos por el artículo 36 de la ley 100 de 1993, es
decir en el caso de las mujeres treinta
y cinco (35) o más años de edad, a 1° de abril de 1994; en el de los hombres
que cuenten con cuarenta (40) o más años de edad, a 1° de abril de 1994 y tanto
para hombres como mujeres que, independientemente de la edad, acrediten quince
(15) años o más de servicios cotizados, a 1° de abril de 1994. En esa medida,
puede afirmarse que el señor Sanabria es beneficiario del régimen de transición
contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto al 1 de abril
de 1994 tenía 41 años de edad.
9.27.    No obstante, observa la Sala que el
accionante pese a ser beneficiario del mencionado régimen, al 1 de abril de
1994 no contaba con las semanas requeridas por el Decreto 758 de 1990[62] para obtener el
reconocimiento de dicha prestación. De tal suerte que la única vía para acceder
a la pensión de vejez es la contemplada en el parágrafo 4 del Acto Legislativo
01 de 2005, que señala: “El régimen de transición establecido en la Ley
100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse
más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando
en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su
equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto
Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.”
9.28.    De lo indicado, la Sala debe analizar el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma indicada en aras de
establecer si el accionante es acreedor o no de la pensión de vejez. Así las
cosas, a la entrada en vigencia de dicho Acto Legislativo, es decir 22 de julio
de 2005, el accionante según se observa en la historia laboral[63] contaba con 748.22
semanas cotizadas, lo que en principio puede entenderse como que el señor
Sanabria pierde los beneficios de dicho régimen.
9.29.    Del reporte de semanas cotizadas emitido
por Colpensiones[64]
se extrae que en el periodo correspondiente al mes de septiembre de 1999 no se registran
aportes efectuados por el empleador. Igualmente, se advierte de dicho informe
que no existe el reporte correspondiente al mes de mayo del año 2000. Del
expediente surge que se realizaron los aportes del mes de abril, mayo y junio de
esa anualidad, sin embargo la casilla del mes de mayo se omite y no figura en
el reporte. Aunado a ello, debe señalarse que el mes de junio fue pagado y
reportado con la observación denominada “ciclo doble”, lo que se entiende como
que el empleador pagó en ese mes los aportes correspondientes a mayo y junio.
9.30.    En esa medida, la Sala debe señalar que los
periodos que no se observan en dicho reporte equivalen a 8.58 semanas de
cotización.
9.31.    Con base en lo expuesto por la
jurisprudencia de esta Corte, a quien le asiste el deber de actualizar,
custodiar, guardar y conservar la información que reposa en la historia laboral[65] o requerir y/o realizar
los cobros necesarios al empleador para no afectar al trabajador es el fondo de
pensiones. En el caso particular, la ley 100 de 1993[66] contempla algunos
mecanismos que Colpensiones pudo haber ejercitado para lograr el pago de los
aportes adeudados por el empleador, inclusive de manera coactiva, sin que dicha
carga se trasladara al accionante, afectando sus derechos fundamentales[67].
9.32.    Cabe señalar que la Procesadora de Arroz
S.A., mediante correo electrónico enviado el 18 de junio de 2015 indicó que
cumplió con sus obligaciones en calidad de empleador y realizó los aportes al
mencionado fondo de pensiones. En esa medida, advierte que no fue requerida por
dicha entidad para el pago y tampoco fue notificada de algún proceso que
buscara la satisfacción económica de dichos aportes.
9.33.    De lo anterior, se concluye que la entidad
acusada no puede trasladar los efectos negativos de la mora u omisión por parte
del empleador para realizar las cotizaciones y el incumplimiento de Colpensiones
de sus obligaciones como administradora de pensiones a la parte más débil de la
relación, justificando el no reconocimiento de la pensión por falta de
requisitos, entre ellos el número de semanas, que si bien es cierto no aparecen
registradas por motivos administrativos, fueron trabajadas por el afiliado como
logra evidenciarse.
9.34.    Así, de haber utilizado la entidad los
mecanismos legales para cobrar los aportes adeudados por el empleador o de
haberlo requerido para su pago aunado a que dicho fondo de pensiones cuenta con
la obligación de actualizar y proteger la información que compone la historia
laboral, el accionante cumpliría holgadamente los requisitos, puesto que
tendría 756.8 semanas cotizadas, lo cual le permitiría no sólo para mantener
los beneficios del régimen de transición hasta el año 2014, sino para adquirir
el derecho a pensionarse bajo el Decreto 758 de 1990[68], régimen anterior a la
entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 y del cual se beneficia el
accionante.
9.35.    En suma, encuentra la Sala que el señor
Jorge Eliecer Sanabria: (i) es beneficiario del régimen de transición
contemplado en la Ley 100 de 1993, puesto que al primero de abril de 1994 tenía
41 años de edad; (ii) que conforme a lo expuesto en la historia laboral del
señor Sanabria, al 22 de julio de 2005, el accionante contaba con 748.22 semanas
cotizadas, motivo por el cual, en principio, no podría ser beneficiario de lo
establecido por el Acto Legislativo 01 de 2005. No obstante, la Sala advierte
que Colpensiones no actuó de manera diligente en el caso bajo examen, puesto
que no ejercitó las acciones contempladas por la ley 100 de 1993 para obtener
el pago de los aportes adeudados por la sociedad Procesadora de Arroz S.A. Así
mismo, la Sala debe resaltarse la falta de cuidado, protección y actualización
por parte de Colpensiones en el cuidado de la información que compone la
historia laboral del señor Sanabria, puesto que de haber obrado diligentemente,
no existiría un faltante de 8.58 semanas  cotizadas en favor del solicitante.
9.36.    Así las cosas, esta Corporación observa que
el señor Sanabria cuenta con 756.8 semanas cotizadas, lo cual permite inferir que
accionante debe ser cobijado por el régimen de transición, en los términos
señalados por el parágrafo 4 del Acto Legislativo 01 de 2005, puesto que reúne
más de las 750 semanas exigidas por este para ser beneficiario de dicho régimen.
No obstante, la pensión de vejez debe ser reconocida conforme a los parámetros fijados
por el Decreto 758 de 1990, a saber: a) sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco
(55) o más años de edad, si se es mujer y b) un mínimo de quinientas (500)
semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores
al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil
(1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.
9.37.    Con base en lo anterior, la Corte encuentra
que a 31 de diciembre de 2014, el accionante contaba con 62 años de edad, así
mismo a mayo de 2014 como consta en la historia laboral, el solicitante contaba
con 1086.19 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones, por lo que
cumple a cabalidad los requisitos de edad y tiempo exigidos por el artículo 12
Decreto 758 de 1990.
9.38.    Por lo anterior, la Sala reconocerá la
pensión de vejez al accionante, en los términos indicados en la parte motiva de
esta providencia.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución.
RESUELVE
Primero: CONFIRMAR lo dispuesto en la sentencia emitida por
el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali – Sala Civil el veintiocho
(28) de enero de dos mil quince (2015), en la cual se concede el amparo a los
derechos a la seguridad social y debido proceso del señor Libardo Zuluaga
Guasaquillo (Exp. T-4.853.217).
Segundo: REVOCAR la Sentencia de siete (7) de enero de dos
mil quince (2015) dictada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Villavicencio, y en su lugar CONCEDER la
protección de los derechos fundamentales  a la vida digna, a la igualdad, al
debido proceso, a la  seguridad social y al mínimo vital del señor Jorge
Eliecer Sanabria (Exp. T- 4.855.657).
Tercero: ORDENAR a Colpensiones que, en el término de 48
horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, expida una
nueva resolución en la cual reconozca la pensión de vejez al señor Jorge
Eliecer Sanabria de conformidad a lo expuesto en esta providencia. En esa
medida, deberá pagar al accionante las mesadas pensionales no prescritas.
Cuarto: ORDENAR a Colpensiones que realice los trámites
necesarios, para que una vez reconocida la pensión de vejez al señor Sanabria,
este sea incluido en nómina de pensionados con la finalidad de iniciar los
pagos por dicho concepto. Dicho trámite no podrá tardar más de un mes
calendario contado a partir de la notificación de esta providencia.
Quinto: LÍBRENSE  por Secretaría General las comunicaciones
de que trata el artículo 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Veinticuatro (24) de noviembre de 2014
[2]
Veintiocho (28) de enero de 2015
[3]
Siete (7) de enero de 2015
[4] Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan
los siguientes requisitos: a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o
cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y, b) Un mínimo de
quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20)
años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un
número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo
[5]
Artículo  9°. Reglamentado parcialmente, Decreto Nacional 510 de
2003 El artículo 33 de
la Ley 100 de 1993 quedará así: Artículo 33. Requisitos
para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez,
el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones: 1. Haber cumplido
cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es
hombre. A partir del 1° de enero del año 2014 la edad se incrementará a
cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años
para el hombre. 2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier
tiempo. A partir del 1° de enero del año 2005 el número de semanas se
incrementará en 50 y a partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 25
cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.
[6]
ARTÍCULO 37. INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ. Las
personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no
hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de
continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una
indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal
multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se
le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya
cotizado el afiliado.
[7] Cuaderno de tutela, folios 1 a 4.
[8] Cuaderno de tutela, folio 23.
[9] Cuaderno de tutela, folio 7 a 10.
[10] Cuaderno de tutela, folios 11 a 14.
[11] Cuaderno de tutela, folios 14 a 22.
[12] Cuaderno de tutela, folios 23 a 27.
[13] Cuaderno de tutela, folio 28.
[14] Cuaderno de tutela, folios 2 a 14.
[15] Cuaderno de tutela, folio 15.
[16] Cuaderno de tutela, folio 16.
[17] Cuaderno de tutela, folios 17 a 19.
[18] Cuaderno de tutela, folios 24 a 26.
[19] “Artículo  9°. Reglamentado parcialmente, Decreto Nacional 510 de
2003 El artículo 33 de
la Ley 100 de 1993 quedará así: Artículo 33. Requisitos para obtener la Pensión de
Vejez. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir
las siguientes condiciones: 1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de
edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre. A partir del 1° de enero del
año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la
mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre. 2. Haber cotizado un mínimo de
mil (1000) semanas en cualquier tiempo. A partir del 1° de enero del año 2005
el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1° de enero de 2006
se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015. Parágrafo
1°. Para efectos del cómputo
de las semanas a que se refiere el presente artículo, se tendrá en cuenta: a)
El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema
general de pensiones; b) El tiempo de servicio como servidores públicos
remunerados, incluyendo los tiempos servidos en regímenes exceptuados; c) El
tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la
pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se
haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993. d) El
tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que
por omisión no hubieren afiliado al trabajador. e) El número de semanas
cotizadas a cajas previsionales del sector privado que antes de la Ley 100 de
1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión. En los casos
previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente siempre
y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el
cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a
satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un
bono o título pensional. Los fondos encargados reconocerán la pensión en un
tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el
peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho. Los
Fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono
pensional o la cuota parte. Parágrafo 2°. Para los efectos de las disposiciones
contenidas en la presente ley, se entiende por semana cotizada el periodo de
siete (7) días calendario. La facturación y el cobro de los aportes se harán
sobre el número de días cotizados en cada período. Parágrafo  3°. Se
considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la
relación legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor
público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener
derecho a la pensión. El empleador podrá dar por terminado el contrato de
trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada
la pensión por parte de las administradoras del sistema general de pensiones.
Transcurridos treinta (30) días después de que el trabajador o servidor público
cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la
pensión, si este no la solicita, el empleador podrá solicitar el reconocimiento
de la misma en nombre de aquel. Lo dispuesto en este artículo rige para todos los
trabajadores o servidores públicos afiliados al sistema general de pensiones. Parágrafo
4°. Se exceptúan de los
requisitos establecidos en los numerales 1 y 2 del presente artículo, las
personas que padezcan una deficiencia física, síquica o sensorial del 50% o
más, que cumplan 55 años de edad y que hayan cotizado en forma continua o
discontinua 1000 o más semanas al régimen de seguridad social establecido en la
Ley 100 de 1993. La madre trabajadora cuyo hijo menor de 18 años padezca invalidez física o mental,
debidamente calificada y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como
dependiente de la madre, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez
a cualquier edad, siempre que haya cotizado al Sistema General de Pensiones
cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para
acceder a la pensión de vejez. Este beneficio se suspenderá si la trabajadora
se reincorpora a la fuerza laboral. Si la madre ha fallecido y el padre tiene
la patria potestad del menor inválido, podrá pensionarse con los requisitos y
en las condiciones establecidas en este artículo.”
[20] Cuaderno de tutela, folios 20 a 23.
[21] Cuaderno de tutela, folios 27 a 28.
[22] Cuaderno de tutela, folios 29 a 38.
[23] Cuaderno de tutela, folios 39 a 42.
[24] file:///D:/Users/JuanGG/Downloads/Certificado_pension_CC2442185.pdf
[25] En la ciudad de Cali, en la Calle
24 Norte No.6AN-42, Barrio Santa Mónica.
[26] En la ciudad de Villavicencio, en la Carrera 39 C # 29C-15 Centro
Comercial Llano Centro Local 2-012.
[27] En la ciudad de Bogotá, en la Carrera 14A # 109-55
[28] “Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de
tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentre el solicitante. Se entiende por irremediable el perjuicio que sólo
pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización. 2. Cuando para
proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus. 3. Cuando se
pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás
mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta
para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en
situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se
trate de impedir un perjuicio irremediable. 4. Cuando sea evidente que la violación
del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u
omisión violatoria del derecho. 5. Cuando se trate de actos de carácter
general, impersonal y abstracto.”
[29] Sentencias T-180 de 2009, T-162 de 2010 y T-326 y 568 de 2013.
[30] Sentencia T-426 de 2014.
[31] Sentencia T-568 de 2013.
[32] Artículo 4, inciso 2: “Este servicio
público es esencial en lo relacionado con el sistema general de seguridad
social en salud. Con respecto al sistema general de pensiones es esencial sólo
en aquellas actividades directamente vinculadas con el reconocimiento y pago de
las pensiones.”
[33] Sentencia T-201 de 2013
[34] Ibídem.
[35] Sentencia T-334 de 2011.
[36] Ibídem.
[37] Sentencia T-122 de 2010.
[38] Sentencia T-334 de 2011.
[39] Ver Sentencias
C-841 de 2003 y T-1233 de 2008.
[40] Sentencia T-284 de 2007.
[41] Ver Sentencia C-789
de 2002.
[42] Cfr. T-566 de 2009, T-453 de 2012  y T-528 de 2012.
[43] Sentencia T-201 de 2012.
[44] Sentencias T-090 de 2009, T-398 de 2009, T-583 de 2010, T-760 de
2010, T-334 de 2011, T-559 de 2011,  T-100 de 2012, T-360 de 2012, T-063 de
2013, T-593 de 2013, entre otras.
[45] Sentencias T-090 de 2009, T-334 de 2011 y T-559 de 2011.
[46] Cfr.
Sentencias T-545 de 2004, T-248 de 2008, T-090 de 2009, entre otras.
[47] Entre otras, ver sentencias T-714 de 2011, T-476 de 2013 y T-596 de
2013.
[48] Para la Corte, “[e]sta interpretación es apoyada por una interpretación
finalista e histórica pues, como arriba se señaló, la ley 100 de 1993 buscó
crear un sistema integral de seguridad social que permitiera acumular
semanas o tiempos de trabajo laborados frente a distintos patronos, públicos o
privados, para que los(as) trabajadores(as) tuvieran posibilidades reales de
cumplir con el número de semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez,
lo que antes se dificultaba de forma injusta por las limitaciones a la
acumulación pues aunque las personas trabajaban durante un tiempo para una
empresa privada o entidad pública si cambiaban de empleador éste tiempo no les
servía para obtener su pensión de vejez. Adicionalmente, esta interpretación
encuentra fundamento en la filosofía que inspira el derecho a la pensión de
vejez que estriba en que ‘el trabajo continuado durante largos años sea la base
para disfrutar el descanso en condiciones dignas, cuando la disminución de la
capacidad laboral es evidente’”.
[49] Respecto del principio de interpretación pro homine, en la
sentencia T-319 de 2012 se explicó: “impone aquella interpretación de las
normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la
prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la
dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de
los derechos humanos. En el orden interno, este principio se deriva de los
artículos 1º y 2º Superiores, en cuanto en ellos se consagra el respeto por la
dignidad humana como fundamento del Estado social de Derecho, y como fin
esencial del Estado la garantía de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución, así como la finalidad de las autoridades de la
República en la protección de todas las personas en su vida, honra, bienes y
demás derechos y libertades. (Sentencia T-191 de 2009)”. Cfr. Sentencias
C-1056 de 2004, C-372 de 2009 y T-284 de 2006.
[50] Cfr. artículos 22 y 23 de la Ley 100 de 1993.
[51] Expresión usada en el fallo T-075 de febrero de 2009 (M. P. Marco
Gerardo Monroy Cabra) en la que hace referencia a las partes que intervienen en
la consecución del derecho pensional y que fue desarrollada a partir de la ya
citada sentencia C-177 de mayo 4 de 1998 (M. P. Alejandro Martínez Caballero)
como relación triangular.
[52] “En este sentido se puede consultar, entre otras, las sentencias
T-334 de 1997 y T-553 de 1998.”
[53] Artículo 5° del Decreto 2633 de 1994: “Del cobro por vía
ordinaria. En desarrollo del artículo 24 de la
Ley 100 de 1993, las demás entidades administradoras del régimen solidario de
prima media con prestación definida del sector privado y del régimen de ahorro
individual con solidaridad adelantarán su correspondiente acción de cobro ante
la jurisdicción ordinaria, informando a la Superintendencia Bancaria con la periodicidad que esta disponga, con carácter general, sobre
los empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así como la
estimación de sus cuantías e interés moratorio, con sujeción a lo previsto en
el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordantes. // ‘Vencidos los plazos señalados para efectuar las
consignaciones respectivas por parte de los empleadores la entidad
administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo
requerirá. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento
el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la
cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo
24 de la Ley 100 de 1993.”
[54] Cuaderno de tutela, folio 24.
[55] Cuaderno de tutela, folio 27.
[56]
Mujeres con treinta y cinco (35) o más años de edad, a 1° de abril de 1994;
Hombres con cuarenta (40) o más años de edad, a 1° de abril de 1994 y Hombres y
mujeres que, independientemente de la edad, acrediten quince (15) años o más de
servicios cotizados, a 1° de abril de 1994.
[57] file:///D:/Users/JuanGG/Downloads/HistoriaLaboralGenerada_20150715_103827.PDF
[58] Cuaderno de tutela, Folios 14 a 22.
[59] En cumplimiento de dicha providencia Colpensiones mediante
Resolución GNR 161001 de 2015 concedió la pensión de vejez al señor Zuluaga
Guasaquillo, argumentando lo siguiente: “Que conforme a lo anterior, el
interesado acredita un total de 6969 días laborados correspondientes a 995
semanas.
(…) que mediante radicado interno 2015_4806606, se solicitó a la
Gerencia Nacional de Reconocimiento la conformación de tiempos, quedando
acreditados los periodos de 15/01/1970 a 30/11/1981 a cargo de la BENEFICIENCIA
DEL VALLE (…)
(…) Que de acuerdo a lo anterior se procede a computar tiempos
públicos y privados para efectos de aplicar el Decreto 758 de 1990 en
cumplimiento al fallo de tutela del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CALI SALA CIVIL (…) (…) Que se procede a reconocer la prestación de acuerdo al
Decreto 758 del 11 de abril de 1990 de conformidad a lo ordenado por el
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE CALI SALA CIVIL (…)
(…)La pensión aquí reconocida se ajustara de conformidad con las
reglas aplicables al valor mínimo o máximo de la pensión, según corresponda,
vigente para la fecha de efectividad, por la cual la suma a reconocer será de
644.350 (SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE)
(…) El disfrute de la presente pensión será a partir de 1 de junio
de 2015 (…)
(…) Como consecuencia de lo anterior el señor ZULUAGA GUASAQUILLA
LIBARDO, identificado (a) con CC Nº 2.442.185, deberá devolver a la
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, el valor de $ 3.592.355.00
m/cte, girado por concepto de pago de indemnización sustitutiva de la pensión
de vejez, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de este
acto administrativo, diligenciando el formulario de recaudo Bancolombia (…)
(…) ARTICULO SEGUNDO: La presente prestación junto con el
retroactivo si hay lugar a ello, será ingresada en la nómina del periodo 201506
que se paga en el periodo 201507 en la central de pagos del banco OCCIDENTE CP
2DA QUINCENA de CENTRO DE PAGOS VALLE DE LILI DE CALI.(…)”
[60]
"Parágrafo transitorio  4º. El régimen de transición
establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen,
no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los
trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos
750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia
del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen
hasta el año 2014".
[61]
Artículo  9°. Reglamentado parcialmente, Decreto Nacional 510 de 2003 El
artículo 33 de
la Ley 100 de 1993 quedará así: Artículo 33. Requisitos para obtener la
Pensión de Vejez. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado
deberá reunir las siguientes condiciones: 1. Haber cumplido cincuenta y cinco
(55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre. A partir del 1°
de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de
edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre. 2. Haber cotizado
un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. A partir del 1° de enero
del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1° de
enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el
año 2015.
[62] “un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas
durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades
mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización,
sufragadas en cualquier tiempo.”
[63]
file:///D:/Users/JuanGG/Downloads/HistoriaLaboralGenerada_20150623_094020.PDF.
[64] Ibídem.
[65] Sentencia T-855 de 2011 y T-493 de 2013.
[66] Artículos 27 y 54.
[67] Al respecto la Sentencia T-726 de 2013 indicó: “Esta Corte ha
establecido en varias oportunidades que la falta de pago de aportes a la
seguridad social por parte del empleador no constituye motivo suficiente para
negar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez que se reclama. La Corte
ha sido clara en reiterar, que dado que la Ley 100 de 1993 otorga distintos
mecanismos para que esas entidades efectúen los cobros correspondientes,
incluso coactivamente, con el objeto de preservar la integridad de los aportes
se entiende que la negligencia en el uso de dichas facultades, no puede servir
de excusa para negar el reconocimiento y pago de una pensión, puesto que tal
actitud equivaldría a imputar al trabajador las consecuencias del
incumplimiento de las obligaciones legales del empleador y la correlativa falta
de acción de la entidad encargada del cobro de los aportes. Se colige que la
mora patronal en el pago de los aportes destinados a pensión no constituye motivo
suficiente para impedir el reconocimiento de la misma, dado que las entidades
administradoras de pensiones cuentan con los instrumentos necesarios para
realizar el cobro de las cotizaciones respectivas a los empleadores.”
[68]
Artículo 12. Requisitos de la pensión por vejez. tendrán derecho a la pensión de vejez
las personas que reúnan los siguientes requisitos}: a) sesenta (60) o más años
de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es
mujer y b) un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante
los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas,
o haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización,
sufragadas en cualquier tiempo.