C-156-99
Sentencia C-156/99
Sentencia
C-156/99
DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO-Finalidad
El Derecho
Internacional Humanitario busca regular el derecho de las partes en conflicto
de escoger libremente los métodos y medios utilizados en la guerra, o que
protegen a las personas y a los bienes afectados o que puedan ser afectados
como consecuencia del conflicto. El Derecho Internacional Humanitario contiene
normas que limitan el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente
los medios y métodos utilizados en combate, así como disposiciones encaminadas
a proteger a las víctimas y a los bienes susceptibles de verse afectados por un
conflicto armado, todo ello con la finalidad de garantizar la integridad de las
personas que participan en el conflicto, así como las ajenas a éste.
PROTOCOLO I-Objeto
El Protocolo I
adoptado en la Convención, se limita a establecer la prohibición de emplear
cualquier arma cuyo efecto principal sea lesionar mediante fragmentos que no
puedan localizarse por rayos X en el cuerpo humano.
PROTOCOLO II-Objeto
El Protocolo II,
sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros
artefactos. Se refiere al empleo en tierra de las minas, armas trampa y otros artefactos
que en él se definen, incluidas las minas sembradas para impedir el acceso a
playas, el cruce de vías acuáticas o de ríos. En todo caso, el Protocolo II
garantiza la protección de la soberanía de los Estados, y no exime al Gobierno
del respectivo Estado afectado por un conflicto armado interno, de mantener o
restablecer el orden público, defender la unidad nacional y la integridad
territorial del Estado por todos los medios legítimos. Además, se prohibe
expresamente la intervención en dichos conflictos, o en los asuntos internos o
externos por parte de otros Estados, invocando las normas de la Convención y el
Protocolo.
CONVENCION
INTERNACIONAL-Finalidad/CONVENCION
INTERNACIONAL-Prohibición y restricción de armas
La finalidad de
la Convención suscrita dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas, es
hacer efectivo el deber de los Estados en sus relaciones internacionales, de
abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para atentar contra
la independencia, la integridad territorial y la soberanía de los Estados. Todo
ello, no sólo con el objetivo de hacer efectivo el respeto y cumplimiento de
los principios que rigen las relaciones internacionales, sino en especial, la
protección de la población civil contra los efectos de las hostilidades y las
consecuencias nocivas y de barbarie derivadas de los conflictos y agresiones
entre los Estados. Todo lo anterior persigue lograr la distensión internacional
entre los Estados, la terminación de la carrera armamentista, la instauración de
la confianza entre los Estados y,  en especial, la realización de la aspiración
de todos los pueblos a vivir en paz. Para ello, como lo reconoce la Convención,
se hace indispensable prohibir o restringir, según el caso, aún más el empleo
de ciertas armas convencionales, así como poner fin a la producción, el
almacenamiento y la proliferación de esas armas.
CONVENCION
INTERNACIONAL Y PROTOCOLO-Límites
a la confrontación armada
Estima la Corte
que la Convención y sus Protocolos, cuya importancia y necesidad está
plenamente comprobada y reconocida por la Organización de las Naciones Unidas y
por sus distintos miembros, al igual que por diversas organizaciones no
gubernamentales, busca hacer efectivos los derechos constitucionales
fundamentales que toda persona, participe directamente o no del conflicto
armado, tiene a su vida e integridad personal, moral o física, y al respeto de
su dignidad humana, así como a la paz a la seguridad personal y a circular
libremente por el territorio nacional. Las normas incluidas en los instrumentos
internacionales sub examine son mecanismos idóneos y efectivos para disminuir
los graves, nocivos y dolorosos efectos que conlleva una guerra, así como para
establecer límites a la crueldad de la confrontación armada, interna o externa,
tanto para los combatientes como para la población civil, los bienes civiles y
el medio ambiente, y para regular el conflicto o la guerra externa o interna.
CONFLICTOS
ARMADOS-Pacífica
resolución
En relación con
los conflictos armados, el primer deber del Estado es prevenir su advenimiento,
para lo cual debe establecer mecanismos que permitan que los diversos
conflictos tengan espacios sociales e institucionales para su pacífica
resolución. En ello consiste, en gran parte, el deber estatal de preservar el
orden público y garantizar la convivencia pacífica.
CLAUSULA MARTEN-Finalidad
El preámbulo de
la Convención y del Protocolo II incluyen lo que la doctrina internacional ha
denominado la Cláusula Marten", esto es, el principio según el cual
"en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda
bajo la salvaguardia de los principios de la humanidad y de las exigencias de
la conciencia pública." Esta cláusula indica que la Convención y los
Protocolos I, II, III y IV no deben ser interpretados de manera aislada sino
que deben ser relacionados con el conjunto de principios humanitarios, ya que
estos instrumentos son desarrollo y concreción de tales principios y por ende
son aplicables a los conflictos armados no internacionales.
Referencia:
Expediente LAT-138
Revisión
oficiosa de la Ley 469 del 5 de agosto de 1998, “por medio de la cual se
aprueba la “Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de
ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de
efectos indiscriminados”, hecha en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil
novecientos ochenta (1980) y sus cuatro (4) Protocolos”.
Magistrada
Ponente (E):
Dra.
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Santafé de Bogotá,
D.C, marzo diez (10) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
I. ANTECEDENTES
En cumplimiento de
lo dispuesto por el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política, el
Gobierno Nacional, por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de
la República, remitió a esta Corporación el día once (11) de agosto de mil
novecientos noventa y ocho (1998), copia auténtica de la Ley 469 del cinco (5)
de agosto de ese mismo año, “por medio de la cual se aprueba la “Convención
sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales
que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”
y de sus cuatro (4) Protocolos :
Protocolo I. “Sobre Fragmentos no localizables”, adoptado el diez (10) de octubre de mil
novecientos ochenta (1980), con la Convención;
Protocolo II. “Sobre prohibiciones o restricciones del
empleo de minas, armas trampa y otros artefactos”, enmendado el  tres (3) de mayo de mil novecientos
noventa y seis (1996), en Ginebra;
Protocolo III.
“Sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de armas incendiarias”, adoptado el diez (10) de octubre de mil
novecientos ochenta (1980) con la Convención;
Protocolo
Adicional - considerado como IV -, “Sobre armas láser cegadoras”,  aprobado en Viena el trece (13) de octubre
de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Mediante auto del
diecisiete (17) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), se
avocó el examen de constitucionalidad de la Ley 469 del cinco (5) de ese año,
de la Convención y de los Protocolos aprobados por ésta, para lo cual ordenó
practicar las pruebas pertinentes, fijar el negocio en lista, correr traslado
al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, y
llevar a cabo las comunicaciones constitucional y legalmente exigidas.
Cumplidos como están
los trámites y requisitos señalados en la Constitución Política y en el Decreto
2067 de 1991 para esta clase de procesos, procede la Corte a pronunciarse sobre
los actos jurídicos objeto del presente control de constitucionalidad.
II.      TEXTO DE
LAS NORMAS QUE SE REVISAN
Se incluye a
continuación el texto de la Ley 469 del cinco (5 ) de agosto de mil novecientos
noventa y ocho (1998) y de la Convención y Protocolos ya referenciados, el cual
fue tomado del ejemplar cuya copia auténtica fue remitida a esta Corporación en
su oportunidad legal.
"LEY 469 DE 1998
(agosto 5)
por medio de la
cual se aprueba la "Convención sobre prohibiciones o restricciones del
empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente
nocivas o de efectos indiscriminados", hecha en Ginebra, el diez (10) de
octubre de mil novecientos ochenta (1980), y sus cuatro (4) protocolos:
"Protocolo
I. Sobre fragmentos
no localizables", adoptado el 10 de octubre de 1980 con la convención.
"Protocolo
II. Sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros
artefactos", enmendado el 3 de mayo de 1996 en Ginebra.
"Protocolo
III. Sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de armas incendiarias" adoptado
el 10 de octubre con la convención.
"Protocolo
Adicional, considerado como IV, sobre armas láser cegadoras", aprobado en Viena
el 13 de octubre de 1995.
El Congreso de Colombia
Visto el texto de
la "Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de
ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de
efectos indiscriminados", hecha en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil
novecientos ochenta (1980), y sus cuatro (4) Protocolos:
"Protocolo
I. Sobre fragmentos no localizables", adoptado el 10 de octubre de
1980 con la convención.
"Protocolo
II. Sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros
artefactos", enmendado el 3 de mayo de 1996 en Ginebra.
"Protocolo
III. Sobre prohibiciones y restricciones del empleo de armas
incendiarias" adoptado el 10 de octubre con la convención.
"Protocolo
Adicional, considerado como el IV, sobre armas láser cegadoras",
aprobado en Viena el 13 de octubre de 1995.
(Se adjuntan
fotocopias del texto íntegro del instrumento internacional y sus cuatro
protocolos mencionados, debidamente autenticados por el Jefe de la Oficina
Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).
«Convención
sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales
que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados
Las Altas Partes contratantes
Recordando que,
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, todo Estado tiene el deber,
en sus relaciones internacionales, de abstenerse de recurrir a la amenaza o al
uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la
independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma
incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas,
Recordando además
el principio general de la protección de la población civil contra los efectos
de las hostilidades,
Basándose en el
principio de derecho internacional según el cual el derecho de las partes en un
conflicto armado a elegir los métodos o medios de hacer la guerra no es
ilimitado, y en el principio que prohibe el empleo, en los conflictos armados,
de armas, proyectiles, materiales y métodos de hacer la guerra de naturaleza
tal que causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios,
Recordando además
que está prohibido el empleo de métodos o medios de hacer la guerra que hayan
sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen daños
extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural,
Confirmando su
decisión de que, en los casos no previstos en la presente convención, en sus
protocolos anexos o en otros acuerdos internacionales, la población civil y los
combatientes permanecerán, en todo momento, bajo la protección y la autoridad
de los principios de derecho internacional derivados de la costumbre, de los
principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública,
Deseando
contribuir a la distensión internacional, a la terminación de la carrera de
armamentos y a la instauración de la confianza entre los Estados y, por
consiguiente, a la realización de la aspiración de todos los pueblos a vivir en
paz,
Reconociendo la
importancia de hacer todo lo posible para contribuir al logro de progresos
conducentes al desarme general y completo bajo un control internacional
estricto y eficaz,
Reafirmando la
necesidad de continuar la codificación y el desarrollo progresivo de las normas
de derecho internacional aplicables en los conflictos armados,
Deseando prohibir
o restringir aún más el empleo de ciertas armas convencionales y convencidos de
que los resultados positivos que se logren en esta esfera podrán facilitar las
conversaciones más importantes sobre desarme destinadas a poner fin a la
producción, el almacenamiento y la proliferación de tales armas convencionales,
Poniendo de
relieve la conveniencia de que todos los Estados se hagan partes en la presente
convención y sus protocolos anexos, en particular los Estados militarmente
importantes,
Teniendo presente
que la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Comisión de Desarme de las
Naciones Unidas pueden decidir, examinar la cuestión de una posible ampliación
del alcance de las prohibiciones y las restricciones contenidas en la presente
convención y sus protocolos anexos,
Teniendo presente
que el Comité de Desarme puede decidir considerar la cuestión de adoptar nuevas
medidas para prohibir o restringir el empleo de ciertas armas convencionales,
Han convenido en
lo siguiente:
Artículo 1º
Ambito de aplicación
La presente
convención y sus protocolos anexos se aplicarán a las situaciones a que se hace
referencia en el artículo 2º común a los convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 relativos a la protección de las víctimas de la guerra, incluida
cualquiera de las situaciones descritas en el párrafo 4º del artículo 1º del
Protocolo I adicional a los convenios.
Artículo 2º
Relaciones con otros acuerdos internacionales
Ninguna
disposición de la presente convención ni de sus protocolos anexos se
interpretará de forma que menoscabe otras obligaciones impuestas a las Altas
Partes Contratantes por el derecho internacional humanitario aplicable en los
conflictos armados.
Artículo 3º
Firma
La presente
convención estará abierta a la firma de todos los Estados en la sede de las
Naciones Unidas, en Nueva York, durante un período de 12 meses a partir del 10
de abril de 1981.
Artículo 4º
Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
1. La presente
convención estará sujeta a la ratificación, aceptación o aprobación de los
signatarios. Cualquier Estado que no haya firmado la presente convención podrá
adherirse a ella.
2. Los
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión serán
depositados en poder del Depositario.
3. La
manifestación del consentimiento en obligarse por cualquiera de los protocolos
anexos a la presente convención será facultativa para cada Estado, a condición
de que en el momento del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación
o aprobación de la presente convención o de adhesión a ella, ese Estado
notifique al Depositario su consentimiento en obligarse por dos o más de esos
protocolos.
4. En cualquier
momento después del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o
aprobación de la presente convención o de adhesión a ella, un Estado podrá
notificar al Depositario su consentimiento en obligarse por cualquier protocolo
anexo por el que no esté ya obligado.
5. Cualquier protocolo
por el que una Alta Parte Contratante esté obligada será para ella parte
integrante de la presente convención.
Artículo 5º
Entrada en vigor
1. La presente
convención entrará en vigor seis meses después de la fecha de depósito del
vigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
2. Para cualquier
Estado que deposite su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión después de la fecha de depósito del vigésimo instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la presente convención entrará
en vigor seis meses después de la fecha de depósito del correspondiente
instrumento por ese Estado.
3. Cada uno de
los protocolos anexos a la presente convención entrará en vigor seis meses
después de la fecha en que 20 Estados hubieren notificado al Depositario su
consentimiento en obligarse por él, de conformidad con los párrafos 3º o 4º del
artículo 4º de la presente convención.
4. Para cualquier
Estado que notifique su consentimiento en obligarse por un protocolo anexo a la
presente convención después de la fecha en que 20 Estados hubieren notificado
su consentimiento en obligarse por él, el protocolo entrará en vigor seis meses
después de la fecha en que ese Estado haya notificado al Depositario su consentimiento
en obligarse por dicho protocolo.
Artículo 6º
Difusión
Las Altas Partes
Contratantes se comprometen a dar la difusión más amplia posible en sus países
respectivos, tanto en tiempo de paz como en período de conflicto armado, a la
presente convención y a sus protocolos anexos por los que estén obligadas y, en
particular, a incorporar el estudio de ellos en los programas de instrucción
militar, de modo que estos instrumentos sean conocidos por sus fuerzas armadas.
Artículo 7º
Relaciones convencionales a partir de la entrada en vigor
de la presente
Convención
1. Cuando una de
las partes en un conflicto no esté obligada por un protocolo anexo, las partes
obligadas por la presente convención y por ese protocolo anexo seguirán
obligadas por ellos en sus relaciones mutuas.
2. Cualquier Alta
Parte Contratante estará obligada por la presente convención y por cualquiera
de sus protocolos anexos por el que ese Estado se haya obligado, en cualquier
situación de las previstas en el artículo 1º y con relación a cualquier Estado
que no sea parte en la presente convención o que no esté obligado por el
protocolo de que se trate, si este último Estado acepta y aplica la presente
convención o el protocolo anexo pertinente y así lo notifica al Depositario.
3. El Depositario
informará inmediatamente a las Altas Partes Contratantes interesadas de las
notificaciones recibidas en virtud del párrafo 2º del presente artículo.
4. La presente
convención y los protocolos anexos por los que una Alta Parte Contratante esté
obligada se aplicarán respecto de un conflicto armado contra esa Alta Parte
Contratante, del tipo mencionado en el párrafo 4º del artículo 1º del Protocolo
Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la
protección de las víctimas de la guerra:
a) Cuando la Alta
Parte Contratante sea también Parte en el Protocolo Adicional I y una autoridad
como la mencionada en el párrafo 3º del artículo 96 de ese protocolo se haya
comprometido a aplicar los convenios de Ginebra y el Protocolo I de conformidad
con el párrafo 3º del artículo 96 del mencionado protocolo, y se comprometa a
aplicar la presente convención y los pertinentes protocolos con relación a ese
conflicto; o
b) Cuando la Alta
Parte Contratante no sea parte en el Protocolo Adicional I y una autoridad del
tipo mencionado en el apartado a) supra acepte y aplique las obligaciones
establecidas en los convenios de Ginebra y en la presente convención y en los
protocolos anexos pertinentes con relación a ese conflicto. Tal aceptación y
aplicación surtirán los efectos siguientes con relación a tal conflicto:
i) Los convenios
de Ginebra y la presente convención y sus pertinentes protocolos anexos
entrarán en vigor respecto de las partes en el conflicto con efecto inmediato;
ii) La mencionada
autoridad asumirá los mismos derechos y las mismas obligaciones que una Alta
Parte Contratante en los convenios de Ginebra, en la presente convención y en
sus pertinentes protocolos anexos; y
iii) Los
convenios de Ginebra, la presente convención y sus pertinentes protocolos
anexos obligarán por igual a todas las partes en el conflicto.
La Alta Parte
Contratante y la autoridad también podrán convenir en aceptar y aplicar las
obligaciones establecidas en el Protocolo Adicional I a los convenios de
Ginebra sobre una base recíproca.
Artículo 8º
Examen y enmiendas
1. a) En
cualquier momento después de la entrada en vigor de la presente convención,
cualquier Alta Parte Contratante podrá proponer enmiendas a la presente
convención o a cualquier protocolo anexo por el que ese Estado esté obligado.
Toda propuesta de enmienda será comunicada al Depositario, quien la notificará
a todas las Altas Partes Contratantes y recabará su opinión sobre la
conveniencia de convocar una conferencia para considerar la propuesta. Si una
mayoría, que no deberá ser menor de 18 de las Altas Partes Contratantes,
conviniere en ello, el Depositario convocará sin demora una conferencia, a la
que se invitará a todas las Altas Partes Contratantes. Los Estados no partes en
la presente convención serán invitados a la conferencia en calidad de
observadores;
b) Esa
conferencia podrá aprobar enmiendas que se adoptarán y entrarán en vigor de la
misma forma que la presente convención y los protocolos anexos, si bien las
enmiendas a la convención sólo podrán ser adoptadas por las Altas Partes
Contratantes y las enmiendas a un determinado protocolo anexo sólo podrán ser
adoptadas por las Altas Partes Contratantes que estén obligadas por ese
protocolo.
2. a) En
cualquier momento después de la entrada en vigor de la presente convención,
cualquier Alta Parte Contratante podrá proponer protocolos adicionales sobre
otras categorías de armas convencionales no comprendidas en los protocolos
existentes. Toda propuesta de protocolo adicional será comunicada al Depositario,
quien la notificará a todas las Altas Partes Contratantes de conformidad con el
apartado 1 a) del presente artículo. Si una mayoría, que no deberá ser menor de
18 de las Altas Partes Contratantes, conviniere en ello, el Depositario
convocará sin demora una conferencia, a la que se invitará a todos los Estados;
b) Esa
conferencia podrá, con la participación plena de todos los Estados
representados en ella, aprobar protocolos adicionales, que se adoptarán de la
misma forma que la presente convención, se anexarán a ella y entrarán en vigor
de conformidad con los párrafos 3º y 4º del artículo 5º de la presente
convención.
3. a) Si, al cabo
de un período de 10 años después de la entrada en vigor de la presente
convención no se hubiere convocado una conferencia de conformidad con los
apartados 1 a) ó 2 a) del presente artículo, cualquier Alta Parte Contratante
podrá pedir al Depositario que convoque una conferencia, a la que se invitará a
todas las Altas Partes Contratantes con objeto de examinar el ámbito y el
funcionamiento de la presente convención y de sus protocolos anexos y de
considerar cualquier propuesta de enmiendas a la convención o a los protocolos
anexos existentes. Los Estados no partes en la convención serán invitados a la
conferencia en calidad de observadores. La conferencia podrá aprobar enmiendas,
que se adoptarán y entrarán en vigor de conformidad con el apartado 1 b) supra;
b) Esa
conferencia podrá así mismo considerar cualquier propuesta de protocolos
adicionales sobre otras categorías de armas convencionales no comprendidas en
los protocolos anexos existentes. Todos los Estados representados en la
conferencia podrán participar plenamente en la consideración de tales
propuestas. Cualquier protocolo adicional será adoptado de la misma forma que
la presente convención, se anexará a ella y entrará en vigor de conformidad con
los párrafos 3º y 4º del artículo 5º;
c) Esa
conferencia podrá considerar si deben adoptarse disposiciones respecto de la
convocación de otra conferencia a petición de cualquiera Alta Parte Contratante
si, al cabo de un período similar al mencionado en el apartado 3 a) del
presente artículo, no se ha convocado una conferencia de conformidad con los
apartados 1 a) o 2 a) del presente artículo.
Artículo 9º
Denuncia
1. Cualquier Alta
Parte Contratante podrá denunciar la presente convención o cualquiera de sus
protocolos anexos, notificándolo así al Depositario.
2. Cualquier
denuncia de esta índole sólo surtirá efecto un año después de la recepción de
la notificación por el Depositario. No obstante, si al expirar ese plazo la
Alta Parte Contratante denunciante se halla en una de las situaciones previstas
en el artículo 1º, esa Parte continuará obligada por la presente convención y
los protocolos anexos pertinentes hasta el fin del conflicto armado o de la
ocupación y, en cualquier caso, hasta la terminación de las operaciones de
liberación definitiva, repatriación o reasentamiento de las personas protegidas
por las normas de derecho internacional aplicable en los conflictos armados; y,
en el caso de cualquier protocolo anexo que contenga disposiciones relativas a
situaciones en las que fuerzas o misiones de las Naciones Unidas desempeñen
funciones de mantenimiento de la paz, observación u otras similares en la zona
de que se trate, hasta la terminación de tales funciones.
3. Cualquier
denuncia de la presente convención se considerará que se extiende a todos los
protocolos anexos por los que la Alta Parte Contratante esté obligada.
4. Cualquier
denuncia sólo surtirá efecto respecto de la Alta Parte Contratante que la
formule.
5. Ninguna
denuncia afectará las obligaciones ya contraídas por tal Alta Parte Contratante
denunciante, como consecuencia de un conflicto armado y en virtud de la
presente convención y de sus protocolos anexos, en relación con cualquier acto
cometido antes de que su denuncia resulte efectiva.
Artículo 10.
Depositario
1. El Secretario
General de las Naciones Unidas será el Depositario de la presente convención y
de sus protocolos anexos.
2. Además de sus
funciones habituales, el Depositario informará a todos los Estados acerca de:
a) Las firmas de
la presente convención, conforme al artículo 3º;
b) El depósito de
los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación de la presente
convención o de adhesión a ella, conforme al artículo 4º;
c) Las
notificaciones del consentimiento en obligarse por los protocolos anexos,
conforme al artículo 4º;
d) Las fechas de
entrada en vigor de la presente convención y de cada uno de sus protocolos
anexos, conforme al artículo 5º, y
e) Las
notificaciones de denuncia recibidas conforme al artículo 9º, y las fechas en
que éstas comiencen a surtir efecto.
Artículo 11.
Textos auténticos
El original de la
presente convención con los protocolos anexos, cuyos textos en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en
poder del Depositario, el cual transmitirá copias certificadas conformes del
mismo a todos los Estados.»
"Protocolo
I, sobre fragmentos no localizables. Adoptado con la "Convención sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que
puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados",
hecho en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980).
“Se prohíbe
emplear cualquier arma cuyo efecto principal sea lesionara mediante fragmentos
que no puedan localizarse por rayos X en el cuerpo humano.”
El suscrito Jefe de la Oficina Jurídica
del Ministerio de Relaciones Exteriores,
HACE CONSTAR:
Que la presente
reproducción es fiel fotocopia tomada del texto certificado de la
"Protocolo I, sobre fragmentos no localizables. Adoptado con la
"Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas
armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos
indiscriminados", hecho en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil
novecientos ochenta (1980).
Depositario:
Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, documento que
reposa en los archivos de la Oficina Jurídica de este Ministerio.
Dada en Santa Fe
de Bogotá, D. C., a los trece (13) días del mes de marzo de mil novecientos
noventa y siete (1997).
El Jefe Oficina Jurídica,
Héctor Adolfo Sintura Varela.
Protocolo
sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros
artefactos según fue enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo II según fue
enmendado el 3 de mayo de 1996), anexo a la convención sobre prohibiciones o
restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.
Artículo I Protocolo enmendado
Por el presente
artículo queda enmendado el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del
empleo de minas, armas trampa y otros artefactos (Protocolo II), anexo a la
convención sobre prohibiciones o restricciones de empleo de ciertas armas
convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos
indiscriminados ("la convención"). El texto del protocolo según fue
enmendado es el siguiente:
"Protocolo
sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros
artefactos según fue enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo II según fue
enmendado el 3 de mayo de 1996)"
Artículo 1º
Ambito de aplicación
1. El presente
protocolo se refiere al empleo en tierra de las minas, armas trampa y otros
artefactos, que en él se definen, incluidas las minas sembradas para impedir el
acceso a playas, el cruce de vías acuáticas o el cruce de ríos, pero no se
aplica al empleo de minas antibuques en el mar o en vías acuáticas interiores.
2. El presente
protocolo se aplicará, además de las situaciones a que se refiere el artículo
1º de la convención, a las situaciones a que se refiere el artículo 3º común a
los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.
El presente
protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de
disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos de
violencia y otros actos análogos que no son conflictos armados.
3. En el caso de
conflictos que no sean de carácter internacional que tengan lugar en el
territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada parte en el conflicto
estará obligada a aplicar las prohibiciones y restricciones del presente
protocolo.
4. No podrá
invocarse disposición alguna del presente protocolo con el fin de menoscabar la
soberanía de un Estado o la responbabilidad que incumbe al Gobierno de mantener
o restablecer el orden público en el Estado o de defender la unidad nacional y
la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos.
5. No podrá
invocarse disposición alguna del presente protocolo para justificar la
intervención, directa o indirecta, sea cual fuere la razón, en un conflicto
armado o en los asuntos internos o externos de la Alta Parte Contratante en
cuyo territorio tenga lugar ese conflicto.
6. La aplicación
de las disposiciones del presente protocolo a las partes en un conflicto, que
no sean Altas Partes Contratantes que hayan aceptado el presente protocolo, no
modificará su estatuto jurídico ni la condición jurídica de un territorio en
disputa, ya sea expresa o implícitamente.
Artículo 2º
Definiciones
A los efectos del
presente protocolo:
1. Por
"mina" se entiende toda munición colocada debajo, sobre o cerca de la
superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebida para
explosionar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o de
un vehículo.
2. Por "mina
lanzada a distancia" se entiende toda mina no colocada directamente sino
lanzada por medio de artillería, misiles, cohetes, morteros o medios similares,
o arrojada desde aeronaves. Las minas lanzadas desde un sistema basado en
tierra, a menos de 500 metros, no se consideran "lanzadas a
distancia", siempre que se empleen de conformidad con el artículo 5º y
demás artículos pertinentes del presente protocolo.
3. Por "mina
antipersonal" se entiende toda mina concebida primordialmente para que
explosione por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona y que
incapacite, hiera o mate a una o más personas.
4. Por "arma
trampa" se entiende todo artefacto o material concebido, construido o
adaptado para matar o herir, y que funcione inesperadamente cuando una persona
mueva un objeto al parecer inofensivo, se aproxime a él o realice un acto que
al parecer no entrañe riesgo alguno.
5. Por
"otros artefactos" se entiende las municiones y artefactos colocados
manualmente, incluidos los artefactos explosivos improvisados, que estén
concebidos para matar, herir o causar daños, y que sean accionados manualmente,
por control remoto o de manera automática con efecto retardado.
6. Por
"objetivo militar", en lo que respecta a los bienes, se entiende
aquellos que, por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización, contribuyan
eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o
neutralización ofrezca, en las circunstancias del momento, una clara ventaja
militar.
7. Por
"bienes de carácter civil", se entiende todos los bienes que no sean
objetivos militares tal como están definidos en el párrafo 6 del presente
artículo.
8. Por
"campo de minas" se entiende una zona determinada en la que se han
colocado minas y por "zona minada" se entiende una zona que es
peligrosa a causa de la presencia de minas. Por "campo de minas
simulado" se entiende una zona libre de minas que aparenta ser un campo de
minas. Por "campo de minas" se entiende también los campos de minas
simulados.
9. Por
"registro" se entiende una operación de carácter material,
administrativo y técnico cuyo objeto es obtener, a los efectos de su inclusión
en registros oficiales, toda la información disponible que facilite la
localización de campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros
artefactos.
10. Por
"mecanismo de autodestrucción" se entiende un mecanismo incorporado o
agregado exteriormente, de funcionamiento automático, que causa la destrucción
de la munición a la que se ha incorporado o agregado.
11. Por
"mecanismo de autoneutralización" se entiende un mecanismo
incorporado, de funcionamiento automático, que hace inoperativa la munición a
la que se ha incorporado.
12. Por
"autodesactivación" se entiende el hacer inoperativa, de manera
automática, una munición mediante el agotamiento irreversible de un componente,
por ejemplo una batería eléctrica, que sea esencial para el funcionamiento de
la munición.
13. Por
"control remoto" se entiende el control por mando a distancia.
14. Por
"dispositivo antimanipulación" se entiende un dispositivo destinado a
proteger una mina, que forma parte de la mina, está conectado o fijado a la
mina, o colocado bajo ella, y que se activa cuando se intenta manipularla.
15. Por
"transferencia" se entiende, además del traslado f&iacute;sico de
minas desde o hacia el territorio nacional, la transferencia del dominio y del
control sobre las minas, pero no se entenderá la transferencia de territorio
que contenga minas colocadas.
Artículo 3º
Restricciones generales del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos
1. El presente
artículo se aplica a:
a) Las minas;
b) Las armas
trampa; y
c) Otros
artefactos.
2. De conformidad
con las disposiciones del presente protocolo, cada Alta Parte Contratante o
parte en un conflicto es responsable de todas las minas, armas trampa y otros
artefactos que haya empleado, y se compromete a proceder a su limpieza,
retirarlos, destruirlos o mantenerlos según lo previsto en el artículo 10 del
presente protocolo.
3. Queda
prohibido, en todas las circunstancias, emplear minas, armas trampa u otros
artefactos, concebidos de tal forma o que sean de tal naturaleza, que causen
daños superfluos o sufrimientos innecesarios.
4. Las armas a
las que se aplica el presente artículo deberán cumplir estrictamente las normas
y límites que se especifican en el anexo técnico respecto de cada categoría
concreta.
5. Queda
prohibido el empleo de minas, armas trampa y otros artefactos provistos de un
mecanismo o dispositivo concebido específicamente para hacer detonar la
munición ante la presencia de detectores de minas fácilmente disponibles como
resultado de su influencia magnética u otro tipo de influencia que no sea el
contacto directo durante su utilización normal en operaciones de detección.
6. Queda
prohibido emplear minas con autodesactivación provistas de un dispositivo
antimanipulación diseñado de modo que este dispositivo pueda funcionar después
de que la mina ya no pueda hacerlo.
7. Queda
prohibido, en todas las circunstancias, emplear las armas a las que se aplica
el presente artículo, sea como medio de ataque, como medio de defensa o a
título de represalia, contra la población civil propiamente dicha o contra
personas civiles o bienes de carácter civil.
8. Queda
prohibido el empleo indiscriminado de las armas a las que se aplica el presente
artículo. Empleo indiscriminado es cualquier ubicación de estas armas:
a) Que no se
encuentre en un objetivo militar ni esté dirigido contra un objetivo militar.
En caso de duda de si un objeto que normalmente se destina a fines civiles,
como un lugar de culto, una casa u otro tipo de vivienda, o una escuela, se
utiliza con el fin de contribuir efectivamente a una acción militar, se
presumirá que no se utiliza con tal fin;
b) En que se
recurra a un método o medio de lanzamiento que no pueda ser dirigido contra un
objetivo militar determinado; o
c) Del que se
pueda prever que cause fortuitamente pérdidas de vidas de personas civiles,
heridas a personas civiles, daños a bienes de carácter civil o más de uno de
estos efectos, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta
y directa prevista.
9. No se
considerarán como un solo objetivo militar diversos objetivos militares
claramente separados e individualizados que se encuentren en una ciudad,
pueblo, aldea u otra zona en la que haya una concentración análoga de personas
civiles o bienes de carácter civil.
10. Se tomarán
todas las precauciones viables para proteger a las personas civiles de los
efectos de las armas a las que se aplica el presente artículo. Precauciones
viables son aquellas factibles o posibles en la práctica, habida cuenta de
todas las circunstancias del caso, incluidas consideraciones humanitarias y
militares.Entre otras, estas circunstancias incluyen:
a) El efecto a
corto y a largo plazo de las minas sobre la población civil local durante el
período en que esté activo el campo de minas;
b) Posibles
medidas para proteger a las personas civiles (por ejemplo, cercas, señales,
avisos y vigilancia);
c) La
disponibilidad y viabilidad de emplear alternativas; y
d) Las
necesidades militares de un campo de minas a corto y a largo plazo.
11. Se dará por
adelantado aviso eficaz de cualquier ubicación de minas, armas trampa y otros
artefactos que puedan afectar a la población civil, salvo que las
circunstancias no lo permitan.
Artículo 4º
Restricciones del empleo de minas antipersonal
Queda prohibido
el empleo de toda mina antipersonal que no sea detectable, según se especifica
en el párrafo 2º del anexo técnico.
Artículo 5º
Restricciones del empleo de minas antipersonal que no sean minas lanzadas a
distancia
1. El presente
artículo se aplica a las minas antipersonal que no sean minas lanzadas a
distancia.
2. Queda
prohibido el empleo de las armas a las que se aplica el presente artículo que
no se ajusten a lo dispuesto en el anexo técnico respecto de la autodestrucción
y la autode-sactivación, a menos que:
a) Esas armas se
coloquen en una zona con el perímetro marcado que esté vigilada por personal
militar y protegida por cercas u otros medios para garantizar la exclusión
efectiva de personas civiles de la zona. Las marcas deberán ser inconfundibles
y duraderas y ser por lo menos visibles a una persona que esté a punto de
penetrar en la zona con el perímetro marcado; y
b) Se proceda a
limpiar la zona de esas armas antes de abandonarla, a no ser que se entregue el
control de la zona a las fuerzas de otro Estado que acepten la responsabilidad
del mantenimiento de las protecciones exigidas por el presente artículo y la
remoción subsiguiente de esas armas.
3. Una parte en
un conflicto sólo quedará exenta del ulterior cumplimiento de las disposiciones
de los apartados a) y b) del párrafo 2º del presente artículo cuando no sea
posible tal cumplimiento debido a la pérdida de control de la zona por la
fuerza como resultado de una acción militar enemiga, incluidas las situaciones
en que la acción militar directa del enemigo impida ese cumplimiento. Si esa
parte recupera el control de la zona, reanudará el cumplimiento de las
disposiciones de los apartados a) y b) del párrafo 2º del presente artículo.
4. Si las fuerzas
de una parte en un conflicto toman el control de una zona en la que se hayan
colocado armas a las que se aplica el presente artículo, dichas fuerzas
mantendrán y, en caso necesario, establecerán, en la mayor medida posible, las
protecciones exigidas en el presente artículo hasta que se haya procedido a
limpiar la zona de esas armas.
5. Se adoptarán
todas las medidas viables para impedir la retirada, desfiguración, destrucción
u ocultación, no autorizada, de cualquier dispositivo, sistema o material
utilizado para delimitar el perímetro de una zona con el perímetro marcado.
6. Las armas a
las que se aplica el presente artículo que lancen fragmentos en un arco
horizontal de menos de 90º y que estén colocadas en la superficie del terreno o
por encima de ésta podrán ser empleadas sin las medidas previstas en el párrafo
2 a) del presente artículo durante un plazo máximo de 72 horas, si:
a) Están situadas
en la proximidad inmediata de la unidad militar que las haya colocado; y
b) La zona está supervisada
por personal militar que garantice la exclusión efectiva de toda persona civil.
Artículo 6º
Restricciones del empleo de las minas lanzadas a distancia
1. Queda
prohibido emplear minas lanzadas a distancia a menos que estén registradas
conforme a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 1º del anexo técnico.
2. Queda
prohibido emplear minas antipersonal lanzadas a distancia que no se ajusten a
lo dispuesto en el anexo técnico respecto de la autodestrucción y la autodesactivación.
3. Queda
prohibido emplear minas lanzadas a distancia distintas de las minas
antipersonal, a menos que, en la medida de lo posible, estén provistas de un
mecanismo eficaz de autodestrucción o autoneutralización, y tengan un
dispositivo de autodesactivación de reserva diseñado de modo que las minas no
funcionen ya como minas tan pronto como se prevea que vayan a dejar de cumplir
la finalidad militar para la que fueron colocadas.
4. Se dará, por
adelantado, aviso eficaz de cualquier lanzamiento de minas a distancia que
pueda afectar a la población civil, salvo que las circunstancias no lo
permitan.
Artículo 7º
Prohiciciones del empleo de armas trampa y otros artefactos
1. Sin perjuicio
de las normas del derecho internacional aplicables en los conflictos armados
con respecto a la traición y la perfidia, queda prohibido, en todas las
circunstancias, emplear armas trampa y otros artefactos que estén de algún modo
vinculados o relacionados con:
a) Emblemas,
signos o señales protectoras reconocidos internacionalmente;
b) Personas
enfermas, heridas o muertas;
c) Sepulturas,
crematorios o cementerios;
d) Instalaciones,
equipo, suministros o transportes sanitarios;
e) Juguetes u
otros objetos portátiles o productos destinados especialmente a la
alimentación, la salud, la higiene, el vestido o la educación de los niños;
f) Alimentos o
bebidas;
g) Utensilios o
aparatos de cocina, excepto en establecimientos militares, locales militares o
almacenes militares;
h) Objetos de
carácter claramente religioso;
i) Monumentos
históricos, obras de arte o lugares de culto, que constituyen el patrimonio
cultural o espiritual de los pueblos; o
j) Animales vivos
o muertos.
2. Queda
prohibido el empleo de armas trampa u otros artefactos con forma de objetos
portátiles aparentemente inofensivos, que estén especialmente diseñados y
construidos para contener material explosivo.
3. Sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 3º, queda prohibido el empleo de las armas a las
que se aplica el presente artículo en cualquier ciudad, pueblo, aldea u otra
zona donde se encuentre una concentración similar de civiles, en la que no
tengan lugar combates entre las fuerzas de tierra o no parezcan inminentes, a
menos que:
a) Estén ubicadas
en un objetivo militar o en su inmediata proximidad; o
b) Se tomen
medidas para proteger a los civiles de sus efectos, por ejemplo, mediante
centinelas, señales o actos de advertencia o cercas.
Artículo 8º
Transferencias
1. A fin de
promover los propósitos del presente protocolo, cada Alta Parte Contratante:
a) Se compromete
a no transferir ningún tipo de minas cuyo uso esté prohibido en virtud del
presente protocolo;
b) Se compromete
a no transferir minas a ningún receptor distinto de un Estado o agencia estatal
autorizado para recibir tales transferencias;
c) Se compromete
a ser restrictiva en la transferencia de todo tipo de minas cuyo empleo esté
restringido por el presente protocolo. En particular las Altas Partes
Contratantes se comprometen a no transferir minas antipersonal a los Estados
que no estén obligados por el presente protocolo a menos que el Estado receptor
convenga en aplicar el presente protocolo; y
d) Se compromete
a garantizar que, al realizar cualquier transferencia con arreglo al presente
artículo, tanto el Estado transferente como el Estado receptor lo hagan de
plena conformidad con las disposiciones pertinentes del presente protocolo y
con las normas aplicables del derecho humanitario internacional.
2. En caso de que
una Alta Parte Contratante declare que va a aplazar el cumplimiento de algunas
disposiciones concretas para el empleo de determinadas minas, según se dispone
en el anexo técnico, se seguirá aplicando de todas formas a esas minas el apartado
a) del párrafo 1º del presente artículo.
3. Hasta la
entrada en vigor del presente protocolo, todas las Altas Partes Contratantes se
abstendrán de todo tipo de acciones que sean incompatibles con el apartado a)
del párrafo 1º del presente artículo.
Artículo 9º
Registro y utilización de información sobre campos de minas,
zonas minadas,
minas, armas trampa y otros artefactos
1. Toda la
información concerniente a campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa
y otros artefactos se registrará de conformidad con las disposiciones del anexo
técnico.
2. Todos los
registros mencionados serán conservados por las partes en un conflicto, las
cuales adoptarán, sin demora, tras el cese de las hostilidades activas, todas
las medidas necesarias y apropiadas, incluida la utilización de esa
información, para proteger a las personas civiles de los efectos de campos de
minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos en las zonas bajo
su control.
Al mismo tiempo,
facilitarán también a la otra parte o a las otras partes en el conflicto y al
Secretario General de las Naciones Unidas toda la información que posean
respecto de los campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros
artefactos colocados por ellas en las zonas que ya no estén bajo su control; no
obstante, y a condición de que haya reciprocidad, cuando las fuerzas de una
parte en el conflicto estén en el territorio de una parte contraria cada una de
las partes podrá abstenerse de facilitar esa información al Secretario General
y a la otra parte, en la medida en que lo exijan sus intereses de seguridad,
hasta que ninguna parte se encuentre en el territorio de la otra. En este
último caso, la información retenida se divulgará tan pronto como lo permitan
dichos intereses de seguridad. Siempre que sea factible, las partes en el
conflicto procurarán, por mutuo acuerdo, disponer la divulgación de esa
información lo antes posible y de modo acorde con los intereses de seguridad de
cada parte.
3. El presente
artículo se entiende sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 10 y
12 del presente protocolo.
Artículo 10.
Remoción de campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros
artefactos y cooperación internacional
1. Sin demora
alguna tras del cese de las hostilidades activas, se deberá limpiar, remover,
destruir o mantener de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º y en el
párrafo 2º del artículo 5º del presente protocolo, todos los campos de minas,
zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos.
2. Incumbe a las
Altas Partes Contratantes y a las partes en un conflicto esa responsabilidad
respecto de los campos de minas, las zonas minadas, las minas, las armas trampa
y otros artefactos que se encuentren en zonas que estén bajo su control.
3. Respecto de
los campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos
colocados por una parte en zonas sobre las que ya no ejerza control, esta parte
facilitará a la parte que ejerza el control, de conformidad con lo dispuesto en
el párrafo 2º del presente artículo, en la medida que esa parte lo permita, la
asistencia técnica y material que se necesite para cumplir esa responsabilidad.
4. Siempre que
sea necesario, las partes se esforzarán por llegar a un acuerdo entre sí y,
cuando proceda, con otros Estados y organizaciones internacionales, acerca del
suministro de asistencia técnica y material, incluida, en las
circunstancias
adecuadas, la organización de las operaciones conjuntas que sean necesarias
para cumplir esas responsabilidades.
Artículo 11.
Cooperación y asistencia técnicas
1. Cada Alta
Parte Contratante se compromete a facilitar el intercambio más completo posible
de equipo, material e información científica y técnica en relación con la
aplicación del presente protocolo y los medios para la limpieza de minas, y
tendrá el derecho a participar en ese intercambio.
En particular,
las Altas Partes Contratantes no impondrán restricciones indebidas al
suministro de equipo de limpieza de minas y de la correspondiente información
técnica con fines humanitarios.
2. Cada Alta
Parte Contratante se compromete a proporcionar información a la base de datos
sobre limpieza de minas establecida en el Sistema de las Naciones Unidas, en
especial la información relativa a los diversos medios y tecnologías de
limpieza de minas, así como listas de expertos, organismos de especialistas o
centros de contacto nacionales para la limpieza de minas.
3. Cada Alta
Parte Contratante que esté en condiciones de hacerlo proporcionará asistencia
para la limpieza de minas por conducto del Sistema de las Naciones Unidas, de
otros órganos internacionales o sobre una base bilateral, o contribuirá al
Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para Asistencia a la Limpieza de Minas.
4. Las
solicitudes de asistencia presentadas por las Altas Partes Contratantes,
fundamentadas en la información pertinente, podrán presentarse a las Naciones
Unidas, a otros órganos competentes o a otros Estados. Esas solicitudes podrán
presentarse al Secretario General de las Naciones Unidas, quien las transmitirá
a todas las Altas Partes Contratantes y a las organizaciones internacionales
competentes.
5. En caso de
solicitudes hechas a las Naciones Unidas, el Secretario General de las Naciones
Unidas, con cargo a los recursos de que él disponga, podrá tomar medidas
apropiadas para evaluar la situación y, en cooperación con la Alta Parte
Contratante solicitante, determinará el suministro apropiado de asistencia para
la limpieza de minas o la aplicación del protocolo. El Secretario General de
las Naciones Unidas podrá así mismo informar a las Altas Partes Contratantes de
esa evaluación y también del tipo y alcance de la asistencia solicitada.
6. Sin perjuicio
de sus disposiciones constitucionales y demás disposiciones legales, las Altas
Partes Contratantes se comprometen a cooperar y a transferir tecnología para
facilitar la aplicación de las prohibiciones y restricciones pertinentes
establecidas en el presente protocolo.
7. Cada Alta
Parte Contratante tendrá derecho a pedir y recibir asistencia técnica, cuando
proceda, de otra Alta Parte Contratante en relación con la tecnología
específica pertinente, que no sea tecnología de armas, según sea necesario y
viable, con miras a reducir cualquier período de aplazamiento previsto en las
disposiciones del anexo técnico.
Artículo 12.
Protección contra los efectos de los campos de minas, zonas minadas, minas,
armas trampa y otros artefactos
1. Aplicación.
a) Con la
excepción de las fuerzas y misiones que se mencionan en el inciso i) del
apartado a) del párrafo 2 del presente artículo, el presente artículo solamente
se aplica a las misiones que desempeñen funciones en una zona con el
consentimiento de la Alta Parte Contratante en cuyo territorio se desempeñen
esas funciones;
b) La aplicación
de las disposiciones del presente artículo a Partes en un conflicto que no sean
Altas Partes Contratantes no modificará su estatuto jurídico o la condición
jurídica de un territorio disputado, bien sea explícita o implícitamente;
c) Las
disposiciones del presente artículo se aplicarán sin perjuicio del derecho
internacional humanitario en vigor u otros instrumentos internacionales, según
proceda, o de decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que
dispongan un nivel de protección más elevado para el personal que desempeñe sus
funciones de conformidad con el presente artículo.
2. Fuerzas y
misiones de mantenimiento de la paz y de otra índole.
a) El presente
párrafo se aplica a:
i) Toda fuerza o
misión de las Naciones Unidas que desempeñe funciones de mantenimiento de la
paz, observación u otras funciones análogas en una zona de conformidad con la
Carta de la Naciones Unidas; y
ii) Toda misión
establecida de conformidad con el Capítulo VIII de la Carta de las Naciones
Unidas y que desempeñe sus funciones en la zona de un conflicto;
b) Cada una de
las Altas Partes Contratantes o de las partes en un conflicto, si se lo
solicita el jefe de una fuerza o misión a la que se aplique el presente
párrafo, deberá:
i) Adoptar,
dentro de lo posible, las medidas que sean necesarias para proteger a la fuerza
o misión de los efectos de minas, armas trampa y otros artefactos, que se
encuentren en la zona bajo su control;
ii) Si es
necesario para proteger eficazmente a ese personal, remover o hacer inocuas,
dentro de lo posible, todas las minas, armas trampa y otros artefactos de esa
zona; y
iii) informar al
jefe de la fuerza o misión acerca de la ubicación de todos los campos de minas,
zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos conocidos en la zona en
que la fuerza o misión desempeñe sus funciones y, en la medida de lo posible,
poner a disposición del jefe de la fuerza o misión toda la información que esté
en poder de esa parte respecto de esos campos de minas, zonas minadas, minas,
armas trampa y otros artefactos.
3. Misiones
humanitarias y de investigación de las Naciones Unidas.
a) El presente
párrafo se aplica a toda misión humanitaria o de investigación del Sistema de
las Naciones Unidas;
b) Cada Alta
Parte Contratante o parte en un conflicto, si se lo solicita el jefe de una
misión a la que se aplique el presente párrafo, deberá:
i) Proporcionar
al personal de la misión las protecciones indicadas el inciso i) del apartado
b) del párrafo 2º del presente artículo; y
ii) En caso de
que sea necesario acceder a algún lugar bajo su control o pasar por él para el
desempeño de las funciones de la misión y a fin de ofrecer al personal de la
misión acceso seguro hacia ese lugar o a través de él:
aa) A menos que
lo impidan las hostilidades en curso, informar al jefe de la misión acerca de
una ruta segura hacia ese lugar, cuando disponga de esa información; o
bb) Cuando no se
proporcione información que señale una ruta segura de conformidad con el
subinciso aa), en la medida de lo necesario y factible, abrir un pasillo a
través de los campos de minas.
4. Misiones del
Comité Internacional de la Cruz Roja.
a) El presente
párrafo se aplica a toda misión del Comité Internacional de la Cruz Roja que
desempeñe funciones con el consentimiento del Estado o los Estados anfitriones
de conformidad con lo previsto en los convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949, y, en su caso, de sus protocolos adicionales;
b) Cada una de
las Altas Partes Contratantes o partes en un conflicto, si se lo solicita el
jefe de una misión a la que se aplique el presente párrafo, deberá:
i) Proporcionar
al personal de la misión las protecciones indicadas en el inciso i) del
apartado b) del párrafo 2º del presente artículo; y
ii) Adoptar las
medidas previstas en el inciso ii) del apartado b) del párrafo 3º del presente
artículo.
5. Otras misiones
humanitarias y misiones de investigación.
a) En la medida
en que no les sean aplicables los párrafos 2º, 3º y 4º del presente artículo,
se aplicará el presente párrafo a las siguientes misiones cuando desempeñen
funciones en la zona de un conflicto o presten asistencia a las víctimas del
mismo:
i) Toda misión
humanitaria de una sociedad nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja o
de su Federación Internacional;
ii) Toda misión
de una organización humanitaria imparcial, incluida toda misión humanitaria
imparcial de limpieza de minas; y
iii) Toda misión
de investigación establecida de conformidad con las disposiciones de los
convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y, en su caso, de sus protocolos adicionales;
b) Cada una de
las Altas Partes Contratantes o partes en un conflicto, si se lo solicita el
jefe de una misión a la que se aplique el presente párrafo, deberá en la medida
de lo posible:
i) Proporcionar
al personal de la misión las protecciones indicadas en el inciso i) del
apartado b) del párrafo 2 del presente artículo;
ii) Adoptar las
medidas previstas en el inciso ii) del apartado b) del párrafo 3 del presente
artículo.
6.
Confidencialidad. Toda la información proporcionada confidencialmente de
conformidad con lo dispuesto en el presente artículo será tratada por quien la
reciba de manera estrictamente confidencial y no se divulgará fuera de la
fuerza o la misión del caso sin la autorización expresa de quien la hubiera
facilitado.
7. Respeto de las
leyes y reglamentos. Sin perjuicio de los privilegios e inmunidades de que
pueda gozar, o de las exigencias de sus funciones, el personal que participe en
las fuerzas y misiones a que se refiere el presente artículo deberá:
a) Respetar las
leyes y reglamentos del Estado anfitrión; y
b) Abstenerse de
toda medida o actividad que sea incompatible con el carácter imparcial e
internacional de sus funciones.
Artículo 13.
Consultas entre las Altas Partes Contratantes
1. Las Altas
Partes Contratantes se comprometen a consultarse y a cooperar entre sí con
respecto a toda cuestión relativa a la aplicación del presente protocolo. A tal
efecto, se celebrarán anualmente conferencias de las Altas Partes Contratantes.
2. La
participación de las Altas Partes Contratantes en la conferencia anual vendrá
determinada por el reglamento en que ellas convengan.
3. La labor de la
conferencia comprenderá:
a) El examen de
la aplicación y condición del presente Protocolo;
b) Estudio de los
asuntos que se planteen a raíz de los informes de las Altas Partes Contratantes
conforme a lo dispuesto en el párrafo 4 del presente artículo;
c) La preparación
de conferencias de revisión;
d) Estudio de los
adelantos tecnológicos aplicables a la protección de civiles contra los efectos
indiscriminados de las minas.
4. Las Altas
Partes Contratantes presentarán informes anuales al Depositario, el cual los
distribuirá entre todas las Altas Partes Contratantes con antelación a la
conferencia, acerca de cualquiera de los siguientes asuntos:
a) Difusión de
información sobre el presente protocolo entre sus fuerzas armadas y la
población civil;
b) Programas de
limpieza de minas y de rehabilitación;
c) Medidas
adoptadas para satisfacer los requisitos técnicos del presente protocolo, y
cualquier otra información pertinente al respecto;
d) Legislación
concerniente al presente protocolo;
e) Medidas
adoptadas acerca del intercambio internacional de información técnica,
cooperación internacional en materia de limpieza de minas y asistencia y
cooperación técnicas; y
f) Otros asuntos
pertinentes.
5. El costo de la
conferencia de las Altas Partes Contratantes será sufragado por las Altas
Partes Contratantes y los Estados que no son parte que participen en la labor
de la conferencia, de conformidad con la escala de cuotas de las Naciones
Unidas convenientemente ajustada.
Artículo 14.
Cumplimiento
1. Cada una de
las Altas Partes Contratantes adoptará todas las medidas pertinentes, incluidas
medidas legislativas y de otra índole, para prevenir y reprimir las violaciones
del presente protocolo cometidas por personas o en territorios sujetos a su
jurisdicción o control.
2. Entre las
medidas previstas en el párrafo 1º del presente artículo figuran medidas
pertinentes para garantizar la imposición de sanciones penales a las personas
que, en relación con un conflicto armado y en contravención de las
disposiciones del presente protocolo, causen deliberadamente la muerte o
lesiones graves a civiles, y la comparecencia de esas personas ante la
justicia.
3. Cada una de las
Altas Partes Contratantes exigirá también que sus Fuerzas Armadas dicten las
instrucciones militares y elaboren los procedimientos de operación pertinentes
y que el personal de las Fuerzas Armadas reciba una formación acorde con sus
obligaciones y responsabilidades para cumplir las disposiciones del presente
protocolo.
4. Las Altas
Partes Contratantes se comprometen a consultarse y a cooperar entre sí,
bilateralmente, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas o
por otro procedimiento internacional pertinente, para resolver cualquier
problema que pueda surgir con respecto a la interpretación y aplicación de las
disposiciones del presente protocolo.
Anexo Técnico
1. Registro.
a) El registro de
la ubicación de las minas que no sean minas lanzadas a distancia, campos de
minas, zonas minadas, armas trampa y otros artefactos se hará de conformidad
con las disposiciones siguientes:
i) Se
especificará con exactitud la ubicación de los campos de minas, zonas minadas,
zonas de armas trampa y otros artefactos en relación con las coordenadas de por
lo menos dos puntos de referencia y las dimensiones estimadas de la zona en que
se encuentren esas armas en relación con esos puntos de referencia;
ii) Se
confeccionarán mapas, diagramas u otros registros de modo que se indique en
ellos la ubicación de los campos de minas, zonas minadas, armas trampa y otros
artefactos en relación con puntos de referencia, indicándose además en esos
registros sus perímetros y extensiones, y
iii) A los
efectos de la detección y limpieza de minas, armas trampa y otros artefactos,
los mapas, diagramas o demás registros contendrán información completa sobre el
tipo, el número, el método de colocación, el tipo de espoleta y el período de
actividad, la fecha y la hora de ubicación, los dispositivos antimanipulación
(si los hubiere) y otra información pertinente respecto de todas esas armas
colocadas. Siempre que sea posible, el registro del campo de minas indicará la
situación exacta de cada mina; salvo en los campos de minas sembrados en
hileras, donde bastará conocer la situación de la hilera. La situación precisa
y el mecanismo de accionamiento de cada una de las armas trampa colocadas serán
registrados individualmente;
b) Tanto la
ubicación estimada como la zona de las minas lanzadas a distancia deberán
especificarse mediante las coordenadas de puntos de referencia (normalmente
puntos situados en las esquinas) y deberán determinarse y, siempre que sea
posible, señalarse sobre el terreno en la primera oportunidad posible. También
se registrará el número total y el tipo de minas colocadas, la fecha y la hora
de ubicación y los períodos de autodestrucción;
c) Se conservarán
ejemplares de los registros a un nivel de mando que permita garantizar su
seguridad en la medida de lo posible;
d) Queda
prohibido el empleo de minas producidas después de la entrada en vigor del
presente protocolo, salvo que lleven marcadas, en inglés o en el idioma o
idiomas nacionales respectivos, la información siguiente:
i) Nombre del
país de origen;
ii) Mes y año de
fabricación;
iii) Número de
serie o número del lote.
Las marcas serán
visibles, legibles, duraderas y resistentes a los efectos ambientales, en la
medida de lo posible.
2.
Especificaciones sobre detectabilidad.
a) Las minas
antipersonal producidas después del 1º de enero de 1997 llevarán incorporado un
material o dispositivo que permita su detección con equipo técnico de detección
de minas fácilmente disponible y que dé una señal de respuesta equivalente a 8
gramos, o más, de hierro en una sola masa homogénea;
b) Las minas
antipersonal producidas antes del 1º de enero de 1997 llevarán incorporado, o
se les fijará antes de su colocación, de manera que no se pueda separar
fácilmente, un material o dispositivo que permita su detección con equipo
técnico de detección de minas fácilmente disponible y que dé una señal de
respuesta equivalente a 8 gramos, o más, de hierro en una sola masa homogénea;
c) En el caso de
que una Alta Parte Contratante llegue a la conclusión de que no puede cumplir
de inmediato con lo dispuesto en el apartado b), podrá declarar, cuando
notifique su consentimiento a quedar obligada por el presente protocolo, que
aplaza el cumplimiento de dicho apartado por un período no superior a nueve
años contado a partir de la entrada en vigor del presente protocolo. Mientras
tanto, reducirá al mínimo, en la medida de lo posible, el empleo de minas
antipersonal que no cumplan esas disposiciones.
3.
Especificaciones sobre la autodestrucción y la autodesactivación.
a) Todas las
minas antipersonal lanzadas a distancia se diseñarán y construirán de modo que,
dentro de los 30 días siguientes a haber sido colocadas, no queden sin
autodestruirse más del 10% de las minas activadas, y cada mina contará con un
dispositivo de autodesactivación de reserva diseñado y construido a fin de que,
en combinación con el mecanismo de autodestrucción, no más de una de cada mil
minas activadas siga funcionando como tal 120 días después de haber sido
colocada;
b) Todas las
minas antipersonal no lanzadas a distancia que se empleen fuera de las zonas
marcadas, según se definen en el artículo 5º del presente protocolo, cumplirán
los requisitos de autodestrucción y autodesactivación estipulados en el
apartado a);
c) En el caso de
que una Alta Parte Contratante llegue a la conclusión de que no puede cumplir
de inmediato con lo dispuesto en los apartados a) y/o b), podrá declarar,
cuando notifique su consentimiento a quedar obligada por el presente protocolo,
que aplaza el cumplimiento de los apartados a) y/o b), con respecto a las minas
fabricadas antes de su entrada en vigor, por un período no superior a nueve
años contado a partir de la entrada en vigor del presente protocolo.
Durante ese
período de aplazamiento, la Alta Parte Contratante:
i) Se esforzará
por reducir al mínimo, en la medida posible, el empleo de minas antipersonal
que no se ajusten a esas disposiciones; y
ii) En lo que
respecta a las minas antipersonal lanzadas a distancia, cumplirá los requisitos
de autodestrucción o bien los de autodesactivación, y con respecto a las demás
minas antipersonal cumplirá por lo menos los requisitos de autodesactivación.
4. Señales
internacionales para los campos de minas y zonas minadas. Se utilizarán señales
análogas a las del ejemplo adjunto y seg&uacute;n se especifican a
continuación para marcar los campos de minas y zonas minadas a fin de que sean
visibles y reconocibles para la población civil:
a) Tamaño y
forma: un triángulo o un cuadrilátero no menor de 28 cm (11 pulgadas) por 20 cm
(7.9 pulgadas) para el triángulo y de 15 cm (6 pulgadas) de lado para el
cuadrilátero;
b) Color: rojo o
naranja con un borde amarillo reflectante;
c) Símbolo: el
símbolo que se da como ejemplo en el modelo adjunto o cualquier otro símbolo
fácilmente reconocible en la zona en que haya de colocarse para identificar una
zona peligrosa;
d) Idioma: la
señal deberá contener la palabra "minas" en uno de los seis idiomas
oficiales de la presente convención (árabe, chino, español, inglés, francés y
ruso) y en el idioma o los idiomas que se utilicen en la zona;
e) Separación:
las señales deberán colocarse en torno del campo de minas o la zona minada a
una distancia que permita que un civil que se acerque a la zona las vea
perfectamente desde cualquier punto.
Artículo II.
Entrada en vigor
El presente
protocolo enmendado entrará en vigor conforme a lo dispuesto en el apartado b)
del párrafo 1º del artículo 8º de la convención.
El suscrito Jefe
de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores
HACE CONSTAR:
Que la presente
reproducción es fiel fotocopia tomada del texto certificado del "Protocolo
II. Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y
Otros Artefactos", enmendado el tres (3) de mayo de mil novecientos
noventa y seis (1996), en Ginebra; anexo a la "Convención sobre
Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que
puedan considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscrimina-dos",
hecha en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (l980).
Depositario:
Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, documento que
reposa en los archivos de la Oficina Jurídica de este Ministerio.
Dada en Santa Fe
de Bogotá, D. C., a los trece (13) días del mes de marzo de mil novecientos
noventa y siete (1997).
El Jefe Oficina Jurídica,
Héctor Adolfo Sintura Varela.
Protocolo sobre Prohibiciones o
Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias
(Protocolo III)
Artículo 1º
Definiciones
A los efectos del
presente protocolo:
1. Se entiende
por "arma incendiaria" toda arma o munición concebida primordialmente
para incendiar objetos o causar quemaduras a las personas mediante la acción de
las llamas, del calor o de una combinación de ambos, producidos por reacción química
de una sustancia que alcanza el blanco.
a) Las armas
incendiarias pueden consistir, por ejemplo, en lanzallamas fougasses, proyectiles
explosivos, cohetes, granadas, minas, bombas y otros contenedores de sustancias
incendiarias;
b) Las armas
incendiarias no incluyen:
i) Las municiones
que puedan tener efectos incendiarios incidentales, tales como municiones
iluminantes, trazadoras, productoras de humo o sistemas de señalamiento:
ii) Las
municiones concebidas para combinar efectos de penetración, explosión o
fragmentación con un efecto incendiario adicional, tales como los proyectiles
perforantes de blindaje, los proyectiles explosivos de fragmentación, las
bombas explosivas y otras municiones análogas de efectos combinados, en las que
el efecto incendiario no esté específicamente concebido para causar quemaduras
a las personas, sino a ser utilizado contra objetivos militares tales como
vehículos blindados, aeronaves e instalaciones o servicios.
2. Se entiende
por "concentración de personas civiles" cualquier concentración de
personas civiles, sea de carácter permanente o temporal, tales como las que
existen en las partes habitadas de las ciudades, los pueblos o las aldeas
habitados, o como en los campamentos o las columnas de refugiados o evacuados,
o los grupos de nómadas.
3. Se entiende
por "objetivo militar", en lo que respecta a los bienes, aquellos que
por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a
la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización
ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida.
4. Se entiende
por "bienes de carácter civil" todos los bienes que no son objetivos
militares tal como están definidos en el párrafo 3º.
5. Se entiende
por "precauciones viables" aquellas que son factibles o posibles en
la práctica, habida cuenta de todas las circunstancias del caso, incluso las
consideraciones humanitarias y militares.
Artículo 2º
Protección de las personas civiles y los bienes de carácter civil
1. Queda
prohibido en todas las circunstancias atacar con armas incendiarias a la
población civil come tal, a personas civiles o a bienes de carácter civil.
2. Queda
prohibido en todas las circunstancias atacar con armas incendiarias lanzadas
desde el aire cualquier objetivo militar ubicado dentro de una concentración de
personas civiles.
3. Queda así
mismo prohibido atacar con armas incendiarias que no sean lanzadas desde el
aire cualquier objetivo militar ubicado dentro de una concentración de personas
civiles, salvo cuando ese objetivo militar esté claramente separado de la
concentración de personas civiles y se hayan adoptado todas las precauciones
viables para limitar los efectos incendiarios al objetivo militar y para
evitar, y en cualquier caso reducir al mínimo, la muerte incidental de personas
civiles, las lesiones a personas civiles y los daños a bienes de carácter
civil.
4. Queda
prohibido atacar con armas incendiarias los bosques u otros tipos de cubierta
vegetal, salvo cuando esos elementos naturales se utilicen para cubrir, ocultar
o camuflar a combatientes u otros objetivos militares, o sean en sí mismos
objetivos militares.
El suscrito Jefe
de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores
HACE CONSTAR:
Que la presente
reproducción es fiel fotocopia tomada del texto certificado del "Protocolo
III. Sobre prohibiciones y restricciones del empleo de armas
incendiarias", adoptado con la "Convención sobre prohibiciones o
restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados", hecha en Ginebra, el
diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980).
Depositario:
Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, documento que
reposa en los archivos de la Oficina Jurídica de este Ministerio.
Dada en Santa Fe
de Bogotá, D. C., a los trece (13) días del mes de marzo de mil novecientos
noventa y siete (1997).
El Jefe Oficina
Jurídica,
Héctor Adolfo
Sintura Varela.
Protocolo Adicional a la Convención sobre
Prohibiciones o Restricciones del Empleo de ciertas Armas Convencionales que
puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de efectos Indiscriminados
Artículo 1º
Protocolo adicional
El siguiente
protocolo se anexará como Protocolo IV a la Convención sobre Prohibiciones o
Restricciones del Empleo de ciertas Armas Convencionales que puedan
Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados ("la
Convención"):
«Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras
(Protocolo IV)"
Artículo 1º Queda prohibido emplear armas láser
específicamente concebidas, como única o una más de sus funciones de combate,
para causar ceguera permanente a la vista no amplificada, es decir, al ojo
descubierto o al ojo provisto de dispositivos correctores de la vista. Las
Altas Partes Contratantes no transferirán armas de esta índole a ningún Estado
ni a ninguna entidad no estatal.
Artículo 2º En el empleo de sistemas láser, las Altas
Partes Contratantes adoptarán todas las precauciones que sean viables para
evitar el riesgo de ocasionar ceguera permanente a la vista no amplificada.
Esas precauciones consistirán en medidas de instrucción de sus fuerzas armadas
y otras medidas prácticas.
Artículo 3º La ceguera como efecto fortuito o
secundario del empleo legítimo con fines militares de sistemas láser, incluido
el empleo de los sistemas láser utilizados contra equipo óptico, no está
comprendida en la prohibición del presente protocolo.
Artículo 4º A los efectos del presente protocolo, por
"ceguera permanente" se entiende una pérdida irreversible y no
corregible de la vista que sea gravemente discapacitante y sin perspectivas de
recuperación. La discapacidad grave equivale a una agudeza visual inferior a
20/200 en ambos ojos, medida según la "prueba de Snellen."
Artículo 2º
Entrada en vigor
El presente
protocolo entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 3º y
4º del artículo 5º de la convención.»
El suscrito Jefe
de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores
HACE CONSTAR:
Que la presente
reproducción es fiel fotocopia tomada del texto certificado del "Protocolo
Adición considerado como el IV, sobre armas Láser Cegadoras", aprobado en
Viena el trece (13) octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995); anexo a la
"Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas
armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos
indiscriminados", hecha en Ginebra el diez (10) de octubre de mil
novecientos ochenta (1980).
Depositario:
Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, documento que
reposa en los archivos de la Oficina Jurídica de este Ministerio.
Dada en Santa Fe
de Bogotá, D. C., a los trece (13) días del mes de marzo de mil novecientos
noventa y siete (1997).
El Jefe Oficina
Jurídica,
Héctor Adolfo
Sintura Varela.
Rama Ejecutiva del Poder PUblico
Presidencia de la RepUblica
Santa Fe de Bogotá, D. C., 31 de marzo de
1997.
Aprobado.Sométase
a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Emma Mejía Vélez.
DECRETA:
Artículo 1º. Apruébanse la "Convención sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que
puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados",
hecha en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980), y
sus cuatro (4) protocolos:
"Protocolo
I. Sobre fragmentos no localizablez", adoptado el 10 de octubre de 1980
con la convención;
"Protocolo
II. Sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y
otros artefactos" enmendado el 3 de mayo de 1996, en Ginebra;
"Protocolo
III. Sobre prohibiciones y restricciones del empleo de armas
incendiarias", adoptado el 10 de octubre con la convención;
"Protocolo
Adicional, considerado como el IV, sobre armas láser cegadoras", aprobado
en Viena el 13 de octubre de 1995.
Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, la "Convención sobre Prohibiciones o
Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan
Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados", hecha en
Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980), y sus
cuatro (4) protocolos:
"Protocolo
I. Sobre Fragmentos no Localizables", adoptado el 10 de octubre de 1980
con la convención;
"Protocolo
II. Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y
otros Artefactos", enmendado el 3 de mayo de 1996, en Ginebra;
"Protocolo
III. Sobre Prohibiciones y Restricciones del Empleo de Armas
Incendiarias", adoptado el 10 de octubre con la convención;
"Protocolo
Adicional, considerado como el IV, Sobre Armas Láser Cegadoras", aprobado
en Viena el 13 de octubre de 1995, los que por el artículo 1º de esta ley se
aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el
vínculo internacional respecto de los mismos.
Artículo 3º. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
El Presidente del
honorable Senado de la República,
Amylkar Acosta
Medina
El Secretario
General del honorable Senado de la República,
Pedro Pumarejo
Vega.
El Presidente de
la honorable Cámara de Representantes,
Carlos Ardila
Ballesteros.
El Secretario
General de la honorable Cámara de Representantes,
Diego Vivas
Tafur.
REPUBLICA DE
COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y
publíquese.
Ejecútese previa
revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la
Constitución Política.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 5 de
agosto de 1998.
ERNESTO SAMPER
PIZANO
El Ministro de
Relaciones Exteriores,
Camilo Reyes
Rodríguez.
El Ministro de
Defensa Nacional,
Gilberto
Echeverri Mejía.
El Ministro del
Medio Ambiente,
Eduardo Verano De
la Rosa".
III.    PRUEBAS
DECRETADAS
En ejercicio de las
competencias constitucionales y legales, se decretaron pruebas con el fin de
allegar al proceso copia auténtica del expediente legislativo y de todos los
antecedentes del proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 469
del cinco (5) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Para el efecto, se
ofició por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, a
los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes, así como a los de las Comisiones Segundas Constitucionales
Permanentes de ambas células legislativas, para que remitieran la información
solicitada. Sobre ese material probatorio se hará referencia en las
consideraciones que fundamentan la parte resolutiva de esta providencia.
IV.    INTERVENCION DE AUTORIDADES PUBLICAS
1.      Ministerio
de Relaciones Exteriores
El apoderado del
Ministerio de Relaciones Exteriores solicita en su escrito, que se declare la
constitucionalidad de la Convención y de los cuatro Protocolos en referencia,
con base en las razones que se señalan a continuación:
En primer término,
afirma el interviniente que si bien la Convención y los Protocolos no se
refieren exactamente a la consecución de la paz, sí es claro que busca por
medio del fortalecimiento de las relaciones y la regulación entre los Estados,
la distensión internacional, la terminación de la carrera de armamentos y la instauración
de la confianza y la realización de la aspiración de todos los pueblos a vivir
en paz.
Señala el citado
funcionario, que de conformidad con lo expuesto en la sentencia de la Corte
Constitucional No. T-102 del diez (10) de marzo de mil novecientos noventa y
tres (1993), la Constitución de 1991 nació por la voluntad del pueblo
colombiano de hacer cesar la situación sangrienta y de desorden público que
venía - y viene - sufriendo el país, anhelo que quedó plasmado en el artículo
22 de la Carta Política como un derecho fundamental.
En su criterio, en
la Convención y en sus Protocolos, si bien no se desconoce que los Estados
pueden llegar a tener conflictos armados en ejercicio del poder de consecución
de ciertos fines que resultan para ellos primordiales, se consagra el principio
general de protección a la población civil contra los efectos de las
hostilidades y los métodos o medios para enfrentar los conflictos armados,
evitando así causar sufrimientos innecesarios a las personas.
Considera finalmente,
que las razones básicas de adaptación a la Constitución se circunscriben en los
considerandos de la Convención y en lo demás, se trata de regulaciones de
carácter normativo sobre las obligaciones que adquieren los Estados que serán
parte de esos instrumentos internacionales.
2.     Ministerio
del Medio Ambiente
La apoderada del
Ministerio del Medio Ambiente presentó a consideración de esta Corporación, los
argumentos que en su criterio sustentan la constitucionalidad de la Ley 469 de
1998, referente a la Convención en estudio a y sus cuatro (4) Protocolos.
Señala la citada
funcionaria, que la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo
de ciertas armas convencionales que puedan considerarse exclusivamente nocivas
o de efectos indiscriminados, hecha en Ginebra el diez (10) de octubre de mil
novecientos (1980) y sus cuatro (4) Protocolos, tienen como fuente jurídica el
Derecho Internacional Humanitario, específicamente,  el Derecho de Ginebra, así
como la limitación del uso de la violencia y la conducción de las hostilidades
en los conflictos armados.
Advierte la
interviniente, que el Derecho de Ginebra comprende cuatro Convenios de 1949 y
dos Protocolos Adicionales de 1977, cuyo objetivo fundamental es la protección
de las personas víctimas de los conflictos armados. Así mismo, señala que un
segundo aspecto está contemplado en los instrumentos internacionales dispersos,
tales como las Convenciones de la Haya de 1907 (Leyes y costumbres de la
guerra), el Protocolo de Ginebra de 1925 (Prohibición del uso de armas
químicas), la Convención de 1976 (armas biológicas) y la Convención de 1993
(armas químicas).
En relación con los
dos Protocolos Adicionales de 1977, expresa que estos establecen normas de
carácter imperativo para los Estados, entre los cuales está el artículo 35,
cuyo contenido aparecía en el reglamento de leyes y costumbres anexo a las
Convenciones de la Haya de 1907, que consigna las reglas fundamentales para las
Partes, y en virtud del cual, en consonancia con lo consagrado en la Carta de
las Naciones Unidas, todo Estado tiene el deber en sus relaciones
internacionales de abstenerse de recurrir a la amenaza en todo conflicto
armado.
De igual manera, la
funcionaria afirma  que otra fuente jurídica de la Convención sobre prohibiciones
o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales la constituye la Cláusula
de Martens, la cual estipula que en los casos no previstos en esta
Convención y en sus Protocolos, la población civil y los combatientes quedarán
bajo la protección de los principios de humanidad y de los dictados de la
conciencia pública.
Finalmente agrega,
que el preámbulo de la Convención invoca el propósito de contribuir a la
distensión internacional, a la terminación de la carrera de armamentos y a la
instauración de la confianza entre los Estados, así como a la realización de la
finalidad de todos los pueblos a vivir en paz, y por consiguiente, a contribuir
al logro del desarme general.
V.      CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Jefe del
Ministerio Público emitió su concepto en relación con la Convención y sus
cuatro (4) Protocolos sometidos a revisión constitucional, así como de la ley
aprobatoria No. 469 de 1998, solicitando a la Corte declarar la
constitucionalidad de la misma, con base en los planteamientos que se presentan
a continuación.
Respecto del
análisis formal del Convenio en estudio, señala que la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha establecido que dicho control debe recaer sobre la
verificación de competencias de las autoridades que actuaron a nombre del
Estado colombiano en las etapas de su celebración y negociación, en el evento
en que nuestro país haya intervenido en la formación de éstos. Sobre el
particular, afirma que Colombia no intervino directamente en la suscripción de
la Convención, la cual está sujeta a la adhesión de los países interesados,
razón por la cual no se necesita de la competencia de las autoridades en
términos de representación diplomática.
Por este aspecto,
considera entonces que la adhesión de Colombia a la “Convención sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que
puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”,
hecha en Ginebra el diez (10) de octubre de mil novecientos (1980), y a sus
cuatro (4) Protocolos se aviene a la Constitución.
En cuanto al trámite
de la Ley aprobatoria No. 469 del cinco (5) de agosto de mil novecientos (1998)
ante el Congreso de la República, advierte que no existe incompatibilidad
alguna con la preceptiva constitucional.
De otra parte, aduce
el Procurador que la Carta de las Naciones Unidas suscrita en la ciudad de San
Francisco en los Estados Unidos de América el veintiséis (26) de junio de mil
novecientos cuarenta y cinco (1945), surgió como resultado de un acuerdo de
voluntades entre los representantes de los diversos Estados reunidos después de
la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de establecer
mecanismos internacionales de mediación ante la posibilidad del surgimiento de
conflictos de carácter bélico entre los países, ante la magnitud global de los
estragos causados por la guerra.
Sostiene el señor
Procurador, que la finalidad de este instrumento internacional es la de
preservar a las generaciones venideras de los flagelos de la guerra, y la reafirmación
de la fe en los derechos fundamentales del hombre y la mujer, así como de la
dignidad y el valor de la persona humana. Señala que en este contexto, surge la
Organización de las Naciones Unidas, uno de cuyos objetivos es el mantenimiento
de la tranquilidad y seguridad internacional, a través no solamente del fomento
de las relaciones amistosas entre estados, en virtud de la promoción de la
cooperación internacional, sino también, de la adopción concreta de medidas
tendientes a prevenir, eliminar y suprimir amenazas a la paz.
Afirma el mencionado
funcionario, que la O.N.U. se creó como escenario para el arreglo pacífico de
las controversias y demás situaciones susceptibles de generar un
quebrantamiento de la paz mundial, postulado cuya observancia vincula a los
países miembros de la Organización según lo establecido en el numeral 3) del
artículo 2º de la Carta de las Naciones Unidas, el cual señala a los Estados
miembros el deber de abstenerse de recurrir al uso de la fuerza, ya sea contra
la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en
cualquier otra forma incompatible con los propósitos de la Organización.
De esta manera,
estima el señor Procurador, que con ello no se prohibe la utilización o
tentativa de utilización de la fuerza, sino sólo en cuanto tal aplicación no
sea conforme con los objetivos de la O.N.U., es decir, que la fuerza armada es
legítima cuando en criterio de la Organización ella esté al servicio del
interés común.
Por otra parte,
afirma que el Derecho Internacional Humanitario ha sido concebido como un
mecanismo de protección de la persona humana, sea ésta partícipe en un
conflicto armado o ajena al desenvolvimiento del mismo. Su finalidad es
entonces, preservar la dignidad inherente a todo ser humano; su vida e
integridad personal, sea moral o física; garantizar la asistencia a los
heridos; excluir de la contienda a los civiles no involucrados en la acción
armada y asegurar la presencia del personal sanitario y religioso en los sitios
de batalla, de reclusión y de atención  médica.
En su sentir, ni el
derecho ni la forma de hacer la guerra son ilimitados, razón por la cual la
Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas
convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos
indiscriminados hecha en Ginebra el diez (10) de octubre de mil novecientos
ochenta (1980) y sus cuatro (4) Protocolos, son formas de regular el conflicto,
de disminuir sus efectos nocivos, de imponer talanqueras a la crueldad de la
confrontación liderada por Estados, así como regular la guerra externa o
interna.
VI.    CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.      Competencia.
De conformidad con
lo dispuesto en el numeral 10) del artículo 241 de la Carta Política, esta
Corporación es competente para ejercer un control integral, previo y automático
sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que
los aprueben. Tal es el caso de la “Convención sobre prohibiciones o
restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados” , hecha en
Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980) y sus cuatro
Protocolos, aprobados en la misma fecha de la Convención y los otros dos
en Viena el trece (13) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995),
así como, de la Ley 469 de agosto cinco (5) de agosto de mil novecientos
(1998),  aprobatoria de tales instrumentos.
2.     Examen
de constitucionalidad de la Convención, sus Protocolos y la Ley Aprobatoria.
Esta Corporación ha
señalado en forma reiterada, que el control de constitucionalidad que ejerce
respecto de los tratados y sus leyes aprobatorias, en virtud del mandato del
artículo 241-10 de la Ley Fundamental, comprende la totalidad del contenido
material del instrumento internacional y de la ley que lo aprueba, tanto en su
aspecto formal como de fondo. A continuación, la Sala procede a realizar dicho
control integral.
2.1    La
constitucionalidad en los aspectos formales
Antes de examinar el
contenido material de la Convención y sus Protocolos objeto de revisión,
procede la Corte a determinar si en el proceso de formación de la Ley 469 de
1998 se cumplieron los requisitos consagrados en la Constitución para la expedición
de este tipo de leyes.
2.1.1   La representación del Estado colombiano en la celebración de la
Convención
Colombia no
intervino directamente en la aprobación y suscripción original de la Convención
materia de examen. Dicho instrumento internacional, a diferencia de los
tratados internacionales corrientes, está sujeto a la adhesión de los países
interesados en contar con este instrumento jurídico abierto al depósito de la
nota de aceptación, ratificación y adhesión de los Estados.
En el expediente no
aparece si el funcionario que actuó a nombre del Estado colombiano y suscribió
esa adhesión tenía competencia para hacerlo. Sin embargo, obra en el mismo
confirmación presidencial del texto de la aludida Convención, efectuada con
anterioridad a su presentación al Congreso. Esta confirmación presidencial,
conforme al derecho de los tratados codificado en el artículo 8o. de la
Convención de Viena de 1969, subsana cualquier eventual vicio de representación
del Estado.
Ese principio es
totalmente aplicable en el derecho constitucional colombiano, no solo porque el
artículo 9º de la Carta Política da especial importancia a los principios del
derecho internacional, sino además, porque corresponde al Presidente de la
República, como Jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y
celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional, tratados o
convenios (CP, art. 189, num. 2). Es natural entonces, que la confirmación
presidencial subsane la falta de representación durante el trámite de suscripción
del tratado. Por consiguiente, considera la Corte que no hubo irregularidades
en la suscripción del mencionado Convenio por el Estado colombiano, menos aún
cuando  la adhesión a este tipo de instrumentos  no requiere en principio, de
la verificación de la competencia de las autoridades, en términos de
representación diplomática.
2.1.2  Trámite legislativo para la formación de la
Ley 469 de 1998.
De conformidad con
la documentación allegada al proceso, a saber, los antecedentes legislativos y
las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la República, se pudo
constatar que el trámite surtido en esa Corporación para la expedición de la
Ley 469 de 1998, y que alude al Proyecto de Ley radicado bajo los números 34 de
1997 - Senado y 178 de 1997 - Cámara, fue el siguiente:
1.       El Proyecto de la Ley Aprobatoria fue
presentado al Congreso por el Gobierno Nacional, por intermedio de los
Ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y del Medio Ambiente,
por cuanto se trata de un proyecto de carácter gubernamental.  (Fl. 211)
2.       El Proyecto de Ley No. 34/97 Senado, fue
publicado en la Gaceta del Congreso No. 315 del seis (6) de agosto de mil
novecientos noventa y siete (1997) - Págs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y
12 -.
3.       El Senador Jairo Clopatofsky Ghisays presentó
la ponencia para primer debate en la Comisión Segunda Permanente del Senado, la
cual fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 464 del seis (6) de noviembre
de mil novecientos noventa y siete (1997) - Págs. 1 y ss - .
4.       Dicha Comisión aprobó por unanimidad el
Proyecto de Ley el día tres (3) de diciembre de mil novecientos noventa y siete
(1997), con un quórum deliberatorio y decisorio integrado por 9 de los 13
Senadores, como consta en el Acta No. 10 de la misma fecha, de acuerdo a la
certificación expedida por el Secretario General de la Comisión  de fecha el
veintitrés (23) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998)  - Fl.
48 -.
5.       La ponencia para segundo debate aparece
publicada en la Gaceta del Congreso No. 515 del cinco (5) de diciembre de mil
novecientos noventa y siete (1997) - págs. 2 y ss. -.
6.       El segundo debate del proyecto de ley se
surtió en la Plenaria del Senado de la República con el lleno de los requisitos
legales, constitucionales y reglamentarios, según consta en certificación
suscrita por el Secretario General (E) el veintiocho (28) de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho (1998), con un quórum de 96 Senadores de 101, según
Acta No. 23 de la sesión ordinaria del diecieséis (16) de diciembre de mil
novecientos noventa y siete (1997), publicada en la Gaceta del Congreso No. 554
del dos (2) de diciembre de ese año. (Fl 287)
7.       El ponente para primer debate en la Cámara
de Representantes fue el congresista Guillermo Martínezguerra Zambrano, cuya
ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 85 del veintinueve (29) de
mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998) - Pág. 8 -.
8.       El proyecto fue aprobado por unanimidad por
los 14 representantes en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional
Permanente de la Cámara, el día veinte (20) de mayo de mil novecientos noventa
y ocho (1998), según consta en la certificación expedida por el Secretario
General de la Comisión II de la Cámara de Representantes, suscrita el
veintiocho (28) de septiembre de ese mismo año (Acta No. 16).
9.       La ponencia para segundo debate fue
publicada en la Gaceta del Congreso No. 94 del ocho (8) de junio de mil
novecientos noventa y ocho (1998) - págs. 24 y ss. -
10.  El Proyecto de Ley fue aprobado en sesión plenaria de
la Cámara el dieciocho  (18) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998),
con un quórum deliberatorio y decisorio de 129 Representantes, según consta en
la certificación suscrita por el Secretario General de la Cámara el día
veintinueve (29) de septiembre de ese año. (Fls. 141 y 142)
11.  El Presidente de la República sancionó la Ley
Aprobatoria del Convenio bajo examen el día cinco (5) de agosto de mil
novecientos (1998).
12.  El texto de la Ley fue remitido a esta Corporación por
el Gobierno Nacional mediante oficio de agosto once (11) del mismo año, dentro
de los seis (6) días siguientes a la sanción, según lo dispuesto por el numeral
10 del artículo 241 de la Carta Política.
En este orden, esta
Corporación considera que no existe reparo alguno en cuanto al trámite
legislativo otorgado a la Ley 469 de 1998, toda vez que se inició en el Senado,
como corresponde para la aprobación de tratados (CP, art. 154) y cumplió con
los requisitos exigidos por los artículos 157, 158, 160, 164 y 165 de la
Constitución para el trámite de una ley ordinaria - como lo es la que aprueba
un tratado internacional - razón por la cual éste se encuentra ajustado en los
aspectos formales a los preceptos superiores.
2.2    Examen
material de la Convención y de sus Protocolos
2.2.1.
Consideraciones previas. Derecho Internacional Humanitario
Previo al examen
material de la Convención y los cuatro Protocolos objeto de revisión
constitucional, es conveniente precisar algunos aspectos relativos al origen de
dichos instrumentos.
El Derecho
Internacional Humanitario fue concebido como mecanismo de protección de la
persona humana en los casos de conflictos armados, bien como sujeto activo o
pasivo de los mismos. En desarrollo de ese objetivo, se crearon los Convenios
de Ginebra de 1949, así como sus protocolos adicionales I y II de 1977,
relativos al trato que deben recibir los heridos, enfermos, náufragos,
prisioneros de guerra y las personas civiles en un conflicto bélico.
Ahora bien, el Derecho
de Guerra se basa en la regulación de los métodos utilizados por las partes
enfrentadas para lograr la rendición del otro, de tal manera que puedan ser
compatibles con la dignidad de la persona y su integridad. Y para hacer
efectiva esta finalidad, se prohibe igualmente, el uso de armas o métodos de
guerra que puedan ocasionar sufrimientos o pérdidas personales o materiales a
los afectados por el conflicto.
Por su parte, el
Convenio de Ginebra suscrito el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta
(1980), establece en su preámbulo, dentro de los principios fundamentales o
normas del Derecho Internacional Humanitario : a) la protección general de
la población civil contra los efectos de las hostilidades ; b) la
limitación en el uso de métodos y medios de guerra ; c) la protección del
medio ambiente natural ; d) la Cláusula de Martens, según la cual,
en los casos no previstos en la Convención y en los protocolos, la población
civil y los combatientes quedarán bajo la protección de los principios de la
humanidad y de los dictados de la conciencia pública y  e) la contribución a la
distensión internacional y al desarme, por razones humanitarias.
En efecto, el
Derecho Internacional Humanitario busca regular el derecho de las partes en
conflicto de escoger libremente los métodos y medios utilizados en la guerra, o
que protegen a las personas y a los bienes afectados o que puedan ser afectados
como consecuencia del conflicto. Principios que están comprendidos en los
Convenios de la Haya de 1899 y 1907, los cuatro Convenios de Ginebra de 1949,
los dos protocolos adicionales de 1977, así como en el derecho internacional
consuetudinario de los conflictos armados, aplicable en situaciones de
conflicto armado en las que sea necesario un grado de protección mayor que el
que brinda el derecho internacional de los derechos humanos.
En resumen, el
Derecho Internacional Humanitario contiene normas que limitan el derecho de las
partes en conflicto a elegir libremente los medios y métodos utilizados en
combate, así como disposiciones encaminadas a proteger a las víctimas y a los
bienes susceptibles de verse afectados por un conflicto armado, todo ello con
la finalidad de garantizar la integridad de las personas que participan en el
conflicto, así como las ajenas a éste.
De otro lado, según
lo consagra la Carta de las Naciones Unidas, suscrita en la ciudad de San
Francisco el veintiséis (26) de junio de mil novecientos cuarenta y cinco
(1945), la cual surgió como resultado de un acuerdo entre los diversos Estados
reunidos después de la Segunda Guerra Mundial, se hace necesario establecer
ciertos mecanismos internacionales de mediación en razón a los estragos
causados por la guerra y ante la posibilidad del surgimiento de nuevos
conflictos bélicos entre los distintos Estados. No cabe duda entonces, de que
dicho instrumento se fundó en la necesidad de preservar a las generaciones
venideras de los flagelos de la guerra, convocando a los Estados para que hagan
efectivo el deber en sus relaciones internacionales, de abstenerse de recurrir
a la amenaza o al uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad
territorial, así como también la protección de la población civil contra los
efectos de las hostilidades derivadas de la guerra, buscando mantener la paz y
la seguridad internacional, y para promover el progreso económico y social de
todas las naciones en aras de la justicia.
Es así, dentro de
este contexto, como surge la Organización de las Naciones Unidas, cuyos
objetivos primordiales son el mantenimiento de la tranquilidad y la seguridad
internacional, a través del fomento de las relaciones amistosas entre Estados
en virtud de la promoción de la cooperación internacional, como también de la
adopción de ciertas medidas concretas tendientes a prevenir, eliminar y
suprimir amenazas a la paz. De conformidad con lo anterior, no se prohibe la
utilización o tentativa de la fuerza sino sólo en cuanto tal aplicación no sea
conforme con los objetivos de la O.N.U. consagrados en la Carta Fundamental de
la Organización, es decir, que la fuerza armada es legítima cuando esté al
servicio del interés común.
2.2.2. Contenido
normativo de la Convención y de sus Protocolos
El Preámbulo de la Convención,
al cual se aludió con anterioridad, señala los objetivos y las finalidades de
ésta y reitera los principios fundamentales del Derecho Internacional
Humanitario, entre ellos, la protección general de la población civil contra
los efectos de las hostilidades; la limitación en el uso de métodos y medios de
guerra; la protección del medio ambiente natural; la cláusula de Martens,
según la cual en los casos no previstos en la Convención y en los protocolos,
la población civil y los combatientes quedarán bajo la protección de los
principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública, y la
contribución a la distensión internacional y al desarme.
Debe resaltarse que
la Convención, ateniendo a lo dispuesto en los convenios de Derecho
Internacional Humanitario, es aplicable en los conflictos armados
internacionales e internos, en cuanto se  refiere a las prohibiciones o
restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos definidos en
el anexo técnico del Protocolo II.
Los artículos 1o.,
2o., 3o., 4o., 5o. y 6o. de la Convención se refieren al ámbito de aplicación
(las situaciones a que se hace referencia en el artículo 2o. común a los
Convenios de Ginebra del doce (12) de agosto de mil novecientos cuarenta y
nueve (1949), relativos a la protección de las víctimas de la guerra); las
relaciones con otros acuerdos internacionales (en cuanto a que ninguna norma de
esta Convención se interpretará de forma tal que menoscabe otras obligaciones
impuestas a las altas partes contratantes por el derecho internacional
humanitario aplicable en los conflictos armados); firma, ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión; entrada en vigor (seis meses después de la
fecha de depósito del vigésimo instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión), y difusión (de manera amplia en los distintos países,
en tiempos de paz o de conflictos armados e  incorporación del estudio de la
Convención y de sus Protocolos en los programas de instrucción militar, de modo
que sean conocidos por sus fuerzas armadas).
Por su parte, el
artículo 7o. se refiere a las relaciones convencionales a partir de la entrada
en vigor de la Convención, mientras que el artículo 8o. consagra los medios
para enmendar la Convención o sus Protocolos, así como el procedimiento para
hacer efectiva la enmienda. Así mismo, este precepto dispone que en cualquier
momento, después de la entrada en vigor de la Convención, una Alta Parte
Contratante podrá proponer protocolos adicionales sobre otras categorías de
normas convencionales no comprendidas en los protocolos existentes, los cuales
serán considerados en una conferencia a la que serán invitados todos los
Estados Partes.
El artículo 9o. se
ocupa de la denuncia de la Convención o cualquiera de sus Protocolos, mediante
la notificación al Depositario, la cual sólo surtirá efectos un año después de
la recepción de la notificación.
En cuanto al
Depositario de la Convención y sus Protocolos, el artículo 10 señala que será
el Secretario General de las Naciones Unidas, quien tendrá además de sus
funciones habituales, informar a todos los Estados acerca de las firmas de la
Convención, el depósito de los instrumentos de ratificación, las notificaciones
del consentimiento en obligarse por los protocolos anexos, las fechas de
entrada en vigor y las notificaciones de denuncias recibidas.
Finalmente, el
artículo 11 determina que los textos auténticos de la Convención y sus
Protocolos, en los distintos idiomas en que se efectúen, serán entregados al
Depositario.
Ahora bien, el Protocolo
I adoptado en la Convención, se limita a establecer la prohibición de
emplear cualquier arma cuyo efecto principal sea lesionar mediante fragmentos
que no puedan localizarse por rayos X en el cuerpo humano.
Por su parte, el Protocolo
II, sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y
otros artefactos, que fue enmendado el tres (3) de mayo de 1996, y que es anexo
a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas
que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados,
consta de 14 artículos y de un anexo técnico.
Este Protocolo se
refiere al empleo en tierra de las minas, armas trampa y otros artefactos que
en él se definen, incluidas las minas sembradas para impedir el acceso a
playas, el cruce de vías acuáticas o de ríos. El artículo 1o. señala como
ámbito de aplicación del Protocolo, además de las situaciones a que alude el
artículo 1o. de la Convención, aquellas a que se refiere el artículo 3o. común
a los Convenios de Ginebra de 1949, es decir los conflictos de orden interno;
no obstante, no se aplicará a las situaciones de tensiones y disturbios
interiores, tales como motines, actos esporádicos de violencia y otros actos
análogos que no son conflictos armados.
Es importante
señalar, que en este mismo precepto se indica que en los conflictos internos
que ocurran en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada
parte en el conflicto estará obligada a aplicar las prohibiciones y
restricciones del presente protocolo.
En todo caso, el
Protocolo II garantiza la protección de la soberanía de los Estados, y no exime
al Gobierno del respectivo Estado afectado por un conflicto armado interno, de
mantener o restablecer el orden público, defender la unidad nacional y la
integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos. Además, se
prohibe expresamente la intervención en dichos conflictos, o en los asuntos
internos o externos por parte de otros Estados, invocando las normas de la
Convención y el Protocolo.
Por su parte, el
artículo 2o. define lo que se entiende por mina, arma trampa, otros
artefactos, bienes de carácter civil, objetivo militar, registro, etc. A su
vez, los artículos 3o., 4o., 5o. y 6o. establecen las restricciones del empleo
de minas, armas trampas y otros artefactos, así como del empleo de minas
antipersonales que no sean detectables y que no sean lanzadas a
distancia, y del empleo de las minas lanzadas a distancia. Igualmente,
el artículo 7o. señala las prohibiciones del empleo de armas trampa y otros
artefactos.
El artículo 8o.
consagra el compromiso de cada Alta Parte Contratante de no transferir a
otro Estado ningún tipo de minas cuyo empleo esté restringido o prohibido por
este Protocolo.
Los artículos 9o. y
10 se ocupan, de un lado, del registro y utilización de información sobre
campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos, las
cuales estarán sometidas a las pautas y demás disposiciones del anexo técnico,
y del otro, de la remoción de campos de minas, zonas minadas, minas,
armas trampa y otros artefactos.
El artículo 11
establece lo concerniente a la Cooperación y asistencia técnica entre las Altas
Partes Contratantes, y dispone que estas deberán comprometerse a facilitar el
intercambio de equipo, material e información científica y técnica para la
limpieza de minas.
Por su parte, el
artículo 12 desarrolla lo concerniente a la protección contra los efectos de
los campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos,
para lo cual determina su ámbito de aplicación y las atribuciones en esta
materia de las fuerzas y misiones de mantenimiento de paz, de las misiones
humanitarias y de investigación de las Naciones Unidas, de las misiones del
Comité Internacional de la Cruz Roja, y de otras misiones humanitarias y de
investigación.
El artículo 13
reglamenta lo relacionado con el compromiso que suscriben las Altas Partes
Contratantes en el sentido de consultar y cooperar entre sí con respecto a toda
cuestión relativa a la aplicación de este Protocolo, para lo cual se celebrarán
anualmente conferencias con la participación de las Altas Partes.
Finalmente, el
artículo 14 establece la obligación de las Partes de adoptar las medidas
pertinentes, incluidas las legislativas y de otra índole, para prevenir y
reprimir las violaciones del Protocolo cometidas por personas o en territorios
sujetos a su jurisdicción o control, así como para garantizar la imposición de
sanciones penales a quienes causen la muerte o lesiones graves a civiles, entre
otras.
Adicionalmente, se
acompaña al Protocolo II, el Anexo Técnico, que comprende entre otros
aspectos, el registro, las especificaciones sobre detectabilidad,
autodestrucción y autodesactivación, al igual que las señales internacionales
que se utilizarán para los campos de minas y zonas minadas.
De otra parte, se
adopta como parte de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del
empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente
nocivas o de efectos indiscriminados, el Protocolo III, sobre
Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, el cual
está conformado por dos artículos, el primero de los cuales define lo que se
entiende por arma incendiaria, concentración de personas civiles, objetivo
militar, bienes de carácter civil y precauciones viables. Por su parte, el
artículo 2o. garantiza la protección de las personas civiles y los bienes de
carácter civil, para lo cual prohibe atacar en todas las circunstancias, a la
población civil o a bienes civiles, incluidos los bosques u otros tipos de
cubierta vegetal, con armas incendiarias de toda especie.
Por último, hace
parte de la Convención el Protocolo IV, Adicional a la Convención sobre
armas láser cegadoras, adoptado por esta en la misma fecha, el cual consta de
cuatro artículos.
El artículo 1o.
prohibe emplear o transferir a otro Estado armas láser específicamente
concebidas como única o una más de sus funciones de combate, para causar
ceguera permanente a la vista no amplificada, la cual es definida por el
artículo 4o. del Protocolo, como una pérdida irreversible y no corregible de la
vista que sea gravemente discapacitante y sin perspectivas de recuperación.
El artículo 2o.
señala que en el empleo de sistemas láser, las partes adoptarán precauciones
para evitar el riesgo de ocasionar ceguera permanente a la vista, mediante
medidas de instrucción a sus Fuerzas Armadas. Finalmente, el artículo 3o.
establece como excepción a la prohibición de que trata el artículo 1o. del
Protocolo, la ceguera ocasionada como efecto fortuito o secundario del empleo
legítimo con fines militares de sistemas láser, incluido el empleo de los
sistemas láser utilizados contra equipo óptico.
2.2.3. Examen
material de la Convención y sus cuatro Protocolos
La finalidad de la
Convención suscrita dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas, es
hacer efectivo el deber de los Estados en sus relaciones internacionales, de
abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para atentar contra
la independencia, la integridad territorial y la soberanía de los Estados. Todo
ello, no sólo con el objetivo de hacer efectivo el respeto y cumplimiento de
los principios que rigen las relaciones internacionales, sino en especial, la
protección de la población civil contra los efectos de las hostilidades y las
consecuencias nocivas y de barbarie derivadas de los conflictos y agresiones
entre los Estados.
Ahora bien, la
Convención y sus cuatro Protocolos persiguen la humanización de la guerra en
épocas como la actual, donde con ocasión del progreso científico y tecnológico
de la humanidad, se han concebido los más sofisticados y crueles elementos de
destrucción y eliminación masiva del género humano, como lo son las minas, las
armas trampa y otros artefactos o armas convencionales que puedan considerarse
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, así como las armas
químicas, biológicas, incendiarias (lanzallamas fougasses, proyectiles
explosivos, cohetes, granadas, minas, bombas, entre otros) y armas láser que
causen ceguera.
Según se dispone en
el preámbulo de la Convención, es principio del derecho internacional, que las
partes en un conflicto armado tienen en forma limitada, el derecho a elegir los
métodos o medios de hacer la guerra, razón por la cual se les prohibe en tales
conflictos, el empleo de armas, proyectiles, materiales y métodos de hacer la
guerra de tal naturaleza, que causen daños superfluos o extensos, duraderos y
graves, o sufrimientos innecesarios.
Por su parte, la
Convención reconoce el derecho de la población civil y de los combatientes a
estar amparados por los principios del derecho internacional derivados de la
costumbre, de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia
pública.
Todo lo anterior
persigue lograr la distensión internacional entre los Estados, la terminación
de la carrera armamentista, la instauración de la confianza entre los Estados
y,  en especial, la realización de la aspiración de todos los pueblos a vivir
en paz. Para ello, como lo reconoce la Convención, se hace indispensable
prohibir o restringir, según el caso, aún más el empleo de ciertas armas
convencionales, así como poner fin a la producción, el almacenamiento y la
proliferación de esas armas.
En desarrollo de los
postulados de la Convención, se adoptaron en ella - en la misma fecha -, los
Protocolos sobre Fragmentos no Localizables (Protocolo I), el Protocolo sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros
artefactos (Protocolo II), el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del
empleo de armas incendiarias (Protocolo III), y el Protocolo Adicional a la
Convención sobre armas láser cegadoras (considerado como Protocolo IV). Estos
instrumentos desarrollan de manera específica, los objetivos generales de la
Convención, prohibiendo o restringiendo el uso de minas, armas y otros
artefactos en los conflictos armados internacionales o internos, que puedan
atentar contra la población civil, los combatientes o los bienes materiales de
aquellos.
Ahora bien, haciendo
alusión a la Convención y a los cuatro Protocolos que son materia de revisión,
es preciso advertir que las minas, las armas trampa y otros artefactos pueden
afectar a cualquier Estado y persona, generando o bien su muerte o la pérdida
de las extremidades interiores o la ceguera. Según cifras de la O.N.U.,
anualmente alrededor de 26.000 personas sufren la desgracia de ser víctimas
inocentes de un artefacto explosivo ; igualmente, se informa por el
Secretario de esa organización, que hay más de 113 millones de minas sembradas
en el mundo y cada año se emplazan entre 2 y 5 millones más. Según el Comité
Internacional de la Cruz Roja, la remoción total de las minas costaría la
astronómica cifra de 33.000 millones de dólares y se necesitarían 1.100 años
para conseguir su total erradicación. Los programas de la O.N.U. logran extraer
anualmente 85.000 minas, teniendo en cuenta que ese peligroso trabajo se hace
manualmente.
Durante la
realización de la Primera Conferencia de Revisión de la Conferencia de 1980, en
la cual se aprobó el Protocolo IV sobre armas láser y se modificó el Protocolo
II sobre minas y armas trampa, un grupo de organizaciones no gubernamentales,
entre ellas el Comité Internacional de la Cruz Roja, propusieron a los
distintos Gobiernos la proscripción total de la fabricación, comercio y
utilización de este tipo de armas. Este objetivo  no se logró, pero sí se
avanzó en cuanto a su limitación, tal como se consignó en los mencionados
instrumentos, que en esta ocasión ocupan la atención de la Corporación.
Cabe agregar, que
durante la celebración de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja en
Ginebra en diciembre de 1995, el Gobierno Colombiano expresó su apoyo al Comité
en pro de la proscripción total de las minas, dadas las nefastas consecuencias
que estos artefactos han producido en nuestro país.
En igual sentido, lo
reconoció el 12 de febrero de 1996 el Presidente de los Estados Unidos al
sancionar la enmienda LEAHY, mediante la cual dicho país puso en vigor una
moratoria al empleo de minas, catalogadas como armas que no discriminan, que no
apuntan a un blanco y que son accionadas por las propias víctimas.
Para enfrentar este
gravísimo problema, se había expedido el artículo 35 del Protocolo Adicional I
de 1977, que hace parte del Derecho de Ginebra, y éste a su vez del Derecho
Internacional Humanitario, disposición que prohibe el empleo de armas,
proyectiles y materiales, así como métodos y medios de guerra y de combate de
tal naturaleza, que causen males superfluos o daños extensos, duraderos y
graves al medio ambiente natural.
No obstante que la
norma era clara y su finalidad era buena, los Estados consideraron conveniente
poner en vigor una serie de instrumentos específicos para regular, restringir y
prohibir el empleo de algunos medios, armas y artefactos de guerra y de
combate, como las minas y armas trampa, las armas incendiarias, las armas láser
y otros artefactos, que dado su efecto y la gravedad de sus consecuencias, no
sólo vienen atentando contra la integridad personal de los partícipes del conflicto
armado, así como contra la sociedad civil y los bienes civiles, sino también
generando un grave problema de contaminación ambiental.
Sin duda alguna, el
problema de las minas, las armas trampa, las incendiarias y las láser, es
asunto de fundamental importancia e interés en la actualidad para Colombia.
En efecto, la
Convención y sus cuatro Protocolos se ocupan, dentro de un marco de guerras y
combates donde el uso de armas cuyos efectos y consecuencias son cada vez más
graves y de mayor magnitud para la integridad de la población civil, de los
combatientes y del medio ambiente y en prosecución de la humanización de la
guerra, de la restricción y prohibición de utilizar medios, métodos y armas
que, como las minas y las armas trampa, entre otras, que persiguen efectos tan
graves como la eliminación del enemigo, o la manera de reducirlo a las más
severas condiciones de incapacidad e impotencia, puesto que su recuperación y
rehabilitación son casi imposibles y sus dolencias y sufrimientos se hacen casi
insoportables.
Ahora bien, el
Derecho Internacional Humanitario ha sido concebido como un mecanismo de
protección de la persona humana, sea ésta partícipe o no del conflicto armado.
En efecto, como lo
ha reconocido la jurisprudencia de la Corporación, estos convenios, como el que
ahora se revisa, hacen parte, en sentido genérico, del corpus normativo
de los derechos humanos puesto que, tanto los tratados de derechos humanos como
los convenios de derecho humanitario, son normas de ius cogens que buscan
ante todo, proteger la dignidad de la persona humana, garantizada por el
artículo 1o. de la Carta Política Colombiana, como un principio constitucional.
Son pues normatividades complementarias que, bajo la idea común de la
protección de principios de humanidad, hacen parte de un mismo género: el
régimen internacional de protección de los derechos de la persona humana, tanto
en situaciones de conflictos entre Estados como dentro de éstos.
La diferencia es
entonces de aplicabilidad, puesto que si bien un grupo de esos ordenamientos
están diseñados en lo esencial para situaciones de paz y  otros operan en
situaciones de conflicto armado, ambos cuerpos normativos están concebidos para
proteger los derechos humanos.
En este contexto, la
Convención y sus Protocolos, ante la inminente y grave amenaza que constituyen
las minas y demás armas y artefactos descritos en ellos para la integridad y la
vida de la persona humana, constituyen cabal desarrollo y logran dar efectivo
cumplimiento al principio constitucional de respeto de la dignidad humana, (CP,
art. 1o.), así como a las finalidades del Estado encauzadas a garantizar la
efectividad de los principios y derechos constitucionales, a mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica (CP art. 2o.).
Igualmente, a través de estos instrumentos, se busca por parte del Estado
colombiano, en los términos del inciso segundo del artículo 2o. de la Carta
Política, proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida,
honra, bienes y demás derechos y libertades.
Esta protección de
la dignidad y los derechos de la persona en los conflictos armados internos,
armoniza plenamente con los principios constitucionales, y en especial, con el
valor que funda la institucionalidad colombiana, a saber, el respeto de la
dignidad humana y el reconocimiento de la primacía de los derechos inalienables
de la persona (CP.1 arts 1º y 5º). Existe entonces, una perfecta coincidencia
de finalidades entre la Constitución colombiana y la Convención bajo revisión,
pues es indudable que la identidad que se deriva de la dignidad humana debe
prevalecer sobre las diferencias que enfrentan a los combatientes
Así mismo, estima la
Corte que la Convención y sus Protocolos, cuya importancia y necesidad está
plenamente comprobada y reconocida por la Organización de las Naciones Unidas y
por sus distintos miembros, al igual que por diversas organizaciones no
gubernamentales, busca hacer efectivos los derechos constitucionales
fundamentales que toda persona, participe directamente o no del conflicto
armado, tiene a su vida e integridad personal, moral o física, y al respeto de
su dignidad humana, así como a la paz (CP, art. 22) a la seguridad personal y a
circular libremente por el territorio nacional (CP, art. 24).
En consecuencia, las
normas incluidas en los instrumentos internacionales sub examine son
mecanismos idóneos y efectivos para disminuir los graves, nocivos y dolorosos
efectos que conlleva una guerra, así como para establecer límites a la crueldad
de la confrontación armada, interna o externa, tanto para los combatientes como
para la población civil, los bienes civiles y el medio ambiente, y para regular
el conflicto o la guerra externa o interna.
Respecto a los
Protocolos I "sobre fragmentos no localizables", III "sobre
prohibiciones y restricciones del empleo de armas incendiarias", y el IV
"sobre armas láser cegadoras", sus disposiciones son aplicables
únicamente en los eventos en que exista una guerra declarada o cualquier otro
conflicto armado entre Estados; en caso que se libre una lucha en contra
de la dominación colonial; o finalmente, en el evento de una ocupación total o
parcial del territorio de uno de ellos. En consecuencia, dado su ámbito de
aplicación expresamente señalado en los Protocolos, se excluye de su radio de
acción cualquier conflicto armado interno.
No obstante, esta
Corporación[1],
con ocasión de la revisión de la Declaración sobre las normas relativas a la
conducción de hostilidades en los conflictos armados no internacionales,
suscrita en Taormina, Italia el 7 de abril de 1990, se pronunció acerca de la
obligatoriedad del derecho internacional humanitario en todos los conflictos
armados. Sobre este punto, la Corte señaló :
"...la
obligatoriedad del derecho internacional humanitario se impone a todas las
partes que participen en un conflicto armado, y no sólo a las Fuerzas Armadas
de aquellos Estados que hayan ratificado los respectivos  tratados. No es pues
legítimo que un actor armado irregular, o una fuerza armada estatal, consideren
que no tienen que respetar en un conflicto armado las normas mínimas de
humanidad, por no haber suscrito estos actores los convenios internacionales
respectivos, puesto que -se repite- la fuerza normativa del derecho
internacional humanitario deriva de la universal aceptación de sus contenidos
normativos por los pueblos civilizados y de la evidencia de los valores de
humanidad que estos instrumentos internacionales recogen. Todos los actores
armados, estatales o no estatales, están entonces obligados a respetar estas
normas que consagran aquellos principios mínimos de humanidad que no pueden ser
derogados ni siquiera en las peores situaciones de conflicto armado.
Tampoco puede uno
de los actores armados alegar el incumplimiento del derecho humanitario por su
contrincante con el fin de excusar sus propias violaciones de estas normas, ya
que las limitaciones a los combatientes se imponen en beneficio de la persona humana.
Por eso, este derecho tiene la particularidad de que sus reglas constituyen
garantías inalienables estructuradas de manera singular: se imponen
obligaciones a los actores arma­dos, en beneficio no propio sino de terceros:
la población no combatiente y las víctimas de ese enfrentamiento bélico. Ello
explica que la obligación humanitaria no se funde en la recipro­cidad, pues
ella es exigible para cada una de las partes, sin hallarse subordinada a su
cumplimiento correlativo por la otra parte, puesto que el titular de tales
garantías es el tercero no combatiente, y no las partes en conflicto. Al
respecto, esta Corte ya había señalado que  "en estos tratados no opera el
tradicional principio de la reciprocidad ni tampoco, -como lo pone de presente
la Corte Internacional de Justicia en el caso del conflicto entre Estados
Unidos y Nicaragua-, son susceptibles de reserva[2]".
...
En el caso
colombiano, estas normas humanitarias tienen además especial imperatividad, por
cuanto el artículo 214 numeral 2º de la Constitución dispone que "en todo
caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario".
Esto  significa que, como ya lo señaló esta Corporación, en Colombia no sólo el
derecho internacional humanitario es válido en todo tiempo sino que, además,
opera una incorporación automática del mismo "al ordenamiento interno
nacional, lo cual, por lo demás, es lo congruente con el carácter imperativo
que, según ya fue explicado, caracteriza a los principios axiológicos que hacen
que este cuerpo normativo integre el ius cogens.[3]"
Por consiguiente, tanto los integrantes de los grupos armados irregulares como
todos los funcionarios del Estado, y en especial todos los miembros de la
Fuerza Pública quienes son destinatarios naturales de las normas humanitarias,
están obligados a respetar, en todo tiempo y en todo lugar, las reglas del
derecho internacional humanitario, por cuanto no sólo éstas son normas
imperativas de derecho internacional (ius cogens) sino, además, porque
ellas son reglas obligatorias per se en el ordenamiento jurídico y deben
ser acatadas por todos los habitantes del territorio colombiano. Y no podía ser
de otra manera, pues las normas de derecho internacional humanitario preservan
aquel núcleo intangible y evidente de los derechos humanos que no puede ser en
manera alguna desconocido, ni siquiera en las peores situaciones de conflicto
armado. Ellos encarnan aquellas "consideraciones elementales de
humanidad", a las cuales se refirió la Corte Internacional de Justicia, en
su sentencia de 1949 sobre el estrecho de Corfú. No se puede entonces excusar,
ni ante la comunidad internacional, ni ante el ordenamiento jurídico colombiano,
la comisión de conductas que vulneran claramente la conciencia misma de la
humanidad, como los homicidios arbitrarios, las torturas, los tratos crueles,
las tomas de rehenes, las desapariciones forzadas, los juicios sin garantías o
la imposición de penas ex-post facto".
En consecuencia, a
pesar que del contenido y ámbito expreso de aplicación de los citados
Protocolos - con excepción del Protocolo II - se deduce que sólo rigen para los
conflictos de carácter internacional, las reglas sobre la conducción de las
hostilidades que en función del principio de proporcionalidad limitan el
derecho de las partes a elegir los medios de la guerra con el fin de evitar
males superfluos e innecesarios se imponen también en los conflictos de orden
interno.
Por lo demás,
siguiendo los criterios que se han dejado expuestos, estima la Corte que estos
Protocolos se ajustan al ordenamiento constitucional, en cuanto le dan
efectividad a los principios consagrados en el artículo 1o. de la Carta
Política, y logran hacer efectivos los fines del Estado enunciados en el
artículo 2o. ibídem.
Para la Corporación,
existe una perfecta coincidencia entre los valores protegidos por la
Constitución Colombiana y los Convenios de Derecho Internacional Humanitario
como los que ahora se revisan, puesto que todos ellos se fundamentan en el
respeto de la dignidad de la persona humana. En efecto, esta Corte ya había
señalado que "las disposiciones del derecho internacional humanitario que
tratan sobre el manejo de las personas y las cosas vinculadas a la guerra, como
las que señalan la forma de conducir las acciones bélicas, se han establecido
con el fin de proteger la dignidad de la persona humana y para eliminar la
barbarie en los conflictos armados"[4].
Es indudable que el
derecho humanitario tiene como principal finalidad, garantizar que las partes
en contienda adopten las medidas para proteger a la persona humana y pretende
facilitar un reconocimiento recíproco de los actores enfrentados. Y a su vez,
esta humanización de la guerra tiene una especial trascendencia constitucional
en la búsqueda de la reconciliación y la paz, que es en el constitucionalismo
colombiano, un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento (CP art. 22), lo cual
confiere fundamento constitucional a los instrumentos internacionales objeto de
revisión.
.
En relación con el
Protocolo II, sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas
trampa y otros artefactos, cuyo ámbito de aplicación se extiende tanto a
confrontaciones entre Estados como a conflictos internos, conviene traer a
colación lo expresado por la Corte en la sentencia No. C-225 de 1995 (M.P. Dr.
Alejandro Martínez Caballero), según la cual:
"en un
conflicto armado no internacional, los alzados en armas son sujetos de derecho
internacional humanitario, puesto que están obligados a respetar las normas
humanitarias, ya que éstas son normas de ius cogens imperativas para todas las
partes del conflicto. Pero esos rebeldes no devienen, por la sola aplicación
del derecho humanitario, sujetos de derecho internacional público, puesto que
siguen sometidos al derecho penal interno del Estado respectivo, y pueden ser
penados por haber tomado las armas e incurrido en perturbación del orden
público. Como dice el jurista chileno Hernán Montealegre, "el derecho
humanitario coexiste con el derecho interno, el que recibe su aplicación
general, y no afecta la condición jurídica de las partes contendientes respecto
a su posición legal o ilegal ante el recurso a la fuerza.[5]"
Ahora bien, el
Estado, como lo reconoce el artículo 1o. del Protocolo II, detenta el monopolio
jurídico legítimo de la coacción, mientras que los alzados en armas quedan
sometidos a las penas previstas en la legislación ordinaria, para delitos como
la rebelión o la sedición. En el ordenamiento constitucional colombiano, sólo
el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y
explosivos (CP. Art. 223).
Este principio es
complementado por el numeral 4o. del artículo 1º del Protocolo II bajo
revisión, el cual protege ampliamente la soberanía de los Estados. En efecto,
este precepto dispone que no pueden invocarse las disposiciones del presente
Protocolo "con el fin de menoscabar la soberanía de un Estado o la
responsabilidad que incumbe al gobierno de mantener o restablecer el orden
público en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad
territorial del Estado por todos los medios legítimos." Esto permite
concluir que el Protocolo II no vulnera la soberanía nacional, ni equivale a un
reconocimiento de beligerancia de los grupos insurgentes.
Cabe agregar, que la
aplicación del derecho internacional humanitario no menoscaba la
responsabilidad del Gobierno de preservar el orden público, por lo cual se
mantiene el deber del Estado colombiano, y en particular de la Fuerza Pública,
de garantizar la convivencia pacífica entre los ciudadanos y asegurar la paz
(CP Preámbulo y arts. 2º y 22). Al respecto, esta Corporación ya había
señalado:
"La
organización política tiene como fin primordial la convivencia pacífica. La paz
fue uno de los principales fines buscados en el nuevo consenso social,
al punto de ser llamado ese cuerpo "la Constituyente de la paz".
(Intervención del constituyente Misael Pastrana Borrero ante la Plenaria de la
Asamblea Nacional Constituyente).
La convivencia
pacífica es un fin básico del Estado (CP art. 2) y el móvil último de la
actividad militar de las fuerzas del orden constitucional. La paz es, además,
presupuesto del proceso democrático, libre y abierto, y condición necesaria
para el goce efectivo de los derechos fundamentales. El lugar central que ocupa
en el ordenamiento constitucional llevó a su consagración como derecho y deber
de obligatorio cumplimiento (CP art. 22)[6]."
Ahora bien, el
Estado en relación con los conflictos que internamente se presentan, debe
"proporcionales cauces institucionales adecuados, ya que la función del
régimen constitucional no es suprimir el conflicto - inmanente a la vida en
sociedad - sino regularlo, para que sea fuente de riqueza y se desenvuelva de
manera pacífica y democrática"[7].
En este orden de
ideas, cabe concluir que en relación con los conflictos armados, el primer
deber del Estado es prevenir su advenimiento, para lo cual debe establecer
mecanismos que permitan que los diversos conflictos tengan espacios sociales e
institucionales para su pacífica resolución. En ello consiste, en gran parte,
el deber estatal de preservar el orden público y garantizar la convivencia
pacífica, tal como lo dispone el citado numeral 4 del artículo 1o. del
Protocolo II, según el cual, "No podrá invocarse disposición alguna del
presente protocolo con el fin de menoscabar la soberanía de un Estado o la
responsabilidad que incumbe al Gobierno de mantener o restablecer el orden
público en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad
territorial del Estado por todos los medios legítimos".
De otra parte, el
preámbulo de la Convención y del Protocolo II incluyen lo que la doctrina
internacional ha denominado la Cláusula Marten", esto es, el
principio según el cual "en los casos no previstos por el derecho vigente,
la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de la humanidad
y de las exigencias de la conciencia pública."
Esta cláusula indica
que la Convención y los Protocolos I, II, III y IV no deben ser interpretados
de manera aislada sino que deben ser relacionados con el conjunto de principios
humanitarios, ya que estos instrumentos son desarrollo y concreción de tales
principios y por ende son aplicables a los conflictos armados no
internacionales. Igualmente, las normas de otros convenios de derecho
internacional humanitario que sean compatibles con la naturaleza de los
conflictos no internacionales se deben, en general, considerar aplicables a los
mismos, incluso si ellas no aparecen en la Convención y los Protocolos, en
particular el Protocolo II, ya que las disposiciones codificadas en este campo
aparecen como una expresión convencional de principios de ius cogens que
se entienden automáticamente incorporados al derecho interno colombiano, según
lo determinó esta Corporación en anteriores decisiones.
Como  lo  señaló la
Corte en  la  sentencia  C-225 de 1995 citada con anterioridad - argumentos que
deben ser prohijados en esta oportunidad por tratarse de la misma materia -, en
el caso colombiano, la aplicación de tales normas a los conflictos armados
internos es aún más evidente, por cuanto la Constitución señala que "en
todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario"
(CP. art. 214 ord 2). Incluso en aquellos casos en los cuales no exista norma
escrita, las víctimas de los conflictos armados no internacionales se
encuentran protegidas por los principios de humanidad, según se desprende no
sólo de la Cláusula Martens sino del artículo 94 de la Carta, el cual expresa
la misma filosofía de esta cláusula pues precisa que "la enunciación de
derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios
internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo
inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos."
Por su parte, en los
Protocolos II, III y IV se consagra una de las reglas esenciales del derecho
internacional humanitario, a saber, el principio de distinción, según el cual
las partes en conflicto deben diferenciar entre combatientes y no combatien­tes,
puesto que estos últimos no pueden ser nunca un objetivo de la acción bélica.
La Corte
Constitucional considera que las normas destinadas a proteger a la población
civil, armonizan plenamente con la Carta Política, y en particular con la
protección de la vida, la dignidad y la libertad de las personas (CP arts. 1º,
2º y 11º), valores que aparecen como uno de los fundamentos esenciales del
Estado colombiano. Ya esta Corporación había establecido que
"independientemente de la situación jurídica de normalidad o anormalidad
política, la sociedad civil víctima de la confrontación armada debe ser
protegida por parte del Estado."[8]
En conclusión, la
Corte considera que las prohibiciones y restricciones establecidas en la
Convención de Ginebra de 1980 y en sus Protocolos encuentran pleno sustento
constitucional, pues no sólo armonizan con los principios y valores de la
Carta, sino que incluso, en la práctica, reproducen disposiciones
constitucionales específicas.
Igualmente, y
respecto a su importancia y efectividad, es necesario precisar que, en atención
al informe presentado por el Secretario General de la O.N.U. acerca de las
cifras tan elevadas y desgarradoras del número de minas colocadas a lo largo
del mundo, así como el número de muertos y heridos que han dejado en los
últimos años, la comunidad internacional ha tenido que adoptar una serie de
medidas encaminadas a enfrentar dicha situación, como en efecto lo hizo en la
Convención y en los Protocolos que se revisan, las cuales a juicio de la Corte,
no quebrantan el ordenamiento superior, sino que por el contrario, constituyen
un adecuado mecanismo de concreción del mismo.
Por  todo lo
expuesto anteriormente, la Corte Constitucional considera que no sólo la
Convención de Ginebra de 1980 y los Protocolos I, II, III y IV que la
desarrollan, coinciden con los valores, principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución Política,  por lo cual serán declarados
exequibles en la parte resolutiva de esta sentencia, sino que además, su
aprobación y ratificación constituye tanto la obediencia por los poderes
constituidos a los mandatos de la Carta, como una garantía para la protección
de los derechos humanos, mediante la regularización y humanización de la
guerra, externa o interna.
De igual manera, y
en este mismo orden de ideas, también será declarada exequible la Ley 469 de
agosto cinco (5) de mil novecientos noventa y ocho (1998), tanto por su aspecto
formal, puesto que como pudo verificarse, cumplió con los requisitos y trámites
exigidos por la Constitución como desde el punto de vista de su contenido
material.
VII.    DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
Declarar EXEQUIBLES
la “Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo
de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o
de efectos indiscriminados”, hecha en Ginebra, el diez (10) de
octubre de mil novecientos ochenta (1980) y sus cuatro Protocolos :
“Protocolo I. Sobre fragmentos no localizables”, adoptado
el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980) con la Convención;
“Protocolo II. “Sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas,
armas trampa y otros artefactos”, enmendado el tres (3) de mayo de mil
novecientos noventa y seis (1996), en Ginebra; “Protocolo III. Sobre
prohibiciones y restricciones del empleo de armas incendiarias”, adoptado
el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980) con la Convención ;
“Protocolo Adicional, considerado como IV, Sobre armas láser cegadoras”,
aprobado en Viena el trece (13) de octubre de mil novecientos noventa y cinco
(1995), y la Ley 469 de agosto cinco (5) de mil novecientos noventa y
ocho  (1998), mediante la cual se aprobaron estos instrumentos
internacionales.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y archívese el expediente.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Presidente
ANTONIO BARRERA
CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA V. SACHICA MENDEZ
Magistrada (e)
PABLO ENRIQUE LEAL RUIZ
Secretario General (E)
[1] Cfr. Corte
Constitucional. Sentencia No. C-225 de 1995. MP. Dr. Alejandro Martínez
Caballero.
[2] Corte
Constitucional. Sentencia C-574/92. M.P Ciro Angarita Barón.
[3] Sentencia C-574/92. M.P Ciro Angarita
Barón.
[4] Sentencia C-179/94. MP Carlos Gaviria Díaz.
[5]Hernán Montealegre. La
seguridad del Estado y los derechos humanos. Santiago de Chile: Academia de
Humanismo Cristiano, 1979, pág.  563.
[6]Sentencia T-539/92.
MP Eduardo Cifuentes Muñoz.
[7]Sentencia C-573/94
del  27 de octubre de 1994. M.P Alejandro Martínez Caballero.
[8]Sentencia T-439/92.