T-051-06
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-051/06
ACCION DE TUTELA Y PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Ejercicio oportuno
Al estudiar lo referente a la procedencia o
improcedencia de la acción de tutela, paso previo a la definición sobre la
concesión o negación del amparo, encuentra la Corte que la acción
constitucional es improcedente porque en el presente caso no se cumplió con el
requisito de la inmediatez. En el asunto que ocupa la atención de la
Sala es patente que dicho requisito o presupuesto para la procedencia de la
acción de tutela no se configura, pues toda la actuación administrativa para la
designación del Director del Hospital Universitario del Valle se adelantó
durante julio, agosto y septiembre de 2003 y el nombramiento del señor en dicho
cargo se dio mediante Decreto No.1080 del 28 de octubre de ese año. Es decir,
que desde el momento en que se configuró la alegada violación de los derechos
fundamentales del actor hasta el momento en que se presentó la solicitud de
tutela pasó un año y más de cinco meses.
ACCION DE TUTELA-Improcedencia para revivir términos de
caducidad
Existe una razón adicional para
declarar la improcedencia de la acción de tutela, pues la Corte advierte que el
accionante no hizo uso de la acción contenciosa administrativa correspondiente
para controvertir el proceso de conformación de la terna y nombramiento del
Director del Hospital Universitario del Valle. Esta omisión, lleva a la Sala a
inferir que el actor está utilizando la acción de tutela para un fin
antijurídico como es el revivir términos procesales precluidos; es decir,
perdida esta oportunidad procesal por causa imputable al accionante, no puede
pretender válidamente recuperarla ahora a través del ejercicio de la acción de
tutela.
Referencia:
expediente T-1168888.
Acción de tutela interpuesta por Álvaro
Martínez Payan contra la Junta Directiva del Hospital Universitario del Valle
del Cauca Evaristo García E.S.E y el Gobernador del Departamento del Valle del
Cauca, con citación oficiosa del Director del Hospital Universitario del Valle
del Cauca Evaristo García E.S.E., la División de Recursos Humanos de la
Universidad del Valle y los señores Bernardo Ocampo Martínez y Laureano Ricardo
Quintero Barrera.
Magistrado Ponente:
Dr.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá D. C., dos ( 2 ) de febrero de dos
mil seis (2006).
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados JAIME ARAÚJO RENTERÍA, ALFREDO
BELTRÁN SIERRA y MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
que pone fin al trámite de revisión de las
sentencias proferidas por el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Cali y la
Sala Penal del Tribunal Superior de Cali el 2 de junio y el 14 de julio de 2005
respectivamente, dentro de la acción de tutela incoada por Álvaro Martínez
Payan contra la Junta Directiva del Hospital Universitario del Valle del Cauca
Evaristo García E.S.E y el Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, con
citación oficiosa del Director del Hospital Universitario del Valle del Cauca
Evaristo García E.S.E., la División de Recursos Humanos de la Universidad del
Valle y los señores Bernardo Ocampo Martínez y Laureano Ricardo Quintero
Barrera.
I. LOS ANTECEDENTES.
1-. Los hechos.
Mediante Acuerdo No.006 del 3 de julio de
2003, la Junta Directiva del Hospital Universitario del Valle del Cauca
Evaristo García E.S.E. ordenó la realización de una convocatoria pública para
la elección del director de ese centro hospitalario, y además delegó en la
División de Recursos Humanos de la Universidad del Valle el proceso de revisión
de los documentos y la preselección de los candidatos más opcionados para la
elaboración de una terna por parte de la junta. Esta terna, debía presentarse a
su vez al Gobernador del Departamento del Valle del Cauca para el nombramiento
del director del hospital.
Durante julio y agosto de 2003 la
División de Recursos Humanos de la Universidad del Valle adelantó una serie de
pruebas psicotécnicas, dinámicas de grupo y entrevistas. Posteriormente,
presentó a consideración de la Junta Directiva del Hospital Universitario una
lista con las personas que habían obtenido más de 70 puntos sobre un total de
100, la cual estaba conformada por Gonzalo Duque Saavedra, Jaime Albeiro
Hurtado Gómez, María Cristina Lesmes Duque, Álvaro Martínez Payan, Bernardo
Ocampo Martínez, Elmer Enrique Ortega Montero, Jorge Iván Ospina Gómez y
Laureano Ricardo Quintero Barrera.
En reunión extraordinaria llevada a cabo
el 8 de septiembre de 2003, la Junta Directiva del Hospital Universitario
conformó la terna con los señores Bernardo Ocampo Martínez, Laureano Ricardo
Quintero Barrera y Jorge Iván Ospina Gómez y, mediante Decreto No.1080 del 28
de octubre de ese año, el Gobernador del Departamento del Valle nombró a este
último como Director del Hospital Universitario.
El 11 de abril de 2005, el señor Álvaro
Martínez Payan presentó solicitud de tutela alegando la vulneración de sus
derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, al
debido proceso y al acceso a cargos públicos, porque, a su juicio, la junta
directiva del hospital actuó irregularmente al conformar la terna con Bernardo
Ocampo Martínez, Jorge Iván Ospina Gómez y Laureano Ricardo Quintero Barrera,
quienes obtuvieron, en su orden, 82.9, 78.7 y 72.7 puntos. Según el actor, la
terna debió conformarse con las personas que habían obtenido los mayores
puntajes en el proceso de evaluación que, para el caso, son él (94.7 puntos),
Jaime Albeiro Hurtado Gómez (88.6 puntos) y Gonzalo Duque Saavedra (84.5
puntos). Así mismo, alega que la junta directiva también actuó irregularmente
al disponer la realización de otra entrevista a los candidatos el 8 de
septiembre de 2003, cuando dicho requisito no se había establecido desde un
principio.
En suma, el actor considera que se
desconoció el mérito en el proceso de selección del Director del Hospital
Universitario del Valle del Cauca, ya que, de acuerdo con los derechos
fundamentales alegados y con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a él
debió reconocérsele el derecho de conformar la terna y de ser nombrado en el
cargo de director, por haber obtenido la mayor puntuación en el proceso de
selección mencionado.
Finalmente, el señor Martínez Payan alega
que envió sendas comunicaciones a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la
República el 22 y 23 de enero de 2004 buscando solución a su problema y que
éstas dieron origen a unas actuaciones por parte de la Procuraduría General de
la Nación, pero “sin que hasta la fecha el Estado haya emitido un
pronunciamiento sobre mi derecho vulnerado por la Administración Pública”.
2. Las pretensiones.
En la solicitud de tutela se demanda la
protección de los derechos supuestamente vulnerados y que, en consecuencia, se
ordene a la Junta Directiva del Hospital Universitario del Valle del Cauca
Evaristo García E.S.E. que revoque la terna conformada el 8 de septiembre de
2003 para el nombramiento del director de esa institución hospitalaria, e
integre una nueva con los candidatos que obtuvieron mayor puntaje en el proceso
de selección.
Así mismo, se solicita que se ordene al
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca que revoque el nombramiento de
Jorge Iván Ospina Gómez como Director del Hospital Universitario y proceda a
nombrar al actor en dicho cargo.
3. La intervención de las autoridades
accionadas.
3.1. La respuesta de la División de
Recursos Humanos de la Universidad del Valle.
El Jefe de la Sección de Relaciones
Laborales de la División de Recursos Humanos de la Universidad del Valle se
limitó a informar que, mediante Acuerdo No.005 de 3 de julio de 2003, la Junta
Directiva del Hospital Universitario del Valle delegó en esa división el
proceso de preselección de los candidatos para el cargo de director del
hospital y que, luego de realizadas las pruebas pertinentes, en agosto de 2003
se presentó la lista de preseleccionados a dicha junta para la elección
correspondiente (fls.140 a 165 C-1).
3.2. La respuesta de la Gobernación
del Valle del Cauca.
De otro lado, luego de aclarar que el
actual Gobernador del Departamento del Valle no tuvo injerencia alguna en el
proceso de nombramiento del director del hospital, la Secretaría Jurídica de la
Gobernación del Valle desestima las pretensiones del actor por cuanto el
nombramiento del señor Jorge Iván Ospina data del 28 de octubre de 2003, y la
acción de tutela sólo se interpuso en abril de 2005.
Además de lo anterior, este accionado
asegura que la acción de tutela no es procedente, toda vez que el accionante
tuvo otros medios judiciales de defensa a su disposición (fls.162 a 165 C-1).
3.3. La respuesta de la Junta
Directiva del Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E.
Por su parte, el Jefe de la Oficina
Jurídica del Hospital Universitario, en nombre de la Junta Directiva, se
pronuncia sobre los hechos materia de la acción de tutela alegando que para el
nombramiento del director del hospital se hizo una convocatoria pública y no un
concurso de mérito; así que, a juicio de esta autoridad, la Junta Directiva
podía hacer uso de su facultad discrecional para la conformación de la terna,
toda vez que debido a la naturaleza del proceso de preselección los resultados
obtenidos por los participantes dentro del mismo no eran los determinantes para
tal efecto.
En todo caso, agrega, el señor Álvaro Martínez
Payan participó activamente durante todo el proceso sin presentar objeción
alguna en aquel entonces (fls.166 a 178 C-1).
4. La intervención de los terceros con
interés en los resultados del trámite de tutela.
4.1. Luego de decretada la nulidad de la actuación por
parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali mediante auto del 13 de
mayo de 2005, el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Cali ordenó la
vinculación al trámite de tutela del señor Jorge Iván Ospina Gómez, en su
calidad de Director del Hospital Universitario del Valle.
Este tercero se opuso a las pretensiones
de la demanda de tutela alegando la improcedencia de la acción, toda vez que el
actor contó en su momento con las acciones judiciales ordinarias para
controvertir la legalidad del procedimiento de nombramiento del director del
Hospital Universitario y, en todo caso, porque pasados casi dos años desde
cuando tuvo lugar dicha designación no puede alegar ahora la inminencia de un
perjuicio irremediable (fls.381 a 393 C-1).
4.2. Posteriormente, mediante auto del 22 de noviembre de
2005, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional ordenó la
vinculación al trámite de tutela de los señores Bernardo Ocampo Martínez y
Laureano Ricardo Quintero Barrera como terceros interesados.
Estas personas intervinieron en el trámite
de tutela manifestado, uno, su desinterés en pronunciarse sobre los hechos
materia de tutela, y el otro, su conformidad con la manera en que se adelantó
el proceso de integración de la terna para la nombramiento del Director del
Hospital Universitario del Valle (fls.28 a 60 Cuaderno Corte Constitucional).
5. Las sentencias objeto de revisión.
5.1. La sentencia de primera instancia.
El Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de
Cali consideró que, aunque el Decreto No.3344 del 20 de noviembre de 2003[1] no estaba vigente para
el momento del nombramiento del Director del Hospital Universitario del Valle,
el proceso llevado a cabo para tal efecto no podía ser diferente al de un
concurso de méritos, pues, a juicio del a quo, así se deduce del acta de
la Junta Directiva que hizo la convocatoria, de las etapas del proceso mismo y
de las normas jurídicas que sobre el punto establecen los artículos 125 y 209
de la Constitución Política. En este orden de ideas, entiende el a quo
que se vulneraron los derechos fundamentales del accionante, especialmente el
derecho a la igualdad y al debido proceso, toda vez que no obstante ser el
candidato que obtuvo mayor puntaje en el proceso de selección no fue tenido en
cuenta para conformar la terna, ni para ocupar el cargo directivo vacante en el
Hospital Universitario del Valle.
Por otro lado, el juez estimó que la vía
adecuada para la protección de los derechos fundamentales del señor Martínez
Payán era la acción de tutela y no las vías judiciales ordinarias por la demora
inherente a estas últimas y la naturaleza de los derechos conculcados; así
mismo, considera que tampoco puede reprochársele al actor el haber hecho uso de
la acción de tutela casi dos años después de configurada la vulneración de sus
derechos, en la medida en que acudió en su momento a instancias como la
Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación.
En suma, el Juzgado
Dieciséis Penal del Circuito de Cali tuteló los derechos a la igualdad, al
trabajo y al debido proceso del señor Martínez Payán y ordenó invalidar la
terna conformada por la Junta Directiva de la Universidad del Valle y el
nombramiento realizado por el Gobernador del Valle con base en la misma. En
consecuencia, ordenó que la junta directiva conformara la terna con las
personas que había obtenido mayor puntuación en el proceso de selección, en su
orden Álvaro Martínez Payán (actor), Jaime Albeiro Hurtado Gómez y Gonzalo
Duque Saavedra, y además que el Gobernador del Valle nombrara al primero de los
mencionados como Director del Hospital Universitario del Valle por un período
de tres años.
5.2. La sentencia de segunda instancia.
Al conocer de las impugnaciones
presentadas contra la sentencia del Juzgado Dieciséis
Penal del Circuito de Cali, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali revocó dicha providencia, ordenando la vinculación laboral
nuevamente de Jorge Iván Ospina Gómez como Director del Hospital Universitario
del Valle en caso de que se le hubiera dado cumplimiento a la decisión del juez
de tutela de primera instancia.
En concepto del ad quem, la Junta
Directiva del Hospital Universitario del Valle no vulneró los derechos
fundamentales del demandante, pues su actuación se adecuó a los parámetros
establecidos en los Acuerdos Nos. 004 del 27 de febrero de 1997 y 005 del 3 de
julio de 2003, los cuales, a juicio del Tribunal, otorgaban a la junta una
amplia discrecionalidad para la conformación de la terna para la designación
del Director del Hospital Universitario del Valle.
En todo caso, agrega la segunda instancia,
en el caso del señor Álvaro Martínez Payán la acción de tutela también sería
improcedente porque no puede predicarse la existencia de un perjuicio
irremediable, debido al tiempo que ha transcurrido desde la conformación de la
terna hasta el nombramiento de Ospina Gómez como Director del Hospital
Universitario del Valle hasta el momento de la interposición de la acción de
tutela.
6. Las pruebas relevantes practicadas en la
primera instancia.
a.) Copia del Informe del Proceso de
Preselección del Cargo de Director del Hospital Universitario del Valle
Evaristo García E.S.E. (fls.142 y s.s. C-1).
b.) Copia del Decreto No.1080 del 28 de
octubre de 2003 expedido por el Gobernador del Valle del Cauca, mediante el
cual se nombró a Jorge Iván Ospina Gómez como Director
del Hospital Universitario del Valle (fls.177 y 178 cuaderno ut supra).
c.) Copia del Acuerdo No.004 del 27 de
febrero de 1997, por el cual se adopta el Estatuto del Hospital
Universitario del Valle Evaristo García (fls.205 y s.s. cuaderno ut supra).
d.) Copias de las Actas Nos. 004, 005, 006
y 007 del julio 3, julio 29, agosto 28 y septiembre 8 de 2003 de la Junta
Directiva del Hospital Universitario del Valle, en las
cuales consta el proceso de selección y conformación de la terna para el
nombramiento en el cargo de Director del Hospital Universitario del Valle
(fls.440 a 500 cuaderno ut supra).
e.) Copia del Acuerdo
No.006 del 3 de julio de 2003 de la Junta Directiva del Hospital Universitario
del Valle del Cauca Evaristo García E.S.E., por la cual se ordenó la
realización de una convocatoria pública para el nombramiento del director de
ese centro hospitalario, y además delegó en la División de Recursos Humanos de la
Universidad del Valle el proceso de revisión de los documentos y la
preselección de los candidatos más opcionados para la elaboración de la terna
(fls.447 a 450 cuaderno ut supra).
II. FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES.
1. La competencia.
De conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de
1991, la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones
judiciales mencionadas en precedencia.
2. Reanudación del término para resolver la
revisión de las sentencias de instancia.
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, mediante auto del 22 de noviembre de 2005, ordenó la suspensión
del término de la revisión dentro del expediente T-1168888, con el fin de
vincular a terceros
interesados en los resultados del trámite de tutela y valorar las respuestas y
pruebas allegadas por ellos.
Habiéndose recaudado y valorado las
respuestas y pruebas presentadas por los terceros interesados, se ordenará en esta providencia el levantamiento de la
suspensión decretada.
3. El asunto bajo revisión.
Como se expuso en los antecedentes de
esta providencia, en el caso sub lite el actor, señor Álvaro Martínez
Payan, impugnó el proceso de conformación de la terna de candidatos para la
designación del Director del Hospital Universitario del Valle del Cauca
Evaristo García E.S.E.., así como el nombramiento del señor Jorge Iván Ospina
Gómez en dicho cargo. Para ello, alegó que la terna debió conformarse con los
aspirantes que habían obtenido la mayor puntuación en el proceso de selección,
es decir, él, Jaime Albeiro Hurtado Gómez y Gonzalo Duque Saavedra y, además,
que debió nombrársele director del centro hospitalario por cuanto había
obtenido el mayor puntaje entre ellos.
Pues
bien, sería del caso que la Sala entrara a resolver si de acuerdo con el
ordenamiento jurídico y con el procedimiento adoptado por la Junta Directiva
del Hospital Universitario del Valle, el señor Álvaro Martínez Payan tenía el
derecho de integrar la terna conformada para la designación del Director del
Hospital Universitario del Valle y, además, de ser nombrado en dicho cargo por
haber obtenido el mayor puntaje en el proceso de selección respectivo. Sin
embargo, al estudiar lo referente a la procedencia o improcedencia de la acción
de tutela, paso previo a la definición sobre la concesión o negación del
amparo, encuentra la Corte que la acción constitucional es improcedente porque
en el presente caso no se cumplió con el requisito de la inmediatez.
En efecto, aunque
la acción de tutela no tiene término de caducidad[2],
debe tenerse en cuenta que la inmediatez con que se ejercita la acción es un factor determinante en el juicio de procedencia, pues “Si bien no existe un término límite para el ejercicio de la acción,
de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protección y la finalidad de
este mecanismo de defensa judicial, la presentación de la acción de tutela debe
realizarse dentro de un término razonable, que permita la protección inmediata
del derecho fundamental a que se refiere el artículo 86 de la Carta Política.
Por lo tanto, resultará improcedente la acción de tutela por la inobservancia
del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La
restricción tiene como finalidad preservar el carácter expedito de la tutela
para la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados
con la acción u omisión de la autoridad pública.”[3]
La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido
que el juicio de razonabilidad del plazo con que se ejercita la acción de
tutela depende de las circunstancias concretas de cada caso. En este orden de
ideas, la Corte ha dicho[4]:
“La Corte Constitucional en otras oportunidades ha
fijado la regla según la cual la tutela debe interponerse dentro de un plazo
razonable[5].
La razonabilidad del término no se ha establecido a priori, sino que
serán las circunstancias del caso concreto las que la determinen. Sin embargo,
se ha indicado que deben tenerse en cuenta algunos factores para analizar la
razonabilidad del término: 1) si existe un motivo válido para la inactividad de
los accionantes; 2) si esta inactividad injustificada vulnera el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión y 3) si existe
un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de
los derechos de los interesados[6],
entre otros. (...)[7].”
En el
asunto que ocupa la atención de la Sala es patente que
dicho requisito o presupuesto para la procedencia de la acción de tutela no se
configura, pues toda la actuación administrativa para la designación del
Director del Hospital Universitario del Valle se adelantó durante julio, agosto
y septiembre de 2003 y el nombramiento del señor Jorge Iván Ospina Gómez en
dicho cargo se dio mediante Decreto No.1080 del 28 de octubre de ese año. Es
decir, que desde el momento en que se configuró la alegada violación de los
derechos fundamentales del actor hasta el momento en que se presentó la
solicitud de tutela – 11 de abril de 2005 (fl.134 C-1) – pasó un año y más de
cinco meses.
Así las
cosas, si tenemos en cuenta que no existe justificación para la inactividad del
accionante y que dicha inactividad puede vulnerar los derechos fundamentales
del señor Jorge Iván Ospina Gómez, quien fue nombrado desde octubre de 2003
como Director del centro hospitalario, no le queda a la Sala una alternativa
diferente a la de confirmar la sentencia de segunda instancia, por cuanto
revocó la decisión del Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Cali de conceder
el amparo al accionante; pero adicionando aquella providencia en el sentido de
declarar improcedente la acción de tutela por ausencia del requisito o
presupuesto de la inmediatez, toda vez que el ad quem omitió
pronunciarse sobre la procedencia de la acción de tutela o la concesión o
negación del amparo.
Por otro lado, existe una razón adicional
para declarar la improcedencia de la acción de tutela, pues la Corte advierte
que el accionante no hizo uso de la acción contenciosa administrativa correspondiente
para controvertir el proceso de conformación de la terna y nombramiento del
Director del Hospital Universitario del Valle. Esta omisión, lleva a la Sala a
inferir que el señor Martínez Payán está utilizando la acción de tutela para un
fin antijurídico como es el revivir términos procesales precluidos; es decir,
perdida esta oportunidad procesal por causa imputable al accionante, no puede
pretender válidamente recuperarla ahora a través del ejercicio de la acción de
tutela.
Finalmente, es necesario señalar que las
gestiones que el señor Martínez Payan realizó ante la Presidencia y la
Vicepresidencia de la República buscando solución a su problema no justifican
la mora en la interposición de la acción de tutela, ni su omisión en el uso de
la acción contenciosa administrativa, puesto que dichas gestiones ante el
ejecutivo en modo alguno excluían la posibilidad de ejercer estas herramientas
jurídicas de defensa ante los jueces.
En suma, la Sala confirmará la sentencia
proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali el 14 de julio de
2005, pero adicionándola en el sentido indicado atendiendo a que la acción de
tutela interpuesta por el señor Martínez Payan no cumple con el requisito o
presupuesto de la inmediatez.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO: LEVANTAR la suspensión del término del trámite de
revisión decretada por esta
Sala mediante auto del 22 de
noviembre de 2005.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala
Penal del Tribunal Superior de Cali el 14 de julio de 2005 por cuanto revocó el
fallo expedido por el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Cali el 2 de
junio de 2005, dentro de la acción de tutela incoada por Álvaro Martínez Payan
contra la Junta Directiva del Hospital Universitario del Valle del Cauca
Evaristo García E.S.E y el Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, con
citación oficiosa del Director del Hospital Universitario del Valle del Cauca
Evaristo García E.S.E., la División de Recursos Humanos de la Universidad del
Valle y los señores Bernardo Ocampo Martínez y Laureano Ricardo Quintero
Barrera.
ADICIONAR la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Cali el 14 de julio de 2005, en el sentido de declarar improcedente
la acción de tutela incoada por Álvaro Martínez Payan por ausencia del
requisito de la inmediatez.
TERCERO: DAR
por secretaría cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado Ponente
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Por el cual se reglamenta el artículo 192 de la Ley
100 de 1993. Ley 100 de 1993. “Artículo 192-. DIRECCIÓN DE LOS
HOSPITALES PÚBLICOS. Los directores de los hospitales públicos de cualquier
nivel de complejidad, serán nombrados por el jefe de la respectiva entidad
territorial que haya asumido los servicios de salud, conforme a lo dispuesto en
la Ley 60 de 1993 y a la reglamentación que al efecto expida el Gobierno
Nacional, de terna que le presente la junta directiva, constituida según las
disposiciones de la Ley 10 de 1990, por períodos mínimos de tres (3) años
prorrogables. Sólo podrán ser removidos cuando se demuestre, ante las
autoridades competentes, la comisión de faltas graves conforme al régimen
disciplinario del sector oficial, faltas a la ética, según las disposiciones
vigentes o ineficiencia administrativa definidas mediante reglamento del
Gobierno Nacional.”. El aparte tachado fue declarado inexequible por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-665 de 2000 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo).
[2] Sentencia C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo).
[3] Corte Constitucional. Sentencia T-797 de 2002.
Jurisprudencia reiterada, entre otras, en las sentencias T-762 y T-812 de 2003
y T-601 y T-633 de 2004.
[4] Sentencia T-684 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
[5] En sentencia T-1229 de 2000 se recoge esta línea de
jurisprudencia. En igual sentido T-173 de 2002.
[6] Sentencia T-173 de 2002.
[7] Ver sentencias T-558/02, T-575/02,
T-9797/02, entre otras.