T-484-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-484/13
ACCION DE TUTELA PARA OBTENER REINTEGRO LABORAL DE
TRABAJADOR DISCAPACITADO QUE GOCE DE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Procedencia excepcional
Reiteradamente la
Corte ha señalado que, en principio, el mecanismo de amparo es improcedente
para reclamar el reintegro laboral, toda
vez que el ordenamiento jurídico prevé para el efecto, acciones judiciales
específicas cuyo conocimiento, ha sido asignado a la jurisdicción ordinaria laboral
y a la de lo contencioso administrativo, según la forma de vinculación de que
se trate. No obstante, esta Corporación ha indicado que, de forma excepcional,
la acción de tutela puede proceder, cuando se afecten derechos de personas que
se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta como consecuencia de su
condición económica, física o mental y, adicionalmente, en los casos en los
cuales se predica el derecho a la estabilidad laboral reforzada, pues esta
regla general debe ser necesariamente matizada en estos eventos.
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA
EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA CON LIMITACIONES FISICAS, SENSORIALES O
PSICOLOGICAS-Reiteración de
jurisprudencia
ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE PERSONAS CON
LIMITACIONES FISICAS O MENTALES Y ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
De las acciones
afirmativas a favor de las personas que padecen limitaciones físicas o
mentales, la Corte ha establecido que se deriva una estabilidad laboral
reforzada, la cual implica: (i) el derecho a permanecer en el empleo; (ii) no
ser despedido por causa de la situación de vulnerabilidad; (iii) permanecer en
el empleo hasta que se requiera y hasta tanto no se configure una causal objetiva
que obligue la terminación del vínculo; y (iv) que la correspondiente autoridad
laboral autorice el despido o la terminación del contrato, con fundamento en la
previa verificación de la ocurrencia de la causal que se alega para finiquitar
el contrato laboral, so pena de que el despido se considere ineficaz.
REUBICACION LABORAL DE TRABAJADOR DISCAPACITADO-Criterios que deben ser tenidos en cuanto al momento
de la reubicación por parte del empleador o juez constitucional
Este Tribunal ha
señalado que en algunos eventos, la reubicación laboral como consecuencia del
estado de salud del trabajador, implica no solamente el simple cambio de
labores, sino también la proporcionalidad entre las funciones y los cargos
previamente desempeñados y los nuevos asignados, así como el deber del
empleador de otorgar la capacitación necesaria con el propósito de que las
nuevas tareas puedan ser desarrolladas adecuadamente.
CONTRATO A TERMINO FIJO O CUYA DURACION DEPENDE DE LA
OBRA O LABOR CONTRATADA
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO-Prohibición de actuar como empresa de intermediación
laboral y simular vínculo cooperativo
La jurisprudencia
de este Tribunal ha precisado que si durante la ejecución del contrato de
trabajo asociado, la cooperativa de trabajo asociado infringe la prohibición
consistente en que estas organizaciones solidarias no pueden actuar como
empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de sus asociados
para suministrar mano de obra a terceros beneficiarios, o admitir que respecto
de sus asociados se susciten relaciones de subordinación, se debe dar
aplicación la legislación laboral, y no la legislación civil o comercial porque
bajo estas hipótesis confluyen elementos esenciales que dan lugar a la
existencia de un contrato de trabajo simulado por el contrato cooperativo.
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE
TRABAJADOR DISCAPACITADO-Caso en que
procede el reintegro por cuanto fue despedido debido a su discapacidad sin
previa autorización del Ministerio de la Protección Social
La Sala indicó
que si en estos casos se acredita que el despido o la no renovación de los
contratos ocurrió sin la autorización de la autoridad laboral competente, el
juez de tutela deberá presumir que el vínculo laboral fue terminado a
iniciativa del empleador en razón del estado de salud del trabajador. Conforme
con lo expuesto, para la Sala, en los asuntos sometidos a revisión, las
solicitudes de amparo son procedentes y deben prosperar en relación con la
pretensión relativa al reintegro, la cual fue esbozada por cada uno de los
accionantes en sus demandas.
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA
CON LIMITACIONES FISICAS, PSIQUICAS O SENSORIALES-Garantías contenidas en la Ley 361 de 1997 y jurisprudencia
constitucional sobre su aplicación
Se acreditó que
los accionantes se hallan en circunstancias de debilidad manifiesta, por sus
condiciones de salud con ocasión de las distintas enfermedades que adolecen.
Igualmente, se comprobó que la
terminación de sus contratos de trabajo implicó la grave afectación de sus
derechos fundamentales a la seguridad social y a la salud, como consecuencia de
la desafiliación del sistema de salud y, por ende, la interrupción de los
tratamientos médicos. Que están amparadas
por la protección laboral prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997
solamente aquellas personas que tienen la condición de discapacitadas de
acuerdo con la calificación efectuada por los organismos competentes. De acuerdo
con reiterada jurisprudencia de la Corte dicha garantía comprende también a las
que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta ya sea por la
ocurrencia de un evento que afecte sus condiciones de salud, o de una limitación
física, sin importar si esta tiene el carácter de accidente, enfermedad
profesional, o de origen común, ni si es de carácter transitorio o permanente.
PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE
FORMALIDADES EN RELACIONES LABORALES Y CONTRATO REALIDAD EN EL MARCO DE LAS
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO
La Sala reitera
que las cooperativas de trabajo asociado, así como las bolsas de empleo y las
empresas de servicios temporales, aunque estén creadas bajo parámetros legales,
no pueden convertirse en herramientas para desproveer a los trabajadores de las
garantías mínimas establecidas en el artículo 53 de la Carta Política. Tanto
esta Corporación como las demás autoridades judiciales y operadores jurídicos,
deben garantizar el principio de la primacía del derecho sustancial sobre las
formas en un Estado Social de Derecho, y examinar si en casos similares se
presenta el fenómeno del contrato realidad. Lo expresado se ve reforzado en
escenarios como el que se estudia en esta ocasión, donde se ven amenazados los
derechos de los trabajadores, que son despedidos por encontrarse en precarias
condiciones de salud, y por lo tanto, deben contar con una protección especial
por su situación de vulnerabilidad.
DERECHO AL MINIMO VITAL Y ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Orden
de reintegro a un cargo de igual o superior al que venía desempeñando, de
acuerdo con el estado actual de salud y pago de indemnización equivalente a 180
días de salario
Referencia: Expedientes
T-2.941.765, T-2.998.661, T-2.999.549, T-3.001.509, T-3.003.329, T-3.000.718 y T-3.008.255
Accionantes: Víctor
Manuel Andrade, julia, Julieth Samantha Buitrago Amarillo,  Carmen Rosa
Aguirre Ferrer, Guillermo Londoño Cediel,  Edgar de Jesús Ortiz Paniagua y
Guido Reyes Cáceres
Accionados: Tubos y Láminas S.A., Clínica Reina
Catalina, Suratep, Salud Total EPS, Caja de Compensación Familiar Compensar,
Unión de Inversiones de la Costa S.A., Unión Temporal Alma,  Bernardo Moreno Ibargüen,
Saludcoop EPS y Central Tumaco
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D.C., veinticinco
(25) de julio de dos mil trece (2013)
La Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Nilson Elías Pinilla
Pinilla, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de
revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Primero Penal del Circuito
para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Medellín (T-2.941.765); Juzgado
Tercero Civil Municipal de Barranquilla (T-2.998.661); Juzgado Octavo Penal del
Circuito de Bogotá (T-2.999.549); Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Cartagena (T-3.001.509); Juzgado Primero Penal Municipal con Función de
Garantías de Villavicencio (T-3.003.329); Juzgado de Familia de Girardota (T-3.000.718)
y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Palmira (T-3.008.255).
I. ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 86 y 241 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la
Sala de Selección Número Tres de la Corte Constitucional, mediante Auto del treinta
y uno (31) de marzo de dos mil once (2011), notificado el quince (15) de marzo del
mismo año, decidió seleccionar para revisión los expedientes de tutela número
T-2.941.765, T-2.998.661, T-2.999.549, T-3.001.509, T-3.003.329, T-3.000.718,
T-3.008.255 y T-3.010.397 correspondiendo su estudio a la Sala Cuarta de
Revisión. En consideración a que los expedientes señalados anteriormente
abordan una misma temática, cual es la relacionada con la estabilidad laboral
reforzada de las personas con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, en
la misma providencia se dispuso su acumulación para que fueran fallados
conjuntamente.
II. DESACUMULACIÓN DEL EXPEDIENTE
T-3.010.397
Mediante Auto 298ª de 2012, la Sala
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional resolvió abstenerse de efectuar
la revisión de fondo del fallo proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de
Paratebueno dentro de la acción de tutela presentada por Pedro Ignacio Vargas
Acosta e identificada como T-3.010.397, debido a la presencia de una nulidad
saneable en el proceso, originada en la falta de integración del contradictorio
por no haberse vinculado al proceso a Ecorsalud, entidad que puede verse
afectada por una decisión en el trámite de esta acción constitucional. Por lo
anterior, se dispuso vincular a la mencionada empresa. Como quiera que a la
fecha de expedición de esta providencia, no haya sido posible cumplir con dicha
actuación, se hace necesario ordenar la desacumulación de este expediente.
Conforme con ello, procede esta Corte a
dictar sentencia en los procesos T-2.941.765, T-2.998.661, T-2.999.549,
T-3.001.509, T-3.003.329, T-3.000.718 y T-3.008.255.
III. ANTECEDENTES
1. Expediente T-2.941.765
1.1. La solicitud
Víctor Manuel
Andrade, en nombre propio, formuló acción de tutela contra Tubos y Láminas S.A.,
por la presunta violación de sus derechos fundamentales a la salud en conexidad
con la vida, a la seguridad social y al mínimo vital, entre otros, los que,
según afirma, le fueron vulnerados por la empresa demandada al terminar el
contrato de trabajo a término fijo, suscrito entre él y la mencionada compañía.
1.2. Los hechos
El accionante los
narra, en síntesis, así:
1.2.1. Desde el 2 de noviembre de 2004 ingresó a laborar en
Tubos y Láminas S.A. como soldador operario[1], a través de la empresa A’hora S.A.
1.2.2. Por orden de la mencionada empresa temporal, cada vez
que se tenía previsto la renovación de los contratos, le realizaban exámenes
médicos. En el último, efectuado el 10 de enero de 2007, le diagnosticaron hipoacusia,
motivo por el cual su contratación, quedó supeditada a una consulta a los
directivos de Tubos y Láminas S.A. quienes
aprobaron, finalmente su vinculación.
1.2.3. Posteriormente, le fue informado que debido a su buen
desempeño laboral sería contratado directamente por Tubos y Láminas S.A., a
partir del 27 de agosto de 2007.
1.2.4. El 21 de julio de 2010, le fue notificada la decisión de Tubos y Láminas S.A. de que su
contrato de trabajo no sería renovado.
1.2.5. Durante su vinculación laboral con las citadas
empresas, sufrió varios accidentes de trabajo. Dos de ellos, no los reportó
como tales, toda vez que ignoraba las posibles secuelas que pudieran derivarse
de los mismos. Actualmente, padece de problemas en los oídos, la columna y la
rodilla izquierda.
1.2.6. El
último accidente laboral, ocurrió el 9 de agosto de 2010, cuando al tirar de un
objeto pesado, éste se soltó y su cuerpo cayó hacia atrás, golpeándose en la
región coccigea.
Desde
aquél evento, se ha venido incrementando el dolor en dicha zona.
1.2.7. El médico laboral de la Nueva EPS, el 6 de octubre de
2010, le solicitó por escrito una documentación con el fin de calificar una
supuesta enfermedad de origen profesional. Igual requerimiento se le hizo a la
empresa Tubos y Láminas S.A.
1.2.8. El 19 de octubre del citado año, la nueva EPS no le
autorizó la realización de una resonancia magnética de rodilla que le había
sido ordenada, bajo el argumento de que ya no se encontraba afiliado.
1.2.9. Como se observa, su desvinculación laboral repercutió
gravemente en  la continuidad del tratamiento que recibía por las múltiples
enfermedades que padece al encontrarse desafiliado del Sistema General de Seguridad
Social.
1.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Quinto
Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de
Medellín, mediante proveído del 26 de octubre de 2010, admitió la demanda y
corrió traslado a la entidad demandada para que ejerciera su defensa.
1.3.1. Dentro de la oportunidad legal prevista, Tubos y
Láminas S.A., a través de apoderado judicial, señaló lo siguiente:
-El contrato laboral
entre la empresa Tubos y Láminas S.A. y el accionante inició el 27 de agosto de
2007, por un término fijo inferior a un año, específicamente, seis meses, es
decir, hasta el 26 de febrero de 2008. Dicho vínculo fue prorrogado en tres
ocasiones por un período igual hasta el 26 de agosto de 2009. La siguiente
prórroga se acordó por un período de un año, esto es, hasta el 26 de agosto de
2010.
-El 21 de julio de
2010, la empresa le informó al señor Andrade que el cumplimiento del plazo
pactado estaba previsto para el 26 de agosto de 2010, y que el vínculo laboral
no sería renovado.
-Antes del
cumplimiento del plazo pactado, el trabajador sufrió un accidente dentro de la
empresa, el 9 de agosto de 2010. La EPS en la que se encontraba afiliado,
expidió una incapacidad por un periodo de siete días, es decir, hasta el 15 de
agosto de dicha anualidad.
-Lo anterior, indica
que el contrato de trabajo suscrito con
el demandante terminó por vencimiento del plazo pactado y no en razón de su
incapacidad porque al trabajador, antes del siniestro narrado, ya se le había
informado que su contrato no sería renovado.
-De las pruebas
allegadas al expediente se concluye que las consultas médicas del señor Andrade
obedecieron a una enfermedad de origen común y su estado de salud no reviste
mayor gravedad. El problema de oídos que refiere, por ejemplo, no requiere de
intervención quirúrgica.
-Si bien el artículo
26 de la Ley 361 de 1997, consagra una estabilidad laboral reforzada para las
personas inválidas y discapacitadas, ello no es aplicable al presente caso,
pues el petente no se encuentra en estado de invalidez, ni de discapacidad. Tampoco
se encontraba en incapacidad médica cuando se le comunicó acerca de la no
renovación de su contrato de trabajo.
-Según la Corte
Constitucional, la persona inválida es aquella que ha sido calificada por los
organismos competentes con una pérdida de la capacidad laboral igual o superior
al 50% y tiene derecho a pensionarse por invalidez. Quien sufre una pérdida de
la capacidad laboral entre el 5% al 49% es considerada una persona
discapacitada. Se advierte que al plenario solo se allegó una historia clínica
de consultas por medicina laboral y una incapacidad médica que terminó el 15 de
agosto de 2010.
Lo anterior demuestra
que en ninguna de las situaciones descritas se encuentra el señor Víctor Manuel
Andrade, luego, no es posible ampararlo bajo la figura que invoca.
-La acción de tutela
no es el mecanismo idóneo para obtener el reintegro, toda vez que el legislador
ha previsto otro medio de defensa judicial, a través del ejercicio de la acción
laboral de reintegro.
1.4. Pretensiones
El señor Víctor
Manuel Andrade solicita que sean protegidos sus derechos fundamentales a la
salud en conexidad con la vida, a la seguridad social y al mínimo vital, entre
otros y, en consecuencia, se ordene a la empresa Tubos y Láminas S.A. efectuar
su reintegro y pagar la indemnización equivalente a 180 días de salario.
1.5. Pruebas
Las pruebas
relevantes aportadas al trámite de tutela, todas de origen documental, son las
siguientes:
-Copia del oficio
suscrito por el Profesional de Medicina Laboral de la Nueva EPS por medio del cual
le solicitó a Víctor Manuel Andrade que allegara al Área de Medicina Laboral de
la entidad, una serie de documentos a fin de iniciar el proceso de calificación
de origen de la enfermedad (Folio 11 del cuaderno principal).
-Copia de la cédula
de ciudadanía y del carné de la Nueva EPS de Víctor Manuel Andrade (Folio 12 del
cuaderno principal).
-Copia del examen
médico de retiro (Folio 13 del cuaderno principal).
-Copia de órdenes médicas
en la especialidad de otorrinolaringología (Folios 14, 30, 33 y 34 del cuaderno
principal).
-Copia del concepto
de rehabilitación expedido por el médico tratante (Folio15 del cuaderno
principal).
-Copia de la
historia clínica de Víctor Manuel Andrade en la especialidad de
otorrinolaringología (Folio 17 del cuaderno principal).
-Copia de valoración
audiológica (Folio 18 del cuaderno principal).
-Copia del resultado
del TAC de oídos realizada a Víctor Manuel Andrade  (Folio 19 del cuaderno
principal).
-Copia de la
historia clínica de Víctor Manuel Andrade en la Clínica Conquistadores (Folio 20
del cuaderno principal).
-Copia del informe
médico de lesiones presuntamente profesionales -accidente de trabajo- (Folio 24
del cuaderno principal).
-Copia del contrato
individual de trabajo a término fijo inferior a un año suscrito por Víctor
Manuel Andrade y Tubos y Láminas S.A. (Folio 35 del cuaderno principal).
-Copia del contrato
de trabajo celebrado entre Víctor Manuel Andrade y A’hora S.A. (Folio 41 del
cuaderno principal).
-Copia de los
conceptos de aptitud emitidos por Servicios Médicos San Ignacio (Folios 41, 42
y 43 del cuaderno principal).
-Copia del
certificado laboral de Víctor Manuel Andrade en la empresa A’hora S.A. (Folio 44
del cuaderno principal).
-Copia de la
incapacidad por 7 días emitida a nombre de Víctor Manuel Andrade (Folio 46 del
cuaderno principal).
-Copia de la
comunicación de la terminación de contrato a término fijo inferior a un año
suscrito entre Víctor Manuel Andrade y Tubos y Láminas S.A. (Folio 49 del
cuaderno principal).
-Copia de la
liquidación definitiva de prestaciones sociales de Víctor Manuel Andrade (Folio
61 del cuaderno principal).
1.6. Decisión judicial que se revisa
1.6.1. Decisión
de primera instancia
El Juzgado Quinto
Penal Municipal para Adolescentes con Función de Garantías de Medellín,
mediante sentencia del 11 de noviembre de 2010, decidió negar la tutela al
considerar que la terminación del contrato laboral obedeció al cumplimiento del
plazo pactado. Dicha decisión fue comunicada por la empresa al trabajador con
suficiente antelación a la fecha estipulada para el vencimiento del contrato,
la cual se previó para el 26 de agosto de 2010 y la notificación de la misma, fue
realizada el 21 de julio del citado año.
Respecto del
accidente de trabajo que se referenció y que al decir del demandante, produjo
secuelas, acaeció durante el término del preaviso y 17 días antes del plazo
estipulado en el contrato como fecha de terminación, lo que significa que la decisión
de no renovar el vínculo laboral suscrito con el demandante, obedeció al vencimiento
del plazo fijo pactado y no en razón de su discapacidad.
1.6.2.
Impugnación
Dentro del término
legal concedido para el efecto, el tutelante impugnó la decisión del a quo,
con apoyo, básicamente, en los argumentos a partir de los cuales edificó el
libelo reseñado en precedencia.
1.6. 3. Decisión
de segunda instancia
El Juzgado Primero
Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Medellín,
mediante sentencia del 21 de diciembre de 2010, decidió confirmar el fallo
impugnado por las siguientes consideraciones:
-La hipoacusia
neurosensorial que le fue diagnosticada a Víctor Manuel Andrade, no le impide desempeñarse
laboralmente, ni permite considerarlo como una persona  incapacitada.
-Lo anterior
significa, que al momento de la terminación del contrato de trabajo por parte
de Tubos y Láminas S.A., el trabajador se encontraba en óptimas condiciones
para desempeñar sus labores, lo que permite concluir que no estaba amparado por
la figura de la estabilidad laboral reforzada, ni su desvinculación requería de
la autorización de la Oficina de Trabajo.
-El demandante
cuenta con la posibilidad de acudir al medio de defensa establecido para
dirimir esta clase de controversias, esto es, la jurisdicción ordinaria laboral.
2. Expediente T-2.998.661
2.1. Aclaración
preliminar
Con el fin de
garantizar el derecho a la intimidad de la titular de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados, la Corte advierte que, como medida de
protección, ha dispuesto suprimir de esta providencia y de toda futura
publicación de la misma su identificación, así como cualquier otro tipo de dato
e información que permita identificarla, razón por la cual su nombre será
escrito en cursiva y sin ningún apellido.
2.2. La solicitud
Julia, a
través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Clínica Reina
Catalina, Suratep y Salud Total EPS, por una presunta violación de sus derechos
fundamentales al trabajo, a la seguridad social y a la dignidad humana, entre
otros.
2.3. Los hechos
La demandante los relata,
a través de apoderado, en resumen, así:
2.3.1. Julia, se desempeñó como Auxiliar de
Enfermería en la Clínica Reina Catalina, desde el 16 de noviembre de 2008, al
decir de la accionante, sin mediar contrato laboral. Posteriormente, le fue
informado que debía vincularse a la Cooperativa de Trabajo Asociado Progreso -COOPROOG
CTA-, para seguir en la institución, vinculación que se hizo efectiva, el 2 de
febrero de 2009, cuando suscribió el convenio de trabajo asociado con dicha
organización solidaria.
2.3.2. El
17 de marzo de 2009, julia, sufrió un accidente de trabajo al pincharse
con una jeringa hipodérmica, uno de los dedos de su mano izquierda, siniestro
que fue reportado a la Administradora de Riesgos Profesionales Suratep.
2.3.3. En
esa misma fecha, en las instalaciones de la Clínica Reina Catalina, le fue
practicada a la trabajadora la prueba del VIH. Dos días después, esto es, el 19
de marzo de 2009, le fue comunicado de manera verbal, que el resultado dio
positivo. Así mismo, sin documento que lo acreditara,  se le informó que el
examen realizado al paciente que atendía en el momento del siniestro, salió
negativo.
2.3.4. El
27 de marzo de 2009, se le practicó a la demandante, esta vez, en la EPS Salud
Total, el examen confirmatorio del VIH, llamado Western Blot, con resultado
positivo.
2.3.5.
Los resultados de estos exámenes no fueron sometidos a reserva. Por el
contrario, se divulgaron no solo a los directivos de la Clínica Reina Catalina
y de la Cooperativa de Trabajo Asociado Progreso -COOPROOG CTA-, sino a todo el
personal que labora en dichas entidades.
Así, se violó la
reserva de la historia clínica ocupacional, consagrada en la Resolución 2346 de
2007 del Ministerio de la Protección Social[2],  artículos 16 y el 17[3] que disponen sobre la guarda de las evaluaciones
médicas ocupacionales y de las historias clínicas ocupacionales por parte de
las personas naturales y jurídicas prestadoras o proveedoras de servicios de
salud ocupacional, entidades promotoras de salud e instituciones prestadoras de
servicios de salud.
2.3.6. Como
consecuencia de esta violación a la reserva de la historia clínica, Julia, fue objeto de discriminación y aislamiento por parte
de sus compañeros de trabajo hasta el punto de empezar a sufrir, además, de
estrés y depresión.
2.3.7. El 2 de septiembre de 2009, el Jefe de Recursos
Humanos de la Clínica Reina Catalina,  le informó a Julia que hasta ese
día laboraría en la institución, decisión que se mantuvo, a pesar de la actitud
rogatoria de la trabajadora para que ello no sucediera y se tuviera en cuenta
su estado de salud, personal y familiar, pues de ella depende su hija menor de
edad. Dos días después, es decir, el 4 de septiembre, en la Cooperativa de Trabajo Asociado Progreso -COOPROOG CTA- le
comunicaron que debía presentar la carta de renuncia con el fin de obtener la
liquidación.
2.4. Oposición a
la demanda
El Juzgado Tercero
Civil Municipal de Barranquilla, mediante proveído del 16 de noviembre de 2010,
admitió la demanda y corrió traslado a la Clínica Reina Catalina, Salud Total
EPS y a la ARP Suratep para que ejercieran su defensa.
Así mismo, decidió
vincular a la Cooperativa de Trabajo
Asociado Progreso -COOPROOG CTA-, para que se pronunciara sobre los
hechos y derechos invocados por la demandante.
2.4.1. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la
Compañía Suramericana Administradora de Riesgos Profesionales y Seguros de
Vida  S.A., en adelante ARP SURA, consideró que la acción de tutela resulta
improcedente para lograr la protección de los derechos fundamentales de la
accionante, por las siguientes razones:
-La accionante
registró afiliación a la ARP SURA, a través de la empresa Cooperativa de
Trabajo Asociado Progreso, desde el 10 de febrero de 2009 hasta el 31 de marzo
de la misma anualidad.
-Al decir de la
señora Julia, sufrió un accidente laboral, el 13 de marzo de 2009. Sin
embargo, dicho evento no fue reportado por parte del empleador, es
decir, por la mencionada organización solidaria. La afirmación de la demandante
en este aspecto carece de respaldo probatorio.
-Como el empleador
no informó a la ARP la ocurrencia de un evento al parecer de origen
profesional, las prestaciones deben ser suministradas por la entidad promotora
de salud a la cual se encuentra afiliada la demandante, en este caso, Salud
Total EPS.
-Conforme con lo anterior,
frente a la ARP SURA, existe una falta de legitimación en la causa por pasiva.
2.4.2. La
Clínica Reina Catalina, durante el término otorgado para el efecto, a través
del representante legal, expresó su disentimiento frente a las pretensiones de
la demanda y solicitó la declaratoria de improcedencia de la misma, con base en
los siguientes argumentos:
-Julia, fue remitida por la Cooperativa de
Trabajo Asociado Progreso -COOPROG-, como asociada para ejecutar labores de
Auxiliar de Enfermería en la clínica, desde el 2 de febrero de 2009.
-Julia, informó que se había pinchado un dedo
de la mano con una aguja, mientras atendía un paciente que estaba hospitalizado
en la institución. Inmediatamente, se tomaron las muestras de las personas
involucradas en el hecho de acuerdo con el protocolo médico establecido para
este tipo de accidentes, previo consentimiento de las partes. Ello con el
objeto de conocer o descartar la presencia, al momento del siniestro, de virus
como el VIH, hepatitis HBsAG y hepatitis HCV.
La demandante pretende, ahora, encontrar un nexo de
causalidad entre el virus de VIH que padece y el accidente supuestamente acaecido,
de manera ilusoria, porque conoce perfectamente la historia clínica del
paciente involucrado en el hecho y del resultado negativo que arrojó la prueba
Elisa, a él practicada.
Con este valor de resultado en la fuente (paciente que
ingresó en la institución), se descarta de manera inmediata la transmisión del
VIH por el accidente sucedido.
Cabe advertir que incluso, en accidentes laborales de
este tipo, en el que el paciente, sí es VIH positivo y se encuentra en la fase
de SIDA, la persona que estuvo involucrada en el mismo, tiene una probabilidad
de contagio del 0.1%. Los exámenes, pueden arrojar un resultado negativo,
durante todo el tiempo que exige el protocolo, es decir, hasta por dos años
después de ocurrido el hecho.
Por lo anterior, la prueba que se practica de manera
inmediata después de ocurrido el accidente, se ejecuta de acuerdo con el
protocolo, para descartar o confirmar la presencia del virus VIH con antelación
al evento sobrevenido en cualquiera de las dos personas implicadas.
-Respecto de la prueba denominada Westtern Blot que
refiere la demandante que le fue practicada en la EPS Salud Total, se desconoce
este hecho, pues hace parte de la historia clínica de la paciente.
-En relación con el resultado de VIH positivo que
arrojó la prueba practicada a Julia en la institución, éste solo fue
revelado a la sicóloga quien fue la encargada de informarlo a la trabajadora.
-La cooperativa en la que se encontraba afiliada la demandante
nunca tuvo conocimiento del resultado positivo que había arrojado la prueba
practicada a Julia para la detección de VIH. En relación con este
particular, sobra advertir, que la Clínica Reina Catalina, es una institución
prestadora de servicios de salud, conocedora ampliamente de la confidencialidad
en el manejo de las historias clínicas. En consecuencia, no se acepta la afirmación
de la demandante respecto de la violación a la reserva médica y por ende, del
resultado del examen, como tampoco es de recibo la supuesta discriminación de
la que fue objeto porque con posterioridad al accidente de trabajo, la
trabajadora no ha elevado ningún tipo de queja, lo cual, a su juicio, resulta
disiente.
-El 2 de septiembre de 2010, se le comunicó a Julia
que era solicitada en las instalaciones de la mencionada cooperativa de
trabajo. Ante la pregunta acerca del motivo de dicho requerimiento, se le
informó que la clínica había reprochado a la organización solidaria, la
ausencia injustificada de un grupo de trabajadores asociados, lo cual había
repercutido en el cumplimiento del contrato y que por ello se planeaba reducir
los servicios contratados.
-La clínica no solicitó la desvinculación de Julia a
la mencionada cooperativa por el hecho de ser portadora de VIH, prueba de ello
es que siguió prestando sus servicios durante 156 días, después del resultado
positivo de VIH.
-La relación contractual que existe entre la clínica y
la Cooperativa de Trabajo Asociada Progreso -COOPROG CTA-, no implica injerencia
de la institución en la toma de decisiones de la mencionada organización.
-Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional
cuando es comprobada la existencia de un nexo causal entre la enfermedad del
trabajador y la terminación del vínculo laboral, el empleador incurre en un
trato discriminatorio, lo cual es constitucionalmente inadmisible. Por el contrario,
se ha desestimado la protección por vía de tutela cuando a pesar de la
patología que padece el trabajador, la consideración para dar por terminado el
contrato laboral no se relaciona con la afección que padece el empleado.
En el presente caso, el motivo  de retiro de la señora
Julia como contratista asociada de COOPROG  y vinculada a la Clínica
Reina Catalina, no se relaciona con el hecho de ser portadora de VIH, toda vez
que la cooperativa no tenía conocimiento del resultado del examen de
laboratorio que se le practicó a la demandante, razón por la cual no existe
vulneración de ningún derecho fundamental.
2.4.3. Salud Total S.A., dentro del término concedido por el
despacho, solicitó que se denegara el amparo pretendido por la
accionante, al considerar que la entidad no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados.
-Revisado el sistema de información de Salud Total
EPS, se pudo establecer que Julia, estuvo afiliada al Sistema General de
Seguridad Social en Salud a través de esta EPS, desde el 13 de febrero de 2009,
en calidad de trabajador dependiente de la “Cooperativa de Gestión y
Servicios”, hasta el mes de agosto del  citado año cuando venció el término
de protección laboral, toda vez que el empleador informó la novedad de retiro.
-Una vez Julia fue afiliada al sistema de
salud, la EPS garantizó en forma eficiente, integral y oportuna el acceso y la
prestación de los servicios de salud incluidos en el plan obligatorio de salud.
-El 26 de marzo de 2009, en el Punto de Atención al
Usuario -UAB 20 de julio-, Julia, asistió a consulta en el Área de
Medicina Familiar manifestando “HABER SALIDO PRUEBA DE SIDA POSITIVA”. Al
médico que la atendió relató los hechos sucedidos, el 13 de marzo del citado
año, que al decir de la demandante, ocurrieron mientras cumplía sus funciones
como Auxiliar de Enfermería en la Clínica Reina Catalina.
Como plan de manejo se ordenó la realización de un
examen de comprobación de VIH, el cual fue confirmatorio de la prueba inicial y
se remitió a especialista. Desde este momento, Julia, ingresó al
programa especial para pacientes que padecen esta enfermedad e inició los
controles para la patología que padece con el suministro de medicamentos y
exámenes periódicos de diagnóstico.
-Hasta el 28 de septiembre de 2009 se evidencia
anotaciones en el sistema de la EPS. El 5 de febrero de 2010, surtió la novedad
de retiro con información de traslado al régimen subsidiado.
-Lo anterior, demuestra que Salud Total, cumplió con
todas las obligaciones legales, suministrando el tratamiento médico que la
paciente requirió para el tratamiento de la enfermedad que padece, durante el
término de vigencia del contrato y mientras su afiliación estuvo activa.
-En relación con las
pretensiones que esgrime la demandante en el libelo, es preciso advertir, que
la de reintegro solo es predicable al empleador y frente al pago de una
indemnización bajo el supuesto de que la EPS violó el derecho a la intimidad al
relevar el contenido de la historia clínica, es totalmente improcedente, en
primer lugar, porque la entidad bajo ninguna circunstancia difundiría la
información atinente a  los diagnósticos de los pacientes y en segundo término,
escapa a la órbita de la protección constitucional una reclamación en este
sentido.
2.4.4. La Cooperativa de Trabajo Asociado Progreso
-COOPROG-, a través del representante legal, solicitó se negara la solicitud de
amparo, con fundamento en las siguientes consideraciones:
-La demandante
estuvo vinculada como trabajadora asociada desde el 2 de febrero de 2009 y
hasta el 30 de agosto del citado año, fecha en la cual se le informó la
terminación del vínculo asociativo por cuanto se había reducido la prestación de
los servicios contratados con la Clínica Reina Catalina. Por esta razón, se
declaró en reserva a la espera de una nueva ocupación.
-Según Julia,
ella es una persona portadora de VIH, enfermedad que obtuvo, supuestamente,
cuando desempeñaba sus funciones y, que por tal condición la cooperativa
decidió terminar el vínculo, lo cual no es cierto, por las siguientes razones:
·
Se tuvo conocimiento de este
suceso con la demanda de tutela.
·
Su desvinculación ocurrió 6 meses
después del accidente de trabajo, que al decir de la demandante, produjo el
contagio de dicha enfermedad.
·
Mientras fue asociada a la
organización no le fue concedida ninguna incapacidad por un tiempo
significativo lo cual hubiera permitido establecer que sus condiciones de salud
habían disminuido.
·
Científicamente se descarta que el
VIH que padece la demandante se hubiere adquirido en virtud del referido pinchazo
porque dicha enfermedad no se desarrolla de forma inmediata sino que tiene un
largo proceso de incubación y detección, más aún cuando de conformidad con lo
consignado en el libelo, el paciente que estaba atendiendo al momento de la
ocurrencia del accidente de trabajo, no es portador del mismo.
·
La declaratoria de reserva de la
cooperada obedeció a una causa objetiva como lo es la reducción de los
servicios contratados con la Clínica Reina Catalina.
-La demandante no
tenía vínculo laboral con la cooperativa de trabajo asociado, ni con la Clínica
Reina Catalina. Según las normas del cooperativismo aplicables, la accionante
era asociada de COOPROG CTA y brindaba su fuerza de trabajo como aporte al
cumplimiento del objeto social de la organización solidaria. Además, cuando se
decidió terminar el vínculo asociativo, la demandante gozaba de salud, no se
encontraba incapacitada, ni tenía ninguna limitación para desempeñar el trabajo
encomendado, de tal suerte que no puede estar amparada por la estabilidad
laboral reforzada, la cual se predica de las relaciones, exclusivamente, de índole
laboral.
-En este caso, existe
otro mecanismo de defensa, esto es, la jurisdicción laboral. Tampoco procede el
amparo de manera transitoria porque no se acredita la existencia de un
perjuicio irremediable.
-En este caso no se
cumple con el requisito de la inmediatez, pues la demandante acude a la acción
constitucional, un año después de su declaratoria de receso.
2.5. Pretensiones
La señora Julia solicita
que se tutelen sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se declare
ineficaz el despido, se condene  en forma solidaria a COOPROG y a la
Clínica Reina Catalina a pagar una indemnización
equivalente a ciento ochenta días de salario.
Así mismo, pide se ordene
a la organización solidaria el pago de las cotizaciones al Sistema General de
Seguridad Social y una vez proceda el reintegro sin solución de continuidad, el
pago de los salarios desde la fecha de su retiro de la cooperativa hasta su
vinculación y el pago de una indemnización por los perjuicios que le fueron
ocasionados al revelar el contenido de su historia clínica.
También pide que se
le ordene a la ARP Suratep el reconocimiento y pago de una pensión por
enfermedad profesional y a Salud Total EPS,
que le brinde una atención integral.
2.6. Pruebas
Dentro del
expediente de tutela se encuentran como pruebas relevantes, las siguientes:
-Copia del resultado
del examen Western Blot efectuado a Julia (Folios 12 y 13 del cuaderno
principal).
-Copia de la
petición presentada, el 10 de junio de 2010, por Julia a la Cooperativa
de Trabajo Asociado Progreso por medio de la cual solicitó información
relacionada con la finalización de su vínculo y el pago de la liquidación  (Folio
14 del cuaderno principal).
-Copia de la
respuesta dada por la Cooperativa de Trabajo Asociado Progreso a la petición
elevada por la demandante (Folio 15 del cuaderno principal).
-Copia de la
comunicación dirigida a Julia por parte de la Cooperativa de Trabajo
Asociado Progreso en la que se le informó que el Consejo de Administración había
decidido declararla trabajadora asociada en reserva (Folio 16 del
cuaderno principal).
-Copia del
comprobante de liquidaciones finales a nombre de la demandante (Folio 17 del
cuaderno principal).
-Copia de una
consignación de depósito judicial efectuado a nombre de Julia s (Folio 18
del cuaderno principal).
-Copia del convenio
de trabajo asociado suscrito entre la Cooperativa de Trabajo Asociado Progreso
y Julia, el 2 de febrero de 2009  (Folio 19 del cuaderno principal).
-Copia del registro
civil de nacimiento de la hija de Julia (Folio 22 del cuaderno
principal).
-Copia de la
historia clínica del paciente en la Clínica Reina Catalina y copia de los
exámenes de laboratorio  que le fueron practicados a Julia con
posterioridad al siniestro en el que se vio involucrada (Folio 49 del cuaderno
principal).
2.7. Decisión judicial que se revisa
El Juzgado Tercero
Civil Municipal de Barranquilla, mediante sentencia del 29 de noviembre de
2010, decidió negar la tutela al considerar que la controversia planteada es de
carácter laboral, razón por la cual la vía para dirimirla es la jurisdicción
laboral y no la acción de amparo constitucional.
La anterior decisión
no fue impugnada por las partes y, por tanto, no se agotó la segunda instancia.
3. Expediente T-2.999.549
3.1. La solicitud
Julieth Samantha
Buitrago Amarillo, presentó acción de tutela para que le fueran protegidos sus
derechos fundamentales a la seguridad social, al trabajo, a la dignidad humana
y a la estabilidad laboral reforzada, en su calidad de persona incapacitada los
que, según afirma, le fueron vulnerados por la Caja de Compensación Familiar
Compensar, en adelante Compensar, al terminar el contrato a término fijo
acordado entre ella y la entidad demandada.
3.2. Los hechos
La demandante los expone,
en síntesis, así:
3.2.1. El 29 de
septiembre de 2008 celebró un contrato a término fijo inferior a un año con
Compensar para desempeñar el cargo de Auxiliar Operativo, el cual fue
prorrogado en varias ocasiones hasta el 30 de octubre de 2010.
3.2.2. El 10 de julio de 2010, en una actividad de
integración del Área Financiera, realizada en las instalaciones de Compensar en
Cajicá, sufrió un accidente laboral que le afectó la rodilla izquierda y el
cual fue debidamente reportado. Al día siguiente, le fue inmovilizada dicha
área en la Clínica Palermo y remitida a la especialidad de ortopedia.
3.2.3. Por una inconsistencia en la radicación de las
incapacidades ante la ARP Liberty Seguros, debió ir a trabajar los días 27, 28,
29 y 30 de julio de 2010, ayudada por unas muletas, lo que le ocasionó una
nueva recaída y otra inmovilización.
3.2.4. A pesar de sus problemas de salud, desde un primer
momento, se mostró dispuesta para desarrollar las tareas que le fueron
encomendadas, haciendo uso del teléfono y del correo electrónico. Así mismo,
ejecutó el proceso de correspondencia de estados de cuenta.
3.2.5. El 9 de septiembre de 2010, al indagarle a su jefe
inmediato, acerca de la renovación de su contrato de trabajo, el cual tenía
como fecha de vencimiento, el 30 de septiembre, éste le manifestó, por primera
vez, su inconformidad con la labor que venía desempeñando y le expresó que su
contrato no sería renovado. Al día siguiente, en ejercicio del derecho de
petición, presentó una solicitud en la que manifestó la necesidad de que
Compensar continuara con el vínculo laboral dadas sus condiciones de salud.
3.2.6. El 23 de septiembre del citado año, el ortopedista de
la ARP Liberty Seguros, expidió una incapacidad hasta el 3 de octubre de 2010,
realizó una serie de recomendaciones médico laborales y estableció como periodo
de recuperación, un plazo aproximado de seis meses.
3.2.7. El 27 de septiembre de 2010, se rehusó a firmar una
comunicación que le dirigía el Área de Talento Humano, informándole que el 3 de
octubre, fecha en la que terminaba la incapacidad, se daría por terminado su
contrato de trabajo. Ante tal negativa, recibió una llamada de uno de los
abogados de dicha dependencia, que le confirmó lo anunciado por escrito.
Además, le fue enviada la misma misiva por correo certificado, la cual también
rechazó.
3.2.8. El 1 de octubre siguiente, fue llamada nuevamente por
uno de los funcionarios del Área de Talento Humano que le informó acerca del
nuevo envío por correo del oficio por medio del cual se daba por terminado su
contrato de trabajo. Al preguntársele acerca de su negativa recurrente de
recibir las comunicaciones, señaló la falta de respuesta a la petición elevada
el 23 de septiembre de 2010.
3.2.9. El 3 de octubre de 2010,  fue valorada por  un médico
del Área de Medicina Laboral de la ARP Liberty Seguros, quien le prorrogó la
incapacidad hasta el 18 del citado mes. Así mismo, ordenó terapia física.
3.2.10. El 6 de octubre del mencionado año, Compensar le
informó, nuevamente de la determinación de dar por culminado su contrato de
trabajo, anunciándole que éste se prorrogaría hasta la fecha en que se estipuló
la terminación de la última incapacidad médica.
3.2.11. El 19 de octubre subsiguiente, el neurocirujano
tratante, determinó, de conformidad con los resultados de una gammagrafía ósea,
la afectación de la rodilla derecha, a raíz de la lesión sufrida en la
izquierda y ordenó un bloqueo de nervio periférico para el 2 de noviembre de
2010.
3.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Veintiséis
Penal Municipal de Bogotá, mediante proveído del 3 de noviembre de 2010, admitió
la demanda y corrió traslado a Compensar para que ejerciera su defensa.
Compensar, dentro de
la oportunidad legal prevista, contestó la acción de tutela en los siguientes
términos:
-La acción de tutela
reviste un carácter residual, resultando improcedente su ejercicio cuando existe
otro mecanismo de defensa como acontece en este caso, en el que la jurisdicción
ordinaria laboral es la vía para ventilar las pretensiones esbozadas por la
demandante, las cuales se reducen a un ámbito prestacional.
-Compensar ha
cumplido cabalmente sus obligaciones como empleador, pues afilió a la
trabajadora al Sistema General de Seguridad Social, pagó el salario acordado y las
prestaciones económicas derivadas de la incapacidad. Tuvo en cuenta la
situación en la que se encontraba la demandante, toda vez que prolongó el
vínculo laboral hasta la terminación del periodo de incapacidad. “Como
consecuencia de lo anterior, no puede existir amenaza o violación de derecho
fundamental alguno en cabeza de COMPENSAR, [quien] siempre ha actuado en
beneficio y bienestar de la accionante.”
-La solicitud de
amparo tampoco procede en este caso, siquiera de manera transitoria, pues no se
encuentra acreditada la existencia de un perjuicio irremediable.
-La terminación del
contrato de trabajo de la señora Buitrago Amarillo no fue consecuencia de su
estado de salud porque no se puede evidenciar estado de discapacidad alguna,
sino que obedeció a la expiración del plazo fijo pactado, lo cual le fue
comunicado con una antelación de 30 días.
3.4. Pretensiones
La demandante le
pide al juez de tutela conceder el amparo definitivo de sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, se ordene a Compensar su reintegro.
3.5. Pruebas
A continuación se
relacionan las pruebas relevantes que reposan en el expediente:
-Copia del contrato
individual de trabajo a término fijo suscrito el 29 de septiembre de 2008 por Julieth
Samantha Buitrago Amarillo y Compensar (Folio 8 del cuaderno principal).
-Copia de la
petición elevada, el 10 de septiembre de 2010, por la señora Buitrago Amarillo
a Compensar (Folio 10 del cuaderno principal).
-Copia de los
certificados de incapacidad proferidos por EPS SURA a nombre de Julieth
Samantha Buitrago Amarillo del 11/07/10 a 16/07/10; 19/07/10 a 23/07/10; 24/07/10
a 26/07/10; 01/08/2010 a 04/08/2010; 05/08/10 a 09/08/10; 10/08/10 a 24/08/10;
25/08/10 a 08/09/10; 09/09/10 a 23/09/10; (Folios 8-22 del cuaderno principal).
-Copia del
Formulario Único de Reporte de Accidente de Trabajo (Folio 23 cuaderno
principal).
-Copia de la
respuesta de Compensar a la petición presentada por Julieth Samantha Buitrago
Amarillo (Folio 24 del cuaderno principal).
- Copia de la
comunicación dirigida a la señora Buitrago Amarillo por parte de Compensar,
mediante la cual le notificó que su contrato de trabajo terminaría una vez
finalizara el periodo de incapacidad (Folio 26 cuaderno principal).
-Copia del resultado
de la resonancia magnética de rodilla izquierda practicada a la demandante
(Folio 27 del cuaderno principal).
-Copia del resultado
de gammagrafía ósea practicada a la peticionaria (Folio 28 del cuaderno
principal).
-Copia de la orden
de bloqueo periférico a nombre de Julieth Samantha Buitrago Amarillo (Folio 29
del cuaderno principal).
-Copia de una
incapacidad laboral expedida a nombre de la accionante del 19/10/10 al 02/11/10
(Folio 30 del cuaderno principal).
-Copia de la
historia clínica de Julieth Samantha Buitrago Amarillo (Folio 31 del cuaderno
principal).
3.6. Decisión judicial que se revisa
3.6.1. Decisión de
primera instancia
El Juzgado Veintiséis Penal Municipal
de Bogotá, mediante providencia del 16 de noviembre de 2010, negó el amparo
solicitado por Julieth Samantha Buitrago Amarillo al considerar que cuenta con
otro medio de defensa judicial idóneo, como lo es la jurisdicción ordinaria
laboral y que en el presente caso, la tutela no procede como mecanismo
transitorio, toda vez que las pruebas aportadas al plenario, no logran
acreditar la existencia de un perjuicio irremediable.
3.6.2. Impugnación
Dentro del término
legal concedido para el efecto, la parte demandante impugnó la anterior
decisión, reiterando los argumentos que invocó en el libelo demandatorio y,
agregó, que, efectivamente, una vez culminó la última incapacidad que le fue
concedida, compensar la desvinculó, no obstante que sus condiciones de salud no
han presentado mejoría, circunstancia que no fue tenida en cuenta. Advirtió que
su salud se afectó con ocasión del  accidente de trabajo, ampliamente referido.
3.6.3. Decisión
de segunda instancia
El Juzgado Octavo
Penal del Circuito, mediante providencia del 21 de enero de 2011, confirmó el
fallo impugnado por las mismas razones expuestas por el juez de primera
instancia.
4. Expediente T-3.001.509
4.1. La Solicitud
Carmen Rosa Aguirre
Ferrer, a través de apoderado, presentó acción de tutela para que le fueran
protegidos sus derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social y al mínimo
vital, entre otros, que, según afirma, le fueron vulnerados por la empresa
Unión de Inversiones de la Costa S.A., en adelante UNICAT, al terminar el
contrato laboral a término indefinido, suscrito entre ella y la entidad
demandada.
4.2. Los hechos
Los narra el
apoderado de la demandante, sumariamente, así:
4.2.1. El 2 de agosto de 2005
se vinculó laboralmente con UNICAT, mediante un contrato laboral a término
indefinido, para desempeñar el cargo de vendedora sistematizada. Su labor
consistía en digitar los números del chance y los valores apostados por los
clientes.
4.2.2. En la jornada diaria atendía aproximadamente 100
personas, lo cual le implicaba movimientos repetitivos en periodos prolongados.
4.2.3. El
15 de junio de 2010, acudió a la EPS por un cuadro de dolor intenso en las
manos, siéndole diagnosticada, días después, la enfermedad denominada síndrome
del túnel carpiano. Por esta patología le fueron concedidas varias incapacidades.
4.2.4. El
22 de noviembre de 2010, al día siguiente de reincorporarse a sus labores, después
de una incapacidad, le fue entregada la
carta de terminación de su contrato de trabajo.
4.2.5. Debido a su desvinculación laboral, su situación
económica se encuentra seriamente afectada por cuanto el salario que devengaba
constituía su único ingreso y el medio para solventar sus necesidades básicas y
las de sus cuatro hijas, pues es madre soltera.
4.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Once
Penal Municipal de Cartagena con Funciones de Control de Garantías, mediante
proveído del 15 de diciembre de 2010, admitió la demanda y corrió traslado a la
empresa UNICAT para que ejerciera su defensa.
Dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, UNICAT, a través de  apoderado, respecto
de la acción de tutela promovida por Carmen Rosa Aguirre Ferrer, señaló:
-En el presente caso
debe declararse la improcedencia de la acción de tutela porque no se cumplen
ninguno de los presupuestos establecidos para la procedencia del amparo contra
una entidad de carácter particular, como lo es UNICAT.
-Tampoco se cumple
con una de las notas definitorias de la acción constitucional como lo es la
subsidiaridad, toda vez que existen otros mecanismos de defensa judicial para
controvertir el asunto planteado. La acción de tutela tampoco procede como
mecanismo transitorio, pues no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable.
-La terminación del
contrato no sobrevino por la enfermedad, incapacidad para trabajar o
discapacidad de la demandante, pues cuando la empresa tomó esta determinación
aquella no se encontraba en ninguna de las circunstancias anteriormente
descritas. La organización desconocía la enfermedad de túnel carpiano que dice
padecer la señora Aguirre Ferrer.
4.4. Pretensiones
Carmen Rosa Aguirre
Ferrer solicita que se tutelen sus derechos fundamentales invocados y, como
consecuencia de ello, se le ordene a UNICAT que la reintegre al cargo que venía
desempeñando antes de su desvinculación o a uno similar.
4.5. Pruebas
Las pruebas
relevantes aportadas al trámite de tutela, son las siguientes:
-Copia de certificado laboral a nombre de Carmen Rosa
Aguirre Ferrer (Folio 7 del cuaderno principal).
-Copia de la incapacidad de dos días otorgada por Coomeva
EPS a la actora por enfermedad general (Folio 8 del cuaderno principal).
-Copia de la solicitud
de permiso para entrar a laborar después de la hora estipulada con el fin de
asistir a terapias (Folio 9 de l cuaderno principal).
-Copia de la carta
por medio de la cual UNICAT le informó a Carmen Rosa Aguirre Ferrer de la
terminación de su contrato de trabajo (Folio 10 del cuaderno principal).
-Copia de la
liquidación definitiva del contrato de trabajo de la señora Aguirre Ferrer
(Folio 11 del cuaderno principal).
4.6. Decisión judicial que se revisa
4.6.1. Decisión
de primera instancia
El Juzgado Once
Penal Municipal de Cartagena, con Funciones de Control de Garantías, mediante
sentencia proferida el 29 de diciembre de 2010, decidió tutelar los derechos
fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social y a la
estabilidad laboral reforzada de la señora Carmen Rosa Aguirre Ferrer, pues se
logró acreditar su violación al terminar
unilateralmente su contrato de trabajo, no
obstante su deteriorado estado de salud y de no contar con el permiso de las
autoridades laborales competentes.
Respecto de la
supuesta vulneración del derecho a la igualdad, negó el amparo invocado, pues la
demandante no presentó otros casos de reintegro, en los que estando en sus
mismas condiciones, se les hubiera dado un tratamiento distinto al recibido.
4.6.2.
Impugnación
UNICAT presentó
impugnación al considerar que el juez incurrió en una gran contradicción al
negar el amparo del derecho a la igualdad y, al mismo tiempo, tutelar los
derechos al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social y a la estabilidad
laboral reforzada.
Señala que en el presente
caso, no es posible predicar un nexo de causalidad entre el despido de la
demandante y su supuesto estado de salud, pues la organización desconocía que
se tratara de una persona discapacitada o que se encontrara en estado de
debilidad manifiesta.
4.6.3. Decisión
de segunda instancia
El Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Cartagena, mediante proveído del 14 de febrero de 2011,
revocó la decisión proferida en primera instancia, al considerar que el debate
que se plantea es eminentemente legal y debe ser planteado ante la jurisdicción
ordinaria laboral.
5. Expediente T-3.003.329
5.1. La solicitud
Guillermo Londoño
Cediel, en nombre propio, presentó acción de tutela para que le fueran
protegidos sus derechos fundamentales al trabajo, a la salud y a la estabilidad
laboral reforzada, en su calidad de persona discapacitada, derechos que, según
afirma, le fueron vulnerados por la empresa Unión Temporal Alma al terminar el
contrato de obra o labor determinada, suscrito entre él y la demandada.
5.2. Los hechos
El accionante los narra, en síntesis,
así:
5.2.1. Desde el 25 de marzo de
2010 ingresó a laborar en la Unión Temporal Alma, a través de un contrato por
obra o labor determinada, desempeñándose como pailero y alineador. Su asignación
salarial ascendía a la suma de $1.833.570.
5.2.2. El
28 de abril de 2010, en desarrollo de sus funciones, sufrió una alteración de la frecuencia cardíaca, a su juicio, por el esfuerzo
físico.
5.2.3. El
3 de mayo de 2010, asistió a un control médico en Servimédicos Ltda. y le fue
diagnosticado arritmia cardíaca, no especificada.
5.2.4. El
6 de mayo subsiguiente, nuevamente, ejecutando sus labores, sufrió un accidente
laboral al presentar un dolor crónico de espalda, siendo trasladado
inmediatamente al Hospital de Acacías, donde le fue concedida una incapacidad
de tres días y ordenadas 6 terapias físicas.
5.2.5. El
26 de mayo de 2010, fue atendido en el Hospital Cardiovascular del Niño de
Cundinamarca por un especialista en cardiología y electrofisiología, quien le
ordenó un ecocardiograma[4] y otros procedimientos[5].
5.2.6. El
27 de julio de 2010, la Unión Temporal Alma, da por concluido su contrato de
trabajo por terminación de la obra o
labor contratada.
5.2.7. El
30 de julio de 2010 fue intervenido quirúrgicamente en el hospital anteriormente
mencionado con ocasión de sus problemas cardiacos y le concedieron una
incapacidad por 20 días.
5.2.8. El 24 de agosto de 2010, en ejercicio del derecho de
petición, elevó una solicitud ante la empresa demandada con el fin de que fuera
reintegrado y le pagaran los salarios y demás prestaciones que dejó de percibir
desde cuando se produjo su retiro de la empresa accionada hasta su reintegro.
Adicionalmente, pidió el pago de la indemnización equivalente a ciento ochenta
días de salario.
Fundamentó su
pedimento en el hecho de que no se pidió la autorización a la oficina de
Trabajo para tomar dicha determinación, a pesar de sus desmejoradas condiciones
de salud, las cuales eran plenamente conocidas por la organización.
5.2.9. Dicha solicitud fue negada, bajo el argumento según
el cual la empresa no tenía conocimiento de su estado de salud.
5.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Primero
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, de Villavicencio, mediante
proveído del 17 de septiembre de 2010, admitió la demanda y corrió traslado a
la empresa  demandada para que ejerciera su defensa.
5.3.1. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la
Unión Temporal Alma, a través del representante legal, esgrimió las razones por
las cuales considera que la acción de tutela resulta improcedente para lograr
la protección de los derechos invocados, las cuales pueden sintetizarse, de la
siguiente manera:
-Existe otra vía
judicial idónea como lo es la jurisdicción ordinaria laboral para decidir y
conocer sobre las peticiones formuladas por el accionante, ya que no se ha
probado la existencia de un perjuicio irremediable que enerve la súplica ante
la justicia ordinaria.
-La finalización del
contrato de trabajo suscrito entre el demandante y la organización obedeció a
la terminación de la labor para la que había sido contratado y no sobrevino por
la enfermedad, incapacidad para trabajar o discapacidad del trabajador, pues
cuando la empresa tomó esta determinación, aquél no se encontraba en ninguna de
las circunstancias anteriormente descritas.
-La empresa no tenía
conocimiento del deteriorado estado de salud que refiere el demandante. Fue
enterada de dicho menoscabo en la solicitud que elevó el señor Londoño Cediel
después de terminado el contrato de trabajo.
-El episodio que
narra el demandante y que cataloga como un accidente laboral no fue reportado
como tal. La empresa lo trasladó a Acacías donde fue atendido por la EPS. Allí
fue valorada la dolencia que presentó como de origen común y le fue concedida
una incapacidad de 3 días.
-Respecto de sus
problemas cardiacos, el trabajador los mencionó sin dar mayor detalle, cuando
solicitó un permiso para trasladarse a la ciudad de Bogotá para la práctica de
unos exámenes médicos. Por esta razón no puede predicarse que la terminación de
su contrato de trabajo sea consecuencia de su estado de salud.
Posteriormente, el
Juzgado Primero Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Villavicencio vinculó a la EPS Humana
Vivir y a la ARP SURA para que se pronunciaran sobre los hechos y derechos
invocados por el accionante.
5.3.2. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la
EPS Humana Vivir, contestó la acción de tutela, señalando que revisada la base
de datos se constata que Guillermo Londoño Cediel se encuentra retirado desde
el 28 de julio de 2010.
5.3.3. Dentro del
término otorgado para ejercer el derecho de réplica, el representante legal de la
ARP SURA, manifestó su oposición a la acción de tutela, con fundamento en las
siguientes consideraciones:
-El accionante se
encuentra afiliado a la ARP, a través de la empresa Montajes JM S.A. desde el
20 de octubre de 2010.
-El señor Londoño
Cediel, estuvo afiliado por la entidad demandada desde el 25 de marzo de 2010
hasta el 27 de julio de 2010.
-Durante la
cobertura con la última empresa demandada, el accionante se vio involucrado en
un accidente de trabajo, el 18 de mayo de 2010. Las prestaciones asistenciales
derivadas de dicho evento fueron cubiertas por la ARP. La entidad continuará
brindando todas aquellas que requieran las patologías causadas con ocasión del
mencionado siniestro.
5.4. Pretensiones
Guillermo Londoño
Cediel solicita se tutelen sus derechos fundamentales invocados y, en consecuencia,
se ordene a la empresa Unión Temporal Alma efectuar su reintegro en un cargo acorde
con sus condiciones de salud.
Así mismo, solicita
que la empresa demandada le cancele los salarios y prestaciones sociales dejados
de pagar desde la fecha del despido hasta que se efectúe el reintegro.
5.5. Pruebas
En el expediente obran
las siguientes pruebas:
-Copia del contrato
de trabajo por duración de la obra o labor determinada suscrito entre Unión
Temporal Alma y Guillermo Londoño Cediel (Folios 13-19 del cuaderno principal).
-Copia de la
consulta médica del señor Londoño Cediel en el Hospital Cardiovascular del Niño
de Cundinamarca, el 26 de  mayo de 2010  (Folio 20 del cuaderno principal).
-Copia de los
resultados del ecocardiograma practicado al señor Londoño Cediel  (Folio 27 del
cuaderno principal).
-Copia de la
autorización de Humana Vivir para la práctica de ablación con catéter de lesión
o tejido de corazón por radiofecuencia, mapeo tridimensional por insiste, a
nombre de Guillermo Londoño Cediel  (Folio 28 del cuaderno principal).
-Copia de la
comunicación dirigida al demandante por parte de la empresa Unión Temporal
Alma, mediante la cual le notificó que su contrato por obra o labor contratada
terminaría a partir del 27 de julio de 2010 (Folio 31 del cuaderno principal).
­
-Copia de la
historia clínica de Guillermo Londoño Cediel (Folios 33-48 del cuaderno
principal).
-Copia de la
petición elevada, el  24 de agosto de 2010, por el señor Londoño Cediel a la
Empresa Temporal Alma por medio del cual solicitó el reintegro (Folios 49-53
del cuaderno principal).
-Copia de la
respuesta de la Empresa Temporal Alma a la petición del 24 de agosto de 2010
presentada por el demandante (Folios 54-59 del cuaderno principal).
5.6. Decisión judicial que se revisa
5.6.1. Decisión
de primera instancia
El Juzgado Primero
Penal Municipal con Función de Garantías de Villavicencio[6], mediante sentencia proferida el 1 de diciembre de
2010, negó el amparo invocado por el demandante, al considerar que existe otro
medio de defensa judicial al que podrá acudir el señor Londoño Cediel. En este
caso no se demostró con suficiencia un perjuicio inminente y urgente que
amerite la intromisión del juez constitucional en un ámbito que no es de su
competencia.
6. Expediente T-3.000.718
6.1. La solicitud
Edgar de Jesús Ortiz
Paniagua promovió acción de tutela en nombre propio para que le fueran
protegidos sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al mínimo
vital  y a la estabilidad laboral reforzada, en su calidad de persona
incapacitada los que, según afirma, le fueron vulnerados por Bernardo Moreno Ibargüen
al terminar el contrato laboral suscrito entre él  y la parte demandada.
6.2. Los hechos
Los describe el
demandante así:
6.2.1. Estando vinculado laboralmente con Bernardo Moreno Ibargüen
y en ejecución de sus funciones sufrió un fuerte dolor de espalda al levantar
un bulto de cemento.
6.2.2 Luego de sufrir dicho episodio de dolor, le comunicó
al empleador que en el año inmediatamente anterior, había sido intervenido
quirúrgicamente en la columna, no obstante se mantuvo la orden de ejecutar la
actividad que venía desarrollando.
6.2.3. El mismo día del siniestro fue conducido al servicio
de urgencias de la EPS a la cual se encontraba afiliado en donde le recetaron diclofenaco
y presentó una leve mejoría.
Como su condición de
salud se vio seriamente afectada, asistió a varios controles médicos y le
fueron concedidas innumerables incapacidades. Así mismo, fueron expedidas
distintas recomendaciones laborales por parte del médico de salud ocupacional[7].
Precisamente, con
ocasión de las continuas y reiteradas recomendaciones laborales, la ingeniera
María Elizabeth Múnera, el 30 de julio de 2010, le comunicó al Médico de Salud
Ocupacional, acerca de la imposibilidad de atenderlas, dada la incompatibilidad
entre éstas y el oficio que desempeñaba.
6.2.4. Mario Sandoval, el 15 de octubre de 2010, le comunicó
de manera verbal la decisión del empleador de dar por terminado su contrato
laboral.
Ante su insistencia
de que dicha determinación se le informara por escrito, el 21 de octubre
siguiente, le fue notificado tal hecho, haciéndose la salvedad de que su
enfermedad es de origen común, que su desvinculación laboral obedeció a la
terminación de la labor para la cual había sido contratado, situación que
también afectó a otros trabajadores.
6.2.5. Como su estado de salud, desde el siniestro comentado,
no ha tenido una evolución satisfactoria, el 22 de octubre de 2010, el Médico
de salud Ocupacional, requirió al señor Moreno Ibargüen con el fin de continuar
con el proceso de evaluación de salud ocupacional sobre la patología que
padece.
6.2.6. Debido a su desvinculación laboral, su situación
económica se encuentra seriamente afectada por cuanto el salario que devengaba
constituía su único ingreso.
6.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Copacabana, mediante
auto del 2 de noviembre de 2010, admitió la demanda y corrió traslado a
Bernardo Moreno Ibargüen  y a Saludcoop EPS para que ejercieran su defensa.
6.3.1. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente,
Bernardo Moreno Ibargüen, a través de apoderado, contestó la acción de tutela
en los siguientes términos:
-Incumbe al
demandante probar la fecha de ingreso y los periodos en los que supuestamente
trabajó.
-Al manifestar el
señor Ortiz Paniagua su cuadro de dolor, inmediatamente fue remitido a la EPS a
la que se encontraba afiliado.
-El trabajador fue
reubicado según las recomendaciones médicas.
-Se desconoce la
situación calamitosa en la que se encuentra el señor Ortiz Paniagua.
-La desvinculación
laboral del demandante obedeció a la terminación de la obra para la cual fue
contratado.
6.3.2. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, Saludcoop
EPS, contestó la acción de tutela en los siguientes términos:
Las conclusiones de
la investigación del caso del señor Ortiz Paniagua realizada por la Auditoría
Médica, arrojó las siguientes conclusiones:
·
Usuario que sufre accidente de
trabajo el 11/05/2009 presentando dolor de espalda, razón por la cual se
ordenaron recomendaciones médico laborales que no pueden cumplirse en razón del
oficio que desempeña.
·
Evaluado por el médico laboral en
múltiples ocasiones, el facultativo anotó: paciente con antecedente de hernia
núcleo pulposo L5/S1 por RNM: luego de accidente de trabajo evaluación por
neurocirugía, la cual no arrojó déficit neurológico. Se emiten recomendaciones
médico-laborales pero el paciente no ha tolerado. Es remitido a la ARP Colmena
para rehabilitación y calificación de secuelas.
·
Mediante oficio con el radicado
17622658, la ARP Colmena, niega el accidente de trabajo registrado, el 11 de
mayo de 2009.
·
A través de comunicación
identificada 171734358 AT 11266679, la mencionada ARP, acepta el accidente de
trabajo pero niega secuelas, en estos términos: “en columna lumbar, paciente no
candidato a cirugía sino manejo del dolor. Destaca que la empresa contratante,
expuso las razones por las cuales no es posible en el momento cumplir con las
recomendaciones sugeridas.
Sostiene que
mientras el usuario mantenga la afiliación vigente con la EPS su tratamiento no
será objeto de negación por parte de la entidad.
La EPS no ha
vulnerado las garantías fundamentales del demandante, pues ha cumplido con las
obligaciones que le impone la ley.
6.4. Pretensiones
El señor Edgar de
Jesús Ortiz Paniagua solicita que se ordene el amparo definitivo de los
derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene al señor
Bernando Moreno Ibargüen que lo reintegre y le cancele los salarios y
prestaciones sociales dejados de pagar desde la fecha del despido hasta que se
efectúe el reintegro.
Igualmente, pide al
juez de tutela se ordene el pago de la indemnización equivalente a ciento
ochenta días de salario.
6.5. Pruebas
Las pruebas
relevantes allegadas al trámite de tutela, son las siguientes:
-Copia del formato
“INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPEADOR O CONTRATANTE” (Folio 8 del
cuaderno principal).
-Copia de la
historia clínica del señor Edgar de Jesús Ortiz Paniagua en el Centro Médico
Familiar San Juan (Folio 10 Cuaderno Principal).
-Copia de la
respuesta del oficio suscrito por el médico de salud ocupacional de Saludcoop
EPS en el que solicita al empleador Bernardo Moreno Ibargüen unos documentos
para recomendaciones ocupacionales (Folio 12 del cuaderno principal).
-Copia del oficio
remitido al médico de salud ocupacional de Saludcoop EPS en el que se
especifican las funciones que realiza el señor Ortiz Paniagua (Folio 13 del
cuaderno principal).
-Copia del oficio en
el que se señalan por parte del médico de salud ocupacional de Saludcoop EPS
las recomendaciones médicas que debe seguir el señor Edgar de Jesús Ortiz
Paniagua (Folio 14 del cuaderno principal).
-Copia de las
recomedaciones médicas proferidas el 10 de junio, 24 de junio de 2009 y 22 de
septiembre de 2010 por parte del médico de salud ocupacional de Saludcoop EPS
(Folios 15, 16 y 17 del cuaderno principal).
-Copia de la
comunicación suscrita por el señor Bernardo Moreno Ibargüen del 13 de octubre
de 2010 por medio de la cual le notificó al señor Edgar de Jesús Ortiz Paniagua
acerca de la terminación de su contrato de trabajo (Folio 18 del cuaderno
principal).
-Copia de la
comunicación enviada por el empleador al médico de salud ocupacional de Saludcoop
EPS en la que se informó acerca de la imposibilidad de aplicar las
recomendaciones médicas proferidas en el caso del señor Ortiz Paniagua (Folio
20 del cuaderno principal).
-Copia de la
liquidación de prestaciones sociales del señor Edgar de Jesús Ortiz Paniagua en
varios periodos laborados (Folios 31 a 34 del cuaderno principal).
-Constancias de pago
y afiliación al Sistema de Seguridad Social efectuada por Bernardo Moreno Ibargüen
a nombre del señor Ortiz Paniagua (Folios 61-64 del cuaderno principal).
-Copia del
certificado de incapacidad proferido por Saludcoop EPS a nombre del señor Edgar
de Jesús Paniagua del 19/08/2010 a 02/09/2010 (Folio 75 del cuaderno
principal).
6.6. Decisión judicial que se revisa
6.6.1. Decisión
de primera instancia
El Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Copacabana, mediante
providencia del 16 de noviembre de 2010, negó el amparo solicitado por el señor
Edgar de Jesús Paniagua, al considerar que durante la relación laboral, al trabajador
no le fue declarada ninguna enfermedad profesional o incapacidad. La
terminación del contrato de trabajo, obedeció a la terminación de la obra para
el cual fue contratado.
6.6.2.
Impugnación
La parte demandante
impugnó el fallo de primera instancia, esencialmente,  por las siguientes
razones:
-El a quo
desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con el tema
de la estabilidad laboral reforzada en la que se ha dado alcance a dicha
protección constitucional, a aquél trabajador que se encuentre en estado de
indefensión y mermado en su fuerza laboral, sin que sea necesario una
calificación de invalidez.
-La jurisdicción
ordinaria laboral no es el mecanismo efectivo para proteger sus garantías
constitucionales sino la acción de tutela dada la situación en la que se
encuentra.
6.6.3. Decisión
de segunda instancia
El Juzgado de
Familia de Girardota, mediante providencia del 24 de enero de 2011, confirmó el
fallo impugnado por las mismas razones expuestas por el juez de primera
instancia.
7. Expediente T-3.008.255
7.1. La solicitud
El 10 de diciembre
de 2010, Guido Reyes Cáceres presentó acción de tutela para que le fueran
protegidos sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, al trabajo,
a la seguridad social, al mínimo vital, y a la estabilidad laboral reforzada
que, según afirma, le fueron vulnerados por el Ingenio Central Tumaco.
7.2. Los hechos
El accionante los narra, en síntesis,
así:
7.2.1. Desde
el año 1990 empezó a prestar sus servicios como cortero de caña en el Ingenio Central Tumaco, a través de varios
contratistas. A partir del año 2005, lo hizo a través de la Cooperativa Renovación
con una asignación semanal de $400.000.
7.2.2. Diariamente
recibía instrucciones de los ingenieros Lina María Tello y Luis Santiago
Torres, trabajadores de la mencionada empresa, quienes le indicaban el lugar
donde debía desempeñar sus funciones.
7.2.3. Sus
condiciones de salud se vieron paulatinamente deterioradas. Específicamente, en
el año 2008, empezó a padecer unos episodios de dolor en su mano izquierda.
Le
fueron prescritas un sinnúmero de terapias e incapacitado por un lapso
aproximado de seis meses. Cuando se reintegró a sus labores, el Dr. Reinaldo
Arango, lo llamó a trabajar en el ingenio, ordenándole extraer piedras de un
lote de caña y, posteriormente, en la Hacienda La Esperanza, cortar malezas de
unos predios, actividades que realizó con mucha dificultad, dadas sus
disminuidas condiciones de salud.
7.2.4. El
5 de noviembre de 2010, fueron reunidos los trabajadores del ingenio demandado
y les fue informado que se prescindía de los servicios de las cooperativas.
7.2.5. Debido a su desvinculación laboral, su situación
económica se encuentra seriamente afectada por cuanto el salario que devengaba
constituía su único ingreso y el de su familia, compuesta por su esposa quien
no labora y por sus cuatro hijos.
7.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Primero
Penal Municipal de Palmira, mediante proveído del 13 de diciembre de 2010,
admitió la demanda y corrió traslado al Ingenio Central Tumaco para que
ejerciera su defensa.
Así mismo, decidió
vincular a la Cooperativa de Trabajo Asociado Renovación, al entonces
Ministerio de la Protección Social, a la Superintendencia de la Economía
Solidaria y a Coomeva EPS para que se pronunciaran sobre los hechos.
7.3.1. Dentro del término otorgado para ejercer el derecho
de réplica, el representante legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado
Renovación, contestó la acción de tutela en los siguientes términos:
-La cooperativa se
creó en el año 2005 con el único objeto de prestar servicios de corte de caña
para Central Tumaco bajo la orientación exclusiva de la mencionada empresa,
quien pretendía modificar la vinculación de los trabajadores corteros de caña
del ingenio, la cual se hacía a través de contratistas.
-Guido Reyes Cáceres
es asociado de la cooperativa desde el año 2005 y se dedicaba de forma
exclusiva a cortar caña para el Ingenio Central Tumaco.
-La empresa Central
Tumaco, redactaba las ofertas mercantiles y posteriormente llamaba a la
cooperativa para que, una vez leídas, se firmaran. En dichas ofertas se
estipulaban, entre otros aspectos, la forma y la cuantía que se pagaría por las
toneladas de caña que cortaban los asociados.
-La prestación del
servicio de corte manual de caña se realizaba en diferentes terrenos, algunos de
propiedad del ingenio demandado y de otros propietarios. Central Tumaco,
diariamente, informaba, a través de los ingenieros Lina María Tello y Luis
Santiago Torres: dónde, cuánto y en qué condiciones se debía realizar la
mencionada actividad.
-El transporte y la
dotación para ejecutar el corte de caña, era pagado por el ingenio, a través de
un porcentaje que se estipulaba en el precio de la tonelada de caña.
-Los martes de cada
semana, el representante de la organización, se dirigía al ingenio  para que le
suministraran los tiquetes de corte, la factura pro forma y la relación de
compensaciones ganadas. El viernes, se recibía el cheque y la copia de la
factura para la contabilidad de la cooperativa. Central Tumaco realizaba todo
el trámite para cobrar y efectuar los pagos.
7.3.2. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el
entonces Ministerio de la Protección Social, a través del asesor Grupo Acciones
Constitucionales, respecto de la acción de tutela promovida por Guido Reyes
Cáceres, dijo:
-En el presente caso
debe declararse la improcedencia de la acción de tutela contra el Ministerio de
la Protección Social por falta de legitimación por pasiva, toda vez que esta
entidad no es ni ha sido empleadora del señor Reyes Cáceres, lo que implica que
no existió vínculo de carácter laboral entre el accionante y el ministerio.
-Las funciones
administrativas que le han sido asignadas al ministerio, no pueden invadir la
órbita de la jurisdicción ordinaria laboral, contenida en el artículo 2 del
Código Procesal del Trabajo. De ahí que, al funcionario administrativo le esté
vedado el pronunciamiento de juicios de valor que califiquen los derechos de
las partes, función que es netamente jurisdiccional.
-En este caso
existen otros mecanismos de defensa judicial para resolver el asunto que se
plantea.
7.3.3. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, Central
Tumaco, a través de apoderado, esgrimió las razones por las cuales considera
que la acción de tutela resulta improcedente contra la entidad, las cuales
pueden sintetizarse, de la siguiente manera:
-No consta que el
señor Guido Reyes Cáceres haya trabajado, a través de contratistas para el ingenio.
-De conformidad con
lo expuesto en el libelo, el señor Reyes Cáceres, es trabajador asociado de la
Cooperativa Renovación.
-El demandante nunca
devengó salario, ni tuvo vinculación con la empresa. De los documentos que
obran en el plenario, se deduce que el señor Reyes Cáceres recibía compensación
ordinaria y extraordinaria por parte de la organización solidaria, Renovación.
-La prestación de
los servicios por parte de la Cooperativa Renovación estuvo sujeta a lo
estipulado en la oferta mercantil, suscrita por el representante de la
organización.
El enlace entre el ingenio
y la cooperativa para coordinar el lugar donde se prestaría el servicio
contratado, se realizaba a través de los ingenieros Luis Santiago Torres y Lina
María Tello, quienes coordinaban, directamente, con el gerente de Renovación,
nunca con el trabajador asociado.
-Los días martes de
cada semana, el ingenio, le suministraba al representante legal de cada
cooperativa, los tiquetes de cortes y la factura pro forma.
-No es cierto que la
empresa Central Tumaco le pagara al asociado. El ingenio le entregaba a la
organización solidaria información sobre las toneladas cortadas. La liquidación
y pago de las compensaciones los realizaba la cooperativa.
-En el año 2008 se
gestó un bloqueo en nuestras instalaciones por parte de los asociados de las
cooperativas Palmicorte, Renovación y Esfuerzo Propio, lo cual condujo a que la
operación y las finanzas de la empresa se afectaran.
Nunca el ingenio se
comprometió a asegurar vinculaciones de carácter laboral, pues siempre ha sido
claro que la relación con las cooperativas es de índole comercial. Este hecho
es demostrativo de la relación de independencia y autonomía de dichas
organizaciones. Precisamente, sus  asociados optaron por la cesación de
actividades, sin que ello hubiere implicado alguna acción disciplinaria, lo
cual se hubiera presentado, si se tratara de trabajadores subordinados.
-La empresa Central
Tumaco siempre ha cumplido con lo dispuesto en la oferta mercantil. La
terminación del acuerdo obedeció a lo previsto en el mismo, es decir, cuando se
cumplió con el número de toneladas determinadas en el servicio contratado, las
cuales fueron fijadas en un tope de 40.000.
-Es de advertir que
en la tarifa contratada y acordada con la cooperativa dentro del valor
establecido por tonelada de caña, existían rubros diferentes a la compensación
ordinaria derivada del corte propiamente dicho, tales como compensaciones
extraordinarias, la seguridad social, los parafiscales, los gastos de
administración, dotación, transporte, descansos y todo lo que se consagra en el
régimen de compensaciones de la cooperativa.
Ello significa, que
si bien es cierto existían garantías y beneficios por la labor del servicio pagados
por la cooperativa, ellos eran incluidos en el valor de la tarifa cobrada al ingenio.
-Los asociados de la
Cooperativa Renovación fueron notificados en forma verbal que la oferta
mercantil concluía porque la duración de la misma, estipulada en 40.000
toneladas, se completó.
Adicionalmente, se
les entregó una comunicación escrita por medio de la cual se les informó de la
terminación de la ejecución de la oferta mercantil por cumplimiento del
servicio contratado, la cual fue enviada al día siguiente al representante de
la cooperativa, vía correo electrónico.
-Respecto de  las
condiciones de salud del señor Reyes Cáceres, no le constan al ingenio, solo a
la cooperativa en la que se encuentra afiliado.
-En el acta que se
suscribió y que dio fin al bloqueo que realizaron los asociados de las
cooperativas, se acordó que el ingenio se comprometía a presentar, en un
término no mayor a 60 días, una propuesta para los asociados a las
organizaciones solidarias que hubieren recibido recomendaciones de reubicación
en razón de sus condiciones de salud.
En cumplimiento de
dicho acuerdo, Central Tumaco, celebró con la cooperativa mencionada, el 19 de
abril de 2010, un contrato de servicios adicionales, mediante el cual la
cooperativa, se comprometió a retirar piedras de unos lotes de caña, a través
de uno de los asociados, actividad que se suspendió como consecuencia de la
incapacidad de aquél.
El 3 de mayo del
citado año, se celebró otro acuerdo, por medio del cual la cooperativa se
obligó a retirar malezas de unos lotes de caña, tarea que fue interrumpida por
la misma causa. “como se ve, CENTRAL TUMACO tuvo toda la intención de
colaborarle a la cooperativa para que su asociado pudiera recuperarse de la
dolencia que en ese momento lo aquejaba. Valga la pena decir que inclusive, se
estudió con la cooperativa y con los médicos de salud ocupacional de la ARP
Positiva, la posibilidad de que la cooperativa a través del accionante prestara
los servicios de guadaña pero fue descartado por las limitaciones que en ese
momento presentaba.”
Por lo anterior, el
demandante, empezó a administrar la tienda de la cooperativa.
7.3.4. Positiva Compañía de Seguros, dentro de la
oportunidad legal prevista en relación con la solicitud de amparo elevada por Guido
Reyes Cáceres, señaló que se debe desvincular a la entidad de dicho trámite
tutelar, pues de los hechos se evidencia que se trata de una controversia de
tipo laboral entre el ingenio Central Tumaco y el demandante con ocasión de la
decisión unilateral del empleador de dar por terminado su contrato de trabajo.
7.3.5. Coomeva EPS, dentro de la oportunidad legal prevista,
señaló:
-Guido Reyes Cáceres
se encuentra afiliado a la entidad, a través de la Cooperativa Renovación.
-Según informe del
médico laboral, el señor Reyes Cáceres es “paciente con diagnóstico de
OSTEONECROCIS DEL SEMILUNAR MANO IZQUIERDA (enfermedad de Kiembock) manejada
por ortopedia y cirujano de mano de Coomeva EPS. Se planteó manejo inicial con
cirugía pero, posteriormente, el mismo ortopedista definió manejo conservador
con infiltración, [presentándose] mejoría clínica. En su momento se da de alta
por especialista tratante y se procedió al reintegro laboral con las
restricciones y recomendaciones debidas acorde a patología de mano. [Se
advirtió] que no debía cortar caña. Al parecer fue reubicado. Estuvo
incapacitado 180 días. En su momento se emitió concepto de rehabilitación
favorable, aunque el paciente nunca asistió a su fondo de pensiones y no fue
calificado ya que fue reintegrado con concepto de rehabilitación favorable. Igualmente,
medicina laboral, calificó como enfermedad general la patología mencionada.”
-El señor Reyes
Cáceres presentó incapacidades hasta por 180 días. La última que le fue
concedida terminó el 07/07/2009.
- Así las cosas,
solicita que exonere de toda responsabilidad a Coomeva EPS, por cuanto no ha
vulnerado derecho fundamental alguno.
7.3.6. La Superintendencia de la Economía Solidaria, vinculada por el
Juzgado Primero Penal Municipal de Palmira,
no intervino en el presente caso.
7.4. Pretensiones
Guido Reyes Cáceres
solicita se tutelen sus derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se
declare la existencia de contrato realidad entre él y la empresa Central
Tumaco. Así mismo, se ordene a dicha empresa, el pago de los aportes que al
sistema general de seguridad social ha realizado en el tiempo que operó la
intermediación laboral. Y finalmente, que se declaren las sanciones de los
artículos 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
7.5. Pruebas
Las pruebas
relevantes aportadas al trámite de tutela, todas de origen documental, son las
siguientes:
-Copia de restricciones
laborales proferidas por el médico laboral de Coomeva EPS a nombre de Guido
Reyes Cáceres (Folio 9 del cuaderno principal).
-Copia de la historia
clínica ocupacional del señor Reyes Cáceres (Folio 4 del cuaderno principal).
-Copia de
desprendibles de pagos a nombre del demandante (folio 11 del cuaderno
principal).
-Copia de la cédula
de ciudadanía de Guido Reyes Cáceres (Folio 14 del cuaderno principal).
-Copia de
certificado de incapacidad a nombre del accionante (Folio 15 del cuaderno
principal).
-Copia del certificado
de existencia y representación legal de la Cooperativa Renovación (Folios 1-6
del segundo cuaderno)
-Copia de la oferta mercantil
de agosto 2 de 2010 presentada por la Cooperativa Renovación al Ingenio Central
Tumaco (Folios 8-16 del segundo cuaderno).
-Copia del Acta del
consejo de Administración de la Cooperativa Renovación para que el Gerente
pueda presentar ofertas mercantiles (Folios 14 y 94 del segundo cuaderno).
-Copia de la orden
de compra de Central Tumaco a la Cooperativa Renovación con fecha del 5 de
agosto de 2010 (Folio 16 del segundo cuaderno).
-Copia de facturas y
soportes de pago realizados por Central Tumaco a la Cooperativa Renovación
realizados desde agosto 3 a noviembre 5 de 2010 (Folios 18-68 del segundo
cuaderno).
-Copia de los
estados financieros de la Cooperativa Renovación (Folios 70-78 del segundo
cuaderno).
-Copia del acta de
acuerdo suscrito entre los representantes legales de Central Tumaco y las
cooperativas Renovación, Esfuerzo Propio y Palmicorte (Folios 80-84 del segundo
cuaderno).
-Copia de la oferta mercantil
de diciembre 23 de 2009 presentada por la Cooperativa Renovación a Central
Tumaco (Folios 86-92 del segundo cuaderno).
-Pagos al Sistema de
Seguridad Social realizados por la Cooperativa Renovación de enero a octubre de
2010 (Folios 98-126 del segundo cuaderno).
-Copia del
Certificado del revisor fiscal de Central Tumaco en relación con los pagos
efectuados a la Cooperativa Renovación (Folios 128-129 del segundo cuaderno).
-Copia del
certificado del Revisor Interno relacionado con el número de toneladas cortadas
por la Cooperativa Renovación que dio lugar a la terminación de la relación
mercantil prevista en la oferta (Folio 131 del segundo cuaderno).
-Copia de las
ofertas mercantiles de diciembre 3 de 2005 con sus respectivas autorizaciones
del Consejo de Administración al Gerente de la Cooperativa Renovación y la
orden de compra de Central Tumaco (Folios 131-208 del segundo cuaderno).
-Copia de la oferta
de servicios adicionales de abril 19 de 2010 de la Cooperativa Renovación y su
respectiva orden de compra de Central Tumaco (Folios 210-222 del segundo
cuaderno).
7.6. Decisión judicial que se revisa
7.6.1. Decisión
de primera instancia
El Juzgado Primero
Penal Municipal de Palmira, mediante sentencia proferida el 23 de diciembre de
2010, decidió negar el amparo invocado por Guido Reyes Cáceres.
-Señaló que aún
cuando no se descarta que en una vinculación a una cooperativa, surja una
relación laboral, la cual puede configurarse cuando el asociado no trabaja
directamente para la organización solidaria, sino para un tercero, en el caso
que se examina, no es posible predicar ello.
Lo anterior, toda
vez que en el plenario se logró demostrar la existencia de diferentes ofertas
mercantiles entre la Cooperativa Renovación y el ingenio Central Tumaco que
permitió el surgimiento de una relación de carácter netamente mercantil, en la
que la organización prestó su servicio de corte bajo los parámetros
establecidos, precisamente, en la oferta mercantil.
No se logró
acreditar que la empresa Central Tumaco impartiera órdenes y estableciera
horarios de trabajo a los cooperados. El pago por el servicio contratado
siempre fue realizado directamente por la cooperativa de conformidad con lo
establecido en las ofertas mercantiles.
Así mismo, no es
posible predicar ningún indicio de subordinación entre los cooperados y el ingenio
demandado, pues la Cooperativa Renovación siempre contó con autonomía técnica y
administrativa y asumió las obligaciones y riesgos de sus asociados, eximiendo
de cualquier responsabilidad a la empresa.
-La controversia que
se plantea debe ser dirimida a través de los medios ordinarios de defensa, esto
es, la jurisdicción ordinaria laboral, sin que el juez de tutela pueda
inmiscuirse en asuntos cuya competencia escapan de su órbita.
7.6.2. Impugnación
El demandante
presentó impugnación al considerar que el juez de tutela sí es competente en
este caso, pues están involucrados derechos de carácter fundamental.
El juez de primera
instancia desconoció que la acción de tutela no solo procede  de manera
excepcional, cuando no existan otros medios de defensa a los que se pueda
acudir sino, también, cuando existiendo éstos, se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable como acontece en este caso.
7.6.3. Decisión
de segunda instancia
El Juzgado Primero
Penal del Circuito de Conocimiento de Palmira, mediante providencia del 9 de
febrero de 2011, confirmó la decisión proferida en primera instancia, al
considerar que la acción ordinaria, en principio, es idónea y efectiva para la
protección de los derechos fundamentales invocados por el actor. El mecanismo
de protección constitucional, no procede en este caso, ni siquiera como
mecanismo transitorio, pues no se logró acreditar la existencia de un perjuicio
irremediable.
IV.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
A través de esta
Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar las
sentencias proferidas dentro de los procesos de la referencia, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política,
en concordancia con los artículo 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema
jurídico
Corresponde a esta
Sala de Revisión determinar si las entidades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por Víctor Manuel Andrade, Julia, Julieth
Samantha Buitrago Amarillo,  Carmen Rosa Aguirre Ferrer, Guillermo Londoño
Cediel,  Edgar de Jesús Ortiz Paniagua y Guido Reyes Cáceres, al terminar los
contratos de trabajo que habían suscrito, a pesar de las condiciones de salud
en que se encontraban y sin la previa autorización del entonces Ministerio de la
Protección Social.
Para tal fin, esta
Sala se referirá, en primer lugar, a la jurisprudencia constitucional existente
en relación con la procedencia de la acción de tutela para ordenar el reintegro
laboral en los casos de trabajadores discapacitados,  en segundo término, a la
estabilidad laboral reforzada de las personas con limitaciones físicas,
psíquicas o sensoriales, para luego, finalmente, dar solución a los casos
objeto de estudio.
3.
Procedencia de la acción de tutela para ordenar el reintegro laboral en los
casos de trabajadores discapacitados
Reiteradamente la
Corte ha señalado que, en principio, el mecanismo de amparo es improcedente
para reclamar el reintegro laboral[8], toda
vez que el ordenamiento jurídico prevé para el efecto, acciones judiciales
específicas cuyo conocimiento, ha sido asignado a la jurisdicción ordinaria
laboral y a la de lo contencioso administrativo, según la forma de vinculación
de que se trate.
No obstante, esta
Corporación ha indicado que, de forma excepcional, la acción de tutela puede
proceder, cuando se afecten derechos de personas que se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta como consecuencia de su condición
económica, física o mental y, adicionalmente, en los casos en los cuales se
predica el derecho a la estabilidad laboral reforzada, pues esta regla general
debe ser necesariamente matizada en estos eventos[9].
Precisamente, la
Corte en la Sentencia T-198 de 2006[10], en relación con la procedibilidad del recurso de
amparo, señaló:
“En un primer término, debe observarse que la
acción de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener el reintegro laboral
frente a cualquier tipo de razones de desvinculación. En efecto, esta
Corporación ha sostenido que solamente cuando se trate de personas en estado de
debilidad manifiesta o aquellos frente a los cuales la Constitución otorga una
estabilidad laboral reforzada, la acción de amparo resulta procedente”.
Bajo este contexto, esta
Corporación ha señalado, categóricamente, frente a las situaciones de excepcionalidad
señaladas, que es necesario, en todo caso, para que proceda la acción de tutela,
que el demandante demuestre que el despido estuvo ligado a su condición. Dicho
en otros términos, que existe un nexo causal entre la terminación del vínculo
laboral y la enfermedad o discapacidad.
4. El derecho a
la estabilidad laboral reforzada de las personas con limitaciones físicas,
psíquicas o sensoriales. Reiteración de jurisprudencia
Según el artículo 13
superior todas las personas son iguales ante la ley, y el Estado debe garantizar
las condiciones necesarias para que ese mandato sea real y efectivo. De ahí que
esta Corporación, haya interpretado que: “el principio de igualdad deja de
ser un concepto jurídico de aplicación formal, para convertirse en un criterio
dinámico, que debe interpretarse de conformidad con las circunstancias
particulares que rodean a cada persona, pretendiendo con ello el logro de una
igualdad material y no formal. [11]”
Así mismo, se
establece en el mencionado precepto constitucional que las personas que por su
condición económica, física o mental, se hallen en un estado de debilidad
manifiesta, gozan de una especial protección constitucional por parte del
Estado.
Ahora bien, según la
jurisprudencia de la Corte, el compromiso que tiene el Estado para con las
personas discapacitadas de conformidad con la Constitución, es doble, “por
una parte, debe abstenerse de adoptar o ejecutar cualquier medida
administrativa o legislativa que lesione el principio de igualdad de trato;
por otra, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades, debe remover
todos los obstáculos que en los ámbitos normativo, económico y social
configuren efectivas desigualdades de hecho que se opongan al pleno disfrute de
los derechos de estas personas, y en tal sentido, impulsar acciones
positivas. [12]” (Subrayado
fuera del texto original)
En armonía con lo
anterior, el artículo 47 de la Carta Magna, dispone que el Estado debe gestionar
una política de previsión, rehabilitación e integración social encauzada a que
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, reciban la atención
especializada que necesitan.
Bajo esta
perspectiva la Constitución, en el artículo 53, consagra que uno de los principios
mínimos que debe orientar las relaciones laborales, es la estabilidad en el
empleo y la garantía de la seguridad social. Acorde con este mandato, el
artículo 54 Superior, señala que es una obligación del “Estado y de los
empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo
requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en
edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde
con sus condiciones de salud”.
Respecto de las
acciones afirmativas, este Tribunal ha afirmado que son aquellas que tienen
como propósito defender a ciertas personas o grupos para suprimir o aminorar
sus desigualdades a nivel social, cultural, económico o histórico que los
afectan y procurar que los miembros de un grupo discriminado tengan una mayor
representación en el marco político o social[13].
Precisamente, de las
acciones afirmativas a favor de las personas que padecen limitaciones físicas o
mentales, la Corte ha establecido que se deriva una estabilidad laboral
reforzada, la cual implica: (i) el derecho a permanecer en el empleo; (ii) no
ser despedido por causa de la situación de vulnerabilidad; (iii) permanecer en
el empleo hasta que se requiera y hasta tanto no se configure una causal
objetiva que obligue la terminación del vínculo; y (iv) que la correspondiente
autoridad laboral autorice el despido o la terminación del contrato, con
fundamento en la previa verificación de la ocurrencia de la causal que se alega
para finiquitar el contrato laboral, so pena de que el despido se considere
ineficaz[14].
Ahora bien, el
legislador en relación con la estabilidad laboral reforzada de personas con
limitaciones, estableció una serie de garantías que tiene como propósito, permitir
que estas personas ingresen a la actividad laboral y  asegurar que sus
limitaciones no se constituyan en causales para que sean excluidas de la misma.
En efecto, el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, mediante el cual se establecieron los
mecanismos de integración social para personas en condición de discapacidad,
señala:
“…en ningún caso la limitación de una
persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos
que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable
en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá
ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que
medie autorización de la oficina de Trabajo.
No obstante, quienes fueren
despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el
cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a
una indemnización equivalente a ciento ochenta días de salario, sin perjuicio
de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con
el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen,
complementen o aclaren.”
Cabe precisar que la
Corte se pronunció, en sede de control abstracto, respecto de éste último
inciso declarándolo exequible de manera condicionada mediante la Sentencia
C-531 de 2000[15], en el entendido de que el despido no se considera
eficaz, así se haya efectuado el pago de la indemnización al trabajador
discapacitado, si previamente no ha mediado la autorización de la Oficina de
Trabajo. En esta medida, la indemnización se constituye en una sanción para el
empleador, mas no en la posibilidad para éste de despedir sin justa causa a un
trabajador discapacitado[16].
Así
mismo, este Tribunal, en sede de control concreto, en Sentencia T-198 de 2006[17], señaló que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997
contiene una protección laboral reforzada que se proyecta en dos ámbitos:
-Un
ámbito positivo, que supone la prohibición de que las limitaciones físicas o
mentales de un trabajador se constituyan en la causa para su desvinculación
laboral, a menos que dicha limitación sea incompatible con el cargo que va a
desempeñar.
-Y uno
negativo, conforme con el cual ninguna persona discapacitada podrá ser
despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que exista
autorización de la Oficina de Trabajo. No obstante, quienes hayan sido
desvinculados por este motivo, tendrán derecho a una indemnización, sin
perjuicio de las demás prestaciones a que hubiere lugar, de acuerdo con lo
establecido en las normas correspondientes.
Resulta de vital
importancia, destacar que para la Corte, están amparadas por la protección
prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997[18], tanto las personas que tienen la condición de
discapacitadas de acuerdo con la calificación efectuada por los organismos
competentes, como aquellas que se encuentran en situación de debilidad
manifiesta, ya sea por la ocurrencia de un evento que afecte sus condiciones de
salud, o de una limitación física, sin importar si ésta tiene el carácter de
accidente, enfermedad profesional, o de origen común , ni si es de carácter
transitorio o permanente.
Precisamente, la
Corte frente al particular, en sentencia T-531 de 2003[19], dijo:
“* En la actualidad el ordenamiento jurídico
colombiano distingue entre trabajadores discapacitados calificados como tales
por las normas legales[20],
frente a los trabajadores que sufren una disminución en su condición física
durante la ejecución del contrato de trabajo, quienes a partir de lo dispuesto
en el artículo 13 Superior, exigen una protección especial por parte del Estado
dada su situación de debilidad manifiesta[21].
* El alcance y los mecanismos legales de protección -
en cada caso - son distintos, en primer lugar, porque la Ley 361 de 1997, en su
artículo 26, consagra un sistema de estabilidad laboral reforzada y, en segundo
término, porque la protección de los trabajadores en situación de debilidad
manifiesta se deriva de la aplicación inmediata de la Constitución junto con
algunas normas de rango legal que constituyen el denominado sistema normativo
integrado[22].
* Por ello, en tratándose de trabajadores puestos en
circunstancias de debilidad manifiesta, el juez de tutela puede, al momento de
conferir el amparo constitucional, identificar y ponderar un conjunto más o
menos amplio y variado de elementos fácticos para deducir la ocurrencia de tal
circunstancia y, a su vez, goza de un amplio margen de decisión para proteger
el derecho fundamental amenazado o vulnerado. Esto significa, en otras
palabras, que la protección laboral de los trabajadores que se encuentran en
condiciones de debilidad manifiesta no depende de una calificación previa que
acredite su condición de discapacitados, sino de la prueba de las condiciones
de salud que impidan o dificulten el desempeño regular de sus labores.
* Con todo, el alcance constitucional de la protección
especial depende de la exigibilidad de la carga impuesta al empleador. De
suerte que, como regla general, le corresponde al empleador reubicar a los
trabajadores en estado digno y acorde con sus condiciones de salud, en atención
al carácter vinculante del principio constitucional de solidaridad. Sin
embargo, ‘el empleador puede eximirse de dicha obligación si demuestra que
existe un principio de razón suficiente de índole constitucional que lo exonera
de cumplirla’ [23](…)”
En diversas
oportunidades, la Corte, aplicando la jurisprudencia constitucional referida,
ha protegido el derecho de las personas con limitaciones, independientemente de
la calificación o no de su discapacidad, a no ser discriminadas en el ámbito
laboral como consecuencia de sus condiciones de salud y ha señalado que debe brindárseles
un trato especial.
Ahora bien, tal y como quedó expuesto, la protección a la
estabilidad laboral reforzada de los trabajadores que se encuentren en
situación de debilidad manifiesta, por causa de una disminución en la capacidad
física o mental, comprende, en primer lugar, la prohibición impuesta al
empleador de dar por terminado el contrato de trabajo en razón de dicha
discapacidad y, en segundo término, la reubicación si se requiere, hasta tanto
no se verifique una causal objetiva para su desvinculación previa comprobación
de la misma por parte de la autoridad laboral competente.
Precisamente, el derecho a la
reubicación, según esta Corporación, ha sido entendido como el privilegio que
tiene el trabajador de que le sean asignadas funciones conforme con su disminuida
condición física derivada de una enfermedad y mientras logra una plena mejoría
ello con el fin de potencializar su capacidad productiva y realizarse profesionalmente[24].
La aplicación del principio de
solidaridad, explica la obligación del empleador de reubicar al trabajador que
tiene una discapacidad o una incapacidad física o mental, en una actividad
digna y conforme con su estado de salud, salvo que demuestre que “existe un
principio de razón suficiente que lo exonera de cumplirla” [25].
Lo anterior, por
cuanto según este Tribunal, el derecho a la reubicación laboral tiene diversas
implicaciones, según el ámbito en el que se aplique, razón por la cual es
necesario analizar, una serie de elementos, con el fin de establecer si dicha
medida excede la capacidad del empleador o impide el desarrollo de su
actividad, pues en estos casos, este derecho debe ceder ante el interés
legítimo del empleador, debiendo en todo caso informar al trabajador esa circunstancia
y brindarle la posibilidad de proponer soluciones razonables.
En esta medida,
deberá examinarse, para determinar si el reintegro es viable: la clase de
labores encomendadas al trabajador; la naturaleza jurídica del empleador, y las
condiciones de la empresa y/o capacidad del empleador para realizar los
movimientos de personal.
La Corte en la Sentencia T-1040 de
2001,[26] frente al tema dijo:
“Por supuesto, el alcance constitucional de la
protección especial depende de la exigibilidad de la carga impuesta al
empleador.  En situaciones como éstas, en principio corresponde al empleador
reubicar al trabajador en virtud del principio constitucional de solidaridad,
asegurándole unas condiciones de trabajo compatibles con su estado de salud,
para preservar su derecho al trabajo en condiciones dignas.  Sin embargo, el
empleador puede eximirse de dicha obligación si demuestra que existe un
principio de razón suficiente de índole constitucional que lo exonera de
cumplirla.
En efecto, el alcance del derecho a ser reubicado por
condiciones de salud tiene alcances diferentes dependiendo del ámbito en el
cual opera el derecho.  Para tales efectos resultan determinantes al menos tres
aspectos que se relacionan entre sí: 1) el tipo de función que desempeña el
trabajador, 2) la naturaleza jurídica y 3) la capacidad del empleador.  Si la
reubicación desborda la capacidad del empleador, o si impide o dificulta excesivamente
el desarrollo de su actividad o la prestación del servicio a su cargo, el
derecho a ser reubicado debe ceder ante el interés legítimo del empleador.  Sin
embargo, éste tiene la obligación de poner tal hecho en conocimiento del
trabajador, dándole además la oportunidad de proponer soluciones razonables a
la situación”.[27]
Así mismo, este
Tribunal ha señalado que en algunos eventos, la reubicación laboral como
consecuencia del estado de salud del trabajador, implica no solamente el simple
cambio de labores, sino también la proporcionalidad entre las funciones y los
cargos previamente desempeñados y los nuevos asignados, así como el deber del
empleador de otorgar la capacitación necesaria con el propósito de que las
nuevas tareas puedan ser desarrolladas adecuadamente.[28]
Otros asuntos que
debe abordar la Sala antes de resolver el problema jurídico planteado, son los
relacionados con el significado y efecto de las relaciones que se presentan en
casos como los que se analizan como cuando el trabajador es contratado a través
de un contrato de obra o labor determinada, el asociado celebra un convenio
asociativo y la vinculación se realiza a través de una cooperativa asociativa
de trabajo.
5. Contrato a
término fijo o cuya duración dependa de la obra o labor contratada
De conformidad con
el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo, los contratos de trabajo
podrán celebrarse por el tiempo que dure la realización de una obra o labor
determinada. De esta manera, se establece, en general, el momento en el que
ocurre el vencimiento o la terminación de la relación laboral, así que el
vínculo subsiste mientras el empleador requiera de los servicios del trabajador
o no se haya finalizado la obra para la cual fue contratado.
En relación con el
derecho a la estabilidad laboral reforzada, cuando se trata de esta modalidad
de contrato de trabajo, la Corte, en la Sentencia T-1046 de 2008[29], señaló:
“(…) la jurisprudencia constitucional ha reconocido
que la simple finalización de un contrato laboral de tales características,
arguyendo la culminación de la labor, no es una razón suficiente para dar por
terminado un vínculo de esta naturaleza, en especial, si la empresa escudada en
la finalización del contrato de obra, desconoce los requisitos legales para su
terminación o finiquita un contrato bajo supuestos que denoten discriminación[30]. Estas consideraciones resultan particularmente
relevantes cuando se trata de la terminación de contratos laborales celebrados
con personas en condiciones de debilidad manifiesta.”
En la sentencia
transcrita, esta Corporación también destacó que el vencimiento del plazo
pactado o la culminación de la obra, no resulta suficiente para legitimar la
determinación de un empleador de no renovar esa clase de contratos o darlos por
terminado cuando: (i) subsiste la materia del trabajo, las causas que lo
originaron o la necesidad del empleador; (ii) el trabajador ha cumplido
efectivamente sus obligaciones contractuales; y (iii) se trate de una persona
en una situación de debilidad. Por ello, el trabajador que goza de estabilidad
laboral reforzada, no puede ser desvinculado sin que exista una razón objetiva
para terminar el vínculo laboral y medie la autorización de la oficina del trabajo,
que respalde dicha decisión.
6. Las
cooperativas asociativas de trabajo
La cooperativa de
trabajo asociado es una forma de organización solidaria, que brinda la
posibilidad a varias personas de agruparse para acometer una actividad sin ánimo
de lucro mediante el aporte de la capacidad laboral de sus integrantes.
El artículo 70 de la
Ley 79 de 1998 “por la cual se actualiza la legislación cooperativa” señala
que las cooperativas son “aquellas que vinculan el trabajo personal de sus
asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de
servicios”.
El artículo 3 del
Decreto 4588 de 2006 “Por el cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado” establece
que la actividad de los cooperados, está “encaminada a efectuar actividades
económicas, profesiones o intelectuales con el fin de producir en común bienes,
ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados.”
Por su parte, el
término de cooperativa, según la Recomendación R193 de 2002 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre la promoción de las cooperativas, debe
interpretarse como: “la asociación autónoma de personas unidas
voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas,
sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta, y
de gestión democrática.”
De conformidad con
lo expuesto, es posible colegir que las cooperativas de trabajo asociado mediante
la agrupación de personas y el aporte de la capacidad de trabajo tienen como propósito
la producción y ejecución de obras o la prestación de servicios, las cuales
deberán prestarse dentro de los lineamientos establecidos en los estatutos y en
la normatividad existente en la materia.
La Corte, en la Sentencia
C-211 de 2000[31], además de señalar las características sobresalientes
de esta clase de organizaciones[32] recalcó que dada la entidad entre el asociado y el
trabajador, la relación entre éste y la cooperativa no se regula, en principio,
por el Código Sustantivo del Trabajo, sino por los estatutos que definen entre
otras materias, el manejo y administración, su funcionamiento, el régimen de
trabajo, seguridad social y compensaciones, el reparto de excedentes y todos
los demás asuntos relacionados con el cumplimiento del objeto social[33].
Con todo, esta Corporación
ha enfatizado que la capacidad de autorregulación de las cooperativas de
trabajo, comprende, el respeto por las garantías constitucionales que consagra la
Constitución y la ley. De ahí que, estas organizaciones solidarias, en virtud
de su autonomía configurativa no podrán contrariar los principios y valores
superiores, ni infringir las normas que regulan los mínimos que deben comprender
los contratos de asociación, pues se encuentran subordinadas a la vigilancia de
las autoridades competentes[34].
Específicamente, el
artículo 7°, numeral 3, de Ley 1233 de 2008 señaló que cuando se use la organización
solidaria de trabajo asociado para encubrir una relación laboral, no solo se disuelve
el vínculo cooperativo sino que también se deriva una responsabilidad solidaria
entre la organización infractora y el tercero contratante en relación con las
obligaciones prestacionales que causan a favor del trabajador.
Bajo este contexto, la
jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que si durante la ejecución del
contrato de trabajo asociado, la cooperativa de trabajo asociado infringe la
prohibición consistente en que estas organizaciones solidarias no pueden actuar
como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de sus
asociados para suministrar mano de obra a terceros beneficiarios, o admitir que
respecto de sus asociados se susciten relaciones de subordinación, se debe dar
aplicación la legislación laboral, y no la legislación civil o comercial porque
bajo estas hipótesis confluyen elementos esenciales que dan lugar a la
existencia de un contrato de trabajo simulado por el contrato cooperativo.
Sobre el particular,
esta Corporación, en la Sentencia T-962 de 2008[35], precisó que: “la facultad para contratar con
terceros no es absoluta. En efecto, por expreso mandato legal, las cooperativas
y precooperativas no podrán actuar como intermediarios laborales o empresas de
servicios temporales.”
Así las cosas, la
intermediación modifica el vínculo cooperativo o, dicho en otras palabras, la
relación horizontal que debe existir entre los asociados cooperados en una
verdadera relación laboral pues el cooperado no ejerce sus funciones
directamente en la cooperativa sino que presta un servicio a un tercero, quien
le da órdenes y le impone un horario de trabajo, surgiendo así una clara
relación de subordinación.
La Corte, en Sentencia
T-445 de 2006[36], respecto de las hipótesis fácticas y los supuestos
que permiten identificar la transformación de la relación entre los asociados
cooperados en un contrato de trabajo, dijo:
“En relación con los elementos que pueden conducir a
que la relación entre cooperado y cooperativa pase de ser una relación
horizontal, ausente de subordinación, a una relación vertical en la cual una de
la dos partes tenga mayor poder sobre la otra y por ende se configure un estado
de subordinación, se pueden destacar diferentes elementos, como por ejemplo (i)
el hecho de que para que se produzca el pago de las compensaciones a que tiene
derecho el cooperado éste haya cumplido con la labor en las condiciones
indicadas por la cooperativa o el tercero a favor del cual la realizó; (ii) el
poder disciplinario que la cooperativa ejerce sobre el cooperado, de acuerdo
con las reglas previstas en el régimen cooperativo; (iii) la sujeción por parte
del asociado a la designación [que]
la Cooperativa [haga] del tercero a favor del cual se va a ejecutar la
labor contratada y las condiciones en las cuales trabajará; entre otros.”
Conforme con lo
expuesto, cuando se presenten estos supuestos u otros que permitan determinar
la existencia de una relación de trabajo, el juez de tutela debe proteger los
derechos fundamentales del trabajador encubierto tras la calidad de asociado, y
aplicar los principios del derecho laboral[37] y las demás garantías laborales consagradas en la
Constitución Política.
7. Estudio de los
casos concretos
Con fundamento en
las consideraciones y fundamentos expuestos anteriormente, esta Sala de
Revisión determinará si las empresas Tubos y Láminas S.A., Clínica Reina
Catalina,  Caja de Compensación Familiar Compensar, Unión de Inversiones de la
Costa S.A., Unión Temporal Alma,  Bernardo Moreno Ibargüen e Ingenio Central
Tumaco, vulneraron el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada,
entre otros, de los señores Víctor Manuel Andrade, Julia, Julieth
Samantha Buitrago Amarillo,  Carmen Rosa Aguirre Ferrer, Guillermo Londoño
Cediel,  Edgar de Jesús Ortiz Paniagua y Guido Reyes Cáceres, al terminar unilateralmente sus contratos o no
prorrogarlos, no obstante su deteriorado
estado de salud y de no contar con el permiso de las autoridades laborales
correspondientes.
En las
consideraciones generales de esta providencia la Sala concluyó que en virtud
del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, el trabajador con
limitaciones físicas o mentales tiene derecho a:
(i) Conservar el
empleo;
ii) no ser despedido
por causa de su situación de vulnerabilidad;
iii) permanecer en el
empleo hasta que se configure una causal objetiva que amerite su desvinculación
y
(iv) que la
correspondiente autoridad laboral autorice el despido, previa verificación de
la causal que se alega para finiquitar el contrato.
Igualmente, la Sala
indicó que si en estos casos se acredita que el despido o la no renovación de
los contratos ocurrió sin la autorización de la autoridad laboral competente,
el juez de tutela deberá presumir que el vínculo laboral fue terminado a
iniciativa del empleador en razón del estado de salud del trabajador.
Conforme con lo
expuesto, para la Sala, en los asuntos sometidos a revisión, las solicitudes de
amparo son procedentes y deben prosperar en relación con la pretensión relativa
al reintegro, la cual fue esbozada por cada uno de los accionantes en sus
demandas.
Lo anterior, por cuanto la Sala no comparte los
criterios expuestos por los jueces de
instancia, para denegar el amparo solicitado pues, contra lo que ellos
sostienen la Corte opina de manera diferente, así:
-La acción
de tutela, en los casos planteados, era
improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad previsto en el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, para
la Corte analizadas las circunstancias específicas en que se encontraban los
demandantes -sujetos de especial protección por sus condiciones físicas y
mentales- al momento de invocar la protección de sus derechos presuntamente
vulnerados o amenazados, la acción constitucional resulta más eficaz que la
acción judicial prevista en la jurisdicción ordinaria laboral.
En todos los casos,
se acreditó que los accionantes se hallan en circunstancias de debilidad
manifiesta, por sus condiciones de salud con ocasión de las distintas
enfermedades que adolecen. Igualmente, se comprobó que la terminación de sus contratos de trabajo implicó la
grave afectación de sus derechos fundamentales a la seguridad social y a la
salud, como consecuencia de la desafiliación del sistema de salud y, por ende,
la interrupción de los tratamientos médicos.
-Que están amparadas por la protección laboral prevista
en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 solamente aquellas personas que tienen
la condición de discapacitadas de acuerdo con la calificación efectuada por los
organismos competentes. De acuerdo con reiterada jurisprudencia de la Corte
dicha garantía comprende también a las que se encuentran en condiciones de
debilidad manifiesta ya sea por la ocurrencia de un evento que afecte sus
condiciones de salud, o de una limitación física, sin importar si esta tiene el
carácter de accidente, enfermedad profesional, o de origen común, ni si es de
carácter transitorio o permanente.
-Que el empleador en
todos los casos puede hacer uso de la facultad legal para dar por terminado el
contrato de trabajo si paga la indemnización equivalente a ciento ochenta días
de salario consagrada en el inciso 2o. del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Sin embargo,  para este Tribunal el
despido o terminación del vínculo laboral no se considera eficaz, así se haya
efectuado el pago de la indemnización aludida, si previamente no ha mediado la
autorización del Ministerio de Trabajo, pues aquella se constituye en una
sanción para el empleador que ha procedido en la forma descrita.
Ahora bien, para
resolver el problema jurídico esbozado, se analizará, si la desvinculación de
los demandantes por parte de las empresas accionadas obedeció a sus condiciones
de salud, es decir, si las demandadas, incurrieron en un trato discriminatorio.
Dicha discriminación
se comprueba cuando en el caso particular se acredite:
-Que el demandante
pueda considerarse una persona discapacitada, o en estado de debilidad
manifiesta;
-Que el empleador
tenga conocimiento de tal situación;
-Que se encuentre
acreditado el nexo causal entre el despido o la terminación del contrato y las
condiciones deplorables de salud del trabajador; y
-Que no medie la
autorización del inspector del trabajo en los casos en que ella resulta
necesario.
A continuación,
pasará la Sala a abordar el estudio de los casos concretos, agrupándolos, según
si el demandante, celebró con la empresa accionada un contrato laboral o
solemnizó un convenio asociativo.
7.1. T-2.941.765, T-2.999.549,
T-3.001.509 y T-3.000.718
En cada uno de los
expedientes, obra la siguiente información:
Expediente
Y
demandante
Empresa
Clase
de
contrato
Enfermedad
Causal
de despido o de no renovación
Presunción de
conocimiento del estado de debilidad manifiesta
T-2.941.765
Víctor Manuel  Andrade
Tubos y Láminas S.A.
Contrato
a término fijo
Osteoma
de canal auditivo externo en oído derecho. Audición comprometi-da en ambos
oídos , cofosis en oído derecho e Hipoacusia Neurosen-sorial en oído[38]
Cumplimiento del plazo fijo pactado
Incapa-
cidades
Exámenes
y/o
Recomen-
daciones
médico-
laborales
Solicitud de documentos
para calificación de la enfermedad
si[39]
no
si[40]
T-2.999.549
Julieth Samantha Buitrago Amarillo
Compen-sar
Contrato
a término fijo
Esguince
de rodilla izquierda
Cumplimiento del plazo fijo pactado
si[41]
no
No
T-3.001.509
Carmen Rosa Aguirre Ferrer
UNICAT S.A.
Contrato
a término indefinido
Túnel
del Carpio
Posibilidad legal del empleador para
terminar unilateralmente y sin justa causa el contrato
si[42]
no
No
T-3.003.329
Guillermo Londoño Cediel
Unión Temporal Alma
Contrato       por dura-ción de la
obra o labor
Cardiopatía
hipertrófica, insuficiencia mitral ligera y arritmia permanente
Terminación de la obra
si[43]
si[44]
T-3.000.718
Edgar de Jesús Paniagua
Bernardo Moreno Ibargüen
Contrato       por dura-ción de la
obra o labor
Cambios
espondilósi-cos y osteocondró-ticos, retrolistesis grado IV de L5 sobre S1
discopatía degenerativa L3-L4, L4-L5, L5-S1[45]
Terminación de la obra
si[46]
si[47]
-Con fundamento en
la reseña fáctica expuesta y las pruebas que obran en el expediente y que
fueron sintetizadas en el cuadro que se observa, la Sala infiere que la
desvinculación de Víctor Manuel  Andrade, Julieth Samantha Buitrago Amarillo,
Carmen Rosa Aguirre Ferrer, Guillermo Londoño Cediel y Edgar de Jesús Paniagua,
por parte de cada uno de sus empleadores, desconoció los derechos fundamentales
invocados, por las siguientes razones:
(i) Cuando los
empleadores demandados, tomaron la iniciativa de poner fin a los contratos de
trabajo suscritos con los demandantes, estos se encontraban en condición de
debilidad manifiesta por el serio deterioro en sus condiciones de salud debido
a enfermedades como: hipoacusia neurosensorial (T- 2.941.765), esguince de
rodilla izquierda (T-2.999.549); síndrome del túnel carpiano (T-3.001.509); cardiopatía
(T-3.003.329) y cambios espondilólosicos y osteocondróticos, retrolistesis
grado IV de L5 sobre S1 discopatía degenerativa L3-L4, L4-L5, L5-S1 (T-3.000718).
(ii) Las
discapacidades que padecen los señores  Víctor Manuel  Andrade, Julieth
Samantha Buitrago Amarillo, Carmen Rosa Aguirre Ferrer, Guillermo Londoño
Cediel y Edgar de Jesús Paniagua  eran de conocimiento de cada uno de sus empleadores,
si se tiene en cuenta que las enfermedades se desarrollaron durante la vigencia
del vínculo laboral, se concedieron varias incapacidades, se emitieron varias
recomendaciones médicas conocidas por las empresas, fueron concedidos permisos
para procedimientos médicos que se realizarían en horas hábiles.
(iii) En los
expedientes no se incorpora ninguna prueba que revele que los empleadores, no
obstante conocer que los demandantes presentaban una disminución de su
capacidad física, hayan solicitado la autorización del Ministerio de Trabajo,
en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para dar por terminado
el contrato de trabajo desconociendo, como quedó reseñado en esta providencia,
que se trataba de sujetos de especial protección constitucional, respecto de
quienes se predica la garantía de una estabilidad laboral reforzada.
Para la Corte, en los
casos mencionados, se presume que el contrato de trabajo de los demandantes fue
terminado de manera unilateral por parte de sus empleadores, en razón de las
afecciones de salud que padecen, con lo que se vulneró su derecho fundamental a
la estabilidad laboral reforzada. Lo anterior, por cuanto las empresas Tubos y
Láminas S.A., Compensar, UNICAT S.A. Unión Temporal Alma y Bernardo Moreno Ibargüen
tenían conocimiento de las afecciones de los trabajadores y no cumplieron el
procedimiento establecido en el inciso 1° del artículo 26 de la Ley 361 de
1997, según el cual ninguna persona limitada puede ser despedida o su contrato
terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la
oficina de trabajo.
Por todo lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará los fallos proferidos por el
Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de
Conocimiento de Medellín  (T-2.941.765); Juzgado Octavo Penal del Circuito de
Bogotá  (T- 2.999.549); Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena (T-3.001.509);
Juzgado Primero Penal con Función de Garantías de Villavicencio (T-3.003.329) y
el Juzgado de Familia de Girardota (T-3.000.718) y, en su lugar, concederá el
amparo de los derechos a la vida digna y la estabilidad laboral reforzada de los
demandantes. En consecuencia, ordenará a Bernando Moreno Ibargüen, Tubos y
Láminas S.A., Compensar, UNICAT S.A. y la Unión Temporal Alma por intermedio de
sus representantes legales o quienes hagan sus veces que, si aún no lo ha
efectuado, dentro del término de los diez (10) días siguientes a la
notificación de la presente sentencia, previa valoración médica que de cuenta
de que los accionantes son aptos para trabajar y las condiciones en que pueden
hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la entidad con la que
tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar a
Edgar de Jesús Paniagua, Víctor Manuel Andrade, Julieth Samantha Buitrago
Amarillo, Carmen Rosa Aguirre Ferrer y Guillermo Londoño Cediel  y, si éstos están
de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venían desempeñando cuando se les
desvinculó, acorde con su estado de salud actual y bajo la misma modalidad
laboral contractual anterior. Vinculación que solo podrá terminarse, de
mantenerse las condiciones de limitación en salud del trabajador, previa
autorización del Ministerio de Trabajo.
Así mismo, se
ordenará a Bernando Moreno Ibargüen, Tubos y Láminas S.A., Compensar, UNICAT
S.A. y la Unión Temporal Alma que reconozcan y
paguen a favor de los demandantes, una indemnización equivalente a ciento
ochenta días de salario, al tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361
de 1997.
Para el cumplimiento
de dicha órdenes, se debe precisar a los demandantes que el reconocimiento y
pago de los demás derechos laborales que les corresponden podrán ser exigidos
ante la jurisdicción ordinaria, pues, de acuerdo con los supuestos fácticos que
fundamentan el presente caso y la jurisprudencia de la Corte, en principio, la
acción de amparo constitucional resulta improcedente frente a una pretensión en
ese sentido.
7.2. Expedientes T-2.998.661 y T-3.008.255
Expediente
Y
demandante
Cooperativa
Empresa
donde se prestó el servicio
Enfermedad
Causal
de
desvinculación
Presunción de
conocimiento del estado de debilidad manifiesta
T- 2.998.661
Julia
Trabajo Asociado Progreso
Clínica
Reina Catalina
Sida
Inca-
Paci-
dades
Exámenes
y/o
Recomen-
daciones
médico-
laborales
Solicitud
de documentos por
calificación de la enfermedad
no
si[48]
no
T-3.008.255
Guido Reyes Cáceres
Renovación
Central
Tumaco
Osteonecrocis del semilunar de mano
izquierda
si[49]
si[50]
no
En el análisis realizado a los mencionados expedientes,
quedó demostrado que Julia y Guido Reyes Cáceres estuvieron vinculados,
respectivamente, a las Cooperativas Trabajo
Asociado Progreso -COOPROOG CTA- y Renovación en calidad de asociados.
Así mismo, que estas organizaciones los enviaron a prestar sus servicios
laborales mediante contrato de suministro de personal a la Clínica Reina
Catalina, en el primer caso y, en el segundo, al Ingenio Central Tumaco en
cumplimiento de ofertas mercantiles.
En ambos casos, se comprobó que Julia y Guido Reyes
Cáceres, se encontraban en estado de debilidad manifiesta, en razón de las
enfermedades que padecen: Sida y Osteonecrocis del semilunar de mano izquierda.
El 3 de septiembre
de 2009, la Cooperativa de Trabajo Asociado
Progreso -COOPROOG CTA- le comunicó a Julia que el Consejo de
Administración había decidido declararla trabajadora asociada en reserva,
debido a la reducción de la planta de personal de los trabajadores asociados
que adelantan el proceso de tercerización en la Clínica Reina Catalina.
El Ingenio Central
Tumaco, el 5 de noviembre de 2010, reunió a
los trabajadores del ingenio y les informó que se iba a prescindir de los
servicios de las cooperativas.
Ahora
bien, pasa la Sala a determinar si las cooperativas de trabajo asociado actuaron
conforme a la ley, pues, como se indicó, éstas organizaciones solidarias no
pueden ser empresas de intermediación laboral y, de hacerlo, contravienen el
artículo 17 del Decreto 4588 de 2006 y el artículo 7° de la Ley 1233 de 2008,
los cuales señalan que deberán responder solidariamente tanto la cooperativa
como el tercero beneficiario, por las “obligaciones económicas que se causen
a favor del trabajador asociado”.
En efecto, la
Sentencia C-614 de 2009[51]
estableció los parámetros que deben tenerse en cuenta para determinar si la
cooperativa asociativa de trabajo actúa como tal o, por el contrario, simula
hacerlo. Entre otros, se indicó, que cuando se le exige a una persona asociarse
a una cooperativa con la expectativa de vincularse a una entidad, se entiende
que el ánimo de asociarse no es libre ni espontáneo, lo cual “constituye una
desviación de la forma asociativa legal y constitucionalmente autorizada.”
Así las cosas,
se observa que, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, Julia
y Guido Reyes Cáceres se vincularon a las Cooperativas de Trabajo Asociado Progreso -COOPROOG CTA- y Renovación
para poder ingresar a trabajar a la Clínica Reina Catalina y al Ingenio Central
Tumaco. Las empresas demandadas, aceptaron  haber tenido contrato de suministro
de personal con las mencionadas cooperativas y ejecutar diversas ofertas
mercantiles.
En
ese orden de ideas, aunque la Clínica Reina Catalina y el Ingenio Central
Tumaco pretendan desligarse de cualquier responsabilidad al contratar con esta
clase de organizaciones, no pueden desvirtuar la relación laboral que existe
entre ellos y los demandantes.
En
efecto, los demandantes prestaron los servicios como auxiliar de enfermería
desde el 2 de febrero de 2009 y como cortero de caño desde el 5 de diciembre de
2005, de lo cual es posible predicar un vínculo laboral, al existir una
subordinación, pues desarrollaron actividades en la clínica y en los cañaduzales
donde se disponía el corte de esta planta, bajo las directrices de la
institución prestadora de los servicios médicos y del mencionado ingenio.
La
Sala considera, que tanto las Cooperativas de Trabajo
Asociado Progreso -COOPROOG CTA- y Renovación como las empresas Clínica
Reina Catalina y Central Tumaco, infringieron la prohibición legal y los
parámetros establecidos por este Tribunal Constitucional, al  actuar y permitir
que las mencionadas organizaciones solidarias fueran empresas de intermediación
laboral y simular un vínculo cooperativo, simultáneamente. Las citadas firmas exigieron
a los demandantes vincularse a las Cooperativas, para poder laborar, en ellas.
De igual forma, del acervo probatorio se deduce que Julia y Guido Reyes
Cáceres, se subordinaron a dichas instituciones al cumplir horario, recibir
órdenes y un salario.
De
esta forma, las conductas de las demandadas resultan violatorias de los
derechos fundamentales al trabajo y a la seguridad social, porque con el
argumento de no tener ninguna relación jurídica, se ampararon en el
cooperativismo para no cumplir con las garantías del derecho laboral, afectando,
de manera grave, a personas en estado de debilidad manifiesta debido al
aminoramiento en sus condiciones de salud.
Por lo
anterior, la Clínica Reina Catalina y el Ingenio Central Tumaco pese a no tener
contrato directo con los demandantes, son también responsables por las
obligaciones derivadas en razón de la desvinculación de Julia y Guido Reyes
Cáceres quienes son personas que se hallan en estado de debilidad manifiesta como
consecuencia de las enfermedades que padecen. Las cooperativas, actuaron como empresas
de intermediación laboral, siendo en realidad las mencionadas compañías, las
empleadoras de los demandantes. Por incurrir en estas conductas son
solidariamente responsables, de acuerdo con los artículos 17 del Decreto 4588
de 2006 y 7° de la Ley 1233 de 2008 y la Sentencia T-471 de 2008[52]
que indica:
“(…)así
el empleador beneficiario del servicio no hubiere contratado la prestación, es
dable vincularlo con las obligaciones labores y garantías constitucionales(…)”
La Sala reitera que
las cooperativas de trabajo asociado, así como las bolsas de empleo y las
empresas de servicios temporales, aunque estén creadas bajo parámetros legales,
no pueden convertirse en herramientas para desproveer a los trabajadores de las
garantías mínimas establecidas en el artículo 53 de la Carta Política.
Tanto esta Corporación
como las demás autoridades judiciales y operadores jurídicos, deben garantizar
el principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas en un
Estado Social de Derecho, y examinar si en casos similares se presenta el
fenómeno del contrato realidad. Lo expresado se ve reforzado en escenarios como
el que se estudia en esta ocasión, donde se ven amenazados los derechos de los
trabajadores, que son despedidos por encontrarse en precarias condiciones de
salud, y por lo tanto, deben contar con una protección especial por su
situación de vulnerabilidad.
Así, esta Sala
sostiene que la llamada flexibilización laboral que busca brindarle facilidades
a los empleadores en cuanto a formas alternativas de cumplimiento de los
contratos o vínculos con sus empleados con el ánimo de mejorar sus índices de
eficiencia financiera y económica –supuestamente en beneficio paralelo para los
trabajadores o para las posibilidades de mayor empleo-, no puede versar sobre
los contenidos mínimos de los derechos laborales. Sin duda, desconocer los
derechos del trabajador afectado en su salud, bajo el supuesto de que no
existía contrato laboral en forma, se traduce en una discriminación inaceptable
para nuestra Carta Política.
En esas condiciones,
la desvinculación de que fueron objeto los demandantes los redujo a una
situación de vulnerabilidad y repercutió gravemente en la obtención de los
medios económicos para garantizar su mínimo vital, teniendo en cuenta que se finiquitaron
sus relaciones laborales cuando estaban seriamente afectadas sus condiciones.
Por lo tanto, la Clínica
Reina Catalina y Central Tumaco vulneraron el derecho fundamental a la
estabilidad laboral de Julia y Guido Reyes Cáceres, que al momento de desvincularlos
y no renovar los respectivos contratos con la cooperativas Trabajo Asociado Progreso -COOPROOG CTA- y Renovación
, se encontraban con discapacidad física. Además, se ordenará a las mencionadas
compañías, por actuar como entidades de intermediación laboral y como
beneficiarias en todo caso de los servicios de Julia y Guido Reyes
Cáceres, poner a su disposición un cargo conforme a sus condiciones de salud.
Por todo lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará los fallos proferidos por el
Juzgado Tercero Civil Municipal de Barranquilla (T-2998661) y el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Palmira (T-3008255) y, en su
lugar, concederá el amparo de los derechos a la vida digna y la estabilidad
laboral reforzada de los demandantes. En consecuencia, ordenará a la Clínica
Reina Catalina y Central Tumaco, por intermedio de sus representantes legales o
quienes hagan sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de
los tres (3) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, previa
valoración médica que de cuenta de que los accionantes son aptos para trabajar
y las condiciones en que pueden hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a
través de la entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud
ocupacional, reintegrar a Julia y a Guido Reyes Cáceres y,
si éstos están de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venían
desempeñando cuando se les desvinculó, acorde con su estado de salud actual y
bajo la misma modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que solo
podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud del
trabajador, previa autorización del Ministerio de Trabajo.
Así mismo, se
ordenará a la Clínica Reina Catalina y a la Cooperativa de Trabajo Asociado
Progreso -COOPROGG CTA- (T-2998661) y Central Tumaco y a la Coooerativa
Renovación (T-3008255) que solidariamente reconozcan
y paguen a favor de los demandantes, una indemnización equivalente a ciento
ochenta días de salario, al tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361
de 1997.
V. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- DESACUMULAR el expediente T-3.010.397
de los expedientes T-2.941.765,
T-2.998.661, T-2.999.549, T-3.001.509, T-3.003.329, T-3.000.718 y T-3.008.255
por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO.- LEVANTAR la suspensión de términos para fallar el presente
asunto.
TERCERO.- REVOCAR el fallo del 21 de diciembre de 2010,
proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con
Funciones de Conocimiento de Medellín, el cual confirmó el dictado por el
Juzgado Quinto Penal Municipal para adolescentes con Funciones de Control de
Garantías de Medellín, el 11 de noviembre de 2010 negando la tutela solicitada
por Víctor Manuel Andrade en el trámite del proceso T-2.941.765. En su lugar, CONCEDER,
por las razones y en los términos de esta sentencia, el amparo de los derechos
fundamentales a la vida digna y a la estabilidad laboral reforzada del
demandante y, en consecuencia, ORDENAR a Tubos y Láminas S.A., por
intermedio de su representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo
ha efectuado, dentro del término de los diez (10) días siguientes a la
notificación de la presente sentencia, previa valoración médica que de cuenta
de que es apto para trabajar y las condiciones en que puede hacerlo, sin riesgo
para su salud, realizada a través de la entidad con la que tenga a cargo el
desarrollo del plan de salud ocupacional,
reintegrar a Víctor Manuel Andrade, si él
está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía desempeñando cuando
se le desvinculó, acorde con su estado de salud actual y bajo la misma
modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que solo podrá terminarse,
de mantenerse las condiciones de limitación en salud del trabajador, previa
autorización del Ministerio de Trabajo.
CUARTO.- ORDENAR a Tubos y Láminas S.A., el reconocimiento y pago a favor Víctor Manuel Andrade de una indemnización
equivalente a ciento ochenta días de salario, al tenor del inciso 2o. del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
QUINTO.- ADVERTIR a Víctor Manuel Andrade que debe acudir a la
jurisdicción ordinaria laboral, por ser esta la competente para reclamar el reconocimiento
y pago de los demás derechos laborales que le pudieran corresponder.
SEXTO.- REVOCAR el fallo de 29 de noviembre de 2010, proferido por el
Juzgado Tercero Civil Municipal de Barranquilla en el trámite del proceso de
tutela T-2.998.661. En su lugar, CONCEDER, por las razones y en los
términos de esta sentencia, el amparo de los derechos fundamentales a la vida
digna y a la estabilidad laboral reforzada de Julia y, en consecuencia, ORDENAR
a la Clínica Reina Catalina, por intermedio de su representante legal o quien
haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de los diez (10)
días siguientes a la notificación de la presente sentencia, previa valoración
médica que de cuenta de que es apta para trabajar y las condiciones en que
puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la entidad con
la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar a Julia,
si ella está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía desempeñando
cuando se le desvinculó, acorde con su estado de salud actual y bajo la misma
modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que solo podrá terminarse,
de mantenerse las condiciones de limitación en salud del trabajador, previa
autorización del Ministerio de Trabajo.
SÉPTIMO.- ORDENAR a la Clínica Reina Catalina y a la Cooperativa de
Trabajo Asociado Progreso -COOPROGG CTA-, el reconocimiento y pago a favor de Julia de una indemnización equivalente
a ciento ochenta días de salario, al tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la
Ley 361 de 1997.
OCTAVO.- ADVERTIR a Julia que debe acudir a la jurisdicción
ordinaria laboral, por ser esta la competente para reclamar el reconocimiento y
pago de los demás derechos laborales que le pudieran corresponder.
NOVENO.- REVOCAR el fallo de 21 de enero de 2011, proferido por el Juzgado
Octavo Penal del Circuito de Bogotá, el cual confirmó el dictado por el Juzgado
Veintiséis Penal Municipal de Bogotá, el 16 de noviembre de 2010 negando la
tutela solicitada por Julieth Samantha Buitrago Amarillo en el trámite del
proceso T-2.999.549. En su lugar, CONCEDER, por las razones y en los
términos de esta sentencia, el amparo de los derechos fundamentales a la vida
digna y a la estabilidad laboral reforzada de Julieth Samantha Buitrago
Amarillo y, en consecuencia, ORDENAR a la Caja de Compensación Familiar
Compensar, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces que,
si aún no lo ha efectuado, dentro del término de los tres (3) días siguientes a
la notificación de la presente sentencia, previa valoración médica que de
cuenta de que es apta para trabajar y las condiciones en que puede hacerlo, sin
riesgo para su salud, realizada a través de la entidad con la que tenga a cargo
el desarrollo del plan de salud ocupacional,
reintegrar a Julieth Samantha Buitrago
Amarillo, si ella está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía
desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su estado de salud actual y
bajo la misma modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que solo
podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud de la trabajadora,
previa autorización del Ministerio de Trabajo.
DÉCIMO.- ORDENAR a la Caja de compensación Familiar Compensar, el reconocimiento y pago a favor de Julieth
Samantha Buitrago Amarillo de una indemnización equivalente a ciento ochenta
días de salario, al tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
DÉCIMO PRIMERO.-
ADVERTIR a Julieth Samantha Buitrago
Amarillo que debe acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, por ser esta la
competente para reclamar el reconocimiento y pago de los demás derechos
laborales que le pudieran corresponder.
DÉCIMO SEGUNDO.-
REVOCAR el fallo de 14 de febrero de
2011, proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena, el cual
revocó el dictado por el Juzgado Once Penal Municipal de Cartagena, el 29 de
diciembre de 2010 negando la tutela solicitada por Carmen Rosa Aguirre Ferrer en
el trámite del proceso T-3.001.509. En su lugar, CONCEDER, por las razones
y en los términos de esta sentencia, el amparo de los derechos fundamentales a
la vida digna y a la estabilidad laboral reforzada de Carmen Rosa Aguirre
Ferrer y, en consecuencia, ORDENAR a la empresa Unión de Inversiones de la
Costa S.A. por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces que,
si aún no lo ha efectuado, dentro del término de los diez (10) días siguientes
a la notificación de la presente sentencia, previa valoración médica que de
cuenta de que es apta para trabajar y las condiciones en que puede hacerlo, sin
riesgo para su salud, realizada a través de la entidad con la que tenga a cargo
el desarrollo del plan de salud ocupacional,
reintegrar a Carmen Rosa Aguirre Ferrer,
si ella está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía desempeñando
cuando se le desvinculó, acorde con su estado de salud actual y bajo la misma
modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que solo podrá terminarse,
de mantenerse las condiciones de limitación en salud de la trabajadora, previa
autorización del Ministerio de Trabajo.
DÉCIMO TERCERO.-
ORDENAR a  la empresa Unión de
Inversiones de la Costa S.A., el reconocimiento y pago a favor de Carmen Rosa Aguirre Ferrer de una
indemnización equivalente a ciento ochenta días de salario, al tenor del inciso
2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
DÉCIMO CUARTO.-
ADVERTIR a Carmen Rosa Aguirre Ferrer
que debe acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, por ser esta la competente
para reclamar el reconocimiento y pago de los demás derechos laborales que le
pudieran corresponder.
DÉCIMO QUINTO.-
REVOCAR el fallo de 1° de diciembre
de 2010, proferido por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de
Garantías de Villavicencio en el trámite del proceso de tutela T-3.003.329. En
su lugar, CONCEDER, por las razones y en los términos de esta sentencia,
el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna y a la estabilidad
laboral reforzada de Guillermo Londoño Cediel y, en consecuencia, ORDENAR a
la Unión Temporal Alma por intermedio de su representante legal o quien haga
sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de los diez (10)
días siguientes a la notificación de la presente sentencia, previa valoración
médica que de cuenta de que es apto para trabajar y las condiciones en que
puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la entidad con
la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar al
señor Alberto Rodón Pava, si él está de acuerdo, a un cargo igual o superior al
que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su estado de salud
actual y bajo la misma modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que
solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud del
trabajador, previa autorización del Ministerio de Trabajo.
DÉCIMO SEXTO.-
ORDENAR a la Unión Temporal Alma, el reconocimiento
y pago a favor de Guillermo Londoño Cediel de una
indemnización equivalente a ciento ochenta días de salario, al tenor del inciso
2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
DÉCIMO SÉPTIMO- ADVERTIR a Guillermo Londoño Cediel que debe
acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, por ser esta la competente para
reclamar el reconocimiento y pago de los demás derechos laborales que le
pudieran corresponder.
DÉCIMO OCTAVO.- REVOCAR el fallo de 24 de enero de 2011,
proferido por el Juzgado de Familia de Girardota, el cual confirmó el dictado
por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal Con Función de Control de Garantías
de Copacabana, el 16 de noviembre de 2010 negando la tutela solicitada por Edgar
de Jesús Ortiz Paniagua en el trámite del proceso T-3.000.718. En su lugar, CONCEDER
como por las razones y en los términos de esta sentencia,  el amparo de los
derechos fundamentales a la vida digna y a la estabilidad laboral reforzada de
Edgar de Jesús Paniagua Ortiz y, en consecuencia, ORDENAR a Bernardo
Moreno Ibargüen que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de los diez
(10) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, previa
valoración médica que de cuenta de que es apto para trabajar y las condiciones
en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la
entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar a
Edgar de Jesús Paniagua Ortiz, si él está de acuerdo, a un cargo igual o
superior al que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su
estado de salud actual y bajo la misma modalidad laboral contractual anterior.
Vinculación que solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de
limitación en salud del trabajador, previa autorización del Ministerio de Trabajo.
DÉCIMO NOVENO.-
ORDENAR a Bernardo Moreno Ibargüen,
el reconocimiento y pago a favor de Edgar de Jesús
Paniagua de una indemnización equivalente a ciento ochenta días de salario, al
tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
VIGÉSIMO.-
ADVERTIR a Edgar de Jesús Paniagua
Ortiz que debe acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, por ser esta la
competente para reclamar el reconocimiento y pago de los demás derechos
laborales que le pudieran corresponder.
VIGÉSIMO PRIMERO.- REVOCAR el fallo de 9 de febrero de 2011,
proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Palmira
el cual confirmó el dictado por el Juzgado Primero Penal Municipal de Palmira,
el 23 de diciembre de 2010 negando la tutela solicitada por Guido Reyes Cáceres
en el trámite del proceso de tutela T-3.008.255. En su lugar, CONCEDER,
por las razones y en los términos de esta sentencia, el amparo de los derechos
fundamentales a la vida digna y a la estabilidad laboral reforzada de Guido
Reyes Cáceres y, en consecuencia, ORDENAR a Central Tumaco, por
intermedio de su representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo
ha efectuado, dentro del término de los diez (10) días siguientes a la
notificación de la presente sentencia, previa valoración médica que de cuenta
de que es apto para trabajar y las condiciones en que puede hacerlo, sin riesgo
para su salud, realizada a través de la entidad con la que tenga a cargo el
desarrollo del plan de salud ocupacional,
reintegrar a Guido Reyes Cáceres, si él
está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía desempeñando cuando
se le desvinculó, acorde con su estado de salud actual y bajo la misma
modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que solo podrá terminarse,
de mantenerse las condiciones de limitación en salud del trabajador, previa
autorización del Ministerio de Trabajo.
VIGÉSIMO SEGUNDO.-
ORDENAR a Central Tumaco y a la
Cooperativa Renovación, el reconocimiento y pago a
favor de Guido Reyes Cáceres de una indemnización equivalente a ciento ochenta
días de salario, al tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
VIGÉSIMO TERCERO.-
ADVERTIR a Guido Reyes Cáceres que
debe acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, por ser esta la competente
para reclamar el reconocimiento y pago de los demás derechos laborales que le
pudieran corresponder.
VIGÉSIMO CUARTO.-
LÍBRENSE por la Secretaría General de
esta corporación, en cada uno de los procesos, la comunicación de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, y cúmplase.
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON ELÍAS
PINILLA PINILLA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1]Según el demandante, además, de desempeñar funciones
como soldador operario, le correspondía ejecutar diferentes oficios como
cortador, pulidor y cargar las tractomulas con hierro, tubería del mismo metal
y chatarra picada.
[2] “Por la cual se regula la práctica de
evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias
clínicas ocupacionales”
[3] El artículo 17 que mencionada la demandante
fue modificado por el artículo 2 de la Resolución 1918 de 2009 del Ministerio de la Protección Social “por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones”.
[4] El ecocardiograma fue realizado, el 15 de
junio de 2010 y arrojó el siguiente resultado: cardiopatía hipertrófica,
función sistólica conservada, insuficiencia mitral ligera y arritmia permanente
durante el estudio.
[5]  Los procedimientos que le fueron ordenados
al señor Londoño Cediel fueron: ablación con catéter de lesión o tejido de
corazón por radiofrecuencia, mapeo tridimensional por insiste y cateterismo
combinado de los lados derecho e izquierdo del corazón con estudio
electrofisiológico los cuales fueron realizados el 28 de junio y el 16 de julio
de 2010.
[6] Inicialmente, el Juzgado Primero Penal
Municipal con Control de Garantías de Villavicencio, mediante Sentencia del 1
de octubre de 2010, resolvió negar el amparo invocado por el señor Londoño
Cediel, bajo el argumento según el cual existe otro mecanismo de defensa. Al
ser impugnada dicha decisión, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Villavicencio,  a través de proveído del 12 de noviembre de 2010, declaró la
nulidad de lo actuado y ordenó vincular a la ARP Sura y a la EPS Humana Vivir.
[7] Las recomendaciones laborales fueron
expedidas el 10 de junio de 2009, 24 de marzo, 24 de junio y 22 de septiembre
de 2010.
[8] Véanse, entre otras, las sentencias T-198 del
16 de marzo de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-1038 del 4 de
diciembre de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[9] Véase, Sentencia T-576 del 14 de octubre
de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[10] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[11] Véase, Sentencia T-871 del 21 de julio de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[12] Véase, Sentencia T-1167 del 17 de noviembre
de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[13] Ibídem.
[14] Véase, Sentencia T-337 del 14 de Mayo de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[15] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[16] Véase, Sentencia T-129 del 24 de febrero de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra.
[17] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[18] Véanse, Sentencias T-1040 del 27 de
septiembre de 2001y T-256 del 24 de marzo de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-1183 del 24 de noviembre de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[19] M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[20] “El artículo 5 de la Ley 361 de 1997 ‘Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas
con limitación y se dictan otras disposiciones’, establece que para hacerse
acreedores a la protección legal especial que consagra, es necesaria la previa
calificación médica que acredite la discapacidad.  Dice: ‘Las personas con limitación
deberán aparecer calificadas como tales en el carné de afiliado al Sistema de
Seguridad en Salud, ya sea el régimen contributivo o subsidiado. Para tal
efecto las empresas promotoras de salud deberán consignar la existencia de la
respectiva limitación en el carné de afiliado, para lo cual solicitarán en el
formulario de afiliación la información respectiva y la verificarán a través de
diagnóstico médico en caso de que dicha limitación no sea evidente.’
[21] “El artículo 13 de la Constitución establece: ‘El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan.’
[22] “En efecto, en Sentencia SU-480 del 25 de
septiembre de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), esta Corporación
manifestó que: ‘La realización del servicio público de la Seguridad Social (art. 48) tiene como sustento un sistema normativo integrado no solamente
por los artículos de la Constitución sino también por el conjunto de reglas en
cuanto no sean contrarias a la Carta. Todas esas normas contribuyen a la
realización del derecho prestacional como status activo del Estado. Es decir,
el derecho abstracto se concreta con reglas y con procedimientos prácticos que
lo tornan efectivo. Lo anterior significa que si se parte de la base de que la
seguridad social se ubica dentro de los principios constitucionales de la
igualdad material y el Estado social de derecho, se entiende que las reglas
expresadas en leyes, decretos, resoluciones y acuerdos no están para restringir
el derecho (salvo que limitaciones legales no afecten el núcleo esencial del
derecho), sino para el desarrollo normativo orientado hacia la optimización del
mismo, a fin de que esos derechos constitucionales sean eficientes en gran
medida. Es por ello que, para dar la orden con la cual finaliza toda acción de
tutela que tenga que ver con la salud es indispensable tener en cuenta esas
reglas normativas que el legislador desarrolló en la Ley 100/93, libro II y en los decretos, resoluciones y acuerdos pertinentes. Lo importante es
visualizar que la unidad de los principios y las reglas globalizan e informan
el sistema y esto debe ser tenido en cuenta por el juez de tutela’.
[23] “Recuérdese que los trabajadores forman
parte de una empresa, la cual se encuentra sujeta a la dirección, manejo y
coordinación del correspondiente empresario (artículo 25 del C.Co). Por ello,
en estos casos, debe apelarse a la adopción de medidas de protección que no
limiten irrazonable o desproporcionadamente los derechos a la libertad de
empresa y a la libertad de establecimiento.”
[24] Véase,
Sentencia T-504 del 16 de mayo de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[25] T-1040 del 27 de septiembre de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[26] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[27]Ibídem.
[28] Véase, Sentencia T-198 del 16 de marzo de
2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[29] M.P. Mauricio González Cuervo.
[30] Sentencias T-1101 del 18 de octubre de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-739 del 1 de diciembre de 1998. M.P.  Hernando Herrera Vergara.
[31] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[32] Según esta sentencia entre las
características sobresalientes de las cooperativas de trabajo asociado se
encuentran: la asociación voluntaria y libre de personas, igualdad de los
cooperados, ausencia de ánimo de lucro, organización democrática, trabajo de
los asociados, desarrollo de actividades económico-sociales, solidaridad en la
compensación o retribución y autonomía empresarial.
[33] T-632 del 1 de julio de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[34] T-962 del 7 de octubre de 2008. M.P. Jaime Araujo Rentaría.
[35] M.P. Mauricio González Cuervo.
[36] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[37] Sentencia T-504 del 16 de mayo de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[38] El señor Andrade, reportó otras afecciones,
tales como: dolor en la rodilla izquierda, atribuido a un evento ocurrido
dentro de la empresa, el cual no fue reportado como accidente de trabajo y en
la región sacrococcigea después del accidente laboral, ocurrido el 9 de agosto
de 2010, fecha en todo caso anterior, al vencimiento del plazo pactado para
terminación del contrato de trabajo.
[39] Después de acaecido el accidente de trabajo,
al trabajador le fue otorgada una incapacidad por 7 días. En el examen de
egreso, aún persiste la afectación en la región sacrococcigea.
[40] La solicitud de documentos para calificar el
origen de algunas de las enfermedades que padece el demandante, fue realizada
en fecha cercana a la desvinculación del demandante, porque el diagnóstico fue
dado durante la vigencia del vínculo laboral. El señor Andrade tenía
visiblemente afectada la funcionalidad de varios de sus órganos como el oído
por la pérdida de audición y la rodilla izquierda por intensos cuadros de dolor
que lo llevaron a acudir al servicio de urgencias, estando vigente el contrato
laboral.
[41] Después
el accidente laboral a la demandante le fueron concedidas varias incapacidades:
del 11/07/10 al 16/07/10; del 19/07/10 al 23/07/10; del 24/07/10 al 26/07/10;
del 01/08/10 al 04/08/10, del 05/08/10 al 09/08/10, del 10/08/10 al 24/08/10;
25/08/10 al 08/09/10; 09/09/10 al 23/09/10 .
[42] Al
plenario se allegaron dos incapacidades concedidas a la señora Aguirre Ferrer
con diagnóstico inicial de síndrome del túnel carpiano. Adicionalmente, obra
una solicitud de permiso elevado por la trabajadora para la realización de
terapias físicas en horas hábiles.
[43]  Después de la intervención quirúrgica que le
fue practicada al demandante, inmediatamente después de finalizado el vínculo,
le fueron concedidas varias incapacidades.
[44] Al señor Londoño Cediel le fueron
practicados, estando vigente el vínculo laboral, varios exámenes médicos. Específicamente
para la realización de uno de ellos en la ciudad de Bogotá y, en horas hábiles,
le fue concedido el respectivo permiso por parte de la empresa demandada. En la
respuesta a la petición elevada por el demandante y en el que se hizo alusión a
este punto, la Unión Temporal Alma, resaltó que el 26 de mayo de 2010, el
trabajador advirtió acerca de su problema cardiaco.
[45] Antes
del siniestro laboral en que se vio involucrado el demandante, éste había sido
intervenido quirúrgicamente en la columna. La ARP Colmena aprobó el accidente de trabajo y las prestaciones asistenciales y económicas generadas
del evento pero objetó las secuelas de la lesión hallada.
[46]  Después del accidente laboral que sufrió el
señor Ortiz Paniagua, le fueron concedidas varias incapacidades.
[47] El área de Salud Ocupacional de Saludcoop
EPS, expidió varias recomendaciones médicas en el caso del señor Edgar de Jesús
Ortiz Paniagua. Reposan en el expediente las proferidas el 10 de junio de 2009,
24 de junio y 22 de septiembre de 2010.
[48] A la
demandante, una vez  acaecido el supuesto accidente de trabajo, como se aseveró
en la contestación de la demanda de tutela, se le practicaron, en la
institución demandada, varios exámenes para conocer o descartar la presencia,
al momento del siniestro, de virus como el VIH; hepatitis HB sAG y hepatitis
HCV.
[49] Al
señor Guido Reyes Cáceres le fueron concedidas varias incapacidades que sumaron
180 días.
[50] Coomeva
EPS, dirigió una comunicación a Central Tumaco, el 9 de agosto de 2010, por
medio del cual le da a conocer las restricciones y recomendaciones que se
deberán tener en cuenta en el reintegro de que fue objeto el trabajador.
[51] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[52] M.P. Jaime Córdova Triviño