C-308-19
Sentencia C-308/19
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Competencia de
la Corte Constitucional
DERECHO
A LA TRANQUILIDAD-Conservación del orden público por medio
de autoridades de policía
DOMICILIO-Definición
constitucional
VECINDARIO-Definición
E] vecindario debe ser
entendido como el espacio o lugar que encontrándose aledaño al domicilio no
hace parte del ámbito protegido de interferencia pública. Estos espacios
comprenden, por ejemplo, domicilios colindantes, bienes comunes de las
copropiedades, vías públicas, parques, zonas verdes, y escenarios deportivos o
culturales de uso público, entre otros.
PRIVACIDAD-Concepto
MEDIOS
DE POLICIA-Definición/MEDIOS
DE POLICIA-Clasificación
CONCEPTO
DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones
claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes
DERECHO
A LA INVIOLABILIDAD DE DOMICILIO-Protección
constitucional
CODIGO
NACIONAL DE POLICIA-Alcance de la expresión “imperiosa
necesidad” contenida en norma sobre ingreso de la Policía Nacional a domicilio
sin orden de autoridad judicial competente
DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE
DOMICILIO-No
es absoluto/INVIOLABILIDAD
DEL DOMICILIO-Pieza
representativa del principio de separación entre lo público y lo privado
INVIOLABILIDAD DE DOMICILIO-Tratándose de un derecho constitucional, no reconoce prerrogativas
ilimitadas
DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE DOMICILIO-Jurisprudencia constitucional/DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE
DOMICILIO-Límites
Específicamente, la potestad de ingreso a inmueble sin orden
judicial fue estudiada por este Tribunal al definir la constitucionalidad del
artículo 163 del Código Nacional de Policía y Convivencia, que permite a la
Policía penetrar en los domicilios sin mandamiento escrito siempre que fuere de
imperiosa necesidad: i) para socorrer a alguien que de alguna manera pida
auxilio; ii) para extinguir incendio o evitar su propagación o remediar
inundación o conjurar cualquier otra situación similar de peligro; iii) para
dar caza a animal rabioso o feroz; iv) para proteger los bienes de personas
ausentes, cuando se descubra que un extraño ha penetrado violentamente o por
cualquier otro medio al domicilio de estas personas; v) cuando desde el
interior de una casa o edificio se proceda por la vía de hecho contra persona o
propiedad que se halle fuera de estos; y vi) para proteger la vida e integridad
de las personas, si en el interior del inmueble o domicilio se están
manipulando o usando fuegos pirotécnicos, juegos artificiales, pólvora o globos
sin el debido cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.
DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Jurisprudencia constitucional
DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Alcance
En suma, una de las facetas de protección al derecho a la
intimidad tiene relación con la salvaguarda de un ámbito libre de interferencia
de los demás. Igualmente, en reiterada jurisprudencia de tutela, distintas
salas de revisión, han considerado procedente este mecanismo constitucional por
vulneración del derecho a la intimidad cuando las afectaciones auditivas han
menoscabado consistentemente el espacio familiar y personal en el que se goza
de este derecho.
DEBIDO
PROCESO SANCIONATORIO-Alcance
En suma, la imposición
de medidas propias del ámbito policivo, en tanto actuaciones de naturaleza
administrativa que pueden dar lugar a la discrecionalidad de la autoridad de
Policía deben respetar el derecho al debido proceso. Lo anterior significa,
entre otras, el respeto a la legalidad, a la defensa, a la confianza legítima,
a la buena fe y a la proporcionalidad de la sanción.
DEBIDO
PROCESO POLICIVO-Acatamiento
NORMA
ACUSADA-Contenido y alcance
EXEQUIBILIDAD
CONDICIONADA-Procedencia
FUENTE
DE RUIDO POR AUTORIDADES DE POLICIA-Potestad de ingreso al
domicilio
La Sala precisó, en el
estudio de la vulneración del artículo 28 Superior, que una interpretación
conforme de la potestad conferida por el numeral 1 del artículo 33 del CNPC no
implica el ingreso al domicilio, y en tal sentido, condicionó su exequibilidad.
FUENTE
DE RUIDO POR AUTORIDADES DE POLICIA-Potestad de definir perturbación
La Corte evidenció que
correspondía a las autoridades de Policía definir cuándo el ruido perturba o
afecta el sosiego de tal forma que hace procedente la posibilidad de desactivar
temporalmente la fuente de ruido, y en el caso del literal a) que además
afecten la convivencia. En tal sentido, concluyó el Tribunal que tal potestad
requiere ser ejercida con observancia del proceso verbal inmediato para su
imposición, así como verificar: i) que las condiciones de tiempo, modo y lugar
indiquen una perturbación evidente de la convivencia o el sosiego; o ii)
objetivamente mediante implementos de medición auditiva, el incumplimiento de
los niveles de ruido permitidos según la normativa vigente.
Referencia:
Expedientes D-11832, D-11835 y D-11839.
Asunto:
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 33 (parcial) de la Ley 1801
de 2016 “por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”.
Demandantes:
Víctor
Hugo Marín Torres y otros (D-11832), Eduar Andrés Fonnegra Rodríguez (D-11835)
y Lina Marcela Álvarez Mejía (D-11839).
Magistrada
Ponente:
DIANA
FAJARDO RIVERA
Bogotá
D.C., once (11) de julio de dos mil diecinueve (2019)
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, en especial la prevista en el numeral 4 del artículo 241 de la
Constitución Política, y una vez cumplidos los trámites y requisitos
contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de
la acción pública consagrada en el artículo 241 del Texto Superior se
presentaron varias demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 1801 de 2016,
“por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”, por
parte de los ciudadanos: (i) Víctor Hugo Marín Torres, Cristina Zuluaga
Tabares, Carolina Zuluaga Monsalve, Laura Palacio Osorio y Juan Guillermo
Lenis;[1] (ii)
Eduar Andrés Fonnegra Rodríguez;[2] (iii)
Lina Marcela Álvarez Mejía;[3] y (iv)
Laura Marcela Paredes Téllez;[4] las
cuales se dirigieron, en su mayoría, contra los literales a) y b) del numeral 1
del artículo 33 (parcial). Además, se formularon algunos cargos respecto de los
artículos 85, 163, 166, 169 y 192 de la misma normatividad.
La Sala Plena de
la Corte Constitucional decidió, en sesión llevada a cabo el 10 de noviembre de
2016, la acumulación de las demandas referidas, al advertir que se presentaba
una coincidencia parcial de normas acusadas[5].
Mediante Auto
del 28 de noviembre de 2016, el Magistrado sustanciador admitió las demandas D-11835
y D-11839, ya que cumplieron con las condiciones de admisibilidad exigidas en
el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991. Respecto de la demanda D-11832 solo se
accedió al examen del artículo 33 (parcial) del Código Nacional de Policía y
Convivencia, pues los demás cargos se presentaron sin los requisitos señalados
por este Tribunal para sustentar la inconstitucionalidad de las normas. Por
último, la demanda D-11849 fue inadmitida por desconocer el requisito de
suficiencia en el planteamiento del cargo.
Pasado el
término de ejecutoria en silencio, a través del Auto fechado el 13 de diciembre
de 2016, el Magistrado sustanciador finalmente rechazó la demanda D-11849 y,
por consiguiente, siguió con el trámite de los expedientes D-11832, D-11835 y
D-11839, únicamente frente a los cargos formulados contra los literales a) y b)
del numeral 1 del artículo 33 (parcial) de la Ley 1801 de 2016.
En la misma
providencia el Magistrado resolvió fijar en lista la disposición acusada;
correr traslado de la norma al Procurador General de la Nación[6]; y ordenar la comunicación de las demandas
al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República, al
Ministro del Interior, al Ministro de Justicia, al Ministro de Defensa Nacional
y al Director General de la Policía Nacional. Además, invitó a autoridades
públicas, académicas y a los órganos de control para que, si lo estimaban
conveniente, intervinieran dentro del proceso en curso.
De acuerdo con
lo decidido por la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante Auto 305 del
21 de junio de 2017[7], los
términos de los procesos ordinarios de constitucionalidad fueron suspendidos
hasta que la misma decida levantarlos en cada asunto conforme con la planeación
que formule la Presidencia de la Corte. Por lo tanto, para el expediente de la
referencia, en la parte resolutiva de la presente decisión se levantará la
mencionada suspensión.
El 23 de agosto
de 2018 se sometió a consideración de la Sala Plena el proyecto de sentencia,
sin obtener la mayoría requerida para su aprobación. En consecuencia, fue
necesario designar como conjuez a Juan Carlos Henao Pérez.
Una vez
cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política
y en el Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional procede a decidir acerca
de la demanda de la referencia.
II. NORMA
DEMANDADA
A continuación,
se transcribe la norma demandada y se subrayan los apartes que fueron objeto de
cuestionamiento por parte de los accionantes.
“LEY
1801 DE 2016
(Julio
29)
Por
la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.
LIBRO
SEGUNDO
DE LA
LIBERTAD, LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA
(…)
TÍTULO
IV
DE LA
TRANQUILIDAD Y LAS RELACIONES RESPETUOSAS
(…)
CAPÍTULO
I
Privacidad
de las personas
(…)
Artículo 33.
COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA TRANQUILIDAD Y RELACIONES RESPETUOSAS DE LAS
PERSONAS.  Artículo corregido por el
artículo 2 del Decreto 555 de 2017. El nuevo texto es el siguiente: Los
siguientes comportamientos afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de
las personas y por lo tanto no deben efectuarse:
1. En el
vecindario o lugar de habitación urbana o rural: Perturbar o permitir que se
afecte el sosiego con:
a) Sonidos o
ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que afecten la
convivencia del vecindario, cuando generen molestia por su impacto auditivo, en
cuyo caso podrán las autoridades de Policía desactivar temporalmente la fuente
del ruido, en caso de que el residente se niegue a desactivarlo[8];
b) Cualquier medio
de producción de sonidos o dispositivos o accesorios o maquinaria que produzcan
ruidos, desde bienes muebles o inmuebles, en cuyo caso podrán las autoridades
identificar, registrar y desactivar temporalmente la fuente del ruido[9], salvo sean
originados en construcciones o reparaciones en horas permitidas;
c) Actividades
diferentes a las aquí señaladas en vía pública o en privado, cuando trascienda
a lo público, y perturben o afecten la tranquilidad de las personas.”
III. LAS
DEMANDAS
Debido a la acumulación
de los expedientes D-11832, D-11835 y D-11839, la Corte Constitucional
presentará los cargos formulados contra el artículo 33 (parcial) de la Ley 1801
de 2016 en el siguiente orden: primero, aquellos que fueron comunes a las tres
demandas y, segundo, los argumentos contenidos en algunas de ellas.
Primer cargo:
desconocimiento del derecho a la inviolabilidad del domicilio (Art. 28 C.P.)
Los accionantes
D-11832, D-11835 y D-11839 cuestionaron la potestad otorgada a la autoridad de
policía para desactivar temporalmente cualquier fuente de ruido producida desde
el lugar de habitación o en el vecindario, puesto que contraría las reglas
fijadas en el artículo 28 de la Constitución Política. A saber, que “nadie
puede ser molestado en su persona o familia (…) ni su domicilio registrado,
sino en virtud de un mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con
las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”.
Bajo esta línea
argumentativa, alegaron que el solo ingreso del personal de Policía sin orden
judicial previa, conlleva “una extralimitación del legislativo sobre las
facultades otorgadas a la autoridad de policía”,[10] la trasgresión de “una de las garantías
constitucionales más importantes”,[11]
y la reducción del mandamiento judicial a “un simple requerimiento de un
ciudadano”[12].
Aunque
asintieron respecto de la existencia de varias excepciones constitucionales y
legales de este derecho, particularmente aquellas señaladas por la Corte
Constitucional, por ejemplo, cuando el ingreso se realiza por la imperiosa
necesidad de proteger derechos fundamentales (sentencias C-176 y 519 de 2007 y
C-256 de 2008), manifestaron que la desactivación de la fuente de ruido no es
una razón objetiva para dejar de aplicar una garantía de índole constitucional,
como sería la emisión de una orden judicial. Una posición en este sentido, a
juicio de los demandantes, “configuraría una actuación arbitraria,
transgrediendo el derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio”[13].
Así mismo,
encontraron que el ingreso de los agentes de Policía para suspender la fuente
de ruido no ha sido un motivo definido previamente en la ley que habilite la
intrusión sin orden judicial. Sobre todo, porque esta posibilidad no se incluyó
dentro de las causales para el ingreso sin mandamiento escrito estipuladas en
el artículo 163 del reciente Código de Policía y Convivencia.[14]
De forma
autónoma, la demandante en el proceso D-11839 propone que la norma acusada
vulnera la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 12); el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 17.1); y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 11.2) por similares motivos a los ya
expuestos en relación con la inviolabilidad del domicilio.
Segundo cargo:
desconocimiento del derecho al debido proceso (Art. 29 C.P.)
Los demandantes
D-11835 y D-11839 afirmaron que el artículo 33 (parcial) de la Ley 1801 de 2016
prescinde del principio de legalidad derivado del artículo 29 de la
Constitución Política, al ponerse en marcha una medida restrictiva (la
desactivación temporal de la fuente de ruido) sin las formalidades que
requeriría una actuación administrativa de tal naturaleza.
Así pues,
reclamaron el hecho que en ninguna parte de la norma demandada se estableciera
“cómo se va a medir el ruido o el impacto auditivo”[15], o “de qué manera el funcionario
de policía debe proceder a desactivar dicha fuente generada del ruido”.[16] En otras palabras, “no se fijan
parámetros específicos que permitan, de una manera objetiva, verificar que los
sonidos o ruidos generan molestias a una colectividad (…), tales como: un
indicador de decibeles”.[17] En
consecuencia, si el residente se niega a desactivar la fuente de ruido, la
autoridad de Policía procederá a realizarla con base en criterios subjetivos y
sin protocolos definidos para ello.
Para el
demandante D-11832, además, “la entidad competente para hacer la medición
auditiva es la Secretaría de Medio Ambiente”, en el caso del Distrito de
Bogotá, y según lo dispuesto en la Resolución 6918 de 2010. De manera que, una
decisión que se tome con fundamento en el artículo acusado no obedecerá a un
criterio técnico acerca de la suspensión de la fuente de ruido, sino a la
consideración del agente de Policía o del particular que solicita su presencia.
Por último,
argumentaron que con la norma demandada subyace una limitación del derecho a la
contradicción y defensa, puesto que la ausencia de un protocolo para analizar
el impacto auditivo y, con ello, tomar la decisión de desactivar la fuente de
ruido, soporta una mayor dificultad para “controvertir la percepción
auditiva del agente de policía que realiza la verificación”.[18] En esta línea, concluyeron que, el
artículo acusado desconoce la jurisprudencia constitucional, específicamente
las sentencias C-096 de 2001 y C-034 de 2014, que obligan a las autoridades
públicas a erradicar cualquier fuente de arbitrariedad, bajo la aplicación de
garantías que cobijen la expedición del acto administrativo, el eventual
cuestionamiento acerca de su validez, así como la posibilidad de controvertirlo
y aportar pruebas para la defensa.
Tercer cargo:
desconocimiento del derecho a la intimidad personal y familiar (Art. 15 de la
C.P.)
En criterio de
los accionantes D-11835 y D-11839, la potestad consagrada en el artículo 33
(parcial) del Código de Policía y Convivencia, dirigida a desactivar
temporalmente la fuente de ruido, materialmente, comporta la inobservancia del
deber del Estado de respetar el derecho a la intimidad personal y familiar. En
el mismo sentido la demanda D-11832 advierte: “(…) al poder interrumpir la
tranquilidad de los ciudadanos en sus propias viviendas, cuando el agente
policial así lo considere, se estaría facultando al uniformado de la Policía
Nacional para el ingreso a los inmuebles sin ninguna restricción; es decir, que
si una vivienda se encuentra con la puerta abierta y el agente considera
necesario ingresar podrá hacerlo sin una orden judicial, invadiendo la
intimidad de una familia, y poniendo en duda el buen nombre de cualquier
persona que se encuentre en el lugar.”[19]
Para sustentar
su posición, ante todo, indicaron que la actuación de la Policía no solo
restringe el derecho a la intimidad de las personas que generan el ruido, sino
de todas aquellas que habitan en el inmueble, particularmente sujetos
catalogados como de especial protección constitucional. Existen supuestos, por
ejemplo, como que al interior de la residencia se encuentre una persona a quien
le estén practicando diálisis y, sin embargo, se proceda a desactivar la fuente
de ruido, por medio de la suspensión de la energía eléctrica. Esta actuación,
por consiguiente, desconocería la estrecha relación entre los derechos a la
intimidad y a la dignidad humana, protegidas en el artículo 11 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
Segundo, la
accionante D-11839 acusó que el artículo 33 (parcial) del Código de Policía y
Convivencia incurre en una vulneración del derecho a la intimidad, cuando
restringe policialmente actividades, fiestas o reuniones que se realizan al
interior de un inmueble por parte de sus residentes. Lo anterior, en la medida
que tales eventos hacen parte de la esfera personal y del derecho que todas las
personas tienen de fortalecer los vínculos con los demás congéneres.
Adicionalmente, con fundamento en las sentencias C-594 de 2014 y T-050 de 2016,
resaltó el derecho de tomar las decisiones que conciernen a la vida privada,
sobre todo, respecto del espacio físico desde donde se proyecta la libertad
individual.
Finalmente, para
los demandantes, la intromisión en la esfera privada que coexiste con la norma
acusada tiene relación directa con la ausencia de un criterio objetivo para
valorar tanto el impacto del ruido como la actuación de los agentes de Policía.
Así, mientras no exista certeza del nivel de transgresión del derecho
colectivo, no es admisible la restricción de derechos fundamentales
individuales, como sería la intimidad. Si se desconoce esta postura, la
actuación de la Administración “se convierte en una injerencia arbitraria y
abusiva en la esfera de intimidad del ciudadano”,[20] tal como lo ha manifestado la Corte
Constitucional en las sentencias T-643 de 2012 y T-099 de 2016.
Cuarto cargo:
desconocimiento del derecho a la propiedad privada y de la obligación del
Estado de prestar eficientemente los servicios públicos domiciliarios (Arts. 58
y 365 C.P.)
Los accionantes
del expediente D-11832 expresaron que, la potestad de la autoridad policial de
desactivar temporalmente la fuente de ruido representa, en la práctica, una
vulneración del derecho a la propiedad privada. Si bien el artículo 58 de la
Norma Superior estipuló que el interés particular cede ante el público o
social, en este caso solo se está ante otro interés particular: de la persona
que requiere la presencia del personal de Policía. En consecuencia, se estaría
quebrantando tanto la disposición constitucional referida, como el artículo 17
de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: “siendo la
propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella,
salvo cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo
evidente, y a condición de una justa y previa indemnización”.
Al mismo tiempo,
para los demandantes del expediente D-11832, esta facultad podría conllevar la
vulneración del artículo 365 de la Constitución Política, cuando desactivar la
fuente de sonido implique desconectar la energía eléctrica, que es un servicio
público inherente a la finalidad del Estado y, por lo tanto, la obligación de
asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional
podría verse afectada.
IV.
INTERVENCIONES
1.
Intervenciones de entidades oficiales
1.1. Ministerio
de Justicia y del Derecho
Diana Alexandra
Remolina Botia, obrando en calidad de Directora de Desarrollo del Derecho y del
Ordenamiento Jurídico del mencionado ministerio, solicitó que se declarara la exequibilidad
de la disposición demandada, con base en los subsiguientes argumentos.
El artículo 33
(parcial) de la Ley 1801 de 2016 protege el derecho a la tranquilidad y la
convivencia ciudadana, al combatir la contaminación auditiva generada por
actividades, reuniones o eventos que terminan con una queja colectiva. Para
sustentar su posición, indicó que el ruido es un agente contaminante que afecta
tanto derechos de carácter colectivo, como prerrogativas constitucionales
asociadas a la vida, dignidad humana y salud de las personas. De ahí que, las
autoridades públicas tengan el deber de evitar la contaminación auditiva y, con
ello, propender por la convivencia pacífica y armónica entre los habitantes. Y
aunque las personas gozan de un espacio libre de cualquier injerencia externa,
ello no obsta para que controlen los niveles de ruido que producen, a fin de no
terminar afectando la órbita de los derechos de los demás. Dicho de otro modo,
“el ejercicio de los derechos propios y las libertades individuales no pueden
erigirse sobre la base del sacrificio de los derechos ajenos”.
A su vez,
sostuvo que la norma acusada encuentra su verdadero sentido y alcance a partir
de una interpretación sistemática de varias disposiciones de la Ley 1801 de
2016. Es decir, la medida materializa los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 26, 31,
150, 163 y 222 del Cogido Nacional de Policía y Convivencia. Entre los aspectos
que resaltó el escrito se tienen los siguientes: a) “la norma demandada es
crucial para la consecución de los objetivos específicos del código”; b) es
una barrera de contención frente a conflictos y actos de intolerancia que le
permite a la autoridad policial intervenir a tiempo; y finalmente, c) busca la
consecución de las condiciones mínimas para la convivencia, y no una simple
enunciación de pautas de buen comportamiento.
Por último, para
la interviniente el artículo demandado no vulnera los derechos a la
inviolabilidad del domicilio, intimidad y debido proceso. Primero, contrario a
lo que afirman los accionantes, la autoridad de policía procede en virtud del
numeral 5 del artículo 163 de la Ley 1801 de 2016, el cual faculta el ingreso
sin orden judicial escrita cuando “desde el interior de una casa o edificio
se proceda por la vía de hecho contra persona o propiedad que se halle fuera de
estos”. Segundo, con la medida acusada se protege la privacidad de las
personas que conviven como vecinos y sufren una intromisión abusiva en su intimidad,
por cuenta del ruido y los sonidos producidos por un particular. Y, en tercer
lugar, la autoridad judicial sí actúa en el marco del debido proceso, ya que su
conducta se rige por lo estipulado en el artículo 222 del Código de Policía, en
donde se consagra una serie de etapas, desde el momento en que la autoridad
conoce de la situación e identifica al infractor, hasta cuando se adopta la
decisión administrativa conclusiva.
1.2. Ministerio
de Defensa Nacional
Sandra Marcela
Parada Aceros, apoderada especial del Ministerio de Defensa, requirió la inhibición
de esta Corporación para realizar el examen de constitucionalidad o, en su
defecto, que se declare la exequibilidad de la norma demandada, de
acuerdo con las siguientes razones jurídicas:
Existe una
ineptitud sustancial de las demandas por la ausencia de los requisitos de
claridad, certeza, pertinencia y suficiencia en los cargos formulados por los
accionantes. De una parte, se señaló de forma genérica la inconstitucionalidad
de la norma y, de la otra, por la falta de disquisición del concepto de
violación de las normas superiores.
Hecha esta
salvedad, consideró que es necesario otorgarle al personal de Policía múltiples
herramientas para preservar la convivencia ciudadana y, con ello, cumplir las
funciones asignadas en la Ley 1801 de 2016, de manera segura, ágil y eficiente.
Justamente, la norma acusada crea “mecanismos jurídicos para brindarles
a las autoridades competentes los elementos necesarios para combatir, de manera
frontal y radical, las conductas que atentan contra la sociedad”. Entre
aquellas medidas, además, reiteró las causales de excepcionalidad para el
ingreso de agentes de Policía sin orden judicial escrita, de carácter
constitucional y legal, avaladas jurisprudencialmente, que corresponden con las
situaciones estipuladas en los artículos 162 y 163 del Código de Policía.  En
concreto, advirtió que el ingreso al domicilio sin orden judicial tiene
respaldo en la excepcionalidad de la potestad y se justifica en tanto pretende
amparar los otros derechos fundamentales reconocidos por las 6 causales
previstas en el artículo 163 del Código Nacional de Policía y Convivencia.
La representante
del Ministerio de Defensa resaltó que la teleología del nuevo Código de Policía
responde a una dinámica de convivencia pacífica, que implica la consagración de
deberes ciudadanos.
Por otro lado,
manifestó que los demandantes tuvieron una evidente confusión de normas de
rango penal con las contenidas en el nuevo Código de Policía y Convivencia, la
cual envuelve una interpretación errónea del alcance del articulado acusado. En
esta línea, sostuvo el Ministerio que, se mezclan indistintamente conceptos
jurídicos asociados a los allanamientos que se realizan en el marco del derecho
penal, como sucede con la flagrancia, el juez de garantías y la orden judicial,
con el ingreso a inmuebles en materia policial cuando resulta de imperiosa
necesidad, sin que dichas figuras guarden una relación entre sí. Esto quiere
decir que “los comportamientos contrarios a la convivencia (…) no lesionan o
ponen en peligro bienes jurídicos protegidos, luego no entrañan antijuridicidad
y, por eso, no hacen parte del ius puniendi”.
1.3. Policía
Nacional
Pablo Antonio
Criollo Rey, Secretario General de la Policía Nacional, solicitó la exequibilidad
de los apartes normativos establecidos en los literales a) y b) del numeral 1
del artículo 33 (parcial) de la Ley 1801 de 2016, por considerar que los
demandantes no demostraron la vulneración de los artículos 15, 28 y 29 de la
Constitución Política. El interviniente sustentó su posición en los argumentos
que se resumen a continuación:
Para comenzar,
afirmó que el Legislador buscó “cumplir con los valores constitucionales de
la dignidad humana y la convivencia”. A través de medidas dirigidas a
garantizar una efectiva coexistencia ciudadana, así como el cumplimiento de los
deberes legales en la materia por parte de la población civil. De esta manera,
al regularse eficientemente comportamientos que favorecen la convivencia, el
Estado cumple con la obligación de protección de interés común fijada en el
artículo 82 de la Carta Fundamental.
La norma
demandada, entonces, debe ser leída conforme con el objeto de la Ley 1801 de
2016 (Art. 1), el cual busca establecer las condiciones para la convivencia y
no, únicamente, imponer sanciones ante comportamientos que resultan
incompatibles con la misma, como sucedía con el anterior Código de Policía
(Decreto 1355 de 1970). “La norma lo que pretende es dotar a la autoridad de
policía de mecanismos que gradualmente le permitan llegar [a este] fin
propuesto”.
Esta finalidad
no implica que la autoridad de Policía al momento de imponer las medidas
acusadas desconozca los principios de proporcionalidad, razonabilidad y
necesidad de la actuación administrativa. Por el contrario, en la Ley 1801 de
2016 se establecieron varios mecanismos con los cuales se propende por la
tranquilidad del vecindario sin vulnerar el derecho al debido proceso: (i) la
orden de policía contemplada en el artículo 150, a través de la cual se
comunica al presunto infractor la necesidad de regular su comportamiento; (ii)
la mediación, con el fin de resolver de común acuerdo el conflicto, señalada en
el artículo 154 y, finalmente, (iii) la orden de comparendo.
Al respecto,
puntualizó: “(…) surge la necesidad de nuevos instrumentos para restaurar la
convivencia, en la categoría de tranquilidad, y se restablezcan los derechos de
las personas afectadas por el ruido o sonido, sin que la misma, lleve per se un
ingreso al inmueble, habida cuenta que el artículo 163, contempla los eventos
en los cuales el personal de la Policía Nacional puede ingresar a un inmueble”.
Otro rasgo que
explicó la Policía está relacionado con la siguiente premisa: “(…) lo
acontecido en el espacio privado no es de resorte del derecho de policía, a no
ser que afecte libertades que invadan la esfera penal o que estén inmersas en
las causales contempladas en los artículos 162 y 163 de la norma ibídem”.
En este sentido, para restaurar la convivencia no siempre se debe llevar a cabo
el ingreso al inmueble o el lugar de residencia. Es más, la norma acusada no
estipula que para la desactivación de la fuente de ruido la autoridad policial
tenga que desconectar la energía eléctrica o acceder a domicilios privados. En
contraste, existirán casos en que la fuente de ruido no proviene de un
dispositivo electrónico ni internamente, tal como ocurre con sonidos asociados
a conflictos familiares, ritos, sesiones de ejercicio, los que surgen de
animales, o aquellos que se presentan en vías públicas, fiestas externas, zonas
comunes o clubes sociales, que por su impacto auditivo requerirá la
intervención de la autoridad policial.
1.4. Alcaldía
Mayor de Bogotá
Luz Elena
Rodríguez Quimbayo, Directora de Defensa Judicial y Prevención del Daño
Antijurídico de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá, solicitó la exequibilidad
de las situaciones previstas en los artículos 33 y 163 de la Ley 1801 de 2016,
de acuerdo con las siguientes consideraciones.
Primera, las
disposiciones acusadas desarrollan los artículos 2 y 218 de la Norma Superior,
que imponen al Estado, y particularmente a la Policía Nacional, el deber de
asegurar la convivencia pacífica y el mantenimiento de las condiciones
necesarias para el ejercicio pleno de los derechos y las libertades
individuales.
Segunda, no se
vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio cuando la autoridad
policial procura con su actuación prevenir actividades que perturban la
tranquilidad de toda la comunidad. Por el contrario, sí está facultada para
penetrar en los inmuebles, sin mandamiento escrito, en casos de imperiosa
necesidad, de peligro grave e inminente, o ante amenazas a la vida, integridad,
seguridad y salubridad de las personas. Lo anterior, acorde con la
jurisprudencia de la Corte (sentencias C-041 de 1994 y C-176 de 2007) y la Ley
1801 de 2016, que desarrollan las excepciones constitucionales y legales en la
materia.
Bajo esta línea
argumentativa, sustentó además que la inviolabilidad del domicilio fue un tema
central en el debate de aprobación de la iniciativa legislativa acusada. Desde
el primer informe de ponencia para el debate al proyecto de Ley 099 de 2014
Senado, acumulado 145 de 2015 Senado, y 256 Cámara, por el cual se expidió el
reciente Código de Policía, se puntualizó que el ingreso del personal en bienes
inmuebles era de suma importancia para cumplir con las finalidades de la Ley,
sin que aquella facultad, en sí misma, representara un desconocimiento del
contenido del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Así, a través de
distintos apartes de la intervención, la Alcaldía resaltó que: a) que el
derecho a la inviolabilidad del domicilio tiene un carácter relativo y, por
consiguiente, puede ser limitado con el fin de proteger derechos y valores
constitucionales; b) con fundamento en el derecho de disposición del titular
del dominio y el deber de solidaridad se han establecido excepciones a la
citada prerrogativa, en particular cuando está en riesgo derechos fundamentales
(Sentencia C-256 de 2008); y c) la norma demandada no quebranta disposiciones
constitucionales, al contrario, las desarrolla.
Tercera, la
medida es constitucional, ya que la imperiosa necesidad de proteger derechos
fundamentales faculta el ingreso del personal de policía sin mandamiento previo.
Para arribar a esta conclusión, la interviniente se fundamenta en un test
integrado de razonabilidad (Sentencia C-673 de 2001), precisando los siguientes
elementos:
a) “La medida
busca satisfacer una finalidad constitucionalmente imperiosa”. Así, con
soporte en el artículo 315 de la Norma Superior, precisó que a las autoridades
territoriales les corresponde conservar el orden público en los municipios de
su jurisdicción. En consecuencia, deben ejecutar medidas tendientes a la
prevención de comportamientos que alteren o perturben la seguridad ciudadana.
b) “La medida
resulta adecuada”, si se tiene en cuenta que la autoridad pública consigue
finalizar la perturbación sonora y, con ello, “garantizar derechos como la
intimidad personalidad y familiar, la tranquilidad individual, la convivencia
pacífica y armónica entre las personas, los derechos colectivos al ambiente
sano y a la salubridad pública, e inclusive la propia dignidad humana”.
c) “La medida
resulta además necesaria en la razón de la inexistencia de medidas alternativas
menos lesivas”. Esto es así, porque la norma acusada contempla una acción
correctiva (la disolución de la actividad o reunión en el lugar de residencia,
así como la desactivación temporal de la fuente de ruido), que tiene la capacidad
de garantizar los derechos ciudadanos de forma inmediata, situación que no
acontecía con otras actuaciones administrativas, tales como las multas
pecuniarias, capacitaciones, creación de comités o restricciones horarias.
d) Finalmente, “es
proporcional” pues la autoridad policial “solamente puede ingresar con
la finalidad de desactivar la fuente de ruido y siempre que previamente lo haya
solicitado al residente y éste se niegue a desactivarlo”. Adicionalmente,
la Policía tiene el deber de oír en descargo al presunto infractor; hacer una
primera ponderación de los hechos, procurando una mediación entre las partes; y
con posterioridad, rendir un informe inmediato al superior, con copia al
residente, donde conste la razón del ingreso.
1.5. Federación
Colombiana de Municipios
Gilberto Toro
Giraldo, Director Ejecutivo de la Federación, solicitó la exequibilidad
de la norma demandada, con sustento en los argumentos que a continuación se
sintetizan.
No resulta
imperativo la utilización de aparatos de medición del impacto auditivo, entre
ellos los encargados de calcular los decibeles, en la medida en que siempre
existirá perturbación sonora cuando el ruido trascienda del espacio privado.
Adicionalmente,
la Federación manifestó que, desde el Decreto 1355 de 1970 (antiguo Código de
Policía) y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se han construido
excepciones para acceder a un domicilio, sin orden previa de autoridad
competente, y bajo el criterio de la imperiosa necesidad.
En último lugar,
la interpretación de la norma demandada por parte de los accionantes se efectúa
desde la perspectiva de vulneración de los derechos del infractor, dejando de
lado a las personas que está siendo víctimas directas del ruido. En este
sentido, la potestad establecida en el artículo 33 (parcial) de la Ley 1801 de
2016 más que una acción abusiva por parte de la autoridad de Policía, es una
reacción originada por un sonido capaz de afectar la convivencia ciudadana.
2.
Intervenciones académicas
2.1. Universidad
del Rosario
Los estudiantes
David Alejandro Torres Vivero, Andrés Felipe Ariza Gutiérrez, Carlos Gabriel
Jácome Romero, Daniela García Ariza y Natalia Mantilla Ariza, miembros del
consultorio jurídico de la Universidad del Rosario, y bajo la supervisión del
Coordinador del área de derecho administrativo de la misma Institución,
solicitaron la exequibilidad condicionada del artículo 33 (parcial) del
Código de Policía y Convivencia, en el sentido que se cambie “la
desactivación temporal de la fuente de ruido” por las multas fijadas en el
artículo 180 de la misma Ley.
Para sustentar
su posición argumentaron lo siguiente: “Existe un vacío jurídico respecto de
los procedimientos que deben ser aplicados materialmente en las situaciones
fácticas descritas por la norma”. Si bien la desactivación de la fuente de
ruido no envuelve, necesariamente, el ingreso al inmueble, la indeterminación
normativa presenta tal hipótesis como factible. La importancia de un trámite
(i) para desactivar la fuente de ruido y (ii) establecer el impacto auditivo
radica, entonces, en que se convierte en “un límite al ejercicio del poder
público”.
En conclusión,
para los intervinientes, “el legislador debió regular el procedimiento que
ha de seguir la autoridad de policía a la hora de determinar si el impacto
auditivo es de una magnitud importante para dar el primer aviso, y en caso que
éste no sea atendido, se proceda a la desactivación”.
2.2. Universidad
Libre
Jorge Kenneth
Burbano Villamarin, Director del Observatorio de Intervención Ciudadana
Constitucional de la Universidad Libre, así como los abogados Jorge Ricardo
Palomares García, Edgar Valdeleón Pabón y Javier Enrique Santander Díaz,
representando a la misma institución, solicitaron la exequibilidad de la
norma demandada, con fundamento en los argumentos que a continuación se
presentan.
La finalidad de
la norma acusada es garantizar el goce efectivo del derecho a la tranquilidad
ciudadana, impidiendo así que las personas sean molestadas por ruidos
ilegítimos o insoportables. Este fin exige, además, que la autoridad
administrativa adopte las medidas necesarias para prevenir conductas que
atenten contra la convivencia pacífica y armónica entre las personas, incluso,
a través de decisiones que tienen la potencialidad de restringir actividades
que hacen imposible el orden, la salubridad pública y la moral social.
Así mismo,
indicaron que, en contraste con las consideraciones de la parte actora, el
articulado demandado sí tiende hacia la protección del derecho a la intimidad
personal y familiar de toda la comunidad. Es decir, la norma más allá de
amparar a una persona frente al ingreso de agentes de policía, busca defender
los derechos de la ciudadanía en general que sufre de las invasiones
arbitrarias en su esfera privada, por aparatos electrónicos u otros
dispositivos que provocan ruidos intolerables.
En último lugar,
señalaron que, el artículo 33 (parcial) no comporta la vulneración del derecho
al debido proceso administrativo. Para los intervinientes la discrecionalidad
otorgada a la autoridad policial para desactivar temporalmente la fuente de
ruido no significa en sí misma arbitrariedad policial. Existe una diferencia
semántica fundamental entre una decisión arbitraria y una discrecional: que la
última es admitida constitucionalmente y está sometida a las normas
preexistentes.
3.
Intervenciones extemporáneas
La Alcaldía de
Medellín solicitó la exequibilidad de los preceptos acusados. Por su parte, la
Universidad Nacional de Colombia solicitó la exequibilidad condicionada de la norma.
Por último, la Universidad Industrial de Santander, por fuera del término de
fijación en lista, solicitó la inexequibilidad de los literales a) y b) del
inciso 1 de la Ley 1801 de 2016.
V. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador
General de la Nación, en ejercicio de las facultades previstas en los numerales
2 y 5 de los artículos 242 y 278 de la Constitución Política, respectivamente,
emitió el Concepto número 6265 de 23 de febrero de 2017, por medio del cual
solicitó que se declare exequible la norma demandada de la Ley 1801 de
2016. Lo anterior, en virtud de los siguientes argumentos.
Para comenzar,
la Vista Fiscal sostuvo que el problema jurídico que se debe resolver en este
caso es: “si los apartes demandados del artículo 33 de la Ley 1801 de 2016
son violatorios de los artículos 15, 28, 29 y 58 de la Constitución Política,
los cuales, a su vez son concordantes con lo establecido en la Declaración
Universal de Derechos Humanos (art. 12), el Pacto de Derechos Civiles y Políticos
(art. 17.1) y la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Así,
considerando el anterior problema, en criterio de la Procuraduría, la norma
resulta exequible si se admite que el ejercicio de la función policial no solo
conlleva la potestad de adoptar medidas preventivas, sino también de carácter
correctivo, cuando se requieran para salvaguardar los derechos
constitucionales. Esto, de conformidad con lo establecido en la Constitución
Política (Art. 218) y la misma Ley 1801 de 2016, que consagra los deberes de la
institución de Policía (Art. 10). En definitiva, “acciones como las
descritas en el artículo demandado, esto es, desactivar temporalmente la fuente
de ruido, se enmarca dentro de la atribución que les fue conferida a las
autoridades de policía”.
De otra parte,
en relación con el derecho a la inviolabilidad del domicilio, señaló que éste
no se puede convertir en un medio que amenace el bienestar general de la
comunidad y la convivencia pacífica (C-519 de 2007). Justamente, por su
carácter relativo, la norma demandada se encaminó por la protección de la
tranquilidad y el logro de las relaciones respetuosas entre la ciudadanía.
Teniendo en cuenta, además, que “el ruido es una problemática
ambiental que afecta de forma directa a la población, pues contrario a lo que
afirman los accionantes, éste implica una trasgresión de los derechos a la
intimidad personal y familiar, y a la tranquilidad”.
A su vez, indicó
que la actuación de la autoridad de Policía no es arbitraria ni violatoria del
debido proceso, en la medida que se realiza bajo el principio de legalidad y se
fijan unos parámetros para proceder con la intervención. En primer lugar, que
se afecte el sosiego de la comunidad, seguido de, que el residente se niegue a
desactivar la fuente de ruido.
Para terminar, a
juicio de la Procuraduría, si bien las situaciones descritas en el artículo 33
del reciente Código de Policía y Convivencia causan una tensión de derechos, en
particular, entre la tranquilidad de las personas y la inviolabilidad del domicilio,
desde la Ley 1801 de 2016 se da prevalencia al bienestar general y al
mantenimiento de un ambiente de paz.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
La Corte
Constitucional es competente para decidir la demanda de la referencia, de
conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 241 de la
Constitución Política.
2. Presentación
del caso, planteamiento del problema jurídico y metodología de la decisión
2.1. Los
demandantes sostuvieron que el artículo 33 (parcial) de la Ley 1801 de 2016
(Código de Policía y Convivencia) vulnera los preceptos 15, 28, 29, 58 y 365 de
la Constitución Política, al igual que instrumentos de rango internacional como
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 11), la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano (Art. 17), la Carta Internacional de
Derechos Humanos (Art. 12) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (Art. 17), puesto que faculta a la autoridad de policía para
desactivar temporalmente cualquier fuente de sonido producida desde el lugar de
habitación o en el vecindario.
Únicamente, la
representante del Ministerio de Defensa, solicitó la inhibición de la Corte por
ineptitud sustantiva de la demanda debido al incumplimiento de los requisitos de
certeza, suficiencia y especificidad.
De otra parte,
los intervinientes, en su mayoría, solicitaron la exequibilidad simple de la
norma acusada,[21] con
fundamento en argumentos como los siguientes: (i) combate la
contaminación auditiva generada por actividades, reuniones o eventos que
terminan con una queja colectiva; (ii) asegura la convivencia pacífica
entre los habitantes del territorio nacional y el mantenimiento de las
condiciones mínimas para el ejercicio pleno de los derechos y las libertades
individuales; (iii) no vulnera los artículos 58 y 365 de la Constitución
Política, dado que el contenido normativo demandado no se refiere a temas de
propiedad privada ni acceso gradual a los servicios públicos domiciliarios; (iv)
protege a la comunidad que sufre la intromisión abusiva en su intimidad por
cuenta de los sonidos producidos por un particular que, aunque goza de un
espacio libre de cualquier injerencia, no obsta para que controle los niveles
de ruido que produce; (v) los cargos formulados por la parte actora
están en contravía del postulado de buena fe (Art. 83 C.P.), pues presumen que
la autoridad de Policía actúa de forma abusiva y extralimitándose en sus
funciones; (vi) tampoco desconoce el derecho a la inviolabilidad del
domicilio, considerando que la autoridad procede en virtud del numeral 5 del
artículo 163 de la Ley 1801 de 2016, el cual faculta su ingreso sin orden
judicial escrita. Además, la finalidad de la norma no está relacionada con el
registro del domicilio, sino únicamente con la desconexión de la fuerte de
ruido. Incluso, no siempre se requerirá llevar a cabo el ingreso al inmueble.
Y, finalmente, (vii) garantiza el derecho al debido proceso, a través de la
aplicación de varios mecanismos fijados en la Ley 1801 de 2016. El proceso verbal
inmediato (Art. 222), la orden de policía (Art. 150), la mediación (Art. 154) y
la orden de comparendo.
Quienes
propusieron la exequibilidad condicionada de la norma demandada,[22] argumentaron un vacío jurídico respecto de
los procedimientos para (i) desactivar temporalmente la fuente de ruido;
(ii) establecer el impacto auditivo; y (iii) el trámite para
garantizar el derecho de defensa y de contradicción. Por ello, solicitaron que
se cambie la medida acusada por las multas fijadas en el artículo 180 de la
misma Ley, o que se efectúe a partir del procedimiento de policía verbal
inmediato.
De otra parte,
quien señaló su inexequibilidad,[23] no solo
cuestionó la amenaza del derecho a la intimidad, sino la vulneración de los
derechos al debido proceso, inviolabilidad del domicilio y a la propiedad
privada, debido a la omisión por parte del Legislativo frente a las reglas
preestablecidas para el ingreso del personal de Policía a inmuebles privados.
El Procurador
General de la Nación se mostró partidario de la exequibilidad, en particular,
porque (i) la autoridad policial puede adoptar medidas correctivas
cuando se requieran para salvaguardar los derechos constitucionales; (ii)
el carácter relativo del derecho a la inviolabilidad del domicilio permite
encaminar la actuación administrativa hacia la protección de la tranquilidad y
el logro de las relaciones respetuosas entre la ciudadanía; (iii) la
actuación de la autoridad de Policía no es arbitraria ni violatoria del debido
proceso, en la medida que se realiza bajo el principio de legalidad y se fijan
unos parámetros claros para proceder con la intervención, y (iv) aunque
existe una tensión de derechos, específicamente, entre la tranquilidad de las
personas y la inviolabilidad del domicilio, desde la Ley 1801 de 2016 se da
prevalencia al bienestar general y al mantenimiento de un ambiente de paz.
3.2. De acuerdo
con los antecedentes reseñados, la Corte: (i) determinará el contenido
normativo de los literales acusados; (ii) analizará la aptitud
sustantiva de las demandas; (iii) formulará el problema jurídico a
resolver; (iv) desarrollará los fundamentos jurídicos necesarios para
estudiar los cargos propuestos; y (v) resolverá el problema jurídico
planteado.
Alcance
normativo de los literales a) y b) del numeral 1 del artículo 33 de la Ley 1801
de 2016
4. Por medio de
la Ley 1801 de 2016 se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia (en
adelante CNPC). El Libro Segundo de este Código se titula: “De la libertad,
los derechos y deberes de las personas en materia de convivencia”, a su
turno el Título IV de este Libro se denomina: “De la tranquilidad y las
relaciones respetuosas” y en el Capítulo 1 “De la privacidad de las
personas” se encuentra el artículo 33 que regula “Comportamientos que
afectan la tranquilidad y las relaciones respetuosas de las personas”.
Al respecto,
deberá tenerse en cuenta que el artículo demandado pretende imponer medidas
correctivas a quienes alteren la tranquilidad y las relaciones respetuosas
entre las personas. Según el artículo 6º del CNPC, la tranquilidad es una de
las categorías propias de la convivencia y pretende: “Lograr que
las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar de los mismos, y con
plena observancia de los derechos ajenos”[24].
4.1. En
concreto, los literales a) y b) del numeral 1 del artículo 33 demandado hacen
parte de conductas censuradas porque afectan la tranquilidad y las relaciones
respetuosas entre las personas. La prohibición del literal a) consiste en que
se perturbe o se permita afectar el sosiego en el vecindario o lugar de
habitación rural o urbana mediante ruidos o sonidos en actividades, fiestas,
reuniones o eventos similares, repite nuevamente el literal, por afectar la
convivencia dado el impacto auditivo que generan. Y faculta a las autoridades
de Policía para desactivar la fuente de ruido en el evento de que el residente
se niegue a hacerlo cuando el sonido genere molestia por su impacto auditivo.
4.2. La
prohibición del literal b) se refiere a que se perturbe o se permita afectar el
sosiego en el vecindario o lugar de habitación rural o urbana mediante
cualquier medio de producción de sonidos o dispositivos o accesorios o
maquinaria que produzca ruidos, desde bienes muebles o inmuebles. Y faculta a
las autoridades de Policía a identificar, registrar y desactivar temporalmente
la fuente de ruido, salvo el de las construcciones o reparaciones debidamente
autorizadas en horas permitidas.
4.3. La Sala,
para mayor comprensión, sintetiza en la siguiente tabla el contenido de cada
uno de los literales del numeral 1 del artículo 33, según el cual existen tres
comportamientos que no deben efectuarse porque afectan la tranquilidad y las
relaciones respetuosas de las personas:
Literal
Ámbito en el
que tiene lugar el comportamiento
Prohibiciones
por “perturbar o permitir que se afecte el sosiego con:”
Lugar desde el
que se emite el ruido
Potestad
otorgada a las autoridades de Policía
a)
Vecindario o
lugar de habitación urbana o rural
Sonidos o
ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que afecten la
convivencia del vecindario, cuando generen molestia por su impacto auditivo
Vecindario o
lugar de habitación urbana o rural
Desactivar
temporalmente la fuente del ruido, en caso de que el residente se niegue a
desactivarlo
b)
Vecindario o
lugar de habitación urbana o rural
Cualquier
medio de producción de sonidos o dispositivos o accesorios o maquinaria que
produzcan ruidos
Bienes muebles
o inmuebles
Identificar,
registrar y desactivar temporalmente la fuente del ruido, salvo que sean
originados en construcciones o reparaciones en horas permitidas
c)
Vecindario o
lugar de habitación urbana o rural
Actividades
diferentes a las señaladas que perturben o afecten la tranquilidad de las
personas.
Vía pública o
en privado, cuando trascienda a lo público
Ninguna
4.4. La norma
contiene varios vocablos indeterminados, que la Corte estima necesario precisar
a efectos de definir el alcance de la potestad otorgada a las autoridades de
Policía para desactivar temporalmente la fuente de ruido, a saber: i) “el
vecindario o lugar de habitación rural o urbana”; ii) “perturbar o
permitir que se afecte el sosiego”; iii) “que afecten la convivencia del
vecindario, cuando generen molestia por su impacto auditivo”; y iv) “bienes
muebles o inmuebles”.
4.4.1. En lo que
se refiere al espacio donde tiene lugar la conducta que permite a la autoridad
de Policía desactivar temporalmente la fuente de ruido, esta Corporación
entiende que según la norma acusada la misma puede desarrollarse en dos
escenarios: el lugar de habitación rural o urbana o en el vecindario.
En lo que se
refiere a la habitación urbana o rural, el lugar es asimilable al domicilio. El domicilio,
fue definido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-519 de 2007[25], en los
siguientes términos: “La definición constitucional de domicilio excede la
noción civilista y comprende, además de los lugares de habitación, todos
aquellos espacios cerrados, en donde las personas desarrollan de manera más
inmediata su intimidad y su personalidad mediante el libre ejercicio de su
libertad. La defensa de la inviolabilidad del domicilio protege así, más que un
espacio físico en sí mismo, al individuo en su seguridad, libertad e intimidad”.
En lo
relacionado con el otro ámbito, la facultad de desactivar la fuente de ruido
puede ser ejercida en el vecindario. Ahora bien, el CNPC no
contempla una definición de vecindario. Por su parte, el Diccionario de la
Lengua Española define vecindario como el: “conjunto de los
vecinos de un municipio, o solo de una población o de parte
de ella.” De manera que, el vecindario establece un
criterio de proximidad o nexo entre los habitantes de determinado territorio.
Por
consiguiente, el vecindario debe ser entendido como el espacio o lugar que
encontrándose aledaño al domicilio no hace parte del ámbito protegido de
interferencia pública. Estos espacios comprenden, por ejemplo, domicilios
colindantes, bienes comunes de las copropiedades[26], vías públicas, parques, zonas verdes, y
escenarios deportivos o culturales de uso público, entre otros.
4.4.2. La
habilitación para desactivar temporalmente la fuente de sonido requiere que se
configure el resultado de “perturbar o permitir que se afecte el sosiego”.
Establecer cuándo existe alteración del sosiego auditivo hace parte de uno de
los cargos propuestos dada la indeterminación de la norma. Sobre el particular,
la Corte profundizará en el análisis del cargo por violación al debido proceso[27].
4.4.3. Asimismo,
dar significado a la expresión “que afecten la convivencia del vecindario,
cuando generen molestia por su impacto auditivo”, requiere, como se
mencionó en párrafo precedente, un estudio sobre la aducida vulneración del
artículo 29 de la Constitución Política.
Por su parte, el
artículo 5º del CNPC define la convivencia en los siguientes términos: “Para
los efectos de este Código, se entiende por convivencia, la interacción
pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes, y con el
ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico.”. En
consecuencia, la afectación a la convivencia, según el CNPC, ocurre en esta
oportunidad por la generación de sonidos que alteran la interacción pacífica,
respetuosa y armónica entre personas, bienes y ambiente.
4.4.4. Por
último, la producción de sonidos, según el literal b) de la norma acusada puede
provenir de “bienes muebles o inmuebles”. De acuerdo con las
definiciones clásicas del Código Civil, las cosas corporales se dividen en
bienes muebles e inmuebles, así:
“ARTÍCULO
655. MUEBLES. <Artículo
modificado por el artículo 2 de la Ley 1774 de 2016.> Muebles son
las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí
mismas como los animales (que por eso se llaman semovientes), sea que sólo
se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas.
Exceptúense
las que siendo muebles por naturaleza se reputan inmuebles por su destino,
según el artículo 658.
PARÁGRAFO. Reconózcase
la calidad de seres sintientes a los animales.
ARTÍCULO
656. <INMUEBLES>. Inmuebles o fincas o bienes
raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro; como las
tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los
edificios, los árboles, las casas y veredas se llaman predios o fundos.”
En armonía con
lo anterior, el artículo 32 del CNPC señala:
“Definición de
privacidad. Para efectos de
este Código, se entiende por privacidad de las personas el derecho de ellas a
satisfacer sus necesidades y desarrollar sus actividades en un ámbito que le
sea exclusivo y por lo tanto considerado como privado.
No se
consideran lugares privados:
1.
Bienes muebles o inmuebles que se encuentran en el espacio público, en lugar
privado abierto al público o utilizados para fines sociales, comerciales e
industriales.”
En tal sentido,
cuando el literal b) hace alusión a los bienes desde los que se origina la
fuente de ruido debe entenderse según su naturaleza como muebles (que se
transportan de un lugar a otro) y como inmuebles (que no pueden transportarse
de un lugar a otro) aquellos que se encuentren en el espacio público, en lugar privado
abierto al público o utilizados para fines sociales, comerciales e
industriales.
5. La
comprensión integral de los literales acusados permite acotar las pretensiones
de las demandas, las cuales se circunscriben a la potestad dada a las autoridades
de Policía para desactivar la fuente de ruido sin que se cuestione la
constitucionalidad de la prohibición de afectar el sosiego en el lugar de
habitación rural o urbana con perturbaciones auditivas ni la imposición de las
medidas correctivas que contiene el artículo[28].
De hecho, es importante precisar que la facultad otorgada a las autoridades de
Policía por el artículo 33 demandado no está contemplada dentro de la
enumeración taxativa de las medidas correctivas previstas en el artículo 172
del Código Nacional de Policía y Convivencia [29].
Luego,
corresponde determinar qué clase de medida es la autorizada por el artículo 33
del CNPC. En general, observa la Corte que el artículo 149 del Código dispone
que: “Los
medios de Policía son los instrumentos jurídicos con que cuentan las
autoridades competentes para el cumplimiento efectivo de la función y actividad
de Policía, así como para la imposición de las medidas correctivas contempladas
en este Código.”. Estos medios de policía se dividen en dos categorías
inmateriales[30] y
materiales[31].
Los medios de
policía inmateriales son definidos como “aquellas manifestaciones verbales o
escritas que transmiten decisiones de las autoridades de Policía. A su turno, son
medios materiales aquellos “instrumentos utilizados para el desarrollo de la
función y actividad de Policía”.
Bajo
esta categorización, la Sala entiende que la facultad otorgada a las
autoridades de Policía en el artículo 33 del CNPC corresponde a una orden de
policía (medio de policía inmaterial) y no a una medida correctiva.  En
concreto, la potestad estudiada se enmarca como una orden de policía en los
términos definidos por el artículo 150 del CNPC: “La orden de
Policía es un mandato claro, preciso y conciso dirigido en forma individual o
de carácter general, escrito o verbal, emanado de la autoridad de Policía, para
prevenir o superar comportamientos o hechos contrarios a la convivencia, o para
restablecerla. // Las órdenes de Policía son de obligatorio cumplimiento. Las
personas que las desobedezcan serán obligadas a cumplirlas a través, si es
necesario, de los medios, medidas y procedimientos establecidos en este Código.”
6. Finalmente,
la Corte recuerda que el análisis de cualquier disposición del CNPC involucra
la comprensión integral del objeto, principios, deberes y procedimientos que
guían la función y actividad de las autoridades de Policía[32]. En concreto, sobre el procedimiento, las
autoridades de Policía están habilitadas para recurrir a: i) la orden de
policía, mediante la cual se indica al presunto infractor que regule su
comportamiento; ii) la mediación policial[33], para propiciar entre las personas
involucradas la resolución armónica del conflicto; y iii) la orden de
comparendo[34],
mediante la cual se impone una medida correctiva o se ordena la presentación
ante autoridad de Policía y que puede ser impugnada mediante el procedimiento
verbal inmediato[35].
7. Con las
precisiones realizadas pasa la Sala a evaluar la aptitud sustantiva de la
demanda a fin de determinar cuáles de los cuatro cargos formulados cumplen con
los requisitos para ser estudiados.
Ineptitud sustantiva de las demandas respecto de los
cargos contra los artículos 58 y 365 de la C.P.
8. Los cargos
propuestos por violación del derecho de propiedad y la prestación de servicios públicos
incumplen los requisitos de especificidad y pertinencia.
9. La
jurisprudencia sobre los requisitos que debe reunir un cargo de
constitucionalidad está suficientemente decantada, en consonancia con lo
establecido en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991[36]. En tal sentido, en múltiples ocasiones se
ha reiterado la Sentencia C-1052 de 2001, la cual definió que las razones de la
violación deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. Lo
anterior se traduce en que solo habrá lugar a la activación del respectivo
juicio de inconstitucionalidad, si la acusación presentada se apoya en razones (i)
claras, esto es, cuando la acusación formulada por el actor es
comprensible y de fácil entendimiento; (ii) ciertas,
si la acusación recae directamente sobre el contenido de la disposición
demandada y no sobre una proposición jurídica inferida o deducida por el actor
e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto
concreto de la demanda; (iii) específicas, en
cuanto se defina o se muestre en forma diáfana la manera como la norma vulnera
la Carta Política; (iv) pertinentes, cuando se
utilizan argumentos de naturaleza estrictamente constitucional y no razones de
orden legal, personal, doctrinal o de simple conveniencia; y (v) suficientes,
en la medida en que la acusación contenga todos los elementos fácticos y
probatorios que devienen necesarios para adelantar el juicio de
inconstitucionalidad, de forma que suscite por lo menos una sospecha o duda
mínima sobre la constitucionalidad del precepto impugnado[37].
10. La
representante del Ministerio de Defensa solicitó la inhibición de la Corte
porque considera que las acusaciones son formuladas de manera genérica sin
precisar cómo se desconocen los artículos de la Constitución Política.  Al
respecto, encuentra la Sala que los cargos presentados por las demandas D-11832
y D-11839 frente a la violación de los artículos 58 y 365 de la C.P. (cuarto
cargo) carecen de especificidad y suficiencia.
10.1. La falta
de especificidad se evidencia dado que los accionantes se limitan a afirmar que
la propiedad privada es un derecho inviolable que no puede ser desconocido por
las autoridades de Policía sin determinar cómo la potestad de desactivar la
fuente de sonido en los eventos previstos por la norma acusada, restringe el
derecho a la propiedad o constituye una forma de expropiación proscrita por la
Norma Superior. En igual sentido, aseguran que se vulnera el artículo 365 de la
Constitución, sin determinar de qué manera la facultad reseñada afecta la
prestación de los servicios públicos a cargo del Estado, más allá de una
hipótesis de corte de energía por parte de la autoridad policial que “podría”
afectar la prestación eficiente de los servicios públicos.
10.2.  Las
alegaciones por desconocimiento de los artículos 58 y 365 no generan duda sobre
la constitucionalidad de la facultad otorgada a las autoridades de Policía
frente al derecho a la propiedad privada y a la prestación de servicios
públicos comoquiera que de ella no se desprende el alcance que le otorgan los
demandantes.
11. En resumen,
al desestimar los cargos mencionados, el pronunciamiento de la Corte en esta
oportunidad está encaminado a determinar si las disposiciones censuradas del
CNPC vulneran los artículos 15, 28 y 29 de la Carta Política.
Problema
jurídico y metodología de la decisión
12. Corresponde
a la Sala determinar si la potestad de desactivar temporalmente la fuente de
ruido otorgada a las autoridades de Policía, entendida como una orden de
policía, bajo las circunstancias previstas en los literales a) y b) del numeral
1 del artículo 33 de la Ley 1801 de 2016, cuando el sonido perturbe o permita
que se afecte el sosiego, vulnera los derechos a la intimidad (Art. 15 de la
C.P.), inviolabilidad del domicilio (Art. 28 de la C.P) y debido proceso (Art.
29 de la C.P.).
13. Con el
propósito de resolver este problema, la Corte reiterará su jurisprudencia sobre
la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad y al debido proceso,
para determinar si la potestad contenida en la norma acusada desconoce los
artículos 15, 28 y 29 de la Constitución Política
La
inviolabilidad del domicilio, ingreso sin orden judicial
14. La
protección constitucional al domicilio se encuentra consagrada en el artículo
28 de la Constitución Política en los siguientes términos: “Toda persona es
libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión
o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de
mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades
legales y por motivo previamente definido en la ley.”. En efecto, el
precepto constitucional prohíbe, entre otros, el registro del domicilio de las
personas salvo que previa autorización judicial se invoque un motivo legalmente
establecido.
15.
Específicamente, la potestad de ingreso a inmueble sin orden judicial fue
estudiada por este Tribunal al definir la constitucionalidad del artículo 163
del Código Nacional de Policía y Convivencia[38],
que permite a la Policía penetrar en los domicilios sin mandamiento escrito
siempre que fuere de imperiosa necesidad: i) para socorrer a alguien que
de alguna manera pida auxilio; ii) para extinguir incendio o evitar su
propagación o remediar inundación o conjurar cualquier otra situación similar
de peligro; iii) para dar caza a animal rabioso o feroz; iv) para
proteger los bienes de personas ausentes, cuando se descubra que un extraño ha
penetrado violentamente o por cualquier otro medio al domicilio de estas
personas; v) cuando desde el interior de una casa o edificio se proceda
por la vía de hecho contra persona o propiedad que se halle fuera de estos; y vi)
para proteger la vida e integridad de las personas, si en el interior del
inmueble o domicilio se están manipulando o usando fuegos pirotécnicos, juegos
artificiales, pólvora o globos sin el debido cumplimiento de los requisitos
establecidos en la ley.
16. En esa
oportunidad la Corte consideró que el derecho a la inviolabilidad de domicilio,
como todos los demás derechos, no es absoluto, sino que puede ser limitado en
casos excepcionales, ante el grave e inminente peligro en que pueda encontrarse
un derecho fundamental. En tal sentido, precisó:
“(…)
la inviolabilidad del domicilio constituye una de las piezas más
representativas del principio de separación entre lo público y lo privado, ya
que excluye, en principio, de la intervención estatal, espacios cerrados al
público, que se encuentran estrechamente vinculados con el ejercicio libre de
la vida privada[39].
La salvaguarda del domicilio frente a las intromisiones públicas manifiesta, a
través de la protección de un espacio físico, la garantía misma del principio
de libertad en varias de sus manifestaciones[40],
tales como el derecho a la intimidad, “esencial en una sociedad democrática respetuosa
del valor de la autonomía”[41],
al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de creencias y de cultos
y a la libre expresión cultural y de ideas. El vínculo que existe entre la
protección del domicilio y la libertad, explica que la misma garantía de
reserva judicial para su limitación se encuentre tanto respecto de la privación
de la libertad, como en el acceso al domicilio (artículo 28 de la Constitución)
y en el acceso a las comunicaciones privadas (artículo 15 de la Constitución).
El domicilio, entendido en un sentido amplio[42], se
constituye así en un espacio excluido de la intervención pública, salvo la
presencia de motivos de interés público, previstos en la ley y verificados
previamente por una autoridad judicial, salvo en casos excepcionales
determinados y delimitados de manera clara por la ley.
Tratándose
de un derecho constitucional, la inviolabilidad del domicilio no reconoce
prerrogativas ilimitadas, lo que contrariaría, directa o indirectamente, la
vigencia de otros derechos constitucionales que quedarían desprotegidos por
amparos absolutos e inflexibles de este derecho. Por esta razón, esta Corte ha
ponderado hipótesis en las que el derecho fundamental a la inviolabilidad del
domicilio entre en colisión con otros derechos, para efectos de determinar la
razonabilidad de limitaciones concretas a este derecho fundamental, al no
exigir para el ingreso ni orden judicial previa, ni autorización del morador[43].
Así, a más de la constitucionalidad ya expuesta de las normas del Código de
Policía de 1970 que desarrollaban las causales de imperiosa necesidad que
justificaban el acceso al domicilio sin orden previa, para materializar y
proteger derechos o valores constitucionales, tales como el principio de
solidaridad y los derechos a la vida  a la integridad[44];
en razón de la prevalencia constitucional de los derechos de los niños, este
tribunal declaró la constitucionalidad de varias disposiciones del Código del
Menor que autorizaban a los comisarios y defensores de familia para allanar
domicilios con el fin de rescatar a un menor que se encuentre en situación de
peligro extremo[45],
aunque en un proceso posterior, declaró la constitucionalidad condicionada de
una norma cercana, ahora presente en el Código de Infancia y Adolescencia, en
razón del carácter abierto de la autorización de allanamiento, lo que permitía
un grado inadmisible de discrecionalidad administrativa en la determinación de
procedencia del acceso al domicilio[46].
También se declaró exequible la autorización a la DIAN para ordenar el registro
de establecimientos industriales o comerciales con el fin de impedir la
alteración o destrucción de pruebas con valor para una investigación tributaria[47].
Pero también se declaró la inconstitucionalidad de casos donde no se demostró
la urgencia para el ingreso al domicilio sin orden previa de la Fiscalía o de
otra autoridad judicial, ni la hipótesis constitucional de flagrancia[48]
y condicionó a la autorización judicial previa en el caso de las operaciones
encubiertas en las que el agente encubierto podría acceder al domicilio de las
personas, sin que el morador supiera previamente que se trata de una autoridad
pública la que se encuentra regularmente accediendo[49],
sin perjuicio del control judicial posterior que debe también realizarse.”[50]
17. En estas circunstancias,
la Corporación reiteró que, a la luz de la regla fijada en la Sentencia C-176
de 2007[51], una
medida como el ingreso a inmueble sin orden escrita es constitucional, siempre
que persiga la protección de derechos fundamentales o el cumplimiento de un
deber constitucional y sea necesaria, razonable y proporcional a su finalidad.
A partir de estas consideraciones, sostuvo que la medida examinada y las seis
causales que habilitan a los servidores de Policía para ingresar al domicilio
superaban el test de proporcionalidad y, por lo tanto, eran ajustadas a
la Constitución[52].
18. En suma,
para este Tribunal únicamente las 6 causales referidas habilitan
constitucionalmente a las autoridades de Policía para ingresar sin orden
judicial al domicilio.
Alcance del
artículo 15 de la Constitución Política. Intimidad personal y familiar por
afectaciones auditivas
19. La primera
frase el artículo 15 del Texto Constitucional establece: “Todas las personas
tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el
Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”. Por su parte, la
jurisprudencia constitucional ha determinado que: “(…) el derecho a la
intimidad permite y garantiza contar con una esfera o espacio de vida privada
no susceptible de interferencia arbitraria de las demás personas, que al ser
considerado un elemento esencial del ser, se concreta en el derecho a poder
actuar libremente en la mencionada esfera o núcleo, en ejercicio de la libertad
personal y familiar, sin más limitaciones que los derechos de los demás y el
ordenamiento jurídico.[53]
Por ello, la jurisprudencia ha entendido este derecho fundamental como una
facultad para exigir de los demás el respeto de un ámbito exclusivo que incumbe
solamente al individuo, que no hace parte de la esfera pública y que en
consecuencia, por regla general, no puede ser invadido por los demás. Esta
esfera de lo privado solamente admitiría invasiones, intromisiones o
limitaciones cuando sean justificadas y constitucionalmente legítimas.”[54]
20. Por lo tanto,
el alcance del derecho a la intimidad contenido en la Norma Superior citada
pretende excluir un ámbito de la vida de las personas de la interferencia del
Estado u otros particulares. El derecho a la intimidad constituye entonces una
garantía de contar con privacidad y libertad para actuar personal y
familiarmente, las cuales solo pueden ser limitadas por intereses
constitucionales igualmente legítimos.
21. Ahora bien,
en lo que respecta a la protección del derecho a la intimidad por afectaciones
auditivas es preciso recordar los casos, que mediante acción de tutela han
reconocido una situación de indefensión cuando se pretende el amparo del
derecho fundamental a la intimidad familiar que es perturbado por ruidos
vecinos y se ha intentado, sin éxito, obtener la protección de las autoridades
administrativas y de Policía[55].
22. Al respecto,
en la Sentencia T-904 de 2013, la Sala de Revisión realizó la siguiente
acotación sobre la procedencia de la acción de tutela en estos casos: “en la
sentencia T-210 de 1994,[56]
la Corte sostuvo que: “la inactividad y la ineficiencia de las autoridades
públicas en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, coloca a
las personas, huérfanas de su protección, a merced de los particulares que, por
esta circunstancia, ven aumentado su poder social y su esfera de acción, con
manifiesto riesgo para los derechos fundamentales de otras personas”. Esta
regla de decisión ha sido empleada de manera constante y pacífica para admitir
a trámite tutelas interpuestas contra particulares en razón de ruidos
provenientes de establecimientos comerciales,[57]
iglesias,[58]
centrales telefónicas,[59]
terminales de buses en vías públicas de zonas residenciales,[60]
cuartos de máquinas de ascensores,[61]
construcción de edificios,[62]
criaderos de animales[63]
y factorías instaladas en viviendas o locales ubicados en zonas residenciales.[64]”[65].
23. En suma, una
de las facetas de protección al derecho a la intimidad tiene relación con la
salvaguarda de un ámbito libre de interferencia de los demás. Igualmente, en
reiterada jurisprudencia de tutela, distintas salas de revisión, han
considerado procedente este mecanismo constitucional por vulneración del
derecho a la intimidad cuando las afectaciones auditivas han menoscabado
consistentemente el espacio familiar y personal en el que se goza de este
derecho.
El derecho al
debido proceso en medidas administrativas de carácter policivo
24. El primer
inciso del artículo 29 del Texto Constitucional señala: “El debido proceso
es aplicable a todas las de actuaciones judiciales y administrativas” y el
segundo inciso indica: “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.”. En tal sentido,
la Corte ha insistido en la aplicación del debido proceso a actuaciones
administrativas de carácter sancionatorio, así como el respeto del principio de
legalidad y del juez natural.
25. De hecho, se
encuentra suficientemente decantada la jurisprudencia constitucional en lo que
se refiere al respeto al derecho al debido proceso cuando un procedimiento
conlleva la imposición de una medida correctiva o sanción. Por ejemplo, en la
Sentencia C-087 del 2000[66], esta
Corporación declaró inexequible el artículo 205 del Decreto-Ley 1355 de 1970,
el cual  permitía a los comandantes de estación de policía y subestación
impedir a una persona el acceso a un sitio público o abierto al público en dos
circunstancias: 1) al que por más de dos veces haya dado lugar a graves
perturbaciones del orden público en esos sitios; y, 2) al que por su edad o
estado de salud, física o mental, según dictamen médico, le sea perjudicial,
acudir a tales sitios.
26. En esa
ocasión, este Tribunal determinó que “al establecer los denominados
antecedentes de hechos perturbadores, de que trata la norma, éstos deben ser
producto, también, del cumplimiento de un proceso previo, por sumario que éste
sea, por las siguientes razones: el artículo 29 de la Carta dice que el debido
proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Como consecuencia de ello, está el principio general de que a quien se le
imponga una medida que limite sus derechos, tenga derecho a conocerla y
controvertirla.”.
27. Asimismo, en la Sentencia
C-1444 de 2000[67], la
Corte declaró inexequible el numeral tercero del artículo 206 del Decreto 1355
de 1970, que otorgaba competencia a los comandantes de estación y de
subestación para imponer presentación periódica a quien: “(…) de ordinario
deambule por las calles en actitud de sospechosa inquisición de bienes o
personas”. Para fundamentar la anterior decisión, la Sala Plena consideró
que la conducta descrita era: “vaga e imprecisa, y que, como
consecuencia de ello, deja un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad
policiva, ante la falta de elementos objetivos, para imponer o no una medida
correctiva. Además, si se tiene en cuenta que la conducta objeto de sanción, se
origina, como la propia norma lo dice, en la mera sospecha, es decir, sin que siquiera
se exija la producción de actos externos que justifiquen la imposición de la
sanción, la disposición abre la puerta a la arbitrariedad.
Por ello, se
comparte lo estimado por los demandantes y el señor Procurador en el sentido de
que el precepto, al señalar como elemento a tener en cuenta, la simple
sospecha, rompe el principio de la presunción de inocencia. Principio
establecido en el artículo 29 de la Constitución, que debe ser respetado, aun
cuando se trate de contravenciones, como ocurre en este caso, que llevan
consigo la imposición de un castigo o sanción.”[68].
28. Igualmente,
en la Sentencia C-409 de 2002[69], la
Corte declaró exequible la medida correctiva contenida en el el numeral 5º
del artículo 202 del Decreto 1355 de 1970, Código Nacional de Policía, bajo el
entendido de que previa a la imposición de la medida correctiva, se garantice
el cumplimiento del debido proceso.
29. En esa oportunidad, la Corte
determinó la constitucionalidad de la medida con el condicionamiento expuesto,
en tanto los comandantes de estación y subestación podían reprender en
audiencia pública a los padres que permitan que sus hijos mediante el juego y
las travesuras intranquilicen el vecindario. La Sala
precisó
“(…)
por tratarse de la imposición de una medida correctiva, debe cumplirse la
garantía del debido proceso, exigida por el artículo 29 de la Constitución. En
efecto, en dicha audiencia deben cumplirse los requisitos mínimos del debido
proceso, como son: citación a las partes a la audiencia, con indicación del
día, hora y lugar; presentación de los hechos, y posibilidad de
controvertirlos. Sólo, una vez cumplido lo anterior, el Comandante podrá
imponer la medida correctiva. A su vez, ésta deberá enmarcarse en los
principios del derecho de policía y ser racional y proporcionada. Además, la
autoridad debe explicar a los padres que esta medida correctiva no significa
que, para evitar intranquilizar al vecindario, los niños deban permanecer
inmóviles o absolutamente silenciosos, sino que se debe procurar es que en los
juegos se respeten los derechos ajenos.
En cuanto a la prueba
de la perturbación a la tranquilidad de los vecinos, las autoridades de policía
no pueden dejar de lado que los mayores deben soportar lo que podría
denominarse “una carga superior de molestia”, que consiste en que, como
consecuencia lógica del comportamiento de los niños, está el de producir algún
tipo de perturbación o desorden en sus juegos, que al ser razonablemente
entendido y valorado, descarte la posibilidad de que se esté frente a una
actitud de intransigencia por parte de los mayores, supuestamente perjudicados.
En conclusión:
no obstante la prevalencia de los derechos de los niños, esta prevalencia ni es
absoluta ni puede ir en detrimento directo de los derechos de los demás, ni su
ejercicio puede llevar consigo la desaparición del derecho del otro. Además,
para imponer la medida correctiva, como ocurre con la de cualquier sanción,
debe garantizarse el cumplimiento del debido proceso, consagrado en el artículo
29 de la Constitución.”[70]
30. En el mismo
sentido, esta Corporación, en la Sentencia C-211 de 2017[71], declaró la constitucionalidad condicionada
de los
parágrafos 2º (numeral 4) y 3º del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, en
el entendido que cuando se trate de personas en situaciones de debilidad
manifiesta o pertenecientes a grupos de especial protección que de acuerdo con
la jurisprudencia constitucional se encuentren protegidas por el principio de
confianza legítima, no se les aplicarán las medidas correccionales de multa, decomiso
o destrucción, hasta tanto se les haya ofrecido por las autoridades competentes
programas de reubicación o alternativas de trabajo formal, en garantía de los
derechos a la dignidad humana, mínimo vital y trabajo.
31. La Sala debía establecer si la prohibición de ocupar el espacio público en
violación de las normas vigentes, así como la aplicación de sanciones
pecuniarias para quien incurra en las conductas tipificadas y el decomiso o la
destrucción de los bienes cuando se verifique que el comportamiento ha ocurrido
en dos o más ocasiones desconocía, entre otros, el derecho al
debido proceso. Específicamente, la Corporación concluyó: “La Corte
reafirma sus precedentes en el sentido de reiterar que las medidas previstas en
la norma demandada sólo podrán imponerse por las autoridades atendiendo
estrictamente al principio de legalidad, siguiendo la reglas del debido proceso
administrativo, con observancia plena de los principios de buena fe y confianza
legítima, respetando los valores constitucionales que amparan la dignidad
humana, el mínimo vital, el derecho a la vida y al trabajo en condiciones
dignas.”
32. En suma, la
imposición de medidas propias del ámbito policivo, en tanto actuaciones de
naturaleza administrativa que pueden dar lugar a la discrecionalidad de la
autoridad de Policía deben respetar el derecho al debido proceso. Lo anterior
significa, entre otras, el respeto a la legalidad, a la defensa, a la confianza
legítima, a la buena fe y a la proporcionalidad de la sanción.
La potestad
otorgada a la Policía Nacional de desactivar temporalmente la fuente de ruido
contenida en los literales a) y b) del artículo 33 de la Ley 1801 de 2016 será
declarada condicionalmente exequible bajo el
entendido que no autoriza el ingreso a domicilio de conformidad con la
prohibición contenida en el artículo 28 de la Constitución
33. Los
demandantes entienden la norma censurada como una facultad para vulnerar la
prohibición constitucional de inviolabilidad del domicilio. Por
su parte, tanto el Ministerio de Defensa como la Policía Nacional señalaron que
no era posible entender el artículo demandado como una autorización a las
autoridades de Policía para ingresar al domicilio. En concreto, porque el CNPC
dispone de manera expresa, mediante el artículo 163, las causales de ingreso al
domicilio sin orden judicial.
34. La Corte
comparte esta última aproximación, en el entendido que la potestad de
desactivar temporalmente la fuente de ruido, otorgada por los literales a) y b)
del numeral 1 del artículo 33 del Código Nacional de Policía y Convivencia, a
las autoridades de Policía bajo ninguna circunstancia podría implicar el
ingreso al domicilio de las personas.
35. Por
consiguiente, la interpretación que hacen los demandantes y algunos de los
intervinientes sobre los literales a) y b) del numeral 1 del artículo 33
comprende un alcance abiertamente inconstitucional, y en tal sentido, la Corte
condicionará su alcance en la parte resolutiva.  Por el contrario, el mismo
CNPC contiene una disposición especial, esto es el artículo 163, que describe
cuando, excepcionalmente, está permitido el ingreso de las autoridades de
Policía sin orden judicial al domicilio, comoquiera que este espacio debe ser
entendido como un lugar privado[72], libre
de interferencia pública. Lo anterior significa, que la proposición jurídica
inferida por los actores e intervinientes sobre los apartes demandados del
artículo 33 de la Ley 1801 es inadmisible constitucionalmente comoquiera que la
Corte únicamente ha avalado el ingreso a inmueble sin orden escrita de
autoridad judicial, de manera excepcional, cuando la medida persiga la
protección de derechos fundamentales o el cumplimiento de un deber
constitucional y sea necesaria, razonable y proporcional a su finalidad.
36. En los
términos explicados[73], dicha
potestad en lo que se refiere a la habitación urbana o rural es asimilable al
domicilio, y por tanto, no puede ser interpretada como una facultad que permite
a las autoridades de Policía ingresar a aquél. No obstante lo anterior, esta
misma facultad estaría permitida para desactivar la fuente de ruido sin
ingresar al lugar de habitación rural o urbana, es decir, en el vecindario[74].
37. De tal
forma, que un entendimiento razonable de la potestad conferida por el numeral 1
del artículo 33 del CNPC permite a las autoridades de Policía intervenir,
incluso desactivando temporalmente la fuente de ruido, cuando el sonido afecte
o perturbe el sosiego[75]
provengan de: i) actividades fiestas o eventos similares que afecten la
convivencia del vecindario por su impacto auditivo[76], o ii) cualquier medio de producción
de sonidos o dispositivos o accesorios o maquinarias desde bienes muebles o
inmuebles[77]. Sin
embargo, el uso de la potestad de desactivar el sonido, no implica el ingreso
al domicilio.
38. En
consecuencia, la Corte concluye, en ejercicio de una interpretación
constitucional conforme[78], que
declarará
condicionalmente exequible las expresiones demandadas de los literales a) y b)
del numeral 1 del artículo 33 del CNPC bajo el entendido que no autoriza el
ingreso a domicilio de conformidad con la prohibición contenida en el artículo
28 de la Constitución.
La potestad otorgada a la Policía Nacional de
desactivar temporalmente la fuente de ruido contenida en los literales a) y b)
del artículo 33 de la Ley 1801 de 2016 es condicionalmente exequible bajo
el entendido que previo al ejercicio de dicha potestad, las autoridades de
Policía deben verificar: i) que las condiciones de tiempo, modo y lugar
indiquen una perturbación evidente de la convivencia o el sosiego; o ii) objetivamente mediante implementos de medición auditiva, el
incumplimiento de los niveles de ruido permitidos según la normativa vigente
39.
Los apartes demandados del artículo 33 del CNPC otorgan la facultad a las
autoridades de Policía para desactivar la fuente del ruido en el vecindario o
lugar de habitación rural o urbana. En efecto, las expresiones censuradas
permiten a los uniformados desactivar (i) los sonidos o ruidos en
actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que afectan la convivencia
en el vecindario por el efecto auditivo que generan y el residente se ha negado
a desactivar la fuente de ruido, o (ii) los ruidos provengan de
cualquier medio de producción de sonidos o dispositivos o accesorios o
maquinarias, desde bienes muebles o inmuebles.
40.
Los demandantes consideran que se vulnera la faceta del derecho que impone al
Estado la obligación de respetar la intimidad personal y familiar. A su juicio
la potestad otorgada por el artículo 33 demandado afecta el derecho a la intimidad
de quienes desde un inmueble generan el ruido, así como la de los demás
habitantes del lugar. En tal sentido, señalan, por ejemplo, que al desconectar
la energía eléctrica se desconoce la intimidad familiar y personal de los
residentes. Igualmente, alegan los demandantes que la restricción policial a
fiestas, actividades o reuniones vulnera el derecho a la intimidad de quienes
deciden, como parte del desarrollo de la esfera privada e individual,
interactuar mediante actividades o eventos. Esto es así, porque en su concepto
no existe un criterio objetivo para valorar el impacto auditivo que haga
procedente la actuación de las autoridades de Policía, en tal sentido no sería
admisible una restricción al derecho fundamental a la intimidad.
41. En lo relacionado
con el cargo por violación al debido proceso, los demandantes afirman que se
vulnera el principio de legalidad en tanto permite una medida restrictiva,
desactivación temporal de la fuente de ruido, sin las formalidades de una
actuación administrativa de esta naturaleza. Insisten en el carácter subjetivo
de la valoración del impacto auditivo, así como en las limitaciones del
ejercicio del derecho de contradicción y de defensa frente a la actuación
policial.
42. Para este
Tribunal la lectura de la norma exige verificar el trasfondo de los intereses
constitucionales que pretende amparar el numeral 1 del artículo 33 del CNPC.
En efecto, el objetivo que persigue la medida es promover los derechos y
deberes de las personas en materia de convivencia, en particular, la
tranquilidad y las relaciones respetuosas. Este
objetivo es legítimo constitucionalmente pues busca, en última instancia,
salvaguardar la tranquilidad y el sosiego de la comunidad, a través de una
disposición que, prima facie, promueve la convivencia entre las
personas.
43. Adicionalmente,
el objetivo perseguido por la norma es relevante desde el punto de vista
constitucional dado que asegurar la convivencia hace parte de los fines
perseguidos por la Carta Política (Preámbulo y artículo 2), y tiene
correspondencia con los deberes y responsabilidades de los ciudadanos
relacionados con el respeto a los derechos ajenos y no abusar de los propios
(Art. 95 de la C.P.). Asimismo, desarrolla la función de la Policía Nacional
como un cuerpo armado de naturaleza civil cuya finalidad primordial es el
mantenimiento de las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades
públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz (Art.
218 de la C.P.)
44. En esa
medida, en principio, la autorización contenida en los numerales a) y b) del
artículo 33 del CNPC para desactivar temporalmente la fuente de ruido cuando
este, por su impacto auditivo, perturbe o afecte el sosiego, no desconoce el
derecho a la intimidad, pues: i) las autoridades de Policía no pueden, como se
ha dicho, ingresar al domicilio bajo el amparo de la potestad conferida en los
literales mencionados; y ii) la facultad permite a las autoridades de Policía
desactivar temporalmente la fuente ruido siempre que el mismo se encuentre
fuera del lugar de habitación rural o urbana, es decir, en el vecindario, o en
un bien mueble o inmueble no asimilable a domicilio.
45. En este
contexto, es pertinente recordar la caracterización realizada por la Sentencia C-204
de 2019[79] sobre
los espacios privados, públicos e intermedios en los siguientes términos: “el
orden público, que es responsabilidad primaria de los alcaldes, como
autoridades de Policía, es un conjunto de condiciones de interés general, de
seguridad pública, tranquilidad pública y sanidad medioambiental, cuyo ámbito
se determina, en virtud del principio constitucional de separación entre lo
público y lo privado, tanto por la naturaleza del espacio (público, privado o
intermedio), como por la incidencia de la actividad, lo que permite sostener
que, incluso existen necesidades de orden público, en el desarrollo de
actividades realizadas en espacios privados o semi privados, cuando su efecto
trasciende o desborda lo privado y, por lo tanto, dejan de ser actividades de
mero interés particular, pues se involucra el interés general”.
46. La anterior
habilitación salvaguarda el derecho a la intimidad de quienes están produciendo
el ruido en tanto impide la intromisión del Estado o los particulares en el
espacio reservado para el ejercicio de la libertad individual. No obstante,
como lo indicó la Corte, la norma pretende amparar la tranquilidad y
convivencia de las personas. En concreto, la no afectación auditiva del espacio
personal y familiar, razón por la cual el Legislador concede la atribución
estudiada en esta oportunidad a las autoridades de Policía, así como una serie
de medidas correctivas que contiene el artículo 33 en su integridad.
47. Para la
Corte es evidente la tensión que se presenta entre el ejercicio del derecho a
la intimidad de quienes producen el sonido y quienes también en ejercicio de su
derecho a la intimidad consideran que no deben soportar en su ámbito más íntimo
perturbaciones auditivas. En este último sentido, por ejemplo, el Ministerio de
Justicia y del Derecho pone de presente que la norma pretende combatir la
contaminación auditiva.
48. Esto,
presupone que existe un nivel de ruido que no afecta la convivencia y el
sosiego en el vecindario, incluso en los espacios más íntimos pues existe un
deber de soportarlo, salvo que por su impacto auditivo interfiera con los
intereses que, por ejemplo, pretende amparar el artículo demandado.
49. En
consecuencia, las dos facetas del derecho a la intimidad se ven enfrentadas en
la atribución otorgada por los preceptos demandados. Esto, por cuanto la
autoridad de Policía deberá determinar si el ejercicio del derecho a la
intimidad de quien produce la manifestación auditiva da lugar a emplear la
potestad de apagar la fuente de sonido porque es de tal entidad que perturba y
afecta la intimidad de otros integrantes del vecindario.
50. Así, el
problema que subyace es definir si se desconocen los derechos a la intimidad y
al debido proceso con la facultad concedida por la norma demandada, teniendo en
cuenta que la medida implica un margen de discrecionalidad para determinar
cuándo el impacto auditivo es de tal magnitud que afecta el sosiego y la
convivencia.
51. Al respecto,
es pertinente precisar que la figura cuestionada en esta oportunidad es la
desactivación temporal del sonido y no la imposición de las medidas correctivas
que trae el artículo acusado[80]. En
este contexto, corresponde a la Corte analizar la alegada violación del
artículo 29 de la Constitución Política, toda vez que los accionantes
cuestionan la ausencia de criterios objetivos para proceder a desactivar
temporalmente la fuente de ruido, así como el desconocimiento del derecho de
defensa.
52. Como se
indicó en párrafos precedentes, el precepto acusado, pretende adoptar medidas
frente a comportamientos que afecten la tranquilidad y las relaciones
respetuosas de las personas. Para ello, utiliza la medida que ahora se estudia:
la potestad dada a las autoridades de Policía para desactivar temporalmente la
fuente de ruido siempre que se perturbe o permita que se afecte el sosiego,
cuando:
a)
Los
sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares afectan
la convivencia en el vecindario por el efecto auditivo que generan y el
residente se ha negado a desactivar la fuente de ruido.
b)
Los
ruidos provenientes de cualquier medio de producción de sonidos o dispositivos
o accesorios o maquinarias, desde bienes muebles o inmuebles.
53. En las
circunstancias presentadas, la Corte observa que corresponde a las autoridades
de Policía definir cuándo el ruido perturba o afecta el sosiego de tal forma
que haga procedente la posibilidad de desactivar temporalmente la fuente de
ruido, y en el caso del literal a) que además afecte la convivencia.
54.
Al respecto, recuerda la Sala que la potestad concedida a la autoridad de
Policía por el precepto acusado, no se encuentra dentro de las medidas
correctivas que contiene el CNPC en su artículo 172[81].
En efecto, como se mencionó la facultad prevista en el artículo cuestionado
corresponde a una orden de policía de conformidad con las definiciones de los
artículos 149 y 150 del CNPC[82].
55. Lo anterior significa que la orden
de policía descrita en el numeral 1 del artículo 33 demandado, se impondría por
las autoridades de Policía bajo el cumplimiento del procedimiento verbal
inmediato, que dispone:
“Artículo 222. Trámite del
proceso verbal inmediato. Se tramitarán
por el proceso verbal inmediato los comportamientos contrarios a la
convivencia, de competencia del personal uniformado de la Policía Nacional, los
comandantes de estación o subestación de Policía, y los comandantes del Centro
de Atención Inmediata de Policía, en las etapas siguientes:
1. Se
podrá iniciar de oficio o a petición de quien tenga interés directo o acuda en
defensa de las normas de convivencia.
2.
Una vez identificado el presunto infractor, la autoridad de Policía lo abordará
en el sitio donde ocurran los hechos, si ello fuera posible o, en aquel donde
lo encuentren, y le informará que su acción u omisión configura un
comportamiento contrario a la convivencia.
3. El
presunto infractor deberá ser oído en descargos.
4. La
autoridad de Policía hará una primera ponderación de los hechos y procurará una
mediación policial entre las partes en conflicto. De no lograr la mediación,
impondrá la medida correctiva a través de la orden de Policía.
Parágrafo 1°. En contra de la
orden de Policía o la medida correctiva, procederá el recurso de apelación, el
cual se concederá en el efecto devolutivo y se remitirá al Inspector de Policía
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes. El recurso de apelación se
resolverá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la
actuación y será notificado por medio más eficaz y expedito.
Parágrafo 2°. En caso de que
no se cumpliere la orden de Policía, o que el infractor incurra en
reincidencia, se impondrá una medida correctiva de multa, mediante la
aplicación del proceso verbal abreviado./
Parágrafo 3°. Para la
imposición de las medidas correctivas de suspensión temporal de actividad,
inutilización de bienes, destrucción de bien y disolución de reunión o
actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas, se deberá
levantar acta en la que se documente el procedimiento señalado en el presente
artículo, la cual debe estar suscrita por quien impone la medida y el infractor.”
56.
En el caso de la norma estudiada la orden de policía estaría orientada a
superar comportamientos contrarios a la convivencia y restablecer la
tranquilidad en el vecindario. No obstante, la Corte deberá definir si la indeterminación
que contiene es inconstitucional pues requiere que las autoridades de Policía
comprueben la afectación o perturbación del sosiego por el impacto auditivo del
ruido.
57.
En tal sentido, este Tribunal considera que la existencia de un procedimiento
para dictar la orden policial desvirtúa parcialmente la vulneración del debido
proceso. Es parcial porque regula la conducta de las autoridades de Policía
para emplear la facultad prevista en el artículo demandado (el infractor debe
ser oído en descargos, se puede apelar la decisión, existe una etapa de
mediación, en general, se da cabida al derecho de defensa), pero persiste el
ámbito de discrecionalidad de las autoridades para determinar cuándo el impacto
auditivo genera la perturbación del sosiego y la convivencia, y al mismo tiempo
quedan habilitadas para ejercer la potestad de desactivar temporalmente la
fuente de ruido.
58.
De tal forma, la Corte entiende que la indeterminación de la norma traducida en
términos de discrecionalidad de las autoridades de Policía deriva en la
utilización de la orden de policía de desactivar una fuente de ruido, la cual
puede producirse cuando las circunstancias de modo, tiempo y lugar permitan
deducir que es evidente la perturbación auditiva o siempre que se pueda contar
con una medición objetiva del sonido.
59.
En lo relacionado con el primer evento, las autoridades de Policía podrán
ejercer la potestad de desactivar temporalmente la fuente de ruido prevista en
los numerales demandados, con sujeción al procedimiento previsto en el artículo
222 del CNP, siempre que resulte evidente la perturbación auditiva en razón a
las circunstancias de tiempo, modo y lugar. En efecto, las autoridades de
Policía deberán evaluar el contexto respecto: i) al tiempo, el horario en que
se produce el ruido, v. gr. no es lo mismo un evento a las 6 p.m. que a
las 2 a.m.; ii) al modo o circunstancias desde el cual se produce el sonido por
ejemplo si se trata de parlantes, equipo de sonido, barras de sonido,
amplificadores, etc. o si este es generado en un bazar, una fiesta, un vehículo
en la vía pública, etc.; y iii) al lugar, si se trata de una zona residencial o
comercial, o si por ejemplo está cerca de lugares que tienen prohibición de
emisión de sonidos como hospitales, bibliotecas, hogares geriátricos, entre
otros.
60.
En cuanto al segundo evento, las autoridades de Policía podrán ejercer la
potestad de desactivar temporalmente la fuente de ruido prevista en los
numerales demandados, con sujeción al procedimiento previsto en el artículo 222
del CNP, siempre que verifiquen mediante equipos de medición adecuados el
incumplimiento de los niveles de ruido permitidos según la normativa vigente.
61.
Específicamente, concluye este Tribunal que la aplicación de la orden de
policía prevista en los literales a) y b) del numeral 1 del artículo 33 del
CNPC, que permite la desactivación temporal de la fuente de ruido, requiere ser
ejercida con observancia del proceso verbal inmediato para su imposición, así
como verificar: i) que las condiciones de tiempo modo y lugar indiquen una
perturbación evidente de la convivencia o el sosiego; o ii) objetivamente
mediante implementos de medición auditiva, el incumplimiento de los niveles de
ruido permitidos según la normativa vigente.
62.
En consecuencia, la Sala concluye que la expresión “en cuyo caso podrán
las autoridades de Policía desactivar temporalmente la fuente del ruido, en
caso de que el residente se niegue a desactivarlo” contenida en el
literal a) del numeral 1 del artículo 33 de la Ley 1801 de 2016 y la frase “desactivar
temporalmente la fuente de ruido” contenida en el literal b) del
numeral 1 del artículo 33 de la Ley 1801 de 2016 son exequibles bajo el
entendido que previo al ejercicio de dicha potestad, las autoridades de Policía
deben verificar: i) que las condiciones de tiempo modo y lugar indiquen una
perturbación evidente de la convivencia o el sosiego; o ii) objetivamente
mediante implementos de medición auditiva, el incumplimiento de los niveles de
ruido permitidos según la normativa vigente.
Síntesis de la
decisión
63. Los
demandantes sostuvieron que el artículo 33 (parcial) de la Ley 1801 de 2016
vulnera los preceptos 15, 28, 29, 58 y 365 de la Constitución Política, al
igual que instrumentos de rango internacional como la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Art. 11), la Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano (Art. 17), la Carta Internacional de Derechos Humanos (Art. 12) y
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 17), puesto que
faculta a la autoridad de policía para desactivar temporalmente cualquier
fuente de sonido producida desde el lugar de habitación o en el vecindario. Los
intervinientes, en su mayoría, solicitaron la exequibilidad simple de la norma
acusada[83]. Otros
por su parte, propusieron la exequibilidad condicionada de la norma demandada[84] y hubo también quienes acompañaron la
solicitud de inexequibilidad de la demanda[85].
64. El
Procurador General de la Nación solicitó la exequibilidad de la norma, en
particular, porque (i) la autoridad policial puede adoptar medidas
correctivas cuando se requieran para salvaguardar los derechos
constitucionales; (ii) el carácter relativo del derecho a la
inviolabilidad del domicilio permite encaminar la actuación administrativa
hacia la protección de la tranquilidad y el logro de las relaciones respetuosas
entre la ciudadanía; (iii) la actuación de la autoridad de Policía no es
arbitraria ni violatoria del debido proceso, en la medida que se realiza bajo
el principio de legalidad y se fijan unos parámetros claros para proceder con
la intervención, y (iv) aunque existe una tensión de derechos,
específicamente, entre la tranquilidad de las personas y la inviolabilidad del
domicilio, desde la Ley 1801 de 2016 se da prevalencia al bienestar general y al
mantenimiento de un ambiente de paz.
65. De las
cuatro demandas acumuladas en esta oportunidad, la Corte únicamente estudió los
cargos contra el artículo 33 (parcial) de la Ley 1801 de 2016 por
desconocimiento de los artículos 15, 28 y 29 de la Constitución Política.
66. Correspondió
a la Sala determinar si la potestad de desactivar temporalmente la fuente de
ruido otorgada a las autoridades de Policía, bajo las circunstancias previstas
en los literales a) y b) del numeral 1 del artículo 33 de la Ley 1801 de 2016,
cuando el sonido perturbe o permita que se afecte el sosiego, vulnera los
derechos a la intimidad (Art. 15 de la C.P.), inviolabilidad del domicilio
(Art. 28 de la C.P) y debido proceso (Art. 29 de la C.P.). En concreto, si se
desconocen los artículos constitucionales mencionados con la facultad concedida
a las autoridades de Policía para desactivar la fuente de sonido en el
vecindario o lugar de habitación urbana o rural cuando: i) Los sonidos o ruidos
en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares afectan la convivencia
en el vecindario por el efecto auditivo que generan y el residente se ha negado
a desactivar la fuente de ruido; ii) Los ruidos provengan de cualquier medio de
producción de sonidos o dispositivos o accesorios o maquinarias, desde bienes
muebles o inmuebles.
67. En primer
término, la Sala precisó, en el estudio de la vulneración del artículo 28
Superior, que una interpretación conforme de la potestad conferida por el
numeral 1 del artículo 33 del CNPC no implica el ingreso al domicilio, y en tal
sentido, condicionó su exequibilidad.
68.
En segundo lugar, la Corte evidenció que correspondía a las autoridades de
Policía definir cuándo el ruido perturba o afecta el sosiego de tal forma que
hace procedente la posibilidad de desactivar temporalmente la fuente de ruido,
y en el caso del literal a) que además afecten la convivencia. En tal sentido,
concluyó el Tribunal que tal potestad requiere ser ejercida con observancia del
proceso verbal inmediato para su imposición, así como verificar: i) que las
condiciones de tiempo, modo y lugar indiquen una perturbación evidente de la
convivencia o el sosiego; o ii) objetivamente mediante implementos de
medición auditiva, el incumplimiento de los niveles de ruido permitidos según
la normativa vigente.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. -
Levantar la suspensión de términos en el expediente de la referencia, de
acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena de la Corte en el Auto 305 de 21 de
junio de 2017.
SEGUNDO.
- Declarar
EXEQUIBLE el literal a) del numeral 1 del artículo 33 de la Ley 1801 de 2016
por los cargos analizados, salvo la expresión “en cuyo caso podrán las
autoridades de Policía desactivar temporalmente la fuente del ruido, en caso de
que el residente se niegue a desactivarlo”, que se declara EXEQUIBLE
bajo el entendido
que no autoriza el ingreso a domicilio de conformidad con la prohibición
contenida en el artículo 28 de la Constitución Política; y que previo al
ejercicio de dicha potestad, las autoridades de Policía deben verificar: i) que
las condiciones de tiempo, modo y lugar indiquen una perturbación evidente de
la convivencia o el sosiego; o ii) objetivamente mediante implementos de
medición auditiva, el incumplimiento de los niveles de ruido permitidos según
la normativa vigente.
TERCERO.-
Declarar EXEQUIBLE la frase “desactivar temporalmente la fuente de ruido”
contenida en el literal b) del numeral 1 del artículo 33 de la Ley 1801 de 2016,
bajo el entendido que no autoriza el ingreso a domicilio de
conformidad con la prohibición contenida en el artículo 28 de la
Constitución Política; y que previo al ejercicio de dicha potestad, las
autoridades de Policía deben verificar: i) que las condiciones de tiempo, modo
y lugar indiquen una perturbación evidente de la convivencia o el sosiego; o
ii) objetivamente mediante implementos de medición auditiva, el incumplimiento
de los niveles de ruido permitidos según la normativa vigente.
Comuníquese y cúmplase
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento de voto
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Conjuez
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con salvamento de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con salvamento de voto
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Impedimento aceptado
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS
BERNAL PULIDO
A
LA SENTENCIA C-308/19
INHIBICION
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Falta de certeza en los cargos (Salvamento
de voto)
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Exequibilidad pura y simple
(Salvamento de voto)
Referencia:
Expedientes D-11832,
D-11835 y
D-11839 (acumulados)
Magistrada
Ponente:
DIANA FAJARDO
RIVERA
1.
Con
mi acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala Plena de la Corte
Constitucional, suscribo este salvamento de voto en relación con la providencia
de la referencia, por las razones que presento a continuación.
2.
En
primer lugar, la decisión sobre la presunta vulneración del artículo 28 de la
Constitución Política debió ser inhibitoria, pues la acusación carecía de
certeza. Los demandantes infirieron que la facultad para “desactivar
temporalmente la fuente de ruido” concedida a las autoridades de policía en
los literales a) y b) del artículo 33 de la Ley 1801 de 2016 las autorizaba
para ingresar sin restricciones al domicilio. Sin embargo, tal autorización no
se deriva de manera objetiva de esos apartados normativos. De hecho, la
sentencia de la que me aparto concluye que los literales demandados no vulneran
el derecho a la inviolabilidad del domicilio, entre otras razones, porque: (i) “la
potestad de desactivar temporalmente la fuente de ruido (…) bajo ninguna
circunstancia implica el ingreso al domicilio de las personas”, (ii) “la
interpretación que hacen los demandantes (…) comprende un alcance abiertamente
inconstitucional”, (iii) “la proposición jurídica inferida por los
actores (…) es inadmisible constitucionalmente” o (iv) “dicha potestad
(…) no puede ser interpretada como una facultad que permite a las autoridades
de Policía ingresar a aquel”. En esa media, no se entiende cómo, a pesar de
admitir que la interpretación que los demandantes les dieron a las expresiones
acusadas no correspondía a su contenido normativo, la mayoría de la Sala Plena
consideró el cargo como cierto y, por lo tanto, apto para ser analizado en sede
de control abstracto de constitucionalidad.
3.
En
segundo lugar, la decisión relacionada con la supuesta violación de los
artículos 15 y 29 de la Constitución Política debió ser de exequibilidad
simple, pues las expresiones normativas que la mayoría de la Sala Plena decidió
condicionar tienen un claro propósito preventivo que de ninguna manera atenta
contra los derechos a la intimidad y el debido proceso. En efecto, en la medida
que la facultad otorgada a las autoridades de policía busca prevenir la
afectación de la tranquilidad y las relaciones respetuosas entre las personas,
carece de fundamento limitar su ejercicio a los casos en que las perturbaciones
a la convivencia o el sosiego sean evidentes “y/o” a la verificación
objetiva de que los niveles de ruido legalmente permitidos se hayan
sobrepasado. Ahora bien, la sentencia de la que me aparto no determinó (i)
por qué la norma general es inconstitucional en abstracto ni (ii) por
qué el condicionamiento era la única manera de hacerla compatible con la
Constitución; es decir que no existe en esta providencia un parámetro claro de
constitucionalidad del cual se pueda derivar la exequibilidad condicionada por
la que optó la mayoría de la Sala Plena.
Fecha
ut supra,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] Esta demanda se radicó en la Corte Constitucional
con el número D-11832.
[2] Esta demanda se radicó en la Corte Constitucional
con el número D-11835.
[3] Esta demanda se radicó en la Corte Constitucional
con el número D-11839.
[4] Esta demanda se radicó en la Corte Constitucional
con el número D-11849.
[5] Decreto 2067
de 1991, artículo 5.
[6] Decreto 2067
de 1991, artículo 7.
[7] M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[8] La
demanda D-11835 acusó íntegramente el literal a) del inciso primero del
artículo 33 del Código Nacional de Policía y Convivencia. Por su parte, las
demandas D-11832 y D-11839 censuraron únicamente las siguientes expresiones: “impacto
auditivo” y “desactivar temporalmente la fuente de ruido, en caso de que
el residente se niegue a desactivarlo” contenido en el mismo literal.
[9] Aparte
demandado únicamente en el expediente D-11839.
[10] Demanda radicada con el número D-11835.
[11] Demanda radicada con el número D-11839.
[12] Demanda radicada con el número D-11832.
[13] Demanda radicada con el número D-11839.
[14] Demanda radicada con el número D-11835.
[15] Demanda radicada con el número D-11832.
[16] Demanda radicada con el número D-11835.
[17] Demanda radicada con el número D-11839.
[18] Ibídem.
[19] Folio
5 del expediente.
[20] Demanda radicada con el número D-11839.
[21] Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional, Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía de
Medellín, Federación Colombiana de Municipios y la Universidad Libre.
[22] Universidad del Rosario y Universidad Nacional.
[23] Universidad Industrial de Santander.
[24] Código
Nacional de Policía y Convivencia. Artículo 6.
[25] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[26] Ley
675 de 2001. ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES. “Para los efectos de la
presente ley se establecen las siguientes definiciones: (…) Bienes comunes: Partes
del edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal
pertenecientes en proindiviso a todos los propietarios de bienes privados, que
por su naturaleza o destinación permiten o facilitan la existencia,
estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación
de los bienes de dominio particular.”
[27] Infra
numeral 40 y
siguientes.
[28] El
parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 1801 dispone que quien incurra en las
conductas previstas en el numeral 1 se le impondrá una multa general tipo 3 y/o
disolución de reunión o actividad que involucre aglomeraciones de público no
complejas.
De acuerdo con el artículo 180 del Código Nacional de Policía y Convivencia, la
multa tipo 3 corresponde a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes y según
el artículo 176 del mismo Código, la Policía puede ordenar la finalización de
la reunión o actividad que está generando la molestia auditiva. Por su parte, el
artículo 176 establece: “DISOLUCIÓN DE
REUNIÓN O ACTIVIDAD QUE INVOLUCRA AGLOMERACIONES DE PÚBLICO NO COMPLEJAS. Es la
orden de Policía que consiste en notificar o coercer a un grupo de personas con
el objeto de terminar una reunión o actividad que involucra aglomeraciones de
público no complejas que contraríen la ley.”. Al respecto, es importante
precisar que la Corte Constitucional mediante sentencia C-223 de 2017 (M.P.
Alberto Rojas Ríos) decidió declarar inexequible la definición de actividades
que involucran aglomeraciones de público no complejas, contenida en el artículo
58 del Código Nacional de Policía y Convivencia, pero difirió el efecto de
inconstitucionalidad hasta el 20 de junio de 2019.
[29] Código Nacional de Policía y Convivencia.
“ARTÍCULO 173. LAS MEDIDAS CORRECTIVAS. Las medidas
correctivas a aplicar en el marco de este Código por las autoridades de
policía, son las siguientes: 1. Amonestación. // 2. Participación en programa
comunitario o actividad pedagógica de convivencia. // 3. Disolución de reunión
o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas. // 4.
Expulsión de domicilio // 5. Prohibición de ingreso a actividad que involucra
aglomeraciones de público complejas o no complejas. // 6. Decomiso. // 7. Multa
General o Especial. // 8. Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento
de inmueble. // 9. Remoción de bienes. // 10. Reparación de daños materiales de
muebles o inmuebles. // 11. Reparación de daños materiales por perturbación a
la posesión y tenencia de inmuebles o muebles. // 12. Restablecimiento del
derecho de servidumbre y reparación de daños materiales. // 13. Restitución y
protección de bienes inmuebles. // 14. Destrucción de bien. // 15. Demolición
de obra. // 16. Suspensión de construcción o demolición. // 17. Suspensión de
actividad que involucre aglomeración de público compleja. // 18. Suspensión
temporal de actividad. // 19. Suspensión definitiva de actividad. // 20.
Inutilización de bienes.”
[30] Los
medios inmateriales, según el artículo 149 del CNPC son: 1. Orden de Policía.
2. Permiso excepcional. 3. Reglamentos. 4. Autorización. 5. Mediación policial.
[31] Son medios materiales de Policía, según el artículo
149 del CNPC, los siguientes: 1. Traslado por protección. 2. Retiro del sitio.
3. Traslado para procedimiento policivo. 4. Registro. 5. Registro a persona. 6.
Registro a medios de transporte. 7. Suspensión inmediata de actividad. 8.
(inexequible). 9. Ingreso a inmueble sin orden escrita. 10. Incautación. 11.
Incautación de armas de fuego, no convencionales, municiones y explosivos. 12.
Uso de la fuerza. 13. Aprehensión con fin judicial. 14. Apoyo urgente de los
particulares. 15. Asistencia militar.
[32] En
la Sentencia C-391 de 2017 (M.P. Iván Escrucería Mayolo): “la Corte reiteró
que toda función pública está sometida a los valores, principios y derechos
consagrados en el Estatuto Superior, particularmente a los principios de
legalidad, debido proceso, transparencia, responsabilidad, eficiencia y
eficacia; como también a los principios que establece el Código Nacional de
Policía y Convivencia para esta clase de asuntos, vinculándolos con el objeto
del Código (art. 1º), la autonomía del acto y del procedimiento de policía
(art. 4º), los principios del Código (art. 8º) y los deberes de las autoridades
de policía (art. 10º).”
[33] Código Nacional de Policía y Convivencia. “Artículo 154.
Mediación Policial. Es el
instrumento que nace de la naturaleza de la función policial, cuyas principales
cualidades son la comunitariedad y la proximidad, a través del cual la
autoridad es el canal para que las personas en conflicto decidan
voluntariamente resolver sus desacuerdos armónicamente.”
[34] Código Nacional de Policía y Convivencia. “Artículo 218.
Definición de orden de comparendo. Entiéndase por esta, la acción
del personal uniformado de la Policía Nacional que consiste en entregar un
documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”
[35] Código Nacional de Policía y Convivencia. “Artículo 222. Trámite del proceso verbal
inmediato. Se tramitarán por el proceso
verbal inmediato los comportamientos contrarios a la convivencia, de
competencia del personal uniformado de la Policía Nacional, los comandantes de
estación o subestación de Policía, y los comandantes del Centro de Atención
Inmediata de Policía, en las etapas siguientes: // 1. Se podrá iniciar
de oficio o a petición de quien tenga interés directo o acuda en defensa de las
normas de convivencia. // 2. Una vez identificado el presunto infractor, la
autoridad de Policía lo abordará en el sitio donde ocurran los hechos, si ello
fuera posible o, en aquel donde lo encuentren, y le informará que su acción u
omisión configura un comportamiento contrario a la convivencia. // 3. El
presunto infractor deberá ser oído en descargos. // 4. La autoridad de
Policía hará una primera ponderación de los hechos y procurará una mediación
policial entre las partes en conflicto. De no lograr la mediación, impondrá la
medida correctiva a través de la orden de Policía. // Parágrafo 1°. En contra de la orden de Policía
o la medida correctiva, procederá el recurso de apelación, el cual se concederá
en el efecto devolutivo y se remitirá al Inspector de Policía dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes. El recurso de apelación se resolverá dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la actuación y será
notificado por medio más eficaz y expedito. // Parágrafo 2°. En caso de que no se cumpliere la
orden de Policía, o que el infractor incurra en reincidencia, se impondrá una
medida correctiva de multa, mediante la aplicación del proceso verbal
abreviado. // Parágrafo 3°. Para la imposición de las medidas
correctivas de suspensión temporal de actividad, inutilización de bienes,
destrucción de bien y disolución de reunión o actividad que involucra
aglomeraciones de público no complejas, se deberá levantar acta en la que se
documente el procedimiento señalado en el presente artículo, la cual debe estar
suscrita por quien impone la medida y el infractor.”
[36] Decreto
2067 de 1991. Artículo 2º: “Las demandas en las acciones públicas de
inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán:
1.
El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su trascripción
literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las
mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren
infringidas; 3. Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados;
4.Cuando fuere el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la
Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue
quebrantado; y 5.La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la
demanda”.
[37] En la Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa), al sistematizar los lineamientos fijados por la
jurisprudencia, la Corte definió las circunstancias a partir de las cuales un
cargo se entiende debidamente estructurado. De ahí que el citado fallo sea
objeto de reiteración por la Corte en innumerables pronunciamientos.
[38] Corte Constitucional, Sentencia C-212 de 2017. M.P.
Alejandro Linares Cantillo.
[39] “La definición constitucional
de domicilio excede la noción civilista y comprende, además de los lugares de
habitación, todos aquellos espacios cerrados, en donde las personas desarrollan
de manera más inmediata su intimidad y su personalidad mediante el libre
ejercicio de su libertad. La defensa de la inviolabilidad del domicilio protege
así, más que un espacio físico en sí mismo, al individuo en su seguridad,
libertad e intimidad”: Corte Constitucional, Sentencia C-519 de 2007. M.P.
Nilson Pinilla Pinilla.
[40] En la Sentencia C-1024 de 2002
(M.P. Alfredo Beltrán Sierra), la Corte constitucional realizó un recuento de
la concepción doctrinal del domicilio para concluir que la protección del
domicilio se explica por tratarse de una extensión misma de la libertad
personal.
[41] Corte Constitucional, Sentencia C-041 de 1994. M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[42] La Corte Constitucional italiana
consideró el vehículo particular como forma de domicilio el que, aunque
expuesto al público, constituye un lugar donde los particulares desarrollan su
intimidad y conservan objetos que deben ser protegidos bajo el amparo
constitucional del domicilio: Corte Constitucional italiana, sentencia de
legitimidad constitucional en vía incidental del 25 de marzo de 1987, n. 88,
considerando 2. Por su parte, la Corte Constitucional colombiana consideró en
la sentencia C-519/07 “que la palabra domicilio tiene más amplitud en la
Constitución que en la ley civil. Protege, entre otros, el recinto o vivienda,
sea móvil o inmóvil, de uso permanente, transitorio o accidental. Por ejemplo,
la habitación del hotel, el camarote del barco, la casa rodante, etc”.
También, esta Corte declaró exequible el artículo 83 de la Ley 300 de 1996,
salvo la expresión subrayada, que dispone que: “Las habitaciones hoteleras
como domicilio privado. Para los efectos del artículo 44 de la Ley 23 de
1982 las habitaciones de los establecimientos hoteleros y de hospedajes que
se alquilan con fines de alojamiento se asimilan a un domicilio privado",
al considerar que “Las habitaciones de hotel, en efecto, gozan del mismo
amparo constitucional previsto para el domicilio, pues constituyen, sin duda,
domicilio. Ninguna persona ni autoridad puede, entonces, sin permiso del
huésped, ingresar ni penetrar en la intimidad de las mismas, invadirlas,
registrarlas, requisarlas, espiar, fotografiar, filmar ni grabar lo que en su
interior acontece, a menos que medie orden escrita de autoridad judicial
competente, en los casos y con las formalidades que establezca la ley y por los
motivos previamente contemplados en ella (arts. 15 y 28 C.P.)”: Corte
Constitucional, sentencia C-282/97. Sin embargo, no todos los lugares
protegidos ameritan el mismo nivel de celo constitucional: “(…) constitucionalmente
es necesario distinguir entre el domicilio en sentido estricto y lo que podría
denominarse el domicilio ampliado. El primero corresponde al lugar de
habitación de las personas naturales, y goza de todas las garantías previstas
por el artículo 28 superior, y en especial de la estricta reserva judicial. En
cambio, el segundo hace referencia al domicilio corporativo de las personas
jurídicas y a los otros espacios cerrados, distintos al lugar de habitación, en
donde existe un ámbito de intimidad a ser protegido pero que es menor que el
propio de las relaciones hogareñas. Por ende, en el caso del domicilio
ampliado, la reserva judicial no opera automáticamente en todos los casos, pues
en ciertos eventos puede resultar admisible que, existiendo intereses
constitucionales importantes, la ley autorice el registro por parte de
autoridades administrativas”: Corte Constitucional, Sentencia C-505 de 1999
(M.P. Alejandro Martínez Caballero) que declaró exequible la facultad de la
DIAN de ordenar el registro de oficinas para fines de investigación tributaria.
[43] La Corte Constitucional declaró
exequible la autorización del Código de Procedimiento Penal a las autoridades
de Policía Judicial para realizar allanamientos sin orden de la Fiscalía,
cuando existe consentimiento libre del morador: Corte Constitucional, Sentencia
C-806 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.
[44] Corte Constitucional, Sentencia
C-176 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[45] Corte Constitucional, Sentencia
C-041 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[46] “Por lo anterior, se
declarará la constitucionalidad de los artículos 86, numeral 6 y 106 de la Ley
1098 de 2006, en el entendido de que previamente, el defensor o el comisario de
familia deberá en una decisión escrita, valorar las pruebas que demuestran que
se reúnen en cada caso los requisitos para que proceda el allanamiento con la
finalidad exclusiva de efectuar el rescate y proteger al menor de edad”:
Corte Constitucional, sentencia C-256/08.
[47] Corte Constitucional, Sentencia
C-505 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[48] La Sentencia C-519/07 declaró la inexequibilidad de
una norma de la Ley 906 de 2004 que permitía a la Policía Judicial la
realización de registros o allanamientos sin orden judicial, incluida la del
Fiscal General de la Nación, cuando se hubiere realizado la captura de una
persona, lo que constituye una hipótesis distinta de la flagrancia, razón por
la cual “para la Sala la disposición demandada desconoce los artículos 28 y
250, numeral 2º, de la Constitución, pues permite el allanamiento y registro de
inmuebles, naves o aeronaves sin mandamiento escrito de autoridad judicial
competente, en eventos distintos a los contemplados en el artículo 32 superior,
y desconoce la competencia que en la materia le fue asignada a otras
autoridades judiciales, según antes se comentó”.
[49] Corte Constitucional, Sentencia
C-156 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa.
[50] Corte Constitucional, Sentencia C-212 de 2017. M.P.
Alejandro Linares Cantillo.
[51] M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[52] Resumen
realizado por la Sentencia C-334 de 2017. M.P. José Antonio Cepeda Amaris.
[53] Corte Constitucional,
Sentencia T-916 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[54] Corte Constitucional, Sentencia C-483 de 2013. M.P.
Alberto Rojas Ríos.
[55] Ibídem.
[56] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esta sentencia la
Corte concede la tutela solicitada por varios vecinos de una congregación
religiosa que habían acudido previamente a las autoridades administrativas y de
policía buscando poner fin a la grave perturbación de la tranquilidad del
vecindario causada por el ruido producido por el grupo religioso durante el
ejercicio de su culto. Luego de varios meses de trámite, la Inspección de
Policía se declaró incompetente para decidir el asunto, mientras que la
Secretaría de Gobierno impuso una sanción de multa de un salario mínimo
mensual, que no fue idónea para evitar que continuara la perturbación sonora.
[57] Al respecto ver Corte Constitucional, sentencias
T-357 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-428 de 1995. M.P. Alejandro
Martínez Caballero; T-575 de 1995. MP. Fabio Morón Díaz; T-198 de 1996. M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa; T-203 de 1997. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-394 de
1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; y T-1270 de 2005. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[58] Es el caso de las sentencias T-210 de 1994. M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz; T-465 de 1994; M.P. José Gregorio Hernández Galindo;
T-454 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-630 de 1998. M.P. Antonio
Barrera Carbonell; T-1666 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-1692 de 2000.
M.P. Jairo Charry Rivas; T-1033 de 2001. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-222
de 2002. MP. Clara Inés Vargas Hernández; T-1205 de 2003. MP. Manuel José
Cepeda Espinosa y T-528 de 2008. MP. Mauricio González Cuervo.
[59] Corte Constitucional, Sentencia T-459 de 1998. M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[60] Corte Constitucional, Sentencia T-437 de 2002. M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[61] Corte Constitucional, Sentencia T-1015 de 2004.
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[62] Corte Constitucional, Sentencia T-1185 de 2005.
M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[63] Corte Constitucional, Sentencias T-622 de 1995.
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-214 de 1998. MP. Fabio Morón Díaz.
[64] Al respecto ver sentencias T-025 de 1994. M.P. Jorge Arango Mejía;
T-028 de 1994. MP.
Vladimiro Naranjo Mesa; T-460 de 1996. M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-022 de
1997. M.P. Fabio Morón Díaz; T-099 de 1998. M.P. José Gregorio Hernández
Galindo; T-589 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[65] Corte Constitucional, Sentencia T-904 de 2013. M.P. María Victoria Calle
Correa.
[66] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[67] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[68] En
esa oportunidad, la Corte agregó: “En conclusión, si bien la Corte no
desconoce la función constitucional de la Policía Nacional, establecida en el
artículo 218 de la Carta, al señalar que su fin primordial “es el mantenimiento de las
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas,
y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”, estos
fines no pueden implicar el desconocimiento de los derechos ciudadanos, ni la
imposición arbitraria de medidas correctivas, como las que se prohíjan en el
precepto demandado, ni siquiera con el argumento de que el interés general
prevalece sobre el particular, artículo 1 de la Constitución, porque la propia
Carta garantiza el respeto de los derechos individuales. Lo que busca la
Constitución es la armonía de los intereses y no su desconocimiento.”
[69] M.P.
Nilson Pinilla Pinilla.
[70] Corte Constitucional, Sentencia C-490 de 2002. M.P. Alfredo Beltrán
Sierra.
[71] M.P.
Iván Humberto Escruceria Mayolo (e).
[72] Como
lo enuncia el CNPC en su artículo 32: “Definición de privacidad. Para
efectos de este Código, se entiende por privacidad de las personas el derecho
de ellas a satisfacer sus necesidades y desarrollar sus actividades en un
ámbito que le sea exclusivo y por lo tanto considerado como privado.”
[73] Ver
Supra considerandos 14 a 18.
[74] Sobre
la definición de vecindario ver Supra 4.4.1.
[75] Sobre
la perturbación del sosiego ver Supra 4.4.2. e Infra 40 y ss.
[76] Sobre
afectación de la convivencia ver Supra 4.4.3. e Infra 40 y ss.
[77] Sobre
la definición de bienes muebles e inmuebles ver Supra 4.4.4.
[78] De acuerdo con este principio, la Corte ha
reconocido que: “la
hermenéutica legal en un sistema constitucional debe estar guiada, ante todo,
por el método de interpretación conforme, según el cual las disposiciones
jurídicas deben leerse en el sentido que mejor guarde coherencia con lo dispuesto
en la Carta Política”.
Sentencia
C-649 de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynnet. Ver también las sentencias
C-426 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-468 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar
Gil, entre otras.
[79] M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[80] Al analizar integralmente las medidas correctivas
previstas por el Legislador para quienes incurran en comportamientos que
afecten la tranquilidad y las relaciones respetuosas, la Corte observa que el
parágrafo del artículo 33 demandado dispone que para el numeral 1 (los apartes
censurados en esta oportunidad se encuentran en este numeral) serán aplicables
multa general tipo 3 y la disolución de reunión o actividad que involucra
aglomeraciones de público no complejas. De
acuerdo con el artículo 180 del Código Nacional de Policía y Convivencia, la
multa tipo 3 corresponde a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes y según
el artículo 176[80] del mismo Código
la Policía puede ordenar la finalización de la reunión o actividad que está
generando la molestia auditiva. Por su parte, el artículo 176 establece: “DISOLUCIÓN DE REUNIÓN O
ACTIVIDAD QUE INVOLUCRA AGLOMERACIONES DE PÚBLICO NO COMPLEJAS. Es la orden de Policía que
consiste en notificar o coercer a un grupo de personas con el objeto de
terminar una reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no
complejas que contraríen la ley.”.
Al respecto, es importante precisar que la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-223 de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) decidió declarar inexequible
la definición de actividades que involucran aglomeraciones de público no
complejas, contenida en el artículo 58 del Código Nacional de Policía y
Convivencia, pero difirió el efecto de inconstitucionalidad hasta el 20 de
junio de 2019.
[81] Ver supra numeral 5.
[82] Ibídem.
[83] Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional, Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía de
Medellín, Federación Colombiana de Municipios y la Universidad Libre.
[84] Universidad del Rosario y Universidad Nacional.
[85] Universidad Industrial de Santander.