T-059-08
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-059/08
TRANSPORTE DE PERSONAS ENFERMAS-Prestación de servicio de transporte diario
al actor parapléjico desde su residencia al hospital Militar para su
tratamiento de rehabilitación
ACCION DE TUTELA-Hecho superado por cuanto el actor ya no
está recibiendo tratamiento de rehabilitación en el hospital Militar y por ende
no requiere el transporte solicitado
Referencia: expediente T-1.481.114
Accionante:
Carlos Andres Wilches Carrillo.
Demandados:
Ministerio de Defensa Nacional y Hospital
Militar Central - Dirección General, Subdirección Administrativa.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO
ESCOBAR GIL
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil ocho
(2008).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Rodrigo
Escobar Gil, Mauricio González Cuervo y Marco Gerardo Monroy Cabra, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha pronunciado la
siguiente,
SENTENCIA
en el proceso de revisión del fallo de tutela
proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, en relación con la acción de amparo constitucional instaurada por Carlos
Andres Wilches Carrillo contra el Ministerio de Defensa Nacional y el Hospital
Militar Central - Dirección General, Subdirección Administrativa.
I. ANTECEDENTES.
1. La solicitud.
El señor Carlos Andres Wilches
Carrillo presentó acción de tutela contra el Ministerio de Defensa Nacional y
el Hospital Militar Central - Dirección General, Subdirección Administrativa, por
considerar que estas entidades vulneraron su derecho a la salud en conexidad
con los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social, a la
integridad personal y a la dignidad humana.
2. Hechos relevantes.
2.1. El accionante se encuentra vinculado al Subsistema de
Salud de las Fuerzas Militares - Dirección General de Sanidad Militar, en
calidad de beneficiario de su padre quien es pensionado del Hospital Militar
Central.
2.2. El treinta (30) de junio del año dos mil cinco
(2005), el actor fue sometido a una intervención quirúrgica de corrección de
columna para tratar las dolencias producidas por la enfermedad de Scheuermann que padece. Sin
embargo, a partir de ese momento quedó en estado de paraplejia[1],
razón por la cual desde esa fecha se le ordenaron una serie de terapias físicas
y ocupacionales, así como revisiones mensuales de ortopedista, fisiatría y
valoraciones siquiátricas a realizar en el Hospital Militar Central, todo lo
cual hace parte del tratamiento de rehabilitación integral de lesión medular
parcial que le fue prescrito.
2.3. Manifiesta el actor que debido a la distancia que
existe entre su residencia y dicho Centro Hospitalario y teniendo en cuenta su
condición física de discapacitado, se ve forzado a tomar taxis diariamente para
acudir a las terapias, lo que ha generado unos costos que no se encuentra en
capacidad de asumir. Por tal razón, solicitó a la entidad accionada la
prestación del servicio de transporte; sin embargo, la Dirección General del
Hospital Militar Central negó la petición formulada bajo la consideración de que,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la Resolución No. 5261 de 1994
expedida por el Ministerio de Salud, la movilización de pacientes en ambulancia
sólo se entiende incluida en el Plan Obligatorio de Salud, “cuando se trate
de casos de urgencia o como parte del tratamiento durante la internación (…)”[2].
4.      Fundamentos de la acción.
El demandante manifiesta que la negativa
de las autoridades accionadas de prestarle el servicio de transporte
solicitado, comporta una vulneración de su derecho a la salud en conexidad con
los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social, a la integridad
personal y a la dignidad humana, toda vez que esta situación compromete
directamente la posibilidad de que pueda continuar con el tratamiento prescrito
y superar el estado de paraplejia en el que se encuentra, ya que no cuenta con
los recursos económicos necesarios para asumir estos costos y teniendo en
cuenta, además, que su padecimiento se debe no solamente a la enfermedad que lo
aqueja sino también a “una posible negligencia o conducta culposa de mi
médico tratante cometido en el procedimiento o cirugía (…)”[3].
En este sentido, manifiesta que para
atender las citas de las terapias físicas y ocupacionales debe realizar gastos
por transporte hasta las instalaciones del Hospital de cerca de ciento doce mil
pesos ($112.000) semanales, teniendo en cuenta que debe asumir el costo de 2
taxis diarios, lo que al mes representa una suma de cuatrocientos cuarenta y
ocho mil pesos ($448.000); según afirma, ni él ni su progenitor se
encuentran en condiciones de asumir este costo toda vez que, por un lado, debido a su
estado de salud él se encuentra incapacitado para trabajar y, por el otro, su
padre es un pensionado cuyo único ingreso mensual es de seiscientos cincuenta y ocho mil pesos ($658.000), el cual resulta insuficiente para cubrir
todos los gastos del hogar y, además, el costo del
transporte que requiere el actor para acudir a las terapias programadas.
Finalmente, el actor manifiesta: “temo
además que el Hospital Militar Central en un futuro me suspenda los servicios
médico asistenciales a que vengo siendo sometido, por cuanto hasta antes de la
intervención quirúrgica era beneficiario de mi padre por mi condición de
estudiante universitario, pero como esa operación obligó mi retiro del sistema
educativo, en este momento me está atendiendo como incapacitado. No obstante,
me está expidiendo unas certificaciones provisionales hasta por sesenta (60)
días, pero no me entrega carné.”[4]
5.      Pretensiones del demandante.
El accionante solicita al juez de
tutela que le sean amparados los derechos fundamentales invocados, de tal
manera que se ordene a las entidades accionadas que autoricen la prestación del
servicio de transporte que requiere para realizar desplazamiento entre el lugar
de su residencia y el Hospital Militar Central. Adicionalmente, solicita que se
ordene “la entrega del carné que me acredite como beneficiario al Subsistema
de Salud de las Fuerzas Militares (HMC)”[5] y que se autorice
a las entidades accionadas para que repitan en contra del FOSYGA por los gastos
en los que incurran en cumplimiento del fallo.
6.      Oposición a la demanda de tutela.
La Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica del establecimiento público
Hospital Militar Central, se pronunció en el proceso de la referencia, solicitando
se denieguen las pretensiones de la demanda con fundamento
en las siguientes consideraciones.
En primer lugar, sostiene que el Hospital Militar Central es una
entidad del orden nacional adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, que se
encarga de la prestación del servicio de salud de conformidad con el convenio
interadministrativo que para el efecto se suscribe anualmente con la Dirección
General de Sanidad Militar, por lo que es ésta última entidad la encargada de
autorizar los procedimientos y administrar los recursos del Subsistema de Salud
de las Fuerzas Militares, así como de establecer quienes son los usuarios del
servicio. En ese sentido, dicho centro médico no está en capacidad de autorizar
el servicio de transporte solicitado, ni tampoco de expedir el carné donde
conste la afiliación del accionante.
En segundo término, afirma que la negativa de la
entidad para facilitar el servicio de ambulancia obedece al cumplimiento
estricto de la normatividad aplicable, la cual se funda en la consideración de
que tanto los recursos físicos como humanos con los que cuenta la entidad son
limitados, ya que en este momento el Hospital sólo tienen dos ambulancias que
resultan insuficientes para atender la demanda de los pacientes. Así mismo,
aduce que no se le ha vulnerado ningún derecho fundamental al accionante, toda
vez que la entidad que representa ha prestado integralmente el servicio médico
asistencial, las ayudas diagnósticas y el tratamiento farmacológico que ha
requerido y seguirá otorgándolo siempre que el señor Wilches Carrillo acredite
su condición de beneficiario del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.
II. DECISIÓN JUDICIAL QUE SE
REVISA.
1. Decisión de primera instancia.
La Sala de Decisión Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
mediante sentencia del veintitrés (23) de octubre de dos mil seis (2006),
resolvió negar el amparo invocado.
Para
sustentar su decisión, afirma que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha establecido que las controversias referidas a asuntos
de carácter económico no son
susceptibles de solución a través de la acción de tutela, pues para ello
existen las vías judiciales ordinarias. En este
sentido, como quiera que la pretensión del actor va dirigida a dirimir un conflicto sobre la asunción de
obligaciones dinerarias, el mecanismo de amparo constitucional no es la escenario para solucionar
el debate aquí planteado.
En cuanto al temor del accionante
por la futura suspensión de los servicios médicos, indica
que del escrito de tutela, de su contestación y de las pruebas recaudadas, no
se infiere que tal situación vaya a presentarse y por lo tanto no puede
concluirse que exista una amenaza o vulneración de derechos fundamentales.
2.                Ninguna de las partes impugnó
la decisión adoptada por el juez de primera instancia.
3. Material
probatorio relevante en este caso.
En el expediente contentivo
de la presente acción de tutela, se encuentran como pruebas relevantes las
siguientes:
a.
Fotocopia de la
comunicación suscrita por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Hospital
Militar Central, mediante la cual le informa al padre del accionante que no es
posible autorizar el servicio de transporte solicitado, por cuanto su situación
particular no encuadra dentro de los supuestos en los cuales este servicio se
reconoce como parte del Plan Obligatorio de Salud, establecidos en la
Resolución 5261 de 1994.
b.
Copia del Oficio
No. 00512 de febrero tres (3) de dos mil seis (2006), mediante el cual el
Subdirector Administrativo del Hospital Militar le informa al progenitor del
demandante que “de acuerdo a las medidas de austeridad del gasto público
ordenadas por el Gobierno Nacional y al uso que se le debe dar a los vehículos
oficiales, no nos es posible en la actualidad prestarle el apoyo solicitado”.[6]
c.
Fotocopia de parte
de la historia clínica del accionante.
d.
Copia de documento
expedido el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006), en el cual se
certifica de manera provisional la calidad de afiliado al subsistema de Salud
de las Fuerzas Militares del señor Serafín Wilches Luna y de Carlos Andrés
Wilches Carrillo como beneficiario de su padre.
III.    ACTUACIÓN ADELANTADA EN SEDE DE REVISIÓN.
Mediante Auto del diez (10) de mayo de dos mil siete
(2007), la Sala Cuarta de Revisión consideró necesario recaudar algunas pruebas
para verificar los supuestos de hecho que originaron la acción de tutela de la
referencia. En consecuencia, se ofició al señor Carlos Andrés Wilches Carrillo,
a la Directora General del Hospital Militar Central y a la Dirección General de
Sanidad Militar, para que respondieran algunos interrogantes relacionados con
el esclarecimiento de los supuestos fácticos del presente asunto.
3.1. Así las cosas, a la Directora General del Hospital
Militar Central se le ordenó que absolviera los siguientes interrogantes: “(i)
Cuál es el estado actual de la enfermedad que padece Carlos Andrés Wilches Carillo
(…); (ii) En que consisten exactamente las terapias físicas y
ocupacionales que se le han practicado al joven Carlos Andrés Wilches Carrillo,
precisando por cuanto tiempo el paciente deberá someterse a ellas; (iii)
Si dichas terapias únicamente pueden practicarse en las instalaciones del
Hospital Militar Central o si es posible que éstas se realicen en el domicilio
del actor o en otros centros hospitalarios en la ciudad de Bogotá, cercanos a
la residencia del paciente (…).”
Mediante escrito recibido por la Secretaría
General de esta Corporación el día 16 de mayo de 2007, la Directora del
Hospital Militar Central dio respuesta a los interrogantes planteados de la
siguiente manera.
Con relación a la evolución del paciente,
sostuvo que el paciente ha evolucionado positivamente hasta la recuperación y
que durante el año 2006 y lo corrido del 2007 lo ha atendido en las siguientes
oportunidades:
“- Evaluación
Fisiatría 30 de Agosto de 2006: Deambula por sus propios medios con la ayuda de
bastones canadienses y férulas para pie caído, independiente en actividades
básicas cotidianas y actividades de la vida diaria, controla esfínteres rectal
y urinario.
- Evaluación
ortopedia 20 de febrero de 2007: Deambula de la forma descrita anteriormente
aún contra resistencia en rampa de rehabilitación; su deformidad cifótica se
mantiene corregida sin corsé ortopédico. Al examen es poco colaborador
irritable y su Madre informa que ha tenido comportamientos inadecuados con sus
familiares, por lo cual se insiste en el tratamiento con Neuropsicología y
Psiquiatría.”[7]
Adicionalmente, señaló que las terapias
tienen como finalidad mejorar la funcionalidad e independencia de los pacientes
con estos padecimientos y que el joven Carrillo Wilches debe asistir nuevamente
a control y solicitar la cita correspondiente para determinar por cuánto tiempo
las requiere.
En último lugar, declaró que sí es posible
realizar las terapias en una institución distinta al Hospital Militar Central,
siempre y cuando la Dirección General de Sanidad Militar lo apruebe. En lo
concerniente a la realización de las terapias en el domicilio del paciente,
manifestó que en ningún momento las han ordenado porque no se justifican, toda
vez que el joven puede desplazarse y que, en todo caso, el Hospital Militar no
cuenta con ese tipo de servicio.
3.2. Ahora bien, a la Dirección General de Sanidad Militar
esta Sala la requirió para que informara “(i) Cuál es el monto
de la pensión que percibe el señor Serafín Wilches Luna, padre de Carlos Andrés
Wilches Carrillo (…); (ii) Si las terapias físicas y ocupacionales que
se le han venido realizando al joven Carlos Andrés Wilches Carrillo únicamente
pueden practicarse en las instalaciones del Hospital Militar Central o si es
posible que éstas se realicen en el domicilio del actor o en otros centros
hospitalarios en la ciudad de Bogotá; (iii) En qué fechas, dentro de los
años 2006 y 2007, el señor Carlos Andrés Wilches Carrillo ha hecho uso de los
servicios médicos a que tiene derecho como beneficiario del Subsistema de Salud
de las Fuerzas Militares, precisando la institución de salud que le prestó el
servicio, la especialidad en la que fue atendido, el nivel de atención que le
fue brindado, la enfermedad que padece, el estado actual de la misma y el
tratamiento que requiere.”
A través de escrito de fecha dieciocho (18)
de mayo de dos mil siete (2007), la Directora del Hospital Militar Central
informó que el anterior cuestionario le había sido remitido por competencia por
el Director de Sanidad del Ejército y, en consecuencia, procedió a dar
respuesta a los interrogantes planteados por esta Sala.
Así, indicó que el señor Serafín Wilches
Luna -padre del accionante- fue pensionado por el Hospital Militar mediante
resolución del primero (1°) de junio de dos mil tres (2003), con un asignación
mensual de setecientos noventa y tres mil quinientos dieciséis pesos
($793.516).
Por lo demás, la Directora reiteró las
respuestas dadas en el requerimiento que esta Sala le hiciera directamente al
Hospital Militar.
3.3. Finalmente, al accionante se lo requirió para que
informara a esta Sala: “(i) Cuál es su ocupación actual; (ii)
Cómo está conformada su familia y con quién reside actualmente; (iii) De
quién depende económicamente y a cuánto ascienden los ingresos y egresos
mensuales de su núcleo familiar; (iv) Cuál es el estado actual de la
enfermedad que padece (…); (v) Cuántas terapias le fueron ordenadas por
su médico tratante, cuál es la intensidad de las mismas  y por cuanto tiempo le
fueron prescritas [y] (vi) Si en alguna oportunidad el Hospital Militar
le prestó el servicio de atención domiciliaria para realizar las terapias que
requiere (…)”.
En respuesta al requerimiento judicial, el
demandante indicó que actualmente se encuentra dedicado de tiempo completo a su
rehabilitación física. Por otra parte, señaló que su familia está conformada
por su padre Serafín Wilches Luna, su madre Verónica Carrillo Bustos y su
hermana Patricia Wilches Carrillo y que depende económicamente de su padre,
quien es pensionado del Hospital Militar Central y recibe una asignación de
seiscientos mil pesos ($600.000) y de su hermana, quien trabaja para Porvenir
devengando un salario dos millones de pesos ($2.000.000).
En cuanto a los egresos de su familia,
adujo que mensualmente ascienden a la suma aproximada de dos millones
ochocientos veinticuatro mil cuarenta y cinco pesos ($2´824.045) por gastos de
mercado, servicios públicos, vestuario, pago de intereses de préstamos y
tratamientos para su enfermedad. Precisó que actualmente recibe un tratamiento
de rehabilitación en la Clínica Universitaria Teletón, cuyo costo mensual es de
un millón noventa y cuatro mil cuatrocientos setenta y dos pesos ($1.094.472) y
que el transporte a esa institución, tres días por semana, genera un egreso de
ciento cinco mil pesos ($105.000) al mes. Por otro lado, agregó que su mamá se
vio en la necesidad de solicitar un préstamo de diez millones de pesos
($10.000.000) a un particular para sostener su tratamiento en el Centro de
Rehabilitación Teletón, crédito por el cual deben pagar intereses del tres por
ciento (3%) mensual.
Acerca del estado actual de su enfermedad,
indicó que de acuerdo con la Junta de Evaluación realizada por los médicos del
Centro de Rehabilitación Teletón el día ocho (08) de febrero de dos mil siete
(2007), presenta “lesión medular t12, trastorno depresivo mayor moderado,
antecedente de enfermedad de Scheureman (…) secuelas neurológicas
estructurales, supeditado a adherencia al tratamiento, prevención y manejo de
complicaciones, seguimiento de recomendaciones terapéuticas y planes caseros.
Mejoría de condiciones mioarticulares, optimización de funcionalidad existente,
mejoría de sintomatología dolorosa”[8]. De igual forma,
el actor aseveró que ha presentado evolución positiva en lo relativo al control
de esfínteres anal y vesical y en cuanto a sus posibilidades de desplazamiento,
ya que en la actualidad no debe usar silla de ruedas sino bastones canadienses.
Con relación a la práctica de cirugías,
señaló que no ha sido intervenido quirúrgicamente pero que inició tratamiento
de rehabilitación en el Clínica Universitaria Teletón el día ocho (08) de marzo
de dos mil siete (2007) y le han sido prescritos dos (2) meses de terapia
supeditadas a la adherencia del tratamiento.
Finalmente, manifestó que su residencia no
cuenta con un espacio que brinde las condiciones necesarias para realizar las
terapias físicas que requiere.
IV.    FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
1.     Competencia.
A través de esta Sala, la Corte
Constitucional es competente para revisar la sentencia proferida en el proceso
de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241
numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a
36 del Decreto 2591 de 1991.
2.      Del objetivo de la acción de tutela y el hecho
superado.
Tal como se
estableció en el acápite de antecedentes de esta providencia, la presente
acción de tutela involucra dos pretensiones
claramente diferenciables; por un lado, la relacionada con la prestación del
servicio de transporte que el actor requiere para desplazarse desde su lugar de
residencia hasta las instalaciones del Hospital Militar Central, dado que, según
afirma, no cuenta con suficientes recursos económicos para asumir directamente
dichos gastos y, por el otro, la referente a la entrega del documento que lo
acredite como beneficiario del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares,
petición que el demandante funda en su temor respecto de la suspensión del
servicio médico asistencial.
En este escenario, en aras
de establecer si efectivamente las entidades accionadas incurrieron con su
actuación en una conducta
violatoria de los derechos fundamentales alegados por el demandante, la Sala encuentra necesario efectuar el
análisis por separado de dichas pretensiones, tal y como se pasa a establecer.
2.1.
En primer lugar y en relación con la solicitud formulada por el actor para que las
accionadas le presten el servicio de transporte que le permita efectuar los
desplazamientos desde su lugar de residencia hasta las instalaciones del
Hospital Militar Central, esta Sala encontró que el material probatorio que
obraba en el expediente resultaba insuficiente para establecer la procedencia
de dicha petición, razón por la cual en sede de revisión se le solicitó tanto a
la Dirección General del Hospital Militar como a la Dirección General de
Sanidad Militar y al propio demandante, que dieran respuesta a un cuestionario dirigido
a verificar los supuestos de hecho que originaron la presente acción, en aras
de proceder al análisis del caso concreto.
Así,
en respuesta al requerimiento judicial el actor informó a esta Corporación que ya
no está recibiendo el tratamiento de rehabilitación en las instalaciones del
Hospital Militar Central, sino que de manera particular y con recursos propios está
asistiendo al Centro de Rehabilitación Teletón desde el día ocho (8) de marzo
del año dos mil siete (2007). En este sentido, el accionante manifestó que decidió
prescindir de las terapias que le estaban siendo practicadas en el Hospital
Militar con cargo al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y, en su
lugar, optó por recibir la atención médica que le ofrece una institución
privada a la que mensualmente debe cancelar de su propio peculio la suma de un
millón noventa y cuatro mil cuatrocientos setenta y dos pesos ($1.094.472).
De
igual forma, la Directora General del Hospital Militar Central informó que
desde el mes de agosto del año dos mil cinco (2005) el paciente sólo ha
asistido en dos oportunidades a dicho centro hospitalario para realizar evaluaciones
de fisiatría y ortopedia y que la programación de las terapias físicas y
ocupacionales dependen de que el accionante solicite la cita correspondiente y
sea valorado por el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación.
Estos elementos probatorios, aportados
tanto por la parte actora como por el Hospital accionado, llevan a concluir que
en la actualidad el joven Carlos Andrés Wilches Carrillo ya no está recibiendo
tratamiento de rehabilitación en el Hospital Militar Central y, por
consiguiente, que ya no debe asistir a terapias en dicho centro hospitalario, razón
por la cual es evidente que en este momento el actor no requiere la prestación
del servicio de transporte que le permita desplazarse entre su lugar de
residencia y las instalaciones del Hospital. En este sentido, los supuestos
fácticos en los que se fundaba la solicitud de protección tutelar ya han sido
superados, razón por la cual esta Sala encuentra que en el caso sub examine
la acción de tutela carece de objeto de pronunciamiento en tanto se han
extinguido las causas que generaban la alegada vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales.
En efecto, tal y como lo ha establecido este Tribunal
en reiteradas oportunidades, el objetivo de la acción de tutela conforme a lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, a las disposiciones
del Decreto 2591 de 1991 y a la doctrina constitucional, es la protección
efectiva y cierta de los derechos fundamentales, cuando quiera que ellos hayan
sido vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o
de un particular en los casos expresamente señalados en la ley. En virtud de lo
anterior, la eficacia de la acción de tutela radica en el deber que tiene el
juez constitucional, en caso de encontrar que efectivamente se ha violado un
derecho de carácter fundamental, de impartir una orden de inmediato
cumplimiento orientada a la defensa actual y cierta del derecho que se aduce.
No obstante lo anterior, existen eventos
en los cuales para el momento del pronunciamiento han desaparecido los
supuestos de hecho que motivaron el ejercicio de la acción de tutela[9],
bien porque ya se ha reivindicado el derecho vulnerado o amenazado o porque han
desaparecido las causas de tal afectación, fenómeno que ha sido catalogado por
la jurisprudencia como hecho superado. En estos casos, es decir, cuando quiera que la situación de hecho que
causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se
encuentra superada, el amparo tutelar pierde su razón
de ser y, en este sentido, la decisión que pueda llegar a adoptar el juez de
tutela con respecto al caso concreto resultaría inocua y contraria al objetivo
previsto en la Carta Política y en las normas reglamentarias para este tipo de
acción. Por tal razón, la Corte Constitucional ha señalado que en estos eventos
la solicitud de amparo tutelar se torna improcedente, ya que no existe
un objeto jurídico sobre el cual proveer.
Al respecto esta Corporación ha sostenido:
"La acción de
tutela ha sido concebida, como un procedimiento preferente y sumario para la
protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de cualquier autoridad pública o de un particular en los casos que
determine la ley. Así las cosas, la efectividad de la acción, reside en la
posibilidad de que el juez si observa que en realidad existe la vulneración o
la amenaza alegada por quien solicita protección, imparta una orden encaminada
a la defensa actual y cierta del derecho en disputa.
Sin embargo, si la situación de hecho
que genera la violación o la amenaza ya ha sido superada, el instrumento
constitucional de defensa pierde su razón de ser. Es decir, la orden que
pudiera impartir el juez, ningún efecto podría tener en cuanto a la efectividad
de los derechos presuntamente conculcados, el proceso carecería de objeto y la
tutela resultaría entonces improcedente.”[10] (subraya y negrilla fuera de texto)
Así las cosas, como quiera que en el
presente caso los supuestos de hecho en los que se fundaba la solicitud ya no
existen, dado que el actor ya no requiere de la prestación del servicio de
transporte para efectuar los desplazamientos desde su domicilio hasta las
instalaciones del Hospital Militar Central -por la razón de que ya no está
recibiendo terapias en dicho centro hospitalario-, en el presente caso la
acción de tutela se torna improcedente respecto de dicha pretensión en razón a
que el hecho que la motivó fue superado.
2.2. Ahora bien, en relación con el temor que expresa tener el
demandante de que le sean suspendidos los servicios de salud que recibe como
beneficiario de su padre de parte del subsistema de salud de las Fuerzas
Militares, esta Sala encuentra que las entidades accionadas no han efectuado
ninguna manifestación en ese sentido, ni tampoco le han negado al actor la
prestación de los servicios de salud que éste ha requerido. Por el contrario,
el material probatorio que obra en el expediente da cuenta de que el actor ha
contado con dichos servicios cuando los ha demandado, sin que se le hayan
presentado obstáculos para acceder a ellos.
Así, la supuesta vulneración de los
derechos fundamentales del accionante como consecuencia de la posibilidad de
que en el futuro le sean negados los servicios médicos, corresponde a un
supuesto eventual o presunto que no se ha materializado y respecto del cual, en
consecuencia, no es posible afirmar que tenga la virtualidad de producir una
actual y efectiva violación de los derechos del actor, ni tampoco puede ser
considerado como una amenaza para la vigencia de los mismos, ya que no existe
ninguna actuación u omisión específica y concreta que sea atribuible a las
entidades accionadas y respecto de las cuales pueda derivarse la vulneración de
los derechos del demandante.
En este escenario, no es posible acceder a
la pretensión del demandante, ya que ella se funda en una eventual y presunta
situación que no se ha concretado y que, por tanto, no ha generado la supuesta
violación de los derechos fundamentales del actor, de tal manera que, sin la
existencia de una acto concreto de vulneración a un derecho fundamental, no hay
conducta específica activa u omisiva de la cual proteger al interesado.
En
consecuencia, esta Sala confirmará la decisión proferida por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, pero por las razones
expuestas en esta providencia.
V.      DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. LEVANTAR la suspensión de términos ordenada en el
presente proceso.
Segundo. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el día veintitrés (23) de
octubre de dos mil seis (2006), pero por las razones expuestas en la presente
providencia.
Tercero. Por Secretaría, líbrese la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado Ponente
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]              De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de
la lengua española, paraplejia o paraplejía significa “Parálisis de la mitad inferior del cuerpo”.
[2]              Folio 8 del cuaderno No.1.
[3]              Folio 1 del cuaderno No.1.
[4]              Folio 2 del cuaderno No.1.
[5]              Folio 7 del cuaderno No.1.
[6]              Folio 9 del cuaderno No.1.
[7]              Folio 29 del cuaderno No.1.
[8]              Folio 35 del cuaderno No.1.
[9]              Sentencia T-488 de 2005, Magistrado Ponente: Álvaro
Tafur Galvis.
[10]             Sentencia T-100 de 1995, Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo
Mesa. Sobre este tema pueden consultarse además las sentencias T-102 y T-525 de
2002, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.