T-377-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-377/13
AGENCIA OFICIOSA DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN
PRESTANDO SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Requisitos
para determinar la legitimidad del padre o madre del hijo que presta el
servicio militar
La legitimación por activa
para presentar una acción de tutela no sólo se predica de la persona que
solicita directamente el amparo de sus derechos fundamentales, sino también de
quien actúa como agente oficioso de una persona, cuando a ésta le es imposible
promover su propia defensa, siempre que dicha circunstancia se manifieste en la
solicitud. En numerosos pronunciamientos, esta Corporación ha establecido que
son dos los requisitos para que una persona pueda constituirse como agente
oficioso: “La presentación de la solicitud de
amparo a través de agente oficioso tiene lugar, en principio, cuando éste
manifiesta actuar en tal sentido y cuando de los hechos y circunstancias que
fundamentan la acción, se infiere que el titular de los derechos fundamentales
presuntamente conculcados se encuentra en circunstancias físicas o mentales que
le impiden actuar directamente.” En relación con el primer
requisito, esto es, la manifestación expresa por parte del agente oficioso de
actuar en tal calidad, se observa que su cumplimiento no se exige de forma
estricta, comoquiera que se ha aceptado la legitimación del agente siempre que
de los hechos y de las pretensiones se haga evidente que actúa como tal. Por
consiguiente, en criterio de la Corte, (i) si existe manifestación expresa del
agente o (ii) si de los hechos se hace evidente que actúa como tal, el juez
constitucional deberá analizar el cumplimiento del segundo requisito y
determinar si, en el caso concreto, las circunstancias le impiden al titular de
los derechos presuntamente vulnerados actuar por sí mismo. Precisamente, la
necesidad de acreditar la imposibilidad de actuar directamente tiene
justificación en el hecho de preservar la autonomía y voluntad de una persona
mayor de 18 años, quien es titular de la capacidad legal o de ejercicio, por
virtud de la cual se le reconoce su plena aptitud para acudir ante los jueces,
en defensa de sus propios derechos, cuando éste considere que los mismos están
siendo amenazados o vulnerados. Por esta razón, un agente oficioso sólo podrá
actuar por otro cuando se pruebe una circunstancia física o mental que le
impida al interesado interponer una acción de tutela directamente.
AGENCIA OFICIOSA-Ejercicio del servicio militar no es por sí solo un motivo que
justifique la imposibilidad para solicitar personalmente el amparo de tutela
El
servicio militar obligatorio en Colombia implica una limitación de tiempo y de
espacio al soldado que lo presta, de manera que, quien resulte apto para contribuir
con este servicio al país, deberá permanecer acuartelado en un batallón de 12 a 24 meses, dependiendo de la modalidad de prestación. Sin embargo, el reglamento de las fuerzas
militares prevé la posibilidad de que quienes estén reclutados puedan obtener
permisos para ausentarse de los lugares de acuartelamiento. Los soldados que se encuentran prestando servicio militar
obligatorio pueden excepcionalmente salir de su lugar de acuartelamiento,
cuando soliciten un permiso por razones personales o familiares o cuando éste
les sea otorgado como estímulo por su buen comportamiento. A pesar de lo
anterior, la Sala reconoce que el otorgamiento de dichos permisos es una
facultad discrecional del superior y que, en ocasiones, el soldado puede estar
prestando servicio militar obligatorio en lugares alejados que dificultan la
posibilidad de salida y entrada del batallón. Sin embargo, las citadas
circunstancias no implican que un soldado se encuentre incomunicado. El soldado acuartelado tiene derecho a enviar
correspondencia y, por ende, a la posibilidad real y efectiva de comunicarse
con el exterior, no sólo mediante permisos sino también por medio de cartas a
sus familiares. Esta Corporación, en reiterada jurisprudencia, ha determinado
que no es posible derivar como consecuencia necesaria de la prestación del
servicio militar, la imposibilidad del reclutado mayor de edad para actuar
directamente por vía de acción de tutela, cuando considere vulnerados sus derechos
fundamentales. El hecho de estar prestando servicio militar no constituye una
razón que por sí sola justifique la posibilidad de aceptar la agencia oficiosa
en la solicitud de la tutela, razón por la cual se deberán determinar en cada
caso concreto las situaciones particulares que materialicen la imposibilidad
del reclutado de actuar  directamente por vía de la acción de tutela.
MINIMO VITAL-Concepto/MINIMO VITAL-Requisitos
para la protección de agente oficioso de persona incorporada al servicio
militar
El mínimo vital es aquel conjunto de elementos
necesarios e insustituibles para que una persona pueda vivir en condiciones
básicas de dignidad. En materia de tutela, su protección se somete a la
necesidad de demostrar que la conducta del demandado es la generadora de una
violación frente a su contenido esencial y que su defensa se torna necesaria
dada las condiciones particulares en las que se encuentra el accionante, en los
términos previstos en el Decreto 2591 de 1991. Esta Corporación se ha pronunciado
en varias oportunidades sobre el derecho al mínimo vital, en casos en los que
se invoca la condición de agente oficioso de personas reclutadas por el
Ejército Nacional, cuando éstos tenían a su cargo el deber de proveer por la
subsistencia de otros. En la mayoría de los casos se ha dado un tratamiento
especial, cuando se trata de hombres que tenían a su cargo hijos menores de
edad o esposas o compañeras permanentes en estado de gestación, al momento en
que fueron incorporados a las filas. En aquellos casos en que no se presente
una afectación al mínimo vital de menores de edad o de esposas o compañeras
permanentes en estado de gestación, solamente es posible acceder a la
protección del citado derecho, cuando se acredite que quien se encuentra
prestando servicio militar, además de ser quien proveía al sustento de una
persona, es realmente el sujeto llamado a responder legalmente por otro.
AGENCIA OFICIOSA DE
PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRESTANDO SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Improcedencia de tutela
por cuanto el actor no tiene legitimidad por activa en representación de su
hijo mayor de edad
El hecho de que el joven se encuentre prestando servicio militar
obligatorio, no constituye una razón que justifique la agencia oficiosa en el
caso concreto, por lo que deberá declararse la improcedencia de la solicitud de
amparo de los derechos a la educación y a la igualdad del joven, máxime cuando
en el expediente no existe una prueba de alguna circunstancia que permita hacer
una excepción a la regla general de improcedencia en estos casos. Llegar a una
conclusión diferente generaría el desconocimiento de la autonomía del joven e
incluso podría generar una decisión contraria a sus intereses, pudiéndose
ordenar una desincorporación que vaya en contravía de su proyecto de vida. En
conclusión, la Sala considera que la accionante no se encuentra legitimada para
interponer la acción de tutela a nombre de su hijo, máxime que no se encuentra
dentro del expediente pronunciamiento alguno de este último en el sentido de
confirmar los hechos que dieron origen a la solicitud de amparo, la cual fue
presentada hace más de seis meses, tiempo que esta Sala considera suficiente
para que el presunto afectado emitiera algún pronunciamiento
Referencia: expediente T-3791626
Asunto: Acción de tutela instaurada por la señora Leonor Pérez González, en
calidad de agente oficioso de Luis Eduardo Muñoz
Pérez, contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional, Dirección de Reclutamiento
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá
DC, veintiocho (28) de junio de dos mil trece (2013).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge
Iván Palacio Palacio y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente
las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 y
subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos por la Sala de
Decisión Civil y de Familia del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, correspondientes al trámite de
la acción de amparo constitucional impetrada por la
señora Leonor Pérez González, como agente oficiosa de Luis Eduardo Muñoz Pérez, contra la Nación, Ministerio
de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Dirección de Reclutamiento.
I.
ANTECEDENTES
1.
1. Hechos
1.1.1.          La accionante manifiesta que es una persona de 39 años de edad que sufrió un impacto
de bala en la cabeza, razón por la cual, junto con su escasa formación
académica, no puede trabajar.
1.1.2    Afirma que Luis Eduardo Muñoz Pérez, su
único hijo, asistía al colegio Rufino José Cuervo de Bogotá, en donde cursaba
décimo grado. Así mismo señala que en las horas de la mañana trabajaba como mensajero,
con el propósito de obtener los recursos necesarios para asegurar la subsistencia
de los dos.
1.1.3. Sostiene que el día 22 de octubre de 2012, mientras
abordaba un vagón de Transmilenio, su hijo, mayor de edad, fue reclutado por el
Ejército Nacional y conducido al Batallón 100, Cuarta Brigada de Bogotá.
1.1.4. Con posterioridad, la accionante obtuvo un certificado de
estudios, el cual le fue entregado al “Sargento Calderón”, quien le
informó que el mismo debía ser remitido al “Sargento Yanis Chacón” en el
Batallón Joaquín París de San José del Guaviare, donde su hijo prestaría el
servicio militar.
1.1.5. Aduce que, en el mes de noviembre de 2012, envió el
certificado escolar al batallón que se le había indicado, sin que hasta el
momento hubiese recibido respuesta alguna.
1.2. Solicitud de amparo constitucional
La señora Pérez González solicita el amparo de su derecho fundamental a la
subsistencia, así como los derechos a la educación e igualdad de su hijo Luis
Eduardo Muñoz Pérez, los cuales considera vulnerados por la autoridad pública demandada,
por una parte, porque su hijo era quien le proveía alimentos y manutención y,
por la otra, porque fue reclutado sin que pudiera terminar sus estudios de
bachillerato y sin darle la oportunidad de que cuando los terminara, como
ocurre con otros soldados, accediera a la prestación del servicio como soldado
bachiller.
En consecuencia, pide que se ordene al Ejército Nacional desincorporar inmediatamente a
su hijo Luis Eduardo Muñoz Pérez.
1.3. Contestación de la demanda
El Director de Reclutamiento y Control Reservas
del Ejército Nacional explicó que la accionante había solicitado la
desincorporación de su hijo al Comandante del Batallón de Infantería de
Aerotransportado No. 19 Gr. Joaquín Paris.
En este orden de ideas, advirtió que su
dependencia es incompetente para tomar cualquier decisión sobre la situación de
dicho soldado, pues después de entregar a los conscriptos que resultaron aptos
para prestar el servicio militar, la facultad para decidir sobre los
desacuartelamientos quedaba a cargo de la Unidad Militar respectiva. Así las
cosas, procedió a remitir la acción de tutela al citado batallón para que fuera
contestada por el Comandante[1].
1.4. Intervención de la Procuraduría General de la
Nación
El Procurador Judicial 11 de la Procuraduría
Delegada para Asuntos Civiles emitió concepto sobre los hechos objeto de la
presente tutela. Al estudiar el asunto consideró que se debía conceder el
amparo solicitado, pues, en tiempos de paz, los hijos únicos se encuentran eximidos
constitucionalmente de la obligación de prestar el servicio militar.
II.
SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
2.1. Primera instancia
2.1.1.
La Sala de Decisión Civil y de Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, en sentencia del 6 diciembre de 2012, declaró la
improcedencia de la acción de tutela. Al respecto argumentó que Luis Eduardo
Muñoz Pérez debió acudir directamente ante el juez constitucional, pues por ser
mayor de edad, su madre no podía actuar como agente oficioso, a menos que demostrara
que él no estaba en condiciones de promover su propia defensa, tal y como se
prevé en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[2].
2.1.2.
Por lo demás, el juez de instancia también señaló que la accionante no probó su
imposibilidad para trabajar, ni la existencia de una dependencia económica frente
a su hijo. Finalmente, sostuvo que tampoco se exteriorizó que el Ejército
Nacional le haya otorgado un trato distinto a sujetos que se encuentran en la
misma condición, como supuesto del cual depende la violación del derecho a la
igualdad.
2.2. Impugnación
En
los términos previstos en el Decreto 2591 de 1991, la accionante interpuso
recurso de apelación contra la sentencia proferida por la Sala Civil y de
Familia del Tribunal Superior de Bogotá, en el que solicitó que, al momento de
decidir favorablemente sus pretensiones, se ordenara al Ejército Nacional
trasladar a su hijo nuevamente a Bogotá.
2.3. Segunda instancia
2.3.1.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 24 de enero de
2013, revocó la decisión del a quo. Para el juez de segunda instancia,
la señora Pérez González se encuentra legitimada para actuar como agente oficioso de su hijo, toda vez que éste
se encuentra imposibilitado físicamente para acudir ante un juez de tutela, por
estar prestando el servicio militar obligatorio en San José del Guaviare.
2.3.2.
Como consecuencia de lo anterior, consideró que se desconoció su derecho
fundamental de petición, pues la entidad accionada no se pronunció respecto de
los impedimentos aducidos por la señora Pérez González, a través de los cuales
pretendió demostrar que su hijo se encuentra eximido de la prestación del
servicio militar obligatorio.
2.3.4.
Con fundamento en lo anterior, se ordenó a la Jefatura de Reclutamiento y
Control de Reservas del Ejército Nacional y al Comandante del Batallón de Infantería de Aerotransportado No.
19 Gr. Joaquín París, dar respuesta a los hechos que adujo la accionante como
impedimentos para que su hijo prestara el servicio militar obligatorio, en el
término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo.
III.
PRUEBAS RELEVANTES QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE
3.1.
Copia de declaración extraproceso rendida el 29 de octubre de 2012 en la
Notaria 48 de Bogotá por Hernando Calderón Gordillo y Carlos Julio Fiaría, en
la que afirman que el señor Luis Eduardo Muñoz Pérez es hijo único y que
dependía de su madre la señora Pérez González.
3.2.
Copia de un comprobante de envío de Inter Rapidísimo, sin fecha legible, con
destino al señor Yanis Chacón en el Batallón Joaquín París en San José del
Guaviare.
3.3.
Copia de la cédula de ciudadanía de la accionante.
3.4.
Certificación expedida el 22 de octubre de 2012 por la Secretaría Académica del
colegio Rufino José Cuervo, en la que consta que el señor Luis Eduardo Muñoz
Pérez se encontraba cursando décimo grado en esa institución.
3.5.
Copia del registro civil de nacimiento del señor Luis Eduardo Muñoz Pérez, en
el que consta que nació el 1° de septiembre de 1994.
IV. REVISIÓN POR
LA CORTE CONSTITUCIONAL
4.1. Competencia
Esta Sala es competente para revisar las decisiones
proferidas en la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo
previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política. El expediente
fue seleccionado por medio de auto del 28 de febrero de 2013 proferido por la
Sala de Selección número Dos.
4.2. Trámite surtido en la
Corte Constitucional
4.2.1. En auto de abril 8 de 2013, el Magistrado
Sustanciador dispuso oficiar a la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas
y al Batallón de Infantería de
Aerotransportado No. 19 Gr. Joaquín París del Ejército Nacional, para
que remitieran copia de la respuesta a la petición presentada por la señora
Leonor Pérez González, en relación con la desincorporación de su hijo Luis
Eduardo Muñoz Pérez y, adicionalmente, para que informaran la situación militar
de éste, en especial, si se encontraba prestando servicio militar obligatorio o,
en caso contrario, las razones de su desacuartelamiento.
4.2.1.1. El 16 de abril de 2013, se recibió respuesta
de la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas, a través de la cual el Director
de esta dependencia reiteró que la competencia para decidir sobre la
desincorporación del señor Muñoz Pérez le corresponde al Batallón de Infantería de Aerotransportado No. 19
Gr. Joaquín París, motivo por el que puso en conocimiento de dicho Batallón la
decisión proferida en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia, en la
que se amparó el derecho fundamental de petición de la accionante.
Por otro lado, afirmó que
el señor Muñoz Pérez sigue prestando servicio militar obligatorio en el Batallón de
Infantería de Aerotransportado No. 19 Gr. Joaquín París, en donde, por su
destacado desempeño y buen comportamiento, se encuentra incorporado en calidad
de Dragoneante.
4.2.1.1. Después
de vencido el término probatorio se recibió respuesta por parte del Batallón
de Infantería de Aerotransportado
No. 19 Gr. Joaquín París, en la que informa que el señor Muñoz Pérez se
encuentra prestando servicio militar en dicha unidad como Dragoneante de la
Compañía de Instrucción y que no existe ninguna solicitud de
desacuartelamiento.
4.2.2. En el mismo auto de abril 8 de 2013, se dispuso
oficiar a la accionante para que informara: (i) si su hijo Luis Eduardo Muñoz
Pérez se encuentra actualmente prestando servicio militar obligatorio y (ii)
por qué razón está  imposibilitado para interponer directamente la acción de
tutela. También se pidió remitir a esta Sala de Revisión: (i) copia de la
solicitud de desincorporación dirigida al Batallón de Infantería de Aerotransportado No. 19 Gr. Joaquín París
y (ii) copia del registro civil de nacimiento.
El 22 de abril de 2013, la accionante dio respuesta a
los citados requerimientos, en el sentido de manifestar que su hijo continúa prestando
servicio militar obligatorio en el municipio de Calamar. Adicionalmente, señala
que su hijo no pudo presentar directamente la acción de tutela, por cuanto
mientras estuvo en Bogotá, no se le permitió tener comunicación con él.
Por último, resaltó que el fallo de segunda instancia
protegió su derecho fundamental de petición, pese a que esa no fue su
pretensión, pues, en sus propias palabras, “lo que estoy solicitando es que
me regresen a mi hijo, para que siga viendo por mi y su hermana de 14 años y
siga sus estudios porque es una persona muy responsable y muy buen estudiante”[3]. En todo
caso, manifestó que no existe un escrito de solicitud de desincorporación,
porque dicha solicitud se elevó verbalmente.
4.3. Problema jurídico
4.3.1.
A partir de las circunstancias fácticas que dieron lugar al ejercicio de la
acción de tutela, de las pruebas recaudadas y de las decisiones adoptadas en las
respectivas instancias judiciales, esta Corporación debe, en primer lugar,  determinar
si existe legitimación por activa por parte de la señora Pérez González para obrar
como agente oficioso de su hijo, una persona mayor de edad, que actualmente se
encuentra prestando servicio militar obligatorio.
En
caso afirmativo, la Sala deberá establecer si se configura una vulneración de los
derechos fundamentales a la educación y a la igualdad del señor Muñoz Pérez por
parte del Ejército Nacional, al reclutarlo para prestar el servicio militar
obligatorio, a pesar de estar cursando el décimo grado.
4.3.2.
En segundo lugar, esta Corporación igualmente debe precisar, si se configura
una vulneración del derecho a la subsistencia de la señora Pérez González, por
el hecho de que el Ejército Nacional no haya procedido a la desincorporación de
su hijo, del cual supuestamente depende para vivir.
4.3.3. Con el fin de resolver estos
problemas jurídicos, por un lado, la Sala (i) hará una breve referencia a los
requisitos para que una persona pueda actuar como agente oficioso y centrará su
examen en la hipótesis referente a la prestación del servicio militar
obligatorio. En caso de que sea procedente la agencia oficiosa, se examinará (ii)
el alcance de esa obligación constitucional, para establecer concretamente si
un colombiano mayor de edad que se encuentra cursando sus estudios de
secundaria, puede ser reclutado o no por el Ejército Nacional.
Adicionalmente, se procederá a examinar
(iii) las condiciones bajo las cuales puede invocarse la protección del derecho
al mínimo vital, en especial, cuando su salvaguarda depende del modelo de vida
que se adopta por parte de otra persona.
4.4. De la agencia oficiosa frente
a las personas que se encuentran prestando servicio militar obligatorio
4.4.1. El artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991 dispone que: “También se
pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud.”
Conforme a esta disposición, la
legitimación por activa para presentar una acción de tutela no sólo se predica
de la persona que solicita directamente el amparo de sus derechos
fundamentales, sino también de quien actúa como agente oficioso de una persona,
cuando a ésta le es imposible promover su propia defensa, siempre que dicha
circunstancia se manifieste en la solicitud.
En numerosos pronunciamientos, esta
Corporación ha establecido que son dos los requisitos para que una persona
pueda constituirse como agente oficioso:
“La presentación de la solicitud de amparo a través de
agente oficioso tiene lugar, en principio, cuando éste manifiesta actuar en tal
sentido y cuando de los hechos y circunstancias que fundamentan la acción, se
infiere que el titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados
se encuentra en circunstancias físicas o mentales que le impiden actuar
directamente.”[4]
4.4.2. En relación con el
primer requisito, esto es, la manifestación expresa por parte del agente
oficioso de actuar en tal calidad, se observa que su cumplimiento no se exige
de forma estricta, comoquiera que se ha aceptado la legitimación del agente
siempre que de los hechos y de las pretensiones se haga evidente que actúa como
tal[5].
Por consiguiente, en criterio
de la Corte, (i) si existe manifestación expresa del agente o (ii) si de los
hechos se hace evidente que actúa como tal, el juez constitucional deberá analizar
el cumplimiento del segundo requisito y determinar si, en el caso concreto, las
circunstancias le impiden al titular de los derechos presuntamente vulnerados
actuar por sí mismo.
4.4.3. Precisamente, la
necesidad de acreditar la imposibilidad de actuar directamente tiene
justificación en el hecho de preservar la autonomía y voluntad de una persona
mayor de 18 años, quien es titular de la capacidad legal o de ejercicio, por
virtud de la cual se le reconoce su plena aptitud para acudir ante los jueces,
en defensa de sus propios derechos, cuando éste considere que los mismos están
siendo amenazados o vulnerados. Por esta razón, un agente oficioso sólo podrá
actuar por otro cuando se pruebe una circunstancia física o mental que le
impida al interesado interponer una acción de tutela directamente.
Al respecto esta Corporación ha
expresado que:
“[E]l agente
oficioso o el Defensor del Pueblo y sus delegados, sólo pueden actuar dentro de
los precisos límites que la ley ha señalado a sus actuaciones; por lo tanto, no
pueden de ninguna manera arrogarse la atribución de interponer acciones de
tutela a su arbitrio, es decir, sin que esté justificado plenamente el supuesto
fáctico que la norma exige para legitimar sus actuaciones, cual es, que el
afectado en sus derechos fundamentales no pueda promover directamente su propia
defensa, por hallarse en una situación de desamparo e indefensión, o que
solicite la intervención de dicho defensor.”[6]
Adicionalmente,
cabe precisar que, como regla general, la relación filial no le permite a un
padre actuar a nombre de su hijo mayor de 18 años, pues es precisamente la
mayoría de edad la que le pone fin a la figura de la representación. En efecto,
en la Sentencia T-294 de 2000[7]
se advirtió que:
“En esta materia, el juez ha
de ser absolutamente estricto, pues ampliar la posibilidad de representación de
los padres a los hijos mayores de edad, puede convertirse en la negación de su
personalidad, de su libre albedrío, etc. Por medio de este amplificador de
legitimidad, por llamarlo de alguna manera, basado en el lazo familiar o en el
amor filial, podría llegar el padre a obtener por parte del juez de tutela
órdenes contrarias a los derechos del hijo, y, específicamente su voluntad,
desconociendo, principalmente, su autonomía. Por tanto, el exigir que el
interesado sea quien directamente reclame por sus derechos no puede
considerarse como un mero formalismo, pues lo que está en juego, en estos
casos, es la libertad de cada sujeto para autodeterminarse y disponer de sus
derechos.”
Con
fundamento en lo anterior, la Sala procederá a examinar si el hecho de que una
persona se encuentre prestando servicio militar obligatorio, constituye por sí
solo una razón que justifique la imposibilidad de actuar directamente por vía
de la acción de tutela.
4.4.4.
El servicio militar obligatorio en Colombia implica una limitación de tiempo y
de espacio al soldado que lo presta, de manera que, quien resulte apto para contribuir
con este servicio al país, deberá permanecer acuartelado en un batallón de 12 a 24 meses, dependiendo de la modalidad de prestación.
Sin
embargo, el reglamento de las fuerzas militares prevé la posibilidad de que
quienes estén reclutados puedan obtener permisos para ausentarse de los lugares
de acuartelamiento.
En
efecto, el Decreto 85 de 1989 “por el cual se reforma el reglamento de
régimen disciplinario para las fuerzas militares” define permiso como la “autorización que se concede al personal de las fuerzas militares
para no asistir al servicio, por un tiempo generalmente corto. Los
permisos se otorgan como premio o cuando medien razones personales o familiares
que lo justifiquen plenamente.”
En
lo que se refiere a los permisos por razones personales o familiares, el
artículo 61 del citado decreto, establece que se podrán conceder por los
Directores de Escuelas o Comandantes de Unidad Táctica hasta por quince días y
por los Comandantes de Compañía hasta por ocho. Por su parte, los permisos otorgados como premio, se sujetan a la previa
motivación que haga el superior con atribuciones disciplinarias, conforme se
dispone en el artículo 44 de la Ley 836 de 2003[8].
4.4.5. Desde esta perspectiva, no cabe duda de que los soldados
que se encuentran prestando servicio militar obligatorio pueden excepcionalmente
salir de su lugar de acuartelamiento, cuando soliciten un permiso por razones
personales o familiares o cuando éste les sea otorgado como estímulo por su
buen comportamiento.
A pesar de lo anterior, la Sala reconoce que el otorgamiento de
dichos permisos es una facultad discrecional del superior y que, en ocasiones, el
soldado puede estar prestando servicio militar obligatorio en lugares alejados
que dificultan la posibilidad de salida y entrada del batallón. Sin embargo, las
citadas circunstancias no implican que un soldado se encuentre incomunicado, puesto
que el Decreto 2048 de 1993, por virtud del cual se reglamenta la prestación del
citado servicio, establece que: “El ciudadano
que esté prestando el servicio militar, tiene derecho al suministro de papel y
sobres para comunicarse con sus familiares. Para tal efecto, la Sección de
Personal de cada Unidad tiene la obligación de relacionar y remitir la
correspondencia de los soldados para que llegue oportunamente a su destino, con
la franquicia establecida por la ley.”[9]
En consecuencia, se evidencia que el soldado
acuartelado tiene derecho a enviar correspondencia y, por ende, a la posibilidad
real y efectiva de comunicarse con el exterior, no sólo mediante permisos sino
también por medio de cartas a sus familiares.
4.4.6. Esta Corporación, en reiterada
jurisprudencia, ha determinado que no es posible derivar como consecuencia
necesaria de la prestación del servicio militar, la imposibilidad del reclutado
mayor de edad para actuar directamente por vía de acción de tutela, cuando
considere vulnerados sus derechos fundamentales.
Así, por ejemplo, en la Sentencia T-565 de 2003[10],
se declaró la improcedencia del amparo que solicitaron los padres de un mayor
de edad, que fue reclutado para prestar servicio militar obligatorio como
auxiliar regular de la Policía Nacional en el municipio de Vélez (Santander).
La solicitud de amparo versaba sobre el cambio en la modalidad en que su hijo
debería prestar el servicio militar, comoquiera que se graduó mientras prestaba
el citado  servicio. En criterio de esta Corporación, en dicho caso, no se
cumplieron los requisitos de la agencia oficiosa, de forma que, si era voluntad
del reclutado solicitar la protección de sus derechos, él podía acudir
directamente ante cualquier juez de la República.
El fundamento de la citada decisión consistió en
el hecho de reconocer que en su condición de mayor de edad, el reclutado estaba
en capacidad de promover directamente el amparo constitucional. Al respecto,
esta Corporación dijo que: “si la persona es capaz para interponer la acción
de tutela, no es aceptable que otra persona, ni siquiera sus padres lo hagan
por ésta, pues no se estaría reflejando la autonomía de la voluntad y el
interés que tiene en hacer valer sus derechos.”
En idéntico sentido, en la Sentencia T-711 de
2003[11], se declaró la improcedencia de
una acción de tutela presentada por cinco padres, en la que solicitaron que a sus
hijos mayores de edad se les cambiara el lugar de prestación y la modalidad en
la que fueron reclutados por la Policía Nacional para prestar servicio en la
Escuela Rafael Reyes de Santa Rosa de Viterbo.
La declaratoria de improcedencia se justificó en la
verificación que hizo la Corte sobre el hecho de que los cinco reclutados eran
mayores de edad y que, por dicha razón, podían interponer directamente la acción
de tutela. Por lo demás, teniendo en cuenta que no se probó su imposibilidad
material para acudir ante el juez constitucional, se presumió que era voluntad
de las personas recluidas prestar el servicio militar en la modalidad de
soldados regulares en Santa Rosa de Viterbo.
El precedente expuesto fue reiterado en la Sentencia
T-542 de 2006[12], en la que se confirmó la
decisión del juez de primera instancia, en el sentido de declarar la ausencia
de legitimación por activa de una madre que solicitaba la protección del
derecho fundamental a la educación de su hijo, quien fue reclutado por el Ejército
Nacional para prestar servicio militar obligatorio en San Vicente del Caguán, a
pesar de encontrarse estudiando bachillerato.
Esta Corporación sostuvo que el titular del
derecho a la educación no era la madre sino la persona que había sido reclutada,
de manera que siendo mayor de edad, le correspondía a él y no a sus padres acudir
ante el juez de tutela para solicitar directamente la protección de sus
derechos fundamentales o en caso de que esto no fuera posible, se debían demostrar
las razones que materializaban dicha imposibilidad. En este punto se precisó
que, de conformidad con los precedentes de esta Corporación, el servicio
militar no es un motivo que justifique suficientemente la imposibilidad para
solicitar directamente el amparo.
Más recientemente, en la Sentencia T-248 de 2010[13],
en un caso similar al anterior, se adoptó la decisión de declarar la
improcedencia de acción, por las mismas razones expuestas en las oportunidades
anteriores, esto es, por la  inexistencia de motivos adicionales a la
prestación del servicio militar.
4.4.6. De conformidad con lo expuesto, se
concluye que la solicitud de amparo por parte de un padre o una madre para requerir
la protección de los derechos fundamentales de un hijo mayor de edad que se
encuentra prestando servicio militar obligatorio es improcedente, a menos que actúen
por poder de estos últimos o que prueben la imposibilidad material y real de
quien se encuentra prestando el servicio, de interponer la acción por sí mismo,
en ejercicio de la agencia oficiosa.
Sin embargo, la Sala no desconoce que en casos especiales
se ha admitido la actuación del agente oficioso, cuando el agenciado padece
alguna limitación física o mental que le impida obrar por sí mismo. Así, por
ejemplo, en la Sentencia T-275 de 2009[14], se aceptó la agencia
oficiosa en el caso de una persona que se encontraba prestando servicio militar
y que padecía trastorno mental y de comportamiento, razón por la cual su madre llevó
a cabo la solicitud de desacuartelamiento y de atención médica.
4.4.7. Bajo las anteriores consideraciones, es
claro que no basta con afirmar que un mayor de edad se encuentra prestando
servicio militar obligatorio para que sea procedente la agencia oficiosa, pues
no existe un vínculo directo entre el reclutamiento y la imposibilidad para
presentar directamente la acción. Lo anterior, como ya se dijo, porque existe la
posibilidad de que los soldados soliciten permisos (durante los cuales pueden
acudir ante un juez) o se comuniquen al exterior mediante correspondencia.
Esta última regla es aplicable de manera general,
sin perjuicio de que como se expuso previamente, existan circunstancias especiales
que permitan la actuación del agente oficioso, como, por ejemplo, en caso de
que la persona que se encuentra prestando el servicio militar, por motivos de
salud, le sea imposible acudir directamente ante un juez.
4.4.7. Bajo las anteriores consideraciones se
concluye que el hecho de estar prestando servicio militar no constituye una
razón que por si sola justifique la posibilidad de aceptar la agencia oficiosa
en la solicitud de la tutela, razón por la cual se deberán determinar en cada
caso concreto las situaciones particulares que materialicen la imposibilidad
del reclutado de actuar  directamente por vía de la acción de tutela
4.5. De las condiciones que permiten el amparo
del derecho al mínimo vital
4.5.1. El mínimo vital es aquel conjunto de
elementos necesarios e insustituibles para que una persona pueda vivir en
condiciones básicas de dignidad[15]. En materia de tutela, su
protección se somete a la necesidad de demostrar que la conducta del demandado
es la generadora de una violación frente a su contenido esencial y que su defensa
se torna necesaria dada las condiciones particulares en las que se encuentra el
accionante, en los términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.
4.5.2. Esta Corporación se ha pronunciado en
varias oportunidades sobre el derecho al mínimo vital, en casos en los que se
invoca la condición de agente oficioso de personas reclutadas por el Ejército
Nacional, cuando éstos tenían a su cargo el deber de proveer por la
subsistencia de otros. En la mayoría de los casos se ha dado un tratamiento
especial, cuando se trata de hombres que tenían a su cargo hijos menores de
edad o esposas o compañeras permanentes en estado de gestación, al momento en que
fueron incorporados a las filas.
Sobre este punto, en la Sentencia T-342 de 2009[16],
este Tribunal señaló que si bien la incorporación de un padre al ejército no
significa ipso iure la desprotección de los derechos de sus hijos, es
posible ordenar la desincorporación en la prestación del servicio militar,
cuando dicha circunstancia se encuentra unida a una hipótesis de desamparo o de
especial protección de la madre de los menores.
Precisamente, en la Sentencia T-412 de 2011[17],
se ordenó el desacuartelamiento del compañero permanente de una mujer que
dependía económicamente de él, se encontraba en gestación y tenía la condición
de desplazada por la violencia. Para la Corte, en este tipo de casos, a partir
de las condiciones concretas, es posible darle prevalencia al deber de sostener, alimentar y proteger a hijos menores
de edad y, por ende, al derecho a recibir alimentos, frente a la obligación de
prestar el servicio militar. En este contexto, se dijo que:
“La incompatibilidad entre la obligación de prestar el
servicio militar y la obligación de sostener, alimentar y proteger a los hijos
menores debe resolverse en favor de los derechos cuya protección es
prioritaria. La doctrina constitucional  reconoce la primacía de los derechos
de los niños sobre los derechos de los demás, entre éstos los derechos del
Estado a exigir de sus miembros la contribución efectiva al sostenimiento de la
independencia y soberanía nacionales (CP arts. 216 y 217).”[18]
4.5.3. Sin embargo, en aquellos casos en que no
se presente una afectación al mínimo vital de menores de edad o de esposas o
compañeras permanentes en estado de gestación, solamente es posible acceder a
la protección del citado derecho, cuando se acredite que quien se encuentra
prestando servicio militar, además de ser quien proveía al sustento de una
persona, es realmente el sujeto llamado a responder legalmente por otro.
Es decir que, en el caso concreto, se deberá
verificar si la persona que se encuentra prestando servicio militar es de
aquellas a quienes se les puede imponer la carga de asumir los gastos de una
familia, pues de lo contrario, no será exigible la obligación de sostenimiento
y, por ende, no será procedente la solicitud de desincorporación.
4.5.4. En este sentido, se concluye que, en caso
de que se solicite el amparo del derecho fundamental al mínimo vital, es
necesario acreditar siquiera sumariamente su afectación y, además, se deberá
examinar si a la persona acuartelada le es imponible o no la carga de responder
económicamente por otro.
5. Caso concreto
De conformidad con el problema jurídico planteado, esta Sala
deberá examinar la procedencia de la solicitud de amparo elevada por la señora
Pérez González de cara a su legitimidad para actuar como agente oficioso de su
hijo y, adicionalmente, la supuesta vulneración del derecho al mínimo vital de
la citada señora, como consecuencia de que su hijo se encuentre prestando
servicio militar.
5.1.
De la legitimación por activa de la señora Leonor Pérez González
Como
se dijo en el aparte considerativo de esta sentencia, es posible presentar la
solicitud de amparo a través de un agente oficioso, cuando éste manifieste
actuar en tal calidad y cuando de los hechos y circunstancias que rodean la
solicitud de amparo, se infiere que el titular de los derechos fundamentales se
encuentra en circunstancias físicas o mentales que le impiden actuar
directamente.
Teniendo
en cuenta lo anterior, en el caso sub examine, la señora Pérez González
manifiesta actuar en tal calidad. Por esta razón, en primer lugar,  se pasará a
verificar los dos requisitos señalados, con el propósito de poder  realizar un
estudio de fondo sobre la vulneración de los derechos fundamentales a la
educación e igualdad del señor Muñoz Pérez.
5.1.1.
Manifestación de actuar como agente oficioso
Al
revisar el expediente, la Sala encuentra que la accionante no manifestó en el
escrito de tutela que actuaba como agente oficioso de su hijo Luis Eduardo
Muñoz Pérez. Sin embargo, el juez de primera instancia en el auto admisorio de
la demanda la requirió para que indicara expresamente si actuaba como tal[19]. En efecto, mediante escrito del 30 de noviembre de
2012, visible a folio 16 del cuaderno principal, se observa la manifestación de
la accionante en el sentido de afirmar que actúa como agente oficioso de su
primogénito. Así las cosas, esta Sala tendrá por satisfecho el primer requisito
de la agencia oficiosa, consistente en la manifestación del agente de actuar en
tal calidad.
5.1.2.
Imposibilidad del agenciado de solicitar directamente el amparo ante el juez de
tutela
En el caso concreto, se advierte que el señor Luis Eduardo Muñoz Pérez
está prestando servicio militar en el Batallón
de Infantería de Aerotransportado No. 19 Gr Joaquín Paris y que está
incorporado en calidad de dragoneante, como consecuencia de su buen
comportamiento y destacado desempeño.
De este hecho se puede inferir que el acuartelamiento del señor
Muñoz Pérez ha transcurrido con normalidad y al parecer sin inconvenientes con
sus superiores, por lo que ha tenido la posibilidad de solicitar el
reconocimiento de los permisos para salir del batallón y así dirigirse a un
juez para interponer directamente la acción de tutela.
Es preciso recordar que la acción de amparo constitucional se
puede ejercer ante cualquier juez del territorio nacional, ya que todos los días
y horas son hábiles para tal efecto[20], lo que demuestra que aún en el caso en
que los permisos que le llegasen a otorgar al señor Muñoz Pérez en el Batallón de
Infantería no coincidieran con los horarios de los despachos judiciales (lunes
a viernes de 7 am a 12 m y de 1 pm a 4 pm)[21], éste puede acudir ante los juzgados
penales en ejercicio de la función de control de garantías, quienes trabajan
bajo la modalidad de turnos[22], en desarrollo del principio de
continuidad de la administración de justicia.
En caso de que por alguna circunstancia especial el señor Muñoz Pérez
no pudiere retirarse de la prestación del servicio temporalmente para acudir
ante un juez, ello no obsta para que pueda enviar correspondencia y comunicarse
con sus familiares, de manera que si su voluntad era la de continuar estudiando
y ser desacuartelado del servicio militar, debió pronunciarse sobre los hechos
que fundamentaron la tutela, por medio de alguna comunicación en tal sentido.
De las pruebas que obran en el expediente y de las solicitadas en
sede de revisión, no se encuentra que realmente el señor Luis Eduardo Muñoz
Pérez se encuentre incapacitado para acudir ante un juez e interponer una
acción de tutela o para pronunciarse sobre su deseo continuar estudiando. De
hecho, por el contrario, se observa que no existe ninguna petición de
desacuartelamiento elevada por el señor Muñoz Pérez, toda vez que la misma no
fue acreditada por la accionante y su existencia fue negada por parte del
Batallón donde se encuentra prestando servicio militar. En este sentido, el Ejecutivo Segundo Comandante del Batallón de
Infantería No. 19 “General Joaquín Paris” sostiene que el señor Muñoz Pérez “se
encuentra prestando servicio militar en esta unidad táctica como Dragoneante de
la Compañía de Instrucción, así mismo informó que no se encontró ninguna
petición de desacuartelamiento”[23].
En este orden de ideas, la  presente acción de tutela no es la vía
idónea para conseguir el fin perseguido, comoquiera que el señor Luis Eduardo
Muñoz Pérez desde el momento de su reclutamiento es mayor de edad, y, por lo
tanto, es el único con capacidad para definir si desea continuar prestando servicio
militar obligatorio o si, por el contrario, busca ser desacuartelado con fines
de retomar sus estudios.
Así las cosas, se concluye que el hecho de que el señor Luis
Eduardo Muñoz Pérez se encuentre prestando servicio militar obligatorio, no
constituye una razón que justifique la agencia oficiosa en el caso concreto,
por lo que deberá declararse la improcedencia de la solicitud de amparo de los
derechos a la educación y a la igualdad del señor Muñoz Pérez, máxime cuando en
el expediente no existe una prueba de alguna circunstancia que permita hacer
una excepción a la regla general de improcedencia en estos casos.
Llegar a una conclusión diferente generaría el desconocimiento de
la autonomía del señor Luis Eduardo Muñoz Pérez e incluso podría generar una
decisión contraria a sus intereses, pudiéndose ordenar una desincorporación que
vaya en contravía de su proyecto de vida.
En conclusión, la Sala considera que la accionante no se encuentra
legitimada para interponer la acción de tutela a nombre de su hijo Luis Eduardo
Muñoz Pérez, máxime que no se encuentra dentro del expediente pronunciamiento
alguno de este último en el sentido de confirmar los hechos que dieron origen a
la solicitud de amparo, la cual fue presentada hace más de seis meses, tiempo
que esta Sala considera suficiente para que el presunto afectado emitiera algún
pronunciamiento.
5.2. Sobre el derecho al mínimo vital de la accionante
Una vez concluido el examen de procedencia de la acción de tutela
frente a la calidad de agente oficioso invocado por la accionante, le corresponde
a esta Sala de Revisión pronunciarse sobre el supuesto desconocimiento del
derecho al mínimo vital de la actora.
Como se expuso en el numeral 4.5 de esta providencia, en estos
casos, para que sea exigible la obligación de responder económicamente por
otro, se deberá verificar si la persona que está prestando servicio militar es
de aquellas a quienes se les puede imponer dicha carga.
Visto el material probatorio contenido en el expediente, se tiene
que la supuesta dependencia que aduce la actora, se inició cuando el señor Muñoz
Pérez aun era menor de edad, de forma que no se le puede exigir la obligación
de asumir la responsabilidad de sostener a su familia cuando, en principio,
esta carga le corresponde a sus padres. Adicionalmente, como la misma
accionante lo relata, el señor Luis Eduardo Muñoz Pérez le ayudaba
económicamente con la remuneración que recibía como mensajero de medio tiempo,
de lo que se infiere que dicha suma carece de la entidad necesaria para
constituir un medio real de subsistencia de un núcleo familiar.
Como consecuencia de lo expuesto, no es procedente vía tutela
amparar el derecho fundamental al mínimo vital de la Señora Pérez González, en
desmedro de la autonomía personal de su hijo.
5.3. En conclusión, se revocará el fallo del 24 de enero de 2013
proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, por
cuanto no se demostró la condición de agente oficioso de la señora Leonor Pérez
González y, además, no se acreditó la vulneración de su derecho al mínimo
vital. En su lugar, se confirmará la decisión del juez de primera instancia,
por las razones expuestas en esta providencia.
5.4. No obstante, como el señor Muñoz Pérez se encontraba cursando
décimo grado en el colegio Rufino José Cuervo y de conformidad con el artículo
10 de Ley 48 de 1993 los estudiantes de bachillerato sólo están obligados a
definir su situación militar cuando obtengan el título de bachiller[24], se ordenará que el presente fallo le sea notificado, para que,
en caso de que lo estime pertinente, eleve una solicitud de desacuartelamiento.
VI.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR la Sentencia proferida el 24 de enero de 2013 por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia y, en su lugar, CONFIRMAR el fallo
de primera instancia proferido el día 6 diciembre de 2012 por la Sala de
Decisión Civil y de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, por las razones
expuestas en el presente fallo.
SEGUNDO.- NOTIFICAR al señor Luis Eduardo Muñoz Pérez del contenido de este fallo para
que, en caso de que lo estime pertinente, eleve una solicitud de
desacuartelamiento al Batallón de Infantería de Aerotransportado No. 19 Gr. Joaquín
París.
TERCERO.- Por
Secretaría General, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
La respuesta de la entidad demandada obra en los folios 18 y 19 del cuaderno
principal. Sin embargo, no existe constancia de la remisión al Batallón de
Infantería No. 19 General Joaquín París.
[2]
El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, en el aparte pertinente, dispone que:
“(…) También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa (…)”.
[3]
Folio 44 del cuaderno 1.
[4]
Sentencia T-796 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[5]
Sobre el particular se pueden revisar las Sentencias T-452-01 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-197 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-652 de 2008 M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-275 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[6]
Sentencia T-493 de 1993 M.P. Antonio Barrera Carbonell
[7]
M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[8]
Por la cual se expide el reglamento del Régimen Disciplinario para las Fuerzas
Militares.
[9]
Artículo 48.
[10]
M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[11]
M.P. Rodrigo Escobar Gil
[12]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[13]
M.P. Nilson Pinilla Pinilla
[14]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[15]
Sentencia T-907 de 2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[16]
M.P. María Victoria Calle Correa
[17]
M.P. María Victoria Calle Correa
[18]
Sentencia SU-491 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[19]
Folio 13 del cuaderno 2.
[20]
Artículo 1° del Decreto 2591 de 1991.
[21]
En Acuerdo PSA13-091 del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, se estableció definitivamente el horario de atención al público en el
Distrito Judicial de Villavicencio.
[22]
El Artículo 63A de Ley 270 de 1996 establece
que: “Parágrafo 3o. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará los turnos, jornadas y
horarios para garantizar el ejercicio permanente de la función de control de
garantías. (…)”
[23]
A folio 50 del cuaderno 1°,  el Ejecutivo Segundo Comandante del Batallón de
Infantería No. 19 “General Joaquín Paris” sostiene que el señor Muñoz Pérez “se
encuentra prestando servicio militar en esta unidad táctica como Dragoneante de
la Compañía de Instrucción, así mismo informó que no se encontró ninguna
petición de desacuartelamiento”.
[24] El artículo en cita dispone: “Todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar
a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los
estudiantes de bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título de
bachiller. //La obligación militar de los colombianos termina el día
en que cumplan los cincuenta (50) años de edad.” (se resalta)