C-864-06
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-864/06
LEY APROBATORIA DE ACUERDO DE
COMPLEMENTACION ECONOMICA CAN Y  MERCOSUR-Control de constitucionalidad
ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA CAN Y
MERCOSUR-Control de
constitucionalidad
LEY APROBATORIA DE ACUERDO DE COMPLEMENTACION
ECONOMICA CAN Y MERCOSUR-Trámite
legislativo
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Negociación y celebración
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES-Presunción de plenos poderes para suscribir
convenio internacional
PROYECTO DE LEY CON TRAMITE DE URGENCIA-No aplicación del lapso de 15 días  entre
la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en
la otra
TRATADO INTERNACIONAL Y LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Remisión a la Corte Constitucional/TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Revisión de oficio/TRATADO INTERNACIONAL Y LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Casos en que procede demanda de
inconstitucionalidad
El Estatuto Superior obliga al Gobierno Nación a
remitir los citados instrumentos dentro de los seis (6) días siguientes a la
sanción de la ley. El significado constitucional de dicha omisión es que no se
afecta la validez de la ley aprobatoria del tratado, ni de su trámite
legislativo, sin embargo, tiene dos consecuencias importantes: En primer lugar,
ocurrida la omisión, la Corte puede aprehender de oficio el estudio de
constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias;
y en segundo término, como es posible que escape al conocimiento de esta
Corporación la celebración de un tratado y la expedición de la correspondiente
ley aprobatoria, es procedente la admisión de la demanda de cualquier
ciudadano, caso en el cual este Tribunal aprehenderá la revisión de
constitucionalidad del tratado y de la ley no sólo con base en los cargos
presentados por el ciudadano, sino que realizará el análisis integral, de
acuerdo con la facultad prevista en el numeral 10, del artículo 241 Superior.
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-Presupuestos
que deben verificarse para su cumplimiento
(i) La votación de todo proyecto de ley debe ser
anunciada; (ii) dicho anuncio debe darlo la presidencia de cada Cámara o
Comisión en una sesión distinta y anterior a aquella en la cual se realizará la
votación; (iii) la fecha de esa sesión posterior para la votación ha de ser
cierta, determinada o, por lo menos, determinable; y (iv) no puede votarse un
proyecto de ley en una sesión diferente a la anunciada previamente.
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-Finalidad
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-Trámite
a seguir cuando el proyecto de ley anunciado no pudo someterse a aprobación en
la fecha anunciada
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-Ruptura
de la secuencia temporal del aviso
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-Inexistencia
de vicio, cuando a pesar de  la ruptura de la cadena de anuncios, en sesión
anterior a la de aprobación del proyecto, éste fue anunciado para votación
Aun cuando se acreditó la ruptura en la
secuencia temporal de los anuncios, específicamente, los días 18 y 19 de octubre
y 15 de noviembre de 2005; en criterio de la Corte, dicha deficiencia no tiene
la virtualidad de invalidar la presente ley, pues dicha irregularidad fue
corregida por el propio Senado de la República, al anunciar previamente en una
fecha determinable cuál sería el día destinado para la votación del proyecto,
el cual -según se vio- se cumplió en su integridad. En este orden de ideas,
como se expuso en sentencia C-576 de 2006, no se incurre en un vicio de
inconstitucionalidad por desconocimiento del artículo 160 Superior, cuando a
pesar de la omisión del aviso previo de votación, en la sesión inmediatamente
anterior a aquella en que se surte la aprobación del proyecto, el mismo se
realiza de nuevo de forma clara.
ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA CAN Y
MERCOSUR-Finalidad
ACUERDO COMERCIAL DE CARACTER BILATERAL-Concepto
ACUERDO DE INTEGRACION-Concepto
ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA-Características
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACUERDO
INTERNACIONAL DE CARACTER ECONOMICO-Alcance del examen de fondo
El examen de fondo que le corresponde adelantar a la
Corte frente al alcance de los distintos tratados económicos, se limita a
comparar las disposiciones del documento internacional que se revisa y el de su
ley aprobatoria, con la totalidad de las normas previstas en el Ordenamiento
Superior, para determinar si las primeras se ajustan o no a la Constitución
Política. Dicho análisis se realiza sin tener en cuenta consideraciones de
conveniencia, oportunidad, efectividad, utilidad o eficiencia, las cuales son
ajenas al examen que debe efectuar este Tribunal. En efecto, los citados
juicios de valor se encuentran asignados de acuerdo con lo previsto en la Carta
Fundamental al Presidente y al Congreso de la República. Al primer mandatario,
en el momento de ejercer su facultad constitucional de dirección de las
relaciones internacionales (C.P. art. 189-2), y frente al legislador, cuando
adelanta el trámite de incorporación de los tratados internacionales al
ordenamiento jurídico interno.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACUERDO DE
COMPLEMENTACION ECONOMICA-No
estudio de consideraciones de oportunidad, utilidad o eficiencia
de las medidas acordadas
El examen de fondo que le corresponde adelantar a este
Tribunal se debe realizar sin tener en cuenta consideraciones de oportunidad,
utilidad o eficiencia de las medidas de integración económica acordadas, pues
dichos juicios de valor le corresponden tanto al Presidente como al Congreso de
la República, en los precisos términos reconocidos por la Constitución
Política.
TRATADO DE MONTEVIDEO-Mecanismos de integración
ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA CAN Y
MERCOSUR-Régimen de
solución de controversias
INTEGRACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE-Alcance de norma constitucional que
establece que política exterior se orientará hacia la integración
latinoamericana y del Caribe
La Corte advierte además la importancia del
Acuerdo tanto para el fortalecimiento del comercio internacional del país (C.P.
art. 226), como para la consolidación del proceso de integración
latinoamericana que está señalado como objetivo prioritario de las relaciones
internacionales de Colombia de conformidad con el Preámbulo y los artículos 9°
y 227 de la Constitución. Ahora bien, esto no significa que una dirección
contraria en el manejo de las relaciones internacionales, como ocurriría en el
caso en que se privilegie los acuerdos económicos con otras naciones del mundo
distintas a las que integran la región de América Latina sean per se
inconstitucionales, pues lo que la Carta Fundamental establece, a juicio de
esta Corporación, es un mandato de preferencia en la orientación de las
relaciones internacionales y no una camisa de fuerza en el desarrollo de las
mismas. Precisamente, con anterioridad se demostró, como -en ocasiones previas-
esta Corporación ha avalado la Constitucionalidad de acuerdos comerciales con
Países de otras latitudes, como lo son, la República Checa, Malasia, Marruecos,
Rumania, Costa de Marfil, etc., siempre que dichos tratados además de promover
la internacionalización de las relaciones del Estado Colombiano, se ajusten a
los principios, valores, fines y derechos reconocidos en la Carta,
especialmente, en lo referente a los principios de equidad, igualdad,
conveniencia nacional y reciprocidad consagrados en el artículo 226 del Texto
Superior.
ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA-Uso de asimetrías económicas para adelantar
proceso de desgravación arancelaria
El uso concreto y particular en el presente
tratado de asimetrías económicas para adelantar el proceso de desgravación
arancelaria, garantiza el cumplimiento de los mandatos de equidad y
conveniencia nacional, consagrados en el artículo 226 del Texto Superior. Ello
no significa que todos los tratados que se suscriban por Colombia deban seguir
el mismo modelo de negociación, pues en esta materia tanto la Constitución como
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (C.P. art. 189-2, C. de
V. art. 7), le reconocen al Presidente de la República plena libertad para
formular propuestas y administrar los intereses nacionales, que conduzcan a la
adopción y autenticación final de un texto internacional, siempre que el mismo
resulte acorde, conexo y coherente con los mandatos previstos en la
Constitución Política.
ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA CAN Y
MERCOSUR-Remisión a
acuerdos multilaterales aprobados en el marco del establecimiento de la
Organización Mundial del Comercio
ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA-Establecimiento de zonas de libre comercio
A juicio de esta Corporación, el artículo
3° en cuanto crea una zona de libre comercio a través del establecimiento de un
programa de liberación comercial, que permite la desgravación de los aranceles
que afectan la libre importación de bienes, conforme a las directrices
planteadas en el Anexo I, en nada contradice el Texto Superior. Para la Corte,
como ya se ha señalado en otras ocasiones, dicha determinación se ajusta a la
Constitución, por una parte, porque permite promover la internacionalización e
integración económica del Estado Colombiano como lo consagran los artículos 226
y 227 Superior, y por la otra, porque el establecimiento de dichas exenciones
no compromete las rentas tributarias de las entidades territoriales, las cuales
al gozar de los mismos atributos de la propiedad de los particulares no son
susceptibles de afectación por la Nación, tal y como se reconoce en los
artículos 294 y 362 de la Constitución Política.
ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA-Unificación de la clasificación de
mercancías
ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA CAN Y
MERCOSUR-Liberación de
bienes y desgravación arancelaria
ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA CAN Y
MERCOSUR-Desgravación
arancelaria de cebada y trigo
Conforme a los argumentos anteriormente expuestos, es
claro que lo que realmente pretende el interviniente es reabrir un debate sobre
temas no jurídicos que escapan al control de la Corte y que fueron examinados
-como previamente se explicó- por el Presidente y el Congreso de la República,
en ejercicio de sus competencias constitucionales concurrentes en materia de
negociación, adopción y aprobación de tratados internacionales. Por lo que la
desgravación arancelaria permitida frente a la cebada y el trigo, si bien puede
llegar a ocasionar pérdidas económicas para sus productores, no por ello se torna
en inconstitucional, ni desconoce el deber del Estado de asegurar la producción
de alimentos (C.P. art. 65), pues dicha medida corresponde a un típico juicio
de conveniencia económica que surge como resultado de las negociaciones que se
platean alrededor de tratados complejos, como lo es, el Acuerdo objeto de
revisión, en donde cada Estado Contratante cede parte de sus intereses, en aras
de lograr la apertura de mercados para sus productos. Por otra parte, tampoco
otorga el interviniente criterios de valoración que permitan adelantar un
juicio acerca de si el tratado compromete o no el deber estatal de asegurar la
producción de alimentos, mas aun cuando el debate que plantea lo hace
exclusivamente sobre dos (2) productos, específicos y concretos, del sector
agroindustrial.
DEBER DE SEGURIDAD ALIMENTARIA-No vulneración por acuerdo de
complementación económica
Esta Corporación desde la sentencia T-506 de 1992, ha
señalado que se vulnera el deber de seguridad alimentaria reconocido en el
artículo 65 del Texto Superior, cuando se desconoce “el grado de garantía que
debe tener toda la población, de poder disponer y tener acceso oportuno y
permanente a los alimentos que cubran sus requerimientos nutricionales,
tratando de reducir la dependencia externa y tomando en consideración la
conservación y equilibrio del ecosistema para beneficio de las generaciones
futuras”. Luego, a partir de las razones esgrimidas por el interviniente, es
indudable que no existen en términos constitucionales parámetros o criterios
que permitan asegurar que la producción de alimentos como deber constitucional,
resulta vulnerada por el Acuerdo de Complementación Económica suscrito,
especialmente, si se tiene en cuenta, como se señaló en los debates adelantados
en el Congreso de la República, que existen medidas para garantizar la compra
de la producción nacional de trigo y cebada a precios competitivos, sin
importar que la demanda de los mismos sea inferior a la oferta nacional.
TRATADOS DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES
CAN-No hacen parte del
bloque de constitucionalidad
Aun cuando las disposiciones del presente
Acuerdo resulten contradictorias con lo previsto en los Tratados que rigen la
Comunidad Andina de Naciones, dicha incompatibilidad jurídica no es susceptible
de afectar la constitucionalidad del presente instrumento internacional y el de
la ley que lo aprueba, pues los Tratados de la CAN no constituyen un parámetro
para adelantar el control de constitucionalidad en razón de los meros criterios
económicos que en ellos se expongan, como reiteradamente lo ha señalado esta
Corporación.
ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA CAN Y
MERCOSUR-Eliminación de
gravámenes y restricciones no arancelarias
ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA CAN Y
MERCOSUR-Licencias de
importación
TRATADO DE MONTEVIDEO DE 1980-Presunción de constitucionalidad
ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA CAN Y
MERCOSUR-Exclusión de
beneficios de liberación comercial a mercancías usadas/ACUERDO DE
COMPLEMENTACION ECONOMICA CAN Y MERCOSUR-No preferencias arancelarias a
mercancías no producidas por países miembros
En el artículo 11 se establece de forma
categórica que el programa de liberación comercial no aplica para mercancías
usadas, al tiempo que el artículo 12 restringe la desgravación arancelaria a
productos originarios y precedentes de los Países miembros, de conformidad con
lo previsto en el Anexo IV sobre “Régimen de Origen”. A juicio de la Corte,
estas disposiciones aseguran la efectividad de los principios de igualdad y de
promoción de la actividad económica que deben regir las relaciones
internacionales de acuerdo con los artículos 226, 333 y 334 de la Constitución
Política. Ello es así, en lo que se refiere al principio de igualdad, en cuanto
se evita que las preferencias arancelarias resulten aplicables a mercancías no
producidas en los Estados Signatarios del presente Acuerdo; mientras que, en
tratándose del principio de promoción de la actividad económica por parte del
Estado, al excluir de los beneficios de la liberación comercial a las
mercancías usadas, lo que sin duda alguna promueve el desarrollo de la empresa como
base del desarrollo
CLAUSULA DE TRATO NACIONAL-Validez constitucional
ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA CAN Y
MERCOSUR-Adopción de
medidas antidumping y compensatorias/ACUERDO DE COMPLEMENTACION
ECONOMICA CAN Y MERCOSUR-Cláusulas de salvaguardia/ACUERDO DE
COMPLEMENTACION ECONOMICA CAN Y MERCOSUR-Medidas frente a la importación de
bienes que causen o amenacen causar daño a la producción doméstica del Estado
importador
En los artículos 14, 15, 16, 19 y 24 se
consagra la regulación correspondiente a la posibilidad de adoptar medidas
antidumpimg y compensatorias, cláusulas de salvaguardia y medidas especiales
frente a las importaciones de un determinado bien que causen o amenacen causar
daño a la producción doméstica del Estado importador, siguiendo las directrices
señaladas en los Anexos V y IX. Para esta Corporación, el reconocimiento de los
citados instrumentos que rigen el comercio exterior, resultan compatibles con
el mandato imperativo constitucional de brindar una especial protección a la
producción de alimentos y a la industria alimenticia (C.P. art. 65), en la
medida en que permite reestablecer los desequilibrios que se llegasen a
producir por la aplicación del programa de liberación comercial, fijando
condiciones especiales para la defensa de bienes sensibles de la economía
nacional, con el propósito de fortalecer el sector productivo y prepararlo para
la integración económica, en condiciones plenas de competitividad. Ahora bien,
esto no significa que la ausencia de tales medidas afecten necesariamente la
constitucionalidad de un tratado económico de integración, ya que,
eventualmente, las mismas se pueden imponer como consecuencia de la regulación
que por vía de ley marco se reconoce en los artículos 150-19 y 189-25 del Texto
Superior.
ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA CAN Y
MERCOSUR-Sanción de
prácticas restrictivas de la libre competencia
ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA CAN Y
MERCOSUR-Medidas
sanitarias y fitosanitarias
ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA CAN Y
MERCOSUR-Funciones de la
Comisión Administradora del Tratado
ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA CAN Y
MERCOSUR-Protocolo
Adicional para la Solución de Controversias
Referencia: expediente LAT-286.
Asunto: Revisión constitucional de la Ley
1000 de diciembre 30 de 2005, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo
de complementación económica suscrito entre los Gobiernos de la República de
Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay,
de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes de MERCOSUR y los
Gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de la
República Bolivariana de Venezuela, Países miembros de la Comunidad Andina y el
Primer Protocolo Adicional Régimen de solución de controversias’ suscrito en
Montevideo-Uruguay a los dieciocho (18) días del mes de octubre de dos mil
cuatro (2004)”.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil
seis (2006)
I.     ANTECEDENTES
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República, atendiendo a lo previsto en el artículo 241, numeral 10 de la
Constitución, envió fotocopia auténtica de la Ley No. 1000 de diciembre treinta
(30) de dos mil cinco (2005), por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de
complementación económica suscrito entre los Gobiernos de la República de
Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay,
de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes de MERCOSUR y los
Gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de la
República Bolivariana de Venezuela, Países miembros de la Comunidad Andina y el
Primer Protocolo Adicional Régimen de solución de controversias”, suscrito
en Montevideo-Uruguay, el dieciocho (18) de octubre de dos mil cuatro (2004).
En Auto de primero (1º) de febrero de dos mil seis (2006),
el despacho del Magistrado Sustanciador asumió el conocimiento del presente
asunto. En la misma providencia, solicitó a las Secretarías Generales del
Senado de la República y de la Cámara de Representantes, la remisión de los
antecedentes legislativos de la ley en revisión y la certificación del quórum y
del desarrollo exacto y detallado de las votaciones. Así mismo, requirió al
Ministerio de Relaciones Exteriores la certificación de los plenos poderes de
la persona que intervino en la suscripción del tratado.
Adicionalmente, se ordenó la fijación en lista para
efectos de permitir la intervención ciudadana y se dispuso su comunicación al
Ministro de Relaciones Exteriores, al Ministro de Hacienda y Crédito Público,
al Ministro de Comercio, Industria y Turismo, al Presidente de la Asociación
Nacional de Industriales (ANDI), al Presidente de la Federación Nacional de
Comerciantes (FENALCO), al Presidente de Proexport Colombia, al Presidente de la
Asociación Nacional de Exportadores de Colombia (ANALDEX), al Director del
Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT), al Director de la Academia
Colombiana de Jurisprudencia, y a los Decanos de las Facultades de Derecho de
las Universidades Nacional y Rosario, para que, si lo consideraban pertinente
intervinieran en el presente asunto.
Finalmente, se dio traslado al señor Procurador
General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia, en los
términos del artículo 7° del Decreto 2067 de 1991.
Cumplidos los trámites previstos en el citado Decreto,
procede esta Corporación a decidir sobre la exequibilidad del tratado y de la
ley que lo aprueba.
II.   TEXTO DE LA LEY Y DEL TRATADO OBJETO DE REVISIÓN
Según la publicación efectuada en el Diario Oficial
No. 46.137 de diciembre 30 de 2005, el siguiente es el texto de la ley y del
tratado objeto de revisión:
“LEY 1000 DE 2005
(diciembre 30)
Diario Oficial No. 46.137 de 30 de
diciembre de 2005
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo
de Complementación Económica”, suscrito entre los Gobiernos de la República
Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay
y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR y los
Gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de la
República Bolivariana de Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina y el
“Primer Protocolo Adicional - Régimen de Solución de Controversias”,
suscritos en Montevideo, Uruguay, a los dieciocho (18) días del mes de octubre
de dos mil cuatro (2004).
EL CONGRESO DE COLOMBIA
Visto el texto del “Acuerdo de
Complementación Económica”, suscrito entre los Gobiernos de la República
Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay
y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR y los
Gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de la
República Bolivariana de Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina y el
“Primer Protocolo Adicional - Régimen de Solución de Controversias”,
suscritos en Montevideo, Uruguay, a los dieciocho (18) días del mes de octubre
de dos mil cuatro (2004).
(Para ser transcritos: Se adjunta fotocopia
del texto íntegro de los instrumentos internacionales mencionados).
(…)
“ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA
SUSCRITO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, DE LA REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL, DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y DE LA REPÚBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY, ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y LOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA, DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA, PAISES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA”
Los Gobiernos de la República Argentina, de
la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la
República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR y los Gobiernos de
la República de Colombia, de la República del Ecuador y de la República
Bolivariana de Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina serán
denominados “Partes Signatarias”. A los efectos del presente Acuerdo, las
“Partes Contratantes” son, de una parte, el MERCOSUR y de la otra parte los
Países Miembros de la Comunidad Andina que suscriben el Acuerdo,
CONSIDERANDO
Que es necesario fortalecer el proceso de
integración de América Latina, a fin de alcanzar los objetivos previstos en el
Tratado de Montevideo 1980, mediante la concertación de acuerdos abiertos a la
participación de los demás países miembros de la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI) que permitan la conformación de un espacio económico
ampliado;
Que es conveniente ofrecer a los agentes
económicos reglas claras y previsibles para el desarrollo del comercio y la
inversión, para propiciar de esta manera, una participación más activa de los
mismos en las relaciones económicas y comerciales entre los Estados Partes del
MERCOSUR y los Países Miembros de la Comunidad Andina;
Que el 17 de diciembre de 1996 se suscribió
el Acuerdo de Complementación Económica N° 36, mediante el cual se establece
una Zona de Libre Comercio entre la República de Bolivia y el MERCOSUR;
Que el 25 de agosto de 2003 se suscribió el
Acuerdo de Complementación Económica N° 58, mediante el cual se establece una
Zona de Libre Comercio entre la República del Perú y el MERCOSUR;
Que la conformación de áreas de libre
comercio en América Latina constituye un medio relevante para aproximar los
esquemas de integración existentes;
Que la integración económica regional es
uno de los instrumentos esenciales para que los países de América Latina
avancen en su desarrollo económico y social, asegurando una mejor calidad de
vida para sus pueblos;
Que el 16 de abril de 1998 se suscribió un
Acuerdo Marco entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR que dispone la
negociación de una Zona de Libre Comercio entre las Partes;
Que el 6 de diciembre de 2002 se suscribió
el Acuerdo de Complementación Económica N° 56, entre la Comunidad Andina y el
MERCOSUR que establece la conformación de un Área de Libre Comercio;
Que la vigencia de las instituciones
democráticas constituye un elemento esencial para el desarrollo del proceso de
integración regional;
Que los Estados Partes del MERCOSUR, a
través de la suscripción del Tratado de Asunción de 1991 y los países andinos a
través de la suscripción del Acuerdo de Cartagena de 1969 han dado un paso
significativo hacia la consecución de los objetivos de integración
latinoamericana;
Que el Acuerdo de Marrakech, por el que se
establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), constituye el marco de
derechos y obligaciones al que se ajustarán las políticas comerciales y los
compromisos del presente Acuerdo;
Que las Partes promueven la libre
competencia y rechazan el ejercicio de prácticas restrictivas de ella;
Que el proceso de integración debe abarcar
aspectos relativos al desarrollo y a la plena utilización de la infraestructura
física,
CONVIENEN
En celebrar el presente Acuerdo de
Complementación Económica, al amparo del Tratado de Montevideo 1980 y de la
Resolución 2 del Consejo de Ministros de la ALALC.
T Í T U L O I
OBJETIVOS Y ALCANCE
Artículo 1.  El presente Acuerdo tiene los siguientes objetivos:
– Establecer el marco jurídico e
institucional de cooperación e integración económica y física que contribuya a
la creación de un espacio económico ampliado que tienda a facilitar la libre
circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los factores
productivos, en condiciones de competencia entre las Partes Contratantes;
– Formar un área de libre comercio entre
las Partes Contratantes mediante la expansión y diversificación del intercambio
comercial y la eliminación de las restricciones arancelarias y de las
no-arancelarias que afecten al comercio recíproco;
– Alcanzar el desarrollo armónico en la
región, tomando en consideración las asimetrías derivadas de los diferentes
niveles de desarrollo económico de las Partes Signatarias;
– Promover el desarrollo y la utilización
de la infraestructura física, con especial énfasis en el establecimiento de
corredores de integración que permita la disminución de costos y la generación
de ventajas competitivas en el comercio regional recíproco y con terceros
países fuera de la región;
– Promover e impulsar las inversiones entre
los agentes económicos de las Partes Signatarias;
– Promover la complementación y cooperación
económica, energética, científica y tecnológica;
– Promover consultas, cuando corresponda,
en las negociaciones comerciales que se efectúen en terceros países y
agrupaciones del país extra regionales.
Artículo 2. Las disposiciones del presente Acuerdo se aplicarán
en el territorio de las Partes Signatarias
T Í T U L O II
PROGRAMA DE LIBERACION COMERCIAL
Artículo 3. Las Partes Contratantes conformarán una Zona de Libre
Comercio a través de un Programa de Liberación Comercial, que se aplicará a los
productos originarios y procedentes de los territorios de las Partes
Signatarias. Dicho Programa consistirá en desgravaciones progresivas y
automáticas, aplicables sobre los aranceles vigentes para la importación de
terceros países en cada Parte Signataria, al momento de la aplicación de las
preferencias de conformidad con lo dispuesto en sus legislaciones.
No obstante lo establecido en el párrafo
anterior, para los productos incluidos en el Anexo I, la desgravación se
aplicará únicamente sobre los aranceles consignados en dicho Anexo.
Para los productos que no figuran en el
Anexo I, la preferencia se aplicará sobre el total de los aranceles, incluidos
los derechos aduaneros adicionales.
En el comercio de bienes entre las Partes
Contratantes, la clasificación de las mercancías se regirá por la Nomenclatura
del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, en su
versión regional NALADISA 96 y sus futuras actualizaciones, las que no modificarán
el ámbito y las condiciones de acceso negociadas, para lo cual la Comisión
Administradora definirá la fecha de puesta en vigencia de dichas
actualizaciones.
Con el objeto de imprimir transparencia a
la aplicación y alcance de las preferencias, las Partes Signatarias se
notificarán obligatoriamente a partir de la entrada en vigencia del presente
Acuerdo, las resoluciones clasificatorias dictadas o emitidas por sus
respectivos organismos competentes con base en las notas explicativas del
Sistema Armonizado. Ante eventuales divergencias de interpretación, las Partes
podrán recurrir a la Organización Mundial de Aduanas (OMA), sin perjuicio de lo
señalado en el literal e) del Artículo 41 del presente Acuerdo.
Este Acuerdo incorpora las preferencias
arancelarias negociadas con anterioridad entre las Partes Signatarias en los
Acuerdos de Alcance Parcial en el marco de la ALADI, en la forma como se
refleja en el Programa de Liberación Comercial.
Asimismo, este Acuerdo incorpora las
preferencias arancelarias y otras condiciones de acceso negociadas con
anterioridad en los Acuerdos de Alcance Regional en el marco de la ALADI, en la
forma como se refleja en el Programa de Liberación Comercial. No obstante,
serán aplicables las preferencias arancelarias y otras condiciones de acceso
que estén siendo aplicadas por las Partes Signatarias en la fecha de
suscripción del presente Acuerdo, al amparo del Acuerdo Regional Relativo a la
Preferencia Arancelaria Regional (PAR) y de los Acuerdos Regionales de Apertura
de Mercados en favor de los países de menor desarrollo económico relativo
(NAM), en la medida en que dichas preferencias y demás condiciones de acceso
sean más favorables que las que se establecen en el presente Acuerdo.
Sin embargo, se mantendrán en vigor las
disposiciones de los Acuerdos de Alcance Parcial y de los Acuerdos de Alcance
Regional, cuando se refieran a materias no incluidas en el presente Acuerdo.
Artículo 4. A los efectos de implementar el Programa de
Liberación Comercial, las Partes Signatarias acuerdan entre sí, los cronogramas
específicos y sus reglas y disciplinas, contenidos en el Anexo II.
Artículo 5. Las Partes Signatarias no podrán adoptar gravámenes y
cargas de efectos equivalentes distintos de los derechos aduaneros que afecten
al comercio amparado por el presente Acuerdo. En cuanto a los existentes a la
fecha de suscripción del Acuerdo, sólo se podrán mantener los gravámenes y
cargas que constan en las Notas Complementarias, los que se podrán modificar
pero sin aumentar la incidencia de los mismos.
Las mencionadas Notas figuran en el Anexo
III.
Se entenderá por “gravámenes” los
derechos aduaneros y cualquier otro recargo de efecto equivalente que incidan
sobre las importaciones originarias de las Partes Signatarias. No están
comprendidos en este concepto las tasas y recargos análogos cuando sean
equivalentes al costo de los servicios prestados ni los derechos antidumping o
compensatorios.
Artículo 6. Las Partes Signatarias no mantendrán ni introducirán
nuevas restricciones no arancelarias a su comercio recíproco. Se entenderá por “restricciones”
toda medida o mecanismo que impida o dificulte las importaciones o
exportaciones de una Parte Signataria, salvo las permitidas por la OMC
Artículo 7. Las Partes Contratantes se mantendrán mutuamente
informadas, a través de los organismos nacionales competentes, sobre las eventuales
modificaciones de los derechos aduaneros y remitirán copia de las mismas a la
Secretaría General de la ALADI para su información.
Artículo 8. En materia de licencias de importación, las Partes
Signatarias se regirán por lo dispuesto en el Acuerdo sobre Procedimientos para
el Trámite de Licencias de Importación de la OMC.
Artículo 9. Las Partes Contratantes, en un plazo no mayor a
ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de entrada en vigencia
de este Acuerdo, intercambiarán listas de medidas que afecten su comercio
recíproco, tales como licencias no automáticas, prohibiciones o limitaciones a
la importación y exigencias de registro o similares, con la finalidad exclusiva
de transparencia. La inclusión de medidas en dicha lista no prejuzga sobre su
validez o pertinencia legal.
Asimismo, las Partes Contratantes se
mantendrán mutuamente informadas a través de los organismos nacionales
competentes, sobre las eventuales modificaciones de dichas medidas y remitirán
copia de las mismas a la Secretaría General de la ALADI para su información.
En el caso de normas, reglamentos técnicos
y evaluación de la conformidad y medidas sanitarias y fitosanitarias, se
aplican los procedimientos relativos a transparencia previstos en los anexos
específicos.
Artículo 10. Ninguna disposición del presente Acuerdo será
interpretada en el sentido de impedir que una Parte Signataria adopte o aplique
medidas de conformidad con el Artículo 50 del Tratado de Montevideo 1980 y/o
con los Artículos XX y XXI del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
(GATT) de 1994.
Artículo 11. Las mercancías usadas, incluso aquellas que estén
identificadas como tales en partidas o subpartidas del Sistema Armonizado, no
se beneficiarán del Programa de Liberación Comercial.
T Í T U L O III
REGIMEN DE ORIGEN
Artículo 12. Las Partes Signatarias aplicarán a las importaciones
realizadas al amparo del Programa de Liberación Comercial, el Régimen de Origen
contenido en el Anexo IV del presente Acuerdo.
T Í T U L O IV
TRATO NACIONAL
Artículo 13. En materia de trato nacional, las Partes Signatarias
se regirán por lo dispuesto en el Artículo III del GATT de 1994 y el Artículo
46 del Tratado de Montevideo 1980.
T Í T U L O V
MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS
Artículo 14. En la aplicación de medidas antidumping o
compensatorias, las Partes Signatarias se regirán por sus respectivas
legislaciones, las que deberán ser consistentes con el Acuerdo relativo a la
Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994, y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de
la OMC.
Asimismo, las Partes Signatarias cumplirán
con los compromisos asumidos respecto de las subvenciones en el ámbito de la
OMC, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 18.
Artículo 15. En el caso de que una de las Partes Signatarias de
una Parte Contratante aplique medidas antidumping o compensatorias sobre las
importaciones procedentes de terceros países, dará conocimiento de ellas a la
otra Parte Contratante para la evaluación y seguimiento de las importaciones en
su mercado de los productos objeto de las medidas, través de los organismos
nacionales competentes.
Artículo 16. Las Partes Contratantes o Signatarias deberán
informar cualquier modificación o derogación de sus leyes, reglamentos o
disposiciones en materia de antidumping o de derechos compensatorios, dentro de
los quince (15) días posteriores a la publicación de las respectivas normas en
el órgano de difusión oficial. Dicha comunicación se realizará a través del
mecanismo previsto en el Título XXIII del Acuerdo.
T Í T U L O VI
PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA LIBRE
COMPETENCIA
Artículo 17. Las Partes Contratantes promoverán las acciones que
resulten necesarias para disponer de un marco adecuado para identificar y
sancionar eventuales prácticas restrictivas de la libre competencia.
T Í T U L O VII
APLICACION Y UTILIZACION DE SUBVENCIONES
Artículo 18. Las Partes Signatarias condenan toda práctica desleal
de comercio y se comprometen a eliminar las medidas que puedan causar
distorsiones al comercio bilateral, de conformidad con lo dispuesto en la OMC.
En ese sentido, las Partes Signatarias acuerdan no aplicar al comercio
recíproco industrial subvenciones que resulten contrarias a lo dispuesto en la
OMC.
No obstante, las Partes Signatarias
acuerdan no aplicar al comercio recíproco agrícola, toda forma de subvenciones
a la exportación. Cuando una Parte decida apoyar a sus productores
agropecuarios, orientará sus políticas de apoyo interno hacia aquellas que:
a) no tengan efectos de distorsión o los
tengan mínimos sobre el comercio o la producción, o
b) estén exceptuadas de cualquier
compromiso de reducción conforme al Artículo 6.2 del Acuerdo sobre la
Agricultura de la OMC y sus modificaciones posteriores. Los productos que no
cumplan con lo dispuesto en este Artículo no se beneficiarán del Programa de
Liberación Comercial.
La Parte Signataria que se considere
afectada por cualquiera de estas medidas podrá solicitar a la otra Parte
Signataria información detallada sobre la subvención supuestamente aplicada. La
Parte Signataria consultada deberá remitir información detallada en un plazo de
quince (15) días. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de
la información se llevará a cabo una reunión de consulta entre las Partes
Signatarias involucradas.
Realizada esta consulta, si de ella se
constata la existencia de subvenciones a las exportaciones, la Parte Signataria
afectada podrá suspender los beneficios del Programa de Liberación Comercial al
producto o productos beneficiados por la medida.
T Í T U L O VIII
SALVAGUARDIAS
Artículo 19. Las Partes Contratantes adoptan el Régimen de
Salvaguardias contenido en el Anexo V.
T Í T U L O IX
SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Artículo 20. Las controversias que surjan de la interpretación,
aplicación o incumplimiento del presente Acuerdo y de los Protocolos e
instrumentos complementarios adoptados en el marco del mismo, serán dirimidas
de conformidad con el Régimen de Solución de Controversias suscrito mediante un
Protocolo Adicional a este Acuerdo, el cual deberá ser incorporado por las
Partes Signatarias de conformidad con lo que al efecto disponga su legislación
interna.
Dicho Protocolo Adicional entrará en vigor
y será plenamente aplicable para todas las Partes Signatarias a partir de la
fecha de la última ratificación.
Durante el período que medie entre la fecha
de entrada en vigor de este Acuerdo y la de entrada en vigor del Protocolo
Adicional, será de aplicación el mecanismo transitorio que figura como Anexo
VI. Las Partes en la controversia, de común acuerdo, podrán aplicar
supletoriamente las disposiciones contenidas en el Protocolo Adicional en todo
aquello no previsto en el citado Anexo.
Las Partes Signatarias podrán disponer la
aplicación provisional del Protocolo en la medida en que sus legislaciones
nacionales así lo permitan.
T Í T U L O X
VALORACION ADUANERA
Artículo 21. En su comercio recíproco, las Partes Signatarias se
regirán por las disposiciones del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo
VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y por la
Resolución 226 del Comité de Representantes de la ALADI.
T Í T U L O XI
NORMAS, REGLAMENTOS TECNICOS Y EVALUACION
DE LA CONFORMIDAD
Artículo 22. Las Partes Signatarias se regirán por lo establecido
en el Régimen de Normas, Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad,
contenido en el Anexo VII.
T Í T U L O XII
MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS
Artículo 23. Las Partes Contratantes se comprometen a evitar que las
medidas sanitarias y fitosanitarias se constituyan en obstáculos injustificados
al comercio.
Las Partes Signatarias se regirán por lo
establecido en el Régimen de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, contenido en
el Anexo VIII.
T Í T U L O XIII
MEDIDAS ESPECIALES
Artículo 24. La República Argentina, la República Federativa del
Brasil, la República de Colombia, la República del Ecuador y la República
Bolivariana de Venezuela adoptan, para sus respectivos comercios recíprocos, el
Régimen de Medidas Especiales contenido en el Anexo IX, para los productos
listados en los Apéndices del citado Anexo.
La República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay continuarán evaluando la posible aplicación del Régimen de
Medidas Especiales, contenido en el Anexo IX, para el comercio recíproco con la
República del Ecuador. Entre tanto, los productos incluidos por la República
del Ecuador en sus respectivos Apéndices al Anexo IX mantendrán sus actuales
niveles y condiciones de preferencia y no se beneficiarán de la aplicación de
los cronogramas de desgravación establecidos en el Anexo II para el comercio
recíproco entre los países mencionados en este párrafo.
T Í T U L O XIV
PROMOCION E INTERCAMBIO DE INFORMACION
COMERCIAL
Artículo 25. Las Partes Contratantes se apoyarán en los programas
y tareas de difusión y promoción comercial, facilitando la actividad de
misiones oficiales y privadas, la organización de ferias y exposiciones, la
realización de seminarios informativos, los estudios de mercado y otras
acciones tendientes al mejor aprovechamiento del Programa de Liberación
Comercial y de las oportunidades que brinden los procedimientos que acuerden en
materia comercial.
Artículo 26. A los efectos previstos en el Artículo anterior, las
Partes Contratantes programarán actividades que faciliten la promoción
recíproca por parte de las entidades públicas y privadas en ambas Partes
Contratantes, para los productos de su interés, comprendidos en el Programa de
Liberación Comercial del presente Acuerdo.
Artículo 27. Las Partes Signatarias intercambiarán información
acerca de las ofertas y demandas regionales y mundiales de sus productos de
exportación.
T Í T U L O XV
SERVICIOS
Artículo 28. Las Partes Contratantes promoverán la adopción de
medidas tendientes a facilitar la prestación de servicios. Asimismo y en un
plazo a ser definido por la Comisión Administradora, las Partes Signatarias
establecerán los mecanismos adecuados para la liberalización, expansión y
diversificación progresiva del comercio de servicios en sus territorios, de
conformidad con los derechos, obligaciones y compromisos derivados de la
participación respectiva en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
de la OMC (GATS), así como en otros foros regionales y hemisféricos.
T Í T U L O XVI
INVERSIONES Y DOBLE TRIBUTACIÓN
Artículo 29. Las Partes Signatarias procurarán estimular la
realización de inversiones recíprocas, con el objetivo de intensificar los
flujos bilaterales de comercio y de tecnología, conforme sus respectivas
legislaciones nacionales.
Artículo 30. Las Partes Signatarias examinarán la posibilidad de
suscribir nuevos Acuerdos sobre Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones. Los acuerdos bilaterales suscritos entre las Partes Signatarias a
la fecha de este Acuerdo mantendrán su plena vigencia.
Artículo 31. Las Partes Signatarias examinarán la posibilidad de
suscribir nuevos Acuerdos para evitar la doble tributación. Los acuerdos
bilaterales suscritos entre las Partes Signatarias a la fecha de este Acuerdo
mantendrán su plena vigencia.
T Í T U L O XVII
PROPIEDAD INTELECTUAL
Artículo 32. Las Partes Signatarias se regirán por el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio de la OMC, así como por los derechos y obligaciones que constan en el
Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992. Asimismo procurarán desarrollar
normas y disciplinas para la protección de los conocimientos tradicionales.
T Í T U L O XVIII
TRANSPORTE
Artículo 33. Las Partes Signatarias promoverán la facilitación de
los servicios de transporte terrestre, fluvial, lacustre, marítimo y aéreo, a
fin de ofrecer las condiciones adecuadas para la mejor circulación de bienes y
personas, atendiendo a la mayor demanda que resultará del espacio económico
ampliado.
Artículo 34. La Comisión Administradora identificará aquellos
acuerdos celebrados en el marco del MERCOSUR o sus Estados Partes y de la
Comunidad Andina o sus Países Miembros cuya aplicación por ambas Partes
Contratantes resulte de interés común.
Artículo 35. Las Partes Contratantes podrán establecer normas y
compromisos específicos tendientes a facilitar los servicios de transporte
terrestre, fluvial, lacustre, marítimo y aéreo que se encuadren en el marco
señalado en las normas de este Título y fijar los plazos para su
implementación.
T Í T U L O XIX
INFRAESTRUCTURA
Artículo 36. Las Partes Signatarias promoverán iniciativas y
mecanismos de cooperación que permitan el desarrollo, la ampliación y
modernización de la infraestructura en diversos ámbitos, a los fines de generar
ventajas competitivas en el comercio recíproco.
T Í T U L O XX
COMPLEMENTACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
Artículo 37. Las Partes Contratantes procurarán facilitar y apoyar
formas de colaboración e iniciativas conjuntas en materia de ciencia y
tecnología, así como proyectos conjuntos de investigación.
Para tales efectos, podrán acordar
programas de asistencia técnica recíproca, destinados a elevar los niveles de
productividad de los referidos sectores, obtener el máximo aprovechamiento de
los recursos disponibles y estimular el mejoramiento de su capacidad competitiva,
tanto en los mercados de la región como internacionales.
La mencionada asistencia técnica se
desarrollará entre las instituciones nacionales competentes.
Las Partes Contratantes promoverán el
intercambio de tecnología en las áreas agropecuaria, industrial, de normas
técnicas y en materia de sanidad animal y vegetal y otras, consideradas de
interés mutuo.
Para estos efectos, se tendrán en cuenta
los convenios suscritos en materia científica y tecnológica vigentes entre las
Partes Signatarias del presente Acuerdo.
T Í T U L O XXI
COOPERACION
Artículo 38. Las Partes Signatarias impulsarán conjuntamente
iniciativas orientadas a promover la integración productiva, la competitividad
de las empresas y su participación en el comercio recíproco, con especial
énfasis en las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).
Las Partes Signatarias procurarán promover
mecanismos de cooperación financiera y la búsqueda de mecanismos de
financiación dirigidos, entre otros, al desarrollo de proyectos de
infraestructura y a la promoción de inversiones recíprocas.
T Í T U L O XXII
ZONAS FRANCAS
Artículo 39. Las Partes Signatarias acuerdan continuar tratando el
tema de las zonas francas y áreas aduaneras especiales.
T Í T U L O XXIII
ADMINISTRACION Y EVALUACION DEL ACUERDO
Artículo 40. La administración y evaluación del presente Acuerdo
estará a cargo de una Comisión Administradora integrada por el Grupo Mercado
Común del MERCOSUR, por una Parte Contratante y por los Representantes de los Países
Miembros de la Comunidad Andina ante la Comisión, signatarios de este Acuerdo,
por la otra Parte Contratante. La Comisión Administradora se constituirá dentro
de los sesenta (60) días contados a partir de la fecha de entrada en vigencia
del presente Acuerdo y en su primera reunión establecerá su reglamento interno.
Las Delegaciones de ambas Partes Contratantes serán presididas por el
representante que cada una de ellas designe.
La Comisión Administradora se reunirá en
sesiones ordinarias por lo menos una vez al año, en lugar y fecha que sean
determinados de mutuo acuerdo y, en sesiones extraordinarias, cuando las Partes
Contratantes, previas consultas, así lo convengan.
La Comisión Administradora adoptará sus
decisiones por acuerdo de las Partes Signatarias. A los efectos del presente Artículo,
se entenderá que la Comisión Administradora ha adoptado una decisión por
consenso sobre un asunto sometido a su consideración, si ninguna de las Partes
Signatarias se opone formalmente a la adopción de la decisión, sin perjuicio de
lo dispuesto en el Régimen de Solución de Controversias.
Artículo 41. La Comisión Administradora tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Velar por el cumplimiento de las
disposiciones del presente Acuerdo y sus Protocolos Adicionales y Anexos;
b) Determinar en cada caso las modalidades
y plazos en que se llevarán a cabo las negociaciones destinadas a la
realización de los objetivos del presente Acuerdo, pudiendo constituir grupos
de trabajo para tal fin;
c) Evaluar periódicamente los avances del
Programa de Liberación Comercial y el funcionamiento general del presente
Acuerdo;
d) Profundizar el Acuerdo, incluso
acelerando el Programa de Liberación Comercial, para cualquier producto o grupo
de productos que, de común acuerdo, las Partes Signatarias convengan;
e) Definir la fecha de poner en vigencia
las actualizaciones de la Naladisa 96 a que se refiere el cuarto párrafo del
Artículo 3 del presente Acuerdo y buscar resolver eventuales divergencias de
interpretación en materia de clasificación arancelaria;
f) Contribuir a la solución de
controversias de conformidad con lo previsto en el Anexo VI y en el Protocolo
Adicional que aprueba el Régimen de Solución de Controversias;
g) Realizar el seguimiento de la aplicación
de las disciplinas comerciales acordadas entre las Partes Contratantes, tales
como régimen de origen, régimen de salvaguardias, medidas antidumping y
compensatorias y prácticas restrictivas de la libre competencia;
h) Modificar las Normas de Origen y
establecer o modificar requisitos específicos de origen;
i) Establecer, cuando corresponda,
procedimientos para la aplicación de las disciplinas comerciales contempladas
en el presente Acuerdo y proponer a las Partes Contratantes eventuales
modificaciones a tales disciplinas;
j) Establecer mecanismos adecuados para
efectuar el intercambio de información relativa a la legislación nacional dispuesto
en el Artículo 16 del presente Acuerdo;
k) Convocar a las Partes Signatarias para
cumplir con los objetivos y disposiciones establecidos en el Anexo VII del
presente Acuerdo, relativo a Normas, Reglamentos Técnicos y Evaluación de la
Conformidad y los establecidos en Anexo VIII sobre Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias;
l) Intercambiar información sobre las
negociaciones que las Partes Contratantes o Signatarias realicen con terceros
países para formalizar acuerdos no previstos en el Tratado de Montevideo 1980;
m) Cumplir con las demás tareas que se
encomiendan a la Comisión Administradora en virtud de las disposiciones del
presente Acuerdo, sus Protocolos Adicionales y otros Instrumentos firmados en
su ámbito o bien por las Partes Contratantes;
n) Prever, en su reglamento interno, el
establecimiento de consultas bilaterales entre las Partes Signatarias sobre las
materias contempladas en el presente Acuerdo; y
o) Determinar los valores de referencia
para los honorarios de los árbitros a que se refiere el Régimen de Solución de
Controversias.
T Í T U L O XXIV
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 42. A partir de la fecha de entrada en vigor del
presente Acuerdo, las Partes Signatarias deciden dejar sin efecto las
preferencias arancelarias negociadas y los aspectos normativos vinculados a
ellas, que constan en los Acuerdos de Alcance Parcial de Complementación
Económica N° 28, 30, 39 y 48, en los Acuerdos de Alcance Parcial de
Renegociación N° 18, 21, 23 y 25 y en los Acuerdos Comerciales N° 5 y 13,
suscritos en el marco del Tratado de Montevideo 1980. Sin embargo, se
mantendrán en vigor las disposiciones de dichos acuerdos que no resulten
incompatibles con el presente Acuerdo o cuando se refieran a materias no
incluidas en el mismo.
Artículo 43. La Parte que celebre un acuerdo no previsto en el
Tratado de Montevideo 1980 deberá:
a) Informar a las otras Partes Signatarias,
dentro de un plazo de quince (15) días de suscrito el acuerdo, acompañando el
texto del mismo y sus instrumentos complementarios, y
b) Anunciar, en la misma oportunidad, la
disposición a negociar, en un plazo de noventa (90) días, concesiones
equivalentes a las otorgadas y recibidas de manera global.
T Í T U L O XXV
CONVERGENCIA
Artículo 44. En ocasión de la Conferencia de Evaluación y
Convergencia, a que se refiere el Artículo 33 del Tratado de Montevideo 1980,
las Partes Contratantes examinarán la posibilidad de proceder a la convergencia
progresiva de los tratamientos previstos en el presente Acuerdo.
T Í T U L O XXVI
ADHESIÓN
Artículo 45. En cumplimiento de lo establecido en el Tratado de
Montevideo 1980, el presente Acuerdo está abierto a la adhesión, mediante
negociación previa, de los demás países miembros de la ALADI. La adhesión será
formalizada una vez negociados sus términos entre las Partes Contratantes y el
país adherente, mediante la celebración de un Protocolo Adicional al presente
Acuerdo que entrará en vigor treinta (30) días después de ser depositado en la
Secretaría General de la ALADI.
T Í T U L O XXVII
VIGENCIA
Artículo 46. El presente Acuerdo tendrá duración indefinida y
entrará en vigor, bilateralmente entre las Partes Signatarias que hayan
comunicado a la Secretaría General de la ALADI que lo incorporaron a su derecho
interno, en los términos de sus respectivas legislaciones. La Secretaría
General de la ALADI informará a las Partes Signatarias respectivas la fecha de
la vigencia bilateral.
Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo
20 las Partes Signatarias podrán aplicar este Acuerdo de manera provisional en
tanto se cumplan los trámites necesarios para la incorporación del Acuerdo a su
derecho interno. Las Partes Signatarias comunicarán a la Secretaría General de
la ALADI la aplicación provisional del Acuerdo, la que a su vez informará a las
Partes Signatarias la fecha de aplicación bilateral cuando corresponda.
T Í T U L O XXVIII
DENUNCIA
Artículo 47. La Parte Signataria que desee denunciar el presente
Acuerdo deberá comunicar su decisión a la Comisión Administradora, con sesenta
(60) días de anticipación al depósito del respectivo instrumento de denuncia en
la Secretaría General de la ALADI. La denuncia surtirá efecto para las Partes
Signatarias, una vez transcurrido un año contado a partir del depósito del
instrumento, y a partir de ese momento cesarán para la Parte Signataria
denunciante los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas en virtud del
presente Acuerdo. Sin perjuicio de lo anterior y antes de transcurridos los
seis (6) meses posteriores a la formalización de la denuncia, las Partes
Signatarias podrán acordar los derechos y obligaciones que continuarán en vigor
por el plazo que se acuerde.
T Í T U L O XXIX
ENMIENDAS Y ADICIONES
Artículo 48. Las enmiendas o adiciones al presente Acuerdo
solamente podrán ser efectuadas por consenso de las Partes Signatarias. Ellas
serán sometidas a la aprobación por decisión de la Comisión Administradora y
formalizadas mediante Protocolo.
T Í T U L O XXX
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 49. La Secretaría General de la ALADI será depositaria
del presente Acuerdo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a las
Partes Signatarias.
Artículo 50. La importación por la República Federativa del Brasil
de los productos incluidos en el presente Acuerdo no estará sujeta a la
aplicación del Adicional al Flete para la Renovación de la Marina Mercante,
establecido por Decreto-Ley N° 2404 del 23 de diciembre de 1987, conforme a lo
dispuesto por el Decreto N° 97945 del 11 de julio de 1989, sus modificatorias y
complementarias.
Artículo 51. La importación por la República Argentina no estará
sujeta a la aplicación de la Tasa de Estadística reimplantada por el Decreto N°
389 de fecha 23 de marzo de 1995, sus modificatorias y complementarias.
Artículo 52. Los plazos a que se hace referencia en este Acuerdo,
se entienden expresados en días calendario y se contarán a partir del día
siguiente al acto o hecho al que se refiere, sin perjuicio de lo que se
disponga en los Anexos correspondientes.
T Í T U L O XXXI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. Con miras a facilitar la plena aplicación del
Protocolo adicional a que se refiere el Artículo 20, las Partes Signatarias,
dentro de noventa (90) días contados a partir de la entrada en vigor de este
Acuerdo, elaborarán su lista de árbitros, la que comunicarán a las demás Partes
Signatarias acompañando a la misma el correspondiente curriculum vitae
detallado de los designados. La lista estará conformada por diez (10) juristas
de reconocida competencia en las materias que puedan ser objeto de
controversia, dos (2) de los cuales no serán nacionales de ninguna de las
Partes Signatarias.
Las Partes Signatarias, dentro de los
quince (15) días contados a partir de la fecha de recepción de la comunicación
indicada en el párrafo anterior, podrán solicitar mayor información sobre los
árbitros designados.
La información solicitada deberá ser
suministrada a la brevedad posible.
La lista de árbitros presentada por una
Parte Signataria no podrá ser objetada por las otras Partes Signatarias.
Cumplido el plazo de quince (15) días, la
lista será depositada en la Secretaría General de la ALADI.
SEGUNDA. La Comisión Administradora, en su primera reunión,
dispondrá las acciones necesarias para la elaboración de las Reglas de
Procedimiento de los Tribunales Arbitrales y del reglamento del Protocolo
Adicional de que trata el Artículo 20, a fin de que estos queden acordados a la
fecha de entrada en vigencia de este último.
TERCERA. El Protocolo Adicional de que trata el Artículo 20
será presentado a ratificación por las Partes Signatarias que así lo requieran
antes de ciento ochenta (180) días contados a partir de la entrada en vigencia
del presente Acuerdo.
CUARTA. En lo que se refiere a productos farmacéuticos,
cosméticos, alimentos y otros productos de uso humano, las Partes Signatarias
se comprometen a asegurar la transparencia de sus disposiciones legales y a
garantizar a las demás Partes Signatarias el mismo tratamiento otorgado a sus
nacionales en relación con sus legislaciones y procedimientos de evaluación
técnica y científica.
La Comisión Administradora en su primera
reunión, con la presencia de los representantes técnicos correspondientes, conformará
un grupo encargado de realizar consultas y elaborar propuestas específicas en
asuntos relativos a los productos mencionados en el párrafo anterior. EN FE DE
LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el presente Protocolo en
la ciudad de Montevideo a los dieciocho días del mes de octubre de dos mil
cuatro, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos
igualmente válidos.
Por el Gobierno de la República Argentina,
Rafael Antonio Bielsa.
Por el Gobierno de la República Federativa
del Brasil,
Celso Amorim.
Por el Gobierno de la República de
Colombia,
Carolina Barco Isakson.
Por el Gobierno de la República del
Ecuador,
Leonardo Carrión Eguiguren.
Por el Gobierno de la República del
Paraguay,
José Martínez Lezcano.
Por el Gobierno de la República Oriental
del Uruguay,
Didier Opertti.
Por el Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela,
Jesús Arnaldo Pérez.
20 de diciembre de 2004.
Es fiel copia del original.
Juan F. Rojas Penso,
Embajador
Secretario General.
ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA NUMERO
59 SUSCRITO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, DE LA REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL, DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y DE LA REPÚBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY, ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y LOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA, DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA, PAISES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA
Primer Protocolo Adicional
REGIMEN DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS
CAPÍTULO I
Partes y ámbito de aplicación
Artículo 1º. La República Argentina, la República Federativa del
Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados
Partes del Mercado Común del Sur, MERCOSUR, y la República de Colombia, la
República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela, Países Miembros
de la Comunidad Andina, serán denominados Partes Signatarias. Las “Partes
Contratantes” del presente Régimen son el MERCOSUR y los Países Miembros de
la Comunidad Andina que suscriben el Acuerdo.
Artículo 2º. Las controversias que surjan con relación a la
interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en
el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica, celebrado ente el
MERCOSUR y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República
Bolivariana de Venezuela (ACE N° 59), en adelante denominado “Acuerdo” y
de los instrumentos y protocolos suscritos o que se suscriban en el marco del
mismo, serán sometidas al Procedimiento de Solución de Controversias
establecido en el presente Protocolo.
Artículo 3º. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las
controversias que surjan en relación con lo dispuesto en este Acuerdo, en las
materias reguladas par el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio (en adelante “Acuerdo OMC”) y en los
convenios negociados de conformidad con el mismo, podrán resolverse en uno u
otro foro, a elección de la parte reclamante. Una vez que se haya iniciado un
procedimiento de solución de controversias conforme al presente Régimen o bien
uno conforme al Acuerdo OMC, el foro seleccionado será excluyente del otro.
Para efectos de este artículo, se
considerarán iniciados los procedimientos de solución de controversias conforme
al Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la
Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio cuando la parte
reclamante solicite la integración de un panel de acuerdo con el artículo 6º de
dicho Entendimiento.
Asimismo, se considerarán iniciados los
procedimientos de solución de controversias conforme al presente Régimen, una
vez presentada la solicitud de negociaciones directas. Sin embargo, si se
acudiera a la Comisión Administradora, se entenderá iniciado el procedimiento
con la solicitud de convocatoria de esta última.
Artículo 4º. A los efectos del presente Régimen, podrán ser partes
en la controversia, en adelante denominadas “partes”, por un lado, uno o
más Estados Partes del MERCOSUR y, por el otro, uno o más Países Miembros de la
CAN que suscriban este Acuerdo.
CAPÍTULO II
Negociaciones directas
Artículo 5º. Las partes procurarán resolver las controversias a
que hace referencia el artículo 2º mediante la realización de negociaciones
directas que permitan llegar a una solución mutuamente satisfactoria.
Las negociaciones directas serán conducidas,
en el caso del MERCOSUR, a través de la Presidencia Pro Tempore o por
los Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común, según corresponda, y en
el caso de la República de Colombia, la República del Ecuador y la República
Bolivariana de Venezuela por la autoridad nacional que cada uno de los Países
Miembros designe, según corresponda, con el apoyo de la Secretaría General de la
Comunidad Andina.
Las negociaciones directas podrán estar
precedidas por consultas recíprocas entre las partes.
Artículo 6º. Para iniciar el procedimiento, cualquiera de las
partas solicitará por escrito a la otra parte la realización de negociaciones
directas, especificando los motivos de las mismas, las circunstancias de hecho
y los fundamentos jurídicos relacionados con la controversia, con copia a las
demás Partes Signatarias, a la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR y a
la Presidencia de la Comisión de la Comunidad Andina a través de la Secretaría
General de la Comunidad Andina.
Artículo 7º. La parte que reciba la solicitud de celebración de
negociaciones directas, deberá responderla dentro de los diez (10) días
posteriores a la fecha de su recepción. Las partes intercambiarán las
informaciones necesarias para facilitar las negociaciones directas y darán a
esas informaciones tratamiento reservado.
Estas negociaciones no podrán prolongarse
por más de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de recepción de la
solicitud formal de iniciarlas, salvo que las partes acuerden extender ese
plazo hasta por un máximo de quince (15) días adicionales.
CAPÍTULO III
Intervención de la Comisión Administradora
Artículo 8º. Si en el plazo indicado en el tercer párrafo del
artículo 7º no se llegara a una solución mutuamente satisfactoria o si la
controversia se resolviera solo parcialmente, la parte reclamante podrá, bien
solicitar por escrito que se reúna la Comisión Administradora, en adelante la “Comisión”,
para tratar el asunto o bien que se proceda directamente al arbitraje.
La solicitud escrita deberá incluir además
de las circunstancias de hecho y los fundamentos jurídicos relacionados con la
controversia, las disposiciones del Acuerdo, Protocolos Adicionales e
instrumentos suscritos en el marco del mismo, que se consideren vulneradas.
Artículo 9º. La Comisión deberá reunirse dentro de los treinta
(30) días siguientes, contados a partir de la fecha de recepción por la
Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR y la Presidencia de la Comisión de la
Comunidad Andina a través de le Secretaría General de la Comunidad Andina, de
la solicitud a que se refiere el artículo anterior. Si dentro del plazo
establecido en este artículo no resultara posible celebrar la reunión de la
Comisión o esta no se pronunciara conforme al artículo 11, la parte reclamante
podrá dar por concluida esta etapa, y solicitar el inicio de un procedimiento
arbitral.
Artículo 10. La Comisión podrá acumular por consenso dos o más
procedimientos relativos a los casos que conozca, solo cuando por su naturaleza
o eventual vinculación temática, considere conveniente examinarlos
conjuntamente.
Artículo 11. La Comisión evaluará la controversia y dará
oportunidad a las partes para que expongan sus posiciones y si fuere necesario
aporten información adicional, con miras a llegar a una solución mutuamente
satisfactoria.
La Comisión formulará las recomendaciones
que estime pertinentes, a cuyos efectos dispondrá de un plazo de treinta (30)
días, contados a partir de la fecha de su primera reunión.
En sus recomendaciones, la Comisión tendrá
en cuenta las disposiciones legales del Acuerdo, los instrumentos y Protocolos
Adicionales que considere aplicables y los fundamentos de hecho y de derecho
pertinentes. Si en la Comisión no se llegase a una solución mutuamente
satisfactoria o esta no emitiese su recomendación dentro del plazo antes
mencionado, se dará de inmediato por terminada le etapa prevista en el presente
Capítulo. La Comisión, en su recomendación, fijará el plazo para su adopción, vencido
el cual, de no haber sido aceptada la misma por las partes o haberse acatado
solo parcialmente, se podrá dar inicio al procedimiento arbitral.
Cuando la Comisión estime necesario el
asesoramiento de expertos para formular sus recomendaciones, ordenará su
participación. En este caso, dispondrá de 15 días adicionales al plazo previsto
en el párrafo segundo de este artículo para formular su recomendación. Los
expertos deberán gozar de probado reconocimiento técnico y neutralidad.
CAPÍTULO IV
Procedimiento arbitral
Artículo 12. Cuando la controversia no hubiera podido solucionarse
mediante la aplicación de los procedimientos previstos en los Capítulos II o
III o hubiesen vencido los plazos previstos en dichos Capítulos sin cumplirse
los trámites correspondientes, cualquiera de las partes podrá solicitar el
inicio del procedimiento arbitral a cuyos efectos comunicará dicha decisión a
la otra parte, con copia a las demás Partes Signatarias, a la Presidencia Pro
Tempore del MERCOSUR y a la Presidencia de la Comisión de la Comunidad
Andina a través de la Secretaría General de la Comunidad Andina y a la
Secretaría General de la ALADI.
Artículo 13. Las partes declaran reconocer como obligatoria, ipso
facto y sin necesidad de acuerdo especial, la jurisdicción del Tribunal
Arbitral que en cada caso se constituya para conocer y resolver las
controversias a que se refiere el presente Régimen.
Artículo 14. En el plazo de 90 días contados a partir de la
entrada en vigor del Acuerdo, cada una de las Partes Signatarias se comunicarán
recíprocamente su lista de árbitros acompañada del curriculum vitae
detallado de cada uno de ellos, la que estará conformada por diez (10)
árbitros, dos (2) de los cuales no serán nacionales de ninguna de las Partes
Signatarias. Los árbitros deberán ser juristas de reconocida competencia en las
materias que puedan ser objeto de controversia. Las Partes Signatarias, dentro
de los quince (15) días contados a partir de la fecha de recepción de la
comunicación indicada en el párrafo anterior, podrán solicitar mayor
información sobre los árbitros designados, la que deberá ser suministrada a la
brevedad posible.
Cumplido el plazo de quince días, la lista
será depositada en la Secretaría General de la ALADI.
La lista de árbitros presentada por una
Parte Signataria no podrá ser objetada por las otras Partes Signatarias.
Las ulteriores modificaciones de la lista
se sujetarán a lo previsto en este artículo.
Artículo 15. El Tribunal Arbitral ante el cual se sustanciará el
procedimiento, estará compuesto por tres (3) árbitros y se conformará de la
siguiente manera:
a) Dentro de los quince (15) días
posteriores a la comunicación a que se refiere el artículo 12, las partes
designarán un árbitro y su suplente, escogidos de entre la lista mencionada en
el artículo 14;
b) Dentro del mismo plazo, las partes
designarán de común acuerdo un tercer árbitro de la referida lista del artículo
14, quien presidirá el Tribunal Arbitral. Esta designación deberá recaer en
personas que no sean nacionales de las partes;
c) Si las designaciones a que se refiere el
literal a) no se realizaren dentro del plazo previsto, ellas serán efectuadas
por sorteo por la Secretaría General de la ALADI, a pedido de cualquiera de las
partes, de entre los árbitros que integran la mencionada lista;
d) Si la designación a que se refiere el
literal b) no se realizare dentro del plazo previsto, ella será efectuada por
sorteo por la Secretaría General de la ALADI, a pedido de cualquiera de las
partes, de entre los árbitros no nacionales de las Partes que integran la lista
del artículo 14; y
e) De común acuerdo, las partes podrán
designar árbitros que no figuren en las listas a que se refiere el artículo 14.
La lista de árbitros será la constituida al
momento del inicio de la controversia, aún si alguna de las Partes Signatarias
no hubiese comunicado su lista. Sin perjuicio de ello, cualquier Parte
Signataria podrá completarla o modificarla en cualquier momento, pero ello no
afectará la designación de los árbitros de las controversias que estuvieren en
curso.
Las designaciones previstas en los
literales a), b), c), d) y e) del presente artículo, deberán ser comunicadas a
las Partes Contratantes y, en su caso, a la Secretaría General de la ALADI.
Los miembros suplentes sustituirán al
titular en caso de incapacidad, excusa, inhibición o recusación, esta última,
según los términos establecidos en el reglamento del presente Régimen.
Artículo 16. Los integrantes del Tribunal Arbitral actuarán a
título personal y no en calidad de representantes de las partes o de un
Gobierno. Por consiguiente, las partes se abstendrán de darles instrucciones y
de ejercer sobre ellos cualquier clase de influencia con respecto a las asuntos
sometidos al Tribunal Arbitral.
Artículo 17. Cuando intervengan en la misma controversia varias
Partes Signatarias, sea como reclamantes o reclamadas, ellas podrán actuar ante
el Tribunal Arbitral de manera conjunta o individual. En ambos casos deberán
acordar la designación de un solo árbitro común. Si esa designación no se
efectuase, será de aplicación lo establecido en el artículo 15.
Artículo 18. A solicitud de parte, el Tribunal Arbitral podrá
acumular dos o más procedimientos, siempre que exista identidad en cuanto a
materia y pretensión.
Artículo 19. El Tribunal Arbitral fijará su sede, en cada caso,
en el territorio de alguna de las partes en la controversia. En todos los
casos, el laudo deberá ser emitido en el territorio de la parte que deba
cumplirlo.
Artículo 20. La Comisión establecerá las reglas de procedimiento
de los Tribunales Arbitrales que considere necesarias para la mejor aplicación
del presente Régimen, las que garantizarán a las partes la oportunidad de ser
escuchadas y asegurarán que el procedimiento se realice en forma expedita. Para
la elaboración de las reglas, la Comisión tendrá en consideración los
siguientes principios:
a) El procedimiento garantizará como mínimo
el derecho a una audiencia ante el Tribunal Arbitral, así como la oportunidad
de presentar alegatos y réplicas o respuestas por escrito;
b) Las audiencias ante el Tribunal, las
deliberaciones y conclusiones, así como todos los escritos y comunicaciones
relacionados con la controversia, tendrán carácter reservado y serán de acceso
exclusivo para las Partes Signatarias, en las condiciones establecidas en el
reglamento del presente Régimen.
Los documentos calificados por las partes
como confidenciales serán de acceso exclusivo para los árbitros, quienes
deberán determinar el suministro de un resumen no confidencial.
Los laudos del Tribunal Arbitral, sus
aclaraciones y disposiciones sobre medidas de ejecución, tendrán carácter
público;
c) El procedimiento del Tribunal Arbitral
deberá prever la flexibilidad suficiente para garantizar la calidad de sus
trabajos sin retrasar indebidamente los mismos.
En caso que la Comisión no haya adoptado
las reglas de procedimiento referidas en el presente artículo y en general en
caso de vacío u omisión de las mismas, el Tribunal Arbitral establecerá sus
propias reglas tomando en cuenta los principios antes referidos. Si fuera
necesario, el Tribunal Arbitral podrá acordar reglas distintas, con el consenso
de las partes.
Artículo 21. Las partes informarán al Tribunal Arbitral sobre las
instancias cumplidas con anterioridad al procedimiento arbitral y presentarán
los fundamentos de hecho y de derecho de sus respectivas posiciones.
Las partes podrán designar sus
representantes y asesores ante el Tribunal Arbitral para la defensa de sus
derechos.
Artículo 22. A solicitud de parte y en la medida en que existan
razones fundadas para creer que el mantenimiento de la situación objeto de la
controversia ocasionaría daños graves e irreparables, el Tribunal Arbitral por
unanimidad podrá disponer la aplicación de medidas provisionales.
Dichas medidas estarán sujetas a lo que al
efecto disponga el Reglamento de este Régimen, el cual deberá prever la
constitución de garantías o cauciones; que las medidas guarden la debida
proporcionalidad con el supuesto daño; y salvaguardar el derecho de las partes
a ser previamente escuchadas.
Las medidas provisionales no prejuzgarán
sobre el resultado del Laudo.
Las partes cumplirán inmediatamente o en el
plazo que el Tribunal Arbitral determine, cualquier medida provisional, la que
se extenderá hasta tanto se dicte el Laudo a que se refiere el artículo 26,
salvo que el
Tribunal decidiera levantarlas
anticipadamente.
Artículo 23. El Tribunal Arbitral podrá requerir información de
cualquier entidad gubernamental, persona natural o persona jurídica pública o
privada de las Partes Signatarias que considere conveniente. El Tribunal
Arbitral, asimismo, podrá, previa aprobación de las partes, valerse del
concurso de expertos o peritos para el mejor sustento del Laudo.
El Tribunal Arbitral podrá conferir
confidencialidad a la información que se le proporcione.
Artículo 24. El Tribunal Arbitral tomará en consideración los
argumentos presentados por las partes, las pruebas producidas y los informes
recibidos, sin perjuicio de otros elementos que considere convenientes.
Artículo 25. El Tribunal Arbitral decidirá la controversia sobre
la base de las disposiciones del Acuerdo, sus Protocolos Adicionales y los
instrumentos firmados en el marco del mismo y los principios y disposiciones
del derecho internacional aplicables en la materia y los fundamentos de hecho y
de derecho pertinentes.
Artículo 26. El Tribunal Arbitral emitirá su Laudo por escrito en
un plazo de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de aceptación del
último de sus miembros designado.
El plazo antes indicado podrá ser
prorrogado por el Tribunal por un máximo de treinta (30) días, lo cual será
notificado a las partes.
El Laudo Arbitral se adoptará por mayoría,
será fundamentado y suscrito por los miembros del Tribunal. Este no podrá
fundamentar votos en disidencia y deberá mantener la confidencialidad de la
votación.
Artículo 27. El Laudo Arbitral deberá contener necesariamente los
siguientes elementos, sin perjuicio de otros que el Tribunal Arbitral considere
conveniente incluir:
1. Indicación de las Partes en la
controversia.
2. El nombre y la nacionalidad de cada uno
de los miembros del Tribunal Arbitral y la fecha de la conformación del mismo.
3. Los nombres de los representantes de las
partes.
4. El objeto de la controversia.
5. Un informe del desarrollo del
procedimiento arbitral, incluyendo un resumen de los actos practicados y de las
alegaciones de cada una de las partes.
6. La decisión alcanzada con relación a la
controversia, consignando los fundamentos de hecho y de derecho.
7. El plazo de cumplimiento si fuera el
caso.
8. La proporción de costos del
procedimiento arbitral que corresponderá cubrir a cada parte, según lo
establecido en el artículo 33. 9. La fecha y el lugar en que fue emitido; y
10. La firma de todos los miembros del
Tribunal Arbitral.
Artículo 28. Cuando el Laudo del Tribunal Arbitral concluya que
la medida es incompatible con el Acuerdo, la parte estará obligada a adoptar
las medidas necesarias para darle cumplimiento.
Artículo 29. Los Laudos Arbitrales son inapelables, obligatorios
para las partes a partir de la recepción de la respectiva notificación y tendrán
respecto de ellas fuerza de cosa juzgada.
Los Laudos deberán ser cumplidos en un
plazo de sesenta (60) días, a menos que el Tribunal Arbitral establezca un
plazo diferente, teniendo en cuenta los argumentos presentados por las partes
durante el procedimiento arbitral.
La parte obligada a cumplir el Laudo
deberá, dentro de un plazo de diez (10) días, notificar a la otra Parte las
medidas que adoptará a ese efecto.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
31, en caso que la parte beneficiada por el Laudo entienda que las medidas que
serán adoptadas no resultan satisfactorias, podrá elevar la situación a
consideración del Tribunal Arbitral. El Tribunal tendrá un plazo de diez (10)
días para pronunciarse sobre el tema.
Lo previsto en este artículo no suspenderá
el plazo para el cumplimiento del Laudo, salvo que el Tribunal decida lo
contrario.
Artículo 30. Cualquiera de las partes podrá solicitar, dentro de
los quince (15) días siguientes a la fecha de notificación del Laudo, la
aclaración del mismo respecto de sus alcances o la forma de cumplirlo. La
interposición de este recurso de aclaración no suspenderá el plazo para el
cumplimiento del Laudo, salvo que el Tribunal decida lo contrario, si así las circunstancias
lo exigiesen.
El Tribunal Arbitral se pronunciará sobre
la aclaratoria dentro de los quince (15) días siguientes a su interposición.
Artículo 31. Si dentro del plazo establecido en el artículo 29 no
se hubiera dado cumplimiento al Laudo Arbitral o este se hubiera cumplido solo
parcialmente, la Parte reclamante podrá suspender temporalmente a la Parte
reclamada concesiones u otras obligaciones equivalentes, tendientes a obtener
el cumplimiento del Laudo, debiendo comunicarle a esta y a la Comisión su
decisión por escrito, indicando con claridad y exactitud el tipo de medidas que
adoptará. Estas medidas no podrán extenderse más allá del cumplimiento del
Laudo.
En caso de que la parte reclamada considere
excesiva la suspensión de concesiones u obligaciones adoptadas por la parte
reclamante, comunicará sus objeciones a la otra parte y a la Comisión y podrá
solicitar que el Tribunal Arbitral que emitió el Laudo se pronuncie respecto a
si la medida adoptada es equivalente al grado de perjuicio sufrido. El Tribunal
dispondrá de un plazo de treinta (30) días para su pronunciamiento, contados a
partir de la fecha en que se constituya para ese fin.
Artículo 32. Las situaciones a que se refieren los artículos 29,
30 y 31, deberán ser resueltas por el mismo Tribunal Arbitral que dictó el
Laudo, pero si este no pudiera constituirse con todos los miembros originales
titulares para completar la integración, se aplicará el procedimiento previsto
en el artículo 15.
Artículo 33. Los gastos del Tribunal Arbitral comprenden los
honorarios de los árbitros, así como los gastos de pasajes, costos de traslado,
viáticos, cuyos valores de referencia establezca la Comisión, notificaciones y
demás erogaciones que demande el arbitraje. Los gastos del Tribunal Arbitral
conforme fueran definidos en el primer párrafo de este artículo, serán
distribuidos en montos iguales entre parte reclamante y parte reclamada.
CAPÍTULO V
Disposiciones generales
Artículo 34. Las comunicaciones que se realicen entre el MERCOSUR
o sus Estados Partes y la República de Colombia, la República del Ecuador y la
República Bolivariana de Venezuela, deberán ser cursadas, en el caso de la
República de Colombia, la República del Ecuador y la República Bolivariana de
Venezuela, a la autoridad nacional que cada país miembro designe y a la
Secretaría General de la Comunidad Andina y en el caso del MERCOSUR, a la
Presidencia Pro Tempore o a los Coordinadores Nacionales del Grupo
Mercado Común, según corresponda, con copia a la Secretaría de MERCOSUR.
Las recomendaciones de la Comisión, el Laudo
Arbitral, sus aclaraciones y los pronunciamientos sobre medidas retaliatorias,
serán comunicados a todas las Partes Signatarias y entidades indicadas en el
párrafo anterior en texto completo.
Artículo 35. Los plazos a que se hace referencia en este Régimen,
se entienden expresados en días calendario y se contarán a partir del día
siguiente al acto o hecho al que se refiera. Cuando el plazo se inicie o venza
en día inhábil, comenzará a correr o vencerá el día hábil siguiente.
Artículo 36. Los integrantes del Tribunal Arbitral, al aceptar su
designación, asumirán por escrito el compromiso de actuar de conformidad con
las disposiciones de este Régimen. Dicho compromiso escrito se dirigirá al
Secretario General de la ALADI y en él se manifestará, mediante declaración
jurada, independencia respecto de los intereses objeto de la controversia y
obligación de actuar con imparcialidad no aceptando sugerencias de terceros ni
de las partes.
Artículo 37. En cualquier etapa del procedimiento, la parte que
presentó el reclamo podrá desistir del mismo. Asimismo, las partes podrán
llegar a una transacción, dándose por concluida la controversia en ambos casos.
Los desistimientos o las transacciones deberán ser comunicados por escrito a la
Comisión o al Tribunal Arbitral a efectos de que estos adopten las medidas que
correspondan.
Artículo 38. Para los efectos del cumplimiento del presente
Régimen, el intercambio de documentación podrá ser efectuado por los medios más
expeditos de envío disponibles, incluyendo el facsímil y el correo electrónico,
siempre y cuando se remita de forma inmediata la documentación original.
Dicha documentación original dará fe de
fecha cierta a menos que el Tribunal o en su caso las partes, acuerden
conferirle tal carácter a la indicada por el medio electrónico o digital
utilizado.
Artículo 39. Las controversias entre los miembros de una Parte
Contratante se resolverán conforme a las regulaciones que rijan al interior de
dicha Parte Contratante.
Artículo 40. Ninguna de las actuaciones realizadas ni
documentación presentada en el curso de los procedimientos previstos en este
Régimen prejuzgará sobre los derechos u obligaciones que las partes tuvieren en
el marco de otros Acuerdos.
La Secretaría General de la Asociación
Latinoamericana de Integración, ALADI, será depositaria del presente Protocolo,
del cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos de las Partes
Signatarias. EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el
presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los dieciocho días del mes de
octubre de dos mil cuatro, en un original en los idiomas español y portugués,
siendo ambos textos igualmente válidos.
Por el Gobierno de la República Argentina,
Rafael Antonio Bielsa.
Por el Gobierno de la República Federativa
del Brasil,
Celso Amorim.
Por el Gobierno de la República de
Colombia,
Carolina Barco Isakson.
Por el Gobierno de la República del
Ecuador,
Leonardo Carrión E.
Por el Gobierno de la República del
Paraguay,
José Martínez Lazcano.
Por el Gobierno de la República Oriental
del Uruguay,
Didier Opertti.
Por el Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela,
Jesús Amado Pérez.
20 de diciembre de 2004.
Es copia fiel del original.
Juan F. Rojas Penso,
Embajador – Secretario General”.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a 28 de febrero de 2005.
Aprobados. Sométanse a la consideración del
honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ALVARO URIBE VELEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Carolina Barco Isakson.
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébanse el “Acuerdo de complementación
económica suscrito entre los Gobiernos de la República Argentina, de la
República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República
Oriental del Uruguay, Estados partes del MERCOSUR y los gobiernos de la
República de Colombia, de la República del Ecuador y de la República
Bolivariana de Venezuela, países miembros de la comunidad Andina’ y el ‘Primer
Protocolo Adicional - Régimen de Solución de controversias’, suscritos en
Montevideo Uruguay, a los dieciocho (18) días del mes de octubre de dos mil
cuatro (2004)”.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de
la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo de complementación económica suscrito entre los
Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de
la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados
partes del MERCOSUR y los gobiernos de la República de Colombia, de la
República del Ecuador y de la República Bolivariana de Venezuela, países
miembros de la Comunidad Andina’ y el ‘Primer Protocolo Adicional - Régimen de
Solución de Controversias’, suscritos en Montevideo Uruguay, a los dieciocho
(18) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004)”, que por el artículo 1°
de esta ley se aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se
perfeccione el vinculo internacional respecto de los mismos.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación.
La presidenta del honorable Senado de
la República,
Claudia Blum de Barberi.
El Secretario General del honorable Senado
de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
Julio E. Gallardo Archbold.
El Secretario General de la honorable
Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte
Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de diciembre de
2005.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Viceministro de Asuntos Multilaterales,
encargado de las funciones del Despacho de la Ministra de Relaciones
Exteriores,
Alejandro Borda Rojas.
El Ministro de Minas y Energía, encargado
de las funciones del Despacho del Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Luis Ernesto Mejía Castro.”
III.    ACLARACIÓN PREVIA
En el presente aparte de esta providencia,
la Corte se abstendrá de transcribir el texto de los anexos del Tratado de
Cooperación Económica objeto de control de constitucionalidad dada su
extensión. Los citados documentos se pueden consultar en la Gaceta del Congreso
No. 185 del 19 de abril de 2005 (Págs. 31-743).
IV.    INTERVENCIONES
Según
informe secretarial del quince (15) de mayo de dos mil seis (2006), durante el
término de fijación en lista fueron presentados los siguientes escritos:
4.1.   Intervención del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo
Eduardo Muñoz Gómez, en su condición de
Viceministro de Comercio Exterior, presentó escrito mediante el cual, luego de
señalar la importancia de los acuerdos comerciales para la economía colombiana
y después de realizar un breve recuento del momento que antecedió a la firma
del Acuerdo suscrito entre la Comunidad Andina de Naciones -CAN- y el MERCOSUR,
expuso varios argumentos con el fin de justificar la constitucionalidad del
texto objeto de revisión.
a.      En el aspecto formal
A juicio del interviniente, en el trámite
de aprobación de la ley sometida a revisión, se cumplieron con todas las
exigencias formales relacionadas con la iniciativa, la publicación, la
aprobación y la sanción presidencial, en los términos previstos en la
Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso.
b.      En el aspecto material
En primer lugar, el interviniente sostiene que un
Acuerdo como el que es objeto de revisión resulta de la mayor importancia para
nuestro país, al permitir que se fortalezcan las relaciones con los Estados que
hacen parte del MERCOSUR y al establecer un programa de liberación comercial de
carácter regional.
Expresa que el Convenio se ajusta al marco establecido
en la Carta Política, especialmente, en relación con el principio
constitucional de internacionalización de las relaciones económicas, consagrado
en el Preámbulo y en los artículos 9 y 227 del Texto Superior. De igual manera,
sostiene que el presente instrumento internacional acata los principios de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, establecidos en el artículo 226
de la Constitución y que -de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta
Corporación- deben informar la labor de promoción de las relaciones económicas
internacionales, lo que implica que las obligaciones establecidas a través de
estos documentos sean recíprocas y que tanto el Gobierno como el Congreso hayan
concluido que la Nación se verá beneficiada por el Acuerdo. En su criterio,
estos aspectos se cumplen cabalmente en el presente caso, ya que en el Convenio
que es objeto de revisión se establecen obligaciones, si bien no idénticas, sí
reciprocas, y toda vez que la conveniencia de su adopción se deriva de las
razones que fueron expuestas por el Gobierno Nacional al presentar el proyecto
de ley y respaldadas por el Congreso de la República al momento de su
aprobación.
Por último, afirma que las disposiciones objeto de
revisión guardan cabal armonía con los fines que se persiguen en un Estado
Social de Derecho, tales  como la prosperidad general (C.P. art. 2), el
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población (C.P.
art. 366).
4.2.   Intervención del Ministerio de Relaciones
Exteriores
La ciudadana María Paula Ruiz Vega, en calidad de
apoderada del Ministerio de Relaciones Exteriores, presentó escrito mediante el
cual sustenta las razones para declarar la exequibilidad del texto objeto de
revisión.
a.      En el aspecto formal
La interviniente sostiene que el instrumento
internacional y su ley aprobatoria acreditaron el cumplimiento de todos los
requisitos de orden formal para su creación, pues su trámite se ajustó
plenamente a las exigencias previstas en la Constitución y en la ley, para la
validez de este tipo de actos.
b.      En el aspecto material
Aduce la interviniente, luego de realizar una breve
reseña del contenido general del Acuerdo, que este Convenio constituye una
herramienta para la consolidación de principios y mandatos establecidos en la
Carta Política. En su criterio, el referido instrumento constituye un
desarrollo de los principios de internacionalización de las relaciones
políticas, económicas, sociales y ecológicas (C.P. art. 226), del mandato de
integración de la comunidad latinoamericana establecido en el Preámbulo de la
Carta -en consonancia con el artículo 9 constitucional- y del deber que existe
en cabeza del Presidente de la República de dirigir las relaciones
internacionales (C.P. art. 189-2).
4.3.   Intervención del Ministerio del Interior y de
Justicia
Fernando Gómez Mejía, en su condición de apoderado del
Ministerio del Interior y de Justicia, presentó escrito mediante el cual expone
varios argumentos con el fin de justificar la constitucionalidad del texto
objeto de revisión.
a.      En el aspecto formal
Para el interviniente, no existe ningún vicio formal
que invalide la ley aprobatoria del Tratado, ya que se acreditó que: “(...)
la iniciativa legislativa fue discutida y aprobada en las comisiones y
plenarias del Congreso, respetando los plazos y trámites establecidos en la
Carta y en la Ley 5 de 1992, por lo que a este respecto [el Ministerio del
Interior y de Justicia] no encuentra en este punto incompatibilidad algún entre
el trámite dado en el Congreso al proyecto de Ley aprobatoria del tratado
sub-examine y la Carta Política”.
b.      En el aspecto material
El apoderado del Ministerio aduce que el Acuerdo
objeto de revisión es fundamentalmente un mecanismo encaminado a fortalecer las
relaciones de los países de América del Sur y de los Estados miembros de la
ALADI; en este contexto, el Convenio responde a los mandatos establecidos en la
Carta Política y materializa algunos postulados propios del Estado Social de Derecho[1].
Anota que el contenido material de la Ley 1000 de 2005
no va en detrimento del ordenamiento jurídico interno, de tal forma que
garantiza la soberanía y autonomía de los Estados firmantes, así como la
protección de los derechos y garantías fundamentales establecidos en la
Constitución Política.
Finalmente, afirma que el instrumento internacional
aprobado mediante la ley objeto de revisión, cumple con el requisito de
conveniencia, toda vez que fortalece los lazos de cooperación existentes entre
los países firmantes.
4.4.
Intervención de la Federación Nacional de Comerciantes
-FENALCO-
El ciudadano Guillermo Botero Nieto, en calidad de
Presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, presentó escrito a través
del cual solicitó la declaratoria de exequibilidad del texto del Tratado objeto
de revisión y de su ley aprobatoria, en tanto no se presentó ningún “…vicio,
ni de forma ni de fondo, que atente contra la constitucionalidad de estas
normas”.
4.5.
Intervención de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI-
Luis Carlos Villegas Echeverri, en su condición de
presidente y representante legal de la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia, presentó escrito para justificar la constitucionalidad del texto
objeto de revisión.
a.      En el aspecto formal
El interviniente sostiene que el instrumento
internacional y su ley aprobatoria acreditaron el cumplimiento de todos los
requisitos de orden formal para su creación, pues durante su trámite se
cumplieron con todas las exigencias formales establecidas en la Constitución y
en la Ley Orgánica del Congreso.
b.      En el aspecto material
Expresa que el Convenio se ajusta al marco
constitucional, ya que pretende la adopción de medidas tendientes a fortalecer
las relaciones comerciales de Colombia con otros Estados, lo que resulta de la
mayor importancia para lograr el desarrollo económico y social del país.
Así mismo, sostiene que el contenido del Tratado
aprobado mediante la Ley 1000 de 2005 es similar al establecido a través de
otros convenios internacionales adoptados por Colombia que ya han sido objeto
de revisión por esta Corporación y que fueron declarados exequibles[2].
4.6.
Intervención del ciudadano José Manuel Álvarez Zarate
El ciudadano José Manuel Álvarez Zarate intervino en
el proceso de la referencia, con el fin de impugnar parcialmente la
constitucionalidad de la ley objeto de revisión. Los apartes relevantes de su
intervención se resumen a continuación.
Para el interviniente, los incisos 2 y 3 del artículo
3 de la Ley 1000 de 2005 son inconstitucionales, como quiera que, a pesar de
que la desgravación progresiva de los aranceles es una medida propia de los
programas de liberación comercial, productos como el trigo y la cebada deberían
estar excluidos del desmonte arancelario con el fin de proteger la producción
interna de estos granos.
A su juicio, esta omisión comporta una vulneración de
los artículos 65, 150 y 226 de la Constitución Política[3],
en tanto el Estado al no incluir -de manera unilateral y sin consultar a los
demás países andinos- dentro de las excepciones de la desgravación arancelaria
progresiva al trigo y a la cebada,  incumplió con su obligación de proteger la
producción de alimentos y de preservar el principio de equidad en materia de
suscripción de instrumentos internacionales, teniendo en cuenta además que el
principio de seguridad alimentaria “[fue] reconocido en el tratado mismo de
creación del Pacto Andino”.
En su criterio, si bien no podría afirmarse que la
inexequibilidad de la norma se deriva del incumplimiento de las disposiciones
comunitarias, en tanto la Corte Constitucional ya ha establecido que éstas no
hacen parte del bloque de constitucionalidad, ésta sí se origina por la
violación de los artículos 121 y 122 del Texto Superior, los cuales establecen
que los funcionarios públicos sólo pueden ejercer aquellas funciones que les
han sido asignadas por la Constitución y la ley, “entendiendo por ley en
sentido material las decisiones andinas también”. Por tal razón, afirma que
“en materia de franjas de precios, en virtud del traslado de competencias a
la CAN, la competencia del Presidente ha quedado limitada, y por ello se debe
declarar inconstitucional lo relativo a los compromisos asumidos en la materia
de trigo y cebada”.
Así también, considera que esa situación comporta una
violación de los artículos 2 y 9 de la Constitución, dado que la independencia
del Estado colombiano también se manifiesta en la posibilidad de proveerse lo
necesario en materia alimentaria y toda vez que dicha omisión produce “el
quebrantamiento de la soberanía nacional” ya que “se perderá esa
posibilidad (sic) ejercer soberanía alimentaria, es decir, mantener la
autodeterminación alimentaria necesaria”.
Por estas razones, el interviniente considera que los
incisos 2 y 3 del artículo 3 de la Ley 1000 de 2005, deben ser declarados
inconstitucionales. De no prosperar esta petición, solicita que se “[realicen]
las interpretaciones del artículo impugnado, para que el ejecutivo presente las
reservas sobre el tratamiento del trigo y la cebada al momento de ratificar el
tratado”, de tal forma que se aclare que “se incluirán en la franja de
precios... o que por lo menos, se permita tener una cláusula en el tratado para
preservar la soberanía, independencia y seguridad alimentaria”.
4.7.
Intervención del Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Cecilia Montero Rodríguez, en su calidad de Presidente
del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, presentó escrito el día 8 de
mayo de 2006 mediante el cual solicitó a la Corte Constitucional la ampliación
del término para emitir concepto dentro del presente trámite. Mediante Auto de
10 de mayo de 2006 el Magistrado Sustanciador concedió un término de un mes,
contado a partir del 29 de abril del presente año, para que dicha entidad
rindiera el concepto técnico en el proceso de la referencia.
El 26 de mayo de 2006 se recibió comunicación suscrita
por la representante del Instituto Colombiano de Derecho Tributario en donde
manifiesta que el texto de la ley sometida a juicio de constitucionalidad no
contempla “asuntos tributarios, fiscales o hacendísticos, materias sobre las
cuales, según los estatutos del Instituto, se rinden los conceptos de orden
especializado”, razón por la cual esa entidad se abstuvo de intervenir en
el presente proceso.
4.8.    Intervención de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia
Según informe secretarial del dieciocho (18) de mayo
de dos mil seis (2006), de manera extemporánea el ciudadano Enrique Gaviria
Liévano, en representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia,
presentó escrito mediante el cual expone varios argumentos con el fin de
justificar la constitucionalidad del texto objeto de revisión.
a.      En el aspecto formal
Para el interviniente, como quiera que en el
expediente no existe prueba de circunstancias como la fecha en que el
Presidente de la República sancionó la Ley 1000 del 30 de diciembre de 2005
-para poder establecer si remitió la ley aprobatoria a esta Corporación dentro
del término previsto en la Constitución Política-, ni del hecho “de que el
gobierno haya expresado su intención de poner en ejecución provisional el
acuerdo y así establecer si se envió oportunamente al Congreso para su
aprobación (...) será la Corte Constitucional la que en su sabiduría
establezca si las omisiones referidas son suficientemente claras como para
hablar de vicios de forma en la tramitación de la ley y proceder a declararla
inexequible.”
b.      En el aspecto material
El interviniente enfocó su intervención en tres
aspectos que, según afirma, no fueron analizados en la exposición de motivos de
la ley aprobatoria del Acuerdo. Éstos son: la naturaleza jurídica del Acuerdo,
la posibilidad de entrada en vigencia provisional prevista en el texto del
Convenio y los mecanismos de solución de controversias que en él se
establecieron.
Respecto del primero de estos temas, anota que el
Acuerdo objeto de revisión es un tratado que crea o desarrolla una institución
supranacional de integración económica, que en la doctrina internacional se
denomina “tratado marco”, entendido como aquel instrumento que crea una
entidad del orden supranacional y le otorga a sus órganos internos un amplio
poder normativo. En este aspecto, para el interviniente, el texto del Acuerdo
se encuadra dentro del mandato establecido en los artículos 227 y 150, numeral
16 de la Constitución Política de 1991.
En cuanto a la aplicación provisional del Convenio,
sostiene que dicha figura se encuentra establecida en el artículo 46 del texto
normativo objeto de revisión[4] y que esa posibilidad se
encuadra dentro de los parámetros establecidos en el numeral 25 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que autoriza la aplicación
provisional de éstos bajo ciertas circunstancias específicas[5];
de la misma manera y en su criterio, lo anterior responde a lo establecido en
el artículo 224 de la Constitución Política.
Finalmente, y en cuanto a los mecanismos de solución
de controversias previstos en el texto del Acuerdo y en el Primer Protocolo
Adicional del mismo, considera que ninguna de dichas disposiciones resulta
incompatible con los mandatos constitucionales establecidos en la Carta
Política de 1991.
V.      CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El señor Procurador General de la Nación, en concepto
No. 4116 del nueve (9) de junio de 2006, solicitó la declaratoria de
exequibilidad tanto del tratado en revisión como de su ley aprobatoria.
a.      En el aspecto formal
El Procurador sostiene que una vez realizado el
estudio formal del proyecto de ley que concluyó con la aprobación de la Ley
1000 de 2005, se advierte que el mismo cumplió con las exigencias
constitucionales y legales respecto del quórum decisorio y con los
correspondientes debates y aprobaciones, de conformidad con lo preceptuado en
los artículos 160 y 163 del Texto Superior.
Sin embargo, la Vista Fiscal estima necesario “llamar
la atención de la Corte Constitucional sobre la discordancia entre la
información suministrada por el Secretario General del Senado de la República y
el trámite legislativo realmente dado al proyecto, situación que, sin duda,
podría afectar el resultado del control constitucional automático que
corresponde adelantar a ese Alto Tribunal”.
b.      En el aspecto material
El Procurador General de la Nación expresa que el
Instrumento Internacional bajo estudio es una herramienta jurídica de
cooperación internacional destinada a crear una “zona de libre
comercio” que entraría a funcionar a partir del 1 de julio de 2004, y cuya
suscripción materializó los propósitos expresados en el Acuerdo de
Complementación Económica No. 56 firmado el 6 de diciembre de 2002 en Brasilia
-Brasil-.
En cuanto al contenido del Convenio, expresa que éste
contribuye al proceso de internacionalización de las relaciones económicas y
políticas en América Latina y el Caribe, al establecer un área de libre
comercio que fomenta el desarrollo productivo de la región, lo que responde al
principio establecido en el artículo 9 de la Constitución Política. En el mismo
sentido, este Acuerdo desarrolla los preceptos establecidos en los artículos
226 y 227 de la Carta, toda vez que amplia las posibilidades de integración
económica y social para nuestro país y contribuye al mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes, a la distribución equitativa de las oportunidades y
a la preservación del medio ambiente (C.P. art. 334).
Para la Vista Fiscal, las disposiciones establecidas
en el texto del Acuerdo son respetuosas de los derechos constitucionales y de
los principios de preservación del medio ambiente, (C.P. arts 78 y 79),
igualdad,  equidad y reciprocidad en las relaciones internacionales, lo que se
manifiesta en la consideración del nivel de desarrollo económico de cada uno de
los países firmantes para efectuar la desgravación arancelaria, en la
posibilidad de adoptar excepcionalmente medidas de salvaguarda para proteger la
producción interna y en el hecho de que las obligaciones contenidas en el Acuerdo
son recíprocas.
En esa medida, “tanto la gradualidad, tantas veces
resaltada, como la vigencia de mecanismos de estabilización de precios, el
régimen de salvaguardas y las medidas especiales consagradas en el Anexo IX,
son coherentes con el imperativo constitucional de brindar una especial
protección a la producción de alimenticios, a la industria alimenticia nacional
(C.P. art. 65)”, toda vez que permite restablecer el equilibrio al momento
de aplicar el programa de liberación comercial y preparar al sector productivo
nacional para efectuar la integración económica en condiciones competitivas, a
través del intercambio de información y de la cooperación científica y
tecnológica[6].
Para el Procurador General de la Nación tampoco existe
vicio de inconstitucionalidad en el texto del Primer Protocolo Adicional, por
lo que temas como los parámetros de actuación de la Comisión Administrativa y de
los Tribunales de Arbitramento, el carácter público del laudo arbitral y el
sistema de designación de árbitros, garantizan el respeto por los derechos
ciudadanos y en nada contravienen principios o mandatos de nuestro ordenamiento
constitucional.
Finalmente, expresa: “el Ministerio Público llama
la atención sobre la necesidad de concretar y hacer una realidad la adopción de
medidas antidumping o compensatorias, en favor de aquellos sectores productivos
del país que resulten afectados por los procesos de desgravación arancelaria y
por las preferencias, y que no puedan protegerse a través de otras
figuras como las salvaguardas o las medidas especiales incitas en el Acuerdo de
Cooperación que se revisa, pues sólo de esa forma y atendiendo a las
características concretas del mercado y del sector productivo, se cumple con
los deberes de protección y fomento que la Constitución Política impone al
Estado”.
VI.    CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1.
Esta Corporación es competente para efectuar la revisión constitucional del “Acuerdo
de complementación económica suscrito entre los Gobiernos de la República de
Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay,
de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes de MERCOSUR y los
Gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de la
República Bolivariana de Venezuela, Países miembros de la Comunidad Andina y
[del] Primer Protocolo Adicional Régimen de solución de controversias, suscrito
en Montevideo-Uruguay, el dieciocho (18) de octubre de dos mil cuatro (2004)” y
de la Ley que lo aprueba, de conformidad con lo previsto en el artículo 241,
numeral 10 de la Constitución Política[7].
Revisión formal
Competencia del
funcionario que suscribió el Acuerdo y el Primer Protocolo en revisión
2. El Acuerdo y el
Primer Protocolo objeto de revisión, fueron suscritos en nombre de la República
de Colombia por la entonces Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Carolina
Barco Isakson, quien de conformidad con lo dispuesto en la Ley 406 de 1997,
aprobatoria de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, no
tiene la obligación de acreditar la existencia de plenos poderes para
suscribir convenios internacionales en representación del Estado Colombiano,
pues en atención a la naturaleza de su cargo, ellos se presumen (ius
repraesentationis omnimodae)[8].
Aprobación
Presidencial
3. El 28 de febrero de
2005, el Presidente de la República aprobó el Acuerdo de complementación
económica y el Primer Protocolo Adicional -régimen de solución de
controversias- y, a su vez, ordenó someterlos al conocimiento y trámite
legislativo del Congreso de la República, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 189, numeral 2° de la Constitución Política[9].
Decreto éste suscrito también por la Ministra de Relaciones Exteriores, doctora
Carolina Barco Isakson[10].
Trámite del proyecto de ley número 243 de 2005 -
Senado de la República - y número 373 de 2005 - Cámara de Representantes - y su
conformidad con la Constitución Política
4. A
continuación esta Corporación adelantará el juicio de constitucionalidad del
trámite de aprobación por parte del Congreso de la República del “Acuerdo de
complementación económica suscrito entre los Gobiernos de la República de
Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay,
de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes de MERCOSUR y los
Gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de la
República Bolivariana de Venezuela, Países miembros de la Comunidad Andina y
[del] Primer Protocolo Adicional régimen de solución de controversias, suscrito
en Montevideo-Uruguay, el dieciocho (18) de octubre de dos mil cuatro (2004)”.
El trámite del mencionado proyecto fue el siguiente:
4.1. El proyecto de ley número 243 de 2005, fue presentado al Senado de la
República por el Gobierno Nacional a través de la Ministra de Relaciones
Exteriores, doctora Carolina Barco Isakson y el Ministro de Comercio, Industria
y Turismo, doctor Jorge Humberto Botero, el día 4 de abril de 2005[11].
El texto original y la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la
Gaceta del Congreso No. 185 del 19 de abril de 2005 (páginas 1 a 743)[12],
en acatamiento de lo previsto en el artículo 157 Superior, conforme al cual, “Ningún
proyecto será ley sin los requisitos siguientes: 1º) Haber sido publicado
oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva”.
4.2. El proyecto inició su trámite legislativo de aprobación en el Senado de
la República, en virtud de lo previsto en el artículo 154 Superior[13].
Ahora bien, en atención al contenido de su articulado, fue remitido a la
Comisión Segunda Constitucional Permanente de la citada Corporación[14].
4.3. Sin embargo, el día 22 de abril de 2005, en ejercicio de las
atribuciones consagradas en el artículo 163 de la Constitución Política y en
los artículos 169-2 y 191 de la Ley 5ª de 1992[15], los
Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo
solicitaron al Congreso de la República el trámite de urgencia, en razón
a la importancia del mencionado Acuerdo para el sector productivo y el
crecimiento económico del país[16].
4.4. El día 28 de abril de 2005, se informó por el Secretario General de la
Comisión Segunda del Senado de la República al Secretario General de la misma
Comisión de la Cámara de Representantes la existencia del mensaje de urgencia y
la necesidad de disponer la deliberación conjunta a efectos de dar primer
debate al proyecto de ley de la referencia, el cual se identificó en la Cámara
de Representantes con el número 373 de 2005[17].
4.5. La ponencia para primer debate en las Comisiones Segundas
Constitu-cionales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes
fue presentada por los Congresistas Manuel Ramiro Velásquez Arroyave, Manuel
Antonio Díaz Jimeno, Francisco Murgueitio Restrepo, Efrén Félix Tarapués
Cuaical, Carlos Julio González Villa, Guillermo Rivera Flórez, Efrén Hernández
Díaz, Juan Hurtado Cano, Luis A. Monsalvo Gnecco, Carlos Ramiro Chavarro
Cuéllar, Hugo Ernesto Zárrate, Germán Velásquez Suárez y publicada en las Gacetas
del Congreso Nos. 315 del 3 de junio de 2005 (Senado) y 317 del mismo día, mes
y año (Cámara)[18].
4.6. El proyecto de ley fue
aprobado en la Comisión Segunda del Senado el 8 de junio de 2005, por votación
unánime a favor de once (11) senadores, según certificación expedida por la
Secretaría de esa Corporación fechada el 7 de febrero de 2006[19],
tal y como consta en el Acta No. 01 de la misma fecha de sesión[20],
correspondiente a la Gaceta del Congreso No. 706 del 13 de octubre de 2005[21].
De esta manera, se cumplió con el requisito que sobre quórum decisorio exige el
artículo 146 del Texto Superior, teniendo en cuenta que dicha Comisión está
compuesta por 13 miembros[22].
4.7. De acuerdo con la
certificación del Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes del 10 de febrero de 2006, el proyecto de ley que se revisa fue
aprobado en primer debate por unanimidad, con el voto de dieciocho (18)
Representantes, el día 8 de junio de 2005[23]. Dicha
aprobación consta en el Acta No. 01 de 2005[24], debidamente
publicada en la Gaceta del Congreso No. 706 del 13 de octubre de 2005[25],
por lo que es claro el cumplimiento del requisito correspondiente al quórum
decisorio, teniendo en cuenta que dicha Comisión está integrada por 19 miembros[26].
4.8. De conformidad con lo
anterior, se dio cumplimiento al procedimiento legislativo previsto en la
Constitución y la ley para el primer debate en las comisiones de ambas Cámaras,
cuando se presenta una solicitud de trámite de urgencia por el Gobierno
Nacional. En cuanto a la observancia del requisito previsto en el artículo 8°
del Acto legislativo No. 01 de 2003, se dedicará un acápite especial de esta
providencia para su correspondiente análisis y estudio.
5. Posteriormente, el
trámite dado en el Senado de la República, en segundo debate fue el siguiente:
5.1. La ponencia para segundo debate en el Senado de la República
fue presentada por los Senadores Manuel Ramiro Velásquez Arroyave,
Manuel Antonio Díaz Jimeno, Francisco Murgueitio Restrepo, Efrén Félix Tarapués
Cuaical  y publicada en la Gaceta del Congreso No.
614 del 13 de septiembre de 2005 (páginas 1 a 10 de la Gaceta)[27].
5.2. El proyecto de ley
número 243 fue aprobado por esta Corporación el día 29 de noviembre de 2005,
tal y como consta en el Acta número 30 de la misma fecha de sesión, visible en
la Gaceta del Congreso No. 15 del 30 de enero de 2006[28].
Según certificación del Subsecretario General del Senado de la República, señor
Saúl Cruz Bonilla, dicha aprobación contó con un quórum a favor de 96 senadores
de los 102 que conforman la plenaria del Senado[29].
No obstante, en la
citada Gaceta del Congreso aparece que una vez realizada la votación del
proyecto, la cual obtuvo una respuesta “afirmativa” por parte de los
asistentes a la sesión, se procedió a la votación nominal de su título,
arrojando como resultado 54 votos por el sí y 9 por el no, para un total de 63
congresistas asistentes[30]. Con anterioridad a
estas decisiones, se había negado por la misma plenaria una proposición
sustitutiva al artículo 4° del proyecto, mediante votación nominal de 19 votos
por el sí y 46 por el no, para un total de 65 Senadores presentes[31].
Así las cosas, esta
Corporación encuentra que la información certificada no corresponde a la
realidad, pues como se deduce de las votaciones nominales al momento de adoptar
la decisión acerca de la aprobación o no del proyecto de ley número 243 de 2005
(Senado), es claro que no estaban presentes los supuestos 96 senadores
certificados, sino -aproximadamente- los 65 congresistas que aparecen
ejerciendo de manera efectiva sus funciones parlamentarias.
A pesar de la falta de
congruencia de la información remitida a este Tribunal, se concluye que el
proyecto de ley obtuvo el quórum decisorio exigido en el artículo 146
del Texto Superior, por una parte, porque al momento de poner en consideración
de la plenaria su aprobación, ésta respondió “afirmativa-mente” estando
por lo menos 65 congresistas presentes; y por la otra, porque al abrirse la
votación nominal del título del proyecto, se obtuvo una mayoría parlamentaria
correspondiente a 54 votos por el sí y tan sólo 9 por el no, cumpliendo con el
número de integrantes exigidos en los artículos 145 y 146 de la Constitución
Política para deliberar y aprobar un texto legal[32].
En consecuencia, no
sólo se cumplió con el requisito del quórum decisorio previsto en el artículo
146 de la Carta Fundamental, sino también con el término de 8 días que debe
mediar entre la aprobación de un proyecto de ley en la Comisión Constitucional
respectiva y en la Plenaria Correspondiente (C.P. art. 160). Precisamente, en el
presente caso, la votación en primer debate tuvo lugar el día 8 de junio de
2005, mientras que en segundo debate se llevó a cabo el 29 de noviembre del
mismo año.
5.3. El texto definitivo
aprobado por la plenaria del Senado el 29 de noviembre de 2005 fue publicado en
las páginas 7 y 8 de la Gaceta del Congreso No. 880 del 7 de diciembre de 2005[33].
Finalmente, el juicio de constitucionalidad acerca del cumplimiento del
requisito previsto en el artículo 8° del Acto legislativo No. 01 de 2003, como
previamente se señaló, se hará en un acápite especial de esta providencia.
6. A su turno, en la
Cámara de Representantes, el segundo debate se adelantó de la siguiente forma:
6.1. La ponencia para
segundo debate en la Cámara de Representantes correspondió a los Representantes
Carlos Julio González Villa, Guillermo Rivera Flórez, Efrén Hernández Díaz,
Juan Hurtado Cano, Luis A. Monsalvo Gnecco, Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar,
Hugo Ernesto Zárrate, Germán Velásquez Suárez y fue publicada en la Gaceta del
Congreso No. 613 de septiembre 13 de 2005 (páginas 8 a 17)[34].
6.2. De conformidad con la
certificación expedida el 16 de febrero de 2006 por el Secretario General (E)
de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley fue considerado y aprobado
en plenaria con una votación de 151 votos a favor el día 27 de septiembre de
2005[35]. Lo anterior, según
consta en el Acta de Plenaria No. 203 de la misma fecha de sesión, la cual se
encuentra publicada en la Gaceta del Congreso No. 739 del 25 de octubre de 2005
(Página 21)[36].
Por consiguiente, no
sólo se cumplió con el requisito del quórum decisorio, sino también con el
término de 8 días que debe mediar entre la aprobación de un proyecto de ley en la
Comisión Constitucional respectiva y en la Plenaria correspondiente (C.P. art.
160). En efecto, el proyecto fue votado en primer debate el día 8 de junio de
2005, mientras que en segundo debate el 27 de septiembre del mismo año. En lo
que respecta al cumplimiento del requisito del anuncio previsto en el artículo
8° del Acto Legislativo No. 01 de 2003, como ya se dijo, se destinará un
acápite especial para su correspondiente estudio.
Sobre
el tránsito del proyecto de ley número 243 de 2005 -Senado de la República- y
número 373 de 2005 -Cámara de Representantes- entre las citadas Cámaras
7. De acuerdo con lo
previsto en el artículo 160 de la Constitución Política, entre la aprobación
del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, deben
transcurrir por lo menos 15 días. Sin embargo, como lo ha reconocido esta
Corporación, dicho requisito no es exigible cuando el mencionado proyecto ha
sido discutido, deliberado y aprobado de forma conjunta por las Comisiones
Constitucionales Permanentes de ambas Cámaras. Al respecto, en sentencia C-562
de 1997[37], la Corte señaló:
“Si bien entre la aprobación del Proyecto
Ley en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberán
transcurrir por lo menos quince días (CP art. 160), la deliberación conjunta de
las respectivas Comisiones permanentes de las dos Cámaras para darle primer
debate, de producirse como consecuencia del mensaje de urgencia del Presidente
de la República (CP art. 163), hace innecesario el cumplimiento de dicho
término. En efecto, el período de reflexión querido por el
Constituyente como conveniente para la maduración de la ley en formación,
carece de sentido cuando las dos comisiones agotan conjuntamente el primer
debate. En el esquema ordinario, expirado el término de los quince días, el
proyecto se somete a primer debate en una de las dos Cámaras en la que debe
concluir el íter legislativo. En el trámite de urgencia, si la
iniciativa - sin excepcionar los proyectos de ley relativos a los tributos - se
aprueba conjuntamente por las Comisiones respectivas en primer debate, lo que
sigue es el segundo debate en cada una de las Cámaras, siempre que medie un
lapso no inferior a ocho días. Es evidente que en el trámite de urgencia, la
deliberación conjunta de las dos comisiones obvia el paso del proyecto de una
Cámara a la otra, lo cual es uno de los efectos buscados mediante este
procedimiento que busca reducir el tiempo que se emplea en el procedimiento
legislativo ordinario.
El artículo 183 de la ley 5ª de 1992 se
limita a contemplar la hipótesis examinada y a establecer en ese caso la
simultaneidad del segundo debate en cada una de las Cámaras, sin esperar
que transcurra el lapso de quince días. La norma legal armoniza
correctamente el supuesto ordinario del artículo 160 con el extraordinario del
artículo 163. ( Sentencia No. C-025 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)
(...) las
deliberaciones en sesión conjunta de un proyecto de ley, no sólo hacen
inoperante el término mínimo de quince (15) días que debe transcurrir entre la
aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la
otra, sino que además, permiten que el segundo debate en cada una de las
cámaras pueda darse simultáneamente, debiendo respetarse, únicamente, el
lapso de ocho (8) días que debe mediar entre el primero y el segundo debate
(art. 160 C.P.), como en efecto sucedió durante el trámite de la ley
demandada, pues entre la aprobación conjunta en primer debate -18 de diciembre
de 1996- y el segundo debate (simultáneo) en la plenaria del Senado y la Cámara
-18 y 19 de febrero de 1997 respectivamente -, transcurrieron más de sesenta
(60) días”[38].
Sanción Presidencial
8. Enviado
al Presidente de la República por la Secretaría General del Senado de la
República el proyecto de ley 243/2005 Senado y 373/2005 Cámara, éste lo
sancionó el día 30 de diciembre de 2005, como Ley 1000[39].
Remisión a la Corte
Constitucional
9. La Presidencia de esta Corporación, recibió el texto
de la Ley 1000 de 2005, junto con el Acuerdo y Primer Protocolo Adicional que
ella aprueba, el diez (10) de enero de 2006[40], es decir,
por fuera del término de los seis (6) días que prevé el numeral 10° del artículo
241 de la Constitución Política, por cuanto la citada ley fue sancionada el día
30 de diciembre de 2005. Esto significa que el mencionado precepto legal fue
remitido al séptimo (7) día siguiente a su sanción.
Según el artículo 241 del Texto Superior, a la Corte
Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Carta Política, en los estrictos y precisos términos de esa disposición. En
ejercicio de la citada función, esta Corporación debe decidir definitivamente
acerca de la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que
los aprueben. Con el fin de cumplir dicho objetivo, el Estatuto Superior obliga
al Gobierno Nación a remitir los citados instrumentos dentro de los seis (6)
días siguientes a la sanción de la ley.
El
significado constitucional de dicha omisión es que no se afecta la validez de
la ley aprobatoria del tratado, ni de su trámite legislativo, sin embargo,
tiene dos consecuencias importantes: En primer lugar, ocurrida la omisión, la
Corte puede aprehender de oficio el estudio de constitucionalidad de los
tratados internacionales y de las leyes aprobatorias[41];
y en segundo término, como es posible que escape al conocimiento de esta
Corporación la celebración de un tratado y la expedición de la correspondiente
ley aprobatoria, es procedente la admisión de la demanda de cualquier
ciudadano, caso en el cual este Tribunal aprehenderá la revisión de
constitucionalidad del tratado y de la ley no sólo con base en los cargos
presentados por el ciudadano, sino que realizará el análisis integral, de
acuerdo con la facultad prevista en el numeral 10, del artículo 241 Superior.
Así se señaló en sentencia C-059 de 1994[42] en los
siguientes términos:
“El
hecho de que el Gobierno no haya cumplido con su deber de enviar [la ley
aprobatoria del tratado y el tratado] para su revisión dentro del plazo
previsto por la Carta para ello, no significa que la ley aprobatoria haya
perdido su carácter de tal. En consecuencia, una vez vencido el término
aludido, cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción pública de
constitucionalidad,  podrá, con  base en el numeral 4o. del artículo 241
superior, demandar tanto el contenido como los posibles vicios de procedimiento
de la mencionada disposición. En este último evento, y en concordancia con lo
expresado anteriormente, la demanda que presente cualquier ciudadano contra una
ley aprobatoria de un tratado internacional cuando ésta no ha sido enviada por
el Gobierno Nacional a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días
siguientes a su sanción, permite a esta Corporación realizar el examen
correspondiente, no sólo con base en los argumentos expuestos por el actor y
respecto de las normas acusadas por él, sino que aprehenderá de oficio el análisis
de constitucionalidad de la totalidad de la ley y del tratado sobre el cual
versa, de acuerdo con la facultad superior que le asiste de revisar en forma
previa y automática los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias”.
Conclusión
10.
De la secuencia descrita la Corte observa que el proyecto de ley inició su
trámite en el Senado de la República; se publicó previamente al inicio del
procedimiento legislativo; fue aprobado en primero y segundo debates en cada
una de las cámaras legislativas de manera conjunta, de acuerdo al quórum
decisorio previsto en el artículo 146 del Texto Superior; las ponencias tanto
en comisiones como en plenarias fueron publicadas antes de iniciarse los
debates, y entre el primero y segundo debate en cada Cámara transcurrieron los
términos señalados en la Constitución. A continuación, se procederá al estudio
acerca del cumplimiento del requisito del anuncio exigido por el artículo 8°
del Acto Legislativo No. 01 de 2003.
Del
requisito del aviso de votación previsto en el artículo 8° del Acto Legislativo
No. 01 de 2003
11.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8° del Acto Legislativo No. 01 de
2003 “ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a
aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será
sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión
distinta a aquella en la cual se realizará la votación”.
De lo anterior resulta que (i) la votación de todo
proyecto de ley debe ser anunciada; (ii) dicho anuncio debe darlo la
presidencia de cada Cámara o Comisión en una sesión distinta y anterior a
aquella en la cual se realizará la votación; (iii) la fecha de esa sesión
posterior para la votación ha de ser cierta, determinada o, por lo menos,
determinable[43]; y (iv) no puede votarse
un proyecto de ley en una sesión diferente a la anunciada previamente.
La Corte ha señalado que la finalidad del artículo 8°
del Acto Legislativo No. 01 de 2003 es permitir a los congresistas y a la
comunidad en general saber con anterioridad cuáles proyectos de ley serán
sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y
evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas[44].
De manera que si la votación tiene lugar en sesión distinta a aquella en la que
se ha anunciado, los congresistas resultarían sorprendidos con el sometimiento
a decisión de un proyecto para el cual no estaban en principio preparados.
12. Para
lograr dicha finalidad, la Corte ha establecido que se cumple con la citada
exigencia constitucional, cuando en una sesión inicial se ordena
la lectura y se deja constancia de los proyectos que serán discutidos y votados
en una sesión diferente, siempre y cuando se convoque para su
aprobación en una fecha futura prefijada, la cual resulte al menos determinable[45].
Al respecto, en Auto 089 de 2005[46], al reiterar el anterior
precedente constitucional, se expuso:
“La Corte ha establecido que esta
disposición requiere para su cumplimiento que en una sesión anterior se
anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión
posterior, siempre y cuando se convoque para su aprobación en una fecha
futura prefijada y determinada, o por lo menos, determinable. La
exigencia constitucional apunta al efectivo conocimiento previo de los
proyectos que serán objeto de decisión, por lo que, si por razones del
desarrollo del debate legislativo, la votación del proyecto no tiene lugar el
día inicialmente fijado, no se incurre inexorablemente en una vulneración
a la Carta Fundamental, si existen elementos que permitan prever con claridad
cuando se realizará la votación”[47].
A manera de ejemplo, en sentencia C-533 de 2004[48],
esta Corporación determinó que resulta ajustado a la Constitución que en una
sesión inicial se haga lectura de los proyectos que serán discutidos y votados,
y se adopte como fecha de señalamiento para su aprobación definitiva la “siguiente
sesión” correspondiente al día “martes”. En este caso, aun cuando no
se determina con exactitud la fecha para adelantar la votación, se trata de un
término cierto y determinable.
En el mismo sentido,
en sentencia C-473 de 2005[49], se acogió la
posibilidad de utilizar como expresión para acreditar el cumplimiento del
requisito del aviso la frase: “En la próxima sesión”, pues se trata de
una fecha que resulta determinable teniendo en cuenta las disposiciones del
Reglamento del Congreso que expresamente determinan en qué días se surte de
ordinario la votación de proyectos de ley tanto en comisión como en plenaria[50].
En dicha providencia, la Corte con acierto manifestó que:
“En cuanto a los aspectos específicos
del contexto, resalta la Corte que en ninguna de las etapas de la formación de
este proyecto se interrumpió la secuencia de anuncios y citaciones, cuando se
postergó la consideración del proyecto. Siempre, al terminarse la sesión en la
cual se ha debido discutir y votar el proyecto sin que se hubiere alcanzado a
agotar el orden del día, el Presidente, directamente, o el Secretario
correspondiente, por autorización de éste, (i) anunció que el proyecto de ley
sería considerado en la próxima sesión, (ii) especificó el número
y el nombre del proyecto de ley correspondiente al mecanismo de búsqueda
urgente, y (iii) puntualizó que la consideración de dicho proyecto se haría
en la próxima sesión, no en una fecha indeterminada e indeterminable.
Por lo tanto, tanto para los congresistas de la correspondiente célula
legislativa, como para los ciudadanos que tenían interés en influir en la
formación de esta ley, la fecha en que se haría la votación era claramente
determinable y futura, lo cual asegura que los fines de este requisito
constitucional se cumplieron a cabalidad”[51]. (Subrayado
por fuera del texto original).
Finalmente, esta
Corporación también ha sostenido que el anuncio previo de votación, cuando no
se ha iniciado con anterioridad la discusión del proyecto puede ir acompañado
de la expresión “debate”, en aras de asegurar que los congresistas antes
de decidir acerca de su aprobación lleven a cabo la deliberación sobre el
mismo. En este contexto, en sentencia C-473 de 2005[52]
se declaró:
“Es cierto que en
algunas de estas etapas la discusión y la votación del proyecto se llevó a cabo
en la misma sesión, es decir, en aquella para la cual se había anunciado
previamente la “consideración” del proyecto. Así sucedió, por ejemplo, en la
Comisión Primera del Senado. Pero ello no es solo normal en la actividad
parlamentaria, puesto que la terminación del debate consiste precisamente en
votar sobre el proyecto discutido, sino también compatible con el artículo 160,
in fine. Ni del texto de este artículo ni de su génesis se puede inferir que
éste prohíbe que se vote el mismo día en que se delibere sobre un proyecto.
Lo que esta norma expresamente exige es que la votación se realice después de
que en una sesión anterior a dicha votación se hubiere anunciado que la misma
se llevaría  a cabo. Cuando no se ha iniciado el debate de un proyecto de ley
es imposible exigir que se convoque exclusivamente para votarlo. Ello
equivaldría a admitir que se puede obviar la discusión del mismo. De tal manera
que resulta razonable que se convoque para discutir y votar un determinado
proyecto en una misma sesión, previamente anunciada.” (Subrayado
por fuera del texto original).
13. Por otra parte, en jurisprudencia reiterada este Tribunal ha
considerado que está constitucionalmente prohibido e implica la existencia de
un vicio en el trámite de formación de la ley, incurrir en la ruptura de la
secuencia temporal del aviso, cuando por razones de práctica legislativa,
el debate se aplaza indefinidamente. En estos casos, la Corte ha sostenido que
debe asegurarse la reiteración del anuncio de votación, como regla
general, en todas y cada una de las sesiones que antecedan a aquella en que
efectivamente se surta la aprobación del proyecto, pues no existe otro
instrumento constitucional que permita garantizar la efectiva realización del
fin que se pretende satisfacer mediante la formalidad del aviso, el cual -según
se ha visto- consiste en evitar que los congresistas y la comunidad en general
sean sorprendidos con votaciones intempestivas o subrepticias. Precisamente, en
sentencia C-930 de 2005[53], esta Corporación
sintetizó su jurisprudencia con la siguiente doctrina constitucional:
“[La] regla subyacente a las consideraciones de la Corte en la
sentencia mencionada consiste en que el requisito del anuncio de la
votación deja de cumplirse cuando se rompe la secuencia de citaciones y
anuncios, evento en el cual la votación se lleva a cabo en una sesión distinta
a la que fue anunciada, esto es, contrario a lo dispuesto en el inciso final
del artículo 160 C.P.
Visto lo anterior, la Corte observa que la
mencionada interrupción existió en el trámite legislativo bajo estudio para el
caso de la aprobación de la iniciativa en segundo debate en el Senado de la
República.  En efecto, en la plenaria del 15 de junio de 2004 fue anunciada la
votación del proyecto para la sesión siguiente, esto es, el 16 de junio del
mismo año.  Así, la iniciativa fue incluida en el orden del día de esa sesión,
más no fue discutida ni aprobada, por lo que, en atención al requisito fijado
en el artículo 160 C.P., debió continuarse con la secuencia de anuncios.
Sin embargo, esta obligación fue pretermitida al aprobar el proyecto en la
plenaria del 17 de junio de 2004, esto es, en una sesión distinta a aquella en
la fue anunciada la votación.  En consecuencia, se incurrió en un vicio en el
procedimiento legislativo que, de acuerdo con los argumentos expuestos, acarrea
la inexequibilidad de la ley aprobatoria.
No obstante, podría argumentarse que esta
conclusión no es acertada.  Esto en la medida en que ante la interpelación de
un senador durante la sesión del 16 de junio de 2004, la Presidencia manifestó
que los proyectos que no alcanzaran a evacuarse en esa plenaria, serían
resueltos en la siguiente, lo que podría considerarse como el anuncio de la
votación de la iniciativa bajo estudio para la sesión del 17 de junio de 2004.
Además, esta posición estaría sustentada en el artículo 80 del Reglamento del
Congreso, en cuanto dispone que en el evento en que en una sesión no se hubiere
agotado el orden del día señalado para ella, en la siguiente continuará el
mismo orden hasta su conclusión.
La Corte, empero, no comparte esta
argumentación pues, como se indicó en apartado anterior de esta sentencia, una
de las condiciones para el cumplimiento del requisito contemplado en el inciso
final del artículo 160 C.P. consiste en que el anuncio de la votación debe ser
expreso e inequívoco, para lo cual la Presidencia debe manifestar a los
integrantes de la cámara legislativa que en una sesión futura, determinada o
determinable, se va a votar un proyecto de ley en específico. De esta manera,
la simple expresión sobre la posibilidad de tratar los puntos restantes del
orden del día en la sesión siguiente no puede equipararse al cumplimiento de
los requisitos fácticos para el anuncio de la votación, ya que una
manifestación en ese sentido no otorga claridad alguna en relación con la
identificación del proyecto que se someterá a aprobación por parte de la célula
legislativa correspondiente.
La Sala insiste en que el requisito para el
procedimiento legislativo previsto en el inciso final del artículo 160 C.P.
obliga a que al interior de las cámaras legislativas sean anunciados, de manera
específica, cierta y expresa, cuáles son los proyectos de ley que serán
sometidos a votación en la siguiente sesión y la fecha, determinada o
determinable, en que se realizará esa reunión.  Así, para el caso bajo estudio,
la simple manifestación del presidente del Senado acerca de la posibilidad de
continuar en la sesión siguiente con el debate y aprobación de los asuntos
incluidos en el orden del día que no alcanzaren a evacuarse es una expresión
inexacta, que impide la identificación suficiente del proyecto anunciado. En
consecuencia, no puede ser equivalente al aviso para la votación previsto en la
norma citada”[54].
Conviene en todo caso señalar que la citada doctrina
constituye la regla general, pues como excepción se ha admitido que a pesar de
la ruptura de la  cadena de anuncios no se incurre en un vicio de
inconstitucionalidad por desconocimiento del artículo 160 Constitucional,
cuando en la sesión inmediatamente anterior a aquella en que se surte la
aprobación del proyecto, el mismo fue específicamente anunciado para ser
sometido a votación en dicha sesión. Al respecto, en sentencia C-576 de 2006[55],
se declaró:
“La exigencia constitucional apunta al
efectivo conocimiento previo de los proyectos que serán objeto de decisión, por
lo que, si por razones del desarrollo del debate legislativo, la votación de un
proyecto no tiene lugar el día inicialmente fijado, no se incurre
inexorablemente en una vulneración a la Carta Fundamental, si se hace
clara y nuevamente el anuncio o si del contexto existen elementos que
permitan determinar con claridad cuando se realizará la votación” [56].
14.
En el presente caso, en relación con el cumplimiento del requisito del aviso,
ocurrió lo siguiente:
14.1.  En la Comisión
Segunda del Senado de la República, el día 1° de junio de 2005 se anunció el
proyecto de ley número 243, conforme aparece acreditado en el Acta No. 36
correspondiente a la Gaceta del Congreso No. 827 del 22 de noviembre del mismo
año[57], en el que se señaló por
parte del Presidente de dicha Comisión que el miércoles para la “discusión”
de proyectos “hay sesiones conjuntas de Senado y Cámara, para el mensaje de
urgencia del proyecto CAN-MERCOSUR”. Textualmente se manifestó:
“(...) Entonces
aprobadas estas proposiciones, se levanta la sesión y convocamos para que
estemos a las 3:00 en la Plenaria. Para el martes convocamos a sesión con el
Director de la Aerocivil y del Inco, para el miércoles discusión de
proyectos. // El señor Secretario: Informa a la Comisión que es
la discusión CAN-MERCOSUR, cuya ponencia ha sido presentada en la
Comisión y que tiene mensaje de urgencia recibida en la secretaría de parte del
Gobierno Nacional. // - Proyecto de ley número 243 de 2005 Senado y 373
de 2005 Cámara, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de
Complementación Económica suscrito entre los Gobiernos de la República de
Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay
y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR y los
Gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de la
República Bolivariana de Venezuela, países Miembros de la Comunidad Andina y el
Primer Protocolo Adicional – Régimen de Solución de Controversias, suscritos en
Montevideo, Uruguay, a los dieciocho (18) días del mes de octubre de dos mil
cuatro (2004). // El señor Presidente, Senador Manuel Ramiro Velásquez
Arroyave: // Informa que para el miércoles hay sesiones conjuntas de
Senado y Cámara, para el mensaje de urgencia del proyecto CAN-MERCOSUR.
Convocados para el martes a las 10:00 a. m. y miércoles a las 10:00 AM. Muchas
gracias a todos". (Subrayado por fuera del texto original).
Como se observa del texto resaltado y de
la totalidad del texto trascrito, se puede concluir con claridad que el anuncio
realizado satisface los requerimientos del artículo 8° del Acto Legislativo No.
01 de 2003, por las siguientes razones:
- En primer lugar, porque si bien se utilizó la frase:
“discusión de proyectos” del contexto en que se llevó a cabo se deduce
que en realidad lo que se pretendía anunciar no era sólo la deliberación del
proyecto, sino también su votación. Ello es así, por una parte, porque el día
en que se surtió el aviso previo no se había realizado aún el debate[58];
y por la otra, porque se entendió que el momento destinado para su práctica era
el de la fecha de reunión de ambas comisiones dado el mensaje de urgencia
decretado por el Gobierno Nacional.
Y es precisamente en el hecho de existir un trámite de
urgencia, en donde se deduce con claridad que el anuncio de “discusión”
lo era asimismo de “votación”, pues dada la brevedad y celeridad que el
mismo le impregna al procedimiento legislativo, se concluye que cuando se
convocó para la sesión conjunta se hizo en el entendido de proceder no sólo a
la consideración del proyecto, sino también a su aprobación. Ello, igualmente,
se deriva de lo previsto en el artículo 163 del Texto Superior, el cual al
regular el fenómeno del mensaje de urgencia, es inequívoco en señalar que su
finalidad además de requerir la deliberación conjunta de ambas
comisiones en primer debate, es que las mismas decidan en un mismo
momento sobre la suerte del proyecto[59].
- En segundo término, porque la expresión: “para el
miércoles” resulta determinable, en la medida en que se entiende que
corresponde al próximo día miércoles en el calendario semanal. En el asunto
bajo examen, ocurrió exactamente lo detallado, ya que el anuncio se realizó el
miércoles 1° de junio de 2005 y la votación ocurrió el siguiente miércoles
calendario, esto es, el día 8 del mismo mes y año.
Así las cosas, a juicio de la Corte, con el aviso
realizado se dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 8° del Acto
Legislativo No. 01 de 2003, teniendo en cuenta además que la votación se
realizó en la sesión que había sido previamente anunciada, como antes se
explicó.
14.2. En la Comisión Segunda
de la Cámara de Representantes, los días 1° y 2° de junio de 2005 se surtió el
anuncio del proyecto de ley número 373 de 2005, conforme aparece consignado en
las Actas Nos. 040 y 041 correspondientes a las Gacetas del Congreso 733 y 734
del 24 de octubre del mismo año[60]. En la primera de las
mencionadas sesiones, el Presidente de la Comisión Segunda señaló: “de una
vez anunciamos para el miércoles de la próxima semana, estamos hablando del
miércoles 8 de junio, la ponencia para primer debate al proyecto de ley número
243 Senado y 373 Cámara los dos”[61]. En la siguiente
sesión, esto es, el 2° de junio de 2005, el Secretario de la citada Comisión
declaró: “Se anuncia para el miércoles 8. (...) Proyecto CAN-MERCOSUR en
sesiones conjuntas con la Comisión Segunda del Senado (...)”[62].
Obsérvese cómo, los anuncios realizados
en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes cumplen el requisito de
certeza, precisión y determinación previsto en el artículo 8° del Acto
Legislativo No. 01 de 2003. Precisamente de su trascripción se deduce que la
sesión prevista para la votación del proyecto era el 8 de junio de 2005.
Respecto a la fórmula utilizada, esto es, “anunciamos”,
se considera que la misma satisface los parámetros constitucionales de certeza
con relación a la fecha de la votación. Esto es así porque como se explicó en
sentencia C-1040 de 2005[63], el requisito del aviso
previo únicamente es exigible -como supuesto de validez constitucional- para la
votación como instancia procesal del trámite legislativo[64].
De manera que, al momento de “anunciar” un proyecto, es claro que se
está llamando la atención a los congresistas acerca de su “votación”[65].
Por otra parte, igualmente se observó la exigencia
establecida en el citado artículo 8° Superior, conforme a la cual: “Ningún
proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que
previamente se haya anunciado”, pues el día de la votación, esto es, el 8
de junio de 2005,  correspondió a la fecha previamente anunciada por el
Presidente de la Comisión en las sesiones del 1° y 2° de junio del mismo año.
14.3. En cumplimiento de lo
establecido en el Acto Legislativo No. 01 de 2003, el Subsecretario General del
Honorable Senado de la República certificó que el proyecto de ley: “fue
aprobado [en plenaria] en sesión ordinaria del día 28 de septiembre de
2005, publicada en la Gaceta del Congreso No. 761 de 2005, (...) según
consta en el Acta No. 16”. Y que fue “anunciado en la sesión ordinaria
del día 5 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta del Congreso
No. 762 del miércoles 2 de noviembre de 2005, según consta en el Acta No. 18”[66].
Ante esta
inconsistencia en la certificación, conforme a la cual el aviso fue
posterior a la fecha de la votación, se realizó la búsqueda de los
antecedentes legislativos en donde consta el verdadero trámite que se le dio al
proyecto de ley en la Plenaria del Senado, especialmente, en materia de
acatamiento al requisito del anuncio previo. Al respecto, se encontró lo
siguiente:
- En primer
lugar, el proyecto de ley No. 243 de 2005 (Senado) no fue aprobado el día 28 de
septiembre de 2005, sino el 29 de noviembre de dicho año, tal y como consta en
el Acta No. 30 publicada en la Gaceta del Congreso No. 15 de enero 30 de 2006.
- En segundo término, el anuncio de votación del
citado proyecto de ley no se llevó a cabo el 5 de octubre de 2005, sino que
tuvo lugar el día 20 de septiembre del citado año, según consta en el Acta No.
13 correspondiente a la Gaceta del Congreso No. 716 del 20 de octubre de 2005[67].
En cuanto a la fórmula utilizada se señaló: “Por instrucciones de la
Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, la
Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en
la próxima sesión. // Señora Presidenta, proyectos para debatir y
votar en la siguiente sesión Plenaria: (...) ‘Proyecto de ley número
243 de 2005 Senado, 373 de 2005 Cámara, por medio de la cual se aprueba el
Acuerdo de Complementación Económica suscrito entre los Gobiernos de la
República de Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República
del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados partes del
MERCOSUR y los Gobiernos de la República de Colombia, de la República del
Ecuador y de la República Bolivariana de Venezuela, países miembros de la
Comunidad Andina, y el Primer Protocolo Adicional-Régimen de solución de
controversias, suscritos en Montevideo, Uruguay, a los dieciocho (18) días del
mes de octubre de dos mil cuatro (2004)’. (...) Son los proyectos para
debatir y votar en la siguiente sesión señora Presidenta”[68].
- No obstante, en la próxima sesión plenaria
correspondiente al 21 de septiembre de 2005 no se votó el mencionado proyecto
de ley, tal y como se había señalado en el aviso previo. En dicha sesión se
adelantó un debate sobre Telecom en liquidación, procediendo al final de la
misma a reiterar el aviso de votación, en los siguientes términos: “Por
instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número
01 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán
en la próxima sesión. // Sí señora Presidenta, los proyectos para
la próxima sesión son los siguientes: Proyecto de ley número 243 de 2005
Senado, 373 de 2005 Cámara, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de
Complementación Económica, suscrito entre los Gobiernos de la República de
Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay
y de la República Oriental del Uruguay, Estados partes del MERCOSUR y los
Gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de la
República Bolivariana de Venezuela, países miembros de la Comunidad Andina. Y
el “Primer Protocolo Adicional-Régimen de solución de controversias”, suscritos
en Montevideo, Uruguay, a los dieciocho (18) días del mes de octubre de dos mil
cuatro (2004). // Están anunciados los proyectos señora Presidenta para la
próxima sesión” [69].
- Nuevamente,
en la siguiente sesión correspondiente al 27 de septiembre de 2005, se omitió
la votación del proyecto reiterando la misma fórmula de aviso, como aparece
consignado en el Acta No. 15, publicada en la Gaceta del Congreso No. 855 de
2005[70].
- Lo mismo
ocurrió en las siguientes sesiones plenarias del 28 de septiembre[71]
y 4 de octubre de 2005[72].
- Para la
siguiente sesión, esto es, el día 5 de octubre de 2005 se cambió la expresión
utilizada de la “próxima sesión” por la “próxima semana”,
aclarando que la citación tendría lugar el día “martes”, según consta en
el Acta No. 18 publicada en la Gaceta del Congreso No. 762 del 2 de noviembre
de 2005[73].
- El martes 11 de octubre de 2005, se realizó el
anuncio previo acudiendo nuevamente a la expresión “en la próxima semana”.
Textualmente en el Acta No. 19 correspondiente a la Gaceta del Congreso No. 793
del 4 de noviembre de 2005, se señaló: “Por instrucciones de la Presidencia
y de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos
que se discutirán y aprobarán en la próxima semana (...) Proyecto
de ley número 243 de 2005 Senado, 373 de 2005 Cámara, por medio de la cual
se aprueba el Acuerdo de Complementación Económica, suscrito entre los
Gobiernos de la República de Argentina, de la República Federativa del Brasil,
de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados
partes del MERCOSUR y los Gobiernos de la República de Colombia, de la
República del Ecuador y de la República Bolivariana de Venezuela, países
miembros de la Comunidad Andina. Y el “Primer Protocolo Adicional-Régimen de
solución de controversias”, suscritos en Montevideo, Uruguay, a los dieciocho
(18) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004)” [74].
- Para la próxima semana, esto es, en la sesión del 18
de octubre de 2005, se acudió de nuevo a la fórmula de la “próxima sesión”,
sin incluir en el catálogo de proyectos de ley anunciados, el correspondiente
al número 243 de 2005 (Senado), con lo que se produjo una ruptura en la cadena
de avisos. Lo anterior conforme al Acta No. 20 publicada en la Gaceta del
Congreso No. 809 del 15 de noviembre de 2005[75].
- La siguiente sesión se llevó a cabo el día 19 de
octubre de 2005, en ella se omitió nuevamente el anuncio de votación del
proyecto de ley en cuestión, tal y como aparece consignado en el Acta No. 21
dada a conocer en la Gaceta del Congreso No. 810 del 15 de noviembre de 2005[76].
- En el Acta No. 22 en la cual se adelantó la sesión
del 25 de octubre de 2005, se volvió a anunciar el proyecto de ley número 243
de 2005 (Senado), a través de la siguiente fórmula: “Por instrucciones de la
Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, la Secretaría
anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión
(...)”. Así se encuentra publicado en la Gaceta del Congreso No. 864 del 5
de diciembre de 2005[77].
- En la próxima sesión correspondiente al 26 de
octubre de 2005, se realizó frente al proyecto objeto de análisis de control
constitucional un anuncio de discusión, en el que se invitó a participar al
Ministro de Comercio Exterior y al gremio de los procesadores de trigo
(FEDEMOL). Así lo señaló la Presidenta del Congreso, doctora Claudia Blum de
Barberi, al manifestar que: “La Presidenta manifiesta: Así es Senador
Gerléin, bueno entonces dejamos, dejamos así, el martes a las 12 del día vamos
a citar a Plenaria para el debate de vivienda, de control político del Senador
Guerra y enseguida el único proyecto que vamos a discutir es el de MERCOSUR con
televisión, señor Ministro eso es lo que quieren los Senadores. (...) La
Presidencia interviene para un punto de orden: (...) la próxima semana lo
haremos en la misma forma el siguiente martes, o sea hacemos el debate temprano
y después el único proyecto que se discutiría es el acuerdo de MERCOSUR con
televisión” [78].
- El siguiente
martes, esto es, el 1° de noviembre de 2005, tal y como consta en el Acta No.
24 publicada en la Gaceta del Congreso No. 856 del 2 de diciembre del mismo
año, se adelantó el debate de control político referente al tema de la vivienda
y a final de la sesión se procedió a realizar un nuevo anuncio de discusión y
votación para la “próxima sesión”, en el que se incluyó el proyecto de
ley número 243 de 2005 (Senado) [79].
- En la sesión siguiente del 2 de noviembre de 2005 se
reiteró el mismo estilo de anuncio, esto es, haciendo uso de la expresión en la
“próxima sesión” como aparece consignado en el Acta No. 25
correspondiente a la Gaceta del Congreso No. 846 del 2 de diciembre del mismo
año[80].
-  Para el 8 de noviembre de 2005, se utilizó como
anuncio previo la siguiente fórmula: “Sírvase leer los proyectos que serán
estudiados y debatidos en el día de mañana”, tal y como se encuentra
consignada en el Acta No. 26 publicada en la Gaceta del Congreso No. 865 del 5
de diciembre del año anterior[81]. En esta sesión se
adelantó un amplio debate sobre las atribuciones del Congreso de la República
en el trámite de incorporación interno de los tratados internacionales y se
permitió -a su vez- las intervenciones de los gremios económicos y del Gobierno
nacional.
-  Al día siguiente, esto es, el 9 de noviembre de
2005, se anunció el proyecto de ley número 243 de 2005, mediante la utilización
de la expresión: “los proyectos que se van a debatir en la próxima sesión”.
En esta ocasión, no se alcanzó a debatir el mencionado proyecto de ley, por
falta de quórum deliberatorio[82].
- El 15 de noviembre de 2005, según consta en el Acta
No. 28 correspondiente a la Gaceta del Congreso No. 866 del 5 de diciembre del
mismo año, se aplazó la votación del proyecto de ley número 243 de 2005, por
ausencia de quórum decisorio[83]. Una vez concluido el
debate se omitió reiterar el anuncio de votación del citado proyecto de ley,
constituyéndose en una nueva ruptura de la cadena de avisos[84].
- A continuación, el día 16 de noviembre de 2005,
según aparece consignado en el Acta No. 29 publicada en la Gaceta del Congreso
No. 867 del 5 de diciembre de 2005, se realizó el anuncio previo de votación,
de acuerdo a la siguiente fórmula: “Por instrucciones de la Presidencia y de
conformidad con el Acta Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los
proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión:
(...) Proyecto de ley número 243 de 2005 Senado, 373 de 2005 Cámara, por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Complementación Económica, suscrito
entre los Gobiernos de la República de Argentina, de la República Federativa
del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del
Uruguay, Estados partes del MERCOSUR y los Gobiernos de la República de
Colombia, de la República del Ecuador y de la República Bolivariana de
Venezuela, países miembros de la Comunidad Andina. Y el “Primer Protocolo
Adicional-Régimen de solución de controversias”, suscritos en Montevideo,
Uruguay, a los dieciocho (18) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004)” [85].
- Exactamente en la siguiente “sesión” la cual
tuvo lugar el día 29 de noviembre de 2005, como aparece en el Acta No. 30
correspondiente a la Gaceta del Congreso No. 15 de enero 30 de 2006, se aprobó
el mencionado proyecto de ley, cumpliendo con las mayorías exigidas en los
artículos 145 y 146 del Texto Superior[86].
Conforme al recuento realizado, esta
Corporación concluye que el anuncio efectuado en la Plenaria del Senado el día
16 de noviembre de 2005 cumple el requisito de certeza, precisión y
determinación previsto en el artículo 8° del Acto Legislativo No. 01 de 2003. A
este respecto, basta con señalar que la aprobación del proyecto de ley número
243 de 2005 (Senado), como se señaló en dicha ocasión, tendría lugar en la “próxima
sesión” la cual se llevó a cabo el 29 de noviembre de 2005.
Por otra parte, igualmente se observó la exigencia
establecida en el citado artículo 8° Superior, conforme a la cual: “Ningún
proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que
previamente se haya anunciado”, pues el día de la votación, esto es, el 29
de noviembre de 2005,  correspondió a la fecha previamente anunciada por el
Presidente de la Plenaria en la sesión del día 16 del mismo mes y año.
Aun cuando se acreditó la ruptura en la secuencia
temporal de los anuncios, específicamente, los días 18 y 19 de octubre y 15 de
noviembre de 2005; en criterio de la Corte, dicha deficiencia no tiene la
virtualidad de invalidar la presente ley, pues dicha irregularidad fue
corregida por el propio Senado de la República, al anunciar previamente en una
fecha determinable cuál sería el día destinado para la votación del proyecto,
el cual -según se vio- se cumplió en su integridad. En este orden de ideas,
como se expuso en sentencia C-576 de 2006[87], no se
incurre en un vicio de inconstitucionalidad por desconocimiento del artículo
160 Superior, cuando a pesar de la omisión del aviso previo de votación, en la
sesión inmediatamente anterior a aquella en que se surte la aprobación del
proyecto, el mismo se realiza de nuevo de forma clara. Al respecto, esta
Corporación en la mencionada providencia declaró:
“La exigencia constitucional apunta al
efectivo conocimiento previo de los proyectos que serán objeto de decisión, por
lo que, si por razones del desarrollo del debate legislativo, la votación de un
proyecto no tiene lugar el día inicialmente fijado, no se incurre
inexorablemente en una vulneración a la Carta Fundamental, si se hace
clara y nuevamente el anuncio o si del contexto existen elementos que
permitan determinar con claridad cuando se realizará la votación” [88].
Finalmente, a partir del hecho de la
falta de concordancia de la información remitida, este Tribunal considera
necesario llamar la atención de los Secretarios Generales de Senado y Cámara,
en el sentido de guardar el debido cuidado en las constancias que se remiten a
esta Corporación, principalmente, en la correspondencia que debe existir entre
la información que se certifica y aquella que reposa en los antecedentes
legislativos.
14.4. De conformidad con la certificación remitida por el Secretario General
(E) de la Cámara de Representantes, el anuncio de votación se efectuó en la
sesión plenaria del 20 de septiembre de 2005, como consta en el Acta No. 201,
la cual fue remitida a esta Corporación en medio magnético[89].
En dicha sesión, se realizó el aviso previo de la siguiente manera: “Dirección
de la Sesión por la Presidencia: Dr. Julio E. Gallardo A. (...) Antes de
eso vamos a enunciar los Proyectos que serán debatidos en la Sesión Plenaria
del día de mañana a partir de las 3:00 PM. (...) El Secretario General
Procede: Dr. Jesús A. Rodríguez C. (...) De acuerdo en aplicación del artículo
8º del Artículo 160 de la Constitución Política se anuncian los Proyectos a
estudiar en la sesión de mañana. (...) Proyectos de Ley para
segundo debate: Proyecto de Ley 373 de 2005 Cámara, 243 de 2005 Senado (...)”[90].
Ahora bien, el citado proyecto de ley fue aprobado en
la sesión del 27 de septiembre de 2005, de acuerdo a lo previsto en el Acta No.
203 publicada en la Gaceta del Congreso No. 739 del 25 de octubre del mismo año[91].
De igual manera, dicha fecha corresponde a la certificada por el Secretario
General (E) de la Cámara de representantes[92].
Así las cosas, si en el anuncio de votación realizado
el 20 de septiembre se manifestó que la aprobación del proyecto de ley No. 373
(Cámara) tendría lugar en la “sesión de mañana”, es claro que para poder
cumplir con la exigencia prevista en el artículo 160 Constitucional, es preciso
que el día 21 de septiembre de 2005 se haya “reiterado” el anuncio de
votación, especificando de manera determinada o determinable, que la decisión
definitiva acerca del proyecto de ley en cuestión se adoptaría el 27 de
septiembre del año en cita, como ocurrió en la práctica.
Al revisar la Gaceta del Congreso No. 791 del 4 de
noviembre de 2005, en la que se trascribe el Acta No. 202 del 21 de septiembre
del año en cita, la Corte encontró que se realizó el aviso previo de votación
anunciando los proyectos para el “próximo martes”, entre ellos, se
reiteró el correspondiente al proyecto de ley No. 373 (Cámara)[93].
Al verificar la fecha referente al día “martes”, aparece que la misma
corresponde al 27 de septiembre de 2005, por lo que es claro que se cumplió en
su integridad con las exigencias previstas en el artículo 8° del Acta
Legislativo No. 01 de 2003.
En conclusión, tanto el Acuerdo de Complementación
Económica y el Primer Protocolo Adicional en revisión como la ley que los
aprueba, por cumplir todos los trámites de carácter formal, son
constitucionales, razón por la cual la Corte entrará a estudiar el aspecto
material del citado Acuerdo y de su Protocolo, confrontándolos con la totalidad
de los preceptos constitucionales.
Revisión material
Contenido del Acuerdo de Complementación
económica
15. El Acuerdo de Complementación Económica suscrito
entre los Gobiernos de la República de Argentina, de la República Federativa de
Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay,
Estados Partes del MERCOSUR y los Gobiernos de la República de Colombia, de la
República del Ecuador y de la República Bolivariana de Venezuela, Países
miembros de la Comunidad Andina, analizado en esta ocasión, es un acuerdo
internacional de cincuenta y dos (52) artículos, cuatro (4) disposiciones
transitorias y nueve (9) anexos, dirigido a fortalecer el proceso de
integración de América Latina, de acuerdo con los objetivos previstos en el
Tratado de Montevideo de 1980[94], entre los cuales, se
destacan: La promoción y regulación del comercio recíproco, la complementación
económica, el desarrollo de acciones de cooperación que coadyuven a la
ampliación de los mercados y el establecimiento, en forma gradual y progresiva,
de un mercado común latinoamericano[95].
La
finalidad primordial del presente Acuerdo, en desarrollo de lo expuesto, radica
en establecer una zona de libre comercio, materializando así los
propósitos expresados en el Acuerdo de Complementación Económica No. 56
suscrito entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR en Brasilia (Brasil) el 6 de
diciembre de 2002. Textualmente, el artículo 1° del mencionado Acuerdo,
dispone:
“El contenido del Acuerdo se desarrolla en la siguiente forma: OBJETIVOS:
Artículo 1.
a. Las Partes Contratantes conformarán un Área de Libre
Comercio, cuya negociación deberá estar concluida antes del 31 de
diciembre de 2003, mediante la desgravación arancelaria y la eliminación de
restricciones y demás obstáculos que afecten el comercio recíproco, a fin de
lograr la expansión y diversificación de los intercambios comerciales.
b. El Área de Libre Comercio será formado a partir de la
convergencia de los Programas de Liberación Comercial a ser negociados.
c. Establecer un marco jurídico que permita ofrecer seguridad y
transparencia a los agentes económicos.
d. Promover e impulsar las inversiones recíprocas.
e. Promover el desarrollo y la utilización de la integración física,
que permita la disminución de costos y la generación de ventajas competitivas
en el comercio regional y con terceros países fuera de la región”.
El Acuerdo en examen fue suscrito en el
marco de la Asociación Latinoamérica de Integración -ALADI- (organización
creada por el Tratado de Montevideo de 1980), consolidando el proceso de
formación del mercado común latinoamericano mediante la fijación de un programa
de liberación comercial aplicable a los productos originarios y precedentes
de los territorios de los Estados firmantes (artículo 3). Dicho programa
comprende la eliminación de restricciones arancelarias y demás obstáculos que
afectan el crecimiento y el desarrollo del intercambio comercial, a través del
señalamiento de períodos graduales, sucesivos y automáticos de desgravación
sobre los aranceles vigentes que impiden la libre importación de bienes. Sin
embargo, como mecanismos de protección que permiten asegurar el equilibrio de
las economías internas y defender los sectores sensibles de la producción
nacional de los Estados comprometidos, se preservan medidas especiales (anexo
9), medidas antidumping y compensatorias (artículo 14) y cláusulas de
salvaguardia (artículo 19).
A continuación se realizará la explicación
detallada de las disposiciones que integran el citado Acuerdo:
16. En el artículo 1° se establecen los objetivos y alcances
del Acuerdo de Complementación, entre los cuales, se mencionan: (i) Facilitar
la libre circulación de bienes y la plena utilización de los factores
productivos, en condiciones de competencia; (ii) Permitir la expansión y
diversificación del intercambio comercial y la eliminación de las restricciones
arancelarias y no- arancelarias que afecten el comercio recíproco; (iii)
Alcanzar el desarrollo armónico en la región, a partir del reconocimiento de
las asimetrías derivadas de los diferentes niveles de crecimiento económico de
los países firmantes, y  finalmente; (iv) Promover e impulsar las inversiones
entre los agentes económicos de las Partes Signatarias.
- En el artículo 2° se especifica el ámbito
de aplicación del presente Acuerdo limitándolo al territorio de los Estados
miembros.
- El reconocimiento de la zona de libre
comercio a través del programa de liberación comercial se consagra en el
artículo 3° del Acuerdo. En todo caso, allí se aclara que si bien la
preferencia en la desgravación opera sobre la totalidad de los aranceles,
incluidos los derechos aduaneros adicionales; se reconoce como excepción que
los productos incluidos en el Anexo I, sólo serán susceptibles de beneficios
sobre aquellos aranceles expresamente consignados en dicho Anexo[96].
Enseguida en el mismo artículo se señala
que el comercio de bienes se realizará conforme a la clasificación de las
mercancías prevista en la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y
Codificación en su versión regional NALADISA 96 y sus futuras actualizaciones.
No obstante, se somete a las Partes Signatarias a la obligación de informar
cualquier resolución clasificatoria dictada o emitida por sus respectivos
órganos competentes con base en las notas explicativas del citado Sistema
Armonizado, a fin de evitar que cualquier divergencia en la clasificación de
las mercancías altere el normal funcionamiento del programa de liberación
comercial[97]. En todo caso, el mismo
Acuerdo prevé que ante eventuales controversias de interpretación, las Partes
podrán recurrir a la Organización Mundial de Aduanas (OMA), sin perjuicio de
las atribuciones que en materia de resolución de controversias se reconocen a la
Comisión Administradora del Tratado en el artículo 41, numeral e), del presente
Acuerdo.
De
igual manera, se enfatiza que este Acuerdo incorpora las preferencias
arancelarias negociadas con anterioridad entre los Estados miembros a través de
acuerdos de alcance parcial o de alcance regional, en la medida en que dichas
preferencias y demás condiciones de acceso sean más favorables a aquellas que
en él se establecen. Finalmente, se resalta que mantendrán pleno vigor las
disposiciones acordadas entre los Países Signatarios, cuando se refieran a
materias no incluidas en este documento.
- En el artículo 4° los Estados se obligan
a implementar el programa de liberación comercial, de acuerdo a los cronogramas
específicos y reglas disciplinarias previstas en el Anexo II. El mencionado
programa conforme se explica en la exposición de motivos de la Ley 1000 de 2005
y se consagra en los objetivos del propio Acuerdo, se realiza en consideración
a las asimetrías derivadas del nivel de desarrollo y crecimiento de las
Países firmantes, lo que se traduce en plazos diferenciados de desgravación que
resultan idóneos para corregir los desequilibrios que se producirían de
permitirse una liberación total de los mercados. Así, a manera de ejemplo,
mientras que Colombia otorga un acceso preferencial a Brasil sobre la mayoría
de sus productos en un término de 12 años, este país le reconoce dicho
beneficio a Colombia en plazo de 8 años. El siguiente cuadro es ilustrativo de
la mencionada situación[98]:
--
DESGRAVACIÓN
ESTADO
INMEDIATA
INTERMEDIA
GENERAL
SENSIBLE
COLOMBIA
Inmediata
6 años
12 años
15 años
BRASIL
Inmediata
4 años
8 años
15 años
ARGENTINA
Inmediata
5 años
10 años
15 años
PARAGUAY
Inmediata
6 años
12 años
15 años
URUGUAY
Inmediata
6 años
12 años
15 años con 2 años de gracia
-
En el artículo 5° las Partes Signatarias se comprometen a no imponer gravámenes
y cargas de efectos equivalentes distintos de los derechos aduaneros que
afecten el comercio entre los Estados. En cuanto a las cargas actualmente
existentes se señala que sólo podrán mantener su vigencia si constan en las
Notas Complementarias correspondientes al Anexo III[99].
En relación con el concepto de “gravámenes”,
el precitado artículo 5° señala: “[son]los derechos aduaneros y cualquier
otro recargo de efecto equivalente que incidan sobre las importaciones
originarias de las Partes Signatarias. No están comprendidos en este concepto
las tasas y recargos análogos cuando sean equivalentes al costo de los
servicios prestados ni los derechos antidumping o compensatorios”.
-
Para lograr el fin de la liberación comercial, en el artículo 6°, se prohíbe el
mantenimiento y la introducción de nuevas “restricciones” no
arancelarias que dificulten el comercio recíproco. Se define a las citadas “restricciones”,
como “toda medida o mecanismo que impida o dificulte las importaciones o
exportaciones de una Parte Signataria, salvo las permitidas por la OMC”.
-
En el artículo 7° se consagra el deber de información entre las Partes
Contratantes en relación con eventuales modificaciones de los derechos
aduaneros, a la vez que se exige la remisión de copias sobre dichas actuaciones
a la Secretaría General de la ALADI.
- En materia de licencias de importación,
el Acuerdo señala en el artículo 8° que los Países miembros se regirán por lo
dispuesto en el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de
Importación de la OMC. Por otra parte, en el artículo 9°, se dispone la
obligación de los Países firmantes de enviar las listas sobre las medidas que
afecten el comercio recíproco, tales como licencias no automáticas,
prohibiciones de importación, etc. De conformidad con lo previsto en el
Acuerdo, el propósito de dichas listas es asegurar la transparencia en el
comercio, sin que impliquen la realización de un juicio sobre su validez
jurídica o pertinencia legal. Cualquier modificación en las mencionadas medidas
deben ser igualmente notificadas a las Partes y a la Secretaría General de la
ALADI.
- Según lo previsto en el artículo 10
ninguna disposición del presente Acuerdo puede ser interpretada como una
negación a los atributos reconocidos a cada Estado, de conformidad con lo
previsto en el artículo 50 del Tratado de Montevideo y/o en los artículos XX y XXI
del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) de 1994. En cuanto a las
facultades previstas en el citado artículo 50 del Tratado de Montevideo, se
destacan las siguientes:
“Articulo 50 del Tratado de Montevideo. Ninguna
disposición del presente Tratado será interpretada como impedimento para la
adopción y el cumplimiento de medidas destinadas a la:
a) Protección de la moralidad pública;
b) Aplicación de leyes y reglamentos de
seguridad;
c) Regulación de las importaciones o
exportaciones de armas, municiones y otros materiales de guerra y en
circunstancias excepcionales, de todos los demás artículos militares;
d) Protección de la vida y salud de las
personas, los animales y los vegetales;
e) Importación y exportación de oro y plata
metálicos;
f) Protección del patrimonio nacional de
valorar artístico, histórico o arqueológico; y
g) Exportación, utilización y consumo de
materiales nucleares, productos radiactivos o cualquier otro material
utilizable en el desarrollo o aprovechamiento de la energía nuclear”[100].
-  En el artículo 11 se establece de forma
explícita que el programa de liberación comercial no aplica para mercancías
usadas.
- A fin de promover que la desgravación
arancelaria opere sobre productos originarios y precedentes de los Países
miembros, en el artículo 12 se incluye como parte del Acuerdo el denominado “Régimen
de Origen” contenido en el Anexo IV, el cual fija los parámetros para la
clasificación, determinación e identificación de las mercancías de acuerdo con
su lugar de procedencia.
- En el artículo 13 se reconoce la
aplicación de la cláusula de trato nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo III del GATT y el artículo 46 del Tratado de Montevideo de 1980[101].
- Entre los artículos 14 a 16 se consagra
la posibilidad de los Estados miembros de adoptar medidas antidumping y
compensatorias, según lo previsto en las legislaciones internas, en el Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y en el Acuerdo de
Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC. De igual manera, se reitera el
deber de informar cualquier medida que se adopte, así como los cambios en la
regulación de cada país sobre dichas materias.
- En el artículo 17 las Partes Signatarias
se comprometen a impulsar la consolidación de un marco que permita la
identificación y sanción de las prácticas restrictivas de la competencia. Con
este propósito, en el artículo 18 se acuerda la eliminación de subvenciones que
resulten contrarias a lo dispuesto por la OMC. Desde esta perspectiva, se
permite la adopción de políticas de promoción al sector agropecuario que no
tengan efectos de distorsión en el comercio. Finalmente, el Estado que se
considere afectado con una subvención pese a la mencionada prohibición, podrá
suspender los beneficios del programa de liberación comercial al producto o
productos favorecidos por dicha medida.
- En el artículo 19 se permite la adopción
de salvaguardias en los términos reconocidos en el Anexo V.
- Para la solución de controversias se
reconoce en el artículo 20 el sometimiento de los países miembros al “Protocolo
Adicional”. Durante el término de aprobación de dicho Protocolo, se
establece que los Estados miembros se someten al régimen para la definición de
conflictos previsto en el Anexo VI.
- En el artículo 21 se someten las Partes Signatarias para
la valoración aduanera a lo previsto en el Acuerdo relativo a la Aplicación del
Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y
en la Resolución 226 del Comité de Representantes de la ALADI.
- En los artículos 22 y 23 se asumen por los Estados la
adopción de medidas que permitan facilitar el comercio recíproco a través de la
asunción de un mismo régimen en cuanto a los reglamentos técnicos y de
evaluación del comercio (art. 22) y las medidas sanitarias y fitosanitarias
susceptibles de imposición (art. 23). Para el efecto, se armonizan dichas
medidas entre las Partes Signatarias en los Anexos VII y VIII del presente
Acuerdo.
- Con posterioridad, en el artículo 24, se
admite la posibilidad de someter algunos productos al régimen de medidas
especiales contenido en el Anexo IX. El propósito del citado régimen es
asegurar que las importaciones de un determinado producto originarias de una
Parte Signataria, no causen o amenacen causar daño a la producción doméstica
del Estado importador. Las mismas se generan a partir de la medición de
indicadores en términos de volumen y precio del producto importado. Cuando se
comprueba económicamente su prosperidad, es viable la suspensión de algunos de
los beneficios de la liberación comercial acordados en el presente Acuerdo. En
ningún caso las medidas especiales pueden tener una duración mayor de dos (2)
años[102].
- Entre los artículos 25 a 27 se establece
el compromiso de los contratantes de apoyar programas y tareas de difusión y
promoción del Tratado. Así como el intercambio de información acerca de las
ofertas y demandas regionales y mundiales de sus productos de exportación.
- De los artículos 28 a 39 se asumen por
los Estados firmantes el compromiso de impulsar el estudio de medidas conjuntas
que permitan acelerar el comercio regional y unificar la regulación interna en
temas propios del comercio exterior, así: (i) En el artículo 28 se persigue la
liberación comercial en la prestación de servicios; (ii) En el artículo 29 se
estimula la realización de inversiones recíprocas; (iii) En el artículo 30 se
exhorta a la suscripción de nuevos acuerdos sobre promoción y protección
recíproca de inversiones; (iv) En el artículo 31 se incentiva la celebración de
tratados dirigidos a evitar la doble tributación; (v) En el artículo 32 se
procura la adopción de normas en materias de propiedad intelectual, señalando
que -en todo caso- se asumen las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la
OMC, así como los derechos y obligaciones que constan en el Convenio sobre la
diversidad Biológica de 1992; (vi) En los artículos 33 a 35 se promociona la
celebración de convenios regionales que permitan el mejoramiento de los
servicios de transporte terrestre, fluvial, marítimo y aéreo; (vii) En el
artículo 36 se incentiva la negociación de mecanismos de cooperación que
permitan el desarrollo, la ampliación y modernización de las redes de
infraestructura; (viii) En el artículo 37 las Partes Signatarias asumen el
compromiso de apoyar iniciativas conjuntas en ciencia y tecnología,
especialmente, en las áreas agropecuaria, industrial y de sanidad; (ix) En el
artículo 38 se impulsa la promoción regional de las pequeñas y medianas
empresas (PYMES), y finalmente; (x) En el artículo 39 se acuerda continuar
tratando el tema de las zonas francas y áreas aduaneras especiales.
- En los artículos 40 y 41 se crea la
Comisión Administradora del Tratado y se asignan sus funciones. En la primera
de las mencionadas normas, se señala que la citada Comisión estará integrada
por las delegaciones de la Comunidad Andina de Naciones y del MERCOSUR. Su
constitución tendrá lugar en el término de los sesenta (60) días siguientes a
la entrada en vigencia del presente Acuerdo. En la primera reunión establecerán
su reglamento interno, reconociendo la obligación de sesionar por lo menos una
vez al año, sin contar con las sesiones extraordinarias que así se convengan,
previa consulta. Todas las determinaciones que se profieran deben adoptarse
mediante consenso, el cual se presume a menos que una de las Partes Signatarias
se oponga formalmente a la decisión.
Entre las atribuciones reconocidas,
conforme a lo previsto en el citado artículo 41, se destacan las siguientes:
(i) Facultades de evaluación y seguimiento de los compromisos adquiridos,
pudiendo constituir grupos de trabajo para tal fin; (ii) Facultades de
profundización del programa de liberación comercial, previo común acuerdo de
las Partes Contratantes; (iii) Facultades de solución de controversias de
conformidad con lo previsto en el Protocolo Adicional; y (iv) Facultades de
convocatoria para compeler a los Estados miembros al cumplimiento de los
objetivos y disposiciones del Acuerdo.
- Los artículos 42 a 52 prevén la manera de formalizar la
adhesión, la denuncia y las enmiendas al Acuerdo (arts. 45, 47 y 48), el
momento de entrada en vigor (art. 46), la inaplicación de tasas de importación
por parte de las Repúblicas de Brasil y Argentina (arts. 50 y 51), la
derogatoria de otros acuerdos de complementación económica y la obligación de
informar acerca de los que se celebren en el futuro por fuera de las
previsiones del Tratado de Montevideo de 1980 (arts. 42 y 43), el
establecimiento de la ALADI como depositaria del presente Acuerdo (art. 49), y
por último, la forma de contabilizar los plazos en días (art. 52).
- Finalmente, las disposiciones
transitorias regulan los mecanismos para la constitución de la lista de árbitros
para hacer efectivo el Primer Protocolo Adicional, así como la obligación de
los Estados miembros de someter dicho documento internacional a los trámites de
ratificación. Para concluir se reitera  que las Partes Signatarias se someten a
la aplicación del principio de transparencia en la ejecución de su legislación
interna y en el otorgamiento del mismo trato que se confiere a sus nacionales,
especialmente, en lo que se refiere a productos farmacéuticos, cosméticos,
alimentos y otros productos de uso humano.
Contenido
del Primer Protocolo Adicional relativo al Régimen de Solución de Controversias
17. El Primer Protocolo Adicional consagra las reglas
aplicables a la solución de controversias que surjan entre las Partes
Signatarias como consecuencia de la interpretación, aplicación e incumplimiento
de las disposiciones contenidas en el Acuerdo de Complementación Económica
(arts. 1°, 2° y 4°), salvo en las materias reguladas por el Acuerdo de
Marrakech[103], caso en el cual se
reconoce que las divergencias que se presenten se pueden solucionar a través de
los mecanismos jurídicos previstos en cada uno de dichos escenarios, a elección
de la parte reclamante. En todo caso, una vez seleccionado el procedimiento de
solución, se entiende que dicho trámite es excluyente del otro (art. 4).
El protocolo establece tres (3)
procedimientos de solución, a saber:
-  En primer lugar, la negociación
directa que podrá estar precedida por consultas recíprocas entre las Partes
Signatarias. Para iniciar este procedimiento, cualquiera de los Estados
solicitará por escrito su realización, especificando las circunstancias de
hechos y fundamentos jurídicos relacionados con la reclamación. La Parte que
reciba la solicitud deberá responderla en un término de diez (10) días
posteriores a la fecha de su recepción. Con posterioridad, se podrán
intercambiar las informaciones que resulten necesarias para lograr una solución
mutuamente satisfactoria. El proceso de negociación tendrá una duración máxima
de treinta (30) días, prorrogable por otros quince (15) de común acuerdo por
los Estados en conflicto (arts. 5 a 7).
- En segundo término, cuando el mecanismo
anterior falle total o parcialmente, se prevé la intervención de la Comisión
Administradora del Acuerdo, a menos que se decida acudir directamente al tercer
procedimiento de solución de controversias (art. 8). Para la convocatoria de la
Comisión es indispensable la formulación de un escrito en el que se incluyan
las situaciones de hecho y las disposiciones presuntamente vulneradas del
Acuerdo (art. 8). A continuación se otorgará a las Partes la oportunidad de
exponer sus posiciones y presentar las informaciones que estimen conducentes.
De allí en adelante se confiere el término de treinta (30) días a la citada
Comisión Administradora para formular las recomendaciones que resulten
pertinentes e idóneas para la solución del conflicto, contados a partir de la
fecha de su primera reunión. Cuando dicha Comisión solicite el asesoramiento de
expertos dispondrá de quince (15) días adicionales para pronunciarse
definitivamente (arts. 10 y 11).
La intervención de la Comisión
Administradora del Acuerdo puede fracasar por las siguientes razones: (i)
Porque a partir de la presentación del escrito de convocatoria la Comisión no
se reúne en el plazo de treinta (30) días (art. 9); (ii) Porque una vez reunida
no formula su recomendación en el mismo término previamente señalado, contado a
partir de la fecha de su primera reunión (art. 11); (iii) Porque a través de su
decisión no se llega a una solución mutuamente satisfactoria (art. 11), y
finalmente; (iv) Porque sus recomendaciones son total o parcialmente
desconocidas (art. 11).
-  En tercer lugar, se establece la
posibilidad de conformar un Tribunal de Arbitramento, integrado por tres (3)
árbitros designados por las Partes en conflicto de listados previamente
radicados en la ALADI (arts. 12 a 19). El procedimiento arbitral será
establecido por la Comisión Administradora del Acuerdo con sujeción a los
principios de igualdad de armas y publicidad y a los derechos de audiencia y
contradicción. En caso de que la Comisión omita señalar las reglas de trámite
el mismo Tribunal podrá designar las que estime necesarias, siempre que se
cumplan con los mencionados principios y derechos (art. 20)[104].
A
solicitud de parte y siempre que existan razones fundadas para suponer que el
mantenimiento de la situación objeto de controversia puede ocasionar daños
graves e irreparables, el Tribunal por unanimidad puede disponer la aplicación
de medidas provisionales, siempre que se sometan al principio de
proporcionalidad (art. 22).
El Tribunal podrá requerir información a
cualquier entidad gubernamental, persona natural o jurídica, pública o privada,
de las Partes Signatarias (art. 23). De igual manera recibirá todos los
argumentos, pruebas e informes que se estimen conducentes para la solución del
conflicto (art. 24).
La decisión del mencionado Tribunal se hará
sobre la base de las disposiciones del Acuerdo, sus Protocolos Adicionales y
los instrumentos firmados en el marco de su desarrollo, así como en los
principios y disposiciones del derecho internacional aplicables a la materia y
a los fundamentos de hecho y de derecho pertinentes (art. 25). La decisión se
adoptará por escrito en un plazo de sesenta (60) días, contados a partir de la
fecha de aceptación del último de los árbitros designados, prorrogable por un
término máximo de treinta (30) días, previa notificación a las Partes (arts. 26
y 27).
El laudo que se profiera por el Tribunal es
obligatorio a partir de la recepción de la respectiva notificación y tendrá
fuerza de cosa juzgada (arts. 13, 28 y 29). De acuerdo con lo previsto en el
Protocolo el citado laudo es inapelable, aunque admite la aclaración del mismo
en cuanto a su alcance y a la forma de cumplirlo (arts. 29 y 30). El término de
ejecución de las órdenes proferidas por el Tribunal es, por regla general, de
sesenta (60) días, y en caso de continuar la violación, a pesar de insistir en
su cumplimiento, la Parte damnificada puede suspender temporalmente los
beneficios del Acuerdo de Complementación (arts. 29 y 31). En caso de
considerar que la medida adoptada es excesiva frente a la infracción cometida,
se podrán formular objeciones por la Parte infractora cuyo conocimiento le
corresponde igualmente al Tribunal (art. 31). Finalmente, el artículo 33 regula
la asunción de gastos, entre ellos, los correspondientes a los honorarios de
los árbitros.
Entre los artículos 34 a 40 del Primer
Protocolo Adicional, se consagran disposiciones referentes a la forma de
computar los plazos, la manifestación juramentada para la posesión del cargo
por parte de los árbitros, la posibilidad de desistir en cualquier etapa del
procedimiento de solución de controversias y, por último, la negativa al
prejuzgamiento por razón de las actuaciones o documentos presentados en el
curso de las citadas actuaciones.
Contenido
de los nueve (9) Anexos que integran el Acuerdo de Complementación Económica
18. El Acuerdo sometido a control de constitucionalidad
se integra adicionalmente por nueve (9) Anexos, los cuales corresponden a
disposiciones de orden técnico dirigidas a permitir la ejecución de los
compromisos adquiridos en el citado instrumento internacional. Si bien por
regla general no contienen normas jurídicas autónomas, su revisión por parte de
esta Corporación es imprescindible, pues desde el punto de vista internacional
se entiende que tienen el mismo valor jurídico que el texto del tratado
aprobado por las partes[105].
En términos generales, cada uno de los
anexos que constituyen el Acuerdo de Complementación Económica, se distinguen
por los siguientes elementos:
- El Anexo I corresponde al desarrollo
del artículo 3° del Acuerdo, en lo referente a la clasificación de los bienes
que tan sólo se desgravan sobre aquellos aranceles previstos expresamente en
dicho documento. Con este propósito, se adopta la descripción del producto y
del arancel mediante “tablas”, precedidos de su codificación a través
del uso de la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación
de Mercancías en la versión regional NALADISA 96. Así, a manera de ilustración,
se reproduce una de las mencionadas tablas:
“ANEXO I
ANEXO AL ARTÍCULO 3º DEL ACUERDO
Los productos de este anexo están sujetos a
un Mecanismo de Estabilización de Precios (MEP) según lo establecido en la
legislación andina vigente y sus posteriores modificaciones o sustituciones de
conformidad con la política arancelaria andina. El arancel sujeto a
desgravación más el MEP no excederá los niveles consolidados de la OMC vigentes
a la fecha de su aplicación.
ANEXO I
FRANJA
DE PRECIOS
NALADISA 96
DESCRIPCIÓN
ARANCEL SUJETO A PROGRAMA DE LIBERACIÓN
COL
02031100
En canales o
medias canales
20
02031200
Jamones, paletas
y sus trozos, sin deshuesar
20
02031910
Tocino
entreverado
20
02031990
Las demás
20
02032100
En canales o
medias canales
20
02032200
Jamones, paletas
y sus trozos, sin deshuesar
20
02032910
Tocino
entreverado
20
02032990
Las demás
20
02071100
Sin trocear,
frescos o refrigerados
20
02071200
Sin trocear,
congelados
20
02071310
Trozos
20
02071320
Despojos
20
02071410
Trozos
20
02071420
Despojos
20
02072400
Sin trocear,
frescos o refrigerados
20
02072500
Sin trocear,
congelados
20
02072610
Trozos
20
02072620
Despojos
20
02072710
Trozos
20
02072720
Despojos
20
02073200
Sin trocear,
frescos o refrigerados
20
02073300
Sin trocear,
congelados
20
02073400
Hígados grasos,
frescos o refrigerados
20
02073510
Trozos
20
02073520
Despojos
20
02073610
Trozos
20
02073620
Despojos
20
02090021 /1
Fresca,
refrigerada o congelada
20
1
02090029 /1
Las demás
20
1
02090090 /1
Las demás
20
1
02101200
Tocino
entreverado de panza (panceta) y sus trozos
20
02101900
Las demás
20
04011000
Con un contenido
de materias grasas inferior o igual al 1% en peso
15
- El Anexo II constituye una
exposición técnica y operativa del artículo 4° del Acuerdo, en el que se
disponen los cronogramas de liberación comercial a partir del reconocimiento de
las asimetrías derivadas del nivel de desarrollo y crecimiento de los Países
firmantes. Dicho cronograma se estructura en más de 642 folios[106],
en los que se clasifican y describen los productos, las fechas de liberación y
las preferencias arancelarias acordadas entre los diferentes Estados. Los
anteriores criterios de sistematización constituyen manifestaciones específicas
de un tratado complejo, como lo es, el Acuerdo objeto de revisión, el cual se
caracteriza por la multiplicidad y pluralidad de sus prestaciones.
- En el Anexo III se incluyen
las notas complementarias que recogen los gravámenes distintos a los derechos
arancelarios que se preservan entre los Estados Partes, tal y como se consagra
en el artículo 5° del Acuerdo de Complementación Económica. Al respecto, en el
citado documento se señala que:
“REPÚBLICA DEL ECUADOR
Notas complementarias del Artículo 5°
1. Ley 4 – A (Registro Oficial N° 122 segundo
suplemento, de febrero 3 de 1997). Los productos gravados a las importaciones,
excepto a las de productos que se utilicen en la elaboración de fármacos de consumo
humano y vegetal.
2. Regulación N° 115 – 2003 del Directorio del Banco
Central del Ecuador (Registro Oficial N° 1140, de junio 30 de 2003). Las
importaciones y exportaciones requieren de una contribución que es considerada
como cuotas redimibles
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Notas complementarias del Artículo 5°
1. Tasa de Servicio de Aduana. Decreto 859 del 14 de
junio de 2000. Grava las importaciones.
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
Notas complementarias del Artículo 5°
1. Adicional de Tarifa Aeroportuaria (ATAERO).
Base Legal: Ley Nº 7.920, de 12/12/89; Ley
Nº 6.009, de 26 de diciembre de 1973; Decreto-Ley Nº 1.896, de 17 de diciembre
de 1981.
2. Tasa de Utilización del SISCOMEX.
Base Legal: Ley Nº 9.716, de 26/11/1998;
Instrucción Normativa SRF Nº 206, de 25/09/2002.
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Notas complementarias del Artículo 5°
1. Tasas consulares: Específicos varios.
2. Servicio de Valoración Aduanera 0,50% sobre el valor
en Aduana.
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Notas complementarias del Artículo 5°
1. Impuesto Específico Interno (IMESI). Ley 16.697 del
25/4/95, Artículo 3 se faculta al Poder Ejecutivo a establecer pagos a cuenta
en la importación.
El Artículo 2º del Título XI del Texto
ordenado de 1991, faculta al Poder Ejecutivo a determinar precios fictos.
Decreto 96/90 del 21/2/90 y sus modificativos y/o sustitutivos reglamenta –
IMESI.
2. Impuesto al Valor Agregado (IVA). Ley 16.697 del
25/4/95, Artículo 16 faculta al Poder Ejecutivo para establecer en ocasión de
la importación pagos a cuenta del IVA correspondientes a la circulación interna
de bienes y a la prestación de servicios.
3. Tasa Consular: Ley 17.296 del 21/02/2001, Artículo
585, por el cual se  reimplanta la tasa consular sobre los bienes importados.
4. Tasa de servicio cobrada por el Banco de la República
Oriental del Uruguay (BROU) a las operaciones de importación. Ley 16.492 del 2
de junio de 1994”.
- El Anexo IV define las reglas para la
clasificación, determinación e identificación de las mercancías como “originales”
o “precedentes” de los Países firmantes. El citado documento
corresponde a un desarrollo del artículo 12 del Acuerdo, el cual contempla que
la desgravación arancelaria tan sólo opera sobre productos originarios de las
Partes Signatarias mediante el establecimiento de un “régimen de origen”.
El Anexo se encuentra compuesto por treinta (30)
artículos y dos (2) apéndices. En términos generales, en el artículo 1° se
establecen las definiciones que permiten la aplicación del “régimen de
origen”. En el artículo 2° se fijan los criterios que facilitan la
identificación de una mercancía como originaria de los Estados Partes, los
cuales se desarrollan en los artículos 3° a 6°.
En el artículo 7° se consagran las reglas sobre
procesos y operaciones que no otorgan “origen” a mercancías que en su
elaboración incorporen materiales no “precedentes” de los Países
firmantes. Por su parte, el artículo 8° prevé otros criterios para la
determinación de la procedencia de los bienes objeto de liberación comercial.
El artículo 9° regula lo referente a la expedición del
“certificado de origen” como documento que certifica que las mercancías
cumplen con las disposiciones previstas en el Anexo. Su expedición y control se
asigna a las autoridades competentes de cada Parte Signataria, las cuales deben
estar debidamente registradas en la Secretaría General de la ALADI. El
certificado se profiere con fundamento en la “declaración jurada” del
productor y/o exportador del bien y debe emitirse en el formato que se adjunta
como apéndice uno (1) del presente documento.
En el artículo 10 se reconoce que el “certificado
de origen” debe ser emitido a más tardar dentro los cinco (5) días hábiles
siguientes a su solicitud. Su validez es de ciento ochenta (180) días
calendario, contados a partir de su fecha de expedición. Bajo ninguna
circunstancia, éste podrá ser extendido con antelación a la fecha de la factura
comercial sino al mismo tiempo o dentro de los sesenta (60) días siguientes. La
descripción de la mercancía en el certificado debe concordar con la factura
comercial y con la descripción del ítem arancelario en que se clasifica.
Finalmente, en la citada norma se prohíbe su presentación a las autoridades
aduaneras con raspaduras, tachaduras o enmiendas.
El artículo 11 consagra los elementos mínimos que debe
presentar el productor y/o exportador del bien, al momento de realizar la “declaración
jurada de origen”, entre los cuales, se destacan: El nombre, el domicilio
legal, la descripción de la mercancía a exportar, el valor FOB de la misma y la
información relativa a su procedencia.
En el artículo 12 se señala que la validez de la
declaración tendrá una duración de tres (3) años a partir de su recepción por
las autoridades certificadoras. Por su parte, en el artículo 13 se establece el
procedimiento a seguir en el caso en que las mercancías sean facturadas en un
país distinto al de su origen.
El artículo 14 dispone que los beneficios del Acuerdo
se someten a la “expedición directa” de la mercancía entre la Parte
Signataria exportadora y la Parte Signataria importadora.
Para estos efectos, se entiende por “expedición
directa”, según lo previsto en el texto del Anexo: “(a) Las mercancías
transportadas únicamente por el territorio de una o más Partes Signatarias del
Acuerdo; (b) Las mercancías en tránsito, a través de uno o más países no
Signatarios del Acuerdo, con o sin trasbordo o almacenamiento temporal, bajo la
vigilancia de la autoridad aduanera del país o los países de tránsito, siempre
que: (i) El tránsito estuviera justificado por razones geográficas o
consideraciones relativas a requerimientos de transporte; (ii) No estuvieran
destinadas al comercio, uso o empleo en el país de transito; (iii) No sufran,
durante su transporte o depósito, ninguna operación distinta a la carga, descarga
o manipuleo, para mantenerlas en buenas condiciones o asegurar su conservación”[107].
En el artículo 15 se prohíbe a las autoridades
aduaneras de la Parte Signataria importadora negar los trámites de importación
y el despacho o levante de las mercancías cuando se presenten errores de forma
en el certificado de origen, existan discrepancias en la clasificación
arancelaria o se manifiesten dudas sobre la expedición directa de los bienes, o
acerca de su calificación de origen, o en relación con la autenticidad de su
certificación. En estas hipótesis, le corresponde a las citadas autoridades,
exigir la constitución de garantías por un valor equivalente a los gravámenes
correspondientes, de acuerdo con la legislación interna.
Los artículos 16 a 23 consagran el procedimiento a
seguir en los casos previamente reseñados de duda o discrepancia con el
cumplimiento de los trámites referentes al “régimen de origen”. Allí se
prevén un conjunto de actuaciones que bajo los pilares del derecho de defensa
permiten la rectificación o enmienda de los documentos y declaraciones
realizadas.
Dentro de las citadas actuaciones se prevé la
posibilidad de requerir informes a las autoridades competentes del País
exportador y de realizar visitas a las instalaciones empresariales del
productor, a fin de examinar los procesos de elaboración de mercancías.
En el caso en que se demuestre la existencia de
falsificaciones o alteraciones en los documentos que se presentan por el
productor y/o exportador para lograr la aplicación del “régimen de origen”,
el artículo 24 del Anexo señala no sólo el derecho de la autoridad aduanera de la
Parte Signataria importadora de cobrar las garantías expedidas a su favor, sino
también de prohibir la emisión de nuevos certificados de origen, por un plazo
de seis (6) a veinticuatro (24) meses.
Por otra parte, en los artículos 25 y 26, se consagran
las sanciones para las entidades certificadoras y los importadores, cuando
incurran en cualquiera de los comportamientos previamente descritos que
implican la violación del mencionado “régimen de origen”.
En los artículos 27 a 30 se establecen las funciones y
obligaciones de las autoridades aduaneras de las Partes Signatarias, de las
entidades certificadores y de los productores, exportadores e importadores. De
manera general, se destacan las siguientes atribuciones: (i) Supervisar el
otorgamiento de certificaciones; (ii) Impartir instrucciones para garantizar el
cumplimiento de las normas referentes a la expedición de certificados de
origen; (iii) Comprobar la veracidad de los documentos y declaraciones
realizadas; (iv) Responder a los requerimientos formulados, y finalmente; (v)
Proporcionar la información requerida en los términos y condiciones previstas
en el Anexo.
Por último, en el apéndice dos (2) del presente
documento, se fijan los requisitos específicos que regulan la aplicación del “régimen
de origen” para el sector automotor.
- El Anexo V señala las reglas técnicas
y operativas que permiten la adopción del régimen de salvaguardias, conforme a
lo previsto en el artículo 19 del Acuerdo de Complementación Económica. La
aplicación del citado régimen se produce como resultado de circunstancia
imprevistas, y particularmente, por el efecto de las concesiones arancelarias
acordadas, las cuales pueden en un momento dado conducir a que las
importaciones de un bien originario de otra Parte Signataria aumenten en
términos absolutos o en relación con la producción doméstica, hasta el punto de
constituir una causa de daño grave o de amenaza para un bien similar o
directamente competidor representativo de la industria nacional del Estado
importador (arts 1° y 3°).
Este régimen se aplicará durante el proceso de
desgravación arancelaria de todos los productos objeto del programa de
liberación comercial y por un período adicional de cuatro (4) años después de
concluido el proceso de desgravación, “luego de lo cual se procederá a su
evaluación para decidir su continuidad o no”.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 1°, los
mecanismos y medidas que surgen de la aplicación de las salvaguardias no pueden
utilizarse como obstáculos indebidos al comercio. Al mismo tiempo, en el
artículo 2°, se reconoce que su aplicación no impide la adopción de los
instrumentos previstos en el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio.
En el artículo 4° se prevé que la finalidad del
régimen en cuestión, es la de prevenir o reparar el daño grave al comercio
interno y facilitar el reajuste de de la producción doméstica de la Parte
importadora. Por su parte, en el artículo 5° se ordena que toda medida de salvaguardia
de duración superior a un (1) año, debe tener un plan de ajuste preliminar
aprobado por las autoridades competentes.
Los artículos 6° a 13 disponen el procedimiento que se
debe adelantar para la imposición de una medida de salvaguardia. En términos
generales, el trámite se inicia por solicitud de parte o de oficio, en caso de
existir un número elevado de pequeños productores (art. 7°). Cuando la
actuación se origina por petición de parte, es indispensable presentar un
escrito acompañado de la información y de las pruebas que permitan sustentar la
amenaza o perjuicio a la producción domestica, los cuales se encuentran
previstos en los artículos 8° y 9° del Anexo. Durante el curso de la
investigación, no sólo se puede acceder en cualquier momento al expediente,
sino también presentar pruebas, exponer opiniones y solicitar la realización de
audiencias, con miras a intercambiar opiniones con otras partes interesadas
(art. 10). De otro lado, se señalan los factores objetivos y cuantificables que
deben ser objeto de análisis para determinar la amenaza o posible daño al
comercio interno (art. 11), a la vez que se prevé un amplia potestad probatoria
a favor de las autoridades competentes (art. 12)[108].
Por último, en el artículo 13, se concluye que: “cuando haya otros factores,
distintos del aumento de las importaciones preferenciales, que al mismo tiempo
causen daño a la rama de producción doméstica en cuestión, dicho daño no se
atribuirá al aumento de las importaciones preferenciales”.
Los artículos 14 a 16 establecen las
medidas de salvaguardia que se pueden aplicar, las cuales consisten en: (i)
Suspender el incremento del margen de preferencia establecido en el Acuerdo o
(ii) disminuir total o parcialmente el margen de preferencia vigente. En todo
caso, se mantendrá el cupo de importaciones en un promedio correspondiente a
las realizadas en los treinta y seis (36) meses inmediatamente anteriores a la
fecha en que se determinó la apertura de la investigación, “a menos que se
dé una justificación clara de la necesidad de fijar un nivel diferente para
prevenir o reparar el daño grave”.
Los artículos 17 a 20 hacen referencia a la
duración de las medidas de salvaguardia. Así, en primer lugar, se señala que su
duración máxima es de dos (2) años, incluyendo el plazo en que hubieren estado
vigentes medidas provisionales. En segundo término, se admite su prorroga por
una sola vez, por el término de un (1) año. En tercer lugar, se fija la
prohibición de afectar a un mismo producto con otra medida de salvaguardia, a
menos que haya transcurrido un período de un (1) año desde la finalización de
la medida anterior. Finalmente, se estipula que la aplicación de las
salvaguardias no afectarán las importaciones que a la fecha de adopción de la
medida se encuentren efectivamente embarcadas con destino a la Parte Signataria
importadora o estén en zona primera aduanera, “siempre que sean despachadas
a consumo en un plazo no mayor a veinte (20) días contados a partir de la
adopción de la medida”.
Los artículos 21 y 22 consagran las reglas
para la aplicación de medidas de salvaguardia provisionales, las cuales se
someten a la prueba de un “perjuicio difícilmente reparable”. En estos
casos, se procederá a la notificación y consulta después de adoptada la medida.
La duración de ésta no excederá de ciento ochenta (180) días. Cuando se
demuestre la ausencia del perjuicio requerido, se reembolsará con prontitud lo
dejado de percibir por el exportador por concepto de medidas provisionales o se
liberarán, si fuera el caso, las garantías otorgados por dicho concepto.
En los artículos 23 a 27, como expresión
del principio de transparencia, se desarrollan las distintas publicaciones para
la adopción y prórroga de las medidas de salvaguardia. De otro lado, los
artículos 28 a 30 se refieren al agotamiento de los procedimiento de
notificación y consulta entre la Parte importadora y las Partes Signatarias, en
lo referente a la apertura de la investigación, la adopción de medidas
provisionales o definitivas y la prórroga de las mismas. Finalmente, en el
artículo 31 se establecen las definiciones que se aplican en este Anexo.
- El Anexo VI  hace
referencia al régimen de solución de controversias de aplicación transitoria
mientras se aprueba el Primer Protocolo Adicional, conforme se reconoce en el
artículo 20 del Acuerdo de Complementación Económica. Es preciso recordar que
el citado Protocolo es igualmente objeto de control de constitucionalidad en
esta providencia, como previamente se señaló[109].
El Anexo al igual que el Primer Protocolo
Adicional se integra por tres procedimiento de solución, a saber: (i) La
negociación directa (art. 2°); (ii) La intervención de la Comisión
Administradora del Acuerdo (arts. 3° a 7°) y; (iii) La conformación de un Grupo
de Expertos (arts. 8° a 18). Sólo este último se distingue frente a la
regulación del Primer Protocolo Adicional.
Para efectos de la participación del Grupo
de Expertos, es indispensable que la Comisión Administradora no haya formulado
recomendación alguna en el término de treinta (30) días previsto en el Anexo o
que la misma no haya sido cumplida por las Partes en el plazo fijado en ella.
El citado Grupo se integrará por tres (3) expertos, de listas previamente
enviadas por las Partes Signatarias a la Secretaría General de la ALADI,
compuestas por lo menos de ocho (8) aspirantes. La elección corresponderá a
cada uno de los Estados en conflicto, y en caso de omitir su señalamiento, la
designación se realizará por la mencionada Secretaría.
De acuerdo con lo previsto en los artículos
11, 13 y 14, los Expertos deberán actuar con imparcialidad, teniendo en cuenta
las disposiciones del Acuerdo, los instrumentos y protocolos adicionales, los
fundamentos de hecho y de derecho y las informaciones presentadas por las
partes y lo actuado en la Comisión. Los miembros que se designen se
comprometerán a actuar con independencia frente a sus gobiernos, sin ningún
tipo de interés en la controversia y alejados de cualquier impedimento que les
impidas adoptar una decisión libre de influencias. Una vez se posesionen en su
cargo, los Expertos adoptarán las reglas de procedimiento en el plazo de diez
(10) días contados desde su constitución, en las cuales se debe garantizar a
las partes el derecho de defensa y la confidencialidad de la información que
suministren.
El Grupo de Expertos tiene treinta (30)
días a partir de su integración para emitir el dictamen definitivo frente a la
controversia planteada, en el que se incluirán las conclusiones,
recomendaciones y el plazo de ejecución. El mencionado dictamen debe ser comunicado
inmediatamente a la Comisión Administradora del Acuerdo. Esta última se
encargará de notificar la decisión a las Partes en un término de (15) días
siguientes a su recepción.
A la citada Comisión Administradora le
corresponde velar por el cumplimiento de las órdenes proferidas por el Grupo de
Expertos, y en el caso en que una de las Partes se abstenga de su ejecución, se
puede convocar nuevamente al referido Grupo para que éste proponga el tipo de
medidas aplicables para lograr su plena obligatoriedad. Los gastos que se
deriven de este instrumento de solución de controversias deben ser asumidos por
ambas Partes en montos iguales.
Por último, los artículos 19 a 25 del Anexo
se refieren a disposiciones generales que se aplican a los citados
procedimientos de solución de controversias. Así, entre otras, se establece
que: (i) Los plazos se computan en días calendario y se cuentan “a partir
del día siguiente al acto o hecho al que se refiere”; (ii) En cualquier
etapa del procedimiento, la Parte Signataria que presentó el reclamo puede
desistir del mismo; (iii) Ninguna de las actuaciones realizadas ni la
documentación presentada implica el prejuzgamiento sobre los derechos u
obligaciones de los Países firmantes.
- El Anexo VII recoge los
reglamentos técnicos y de evaluación del comercio, de conformidad con lo
previsto en el artículo 22 del Acuerdo de Complementación Económica.
Este Anexo se integra por once (11)
artículos, en los cuales se dispone, entre otras cosas, lo siguiente: (i) Para
comenzar se establece que el objetivo del presente documento es “evitar que
las normas técnicas, reglamentos técnicos, procedimientos de evaluación de la
conformidad y metrología, que las Partes Signatarias adopten y apliquen, se
constituyan en obstáculos técnicos innecesarios al comercio recíproco”[110];
(ii) Enseguida se adoptan como reglamentos técnicos y de evaluación del
comercio, los instrumentos internacionales que a continuación se enumeran: (a)
El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial de
Comercio (Acuerdo OTC/OMC), (b) el Acuerdo Marco para la Promoción del Comercio
mediante la Superación de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI), (c) las definiciones del Anexo 1° del
Acuerdo OTC/OMC, (d) el Vocabulario Internacional de Términos Básicos y
Generales de Metrología -VIM-, (e) el Vocabulario de Metrología Legal, (f) el
Sistema Internacional de Unidades (SI), y finalmente, (g) las Recomendaciones y
Documentos de la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML)[111].
En los artículos 4° y 5° del Anexo, las
Partes Signatarias acuerdan proporcionar mecanismos de cooperación y asistencia
técnica entre sí, a fin de favorecer la aplicación del Tratado y superar los
obstáculos innecesarios que afectan el libre comercio.
Finalmente, en los artículos 6° a 11, los
Países firmantes se comprometen a notificar los reglamentos técnicos adoptados
y cualquier modificación que se realicen sobre los mismos, en un plazo de
sesenta (60) días calendario antes de su aplicación. Cualquier problema que se
derive de su ejecución, especialmente, en lo referente a las barreras que
dificulten el comercio, se solucionará mediante el sistema de consultas
bilaterales, y en caso de subsistir la controversia, se podrá acudir a los
mecanismos de Solución señalados en el Anexo VI o en el Primer Protocolo
Adicional.
- El Anexo VIII incluye las
disposiciones técnicas referentes a la adopción de medidas sanitarias y
fitosanitarias previstas en el artículo 23 del Acuerdo de Complementación
Económica. El presente Anexo se compone de treinta y un (31) artículos.
Inicialmente, en el artículo 1°, se
establece que la adopción y aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias
se regirá por lo previsto en el Anexo y en el Acuerdo sobre la Aplicación de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC (MSF/OMC). Por otra parte, en el
artículo 2°, se señala como principio general que el uso de las citadas medidas
se hará con el propósito de proteger la salud y la vida de las personas y de
los animales o para preservar los vegetales.
En los artículos 3° a 11 se prohíbe la
adopción de medidas sanitarias y fitosanitarias como restricción encubierta al
comercio entre las Partes Signatarias y se asume el compromiso de coordinar en
los foros regionales e internacionales la unificación de políticas en esta
materia, a través de la celebración de “acuerdos de reconocimiento de equivalencia
de medidas sanitarias y fitosanitarias”. Así mismo, se exige a las Países
firmantes que cualquier medida que se adopte que no se encuentre prevista en la
normatividad vigente deberá contar con la “debida justificación científica”.
Entre los artículos 12 a 15 se prevén los
procedimientos para la evaluación de riesgos y la determinación del nivel
adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria. Para el efecto, se dispone la
posibilidad de solicitar información al país exportador y de adoptar las
técnicas de riesgo aprobadas por las organizaciones internacionales
competentes. A continuación, en los artículos 16 a 19, se otorga a los Estados
el derecho de reconocer zonas libres o de escasa prevalencia de plagas o
enfermedades, para facilitar el comercio bilateral. Este reconocimiento se
somete a un trámite específico entre el País exportador y el País importador.
En los artículos 20 a 25 se consagran
disposiciones que aseguran la existencia de reglas de transparencia en la
aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Así, entre otras, (i) se
estipula un plazo perentorio para que los Estados Partes intercambien sus
legislaciones sobre la materia, (ii) se ordena que la adopción de cualquier
medida se publique en websites oficiales, gratuitos y de acceso publico, y
finalmente, (iii) se prevé el derecho de la parte afectada de formular
observaciones, celebrar consultas y controvertir los resultados de la evaluación
de riesgos.
El artículo 26 desarrolla una figura
internacional denominada “contranotificaciones”, la cual le permite al
País exportador obtener previamente del País importador la información sobre
las medidas sanitarias y fitosanitarias susceptibles de aplicación a la
mercancía objeto de exportación. Con fundamento en la respuesta dada por la
País importador, se pueden llevar a cabo deliberaciones acerca de la necesidad
o no de la medida. En el apéndice uno (1) de este Anexo se encuentra el formato
para la presentación de dichas “contranotificaciones”.
Finalmente, los artículos 27 a 30 se
limitan a reiterar la necesidad de proporcionar herramientas que faciliten la
cooperación y asistencia técnica y se establecen disposiciones transitorias que
permiten el intercambio de información entre las Partes Signatarias desde la
entrada en vigencia del Acuerdo.
- Finalmente, en el Anexo IX
se consagra el régimen de medidas especiales para la protección de la
producción domestica al amparo de lo previsto en el artículo 24 del Acuerdo de
Complementación Económica.
Las medidas especiales consistirán en la
posibilidad de suspender o disminuir el margen de preferencia establecido en el
Acuerdo, siempre que la importación de un determinado producto, cause o amenace
causar daño a la producción doméstica de la Parte Signataria importadora
(artículos 1°, 2°, 3°, 7°, 8° y 9°). Para que se entienda que existe un
perjuicio para la economía nacional de los Estados firmantes, es necesario
verificar dicha afectación a través del uso de índices de precio o de volumen
total de importaciones del producto, en los términos consagrados en el
artículos 4° a 6° del Anexo.
Las medidas impuestas tendrán una duración
máxima de dos (2) años, prorrogables por un (1) año adicional (art. 10). En
ningún caso, se puede afectar un mismo producto con una nueva medida especial, “a
menos que haya transcurrido un período de un (1) año desde la finalización de
la medida anterior”.
Finalmente, los artículos 12 a 15
establecen las obligaciones en materia de notificaciones y consultas y prevén
la posibilidad de acudir a los mecanismos de solución de controversias para
solucionar cualquier discrepancia o desacuerdo que se presente en la aplicación
de las citadas medidas.
19. Una vez descrito el contenido del Acuerdo de
Complementación Económica, del Primer Protocolo Adicional para la Solución de
Controversias y de los Anexos que desarrollan de manera técnica los citados
instrumentos, se procederá por esta Corporación a realizar el control integral
de constitucionalidad de las citadas disposiciones, en los términos previstos
en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política[112].
De la constitucionalidad general del
Acuerdo de Complementación Económica, de sus nueve (9) Anexos y del Primer
Protocolo Adicional para la Solución de Controversias
20. En el ámbito internacional existe una tendencia
creciente a concertar procesos de integración económica, mediante los cuales se
establecen modelos de intercambio de bienes y servicios, principalmente con
efectos sobre las barreras arancelarias y no arancelarias que limitan el libre
comercio.
En el actual panorama de globalización de
la organización mundial, es común la celebración de acuerdos de promoción y
regulación del comercio recíproco, mediante la constitución de zonas de libre
comercio, uniones aduaneras, mercados comunes y comunidades económicas, cuya
finalidad es garantizar el mejoramiento de las condiciones mercantiles, el
desarrollo y crecimiento de la economía y, en general, la competitividad de los
Países miembros.
El
preámbulo y los artículos 9°, 226 y 227 de la Constitución Política, reconocen
la posibilidad del Estado Colombiano de participar en procesos de integración
económica y social, especialmente, con Países de América Latina y del Caribe,
inclusive para llegar a conformar una Comunidad Latinoamericana de Naciones.
21. En desarrollo de esta máxima constitucional, en
la última década el Gobierno Nacional ha consolidado diversos procesos de
integración económica y social, en aras de revitalizar, agilizar y fomentar la
libre circulación de bienes y de servicios conforme a criterios de cooperación,
reciprocidad, equidad y conveniencia nacional (C.P. art. 226). Entre los
documentos internacionales que han sido suscritos por el Gobierno y declarados
ajustados al Texto Superior por la Corte, se destacan, entre otros, los siguientes:
- En primer lugar, los simples acuerdos
comerciales de carácter bilateral a través de los cuales se ha promocionado
de forma exclusiva el intercambio de bienes y servicios entre los Estados
firmantes[113]. Con este propósito se
han aprobado los siguientes tratados, a saber: (i) El Acuerdo Comercial con la
República de Polonia (C-280 de 1994); (ii) El Convenio Comercial con la
República de Hungría (C-216 de 1996); (iii) El Acuerdo Comercial con la
República de Checa (C-323 de 1997); (iv) El Acuerdo de Comercio con la
República de Malasia; (v) El Acuerdo Comercial con la República Argelina
Democrática y Popular (C-228 de 1999); (vi) El Convenio Comercial con la
Federación Rusa (C-405 de 1999); (vii) El Acuerdo Comercial con el Reino de
Marruecos (C-719 de 1999); (viii) El Acuerdo Comercial con la República de
Rumania (C-327 de 2000), y finalmente; (ix) El Acuerdo Comercial con la
República de Costa de Marfil (C-279 de 2001). En todas estas ocasiones, se ha
concluido por este Tribunal que los acuerdos y convenios internacionales de
carácter bilateral que impulsan el intercambio comercial no sólo no contradicen
la Constitución Política sino que la desarrollan. Así, a manera de ejemplo, en
sentencia C-323 de 1997[114], al pronunciarse sobre
el Acuerdo Comercial con la República Checa, esta Corporación manifestó:
“El acuerdo comercial contiene 13 artículos
y en su contenido presenta un conjunto de instrumentos tendientes a fomentar y
estimular el comercio binacional dentro del contexto contemporáneo de la
globalización de la economía mundial, consultando modernos principios
constitucionales, defendidos y practicados por la política exterior colombiana,
tendientes a insertar al Estado Colombiano dentro del nuevo orden internacional
que se viene gestando desde la desaparición del bipolarismo y la era denominada
de la guerra fría; [el cual]  procura conducir al Estado a una ampliación de
las relaciones internacionales de Colombia y a incrementar la presencia de la
Nación en esta región del mundo.
Ahora bien, el acuerdo objeto de examen no
desconoce el artículo 9 de la Carta, ni contraviene el principio de soberanía,
sino, por el contrario, desarrolla los principios del derecho internacional que
acepta y aplica el Estado colombiano.
Estima la Corte, que el contenido del
convenio se enmarca dentro de los propósitos contenidos en los artículos 226 y
227 de la C.P., que ordenan al Estado promover, el primero, la
internacionalización de la economía sobre la base de equidad, reciprocidad y
convencionalidad y el segundo, la integración económica del país con las demás
naciones del planeta, propiciando un mercado regido por los principios de la
internacionalización y la globalización de la economía mundial, con el objeto de
establecer y fomentar mecanismos de cooperación específicos y eficaces”.
En idéntico sentido, en sentencia C-719 de
1999[115], al revisar la
constitucionalidad previa del Acuerdo Comercial con el Reino de Marruecos, se
señaló:
“En general, el Acuerdo materia de examen
hace efectivos los claros postulados constitucionales que llevan al Gobierno
colombiano a buscar la internacionalización de las relaciones económicas sobre
bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (art. 226 C.P.) y de
promoción de las modalidades de integración económica -en este caso comercial-
con las demás naciones (art. 227 C.P.).
Se considera que, miradas sus cláusulas en
conjunto, el contenido del Acuerdo revisado respeta plenamente los principios y
mandatos de la Constitución Política y por lo tanto el Gobierno puede adherir a
él después de esta sentencia. Se declarará su exequibilidad así como la de la
Ley 496 de 1999, que lo aprueba”.
Por último, en sentencia C-327 de 2000[116],
se reiteró la misma doctrina expuesta en las providencias anteriores,
consistente en sostener que los acuerdos comerciales constituyen una
manifestación del mandato de integración económica establecido en la
Constitución Política, el cual para efectos de superar el control de
constitucionalidad, debe obedecer a los principios de equidad, igualdad,
reciprocidad y conveniencia nacional previstos en la Carta. Textualmente, este
Tribunal expresó que:
“No encuentra la Corte Constitucional que
con el instrumento objeto de examen se esté violando disposición alguna de la
Carta. // En efecto, si se coteja el contenido de cada una de sus cláusulas con
los preceptos superiores, se verifica que obedecen a los mandatos de la
Constitución, cuyo artículo 226 ordena al Estado colombiano promover la
internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y
ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
En el artículo 227 Ibídem se insiste en que
el Estado promueva la integración económica, social y política con las demás
naciones. // Tales preceptos obligan a que el Gobierno, en ejercicio de sus
funciones, establezca, mediante tratados públicos, las reglas aplicables a las
relaciones específicas que se traben entre Colombia y un Estado en particular,
especialmente en lo referente al comercio exterior.
En el presente caso, los gobiernos de
Colombia y Rumania han acordado promover y fortalecer sus relaciones
comerciales, teniendo en cuenta las posibilidades ofrecidas por sus economías
para el desarrollo continuo de intercambio, de conformidad con reglas
multilaterales convenidas en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC),
del cual ambos países son miembros, según Tratado que fue declarado exequible
mediante Sentencia C-137 del 28 de marzo de 1995 (M.P. Dr. Jorge Arango Mejía).
// Para el efecto, se ha previsto la creación de condiciones favorables, con el
fin de facilitar los intercambios de mercancías entre personas naturales o
jurídicas, mediante estipulaciones como la cláusula de la Nación más
favorecida, la exoneración o reducción de derechos aduaneros en cuanto a
ciertos productos y actividades, la organización de ferias y exposiciones
comerciales, el establecimiento de oficinas de representación comercial, la
previsión de normas sobre tránsito de mercancías a través de los territorios,
la fundación de sociedades comerciales y la creación de una comisión mixta encargada
de analizar el desarrollo de los intercambios comerciales, nada de lo cual riñe
con la Constitución y, al contrario, ejecuta sus mandatos. // Se declarará la
exequibilidad del Convenio y de la Ley 520 de 1999, que lo aprueba”.
- En segundo término, se han declarado
también ajustados al Texto Superior los denominados genéricamente acuerdos
de integración por medio de los cuales los Estados asumen el compromiso de
estimular el crecimiento y diversificación del comercio recíproco, mediante la
expansión de mercados regidos por una política especial de comercio exterior
acordada entre las Partes, especialmente, en lo referente a la adopción de
estrategias arancelarias comunes, a la eliminación de barreras que dificulten
la libre importación y exportación de bienes y a la supresión de obstáculos al
intercambio de capital, servicios y mano de obra. En relación con esta
modalidad de tratados se han declarados ajustados a la Carta, entre otros, (i)
el Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de México, Venezuela y
Colombia, denominado G-3      (C-178 de 1995) y (ii) el Protocolo Modificatorio
del Acuerdo de Integración Subregional Andino reconocido como el Acuerdo de
Cartagena (C-231 de 1997).
En criterio de esta Corporación, los
citados acuerdos de integración resultan compatibles con los mandatos señalados
en el Texto Superior, siempre que promuevan la internacionalización de las
relaciones del Estado Colombiano y se ajusten a los principios, valores, fines
y derechos consagrados en la Carta. Precisamente, en la mencionada sentencia
C-178 de 1995[117], este Tribunal sostuvo
que:
“Examinado el contenido de Tratado aprobado
por la Ley 172 de 1994, se encuentra que en él se consignan las reglas de
organización, funcionamiento, fines y objetivos programáticos de un acuerdo de
carácter internacional que vincula al Estado Colombiano, dentro del mencionado
marco de regulaciones de carácter multilateral constituido por los tratados de
Montevideo y del GATT y ahora de la OMC, ante dos potencias amigas y vecinas,
como quiera que hacen parte de la comunidad latinoamericana de naciones;
además, en líneas bastante generales, y examinado en su conjunto, el presente
instrumento de derecho internacional se ajusta a las disposiciones de la Carta
Política, pues, en todo caso la coincidencia en las políticas de
internacionalización y modernización de la economía, así como la contribución a
la expansión del comercio mundial, el desarrollo y la profundización de la
acción coordinada y las relaciones económicas entre los países y el impulso de
la integración latinoamericana para fortalecer la amistad, solidaridad y
cooperación entre los pueblos, el desarrollo armónico, la expansión del
comercio mundial, y la cooperación internacional, crear nuevas oportunidades de
empleo, mejorar las condiciones laborales y los niveles de vida, la
salvaguardia del bienestar público, así como asegurar un marco comercial
previsible para la planeación de las actividades productivas y la inversión,
fortalecer la competitividad de las empresas en los mercados mundiales, la
protección de los derechos de propiedad intelectual, la promoción del
desarrollo sostenible y las expresiones de los principios de trato nacional, de
transparencia y de nación más favorecida, son cometidos que hallan pleno
respaldo en disposiciones de la Constitución, no sólo en la parte de los
valores constitucionales que aparecen en el Preámbulo de la Carta Política,
sino en el de los fines esenciales del Estado y en los derechos económicos y
sociales de las personas, lo mismo que en el del Régimen Económico y de la
Hacienda Pública y en el Título de las Relaciones Internacionales, y esa misma
condición, si aquellos fines y objetivos se adelantan con la colaboración de
otros Estados, encuentran suficiente fundamento constitucional en varias
disposiciones de la Carta Política, cuya enumeración se hará al final de esta
providencia”[118].
- Finalmente, la Corte igualmente se ha
pronunciado sobre acuerdos de complementación económica, como lo es, el
documento internacional objeto de control de constitucionalidad. Estos tratados
se caracterizan por ser instrumentos de promoción del comercio suscritos al
amparo del Tratado de Montevideo de 1980 constitutivo de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI), sus principales objetivos son: Promover
el máximo aprovechamiento de los factores de producción, estimular la
complementación económica, asegurar condiciones equitativas de competencia,
facilitar la concurrencia de los productos al mercado internacional e impulsar
el desarrollo equilibrado y armónico de los Países de la región[119].
Entre los acuerdos de complementación
económica que han sido previamente declarados ajustados a la Carta Fundamental
se destacan, entre otros, los siguientes: (i) El acuerdo de alcance parcial de
complementación económica entre los Gobiernos de las Repúblicas de Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela, Países miembros de la Comunidad Andina, y el
Gobierno de la Republica Federativa del Brasil (C-334 de 2002), y (ii) El acuerdo de alcance parcial de complementación económica
No. 48 entre el Gobierno de la República Argentina y los Gobiernos de las
Repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Países miembros de la
Comunidad Andina       (C-581 de 2002).
A juicio de este Tribunal, la citada
modalidad de tratados se ajusta a la Carta Fundamental, siempre que además de
propender por la internacionalización de las relaciones exteriores, cumpla con
los principios de equidad, igualdad, reciprocidad y conveniencia nacional
previstos en el artículo 226 del Texto Superior. Precisamente, en la sentencia
C-334 de 2002[120], se dijo:
Del análisis efectuado al contenido del
Acuerdo, cuyo resumen se hizo en el aparte inmediatamente anterior de esta
Sentencia, la Corte concluye que ninguna de sus disposiciones contraviene el
texto Constitucional. // En efecto,  esta Corporación constata que en relación
con las disposiciones relativas a la prohibición de establecer gravámenes o
restricciones, régimen de origen, trato nacional, medidas antidomping o
compensatorias, cláusulas de salvaguardia, obstáculos técnicos al comercio y
medidas sanitarias  y fitosanitarias, la Partes Signatarias del acuerdo
convienen acogerse en condiciones de  reciprocidad, equidad e igualdad, a los
Acuerdos vigentes en cada caso  en el marco de la ALADI y de la Organización
Mundial de Comercio OMC.
Respetando los mismos principios (Art. 227
C.P.), las partes establecen un régimen de  administración del Acuerdo y uno
específico de solución de controversias en el que se aseguran además los
principios de imparcialidad y de debido proceso. (Art. 29 C.P.). // Las
disposiciones en materia de adhesión vigencia y denuncia del Acuerdo
reproducen  las regulaciones propias del derecho de los tratados aceptadas
comúnmente en estos asuntos.
La Corte advierte además la importancia del
Acuerdo tanto para el fortalecimiento del comercio internacional  del país
(Art. 226 C.P.), como para el afianzamiento del proceso de integración
latinoamericana, señalado como objetivo prioritario de las relaciones
internacionales de Colombia en el Preámbulo y los artículos 9 y 227 de la
Constitución”.
22. Ahora bien, en criterio de esta Corporación, el examen
de fondo que le corresponde adelantar a la Corte frente al alcance de los
distintos tratados económicos, se limita a comparar las disposiciones del
documento internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria, con la
totalidad de las normas previstas en el Ordenamiento Superior, para determinar
si las primeras se ajustan o no a la Constitución Política. Dicho análisis se
realiza sin tener en cuenta consideraciones de conveniencia, oportunidad, efectividad,
utilidad o eficiencia, las cuales son ajenas al examen que debe efectuar este
Tribunal. En efecto, los citados juicios de valor se encuentran asignados de
acuerdo con lo previsto en la Carta Fundamental al Presidente y al Congreso de
la República[121]. Al primer mandatario,
en el momento de ejercer su facultad constitucional de dirección de las
relaciones internacionales (C.P. art. 189-2), y frente al legislador, cuando
adelanta el trámite de incorporación de los tratados internacionales al
ordenamiento jurídico interno (C.P. art. 150-16). Así se pronunció este
Tribunal en sentencia C-178 de 1995[122], en los siguientes
términos:
“Se advierte que en este tipo
de juicios de carácter  preventivo y abstracto que se adelantan en este estrado
judicial, y en los que se examina en su conjunto la constitucionalidad de
disposiciones jurídicas que tienen la naturaleza de los tratados
internacionales, la Corte no se ocupa de examinar específicas situaciones de
hecho signadas por elementos como los de la utilidad, la efectividad o la
eficiencia de las actuaciones de las autoridades públicas; tampoco se ocupa la
Corte de adelantar evaluaciones de oportunidad práctica ni de conveniencia
política, pues estos elementos extranormativos deben ser analizados por el Jefe
del Estado y por el Congreso en su oportunidad, según los términos de la
Constitución Nacional”.
En este contexto, esta Corporación ha
concluido que solamente se consideran contrarios al orden Constitucional, el
contenido de los acuerdos internacionales de carácter económico que más allá de
comprometer un preciso mandato constitucional, por ejemplo, en cuanto a las
atribuciones de expropiación previstas a favor del Estado Colombiano (C.P. art.
58), desconozcan los presupuestos esenciales que identifican la estructura de la
Carta Fundamental, tales como, el principio de soberanía popular, el principio
de separación de funciones del poder público, la dignidad del hombre, los
derechos y libertades fundamentales, así como los mandatos, valores y principios
que aseguran la vigencia del Estado Social de Derecho[123].
En este sentido, se pronunció la Corte en la sentencia previamente reseñada:
“[La] responsabilidad del juez
de constitucionalidad de un Estado en las condiciones en las que se cumple el
procedimiento de control de constitucionalidad, como el que se verifica en
Colombia, y que se adelanta con criterios eminentemente jurídicos, producto de
la interpretación de la Constitución Nacional y de la tradición jurídica de
nuestro sistema, es la de ejercer un magisterio jurídico prudente y ponderado
ante las naturales vicisitudes que habrá de suscitar la aplicación y la
interpretación de aquellas disposiciones en manos de dos o mas potencias y de
más de un operador jurídico habilitado; esa ha sido la conducta de esta
Corporación, y salvo que sea necesaria para la salvaguardia de los derechos
fundamentales, del orden público o para la distribución cabal de las
competencias y de los poderes dentro de nuestro Estado de Derecho, este tipo de
juicios está presidido de una buena dosis de autocontrol de la jurisprudencia
constitucional”[124].
Así las cosas, el ideal normativo que
preside las relaciones internacionales del Estado, le impone a los
representantes del pueblo al momento de negociar o asumir un compromiso
internacional, verificar que el contenido del tratado promueva el desarrollo y
la aplicación efectiva de las instituciones esenciales de nuestro ordenamiento
constitucional. En sus propias palabras, este Tribunal ha declarado:
“(...) La Constitución de 1991 estableció
en su artículo 1° que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en
forma de república democrática. De esta manera, la Constitución determinó que
la legitimidad del poder público en el país reposaría en el acatamiento de
diversos valores - expresados en el concepto “Estado social de derecho” - y de
diversos procedimientos propios del régimen democrático. Estos
presupuestos determinan fundamentalmente  la estructura y la acción del Estado
colombiano y, por lo tanto, también su actividad a nivel internacional y los
procesos de integración en los que participe.
El reconocimiento de los principios
democráticos - que en el caso colombiano había tenido lugar desde la misma
Constitución de 1886- ha conducido a que dentro del proceso de integración
andino se incorpore también el principio de separación de los poderes, para lo
cual se creó, además de diversos órganos ejecutivos, un Parlamento Andino y un
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (...)”[125].
23. Partiendo de estas consideraciones, se encuentra que
el Acuerdo de Complementación Económica CAN-MERCOSUR fue suscrito en el marco
del Tratado de Montevideo de 1980, aprobado por la Ley 45 de 1981, por medio
del cual se creó la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, siendo su
objeto primordial avanzar en el proceso de integración latinoamericana a través
de la promoción del desarrollo económico, social armónico y equilibrado de la
región, con el fin de llegar “en forma gradual y progresiva al
establecimiento de un mercado común latinoamericano”[126].
Para lograr el citado propósito el Tratado
de Montevideo estableció como mecanismos de integración: La preferencia
arancelaria (art. 5)[127], los acuerdos de
alcance regional (art. 6) y los acuerdos de alcance parcial (art. 7). En los
primeros participan todos los países miembros del tratado, mientras que en los
segundos únicamente concurren algunos de ellos[128].
A su vez, los citados acuerdos de alcance parcial se clasifican de acuerdo con
las materias objeto de regulación en: (i) comerciales, (ii) de complementación
económica, (iii) agropecuarios, (iv) de promoción del comercio, (v) o de
desarrollo de tareas específicas en áreas de fomento como el turismo, la
conservación del medio ambiente, etc[129].
Como previamente se señaló, los acuerdos de
complementación económica, de conformidad con el artículo 11 del Tratado de
Montevideo de 1980, tienen como objetivos, entre otros, los siguientes: “promover
el máximo aprovechamiento de los factores de la producción, estimular la
complementación económica, asegurar condiciones equitativas de competencia,
facilitar la concurrencia de los productos al mercado internacional e impulsar
el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros”.
24.  El Acuerdo de Complementación Económica CAN-MERCOSUR
que se examina, busca afianzar las relaciones comerciales de las Repúblicas del
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR con las
Repúblicas de Colombia, Ecuador y Venezuela, Países Miembros de la Comunidad
Andina, y en esa medida, recoge diferentes instrumentos y protocolos suscritos
con anterioridad, como lo son: (i) “El Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación
Económica entre los Gobiernos de las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina, y el Gobierno de la
República Federativa del Brasil, suscrito en Montevideo el doce (12) de agosto
de 1999”[130] y (ii) “El Acuerdo
de Alcance Parcial de Complementación Económica No. 48  entre el Gobierno de la
República de Argentina y los Gobiernos de las Repúblicas de Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina, suscrito en
Montevideo el veintinueve (29) de junio de 2000” [131].
Con fundamento en lo anterior, es claro que
los propósitos y preceptos enunciados en el Acuerdo bajo revisión se avienen a la
Carta Fundamental, ya que lejos de desconocer los presupuestos esenciales que
identifican la estructura de la Carta Superior, buscan fortalecer y profundizar
el proceso de integración latinoamericana y conformar áreas de libre comercio
sobre la base de acuerdos parciales para que los países avancen en su
desarrollo económico y social, que son perfectamente compatibles con el mandato
del artículo 9° Superior, conforme al cual “la política exterior de Colombia
se orientará hacía la integración latinoamericana y del Caribe”.
El contenido material del Acuerdo también
se ajusta a la Ley Fundamental, toda vez que el establecimiento de preferencias
arancelarias y el señalamiento de disposiciones relativas a la prohibición de
imponer gravámenes o restricciones, al régimen de origen, al trato nacional, a
la valoración aduanera, a las medidas antidumping y compensatorias
responden a criterios de equidad, igualdad y reciprocidad en consonancia con lo
dispuesto en el artículo 227 Superior que le impone al Estado el deber de
promover, entre otras, la integración económica con América Latina bajo el
cumplimiento de los citados criterios.
Igualmente, las partes acuerdan un régimen
de solución de controversias, el cual está en consonancia con el Ordenamiento
Superior, puesto que allí se garantiza el principio constitucional de
imparcialidad y el derecho fundamental al debido proceso (C.P. art. 29),
obviamente, en desarrollo del fin Constitucional consistente en asegurar la
convivencia pacífica (C.P. art. 2°).
La Corte advierte además la importancia del
Acuerdo tanto para el fortalecimiento del comercio internacional del país (C.P.
art. 226)[132], como para la
consolidación del proceso de integración latinoamericana que está señalado como
objetivo prioritario de las relaciones internacionales de Colombia de
conformidad con el Preámbulo y los artículos 9° y 227 de la Constitución[133].
Ahora bien, esto no significa que una dirección contraria en el manejo de las
relaciones internacionales, como ocurriría en el caso en que se privilegie los
acuerdos económicos con otras naciones del mundo distintas a las que integran
la región de América Latina sean per se inconstitucionales, pues lo que la
Carta Fundamental establece, a juicio de esta Corporación, es un mandato de
preferencia en la orientación de las relaciones internacionales y no una camisa
de fuerza en el desarrollo de las mismas. Precisamente, con anterioridad se
demostró, como -en ocasiones previas- esta Corporación ha avalado la
Constitucionalidad de acuerdos comerciales con Países de otras latitudes, como
lo son, la República Checa, Malasia, Marruecos, Rumania, Costa de Marfil, etc.,
siempre que dichos tratados además de promover la internacionalización de las
relaciones del Estado Colombiano, se ajusten a los principios, valores, fines y
derechos reconocidos en la Carta, especialmente, en lo referente a los
principios de equidad, igualdad, conveniencia nacional y reciprocidad
consagrados en el artículo 226 del Texto Superior.
Así las cosas, encuentra la Corte que el
fortalecimiento del comercio internacional y la consolidación del proceso de
integración con Países de América Latina, surge como consecuencia de las
preferencias arancelarias contenidas en el Acuerdo, las cuales estimularán un
mayor acceso a los mercados de las Partes Signatarias, según lo demuestran las
cifras sobre intercambio comercial citadas por el Gobierno Nacional en la
exposición de motivos[134]. Además la gradualidad
y progresividad en el camino hacia la citada integración latinoamericana, y más
adelante hacia la integración de las Américas, como quedó establecido en la
Cumbre de Québec (2001), es fundamental en la interrelación de las economías de
la región, dada la diversidad de grados de desarrollo y peculiaridades de cada
una de ellas.
Tal como consta en los antecedentes de la ley
aprobatoria del Acuerdo en revisión, el principal logro obtenido mediante este
instrumento internacional es el reconocimiento de las asimetrías para adelantar
la liberación comercial de cada uno de los Países firmantes, de acuerdo con sus
niveles de crecimiento y desarrollo económico. Así, por ejemplo, en el caso de
Colombia, mientras su desgravación general tan sólo tendrá lugar en doce (12)
años, las preferencias arancelarias se harán exigibles para países como
Argentina y Brasil a partir de un plazo de ocho (8) años. Entre los productos
beneficiados por el Acuerdo se encuentran: los vehículos y sus partes, los
artículos textiles, las confecciones, los productos de cuero, las bebidas y
tabacos, los productos de papel y las publicaciones, la silvicultura, los
productos de madera, vegetales y frutas, el azúcar, la leche y sus derivados y
el arroz[135]. En estas condiciones,
el uso concreto y particular en el presente tratado de asimetrías económicas
para adelantar el proceso de desgravación arancelaria, garantiza el
cumplimiento de los mandatos de equidad y conveniencia nacional, consagrados en
el artículo 226 del Texto Superior. Ello no significa que todos los tratados
que se suscriban por Colombia deban seguir el mismo modelo de negociación, pues
en esta materia tanto la Constitución como la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados (C.P. art. 189-2, C. de V. art. 7), le reconocen al
Presidente de la República plena libertad para formular propuestas y
administrar los intereses nacionales, que conduzcan a la adopción y
autenticación final de un texto internacional, siempre que el mismo resulte
acorde, conexo y coherente con los mandatos previstos en la Constitución
Política[136].
Adicionalmente, en la medida en que el
Acuerdo que se revisa remite en varias de sus disposiciones a otros acuerdos
internacionales suscritos por Colombia, la Corte considera necesario hacer las
siguientes precisiones, en los mismos términos previstos en las sentencias
C-334 de 2002[137] y C-581 de 2002[138],
a saber:
- En relación con la remisión que se hace a
los diferentes Acuerdos multilaterales aprobados en el marco del
establecimiento de la Organización Mundial de Comercio[139],
integrados en el ordenamiento interno a través de la Ley 170 del 15 de
diciembre de 1994, "Por medio de la cual se aprueba el acuerdo por el
cual se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC), suscrito en
Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus acuerdos multilaterales
anexos y el Acuerdo Plurilateral anexo sobre la carne de Bovino.",
este Tribunal recuerda que dichas disposiciones ya fueron objeto de examen de
constitucionalidad por la Corte en la sentencia C-137 de 1995 que declaró su
exequibilidad[140]. Por otra parte,
mediante providencia C-369 de 2002[141], esta Corporación
también se pronunció sobre el “Cuarto Protocolo Anexo al Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios con la Lista de Compromisos Específicos de
Colombia”, hecho en Ginebra al amparo de la Organización Mundial de
Comercio -OMC-. Aun cuando en el citado instrumento internacional se establecen
compromisos de liberación comercial en la “prestación de servicios de
telecomunicaciones”, manifiestamente distintos a los convenios
logrados en materia de liberación comercial de mercancías conforme a lo
previsto en el Acuerdo de Complementación Económica objeto de control, su
importancia radica en que esta Corporación ordenó al Gobierno Nacional, al
momento de manifestar su consentimiento en la ratificación de dicho tratado,
formular una declaración interpretativa sobre su texto[142].
- Sobre la remisión a artículos del Tratado
de Montevideo de 1980, la Corte señala que la Ley 45 de 1981 aprobatoria de
dicho Tratado se encuentra vigente sin que su contenido haya sido objeto de
ningún pronunciamiento de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de
Justicia, ni de esta Corporación[143], por lo que sus
disposiciones rigen actualmente en nuestro ordenamiento interno, sin que pueda
la Corte entrar a efectuar ningún tipo de control en este caso, dada la
ausencia de una demanda ciudadana sobre dichas normas[144].
En resumen, examinado en conjunto el
articulado tanto del Acuerdo de Complementación Económica como de sus Anexos y
del Primer Protocolo Adicional para la Solución de Controversias, esta
Corporación concluye que éstos no violan la Constitución, por lo que no se
observa motivo alguno de inconstitucionalidad en la Ley 1000 de 2005,
aprobatoria de los mencionados instrumentos
Con fundamento en los anteriores
argumentos, procederá esta Corporación a analizar la constitucionalidad de las
distintas disposiciones que integran los citados instrumentos internacionales.
Análisis particular del Acuerdo de
Complementación Económica, de sus Anexos  y del Primer Protocolo Adicional para
la Solución de Controversias
25. Tanto los considerandos como el artículo 1° del
Acuerdo no resultan contrarios a la Constitución Política, pues se dirigen
exclusivamente a fijar los objetivos y alcances de la integración económica
propuesta, de acuerdo a los mandatos de cooperación y asistencia mutua
reconocidos en la Carta con los países de América Latina. Bajo este contexto,
recuérdese que, como previamente se expuso, la doctrina reiterada de esta
Corporación ha convalidado los Acuerdos de Complementación Económica, siempre y
cuando no vulneren los presupuestos esenciales que identifican la estructura
del Ordenamiento Constitucional Colombiano, tales como, el principio de
soberanía popular, los pilares fundamentales de la democracia y los
presupuestos axiomáticos del Estado Social de Derecho.
En este caso, el Acuerdo sometido a
revisión pretende facilitar la libre circulación de bienes y la plena
utilización de los factores productivos, en condiciones de competencia, así
como permitir la expansión y diversificación del intercambio comercial y la
eliminación de restricciones arancelarias y no-arancelarias que afectan el
comercio recíproco, a partir del reconocimiento de las asimetrías derivadas de
los diferentes niveles de crecimiento económico de las Partes Signatarias;
finalidades que, bajo ninguna circunstancia, pueden considerarse lesivas de la
Constitución, ni de los derechos a la libre autodeterminación e independencia
de los pueblos. Por el contrario, su establecimiento es idóneo para maximizar
el crecimiento de la empresa nacional y el mejoramiento de las condiciones de
empleo, según lo demuestran las cifras citadas por el Gobierno Nacional en la
exposición de motivos.
26. En el artículo 2° se específica el ámbito de
aplicación del Acuerdo, reconociendo que el mismo se rige por el principio de
territorialidad, en los términos previstos en el artículo 101 Superior.
27.  A juicio de esta Corporación, el artículo 3° en
cuanto crea una zona de libre comercio a través del establecimiento de
un programa de liberación comercial, que permite la desgravación de los
aranceles que afectan la libre importación de bienes, conforme a las
directrices planteadas en el Anexo I, en nada contradice el Texto Superior.
Para la Corte, como ya se ha señalado en otras ocasiones, dicha determinación
se ajusta a la Constitución, por una parte, porque permite promover la
internacionalización e integración económica del Estado Colombiano como lo
consagran los artículos 226 y 227 Superior, y por la otra, porque el
establecimiento de dichas exenciones no compromete las rentas tributarias de
las entidades territoriales, las cuales al gozar de los mismos atributos de la
propiedad de los particulares no son susceptibles de afectación por la Nación,
tal y como se reconoce en los artículos 294 y 362 de la Constitución Política.
Así, en sentencia C-492 de 1998[145], se declaró:
“Los principios
de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional a los que se refiere la norma
superior citada, se reivindican y encuentran específico desarrollo en los
artículos II, IV, V, VI, IX del Acuerdo objeto de revisión, en los cuales se
observa que las obligaciones que se imponen las partes son recíprocas y no
traen consigo una condición desfavorable o inequitativa para ninguna de ellos,
con lo que se cumplen principios fundamentales del derecho internacional. //
Así, en ellos se establece la libertad de tránsito de bienes originados
en cualquiera de los dos países, y la posibilidad de participar en las
diferentes ferias comerciales que uno u otro celebren, (...), todo lo cual, además
de resultar propicio para el propósito de incrementar y fortalecer nuestras
relaciones comerciales en esa región del mundo, que se reconoce de la mayor
importancia en el escenario económico mundial, se ajusta de manera estricta a
las disposiciones de nuestro ordenamiento superior y contribuye a promover la
integración económica, social y política con las demás naciones del mundo, tal
como lo dispone el artículo 227 de la Constitución”[146].
Por su parte, en cuanto a la liberación de
gravámenes arancelarios en las sentencias C-216 de 1996[147]
y C-405 de 1999[148], se manifestó:
“El artículo 4º señala que las partes
contratantes se comprometen también a autorizar, de acuerdo con las normas
internas de cada país, la importación y exportación de los productos, libre
de derechos aduaneros, impuestos y demás gravámenes de este tipo, de acuerdo
con las normas internas que rigen en cada país. Ello no vulnera la
Carta, pues la Constitución, en materia de exenciones, sólo prohíbe
aquellas que tengan que ver con los tributos de propiedad de las entidades
territoriales, según el artículo 294. Esta prohibición tiene fundamento en el
principio de la autonomía de gestión de las entidades territoriales, pues sólo
éstas pueden disponer de sus recursos fiscales, y por tanto, no es permitido
que por ley se disponga de ellas"[149].
De igual manera, se considera por
esta Corporación que la unificación de la clasificación de las mercancías a
través de la adopción de la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación
y Codificación en su versión regional NALADISA 96, y las obligaciones de
informar cualquier resolución clasificatoria dictada por los órganos internos
competentes, se ajustan a la Carta Política, pues la asimilación de criterios
para el desenvolvimiento del comercio exterior, resulta acorde con las reglas y
principios del derecho internacional aceptados por Colombia (C.P. art. 9°), lo
que garantiza la eficacia en el cumplimiento de los propósitos que orientan la
integración económica (C.P. art. 227).
28. Como anteriormente se señaló, en el artículo 4°, los
Estados se obligan a implementar el programa de liberación comercial, de
acuerdo con los cronogramas específicos y las directrices previstas en el Anexo
II. El mencionado programa se desarrolla en consideración a las asimetrías
derivadas del nivel de desarrollo y crecimiento económico de los Países
firmantes, motivo por el cual se reconocen a favor de cada Estado plazos
diferenciados para la eliminación de las barreras arancelarias, de acuerdo al
tipo de producto o bien comercial a negociar. Así se incluyen las categorías de
desgravación inmediata, intermedia (4 a 6 años), general (8 a 12 años) y
sensible (15 a 17 años). En este contexto, frente a economías más grandes como
las de Argentina y Brasil, se fijan períodos más amplios de desgravación
arancelaria por parte de Colombia, lo que se traduce en mejores condiciones
para el ingreso de nuestros productos a esos mercados y en un medio de
protección de la economía nacional (C.P. art. 65). Lo anterior, sin lugar a
dudas, asegura el cumplimiento de los principios de equidad y conveniencia
nacional exigidos como parámetros para impulsar la internacionalización de la
economía colombiana, conforme se reconoce en el artículo 226 Superior.
En relación con el principio de
reciprocidad previsto en el mismo precepto Superior, cabe anotar que las
obligaciones que se asumen por los Estados Partes en virtud del presente
Acuerdo de Complementación Económica guardan una mutua correspondencia y no
traen consigo una condición desfavorable o inequitativa para ninguno de ellos[150].
Precisamente, la determinación clara, inequívoca y puntual de las condiciones y
requerimientos para calificar el origen de un producto o servicio como “originario”
o “precedente” de los Estados Miembros, como se establece en el artículo
12 y en el Anexo IV del citado Acuerdo, es un elemento esencial para garantizar
el citado principio reciprocidad, pues de ese modo se evita que se otorguen
preferencias arancelarias a bienes de países distintos a los signatarios que no
estén otorgando ningún beneficio comercial.
29. Ahora bien, en lo que respecta a la liberación de
bienes y a la desgravación arancelaria, se presentó una intervención ciudadana
mediante la cual se solicita la declaratoria de inconstitucionalidad parcial de
la ley y del tratado por una supuesta omisión del Presidente de la República
consistente en no incluir el trigo y la cebada dentro de los productos
nacionales beneficiados con una menor reducción de aranceles para su
importación por parte de los otros Países Signatarios (Anexo I). Para el
interviniente, la citada omisión desconoce, por un lado, el artículo 65 de la
Constitución Política que ordena proteger la producción de alimentos, y por el
otro, los artículos 121 y 122 del mismo Texto Superior, pues en la negociación
se pasó por encima los beneficios acordados para los mencionados productos con
los Estados miembros de la Comunidad Andina.
Para esta Corporación los cargos de
inconstitucionalidad esgrimidos por el interviniente no están llamados a
prosperar por las siguientes razones:
- En primer lugar, porque como previamente
se expuso, el examen de fondo que le corresponde adelantar a este Tribunal se
debe realizar sin tener en cuenta consideraciones de oportunidad, utilidad o
eficiencia de las medidas de integración económica acordadas, pues dichos
juicios de valor le corresponden tanto al Presidente como al Congreso de la
República, en los precisos términos reconocidos por la Constitución Política
(C.P. arts. 150-16 y 189-2). Así la Corte encuentra que, en el presente caso,
en ningún momento se omitió por el Gobierno Nacional cumplir con el deber de
protección que le asiste al Estado frente a la producción de alimentos, sólo
que, en ejercicio de sus competencias constitucionales, el Presidente de la
República y sus representantes analizaron la conveniencia económica de someter
al trigo y a la cebada a la desgravación general o parcial prevista en el
Acuerdo, con miras a obtener mayores réditos en otros sectores igualmente
importantes para la industria nacional y el producto interno bruto, a partir
del estudio de los índices económicos de oferta y demanda interna.
Precisamente, este tema además de haber sido objeto de
análisis por parte del Presidente de la República, en el momento de ejercer su
facultad constitucional de dirección de las relaciones internacionales (C.P.
art. 189-2), fue sometido a un amplio debate en el Congreso, cuando se adelantó
el trámite de incorporación del Acuerdo al ordenamiento jurídico interno (C.P.
art. 150-16), en el que se negó una proposición dirigida a obtener la inclusión
del trigo y la cebada entre los productos beneficiarios de la desgravación
parcial señalada en el inciso 2°, artículo 3°, del Acuerdo y en el Anexo I[151].
Entre los motivos que se presentaron para votar negativamente dicha proposición
y que corresponden a juicios de valor no son susceptibles de control de
constitucionalidad por parte de esta Corporación[152],
se destacan, entre otros, los siguientes: (i) Ambos productos no son nativos
del trópico, como por ejemplo, lo son la palma africana y el algodón, por lo
que Colombia no tiene ventajas comparativas en su producción; (ii)
Necesariamente en todo acuerdo parcial o regional de complementación económica
deben identificarse los sectores y los productos en los que el país no tiene
grandes ventajas, para ceder en ellos parte de su mercado, a fin de conseguir
espacio en aquellos otros en los que se tienen mejores ventajas comparativas y
competitivas; (iii) La demanda de la industria por el trigo y la cebada
ascienda a 1 millón 200 mil toneladas, de las cuales el país sólo provee cerca
de 43 mil toneladas, es decir, menos del 3.5%, lo que implica que la
importación de dichos productos especialmente de las Repúblicas del Argentina y
el Brasil no significan una amenaza para la producción nacional; (iv) En todo
caso, el Gobierno Nacional desde la liberación comercial con la región andina,
ha asegurado unos convenios de absorción o de compra que garantizan la
adquisición integral de la producción nacional a un precio 12% por encima de lo
que cuesta comprar dichos bienes importados, desde hace aproximadamente más de
14 años; (v) Los recursos para la adquisición de las cosechas de trigo y cebada
serán administrados a través de un fideicomiso, cuyo patrimonio autónomo
asegure la adquisición de la cosecha nacional[153];
y finalmente, (vi) El presente Acuerdo de Complementación Económica lleva más
de diez (10) años de negociaciones, de manera que, pretender -a estas alturas-
alterar las condiciones de equilibrio, reciprocidad y equidad en que se ha
suscrito, conllevaría irremediablemente a su terminación[154].
En consecuencia, conforme a los argumentos
anteriormente expuestos, es claro que lo que realmente pretende el
interviniente es reabrir un debate sobre temas no jurídicos que escapan al
control de la Corte y que fueron examinados -como previamente se explicó- por
el Presidente y el Congreso de la República, en ejercicio de sus competencias
constitucionales concurrentes en materia de negociación, adopción y aprobación
de tratados internacionales. Por lo que la desgravación arancelaria permitida
frente a la cebada y el trigo, si bien puede llegar a ocasionar pérdidas
económicas para sus productores, no por ello se torna en inconstitucional, ni
desconoce el deber del Estado de asegurar la producción de alimentos (C.P. art.
65), pues dicha medida corresponde a un típico juicio de conveniencia económica
que surge como resultado de las negociaciones que se platean alrededor de
tratados complejos, como lo es, el Acuerdo objeto de revisión, en donde cada
Estado Contratante cede parte de sus intereses, en aras de lograr la apertura
de mercados para sus productos.
Por otra parte, tampoco otorga el interviniente
criterios de valoración que permitan adelantar un juicio acerca de si el
tratado compromete o no el deber estatal de asegurar la producción de
alimentos, mas aun cuando el debate que plantea lo hace exclusivamente sobre
dos (2) productos, específicos y concretos, del sector agroindustrial. En
efecto, esta Corporación desde la sentencia T-506 de 1992[155],
ha señalado que se vulnera el deber de seguridad alimentaria reconocido en el
artículo 65 del Texto Superior, cuando se desconoce “el grado de garantía que
debe tener toda la población, de poder disponer y tener acceso oportuno y
permanente a los alimentos que cubran sus requerimientos nutricionales,
tratando de reducir la dependencia externa y tomando en consideración la
conservación y equilibrio del ecosistema para beneficio de las generaciones
futuras”[156]. Luego, a partir de las
razones esgrimidas por el interviniente, es indudable que no existen en
términos constitucionales parámetros o criterios que permitan asegurar que la
producción de alimentos como deber constitucional, resulta vulnerada por el
Acuerdo de Complementación Económica suscrito, especialmente, si se tiene en
cuenta, como se señaló en los debates adelantados en el Congreso de la
República, que existen medidas para garantizar la compra de la producción
nacional de trigo y cebada a precios competitivos, sin importar que la demanda
de los mismos sea inferior a la oferta nacional.
- En segundo término, aun cuando las
disposiciones del presente Acuerdo resulten contradictorias con lo previsto en
los Tratados que rigen la Comunidad Andina de Naciones, dicha incompatibilidad
jurídica no es susceptible de afectar la constitucionalidad del presente
instrumento internacional y el de la ley que lo aprueba, pues los Tratados de
la CAN no constituyen un parámetro para adelantar el control de
constitucionalidad en razón de los meros criterios económicos que en ellos se
expongan, como reiteradamente lo ha señalado esta Corporación, en los
siguientes términos:
“Ni los tratados de integración ni el
derecho comunitario se acomodan a los supuestos normados por el artículo 93
constitucional, ya que sin perjuicio del respeto a los principios superiores
del ordenamiento constitucional destacado en la citada sentencia No. C-231 de
1997, su finalidad no es el reconocimiento de los derechos humanos sino la
regulación de aspectos económicos, fiscales, aduaneros, monetarios, técnicos,
etc., de donde surge que una prevalencia del derecho comunitario andino sobre
el orden interno, similar a la prevista en el artículo 93 de la Carta, carece
de sustento.
Así pues, vistas las cosas a partir del
artículo 93, el derecho comunitario andino no conforma el bloque de
constitucionalidad y, por ende, tampoco comparte la supremacía de la Carta
Fundamental frente a la ley. Empero, cabría considerar la hipótesis de que la
incorporación del derecho comunitario en el bloque de constitucionalidad
tuviera una base constitucional diferente del artículo 93. En este sentido, es
de mérito anotar que para esta Corte, “la incorporación de una norma al bloque
de constitucionalidad debe tener fundamento expreso en la Carta” y, en verdad,
las distintas normas superiores relativas a la supranacionalidad y a la
integración, si bien constituyen el fundamento constitucional de estos
fenómenos, no disponen ni entrañan la prevalencia de los respectivos tratados
en el orden interno, pues “Una cosa es que las normas de los tratados
internacionales tengan fundamento constitucional y otra, por entero diferente,
que se hallen incorporadas al bloque de constitucionalidad y que deban ser
tenidas en cuenta en el momento de decidir si una ley se ajusta o no a los
preceptos de la Carta”.
Sirven los anteriores argumentos al
propósito de demostrar que no existe la superioridad del derecho comunitario
sobre la Constitución, y que no es cierto que comparta con ella idéntica
jerarquía. Adicionalmente, el derecho comunitario tampoco conforma un cuerpo
normativo intermedio entre la Carta Fundamental y la ley ordinaria, ya que la
aprobación de los tratados por el Congreso se lleva a cabo mediante una ley
ordinaria, de modo que, analizadas las cosas desde la perspectiva del juicio de
constitucionalidad, las presuntas contradicciones entre la ley y el derecho
comunitario andino no generan la declaración de inexequibilidad, cuyo
presupuesto es la inconformidad de una norma inferior con otra superior y no
con otra de la misma jerarquía o proveniente de algún órgano comunitario”[157].
Vale la pena aclarar que aun cuando se
afirma por el interviniente que la inconstitucionalidad alegada se deriva no
del desconocimiento directo de los Tratados de la CAN, sino del sometimiento de
las autoridades públicas a la Constitución y a la ley conforme se ordena en los
artículos 121 y 122 del Texto Superior, lo que se pretende en realidad es que
este Tribunal realice una comparación normativa entre documentos
internacionales de igual valor normativo, para a partir de allí derivar un
supuesto desconocimiento a la Constitución. Así las cosas, es claro que la
pretensión formulada no está llamada a prosperar, pues como ya se señaló, los
Tratados de la CAN no son susceptibles de ser invocados para deducir de ellos
la infracción de la Carta Fundamental.
Conforme a lo anterior, la Corte
concluye que los artículos 3° y 4° del Acuerdo de Complementación Económica y
sus Anexos I y II, se ajustan integralmente al Texto Superior.
30.  Los artículos 5°, 6° y 7° se encuentran dirigidos a
facilitar el libre comercio entre las Partes Signatarias a través de la
eliminación de gravámenes y restricciones no arancelarias que afecten las
condiciones de reciprocidad y equidad en que se suscribe el Acuerdo, al igual
que imponen la obligación de informar cualquier modificación que se haga en
dichos temas a los Estados miembros. Este tipo de disposiciones se ajustan
plenamente a la Carta Fundamental, pues corresponden a una manifestación de la
internacionali-zación de las relaciones económicas del Estado Colombiano, a
través de la asunción de compromisos de integración dirigidos a facilitar la
concurrencia de los productos de origen latinoamericano en el mercado regional,
con el propósito de  afianzar el crecimiento y el progreso equilibrado y
armónico de los países de América Latina (C.P. arts. 226 y 227). Como
desarrollo operativo y técnico del artículo 5° se encuentra el Anexo III, el
cual consagra los gravámenes que los Estados Partes deciden mantener distintos
de los derechos arancelarios. En criterio de la Corte, dichos gravámenes, en
nada contradicen la Constitución, ya que constituyen una manifestación de los
principios de soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos previstos
en el artículo 9° Superior, los cuales se concretan -específicamente- en el
señalamiento de los parámetros y condiciones que rigen el comercio exterior.
31.  Los artículos 8°, 9° y 10 señalan que los Países
miembros se regirán en cuanto a las licencias de importación por el Tratado de
Constitución de la OMC, estando obligados en todo caso a informar mediante
listas cualquier medida que afecte el comercio recíproco. De igual manera, se
determina que los compromisos adquiridos en el presente Acuerdo no implican la
negación de los atributos reconocidos en el Tratado de Montevideo de 1980 y en
el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) de 1994. Finalmente, en el
artículo 21 se asume por las Partes Signatarias las reglas previstas en el
citado Acuerdo del GATT en cuanto a la valoración aduanera.
Como se expuso con anterioridad, estas
normas no suscitan ningún interrogante constitucional, pues el Tratado de
Constitución de la OMC fue declarado exequible por la Corte en Sentencia C-137
de 1995[158], el Acuerdo General
sobre Aranceles y Comercio (GATT) ha sido convalidado como mecanismo
internacional para facilitar y fomentar el intercambio de mercaderías, entre
otras, en la sentencia C-719 de 1999[159], y
finalmente, frente al Tratado de Montevideo de 1980, mientras no exista demanda
ciudadana se presume su constitucionalidad.
32.  En el artículo 11 se establece de forma categórica que
el programa de liberación comercial no aplica para mercancías usadas, al tiempo
que el artículo 12 restringe la desgravación arancelaria a productos
originarios y precedentes de los Países miembros, de conformidad con lo
previsto en el Anexo IV sobre “Régimen de Origen”. A juicio de la Corte,
estas disposiciones aseguran la efectividad de los principios de igualdad y de
promoción de la actividad económica que deben regir las relaciones
internacionales de acuerdo con los artículos 226, 333 y 334 de la Constitución
Política. Ello es así, en lo que se refiere al principio de igualdad, en cuanto
se evita que las preferencias arancelarias resulten aplicables a mercancías no
producidas en los Estados Signatarios del presente Acuerdo; mientras que, en
tratándose del principio de promoción de la actividad económica por parte del
Estado, al excluir de los beneficios de la liberación comercial a las
mercancías usadas, lo que sin duda alguna promueve el desarrollo de la empresa
como base del desarrollo (C.P. arts. 333 y 334).
33.  En el artículo 13 se reconoce la cláusula de trato
nacional, la cual ya ha sido previamente declarada por la Corte ajustada a la
Carta Fundamental. Precisamente, en sentencia C-216 de 1996[160],
se determinó:
“El Convenio objeto de revisión, como ya se
ha expresado tiene como propósito fomentar y fortalecer las relaciones
comerciales entre nuestro país y la República de Hungría (...)En desarrollo de
lo cual las partes se comprometen, de acuerdo con las leyes internas vigentes
en cada país y las normas del Acuerdo General de Aranceles y Tarifas GATT, a
facilitar el desarrollo del intercambio comercial, para lo cual se concederá el
trato de "Nación más favorecida", lo que significa otorgarse recíprocamente
un trato no menos favorable del que se le concede a otros países u órganos en
similares circunstancias. Igualmente, se obligan a suministrarse mutua
colaboración para facilitar la organización de ferias y exposiciones
comerciales, preceptos que no infringen mandato constitucional alguno”[161].
34.  En los artículos 14, 15, 16, 19 y 24 se consagra la
regulación correspondiente a la posibilidad de adoptar medidas antidumpimg
y compensatorias, cláusulas de salvaguardia y medidas especiales frente a las
importaciones de un determinado bien que causen o amenacen causar daño a la
producción doméstica del Estado importador, siguiendo las directrices señaladas
en los Anexos V y IX. Para esta Corporación, el reconocimiento de los citados
instrumentos que rigen el comercio exterior, resultan compatibles con el
mandato imperativo constitucional de brindar una especial protección a la
producción de alimentos y a la industria alimenticia (C.P. art. 65), en la
medida en que permite reestablecer los desequilibrios que se llegasen a
producir por la aplicación del programa de liberación comercial, fijando
condiciones especiales para la defensa de bienes sensibles de la economía
nacional, con el propósito de fortalecer el sector productivo y prepararlo para
la integración económica, en condiciones plenas de competitividad[162].
Ahora bien, esto no significa que la ausencia de tales medidas afecten
necesariamente la constitucionalidad de un tratado económico de integración, ya
que, eventualmente, las mismas se pueden imponer como consecuencia de la
regulación que por vía de ley marco se reconoce en los artículos 150-19 y
189-25 del Texto Superior[163].
35.  En el artículo 17 se asume por las Partes el
compromiso de impulsar la identificación y sanción de las prácticas
restrictivas de la competencia, a la vez que acuerdan eliminar las subvenciones
que resulten contrarias a lo dispuesto por la OMC. Las citadas normas, en
criterio de la Corte, se ajustan a los parámetros constitucionales previstos en
los artículos 88, 333 y 334 del Texto Superior. En cuanto a los dos primeros
artículos, en la medida en que se pretende asegurar la vigencia del derecho
individual y colectivo a la libre competencia económica frente al cual la
Constitución le ordena al Estado impedir que se obstruya o restrinja su
ejercicio, entre otras, evitando o controlando el abuso que se haga de la
posición dominante en el mercado. Y, frente al tercero, al reconocer que uno de
los fines que legítima la intervención del Estado en la economía, consiste
-precisamente- en promover la productividad y competitividad de la Nación.
36.  Los artículos 22 y 23 unifican los reglamentos
técnicos y de evaluación del comercio y las medidas sanitarias y fitosanitarias
susceptibles de aplicación, las cuales se desarrollan en los Anexos VII y VIII
del presente Acuerdo. A juicio de este Tribunal, las citadas disposiciones más
allá de facilitar el comercio recíproco entre los Países Signatarios, como se
prevé en los artículos 226 y 227 de la Constitución, garantizan las condiciones
mínimas de higiene y salubridad de los productos objeto de intercambio
comercial, en beneficio del derecho a la salud reconocido en el artículo 49 del
Texto Superior. Por otra parte, resultan idóneas para proteger los derechos de
los consumidores y del medio ambiente (C.P. arts. 78 y 79), al requerir una
calidad mínima para poder ingresar al Estado importador.
37.  Los artículos 25 a 27 establecen el compromiso de los
Países firmantes de apoyar programas y tareas de difusión del Acuerdo, entre
ellas, la organización de actividades o foros que permitan la profundización en
su conocimiento. Estas disposiciones se encuadran dentro de los fines de la
educación (C.P. art. 67), que apuntan a fomentar la práctica de un trabajo u
oficio, como lo es, el de la actividad mercantil.
38.  Ahora bien, los artículos 28 a 39 describen los
compromisos y objetivos a los cuales recíprocamente se comprometen las Partes
contratantes, los cuales claramente desarrollan los principios de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional, a los que se refiere el artículo 226 de
la Carta, como quiera que se observa que las obligaciones que se imponen a los
Estados son recíprocas y no llevan implícitas condiciones desfavorables o
injustas para ninguna de ellas, por lo que es claro que se cumplen además los
principios fundamentales del derecho internacional a los que alude el artículo
9° Superior. Entre dichos objetivos se destacan: (i) Promover la liberación comercial
en la prestación de servicios; (ii) Estimular la realización de inversiones;
(iii) Incentivar la celebración de tratados dirigidos a evitar la doble
tributación; (iv) Promocionar la negociación de mecanismos de cooperación que
permitan mejorar el desarrollo, la ampliación y modernización de las redes de
infraestructura, etc.
39.  Los artículos 40 y 41 crean la Comisión
Administradora del Tratado y le asignan sus principales funciones, las cuales
se dirigen primordialmente a evaluar los compromisos adquiridos, estudiar los
mecanismos que permitan profundizar el proceso de integración y servir de
instancia para la solución de conflictos.
Una lectura sistemática de las
citadas normas permite concluir, que se trata de un conjunto de disposiciones
cuyo fin es consolidar la existencia de una  instancia de coordinación
internacional, para vigilar y supervisar la aplicación del presente Acuerdo sin
que en ello sea posible encontrar contradicción alguna con la Constitución. En
estos mismos términos, se pronunció esta Corporación en sentencia C-228 de 1999[164],
al declarar la exequibilidad de la Comisión de seguimiento del Acuerdo de
Intercambio Comercial entre la República de Colombia y la República Argelina:
“[La]
creación de una comisión de carácter mixto que tendrá como principal función,
velar por la puesta en marcha del acuerdo en revisión,  como la solución de las
dificultades que de él puedan resultar (artículo 15). Así como el
arreglo amistoso de los conflictos que puedan suscitarse ente las partes o el
sometimiento a los procedimientos de solución previstos en el derecho
internacional (artículo 14), no se oponen a las normas de la Constitución”[165].
40.
Los artículos 42 a 52 y las disposiciones transitorias desarrollan, entre
otras, la forma de ratificación, adhesión, denuncia y enmiendas del Acuerdo, el
momento de su entrada en vigor, la forma de contabilizar los plazos en días y
la derogatoria de otros acuerdos de complementación económica. Se trata de
disposiciones que no suscitan ningún interrogante constitucional, ya que
corresponden a reglas y principios del derecho internacional de los tratados,
que han sido tradicionalmente aceptados por Colombia (C.P. art. 9°), y cuya
finalidad, en sí misma considerada, es velar por la obligatoriedad y fuerza
jurídica de los mandatos normativos previstos en el Acuerdo.
41.  Por otra parte, el Protocolo Adicional para la
Solución de Controversias y el Anexo VI que consagra el régimen transitorio
para su definición no tienen reparo constitucional alguno, pues la existencia
de procedimientos para la resolución de conflictos, permite garantizar la
convivencia pacífica como fin Constitucional reconocido en el artículo 2°
Superior, el cual además asegura el fortalecimiento de una verdadera
integración de la comunidad latinoamericana, como se prevé en el Preámbulo de
nuestra Constitución.
En relación con los trámites previstos, se
garantiza el principio de imparcialidad y los derechos de defensa,
contradicción y debido proceso a los Estados Partes, en un plano de igualdad de
condiciones. En lo referente al sistema de designación de los árbitros se
privilegia la pericia de quienes son designados y se respeta -a su vez- el
derecho de autodeterminación de los pueblos y la soberanía nacional, mandatos
previstos en el artículo 9° del Texto Superior.
Por último, este tipo de mecanismos para la
solución de controversias han sido previamente avalados por esta Corporación,
por ejemplo, al adelantar el control de Constitucionalidad de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados. En dicha oportunidad, frente al
artículo 66 que regula el procedimiento de arreglo judicial, de arbitraje y de
conciliación, se señaló:
“La anteriores reglas para la declaratoria
de la nulidad, la terminación o la suspensión de un tratado y la solución de
controversias entre partes que puedan surgir durante esos procedimientos son
muy similares a las consagradas al respecto por Viena I. Con todo, la
regulación de Viena II es más específica debido precisamente a la especificidad
de las organizaciones internacionales. Esto explica, por ejemplo, por qué la
presente convención detalla tanto el acceso ante la Corte Internacional de
Justicia, por cuanto en principio una organización internacional, con excepción
de la ONU, no puede someter  asuntos ante ese tribunal internacional. Esta
regulación busca entonces crear, mediante la cooperación de los Estados y
organizaciones internacionales y el activo apoyo de las Naciones Unidas,
instancias imparciales para la solución de las controversias que puedan surgir
de los tratados, por lo cual la Corte no encuentra ninguna objeción a
estos procedimientos, pues ellos buscan fortalecer la pacífica solución de los
conflictos en las relaciones internacionales”[166].
42.  Finalmente, aun cuando el contenido de los Anexos,
previamente descrito, no genera prima facie ninguna violación de la
Constitución, pues corresponden a aspectos esencialmente técnicos y operativos
que permiten la aplicación de las disposiciones previstas en el Acuerdo de
Complementación suscrito, esto no significa que algunos asuntos específicos
puedan suscitar controversia en su ejecución, especialmente, en lo referente a
la protección de los derechos fundamentales y colectivos. Para la Corte,
cualquier problema que se origine en la aplicación de los Anexos y que implique
la violación o amenaza de dichos derechos constitucionales, escapa al ámbito
del control abstracto de constitucionalidad, por lo que su defensa se puede
obtener mediante el ejercicio de las otras acciones constitucionales
reconocidas en la Carta Fundamental. Al respecto, en otras oportunidades, esta
Corporación ha dicho que:
“Sea lo primero advertir que corresponde a
esta nueva modalidad de actuación del sistema de control judicial de la
constitucionalidad de las leyes que se surte en Colombia, en los términos del
artículo 241 num. 10. de la Constitución Nacional, no sólo el estudio y la
definición judicial de la validez formal de la totalidad del texto de la ley
aprobatoria del respectivo instrumento internacional a que se deben referir de
modo específico aquellas leyes, sino el examen preventivo y definitivo y ante
la totalidad del texto de la Carta Política Nacional, con criterios objetivos y
generales que comprometen la responsabilidad de la jurisprudencia nacional en
una profunda labor de contraste en abstracto, de todas  y cada una de las
disposiciones jurídicas que aparecen vertidas en los específicos instrumentos
de derecho internacional, que se originan en actuaciones internacionales de
carácter formal e instrumental de la República y que se  concluyen, o a los que
se vincula Colombia como Estado soberano y como potencia debidamente
reconocida, ante el concierto de los Estados y de los sujetos habilitados en
dicho plano, o ante los varios organismos de derecho internacional público, con
los que se vincula o se pone en disposición de vinculación regular y ordenada.
En efecto, es evidente la complejidad que
supone para el juez de constitucionalidad el compromiso de adelantar un examen
como el que le corresponde a esta Corporación sobre las leyes aprobatorias de
tratados internacionales y de los tratados mismos, tanto por razones de forma y
de procedimiento, como por razones de fondo, y que en todo caso es de tipo
abstracto, objetivo, preventivo y definitivo de los contenidos de las
disposiciones que hacen parte de aquellos actos jurídicos, puesto que aquellas
necesariamente serán objeto constante de interpretación y aplicación,
administrativa, judicial, legislativa, pública y privada, lo mismo que de
desarrollos, evoluciones, entendimientos, precisiones y matices y de eventuales
acuerdos o discordias y discrepancias de aquellas disposiciones, en varios
ámbitos de la vida de los pueblos y de los estados comprometidos bajo el
instrumento. (…)
Así, ni se descuida el vigor de la
Constitución, ni la integridad y supremacía de la misma, ni se elaboran
providencias en las que abunden innecesarias reflexiones Obiter Dicta,
ni se proponen consideraciones que se ubiquen más allá del contraste objetivo
del Tratado con la Carta; de igual modo, algunas piezas normativas o sectores y
partes del mismo ordenamiento internacional reclaman interpretaciones jurídicas
presididas por juicios técnicos especializados o por la aplicación de lenguajes
técnicos y científicos que no merecen ser agotados en esta sede judicial, correspondiendo
a otros jueces, nacionales o internacionales, la definición del contenido de
sus términos.
De otra parte, este tipo de instrumentos
jurídicos no merece la suerte de la definición total, previa y absoluta de
todos y cada uno de los términos empleados, y más bien reclaman ámbitos de
relativa flexibilidad y maniobra práctica, radicada en cabeza del ejecutivo y
de sus agentes, de conformidad con la responsabilidad de la conducción de las
relaciones internacionales y de jefe de Estado que se atribuye al Presidente de
la República.
De igual modo, lo que corresponde a esta
Corporación es la definición de la constitucionalidad de la ley y del
instrumento aprobado, y por ello, en su juicio también milita la necesidad
de la salvaguardia de las competencias judiciales de los restantes organismos
de la jurisdicción nacional e internacional y de la supranacional o
internacional, según sea del caso”[167].
VII.   DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo de
Complementación Económica”,  suscrito por Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay, Estados Partes de MERCOSUR y Colombia, Ecuador y Venezuela, Países
Miembros de la COMUNIDAD ANDINA y del “Primer Protocolo Adicional Régimen
Solución de Controversias”, suscrito en Montevideo, el dieciocho (18) de
octubre de dos mil cuatro (2004).
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1000 de 2005, por
medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Complementación Económica”, suscrito
por  Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Estados Partes de MERCOSUR y
Colombia, Ecuador y Venezuela, Países Miembros de la COMUNIDAD ANDINA y del “Primer
Protocolo Adicional Régimen Solución de Controversias”, suscrito en
Montevideo, el dieciocho (18) de octubre de dos mil cuatro (2004).
Cópiese, notifíquese, comuníquese
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el
expediente.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Presidente
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-864
DE 2006 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
Referencia: Expediente LAT-286
Revisión constitucional de la Ley 1000 de
diciembre 30 de 2005
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Con el acostumbrado respeto por las decisiones
mayoritarias de esta Corte, me permito salvar mi voto a la presente sentencia, en
razón a que considero que en el trámite de esta ley no se cumplió en debida
forma con el requisito constitucional de aviso previo, cierto y en sesión diferente
de la sesión en que se votaría acerca del correspondiente proyecto de ley, tal
como lo ordena el artículo 8 del Acto Legislativo 01 del 2003 que adicionó el
artículo 160 de la Constitución Nacional.
Adicionalmente, considero que aún por razones de
equidad un tratado no puede violar la Constitución y que la decisión de la
Corte respecto del Acuerdo o tratado debe ser definitiva.
Por las razones enunciadas anteriormente, discrepo de
la presente sentencia.
Fecha ut supra,
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1]             En este
punto, el interviniente se refiere a los artículos 9, 150 numeral 16, 189
numeral 2, 224 y 226 del Texto Superior, los que, en su criterio, son
desarrollados a través del texto del Tratado y de la Ley objeto de revisión
constitucional.
[2]             El
interviniente menciona, a manera de ejemplo, algunas leyes aprobatorias de
tratados internacionales en materia comercial, como lo es, la Ley 096 de 1993, “por
la cual se aprueba el ‘Convenio Comercial entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República de Polonia’ suscrito el 26 de octubre de
1989”, declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia
C-280 de 1994.
[3]             Disponen las normas en cita: “ARTÍCULO 65. La
producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal
efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades
agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como
también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de
tierras.// De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la
transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas
de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad”. “ARTÍCULO
150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las
siguientes funciones: (...) 16. Aprobar o improbar los tratados que el
Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional.
Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas
atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o
consolidar la integración económica con otros Estados”. “ARTÍCULO 226. El
Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas,
económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional”.
[4]             Dispone la norma en cita: “Artículo 46.
El presente Acuerdo tendrá duración indefinida y entrará en vigor,
bilateralmente entre las Partes Signatarias que hayan comunicado a la
Secretaría General de la ALADI que lo incorporaron a su derecho interno, en los
términos de sus respectivas legislaciones. La Secretaría General de la ALADI
informará a las Partes Signatarias respectivas la fecha de la vigencia
bilateral. // Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 20 las Partes
Signatarias podrán aplicar este Acuerdo de manera provisional en tanto se
cumplan los trámites necesarios para la incorporación del Acuerdo a su derecho
interno. Las Partes Signatarias comunicarán a la Secretaría General de la ALADI
la aplicación provisional del Acuerdo, la que a su vez informará a las Partes
Signatarias la fecha de aplicación bilateral cuando corresponda.”
[5]             Al respecto, la citada disposición señala que: “25.
Aplicación provisional.  // 1. Un tratado o una parte de él se aplicará
provisionalmente antes de su entrada en vigor: // a) si el propio tratado así
lo dispone; // o b) si los Estados negociadores han convenido en ello de otro
modo. // 2. La aplicación provisional de un tratado o de una parte de el
respecto de un Estado terminará si éste notifica a los Estados entre los cuales
el tratado se aplica provisionalmente su intención de no llegar a ser parte en
el mismo, a menos que el tratado disponga o los Estados negociadores hayan
convenido otra cosa al respecto.”
[6]             Para el
Señor Procurador, esto permite que el Estado promueva la investigación y
transferencia de tecnología para la producción de alimentos, en cumplimiento
del inciso 2 del artículo 65 del Texto Superior, y, de esa manera, avanza en la
persecución de la prosperidad general, establecida como fin del Estado
(artículo 2).
[7]             Dispone
la norma en cita: “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la
integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos
términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:
(...) 10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados
internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los
remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley.
Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su
constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá
efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una
o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la
Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el
consentimiento formulando la correspondiente reserva”.
[8]             El
artículo 7° de la Ley 406 de 1997, dispone que: “Plenos poderes. 1.
Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado o para manifestar
el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que
una persona representa a un Estado: a) Si presenta los adecuados plenos
poderes, o b) Si se deduce de la práctica o de otras circunstancias que la
intención de los Estados y de las organizaciones internacionales de que se
trate ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos
efectos sin la presentación de plenos poderes. 2. En virtud de sus
funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que
representan a su Estado: a) Los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros
de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos
relativos a la celebración de un tratado entre uno o varios Estados y una o
varias organizaciones internacionales; (...)”. (subrayado por fuera del
texto original). Véase: Folio 31 del cuaderno 2.
[9]             Dispone
la citada norma: “Corresponde al Presidente de la República como Jefe de
Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (...) 2. Dirigir
las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y
consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y
entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la
aprobación del Congreso”.
[10]           Folio 40
del cuaderno principal.
[11]           Folio 30
del cuaderno 1.
[12]           Folios 14
a 747 del cuaderno 1.
[13]           La norma
previamente citada, determina que: “Los proyectos de ley relativos a los
tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se
refieran a relaciones internacionales, en el Senado”.
[14]           Folio 30
del cuaderno 1.
[15]           Disponen
las normas en cita: “Constitución Política. Artículo 163. El
Presidente de la República podrá solicitar trámite de urgencia para cualquier
proyecto de ley. En tal caso, la respectiva cámara deberá decidir sobre el
mismo dentro del plazo de treinta días. Aun dentro de este lapso, la
manifestación de urgencia puede repetirse en todas las etapas constitucionales
del proyecto. Si el Presidente insistiere en la urgencia, el proyecto tendrá
prelación en el Orden del Día excluyendo la consideración de cualquier otro
asunto, hasta tanto la respectiva cámara o comisión decida sobre él. // Si el
proyecto de ley a que se refiere el mensaje de urgencia se encuentra al estudio
de una comisión permanente, esta, a solicitud del Gobierno, deliberará
conjuntamente con la correspondiente de la otra Cámara para darle primer
debate”. “Ley 5ª de 1992. Artículo 169-2. las Comisiones Permanentes
homólogas de una y otra Cámara sesionarán conjuntamente: (...) 2. Por
solicitud gubernamental. Se presenta cuando el Presidente de la República
envía un mensaje para trámite de urgencia sobre cualquier proyecto de ley. En
este evento se dará primer debate al proyecto, y si la manifestación de
urgencia se repite, el proyecto tendrá prelación en el Orden del Día,
excluyendo la consideración de cualquier otro asunto hasta tanto la Comisión
decida sobre él (....)” “Ley 5ª de 1992. Artículo 191. El Presidente de
la República podrá solicitar trámite de urgencia para cualquier proyecto de
ley. En tal caso, la respectiva Cámara deberá decidir sobre el mismo, dentro de
un plazo de treinta (30) días. Aun dentro de este lapso la manifestación de
urgencia puede repetirse en todas las etapas constitucionales del proyecto. //
Si el Presidente insistiere en la urgencia, el proyecto tendrá prelación en el
Orden del Día, excluyendo la consideración de cualquier otro asunto hasta tanto
la respectiva Cámara o Comisión decida sobre él”.
[16]           Es
importante destacar que el mencionado Acuerdo y el Primer Protocolo Adicional
se encuentran temporalmente en vigencia por virtud del Decreto 141 del 26 de
enero de 2005, expedido con fundamento en el artículo 224 de la Constitución
Política. Al respecto, el citado precepto Superior, señala: “Los tratados,
para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso. Sin embargo, el
Presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de
naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos
internacionales, que así lo dispongan. En este caso tan pronto como un tratado
entre en vigor provisionalmente, deberá enviarse al Congreso para su
aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación del
tratado”. (Folios 8 y 9 del cuaderno principal).
[17]           Folio 8
del cuaderno principal.
[18]           Folios 3
a 13 del cuaderno No. 1 y 17 a 20 del cuaderno No. 2.
[19]           Folio 1
del cuaderno No. 1.
[20]           Visible
en medio magnético: Folio 2 del cuaderno No. 1.
[21]           Folios 25
y 26 del cuaderno No. 2.
[22]           Artículo
2 de la Ley 3ª de 1992, modificado por el artículo 1° de la Ley 754 de 2002. De
conformidad con el artículo 146 de la Constitución Política: “En el Congreso
Pleno, en las Cámaras y en sus comisiones permanentes, las decisiones se
tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes, salvo que la
Constitución exija expresamente una mayoría especial”.
[23]           Folios 1
a 3 del cuaderno No. 2.
[24]           Visible
en medio magnético: Folio 2 del cuaderno No. 1.
[25]           Folios 25
y 26 del cuaderno No. 2.
[26]           Artículo
2 de la Ley 3ª de 1992, modificado por el artículo 1° de la Ley 754 de 2002.
[27]           Folios 102
a 106 del cuaderno No. 2.
[28]           Folio 24
del cuaderno No. 3.
[29]           Folio 75
del cuaderno No.2.
[30]           Página 23
de la Gaceta del Congreso No. 15 del 30 de enero de 2006.
[31]           Página 22
de la Gaceta del Congreso No. 15 del 30 de enero de 2006.
[32]           Dispone,
al respecto, el artículo 145 Superior:”El Congreso Pleno, las Cámaras y sus
comisiones no podrán abrir sesiones ni deliberar con menos de una cuarta parte
de sus miembros. Las decisiones sólo podrán tomarse con la asistencia de
la mayoría de los integrantes de la respectiva Corporación, salvo que
la Constitución determine un quórum diferente”. Por su parte, el artículo
146, previamente trascrito, dispone: “En el Congreso Pleno, en las Cámaras y
en sus comisiones permanentes, las decisiones se tomarán por la mayoría
de los votos de los asistentes, salvo que la Constitución exija
expresamente una mayoría especial”. (Subrayado por fuera del texto
original).
[33]           Folio 83
del cuaderno No. 2.
[34]           Folios 48
a 52 del cuaderno No. 2.
[35]           Folio
132.
[36]           Folio
173. El número de los representantes que asistieron a la sesión en que se votó
el proyecto, concuerda con el número certificado por el Secretario (E) de la
Cámara de Representantes. (Páginas 4 y 5 de la Gaceta del Congreso No. 739 del
25 de octubre de 2005).
[37]           M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[38]           Subrayado
por fuera del texto original.
[39]           Folio 89
del cuaderno principal.
[40]           Folio 1
del cuaderno principal.
[41]           Dispone
el artículo 44 del Decreto 2067 de 1991: “En los procesos de
constitucionalidad de los tratados y de las leyes que los aprueban de que trata
el artículo 241 numeral 10 de la Constitución, se aplicará en lo pertinente lo
dispuesto para el control de los proyectos de leyes estatutarias”. A su
vez, el artículo 39 del mismo Decreto, señala: “El Presidente del Congreso
enviará a la Corte Constitucional copia auténtica de los proyectos de leyes
estatutarias inmediatamente después de haber sudo aprobados en segundo debate. Si
faltare a dicho deber, el Presidente de la Corte Constitucional solicitará
copia auténtica del mismo a la Secretaría de la Cámara donde se hubiere surtido
el segundo debate”. (Subrayado por fuera del texto original):
[42]           M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[43]           Sentencia
C-644 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[44]           Véase:
Auto 038 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), Sentencia C-533 de 2004
(M.P. Álvaro Tafur Galvis) y Sentencia C-644 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil).
[45]           Sentencia
C-644 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[46]           M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[47]           Subrayado
por fuera del texto original.
[48]           M.P.
Álvaro Tafur Galvis.
[49]           M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[50]           Sobre la
materia se puede consultar el artículo 83, inciso 2°, de la Ley 5ª de 1992.
[51]           Igual
posición jurisprudencial sostenida en la sentencia C-780 de 2004. (M.P. Jaime
Córdoba Triviño).
[52]            (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa), se declaró: “Es cierto que en algunas de estas
etapas la discusión y la votación del proyecto se llevó a cabo en la misma
sesión, es decir, en aquella para la cual se había anunciado previamente la
“consideración” del proyecto. Así sucedió, por ejemplo, en la Comisión Primera
del Senado. Pero ello no es solo normal en la actividad parlamentaria, puesto
que la terminación del debate consiste precisamente en votar sobre el proyecto
discutido, sino también compatible con el artículo 160, in fine. Ni del texto
de este artículo ni de su génesis se puede inferir que éste prohíbe que se vote
el mismo día en que se delibere sobre un proyecto. Lo que esta norma
expresamente exige es que la votación se realice después de que en una sesión
anterior a dicha votación se hubiere anunciado que la misma se llevaría  a
cabo. Cuando no se ha iniciado el debate de un proyecto de ley es imposible
exigir que se convoque exclusivamente para votarlo. Ello equivaldría a admitir
que se puede obviar la discusión del mismo. De tal manera que resulta razonable
que se convoque para discutir y votar un determinado proyecto en una misma
sesión, previamente anunciada.” (Subrayado por fuera del texto
original).
[53]           M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[54]           Subrayado
y sombreado por fuera del texto original. En idéntico sentido, se pueden
consultar las sentencias C-400 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto),
C-1040 de 2005 (Ms.Ps. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Álvaro
Tafur Galvis, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto y Clara
Inés Vargas Hernández), C-576 y 649 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)
y el Auto 207 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[55]           M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[56]           Subrayado
por fuera del texto original. En esta sentencia se reitera la providencia C-533
de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[57]           Acta en
medio magnético: Visible a folio 2 del cuaderno No. 1. El contenido de la
Gaceta del Congreso No. 827 del 22 de noviembre de 2005, aparece publicada en
la siguiente dirección electrónica:
http://winaricaurte.imprenta.gov.co:7778/gaceta/gaceta.nivel_3.
[58]           Véase, al
respecto, el Acta No. 36 de 2005.
[59]           Dispone
la norma en cita: “El Presidente de la República podrá solicitar trámite de
urgencia para cualquier proyecto de ley. En tal caso, la respectiva cámara
deberá decidir sobre el  mismo dentro del plazo de treinta días. (...) Si el
proyecto de ley a que se refiere el mensaje de urgencia se encuentra al estudio
de una comisión permanente, esta, a solicitud del Gobierno, deliberará
conjuntamente con la correspondiente de la otra cámara para darle primer
debate”. En el mismo sentido, el artículo 169 de la Ley 5ª de 1992,
determina: “Las Comisiones Permanentes homólogas de una y otra Cámara
sesionarán conjuntamente: (...) 2 Por solicitud gubernamental. Se
presenta cuando el Presidente de la República envía un mensaje para trámite de
urgencia sobre cualquier proyecto de ley. En este evento se dará primer debate al
proyecto, y si la manifestación de urgencia se repite, el proyecto tendrá
prelación en el Orden del Día, excluyendo la consideración de cualquier otro
asunto hasta tanto la Comisión decida sobre él”.
[60]           Folios
331 y 344 del cuaderno No. 3.
[61]           Puntualmente, en las páginas 22
y 23 de la Gaceta del Congreso No. 733 de 2005, se relata: “Hace uso de
la palabra el Secretario General, doctor Orlando Guerra De La Rosa: (...)
Anuncio de Proyectos para mañana a las 9:00 de la mañana. 1. Proyecto de
ley número 350 de 2005 Cámara, por la cual se establece un régimen especial de
pago de la cuota de compensación militar para acceder a la libreta militar por
parte de hombres pertenecientes a los estratos uno y dos sisbenizados. (...) 8.
Proyecto de ley número 266 de 2004 Cámara, por medio de la cual la República de
Colombia rinde homenaje al festival de Música Colombiana Apolinar Criales, en
el municipio de Puerto Salgar, departamento de Cundinamarca, y se dictan otras
disposiciones. // Señor Presidente el único proyecto que no se ha anunciado por
petición del Ponente Germán Velásquez, es el Proyecto sobre Estocolmo. // 9.
Proyecto de ley número 1237 de 2004 Cámara, por medio de la cual se aprueba la
“Convención de Naciones Unidas contra la corrupción”, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 31 de octubre del 2003. //
Señor Presidente han sido anunciados los proyectos para mañana 2 de junio.
Hace uso de la palabra el Presidente, honorable
Representante Carlos Julio González Villa: Y de una vez anunciamos para el miércoles
de la próxima semana, estamos hablando del miércoles 8 de junio, la ponencia
para primer debate al Proyecto de ley número 243 de Senado y 373 de Cámara,
2005 los dos. “Por la cual se aprueba el Acuerdo de Complementación
Económica, suscrito entre los Gobiernos de la República de Argentina,
Federativa del Brasil, de Paraguay y de la República Oriental del Uruguay,
Estados Parte del MERCOSUR, y los Gobiernos de la República de Colombia, la
República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela, países miembros
de la Comunidad Andina, y el Primer Protocolo adicional régimen de solución de
controversias. Suscrito en Montevideo (Uruguay), a los 18 días del mes de
octubre del 2004.//
Esa es Sesión Conjunta Senado y Cámara, para el miércoles 8 de junio, queda
anunciada y será en el recinto del Senado de la República”. (Subrayado por fuera del texto original).
[62]           En la Gaceta No. 734 de 2005, se relata el cumplimiento de
la exigencia del aviso, en los siguientes términos: “Hace uso de la
palabra el Presidente, honorable Representante Carlos Julio González Villa:
(...) Se anuncia proyectos para el miércoles. // Hace uso de la palabra el
Secretario General: Se anuncia para el miércoles 8: - Proyecto de ley
número 376 de 2005 Cámara, sobre el procedimiento especial del Código Penal
Militar. - Proyecto de CAN-MERCOSUR en Sesiones Conjuntas con la Comisión
Segunda del Senado, el día miércoles “Por medio de la cual se aprueba el
Acuerdo de complementación económica suscrito entre los gobiernos de la
República de Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República
de Paraguay y de la República Oriental de Uruguay estados partes del MERCOSUR y
los gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de la
República Bolivariana de Brasil países miembros de la Comunidad Andina y el
primer protocolo adicional régimen de solución de controversias suscritos en
Montevideo Uruguay a los 18 días del mes de octubre de 2004” Proyecto de ley
373 de 2005 Cámara y 243 de 2005 Senado.
Hace uso de la palabra el Presidente,
honorable Representante Carlos Julio González Villa: Honorables Representantes (...)  está
citada la Comisión para el día miércoles 8 están anunciados los proyectos y
están Comisiones Conjuntas Senado y Cámara Segundas para el tema conocido como
Can-MERCOSUR. (...)
Hace uso de la palabra el Presidente,
honorable Representante Carlos Julio González Villa: Agotado el orden del día se levanta la
Sesión y se convoca para el próximo martes si no hay moción de censura a las
9:30 a.m., y queda confirmada la Sesión del miércoles sesiones conjuntas CAN -
MERCOSUR y los proyectos anunciados”.
[63]           MM.PP.
Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Álvaro Tafur Galvis, Marco
Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto y Clara Inés Vargas
Hernández
[64]           En sus propias palabras, en la susodicha providencia se
declaró: “Partiendo de las anteriores consideraciones, surge el siguiente
interrogante: ¿Si el requisito del aviso previo, conforme a lo expuesto en el
artículo 8 del Acto Legislativo No. 01 de 2003, es vinculante para el
desarrollo de todo el trámite legislativo, o por el contrario, tan sólo resulta
exigible para anunciar la votación del proyecto de ley o de acto
legislativo, según sea el caso? // A juicio de esta Corporación, siguiendo el
método de interpretación conforme a la Constitución, el sentido normativo que
se adecua de la mejor manera posible al precepto constitucional previsto en el
artículo 8° del Acto Legislativo No. 01 de 2003, es aquel que limita la
exigencia del aviso a la realización posterior de la votación”.
[65]           Véase, al
respecto, sentencias C-400 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y C-473
de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[66]           Folio 75
del cuaderno No. 2. (Subrayado por fuera del texto original).
[67]           Esta
Gaceta se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: “http://winaricaurte.imprenta.
gov.co:7778/gaceta/gaceta.nivel_3”.
[68]           Subrayado
y sombreado por fuera del texto original.
[69]           Subrayado
y sombreado por fuera del texto original. Acta No. 14 del 21 de septiembre de
2005, publicada en la Gaceta del Congreso No. 717 de 2005, visible en la
siguiente dirección electrónica: “http://winaricaurte.imprenta.gov.co:7778/gaceta/gaceta.nivel_3”.
[70]           Visible
en la siguiente dirección electrónica: “http://winaricaurte.imprenta.gov.co:7778/gaceta/
gaceta.nivel_3”.
[71]           Páginas
24 y 25 de la Gaceta No. 761 del 2 de noviembre de 2005 (Acta No. 16). Folios
197 y 198 del cuaderno No. 3.
[72]           Páginas
41 y 42 de la Gaceta No. 794 del 4 de noviembre de 2005 (Acta No. 17). Folios
42 y 43 del cuaderno No. 4.
[73]           Página 24
de la Gaceta No. 762 del 2 de noviembre de 2005. (Acta No. 18). Folio 173 del
cuaderno No. 3.
[74]           Página 24
de la Gaceta No. 793 del 4 de noviembre de 2005. (Acta No. 19). Folio 133 del
cuaderno No. 4.
[75]           Página 31
de la Gaceta No. 809 del 15 de noviembre de 2005. (Acta No. 20). Folio 196 del
cuaderno No. 4.
[76]           Páginas 1
a 20 de la Gaceta No. 810 del 15 de noviembre de 2005 (Acta No. 21). Folios 198
a 217 del cuaderno No. 4.
[77]           Página 4
de la Gaceta No. 864 del 5 de diciembre de 2005. (Acta No. 22). Folio 221 del
cuaderno No. 4.
[78]           Página 6
de la Gaceta No. 811 del 15 de noviembre de 2005 (Acta No. 23). Folio 79 del
cuaderno No. 2.
[79]           Página 51
de la Gaceta No. 856 del 2 de diciembre de 2005 (Acta No. 24). Folio 272 del
cuaderno No. 4.
[80]           Páginas
23 y 24 de la Gaceta No. 846 del 2 de diciembre de 2005 (Acta No. 25). Folios
422 y 423 del cuaderno No. 4.
[81]           Páginas
44 y 45 de la Gaceta No. 865 del 5 de diciembre de 2005 (Acta No. 26). Folios
117 y 118 del cuaderno No. 3.
[82]           Gaceta
del Congreso No. 14 del 30 de enero de 2006 (Acta No. 27). Visible en la
siguiente dirección electrónica: “http://winaricaurte.imprenta.gov.co:7778/gaceta/gaceta.nivel_3”.
[83]           Página 7
de la Gaceta No. 866 del 5 de diciembre de 2005.
[84]           Páginas 7
y 32 de la Gaceta No. 866 del 5 de diciembre de 2005 (Acta No. 28). Folios 444
a 473 del cuaderno No. 4.
[85]           Página 2
de la Gaceta No. 867 del 5 de diciembre de 2005. (Acta No. 29). Folio 475 del
cuaderno No. 4.
[86]           Páginas 8
a 24  de la Gaceta No. 15 del 30 de enero de 2006 (Acta No. 30). Folios 10 a 25
del cuaderno No. 3.
[87]           M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[88]           Subrayado
por fuera del texto original. En esta sentencia se reitera la providencia C-533
de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[89]           Folio 34
del cuaderno No. 2.
[90]           Folio 98
del cuaderno No. 3. (Subrayado por fuera del texto original).
[91]           Página 21
de la Gaceta No. 739 del 25 de octubre de 2005. (Acta No. 203). Folio 64 del
cuaderno No. 2.
[92]           Folio 34
del cuaderno No. 2.
[93]           En la
página 36 de la Gaceta en cita, se señaló: “Secretaría General, doctor
Angelino Lizcano R., informa: (...) Señor Presidente el quórum decisorio se
ha disuelto, tenemos quórum deliberatorio. Señor Presidente, puede usted los
proyectos que ya se leyeron [entre los cuales se encuentra el proyecto No. 373
Cámara -página 27-], más el proyecto de ley 332 de 2005 Cámara, anunciarlos
para el próximo martes. (...) Dirección de la Presidencia: doctor Guillermo
Rivera F.: Proceda señor Secretario. Secretaría General, doctor Angelino
Lizcano R., informa: Ya fueron leídos señor presidente. Dirección de la
Presidencia: doctor Guillermo Rivera F.: Se levanta, entonces se levanta la
sesión y se convoca para el próximo martes a las 3 de la tarde”.
[94]           El
susodicho tratado fue suscrito por los Gobiernos de la República Argentina, de
la República de Bolivia, de la República Federativa del Brasil, de la República
de Colombia, de la República de Chile, de la República del Ecuador, de los
Estados Unidos Mexicanos, de la República del Paraguay, de la República del
Perú, de la República Oriental del Uruguay y de la República de Venezuela.
[95]           Dispone, al respecto, el artículo 1° del Tratado de
Montevideo: “Por el presente Tratado las Partes Contratantes prosiguen el
proceso de integración encaminado a promover el desarrollo económico-social,
armónico y equilibrado de la región y, para ese efecto instituyen la Asociación
Latinoamericana de Integración (en adelante denominada "Asociación" )
cuya sede es la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Dicho
proceso tendrá como objetivo a largo plazo el establecimiento, en forma gradual
y progresiva de un mercado común latinoamericano”. (Subrayado por
fuera del texto original).
[96]           Allí se
consagran bienes como la leche, mantequilla, pastas lácteas, arroz partido,
harina de maíz, sebo bovino, etc.
[97]           Se
entiende por notas explicativas del Sistema Armonizado “el conjunto de notas
para la interpretación y aplicación uniforme de la Nomenclatura. Son redactadas
por el Comité del Sistema Armonizado y aprobadas por el Consejo de Cooperación
Aduanera, según lo dispuesto por el Artículo 8.2 del Convenio del Sistema
Armonizado. No tienen carácter legal”. (www.aladi.org).
[98]           Página 21
de la Gaceta del Congreso No. 185 de 2005.
[99]           A manera
de ejemplo, la República Federativa del Brasil como Nota Complementaria
preservó las siguientes cargas: (i) Adicional de Tarifa Aeroportuaria (ATAERO).
Base legal: Ley No. 7.920 de 12/12/89, Ley No. 6.009 de 26 de diciembre de
1973, Decreto-Ley No. 1986 de 17 de septiembre de 1981 y; (ii) Tasa de
Utilización del SISCOMEX. Base legal: Ley No. 9.716 de 26/11/1998; instrucción
normativa SFR No. 206 de 25/09/2002. (Gaceta del Congreso No. 185 de 2005. Página
674).
[100]          Por su parte, en los artículos referidos del
Acuerdo GATT de 1994, se dispone: “Artículo XX. Excepciones
generales. A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a
continuación en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o
injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones, o
una restricción encubierta al comercio internacional, ninguna disposición del
presente Acuerdo será interpretada en el sentido de impedir que toda parte
contratante adopte o aplique las medidas: a)
necesarias para proteger la moral pública; b) necesarias para proteger
la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los
vegetales; c) relativas a la importación o a la exportación de oro o
plata; d) necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los
reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente
Acuerdo, tales como las leyes y reglamentos relativos a la aplicación de las
medidas aduaneras, al mantenimiento en vigor de los monopolios administrados de
conformidad con el párrafo 4 del artículo II y con el artículo XVII, a la protección de patentes, marcas de fábrica y derechos de
autor y de reproducción, y a la prevención de prácticas que puedan inducir a
error; e) relativas a los artículos fabricados en las prisiones; f) impuestas
para proteger los tesoros nacionales de valor artístico, histórico o
arqueológico; g) relativas a la conservación de los recursos naturales
agotables, a condición de que tales medidas se apliquen conjuntamente con
restricciones a la producción o al consumo nacionales; h) adoptadas en
cumplimiento de obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo
intergubernamental sobre un producto básico que se ajuste a los criterios
sometidos a las PARTES CONTRATANTES y no desaprobados por ellas o de un acuerdo
sometido a las PARTES CONTRATANTES y no desaprobado por éstas; i) que
impliquen restricciones impuestas a la exportación de materias primas
nacionales, que sean necesarias para asegurar a una industria nacional de
transformación el suministro de las cantidades indispensables de dichas
materias primas durante los períodos en que el precio nacional sea mantenido a
un nivel inferior al del precio mundial en ejecución de un plan gubernamental
de estabilización, a reserva de que dichas restricciones no tengan como
consecuencia aumentar las exportaciones de esa industria nacional o reforzar la
protección concedida a la misma y de que no vayan en contra de las
disposiciones del presente Acuerdo relativas a la no discriminación; j)
esenciales para la adquisición o reparto de productos de los que haya una
penuria general o local; sin embargo, dichas medidas deberán ser compatibles
con el principio según el cual todas las partes contratantes tienen derecho a
una parte equitativa del abastecimiento internacional de estos productos, y las
medidas que sean incompatibles con las demás disposiciones del presente Acuerdo
serán suprimidas tan pronto como desaparezcan las circunstancias que las hayan
motivado. Las PARTES CONTRATANTES examinarán, lo más tarde el 30 de junio de
1960, si es necesario mantener la disposición de este apartado”. “Artículo XXI. Excepciones relativas a la
seguridad. No
deberá interpretarse ninguna disposición del presente Acuerdo en el sentido de
que: a) imponga a una parte contratante la obligación
de suministrar informaciones cuya divulgación sería, a su juicio, contraria a
los intereses esenciales de su seguridad; o b) impida a una parte
contratante la adopción de todas las medidas que estime necesarias para la
protección de los intereses esenciales de su seguridad, relativas: i) a
las materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricación; ii)
al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y a todo comercio de
otros artículos y material destinados directa o indirectamente a asegurar el
abastecimiento de las fuerzas armadas; iii) a las aplicadas en tiempos
de guerra o en caso de grave tensión internacional; o c) impida a una
parte contratante la adopción de medidas en cumplimiento de las obligaciones
por ella contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales”.
[101]         Dispone la norma en cita: “En materia de
impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los productos originarios del
territorio de un país miembro gozarán en el territorio de los demás países
miembros de un tratamiento no menos favorable al que se aplique a productos
similares nacionales.// Los países miembros adoptarán las providencias que, de
conformidad con sus respectivas Constituciones Nacionales, sean necesarias para
dar cumplimiento a la disposición precedente”.
[102]         Entre los productos que Colombia sometió al citado régimen
se encuentran las naranjas, mandarinas, toronjas, cacao en polvo, etc.
Véase, Gaceta del Congreso No. 185 de 2005, página 741.
[103]         “Por el
que se establece la organización mundial de comercio, en adelante OMC”.
[104]         Dispone la
norma en cita: “Artículo 20. La Comisión establecerá las reglas de
procedimiento de los Tribunales Arbitrales que considere necesarias para la
mejor aplicación del presente Régimen, las que garantizarán a las partes la
oportunidad de ser escuchadas y asegurarán que el procedimiento se realice en
forma expedita. Para la elaboración de las reglas, la Comisión tendrá en
consideración los siguientes principios:  a) El procedimiento garantizará como
mínimo el derecho a una audiencia ante el Tribunal Arbitral, así como la
oportunidad de presentar alegatos y réplicas o respuestas por escrito; b) Las
audiencias ante el Tribunal, las deliberaciones y conclusiones, así como todos
los escritos y comunicaciones relacionados con la controversia, tendrán
carácter reservado y serán de acceso exclusivo para las Partes Signatarias, en
las condiciones establecidas en el reglamento del presente Régimen. // Los
documentos calificados por las partes como confidenciales serán de acceso
exclusivo para los árbitros, quienes deberán determinar el suministro de un
resumen no confidencial. // Los laudos del Tribunal Arbitral, sus aclaraciones
y disposiciones sobre medidas de ejecución, tendrán carácter público; c) El
procedimiento del Tribunal Arbitral deberá prever la flexibilidad suficiente
para garantizar la calidad de sus trabajos sin retrasar indebidamente los
mismos. // En caso que la Comisión no haya adoptado las reglas de procedimiento
referidas en el presente artículo y en general en caso de vacío u omisión de
las mismas, el Tribunal Arbitral establecerá sus propias reglas tomando en
cuenta los principios antes referidos. Si fuera necesario, el Tribunal Arbitral
podrá acordar reglas distintas, con el consenso de las partes”.
[105]         Así, a
manera de ejemplo, en sentencia C-369 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett), esta Corporación asumió el control de constitucionalidad del Anexo al
Cuarto Protocolo del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, hecho en
Ginebra el 15 de abril de 1997 y suscrito al amparo de la OMC.
[106]         Gaceta del
Congreso No. 185 de abril 19 de 2005.
[107]         Artículo 14
del Anexo IV.
[108]         Entre los
factores previstos en el citado artículo 11 del Anexo, se señalan los
siguientes: “(a) El ritmo y la cuantía del aumento de las importaciones del
producto de que se trate, en términos absolutos y relativos y las condiciones
en que se realizan tales importaciones; (b) La relación entre las importaciones
bajo aranceles preferenciales establecidos en el presente Acuerdo y no
preferenciales, así como entre sus aumentos; (c) La parte del mercado doméstico
absorbida por las importaciones preferenciales y no preferenciales; y (d) Los
cambios en el nivel de ventas, la producción, la productividad, la utilización
de la capacidad instalada, ganancias y pérdidas y el empleo. // También deberán
ser analizados, entre otros, factores tales como los cambios en los precios y
los inventarios”.
[109]         Véase, al
respecto, el fundamento No. 17 de esta providencia.
[110]         Artículo 1
del Anexo VII.
[111]         Artículos 2
y 3 del Anexo VII.
[112]         Dispone la
norma en cita: “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la
integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos
términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: (…)
10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados
internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los
remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley.
Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su
constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá
efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una
o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la
Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el
consentimiento formulando la correspondiente reserva”.
[113]         La doctrina
define a esta modalidad de tratado como el acto jurídico vinculante por el cual
dos o más países se comprometen a acatar condiciones específicas de intercambio
comercial, a partir de la realización de concesiones mutuas, no siempre de
carácter recíproco, en razón a la posibilidad de otorgar tratamientos
diferenciales como respuesta a las asimetrías existentes entre los
contratantes. Estos acuerdos, dependiendo de su cobertura, pueden incluir la
reducción o supresión de los aranceles, la disminución de medidas no
arancelarias (normas sanitarias, técnicas, aduaneras, compras del Estado),
medidas de protección y defensa (salvaguardias, dumping, subsidios), la
liberalización del comercio de servicios y otras disciplinas relacionadas con
el comercio, como las inversiones, la propiedad intelectual y el comercio
electrónico. En idéntico sentido, el Tratado de Montevideo de 1980, artículo
10, dispone que: “Los acuerdos comerciales tienen por finalidad exclusiva la
promoción del comercio entre los países miembros, y se sujetarán a las normas
específicas que se establezcan al efecto”.
[114]         M.P. Fabio
Morón Díaz.
[115]         M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[116]         M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[117]         M.P. Fabio
Morón Díaz.
[118]         Por regla
general, los acuerdos de integración siguen las pautas previstas en el Acuerdo
mediante el cual se estableció la Organización Mundial de Comercio -OMC-
(Sentencia C-137 de 1995. M.P. Jorge Arango Mejía).
[119]         Véase, al
respecto, el artículo 11 del Tratado de Montevideo de 1980.
[120]         M.P. Álvaro
Tafur Galvis.
[121]         Sentencias
C-323 de 1997 (M.P. Fabio Morón Díaz) y C-492 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz).
[122]         M.P. Fabio
Morón Díaz.
[123]         Vale la
pena aclarar que el simple desconocimiento de un precepto constitucional por
una disposición  específica prevista en un tratado no conduce a la
inconstitucional de todo el instrumento internacional, pues para el efecto se
reconoce la posibilidad de exigir al Gobierno Nacional al momento de
comprometer su voluntad internacional, el señalamiento de una reserva o de una
declaración interpretativa. (C.P. art. 241-10). Así ocurrió, por ejemplo, en la
sentencia C-644 de 2004. (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[124]         En idéntico
sentido, en sentencia C-231 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) se señaló: “(...)
la configuración de un espacio de mutua complementación e integración
económica, social y cultural, demanda que en éste se proyecten los valores y
principios superiores que rigen en el interior de los países y que también
ostentan la naturaleza de compromisos internacionales irrevocables, no
susceptibles de sufrir suspensión o detrimento alguno. La integración
económica, que amplía mercados y genera oportunidades de desarrollo antes no
concebidas, no puede aparejar como contraprestación la pérdida o erosión de los
principios jurídicos superiores pertenecientes al acervo común de los pueblos
que rinden homenaje a la persona humana y a su indeclinable dignidad”.
(Subrayado por fuera del texto original).
[125]         Sentencia
C-231 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz (Subrayado y sombreado por fuera
del texto original).
[126]         Artículo 1°
del Tratado de Montevideo de 1980. Es preciso recordar que la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI) creada mediante el Tratado de Montevideo
del 12 de agosto de 1980, sustituyó a la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio (ALALC) fundada el 18 de febrero de 1960 igualmente en la ciudad
Montevideo. Con esta sustitución se estableció un nuevo ordenamiento jurídico
operativo para avanzar en el proceso de integración de América Latina. Por otra
parte, el Acuerdo de Cartagena que sirvió de origen a la Comunidad Andina de
Naciones se suscribió el 25 de mayo de 1969 al amparo de las resoluciones
adoptadas por la ALALC, el objetivo principal del citado tratado es: “promover
el desarrollo equilibrado y armónico de los Países miembros, acelerar su
crecimiento mediante la integración económica, facilitar su participación en el
proceso de integración previsto en el Tratado de Montevideo y establecer
condiciones favorables para la conversión de la ALALC en un mercado común, todo
ello con la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de
vida de los habitantes de la subregión”. (Artículo 1° del Acuerdo de
Cartagena)
[127]         Dispone la
norma en cita: “Los países miembros se otorgarán recíprocamente una
preferencia arancelaria regional, que se aplicará con referencia al nivel que
rija para terceros países y se sujetará a la reglamentación correspondiente”.
[128]         Como
previamente se señaló son Partes Signatarias del mencionado Tratado de
Montevideo de 1980: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador,
México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
[129]         Artículos 8
y 14 del Tratado de Montevideo.
[130]         Declarado
exequible mediante sentencia C-334 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[131]         Declarado
exequible mediante sentencia C-581 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[132]         Dispone la norma en cita: “Artículo
226. El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones
políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional”.
[133]         Se determina en las disposiciones objeto de
cita: “Preámbulo En ejercicio de su poder soberano, representado por
sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección
de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus
integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana,
decreta, sanciona y promulga la siguiente: (...)”
“Artículo 9. Las relaciones
exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a
la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios
del derecho internacional aceptados por Colombia.
De igual manera, la política exterior de Colombia se
orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe”.
“Artículo 227. El Estado promoverá
la integración económica, social y política con las demás naciones y
especialmente, con los países de América Latina y del Caribe mediante la
celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad,
creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad
latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones directas para
la constitución del Parlamento Andino y del Parlamento Latinoamericano”.
[134]         Gaceta del
Congreso No. 185 de 2005. Allí se señala que: “El MERCOSUR le ofrece a
Colombia un mercado potencial de 216 millones de habitantes, con un Producto
Interno Bruto cercano a los 569 mil millones de dólares, lo cual le permite una
demanda por productos importados cercana a los US$ 74.000 millones y unas
exportaciones cercanas a los US$ 100.000 millones”.
[135]         Gaceta del
Congreso No. 185 de 2005. Pág. 14.
[136]         Sobre la
materia, se puede consultar la sentencia del 6 de julio de 2006 proferida por la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, radicación No. 250002327000 2005 01725 01, Consejero Ponente: Ramiro
Saavedra Becerra.
[137]         M.P. Álvaro
Tafur Galvis.
[138]         M.P. Clara
Inés Vargas Hernández.
[139]         Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994 (GATT 94), Acuerdo  sobre Medidas de Inversión relacionadas
con el Comercio, Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, Acuerdo
sobre salvaguardias, Acuerdo sobre Obstáculos técnicos al Comercio y Acuerdo
sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias  de la Organización Mundial de
Comercio.
[140]         M.P. Jorge Arango Mejía.
[141]         M.P.
Eduardo Montealegre Lynett.
[142]         Expresamente en la parte
resolutiva de la citada sentencia se manifestó: “El Estado colombiano, al
depositar el instrumento de ratificación, deberá realizar una declaración
interpretativa en el sentido que el artículo 365 de la Constitución establece
literalmente que “si por razones de soberanía o de interés social, el Estado,
mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por
iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas
o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que
en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita”.
[143]         Esta Corporación se pronunció solamente sobre
la Constitucionalidad de la Ley 316 del 13 de septiembre de 1996, "Por
medio de la cual se aprueba el Protocolo Interpretativo del artículo 44 del
Tratado de Montevideo 1980", firmado en la ciudad de Cartagena de
Indias, Colombia, el 13 de junio de 1994, en la sentencia C-218 de 1997. M.P.
José Gregorio Hernández Galindo.
[144]         Sentencia C-400 de 1998.  M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[145]         M.P. Fabio
Morón Díaz. “Revisión de constitucionalidad de la Ley 431 del 16 de Enero de
1998, por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de Comercio entre el Gobierno
de la República de Colombia y el Gobierno de Malasia’, hecho en Santafé de
Bogotá D.C. el 14 de Agosto de 1995”.
[146]         Subrayado
por fuera del texto original.
[147]         M.P.
Carlos Gaviria Díaz. “Revisión constitucional del "Convenio comercial
entre el Gobierno de la república de Colombia y el Gobierno de la República de
Hungría", suscrito en Budapest el 18 de junio 1993 y de la ley 249 de 1995
aprobatoria del mismo”.
[148]         M.P.
Alejandro Martínez Caballero. “Revisión constitucional del
“Convenio Comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y la
Federación de Rusia", hecho en Cartagena el 18 de octubre de 1995 y de la
Ley 459 de agosto 4 de 1998,  por medio de la cual se aprueba dicho Convenio”.
[149]         Subrayado
por fuera del texto original. Véase, en el mismo sentido, sentencia C-249 de 1994.
M.P. Jorge Arango Mejía.
[150]         En este
sentido se ha pronunciado esta Corporación, entre otras, en la sentencia C-492
de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz).
[151]         Véase,
entre otras, la Gacetas del Congreso Nos. 865 de 2005 y 15 de 2006.
[152]         Senado de
la República, sesión del 29 de noviembre de 2005. Acta No.30. Visible en la
Gaceta del Congreso No. 15 del 30 de enero de 2006.
[153]         El contrato
de fiducia se identifica con el número DJ-156/2005 y fue suscrito con la
Sociedad Fiduciaria de Comercio, Fiducomercio.
[154]         En sus
propias palabras, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo señaló: “La
jurisprudencia universal [y] la práctica inveterada tratándose de negociaciones
comerciales, [ha señalado] que estos tratados se negocian sobre el “principio
del todo único” porque el cierre a la negociación resulta de un conjunto de
compromisos y de balances que cada una de las partes hace para poder decidir si
obtiene o no las ventajas que el Tratado pretende obtener y si usted retira un
elemento de ese Acuerdo contenido en un todo único que es elemento fundamental
del balance del equilibrio que un tercer país obtiene, pues la negociación se
viene a pique, para Argentina que es un país triguero por excelencia encuentra
en Colombia un mercado importante que aspira tener unas preferencias de acceso
no con el fin de aniquilar la poca producción nacional que tenemos, sino de
generar una desviación del comercio en su beneficio y en contra de los Estados
Unidos y Canadá que son los otros proveedores importantes, si no obtiene acceso
al mercado del trigo colombiano no hace balance, no hace equilibrio y el
sentido de la negociación se pierde” (Página 19. Gaceta del Congreso No.
865 de 2005). Con posterioridad, en otra oportunidad, reiteró: “En este caso
de Argentina, debo señalar que esto es vital para Argentina, sin la apertura
gradual en un período de 6 años en el mercado triguero nacional, Argentina no
hace balance, no obtiene un beneficio adecuado en esta negociación, hoy por hoy
sólo de ese trigo que importamos que es el 97% de nuestras necesidades, solo el
10% viene de Argentina, de tal manera que este tratado al reducir
paulatinamente los aranceles en beneficio de Argentina que es un productor
mundial importante, tiene una expectativa legítima de generar una desviación de
comercio que es el término técnico en contra de Estados Unidos y Canadá que son
nuestros principales proveedores”. (Página 9. Gaceta del Congreso No. 15 de
2006).
[155]         M.P. Ciro
Angarita Barón.
[156]         Para el
efecto la Corte sigue la definición otorgada en el Acta de La Paz suscrita con
ocasión del IV Consejo Presidencial Andino, celebrado en La Paz el 29 y 30 de
noviembre de 1990.
[157]         Sentencia
C-256 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz). Recuérdese que excepcionalmente como
parte del bloque de constitucionalidad se han admitido normas de la Comunidad
Andina referentes a los derechos morales de autor. Véase, entre otras, las
sentencias C-582 de 1999, C-1490 de 2000 y C-988 de 2004.
[158]         M.P. Jorge Arango Mejía. Es preciso recordar
que, como previamente se señaló, mediante sentencia C-369 de 2002, se declaró
la constitucionalidad del “Cuarto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre
el Comercio de Servicios con la Lista de Compromisos Específicos de Colombia”,
suscrito al amparo de la OMC, bajo una “declaración interpretativa”
dirigida a preservar el contenido normativo del artículo 365 Superior.
[159]         M.P. José Gregorio Hernández Galindo. “Revisión de constitucionalidad
de la Ley 496 de febrero 8 de 1999, “Por medio de la cual se aprueba el
‘Acuerdo Comercial entre el Gobierno Del Reino de Marruecos y el Gobierno de la
República de Colombia’, hecho en Rabat el 22 de junio de 1995, y del canje de
notas entre ambos gobiernos sobre la precisión del lugar y fecha de la
suscripción del Tratado, y de la firma de los representantes de los gobiernos,
de 1996”
[160]         M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[161]         Subrayado
por fuera del texto original. En idéntico sentido, en sentencia C-279 de 2001,
se manifestó: “El
artículo segundo, preceptúa la conocida cláusula de "la nación más
favorecida", que es uno de los instrumentos más usuales de reciprocidad
comercial entre dos Estados. En efecto, este mecanismo tiende a facilitar el
intercambio comercial entre los Estados Partes, a través del cual se pretende
un tratamiento no menos favorable del que se le concede a otros países u órganos
en similares circunstancias. Así, sobre este concepto, la Corte ha dicho que:
"Las cláusulas de la nación más favorecida tienen por objeto establecer y
mantener en todo tiempo la igualdad fundamental, sin discriminación entre todos
los países interesados´. La igualdad de tratamiento otorgada por una cláusula
de la nación más favorecida hace desaparecer toda diferencia entre las
inversiones extranjeras beneficiarias de este trato. Por regla general, a
partir del momento en el cual el país receptor de la inversión concede una
ventaja a un tercer Estado, el derecho de otros Estados a un tratamiento no
menos favorable nace en forma inmediata y se extiende a los derechos y ventajas
concedidos antes y después de la entrada en vigor del Tratado que consagra la
aludida cláusula". El trato favorable se concede en relación con el cobro
de aranceles y tasas sobre las importaciones y exportaciones; con las gestiones
de aduanas, tránsito, bodegaje y descargue de mercancías; venta, compra,
distribución de bienes en el mercado interno; la autorización para la
navegación de los buques, el acceso a los puertos y la cooperación para el
transporte marítimo de mercancías (artículo 6º). Este tratamiento
favorable no transgrede norma superior alguna, pues los Estados otorgan un
trato preferencial que encuentra plena justificación constitucional en la
cooperación e internacionalización económica”. (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett). (Subrayado por fuera del texto original).
[162]         Así, a
manera de ejemplo, en sentencia C-178 de 1995 (M.P. Fabio Morón Díaz) se
declaró:
“Por
último y sobre las medidas de salvaguardia que aparecen en el texto del
Tratado, se observa que ellas tienen como finalidad fundamental la de
retrotraer las condiciones de desgravación al momento anterior a la suscripción
de un Tratado; además, la existencia de este tipo de instrumentos parte del
supuesto de que el cumplimiento de los compromisos arancelarios puede generar
daño en la economía y que por ende, los países pueden contar con un mecanismo
que les permita otorgar a los productores un tiempo de ajuste a la exposición a
la competencia internacional”.
[163]         Disponen
las normas en cita: “Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las
leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…) 19. Dictar
las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos: (…) b. Regular
el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional, en
concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la junta
directiva del Banco de la República; c. Modificar, por razones de
política comercial, los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes
al régimen de aduanas”. “Artículo 189. Corresponde al Presidente de la
República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad
Administrativa: (…) 25. Organizar el crédito público; reconocer la deuda
nacional y arreglar su servicio; modificar los aranceles, tarifas y demás
disposiciones concernientes al régimen de aduanas; regular el comercio
exterior, y ejercer la intervención en las actividades financiera, bursátil,
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e
inversión de recursos provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la
ley”.
[164]         M.P.
Alfredo Beltrán Sierra.
[165]         En idéntico sentido, se manifestó esta
Corporación en sentencia C-327 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo),
al decretar ajustado a la Carta Fundamental el Acuerdo Comercial entre la
República de Colombia y la República de Rumania, a saber: “Para el efecto,
se ha previsto [en el Acuerdo] la creación de condiciones favorables, con el
fin de facilitar los intercambios de mercancías entre personas naturales o
jurídicas, mediante estipulaciones como la cláusula de la Nación más
favorecida, la exoneración o reducción de derechos aduaneros en cuanto a
ciertos productos y actividades, la organización de ferias y exposiciones
comerciales, el establecimiento de oficinas de representación comercial, la
previsión de normas sobre tránsito de mercancías a través de los territorios,
la fundación de sociedades comerciales y la creación de una comisión
mixta encargada de analizar el desarrollo de los intercambios comerciales, nada
de lo cual riñe con la Constitución y, al contrario, ejecuta sus mandatos”.
(Señalado por fuera del texto original).
[166]         Sentencia
C-400 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero. (Subrayado y sombreado por
fuera del texto original).
[167]         Sentencia
C-178 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz. (Subrayado por fuera del texto original).