C-200-99
Sentencia C-200/99
Sentencia
C-200/99
CONVENIO
INTERNACIONAL DE MADERAS TROPICALES-Objeto
En el Convenio
Internacional de las Maderas Tropicales se destacan con claridad los dos
criterios que fundamentan la regulación por parte del derecho de ámbitos de la
relación del hombre con la naturaleza. En efecto, se trata de un instrumento
que además de trazar el marco jurídico de las relaciones internacionales
alrededor de la explotación y comercialización de las maderas tropicales,
fomenta la producción de las maderas en forma ordenada y sostenible para
mantener el equilibrio del ecosistema y patrocinar los planes de forestación y
reforestación con el fin de garantizar la existencia de bosques madereros. El
Convenio busca la consolidación de una serie de principios para alcanzar el
consenso mundial respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo
sostenible de los bosques de todo tipo.
CONVENIO
INTERNACIONAL DE MADERAS TROPICALES-Constitucionalidad
El Convenio Internacional
de Maderas Tropicales de 1994, materia de revisión, es concordante con la
finalidad perseguida por los artículos 9 y 150-16 de la Constitución Política,
en cuanto se refieren a la necesidad de alentar y desarrollar las relaciones
internacionales, en este caso, con el objeto de promover procesos de desarrollo
comercial y la adecuada explotación ordenada y sostenible de recursos
naturales.
INMUNIDADES Y
PRIVILEGIOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
La regulación de
las imunidades y privilegios no puede atentar contra la soberanía de los
Estados, su seguridad e independencia y respetar los principios de reciprocidad
e igualdad. Si bien nada impide que se consagren
inmunidades y privilegios que patrocinen el adecuado funcionamiento de
organismos internacionales, dada la naturaleza de las funciones que cumplen,
éstas ventajas quedan constitucionalmente supeditadas, así no se haya
especificado concretamente en el documento que les da vida, a que efectivamente
propendan por la defensa, igualdad y soberanía del organismo de derecho
internacional de que se trate y de los Estados que acuerdan conceder dichas
prerrogativas.
RECURSOS
NATURALES-Desarrollo
sostenible
El concepto de
desarrollo sostenible ha buscado superar una perspectiva puramente
conservacionista en la protección del medio ambiente, al intentar armonizar el
derecho al desarrollo -indispensable para la satisfacción de las necesidades
humanas-, con las restricciones derivadas de la protección al medio ambiente.
El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las
personas y el bienestar social pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los
ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad productiva.
Referencia:
Expediente LAT-133
Revisión
constitucional de la Ley 464 de 1998 "Por medio de la cual se aprueba el
“Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, hecho en Ginebra El 26 De
Enero De 1994”
Magistrado Ponente:
Dr. CARLOS GAVIRIA
DIAZ.
Santafé de
Bogotá, D.C., siete (7) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional integrada por su Presidente Eduardo Cifuentes Muñoz y por
los Magistrados Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Carlos
Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero,
Fabio Morón Díaz, Martha Victoria Sáchica de Moncaleano y Vladimiro Naranjo
Mesa.
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la
siguiente
S E N T E N C I A
En el proceso de
revisión de constitucionalidad de la Ley 464 de 1998 "Por medio de la cual
se aprueba el CONVENIO INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES”, suscrito en
Ginebra el 26 de enero 1994.
I.
TEXTO DE LA
NORMA REVISADA
Dada
la extensión de la ley 464 de 1998 se adjunta fotocopia de la misma.
LEY 464 DE 1998
(agosto 4)
por medio de la cual se aprueba el
“Convenio Internacional de las Maderas Tropicales”,
hecho en Ginebra el veintiséis (26) de enero de mil novecientos noventa y
cuatro (1994).
El Congreso de Colombia
Visto el texto
del “Convenio Internacional de las Maderas Tropicales”, hecho en Ginebra el
veintiséis (26) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
(Para ser
transcrito: Se adjuntan fotocopias del texto íntegro del instrumento
internacional mencionado, debidamente autenticado por el Jefe de la Oficina
Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).
«CONVENIO INTERNACIONAL
DE LAS MADERAS TROPICALES 1994
Preámbulo
Las Partes en
el presente Convenio,
Recordando la Declaración y el Programa de Acción sobre el
Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, el Programa
Integrado para los Productos Básicos, una Nueva Asociación para el Desarrollo:
El Compromiso de Cartagena y los objetivos pertinentes contenidos en el
“Espíritu de Cartagena”,
Recordando el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales,
1983 y reconociendo la labor realizada por la Organización Internacional
de las Maderas Tropicales y los logros alcanzados desde sus comienzos, incluida
una estrategia para lograr que el comercio internacional de maderas tropicales
provenga de recursos forestales ordenados de forma sostenible,
Recordando
además la Declaración de
Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Declaración autorizada, sin
fuerza jurídica obligatoria, de principios para un consenso mundial respecto de
la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de
todo tipo y los capítulos pertinentes del Programa 21, aprobados por la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en
junio de 1992, en Rio de Janeiro; la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático y la Convención de las Naciones Unidas sobre la
Diversidad Biológica,
Reconociendo la importancia de las maderas para las
economías de los países que tienen bosques productores de madera,
Reconociendo
asimismo la necesidad de
promover y aplicar principios y criterios comparables y adecuados para la
ordenación, conservación y desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques
productores de madera,
Teniendo en
cuenta las relaciones
existentes entre el comercio de las maderas tropicales y el mercado
internacional de las maderas y la necesidad de adoptar una perspectiva global
para mejorar la transparencia del mercado internacional de las maderas,
Tomando nota del compromiso asumido por todos los miembros en Bali,
Indonesia, en mayo de 1990, de conseguir que para el año 2000 las exportaciones
de maderas tropicales y productos de estas maderas provengan der ecursos
forestales ordenados de forma sostenible, y reconociendo el Principio 10
de la Declaración autorizada, sin fuerza jurídica obligatoria, de principios
para un consenso mundial respecto de la ordenación, la conservación y el
desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo, principio que afirma que
deben facilitarse a los países en desarrollo recursos financieros nuevos y
adicionales para permitirles ordenar, conservar y desarrollar en forma
sostenible sus recursos forestales, en particular mediante la forestación, la
reforestación y la lucha contra la deforestación y la degradación de los
bosques y de las tierras,
Tomando nota
además del compromiso de
mantener, o alcanzar para el año 2000, la ordenación sostenible de sus
respectivos bosques, anunciado por los miembros consumidores que son Partes en
el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 1983 en el cuarto período
de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas para la Negociación de un
Convenio que suceda al Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 1983
en Ginebra el 21 de enero de 1994,
Deseosas de consolidar el marco de cooperación
internacional y de elaboración de políticas entre los miembros para la búsqueda
de soluciones a los problemas con que tropieza la economía de las maderas
tropicales,
Han convenido en lo siguiente:
CAPITULO I
Objetivos
Artículo 1º. Objetivos.
Reconociendo la soberanía de los miembros sobre sus recursos naturales,
definida en el apartado a) del Principio 1 de la Declaración autorizada, sin
fuerza jurídica obligatoria, de principios para un consenso mundial respecto de
la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de
todo tipo, los objetivos del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales,
1994 (denominado en adelante “el presente Convenio”), son los siguientes:
a) Proporcionar
un marco eficaz para la consulta, la cooperación internacional y la elaboración
de políticas entre todos los miembros en relación con todos los aspectos
pertinentes de la economía mundial de la madera;
b) Proporcionar
un foro de consultas para promover el empleo de prácticas no discriminatorias
en el comercio de maderas;
c) Contribuir al
proceso del desarrollo sostenible;
d) Aumentar la
capacidad de los miembros para aplicar una estrategia para conseguir que para
el año 2000 las exportaciones de maderas tropicales y productos de estas
maderas provengan de recursos forestales ordenados de forma sostenible;
e) Fomentar la
expansión y la diversificación del comercio internacional de maderas tropicales
provenientes de recursos forestales ordenados de forma sostenible mediante el
mejoramiento de las condiciones estructurales de los mercados internacionales,
teniendo en cuenta, por una parte, el aumento a largo plazo del consumo y la
continuidad de los suministros, y, por otra, unos precios que incluyan los
costos del desarrollo sostenible y que sean remuneradores y equitativos para
los miembros, así como el mejoramiento del acceso al mercado;
f) Fomentar y
apoyar la investigación y el desarrollo con miras a mejorar la ordenación de
los bosques y la utilización eficiente de las maderas, así como a aumentar la
capacidad para conservar y fomentar otros valores forestales en los bosques
tropicales productores de madera;
g) Desarrollar
mecanismos para proporcionar los recursos nuevos y adicionales y los
conocimientos técnicos especializados que sean necesarios a fin de aumentar la
capacidad de los miembros productores para lograr los objetivos del presente
Convenio y contribuir a esos mecanismos;
h) Mejorar la
información sobre el mercado con miras a lograr una mayor transparencia del
mercado internacional de las maderas, incluidas la reunión, la clasificación y
la difusión de datos sobre el comercio, inclusive datos sobre las especies
comercializadas;
i) Fomentar una
elaboración mayor y más avanzada de las maderas tropicales extraídas de
recursos forestales ordenados de forma sostenible en los países miembros
productores con miras a promover su industrialización y aumentar así sus oportunidades
de empleo y sus ingresos de exportación;
j) Alentar a los miembros a apoyar y desarrollar las actividades de
repoblación y ordenación de los bosques de maderas tropicales industriales, así
como la rehabilitación de las tierras forestales degradadas, teniendo presente
los intereses de las comunidades locales que dependen de los recursos
forestales;
k) Mejorar la comercialización y la distribución de las exportaciones de
maderas tropicales extraídas de recursos forestales ordenados de forma sostenible;
l) Alentar a los
miembros a elaborar políticas nacionales encaminadas a la utilización
sostenible y la conservación de los bosques productores de maderas y de sus
recursos genéticos y al mantenimiento del equilibrio ecológico de las regiones
interesadas, en el contexto del comercio de maderas tropicales;
m) Promover el
acceso a las tecnologías y su transferencia y a la cooperación técnica para
llevar a la práctica los objetivos del presente Convenio, inclusive en las
condiciones favorables y preferenciales que se determinen de común acuerdo; y
n) Estimular el
intercambio de información sobre el mercado internacional de las maderas.
CAPITULO II
Definiciones
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos del presente Convenio:
1. Por “maderas
tropicales” se entiende las maderas tropicales para usos industriales de
especies no coníferas que crecen o se producen en los países situados entre el
trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. La expresión incluye los
troncos, las tablas, las chapas y la madera contrachapada. Esta definición
también comprende la madera contrachapada que contenga en parte madera de
coníferas de procedencia tropical.
2. Por
“elaboración más avanzada” se entiende la transformación de troncos en
productos primarios de madera, productos semielaborados o productos acabados
hechos totalmente o casi totalmente de maderas tropicales.
3. Por “miembro”
se entiende todo gobierno, o cualquiera de las organizaciones
intergubernamentales a que se refiere el artículo 5º, que haya consentido en
obligarse por el presente Convenio, tanto si está en vigor con carácter
provisional como si lo está con carácter definitivo.
4. Por “miembro
productor” se entiende todo país con recursos forestales tropicales y/o
exportador neto de maderas tropicales en términos de volumen que está enumerado
en el anexo A y que pase a ser parte en el presente Convenio, o todo país con
recursos forestales tropicales y/o exportador neto de maderas tropicales en
términos de volumen que no está enumerado en dicho anexo y que pase a ser parte
en el presente Convenio y que, con su consentimiento, haya sido declarado
miembro productor por el Consejo.
5. Por “miembro
consumidor” se entiende todo país enumerado en el anexo B que pase a ser parte
en el presente Convenio o todo país no enumerado en dicho anexo que pase a ser
parte en el presente Convenio y que, con su consentimiento, haya sido declarado
miembro consumidor por el Consejo.
6. Por
“Organización” se entiende la Organización Internacional de las Maderas Tropicales
establecida conforme al artículo 3º.
7. Por “Consejo”
se entiende el Consejo Internacional de las Maderas Tropicales establecido
conforme al artículo 6º.
8. Por “votación
especial” se entiende una votación que requiera al menos dos tercios de los
votos emitidos por los miembros productores presentes y votantes y al menos el
60% de los votos emitidos por los miembros consumidores presentes y votantes,
contados por separado, con la condición de que tales votos sean emitidos por lo
menos por la mitad de los miembros productores presentes y votantes y por lo
menos por la mitad de los miembros consumidores presentes y votantes.
9. Por “votación
de mayoría distribuida simple” se entiende una votación que requiera más de la
mitad de los votos emitidos por los miembros productores presentes y votantes y
más de la mitad de los votos emitidos por los miembros consumidores presentes y
votantes, contados por separado.
10. Por
“ejercicio económico” se entiende el período comprendido entre el 1º de enero y
el 31 de diciembre, ambos inclusive.
11. Por “monedas
libremente utilizables” se entiende el dólar estadounidense, el franco francés,
la libra esterlina, el marco alemán, el yen japonés y cualquier otra moneda
que, por designación en cualquier momento de una organización monetaria
internacional competente, sea una moneda que se utilice efectiva y ampliamente
para realizar pagos por transacciones internacionales y se negocie efectiva y
ampliamente en los principales mercados de divisas.
CAPITULO III
Organización y administración
Artículo 3º. Sede
y estructura de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales.
1. La
Organización Internacional de las Maderas Tropicales establecida en virtud del
Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 1983 seguirá en funciones
para aplicar las disposiciones y supervisar el funcionamiento del presente
Convenio.
2. La
Organización funcionará por intermedio del Consejo establecido conforme al
artículo 6º, de los comités y otros órganos subsidiarios a que se refiere el
artículo 26 y del Director Ejecutivo y el personal.
3. La sede de la
Organización estará situada en Yokohama, a menos que el Consejo, por votación
especial, decida otra cosa.
4. La sede de la
Organización estará en todo momento situada en el territorio de un miembro.
Artículo 4º. Miembros
de la Organización. Habrá dos categorías de miembros en la Organización:
a) Productores;
y
b) Consumidores.
Artículo 5º. Participación
de organizaciones intergubernamentales
1. Toda
referencia que se haga en el presente Convenio a “gobiernos” será interpretada
en el sentido de que incluye la Comunidad Europea y cualquier otra organización
intergubernamental que sea competente en lo que respecta a la negociación,
celebración y aplicación de Convenios internacionales, en particular Convenios
de productos básicos. En consecuencia, toda referencia que se haga en el
presente Convenio a la firma, ratificación, aceptación o aprobación, o a la
notificación de aplicación provisional, o a la adhesión, será interpretada, en
el caso de esas organizaciones intergubernamentales, en el sentido de que
incluye una referencia a la firma, ratificación, aceptación o aprobación, o a
la notificación de aplicación provisional, o a la adhesión por esas
organizaciones intergubernamentales.
2. En el caso de
que se vote sobre cuestiones de su competencia, esas organizaciones
intergubernamentales tendrán un número de votos igual al total de los votos que
puedan asignarse a sus Estados miembros conforme al artículo 10. En esos casos,
los Estados miembros de tales organizaciones intergubernamentales no tendrán
derecho a emitir los votos asignados a cada uno de ellos.
CAPITULO IV
El Consejo Internacional  de las Maderas Tropicales
Artículo 6º. Composición del Consejo Internacional de las Maderas
Tropicales.
1. La autoridad
suprema de la Organización será el Consejo Internacional de las Maderas
Tropicales, que estará integrado por todos los miembros de la Organización.
2. Cada miembro
estará representado en el Consejo por un representante y podrá designar suplentes
y asesores para que asistan a las reuniones del Consejo.
3. Todo suplente
estará facultado para actuar y votar en nombre del representante en ausencia de
este o en circunstancias especiales.
Artículo 7º. Facultades
y funciones del Consejo.
1. El Consejo
ejercerá todas las facultades y desempeñará, o hará que se desempeñen, todas
las funciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones del presente
Convenio.
2. El Consejo
aprobará, por votación especial, los estatutos y reglamentos que sean
necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Convenio y
compatibles con las mismas, tales como su propio reglamento y el reglamento
financiero y el estatuto del personal de la Organización.
Por el
reglamento financiero se regirán, entre otras cosas, los ingresos y los gastos
de fondos con arreglo a la Cuenta Administrativa, la Cuenta Especial y el Fondo
de Cooperación de Bali. El Consejo podrá prever en su reglamento un
procedimiento que le permita decidir determinados asuntos sin reunirse.
3. El Consejo
llevará la documentación necesaria para el desempeño de las funciones que le
confiere el presente Convenio.
Artículo 8º. Presidente
y Vicepresidente del Consejo.
1. El Consejo
elegirá para cada año civil un Presidente y un Vicepresidente, cuyos sueldos no
serán pagados por la Organización.
2. El Presidente
y el Vicepresidente serán elegidos, uno entre los representantes de los
miembros productores y el otro entre los representantes de los miembros
consumidores. Esos cargos se alternarán cada año entre las dos categorías de
miembros, lo cual no impedirá que, en circunstancias excepcionales, uno de
ellos, o ambos, sean reelegidos por votación especial del Consejo.
3. En caso de
ausencia temporal del Presidente, actuará en su lugar el Vicepresidente. En
caso de ausencia temporal simultánea del Presidente y del Vicepresidente o en
caso de ausencia de uno de ellos, o de ambos, durante el tiempo que quede del
período para el cual fueron elegidos, el Consejo podrá elegir nuevos titulares
de esos cargos entre los representantes de los miembros productores y/o entre
los representantes de los miembros consumidores, según el caso, con carácter
temporal o para el resto del período para el cual fueron elegidos sus
predecesores.
Artículo 9º. Reuniones
del Consejo.
1. Como norma
general, el Consejo celebrará por lo menos una reunión ordinaria cada año.
2. El Consejo
celebrará reuniones extraordinarias siempre que lo decida o a petición de:
a) El Director
Ejecutivo, de acuerdo con el Presidente del Consejo; o
b) La mayoría de
los miembros productores o la mayoría de los miembros consumidores, o
c) Varios
miembros que reúnan por lo menos 500 votos.
3. Las reuniones
del Consejo se celebrarán en la sede de la Organización, a menos que el
Consejo, por votación especial, decida otra cosa al respecto. Si, por
invitación de cualquier miembro, el Consejo se reúne fuera de la sede de la
Organización, ese miembro pagará los gastos adicionales de la celebración de la
reunión fuera de la sede.
4. La
convocación de todas las reuniones, así como los programas de esas reuniones,
serán notificados a los miembros por el Director Ejecutivo al menos con seis
semanas de antelación, excepto en casos de urgencia, en los que la notificación
se hará al menos con siete días de antelación.
Artículo 10. Distribución
de los votos.
1. Los miembros
productores tendrán en conjunto 1.000 votos y los miembros consumidores tendrán
en conjunto 1.000 votos.
2. Los votos de
los miembros productores se distribuirán como sigue:
a) Cuatrocientos
votos se distribuirán por igual entre las tres regiones productoras de Africa,
Asia-Pacífico y América Latina. Los votos así asignados a cada una de estas
regiones se distribuirán entonces por igual entre los miembros productores de
la región;
b) Trescientos
votos se distribuirán entre los miembros productores con arreglo a su
participación respectiva en los recursos forestales tropicales totales de todos
los miembros productores, y
c) Trescientos
votos se distribuirán entre los miembros productores proporcionalmente a los
valores medios de sus respectivas exportaciones netas de maderas tropicales
durante el trienio más reciente respecto del cual se disponga de cifras
definitivas.
3. Sin perjuicio
de lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo, el total de los votos
asignados a los miembros productores de la región de Africa, calculado de
conformidad con el párrafo 2 de este artículo, se distribuirá por igual entre
todos los miembros productores de la región de Africa. Si aún quedaren votos
por distribuir, cada uno de esos votos se asignará a un miembro productor de la
región de Africa de la manera siguiente: el primero se asignará al miembro
productor al que se haya asignado el mayor número de votos con arreglo al
párrafo 2 de este artículo, el segundo al miembro productor que le siga en
cuanto al número de votos asignados, y así sucesivamente hasta que se hayan
asignado todos los votos restantes.
4. A los efectos
del cálculo de la distribución de los votos con arreglo al apartado b) del
párrafo 2 de este artículo, por “recursos forestales tropicales” se entiende
los bosques latifoliados densos productivos según la definición de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO).
5. Los votos de
los miembros consumidores se distribuirán como sigue: cada miembro consumidor
tendrá diez votos iniciales; el resto de los votos se distribuirá
proporcionalmente al volumen medio de sus respectivas importaciones netas de
maderas tropicales durante el período de tres años que empieza cuatro años
civiles antes de la distribución de los votos.
6. El Consejo
distribuirá los votos para cada ejercicio económico al comienzo de su primera
reunión de ese ejercicio, conforme a lo dispuesto en este artículo. Esa
distribución seguirá en vigor durante el resto del ejercicio, sin perjuicio de
lo dispuesto en el párrafo 7 de este artículo.
7. Siempre que
cambie la composición de la Organización o que se suspenda o restablezca el
derecho de voto de cualquier miembro conforme a cualquier disposición del
presente Convenio, el Consejo redistribuirá los votos dentro de la categoría o
las categorías de miembros de que se trate, conforme a lo dispuesto en este
artículo. El Consejo decidirá, en tal caso, cuándo surtirá efecto dicha
redistribución de los votos.
8. No habrá
votos fraccionarios.
Artículo 11. Procedimiento
de votación del Consejo.
1. Cada miembro
tendrá derecho a emitir el número de votos que posea y ningún miembro estará
autorizado a dividir sus votos. Sin embargo, todo miembro podrá emitir de modo
diferente al de sus propios votos los votos que esté autorizado a emitir
conforme al párrafo 2 de este artículo.
2. Mediante
notificación dirigida por escrito al Presidente del Consejo, todo miembro
productor podrá autorizar, bajo su propia responsabilidad, a cualquier otro
miembro productor, y todo miembro consumidor podrá autorizar, bajo su propia
responsabilidad, a cualquier otro miembro consumidor, a que represente sus
intereses y emita sus votos en cualquier sesión del Consejo.
3. Cuando un
miembro se abstenga, se considerará que no ha emitido sus votos.
Artículo 12. Decisiones
y recomendaciones del Consejo.
1. El Consejo
tratará de tomar todas sus decisiones y de formular todas sus recomendaciones
por consenso. Si no puede lograrse el consenso, el Consejo tomará todas sus
decisiones y formulará todas sus recomendaciones por votación de mayoría
distribuida simple, a menos que el presente Convenio prevea una votación
especial.
2. Cuando un
miembro se acoja a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 11 y se emitan sus
votos en una sesión del Consejo, ese miembro será considerado, a los efectos
del párrafo 1 de este artículo, como presente y votante.
Artículo 13. Quórum
en el Consejo.
1. Constituirá
quórum para cualquier sesión del Consejo la presencia de la mayoría de los
miembros de cada una de las categorías a que se hace referencia en el artículo
4º, siempre que tales miembros reúnan al menos dos tercios del total de votos
de sus respectivas categorías.
2. Si no hay
quórum conforme al párrafo 1 de este artículo ni el día fijado para la sesión
ni el día siguiente, constituirá quórum los días siguientes de la reunión la
presencia de la mayoría de los miembros de cada una de las categorías a que se
hace referencia en el artículo 4º, siempre que tales miembros reúnan la mayoría
del total de votos de sus respectivas categorías.
3. Se
considerará como presencia toda representación autorizada conforme al párrafo 2
del artículo 11.
Artículo 14. Cooperación
y coordinación con otras organizaciones.
1. El Consejo
adoptará las disposiciones que sean procedentes para celebrar consultas o
cooperar con las Naciones Unidas y sus órganos, en particular la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible (CDS), las organizaciones intergubernamentales, en
particular el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y la
Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora (CITES), y las organizaciones no gubernamentales.
2. La
Organización utilizará, en la máxima medida posible, las instalaciones, los
servicios y la experiencia de las organizaciones intergubernamentales,
gubernamentales o no gubernamentales existentes, a fin de evitar la duplicación
de esfuerzos en el logro de los objetivos del presente Convenio y de aumentar
la complementariedad y la eficiencia de sus actividades.
Artículo 15. Admisión
de observadores. El Consejo podrá invitar a cualquier gobierno que o sea
miembro o a cualquiera de las organizaciones mencionadas en el artículo 14, el
artículo 20 y el artículo 29, que tenga interés en las actividades de la
Organización, a que asista a cualquiera de las sesiones del Consejo en calidad
de observador.
Artículo 16. Director
Ejecutivo y Personal.
1. El Consejo
nombrará por votación especial al Director Ejecutivo.
2. El Consejo
determinará las modalidades y condiciones del nombramiento del Director
Ejecutivo.
3. El Director
Ejecutivo será el más alto funcionario administrativo de la Organización y será
responsable ante el Consejo de la aplicación y el funcionamiento del presente
Convenio conforme a las decisiones del Consejo.
4. El Director
Ejecutivo nombrará al personal conforme al estatuto que para el personal
establezca el Consejo. El Consejo, por votación especial, decidirá el número de
funcionarios de categoría ejecutiva y profesional que podrá nombrar el Director
Ejecutivo. El Consejo decidirá por votación especial cualquier cambio en el
número de funcionarios de categoría ejecutiva y profesional. El personal será
responsable ante el Director Ejecutivo.
5. Ni el
Director Ejecutivo ni ningún miembro del personal tendrán interés financiero
alguno en la industria o el comercio de las maderas ni en actividades
comerciales conexas.
6. En el
desempeño de sus funciones, el Director Ejecutivo y el personal no solicitarán
ni recibirán instrucciones de ningún miembro ni de ninguna autoridad ajena a la
Organización y se abstendrán de toda acción que pueda desacreditar su condición
de funcionarios internacionales responsables en última instancia ante el
Consejo. Todo miembro respetará el carácter exclusivamente internacional de las
funciones del Director Ejecutivo y del personal y no tratará de influir en
ellos en el desempeño de sus funciones.
CAPITULO V
Privilegios e inmunidades
Artículo 17. Privilegios
e inmunidades.
1. La
Organización tendrá personalidad jurídica. En particular, estará facultada para
contratar, para adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles y para litigar.
2. La condición
jurídica y los privilegios e inmunidades de la Organización, de su Director
Ejecutivo, su personal y sus expertos, y de los representantes de los miembros
que se encuentren en territorio del Japón, continuarán rigiéndose por el
Acuerdo de Sede firmado en Tokio el 27 de febrero de 1988 entre el Gobierno del
Japón y la Organización Internacional de las Maderas Tropicales, con las
enmiendas que sean necesarias para el funcionamiento adecuado de dicho Acuerdo.
3. La
Organización podrá concertar con uno o más países, acuerdos que habrán de ser
aprobados por el Consejo, sobre las facultades, privilegios e inmunidades que
sean necesarios para el debido funcionamiento del presente Convenio.
4. Si la sede de
la Organización se traslada a otro país, el miembro de que se trate concertará
lo antes posible con la Organización un acuerdo de sede que habrá de ser
aprobado por el Consejo. En tanto se concierta ese acuerdo, la Organización
pedirá al nuevo gobierno huésped que, dentro de los límites de su legislación,
exima de impuestos las remuneraciones pagadas por la Organización a sus
funcionarios y los haberes, ingresos y demás bienes de la Organización.
5. El Acuerdo de
Sede será independiente del presente Convenio. No obstante, terminará:
a) Por acuerdo
entre el gobierno huésped y la Organización;
b) En el caso de
que la sede de la Organización se traslade del país del gobierno huésped, o
c) En el caso de
que la Organización deje de existir.
CAPITULO VI
Disposiciones financieras
Artículo 18. Cuentas
financieras.
1. Se
establecerán las siguientes cuentas:
a) La Cuenta
Administrativa;
b) La Cuenta
Especial;
c) El Fondo de
Cooperación de Bali, y
d) Cualquier
otra cuenta que el Consejo juzgue conveniente y necesaria.
2. El Director
Ejecutivo estará encargado de la administración de esas cuentas y el Consejo
incluirá las disposiciones necesarias a tal efecto en el reglamento financiero
de la Organización.
Artículo 19. Cuenta
Administrativa.
1. Los gastos
necesarios para la aplicación del presente Convenio se cargarán a la Cuenta
Administrativa y se sufragarán mediante contribuciones anuales de los miembros
pagadas de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales o
institucionales y fijadas conforme a los párrafos 3, 4 y 5 de este artículo.
2. Los gastos de
las delegaciones en el Consejo, en los comités y en los demás órganos
subsidiarios del Consejo a que se hace referencia en el artículo 26 serán
sufragados por los miembros interesados. En los casos en que un miembro
solicite servicios especiales de la Organización, el Consejo le requerirá que
pague el costo de esos servicios.
3. Antes del
final de cada ejercicio económico, el Consejo aprobará el presupuesto
administrativo de la Organización para el ejercicio económico siguiente y
determinará la contribución de cada miembro a ese presupuesto.
4. La
contribución de cada miembro al presupuesto administrativo para cada ejercicio
económico será proporcional a la relación que exista, en el momento de
aprobarse el presupuesto administrativo correspondiente a ese ejercicio
económico, entre el número de sus votos y la totalidad de los votos de todos
los miembros. Al fijar las contribuciones, los votos de cada miembro se
calcularán sin tener en cuenta la suspensión del derecho de voto de cualquier
miembro ni la redistribución de votos que resulte de ella.
5. La
contribución inicial de todo miembro que ingrese en la Organización después de
la entrada en vigor del presente Convenio será determinada por el Consejo
basándose en el número de votos que se le asignen y en el período que reste del
ejercicio económico en curso, pero no por ello se modificarán las
contribuciones impuestas a los demás miembros para ese ejercicio económico.
6. Las
contribuciones a los presupuestos administrativos serán exigibles el primer día
de cada ejercicio económico. Las contribuciones de los miembros
correspondientes al ejercicio económico en que ingresen en la Organización serán
exigibles en la fecha en que pasen a ser miembros.
7. Si un miembro
no ha pagado íntegramente su contribución al presupuesto administrativo en el
plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha en que tal contribución sea
exigible conforme al párrafo 6 de este artículo, el Director Ejecutivo le
pedirá que efectúe el pago lo antes posible. Si ese miembro sigue sin pagar su
contribución en el plazo de dos meses contados a partir de tal requerimiento,
se le pedirá que indique las razones por las que no ha podido efectuar el pago.
Si al expirar un plazo de siete meses contados a partir de la fecha en que su
contribución sea exigible dicho miembro sigue sin pagar su contribución, se
suspenderán sus derechos de voto hasta el momento en que haya pagado íntegramente
su contribución, a menos que el Consejo, por votación especial, decida otra
cosa. Si, por el contrario, un miembro ha pagado íntegramente su contribución
al presupuesto administrativo en el plazo de cuatro meses contados a partir de
la fecha en que tal contribución sea exigible conforme al párrafo 6 de este
artículo, se aplicará a la contribución de ese miembro el descuento que
establezca el Consejo en el reglamento financiero de la Organización.
8. Todo miembro
cuyos derechos hayan sido suspendidos en virtud de lo dispuesto en el párrafo 7
de este artículo seguirá estando obligado a pagar su contribución.
Artículo 20. Cuenta
Especial.
1. Dentro de la
Cuenta Especial se llevarán dos subcuentas:
a) La Subcuenta
de actividades previas a los proyectos, y
b) La Subcuenta
de proyectos.
2. Las fuentes
de financiación de la Cuenta Especial podrán ser:
a) El Fondo
Común para los Productos Básicos;
b) Instituciones
financieras regionales e internacionales, y
c)
Contribuciones voluntarias.
3. Los recursos
de la Cuenta Especial sólo se utilizarán para las actividades previas a
proyectos o los proyectos aprobados.
4. Todos los
gastos efectuados con cargo a la Subcuenta de actividades previas a los
proyectos serán reembolsados a esta subcuenta con cargo a la Subcuenta de
proyectos si los proyectos son posteriormente aprobados y financiados. Si
dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente Convenio
el Consejo no recibe ningún recurso para la Subcuenta de actividades previas a
los proyectos, examinará la situación y adoptará las medidas pertinentes.
5. Todos los
ingresos resultantes de actividades previas a proyectos o de proyectos
específicamente atribuibles a la Cuenta Especial se abonarán a esta cuenta.
Todos los gastos en que se incurra en relación con dichas actividades previas a
proyectos o dichos proyectos, inclusive la remuneración y los gastos de viaje
de los consultores y expertos, se cargarán a la misma cuenta.
6. El Consejo,
por votación especial, establecerá las condiciones en las que podrá, cuando lo
considere apropiado, patrocinar proyectos para su financiación mediante
préstamos, cuando uno o más miembros hayan asumido voluntariamente todas las
obligaciones y responsabilidades relacionadas con dichos préstamos. La
Organización no asumirá ninguna obligación respecto de esos préstamos.
7. El Consejo
podrá designar y patrocinar cualquier entidad con el consentimiento de ésta, en
particular a uno o más miembros, para recibir préstamos destinados a financiar
proyectos aprobados y para asumir todas las obligaciones resultantes, con la
salvedad de que la Organización se reservará el derecho de vigilar el empleo de
los recursos y de supervisar la ejecución de los proyectos así financiados. No
obstante, la Organización no será responsable por las garantías dadas
voluntariamente por cualquier miembro o por otras entidades.
8. Ningún
miembro será responsable, por el hecho de ser miembro de la Organización, de
ninguna obligación dimanante de los préstamos tomados o concedidos por otro
miembro u otra entidad en relación con los proyectos.
9. En caso de
que se ofrezcan con carácter voluntario a la Organización recursos no
asignados, el Consejo podrá aceptarlos. Dichos recursos podrán utilizarse para
las actividades previas a proyectos y los proyectos aprobados.
10. El Director
Ejecutivo se encargará de obtener, en las condiciones y modalidades que el
Consejo decida, financiación suficiente y segura para las actividades previas a
proyectos y los proyectos aprobados por el Consejo.
11. Las
contribuciones asignadas a proyectos aprobados especificados sólo se utilizarán
para los proyectos a los que se asignaron originalmente, a menos que el Consejo
decida otra cosa de acuerdo con el contribuyente. Una vez terminado un
proyecto, la Organización devolverá a cada contribuyente los fondos sobrantes
en proporción a la participación de cada contribuyente en el total de las
contribuciones originalmente facilitadas para la financiación de ese proyecto,
a menos que el contribuyente convenga en otra cosa.
Artículo 21. El
Fondo de Cooperación de Bali.
1. Se establece
un fondo para la ordenación sostenible de los bosques productores de maderas
tropicales con el fin de ayudar a los miembros productores a efectuar las
inversiones necesarias para alcanzar el objetivo establecido en el apartado d)
del artículo 1º del presente Convenio.
2. El Fondo
estará dotado con:
a) Las
contribuciones que donen los miembros;
b) El 50% de los
ingresos obtenidos por concepto de actividades relacionadas con la Cuenta
Especial;
c) Los recursos
de otras fuentes, privadas y públicas, que la Organización acepte de
conformidad con su reglamento financiero.
3. El Consejo
asignará los recursos del Fondo solamente a las actividades previas a proyectos
y los proyectos que estén relacionados con el propósito enunciado en el párrafo
1 de este artículo y hayan sido aprobados de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 25.
4. Cuando
proceda a asignar recursos con cargo al Fondo, el Consejo tendrá en cuenta:
a) Las
necesidades especiales de los miembros en los cuales la contribución de su
sector forestal a su economía resulte perjudicada por la aplicación de la
estrategia para conseguir que en el año 2000 las exportaciones de maderas
tropicales y productos de estas maderas provengan de recursos forestales
ordenados de forma sostenible;
b) Las
necesidades de los miembros que posean superficies forestales extensas y pongan
en práctica programas de conservación de los bosques productores de madera.
5. El Consejo
examinará anualmente si son suficientes los recursos puestos a disposición del
Fondo y se esforzará en obtener los recursos adicionales que necesiten los
miembros productores para realizar el propósito del Fondo. La capacidad de los
miembros para aplicar la estrategia a que se hace referencia en el apartado a)
del párrafo 4 de este artículo dependerá de la cantidad de recursos de que
disponga el Fondo.
6. El Consejo
adoptará las políticas y el reglamento financiero por los que se regirá el
funcionamiento del Fondo, incluidas las disposiciones aplicables a la
liquidación de cuentas en caso de que el presente Convenio se dé por terminado
o llegue a expiración.
Artículo 22. Formas
de pago.
1. Las
contribuciones a la Cuenta Administrativa se pagarán en monedas libremente
utilizables y estarán exentas de toda restricción cambiaria.
2. Las
contribuciones financieras a la Cuenta Especial y al Fondo de Cooperación de
Bali se pagarán en monedas libremente utilizables y estarán exentas de toda
restricción cambiaria.
3. El Consejo
también podrá decidir aceptar otras formas de contribuciones a la Cuenta
Especial o el Fondo de Cooperación de Bali, entre ellas material científico y
técnico o personal, para atender las necesidades de los proyectos aprobados.
Artículo 23. Auditoría
y publicación de cuentas.
1. El Consejo
nombrará a auditores independientes para que lleven a cabo la auditoría de la
contabilidad de la Organización.
2. Los Estados
de la Cuenta Administrativa, de la Cuenta Especial y del Fondo de Cooperación
de Bali, comprobados por auditores independientes, serán comunicados a los
miembros lo antes posible después del cierre de cada ejercicio económico, pero
no más tarde de seis meses después de esa fecha, y serán examinados por el
Consejo para su aprobación en su siguiente reunión, según proceda. Después se
publicará un resumen de las cuentas y el balance comprobados por los auditores.
CAPITULO VII
Actividades operacionales
Artículo 24. Actividades
de la Organización relacionadas con políticas. A fin de lograr los
objetivos estipulados en el artículo 1º, la Organización emprenderá actividades
relacionadas con políticas y proyectos en las esferas de la información
económica y la información sobre el mercado, la repoblación y ordenación
forestales y la industria forestal, de una manera equilibrada e integrando, en
la medida posible, las actividades relacionadas con políticas y las
relacionadas con proyectos.
Artículo 25. Actividades
de la Organización relacionadas con proyectos.
1. Teniendo en
cuenta las necesidades de los países en desarrollo, los miembros podrán
presentar al Consejo propuestas de actividades previas a proyectos y de
proyectos en las esferas de la investigación y el desarrollo, la información
sobre el mercado, la elaboración mayor y más avanzada de las maderas en los
países miembros productores y la repoblación y ordenación forestales. Las
actividades previas a proyectos y los proyectos deberán contribuir a alcanzar
uno o más de los objetivos del presente Convenio.
2. El Consejo, al
aprobar actividades previas a proyectos o proyectos, tendrá en cuenta:
a) Su utilidad
para la realización de los objetivos del Convenio;
b) Sus efectos
ambientales y sociales;
c) La
conveniencia de mantener un equilibrio geográfico adecuado;
d) Los intereses
y características de cada una de las regiones productoras en desarrollo;
e) La
conveniencia de asegurar una distribución equitativa de los recursos entre las
esferas a que se hace referencia en el párrafo 1 de este artículo;
f) Su eficacia
en relación con el costo; y
g) La necesidad
de evitar toda duplicación de esfuerzos.
3. El Consejo
establecerá un calendario y unos procedimientos para la presentación, la
evaluación y el establecimiento del orden de prioridad de las actividades
previas a los proyectos y de los proyectos que requieran financiación de la
Organización, así como para su realización, supervisión y evaluación. El
Consejo decidirá sobre la aprobación de los proyectos y de las actividades
previas a proyectos para su financiación o patrocinio de conformidad con el
artículo 20 o el artículo 21.
4. El Director
Ejecutivo podrá suspender el desembolso de recursos de la Organización para un
proyecto o una actividad previa a un proyecto si se están utilizando en forma
contraria a lo estipulado en el documento del proyecto o en casos de fraude,
dispendio, negligencia o mala administración. En la reunión subsiguiente el
Director Ejecutivo presentará a la consideración del Consejo un informe sobre
las medidas que haya tomado. El Consejo tomará la decisión que corresponda.
5. El Consejo
podrá, por votación especial, dejar de patrocinar cualquier proyecto o
actividad previa a un proyecto.
Artículo 26. Establecimiento
de comités.
1. Se establecen
como comités de la Organización los siguientes:
a) Comité de
Información Económica e Información sobre el Mercado;
b) Comité de
Repoblación y Ordenación Forestales;
c) Comité de
Industrias Forestales;
d) Comité de
Finanzas y Administración.
2. El Consejo
podrá, por votación especial, establecer los demás comités y órganos
subsidiarios que estime adecuados y necesarios.
3. Cada uno de
los comités estará abierto a la participación de todos los miembros. El
reglamento de los comités será decidido por el Consejo.
4. Los comités y
órganos subsidiarios a que se hace referencia en los párrafos 1 y 2 de este
artículo serán responsables ante el Consejo y trabajarán bajo su dirección
general. Las reuniones de los comités y órganos subsidiarios serán convocadas
por el Consejo.
Artículo 27. Funciones
de los comités.
1. El Comité de
Información Económica e Información sobre el Mercado se encargará de:
a) Examinar
regularmente la disponibilidad y calidad de las estadísticas y demás
información que necesite la Organización;
b) Analizar los
datos estadísticos y los indicadores concretos que decida el Consejo para la
vigilancia del comercio internacional de las maderas;
c) Mantener en
examen permanente el mercado internacional de las maderas, su situación actual
y sus perspectivas a corto plazo, sobre la base de los datos mencionados en el
apartado b) y de otra información pertinente, incluidos los datos relacionados
con el comercio no documentado;
d) Formular
recomendaciones al Consejo sobre la necesidad y la índole de los estudios
apropiados sobre las maderas tropicales, incluidos los precios, la elasticidad
del mercado, las sustituciones de maderas en el mercado, la comercialización de
nuevos productos y las perspectivas a largo plazo del mercado internacional de
las maderas tropicales y supervisar y examinar los estudios que le encargue el
Consejo;
e) Realizar
cualesquiera otras tareas relacionadas con los aspectos económicos, técnicos y
estadísticos de las maderas que le sean confiadas por el Consejo;
f) Participar en
la prestación de cooperación técnica a los países miembros en desarrollo a fin
de mejorar sus servicios estadísticos pertinentes.
2. El Comité de
Repoblación y Ordenación Forestales se encargará de:
a) Fomentar la
cooperación entre los miembros como asociados para el desarrollo de las
actividades forestales en los países miembros, en particular en las esferas
siguientes:
i) Repoblación
forestal;
ii)
Rehabilitación de bosques;
iii) Ordenación
forestal;
b) Alentar el
aumento de la asistencia técnica y la transferencia de tecnología en las
esferas de la repoblación y la ordenación forestales a los países en
desarrollo;
c) Seguir las
actividades en curso en estas esferas e identificar y estudiar los problemas
existentes y sus posibles soluciones en colaboración con las organizaciones
competentes;
d) Examinar
regularmente las necesidades futuras del comercio internacional de maderas
tropicales industriales y, sobre esa base, identificar y considerar posibles
planes y medidas adecuados en materia de repoblación forestal, rehabilitación
de bosques y ordenación forestal;
e) Facilitar la
transferencia de conocimientos en materia de repoblación y ordenación
forestales, con la asistencia de las organizaciones competentes;
f) Coordinar y
armonizar esas actividades de cooperación en las esferas de la repoblación y la
ordenación forestales con las actividades pertinentes que se realicen en otros
lugares, en particular en el marco de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación, FAO, el Programa de la Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, PNUMA, el Banco Mundial, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, PNUD, los bancos de desarrollo regionales y otras
organizaciones competentes.
3. El Comité de
Industrias Forestales se encargará de:
a) Fomentar la
cooperación entre los países miembros como asociados para el desarrollo de las
actividades de elaboración en los países miembros productores, en particular en
las esferas siguientes:
i) El desarrollo
de productos mediante la transferencia de tecnologías;
ii) El
desarrollo de los recursos humanos y la capacitación;
iii) La
normalización de la nomenclatura de las maderas tropicales;
iv) La
armonización de las especificaciones de los productos elaborados;
v) El fomento de
las inversiones y las empresas mixtas, y
vi) La
comercialización, incluida la promoción de las especies menos conocidas y menos
utilizadas;
b) Fomentar el
intercambio de información a fin de facilitar los cambios estructurales
necesarios para impulsar una elaboración mayor y más avanzada en interés de
todos los países miembros, en particular los países miembros en desarrollo;
c) Seguir las
actividades en curso en estas esferas e identificar y considerar los problemas
existentes y sus posibles soluciones en colaboración con las organizaciones
competentes;
d) Alentar el
aumento de la cooperación técnica para la elaboración de las maderas tropicales
en beneficio de los países miembros productores.
4. Para llevar a
cabo de una forma equilibrada las labores de la Organización relacionadas con
las políticas y con los proyectos, el Comité de Información Económica e
Información sobre el Mercado, el Comité de Repoblación y Ordenación Forestales,
y el Comité de Industrias Forestales:
a) Serán
responsables de asegurar el examen, la evaluación y el control efectivos de los
proyectos y de las actividades previas a proyectos;
b) Harán
recomendaciones al Consejo en relación con los proyectos y las actividades
previas a proyectos;
c) Seguirán la
ejecución de los proyectos y de las actividades previas a proyectos y tomarán
disposiciones para reunir y difundir lo más ampliamente posible sus resultados
en beneficio de todos los miembros;
d) Desarrollarán
ideas relativas a políticas y las presentarán al Consejo;
e) Examinarán
regularmente los resultados de las actividades relacionadas con los
proyectos y con las políticas y formularán recomendaciones al Consejo sobre el
futuro del programa de la Organización;
f) Examinarán
regularmente las estrategias, criterios y prioridades para la preparación de
programas y la realización de las actividades relacionadas con los proyectos
conforme al plan de acción de la Organización y recomendarán al Consejo las
revisiones que éste deba efectuar;
g)Tendrán en
cuenta las necesidad de reforzar la creación de capacidad y el desarrollo de
los recursos humanos en los países miembros;
h) Realizarán
cualquier otra tarea que les asigne el Consejo en relación con los objetivos
del presente Convenio.
5. La
investigación y el desarrollo serán una función común de los Comités a que se
hace referencia en los párrafos 1, 2 y 3 de este artículo.
6. El Comité de
Finanzas y Administración se encargará de:
a) Examinar y
formular recomendaciones al Consejo respecto de la aprobación de las propuestas
para el presupuesto administrativo de la Organización y las operaciones de
gestión de la Organización;
b) Examinar los
haberes de la Organización a fin de asegurarse de su prudente gestión y de que
la Organización dispone de reservas suficientes para la realización de su
trabajo;
c) Examinar y
formular recomendaciones al Consejo sobre las repercusiones presupuestarias del
programa de trabajo anual de la Organización y las medidas que podrían tomarse
a fin de garantizar los recursos necesarios para realizar dicho programa de
trabajo;
d) Recomendar al
Consejo la elección de auditores independientes y examinar los estados de
cuenta comprobados por dichos auditores;
e) Recomendar al
Consejo las modificaciones del reglamento del Consejo o del reglamento
financiero de la organización que considere necesarias;
f) Examinar los
ingresos de la organización y la medida en que éstos limitan la labor de la
Secretaría.
CAPITULO VIII
Relación con el fondo común para los productos básicos
Artículo 28. Relación
con el Fondo Común para los Productos Básicos.
La Organización
aprovechará plenamente las facilidades que ofrece el Fondo Común para los
Productos Básicos.
CAPITULO IX
Estadísticas, estudios e información
Artículo 29. Estadísticas,
estudios e información.
1. El Consejo
establecerá estrechas relaciones con las organizaciones intergubernamentales,
gubernamentales y no gubernamentales pertinentes, para contribuir a asegurar la
disponibilidad de datos e información recientes y fidedignos sobre el comercio
de las maderas tropicales, así como la información pertinente sobre las maderas
no tropicales y sobre la ordenación de los bosques productores de madera. En la
medida que se considere necesario para la aplicación del presente Convenio, la
Organización, en colaboración con esas organizaciones, reunirá, sistematizará y
cuando sea necesario, publicará información estadística sobre la producción, la
oferta, el comercio, las existencias, el consumo y los precios de mercado de
las maderas, la cantidad de recursos madereros y la ordenación de los bosques
productores de madera.
2. Los miembros
proporcionarán, dentro de un plazo razonable y en la más alta medida posible
compatible con su legislación nacional, las estadísticas y la información sobre
las maderas, su comercio y las actividades encaminadas a lograr la ordenación
sostenible de los bosques productores de madera y cualquier otra información
pertinente que les pida el Consejo. El Consejo decidirá el tipo de información
que se ha de facilitar, de conformidad con este párrafo y la forma en que se
presentará.
3. El Consejo
adoptará periódicamente medidas para la realización de los estudios necesarios
de las tendencias y los problemas a corto y a largo plazo del mercado
internacional de las maderas y de los progresos realizados hacia la consecución
de una ordenación sostenible de los bosques productores de madera.
Artículo 30. Informe
y examen anuales
1. Dentro de los
seis meses siguientes al final de cada año civil, el Consejo publicará un
informe anual sobre sus actividades con la información adicional que estime
adecuada.
2. El Consejo
examinará y evaluará anualmente:
a) La situación
internacional de las maderas;
b) Otros
factores, cuestiones y acontecimientos que considere de interés para conseguir
los objetivos del presente Convenio.
3. El examen se
realizará teniendo en cuenta:
a) La
información proporcionada por los miembros sobre la producción nacional, el
comercio, la oferta, las existencias, el consumo y los precios de las maderas;
b) Otros datos
estadísticos e indicadores específicos proporcionados por los miembros a
petición del Consejo, y
c) La
información proporcionada por los miembros sobre los progresos realizados hacia
la ordenación sostenible de sus bosques productores de madera;
d) Cualquier
otra información pertinente de que pueda disponer el Consejo directamente o por
conducto de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y de las
organizaciones intergubernamentales, gubernamentales o no gubernamentales.
4. El Consejo
promoverá el intercambio de opiniones entre los países miembros en relación
con:
a) La situación
de la ordenación sostenible de los bosques productores de madera y aspectos
conexos en los países miembros;
b) Las
corrientes y necesidades de recursos en relación con los objetivos, criterios y
directrices establecidos por la Organización.
5. Previa
petición, el Consejo tratará de aumentar la capacidad técnica de los países
miembros, en particular los países miembros en desarrollo, para obtener los
datos necesarios para un intercambio adecuado de información, en particular
suministrando a los miembros recursos para la capacitación y servicios.
6. Los
resultados del examen se incluirán en los informes sobre las deliberaciones del
Consejo.
CAPITULO X
Disposiciones varias
Artículo 31. Reclamaciones
y controversias. Toda reclamación formulada contra un miembro por incumplimiento
de las obligaciones que le impone el presente Convenio y toda controversia
relativa a la interpretación o aplicación del presente Convenio, serán
sometidas a la decisión del Consejo. Las decisiones del Consejo a ese respecto
serán definitivas y vinculantes.
Artículo 32. Obligaciones
generales de los miembros.
1. Durante la
vigencia del presente Convenio, los miembros cooperarán entre sí y harán todo
lo posible para contribuir al logro de sus objetivos y para abstenerse de toda
acción que sea contraria a ellos.
2. Los miembros
se comprometen a aceptar y aplicar las decisiones que tome el Consejo con
arreglo a las disposiciones del presente Convenio y procurarán abstenerse de
aplicar medidas cuyo efecto sea limitar esas decisiones o que sean contrarias a
ellas.
Artículo 33. Exención
de obligaciones.
1. Cuando ello
sea necesario debido a circunstancias excepcionales, situaciones de emergencia
o casos de fuerza mayor, no previstos expresamente en el presente Convenio, el
Consejo podrá, por votación especial, eximir a cualquier miembro de cualquiera
de las obligaciones impuestas por el presente Convenio, si le convencen las
explicaciones dadas por ese miembro sobre las razones por las que no puede
cumplir la obligación.
2. El Consejo,
cuando conceda una exención a un miembro conforme al párrafo 1º de este
artículo, indicará expresamente en qué condiciones y modalidades y por cuánto
tiempo se exime a tal miembro de esa obligación, así como las razones por las
que se concede la exención.
Artículo 34. Medidas
diferenciales y correctivas y medidas especiales.
1. Los miembros
importadores en desarrollo cuyos intereses resulten perjudicados por medidas
adoptadas conforme al presente Convenio, podrán solicitar del Consejo la
adopción de medidas diferenciales y correctivas apropiadas. El Consejo
examinará la adopción de medidas apropiadas, de conformidad con los párrafos 3
y 4 de la sección III de la Resolución 93 (IV) de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
2. Los miembros comprendidos en la categoría de los países menos
adelantados definida por las Naciones Unidas podrán solicitar del Consejo la
adopción de medidas especiales, de conformidad con el párrafo 4 de la sección
III de la Resolución 93 (IV), y con los párrafos 56 y 57 de la Declaración de
París y el Programa de Acción en favor de los Países menos adelantados para el
Decenio de 1990.
Artículo 35. Revisión.
El Consejo revisará el alcance del presente Convenio, cuatro años después de su
entrada en vigor.
Artículo 36. No
discriminación. Ninguna disposición del presente Convenio autorizará el uso
de medidas para restringir o prohibir el comercio internacional de madera y
productos de madera, en particular las que afecten a sus importaciones y su
utilización.
CAPITULO XI
Disposiciones finales
Artículo 37. Depositario.
El Secretario General de las Naciones Unidas queda designado depositario del
presente Convenio.
Artículo 38. Firma,
ratificación, aceptación y aprobación.
1. Desde el 1º
de abril de 1994 hasta un mes después de su entrada en vigor, el presente
Convenio estará abierto en la Sede de las Naciones Unidas a la firma de los
gobiernos invitados a la Conferencia de las Naciones Unidas para la Negociación
de un Convenio que suceda al Convenio Internacional de las Maderas Tropicales,
1983.
2. Cualquiera de
los gobiernos a que se hace referencia en el párrafo 1 de este artículo podrá:
a) En el momento
de firmar el presente Convenio, declarar que por dicha firma acepta obligarse
por el presente Convenio (firma definitiva), o
b) Después de
firmar el presente Convenio, ratificarlo, aceptarlo o aprobarlo, mediante el
depósito de un instrumento al efecto en poder del depositario.
Artículo 39. Adhesión.
1. El presente
Convenio estará abierto a la adhesión de los gobiernos de todos los Estados en
las condiciones que determine el Consejo, entre las que figurará un plazo para
el depósito de los instrumentos de adhesión.
No obstante, el
Consejo podrá conceder prórrogas a los gobiernos que no puedan adherirse en el
plazo fijado en las condiciones de adhesión.
2. La adhesión
se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del
depositario.
Artículo 40. Notificación
de aplicación provisional. Todo gobierno signatario que tenga intención de
ratificar, aceptar o aprobar el presente Convenio, o todo gobierno para el que
el Consejo haya establecido condiciones de adhesión, pero que todavía no haya
podido depositar su instrumento, podrá en todo momento notificar al depositario
que aplicará el presente Convenio provisionalmente, bien cuando éste entre en
vigor conforme al artículo 41, bien, si ya está en vigor, en la fecha que se
especifique.
Artículo 41. Entrada
en vigor.
1. El presente
Convenio entrará definitivamente en vigor el 1º de febrero de 1995 o en
cualquier otra fecha posterior, si 12 gobiernos de países productores que
representen al menos el 55% del total de los votos indicando en el anexo A del
presente Convenio y 16 gobiernos de países consumidores que representen al
menos el 70% del total de los votos indicado en el anexo B del presente
Convenio, han firmado el presente Convenio definitivamente o lo han ratificado,
aceptado o aprobado o se han adherido a él con arreglo al párrafo 2 del
artículo 38 o al artículo 39.
2. Si el
presente Convenio no ha entrado definitivamente en vigor el 1º de febrero de
1995 entrará en vigor provisionalmente en dicha fecha o en cualquier otra fecha
dentro de los seis meses siguientes, si 10 gobiernos de países productores que
reúnan al menos el 50% del total de los votos indicado en el anexo A del
presente Convenio y 14 gobiernos de países consumidores que reúnan al menos el
65% del total de los votos indicado en el anexo B del presente Convenio, han
firmado el presente Convenio definitivamente o lo han ratificado, aceptado o aprobado
con arreglo al párrafo 2 del artículo 38 o han notificado al depositario,
conforme al artículo 40, que aplicarán provisionalmente el presente Convenio.
3. Si el 1º de
septiembre de 1995 no se han cumplido los requisitos para la entrada en vigor
establecidos en el párrafo 1º o en el párrafo 2 de este artículo, el Secretario
General de las Naciones Unidas invitará a los gobiernos que hayan firmado el
presente Convenio definitivamente o lo hayan ratificado, aceptado o aprobado
con arreglo al párrafo 2º del artículo 38, o hayan notificado al depositario
que aplicarán provisionalmente el presente Convenio, a reunirse lo antes
posible para decidir si el presente Convenio entrará provisional o
definitivamente en vigor entre ellos, en su totalidad o en parte. Los gobiernos
que decidan que el presente Convenio entre provisionalmente en vigor entre
ellos, podrán reunirse de vez en cuando para examinar la situación y decidir si
el presente Convenio ha de entrar definitivamente en vigor entre ellos.
4. En el caso de
cualquier gobierno que no haya notificado al depositario, conforme al artículo
40 su decisión de aplicar provisionalmente el presente Convenio y que deposite
su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión después de la
entrada en vigor del presente Convenio, el presente Convenio entrará en vigor
para ese gobierno en la fecha de tal depósito.
5. El Director
Ejecutivo de la Organización convocará la primera reunión del Consejo, lo antes
posible después de la entrada en vigor del presente Convenio.
Artículo 42. Enmiendas.
1. El Consejo
podrá, por votación especial, recomendar a los miembros una enmienda al
presente Convenio.
2. El Consejo
fijará el plazo dentro del cual los miembros deberán notificar al depositario
que aceptan la enmienda.
3. Toda enmienda
entrará en vigor 90 días después de que el depositario haya recibido las
notificaciones de aceptación de miembros que constituyan al menos dos tercios
de los miembros productores y que reúnan al menos el 75% de los votos de los
miembros productores, así como de miembros que constituyan al menos dos tercios
de los miembros consumidores y que reúnan al menos el 75% de los votos de los
miembros consumidores.
4. Después de
que el depositario haya informado al Consejo de que se cumplen las condiciones
requeridas para la entrada en vigor de la enmienda, y no obstante las
disposiciones del párrafo 2º de este artículo relativas a la fecha fijada por
el Consejo, todo miembro podrá notificar al depositario que acepta la enmienda,
siempre que haga esa notificación antes de la entrada en vigor de la enmienda.
5. Todo miembro
que no haya notificado su aceptación de la enmienda en la fecha en que la
enmienda entre en vigor dejará de ser parte en el presente Convenio a partir de
esa fecha, a menos que demuestre, a satisfacción del Consejo, que no se pudo
conseguir a tiempo su aceptación por dificultades relacionadas con la
terminación de sus procedimientos constitucionales o institucionales y que el
Consejo decida prorrogar respecto de ese miembro el plazo fijado para la
aceptación de la enmienda. Ese miembro no estará obligado por la enmienda hasta
que haya notificado que la acepta.
6. Si en la
fecha fijada por el Consejo conforme al párrafo 2 de este artículo, no se han
cumplido las condiciones requeridas para que entre en vigor la enmienda, ésta
se considerará retirada.
Artículo 43. Retiro.
1. Todo miembro
podrá retirarse del presente Convenio en cualquier momento después de su
entrada en vigor, notificando por escrito su retiro al depositario. Ese miembro
informará simultáneamente al Consejo de la decisión que haya adoptado.
2. El retiro
surtirá efecto 90 días después de que el depositario reciba la notificación.
3. El retiro de
un miembro no cancelará las obligaciones financieras que haya contraído con la
Organización en virtud del presente Convenio.
Artículo 44. Exclusión.
El Consejo, si estima que un miembro ha incumplido las obligaciones contraídas
en virtud del presente Convenio y decide además que tal incumplimiento
entorpece seriamente la aplicación del presente Convenio, podrá, por votación
especial, excluir del presente Convenio a ese miembro. El Consejo lo notificará
inmediatamente al depositario. Seis meses después de la fecha de la decisión
del Consejo, ese miembro dejará de ser parte en el presente Convenio.
Artículo 45. Liquidación
de las cuentas en caso de retiro o exclusión de un miembro o de imposibilidad
por parte de un miembro de aceptar una enmienda.
1. El Consejo
procederá a la liquidación de las cuentas con todo miembro que deje de ser
parte en el presente Convenio a causa de:
a) No aceptación
de una enmienda introducida en el presente Convenio conforme al artículo 42;
b) Retiro del
presente Convenio conforme al artículo 43; o
c) Exclusión del
presente Convenio conforme al artículo 44.
2. El Consejo
conservará toda contribución pagada a la Cuenta Administrativa, a la Cuenta
Especial o al Fondo de Cooperación de Bali por todo miembro que deje de ser
parte en el presente Convenio.
3. El miembro
que haya dejado de ser parte en el presente Convenio, no tendrá derecho a
recibir ninguna parte del producto de la liquidación o de los demás haberes de
la Organización. Tampoco estará obligado a pagar parte alguna del déficit, en
caso de que lo hubiere, de la Organización a la terminación del presente
Convenio.
Artículo 46. Duración,
prórroga y terminación.
1. El presente
Convenio permanecerá en vigor durante un período de cuatro años a partir de su
entrada en vigor, a menos que el Consejo decida, por votación especial,
prorrogarlo, renegociarlo o declararlo terminado de acuerdo con lo dispuesto en
este artículo.
2. El Consejo
podrá, por votación especial, prorrogar el presente Convenio por dos períodos
de tres años cada uno.
3. Si, antes de
que expire el período de cuatro años a que se hace referencia en el párrafo 1
de este artículo, o antes de que expiren las prórrogas a que se hace referencia
en el párrafo 2º de este artículo, según el caso, se ha negociado un nuevo
Convenio que sustituya al presente Convenio, pero ese nuevo Convenio no ha
entrado en vigor provisional o definitivamente, el Consejo podrá por votación
especial, prorrogar el presente Convenio hasta que entre en vigor provisional o
definitivamente el nuevo Convenio.
4. Si se negocia
y entra en vigor un nuevo Convenio durante cualquier prórroga del presente
Convenio, decida conforme al párrafo 2 o al párrafo 3 de este artículo, el
presente Convenio, prorrogado, terminará cuando entre en vigor el nuevo
Convenio.
5. El Consejo
podrá en todo momento, por votación especial, dar por terminado el presente
Convenio con efecto a partir de la fecha que establezca el propio Consejo.
6. No obstante
la terminación del presente Convenio, el Consejo continuará en funciones
durante un período no superior a 18 meses para proceder a la liquidación de la
Organización, incluida la liquidación de las cuentas y, con sujeción a las
decisiones pertinentes que se adoptarán por votación especial, conservará
durante ese período todas las facultades y funciones que sean necesarias a tal
efecto.
7. El Consejo
notificará al depositario cualquier decisión que se tome de conformidad con
este artículo.
Artículo 47. Reservas.
No se podrán formular reservas a ninguna de las disposiciones del presente
Convenio.
Artículo 48. Disposiciones
adicionales y transitorias.
1. El presente
Convenio será considerado como la continuación del Convenio Internacional de
las Maderas Tropicales, 1983.
2. Todas las
medidas adoptadas por la Organización, o en su nombre, o por cualquiera de sus
órganos, en virtud del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 1983,
que estén vigentes en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio y en
cuyos términos no se haya estipulado su expiración en esa fecha permanecerán en
vigor, a menos que se modifiquen en virtud de las disposiciones del presente
Convenio.
En fe de lo
cual los infrascritos,
debidamente autorizados para ello, han puesto sus firmas al pie del presente
Convenio en las fechas indicadas.
Hecho en Ginebra el veintiséis de enero de mil
novecientos noventa y cuatro, siendo igualmente auténticos los textos en árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso del presente Convenio.
ANEXO A
LISTA DE PAISES PRODUCTORES
CON RECURSOS FORESTALES TROPICALES Y/O EXPORTADORES NETOS DE MADERAS TROPICALES
EN TERMINOS
DE VOLUMEN, Y ASIGNACION DE VOTOS
A EFECTOS DEL ARTICULO 41
Bolivia                                                     21
Brasil                                                     133
Camerún                                                  23
Colombia                                                 24
Congo                                                      23
Costa Rica                                                 9
Côte d´Ivoire                                           23
Ecuador                                                   14
El Salvador                                               9
Filipinas                                                  25
Gabón                                                     23
Ghana                                                      23
Guinea
Ecuatorial                                    23
Guyana                                                    14
Honduras                                                  9
India                                                        34
Indonesia                                               170
Liberia                                                     23
Malasia                                                  139
México                                                    14
Myanmar                                                 33
Panamá                                                   10
Papua Nueva
Guinea                               28
Paraguay                                                 11
Perú                                                         25
República
Dominicana                              9
República Unida
de Tanzania                  23
Tailandia                                                 20
Togo                                                        23
Trinidad y
Tobago                                    9
Venezuela                                                10
Zaire                                                        23
Total                                                  1.000
ANEXO B
LISTA DE PAISES CONSUMIDORES
Y ASIGNACION DE VOTOS A EFECTOS DEL ARTICULO 41
Afganistán                                               10
Argelia                                                     13
Australia                                                 18
Austria                                                    11
Bahrein                                                    11
Bulgaria                                                   10
Canadá                                                    12
Comunidad
Europea                           (302)
Alemania                                                 35
Bélgica/Luxemburgo                                26
Dinamarca                                               11
España                                                    25
Francia                                                    44
Grecia                                                      13
Irlanda                                                     13
Italia                                                        35
Países Bajos                                            40
Portugal                                                   18
Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte   42
Chile                                                        10
China                                                       36
Egipto                                                     14
Eslovaquia                                              11
Estados Unidos
de América                    51
Federación de
Rusia                                13
Finlandia                                                 10
Japón                                                    320
Nepal                                                       10
Noruega                                                   10
Nueva Zelandia                                       10
República de
Corea                                 97
Suecia                                                      10
Suiza                                                       11
Total                                                1.000»
El Suscrito Jefe de la Oficina Jurídica
del Ministerio de Relaciones Exteriores
HACE CONSTAR:
Que la presente
reproducción es fiel fotocopia tomada del texto certificado del “Convenio
Internacional de las Maderas Tropicales”, hecho en Ginebra el veintiséis (26)
de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994), documento que reposa en
los archivos de la Oficina Jurídica de este Ministerio.
Dada en Santa Fe
de Bogotá, D. C., a los diez (10) días del mes de junio de mil novecientos
noventa y siete (1997).
Héctor Adolfo Sintura Varela,
Jefe Oficina Jurídica.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Santa Fe de
Bogotá, D. C., 4 de junio de 1997
Aprobado.
Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos
constitucionales.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO
La Ministra de
Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Emma Mejía Vélez.
DECRETA:
Artículo 1º.
Apruébase el “Convenio Internacional de las Maderas Tropicales”, hecho en
Ginebra el veintiséis (26) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley
7ª de 1944, el “Convenio Internacional de las Maderas Tropicales”, hecho en
Ginebra el veintiséis (26) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994)
que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir
de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3º. La
presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente
del honorable Senado de la República,
Amílkar Acosta Medina.
El Secretario
General del honorable Senado de la República,
Pedro Pumarejo Vega.
El Presidente de
la honorable Cámara de Representantes,
Carlos Ardila Ballesteros.
El Secretario
General de la honorable Cámara de Representantes,
Diego Vivas Tafur.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y
publíquese.
Ejecútese previa
revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la
Constitución Política.
Dado en Santa Fe
de Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO
El Ministro de
Relaciones Exteriores,
Camilo Reyes Rodríguez.
El Ministro del
Medio Ambiente,
Eduardo Verano De la Rosa.
I.
ANTECEDENTES
1. La Presidencia de
la República remitió a esta Corporación copia auténtica de la Ley 464 de 1998,
"Por medio de la cual se aprueba el “CONVENIO INTERNACIONAL DE LAS MADERAS
TROPICALES, hecho en Ginebra el veintiseis (26) de enero de 1994”, para efectos
de su revisión constitucional en cumplimiento de lo establecido en el artículo
241-10 de la Constitución.
2. Con fundamento en
el artículo 44 del Decreto 2067 de 1991, que ordena someter al trámite
ordinario las revisiones oficiosas de las leyes aprobatorias de tratados
internacionales, mediante auto de septiembre 18 de 1998, la Corte
Constitucional avocó el conocimiento del Convenio y de la Ley Aprobatoria y
ordenó la fijación en lista del negocio para permitir la intervención ciudadana
que consagran los artículos 242-1 de la Constitución y 7 inciso 2, del Decreto
antes citado. Igualmente, dispuso el traslado del expediente al Procurador
General de la Nación, quien  rindió el concepto correspondiente.
3. A través de
escrito presentado ante la Secretaría General de la Corte Constitucional el 7
de marzo de 1996, los Ministros de Relaciones Exteriores -mediante apoderado-,
y del Medio Ambiente, solicitaron la declaratoria de exequibilidad del Tratado
sometido a la revisión de la Corporación.
4. El Procurador
General de la Nación presentó su concepto el día veintitres (23) de octubre de
1998 y en tal escrito solicita a esta Corporación la declaración de
exequibilidad del tratado y su Ley Aprobatoria, previa verificación del
cumplimiento del requisito de publicación en la Gaceta del Congreso del
Proyecto de Ley, para primer debate en la Cámara de Representantes.
II.
INTERVENCIONES
Intervención de
los Ministros de Relaciones Exteriores y del Medio Ambiente
En su escritos, los
representantes del Gobierno defendieron la constitucionalidad del Tratado y de
la ley que lo aprueba. En consecuencia, solicitaron la declaratoria de su
exequibilidad con fundamento en los siguientes argumentos:
1.
Mediante el proceso de
aprobación del “Convenio Internacional de las Maderas Tropicales”,
el Estado colombiano -a través de los organismos competentes-, asume la
responsabilidad impuesta por la Constitución de velar por la protección y el
fomento de un ambiente sano. En opinión de los intervinientes -que sobre el
particular acogen la reiterada jurisprudencia de la Corte-, “el derecho al
ambiente se concibe como un conjunto de condiciones básicas que rodean a la
persona y permiten su supervivencia biológica e individual, lo cual posibilita
a su vez, el desempeño normal y el desarrollo integral de un medio social.”
2.
“En cumplimiento de lo
anterior, el Convenio Internacional de Maderas Tropicales de 1994, reconoce la
primordial participación de los Estados miembros sobre su recursos naturales,
sin que en este ejercicio se pierda soberanía, toma en cuenta la importancia de
la concertación mundial para la ordenación, conservación y desarrollo
sostenible de los bosques de todo tipo, convoca tanto a países productores como
consumidores en estas materias a efectos de que en un período no tan lejano se
pueda hacer una explotación maderera con recursos provenientes de una
producción ordenada, sostenible; fomenta y apoya la investigación con miras a
mejorar la ordenación de los bosques y la utilización eficiente de los recursos
naturales, y, sin descuidar la parte económica que definitivamente tiene este
tema en el ámbito mundial, estimula el intercambio de información sobre el
mercado internacional de las maderas.”
3.
Debe entenderse que el
Convenio opera en el fondo, más como un instrumento para defender “la
sostenibilidad en la ordenación forestal, como instrumento exclusivamente
encaminado a implementar la comercialización de las maderas.”
4.
Haciendo parte de este
convenio “el país puede continuar con un espacio internacional de gran
importancia, consolidar su posición en materia forestal, mejorar su capacidad
de negociación y propender por el desarrollo sostenible de los bosques, así
mismo, le garantiza la asignación de recursos económicos importantes para la
ejecución de proyectos de interés nacional.”
I.
CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador
General de la Nación, en escrito del 23 de octubre de 1998, solicita a la Corte
declarar la exequibilidad del “CONVENIO INTERNACIONAL DE LAS MADERAS
TROPICALES”, así como de la Ley 464 de 1998, aprobatoria del mismo, una vez se
establezca el cumplimiento de la publicación del proyecto en la Gaceta el
congreso, para primer debate en la Cámara de Representantes.
El concepto fiscal,
en primer lugar, hace un estudio sobre la constitucionalidad del Tratado desde
el punto de vista formal. Luego de una revisión de los aspectos atinentes al
proceso de suscripción del Acuerdo, por parte del Gobierno Nacional, y al
trámite de la Ley Aprobatoria del mismo, por parte del Congreso de la
República, el Procurador concluye que ambos procesos se ajustan a las
disposiciones constitucionales. Sin embargo, afirma que no reposa en el
expediente constancia de la publicación de la ponencia del Proyecto de Ley,
para primer debate ante la Cámara de Representantes, en la Gaceta del Congreso
y, por tanto, la declaración de constitucionalidad del Tratado y su Ley Aprobatoria
deben supeditarse a la verificación del cumplimiento del mencionado requisito.
El representante del
Ministerio Público inicia el análisis material del Convenio señalando que “el
marco para la consulta, la cooperación internacional y la elaboración de
políticas entre todos los miembros en relación con los aspectos pertinentes de
la economía mundial de la madera, que es el primero de los objetivos
contemplados en el texto del Convenio en estudio, ha de ser examinado, en
cuanto a la constitucionalidad de este instrumento, en la perspectiva del
desarrollo sostenible, principio que orienta los proyectos macroeconómicos del
Estado Colombiano.”
Añade que el
Convenio Internacional de las Maderas Tropicales de 1994 sucede al Convenio del
mismo nombre que fuera presentado en la sesión de clausura de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre las Maderas Tropicales celebrada en 1983, instrumento
que estuvo vigente hasta que comenzó a regir el que ahora se revisa y que fue
aprobado por el Congreso mediante Ley 47 de 1989.
“Un estudio
comparativo de uno y otro Convenio, demuestra que la diferencia entre ambos
Instrumentos Internacionales, en cuanto a sus objetivos, es el énfasis hecho en
el último por procurar la ordenación en forma sostenible de los recursos forestales
y en la adopción de medidas para evitar las prácticas discriminatorias en
materia de comercio internacional del producto maderero.”
Finalmente, afirma
que dentro de las bases socioeconómicas trazadas por la Constitución para la
protección y desarrollo de los derechos colectivos y del ambiente, el Estado
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación, garantizando a
la vez el derecho a un medio ambiente sano (artículo 79 C.P.).
En conclusión, dice
el Procurador que el Convenio bajo examen no sólo es acorde con las normas
superiores, sino que contribuye a desarrollarlas en armonía con la
jurisprudencia constitucional sobre la materia.
II.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
A.              Competencia
En los términos del
numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, esta Corte es competente para
ejercer un control integral, previo y automático sobre la constitucionalidad de
los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Tal es el caso
del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales hecho en Ginebra el
veintiseis (26) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y de su Ley
aprobatoria No. 464 de 1998.
B.      Suscripción
del Instrumento Público Internacional
Cuando el Estado
colombiano compromete su voluntad en el cumplimiento de instrumentos
internacionales, se hace necesaria la verificación, por parte de la Corte
Constitucional, de la competencia de las autoridades que actuaron en nombre de
aquél.
Consta en la
certificación suscrita por el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de
Relaciones Exteriores, así como en la copia del documento al que aquélla se
refiere (folio 391), que el Presidente de la República de la época, doctor
Ernesto Samper Pizano, confirió plenos poderes al Embajador doctor Julio Londoño
Paredes, Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, para
que en nombre del Gobierno Nacional suscribiera el convenio internacional que
ahora revisa la Corte.
El Embajador, en
cumplimiento de dicho mandato, firmó el Convenio en mención, acto que recibió
la posterior aprobación ejecutiva por parte del Presidente de la República
(f.133).  Cumplido lo anterior, el Convenio se sometió a la aprobación del
Congreso Nacional.
De conformidad con
lo dispuesto en la Ley 32 de 1985 aprobatoria de la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados, en el presente caso el ejercicio de la competencia
para la suscripción del Instrumento Público Internacional se aviene a lo
dispuesto en la Constitución Política.
C.
Examen formal
En el proceso de
formación de la ley 464 de 1998, aprobatoria del Convenio Internacional de las
Maderas Tropicales, que es ahora materia de revisión, se cumplieron cabalmente
los requisitos establecidos en la Constitución para la expedición de este tipo
de leyes, tal como consta en los antecedentes legislativos remitidos a la Corte
por el Congreso de la República, en respuesta al auto de pruebas dictado por el
Magistrado Ponente.  Constan allí los siguientes hechos:
1.     El proyecto de ley fue presentado ante
el Senado de la República a nombre del Gobierno Nacional por los Ministros de
Relaciones Exteriores y del Medio Ambiente, el día 29 de octubre de 1997,
siendo radicado bajo el número 125 del mismo año y repartido a la Comisión
Segunda. El texto junto con la respectiva exposición de motivos, aparecen
publicados en la Gaceta del Congreso No. 455 del 31 de octubre del 1997 (págs.
15-28).
2.     La ponencia para primer debate en la
Comisión Segunda del Senado aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 500
del 28 de noviembre de 1997 (págs. 4-6). El Proyecto de Ley fue aprobado por
unanimidad, en primer debate, por los integrantes de dicho cuerpo legislativo,
el día 26 de noviembre de 1997. En dicha oportunidad, se presentó quorum
deliberatorio y decisorio integrado por 7 de los 13 miembros de la citada
comisión, según consta en la certificación expedida por el Secretario General
(folio 262).
3.     La ponencia para segundo debate en el
Senado se publicó en la Gaceta del Congreso No. 509 del 3 de diciembre de 1997
(págs. 13-15). Según constancia expedida por el Secretario General del Senado,
suscrita el 14 de septiembre de 1998, el Proyecto de Ley “fue aprobado en
segundo debate con el lleno de los requisitos legales, constitucionales y
reglamentarios en el Acta 23 de la sesión ordinaria del día 16 de diciembre de
1997, publicada en la Gaceta del Congreso No.554 del 23 de diciembre de 1997”
(folio 260).
4.     El proyecto de ley pasó luego a la
Cámara de Representantes, quedando radicado bajo el número 191 de 1997 y fue
rapartido a la Comisión Segunda. La ponencia para primer debate, la cual echa
de menos el Procurador, aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 55 del
7 de mayo de 1998 (págs 9-11) y fue aprobada por unanimidad en esa Comisión, el
día 13 de mayo de 1998, según consta en la certificación expedida por el
Secretario General de la Cámara de Representantes (folio 48), y tal como
aparece publicado en la Gaceta del Congreso del 1 de junio de 1998 (pág. 9).
5.     La ponencia para segundo debate fue
publicada en la Gaceta del Congreso número 94 del 8 de junio de 1998 (págs. 30
a 32). El Proyecto de Ley fue aprobado por unanimidad por los Representantes
asistentes a la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes (129
Representantes), el día 9 de junio de 1998, según consta en la certificación
expedida en esa fecha por el Secretario General de la Cámara (folio 49).
6.     Finalmente, el Proyecto de Ley fue
sancionado por el Presidente de la República el 4 de agosto de 1998, como Ley
464, la cual se remitió a la Corte Constitucional para efectos de su revisión,
dentro del término señalado en el artículo 241-10.
Encuentra la Corte
que en el trámite surtido en el Congreso de la República se respetó lo
dispuesto en el artículo 160 de la Constitución, pues entre el primero y el
segundo debate en cada una de las Cámaras transcurrieron más de ocho días, y
entre la aprobación del proyecto en el Senado y la iniciación del primer debate
en la Cámara hubo un intervalo mayor de quince días.
D.  Examen
material del Convenio Internacional sujeto a revisión
1.  Antecedentes
normativos
1.1.    La
necesidad de regulación
En
términos generales, que bien pueden aplicarse con mayor o menor rigor a
distintas corrientes del pensamiento jurídico, el derecho puede describirse
como un orden normativo que plantea la necesidad de trazar pautas de conducta
en las relaciones entre los hombres y en los vínculos que nacen entre éstos y
las cosas. Se trata además, de un sistema inacabado, es decir, dependiente y
alerta a los cambios y los nuevos fenómenos sociales, que compelidos por la
necesidad de orden o la adecuada distribución de recursos, demandan una
regulación.
Una
buena ilustración de estas características del funcionamiento jurídico -someramente
referidas-, se encuentra en la manera como el derecho se aproxima a la realidad
económica actual que se sustenta en la explotación de recursos naturales cada
vez más escasos. Se trata de una actividad que guarda relación, no sólo con el
perfeccionamiento y ejecución de acuerdos contractuales o el acatamiento de
órdenes administrativas sino con la manera de fomentar una acertada relación
con el ecosistema y los medios que éste pone a disposición del hombre para la
satisfacción de sus carencias. Así, la todavía novedosa –y aún incomprendida-
relación entre el derecho y el ambiente busca establecer un vínculo con el
mundo natural, que no se agota en el delineamiento de derechos y obligaciones
alrededor del aprovechamiento y comercialización, disfrute o conservación de
ciertos recursos sino que pretende establecer una forma razonable y sostenida
para gozar de ciertos elementos naturales –fauna y flora-.
Por
la vía del ordenamiento jurídico, se busca entonces, dar respuesta a la
necesidad de regular situaciones que surgen de la utilización de recursos
naturales, respetando el equilibrio que se debe tener frente al mundo vivo no
humano, y buscando la conservación de las fuentes de sustento que brinda la
naturaleza.  De alguna forma, se quiere en últimas, redefinir el papel del
hombre en su habitat. Tras todas las nuevas aproximaciones que inician el
derecho y la política al medio ambiente, se intenta descentrar al ser humano
como protagonista y definidor de la vida sobre la tierra, se cuestionan sus
medios y formas de explotación, y se busca reestructurar una forma de
relacionarse con los seres vivos, que promueva la convivencia y que sepa
responder al ritmo creciente de las demandas de cada especie[1].
En el
presente caso, se ha recibido para la revisión constitucional de la Corte, el
Convenio Internacional de las Maderas Tropicales del 26 de enero de 1994; en
este instrumento se destacan con claridad los dos criterios que se han señalado
y que fundamentan la regulación por parte del derecho de ámbitos de la relación
del hombre con la naturaleza.  En efecto, se trata de un instrumento que además
de trazar el marco jurídico de las relaciones internacionales alrededor de la
explotación y comercialización de las maderas tropicales, fomenta la producción
de las maderas en forma ordenada y sostenible para mantener el equilibrio del
ecosistema y patrocinar los planes de forestación y reforestación con el fin de
garantizar la existencia de bosques madereros.
1.2.    Historia
de la regulación estudiada
Convencida
de la necesidad de crear sistemas que faciliten el comercio entre las naciones
y de la urgencia de establecer métodos de protección de los recursos naturales
cuya explotación indiscriminada pone en riesgo el desarrollo y aún la
subsistencia del hombre, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Comercio y el Desarrollo convocó en 1976 a los distintos países para que
participaran en las reuniones y conferencias preparatorias para estimular la
negociación de ciertos productos. La sexta reunión preparatoria efectuada en
1982, recomendó la realización de una reunión que abordara los asuntos
relacionados con las maderas tropicales. En noviembre de 1983 se celebró la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Maderas Tropicales con la
participación de 64 Estados; “allí se presentó el texto del Convenio
de las Maderas Tropicales, entrando en vigor con una duración decino años y
prorrogado por dos períodos de dos años, que terminaron en 1994.”[2]
El
Convenio Internacional de Maderas Tropicales de 1983, fue luego reemplazado por
un instrumento análogo hecho en Ginebra el 26 de enero de 1994, en cuya
aprobación participaron 48 Estados, dentro de los cuales se encuentra Colombia,
que es precisamente, el que se revisa. El convenio de 1994, tendrá una vigencia
de cuatro años y podrá prorrogarse por dos períodos de tres años como máximo.[3]
2.  Contenido
del Tratado
2.1.    Objetivos
propuestos
El
Convenio Internacional de las Maderas Tropicales busca la consolidación de una
serie de principios para alcanzar el consenso mundial respecto de la
ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo
tipo. Con tal propósito se establecen unos objetivos que se desarrollan en los
preceptos normativos contenidos en este instrumento internacional. Ellos son:
a.     Proporcionar
un marco eficaz para la consulta, la cooperación internacional y la elaboración
de políticas entre todos los países miembros en relación con los aspectos
pertinentes de la economía mundial de la madera;
b.     Proporcionar
un foro de consultas para promover el empleo de prácticas no discriminatorias
en el comercio de las maderas;
c.      Contribuir
al proceso de desarrollo sostenible;
d.     Aumentar
la capacidad de los miembros de la Convención para desarrollar estrategias que
les permitan, en el año 2000, ejercer la actividad de exportación de maderas
que provengan de recursos forestales ordenados en forma sostenible;
e.      Fomentar
la expansión y diversificación del comercio internacional de maderas
tropicales, teniendo en cuenta que se trata de un mercado en continuo
crecimiento, que hace necesario garantizar la existencia de suministros a largo
plazo y el control de los precios del producto y el mejoramietno del acceso al
mercado;
f.       Fomentar
y apoyar la investigación y el desarrollo con miras a mejorar la ordenación de
los bosques y a racionalizar el uso de la madera, como a aumentar la capacidad
para conservar y fomentar oros valores forestales;
g.     Desarrollar
mecanismos que proporcionen nuevos recursos y conocimientos técnicos
expecializados a los países productores, con el fin de lograr los objetivos del
Convenio;
h.     Mejorar
la información sobre el mercado con el propósito de lograr una mayor
transparencia en el mercado internacional de maderas;
i.       Promover
la industralización y los criterios de ordenación sostenible en el proceso de
explotación maderera para la exportación, industrialización y formas de empleo;
j.       Alentar
a los miembros a apoyar y desarrollar actividades de repoblación y ordenación
de los bosques de maderas tropicales industriales, así como la rehabilitación
de las tierras forestales degradadas, teniendo presentes los intereses de las
comunidades locales que dependen de los recursos forestales;
k.     Mejorar
la comercialización y distribución de las exportaciones de maderas tropicales,
extraídas de recursos forestales ordenados de forma sostenible;
l.       Alentar
a los gobiernos participantes del Convenio a la implantación de políticas
nacionales encaminadas a asegurar la explotación sostenible y conservación de
los bosques y a mantener el equilibrio ecológico en las zonas de producción;
m.  Promover el
acceso a nuevas tecnologías;
n.     Estimular
el intercambio de información sobre el mercado internacional de las maderas[4].
2.2
Estructura temática de la Convención
En el
cuerpo normativo de la Convención se establecen medidas y se crean organismos
internos destinados a lograr el cumplimiento de los objetivos antes señalados.
Se trata de preceptos en los que se fijan los criterios económicos,
comerciales, administrativos y ecológicos alrededor de los cuales se ha de
desarrollar todo el proceso de explotación y mercadeo de maderas tropicales.
De manera sintética se puede decir que la Convención regula los siguientes
aspectos:
a.     Fijación
de principios. Se recogen aquí, normas que expresan los
fundamentos que animan la adopción de una regulación en materia de explotación
de maderas tropicales. Con tal propósito, además de la identificación de
objetivos[5],
se definen algunos términos contenidos en el Convenio para efectos del mejor
entendimiento e interpretación de sus normas, que permiten a la vez la
unificación de las expresiones utilizadas para efectos de la práctica de la
producción y comercialización de las maderas.[6]
b.     Organización
y administración. Se consagra un conjunto de normas en
las que se establecen asuntos relacionados con la sede de la organización
internacional de maderas tropicales, la estructura de los entes u órganos internos
que la conforman y a través de los cuales se va a cumplir con los propositos de
ordenación y control del mercado de maderas tropicales. Se habla también de la
conformación, funciones y manejo de su autoridad suprema: que es el Consejo
Internacional de las Maderas Tropicales[7].
Se señala además, quiénes son los miembros de la Organización[8], los votos de los
productores y de los consumidores para la toma de decisiones[9] y la participación de
entidades intragubernamentales en la consecución de los fines propuestos[10].
c.      Inmunidades
y Privilegios. Un apartado de la Convención[11] ha sido
específicamente dedicado a establecer la posibilidad de crear un régimen de
privilegios e inmunidades que cobijaría al personal directivo y técnico que
trabaja para la Organización. Esta regulación debe ser el resultado de acuerdos
concertados –independientes del acuerdo matríz-, con distintos países, y busca
permitir el adecuado funcionamiento del Convenio[12]. A este punto concreto
se referirá la Corte más adelante.
d.     Disposiciones
financieras. Se crea un conjunto de reglas que buscan organizar
las actividades de consecución, administración, inversión y gasto de los
recursos económicos necesarios para el cumplimiento del Convenio.  Para ese fin
se crean varias cuentas, a través de las cuales se manejará el flujo de capital
destinado a cubrir los gastos del Consejo y sus representantes[13], la financiación de
proyectos e investigaciones y la administración de contribuciones recibidas,[14] y el establecimiento
de centros dedicados a la ordenación sostenible de los bosques madereros.[15]
e.      Actividades
operacionales. En este apartado se recoge un conjunto de normas
destinadas a la coordinación de las actividades contenidas en el Convenio, con
políticas y proyectos creados en las esferas del mercado internacional y de
cada uno de los mercados nacionales de los países miembros.[16] Adicionalmente se
establecen las funciones de los comités de apoyo que se encargarán de emprender
específicas tareas en el campo de la información económica y del seguimiento
del mercado maderero, la repoblación y ordenación forestal y la supervisión de
industrias forestales, buscando siempre la armonización de criterios y la
cooperación con otras entidades internacionales de comercio –v.g. Fondo Común
para los Productos Básicos-[17].
f.       Estadísticas,
estudios e información. Ya se dijo que una de las finalidades
perseguidas por el Convenio, y ahora objeto de regulación, es permitir la
eficiente circulación de información, para permitir el conocimiento sobre la
situación del mercado, el estado de la ciencia en materia de explotación de
maderas y la creación de proyectos que propenden a garantizar la producción
ordenada y sostenible de los recursos naturales.[18]
g.     Disposiciones
varias.
Se reunen aquí preceptos que se refieren a la forma de resolver posibles
reclamaciones y discrepancias de los miembros del Convenio, y se determinan las
obligaciones generales que han de cumplir sus miembros, las de los productores
y consumidores en la comercizliación de las maderas tropicales.[19] En particular se
establece el principio de no discriminación como uno de los fundamentos de las
prácticas mercantiles internacionales en este ramo[20]. Por último, se dejan
consignadas las normas relativas a la entrada en vigor, efectos y vigencia de
la Convención[21].
3.  Constitucionalidad
del Convenio
El
análisis que hace la Corte de las cláusulas contenidas en el convenio que se
revisa, y en general, de los preceptos que conforman instrumentos
internacionales suscritos por Colombia, no se agota en la verificación del
cumplimiento de ciertos procedimientos legislativos alrededor de una ley aprobatoria.
Es menester, con el propósito de cumplir a cabalidad con el juicio de
exequibilidad que la Carta Política establece como función propia de este
Tribunal (artículo 241-10 C.P), que se haga una cuidadosa comparación entre las
normas convencionales y los principios constitucionales, logrando así, la
armonía y adecuada integración de reglas de origen nacional e internacional.
Se trata sin duda, de una tarea delicada, pues no se limita a la escueta
comparación de artículos, sino que compromete cierto nivel de análisis por
parte del juez de constitucionalidad, con el propósito de detectar las
disposiciones que resultan contrarias al orden constitucional, y disolver
posibles problemas que pueden desatarse a partir de la aplicación y desarrollo
de los acuerdos transnacionales.
En este orden de
ideas, puede decirse que el Convenio Internacional de Maderas Tropicales de
1994, materia de revisión, es concordante con la finalidad perseguida por los
artículos 9 y 150-16 de la Constitución Política, en cuanto se refieren a la
necesidad de alentar y desarrollar las relaciones internacionales, en este
caso, con el objeto de promover procesos de desarrollo comercial y la adecuada
explotación ordenada y sostenible de recursos naturales.
3.1.
Sobre las normas en materia de comercio internacional
En lo referente a
los objetivos comerciales del Convenio y a la necesidad de que continúe
funcionando la Organización Internacional de las Maderas Tropicales, como
centro de promoción del intercambio equitativo y organizado de los recursos
forestales, de patrocinio de la investigación sobre la materia, de recopilación
de información y de intercambio de la misma para favorecer los proyectos del
sector, todo esto, con la finalidad de incrementar las exportaciones y fortalecer
el mercado en general, se hizo clara mención en la exposición de motivos que
presentó tanto el Gobierno Nacional como los congresistas ponentes durante el
trámite del respectivo proyecto de ley -aprobatoria del tratado-, al expresar
lo siguiente:
“Hacer parte de
este Convenio, permite contar con un espacio internacional de gran
significación: consolidar su posición en materia forestal, mejorar la capacidad
de negociación y evitar pérdidas de opciones de desarrollo sostenible, tener
acceso a la asignación de recursos para segundas fases de proyectos y llevar a
cabo nuevos proyectos de interés nacional, así como tener acceso a
información permanente con relación a la conservación del uso sostenible de los
bosques”[22].
Además, la
posibilidad que abre el Convenio de que se llegue a acuerdos sobre cláusulas
económicas y mecanismos ampliados de intercambio, encaja con los propósitos del
Gobierno de apoyar la regulación de los mercados internacionales de ciertos
productos, con el fin de poner freno a las prácticas comerciales abusivas de
algunos Estados.
No
obstante, llama la atención de la Corte lo dispuesto en el artículo 17 del
Convenio sobre los privilegios e inmunidades que se pueden establecer dada la
indeterminación de éstos. Dice así dicha disposición:
“3.
La organización podrá concertar con uno o más países acuerdos, que habrán de
ser aprobados por el Consejo, sobre las facultades, privilegios e inmunidades
que sean necesarios para el debido funcionamiento del presente Convenio.”
Sin embargo, ello no
significa que dicho precepto sea incosntitucional pues ha de entenderse que la
regulación de las imunidades y privilegios no puede atentar contra la soberanía
de los Estados, su seguridad e independencia y respetar los principios de
reciprocidad e igualdad. Sobre este tema la Corte ya ha tenido la oportunidad
de pronunciarse, haciendo clara referencia a la manera como deben establecerse
tales beneficios. Veamos:
“Las
prerrogativas e inmunidades otorgadas no son, ni pueden ser, totales o
absolutas. Ningún Estado constitucional estaría en capacidad jurídica de
otorgar plena inmunidad a todo agente de un gobierno extranjero o representante
de un organismo de derecho internacional, respecto de cualquier actividad que
cumpla en su territorio, pues ello implicaría sacrificar las atribuciones que
le competen como estado libre y soberano para asegurar la defensa de los
derechos de las personas sometidas a su jurisdicción. De la misma manera, a la
luz del artículo 13 de la Carta, tampoco sería posible afirmar que toda
prerrogativa es legítima. Para que la concesión de estos derechos y beneficios
especiales resulte constitucional, se requiere que concurra la defensa de los
principios de independencia, soberanía e igualdad - reciprocidad - entre los
Estados. Son estos principios y no una mera liberalidad o una imposición del
derecho internacional, los que tornan legítimas e incluso necesarias las garantías
y privilegios que se conceden a funcionarios de Estados extranjeros o de
organismos internacionales en el territorio de cada Estado”[23].
Las
consecuencias que de estas afirmaciones surgen son claras y deben ser
reiteradas. Si bien nada impide que se consagren inmunidades y privilegios que
patrocinen el adecuado funcionamiento de organismos internacionales, dada la
naturaleza de las funciones que cumplen, éstas ventajas quedan
constitucionalmente supeditadas, así no se haya especificado concretamente en
el documento que les da vida, a que efectivamente propendan por la defensa,
igualdad y soberanía del organismo de derecho internacional de que se trate y
de los Estados que acuerdan conceder dichas prerrogativas[24].
Bajo el
manto de buenas intenciones patrocinadas por el Convenio, que la Corte respeta
y alienta, no se puede perder de vista, que cláusulas como la analizada pueden
constituirse en el germen de tratamientos diferenciales y privilegiados que den
cabida a injusticias y desequilibrios. La concreta alusión hecha al artículo 17
del Convenio, pretende recordar los postulados de la actuación estatal en
materia de derecho internacional recalcando así, que la necesidad de cumplir
este y cualquier otro acuerdo descansa en los principios de reciprocidad y no
discriminación –típicos de las relaciones comerciales globales-.
3.2.
De la protección del medio ambiente
Así mismo, al
definir el Convenio como otro de los compromisos que asumen los miembros, el de
tomar las medidas necesarias para evitar el deterioro del medio ambiente, que
podría derivarse de los procesos productivos que tienen como objeto final la
comercialización de las maderas tropicales, se respetan los cánones
constitucionales contenidos en los artículos 79 que versa sobre el derecho a un
medio ambiente sano, y el 334, que consagra que la intervención en la economía
debe dirigirse también a preservar los ecosistemas nativos.
Y no puede pensarse
que se trata de una simple declaración de buenas intenciones, pues se concretan
claras obligaciones que buscan armonizar el desarrollo productivo con un
adecuado uso y renovación de los recursos disponibles. No  puede olvidarse que
"el crecimiento económico, fruto de la dinámica de la libertad
económica, puede tener un alto costo ecológico y proyectarse en una
desenfrenada e irreversible destrucción del medio ambiente, con las secuelas
negativas que ello puede aparejar para la vida social. La tensión desarrollo
económico - conservación y preservación del medio ambiente, que en otro sentido
corresponde a la tensión bienestar económico - calidad de vida, ha sido decidida
por el Constituyente en una síntesis equilibradora que subyace a la idea de
desarrollo económico sostenible consagrada de diversas maneras en el texto
constitucional (CP arts. 80, 268-7, 334, 339 y 340)".[25]
Son
reiteradas las citas que se hacen en el Convenio, a la necesidad de alcanzar
dicha ordenación sostenible en la administración y manejo de las reservas
forestales que se destinan al comercio internacional de maderas tropicales[26]. La noción de
desarrollo u ordenación sostenible genera profundas consecuencias en el diseño
de las políticas estatales alrededor de la economía y la protección de los
recursos naturales, y crea un preciso marco de referencia para las regulaciones
propuestas por el derecho. Al respecto ha dicho la Corte:
“El
concepto de desarrollo sostenible ha buscado superar una perspectiva puramente
conservacionista en la protección del medio ambiente, al intentar armonizar el
derecho al desarrollo -indispensable para la satisfacción de las necesidades
humanas-, con las restricciones derivadas de la protección al medio ambiente.
El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las
personas y el bienestar social pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los
ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad productiva”[27].
Y
luego añadió:
“El mundo, y en
particular los países en vía de desarrollo, se han enfrentado a múltiples
necesidades sociales y económicas que durante las décadas de los sesenta y los
setenta primaron sobre la obligación de preservar el orden ecológico. Se
consideraba en ese entonces que la pobreza, el hambre, la falta de recursos
económicos, las situaciones infrahumanas en que vivían algunos sectores de la
sociedad, la inequitativa distribución de la riqueza y el problema de la deuda
internacional, entre otras, eran factores que reclamaban urgentemente soluciones
drásticas e inmediatas sin importar el costo de las medidas que se debían
adoptar. Con el tiempo, surgió la idea de que la preservación del ambiente no
es responsabilidad de un hombre en particular sino que le atañe a toda la
humanidad, presente y
futura, de forma tal que la destrucción de un bosque o el vertimiento de
desechos tóxicos en una fuente de agua, si bien no ocasiona en teoría
resultados nocivos inminentes, con el paso del tiempo los efectos desvastadores
de esas actuaciones repercutirán gravemente sobre las generaciones futuras.
“El
concepto de desarrollo sostenible, esto es, la necesidad de compatibilizar,
articular y equilibrar el desarrollo humano con el entorno ecológico, de forma
tal que las necesidades de la generación presente no comprometa la capacidad de
la generación futura para satisfacer sus propias necesidades, apareció por
primera vez en el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y
Desarrollo de 1987, también conocido como el informe "Nuestro Futuro Común".
En dicho documento se señaló:
"La
satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas es el principal objetivo
del desarrollo. En los países en desarrollo no se satisfacen las necesidades
esenciales -alimento, ropa, abrigo, trabajo- de gran número de personas, que
tienen además legítimas aspiraciones a una mejor calidad de vida. Un mundo en
que la pobreza y la desigualdad son endémicas estará siempre propenso a crisis
ecológicas o de otra índole. El desarrollo duradero requiere la satisfacción de
las necesidades básicas de todos y extiende a todos la oportunidad de
satisfacer sus aspiraciones a una vida mejor (...)
"El
crecimiento y el desarrollo económicos implican evidentemente cambios en los
ecosistemas físicos. No todo ecosistema se puede conservar intacto en todo
lugar. Un bosque se puede agotar en una parte de la vertiente y prosperar en
otra parte, cosa que no es censurable si se ha planeado la explotación y se han
tenido en cuenta sus efectos sobre las tasas de erosión del suelo, régimen del
agua y las pérdidas genéticas. En general, los recursos renovables como los
bosques y los bancos de peces no se agotan necesariamente si la explotación se
mantiene dentro de los límites que establecen la regeneración y el crecimiento
natural. Pero la mayoría de los recursos renovables forman parte de un sistema
complejo e interconectado, y es preciso definir el máximo rendimiento durable
después de haber considerado los efectos que la explotación tendrá sobre el
conjunto del sistema (...).
"En
suma, el desarrollo duradero es un proceso de cambio en el cual la explotación
de los recursos, la orientación de la evolución tecnológica y la modificación
de las instituciones están acordes y acrecientan el potencial actual y futuro
para satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas".
Hay algo más: pensar
en términos de un compromiso serio con el ambiente que nos rodea, crea
obligaciones que no se limitan a las expresiones consagradas en una ley sino
que constituyen una apelación directa a replantear nuestra forma de vida y a
revisar el papel y la conducta que asumimos dentro de la biocomunidad junto con
los mecanismos que escogemos para satisfacer nuetros deseos. "El
desarrollo sostenible, con su preocupación por las necesidades de las personas
hoy y mañana, es finalmente un asunto moral y ético. Sin embargo reúne
virtualmente todas las preocupaciones humanas: por la seguridad, un ambiente
que nutra, el progreso económico, la democracia, la cooperación internacional,
y un futuro seguro para nuestros hijos. Así se crea una poderosa sociedad
mundial que nunca antes ha sido posible"[28]
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E:
Primero: Declarar EXEQUIBLE
el “Convenio Internacional de Maderas Tropicales 1994”, hecho en Ginebra el 26
de enero del mismo año.
Segundo: Declarar
EXEQUIBLE la Ley 464 de 1998, por medio de la cual se aprueba el citado
Convenio.
Tercero:  Enviar
copia de esta decisión al Presidente de la República y al Ministio de
Relaciones Exteriores para los efectos previstos en el numeral 10 del artículo
241 de la Carta.
Cópiese,
notifíquese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORÓN DIAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Magistrada (E)
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
PABLO ENRIQUE LEAL RUIZ
Secretario General (E)
[1] La Corte no intenta innovar en la materia, pues el tema del que
trata ha ocupado la atención de ilustres especialistas de todas las latitudes
desde los arbores de la década iniciada en 1970.  Se trata, como ya se dijo, de
un replanteamiento de la relación entre el hombre con la naturaleza, sobre cuya
conveniencia este Tribunal en su jurisprudencia ya se ha pronunciado.  Al
respecto, resulta útil consultar –entendiendo que sobre la materia la
bibliografía es inmensamente rica-: Pensamiento Político Verde,  de
Andrew Dobson. Editorial Paidós, Buenos Aires 1997.
[2] Esta alusión a los antecedentes normativos de la regulación
estudiada, en su momento, fue tenida en cuenta por el Gobierno y por los
miembros del Congreso, como se observa en la motivación de la Ley 464 de 1998.
[3] Cfr. artículo 46 de la Convención.
[4] Una referencia más detallada a los objetivos perseguidos por el
Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, se encuentra consagrada en el
Capitulo I, Artículo 1 de la reglamentación.
[5] Cfr. artículo 1º de la Convención.
[6] Cfr. artículo 2º de la Convención.
[7] Cfr. artículos 6 a 16 de la Convención.
[8] Cfr. artículo 4º de la Convención.
[9] Cfr. artículo 10 de la Convención.
[10] Cfr. artículo 5º de la Convención.
[11] Cfr. Capítulo V de la Convención.
[12] Cfr. artículo 17 de la Convención.
[13] Cfr. artículo 19 de la Convención.
[14] Cfr. artículo 20 de la Convención.
[15] Cfr. artículo 21 de la Convención.
[16] Cfr. artículos 24 y 24 de la Convención.
[17] Cfr. artículos 25 a 28 de la Convención.
[18] Cfr. artículos 29 y 30.
[19] Cfr. artículos 31 a 36 de la Convención.
[20] Cfr. artículo 37 de la Convención.
[21] Cfr. artículo 38 y siguientes de la Convención.
[22] Cfr., entre otros, los 55 y siguientes.
[23] Sentencia C-137 de 1996.
[24] Sobre el particular se puede consultar la reiterada
jurisprudencia de la Corte; en particular, las sentencias C-203 de 1995 y C-
442 de 1996.
[25]Corte Constitucional. Sentencia T-251 de 1993.
[26] Cfr., por ejemplo, el Preámbulo y los artículos 1º, 20, 21 y 25
de la Convención.
[27] Corte Constitucional. Sentencia C-058 de 1994.
[28] Conclusiones presentadas por la Comisión Mundial sobre Medio
Ambiente y Desarrollo en 1992. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-519 de
1994.