T-927-04
I
Sentencia T-927/04
DERECHO A LA SALUD-Práctica de
cateterismo
DERECHO A LA SALUD-No se pueden oponer
periodos mínimos de cotización ante situaciones de urgencia
Se tiene que cuando la vida del paciente está comprometida, las
entidades promotoras de salud están inexcusablemente obligadas a prestar en
forma inmediata los servicios de salud requeridos por aquél, sin que para ello
importe que la alternativa o posibilidad de tratamiento que se requiera sea de
alto costo, pues ante una situación como la descrita no pueden exigirse
períodos mínimos de cotización.
ACCION DE REPETICION POR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-Suministro de tratamiento de alto costo sin cumplir periodo mínimo
de cotización
Es necesario recordar a la luz de la jurisprudencia de esta
Corporación, cuando se deba ponderar el derecho a la salud en conexidad con la
vida de un paciente que no cuenta con el periodo mínimo de cotización y el
interés económico propio de las Empresas Promotoras de Salud, los jueces
constitucionales deben resolver la acción, procurando conciliar los intereses
enfrentados y lograr el equilibrio entre la protección de uno y otro derecho.
Por ello, asumido por la EPS el valor total del tratamiento de alto costo al
que debe ser sometido de urgencia el afiliado, aquella tendrá a su favor la
acción de repetición contra el Estado, concretamente contra el Fondo de
Solidaridad y Garantías –FOSYGA-, pues el Estado debe mantener el equilibrio
que demanda la prestación del servicio.
MORA EN LOS APORTES-Las EPS tienen la
obligación de cobrarlos al empleador
La Sala
concluye que no interesa para el efecto que los empleadores no efectuaran el
pago de los respectivos aportes, pues esta Corte ha insistido en que la
ineficiencia u omisión del empleador no puede ser trasladada al afiliado, toda
vez que las EPS tienen la obligación de cobrar los aportes al empleador. En
estas circunstancias, la Sala no encuentra razones que justifiquen la negativa de
la EPS demandada, como tampoco que el Juez de instancia niegue la protección
solicitada. En cuanto que a la EPS demandada le correspondía en un primer
momento, contabilizar el número de semanas que cotizó el actor en el periodo
comprendido entre agosto y diciembre de 1996 y de enero a febrero de 1997, para
efectos de establecer el porcentaje que el afiliado debía pagar.
INCAPACIDAD ECONOMICA EN MATERIA DE SALUD-Debe el demandante informar sobre ésta
Referencia: expediente T-926071
Acción de tutela instaurada por JOSÉ ELÍAS GUERRA NIEVES contra EL
SEGURO SOCIAL EPS SECCIONAL CESAR.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil cuatro
(2004).
La Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés
Vargas Hernández y Jaime Araujo Rentería, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión del fallo proferido
por el Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, para resolver el amparo
constitucional demandado por José Elías Guerra Nieves contra el Seguro Social
EPS Seccional Cesar.
I.       ANTECEDENTES
José Elías
Guerra Nieves instauró acción de tutela contra el Seguro Social EPS Seccional
Cesar, por considerar que la negativa de la entidad accionada a prestarle el
tratamiento de cateterismo cardiaco izquierdo al que debe ser sometido, vulnera
sus derechos a la vida, la salud y la seguridad social, en la medida que el
procedimiento lo requiere con urgencia, sumado que carece de los recursos
suficientes para cubrir el porcentaje del valor total del tratamiento que le
exige la EPS demandada.
1.  Hechos
De conformidad con las pruebas aportadas al expediente se pueden dar
por ciertos los siguientes hechos:
1.1  El señor
José Elías Guerra Nieves está afiliado al Régimen Contributivo de Salud desde
el 1 de marzo de 2004.
1.2  El 31 de
marzo del año en curso, MEDICINA NUCLEAR S.A. de Valledupar realizó un estudio
de “ PERFUSION MIOCARDICA BAJO ESTRÉS FARMACOLOGICO” al accionante, en
el que “OBSERVA EXTENSA NECROSIS QUE COMPROMETE LAS PAREDES INFERIOR Y
SEPTAL DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO QUE TIENE UNA EXTENSIÓN APROXIMADA DEL 40%, CON
MUY LEVE ISQUEMIA RESIDUAL EN LA PARED ANTEROSEPTAL EN SU REGIÓN MAS APICAL”.
- folio 7 del expediente-.
1.3  El 13 de
abril del presente año, el médico tratante ordenó al accionante un cateterismo
cardiaco izquierdo con carácter de urgencia. - folio 13 del expediente-.
1.4  El 27 de abril del presente año, el
accionante fue hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la ESE
Clínica Ana María de Valledupar, con diagnóstico de cardiopatía dilatada de
origen isquémica -folio 22 del expediente-.
1.5  La EPS
demandada se niega a autorizar el servicio de salud requerido por el actor,
aduciendo que éste debe pagar un porcentaje del valor total del mismo, pues no
cumple con el período mínimo de cotización exigido para su realización –folio
23 del expediente-.
1.6.   Por las
dificultades económicas del actor, no le ha sido practicado el tratamiento de
cateterismo cardiaco izquierdo que requiere y que le fue ordenado desde el mes
de abril del presente año.
2. La acción
de tutela
El accionante
reclama el amparo constitucional porque considera que sus derechos a la vida,
la salud y la seguridad social se ven gravemente afectados por la EPS
accionada, al negarse a autorizar la práctica del tratamiento ordenado por el
médico tratante, agrega que demanda el procedimiento con carácter urgente y que
carece de los recursos económicos para asumir el valor total que del mismo le
exige la accionada.
Asegura que “…pertenece
a un grupo bulnerable (sic) el cual es de la personas carentes de recursos
económicos para costearse el tratamiento medico (sic) y todo lo relacionado con
este”.
Pretende del
Juez constitucional que proteja los derechos invocados “… y en consecuencia se
ordena suministrar al I.S.S. E.P.S. Seccional cesar (sic), de manera pronta y
sin dilación algunas (sic) suministrar los medicamentos y elementos necesarios
para su pronta recuperación, como también prestar el servicio médico
asistencial integral en especial ordenar la práctica del Cateterismo cardiaco
izquierdo según orden del cardiólogo, y demás procedimientos, drogas, exámenes,
necesarios para la conservación de su vida”.
3.
Contestación del Seguro Social Seccional Cesar
El Gerente
Seccional de la entidad de la referencia solicita que se declare improcedente
el amparo de tutela, porque le han prestado al actor todos los servicios de
salud que ha requerido y a los que tiene “derecho por ley”.
Para el efecto, sostiene que la entidad
no ha autorizado el servicio de cardiología pretendido, porque a la luz del
artículo 61 del Decreto 806 de 1998, para acceder a dicha prestación sin costo,
se requiere cumplir con un período mínimo de cotización al Sistema General de
Seguridad Social en Salud o pagar una cuota parte del valor total del
procedimiento, conforme al porcentaje en semanas que falten para completar
dicho periodo “…ya que este (sic) es una empresa de aseguramiento y no de
subsidio como lo es Salud Pública Departamental”.
Agrega que “…estamos
en la capacidad de autorizar [los servicios de salud en la especialidad de
cardiología para la realización del cateterismo cardiaco que requieren nuestros
afiliados] por cuanto contamos con una contratación vigente con la Clínica
General del Norte de la ciudad de Barranquilla, el cual nos presta un servicio
integral a nuestros pacientes”.
4.  Material
probatorio
-Fotocopia del
estudio de “DE PERFUSION MIOCARDICA BAJO ESTRÉS FARMACOLOGICO [practicado al] SR. JOSE GUERRA
49a.”, por la entidad MEDICINA NUCLEAR S.A. -folio
7 del expediente-.
-Fotocopia de la orden médica del 13 de abril de 2004 para
cateterismo cardiaco izquierdo con carácter de urgencia, a nombre del actor -folio
13 del expediente-.
-Fotocopia del examen RX DE TORAX del 4
de febrero del año en curso, practicado al accionante cuyo diagnóstico fue el
de EDEMA PULMONAR y marcado aumento del área cardiaca (Cardiomegalia) -folio
8 del expediente-.
-Fotocopia del examen de ECOGRAFIA HEPATOBILIAR
del 4 de febrero del presente año, practicado al tutelante y en el que se
diagnosticó DERRAME PLEURAL DERECHO -folio 9 del expediente-.
-Fotocopia del carnet de beneficiario del
Seguro Social, en el que consta que la fecha de afiliación al POS fue el
primero (1º) de marzo de 2004 -folio 15 del expediente-.
-Fotocopia de la Relación de Novedades al
Sistema de Autoliquidación de Aportes Mensual de los empleadores, Petrona A.
Díaz Barrios y Juvenal Daza, expedido por la Gerencia Nacional del Recaudo del
Seguro Social. En dicho acto aparece que en los periodos de cotización
comprendidos entre agosto y diciembre de 1996 y enero a febrero de 1997, los
empleadores en comento, eran los encargados de efectuar el pago de tales
aportes al Sistema General de Seguridad Social a nombre del actor, pero
aquéllos omitieron cumplir dicha obligación –folios 28 y 29 del expediente.
5.  Decisión
judicial que se revisa
El Juzgado
Segundo de Familia de Valledupar, en decisión del 6 de mayo de 2004 niega la
protección constitucional en atención al precedente constitucional, por lo que
consideró que “(…) el actor no cumple con las semanas mínimas que se exige
(sic) para ser atendido con relación al cateterismo tal como lo demuestra la
EPS ISS, aparte de esto no manifestó la escasez de recursos económicos para
cubrir su tratamiento, o sea no cumplió con ninguna de las prerrogativas que se
tienen presente (sic) para esa eventualidad, es por ello que el despacho
lamenta no acceder a las pretensiones de la demanda, pues siendo claro el
pronunciamiento de la sala Civil-Familia-Laboral de este Tribunal, lo que
corresponde es acogerlo”.
II.      CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Esta Sala es
competente para revisar la providencia de tutela  reseñada, con base en la
Constitución Política (arts. 86 y 241-9), en concordancia con el Decreto 2591
de 1991 (arts. 33 al 36) y en cumplimiento del auto del diez (10) de junio del
año 2004, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Seis de esta
Corporación.
2.  Materia
sometida a revisión
El presente
asunto versa sobre el retraso en la realización de un cateterismo cardiaco
izquierdo que fue ordenado a un afiliado al Sistema General de Seguridad Social
en Salud, con carácter urgente, y debido a que éste no cuenta con el periodo
mínimo de cotización exigido para acceder a dicho tratamiento de alto costo, el
Seguro Social le cobra un copago que asegura, no está en capacidad económica de
asumir.
Al respecto, la
Sala advierte de antemano, que de conformidad con el artículo 20 del Decreto
2591 de 1991, tendrá como cierta la afirmación hecha por el actor, en el
sentido de que carece de recursos económicos suficientes para asumir el costo
de la prestación que requiere.
No obstante, el
fallo de tutela que se revisa plantea la improcedencia del amparo
constitucional solicitado por el señor José Elías Guerra Nieves porque, de
conformidad con las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en
Salud, para acceder a un servicio de alto costo, el afiliado debe cumplir un
periodo mínimo de cotización, que el accionante no cumple, razón por la cual a
la Sala le corresponderá verificar entonces, la procedencia del amparo en
consideración a que está comprometida la salud.
Para el efecto
la Sala reiterará la jurisprudencia constitucional que proclama que en el
Estado Social de Derecho prevalecen los principios constitucionales que
desarrollan y garantizan la vida digna a los asociados sobre aquellas normas
que reglamentan el plan obligatorio de salud, de modo que no resultan posibles
condicionamientos que retrasen la práctica de procedimientos médicos que se
requieran con urgencia.
Para finalmente
resolver sobre la pertinencia del restablecimiento de los derechos
fundamentales invocados, previa consideración de la obligación primordial que
tienen las entidades promotoras atinentes a informar, orientar, apoyar y
acompañar a los usuarios en la recuperación de su calidad de vida, cuando no
cuentan con el periodo mínimo de cotización. En cuanto las entidades prestadoras
de salud tienen el deber ineludible de contribuir al cumplimiento de los fines
propios del Estado, como lo es el de garantizar a sus asociados la vida en
condiciones dignas y justas (Preámbulo y art. 11 C.P.)[1].
3.
Reiteración de jurisprudencia
3.1  Procede la acción de tutela para proteger los derechos
fundamentales de quien requiere tratamientos urgentes, como quiera que el
retraso en la prestación implica una amenaza grave a la vida misma
La atención en salud es una tarea programática de carácter social a
cargo del Estado y de los asociados, a quienes les corresponde la misión
constitucional de establecer un sistema de seguridad y atención integral que
permita a todos los ciudadanos acceder a los servicios de salud[2].
En el Sistema General de Seguridad Social en Salud
los aspectos generales relacionados con la atención integral son regulados por
la Ley 100 de 1993, cuyos preceptos van orientados a garantizar a todos los
habitantes del territorio nacional el acceso a los servicios básicos de salud
de acuerdo con el Plan Obligatorio de Salud (POS).
De esta manera, la prestación del POS se asegura con el
establecimiento de los regímenes de salud. Al Contributivo pertenecen aquellas
personas de la clase trabajadora o pensionada, de las que se deduce la
capacidad económica para financiar el Sistema mediante el pago de aportes
periódicos y en el Subsidiado se encuentra el grupo poblacional de escasos
recursos, cuya condición los imposibilita para aportar al Sistema.
La asistencia en salud en el régimen contributivo opera a través de
las Empresas Promotoras de Salud o EPS, quienes suscriben con el usuario un
contrato de afiliación que consagra los servicios incluidos dentro del POS-C y
a los que se obligan a prestar una vez iniciada la relación contractual. En el
mismo sentido, las EPS prestarán sin contraprestación los servicios de alto
costo que requiera el afiliado y que están incluidos en el POS-C, siempre y
cuando éste haya cotizado al Sistema un mínimo de cien (100) semanas, de las
cuales al menos veintiséis (26) debieron ser pagadas en el último año (art. 61
del Decreto 806 de 1998)[3].
No obstante, el inciso segundo de la norma en comento
establece, que si el afiliado cotizante acredita debidamente que no tiene
capacidad económica para cancelar la cuota de recuperación que se le exige al
incumplir el periodo mínimo de cotización, éste y sus beneficiados tienen
derecho a ser atendidos por las instituciones públicas prestadoras de servicios
de salud o por los entes privados con los que el Estado tenga contrato
(Subrayas fuera del texto).
Con todo, la
Corte ha sostenido que el derecho a la salud aunque en principio no es un
derecho fundamental, salvo en el caso de los niños, “[p]uede adquirir
ese carácter en situaciones concretas debidamente analizadas por el juez
constitucional, cuando este derecho se encuentre vinculado clara y directamente
con la protección de un derecho indudablemente fundamental. Así, el derecho a
la salud se torna fundamental cuando se ubica en conexidad con el derecho a la
vida o el derecho a la integridad personal”[4].  Cabe anotar, que el amparo no solo es procedente cuando hay
peligro de muerte, dado que la vida, como derecho fundamental eminente, es
entendida como una garantía de existencia en condiciones dignas y justas y no
como una mera posibilidad de subsistencia[5].
Bajo las anteriores premisas, esta Corporación en la Sentencia T-619
de 1998[6]
concluyó que:
“[l]a aplicación sin
contemplaciones del decreto 806 de 1998, reglamentario de la ley 100 de 1993,
acogiendo los mandatos de su artículo 164, vulnera el derecho constitucional a
la salud, en conexión con los derechos fundamentales a la vida y a la
integridad física, de quien necesita el tratamiento sometido a un mínimo
determinado de cotizaciones al sistema cuando: 1.- la falta del tratamiento
sometido a un mínimo de semanas cotizadas al sistema, vulnera o amenaza los
derechos a la vida y a la integridad física de quien lo requiere; 2.- ese
tratamiento no pueda ser sustituido por otro no sometido a semanas mínimas de
cotización; 3.- el interesado no pueda cubrir el porcentaje que la E.P.S. se
encuentra autorizada legalmente a cobrar y no pueda acceder al tratamiento por
otro plan distinto que lo beneficie y 4.- el tratamiento haya sido prescrito
por un médico adscrito a la E.P.S. de quien se está solicitando el tratamiento” [7].
Sintetizando, se tiene que cuando la vida del paciente está
comprometida, las entidades promotoras de salud están inexcusablemente
obligadas a prestar en forma inmediata los servicios de salud requeridos por
aquél, sin que para ello importe que la alternativa o posibilidad de
tratamiento que se requiera sea de alto costo, pues ante una situación como la
descrita no pueden exigirse períodos mínimos de cotización.
3.2  En el Estado Social de Derecho las
entidades promotoras de salud se hacen responsables de la salud de sus
afiliados y en consecuencia, tienen el deber de asistirlos de manera permanente
Esta
Corporación ha insistido en el compromiso del Estado con la prestación de los
servicios médico asistenciales, que demandan los usuarios del Sistema General
de Seguridad Social de Salud, por lo que se responsabiliza de la salud de sus
afiliados a las Entidades Promotoras y Administradoras de Salud y ARS, aunque
no estén obligadas a prestar el servicio requerido.
Lo anterior
debido a que cuando el servicio no está incluido en el POS, la obligación de la
prestación persiste en cabeza de la entidad prestadora, EPS, pero cambia la
modalidad, porque mientas el usuario permanezca afiliado, está obligada “…a
informar, orientar, apoyar y acompañar al usuario que demanda una atención no
incluida en los Planes obligatorios, en especial cuando tiene derecho a
demandar del Estado la prestación. Obligaciones estas que se deben evaluar en
cada caso, analizando los condiciones del afiliado y las particularidades de su
padecimiento, porque es posible que algunos pacientes solamente requieran una
debida información, pero otros pueden demandar no solo información sino además
el acompañamiento y la coordinación de la E.P.S. o la A.R.S. durante la demanda
de atención y el proceso de su recuperación”[8].
3.3  El interés económico de las
Empresas Promotoras de Salud debe ser protegido, cuando mediante fallo de
tutela se ordena la inaplicación del artículo 61 del Decreto 806 de 1998
Para resolver el problema jurídico planteado, es necesario recordar
a la luz de la jurisprudencia de esta Corporación, cuando se deba ponderar el
derecho a la salud en conexidad con la vida de un paciente que no cuenta con el
periodo mínimo de cotización y el interés económico propio de las Empresas
Promotoras de Salud, los jueces constitucionales deben resolver la acción,
procurando conciliar los intereses enfrentados y lograr el equilibrio entre la
protección de uno y otro derecho[9].
Por ello, asumido por la EPS el valor total del tratamiento de alto
costo al que debe ser sometido de urgencia el afiliado, aquella tendrá a su
favor la acción de repetición contra el Estado, concretamente contra el Fondo
de Solidaridad y Garantías –FOSYGA-, pues el Estado debe mantener el equilibrio
que demanda la prestación del servicio[10].
4. El caso concreto
En el caso objeto de revisión, del
material probatorio se halla probado que:
·
El señor José Elías Guerra Nieves está afiliado
al Seguro Social, en calidad de beneficiario desde el 1 de marzo de 2004;
·
El estado de salud del actor está gravemente
deteriorado, no solo porque el 4 de febrero del año en curso los médicos
especialistas le diagnosticaron un problema de “EDEMA PULMONAR y marcado
aumento del área cardiaca (Cardiomegalia)” y un “DERRAME PLEURAL
DERECHO”, sino debido a que al momento de ser instaurada la acción, el
mismo se encontraba hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la ESE
Clínica Ana María de Valledupar, bajo el diagnóstico de cardiopatía dilatada de
origen isquémica;
·
Las enfermedades relacionadas en el párrafo
anterior están catalogadas por el Manual de Servicios prestados por el POS-C,
como catastróficas o gravosas que requieren tratamiento de alto costo;
·
El 13 de abril de 2004, un médico adscrito a la
demandada ordenó con carácter urgente un cateterismo cardiaco izquierdo al
actor;
·
La accionada no ha practicado el procedimiento
en comento.
Ahora bien, la entidad demandada alega
que el actor debe asumir el 84% del valor total del cateterismo cardiaco, sin
embargo, la Sala observa dentro del material probatorio que en la “Relación
de Novedades al Sistema de Autoliquidación de Aportes Mensual de Empleadores”,
consta que el actor laboró para Petrona A. Díaz Barrios (en el periodo
comprendido entre agosto y diciembre de 1996) y para Juvenal Daza (entre enero
y febrero de 1997) y cotizó para el Sistema.
Así las cosas,
la Sala concluye que no interesa para el efecto que los empleadores no
efectuaran el pago de los respectivos aportes, pues esta Corte ha insistido en
que la ineficiencia u omisión del empleador no puede ser trasladada al
afiliado, toda vez que las EPS tienen la obligación de cobrar los aportes al
empleador.
En estas circunstancias, la Sala no encuentra razones que
justifiquen la negativa de la EPS demandada, como tampoco que el Juez de
instancia niegue la protección solicitada. En cuanto que a la EPS demandada le
correspondía en un primer momento, contabilizar el número de semanas que cotizó
el actor en el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 1996 y de enero
a febrero de 1997, para efectos de establecer el porcentaje que el afiliado
debía pagar.
Así mismo, le correspondía a la EPS, establecido el valor a cargo
del afiliado, indagar sobre su capacidad de pago y verificada la carencia de
recursos del afiliado, debió acompañarlo en el trámite ante las instituciones
públicas prestadoras de servicios de salud o los entes privados con los que el
Estado tenga contrato, para asegurar a cargo de éstas la atención integral en
salud, y en últimas practicar el procedimiento con cargo al subsidio de la
oferta.
III.  DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero:  REVOCAR por las razones
expuestas en este Fallo, la Sentencia proferida el 6 de mayo de 2004 por el
Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, y en su lugar, amparar el derecho a
la salud en conexidad con el derecho a la vida, del señor José Elías Guerra
Nieves.
En consecuencia,
ORDENAR al Seguro Social EPS Seccional Cesar que una vez notificado del
fallo, proceda a CALCULAR nuevamente el periodo de cotización con el que cuenta
el accionante en la entidad, sumando los periodos comprendidos entre agosto y
diciembre de 1996 y de enero a febrero de 1997, a fin de establecer el
porcentaje exigible para la realización del cateterismo cardiaco izquierdo, que
un médico adscrito a la entidad ordenó el 13 de abril de 2004.
SEGUNDO.- Bajo el supuesto de que el actor, no obstante la orden dada en el
numeral anterior, alegue la falta de capacidad económica para asumir el
porcentaje exigido por la entidad para la realización del cateterismo cardiaco
izquierdo que requiere, se CONCEDE el amparo transitorio del derecho
fundamental a la salud en conexidad con el derecho a la vida al señor José
Elías Nieves.
En consecuencia, ORDENAR a la EPS demandada que una vez el
actor le informe sobre su incapacidad económica, proceda INMEDIATAMENTE a la
realización del cateterismo cardiaco izquierdo solicitado, sin que a aquél le
sea oponible el cobro de sumas de dinero o cualquier otra condición para el
efecto.
De igual manera, SEÑALAR expresamente al Seguro Social EPS
Seccional Cesar, que podrá repetir contra el FOSYGA las sumas que tenga que
desembolsar, a fin de dar cumplimiento a la orden anterior.
Tercero.
ADVERTIR a la entidad promotora accionada que es
responsable de la salud de sus afiliados, y en tal sentido, está obligada a
asistir, informar, orientar, apoyar y acompañar al actor, quien demanda la
prestación de un servicio de salud de alto costo, pero no cuenta con el periodo
mínimo de cotización ni con recursos económicos suficientes, a fin de lograr de
que con cargo a las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud
éste sea atendido de manera integral (v.gr. consultas médicas, exámenes,
procedimientos quirúrgicos, hospitalización, suministro de medicamentos, etc)
que por su cardiopatía dilatada de origen isquémica y en general, su estado de
salud requiera, como quiera que en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud, las entidades promotoras son las llamadas a brindar dicha prestación.
Cuarto.- Líbrese la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado Ponente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
Secretaria
General
[1]
Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-259, T-525 y 606 de 1999.
[2] Cfr. sentencia T-723 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.
[3]
Decreto reglamentario del artículo 164 de la Ley 100 de 1993.
[4]
Al respecto consultar la Sentencia C-177 de 1998, M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[5]
Cfr. sentencia T-260 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.
[6] M.P. Antonio
Barrera Carbonell.
[7]
Se pueden consultar entre otras, las sentencias T-607 de 1997, T-469 y T-756 de
1999, T-006, T-228, T-976 y T-1130 de 2000.
[8]En la Sentencia T-134 de
2002, esta Sala de Revisión concedió el amparo constitucional solicitado
resolviendo, entre otros, que la ARS accionada “[q]ue instruya al señor XX acerca de sus
derechos como afiliado al régimen subsidiado del Sistema de Seguridad Social en
Salud, en especial acerca de la solicitud que ante la misma debe presentar para
que ésta le reintegre la suma de dinero que debió pagar para que su hijo YY
fuera dado de alta, una vez superada la urgencia siquiátrica que fue atendida
por la Clínica Renaser de Montería entre el 12 y el 18 de mayo de 2000”.
[9]
Se pueden consultar entre otras, las sentencias T-385 de 1998, T-693, T-787 y
T-797 de 2001, T-350, T-449 y  T-906 de 2002 y T-048 de 2003.
[10]
Cfr. Sentencia SU-480 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.