C-641-00
Sentencia C-641/00
Sentencia C-641/00
PROPOSICION
JURIDICA COMPLETA-Integración
INDIGNIDAD EN
SUCESION-Solicitud de
declaración judicial
CUARTA DE LIBRE
DISPOSICION-Finalidad/TESTADOR-Disposición
de parte de bienes a favor de no legitimarios
Es necesario
hacer la salvedad de que la cuarta de libre disposición le permite al testador
de manera libre, favorecer a quienes a bien tenga,  por lo que, tampoco es
cierto que el testador no pueda disponer de una parte de sus bienes, en favor
de personas que, por ley, no tienen la calidad de legitimarios.
ASIGNACIONES
FORZOSAS-Implicación
DERECHOS DEL
TESTADOR-Límites
constitucionales/DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA EN DERECHOS DEL TESTADOR-Límites
constitucionales
AUTONOMIA DE LA
VOLUNTAD EN MATERIA HEREDITARIA-Alcance
AUTONOMIA DE LA
VOLUNTAD EN MATERIA HEREDITARIA-Límites constitucionales
ASIGNACIONES
FORZOSAS-Límite a libertad
de testar/DERECHOS DEL TESTADOR-Límites a libertad
LEGITIMAS
RIGUROSAS-Alcance
Los derechos
sucesorales de los legitimarios que protegen las legítimas rigorosas son la
natural y obvia proyección en el tiempo de la “voluntad responsable” de
conformar una familia, pues emanan de la vocación hereditaria que,  a su
turno,  es consecuencia de la filiación y, ésta, a su vez, surge del parentesco
que, entre otros, nace de los vínculos de consanguinidad que forman una
familia,  con prescindencia de las diversas modalidades en que esta puede tener
lugar. Constituyen clara expresión de la “progenitura  responsable” y son
también manifestación de “los consiguientes derechos y deberes” que se derivan
del “estado civil de las personas”, materias todas éstas sobre las que le
corresponde al Congreso legislar.
IGUALDAD DE LOS
HIJOS-Legítimos,
extramatrimoniales y adoptivos
Referencia:
expediente D-2684
Acción pública de
inconstitucionalidad en contra de los artículos 1226 (parcial), 1241, 1244,
1245, 1250, 1253 (parcial), 1255 (parcial), 1258, 1261, y 1274 del Código Civil
Colombiano.
Actora:  Pilar
Estrada González
Magistrado Ponente:
Dr. FABIO MORON DIAZ
Santafé de Bogotá, D.C.,   mayo treinta y
uno (31) del año dos mil (2000)
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto  2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso instaurado por la ciudadana
Pilar Estrada González, en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, en contra de los artículos 1226 (parcial), 1241, 1244,
1245, 1250, 1253 (parcial), 1255 (parcial), 1258, 1261, y 1274 del Código Civil
Colombiano.
I.       ANTECEDENTES
La ciudadana Pilar Estrada González, en
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en la
Constitución Política de 1991 pide a la Corte declarar inexequibles los
artículos 1226 (parcial), 1241, 1244, 1245, 1250, 1253 (parcial), 1255
(parcial), 1258, 1261, y 1274 del Código Civil Colombiano.
El Magistrado Sustanciador mediante auto de
noviembre diecisiete (17) del año anterior admitió la demanda, al haberse
satisfecho los requisitos establecidos en el Decreto 2067 de 1991.
Dispuso, asimismo, el traslado al Señor
Procurador General de la Nación, para efectos de obtener el concepto de su
competencia, al tiempo que ordenó comunicar la iniciación del proceso al Señor
Presidente de la República y al Señor Ministro de Justicia y del Derecho.
Cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte
Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
II. EL TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS
Se transcriben a continuación los artículos
a que pertenecen  los apartes demandados, subrayando el  segmento demandado
parcialmente:
CODIGO CIVIL
“...
Artículo
1226.- Asignaciones forzosas son las que el testador es obligado a hacer, y que se suplen cuando no las ha hecho, aún
con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas.
Asignaciones
forzosas son:
1.     Los alimentos...
2.     La porción conyugal
3.     Las legítimas
4.     La cuarta de mejoras en la sucesión de
los    descendientes.
Artículo
1241.- Los
legitimarios concurren y son excluidos y representados según el orden y reglas
de la sucesión intestada.
Artículo
1244.-  Si el
que tenía, a la sazón, legitimarios, hubiere hecho donaciones entre vivos a
extraños, y el valor de todas ellas juntas excediere a la cuarta parte de la
suma formada por este valor y el del acervo imaginario, tendrán derecho los
legitimarios para que este exceso se agregue también imaginariamente al acervo,
para el cómputo de las legítimas y mejoras.
Artículo
1245.- Si fuere tal el exceso, que no sólo absorba la parte de bienes de que el
difunto ha podido disponer a su arbitrio, sino que menoscabe las legítimas
rigorosas, o la cuarta de mejoras, tendrán derecho los legitimarios para la
restitución de lo excesivamente donado, procediendo contra los donatarios, en
un orden inverso al de las fechas de las donaciones, esto es, principiando por
las más recientes.
La insolvencia de un
donatario no gravará a los otros.
Artículo
1250.- La legítima rigorosa no es susceptible de condición, plazo, modo o
gravamen alguno.
Artículo
1253.-  (Subrogado Ley 45 de 1936, artículo 24.) El artículo 1253 del Código Civil quedará así:
De la cuarta de
mejoras puede hacer el donante o testador la distribución que quiera entre
sus descendientes, sus hijos naturales y los descendientes de éstos y podrá
asignar a uno o más de ellos toda la dicha cuarta, con exclusión de los otros.
Los gravámenes
impuestos a los asignatarios de la cuarta de mejoras, serán siempre a favor
de una o más de las personas mencionadas en el inciso precedente.
La acción de
que habla el artículo 1277 del Código Civil, comprende los casos en que la
cuarta de mejoras, en todo o en parte, fuere asignada en contravención a lo
dispuesto en este artículo.
Artículo
1255.-    El que
deba una legítima podrá, en todo caso, señalar las especies en que haya de
hacerse su pago; pero no podrá delegar esta facultad a persona alguna, ni
tasar los valores de dichas especies.
Artículo
1258.- Si se
hiciere una donación revocable, o irrevocable, a título de legítima, a una
persona que no fue entonces legitimaria del donante, y el donatario no adquiere
después la calidad de legitimario, se resolverá la donación.
Lo mismo se
observará si se hubiere hecho la donación a título de legítima al que era
entonces legitimario, pero después dejó de serlo, por incapacidad, indignidad,
desheredación o repudiación, o por haber sobrevenido otro legitimario de mejor
derecho.
Si el
donatario, descendiente legítimo, ha llegado a faltar de cualquiera de esos
modos, las donaciones imputables a su legítima se imputarán a la de sus
descendientes legítimos.
Artículo 1261.-
Los desembolsos hechos para el pago de deudas de un legitimario, descendiente,
se imputarán a su legítima, pero sólo en cuanto hayan sido útiles para el pago
de dichas deudas.
Si el difunto
hubiere declarado expresamente, por acto entre vivos o testamento, ser su ánimo
que no se imputen dichos gastos a la legítima, en este caso se considerarán
como una mejora.
Si el difunto,
en el caso del inciso anterior, hubiere asignado al mismo legitimario, a
título  de mejora, alguna cuota de la herencia o alguna cantidad de dinero, se
imputarán a dicha cuota o cantidad; sin perjuicio de valer en lo que excedieren
a ella, como mejora o como el difunto expresamente haya ordenado.
Artículo
1274.- Los
legitimarios a quienes el testador no ha dejado lo que por ley les corresponde,
tendrán derecho a que se reforme  a su favor el testamento, y podrán intentar
la acción de reforma (ellos o las personas a quienes se hubieren transmitido
sus derechos), dentro de los cuatro años contados desde el día en que tuvieron
conocimiento del testamento y de su calidad de legitimarios..
Si el
legitimario a la apertura de la sucesión, no tenía la administración de sus
bienes, no prescribirá en él la acción de reforma antes de la expiración de
cuatro años contados desde el día en que tomare esa administración.
...”
III.    LOS CARGOS
La demandante considera que las
disposiciones acusadas son violatorias de los artículos 13, 14, 16, 18, 42 y 62
de la Constitución Política.
En criterio de la ciudadana demandante,
tratándose de la sucesión testada, el régimen de las legítimas rigurosas,
previsto en las normas jurídicas demandadas, vulnera la Constitución Política
pues, en su opinión, resulta contrario a  la autonomía de la voluntad (artículo
16 C.P.), a la libertad de conciencia (artículo 18 C.P.), a los principios de
libertad e igualdad (artículo 13 C.P.) y al derecho a la personalidad jurídica
(artículo 14 C.P.).
Son, en esencia, dos las razones, que generan su inconformidad :
1ª.) La institución de las legítimas rigorosas
limita la capacidad que tiene la persona para determinar a quién, cómo y en qué
forma ha de distribuir sus bienes al momento de su muerte, a través del
testamento o del acto jurídico que determine la ley.
En consecuencia,  impide al causante disponer
de sus bienes en favor de personas distintas de aquellas a quienes la ley
confiere la calidad de legitimarios, lo que, podría incluso resultar contrario
a la opción de familia que también protege el artículo 42 C.P.,  pues es “bien
sabido que una persona puede haber tenido una familia voluntariamente
conformada con extraños ... no obstante, la de sangre, a veces lejana y extraña
a las necesidades del testador es quien  pacientemente espera el momento de
reclamar el patrimonio económico dejado por éste.”
2ª.) El régimen de las  legítimas rigorosas
puede conducir a la revocatoria de las donaciones que el de cujus hubiere
efectuado en vida  en favor de terceros.
En su sentir, no hay razón
constitucionalmente válida para impedir que las personas que hayan cumplido con
sus obligaciones económicas constitucionales o legales como las alimentarias,
no puedan distribuir sus bienes en la forma y cuantía que libremente
determinen.
A su juicio, la normatividad acusada
constituye una injerencia innecesaria del legislador en la órbita individual,
limita la esfera de la autonomía y la libertad patrimonial,  pues predetermina
y restringe la voluntad individual.
La accionante hace la salvedad de que no
cuestiona la eventualidad en que, a falta de voluntad expresa consignada en el
testamento, la ley distribuya los bienes del causante entre sus legitimarios.
Es así como plantea a la Corte que, en forma subsidiaria, condicione la
exequibilidad de las normas demandadas, al caso de la sucesión intestada.
IV.        INTERVENCION DE AUTORIDAD PUBLICA
·
Ministerio de
Justicia y del Derecho
El ciudadano José Camilo Guzmán Santos,
actuando como apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho, intervino
para defender la constitucionalidad de las normas acusadas.
En criterio del interviniente, desde el
punto de vista constitucional,  hay plena justificación para que las sucesiones
testamentarias, en todo caso, se sujeten a las asignaciones forzosas.
Señala que el legislador busca la
protección de la familia como institución básica, a través de disposiciones
que, como las demandadas, eviten su rompimiento y mantengan la conservación de
la organización familiar, en procura de una futura convivencia pacífica y
armónica, y que mantengan incólume el núcleo familiar.
De ahí que, en su criterio, la estipulación
de medidas que salvaguarden la existencia familiar, esté en plena concordancia
con la inviolabilidad de la dignidad familiar, consagrada en el artículo 42 de
la Carta Política.
V.      CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El señor Procurador General de la Nación en
concepto rendido en término, solicita a la Corte declarar la constitucionalidad
de las normas acusadas.
El Supremo Director del Ministerio Público
estima que las acusaciones son infundadas, como quiera que, de acuerdo al
artículo 58 Superior, el propietario puede disponer libremente de sus bienes,
siempre y cuando lo haga dentro de los límites que el mismo contempla.  En
otros términos, señala, el legislador faculta al propietario para disponer de
sus bienes a través del testamento que surte efecto después de su muerte,
obviamente, ajustado a las normas que regulan la materia sucesoral y con la
condición de que no se desborden los limites definidos por el legislador, esto
es, que no se desconozcan las restricciones que ha establecido en la ley civil.
Observa que la autonomía de la voluntad
privada actualmente no es absoluta y omnímoda, pues  se encuentra limitada, de
una parte, por la Constitución al imponer al Estado la obligación de reconocer
sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de las
personas y, de otra, por el legislador, en aras de proteger el orden público y
las buenas costumbres.
En razón a lo expuesto, el señor Procurador
considera que las disposiciones demandadas no contradicen ni el derecho al
libre desarrollo de la personalidad ni la autonomía de la voluntad, por cuanto
estas garantías, observa, no son de carácter absoluto, toda vez que tienen como
limitación los derechos de los demás y el orden jurídico.
De otra parte, la Vista Fiscal encuentra
que la limitación impuesta por el legislador es razonable y proporcional, por
cuanto están de por medio los derechos de otras personas, siendo estos los
herederos forzosos, establecidos en las asignaciones sucesorales, con lo cual
se busca la protección de la familia  y su desarrollo armónico e integral.
En este orden de ideas, estima el despacho
del Señor Procurador General de la Nación, que los argumentos de la impugnante
carecen de respaldo al cuestionar la constitucionalidad de las normas
demandadas, pues la limitación impuesta por el legislador obedece a razones de
orden público.
VI.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia.
En virtud de lo dispuesto por el artículo
241-4 de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para decidir
definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad que dio lugar al
presente proceso, dado que recae sobre disposiciones que forman parte del
Código Civil.
2. Artículos 1226; 1253 y
1255: Integración de la proposición jurídica.
A fín de preservar la unidad normativa, la
Corte integrará la proposición jurídica con los segmentos no demandados, puesto
que estos conforman un todo inescindible con las proposiciones jurídicas sobre
las que recae la acusación, de modo que su pronunciamiento en relación con los
artículos  que se demandaron de manera parcial, comprenderá su texto completo.
3.  El Examen concreto de
los cargos
·
Las restricciones
al derecho de testar libremente que  emanan de los
límites  constitucionales a la propiedad y
a la autonomía de la voluntad.
Debe la Corte
comenzar por esclarecer el yerro en que incurre la actora cuando, con miras a
la prosperidad de su argumento acusatorio,  da a entender que las disposiciones
acusadas dan pié para que la familia de sangre  herede,  aún en el caso en que
haya sido “lejana y extraña a las necesidades del testador.”
Es sabido que,
conforme al artículo 1025-3 del Código Civil, el deber de socorro, de auxilio
material, asistencial y moral, para la satisfacción de las necesidades
primarias, se predica del “consanguíneo hasta el sexto grado” y que  el
incumplimiento de este deber, constituye causal de indignidad,  respecto de la
persona de cuya sucesión se trata, cuando hubiere padecido estado de privación,
destitución o abandono.
De modo que en la
eventualidad que inquieta a la demandante, “cualquiera de los interesados en
la exclusión del heredero o legatario indigno”  tiene el derecho de
solicitar que la indignidad sea declarada judicialmente (artículo 1031 C.C.),
respecto del heredero o legatario que incumplió con sus deberes filiales para
con la persona de cuya sucesión se trata, pese a haber estado en condiciones de
socorrerla, que es la hipótesis en que la demandante sustenta su
cuestionamiento.
Es, igualmente,
necesario hacer la salvedad de que la cuarta de libre disposición le permite al
testador  de manera libre, favorecer a quienes a bien tenga,  por lo que,
tampoco es cierto que el testador no pueda disponer de una parte de sus bienes,
en favor de personas que, por ley, no tienen la calidad de legitimarios.
Hechas las
precisiones que anteceden, en cuanto al examen concreto de los cargos
formulados, tiénese lo siguiente:
Como esta Corporación ya ha tenido ocasión
de señalarlo, las asignaciones forzosas, -llamadas así, precisamente, para
connotar que, en ningún caso, pueden ser afectadas y que, de consiguiente, se
suplen cuando el testador nó las ha hecho-  implican un límite a la libertad de
testar libremente, cuyo sustento constitucional,  principalmente se encuentra
en los artículos 1º., 2º., 5º.,  42 y 58 de la Carta Política.
Ciertamente, esta Corte ya ha tenido oportunidad
de consignar su pensamiento acerca del fundamento constitucional que, en los
citados preceptos superiores, encuentran las restricciones impuestas a la
libertad de  testar libremente, a causa, principalmente, de los límites que a
la autonomía de la voluntad y al derecho de propiedad, imponen la primacía del
interés general, los derechos de los demás, y el amparo y protección debidos a
valores supremos de rango constitucional.
Así lo  expresó en Sentencia C-660 de 1996,
de la que fué ponente el H.M. Carlos Gaviria Díaz,  en la que  examinó in
extenso los derechos del testador  desde la óptica de las restricciones que
comportan, tanto los límites constitucionales al derecho de propiedad, como a
la autonomía de la voluntad, con ocasión de demanda ciudadana que, en ese
entonces, cuestionaba el artículo 1135 del Código Civil, en cuanto permite que
el testador someta una asignación testamentaria, a la condición de que su
beneficiario tenga un cierto estado civil o ejerza determinada profesión u
oficio.
En lo pertinente a los efectos de este
fallo, en la ocasión en cita, la Corte sostuvo:
“...
2.  Marco
teórico y planteamiento del problema jurídico
El derecho
hereditario básicamente da respuesta a la siguiente pregunta: ¿en cabeza de
quién han de quedar los bienes de una persona cuando ésta fallece? ¿qué ha de
hacerse con ellos?  Para responderla, son tres las líneas de argumentación que
ha adoptado la tradición jurídica. Una recoge las tendencias individualistas
que hallan sustento en los derechos del de cujus a la propiedad y la autonomía
de la voluntad; según esa línea de pensamiento, se debe permitir al causante
resolver el problema a través de la libre disposición de sus bienes, mediante
el acto jurídico solemne de otorgar testamento. Otra, de corte socialista,
busca que los bienes regresen a la sociedad, por ser ella quien concede los
derechos de propiedad, y por ser éste un mecanismo que, además, permite
redistribuir la riqueza. La última línea de argumentación considera que se ha
de proteger a la institución de la familia, al considerarla el núcleo básico de
la sociedad; en consecuencia, se afirma que es la ley la que ha de determinar
qué familiares, en qué proporción y en qué orden, han de heredar.
3. Los
derechos del testador
“... las
facultades con que cuenta el testador.. son otorgadas legislador... con
fundamento en dos garantías constitucionales conferidas a toda persona: el
derecho a la propiedad privada y la autonomía de la voluntad. El primero de
ellos está claramente consagrado en el artículo 58 del estatuto superior, como
uno de los derechos económicos, sociales y culturales consignado en el capítulo
segundo de la Carta Política, el cual se encuentra claramente restringido por
la utilidad pública y el interés social.
...
Uno de los
elementos esenciales del derecho de propiedad es que el propietario tiene la
facultad de disponer libremente de sus bienes, siempre y cuando lo haga dentro
de los límites señalados en el artículo 58 antes transcrito. En consecuencia,
bien puede éste vender, donar, o realizar cualquier otro acto translaticio de
dominio que la ley permita. Dentro de esta gama de posibilidades, el legislador
considera que, con ocasión de la muerte, el propietario puede decidir el
destino de sus bienes; obviamente según las reglas sucesorales señaladas por
él. Así pues, puede decirse que la Constitución define el derecho de propiedad
en concordancia con los postulados del Estado social de derecho, autorizando al
legislador para que lo concrete y regule; y a su vez el legislador, en
ejercicio de tal atribución constitucional, concede a las personas, bajo
ciertos supuestos legales, la posibilidad de decidir a quién, y en qué
términos, dejará sus bienes. De aquí se deriva la autorización del legislador
de permitir que el testador someta a condición ciertas asignaciones.
La segunda
garantía constitucional en la cual se fundamentan las facultades del testador
es la autonomía privada de la voluntad y aunque no existe una norma en la
Constitución que la contemple en forma específica, ella se deduce de los
artículos 13 y 16[1],
que consagran la libertad y el libre desarrollo de la personalidad,
respectivamente, los que sirven de sustento para afirmar que se ha de reconocer
a las personas la posibilidad de que obren según su voluntad, siempre y cuando
no atenten contra el orden jurídico y los derechos de los demás.
3.1. La
autonomía de la voluntad en materia hereditaria
La ley permite
que la voluntad del de cujus se manifieste a través del testamento, es decir,
en un acto jurídico unilateral solemne, mediante el cual se determina la forma
en que se han de repartir los bienes que se dejan al morir. Recuérdese que
la facultad del testador para disponer de sus bienes no es ilimitada pues, para
que el testamento sea válido, deben respetarse los órdenes sucesorales
establecidos en la ley. De tal forma que, sobre la mitad de los bienes, en el
campo de las legítimas, su facultad se limita prácticamente a reiterar lo
dispuesto en la ley. Ya en la cuarta de mejoras su competencia se amplía,
puesto que puede decidir a cuál, o cuáles de los descendientes les mejorará su
asignación, ofreciéndoles una mayor expectativa patrimonial. Por último, es
sobre la cuarta parte restante de los bienes, llamada cuarta de libre
disposición, sobre la que el testador puede ejercer de manera plena su
autonomía de la voluntad.
...
Esclarecido el
ámbito en que puede manifestarse abiertamente la voluntad del de cujus, es
necesario determinar cuáles son los límites propios de dicha autonomía, pues su
ejercicio no responde a un poder omnímodo.
3.2. Límites a
la autonomía de la voluntad
Para algunos de
los filósofos del siglo XVIII como Kant, Hobbes y Rousseau, autores de teorías
políticas que fundan gran parte del derecho occidental contemporáneo, la
voluntad es la principal fuente de las obligaciones ya sea que se manifieste
directamente, a través de acuerdos suscritos por los particulares, o
indirectamente, a través de la ley en forma de voluntad general. El
razonamiento presupone que los hombres son iguales, de tal forma que si dos
personas consienten en algo sin presión alguna, lo único que los determina es
el libre ejercicio de su voluntad; la única causa de prometer algo es que así
se quiere.
En consecuencia,
se ha aceptado el establecimiento de límites a la autonomía de la voluntad.
Esta tendencia orientada a reducir el voluntarismo que inspiraba al derecho,
pese a que logró varios de sus objetivos, no llegó nunca a suprimir el papel
preponderante que ocupa la voluntad en el ámbito jurídico, en especial en el
área del derecho privado.
En el Código
Civil Colombiano de 1887 se consagraron tanto la visión voluntarista imperante,
como los límites a la autonomía de la voluntad que por entonces se aceptaban:
el orden público y la buenas costumbres; prueba de ello son, entre otros, los
artículos 16, 1151, 1518, 1524 y 1532. Se puede decir, entonces, que la
institución mencionada, aunque limitada, adquirió un lugar preponderante y
fundamental dentro del sistema.
Sin embargo,
el derecho, en cuanto fenómeno social, no es susceptible de sustraerse a los
cambios. Los nuevos rumbos de la historia, junto a las teorías contemporáneas,
lograron que se redujera el ámbito concedido al libre ejercicio de la voluntad.
En primer lugar, los límites impuestos a dicha autonomía se incrementaron al
incluir dentro de la noción de orden público, no sólo la esfera política, sino
también la económica y los derechos humanos. En segundo lugar el auge del derecho comercial y las
nuevas formas para negociar, le restaron la importancia que antaño tenía. La
complejidad de los negocios que se realizan ha incrementado la celebración de
contratos “tipo” o de contratos de adhesión, en los cuales el papel que juega
el operador jurídico queda limitado a aceptar o rechazar unas cláusulas
previamente redactadas por otro.
En conclusión,
mal puede considerarse a la autonomía de la voluntad como un poder omnímodo en
cabeza de los particulares; los múltiples límites que se le imponen, la reducen
a un simple ejercicio de potestades reglamentarias que el legislador otorga a
los ciudadanos[2].
Es, pues, claro que
los límites a la libertad de testar, ciertamente se explican por cuanto la
autonomía de la voluntad, el derecho de propiedad, el derecho al libre
desarrollo de la personalidad, los principios de libertad e igualdad, la
libertad de conciencia y los derechos inmanentes a la personalidad jurídica que
la accionante estima conculcados, no son en modo alguno, derechos absolutos.
Menos aún en  el Estado Social de Derecho.
Si la actora llega a
la conclusión contraria es porque la lectura que de la Carta Política hace es
incorrecta por lo cual, erradamente  le atribuye a los preceptos  que consagran
las citadas garantías un contenido absoluto, propio de una filosofía
eminentemente individualista, como ciertamente lo fué el credo liberal de los
siglos XVIII y XIX.. Es bien sabido que esa visión fué históricamente superada,
y sustituida por la filosofía del Estado Social de Derecho, cuyos valores
plasmó el Constituyente de 1991, entre otros, al afianzar los límites a los
derechos individuales y al profundizar la dimensión social  en la concepción
sobre el Estado de Derecho.
En este orden de
ideas, esta Corte reitera que no es constitucionalmente de recibo, aducir el
derecho al libre desarrollo de la personalidad y el principio de la autonomía
de la  voluntad, como si se tratase de barreras infranqueables que pudiesen
impedir la eficaz protección del interés público pues, como también lo ha
puesto de presente, la protección del interés general y del bien común, que son
también postulados fundamentales del Estado Social de Derecho,   imponen a los
mencionados derechos, límites y condicionamientos que son constitucionalmente
válidos. De donde se deduce que, por este aspecto, los cargos son infundados.
Reitera la Corporación que los límites que
al derecho de testar libremente ha impuesto el legislador,  a través de la
institución de las legítimas forzosas, tanto en la sucesión testada como en la
intestada, buscan proteger a la familia  y se originan en razones de interés
público.
Tales restricciones son, por lo demás,
razonables y constitucionalmente válidas pues se desprenden de la primacía del
interés general, representado, en este caso, en la protección de la familia; se
explican por razón de la intangibilidad de los derechos económicos que, en
favor de sus miembros, ha de producir “la voluntad responsable” de
conformarla, efectos que, como es sabido, se proyectan intemporalmente. No
existe pues, por este aspecto fundamento en las acusaciones formuladas las que,
por tanto, no pueden prosperar.
De igual modo, en
sentir de esta Corte, la consagración en normas de orden público, de reglas
sucesorales sobre la constitución de legítimas rigorosas en favor de los
consanguíneos,  que en todos los casos, rijan  el destino post mortem de
los bienes del causante, es cabal desarrollo de la competencia de regulación
normativa que los artículos 42 y 150 de la Carta Política confieren al
legislador, tanto para regular la materia hereditaria como, además y
principalmente, para plasmar en ella las restricciones  que resultan de los
postulados constitucionales que proclaman la primacía del interés general y la
protección de valores superiores, a los que  históricamente el Constituyente ha
dado especial significación,   que adquieren una especial connotación en la
Constitución de 1991,  como la familia, “institución básica” (Artículo
5º.C.P.) que es sujeto de amparo y de protección especial por parte del Estado,
pues representa el “núcleo fundamental de la sociedad.” (Artículo 42
C.P.)
En resumen: los
derechos sucesorales de los legitimarios que protegen las legítimas rigorosas
son la natural y obvia proyección en el tiempo de la “voluntad responsable”
de conformar una familia, pues emanan de la vocación hereditaria que,  a su
turno,  es consecuencia de la filiación y, ésta, a su vez, surge del parentesco
que, entre otros, nace de los vínculos de consanguinidad que forman una
familia,  con prescindencia de las diversas modalidades en que esta puede tener
lugar, según lo contempla el mismo artículo 42 Constitucional.
Constituyen, pues,
clara expresión de la “progenitura  responsable” y son también manifestación
de “los consiguientes derechos y deberes” que se derivan del “estado
civil de las personas”, materias todas éstas sobre las que le corresponde
al Congreso legislar, al tenor de lo preceptuado por el multicitado artículo
42  de la Carta Política.
Así, pues, es
también inequívoca la habilitación de que goza el legislador para expedirlas.
De consiguiente, es clara su constitucionalidad, también por éste aspecto.
Finalmente, en
cuanto se refiere al artículo 1253 del Código Civil, subrogado por la ley 45 de
1936, artículo 24, estima esta Corporación que dicha disposición se ajusta al
ordenamiento jurídico superior, salvo la expresión "naturales", del
inciso primero de dicha norma, la cual se declarará inexequible por cuanto
conforme con la jurisprudencia de esta Corporación, especialmente la sentencia
C-595 de noviembre 6 de 1996, M.P. Dr. Jorge Arango Mejía, que declaró
inexequibles los artículos 39 y 48 del Código Civil, que regulaba el denominado
parentesco ilegítimo, consagra la igualdad de trato y de derechos entre los
hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos, establecida por el artículo
1º de la ley 29 de 1982, disposición que fue elevada posteriormente a norma
constitucional por el inciso 6º del artículo 42 de la Constitución.  Siendo esto
así, el calificativo de ilegítimo dado a un parentesco no tiene ninguna
finalidad dentro del orden jurídico dispuesto por la Carta Política de 1991,
caracterizado por esa jurisprudencia que reconoce, en pie de igualdad, la
familia constituída por  "vínculos naturales o jurídicos" (art. 42,
inciso  1º de la C.P.).  Luego no se ve cómo la inexistencia del matrimonio
origine una "consanguinidad ilegítima", entendiéndose ésta como
ilícita.  Así las cosas, en la parte resolutiva de esta sentencia se retirará
del mundo jurídico la palabra "naturales", del inciso primero del
artículo 1253 subrogado por el artículo 24 de la ley 45 de 1936.
Así habrá de
decidirse.
VII.
D E C I S I Ó N
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
R E S U E L V E:
Decláranse EXEQUIBLES los artículos
1226, 1241, 1244, 1245, 1250, 1253, 1255, 1258, 1261, y 1274 del Código Civil
Colombiano, salvo la palabra "naturales" del inciso primero
del artículo  1253, que se declara INEXEQUIBLE.
Cópiese, notifíquese, comuníquese a quien
corresponda, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
archívese el expediente y cúmplase.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] A este respecto ver lo dicho por esta corporación en: Sentencia
de la Corte Constitucional  T-338 de 1993. Magistrado ponente, Dr. Alejandro
Martínez Caballero
[2] Al respecto puede verse: Corte Constitucional, sentencia T-338 de
1993. Magistrado ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.