T-063-20
Sentencia T-063/20
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO
CONSUMADO-Fallecimiento
del actor durante el trámite de la acción de tutela
Se resalta que la muerte del
accionante no fue consecuencia de un hecho aislado o independiente del obrar de
las partes, tal como ocurre en aquellos supuestos en los que se configura
una circunstancia sobreviniente. En cambio, en este caso el
accionante falleció por la enfermedad que venía denunciando y sobre la cual
reclamaba una atención oportuna. Pese a ello, las referidas omisiones y la
falta de coordinación entre las entidades accionadas fue la que propició su
valoración y diagnóstico tardíos
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO
CONSUMADO-No
impide a la Corte Constitucional pronunciamiento de fondo sobre la existencia
de una violación de derechos fundamentales
DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Llamado a las EPS y a las instituciones del
Estado colombiano a que garanticen la salud de todas las personas, sin que se
les trasladen cargas administrativas y burocráticas
COBERTURA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL-Marco normativo
DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Marco normativo
DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS
PRIVADA DE LA LIBERTAD-Responsabilidad del Sistema Nacional Penitenciario y
Carcelario
La Corte enfatiza que toda persona tiene
derecho a acceder al Sistema de Salud de manera oportuna, sin que pueda verse
afectada por barreras administrativas o burocráticas de las entidades
encargadas de prestar los servicios de salud. Esto se refuerza frente a quienes
se encuentran privados de la libertad, caso en el cual, el INPEC, la USPEC y,
de ser el caso, las EPS correspondientes tienen la obligación de coordinar y
articular sus funciones para garantizar la atención oportuna, continua e
integral que requieran los reclusos.
DEBIDO PROCESO DE PERSONAS PRIVADAS
DE LA LIBERTAD-Garantía
DEBIDO PROCESO DE PERSONAS PRIVADAS
DE LA LIBERTAD-Facultad del Estado para realizar el traslado de reclusos
El traslado de las personas privadas de la
libertad es una facultad discrecional del Estado, específicamente, en cabeza
del INPEC. Sin embargo, ésta debe ser ejercida dentro de los límites de la
razonabilidad, la proporcionalidad y la reglamentación contenida en la ley, por
lo que cualquier solicitud dirigida a obtener el traslado de un recluso debe
ser especialmente considerada y resuelta de manera clara, congruente y, sobre
todo, oportuna.
Referencia: Expediente
T-7.376.029
Acción de tutela formulada por Eduar Alexander
González Mendoza contra: (i) el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Neiva, Huila; (ii) el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC; (iii)
la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC; y, (iv) la
Fiduprevisora S.A. –Consorcio de Atención en Salud PPL–.
Entidades vinculadas oficiosamente:            (i)
Salud Total EPS; y, (ii) la Oficina de Asuntos Penitenciarios del INPEC.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C.,
dieciocho (18) de febrero dos mil veinte (2020).
La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y los
Magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales[1], profiere la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo proferido el 14 de
marzo de 2019, en única instancia, por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Neiva, Huila, dentro de la acción de tutela de la
referencia.
I.
ANTECEDENTES
1.      Hechos
1.1 El señor Eduar Alexander González Mendoza contaba con 35 años de edad y se
encontraba privado de la libertad desde el 4 de junio de 2015. Inicialmente,
fue recluido en el Establecimiento Carcelario “La Modelo” de Bogotá, sin
embargo el 12 de noviembre de 2017 fue trasladado por razones de descongestión
al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Neiva, Huila[2]. Refirió
que desde el mes de octubre de 2018 había venido presentando fuertes cefaleas,
mareos, adormecimiento de las manos y el cuerpo, sudoración, entre otros problemas
de salud[3].
1.2 Inclusive, señaló que el 1º de
diciembre de 2018 tuvo un ataque epiléptico en las instalaciones del
establecimiento carcelario, frente a lo cual resaltó que el día anterior había
solicitado atención médica, pero sólo le suministraron algunos medicamentos y
le informaron que no podía ser valorado al interior de la cárcel debido a que
se encontraba en el régimen contributivo de salud, afiliado a la EPS Salud
Total[4]
(en adelante la EPS).
1.3 Explicó que su salud se había venido
deteriorando y que esto podría relacionarse con un tumor cerebral maligno que
le fue extraído en años anteriores, por lo que requería una valoración médica
con urgencia. Pese a ello, refirió que no había sido examinado en la cárcel, ni
por especialistas de la EPS, pues esta última, al parecer, no presta sus servicios
en la ciudad de Neiva. También señaló que
a mediados de diciembre fue trasladado temporalmente a Bogotá, pero no le
realizaron ningún examen médico[5].
1.4 Debido a lo anterior, el 8 de enero
de 2019 formuló acción de tutela contra el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Neiva, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -en
adelante INPEC-, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -en lo
sucesivo USPEC-, y la Fiduprevisora S.A., con el fin de obtener el amparo de
sus derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas[6].
1.5 El actor solicitó que se ordenara:
(i) a la Dirección General del INPEC, que autorizara su traslado a una ciudad
donde pudiera ser atendido por su EPS; (ii) a la Fiduprevisora S.A. y a la
Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Neiva, que
solicitara a su EPS los exámenes médicos necesarios para determinar el origen
de sus síntomas; y, (iii) que se vinculara al proceso a Salud Total EPS para
que le brindara la atención médica y el tratamiento que llegara a requerir[7].
2.
Trámite de la acción de tutela y respuestas de las autoridades accionadas
2.1 El 9 de
enero de 2019 el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Neiva admitió la acción de tutela y ordenó notificar a las entidades
accionadas para que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones[8].
En el curso del proceso se recibieron
las siguientes respuestas:
2.2 El 11 de enero de 2019 la
Fiduprevisora S.A., entidad encargada de administrar los recursos del Fondo de
Atención en Salud para la población carcelaria, indicó que el señor González
Mendoza no estaba bajo la cobertura del fondo debido a que se encontraba en el
régimen contributivo, por lo que no era posible destinar recursos del régimen
subsidiado para brindarle la atención que requería, pues ello le compete a su
EPS[9].
Señaló que si el accionante insistía en
ser atendido por parte del Fondo debía desafiliarse de su EPS. En caso
contrario, argumentó que el Juzgado debía requerir a Salud Total para que por
intermedio del Área de Sanidad del INPEC coordinara la atención médica que
necesitaba el accionante, así como los traslados que se llegaran a precisar
para ello[10].
2.3 El 14 de enero siguiente el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Neiva señaló que había venido
prestando los servicios médicos generales que requirió el tutelante, sin
embargo indicó que la valoración por neurología que necesitaba debía tramitarse
por su EPS[11].
También destacó que el 5 de diciembre de
2018, el Área de Sanidad del Establecimiento solicitó su traslado urgente y
definitivo a la ciudad de Bogotá, dado que Salud Total “no tiene red
especializada ni paraclínicos en la ciudad de Neiva”, sin embargo, refirió
que aún no ha recibido respuesta alguna por parte de la oficina central de
Asuntos Penitenciarios del INPEC[12].
Por otra parte, señaló que el 15 de
diciembre realizó el traslado temporal del accionante al Complejo Carcelario “La
Picota”, en la ciudad de Bogotá, para una valoración por medicina general.
También indicó que la Dirección de la cárcel de Neiva “está siempre presta
a realizar todos los trámites” que sean necesarios para trasladar al
señor González Mendoza a los lugares donde tenga citas o tratamientos
autorizados por su EPS, gestión que “se debe realizar por parte del interno
en colaboración con la familia”[13].
2.4 El INPEC y la USPEC guardaron
silencio.
3.      Fallo de tutela objeto
de revisión
3.1 Inicialmente, el Juzgado Tercero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Neiva profirió sentencia del 18 de enero de
2019, en la cual declaró la carencia actual de objeto por hecho superado
al considerar que el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Neiva ya
había atendido al accionante y también había solicitado su traslado definitivo a
la ciudad de Bogotá.
3.2 El 24 de enero de la misma anualidad,
el señor González Mendoza impugnó el fallo y solicitó la nulidad del proceso, por
cuanto no se vinculó a la EPS Salud Total[14].
El Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva, en su Sala Tercera de Decisión Penal, emitió providencia del
1º de marzo de 2019, en la que declaró la nulidad de todo lo actuado dentro del
proceso y ordenó la devolución del expediente al juez de primera instancia[15].
3.3 Como consecuencia de lo anterior, el 5 de
marzo siguiente el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Neiva vinculó al proceso a Salud Total EPS y también a la Oficina de Asuntos
Penitenciarios del INPEC en Bogotá[16].
Sin embargo, ninguna de estas entidades se pronunció sobre el presente caso.
3.4 El 14 de marzo de 2019, el
mismo juzgado adoptó una nueva sentencia de primera instancia en la cual
resaltó que habían transcurrido más de tres (3) meses y la Oficina de Asuntos
Penitenciarios del INPEC aún no había dado respuesta a la solicitud de traslado
formulada por el Establecimiento Carcelario de Neiva en favor del señor
González Mendoza, por lo que decidió amparar el derecho fundamental de petición
del accionante y ordenó a tal dependencia resolver la solicitud en el término
de cuarenta y ocho (48) horas[17]. Esta decisión no fue impugnada.
4. Pruebas incluidas en el expediente
-Copia de la historia clínica del señor Eduar Alexander González
Mendoza en la que se detalla que en el año 2014 tuvo una cirugía para la extracción
de un tumor cerebral[18].
-Copia de los reportes de evolución del centro médico del Establecimiento
Penitenciario de Neiva, en los que se señalan los servicios médicos prestados
al accionante desde el 12 de noviembre de 2017 hasta diciembre del 2018[19].
-Copia de la consulta realizada en la plataforma de la Administradora
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud-ADRES-, en la
que se indica que el actor se encuentra en el régimen contributivo de salud,
afiliado a la EPS Salud Total en calidad de cotizante[20].
-Copia de la solicitud de traslado del accionante a la ciudad de Bogotá
suscrita por el Director del Establecimiento Penitenciario de Neiva, en la que se
argumenta la urgencia de trasladar al señor González Mendoza por razones de
salud, debido a la necesidad de un “tratamiento de control con la
especialidad de neurología debido a una cirugía de resección de tumor frontal
parcial”[21].
5. Actuaciones
en sede de revisión
5.1 Mediante Auto del 30 de julio de
2019, la Sala de Selección Número Siete de la Corte Constitucional[22]
escogió el expediente para su revisión bajo el criterio subjetivo denominado urgencia
de proteger un derecho fundamental y, previo sorteo, lo repartió al Magistrado
Ponente[23].
5.2 Tras analizar el contenido del expediente, se profirió Auto de
pruebas del 23 de septiembre de 2019, en el cual se le ordenó: (i) al INPEC y
al Establecimiento Penitenciario de Neiva, que indicaran cuál había sido su
decisión con respecto al traslado definitivo del accionante a la ciudad de
Bogotá; y, (ii) a la EPS, a la USPEC y a Fiduprevisora S.A., que remitieran un
informe en el que explicaran el estado de salud actual del señor González Mendoza
y la atención médica que se le ha brindado en el transcurso del año 2019[24].
5.3 El 2 de octubre de 2019, la Coordinadora del Grupo de Asuntos
Penitenciarios del INPEC no señaló que se hubiera tomado una decisión respecto
a la solicitud de traslado definitivo del accionante, tan sólo se limitó a
indicar que la documentación correspondiente “se someterá a consideración de
la Junta Asesora de Traslados” para determinar su viabilidad[25].
5.4 El 8 de octubre
siguiente, el Director encargado del Establecimiento Penitenciario de Neiva indicó
que el actor continuaba en las instalaciones de esa cárcel y destacó que ha
remitido sucesivas solicitudes[26]
a la Oficina de Asuntos Penitenciarios del INPEC para obtener su traslado
definitivo a Bogotá, pese a lo cual, sostuvo que “hasta el momento esta
dirección no cuenta con ningún acto administrativo que autorice realizar dicho
traslado”[27].
5.5 Por su parte, la Jefe
de la Oficina Asesora Jurídica de la USPEC argumentó que esa entidad no estaba
a cargo del señor González Mendoza como beneficiario en salud, ya que se
encontraba afiliado al régimen contributivo. En consecuencia, señaló que el
actor debía solicitar la asignación de citas a su EPS por medio de la oficina
de Sanidad del INPEC, quien debía coordinar su remisión a la clínica o
consultorio a que haya lugar[28].
5.6 Finalmente, la
apoderada judicial del Consorcio Fondo de Atención en Salud (Fiduprevisora
S.A.), señaló que de acuerdo al artículo 1º del Decreto 2245 de 2015 las
personas privadas de la libertad pueden mantener su afiliación a una EPS, por
lo que el Consorcio no es competente para brindarle atención médica al
demandante.
Además, solicitó que se
tuviera en cuenta el Manual Técnico Administrativo para la Prestación del
Servicio de Salud a la Población Privada de la Libertad a cargo del INPEC,
el Decreto 1142 de 2016 y la Resolución No. 3595 del 2016, para verificar las
obligaciones de cada institución dentro del sistema. Con base en ello,
argumentó que debía ordenarse a Salud Total EPS que brindara la atención
requerida al accionante, y al INPEC que realizara los traslados que resultaran
necesarios para ello[29].
5.7 Inicialmente, la EPS
Salud Total no remitió contestación alguna en el proceso pese a ser vinculada
por el juez de instancia y haberse proferido dos Autos de pruebas en sede de
revisión los días 23 de septiembre y 9 de octubre de 2019[30], el último de los
cuales ordenó que se notificara a la EPS en sus dos sedes principales en
Bogotá.
5.8 El 18 de noviembre de
2019, vencido el término para contestar las providencias mencionadas, la EPS
Salud Total remitió un escrito en el que indicó los servicios que le fueron
autorizados al accionante durante el año 2019. La lista inicia en el día 4 de
julio refiriendo autorizaciones para consultas ante las especialidades de
oncología y neurocirugía, así como una resonancia magnética. Sin embargo, no se
detalla el lugar donde se realizaron tales procedimientos ni las razones que
motivaron su tardanza[31].
Posteriormente, se incluye
otra resonancia magnética el 21 de octubre, una consulta por urgencias el 24 de
ese mes y una “internación en piso” al día siguiente. Sobre este punto,
la EPS señaló que la última atención prestada al actor se realizó por el
servicio de urgencias del Hospital Eduardo Moncaleano de Neiva, Huila. Por
último, refirió que no conoce el estado de salud actual del señor González
Mendoza y que no cuenta con su historia clínica[32].
5.8 El 6 de diciembre de
2019, la Coordinadora de Urgencias del Hospital Eduardo Moncaleano de Neiva,
Huila, informó a la Corte Constitucional que el señor Eduar Alexander González
Mendoza falleció el 2 de noviembre a las 11:20, “por diagnóstico de C719-
Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada, observaciones: síndrome de
hipertensión endocraneana”[33].
II.      CONSIDERACIONES
1.      Competencia
La Corte Constitucional es competente para revisar el
fallo proferido dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991.
2.      Cuestiones previas
De acuerdo a la información obtenida en sede de
revisión, la Sala Novena advierte la necesidad de pronunciarse de manera
preliminar sobre la procedencia formal de la acción de tutela y la existencia
de una carencia actual de objeto en este caso. Por lo tanto, se reiterarán las
reglas jurisprudenciales correspondientes y se aplicarán al caso concreto.
2.1 Procedencia formal de la acción de tutela
En primer lugar, la Sala determinará si la acción bajo
estudio cumple con los siguientes requisitos formales de procedencia: (i)
legitimación activa, (ii) legitimación pasiva, (iii) inmediatez, y (iv)
subsidiariedad. De acreditar estos presupuestos, se analizará si en el presente
caso se presentó una carencia actual de objeto.
2.1.1 Legitimación
activa
El artículo 86 de la Constitución establece que
cualquier persona, por sí misma o por quien actúe a su nombre, puede reclamar
ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales. A su
vez, el Decreto 2591 de 1991 (artículo 10º) señala que un tercero puede
presentar la acción de amparo cuando la persona afectada no esté en condiciones
de promover su propia defensa.
Así las cosas, la
acción de tutela puede ser ejercida: (i) directamente, es decir, por el titular
del derecho, (ii) mediante un representante legal, en caso de menores de edad y
las personas jurídicas, (iii) por apoderado judicial, (iv) por agente oficioso,
o (v) por medio del Defensor del Pueblo o los personeros municipales[34].
En el asunto concreto se evidencia que
el señor Eduar Alexander González Mendoza
acudió al juez de tutela en nombre propio
reclamando la protección de sus derechos fundamentales a la salud y a la vida
en condiciones dignas, por lo que se cumple este requisito.
2.1.2 Legitimación pasiva
El mismo artículo de la Constitución y
las disposiciones 13 y 42 del Decreto 2591 de 1991 indican que la acción de
tutela puede formularse contra cualquier autoridad pública que presuntamente
haya amenazado o vulnerado un derecho fundamental. También puede presentarse
contra particulares en escenarios específicos, por ejemplo, cuando tienen a su cargo
la prestación de un servicio público[35].
El señor González Mendoza formuló la
acción contra tres autoridades públicas, el INPEC[36],
la USPEC[37]
y el Establecimiento Penitenciario de Neiva[38],
entidades que estaban encargadas de su protección en la cárcel, bajo el marco
de especial sujeción de la población privada de la libertad. El actor también demandó
a la Fiduprevisora S.A., sociedad de economía mixta[39]
que está a cargo del Fondo de Atención en Salud de la Población Carcelaria, por
lo que sus funciones están relacionadas con la prestación de los servicios que
requería el accionante.
En el curso del proceso surtido ante
el juez de única instancia se decidió vincular a Salud Total EPS, empresa
particular que presta el servicio público de salud y que, en principio, estaría
llamada a brindar atención médica al actor por cuanto es la entidad a la que se
encontraba afiliado el accionante, por lo que era la encargada de garantizar su
acceso efectivo al Sistema de Seguridad Social en Salud.
Debido a lo anterior, las entidades públicas,
mixtas y privadas mencionadas tienen responsabilidades que se relacionaban
directamente con la custodia del actor y la protección de su estado de salud,
por lo que se acredita el presupuesto de legitimación pasiva.
2.1.3.          Inmediatez
La acción de tutela fue diseñada con el fin de obtener una
protección “inmediata” de los derechos fundamentales que se puedan
encontrar en peligro[40], por lo que esta Corporación ha
sostenido que debe formularse en un “término razonable” desde el hecho
que presuntamente amenaza o vulnera la garantía constitucional que se invoca[41].
En el caso bajo estudio, se evidencia que el estado de salud del accionante
venía agravándose desde los últimos meses de 2018, inclusive, señaló que el 30
de noviembre de ese año solicitó atención urgente y sólo recibió unos
medicamentos por parte del centro médico de la cárcel, pese a lo cual sufrió un
ataque epiléptico al día siguiente. Esta situación motivó que pidiera una
valoración médica especializada que no había podido llevarse a cabo por diferentes
dificultades administrativas.
En consecuencia, el 8 de enero de 2019 formuló la acción de tutela en defensa de sus
derechos fundamentales a la salud y vida en condiciones dignas, con lo cual se
evidencia que presentó el amparo un poco más de un mes después de lo
sucedido, es decir, de manera oportuna y urgente para obtener
la protección de sus garantías.
2.1.4. Subsidiariedad
La acción de tutela tiene un carácter excepcional respecto al
resto de acciones judiciales dado que su naturaleza es subsidiaria, esto indica
que sólo puede formularse cuando no exista otro medio judicial idóneo y eficaz[42]
para obtener la defensa de los derechos fundamentales invocados.
En materia de personas privadas de la libertad, la Corte Constitucional
ha señalado que cuentan con una protección especial por la Carta Política, dado
su estado de sujeción frente al Estado. Específicamente, la sentencia T-388 de
2013 señaló que las condiciones en que habita esta población han llevado a que
se declare un estado de cosas inconstitucional que requiere la adopción
de medidas urgentes, estructurales y continuas para garantizar la protección
efectiva de todos sus derechos fundamentales.
La Corte también recordó que la acción de tutela tiene un papel
protagónico en un sistema penitenciario en crisis, dado que no solo permite “asegurar
el goce efectivo de los derechos fundamentales, en general, sino que, además,
permite a las autoridades tener noticia de graves amenazas que están
teniendo lugar”.
En este asunto, el accionante solicitó la protección de sus
garantías constitucionales debido a la imposibilidad de ser examinado por
médicos especialistas ante tres hechos relevantes: (i) se negó la atención médica
que requería por parte del Establecimiento Carcelario de Neiva y la Fiduprevisora
S.A. con fundamento en su afiliación al régimen contributivo; (ii) la EPS Salud
Total, a la cual se encontraba afiliado, no prestaba sus servicios en la ciudad
de Neiva, por lo que requería una remisión a otra ciudad; y, (iii) el INPEC no
había autorizado su traslado a Bogotá para poder ser atendido por su EPS en esa
ciudad.
Frente a este escenario, la Sala destaca que, en principio, la
acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo y eficaz para
garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de la población
reclusa. Además, en el presente caso, se resalta que el accionante no podía
acudir a ningún otro medio debido a que no existe un acto administrativo que pudiera
controvertir ante la jurisdicción contenciosa, ni tampoco un “acto presunto” bajo
la figura del silencio administrativo negativo[43]
que pudiera ser demandable.
Lo anterior se debe a que la omisión de respuesta por parte del
INPEC no se originó en una petición del actor, sino en un trámite interno que nunca
culminó, además, tampoco podía cuestionar judicialmente la decisión que adoptó
el Centro de Atención de la cárcel de Neiva, respecto a la supuesta
imposibilidad de autorizar su valoración por neurología.
Por otra parte, el mecanismo jurisdiccional que podía iniciar ante
la Superintendencia Nacional de Salud, a fin de resolver controversias
relativas a la prestación de este servicio, tiene múltiples falencias
relacionadas con la congestión y el retraso que enfrenta dicha entidad, a lo
cual se añade la falta de oficinas o sedes regionales, la inexistencia de un
término para resolver las impugnaciones que se lleguen a formular, entre otras
deficiencias identificadas por esta Corporación que ponen en entredicho la
posibilidad de asegurar con prontitud y celeridad la salvaguarda de derechos
constitucionales[44].
Adicionalmente, se destaca que el señor Eduar González Mendoza presentó
la acción como una persona privada de la libertad que requería con urgencia una
valoración médica especializada, ante el agravamiento de su estado de salud y
la posibilidad de que esto se relacionara con el tumor cerebral que le fue
extraído en años anteriores.
Debido a lo anterior, ni los medios de control disponibles en la
Jurisdicción Contencioso Administrativa ni el mecanismo jurisdiccional previsto
ante la Superintendencia Nacional de Salud podrían garantizar la protección
invocada por el señor González Mendoza, por lo que la acción de tutela cumple
el requisito de subsidiariedad al ser el único mecanismo idóneo y eficaz
al alcance del accionante para lograr el amparo urgente y efectivo de sus
derechos fundamentales.
2.2 Carencia actual de objeto
Teniendo en cuenta que se sobrepasó el
examen de procedencia formal de la acción de tutela, la Corte pasa a
pronunciarse sobre otro de los aspectos preliminares del presente asunto, el
cual involucra determinar si se presentó una carencia actual de objeto ante
el fallecimiento del señor Eduar Alexander González Mendoza.
Al respecto, se destaca que la
jurisprudencia constitucional ha indicado que esta figura tiene lugar cuando el
objeto de la disputa que motivó la tutela finalizó antes de que se adoptara una
decisión al respecto, ya sea porque se garantizó el derecho fundamental, se
consumó su violación o se presentó una circunstancia ajena que no tuvo relación
con el obrar de la parte accionada. De esta forma, la eventual orden que pudiera
proferir el juez caería en el vacío y no produciría ningún efecto[45].
En relación con las modalidades de carencia,
esta Corporación ha explicado que: (i) el hecho superado se presenta
cuando se “repara la amenaza o
vulneración del derecho cuya protección se ha solicitado”[46]; (ii) el daño consumado se refiere a cuando “no se repara la vulneración del derecho,
sino que, a raíz de su falta de garantía, se ha ocasionado el daño que se
buscaba evitar con la orden del juez de tutela”[47]; y, (iii) la situación sobreviniente tiene
lugar cuando el hecho que da fin a la vulneración del derecho “no tuvo lugar como producto de la diligencia
de la accionada y no fue ella quien permitió la superación de la
afectación ius-fundamental”[48].
Retomando el presente asunto, la Sala
Novena de Revisión resalta que el señor Eduar Alexander González Mendoza
interpuso la acción de tutela el 8 de enero de 2019 señalando que su salud se
encontraba en grave peligro, ante la posibilidad de reaparición del tumor
cerebral que le fue extraído en el año 2014. Por lo cual, solicitó con urgencia
una valoración por un médico especialista en neurología y que se le brindara el
tratamiento a que hubiera lugar.
Pese a ello, se acreditó en sede de
revisión que la EPS Salud Total sólo autorizó la valoración del accionante
hasta el 4 de julio de 2019 y el 25 de octubre siguiente dispuso su “internación
en piso” en el Hospital
Eduardo Moncaleano de Neiva, Huila[49].
Más aún, el 6 de diciembre de 2019 la Coordinadora de Urgencias del hospital
informó a la Corte que el actor falleció el 2 de noviembre de 2019,
efectivamente por un diagnóstico de “Tumor maligno del encéfalo”[50].
Con lo cual, la Sala
evidencia que el señor González Mendoza intentó obtener la protección de sus
derechos fundamentales a la salud y a la vida, acudiendo a la administración de
justicia para lograr ser atendido de manera oportuna, ante el peligro que
representaba la reaparición del cáncer que padeció.
Pese a sus esfuerzos, se
encuentra que tal atención no fue posible debido a las continuas trabas administrativas
que se presentaron entre el INPEC, la USPEC, la Cárcel de Neiva, la Fiduprevisora
S.A. y la EPS Salud Total, quienes se centraron más en buscar respetar el
ámbito de sus competencias, que en hallar una estrategia para proteger la vida
de una persona que estaba bajo su cuidado, lo que, en últimas, generó que fuera
valorado seis meses después y que, lamentablemente, falleciera con el diagnóstico
que él mismo había advertido desde la formulación del amparo.
Así las cosas, se observa
que “no se repar(ó) la vulneración del derecho, sino
que, a raíz de su falta de garantía, se ha ocasionado el daño que se buscaba
evitar con la orden del juez de tutela”[51],
por lo que en esta oportunidad se presentó una carencia actual de objeto
por daño consumado que se declarará en la parte resolutiva de
esta providencia.
Se resalta que la muerte
del accionante no fue consecuencia de un hecho aislado o independiente del
obrar de las partes, tal como ocurre en aquellos supuestos en los que se
configura una circunstancia sobreviniente[52].
En cambio, en este caso el señor Eduar Alexander González falleció por la
enfermedad que venía denunciando desde diciembre de 2018 y sobre la cual
reclamaba una atención oportuna. Pese a ello, las referidas omisiones y la
falta de coordinación entre las entidades accionadas fue la que propició su valoración
y diagnóstico tardíos.
Por otra parte, se subraya que esta Corporación ha
enfatizado en varias ocasiones que la declaratoria de una carencia “no es
óbice para que la Corte, si lo considera pertinente, analice si existió una
vulneración y como autoridad suprema de la jurisdicción constitucional
determine el alcance y deber de protección de los derechos fundamentales
invocados, con el fin de prevenir futuras violaciones”[53].
Esta facultad de
pronunciarse sobre el fondo del asunto tiene una especial importancia de cara a
la gravedad de los sucesos descritos que terminaron en el fallecimiento del
señor González Mendoza. Además, se subraya que el presente caso involucra
interrogantes relevantes respecto
a la responsabilidad de cada entidad accionada frente a la atención en salud de
las personas privadas de la libertad que se encuentran en el régimen
contributivo.
Debido a lo anterior, la
Corte continuará su análisis del caso abordando los problemas jurídicos que
implicaba el asunto, para lo cual realizará consideraciones generales al
respecto y, finalmente, aplicará las reglas correspondientes a los sucesos del
caso concreto.
3. Problemas
jurídicos a resolver y método de solución del caso
a. ¿Se vulneran los derechos fundamentales a la salud
y a la vida en condiciones dignas de una persona privada de la libertad, cuando
el Establecimiento Penitenciario en el que se encuentra le niega una valoración
médica especializada con fundamento en su afiliación al régimen contributivo de
salud y, además, la EPS correspondiente no le brinda la atención que requiere debido
a que, al parecer, no presta sus servicios en la ciudad donde se encuentra la
cárcel?
b. ¿Se viola el derecho fundamental al debido proceso
administrativo de una persona privada de la libertad, cuando la Dirección del
Establecimiento Carcelario en el que se encuentra ha solicitado varias veces su
traslado urgente por razones de salud, pero la entidad penitenciaria competente
de autorizarlo no profiere ninguna decisión al respecto?
Para resolver estos interrogantes, la Sala abordará
brevemente los siguientes puntos: (i) el derecho fundamental a la salud de las
personas privadas de la libertad; (ii) el derecho fundamental al debido proceso
administrativo de esta población; y, (iii) la facultad del Estado para realizar
el traslado de reclusos.
4.
El derecho fundamental a la salud de las personas privadas de la libertad
4.1 Aspectos generales
El derecho fundamental a la salud es “la facultad
que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto
física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se
presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser”[54].
El Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)[55] establece al respecto que los Estados
“reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental” y, en consecuencia, tienen el deber de adoptar
las medidas necesarias para
“la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios
médicos en caso de enfermedad”[56].
En Colombia, la Ley Estatutaria de Salud,
Ley 1751 de 2015, reconoce el derecho a la salud como fundamental, autónomo e
irrenunciable, comprendiendo “el acceso a los servicios de salud de manera
oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la
promoción de la salud”[57].
El artículo 6° de dicha ley establece que
la accesibilidad es uno de los elementos esenciales de esta
garantía, por lo que “los servicios y tecnologías de salud deben ser
accesibles a todos, en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las
especificidades de los diversos grupos vulnerables y al pluralismo cultural”.
Esto involucra el derecho al
diagnóstico entendido como el acceso a “una
valoración técnica, científica y oportuna que defina con claridad el estado de
salud del paciente y los tratamientos médicos que requiere”[58] para lograr
su recuperación de la forma más idónea y efectiva posible[59].
Además, la salud involucra una dimensión
de oportunidad¸ según la cual “la prestación de los servicios
y tecnologías de salud deben proveerse sin dilaciones”[60]. Esto
implica que los usuarios tienen derecho “a que no se le trasladen las cargas
administrativas y burocráticas que les corresponde asumir a los encargados
o intervinientes en la prestación del servicio”[61].
Esto se enlaza con la importancia de la continuidad
en el servicio de salud, dado que “la interrupción de un tratamiento médico
por razones presupuestales o administrativas vulnera los derechos fundamentales
del paciente pues supedita su atención al cumplimiento de una serie de trámites
burocráticos que obstaculizan su acceso al servicio”[62].
4.2 Cobertura de los servicios de salud a
nivel nacional
El Decreto 682 de 2018[63] señala que las
entidades promotoras de salud (EPS) “operarán el aseguramiento en salud en el ámbito territorial en el que
hayan sido autorizadas, debiendo ofrecer para sus afiliados en cada municipio,
las coberturas de servicios y atención integral en salud”[64].
Sin embargo, el artículo 22 de la Ley 1438 de 2011 estableció un
esquema de portabilidad nacional para que las EPS garanticen a sus
usuarios el acceso a los servicios de salud en todo el territorio nacional, a
través de acuerdos con diferentes prestadores de servicios y/u otras EPS[65].
Tal esquema fue reglamentado por el Decreto 1683 de
2013, el cual indica que las EPS garantizarán a sus afiliados el acceso
nacional a los servicios de salud, de conformidad con las siguientes categorías
de movilidad:
(i) emigración ocasional: tiene lugar
cuando se modifica el domicilio por un período menor a un mes, en este caso las
IPS deberán atender al paciente “independientemente
de que hagan parte o no de la red de la respectiva EPS”, y ésta deberá cancelar los gastos en los que se haya incurrido.
(ii) emigración temporal: se presenta
cuando el período de residencia es mayor a un mes y menor a doce meses, en este
supuesto la EPS debe garantizar al usuario la adscripción a una IPS específica
en el municipio receptor para que pueda tener acceso a todos los servicios de
salud.
(iii) emigración permanente: cuando la
modificación del domicilio supera los  doce meses, el afiliado puede solicitar
una prórroga por el mismo período para continuar bajo el esquema de emigración
temporal o deberá trasladarse de EPS[66].
Así las cosas, el artículo 6º del mencionado Decreto
señala que:
“Las Entidades Promotoras de Salud deberán garantizar
la portabilidad a sus afiliados, a través de sus redes de atención o mediante acuerdos
específicos con prestadores de servicios de salud o Entidades Promotoras de
Salud (EPS), allí donde no operan como EPS y no cuenten con redes de prestación
de servicios, de conformidad con la normatividad vigente.
En todo caso, la no existencia o no vigencia de
dichos acuerdos, no podrá ser obstáculo para el ejercicio del derecho a la
portabilidad por parte de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social
en Salud”[67].
Adicionalmente, establece que existe un deber de
información por parte de las EPS a sus afiliados, por lo cual deben
contar con un sitio en su página web que dé a conocer este esquema y permita
adelantar solicitudes de portabilidad. Ello conlleva la obligación de adoptar “los
mecanismos idóneos para que el afiliado pueda acceder a la información y al
trámite de su requerimiento y las Direcciones Territoriales de Salud, deberán
tener disponible la información pertinente sobre las EPS y brindar apoyo a los
usuarios que lo requieran para el trámite del ejercicio de su portabilidad”[68].
Inclusive se plantea que la sola presentación personal
del afiliado ante una IPS del municipio receptor podrá servir para que se
inicie el trámite de portabilidad correspondiente y, en el término de 10 días
hábiles, la EPS debe indicarle al usuario a qué IPS ha sido adscrito, de lo
contrario, “el afiliado podrá
solicitar el servicio ante cualquier prestador de baja complejidad y, por
referencia de este, ante otros de mayor complejidad”[69].
Se resalta también que, de acuerdo al Decreto 682 de
2018, las EPS tienen un deber general de “disponer las herramientas y procesos necesarios para informar al
afiliado de manera permanente”
sobre “la red integral de
prestadores de servicios de salud habilitada en el departamento y en el
municipio de residencia del afiliado” y
los procedimientos de referencia y contrareferencia que se utilizan para
brindarle atención por fuera de su domicilio[70].
Finalmente, se destaca que el trámite de cambio de EPS
se encuentra regulado en los artículos 49 y siguientes del Decreto 2353 de
2015, compilado por el Decreto 780 de 2016. Esta normatividad establece que el
cambio “producirá efectos a partir del
primer día calendario del mes siguiente a la fecha del registro de la solicitud
de traslado en el Sistema de Afiliación Transaccional”[71].
4.3 Particularidades frente al modelo de
atención en salud de las personas privadas de la libertad
La protección efectiva del derecho a la salud se
refuerza especialmente en casos relacionados con personas recluidas en centros
penitenciarios y carcelarios, dado que se encuentran en una relación de especial
sujeción frente al Estado[72],
lo cual implica asumir una posición de garante respecto a la vida, seguridad e
integridad de todos los que se encuentran bajo su vigilancia y supervisión[73].
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha señalado lo siguiente:
“Frente a las personas privadas de
libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante,
toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio
sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se
produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona
privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con
que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones (…).
Ante esta relación e interacción especial
de sujeción entre el interno y el Estado, este último debe asumir una
serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales
para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para
desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos
derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse.[74]”
Por otra parte, el ordenamiento colombiano señala en los
artículos 104 y 105 de la Ley 65 de 1993[75]
que la población privada de la libertad tiene “acceso a todos los servicios
del sistema general de salud”, para lo cual el Ministerio de Salud y
Protección Social y la USPEC son las entidades encargadas de establecer un
modelo de atención “especial, integral, diferenciado y con perspectiva de
género”.
Además, esta ley señala que “en todos los centros
de reclusión se garantizará la existencia de una Unidad de Atención Primaria y
de Atención Inicial de Urgencias en Salud Penitenciaria y Carcelaria”, con
el fin de facilitar una atención pronta y continua a los reclusos.
La Resolución 5159 de 2015 del Ministerio de Salud y
Protección Social, por la cual se adopta el Modelo de Atención en salud de esta
población, indica que la Unidad de Atención Primaria debe brindar los servicios
de detección temprana de enfermedades, medicina general, consulta odontológica,
especialidades de cirugía general, psiquiatría, laboratorio clínico, entre
otras atenciones generales[76].
Ahora bien, en un primer momento se establecía que todas
las personas recluidas debían recibir obligatoriamente los servicios de salud
por parte del Estado a través del modelo de atención prestacional establecido
para el efecto, prevaleciendo este esquema sobre la afiliación al Sistema
General de Seguridad Social en Salud[77].
Posteriormente, se profirió el Decreto 1142 de 2016[78] para incluir a las EPS
del régimen contributivo al modelo de atención en salud de las personas
privadas de la libertad, por lo que su artículo 1° indica:
“la población privada de la libertad que se encuentre
afiliada al Régimen Contributivo o a regímenes exceptuados o especiales, conservará
su afiliación y la de su grupo familiar mientras continúe cumpliendo con
las condiciones establecidas para pertenecer a dichos regímenes en los términos
definidos por la ley y sus reglamentos y podrá conservar su vinculación a un
Plan Voluntario de Salud.
En estos casos, las Entidades Promotoras de Salud -
EPS, las entidades que administran los regímenes excepcionales y especiales y
la USPEC, deberán adoptar los mecanismos financieros y
operativos, necesarios para viabilizar lo dispuesto en el presente inciso,
respecto de la atención intramural de los servicios de salud de la Población
Privada de la Libertad a cargo INPEC”[79].
Sobre este punto, la sentencia T-044 de 2019 reseñó el
caso de un recluso afiliado al régimen contributivo que reclamaba la
realización de un examen médico de ingreso. Frente a tal petición, el Fondo Nacional
de Salud de esta Población (Fiduprevisora S.A.) explicó que en estos escenarios
“es preciso la articulación entre el
INPEC y las EPS”. A su
vez, el Ministerio de Salud y Protección Social indicó que las EPS tienen a su
cargo la prestación de servicios de salud intramurales “y, junto con el INPEC y la USPEC, les asignó un ejercicio
de coordinación con ese fin”.
En esta oportunidad, la Corte Constitucional indicó
que “la inclusión de las EPS en el modelo de atención en
salud, como lo destacó el Ministerio de Salud y Protección Social, precisa un
esquema de articulación y comunicación entre promotoras y autoridades
penitenciarias”.
Sobre este deber de coordinación se resalta la Resolución
3595 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social que, en su artículo
2°, establece los pasos a seguir cuando un interno requiere ser atendido fuera
de la cárcel:
“Para
la población privada de la libertad que se encuentre afiliada a una Entidad
Promotora de Salud (EPS), o a regímenes exceptuados o especiales, que requiera atención
extramural, el Inpec deberá informar a dichas entidades para que estas
realicen las gestiones administrativas ante los prestadores de servicios de
salud por ellos contratados, para garantizar la prestación de servicios médico
asistenciales a dicha población. El Inpec y la Uspec definirán los tiempos y
mecanismos para informar a la EPS, o entidades administradoras de los regímenes
especiales o de excepción, lo cual deberá incluirse en el respectivo manual
técnico administrativo”[80].
Adicionalmente, esta Resolución prevé la necesidad de
trasladar a un interno a un prestador de salud extramural cuando se requiera
para garantizar su derecho a la salud:
“Previa indicación médica y por limitaciones en la
capacidad instalada del prestador de servicios de salud primario intramural, el
interno podrá ser remitido para garantizar la oportunidad, continuidad e
integralidad de su atención, a otro prestador de servicios de salud
primario extramural o complementario que haga parte de la red de atención para
la población privada de la libertad contratada por la fiducia, o a la red
definida por la Entidad Promotora de Salud (EPS), por las entidades que
administran los regímenes de excepción y especiales, en el caso de los
afiliados a dichas entidades. El traslado se realizará de acuerdo a lo definido
en el numeral 4 Sistema de Referencia y Contrarreferencia” [81]. (…)
“La consecución de las citas extramurales para los
internos estará a cargo del INPEC, para lo cual la USPEC dispondrá de la
correspondiente organización administrativa que permita hacer efectivo el
sistema de referencia y contrareferencia aquí previsto. En el caso de la
población afiliada a una Entidad Promotora de Salud — EPS, o a entidades que
administran los regímenes de excepción y especiales el INPEC informará a
dichas entidades, para que estas realicen las gestiones administrativas
ante los prestadores de servicios de salud por ellos contratados. La USPEC,
en coordinación con el INPEC, definirán los formatos, mecanismos de envío,
procedimientos y términos que deberán ser adoptados para el proceso de
Referencia y Contrareferencia por parte de los prestadores de servicios médico
asistenciales”[82].
En conclusión, la Sala Novena de la Corte enfatiza que
toda persona tiene derecho a acceder al Sistema de Salud de manera oportuna,
sin que pueda verse afectada por barreras administrativas o burocráticas de las
entidades encargadas de prestar los servicios de salud. Esto se refuerza frente
a quienes se encuentran privados de la libertad, caso en el cual, el INPEC, la
USPEC y, de ser el caso, las EPS correspondientes tienen la obligación de
coordinar y articular sus funciones para garantizar la atención oportuna,
continua e integral que requieran los reclusos.
5. Derecho
fundamental al debido proceso de la población privada de la libertad
El debido proceso es una garantía fundamental
reconocida en el artículo 29 de la Constitución y se aplica a todos los
procesos judiciales y administrativos. Esta Corporación lo ha definido como “una
serie de garantías que tienen por fin sujetar las actuaciones de las
autoridades judiciales y administrativas a reglas específicas de orden
sustantivo y procedimental, con el fin de proteger los derechos e intereses de
las personas en ellas involucrados”[83].
Frente al debido proceso administrativo en concreto,
la Corte ha señalado que es: “el
conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración,
materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la
autoridad administrativa”, teniendo como
objetivos “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración,
(ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la
seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”[84].
En virtud de lo anterior, este derecho conlleva unas
garantías mínimas, entre las cuales se destaca:
“(i) ser oído durante toda la actuación,(ii) a la
notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la
actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se
permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su
culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad
competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el
ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de
inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y
contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas,
y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas
obtenidas con violación del debido proceso”[85].
Frente a las personas privadas de la libertad, se
resalta que la Corte ha asegurado que “derechos, tales como la vida e integridad personal, la dignidad, la
igualdad, la libertad religiosa, el derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica, a la salud y al debido proceso, y el derecho de
petición, mantienen su incolumidad a pesar del encierro a que es sometido
su titular”[86].
6. La facultad
del Estado para realizar el traslado de reclusos
El artículo 73 del Código Penitenciario y Carcelario,
Ley 65 de 1993, establece que corresponde a la Dirección del INPEC “disponer del traslado de los internos condenados de un
establecimiento a otro, por decisión propia, motivada o por solicitud formulada
ante ella”.
Según la disposición siguiente, el traslado puede ser
solicitado por: (i) el director del establecimiento en el que se encuentre el
recluso, (ii) “el funcionario de conocimiento”, (iii) el interno o su
defensor, (iv) la Defensoría del Pueblo, (v) la Procuraduría General de la
Nación, o (vi) los familiares del interno.
A su vez, el artículo 75 señala que “hecha la solicitud de traslado, el Director del Inpec
resolverá teniendo en cuenta la disponibilidad de cupos y las condiciones de
seguridad del establecimiento; y procurará que sea cercano al entorno familiar
del condenado”. Además, establece las
siguientes causales:
“1.
Cuando así lo requiera el estado de salud del interno, debidamente comprobado
por el médico legista.
2. Cuando sea necesario por razones de
orden interno del establecimiento.
3. Cuando el Consejo de Disciplina lo
apruebe, como estímulo a la buena conducta del interno.
4. Cuando sea necesario para
descongestionar el establecimiento.
5. Cuando sea necesario por razones de
seguridad del interno o de los otros internos.”
También se menciona la creación de una Junta
Asesora de Traslados que estará bajo la reglamentación del Director del
INPEC y tendrá como fin formular recomendaciones sobre el traslado de internos
en el país, teniendo en cuenta los aspectos socio jurídicos y de seguridad a
que haya lugar[87].
Adicionalmente, el artículo 30b del Código refiere que,
si un recluso debe ser remitido a un hospital o clínica por su estado de salud,
será trasladado “por el personal del
cuerpo de custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (Inpec), garantizando sus derechos a la vida e integridad personal y
a la dignidad humana previa solicitud de la autoridad competente”[88].
Por su parte, la Corte Constitucional ha indicado que
la facultad de traslado de los reclusos es discrecional del INPEC, sin embargo
“debe ejercerse dentro de los límites
de la razonabilidad y el buen servicio de la administración, para evitar de
esta manera cualquier tipo de arbitrariedad”[89].
En este mismo sentido, el fallo T-127 de 2015 enfatiza
que las decisiones que se adopten con respecto al traslado de internos siempre
deben tener en cuenta la protección de sus derechos fundamentales:
“es incuestionable que el INPEC cuenta con la facultad
de decidir acerca de los traslados de los internos entre los diferentes
establecimientos carcelarios, atendiendo a criterios de seguridad, salubridad y
dignidad humana. Sin embargo, dicha facultad es de carácter relativo y, por
ende, las decisiones de traslado deben guardar proporcionalidad entre el
estudio de la solicitud y la decisión y, bajo ningún motivo pueden
transgredir garantías fundamentales, pues, de lo contrario, es procedente
la intervención del juez de tutela en aras de restablecer los derechos
conculcados por la autoridad carcelaria”[90].
Por otra parte, la sentencia T-439 de 2013 refiere que
“las soluciones dadas por el INPEC a
pretensiones de traslados deben ser claras, de fondo, congruentes, oportunas
y notificadas eficazmente, resolviéndose positiva o negativamente,
exponiendo la causal y el fundamento fáctico que amparan la decisión para
garantizar el derecho de petición a los internos”[91].
También resulta relevante lo dispuesto en el fallo
T-154 de 2017, en el que una reclusa solicitó reiteradamente su traslado para
estar cerca de sus hijas menores de edad, sin embargo, ante la falta de
respuesta por parte del INPEC tras varios meses, acudió a la acción de tutela
requiriendo la protección de sus derechos fundamentales. En esa oportunidad, la
Corte reprochó la negligencia del Instituto al señalar que:
“El
artículo 14 de la Ley 1709 de 2014, establece que toda petición, salvo norma legal, deberá
resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción. Como se expuso, en
aquellos casos en los cuales no fuera posible resolverla en dicho plazo, se informará al interesado de dicha
situación y se le indicará el plazo en que se resolverá la misma, el cual no
podrá exceder del doble del inicialmente previsto.
Para la Sala, la entidad accionada vulneró
el derecho de petición de la señora Leidy Yomara Ruiz Marulanda, al no emitir una respuesta oportuna, prueba de ello es que la accionante en “reiteradas
oportunidades” solicitó su traslado y, hasta la fecha de
presentación y fallo de la acción de tutela no le habían informado sobre
el estado de su solicitud”[92].
Así las cosas, se concluye que el traslado de las
personas privadas de la libertad es una facultad discrecional del Estado,
específicamente, en cabeza del INPEC. Sin embargo, ésta debe ser ejercida dentro
de los límites de la razonabilidad, la proporcionalidad y la reglamentación
contenida en la ley, por lo que cualquier solicitud dirigida a obtener el
traslado de un recluso debe ser especialmente considerada y resuelta de manera clara,
congruente y, sobre todo, oportuna.
7. Caso
concreto
7.1 Teniendo en cuenta las reglas señaladas
anteriormente, la Corte pasa a pronunciarse sobre la gravedad de los sucesos
que se presentaron en relación con el señor Eduar Alexander González Mendoza, de cara a la garantía efectiva de
sus derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas y al
debido proceso administrativo.
Como
hechos relevantes se destaca que el accionante se encontraba recluido en
Bogotá, pero por razones de descongestión fue trasladado a la cárcel de Neiva.
Estando en esa ciudad su estado de salud se agravó debido a fuertes dolores de
cabeza y otros síntomas que, desde el primer momento, denunció que podrían tener
relación con el tumor cerebral maligno que le fue extraído en el año 2014.
Esta
situación motivó que desde diciembre del 2018 solicitara una valoración urgente
por parte de la especialidad de neurología, sin embargo, ello no fue posible
debido a los siguientes factores: (i) se le negó la atención por parte del
sistema de salud dispuesto para las personas privadas de la libertad, debido a
que se encontraba en el régimen contributivo de salud; (ii) se indicó que la
EPS a la cual estaba afiliado (Salud Total) no podía atenderlo en la ciudad de
Neiva porque no prestaba sus servicios en ese lugar; y, (iii) el INPEC nunca
profirió alguna decisión con respecto a las solicitudes que requerían su traslado
urgente a la ciudad de Bogotá por razones de salud.
Lo
anterior, llevó a la presentación de la acción de tutela el 8 de enero de 2019 y
motivó que el juez de única instancia concediera el amparo del derecho fundamental
de petición del demandante, al señalar que el INPEC no había contestado la
solicitud de traslado del accionante que formuló directamente el director del
Establecimiento Penitenciario de Neiva, por lo que ordenó al Instituto dar una
respuesta en el término de 48 horas.
A
pesar de ello, en sede de revisión se encontró que: (i) el INPEC nunca emitió
una decisión relacionada con el traslado del accionante a Bogotá, (ii) la USPEC
y la Fiduprevisora S.A. nunca autorizaron su valoración médica especializada, al
reiterar que se encontraba afiliado al régimen contributivo, (iii) la entidad
penitenciaria en la que se encontraba tampoco desplegó las actuaciones necesarias
para que se asegurara su atención por parte de su EPS, (iv) Salud Total EPS sólo
contestó los requerimientos judiciales que se le realizaron hasta el 18 de
noviembre de 2019, (v) la EPS indicó que autorizó las consultas solicitadas hasta
el 4 de julio de 2019, seis meses después del ataque epiléptico que sufrió el actor,
y (vi) el Hospital Eduardo
Moncaleano de Neiva informó que falleció el 2 de noviembre de 2019 bajo el
diagnóstico que él advirtió: “tumor maligno del encéfalo”.
7.2 Como puede apreciarse, el presente caso involucra errores
y omisiones que no deberían existir en ninguna sociedad o Estado que se haya fundado
en el respeto de la dignidad humana y los derechos que ésta involucra. Una vez
más, los trámites y procedimientos administrativos se sobrepusieron a la
necesidad urgente de una persona de recibir atención médica, llevando a demoras
totalmente injustificadas que culminaron en la muerte de un ciudadano que no
obtuvo una respuesta pronta y oportuna por parte de las autoridades
administrativas ni judiciales a las que acudió.
Es por ello, que la Corte Constitucional hace un
llamado a las entidades promotoras de salud y a las instituciones del Estado
colombiano a que garanticen plenamente el derecho fundamental a la salud de
todas las personas, sin que se les trasladen “las cargas administrativas y burocráticas
que les corresponde asumir a los encargados o intervinientes en la prestación
del servicio”[93].
Tal primacía del trámite sobre lo humano y
de la formalidad sobre la dignidad afecta profundamente
la atención oportuna y eficaz de los pacientes y, en este caso,
el derecho al diagnóstico de Eduar Alexander González Mendoza, quien no
tuvo acceso a “una valoración
técnica, científica y oportuna” [94] que definiera con claridad su estado
de salud y los tratamientos que requería para lograr su recuperación de la
forma más idónea y efectiva posible.
7.3
Bajo el escenario descrito, la Sala reprocha especialmente la negligencia de
Salud Total EPS en varios momentos a lo largo del camino que tuvo que atravesar
el señor González Mendoza.
Por
una parte, se destaca su silencio en el proceso, al no contestar los
requerimientos judiciales que se le remitieron a pesar de tener una
responsabilidad directa frente a la prestación del servicio de salud al
demandante. Aunque la acción de tutela fue formulada el 8 de enero de 2019, la
EPS sólo presentó una intervención hasta el 18 de noviembre de ese año, once
meses después.
Además,
se destaca un punto determinante que, de hecho, pudo ser el generador de una
serie de negligencias y obstáculos administrativos que llevaron al trágico
desenlace ya mencionado: En el momento en que la EPS Salud Total se enteró del
traslado del señor González Mendoza a Neiva, debió iniciar el esquema de portabilidad
explicado en el apartado 4.2 de esta sentencia o, al menos, informar al
accionante sobre su existencia para que pudiera ser atendido en esa ciudad.
Aunque
no se tiene certeza sobre la fecha exacta en la que Salud Total EPS se enteró
del traslado del señor González, en el expediente se evidencia que debió tener
conocimiento de tal hecho antes del 16 de enero de 2019. Conclusión a la que se
llega, al constatar que el INPEC refirió que en esa fecha el actor tenía
asignada una cita de valoración general, por lo que ordenó su remisión por unos
días de Neiva a Bogotá[95].
Así
mismo, se subraya que al cumplir doce meses de reclusión, Salud Total debió
informarle que su emigración se tornaba permanente de acuerdo a
lo establecido en el Decreto 1683 de 2003, lo que generaba que debía cambiarse
de EPS para así ser atendido de manera oportuna[96].
De
haberse realizado el trámite de portabilidad necesario el señor González
Mendoza hubiera podido ser atendido sin mayores inconvenientes en la ciudad de
Neiva, mediante la activación de los servicios de salud con la red de
prestadores correspondientes o, por medio de la celebración de acuerdos
necesarios para tal efecto. Lo que hubiera garantizado la protección integral de
su derecho fundamental a la salud y un tratamiento oportuno para el tumor
cerebral que le fue identificado.
Pese
a ello, el informe remitido por la EPS ante la Corte señala que sólo hasta el 4
de julio de 2019 autorizó la consulta médica del accionante por parte de las
especialidades de oncología y neurocirugía, siendo tal vez demasiado tarde para
ello y sin detallar razones que justificaran su tardanza. Adicionalmente, refirió
que no tenía la historia clínica del señor González, a pesar de que era su
afiliado desde el año 2007[97].
Un
último aspecto que llama especialmente la atención de la Sala respecto a la EPS
es que, si bien el señor González Mendoza falleció el 2 de noviembre de 2019,
Salud Total no mencionó nada al respecto en su única y tardía intervención del
18 de noviembre de 2019. Lo cual podría conllevar una de dos conclusiones: (i) ni
siquiera conocía que su afiliado había fallecido dieciséis días atrás, o (ii)
decidió omitir tal información; cualquiera de las dos alternativas contrasta
gravemente con el deber de diligencia que se espera de una entidad promotora de
salud.
7.4
No obstante lo anterior, la Corte Constitucional también resalta enfáticamente que
es el Estado quien tiene una posición de garante frente a
las personas privadas de la libertad, por lo que es su obligación velar por la
salud e integridad de todos los reclusos, sin importar si se encuentran
afiliados al régimen contributivo o subsidiado de salud.
Tal
deber recae directamente en el INPEC y la USPEC, autoridades públicas que también
tienen la obligación de realizar las labores de coordinación necesarias para
que quienes estén afiliados al régimen contributivo de salud puedan acceder
oportunamente a los servicios intramurales y extramurales de salud que
requieran, tal como fue explicado en el acápite 4.2 de esta providencia.
Particularmente,
se subraya que el Decreto 1142 de 2016 indica que la USPEC debe articular sus
funciones con las EPS correspondientes para adoptar los mecanismos que resulten
necesarios para la atención de los reclusos afiliados al régimen contributivo[98].
Del mismo modo, la sentencia T-044 de 2019 señala que se requiere una
articulación y comunicación constante entre promotoras y autoridades
penitenciarias para tal objetivo[99],
lo cual también fue reglamentado en la Resolución 3595 de 2016[100].
En
consecuencia, la Corte encuentra que, si bien es cierto que las EPS son las
encargadas de brindar atención en salud a los reclusos que se encuentren en el
sistema contributivo, ello no significa que las autoridades del Estado dejen de
tener un rol trascendental en la prestación de su servicio de salud pues es su deber
garantizar que se proteja plenamente este derecho fundamental, del cual
continúan siendo garantes en virtud de la especial relación de sujeción que
tienen respecto a los reclusos.
Es
por ello que el funcionamiento eficaz del modelo de atención en salud para los
internos que se encuentran en el régimen contributivo requiere una
responsabilidad armónica y compartida entre el Estado y las EPS, sin que sea
posible admitir que, en un Estado Social de Derecho, la descoordinación entre
ambos lleve a que se niegue la atención médica de un recluso que requería ser
valorado con urgencia.
Tales
mandatos implicaban en el caso concreto, como mínimo, que el INPEC y la USPEC analizaran
las consecuencias que implicaba trasladar al señor Eduar González Mendoza a la
ciudad de Neiva, en tanto obligación ineludible a su cargo, y la manera en que
se le iban a prestar los servicios de salud en ese lugar, más aún, teniendo en
cuenta que sus antecedentes médicos incluían la extracción de un tumor cerebral
maligno en el año 2014.
Por
ende, el INPEC y la USPEC debieron haberse asegurado de que la EPS Salud Total
conocía que el señor González Mendoza iba a ser trasladado a la ciudad de Neiva
y, sino era así, informarle de ello para que iniciara el procedimiento de portabilidad
ante la ausencia de cobertura médica de la EPS en ese lugar, con lo cual
se hubiera podido brindar atención oportuna y especializada al accionante.
También
se destaca que el accionante sufrió un ataque epiléptico el 1° de diciembre de
2018 y el Centró Médico del Establecimiento Penitenciario de Neiva sólo le
brindó una atención primaria y le indicó que su EPS debía valorarlo urgentemente
por la especialidad de neurología. Por lo menos, en este momento, la Dirección
de la cárcel debió iniciar todas las actuaciones administrativas necesarias
para asegurarse de que valorarían integralmente al señor González Mendoza, en
vez de limitarse a remitir solicitudes de traslado para la ciudad de Bogotá y
excusarse en que estaba vinculado al régimen contributivo, omitiendo de esta
forma su deber de cuidado frente al accionante.
7.5
Sobre este último punto, sorprende la actitud renuente y omisiva de las
oficinas centrales del INPEC para proferir una decisión con respecto a la
solicitud de traslado del accionante. Lo cual reviste una mayor gravedad al
constatar que el Director del Establecimiento Penitenciario de Neiva formuló
múltiples y continuas peticiones en este sentido, indicando que se requería su
traslado urgente por razones de salud[101].
Tal
circunstancia, se agravaba ante la imposibilidad que tenía el accionante de ser
atendido por parte de su EPS en su nuevo lugar de reclusión, ante la ausencia
de una red primaria de Salud Total en Neiva. Lo que hacía más relevante un
pronunciamiento célere del INPEC ante la urgencia que representaba el deterioro
de su estado de salud y la consecuente necesidad que tenía de ser valorado.
Peor
aún, se resalta que la oficina de Asuntos Penitenciarios del INPEC fue
vinculada al proceso por parte del juez de instancia y decidió guardar silencio.
Además, en sede de tutela, se le ordenó de manera imperativa que en 48 horas
profiriera una decisión al respecto, sin embargo, desacató esa orden a tal
grado que nunca emitió pronunciamiento alguno, limitándose a informar en sede
de revisión que remitiría la petición a la Junta Asesora de Traslados.
Lo
anterior permite concluir que pasaron más de once meses desde la formulación de
la tutela y el INPEC no emitió ninguna decisión con respecto al traslado del
accionante, lo que no sólo significó una barrera adicional para la garantía de
su derecho a la salud, sino también un impedimento para su acceso a la
administración de justicia, al no proferirse ningún acto administrativo que
pudiera demandar judicialmente.
Sobre
este punto, la Corte precisa que este caso no tiene como objeto el ejercicio
del derecho fundamental de petición, como lo consideró el juez de instancia,
dado que el actor no elevó ninguna solicitud al INPEC, sino que fue el director
de la cárcel de Neiva quien formuló reiterados requerimientos ante las
autoridades centrales de tal institución para obtener su traslado urgente a
Bogotá.
Por
lo tanto, la omisión de respuesta por parte del INPEC constituyó una violación evidente
del derecho fundamental al debido proceso administrativo del actor, toda vez
que esta garantía implica el deber del Estado de obrar de acuerdo a la ley y que
su actuación se surta sin “dilaciones injustificadas”, garantías mínimas
que deben cumplirse en cualquier procedimiento que adelante la Administración[102].
Por
lo tanto, el deber básico del INPEC en el presente caso se limitaba a por lo
menos proferir una decisión de fondo sobre la solicitud de traslado del
accionante, la cual acreditaba todos los requisitos previstos en la Ley 65 de
1993, ya que: (i) fue remitida por el director del establecimiento en el que se
encontraba[103];
(ii) estaba motivada por una de las causales señaladas en el artículo 75: “cuando
así lo requiera la salud del interno”; y (iii) su necesidad había sido “comprobada
por el médico legista”[104].
7.6
Así las cosas, la Sala Novena de la Corte Constitucional concluye que en este
caso se presentaron múltiples omisiones y errores por parte de las entidades
accionadas, lo cual impidió que el señor Eduar Alexander González Mendoza
pudiera ser valorado medicamente para que se determinara su diagnóstico de
manera oportuna y el tratamiento que resultaba necesario para salvaguardar su
vida e integridad, o, por lo menos, para garantizar la atención de su
enfermedad de manera oportuna y en condiciones mínimas de dignidad.
Respecto
a Salud Total EPS, se resalta que: (i) en ningún momento informó al accionante
sobre la existencia del mecanismo de portabilidad, (ii) sólo
autorizó la consulta médica del actor seis meses después de presentada la
tutela y, (iii) no remitió contestación alguna dentro del proceso hasta
noviembre de 2019.
Del
mismo modo, el INPEC no comunicó a la EPS su decisión de trasladar al demandante
a la ciudad de Neiva para que ésta activara la red prestacional en favor del
accionante en ese lugar. Además, el Director del Establecimiento Penitenciario
en el que se encontraba se limitó a sostener que la única posibilidad para que
fuera valorado era su traslado a la ciudad de Bogotá, en cambio, pudo informar
a la EPS de lo sucedido y solicitar el inicio del esquema mencionado, no
obstante, se centró en solicitar el traslado a la Oficina de Asuntos
Penitenciarios del INPEC, la cual dejó transcurrir un período mayor a once
meses sin emitir contestación alguna.
En
vista de lo anterior, la Sala llama la atención en que es necesario advertir a
estas entidades que no vuelvan a incurrir en acciones como las descritas.
Además, se destaca que estas omisiones deben ser objeto de investigación por
parte de la Superintendencia Nacional de Salud y/o la Procuraduría General de
la Nación, dadas sus facultades constitucionales y legales para ejercer
inspección y vigilancia sobre las EPS, en el caso de la primera[105],
y sobre quienes desempeñan funciones públicas, en el supuesto de la segunda[106].
Por
ende, se ordenará que por medio de la Secretaría General de la Corte, se comunique
ésta sentencia a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Procuraduría
General de la Nación, para que inicien las investigaciones a que haya lugar con
respecto a las falencias y omisiones en que incurrieron el INPEC y Salud Total
EPS en el presente caso, y la relación que éstas tuvieron con el fallecimiento
de Eduar Alexander González Mendoza.
7.8
Adicionalmente, la Sala evidencia desde una perspectiva general, que la decisión
de trasladar a un interno que se encuentra afiliado al régimen contributivo de
salud puede generar inconvenientes para la garantía plena de éste derecho
fundamental, más aún, si el recluso desconoce el esquema de portabilidad y
no se le informa a su EPS de su traslado.
Por
lo anterior y, como medida preventiva para evitar la repetición de casos como
el resuelto, se ordenará al INPEC y a la USPEC que, en el evento de  trasladar
a un interno que se encuentra afiliado al régimen contributivo, informen oportunamente
a su EPS de tal hecho para que se aplique el sistema de portabilidad ya
referido y se garantice así su acceso efectivo a los servicios de salud.
8.
Síntesis
8.1
El señor Eduar Alexander González Mendoza se encontraba privado de la libertad desde el 4 de junio
de 2015, inicialmente estaba recluido en la ciudad de Bogotá, pero fue
trasladado el 12 de noviembre de 2017, por razones de descongestión, al
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Neiva, Huila. Refiere que desde
el mes de octubre de 2018 se ha deteriorado su estado de salud, posiblemente
debido a un tumor cerebral maligno que le fue extraído en el año 2014.
Destaca que el 1º de diciembre de 2018 tuvo un ataque
epiléptico en las instalaciones de la cárcel, razón por la cual solicitó de
manera urgente una valoración por parte de la especialidad de neurología. Sin
embargo, ello no fue posible debido a que: (i) las entidades encargadas de atender
a las personas privadas de la libertad manifestaron que no podían autorizar su
valoración porque se encontraba en el régimen contributivo de salud; (ii) la
EPS a la cual estaba afiliado (Salud Total) no prestaba sus servicios en la
ciudad de Neiva; y, (iii) el INPEC no había proferido ninguna decisión con
respecto a su solicitud de traslado a la ciudad de Bogotá.
Debido a lo anterior, el señor Eduar González formuló
acción de tutela el 8 de enero de 2019 contra el INPEC, la USPEC, el
Establecimiento Penitenciario de Neiva y la Fiduprevisora S.A., sociedad
encargada del Fondo de Atención en Salud para los reclusos, con el fin de
obtener la protección urgente de sus derechos fundamentales a la salud y a la
vida en condiciones dignas.
El 14 de marzo de 2019, en sentencia de única
instancia, el Juzgado Tercero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, Huila, vinculó al
proceso a Salud Total EPS y decidió proteger únicamente el derecho de petición del
actor, en consecuencia,  ordenó al INPEC contestar su solicitud de traslado. A
pesar de lo anterior, no se emitió respuesta alguna por parte de dicho
Instituto.
En sede de revisión, tras múltiples requerimientos
judiciales, la EPS Salud Total intervino en el proceso señalando que sólo hasta
el 4 de julio de 2019 autorizó la consulta especializada solicitada por el
accionante. Además, indicó que el 21 de octubre siguiente fue internado en el Hospital Eduardo Moncaleano de Neiva.
Finalmente, la Coordinadora de Urgencias de dicho centro de salud informó a la
Corte que el actor había fallecido el 2 de noviembre de 2019 con el diagnóstico
de “tumor maligno del encéfalo”.
8.2 Con base en lo anterior, la Sala Novena de la
Corte Constitucional aborda como cuestiones previas la procedibilidad formal de
la acción de tutela y la existencia de una carencia actual de objeto. Al
respecto, se corrobora la acreditación de los requisitos de legitimación,
inmediatez y subsidiariedad en el caso concreto. Adicionalmente, se encuentra
que el perjuicio que se quería evitar con la formulación de la acción de tutela
se consumó con el fallecimiento del señor González Mendoza, por lo que en este
caso la Sala concluye que se configuró un daño consumado.
8.3 Por otra parte, la Corte resalta que la carencia
actual de objeto no impide realizar un pronunciamiento sobre la vulneración
de los derechos fundamentales en este asunto y los cuestionamientos jurídicos
que suscitaba el caso, por lo que se abordan consideraciones generales sobre la
protección efectiva de los derechos fundamentales a la salud y al debido
proceso administrativo de las personas privadas de la libertad.
En
primer lugar, la Sala enfatiza que toda persona tiene derecho “a que no se le trasladen las
cargas administrativas y burocráticas que les corresponde asumir a los encargados
o intervinientes en la prestación del servicio”[107], pues
esto afecta profundamente la garantía
fundamental a la salud en su dimensión de oportunidad y, posiblemente,
el derecho al diagnóstico entendido como el acceso a “una valoración técnica, científica y
oportuna que defina con claridad el estado de salud del paciente y los
tratamientos médicos que requiere”[108] para lograr
su recuperación de la forma más idónea y efectiva posible[109].
A su vez, resalta que la Ley 1438 de
2011 y el Decreto 1683 de 2013 crearon un esquema de portabilidad nacional para
que los usuarios del Sistema de Salud puedan ser atendidos en todo el
territorio nacional, mediante acuerdos con otras entidades prestadoras de este
servicio en los municipios donde no tienen cobertura. También, se resalta que
las EPS tienen el deber de informar este esquema a sus usuarios y los
procedimientos que se requieren para su aplicación.
No obstante lo anterior, la Sala
indica que es deber del Estado y, específicamente del INPEC y la USPEC, realizar
las tareas de coordinación y articulación que resulten necesarias para
garantizar la prestación efectiva de los servicios de salud a los reclusos que
se encuentran en el régimen contributivo, en tanto estas autoridades ostentan
una posición de garante sobre sus derechos fundamentales.
Por otra parte, la Corte indica que el
derecho fundamental al debido proceso administrativo implica la obligación del
Estado de obrar de acuerdo a la legislación correspondiente y realizar
procedimientos sin que se surtan “dilaciones injustificadas”[110],
garantía mínima que debe regir en cualquier actuación de la Administración.
Esto
conlleva, en el caso de solicitudes de traslado de reclusos, que el Estado debe
actuar dentro de los límites de la razonabilidad, proporcionalidad y la
reglamentación contenida en la ley, por lo que cualquier petición dirigida en
ese sentido debe ser resuelta de manera clara, congruente y oportuna.
8.4
Estas reglas jurídicas llevan a concluir que en el caso concreto, se desconoció
el derecho fundamental a la salud del accionante, debido a la descoordinación
entre el INPEC, la USPEC, la Cárcel de Neiva, la EPS Salud Total y la
Fiduprevisora S.A., para brindarle la atención que requería, pese a que su
salud y su vida se encontraban en grave peligro. También por no haber informado
al señor González Mendoza sobre la aplicación del esquema de portabilidad que
resultaba necesario para su atención en la ciudad de Neiva, deber que recaía
principalmente en su EPS.
Así
mismo, se encuentra que la omisión de respuesta por parte del INPEC con
respecto a su traslado, no sólo significó una barrera adicional para la
garantía de su derecho a la salud, sino también una vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso administrativo, al verse enfrentado a una
dilación injustificada de más de diez meses.
8.5 Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte Constitucional hace un llamado a las
entidades promotoras de salud y a las instituciones del Estado colombiano a que
garanticen plenamente el derecho fundamental a la salud de todas las personas,
sin que se les trasladen “las cargas administrativas y burocráticas que les corresponde
asumir a los encargados o intervinientes en la prestación del servicio”[111].
Así
las cosas, la Sala revoca la sentencia de única instancia, declara la existencia
de una carencia actual de objeto por daño consumado y adopta las
siguientes órdenes: (i) advertir a las
entidades accionadas que no vuelvan a incurrir en las acciones descritas en
esta providencia; (ii) ordenar al INPEC y a la USPEC que, en lo sucesivo, si
ordenan el traslado de un recluso que se encuentra afiliado al régimen
contributivo de salud, deben informar a su EPS de tal hecho para que se
garantice plenamente su acceso efectivo y oportuno a los
servicios de salud; y, (iii) disponer que por medio de la Secretaría General de
la Corte, se comunique esta sentencia a la Procuraduría General de la Nación y
a la Superintendencia Nacional de Salud para que realicen las investigaciones a
que haya lugar con respecto a los errores y omisiones incurridas en este caso.
III.
DECISIÓN
En virtud de lo expuesto, la
Sala Novena de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 14 de marzo de 2019, en única instancia, por el
Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, Huila,
mediante la cual se amparó el derecho fundamental de petición del señor Eduar
Alexander González Mendoza. En su lugar, DECLARAR la carencia actual de
objeto por daño consumado, ante el fallecimiento del accionante.
SEGUNDO.- ADVERTIR al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario                –INPEC, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios –USPEC y a Salud Total EPS, que no podrán incurrir nuevamente en acciones como las
que dieron lugar al presente asunto, para lo cual deberán dar estricto
cumplimiento a las reglas jurisprudenciales establecidas en la parte motiva de
esta sentencia.
TERCERO.- ORDENAR al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario                –INPEC y a la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC que, en lo sucesivo, deben
informar a las entidades promotoras de salud correspondientes cuando realicen
el traslado de personas privadas de la libertad que se encuentren afiliadas al
régimen contributivo de salud, para que, de haber lugar a ello, se dé
aplicación al esquema de portabilidad previsto en el Decreto 1683 de
2013 y se garantice a los internos el acceso efectivo y oportuno
a los servicios de salud.
CUARTO.-
Por medio de la Secretaría General de
la Corte Constitucional, COMUNICAR esta providencia a la Procuraduría
General de la Nación y a la Superintendencia Nacional de Salud, para que, de
conformidad con sus competencias constitucionales y legales, inicien las
investigaciones correspondientes en relación con las actuaciones y omisiones en
que incurrieron el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC y la
EPS Salud Total en el presente caso.
QUINTO.- Por medio de la Secretaría General de la
Corte Constitucional, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO
RIVERA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos
33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991.
[2]
Cuaderno Principal, Folio 50.
[3]
Ibídem. Folio 1.
[4]
Ibíd. Folios 2 y 3.
[5]
Ibídem. En el texto de la acción de tutela no refirió porque no pudo ser
atendido en la ciudad de Bogotá.
[6]
Ibíd. Folio 3.
[7]
Ibíd.
[8]
Ibíd. Folio 8.
[9]
Ibíd. Folios 18-20. En la contestación se cita el artículo 14 del Decreto 1703
de 2002 que establece la imposibilidad de utilizar de manera simultánea los
servicios de dos regímenes distintos.
[10]
Ibídem.
[11]
Ibíd. Folios 25-27.
[12]
Ibíd. Folio 28.
[13]
Ibíd. Folio 29.
[14]
Ibíd. Folio 64.
[15]
Ibíd. Folio 68.
[16]
Ibíd. Folio 70.
[17]
Ibíd. Folios 130-132.
[18]
Ibíd. Folios 56 y 116.
[19]
Ibíd. Folios 33-45 y 98-109.
[20]
Ibíd. Folio 35.
[21]
Ibíd. Folios 46-52 y 110-116.
[22]
Conformada por las Magistradas Diana Fajardo Rivera y Cristina Pardo
Schlesinger.
[23]
Cuaderno de Revisión. Folios 6 al 20. Se destaca que el expediente fue
seleccionado tras una insistencia presentada por el Magistrado José Fernando
Reyes Cuartas.
[24]
Ibídem. Folios 30-32.
[25]
Ibídem. Folio 47.
[26]
Los días 5 y 12 de diciembre de 2018, 19 de julio y 2 de octubre de 2019.
[27]
Cuaderno de Revisión. Folio 49.
[28]
Ibídem. Folios 41 y 42.
[29]
Ibídem. Folios 62 y 63.
[30]
Cuaderno de Revisión. Folios 30-32 y 68. El segundo Auto fue remitido
exclusivamente a las sedes centrales de la EPS Salud Total con el fin de
obtener su respuesta.
[31]
Ibídem. Folios 86-88.
[32]
Ibíd.
[33]
Ibíd. Folio 95.
[34]
Sentencia T-493 de 2007.
[35]
El artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 establece: “La
acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los
siguientes casos: (…) 2. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la
solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud”. En
esta disposición se indican los otros escenarios en los que procede la acción
de tutela contra particulares, como ejemplos de ello se destacan los casos en
que existe subordinación o indefensión frente al demandante.
[36]
Decreto 2160 de 1992. “ARTÍCULO 4º. FUNCIONES. Son
funciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, las
siguientes: 1. Formular y ejecutar los planes y
programas de gestión carcelaria y penitenciaria. 2. Ejercer la dirección,
administración y control de los centros carcelarios y penitenciarios
del orden nacional. 3. Vigilar y custodiar los centros carcelarios y
penitenciarios del orden nacional.”. Ley 65 de 1993. “ARTÍCULO
73. TRASLADO DE INTERNOS. Corresponde a la Dirección del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario disponer del traslado de
los internos condenados de un establecimiento a otro, por decisión
propia, motivada o por solicitud formulada ante ella. Énfasis agregado.
[37]
Decreto 4150 de 2011 “ARTÍCULO 5°. Funciones. La Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, cumplirá las siguientes
funciones: 1. Coadyuvar en coordinación con el
Ministerio de Justicia y del Derecho y el INPEC, en la definición de políticas
en materia de infraestructura carcelaria. 2. Desarrollar e implementar
planes, programas y proyectos en materia logística y administrativa
para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios
que debe brindar la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.”. Decreto
2245 de 2015. “Artículo 2.2.1.11.3.2.  Funciones de la USPEC.
(…) 8. Implementar el Modelo de Atención en Salud para la
Población Privada de la Libertad”. Énfasis agregado
[38]
Ley 65 de 1993. “ARTICULO 104. SERVICIO DE SANIDAD. En cada
establecimiento se organizará un servicio de sanidad para velar por la salud de
los internos, examinarlos obligatoriamente a su ingreso de reclusión y
cuando se decrete su libertad; además, adelantará campañas de prevención e
higiene, supervisará la alimentación suministrada y las condiciones de higiene
laboral y ambiental. Los servicios de sanidad y salud
podrán prestarse directamente a través del personal de planta o mediante
contratos que se celebren con entidades Públicas o privadas.”.
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del INPEC. Resolución
952 de 2010. “2.8 Director de Establecimiento de Reclusión (...) Funciones:
(…) Coordinar con la Regional la adopción de los planes, programas y proyectos
que en materia administrativa, financiera, de seguridad, control y vigilancia,
haya adoptado el INPEC para los Establecimientos de Reclusión. (…) Propiciar la
atención integral a los Internos fomentando permanentemente su
bienestar.”. Énfasis agregado.
[39]
Se trata de una sociedad de carácter indirecto y del orden
nacional, sometida al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia y con control fiscal reglamentado por
la Contraloría General de la República. Información disponible en: https://www.fiduprevisora.com.co/
[40]
Artículo 86 de la Constitución.
[41]
Al respecto, ver sentencias SU-108 de 2018, SU-391 de 2016,
entre otras.
[42]
Sentencia T-353 de 2018. La idoneidad del mecanismo judicial “hace
referencia a la aptitud material del mecanismo judicial para producir el efecto
protector de los derechos fundamentales, lo cual ocurre cuando existe una
relación directa entre el medio de defensa y el contenido del derecho”.
Mientras que la eficacia “tiene que ver con que el mecanismo esté diseñado
de forma tal que brinde de manera rápida y oportuna una protección al derecho
amenazado o vulnerado”. Sentencia T-798 de 2013.
[43]
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
Ley 1437 de 2011, establece sobre esta figura: “ARTÍCULO 83.
SILENCIO NEGATIVO. Transcurridos tres (3) meses contados a
partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión
que la resuelva, se entenderá que esta es negativa”.
[44]
La Sentencia T-239 de 2019 agrupa las deficiencias de este mecanismo en el
siguiente aparte: “la sentencia T-114 de 2019 menciona: ‘La diligencia
celebrada el 6 de diciembre de 2018 contó con la presencia del Superintendente
de Salud, quien señaló entre otras cosas que: (i) para la entidad, en general,
es imposible proferir decisiones jurisdiccionales en los 10 días que les otorga
como término la ley; (ii) por lo anterior, existe un retraso de entre dos
y tres años para solucionar de fondo las controversias conocidas por la
entidad en todas sus sedes, especialmente las de carácter económico, que son su
mayoría y entre las que se encuentran la reclamación de licencias de
paternidad; (iii) en las oficinas regionales la problemática es aún mayor, pues
la Superintendencia no cuenta con la capacidad logística y organizativa para
dar solución a los problemas jurisdiccionales que se le presentan fuera de
Bogotá, ya que carece de personal especializado suficiente en las regionales y
posee una fuerte dependencia de la capital.”
En otra sección de este
fallo se cita a la sentencia T-439 de 2018, la cual refirió: “la
estructura de su procedimiento tiene falencias graves que han desvirtuado su
idoneidad y eficacia, tales como: ‘(i) La inexistencia de un término
dentro del cual las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de los
Distritos Judiciales deban resolver las impugnaciones formuladas en contra de
las decisiones emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud. (ii) La
imposibilidad de obtener [el] acatamiento de lo ordenado. (iii) El
incumplimiento del término legal para proferir sus fallos. (iv) La carencia de
sedes o dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud en el territorio
del país.”.
[45]
Reiteración de la jurisprudencia expuesta en las sentencias T-565 de 2019,
Sentencias T-701 de 2016, T-100 de 2017, T-063 de 2018 y T-029
de 2019.
[46] Sentencia
T-291 de 2011, reiterada en las sentencias T-100 de 2017, T-063 de 2018 y T-029
de 2019.
[47]
Sentencia SU-677 de 2017.
[48]
Sentencia T-379 de 2018.
[49]
Cuaderno de Revisión. Folios 86-88.
[50]
Ibíd. Folio 95.
[51]
Sentencia SU-677 de 2017.
[52]
Ver, por ejemplo sentencias T-363 de 2018, T-107 de 2018, entre otras.
[53]
Sentencias T-565 de 2019, SU-677 de 2017, entre otras.
[54] Sentencias T-239 de 2019, T-120 de 2017,
T-331 de 2016, T-355 de 2012, entre otras.
[55] Aprobado en el ordenamiento colombiano
mediante la Ley 74 de 1968. Cita señalada en la sentencia T-239 de 2019.
[56] Artículo 12. Énfasis agregado.
[57] Artículo 2º.
[58]
Sentencias T-196 de 2018, T-100 de 2016, entre otras.
[59]
Ibídem.
[60]
Artículo 6º, literal e). Ley 1751 de 2015, Ley Estatutaria de Salud.
[61]
Ibídem. Artículo 10º, literal p).
[62]
Aparte citado en la sentencia T-044 de 2019 del Auto 121 de 2018, proferido por
la Sala de Seguimiento de la Corte para garantizar los derechos de la población
privada de la libertad.
[63]
Por el cual se sustituye el Capítulo 3 del Título 2 de la Parte 5 del Libro 2
del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección
Social, en relación con las condiciones para la autorización de funcionamiento,
habilitación y permanencia de las entidades responsables del aseguramiento en
salud.
[64]
“ARTÍCULO 2.5.2.3.3.3. De la operación
territorial. Las entidades destinatarias de las disposiciones
contenidas en el presente Capítulo, operarán el aseguramiento en salud en el ámbito
territorial en el que hayan sido autorizadas, debiendo ofrecer para sus
afiliados en cada municipio, las coberturas de servicios y atención integral en
salud para todos los afiliados. En el evento en que los servicios no estén
disponibles, se deberá contar con el sistema de referencia que garantice la
prestación integral de los mismos en el municipio más cercano al lugar de
residencia del afiliado”.
[65]
“ARTÍCULO 22. PORTABILIDAD NACIONAL. Todas
las Entidades Promotoras de Salud deberán garantizar el acceso a los servicios
de salud en el territorio nacional, a través de acuerdos con prestadores de
servicios de salud y Entidades Promotoras de Salud. Las Entidades Promotoras de
Salud podrán ofrecer los planes de beneficios en los dos regímenes, preservando
los atributos de continuidad, longitudinalidad, integralidad, y adscripción
individual y familiar a los equipos básicos de salud y redes integradas de
servicios.”
[66]
“Artículo 5°. Operación de la portabilidad. Las Entidades
Promotoras de Salud garantizarán a sus afiliados el acceso a los servicios de
salud, en un municipio diferente a aquel donde habitualmente se reciben los
servicios de salud en una IPS primaria, cuando se presente cualquiera de las
siguientes circunstancias, producto de la emigración ocasional, temporal o
permanente de un afiliado:
1. Emigración
ocasional: Entendida como la emigración por un período no mayor de un
(1) mes, desde el municipio donde habitualmente se reciben los servicios de
salud en una IPS primaria a uno diferente dentro del territorio nacional. En
este evento, todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que
cuenten con servicios de urgencias, deberán brindar la atención de urgencias,
así como la posterior a esta que se requiera, independientemente de que hagan
parte o no de la red de la respectiva EPS. Las Entidades Promotoras de Salud,
reconocerán al prestador los costos de dichas atenciones, conforme a la
normatividad vigente. (…)
2. Emigración
temporal: Cuando el afiliado se traslade de su domicilio de afiliación
a otro municipio dentro del territorio nacional por un período superior a un
(1) mes e inferior a doce meses (12), la EPS deberá garantizarle su adscripción
a una IPS primaria en el municipio receptor y a partir de esta, el acceso a
todos los servicios del Plan Obligatorio de Salud en la red correspondiente.
3. Emigración
permanente: Cuando la emigración sea permanente o definitiva para todo
el núcleo familiar, el afiliado deberá cambiar de EPS, afiliándose a una que
opere el respectivo régimen en el municipio receptor. Cuando la emigración
temporal supere los doce (12) meses, esta se considerará permanente y el
afiliado deberá trasladarse de EPS o solicitar una prórroga por un año más, si
persisten las condiciones de temporalidad del traslado”.
[67]
Énfasis agregado.
[68]
Numeral 1°. Artículo 6° del Decreto 1683 de 2013.
[69]
Ibídem. Numeral 3°.
[70]
Artículo 2.5.2.3.3.4. del Decreto 682 de 2018. Al respecto, es importante
explicar que el sistema de Referencia y Contrareferencia al que se
refiere este artículo esta regulado por el Decreto 780 de 2016, cuyo artículo
2.5.3.4.3 señala: “La referencia es el envío de pacientes o elementos de
ayuda diagnóstica por parte de un prestador de servicios de salud, a otro
prestador para atención o complementación diagnóstica que, de acuerdo con el
nivel de resolución, dé respuesta a las necesidades de salud. La
contrarreferencia es la respuesta que el prestador de servicios de salud
receptor de la referencia, da al prestador que remitió. La respuesta puede ser
la contrarremisión del paciente con las debidas indicaciones a seguir o
simplemente la información sobre la atención prestada al paciente en la
institución receptora, o el resultado de las solicitudes de ayuda diagnóstica”.
[71]
La Superintendencia Nacional de Salud señala al respecto que este trámite puede
realizarse en el sitio web www.miseguridadsocial.gov.co.
[72]
La sentencia T-143 de 2017 explica en detalle esta relación.
[73]
Sentencia T-044 de 2019.
[74]
Caso “Instituto de Reeducación del Menor” contra Paraguay, citado en la
Sentencia T-154 de 2017 por la Corte Constitucional colombiana. Énfasis
agregado.
[75]
Modificados por los artículos 65 y 66 de la Ley 1709 de 2014.
[76]
Textualmente se indica: “Los servicios intramurales incluidos en el Modelo
de Atención en Salud, abarcan: a) La protección específica y detección
temprana, consulta externa general (medicina general, psicología, optometría,
enfermería, nutrición), consulta odontológica y atención del consumidor de
sustancias psicoactivas. b) Consulta externa de especialidades médicas de
psiquiatría, medicina interna y cirugía general más pediatría y
ginecoobstetricia en los establecimientos de reclusión que alberguen mujeres y
menores de 3 años que convivan con sus madres. c) Apoyo diagnóstico y
complementación terapéutica (toma de muestras de laboratorio clínico,
laboratorio clínico, radiología e imágenes diagnósticas, endoscopia,
ultrasonido, terapia física, terapia respiratoria y terapia de lenguaje en los
casos que aplique)”.
[77]
Decreto 2245 de 2015. Artículo 2.2.1.11.1.1 “El presente capítulo tiene por
objeto reglamentar el esquema para la prestación de los servicios de salud de
la población privada de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Las disposiciones previstas en el
presente capítulo serán aplicables por el Ministerio de Justicia y del Derecho,
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC y la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, el Fondo Nacional de Salud de las
Personas Privadas de la Libertad, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
el Ministerio Salud y Protección Social, y demás autoridades o entidades que en
el ámbito de sus competencias estén involucradas en los contenidos aquí
previstos. (…) La población privada la libertad y los menores de tres
(3) años que convivan con sus madres en los establecimientos reclusión, deberán
recibir obligatoriamente los servicios asistenciales a través del esquema de
prestación de servicios de salud definido en el presente capitulo y
conforme al Modelo de Atención en Salud que se adopte. Este esquema
prevalecerá sobre la afiliación al Sistema General de Seguridad Social
en Salud”. Énfasis agregado. Este Decreto es referido en la Sentencia T-044
de 2019.
[78]
Por el cual se modifican algunas disposiciones contenidas en el Capítulo 11 del
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho y se adoptan otras
disposiciones.
[79]
Énfasis agregado.
[80]
Artículo 2°. Énfasis agregado.
[81]
Ibídem. Énfasis agregado. Frente al sistema de Referencia y Contrareferencia
mencionado, la Resolución establece que “La referencia es el traslado de
pacientes o elementos de ayuda diagnóstica por parte de un prestador de
servicios de salud a otro prestador para atención o complementación
diagnóstica, por contar con mayor tecnología y especialización, para dar
respuesta a las necesidades de salud.
La
contrarreferencia es la respuesta que el prestador de servicios de salud
receptor de la referencia, da al prestador que remitió. La respuesta es la
contra remisión del paciente con las debidas indicaciones a seguir o
simplemente la información sobre la atención prestada al paciente en la
institución receptora, o el resultado de las solicitudes de ayuda diagnóstica,
la cual debe reposar en la historia clínica del interno.”
[82]
Ibídem. Énfasis agregado.
[83]
Sentencias T-458 de 1994, T-267 de 2015, entre otras.
[84]
Sentencia T-010 de 2017, la cual, a su vez, refiere la
providencia C-214 de 1994. Énfasis agregado.
[85]
Ibídem. Énfasis agregado.
[86]
Sentencia T-276 de 2016.
[87]
Artículo 78.
[88]
La sentencia T-153 de 2017 también señala que “El
artículo 1 de la Resolución 002122 del 15 de junio de 2012, estableció que son
funciones del Grupo de Asuntos Penitenciarios, entre otras, la de establecer
directrices, criterios y procedimientos para los traslados y remisiones de la
población privada de la libertad, de conformidad con la ley; así como, sustanciar
la documentación de traslado de la población privada de la libertad, para el
estudio y recomendación de la Junta Asesora de Traslados.”.
[89]
Sentencias T-060 de 2019 y T-153 de 2017.
[90]
Énfasis agregado.
[91]
Énfasis agregado.
[92]
Énfasis agregado. Se destaca que en el caso expuesto la Corte
reprocha la omisión del INPEC y verifica que en sede de revisión se allegó un
documento en el que se resolvía la solicitud de traslado de la accionante, por
lo que declara la existencia de una carencia actual de objeto por hecho
superado.
[93]
Artículo 10º, literal p). Ley 1755 de 2015, Ley Estatutaria de Salud.
[94]
Sentencias T-196 de 2018, T-100 de 2016, entre otras.
[95]
Folio 28 del Cuaderno Principal.
[96]
“Artículo 5°. (…) 3. Emigración
permanente: Cuando la emigración sea permanente o definitiva para todo
el núcleo familiar, el afiliado deberá cambiar de EPS, afiliándose a una que
opere el respectivo régimen en el municipio receptor. Cuando la emigración
temporal supere los doce (12) meses, esta se considerará permanente y el
afiliado deberá trasladarse de EPS o solicitar una prórroga por un año más, si
persisten las condiciones de temporalidad del traslado”.
[97]
Tal como se indica en la consulta en el sistema de la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES.
[98]
El artículo 1° indica: “la población privada de la libertad que se encuentre
afiliada al Régimen Contributivo o a regímenes exceptuados o especiales,
conservará su afiliación y la de su grupo familiar mientras continúe cumpliendo
con las condiciones establecidas para pertenecer a dichos regímenes en los
términos definidos por la ley y sus reglamentos y podrá conservar su
vinculación a un Plan Voluntario de Salud.
En estos casos, las
Entidades Promotoras de Salud - EPS, las entidades que administran los
regímenes excepcionales y especiales y la USPEC, deberán adoptar los
mecanismos financieros y operativos, necesarios para viabilizar lo dispuesto en
el presente inciso, respecto de la atención intramural de los servicios de
salud de la Población Privada de la libertad a cargo del INPEC”. Énfasis
agregado.
[99]
En este fallo la Corte señaló: “la inclusión de las
EPS en el modelo de atención en salud, como lo destacó el Ministerio de Salud y
Protección Social, precisa un esquema de articulación y comunicación entre
promotoras y autoridades penitenciarias”.
[100]
Artículo 2°. “Para la población privada de la
libertad que se encuentre afiliada a una Entidad Promotora de Salud (EPS), o a
regímenes exceptuados o especiales, que requiera atención extramural, el
Inpec deberá informar a dichas entidades para que estas realicen las gestiones
administrativas ante los prestadores de servicios de salud por ellos
contratados, para garantizar la prestación de servicios médico asistenciales a
dicha población. El Inpec y la Uspec definirán los tiempos y mecanismos
para informar a la EPS o entidades administradoras de los regímenes especiales
o de excepción”. Énfasis agregado.
[101]
En el expediente se evidencia que el director mencionado formuló solicitudes
los días 5 y 12 de diciembre de 2018, 19 de julio y 2 de octubre de 2019.
[102]
Sentencia T-010 de 2017, la cual, a su vez, refiere la
providencia C-214 de 1994.
[103]
Artículo 74.
[104]
Artículo 75. La solicitud de traslado tuvo su origen en la
petición que realizó el cuerpo médico que conforma el Área de Sanidad del
Centro Médico del Establecimiento Penitenciario de Neiva.
[105]
Ley 1437 de 2011. Artículo 118 y Decreto 2462 de 2013. Artículos 3º y 6º.
[106]
Constitución Política. Artículo 277.
[107]
Artículo 10º, literal p). Ley 1755 de 2015, Ley Estatutaria de Salud.
[108]
Sentencias T-196 de 2018, T-100 de 2016, entre otras.
[109]
Ibídem.
[110]
Sentencia T-010 de 2017, la cual, a su vez, refiere la
providencia C-214 de 1994.
[111]
Artículo 10º, literal p). Ley 1755 de 2015, Ley Estatutaria de Salud.